Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1073_2006.html
Timestamp: 2019-07-18 01:05:43
Document Index: 388600317

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'Artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 9', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 26', 'Artículo 28', 'artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 27', 'Artículo 31', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 167', 'artículo 240', 'artículo 167', 'artículo 240', 'artículo 165', 'artículo 241', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 159', 'artículo 189', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 1', 'artículo 160', 'artículo 162', 'artículo 8', 'artículo 194']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1073_2006]
Por medio de la cual se aprueba la convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Visto el texto de “La Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial” Hecha en la Haya el 15 de noviembre de 1965, que a la letra dice:
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumentos Internacional mencionado).
Traducción oficial número 068-W de un documento escrito en inglés y francés.
(hecha el 15 de noviembre de 1965)
Los Estados signatarios de la presente Convención
Artículo 1o. La presente Convención se aplica, en materia civil o comercial, a todos los casos en que un documento judicial o extrajudicial deba ser remitido al extranjero para su notificación o traslado.
Artículo 2o. Cada Estado contratante designará una autoridad central que asuma, la función de recibir las peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado contratante y darles trámite conforme a los artículos 3 a 6.
Artículo 3o. La autoridad o el funcionario judicial o estatal, competente según las leyes, del Estado de origen dirigirá a la autoridad central del Estado requerido una petición conforme con el modelo anexo a la presente Convención, sin que sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga.
La petición deberá acompañarse del documentó judicial o de su copia, todo en dos ejemplares.
Artículo 4o. Si la autoridad central estima que la petición no cumple con las disposiciones de la Convención, informará inmediatamente al requeriente precisando sus objeciones contra la petición.
Artículo 5o. La autoridad central del Estado requerido notificará o trasladará el documento u ordenará su notificación o traslado por conducto de una autoridad competente bien sea:
La parte de la petición que contiene los elementos esenciales del documento, conforme al modelo anexo a la presente Convención se remitirá al destinatario.
Artículo 6o. La autoridad central del Estado requerido o cualquier autoridad que se haya designado para tal fin, expedirá una certificación conforme al modelo anexo a la presente Convención.
El requeriente podrá solicitar que la certificación que no haya sido expedida por la autoridad central o por una autoridad judicial sea convalidada por una de estas autoridades.
La certificación se dirigirá directamente al requeriente.
Artículo 7o. Las menciones impresas en el modelo anexo a la presente Convención estarán obligatoriamente redactadas en francés, o en inglés. Podrán redactarse además en el idioma oficial o en uno de los idiomas oficiales del Estado de origen.
Artículo 8o. Cada Estado contratante tiene la facultad de dar trámite directamente, por medio de sus agentes diplomáticos o consulares, a las notificaciones o traslados de documentos judiciales a las personas que se encuentren en el extranjero, sin medidas coercitivas.
Artículo 9o. Cada Estado contratante tiene además la facultad de utilizar la vía consular para remitir, a fines de notificación o traslado, los documentos judiciales a las autoridades de otro Estado contratante designadas por este para tal propósito.
Artículo 10. A condición que el Estado de destino no declare objeción a ello, la presente Convención no debe interferir con:
Artículo 11. La presente Convención no se opone a que los Estados contratantes acuerden admitir, para efectos de notificación o traslado de documentos judiciales, otros canales de remisión distintos a los previstos en los artículos precedentes y, en particular, la comunicación directa entre sus respectivas autoridades.
Artículo 12. Las notificaciones o traslados de documentos judiciales provenientes de un Estado contratante no podrán dar lugar al pago o reembolso de los impuestos y costas generados por los servicios del Estado requerido.
El requeriente está obligado a pagar o reembolsar los gastos ocasionados por:
Artículo 13. El cumplimiento de una petición de notificación o traslado conforme a las disposiciones de la presente Convención podrá ser rechazado únicamente si el Estado requerido juzga que dicho cumplimiento, por su naturaleza, afecta su soberanía o su seguridad.
En caso de rechazo de la petición, la autoridad central informará inmediatamente al requeriente e indicará los motivos.
Artículo 14. Las dificultades que surgieren con ocasión de la remisión, a fines de notificación o traslado de documentos judiciales, serán resueltas por vía diplomática.
Artículo 15. Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido al extranjero a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones de la presente Convención, y el demandado no compareciere, el Juez esperará el tiempo que fuere necesario para proferir sentencia hasta que se establezca que:
Artículo 16. Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya debido ser remitido al extranjero a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones de la presente Convención, y se haya emitido una decisión contra el demandado que no hubiese comparecido, el Juez tendrá la facultad de eximir a dicho demandado de la preclusión resultante de la expiración de los plazos del recurso, si se reúnen las siguientes condiciones:
Artículo 17. Los documentos extrajudiciales que emanen de autoridades o funcionarios judiciales de un Estado contratante podrán ser remitidos a efectos de notificación o traslado en otro Estado contratante según las modalidades y condiciones previstas por la presente Convención.
Artículo 18. Cada Estado contratante podrá designar, además de la autoridad central, otras autoridades, determinando el alcance de sus competencias.
Sin embargo, el requeriente tendrá siempre derecho a dirigirse directamente a la autoridad central.
Artículo 19. La presente Convención no se opone a que la ley interna de un Estado contratante permita otras formas de remisión no previstas en los artículos anteriores, a efectos de notificación o traslado de documentos procedentes del extranjero dentro de su territorio.
