Source: https://es.scribd.com/document/54040935/Videovigilancia-y-proteccion-de-datos
Timestamp: 2019-01-21 17:32:42
Document Index: 192832733

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 83', 'artículo 81', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 120', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 61', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 20']

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©AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS NIPO: 052-08-007-8
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INTRODUCCIÓN CUÁNDO DEBEN APLICARSE LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS A LOS TRATAMIENTOS DE IMÁGENES CÓMO DEBEN TRATARSE LAS IMÁGENES CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES CON FINES DE SEGURIDAD
OBLIGACIONES INSCRIPCIÓN DE FICHEROS DEBER DE INFORMAR CONTRATO DE ACCESO A LOS DATOS POR CUENTA DE TERCEROS MEDIDAS DE SEGURIDAD CANCELACIÓN DE OFICIO DE LAS IMÁGENES EMPRESAS DE SEGURIDAD SUPUESTOS ESPECÍFICOS ACCESO A EDIFICIOS Y SALAS DE JUEGO ENTIDADES FINANCIERAS CÁMARAS CON ACCESO A LA VÍA PÚBLICA CÁMARAS CONECTADAS A INTERNET ENTORNOS ESCOLARES Y MENORES ESPACIOS PÚBLICOS DE USO PRIVADO TAXIS OTROS USOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIDEOCÁMARAS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD VIDEOCÁMARAS CON FINES DE CONTROL DE TRÁFICO ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
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USO DE VIDEOCÁMARAS CON FINES DE CONTROL EMPRESARIAL OTROS TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS EN ENTORNOS ESCOLARES CON FINES DISTINTOS DE LA SEGURIDAD VIDEOPORTEROS INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y USOS AFINES PROMOCIÓN TURÍSTICA Y FINALIDADES RELACIONADAS REGLAS GENERALES
DERECHOS DE LAS PERSONAS RECOMENDACIONES PREGUNTAS FRECUENTES
La captación y/o el tratamiento de imágenes con fines de vigilancia es una práctica muy extendida en nuestra sociedad. La videovigilancia generalmente persigue garantizar la seguridad de los bienes y las personas o se utiliza en entornos empresariales con la finalidad de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. Ambas finalidades constituyen bienes valiosos dignos de protección jurídica, pero sometidos al cumplimiento de ciertas condiciones. La utilización de medios técnicos para la vigilancia repercute sobre los derechos de las personas lo que obliga a fijar garantías. La videovigilancia permite la captación, y en su caso la grabación, de información personal en forma de imágenes. Cuando su uso afecta a personas identificadas o identificables esta información constituye un dato de carácter personal a efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal (LOPD). La aplicación de la Ley Orgánica a estos sistemas plantea cierto grado de dificultad en todos los ámbitos. Por una parte, el responsable debe ser capaz de identificar si el uso que hace de las videocámaras se encuentra sujeto a la Ley. Por otra, resulta complejo informar al titular de los datos y hacerlo con criterios homogéneos, comprensibles y fácilmente identificables.
Sin embargo, a diferencia de la videovigilancia desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que cuenta con legislación específica que la regula, la única regulación existente en el ámbito privado, la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada no contiene indicaciones precisas en materia de protección de datos. Y es evidente, y así lo ha subrayado en distintas sentencias el Tribunal Constitucional, que la videovigilancia es un medio particularmente invasivo y por ello resulta necesaria tanto la concurrencia de condiciones que legitimen los tratamientos, como la definición de los principios y garantías que deben aplicarse. Por todo ello, y con la finalidad de adecuar estos tratamientos a la ley Orgánica 15/ 1999 se dictó la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. Pero junto a la videovigilancia, vinculada a la seguridad o al control laboral, surgen nuevos usos y servicios basados en la captación y el tratamiento de imágenes registradas por videocámaras o webcams. En los casos en los que estas imágenes pertenecen a personas identificadas o identificables resulta de aplicación la LOPD. Esta Guía tratará de ofrecer indicaciones y criterios prácticos que permitan el adecuado cumplimiento de la legislación vigente en todos los casos.
El concepto de dato personal incluye las imágenes cuando se refieran a personas identificadas o identificables. Por ello, los principios vigentes en materia de protección de datos personales deben aplicarse al uso de cámaras, videocámaras y a cualquier medio técnico análogo, que capte y/o registre imágenes, ya sea con fines de vigilancia u otros en los supuestos en que: Exista grabación, captación, transmisión, conservación, o almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real o un tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas. Tales actividades se refieran a datos de personas identificadas o identificables. Para que se pueda utilizar un sistema de esta naturaleza no basta con que éste reúna los requisitos técnicos que lo permitan funcionar. Debe existir legitimación para ello. Esto ocurrirá cuando: Se cuente con el consentimiento del titular de los datos personales.
Se dé alguna de las circunstancias previstas por el artículo 6.2 LOPD u 11.2 LOPD que resulten de aplicación a este tipo de medios: Además, si la legislación vigente impone algún requisito adicional éste deberá cumplirse. Por otra parte, existen casos en los que no procede aplicar la LOPD: No se aplica al tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar.
El uso de las instalaciones de cámaras y videocámaras debe seguir ciertas reglas que rigen todo el proceso desde su captación, almacenamiento, reproducción hasta su cancelación. El responsable deberá tener en cuenta los siguientes principios: Debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se traten los datos.
Ej. Resultaría claramente desproporcionado instalar una videocámara para vigilar el acceso a un garaje y utilizar sus características técnicas -movilidad, orientación, zoom etc.-con la finalidad de obtener imágenes del interior de los vehículos que circulan por la vía pública o de las comunidades de vecinos próximas.
Ej. Si una cámara debe ubicarse necesariamente en la puerta de entrada de una entidad bancaria, o en la esquina de un edificio debería orientarse de modo que la parte de vía pública que recoja se limite al acceso vigilado sin recoger más porción de la vía pública que la imprescindible. No podrán captarse imágenes del resto de la acera o de la calle.
En este ámbito deben respetarse y aplicarse los principios contenidos en la legislación vigente y en particular la LOPD, el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD), aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y la
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. Este cumplimiento se proyectará sobre distintos aspectos.
INSCRIPCIÓN DE FICHEROS La utilización de sistemas de vigilancia mediante videocámaras puede dar lugar a la creación de ficheros. El RDLOPD precisa en qué casos existirá un fichero:
Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. Ej. Si se utiliza un sistema conectado a un ordenador que almacena las imágenes en un disco duro, o en cualquier otro soporte informático, y permite localizarlas atendiendo a criterios como el día y/u hora de grabación, el cruce de imágenes, el lugar físico registrado etc.
Si el sistema de videovigilancia genera un fichero el responsable deberá notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma. Esto ocurrirá siempre que exista algún tipo de grabación. En caso de tratarse de ficheros de titularidad pública deberá procederse primero a su creación mediante disposición de carácter general publicada en el correspondiente diario oficial conforme a lo establecido en el artículo 20 LOPD para posteriormente proceder a su inscripción.
Recuerde que la Agencia Española de Protección de Datos le facilita la inscripción mediante un modelo predefinido a través del sistema de Notificaciones TelemáticasNOTA.
Por tanto, no resulta necesario inscribirlos. Sin embargo, esto no exime del cumplimiento del resto de deberes establecido por la LOPD y la Instrucción 1/2006 que se detallan en esta Guía. DEBER DE INFORMAR La información en la recogida de los datos es un elemento esencial del derecho a la protección de datos y por tanto su cumplimiento resulta ineludible. Sin embargo las especiales características que se dan en la videovigilancia comportan el diseño de procedimientos específicos para informar a las personas cuyas imágenes se capten. La Instrucción 1/2006 incorpora un distintivo informativo cuyo uso y exhibición es obligatoria. El distintivo se ubicará como mínimo en los accesos a las zonas vigiladas, sean estos exteriores o interiores. Debe tenerse en cuenta que si el lugar vigilado dispone de varios accesos se debe colocar en todos ellos al objeto de que la información sea visible con independencia de por donde se acceda. Puede obtenerse un modelo en:
https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/legislacion/normativa_estatal/ index-ides-idphp.php#video
Además el responsable del fichero dispondrá de un impreso con toda la información a la que se refiere el artículo 5 LOPD. Por tanto el impreso deberá informar al menos sobre: La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. El impreso deberá estar disponible existiendo cuando menos la posibilidad de imprimirlo a petición del afectado. La información del impreso podrá incorporarse al cartel anunciador y sustituirlo únicamente en aquellos casos en los que por su contenido y por la ubicación del mismo la información resulte legible e inteligible.
CONTRATO DE ACCESO A LOS DATOS POR CUENTA DE TERCEROS La implementación de sistemas de videovigilancia puede dar lugar a distintos tipos de prestación: Una empresa externa puede prestar servicios consistentes en:
Instalación y/o mantenimiento técnico de los equipos y sistemas de videovigilancia sin acceso a las imágenes. En este caso la empresa de seguridad no posee la condición de encargado de tratamiento correspondiendo al responsable, que la contrató, la adaptación de la instalación a los requisitos normativos. Ello, sin perjuicio de la eventual responsabilidad de la empresa por incumplir el deber de asesoramiento previsto en el artículo 5 LSP
Instalación y/o mantenimiento de los equipos y sistemas de videovigilancia con utilización de los equipos o acceso a las imágenes. Únicamente en este segundo caso, la empresa de seguridad será considerada encargada del tratamiento y la obligatoriedad de cumplir con las obligaciones de los dispuesto por el artículo 12 LOPD.
Con carácter general, La instalación de sistemas de videovigilancia con fines de seguridad privada comporta necesariamente la contratación de los servicios de empresas de seguridad debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior que, conforme al artículo de la 5 de la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada, pueden prestar, entre otros los siguientes servicios: Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones. Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos. Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas por la Ley. Por ello, cuando se capten y/o registren imágenes con fines de seguridad privada y la empresa de seguridad contratada utilice las videocámaras y/o acceda a las imágenes por medio de su personal resulta ineludible la celebración de un contrato de acceso a los datos por cuenta de terceros. Este contrato ha sido regulado por el RDLOPD siendo sus características principales: Es un contrato cuyo contenido se determina atendiendo a las circunstancias concretas de la prestación de servicios. No basta con reiterar las cláusulas del artículo 12 LOPD, debe reflejarse la realidad de la prestación y adoptarse las decisiones que garanticen el cumplimiento de la norma. Existe un deber de diligencia en la comprobación de las condiciones que reúne el encargado. En materia de videovigilancia con fines de seguridad privada ello obliga, a verificar las condiciones de cumplimiento de la LOPD por parte de la empresa de seguridad y si reúne los requisitos legales que habilitan para la prestación de estos servicios. No cabe la subcontratación con terceros salvo que: Se atribuya al encargado poder de representación suficiente para celebrar estos contratos en nombre del responsable.
Se autorice en el contrato a subcontratar con una determinada empresa específica o bien se trate de una autorización genérica con la obligación de contar con la posterior autorización del responsable. Además de contar con capacidad de subcontratar en cualquiera de los dos casos anteriores, se formalice un contrato de acceso a los datos por cuenta de terceros entre el encargado y el subcontratista. Se garantice siempre el cumplimiento de las instrucciones del responsable. Debe recordarse que el artículo 6 de la Ley de Seguridad Privada fija una obligación adicional y los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso consignarse por escrito y comunicarse al Ministerio del Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios. Por último, no debe olvidarse que en los casos en los que la empresa de seguridad con motivo de su prestación no acceda a las imágenes deberá aplicarse lo dispuesto por el artículo 83 del RDLOPD. En efecto, cuando exista una prestación de servicios sin acceso a datos personales el contrato de prestación de servicios recogerá expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio.
MEDIDAS DE SEGURIDAD El responsable de la instalación deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de las imágenes y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Por tanto, quien haya contratado los servicios de una empresa de seguridad, -ya sea una empresa, una comunidad de pro-
pietarios, etc.-, debe cumplir con el deber de garantizar la seguridad de las imágenes en los términos establecidos por la LOPD y su Reglamento de desarrollo. Con carácter general los ficheros de videovigilancia suelen tener un nivel básico. No obstante el responsable del fichero debe tener en cuenta que deberá evaluar el nivel de seguridad teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 81 del Reglamento en función del contenido y finalidad del fichero.
Por Ej. puede darse el caso de que la captación de imágenes desborde el marco de la vigilancia y se utilice con fines de selección de personal o para verificar la respuesta a determinados estímulos, en psicología o medicina-, con lo que el nivel de seguridad sería medio o alto. Sin embargo, las imágenes facilitadas a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con motivo de un delito se convierten en datos relativos a investigaciones policiales y los ficheros de estas autoridades aplicarán un nivel alto de seguridad.
El responsable deberá informar a las personas con acceso a los datos sobre sus obligaciones de seguridad y su deber de secreto en los términos del artículo 8 de la Instrucción 1/2006. Asimismo cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a los datos deberá observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas. El responsable deberá informar a las personas con acceso a los datos del deber de secreto a que se refiere el apartado anterior Es aconsejable consultar la Guía de Seguridad de Datos disponible en el Canal de Documentación del website de la Agencia.
CANCELACIÓN DE OFICIO DE LAS IMÁGENES La Instrucción 1/2006 establece en su artículo 6 un plazo de cancelación máximo de un mes desde su captación. En ella se ha seguido el mismo criterio que el fijado en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos. Por tanto una vez transcurrido dicho plazo las imágenes deberán ser canceladas, lo que implica el bloqueo de las mismas pues así lo establece la Ley Orgánica 15/1999 y el RDLOPD, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. En aquellos casos en los que el responsable constatase la grabación de un delito o infracción administrativa que deba ser puesta en conocimiento de una autoridad, y la denunciase, deberá conservar las imágenes a disposición de la citada autoridad. EMPRESAS DE SEGURIDAD Como se ha señalado anteriormente la utilización de sistemas para la captación y/o tratamiento de imágenes con fines de videovigilancia y seguridad está sujeta a condiciones derivadas de la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada y su Reglamento de Desarrollo, de la LOPD y a la Instrucción 1/2006. Se trata de servicios que sólo pueden ser prestados por empresas específicamente autorizadas en virtud de sus condiciones y cualificación. Ello determina la exigencia de una especial diligencia en el asesoramiento al responsable que contrate sus servicios respecto del cumplimiento de la LOPD y de la Instrucción 1/2006. Este deber cualificado de diligencia se traduce en algunas exigencias específicas. En primer lugar, y con carácter general:
El art. 20 del RSP establece la obligación de formalizar, y notificar a la autoridad competente, un contrato cuando se preste un servicio de seguridad. En el ámbito de la videovigilancia la falta de cumplimiento de dicha obligación supone una falta de legitimación para el tratamiento por parte de la empresa de seguridad. La empresa de seguridad privada que realice operaciones de instalación o mantenimiento de los servicios de vigilancia mediante cámaras debe garantizar que tales sistemas cumplan con los requisitos de la LOPD y de la Instrucción 1/2006. En particular su pericia técnica será muy relevante en aspectos como: Inscripción del fichero ante el Registro General de Protección de Datos. La ubicación de distintivos informativos La definición del espacio vigilado y la orientación de las videocámaras. La adopción de las medidas de seguridad. La ausencia de contrato tendrá como consecuencia la falta de legitimación de la instalación. Por otra parte, como se señaló más arriba, hay recordar que cuando la empresa de seguridad acceda a las imágenes, con independencia de que lo pueda hacer el responsable, tendrá la consideración de encargado del tratamiento y le corresponderán las responsabilidades que procedan conforme con lo dispuesto por el contrato celebrado conforme al artículo 12 LOPD. Sin embargo, a las empresas de seguridad, tengan o no la condición de encargados, les compete el deber de asesorar a los particulares sobre la adecuación a la normativa de protección de datos de las instalaciones de videovigilancia. La Agencia
Española de Protección de Datos en el desarrollo de su actividad notificará de oficio las incidencias detectadas a la autoridad gubernativa para su conocimiento y eventual actuación en aplicación de la Ley de Seguridad Privada.
ACCESO A EDIFICIOS Y SALAS DE JUEGO La realización de controles de acceso a los edificios puede comportar la captación de imágenes. Generalmente se articulan mediante controles en los cuales el afectado se identifica, se obtiene su imagen y se emite un carné, pase o tarjeta de identificación. En estos casos, los datos de carácter personal son recabados por servicios de seguridad tanto en edificios públicos como privados, así como en establecimientos, espectáculos, certámenes y convenciones. En tales casos será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios. Por lo tanto: El responsable del fichero asumirá el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la LOPD: Tendrá la consideración de responsable del fichero la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo por cuya cuenta se efectúe la realización del servicio de seguridad.
La Instrucción 1/1996 permite también que la empresa de seguridad tenga la consideración de responsable del fichero. La recogida de datos efectuada se limitará a la finalidad de realizar controles de acceso. Deberá informarse de conformidad con lo establecido en el artículo 5 LOPD. Los datos personales no podrán ser utilizados para otros fines ni cedidos fuera de los casos expresamente establecidos en la ley, salvo consentimiento del afectado. Los datos serán cancelados cuando haya transcurrido el plazo de un mes, contado a partir del momento en que fueron recabados. El responsable del fichero garantizará la adopción de las medidas de seguridad que correspondan. Por otro lado, la Instrucción 2/1996, regula los ficheros establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los casinos y salas de bingo. En este caso: Tendrá la consideración de responsable del fichero la sociedad explotadora del casino de juego o la empresa titular de la sala de bingo. Deberá cumplirse con el deber de información en la recogida de datos. Los datos personales no podrán ser utilizados para otros fines ni cedidos fuera de los casos expresamente establecidos en la ley, salvo consentimiento del afectado.
Los datos de carácter personal deberán ser destruidos cuando haya transcurrido el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del último acceso. El responsable del fichero garantizará la adopción de las medidas de seguridad que correspondan.
ENTIDADES FINANCIERAS Las instalaciones de videovigilancia utilizadas en Bancos, Cajas de Ahorro y demás entidades de crédito están sujetas a reglas específicas. La Ley Orgánica 1/1992, de 21 febrero de Seguridad Ciudadana prevé que por razones de seguridad pública se adopten determinadas medidas, y en virtud de la autorización reglamentaria que esta Ley contiene el Reglamento de Seguridad Privada ha exigido la instalación de cámaras y videocámaras en dichos establecimientos. Así, las previsiones del Real Decreto 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, deben interpretarse en conexión con la LOPD. Estas instalaciones son de titularidad privada siendo estas entidades responsables de las mismas. El artículo 120 del Reglamento de Seguridad Privada define peculiaridades en su régimen jurídico: Las imágenes estarán exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y de las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que facilitarán inmediatamente aquellas que se refieran a la comisión de hechos delictivos. El contenido de los soportes será estrictamente reservado, y las imágenes grabadas únicamente podrán ser utilizadas como medio de identificación de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad. En principio las imágenes sólo podrán ser visualizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Jueces y Tribunales, por la Inspección de la Agencia Española
de Protección de Datos en ejercicio de sus competencias y por el personal legitimado por la Ley de Seguridad Privada. En estos ficheros, debido a las anteriores restricciones, el derecho de acceso de los afectados no es posible, sin perjuicio de que quepa invocar en su caso la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos. La cancelación se produce transcurridos quince días desde la grabación, salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes. En lo no específicamente previsto por el Reglamento de Seguridad Privada se aplicará el régimen de la LOPD y de la Instrucción 1/2006. Éste régimen especial requiere el cumplimiento de dos requisitos adicionales: La presencia de información específica disponible para el público que, eventualmente puede sustituir a la prevista en la Instrucción 1/2006. Que los empleados o responsables de la entidad bancaria no accedan a las imágenes en cuyo caso les es de plena aplicación la Instrucción 1/2006. Se exceptúan los casos en los que la entidad disponga de personal propio con la categoría de director de seguridad conforme a Ley de Seguridad Privada y a su Reglamento de desarrollo. CÁMARAS CON ACCESO A LA VÍA PÚBLICA La legitimación para el uso de instalaciones de videovigilancia se ciñe a la protección de entornos privados. La prevención del delito y la garantía de la seguridad en las vías públicas corresponden en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle desde instalaciones privadas.
No obstante, en algunas ocasiones la protección de los espacios privados sólo es posible si las cámaras se ubican en espacios como las fachadas. A veces también resulta necesario captar los accesos, puertas o entradas, de modo que aunque la cámara se encuentre en el interior del edificio, resulta imposible no registrar parte de lo que sucede en la porción de vía pública que inevitablemente se capta. Por todo ello el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 dispone: 3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida. Para que esta excepción resulte aplicable, no deberá existir una posibilidad de instalación alternativa. Debe tenerse en cuenta que: La utilización de instalaciones de videovigilancia en la vía pública se reserva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos. El artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 no constituye una habilitación para captar imágenes en espacios públicos. El responsable del fichero adecuará el uso de la instalación de modo que el impacto en los derechos de los viandantes sea el mínimo posible. En ningún caso se admitirá el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno objeto de la instalación y en particular en lo que se refiere a los espacios públicos circundantes, edificios contiguos y vehículos distintos de los que accedan al espacio vigilado.
La señalización garantizará en todo caso los derechos de los afectados. Las indicaciones de uso y seguridad facilitados al personal contendrán de modo expreso instrucciones específicas que garanticen un uso adecuado y proporcional de los recursos. CÁMARAS CONECTADAS A INTERNET Cada vez resulta más frecuente el uso de videocámaras IP y Webcams capaces de transmitir datos en formato digital a través de Internet. La tecnología permite el ahorro de costes al facilitar la grabación directa en soporte digital y facilita el nacimiento de nuevos servicios de videovigilancia. Se trata de productos muy publicitados, fácilmente adquiribles y que no suelen requerir de conocimientos técnicos especiales para su instalación, pero respecto de cuyo uso deben analizarse los riesgos. El uso de tales cámaras comporta riesgos adicionales cuando no se configura adecuadamente el uso del programa y/o el entorno de comunicaciones. La configuración por defecto del software puede no reunir las garantías de seguridad facilitando el acceso abierto a las imágenes por cualquiera. Deberá revisarse si las funciones de identificación y autenticación se encuentran activadas con el fin de evitar accesos de terceros a las imágenes y de garantizar que sólo acceden los usuarios autorizados. Asimismo, la grabación digital permite un uso fácil de las imágenes. Por ello no debe olvidarse que: Es irrelevante el medio técnico empleado. La instalación de cualquier sistema de videovigilancia con fines de seguridad requiere la participación de una empresa de seguridad debidamente autorizada por el Ministerio del Interior.
El sistema deberá cumplir con el nivel de seguridad que corresponda conforme al RDLOPD y en particular: Se contará con procedimientos de identificación y autenticación de los usuarios del sistema y no se permitirá el acceso de terceros no autorizados. Se garantizará la seguridad en el acceso a través de redes públicas de comunicaciones. Se tendrá en cuenta la naturaleza de la instalación al definir las obligaciones del personal.
ENTORNOS ESCOLARES Y MENORES La captación de imágenes en entornos escolares no se encuentra vedada pero requiere adoptar ciertas cautelas. La instalación de cámaras de videovigilancia en un centro escolar con el fin de controlar conductas que puedan afectar a la seguridad ha de ser una medida proporcional en relación con la infracción que se pretenda evitar y, en ningún caso, debe suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia. La utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo. La instalación de cámaras de videovigilancia sería una medida proporcional y justificada si se cumplen los siguientes requisitos: Que se trate de una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto. Que no exista otra medida mas moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia. Que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.
Los menores son sujetos merecedores de una especial protección por lo que el principio de proporcionalidad debe aplicarse con un rigor extremo. Por ello, en entornos como colegios, guarderías, centros lúdicos cuyo público objetivo sean los menores y espacios similares la instalación de videocámaras sólo será legítima cuando derive de una necesidad ineludible, cuando la medida sea la más adecuada y siempre que no exista una medida alternativa menos lesiva para los derechos del menor. En particular: La zona objeto de videovigilancia será la mínima imprescindible abarcando espacios públicos como accesos o pasillos. En ningún caso podrán instalarse estos medios en espacios protegidos por el derecho a la intimidad como baños, vestuarios o aquellos en los que se desarrollen actividades cuya captación pueda afectar a la imagen o a la vida privada como los gimnasios. Salvo en circunstancias excepcionales, no resulta admisible la captación de imágenes con fines de control de asistencia escolar. El uso de videocámaras con fines de seguridad en espacios de juego, aulas y otros ámbitos en los que se desarrolla la personalidad de los menores sólo podrán ser objeto de grabación en presencia de circunstancias excepcionales, justificadas por la presencia de un riesgo objetivo y previsible para la seguridad de los menores. Por último, en entornos escolares cabe el uso de videocámaras para la prestación de otros servicios que se examinan en un apartado posterior.
ESPACIOS PÚBLICOS DE USO PRIVADO Una gran parte de la vida privada de las personas se desarrolla en espacios públicos de uso privado como establecimientos comerciales, restaurantes, lugares de ocio etc. La garantía del derecho a la protección de datos se extiende también a estos ámbitos. Por ello, cuando se pretenda instalar sistemas de videovigilancia en los mismos, deberán ponderarse los derechos y garantizarse el cumplimiento estricto del principio de proporcionalidad. Así, a título de ejemplo: En ningún caso resulta admisible la instalación de cámaras en baños o vestuarios. Si bien puede resultar justificable el uso de técnicas de videovigilancia en lugares de ocio ésta deberá respetar los derechos de las personas: No grabando conversaciones. No utilizando las imágenes con fines comerciales o promocionales salvo autorización del afectado, y en particular para su emisión a través de Internet. En espacios como gimnasios, balnearios o “Spa” etc., pueden captarse imágenes susceptibles de afectar a los derechos a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos. Deberán tenerse en cuenta estas circunstancias respetando tales derechos no captándose imágenes de personas identificadas o identificables en los lugares en los que se realiza materialmente la práctica deportiva o se reciban este tipo de servicios.
TAXIS La instalación de dispositivos de videovigilancia en los taxis requiere que la cámara la instale una empresa de seguridad privada, que deberá de obtener la autorización del Ministerio del Interior y si la cámara graba deberá de notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma, cumpliéndose los demás extremos previstos por la Instrucción 1/2006.
VIDEOCÁMARAS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos regula su utilización policial con la finalidad de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública. De lo dispuesto por el artículo 2.2 de la citada Ley y del artículo 2.3.e) LOPD se deduce que el tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por sus disposiciones específicas y por lo especial-
mente previsto, en su caso, por la LOPD. Por ello, se aplicarán las disposiciones específicas a: Competencias de las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia respecto del informe previo a la autorización, y demás competencias atribuidas por la Ley y el reglamento que la desarrolla. Autorización de las instalaciones fijas y de la utilización de videocámaras móviles. Registro de instalaciones autorizadas. Principio de proporcionalidad en la utilización de las videocámaras en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima. La idoneidad determina que sólo podrá emplearse la videocámara cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas La utilización de videocámaras exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las móviles. No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial, ni en lugares en lugares públicos, abiertos o cerrados, cuando se afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada.
Puesta de las imágenes captadas a disposición de la autoridad administrativa o judicial competente. Periodo para la conservación de las imágenes y destrucción de las mismas. Señalización de las zonas vigiladas. Ejercicio de los derechos de acceso y cancelación. Infracciones y sanciones relacionadas con el desarrollo de la actividad policial. Debe tenerse en cuenta que la Ley Orgánica 4/1997 habilita a las Comunidades Autónomas con competencia para la protección de las personas y los bienes y para el mantenimiento del orden público, para regular y autorizar la utilización de videocámaras por sus fuerzas policiales y por las dependientes de las Corporaciones locales radicadas en su territorio, la custodia de las grabaciones obtenidas, la responsabilidad sobre su ulterior destino y las peticiones de acceso y cancelación de las mismas. En cualquier caso, se aplica plenamente la LOPD y en particular en lo relativo a: Creación de los ficheros mediante una disposición de carácter general publicada en el diario oficial que corresponda. Inscripción ante el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. Adopción de medidas de seguridad y documentación de las mismas.
Comunicaciones de datos a cesionarios distintos de las autoridades administrativas o judiciales competentes, en relación con las infracciones o delitos eventualmente registrados. Contratos de acceso a los datos por cuenta de terceros. Infracciones y sanciones relacionadas con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999. Por último, debe señalarse que el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/1997 excluye su aplicación a: Instalaciones fijas de videocámaras que realicen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus inmuebles, siempre que éstas se dediquen exclusivamente a garantizar la seguridad y protección interior o exterior de los mismos. Las unidades de Policía Judicial reguladas en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando, en el desempeño de funciones de policía judicial en sentido estricto, realicen captaciones de imágenes y sonidos mediante videocámaras, se regirán por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por su normativa específica. Por tanto, en estos casos resulta de plena aplicación lo dispuesto por la LOPD y la Instrucción 1/2006.
VIDEOCÁMARAS CON FINES DE CONTROL DE TRÁFICO La Ley Orgánica 4/1997 y su Reglamento de Desarrollo contienen disposiciones específicas relativas a estas instalaciones. En concreto su Disposición adicional octava establece:
La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y demás normativa específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Ello supone la aplicación de algunas previsiones específicas de la citada Ley y de la Disposición adicional única del Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos: Las cámaras deberán utilizarse con respeto al principio de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima. Corresponderá a las Administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico, autorizar la instalación y el uso de estos dispositivos. La resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivos fijos de captación y reproducción: Identificará genéricamente las vías públicas o los tramos de aquellas cuya imagen sea susceptible de ser captada. Las medidas tendentes a garantizar la preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos.
El órgano encargado de su custodia y de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación. Debe tenerse en cuenta que estas cámaras pueden ser también utilizadas en el marco de la Ley Orgánica 4/1997 tramitándose todas las autorizaciones previstas en la misma. En cualquier caso, en el caso de estas videocámaras resulta de plena aplicación el conjunto de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en particular: Creación de los ficheros mediante una disposición de carácter general publicada en el diario oficial que corresponda. Inscripción ante el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. Adopción de medidas de seguridad y documentación de las mismas. Satisfacción de los derechos de las personas. Señalización del espacio vigilado.
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS El artículo 61 del Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos contempla la existencia de circuitos cerrados de televisión. Estos circuitos contarán con cámaras fijas y móviles.
Las cámaras fijas controlarán el exterior e interior del recinto, cubriendo las zonas de acceso y las gradas y proporcionando una visión total de aquél. Las cámaras móviles se situarán en los espacios que el Coordinador de Seguridad estime necesario controlar especialmente en cada acontecimiento deportivo. El circuito cerrado de televisión dispondrá, asimismo, de medios de grabación para registrar las actitudes de los asistentes y el comportamiento de los grupos violentos. Corresponde al Consejo de Administración o la Junta Directiva de los clubes de la categoría profesional de fútbol y, en los casos en los que se establezca reglamentariamente, designar un Jefe de Servicio de Seguridad. Éste desarrolla sus funciones de acuerdo con las instrucciones del Coordinador de Seguridad en cada club, sociedad anónima o acontecimiento deportivo. Por tanto en este ámbito debe tenerse en cuenta: El titular de la instalación será responsable del fichero. Deberán cumplirse todas las previsiones de la Instrucción 1/2006.
El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores faculta al empresario para adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guar-
dando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso. Entre estas medidas puede estar la captación y/o tratamiento de imágenes sin consentimiento. No obstante tales prácticas se encuentran plenamente sometidos a la LOPD y la Instrucción 1/2006 y deben cumplir con requisitos específicos: El tratamiento se limitará a las finalidades previstas por el Estatuto de los Trabajadores, y/o en todo caso a finalidades legítimas reconocidas por la normativa vigente, debiendo cumplir en este último caso adicionalmente las previsiones específicas que sean de aplicación. Respetarán de modo riguroso el principio de proporcionalidad: Se adoptará esta medida cuando no exista otra más idónea. Las instalaciones, en caso de utilizarse, se limitarán a los usos estrictamente necesarios captando imágenes en los espacios indispensables para satisfacer las finalidades de control laboral. No podrán utilizarse estos medios para fines distintos de los propios del control laboral salvo que se trate de fines legítimos y se adopten las medidas pertinentes para el cumplimiento de la normativa que les sea de aplicación. Tendrán en cuenta los derechos específicos de los trabajadores respetando: Los derechos a la intimidad y el derecho fundamental a la protección de datos en relación con espacios vetados a la utilización de este tipo de medios como vestuarios, baños, taquillas o zonas de descanso.
El derecho a la propia imagen de los trabajadores. La vida privada en el entorno laboral no registrando en particular las conversaciones privadas. Se garantizará el derecho a la información en la recogida de las imágenes: Con información específica a la representación sindical. Mediante el cartel anunciador y el impreso establecidos por la Instrucción 1/2006. Mediante información personalizada. Se procederá en su caso a la creación y/o inscripción del correspondiente fichero. Se garantizará la cancelación de las imágenes en el plazo máximo de 30 días y únicamente podrán conservarse aquellas que registren una infracción o incumplimiento de los deberes laborales. Se garantizarán los derechos de acceso y cancelación. Se formalizarán en su caso contratos de acceso a los datos por cuenta de terceros. Se adoptarán las correspondientes medidas de seguridad.
Existen servicios de valor añadido basados en la captación de imágenes. Un ejemplo cada vez más frecuente consiste en facilitar el acceso a los padres a imágenes de clases y espacios de juego en guarderías o centros de educación infantil. En este caso debe tenerse en cuenta que: Se aplican los principios generales de la LOPD. El consentimiento para el tratamiento de datos de los menores se encuentra regulado en el artículo 13 RDLOPD y exige la autorización paterna, materna o del representante legal cuando se trate de menores de edad. Debe definirse con precisión la finalidad para la captación de tales imágenes, que en todo caso respetará el principio de proporcionalidad y adecuación, y en particular los usos adicionales con fines promocionales o de marketing, memorias escolares de actividad, o websites públicos del centro.
Deben informarse adecuadamente y respetarse los derechos de los trabajadores afectados por el uso de videocámaras como monitores, profesores, personal de limpieza etc. Deberá garantizarse la seguridad y el secreto, en particular cuando el acceso a las imágenes se produzca online. En aquellos casos en los que se facilite acceso a un colectivo, como el de todos los padres de un aula: Deberán definirse los perfiles de acceso que, por ejemplo, debería limitarse a los entornos en los que se encuentren sus hijos, nunca a otras aulas. Deberá informarse a los padres de las responsabilidades que les incumben por el acceso a los datos.
La Instrucción 1/2006 excluye expresamente su aplicación a imágenes obtenidas en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar. Por tanto, en aquellos casos en los que la utilización de videoporteros se limite a su función de verificar de la identidad de la persona que llamó al timbre y a facilitar el acceso a la vivienda, no será de aplicación la normativa sobre protección de datos. Sin embargo, si el servicio se articula mediante procedimientos que reproducen y/o graban imágenes de modo constante, y resultan accesibles -ya sea a través de Internet o mediante emisiones por la televisión de los vecinos-, y en particular cuando el objeto de las mismas alcance al conjunto del patio y/o a la vía pública colindante, resultará de plena aplicación la Instrucción 1/2006.
Uno de los fines posibles para la captación y grabación de imágenes relativos a personas identificadas o identificables es la investigación, ya se trate de investigación científica, del estudio de hábitos de uso o consumo, o incluso en el ámbito de los procesos de selección de personal. Por tanto, en este caso se aplicarán plenamente las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En este sentido, debe recordarse la especial importancia que reviste en esta materia el cumplimiento de los principios de finalidad y proporcionalidad en el tratamiento de los datos.
Deberá contarse con una habilitación legal o requerir el consentimiento de los afectados. Si se trata de entornos en los que puedan captarse imágenes de trabajadores, deberán tenerse en cuenta que las normas laborales contienen criterios y garantías respecto de sus derechos y deberes. Se informará de la existencia de instalaciones destinadas a captar las imágenes y su finalidad turística o promocional y no podrán utilizarse para finalidades distintas. Se adoptarán las oportunas medidas de seguridad. Las imágenes se conservarán por el tiempo imprescindible para la satisfacción de la finalidad para la que se recabaron. En los casos en los que las imágenes sean libremente accesibles en Internet es recomendable establecer políticas de privacidad estableciendo, de modo particular, las condiciones de uso para los terceros. Cuando las imágenes así captadas y/o reproducidas no permitan identificar personas, ni otros aspectos relacionados con informaciones personales como números de matricula de los vehículos, no serán de aplicación las normas sobre protección de datos.
El ejercicio de los derechos posee perfiles específicos en el ámbito de la videovigilancia. En primer lugar, no resulta posible el ejercicio del derecho de rectificación ya que por la naturaleza de los datos -imágenes tomadas de la realidad que reflejan un hecho objetivo-, se trataría del ejercicio de un derecho de contenido imposible. Por otro lado, el ejercicio del derecho de oposición también plantea enormes dificultades. Si este se interpreta como la imposibilidad de tomar imágenes de un sujeto concreto en el marco de instalaciones de videovigilancia vinculadas a fines de seguridad privada no resultaría tampoco posible su satisfacción en la medida en la que prevalecería la protección de la seguridad. Por otra parte el ejercicio del derecho de acceso reviste características singulares: Requiere aportar como documentación complementaria el aportar una imagen actualizada que permita al responsable verificar y contrastar la presencia del afectado en sus registros. Resulta prácticamente imposible acceder a imágenes sin que pueda verse comprometida la imagen de un tercero. Por ello puede facilitarse el acceso mediante escrito certificado en el que, con la mayor precisión posible y sin afectar a derechos de terceros, se especifiquen los datos que han sido objeto de tratamiento. Ej. “Su imagen fue registrada en nuestros sistemas el día ___ del mes del año entre las _ horas y las _ horas. En concreto el sistema registra su acceso y salida del edificio.
Si se ejerciese el derecho de acceso ante el responsable de un sistema que únicamente reproduzca imágenes sin registrarlas deberá responderse en todo caso indicando la ausencia de imágenes grabadas. La cancelación solicitada por el afectado se rige por lo previsto en la LOPD sin especialidad alguna. No debe olvidarse que conforme a las previsiones del RDLOPD en caso de denegación de un derecho deberá indicarse expresamente la posibilidad de reclamar su tutela ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos. Es aconsejable consultar la Guía del responsable de ficheros disponible en el Canal de Documentación del website de la Agencia.
La utilización de instalaciones de videovigilancia para captar, grabar o reproducir imágenes relativas a personas identificadas o identificables constituye una práctica que puede afectar a los derechos fundamentales y en particular al derecho fundamental a la protección de datos. Por ello es conveniente tener en cuenta algunas recomendaciones que se deducen del contenido de esta guía: La elección de este tipo de medios debe responder siempre al principio de proporcionalidad descartándose la videovigilancia cuando existan medidas menos lesivas para los derechos fundamentales.
El análisis de la proporcionalidad de la medida será especialmente riguroso en entornos sensibles ya sea por la naturaleza de los sujetos objeto de la vigilancia, como los menores en ámbitos como el escolar, ya sea porque en ellos se den manifestaciones de vida privada, como en locales de ocio o gimnasios. En caso de utilizar la videovigilancia con fines de seguridad privada deberá recurrirse siempre a empresas de seguridad. El responsable, empresa, institución, comunidad de propietarios etc. debe ser diligente en la elección de la empresa de seguridad que le preste servicios que deberá reunir todos los requisitos legales para ello. La empresa de seguridad debería asesorar diligente y lealmente a quien requiera sus servicios incluyendo dicho asesoramiento en las cuestiones relativas a la normativa de protección de datos. En el ámbito laboral deberá garantizarse el respeto de los derechos de los trabajadores. En cualquier caso, el responsable y el encargado deberán velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y cualquier otra norma aplicable.
¿Por qué se aplica la LOPD y la Instrucción 1/2006 a la videovigilancia? La imagen de una persona es un dato de carácter personal. Se considera dato cualquier información relativa a una persona identificada o identificable. Los sistemas de videovigilancia normalmente captarán imágenes de trabajadores, clientes o personas con las que se mantiene un grado de relación que las hace identificables. ¿Qué regula la Instrucción 1/2006 sobre videovigilancia? Su regulación se proyecta sobre la captación de imágenes con fines de videovigilancia en materia de seguridad. Se trata de casos en los que el responsable puede captar, y eventualmente grabar, imágenes con la finalidad de garantizar la seguridad de edificios, instalaciones etc. al amparo de la Ley de Seguridad Privada, o bien con motivo del ejercicio de la potestad de vigilancia del cumplimiento de la relación laboral que el Estatuto de los trabajadores atribuye a los empleadores. Sin embargo, los principios de la Instrucción son válidos y útiles para cualquier otro tratamiento de imágenes mediante videocámaras. ¿El uso de una videocámara para grabar imágenes de la vida familiar esta sometido a la Instrucción 1/2006? No, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal, y por tanto también lo dispuesto en la Instrucción no se aplica al tratamiento de imágenes por personas físicas en el ejercicio de actividades
exclusivamente personales o domésticas, incluidos actos sociales como celebraciones escolares o colectivas. Ahora bien, si las videocámaras se instalan con la finalidad de garantizar la seguridad de la vivienda sí deberá cumplirse lo dispuesto en la Instrucción 1/2006, particularmente cuando se trate de espacios comunes en comunidades de vecinos, urbanizaciones privadas o cuando afecte al personal que presta sus servicios en el interior del domicilio. ¿Qué debe hacerse cuando las cámaras se instalan por una comunidad de vecinos o por los propietarios de viviendas sitas en una urbanización? En primer lugar, este tipo de sistemas sólo puede instalarse con el auxilio de una empresa de seguridad privada debidamente autorizada para la prestación de este tipo de servicio, conforme exige la Ley de Seguridad Privada. Además, al efecto la comunidad será responsable de un fichero o tratamiento y deberá cumplir con todas las obligaciones previstas por la Ley. En primer lugar, existirá un fichero si las imágenes captadas por las cámaras se graban en cualquier soporte, -cinta vhs, dvd, cd-ROM, disco duro de un ordenador-, que permite por tanto recuperar la información relativa, por ejemplo, a la grabación realizada en un día u hora concreta. La LOPD obliga a inscribir el fichero en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. Además debe informarse a las personas que pueden ser grabadas mediante la ubicación de una señal, establecida en la Instrucción 1/2006, que identifican la existencia de una zona vigilada, y al responsable del fichero ante el que se ejercerán los derechos de acceso y cancelación. En estos accesos, o en el lugar adecuado debe disponerse de un impreso informativo en el que con todo detalle se informe sobre las circunstancias del tratamiento de las imágenes en los términos en los que regula en el art. 5 LOPD.
Resulta imprescindible formalizar un contrato con la empresa de seguridad teniendo en cuenta que si accede a las imágenes o utiliza los equipos e instalaciones tendrá la condición de encargado del tratamiento. Por otra parte, existen obligaciones como garantizar los derechos de los titulares de las imágenes y la seguridad de los sistemas. ¿Y si no se graban las imágenes sino que se emiten en circuito cerrado bajo control de un empleado de seguridad? En este caso no existiría un fichero ni la obligación de inscripción pero sí un tratamiento y el deber de cumplir con todas las restantes obligaciones. En particular debe informarse siempre mediante el cartel informativo. ¿Dónde debe ubicarse la señal? ¿Bajo cada cámara? No, la señal debe identificar la zona vigilada de modo que no se produzca el acceso de las personas sujetas a la videovigilancia sin la oportunidad de conocer la existencia de las videocámaras. Esto no supone en ningún caso identificar la ubicación concreta de cada cámara. En lugares con distintos accesos debe colocarse un cartel informador en todos ellos, esto es, en todas las entradas garantizando así que quien acceda vea siempre la información. El cartel informativo de la Instrucción 1/2006, ¿sólo debe utilizarse en el marco de la seguridad privada? El objetivo de la Instrucción es que se utilice siempre que exista una instalación de videovigilancia con fines de seguridad. Sin embargo nada excluye el que el procedimiento de información que establece la Instrucción 1/2006 pueda resultar efectivo en otros contextos.
¿Deben tenerse físicamente impresos informativos a disposición de los afectados? Puede disponerse de formularios preimpresos y preparados por el responsable del tratamiento, o tener la posibilidad de imprimirlos en el momento de su demanda por el afectado. El cartel informativo, ¿debe identificar al responsable de modo preciso? Como regla general es imprescindible que se identifique al responsable. En determinados entornos, como la entrada de una tienda o pequeño negocio, en los que el responsable es el propietario del establecimiento la simple ubicación del cartel permite establecer la identidad del responsable. Pero si no se dan estas circunstancias, o el espacio se presta a confusión, como en un centro comercial cuando sea muy difícil identificar quien es el responsable del tratamiento, no serviría la mera mención de existencia de un sistema de videovigilancia y se exigiría que contuviese la identificación del mismo, tal y como dispone el art. 3 de la Instrucción 1/2006. ¿Pueden tomarse imágenes de la vía pública? La captación de imágenes en la vía pública con fines de seguridad se regula por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos, y se encuentra reservada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, en determinadas ocasiones la instalación de un sistema de videovigilancia privada puede captar parcialmente imágenes de la vía pública. Estos casos deben ser una excepción y respetar la proporcionalidad en el tratamiento. En primer lugar, no deberá existir una posibilidad de instalación alternativa. Por otra parte, las videocámaras deberán orientarse de modo tal que su objeto de vigilancia principal sea el entorno privado y la captación de imágenes de la vía pública sea la mínima imprescindible. Por ejemplo, puede darse que la grabación de la entrada de un garaje capte imágenes de personas que pasen exactamente por delante del mismo pero nunca el conjunto de la calle o de la acera ni, por supuesto los edificios contiguos.
¿Cuánto tiempo deben conservarse las imágenes? ¿Es obligatorio que sean por un plazo de un mes? La Instrucción 1/2006 prevé un periodo máximo de conservación de un mes. Por tanto no se excluyen periodos de conservación inferiores al máximo. ¿Qué ocurre si se capta la comisión de un delito o infracción? Lógicamente se pondrán en conocimiento de la autoridad competente los hechos y las imágenes, ya que ésta es una de las finalidades perseguidas por la Ley de Seguridad Privada. Por otra parte, el artículo 11.2.d) de la LOPD faculta al Ministerio Fiscal y a los jueces y tribunales para requerir datos personales incluidos en cualquier sistema de información, y por tanto las imágenes tomadas por un sistema de videovigilancia. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos? Los ciudadanos pueden ejercer su derecho a acceder a las imágenes y a cancelarlas. Puesto que en muchas ocasiones este acceso podría afectar a los derechos de terceras personas, que también aparezcan en las imágenes, podrá darse el acceso con la indicación escrita de la existencia de imágenes de la persona que ejerce su derecho. ¿La captación de imágenes en un entorno escolar se encuentra sujeta a la Instrucción 1/2006? Debe distinguirse entre las finalidades propias de la seguridad de otras finalidades. En el primer caso, la instalación de videocámaras en accesos, patios, o zonas públicas de un colegio no destinadas a finalidades docentes, el criterio aplicable es el de la Instrucción 1/2006. No ocurrirá así en instalaciones dedicadas a fines docentes, como las aulas en los que en principio no parece que la seguridad pueda ser un
criterio legitimador. Por tanto en éste último caso, se requerirá el consentimiento de los titulares de los datos personales que, cuando sean menores de 14 años deberá prestarse por sus padres o representantes legales sin perjuicio del deber adicional de respeto a los derechos del personal que preste sus servicios en el aula. ¿Puede grabarse en cualquier espacio? No, hay ámbitos protegidos por el derecho a la intimidad como baños o vestuarios en los que no resulta posible la utilización de este tipo de instalaciones. ¿Quién tiene habilitación para visionar las imágenes? ¿Sólo la empresa de seguridad o el responsable del fichero o tratamiento, esto es, el titular del recinto vigilado? Cualquiera de ellos puede visionar las imágenes. El responsable del tratamiento deberá designar las personas concretas que van a atener acceso a las imágenes que constarán como usuarios autorizados en el documento de seguridad y deberán ser informados de sus respectivas obligaciones. Así, por ejemplo, cuando el responsable del tratamiento sea una Comunidad de Propietarios o similar, deberá designarse la persona o personas concretas (por ejemplo conserje y presidente) que puedan visionar las imágenes. Los circuitos cerrados de televisión visionados por todos los propietarios resultan desproporcionados y pueden constituir una infracción. ¿En el ámbito laboral qué derechos tienen los trabajadores? ¿Puede grabarse subrepticiamente? En éste ámbito rigen plenamente los principios de protección de datos personales. Así, aunque la grabación pueda realizarse sin su consentimiento al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores siempre deberá cumplirse con el deber de información y con las restantes obligaciones contenidas en la LOPD.
¿Un videoportero se encuentra sujeto a la Instrucción 1/2006? No, un videoportero comporta un uso doméstico o familiar excluido de la aplicación de la legislación sobre protección de datos personales. No obstante esta exclusión sólo se producirá cuando el uso de tales aparatos se limite a la finalidad que les es propia. ¿Se entiende por uso particular y/o doméstico la instalación de una cámara por una persona en su domicilio para vigilar las tareas de quien realiza tareas de limpieza o cuidado de niños? El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) habilita al empleador al tratamiento de las imágenes de sus trabajadores. Es imprescindible que, al menos, los trabajadores sean informados al respecto. Por tanto, en principio, siempre que estos trabajadores sean informados se pueden instalar cámaras para controlar su actividad dentro del domicilio. No hay que olvidar que siempre habrá que tener en cuenta la proporcionalidad entre la finalidad y el tratamiento.
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