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Timestamp: 2019-02-23 12:51:49
Document Index: 335225942

Matched Legal Cases: ['artículo 330', 'artículo 132', 'artículo 147', 'artículo 148', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 149']

Para cerca de 20 organizaciones sociales y de defensa de los Derechos Humanos, el presidente del Centro Militar, el coronel reitrado Carlos Silva Valiente, cometió apología del delito e “instigación pública a delinquir” al formular una “proposición” de nuevo golpe de Estado porque, según el oficial retirado, en Uruguay “no se respeta la democracia”.
En una entrevista realizada por el periodista César Bianchi en Montevideo Portal, el presidente del Centro Militar formuló varias declaraciones que son calificadas como delictivas por las organizaciones denunciantes, entre las que se encuentra Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Crysol, el PIT CNT, Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, el Observatorio Luz Ibarburu, Rebeldia Organizada, Reactiva Contenidos, Plenaria Memoria y Justicia y la Mesa Permanente contra la Impunidad, entre otras.
El corone retirado “cuestiona la existencia de la democracia en el Uruguay, negando la existencia de una dictadura, ni de un terrorismo de Estado, negando que Gregorio Álvarez haya sido un dictador, todo lo cual constituye una negación de un hecho objetivo de nuestra historia justificando la existencia de tales hechos y por tanto defendiendo la violación de la Constitución , delito previsto muy especialmente en nuestra Carta Magna en su artículo 330 (Atentado a la Constitución) y en el artículo 132 del nuestro Código Penal”, alega la denuncia a la que accedió Sudestada.
En la entrevista de Montevideo Portal, el periodista recuerda que en otro momento le había preguntado a quien también fuera presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrés, “ante qué eventualidad podrían volver los militares a tomar el poder” y que aquel oficial retirado le respondió: “Ante una dictadura de izquierda”. Al formularle la misma pregunta a Silva Valiente, éste contestó: “Lo mismo. Ante una dictadura, cuando no se respeta la democracia, como ahora”.
Las organizaciones civiles encuentran en estas declaraciones un llamado a atentar contra la Constitución: “Nos preguntamos, esta última afirmación no es una incitación clara y contundente a los militares a tomar el poder por un militar que aunque en retiro ostenta grado de coronel y es presidente del poderoso Centro Militar ¿?”.
La denuncia argumenta que no se trata de un hecho de libre ejercicio de la libertad de expresión: “Esto podría considerarse una simple opinión por más extremista que pueda considerarse pero la misma, ubicada en el contexto actual, tanto en el tiempo como en el medio elegido demuestra claramente la intención de transmitir un mensaje, no una simple expresión de pensamiento”.
Y basa esta interpretación en tres razones: “Hace las declaraciones en su condición con total conciencia y voluntad de ser el presidente del Centro Militar; expresa que los militares no dejan de serlo ni aún en el retiro; señala especialmente al periodista que ‘él sabe que sus dichos causarán revuelo, pero no le importa”.
El artículo 147 del Código Penal establece que “el que instigare públicamente a cometer delitos, será castigado, por el solo hecho de la instigación, con pena de tres a veinticuatro meses de prisión”. Por otra parte, el artículo 148 indica la misma pena para “el que hiciere, públicamente, la apología de hechos calificados como delitos”.
En tanto, el artículo 29 de la ley 18.026 (Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad) señala que "el que hiciere, públicamente, la apología de hechos anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley (2006), que hubieran calificado como crímenes o delitos de haber estado vigente la misma, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.
“No cabe la menor duda de que en el Uruguay ocurrieron hechos durante la dictadura que hoy estarían comprendidos en la ley tales como los homicidios, la tortura, la desaparición forzada de personas”, subraya la demanda. Y alega que si bien se ha discutido “mucho” en doctrina y jurisprudencia respecto de si la ley 18.026 “podía o no aplicarse ya que es posterior” a la dictadura, lo que “no se ha discutido es la existencia del terrorismo de Estado y de los crímenes señalados” por cuanto para las organizaciones de derechos humanos “el artículo 29 resulta de plena aplicación”.
Silva Valiente dijo en la entrevista: “Para mí no hubo una dictadura. Hubo un vacío de poder... fue culpa de los políticos que no supieron manejar la situación, se le fue de las manos, había un movimiento revolucionario y no lo pudieron manejar. Internacionalmente (Gregorio Álvarez) no es considerado un dictador, tuvo reconocimiento internacional. Cuando hay reconocimiento internacional es una valoración más que importante para un presidente”.
