Source: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/Consejo_de-Estado_accion_de_reparacion_directa__retencion_bienes_muebles_22julio2013.html
Timestamp: 2018-11-18 19:38:27
Document Index: 185789374

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 754', 'artículo 93', 'artículo 214', 'artículo 93', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 93', 'artículo 36', 'artículo 38', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 13', 'ARTÍCULO 46', 'Artículo 2', 'Artículo 172', 'artículo 178']

﻿ ACCION DE REPARACION DIRECTA - F
La Sala considera que el daño causado a los señores José Agustín Agatón Ardila y Tránsito Gómez es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a título de falla en el servicio, por la violación del Derecho Internacional Humanitario. (…) En este sentido, entonces, la Sala encuentra probado que el Ejército Nacional sí impidió al señor Agatón el acceso a Peñas Coloradas, para que pudiera trasladar sus herramientas de trabajo y demás enseres a un sitio seguro, con fundamento en “la grave situación de orden público de la zona, debido a los permanentes e intensos combates que se registran diariamente en el sector”. (…) Como ya se señaló, el D.I.H. impone a las partes en conflicto el deber de garantizar, en la medida de lo factible, la protección a los bienes de carácter civil, lo que incluye la obligación de respetar “los derechos de propiedad de las personas desplazadas”. Por lo anterior, (…) en el presente caso correspondía al Ejército Nacional prestar al señor Agatón las medidas de seguridad y protección necesarias para que pudiera recuperar sus bienes muebles, pues dado que incumplió el deber de “dar aviso [a la comunidad] con la debida antelación y por medios eficaces” de la operación militar, era de esperarse que en razón de los combates en la zona rural y urbana, los habitantes de Peñas Coloradas se vieran obligados a abandonar sus bienes de trabajo y demás enseres para salvar sus vidas.
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - Aplicación por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Responsabilidad Extracontractual o patrimonial del Estado / JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Responsabilidad Extracontractual o patrimonial del Estado: Aplicación de las normas de Derecho Internacional Humanitario / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O PATRIMONIAL DEL ESTADO - Aplicación de las normas de Derecho Internacional Humanitario / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O PATRIMONIAL DEL ESTADO - Falla del servicio. Por incumplimiento de obligaciones del DIH / FALLA DEL SERVICIO - Incumplimiento de obligaciones del DIH
Sobre el particular, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que en el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado corresponde al juez dar aplicación a las normas de derecho internacional humanitario. (…) Consecuencia obligada de lo anterior viene a ser que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es uno de los escenarios naturales en los que han de ser aplicadas estas reglas y dado que el encargo fundamental que ha recibido el juez administrativo consiste en examinar la responsabilidad del Estado a la luz de los deberes jurídicos que pesan sobre aquel, el Derecho Internacional Humanitario es uno de los criterios que deben ser tenidos en cuenta para efectos de realizar tal valoración. De este modo, el hipotético incumplimiento de alguna de tales obligaciones acarrearía como consecuencia la emisión de un juicio de responsabilidad basado en la falla del servicio. Dicha falla consistiría en el hecho de haberse apartado de una obligación jurídica vinculante en el desarrollo de las actividades militares durante el conflicto armado.
En virtud del cual las partes en conflicto han de tener en cuenta “en todo momento” la diferenciación que pretende amparar a la población civil de los efectos de la guerra. De ahí que los actores del conflicto se encuentren obligados a portar siempre símbolos militares que los distingan de la población civil, que las armas que empleen no puedan ser de efectos indiscriminados sino que deben permitir la concentración del ataque en el enemigo, que no sea posible atentar contra los bienes de la población civil, etc.
FUENTE FORMAL: PROTOCOLO II DE GINEBRA
Esta directriz impone varias restricciones: en primer lugar, limita la elección de los instrumentos de guerra de los que se pueden servir los combatientes. (…) En segundo término, de acuerdo con este postulado, las pérdidas humanas y los demás daños solo pueden ser el resultado de una imperiosa “necesidad militar”. En consecuencia, la realización de los ataques y la planeación de las operaciones bélicas dependen de la efectiva consecución de un objetivo militar que no resulte desproporcionado de cara a las pérdidas correspondientes.
DESPLAZAMIENTO FORZADO - Registro Único de Población Desplazada: La inscripción en éste es declarativa y no constitutiva
La Sala encuentra que en el expediente obran pruebas suficientes que permiten concluir que la familia Agatón Gómez fue desplazada de Peñas Coloradas, jurisdicción de Cartagena del Chairá y que durante el transcurso del proceso contencioso no se produjo su retorno, comoquiera que la vereda referida se convirtió, según dijo la propia parte demandada en la contestación, en “zona de guerra (…) para la Sala es evidente que la situación de desplazamiento forzado del señor Agatón Ardila y de su núcleo familiar, la cual, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, no depende de la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada -en tanto la inscripción es declarativa y no constitutiva de la condición-, los ubica en situación de debilidad manifiesta y, por tanto, les confiere la calidad de sujetos de especial protección constitucional, “debido a que [fueron] apartado[s] de todo aquello que forma su identidad, como lo es su trabajo, su familia, sus costumbres, su cultura”.
De acuerdo con el criterio adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 -expediente 13.232-, la demostración del daño moral en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…) Además, ha precisado que la tasación del perjuicio moral se efectúa conforme a la discrecionalidad -no arbitrariedad- del juzgador, (…) Igualmente, la jurisprudencia de la Sala ha sido clara en sostener que la indemnización por el perjuicio moral debe procurar, en la medida en que el caso concreto así lo permita, la realización de los principios de equidad e igualdad. (…) Por lo anterior, la Sala considera procedente reconocer a favor de los demandantes una indemnización por concepto de perjuicio moral, en razón del dolor que les causó la situación de desplazamiento a la que se vieron forzados. (…) comoquiera que la sentencia condenatoria fue apelada únicamente por la entidad llamada a responder, es claro que, como ya se explicó en el acápite relativo a la competencia, de conformidad con el principio de la no reformatio in pejus dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política y 357 del Código de Procedimiento Civil, no se puede agravar en forma alguna su situación, de suerte que la providencia será confirmada en lo referente a la condena impuesta por perjuicios morales.
NOTA DE RELATORIA: Sobre este tema ver la sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13232, CP. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sobre el reconocimiento del perjuicio moral con aplicación de los principios de igualdad y equidad ver el fallo de 12 de mayo de 2011, exp. 19835, CP. Hernán Andrade Rincón. En materia de reconocimiento de perjuicios morales en situación de desplazamiento forzado, ver la providencia de 27 de abril de 2012, exp. 24504, CP. Stella Conto Díaz del Castillo
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 172
El 27 de abril de 2006, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, por intermedio de apoderado judicial, los señores José Agustín Agatón Ardila, Erik Fernando Agatón Silva, Tránsito Gómez y Luz Mary Cárdenas Gómez presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional[3], con las siguientes pretensiones:
Adicionalmente, de la “siguiente herramienta para mecánica y construcción”[5]: una mezcladora, una planta eléctrica marca Honda 6500, una planta eléctrica marca Bistrato 2600, dos motobombas de 3 y 1 pulgadas, un vibrocompactador “tipo rana”, un vibrocompactador manual con guaya de 3 metros marca Mitsubishi, un soldador eléctrico, dos pulidoras “tipo pesadas”, una prensa mecánica, un taladro eléctrico tipo pesado, dos gatos de 20 toneladas, dos gatos de 10 toneladas, un gato de 30 toneladas, dos winches, una engrasadora tipo vehicular, 150 tubos de concreto de 24 pulgadas, 8 tubos de 36 pulgadas y un compresor para pinturas de 100 libras.
