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Timestamp: 2019-10-13 21:22:14
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﻿ Sentencia 11731 de octubre 8 de 1999
SENTENCIA 11731 DE 08 DE OCTUBRE DE 1999
CONTENIDO:DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DE UN PARO. COMPETENCIA Y PRUEBA
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, ORGANISMOS LABORALES, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, SINDICATO, PROCEDIMIENTO LABORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:336 DE DICIEMBRE DE 1999. PG. 2246
Sentencia 11731 de octubre 8 de 1999
DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DE UN PARO
COMPETENCIA Y PRUEBA
Rad.: 11731
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Eduardo Puentes Martínez contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., el 14 de agosto de 1998, dentro del proceso ordinario que el recurrente le adelanta al Banco Comercial Antioqueño S.A., “Bancoquia”.
1. Con la finalidad de que fuera reintegrado al cargo que desempeñaba en Bancoquia, así como obtener el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo cesante y la declaración de no haber existido solución de continuidad en dicho lapso, se instauró la demanda referenciada. En subsidio, solicitó el actor el pago de 35 salarios deducidos ilegalmente a la terminación del vínculo, reajuste de las cesantías y sus intereses, indemnización convencional por despido injusto, indemnización moratoria, pensión sanción, indexación de las condenas y las costas del proceso.
Fundó sus pretensiones en los siguientes supuestos fácticos: 1) Que existió entre él y Bancoquia un vínculo laboral desde el 14 de junio de 1978 hasta el 28 de diciembre de 1992, cuando el Banco dio por terminado el contrato sin justa causa y se desempeñaba él como “supernumerario de auxiliares” con promedio salarial de $ 230.000 mensuales; 2) que estuvo afiliado a la organización sindical “ACEB” hasta noviembre de 1992 y a partir de ese entonces a la Unión Colombiana de Empleados Bancarios, UNEB, hasta el momento de la ruptura de la relación de trabajo; 3) que después de la absorción de Bancoquia por el Banco Santander, las normas aplicables a los trabajadores fueron las pactadas por el sindicato Sintrabasan, por ser las más favorables y las que a partir de la fusión les han sido aplicadas; y 4) que Bancoquia dedujo, sin mandamiento legal ni autorización del actor, 35 días de salarios de la liquidación final de sus prestaciones sociales lo cual repercutió negativamente en la cuantía de éstas.
2. La entidad financiera contestó la demanda y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción. Aceptó ser ciertos algunos hechos, negó otros y respecto de los demás se atuvo a lo que resultase probado en el proceso.
3. Tramitada la primera instancia, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, en audiencia del 6 de agosto de 1997, condenó a la empresa a reintegrar al demandante y a pagarle los salarios dejados de percibir durante el tiempo cesante, con todos sus incrementos legales y extralegales y previo descuento de lo cancelado al actor por concepto de cesantías. Declaró, además, que no existió solución de continuidad, tuvo como no probadas las excepciones propuestas y condenó a la demandada a las costas del proceso.
II. Sentencia recurrida
Al resolver la alzada propuesta por el banco, el tribunal revocó la decisión del juzgado en lo atinente al reintegro, pago de salarios y declaratoria de no solución de continuidad, para, en su lugar, condenarlo a pagar $ 28.487.77 por descuentos ilegales, $ 5.813.083 de indemnización por despido injusto y $ 4.249.83 diarios por concepto de sanción moratoria a partir del 29 de diciembre de 1992 hasta cuando se pagaran los descuentos ilegales, más las costas de la primera instancia. Absolvió a Bancoquia de las demás pretensiones.
El tribunal estimó probada la causa alegada por la empresa para dar por terminado el contrato de trabajo, por haberse acreditado la participación del actor en el desarrollo de un paro declarado ilegal. Sin embargo, encontró que la investigación oficial correspondiente al cese de actividades finalizó el 19 de agosto de 1992 y el patrono sólo dio por terminado el contrato el 28 de diciembre de ese mismo año, produciendo una decisión no coetánea con los sucesos invocados, de lo cual concluyó el ad quem la ilegalidad del despido. No obstante, consideró desaconsejable el reintegro, porque de la intervención activa del demandante en un paro declarado ilegal, se colegía el ánimo de éste de perturbar las relaciones entre los demás trabajadores y el banco y el poco respeto por el ordenamiento jurídico del país.
