Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20021893
Timestamp: 2019-07-24 00:22:08
Document Index: 322545323

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'Artículo 216', 'Artículo 216', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 241', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 139', 'artículo 216', 'artículo 56', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 1', 'Artículo 216', 'Artículo 216', 'Artículo 2']

C-336 de 2012
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020021893CC-SENTENCIAC336201209/05/2012CC-SENTENCIA_C_336__2012_09/05/2012200218932012Sentencia C-336/12 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Inhibición para decidir de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO- Indemnización por culpa del empleador en accidentes de trabajo y enfermedades DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia NORMA ACUSADA- Ausencia de lectura sistemática en conjunto con el sistema de riesgos profesionales SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES- Contenido/ SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES- Objetivos/ RIESGOS PROFESIONALES- Alcance conceptual/ RIESGO OBJETIVO- Jurisprudencia constitucional/ RESPONSABILIDAD OBJETIVA CREADA A PARTIR DEL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES- Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL DERECHO A LA IGUALDAD- Requisitos en la carga argumentativa Esta Corporación ha indicado, refiriéndose a la carga argumentativa que corresponde al demandante, cuando la pretendida inconstitucionalidad se deriva de la vulneración del principio de igualdad, que no resulta suficiente que el actor aluda a la existencia de un trato diferenciado en relación con determinadas personas, aunado a la aseveración de que ello resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 13 superior sino que, resulta imperioso que se expongan además las razones con base en las cuales se considera que la referida diferencia en el trato resulta arbitraria y que se sustente la pretendida discriminación con argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la medida. No es, el trato diferenciado de algunos de los destinatarios de la ley lo que determina per se el quebranto del principio de igualdad, sino la arbitrariedad, la falta de una justificación objetiva y razonable, que comporte realmente la configuración de una situación de discriminación. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Ineptitud sustantiva DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos deben ser cumplidos materialmente/ CORTE CONSTITUCIONAL- Control por vía de acción pública de inconstitucionalidad no es oficioso/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Deber de certeza de cargos de inconstitucionalidad Referencia: expediente D-8845
Andrés Eduardo Dewdney MonteroCONSTITUCIONALIDADJorge Ignacio Pretelt ChaljunbDemanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 216 (Parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.D8845Identificadores20020021894true37040Versión original20021894Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 216 (Parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO-Indemnización por culpa del empleador en accidentes de trabajo y enfermedades
NORMA ACUSADA-Ausencia de lectura sistemática en conjunto con el sistema de riesgos profesionales
SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES-Contenido/SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES-Objetivos/RIESGOS PROFESIONALES-Alcance conceptual/RIESGO OBJETIVO-Jurisprudencia constitucional/RESPONSABILIDAD OBJETIVA CREADA A PARTIR DEL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
Esta Corporación ha indicado, refiriéndose a la carga argumentativa que corresponde al demandante, cuando la pretendida inconstitucionalidad se deriva de la vulneración del principio de igualdad, que no resulta suficiente que el actor aluda a la existencia de un trato diferenciado en relación con determinadas personas, aunado a la aseveración de que ello resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 13 superior sino que, resulta imperioso que se expongan además las razones con base en las cuales se considera que la referida diferencia en el trato resulta arbitraria y que se sustente la pretendida discriminación con argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la medida. No es, el trato diferenciado de algunos de los destinatarios de la ley lo que determina per se el quebranto del principio de igualdad, sino la arbitrariedad, la falta de una justificación objetiva y razonable, que comporte realmente la configuración de una situación de discriminación.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos deben ser cumplidos materialmente/CORTE CONSTITUCIONAL-Control por vía de acción pública de inconstitucionalidad no es oficioso/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Deber de certeza de cargos de inconstitucionalidad
1.2.LA DEMANDA
El demandante señala que la norma acusada vulnera el preámbulo y los artículos 1, 13 y 53 de la Constitución Política, por tanto, solicita la declaración de inexequibilidad por las siguientes razones:
1.2.1. Recuerda el actor que en la legislación colombiana en materia laboral, el trabajador es la parte débil de un contrato, por lo tanto la ley busca protegerlo y garantizar la justicia social en el vínculo laboral, teniendo en cuenta que el trabajo representa para el empleado su medio de subsistencia y, en consecuencia, éste no puede asumir el no pago de la indemnización de perjuicios si no hay culpa del empleador en el accidente o enfermedad.
