Source: https://es.slideshare.net/aldolopez432/estudios-sugerencias-y-recomendaciones-en-materi-penal-con-perspectiva-de-gnero
Timestamp: 2017-05-24 06:53:50
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Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'Artículo 8', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 133', 'Artículo 133', 'artículo 80', 'Artículo 80', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 124', 'ARTÍCULO 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 27', 'artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 13', 'Artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 196', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 292', 'artículo 161', 'Artículo 5', 'artículo 1', 'artículo233', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 8', 'Artículo 4', 'artículo 49', 'Artículo 8', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 33', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 84', 'Artículo 87', 'artículo 182', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 185', 'artículo 189', 'Artículo 196', 'artículo 233']

Estudios Sugerencias y Recomendaciones en Materi Penal con Perspectiv…
Estudios Sugerencias y Recomendaciones en Materi Penal con Perspectiva de Género
Aldo Francisco Lopez, Abogado y Consultor Juridico
Análisis con perspectiva de género de los instrumentos internacionales, nacionales y estatales que regulan las funciones y atribuciones de las dependencias encargadas de procurar e impartir justicia, así como la protección de los derechos humanos de las mujeres como victimas del delito y como activas en la comisión de un delito en el Estado de Veracruz, México.
PROGRAMA DE APOYO A INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF 2008) PROYECTO: PROMOCIÓN PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES VERACRUZANAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA ESTUDIO SOBRE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA PENALEN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Autores: Aldo Francisco López Velázquez Benito Tomás Toledo Coordinadora del Proyecto: Claudia Domínguez Hernández XALAPA – ENRIQUEZ, VERACRUZ, DICIEMBRE DE 2008 “El PAIMEF es un programa de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursosprovienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos,electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberáser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 1 2.
AGRADECIMIENTOSAl Instituto Veracruzano de las Mujeres,por las facilidades y su confianza. A las(los) compañeras (os) que participaron en el Diplomado Acceso a la Justicia Penal para Mujeres Privadas de su libertad con perspectiva de género por sus aportaciones, debates y análisis mismos que sirvieron de base para la elaboración del presente estudio: Ana M. Fonseca, Asesora Jurídica del INVERMUJERES Ana M. Chávez, Catedrática Facultad de Derecho U.V. Jácome N. Lara, Delegado CEDH Zongolica Jennifer Romero, Atención “Línea de la Mujer” José Luis Hernández, Delegado CEDH PapantlaA las Coordinadora y Especialistas del Proyecto, por su compañerismo, paciencia y enseñanzas:Claudia Domínguez, CoordinadoraCarmen Herrera, Especialista Área JurídicaGabriela Solorio, Especialista Área Multidisciplinaria.Lilia García, Analista de Proyectos del INVERMUJERES A las compañeras y compañeros del Diplomado, por los acalorados debates y su interminable entusiasmo y dedicación, que coadyuvaron al enriquecimiento de este documento 2 3.
PRESENTACIÓNEl Derecho Penal enmarca la protección jurídica de los bienes a los que todos losseres humanos tenemos el derecho de acceder, sin embargo, las legislacionesactuales que emanan de éste han sido creadas con una visión masculina de loshechos y situaciones de la sociedad. En esto, podemos ejemplificar que algunostipos penales consideran las realidades de los hombres, implicándoles comoúnicos sujetos activos, y por lo tanto, con beneficios y adjudicaciones solo a estegénero. A través del tiempo, esta desigualdad jurídica se ha observado endistintas discusiones en todo el mundo, haciendo visible la problemática mayormente acentuada en los casos donde está involucrada una mujer.En este sentido, el acceso a la justicia penal por parte de las mujeres estareducido a un ámbito puramente familiar, estereotipo que está construido desdelos tiempos de la primera división social del trabajo. Por tanto, en este trabajo loque se busca es hacer visible que la realidad de las mujeres es problemáticasocial y así debe ser tratada, y al ser el Derecho Penal el medio de regulaciónconductual, es donde debe verse reflejada esta condición. El objetivo es analizarla regulación jurídico penal actual del procedimiento penal y los tipos penales yproponer las reformas necesarias para eliminar todo tipo de violencia y un tratodigno a las mujeres privadas de su libertad, en el marco de los estándares dederecho internacional de derechos humanos y los compromisos que el Estadomexicano a suscrito a nivel internacional en la materia a efecto de armonizar lalegislación estatal penal en este ámbito.Se incorpora la perspectiva de género1 en la técnica legislativa a partir de lavisibilización de la condición y posición de las mujeres que en su vida sobrellevan1 La ley de Acceso Estatal define como Perspectiva de Género: la visión científica, analítica y política sobrelas mujeres y los hombres que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, lainjusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad, la equidad, eladelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y loshombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 3 4.
en el estado de Veracruz, desde los dos contextos que enmarca nuestro sistemapenal veracruzano: a) las mujeres víctimas de violencia de género2 y víctimade un delito o de violencia, y b) las mujeres que, siendo víctima de violenciade género, esta violencia tiene una incidencia directa en los hechosdelictivos que se le imputan y están privada de su libertad. Se observa que lasmujeres sufren violencia y que está supeditada, permitida e incluso legitimada porel propio estado, además de estar expresada en los textos legales, los cualesdeben ser modificados para lograr la erradicación de la violencia y así lograr laigualdad de género.económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Artículo 8, fracc.XXI.2 La Ley de Acceso Estatal conceptualiza a la violencia de género como: “cualquier acción u omisión, basadaen el género, que les cause a las mujeres de cualquier edad, daño o sufrimiento psicológico, físico,patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y que se expresa enamenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación yla explotación de las mujeres y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidadesafectando sus derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres involucra tanto a las personascomo a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado que la reproduceal no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y dejerarquía de género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida. Artículo 8,fracción I. 4 5.
DOCUMENTO CON PROPUESTAS DE ARMONIZACION LEGISLATIVA CON LA NORMATIVIDAD PENAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. “Solamente quien construye el futuro, tiene derecho a juzgar el pasado”. Friedrich Nietzsche 1. Justificación – 2. Metodología del estudio – 3. Fundamento legal de la armonización legislativa en México - 4. Análisis con enfoque de género de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y su comparación con la legislación penal vigente del Estado de Veracruz. – 5. Propuestas. – 6.- La realidad social 1. JUSTIFICACION La finalidad de este trabajo de investigación es, como su nombre lo dice,analizar los ordenamientos sustantivo y adjetivo en materia penal para el Estadode Veracruz para identificar las deficiencias que existen en los mismos ysubsanarlas con lo establecido por los instrumentos internacionales en materia deDerechos Humanos y Derechos Humanos de las Mujeres suscritos por nuestropaís y la legislación nacional y local en esta misma materia. Dentro del proyecto nombrado “Acceso a la Justicia Penal para Mujeresprivadas de su Libertad con enfoque de género” realizado por el InstitutoVeracruzano de las Mujeres en el marco del Programa de Apoyo a Instancias deMujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF 2008), se estableció un marco decapacitación (Diplomado) a servidores públicos de diferentes dependenciasgubernamentales como el Tribunal Superior de Justicia, a través de los defensoresy defensoras de oficio, la Dirección General de Prevención y Readaptación Socialde Veracruz, El Instituto Veracruzano de la Defensoría Publica, la Comisión 5 6.
