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Xi curso académico regional ompi/sgae sobre derecho de autor y derechos conexos para países de américa latina: “El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital”
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título Xi curso académico regional ompi/sgae sobre derecho de autor y derechos conexos para países de américa latina: “El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital”
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OMPI-SGAE/DA/ASU/05/1
FECHA: 26 de octubre de 2005
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE
SOCIEDAD GENERAL DE
XI curso académico regional OMPI/SGAE
sobre DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS para países de américa latina:
“El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital”
la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España
el Ministerio de Industria y Comercio de la República del Paraguay
Asunción, 7 a 11 de noviembre de 2005
EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y LOS TRATADOS DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR (TODA/WCT) Y SOBRE INTERPRETACIÓN O
EJECUCIÓN Y FONOGRAMAS (TOIEF/WPPT)
(La adaptación de las legislaciones nacionales y la experiencia en los países latinoamericanos)
Documento preparado por el Sr. Ricardo Antequera Parilli, Abogado, Presidente de honor, Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), Caracas
I. ACLARACIÓN INICIAL
El análisis de la legislación comparada sobre la adaptación de las legislaciones nacionales a los nuevos instrumentos internacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos es de suma dificultad, pues en ocasiones esa adecuación no se encuentra en las legislaciones nacionales específicas sobre la materia, sino en otras leyes, tales como en los códigos penales o aduaneros, o las relativas a telecomunicaciones, delitos informáticos u otros textos normativos, de modo que este trabajo apenas sirve de referencia, en el entendido de que serán las intervenciones de los participantes de cada uno de los países quienes ayuden a completarlo.
Por otra parte, aunque se nos ha asignado el estudio de las legislaciones de América Latina y el Caribe, hemos considerado que el ámbito del estudio se limita a aquellos países iberoamericanos, de lengua castellana o portuguesa, y no a los países caribeños de habla francesa, holandesa o inglesa, porque la tarea investigativa desbordaría el tiempo asignado para la elaboración de este estudio.
II. ESTADO DE LAS RATIFICACIONES AL TRATADO DE LA OMC
De acuerdo al estado de ratificaciones que informa la Organización Mundial del Comercio (OMC)1, todos los países latinoamericanos son miembros de esa organización, de modo que están obligados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), como Anexo 1C que es del Tratado de esa organización.
III. ESTADO DE LAS RATIFICACIONES AL TRATADO DE LA OMPI
SOBRE DERECHO DE AUTOR (TODA/WCT)
Conforme al estado de las ratificaciones que a la fecha de este trabajo (21-10-2005), ofrece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)2, son miembros del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT), los siguientes países iberoamericanos:
a. Argentina b. Bolivia c. Chile
d. Colombia e. Costa Rica f. Ecuador
g. El Salvador h. Guatemala i. Honduras
j. México k. Nicaragua l. Panamá
m Paraguay n. Perú ñ. República Dominicana
o. Uruguay p. Venezuela
IV. ESTADO DE LAS RATIFICACIONES AL TRATADO DE LA OMPI
SOBRE DERECHO INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN
Y FONOGRAMAS (TOIEF/WPPT)
También de acuerdo al estado de las ratificaciones que a la fecha de este trabajo, suministra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)3, son miembros del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF/WPPT), los países iberoamericanos siguientes:
m. Paraguay n. Perú ñ. República Dominicana
V. LOS TEMAS SUSTANTIVOS DE DERECHO DE AUTOR EN EL ADPIC
Y SU ADAPTACIÓN POR LAS LEYES NACIONALES
Relaciones con el Convenio de Berna
El artículo 9,1 del Convenio de Berna dispone lo siguiente:
“Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo”.
No obstante, como quiera que todos los países objeto de la encuesta son miembros de la Unión de Berna, la obligación deriva primigeniamente de este último, incluso por lo que se refiere al artículo 6bis, relativo a los derechos morales de paternidad del autor e integridad de su obra.
Una visión panorámica de las legislaciones de los países encuestados, así como de sus interpretaciones jurisprudenciales, permite confirmar la adaptación de sus ordenamientos al Convenio de Berna, particularmente por lo que se refiere a las disposiciones sustantivas del texto convencional.
No obstante, se presentan algunas discrepancias (o ausencias normativas), entre el Convenio de Berna y dos legislaciones nacionales, a saber:
Por lo que se refiere a la República Argentina, el tema del registro constitutivo, que si bien no perjudica a las obras extranjeras, por mandato del Convenio de Berna, perjudica a los autores nacionales, configurando lo que la más calificada doctrina de ese país como una “desigualdad al revés”4, tomando en cuenta que conforme al artículo 5,3 del Convenio de Berna, “la protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional”.
