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Timestamp: 2020-04-10 09:54:45
Document Index: 352143724

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 2655', 'in fine', 'Artículo 169', 'artículo 47', 'artículo 2655', 'in fine']

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Compartimos un articulo de doctrina elaborado por el Dr. Gaston Enrique Bielli y el Dr. Carlos J. Ordoñez, titulado: “Los consumidores y la contratación electrónica en el entramado normativo argentino».
“Los consumidores y la contratación electrónica en el entramado normativo argentino».
La realidad del e-commerce está presente, y la mayor parte de las operaciones que se generan tampoco se realizan por computadora sino a través de un dispositivo móvil como bien puede ser un smartphone. Por lo que debemos empezar por comprender que es necesario repensar las regulaciones y capacitar a los operadores jurídicos con el objeto de que puedan interpretar y aplicar el derecho a estas nuevas conceptualizaciones y metodologías.
En nuestro país no existe una ley especial que regule específicamente al e-commerce y a los contratos electrónicos, sino que las disposiciones legales aplicables en esta materia están contenidas básicamente en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), en la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) como, asimismo, en la ley 25.506 de Firma Digital.
Entonces, los contratos electrónicos, a la luz de la Ley de Defensa del Consumidor, constituyen ventas por correspondencia y revisten la forma de contratos de adhesión. Lo dicho es en razón a que los bienes o servicios respectivos se ofrecen a un público indeterminado por un medio electrónico (Internet) y los clientes deben mayormente aceptar el contrato que le presenta el proveedor, sin posibilidad de discutir o modificar las cláusulas que integran al mismo.
Aclarado lo anterior, los usos y costumbres en el comercio digital marcan que los contratos electrónicos suelen celebrarse por escrito, a través de estos contratos de adhesión denominados asiduamente como «Términos y Condiciones de Uso», que es un documento electrónico al cual el aceptante adhiere, expresando su consentimiento mediante un «clic» -hoy en día es más usual un «toque» o «touch»- en su dispositivo.
Ahora bien, el artículo 4 de la Ley de Defensa del consumidor, en su redacción actual establece expresamente que: “el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico. En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico.”
El fundamento del articulado es claro, la desigualdad que presupone que una de las partes esté informada y la otra desinformada sobre un determinado hecho que ejerza influencia en el consentimiento de ésta última y la lleve a contratar en condiciones desfavorables. Es decir, de haber estado ambas partes informadas, no se hubiese llevado a cabo la contratación o se hubiese realizado con condiciones más favorables
Asimismo, el proveedor debe cumplir la resolución MERCOSUR/GMC/RES. N° 21/04: brindar información sobre “… disponibilidad… limitaciones aplicables… modo, plazo, condiciones y responsabilidad por la entrega…. Procedimiento para cancelación y acceso completo a los términos antes de contratar… procedimiento de devolución, intercambio y/o información sobre política de reembolso, indicando el plazo y cualquier otro requisito o costo que derive del mencionado proceso… todos los costos asociados a la contratación… advertencias sobre posibles riesgos ….” (Art. 3); otorgar en forma clara, precisa y de fácil acceso, los medios técnicos para identificar y corregir errores de introducción de datos antes de efectuar la transacción y un mecanismo de confirmación expresa (art. 4).
Dicha ley nos otorga un concepto de firma digital en su art. 2º, manifestando que se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.
Altmark y Molina Quiroga indican que, en el ordenamiento nacional, se ha preferido la política de registro estatal de los certificadores. Es decir que las autoridades certificatorias deben contar con una autorización emitida por el Estado para poder emitir este tipo de documentos digitales. De tal modo, el empleo de criptografía asimétrica de clave pública que no se encuentre certificada debidamente según los procesos establecidos por el legislador argentino será tenido legalmente como una firma electrónica.
Asimismo, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Defensa del Consumidor, la oferta debe fijar con precisión sus modalidades, condiciones o limitaciones y obliga al proveedor de bienes y servicios durante toda vigencia de dicha oferta. La norma comentada, prevé además, que la revocatoria de la oferta únicamente será eficaz, si ha sido difundida a través de los mismos medios en que fue hecha pública la oferta y que su no efectivizarían debe ser considerada como negativa o restricción injustificada de venta.
Sobre lo anterior, la jurisprudencia de otras latitudes se ha pronunciado sobre la plena validez y eficacia jurídica de los contratos aceptados a través de un “clic” a la opción “aceptar” en el correspondiente portal web, lo cual se ha denominado “click wrap agreement” e implica que el usuario o consumidor da su consentimiento expreso al proveedor respectivo, aceptando su oferta y el respectivo contrato electrónico, mediante una pulsación o cliqueo a través de su dispositivo.
Ahora bien, destacamos que ese simple clic se constituye, en nuestro entramado normativo, como una firma electrónica.
Entonces, a mayor confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen a su creación, mayor será la fuerza probatoria de la misma en juicio, e inversamente, a menor confiabilidad, menor fuerza probatoria en pleito, en cuyo caso, deberá complementarse con otros medios probatorios, o en su caso, cotejarse con “…la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes…” (art. 319 Cód. Civ. y Com.).
Para responder a la interrogante planteada, se podría interpretar con base al artículo 2655 in fine del Código Civil y Comercial, que el lugar del cumplimiento del contrato es el lugar en donde se celebró el mismo y que debe entenderse por tal, el domicilio del proveedor del servicio (es decir, el domicilio del portal web). Sin embargo, tal interpretación le corresponderá efectuarla a nuestra jurisprudencia, o dicho aspecto puede ser regulado de manera expresa en una futura reforma de las leyes respectivas.
Gil, con agudeza, define al retracto, o derecho al arrepentimiento, consiste en una ventaja que la ley le concede al usuario como contrapartida de haber sido sorprendido por una oferta imprevista. Es decir, de la misma forma que se le permite al proveedor captar la voluntad distraída del usuario se tolera, casi como un acto de compensación – que éste se arrepienta de la compra y la deje sin efecto. Se trata, además de un derecho irrenunciable. Cualquier cláusula que implique la renuncia o la restricción de este derecho es nula y de ningún valor en el contrato.
Agrega también que los consumidores afectados, o quienes resulten legalmente legitimados, podrán interponer acciones judiciales que persigan la cesación de la publicidad ilícita o de la publicación, a cargo del demandado, de anuncios rectificativos y, en su caso, de la sentencia condenatoria (art. 1102 CCC).
Intenta suministrar al usuario conocimientos de los cuales normalmente carece con el fin de que pueda hacer una elección racional y fundada de un bien o servicio y de esta manera superar la asimetría de las relaciones de consumo.
Sobre el deber de información en los contratos electrónicos, nuestra jurisprudencia se ha pronunciado siempre ha favor del consumidor, cuando el proveedor respectivo no ha proporcionado de manera oportuna y suficiente toda la información pertinente sobre los bienes y servicios ofrecidos, incluyendo lo relativo al derecho irrenunciable del consumidor a revocar la aceptación de la oferta, dentro de los diez (10) días computados a partir de la celebración del contrato.
Asimismo, armonizamos con Lorenzetti, cuando señala que: “la negativa injustificada a suministrar información básica sobre el vendedor conspira contra la transparencia en el comercio electrónico y coloca al consumidor en una situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, se ha dicho, a propósito de las relaciones de consumo en el marco del comercio electrónico, que: “… la tecnología es cada vez más compleja en su diseño, pero se presenta de modo simplificado frente al usuario, ocultando de este modo una gran cantidad de aspectos que permanecen en la esfera de control del proveedor. Puede afirmarse que la tecnología incrementa la vulnerabilidad de los consumidores, instaurando un trato no familiar”.
En síntesis, podemos destacar dos aspectos sobresalientes de la norma, por un lado, la imposibilidad de la celebración del acuerdo de selección de foro, es decir la prohibición del ejercicio de la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción internacional y por el otro, que el legislador argentino no contempla el foro por antonomasia de tutela del consumidor, vale decir, le veda la posibilidad de que el consumidor entable la acción ante los jueces de su propio domicilio, despojándolo del foro más accesible para la defensa, para la protección acabada de sus derechos.
Para ello, obviamente que deberá tomarse como parámetro el reclamo del actor, de lo contrario, otorgaríamos al demandado la posibilidad de modificar deliberadamente el proceso aplicable, complicando el conflicto (por ejemplo, con pruebas complejas). Tampoco se podrá argumentar la necesidad de oponer algunas de las defensas prohibidas por la ley, ya que supondría un camino para eliminar los beneficios que -precisamente- se quisieron lograr: un proceso sin incidencias que lo desnaturalicen.
La prueba es una de las cuestiones claves y a la vez más complejas que se le presentan al consumidor en el proceso en el que interviene para la defensa de sus derechos. Ello ocurre tanto en la instancia administrativa iniciada a través de la denuncia del usuario por ante la autoridad de aplicación, como en las acciones judiciales en las que el consumidor resulta parte procesal como actor o demandado.
Nosotros definimos a la prueba electrónica como aquella prueba cimentada en la información o datos, con valor probatorio, que se encuentran insertos dentro de un dispositivo electrónico o que hubiera sido transmitida por un medio afín, a través de la cual se adquiere el conocimiento sobre la ocurrencia o no de hechos que las partes hayan afirmado como fundamento de sus derechos, o cuestionados, y que deban ser invocados dentro de un proceso judicial.
En el ejercicio actual del derecho, cada vez es más frecuente que los letrados litigantes sean consultados sobre la ocurrencia de hechos o actos jurídicos que de alguna manera se encuentran mediados por elementos relativos a la evidencia electrónica. Ergo, para poder exponerlos adecuadamente en el marco de una acción judicial y, luego, probarlos de un modo jurídicamente relevante, es fundamental que los abogados posean un conocimiento acabado del medio informático, que les permita explicarlo y ofrecer la prueba necesaria para fundar su posición.
Peyrano, refiere que cargas probatorias dinámicas reflejan la necesidad de distinguir cuando las circunstancias del caso revelan que el paradigma corriente funciona mal y conduce a soluciones inicuas, adecuándose de esa manera al ideal perseguido por el proceso moderno, preocupado, sobremanera, por ajustarse lo más posible a las circunstancias del caso, evitando así el incurrir en abstracciones desconectadas de la realidad.
Empero, este pasaje excepcional probatorio, no implica una inversión total de la prueba, sino más bien del favor probationes, la regla general del onus probandi sigue vigente, por cuanto la parte socorrida con la redistribución de la prueba deberá igualmente acreditar mínimamente los presupuestos para la procedencia del instituto y, asimismo, toda aquella circunstancia que este a su alcance justificar para formar convencimiento en el juzgador.
Aquí, y siempre en miras a “igualar” la tarea probatoria, no se trata de desplazar el “onus probandi” sino que se exigen esfuerzos probatorios muy diferentes: la parte beneficiada con el mecanismo que nos ocupa debe cumplir una faena demostrativa mucho más sencilla y acotada que la asignada a su contraria.
Específicamente, en el ámbito del consumo, la tecnología aumenta la vulnerabilidad de los consumidores, y hasta en algunos aspectos puede ser excluyente, dado que para perfeccionar una contratación se requieren conocimientos, habilidades o «experiencia» informática, que no todas las personas de todas las edades están en condiciones de reunir. Las oportunidades u ofertas por internet, en este sentido, dejan «fuera» a quienes no indagan o buscan ocasiones de consumos por este medio, simplemente porque no saben manejarlo, o, aun sabiéndolo, reniegan de las dificultades de su implementación. En estos contratos, tanto la negociación como la conclusión de la contratación o pago se efectúa electrónicamente, y el consentimiento se manifiesta manipulando un teclado, generalmente debiendo adherir a extensas condiciones generales, lo cual hace aplicable al caso el fenómeno regulador de los contratos de adhesión.
En ese entendimiento, la doctrina se ha encargado de señalar que este beneficio es conferido de un modo automático por la ley y configura una presunción iuris tantum a favor del consumidor en cuanto a que carece de los recursos necesarios para hacer frente al pleito abarcando esta prerrogativa todas las cargas económicas del proceso, incluso las costas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, tuvo la oportunidad de enaltecer que “…en el marco de las relaciones de consumo, el consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural, por ello, y en orden a preservar la equidad y el equilibrio, resulta admisible que la legislación contemple previsiones tuitivas en su favor. En este sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo…”.
Chamatropulos, define al daño punitivo como la sanción de carácter civil y de origen legal, que puede implicar no solo una obligación de dar (generalmente hablamos de una suma de dinero) sino también de otra índole (de hacer, por ejemplo), disuasiva, accesoria, de aplicación excepcional, que se impone al condenado en ciertos casos en los cuales el mismo ha actuado con dolo o culpa grave, generalmente con el fin de evitar que el mismo conserve ganancias (económicas, políticas o de otra especie) derivadas de su accionar ilícito, no obstante haber pagado las indemnizaciones correspondientes, aunque también su aplicación procede en otros supuestos en los cuales puede justificarse para castigar y prevenir conductas que merezcan un grado muy alto de reprochabilidad por parte de la sociedad.
Al respecto, con acierto, se ha dicho que la misma tendrá (inevitablemente), los vaivenes propios de la discrecionalidad judicial, sin que pueda excederse el principio de razonabilidad tutelado por nuestro orden constitucional (art. 28, CN), debiendo ser compatible con la función de prevención, de rango constitucional.
5 – Resulta evidente que el comercio y sus nuevas convenciones siempre resultan imparables y encontraran nuevas formas en el futuro. Pero lo cierto es que no se deben amparar prácticas abusivas, como las que contemplan muchas veces en algunos de estos servicios, brindados por proveedores que se escudan en principios, tales como la confidencialidad de la información obrante en poder de ellos.
Pittier, Lautaro – Bielli, Gaston. Los portales de E-Commerce y el deber de proporcionar información a la luz de la Ley N° 24.240. Comentario al fallo «Mercado Libre SRL c/Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor s/Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor». Revista Argentina de Derecho Público – Número 3 – septiembre 2018. Cita: IJ-DXXXVIII-693.
Sancionada: Octubre 1 de 2014. Promulgada: Octubre 7 de 2014.
Sancionada: Setiembre 22 de 1993. Promulgada Parcialmente: Octubre 13 de 1993.
Sancionada: Noviembre 14 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 11 de 2001.
Este tipo de vicisitudes ocurre mayormente en los contratos bancarios, o en el caso de contratos de seguros, telefonía, proveedores de deservicios de internet, entre muchos otros.
Artículo sustituido por art. 169 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Artículo 169 contenido en el capítulo XXII del Decreto N° 27/2018, derogado por art. 134 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/06/2018
Bagala. P. A. El deber de información en la ley de defensa del consumidor y su llegada al código civil y comercial. Publicado en Diario DPI. Diario Consumidores y Usuarios Nro 49 – 13.10.2015
Denominada: Derecho a la información del consumidor en las transacciones comerciales efectuadas a través de internet.
Bender A. El deber de información a los consumidores antes y después del Decreto 27/2018. elDial.com. Citar: elDial.com – DC24A3. Publicado el 15/02/2018.
Bielli, Gastón E. y Ordoñez, Carlos J.: “La prueba electrónica. Teoría y practica”. La Ley. Buenos Aires. 2019. Pág. 62.
Altmark, Daniel R. y Molina Quiroga, Eduardo: “Tratado de derecho informático” – LL – 2012 – pág. 586
Pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 la Ley 24.240.
Feldman v. Google, Inc., 513 F.Supp.2d 229 (E.D.Pa. 2007), Specht v. Netscape, 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002) y Bragg v. Linden Research, Inc., 487 F. Supp. 2d 593 (E.D.Penn. 2007). Analizados en GALLO, Gontzal, “Análisis de los clickwrap a través del caso Hotmail”, publicado en: http://www.delitosinformaticos.com/trabajos/clickwrap.htm.
Recordemos que —a prima facie— una forma de identificar, no una forma de consentir. En este sentido, la ley modelo de la CNUDMI estable que “Por firma electrónica se entenderán los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos. Bielli, Gastón E. y Ordoñez, Carlos J.: “La prueba electrónica. Teoría y práctica”. La Ley. Buenos Aires. 2019. Pág. 491.
Bielli, Gastón E. y Ordoñez, Carlos J.: “La prueba electrónica. Teoría y práctica”. La Ley. Buenos Aires. 2019. Pág. 377.
El artículo 2655 in fine del Código Civil y Comercial, establece: “En su defecto, los contratos de consumo se rigen por el derecho del país del lugar de cumplimiento. En caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por el derecho del lugar de celebración”.
GIL, A. E. El impacto del comercio electrónico en el Código Civil y Comercial. Publicado en elDial. 4 de enero de 2016. Cita: elDial DC20C0.
PALMA, S. Breve reseña sobre el comercio electrónico y el consumidor. Publicado en elDial el 7 de julio de 2018. Cita elDial DC2378.
KUKVA, V. E. El deber de información en la contratación electrónica. Publiado en Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor. Erreius. Abril de 2019.
En este orden de ideas, se puede hacer referencia al reciente fallo de la Sala II de la Cámara Contenciosa Administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Caso: Lan Airlines SA y Otros c/GCBA s/Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor – Cám. Cont. Adm. y Trib. Bs. As. (Ciudad) – Sala II – 13/11/2018 – Cita Digital IUSJU034608E, en el cual esa instancia judicial, reiterando los criterios fijados en fallos precedentes, se pronunció respecto a la obligatoriedad del deber a la información por parte de los comerciantes y proveedores de servicios, y el derecho a revocar su aceptación de la oferta por parte de los consumidores.
Lorenzetti, Ricardo L., “Consumidores”, 2° ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 42.
Feldstein de Cárdenas, Sara Lidia, “Desprotección del consumidor transfronterizo. Hitos en el derecho latinoamericano contemporáneo”, LA LEY 18/03/2015, 1, LA LEY 2015-B, 727, Cita Online: AR/DOC/758/2015.
Arias, María P. – Müler, Germán E., “La tutela efectiva de los derechos del consumidor. Con especial referencia a las provincias de Tucumán y Santa Fe”, SJA 17/10/2018, 29, JA 2018-IV, Cita Online: AR/DOC/3424/2018.
Zentner, Diego Hernán, “Contrato de Consumo”, 2da. Edición actualizada y ampliada, LA LEY, Buenos Aires, 2016.
Bielli, Gastón E. y Ordoñez, Carlos J.: “La prueba electrónica. Teoría y práctica”. La Ley. Buenos Aires. 2019. Pág. 6.
Para mayor profundización en la temática véase: “La prueba electrónica. Teoría y practica”, Bielli, Gastón E. – Ordoñez, Carlos J., LA LEY, Buenos Aires, 2019.
Peyrano, Jorge W., “El perfil deseable del juez civil del siglo XXI”, JAJA 2001-IV-863, Cita Online: 0003/008523.
Peyrano, Jorge W., “Carga de la prueba -Actualidad-. Dos nuevos conceptos: el de imposición procesal y el de sujeción procesal”, JAJA 1992-IV-744, Cita Online: 0003/011813.
Ordoñez, Carlos J., “Carga probatoria dinámica y prueba electrónica”, Derecho Procesal Electrónico, Suplemento especial, ERREIUS, Buenos Aires, noviembre, 2018.
Peyrano, Jorge W., “Las cargas probatorias desiguales”, LA LEY 22/05/2013, 1 – LA LEY2013-C, 1277, Cita Online: AR/DOC/1220/2013.
TAMBUSSI, C. E., “Juntos a la par: las normas sobre comercio electrónico en el nuevo Código y la proyectada ampliación de las Directrices de Naciones Unidas para la Defensa del Consumidor”, SJA 28/10/2015 , 3 • JA 2015-IV , 927, Cita Online: AP/DOC/570/2015.
Arias, María P. – Müler, Germán E., “La tutela efectiva…”, idem.
CSJN, “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ ordinario”, 24/11/2015, Fallos: 338:1344.
Chamartopulos, Demetrio A., “Los daños punitivos en la Argentina”, ERREPAR, Buenos Aires, 2009, pág. 21.
Bilbao Aranda, Facundo M., “El grado de discrecionalidad judicial para fijar el monto del daño punitivo”, RDCO 282, 44, Cita Online: AR/DOC/3401/2017.
Ejemplo claro de esto es lo que sucede actualmente con el caso UBER, en donde el Estado, por un lado, no puede dejar de encontrar un problema de competencia desleal. Es que se debe garantizar el libre comercio, por un lado, y el servicio público adecuado y seguro, por el otro. Debemos siempre pensar en regular estas cuestiones, en sintonía con los tiempos que corren, pero sin perder la vista en proteger al más vulnerable en la situación jurídica determinada.