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, el Colegio de Licenciados en DerechoPenalistas de Veracruz A. C., dependencias que se encuentran a cargo de casossobre mujeres privadas de su libertad o vinculados a ellas, en el Estado deVeracruz, y la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, que formaprofesionistas en el área jurídica, con este enfoque se incorporó la observaciónparticipativa como metodología de recopilación de información de las discusionesy debates académicos en cada una de las sesiones que del Diplomado,analizando la de la realidad social que en las actuaciones de nuestras autoridadesencargadas de la procuración y administración de justicia, enriquecido este estudiocon el análisis normativo, jurisprudencial y del derecho internacional de losderechos humanos con perspectiva de género. En el diagnostico sobre los derechos humanos 2005 emitido por la oficinadel Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enMéxico, en su actualización del Capítulo 53 relativo a los derechos humanos de lasmujeres, establece de manera clara y definida el objetivo principal de estainvestigación la cual hacemos nuestra cuando expresa que: “En los códigospenales de los estados todavía prevalecen delitos que en sí mismos sondiscriminatorios, como el delito de rapto, y también criterios discriminatorios endelitos como el estupro, aborto, lesiones y homicidio…”, promoviendo unapropuesta general, que puede tomarse como vertiente principal para observar laarmonización desde los aspectos trascendentales en materia de política penal ypenitenciaria internacionales, la cual versa de la siguiente manera: “Promover lahomologación de las legislaciones estatales que protegen los derechos humanosde las mujeres a los estándares más altos vigentes en el país (códigos penales yciviles, reglamentación laboral, justicia cívica)4”3 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “DerechosHumanos de las Mujeres. Actualización del Capítulo 5 del Diagnostico sobre la Situación de los DerechosHumanos en México”, 2005.4 Ibídem 6 7.
La integración del derecho, que se ha dado en llamar genéricamente„armonización‟, a pesar de que se opere a través de una unificación de lalegislación, con el propósito manifiesto de „proteger‟ bienes jurídicossupranacionales y del ámbito exclusivo del país, se trata de la imposición a losestados miembros de la obligación de protección de estos intereses de manerahomogénea, aún con sanciones penales. 5 Si bien la exigencia de armonización sehace a través de Tratados, Directivas o Reglamentos, los textos emanados deórganos comunitarios deben ser sancionados de acuerdo al derecho local por ellegislador nacional. Con estos antecedentes, como hemos señalado, se conformaron una seriede propuestas que constituyen el documento que se presenta, mediante el análisisde los cometarios en el diplomado, el análisis de la normatividad internacional enmateria de Derechos Humanos de las Mujeres, y la comparación y análisis deéstas dos con perspectiva de género. La armonización legislativa, a manera de referencia, es la adecuación denormas internacionales y Federales en el marco normativo federal o local,coadyuvando al fortalecimiento del Estado de Derecho. Incluir normas jurídicasprogresistas es necesario, pero, al ser nuestro sistema jurídico de índolepatriarcal, entraríamos a una confusión legal que podría experimentar que, demala manera, alguna de las dos legislaciones en colisión sea eliminada, por lo quela tradicional quedaría intacta. Esto traería como consecuencia que las instanciassuperiores estarían atiborradas de recursos que se promoverían por la ilegalidad oinconstitucionalidad de la nueva ley. Una de las partes más importantes de la armonización es conocer ypreservar en cualquier ordenamiento jurídico los principios que deben ser5 BAILONE, Matías, El derecho penal en el camino de la armonización: la experiencia europea ylatinoamericana, La Paz, Bolivia,http://www.carlosparma.com.ar/pdfs/bailone%20conferencia%20La%20Paz%20enero%202007%5B1%5D.pdf 7 8.
respetados y regulados, es así como, sumado a los conceptos anteriores, yotorgándole la importancia que requieren, se mencionan estos principiosfundamentales que involucran a la situación de las mujeres privadas de sulibertad, encontrándose introyectados en cada uno de los instrumentos en materiade derechos humanos de las mujeres. Algunos ejemplos son los siguientes:Derechos fundamentalesDe acuerdo con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, todamujer privada de la libertad será igual ante la ley y tendrá igual derecho a laprotección de la ley, conservando y ejercitando sus derechos y sus garantíasfundamentales reconocidas por el derecho nacional e internacional,independientemente de la calidad de detenida o de presa.No se restringirá ninguno de los derechos humanos de las mujeres privadas delibertad reconocidos en el derecho nacional e internacional.Principio de legalidadTodas las resoluciones judiciales que tengan como fin privar la libertad de lasmujeres, deberán ser con fundamento en los instrumentos internacionales dederechos humanos, la Constitución Política de México, Códigos y leyes en materiapenal del Estado.Trato dignoToda mujer privada de libertad será tratada humanamente, con estricto apego alos instrumentos internacionales de derechos humanos, a la Constitución Políticade nuestro país y a las leyes vigentes, y con estricto respeto a su dignidadinherente y a sus derechos y garantías fundamentales.En particular, se les respetará su vida, su dignidad y su integridad física,psicológica y moral; y se les protegerá contra todo tipo de torturas, malos tratos,castigos o penas crueles, inhumanas o degradantes, violencia sexual, castigos 8 9.
colectivos o corporales, y medidas humillantes o de estigmatización,especialmente la exhibición pública.No-discriminaciónBajo ninguna circunstancia se discriminará en contra de las mujeres privadas delibertad por motivos de raza, nacionalidad, color, sexo, idioma, religión, opinionespolíticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,nacimiento, género u orientación sexual, o cualquiera otra condición social. Lasmedidas y sanciones se aplicarán a las mujeres privadas de su libertad concriterios de imparcialidad.No serán consideradas discriminatorias las medidas aplicadas dentro de la ley ysometidas a revisión de un juez u otra autoridad competente, independiente eimparcial, que se destinen a proteger exclusivamente los derechos y la condiciónespecial de las mujeres, en particular las mujeres embarazadas y las madreslactantes, mujeres con discapacidad, así como aquellas pertenecientes a lospueblos indígenas y otros grupos minoritarios o vulnerables.Debido proceso y garantías judicialesTodas las mujeres privadas de su libertad a causa de una infracción penaldeberán ser informadas de las razones de su privación de libertad y notificada, sindemora del cargo o cargos formulados en su contra, así como de sus derechos ygarantías, en un idioma que comprenda. Deberá ser llevada, sin demora, ante unjuez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales; ytendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta enlibertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, a recurrir del fallo ante juez otribunal superior, y a no ser juzgada dos veces por los mismos hechos si esabsuelta por una sentencia firme dictada conforme a un debido proceso penal.Todas las mujeres privadas de su libertad tendrán derecho a que la privación delibertad sea comunicada de inmediato a su familia u otra persona de su elección; a 9 10.
disponer de un intérprete o traductor si no comprende el idioma; a la defensa y laasistencia letrada, nombrada por sí mismo, por su familia, o proporcionada por elEstado; a comunicarse con su defensor en forma confidencial, sin demora,interferencia, censura o límites injustificados de tiempo; a recurrir ante un juez otribunal competente, a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de laprivación de su libertad y ordene su libertad si la privación de libertad fuere ilegal.Todas las mujeres privadas de su libertad tendrán derecho a no ser obligadas adeclarar contra sí misma ni a confesarse culpable.Las confesiones policiales carecerán de valor probatorio. Las declaracionesobtenidas mediante tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no podránser admitidas como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se sigacontra la persona o personas acusadas de haberlas obtenido mediante actos detortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes y únicamente como prueba deque tales declaraciones fueron obtenidas por dichos medios.Derecho de peticiónLas personas privadas de libertad podrán ejercer el derecho de petición yrespuesta ante las autoridades administrativas, judiciales y de otra índole.Control judicial de los derechos y de la ejecución penalToda mujer privada de su libertad gozará, en todo momento y circunstancia, de laprotección y tutela de jueces y tribunales competentes, independientes eimparciales, preestablecidos por la ley.Toda mujer privada de su libertad tendrá derecho a interponer una solicitud dehabeas corpus, amparo u otro recurso sencillo y rápido, o cualquier otro recursoefectivo ante las autoridades judiciales competentes, así como a dirigirse mediantepeticiones, quejas, comunicaciones o denuncias individuales ante las demásinstancias nacionales, ante las instituciones nacionales de derechos humanos 10 11.