En lo atinente a los descuentos salariales realizados por la empresa demandada, que según ella correspondió a una compensación por cancelación en exceso de la remuneración del trabajador, el fallador de segundo grado no encontró prueba del aserto del banco.
Lo interpuso la parte actora y fue replicado en tiempo. Pretende el recurrente que se case la sentencia del tribunal y en sede de instancia se confirme la proferida por el a quo. Al efecto propone tres cargos, de los cuales los dos primeros se estudiarán de manera conjunta, de conformidad con el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, al venir enderezados por la misma vía, tener igual alcance y similar proposición jurídica y no ser incompatibles entre sí.
1. Por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida acusa la violación del artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con otras normas que cita en la proposición jurídica.
Señala la comisión de un error de derecho consistente en dar por demostrado, sin estarlo, que el cese de actividades declarado ilegal por el Ministerio del Trabajo no requería prueba solemne y, en consecuencia, resultaba desaconsejable el reintegro del actor.
Argumenta que el único medio probatorio idóneo para acreditar la ilegalidad de un paro es la resolución del ministerio que así lo declara y, siendo así, mal podía el tribunal, basándose en pruebas distintas, concluir que el reintegro no era aconsejable por la participación del trabajador en aquél.
2. La oposición expone que el tribunal fundamentó la decisión en las resoluciones 1859 de 1991, 0888 y 1823 de 1992, no atacadas ni desvirtuadas por el recurrente, por lo que siguen soportando la sentencia.
b) Segundo cargo.
1. Acusa por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, la violación del artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo, norma de derecho sustancial suficiente para estructurar la proposición jurídica, en relación con otras allí también citadas.
Indicó como error de hecho el haber dado por verificado el tribunal, sin estarlo, la incompatibilidad para el reintegro del trabajador al intervenir en la suspensión de labores posteriormente calificada de ilegal por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
Como pruebas erróneamente apreciadas señaló la carta de terminación del contrato y las resoluciones emanadas del ministerio, correspondientes a los folios 182 y 193.
El tribunal, reprocha la censura, le adjudicó a la copia simple de la Resolución 1859 de 27 de diciembre de 1991 un alcance probatorio que no le correspondía, porque con ella no se demostraba la declaración administrativa de ilegalidad proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y, dado lo anterior, al no haber prueba de la ilegalidad del cese colectivo, tampoco la hay de la inconveniencia del reintegro.
2. El replicante, por su parte, sostiene que el tribunal encontró demostrada la participación del actor en el cese colectivo, declarado ilegal, con base en las resoluciones de folios 182 a 193, y si el recurrente se proponía demostrar la inexistencia de esas pruebas, debió plantear un cargo explícito para determinar los errores en que pudo incurrir el sentenciador al respecto.
1. En cuanto al error de derecho trascendente en la violación indirecta de la ley sustancial, sendero adecuado para el ataque formulado, cabe decir en primer término que, en providencias del 2 de junio de 1994 (exp. 6513) y 30 de octubre de 1986 (exp. 533), respecto del artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo la extinta Sección Segunda de la Corte sostuvo que para acreditar en juicio la declaratoria de ilegalidad de un paro de labores era indispensable arrimar al expediente el texto de la providencia expedida por el Ministerio del Trabajo en ese sentido, doctrina sobre la cual funda el recurrente los cargos cuyo estudio se aborda.
