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Timestamp: 2018-12-19 04:41:36
Document Index: 235472524

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 25', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12']

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCA DE INVERSIONES - PDF
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Lucía Benítez Montes
1 CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCA DE INVERSIONES El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República francesa, denominados a continuación "las Partes Contratantes"; Deseosos de reforzar la cooperación económica entre los dos estados y de crear condiciones favorables para las inversiones peruanas en Francia y francesas en el Perú; Convencidos que el incentivo y la protección de estas inversiones tienden a estimular las transferencias de capitales y de tecnología entre ambos países, en el interés de su desarrollo económico; Han convenido lo siguiente: Articulo 1 - Para la aplicación del presente convenio: (1) El término "inversión" designa todos los activos tales como bienes, derechos e intereses de toda naturaleza y, en particular, aunque no exclusivamente: (a) Los bienes muebles e inmuebles, asi como todo otro derecho real tales como las hipotecas, privilegios, usufructos, fianzas y derechos similares; (b) Las acciones, primas en emisión y otras formas de participación, sean minoritarias o indirectas, en las sociedades constituidas en el territorio de una de las partes contratantes; (c) Las obligaciones, acreencias y derechos a toda prestación que tenga valor económico; (d) Los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial (tales como patentes de invención, licencias, marcas registradas, modelos y diseños industriales), los procedimientos técnicos, los nombres registrados y la clientela; (e) Las concesiones otorgadas por la ley o en virtud de un contrario, especialmente las concesiones relativas a la prospección, el cultivo, la extracción o la explotación de recursos naturales, incluso aquellas que se encuentran en el area marítima de las Partes Contratantes. Dichos activos deben ser o haber sido invertidos conforme a la legislación de la Parte Contratante en el territorio o en el area marítima en la cual la inversión es efectuada, antes o después de la entrada en vigencia del presente Convenio. Toda modificación de la forma de inversión de los activos no afecta su calificación de inversión, siempre que esta modificación no sea contraria a la legislación de la Parte Contratante en el territorio o en la zona marítima en la cual la inversión es efectuada. (2) El término "nacionales" designa toda persona física que posee la nacionalidad de una de las partes. (3) El término "sociedades" designa toda persona jurídica constituida en el territorio de una de las Partes Contratantes conforme a la legislación de esta parte y que posee allí su sede social, o es controlada directa o indirectamente por nacionales de una de las Partes Contratantes, o por personas jurídicas que poseen su sede social en el territorio de una de las Partes Contratantes y constituidas conforme a la legislación de esta parte. (4) El término "ganancias" designa todas las sumas producidas por una inversión y, en particular, aunque no exclusivamente, los beneficios, los intereses, las utilidades, los dividendos, las regalías y las comisiones, las ganancias de la inversión y, en caso de reinversión, las ganancias de su reinversión gozan de la misma protección que la inversión. (5) El presente Convenio se aplica al territorio de cada Parte Contratante y al area marítima adyacente a la costa de cada Parte Contratante hasta el limite de doscientas millas. Artículo 2 1
2 Cada una de las Partes Contratantes admite e incentiva, en el marco de la legislación y de las disposiciones del presente Convenio, las inversiones efectuadas por los nacionales y las sociedades de otra Parte Contratante en su territorio y área marítima. Artículo 3 Cada una de las Partes Contratantes se compromete a asegurar, en su territorio y área marítima, un tratamiento justo y equitativo, conforme a los principios del Derecho Internacional, a las inversiones de los nacionales y sociedades de la otra parte contratante, de modo que el ejercicio del derecho así reconocido no sea obstaculizado ni de hecho ni de derecho. En particular, cada una de las Partes Contratantes se compromete a no imponer ninguna restricción a la compra o al transporte de materias primas y de materias auxiliares, de energía y de combustible, de medios de producción y de explotación de todo género, ni ningún obstáculo a la venta y al transporte de los productos al interior del país y al extranjero, así como a no tomar otra medida que tenga un efecto análogo. Las partes contratantes examinarán con buena voluntad, en el marco de su legislación, las solicitudes de entrada y de autorización de estadía, de trabajo y de circulación presentadas por nacionales de una parte contratante, por concepto de una inversión realizada en el territorio y en el