donde existieren, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o antelas demás instancias internacionales competentes, conforme a los requisitosestablecidos en el derecho internacional.En caso de queja, los jueces controlarán la legalidad de los actos de laadministración que afecten derechos o beneficios de las personas privadas delibertad.Prevención de la Violencia6Deberán ser adoptadas medidas para prevenir la violencia entre las mujeresprivadas de su libertad y entre aquellas y el personal del establecimiento, enparticular, la generada por las mismas condiciones de privación de libertad.Las autoridades competentes deberán promover el uso de formas alternativas deresolución de conflictos al interior de los lugares de privación de libertad.Acceso a la JusticiaSería inconcebible negar a cualquier persona el derecho de acceso a la justicia.Podemos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a unordenamiento jurídico que efectivamente salvaguarde los derechos inherentes a lapersona humana148. Es este un imperativo del jus cogens. Efectivamente, sin elderecho de acceso a la justicia, no hay en realidad un verdadero sistema jurídico.Sin el derecho al Derecho, no hay Derecho7.Otros principiosEn toda circunstancia se garantizará a las mujeres privadas de su libertad losprincipios de: retroactividad de las leyes penales favorables; aplicación de lacláusula más favorable al individuo; responsabilidad penal individual; igualdad6 Incluimos el principio de no violencia debido a que, aunque no esta debidamente regulado, debe tambiénestar considerado en las reformas legales de todo tipo.7 Antônio Augusto Cançado Trindade, Párrafo 157 de la Interpretación de la Sentencia del Caso del PenalMiguel Castro y Castro vs Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2 de Agosto de 2008 11 12.
procesal; publicidad procesal; celeridad de la justicia; así como los demásprincipios relacionados con el debido proceso legal reconocidos por losinstrumentos internacionales de derechos humanos. Todo el cúmulo de principios citados anteriormente, obtenidos en sumayoría de los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos yDerechos Humanos de las Mujeres, son los que garantizan una verdaderaprotección a las personas y en este caso a las mujeres privadas de la libertad queenfrentan una acusación penal, ya sean procesadas o sentenciadas, por lo quedeberán ser observados en todos los Estados que se han suscrito a los mismos,como es el caso de nuestro país, y por ende, de nuestra entidad veracruzana. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hapronunciado en diversos criterios jurisprudenciales acerca del principio de igualdadentre hombres y mujeres, los cuales citamos a continuación. IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. El primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley y ordena al legislador que proteja la organización y el desarrollo de la familia, se introdujo en la Carta Magna mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974 como parte de un largo proceso para lograr la equiparación jurídica del género femenino con el masculino. Así, en la relativa iniciativa de reformas se propuso elevar a rango constitucional la igualdad jurídica entre ambos y se indicó que ésta serviría de pauta para modificar leyes secundarias que incluyeran modos sutiles de discriminación. De manera que la referida igualdad implica una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, ya que frente a la ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por igual; de ahí que el artículo 4o. constitucional, más que prever un concepto de identidad, ordena al legislador que se abstenga de introducir distinciones injustificadas o discriminatorias. Amparo directo en revisión 949/2006. Leoncio Téllez Richkarday. 17 de enero de 2007. Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Nota: El disenso de los Ministros Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, fue en el sentido de que la norma no causaba agravio al recurrente y no en contra del criterio que refleja esta tesis. 12 13.
IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio necesario para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual en cuestión. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que quepa exigir que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya de modo alguno a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo exigible que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia.Como podemos observar, existen las razones suficientes para proponer estaarmonización legislativa y así salvaguardar los derechos de las mujeres, 13 14.
colaborando con esto, en la construcción de una sociedad más justa y en laconsolidación de un verdadero estado de derecho. El enfoque de género que tratamos en esta investigación también va en elorden de la figura androcéntrica en la que está inmerso nuestro sistema de justiciapenal, ya que el éste está hecha por hombres y para hombres. 14 15.
2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO Para la realización de estas propuestas y sugerencias se utilizó la siguientemetodología: a) Recopilación de información doctrinal. b) Análisis de los documentos de observación participativa. c) Compilación de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres. d) Análisis de legislación federal en materia penal. e) Estudio de la normatividad sustantiva y procedimental penales aplicables al Estado de Veracruz. f) Análisis de criterios jurisprudenciales emitidos por diversos órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales.3. FUNDAMENTO LEGAL DE LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MÉXICO. El concepto de Armonización Legislativa, es “la adecuación de normasinternacionales y federales en el marco normativo federal o local, coadyuvando alfortalecimiento del Estado de Derecho”, en consecuencia, entendemos que es laincorporación de los Tratados Internacionales en la legislación penal local. Anteesto, se presenta el fundamento legal de dicha acción de incorporación en laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133Constitucional, el cual tiene como texto: Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 15 16.
En este mismo sentido, la Constitución Política del Estado Libre y Soberanode Veracruz de Ignacio de la Llave, el artículo 80 establece que: Artículo 80. En el Estado de Veracruz, la Constitución y leyes federales, los tratados internacionales y esta Constitución será la ley suprema. En este tenor, es importante citar el criterio de interpretación de nuestroMáximo Tribunal Constitucional, que es de relevancia para fundamentar enprincipio la adopción de legislación internacional en nuestro ámbito local. TRATADOS INTERNACIONALES, SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión...” parece indicar que no sólo la Carta Magna es la ley suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales” y, la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C(92, 16 17.
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES, TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA”; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal. Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.Permite reafirmar lo depuesto por el Alto Tribunal Constitucional, la siguiente tesisque versa: TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional. Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número 17 18.
IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada. Tomando en cuenta lo anterior, podemos observar que esconstitucionalmente válida la intención de armonizar la legislación penal con losInstrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos y DerechosHumanos de las Mujeres suscritos por el ejecutivo de nuestra nación. Abundandoen este sentido, es menester mencionar que la Convención de Viena sobre elDerecho de los Tratados, suscrita también por nuestro país, establece en suartículo 27 dicha obligación para los Estados de respetar los derechosconsagrados en los Tratados Internacionales de los cuales formen parte, inclusoaunque contravengan lo establecido por la legislación nacional. Encontramos también fundamento para este estudio de armonización, enlos propios Instrumentos que se analizan, La Convención sobre la eliminación detodas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW)8 establece en suartículo 24 que: “Los Estados Parte se comprometen a adoptar todas las medidasnecesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de losderechos reconocidos en la presente Convención”. También es el caso de la Convención Interamericana para Prevenir,Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)la cual, en su artículo 7 establece lo siguiente:8 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de Diciembre de 1979. Ratificada porMéxico el 23 de Marzo de 1981 18 19.
“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujery convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticasorientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo losiguiente: […] c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas,así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar yerradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativasapropiadas que sean del caso; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipolegislativo, para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden lapersistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer...” Esta misma Convención, en su artículo 13, establece que: “Nada de lodispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción olimitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales omayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardiasadecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer”. Por lo que parala armonización de los ordenamientos penales locales, debemos tomar encuenta también la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre deViolencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia delEstado de Veracruz, pues éstas contemplan una mayor protección para lasmujeres de la violencia de la que pueden ser víctimas, incluso mayor a la dela misma Convención de Belém do Pará. Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosrepresenta la más alta esfera de derechos y deberes de las personas, y a la cualdebemos el respeto y ejemplo necesarios. Así notamos que en su primer artículohace referencia a la eliminación de la discriminación en cualquier ámbito,utilizando la palabra “género”9 con todo lo que intrínsecamente conlleva, ademásdel principio de igualdad que todo mexicana/o debe seguir:9 De acuerdo a los teóricos y teóricas, género son “las condiciones socialmente asignadas a hombres ymujeres”. 19 20.
