Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1994-09874-14083-de-julio-10-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_1f7a2323e74d4ba79f266624be019c39&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-06-02 12:41:50
Document Index: 312701948

Matched Legal Cases: ['artículo 184', 'artículo 168', 'artículo 95', 'Artículo 106', 'artículo 178', 'artículo 357', 'artículo 115', 'artículo 37']

SENTENCIA 1994-09874 DE 10 DE JULIO DE 2003
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTIVIDAD PELIGROSA -MAYOR PELIGROSIDAD AL RIESGO. LOS INSTRUMENTOS DESTINADOS A ACTIVIDADES PELIGROSAS, APRECIANDO LA REALIDAD FÍSICA DE ÉSTOS EN CUANTO A SU PODER PARA CAUSAR DAÑO, HA DICHO QUE CUANDO DOS ACTIVIDADES PELIGROSAS (CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS) SE ENFRENTAN Y ADEMÁS CUANDO UNA ACTIVIDAD ES MENOR QUE LA OTRA, HABRÁ DE ENTENDERSE QUE LA MAYOR PELIGROSIDAD AL RIESGO, POR SU ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD, SE PREDICA DEL QUE POSEE LA MAYOR POTENCIALIDAD PARA CAUSAR EL DAÑO. POR CONSIGUIENTE EN TAL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ES NECESARIO DEMOSTRAR: EL RIESGO CREADO POR EL ESTADO EN LA PRODUCCIÓN DEL ACCIDENTE CON SU PARTICIPACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO QUE POR SU NATURALEZA TIENE MAYOR PELIGROSIDAD Y POR LO TANTO MAYOR POTENCIALIDAD DE RIESGO A CAUSAR DAÑOEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA RELACIÓN CAUSAL. EL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD “POR RIESGO” (SIN IRREGULARIDAD DE CONDUCTA) SE DERIVA ENTRE OTROS DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES CON INSTRUMENTOS PELIGROSOS, COMO VEHÍCULOSEL FACTOR DE IMPUTACIÓN ES EL RIESGO QUE EXCEDE LOS INCONVENIENTES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LAS CARGAS NORMALES QUE DEBEN SOPORTAR LOS ADMINISTRADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA, DAÑO, RESPONSABILIDAD POR RIESGO EXCEPCIONAL, ACTIVIDAD PELIGROSA, TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA
Sentencia 1994-09874/14083 de julio 10 de 2003
Rad.: 76001-23-31-000-1994-9874-01(14083)
Actor: Jorge Enrique Rengifo Lozano y otros
I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 14 de febrero de 1997, mediante la cual resolvió lo siguiente:
“1. Declarar administrativamente responsable al Departamento del Valle del Cauca, por la muerte del señor Jorge Enrique Rengifo Manzano ocurrida en accidente de tránsito el día 12 de febrero de 1994 a las 7 p.m. en la vía que de Cavasa conduce a la ciudad de Cali, ocasionado por una volqueta al servicio de la Secretaría de Obras Públicas Departamentales, conducida por el señor Crispino Cornelio Rivas Moreno.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordena que el Departamento del Valle del Cauca, reconozca con cargo a su presupuesto, a Jorge Enrique Rengifo Lozano y a María Manzano de Rengifo, de un mil (1000) gramos de oro fino para cada uno; para Efraín Rengifo Manzano, María Eugenia Rengifo Manzano, Martha Cecilia Rengifo Manzano, Paulina Rengifo Manzano, Daniel Humberto Rengifo Manzano, Noelby Rengifo Manzano y Albeiro Javier Rengifo Manzano, de a quinientos (500) gramos oro fino, para cada uno, por concepto de perjuicios morales.
3. El reconocimiento anterior se hará en pesos colombianos al precio que registre el metal a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, de acuerdo con la certificación que expida el Banco de la República.
4. Se declare la responsabilidad de la Compañía de Seguros la Previsora S.A. hasta por la suma de cuatro millones quinientos mil pesos ($4.500.000) m/cte., que deberá reconocer a la demandada en las condiciones anotadas en la parte motiva de esta providencia.
6. Devuélvase a los demandantes el remanente, si existiere, del depósito efectuado para atender los gastos del proceso, conforme se ordenó en el auto admisorio de la demanda.
7. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
8. De no ser apelada consúltese (fls. 145 a 158 cdno. 1).
Fue presentada en ejercicio de la acción de reparación directa (art. 86 CCA), el día 24 de marzo de 1994, por Jorge Enrique Rengifo Lozano, María Manzano de Rengifo, Efraín, María Eugenia, Martha Cecilia, Paulina, Daniel Humberto, Noelby y Albeiro Javier Rengifo Manzano (fls. 26 a 33 cdno. 1).
“1.1. Declarar que el Departamento del Valle del Cauca Secretaría de Obras Públicas, es administrativamente responsable de los perjuicios ocasionados por los hechos acaecidos el día 12 de febrero de 1994, donde perdió la vida el hijo y hermano de los demandantes, Jorge Enrique Rengifo, por el accidente de tránsito ocasionado por una volqueta de la Secretaría de Obras Públicas, identificada con el número 064.
1.2. Que se condene al Departamento del Valle del Cauca Secretaría de Obras Públicas, a pagarle a Jorge Enrique Rengifo Lozano y María Manzano de Rengifo, en calidad de padres del fallecido Jorge Enrique Rengifo, las indemnizaciones por los perjuicios materiales ocasionados por los hechos marcados en el numeral 2.1. indemnizaciones cuya cuantía determinarán los peritos dentro del proceso o en su momento, reconociéndose los intereses legales, de los incrementos que hayan tenido y la respectiva devaluación.
1.3. Que como consecuencia de lo anterior, se condene al Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Obras a pagarles a Jorge Enrique Rengifo Lozano y María Manzano de Rengifo, las indemnizaciones por los perjuicios morales con ocasión de los hechos del numeral 2.1 que para todos los efectos, se tasan en mil quinientos (1.500) gramos oro para cada uno de ellos o los que los magistrados determinen y valoren.
1.4. Que se condene al Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Obras Públicas como consecuencia de lo anterior, a pagarle a Efraín Rengifo Manzano, María Eugenia Rengifo Manzano, Martha Cecilia Rengifo Manzano, Paulina Rengifo Manzano, Daniel Humberto Rengifo Manzano, Noelby Rengifo Manzano, Albeiro Javier Rengifo Manzano, en calidad de hermanos de la víctima Jorge Enrique Rengifo Manzano, la indemnización por los perjuicios morales, con ocasión de los hechos del numeral 2.1 que para todos los efectos se tasa en mil quinientos (1.500) gramos oro, o los que los magistrados determinen y valoren.
1.5. Que como consecuencia de lo anterior, se condene al Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Obras Públicas, a que el valor reconocido por las indemnizaciones sea reajustado, teniendo en cuenta la desvaloración del peso colombiano, hasta cuando el Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Obras Públicas, efectúe el pago (fl. 27 cdno. 1).
“1. El día 22 de febrero de 1994, a eso de las siete (7 p.m.) de la noche aproximadamente, fue atropellado el señor Jorge Enrique Rengifo Manzano, por una volqueta perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas del departamento del Valle del Cauca.
2. La volqueta no tenía placas y sólo se identificaba con el Nº 064, colocado en el volco de la misma parte externa.
3. Conforme a los hechos narrados por los testigos y las pruebas fotográficas, el fallecido fue envestido por la volqueta Nº 64 a la altura del kilómetro 18 vía Cali Cavasa frente a las instalaciones de Águila Roja.
4. Según los testimonios, acta de levantamiento del cadáver, se evidencia que la volqueta invadió el carril por donde transitaba el fallecido en su moto.
5. Producido el accidente, el chofer de la volqueta huyó del lugar, siendo interceptado a la altura del CAI de Juanchito por las autoridades de Policía, en consecuencia a la llamada hecha por un vigilante de la Empresa Águila Roja.
6. Dos testigos presenciaron el accidente y vieron cuando la volqueta invadió el carril por donde transitaba el fallecido con su moto, y lo atropelló.
7. Un fotógrafo que pasaba en su moto, presenció el accidente también, y al instante tomó fotos para verificar lo sucedido.
8. Otro testigo presenció los hechos narrados.
9. En el CAI de Juanchito, se levantó acta sobre los hechos, de por qué se retuvo la volqueta mencionada.
10. El fallecido trabajaba como ayudante general en la Empresa Impresión de Publicaciones S.A. Carvajal; tenía 23 años y sostenía la familia económicamente.
11. Le sobreviven sus padres y siete (7) hermanos, quienes pertenecen a la Congregación Bautista del Corregimiento del Tiple Candelaria (Valle).
12. Se desempeñaba como patrullero de la Defensa Civil en su corregimiento y Tesorero de la Comunidad Bautista.
13. La Fiscalía 74 de Candelaria, por intermedio del señor Fiscal, Dr. Octavio de Jesús González Medina, practicó las medidas investigativas pertinentes sobre los hechos, tomando declaraciones a testigos y recolectando pruebas (fls. 28 y 29 cdno. 1).
1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda el 12 de abril de 1994 y ordenó notificar al demandado (fls. 34 y 35 cdno. 1).
