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Timestamp: 2019-04-21 10:48:13
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Resolución Nº 1155-2008-tc-s4 sumilla
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Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Resolución Nº 1155-2008-TC-S4
SUMILLA: Debido a que el propio manejo del sistema puede involucrar un riesgo, porque la conexión podría verse suspendida por acontecimientos naturales, ello no lo hace responsable de los efectos, entiéndase perjuicios, que se hubieren generado en el desarrollo del proceso. Ello, en la medida que, la relación causal entre el perjuicio y el caso fortuito no hay lugar a plantear el tema de la responsabilidad.
Lima, 22 de Abril de 2008
VISTO, en sesión de fecha 22 de abril de 2008 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Expediente N.° 1237/2008.TC sobre el recurso de apelación interpuesto por la Empresa de Transporte Elohim S.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 de la Adjudicación Directa Pública № 2-2008/MTC/20.UZAMA, convocada por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) para la adquisición de petróleo diesel 2 para Chamaya, Jaén, San Ignacio y Gestión Administrativa, oído el informe oral el 14 de abril de 2008 y atendiendo a los siguientes:
El 24 de marzo de 2008, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública № 2-2008/MTC/20.UZAMA, en la Modalidad de Subasta Inversa Electrónica, para la adquisición de petróleo diesel 2 para Chamaya, Jaén, San Ignacio y Gestión Administrativa, según relación de ítems, por un valor referencial ascendente a S/. 375 944,80, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV). El ítem 1 tenía como valor referencial el monto de S/. 238 000,00.
Con fecha 2 de abril de 2008, se llevó a cabo la apertura de propuestas, los lances con agentes electrónicos y la mejora de precios. Dado los montos ofertados y estando la documentación presentada conforme, el Comité Especial otorgó la buena pro de los ítems 1 y 2 al postor Jorge Luis Arce Requejo.
Mediante escrito presentado el 4 de abril de 2008, subsanado el 7 del mismo mes y año, el postor Empresa de Transporte Elohim S.R.L., en lo sucesivo ELOHIM, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 1, a fin de que se declare su nulidad y se retrotraiga el proceso hasta la etapa de apertura de propuestas y período de lances, por las siguientes consideraciones:
El principio de igualdad en la contratación administrativa se manifiesta en el sentido de que sólo es posible una real confrontación entre los postores, cuando éstos se encuentran colocados en igualdad de condiciones, sin que exista discriminaciones o tolerancias o circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que favorezcan a unos en perjuicio de otros.
Dada la modalidad de selección del presente proceso de selección, el Comité Especial no puede percatarse si todos los postores se encuentran en iguales condiciones (no sólo jurídica, sino física) de poder formular sus propuestas y lances.
En el caso de la modalidad elegida (subasta inversa electrónica), la igualdad exige que todos los postores se encuentren en idéntica situación, contando con las mismas facilidades y sobre todo acceso a Internet para que hagan sus propuestas y lances, de lo contrario se estaría trasgrediendo los Principios de Libre Competencia, Trato Justo e Igualitario.
Como resulta ser un hecho público y notorio, la región norte y nororiental del país sufre terribles cambios climáticos que originan lluvias torrenciales, las que acompañadas de relámpagos y truenos afectan directamente los sistemas de comunicación, entre ellos el servicio de internet.
De ese modo, el 2 de abril, entre las 9:00 y 14:00 horas, se produjo la suspensión o pérdida temporal del servicio de internet que brinda la empresa Telefónica en la ciudad de Jaén. Esa situación (caso fortuito) impidió que la impugnante participara en la etapa de puja (para ello ha solicitado a dicha empresa la constancia respectiva).
Dicha eventualidad impidió que pudiera efectuar los lances y mejoras que le permitieran seguir compitiendo en igualdad de condiciones para lograr se adjudicado con la buena pro.
Ha solicitado a la empresa Telefónica del Perú que informe que en la fecha y hora antes indicada se produjo la suspensión o pérdida temporal del servicio de Internet en la ciudad de Jaén.
Como consecuencia de un hecho fortuito, la empresa impugnante no pudo participar a lo largo de todas las etapas del proceso, por lo que debe declararse la nulidad de la decisión del Comité Especial de otorgar la buena pro a otro postor, a fin de asegurar una libre competencia en igualdad de condiciones.
Mediante Decreto de fecha 8 de abril de 2008 se admitió a trámite el recurso de revisión y se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal a fin que evalúe y se pronuncie.
El 10 de abril de 2008 el postor ELOHIM presentó copia de reporte periodístico del Semanario de Jaén “Nor Oriente” para dejar constancia de que el 02 de abril de los corrientes había colapsado el servicio de internet desde las primeras horas hasta las 5 de la tarde de ese mismo día.
El 14 de abril de 2008 ELOHIM presentó una constatación notarial y dos declaraciones juradas de propietarios de cabinas públicas de Internet, en las cuales se indica que el servicio e Internet se interrumpió desde las 7:25 hasta las 19:30 horas del 02 de abril del presente año.
El 14 de abril de 2008 se llevó a cabo la Audiencia Pública con la participación de ELOHIM.
El 16 de abril de 2008 el postor Jorge Luis Arce Requejo se apersonó en calidad de tercero administrado y absolvió el traslado del recurso de apelación.
El 17 de abril de 2008 la Entidad se apersonó a la presente instancia y remitió los antecedentes administrativos de la impugnación incoada
Es materia del presente procedimiento el recurso de apelación interpuesto por ELOHIM contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 de la Adjudicación Directa Pública № 2-2008/MTC/20.UZAMA, en la Modalidad de Subasta Inversa Electrónica.
Conforme fluye de los antecedentes expuestos, el asunto controvertido propuesto por el recurrente consiste en determinar si en el desarrollo del proceso de selección impugnado se han trasgredido los Principios de Igualdad y de Libre Competencia y, como consecuencia de ello, si debe declararse la nulidad del proceso.
2. Como punto de partida del análisis al cual se encuentra avocado este Colegiado, resulta necesario traer a colación lo expresado por el Tribunal Constitucional, en atención a lo establecido en el artículo 76º de la Constitución Política del Estado1, al señalar que “La función constitucional de esta disposición es determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos.
En términos generales, el principio de transparencia estará garantizado cuando haya publicidad en la convocatoria, en el adecuado control de calidad en los productos a adquirir, en los resultados de la evaluación de propuestas, y en el manejo de los recursos destinados a la compra en general. Por su parte, habrá trato igualitario cuando bajo ninguna circunstancia se advierta preferencia o tendencia destinada a beneficiar a algún postor determinado. Finalmente, la eficiencia en el manejo de recursos no sólo será exigible en la adjudicación a la mejor oferta técnica y económica, sino también en el diseño del propio programa anual de adquisiciones que cada Entidad efectúe respecto a sus necesidades.”2
3. Resulta importante lo expresado por el Tribunal Constitucional, por cuanto queda claro que mediante los procesos de selección se pretende lograr la eficiencia y transparencia en las adquisiciones y contrataciones que realizan las entidades del sector público, de allí que la administración requiera un adecuado funcionamiento a efectos de garantizar la imparcialidad frente a los postores y la mejor decisión a favor del uso de recursos públicos, teniendo en cuenta, además, que la contratación administrativa trasciende el ámbito económico y social.
Como corolario de lo anterior, se hace imprescindible la vigencia de los principios que sostienen el régimen normativo de los procesos de contratación y adquisición, regulados en las normas de la materia, los cuales sirven de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que pueden suscitarse en la aplicación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
4. Bajo esta premisa, corresponde analizar el tema controvertido materia del presente recurso de apelación.
Así, pues, en el caso que nos ocupa, la Entidad convocó a un proceso de selección bajo la modalidad de subasta inversa electrónica, respecto del cual el impugnante señala que se han vulnerado los principios de igualdad y competencia, debido a que las condiciones climáticas del lugar donde se ubicaba originó que durante el período de lances perdiera la conexión a Internet, impidiéndose así su participación en el proceso.
En torno a la modalidad especial de selección aludida, esto es, la subasta inversa electrónica o virtual, el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en lo sucesivo RLCAE, señala que la misma se realiza a través de la utilización de recursos de tecnología de la información, de acuerdo a los procedimientos que establezca la reglamentación específica.
En tal sentido, el artículo 3 del Reglamento de la Modalidad de Selección por Subasta Inversa Electrónica, aprobado por Resolución N.º 590-2006-CONSUCODE/PRE, de fecha 27 de diciembre de 2006, indica que la subasta inversa electrónica es la modalidad de selección mediante la cual una Entidad realiza la adquisición de bienes incluidos en el Listado de Bienes Comunes a través de un proceso de selección llevado a cabo íntegramente por Internet, y en el cual el postor ganador será el que ofrezca el menor precio y cumpla con las condiciones establecidas en las Bases.