En cuanto a la República de Cuba, algunas de las excepciones al derecho patrimonial, entre ellas las relativas al derecho de reproducción, exceden claramente los límites permitidos conforme a los “usos honrados”.
La protección de las formas de expresión
Conforme al artículo 2,1 del Acuerdo sobre los ADPIC, la protección por el derecho de autor abarca la expresión de las ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, “pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí”.
En lo que para alguna persona desprevenida pudiera parecer un dispositivo innovador, en verdad no lo es, porque aunque el Convenio de Berna no contenga una disposición similar, ha sido unánime la interpretación convencional, así como pacífica la jurisprudencia y la doctrina, en el sentido de que lo protegido por el derecho de autor es la “obra”, como forma de expresión de una idea, y no la idea en sí misma,5 aunque no deje de hacerse notar la conveniencia de una disposición aclaratoria en el ADPIC.
En todo caso, no puede dejar de resaltarse que una norma como la citada ya aparece expresamente, por ejemplo, en la Decisión 351 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (vinculante para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), así como en las leyes nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Conforme al artículo 10,1 del texto ADPIC, “los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971)”.
Ahora bien, dado el carácter meramente enunciativo del listado de obras protegidas de acuerdo al artículo 2,1 del Convenio de Berna (al anteceder dicho catálogo de la expresión “tales como”), hace mucho tiempo que a la luz de la jurisprudencia y la doctrina quedó aclarado que el “software” es una obra del ingenio protegida por el derecho de autor y que, como tal, encuentra su protección en el marco del Convenio de Berna, tomando en cuenta que dicho instrumento internacional protege a “todas” las obras en el dominio literario, artístico o científico; que el listado de obras previsto en el mismo sólo tiene carácter ejemplificativo; y que el programa de ordenador se expresa a través de lenguajes (naturales y artificiales), razón por la cual es una obra literaria o, en todo caso, debe protegerse “en los mismos términos” que tales producciones intelectuales.
Así, la incorporación expresa en ese contexto de los programas de ordenador, conforme al texto ADPIC, no innova, sino que aclara.
Es de hacer notar que mucho antes de la aprobación del texto ADPIC, ya era considerable el número de legislaciones nacionales que reconocían de manera expresa la protección del “software” por el derecho de autor, y que tal tutela figuraba también, en tratados regionales y subregionales de Libre Comercio (como en el TLC para América del Norte y en el Tratado del G3 entre Colombia, México y Venezuela).
En todo caso, entre las leyes nacionales que mencionan expresamente a los programas de ordenador (programas de cómputo, programas computacionales, programas de computación o programas de computadoras, de acuerdo al estilo de cada texto), se encuentran las de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como en la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, de aplicación directa en todos los países miembros de la Comunidad Andina.
Por lo que se refiere a Cuba, una destacada comentarista de ese país ha afirmado que “gracias al carácter abierto de la enumeración de las obras protegidas, contenidas en el Artículo 7 de nuestra legislación autoral vigente, ha sido posible que, sin necesidad de una mención expresa, se considera que los programas de ordenador están protegidos por el derecho de autor”6.
Las compilaciones de datos
El artículo 10,2 del texto ADPIC, glosando al Convenio de Berna en relación con las colecciones de obras literarias o artísticas (art. 2,5), establece que “las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección y disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales”, pero “esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos”.
Los cambios de redacción entre el texto ADPIC citado y el artículo 2,5 del Convenio de Berna están en incorporar expresamente en el primero de ellos, no solamente a las colecciones de obras literarias o artísticas (como lo hace el Convenio de Berna), sino también a las recopilaciones de elementos de información que no son obras en sí mismos (efemérides, valores bursátiles, climas, tasas de interés, nóminas empresariales, catálogos de productos, etc.), con la condición de que la selección o disposición de esos datos refleje una creación intelectual.
Tampoco en este caso el ADPIC innova, sino que aclara, porque dado el carácter ejemplificativo del artículo 2,5 del Convenio de Berna (cuando utiliza la expresión “tales como”) y también que es obra toda producción del ingenio en el dominio literario o artístico “cualquiera que sea el modo o la forma de expresión”, fue pacífica la interpretación doctrinaria y jurisprudencial en el sentido de que dichas compilaciones o bases de datos eran obras protegidas por el derecho de autor, en el contexto del Convenio de Berna, sin necesidad de mención explícita, siempre que, conforme al texto convencional, la selección o disposición de los datos constituyera un acto de creación intelectual.
También en este caso la incorporación expresa de las bases de datos en muchas legislaciones nacionales precedió al texto ADPIC, como también ya ocurría en la Decisión 351 de la Comunidad Andina, en el TLC para América del Norte y en el Tratado del G3.
