Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.NSF/042563ae0068864b04256385005ad0be/9fa9900b82dd080503256a880041653f?OpenDocument
Timestamp: 2018-06-25 02:14:19
Document Index: 84723110

Matched Legal Cases: ['artículo 056', 'artículo 16', 'artículo 014', 'artículo 017', 'artículo 034', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 195', 'artículo 196', 'artículo 197', 'artículo 198', 'artículo 199', 'artículo 200', 'artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 203', 'artículo 204', 'artículo 205', 'artículo 206', 'artículo 207', 'artículo 208', 'artículo 209', 'artículo 210', 'artículo 211', 'artículo 212', 'artículo 213', 'artículo 214', 'artículo 215', 'artículo 216', 'artículo 217', 'artículo 218', 'artículo 219', 'artículo 220', 'artículo 221', 'artículo 222', 'artículo 223', 'artículo 224', 'artículo 225', 'artículo 226', 'artículo 227', 'artículo 228', 'artículo 229', 'artículo 230', 'artículo 231', 'artículo 232', 'artículo 233', 'artículo 26', 'artículo 009', 'artículo 018', 'artículo 56', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 34', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 22', 'Artículo 2', 'artículo 34', 'artículo 26', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 18', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 99']

Decreto 0896/2001. Boletín Oficial n° 29.688, viernes 13 de julio de 2001, p. 3.
Citas Legales : Ley 23.928, Ley 24.144, Ley 24.156, Ley 24.241, Ley 24.463, Ley 25.152, Ley 25.164, Ley 25.344, Ley 25.414, Decreto 00430/2000, Ley 24.156 - artículo 056, Ley 25.164 - anexo - artículo 16, Constitución nacional - artículo 014 bis, Constitución nacional - artículo 017, Ley 24.156 - artículo 034, Ley 16.432 - artículo 16, Ley 23.853 - artículo 5, Ley 24.946 - artículo 22, Código procesal civil y comercial - artículo 195, Código procesal civil y comercial - artículo 196, Código procesal civil y comercial - artículo 197, Código procesal civil y comercial - artículo 198, Código procesal civil y comercial - artículo 199, Código procesal civil y comercial - artículo 200, Código procesal civil y comercial - artículo 201, Código procesal civil y comercial - artículo 202, Código procesal civil y comercial - artículo 203, Código procesal civil y comercial - artículo 204, Código procesal civil y comercial - artículo 205, Código procesal civil y comercial - artículo 206, Código procesal civil y comercial - artículo 207, Código procesal civil y comercial - artículo 208, Código procesal civil y comercial - artículo 209, Código procesal civil y comercial - artículo 210, Código procesal civil y comercial - artículo 211, Código procesal civil y comercial - artículo 212, Código procesal civil y comercial - artículo 213, Código procesal civil y comercial - artículo 214, Código procesal civil y comercial - artículo 215, Código procesal civil y comercial - artículo 216, Código procesal civil y comercial - artículo 217, Código procesal civil y comercial - artículo 218, Código procesal civil y comercial - artículo 219, Código procesal civil y comercial - artículo 220, Código procesal civil y comercial - artículo 221, Código procesal civil y comercial - artículo 222, Código procesal civil y comercial - artículo 223, Código procesal civil y comercial - artículo 224, Código procesal civil y comercial - artículo 225, Código procesal civil y comercial - artículo 226, Código procesal civil y comercial - artículo 227, Código procesal civil y comercial - artículo 228, Código procesal civil y comercial - artículo 229, Código procesal civil y comercial - artículo 230, Código procesal civil y comercial - artículo 231, Código procesal civil y comercial - artículo 232, Código procesal civil y comercial - artículo 233, Ley 25.344 - artículo 26, Ley 11.672 (t.o. 1999) - anexo - artículo 009, Ley 25.401 - artículo 018
(Nota: ampliado por Decreto 934/01 , Decreto 0957/2001 , Resolución SSS 31/01 y SH 192/01 (conjunta) y Decisión Administrativa JGM 107/01 y derogado por Ley 25.453 y por Decreto 1819/02 . Metodología para la restitución de las sumas descontadas hasta el 31/12/2002, aprobada por Decisión Administrativa JGM 8/03 . Emisión de los bonos para la cancelación a la restitución de la reducción del 13% por Resolución SH 56/03 y SF 16/03 )
BUENOS AIRES, 11 DE JULIO DE 2001.
VISTO las Leyes Nros. 23.928, 24.144, 24.156, 24.241, 24.463, 25.152, 25.164, 25.344 y 25.414 y el Decreto Nº 430 de fecha 29 de mayo de 2000, y
Que, en tal sentido, la resolución de esta cuestión viene a armonizar el saneamiento de las finanzas públicas y privadas que iniciaran las Leyes de Convertibilidad, Nº 23.928, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Nº 24.156, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Nº 24.241, con la modificación introducida por la Ley de Solidaridad Previsional Nº 24.463, todas las cuales son compatibles a su vez, con la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Ley Nº 24.144.
Que por su parte, el artículo 56 de la Ley Nº 24.156 prohibe recurrir al crédito público para financiar gastos operativos.
Que para el logro de tal propósito la Ley Nº 24.463 ya resolvió que la movilidad de lasprestaciones se ajustará a los recursos que haya previsto la Ley de Presupuesto de cada año.
Que en lo relativo al derecho a la retribución justa de las personas vinculadas laboralmente a la Administración, así como el resto de sus derechos, se ajusta a “las modalidades establecidas en las leyes, en las normas reglamentarias y, en cuanto corresponda en los convenios colectivos de trabajo”, de conformidad al artículo 16 de la Ley Nº 25.164.
Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha manifestado que “las relaciones jurídicas provenientes de leyes jubilatorias no son contractuales ni privadas, sino de derecho público y de manifiesto carácter asistencial (Fallos 242:141), de lo cual se deriva, entre otras circunstancias y como lo enfatizó el precedente invocado, que no es forzoso que exista una estricta proporcionalidad entre los aportes recibidos y las prestaciones acordadas por las cajas” (in re “Chocobar, Sixto Celestino”, 27 de diciembre de 1996).
Que en tal sentido, el precedente en el que se ilustrara la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION para considerar compatible con la Constitución Nacional el criterio de movilidad elegido por el legislador en la Ley Nº 24.463, el Alto Tribunal había sentado que “cuando las finanzas de la institución llegan a fallar por el transcurso de los años hasta hacerse imposible el cumplimiento regular de las obligaciones contraídas, ya porque los cálculos actuariales que le sirvieron de base resultaron errados, ya porque intervinieron otros factores de perturbación no previstos, una reforma general y reconstructiva impuesta por la necesidad de volver a poner las cosas en su quicio, equilibrando los egresos con los ingresos, que eche mano del recurso extremo de reducir los beneficios, actuales y futuros, dentro de una proporcionalidad justa y razonable, haciendo así efectivo el principio de solidaridad en que descansan estas instituciones, no puede ser objetada como arbitraria e inconstitucional. Lo justifica el interés público y la impone la conservación misma del patrimonio común de los afiliados”. “Una reforma general y reconstructiva de las finanzas de la Caja -continuó la Corte- no puede reducirse a rebajar los emolumentos a acordar, dejando incólumes los acordados ya, sin romper la equidad y armonía que deben existir entre los afiliados a una misma Caja, además de que se restaría eficacia a la reforma. Tan acreedores al beneficio son los primeros afiliados como los que les suceden, y si para salvar la solvencia de la Caja se rebajan los emolumentos de unos, deben imponer igual o proporcional sacrificio a los otros” (in re “Lopez Tiburcio y otros c/Provincia de Tucumán”, CSJN, 1937).
Que similares principios se aplican a los funcionarios y empleados públicos, respecto de los cuales la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha establecido que “No existe un derecho adquirido a mantener el nivel de la remuneración futura sin variantes y en todas las circunstancias. Aun la estabilidad administrativa reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución, es susceptible de razonable limitación ‘en ocasión de grave penuria nacional’, por lo que ante la misma situación, no puede juzgarse inicua la decisión de disminuir -razonablemente- las remuneraciones que deben ser atendidas con el presupuesto de la Nación”, y en el mismo pronunciamiento sentó doctrina judicial estableciendo que “No media lesión a la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional, cuando como en el caso, por razones de interés público, los montos de las remuneraciones de los agentes estatales son disminuidos para el futuro sin ocasionar alteración sustancial del contrato de empleo público en la medida en que la quita no resultó confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada.” (in re “Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo Nacional s/empleo público”, 2 de Junio de 2000).
Que en el mismo pronunciamiento la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION señaló que “con relación a la garantía establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se ha puntualizado, que el derecho a la estabilidad en el empleo público no es absoluto, de modo que coloque a sus beneficiarios por encima del interés general, al obligar a mantenerlos en actividad aunque sus servicios dejen de ser necesarios, ya seapor motivos de economía o por otras causas igualmente razonables”.
Que como se advierte fácilmente, la Nación Argentina no puede depender del curso que sigan los mercados financieros y de capitales, ni de los auxilios circunstanciales que puedan obtenerse en el exterior. De tal manera, la fortaleza de la recuperación definitiva de la solvencia intertemporal del Sector Público Nacional se asienta en un conjunto de medida que se han adoptado para recuperar los niveles presupuestados de ingresos fiscales, así como para reducir a su mínima expresión los gastos del Sector Público Nacional, sin que ello afecte el cumplimiento de sus roles esenciales, proveyendo a su vez de reformas estructurales que tienden a mejorar significativamente el acceso de la población a servicios esenciales como son los relativos a la salud pública y a la educación.
Que se encuentra en vigencia la declaración de emergencia económicafinanciera dispuesta por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION mediante la Ley Nº 25.344.
Que la crítica situación de emergencia económico financiera por la que atraviesa el Estado Nacional configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes resultando imperioso el dictado del presente. Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.
Articulo 1º- Sustitúyese el artículo 34 de la Ley Nº 24.156 el cual quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO 34. - A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten los órganos rectores de los sistemas presupuestario y de tesorería, excepción hecha de las jurisdicciones del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público que continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el artículo 16 de la Ley Nº 16.432, en el artículo 5º, primer párrafo de la Ley Nº 23.853 y en el artículo 22 de la Ley Nº 24.946, respectivamente.
Dicha programación será ajustada y las respectivas cuentas aprobadas por los órganos rectores en la forma y para los períodos que se establezca. El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante éste.
Cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren suficientes para atender la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios. La reducción afectará los créditos respectivos en la proporción que resulte necesaria a tal fin, y se aplicará incluso a los créditos destinados a atender el pago de retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, así como a aquellas transferencias que los organismos o entidades receptoras utilicen para el pago de dichos conceptos.
La presente norma es de orden público. No se podrán ordenar en las causas que con motivo de ellas se interpongan, medidas cautelares que afecten su cumplimiento, resultando inaplicables en los respectivos procesos las normas de los artículos 195 a 233 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 2º - Los contratos en ejecución afectados por las reducciones dispuestas en el artículo 34 de la Ley Nº 24.156 podrán revocarse por razones de oportunidad, mérito o conveniencia en el caso de que los contratistas o proveedores no acepten la reducción de la contraprestación a cargo del Sector Público Nacional, siendo de aplicación el artículo 26 de la Ley Nº 25.344.
Artículo 3º - Derógase el Decreto Nº 430 de fecha 29 de mayo de 2000.
Artículo 4º - Deróganse el artículo 9º de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672 (t.o. 1999) y el primer párrafo del artículo 18 de la Ley Nº 25.401.
Artículo 5º - El presente decreto tendrá vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 6º - Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
DE LA RUA. - Chrystian G. Colombo. - Adalberto Rodríguez Giavarini. - Domingo F. Cavallo. -
Carlos M. Bastos. - José H. Jaunarena. - Jorge E. De la Rúa. - Andrés G. Delich. -
Héctor J. Lombardo. - Patricia Bullrich. - Juan P. Cafiero.
Decreto 689/1999 (ley complementaria permanente de presupuesto -t.o. 1999-)
Bibliografía: Ivanega, Miriam Mabel "Reducciones salariales de los agentes públicos y déficit fiscal (o "cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia ...")". En: Derecho administrativo: revista de doctrina, jurisprudencia, legislación y práctica. Buenos Aires. LexisNexis: Año 15 (2003), pp. 791-804.