Además, el artículo 12 del Reglamento precitado indica que el desarrollo de las etapas correspondientes a la fase de selección se efectuará y difundirá a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE).
Lo anterior se sustenta en el hecho que, de conformidad con el artículo 66 del LCAE, el SEACE es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las adquisiciones y contrataciones del Estado y, así como la realización de transacciones electrónicas, es decir, constituye la plataforma a través de la cual se desarrollan los procesos que se realizan bajo las modalidades de selección de Convenio Marco y Subasta Inversa Electrónica.
Asimismo, el artículo 16 del anterior Reglamento indica que para inscribirse como participante, el proveedor deberá declarar la aceptación de las condiciones de uso del Sistema para participar en el proceso de selección por Subasta Inversa Electrónica. Para tales efectos, y con carácter de declaración jurada, debe aceptar el formulario que le mostrará el Sistema en el SEACE, el cual contendrá una serie de estipulaciones, como son tener conocimiento que el referido formulario tiene carácter de declaración jurada y tener conocimiento del manual del usuario del Módulo de Transacciones Electrónicas del SEACE.
En torno a ello, se encuentra publicada en el SEACE la “Guía de usuario proveedor del Sistema de Subasta Inversa Electrónica”, de fecha 19 de febrero de 2007, la cual tiene como finalidad orientar a los proveedores en el uso del módulo transaccional del SEACE en los procesos de selección bajo la modalidad Subasta Inversa Electrónica.
En esta guía se advierte que en el cuarto paso para participar en una Subasta Inversa Electrónica el sistema solicita ingresar cierta información como usuario, contraseña, datos de voucher del pago por derecho de participación, así como leer y aceptar los Términos y Condiciones de uso del sistema.
Precisamente en esta sección denominada “Términos y Condiciones de Uso”, se indica que el acceso y uso del SEACE, está sujeto a lo previsto en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Ley N ° 26850), a su Reglamento y a las normas complementarias que sean aplicables así como a las estipulaciones contenidas en los términos y condiciones de uso, los que se entenderán expresamente aceptados por los Proveedores del Estado, Entidades Públicas y público en general por el sólo hecho de utilizar este sitio WEB.
Adicionalmente, se establece que es responsabilidad de los usuarios prevenir y eliminar cualquier evento de carácter técnico, o de otra naturaleza que pueda poner en desventaja su participación durante los procesos llevados a cabo en línea (on line). Con este fin, el usuario deberá comprobar el correcto funcionamiento de la configuración de sus computadores, verificar la disponibilidad y configuración de sus enlaces, asegurar la calidad de sus conexiones a Internet y eliminar problemas o configuraciones incompatibles de sus redes internas.
De la misma manera, se indica que CONSUCODE no será responsable por la interrupción en la recepción de información3, producto de la intervención de algún ISP (Internet Service Provider), ni garantizará los tiempos de respuesta del sitio WEB, más allá de la puerta de sus servidores en los que se encuentra alojado el software del SEACE.
Hasta lo aquí expuesto, resulta meridianamente claro que el SEACE constituye la plataforma electrónica a través de la cual se lleva a cabo la subasta inversa electrónica, en ella se encuentran las herramientas necesarias para que tanto el proveedor como la Entidad convocante desarrollen las etapas del proceso de selección, siendo responsable el CONSUCODE, como institución que administra este sistema, de su habilitación para hacer posible la interrelación de los usuarios del sistema.
Ahora bien, tal como se indican en los Términos y Condiciones de Uso de la modalidad bajo análisis, por ser el SEACE una herramienta tecnológica, se requiere que los usuarios (Entidad y proveedores) se encarguen de adecuar y/o compatibilizar su equipo computador con dicho sistema, respecto de lo cual son enteramente responsables en vista de encontrarse dentro de su esfera de dominio mantener dicha operatividad.
Corresponde ahora determinar si, en el marco de este proceso de selección en la modalidad de subasta inversa electrónica, la interrupción del servicio de Internet en la localidad desde donde se encontraba participando el apelante acarrea responsabilidad en alguno de los usuarios del sistema o de la institución que lo administra, de modo que deba declararse la nulidad del proceso de selección.
Tal como lo señala el recurrente, se habría producido la interrupción del servicio de Internet en la ciudad de Jaén, lugar donde habría estado participando en los lances en línea, ello debido a las lluvias que afectaron este sistema de comunicación. Incluso, agregó en la Audiencia Pública, desde Chiclayo intentó mantener su participación, no obstante, allí también fue afectado dicho servicio.
