Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/2002?documento=laudosccb&contexto=laudosccb_759ebdf3ff17b08ee0430a010151b08e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-23 03:45:03
Document Index: 41239793

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 177', 'artículo 310', 'artículo 160', 'artículo 36', 'artículo 177']

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a los veintiún (21) días del mes de enero de dos mil dos (2002), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), fecha y hora señaladas en auto 35 de fecha diez y ocho (18) de diciembre de dos mil uno (2001), notificado personalmente a los apoderados de las partes, el Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir las controversias surgidas entre RCN Televisión S.A. y la Comisión Nacional de Televisión, integrado por los doctores Fernando Sarmiento Cifuentes, presidente, Gilberto Alzate Ronga y Rodrigo Noguera Calderón, árbitros y José Maximino Gómez González, secretario, reunido en su sede, ubicada en la calle 72 Nº 7-82, piso 8º, se constituyó en audiencia, con el fin de resolver las solicitudes de aclaraciones, correcciones y complementaciones del laudo arbitral, proferido el día veintiséis (26) de noviembre de dos mil uno (2001), formuladas por los señores apoderados de las partes.
Asistieron a la audiencia los doctores Rafael H. Gamboa Serrano, apoderado de RCN Televisión S.A., Eduardo Zuleta Jaramillo, apoderado de la Comisión Nacional de Televisión y el doctor Víctor Rafael Buitrago Moré, Procurador 10 Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Para resolver, el tribunal profiere el siguiente,
A continuación procede el tribunal a resolver las solicitudes de aclaraciones, correcciones y complementaciones presentadas por los señores apoderados de las partes.
A. De la convocante
La cual plantea las siguientes solicitudes:
1. Indicar que el contrato al cual se refiere el laudo es el “Contrato número ciento cuarenta (140) del veintiséis (26) de diciembre de mil novecientos noventa y siete”.
2. Corregir el numeral quinto del laudo, en el sentido de indicar que la suma que la Comisión Nacional de Televisión debe pagar a RCN Televisión S.A. a título de restablecimiento del equilibrio del contrato es la cantidad de cuarenta y ocho mil ciento setenta y ocho millones ochocientos cincuenta mil pesos ($ 48.178.850.000) de septiembre de 1997 actualizada hasta la fecha de pago.
En subsidio, corregir el numeral quinto del laudo, en el sentido de indicar que la suma que la Comisión Nacional de Televisión debe pagar a RCN Televisión S.A. a título de restablecimiento del equilibrio del contrato es la cantidad de quince mil nueve millones seiscientos setenta mil pesos ($ 15.009.670.000).
Las anteriores peticiones las sustenta la convocante tal como adelante se indica y las resolverá el tribunal, observando el mismo orden propuesto por la convocante.
Consiste en que se corrija en la página 50 del laudo el número del contrato, en letras, números y fecha, indicando que “la referencia correcta es contrato de concesión número ciento cuarenta (140) de fecha veintiséis (26) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”.
Así lo decidirá el tribunal.
La convocante, hace consistir el supuesto error aritmético en el hecho de que “... el tribunal dividió entre diez y multiplicó por dos, la suma resultante de restarle al valor de la licencia fijado en septiembre de 1997, el valor de la licencia que resulta al actualizarle al modelo de IIF la INPT de los años 1998, 1999 y 2000, sin recalcular las proyecciones financieras, del año 2001 en adelante”. Por cuya razón esa suma, en su criterio, no se podría dividir, ya que estima el libelista que la diferencia constituiría el valor del restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
El tribunal consideró que la cifra determinada por los peritos en $ 69.795 millones de pesos correspondió al valor de la concesión a junio 16 de 1997, por cuanto si la CNTV hubiera conocido las cifras reales de la INPT para los años 1998, 1999 y 2000, el modelo les habría dado como base para definir el valor de la concesión la misma cifra, que corresponde a la ejecución sucesiva del contrato en sus diez años de término. Ahora bien, como el desequilibrio económico del contrato se contrae solamente a dos (2) años, tal como se explica en la página 114 del laudo, resulta del caso hacer la división entre diez y multiplicar el guarismo resultante por dos. El valor obtenido es el que adoptó el tribunal en el laudo y que corresponde al restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
Por lo dicho, el tribunal negará esta solicitud.
