Source: http://laboralparatodos.com/sentencia-c-60910-constitucionalidad-de-la-ley-1359-de-2009-del-25-de-noviembre-de-2009-acuerdo-de-cooperacion-laboral-entre-canada-y-la-republica-de-colombia/
Timestamp: 2017-06-25 22:31:12
Document Index: 254975698

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 9', 'artículo 116', 'artículo 9', 'artículo 241', 'artículo 29', 'artículo 24', 'artículo 54', 'artículo 31', 'artículo 9', 'artículo 29', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 8', 'artículo 154', 'artículo 163', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 160', 'artículo 157', 'artículo 146', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 93']

[Sentencia C-609/10]- Constitucionalidad de la Ley 1359 de 2009, del 25 de noviembre de 2009-Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia | laboralparatodos.com
[Sentencia C-609/10]- Constitucionalidad de la Ley 1359 de 2009, del 25 de noviembre de 2009-Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia
Inicio » Sentencias » [Sentencia C-609/10]- Constitucionalidad de la Ley 1359 de 2009, del 25 de noviembre de 2009-Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia	Sentencia C-609/10
Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil diez (2010) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 3 de diciembre de 2009, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de la Ley 1359 de 2009, de noviembre 25 de 2009, para efectos de su revisión constitucional. La Magistrada Sustanciadora, mediante auto de 22de enero de 2010, avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de varias pruebas. Recibidas éstas, ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores.
III.	INTERVENCION DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
1.	Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores
En carta dirigida a esta Corporación el 1 de febrero de 2010, Margarita E. Manjarrez Herrera, actuando en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, como coordinadora del Área de Tratados, solicitó declarar exequible la Ley 1359 de 2009. Para tal fin se refirió a los antecedentes de la norma, la celebración, suscripción y aprobación del acuerdo, y el desarrollo de principios constitucionales por la ley estudiada. Como antecedentes indicó que este acuerdo de cooperación laboral se encuentra directamente ligado con el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Colombia y Canadá. Esto debido a que el acuerdo laboral corresponde a los compromisos de protección al derecho al trabajo en las relaciones comerciales que el Tratado de Libre Comercio fomente. Este Ministerio afirmó que la celebración, suscripción y aprobación del contrato fue realizado por persona idónea y cumplió con los trámites de una ley ordinaria. La aprobación ejecutiva del Presidente fue dada el 24 de marzo de 2009 y la sanción presidencial el 25 de noviembre de 2009. El Ministerio también indicó que el presente acuerdo desarrolla varios de los principios constitucionales contenidos en los artículos 9, 44, 53, 150, numeral 16, 226 y 227. Esto en razón a que facilita la integración de los Estados, desarrolla el principio de reciprocidad y posee mecanismos para garantizar su rigurosidad y cumplimiento.
De esta forma, mediante la cooperación internacional se logra aumentar los niveles de cumplimiento de los estándares laborales, se da aplicación a los principios de la OIT y se logra combatir el dumping social. 2.	Intervención del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Luís Guillermo Plata Páez, como Ministro de Comercio Industria y Turismo, mediante comunicación del 15 de marzo de 2010, solicitó a esta Corte declarar exequible la Ley 1359 de 2009. La intervención del Ministerio consideró los siguientes elementos: competencia para la negociación, relación entre el Acuerdo de Cooperación Laboral y el TLC, contenido el acuerdo de cooperación laboral, conveniencia del acuerdo, cumplimiento de los preceptos constitucionales. Sobre la competencia para desarrollar el acuerdo, el Ministerio indica que en aplicación del Decreto 4712 de 2007, se conformó un equipo negociador. Tal equipo estuvo conformado por funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de la Protección Social y del Ministerio de Relaciones Exteriores. La negociación del Acuerdo Cooperación Laboral inició en la segunda de las tres rondas realizadas para las negociaciones del TLC con Canadá, en la ciudad de Ottawa, Canadá. La última ronda se llevó a cabo en la ciudad de Lima-Perú del 19 al 24 de noviembre. Finalmente, la suscripción del tratado se realizó el 21 de noviembre de 2009, en la ciudad de Lima, Perú, por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en uso de los plenos poderes conferidos por el Presidente de la República, el 18 de noviembre de 2008. El Ministerio indicó que existe una relación de dependencia entre el acuerdo de cooperación laboral y el tratado de libre comercio celebrado con Canadá, ya que este último tiene por motivación fortalecer la relación comercial, la diversificación de mercados y el aumento de las exportaciones que tiene por consecuencia la generación de empleos productivos y mejor remunerados y por ende la definición de obligaciones laborales. El Ministerio describe el contenido del acuerdo de Cooperación Laboral y señala como objetivo principal “garantizar la efectiva inclusión de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores en la legislación interna de las Partes y hacer cumplir dicha legislación, buscando proteger a los trabajadores en sus derechos laborales fundamentales, desde un enfoque cooperativo.”
Se señaló que el acuerdo era conveniente para nuestro país en razón a que “crea bases sólidas para trabajar conjuntamente en la protección de los trabajadores, aplicando efectivamente la legislación laboral de cada Parte referida a los Principios y Derechos Fundamentales del trabajo de la Declaración de la OIT. Otorga a los trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales respecto de sus condiciones laborales”. Adicionalmente, se señaló que el acuerdo crea una “estructura institucional sólida para la búsqueda de soluciones de consenso entre las Partes, mecanismo de solución de controversias, eventuales multas, se establecen áreas para programas de cooperación, línea de actividades de cooperación.” En cuanto al cumplimiento de los preceptos constitucionales reitera la competencia del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Presidente de la República para efectos de la negociación y suscripción de tratados internacionales, y en este caso particular, la negociación y suscripción del Acuerdo de Cooperación Laboral con Canadá.
Al referirse al trámite de la ley aprobatoria indicó que “este se sujetó a la Constitución Política y a las normas de procedimiento señaladas en la Ley 5 de 1992, pues, se observaron en forma debida los plazos que deben existir entre los debates adelantados, se cumplió con las mayorías requeridas para la aprobación del proyecto en cada una de las sesiones en Senado y Cámara y llevaron a cabo los debates requeridos y se hicieron las respectivas publicaciones de las ponencias.” Para el Ministerio los principios constitucionales de internacionalización de las relaciones económicas establecidos en los artículos 226 y 227 son desarrollados mediante el presente acuerdo en razón a que, según el Ministerio, es el mecanismo más eficaz para desarrollar políticas como la transformación de la economía colombiana a las necesidades del mundo globalizado. Al respecto el Ministerio afirmó: “los acuerdos internacionales como el acuerdo en estudio, fomentan las oportunidades comerciales que se materializan en oportunidades para los empresarios y los trabajadores. La competencia que se deriva de la liberalización del comercio contribuye a que las empresas deban alcanzar altos estándares de competitividad y productividad, mayor capacitación y calificación de la mano de obra y mejores condiciones laborales, lo cual también repercute en mejores condiciones de vida para los colombianos y refuerza los principios constitucionales.” Así las cosas, para el Ministerio este acuerdo pone en evidencia el esfuerzo del Estado colombiano por internacionalizar sus relaciones económicas y sociales, para el fortalecimiento de los lazos con las demás naciones del mundo en los términos que establecen los artículos 226 y 227 de la Constitución Política.