área marítima de la otra parte contratante. Artículo 4 Cada Parte Contratante otorga, en su territorio y en su área marítima, a los nacionales o a las sociedades de la otra parte, en lo que concierne a sus inversiones y actividades ligadas a estas inversiones, un tratamiento no menos favorable que aquel acordado a sus nacionales o sociedades, o el tratamiento acordado a los nacionales o a las sociedades de la nación mas favorecida, si este último es más favorable. A este respecto, los nacionales autorizados a trabajar en el territorio y en el area marítima de una de las partes contratantes gozarán de las facilidades materiales apropiadas para el ejercicio de sus actividades profesionales. Sin embargo, este tratamiento no se extiende a los privilegios que una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de un tercer Estado, en virtud de su participación o de su asociación en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común o cualquier otra forma de organización económica regional. Las disposiciones de este artículo no se extienden a los asuntos tributarios. Articulo 5 (1) Las inversiones efectuadas por nacionales o sociedades de una parte contratante gozarán de una amplia y plena protección y seguridad en el territorio y en el área marítima de la otra parte contratante. (2) Las Partes Contratantes no adoptarán medidas de expropiación o de nacionalización o cualquier otra medida cuyo efecto sea privar, directa o indirectamente, a los nacionales y sociedades de la otra Parte Contratante de las inversiones que les pertenecen en su territorio y área marítima, a menos que sea por causa de utilidad pública y a condición que estas medidas no sean discriminatorias, ni contrarias a un compromiso particular de una de las partes contratantes con los nacionales o sociedades de la otra parte contratante. Las medidas de expropiación que podrían ser adoptadas darán lugar al pago de una indemnización pronta y adecuada cuyo monto, equivalente al valor real de las inversiones afectadas, será determinado en base a una situación económica normal y anterior a toda amenaza de expropiación. Esta indemnización, su monto y sus modalidades de pago serán fijadas a más tardar en la fecha de la expropiación. Será efectivamente realizable, pagada sin demora y libremente transferible. Ella producirá, hasta la fecha de su pago, intereses calculados a la tasa de interés de mercado aplicable. 2
3 (3) Los nacionales o las sociedades de una de las partes contratantes, cuyas inversiones hubieran sufrido pérdidas ocasionadas por guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional o revuelta ocurridos en el territorio y en el área marítima de la otra parte contratante, gozarán, de parte de esta última, un tratamiento no menos favorable que aquél acordado a sus propios nacionales o sociedades o a los nacionales o sociedades de la nación más favorecida. Artículo 6 Cada parte contratante, en cuyo territorio o área marítima se hayan efectuado inversiones por nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, permitirá a dichos nacionales o sociedades la libre transferencia de: A) Los interés, dividendos, utilidades y otros ingresos; B) Las regalías derivadas de los derechos de propiedad industrial designados en el párrafo 1, letras d) y e) del articulo 1; C) Los pagos efectuados para el reembolso de los prestamos contradices; D) El producto de la venta o de la liquidación total o parcial de la inversión, incluidas las ganancias del capital invertido; E) Las indemnizaciones por expropiaciones o perdidas previstas en él articulo 5, párrafos 2 y 3. Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes que hayan sido autorizados a trabajar en el territorio o en el área marítima de la otra Parte Contratante, en virtud de una inversión acordada, serán igualmente autorizados a transferir sus ingresos a su país de origen. Las transferencias indicadas en los párrafos precedentes serán efectuadas sin demora, a la tasa de cambio normal oficialmente aplicable en la fecha de la transferencia. Artículo 7 En el caso que la legislación de una de las partes contratantes contenga una garantía para las inversiones efectuadas en el extranjero, esta garantía podrá ser otorgada, después de una evaluación caso por caso, a las inversiones realizadas por nacionales o sociedades de esta Parte Contratante en el territorio o en el area marítima de la otra Parte Contratante. Las inversiones de los nacionales o sociedades de una de las partes contratantes realizadas en el territorio y en el área marítima de la otra Parte Contratante solo podrán obtener la garantía indicada en el párrafo anterior si aquellas han obtenido previamente el acuerdo de esta última parte, si tal acuerdo es necesario. Artículo 8 (1)Toda controversia relativa a una inversión entre una parte y un nacional o sociedad de la otra Parte Contratante será amigablemente dirimida entre las partes en la controversia. (2) Si tal controversia no hubiese podido ser solucionada en un plazo de seis meses a partir del momento en que cualquiera