Source: http://www.tesis.ufm.edu.gt/derecho/59633/TESIS.html
Timestamp: 2014-04-17 22:12:16
Document Index: 215681113

Matched Legal Cases: ['Artículo 93', 'Artículo 95', 'Artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 121', 'artículo 456', 'artículo 457', 'artículo 458', 'artículo 459', 'artículo 457', 'artículo 40', 'artículo 82', 'artículo 460', 'artículo 246', 'artículo 48', 'artículo 14', 'artículo 93', 'artículo 95', 'artículo 97', 'artículo 1', 'artículo 68', 'artículo 102', 'artículo 104', 'artículo 103', 'artículo 105', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 49', 'artículo 52', 'artículo 41', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 97', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 40', 'artículo 49', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 26', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 139', 'artículo 50', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 26', 'in fine', 'artículo 265', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 145', 'artículo 60', 'artículo 27', 'artículo 41']

PEDRO GABRIEL LEGRAND FRANCO
REPERCUSIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICAS DE LA UTILIZACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
Esta tesis fue elaborada por su autor para obtener el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de Abogado y Notario.
Definición del término "Desechos Sólidos"
Consideraciones sobre el término "basura"
Clasificación de los residuos sólidos domiciliarios
Los residuos sólidos como un bien
Los Desechos Sólidos son un Bien que no está Regulado con Claridad
Los residuos sólidos como un bien municipal
CAPÍTULO II: REALIDAD NACIONAL Y LEGISLACIÓN GUATEMALTECA
A) LA REALIDAD NACIONAL
�Qué es lo que ocurre en la práctica?
La Realidad Nacional en cuanto a los Desechos Sólidos
Soluciones al Problema: El Plan Metrópolis 2010
Historia de la Legislación sobre Desechos Sólidos en Guatemala
Legislación Vigente: Marco Constitucional
La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente
CAPÍTULO III: CONSIDERACIONES FILOSÓFICAS
Ubicación del Derecho Ambiental Dentro de las Ramas del Derecho
Recursos Comunales, Intervencionismo o Propiedad Privada
Otra Solución El Problema de las Concesiones
CAPÍTULO IV: DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO COMPARADO
A) REGULACIÓN DEL TEMA EN EL DERECHO INTERNACIONAL
El Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado como un Derecho Humano de la Tercera Generación
Dificultades que Presenta el Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado La Importancia del Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado para el Estado de Guatemala
Otras Normas en el Derecho Comparado
Con el presente trabajo de tesis, pretendo hacer conciencia de la necesidad que existe en Guatemala de aprovechar todos los recursos que hay a nuestro alcance para procurar una Sociedad más próspera y desarrollada. Dentro de estos recursos, se encuentran los desechos sólidos, que pueden utilizarse como medio para crear nuevas fuentes de trabajo, nuevas industrias, etc. Así mismo, es necesario proteger la salud de las personas, tema que ha sido objeto de interés para el Derecho Constitucional, para las instituciones especializadas como el Instituto de Seguridad Social y, aún más, para las Organizaciones Internacionales.
La importancia de este trabajo radica en que los desechos sólidos causan innumerables problemas que tienen relación con la salud y calidad de vida de los ciudadanos. He podido darme cuenta con las investigaciones que he realizado, que en un Estado, al aumentar la capacidad adquisitiva, aumenta también la producción de desechos, lo que trae como consecuencia que se originen cambios dentro de las características de la basura generada.
La población del Estado de Guatemala ha crecido enormemente en los últimos años, lo que ha creado grandes problemas, sobre todo en cuanto a prestar servicios tan básicos como: agua potable, drenajes y la disposición de desechos sólidos, entre otros. Ciudades como Quetzaltenango, Escuintla y la misma Capital de Guatemala, tienen tal grado de contaminación por desechos sólidos que, de no atenderse a tiempo, causará en el futuro graves daños a la vida y salud de las personas. Punto que es objeto de estudio y análisis dentro de esta tesis.
En el curso de este análisis, se pretende demostrar la siguiente hipótesis: �Existe o no �de acuerdo con los fines del Estado y lo que establece la Constitución Política de la República respecto a la obligación de garantizar la vida y la salud de los ciudadanos- la necesidad de regular el manejo y disposición de desechos sólidos dentro del derecho guatemalteco? En consecuencia, el objeto de este trabajo consistirá en investigar si existe o no la necesidad en Guatemala de promulgar leyes y reglamentos de aplicación práctica que regulen el manejo y disposición de desechos sólidos, y si esto se adecua con los fines del Estado y con lo preceptuado por los artículos de la Constitución Política de la República que cito a continuación: Artículo 93. "Derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna."; Artículo 95. "La salud, bien público. La salud de los habitantes de la Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento." Artículo 97. "Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación".
Desde los años setenta principian los Estados más desarrollados a buscar soluciones a los problemas causados por la explosión demográfica. El hacinamiento en las grandes ciudades como Nueva York, Londres o México, y el descubrimiento de la tecnología, que en menos de un siglo ha cambiado por completo la forma de vida de millones de seres humanos alrededor de todo el planeta, aunque ha traído gran beneficio a la humanidad, también ha acarreado grandes males, tales como: el efecto llamado de invernadero, la degradación de la capa de ozono, la lluvia ácida, la contaminación de los mantos acuíferos, entre otros. En un Estado como Guatemala, el cual se encuentra en vías de desarrollo, también hemos observado los problemas que trae consigo la industrialización y el desarrollo. Precisamente, uno de los problemas más visibles es el de los desechos sólidos, ya que donde quiera que vamos nos encontramos con calles llenas de basura, basureros clandestinos y el problema del relleno sanitario de la zona tres, que es un foco de enfermedad y delincuencia.
En la actualidad, muchos Estados han encontrado formas de aprovechar los desechos sólidos para crear con ellos nuevas fuentes de trabajo, recuperación de materiales e industrias que viven gracias al aprovechamiento de estos recursos, por medio del reciclaje de los mismos.
La Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985, en su artículo 97 �citado unos cuántos párrafos arriba- establece la protección del medio ambiente como una nueva Garantía Individual y Social, por lo que considero de suma importancia para Guatemala contar con una legislación adecuada para garantizar el Derecho de todos los seres humanos a tener condiciones de vida adecuadas y a un ambiente sano y, por consiguiente, el deber de protegerlo y mejorarlo en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
De acuerdo con la Agencia para la Protección del Ambiente en los Estados Unidos de Norteamérica, se entiende por desechos sólidos "cualquier basura, desperdicio, lodo y otros materiales sólidos de desecho, resultante de las actividades industriales, comerciales y de la comunidad" (el resaltado es nuestro). Según la fuente citada, el término desechos sólidos "no incluye sólidos o materiales disueltos en las aguas domésticas servidas o cualquier otro contaminante significativo en los recursos hídricos". Consideraciones sobre el término "basura"
De acuerdo con la definición citada en el apartado anterior, el término "desechos sólidos" implica otro concepto: "La basura". Con el objeto de interpretar de una manera más adecuada el presente trabajo, en este apartado definiremos �con apoyo de la doctrina sobre el tema- la terminología adecuada a seguir.
Hablar de basura �para la generalidad de las personas- "sugiere suciedad, falta de higiene, mal olor, desagrado a la vista, contaminación, fecalismo, impureza y turbiedad". Por esta razón, se considera "basura" todos aquellos objetos que ya no tienen ningún uso. Esta creencia generalizada, implica el deseo de eliminarlos, es decir, de deshacerse de ellos por cualquier medio. Sin embargo, siguiendo al profesor Armando Deffis Caso, no es correcto hablar de "basura", sino el término preciso debe ser RESIDUOS.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, por "Residuo" debe entenderse: "Lo que resulta de la descomposición de una cosa; o bien, la parte o porción que queda de una cosa". De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente de México, debe entenderse por residuo lo siguiente: "Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó". Otra definición del término residuo es la siguiente: "Aquellas materias que en actividades de producción y/o consumo y en el contexto en que son producidas, han perdido el valor de uso para sus propietarios".
Ahora bien, si tomamos en consideración el término "residuo", resulta un poco más fácil conceptualizar "la basura" como un bien; dicho en otras palabras, sólo en la medida en que entendamos que los desechos sólidos no son "basura" sino residuos, entenderemos que éstos son susceptibles de ser apropiados, que tienen inmenso valor económico y que en ellos pudiere estar la solución a muchos de los problemas que nos apremian.
Ya hemos señalado la terminología precisa para denominar nuestro objeto de estudio. Ahora pasaremos a clasificar los residuos sólidos domiciliarios. Éstos, según la más común de las clasificaciones, se dividen en dos grandes grupos: los orgánicos y los inorgánicos .
Los residuos sólidos domiciliarios orgánicos, según Deffis Caso, "son los desperdicios de la comida, desechos de la cocina y del jardín, que tienen un origen biológico; es decir, desechos de todo aquello que nace, vive, se reproduce y muere, que en algún momento han tenido vida y que provienen de una vivienda". Se les llama también biodegradables �continúa el autor- ya que "se pueden someter a tratamientos biológicos que generen otros productos como compost, abonos naturales, humus, alimento para animales, etc.".	Por su parte, los residuos sólidos domiciliarios inorgánicos son todos aquellos constituidos por materiales no biodegradables: vidrio, papel, plástico, metales, etc.
Vivimos en un mundo donde todo es escaso, menos el aire, señalan las leyes de la Praxeología. Ahora bien, si partimos de la base que todos los recursos son escasos y que son valorados subjetivamente de acuerdo con su UTILIDAD y ESCASEZ en circunstancias determinadas de TIEMPO y LUGAR, necesariamente tenemos que concluír que habrá quienes �en su interior valoración- consideren útiles y escasos los desechos sólidos. En efecto, existe en nuestro medio un gran número de personas cuyo único medio de subsistencia es la recolección de desechos sólidos en los diferentes basureros; esto es, sin lugar a duda, porque les asignan cierto valor económico y consideran útil, es decir, consideran que pueden disminuir �de alguna forma- sus insatisfacciones con aquello que otros tantos consideran "basura". Ante esta realidad, no es muy difícil concluir que los desechos sólidos son cosas que están en el comercio de los hombres.
Corresponde ahora determinar si los desechos sólidos son un bien que está regulado en nuestra legislación: ya sea como bien del Estado, ya como bien de propiedad particular.
El artículo 121 de la Constitución Política de la República establece que "Son bienes del Estado:
Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechables por los particulares en la extensión y término que fije la ley;
El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo;
Los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter privado que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas; y
Las frecuencias radioeléctricas".
De acuerdo con el inciso "c" de este artículo, que incluye los bienes del municipio como bienes del Estado, se deduce que los basureros municipales son bienes de dominio público y que, "la basura", por estar situada dentro de ellos, debe entenderse que tiene tal carácter.
Sin embargo, el Código Civil, Decreto Ley 106, no desarrolla con claridad lo referente al dominio de los bienes en cuestión, por lo que pudiere pensarse en la necesidad de regularlos correctamente. Primero, en el artículo 456 del código antes mencionado establece que los bienes son del dominio del poder público (bienes públicos) o de propiedad de los particulares (bienes privados). De igual modo en el artículo 457 estipula: "Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial".
El artículo 458 regula los bienes nacionales de uso público común; son los siguientes:
"1o. Las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada;
2o. Los puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general, construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades;
3o. Las aguas de la zona marítimo territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva; los lagos y ríos navegables y flotables y sus riberas; los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional; las caídas y nacimientos de aguas de aprovechamiento industrial, en la forma que establece la ley de la materia; y las aguas no aprovechadas por particulares; y
4..	La zona marítimo terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratosfera en la extensión y forma que determine la ley".
Respecto de este artículo, cabe mencionar que en el numeral segundo en cuanto se refiere a "� y demás obras de aprovechamiento general, construidos o adquiridos por el Estado y las municipalidades�", se puede pensar que los basureros municipales por ser obras de aprovechamiento general construidos por las municipalidades, pueden ser considerados como bienes públicos de uso común y, por ende, de igual forma los residuos en ellos depositados.