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. […] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.Con esto el concepto de género es llevado por nuestros legisladores a un rangoconstitucional que debe ser considerado por las legislaciones federales y locales ypor todo individuo que se encuentre en nuestro territorio mexicano, incorporándoloa una serie de conductas discriminatorias prohibidas, señalando que daña ladignidad humana de las mujeres. Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre deViolencia, publica en el Diario Oficial de la Federación el Primero de Febrero de2008, establece en si artículo octavo transitorio: ARTÍCULO OCTAVO.- En un marco de coordinación, las Legislaturas de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la Legislación Local, previstas en las fracciones II y XX del artículo 49, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.por lo que se entiende, que las legislatura del Estado deben reformar su cuerponormativo para cumplir con esta obligación legal.4. ANÁLISIS CON ENFOQUE DE GÈNERO DE INSTRUMENTOSNACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOSHUMANOS DE LAS MUJERES COMPARADOS CON LA LEGISLACIÓN PENALVIGENTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 20 21.
A la luz de la perspectiva de género con la que se analizaron el CódigoPenal como el de Procedimientos Penal del Estado, realizamos propuestas dereformas legales necesarias para eliminar la violencia sufrida por mujeres, en sucondición de víctimas de delitos, como en el carácter de procesadas osentenciadas, las cuales son claramente expresadas en los siguientes acápites:La violencia de género.Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminacióncontra las Mujeres. El Instrumento Internacional que vela porque se respeten los DerechosHumanos de las Mujeres es la Convención sobre la Eliminación de Todas lasFormas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), la cual, en su fundamentoestablece entre otras cosas, que La Carta de las Naciones Unidas reafirma la feen los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la personahumana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, que la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos reafirma en principio de la no discriminación yproclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad yderechos. Manifiesta que muchos Estados en todo el mundo han firmado PactosInternacionales de Derechos humanos donde se comprometen a garantizar ahombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos,sociales, culturales, civiles y políticos, sin embargo, a pesar de ellos, las mujeressiguen siendo objeto de importantes discriminaciones y esto viola los principios dela igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. La CEDAW define como discriminación contra las mujeres, todadistinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o porresultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres,independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad de los 21 22.
hombres y las mujeres, de los derechos humanos y las libertades fundamentalesen las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera,y establece cuales será los tipos de discriminación que por la simple razón de susexo puede sufrir una mujer, tales como trata de personas, prostitución forzada,laboral, etc. Conviene hacer un análisis de esta Convención contrastándola con lalegislación penal para el Estado de Veracruz. El artículo 196 del Código Penal establece como delito la discriminación delas personas, sancionándolo con una pena de seis meses a dos años de prisión yhasta cien días de trabajo a favor de la comunidad y establece en sus hipótesisque se aplicará a quien por razones de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza,idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de la piel, nacionalidad, origen,posición social, trabajo, profesión, posición económica, carácter físico,discapacidad o estado de salud: I. Provoque o incite al odio o a la violencia contra una o más personas; II. En el ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación; III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas cuando con esas conductas se cause un daño material o moral, o IV. Niegue o restrinja derechos laborales. Como podemos observar, el Código establece una sanción para aquellaspersonas que discriminen a las mujeres por el simple hecho de serlo o por lassituaciones a las que puede estar expuesta como el embarazo, esto tambiénsatisface lo que contempla el artículo 11.2.A.a) de la Convención, sin embargo,consideramos que la penalidad es baja y eso propicia a que se sigan cometiendoeste tipo de delitos. Además, convendría agregar a dicho artículo que cuando se 22 23.
cometa un delito sancionado por el Código Penal y que haya tenido comodetonante para su comisión precisamente la discriminación, será consideradacomo una agravante. El artículo 6 de la Convención establece que los Estados Parte tomarántodas las medidas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formasde trata de mujeres y explotación de la prostitución de las mujeres, por su parte elartículo 292 del Código Penal establece que se sancionará con prisión de dos adiez años y multa de quinientos a mil días de salario a quien: I. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual; II. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo o le facilite los medios para ello; III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a esta actividad, u obtenga beneficio con sus productos; IV. Por cualquier medio obligue o retenga a una persona para que ejerza la prostitución contra su voluntad, o V. Explote, regentee, induzca, solicite, encubra, concierte, permita, utilice u obtenga algún lucro del comercio sexual de un menor de edad o incapaz de comprender el hecho. En este caso se impondrán prisión de seis a catorce años y multa hasta de quinientos días de salario. Este artículo aunque no hable en específico de la trata de mujeres, si estáredactado con un lenguaje incluyente pues habla siempre de “las personas”refiriéndose con esto a ambos sexos, no olvidando que este delito se comete máses contra de las mujeres. 23 24.
La CEDAW, también establece que los Estados Parte tomarán todas lasmedidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres10. Si bien este es un compromiso del Estado de desarrollo progresivo, pues sucumplimiento depende de las condiciones económicas y sociales del mismo, ysabiendo que el cumplimiento de esto no podría ser instantáneo, pues luchamoscontra siglos de enseñanza basada en esos patrones de conducta y roles,estereotipos y prejuicios que profundizan la desigualdad entre hombres y mujeres,así que el desarrollo será paulatino, sin embargo, lo que si podemos hacer, a lapar de tratar de eliminar esos componentes, es tomarlos en cuenta en el ámbitodel acceso a la justicia penal. Así por ejemplo, el artículo 161 del Código de Procedimientos Penalespodría incluir que “Durante la instrucción, el tribunal que conozca del procesotomará en cuenta también, además de la pertenencia a la comunidad indígena,educación, costumbres, etc., la condición de mujer y los roles y estereotipos que lehan sido asignados. Así por ejemplo, será imparcial al momento de sentenciar auna mujer que cometió delito de homicidio en contra de su hijo, pues se le juzgarásin ser vista desde los lentes estereotipados de que toda madre es incapaz dehacer daño a sus hijos.La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar laViolencia contra la Mujer.10 Artículo 5 de la Convención. 24 25.
En el preámbulo de la Convención de Belém do Pará se reconoce que elrespeto irrestricto a los Derechos Humanos ha sido consagrado en la Declaraciónde los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración de los DerechosHumanos; “Se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación a los Derechos Humanos y libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; Se expresa la preocupación porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana; Se recuerda que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión; Se está convencido de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social: Se está convencido de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia.”11 Bajo las consideraciones referidas los Estados convinieron adoptar laConvención que nos ocupa en este análisis. En primer lugar llama la atención el concepto de violencia contra la mujerque la Convención refiere en su artículo 1 en el cual se establece como toda11 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contrala Mujer, realizadaen la Ciudad de Belem Do Para, Brasil, el nueve de junio de 1994 y ratificada por el Estado Mexicano el 12de Noviembre de 1998, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Enero de 1999. 25 26.
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento,sexual o psicológico, a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En el Código Penal, no existe un tipo penal que sancione esta acción oconducta, pues si bien existe el correspondiente a la violencia familiar, (artículo233 del código penal) no debe pasar desapercibido que este tipo penalúnicamente sanciona la violencia que se da de forma interpersonal en el amitoprivado, por lo que resulta necesario establecer un tipo penal que sancione laviolencia hacia la mujer tanto en el ámbito privado como en el público; es decirestablecer la violencia de género como delito y no únicamente a la violenciafamiliar como ahora está legislado. Contar con el tipo penal de violencia de género, dará la pauta para quealgunos otros delitos como lo son homicidio, violación, prostitución forzada etc., seagraven cuando sean a consecuencia de la violencia de género. El artículo 2 de la Convención, establece que se entenderá que violenciacontra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: Que tenga lugar dentro de la familia o unidad domestica o en cualquier otrarelación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido elmismo domicilio que la mujer, y que comprende entre otros, violación maltrato yabuso sexual; Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona yque comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,prostitución forzada, secuestro ya acoso sexual en el lugar de trabajo, así como eninstituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar y quesea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 26 27.