Así, no es posible un orden social justo, como el que ordena el Preámbulo de la Constitución, ya que el trabajador estaría "compartiendo con el empleador el riesgo de la actividad económica que éste desarrolla" al punto de tener que asumir la indemnización de perjuicios plena y ordinaria si su enfermedad o accidente de trabajo no son por culpa del empleador.
Añade el demandante que los riesgos laborales son, a la vez, sociales y, si el trabajador tiene que asumir la indemnización de perjuicios en el caso de que no haya culpa del empleador, pues no puede decirse que existe un orden social justo. "Si el trabajo es inherente al hombre, los riesgos de la actividad laboral deben ser mirados desde una óptica que garantice la solidaridad de los mismos precisamente por ser riesgos sociales, ameritan un trato justo en el contexto de lo que consagra el preámbulo de la Constitución como orden social justo".
1.2.2. Respecto de la violación del artículo 13 de la Constitución Política, el actor manifiesta que el derecho fundamental a la igualdad se ve vulnerado en la medida en que la indemnización total y ordinaria de perjuicios no puede ser un derecho al que tenga el trabajador sólo en el caso de culpa del empleador, pues esta indemnización es una consecuencia del riesgo inevitable que emana del desarrollo de una actividad como subordinado a otra persona, "el riesgo que es creado por el empleador que se beneficia del mismo".
2.1. Federación de Aseguradores Colombianos - FASECOLDA
La Federación de Aseguradores Colombianos - FASECOLDA, a través de apoderado, intervino en el proceso y solicitó a la Corte declarase INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, o en subsidio, la EXEQUIBILIDAD de la disposición acusada, haciendo el siguiente análisis:
2.1.1. En relación con la solicitud de un pronunciamiento inhibitorio, señala que el demandante al confrontar el aparte demandado con la constitución lo hace de manera genérica, difusa y subjetiva, con algunas imprecisiones o afirmaciones equívocas. Anota también, que al hacer la trascripción de la norma demandada hay inexactitudes. De igual manera, una de las consecuencias de eliminar sólo el aparte demandado sería que la norma perdiera todo sentido.
2.1.2. En forma subsidiaria, FASECOLDA solicita la exequibilidad de la disposición. Aduce que la apreciaciones del accionante en relación con artículo 216 del C.S.T, referidos a que es "contraria al orden social justo" por considerar que "el beneficio de la actividad laboral es para el empleador y no para el trabajador" es totalmente errado pues la relación que surge de un contrato laboral es bilateral, conmutativa y regulada por la ley, lo cual lleva a concluir que, aunque no se pueden equiparar los resultados económicos para el empleador y el trabajador, tampoco se puede sostener que el trabajador no recibe algún beneficio de dicha relación laboral.
Considera completamente equivocado afirmar que el riesgo emanado del trabajo es "creado por el empleador" pues ignora la teoría del riesgo objetivo.
Respecto de la vulneración al derecho a la igualdad refiere que "son situaciones disímiles jurídicamente las que se producen con la presencia de un elemento subjetivo o sin él, como también lo son cuando ha mediado la fuerza mayor o el caso fortuito, pues en presencia de ellos puede también sufrirse un accidente o una enfermedad y ello no puede generar a cargo del Sistema de Riesgos Profesionales ni del empleador (tampoco del Estado, en principio), la obligación al pago de una indemnización total de perjuicios".
En relación con el derecho a la dignidad humana el actor se basa en supuestos errados como el que el empleador crea riegos laborales con su actividad, siendo que estos riesgos son potenciales de ocurrir o no, el empleador no crea los riesgos como "veladamente aparece en la argumentación de la parte actora". De esta manera, la actividad del empleador no impide la vida digna del trabajador, en cambio, le permite a éste "obtener los recursos para atender sus necesidades vitales y las de sus familiares".
2.1.3. En el campo conceptual es necesario puntualizar que el demandante desconoce o ignora la existencia de la ley 6ª de 1945 y la ley 64 de 1946 que consagran el derecho que tiene un trabajador de ser indemnizado por daños que ocasione un accidente de trabajo o enfermedad profesional, e inclusive la normativa que subrogo los riesgos profesionales para pasar a ser asumidos por el entonces Instituto Colombiano de Seguros Sociales.