1.2.9 De conformidad con lo expuesto, en criterio de la parte demandante, el Ejército Nacional es responsable del daño causado como consecuencia de (i) la situación de desplazamiento a la que se vio forzada la familia Agatón Gómez, (ii) la ocupación, con fines militares, de los bienes muebles propiedad del señor Agatón Ardila, ubicados en su lugar de residencia y (ii) la decisión de la entidad de impedirle al mencionado actor el acceso a dicha vereda, para que pudiera trasladar sus herramientas de trabajo y demás enseres a un sitio seguro, circunstancias que, en conjunto, dejaron a los demandantes sin medios económicos para garantizar su subsistencia. De este modo, “[e]l Ejército Nacional, al ni siquiera permitirle al actor trasladarse a la vereda Peñas Coloradas para ejercer control sobre los bienes, ni permitirle la movilización de los mismos, comete un acto constitutivo de evidente y manifiesto abuso del poder, aunado a la falla en el servicio, sobre todo de la seguridad”[7].
Indicó que en el caso de probarse que el Ejército Nacional hubiera impedido al señor Agatón Ardila acceder a la zona en donde se encontraban sus bienes de trabajo, tal actuación no sería reprochable, pues “era deber de la institución proteger la vida de la población ya que en ese momento se encontraban en combates, es decir, era una zona de guerra”[11].
2.3.2 En escrito presentado el día 24 del mismo mes, los actores afirmaron que de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, se encuentra demostrado que los bienes reclamados son de propiedad del señor Agatón Ardila, que aquellos “fueron decomisados sin justificación legal alguna por miembros del Ejército Nacional acantonado en la región de Peñas Coloradas del Municipio de Cartagena del Chairá”[14] y que el señor Agatón y su núcleo familiar dependían económicamente de las obras civiles que realizaban con la maquinaria y las herramientas ocupadas por la fuerza pública[15].
Sobre la indemnización por lucro cesante, el a quo argumentó que para establecer la rentabilidad de los vehículos reclamados, era preciso señalar que en concordancia con las pruebas que obran en el expediente, el señor Agatón Ardila realizó varias obras civiles entre los años 1999 y 2003, por lo que se infiere que la imposibilidad de explotar los automotores disminuyó sus ingresos. Sobre el particular, aclaró que únicamente corresponde liquidar el lucro cesante consolidado y no el futuro, “pues el daño emergente al que se condenará al demandado cubre el valor de dichos bienes para el momento en que surgió la imposibilidad del actor de retirarlos y hacer uso de ellos, es decir, el Estado le está cancelando el valor de dichos bienes”[20].
De otro lado, sostuvo que la parte actora estaba obligada a velar por la seguridad de sus bienes, más aun en el contexto de guerra en el que ocurrieron los hechos de la demanda. En efecto, la demandada aseguró:, “[e]s claro que (…) en tiempos de guerra o de turbación del orden público, todos los ciudadanos están obligados a velar de manera primordial y esencial por su propia seguridad y la de sus bienes dentro del marco de la ley y según la gravedad de la situación, incluso a obrar con mayor diligencia, cuidado y prevención”[24].
Por último, destacó que el Tribunal de primer grado se equivocó al sostener que el daño causado al señor Agatón Ardila y a su familia vulneró el principio de igualdad frente a las cargas públicas, comoquiera “todos los colombianos estamos sometidos a ese tipo de violencia generalizada, pudiendo ser víctimas de hechos semejantes, pues la guerra de la subversión se extiende por todo el país”[25].
4.3 El 28 de abril de 2009, la parte demandada presentó alegatos finales, oportunidad en la que reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso[28]. Adicionalmente manifestó que el Ejército Nacional tenía el deber de impedir que el señor Agatón Ardila retornara a la vereda Peñas Coloradas para recuperar sus bienes de trabajo, pues aquella se había convertido en “Área de Guerra”, situación que lo ponía en grave peligro.
Solicitó la modificación de la condena impuesta, en el sentido de que “no debe reconocerse lucro cesante por concepto del Campero marca Chevrolet Trooper”[31], comoquiera que se trata de un bien de uso personal, es decir, no era empleado por la parte actora para el transporte de carga o pasajeros y, por tanto, no estaba destinado a una actividad económica.
4.6 Mediante auto del 25 de noviembre de 2009, la Sección Tercera de esta Corporación improbó el acuerdo conciliatorio transcrito y concedió prelación de fallo al presente asunto[35], por considerar que aquel no contó con las pruebas necesarias para el efecto, “básicamente en relación con la prueba respecto de los perjuicios morales y materiales objeto de conciliación”[36], de manera que no se puede concluir que se ajusta a la ley y que no lesiona el patrimonio público, tal y como lo exigen las normas y jurisprudencia aplicables.
Dado que se trata de una sentencia condenatoria apelada únicamente por la entidad llamada a responder, es claro que la competencia al momento de resolver se encuentra restringida por los aspectos que le sean desfavorables a ésta, alegados en el recurso incoado, sin que de conformidad con el principio de la no reformatio in pejus dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política[38] y 357 del Código de Procedimiento Civil[39], se pueda agravar en forma alguna la condena que le fue impuesta[40].
En el sub examine la responsabilidad administrativa que se alega se origina en hechos ocurridos entre el 26 de abril y el l 1° de mayo de 2004. Lo anterior significa que la acción debía impetrarse antes del 2 de mayo de 2006 y, como ello sucedió el 27 de abril del último año señalado, resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.
4.1 La Sala valorará las pruebas que obran en el expediente y que satisfacen las exigencias legales previstas para el efecto. En consecuencia y por virtud de lo dispuesto en los artículos 252[41] y 254[42] del Código de Procedimiento Civil, no se examinarán los documentos aportados en copia simple[43].
- Poder otorgado por el señor Agatón Ardila al abogado Alirio Calderón Ardila para que gestionara ante la Comandancia Militar de la vereda de Peñas Coloradas, “la entrega y traslado de la maquinaria y los enseres que se encuentran ubicados en las instalaciones del Terminal Aéreo, de la localidad de Peñas Coloradas, las cuales por razones de salud, me es imposible retirarlas personalmente”[49] –se destaca-.
- Oficio n.° 1722/CGFM-FTC-BR22-747, remitido el 30 de noviembre de 2004 por el comandante de la Brigada Móvil 22, coronel Raúl Ramiro Castellanos Buendía, al apoderado del señor Agatón Ardila[50], “en relación con el oficio sin fecha, mediante el cual se solicita la intervención del Ministerio de Defensa para que ordene la entrega de los bienes muebles y enseres”[51], en el que se indica:
“1. La causa que originó el desplazamiento de los habitantes de la localidad de Peñas Coloradas al municipio de Cartagena del Chairá y otras partes del país, se debió a una orden impartida por las F.A.R.C., cuando adviertan (sic) la presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
· Volqueta de color blanco marca Dodge placa EXC-376, y no como en su oficio aparece.
· Volqueta de color amarillo marca Dodge placa SRJ-265, y no como en su oficio aparece.
· Volqueta de color verde marca Ford modelo 50, placa SCH-125.
· Vehículo de marca Chevrolet trooper de color blanco, placa PMA-031, se encuentra en línea muerta (sic).
- Certificación expedida el 27 de marzo de 2006 por el médico siquiatra Sabas Simarra Sánchez, especialista adscrito al Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá, en la se hace constar que la señora Tránsito Gómez padece depresión mayor desde el año 2004, razón por la cual toma los medicamentos antidepresivos Paroxetina y Sertralina, los ansiolíticos Clonazepam y Rovotril y el estabilizador del afecto Ácido Valproico. En concordancia con la certificación aludida, su enfermedad se debe a “eventos externos como fueron las alteraciones económicas que disminuyeron la calidad de vida, debido a la inestabilidad laboral de su esposo”[52] –se destaca-.
- Oficio n.° 0984/COMAN-SIPOL-DECAQ, remitido el 12 de abril de 2007 por el comandante del Departamento de Policía de Caquetá, coronel José Ángel Mendoza Guzmán, al Tribunal a quo, por el cual se informa que en el marco de las operaciones realizadas durante el año 2004 en la población de Peñas Coloradas del municipio de Cartagena del Chairá, se ubicó personal armado en el norte de la población; se “realizaron búnkeres de protección” para la comunidad; “se instaló un grupo de apoyo de fuego indirecto en la parte posterior del caserío, con el fin de reaccionar en caso de un ataque masivo a la población”, se situó un punto de registro y control de embarcaciones que funciona entre las 6.00 A.M. y las 6 P.M. y “se instalaron alertas tempranas para detectar el acceso de personas no autorizadas en el cordón de seguridad del corregimiento”[54].
