Source: http://www.cjf.gob.mx/Transparencia/paginas/preguntasFrecuentes.htm
Timestamp: 2017-12-18 10:40:30
Document Index: 402319545

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'artículo 104', 'Artículo 108', 'Artículo 3', 'artículo 186', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 10']

Inicio Obligaciones de Transparencia
Secretaria Técnica para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
1. ¿Qué es el Sistema Nacional de Transparencia?
En el marco de la reforma constitucional de 2014, el Constituyente Permanente estableció la figura del Sistema Nacional de Transparencia integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los órganos garantes de las Entidades Federativas; La Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cuya función es la de establecer lineamientos, objetivos y buenas prócticas para garantizar el acceso a la información.
2. ¿Qué es la Plataforma Nacional de Transparencia?
Es un mecanismo informático que permite la interacción entre los ciudadanos, el INAI y los sujetos obligados, en nuestro caso, al Consejo de la Judicatura Federal. En ella, están vinculados los sistemas de presentación de solicitudes, gestión de recursos y medios de impugnación.
A través de esta Plataforma se sustituye al INFOMEX y se gestionan las solicitudes desde su presentación hasta la entrega de la información.
3. ¿Qué es la Herramienta de Comunicación (HCOM) del INAI?
Es una aplicación informática mediante la cual el INAI sustancia y tramita los recursos de revisión presentados en contra del Consejo de la Judicatura Federal. En ella se observan el nombre del recurrente, acto reclamado, cómputo de los plazos, comisionado ponente, así como los acuerdos recaídos a cada actuación. Se trata, en síntesis, de un procedimiento en línea. Es una herramienta que administra de manera directa la Unidad de Transparencia.
4. ¿En qué consiste clasificar la información?
Es la revisión y marcado de los documentos y expedientes. (Arts. 100 y 111LGTAIP) Así como el señalamiento por escrito del fundamento y los motivos por los cuales se restringe acceso a cierta información, tratándola como secreta y clasificándola como:
Reservada: se restringe su acceso temporalmente
- Exige aplicar la «Prueba de daño».
Confidencial*: constantemente restringe su acceso como secreta o privada.
- Se clasifican segmentos mínimos o indispensables para propósitos legítimos, (Arts. 108 y 111 LGTAIP).
- Se debe llevar un índice de expedientes clasificados por órgano o unidad administrativa. (Art. 102 LGTAIP).
* No es pública.
5. ¿Cuál es la normativa vigente que se debe observar en materia de transparencia y acceso a la información?
Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Póblica. (LGTAIP)
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (LFTAIP)
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Criterios del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal.
Lineamientos expedidos por el Sistema Nacional de Transparencia.
6. ¿Qué materias son clasificadas por ministerio de ley como reservadas?
En estricto respeto al criterio del juzgador, todas aquellas contempladas en los artículos 113 de la Ley General y 110 de la Ley Federal.
7. ¿Cómo realizar correctamente la prueba de daño a través del test de proporcionalidad?
Conforme al artículo 104, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la base de los test citados es la ponderación de principios –especialmente entre el derecho a la información y la confidencialidad o por actualizarse el predominio de límites al derecho a la información–, que en determinados casos concretos entran en tensión. Esto exige que construyamos la norma individualizada, pertinente o más adecuada, respecto a los valores en juego o disputa, pero buscando siempre, la mejor y su justa dimensión, para situaciones específicas.
Prueba de daño: Es una evaluación que se da entre la máxima eficiencia y potencialidad del derecho a la información1, pero considerando que se está en casos donde los límites del propio derecho conminan a contener o confinar su alcance, como excepción que debe ser argumentada.
Se trata entonces de un ejercicio de ponderación para razonar y decidir, válidamente, que determinada información debe ser clasificada como reservada, esto es, protegida su difusión durante un lapso y en tanto existan circunstancias puntuales.
1 Artículo 108 y demás relativos de la LGTAIP.
8.- ¿En qué consiste la prueba de interés público?
Es una ponderación para decidir, después de un contradictorio, que determinada información, previamente clasificada y protegida como confidencial, conviene sea tratada como pública, toda o en parte, por actualizarse razones de mayor peso que lo aconsejan y determinan2.
En principio, la información confidencial no es pública y, por ende debe ser protegida con secrecía, pero esa determinación puede ser equivocada o convenga matizarla, por lo que la tutela previamente concedida debe ser reducida al actualizarse alguno de los límites de los derechos fundamentales respectivos3.
Es pertinente enfatizar que como antes ya se concedió a alguien el privilegio de proteger cierta información y esa tutela va a ser revertida total o parcialmente, que previo a la decisión se respete el derecho de audiencia, a través de un contradictorio ad hoc.
En seguida, un esquema que intenta modelar, de una manera simple y sintética, las cualidades y operación de los derechos fundamentales aludidos4.
2 Esencialmente prevista en los artículos 142, 149 y 150 de la LGTAIP. 3 Vida privada, secretos (propiedades o derechos) y datos personales, son derechos fundamentales que exigen la máxima expansividad y tutela pero dentro de los límites que a cada uno corresponde, lo que exige evaluar circunstancias de casos concretos. 4 Véase: TRON, Petit Jean Claude, “Entrevista” publicada en el Boletín de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al mes de junio de 2016.
Los datos que hacen identificable a una persona: nombre, domicilio, edad, grupo sanguíneo, grupo étnico, ideología política.
10. ¿Cómo se tutelan?
Mediante los procedimientos de clasificación, habeas data y supervisión ante el Comité de Transparencia.
11. ¿En qué consiste realizar una versión pública de un documento?
En la supresión de los datos o partes de documentos clasificados, en ella debe indicarse de manera genérica su contenido, fundando y motivando su clasificación.
12. ¿Qué datos deben suprimirse de la versión pública?
Los documentos susceptibles de contener datos personales, de manera enunciativa, más no limitativa en atención a las particularidades del caso, son los siguientes:
Sentencias o resoluciones;
Listas de notificación;
Formas migratorias;
Credenciales de elector;
Cédulas profesionales;
Pagarés;
Cualquier otro título de crédito;
Nombramientos;
Cédulas de notificación;
Contratos y convenios;
Constancias y evaluaciones médicas;
Títulos profesionales;
Constancias expedidas por instituciones y autoridades educativas;
Evaluaciones psicométricas;
Evaluaciones con fines de reclutamiento o selección de personal;
Declaraciones patrimoniales;
Actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción;
Escrituras constitutivas y documentos en los que conste la disolución de sociedades y asociaciones;
Constancias de asociaciones religiosas;
Fotografías de personas físicas;
Documentos de identificación que no tengan el carácter de oficial, credenciales de escuelas, centros recreativos o deportivos, empresas; y Facturas y recibos ajenos a la comprobación del Ejercicio del presupuesto.
En este orden de ideas, con el objeto de facilitar la labor del encargado de generar las versiones públicas, se sugiere que al realizar esa actividad, considere lo siguiente y suprima, entre otros, los señalados:
1. De una persona física o moral, así como sus registros patrimoniales o fiscales, contenida en documentos diversos como:
a. Alias;
b. Pseudónimos;
c. Cualquier otra denominación que identifique o haga identificable a una persona;
d. Nombres de las víctimas y ofendidos, representantes y personas autorizadas;
e. Nombres de testigos, peritos, terceros mencionados en juicio; así como de cualquier otra persona referida en las constancias del expediente o en la propia sentencia, con la salvedad de que correspondan a servidores públicos en ejercicio de sus funciones;
2. Salvo que se trate de la ubicación de monumentos, inmuebles o áreas u oficinas públicas;
3. Que conforme alguna clave o registro permita identificar a una persona, por ejemplo el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el Registro Federal del Instituto Federal Electoral (IFE), la Clave Única de Registro de Población (CURP), el número de cédula y título profesional, entre otros.