Nótese que el segundo párrafo de este artículo, se refiere a lo que nuestralegislación penal ha establecido como violencia familiar, sin embargo, el ámbito deprotección es más amplio, pues no se limita únicamente a las personas quehabitan en la misma casa, sino que se extiende a quien haya compartido el mismodomicilio; es decir, que haya vivido con la víctima, aún cuando al momento de ladenuncia ya no viva en ese hogar. Esta situación la consideramos sumamenteimportante pues de acuerdo a lo establecido en el código penal, una mujer queopta por dejar el domicilio donde es agredida, y que aun cuando ya no vive con suagresor, si éste la sigue maltratando en su nuevo domicilio, se encuentra en unestado de indefensión pues ya no puede denunciar esta nueva violencia de la quees objeto en razón de que ya no habitan en el mismo domicilio, aun cuan persistapor motivo de la relación de afinidad que compartían o incluso por los hijos. Estasituación es muy común en las zonas rurales: las mujeres se alejan del domicilioconyugal y siguen siendo objeto de violencia en la vía pública o en su nuevohogar, por parte de sus parejas quienes las hostigan, pero estos nuevos hechos,de acuerdo a la ley, no constituyen el ilícito de violencia familiar previsto en elCódigo en comento. El segundo párrafo del artículo referido, establece la violencia que tienelugar en la comunidad, misma que no encuadra en el tipo penal de violenciafamiliar previsto en nuestro código penal, por lo que se reitera que se requiereestablecer en el mismo, el tipo penal correspondiente a la violencia de génerocomo tal. El artículo 3 de la Convención confirma lo anteriormente expuesto al señalarque: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbitopúblico como en el privado”. Si bien es cierto que en diversas leyes internas se ha reconocido estederecho, a la fecha es meramente declarativo pues hasta en tanto no exista el tipopenal respectivo, no habrá sanción a la violación de ese derecho. 27 28.
El artículo 4 de la Convención, establece que “toda mujer tiene derecho alreconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los Derechos Humanos y alas libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobreDerechos Humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:…El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja asu familia…” Esta garantía no está contemplada en el Código Penal ni en el deProcedimientos Penales, pues si bien es cierto que se contemplan algunasmedidas de seguridad y protección para la víctima, también lo es que no sonrealmente eficaces, sobre todo en los casos en que el domicilio conyugal seestablece en la casa de los padres del agresor o se trata de una vivienda rentaday ésta, es pagada por el agresor. En las circunstancias referidas y en casosparticulares y desde luego previo análisis del caso, pudiera resultar procedentealguna medida de protección a cargo del Estado como pudiera ser, pago de unsalario mínimo además de capacitación para el trabajo. Desde luego que se reiteraque estos casos deben de ser particularmente analizados, y pueden ser aquellosen que la mujer carezca de empleo o no pueda desarrollar actividad alguna por elcuidado de los hijos (es decir hijos pequeños o en situación vulnerable). Por último, otra de las consideraciones que no deben pasar desapercibidas,es la disposición que establece la convención en su artículo 8 referente a losDeberes de los Estados en el cual se establece que los Gobiernos deben desuministrar los servicios especializados apropiados para la atención de lasmujeres objeto de violencia, lo cual no ha sido debidamente garantizado ennuestro Estado en los procedimientos mas elementales como lo es la investigaciónde los ilícitos que atentan contra la mujer, pues si cierto es que existen yaagencias del ministerio público especializadas, éstas distan mucho de serverdaderamente especializadas, pues la especialización implica un procedimiento 28 29.
que la propia Ley de Educación establece y en el particular, el personal de dichasagencias, son simplemente habilitados pero no especializados en la materia. Enmuchas ocasiones, ni siquiera tienen los mínimos conocimientos para atender laviolencia de género, sino que únicamente se vuelven conocedores de losprocedimientos.Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La obligación de las Entidades Federativas de incorporar la perspectiva degénero en sus políticas públicas ha sido regulada por el Congreso de la Unión enesta Ley General que acepta que existe violencia en contra de las mujeres, y quedebe ser prevenida, atendida, sancionada y erradicada de nuestra vida socialmexicana. Uno de los conceptos que abordamos en esta investigación es lasanción12 a la que puede ser objeto el servidor público que aplique algún tipo omodalidad de violencia. Con fundamento en esta Ley General las mujeres víctimas de violenciatendrán la protección jurídica que necesitan, a lo que la autoridad federal tendrá lafacultad de gestionar ante las Entidades Federativas las reformas a la legislación,para considerar como agravantes los delitos contra el honor y la integridadcorporal cometidos contra mujeres13.12 La Ley de Acceso estatal conceptualiza a la sanción como la medida dictada por la autoridad, cuyaaplicación deriva de la comisión de cualquiera de los actos de violencia regulados por esta Ley. Artículo 4,fracc. XXVIII.13 Último párrafo del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,publicada en el DOF el Primero de Febrero de 2007. 29 30.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Al tenor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violenciapara el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 14 (Ley de Acceso Estatal), seobservan principalmente dos cuestiones que deben ser incluidas en lanormatividad penal correspondiente: el concepto de violencia y sus modalidades, yla instauración de medidas de protección a favor de las mujeres víctimas deviolencia. En términos del acceso a la justicia penal de mujeres privadas de sulibertad, nos importa analizar, además de las violencias infringidas por parejas,familiares o personas, también las íntimamente vinculadas con su protección legal,a través de las acciones institucionales, ya sea como victima o mujer privada de sulibertad. La violencia institucional, la Ley de Acceso, la define como: Artículo 8.- Son modalidades de violencia contra las mujeres: V. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, resultado de prejuicios de género, patrones estereotipados de comportamiento o prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación a los hombres, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar, impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia; En la realidad se observan un sinfín de actuaciones institucionales queviolentan a las mujeres. Desde la presentación ante el Agente del MinisterioPúblico, hasta la Sentencia de apelación y, en algunos caso, el juicio de amparoante Tribunales Colegiados. Y qué decir de las Direcciones encargadas de laejecución de la sanción penal, al no regular ni instaurar medidas especializadaspara mujeres, y aunque la Constitución establece la división por género de las/losinternas/os dentro de un centro de reclusión, debe establecer el tratamiento, ysobre todo, legalizar el procedimiento que garantice los derechos humanos de lasmujeres.14 Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, el día jueves 28 de febrero del año 2008. 30 31.
