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Timestamp: 2019-09-15 09:42:11
Document Index: 350317388

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'in fine', 'artículo 245', 'artículo 5', 'artículo 1', 'Artículo 18', 'Artículo 45', 'artículo 168', 'artículo 168']

03. MARÍTIMOS / Navieros | Contador Público Darío A. Abilleira Alvarez - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY
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Una embarcación de Bandera argentina, que realiza paseos turísticos por el Río Uruguay, que no tiene habilitación comercial, ¿Qué sanción puede corresponderle?
febrero 4, 2012 · by Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez
febrero 24, 2011 a las 2:06 pm
Que sanción puede corresponder a una embarcación de bandera argentina, que realiza paseos turisticos por el río Uruguay, en aguas de jurisdicción uruguaya sin tener habilitación comercial pertinente en dicho país. Tomás
Esta pregunta, me la realizaron a principios del año 2011. No la pude responder muy bien y tuvo bastante interacción por medio de comentarios:
https://abilleira.wordpress.com/2011/02/23/ley-18719-creacion-del-registro-de-empresas-y-buques-afectados-al-transporte-fluvial-y-maritimo-de-cargas-y-pasajeros/#comments
Pero leyendo la normativa me encuentro con este Artículo del Título 10 del Texto Ordenado de 1996, del IVA y quiero complementarlo al tema:
Buques de Calamares de empresas Coreanas, al Puerto de Fray Bentos
mayo 25, 2011 · by Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez
Pesqueros coreanos desde Montevideo a Fray Bentos
El País – 23/05/2011
Con el arribo de tres pesqueros de altura coreanos al puerto de Fray Bentos se está desarrollando un interesante proyecto con perfil innovador por cierto con el fin de descongestionar el puerto de Montevideo por falta de espacio. Son las bien conocidas naves calamareras coreanas de 50 metros de eslora que tradicionalmente solían hibernar en el muelle Florida. La idea es ofrecer servicios a dichas empresas coreanas los mismos servicios que se ofrecían en Montevideo o quizá con otra relevancia y mayor eficiencia en el puerto fraybentino. El hecho es que pronto comienzan las obras de construcción del Muelle C, quiera Dios que así sea, y la ANP necesita disponer de las instalaciones adyacentes para montar el obrador. En esa línea de trabajo se ha suprimido el tradicional fondeadero de los pesqueros coreanos que solían hibernar allí. Nosotros hablamos con el Ing. Alberto Díaz, quien confirmó el proyecto de trasladar los coreanos al litoral a través de propuestas convenientes para dichas empresas pesqueras con la esperanza de poder desarrollar en el litoral un novedoso foco comercial con mayores implicancias. Pues estos pesqueros no solo descargarán la totalidad de sus capturas seguramente a contenedores, sino que además realizarán reparaciones y trabajos de mantenimiento de las naves. La verdad es que tanto Fray Bentos como Paysandú tienen una tradición de artesanías navales de gran prestigio a través de astilleros que con el tiempo se fueron apagando, pero hay artesanos. Habrá que ser cuidadoso en este negocio pues hay costos sin duda como el Práctico para llevar el barco desde Montevideo a Fray Bentos que como esas naves no dan más de 9 nudos demandan una navegación superior a 20 horas, según nos dijo el Práctico Fernando Tramontín, que llevó la segunda de las naves. Y además implica un mayor consumo de combustible para salvar el tramo entre Montevideo y Fray Bentos. Se confirmó que un total de 9 pesqueros hibernarán en Fray Bentos durante algún tiempo mientras las tripulaciones coreanas volarán a su país dejando tan solo una guardia para máquinas y cubierta y también para el cuidado de las cámaras frigoríficas.