Pero como quiera que, por una parte, lo protegido es el modo como se seleccionan o disponen los datos; y, por la otra, que en algunos casos la información compilada puede estar constituida, total o parcialmente por creaciones protegidas, el texto ADPIC aclara que la protección no abarca los datos o materiales en sí mismos, y que la tutela reconocida a la compilación se concede sin perjuicio del derecho de autor que pueda subsistir en relación con los elementos objeto de la recopilación.
Entre los textos nacionales de países latinoamericanos donde se hace mención expresa a las bases o compilaciones de datos, a las “compilaciones de toda clase” o a “otras compilaciones”, según el estilo de cada legislador (recopilen obras literarias o artísticas u otros elementos de información), están los de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El derecho de arrendamiento
Con relación al alquiler de los soportes sí se produce una innovación en el ADPIC en comparación con el Convenio de Berna, que no contiene disposiciones expresas en ese sentido, aunque la interpretación jurisprudencial en algunos países haya señalado que el derecho de arrendamiento forma parte del derecho de reproducción, como un “derecho de destino” de los ejemplares cuya reproducción se ha autorizado.
El artículo 11 del ADPIC reza así:
“Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un Miembro de esa obligación con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí”.
Al mismo tiempo, el artículo 14,4 del mismo Acuerdo dispone lo siguiente:
“Las disposiciones del artículo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicarán mutatis mutandis a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los derechos sobre los fonogramas según los determine la legislación de cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneración equitativa de los titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos”.
Ahora bien, en el ámbito latinoamericano, con anterioridad a la entrada en vigencia del texto ADPIC, el derecho de arrendamiento ya figuraba expresamente en las leyes internas de El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana y Venezuela, a veces por la vía de las medidas preventivas sobre el producido por el alquiler de los ejemplares (Colombia); o sólo con relación a los ejemplares contentivos de fonogramas (Bolivia7 y Chile).
También el derecho de alquiler ya se encontraba previsto en la Decisión 351 de la Comunidad Andina, de aplicación directa en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Y aún en países cuyas leyes para la época no reconocían expresamente un derecho de arrendamiento, la jurisprudencia se había encargado de aclarar, por ejemplo, que “el verbo nuclear «distribuir», comprende el arrendamiento de los ejemplares”8.
Con posterioridad al ADPIC, el derecho de arrendamiento también fue incorporado de manera expresa, sea como un derecho subjetivo o como tipificación del alquiler no autorizado como delito, en las leyes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
A lo anterior se agrega el carácter meramente ejemplificativo que tienen las modalidades de explotación pertenecientes al autor, como lo reconocen muchas leyes nacionales, entre ellas las que reconocen un derecho general del autor de autorizar la utilización de su obra por terceros (Chile).
En todo caso, vale la pena hacer notar que en ninguno de los sistemas nacionales mencionados, el derecho de arrendamiento se limita a los “mínimos” previstos en el ADPIC, es decir, en relación exclusiva a los programas de ordenador y a las obras cinematográficas (así como, en lo que se refiere a los “derechos conexos”, a los ejemplares de los fonogramas), sino que se extiende a todos los géneros creativos, de la misma manera que en ninguna de ellas se utiliza la ambigua expresión de “arrendamiento comercial” al público de los ejemplares, sino sólo “alquiler” o “arrendamiento”, a secas9.
De la relación anterior sólo parece estar en mora con la incorporación del derecho de alquiler, la ley cubana.
La duración de la protección
Partiendo de la obligación impuesta por ADPIC a los Estados miembros de la OMC (art. 9,1), en cuanto a aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (salvo el artículo 6 bis), incluso por parte de aquellos países que no sean miembros de dicho Convenio, queda allí incluida la de reconocer como plazo mínimo de protección el de cincuenta años “post mortem auctoris” (art. 7,1), salvo en los casos en que, conforme al Convenio de Berna, el período de tutela puede calcularse, no a partir del primero de enero del año siguiente a la muerte del autor, sino de aquel en que la obra se realizó (como en las obras fotográficas y las de arte aplicado, art. 7,4), o de aquel en que la obra se hizo accesible al público o fue realizada, según corresponda, como en las obras cinematográficas (art. 7,2) y en las obras anónimas y seudónimas (art. 7,3).
Como puede verse, el Convenio de Berna, en los casos en que el cálculo no se realice sobre la base del fallecimiento del creador, toma como punto de referencia a la divulgación (hacer la obra accesible al público), si se trata de obras cinematográficas o anónimas y seudónimas, o a la realización de la obra, si no fue divulgada.
Ahora bien, el artículo 12 de ADPIC dispone que “cuando la duración de la protección de una obra, que no sea fotográfica o de arte aplicada, se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, 50 años a partir del final del año de su realización” (hemos destacado).