- Disco compacto allegado al plenario el 22 de marzo de 2007 por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, que contiene el nombre de 2.464 personas incorporadas en el Registro Único de Población Desplazada, provenientes todas ellas de Peñas Coloradas. En el documento no se encuentran los demandantes[56].
- Oficio n.° 428 dirigido el 29 de marzo de 2007 por la Fiscalía Dieciséis Seccional de Puerto Rico, Caquetá, al a quo, para manifestarle que “revisados el SIJUF y los libros radicadores”, no se encontró información alguna relacionada con la operación militar desplegada en abril de 2007 en Peñas Coloradas[57]. Esta información fue reiterada el 22 de febrero de 2008 por la Seccional de Fiscalías de Puerto Rico, oportunidad en la que además se sugirió al Tribunal de primer grado “ampliar mayor (sic) información sobre los hechos o referir a qué caso específico se refiere, en procura de suministrarle una información de manera eficaz si cursa o no proceso en esta unidad”[58].
- Oficio n.° 1598/CGFM-COFTC-AJ-725, enviado el 30 de marzo de 2007 por el jefe del Estado Mayor Fuerza de Tarea Conjunta, brigadier general Fernando Ortiz Polanía, al Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá, en el cual se precisa que desde el año 2004, el Ejército Nacional adelanta una ofensiva militar contra las F.A.R.C., denominada Campaña J.M., la cual se desarrolla en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare. Además, que “el desplazamiento de la población de Peñas Coloradas se originó debido al temor infundado por parte de las milicias de las ONT F.A.R.C.; igualmente, desde el mes de abril de 2004, fecha en que llegó la Brigada Móvil n.° 22, la Inspección de Peñas Coloradas ha permanecido deshabitada”[59] –se destaca-.
- Copia auténtica del oficio n.° 0232, dirigido el 13 de marzo de 2007 por el jefe del Grupo de Inteligencia de la Policía Nacional, teniente coronel Leonardo Suárez Caicedo, al jefe del Área de Interdicción de la misma entidad, teniente Coronel Óscar Atehortúa Duque[62], por el que se informa que esa institución apoyó el desarrollo del Plan Patriota en el sector urbano y rural de Peñas Coloradas, adelantado por el Ejército Nacional. Además, se indica que el personal de la Policía Nacional adoptó las siguientes “medidas de protección” en la vereda indicada:
- Copia auténtica de la directiva transitoria n.° 015 “Apoyo Plan Patriotas (sic) por parte de la Policía Nacional”, suscrita el 23 de abril de 2004 por el director general de la institución, mayor coronel Jorge Daniel Castro Castro[63], con la finalidad de “impartir instrucciones (…) a las unidades comprometidas en el desarrollo de las operaciones de apoyo y aspersión aérea dentro del Plan Patriotas (sic) en el sector urbano y rural del corregimiento Peñas Coloradas (Caquetá)” –se destaca-. En el documento aludido, además, se precisa:
- Declaración rendida el 21 de marzo de 2007 por el señor Wilson Barragán[64], ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Doncello, Caquetá, comisionado para el efecto, quien sostuvo que en mayo de 2004, cuando trabajaba para el señor José Agustín Agatón Ardila –“único contratista” de la región- en la construcción del aeródromo de Peñas Coloradas, jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, miembros del Ejército Nacional hicieron presencia en el lugar y procedieron a “decomisar” todos sus bienes, entre ellos “cuatro volquetas, una de ellas se encuentra en las ánimas, más abajo había un trooper, el retroexcavador Fiat, gran cantidad de herramienta, soldador, planta eléctrica, motobomba, electrobomba, gran cantidad de material de construcción (…) no dejaron ni entrar ni sacar ningún tipo de propiedad y hasta el momento no han permitido ni la entrada ni la salida de nada. Los vehículos los cogieron para uso personal, en especial el trooper blanco”. Adicionalmente, precisó:
- Testimonio rendido el 1° de mayo de 2007 por el señor José Duván Gutiérrez Osorio[65], ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Doncello, Caquetá, declarante que afirmó conocer al señor Agatón Ardila hace 17 años, en razón de que fueron compañeros de estudio y posteriormente trabajaron juntos en la construcción del alcantarillado de la población de Remolinos -el señor Gutiérrez en calidad de almacenista del municipio de Cartagena del Chairá y el señor Agatón en calidad de contratista-. En este sentido, aseveró que, comoquiera que el señor Agatón ya no cuenta con maquinaria pesada para desarrollar su trabajo, se ha dedicado a la realización de proyectos civiles de menor envergadura. Afirmó que con la actividad económica del señor Agatón Ardila en Peñas Coloradas se beneficiaba su núcleo familiar compuesto por su compañera permanente, señora Tránsito Gómez, “sus dos hijos de nombre Erik Fernando y José Augusto Agatón, sus entrenadas (sic) Luz Mary y Martha Cecilia Cárdenas Gómez, y para esa época se beneficiaban su entrenado (sic) Jair Cárdenas Gómez, como también su yerno Iván Agatón y Raúl Agatón”.
- Testimonio rendido el 24 de mayo de 2007 por el señor José Feliciano Sánchez Puentes[68], ante el mismo despacho judicial, funcionario de la Alcaldía de Cartagena del Chairá quien manifestó que en mayo de 2004 se produjo el desplazamiento masivo de los pobladores de Peñas Coloradas y que conoce al señor José Agustín Agatón Ardila, comoquiera que éste realizó varias obras civiles “con su maquinaria” en el municipio. Agregó que el señor Agatón “era dueño de la mayor parte de la maquinaria que tenía en Peñas Coloradas, entre las cuales tenía unas volquetas, retroexcavadora, bulldozer, creo que pagaba alquiler de parte de la maquinaria, tenía también equipo de oficina, herramienta y lo propio de cada persona como muebles y enseres”.
- Declaración rendida el 21 de junio de 2007 por el señor Jaime Alberto Hincapié Álvarez[69], ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cartagena del Chairá, comisionado para el efecto, secretario de Gobierno del mismo municipio, quien aseguró conocer al señor Agatón Ardila, en tanto éste fungió como contratista de la Alcaldía en el proyecto destinado a la construcción del aeródromo, para lo cual “tuvo a su cargo maquinaria pesada como bulldozer, retroexcavadora, volquetas y equipos de construcción, de manera fehaciente no me di cuenta si esa maquinaria era de él, porque nunca tuve en mis manos documentos que lo acreditaran como propietario”. Además, indicó que el desplazamiento masivo de Peñas Coloradas se produjo como resultado de la llegada de la Brigada Móvil n.° 22 del Ejército Nacional. Por último, manifestó que la población desplazada no había retornado.
El 30 de mayo de 2007, el señor Jesús Elides Echeverry Moreno, inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores con matrícula n.° C.C-25-906 de Corpolonjas de Colombia, rindió el dictamen pericial solicitado por la parte demandante[71], en el sentido de verificar el estado de “la maquinaria, muebles y enseres reclamados”[72] y su valor anterior y posterior “al decomiso”, “al igual que el rendimiento actualizado que genera la explotación de los mismos” [73].