Ampliamos �aún más- el panorama jurídico en el tema que nos ocupa, cuando el artículo 459 establece: "Son bienes nacionales de uso público no común:
1o. Los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas, y los demás que constituyen su patrimonio;
2o. Los de uso público, cuando dejen de serlo por virtud de una ley;
3o. Los ingresos fiscales y municipales;
4o. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquiera otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo;
5o. Los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada;
6o. Los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes, y los adquieran el Estado o las municipalidades por cualquier título legal;
7o. Los excesos de propiedades rústicas o urbanas, de conformidad con la ley; y
8o. Los monumentos y las reliquias arqueológicas".
Es necesario considerar dos numerales del artículo anterior: Primero, el numeral 1o. en cuanto �al igual que el artículo 457-"2o."- incluye los bienes que "constituyen el patrimonio de las municipalidades". A este respecto, nos remitimos a lo expuesto en su oportunidad para dicho artículo. Por otra parte, el numeral 5o., referente a los terrenos baldíos, pudiere incluir los llamados "basureros clandestinos", que tanto han proliferado en los últimos años.
Todo lo anteriormente expuesto nos lleva �a pesar de la falta de precisión en nuestra legislación- a una conclusión necesaria: La "basura" depositada en basureros es un BIEN PÚBLICO, en virtud de estar situada en terrenos de las municipalidades. Es, por lo tanto, UN BIEN QUE PERTENECE AL MUNICIPIO. Los residuos sólidos como un bien municipal
Hemos establecido que los residuos sólidos son bienes que pertenecen al municipio. En este apartado, trataremos de analizar la forma en que son regulados por la legislación municipal.
El Decreto Número 58-88 del Congreso de la República �Código Municipal- en su artículo 40 inciso "s", establece que es competencia de la Corporación Municipal: "La prestación del servicio de aseo, barrido de calles, recolección, disposición final de basuras y tratamiento de desechos sólidos".
La situación oscura e imprecisa parece aclararse con este artículo, al señalar como funciones específicas del municipio la recolección, disposición y tratamiento de los desechos sólidos. Sin embargo, es importante señalar que se limita a establecer FUNCIONES y no señala si los desechos sólidos pertenecen al patrimonio del municipio. Por otra parte, el artículo 82 inciso "d" de dicho Código, establece que son bienes que constituyen la hacienda municipal: "Los bienes comunales y patrimoniales del municipio, y las rentas, frutos y productos de tales bienes".
Este último artículo no hace sino regresarnos al punto de partida: No desarrolla cuáles son los "bienes comunales y patrimoniales del municipio" y se limita a orientarse �con palabras distintas- en el mismo sentido que la Constitución Política y el Código Civil se orientan, lo cual ya ha sido analizado en el apartado anterior.
Al analizar los diferentes cuerpos legales, nos surgen dos interrogantes: �Será necesario introducir reformas en nuestra legislación para aclarar a quién pertenecen los residuos sólidos? �Será necesario regular los mecanismos para hacer efectiva la apropiación de los mismos? La respuesta de ambas preguntas es afirmativa; sin embargo, es pertinente aclarar que no abogamos por una regulación extensa ni enumeraciones taxativas, sino porque sean definidos con claridad y precisión los objetos a que se refieren las leyes. De esto dependerá, en gran medida, el tipo de regulación que regirá en cuanto a la apropiación y disposición de los desechos sólidos. CAPÍTULO II: REALIDAD NACIONAL Y LEGISLACIÓN GUATEMALTECA
En el capítulo anterior, tratamos de definir qué tipo de bien son los desechos sólidos y llegamos a la conclusión que se trata de bienes que pertenecen al municipio, independientemente de que la forma en que estén regulados sea la correcta o no. Con el fin de ilustrar la magnitud del problema, en las líneas siguientes, mostraremos algunas circunstancias que se presentan en la práctica, día con día, en nuestra realidad nacional y las posibles soluciones a los problemas que existen en Guatemala respecto a los desechos sólidos.
1. �Qué es lo que ocurre en la práctica?
La economía familiar y subsistencia de cientos de personas en Guatemala, está condicionada al trabajo que desempeñan en los distintos basureros. De hecho, estas personas se apropian y negocian con los residuos sólidos como si fuesen bienes de dominio privado.
El Código Civil, en el artículo 460 establece: "Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal". Sería ilógico pensar que las personas que se dedican a espulgar la "basura" poseen un "título legal" que acredite propiedad sobre la misma.
Surge entonces una interrogante: �Estarán cometiendo un delito al apropiarse de bienes que pertenecen al municipio?
Nuestro Código Penal, en su artículo 246 establece: "(Hurto). Quien tomare, sin la debida autorización, cosa mueble, total o parcialmente ajena, será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años". Creemos que �en teoría- la figura típica de hurto puede aplicarse al hecho que analizamos, por las siguientes razones: Los "guajeros" toman sin ninguna autorización los residuos sólidos que se encuentran en los basureros municipales. Los residuos sólidos son bienes muebles, es decir, de aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin menoscabar su naturaleza.
Los residuos sólidos �aunque no estén regulados con precisión- son bienes que no pertenecen al dominio de los particulares; por lo tanto, se trata de bienes públicos.
Esta circunstancia, que en la práctica no ha tenido mayores consecuencias, puede subsanarse mediante CONCESIONES que otorgue la municipalidad para la explotación y aprovechamiento de los residuos sólidos. Más adelante analizaremos si esta es la solución correcta.
Ya para concluir este punto, podemos afirmar que estamos en presencia de una realidad de hecho, que requiere ser regulada por el derecho.
2. La Realidad Nacional en cuanto a los Desechos Sólidos
Antes de tratar el punto de los desechos sólidos en cuanto a nuestra realidad nacional, creemos necesario aclarar un término al cual nos hemos referido en todo el cuerpo del presente trabajo y que es uno de los sujetos esenciales de nuestro estudio: nos referimos a los habitantes y trabajadores de los basureros, conocidos vulgarmente como "guajeros" o "pepenadores". Según Armando Deffis Caso, "Pepenador es aquella persona que trabaja generalmente en tiraderos, basureros al aire libre y en rellenos sanitarios y cuya función es espulgar los residuos sólidos para separar los objetos y materiales reutilizables o reciclables, que posteriormente vende a intermediarios".
El diagnóstico general de la República es alarmante. Aquí presentamos un bosquejo que servirá para ilustrar mejor la situación actual de nuestro país:
En primer lugar, es oportuno mencionar que la generación per cápita de residuos sólidos, se ha incrementado en las últimas tres décadas en casi siete veces. Además, las características de los desechos sólidos, que antes eran biodegradables, han cambiado a elementos de difícil y lenta degradación. A este respecto, cabe señalar �por ejemplo- que el papel, la cáscara de banano y los residuos de tela no tardan más de tres meses en deshacerse; el cuero y la madera pueden tardar cinco años; y el plástico y el vidrio tardan hasta 500 años.
En el interior del país, los pequeños centros de población carecen de servicio de recolección y disposición final de basura. En tal virtud, los residuos son tirados a cuerpos de agua y predios baldíos. No obstante, algunas poblaciones cuentan con servicio de recolección; sin embargo, éste es deficiente debido a que los equipos son obsoletos.
El basurero de la zona tres de la ciudad capital es considerado como el centro de reciclaje más grande del país y como "el mercado más grande de la ciudad". Según datos estadísticos, en este lugar trabajan aproximadamente 400 personas y allí se deposita un promedio de 1,200 toneladas de desechos diariamente. Otra circunstancia preocupante es el creciente número de basureros clandestinos. De acuerdo con algunos medios de comunicación, este número oscila entre cuatrocientos setenta y quinientos vertederos, sólo en la ciudad capital. A este respecto, podemos señalar que el Reglamento de Limpieza y Saneamiento Ambiental del Municipio de Guatemala, en su artículo 48, establece: "El sitio autorizado por la Municipalidad de Guatemala para la disposición final de los desechos sólidos en el municipio de Guatemala, es el Relleno Sanitario ubicado en el final de la 30 calle, entre las zonas 3 y 7 u otros que designe la municipalidad. Cualquier otro sitio utilizado para tal fin, como barrancos, predios baldíos, cuencas hidrológicas, etc., además de perjudiciales y atentatorios a la salubridad del medio ambiente, serán considerados como botaderos clandestinos e ilegales y quienes lo utilicen incurrirán en faltas graves al presente Reglamento, al Código de Salud, al Código Penal y otros cuerpos legales, por lo que serán consignados al Juzgado de Asuntos Municipales que les impondrá una multa de� sin perjuicio de que sean puestos a disposición de los tribunales de orden común por responsabilidad de otro orden".
De gran importancia para nuestro trabajo resulta ser el articulo 51 del reglamento en cuestión, ya que prohíbe expresamente el ingreso de particulares a los rellenos sanitarios y depósitos autorizados sin la debida autorización. Señala dicho artículo, además, que el ingreso sólo será permitido durante las horas de operación del relleno.	Si confrontamos ambas normas con nuestra realidad nacional, podemos apreciar �sin necesidad de un análisis muy profundo- que ni la una, ni la otra, son cumplidas por todos aquellos que ingresan, laboran y de hecho, viven en el relleno sanitario de la zona tres. Esta circunstancia nos lleva �irremediablemente- a la siguiente conclusión: La existencia de disposiciones adecuadas que reglamenten situaciones de la vida de los particulares, no implica que aquéllas sean respetadas y cumplidas por éstos. La solución al problema, (en estos aspectos) , no se resolverá con la letra muerta de las leyes, sino con un adecuado programa de educación al respecto.
La Municipalidad de Guatemala, de acuerdo con el Arquitecto Sergio Véliz, pretende implementar lo que se ha denominado "Plan de Desarrollo Metropolitano Metrópolis 2010". Ante el marcado aumento en los niveles de contaminación, con este "plan" se pretende reducir a niveles recomendados internacionalmente la degradación y contaminación del medio ambiente en la ciudad capital. El instrumento en mención, califica los desechos sólidos como "altos indicadores de contaminación del medio ambiente". Además, señala que las políticas que se piensan implementar, en términos muy generales, son las siguientes:
Generalizar y continuar difundiendo la educación y cultura ambiental, mediante la creación de un programa permanente de educación ambiental en todos los medios de comunicación, por medio de los anunciantes.
Fortalecer las instituciones y reformar y actualizar el marco legal vigente. Este objetivo se cristalizará con la creación del "Reglamento Unico de Renovación Urbana".
Incorporar la variable ambiental en los programas y proyectos de desarrollo urbano. Esto se concretiza en que sólo se aceptarán - con exclusividad - los "proyectos ecológicos" para la solicitud de licencias de construcción.
Propiciar y estimular al sector productivo para que utilice tecnologías limpias, mediante la implementación de reformas tributarias.
Impulsar la coparticipación de los diferentes sectores en programas ambientales.
Es necesario �como señalamos con anterioridad- que se implementen programas de educación. Creemos que muchos de los problemas, en cuanto a la generación y disposición final de los desechos sólidos, pueden resolverse con una adecuada educación al respecto. Por otra parte, cabe mencionar que la Municipalidad de Guatemala, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, inició el Programa "Tacita de Plata". Este programa tiene por objeto la recolección, separación, transporte y tratamiento de los desechos sólidos. Consiste en impulsar, mediante un fuerte programa de educación, la separación de desechos sólidos, para que puedan utilizarse como material reciclado.
En este apartado analizaremos la forma en que se encuentra regulado el tema de los desechos sólidos a través de los diferentes cuerpos normativos de nuestro sistema legal. Mostraremos cómo, de acuerdo con la jerarquía de normas, cada cuerpo normativo contiene disposiciones de carácter "bastante general" sobre el tema que nos ocupa y transfiere la efectividad y aplicación práctica de sus disposiciones a la creación de una norma de inferior jerarquía.
A manera de introducción al presente apartado, presentamos ciertas normas que, a través de la historia, han regulado lo referente a los desechos sólidos en Guatemala. La regulación legal de los desechos sólidos, se remonta al siglo pasado. El 3 de diciembre de 1832, fue promulgado el Decreto Ley No. 10, el cual establecía: "El Jefe de Estado de Guatemala autorizado para dictar medidas de policía y salubridad, y con anuncios de que puede introducirse en el Estado el cólera morbus epidémica; decreta� 3o. Por estos bandos se ordenará: 1o. la limpieza de todas las calles, plazas y lugares públicos, de manera que en ellos no existan inmundicias, basura�".