2. Una vez notificado del auto admisorio el Departamento del Valle del Cauca contestó la demanda (fls. 36 a 59 cdno. 1); señaló que no le constan los hechos y que se está a lo que se pruebe; que no existe relación de causalidad entre la falta o falla del servicio y daño causado, que pueda responsabilizarlo debido a lo siguiente:
“(…) por cuanto no obra prueba alguna dentro del proceso que demuestre fehacientemente que el señor Crispino Cornelio Rivas Moreno haya sido el único responsable del accidente de tránsito y no el occiso señor Jorge Enrique Rengifo, como tampoco que dicho funcionario se encontraba en ejercicio de sus funciones y dentro del horario establecido (…)”.
Arguyó que si no se desvirtúa lo manifestado en la demanda sobre que según las versiones el automotor perteneciente al Departamento no tenía por qué estar transitando a esas horas, como tampoco su conductor el señor Crispino Cornelio, la responsabilidad estaría radicada a título personal en el señor Rivas Moreno y no en el departamento, el cual solo responde por actuaciones realizadas por sus funcionarios en cumplimiento y ejercicio de las funciones propias del cargo.
Esgrimió bajo la denominación de excepción de fondo la “falta de legitimación del apoderado judicial para actuar” y la sustentó en que no hay manifestación expresa del apoderado judicial del actor aceptando el poder a él conferido, por cuanto este no fue firmado (fls. 43 a 49 cdno. 1).
3. Mediante auto del 1º de julio de 1994 se ordenó la citación al proceso de la compañía de seguros la Previsora S.A. en calidad de llamado en garantía a petición del demandado (fls. 57 a 60, 65, 66, 75, 84 y 86 cdno. 1). Al comparecer al juicio se opuso a las pretensiones de la demanda, y señaló que de prosperar las pretensiones de la demanda, consignará a órdenes del Tribunal la suma de cuatro millones de pesos quinientos mil pesos teniendo en cuenta que la volqueta, de propiedad del departamento motor 34499110829133 modelo 80, se encontraba asegurada con amparo por lesiones o muerte a una persona hasta por la suma de cinco millones de pesos con deducible del 10%, bajo la póliza de automóviles Nº 7-30581-499. Solicitó el traslado del proceso penal adelantado contra el conductor oficial (fls. 84 a 86 cdno. 1).
4. Luego se decretó la práctica de pruebas el día 7 de junio de 1995 (fls. 87 a 89 cdno. 1).
5. El día 18 de marzo de 1996 se celebró la audiencia de conciliación, que fracasó por falta de acuerdo sobre la suma a conciliar (fls. 109 y 125 a 127 cdno. 1).
6. Posteriormente se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión y concepto de fondo, el día 21 de marzo siguiente; el actor guardó silencio (fl. 128 cdno. 1).
a. El procurador veinte en lo judicial para asuntos administrativos estimó que no se configura la “falta de legitimación del apoderado judicial para actuar” por cuando las múltiples actuaciones desplegadas por él a lo largo del proceso muestran la voluntad inequívoca de aceptar el poder otorgado por el demandante y que además está demostrada la responsabilidad de la demandada y por lo tanto solicita se condene a ésta al pago de perjuicios morales y materiales.
Consideró probado el primer elemento de la responsabilidad de acuerdo con las siguientes pruebas: comunicación dirigida por el Jefe del Distrito de Cali a la Gobernación del Valle, diligencia de levantamiento del cadáver de la víctima directa, informe de novedad suscrito por un agente de Policía, protocolo de necropsia del occiso y el testimonio rendido por el conductor del vehículo oficial; coligió que ellas dan certeza sobre la ocurrencia del accidente de tránsito, la huida del conductor del vehículo oficial, su posterior retención en el CAI de Puerto Mallarino y el resultado negativo de la prueba de alcoholemia practicada al occiso. Agregó que el nexo de causalidad también fue comprobado con el material probatorio referido y en especial con el certificado de necropsia donde se indicó como causa de la muerte del señor Rengifo Manzano, el traumatismo craneoencefálico severo en accidente de tránsito. Y coligió a partir de los anteriores elementos la responsabilidad administrativa de la demandada y el deber de responder por los perjuicios morales y materiales ocasionados (fls. 129 a 137 cdno. 1).
b. El llamado en garantía dijo que no se demostró la responsabilidad de la entidad pública pues los elementos de juicio del proceso conducen únicamente a aceptar: la vinculación del conductor del vehículo con el departamento del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Obras Públicas, el fallecimiento del señor Rengifo Manzano y el dolor que ello ocasionó a sus familiares. Precisó sobre el llamamiento que si bien tal obligación es ineludible como se manifestó con la contestación de la demanda, al momento de definir esta relación accesoria se deberá verificar el vínculo existente entre llamado y llamante y si concurren los requisitos formales y de fondo que sustentan esta figura. Finalmente solicitó se denieguen las súplicas de la demanda y en su defecto en caso de prosperar la relación principal y la accesoria se fije como tope a su deber de indemnizar la suma de $4’500.000 (fls. 138 y 139 cdno. 1).
c. La parte demandada arguyó la culpa exclusiva de la víctima. Hizo referencia a la prueba trasladada del proceso penal, que fue pedida por el llamado en garantía, y citó al efecto a más de aludir al testimonio de Jorge Edison Tenorio Nieva a la indagatoria del señor Cornelio Rivas Moreno al señalar que el motociclista fallecido Jorge Enrique Rengifo Manzano se desplazaba en su vehículo sin luces, que detrás de él venía otro vehículo que al tratar de rebasarlo encandelilló al motociclista y éste perdió momentáneamente la visibilidad y fue cuando se le vino encima y colisionó con la volqueta que conducía y no le dio tiempo de maniobrar para evitar el accidente; que posteriormente huyó del lugar por temor a las represalias de los familiares de la víctima y se dirigió a la Policía de Mallarino para relatar lo sucedido y el testimonio del Cabo Segundo Felipe Gómez Forigua al manifestar sobre el estado del señor Cornelio Rivas que estaba asustadísimo, y que no se le sentía olor a licor.
Indicó que de las pruebas anteriores se desprende una sola cosa, consistente en que no existe más versión de los hechos que los consignados por el señor Cornelio Rivas Moreno y que éste se encontraba asustado más no embriagado, que permiten colegir que no se demostró la culpa del conductor del departamento; que la huida del conductor del lugar del accidente no es una circunstancia que demuestre la responsabilidad del Departamento, debido a que se trata de una reacción posterior a ésta, de carácter psíquico producida por la impresión, el susto y ante todo el miedo incontrolable de ser atacado o agredido en su integridad física por los familiares de la víctima; por tanto los hechos que se narran en la demanda no dejan de ser apreciaciones subjetivas del actor sin respaldo probatorio.
Coligió que el daño se une causalmente a la conducta exclusiva de la víctima “(…) pues si el conductor de la moto tuviera tenido prendidas las luces del vehículo y no llevará exceso de velocidad, precipitándose en forma negligente y sin pericia en la actividad de conducción que realizaba contra la volqueta de propiedad del Departamento y ante todo hubiera atendido las normas de tránsito, no se habría producido su muerte (...)”. Por último advirtió que de ser condenado se debe negar el perjuicio material, teniendo en cuenta el vínculo laboral temporal de la víctima directa, la falta de prueba sobre la ayuda o dependencia económica entre ésta y los demandantes y se debe reducir la tasación efectuada por el actor sobre el perjuicio moral en 1500 gramos oro, por resultar excesiva (fls. 140 a 144 cdno. 1).
Declaró responsable al Departamento del Valle del Cauca, igualmente lo condenó al pago del perjuicio moral sufrido por los demandantes a raíz de la muerte de Jorge Enrique Rengifo Manzano; también condenó al llamado en garantía a reembolsarle al demandado la suma de cuatro millones quinientos mil pesos y negó las demás pretensiones de la demanda.
Consideró en primer lugar lo alegado como excepción por el demandado y señaló que no existe ausencia de apoderamiento del actor toda vez que el abogado designado cuenta con personería adjetiva reconocida por el magistrado ponente en el Tribunal y que el pilar probatorio sobre la aceptación por éste del mandato no es otra que la presentación de la demanda.
Relacionó las pruebas practicadas y observó que con ellas se establece que el señor Jorge Enrique Rengifo Manzano fue arrollado por volqueta de propiedad del departamento del Valle del Cauca, el día 22 de febrero de 1994 a las 7:00 p.m., que el conductor se encontraba en desarrollo de una misión oficial encomendada por el jefe de Distrito de Obras Públicas del mismo Departamento, que no se precisó si el conductor de la motocicleta fuera o no encandelillado con las luces de otro automotor y que por esa razón se haya pasado el carril de la volqueta, que el conductor de ésta luego de acaecido el accidente se bajó de ella y al ver al occiso en el piso huyó del lugar siendo detenido después por las autoridades de policía, que el hecho dañoso se produjo cuando un agente de la entidad demandada ejecutaba una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículos, que la víctima también ejecutaba una actividad de esta naturaleza aunque de menor rango y que no existe prueba en el expediente que permita inferir que éste último conducía su motocicleta a exceso de velocidad, que hubiera inobservado alguna norma de tránsito y que no se encontraba alicorado.
Coligió, de lo anterior y por no haberse probado ninguna causal exonerativa, la responsabilidad de la entidad pública demandada por la muerte del señor Jorge Enrique Rengifo Manzano.