Sabemos que pesqueros españoles estudian también esta posibilidad.
http://www.elpais.com.uy/110523/pecono-568239/maritimas/pesqueros-coreanos-desde-montevideo-a-fray-bentos/
Utilización de Barcazas y Remolcador – Ancap ahorró – Inversión de 12 millones de dólares
Barcaza permitió ahorro de 200% a Ancap
El ente ahorró en fletes más de US$ 1 millón en seis meses
A mediados de la próxima semana Ancap contará con una segunda barcaza para el transporte de combustibles entre Nueva Palmira y Paysandú.
“Con la primera barcaza funcionando en seis meses y 24 operaciones, Ancap se ahorró de flete más de US$ 1 millón”, informó a El País el director de la empresa, Juan Gómez.
Ese combustible que fue trasladado vía marítima, en el pasado debía necesariamente llevarse vía terrestre con camiones. El transporte del m3 de combustible vía marítima ronda los US$ 15 contra unos US$ 45 que tiene la vía terrestre -200% más económico-, reveló Gómez.
Cuando el ente estatal usaba su barco petrolero (Ancap Noveno) éste no podía llegar hasta Paysandú porque el río Uruguay no contaba con el calado suficiente. Sin embargo, la ventaja del transporte fluvial por barcaza permite el paso por aguas con una profundidad sensiblemente menor.
“Con la segunda barcaza vamos a realizar la misma función, por tanto, vamos a elevar la eficiencia del transporte de combustibles y mejorar la rentabilidad”, explicó Gómez. Además, un mismo remolcador puede transportar las dos barcazas en simultáneo.
La inversión total de Ancap en las dos barcazas y el remolcador alcanzará los US$ 12,5 millones. “El reintegro del monto invertido lo vamos a obtener en un tiempo relativamente corto”, apuntó el funcionario.
Cemento. Por otro lado, una vez que Ancap culmine con el proceso de modernización y ampliación de las dos plantas de cemento, el ente podría construir otras barcazas para trasladar la producción de Paysandú hasta Montevideo, comentó Gómez.
Está previsto que para fines de 2013 la empresa estatal puede más que duplicar la producción actual y elevar sus exportaciones en la región. “Hoy lo que producimos básicamente está destinado al mercado interno, salvo una parte menor que va a Argentina”, indicó Gómez. Para el 2014 la planta de Paysandú estará produciendo 1.100 millones de toneladas anuales. Hoy la producción de Ancap en sus dos plantas llega a los 400 millones de toneladas por año. El consumo total del mercado interno alcanza los 800 millones de toneladas.
http://www.elpais.com.uy/110519/pecono-567438/economia/barcaza-permitio-ahorro-de-200-a-ancap/
Pescadores que violen las normas de la DINARA, se les puede incautar las herramientas de pesca
Pescadores quieren recuperar permisos y volver a sus tareas
Villa Soriano. Esperan acuerdo con Estado
VILLA SORIANO | HUMBERTO RAMÍREZ – El País – 15/05/2011
Más de 30 familias que viven de la pesca artesanal en Villa Soriano esperan poder resolver a fin de mes el trámite de sus permisos, acordar zonas alternativas de pesca y que se regularicen los controles estatales.
El 27 de mayo se realizará una reunión largamente postergada entre representantes de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) -encabezados por el director Daniel Gilardoni- y los pescadores artesanales de Villa Soriano.
En este encuentro, los trabajadores esperan llegar a un acuerdo que están negociando desde el año pasado, cuando se puso en práctica desde el gobierno la normativa de la Ley de Pesca Responsable y Fomento de la Acuicultura, que introdujo pautas nuevas para la pesca artesanal.
“A la Dinara se le pedirá en la reunión la apertura del río que es lo que le corresponde a la Villa por estar dentro del cauce del río, más un anexo para cuando en el río Negro es difícil la pesca por las crecientes y correntadas grandes, para poder pescar en el río Uruguay”, indicó el pescador Jorge Díaz.
