Source: https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/11/07/
Timestamp: 2020-03-30 20:34:33
Document Index: 70291786

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 139', 'artículo 73', 'artículo 139', 'Artículo 2', 'Artículo 139', 'Artículo 73']

07 | noviembre | 2011 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Sentencias constitucionales. Proceso de habeas data. Actuaciones fiscales e información reservada.
EXPEDIENTE Nro.: 07540-2008
DEMANDADO: JAIME SILVA ROSALES Y OTRO
En Chiclayo, a los 13 días del mes de octubre de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2010, que resuelve DECLARAR LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO sin declaración sobre el fondo, en el proceso de habeas data de autos.
La demanda del accionante (p. 15-18) plantea habeas data contra Jaime Silva Rosales y Brian Villanueva Reyes, ambos funcionarios públicos dela Fiscalía Superiordela Provinciade San Pablo- Cajamarca, por denegatoria de acceso a la información pública, en vista de no habérsele otorgado copias de un proceso sobre responsabilidad de funcionarios públicos, pese al transcurso de seis meses de iniciada la investigación.
La contestación de los emplazados (p. 81-82) señala que la demanda debe ser declarada infundada ya que los hechos en los que se fundamenta, carecen de veracidad. Además indican que el proceso tiene carácter reservado puesto que se encuentra en investigación, y por tal motivo, se le denegó información.
La sentencia apelada (p. 169-171) indica la sustracción de la materia, toda vez que la Fiscalía dela Naciónha amparado el pedido y ha dispuesto que le sean entregadas las copias solicitadas al demandante, advirtiéndole que guarde reserva del caso.
La impugnación formulada por el actor (177-178) indica que no existe prueba que acredite que los demandados hayan cumplido con entregar las copias solicitadas al recurrente, pues durante todo el proceso se negaron a proporcionar la información requerida alegando la reserva del mismo. Respecto de la resolución dela Fiscalíadela Nación que corre en autos, el demandante señala que se trata de una resolución en calidad de jurisprudencia recaída en otro proceso muy similar al caso en cuestión y que fue incorporada por el demandante. Y sin embargo, dicha resolución no se pronuncia sobre su caso.
5. Es importante advertir, en el caso sub judice, que efectivamente resulta cierto el argumento de la impugnación en cuanto a que la Fiscalía de la Nación declara fundado un recurso de apelación interpuesto por el ahora demandante, en un proceso en el cual igualmente solicitaba copias de actuados al Dr. Oswaldo Asensio Angulo y otro, en el expediente 119-2008.
6. Y cierto es a su vez que en el expediente que nos ocupa, el A-quo ha determinado como decisión sustantiva de su fallo, que el recurrente ya ha obtenido las copias que solicitaba. Podemos colegir, en consecuencia, que ha habido un error de apreciación del juez de primera instancia, en tanto en el presente proceso las partes emplazadas resultan ser los Dres. Jaime Silva Rosales y Brian Villanueva Reyes, de tal manera que la posición del actor debería prosperar en cuanto al problema de justificación interna que representa estimar un hecho como verdadero cuando en propiedad no lo es.
7. Y sin embargo, es importante advertir, de igual forma, que la decisión estimatoria de la Fiscalía de la Nación hace referencia a un proceso en el cual el denunciante es parte, en su calidad de parte respecto a un proceso funcional contra el Dr. Oswaldo Asensio Angulo.
8. En el caso de autos, conforme a la propia sustentación de la demanda (p. 15-18), el recurrente no acredita ser parte en el proceso cuyas copias solicita. En ese orden de ideas, resulta cierto y consistente el argumento de la Fiscalía Suprema (p. 161 F.J. 3) respecto a que resulta importante distinguir entre los procedimientos administrativos sancionadores y los procesos penales propiamente dichos. En los primeros, el acceso a la información pública podrá asumir la dimensión constitucional que le otorga el artículo 2 inciso 5[5] de nuestra Ley de Leyes. En los segundos, la regla es la publicidad, conforme al artículo 139 inciso 4[6] de la Carta Fundamental, a excepción de la reserva de investigación propia de un proceso penal señalada por el artículo 73[7] del Código de Procedimientos Penales.
9. En consecuencia, no es irrestricta la aplicación del artículo 139 inciso 4 de la Constitución, en tanto la justificación de los emplazados, respecto a la no entrega de información, en el momento en que se formuló el respectivo pedido, aún gozaba de la calidad de reservada, en virtud de concernir a un proceso investigatorio penal.
10. A lo señalado debe sumarse que el recurrente no era parte en el proceso, circunstancia que con mayor razón impedía su acceso a la información solicitada.
11. Sin perjuicio de ello y siempre que el proceso respecto del cual se solicitaba información ya hubiere concluido en cuanto a la reserva propiamente dicha- situación ajena a este Tribunal- es relevante señalar que si a la fecha actual, la referida reserva del proceso hubiere culminado, es potestad del recurrente, de acuerdo a la calificación propia de la autoridad respectiva, determinar si procede la entrega de información, previo cumplimiento de los requisitos respectivos.
Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, REVOCA la sentencia apelada que DECLARA LA SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda. DISPUSO su publicación en el diario oficial “El Peruano”.
[5] Constitución 1993. Artículo 2 inciso 5
[6] Constitución 1993. Artículo 139 inciso 4. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[7] Código de Procedimientos Penales. Artículo 73.
La instrucción tiene carácter reservado. El defensor puede enterarse en el despacho del juez de las actuaciones a las que no haya asistido el inculpado, bastando para ello que lo solicite verbalmente en las horas útiles del despacho judicial. Sin embargo, el juez puede ordenar que una actuación se mantenga en reserva por un tiempo determinado cuando juzgue que su conocimiento puede entorpecer o dificultar en alguna forma el éxito de la investigación que lleva a cabo. En todo caso cesa la reserva cuando se ponga la instrucción a disposición del defensor durante tres días en el juzgado para que se informe de toda la instrucción, haya concurrido o no a las diligencias.
You are currently browsing the Pensamientos de Derecho Constitucional blog archives for the day 7 noviembre 2011.