Después de aclarar que no era la primera vez que intentaba ingresar a Peñas Coloradas y que la dificultad para ello radicaba en la situación de orden público de la zona -al punto que el Tribunal a quo tuvo que solicitar al Ejército Nacional que le proporcionara las condiciones de seguridad requeridas para realizar su tarea-[74], el perito señaló:
Los demás implementos indicados en la demanda como un campero marca Suzuki SJ410 (sic) y las herramientas: una mezcladora completa color negro y rojo, una planta eléctrica marca Honda 6500 color rojo, una planta eléctrica marca Bistrato 2600 color rojo, dos motobombas de 3 y 1 pulgadas, un vibrocompactador ‘tipo rana’, un vibrocompactador manual con guaya de 3 metros marca Mitsubishi, dos pulidoras tipo pesado, un esmeril eléctrico, una prensa mecánica, un taladro eléctrico tipo pesado, dos gatos de 20 toneladas, dos gatos de 10 toneladas, un gato de 30 toneladas, dos winches, una engrasadora tipo vehicular color negro y rojo, 150 tubos de concreto de 24 pulgadas, 8 tubos de 36 pulgadas, un compresor de pinturas de 100 libras y un equipo de oficina, no se encuentran en el lugar y las personas que me atendieron manifiestan desconocer su existencia, dado que ellos continuamente son trasladados y manifiestan que inicialmente hubo personal de la Policía y del Ejército integrados y que hoy ya no se encuentran en la región, por lo tanto no pueden dar fe de los mismos” –se destaca-.
5.1.1.3 Ahora bien, según fue expresado por la Corte Constitucional en sentencia C-291 de 2007[84], es necesario tener en cuenta que el Derecho Internacional Humanitario no se restringe a los tratados que han sido aprobados por los Estados. En este sentido, es menester considerar que la costumbre internacional en la materia es un elemento fundamental que complementa y amplia los acuerdos que han sido pactados de manera expresa sobre la conducción de las hostilidades[85]. Sobre este punto específico, en la citada sentencia, la Corte manifestó:
“…debe tenerse en cuenta que las normas de origen consuetudinario ocupan un lugar de primera importancia en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario. Recuerda la Sala que las normas consuetudinarias de Derecho Internacional Humanitario son vinculantes para Colombia en la misma medida en que lo son los tratados y los principios que conforman este ordenamiento jurídico. En términos generales, la Corte Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia el valor vinculante de la costumbre internacional para el Estado colombiano en tanto fuente primaria de obligaciones internacionales[86] y su prevalencia normativa en el orden interno a la par de los tratados internacionales[87] (…)”.
Norma 133. Deberán respetarse los derechos de propiedad de las personas desplazadas” -se destaca-.
En efecto, en sentencia de 5 de junio de 2008[89], la Sala señaló:
Y en cuanto atañe al segundo de los criterios mencionados, en la sentencia de 6 de julio de 2005[91], la Sala sostuvo que en tales casos la falla del servicio también se verificaba:
Así mismo, en sentencia de 21 de marzo de 2012[92], la Subsección A recordó:
Ahora bien, a pesar de la existencia de este vínculo indisoluble que une a los tres principios mencionados, sí es posible señalar algunos contenidos individuales en cada caso. Así, por ejemplo, en esencia, el principio de necesidad militar asegura que no se realicen operaciones militares inocuas, esto es, que su despliegue no se inicie sin que se compruebe con antelación la existencia de un objetivo identificable que de manera efectiva, y no puramente teórica, ha de brindar una ventaja militar. Por su parte, el principio de distinción impone a los actores el deber ineludible de tener presente la diferenciación que existe entre la población civil y los combatientes y, en segundo término, el mandato de obrar de conformidad con dicho matiz, de suerte que “La presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil”[101] –se destaca-. Por último, el principio de proporcionalidad exige evaluar en todo caso si el costo que ha de producirse como consecuencia de una operación se compensa al compararlo con la ventaja militar producida.
5.1.2.2.2 Según se señaló en precedencia, a partir de la aprobación de la Constitución de 1991, en el caso colombiano el esquema de relaciones entre el ordenamiento doméstico y el derecho internacional se apartó de modo diametral de aquel que proponen las dos premisas que acaban de enunciarse, que son propias del derecho internacional clásico, esto es, aquel que se debatía entre las doctrinas del monismo y del dualismo.
Sobre el concepto de soberanía y sus implicaciones en tiempos de guerra, en la sentencia C-225 de1995[102], la Corte Constitucional explicó:
“…en la medida en que las partes enfrentadas en un conflicto armado ven limitados los medios legítimos de combate, en función de la protección de la persona humana, esto implica que la soberanía ya no es una atribución absoluta del Estado frente a sus súbditos, ni una relación vertical entre el gobernante y el gobernado, pues las atribuciones estatales se encuentran relativizadas y limitadas por los derechos de las personas. Esto significa que se sustituye la idea clásica de una soberanía estatal sin límites, propia de los regímenes absolutistas, según la cual el príncipe o soberano no está atado por ninguna ley (Princips Legibus solutus est), por una concepción relativa de la misma, según la cual las atribuciones del gobernante encuentran límites en los derechos de las personas. Pero este cambio de concepción de soberanía en manera alguna vulnera la Carta pues armoniza perfectamente con los principios y valores de la Constitución. En efecto, esta concepción corresponde más a la idea de un Estado social de derecho fundado en la soberanía del pueblo y en la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP arts 1º, 3º y 5º)” –se destaca-.
5.2.1 De conformidad con el libelo demandatorio, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional sería responsable del daño causado a los demandantes, por (i) la situación de desplazamiento a la que se vieron forzados como consecuencia de las operaciones militares adelantadas por esa entidad en la Población Peñas Coloradas, (ii) la ocupación de varios bienes muebles de propiedad del señor Agatón Ardila por la misma institución y en razón del mismo hecho y, finalmente, por (iii) impedirle al mencionado demandante el acceso a sus bienes, de manera que pudiera trasladarlos a un sitio seguro.
5.2.2 En relación con la primera cuestión, la Sala encuentra que en el expediente obran pruebas suficientes que permiten concluir que la familia Agatón Gómez fue desplazada de Peñas Coloradas, jurisdicción de Cartagena del Chairá y que durante el transcurso del proceso contencioso no se produjo su retorno, comoquiera que la vereda referida se convirtió, según dijo la propia parte demandada en la contestación, en “zona de guerra”[103].
Por lo anterior, para la Sala es evidente que la situación de desplazamiento forzado del señor Agatón Ardila y de su núcleo familiar, la cual, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, no depende de la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada -en tanto la inscripción es declarativa y no constitutiva de la condición-[104], los ubica en situación de debilidad manifiesta y, por tanto, les confiere la calidad de sujetos de especial protección constitucional, “debido a que [fueron] apartado[s] de todo aquello que forma su identidad, como lo es su trabajo, su familia, sus costumbres, su cultura”[105].
5.2.3 Ahora bien, respecto de las cuestiones restantes, es decir, la ocupación de varios bienes muebles de propiedad del señor Agatón Ardila por parte del Ejército Nacional y la decisión de esa entidad de impedirle al mencionado demandante el acceso a los mismos, de manera que pudiera trasladarlos a un sitio seguro, la Sala estima que, en primer lugar, corresponde responder si, en efecto, se encuentra demostrado que los vehículos y demás bienes muebles señalados en la demanda son de propiedad del señor José Agustín Ardila.
5.2.3.1.1 Sobre la prueba que corresponde allegar al proceso cuando se alega la calidad de propietario sobre un vehículo, la Sala ha señalado que “se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el funcionario competente de las oficinas de tránsito, pues la simple entrega (modo) del objeto enajenado no equivale a su tradición”[106]. En este sentido, en sentencia de 23 de abril de 2009[107], se concluyó:
Al respecto, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 769 de 2002, la Sala observa que “[l]a tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente”, el cual, de acuerdo con el artículo 2 de la misma normativa, es la unidad administrativa municipal, distrital o departamental que tiene por reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en la jurisdicción en donde esté matriculado el vehículo.
Además de la razón que se deja indicada, la Sala advierte que los demandantes no solicitaron al juez de primer grado que decretara la prueba pertinente, circunstancia que llama la atención pues se ha de entender que el decreto de pruebas de oficio “es una facultad potestativa tendiente a aclarar puntos oscuros o dudosos de la contienda”[111], que en todo caso, “no exime a las partes del deber de probar el supuesto de sus pretensiones”[112].