El diputado colorado por Soriano José Amy, de Vamos Uruguay, mantuvo contactos con Gilardoni, quien le manifestó su compromiso de que se habilitaran los nuevos permisos de pesca para los trabajadores artesanales de la Villa -que desde hace meses están sujetos a una veda-. También se acordará un nuevo llamado para autorizaciones de pesca en la propia Villa y en cuatro zonas del río Uruguay.
Varios pescadores de Villa Soriano han denunciado que fueron perjudicados por una acción de la Prefectura Nacional Naval que les incautó las herramientas de pesca por violar las normas establecidas por la Dinara, que establece el tipo de artes de pesca que pueden usarse y sus dimensiones. Los trabajadores se han manifestado contra la citada normativa y reclamando los elementos de pesca, única herramienta de vida que tienen en esa zona, que no han dado resultados positivos para sus intereses.
“Todos los pescadores de acá hemos sido perjudicados muchas veces por la incautación de nuestras herramientas de trabajo. Estamos haciendo las cosas legales dentro de lo posible, más allá de que está vedado”, dijo Jorge Díaz.
http://www.elpais.com.uy/110515/pciuda-566534/informe/pescadores-quieren-recuperar-permisos-y-volver-a-sus-tareas/
Decretos Reglamentarios de la Ley 15657 – Astilleros, Varaderos, Diques
En realidad no hay una reglamentación de la Ley Nº 15.657; pero ella dice que mientras no se reglamente estarán vigentes los decretos reglamentarios del año 1937 y del año 1958, mientras no sean contradictorios a lo que indique la ley.
Se presentan link a archivos pdf:
14-07-37-reglamentario-de-la-ley-9669-37-08-07-37-franquicia
16-10-1958-ampliacion-de-disposiciones-reglamentarias-de-la
Ley 15937 – Astilleros, Varaderos, y Diques – se reintegran gravámens por adquisición de materiales – 23/12/1987 – Uruguay
Publicada D.O. 11 feb/988 – Nº 22564
Ley Nº 15.937
ASTILLEROS, VARADEROS Y DIQUES
SE REINTEGRAN GRAVAMENES POR ADQUISICION DE MATERIALES
A EMPRESAS QUE OPTEN POR ESE BENEFICIO
Artículo 1º.- Agrégase el siguiente artículo al decreto-ley 15.657, de 25 de octubre de 1984:
“ARTICULO 15.- Cuando se adquieran en plaza los materiales, materias primas y bienes de capital destinados a las actividades enumeradas en los literales A), B) y C) del artículo 1º, se reintegrará a las empresas que opten por este beneficio y cumplan con lo establecido en el artículo 5º, el importe del Impuesto al Valor Agregado así como todo otro tributo pagado por estas adquisiciones”.
Montevideo, 23 de diciembre de 1987.
Ley 15657 – Exoneraciones de gravámenes para Astilleros, Varaderos, y Diques instalados o a instalarse – del 25/10/1984 – Uruguay
Ley 15.657
Se aprueban exoneraciones de gravámenes para los astilleros, varaderos y diques instalados o a instalarse en el país y se deroga la ley 9.669.
Exonérase de todo tributo inclusive el Impuesto al Valor Agregado, la importación de materiales, materias primas, bienes de capital y en general todo lo necesario para:
A) La construcción, instalación, ampliación, funcionamiento y conservación de astilleros, varaderos y diques incluso los pertenecientes a instituciones deportivas.
B) La construcción, reparación, transformación o modificación de buques, boyas, grúas flotantes, plataformas, balsas, chatas, dragas, gánguiles y toda otra construcción de exclusivo uso náutico, por astilleros, varaderos y diques registrados y habilitados por la Prefectura Nacional Naval en la forma y con las condiciones previstas en la presente ley.
C) El ensamblado de embarcaciones de eslora superior a 6 metros cuyo valor agregado nacional no podrá ser inferior al 50% (cincuenta por ciento) del valor CIF de sus kits.