Más allá de que, en efecto, el servicio de Internet se hubiera paralizado en el momento que el recurrente se encontraba participando en línea, este Colegiado advierte que la situación descrita constituye un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, figura definida en el artículo 1315 del Código Civil como la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.
Sobre lo anterior, se advierte que el caso fortuito o de fuerza mayor consta, por una parte, de un elemento objetivo, relativo a la existencia de un acontecimiento anormal y ajeno a la voluntad del interesado y, por otra parte, de un elemento subjetivo, relativo a la obligación, por parte del interesado, de tomar precauciones contra las consecuencias de este acontecimiento, mediante la adopción de medidas adecuadas y, en particular, vigilando el desarrollo del procedimiento y acreditando una actuación diligente.
Señala Peirano Facio4, que no existe problema alguno cuando un daño es causado directa y exclusivamente por un caso fortuito o fuerza mayor, ya que al no provenir el perjuicio de la acción de persona alguna no se podrían plantear un problema de responsabilidad.
En esa medida, indica que en la relación causal entre el perjuicio y el caso fortuito no hay lugar a plantear el tema de la responsabilidad.
Bajo este contexto, no se ajusta a derecho ni resulta tampoco razonable que se pretenda, como lo hace el impugnante, atribuir responsabilidad, indirectamente, a la conducción del proceso de selección por un hecho totalmente ajeno al mismo, cuyo origen no resulta atribuible a ninguna de las partes, es decir, a la Entidad y los proveedores, ni menos al CONSUCODE.
En efecto, la pérdida de conexión al Internet en las condiciones señaladas por el impugnante supone un riesgo que debe ser asumido por el usuario; sin embargo, por tratarse de una situación imprevisible el mismo no le puede ser imputable, a él ni a los demás usuarios, que por cierto, pueden encontrarse en diversos lugares del país. Siendo ello así, dado que el propio manejo del sistema puede involucrar un riesgo, porque la conexión podría verse suspendida por acontecimientos naturales, tal como habría acontecido en el presente caso, ello no lo hace responsable de los efectos, entiéndase perjuicios, que se hubieren generado en el desarrollo del proceso.
De otro lado, debe resaltarse que el propio impugnante ha reconocido en la Audiencia Pública que tenía conocimiento de los problemas de conexión a internet desde las 5:00 a.m. del 02 de abril de los corrientes, además de las circunstancias climáticas del lugar, de lo que era posible advertir su falta de fluidez, al encontrarse por períodos determinados interrumpido, a pesar de lo cual asumió el riesgo de participar en esas condiciones en el proceso de selección.
En este orden de ideas, es posible concluir la ausencia de causalidad del hecho descrito con la afectación a los principios invocados por el impugnante en su recurso de apelación. Lo que sucede es que el caso fortuito y la fuerza mayor constituyen supuestos de fractura del nexo de causalidad y, en tanto, este nexo es uno de los requisitos de la responsabilidad, lo que se exime a quien se haya visto afectado por esto es justamente de su responsabilidad.
De otro lado, sobre el Principio de Libre Competencia, el artículo 3, numeral 2, de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en lo sucesivo LCAE, señala que en los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores potenciales.
En el numeral 8 del citado artículo, se establece que por el Principio de Trato Justo e Igualitario todo postor de bienes, servicios o ejecución de obras debe tener participación y acceso para contratar con las condiciones semejantes a las de los demás, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo las excepciones de ley.
Ahora bien, con relación al Principio de Igualdad, señala el recurrente que los postores deben encontrarse en iguales condiciones, para lo cual no deben ser objeto de discriminación o situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.
Sin embargo, olvida el recurrente que los hechos de caso fortuito o fuerza mayor se caracterizan por ser imprevisibles e irresistibles, por lo que resulta imposible limitar su configuración. En esa medida, la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales no puede tener por objeto la eliminación de supuestos imprevisibles o irresistibles, por encontrarse fuera del control del hombre y por ende del derecho.
Por tanto, debe quedar claro que los Principios de Libre Competencia y de Trato Justo e Igualitario suponen el respeto a la igualdad de participación de todos los postores, lo que implica que las normas que regulan los procesos de adquisición y contratación, y en particular las Bases, no pueden incluir regulación alguna que impida la libre competencia entre los oferentes potenciales, ni tratos más o menos ventajosos para ciertos oferentes. De esta manera, se pretende lograr el pleno acceso a los procesos sin discriminación alguna, siempre que se cumplan con los requisitos necesarios para acceder a los mismos, ya que así se garantiza a su vez una libre competencia, a efectos de obtener una oferta adecuada al mercado y, por tanto, óptima para la Entidad convocante.