Unos cuantos años más tarde, el 28 de septiembre de 1836, la Asamblea Legislativa reglamentó las atribuciones de las municipalidades de país, estableciendo en el artículo 14: "Estará también a su cargo proveer sobre la policía de salubridad removiendo y previniendo cuanto pueda perjudicarle, y en tal concepto cuidarán de la limpieza de las calles y lugares públicos, y de que se saquen fuera de poblado las fábricas y cualesquiera focos de pestilencia". Como se puede apreciar, desde el año de 1836, es función de las municipalidades la limpieza y el cuidado de las calles.
Luego, el 31 de diciembre de 1840, la Ordenanza No. 187 de la Municipalidad de Guatemala señalaba: "Tanto la limpieza de las mismas calles, como por la salubridad pública, no permitirá que en ella se arrojen animales muertos, de cualquiera especie; y podrá imponer al contraventor, multa, desde uno hasta cinco pesos, o cárcel, desde uno hasta cinco días". Asimismo, la Ordenanza No. 189 establecía: "En cuanto a la plaza mayor, se recomienda muy en particular al juez de policía, el cuidado y aseo de ella, de la conservación de sus empedrados y de la reparación que éstos necesiten; y serán de cuenta de los fondos municipales, los gastos que se causen al intento, y para la limpieza, no menos precisa, de las plazuelas de la ciudad".
Por otra parte, en el año 1879, se dispuso que las basuras fueran incineradas en un crematorio; además, ese mismo año se inauguró el servicio de limpieza pública, denominado "Tren de aseo".
Por último, es necesario señalar que el basurero de la zona tres se estableció en 1960, cuando el Dr. Luis Fernando Galich López era Alcalde de la cuidad de Guatemala. Legislación Vigente: Marco Constitucional
La Constitución Política de la República de Guatemala, se refiere al tema que nos ocupa en sus artículos 93, 95 y 97. En primer lugar, el artículo 93 incluye el Derecho a la Salud como una nueva "garantía social" y establece lo siguiente: "El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna". El derecho a la salud guarda íntima relación con el derecho a un ambiente sano y adecuado, tema que trataremos con amplia profundidad en el Capítulo IV del presente trabajo.
El artículo 95 contiene otro principio fundamental, atinente a nuestro objeto de estudio. El artículo en cuestión señala que la salud de los habitantes de la Nación es un bien público; además, establece la obligación de todas las personas e instituciones del país de velar por la conservación y restablecimiento de la salud.
El artículo 97 se refiere al medio ambiente y al equilibrio ecológico y establece: "El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación". Este artículo fue la base para la creación de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, cuerpo normativo que analizaremos más adelante.
Las tres normas que hemos analizado, por su propia naturaleza constitucional, sólo contienen principios generales, que no podrán hacerse efectivos en la práctica, si no son desarrollados por normas de inferior jerarquía.
El Código de Salud de Guatemala, contenido en el Decreto del Congreso de la República N� 90-97, publicado en el Diario Oficial el 7 de noviembre de 1997, establece principios generales que guardan amplia relación con el tema que analizamos:
El artículo 1 de dicho cuerpo normativo, establece: "Todos los habitantes de la República tienen derecho a la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de su salud, sin discriminación alguna." En el artículo 68 del Código señalado, indica: "El Ministerio de Salud, en colaboración con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las Municipalidades y la Comunidad Organizada, promoverán un ambiente saludable que favorezca el desarrollo pleno de los individuos, familias y comunidades."
Lo anterior nos muestra que el Código de Salud, no se limita a regular lo relativo a la salud como aquellas acciones tendentes a procurar el más completo bienestar físico y mental de los guatemaltecos, es decir que no limita su campo de acción a la sola administración de medicamentos, sino que se extiende al medio ambiente.
Cabe mencionar que el Libro II, Capítulo IV, Sección IV del Código de Salud, regula lo relativo a los desechos sólidos. Los siete artículos que contiene dicha Sección, establecen interesantes disposiciones referentes al tema objeto de estudio: En primer lugar, el artículo 102 establece lo siguiente: "Corresponde a las municipalidades la prestación de los servicios de limpieza o recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos de acuerdo con las leyes específicas y en cumplimiento de las normas sanitarias aplicables�" Esta norma nos indica que es competencia de las municipalidades la prestación de los servicios de limpieza o recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos de acuerdo con las leyes específicas y en cumplimiento de las normas sanitarias aplicables, razón por la que considero de suma importancia que se dicten normas que regulen concretamente lo relativo a los desechos sólidos, ya que en la actualidad se carece de las mismas.
De igual forma, el artículo 104 prescribe que las municipalidades y el Ministerio de Salud, establecerán de común acuerdo un programa para trasladar a lugares que cumplan los requisitos sanitarios, todos aquellos desechos sólidos depositados en lugares que no llenen los requisitos de ley.
Por otra parte, el artículo 103 establece la prohibición de arrojar o acumular desechos sólidos en lugares no autorizados, utilizar medios inadecuados para su transporte y almacenamiento o proceder a su utilización, tratamiento y disposición final, sin la autorización municipal correspondiente. Asimismo, el artículo 105 siguiendo este lineamiento, indica que las autoridades municipales, en coordinación con las sanitarias son las responsables de hacer cumplir a los propietarios o poseedores de predios, sitios o espacios abiertos en sectores urbanos y rurales con la disposición de cercarlos y mantenerlos libres de desechos sólidos.
Los artículos 106, 107 y 108, nos hablan sobre los desechos hospitalarios, desechos sólidos de la industria y comercio y desechos sólidos de las empresas agropecuarias. Estas normas nos indican que el manejo y disposición final de estos desechos sólidos cuyas especificaciones y normas quedaran establecidas en reglamentos sobre la materia, serán dictaminadas por el Ministerio de Salud y la municipalidad correspondiente. La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente
En el año de 1986 fue promulgada por el Congreso de la República la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86. Esta ley consta de 42 artículos y contiene disposiciones que regulan los siguientes aspectos: La contaminación atmosférica, del sistema hídrico y de los sistemas lítico y edáfico; la prevención y control de la contaminación por ruido o audial y visual; y la conservación y protección de los sistemas bióticos. Es menester señalar que la ley en cuestión no contiene ninguna disposición que regule, en concreto, el tema de los desechos sólidos. Este extremo puede derivarse de la concepción del medio ambiente que se establece en el artículo 13 de la ley, ya que los elementos integrantes del mismo, se encuentran expresamente tipificados en dicho artículo. A pesar de que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, no regula lo referente a los desechos sólidos, contiene varias disposiciones de carácter general que pudieren inspirar la creación de reglamentos que regulen el tema que nos ocupa. Cabe señalar que el artículo 2 de la ley se refiere a "esta ley y sus reglamentos"; sin embargo, aún no ha sido emitido ningún reglamento que facilite la aplicación práctica de esta ley.
Por último, es menester mencionar que por virtud de esta ley, se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, entidad dependiente de la Presidencia de la República, cuya función primordial es asesorar y coordinar todas las acciones a la formulación y aplicación de la política nacional, para la protección y mejoramiento del medio ambiente.
En el Capítulo I del presente trabajo, concluimos que los desechos sólidos depositados en vertederos públicos, son bienes que pertenecen al municipio y analizamos la forma en que se encuentran regulados en el Código Municipal. Por otra parte, en la primera sección de este capítulo, nos referimos al Reglamento de Limpieza y Saneamiento Ambiental del Municipio de Guatemala y analizamos las normas pertinentes a nuestro tema de estudio. Dicho reglamento, que data del cuatro de enero de mil novecientos ochenta y dos, constituye, junto con las disposiciones del Capítulo V del Libro II del Código de Salud, los únicos cuerpos normativos de nuestro sistema legal que se refieren en forma concreta a los desechos sólidos.
Este breve recorrido por la legislación guatemalteca, muestra que nuestro país carece de normas que regulen, con precisión, lo relativo a la utilización y aprovechamiento de los desechos sólidos.
La opinión generalizada entre muchos de los autores es rechazar cualquier intromisión estatal en la esfera privada de los particulares. Ahora bien, �Será justificable la injerencia estatal respecto del uso y explotación de los desechos sólidos? La respuesta a esta cuestión quedará resuelta en las páginas de este capítulo.
Con el fin de tener una visión más amplia sobre el tema, en el presente apartado trataremos de determinar la naturaleza jurídica del Derecho Ambiental, es decir, intentaremos ubicarlo dentro de alguna de las grandes ramas del Derecho.
Para llegar al objetivo que nos hemos propuesto, se hace necesario definir en qué consiste el denominado "Medio Ambiente". En primer lugar, la UNESCO establece que "Medio Ambiente o medio humano está constituido por todos los términos que nos rodean, entre otros términos como la biosfera, que engloba todos los seres humanos de la Tierra así como el agua, el aire, el suelo, que es lo que constituye su hábitat, o sea la región donde crecen los animales y vegetales y el lugar donde desarrollan sus actividades. Por ampliación del término medio ambiente o sólo ambiente se ha generalizado para cubrir otras esferas de la actividad humana y así se habla, en adición al ambiente físico, del biológico, del social, del económico, del político y tecnológico que se cruzan entre sí".
De acuerdo con la Comisión del Medio Ambiente de la Comunidad Económica Europea, el Medio Ambiente se define de la siguiente forma: "La combinación de elementos cuyas complejas interrelaciones establecen un marco y condiciones de vida, tal como son o como se perciben de los individuos de la sociedad".
El término "Medio Ambiente", también puede definirse así: "Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos".
La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en su artículo 13, define el concepto que nos ocupa: "El medio ambiente comprende: los sistemas atmosféricos (aire), hídrico (agua), lítico (rocas minerales), adefático (suelos), biótico (animales y plantas), elementos audiovisuales, recursos naturales y culturales".
Con base en las definiciones anteriormente citadas y siguiendo al autor Mario Alvarez Ledesma, se puede definir el Derecho Ambiental o Ecológico como: Aquella rama del Derecho que "regula las relaciones hombre-naturaleza, con el propósito de explotar racionalmente, proteger y conservar el medio ambiente" y todos aquellos elementos que integran la biosfera, tales como: el aire, energía solar, agua, rocas minerales, suelos, animales, plantas, elementos audiovisuales, recursos naturales y culturales. Asimismo, el célebre Profesor Irineu Strenger de la Universidad de Río de Janeiro, señala que el Derecho Ecológico puede ser definido de la siguiente manera: "Conjunto de reglas y principios destinados a proteger el medio ambiente, con medidas administrativas, judiciales y reparación pecuniaria de los daños causados por situaciones anormales, cuyos efectos o repercusiones tienen como agentes la contaminación de cualquier naturaleza". Esta última definición introduce un nuevo concepto: El de "responsabilidad por la contaminación del medio ambiente". Este tema ha sido ampliamente discutido en la doctrina y ha revestido singular importancia en el derecho internacional, sobre todo en materia de derechos humanos. Hay quienes consideran que, de acuerdo con las normas del sistema legal guatemalteco, sí es factible deducir responsabilidad por contaminación del medio ambiente; sin embargo, como veremos más adelante, dicho extremo presenta serios problemas de aplicación práctica.
Una vez definido el Derecho Ambiental, trataremos de ubicarlo dentro de las grandes ramas del Derecho. Tomaremos en cuenta la eterna distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, ya que consideramos que, en nuestro país, existen bastantes elementos para ubicarlo dentro del primero. En primer lugar, únicamente a manera de ilustrar lo que sucede en nuestro país, es oportuno señalar que corresponde al Derecho Penal y Procesal Penal �considerados ramas del Derecho Público- tipificar los delitos contra el ambiente, así como establecer las penas y procedimientos aplicables al respecto. Además, cabe mencionar que en Guatemala, los juzgados de carácter penal, reciben el nombre de "Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente", lo que sugiere que el Derecho Ambiental pudiere corresponder al Derecho Público. En las líneas siguientes, comprobaremos la certeza o no de este extremo.