Por otro lado, el Ministerio manifestó que el proceso de negociación del Acuerdo el Gobierno Nacional se desarrolló acorde con los principios de transparencia y participación de la sociedad civil. En cumplimiento del artículo 9, del Decreto 4712 de 2007, en el marco de las negociaciones del TLC, entre Colombia y Canadá y de los acuerdos de Cooperación Laboral y Ambiental que se negociaron paralelamente al TLC se habilitaron escenarios de participación para la sociedad civil colombiana, tales como reuniones previas a cada una de las rondas con representantes de la sociedad civil, reuniones posteriores a cada una de las rondas con la sociedad civil y el sector privado, habilitación del Cuarto de al Lado , información en la página web, cuarto de lectura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Información a representantes sindicales, reuniones con grupos técnicos e información a las entidades territoriales.
En esa medida, el Ministerio considera desarrollos de los principios del debido proceso y del derecho a la defensa, la creación de un Consejo Ministerial, como mecanismo institucional que pretende asegurar la efectiva administración del Acuerdo. Según el Ministerio, la creación de este mecanismo no tiene contradicción alguna con la Constitución Política y es un mecanismo ya usado en diferentes convenios y tratados y declarado exequible por la Corte. En opinión del Ministerio, el Mecanismo de Solución de Controversias establecido en el acuerdo es un desarrollo de los principios de debido proceso y derecho a la defensa. Lo anterior por cuanto permite el establecimiento de un panel arbitral imparcial y calificado, con funciones transitorias, al igual que ocurre con el arbitraje en virtud del cual se les entrega a los particulares la función de administrar justicia, también de forma transitoria. De esta forma se considera una aplicación concreta del artículo 116 de la Constitución Política. Sobre las cláusulas sobre enmiendas, entrada en vigor y terminación del acuerdo, el Ministerio indica que los artículos del Acuerdo que aluden a las enmiendas, entrada en vigor, terminación y adhesión al mismo por terceros países, están plenamente sometidos a la Constitución Política, pues en virtud del artículo 9, en concordancia con los artículos 189 numeral 2, y 224 a 227, fueron negociados por el Gobierno Nacional bajo el ejercicio pleno de la soberanía nacional y en virtud del principio de autodeterminación de los pueblos. Resalta igualmente que la posibilidad de enmienda contemplada en el acuerdo resulta armónica con el numeral 10 del artículo 241 y con los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos, pues cada Estado debe resolver sus propios asuntos y de tomar las decisiones que crean convenientes.
El artículo 29 del Acuerdo establece que si bien el Acuerdo de Cooperación Laboral es autónomo, está ligado estrechamente con el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Canadá y Colombia, pues el mismo es desarrollo del Capítulo Laboral del TLC, de tal manera que si el TLC no entra en vigor no se cumple la obligación de entrada en vigor de este Acuerdo. Esto acorde con lo establecido en el artículo 24 numeral 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1986, donde se expresa que “Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores”. Aplicando el artículo 54 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, donde se indica que a voluntad de las partes se podrá negociar la terminación de los Acuerdos de la manera que consideren necesario según sus intereses, en el acuerdo estudiado se estableció en el artículo 31 que el mismo permanecería mientras subsista el Acuerdo de Libre Comercio, y, así mismo, si “se rescindiera el TLCCo, cualquiera de las Partes podrá denunciar este Acuerdo dando notificación por escrito a la otra parte. La denuncia tendrá efectos 14 días después de la recepción de la notificación escrita.”
En cuanto a los canjes de notas diplomáticas entre Colombia y Canadá, se tiene que estos se originaron a causa de la presencia de errores mecanográficos y de traducción en el Acuerdo después de su suscripción. Por lo tanto, estos no afectaron el contenido material del texto y fueron aceptados por Colombia el 20 de febrero de 2009. El canje de notas como tal constituye un acuerdo o tratado internacional entre los mismos gobiernos firmantes del Acuerdo, pero cuyo nacimiento a la vida jurídica en el plano internacional se encuentra íntima e inexorablemente ligado a éste último. En consecuencia, la entra en vigor del Canje de Notas ocurre en la misma fecha, y de manera concurrente con este Acuerdo. Así las cosas, según el Ministerio, se encuentra acorde a la Constitución y debe ser declarado exequible, al igual que la totalidad del acuerdo analizado. IV.	CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación, mediante oficio del 22 de abril de 2010, rindió el concepto No. 4949, en el cual se pronuncia sobre la constitucionalidad de la Ley 1359 de 2009, y sobre el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia”, y solicita declarar su exequibilidad. El análisis formal se refirió a la adopción del acuerdo y el trámite del proyecto legislativo, el cual fue encontrado ajustado a derecho.
En cuanto a lo material, indicó que este acuerdo, al regular las condiciones labores de canadienses en Colombia o de colombianos en Canadá, promueve la internacionalización de las relaciones labores en un contexto donde la liberalización del comercio impulsa la competencia y hace elevar los estándares de competitividad y productividad que hacen necesario una mejor capacitación y mano de obra, y en consecuencia crear mejores condiciones laborales, que es el objetivo de este acuerdo, de la misma forma el presente Instrumento Internacional impulsa y promueve canales de cooperación y desarrollo entre los Estados firmantes. Para la Procuraduría, esta internacionalización de las relaciones laborales se desarrolla en aplicación de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, donde la cooperación internacional es utilizada para aumentar los niveles de cumplimiento de los estándares laborales. De esta forma se desarrolla lo establecido en los artículos 226 y 227 Superiores. En concepto del Procurador, el acuerdo tampoco lesiona el artículo 9 de la Constitución Nacional, debido a que la soberanía nacional no se afecta ya que la aplicación del acuerdo está acorde con el ordenamiento jurídico. El artículo 29 de la Constitución Política también es respetado al garantizar el acuerdo el acceso a la justicia por parte de los trabajadores y establecer tribunales competentes, procedimientos laborales justos y equitativos y el respeto del derecho de defensa como protección al debido proceso. Conforme a lo anterior, el Procurador en su concepto afirmó: “Así las cosas podemos concluir que las obligaciones en materia laboral asumidas en el Acuerdo no limitan de manera alguna los derechos laborales de los trabajadores y en consecuencia se ajusta a los preceptos constitucionales porque su contenido desarrolla y respeta los mandatos plasmados en la Carta Política, pues busca salvaguardar los intereses superiores del Estado dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacional.”
1.	Competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados. 1.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la sentencia C-468 de 1997, dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. 1.2. En cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso. 1.3. Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado. Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado. 1.4. En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución Política. 1.5. Dicho examen de fondo es exclusivamente jurídico y por lo tanto no comprende cuestiones de conveniencia, oportunidad, utilidad y eficiencia, como lo ha resaltado la Corte y se reitera en el apartado 4.2.1 de la sentencia C-750 de 2008 sobre el TLC. 1.6. Adicionalmente, respecto de los tratados como el presente, la Corte ha resaltado que como el control constitucional que ejerce es abstracto y previo, es imposible anticipar todas las hipótesis de aplicación y de interpretación del mismo, por lo cual sólo ante una contradicción evidente y puntual con la Carta procede la declaratoria de inconstitucionalidad del aparte correspondiente del tratado. No obstante, a medida que éste es desarrollado y aplicado por medio de diversos actos en el ámbito colombiano – expedidos por los órganos competentes, cuyas atribuciones constitucionales se mantienen incólumes – tales actos pueden ser objeto de control constitucional por vía de los mecanismos existentes en el ordenamiento jurídico, como se señala en los apartados 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 de la sentencia C-750 de 2008 sobre el TLC. Por lo tanto, esta Corte puede ejercer plenamente sus competencias sobre tales actos, para verificar su conformidad con la Carta a la luz del bloque de constitucionalidad, como se advierte en el apartado 4.2.8 de la sentencia mencionada. No obstante, esta posibilidad no implica que la Corte Constitucional, juez de la validez constitucional, se convierta en un juez de la armonización interpretativa de diversos tratados. Precisado el alcance del control constitucional, pasa la Corte a examinar la ley aprobatoria y el convenio de la referencia.
2.	La revisión formal de la Ley 1359 de 2009
2.1.	Remisión de la ley aprobatoria y canje de notas por parte del Gobierno Nacional
El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación, el 3 de diciembre de 2009 la Ley 1359 de 2009, sancionada por el Presidente el 25 de noviembre de 2009, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia” del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia, de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, es decir, dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política. 2.2.	Negociación y celebración del Tratado
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. Sobre este punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2010, recibido el 5 de febrero de 2010, manifestó que el Presidente de la República confirió plenos poderes al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luís Guillermo Plata Páez, para que en representación del Gobierno Nacional procediera a la suscripción del Acuerdo de Cooperación, dando así cumplimiento a lo que establece el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 2.3.	Aprobación presidencial
El 31 de marzo de 2009, el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia.” De igual forma, ordenó someter al Congreso la aprobación de estos dos instrumentos internacionales. Para tal fin, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, presentaron a consideración del Congreso el Acuerdo de Cooperación y el Canje de Notas en mención. 2.4.	Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1359 de 2009
Salvo la exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado de la República, la Constitución Política no señala un procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes, por lo cual a éstas les corresponde el proceso de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157,158, 160 y 165 de la Carta, entre otros. De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el Proyecto de Ley 1359 de 2009, 281 Senado, 331 de 2009 Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República.
2.4.1.	El trámite del Proyecto de Ley 1359 de 2009, 281 Senado, 331 de 2009 en las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara
El Proyecto de Ley 281 de 2009 Senado fue presentado el 1 de abril de 2009 ante la Secretaría del Senado de la República por los Ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Araujo Perdomo; de Comercio, Industria y Turismo, Luís Guillermo Plata Páez; de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga; de Agricultura, Andrés Felipe Arias; de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Francisco Lozano; de Comunicaciones, María del Rosario Guerra y de Cultura, Paula Marcela Moreno. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos, fueron publicados en la Gaceta del Congreso de la República No. 188 de 2009. En respuesta al mensaje de urgencia del gobierno nacional presentado el 28 de abril de 2009 , las Mesas Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, mediante las Resoluciones No. 177 de 5 de mayo de 2009 y No. MD 0938 del 5 de mayo de 2009 respectivamente, autorizaron la realización de sesiones conjuntas de la Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes de Senado y Cámara para debatir y aprobar el Acuerdo de Cooperación Laboral y el Canje de notas.
La ponencia conjunta correspondió a los Senadores de la República Darío Angarita Medellín Coordinador Ponente; Luz Elena Restrepo B. Nancy Patricia Gutiérrez C., Carlos Emiro Barriga P., Mario Varón Olarte, Cecilia López, Alexandra Moreno P., Jesús Enrique Piñacué y a los Representantes a la Cámara, Manuel José Vives, Pablo E. Salamanca, Héctor Javier Osorio, Julio Gallardo A., Roosvelt Rodríguez, Pedro Pablo Trujillo, Luís Felipe Barrios, Silfredo Morales A., Fabiola Olaya, Pedro Nelson Pardo y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 328 de 19 de mayo de 2009. Las Comisiones Segundas Conjuntas realizaron dos debates temáticos los días 12 y 26 de mayo de 2007. El Proyecto de Ley 281 de 2009 Senado fue anunciado el 20 de mayo de 2009 para ser votado en la próxima sesión, indicando que ésta se realizaría el próximo martes, 26 de mayo, a las 9:30 a.m. El anuncio previo exigido en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 lo hizo el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República, por instrucciones del Presidente de las Comisiones Segundas Conjuntas, en los siguientes términos: “ORDEN DEL DÍA
Lo que propongan los honorables Senadores”
Al finalizar la sesión se dijo: “El señor Presidente, Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: (…) Terminamos la sesión y convocamos para sesión conjunta el próximo martes a las 9:30 a. m. con el fin de iniciar el trámite de los proyectos de TLC con Canadá y luego el día miércoles, repetimos, 8:00 a. m., ascensos militares y policiales a grados de General y Almirantes, para luego Superintendencia de Seguridad Privada.
En la Cámara de Representantes, en la sesión de mayo 20 de 2009 , también se realizó el anuncio de las sesiones conjuntas a realizar al Proyecto de Ley número 281 de 2009 Senado y 331 de 2009 Cámara, así:
Según certificación del Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República, se dio cumplimiento al inciso 1 del artículo 156 del Reglamento, enviando la ponencia para primer debate dentro del plazo establecido. Adicionalmente, no se utilizó el mecanismo autorizado por el inciso 2º del artículo 156 del Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), dado que la ponencia fue publicada en tiempo. El día 26 de mayo de 2009, se hace entrega a los Senadores del ejemplar de la Gaceta No. 328 de 2009, donde se encuentra publicada la ponencia para primer debate.
El Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, en constancia de fecha 29 de enero de 2010, recibida por la Corte el 2 de febrero de 2010, certifica que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate en sesiones conjuntas el 26 de mayo de 2009.
Por otro lado, según certificación del Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se dio cumplimiento al inciso 1 del artículo 156 del Reglamento, se envío la ponencia para primer debate dentro del plazo establecido. Adicionalmente, no se utilizó el mecanismo autorizado por el inciso 2º del artículo 156 del Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), dado que la ponencia fue publicada en tiempo. El día 26 de mayo de 2009, se hace entrega a los Representantes del ejemplar de la Gaceta No. 328 de 2009, donde se encuentra publicada la ponencia para primer debate.
El Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en constancia de fecha 27 de enero de 2010, recibida por la Corte el 8 de febrero de 2010, certifica que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate en sesiones conjuntas el 26 de mayo de 2009.
El Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes expresó que el proyecto de ley estudiado fue aprobado por unanimidad en votación ordinaria, con la asistencia de 18 Honorables Representantes el día 26 de mayo de 2009 en sesión conjunta. Todo lo anterior según consta en las Actas Conjuntas No. 05 de mayo 12 de 2009 y 06 de 26 de mayo de 2009, publicados en las Gacetas No 918 de 2009 y No 919 de 2009. 2.4.2.	El trámite en la Plenaria del Senado de la República del Proyecto de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado
La ponencia para segundo debate ante la Plenaria Senado fue presentada por los senadores Darío Angarita Medellín, Coordinador Ponente, Luz Elena Restrepo B., Nancy Patricia Gutiérrez C., Carlos Emiro Barriga P., Mario Varón Olarte, Cecilia López, Alexandra Moreno P., Jesús Enrique Piñacué y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 410 de 2 de junio de 2009. Para dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, el proyecto de ley fue anunciado previamente para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República en la sesión del 17 de junio de 2009, tal como consta en el Acta No. 62 de la fecha, la cual fue publicada en la Gaceta de Congreso No. 773 de 25 de agosto de 2009. El anuncio se realizó en los siguientes términos: “Con la venia de la presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Armando Benedetti Villaneda: (…)
El proyecto de ley fue debatido y aprobado el 18 de junio de 2009, como consta en el Acta No. 63 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 835 de 2 de septiembre de 2009. La aprobación fue de 98 honorables senadores asistentes y no hubo constancia de votos negativos, ni solicitud de votación nominal. 2.4.3.	El trámite del Proyecto de Ley 331 de 2009, 281 de 2009 Senado en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley fue anunciado por primera vez para ser “debatido y aprobado en la próxima sesión” por la Cámara de Representantes en la sesión ordinaria del día miércoles 11 de agosto de 2009, según consta en el Acta No. 195 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1051 de 2009. El anuncio se hizo en los siguientes términos:
El miércoles 12 de agosto de 2009, ocurre la discusión del Proyecto de Ley de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado. En este debate se discutieron tres proposiciones: 1. Archivo del Proyecto, que obtuvo tres votos a favor y 82 en contra; 2. Aprobar la Proposición con la que termina el informe, es decir dar segundo debate al proyecto de ley, que obtuvo 85 votos por el Sí y 4 votos por el no; y 3. Aprobar que el proyecto se convirtiera en ley de la República, que fue votado positivamente por 86 representantes y negativamente por 4. 2.4.4.	El cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en el trámite legislativo la Ley 1359 de 2009
2.4.4.1.	Iniciación del trámite en el Senado.
De conformidad con lo que señala el artículo 154 de la Constitución, los proyectos de ley que se refieran a relaciones internacionales deben iniciar su trámite en el Senado de la República. Sin embargo, en el caso bajo estudio, esta regla debe ser examinada a la luz de lo que establece el artículo 163 de la Carta. La posibilidad de llevar a cabo un debate conjunto de las comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes en proyectos que tienen exigencias especiales en relación con su iniciación (CP, Art. 154.) ha sido reconocida por esta Corte en múltiples oportunidades. En la sentencia C-058 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis), al estudiar el trámite de una ley que decretaba impuestos, la Corte afirmó que la realización conjunta del primer debate de un proyecto tributario no quebranta la prevalencia de la Cámara de Representantes en cuanto al trámite de las iniciativas en materia tributaria. La Corte Constitucional también ha señalado que no se desconocen los artículos 154 y 163 de la Carta cuando como resultado de un mensaje de urgencia y de la realización del primer debate de un proyecto de ley aprobatoria de un tratado en sesiones conjuntas, se altera el orden de prelación de las cámaras. En la sentencia C-369 de 2002, (MP: Eduardo Montealegre Lynett), esta Corporación señaló al controlar el tratado que “la exigencia establecida en el artículo 154 constitucional sobre la iniciación del trámite legislativo de los proyectos de ley relativos a relaciones internacionales no permite desconocer otras competencias constitucionales, como la del gobierno para solicitar un trámite de urgencia, que altera el trámite correspondiente del proyecto. (…) “la posible simultaneidad del segundo debate hace que no exista la prelación temporal de una cámara sobre la otra, prelación que sí se da en el trámite legislativo típico. La eliminación de esta prevalencia es perfectamente concordante con el diseño del sistema bicameral colombiano, en el cual cada cámara tiene similares funciones, y no existe entonces prevalencia funcional de una sobre otra. De otro lado, cuando el legislador orgánico autorizó la posibilidad de llevar a cabo los debates en las plenarias de cada cámara de manera simultánea, tuvo en cuenta que en casos en los que el debate se torna complejo, debe ser eliminada la prelación usual de una cámara sobre otra, ya que tras la deliberación conjunta de las comisiones, los debates y la aprobación en las plenarias pueden terminar en momentos distintos.”
A la luz de lo que establecen los artículos 154 y 163 Superiores, la Corte ha entendido que si ha habido sesión conjunta de las comisiones debido a un mensaje de urgencia, la exigencia constitucional de iniciar el trámite en una de las cámaras legislativas, “se circunscribe sólo a comenzarlo o promoverlo, y no a que éste sea integralmente terminado, por la sencilla razón de que iniciar un trámite no es lo mismo que terminarlo.” Por tanto, la obligación de iniciar el trámite en el Senado no puede significar que deba dársele curso a la totalidad del segundo debate en el Senado, antes de que el proyecto pueda ser tramitado en la Cámara de Representantes. (…) Es innegable entonces que si debido a un mensaje del gobierno para solicitar el trámite de urgencia, las comisiones permanentes de ambas cámaras sesionan conjuntamente, se cumple la primera etapa, y con ésta el requisito constitucional de iniciar el trámite en el Senado”. En esa medida, un proyecto de ley aprobatoria de tratado debatido y aprobado en las comisiones conjuntas respectivas, puede ser aprobado en simultáneo en las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, o primero en la Plenaria de la Cámara de Representantes y luego en la Plenaria del Senado de la República, sin que ello implique un desconocimiento del artículo 154 de la Carta. Así ha sucedido con varios tratados cuyas leyes aprobatorias fueron declaradas exequibles por la Corte. Por ejemplo, en la sentencia C-1022 de 1999, al revisar la Ley 539 de 1999, aprobatoria del Tratado de delimitación marítima entre Colombia y Honduras, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate en sesiones conjuntas el 2 de diciembre de 1999, posteriormente fue aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes el 10 de diciembre de 1999 y en el Senado de la República, el día 13 de diciembre de 1999. En esa ocasión la Corte Constitucional afirmó que “conforme a las pruebas incorporadas al presente expediente, la Corte concluye que la Ley No 539 del 13 de diciembre de 1999 no presenta ningún vicio en su formación”. Algo similar ocurrió en la sentencia C-864 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil), en donde luego de aprobarse el día 8 de junio de 2005 el proyecto de ley aprobatoria en primer debate en las sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 27 de septiembre de 2005, y por la Plenaria del Senado el día 29 de noviembre de 2005. En sentido similar se pueden consultar las sentencias C-750 de 2008 (MP: Clara Inés Vargas Hernández, SV: Jaime Araujo Rentería), C-751 de 2008 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa, SV: Jaime Araujo Rentería), y C-446 de 2009 (MP: Mauricio González Cuervo)
En el caso bajo estudio, el proyecto de ley, fue presentado el 1 de abril de 2009 ante la Secretaría del Senado de la República los Ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, Comercio Industria y Turismo y Protección Social, Diego Palacio Betancourt.
Ante el mensaje de urgencia, de fecha 24 de abril de 2009 y radicado en la Secretaría del Senado el 28 de abril de 2009, el proyecto fue debatido en las Comisiones Segundas en Sesiones Conjuntas entre el 12 y el 26 de mayo y votado y aprobado el día 26 de mayo de 2009, primero en la Comisión Segunda del Senado y luego por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Posteriormente, fue aprobado el 12 de agosto de 2009 en la Plenaria de la Cámara de Representantes, y el 18 de junio de 2009 en la Plenaria del Senado de la República. Como el debate en comisiones se realizó de manera conjunta, el proyecto pasó simultáneamente a ambas cámaras y, luego, fue aprobado primero en la Senado y luego en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, el Proyecto de Ley que culminó con la aprobación de la Ley 1359 de 2009 cumplió efectivamente el requisito del artículo 154 de la Carta al iniciar su trámite en el Senado.
2.4.4.2.	Términos que deben mediar entre debates cuando ha habido sesiones conjuntas
Según el artículo 160 de la Carta, los términos que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de15 días. No obstante, tal como lo ha sostenido de manera reiterada la Corte Constitucional, la solicitud de trámite de urgencia del gobierno altera el rito ordinario de las leyes en el Congreso. Cuando el mensaje de urgencia propicia la sesión conjunta de las comisiones, no es imperativo que medien 15 días entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, pues la Ley 5ª de 1992 establece que las comisiones podrán aprobar simultáneamente el proyecto (art. 183). Sobre el tema la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que “si bien entre la aprobación del Proyecto Ley en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días (CP art. 160), la deliberación conjunta de las respectivas Comisiones permanentes de las dos Cámaras para darle primer debate, de producirse como consecuencia del mensaje de urgencia del Presidente de la República (CP art. 163), hace innecesario el cumplimiento de dicho término”. Dado que la solicitud de trámite de urgencia lo que busca es reducir el tiempo que se emplea en el procedimiento legislativo ordinario, el período de reflexión de 15 días requerido por el Constituyente para la consideración de la ley en formación entre una y otra cámara legislativa, resulta innecesario cuando dos comisiones homólogas de una y otra cámara agotan conjuntamente el primer debate. “En el trámite de urgencia, si la iniciativa -sin excepcionar los proyectos de ley relativos a los tributos- se aprueba conjuntamente por las Comisiones respectivas en primer debate, lo que sigue es el segundo debate en cada una de las Cámaras, siempre que medie un lapso no inferior a ocho días”. En el asunto bajo estudio, el proyecto de ley fue (i) aprobado en primer debate por las Comisiones Segundas de Senado y Cámara reunidas en Sesiones Conjuntas el día 26 de mayo de 2009. Posteriormente fue aprobado en segundo debate (ii) por la Plenaria del Senado el día 18 de junio de 2009; y (iii) por la Plenaria de la Cámara de Representantes el día 12 de agosto de 2009. Es decir que en la aprobación del proyecto de ley entre primer debate en las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes y el segundo debate en la Plenaria de cada Cámara mediaron más de 15 días, tal como lo ordena la Constitución.
2.4.4.3.	Publicaciones oficiales.
El artículo 157, numeral 1 de la Constitución señala la obligación de realizar la publicación oficial por el Congreso del proyecto y de la ponencia antes de darle curso en la comisión respectiva. Estas publicaciones se cumplieron así: a)	Publicación del texto original del proyecto, junto con la respectiva exposición de motivos en la Gaceta del Congreso de la República No.188 de 2009.
b)	La ponencia conjunta para el primer debate en las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara se publicó en la Gaceta del Congreso No. 328 de 19 de mayo de 2009 y el proyecto fue debatido y aprobado en dichas sesiones conjuntas el 26 de mayo de 2009. c)	Para segundo debate en el Senado de la República, la ponencia se publicó el 2 de junio de 2009 en la Gaceta del Congreso No. 410 de 2009, y fue debatido y aprobado el 18 de junio de 2009. d)	En la Cámara, la ponencia para segundo debate se publicó el 5 de junio de 2009 en la Gaceta del Congreso No. 435 de 2009 y se debatió y aprobó el 12 de agosto de 2009.
2.4.4.4.	Quórum y mayorías.
En cuanto al quórum decisorio del artículo 146 de la Constitución, según sendas certificaciones de los Secretarios del Senado y de la Cámara, las votaciones se dieron por mayoría, estando reunido el quórum requerido, conforme a la exigencia constitucional. En la Gaceta del Congreso No. 919 de 2009, donde fueron publicadas las sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara en las que se realizó la votación del proyecto, consta que esta votación fue efectuada sin que ninguno de los congresistas solicitara la verificación del quórum decisorio ni de las mayorías. Según certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto fue aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de 11 de los 13 Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado. Igualmente, según certificación del Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara, el proyecto fue aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de 18 de los 18 Representantes que conforman la Comisión Segunda de la Cámara. En cuanto al segundo debate ante las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes en las Gacetas del Congreso 835 de 2009 y 1010 de 2009, respectivamente, donde fueron publicadas dichas sesiones consta que la votación del proyecto ante cada una de las plenarias se hizo de manera nominal y que el proyecto fue aprobado por mayoría simple. Según certificación del Secretario General de la Cámara de Representantes, el informe con que termina la ponencia fue aprobado con el voto negativo de Silva Meche Jorge J., Legro Segura River, Obando Ordóñez Pedro Y Polaco J. Orsina, su articulado fue aprobado nominalmente por 79 votos por el sí y 4 votos por el no. El título del proyecto fue aprobado por votación ordinaria. Por su parte, el Secretario General del Senado de la República certificó que el articulado del proyecto fue aprobado en bloque, mediante votación nominal con un resultado de 98 votos por el Sí, sin constancia de votos negativos. 2.4.4.5.	Anuncio previo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003
Acerca del cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Carta, la Corte Constitucional ha señalado en varias oportunidades que esta disposición ordena (1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea previamente anunciada; (2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión distinta a la de la sesión en que es sometido a su aprobación; y, (3) que la votación debe surtirse el día en que se anuncie. En el asunto bajo revisión, encuentra la Corte que el requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 también se cumplió. Los anuncios previos se realizaron de la siguiente manera:
(i)	Anuncio para primer debate en las Comisiones Segundas Conjuntas: El proyecto de ley fue anunciado el 20 de mayo de 2009 , en la comisión segunda constitucional permanente del Senado, para ser discutido y votado en la próxima sesión, y al final de la sesión se precisó que se citaba “para el próximo martes”, y el proyecto fue votado y aprobado efectivamente el 26 de mayo de 2009. En las Comisiones Segundas Conjuntas del Senado y de la Cámara de Representantes el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió a cabalidad por las siguientes razones: (a) el anuncio lo hizo el Secretario de la Comisión respectiva por instrucciones de los Presidentes de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara; (b) se empleó la expresión “anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión (Artículo 8° del Acto Legislativo de 2003)” para señalar expresamente para qué estaban siendo convocados los congresistas. (c) El anuncio se hizo para la “próximo sesión,” una fecha determinable que permitía a los congresistas saber cuándo exactamente tendría lugar la votación y para qué estaban siendo convocados. Al final, el Presidente de la Cámara levanta la sesión y dice: “y convocamos para sesión conjunta el próximo martes a las 9:30 a.m con el fin de iniciar el trámite de los proyectos de TLC con Canadá”, por lo que para los congresistas era clara en qué sesión se llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
(d) La votación se hizo efectivamente en la siguiente sesión. En el caso bajo estudio, el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes luego de informar que en la próxima sesión se votaría el Proyecto de Ley, señaló al final de la sesión que se citaba para el próximo martes, por lo cual, para los miembros de las Comisiones Segundas Conjuntas, era claro cuándo sería discutido y votado el proyecto. Por lo tanto el anuncio previo se hizo de manera clara de acuerdo a la exigencia constitucional.
(ii)	Anuncio para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República. El proyecto fue anunciado el 17 de junio de 2009, para “discutir y votar en la próxima sesión”. El proyecto fue efectivamente votado y aprobado en esa sesión. Por lo tanto, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales:
(a) El anuncio lo hizo el Secretario de la Cámara, por instrucciones del Presidente de esa Corporación. (b) se empleó la expresión “(…) de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán en la próxima sesión” para señalar expresamente para qué estaban siendo convocados los congresistas. (c) El anuncio se hizo para la “próxima sesión,” una fecha determinable. Al final de la sesión, el Presidente de la Cámara levanta la misma y precisa: “(…) se convoca para el día jueves 18 de junio de 2009, a las 10:00 a.m.”. Es decir que el anuncio inicialmente hecho para una fecha determinable, fue precisado para una fecha determinada, por lo que para los congresistas era claro en qué sesión se llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
(d) La votación se hizo en sesión posterior a aquella en que se realizó el anuncio previo y en la fecha prevista para ello, tal como había sido informado. En este caso, el anuncio previo se hizo el día miércoles17 de junio de 2009 y la votación del proyecto se realizó el día jueves 18 de junio de 2009, tal como había sido informado a los congresistas, cumpliendo con las exigencias constitucionales.
(iii)	Anuncio para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes: El proyecto fue anunciado el 11 de agosto de 2009, para ser “aprobado” al día siguiente. El proyecto fue efectivamente votado y aprobado en la sesión del 12 de agosto. Por lo tanto, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales:
(a) El anuncio lo hizo el Secretario General de la Cámara, por instrucciones del Presidente de esa Corporación. (b) En cuanto a los términos empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la Cámara dice “15 proyectos para el día de mañana vamos anunciar o para la próxima reunión. Se les informa a los Parlamentarios que mañana habrá Plenaria desde las tres de la tarde para aprobar proyectos. (…) se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día miércoles 12 de agosto año 2009 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos”. i bien no emplea explícitamente la palabra votación, señala expresamente el contexto de ese anuncio previo, por lo cual, era posible inferir que se estaba convocando a la Plenaria de la Cámara a la votación de los proyectos de ley mencionados. (c) El anuncio se hizo para la “sesión plenaria del día miércoles 12 de agosto de 2009, o para la siguiente sesión plenaria,” una fecha determinable que permitía a los congresistas saber cuándo exactamente tendría lugar la votación y para qué estaban siendo convocados. Al final, el Presidente de la Cámara levanta la sesión y dice: “y se convocó para el día miércoles 12 de agosto de 2009 a las 3:00 p.m.”, por lo que para los congresistas era clara en qué sesión se llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
Resalta la Corte que en ninguna de las etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. El Secretario, autorizado por el Presidente de cada célula legislativa, (i) anunció que el proyecto de ley sería considerado en la próxima sesión o en una fecha determinable; (ii) especificó el número o el nombre del proyecto de ley correspondiente al “Proyecto de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de cooperación laboral entre la República de Colombia y Canadá suscrito en lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas” que corrige “el acuerdo de cooperación laboral entre la República de Colombia y Canadá, el 18 de febrero de 2009 y el 20 de febrero de 2009, respectivamente,” y (iii) la votación del proyecto se llevó a cabo en las sesiones señaladas en el anuncio previo. Por lo tanto, tanto para los congresistas de la correspondiente célula legislativa, como para los ciudadanos que tenían interés en influir en la formación de esta ley, la fecha en que se haría la votación del proyecto era claramente determinable y futura, lo cual asegura que los fines de este requisito constitucional se cumplieron a cabalidad. En consecuencia, concluye la Corte Constitucional que desde el punto de vista formal, la Ley 1359 de 2009 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Carta Política y en la Ley 5ª de 1992 y por lo tanto será declarada exequible. 3.	La revisión del Acuerdo Laboral y del canje de notas desde el punto de vista material La revisión constitucional que debe realizarse a los tratados debe verificar que, en el cumplimiento de la misión de internacionalizar las relaciones económicas y sociales, se hayan respetado las instituciones y principios de nuestro ordenamiento constitucional. Es así que el contenido del acuerdo internacional no debe afectar el principio de separación de funciones, la dignidad del hombre, los derechos y libertades fundamentales y demás valores que hacen vigente el Estado Social de Derecho, todo esto enmarcado en los principios de reciprocidad y respeto de la soberanía, que orientan las relaciones internacionales.
Teniendo en cuenta que la materia de este acuerdo es laboral, debe examinarse si el acuerdo respeta el derecho al trabajo, en el sentido que lo contempla la Constitución Nacional, es decir como un valor constitucional con efectos vinculantes, como principio fundamental del Estado, como derecho fundamental y como obligación social. Así mismo, el Acuerdo debe respetar otros tratados internacionales que hayan sido ratificados por Colombia en relación con la protección a los trabajadores migrantes, así como con los convenios internacionales de la OIT que hayan sido incorporados a nuestro ordenamiento interno. Con el fin de examinar la constitucionalidad de estos instrumentos internacionales, a continuación se hará una breve descripción del contenido de los mismos para luego contrastarlos con la norma constitucional.
3.1.	Contenido del Acuerdo y del Canje de notas objeto de revisión
El acuerdo se encuentra estructurado en cinco partes: I: Obligaciones Generales, II: Mecanismo Institucionales, III: Procedimiento de Revisión de Obligaciones, y IV: Disposiciones Generales y V: Disposiciones Finales En la Primera Parte se establecen como obligaciones generales de los Estados Parte, las de asegurar que en sus leyes, reglamentos y prácticas correspondientes contenga y provean protección a los siguientes derechos y principios:
(a) la libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva (incluyendo la protección del derecho a organizarse y el derecho de huelga); (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; (c) la abolición efectiva del trabajo infantil (incluyendo protección a niños y jóvenes); (d) la eliminación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación; (e) condiciones aceptables de trabajo con respecto a salario mínimo, horas de trabajo y salud y seguridad ocupacional; y (f) otorgar a los trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales de la Parte, respecto a las condiciones de trabajo. Estos principios no pueden ser dejados sin efectos e implican que cada parte promoverá la aplicación de su legislación laboral creando y sosteniendo alternativas como las inspecciones laborales, las labores de monitoreo y los comités de empleadores y trabajadores, los mecanismos de resolución de conflictos y los procedimientos sancionatorios en caso de violaciones a la legislación laboral. De igual forma, las Partes se comprometen a que sus normas laborales tengan difusión y publicidad, permitiendo la participación efectiva para la proposición de observaciones por parte de los interesados en una norma particular. El Acuerdo también busca garantizar el acceso a procedimientos legales ante un tribunal competente para aplicar la ley laboral de la Parte y hacer efectivos los derechos laborales, mediante la adopción de las debidas garantías procesales tales como la imparcialidad, el derecho a la defensa, la publicidad, la gratuidad y la existencia de recursos judiciales efectivos en contra de las decisiones.
Los objetivos generales de este acuerdo se instrumentalizan a partir de medidas de aplicación gubernamental (Artículo 3 del Acuerdo) que corresponden a mecanismos que vigilan el cumplimiento del tratado in situ, fomentan la creación de comités de empleadores y trabajadores y el uso de mecanismos de resolución de conflictos. En el mismo sentido, en el artículo 6 del acuerdo, se fomenta la publicidad y difusión de las normas laborales y proyectos de las mismas estando abierto a la participación del público y de organizaciones laborales que quieran participar en el proceso de formulación de las mismas o de cualquier aspecto relacionado con el acuerdo. También es obligación de las partes determinar la formulación de actividades de cooperación como elemento esencial para aumentar los niveles de cumplimiento de los estándares laborales y la creación de Consejos ministeriales que evalúen el estado de cumplimiento del acuerdo. En la Segunda Parte, el acuerdo crea los mecanismos institucionales para la ejecución del tratado. De esta forma crea un consejo ministerial para el seguimiento del tratado, prevé la elaboración de planes de cooperación entre las partes y mecanismos para atender las opiniones de organizaciones laborales con el fin de garantizar la participación efectiva del público y de los gremios laborales. También se crean puntos de contacto en los ministerios de asuntos laborales para la entrega de información, coordinación de actividades y programas, y la atención de solicitudes de consultas generales de aplicación del tratado, las cuales podrán ser realizadas por cualquier parte y deberán versar sobre la aplicación del acuerdo. La Tercera Parte del acuerdo contiene el procedimiento a seguir en caso de incumplimientos del tratado. Este inicia cuando la respuesta dada a las consultas generales realizadas por una Parte, no satisface al Estado consultante. En este caso deberán recurrir al nivel ministerial donde se deberá estudiar el caso y agotar todos los esfuerzos para la consolidación de un acuerdo. Si este no se logra, el caso pasará a ser estudiado por un panel de revisión, cuyos integrantes deberán ser expertos en el tema y totalmente independientes. Este panel presentará un preinforme que buscará recoger las observaciones de cada una de las Partes y que podrá ser modificado, especialmente cuando el incumplimiento del acuerdo haya cesado. Una vez recogidas las observaciones presentará un informe final con conclusiones, recomendaciones y un plan de acción al respecto que deberá ser acatado por las partes. Si este informe no es cumplido se podrá imponer una sanción monetaria que será destinada para el apoyo de iniciativas laborales que el Consejo de Ministros determine. La Cuarta Parte del Acuerdo, denominada disposiciones generales, trae criterios para la interpretación del acuerdo y algunas definiciones técnicas para definir el alcance de ciertos términos. En cuanto a los criterios de interpretación, el acuerdo establece que (1) ninguna disposición del tratado podrá interpretarse como una autorización para intervenir en asuntos internos de la otra Parte, mediante la aplicación de la legislación laboral de una Parte en el territorio de la otra; (2) ninguna de las Partes podrá juzgar a la otra, bajo su propia jurisdicción cuando la otra Parte haya actuado en forma inconsistente con el Acuerdo; (3) las partes deberán mantener la reserva de información que se determine como confidencial; y (4) no se considerará que se ha incurrido en incumplimientos del acuerdo cuando: (i) la acción sea producto de un ejercicio razonable de las autoridades en acciones judiciales e investigaciones, (ii) resulten decisiones tomadas de buena fe, (iii) fueron producto de estados de