Como se puede apreciar, los principios señalados se encuentran íntimamente ligados y resultan plenamente exigibles en todas las fases del proceso de contratación, dado que su finalidad es reducir el margen de la posible discrecionalidad administrativa en favor de la imparcialidad y objetividad de su actuación. Esto significa que en los procedimientos de selección no sólo se trata de proteger los intereses económicos que la Administración tiene a su cargo, sino que también debe existir cuidado por garantizar un trato igual, sin discriminaciones, de la Administración a los administrados.
En torno a ello, el postor impugnante no ha planteado algún supuesto previsto en el proceso de selección que haya limitado la libertad de empresa y por ende de competencia o la existencia de condiciones restrictivas que hayan lesionado sus intereses y derechos como oferente. Por el contrario, el supuesto de hecho alegado por el impugnante tiene su origen en un caso fortuito o de fuerza mayor que no se ha producido, evidentemente, como consecuencia de la aplicación de las reglas del proceso de selección por parte del Comité Especial, siendo ello así no cabe declarar la nulidad del mismo.
En efecto, el artículo 57 de la LCAE señala que el Tribunal en los casos que conozca, declarará nulos los actos administrativos expedidos por las Entidades cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el proceso.
Por consiguiente, al amparo de la citada norma legal, se colige que no existe sustento fáctico ni jurídico para declarar la nulidad del presente proceso de selección, respecto del ítem 1.
En el caso negado, de concluir que la interrupción del servicio de internet debido a las condiciones climáticas en un determinado lugar implica la afectación a las condiciones de igualdad de participación, significaría que no sólo la Entidad convocante, sino el Estado serían responsable por un acontecimiento natural que impidió a un postor proseguir con su participación en un proceso de selección, lo que conllevaría irrazonablemente a la nulidad del proceso.
Así, en un caso extremo, en cualquier tipo de proceso, se tendría que declarar la nulidad cada vez que por un acontecimiento ajeno a las partes del proceso, el postor no llegue a tiempo a la entrega de sus sobres, al acto público para la realización del sorteo en acto público, entre otros supuestos, situación no resiste mayor análisis jurídico, por cuanto excede los alcances del Principio de Trato Justo e Igualitario que prohíbe, a lo sumo, la existencia de preferencias o tendencias destinadas a beneficiar a algún postor determinado.
Consiguientemente, en virtud al análisis efectuado y de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 163 del RLCAE, corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por ELOHIM.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Dr. Derik Latorre Boza y de los Dres. Juan Carlos Mejía Cornejo y Martín Zumaeta Giudichi, atendiendo a la reconformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado según lo dispuesto en la Resolución Nº 035-2008-CONSUCODE/PRE, expedida el 31 de enero de 2008, así como lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N.º 005/003 de fecha 04 de marzo de 2002 y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 53°, 59° y 61° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004.PCM, el artículo 163 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004.PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 028-2007-EF, y los artículos 17º y 18º del Reglamento de Organización y Funciones del CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2007-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor Empresa de Transporte Elohim S.R.L. contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 de la Adjudicación Directa Pública № 2-2008/MTC/20.UZAMA; y por su efecto, ratificar dicho acto, conforme a los fundamentos expuestos.
Ejecutar la garantía presentada por Empresa de Transporte Elohim S.R.L. para la interposición del recurso de apelación, respecto del ítem 1.
Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de 30 días calendario de emitida la presente resolución; debiendo autorizar por escrito a la persona que realizará dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de CONSUCODE para su custodia por un plazo de seis (6) meses, luego del cual serán remitidos al Archivo General de la Nación, bajo responsabilidad.
Dar por agotada la vía administrativa.
Mejía Cornejo
Zumaeta Giudichi
Latorre Boza
1 “Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.
La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.”
2 Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 17 de mayo de 2004. Expediente N.º 020-2003-AI/TC.
3 Es importante destacar esta situación, pues estamos frente a un caso en el que se utilizan las tecnologías de la información (medios electrónicos) para permitir la participación de postores en un mayor ámbito geográfico en el que se desenvuelve la entidad convocante, pero el uso de esos medios electrónicos encierra sus propias debilidades y riesgos.
4 PEIRANO FACIO, Jorge. Responsabilidad Extracontractual. Segunda Edición. Editorial Temis S.A. 2004. Pág. 454.