El Poder Ejecutivo podrá extender las exoneraciones a que hacen referencia los literales anteriores, a las empresas que giran en el ramo de taller naval, siempre que éste sea el objeto exclusivo de su actividad, y hacer uso de las facultades que le acuerda el artículo 30 de la ley 15.294, de 23 de junio de 1982, en lo que se refiere al recargo mínimo a la importación, creado al amparo de la ley 12.670, de 17 de diciembre de 1959.
Los bienes importados al amparo del literal A) del artículo anterior deberán destinarse a las actividades previstas en el mismo, y no podrán ser enajenados hasta transcurridos diez años de su introducción al país, salvo expresa autorización del Ministerio de Industria y Energía, ante el que deberá justificarse la necesidad de la reposición o enajenación que se solicite. La franquicia a que se refiere el literal B) del artículo anterior, alcanza a todos aquellos elementos que se justifique debidamente haber sido empleados en la construcción, reparación, transformación o modificación de buques y construcciones navales de cualquier clase, porte nacionalidad, propietario y destino, incluso embarcaciones menores y deportivas.
La Dirección Nacional de Aduanas abrirá a quienes se acojan a los beneficios de la presente ley una cuenta corriente especial en la que se anotarán las pólizas de despacho de materiales y bienes que se introduzcan. Estas deberán quedar canceladas los dos años de la fecha de introducción de aquellos, mediante justificación documentada de haberse empleado todos los materiales recibidos en la forma que indica el artículo 2°. El Ministerio de Industria y Energía podrá en cada caso, por única vez y por resolución fundada, ampliar el plazo establecido hasta un máximo de tres años.
Si quedara algún saldo sin justificar a la expiración del plazo de dos años o su prórroga, la empresa deberá abonar todos los tributos vigentes en el momento de su importación.
Los materiales de desecho, producto de reparaciones, transformaciones o modificaciones efectuadas al amparo de esta ley, deberán denunciarse al Ministerio de Industria y Energía dentro de los sesenta días de producido el hecho, debiendo cumplir los trámites de importación en caso de que se introduzcan a plaza, siempre que no fuesen de origen nacional.
Las empresas que deseen ampararse en los beneficios del artículo 1° deberán solicitar su inclusión en el Registro que a ese efecto llevará el Ministerio de Industria y Energía, quien una vez recabados los informes técnicos y efectuadas las inspecciones que entienda convenientes ordenará la inscripción solicitada. La misma sólo podrá ser negada o cancelada cuando;
A)El astillero, varadero o dique no se encuentre a su juicio capacitado para desarrollar ninguna de las actividades previstas en el literal B) del artículo 1°.
B)La nueva empresa no cumpla con los proyectos para la realización de los cuales solicitó ampararse a los beneficios de artículo 1°;
C)No resulte satisfactoria su solvencia técnica.
D)La empresa o sus responsables incumplan o registren antecedentes de incumplimiento de las normas que rigen la actividad de los astilleros, varaderos y diques en general.
A los efectos de constatar los extremos de los literales A), B) y C) del presente artículo requerirá el asesoramiento técnico de la Prefectura Nacional Naval.
Los clubes deportivos y asociaciones sin fines de lucro, que hayan obtenido personería jurídica, podrán ampararse en los beneficios de esta ley una vez cumplidos los requisitos de la misma cuando tengan una antigüedad mínima de cinco años, y en el caso de clubes un número de socios no inferior a cien personas.
Las importaciones que realicen tendrán como único destino la construcción, reparación, modificación o transformación de embarcaciones o buques de propiedad de la asociación o club, los que no podrán ser enajenados, arrendados o cedidos a cualquier título por plazo de diez años a contar desde la fecha de su inscripción en los registros que a tales efectos lleva la Prefectura Nacional Naval.
El Ministerio de Industria y Energía controlará la aplicación y destino de los materiales importados al amparo de esta ley en la forma que determine la reglamentación.