4. De una persona física o moral, así como sus registros patrimoniales o fiscales, contenida en documentos diversos como:
a. Cheques;
b. Pagarés;
c. Letras de cambio;
d. Pólizas de fianza;
e. Estados de cuenta;
f. Recibos de nómina, entre otros.
g. Nombres: Domicilio completo, números, letras, o cualquier carácter.
h. Cuentas bancarias
5. Teléfonos fijos, celulares y de radiolocalizadores, entre otros;
13. ¿Quién es el responsable de clasificar la información?
El titular del órgano jurisdiccional o el titular de la Unidad Administrativa que posea o genere la información.
14. ¿Qué son los datos y formatos abiertos para la información?
Son los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Sus características son: accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles, de libre uso. El formato abierto implica que los datos estén disponibles sin necesidad de contraprestación alguna. (Artículo 3 LGTAIP)
15. ¿En cuántos días hábiles se tiene que contestar una solicitud de acceso a la información?
En 20 días hábiles, susceptibles de ampliarse por otros 10 días más, previa autorización del Comité de Transparencia.
Si el órgano o unidad administrativa estima que necesita un período de ampliación debe solicitarlo dentro de los primeros cinco díasal que reciba la notificación. El Comité analizará su procedencia y le fijará un plazo para que ésta sea remitida y esté en condiciones de resolver en los plazos establecidos en Ley.
16. ¿A partir de cuándo es competente el INAI para conocer los recursos de revisión en contra de actos y resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal?
A partir del cinco de mayo de 2016.
17. ¿Cómo se actualiza el diccionario biográfico de servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal?
El Magistrado de Circuito, Juez de Distrito, secretario, actuario y servidor público del Consejo de la Judicatura Federal del nivel de jefe de departamento en adelante debe enviar sus constancias de actualización certificadas a la Dirección General de Recursos Humanos quien a su vez, las remite a la Unidad de Transparencia para su actualización.
18. ¿Es válido el uso del correo electrónico para llevar a cabo diligencias en materia de transparencia?
Sí, por un principio constitucional de eficiencia como ratio legis de la materia, además por la celeridad en cómo debe entregarse la información.
19. ¿Cuál es la leyenda que deben llevar las sentencias elaboradas en versión pública?
“En términos de lo previsto en los artículos 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada legalmente como confidencial que encuadra en los ordenamientos mencionados.” 5
5 Texto aprobado por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal.
20. ¿Cómo funciona el tema de las sanciones y responsabilidades por faltas en materia de transparencia?
En el artículo 186 de la ley Federal de Transparencia se establecen las hipóótesis normativas que pueden dar lugar a la imposición de una sanción: multa o apercibimiento, por ejemplo: por falta de respuesta a las solicitudes de información, por dolo o negligencia en el tratamiento de la información, por incumplir plazos, alterar o mutilar la información bajo la custodia de los sujetos obligados.
21. ¿Se puede presentar la solicitud directamente ante el órgano jurisdiccional o unidad administrativa?
No. Tiene que hacerse por vía de la Plataforma Nacional de Transparencia, INFOMEX o correo electrónico.
22. ¿Qué precedentes internacionales se pueden consultar en la materia?
Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001.
En cuanto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresiín, la Corte Interamericana establecií que quienes están bajo la protección de esta tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social.
Sobre la dimensión individual, la libertad de expresiín no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.
Con respecto a la segunda dimensión, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias.
Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.
La Corte Interamericana considera que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención.
La libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, es una condiciín esencial para que ésta está suficientemente informada.
Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004.
Se determinó que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13 párrafo 2 de la Convención Americana dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido.
Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención Interamericana las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo.
Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004.
Se señaló que la Corte Europea ha sostenido de manera consistente que, con respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, se debe distinguir entre las restricciones que son aplicables cuando el objeto de la expresión se refiera a un particular y, por otro lado, cuando haga referencia a una persona pública como, por ejemplo, un político.
Al respecto, la Corte Europea ha manifestado que los límites de la crítica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en el caso de un particular. A diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia.
Tratándose en general de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada.
Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.
En este sentido, en el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los particulares.
Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.
Se estableció que es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública gocen, en los términos del artículo 13, párrafo 2 de la Convención Americana, de una mayor protección que permita un margen de apertura para un debate amplio, esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático.
El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático.
Tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública, de políticos y de instituciones estatales, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada.
Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006.
Se estableció que el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso.
El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control.
Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.
Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008.
La Corte Interamericana establecií en lo que respecta al derecho a la honra, las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático.
Dicho órgano ha señalado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos estín mís expuestos al escrutinio y la crítica del público, y este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza.
Asimismo, se señalí que el control democrático a través de la opiniín pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático.
También estableció que en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población.
Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009.
Se señaló que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza.
Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009.
La libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”. No sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de informacioacute;n o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población.
Tales son las demandas del pluralismo, que implica tolerancia y espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. Cualquier condición, restricción o sanción en esta materia deben ser proporcionadas al fin legítimo que se persigue.
Sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios.
Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011.
La Corte Interamericana señaló que hay dos criterios relevantes, tratándose de la difusión de información sobre eventuales aspectos de la vida privada, son: a) el diferente umbral de protección de los funcionarios públicos, más aún de aquellos que son elegidos popularmente, respecto de las figuras públicas y de los particulares, y b) el interés público de las acciones que aquellos realizan.
El diferente umbral de protección del funcionario público se explica porque se expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad, lo cual lo puede llevar a un mayor riesgo de sufrir afectaciones a su derecho a la vida privada.
Así, en caso de duda sobre qué norma que regule o reconozca derechos humanos deba aplicarse, ya sea de derecho constitucional o del derecho internacional de los derechos humanos incorporada al derecho interno, debe preferirse aquella que mejor proteja a la persona y que le permita gozar de una mejor manera, su derecho, en una aplicación coherente con los valores y principios que conforman la base de todo ordenamiento jurídico.
Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985. LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE PERIODISTAS.
Se determinó que las justas exigencias de la democracia deben, por consiguiente, orientar la interpretación de la Convención Americana y, en particular, de aquellas disposiciones que están críticamente relacionadas con la preservación y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
La legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13 párrafo 2 de la Convención Americana, dependerá de que están orientadas a satisfacer un interés público imperativo.
Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención Americana las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el mismo artículo.
Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.
Este tribunal europeo ha sentado jurisprudencia relevante tratándose de la libertad de expresión y sus límites, frente a las figuras públicas.
Caso Handyside vs. Reino Unido (1976).
Destaca el señalamiento acerca de que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, así como que la libertad de expresión legitima no sólo juicios de valor o informaciones moderadas, favorables o neutras, sino además aquellas que molestan, hieren o incomodan, pues tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espúritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. 6
6 http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_europeo/tedhhandyside.htm
Caso Lingens vs. Austria (1986).
Se estableció que los límites de la crítica son mús amplios tratándose de un político que cuando se trata de un mero particular, pues, el primero, se expone inevitable y deliberadamente a una fiscalización de sus actos, tanto por los periodistas como por los ciudadanos, por lo que debe ser más tolerante; y si bien el polútico también disfruta de protección, la misma debe equilibrarse con los intereses de la libre discusión de las cuestiones políticas.
Asimismo, debe distinguirse entre hechos y juicios de valor, pues mientras los primeros pueden probarse, los segundos no son susceptibles de prueba, por lo que, la exigencia legal de que deba probarse su veracidad, afecta la libertad de expresión intrínsecamente, parte fundamental del derecho garantizado por el artículo 10 del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.7
7 http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_europeo/tedhlingens.htm