Dicho de otra manera: mientras el Convenio de Berna toma en cuenta en esos casos la divulgación o la realización de la obra, según corresponda, el texto ADPIC se basa en la publicación y en la realización.
La diferencia estriba en que una obra se estima divulgada cuando se ha hecho accesible al público, mientras que, conforme al mismo Convenio de Berna, la obra se entiende publicada, cuando ha sido editada con el consentimiento del autor, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, de acuerdo con la índole de la obra, de modo que no constituye publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica (art. 3,3).
Quiere decir entonces que una obra puede estar divulgada y, sin embargo, no publicada.
Si se aplican las disposiciones pertinentes del Convenio de Berna, el plazo se calcula a partir de la divulgación, pero conforme al texto ADPIC el período comienza a correr desde la publicación, lo que puede ocurrir, incluso, mucho tiempo después de la divulgación, por ejemplo, en las obras cinematográficas, cuya puesta a disposición del público de los ejemplares (a través de videocasetes o de discos digitales) se produce meses o años después de su proyección en las salas de cine.
La consecuencia práctica estará en que, en ciertos casos, el plazo mínimo se alargará, al aplicar el Acuerdo ADPIC, porque el lapso de cincuenta años comenzará a correr desde una fecha posterior.
Sin embargo, no se trata de una incompatibilidad entre ambos instrumentos (aunque la aplicación pueda generar a veces confusiones), ya que el período de protección previsto en el Convenio de Berna tiene, simplemente, un carácter mínimo.
La falta de antecedentes escritos sobre el proceso de negociación del ADPIC, impide saber si la sustitución de la divulgación por la publicación fue deliberada o producto de una ligereza de los redactores.
En todo caso, cualquier situación dudosa es fácil de resolver en aquellos países cuyas legislaciones han aumentado el plazo de protección, por ejemplo, a 60 años (Venezuela), 70 años (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú), 75 años (Guatemala, Honduras), 80 años (Colombia) ó 100 años México, porque en cualquiera de esos países siempre se superará el plazo mínimo de protección previsto en cualquiera de los dos instrumentos.
Por el contrario, se pueden presentar algunas dudas interpretativas en los países donde
la duración se sigue calculando sobre la base de la duración mínima de cincuenta años (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay), en los casos en que dicho plazo de protección “se calcule sobre una base distinta de la vida de una
persona física”.
Las limitaciones al derecho patrimonial y los “usos honrados”
Inspirándose en un principio ya reconocido por el Convenio de Berna para el derecho de reproducción (art. 9,2), el ADPIC dispone que los Estados circunscribirán las limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos, a determinados casos especiales que no impidan la explotación normal de la obra ni perjudiquen de modo injustificado los legítimos intereses del titular de los derechos (art. 13), conjunción de elementos que configuran los “usos honrados”.
Se trata de una norma que no solamente está dirigida a las limitaciones o excepciones de los derechos exclusivos previstos expresamente en ADPIC, sino de todos los derechos exclusivos reconocidos por la ley cuya protección se invoca, sea en virtud de la aplicación de los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna, o bien en razón de otros derechos exclusivos agregados en la legislación nacional.
Pero como en toda disposición diferida a las leyes nacionales (salvo en el supuesto donde el propio Convenio de Berna, de manera expresa, reconoce directamente una limitación, que es el caso del derecho de cita, art. 10,1), incluso mediante las condiciones bajo las cuales las leyes pueden establecer límites al derecho (como en los artículos 10,2 y 10 bis), quedará el tema de la apreciación, por parte de cada legislador, en cuanto a las limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos, siempre que se ajusten a los “usos honrados” a que se refiere el artículo 13 del Acuerdo, en concordancia con el artículo 9,2 del Convenio de Berna.
Como regla general, las limitaciones o excepciones al derecho exclusivo de explotación, en las leyes de los países latinoamericanos (como también en la Decisión 351 de la Comunidad Andina), son muy similares y, en varias situaciones, se sigue de cerca las previstas en el proyecto de disposiciones tipo para las leyes nacionales en materia de derecho de autor elaborado por la Oficina Internacional de la OMPI10, así como otras contempladas, por ejemplo, en la legislación española.
De manera general, puede señalarse que las limitaciones previstas al derecho patrimonial en las leyes de los países latinoamericanos, aunque no todas se hallen en cada una de ellas, están dirigidas a la satisfacción de intereses compatibles con los “usos honrados”, por ejemplo:
Por motivos de interés público, como la libre reproducción de obras como prueba en procesos judiciales o administrativos.
Por razones que el legislador puede considerar también de “interés general”, como las ejecuciones realizadas en el curso de ceremonias oficiales o religiosas, siempre que los participantes no obtengan ningún provecho; o la reproducción limitada para la preservación o sustitución de ejemplares en bibliotecas públicas.