Así las cosas, aunque varias pruebas apuntan a demostrar que el señor José Agatón Ardila ejercía actos de poseedor sobre los vehículos aludidos, lo cierto es que en la demanda se alegó la calidad de propietario, por lo que darle un tratamiento distinto significaría cambiar la causa petendi y, por tanto, vulnerar el derecho fundamental al debido proceso de la parte pasiva de la litis, quien se defendió de las imputaciones de la demanda con base en tal circunstancia[113]. De ahí que, en criterio de la Sala, el a quo se haya equivocado cuando sostuvo que la prueba sobre la posesión de algunos bienes referidos en la demanda era suficiente para acceder a la pretensión incoada, pues tal condición no alegada en el libelo, en tanto se adujo que el señor Agatón era propietario de los bienes allí indicados.
5.2.3.2.1 De otro lado, la Sala encuentra que de acuerdo con el artículo 754 del Código Civil[115] y la jurisprudencia de la Sección, salvo el caso específico de los vehículos, “tratándose de bienes muebles impera el principio por virtud del cual la posesión de los mismos supone el dominio y los meros convenios consensuales determinan la titularidad del derecho real”[116].
5.2.3.2.2 En este sentido, es claro que comoquiera que la propiedad de los bienes muebles referidos en la demanda, diferentes a los vehículos, se demuestra mediante la posesión, corresponde a la Sala realizar el análisis respectivo y, de esta forma, verificar si sobre los mismos se probó lo correspondiente.
Sobre la existencia material de los bienes referidos, en el expediente obran los testimonios de los señores Wilson Barragán, quien aseguró que en mayo de 2004, miembros del Ejército Nacional hicieron presencia en Peñas Coloradas, jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, y procedieron a “decomisar” los bienes del señor Agatón Ardila, entre ellos “gran cantidad de herramienta, soldador, planta eléctrica, motobomba, electrobomba, gran cantidad de material de construcción”; Eisenhower Vargas Sánchez, quien trabajó en varias oportunidades para el señor Agatón y sostuvo que éste poseía “una mezcladora, dos vibros o ranas (sic), 4 motobombas, dos plantas, un soldador para soldadura (sic) eléctrico, un equipo de autógena, un compresor para aire, un equipo de montallantas, herramienta de mano, dos pulidoras, un taladro y herramienta menor”; Rogers Cardona Ramírez y José Feliciano Sánchez Puentes, quienes aseguraron que el señor Agatón poseía herramienta de construcción; Jaime Alberto Hincapié, quien afirmó que el señor José Agustín fungió como contratista de la Alcaldía de Cartagena del Chairá en el proyecto destinado a la construcción del aeródromo, para lo cual “tuvo a su cargo (…) equipos de construcción”; y el señor Miller Cortés Aldana, quien manifestó que el señor Agatón tenía “implementos mecánicos y herramientas” –se destaca-.
5.3 Con fundamento en las consideraciones jurídicas y fácticas expuestas en precedencia, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado.
Sobre el particular, resulta importante señalar que “[e]l Plan Patriota fue el Plan de Guerra de las F.F.M.M. para el desarrollo de la Política de Seguridad Democrática. Su ejecución en el sur del país se hizo mediante una operación mayor denominada “Operación J.M.” que, para el 31 de agosto de 2007, completó 45 meses de ejecución”[117]. De este modo, el Plan Patriota, cuyo “objetivo estratégico esencial”[118] consistió en “[d]oblegar la voluntad de lucha de las organizaciones narcoterroristas a través de la derrota militar”, fue diseñado en razón de “todo lo sucedido durante el anterior gobierno en su política de paz, especialmente con la famosa zona de distensión así como [de] los objetivos, directrices y decisiones del nuevo gobierno”[119].
En este orden, en concordancia con el oficio n.° 1598/CGFM-COFTC-AJ-725, atrás referido, se encuentra probado que “desde el mes de abril de 2004, fecha en que llegó la Brigada Móvil n.° 22, la Inspección de Peñas Coloradas ha permanecido deshabitada”. Sobre el particular, en el expediente también obra el oficio n.° 6003-1063, suscrito por el Defensor del Pueblo Seccional Caquetá, señor Álvaro Castelblanco Cardoso, en el cual se señala que “el desplazamiento masivo de la población civil de Peñas Coloradas jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, ocurrió el 27 de abril de 2004, por enfrentamientos entre la guerrilla de las F.A.R.C. y la Fuerza Pública, que ponían en peligro la vida de los habitantes”.
Así mismo, está demostrado que la Policía Nacional apoyó el desarrollo del Plan Patriota en el sector urbano y rural de Peñas Coloradas, por considerar necesaria su presencia “para el control de la población civil y de los moradores de la región, que mediante el desplazamiento a otros municipios han venido denunciando estas actividades ilícitas acompañadas de la violación a los derechos humanos que impera bajo estos delincuentes”[121].
5.3.2.1 En efecto, la Sala encuentra que aunque el artículo 93 de la Constitución dispone que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno” y el artículo 214 ejusdem establece que “En todo caso se respetarán las reglas del Derecho Internacional Humanitario” y que, en consecuencia, el respeto de dichas normas es un imperativo para todas las autoridades nacionales, en la ofensiva militar adelantada en el mes de abril de 2004 en la población Peñas Coloradas, Jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, el Ejército Nacional omitió adoptar las medidas de planificación y prevención necesarias para evitar el desplazamiento de la población civil y la producción de daños colaterales que causaron el efectos nocivos sobre sus bienes.
Al respecto, se recuerda que, como se indicó en los fundamentos jurídicos de la presente sentencia, las normas del D.I.H. establecen que las partes en contienda en un conflicto armado interno deben adoptar todas las medidas de planificación y prevención necesarias para proteger a la población civil, por lo que, “en la medida de lo factible”, deberán (i) “dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces de todo ataque que pueda afectar a la población civil”, (ii) optar “por el objetivo [militar] cuyo ataque presente previsiblemente menos peligro para las personas civiles y los bienes de carácter civil”, (iii) no situar objetivos militares en el interior o cerca de zonas pobladas y (iv) “alejar a las personas civiles y los bienes de carácter civil que estén bajo su control de la proximidad de objetivos militares”. Además de las obligaciones que se dejan descritas, les corresponde adoptar las acciones correspondientes para garantizar que los civiles no se verán afectados por la guerra y no pueden ejecutar acciones militares en las que, al hacer una ponderación entre la ventaja militar y los daños incidentales que han de ser causados para su obtención, resulte excesivo el sacrificio de los bienes jurídicos comprometidos.
Sobre el particular, reposa el oficio n.° 1722/CGFM-FTC-BR22-747, remitido el 30 de noviembre de 2004 por el comandante de la Brigada Móvil 22, coronel Raúl Ramiro Castellanos Buendía, al apoderado del señor Agatón Ardila, mediante el cual le informa que “[d]ada la grave situación de orden público de la zona, debido a los permanentes e intensos combates que se registran diariamente en el sector, no es prudente que su propietario por ahora proceda a trasladarse a este lugar, hasta tanto podamos garantizar integralmente su seguridad”.
Lo anterior permite sostener que era de esperarse que la conducta de la demandada generara el efecto ya conocido de autos, descrito como sigue en el oficio n.° 1598/CGFM-COFTC-AJ-725 por el jefe del Estado Mayor Fuerza de Tarea Conjunta: “desde el mes de abril de 2004, fecha en que llegó la Brigada Móvil n.° 22, la Inspección de Peñas Coloradas ha permanecido deshabitada” –se destaca-.
Como ya se señaló, el D.I.H. impone a las partes en conflicto el deber de garantizar, en la medida de lo factible, la protección a los bienes de carácter civil, lo que incluye la obligación de respetar “los derechos de propiedad de las personas desplazadas”. Por lo anterior, a juicio de la Sala, en el presente caso correspondía al Ejército Nacional prestar al señor Agatón las medidas de seguridad y protección necesarias para que pudiera recuperar sus bienes muebles, pues dado que incumplió el deber de “dar aviso [a la comunidad] con la debida antelación y por medios eficaces” de la operación militar, era de esperarse que en razón de los combates en la zona rural y urbana, los habitantes de Peñas Coloradas se vieran obligados a abandonar sus bienes de trabajo y demás enseres para salvar sus vidas.