Hemos señalado que los desechos sólidos son bienes que, de acuerdo a su utilidad y escasez en un tiempo y lugar determinado, pueden tener gran valor para los particulares, quienes, lejos de considerar la "basura" como un mal, le asignan valor económico y la consideran como un bien que está en el comercio de los hombres. Asimismo, hemos señalado que los desechos sólidos son bienes que pertenecen al municipio; por lo tanto, si los particulares desean aprovecharse de aquéllos, tienen que obtener la concesión correspondiente por parte del Estado. Hablar de concesiones, implica que éstas deben ser otorgadas por la administración pública o por sus entidades autónomas o descentralizadas. Al ser las municipalidades entidades públicas que gozan de la autonomía que les otorga la Constitución Política de la República, el contrato mediante el cual se pudiere conceder alguna concesión respecto de la explotación, uso y aprovechamiento de los desechos sólidos, tiene que revestir, necesariamente, la forma de un contrato administrativo. En este tipo de contratos, que pueden calificarse de adhesión, la relación entre el particular y el Estado es de supraordinación, ya que el primero está subordinado al segundo; en consecuencia, se puede afirmar que la relación que se establece por medio de los contratos en los que se otorgan concesiones a los particulares, es de Derecho Público. Podríamos seguir enumerando circunstancias que, en nuestro país, sugieren ubicar al Derecho Ambiental dentro del Derecho Público; sin embargo, este no es el objeto del presente trabajo. Cabe señalar que, no obstante todo lo expuesto respecto a la ubicación del Derecho Ambiental en nuestro país, hay quienes lo consideran como parte de lo que llaman "Derecho Social" o Intermedio.
Con el fin de no dejar inconcluso el presente apartado, señalaremos que la naturaleza jurídica del Derecho Ambiental es la de ser un Derecho Humano de la Tercera Generación, tema que trataremos con mayor amplitud en el Capítulo IV.
En la actualidad, según Friedrich A. Hayek, la mayoría de países occidentales han superado la tendencia al uso comunal o al control del Estado respecto de las actividades relacionadas con la tierra; sin embargo, señala dicho autor, no sucede así en cuanto a recursos naturales se refiere. En lo atinente a la explotación de este tipo de recursos, prevalece aún la opinión de que "su peculiar situación requiere una amplia injerencia estatal".
La "Tragedia de lo Comunal", expuesta con gran claridad por Harold Demsetz, muestra el fracaso de los bienes que son puestos en común para su uso y explotación, ya que: "Aquello que es de todos, no es de nadie y nadie lo cuida". Demsetz, con un sencillo ejemplo, nos muestra esta situación: En un pastizal de uso comunal de un pueblo, uno de los habitantes decide, sorpresivamente, duplicar la cantidad de su ganado que se alimenta en dicho pastizal; esta circunstancia causa un leve perjuicio a todos los demás miembros de la comunidad. Este individuo, al que denominaremos "Juan", ha roto el balance del ecosistema sobreconsumiendo. Ahora bien, si hay 100 familias en el pueblo, cada una de las otras familias ha sufrido la pérdida del 1/99 del total, mientras Juan adquiere una enorme ventaja sobre los demás al duplicar los beneficios. Sin embargo, el menoscabo que cada uno de los perjudicados ha sufrido es muy bajo como para que cada quien se moleste en perder el tiempo y reclamar al abusivo de Juan. Esta situación empeora cuando los bienes que son explotados devienen escasos y el sistema degenera cuando todos se percatan de esta situación y se aprovechan de "lo que es de nadie".
Es evidente que el sistema comunal o comunalismo no resuelve el problema que nos hemos planteado ya que, cuando los bienes se vuelven escasos se favorece la sobreutilización y el abuso. Por otra parte, el sistema en cuestión no representa un medio económico eficaz y sí un grave riesgo de desastre ecológico.
Pasando al tema del "Estatismo", "Paternalismo" o "Intervencionismo Estatal", cabe mencionar que el derrumbe del socialismo en los últimos años, ha demostrado que los bienes propiedad del Estado dados a los particulares para su explotación, no permite el libre juego del mercado. Los partidarios de esta tendencia, justifican el intervencionismo estatal en dos creencias que han sido ampliamente difundidas: Primero, se dice que el particular que explota los recursos naturales �siendo los desechos sólidos uno de ellos- no inspira sus actos en una adecuada visión del futuro o no dispone de tantos datos sobre el porvenir como el gobernante. En segundo lugar, se argumenta que la empresa privada ha dilapidado los recursos naturales. Es, en tal virtud, que ha existido un excesivo proteccionismo estatal en cuanto a recursos naturales se refiere; sin embargo, con este tipo de regulaciones no se obtienen beneficios sino, por el contrario, se desvanecen los incentivos que pudieren motivar a la iniciativa privada a explotar tales recursos. Se impide, por tanto, que los recursos lleguen a manos de quienes más los valoran y pueden darles mejor uso. Por ejemplo, Friedrich Hayek, señala que la deforestación se debe, en gran medida, a que los bosques no llegaron a ser de propiedad privada, sino que fueron utilizados como tierras comunales y a los particulares se les otorgaron concesiones para la explotación de los mismos. Esta circunstancia incidió en que los usuarios no tuviesen incentivos para conservar aquellos bosques.
Consideramos que el Estado no debe prestar ni intervenir en aquellas actividades que no son acorde con su naturaleza. Se ha demostrado, en la práctica, que el Estado es mal administrador de los recursos. Eventualmente, en las miles de toneladas de "basura" que se producen diariamente, pudiere estar la solución a muchos de nuestros problemas. �Qué sucede? El Estado no cuenta con la infraestructura necesaria para explotar estos bienes, es decir, el Estado no cuenta con recursos económicos suficientes para poder obtener algún provecho de ellos, por lo que el uso que aquél les da es nulo. Por esta razón, es pensable dejar éstos a la libre interacción de los particulares y de las fuerzas reguladoras del mercado, con el fin de obtener mejor provecho de ellos.
Si aplicamos todo lo anterior al caso de Guatemala, podemos concluir que nuestro país presenta una mezcla de los dos sistemas que hemos analizado: Por una parte, establecimos en el Capítulo I que los residuos sólidos depositados en los vertederos �bien o mal definidos- son bienes de propiedad del Estado; sin embargo, por el uso o la costumbre, han pasado a ser de uso comunal por parte de tantos "guajeros" que laboran en dichos lugares. En conclusión, en Guatemala, al ser los residuos sólidos bienes estatales de uso comunal y al no existir un sistema que garantice la apropiación de los mismos, no se logra la optimización de dichos recursos.
Hemos demostrado que ni el comunalismo ni el estatismo resuelven el problema. Pero, �Será la privatización de los residuos sólidos la respuesta a nuestra interrogante?
Una de las funciones esenciales de la propiedad privada es lograr la asignación eficiente de los recursos de que dispone una sociedad. Sin embargo, es requisito imprescindible para que opere el sistema de propiedad privada el hecho que exista un sistema adecuado para lograr la apropiación de los recursos que serán objeto de ella. En este sentido, Jesús Huerta de Soto dice: "La gestión privada de los recursos de la naturaleza efectuada a través de mercados libres, en los que estén correctamente definidos los correspondientes derechos de propiedad, es mucho más eficiente y satisfactoria que la gestión pública que hasta ahora se ha venido efectuando de dichos recursos".
A este respecto, Hayek señala que, cuando por razones técnicas, no se puede lograr el control exclusivo de determinados bienes mediante la acción de los individuos, la alternativa no es más que la reglamentación.
Este sería el caso de Guatemala en cuanto a los residuos sólidos, ya que no existe en nuestro país un sistema que garantice a los particulares la correcta apropiación de los mismos.
Ante tal situación �Qué tipo de regulación se requiere en nuestro país? En la actualidad, Guatemala cuenta con leyes que, de alguna manera, han intentado regular lo que se refiere a desechos sólidos; sin embargo, lo han hecho de forma general y no específica. En tal virtud, es necesario fijar una posición en cuanto a la regulación de la apropiación de los residuos sólidos, lo que permitirá aplicar disposiciones a todos los demás aspectos de la materia. Sin embargo, la postura que ha tomado la Municipalidad de Guatemala, de acuerdo con el Arquitecto Sergio Véliz, Director del Programa Metrópolis 2,010, se orienta a otorgar a los particulares el manejo, uso y disposición de la "basura", por medio de concesiones. Esta solución, en nuestra opinión, se convierte en una fuente de privilegios y, además, lleva consigo una serie de regulaciones y controles por parte del Estado, lo que en un futuro podría tener resultados negativos, tanto para el propio Estado como para la salud de los ciudadanos, debido a la despreocupación del entorno ecológico y finalmente, un deterioro en la economía de los particulares, debido al mal uso de recursos que de otra forma podrían utilizarse de una mejor manera.
Otra Solución Hemos señalado a lo largo del presente trabajo que los desechos sólidos depositados en vertederos públicos son bienes que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, bien o mal regulados, son propiedad del municipio. Igualmente, hemos señalado que, en la práctica, los particulares comercian libremente con los residuos que se encuentran en los distintos basureros del país, ya que valoran dichos bienes de acuerdo con su utilidad y escasez en un tiempo y lugar determinado; además, indicamos que la actuación de estas personas pudiere tipificar el delito de hurto. Por último, establecimos en este capítulo que la solución al problema planteado no se encuentra en el comunalismo, ni en la excesiva injerencia del Estado en la esfera de los particulares.
Ahora bien, antes de terminar el presente capítulo es menester hacer la siguiente aclaración: En todas las líneas precedentes nos hemos referido a desechos sólidos depositados en vertederos públicos; sin embargo, si excluimos estos últimos, podemos llegar a la conclusión que todos aquellos desechos sólidos que no se encuentren depositados en basureros públicos, no pueden pertenecer a dicha entidad pública descentralizada. Por lo tanto, la "basura" que se encuentre en terrenos propiedad de los particulares, necesariamente, tiene que ser de su propiedad.
Aquí se hace oportuno mencionar que el manejo de los desechos sólidos se realiza en cuatro fases distintas; son las siguientes: Generación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final. Por una parte, las dos primeras fases, es decir, las de generación y almacenamiento, ocurren dentro del campo de acción de los particulares, ya que son éstos quienes generan la "basura" y proceden a almacenarla de la manera que les parezca más adecuada. Cosa distinta ocurre desde que los desechos sólidos son recolectados y transportados por las personas "debidamente autorizadas" por la municipalidad. Veamos qué ocurre: Según el artículo 49 del Reglamento de Limpieza y Saneamiento Ambiental del Municipio de Guatemala "Los particulares que estén debidamente autorizados para la recolección y transporte de desechos en el municipio, están obligados, sin excepción, a conducirlos al Relleno Sanitario autorizado para su disposición final". En tal virtud, desde el momento en que los desechos son recolectados y transportados, pasan al dominio de la Municipalidad. La norma anteriormente citada presenta un grave problema: Establece la obligación para las personas que recolectan los desechos sólidos, de conducirlos, sin excepción, al Relleno Sanitario. A pesar de la inquebrantable obligación que, aparentemente, establece la norma en cuestión, si analizamos su ratio legis, podemos llegar a la conclusión que lo que pretendía el Concejo Municipal de la Ciudad de Guatemala, era que las personas autorizadas para recolectar "basura" no la depositasen en barrancos o en predios baldíos. Por otra parte, cabe mencionar que el Reglamento citado permite efectivamente el reciclaje de desechos sólidos en la ciudad capital de Guatemala, siempre que las personas que efectúen dicho trabajo cumplan con dos requisitos: Uno, que obtengan la autorización del Departamento de Limpieza de la Ciudad y el otro, que cuenten con el respaldo de las industrias. Es menester aclarar que esta norma �el artículo 52- de acuerdo con su propio texto, es aplicable, con exclusividad, a los desechos sólidos depositados en el Relleno Sanitario, ya que, para su aplicación, remite al Reglamento Interno del Relleno.
Luego de hacer las aclaraciones anteriores, podemos plantear la siguiente solución al problema: Los particulares, por ser propietarios de su "basura" (antes de que sea recolectada y transportada al Relleno Sanitario) pueden, en nuestro criterio, negociar libremente con otro particular con el objeto que este último la recolecte, trate, recicle o disponga de ella en la forma que mejor le parezca, con o sin ánimo de lucro. Creemos, además, que la persona que preste este servicio no requiere la autorización antes mencionada, ya que no estaría recuperando desechos depositados en el Relleno Sanitario.
De esta forma, por una parte, los particulares podrían deshacerse de todos aquellos materiales que consideran inútiles y otra persona se aprovecharía de los mismos, por considerarlos útiles de acuerdo con su valoración interna; por otra parte, se mejoraría el creciente problema de la "basura", problema que agobia a las distintas ciudades del país. Además, salvaríamos la ineficiencia del comunalismo, así como excesiva la burocracia y la injerencia estatal que implican las concesiones y demás controles. Más adelante veremos si nuestra actual legislación permite que se implemente esta solución.
Si no se permitiera que cada quien negociara libremente con su "basura", se estaría lesionando gravemente el derecho a la propiedad, establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de la República, ya que cada quien tiene derecho de propiedad sobre su propia basura. Además, se estaría coartando la libertad de contratación.
El derecho de propiedad implica que su titular puede ejercitar todas las facultades inherentes al dominio: Uso, goce, disfrute y disposición. La facultad de disposición implica que la persona puede disponer libremente, por cualquier título, del bien sobre el cual tiene derecho de propiedad; en tal virtud, los particulares tienen derecho a disponer de su "basura", ya sea a título oneroso, ya sea a título gratuito. Esta situación nos amplía enormemente el panorama de soluciones al problema que nos ocupa. El que una persona pueda disponer de su "basura" a título oneroso, quiere decir que podría intercambiarla por bienes en especie o por dinero, según sea el caso. Todas las cosas que están en el comercio de los hombres pueden ser objeto de contrato. Si los desechos sólidos son un bien que está en el comercio de los hombres, como hemos demostrado en el cuerpo del presente trabajo, por qué no pensar en un contrato de compraventa o en una permuta de "basura". Ahora bien, para que se pueda implementar esta solución en nuestro país, es necesario que se establezca un adecuado programa de información y de educación al respecto y que la iniciativa privada o la inversión extranjera decidan emprender un negocio de tal naturaleza. El Problema de las Concesiones
En todo el desarrollo del presente Trabajo de Tesis, nos hemos referido a las llamadas "concesiones". En este apartado, trataremos con mayor profundidad el tema. Ahora bien, el contrato de concesión puede definirse como: "Un convenio que hace la administración pública con una persona individual o colectiva particular, para que preste un servicio público con la autorización y fiscalización de aquélla, pero en forma unilateral, la administración fija las condiciones y plazos". Por otra parte, la definición legal de concesión se encuentra contenida en el artículo 95 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, Decreto del Congreso No. 57-92. En dicho artículo, se define "concesión" en los siguientes términos: "Para los fines de esta ley se entiende por concesión la facultad que el Estado otorga a los particulares, para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público, bajo el control de la entidad pública concedente con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio�".
Como señalamos en su oportunidad, la concesión es un contrato administrativo, de eminente carácter público. Esto implica que nos encontramos en el campo de la injerencia y los controles estatales. Dicha injerencia estatal se manifiesta en el segundo párrafo del artículo 95 de la citada Ley de Compras y Contrataciones del Estado, el cual establece: "Son obligaciones mínimas del Estado, obtener los derechos de los servicios concesionados, rescatar el servicio por causas de utilidad pública, tales como servicio deficiente, aumento desmedido de precios o por fuerza mayor o caso fortuito, revisar las tarifas y velar porque sean ellas las que se cobren, supervisar la ejecución de la concesión hasta su vencimiento�". Asimismo, el artículo 97 de dicha ley establece las cláusulas que deben incluirse en los contratos de concesión. Trátase, por lo tanto, de contratos cuyas cláusulas son impuestas por una de las partes, que permiten la injerencia estatal "por causas de utilidad pública", así como el control en los precios y en la ejecución del servicio. Para los fines del presente trabajo, es decir, en cuanto a la utilización y aprovechamiento de los desechos sólidos, analizaremos la concesión desde dos aspectos:
La concesión del servicio de recolección de basura; y
La concesión que se otorgue para la utilización y aprovechamiento de desechos sólidos depositados en vertederos públicos.
En cuanto al primer aspecto que hemos de analizar, es decir, la concesión del servicio de recolección de basura, cabe señalar que podría representar un grave problema para la realización de la solución que planteamos en el apartado anterior. Por una parte, el artículo 31 del Código Municipal, regula las formas de prestación de los servicios públicos municipales de la siguiente manera: "Los servicios públicos municipales serán prestados y administrados: a) Por las municipalidades y sus dependencias administrativas, unidades de servicio y las empresas que organice; b) Por concesiones otorgadas de conformidad con la ley". El artículo 32 complementa lo anterior, al establecer: "La municipalidad tiene facultad para otorgar a personas individuales o jurídicas, la concesión para la prestación de servicios públicos que operen exclusivamente en su jurisdicción, mediante contrato de derecho público y a plazo determinado, en el que se fije la naturaleza y condiciones del servicio y las garantías de su funcionamiento�". También, dicho cuerpo legal establece en el inciso "s" del artículo 40, que es competencia de la Corporación Municipal: "�La prestación del servicio de aseo, barrido de calles, recolección, disposición final de basuras y tratamiento de desechos sólidos". Por otra parte, el artículo 49 del Reglamento de Limpieza y Saneamiento Ambiental del Municipio de Guatemala �ya comentado en el curso del presente trabajo- establece la obligación de los particulares que estén debidamente autorizados para la recolección y transporte de desechos en el municipio de conducirlos, sin excepción, al Relleno Sanitario autorizado para su disposición final. Con base en las cuatro normas citadas anteriormente, no queda sino concluir que el servicio de recolección de desechos sólidos, sólo puede ser prestado por las municipalidades o bien, por aquellos particulares que hayan obtenido la respectiva concesión por parte de la municipalidad de su jurisdicción.
En la práctica, todas las normas transcritas en el párrafo anterior, no hacen más que entorpecer cualquier iniciativa para solucionar el problema de la disposición final de los desechos sólidos. Representan, asimismo, graves obstáculos que podrían, en un momento dado, desincentivar la posible inversión privada, nacional o extranjera.
A pesar de lo anterior, consideramos que debe prevalecer la libertad de un particular de disponer de su "basura" como mejor le parezca (como señalamos en el apartado anterior) y la libertad de otro particular de contratar con él, en las condiciones que consideren adecuadas, para que este último se aproveche de lo que a aquél considera inútil, a cambio de una retribución en dinero o en especie. En otras palabras, debe prevalecer el derecho de propiedad sobre la basura de los particulares, así como el principio de la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación.
La ineficiencia del actual sistema de recolección se manifiesta en las estadísticas. En la actualidad, "la Municipalidad de Guatemala y el sector privado solamente recolectan un 53% de los desechos generados�", lo que inicide en la proliferación de basureros clandestinos.
En cuanto al segundo aspecto referido, es decir, la concesión que se otorgue para la utilización y aprovechamiento de desechos sólidos depositados en vertederos públicos, vale hacer mención de algunas particularidades. Consideramos que el anterior razonamiento no le es aplicable, ya que �como concluimos en su oportunidad- los desechos sólidos depositados en vertederos públicos, son bienes que pertenecen al municipio; por lo tanto, de acuerdo con la actual legislación, en cuanto a la utilización y aprovechamiento de desechos sólidos depositados en vertederos públicos, no se puede obviar lo relativo a las concesiones.
Las estadísticas también reflejan la ineficiencia de este sistema. De acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, en 1990, "del total de desechos vertidos en el basurero general de la zona 3, el factor de recuperación era muy bajo, oscilaba entre 2.5% y 4%". Vamos a ilustrar esta situación con un pequeño ejemplo, tomando como base los desechos plásticos generados en el Municipio de Guatemala. La única empresa que se ocupa del reciclaje del plástico, está procesando mensualmente 150 toneladas de este material; por otra parte, se sabe que el plástico representa el 5% del total de la basura generada y que se producen diariamente, en el municipio de Guatemala, cerca de 1,500 toneladas de basura. Partiendo de estas cantidades, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
Mensualmente, se generan en el Municipio de Guatemala 45,000 toneladas de basura;
De esas 45,000 toneladas, el 5% corresponde a desechos de plástico, lo que implica que en esta jurisdicción territorial se generan 2,250 toneladas de plástico al mes;
Si se reciclan 150 toneladas mensualmente, quiere decir que se está reciclando sólo el 6.7% del total de desechos plásticos generados.
Este análisis nos lleva a concluir que el actual sistema es ineficiente.
Sea como fuere, no podemos dejar por un lado el problema que la regulación actual de los desechos sólidos representa; por lo tanto, se requiere una reforma sustancial a todos los cuerpos normativos referentes al tema, con el objeto que se definan correctamente y se aseguren de una manera precisa los derechos de los particulares y no se obstaculice la inversión privada, nacional o extranjera, que eventualmente, pudiere solucionar el problema que nos agobia.
Ya para concluir, sólo queremos recordar aquel ejemplo que citara Friedrich Hayek, referente a la íntima relación que, en un determinado tiempo, hubo entre la deforestación y las concesiones que se otorgaron para la explotación de los bosques: "�No negaremos que ha existido una efectiva dilapidación, pero importa subrayar, sin embargo, que el ejemplo más importante, es decir, la tala del arbolado, tuvo su origen principalmente en la circunstancia de que los bosques no llegaron a ser propiedad privada, sino que fueron retenidos como tierras comunales, otorgándose concesiones de explotación particular en términos tales que los usuarios carecían de incentivos que les impulsaran a su conservación" .
En el siguiente capítulo trataremos el tema de la regulación del tema en el Derecho Internacional, así como en el Derecho Comparado.
REGULACIÓN DEL TEMA EN EL DERECHO INTERNACIONAL
En el capítulo III del presente trabajo, señalamos que la naturaleza jurídica del Derecho Ambiental es la de ser un "Derecho Humano de la Tercera Generación". En este capítulo desarrollaremos esta idea, así como la forma en que ha sido regulado el Derecho Ambiental en el Derecho Internacional. Como hemos señalado en los tres capítulos precedentes, el problema de los desechos sólidos en nuestro país ha alcanzado alarmantes dimensiones. En tal virtud, cabe plantearnos la siguiente interrogante: �Será posible deducir responsabilidad internacional para el Estado de Guatemala derivada de las condiciones actuales de contaminación por desechos sólidos? Resolveremos esta interrogante a la luz de los Derechos Humanos y, particularmente, a la luz del Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado. También, esta concepción del Derecho Ambiental nos mostrará, ante todo, una visión distinta del artículo 93 de la Constitución Política de la República, que contempla el derecho a la salud como un "derecho social", con todas las implicaciones que esto conlleva. Ahora bien, con el fin de tener una visión más amplia del tema que tratamos, se hace imperativo tomar en consideración lo siguiente: A través de la historia, grandes filósofos iusnaturalistas han abogado por principios inmutables de justicia, libertad, igualdad y fraternidad. En la antigüedad, estos principios comunes a todos los pueblos y en todos los tiempos, fueron sostenidos por los filósofos de la Escuela Estoica. Veinte siglos después, los filósofos de la Escuela Clásica del Derecho Natural, revivieron aquellos principios que desarrollaron los pensadores de la antigua Grecia y protegieron los Derechos Fundamentales de los individuos: Derecho a la Vida, a la Libertad y a la Propiedad. Fue precisamente en la época en que la filosofía de la Escuela Clásica del Derecho Natural estaba en su apogeo, cuando la mayoría de los Estados americanos nacieron a la vida independiente. La importancia de la anterior afirmación radica en que "�en sus primeras Constituciones Políticas, los Estados americanos consignaron sólo los derechos humanos individuales, por los que tan destacadamente abogó la doctrina clásica del Derecho Natural�". Cabe mencionar, además, que los Derechos Humanos individuales han sido proclamados en diversos documentos por medio de la historia: En Inglaterra: En la Carta Magna (the Great Charter, 1215), en el Habeas Corpus Act de 1679 y en el Bill of Rights de 1689 (cuyo nombre completo es "An Act declaring the Rights and Liberties of the Subject and settling the Sucession of the Crown"); en los Estados Unidos de Norteamérica: en la Declaration and Resolves of the First Continental Congress de 1774, en la Virginia Bill of Rights del 12 de junio de 1776 y en la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776; y en Francia: en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Todas estas declaraciones contribuyeron �en mayor o menor grado- para que en el año de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de París, Francia, aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Todo lo anterior reviste singular importancia para nuestro trabajo, ya que, como veremos más adelante, el Derecho Ambiental es un derecho humano relativamente "nuevo", que no fue sancionado en el ámbito internacional sino hasta hace unas cuantas décadas.