Subsidiaria de la segunda solicitud
Consiste, para la convocante, en la petición de corrección de un supuesto error aritmético, según el cual el tribunal “… tomó la suma de $ 102.650 millones de pesos, como valor de la licencia, cuando en realidad la suma fijada por la CNTV, y efectivamente pagada por los concesionarios fue de $ 117.973.85 millones ...”.
Como consecuencia, pide que se corrija “... la operación aritmética en el sentido de restar ... $ 69.795 millones de pesos de $ 117.973.85 millones y no de 102.650 millones ... como figura en la página 114 del laudo...”.
El tribunal decidirá que no prospera esta solicitud. En efecto, no hay “error aritmético”. Se trata de una decisión arbitral de fondo, consistente en que el tribunal tomó el valor de la concesión por su equivalente en pesos, del 16 de junio de 1997, según lo dicho en el acta 259 de la CNTV. Los peritos por su parte, dictaminaron el valor de la concesión para esa misma fecha, en la ya mencionada cantidad de $ 69.795 millones de pesos. La diferencia entre $ 102.656.05 millones y $ 69.795 millones es de $ 32.861.05 millones de pesos, cifra esta última que el tribunal adoptó para el cálculo del desequilibrio económico y que por consiguiente resulta inmodificable.
Con fundamento en las anteriores razones el tribunal reitera su negativa a esta solicitud.
B. De la parte convocada
Pretende la CNTV que el tribunal aclare las “... contradicciones que surgen en la parte considerativa del laudo...” las que se enuncian a continuación. El tribunal se pronunciará sobre ellas en el mismo orden propuesto por el memorialista.
a) Sostiene la convocada que el tribunal, de una parte, aceptó al liquidar la condena que el valor de la concesión era de $ 69.795 millones de pesos y que “simultáneamente” negó las pretensiones sobre existencia “... de un error en la fijación del precio de la concesión y como consecuencia declarar su reliquidación y reducción”.
El tribunal con base en la prueba recaudada y en las disposiciones legales que aplicó, tuvo por demostrada la inexistencia tanto de un vicio del consentimiento por error (pretensión segunda), como la inexistencia del “error de cuenta” predicados por la demandante (pretensión subsidiaria de la segunda). Es claro que ellas se diferencian específica y jurídicamente del error genérico alegado por el libelista, que corresponde a conceptos totalmente diferentes e inconfundibles uno respecto del otro y que, no se pueden asimilar o equiparar. Por otra parte, dicho “error”, como tal no fue aducido o alegado por las partes en el decurso del proceso. No hay pues, contradicción alguna del tribunal y así, se resolverá negativamente esta petición;
b) Argumenta la convocada la existencia de una contradicción, porque la suma de $ 69.795 millones, se basó en el modelo financiero elaborado por Inversiones e Ingeniería Financiera, IIF, y fue tenida en cuenta por el tribunal como valor de la concesión, no obstante que el citado estudio de IIF no determinó con precisión o exactitud dicho valor, ni el mismo hizo parte de los documentos contractuales como se afirma en el laudo.
En este caso, al igual que en el anterior, la supuesta contradicción endilgada al tribunal no existe. Al efecto, son pertinentes las siguientes precisiones:
• Es cierto que el estudio de IIF no hizo parte de los documentos contractuales; ni, por otro aspecto con él se determinó precisa o exactamente la cifra correspondiente al valor de la concesión.
• No obstante, quedó demostrado con la prueba testimonial de los propios comisionados de la época, conteste con los otros elementos probatorios, y, particularmente, con el dictamen pericial, que obran en el proceso, que el aludido estudio de IIF fue el escogido por la CNTV como elemento determinante de la fijación del valor de la concesión efectuado por la misma CNTV.
• Esta determinación del valor de la concesión, hecha por la CNTV, se basó en los distintos escenarios, indicados por el estudio de IIF y, no podía ser de otra manera, puesto que el literal g) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995, señaló con precisión los elementos taxativos para la fijación del valor de la licencia, los cuales fueron también el soporte legal fundamental en que se basó dicho estudio.
• Sin embargo, la cifra resultante para la CNTV y fijada por esta como valor de la concesión, se conformó mediante el acuerdo de voluntades de los comisionados bajo el común punto de acuerdo de $ 95 millones de USD a la luz de los elementos de juicio y propósitos de análisis contenidos en el mencionado estudio de IIF.
Por lo expuesto, no existiendo la contradicción alegada, el tribunal negará esta petición;
c) La convocada solicita que se le diga “La razón por la cual el tribunal tuvo en cuenta, para liquidar la condena el valor de $ 69.795 millones como valor de la concesión, siendo que los peritos hicieron este cálculo, a partir de la actualización del modelo IIF afirmando que tal valor no era real.