Se insiste, la Sala no discute la obligación en cabeza del Ejército Nacional de recuperar la soberanía territorial sobre la población de Peñas Coloradas. Empero, estima que dicha tarea no podía adelantarse con desconocimiento de los compromisos del Estado colombiano en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, pues éste le exigía adoptar las medidas de planificación y prevención necesarias para evitar, en la medida de lo factible, convertir un lugar con población civil en una “zona de guerra” y, de este modo, el desplazamiento de los no combatientes, así como cualquier daño colateral.
6.1.1 En la demanda se solicitó, a título de perjuicio moral, el pago de 150 salarios mínimos legales mensuales a favor de los señores José Agustín Agatón Ardila, propietario de los bienes muebles en cuestión, y Tránsito Gómez, compañera permanente del señor Agatón Ardila. Así mismo, 100 salarios mínimo legales mensuales a favor del señor Erik Fernando Agatón Silva, hijo del señor Agatón Ardila, y 70 salarios mínimo legales mensuales para la señora Luz Mary Cárdenas Gómez, hija de la señora Gómez.
6.1.2 Sin embargo, el juez de primer grado condenó “a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a cancelar a favor de los señores José Agustín Agatón Ardila y Tránsito Gómez, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos de cien (100) y treinta (30) salarios mínimos legales mensuales, respectivamente, vigentes al tiempo que se surta su pago” y negó la pretensión aludida respecto de los señores Erik Fernando Agatón Silva y Luz Mary Cárdenas Gómez.
6.1.3 De acuerdo con el criterio adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 -expediente 13.232-[123], la demostración del daño moral en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que “la indemnización por perjuicios morales se concede en todos aquellos casos en los que el ser humano, de ordinario, dada la condición de víctima o en razón de la cercanía afectiva a ésta, siente dolor, congoja, sufrimiento o aflicción por el daño irrogado, situación que no se limita a la muerte”[124].
Además, ha precisado que la tasación del perjuicio moral se efectúa conforme a la discrecionalidad -no arbitrariedad- del juzgador, pues la naturaleza subjetiva e individual y, por tanto, inconmensurable del dolor moral, impide que su valoración pueda estar sujeta a tablas de medición o a parámetros cuantitativos[125]. Así mismo, la Sala ha considerado que, dada la lesión íntima que comporta el perjuicio moral, su indemnización no tiene un carácter restitutorio ni reparador, sino simplemente compensatorio, pues “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”[126].
Finalmente, la Sección ha señalado que la determinación del monto debe estar sustentada en las pruebas que acrediten la existencia del daño y la calidad con la que se acude al proceso. Frente a este punto, de forma reiterada y unificada, la Sala ha sostenido que el parentesco -que por mandato de la ley se acredita con el registro civil de nacimiento[128]-, constituye un hecho probado al partir del cual se infiere, con ayuda de las reglas de la experiencia, el dolor que padecen los abuelos, padres, hijos, hermanos, nietos, así como el cónyuge o compañera o compañero permanente de la víctima, como consecuencia de la configuración de un daño imputable a la administración[129].
En este punto, no sobra recordar que de conformidad con la certificación expedida el 27 de marzo de 2006 por el médico siquiatra Sabas Simarra Sánchez, especialista adscrito al Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá, está demostrado que la señora Tránsito Gómez, compañera permanente del señor José Agustín Agatón Ardila, padece depresión mayor desde el año 2004 -por lo cual toma los medicamentos antidepresivos Paroxetina y Sertralina, los ansiolíticos Clonazepam y Rovotril y el estabilizador del afecto Ácido Valproico-, como consecuencia de “las alteraciones económicas que disminuyeron la calidad de vida, debido a la inestabilidad laboral de su esposo”[131].
6.1.5 De este modo, comoquiera que la sentencia condenatoria fue apelada únicamente por la entidad llamada a responder, es claro que, como ya se explicó en el acápite relativo a la competencia, de conformidad con el principio de la no reformatio in pejus dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política y 357 del Código de Procedimiento Civil, no se puede agravar en forma alguna su situación, de suerte que la providencia será confirmada en lo referente a la condena impuesta por perjuicios morales.
6.2.1 En la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente por la sumas de $2.079.000.000 y $238.218.002, respectivamente.
6.2.3 Sin embargo, la Sala observa que en el expediente no obra una sola prueba con base en la cual se pueda establecer el monto que por perjuicios materiales corresponde reconocer. De hecho, como ya se indicó, en el dictamen pericial practicado a petición de la parte demandante se dejó constancia de que “[l]os demás implementos indicados en la demanda como (…) las herramientas: una mezcladora completa color negro y rojo, una planta eléctrica marca Honda 6500 color rojo, una planta eléctrica marca Bistrato 2600 color rojo, dos motobombas de 3 y 1 pulgadas, un vibrocompactador ‘tipo rana’, un vibrocompactador manual con guaya de 3 metros marca Mitsubishi, dos pulidoras tipo pesado, un esmeril eléctrico, una prensa mecánica, un taladro eléctrico tipo pesado, dos gatos de 20 toneladas, dos gatos de 10 toneladas, un gato de 30 toneladas, dos winches, una engrasadora tipo vehicular color negro y rojo, 150 tubos de concreto de 24 pulgadas, 8 tubos de 36 pulgadas, un compresor de pinturas de 100 libras y un equipo de oficina, no se encuentran en el lugar y las personas que me atendieron manifiestan desconocer su existencia”[132].
PRIMERO.- DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por los perjuicios morales y materiales que sufrieron los señores José Agustín Agatón Ardila y Tránsito Gómez, por la situación de desplazamiento a la que se vieron forzados y la pérdida de sus bienes muebles en razón del mismo hecho.
SEGUNDO.- CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a favor de los señores José Agustín Agatón Ardila y Tránsito Gómez, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cien (100) y treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo, respectivamente.
TERCERO.- CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a cancelar al señor José Agustín Agatón Ardila, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente, la cuantía que se establezca dentro del trámite incidental que para el efecto deberá promover la parte actora dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, y de conformidad con los parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia.
[4] Folios 133 a 136 del cuaderno principal.
[9] Folio 162, cuaderno 1.
[10] Folios 172 a 183 del cuaderno 1.
[18] Folios 234 a 254 del cuaderno principal.
[21] Folio 257 del cuaderno principal. Recurso concedido por el a quo el 11 de diciembre de 2008 (Folio 172, cuaderno principal) y admitido por esta Corporación el 13 de marzo de 2009 (folio 282 del cuaderno principal).
[22] Folios 267 a 280 del cuaderno principal.
[37] Auto de la Sala Plena de Sección de 19 de noviembre de 2012, expediente 40.386, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo (con salvamento de voto de la misma consejera): “[v]isto lo anterior, concluye la Sala que efectivamente el recurso de apelación formulado por la parte demandada estuvo bien denegado, toda vez que el proceso con cuantía de $53´220.660, si bien se inició con vocación de doble instancia, pues superaba el tope de $18´850.000 que en 1998 se exigía para el efecto -de conformidad con el Decreto 597 de 1988-, a tiempo de interponer el recurso ya no cumplía el requisito comoquiera que a partir de la Ley 446 de 1998, vigente al momento de la proposición de la alzada, para que procediera el referido recurso vertical ante esta Corporación, se requería que la cuantía superara los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. || Es que el inciso final del art. 164 de la Ley 446 de 1998 exige que, para la procedencia de la alzada, al momento de su formulación el asunto debe alcanzar la cuantía que se encuentre vigente para acudir al superior y como en el presente caso no se superaron los 500 s.m.m.l.v. exigidos para recurrir en apelación a esta Corporación, fue acertada la decisión del Tribunal a quo al denegar la concesión de la impugnación vertical. || Quiere decir que, desde del 1° de agosto de 2006 -fecha a partir de la cual se aplican las cuantías señaladas en la Ley 446 de 1998-, para que las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos sean susceptibles de impugnación ante esta Corporación, necesariamente se requiere que el asunto alcance los topes vigentes al momento del recurso para acudir en alzada al Consejo de Estado” -se destaca-.