De acuerdo a la denuncia la “culpabilidad” del oficial retirado “es a título de dolo directo”, porque su voluntad “es la manifestación del pensamiento consistente en loar (no es necesaria la glorificación) un hecho con o sin narración del mismo o a su autor, con intento de propaganda o cuando menos para eliminar la repugnancia de los demás”, según la explicación del penalista Fernando Bayardo Bengoa (1923-1987), citando al jurista Vincenzo Manzini (1872-1957), autor del Tratado de Derecho Penal Italiano.
“Curro, mafia y gays”
Madres y Familiares de Desaparecidos frente a la Fiscalía General durante la denuncia
Las organizaciones de derechos humanos entienden que “no solamente el delito de Atentado a la Constitución resulta defendido y justificado” por el militar retirado “sino también los demás delitos previstos en la ley 18.026”, y que “inclusive se habla en forma despreciativa de la búsqueda de los desparecidos” cuando Silva Valiente manifiesta: “Me parece un gastadero de plata y un curro. Con todas las letras: es un curro, de toda esa mafia, están gastando un dineral para hacer agujeros como el que hizo (el abogado de derechos humanos, Oscar López) Goldaracena allá en el Chuy. ¡Es un curro! La gente tiene que saberlo. No van a encontrar nada, porque no tienen información ni hay quien se la dé”.
El periodista de Montevideo Portal le preguntó a Silva Valiente cuál era el propósito de una nota que refería a gays difundida por una revista que comparte el Centro Militar, y el oficial retirado contestó: “Volvemos al tema anterior: la disolución de la familia, la difusión de conductas antinaturales, que no son del orden natural. Entendemos que es una conducta antinatural que afecta a la familia. No nos gusta”.
La demanda cita al penalista Miguel Langón para afirmar que “promover el desprecio” consiste en “instigar a otro u otros a tomar a alguien por vil, rebajarlo, disminuirlo, quitarle valor, tenerlo por poca cosa…” y juicio de este jurista ya fallecido “también todo tipo de violencia simbólica o incluso institucional contra alguien”.
El artículo 149 Bis del Código Penal, señala que “el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”.
La condena de la INDDHH y del PIT-CNT
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) condenó las declaraciones del presidente del Centro Militar, Carlos Silva Valiente, y expresó preocupación por la posición "negacionista" que el militar retirado realizó sobre la dictadura y el terrorismo de Estado.
Para la INDDHH sostener que “en Uruguay no hubo dictadura es ir contra la historia escrita y documentada” y que “esta posición no solo no tiene sustento alguno en los graves sucesos por los que ha transitado el Uruguay, sino que minimiza las profundas y nefastas consecuencias que el terrorismo de Estado ha dejado”.
El director de la institución, Wilder Tayler, se mostró preocupado por la “virulencia negacionista” de las declaraciones de Silva Valiente en el entendido que no contribuyen a suavizar las consecuencias que dejó la dictadura en el tejido social.
El comunicado señala que la INDDHH observa que quien fuera uno de los principales voceros de la Logia Tenientes de Artigas "sostiene posiciones discriminatorias y cuestiona avances legislativos que han procurado superar los obstáculos a los que se han visto enfrentados varios grupos de poblaciones vulnerables tales como las mujeres, la población trans, etc".
Para la institución "descalificar la sostenida búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos, resultado de ese terrorismo de Estado donde participaran integrantes de las Fuerzas Armadas deslindando responsabilidad en estas como en otras graves atrocidades es una revictimización a los familiares que legítimamente reclaman por verdad y justicia".
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT sostuvo, a través de un comunicado, que las expresiones del militar retirado "son parte de un terreno siempre en disputa, como lo son los hechos ocurridos en el llamado pasado reciente. Sin embargo no se trata en este caso de algo que para el movimiento sindical deba pasar desapercibido ni mediatizado en el marco de la libertad de expresión que una democracia permite".
Para la central obrera "se trata de una representación social de un colectivo que además de agrupar al personal que sostuvo el régimen dictatorial en el país" que además "detenta el poder de las armas en el país".
"Los intentos de negar la terrible agresión que sufrió el país en el marco de las políticas de terrorismo de Estado llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas en el pasado, no deben limitarse a medirlas en el discutible marco que establecen las figuras penales de nuestro ordenamiento jurídico. Necesitan también de gestos y pronunciamientos categóricos de las instituciones del Estado", señala el comunicado.
Por esta razón, el movimiento sindical "en cuyas filas estuvieron la mayoría de los asesinados, desaparecidos y torturados por la dictadura, llama a todos los trabajadores organizados y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a continuar desarrollando las acciones que sean necesarias para que la lucha por memoria, verdad y justicia sean un patrimonio de la actual y las futuras generaciones".
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