Encontró probados los vínculos de parentesco aducidos por los demandantes y a partir de ellos infirió el daño moral sufrido por ellos, los cuantificó en 1000 gramos oro para cada uno de los padres y en 500 gramos de oro para cada uno de los hermanos. Negó el reconocimiento de perjuicios materiales porque no se probaron y que si bien se demostró la actividad económica del occiso no se estableció la dependencia de los actores respecto de éste. Y finalmente declaró la responsabilidad de la sociedad llamada en garantía hasta la cuantía de $4’500.000 del valor total de la condena que deberá cancelar al demandado (fls. 145 a 158 cdno. 1).
D. Apelación:
La parte demandada recurrió el fallo de primera instancia porque estima que no se probó el elemento daño toda vez que no existe prueba testimonial que refiera a al daño ocasionado a los actores con la muerte del señor Jorge Enrique Lozano Manzano, “(…) sin embargo aceptando que éstos se presumen, la jurisprudencia ha sido reiterativa en sostener que sólo frente a los padres, esposo o compañero e hijos, más no frente a hermanos como se tasaron en la sentencia apelada de forma por demás excesiva (…).
Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Plena del Consejo de Estado de fechas 19 de mayo de 1990, 5 de marzo de 1993 y 3 de mayo de 1994, respectivamente, referentes a la resarcibilidad del perjuicio moral, al problema que reviste su evaluación monetaria, la demostración a través de prueba indirecta, la presunción a partir de la prueba de parentesco en el caso de los padres, hijos y cónyuge, susceptible de ser desvirtuada por la parte demandada por tratarse de presunción de hombre (fls. 172 a 175 cdno. 1).
E. Actuación en segunda instancia:
La apelación se admitió el día 5 de diciembre de 1997 (fl. 177 cdno. 1); y luego se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para la presentación de las alegaciones finales (fl. 179 cdno. 1); dentro del término no se allegaron los memoriales (informe secretarial fl. 181).
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 14 de febrero de 1997, en cuanto lo condenó a pagar 1000 y 500 gramos de oro por concepto del perjuicio moral causado a los padres y hermanos de la víctima directa, respectivamente, pese a la falta de certeza de dicho daño.
Se trata de un proceso de dos instancias en el cual la parte actora no apeló y donde el demandado recurrió parcialmente lo decidido, en lo que atañe con el daño moral. Por lo tanto tiene procedencia el grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo(1), pues es un imperativo para el fallador ad quem conocer de todo lo que le sea desfavorable a la Entidad Pública condenada, con un único limitante de no hacer más gravosa su situación en virtud del principio de la no reformatio in pejus (art. 357 CPC).
Al efecto es pertinente anotar que el grado jurisdiccional de consulta tiene como finalidad la protección de un interés superior de carácter general previsto frente a todas aquellas sentencias condenatorias de determinada cuantía contra entidades públicas, cuya operancia no está sujeta al arbitrio de quienes las representan judicialmente. Por tal motivo cuando, como en este caso, la apelación se restringe a ciertos puntos de los que les fueron desfavorables, es deber del juez examinar todo lo que le fue desfavorable a la entidad pública condenada. Se reitera la posición jurisprudencial contenida en la sentencia proferida por esta Sección del consejo de Estado el día 1º de junio de 2000(2).
B. Responsabilidad patrimonial del demandado:
Se recuerda que el Tribunal declaró administrativamente responsable al Departamento del Valle por la muerte del señor Jorge Enrique Rengifo Manzano, causada por atropellamiento de un vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas Departamentales, cuando se trasladaba en una moto; infirió el daño moral partiendo de la prueba plena del parentesco existente entre los demandantes y la víctima directa; y cuantificó los perjuicios morales en 1000 gramos oro para cada uno de los padres y en 500 gramos de oro para cada uno de los siete hermanos de la víctima directa; negó el reconocimiento de perjuicios materiales y, condenó al llamado en garantía a reembolsarle al demandado la suma de $4’500.000.
El examen de la comunidad probatoria, con sujeción al régimen de responsabilidad invocado por el actor en la demanda, permite advertir que si bien está demostrado el hecho demandado, no se probó que éste ocurrió por una falla del Estado pero que sí por una conducta de riesgo creado, por el ejercicio de una actividad de mayor peligrosidad.
1. Análisis de las imputaciones por falla y por riesgo:
A. Conductas del demandado:
La demanda le atribuyó al Departamento del Valle del Cauca a título de falla la muerte del señor Jorge Enrique Rengifo Manzano; precisó, sobre las circunstancias del hecho, que la víctima directa conducía una moto cuando fue colisionado por una volqueta oficial que invadió irregularmente el carril por donde transitaba y que en ese momento era conducida por empleado oficial de la secretaría de Obras Públicas del Departamento; como consecuencia de lo anterior solicitó para los padres y hermanos del directamente lesionado, el pago de los perjuicios morales y materiales (pretensión 1,1 y hechos 1 a 6).
Sobre el comportamiento afirmado definidamente por el actor en contra del demandado, se probó que el Departamento del Valle del Cauca a través de su agente Cristino Cornelio Rivas Moreno se encontraba ejecutando el día 12 de febrero de 1994 una actividad de las consideradas como peligrosas consistente en la conducción, por una vía pública, de la volqueta Mercedes Benz modelo 80, cuando colisionó con una moto - vehículo de menor peligrosidad - manejada por un particular; y que la colisión produjo la muerte del particular por “aplastamiento cráneo facial, politrauma, accidente de tránsito”. En efecto:
a.1. La certificación expedida por el Jefe de Personal de la Secretaría de Obras Públicas y el testimonio rendido en este proceso por el Jefe del Distrito de Cali de dicha Secretaría son prueba de que el señor Cornelio Rivas Moreno se encontraba vinculado a la Secretaría de Obras Públicas del departamento, como trabajador oficial en el cargo de motorista del distrito de Cali; que el 12 de febrero de 1994 estaba cumpliendo una misión oficial en el Municipio de Florida; que posteriormente y en cumplimiento también de misión oficial se le autorizó prestar el servicio de traslado de balasto desde Florida hasta Cali, con fundamento en solicitud presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa. Esas pruebas señalan:
Certificación expedida por el jefe de personal de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento del Valle del Cauca con destino a este proceso, en la cual hace constar que el señor Crispino Corneli Rivas Moreno, labora en esa secretaría desde el 8 de julio de 1991 en el cargo de motorista distrito de Cali, que está vinculado como trabajador oficial y que cumple en el edificio de la Gobernación un horario de 7:30 a.m a 12:30 p.m y de 2:30 a 6:00 p.m; finalmente precisó que en los distritos el horario establecido en convención es de 7:00 a.m. a 4.00 p.m” (Documento público en original; fl. 42 cdno. ppal.).
Testimonio de Álvaro Holguín rendido ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 1º de agosto de 1995. Ingeniero civil vinculado al Departamento del Valle del Cauca como jefe del Distrito de Cali, desde hace aproximadamente 3 años. Señaló haber tenido conocimiento en razón de su cargo del accidente de tránsito ocurrido el 12 de febrero de 1994 donde falleció el señor Jorge Enrique Rengifo Manzano. Relató que parte del equipo de la Secretaría de Obras se encontraba atendiendo la emergencia que para tal época se había presentado en dicho Municipio, que de regreso a la ciudad de Cali fue que se presentó el accidente; advirtió que sobre sus circunstancias no puede dar fe porque no se encontraba en el sitio.
Preguntado sobre si el conductor había recibido instrucción o autorización para desplazarse con el referido automotor al citado municipio, contestó que efectivamente existe orden de salida, que indica que hubo autorización “(...) la autorización fue dada por mi teniendo en cuenta como ya se indicó anteriormente que se estaba atendiendo una grave emergencia en el municipio de Florida (...)” que posteriormente se autorizó al conductor para prestar el servicio de traslado de balastro desde Florida hasta Cali con fundamento en solicitud presentada por el sindicato de trabajadores de la empresa.
Agregó que en sustento de lo anterior se encuentra la orden de salida, que si bien en ella solo se indica el sitio de destino, “(...) es decir Florida, sin embargo existe una nota de página en la solicitud del sindicato por medio de la cual se autorizó al señor Rivas para prestar ese servicio en esa fecha (...)”, a quien se le pagaron tiempo extra, debido a que esa labor del día Sábado se consideraba como jornada adicional (fls. 98 a 100 cdno. ppal.).
a.2. Otras pruebas, documental pública y testimonial, atinentes a informe rendido el día 14 de febrero de 1994 por el Jefe del Distrito de Cali a la Jefe de Seguros e Inventarios de la Gobernación del Valle, y el testimonio efectuado por el señor Cristino Cornelio Rivas Moreno en este proceso, son demostrativas del hecho consistente en que cuando dicho trabajador estaba cumpliendo con la labor de traslado del balastro del Municipio de Florida a la ciudad de Cali en vehículo asignado a la Secretaría de Obras Públicas del departamento, a la altura de la Empresa Café Águila Roja, colisionó con una motocicleta que se desplazaba por el carril contrario; esas pruebas concretamente señalan:
Informe rendido el 14 de febrero de 1994 por el Jefe del distrito de Cali a la Jefe de Seguros de Muebles e Inventarios de la Gobernación del valle, sobre el accidente sufrido por la volqueta mercedes Benz de número interno 064 conducida por el señor Cristino Cornelio Rivas, en la vía que de Cali conduce a Candelaria a la altura de Café Águila Roja el día sábado 12 de febrero de 1994. “(...) Cuando dicha volqueta se desplazaba hacia Cali, en el sitio indicado anteriormente, tuvo un accidente con una motocicleta que venía en sentido contrario. Como resultado de este percance falleció el conductor de la motocicleta. El señor Cristino Cornelio Rivas se encuentra detenido en la cárcel de Candelaria, y a la volqueta (sic) está retenida en el CAI de Puerto Mallarino (...)”.