Esta Sala concluye, luego de un reexamen del tema y de una hermenéutica sistemática de la normativa citada, para cuyo efecto se debe integrar con el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, que no existe en la ley la expresa disposición de una formalidad ad substantiam actus, ni ad valorationem, respecto de la providencia en la cual se plasma la decisión del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de declarar ilegal un cese colectivo de actividades en una determinada empresa, ni se desprende en forma inequívoca de los aludidos textos tal solemnidad. Cuestión muy distinta es, sin lugar a dudas, la privativa competencia del ejecutivo, a través del susodicho ministerio, y su indiscutible intervención para hacer dicho pronunciamiento; pero, no se dice en la norma sustancial ni resulta obvio inferirlo de su contenido, como se había sostenido antes, que la calificación del ente estatal reviste una determinada forma sin la cual carece de validez, para colegir de ella una tarifa legal probatoria sobre el punto.
Ha de tenerse en cuenta que la parte final del primer inciso del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo es regla de excepción al principio universal de la libre formación del convencimiento judicial; por lo mismo, su aplicación es restrictiva, no estándole permitido al intérprete ir más allá de los precisos términos en que la norma fue concebida. Y ello es así, todavía más, en tratándose de una tarifa proscrita de los ordenamientos procesales modernos, en tanto mecaniza la función del juez al impedirle la formación de un criterio personal acerca de la verdad real y, como consecuencia de ello, generando en los casos en que debe renunciar a la certeza material por la meramente formal, un divorcio entre la justicia y su decisión.
Por vía de una laxa interpretación de la parte final del inciso primero del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo se llegaría, además, a una absurda extensión de las formalidades ad solemnitatem, en contravía de una nueva concepción del derecho en general y del laboral en particular que propugna por decisiones judiciales fundadas en la realidad de los hechos y no en la simple verdad formal. Sería factible estimar, de no restringirse el criterio formalista, que cualquier pronunciamiento administrativo de trascendencia en un juicio laboral habría de ser acreditado mediante su copia auténtica, tornando en regla general lo que es apenas excepción. Por ese camino se llegaría también a extremos inaceptables: verbi gratia, si no se aporta al proceso el texto de las decisiones de los recursos interpuestos contra el acto que estableció la participación de un trabajador en el cese ilegal, aún confesado el hecho por éste, tendría el juzgador que darlo por no probado bajo una supuesta solemnidad incumplida. La Corte, por ello, ha sido enfática en repudiar tal postura y tuvo oportunidad de pronunciarse en favor de la libertad probatoria como regla de oro en el derecho laboral, tal cual se advierte en la sentencia del 13 de mayo de 1998 (exp. 10.614), cuyo ponente fue el doctor Rafael Méndez Arango:
“La explícita manifestación de haber participado [el trabajador] en la suspensión del trabajo declarada ilegal por la autoridad competente, no puede ser ahora desconocida mediante ninguna argucia, pues con independencia de cualquier virtuosismo dialéctico que pudiera hacer gala el recurrente, el raciocinio se mostraría sofístico por falso e infundado. Ello por cuanto se cae de su peso que únicamente puede reincorporarse “a desempeñar las funciones inherentes al desempeño del cargo” quien hubiera participado en el paro del trabajo.
Es tan incontestable lo anterior que realmente resultaría superfluo el examen prolijo de las pruebas que el cargo reseña como mal apreciadas, porque ninguna de ellas permitiría desvirtuar la convicción que racionalmente resulta de un documento en el que de manera explícita quien lo suscribe acepta haber participado en un cese de actividades que además manifiesta saber fue declarado ilegal y en el cual expresa su voluntad de reincorporarse al empleo” (subrayas de la Sala).
Es ésta, pues, la nueva tendencia adoptada, esto es, la de limitar la tarifa legal a su mínima expresión y privilegiando la verdad real, sin que sea dable hacer una interpretación extensiva de las pocas normas donde ella se consagra, ni analogía de las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Civil, principio de derecho en todo el ordenamiento colombiano. Por supuesto, el juez debe ser diligente en la ponderación de los medios probatorios puestos a su consideración para dar por establecida la ilicitud de un cese de actividades, a lo cual se llega, sin mayor esfuerzo, con buen uso de su poder oficioso y teniendo en cuenta, de todos modos, que el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, aplicable analógicamente a los asuntos laborales por autorización del canon 145 del Código Procesal del Trabajo, dispone en su primer inciso que los “documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza”, cuya última parte destaca la Corte a fin de poner en relieve el acertado mérito probatorio dado a los documentos con los cuales el ad quem tuvo por probada la ilegalidad del paro en el cual participó el demandante.