Las empresas de cualquier tipo que realicen operaciones al amparo de esta ley, deberán tramitar ante la Dirección Nacional de Aduanas el correspondiente permiso por cada importación que realicen. Todo permiso, previamente a su tramitación en la dependencia aduanera que corresponda, deberá ser intervenido por el Ministerio de Industria y Energía y la Prefectura Nacional Naval. La Dirección Nacional de Aduanas, remitirá a dichos organismos una copia de cada permiso de importación para la posterior verificación y control en la utilización de la mercadería.
Los establecimientos que se acojan a los beneficios de esta ley deberán utilizar un porcentaje de obreros y empleados uruguayos no inferior al 70% (setenta por ciento) del personal afectado al giro previsto por la presente ley. Dicho porcentaje podrá ser inferior en casos de empresas nuevas durante los primeros dos años de funcionamiento, aunque deberá alcanzar en ese lapso el porcentaje que les fije el Poder Ejecutivo por resolución fundada, y que en ningún caso podrá ser menor del 40% (cuarenta por ciento).
Los establecimientos que se acojan a los beneficios de esta ley, estarán obligados a tomar anualmente en sus talleres para su instrucción un número de egresados de la Universidad del Trabajo del Uruguay que establecerá el Poder Ejecutivo, atendiendo a la importancia de las respectivas empresas.
Las violaciones a la presente ley se regularán por lo previsto en el artículo 245 y siguientes de la ley 13.318, de 28 de diciembre de 1964, modificativas y concordantes. Cuando a una empresa le sea cancelada la inscripción por los motivos previstos en el literal D) del artículo 5° de la presente ley, el Poder Ejecutivo estará facultado para efectuar el cobro de todos los tributos de que hubiera sido exonerada al amparo del literal A) del artículo 1°, con los intereses y recargos que puedan corresponder.
Las empresas que a la fecha de promulgación de la presente ley se encuentren amparadas en los beneficios de la ley 9.669, de 8 de julio de 1937, accederán a los beneficios de la presente sin necesidad de nueva inscripción, debiendo presentar para ello en un plazo de noventa días al Ministerio de Industria y Energía la información exigida por la reglamentación.
Derógase la ley 9.669, de 8 de julio de 1937.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días de su promulgación. En tanto no se dicte la reglamentación respectiva, serán de aplicación los decretos de 14 de julio de 1937 y 16 de octubre de 1958 y modificativos en lo que no se opongan a las diposiciones de la presente.
Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 10 de octubre de 1984.
Montevideo, 25 de octubre de 1984.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.- GREGORIO C. ALVAREZ -ALEJANDRO VEGH VILLEGAS. JUSTO M. ALONSO. EDUARDO J. RAZETTI.
Convenio de Transporte por Agua entre Argentina-Uruguay
Este Convenio a la fecha de la publicación en el Blog, no está ratificado por Uruguay.
La redacción es idéntica a la Ley Nº 25177 de la República Argentina (que lo ratifica).
Ver el link, en que dicho Convenio está cargado en la página del Poder Legislativo del Uruguay; y más abajo del Link se copian los mensajes de los Presidentes Jorge Batlle, Tabaré Vázquez y de José Mujíca; para que se considere el Proyecto de Ley de un artículo en que se ratificaría el Convenio con la República Argentina.
Es increíble que dicho Convenio fue firmado en el año 1994, y ya vamos para casi 17 años para ratificar el mismo.
CONVENIO DE TRANSPORTE POR AGUA
1.- El transporte fluvial transversal de pasajeros y vehículos entre puertos de ambos países será efectuado en buques de bandera argentina en buques de bandera uruguaya, mediante servicios regulares. Se entiende por servicio regular prestado en forma permanente durante un período mínimo de un año, en un tráfico determinado, con frecuencias y horarios preestablecidos.
2.- Se considerarán buques de bandera argentina y buques de bandera uruguaya, respectivamente, a los matriculados como tales de acuerdo con las legislaciones vigentes en cada uno de los países.