Testimonio rendido por el señor Cornelio Rivas Moreno, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 1º de agosto de 1995, quien conducía el día del accidente el vehículo del Departamento de Obras Públicas del Valle del Cauca. Señaló desempeñarse como Motorista en esta entidad desde hace cuatro años aproximadamente. Relató el accidente así: Señaló que venía ese día de Florida y que era aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando a la altura de las instalaciones de Café Águila Roja,
“(...) una automóvil rojo iba adelante, yo iba atrás, en eso se aproximó un auto, no lo alcance a ver bien porque este iba muy rápido, y trató de adelantarme y en eso venía una moto, sin luces, yo creo que el reflejo del otro carro pudo haber encandelillado al conductor de la moto que no pudo reaccionar y se me vino encima, yo traté de esquivarlo pero el de la moto venía muy rápido y no me dio tiempo a nada. El de la moto se dio en el guarda barro lado izquierdo de la volqueta que yo conducía y salió disparado al sardinel, yo paré enseguida y me bajé y vi al tipo de la moto totalmente destrozado, me acerqué y no se movía, en eso se aglomeró la gente y uno entre las multitudes dijo mataron a mi primo, donde está el tipo, yo no ví a este solo oí su voz, me asaré y me dio mucho miedo de que fueran atentar contra mi vida, y en fracción de segundos tomé la decisión de irme a presentar ante las autoridades y en ese momento vi lo más fácil, que era irme en la misma volqueta y me dirigí a la Estación CAI de Puerto Mallarino (...)”.
Señaló que se demoró en llegar a Puerto Mallarino aproximadamente unos veinte a veinticinco minutos de donde había ocurrido el accidente; que cuando llegó se bajó, y en eso lo encañonaron dos policías y le dijeron que él acababa de atropellar un señor en una moto, que si era que se pensaba volar y que él les había contestado que se venía a presentar porque le daba miedo de un familiar que se encontraba donde habían ocurrido los hechos y que ellos manifestaron que quedaba retenido hasta nueva orden, que lo metieron a un calabozo, cuando llegó un señor se acercó a la reja y le dijo que había matado a su primo y que eso no se quedaba así, que posteriormente lo llevaron al Carmelo donde había una multitud en el parque al lado de la inspección, que el inspector le había dichos que por su seguridad lo trasladaban a la cárcel de Candelaria.
Indicó que se encontraba ese día por orden del ingeniero Álvaro Holguín, su jefe inmediato, reforzando el equipo móvil que atendía un siniestro en el Municipio de Florida; que aproximadamente a las 8:30 a.m. fue autorizado por el mismo ingeniero para que de regreso de Florida a Cali trajera un viaje de balastro con destino al Plan de Vivienda Sindical, por lo que le cancelaron horas extras.
Indicó que por lo sucedido ese día le iniciaron proceso penal, el cual se encuentra en etapa de investigación, y que se encuentra con medida de aseguramiento con caución consistente en que no puede salir del Departamento del Valle; que también le iniciaron investigación disciplinaria por el departamento jurídico y el Comité Laboral, quienes no encontraron causa para sancionarlo.
Relató que actualmente sigue laborando con la misma entidad pero manejando un jeep, que el vehículo que manejaba - la volqueta - cuando estaba cargado podía desarrollar como máxima velocidad cuarenta o cuarenta y cinco kilómetros por hora, “(...) pues hay que tener en cuenta la frenada y la distancia que debe llevar uno (...)”.
Agregó que ese día venía por su carril “(...) y al colisionar la moto conmigo por la confusión el vehículo se salió un poco deslizada hacia el lado izquierdo (...)”; que seguramente debe haber quedado la huella de la frenada de la moto, que él frenó normalmente “(...) pues como en ese momento venía un carro atrás y no podía hacerlo abruptamente, además yo no venía rápido y no era necesario frenar rápido, lo del croquis yo no lo puedo saber pues cuando me ausenté del lugar no había policía (...)”. Y finalmente y sobre el lugar donde quedó la moto manifestó que no se dio cuenta porque en esos momentos estaba confundido (fls. 101 a 104 cdno. ppal.).
a.3. La diligencia de levantamiento del cadáver y el registro civil de defunción dan cuenta sobre la muerte del señor Jorge Enrique Manzano —quien conducía la moto Nº KE 175 DE008941 modelo 80 cilindraje 175 tipo cross— “por aplastamiento cráneo facial, politrauma, accidente de tránsito”; el cadáver fue hallado a cinco metros de la orilla del pavimento con fracturas múltiples en varias partes del cuerpo, en posición cubito lateral derecho. Esos medios enseñan:
Registro civil de la defunción del señor Jorge Enrique Rengifo Manzano acaecida el día 12 de febrero de 1994 a las 7:20 p.m. en el municipio de Candelaria, Departamento del Valle del Cauca, por “Aplastamiento cráneo facial, politrauma, accidente de tránsito” (Documento público en original; fl. 17 cdno. ppal.).
Diligencia de levantamiento del cadáver del señor Jorge Enrique Rengifo Manzano, practicado el 12 de febrero de 1994 por la inspectora de Policía del Municipio de Carmelo, quien dejó constancia sobre que el cuerpo se había encontrado en la vía que de Cali conduce a Candelaria, frente a la fábrica denominada Águila Roja, a cinco metros de la orilla del pavimento sobre el pasto; que averiguó con quienes se encontraban presentes con qué vehículo había colisionado y que el vigilante de Águila Roja, señor Julio Cesar Penagos manifestó que había sido una volqueta del Municipio de color verde con el número 064, la cual huyó del lugar de los hechos; señaló que el cadáver presentada fracturas múltiples en diversas partes del cuerpo, que su posición era de cúbito lateral derecho, pies al norte, cabeza al sur; que el occiso conducía una motocicleta Kawasaki motor Nº KE175 DE008941 de color rojo modelo 80 cilindraje 175 tipo cross, la cual se encontró a la orilla del pavimento (fls. 4 y 4 vuelto cdno. 4).
a.4. Por los hechos anteriores la Fiscalía 74 Seccional de Candelaria (Valle) inició diligencias contra el conductor oficial por el delito de homicidio culposo (prueba trasladada solicitada por el llamado y referida en los alegatos por el demandado). La última actuación de la Fiscalía tiene que ver con la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida el 11 de marzo de 1994 (fls. 107 a 115 cdno. 4).
a.5. Las pruebas restantes, refieren a la conducta asumida por el agente estatal, en forma posterior al accidente, la cual puede sintetizarse indicando que éste huyó del lugar de los hechos y posteriormente fue detenido por varios agentes de la policía pertenecientes al CAI de Puerto Mallarino; así:
Testimonio rendido en el proceso penal por el cabo segundo Felipe Gómez Forigua el 22 de febrero de 1994; señaló que trabaja en el CAI de Puerto Mallarino en Cali; preguntado sobre los hechos materia de investigación indicó que ese día se encontraba en el CAI de Puerto Mallarino como Comandante del mismo, “(...) la patrulla de turno llega al CAI con una volqueta de color verde, manifestando que la Central de Policía de Cali había dado orden de inmovilización para esa volqueta ya que al parecer había cometido homicidio por accidente de tránsito frente a Café Águila Roja (...)”.
Relató que ese día se encontraba de patrulla el agente Mayama Amezquita Fernando y Cortez Leonidas Salomón, que ellos dos habían retenido al conductor de la volqueta.
Preguntado sobre la forma cómo se llevó el procedimiento de captura del señor Crispino Cornelio o si por el contrario esté se entregó voluntariamente, contestó “(...) al dar la central la orden de inmovilización de la volqueta según se dirigía a Cali, la patrulla salió a taponar la vía para la captura de la volqueta, localizándola con la carrera 8 con calle 81 diagonal al CAI (...)”.
Manifestó que de acuerdo a lo señalado por la patrulla, al hacerle el pare al conductor de la volqueta, él no quería parar “(...) y la misma patrulla conformada por Amezquita y Salomón me manifestaron que el señor de la volqueta les iba a tirar el vehículo, y luego se trasladó la volqueta del señor al CAI (...)”.
Aclaró que la captura se hizo en la carrera 8 con calle 81 entre las 19:00 y 19:05 y que él le había comunicado que tenía una orden de inmovilización contra la volqueta porque según la central de Policía esa volqueta mató al señor frente a Café Águila Roja y que él le había manifestado que él había sentido un golpe de una moto sin luces, que lo había inquirido, porqué en vez de huir no le prestó los primeros auxilios a lo que le contestó que “(...) como en esos momentos se asustó mucho emprendió la huida (...)”.
Sobre el estado de la volqueta indicó “(...) la volqueta llegó al CAI pinchada de la llanta delantera parte izquierda y presentaba una sumisión en el bomper del lado izquierdo, también se vio que la volqueta presentaba pedazos de carne pegados al bomper izquierdo.
Señaló sobre el estado de señor Crispino Cornelio Rivas que él no se encontraba embriagado, ni se le sentía licor, pero que si estaba asustadísimo.