2.2. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI
2.2.1. Sobre la ineptitud sustantiva de la demanda considera el interviniente que la demanda no "contiene un desarrollo de los cargos de constitucionalidad, sino la existencia tozuda de las opiniones del demandante. La demanda, en otras palabras, no es más que circunloquios y sofismas".
Arguye también, la entidad, que si lo que el demandante pretende es que "sea el empleador el que asuma la indemnización total de los perjuicios, cometió un error en los apartes que impugnó del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; ya que si esos apartes impugnados fueran, en gracia de discusión, declarados inexequibles, la consecuencia sería precisamente, que el empleador no tendría obligación alguna de indemnizar los perjuicios derivados del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional".
De igual manera, si lo que pretende es que "sea la administradora de riesgos profesionales la que asuma la indemnización total de los perjuicios, debió demandar las disposiciones que regulan este sistema."
2.2.2. En caso de fallar de fondo, el interviniente solicita se tengan en cuenta las siguientes razones para declarar la exequibilidad del aparte demandado.
2.2.2.1. Es necesario precisar que la responsabilidad subjetiva de que trata el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, no contradice el régimen de responsabilidad objetiva pues, al cumplir el empleador con las obligaciones del sistema, trasfiere a las administradoras de riesgos, el pago de las prestaciones derivadas del accidente de trabajo y/o enfermedad profesional, porque no tendría sentido que el empleador afilie a sus trabajadores al sistema y además continúe en cabeza de él, el riesgo.
Concluye este punto aduciendo que "lejos de contravenir el régimen de responsabilidad objetiva que la ley y la jurisprudencia colombianas han establecido para el sistema de riesgos profesionales, lo complementan y ofrecen mayor garantía al empleado"
2.2.2.2. Menciona la sentencia C-543 de 2007, de la Corte Constitucional, en la que se concluye que "los recursos del sistema de seguridad social, incluidos los de riesgos profesionales, son limitados; por lo tanto, ellos deben ser administrados de forma eficiente y sin afectar la sostenibilidad del mismo".
2.2.2.3. Concluye el interviniente diciendo que la Corte Constitucional en muchas ocasiones ha dicho que el legislador, en tratándose de la seguridad social, tiene amplia potestad de configuración normativa y "sólo si de manera directa la norma vulnera derechos fundamentales, o viola claros mandatos constitucionales, o incurre en regulaciones manifiestamente irrazonables o desproporcionados, deberá el juez declarar la inconstitucionalidad de la norma."
2.3. Ministerio de Trabajo
2.3.1. El interviniente hace un listado de hechos y fundamentos por los cuales el demandante no tiene la razón en su petición, concluyendo en este punto suprimir la culpa del empleador acaba con "la indemnización plena u ordinaria de perjuicios del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y rompe el principio de progresividad" quitándole al trabajador y/o beneficiarios la posibilidad de recibir una indemnización por daños y perjuicios por parte del empleador.
2.3.2. Es necesario mantener la distancia e independencia de la enfermedad o accidente laboral por culpa del empleador y las emanadas de la actividad, pues "la culpa suficientemente comprobada del empleador, es la esencia de la responsabilidad civil u ordinaria de perjuicios, por fuera de la responsabilidad laboral que asumen las Administradoras de Riesgos Profesionales; así la responsabilidad laboral será parte de la seguridad social y la plena y ordinaria de perjuicios parte del campo civil."
2.3.3. Respecto de la violación al preámbulo de la Constitución no se acredita pues al adquirir una enfermedad o suceder un accidente laboral por culpa del empleador le da el derecho al trabajador de ser indemnizado total y ordinariamente de perjuicios, por la culpa patronal más no por el riesgo de su actividad.
2.3.4. Menciona que la Corte Constitucional ha señalado que para que exista real violación al derecho a la igualdad deben existir situaciones iguales, lo cual, en este caso, no se presenta, pues "la responsabilidad laboral, es automática, tarifada y objetiva, la cual se encuentra determinada en el Decreto 1295 de 1994, y la responsabilidad civil u ordinaria de perjuicios requieree la culpa suficientemente comprobada, no es tarifada, ni objetiva, siendo completamente diferentes" por lo cual el juicio de igualad no se puede realizar, tanto así que la culpa del empleador es la esencia de la diferencia entre la responsabilidad y la civil en el Sistema General de Riesgos Profesionales."