Asimismo la misma ley establece la obligación de sancionar con penaderivada del Código penal las conductas que apliquen violencia contra lasmujeres, esto esta expresado en el siguiente párrafo: Artículo 6.- Cuando alguno de los actos u omisiones considerados en el presente ordenamiento constituya delito, se aplicarán las disposiciones establecidas en la ley penal del estado. Con la vigencia de esta ley, las conductas violentas deben estar sujetas a lasanción correspondiente emitida por autoridad competente. Inscribe en lanormatividad estatal el derecho de las mujeres a que puedan denunciar un acto deautoridad que trasgreda su integridad.Ley Número 613 El Instituto Veracruzano de las Mujeres dada su naturaleza de organismodependiente del gobierno del Estado de Veracruz, tiene entre otra la atribuciónexplicita15 de: IX. Revisar y proponer modificaciones a la legislación vigente para combatir y erradicar todas las formas de discriminación de las mujeres, en los diferentes ámbitos de la vida familiar, social, económica, política y cultural. Por lo tanto, es facultad del organismo emitir estas propuestas a nuestrocuerpo legislativo, y una de ellas, por ejemplo, en este documento que sepresenta. Después de este análisis de las legislaciones en materia de DerechosHumanos de las Mujeres, instrumentamos la explicación de las propuestas queincluyen figuras jurídicas complejas para el mejor entendimiento del lector, debidoa que era necesario presentar la mención de las propuestas y todos sus15 Artículo 8 de la Ley 613 que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, publicada en la Gaceta Oficial,Órgano del gobierno del Estado, el día 9 de enero del año 2007. 31 32.
elementos, y al final solo establecer las sugerencias de reformas legales. Acontinuación se realiza tal explicación:La reincidencia Este es un tema considerado ampliamente en las sesiones del diplomado,debido a que muchos consideran que es anticonstitucional, debiéndose eliminarde nuestra legislación penal local. El Código Penal del Estado de Veracruz atribuye a la reincidencia el efectode agravar la respuesta institucional punitiva del Estado, entendida de maneradiferente a lo que es, por esencia, como la atenuación de la pena por medio de laprotección legal que se confiere a la inculpada, es decir, a la mujer que esconsidera primadelincuente, y por lo tanto, dándole la oportunidad de reinsertarseen una mejor manera, a la sociedad, apercibiéndola de no volver a delinquir. También, con esto, se confiere intrínsecamente la violación a una garantíaprocesal que se le ha otorgado a las mujeres, el principio non bis idem. Esteprincipio según el cual nadie puede ser juzgado ni sancionado dos veces por unmismo hecho se ha reconocido sin dificultad alguna, primeramente como garantíano enumerada, a partir de la jerarquización constitucional de las Declaraciones yConvenciones de Derechos Humanos. En el marco del Proyecto “Acceso a la justicia penal para mujeres privadasde la libertad con enfoque de género en el Estado de Veracruz”, del cual elpresente estudio forma parte, se investigó de manera profunda los estudios depersonalidad aplicados a mujeres privadas de su libertad16, haciendo énfasis en lamanera en que se encuentra regulado este estudio, además que su mismoejercicio es violatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres, al considerarsituaciones diferentes al hecho delictivo que se les imputa, como su “buena”16 Para mayor información consultar: “El Estudio de personalidad aplicado a mujeres privadas de libertad, ala luz de los estándares en materia de debido proceso con perspectiva de género”, editado por el InstitutoVeracruzano de las Mujeres, 2008. 32 33.
conducta dentro del centro de readaptación social, los antecedentes penales quepersiguen a las mujeres (reincidencia) y, en general, diferentes actos anteriores oposteriores a la imposición de la sentencia condenatoria, Por esta razón debe eliminarse todo tipo de estudios de personalidad quefomenten en el/la juzgador/a la implementación de una pena mayor a la que se leaplique a una mujer considerada primo delincuente.Las ordenes de protección. Para la Ley de Acceso de Veracruz, las ordenes de protección son:” Actosde protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima;son medidas precautorias y cautelares”17. En este documento se expresan lasmodificaciones al Código Penal para que el juzgador, en los casos de violenciafamiliar, se obligue legalmente a la implementación de las medidas, con el objetivode proteger la integridad física de las mujeres víctimas de violencia y de las niñasy niños. Así mediante la colaboración de diferentes dependencias gubernamentalesse salvaguardará la integridad de la mujer agredida, al hacer que el Juezdictamine, por ejemplo, que la mujer deba alejarse del domicilio conyugal una vezinterpuesta la denuncia, por el peligro mayor a la que está expuesta, dada lasrepresalias que puedan surgir por parte de su pareja. En el Capitulo dePropuestas, además de mencionarlas como una medida de seguridad, agregamosuna capítulo especial al Código para que el legislador, de acuerdo a las diversasleyes, inscriba mediante artículos, la manera de proceder de dicha autoridad.17 Articulo 4º, fracción XIX de la Ley. 33 34.
El aborto y el derecho a decidir. Uno de los temas más controversiales en la actualidad, es la punibilidad conque se maneja el aborto en nuestros códigos penales, las discusiones sepresentan por los diversos sectores de la sociedad: la religión, partidos políticos,organizaciones civiles y las mujeres. Por un lado, la iglesia a sumergido en la disgregación a la sociedad almanifestar que el aborto es la destrucción de la vida y por lo que solo Dios tiene lafacultad de privar de la vida a los seres vivos, sin embargo, la fundamentación desu incipiente contravención hacia el aborto era que aquellas mujeres que lopracticar iban a “serán juzgados por Dios, enviándolas a las manos de Satanás”,instaurando un miedo colectivo que no motivara a la reflexión de las mujeres. Nuestro Código Penal de Veracruz hace una tipificación del aborto, almencionar que “es la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas”18.Con esto se manifiesta que está íntegramente prohibida la práctica del aborto,desde el mismo momento de la concepción hasta el nacimiento. Otro tema era el científico, por el que muchos pugnas y a lo que hasta estosdías, aun no tiene una respuesta contundente. La controversia radica en la vidadel feto, cuando se supone comienza la vida y hasta qué momento esto es underecho humano, en esta corriente el aborto puede definirse como “toda expulsióndel feto, natural o provocada, en el período no viable de su vida intrauterino, esdecir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Si esa expulsión del fetose realiza en período viable pero antes del término del embarazo, se denominaparto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere”1918 Articulo 149.19 Conferencia Episcopal Española, “El aborto. 100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vidahumana y la actitud de los católicos”, Comité para la Defensa de la Vida, Madrid, 25 de marzo de 1991 34 35.
En su Recomendación sobre Salud, el Comité que monitorea elcumplimiento de la Convención de la Mujer (CEDAW) ha señalado comoobstáculos "…las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectanexclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichasintervenciones". Entre éstas se encuentran las leyes que prohíben el aborto,restringen la publicidad de los anticonceptivos, exigen el consentimiento delesposo para obtener anticonceptivos y penalizan la esterilización voluntaria.Protegiendo y regulando el derecho a que la mujer pueda decidir sobre su saludreproductiva y también sobre el deseo de tener un hijo o hija. Analizando la Constitución Política de la República Mexicana, podemosdarnos cuenta que también existe una legalización del aborto de maneraintrínseca que “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsablee informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”20 Empero, nuestra realidad ha comenzado a modificar estas ideas antiguas enlas que aun se centran nuestras legisladoras y legisladores. La primera Entidadque observó esta idea sui generis es el Distrito Federal, por la que comenzó ladiscusión, viviéndose uno de los momentos mas importantes en materia dederecho humanos de las mujeres, que algunos comentarios aseveraron queestaba casi a la misma altura del derecho al voto de las mujeres. Dicho debatesurgió dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por iniciativa de laizquierda política. En la exposición de motivos de la iniciativa de ley21 de esta reforma por losDiputados Jorge Carlos Díaz Cuervo y Enrique Pérez Correa se expresaclaramente la necesidad de modificar la legislación penal actual, en la que señalaque:20 Articulo 4, párrafo segundo.21 INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL CÓDIGO PENAL PARA ELDISTRITO FEDERAL, 28 de noviembre de 2006, http://diputadosdealternativa.blogdiario.com/ 35 36.