emergencia. La Quinta Parte del Acuerdo corresponde a las disposiciones finales. En esta se indica que el acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la segunda notificación o en la fecha en la cual entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia. Así mismo, se indica que este acuerdo permanecerá en vigor mientras el TLCO continúe en vigor, y que es procedente la denuncia por mutuo acuerdo entre las partes. De la misma forma se establece la posibilidad de formular enmiendas, la consideración de los anexos como parte del acuerdo y los idiomas oficiales del Tratado. En cuanto al Canje de notas entre Canadá y Colombia, que hacen parte del Acuerdo de Cooperación Laboral bajo estudio, éste solo se refiere a la corrección de errores de traducción y mecanográficos y no a modificaciones sustanciales del acuerdo, en particular por el empleo del término “español”, en lugar de la expresión “castellano” para referirse a uno de los idiomas oficiales del Acuerdo. En esa medida no existe ninguna incompatibilidad entre este Canje de Notas y la Carta Política de Colombia. 3.2.	El contenido del Acuerdo de Cooperación Laboral y del Canje de Notas resulta acorde a los preceptos constitucionales El tratado se encuentra acorde con la Constitución al cumplir con los principios de reciprocidad y respeto de la soberanía (Artículos 9 y 226 de la CP) que deben regir el desarrollo de las relaciones internacionales. Todas sus cláusulas prevén obligaciones recíprocas para las Partes. De otra parte, el acuerdo reafirma el respeto al principio de soberanía al reiterar que nada de lo dispuesto en su texto se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas al cumplimiento de la legislación laboral en el territorio de la otra Parte. Para la Corte, las obligaciones establecidas en el Acuerdo en materia de protección de los derechos laborales resultan acordes con la Constitución, en particular con el artículo 9 Superior que consagra como fundamentos del manejo de las relaciones exteriores, la soberanía nacional y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. En relación con este punto, el Acuerdo reitera el compromiso de Colombia por honrar sus obligaciones ante la OIT, en materia de derechos laborales y sindicales. Con lo cual resulta compatible con lo que establecen los artículos 9 y 53 de la Carta. Adicionalmente, y como quiera que en relación con varios de los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia, la Corte ha afirmado que forman parte del bloque de constitucionalidad, ya sea para señalar que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, o para plantear que integran el bloque de constitucionalidad en virtud del inciso segundo del art. 93 de la CP, estos convenios también tendrán carácter normativo obligatorio para las obligaciones que surgen del Acuerdo de Cooperación Laboral. En esa medida, las disposiciones del Acuerdo son compatibles con lo que establece el artículo 93 de la Carta.
Las disposiciones del Acuerdo relativas a los derechos laborales y sindicales son también armónicas con lo que establecen los preceptos constitucionales consagrados en los artículos 25 que garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; 39 que protege la libertad de asociación sindical; 55 que consagra el derecho de negociación colectiva y 56 que garantiza el derecho a la huelga. Las obligaciones que surgen del Acuerdo para las Partes se armonizan igualmente con el mantenimiento y la adopción de nuevos compromisos internacionales en materia laboral y aseguran el respeto a las obligaciones asumidas por las Partes ante la OIT, y al comprometerse las Partes a no adoptar medidas que impliquen dejar de aplicar leyes o reglamentos desarrollados para garantizar tales derechos, o incumplir con las responsabilidades asumidas ante la OIT, se rechaza la posibilidad de reducir los estándares de protección de estos derechos como un medio legítimo para aumentar la competitividad, y se garantiza la armonía de los compromisos adquiridos en el Acuerdo con otras obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en la materia, de manera acorde con lo que establecen los artículos 9, 224, 226 y 227 de la Carta.
Para la Corte es claro, que el objeto del Acuerdo no es regular directamente los derechos fundamentales de los trabajadores sino hacer explícito en un tratado de naturaleza comercial una serie de garantías laborales para asegurar el reconocimiento y protección de los principios y derechos laborales internacionalmente reconocidos. De esta forma si no están mencionados todos los derechos y garantías laborales no quiere decir que estos estén excluidos del tratado y no sean parte de las obligaciones estatales pactadas en el tratado. Debe recordarse que no es el reconocimiento expreso lo que permite señalar que se está frente a un derecho fundamental (art. 94 superior). Este es el caso del derecho a la seguridad social en cuanto a pensiones (vejez, invalidez, y sobrevivencia) y salud. El presente acuerdo no indica nada concreto al respecto, pero al referirse en su objetivo a la obligación de proteger los derechos laborales se encuentran incluidos los derechos referentes a salud y pensión, presente en los ordenamientos jurídicos de cada una de las partes. Esta misma regla aplica a todos los derechos y medidas consagrados en las recomendaciones de la OIT sobre trabajadores migrantes y la Ley 146 de 1994. En cuanto a los mecanismos de revisión del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Acuerdo, la Corte encuentra que resultan acordes con los artículos 9, 226 y 227 de la Carta, como quiera que se hacen sobre la base del respeto al principio de soberanía nacional y de reciprocidad, y están orientadas a fomentar la cooperación entre las Partes de tal manera que sea posible avanzar cada vez en el cumplimiento de las obligaciones de respeto a los derechos laborales. Esta estructura institucional se encuentra acorde con el ordenamiento constitucional porque permite la elección de panelistas imparciales, el derecho a la defensa y obtener una solución que busque la aplicación del tratado y no solamente dirimir una controversia. En consecuencia, se logra la mejora de las condiciones laborales.
En cuanto al Canje de notas, encuentra la Corte que este no introduce variaciones sustanciales al cuerpo del Acuerdo, sino que se orienta a que se emplee técnicamente la denominación de uno de los idiomas oficiales del Acuerdo, y en esa medida no implica ninguna contradicción con la Carta. Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad del “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y del “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase. MAURICIO GONZALEZ CUERVO