Si bien es cierto que los peritos en su dictamen aclaran, más de una vez, que la cifra de 69.795 millones de pesos no corresponde al valor real de la licencia, no es menos cierto que usaron el mismo modelo y los mismos parámetros que sirvieron de base a la Comisión Nacional de Televisión para fijar la suma de 102.656.05 millones de pesos como valor de la concesión. En otras palabras, si en la sesión del 16 de junio de 1997 la comisión hubiera tenido a la vista las cifras “reales” de la INPT para los años 1998, 1999 y 2000, el modelo IIF les habría dado, como base para definir el valor de la concesión, la misma cifra que señalan los peritos en su dictamen, esto es, 69.795 millones de pesos. No existe, pues, error, ni contradicción en la decisión tomada por este tribunal de tomar esta suma como valor de referencia, para compararla con la escogida por la comisión ($ 102.656.05 millones de pesos), y obtener así la diferencia de $ 32.861.05 millones de pesos con base en la cual se calculó el desequilibrio económico del contrato.
Por lo expuesto, el tribunal reitera su decisión, ya expresada en el laudo, al absolver la cuestión propuesta;
d) Argumenta en este literal la parte convocada que el tribunal “... hizo una comparación entre las proyecciones de IIF y los resultados de las ventas por pauta publicitaria”. Agrega que tal comparación le sirvió de base al tribunal para liquidar la condena, en tanto que para el mismo tribunal “... el estudio tantas veces aludido no fue integrante de los documentos contractuales...” ni determinó de manera precisa el precio...”.
Aunque ya el tribunal, arriba, se pronunció sobre este tema al resolver la petición (b), considera del caso señalar brevemente, los parámetros que tuvo en cuenta para la determinación de la condena. En efecto, a la página 113 del laudo, se lee:
“Este fenómeno ocasionó un desequilibrio financiero, que está limitado en sus efectos económicos, a los años 1999 y 2000, el cual tuvo que ser neutralizado directamente por el concesionario haciendo un mayor esfuerzo financiero, representado en importantes aumentos de las capitalizaciones y del endeudamiento previsto en la oferta, logrando así incrementar los niveles de ingresos hasta alcanzar los contemplados en su propuesta ...”.
En otros términos, el tribunal para determinar el perjuicio, tuvo en cuenta, de una parte, la oferta de la convocante al momento de proponer (tal como lo preceptúan los arts. 4º, num. 8º y 27 de la L. 80/93), en cuanto esta apreció debidamente, las indicaciones de capitalización, y la obtención de recursos del crédito, mediante el endeudamiento necesario a fin de poder obtener los ingresos allí previstos. De otro lado, comparó tales guarismos con la realidad de sus balances (V. anexos 3C y 3D, de las aclaraciones del dictamen pericial). Allí se establece, tal como lo precisa la doctrina, la mayor onerosidad en la ejecución del contrato, en el período 1999-2000, que requirió más altos niveles de capitalización y de endeudamiento en apreciables cuantías de dinero, para alcanzar los niveles de ingresos previstos en la propuesta. Así lo sentenció el laudo y, por consiguiente, se negarán la aclaración y corrección solicitadas;
e) La convocada en este literal señala que el tribunal tomó como base para señalar los parámetros que le sirvieron para liquidar la condena, el hecho de que el concesionario vio afectadas “... las proyecciones de los ingresos previstos en sus estudios de factibilidad...”, no obstante que los balances, actas de asamblea general de accionistas, informes de gestión, etc., muestran todo lo contrario.
En prueba de sus asertos plantea dos argumentaciones. En la primera de ellas manifiesta que durante 1997 y 1998 se pasa de una “... pérdida proyectada de 473 millones de pesos ...”, cuando en verdad apenas se perdieron 14 y que en 1998, la pérdida proyectada “... era de $ 36.971 millones ...” cuando se demostró una utilidad de 473 millones para dicho período. Para 1999 argumenta se pasó de una pérdida estimada de 49.611 millones a “únicamente” ... 335 millones”. Y, finalmente, indica que para el año 2000 frente a una pérdida proyectada de 21.889 millones se obtuvo, en cambio, una ganancia de 3.402 millones.