Para satisfacer las necesidades colectivas a la información, como la libre difusión de los públicos pronunciados en el seno de organismos públicos deliberantes o en debates judiciales; de las alocuciones o conferencias dictadas en público; de artículos de actualidad de carácter económico, político o religioso; o la libre reseña de obras vistas u oídas durante un evento de actualidad, en la medida necesaria para la información del suceso noticioso, por ejemplo.
Para cubrir ciertas necesidades de la enseñanza, como el uso libre de ilustraciones con fines didácticos o las comunicaciones públicas en el seno de instituciones educativas, siempre que no haya un fin lucrativo.
Por razones humanitarias, tal el caso de las comunicaciones realizadas para el disfrute de personas discapacitadas, siempre que no haya propósitos de lucro, como también las reproducciones para el uso privado de invidentes, siempre que la reproducción se efectúe mediante el Sistema Braille u otro procedimiento específico y las copias no sean objeto de utilización lucrativa.
En el interés privado de los usuarios de las obras, pero también para la difusión del conocimiento, la discusión de las ideas y la libertad de crítica, como en el derecho de cita.
Igualmente para satisfacer las necesidades particulares de las personas, la libre comunicación de las obras en el seno del “ámbito doméstico” siempre que no haya un fin lucrativo.
Otras utilizaciones que, en concepto del legislador, puedan resultar “benignas” y, en consecuencia, ajustadas a los “usos honrados”, como las grabaciones efímeras; la reproducción de obras artísticas situadas permanentemente en lugares públicos; las ejecuciones públicas de grabaciones o de transmisiones en comercio de electrodomésticos, para fines de demostración de la clientela; la utilización de la fotografía de una persona, siempre que tal uso se relacione con fines científicos, didácticos o culturales en general, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público; o la remisión simultánea, por cable, de una radioemisión que el emisor original haya tenido derecho a transmitir, entre otros ejemplos.
Sin embargo, algunas de las limitaciones al derecho exclusivo contempladas en la ley cubana, pueden atentar contra la explotación normal de la obra o causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor, como la posibilidad de otorgar licencias gratuitas para la utilización de una obra por diversos medios, o la posibilidad de representar o ejecutar una obra, sin autorización del autor ni pago de remuneración, “siempre que la representación o ejecución no persiga fines lucrativos”.
VI. LOS TEMAS SUSTANTIVOS DE LOS DERECHOS CONEXOS EN EL ADPIC Y SU ADAPTACIÓN POR LAS LEYES NACIONALES
Relaciones con la Convención de Roma
A diferencia de las disposiciones sustantivas sobre derecho de autor, donde el ADPIC da por reproducidos los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (salvo el art. 6 bis) y solamente agrega aquellos aspectos considerados como “innovadores”, la cuestión se plantea de manera distinta en relación con los derechos conexos, donde el Acuerdo no hace suya la Convención de Roma, sino que establece directamente como “principios mínimos”, los derechos que corresponden a artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, muy al estilo de la Convención de Roma, pero con algunas variantes.
Por supuesto, conforme al artículo 2,2 del mismo Acuerdo, ninguna de sus disposiciones puede ir en detrimento de las obligaciones asumidas por los países miembros en virtud de la Convención de Roma.
El artículo 14,1 del texto ADPIC reconoce en lo esencial los derechos establecidos en el artículo 7,1 de la Convención de Roma para los artistas intérpretes o ejecutantes, incluso al no establecer el derecho exclusivo de “autorizar o prohibir”, sino de “impedir” los actos indicados en la norma.
No existe disposición en ADPIC que consagre el derecho de los intérpretes o ejecutantes a recibir una remuneración equitativa por la utilización secundaria de los fonogramas que contengan su interpretación o ejecución, como sí lo han hecho la mayoría de las legislaciones nacionales de los países de América Latina que reconocen los derechos conexos de los artistas.
El reconocimiento de derechos conexos a los intérpretes o ejecutantes, incluso con un mayor nivel de protección que el previsto en el ADPIC y en la Convención de Roma (y superando en varios casos al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, como se verá más adelante), aparece en todas las leyes de los países latinoamericanos (y en la Decisión 351 de la Comunidad Andina), con la excepción de Cuba, que en este aspecto se encuentra en mora con el ADPIC, aunque no con la Convención de Roma, de la cual no forma parte, según el estado de ratificaciones publicado por la OMPI11.
El artículo 14,2 de ADPIC reproduce el artículo 10 de la Convención de Roma, en cuanto al derecho de los productores de fonogramas de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.12
Por otra parte, el artículo 14,4 se remite, “mutatis mutandis”, al artículo 11 del mismo Acuerdo, a los efectos de reconocer a los productores de fonogramas “y a todos los demás titulares de los derechos sobre los fonogramas según lo determine la ley nacional”, un derecho de arrendamiento sobre las grabaciones sonoras.