Así las cosas, el tribunal no incurrió en el error de derecho enrostrado por el casacionista, porque el contenido de las resoluciones 1859 de 1991, 0888 y 1823 de 1992, dictadas por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, dan indiscutida fe de la declaratoria de ser contraria a la ley la suspensión colectiva en la que participó el demandante.
2. En cuanto al error de hecho que la censura atribuye al fallador de segundo grado, éste no tiene sustento real, pues de las providencias del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social emerge, sin dubitación alguna, la conclusión a la que llegó el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, esto es, que Puentes Martínez sí participó en un paro colectivo declarado ilegal por la entidad autorizada en el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo, mediante acto administrativo. El artículo 1º de la Resolución 1859 de 1991 (fls. 182 y ss.) dice:
“Establecer que dentro de la investigación se probó que los señores (...) Eduardo Puentes Martínez (...) participaron activamente en el cese de actividades declarado ilegal mediante Resolución 01542 del 11 de abril de 1991...”.
Luego, las razones tenidas en cuenta por el tribunal para negar el reintegro, al considerarlo inconveniente, se mantienen incólumes, dado que el ataque se limitó a plantear un silogismo a partir de una premisa no verdadera: la de que la ley exige prueba solemne para acreditar la ilegalidad del paro, sobre la cual edificó una conclusión, por lógica razón, errada: la carencia de soporte probatorio de la inconveniencia del reintegro, tópico éste en que el juez laboral goza de discrecionalidad para su juiciosa ponderación.
La presunción de acierto que acompaña al fallo de segunda instancia sólo puede quebrarse con la evidencia incontrastable de haberse cometido un manifiesto error de hecho trascendente en la decisión, lo cual no se predica en el evento analizado. Por esta razón se impone la improsperidad de la censura.
c) Tercer cargo.
1. Ataca por la vía directa la interpretación errónea del artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo y otras normas citadas en la proposición jurídica.
Al concluir el tribunal que la declaratoria de ilegalidad del paro se podía demostrar con base en cualquiera de los medios idóneos establecidos por la ley, aduce el impugnante, se interpretó erróneamente el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo, en razón de que esa norma consagra una competencia exclusiva al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para declarar la ilegalidad de un paro colectivo de labores, dado lo cual el único documento idóneo es la copia autenticada de la resolución emanada de esa entidad.
2. La oposición manifiesta que el tribunal no hizo exégesis alguna del artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo y revocó la decisión con base en el análisis de las pruebas recaudadas en el proceso. Por tal razón, agrega, el cargo no se podía plantear por la vía directa.
Basta una simple lectura de la parte final del ordinal 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, con la modificación introducida por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, para colegir que el legislador estableció una reserva específica de la vía indirecta y a través del error de derecho, para el ataque en casación relacionado con la inobservancia del ad quem de una expresa tarifa legal probatoria. Ello es apenas lógico, pues en la vía directa no existe discusión sobre los aspectos fácticos del proceso y es cuestión evidente que en el fondo, en este caso, se está formulando un error de derecho al afirmarse que el ad quem dio por demostrado un hecho mediante prueba supuestamente no autorizada en la ley, lo que sólo es objeto de censura a través de la vía indirecta.
Por el anotado defecto técnico, en consecuencia, se desestima el cargo.
Encuentra la Sala propicia esta oportunidad para fijar su posición doctrinaria sobre la competencia y trámite que rige en Colombia para la calificación de un paro colectivo de labores, reglados en los artículos 451 del Código Sustantivo del Trabajo, 63 y 66 del Decreto 1469 de 1978 y disposiciones reglamentarias.