Sea lo primero señalar que el laudo expresamente consagró:
“Debe advertir el tribunal que no resulta acertado, jurídica y lógicamente, confundir la actividad de prestación del servicio público concedido por el Estado a la convocante mediante el contrato estatal aludido, con el ejercicio legítimo de las otras actividades ejercidas por la sociedad concesionaria en desarrollo de su objeto social” (V. pág. 108 del laudo).
En consecuencia, el tribunal destaca, que es del todo improcedente, jurídicamente, confundir la prestación del servicio público de televisión concedida por la CNTV a la concesionaria, mediante el contrato arriba mencionado, con las demás, numerosas, actividades industriales y comerciales ejercidas por la convocante (sociedad de comercio) con respecto al desempeño de su objeto social. Lo cual se demuestra, una vez más, en este proceso, con las propias cifras aducidas por la CNTV en el escrito que el tribunal aquí examina. En efecto, durante 1997 y 1998, cuando aún no operaba el canal concedido, la convocante logró los niveles de ingreso arriba transcritos. O, dicho de otra manera, la sociedad comercial demandante obtenía ingresos, antes de que operara la concesión, distintos de los que pudieran derivarse de la ejecución del contrato de concesión. Durante la operación del contrato de concesión (1999-2000) la pérdida estimada de la convocante fue de $ 49.610 millones y la real de $ 64.084 millones en lo correspondiente a 1999. En tanto que, para el año 2000 la misma pérdida estimada fue $ 21.889 millones y la pérdida real de $ 16.889 millones, en ambos casos después de impuestos correspondiendo exclusivamente al desempeño económico del contrato de concesión (V. anexos 3C y 3D de las ampliaciones al dictamen pericial).
Por consiguiente el tribunal, respecto a este punto, considera que no hay lugar a las aclaraciones y correcciones solicitadas por la convocada y así lo decidirá.
La segunda argumentación de la convocada la plantea textualmente así:
“La participación de la convocante en la inversión neta en publicidad de televisión fue del 4% para 1998, del 15% para 1999 y del 27% para 2000. Téngase en cuenta además que la tasa de crecimiento real de la INPT para 1999 en relación con 1998, fue del 416% y para el año 2000 respecto de 1999, fue del 115%”.
El tribunal encuentra que los porcentajes aducidos por la convocada no corresponden a la realidad. En efecto, tomando los ingresos netos por pauta publicitaria de los estados financieros de RCN Televisión para los años 1998, 1999 y 2000, la participación de RCN en la inversión neta en publicidad en televisión, es:
Año INPT según Asomedios ($ corrientes) Ventas netas pauta publicitaria RCN Participación porcentual
1998 332.051 15.354 5%
1999 346.975 64.145 18%
2000 399.131 132.945 33%
La inversión neta en publicidad de televisión, INPT, de acuerdo con las cifras suministradas por Asomedios, tuvo el siguiente comportamiento (pág. 56 de las aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial).
Comportamiento de la INPT
Año INPT según Asomedios ($ corrientes) Crecimiento absoluto ($ corrientes) Crecimiento porcentual
1996 251.590 -
1997 308.437 56.847 22.60%
1998 332.051 23.614 7.66%
1999 346.975 14.924 4.49%
2000 399.131 52.156 15.03%
Si los valores anteriores se convierten en pesos constantes de 1996 los resultados son:
Pesos constantes 1996
Año INPT Crecimiento absoluto Participación porcentual
1997 262.089 10.499 4.2%
1998 241.771 (20,318) -7.8%
1999 231.286 (10.485) -4.3%
2000 244.649 13.364 5.8%
De lo anterior, se concluye que la INPT entre 1998 y 1999 creció en 4.49% en términos corrientes y decreció en pesos constantes de 1996, en 4.3%.
Vale la pena señalar que cuando se habla en las aclaraciones del dictamen de “Parámetros reales según Asomedios” (cuadro de la pág. 56), corresponde a las cifras efectivamente invertidas durante el año en pesos corrientes de cada año. Las variaciones entre 1999 y 2000, fueron de +15.03% en términos corrientes y de +5.8% en pesos constantes de 1996.
En conclusión, el tribunal no encuentra la contradicción propuesta en este literal e) por la convocada, ya que las cifras tomadas en cuenta por el tribunal demuestran exactamente lo contrario a lo que ahora se predica por la convocada.
En subsidio, el solicitante pide al tribunal que corrija un error aritmético en el que habría incurrido, en el ordinal quinto, de la parte resolutiva del laudo, en el cual condenó “... al pago de $ 3.105.34 millones, por concepto de actualización e intereses”, cuando la suma correcta habría sido $ 2.598.84 millones.