Sin embargo, la remisión que hace el artículo 14,4 al artículo 11, se refiere a las disposiciones de este último “relativas a las obras cinematográficas” (y no a los programas de ordenador), y precisamente respecto de aquellas obras dicho artículo 11 permite hacer excepción al derecho de alquiler, “a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes”.
Ambos derechos (reproducción y alquiler), figuran en las legislaciones de todos los países latinoamericanos, con la excepción de Cuba.
Duración de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas
El plazo mínimo de duración de los derechos de intérpretes y productores, según la Convención de Roma (20 años), es elevado en el ADPIC (siempre como mínimo), a cincuenta años, contados a partir del final del año civil en que se realizó la fijación o tuvo lugar la interpretación o ejecución o la radiodifusión (art. 14,5).
La tendencia en América Latina (con la excepción de Cuba, cuya ley no contempla los “derechos conexos”), desde mucho antes de la aprobación del Tratado de la OMC (y con ello su Anexo ADPIC), ha sido la de aumentar los plazos de protección a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores fonográficos, por ejemplo, a 50 años como “plazo mínimo” en los países de la Comunidad Andina, por mandato de la mencionada Decisión 351 (el cual puede ser aumentado en las respectivas leyes internas de los países miembros), coincidiendo con el previsto por el mismo tiempo en las leyes de Bolivia, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, pero que aumenta en otros países a 60 años (Venezuela), 70 años (Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú), 75 años (Guatemala, Honduras, México) o a 80 años (Colombia), excepto en este último texto que el titular sea una persona jurídica, en cuyo caso la duración es de 50 años.
No hay dudas entonces en cuanto a la adaptación (y en muchos casos, superación), de los niveles de protección en el tiempo para los derechos conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, en comparación al ADPIC, con la excepción ya señalada de Cuba.
Derechos de los organismos de radiodifusión
Los derechos de los organismos de radiodifusión en el ADPIC (art. 14,3) se inspiran en los contenidos en el artículo 13 de la Convención de Roma, pero se sustituye el derecho de “autorizar o prohibir” (Roma) por el de “prohibir”, sin que queden claros, al menos para nosotros, los motivos de la sustitución, en lo que parece más una ligereza que una razón de fondo, pues las consecuencias son las mismas.
Otro cambio está en que el derecho sobre la retransmisión de las emisiones (Convención de Roma), se cambia por el de la “radiodifusión por medios inalámbricos de las emisiones”, de manera que queda excluido como “derecho mínimo” el de la retransmisión a través de conductores físicos (televisión por cable), el cual, por el contrario, sí figura en muchas leyes de los países latinoamericanos, incluida la Decisión 351 de la Comunidad Andina, bajo expresiones como “la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento” u otras equivalentes (Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay) o, al estilo de otros ordenamientos, reconociendo a dichos organismos un derecho de retransmisión de sus emisiones de radiodifusión, sin discriminar si la retransmisión se efectúa en forma alámbrica o inalámbrica (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela).
En cualquier caso, el artículo 14,3 de ADPIC permite que los Estados puedan no reconocer esos derechos, siempre que los titulares del derecho de autor sobre la “materia” (sic) objeto de las emisiones, tengan la posibilidad de impedir los actos previstos en esa disposición, “a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971)”.
La última frase citada está referida a los casos en que, conforme al Convenio de Berna, el derecho exclusivo del autor a autorizar o prohibir la radiodifusión de sus obras, puede ser sustituido por un régimen de licencia no voluntaria, sujeta al pago de una remuneración equitativa (art. 10, bis 2).
Es de hacer notar que los derechos de los organismos de radiodifusión figuran en las leyes de la mayoría de los países latinoamericanos, con un plazo de protección de 50 años (Bolivia, Chile, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay), 70 años (Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú), 75 años (Guatemala, Honduras) y 80 años (Colombia, excepto que el titular sea una persona jurídica, en cuyo caso la duración es de 50 años).
No hemos ubicado en las legislaciones de Argentina y Cuba dispositivos que reconozcan los derechos de los organismos de radiodifusión.
Finalmente, es de hacer notar que algunas leyes incluyen dentro de los organismos de radiodifusión a aquellos cuya emisión de origen se transmite a través del cable, la fibra óptica u otro conductor físico (México), o le otorgan a los emisores originarios por tales medios alámbricos una protección análoga a la reconocida a los organismos de radiodifusión (Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana), lo que supera los “derecho mínimos” establecidos en la Convención de Roma y en el Acuerdo sobre los ADPIC.