…El 74 por ciento de las mujeres de bajos ingresos del Distrito Federal no sabe que la interrupción del embarazo puede practicarse bajo ciertas circunstancias.... … La penalización del aborto, orilla a que las mujeres que han resultado embarazadas sin así desearlo, acudan a clínicas clandestinas, generándose situaciones de riesgo tanto a nivel personal para la mujer como para la sociedad en su conjunto…También queda manifestada la explicación sobre las 12 semanas de gestación: …El enfoque trimestral, es decir el periodo que va desde la concepción y hasta las 12 semanas, se basa en que en un estadío inicial los riesgos de salud para la mujer son diferentes cualitativamente al aborto que se practica en un estadío posterior. Como consecuencia, se modifico el Código Penal del Distrito Federal22 y laLey de Salud de la misma entidad. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron pormayoría de ocho votos contra tres declarar "parcialmente procedente e infundadala acción de inconstitucionalidad23" sobre la despenalización del aborto en elDistrito Federal dentro de las primeras 12 semanas de gestación, tal como loestablecieron las reformas a Ley de Salud y del Código Penal de la ciudad deMéxico, en abril de 200724. Con tal resolución se determinó finalmente que no seviolenta el derecho a la vida ni tampoco los principios de exacta aplicación de laley en cuestión. Pero ante todo, la postura gubernamental debe radicar, preponderantementeen lo recomendado en el Capitulo 2 de la Conferencia Internacional sobre laPoblación y el Desarrollo, en su párrafo 8.25, obligando a los Estados a “asignar22 Reforma aprobada por la ALDF el 26 de diciembre de 2003 y publicada el 27 de enero de 2004 en laGaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal.23 Acción de Inconstitucional 146/2008 y su acumulado 147/2008.24 La Jornada On Line y Jesús Aranda, “Constitucional, la ley de aborto en el DF, dictamina la SCJN”,http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/08/28/es-constitucional-la-despenalizacion-del-aborto-en-el-df-scjn 36 37.
siempre máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y habríaque hacer todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto”.La defensa y el acceso a la justicia Uno de los ejemplos más claros de violación a los derechos humanos de lasmujeres es el raquítico acceso a la justicia penal por parte de mujeres en las doscondiciones, como mujer privada de su libertad y como víctima u ofendida de undelito. Este tipo de conductas en contra de ellas pueden enumerarse a manera deejemplo en la siguiente lista:1.- La falta de recursos económicos para enfrentar una acusación penal, y por lotanto, una deficiencia en la defensa durante el procedimiento, viéndose en mayormedida en la presentación de las pruebas periciales tendientes a comprobar lafalta de responsabilidad penal. Por lo que debe otorgársele las condicionesnecesarias a la Defensoría Publica para su mejor desempeño, así como darlemayores facultades y presupuesto.2.- Las mujeres privadas de su libertad viven una doble victimización al condenarlapor los hechos delictivos que contravienen el estereotipo de género que abundaen la sociedad, y por la sanción privativa de libertad que les impone la autoridadjurisdiccional.3.- La alta punibilidad que se les aplica a las mujeres en comparación a la de loshombres.4.- La relación comisión del delito – violencia de género está presente en la mitadde los asuntos penales que se siguen en los CERESOS de Veracruz. 37 38.
5.- La presencia de tratos crueles e inhumanos en el interior de los centro dereclusión en contra de las mujeres. En este rubro la Corte Interamericana deDerechos Humanos a establecido como jurisprudencia que: “el Estado debeasegurar que la manera y el método de ejecución de la medida no someta aldetenido a angustias o dificultades que excedan el nivel inevitable de sufrimientointrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas delencarcelamiento, su salud y bienestar estén adecuadamente asegurados”25. En otro caso menciona la Corte que existe violaciones a derechos humanosen algunas cárceles, conceptualizando que : las lesiones, sufrimientos, daños a lasalud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada delibertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a lascondiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica ymoral […] que no es consecuencia natural y directa de la privación de libertad ensí misma”26, con esto la Corte reanima los temas que muchos han catalogadocomo “olvidados”, siendo que las conductas inhumanas en contra de las mujeresprivadas de su libertad son una pena diferente a la misma privación de la libertad,en primer lugar por las condiciones estructurales de las prisiones, así como la faltade sensibilización de las personas encargadas en el trato directo con ellas. Enalgunos casos, las mujeres son obligadas a ejercer “favores sexuales” a cambiode un mejor trato.La pena vitalicia Hace unos meses, al tenor del aumento de la delincuencia organizada ennuestro Estado, el Gobierno y la Legislatura del Estado, reformaron nuestroCódigo Penal para incluir las penas de hasta 70 años para algunos delitos, y paraotros, como el secuestro, la pena vitalicia.25 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Aranguren y otros, párrafo 86..26 CorteIDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro, párr. 315 38 39.
En primer lugar nos atrevemos a manifestar nuestro total repudio a estatendencia que comienza a generalizarse dentro de nuestras EntidadesFederativas, debido a que incumple al principio de “reinserción social” que seestableció en la reforma constitucional federal en materia penal. La ConstituciónFederal establece que: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base deltrabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte comomedios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que novuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujerescompurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombrespara tal efecto”, manifestando que debe existir la reinserción de la persona privadade su libertad27. 5. PROPUESTAS Durante el desarrollo del Diplomado, mediante la observación participativa,se sistematizó la realidad de nuestra normatividad punitiva, al manifestarse por losfuncionarios asistentes que aplican cotidianamente estos ordenamientos, que noexiste la perspectiva de género en todos los aspectos generales, existe, entreotras cosas, el vacio de la conceptualización legal de “género”, la legislación queimpone las penas esta creada con vista regulatoria de la conducta varonil y elprocedimiento penal adquiere un sesgo intrínseco de aplicación, debido a queconsidera la figura paternalista como naturaleza humana. Por todas estas razones,es que conviene realizar las siguientes propuestas para reformar la normatividadpenal en el Estado de Veracruz.27 Articulo 18 constitucional. 39 40.
Para hacer la lectura de las propuestas con mayor eficacia, se presentancon negritas las propuestas de reforma de los artículos analizados. CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEArtículo 2º. Las normas relativas a los derechos humanos, contenidas en lasConstituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Libre ySoberano de Veracruz de Ignacio de Llave, respectivamente, así como en losTratados Internacionales suscritos por el depositario del Poder Ejecutivo Federal yaprobados por el Senado de la República en materia de derechos humanos yderechos humanos de las mujeres, regirán en la aplicación de este CódigoArtículo 3o. El poder punitivo del Estado queda sujeto a los principios delegalidad, culpabilidad, reinserción social, proporcionalidad de las consecuenciasjurídicas para inimputables, de atención a los usos y costumbres de los pueblosindígenas que les reconozca la ley siempre que no atenten contra los derechoshumanos y derechos humanos de las mujeres, de protección a los derechosdel ofendido o víctima del delito, de no discriminación, de igualdad ante la leyentre hombres y mujeres, y de prevención del delito.Artículo 8. La responsabilidad penal no trascenderá de la persona y de losderechos de quienes cometen el delito. La graduación de la pena no excederá loslímites de la gravedad del reproche penal. Para garantizar la imparcialidad en ladeterminación de la responsabilidad penal se analizarán las condiciones degénero que estén inmersas en la comisión del hecho delictivo.Artículo 10. Las penas y las medidas de seguridad se impondrán en sentenciaejecutoria dentro del debido proceso legal, incorporando la perspectiva degénero a efecto de evitar que se vea vulnerado el principio de imparcialidadde la ley penal. 40 41.