Debe anotarse que para resolver esta solicitud, el tribunal hizo un detenido análisis del tema propuesto y encuentra que, por este aspecto, se incurrió en error, al escribir únicamente la cifra correspondiente al período septiembre 2000 - septiembre 2001, pues se omitió un dígito, que no afecta el total allí señalado. Empero, al revisar el cálculo, encuentra error aritmético, que, de acuerdo a la ley (arts. 309, 310 y 311 del CPC en concordancia con lo dispuesto por el art. 36 del D. 2279/89 y el art. 160 del D. 1818/98), corregirá de oficio, como adelante se indicará. Razón por la cual se negará esta solicitud.
Solicita la convocada la aclaración del numeral 3º del ordinal quinto de la parte resolutiva del laudo “... en el sentido de señalar expresamente que no puede ordenarse el pago de intereses de mora sobre los intereses y actualización señalados en el numeral 2º que le antecede pues esto constituye un anatocismo”.
El tribunal considera, al resolver esta solicitud, que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia del honorable Consejo de Estado, es viable la aplicación del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, según el cual sobre las cantidades líquidas de dinero reconocidas en las sentencias, se devengarán intereses según lo precisa dicha norma.
En consecuencia se denegará esta solicitud de la convocada.
Pretende el recurrente que se aclare o complemente el ordinal séptimo de la parte resolutiva del laudo, a fin de que el tribunal señale o precise las consideraciones que tuvo en cuenta al rechazar “... las excepciones propuestas por la CNTV relacionadas con la nulidad relativa del otrosí número cinco”.
El tribunal negará esta petición, por cuanto —como se lee al folio 39 del laudo arbitral— se declaró incompetente para conocer del otrosí 5 del 27 de diciembre de 1999 mediante auto 4, de diciembre de 2000. Dijo el tribunal entonces:
“En lo referente a las pretensiones formuladas por la Comisión Nacional de Televisión en contra de RCN Televisión S.A., el tribunal observa que la primera y primera subsidiaria se contraen a obtener la nulidad absoluta y en subsidio relativa, del otrosí 5 de fecha 27 de diciembre de 1999, suscrito entre la Comisión Nacional de Televisión y RCN Televisión S.A., para modificar el contrato de concesión 140 de fecha 26 de diciembre de 1997 celebrado entre las mismas partes, cuya causa petendi está enmarcada por la legalidad o ilegalidad del acto administrativo presunto resultante de la invocación de silencio administrativo positivo respecto de una petición formulada a la Comisión Nacional de Televisión el 10 de septiembre de 1999 por RCN Televisión S.A., tal y como claramente se expone en los hechos 28, 29, 31, 32 y 35 del acápite II. Hechos de la demanda de reconvención.
El anterior planteamiento necesariamente llevaría al tribunal a analizar y emitir juicios jurídicos sobre la legalidad o no del referido acto administrativo presunto, materia que, como atrás se expuso, resulta ajena a su competencia”.
Otras consideraciones del tribunal
Como arriba se indicó, el tribunal encuentra un error aritmético en los cálculos que aparecen en las páginas 114 y 115 del laudo arbitral y que, desde luego, dicho error influye en su parte decisoria —numeral quinto de la parte resolutiva—. En consecuencia, el tribunal procede a continuación a corregirlo, según lo ordenado por el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil en cuanto dispone: “Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético es corregible por el juez que la dictó, ..., de oficio o a solicitud de parte...”. En concordancia con las demás autorizaciones legales contenidas en el artículo 160 del Decreto 1818 de 1998 y del artículo 36 del Decreto 2279 de 1989.
El cálculo mediante el cual el tribunal corrige de oficio el error aritmético en que incurrió es el siguiente:
Cálculo de actualización e intereses
Sobre la suma anterior (6.572.21 millones de pesos colombianos), actualizada anualmente con las tasas de inflación anual publicadas por el DANE, se reconoce el interés anual del 6%, de acuerdo con la siguiente liquidación:
IPC sep/98 / IPC sep/97 = 98.567665 / 83.670307 = 1.178048
IPC sep/99 / IPC sep/98 = 107.761989 / 98.567665 = 1.093279
IPC sep/00 / IPC sep/99 = 117.6761 / 107.761989 = 1.092000
IPC sep/01 / IPC sep/00 = 127.05628 / 117.6761 = 1.079712
IPC oct/01 / IPC sep/01 = 127.291656 / 127.05628 = 1.001853
Sep/97 - Sep/98: 6.572.21 x 1.178048 = 7.742.38 millones de pesos
Sep/98 - Sep/99: 7.742.38 X 1.093279 = 8.464.58 millones de pesos
Sep/99 - Sep/00: 8.464.58 x 1.092000 = 9.243.32 millones de pesos
Sep/00 - Sep/01: 9.243.32 x 1.079712 = 9.980.12 millones de pesos
Sep/01 - Oct/01: 9.980.12 x 1.001853 = 9.998.61 millones de pesos
Sep/97 - Sep/98: 7.742.38 x 0.06 = 464.54 millones de pesos
Sep/98 - Sep/99: 8.464.58 x 0.06 = 507.87 millones de pesos
Sep/99 - Sep/00: 9.243.32 x 0.06 = 554.60 millones de pesos
Sep/00 - Sep/01: 9.980.12 x 0.06 = 598.81 millones de pesos
Sep/01 - Oct/01: 9.998.61 x 0.06/12= 49. 99 millones de pesos
Total 2.175.81 millones de pesos
En resumen, la suma a reconocer es de:
Capital actualizado a octubre 31/01: 9.998.61 millones de pesos
Intereses a octubre 31 de 2001: 2.175.81 millones de pesos
Total 12.174.42 millones de pesos
En los términos anteriormente expuestos, en ejercicio de su facultad oficiosa, como ya se dijo arriba y por resultar afectada la disposición contenida en el numeral quinto de la parte resolutiva del mencionado laudo se procede a ordenar su corrección de manera consecuente, según lo precedentemente indicado.
De conformidad con las anteriores consideraciones, el tribunal,
Primero. Se corrige en la página 50 del laudo de 26 de noviembre de 2001, el número y la fecha del contrato materia del presente litigio, y se sustituyen por los correctos, que son los siguientes: Contrato de concesión ciento cuarenta (140) , del veintiséis (26) de diciembre de 1997.
Así mismo, se corrige: En la página 114 del laudo, renglón octavo, la cifra (102.650 millones) por ($ 102.656 millones) que es la correcta.
En la página 40, renglón 33 (último párrafo) cambiar no carecer por carecer.
En la página 114, renglón 6 (segundo párr.), cambiar folio 26 anexo 2 del dictamen, por: folio 28 y en el anexo 2 del dictamen.
Segundo. Se corrige el numeral quinto de la parte resolutiva del laudo arbitral del 26 de noviembre de 2001, el cual quedará así: Condénase, como consecuencia de la declaración anterior, a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) a pagar a favor de la sociedad RCN Televisión S.A., la suma de doce mil ciento setenta y cuatro millones cuatrocientos veinte mil pesos moneda legal ($ 12.174.420.000 m/l) a título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, según se indica en la parte motiva del laudo, suma que deberá serle pagada dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del mismo y que corresponde a los siguientes conceptos:
1. La suma de $ 6.572.210.000, correspondiente a capital;
2. La suma de $ 3.426.400.000, correspondiente a la actualización del capital, mediante aplicación de las tasas de inflación anual (IPC), publicadas por el DANE;
3. La suma de $ 2.175.810.000 por concepto de intereses a la tasa del 6% anual, según lo arriba indicado;
4. Sobre la suma líquida de condena se causarán, en caso de mora, los intereses dispuestos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
Tercero. Quedan vigentes las demás disposiciones de la parte resolutiva del laudo arbitral del 26 de noviembre de dos mil uno (2001) que no hayan sido objeto de corrección en esta providencia.
Cuarto. Se niegan las demás solicitudes de complementación, corrección y aclaración formuladas por las partes.
Quinto. Para los efectos de ley, expídanse copias auténticas de esta providencia a las partes y al Ministerio Público.
Sexto. Se ordena la expedición de copia íntegra y auténtica del laudo arbitral del 26 de noviembre de 2001, con destino al honorable Consejo de Estado para los fines legales pertinentes según lo solicitado, relativo al recurso de anulación del laudo. Con el mismo fin, en su oportunidad, se remitirá el expediente en su integridad, a la mencionada corporación.
De esta providencia quedan notificados en audiencia los señores apoderados de las partes y el señor agente del Ministerio Público.
Sin más tema se dio por terminada la sesión una vez firmada por quienes en ella intervinieron.