[38] "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. || El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único".
[39] “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”.
[42] “VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: || 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. || 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. || 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.
[43] Folios 10 a 28, 30, 31, 34, 36 a 41, 49 a 51, 54 a 94, 97, 103 y 131 del cuaderno 1.
[46] Cfr. sentencia de 28 de junio de 2006, expediente 16.630, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
[49] Folio 35 del cuaderno 1.
[50] Folios 42 a 46 del cuaderno 1.
[74] Cfr. folio 40 del cuaderno 1.
[75] Al respecto, en la sentencia C-240 de 2009, la Corte Constitucional indicó: “[e]l Derecho Internacional Humanitario no es otra cosa que la codificación del núcleo inderogable de normas mínimas de humanidad que rigen en los conflictos armados y que como tales constituyen un valioso instrumento jurídico para lograr la efectividad plena del principio de la dignidad humana aún en las más difíciles y hostiles circunstancias, y sus disposiciones se aplican independientemente de si los países se han comprometido o no jurídicamente en la adopción de tales disposiciones, por tratarse de prácticas consuetudinarias de carácter imperativo que responden a presupuestos éticos mínimos y exigibles a todas las partes del conflicto, se trate de un conflicto nacional o internacional”.
[77] Sobre el particular se puede consultar Arenas Mendoza, Hugo Andrés, ¿Estado irresponsable o responsable? La responsabilidad patrimonial del Estado colombiano, luego de la guerra civil de 1876 -1877, Universidad del Rosario, Bogotá, 2009.
[78] Conviene hacer alusión a los siguientes tratados que han sido aprobados con posterioridad a la segunda guerra mundial: La Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos protocolos, la convención de 1975 sobre armas bacteriológicas, la convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus cinco protocolos, la convención de 1993 sobre armas químicas, el tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersona y el protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
[80] Esta idea ha sido expresada por la Corte Constitucional en la sentencia C-582 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la cual manifestó que, además de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado colombiano, hacen parte del derecho interno “aquellos principios y normas que han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta, por lo que entonces tienen rango constitucional, como los tratados de derecho humanitario”.
[81] En criterio de la Corte Constitucional, los trataros internacionales que hacen parte del derecho interno en virtud de los artículos mencionados “[s]on pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional” (sentencia C-063 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[82] Resulta oportuno hacer hincapié en el planteamiento que ha hecho la doctrina que se ha ocupado de la incidencia de la aprobación de tratados de derechos humanos sobre la responsabilidad del Estado: “[l]os aspectos procesales a los que se sujeta el juez de lo contencioso administrativo permite advertir la aplicación del control de convencionalidad no solo en su dimensión formal (control respecto de las normas procesales internas), sino también en la material, ya que en muchas ocasiones la víctima es el extremo débil frente a la demostración de los supuestos de hecho en los que se produce un daño antijurídico imputable a la responsabilidad del Estado, sin que se convierta en una regla general, sino enfocado a aquellos eventos en los que se produce la violación de derechos humanos, o del Derecho Internacional Humanitario” (Brewer-Carías, A y Santofimio Gamboa, J, Control de convencionalidad y responsabilidad del Estado, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013).
[83] De la misma manera, en auto de 31 de octubre de 2012, expediente 28.476, M.P. Javier Zapata Ortiz, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó: “… en el inciso 1º del artículo 93 de la Carta Política de 1991 según el cual, “’Los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno’, de donde resulta válido afirmar que la Constitución, confiere plenos efectos jurídicos a los tratados y convenios debidamente ratificados por Colombia, aun cuando no se encuentran directamente contenidos en la Constitución. || Por tanto, si el Congreso de la República, mediante la Ley 16 de 1972 aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos que luego ratificó el 31 de julio de 1973, instrumento internacional de protección de los derechos humanos donde se confiere a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diferentes funciones dirigidas a prevenir y salvaguardar los mencionados derechos, es de colegir que tal articulado hace parte del ordenamiento interno” –subraya del texto-.
[85] Ramelli Arteaga, Alejandro, Jurisprudencia penal internacional aplicable en Colombia, Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Agencia de Cooperación Internacional Alemana, 2011, páginas 44 y 45: “[e]n relación con las costumbres internacionales, la Corte Constitucional, en sentencia C-1189 de 2000, precisó que existían dos variedades de normas consuetudinarias que vinculan al Estado colombiano: ‘a) aquellas que, por consagrar derechos inherentes a la persona humana, ingresan al ordenamiento jurídico por virtud de los artículos 93 y 94 de la Constitución (…); y b) aquellas que, si bien no se refieren a derechos inherentes a la persona, prescriben normas de conducta igualmente obligatorias para los Estados. Esta segunda categoría (…) [también] es vinculante para el Estado colombiano’. || En la misma providencia la Corte afirmó: ‘Las costumbres internacionales y los principios generales de derecho aceptados por las naciones civilizadas gozan de prevalencia normativa en nuestro ordenamiento, en la misma medida de los tratados, siempre y cuando su contenido se ajuste a los dictados de la Carta (…)’. || Posteriormente, en sentencia C-048 de 2001, en relación con la función que están lla­mados a cumplir en el ordenamiento jurídico interno los principios generales del dere­cho, el juez constitucional consideró que éstos ‘propugnan la solución pacífica de los conflictos externos y señalan el deber de todo Estado de no recurrir en primera instancia a la amenaza o al uso de la fuerza, son plenamente aplicables al conflicto interno co­lombiano, pues aquellas son reglas de conducta que imponen la interpretación de los derechos y deberes constitucionales’. || Como se puede advertir, con fundamento en el voluntarismo del derecho internacional público, la Corte equipara, en sus efectos jurídicos frente al derecho interno, las normas convencionales y las consuetudinarias. En tal sentido, recordemos que, según las escuelas positivistas, toda norma internacional tiene un único origen: la voluntad estatal, manifestada de manera expresa (tratado internacional) o tácita (costumbre internacional). || La equiparación realizada entre tratados y costumbres internacionales (…) presenta una importancia enorme en materias tales como aplicación del derecho internacional humanitario; responsabilidad penal por actos cometidos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado; respon­sabilidad del Estado e inversión extranjera. Otro tanto puede decirse de los principios generales del derecho, aunque su concreción resulta ser más difícil, por cuanto no siem­pre es fácil encontrar tales “denominadores comunes” en los diversos ordenamientos jurídicos estatales”.
[86] “En la sentencia C-1189 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) se indicó: ‘la Corte debe precisar que las obligaciones internacionales del Estado colombiano, tienen su fuente tanto en los tratados públicos que ha ratificado, como en la costumbre internacional y en los principios generales de derecho aceptados por las naciones civilizadas [Es de notar que la enumeración del artículo 38 en cuestión no es exhaustiva, y que junto con las fuentes que allí se consagran, existen otras, como los actos unilaterales de los Estados y las Organizaciones Internacionales, bajo ciertas circunstancias]. Estas fuentes han sido reconocidas tradicionalmente por la comunidad internacional, y como tales fueron incluidas en el catálogo del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tratado que vincula a Colombia por formar parte integral de la Carta de las Naciones Unidas, que fue ratificada mediante ley 13 de 1.945, y cuyo artículo 93 dispone: "[t]odos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia". Dicha enumeración también es obligatoria para el Estado colombiano en la medida en que éste aceptó expresamente someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional, mediante instrumento depositado el 30 de octubre de 1.937 [Si bien la declaración colombiana está referida a la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional, por virtud del artículo 36-6 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dicha declaración vale para someter al Estado colombiano a la jurisdicción de este último tribunal], sin haber opuesto hasta ahora reservas a la aplicación de las fuentes que se enumeran en su Estatuto’”.