3.- Las disposiciones del presente Convenio no se aplican a los cruceros de turismo y excursiones.
No obstante, la empresa prestataria deberá solicitar, en cada oportunidad, la autorización previa de las respectivas Autoridades Competentes designadas en el Artículo 18 del presente Convenio, a los efectos de la realización de dichos cruceros y excursiones. Los mismos deberán iniciarse desde los respectivos puertos de su bandera y no deberán interferir con los servicios regulares.
1.- Los servicios serán coordinados entre las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes, asegurando igualdad de oportunidades para cada Parte en el uso de puertos y medios de transporte.
2.- A los efectos de la sustitución de las unidades ofrecidas, los armadores podrán chartear o arrendar buques o embarcaciones similares dentro de su propia bandera.
1.- Los acuerdos sobre frecuencias, horarios, itinerarios y demás condiciones de transporte que concertaren, en igualdad de oportunidades, las empresas armadoras, deberán ser elevados a las Autoridades Competentes de ambos países, con su fundamentación, a los efectos de su homologación.
Si no se lograse acuerdo entre las empresas armadoras, los mismos serán fijados por las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes, de común acuerdo, basados en el principio de reciprocidad.
2.- Las tarifas serán fijadas libremente por las Empresas prestatarias, asegurando al usuario la equivalencia de cada tarifa en la moneda de ambos países. Las mismas deberán ser comunicadas a las respectivas Autoridades Competentes, no pudiendo ser modificadas sin mediar nueva comunicación. Éstas deberán hacerse públicas con la debida antelación a fin de asegurar la transparencia del mercado.
Para la habilitación de nuevos permisionarios, en los servicios que operen en los puertos cuya capacidad de operación es limitada, las Autoridades Competentes de ambos países asegurarán una distribución eficiente y racional de los mismos, con el objetivo de brindar igualdad de oportunidades.
Los buques de bandera argentina y los buques de bandera uruguaya, gozarán, en cada país, de un tratamiento igual en materia de tributos, tarifas, tasas, gravámenes, derechos, trámites, pilotaje, remolque, practicaje, servicios portuarios y auxiliares, sin perjuicio de otros, no pudiéndose realizar ningún tipo de discriminación por razón de la bandera.
La aplicación del presente Convenio no podrá dar lugar a la adopción de medidas que constituyan prácticas de competencia desleal o perturben la participación de los buques de cada una de las banderas en el tráfico recíproco.
1.- Las Partes Contratantes adoptarán horarios amplios y uniformes de atención de los organismos intervinientes en cada puerto, a fin de evitar recargos por habilitación de horarios extraordinarios. En función de la capacidad operativa de los mismos, se adoptarán medidas que les permitan, a requerimiento, operar las veinticuatro (24) horas del día, durante todo el año.
2.- Las Partes Contratantes adoptarán, en sus respectivas jurisdicciones, las medidas necesarias para acelerar las operaciones de los buques, a fin de evitar demoras injustificadas que pueden derivar de dificultades de orden laboral, escasez o falta de elementos mecánicos o deficiencia en las instalaciones portuarias.
1.- Las normas de seguridad de las embarcaciones serán establecidas por cada Parte Contratante para los buques de su respectiva bandera, de conformidad con su legislación.
2.- Si las normas respectivas no fueren concordantes, las Autoridades Competentes de cada Parte Contratante considerarán el caso para establecer, de común acuerdo, un régimen de seguridad, según las particularidades de cada servicio.
Las Partes Contratantes uniformizarán y simplificarán la documentación de despacho y recepción de los buques afectados al tráfico recíproco.
Las empresas de transporte que realicen los servicios previstos en el presente Convenio deberán contratar, en forma obligatoria, seguros que cubran los siguientes riesgos: responsabilidad civil por daños contra terceros, seguro para la tripulación y personal terrestre de la empresa, responsabilidad por transporte de pasajeros de acuerdo con lo que, al respecto, determinen las disposiciones legales y reglamentarias de aplicación de cada país.
La verificación de su incumplimiento impedirá a las embarcaciones navegar, hasta tanto el armador acredite la contratación de dicho seguro.
Las Partes Contratantes adoptarán sistemas estadísticos uniformes para el tráfico bilateral.
Los permisionarios deberán presentar el movimiento mensual de pasajeros por frecuencias y servicios.
Queda excluido del ámbito de aplicación del presente Convenio el transporte de Cabotaje Nacional, el que está reservado para las embarcaciones de cada Parte.
El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones previstas en el presente Convenio, será sancionado por la Autoridad Competente de cada una de las Partes.
Será competente para conocer en la infracción, la autoridad de la nacionalidad del permisionario, independientemente del lugar donde se verifique el incumplimiento.
b) Multa equivalente al valor de cien (100) a mil (1000) pasajes del servicio para el cual fue autorizado.
c) Revocación de la autorización.
Se tendrán en cuenta a los efectos de aplicar las sanciones previstas en el artículo anterior:
a) Los antecedentes del infractor.
b) La conducta del infractor frente a los hechos.
c) La capacidad de la embarcación.
d) La negligencia, dolo o culpa del infractor.
e) La reincidencia en la infracción.
f) La afectación al servicio.
La Reglamentación del Presente Acuerdo, determinará los procedimientos para comprobar las infracciones y aplicar las sanciones y definirá el destino de los fondos que se recauden por el cobro de dichas multas.
Las Partes Contratantes facilitarán la fluida y rápida liquidación y transferencia de los importes que, en concepto de fletes y pasajes, perciban los armadores participantes en el transporte recíproco de conformidad con las disposiciones en vigor en ambos países.
Las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y privilegios ya concedidos o que se concedieren en virtud del presente Convenio estarán sujetas a lo dispuesto en el Artículo 45 del Tratado de Montevideo de 1940.
Las Partes Contratantes se reconocen el derecho de igualdad de tratamiento y reciprocidad para ambas banderas, en la posibilidad de acceso a los servicios, lugares de atraque, frecuencias y horarios.
1.- Serán Autoridades Competentes a los efectos del presente Convenio, en la República Argentina, la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos; y en la República Oriental del Uruguay, la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
2.- Si una de las Partes Contratantes modificare la competencia establecida en el párrafo anterior, comunicará a la otra Parte la designación de la nueva autoridad.
1.- Cada Parte Contratante podrá solicitar, por vía diplomática, reuniones de consulta entre las respectivas Autoridades Competentes, para la interpretación y aplicación del presente Convenio y la consideración de posibles modificaciones al mismo. Dichas reuniones deberán iniciarse dentro de un plazo de noventa (90) días a partir de la notificación del respectivo pedido y se realizarán en el territorio del país al cual le fuera solicitada la reunión, a menos que se conviniera de otra forma.
2.- Las Autoridades Competentes acordarán en un Reglamento el procedimiento a seguir respecto de los trámites de apropiación de servicios, frecuencias y toda otra condición de transporte entre ambos países.
El presente Convenio entrará en vigor treinta (30) días después del intercambio de los instrumentos de ratificación y tendrá una duración de cinco (5) años, renovable automáticamente por períodos iguales, a menos que, en cualquier momento, una de las Partes Contratantes comunique a la otra, con una antelación mínima de noventa (90) días, su deseo de denunciarlo.
HECHO en la ciudad de Montevideo, a los 14 días de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en dos ejemplares del mismo tenor, igualmente auténticos.
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay;
En relación con el Convenio de Transporte por Agua suscripto entre ambos países el día de la fecha;
Han acordado continuar las negociaciones relativas al establecimiento de reglas para determinar los buques que, en el marco del Convenio citado, serán considerados de bandera argentina y uruguaya.