de las partes en la controversia la hubiera planteado, será sometida, a pedido de cualquiera de las partes, al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas (CIADI), creado por la Convención para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, firmada en Washington el 18 de marzo de (3) Una persona jurídica constituida en el territorio de una de las Partes Contratantes y que antes del surgimiento de la controversia estuviera controlada por los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante será considerada, para los efectos del artículo 25 (2) (b) de la convención mencionada en el párrafo (2) anterior, como sociedad de esa parte contratante. (4) Cada parte contratante otorga su consentimiento incondicional para someter las controversias al arbitraje internacional, de conformidad con las disposiciones de este artículo. 3
4 (5) El laudo arbitral será definitivo y obligatorio. Artículo 9 Si una Parte Contratante efectúa pagos a uno de sus nacionales o sociedades, en virtud de una garantía otorgada a una inversión realizada en el territorio o en el área marítima de la otra Parte Contratante, la primera parte mencionada tendrá, en ese caso, todos los derechos de subrogación respecto a los derechos y acciones de ese nacional o sociedad. Dichos pagos no afectan los derechos del beneficiario de la garantía a recurrir al CIADI o a proseguir los procedimientos sometidos a este hasta su culminación. Artículo 10 Las inversiones que han sido objeto de un compromiso especial entre una de las partes contratantes con nacionales o sociedades de la otra parte contratante serán regidas, sin perjuicio de las disposiciones del presente convenio, por los términos de este compromiso, en la medida en que contenga disposiciones más favorables que las previstas en el presente convenio. Artículo 11 (1) Las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación o a la aplicación del presente Convenio serán solucionadas, si es posible, por la vía diplomática. (2) Si en el plazo de seis meses a partir del momento en que la controversia haya sido presentada por una u otra de las Partes Contratantes, esta no ha sido arreglada, será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral. (3) Dicho tribunal estará constituido, para cada caso particular, de la siguiente manera: cada Parte Contratante designa un miembro, y los dos miembros designarán, de común acuerdo, a un nacional de un tercer Estado, quien será nombrado Presidente por las dos partes contratantes. Todos los miembros deben ser nombrados en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que una de las Partes Contratantes ha hecho conocer a la otra parte su intención de someter la controversia a un arbitraje. (4) Si los plazos fijados en el párrafo (3) precedente no han sido observados, cualquiera de las Partes Contratantes, en ausencia de otros acuerdo, invitará al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas a proceder a las designaciones necesarias. Si el secretario General fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o si, por otra razón, estuviese impedido de ejercer esta función, el Secretario General adjunto más antiguo y que no posea la nacionalidad de una de las Partes Contratantes procederá a efectuar las designaciones necesarias. (5) El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos, estas decisiones serán definitivas y obligatorias para las Partes Contratantes. El tribunal establecerá sus propias reglas de procedimiento. Interpretará el laudo a solicitud de cualquiera de las partes contratantes. A menos que el tribunal no disponga algo distinto, de acuerdo con circunstancias especiales, los gastos del procedimiento arbitral, incluidos los honorarios de los árbitros, serán distribuidos en partes iguales entre las partes contratantes. Artículo 12 Cada una de las Partes Contratantes notificará a la otra el cumplimiento de los procedimientos constitucionales requeridos para la entrada en vigencia del presente Convenio, el cual entrará en vigor un mes después del día de la recepción de la última notificación. El presente convenio estará en vigencia por un periodo inicial de quince años. Permanecerá en vigor después de este plazo, a menos que una de las Partes Contratantes no lo denuncie por la vía diplomática, con una anticipación de un año. 4
5 En caso de expiración del periodo de validez del presente convenio, las inversiones efectuadas durante la vigencia de este, continuarán gozando de la protección de sus disposiciones durante un periodo adicional de quince años 5
ACUERDO SUPLEMENTARIO SOBRE INVERSIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE
ACUERDO SUPLEMENTARIO SOBRE INVERSIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA El Gobierno de la República de Chile ( Chile
ACUERDO DE COOPERACIÓN Y DE FACILITACIÓN DE LAS INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ACUERDO DE COOPERACIÓN Y DE FACILITACIÓN DE LAS INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS La República Federativa del Brasil y los Estados Unidos Mexicanos, en