2.3.5. El aparte demandado no viola la dignidad humana colocando al empleado en una situación compleja de tener que probar la culpa de su empleador, puesto que "la responsabilidad civil no puede fundamentarse en una presunción de culpa patronal, se debe comprobar dicha culpa y el perjuicio, lo cual no afecta derecho fundamental, ni el principio de la dignidad humana".
2.3.6. El interviniente solicita a la Corte, apreciar algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que enuncia, tendientes a señalar las diferencias y características de responsabilidad civil e indemnización plena como son las sentencia 27/01/94, expediente 6143,M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; 15/07/94, expediente 6681, M.P. Hugo Suescún Pujols; 04/09/95, expediente 7542, M.P. Rafael Méndez Arango; 23/01/96, Expediente 7995, M.P. Rafael Méndez Arango; 12/02/96, Expediente 8195, M.P. Rafael Méndez Arango; 08/05/97, expediente 9389, M.P. Rafael Méndez Arango y 10/09/97, Expediente 9806, M.P. Jorge Iván Palacio.
2.3.7. De la misma manera, se solicita rechazar la petición del demandante, de que las ARP asuman la indemnización plena y ordinaria que le correspondería al empleador por cuanto se rompe con el principio de sostenibilidad financiera pues el sistema de Riesgos Profesionales no está ideado para cubrir daños materiales, morales y fisiológicos emanados de la culpa patronal.
2.3.8. El interviniente concluye que:
"1) La demanda carece de las razones precisas y concretas por las cuales se estructura la acción de inconstitucionalidad contra la norma demandada, no existe el motivo o fundamento de la violación a la constitución política, y no se consagra en que artículos de manera específica existe el quebrantamiento Constitucional.
2) Los anteriores argumentos demuestran como efectivamente existe una ineptitud en la presente demanda, careciéndose de un examen de fondo y una edificación de cargos que demuestren la inconstitucionalidad de la norma demandada."
3.1 El Ministerio Público comienza su análisis jurídico señalando la regulación de cada régimen en Colombia "El primero, previsto en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que contiene la expresión demandada, se funda en la hipótesis de la culpa probada del empleador y le impone la obligación de pagar una indemnización total y ordinaria de los daños. El segundo, previsto en el Libro III, artículos 249 y siguientes de la Ley 100 de 1993, desarrollado por la Ley 776 de 2002 y el Decreto 1295 de 2004, se funda en la hipótesis del riesgo y le impone a las entidades que hacen parte de la seguridad social, en particular del sistema general de riesgos profesionales, la obligación de pagar una indemnización conforme a unas tarifas reguladas".
3.2 Considera que los dos regímenes no son equiparables ya que "en el primero existe culpa probada del empleador, mientras que en el segundo no existe culpa probada de ninguna persona. Esto implica que el primero es un régimen de responsabilidad subjetiva, en el cual es menester demostrar de manera suficiente y adecuada la existencia del daño, la culpa del empleador y el nexo causal entre ambos. También implica que el segundo es un régimen de responsabilidad objetiva, en el cual no es necesario demostrar la culpa de ninguna persona, sino que es suficiente demostrar la existencia del daño y el nexo causal entre éste y el ejercicio de la profesión u oficio del trabajador".
3.3 Argumenta que el demandante trata de equiparar los regímenes, pretendiendo que se declare la inexequibilidad del segundo de ellos, argumentando que la indemnización debe ser total y ordinaria, pero para el ministerio Público, si esa es su intención escogió el camino equivocado pues lo correcto era demandar la normativa del sistema de riesgos profesionales.
De esta manera, si se sacara de la regulación el aparte demandado, se suprimiría "el régimen de responsabilidad del empleador, consecuencia que no es querida por el actor y que, no sobra advertirlo, constituiría una grave desprotección del trabajador y una medida regresiva en materia de seguridad social, que iría en contra del claro mandato de varios tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad".
Así las cosas, el Procurador considera que "la demanda no cumple con las condiciones de especificidad, pertinencia y suficiencia, que se requieren para que la Corte pueda pronunciarse de fondo sobre ella".
Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 216, parcial del Código Sustantivo del Trabajo, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de textos normativo que forman parte de una ley.
El demandante considera que el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo vulnera el preámbulo y los artículos 1, 13 y 53 de la Constitución Política. Lo anterior por cuanto sólo el trabajador cuyo accidente o enfermedad laboral ha sido ocasionada por culpa de su patrono tendrá derecho a una indemnización de perjuicios, mientras que lo demás quedan desprotegidos.