Preguntado sobre lo que le consta respecto a la versión dada por el sindicado que se bajó en el CAI con el fin de entregarse e inmediatamente dos policías lo encañonaron, que “(...) lo que pasa es que si cristino se hubiera querido entregar yo creo que no se hubiera desviado por la parte de arriba del puente para salir por aquí por Puerto Mallarino, sino que hubiera seguido derecho por la carrera 8ª. Y hubiera dado aviso ahí frente al CAI (...)”.
Finalmente añadió que cuando Cristino Cornelio fue retenido por la patrulla del CAI no se encontraba solo, él venía acompañado de un muchacho de color negro, de más o menos 18 o 20 años, que no sabe que se hizo después (fls. 54, 54 vuelto y 55 cdno. 4).
Testimonio rendido por el agente Leonidas Salomón Cortés el 17 de junio de 1994. Preguntado por las circunstancias en las que fue inmovilizado la volqueta de la secretaría de Obras Públicas y Transporte y del conductor Cristino Cornelio señaló que estaban haciendo tercer turno de vigilancia junto con el agente Mallana Amézquita en el CAI de Puerto Mallarino, estaban a punto de entregar el turno cuando aproximadamente a las 19:00 horas la central impartió un comunicado por radio diciendo que había una volqueta de color verde Nº 064 que había causado 901 con 942 a la altura de la fábrica de Águila Roja y que se había escapado, que el Comandante de guardia y todos los agentes se pusieron de acuerdo a esperar que pasara la volqueta, “(...) tipo 9:10 de la noche vimos que la volqueta venía pasando el puente de Juanchito y voltio a mano izquierda, entonces le dimos la vuelta a hacerle la travesía, para pararla, al cual la paramos en la calle 8ª con 9 - 81 cuando ya iba a voltear para Puerto Mallarino, ahí en toda la vuelta la paramos y le preguntamos al conductor que de dónde venía, éste nos respondió que veníamos de la arenera, pero nosotros vimos el número de orden de la volqueta y vimos muy claro que era la que había reportado la central y el color y todo y observamos que en el bomper lado izquierdo de la volqueta, tenía una abolladura con sangre (...) por lo tanto requisamos al señor y procedimos a detenerlo a eso de las 9:10 de la noche del día 12 de febrero de 1994. Lo llevamos al CAI y lo teníamos ahí cuando nos llegó el relevo de cambio de turno y ya se ordenó al Comandante Gómez Forigua Felipe a los que nos recibían turno ese día (...)”.
Señaló que el conductor una vez fue aprehendido y le comunicacional orden de la central de inmovilización de la volqueta por atropelló de persona en la vía “(...) el conductor manifestó que él no era que él venía de la arenera, ya cuando vimos el golpe en el bomper y la sangre allí se la mostramos y dijo que él no la había visto porque venía sin luces el de la moto. O sea que aceptó que él lo había atropellado.
Agregó sobre la versión dada del conductor atinente a que éste se había ido a entregar al CAI, que estaba mintiendo, porque una cuadra antes del CAI voltio a la izquierda donde sale para Puerto Mallarino y en toda una esquina que queda una panadería y un billar fue donde lo paramos “(...) nosotros le pusimos la moto y le toco parar y no se quería bajar de la volqueta y lo obligamos a bajar diciéndole que se bajara que ya la había embarrado que para que ponía resistencia y si hubiera sido para presentarse ante las autoridades había arrimado al Puesto de Policía de Juanchito y además la dirección que llevaba cuando fue retenido no era la correcta para llegar al CAI (...)” (fls. 148 y 149 cdno. 4).
La imputación fáctica contra el Estado, de irregularidad debida a que la volqueta se salió de su carril e invadió el carril contrario por donde transitaba la víctima no fue demostrada, pues los medios probatorios no evidencian la conducta contravencional del conductor de la volqueta; si bien existen pruebas relacionadas con el comportamiento desarrollado por el agente en forma posterior al accidente, de huida del lugar de los hechos, ella en sí misma considerada no puede ser conclusiva de aquellas y no hay otros medios de prueba que soporten una conclusión diferente. Nótese la ausencia de testigos presenciales del accidente, o de otro medio de convicción que de cuenta de la invasión del carril.
Como acaba de verse no se probó la falla endilgada al demandado, pero sí se demostró el “riesgo creado” el cual se vincula a los hechos narrados en la demanda. Por lo tanto en virtud del principio iura novit curia le corresponde al juez aplicar el régimen jurídico pertinente. En efecto, tratándose de acciones resarcitorias - indemnizatorias, el juez puede de acuerdo con el referido principio y partiendo de los hechos demostrados descartar el título jurídico invocado por los actores y aplicar el respectivo. La jurisprudencia del Consejo de Estado, en su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, ha concluido en varias oportunidades que cuando no se juzga la legalidad de los actos administrativos, “sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante”(3).
Particularmente teniendo en cuenta que la imputación por riesgo se vincula a la producción de una colisión de dos vehículos de peligrosidad mayor y menor precisada en los hechos de la demanda —volqueta oficial y moto particular—, al no haberse demostrado la falla la Sala encuadra el caso dentro del régimen de responsabilidad objetiva por el ejercicio de actividades peligrosas.
En juicios como el que se estudia, esta Sección del Consejo de Estado atendiendo la contingencia al daño que ofrecen, entre otros, los instrumentos destinados a actividades peligrosas, apreciando la realidad física de éstos en cuanto a su poder para causar daño, ha dicho que cuando dos actividades peligrosas (conducción de vehículos) se enfrentan y además cuando una actividad es menor que la otra, habrá de entenderse que la mayor peligrosidad al riesgo, por su estructura y actividad, se predica del que posee la mayor potencialidad para causar el daño. Así se ha explicado en anteriores oportunidades desde la sentencia proferida el día 10 de marzo de 1997(4) y en otras más recientes la proferida el día 9 de agosto de 2001(5).
•el riesgo creado por el Estado en la producción del accidente con su participación en la utilización de un instrumento que por su naturaleza tiene mayor peligrosidad y por lo tanto mayor potencialidad de riesgo a causar daño;
• el daño antijurídico y
• 149 la relación causal.
El régimen objetivo de responsabilidad “por riesgo” (sin irregularidad de conducta) se deriva entre otros del ejercicio de actividades con instrumentos peligrosos, como vehículos; el factor de imputación es el riesgo que excede los inconvenientes inherentes a la prestación del servicio y las cargas normales que deben soportar los administrados. Es por tanto que cuando se prueba que el Estado causó daños con el ejercicio de esas actividades tiene que soportar patrimonialmente las consecuencias del hecho lesivo siempre y cuando se demuestren además, de ese ejercicio de actividad peligrosa (hecho dañoso) los elementos de daño y relación causal. No será responsable cuando a pesar de la comprobación de los anteriores elementos se demuestre causa extraña (hecho exclusivo del tercero o de la víctima y/o fuerza mayor) eficiente y determinante. Respecto a cada uno de estos elementos es importante precisar lo siguiente:
• En cuanto al hecho dañoso. El demandante no tendrá que demostrar, como en el régimen de falla probada, la calificación de la conducta subjetiva del demandado; le bastará demostrar la ocurrencia del hecho. Por lo tanto al demandado no le sirve probar diligencia y cuidado.
• En cuanto al daño. El promotor del juicio también tendrá que representarle al juez la existencia de un menoscabo que reúna las siguientes cualidades: cierto, particular y que recaiga sobre una situación o de acto o de hecho que esté protegida jurídicamente.
• En cuanto al nexo de causalidad. El actor igualmente tendrá que demostrar, mediante prueba directa o indirecta, que el daño es consecuencia eficiente y determinante de la conducta del Estado. Y debe probar ese nexo porque la ley no ha señalado en materia de relación causal ni presunciones legales respecto de las cuales probado un hecho (s) el legislador infiera la causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el adecuado nexo de causalidad.
Ahora y descendiendo al caso concreto el acervo probatorio es conclusivo sobre la comprobación de existencia del primer elemento de responsabilidad objetiva por riesgo ésta probado, por cuanto se demostró que la muerte de Jorge Enrique Rengifo Manzano se causó en la colisión de dos vehículos —volqueta y moto— de los cuales el del Estado era el de mayor potencialidad para causar daño (volqueta), el cual que estaba destinado al servicio de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento del Valle del Cauca.
Partiendo de la naturaleza física de esos vehículos, es claro que el de mayor peligrosidad, era el vehículo oficial, el cual generaba de una parte mayor potencialidad de riesgo respecto de la moto que conducía el particular y, de otra, para su conductor mejor posibilidad de protección y de reacción ante la presencia de un enfrentamiento de fuerzas.
b. Daño:
La demanda alegó que los demandantes Jorge Enrique Rengifo Lozano, María Manzano de Rengifo y Efraín, María Eugenia, Martha Cecilia, Paulina, Daniel Humberto, Noelby y Albeiro Javier Rengifo Manzano padecen daño moral con la muerte de su hijo y hermano Jorge Enrique Rengifo Manzano.
El a quo concluyó la existencia del daño moral partiendo de la prueba del parentesco, de padres y hermanos de los demandantes y de la inferencia de afecto a partir de dicha prueba.
Y el apelante consideró que no se estableció el daño moral toda vez que no existe prueba testimonial sobre ese hecho, es decir el padecimiento moral padecido por los actores con la muerte del señor Jorge Enrique Lozano Manzano, “(...) sin embargo aceptando que éstos se presumen, la jurisprudencia ha sido reiterativa en sostener que sólo frente a los padres, esposo o compañero e hijos, más no frente a hermanos como se tasaron en la sentencia apelada de forma por demás excesiva (...)” y que tratándose de presunción de hombre puede ser desvirtuada.
Para definir el problema jurídico en el recurso de apelación se harán, en primer lugar, algunas anotaciones generales sobre la conceptualización sobre El Daño Moral y su tratamiento jurisprudencial, para luego analizar lo particular del caso.
a. El daño moral está concebido con fundamento en la naturaleza del bien jurídico menoscabado (espiritual). En una primera etapa se consideró que no era objeto de indemnización bajo el entendimiento textual “de que las lágrimas no se monetizan”; posteriormente se le dio cabida a la indemnización pero sólo para reconocerla en los eventos en que el daño trascendía al campo puramente espiritual, siendo reparable sólo cuando lesionaba un bien material; finalmente se aceptó el daño moral en su existencia autónoma, exigiendo para su indemnización únicamente el lleno de los requisitos comunes a toda clase de daños, es decir que el daño moral sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual, y que recaiga sobre un bien jurídicamente tutelado. Los puntos de certeza y no eventualidad se predican, respectivamente, sobre la demostración de la lesión a un derecho subjetivo y la independencia a la realización de otros hechos extraños diferentes al hecho dañoso; y el punto de la antijuridicidad se predica de la inexistencia de una obligación jurídica de soportarlo.
El daño moral junto con el daño a la vida de relación están ubicados dentro de los daños inmateriales o mal llamados extra patrimoniales; el daño moral entendido como el producido generalmente en el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien; y el daño a la vida de relación como aquel que rebasa la parte individual o íntima de la persona y además le afecta el área social, es decir su relación con el mundo exterior; por ello se califica en razón al plano afectado: la vida de relación.
La jurisprudencia de esta corporación(6) ha incluido siempre al daño moral dentro de los daños indemnizables, reconociendo en principio al proveniente de la muerte o de las lesiones causadas a personas cercanas a la víctima directa —a aquellas que por su inmediatez, ha señalado la doctrina, sufren un perjuicio reflejo (7)—- y posteriormente al daño derivado de la avería o pérdida de cosas; al respecto cabe recordar las sentencias de 6 de marzo de 1997 y del 13 de abril de 2000(8).
Ahora la Sala se detendrá en los temas atinentes a la prueba del daño moral, en aspectos generales y en lo particular del caso.
b.1. Generalidades sobre la prueba del daño moral:
La afirmación definida de existencia de “daño o menoscabo” mirada como hecho procesal está sujeta en los juicios seguidos ante la justicia de lo contencioso administrativo como cualquiera otro hecho al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, por lo general, debido a que el artículo 168 del CCA. remite a dicha codificación.
El CPC enseña que corresponde a las partes la prueba del supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido por ellas y que en principio son admisibles todos los medios de prueba (declaración de parte, testimonio de terceros, dictamen pericial, documentos, indicios) siempre y cuando sean útiles para la formación del convencimiento del juez (arts. 175 y 177).
Y la jurisprudencia en la actualidad en lo que atañe particularmente con el daño moral tiene en cuenta dicha base legal sobre la regulación probatoria de los hechos procesales y por ello en lo que concierne con el daño moral de parientes (padres, hijos, hermanos y abuelos) lo ve indicado mediante prueba lógica indirecta, cuando se demuestra plenamente el hecho del parentesco, pues la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre esos parientes existe afecto.
Para el caso que se decide, si bien en la jurisprudencia en un primer momento y en relación con el dolor moral entre hermanos se infirió sólo para los hermanos menores, tal posición se rectificó para extenderla a los mayores.
Resulta ilustrativo en el aspecto de la determinación del daño moral mediante prueba indiciaria las anotaciones de Friedrich Stein(9) cuando destaca que una de las funciones de las reglas de la experiencia es la de indicar hechos que están fuera del proceso, por medio de la comprobación de otros hechos.
A su vez la doctrina nacional define a los indicios como los ”(...) acontecimientos o circunstancias, a partir de los cuales y por medio de la experiencia, se pueden concluir en otros hechos que están fuera del proceso y constituyen el objeto de la prueba (...)”(10).
Cabe precisar que el juez en su proceso intelectivo de inferencia, parte del reconocimiento constitucional dado a la familia como núcleo fundamental de la Sociedad, constituida tanto por vínculos naturales como jurídicos, de su protección integral, del deber ser de las relaciones familiares, de igualdad de derechos y respeto recíproco de sus integrantes (art. 42), así como de las reglas que aporta la experiencia las cuales informan que es propio de la naturaleza humana que se formen vínculos de efecto, de ayuda mutua entre los miembros de una misma familia, tratándose de abuelos, padres, hijos y hermanos.
Si bien en la actualidad no hay espacio para albergar duda en torno al tema de la prueba del daño moral en el caso de la muerte de un ser querido, en el pasado tal tema si fue objeto de fluctuación jurisprudencial tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Suprema de Justicia; dicho cambio jurisprudencial está sintetizado en la sentencia proferida por la Sección Tercera de esta corporación el día 27 de enero de 2000(11):
“(...) Sobre la prueba de los perjuicios morales - subjetivos, no ha existido uniformidad jurisprudencial.
Mientras la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo estima que se presumen en tratándose de padres, hijos, cónyuge y hermanos menores y exige que, respecto de los hermanos mayores, se pruebe la relación afectiva (12), la Sección Tercera, en un primer momento, consideró que la base indiscutible del perjuicio moral subjetivo, solo podían ser el amor y el afecto que sentían los demandantes por la víctima, sentimientos que, unidos al parentesco, hacían presumir el dolor que les causó su desaparición.(13) En relación con los hermanos, independientemente de la edad, se dijo que debían acreditar las condiciones de convivencia y familiaridad con el occiso(14), mientras que el daño moral subjetivo, se presumía con la sola prueba del parentesco cuando se trataba de padres, hijos y cónyuge(15). En sentencia del 17 de julio de 1992, la Sección modificó la tesis respecto de los hermanos de la víctima, consagrando en su favor la presunción del perjuicio moral, pues resultaba injusto aceptarla, en unos casos, con fundamento en el vínculo familiar y a renglón seguido exigir, para otros, una prueba específica de lazos afectivos(16).
Posteriormente, se dijo que la presunción del daño moral operaba respecto de los parientes hasta el segundo grado de consaguinidad y primero civil, pero, si no se demostraba el parentesco y la legitimación se sustentaba en la condición de damnificado del demandante. Este tenía la carga de demostrarlo.(17) (18)
En la Corte Suprema de Justicia, tampoco ha existido uniformidad en cuanto a la prueba de este tipo de perjuicios, pues inicialmente se estableció que por regla general el perjuicio no se presumía, ‘de manera que cuando la ley establece la obligación de indemnizarlo, no por ello exonera del deber de comprobarlo a quien pide que se le resarza afirmando haberlos sufrido’(19). Posteriormente, se dijo que ante la privación de la vida de una persona, las víctimas mediatas o indirectas con el hecho, podían reclamar perjuicios de orden moral, los cuales se encuentran reservados para aquellas personas que, por sus estrechas vinculaciones de familia con la víctima directa del hecho dañoso, se hallan en situación que por lo regular permite presumir, con la certeza que requiere todo daño resarcible, la intensa aflicción que les causa la pérdida del cónyuge o de un pariente próximo(20).
Este criterio fue rectificado por la Corte Suprema, cuando estableció que no es suficiente demostrar un vínculo determinado con la persona de quien se dependía económicamente, por ejemplo cónyuge, compañero permanente, padres e hijos, sino que es necesario probar por lo menos con hechos indiciarios que realmente existía una situación afectiva, sentimental, moral, de tal magnitud, que al producirse la muerte esa situación resulta gravemente afectada(21).
Para 1997, la Corte siguió manejando el mismo criterio, pues consideró que el denominado ‘arbitriun judicis’, opera únicamente en relación con la estimación cuantitativa del perjuicio moral, mas no así con su existencia, la cual, como acontece igualmente con cualquier clase de daño y dejando a salvo situaciones de excepción previstas explícitamente por el legislador, requiere ser demostrado aun valiéndose de la prueba por indicios(22).
Posteriormente, en sentencia del 26 de agosto de 1997, se dijo que: ‘para efectos de la indemnización de perjuicios no patrimoniales por la pérdida de una persona allegada, al demostrar el cercano parentesco entre el actor y esta última, se acredita sin duda la existencia de una relación que en guarda del postulado de razonabilidad en las inferencias jurisdiccionales, permite construir la presunción del daño moral o afectivo, que por lo mismo puede ser desvirtuada por la parte interesada’(23). Sin embargo, en la misma oportunidad se dejó en claro que, ‘si bien es cierto que no basta con invocar sin más la existencia de un agravio moral, también es verdad que no…se exige una prueba irrefragable de su real ocurrencia, prueba esta, del todo imposible por la naturaleza de esta clase de daños, pero que a pesar de esta circunstancia, bien puede deducírsela de signos exteriores cuya verificación la ley difiere al discreto arbitrio judicial, luego corresponde por norma general al prudente juicio de los sentenciadores, en cada caso, reconocerlo como daño indemnizable, atendiendo al hecho generador de responsabilidad y a las circunstancias particulares que rodean dicho caso que, a su vez, han de suministrar las bases de cálculo adecuadas para fijar el monto de la satisfacción pecuniaria debido por este concepto’(24).
En el presente caso, no hay problema, pues se trata de la relación padre (demandante) - hijo (fallecida), frente a la cual, tanto en Sala Plena como esta Sección han coincidido en aceptar la presunción de daño moral (...).
Sin embargo, es conveniente precisar la tesis de la Sala reiterando el criterio jurisprudencial según el cual la presunción del dolor moral sólo opera en relación con los parientes hasta el segundo grado de consaguinidad y primero civil, pero cuando no se demuestra el parentesco, sino que se tiene en cuenta la condición de tercero damnificado, la parte actora corre con la carga de demostrar que efectivamente la muerte de una persona le ha causado perjuicios de orden moral.
En esta oportunidad, la Sala reitera el último de los criterios expuestos, aplicación que le permite presumir los perjuicios morales que sufrió el señor Juan Carlos González Castro (demandante) en su condición de padre del menor Luis Carlos González Collante (fallecido).
En el registro civil de nacimiento de la víctima, visible a los folios 3 y 128 del expediente, consta que el menor Luis Carlos González Collante es hijo extramatrimonial reconocido por el demandante, circunstancia suficiente para que opere la presunción aludida (...)”.
Lo anterior es óbice para colegir que tratándose del daño moral por la muerte de un pariente la jurisprudencia lo ha inferido entre ciertos grados de parentesco partiendo de la demostración del estado civil entre padres, hijos, hermanos (mayores y menores) y abuelos y teniendo en cuenta la experiencia humana y las relaciones sociales; que a tales inferencias lógicas se les ha denominado “presunciones judiciales” y en ellas el operador jurídico parte o de los hechos sociales o de los hechos plenamente probados, para deducir otros, mediante un proceso lógico que proviene de él, y no de la indicación imperativa del legislador. Puede decirse entonces que el daño moral cuando no existen elementos probatorios directos de convicción se infiere de esa manera indiciaria.
b.2 La Sala observa que particularmente, en el caso, sí se demostró que los demandantes son padres y hermanos de la víctima directa, y que todos aquellos sufren daño moral a consecuencia del fallecimiento de su hijo y hermano pues se probaron plenamente el hecho del parentesco y de defunción del pariente, y además judicialmente se infiere de esos dos hechos el dolor moral.
Los dos primeros hechos indicadores, estado civil de los demandantes en relación con la víctima directa y el fallecimiento de ésta, se estableció mediante prueba documental pública como lo exige el decreto ley 1.260 de 1970, como son las copias auténticas de los registros civiles de matrimonio - entre Jorge Enrique Rengifo Lozano y María Manzano de Rengifo - y de nacimiento de los hijos habidos en este matrimonio - Efraín, María Eugenia, Martha Cecilia, Paulina, Daniel Humberto, Noelby, Jorge Enrique y Albeiro Javier Rengifo Manzano - y del certificado de defunción de Jorge Enrique Rengifo Manzano (Documentos públicos en copia auténtica; fls. 4 y 4 vuelto, 10 a 14 vuelto cdno. ppal y 15 a 17 cdno. 1).
Por lo tanto a partir de las pruebas del vínculo de parentesco y del fallecimiento del hijo y hermano de los demandantes (hecho indicador), teniendo en cuenta la protección constitucional a la familia, y aplicando las reglas de la experiencia humana que indican que entre los seres normales existe afecto entre los padres e hijos y entre los hermanos y por lo tanto padecen daño moral cuando alguno de ellos fallece, se concluye al igual que el Tribunal que sí se configura el daño moral en mayor intensidad para los padres, como es obvio en las relaciones sociales, como uno de los elementos de la responsabilidad. De esta manera se le responden al demandado los reproches que hizo a la sentencia de primera instancia, para desestimarlos. Cabe anotar que el demandado no alegó ni tampoco demostró hechos con los cuales no habría lugar a aplicar las reglas de la experiencia humana sobre el afecto entre padres e hijos y entre hermanos, pues se limitó en el recurso de apelación a negar su existencia.
Enseguida se estudiará el último elemento para la configuración de la responsabilidad extracontractual, análisis con el cual se puede concluir o la imputabilidad del daño al demandado y con esta la responsabilidad de la Administración o la no responsabilidad de ésta.
c. Nexo de causalidad:
Para este último elemento de responsabilidad es necesario determinar si la conducta de riesgo desplegada por la Nación (imputabilidad física), fue la causa eficiente y determinante para ocasionar los daños que se piden indemnizar (imputabilidad jurídica).
Los demandantes probaron el daño moral padecido por ellos con ocasión de la muerte de Jorge Enrique Rengifo Manzano, los cuales no sólo tienen nexo Físico con la conducta de riesgo realizada por el Estado, sino también nexo Jurídico, pues no hay duda que la volqueta conducida por un agente del Estado al colisionar con la moto en la que se trasladaba el particular, ocasionó la muerte de éste, y que ésta fue causa única de la referida muerte, pues esta causa no fue excluida por ninguno de los hechos que ocasionan la ruptura total del nexo causal en este tipo de responsabilidad (hecho exclusivo del tercero o de la víctima y la fuerza mayor exclusiva) ni que tampoco que esa causa fue excluida parcialmente por la conducta de la propia víctima, al hacer imputable para sí misma parte del daño que sufrió.
En la contestación de la demanda se alegó la culpa exclusiva de la víctima, con la cual se busca enervar la imputabilidad de los daños, desde el punto de vista Jurídico, la cual fue sustentada posteriormente en el hecho consistente en que según el interrogatorio rendido por el señor Cornelio Rivas Moreno el motociclista se desplazaba en un vehículo sin luces, que se salió de su carril, al haber sido encandelillado por un automóvil que venía detrás de la volqueta; tal afirmación carece de soporte probatorio, toda vez que el esgrimido por el demandado carece de tal condición.
Al respecto es pertinente anotar que no existe medio de prueba en el proceso del cual se desprenda que la víctima directa generó de alguna manera el daño padecido por ella o lo que es lo mismo que incurrió en contravención a normas de tránsito con idoneidad para causar o concurrir en la causación del accidente: el transitar sin luces, invadir el carril contrario etc.
La única referencia que se dirige a este extremo fáctico es la indagatoria rendida por el agente del Estado y testimonial, en el juicio penal adelantado en su contra por el delito de homicidio culposo y en este proceso, situación que sería suficiente para desecharla, dado el claro interés que le asistía para salir avante de cualquier imputación en su contra; nótese que además el interrogatorio fue recaudado sin los apremios del juramento, y en él el sindicado se encontraba relevado del deber de declarar contra sí mismo (art. 33 C.N).
No obstante lo anterior observa la Sala haciendo caso omiso a lo anterior, advierte que la indagatoria adolece de contradicciones y algunas de las afirmaciones contenidas en ella fueron desmentidas con prueba testimonial rendida por los agentes de policía que lo retuvieron momentos después del accidente.
Las anteriores anotaciones crítico probatorias son suficientes para concluir que el acervo probatorio conduce a demostrar que hubo exposición imprudente de la víctima a sufrir el daño causado. Por lo tanto comprobados todos los elementos configurados de la responsabilidad objetiva, por riesgo, y no demostrada causa ajena de imputabilidad del daño, hay lugar a confirmar la declaratoria de responsabilidad concluida por el A quo, el cual estudió juiciosamente el caso bajo el régimen de riesgo.
Finalmente corresponde entrar al punto de la indemnización:
2. Cuantificación del perjuicio:
a. Recuérdese que el A quo fijó la indemnización del perjuicio moral causado por la muerte de Jorge Enrique Rengifo Manzano en: 1000 gramo oro para cada uno de los padres y 500 gramos de oro para cada uno de los hermanos.
b. Para la medición del perjuicio moral, por la naturaleza del mismo, no existe patrón objetivo para medirlo dado su carácter inmaterial; por ello la indemnización sólo cumple un papel paliativo o de mitigación del bien inmaterial afectado, pues no lo resarce ni lo repone.
La Sala, en sentencia de 6 de septiembre de 2001(25), hizo un recuento sobre la evolución de la jurisprudencia de esta corporación en materia de liquidación del perjuicio moral y fijó la nueva orientación. Precisó que el Consejo de Estado desde cuando asumió competencia para conocer de las demandas de responsabilidad extracontractual instauradas contra el Estado acudió al artículo 95 del Código Penal de 1936 para efectos de cuantificar el perjuicio moral; que a partir de la sentencia del 9 de febrero de 1978(26), decidió actualizar la suma de dos mil pesos fijada en dicha norma, teniendo en cuenta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, concluyendo que el tope máximo establecido en esa disposición equivalía en el año de 1937, a lo que para la fecha de la sentencia, costaban 1.000 gramos de oro(27).
Indicó que desde el año de 1978 se ha continuado aplicando la fórmula de remisión al oro, la cual fue recogida por el nuevo código penal - decreto 100 de 1998 -, donde se indicó que “(...) Si el daño moral ocasionado por el hecho punible no fuere susceptible de valoración pecuniaria, podrá fijar el juez prudencialmente la indemnización que corresponda al ofendido o perjudicado hasta el equivalente, en moneda nacional, de un mil gramos oro. Esta tasación se hará teniendo en cuenta las modalidades de la infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencia del agravio sufrido” (Artículo 106).