Dejando de lado cualquier discusión sobre el valor del trabajo como uno de los derechos humanos universalmente reconocidos, la Corte considera, en primer término, que los jueces y tribunales de la República no pueden ser sustituidos por ningún órgano administrativo o de investigación de organización supranacional alguna, carente de capacidad para imponer obligaciones a uno de sus Estados miembros, a la luz de las normas internacionales. Es el caso del Comité de Libertad Sindical, integrado por nueve personas designadas por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no por la conferencia —su máxima autoridad—, y cuyas atribuciones tienen el carácter de una indagación preliminar, sumaria, informal y nunca judicial. Así, pues, las “invitaciones” y “recomendaciones” del prenombrado comité no asumen la naturaleza de regla vinculante, ni se pueden equiparar, de ningún modo, a orden proveniente de tribunal supranacional de justicia alguno, ni mucho menos se asimilan a un Convenio, éste sí verdadera fuente formal de derecho internacional de ineludible acatamiento en virtud del principio pacta sun servanda. En cuanto a las “recomendaciones”, esto reza el literal d del numeral 6º del artículo 19 de la Constitución de la OIT:
“Salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, no recaerá sobre los miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación, las modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas” (subrayas de la Corte).
No es comparable, siquiera, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, aún siendo un organismo creado por la Convención Americana de julio de 1978 (cap. VII, art. 34) y elegido por la asamblea general de ternas de candidatos postulados por los Estados miembros, tiene apenas naturaleza de instructor y no de juzgador, función esta reservada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también creada en la Carta de 1978 e instituida en tribunal internacional con funciones judiciales, como bien se desprende del artículo 62, cuyo texto es del siguiente tenor:
“1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención.
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial”.
Por otra parte, según los artículos 24 y 25 de la Constitución de la OIT y el reglamento sobre el procedimiento de discusión de reclamaciones, adoptado por el consejo de administración en su 212ª Reunión de marzo de 1980, si a raíz de una reclamación elevada contra un Estado de la membresía, luego de investigar el caso el Comité de Libertad Sindical hace una “invitación” que el Consejo de Administración acata, publica y recomienda, pero el gobierno bajo observación desatiende, entonces se da curso a la queja, instrucción realizada por el aludido consejo o por un comité de encuesta, iniciándose así la primera fase de un procedimiento propiamente formal, de doble instancia y con la intervención del miembro sub judice. El resultado de la queja se informa a la autoridad involucrada, quienes en un plazo de tres meses deberá comunicar si acata o no las medidas recomendadas por el consejo y, de no aceptarse éstas, si se somete a la Corte Internacional de Justicia, órgano de segunda instancia y cuya decisión es inapelable.
Como se advierte, no es la “invitación” del comité ni la “recomendación” del consejo de la OIT una sentencia ni una norma de derecho. Así lo entendió también el Tribunal Constitucional Español en análisis particular sobre la aplicación del Convenio europeo de derechos humanos y de los convenios de la OIT. Las recomendaciones, sentenció, “si bien, como es obvio, distintas de los convenios y sin alusión directa en el artículo 10.2 de la Constitución, son textos orientativos que, sin eficacia vinculante, pueden operar como criterios interpretativos o aclaratorios de los convenios” (STC-38/81, FJ4º).
En el plano nacional, en lo atinente a la suspensión de labores en los servicios públicos esenciales, para los cuales se ha dispuesto un trámite administrativo informal, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto 1469 de 1978, huelga recordar el principio de subsistencia de la legislación preexistente a una nueva norma constitucional cuando aquélla resulta compatible con ésta, tal cual lo expresa el artículo 9º de la Ley 153 de 1887 y reconoció la sentencia C-014 de la Corte Constitucional, del 21 de enero de 1993 con ponencia del doctor Ciro Angarita Barón. De suerte que las disposiciones anteriores a 1991 en las que el legislador ya había prohibido la realización de huelgas en ciertos servicios públicos, por considerarlos de continuidad indispensable para la comunidad, al acompasarse con el mandato contenido en el primer inciso del artículo 56 de la Carta no se estiman subrogados por ella.