Limitaciones a los derechos conexos
En relación con los derechos reconocidos a los intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, el artículo 14,6 del ADPIC permite a los países miembros establecer limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma.
La razón por la que el mencionado artículo del ADPIC no incluye en su remisión a la Convención de Roma el inciso que se refiere al derecho de alquiler en cabeza del productor fonográfico, se debe a que tal derecho no está contemplado en la citada Convención.
Ahora bien, aunque el artículo 15,1 de la Convención de Roma contempla expresamente determinadas excepciones que pueden ser establecidas por las leyes nacionales en relación con los derechos reconocidos en el mismo instrumento, el artículo 15,2 “eiusdem” dispone que sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo, todo Estado Contratante puede establecer respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza que las previstas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor.
Esta última ha sido la tendencia más generalizada en las legislaciones de los países de América Latina de reciente promulgación, en algunas disponiendo expresamente que “todas las excepciones y límites establecidos en esta ley para el derecho de autor, serán también aplicables a los derechos conexos” (u otra frase equivalente) y en otras mediante una disposición más general por la cual “las normas relativas a los derechos de autor se aplican, en lo que corresponda, a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores fonográficos y de las empresas de radiodifusión” o alguna expresión similar.
No hay comentarios relacionados con la ley cubana ni la argentina, en las cuales no hemos ubicado la protección para los organismos de radiodifusión.
VII. LOS TEMAS ADJETIVOS SOBRE DERECHO DE AUTOR Y
DERECHOS CONEXOS EN EL ADPIC Y SU ADAPTACIÓN
EN LAS LEYES NACIONALES
Disposiciones generales sobre la observancia
Excede los propósitos de este breve resumen analizar con detalle la extensa Parte III de los ADPIC, relativa a los mecanismos de defensa de los derechos protegidos.
De manera general puede señalarse que el articulado correspondiente se dirige a comprometer a los Estados a contemplar y aplicar un conjunto de acciones, medidas y procedimientos eficaces, frente a las infracciones, tanto en el marco del derecho de autor y los derechos conexos, como en el ámbito de los derechos invencionales, marcarios y otros que integran la propiedad intelectual.
A pesar de la intención, la Parte III del ADPIC, correspondiente a la observancia, está llena de un conjunto de disposiciones redundantes e innecesarias, especialmente en aspectos que, sin duda alguna, están ya previstos en la legislación adjetiva de cualquier país.
Estos aspectos “elementales”, se pueden resumir así:
La celeridad procesal.
La eficacia de las resoluciones, con fines preventivos y disuasorios.
La justicia y la equidad como principios fundamentales del proceso.
La participación en el proceso de las partes involucradas.
La fundamentación de las decisiones, conforme a lo alegado y probado en autos.
La posibilidad de revisión de las decisiones administrativas en sede judicial.
La apelabilidad de las sentencias, ante una segunda instancia, al menos de las decisiones iniciales sobre el fondo del caso, pero no necesariamente de las absolutorias dictadas en casos penales.
Por ello, dejamos por sentado que todos esos principios se encuentran recogidos en las leyes nacionales de los países latinoamericanos, simplemente a partir de las disposiciones generales contenidas en las leyes procesales comunes.
Por el contrario, otras disposiciones operativas sí tienen sentido, dado que la diversidad de los niveles de protección procesal en los distintos países impone la necesidad de que ciertas medidas y procedimientos formen parte de las obligaciones del Acuerdo.
Así, vale la pena destacar las previsiones en torno a las acciones inhibitorias, de remoción o destrucción y resarcitoria, las medidas provisionales o cautelares, las prescripciones especiales en relación con la circulación de mercancías en fronteras y el compromiso de contemplar sanciones penales para ciertas infracciones.
Nótese, sin embargo, que muchas de esas previsiones de carácter adjetivo pueden estar ubicadas, como normas de carácter general y no solamente para la protección de los derechos intelectuales, en los códigos procesales civiles de cada país, cuyo estudio excede los límites de este trabajo, de modo que centraremos nuestra atención en las leyes sobre derecho de autor (o, en relación con Costa Rica, su ley especial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual), sin que la ausencia de normas específicas en esos textos normativos sobre alguno de los aspectos procedimentales previstos en el ADPIC, signifique necesariamente una falta de adaptación del derecho nacional a dicho instrumento.
La acción inhibitoria
El Acuerdo de los ADPIC dispone que “las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción .....” (art. 44,1), lo que equivale en el derecho procesal común a una acción de inhibición o prohibición de la conducta ilícita.
Los supuestos de esta acción inhibitoria o prohibitoria son que se tenga el temor fundado de la infracción o de que se repita o continúe una violación ya realizada, y la sentencia correspondiente tiene efectos preventivos, cuando se trata del temor fundado de una futura transgresión, o represivos, si la infracción ha comenzado o se teme su repetición.