En este sentido, al diferenciar la reparación plena de perjuicios en el caso de culpa o no del empleador, se discrimina a los trabajadores que sufren enfermedad o accidente de trabajo sin culpa del empleador, ya que ellos no tendrán derecho a que se les repare plenamente, lo cual genera una desventaja frente a los que sufren daños y perjuicios causados por el empleador en la realización del accidente o enfermedad.
Todos los intervinientes solicitan a esta Corporación declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por cuanto la argumentación esgrimida por el actor se basa en juicios vagos e indeterminados y olvida la existencia del sistema de riesgos profesionales que ampara la responsabilidad objetiva del riesgo laboral. De otro lado, de forma subsidiaria solicitan la exequibilidad de la disposición por cuanto la creación de un sistema de aseguramiento ofrece, al contrario de lo sostenido por el accionante, una protección reforzada al trabajador que en el caso de desaparecer implicaría una medida regresiva.
Planteado entonces el debate constitucional, esta Corporación debe establecer previamente si la demanda presentada por el ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero, permite un pronunciamiento de fondo.
4.2.1. LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA
4.2.1.1 Es decir, para que realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que estos permitan efectuar a la Corte Constitucional una verdadera confrontación entre la norma acusada, los argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional supuestamente vulnerada.
4.2.1.2 En este contexto, en Sentencia C-1052 de 2001[2], esta Corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, pues de no ser así, la decisión que adopte la Corte necesariamente debe ser inhibitoria[3].
4.2.2 Ausencia de una lectura sistemática de la norma acusada en conjunto con el sistema de riesgos profesionales
En efecto, éste se estructura a partir de la existencia de un riesgo creado por el empleador, en la que no se toma en cuenta la culpa sino que se establece una responsabilidad objetiva por cuya virtud el sistema obligado a reparar los perjuicios que sufre el trabajador al desarrollar su labor en actividades de las que el empresario obtiene un beneficio[4].
4.2.2.2 No sobra recordar que en desarrollo del derecho a la seguridad social (art. 48 C.P.) se expidió, por el Congreso de la República, la Ley 100 de 1.993"por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones", como "el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad". Como componentes de dicho sistema integral el Legislador estableció los regímenes generales de (i) pensiones (ii) salud, (iii) riesgos profesionales y (iv) los servicios sociales complementarios definidos en la misma ley.
En el Libro Tercero de la Ley 100 de 1993, el legislador consignó algunas disposiciones relacionadas con el Sistema general de riesgos profesionales[5], y en el artículo 139-11 de la misma, revistió al Presidente de facultades extraordinarias para organizar la administración de dicho sistema. En ejercicio de las misma se expidió el Decreto Ley 1295 de 1994, donde se dispone que el sistema general de riesgos profesionales comprende "el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan" (art. 1o)."
a) "Establecer las actividades de promoción y de prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad;
d) Fortalecer las actividades tendientes (sic) a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgo profesional"
4.2.2.3 Ahora bien, como lo recuerdan todos los intervinientes, con la creación de esta forma de aseguramiento, el legislador, con el propósito de proteger a los trabajadores de las contingencias o daños que sufran como consecuencia de la relación laboral, ha impuesto la obligación a los empleadores de trasladar los riesgos a entidades especializadas en su administración, mediando una cotización a cargo exclusivamente del empleador[6] y ha determinado claramente las prestaciones a las que tendrán derecho los trabajadores que se vean afectados por una contingencia de origen profesional[7].
En ese orden, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional la concepción misma del sistema "implica que las entidades aseguradoras asumen elriesgo objetivo que en principio tendrían los empleadores pero que por virtud de la ley y en aras de otorgar una mayor protección a los trabajadores, se les traslada a ellas, mediando, una cotización que se encuentra a cargo del patrono. La función que cumplen es entonces prevenir, atender y proteger a la población trabajadora de los efectos causados por accidentes y enfermedades que les puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan."[8] Específicamente, en la sentencia C-453 de 2002, esta Corporación se refirió a la teoría del riesgo creado que el legislador adoptó en esta materia. Sobre el particular dijo:
"Ahora bien, como lo recuerda el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Sistema de Riesgos Profesionales se estructura a partir de la existencia de un riesgo creado por el empleador. El Legislador acoge en esta materia la teoría del riesgo creado en la que no se toma en cuenta la culpa del empleador sino que se establece una responsabilidad objetiva por cuya virtud resulta obligado a reparar los perjuicios que sufre el trabajador al desarrollar su labor en actividades de las que el empresario obtiene un beneficio[9].