2. Derechos Humanos de Primera y Segunda Generación
En el apartado anterior nos referimos a los "Derechos Individuales" y señalamos que fueron aquellos que, en primer lugar, obtuvieron su reconocimiento y protección en el ámbito internacional, por las razones anteriormente expuestas. Ahora bien, si hablamos de derechos individuales, cabe señalar que dentro de esta categoría se encuentran comprendidos los derechos civiles y los políticos y que pueden ser definidos como aquellos "que se refieren al hombre como individuo y como ciudadano, como a sus bienes, a la propiedad personal, a elegir y ser electo, a igualdad ante la Ley", etc. Estos son los denominados "Derechos Humanos de la Primera Generación".
El paso del tiempo, el desarrollo de la educación, el progreso en la tecnología y la industrialización, entre otros factores, contribuyeron a que se reconociesen y protegiesen los derechos de la llamada "Segunda Generación de Derechos Humanos": Los derechos económicos, sociales y culturales. En esta categoría se incluyen derechos tales como: El derecho al trabajo, incluido el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables; los derechos sindicales; el derecho a una alimentación, vestuario y vivienda idóneos; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la salud, el derecho a la educación; el derecho a la protección familiar; el derecho a la seguridad social y los derechos relativos a la cultura y la ciencia. Aquí se hace oportuno señalar que el Derecho a la Salud, derecho de la segunda generación, guarda íntima relación con el derecho a un medio ambiente sano y adecuado, derecho que analizaremos cuando tratemos el tema de los derechos humanos de la tercera generación. La nota característica de los derechos individuales radica en que el papel del Estado consiste en una abstención, es decir, en una prestación de no hacer; además, siguiendo a Guillermo Fernández de Soto, cabe agregar que estos derechos "deben ser respetados y garantizados en tanto obligaciones inmediatas". Ambas circunstancias los hacen exigibles ante cualquier tribunal, nacional o internacional. Por otra parte, la nota característica de los derechos o garantías sociales estriba en que el papel del Estado es un hacer y "son derechos de consecución progresiva". El autor citado, al referirse a los derechos económicos, sociales y culturales, señala que son aquellos "que se realizan por medio del Estado, quien entra a desempeñar un nuevo papel, al convertirse en activo participante, con responsabilidades de promoción y protección del bienestar económico y social de sus súbditos". Mientras los derechos individuales son plenamente ejecutables ante organismos internacionales, la ejecutoriedad de los derechos sociales o colectivos es muy discutible en la doctrina y en la práctica internacional. El sistema interamericano refleja la anterior afirmación: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha condenado a varios Estados americanos por violación a los derechos humanos individuales, mientras que, a la fecha, aún no ha entrado a conocer de algún caso de violación a los derechos colectivos. Así, dicho organismo internacional condenó al gobierno de Honduras por violar el Derecho a la Vida, a la Integridad Personal y a la Libertad Personal de Angel Alfredo Velásquez Rodríguez y ordenó que se pagasen 750 mil lempiras a sus familiares en concepto de reparaciones; también, en 1993, condenó al gobierno de Suriname al pago de 453,102 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por violaciones al Derecho a la Vida, a la Integridad Personal, a la Libertad Personal y a la Protección Judicial, todos derechos eminentemente individuales. En la práctica, existen dos circunstancias que dificultan la consideración de casos de violación a los derechos colectivos: La primera, radica en la dificultad para determinar la responsabilidad de la violación al derecho colectivo. Es por todos conocido que un acto de violación a los derechos humanos sólo puede ser cometido por funcionarios o empleados públicos. Así lo ha expresado la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su interpretación del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Lo importante en un caso de violación a los derechos humanos es determinar si "...ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente". Ahora bien, en el ámbito de los derechos individuales, el agente estatal transgresor de los derechos humanos es plenamente identificable. Esto no ocurre cuando de derechos sociales se trata, ya que la buena o mala práctica estatal en este campo obedece a programas globales de gobierno y la Corte no puede convertirse en juzgador de las decisiones de un gobierno determinado. El segundo aspecto que dificulta la ejecución de los derechos sociales, tiene gran relación con la anterior afirmación. Este segundo aspecto radica en el carácter esencialmente político de la implementación de los derechos, ya que aquí se ingresa en el campo de los conceptos de soberanía y no intervención. Fernández de Soto, luego de analizar las normas del sistema interamericano, haciendo un examen exclusivamente legalista del mismo, absteniéndose de considerar los problemas que presenta la ejecutabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en la práctica, señala lo siguiente: "�ello no implica que su tratamiento no pueda ser abocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, en particular dada la actual coyuntura internacional y la preeminencia que los órganos políticos de la OEA han dado a conceptos como el desarrollo, la consideración de la pobreza extrema, la protección del medio ambiente y la defensa de la democracia, detrás de los cuales subyace, como pilar fundamental, el respeto por los derechos económicos, sociales y culturales�". En nuestro criterio, a pesar de que el sistema interamericano cuenta con normas para la protección, tanto de los derechos humanos de la primera generación, como los de la segunda, las dificultades prácticas que plantea la ejecución de estos últimos, así como su propia naturaleza, inciden en que este tipo de derechos no sean autoejecutables ni exigibles ante algún tribunal; trátase, en conclusión, de meras metas, ideales, necesidades o aspiraciones sociales. Esta conclusión, nos lleva a considerar lo siguiente: Si bien es cierto que estos derechos han sido proclamados y "protegidos" por normas internacionales de carácter sustantivo, en la práctica, su titular carece de acción para hacerlos efectivos. Esta circunstancia se manifiesta con singular claridad en el Derecho Romano, ya que en el ordenamiento jurídico de aquella civilización no podía existir un derecho (ius), si su titular carecía de la acción (actio) para hacerlo exigible. En esta línea de ideas, el romanista Eugéne Petit señala lo siguiente: "Los derechos que pertenecían a las personas, derechos de familia, derechos reales y derechos de crédito, podían ser violados, y todo aquel que fuese víctima de esta violación debía tener un medio de obtener reparación y de hacer sancionar la legitimidad de su derecho".
Ya hemos mencionado los derechos humanos de la primera y segunda generación; asimismo, hemos tratado el tema de la dificultad de hacer efectivos �en la práctica y por su propia naturaleza- los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, aquellos que corresponden a la segunda generación de derechos humanos. Hicimos hincapié en este tema, ya que es de vital importancia al tratar el tema que nos ocupa en este apartado: Los Derechos Humanos de la Tercera Generación. Así como en una etapa del desarrollo de los derechos humanos, se hizo necesario proclamar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales, las nuevas exigencias del cambiante mundo en que vivimos, hicieron necesario que en el ámbito internacional se empezase a considerar la existencia de nuevos derechos humanos. Se trata de los derechos humanos de la tercera generación, también llamados "derechos de solidaridad". Se denomina así a este grupo de derechos, ya que "son derechos oponibles al Estado y, especialmente, porque no pueden ser ejercidos y lograda su observancia más que por la acción solidaria de todos los elementos de la Sociedad: Estados, individuos y otras entidades públicas y privadas".
Dentro de este grupo de derechos, se encuentran comprendidos los siguientes: Derecho al desarrollo; derecho a un medio ambiente sano y adecuado; derecho a la paz y a la seguridad; derecho a beneficiarse del patrimonio común de la Humanidad; derecho a la libre determinación de los pueblos; derecho de los cónyuges a decidir libre y responsablemente el número y el momento de nacimiento de sus hijos, así como el derecho a una educación e información adecuadas a este respecto; y, derecho a objeción por motivos de conciencia.
Esta última generación de derechos, al igual que la segunda, presenta singulares problemas que tornan imposible, en la actualidad, exigir su cumplimiento en el ámbito internacional; nos remitimos, por lo tanto, a lo expuesto sobre el tema en el apartado anterior. Además, cabe agregar que cada uno de estos derechos presenta nuevas dificultades �como veremos más adelante al referirnos, en particular, al derecho a un medio ambiente sano y adecuado- que tornan aún más complicada su ejecutabilidad en la práctica. Por último, es necesario mencionar que, dentro del sistema interamericano, los derechos individuales y los sociales, se encuentran contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el denominado Protocolo de San Salvador. Este último instrumento internacional, cuyo nombre completo es "Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", fue suscrito en la ciudad de San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Dicho instrumento contempla, en su artículo 11, el Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado, en los siguientes términos: "1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos; 2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente". Esto significa que, para la Organización de Estados Americanos, el Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado es un derecho que pertenece a la segunda generación de derechos humanos y nos demuestra que no existe un criterio unívoco en cuanto a su clasificación. A este respecto, siguiendo a García Bauer, cabe señalar que las clasificaciones de los derechos humanos se han abierto paso "principalmente por razones políticas o de conveniencia, pero que difícilmente resisten un severo análisis científico". Independientemente de esta discusión, consideramos que el derecho a un ambiente sano y adecuado pertenece, efectivamente, a la tercera generación de derechos humanos, dada su naturaleza y características propias.
Por último, cabe hacer la siguiente aclaración: El llamado "Protocolo de San Salvador", aún no se encuentra en vigor internacional, ya que, de acuerdo con su artículo 21, requiere la ratificación de 11 Estados para su plena vigencia y aún no se ha logrado tal número. Por lo tanto, el derecho a un medio ambiente sano y adecuado aún no tiene plena vigencia dentro del sistema interamericano.
El Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado, como señalamos en el apartado anterior, es considerado uno de los derechos humanos pertenecientes a la tercera generación. Este derecho comprende el derecho a "respirar aire puro y a beber agua no contaminada, a ser protegido de los excesos de ruidos y de otros inconvenientes, el derecho de ir y disfrutar tranquilamente de la playa, el campo y de la montaña y el de no vivir expuesto a contaminación por fenómenos atmosféricos como el de la llamada "lluvia ácida" originados por acción humana", así como, agregamos nosotros, a no aspirar los gases que producen los desechos sólidos, a transitar libremente por lugares y carreteras que se encuentren libres de desechos, etc.
Este nuevo derecho humano derívase del Derecho a la Salud. A este respecto, Pierre-Marie Dupuy, Profesor de la Universidad de Estrasburgo, señala que la proclamación del derecho del hombre a un ambiente sano y adecuado, constituye "la garantía suprema del derecho a la salud, a menos que éste se restrinja a la sola administración de medicamentos, concepto ya superado hoy en día".
Fue hasta la década de los setentas, en que empezó a considerarse el derecho a un ambiente sano y adecuado como un nuevo derecho humano. En junio de 1972, se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que proclamó la DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMANO. Cabe señalar que esta declaración inspiró la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente de Guatemala, tal y como señala el segundo considerando de dicha ley: "CONSIDERANDO: Que Guatemala aceptó la declaración de principios de las resoluciones de la histórica conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Estocolmo, Suecia, en el año de 1972, y en tal virtud, debe integrarse a los programas mundiales para la protección y mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida en la que a su parte territorial corresponde".
La declaración consta de 26 enunciados, los cuales ponen de manifiesto la necesidad de un criterio y principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio humano. Uno de dichos principios es el Principio 1, el cual establece lo siguiente: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras�". Este principio evidencia la estrecha relación que existe entre el derecho a un medio ambiente sano y adecuado y otros derechos humanos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad.
El Principio 2 de dicha declaración establece: "Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga".
Asimismo, el Principio número 8 señala lo siguiente: "El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida". Este principio une, indisolublemente, el derecho a un medio ambiente sano y adecuado con el desarrollo económico y social de los Estados. En el mismo sentido, pronúnciase la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer en su artículo 26: "Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados". La importancia de esta norma radica en que el cumplimiento de los "derechos económicos, sociales y culturales" por parte de los Estados, se encuentra limitado por la medida de los recursos que dispongan. En conclusión, la plena vigencia del Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado dependerá del desarrollo económico y social de un Estado determinado, así como de los recursos de que este Estado disponga.
El Principio 22 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, trata el tema de la responsabilidad por la contaminación del medio ambiente y establece: "Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción". La única forma de hacer efectivo el derecho a un ambiente sano y adecuado �en el ámbito internacional- es mediante el desarrollo de este principio y un adecuado sistema de reparaciones económicas al respecto. Es oportuno mencionar que la norma en cuestión, no establece una obligación concreta para los Estados, ni los hace responsables ante la comunidad internacional por contaminar el medio ambiente. El Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, también se ha ocupado del tema del "derecho a gozar de un ambiente sano, adecuado y ecológicamente equilibrado" y de la responsabilidad internacional por violarlo. En su XIII Congreso, celebrado en Lima, Perú, recomendó lo siguiente: "Reconocer y definir en la práctica jurídica interna e internacional el derecho a ver preservado el medio ambiente como uno de los derechos humanos, de titularidad tanto individual como colectiva; y tender, en consecuencia, a la definición de la obligación de preservar el medio ambiente como una obligación "erga omnes" que, en los dos niveles de la responsabilidad internacional del Estado y de la responsabilidad civil, debería poder fundar en el plano procesal una exigibilidad basada en la defensa de intereses comunitarios y, por ende, la técnica de la acción pública ("actio popularis")". Los Estados de Chile y Perú, como veremos más adelante, han adoptado ésta recomendación, al establecer dentro de su derecho interno una especie de acción de amparo cuando se lesione el derecho al medio ambiente.
Todas las normas de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que hemos mencionado, contienen interesantes principios referentes al tema que nos ocupa; sin embargo, no es muy difícil percatarse que se trata de normas que requieren ser desarrolladas por la legislación interna de cada Estado, ya que enuncian meros propósitos y objetivos de la Organización de Naciones Unidas, sin establecer normas de carácter obligatorio. Además, cabe mencionar que, en el ámbito internacional, las Declaraciones de la Organización de Naciones Unidas no son consideradas como una fuente formal del Derecho Internacional; en otras palabras, dichas declaraciones no se encuentran revestidas de carácter coercitivo, ni tienen plena validez como normas internacionales. En el marco de la Organización de Naciones Unidas, con el paso del tiempo, el tema del derecho ambiental ha cobrado mayor importancia. Veinte años después de que se celebrara en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se celebró, del 3 al 14 de junio de 1992, en la ciudad de Río de Janeiro, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, mejor conocida como la "Cumbre de la Tierra". Dicha conferencia originó que se proclamase la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la cual consta de 27 principios. No analizaremos las particularidades de este instrumento, ya que carece fuerza jurídica obligatoria, por las razones expuestas en el párrafo anterior. Cinco años más tarde, durante la última semana de junio de 1997, se celebró en Nueva York la Segunda Cumbre de la Tierra. En el desarrollo de esta conferencia, se comprobó que los objetivos acordados en la "Cumbre de la Tierra", no se habían cumplido; así mismo, se discutieron temas relacionados con la creación de una Organización Mundial del Medio Ambiente y de un tribunal internacional para conflictos sobre problemas ecológicos. Cabe mencionar que, aunque no se acordó crear tales organismos, ese es el camino correcto para que el derecho a un ambiente sano y adecuado sea exigible en el ámbito internacional.
Asimismo, existe desde el año 1981 un Anteproyecto de "Pacto Internacional relativo a los Derechos de Solidaridad", el cual desarrolla el derecho al medio ambiente en seis artículos; sin embargo, este anteproyecto aún no ha sido sometido a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas y aunque fuere aprobado, adolecería del mismo problema que hemos venido señalando: El tratarse de una Declaración de Naciones Unidas que no es considerada fuente formal del derecho internacional. Ya para concluir, cabe señalar que no sólo en al ámbito de las Naciones Unidas se ha tratado de proteger el derecho al medio ambiente. Este derecho se encuentra contemplado, desde 1981, en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul).
Dificultades que presenta el Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado Ya nos hemos referido a la carencia de legislación internacional "obligatoria" sobre el tema que nos ocupa; también, al tratar el tema de los derechos humanos de la segunda generación, hemos señalado todas las dificultades prácticas y aquellas derivadas de la propia naturaleza de estos derechos. En nuestro criterio, todas las dificultades que presenta la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, son perfectamente aplicables a los llamados "derechos de solidaridad"; nos remitimos, por tanto, a lo expuesto en aquella oportunidad.
Ahora bien, el derecho a un ambiente sano y adecuado presenta singulares puntos de conflicto, que hacen aún más cuestionable su exigibilidad y plena vigencia a nivel internacional. La Academia de Derecho Internacional de La Haya, en un Coloquio celebrado en esa misma ciudad en el mes de julio de 1978, señaló que las dificultades que presenta el derecho a un ambiente sano y adecuado son las siguientes: "El de considerar el ambiente como un bien y en tal caso como un bien colectivo; el de su contenido: si se limita a la salud o comprende también un derecho económico y social; el del titular del derecho si es la colectividad o es el individuo, así como respecto a los procedimientos de control y de protección".
En conclusión, por todo lo anteriormente expuesto, el Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado no cuenta, en la actualidad, con una adecuada protección en el ámbito internacional. Se trata, por tanto, de un derecho humano que requiere amplio desarrollo, tanto en la legislación, como en la práctica internacional. Dicho desarrollo dependerá, en primer lugar, de la forma en que se superen los problemas que presentan los derechos humanos de la segunda generación y, luego, todas aquellas dificultades, aún más complejas, que presentan los comprendidos en la tercera.
La Importancia del Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado para el Estado de Guatemala
Hemos visto que, en la actualidad, el derecho a un ambiente sano y adecuado aún no es exigible en el ámbito internacional; sin embargo, esto no implica que en algún momento, no pueda ser exigible.
Los problemas de la República de Guatemala, en cuanto a desechos sólidos se refiere, son grandes: Los basureros clandestinos, las grandes cantidades de "basura" que se depositan en el basurero de la zona tres de la ciudad capital, los gases que despide este basurero, el casi nulo factor de recuperación de desechos mediante el reciclaje, el alarmante estado de contaminación por desechos sólidos en las ciudades del interior del país, la enorme cantidad de desechos sólidos que se arrojan en las carreteras del país, etc. Todas estas circunstancias nos llevan a concluir que, en Guatemala, efectivamente, se está violando el derecho a un medio ambiente sano y adecuado y, por consiguiente, el derecho a la salud de sus habitantes.
Si bien es cierto que, actualmente, no es factible deducir responsabilidades para el Estado de Guatemala por contaminación al medio ambiente, el desarrollo de la responsabilidad internacional en esta materia y la jurisprudencia, pueden determinar que un día esto sea posible. Si no se remedia la situación de los desechos sólidos en Guatemala, llegará el día en que los vecinos del basurero de la zona 3, los habitantes de la ciudad capital o de cualquier ciudad del interior o, en general, cualquier habitante del país, demanden ante una corte internacional al Estado y obtengan una indemnización de parte de éste, por violar su derecho a la salud y su derecho a un ambiente sano y adecuado. B. DERECHO COMPARADO
El Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado ha sido consagrado en los cuerpos constitucionales de muchos países. En Guatemala, como señalamos anteriormente, dicho derecho no se encuentra regulado, expresamente, en la Constitución Política. En este apartado, hacemos alusión a una serie de normas constitucionales de diferentes países, con el fin de mostrar una visión más completa del tema que nos ocupa. En primer lugar, cabe mencionar que la Constitución Política de la República de Chile, en el numeral 8 de su artículo 19, regula el "derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación" de la siguiente manera: "La Constitución asegura a todas las personas: �8.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente...". En el mismo sentido parece orientarse la Constitución Política de la República del Ecuador, al establecer en el numeral 2 del artículo 19 lo siguiente: "Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza: �2. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente�". Como se puede apreciar, tanto en Chile como en Ecuador, la Constitución permite restringir el ejercicio de otros derechos y libertades, con el fin de proteger el derecho al medio ambiente. Esto devendría imposible en nuestro país, ya que la propia Constitución Política de la República establece que sólo se puede limitar el pleno ejercicio de determinados derechos constitucionales en caso de invasión al territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública y de acuerdo con la gradación de los Estados de Excepción establecida en el artículo 139.
Otra disposición bastante drástica, es aquella que encontramos en el artículo 50 de la mencionada Constitución Política de la República del Ecuador. Dicho artículo establece lo siguiente: "Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la conservación del medio ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de conformidad con la ley".
El derecho al medio ambiente ha encontrado protección en el régimen de Amparo de algunos países. Así, el artículo 20 de la Constitución chilena señala lo siguiente: "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías� podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también, el recurso de protección en el caso del N. 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada". Una disposición similar se encuentra contenida en el tercer párrafo del artículo 26 de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo N� 23506 de la República de Perú, el cual establece: "Cuando la acción se interponga por violación o amenaza de violación de derechos constitucionales de naturaleza ambiental, podrá ser ejercida por cualquier persona, aún cuando la violación o amenaza no lo afecte directamente. Igual atribución tienen las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro cuyo objeto es la defensa del medio ambiente".
Aquí se hace oportuno plantearnos la siguiente interrogante: �Cabe intentar acción de amparo por violación al derecho al medio ambiente en Guatemala? �Podrán, por ejemplo, los vecinos del basurero de la zona 3 de la ciudad capital, plantear un amparo con el objeto que se restablezca su derecho a un medio ambiente sano y adecuado? Para resolver estas cuestiones, es necesario atender, en primer lugar, a nuestras normas de orden constitucional. El artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece lo siguiente: "Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución o las leyes garantizan". Este artículo se refiere simplemente a "derechos", sin precisar si se trata de los individuales o de los sociales. A pesar de esta pequeña imprecisión, establece: "no hay ámbito que no sea susceptible de amparo"; por lo tanto, en primer lugar, podemos concluir que el amparo procede por violación a los derechos individuales, como por violación a los sociales. Además, cabe señalar que el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, regula la procedencia del amparo, indistintamente, por violación a los derechos o a las garantías que la Constitución establece. El artículo en mención establece: "Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos: a) Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquiera otra ley�". Si quedase alguna duda sobre la procedencia del amparo por violación a los derechos o garantías sociales, el artículo 2 de esa misma ley señala la forma en que debe interpretarse: "Las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la adecuada protección a los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional".
A pesar de todo lo anterior, antes de llegar a una conclusión al respecto, no podemos pasar por alto que el derecho al medio ambiente no se encuentra regulado, expresamente, en nuestra Constitución, sino que se le encuentra consignado como parte integrante del derecho a la salud. Ahora bien, esta circunstancia no presenta ningún inconveniente, ya que, aunque se concluyese que el derecho al medio ambiente no se encuentra contenido en nuestra Constitución, el primer párrafo del artículo 44 resuelve el problema al establecer: "Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen a otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana". En conclusión, en rigor jurídico, de conformidad con el ordenamiento jurídico guatemalteco, no hay ningún obstáculo para plantear un amparo por violación al derecho al medio ambiente; sin embargo, como señalamos en su oportunidad, razones prácticas y otras derivadas de su propia naturaleza, hacen que el derecho al medio ambiente no sea exigible. Nos remitimos a lo expuesto en esa oportunidad.
Por otra parte, cabe señalar que también se ha protegido el derecho al medio ambiente en el ámbito centroamericano: La Constitución de la República de Honduras lo contempla en el tercer párrafo del artículo 145 en los siguientes términos: "�El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas". Honduras parece orientarse en el mismo sentido que nuestro país, ya que no ha consignado, expresamente, el derecho al medio ambiente, sino lo ha establecido como parte integrante del derecho a la salud. Por otra parte, la Constitución Política de Nicaragua, proclama el "derecho de habitar en un ambiente saludable" en el artículo 60: "Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable; es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales".
No podemos dejar de mencionar, por lo interesante que resulta, que dentro del capítulo referente a los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado de Cuba, se incluye el derecho al medio ambiente en el artículo 27 de la Constitución Política cubana, el cual establece: "El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza". Otras Normas en el Derecho Comparado
En primer lugar, cabe mencionar que, en la actualidad, cerca de 120 países cuentan con algún tipo de órgano administrativo que se ocupa de las cuestiones ambientales.
Por otra parte, en los Estados Unidos de América, se aprobó el 1 de enero de 1970 una Ley Nacional, cuyo Preámbulo reza a la letra: "El Congreso reconoce a cada individuo el derecho de gozar de un ambiente sano". Dicha ley, establece el derecho de los ciudadanos de enjuiciar al Gobierno y a las personas privadas que no respeten sus disposiciones. De esta forma, cabe mencionar que en aquel país de Norteamérica, el tema de la "basura" ha revestido singular importancia en el ámbito constitucional y, sobre todo, en cuanto a la admisión o no admisión de pruebas dentro de un determinado proceso. En muchos casos, se ha invocado la Cuarta Enmienda a la Constitución de ese país, pidiendo que se desestime la prueba obtenida en violación al derecho a la privacidad, en virtud de que la policía ha revisado la "basura" de determinada persona y tomado evidencia sin orden de juez. En esta materia, la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos es abundante. A manera de ejemplos, citamos una serie de extractos de varias resoluciones de la mencionada Corte: "Para los efectos de la Cuarta Enmienda, la basura del demandado fue "abandonada", cuando él la sacó del garaje de su casa y la depositó en un lugar común para que fuere recolectada"; "Para los efectos de la protección de la Cuarta Enmienda, la sociedad no consideraría razonable un reclamo sobre una expectativa de privacidad, sobre basura dejada para ser recolectada en un área accesible al público"; "El demandado no tiene, objetivamente, una razonable expectativa de privacidad sobre las bolsas de basura situadas junto al garaje de su casa, permitiendo a la policía revisar la basura, sin violar la Cuarta Enmienda�"; "La protección especial que la Cuarta Enmienda brinda a los ciudadanos en cuanto a sus personas, vivienda, documentos y bienes, no puede extenderse a su basura abandonada".
