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Timestamp: 2019-08-22 11:55:20
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 20', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 31', 'artículo 14', 'artículo 19']

﻿ DECRETO 57 DE 1993
DECRETO 57 DE 07 DE ENERO DE 1993
CONTENIDO:RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL PARA LA RAMA JUDICIAL, ESCALAS SALARIALES PARA 1993
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:969, FEBRERO 16 DE 1993, PG. 547
DIARIO OFICIAL N°:40711
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 106 DE 1994 ARTÍCULO 20 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
“Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.’
en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 14 de la Ley 4ª. de 1992.
(Nota: Derogado por el Decreto 106 de 1994 artículo 20 del Departamento Administrativo de la Función Pública)
ART. 1º—El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público.
ART. 2º—Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido el presente decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha.
ART. 3º—A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:
1. Para los siguientes empleos del Consejo Superior de la Judicatura, incluida la Dirección Nacional de Administración Judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado:
Magistrado auxiliar 1.812.500
Secretario general 1.800.000
Director nacional de administración judicial 1.800.000
Jefe de control interno 1.700.000
Director administrativo 1.700.000
Director de planeación 1.700.000
Director registro nacional de abogados 1.700.000
Director unidad 1.700.000
Secretario de Sala o Sección 1.125.000
Director administrativo y de seccional de administración judicial 1.025.000
Relator 1.125.000
Oficial mayor 625.000
Auxiliar judicial 468.750
Auxiliar magistrados 468.750
Auxiliar relatoría 468.750
Oficinista judicial 375.000
Escribiente 375.000
Magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público 1.937.500
Magistrado de Tribunal y Consejo Seccional 1.812.500
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar 1.812.500
Abogado asesor 1.125.000
Secretario de Tribunal y Consejo Seccional 750.000
Relator 750.000
Secretario de Tribunal Militar 625.000
Sustanciador 468.750
Oficial mayor 468.750
Escribiente 325.000
Juez regional 1.400.000
Auditor superior de guerra 1.400.000
Coordinador de juzgado regional 1.125.000
Juez del circuito 1.218.750
Auditor principal de guerra 1.218.750
Juez de instrucción penal militar 937.500
Auditor auxiliar de guerra 937.500
Asistente social grado 1 500.000
Secretario 462.500
Oficial mayor o sustanciador 395.000
Asistente social grado 2 312.500
Escribiente 275.000
Juez municipal 937.500
Secretario 412.500
Oficial mayor 350.000
Sustanciador 350.000
Escribiente 225.000
ART. 4º—La remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial Penal Militar cuya denominación del cargo no esté señalada en el artículo anterior, se regirá por la siguiente escala:
01 91.377
02 107.068
03 127.989
04 151.764
05 184.415
06 217.067
07 243.694
08 275.553
09 307.490
10 339.429
11 371.287
12 403.225
13 435.083
14 467.022
15 498.959
16 530.818
17 562.755
18 594.614
19 658.489
20 725.138
21 756.838
22 788.538
23 820.238
24 851.938
25 883.638
26 915.338
27 947.038
28 978.738
29 1.010.438
30 1.042.138
31 1.073.838
32 1.105.538
33 1.137.238
ART. 5º—Los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar conservarán el porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de representación fijados en las normas vigentes que regulan la materia, únicamente para efectos fiscales. Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración mensual excluyendo las primas establecidas en los artículos siguientes.
ART. 6º—(Nulo).* En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4º. de 1992, se considerará como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los tribunales superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los jueces de la República, de los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los auditores de guerra y jueces de Instrucción Penal Militar.
1. El Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado
Magistrado auxilio
ART. 8º—A los funcionarios que optaron por el régimen establecido en el artículo 2º. del decreto 903 de 1992 se le liquidarán las cesantías causadas con base en la remuneración salarial establecida en dicho artículo para el año de 1992.
ART. 9º—Las pensiones de la Rama Judicial no estarán sometidas a lo dispuesto en el artículo 2º. de la Ley 71 de 1988. En todo caso las pensiones se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.
ART. 10—Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial podrán ser administradas por las Sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 50 de 1990 o por el fondo público que el Consejo Superior de la Judicatura señale. El Consejo Superior de la Judicatura establecerá las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que los recursos serán girados directamente a dichas sociedades o fondos.
ART. 11—La incorporación del personal a los cargos con diferentes grados establecidos en el artículo 3º. se hará con base en los requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
ART. 12—Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar que tomen la opción establecida en este decreto o se vinculen por primera vez, no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, de capacitación y cualquier otra sobrerremuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad y las demás prestaciones sociales diferentes a la primas mencionadas y a las cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes.
Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el decreto extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7º. de la ley 33 de 1985.
A los servidores públicos que tomen esta opción se les liquidarán las cesantías causadas con base en la nueva remuneración, si tuvieren derecho a ellas y en adelante su liquidación y pago se hará en los mismos términos establecidos en el decreto estraordinario 3118 de 1968 y en la ley 33 de 1985.
ART. 13—A partir del 1º. de enero de 1993, los citadores que presten sus servicios en los juzgados penales, civiles laborales y los asistentes sociales de los juzgados de menores, tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del decreto 717 de 1978, así:
Para ciudades de más de un millón de habitantes, once mil cuatrocientos treinta y ocho pesos ($ 11.438)m/cte., mensuales.
Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes, cuatro mil quinientos setenta y ocho pesos ($ 4.578) m/cte., mensuales.
ART. 14—Los servidores públicos de que trata este decreto, tendrán derecho a un auxilio de transporte en los mismos términos y cuantías que establezcan el Gobierno para los trabajadores particulares y empleados y trabajadores del Estado, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo anterior.
ART. 15—El valor de tres (3) de los quince (15)días de prima de vacaciones a que tienen derecho los servidores públicos del Consejo del Estado, en virtud de los dispuesto por el artículo 31 del decreto 717 de 1978, será girado a favor de la cooperativa de funcionarios y empleados del Consejo de Estado, para que esta entidad los administre y adelante los proyectos especiales de vacaciones y recreación para dichos funcionarios y empleados.
ART. 16—A partir del 1º. de enero de 1993, el subsidio de alimentación para los servidores públicos, que perciban una asignación básica mensual no superior a doscientos treinta y cuatro mil ochocientos trece pesos ($ 234.813) m/cte., será de ocho mil quinientos sesenta pesos ($ 8.560) m/cte., pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente.
No se tendrá derecho a este subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia o suspendido en el ejercicio del cargo.
ART. 17—En desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 14 de la ley 4 de 1992, los empleados de la Rama Judicial que no opten por el régimen establecido en el presente decreto tendrán derecho a un incremento del dos punto cinco por ciento (2.5%) sobre la asignación básica mensual que tenían a 31 de diciembre de 1992, sin perjuicio de los incrementos decretados por el Gobierno para el año 1993.
ART. 18—La Rama Judicial en uso de las atribuciones consagradas en el presente decreto no podrá exceder las apropiaciones presupuestales vigentes.
ART. 19—Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúandose las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª. de 1992.
ART. 20—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en los pertinente las disposiciones vigentes y surte efectos fiscales a partir del 1º. de enero de 1993.