Fijó la nueva orientación jurisprudencial, según la cual la liquidación de la indemnización por concepto del perjuicio moral, se debe efectuar ya no con base en el patrón oro, sino con fundamento en el salario mínimo legal; para ese efecto hizo referencia a:
• El conocimiento privida(sic) del Juez La denominación de las obligaciones en oro “es un método absolutamente inadecuado para conservar la capacidad adquisitiva del acreedor o de la víctima”;
Y concluyó que “establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de la sentencia corresponda (...)”(28).
Y en sentencia reciente, dictada el día 13 de febrero de 2003(29), se destacó el carácter discrecional de la facultad de cuantificación del perjuicio moral y se indicó que “(...) la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio (...)”, y que por ello la sugerencia hecha por la Sala en el fallo proferido el día 6 de septiembre del 2001 sobre la imposición de condenas por perjuicio moral en un máximo de 100 salarios mínimos legales(30) no significa que no pueda ser mayor cuando se pide una mayor indemnización y se alega y demuestra además una mayor intensidad en el padecimiento del daño moral, como lo ha dicho la Sala en otras oportunidades(31).
Teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial, la Sala encuentra en este caso que la fijación de la indemnización que realizó el Tribunal A quo del perjuicio moral está ajustada para todos los demandantes, 1000 gramos oro para cada uno de los padres y 500 para cada uno de los hermanos de la víctima directa, la cual corresponde para cada uno al máximo general de indemnización. Y está ajustada la indemnización porque el daño moral causado por el demandado se produjo por la muerte del hijo y hermano de los actores, que les causa a éstos un menoscabo irreparable por la pérdida de un ser querido. Por lo anterior no son admisibles los reparos que el demandado le hizo a la sentencia de primera instancia en cuanto a la condena que le impuso.
La Sala procederá a convertir la condena impuesta en gramos oro a pesos colombianos para la fecha de expedición de esta sentencia de segunda instancia, de acuerdo con el nuevo patrón de salarios mínimos legales que obedece al cambio de criterio jurisprudencial.
En este caso como el demandado es apelante único no hay lugar a indemnizar con base en las cifras sugeridas por el nuevo patrón indicado por la jurisprudencia, 100 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los padres y 50 para cada uno de los hermanos, porque de hacerse se reformaría en peor la situación del apelante único y se quebrantaría el artículo 357 del CPC.
Los valores de 1.000 gramos oro, para cada uno de los padres de José Enrique Rengifo Manzano, y de 500 gramos oro, para cada uno de los hermanos del mismo, ascienden a la fecha en la cual se dicta esta sentencia, respectivamente:
• En pesos colombianos a $ 31’043.27 y $ $15’521.563,50 pesos colombianos, teniendo en cuenta que el valor de un gramo oro corresponde a $ 31.043,27 (precio de venta).
• Y en salarios mínimos legales mensuales, respectivamente a $33’200.000, y a $16’600.000, teniendo en cuenta que el salario mínimo legal mensual para este año del 2003 es por $332.000(32).
3. Condena en costas:
Aunque la sentencia proferida por el A quo es compartida totalmente por el Consejo de Estado, es necesario modificarla en las declaraciones de condena, las cuales como es obvio deben ajustarse, como ya se explicó a la nueva orientación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral.
MODIFÍCASE la sentencia proferida, el día 14 de febrero de 1997, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar se dispone:
1. DECLÁRASE administrativamente responsable al Departamento del Valle del Cauca por los perjuicios morales causados a los señores Jorge Enrique Rengifo Lozano, María Manzano de Rengifo y Efraín, María Eugenia, Martha Cecilia, Paulina, Daniel Humberto, Noelby y Albeiro Javier Rengifo Manzano.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE al Departamento del Valle del Cauca a indemnizar los perjuicios morales causados a Jorge Enrique Rengifo Lozano y a María Manzano de Rengifo y Efraín, para cada uno, en la suma de treinta y un millones cuarenta y tres pesos con veintisiete centavos $31’043.27; y a María Eugenia, Martha Cecilia, Paulina, Daniel Humberto, Noelby y Albeiro Javier Rengifo Manzano en la suma quince millones, quinientos veintiún mil quinientos sesenta y tres pesos con cincuenta centavos $15’521.563,50 para cada uno.
3. Declárase la responsabilidad de la Compañía de Seguros la Previsora S.A. hasta por la suma de cuatro millones quinientos mil pesos ($4.500.000) m/cte., que deberá reconocer a la parte demandada en las condiciones anotadas en sentencia de 14 de febrero de 1997 objeto de esta impugnación.
4. NIÉGANSE las demás peticiones de la demanda.
5. CÚMPLASE la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.
6. EXPÍDANSE, por la Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la demandante serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.
Magistrados: Germán Rodríguez Villamizar, presidente—María Elena Giraldo Gómez residente—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Ramiro Saavedra Becerra, ausente.
1 Antes de la reforma introducida por la Ley 446 de 1998.
2 Expediente 12990 (María Isabel Zapata Durango VS: Departamento de Antioquia).
3 Sentencia proferida el día 14 de febrero de 1995 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Exp. S-123. Actor: Jorge Arturo Herrera Velásquez.
4 Expediente 8.269, actor Fernando M. Anaya Vélez. Se reitera lo afirmado por la Sala en sentencias proferidas los días 7 de julio de 1993, Expediente 7.730, actora: Inmaculada Concepción Flórez Durán; de 27 de enero de 2000, Expediente 12.420, actor: María Cecilia Capote.
5 Expediente 12.998. Actor: Marco Arturo Amador Ávila y otro.
6 Sentencias del 8 de marzo, 7 de junio de 1984, y del 21 de febrero de 1985; exps. 2846, 3152 y 3253; actores: Gilberto Díaz Velez; Armando Emilio Ángel Londoño y Otros y Joel Flórez Villada y Otros, respectivamente.
7 Del Daño. Compilación y extractos José N. Duque Gómez. El daño Moral José de Aguiar Días .págs. 485 y ss.
8 Sección Tercera. Sentencias: *) de 6 de marzo de 1997: exp. 10038; actor: Oscar Gómez España; y *) de 13 de abril de 2000; exp. 11892; actor: Franklin Liévano Fernández.
9 El conocimiento privado del Juez. Ediciones Universidad de Navarra S. A. Pamplona 1973, pág. 45.
10 Manual de Derecho Probatorio. Jairo Parra Quijano. Séptima edición.
11 Expediente 10867; actor: Juan Carlos González Castro.
12 Sentencia de la Sala Plena del 5 de noviembre de 1997, expediente S-259.
13 Sentencia del 8 del 8 de agosto de 1990, Expediente 6078, M.P. Julio Cesar Uribe Acosta.
14 Sección tercera, Sentencia del 24 de abril de 1991, M.P. Policarpo Castillo Dávila
15 Sentencia del 30 de abril de 1991, expediente No. 5967, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.
16 Sentencia del 17 de julio de 1992, M.P. Daniel Suarez Hernandez.
17 Sentencia del 4 de noviembre de 1993, M.P. Daniel Suárez Hernandez.
18 Sentencia del 26 de agosto de 1999, M.P. Maria Elena Giraldo.
19 Sentencia del 13 de febrero de 1948, M.P. Ricardo Hinestroza Forero
20 Sentencia del 10 de marzo de 1994, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
21 Sentencia del 25 de octubre de 1994, M.P. Eduardo Garcia Sarmiento.
22 Sentencia del 15 de abril de 1997, M.P. Carlos Esteban Jaramillo S.
23 Sentencia del 26 de agosto de 1997, M.P. CARLOS ESTEBAN JARAMILLO S.
25 Sección Tercera; exp. 13232 y 15646; actor: Belén González y otros.
26 Expediente 1632.
27 Parece haberse cometido una imprecisión, en este fallo, al determinar que mil gramos de oro, en la fecha del mismo, costaban $49.980.oo, suma que sirvió para establecer el monto de la condena. En efecto, conforme a los datos oficiales del Banco de la República, el 9 de febrero de 1978, mil gramos de oro costaban $215.140. Una observación similar fue hecha por el doctor Ricardo Hoyos Duque, Magistrado de esta Sala, respecto de la sentencia proferida el 13 de febrero de 1978, en su libro La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, edit. Temis, Bogotá, 1984, p. 123.
28 Sección Tercera del Consejo de Estado. Expedientes Acumulados 13.232 y 15.646. Actores: Belén González. Y otros – William Alberto González y otra.
29 Sección Tercera; exp. 2605; actor: María Luciola Montenegro y Otros.
30 Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646
31 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de septiembre de 1992; exp. 6990; actor: Misael Morales y O. Sentencia de 24 de agosto de 1995; exp. 10124; actor: Oscar de Jesús Castañeda Castrillón y O. Sentencia de 10 de noviembre de 1995; exp. 10326; actor: Adeyla Puentes y O. Sentencia de 13 de febrero de 1997; exp. 11586; actor: Luz Dary Acosta y O. Sentencia de 27 de enero de 2000; exp. 10867; actor: Juan Carlos González Castro. Sentencia de 18 de mayo de 2000; exp. 12053; actor: Ever Antonio Martínez y Otros.
32 Decreto 3.232 de 27 de diciembre de 2002.