Todos estos casos revisten singular importancia para nuestro trabajo, ya que demuestran que en los Estados Unidos de Norteamérica, la propiedad sobre la "basura" se encuentra definida con total claridad. Al referirnos a las fases en que se lleva a cabo el manejo de los desechos sólidos, señalamos que, las fases de generación y almacenamiento, ocurren dentro del campo de acción de los particulares, ya que son éstos quienes generan la "basura" y proceden a almacenarla de la manera que les parezca más adecuada. De este modo, concluimos que los particulares gozan del derecho de propiedad sobre su "basura", hasta que la misma es recolectada y transportada para su disposición final. Por último, en virtud de lo anterior, planteamos una solución al problema de los desechos sólidos, en los siguientes términos: Que los particulares, por ser propietarios de su "basura" (antes de que sea recolectada y transportada al Relleno Sanitario) puedan negociar libremente con otro particular con el objeto que este último la recolecte, trate, recicle o disponga de ella en la forma que mejor le parezca, con o sin ánimo de lucro; sin embargo, a pesar de que consideramos que es factible aplicar esta solución en nuestro país, señalamos que la forma en que se encuentra regulada la prestación de los servicios públicos, pudiere sugerir que el servicio de recolección de basura sólo pueda ser prestado por aquel que obtenga la respectiva concesión por parte de la municipalidad del lugar, lo cual implica ingresar al campo de los controles estatales. En conclusión, consideramos que la solución planteada puede resolver, en alguna medida, el problema de los desechos sólidos en Guatemala; sin embargo, para asegurar el derecho de los particulares sobre su basura, es necesario que ese derecho se defina de una manera precisa en la legislación. Para que esto sea factible, deben derogarse todas las actuales disposiciones referentes a la utilización y aprovechamiento de los desechos sólidos y, luego, debe promulgarse un solo cuerpo normativo que asegure tales derechos a los particulares, suprimiendo cualquier tipo de control del Estado.
El término "residuo" permite conceptualizar "la basura" como un bien. Los desechos sólidos no son "basura", sino residuos, ya que: son susceptibles de apropiación, se encuentran en el comercio de los hombres, poseen valor económico y en ellos pudiere estar la solución a muchos de los problemas que nos apremian.
Todos los recursos son escasos y son valorados subjetivamente de acuerdo con su utilidad y escasez, en circunstancias determinadas de tiempo y lugar; por lo tanto, hay quienes, de conformidad con su interior valoración, consideran útiles y escasos los desechos sólidos. Nuestra legislación no señala con claridad qué tipo de bien son los desechos sólidos, ni a quién pertenecen; sin embargo, concluimos que todos aquellos desechos sólidos depositados en vertederos autorizados por las municipalidades, son bienes públicos, que pertenecen al municipio. Por otra parte, todos aquellos desechos sólidos que no se encuentran depositados en basureros públicos, no son propiedad de las municipalidades; en consecuencia, la "basura" que se encuentra en terrenos propiedad de los particulares es de su propiedad.
Podría tipificarse como hurto el hecho de que los "guajeros" se apropien de bienes que se encuentran en basureros municipales sin ninguna autorización, ya que estos son considerados bienes de dominio público. El basurero de la zona 3 de la ciudad capital es considerado como el centro de reciclaje más grande del país y como el mercado más grande de la ciudad. La existencia de disposiciones que reglamenten situaciones de la vida de los particulares, no necesariamente implica que sean respetadas y cumplidas por los mismos; por lo tanto, para solucionar el problema de los desechos sólidos, se requiere, por una parte, de un adecuado programa de educación.
La regulación legal de los desechos sólidos, se remonta al siglo pasado.
Los artículos 93, 95 y 97 de la Constitución Política de Guatemala, sólo contienen principios generales, que no pueden hacerse efectivos en la práctica, si no son desarrollados por normas ordinarias.
La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, no contiene ninguna disposición que regule, en concreto, el tema de los desechos sólidos. A pesar de lo anterior, contiene varias disposiciones de carácter general que pudieren inspirar la creación de reglamentos que regulen lo relativo a los desechos sólidos.
El Reglamento de Limpieza y Saneamiento Ambiental del Municipio de Guatemala y las disposiciones del Libro II, Capítulo IV, Sección IV del Código de Salud, son los únicos cuerpos normativos de nuestro sistema legal, que se refieren en forma concreta a los desechos sólidos.
Nuestro país carece de normas que regulen, con precisión, lo relativo a la utilización y aprovechamiento de los desechos sólidos.
En nuestro país, existen varias circunstancias que demuestran que nuestro sistema legal considera al derecho ambiental como una rama del Derecho Público, hay quienes lo consideran como parte de lo que llaman "Derecho Social" o Intermedio.
La naturaleza jurídica del Derecho Ambiental es la de ser un Derecho Humano de la Tercera Generación.
En cuanto a la utilización y aprovechamiento de los desechos sólidos, tanto el sistema comunal o comunalismo, como el estatismo o paternalismo, resultan ineficientes. En Guatemala, los residuos sólidos son bienes estatales de uso comunal y no existe un sistema que garantice la apropiación de los mismos; por lo tanto, no se logra la optimización de dichos recursos. El Estado no cuenta con la infraestructura necesaria para explotar los desechos sólidos y carece de recursos económicos suficientes para obtener algún provecho de ellos. Se debe dejar los desechos sólidos a la libre interacción de los particulares y de las fuerzas reguladoras del mercado, con el fin de obtener mejor provecho de ellos.
Una de las funciones esenciales de la propiedad privada es lograr la asignación eficiente de los recursos de que dispone una sociedad; sin embargo, para que opere el sistema de propiedad privada, es necesario que exista un sistema adecuado para lograr la apropiación de los recursos que serán objeto de ella. Cuando por razones técnicas, no se puede lograr el control exclusivo de determinados bienes mediante la acción de los individuos, la alternativa no es más que la reglamentación. Este es el caso de nuestro país, ya que no existe un sistema que garantice a los particulares la correcta apropiación de los desechos sólidos.
El manejo de los desechos sólidos se realiza en cuatro fases distintas: Generación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final. Las dos primeras fases ocurren dentro del campo de acción de los particulares. Por otra parte, desde el momento en que los desechos son recolectados y transportados, pasan al dominio de la Municipalidad. Se permite el reciclaje de desechos sólidos en el relleno sanitario de la ciudad capital de Guatemala, siempre que las personas que efectúen dicho trabajo cumplan con dos requisitos: a) Que obtengan la autorización del Departamento de Limpieza de la Ciudad y, b) que cuenten con el respaldo de las industrias.
Los particulares, por ser propietarios de su "basura" -antes de que sea recolectada y transportada al Relleno Sanitario- pueden negociar libremente con otro particular con el objeto que este último la recolecte, trate, recicle o disponga de ella en la forma que mejor le parezca, con o sin ánimo de lucro. Si no se permitiera lo anterior, se estaría lesionando gravemente el derecho a la propiedad, establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de la República.
La concesión del servicio de recolección de basura, podría representar un grave problema para la realización de la solución planteada, ya que el servicio de recolección de desechos sólidos, sólo puede ser prestado por las municipalidades o bien, por aquellos particulares que hayan obtenido la respectiva concesión por parte de la municipalidad de su jurisdicción.
Las normas del código municipal referentes a las concesiones, no hacen más que entorpecer cualquier iniciativa para solucionar el problema de la disposición final de los desechos sólidos y representan, asimismo, graves obstáculos que podrían, en un momento dado, desincentivar la posible inversión privada, nacional o extranjera.
En todo caso, debe prevalecer la libertad de un particular de disponer de su "basura" como mejor le parezca y la libertad de otro particular de contratar con él, en las condiciones que consideren adecuadas. También, debe prevalecer el derecho de propiedad sobre la basura de los particulares, así como el principio de la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación.
En cuanto a la utilización y aprovechamiento de desechos sólidos depositados en vertederos públicos, no se puede obviar lo relativo a las concesiones.
El actual sistema de recolección y disposición final de desechos sólidos es ineficiente. Se requiere una reforma sustancial a todos los cuerpos normativos referentes a los desechos sólidos, con el objeto que se definan correctamente y se aseguren de una manera precisa los derechos de los particulares referentes a la propiedad, utilización y aprovechamiento de los mismos y no se obstaculice la inversión privada, nacional o extranjera.
Los derechos individuales constituyen una obligación de no hacer para el Estado y son exigibles ante cualquier tribunal. Por su parte, los derechos o garantías sociales constituyen una obligación de hacer para el Estado y no son autoejecutables, ni exigibles ante algún tribunal.
El Derecho a la salud, derecho de la segunda generación, guarda intima relación con el derecho a un medio ambiente sano y adecuado.
El Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado no cuenta, en la actualidad, con luna adecuada protección en el ámbito internacional.
En la Segunda Cumbre de la Tierra, se discutió sobre la creación de una Organización Mundial del Medio Ambiente y de un tribunal internacional para conflictos sobre problemas ecológicos, éste es junto con el desarrollo del principio de responsabilidad por contaminación al medio ambiente y un adecuado sistema de reparaciones económicas- el camino correcto para que el derecho a un ambiente sano y adecuado sea exigible en el ámbito internacional.
En Guatemala, el derecho a un medio ambiente sano y adecuado no se encuentra regulado, expresamente, en la Constitución Política. En Guatemala, por omisión del Estado, se está violando el derecho a un medio ambiente sano y adecuado y el derecho a la salud de sus habitantes; sin embargo, en la actualidad, no es factible deducir responsabilidades para el Estado de Guatemala por contaminación al medio ambiente.
El Derecho a un Ambiente Sano y Adecuado ha sido consagrado en los cuerpos constitucionales de muchos países, entre los cuales se pueden mencionar, entre otros: Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Cuba, Alemania y México. Igualmente, ha encontrado protección en el régimen de Amparo de algunos países, como Chile y Perú. En rigor jurídico, de conformidad con el ordenamiento jurídico guatemalteco, no hay ningún obstáculo para plantear un amparo por violación al derecho al medio ambiente. En los Estados Unidos de América, se ha protegido, dentro del ordenamiento interno, el derecho al medio ambiente; además, el tema de la "basura" ha revestido singular importancia en el ámbito constitucional norteamericano y, sobre todo, en cuanto a la admisión o no admisión de pruebas dentro de un determinado proceso. La jurisprudencia demuestra que la propiedad sobre la "basura" se encuentra definida con total claridad en ese país. RECOMENDACIONES
Que se promulgue un cuerpo legal que regule de forma específica lo relativo al manejo y disposición de los desechos sólidos, para lo que se deberá tomar en cuenta: Que nuestro país carece de normas que regulen con precisión lo relativo a la utilización y aprovechamiento de los desechos sólidos;
Que este cuerpo legal, general y abstracto, tenga como objeto primordial definir correctamente y asegurar los derechos de los particulares para que la utilización y aprovechamiento de los desechos sólidos se realice de una manera efectiva, prescindiendo de todo control estatal y no se obstaculice, por tanto, la inversión privada, nacional o extranjera;
Que el órgano competente derogue aquellas normas que en la actualidad regulan lo relativo a los desechos sólidos, ya que entorpecen cualquier iniciativa para solucionar el problema de la utilización y aprovechamiento de los desechos sólidos. Considerando que la existencia de disposiciones que reglamenten situaciones de la vida de los particulares, no necesariamente implica que sean respetadas y cumplidas por los mismos, es necesario que se implemente un adecuado programa de educación e información en cuanto a la utilización y aprovechamiento de los desechos sólidos, ya que solo una adecuada conciencia de su obligatoriedad puede conseguir su observancia.
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