Vale decir, el canon 430 del Código Sustantivo del Trabajo, con la modificación introducida por el primer precepto del Decreto Extraordinario 753 de 1956, es regla imperativa y mantiene su vigencia y eficacia, por lo que las actividades allí enlistadas en las que no se permite el cese de las mismas, entre ellas el servicio de aseo, no violenta la Carta fundamental, tal cual se colige del fallo C-450 del 4 de octubre de 1995 de la Corte Constitucional cuyo ponente fue el doctor Antonio Barrera Carbonell.
De igual manera, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia considera que los procedimientos previos para la calificación de una suspensión colectiva de labores no violan convenio alguno de la OIT, ni la Constitución Política de 1991. El Ministerio del Trabajo tiene dispuesto un trámite suficiente y garante del derecho de defensa de cualquier sindicato cuando de constatar la suspensión del trabajo, realizada por éste, se trata. Basta una simple lectura de la Circular 019 de 1991 expedida por el ministerio, acto administrativo interno de obligatorio acatamiento, para colegir que el trámite allí dispuesto respecto de la actuación oficial en la calificación de un paro, salvaguarda los derechos de las partes en las decisiones que los pueden afectar, como lo manda la Carta. No obstante, contra la providencia sobre ilegalidad del cese de actividades dictada por el ministro existe un adecuado control judicial, preservándose así el derecho de contradicción de los interesados. No está de más recordar que el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo fue declarado exequible, sin condición alguna, por la Corte Constitucional en su sentencia C-432 del 12 de septiembre de 1996, con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz.
No es admisible creer, sin caer en posiciones meramente subjetivas, que el Ministerio del Trabajo sólo está moralmente calificado para actuar con espíritu imparcial cuando se realiza un paro de actividades en una empresa del sector privado, y presumir una torcida posición de sus funcionarios si la parálisis se produce en una entidad estatal de servicio público. Del mismo modo resulta absurdo pensar en la necesidad de instituir a un “tercero” en aras de asegurar tal imparcialidad, cuando de todos modos éste deberá asumir una función pública y ello lo convierte, aun en forma temporal, en autoridad del Estado, de quien proviene todo su poder de decisión.
Pero preocupa también en sumo grado, vislumbrar a priori una actitud descalificadora del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, simplemente por tratarse de un órgano estatal, pues de ese modo cabe poner en tela de juicio a los jueces de cualquier país democrático, incluidos sus altos tribunales, en tanto siendo partes integrantes e inescindibles del Estado les corresponde dirimir los conflictos en donde uno de los litigantes sea un ente oficial. Particularmente en Colombia sería poner en tela de juicio la imparcialidad y ponderación del Consejo de Estado, en el control que deberá ejercer sobre la providencia de calificación de ilegalidad de un paro, de acuerdo con el primer inciso del artículo 451, in fine, del Código Sustantivo del Trabajo. Por manera que cualquier acusación contra el ente ministerial, por violación del debido proceso, debe ser sometida al escrutinio del máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, garante de los derechos de los trabajadores, del sindicato y de la entidad afectada.
Por último, la Corte anota que la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales, como lo es el de justicia, responde a una necesidad social y no a razones de Estado ni a intereses de un gobierno, por lo que la participación de sus servidores en cualquier suspensión colectiva de labores constituye al menos, objetivamente hablando, una transgresión de la ley, respecto de la cual no sirve de excusa orden alguna de autoridad superior, ni mucho menos de la organización gremial ni sindical a la que pertenezca el partícipe en el mismo.
Planteadas tales precisiones doctrinarias, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., el 14 de agosto de 1998 dentro del proceso adelantado por Eduardo Puentes Martínez contra el Banco Comercial Antioqueño S.A. “Bancoquia”.
Carlos Isaac Náder—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Rafael Méndez Arango—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero.