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Timestamp: 2019-08-23 12:02:18
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DERECHO PROCESAL PENAL: ¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre la medida cautelar de prisión preventiva? – La Ley al Día
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DERECHO PROCESAL PENAL: ¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre la medida cautelar de prisión preventiva?
1. Corte Suprema. Recurso de amparo. Mantención de la medida cautelar de prisión preventiva respecto de un imputado acerca del cual hay antecedentes que permiten presumir su inimputabilidad. Procedencia de la medida cautelar de internación provisional, no de la prisión preventiva.
2. Corte Suprema. Recurso de amparo. Resolución que decreta la prisión preventiva de imputados por los delitos de asociación ilícita terrorista e incendio. Comuneros mapuches detenidos en “Operación Huracán”. Prisión preventiva, casos en que puede decretarse y requisitos de procedencia. Requisitos de forma de la prisión preventiva. Deber de fundamentación de la resolución que decreta la prisión preventiva no equivale a aquel exigido respecto de la sentencia definitiva. Resolución que decreta la prisión preventiva debe expresar en forma clara y precisa los antecedentes calificados que justifican la decisión.
3. Corte de Apelaciones de Concepción. Robo en lugar habitado. Modificación y revocación de la prisión preventiva supone variación de circunstancias que la justifiquen. Inexistencia de nuevos antecedentes que permitan fundadamente revocar o modificar la prisión preventiva.
Recurso de amparo. Mantención de la medida cautelar de prisión preventiva respecto de un imputado acerca del cual hay antecedentes que permiten presumir su inimputabilidad. Procedencia de la medida cautelar de internación provisional, no de la prisión preventiva.
Ver Cita Online: CL/JUR/2728/2019
La defensa del amparado se alza en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de amparo intentado respecto del juez del juzgado de garantía, la cual mantenía la prisión preventiva del hoy amparado, no obstante que, previamente, se accedió a la petición de suspender el procedimiento hasta que el tribunal contara con el informe referente a su inimputabilidad. Analizado lo expuesto, la Corte Suprema revoca la sentencia en alzada.
PRIMERO) Que con el mérito de los antecedentes expuestos en estos autos, y lo alegado en estrados, resulta establecido que en la causa Rit Nº 5617 2018 seguida contra el amparado (…), ante el Juzgado de Garantía de Chillán, con fecha veinticinco de abril del presente año, y de conformidad al artículo 458 del Código Procesal Penal, se accedió a la petición de la defensa en orden a suspender el procedimiento, no obstante lo cual se mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra del amparado.
SEGUNDO) Que, de igual modo también, queda establecido que la suspensión condicional del procedimiento, dispuesta en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal por el juez de garantía, se encuentra vigente al día de hoy respecto del amparado, quien fue formalizado por el delito de robo con fuerza en lugar habitado.
TERCERO) Que, conforme ha declarado esta Corte con anterioridad, en la situación descrita precedentemente, resulta inaplicable la medida cautelar de prisión preventiva, pues en los casos en que sea necesario mantener privado de su libertad ambulatoria al encartado respecto de quien hay antecedentes que permiten presumir su inimputabilidad, la ley prevé la medida especial de internación provisional en el artículo 464 del Código Procesal Penal, medida que se cumplirá en un centro asistencial y en la que, en relación a la necesidad de su imposición, se demandan extremos diversos a la prisión preventiva (SCS Rol Nº 2850 2018 de 20 de febrero de 2018).
CUARTO) Que, en ese orden, mantener la prisión preventiva del imputado, pese a haber previamente suspendido el procedimiento seguido en su contra conforme al artículo 458 del Código Procesal Penal, no existiendo investigación penal que cautelar y, manteniéndose aún en ese estado, se ha dispuesto la persistencia de su privación de libertad en una forma distinta y más gravosa a la prevista en la ley, poniendo en riesgo de ese modo su seguridad personal.
QUINTO) Que, dado que la internación provisional puede decretarse incluso antes de la recepción del informe psiquiátrico a que alude el artículo 458 del Código Procesal Penal, resulta forzoso concluir que la ponderación de los antecedentes referidos en el informe evacuado por el juez de garantía de Chillán y que el tribunal efectuara dentro de sus facultades privativas bajo el prisma que imponen los artículos 140 y 141 del Código Procesal Penal, aplicables por expresa referencia del artículo 464 para la medida de internación provisional, pudo llevarle a concluir su procedencia en relación a las facultades mentales del imputado y al peligro para sí o terceros.
Recurso de amparo. Resolución que decreta la prisión preventiva de imputados por los delitos de asociación ilícita terrorista e incendio. Comuneros mapuches detenidos en “Operación Huracán”. Prisión preventiva, casos en que puede decretarse y requisitos de procedencia. Requisitos de forma de la prisión preventiva. Resolución que decreta la prisión preventiva debe ser fundada y expresar claramente los antecedentes calificados que la justifican. Resolución que decreta la prisión preventiva debe referirse a los antecedentes y argumentos de hecho y derecho invocados por el solicitante y las razones por las cuales los argumentos de la defensa no desvirtuaron aquéllos. Deber de fundamentación de la resolución que decreta la prisión preventiva no equivale a aquel exigido respecto de la sentencia definitiva. Resolución que decreta la prisión preventiva debe expresar en forma clara y precisa los antecedentes calificados que justifican la decisión. Incumplimiento de los requisitos de forma de la resolución que decreta la prisión preventiva. Improcedencia de fundamentar la prisión preventiva haciendo una remisión general a lo expuesto en la audiencia por el Fiscal. Incumplimiento de la exigencia de exponer en forma clara y precisa los antecedentes calificados que justifican decretar la prisión preventiva. Vulneración de la libertad personal.
Ver Cita Online: CL/JUR/6815/2017
El Ministerio Público solicita la prisión preventiva de los comuneros mapuches detenidos en el marco de la “Operación Huracán”, petición que el juzgado de garantía otorga y que la Corte de Apelaciones confirma. La defensa de los imputados deduce recurso de amparo, el que es rechazado por la Corte de Apelaciones en primera instancia, pero acogido por el Máximo Tribunal den segunda. En efecto, la Corte Suprema entiende que los requisitos de forma de la resolución que decreta la prisión preventiva no fueron satisfechos, situación que vulnera la garantía de la libertad personal de los amparados.
TERCERO) Que, en cuanto a los “casos” en que puede decretarse la prisión preventiva, la misma disposición constitucional en comento expresa que ello procederá cuando dicha medida sea considerada por el juez “necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad”. Esta norma debe ser complementada con la de rango legal del artículo 140 del Código de Procesal Penal que prescribe que el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado “siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos: a) Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare; b) Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, y c) Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga”.
CUARTO) Que en lo concerniente a las “formas” que deben seguirse para privar de la libertad personal a un imputado mediante la medida cautelar de prisión preventiva, el artículo 36 del Código Procesal Penal, norma que rige para toda resolución y actuación judicial y, por tanto, también para aquella que resuelve una petición de esa medida, dispone que “Será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno la fundamentación.” El artículo 122 del mismo código, consagra como principio general de toda medida cautelar personal, que éstas “serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada” y el artículo 143 del citado cuerpo legal, ya específicamente en relación a la prisión preventiva, señala que al concluir la audiencia respectiva, “el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una resolución fundada, en la cual expresará claramente los antecedentes calificados que justificaren la decisión.”
QUINTO) Que, ahora bien, dado que para que el juez pueda decretar la prisión preventiva, el solicitante Ministerio Público o querellante debe acreditar que se cumplen los requisitos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo 140 del Código Procesal Penal, resulta claro que los antecedentes calificados que debe expresar dicho magistrado para justificar la imposición de esa cautelar, como lo demanda el artículo 143, se refieren a aquellos que forman parte de los invocados por el requirente para avalar su petición lo que excluye considerar otros ajenos a la solicitud, de los que el tribunal deberá detallar, precisar o acotar, y analizar, los que le fueron útiles para tener por concurrentes cada uno de los extremos del artículo 140.
SEXTO) Que, empero, de haberse levantado en la audiencia una oposición fundada por la defensa del imputado a la prisión preventiva, ello importa que, junto a lo antes dicho, el juez debe explicar los motivos por los cuales tal oposición no desvirtúa los antecedentes invocados por el solicitante ni le impiden tener por concurrentes los requisitos necesarios para decretar la medida cautelar en comento. Tal exigencia, sin perjuicio de que viene impuesta también por la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 Nº 3, inciso 6º, de la Carta Fundamental, interesa aquí abordarla como parte de las exigencias de forma impuestas por la propia Constitución para privar de su libertad personal a una persona.
En efecto, tal conclusión surge de la lectura conjunta de los artículos 142 y 143 del Código Procesal Penal, pues la primera disposición indica que la petición de prisión preventiva debe discutirse en audiencia, en la que la presencia del defensor del imputado “constituye un requisito de validez” y, “Una vez expuestos los fundamentos de la solicitud por quien la hubiere formulado, el tribunal oirá en todo caso al defensor, a los demás intervinientes si estuvieren presentes y quisieren hacer uso de la palabra y al imputado”, debiendo el tribunal al concluir la audiencia, como agrega el artículo 143, pronunciarse sobre la prisión preventiva “por medio de una resolución fundada, en la cual expresará claramente los antecedentes calificados que justificaren la decisión.”
De esa manera, si en la audiencia en cuestión, el tribunal debe necesariamente oír tanto al solicitante como al defensor del imputado que se opone a la prisión preventiva, sancionando incluso con nulidad la celebración de la audiencia sin la presencia de este interviniente, la justificación de su decisión, esto es, la procedencia de la prisión preventiva, ya no puede efectuarse sólo mirando los antecedentes y argumentos de hecho y derecho invocados por el peticionario, sino que, necesariamente, le imponen igualmente el deber de expresar las razones por las que los antecedentes y argumentos de la defensa no fueron válidos, útiles o suficientes para desvirtuar aquéllos, con independencia que todo ello se desarrolle en un único análisis global de las alegaciones de ambas partes, o se estudie sucesivamente. En otras palabras, los aspectos, alcances y peso que revista la justificación de la decisión que decrete la prisión preventiva dependerán del tenor del debate atento a los principios acusatorio y de bilateralidad de la audiencia que rigen durante todo el juicio, pues así como respecto de aquellas circunstancias fácticas o cuestiones jurídicas en que las partes estén contestes la necesidad de ahondar en ellas será menor e, incluso en algunos asuntos, excusable como por ejemplo, en el caso sub lite, que un día, hora y lugar determinado, terceros procedieron a quemar determinados vehículos, por el contrario, respecto de aquellas circunstancias y asuntos que fueron fundadamente controvertidos en el debate por ejemplo, en el caso de autos, la participación de los imputados en los hechos punibles objeto de la formalización, pesa sobre el juez el deber de hacerse cargo de ellos en su resolución en la forma que las disposiciones antes comentadas demandan; de otro modo, esa sentencia no puede ser calificada como una decisión fundada.
SÉPTIMO) Que, lo que se ha venido expresando no importa, de modo alguno, elevar los deberes y cargas de fundamentación de la resolución que decreta la prisión preventiva a aquellos propios de una decisión condenatoria descritos en el artículo 342 del Código Procesal Penal, pero sí reconocer que el legislador no se contenta con aquel propio de toda resolución judicial establecido en el artículo 36 del mismo texto, el que, en todo caso, por constituir un requisito general, también debe ser cumplido en la resolución que se dicte conforme al artículo 143 del mismo código. Huelga explicar que, si bastare con satisfacer las exigencias del aludido artículo 36 en la resolución en comento, no habría sido menester consagrar expresamente los requisitos que en cuanto a su fundamentación se previeron en el artículo 143. Entonces, la resolución en estudio no sólo debe expresar “con precisión” los motivos de hecho y de derecho en los que se basa la decisión de decretar la medida cautelar como demanda el artículo 36, sino que, además, debe expresar “claramente” los antecedentes calificados que justificaron esa determinación según requiere el artículo 143.
En síntesis, debe tratarse de una resolución que, sin necesidad de cumplir las exigencias de fundamentación propias de una sentencia condenatoria, en forma “clara y precisa” exponga los antecedentes calificados por los que se tuvo por acreditados, pese a las alegaciones en contrario de la defensa en su caso, los requisitos que el artículo 140 del Código Procesal Penal prevé para ello. (…)
DUODÉCIMO) Que, como resulta de claridad meridiana, la resolución antes transcrita está lejos de acercarse al cumplimiento de las formas que la ley prevé para autorizar a un órgano jurisdiccional para decretar la prisión preventiva y así privar de su libertad personal a una persona.
La resolución en estudio señala que tiene por acreditada la participación con la información entregada por el Ministerio Público, es decir, hace una remisión general a lo expuesto en dicha audiencia por el Fiscal compareciente sin siquiera identificar o aludir a los elementos principales de dicha exposición que le permitieron construir las presunciones fundadas de participación respecto de cada uno de los acusados. Repárese que el artículo 36 del Código Procesal Penal establece que no puede sustituir la fundamentación de una sentencia y, por ende, no constituye tal la simple mención de los medios de prueba de los intervinientes, con lo que por sobre una exposición de antecedentes, la norma ordena un análisis de los mismos “preciso y claro” como surge de los artículos 36 y 143, cual ya se explicó, en los hechos y en el derecho. Pues bien, en el caso sub judice ni siquiera se alcanza lo que la misma norma expresamente señala que es insuficiente para considerar una sentencia como debidamente motivada, pues la juzgadora se conforma con remitir a los imputados privados de su libertad personal, a sus defensores preocupados del respeto de ese derecho, y a la sociedad interesada en la correcta administración de justicia, a todo lo expuesto y dicho por el representante del Ministerio Público antecedentes que, a mayor abundamiento, ni siquiera están resumidos en el acta de la audiencia y, por ende, son totalmente ignorados.
De ese modo, el dictamen en examen no expone en forma “clara y precisa” los antecedentes calificados que le permitieron presumir fundadamente, pese a las alegaciones en contrario de las defensas de las cuales, desde luego, igualmente debe hacerse cargo en forma “clara y precisa”, que cada uno de los imputados tuvo participación en los delitos de asociación ilícita terrorista y, en el caso de los encartados Curiche Curiqueo y Tranamil Nahuel, además, en el delito de incendio, con lo cual no se ha cumplido con las formas que la Constitución y las leyes demandan para autorizar al tribunal recurrido para decretar la prisión preventiva de los amparados.
DECIMOTERCERO) Que todo lo que se ha venido razonando, demuestra claramente que en la especie ha existido una manifiesta afectación de la libertad personal de los recurrentes al privárseles de ésta mediante una resolución que, al menos en relación al requisito de la letra b) del artículo 140 del Código Procesal Penal, es carente de toda fundamentación, de hecho y de derecho, que la justifique, lo que es de mérito suficiente para acoger la acción constitucional intentada en estos antecedentes.
3. Corte de Apelaciones de Concepción.
Robo en lugar habitado. Prisión preventiva. Modificación y revocación de la prisión preventiva supone variación de circunstancias que la justifiquen. Sustitución de la prisión preventiva. Gravedad de la pena asignada a ilícitos. Imputado que carece de irreprochable conducta anterior. Peligro de fuga. Inexistencia de nuevos antecedentes que permitan fundadamente revocar o modificar la prisión preventiva.
Ver Cita Online: CL/JUR/1018/2019
Se deduce recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que sustituye la medida cautelar de prisión preventiva. La Corte de Apelaciones revoca el fallo en alzada y, en su lugar, declara que se mantiene la prisión preventiva.
SEGUNDO. Que el artículo 144 del Código Procesal Penal, relativo a la modificación y revocación de la prisión preventiva, permite a los intervinientes debatir acerca de la mantención de la medida cautelar que pesa sobre el imputado, cuando el curso de la investigación y las nuevas diligencias que en ella se practiquen, demuestren que han variado las circunstancias que se tuvieron en consideración cuando ella fue decretada, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 152 del Código antes citado, que contempla la posibilidad de dar término a la prisión preventiva “cuando no subsistan los motivos que la hubieren justificado”.
De lo anterior se infiere que estos nuevos antecedentes deberán estar directamente relacionados con los ilícitos que se atribuyen al imputado, o bien, con aquellos que se tuvieron en consideración para dar por acreditada su participación en los mismos y, por último, si ha desaparecido la necesidad de cautela.
TERCERO. Que en el caso en cuestión, para resolver acerca de la sustitución de la prisión preventiva, se debe tener en consideración que en este proceso (…) ha sido formalizado como autor del delito de robo en lugar habitado y, además, como autor de porte ilegal de municiones, vale decir, se debe atender a la gravedad de la pena asignada a dichos ilícitos y a la naturaleza de los mismos. De igual forma, se debe tener en cuenta que el imputado carece de irreprochable conducta anterior. En efecto, ha sido condenado en 9 oportunidades y las 2 últimas lo fueron como autor de robo en lugar habitado, cuya sanción terminó de cumplir el año 2016 y otra condena como autor de robo en lugar no habitado, que cumplió efectivamente durante el transcurso de este procedimiento, para lo cual se suspendió la prisión preventiva.
De este modo, se puede afirmar que para el evento de ser condenado en este proceso, (…) no será beneficiado con una pena sustitutiva, de lo que se infiere, además, un evidente peligro de fuga.
CUARTO. Que, así las cosas, resulta forzoso concluir que no existen nuevos antecedentes que permitan fundadamente revocar o modificar la cautelar impuesta a (…), manteniéndose la necesidad de cautela referida en la resolución de esta Corte en audiencia del día 19 de abril del año recién pasado.