Artículo 20. La presente Convención no se opone a la adopción de acuerdos entre los Estados contratantes para obviar:
a) El artículo 3o, párrafo segundo, en lo relativo a la exigencia de doble ejemplar para los documentos remitidos;
b) El artículo 5o, párrafo tercero, y el artículo 7o, en lo relativo a la utilización de los idiomas;
c) El artículo 5o, párrafo cuarto;
Artículo 21. Cada Estado contratante notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, bien sea en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, o posteriormente:
a) La designación de las autoridades previstas en los artículos 2o y 18;
b) La designación de la autoridad competente para expedir la certificación prevista en el artículo 6o;
c) La designación de la autoridad competente para recibir los documentos remitidos por vía consular conforme al artículo 9o.
a) Su oposición al uso de las vías de remisión previstas en los artículos 8o y 10;
Artículo 22. La presente Convención reemplazará, en las relaciones entre los Estados que la hayan ratificado, los artículos 1o a 7 de las Convenciones relativas al procedimiento civil, firmadas en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1o de marzo de 1954 respectivamente, en la medida en que dichos Estados sean partes en una u otra de dichas Convenciones.
Artículo 23. La presente Convención no impide la aplicación del artículo 23 de la Convención relativa al procedimiento civil firmada en La Haya el 17 de julio de 1905, ni del artículo 24 de la firmada en La Haya el 1o de marzo de 1954.
Artículo 24. Los acuerdos complementarios a las Convenciones de 1905 y 1954, concluidos por los Estados contratantes, se considerarán como igualmente aplicables a la presente Convención, salvo que los Estados interesados acuerden algo diferente.
Artículo 25. Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 22 y 24, la presente Convención no deroga las Convenciones en que los Estados contratantes sean o puedan llegar a ser partes y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por la presente Convención.
Artículo 26. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados representados en la Décima Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado.
Artículo 27. La presente Convención entrará en vigor a los sesenta días del depósito del tercer instrumento de ratificación previsto por el artículo 26, párrafo segundo.
La Convención entrará en vigor, para cada Estado signatario que la ratifique transcurridos sesenta días del depósito de su instrumento de ratificación.
Artículo 28. Todo Estado no representado en la Décima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado podrá adherirse a la presente Convención después de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, párrafo primero. El instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
La Convención entrará en vigor para tal Estado sólo si no hay oposición por parte de ningún Estado que haya ratificado la Convención antes de dicho depósito, notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el plazo de seis meses a partir de la fecha en la que dicho Ministerio haya notificado la mencionada adhesión.
Artículo 29. Todo Estado, en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, podrá declarar que la presente Convención se extenderá al conjunto de los territorios que represente en el plano internacional o a uno o varios de esos territorios. Tal declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor de la Convención para dicho Estado.
Artículo 30. La presente Convención tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor conforme a las disposiciones del párrafo primero del artículo 27, incluso para los Estados que la hayan ratificado o se hayan adherido a ella posteriormente.
Salvo denuncia la Convención se renovará tácitamente cada cinco años.
La denuncia surtirá efecto sólo respecto del Estado que la haya notificado. La Convención permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes.
Artículo 31. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados a que hace referencia el artículo 26 y a los Estados que se hayan adherido conforme a lo dispuesto en el artículo 28:
b) La fecha en que la presente Convención entrará en vigor conforme a las disposiciones del artículo 27, párrafo primero;
MODELOS DE PETICION Y CERTIFICACION- ANEXOS A LA CONVENCION
(previstos en los artículos 3, 5, 6 y 7)
A FINES DE NOTIFICACION O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE UN DOCUMENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL
Identidad y dirección del
requeriente Dirección de la Autoridad
El suscrito requeriente tiene el honor de remitir - en dos ejemplares- a la autoridad destinataria los documentos enumerados, rogándole, conforme al artículo 5o de la Convención antes citada, haga remitir sin demora un ejemplar al destinatario, a saber:
(identidad y dirección)...
a) Según las formas legales [artículo 5o, párrafo primero, letra a)]*
b) Según la fórmula específica siguiente [artículo 5o, párrafo primero, letra b)]*
c) En su caso, por simple entrega al interesado (artículo 5o, párrafo segundo)*
Se ruega a esa autoridad envíe o haga enviar al requeriente un ejemplar del documento -y de sus anexos-* con la certificación que figura al dorso.
Hecho en … el … de … de …
La suscrita autoridad tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6o de dicha Convención,
- el (fecha) …
- en (localidad, calle, número) …
- en una de las formas siguientes previstas en el artículo 5o:
b) según la forma específica siguiente *…
c) por simple entrega.* (artículo 5o, acápite 2) *
(Identidad y calidad de la persona)...
- Vínculos de parentesco, subordinación u otros, con el destinatario del documento...
Conforme al artículo 12, párrafo 2, de dicha Convención, se ruega al requeriente el pago o reembolso de los gastos cuyos detalles figuran en la declaración adjunta.*
Hecho en … el … de …de …
(artículo 5o, párrafo cuarto)
Identidad de las Partes*…
Fecha de la resolución:*…
TRADUCTOR JORGE HUMBERTO OJEDA
BOGOTA, D. C., 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003
APROBADA. SOMETASE A LA CONSIDERACION DEL HONORABLE CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES (FDO.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Artículo 1o. Apruébase la “Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial”, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, la “Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial”, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vinculo internacional respecto del mismo.
La Ministra de Relaciones Exteriores (Fdo.)
Artículo 1o. Apruébese la “Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial” hecha en la haya el 15 de noviembre de 1965.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, la “Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965, que por el artículo 1o de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vinculo internacional respecto del mismo.
Por medio de la cual se aprueba la convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial hecha en la Haya el 15 de noviembre de 1965.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Auto 053 del 28 de febrero de 2007, Expediente LAT-293, de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que en su parte pertinente señaló:
Sobre este último particular, debe anotarse que la sanción presidencial, en tanto se refiere al mismo acto aprobatorio sujeto a análisis, no contraerá el cambio en la identificación de la ley. En ese sentido, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al momento de ejercer la competencia prevista en el artículo 8o del Decreto 2719 de 2000, conservará el número de Ley 1073 del 31 de julio de 2006. Lo anterior debido a que, como lo ha sostenido esta corporación, la subsanación de un vicio en el trámite legislativo por parte del Congreso no contrae modificación alguna en lo relativo a la identificación nominal del proyecto y de la ley aprobatoria resultante.”, en la fecha se sancionará nuevamente el Proyecto de ley número 90 de 2004 Senado-236 de 2005 Cámara “por medio de la cual se aprueba la convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial” Hecho en La Haya el 15 de noviembre de 1965, en consecuencia se sanciona aquí la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, conservando su numeración y fechas iniciales.
Bogotá, D. C., 17 de julio de 2007
Acompañado de todos sus antecedentes y en doble ejemplar, atentamente me permito enviar a usted para su sanción ejecutiva el Proyecto de ley número 90 de 2004 Senado – 236 de 2005 Cámara “por medio de la cual se aprueba la convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Este Proyecto de ley fue sancionado el 31 de julio de 2006 como la Ley 1073 de 2006, posteriormente fue remitido a la Corte Constitucional en cumplimiento del artículo 241-10 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional mediante Auto A-53 del 28 de febrero de 2007, solicitó al Congreso subsanar un vicio de procedimiento y una vez cumplido el trámite se remitió nuevamente a la Corte para fallo definitivo. Mediante Auto del 10 de julio de 2007 es devuelto al Congreso para que se envíe al Gobierno Nacional para ser sancionado en los términos del Auto A-53 del 28 de febrero de 2007.
Debidamente cumplido el trámite solicitado por la honorable Corte Constitucional en Auto A -53 del 28 de febrero de 2007, y teniendo en cuenta el artículo 167 de la Constitución Política, comedidamente remito a su Despacho el expediente del Proyecto de ley número 90 de 2004 Senado – 236 de 2005 Cámara “por medio de la cual se aprueba la convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial” hecha en la haya el 15 de noviembre de 1965, para que se dicte fallo definitivo.
Expediente LAT-293
Magistrado Sustanciador: Jaime Córdoba Triviño
Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil siete (2007).
El suscrito Magistrado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y
1. Que mediante comunicación del 8 de agosto de 2006, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”, con el fin que se surtiera la revisión de constitucionalidad prevista en el artículo 240-10 C.P.
2. Que a través del Auto 053 del 28 de febrero de 2007, la Sala Plena de esta Corporación concluyó que en el trámite legislativo que precedió a la aprobación de la Ley 1073 de 2006 se había incurrido en un vicio de procedimiento de naturaleza subsanable. En consecuencia, se ordenó en la parte resolutiva de la providencia lo siguiente:
“Primero.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, devuélvase a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial “ hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”, con el fin de que tramite la subsanación del vicio de procedimiento identificado en esta providencia.
Cuarto.- Cumplido el trámite anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte la Ley 1073 de 2006, para decidir definitivamente sobre su exequibilidad.”
3. Que a través de escrito radicado en la Presidencia de la Corte el 4 de julio de 2007, la Presidenta del Senado de la República remitió el expediente del Proyecto de ley número 90 de 2004 Senado – 236 de 2005 Cámara “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”. Al respecto la comunicación establece que dicho envío se realizaba “debidamente cumplido el trámite solicitado por la honorable Corte Constitucional en Auto A-53 del 28 de febrero de 2007, y teniendo en cuenta el artículo 167 (sic) de la Constitución Política.” y con el fin que la Corte profiera “fallo definitivo”.
4. Que de acuerdo con el artículo 240-10 C.P., corresponde a la Corte Constitucional decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con base en esta disposición, el numeral tercero del Auto A-053 de 2007 ordenó que una vez subsanado el vicio de procedimiento, el Presidente de la República tendría el plazo establecido en la Constitución para sancionar el proyecto de ley, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 165 C.P.
5. Que analizada la documentación remitida a la Corte, el suscrito Magistrado Sustanciador advierte que para el presente caso el requisito de la sanción presidencial fue pretermitido.
Devolver el expediente legislativo correspondiente al Proyecto de ley número 90 de 2004 Senado 236 de 2005 Cámara “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la Notificación o traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965” a la Presidencia del Senado de la República, con el fin que lo remita el Gobierno Nacional, a efectos de la sanción presidencial respectiva y en los términos previstos en el Auto A-053 de 2007. Cumplido este trámite, deberá darse curso a las demás órdenes previstas en dicha decisión judicial.
AUTO 053 DE 2007
Ref.: Expediente LAT-293
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, “por medio de la cual se aprueba la 'Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial', hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”.
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil siete (2007).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, ha proferido el siguiente Auto, dentro del proceso de revisión de la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, “por medio de la cual se aprueba la 'Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial', hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”.
Cada Estado contratante designará una autoridad central que asuma la función de recibir las peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado contratante y darles trámite conforme a los artículos 3o a 6o.
La autoridad, o el funcionario judicial o estatal competente según las leyes, del Estado de origen, dirigirá a la autoridad central del Estado requerido una petición conforme con el modelo anexo a la presente Convención, sin que sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga.
a) El documento haya sido notificado o que se haya dado traslado al mismo según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos otorgados en este país y que están destinados a las personas que se encuentran en su territorio, o bien;
b) El artículo 5o, párrafo tercero y el artículo 7o, en lo relativo a la utilización de los idiomas;
La presente Convención reemplazará, en las relaciones entre los Estados que la hayan ratificado, los artículos 1o a 7o de las Convenciones relativas al procedimiento civil, firmadas en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1o de marzo de 1954 respectivamente, en la medida en que dichos Estados sean partes en una u otra de dichas Convenciones.
La presente Convención no impide la aplicación del artículo 23 de la Convención relativa al procedimiento civil firmada en La Haya el 17 de julio de 1905, ni del artículo 24 de la firmada en La Haya el 1o de marzo de 1954.
La denuncia podrá limitarse a algunos de los territorios a los que se aplique la Convención. La denuncia surtirá efecto solo respecto del Estado que la haya notificado. La Convención permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes.
(Previstos en los artículos 3o, 5o, 6o y 7o)
El suscrito requiriente tiene el honor de remitir –en dos ejemplares– a la autoridad destinataria los documentos enumerados, rogándole, conforme al artículo 5o de la Convención antes citada, haga remitir sin demora un ejemplar al destinatario, a saber:
Identidad y dirección)…
b) Según la fórmula específica siguiente [artículo 5o, párrafo primero, letra b)]*…
c) En su caso, por simple entrega al interesado (artículo 5o, párrafo segundo)*…
Se ruega a esa autoridad envíe o haga enviar al requiriente un ejemplar del documento –y de sus anexos–* con la certificación que figura al dorso.
Hecho en… el… de… de..
– El (fecha) …
– En (localidad, calle, número) …
– En una de las formas siguientes previstas en el artículo 5o:
b) Según la forma específica siguiente* …
c) Por simple entrega* (artículo 5o, acápite 2)* …
(Identidad y calidad de la persona) …
BOGOTA, D. C., EL 31 DE JULIO DE 2003.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, la “Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial”, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, la “Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
En segundo lugar, respecto del procedimiento de incorporación del instrumento internacional en el derecho interno, el Ministerio interviniente expone que con “el propósito de iniciar los trámites constitucionales internos, previas las consultas con las autoridades competentes, el 3 de septiembre de 2003, el Presidente de la República ordenó someter a consideración y aprobación del Congreso de la República el proyecto de ley aprobatoria de la Convención”. Luego de impartida la aprobación ejecutiva, el 23 de agosto de 2004, el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores, presentó ante la Secretaría General del Senado el proyecto de ley correspondiente. Cumplido el trámite legislativo, la Ley 1073 obtuvo sanción presidencial el 31 de julio de 2006. Con base en este trámite, el interviniente concluye que en el asunto bajo examen fueron debidamente cumplidos los requisitos contendidos en el artículo 159-6 C. P., en cuanto a la facultad del Congreso para aprobar tratados; al igual que las condiciones fijadas en el artículo 189-2 respecto a la dirección por parte del Presidente de la política internacional del Estado y la suscripción de tratados.
En cuanto al aspecto material del instrumento internacional, el Ministerio resalta cómo la Convención establece canales directos, a través de autoridades centrales, destinados a la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, en condiciones de claridad, economía y eficacia. En ese sentido, la adhesión de Colombia al tratado es un mecanismo adecuado para dar respuesta pronta y efectiva a las solicitudes de las autoridades judiciales con respecto a la notificación de una providencia judicial o del traslado de un documento extrajudicial a otro país. Facultades de esta naturaleza se muestran armónicas con los fines del Estado Social de Derecho, en especial la efectiva administración de justicia, entendida en consonancia con “las necesidades de la internacionalización de las relaciones jurídicas y la globalización, a fin de simplificar en materia judicial y extrajudicial la citada notificación o traslado”.
De la misma forma, el interviniente sostiene que las previsiones del tratado dejan la posibilidad que las Partes acojan otros procedimientos reconocidos por la práctica, por su legislación interna o por acuerdos bilaterales. Desde esa perspectiva, los “Estados conservan su facultad de utilizar la vía diplomática, de remitir directamente al destinatario las notificaciones, o acudir a las previsiones de su legislación interna. Se trata entonces de que las autoridades opten por la vía más adecuada, sin restringir su campo de acción a las posibilidades que ofrece la Convención, y sin desbordar los límites que el respectivo ordenamiento jurídico imponga”.
El ciudadano Roberto Burgos Cantor, Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, interviene en el presente trámite con el fin de defender la constitucionalidad de la norma sujeta a examen. Con este fin, expone que en relación con las competencias de la Superintendencia, el instrumento internacional resultaría aplicable “en los documentos autorizados por los notarios. En la actualidad el acto que requeriría de notificación en materia civil y desde la perspectiva de los extrajudiciales sería de aquellos en los cuales se produce el reconocimiento de hijo extramatrimonial por escritura pública. || Conforme lo anterior, un acto notarial así tendría su sistema específico de notificación mediante quien ejerce la función de notario en el exterior, es decir, el Cónsul colombiano. || Así las cosas no encontramos quebrantamiento constitucional alguno ya que la Convención tiene el cuidado de preservar los procedimientos tradicionales de notificación o traslado de documentos para el extranjero”.
Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario; (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las Comisiones y Plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 C. P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C. P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes (Art. 241-10 C. P.).
Al respecto se tiene que el objeto del control de constitucionalidad en esta instancia no ha concurrido, pues la suscripción del tratado se producirá conforme a la figura jurídica de la adhesión, la cual sólo se comprobará luego que esta Corporación perfeccione la revisión de su constitucionalidad y según las reglas que para la celebración de tratados por este medio disponen los artículos 11 y 15 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. En este sentido, como lo ha sostenido esta Corporación en asuntos similares[2], por sustracción de materia no es posible estudiar por parte de la Corte lo relativo a que esta actuación se verificará sólo una vez se compruebe la constitucionalidad del instrumento internacional multilateral.
El expediente legislativo enviado a la Corte por el Congreso de la República demuestra que el Proyecto de ley número 090/04 Senado, 236/05 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1073 de 2005, “por medio de la cual se aprueba la 'Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil y Comercial', hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”, surtió el siguiente trámite:
2.2.1.2. Su texto fue publicado en la Gaceta del Congreso 471 del 26 de agosto de 2004[3].
2.2.1.3. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por los Senadores Jesús Angel Carrizosa Franco y Habib Merheg Marún y fue publicada en la Gaceta del Congreso 340 del 9 de junio de 2005[4].
2.2.1.4. Según certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República [5], el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del 15 de junio de 2005, según consta en el Acta número 37 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 851 del 2 diciembre de 2005. En este documento puede verificarse que el Secretario de la Comisión procedió a “dar lectura de los proyectos que se discutirán en la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado así: (...) Proyecto de ley 90 de 2004 Senado, “por medio de la cual se aprueba la 'Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil y Comercial', hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”. (Negrillas originales) [6].
Del mismo modo, finalizada la sesión, el Presidente convocó la siguiente “para mañana a las 9:00 a. m. es la última sesión de este período legislativo para votar proyectos de ley que tienen que ver con tratados internacionales”[7]. En ese sentido, la discusión del proyecto de ley fue anunciada para el día 16 de junio de 2005.
2.2.1.5. Según certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 16 de junio de 2005 (Acta No 38 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 852 del 2 de diciembre de 2005), con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los 13 Senadores que conforman esa Comisión, quienes aprobaron la iniciativa por unanimidad.
2.2.1.6. La ponencia para segundo debate fue presentada por los Senadores Jesús Angel Carrizosa Franco y Habib Merheg Marún, y publicada en la Gaceta del Congreso 835 del 24 de noviembre de 2005[8].
2.2.1.7 Según certificación suscrita por el Secretario General del Senado de la República[9], el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 29 de noviembre de 2005, según consta en el Acta número 30 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 15 del 30 de enero de 2006[10]. Estudiado el texto de la referida acta, se encuentra que por instrucciones de la Presidenta del Senado, el Secretario “anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. (...) Proyecto de ley 90 de 2004 Senado, “por medio de la cual se aprueba la 'Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil y Comercial',, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
2.2.2.2. Según certificación expedida por el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, 13 en sesión conjunta del 17 de mayo de 2006 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley (Acta No 1 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 333 del 1o de septiembre de 2006[13]).
Revisada el acta de esta sesión, se encuentra que la Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara, realizó el anuncio de que trata el artículo 160 C. P., del siguiente modo:
(...) Proyecto de ley número 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil y Comercial, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”[14].
De igual manera, finalizada la sesión conjunta el Presidente de la Comisión convocó a dicha célula legislativa para su siguiente sesión, a realizarse el 30 de mayo de 2006[15].
2.2.2.3. Según certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue considerado y aprobado en primer debate el 30 de mayo de 2006 con asistencia de 13 de los representantes y fue aprobado por unanimidad (Acta No 23 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 340 del 4 de septiembre de 2006).
2.2.2.5. De acuerdo con lo certificado por el Secretario General de la Cámara de Representantes[17], en sesión del 7 de junio de 2006 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley (Acta No 234 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 220 del 27 de agosto de 2005[18]).
“Estos proyectos se anuncian de acuerdo con el artículo 160 de la Constitución Política, en los términos que serán discutidos y votados en la próxima sesión de la Cámara de Representantes. (...) Proyecto de ley número 236 de 2005 Cámara, 690 (sic) de 2004 Senado”.
2.2.2.6. Según certificación expedida por el Secretario General de Cámara en sesión plenaria del 13 de junio de 2006, a la cual se hicieron presentes 153 Representantes, se consideró y aprobó por la mayoría de los presentes el proyecto de ley objeto del presente análisis de constitucionalidad. (Acta No 235 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 229 del 12 de julio de 2006[19]).
Empero, para el caso del requisito del anuncio previo a la votación del proyecto de ley, previsto en el inciso final del artículo 160 de la Constitución, adicionado por el artículo 8o del Acto Legislativo 1o de 2003, debe la Corte realizar algunas consideraciones específicas, en tanto el cumplimiento de esta condición durante el tercer debate del trámite legislativo, surtido en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, presenta ciertas vicisitudes que deben ser analizadas en detalle por esta Corporación, a fin de determinar si se está ante la presencia de un vicio que afecte el procedimiento legislativo.
De la misma manera, decisiones anteriores de esta Corporación[22] han asumido distintos problemas jurídicos relacionados con la existencia y validez del anuncio previo. A partir de estos debates, la Corte ha fijado reglas jurisprudenciales definidas[23] acerca de los requisitos que debe cumplir ese trámite legislativo. Así, se ha dispuesto, en primer lugar, que no existe una fórmula sacramental o frase textual que deba utilizar el Congreso para realizar el aviso, a condición que la expresión utilizada transmita inequívocamente la intención de la mesa directiva de someter a votación un determinado proyecto de ley en una sesión futura definida. En ese sentido, la Corte ha otorgado validez constitucional a expresiones como “considerar” o “debatir”[24] e, incluso, ha entendido que el simple término “anuncio”, utilizado en el marco de los debates legislativos con la finalidad de mencionar los proyectos que serán debatidos en una sesión futura, permite acreditar el cumplimiento del trámite previsto en el inciso final del artículo 160 C. P. Esto en la medida en que un procedimiento de esta naturaleza sólo es exigido durante el trámite legislativo para los efectos previstos en la citada norma constitucional[25].
En segundo lugar, la jurisprudencia constitucional considera que el contexto particular de las discusiones o debates puede servir de parámetro de validación, con el objetivo de probar “si un anuncio efectivamente se hizo, si el aviso hecho por la secretaría a solicitud de la presidencia incluía la intención de debatir y votar el proyecto anunciado y, finalmente, si la sesión para la cual se anunció la votación es una fecha determinable”[26]. Igualmente, se ha señalado por el precedente en comento que dicho contexto del cual se extraen los criterios de validación “no se limita al de la sesión en que se hizo el anuncio, sino que puede incluir otras sesiones, incluyendo aquellas en que tuvo lugar la votación”[27].
De conformidad con este criterio, esta Corporación ha conferido validez a actuaciones legislativas que si bien no otorgan por sí mismas claridad estricta sobre el anuncio y la fecha de la sesión en que se verificará la aprobación del proyecto respectivo, puestas en contexto permiten que los congresistas logren certeza suficiente sobre este trámite. A manera de ejemplo, en la Sentencia C276/06, que estudió la exequibilidad del procedimiento legislativo que concluyó con la expedición de la Ley 967 de 2005 “por medio de la cual se aprueban el Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y su protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico del convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, firmados en ciudad del Cabo el dieciséis (16) de noviembre de dos mil uno (2001)” la Corte avaló la constitucionalidad del anuncio, cuando la Cámara utilizaba las expresiones “debatir” o “para discusión” en una “próxima sesión”, en tanto estas, entendidas dentro del contexto del proceso legislativo, permitían que los parlamentarios infiriesen que se trataba del cumplimiento del requisito previsto en el artículo 160 C. P. Sobre la materia, la Sala consideró que si bien el uso de los términos “aprobación y votación” hubiera otorgado mayor certeza sobre el trámite, no resultaba exigible una fórmula sacramental cuando, como sucedía en el asunto sometido a estudio en esa oportunidad, el contexto permitía darle univocidad de sentido a dichos vocablos.
Para arribar a esta conclusión la Sala identificó las condiciones fijadas por la jurisprudencia constitucional para que pueda predicarse válidamente que la fecha para la cual se realizó el anuncio resulta determinada o determinable. Con este fin, recordó el precedente fijado por la Corte en el Auto 089/05, según el cual dicha condición “requiere para su cumplimiento que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”. Igualmente, el fallo trajo a colación el análisis efectuado por esta Corporación en la Sentencia C-649/06, en la cual se declaró la inexequibilidad de la Ley 992 de 2005, aprobatoria del Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela, norma cuya inconstitucionalidad estuvo fundada, precisamente, en la imposibilidad de determinar la fecha para la cual se anunció la votación en uno de los debates del trámite legislativo. Los argumentos de la Corte en esa oportunidad fueron los siguientes:
En efecto, de los anteriores hechos se deduce lo siguiente. Primero, en la sesión previa a la votación no se advirtió en qué sesión futura se realizaría la votación del proyecto de ley juzgado. Segundo, la nota aclaratoria, sólo se refiere al verbo empleado (anunciar en lugar de aprobar), y nada dice sobre los aspectos esenciales del anuncio, v.gr., la sesión que en una fecha futura, determinada o determinable, será destinada a votar el proyecto de ley. Tercero, antes de la nota aclaratoria, fue aprobada y publicada en la Gaceta del Congreso el acta de la sesión en que el Secretario de la Comisión Segunda dice “aquí se aprueba”, sin ninguna aclaración. Cuarto, la nota aclaratoria es posterior a la votación y por ello no puede entenderse como idónea para suplir la falta de anuncio previo. Es más, la nota aclaratoria es publicada en una Gaceta cerca de un año después de efectuada la votación en la Comisión Segunda del Senado. Finalmente, del contexto en que se presentaron los hechos no se puede deducir de manera razonable que se haya anunciado con un grado suficiente de certeza en qué sesión el proyecto de ley correspondiente sería votado, según lo exigido por el artículo 160 de la Carta.
Con base en estas consideraciones, la Corte estimó que en el procedimiento analizado se había incumplido con el requisito constitucional del anuncio de la votación, puesto que en “el caso concreto, tal como se deduce de la lectura del Acta número 12 de 2005, ante la finalización del debate por el presidente de la Comisión y la solicitud a la Secretaría General para que continuara con la lectura del orden del día, la Secretaría informó: “Señor Presidente, estaría para anunciar 3 proyectos”, sin que al efecto hubiese señalado, como tampoco lo hizo el Presidente, para qué fecha o para qué sesión estaba programada la votación”. Esta conclusión subsistía incluso ante la alternativa de apelar al contexto de discusión como parámetro de validación, puesto que “del contenido de las actas no se extrae elemento alguno del que pueda deducirse para cuál sesión o cuál fecha fue programada la votación del proyecto, independientemente de que la aprobación del mismo hubiese ocurrido en la sesión siguiente. La omisión en el señalamiento de la fecha o de la sesión en que habría de tener lugar dicho procedimiento hace de aquel un anuncio no determinado ni determinable y, por tanto, contrario a los requisitos señalados por la jurisprudencia”.
Finalmente, el precedente analizado expone que la pretermisión del requisito es un vicio de naturaleza subsanable, en el caso de las leyes aprobatorias de tratados, a condición que el trámite legislativo correspondiente se haya verificado en su totalidad en el Senado de la República, consolidándose con ello una de las etapas estructurales del proceso de formación de la ley. En términos de la jurisprudencia, la posibilidad de subsanación del vicio está supeditada a que “el Senado se haya pronunciado de tal forma que la Cámara donde por mandato constitucional ha de iniciarse el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de un tratado ha expresado de manera completa su voluntad. Así, una de las etapas estructurales del trámite, v.gr., la aprobación por el Senado, habrá concluido a plenitud sin vicio alguno”[28].
Lo anterior, sin embargo, deberá aplicarse en cada procedimiento legislativo en armonía con la necesidad de proteger los derechos de las minorías representadas en el Congreso. Por ende, como lo dispuso la Corte en el Auto 089/05 antes reseñado, la naturaleza subsanable del vicio también está supeditada a la preservación de los derechos de las minorías al interior del proceso legislativo. Como se señaló en esa providencia, el vicio se tornará insubsanable cuando “afecta el principio de representatividad de la opinión de las minorías, de modo que, de no haberse presentado, los resultados de la votación habrían determinado un rumbo distinto al acto sometido a aprobación”[29].
2.3.2. Como se anotó en apartado precedente, el anuncio previo durante el tercer debate del trámite se llevó a cabo en la sesión conjunta del 17 de mayo de 2006, en razón del mensaje de urgencia del Gobierno Nacional en relación con la discusión y aprobación del Proyecto de ley 254/06 Senado, 271/06 Cámara “por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios destinados a la Defensa y Seguridad Nacional”. Aprobada esta iniciativa por ambas células legislativas, se procedió a realizar los anuncios y convocatorias para las siguientes sesiones en cada una de las comisiones. Al respecto, en la página 12 de la Gaceta del Congreso 333 del 1o de septiembre, contentiva del acta de la sesión conjunta, puede leerse lo siguiente:
-- 239 de 2005 Cámara, 072 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Complementación Económica número 33 Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela Sexto Protocolo Adicional”, suscrito en la Ciudad de Montevideo.
-- Proyecto de ley número 264 de la Cámara, 073 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda del artículo 1o de la Convención sobre provisiones, sobre discusiones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, aprobado en Ginebra en el 2001.
-- Proyecto de ley número 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales en materia civil o comercial, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Visto lo anterior y de manera similar a como lo ha ordenado esta Corporación en decisiones precedentes [30], la Corte devolverá el proyecto a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, instancia en la que se verificó el vicio de procedimiento, a efectos que reanude el trámite del proyecto de ley, dándose cumplimiento al anuncio para votación dispuesto en el inciso final del artículo 160 Superior y de conformidad con las reglas expresadas en esta providencia.
Verificado este trámite, el Congreso dispondrá hasta el 20 de junio de 2007, fecha en la que termina la presente legislatura, para concluir el proceso de formación de la ley. Sobre este particular debe precisarse, como lo ha declarado la jurisprudencia constitucional, que una orden de esta naturaleza es compatible con la prohibición contenida en el artículo 162 C. P., puesto que el límite de dos legislaturas se aplica exclusivamente a la formación original de la ley, sin que pueda extenderse a plazos adicionales fijados por el Tribunal Constitucional con el objeto de subsanar vicios de trámite[31].
Sobre este último particular, debe anotarse que la sanción presidencial, en tanto se refiere al mismo acto aprobatorio sujeto a análisis, no contraerá el cambio en la identificación de la ley. En ese sentido, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al momento de ejercer la competencia prevista en el artículo 8o del Decreto 2719 de 2000, conservará el número de Ley 1073 del 31 de julio de 2006. Lo anterior debido a que, como lo ha sostenido esta Corporación[32], la subsanación de un vicio en el trámite legislativo por parte del Congreso no contrae modificación alguna en lo relativo a la identificación nominal del proyecto y de la ley aprobatoria resultante.
Primero. Por Secretaría General de la Corte Constitucional, devuélvase a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, “por medio de la cual se aprueba la 'Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial', hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”, con el fin de que tramite la subsanación del vicio de procedimiento identificado en esta providencia.
Cuarto. Cumplido el trámite anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte la Ley 1073 de 2006, para decidir definitivamente sobre su exequibilidad.
Rodrigo Escobar Gil, Presidente; Jaime Araújo Rentería (con salvamento de voto); Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto, Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández, Magistrados; Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.
1. Cfr. Comunicación del 28 de agosto de 2006, suscrita por la Coordinadora del Area de Tratados de la Oficina Asesora Jurídica. Folio 1 del cuaderno de pruebas 6.
2. Sobre este mismo particular, pueden consultarse las Sentencias C-002/96, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, C-249/99, M. P. Antonio Barrera Carbonell y José Gregorio Hernández Galindo y C-276/06, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
3. Cfr. Folios 3 al 9 del cuaderno de pruebas 1.
4. Cfr. Folio 108 del cuaderno de pruebas 3.
5. Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 1.
6. Cfr. Gaceta del Congreso 851/05, p. 2.
7. Ibídem, p. 12.
8. Cfr. Folios 97 a 99 del cuaderno de pruebas 3.
9. Cfr. Folio 86 del cuaderno de pruebas 2.
10. Cfr. Folio 135 del cuaderno de pruebas 2.
11. Cfr. Folio 176 (reverso) del cuaderno de pruebas 2.
12. Cfr. Folios 101 (reverso) a 102 del cuaderno de pruebas 3.
13. Cfr. Folios 1 a 2 del cuaderno de pruebas 3.
14. Cfr. Gaceta del Congreso 333/06 p. 12.
16. Cfr. Folio 128 del cuaderno de pruebas 3.
17. Cfr. Folio 3 del cuaderno de pruebas 5.
18. Cfr. Folio 171 del cuaderno de pruebas 5.
19. Cfr. Folio 94 del cuaderno de pruebas 5.
20. Sobre el particular puede consultarse la recopilación realizada recientemente por la Corte en el Auto 311/06. En esta oportunidad, el Pleno identificó un vicio subsanable en el anuncio para la votación en tercer debate del trámite legislativo que concluyó con la expedición de la Ley 1017 de 2006, “por medio de la cual se aprueba el 'Convenio sobre blanqueo, detección y confiscación de los productos de un delito', hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990”. En consecuencia, ordenó devolver la norma a la Cámara de Representantes, para que subsanara el trámite en el sentido de corregir el vicio en el anuncio de la votación en la Comisión Segunda de esa instancia congresional.
21. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-576/06.
22. Al respecto, el Auto 311/06 refiere a las Sentencias C-400/05, C-473/05, C-1151/05, C-322/06, C-576/06, al igual que el Auto 089/05.
23. Sobre estas reglas jurisprudenciales, Cfr. Corte Constitucional, Auto 311/06.
24. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-473/05.
25. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1040/05.
26. Cfr. Corte Constitucional, Auto 311/06.
28. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-576/06.
29. Cfr. Corte Constitucional, Auto A-311/06.
30. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-576/06 y auto A-311/06.
31. Cfr. Corte Constitucional, auto A-089/05.
32. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-863/06 y Auto A-018/07. Sobre el tema particular de la doble numeración de las leyes, luego de la subsanación de un vicio de trámite, la citada sentencia estipuló lo siguiente:
“La sanción presidencial se limita a 'aprobar el proyecto correspondiente' por parte del 'Gobierno' y a 'dar fe de su autenticidad'. Además, de acuerdo al Decreto 2719 de 2000, la numeración se da sobre 'leyes ya sancionadas', por ser tal numeración de la ley, un trámite de carácter administrativo que debe realizarse 'guardando una secuencia numérica indefinida y no por año', de acuerdo a la exigencia establecida por el artículo 194 de la Ley 5ª de 1992. || La jurisprudencia constitucional en situaciones anteriores en que se ha devuelto al Congreso una ley para ser subsanada por adolecer de vicios de forma, da cuenta de que generalmente en el trámite de subsanación se ha respetado el número de ley inicialmente asignado. Es el caso, por ejemplo, de la Sentencia C-607 de 1992, (M. P. Alejandro Martínez Caballero), en el que la Ley 1ª de 1992 que adolecía de vicios de forma, fue devuelta al Congreso. Luego de ser subsanada en su trámite y sancionada en una segunda oportunidad, se le respetó su número de ley original. Por lo que la Corte Constitucional, una vez corregido el vicio de forma que recaía sobre la Ley 1ª de 1992, la declaró exequible. En la sanción, el Gobierno Nacional, con firmas del señor Presidente de la República y del señor Ministro de Gobierno del momento, sancionó el proyecto de ley corregido, de la siguiente forma: 'En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional refrenda los actos por los cuales el Congreso de la República subsanó los vicios de procedimiento en que incurrió al expedir la Ley 1ª de 1992”. || En el caso que nos ocupa, la Corte advierte lo siguiente: (i) el primer número de ley –el 869 de 2004– es el que identifica a la ley aprobatoria objeto del control ejercido en el presente proceso; (ii) la voluntad del Legislador, en cumplimiento del Auto 089 de 2005, era la de subsanar el vicio de forma constatado por esta Corporación en la formación de la Ley 896 de 2004; (iii) el proyecto de ley correspondió siempre al mismo, es decir, al 212/03 Senado, 111/03 Cámara, como puede confirmarse en todas las ponencias y debates que se surtieron en el Congreso, y en su remisión para sanción presidencial. || Ahora bien, se cometió un error administrativo en la numeración, al habérsele asignado un segundo número a la misma ley después de haber sido subsanado el vicio en la formación de la misma. No obstante dicho error no modifica el contenido de la ley ni incide en el proceso de su formación en el Congreso de la República. Para la Corte por lo tanto, el presente análisis de constitucionalidad se entiende realizado sobre la Ley 896 de 2004 que aprobó el 'Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente', suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”.