TITULO I De la ley penal CAPITULO III Aplicación en cuanto a las personas El artículo 15 del Código Penal establece que: “Este código se aplicará atodas las personas sin distinción alguna, con las excepciones que sobreinimputabilidad, aplicación de usos y costumbres de las comunidades indígenas,inmunidades y satisfacción previa de requisitos de procedencia, establezcan lasleyes”. La reforma al artículo 15 del Código es corregir y aumentar la frase:“…aplicación de usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre queno atenten contra los Derechos Humanos y Derechos Humanos de lasMujeres,…” CAPITULO IV Causas que excluyen el delitoArtículo 25. Son causas de justificación:I al VI.-…VII.- Actuar a causa de la violencia de género perpetrada contra el agente lacual esta ligada estrechamente al delito que se le imputa.Artículo 26. Son causas de inculpabilidadI al IV.-…V.- Que el o la agente actúe bajo circunstancias originadas por elpadecimiento del síndrome de Estocolmo o síndrome de estrés 41 42.
postraumático, o cualquier otro trastorno de personalidad producto de unarelación de poder.(Derogar) Artículo 33.-Hay reincidencia siempre que el condenado por sentenciaejecutoria, dictada por cualquier tribunal de la República Mexicana o delextranjero, cometa otro delito en la entidad.Artículo 45Bis: La o el sujeto activo, en los casos donde se contemple cualquiertipo de violencia, deberá participar en los programas de reeducación integral.Artículo 47: …I al VIII: …IX.- Órdenes de protección. Se establecen las órdenes de protección que conceptualiza como “actos deprotección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima yson fundamentalmente precautorias y cautelares…”, pueden ser emitidas porautoridad competente y tiene como objeto resguardar la integridad de la mujerVictima de violencia. En el caso del Código Penal se establecen mecanismos deprotección de la víctima u ofendido de actos delictivos. Considerando esto, llego ala hipótesis siguiente: debemos incorporar las órdenes de protección en nuestroCódigo Penal como medidas de seguridad, para darle el efecto jurídico deseado. Además agregar el Capitulo XVIII al Título III del Código Penal donde sedescriban cada una de las órdenes de protección expresadas en los artículos 42 al46 de la Ley de Acceso Estatal.Artículo 84: Los jueces al pronunciar sentencia impondrán las penas y medidasde seguridad que estimen justas, aplicando su prudente arbitrio dentro de loslímites señalados en este código, tomando en cuenta, inexcusablemente: losantecedentes y condiciones personales del responsable; la gravedad del delito ygrado de temibilidad (eliminar); los daños materiales y morales causados, la 42 43.
magnitud del daño al bien jurídico o el peligro al que hubiere sido expuesto; lascircunstancias que concurrieron en el hecho y las condiciones personales delofendido. Al respecto, según la propuesta de eliminación del estudio de personalidada mujeres privadas de su libertad, se propone que este artículo se reforme en elsentido de que no sea de carácter obligatorio que el juez deba tomar en cuenta elestudio de personalidad para dictar la sentencia correspondiente. Este mismo artículo establece en su último párrafo que: “…Cuando elinculpado pertenezca a una comunidad indígena, se tomará en consideración elgrado de diferencia cultural que guarde con relación a la media del Estado, asícomo los usos, costumbres y tradiciones culturales características de sucomunidad, en los términos que le reconozca la ley” Teniendo en cuenta que en la mayoría de las comunidades indígenas esdonde más se ven violados los Derechos Humanos de las Mujeres, es que sepropone agregar al párrafo anteriormente citado que se deberá prestar especialatención a que en esas comunidades es donde se ven más afectados losderechos humanos y se propicia la intolerancia religiosa y la discriminación contralas mujeres, quedando el mismo del siguiente modo: Cuando el inculpado pertenezca a una comunidad indígena, se tomará enconsideración el grado de diferencia cultural que guarde con relación a la mediadel Estado, así como los usos, costumbres y tradiciones culturales característicasde su comunidad, en los términos que le reconozca la ley. Prestando especialatención a que en esas comunidades es donde se ven más afectados losDerechos Humanos y se propicia la intolerancia religiosa y la discriminacióncontra las mujeres. 43 44.
Se propone también agregar un artículo al capítulo I, Titulo I Homicidiodel Libro Segundo del Código Penal, que haga referencia a la violenciafeminicida entendiéndose como: “la forma extrema de violencia de género contralas mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitospúblico y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que puedenconllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otrasformas de muerte violenta de mujeres”, regulándolo de la siguiente manera:Artículo XX: A quien prive de la vida a una mujer por cuestiones de género (omisoginia), se le impondrán las penas establecidas para el homicidio calificado.(Derogar) Artículo 87.- Al reincidente se le aplicará la sanción que correspondapor el último delito cometido, la que podrá aumentarse hasta el máximo de setentaaños de privación de libertad, según la peligrosidad del delincuente o la mayor omenor gravedad de la culpa en que se haya incurrido. En el caso, el sentenciadono podrá gozar de los beneficios o de los sustitutivos penales que este códigoprevé. Eliminación del párrafo del artículo 182 que establece: “Si entre el activoy el pasivo de la violación existiere un vínculo matrimonial o de concubinato, eldelito se perseguirá por querella.”, debido a que la denuncia de los hechos nodebe estar a expensas de la persona víctima de violencia sexual, porque larelación de poder que existe en la pareja puede inhibir su denuncia.Artículo 149. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décimasegunda semana de gestación. Para los efectos de este Código, el embarazo es laparte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantacióndel embrión en el endometrio.Artículo 150. Se impondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días detrabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su 44 45.
aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las doce semanas deembarazo.Artículo 185.- A quien tenga cópula con una mujer mayor de catorce y menor dedieciséis años, (eliminar la condición) “que viva honestamente”, obteniendo suconsentimiento por medio de seducción o engaño, se le impondrán de seis mesesa cuatro años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario. Este delito seperseguirá por querella.Por lo que proponemos suprimir la frase “viva honestamente” como elementodel tipo porque contraviene el principio de no discriminación consagrado en la Ley. Diferenciar y tipificar en el Código penal las características del acoso yhostigamiento sexual debido a que los utiliza como sinónimos. El artículo 189 delCódigo establece, entre otras cosas, que: “A quien, con fines lascivos, hostigue omoleste reiteradamente a una persona de cualquier sexo, valiéndose de suposición jerárquica…”. Disgregando este artículo podemos darnos cuenta queexisten palabras que se encuentran mal planteadas, por ejemplo: “hostigue” (comosinónimo de acoso), acción reiterativa y posición jerárquica, veamos por qué: El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación desubordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolary; el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe lasubordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado deindefensión y de riesgo para la víctima. Por esta razón y sin análisis profundo, solo la comparación, observamosque existe una marcada diferencia entre la palabra acoso, que no lleva lacaracterística de subordinación o jerarquización, y el hostigamiento que si laincluye. 45 46.
En otro orden, las dos formas establecidas en el artículo anterior conllevanel ánimo de agredir a una persona consiste en un solo evento dañino o en unaserie de eventos cuya suma produce el daño. Por lo que debe eliminarse elejercicio reiterado de la conducta para tipificarlo. Analizando estos aspectos concluyo que deben existir dos artículos en elCódigo, uno referente al Acoso sexual y otro al hostigamiento sexual,además de eliminar la palabra “reiteradamente”. Agregar la palabra “género” dentro del tipo penal así como aumentarla pena impuesta lo necesario, para erradicar todas las formas de discriminacióny cumplir con este objetivo primordial:Artículo 196: “Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y hasta doscientosdías de trabajo en favor de la comunidad a quien, injustificadamente, por razón deedad, sexo, género, embarazo…” Se propone también, agregar un párrafo que establezca que cuando secometa un delito cuyo detonante para su comisión sea la discriminación, seaumentará una quinta parte de la pena a que se hubiere hecho acreedor por lacomisión del delito. La violencia familiar está ampliamente regulada los instrumentos de lamateria, debido que es mayor la incidencia de este tipo de conductas, además detransgredir el núcleo social que es la familia, otorgando un retroceso que conllevaconsecuencias individuales y sociales. Sin embargo en el artículo 233 del Códigose demuestra un sesgo importante en las cuestiones de género que, si bien, estánreguladas ya estas formas de violencia, deben ser modificadas para cumplir con elestándar de la Ley. La legislación conceptualiza a la violencia familiar como: “el acto abusivo depoder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir demanera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las 46 Recomendado