Una vez alcanzado un acuerdo entre los Estados Contratantes sobre dicho tema, el mismo será recogido en un Protocolo que formará parte del Convenio de Transporte por Agua referido.
Hecho en Montevideo, a los 14 días del mes de octubre de 1994, en dos ejemplares, siendo ambos textos igualmente auténticos.
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convenios/conv-ap-33981.htm
Carpeta Nº 382 de 2010 Repartido Nº 366
CONVENIO DE TRANSPORTE POR AGUA CON LA REPÚBLICA ARGENTINA
PODER EJECUTIVOMinisterio de
Montevideo, 21 de junio de 2010.
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el numeral 20) del artículo 168 de la Constitución de la República, a fin de reiterar los mensajes de fechas 13 de febrero de 2001 y 1º de octubre de 2007, que se adjuntan, por los cuales se solicitó la aprobación parlamentaria del “Convenio de Transporte por Agua entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina”, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 14 de octubre de 1994, que regula el transporte fluvial transversal de pasajeros y vehículos a efectuarse entre puertos de ambos países.
Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.
Artículo Único.- Apruébase el “Convenio de Transporte por Agua entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina”, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 14 de octubre de 1994, que regula el transporte fluvial transversal de pasajeros y vehículos a efectuarse entre puertos de ambos países.
Montevideo, 13 de febrero de 2001.
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 numeral 20) y 85 numeral 7) de la Constitución de la República el Convenio de Transporte por Agua entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 14 de octubre de 1994, el que regula el transporte fluvial transversal de pasajeros y vehículos a efectuarse entre puertos de ambos países.
En cuanto a su contenido, para conocimiento de ese Cuerpo, en el mismo se estipulan las condiciones en que se prestarán los servicios permisados, así como las de habilitación de nuevos servicios, de que los buques afectados deberán pertenecer a las banderas de las Partes, uruguaya o argentina; los beneficios a dichos buques, medidas para facilitar sus operaciones, normas sancionatorias, así como lo que refiere a igualdad de tratamiento y reciprocidad para ambas banderas en el acceso a los servicios, lugares de atraque, frecuencias y horarios, y normas de competencia.
Se excluyen expresamente los servicios de cruceros de turismo y excursiones y los de cabotaje nacional.
Asimismo corresponde poner en conocimiento de ese Cuerpo que las delegaciones, integradas por las autoridades con responsabilidad en la aplicación de este Convenio en Uruguay y Argentina, están elaborando en forma consensuada el reglamento correspondiente que complete el cuerpo normativo de los servicios de transporte por agua entre ambos países.
Finalmente cabe destacar la importancia que el presente Acuerdo tiene al establecer el marco jurídico que regula el tráfico fluvial bilateral regular de pasajeros y vehículos entre ambos países, por lo cual el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo la correspondiente aprobación parlamentaria.
El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General la seguridad de su más alta consideración.
Artículo Único.- Apruébase el Convenio de Transporte por Agua entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día catorce de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Montevideo, 1º de octubre de 2007.
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con el artículo 168 numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de reiterar el mensaje de fecha 13 de febrero de 2001, Asunto 037a/2001, cuya fotocopia se adjunta, por el cual remitió el proyecto de ley para la aprobación del Convenio de Transporte por Agua entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 14 de octubre de 1994, que regula el transporte fluvial transversal de pasajeros y vehículos a efectuarse entre puertos de ambos países.
Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su momento dieron mérito al envío de aquel mensaje y proyecto de ley, el Poder Ejecutivo se permite solicitar la pronta aprobación del referido instrumento bilateral.
El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de junio de 2008.
Secretario JOSÉ MUJICA
Artículo Único.- Apruébase el Convenio de Transporte por Agua entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 14 de octubre de 1994, que regula el transporte fluvial transversal de pasajeros y vehículos a efectuarse entre puertos de ambos países.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 14 de setiembre de 2010.