[87] “Dijo la Corte en la sentencia C-1189 de 2000: ‘(…) de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la costumbre internacional, junto con los tratados y los principios generales de derecho aceptados por las naciones civilizadas, es una de las fuentes "principales" de las obligaciones internacionales, por oposición a las fuentes "subsidiarias" o "auxiliares" -esto es, las decisiones judiciales, y los escritos de los doctrinantes de mayor importancia. Como los tres tipos de normas principales gozan, bajo estos preceptos, de idéntica jerarquía, forzoso es afirmar que a todas ellas se les debe aplicar la doctrina expuesta en la sentencia C-400/98, según la cual las disposiciones internacionales priman sobre el derecho interno, salvo que se opongan a la Constitución Nacional. En otras palabras, las costumbres internacionales y los principios generales de derecho aceptados por las naciones civilizadas gozan de prevalencia normativa en nuestro ordenamiento, en la misma medida de los tratados, siempre y cuando su contenido se ajuste a los dictados de la Carta (…)’”.
[88] No obstante, es necesario tener en cuenta que en sentencia de Sección de 19 de abril de 2012 (expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón), la Sala sostuvo que el modelo de responsabilidad estatal establecido por el constituyente de 1991 “no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar”. En este sentido, la providencia citada es clara en señalar que la utilización de los títulos de imputación no puede entenderse derivada de la existencia de “un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”, comoquiera que “el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”.
[90] Sentencia del 12 de febrero de 2004, expediente: 13.952. Magistrado Ponente Ramiro Saavedra Becerra.
[96] “’Con todo, la mayor virtualidad o significado que hoy posee el Derecho constitucional reside justamente en su capacidad de fortalecer e impregnar el sistema del Derecho (sic) administrativo, su reforma y evolución. En este sentido, el Derecho (sic) constitucional ha de operar, de un lado, como marco en cuyo seno verificar la constante revisión de los dogmas tradicionales y, de otro, como receptor de las nuevas tendencias. Los interrogantes por resolver saltan a la vista: ¿Resulta actualmente el Derecho (sic) administrativo lo suficientemente flexible como para hacer frente a las nuevas situaciones y escenarios de riesgo que la sociedad presenta? ¿Son apropiadas las categorías jurídicas de que dispone para ahormar (sic) y disciplinar razonablemente las cambiantes técnicas de dirección y de producción del Estado moderno de acuerdo con los dictados y las exigencias de la cláusula del Estado de Derecho? ¿Cómo se pueden compensar y equilibrar las distintas exigencias o requerimientos –constitucionales y europeas- de legitimidad democrática de la Administración pública? Si en los siglos precedentes el Derecho (sic) constitucional se ha hecho (sic) realidad, y se ha podido expresar también, a través de la formación de los dogmas del Derecho (sic) administrativo, hoy ha de satisfacer una segunda misión: la de contribuir a la formación de un sistema’. SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, La teoría general del derecho administrativo como sistema. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática, marcial Pons, Madrid, 2003, p.17”.
[97] “Al analizar el caso Cabrera García y Montiel contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ferrer Mac-Gregor consideró: ‘[l]La actuación de los órganos nacionales (incluidos los jueces), además de aplicar la normatividad que los rige en sede doméstica, tienen la obligación de seguir los lineamientos y pautas de aquellos pactos internacionales que el Estado, en uso de su soberanía, reconoció expresamente y cuyo compromiso internacional asumió. A su vez, la jurisdicción internacional debe valorar la legalidad de la detención a la luz de la normatividad interna, debido a que la propia Convención Americana remite a la legislación nacional para poder examinar la convencionalidad de los actos de las autoridades nacionales, ya que el artículo 7.2 del Pacto de San José remite a las ‘Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas’ para poder resolver sobre la legalidad de la detención como parámetro de convencionalidad. Los jueces nacionales, por otra parte, deben cumplir con los demás supuestos previstos en el propio artículo 7 para no violentar el derecho convencional a la libertad personal, debiendo atender de igual forma a la interpretación que la Corte IDH ha realizado de los supuestos previstos en dicho numeral’. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. ‘Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México’, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado. No.131, 2011, p.920. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano contra Chile argumentó: ‘124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana’. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, serie C, núm. 154, párrs. 123 a 125. En tanto que en el caso Cabrera García y Montiel contra México la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró: ‘[e]ste Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana’. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrs. 12 a 22”.
[98] “Puede verse SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. “Aspectos de la acción de reparación directa y su despliegue en la visión moderna del juez contencioso administrativo”, artículo próximo a publicar, 2012”.
[99] Sobre el particular, en la sentencia C-225 de 1995 la Corte Constitucional precisó: “[e]sta distinción entre población combatiente y no combatiente tiene consecuencias fundamentales. Así, en primer término, tal y como lo señala la regla de inmunidad del artículo 13, las partes tienen la obligación general de proteger a la población civil contra los peligros procedentes de las operaciones militares. De ello se desprende, como señala el numeral 2º de este artículo, que esta población, como tal, no puede ser objeto de ataques militares, y quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla. Además, esta protección general de la población civil contra los peligros de la guerra implica también que no es conforme al Derecho Internacional Humanitario que una de las partes involucre en el conflicto armado a esta población, puesto que de esa manera la convierte en actor del mismo, con lo cual la estaría exponiendo a los ataques militares por la otra parte”.
[108] ARTÍCULO 46 de la Ley 769 de 2002: “INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. Todo vehículo automotor, registrado y autorizado para, circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse, deberá ser inscrito por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional Automotor que llevará el Ministerio de Transporte. También deberán inscribirse los remolques y semi-remolques” -se destaca-.
[109] Artículo 2 de la Ley 769 de 2002: “[r]egistro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros”.
[111] Sala Plena Contenciosa, sentencia de 4 de octubre de 2005, expediente 1997-00757-01-S, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
[115] “La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes: || 1o.) Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. || 2o.) Mostrándosela. || 3o.) Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. || 4o.) Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. || 5o.) Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier otro título no traslaticio de dominio; y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc.”.
[117] Rentería Rodríguez, Carolina, Estado comunitario: desarrollo para todos, en Fuerzas Armadas, publicación militar especializada de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, · vol. XXVI, · Edición 205, página 8.
[118] Mora Rangel, Jorge Enrique, El Plan Patriota, base del Plan de Consolidación, en Fuerzas Armadas, publicación militar especializada de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, · vol. XXVI, · Edición 205, página 20. En este orden, se explica: “[l]as fases del plan merecen conocerse en detalle para tener un mayor conocimiento del desarrollo del mismo. ||Primera fase: alistamiento y despliegue. Definida en el tiempo y el espacio, básicamente consistía en mantener un esfuerzo sostenido que neutralizara la escalada terrorista mientras se completaba el proceso de adquisición, dotación, incorporación y entrenamiento de las Fuerzas. ||Segunda fase: debilitamiento. Se dividía en dos subfases: la primera, acción ofensiva limitada sobre un área seleccionada con el objetivo de liberarla de amenazas narcoterroristas. La segunda, acción ofensiva continuada que lograra tal nivel de debilitamiento que obligara a las F.A.R.C. a desmovilizarse o negociar con el Gobierno Nacional. Esta parte final de la segunda fase no se limitó en el tiempo. || Tercera fase: consolidación Le permitiría al Gobierno Nacional el desarrollo de las negociaciones, el objetivo militar era contribuir a la desmovilización y garantizar la seguridad y convivencia nacional al término del conflicto”.
[122] “Bienes que no son objetivos militares. No deben ser objeto de ataques ni de represalias”.Verri, Pietro, Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados, Comité Internacional de la Cruz Roja.
[128] Cfr. Decreto 1260 de 1970 “por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.
[133] Artículo 172 del Código Contencioso Administrativo: “PROCEDENCIA DE LA CONDENA IN GENERE. La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en el artículo 178 de este código y 308 del Código de Procedimiento Civil”.
[134] Cfr. sentencia de 18 de febrero de 2010, expediente 18.436, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esta oportunidad, la Sala reiteró la sentencia de 14 de diciembre de 1998, expediente 10.311, C.P. Ricardo Hoyos Duque.