De más está decir que la acción prohibitoria, dirigida a obtener un pronunciamiento definitivo, no impide solicitar –y acordar–, como medida cautelar, el cese o la suspensión inmediata de la actividad infractora, bien porque dicha medida figure expresamente entre las que pueden ordenarse, según la legislación especial sobre derecho de autor, o en virtud de la atribución genérica conferida al Juez, conforme a la ley procesal común, de dictar medidas cautelares innominadas.
Por eso se afirma en doctrina que en algunas legislaciones, esta acción (conocida también como de “cese de la actividad ilícita”), se encuentra implícita en otras disposiciones adjetivas, entre ellas, las relativas a las medidas cautelares 13 o bien como necesaria consecuencia de la violación de un derecho de autorizar o prohibir determinada utilización.
La acción inhibitoria o de “cese de la actividad ilícita” aparece expresamente en algunas legislaciones sobre derecho de autor, a veces como una acción principal y en otras ocasiones como medida cautelar.
Bajo una cualquiera de esas dos opciones, la orden de desistimiento de una actividad infractora aparece de modo expreso (en forma amplia o limitada a determinados casos, cuando se prevé como medida precautoria), en las leyes de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, como también figura en la Decisión 351 de la Comunidad Andina.
En Cuba, destaca Moreno Cruz la “inexistencia de medidas eficaces contra cualquier acción infractora”, pero que como “paliativo” está la Resolución Nº 77/93 del Ministerio de Cultura que “faculta al Director de CENDA a intervenir en los litigios por violaciones de derechos de autor y adoptar medidas cautelares, en los casos de reclamaciones interpuestas por los titulares de los derechos ante una violación de las normas que los protegen, sin perjuicio de la vía judicial civil a la cual pudieran recurrir para la indemnización y responsabilidad civil”14.
Podría afirmarse entonces que, con los matices relativos al caso cubano, las legislaciones latinoamericanas, sea por previsiones contempladas expresamente en la ley sobre derecho de autor, o bien mediante la aplicación de las normas procesales del derecho común, están adaptadas a las disposiciones del ADPIC por lo que se refiere a la acción de cese de la actividad ilícita.
La acción de remoción y destrucción
El artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, dispone lo siguiente:
“Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas …”
También en este caso, la acción de remoción y destrucción de los ejemplares ilícitos puede ser una consecuencia de la acción de “cese de la actividad ilícita”, una derivada del sistema cautelar (previsto en la ley especial o en el derecho adjetivo común) o hallarse prevista como acción autónoma en la propia legislación sobre derecho de autor, a veces en sede judicial penal y en otros textos tanto en los procedimientos civiles como penales.
Por lo que se refiere a la legislación especial sobre derecho de autor y derechos conexos, la acción impedir la circulación de los ejemplares ilícitos (sea como medida cautelar, como acción principal o bien como una combinación de ambas figuras), está contemplada, por ejemplo, en las leyes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como en la Decisión 351 de la Comunidad Andina.
Pero nótese que el ADPIC, en el citado dispositivo, dispone que las autoridades “estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones ....”, lo que quiere decir que el secuestro y la destrucción no sólo alcanza a los ejemplares ilegítimos, sino también a los aparatos, dispositivos o soportes utilizados “predominantemente” para la comisión del ilícito.
Con variantes entre unas y otras, el secuestro y la destrucción de tales equipos o materiales figura en las leyes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como en la Decisión Andina 351 de la Comunidad Andina.
En algunos sistemas, las medidas de retiro de la circulación de los bienes infractores, de comiso y/o de destrucción (según la terminología empleada por cada legislador), pueden ser decretadas también por las autoridades administrativas competentes en materia de derechos de propiedad intelectual (Ecuador, México, Perú), sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a las autoridades judiciales, previstas en la misma ley especial o conforme a las normas procesales del derecho común.
Es de hacer notar que si bien es cierto que en algunas de las leyes citadas sólo aparece la figura del “secuestro preventivo” de los ejemplares ilícitamente reproducidos, pero no su destrucción, parece lógico que, establecida la infracción, tales materiales tengan ese destino, a menos que el perjudicado solicite que le sean adjudicados, esto último que como opción se establece en algunos ordenamientos nacionales.
La destrucción de las maquinarias o equipos utilizados para la reproducción ilegítima puede tener, en algunas legislaciones, ciertas limitaciones, por ejemplo, que se hayan utilizado “predominantemente”
Por el cual se reglamenta la ley n° 1328/98 de derecho de autor y derechos conexos
Por medio de la cual se reforma la gestión del derecho de autor y...
Curso La protección internacional de los derechos humanos en América Latina: una mirada crítica