Actualmente la Ley con el propósito de proteger a los trabajadores de las contingencias o daños que sufran como consecuencia de la relación laboral, ha impuesto la obligación a los empleadores de trasladar ese riesgo a entidades especializadas en su administración, mediando una cotización a cargo exclusivamente del empleador[10] y ha determinado claramente las prestaciones a las que tendrán derecho los trabajadores que se vean afectados por una contingencia de origen profesional[11].
En ese orden de ideas las entidades Administradoras de Riesgos Profesionales, bajo un esquema de aseguramiento,-en el que las cotizaciones o primas, que el empleador entrega al sistema por cada uno de los trabajadores afiliados, generan una mutualidad o fondo común, con el cual se financian las prestaciones anotadas -,deben ocuparse de brindar a los trabajadores la prestación de los servicios de salud que requieran, así como asumir el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas establecidas en el Decreto Ley 1295 de 1994 -incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario -, al tiempo que deben realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos profesionales, y promover y divulgar programas de medicina laboral, higiene industrial, salud ocupacional y seguridad industrial[12]."
"Respecto a la diferencia de la regulación de estas dos clases de responsabilidades, esto es, la prevista para el Sistema de Seguridad Social Integral - Sistema de Riesgos Profesionales, y la señalada para el empleador que incurra en culpa patronal, en casación del 30 de junio de 2005 radicado 22656, reiterada en decisión del 29 de agosto de igual año radicación 23202, esta Corporación puntualizó:
" (...) es del caso precisar que para que se cause la indemnización ordinaria y plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo exige la ley, amén, obviamente, de la ocurrencia del riesgo, esto es, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, la culpa suficientemente comprobadanone del empleador; a diferencia de lo que ocurre con las prestaciones económicas y asistenciales tarifadas previstas, hoy, en los artículos 249 y siguientes de la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas que las reglamentan, especialmente las contenidas en el Decreto 1295 de 1994, que se causan por el mero acaecimiento de cualquiera de las contingencias anotadas, sin que para su concurso se requiera de una determinada conducta del empleador.
"Dicha diferencia estriba, entonces, esencialmente, en que la segunda de las responsabilidades señaladas, es decir, la del Sistema General de Riesgos Profesionales, es de carácter eminentemente objetivo, de modo que, para su definición, basta al beneficiario de las prestaciones que de ella se desprende acreditar el vínculo laboral y la realización del riesgo con ocasión o como consecuencia del trabajo; en tanto que, la responsabilidad que conlleva la indemnización ordinaria y total de perjuicios tiene una naturaleza subjetiva, de modo que, su establecimiento amerita, además de la demostración del daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, la prueba del incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad que, según lo señalado por el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, de modo general le corresponden.
"Este sistema dual de responsabilidad asegura, por una parte, que el Sistema General de Riesgos Profesionales cubra los riesgos que por su propia naturaleza genera el trabajo; y, de otro lado, que los daños ocasionados al trabajador por conducta culposa y dolosa de su empleador le sean resarcidos total y plenamente, atendiéndose el régimen general de las obligaciones.
"Dichas responsabilidades comportan un nexo de causalidad entre el trabajo y el accidente de trabajo o la enfermedad profesional que afectan la salud o integridad del trabajador. Nexo que, en términos del accidente de trabajo, se produce "por causa o con ocasión del trabajonone, como lo prevé el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994; y, en materia de enfermedad profesional, como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajadornone, como lo dice el artículo 11 ibídem. "
4.2.2.6. De otro lado, la jurisprudencia constitucional ha establecido requerimientos especiales cuando lo que se busca es la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma por supuesta vulneración del derecho a la igualdad. En efecto, ha dicho la Corporación que la carga argumentativa se acrecienta y por tanto, "la condición esencial para que se consolide un cargo por vulneración del principio de igualdad consiste en la identificación de un tratamiento diferenciado a dos personas o grupos de personas que se encuentren en idénticas circunstancias."[13] De la misma manera, en la Sentencia C-264 de 2008 dijo que el simple hecho de que el legislador establezca diferenciaciones, no lleva consigo una vulneración del derecho a la igualdad. Por tanto, no es válido para los demandantes hacer juicios genéricos, sino que deben presentar las razones por las cuales las situaciones son idénticas y sustentar por qué el trato diferenciado es arbitrario. Dijo la Corte:
Precisamente, en Sentencia C-447 de 1997[14], se manifestó que: "(...) no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal (...)".
En efecto, la condición de certeza del cargo implica la necesidad de acusar un precepto legal del cual se extrae la regla que al compararse con la Constitución puede resultar contraria a ella. Es decir, que el reproche formulado se predique directamente de la disposición atacada. Dicho en otros términos, el cargo de inconstitucionalidad es cierto cuando la acusación que formula el demandante recae sobre una norma jurídica o un precepto legal que "tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto"[15] y cuando las razones de inconstitucionalidad se predican del texto normativo acusado.
4.2.3.2. En el Auto 107 de 2005[16], la Sala confirmó el rechazo de una demanda de inconstitucionalidad por cuanto el demandante deducía efectos que en realidad provenían de una disposición no demandada, relacionada con la facultad de las empresas sociales del Estado de contratar con terceros. Consideró la Sala:
En igual sentido se pronunció la Sentencia C-1084 de 2008[17]. En aquella oportunidad, la Corporación se declaró inhibida frente a una demanda presentada por el artículo 53, (parcial) de la Ley 1151 de 2007, en razón a que los argumentos deducidos por el actor relacionadas con la integración del transporte masivo, no se deducía de la disposición cuestionada sino de las definiciones de la Ley 1151 de 2007, no atacadas por vía de la acción pública. Señaló la Sala:
"Por el contrario, el cargo no cumple el requisito de certeza cuando el actor deduce una proposición que no ha sido expresamente suministrada o no surge de la intención del legislador al regular determinados supuestos, pues no sólo resultaría absurdo ejercer el control sobre una norma inexistente, sino que desnaturalizaría el carácter rogado de la acción, el hecho de que la Corte decida "reemplazar su contenido y fundamentos o extenderla más allá de lo que exige una integración normativa razonable y necesaria"[18] o que, para iniciar el control de constitucionalidad, el juez le haga decir a la norma algo que no lo dice.
4.2.3.3. Estas referencias muestran que en el presente caso, la demanda no cumple con el requisito de certeza en relación con la supuesta vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto como lo señalaron varios intervinientes, la supuesta inconstitucionalidad alegada por el demandante no se deduce del texto acusado. En efecto, si lo que pretende el interviniente es atacar la insuficiencia de las prestaciones del régimen de riesgos profesionales, que como se ha dicho reiteradamente, regula el riesgo sin culpa, es decir, objetivo, ha debido atacar las normas que lo regulan y que se encuentran contenidas en la Ley 772 de 2002. En efecto, el artículo 1 de dicha normatividad dispone que todo "afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente ley."
Inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda Artículo 216 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 216 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
[1] Dice la citada norma: "Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fuequebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda".
[2]M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[3]Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Tomado de las Sentencias C-1052 y 1193 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras
[4]En relación con la evolución de la legislación en este campo y la consagración de la teoría del riesgo creado Ver C.S.J. Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia del 13 de julio de 1993, Acta n. .37 . M.P. Hugo Suescun Pujol.
[5]Invalidez por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, prestaciones médico-asistenciales, pensión de sobrevivientes originadas por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, entre otras.
[6]Arts. 16 y 21 del D.L. 1295 de 1994.
[7]Arts. 5, 6 y 7 del D.L. 1295 de 1994.
[8]Sentencia C-453 del 12 de junio de 2002 (M.P. Alvaro Tafur Galvis). En igual sentido la Sentencia C-250 del 16 de marzo de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[9]En relación con la evolución de la legislación en este campo y la consagración de la teoría del riesgo creado Ver C.S.J. Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia del 13 de julio de 1993, Acta n. .37 . M.P. Hugo Suescun Pujol.
[10]Arts. 16 y 21 del D.L. 1295 de 1994.
[11]Arts. 5, 6 y 7 del D.L. 1295 de 1994.
[12]Art. 80 del D.L. 1295 de 1994.
[13]C-707-05
[14]M.P. Alejandro Martínez Caballero
[15]Sentencia C-871 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[16]M.P. Jaime Araujo Rentería
[18]Sentencia C-422 de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis