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Timestamp: 2020-06-01 22:54:53
Document Index: 337885820

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'in fine', 'IN FINE', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 86', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 69', 'artículo 72', 'artículo 27', 'artículo 17', 'in fine']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 233, de 22/03/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 233
Sesión plenaria núm. 221
celebrada el martes, 22 de marzo de 2011
******************************************************************************** En la edición en papel del «Diario de Sesiones» número 233, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el día 22 de marzo, en la página 14, primera columna, última línea, donde dice: «Y del mismo modo que hay que respetar lo económico ?», debía decir: «Y del mismo modo que hay que respetar lo autonómico ?» En la misma página, segunda columna, línea 51, donde dice: «En lo que al Grupo Popular respecta, no creemos que el Congreso ?», debía decir: «En lo que al Grupo Popular respecta, no queremos que el Congreso ?». La corrección de errores se insertó en la edición en papel del "Diario de Sesiones" núm. 235 y ha quedado corregida en la presente edición electrónica ********************************************************************************
Exclusión en el orden del día ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre el desarrollo del sistema aeroportuario en el marco ultraperiférico de Canarias. (Número de expediente 172/000243.) ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para hacer frente al incremento del desempleo de larga duración en España. (Número de expediente 172/000248.) ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cooperación con los países del Magreb y el mundo árabe. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 539, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 162/000815.) ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en solidaridad con el pueblo libio y de medidas contra el régimen de Muamar el Gadafi. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 539, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 162/000809.) ... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 292-1, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 122/000264.) ... (Página 5)
- De los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre el uso de lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna comunidad autónoma. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 293-1, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 410/000012.) ... (Página 10)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno para que el pago de las prestaciones por desempleo se efectúe el primer día de cada mes. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 539, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 162/000808.) ... (Página 16)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar que la venta de importantes activos públicos perjudique a la economía española. (Número de expediente 173/000201.) ... (Página 20)
- Acuerdo entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre transporte aéreo, hecho en La Paz el 8 de noviembre de 2010. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 400, de 25 de febrero de 2011.
(Número de expediente 110/000250.) ... (Página 25)
- Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y la República de Gambia, hecho en Madrid el 30 de diciembre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 401, de 25 de febrero de 2011. (Número de expediente 110/000251.) ... (Página 25)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 26)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación.) ... (Página 26)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 27)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 27)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios Internacionales. (Votación.) .... (Página 28)
Exclusión del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente somete a la consideración de la Cámara la exclusión del punto 28, relativo a la interpelación urgente del Grupo Mixto, sobre el desarrollo del sistema aeroportuario en el marco ultraperiférico de Canarias y el punto 31, correspondiente a la interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para hacer frente al incremento del desempleo de larga duración en España, lo que se aprueba por asentimiento.
Igualmente informa de la retirada por parte de los grupos proponentes de las proposiciones no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre cooperación con los países del Magreb y el mundo árabe, y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en solidaridad con el pueblo libio y de medidas contra el régimen de Muamar el Gadafi, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ... (Página 5)
Defiende la toma en consideración el señor Lassalle Ruiz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página 10)
De los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre el uso de lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna comunidad autónoma ... (Página 10)
Defienden conjuntamente la toma en consideración la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 16)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno para que el pago de las prestaciones por desempleo se efectúe el primer día de cada mes ... (Página 16)
Defiende la proposición no de ley el señor Ponce Anguita, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Torres Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Ponce Anguita.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 20)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar que la venta de importantes activos públicos perjudique a la economía española ... (Página 20)
En defensa de la moción interviene el señor Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 25)
Acuerdo entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre transporte aéreo, hecho en La Paz el 8 de noviembre de 2010 ...
Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y la República de Gambia, hecho en Madrid el 30 de diciembre de 2010 ... (Página 25)
Intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pedret y Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se rechaza por 146 votos a favor, 171 en contra y 16 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, de los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre el uso de lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna comunidad autónoma, se rechaza por 24 votos a favor, 308 en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno para que el pago de las prestaciones por desempleo se efectúe el primer día de cada mes, con la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 333 votos a favor.
Sometidos a votación separada los distintos puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar que la venta de importantes activos públicos perjudique a la economía española, se aprueban la letra A y la letra B apartado 1 y se rechazan la letra B, apartados 2, 3 y 4.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 28)
Sometido a votación el Acuerdo entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre transporte aéreo, hecho en La Paz el 8 de noviembre de 2010, se aprueba por 331 votos a favor y dos en contra.
Sometido a votación el Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y la República de Gambia, hecho en Madrid el 30 de diciembre de 2010, se aprueba por 333 votos a favor.
Se suspende la sesión a las seis y cuarenta minutos de la tarde.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO), SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA AEROPORTUARIO EN EL MARCO ULTRAPERIFÉRICO DE CANARIAS. (Número de expediente 172/000243.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A IMPULSAR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE AL INCREMENTO DEL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/000248.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES DEL MAGREB Y EL MUNDO ÁRABE. (Número de expediente 162/000815.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO LIBIO Y DE MEDIDAS CONTRA EL RÉGIMEN DE MUAMAR EL GADAFI. (Número de expediente 162/000809.)
El Pleno debe pronunciarse acerca de alguna modificación en el orden del día. La primera de ellas afecta a las interpelaciones del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Popular, concretamente a la supresión del orden del día de los puntos 28 y 31. ¿Así se acuerda? (Asentimiento.) El Pleno da su conformidad.
Igualmente, anuncio a la Cámara que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado que no se incluya en el orden del día la proposición no de ley de cooperación con los países del Magreb y del mundo árabe y, en consecuencia, también decae del orden del día la proposición que se iba a tramitar de modo conjunto con esta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en relación con el pueblo libio. ¿Así se acuerda? (Asentimiento. Queda aprobado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (Número de expediente 122/000264.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Para la defensa de la misma tiene la palabra don José María Lassalle.
El señor LASSALLE RUÍZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la Ley de Mecenazgo vigente data del año 2002. Desde entonces no ha sido objeto de ninguna revisión ni modificación, y eso explica que al día de hoy nos encontremos con una legislación sobre mecenazgo que está claramente desactualizada, tanto en los incentivos fiscales como en la terminología, incluso en los instrumentos a través de los cuales tratamos de desarrollar la institución del mecenazgo. A pesar de todo esto, España disfruta de un tercer sector que apuesta claramente por el mecenazgo, hasta el punto de que nuestro país disfruta de un volumen muy similar al de otros países europeos. Sin embargo, el tratamiento fiscal que disfrutan los particulares -las empresas, las instituciones- difiere notablemente en muchos aspectos de la legislación europea. Desde el año 2008 existe en la sociedad española un debate creciente en torno a la urgencia de impulsar el mecenazgo, debate que ha sido potenciado por la crisis económica y por el impacto que ha supuesto esta en relación con el protagonismo que el Estado y las instituciones públicas tienen y ejercen en relación con el fenómeno cultural.
La proposición de ley que hoy presentamos supone, a nuestro modesto entender, un cambio de orientación estratégica en lo relativo a la política cultural. Hasta el momento, la política cultural de nuestro país ha girado alrededor de la subvención pública y a un intervencionismo público que ha protagonizado el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Hoy tenemos la oportunidad de introducir un cambio estratégico en el eje de gravedad de toda la política cultural. En primer lugar, atribuyendo a la sociedad civil el protagonismo, no solo en el hecho decisorio que sustenta la política cultural, sino al propio desarrollo de esta. Y, en segundo lugar, colocando a la libertad creativa y al estímulo de los emprendedores creativos como los soportes conceptuales de un nuevo diseño, insisto, de política cultural.
Los ejes de la propuesta que el Partido Popular defiende hoy en esta Cámara giran alrededor de los siguientes elementos. En primer lugar, proponer un aumento de los incentivos fiscales para las personas físicas en el IRPF, incrementando la deducción de la cuota íntegra del 25 al 70 por ciento de la base de deducción
en los donativos, por tanto, donaciones y aportaciones al mecenazgo, con un límite que pasa del 10 al 20 por ciento. En segundo lugar, para las personas jurídicas, que en el impuesto sobre sociedades ven cómo se incrementa la base de la deducción del 35 al 60 por ciento de la base imponible del período impositivo, con un límite que pasa del 10 al 15 por ciento. Además, se trata de dinamizar un segundo elemento vertebrador de la política de mecenazgo que estamos planteando, que es la mejora y el apoyo del arte moderno, de los jóvenes artistas, mediante la creación de un observatorio de mecenazgo que sirva como espacio de encuentro de creadores y mecenas para facilitar fundamentalmente la financiación a nuevos creadores. Y, en tercer lugar, la creación de un premio nacional de mecenazgo, que ha de convertirse en un instrumento de sensibilización y revalorización social del mecenazgo en nuestro país.
Se ha tratado también de aprovechar la oportunidad para introducir y actualizar nuevos conceptos en la propia ley, como es, por ejemplo, el relativo al patrimonio intangible. Al mismo tiempo, entre las autoenmiendas que forman parte de otro de los ejes de trabajo, se ha introducido un incentivo fiscal a las donaciones, donativos y aportaciones a los museos de titularidad estatal que representan hasta el cien por cien del conjunto de la aportación. Estamos, por tanto, como decía hace un momento, ante un cambio en el eje de gravedad de la política cultural.
Hasta el momento, España ha disfrutado de un modelo de política cultural que ha convertido al Estado y a las instituciones públicas en los vertebradores de la política cultural, y el Partido Popular cree que ha llegado el momento de que España afronte una exploración institucional que le permita colocar a la sociedad civil y a los sujetos actores de la propia sociedad civil como protagonistas en el impulso, la generación y el dinamismo del propio fenómeno cultural, algo que no resulta extraño en el derecho comparado, tal y como sucede en Estados Unidos o en Gran Bretaña, y que incluso sucede también en un país vecino como Francia, que ha servido de fuente inspiradora para la legislación que estamos planteando aquí. Francia, además de plantear un modelo de excepcionalidad cultural donde el hecho cultural es claramente un elemento, desde un punto de vista gravitacional, que gira alrededor del peso del Estado, ha sido capaz de introducir una legislación de mecenazgo en la que, insisto, el modelo que hoy estamos proponiendo en esta Cámara se inspira abiertamente. Por tanto, no se trata de desmontar un fenómeno para introducir otro absolutamente novedoso que cuestiona el peso y el protagonismo del sector público en este ámbito, sino de introducir un modelo que, como sucede en Francia, está siendo extraordinariamente exitoso y que resulta motivo de inspiración y de ánimo a la hora de fomentar nuestro propio diseño de política cultural.
Los ejes de nuestra propuesta giran alrededor del aumento de los incentivos fiscales y la dinamización del conjunto del fenómeno del mecenazgo. ¿Por qué? Fundamentalmente por la búsqueda de que España sea capaz de construir un diseño de economía creativa; un diseño de economía que trate de rentabilizar el valor añadido que la economía vinculada a la cultura en español puede proporcionar al conjunto de la economía nacional. La España que salga de la crisis económica va a tener dos ventajas competitivas con respecto a nuestros vecinos. En primer lugar, hablar una de las dos lenguas de comunicación universal del planeta.
Además, una de estas lenguas -la nuestra- no solamente es una lengua de comunicación universal que hablan 450 millones de personas, sino que es una lengua de comunicación universal como lengua materna. El valor económico que esto supone y la posibilidad de atracción de valores marginales económicos añadidos puede ser objeto de estímulo, fundamentalmente en la atracción de creadores si generamos un entorno institucional atractivo par la inversión creativa en nuestro país. Otra de las ventajas competitivas que tendrá nuestro país con respecto a nuestros vecinos es que tendremos una de las cuatro culturas más pujantes del planeta. Esto también tiene que ser objeto de estímulo y de incentivación en estos momentos. España puede crear algo que Richard Florida desde hace mucho años viene manteniendo en torno a la llamada clase creativa, el modelo de economía creativa, que gira alrededor básicamente del desarrollo de un entorno institucional que estimule y potencie los elementos en torno a los cuales debe generarse una economía del conocimiento, que es la combinación de las tres tes: tecnología, talento y tolerancia.
La generación de un entorno institucionalmente creativo necesita de un soporte de mecenazgo, de un protagonismo de la propia sociedad civil a la hora de conducir el fenómeno cultural; un fenómeno cultural que ha de ser el soporte de la creatividad, de la innovación y de la transferencia de la innovación. Por tanto, el desarrollo de una ley de mecenazgo ambiciosa debe ser uno de los escenarios que debemos las fuerzas políticas de este país explorar con ambición y, por qué no decirlo, con audacia institucional.
Dentro de pocas semanas o de algunos meses algún grupo parlamentario va a venir a esta Cámara planteando posiciones y propuestas probablemente mucho más pacatas y menores en ambición que la que aquí estamos planteando. Ya les adelanto que el Partido Popular les prestará su apoyo, pero también les recordaremos la fotografía en la que ustedes se retratarán hoy, que será probablemente la fotografía de su ambición a la hora de defender el protagonismo de la sociedad civil en la gestión y el impulso del fenómeno cultural. Les insisto que hoy nos estamos retratando. Yo les anuncio que nosotros apoyaremos las iniciativas que desde el Gobierno vengan en torno al estímulo del mecenazgo, pero seguro que esas proposiciones y esos proyectos estarán muy por debajo de lo que nosotros estamos planteando. Me conformo con adelantar cuál será nuestra posición y una línea de reflexión y de debate que espero que en los próximos años profundicemos. Porque tengan la completa seguridad
de que si el Partido Popular llega al Gobierno, como espero que suceda en el año 2012, la apuesta por el mecenazgo será uno de los elementos vertebradotes de su política cultural. Y hoy aquí quien está protagonizando la mayor ambición en la defensa del mecenazgo es este partido, el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lassalle.
Para fijar posición tiene la palabra en primer lugar doña Ana Oramas.
Señoras y señores diputados, hoy viene esta proposición de ley para modificar la Ley de Mecenazgo y el primer planteamiento que quería hacer es que ya en la época del ministro César Antonio Molina todos los portavoces de Cultura tuvimos diferentes encuentros con el ministerio.
Era una de las prioridades del Gobierno en aquel momento y tuvimos reiterados encuentros sobre la importancia que tenía esta modificación de la Ley de Mecenazgo, fundamentalmente por actualizar, por ir a una convergencia europea y occidental de lo que tiene que tener de protagonismo la sociedad civil en determinado tipo de eventos, pero también por el nuevo concepto de lo que es cultura, determinadas instituciones basadas en los presupuestos públicos sin sentido que había que actualizar, por ejemplo, el concepto de patrimonio que veo en la propuesta del Grupo Popular, esos nuevos bienes culturales, por la antigüedad de la ley y sobre todo por el valor que tienen en la promoción, difusión y conservación del patrimonio. En ese sentido, yo lamento muchísimo que el Partido Socialista no vuelva a ese debate que en aquel momento se tuvo con el ministro César Antonio Molina, donde el propio Partido Socialista tenía una iniciativa y una prioridad en el proyecto de mecenazgo.
En segundo lugar, independientemente del contenido, que tendría matices, creo que el preámbulo de la proposición no de ley del PP refleja claramente lo que puede ser una opinión generalizada; lo otro son matices. Por eso creo que es bueno tomar en consideración esta proposición de ley con algunas características que quería plantear.
Además, en época de crisis económica, el argumento de decir que esto puede ser un síntoma de que va a haber nuevas desgravaciones fiscales con el tema del déficit público... Yo creo que todo lo contrario; si realmente vamos a una buena ley de mecenazgo, podremos sustituir fondos públicos por fondos privados, sobre todo en el planteamiento que estamos haciendo de lo que es la promoción y la difusión. Hay muchísimos tipos de empresas que en este momento no encajan con la actual Ley de Mecenazgo que podrían participar en temas de mecenazgo y sustituir a las administraciones públicas.
Hay un último tema que quería plantear en mi propia experiencia de alcaldesa de una ciudad Patrimonio de la Humanidad. En este momento nuestros cascos históricos se caen en este país. Los fondos públicos se dedican a los grandes bienes culturales, pero así y todo no llegamos. Por tanto, o resolvemos mediante la Ley de Mecenazgo o mediante determinadas desgravaciones fiscales -como tiene la Comunidad Autónoma de Canarias para los propietarios privados que intervienen en sus propias casas ubicadas en los centros históricos-, o vamos a perder una de las mayores riquezas que tiene este país, como son los centros históricos. También quiero sugerir, por si alguna vez no estoy aquí y hacen este proyecto de ley diputados que estén hoy presentes, que hay unos absurdos, por ejemplo, todas las subvenciones públicas que se dan para la rehabilitación del patrimonio histórico, desde el arreglo de instalaciones eléctricas a cubiertas, etcétera, que da cualquier institución porque un patrimonio se está cayendo, computan como renta.
Nosotros tuvimos la experiencia de que a gente sin recursos económicos, para los que el Ayuntamiento y la Comunidad autónoma de Canarias tuvieron que disponer fondos para rehabilitar determinadas viviendas que corrían riesgo de prender el centro histórico, les computó como renta, y llevamos a personas con actas de hacienda al 50 por ciento de la subvención que se daba para la intervención. Era un absurdo tremendo que se daba en este país. Por eso hoy, sin entrar en determinadas matizaciones, ya que creo que en determinados aspectos fiscales uno puede estar de acuerdo o no, sí me parece bien esta proposición de ley y Coalición Canaria la va a tomar en consideración.
Doña Nuria Buenaventura tiene la palabra.
Señorías, nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo con la proposición de ley que presenta el Grupo Popular. Si bien en sus ocho años de vida la Ley 49/2002 no ha sido capaz de impulsar las actividades de mecenazgo, tal y como inicialmente se planteó, lamentablemente este tipo de actividades continúan siendo totalmente residuales en nuestro país, en esto estamos de acuerdo. Una ley, por cierto, impulsada por el Partido Popular en el año 2002.
La propuesta que hoy nos trae el Grupo Popular eleva sustancialmente los porcentajes de deducción en el IRPF, como bien se ha dicho, pasando al 70 por ciento frente al 25 por ciento actual, y también en el impuesto sobre sociedades, pasando al 60 por ciento frente al 35 por ciento actual.
Aunque nuestro grupo, como decía anteriormente, plantea que es necesario modificar la Ley de Mecenazgo en el sentido de dotar a esta actividad de una mayor implantación, no podemos compartir su planteamiento, puesto que las modificaciones que introducen, a nuestro entender, van a servir solamente para que las
grandes empresas como Telefónica o el Banco de Santander puedan obtener mayores desgravaciones en las aportaciones que hacen a sus respectivas fundaciones. En un momento de crisis, como reconoce la proposición de ley planteada, y de caída de la recaudación fiscal, no podemos compartir que justamente se permita beneficiar a pinacotecas privadas con fondos públicos. Y si bien es cierto que en otros países está funcionando, como en Francia o Alemania, también lo es que en estos países la fiscalidad es muy distinta a la española en general.
Su propuesta no persigue beneficiar a las organizaciones del tercer sector o al menos a aquellas que están a pie de calle luchando contra los peores efectos de la crisis en las personas y que contribuyen a que los servicios sociales no se desborden en estos momentos. A nuestro grupo le gustaría que estos amplios beneficios que plantea su propuesta se destinasen, en la medida de lo posible, a actividades de mayor calado social, pero me temo que esto no va a ser así. Sean honestos y reconozcan que su finalidad fundamentalmente es favorecer a las fundaciones de las grandes corporaciones empresariales, como antes decía. Se trata de un traje a medida para ellas, en definitiva para la evasión fiscal.
Aprovecho mi intervención para reclamar medidas claras y concretas para favorecer al tercer sector. El decreto de bancalización de cajas ya ha supuesto un primer revés para este tipo de organizaciones, ya que provoca la disminución de la obra social de las cajas, la paralización de programas esenciales para la cohesión social y, por tanto, la disminución de la contribución al bienestar social del país y a la actividad cultural que usted reclamaba. Urge encontrar vías para mejorar los recursos económicos de las organizaciones sin fines de lucro. No hace falta inventar nada nuevo, con escucharlas es suficiente. Ellas mismas nos plantean soluciones que pasan por el traspaso y territorialización del 0,7 por ciento del IRPF, la reforma del IVA en lo relativo a la exención y a la contratación pública, el incremento de las cláusulas sociales en las contrataciones públicas y la eliminación de un sinfín de trabas burocráticas. Por eso nuestro grupo presentó en su momento una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF destinado a otros fines de interés social para su debate en el Pleno de la Cámara, recogiendo propuestas de la Taula del tercer sector social de Catalunya, y no prosperó.
Como decía al comienzo de mi intervención, nuestro voto será negativo.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Hay aspectos de esta iniciativa que nosotros consideramos interesantes y a los que posteriormente me referiré, pero también es cierto que hay otros que consideramos que han quedado cortos, por lo que serían susceptibles de ser modificados en una posterior tramitación parlamentaria. Pero aquí chocamos con un aspecto importante que ya anunció el presidente de nuestro grupo parlamentario en el reciente debate de política social, en el que nos comprometimos a presentar una iniciativa parlamentaria en relación con la Ley de Mecenazgo, ya que entendíamos que, aunque tiene aspectos positivos, ha quedado desfasada en temas fiscales y cuantitativos que afectan a la sociedad civil en general. Nos hubiera gustado votar a favor, pero hay aspectos que consideramos negativos, a los que me referiré posteriormente, si me da tiempo.
En la foto que ha planteado el señor Lassalle, Convergència i Unió va a quedar perfectamente en una posición central, a la espera de que, si tenemos tiempo de plantear la iniciativa de nuestro grupo parlamentario o en el caso de que hoy la presentada por el Grupo Popular saliera votada favorablemente, en el debate en Comisión plantearíamos una serie de reivindicaciones que entendemos que se han quedado cortas.
Si observamos el número de contribuyentes y de aportaciones que se han hecho desde 2004 hasta 2008, uno llega a la conclusión de que algo pasa, de que algo no funciona. En 2004 fueron 345.000 los contribuyentes que plantearon donaciones y en el año 2008 han sido 146.000 contribuyentes, por tanto, ha habido una rebaja del 57,7 por ciento de contribuyentes que no donan porque creen que la ley esta totalmente desfasada. En cuanto al importe, también ha experimentado un descenso del 67 por ciento, pasando de 134 millones de euros en el año 2004 a 43 millones de euros en el año 2008. Por tanto, es necesaria una nueva Ley de Mecenazgo.
¿Aspectos positivos de la iniciativa presentada por el Partido Popular? La elevación de los tipos de deducción. Ustedes plantean una fiscalidad más acorde con la que hay en el entorno de los países de la Unión Europea.
¿Aspectos en los que se han quedado cortos? Ustedes se centran en el sector cultural y nosotros entendemos que la Ley de Mecenazgo tiene también que abarcar sectores como el de la investigación, la salud, la educación, la asistencia social, la dependencia; el tercer sector, en general, porque entendemos que a través de estos sectores también se puede plantear una implicación muy importante de la sociedad civil española. ¿Aspecto que a nosotros no nos ha gustado en absoluto? Probablemente se debe a un olvido involuntario, pero ustedes en su propuesta incorporan las entidades beneficiadas del mecenazgo a las instituciones culturales de la Administración General del Estado, y para Convergència i Unió
resulta sorprendente que en este sentido la proposición de ley no incluya también las mismas instituciones de comunidades autónomas. Aún más nos ha sorprendido que esta proposición de ley elimine del texto vigente de la Ley de Mecenazgo al Museo Nacional d´Art de Catalunya en relación con su consideración como entidad beneficiaria de mecenazgo, de acuerdo con la disposición adicional de la Ley 49/2002, sin que sepamos la razón de esta omisión tan importante para nuestro grupo parlamentario.
Sobre la base de estas consideraciones, y aun manifestando que contiene aspectos positivos, nos vamos a abstener en este trámite y vamos a esperar a ver si tenemos tiempo para plantear la propuesta de Convergència i Unió, la cual recogerá los aspectos positivos de su iniciativa parlamentaria pero dirigida a un espectro más amplio de la sociedad civil del Estado español.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidenta.
Señorías, la posición del Grupo Parlamentario Socialista es rechazar la toma en consideración de esta proposición de ley. A nuestro entender, hay motivos poderosos y sobrados que fundamentan este rechazo. El primero -y no es una contradicción aunque lo parezca-, porque el propio Gobierno ya está trabajando en una nueva ley específica para el mecenazgo. No es ninguna noticia, es algo que ustedes saben; se ha dicho en sede parlamentaria, se han hecho declaraciones públicas al respecto, el Partido Popular ha hecho preguntas escritas que han sido respondidas y siempre se les ha dicho que se está trabajando en una ley que necesariamente debe ser el resultado de un proceso en el que intervengan tanto la Administración General del Estado como el resto de administraciones públicas, todos los grupos políticos y distintos agentes no solo del sector cultural -la visión de la Ley de Mecenazgo del Gobierno es que debe ampliarse a otros sectores-, así como la participación de fundaciones, asociaciones y empresarios. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Les aseguro, señorías, que mi grupo espera que la aportación que el Partido Popular pueda hacer a este proceso de conformación de la futura Ley de Mecenazgo no sea la proposición de ley que hoy debatimos.
Sinceramente, esperamos que sea algo más. ¿Por qué algo más? Porque en realidad la ley que ustedes nos presentan hoy aquí es poco más que rebajas fiscales. Es verdad, hay la propuesta de un observatorio y de un premio, pero son propuestas no muy novedosas y que no necesitan rango de ley. ¿Qué le falta, a nuestro juicio? Ya les adelanto que no vamos a entrar a fondo en este debate, que tendría que ver más con lo que sería la futura ley y no con el contenido, que es lo que interesa hoy. Puedo poner un par de ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, en el año 2002, cuando se aprobó por el Gobierno del Partido Popular la ley que hoy presentan para modificar, mi grupo ya se lamentaba y decía el senador socialista en ese 2002 que una vez más se olvidaban de las actividades de investigación, desarrollo e innovación o también de la cooperación al desarrollo. Bien, puedo afirmar que ocho años más tarde continúan olvidándose; es una de nuestras críticas. Igualmente echamos en falta por ejemplo una distinción -que señalamos además en 2002- entre las grandes fundaciones; desde luego nos congratulamos de que existan pero pensamos que debería haber distinción entre esas grandes fundaciones y otras entidades de menor tamaño que juegan un papel crucial a la hora de mantener un tupido tejido social y solidario en nuestras comunidades.
Pero vayamos al contenido de la proposición de ley que es también el fundamento de nuestro rechazo. Usted ha señalado las desgravaciones fiscales que proponen y desde luego son grandes y sustanciales, sí: 45 puntos de aumento de desgravación en el IRPF es sustancial; 25 puntos en el impuesto sobre sociedades también, y eso aunque otros países vecinos nuestros, por ejemplo Francia, también lo tengan. Han hecho ustedes una defensa y a mi grupo quizá le pudiera gustar debatir las propuestas sobre la geovisión de las posibilidades de España. Podríamos incluso compartirlas, pero lamento tener que decir que en esta cuestión del mecenazgo, como en cualquier otra, resulta que a la hora de la verdad la única propuesta que nos hacen llegar es la de siempre: bajen ustedes los impuestos. Es su leitmotiv, es, para decirlo, la única propuesta que ustedes tienen para cualquier cosa de las que estamos hablando aquí.
Perdón, me corrijo, no es una propuesta, es media propuesta porque resulta que nunca llegan a completar la explicación de qué gasto recortarían para bajar los impuestos y a la vez eliminar el déficit. Hoy, lamento decirlo, a su paquete impositivo habitual añaden una nueva pieza y pensamos que el cambio estratégico al que hacía alusión el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no es tal, y sinceramente lo lamentamos.
Además -me queda un minuto para explicarlo- esta propuesta fiscal concreta tiene unas consecuencias y connotaciones que mi grupo no puede aceptar. Por ejemplo, no se les escapa que una mayor deducción o desgravación no tiene por qué significar necesariamente una mayor aportación a una entidad, puede que signifique única y exclusivamente menores ingresos para las administraciones públicas y debería decir que hoy, como en el año 2002, se les ha olvidado que las administraciones públicas son todas en España: esto afectaría también a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Otra consecuencia que nos preocupa, quizá aún más que la primera, es que una mayor desgravación puede significar quizá -se lo acepto- mayor donación a unas entidades en concreto, pero siempre según los deseos de
una empresa o, llamémosle, un mecenas; pero a su vez, seguro, menores dotaciones para asignar recursos a otras entidades según los deseos de una mayoría democrática en los Parlamentos. Mi grupo cree necesario por lo menos una mayor reflexión sobre estas consecuencias para encontrar el necesario equilibrio entre ambas. Y existe una última razón que tiene que ver con el momento económico en el que nos encontramos. Señorías, las medidas tomadas por el Gobierno de España están empezando a dar resultado, somos capaces de convencer de la solvencia de nuestro futuro, la Unión Europea está tomando medidas para reforzar la zona euro y la competitividad, España tiene un papel relevante en esta política, y creemos que lo último que el Congreso de los Diputados debe hacer es aceptar discutir hoy, aquí y ahora una ley que amplía sustancialmente las desgravaciones fiscales como si fuéramos indiferentes a las consecuencias que ello tiene en nuestro déficit público, máxime cuando esta disminución de ingresos no va a tener una contrapartida clara en la creación de empleo o en la mejora de nuestra competitividad.
Señorías, por responsabilidad política y por compromiso con la recuperación de España creo sinceramente que deberían haber retirado la discusión de esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Colldeforns.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV), DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, SOBRE EL USO DE LENGUAS QUE TENGAN EL CARÁCTER DE OFICIALES EN ALGUNA COMUNIDAD AUTÓNOMA. (Número de expediente 410/000012.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, de los grupos Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto. Para la defensa de la misma tiene en primer lugar la palabra doña Montserrat Surroca.
Señorías, la iniciativa que hemos presentado conjuntamente con otros grupos parlamentarios constituye un intento más de normalizar el uso del catalán, galego y euskera en esta Cámara. Recientemente en el Senado se aprobó un significativo aunque tímido o mínimo avance en ese objetivo de normalización en el uso de las lenguas distintas al castellano, y en esta misma línea presentamos esta proposición de reforma del Reglamento del Congreso. De hecho, esta iniciativa responde también a la idea de retomar los planteamientos del llamado grupo de Sitges, constituido en la anterior legislatura en defensa de la enmienda al artículo 6.2 del nuevo Reglamento del Congreso, cuyos trabajos estaban muy adelantados, y en ellos se había conseguido un gran consenso entre los distintos grupos parlamentarios. Básicamente había consenso en los puntos esenciales, pero lamentablemente los dos grandes grupos parlamentarios, Socialista y Popular, no fueron capaces de llegar a un acuerdo en materia lingüística.
Normalizar el plurilingüismo del Estado español en las principales instituciones no tendría que suponer ninguna batalla política transcurridos más de treinta años de la aprobación de la Constitución y de haber conseguido la plena consolidación de la democracia en este país.
Las distintas lenguas que conviven con el castellano a lo largo del territorio español tendrían que disfrutar de absoluta normalidad en las instituciones del Estado. Lamentablemente su uso hoy en día está limitado a algunas webs, publicaciones y documentos de los distintos ministerios u organismos oficiales. No podemos afirmar que exista esa normalidad que hoy exigimos nuevamente porque la realidad es otra bien distinta.
En Convergència i Unió no queremos en ningún caso defender esa iniciativa desde la crispación política, pero tampoco desde el conformismo. Nuestro compromiso con el catalán es rotundo y firme y precisamente por ello impulsaremos todas aquellas iniciativas que contribuyan a normalizar su uso. En igual sentido, y como no puede ser de otra manera, merecen también todo nuestro apoyo aquellas propuestas encaminadas a alcanzar este mismo fin en beneficio de las demás lenguas cooficiales del Estado.
Como ustedes saben, la proposición que hoy debatimos tiene una finalidad clara, concreta, que es la modificación del Reglamento del Congreso para que se reconozca la posibilidad de usar el catalán, galego y euskera junto con el castellano en determinados supuestos y, en definitiva, tratar de trasladar al Congreso esa necesaria normalización en el uso de las lenguas cooficiales, tal y como recientemente, como ya hemos dicho, ha aprobado el Senado. Este objetivo no debería provocar extrañeza ni perplejidad en una sociedad con una democracia plenamente consolidada y madura, sino todo lo contrario; se tendría que vivir con normalidad, y más cuando en países de nuestro entorno que tienen la suerte, como nosotros, de disponer en sus respectivos territorios de otras lenguas, hace tiempo que en sus instituciones aceptan con toda naturalidad el uso indistinto de cualquiera de ellas de forma igual. Lamentablemente aquí las cosas van por otros caminos. Es evidente que en España a lo largo de las últimas décadas hemos avanzado hacia la normalización. No podemos negarlo, hacerlo
sería una auténtica falsedad. Hemos pasado de la represión a un reconocimiento constitucional de esa diversidad lingüística, aunque la única lengua oficial del Estado continúe siendo la castellana. Ahora bien, en muchas ocasiones ese reconocimiento queda reducido a un mero acto formal, no real, y un ejemplo claro de esto es precisamente la regulación o, mejor dicho, la no regulación del uso de las lenguas en el Reglamento del Congreso.
En un Estado plenamente plurilingüe tendría que aceptarse con total y absoluta normalidad el uso de las distintas lenguas propias que conviven en un mismo territorio, en este caso en las distintas comunidades autónomas. No tendría que ser algo tan agriamente discutido el hecho de que esas lenguas cooficiales pudieran utilizarse junto con el castellano con absoluta normalidad, porque ello, en el fondo, ejemplificaría lo que desde hace años sucede en Catalunya, que no es otra cosa que la convivencia tranquila y pacífica entre los que hablan catalán y castellano. Por otra parte, en esta cuestión no podemos obviar el momento especialmente adverso que estamos atravesando después de la reciente sentencia del Constitucional que se pronuncia sobre el modelo lingüístico de Cataluña en las escuelas y también por todo el proceso de elaboración del Estatut de Autonomía de Catalunya con el posterior recorte del Tribunal Constitucional. Esas circunstancias hacen que nos encontremos en un momento especialmente difícil, que incluso desanima a muchos ciudadanos, pero ante estas dificultades en ningún momento diluiremos nuestras aspiraciones sino todo lo contrario, las defenderemos con más contundencia si cabe. Es en este contexto de especial dificultad en el que desde Convergència i Unió lamentamos que los dos partidos mayoritarios no se sumen a esta iniciativa, aunque no nos sorprende. Lo que sí encontramos lamentable es que los representantes del Partido Socialista de Catalunya, que apoyaron decididamente esta propuesta en el Senado, idéntica a la presente, no se sumen a ella aquí.
Por último, quisiera expresar muy brevemente un sentimiento que queda recogido perfectamente en palabras del poeta Maragall en su Oda a España.
(Continúa su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: Escolta Espanya la veu d'un fill que et parla amb llengua no castellana. Escolta Espanya.) Escucha España, esto es lo que pedimos hoy en esta Cámara.
Por el Grupo Vasco, también proponente, tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señoras y señores, la señora Surroca lo ha explicado perfectamente, ha dado un largo argumentario que, además, se ha repetido en otras ocasiones en el debate de iniciativas similares. Lo que es claro y evidente es que por una parte la Carta Magna, la Constitución, no impide que puedan utilizarse lenguas oficiales distintas del castellano en las instituciones comunes, en las instituciones centrales del Estado, pero es que de un examen del Reglamento de esta casa, del Congreso de los Diputados, tampoco se ve ninguna mención a la lengua que se pueda utilizar en los debates; sí a cómo tienen que regularse los turnos y cómo tienen que regularse los debates, pero no a la lengua. ¿No sería un ejercicio de normalidad, un ejercicio de aceptación de la realidad, que pudieran manifestarse en su lengua propia cada uno de los presentes? ¿No sería un reconocimiento, más allá de la normalidad, de reconocimiento de pluralidad y de plurinacionalidad, que es como lo sentimos muchos de los representantes que estamos en esta Cámara? Creemos que sí y creemos que no dañaría a nadie este ejercicio, pero también estamos absolutamente convencidos de una cosa, y es que por mucho que nos desgañitemos en la defensa de esta proposición o de otras similares, que desgranemos argumento tras argumento, que consumamos todo el tiempo que tenemos establecido para intentar convencerles, ustedes van a tener los oídos sordos, porque ustedes ya lo han decidido de antemano y han decidido, nada más y nada menos, que negarnos el derecho a hablar en nuestra lengua propia. Así que, probablemente, creo que lo mejor va a ser utilizar por una vez este derecho. (Continúa su intervención en euskera.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban. No he interrumpido a su señoría durante el tiempo que ha estado en la tribuna hablándonos en euskera, básicamente, para demostrarle que somos muchos, y el presidente entre ellos, a los que no nos molesta oír hablar en euskera. Al contrario, cuando le oía hablar pensaba más que en lo que decía, que no lo entendía, en lo que nuestra Constitución proclama: el especial respeto que hemos de tener por las lenguas distintas del castellano, así lo dice nuestro artículo 3. Somos muchos a los que nos agrada oírle hablar y que lo pueda hacer con libertad, sin embargo, yo apelo a su inteligencia y a su sentido común para que no ponga límite a su comprensión porque, siendo muchos los que quizá quieran entender lo que su señoría decía, no lo hemos conseguido y por eso, no por mí, ni por usted, sino por ellos, por los que quieren escuchar al PNV y no le entienden si no habla en la lengua oficial del Estado, es por lo que le pediría que no vuelva a hacerlo, pero tampoco quiero que pueda decirse que aquí, en esta casa, se limita la libertad de nadie.
Por último, somos muchos los que hemos luchado para que el único imperio que en este país y en esta casa tenga vigencia sea el imperio de la ley.
No el imperio de la voluntad, no el imperio de un planteamiento ideológico, el imperio de la ley. Quienes hacemos las leyes hemos de saber que muchos ciudadanos a los que no les
gustan las leyes que hacemos, las cumplen, por ejemplo, la Ley del Tabaco.
Hay gentes a las que no les gustan las leyes y les obligamos a que las cumplan. Lo que yo les diría es que aquí también hay que cumplir la ley.
Si quieren hablar en idioma distinto del castellano tienen que cambiar la ley, y en caso contrario, sonriendo, amablemente, le digo que será la última vez. A libertad no se nos gana en ninguna lengua a quienes queremos escuchar y respetar las lenguas que la Constitución española establece, pero en esta casa se ha de hablar castellano mientras no se modifique la ley. Muchas gracias, señor Esteban. (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Pues que se demuestre, que se demuestre que en esta sociedad avanzada y democrática, en este Estado desarrollado no van a prevalecer las teorías de la supremacía, es decir, las teorías de la supremacía lingüística.
Cinco años, señorías, cinco años para llegar a este escenario de hoy, catalán sí, catalán no, euskara sí, euskara no, gallego sí, gallego no.
Ya hemos llegado al final del trayecto: (Pronuncia palabras en catalán.) o portazo o modernidad. O portazo o un Estado plural en donde todo el mundo pueda sentirse reconocido. Lo hemos intentado. Nuestras lenguas eran invisibles, transparentes. Tuvimos como hoy que apelar al conflicto lingüístico para que el problema emergiera, puesto que para ustedes que fuéramos lingüísticamente invisibles les daba igual. Hoy las cosas han cambiado, hoy ustedes dan un portazo y nos abocan -lo siento por el señor presidente, lo siento por ustedes y por sus generaciones de jóvenes a los cuales debería preocuparles educarlos en la tolerancia y en la convivencia lingüística- al conflicto. No van a conseguirlo. No se pueden poner puertas al campo. De hecho, ustedes han preferido hipotecar la necesidad de cambiar un reglamento para dar mayor modernidad y funcionalidad a este Parlamento, porque sabían perfectamente que modernidad también significa pluralidad lingüística y han preferido darnos un nuevo portazo. Diputados catalanes, diputados gallegos, diputados vascos, procedencias distintas, culturas distintas y también ideologías distintas, y todos convergemos en la necesidad de dotar y educar a nuestros jóvenes, utilizando este gran escaparate del Parlamento español, en la tolerancia, en el estímulo y en el afán cultural. Y saben perfectamente que nuestras lenguas necesitan de este gran escaparate para ganar prestigio e incluso para ser reconocidas en Europa y para que sea, ante el reto de cómo en el mundo globalizado las lenguas minoritarias pueden aspirar a ganar la batalla de su supervivencia, muy importante tener todos los reconocimientos ganados y conquistados en el Parlamento.
(Continúa su intervención en catalán.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-El señor Tarno Blanco pronuncia palabras que no se perciben.)
Gracias. (El señor Tarno Blanco sube hasta la Presidencia: ... ¡Es intolerable!)
El señor PRESIDENTE: Señor Tarno, le llamo al orden. (El señor Tarno Blanco pronuncia palabras que no se perciben al bajar de la Presidencia.) Señor Tarno, le llamo por segunda vez al orden. Siéntese, señor Tardà.
Del mismo modo que con el señor Esteban -esa es la responsabilidad de quien preside la sesión-, he querido dejar bien claro que no se puede...
(El señor Tarno Blanco pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Tarno, si le llamase por tercera vez al orden, tendría que abandonar el salón de sesiones. Le ruego que se calme.
Señor Tardà, le quiero decir, reiterándole lo dicho con motivo de la intervención del señor Esteban, que he querido, presidiendo la sesión, dejarle que tuviese un parlamento largo en catalán para impedir que quienes hacen demagogia con las lenguas de España pudiesen titular mañana que en el Congreso se prohíbe o se impide la libertad. Pero, al menos presidiendo quien ahora les habla, aquí se va a cumplir estrictamente la ley, en el sentido de que la única lengua, el único idioma oficial de España en todo el territorio es el castellano. Son muchos, millones de españoles los que pueden hablar dos lenguas propias, usted es uno de ellos, y yo apelo también a su inteligencia y a su sentido común para que se percate de que aquí hablar en catalán le hace que sea menos comprensible.
El imperio de la ley es absolutamente el único imperio reconocido en democracia. Ni los sentimientos, ni el imperio de ninguna otra clase, es igualable al imperio de la ley. Si usted quiere hablar en catalán que, como ha visto, no nos molesta oír hablar en catalán, lo que debe hacer es modificar la ley. Y probablemente, no solo el Reglamento del Congreso. El artículo 3º de la Constitución, que a todos nos garantiza la libertad, establece que la única lengua oficial del Estado es el castellano. Se puede cambiar, pero hay que cambiarlo con respeto a la ley. Por tanto, le ruego que no me vuelva a poner en la tesitura de tener que adoptar medidas reglamentarias.
El señor Jorquera tiene la palabra.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Bloque Nacionalista Galego para expresar nuestro apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley de la que también hemos sido firmantes, como también ha sido firmante nuestra compañera de grupo Uxue Barkos, a quien deseamos una pronta y total recuperación.
Señorías, permítanme que comience la defensa de esta proposición con las mismas palabras con las que recientemente defendíamos una proposición de ley emanada del Parlamento gallego que solicitaba la modificación de la Ley de puertos y de la marina mercante al objeto
de asegurar el pleno respeto a la toponimia gallega. Citábamos en aquella ocasión al gran patriota gallego Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, cuando afirmaba en lengua gallega lo siguiente: (Pronuncia palabras en gallego.) Con estas palabras Castelao deshacía el tópico de la necesidad de un idioma universal, porque, como manifestábamos en aquel debate, universales son todos los idiomas. La diversidad lingüística es un signo de civilización, una evidencia del progreso humano. Esto es así porque los idiomas son mucho más que simples instrumentos de comunicación. Un idioma es también el espejo y la síntesis de la historia colectiva de un pueblo. El gallego existe porque existe el pueblo gallego. El idioma es lo que nos hace ser lo que somos. Por eso los idiomas no son intercambiables entre sí, por eso un idioma es siempre insustituible.
Señorías, si la diversidad lingüística es un signo de civilización, una evidencia del progreso humano, la diversidad lingüística de los pueblos del Estado español debe tener reflejo en la Cámara representativa de la soberanía popular. Es incongruente que se hayan producido avances en el reconocimiento de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas y no haya habido avances en el mismo sentido en el Congreso de los Diputados. El reconocimiento del derecho de los diputados a utilizar en esta Cámara cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en su comunidad tendría una extraordinaria importancia simbólica. Sería la mejor contribución para hacer del reconocimiento de la diversidad un pilar fundamental de la convivencia y del respeto entre los distintos pueblos del Estado.
Frente a estos argumentos, hay quien intenta encubrir su defensa cerril del uniformismo apelando a argumentos económicos. Apelan al coste en tiempos de crisis de adaptar los servicios de la Cámara para hacer posible lo que plantea esta proposición. Señorías, no oímos estos argumentos para defender que el Parlamento Europeo realice todos sus trabajos en inglés; no oímos estos argumentos para cuestionar la labor que desarrolla con dinero público el Instituto Cervantes; no oímos estos argumentos cuando se defendía que la letra eñe estuviese presente en los teclados de los ordenadores, hasta el punto de hacer de la eñe un elemento de afirmación nacional española; no oímos esos argumentos porque quienes recurren a ellos para deslegitimar esta iniciativa son perfectamente conscientes de la importancia que tiene para un país la defensa de su idioma y de su proyección exterior, también en el aspecto económico. Pues lo mismo ocurre con el gallego, el vasco y el catalán.
Señorías, el respeto a la diversidad cultural y lingüística del Estado español tiene que traducirse en hechos, no solo en buenas palabras. Son innumerables las iniciativas que el BNG ha presentado en esta Cámara, en esta misma legislatura, demandando que se cumpla la legalidad lingüística en lo que afecta a nuestro idioma gallego.
Al principio de mi intervención -y ya concluyo en breve, señor presidente- hice alusión a la proposición de ley del Parlamento gallego para que se modificase la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante al objeto de asegurar el pleno respeto a la toponimia gallega; una proposición aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego; una proposición defendida en esta Cámara por diputados gallegos del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del BNG; una proposición de ley que fue tomada en consideración con el voto favorable de toda esta Cámara. Señorías, después de que el BNG, el PSOE y el PP llegásemos al acuerdo verbal de propiciar que pudiese ser tramitada en lectura única, no presentando enmiendas para asegurar su rápido trámite parlamentario, nos encontramos con que esta proposición está empantanada porque el Grupo Popular y el Grupo Socialista han solicitado continuamente peticiones de ampliación del plazo de enmiendas para impedir que esta proposición de ley se sustancie y tenga efecto. Este es el respeto real a la diversidad lingüística e incluso el respeto a la legalidad vigente como es que la única forma toponímica es la gallega. Por lo tanto, señorías, hoy tienen una excelente oportunidad de demostrar que el respeto a la diversidad no es para ustedes solo un eslogan. (Pronuncia palabras en gallego.)
Tiene la palabra don Ignacio Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para confirmar que ante esta iniciativa de los grupos nacionalistas, que repiten una y otra vez, vamos a votar negativamente, como hemos hecho siempre en el pasado tanto en el Congreso como en el Senado. Y como acaban de recordarle al Grupo Socialista, no todos pueden decir lo mismo después de que avalasen en la otra Cámara lo que avalaron el año pasado. Empiezo con un reproche de inoportunidad. Con la que está cayendo, no sé que hacemos esta tarde mirándonos el ombligo y debatiendo esto por enésima vez. Están en su derecho, pero me cuesta creer que no encuentren otras iniciativas políticas más útiles para los ciudadanos en estos tiempos de crisis y que no sean capaces de proponer más que esta modificación recurrente de nuestro Reglamento cuando con toda evidencia el funcionamiento de esta Cámara requiere reformas numerosas, incisivas y urgentes que no son esta.
Voy directamente al fondo de la cuestión. Nuestra oposición inalterable a esta iniciativa no es por razones coyunturales o accesorias sino de importante calado constitucional. Es cierto que hay también otros argumentos de mucho peso, como la indignación que produce que los políticos aprobemos gastos absurdos tan fácilmente evitables como este, generado por quienes se empeñan en hablar lenguas diferentes cuando pueden hacerlo en la que también les es propia. Se equivocan mucho si piensan que, especialmente en estos tiempos
de pesimismo, a la gente no le indigna que el Senado haya tenido que multiplicar por diecisiete su partida presupuestaria para traductores y para pinganillos. Y los ciudadanos tienen que saber que además la proposición que ustedes nos traen hoy al Congreso no es la aprobada en el Senado, o sea pinganillos solo para mociones en Pleno, sino que ustedes mantienen su pretensión de usar todas las lenguas en todas las sesiones de todos los plenos, de todas las diputaciones permanentes y de todas las comisiones, nada menos.
Pero con ser un evidente derroche y además un esperpento el que nos pongan traductores a unos parlamentarios que en los pasillos y de escaño a escaño nos entendemos en la lengua que compartimos, no es esta circunstancia la que quiero enfatizar. Nos oponemos a esta proposición principalmente porque es contraria al recto entendimiento de nuestro Estado constitucional y además porque es contraria al más elemental sentido común en el funcionamiento de nuestro sistema político. El castellano es la lengua oficial del Estado, dice el artículo 3 de la Constitución, y es la lengua común que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar. Y el artículo sigue, como ustedes saben igual que yo, señalando que las restantes lenguas son oficiales en cada comunidad autónoma y no en otras comunidades autónomas o en las instituciones del Estado. A su vez, este Congreso es una de las instituciones básicas del Estado, en la terminología del artículo 86, nada menos que la que representa junto al Senado al pueblo español.
Ustedes están aquí, como yo, por ser representantes del pueblo español, de la totalidad del pueblo español, no de una de sus partes; pueblo que colectivamente tiene una lengua común que es el castellano. El castellano es la lengua que comprenden todos los españoles, la que tienen el derecho y el deber de usar sus representantes, todos ellos también españoles, y la que, en consecuencia, debe usarse en las instituciones españolas y especialmente en el Poder Legislativo, en el que se residencia la soberanía nacional.
El uso, la protección y la promoción de las mal llamadas lenguas propias de algunas comunidades autónomas está garantizado allí donde es lógico y natural, en los lugares donde se habla. Y el celo que algunos ponen en esa tarea es tal que han acabado discriminando al castellano, permitiéndose incluso desafiar al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo. Pero todo esto es obvio, no estoy diciendo nada que no sea obvio, y ustedes lo saben. Por eso, esta iniciativa es extravagante pero no es inocente, es una pieza más del proceso de desmontaje del Estado autonómico que algunos de ustedes vienen persiguiendo en los últimos años. Su planteamiento es sencillo: lo mío es solo mío, y lo de todos es mío también o no es de nadie. De ahí vienen las competencias exclusivas, la bilateralidades, los blindajes y tantas desdichas de los últimos tiempos. Pero nuestro Estado constitucional es otra cosa. Estado autonómico es unidad más autonomía; unidad es soberanía, autonomía no es soberanía; unidad es lo común. Y del mismo modo que hay que respetar lo autonómico, señores diputados, hay que respetar lo común; lo común existe y debería ser preservado por todos como patrimonio de todos. Pero ustedes creen que lo común hay que ir depreciándolo, desgastándolo y sustituyéndolo, y operan en consecuencia. A eso responde esta iniciativa como tantas otras de los grupos nacionalistas. (Aplausos.) Naturalmente, eso no es lo que han reconocido abiertamente en esta tribuna. Como comprenderán, no me voy a referir ahora ni a algunos argumentos ni a algunas impertinencias que, lamentablemente, se han vertido por alguna de sus señorías. Cada uno da de sí lo que da de sí, pero sí han usado el tradicional discurso nacionalista, ese que viene cargado de victimismo y de augurios amenazantes, el que nos arroja a los demás a la cabeza no la Constitución vigente, sino la Constitución imaginada, el que prodiga conceptos constitucionales que ustedes se inventan para debates como este, como el de Estado plurilingüe o el uso normalizado de las lenguas en el Estado u otros por el estilo. Y hay que ser honestos, señores. Se ha dicho aquí frecuentemente que con esta propuesta se propiciaría que al usarse las lenguas autonómicas en determinadas sesiones de las Cortes se contribuiría a transmitir al conjunto de los españoles el mensaje de que esa diversidad lingüística es un patrimonio a preservar y reconocer por parte de todos: el argumento simbólico, digamos, en lugar del argumento funcional. Pero ninguno como este argumento simbólico pone en evidencia lo que realmente se pretende. El presidente Marín en la pasada legislatura abrió una puerta a esa presencia representativa y se la cerraron dos semanas después con un portazo de abusos y de desplantes; abusos y desplantes, desprecio a esta Cámara e ilegalidades que, lamentablemente, han manchado esta sesión esta tarde. Y tengo que añadir, señor presidente -porque si no, no diría lo que pienso-, que sin que se haya hecho respetar como es debido la legalidad durante el desarrollo de la sesión. (Aplausos.)
Cuando en el Senado se aprobó el pasado mes de julio el uso de las lenguas, uno de sus promotores exteriorizó su alegría -fíjense, señorías- reprochando que, como el acuerdo se había quedado en mínimos simbólicos, esta actitud iba a hacer crecer el independentismo en Cataluña y el sentimiento de que el Estado español no acepta su identidad. Y añadió que iba a volver a insistir con su propuesta de máximos, como hoy están haciendo ustedes en el Congreso; nada nuevo. Ya hemos oído demasiadas veces esto de que la norma o el Estatuto que ahora aprobamos no es más que un paso para unos años o para una generación, al cabo de los cuales ya se podrán dar unos cuantos pasos más. Pues bien, termino. En lo que al Grupo Popular respecta, no queremos que el Congreso dé el paso de tener que usar traductores y pinganillos en sus sesiones para que podamos entendernos y debatir entre parlamentarios que hablamos el mismo idioma y representamos constitucionalmente al mismo pueblo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Astarloa.
Tiene la palabra don Pedro Muñoz.
Señorías, quisiera comenzar, por la alusión que hizo el señor Astarloa, por felicitar al presidente, puesto que al entender de nuestro grupo ha conducido perfectamente este debate utilizando las facultades que le otorga el artículo 32.1 del Reglamento, de la dirección de los debates de esta Cámara...
El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz, le agradezco mucho sus palabras pero le rogaría que la Presidencia esté al margen del debate en lo que a la dirección del mismo se refiere.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Bien, señor presidente.
En segundo término quisiera indicarles que, escuchando a algunos de los diputados intervinientes de los grupos que traen esta propuesta a la Cámara, recordaba también algún debate sucedido en esta Cámara en la época de la República cuando el presidente Azaña decía aquello sobre el uso del catalán de que tan española es la suya como la nuestra y juntos formamos el país. Por tanto, comienzo fijando la posición de nuestro grupo en relación con esta propuesta de reforma del Reglamento recordando lo que establece el preámbulo de nuestra Constitución: proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. El artículo 3.3 de la Constitución dispone que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección por todas las administraciones.
Señorías, los socialistas defendemos por convicción esta España que tiene una realidad plural, y en esa realidad plural se enmarca la existencia de diversas lenguas, que requieren una protección activa. En este sentido, señorías, tanto el Gobierno socialista como las Cortes Generales en su conjunto en la VIII y IX Legislatura han dado pasos determinantes en el cumplimiento de este mandado constitucional. Destacaré, por la brevedad con la que tengo que intervenir, algunas de ellas. En primer lugar, la propuesta de reforma del Reglamento del Senado sobre la ampliación del uso de lenguas cooficiales en el Senado fue presentada el 23 de junio de 2005, señor Astarloa, por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, la Entesa, el Grupo Mixto, Coalición Canaria y el Grupo Popular. Se aprobó esa iniciativa el 28 de junio de 2005 con los votos de los senadores del Grupo Popular. Aquella reforma posibilitaba el empleo de las lenguas cooficiales en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas y también autorizaba la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo que sean presentadas en otra lengua, además del castellano, en la sección del Senado del Boletín Oficial de las Cortes Generales.
La segunda cuestión que quisiera destacar es la decidida actuación -incluso es reconocido por los grupos que traen hoy esta proposición en su exposición de motivos- del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la ratificación por España de la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias. También destacaría la creación por el Real Decreto 905/2007, de 6 de julio, del Consejo de lenguas oficiales de la Administración General del Estado, órgano colegiado interministerial dedicado al análisis, impulso y coordinación de la política de la Administración General del Estado en relación con el uso de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, con el objetivo de procurar una mejor atención a los derechos lingüísticos de los ciudadanos. El Gobierno ha promovido la modificación de diversas leyes, al objeto de reconocer y fomentar el uso de lenguas cooficiales en todos los ámbitos. Haré simplemente mención a la modificación de la Ley 30/1992; de la Ley 11/2007, de creación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; de la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional; de la Ley 2/2006, de Educación y de la Ley 7/2007, del estatuto básico del empleo público, entre otras normas. Junto a estas iniciativas hay algunas otras de carácter no legislativo, como las llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia en orden a la creación de un sistema de traducción automática en los certificados dependientes de ese ministerio o del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Oficina de Interpretación de Lenguas que está procediendo a la traducción a las lenguas oficiales españolas de los textos consolidados de los tratados de la Unión y del Tratado de funcionamiento de la Unión. La más importante y la más destacada -a la que se han referido algunos de los intervinientes anteriores- es la reforma del Reglamento del Senado, que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado del 27 de julio de 2007. Fue aprobada por los grupos que hoy presentan esta iniciativa y por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. La reforma introdujo la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales, además de en aquello que ya se reflejaba en el año 2005, en las intervenciones que tengan que ver con los debates de las mociones.
Los proponentes, ustedes y nosotros, los socialistas en el Senado, aprobamos aquella iniciativa, dejando constancia explícita de por qué se aprobó la exposición de motivos que se recoge en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, cuando textualmente dice: Hoy, el Senado, para ejercer con plenitud su función como Cámara de representación territorial que le otorga el artículo 69.1 de la Constitución y de acuerdo con la voluntad constitucional de proteger y respetar las lenguas de todos los españoles y pueblos de España, considera necesario ejercer la potestad que le confiere el artículo 72.1, de modificación del Reglamento. En esa intervención, en aquella actuación tuvieron un destacado
y especial papel nuestros compañeros del Partido Socialista de Cataluña.
La coherencia, señorías, nos llevó entonces a votar que sí en el Senado a esa iniciativa y a trabajar activamente para que saliera adelante la modificación del Reglamento del Senado. Es precisamente esa coherencia la que hoy nos impide poder tomar en consideración la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso que ustedes nos traen a este debate. La incoherencia, señores proponentes, es lo que hace que traigan hoy aquí esta iniciativa y la incoherencia fue la que definió la actuación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Los grupos proponentes buscan con esta iniciativa un claro margen electoral. Estamos cerca de un proceso electoral. Hay una contradicción clara entre aquellos argumentos que utilizaron los grupos que hoy proponen la modificación del Reglamento en el Senado en relación con la Cámara de representación territorial y aquellos argumentos que utilizan hoy en la defensa de esta iniciativa, por cierto, que supera a la aprobada en el Senado. Incoherencia también de algunos de los intervinientes, por ejemplo, del señor Tardà, cuando decía en el debate del día 13 de octubre de 2009: Nosotros ya denunciábamos entonces que no tiene ningún sentido ir hacia una modificación o hacia pequeñas modificaciones repetidas del Reglamento sin optar por una modificación integral. Y decía: No nos esperen en nuevas modificaciones parciales del Reglamento porque no les acompañaremos. E incoherencia del Partido Popular, cuando en el año 2005 y en relación con la reforma del Reglamento del Senado, el senador popular que intervenía en nombre del Grupo Parlamentario Popular en aquel debate dijo, comillas: El afán de su grupo, del Grupo Popular, en trasladar al Senado esa riqueza lingüística de España, y ello como afirmación de su condición de Cámara territorial, llamada en nuestra opinión a ser moduladora de las diferencias en la unidad. Por no hablar de aquella conversión del año 1996, cuando, con absoluta falta de respeto, se gritaba: Pujol, enano, habla castellano, hasta que el señor Aznar aprendió a hablar catalán en la intimidad, agobiado por una aritmética parlamentaria que le fue implacable.
Concluyo, señorías. El castellano es una lengua pujante, una lengua fuerte a la que tenemos el deber de defender, pero también tenemos el deber de defender al resto de las lenguas, y por ello nuestro grupo votó a favor de la modificación del Reglamento del Senado y hoy no puede votar a favor de la toma en consideración de la modificación del Reglamento del Congreso.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE EL PAGO DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO SE EFECTÚE EL PRIMER DÍA DE CADA MES. (Número de expediente 162/000808.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, por la que se insta al Gobierno para que el pago de las prestaciones por desempleo se efectúe el primer día de cada mes. Para su defensa tiene la palabra don José María Ponce. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
El señor PONCE ANGUITA: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, dentro de aquello que los ciudadanos nos demandan, presentamos hoy una proposición no de ley dirigida a ayudar a las personas desempleadas que cobran su prestación social o, para mejor entendimiento de aquellos que nos escuchan, para aquellos que cobran el paro.
En la actualidad, y según los últimos datos de febrero, nos encontramos en un máximo histórico, con casi 4.300.000 personas sin empleo, de las cuales 3.054.000, cobran su prestación social. A esta cifra de más de 3 millones de españoles que cobran el paro, cuando aún trabajaban les ingresaban sus nóminas en el primer día del mes y, como es normal, asumían sus compromisos de pago, créditos o hipotecas para el día primero. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es el motivo de esta proposición no de ley? Que al ingresarles en sus cuentas corrientes el día 10, se produce un desfase, y las entidades financieras, bancos y cajas de ahorros, incrementan a esas personas entre 50 y 60 euros por el descubierto que tienen en las cuentas corrientes. La orden ministerial en la que se basa el cobro entre los días 10 y 15 tiene su base en el punto 1.5 que dice que el pago de estas prestaciones y subsidios por domiciliación bancaria se efectuará de conformidad con los procedimientos que se establezcan en los acuerdos celebrados al efecto. Quiere decir esto que sin lugar a dudas se podría encajar la propuesta que hace hoy el Grupo Popular. Pese a eso, las entidades financieras no tienen fijado el día de ingreso de la prestación por desempleo y aplican el plazo recogido en el artículo 27.1.2 de la orden ministerial. Curiosamente, esta misma orden regula el procedimiento de pago para los pensionistas, a los que, como deben, sí se les paga y se les ingresa en sus cuentas corrientes el día primero de cada mes, ya que el artículo 17.2 refleja que en los abonos por pensiones u otras prestaciones periódicas su disponibilidad será total desde el primer día hábil del mes. Si tenemos en cuenta que el importe que cobran de paro supone, por media, 853 euros, ese interés de 50 o 60 euros que pagan supone casi el 8 por ciento del ingreso total que tienen cada mes.
Esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular no supone ayudar a los 4,7 millones de parados reales que tenemos en España ¡ya quisiéramos!, pero sí, y no es poco, ayudará a los más de 3 millones de personas que cobran todavía su prestación por desempleo. Quiero destacar que la aprobación de esta proposición
no de ley supondría un respiro para aquellos españoles que están en esa situación, independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenezcan; pero como diputado canario no puedo dejar de referirme a las alarmantes cifras de paro que sufrimos en Canarias, que son las más altas de España. Tenemos una tasa de paro que supera el 28 por ciento, lo cual significa estar 8 puntos por encima de la media nacional. Esta cifra, espeluznante sin duda, se queda corta frente a los datos que sitúan el paro de los jóvenes, para edades inferiores a los 25 años, por encima del 48 por ciento. Debo añadir que en Canarias tenemos la cobertura pública de protección a las personas en paro 3 puntos por debajo de la media nacional; tenemos casi 100.000 personas que no reciben ninguna prestación y en las circunstancias de parados en Canarias que sí podrían beneficiarse de estas medidas hay cerca de 238.000 personas.
Esta es la triste realidad que sufrimos en Canarias y no sería una solución pero sí ayudaría equiparar la inversión del Estado a la media nacional y para eso es preciso que el Gobierno cumpla aquellos compromisos adquiridos y que no han llegado ni por asomo a un porcentaje digno, llámese Plan Canarias o cualquier sustituto que ahora se pretendiera. Cualquier medida real será bien venida si de verdad se cumple; aunque llegue tarde, insisto, será bien venida. Para el Grupo Popular y seguro que para sus señorías, la diferencia del pago entre las prestaciones por desempleo y las de las pensiones y jubilación no tiene mayor sentido; se refieren ambas a pagos periódicos que la Administración debe realizar. Y la regulación del punto 2 debería aplicarse también a las prestaciones por desempleo, ateniéndonos a los principios de igualdad y de no discriminación.
Se ha presentado una enmienda de sustitución por parte de Convergència i Unió, en la cual se insta a hacer de forma paulatina la reducción del periodo de pago para ponerla en los seis primeros días de cada mes. Sin duda alguna, en los seis primeros días está el día primero, que es cuando realmente tendría su efecto sobre las economías y lo que haría que no se produjera ese incremento en los costes para los desempleados. Para mayor comprensión de las consecuencias de esta proposición no de ley, si tan solo lográramos que 2 millones de personas sin empleo no se vieran obligadas a pagar esos 50 o 60 euros supondría ahorrar en intereses de demora más de 100 millones de euros al mes, que equivale a 1.200 millones de euros anuales. Son unos intereses sin duda alguna innecesarios, está en nuestras manos evitarlo, debemos hacerlo y además cuanto antes.
El Grupo Popular, en aras de no perjudicar a las personas que reciben las prestaciones por desempleo, instamos al Gobierno a modificar la Orden ministerial del 22 de febrero de 1996 para la aplicación del reglamento de la gestión financiera de la Seguridad Social y lograr que el pago de las prestaciones se abone el día primero en las mismas condiciones que se realiza en las pensiones. El fundamento de esta proposición no de ley que hoy presentamos es ayudar a esos más de 3 millones de desempleados de toda España que sí cobran el paro y es en el apartado 1.2 de la orden ministerial donde se establece que el pago de las prestaciones y subsidios se hará entre los días 10 y 15. Son este artículo y este apartado los que habría que variar. Desde el Grupo Popular manifestamos la necesidad de que esta medida tenga el apoyo de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara. Además, entendemos que la enmienda presentada podría acogerse a la proposición no de ley que el Grupo Popular ha presentado y por eso les instamos a realizar lo que nos demandan los ciudadanos, que es que no tengan coste alguno por quedarse al descubierto desde el día uno hasta el día 10 de cada mes.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ponce.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda de sustitución por parte de Convergència i Unió y para defenderla tiene la palabra el señor Campuzano.
Sobre la cuestión de fondo que ha planteado el portavoz del Grupo Popular hay coincidencia. En diversos proyectos de ley que se han tramitado en las Cortes Generales Convergència i Unió ha instado a través de enmiendas soluciones que pretenden resolver los problemas que genera el pago de la prestación por desempleo a mediados de mes, especialmente para aquellos ciudadanos que deben hacer frente a otros pagos que son cobrados a finales de mes o a principios del propio mes. Somos conscientes de la problemática existente, pero también entendemos, y es habitual en Convergència i Unió, los problemas que pueden existir para implementar de una manera inmediata una medida de estas características.
Nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley del Grupo Popular que reconoce el problema de fondo, que ese pago se produce de manera demasiado tardía para miles de ciudadanos, pero que propone una solución que puede dar un margen de tiempo razonable para que se pueda implementar. Reclamamos al Gobierno que impulse la reducción del periodo de pago de la prestación por desempleo y que valore la modificación de la orden que regula el mismo. Nos parece que es una solución que podría suscitar el acuerdo mayoritario, creo que por unanimidad, del conjunto de la Cámara y nos gustaría que el Grupo Popular aceptase nuestra enmienda. En caso de que no fuese así, optaríamos por la abstención a la iniciativa del Grupo Popular.
Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.
Señorías, señor Ponce, acabamos de descubrir esta tarde su propuesta electoral para Canarias. Usted va a acabar con el paro en Canarias pagando las prestaciones el día primero de cada mes. Cuando leímos la iniciativa nos sorprendía porque no entendíamos que tuviera un contenido de proposición no de ley. Señoría, pagar el día primero de mes, que sería lo deseable, no es cuestión exclusivamente de la responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad de si es fin de semana, de si hay fechas efectivas anteriormente o de que se puedan organizar los servicios administrativos para que se pueda pagar. El primero de mes puede ser el día 5, el 15, el 10, la fecha que se establezca, eso sí, una fecha fija, para que las personas puedan establecer sus pagos consecuentemente con las prestaciones que reciben, pero que puede ser, repito, el uno, el 3 o el 5.
Sí que parece razonable, como siempre, la enmienda que presenta Convergència i Unió, que espero que ustedes acepten. Parece, de verdad, que lo que están buscando con esta iniciativa es criticar la política de empleo del Gobierno de Canarias, a pesar de que ustedes han estado en el Gobierno hasta hace tres meses. Hoy sabemos una razón más por la que se van del Gobierno, estamos cerca de mayo y hay que criticar la gestión del Gobierno de Canarias, como si ustedes no hubieran participado nunca en ella. Es verdad que poco participaron en la gestión de los asuntos canarios, porque parece que estaban en el Gobierno exclusivamente de oyentes, estaban unas veces en el Gobierno y otras en la oposición. Y, hablando de políticas de empleo, Coalición Canaria presentó una iniciativa aquí sobre la modificación del Régimen Económico y Fiscal para cambiar los aspectos de la Zona Especial Canaria que favorecían la creación de empleo y que estaban en el marco de lo autorizado por la Unión Europea. Quiso usted en su intervención leer un discurso catastrofista, decía que iba a votar que no, pero al final se dio cuenta -alguien le llamó y le iluminó- y el Grupo Popular también votó a favor de la iniciativa. Pero hizo usted una intervención catastrofista de lo que era el Régimen Económico y Fiscal de Canarias que se correspondía con otro tema que no conocía y que usted planteó aquí, exactamente igual que hoy; aprovecha la iniciativa de que los desempleados puedan recibir sus prestaciones el día primero de cada mes para, ya que hablamos de las prestaciones a los parados, hablar de la política del Gobierno de Canarias. Para eso está el Parlamento de Canarias. ¿O no cree usted en el Parlamento de Canarias? ¿No tiene usted diputados en el Parlamento de Canarias para hablar de la política de Canarias? ¿No estuvo usted en el Gobierno hasta hace tres meses para hablar de la política del Gobierno de Canarias y tiene que venir usted al Congreso de los Diputados a hablar de la política de Canarias? De verdad, ante una iniciativa tan insustancial, indudablemente habría que hablar de otra cosa.
Espero en todo caso que tengan la cordura suficiente para aceptar la enmienda de Convergència i Unió, a favor de la cual votaríamos y, si se trata de la iniciativa tal y como está planteada, votaríamos en contra.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.
Señorías, esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular propone que la gestión de los pagos de las prestaciones por desempleo que se realizan a través de entidades financieras sean abonadas el día primero de cada mes, tal y como ocurre con el pago de las pensiones de la Seguridad Social.
Efectivamente, el pago de las prestaciones por desempleo se efectúa entre los días 10 al 15 de cada mes, mientras que nuestros pensionistas ven ingresadas sus prestaciones con anterioridad, a primeros de mes. Visto así, es indudable que sería beneficioso para nuestros desempleados que el pago a mes vencido de su prestación a través de entidades financieras pudiese realizarse el día uno de cada mes. No es una cuestión menor, como se reconoce en la exposición de motivos de esta proposición no de ley. El perjuicio económico para el desempleado que puede suponer el retraso en el pago de la prestación por desempleo a la hora de abonar comisiones bancarias a las entidades financieras si su cuenta corriente se encuentra al descubierto puede ser importante. Sin embargo, evidentemente, también somos conscientes de que este sistema de abono de la prestación por desempleo entre el 10 y el 15 de cada mes no está pensado para perjudicar a los desempleados, tiene alguna razón, faltaría más. Entendemos que pueden existir cuestiones técnicas, administrativas o de gestión, que dificulten el abono de la prestación el día primero del mes, por ejemplo, los movimientos de contratación y despido a lo largo de un periodo de tiempo corto, como son unos días.
Señorías, de lo que estamos convencidos es de que es posible, sin incurrir en costes tales que disipen el beneficio para el desempleado, que el procedimiento de pago de la prestación por desempleo se produzca en fechas más próximas al día primero de cada mes; quizá no el día primero de cada mes, pero sí en los primeros días de cada mes. Es decir, debe ser posible compatibilizar el pago de la prestación mucho antes de lo que lo hace el procedimiento vigente, entre el día 10 y 15 de cada mes, con el lógico control para limitar la generación de percepciones indebidas de las prestaciones, gestión de las situaciones que implican una baja en las mismas y el propio proceso de tramitación de la prestación, desde la elaboración de la nómina hasta su abono por parte de la entidad financiera.
La transacción que ofrece en este sentido Convergència i Unió establece que los pagos de las prestaciones por desempleo que se realicen a través de entidades financieras sean abonados en los seis primeros días de cada mes. A nosotros nos parece no solamente conveniente sino posible. Este es un plazo razonable para realizar con fiabilidad el pago de las prestaciones sin incurrir en costes de gestión o financieros desde el punto de vista de la Tesorería de la Seguridad Social que puedan ser en su caso difícilmente salvables. Por esta razón, nos gustaría que se aceptara la enmienda transaccional, porque nos gustaría votar finalmente una mayor agilización en los pagos, pero si la posición es prácticamente inamovible, nos va a ser muy difícil votar algo que luego no es posible administrativamente.
Señor Ponce, no me atrevo a usar el mismo calificativo que ha usado el señor Perestelo calificando de insustancial su iniciativa. Es sencillamente irrelevante.
Señora presidenta, con relación al pago de prestaciones periódicas que tienen un carácter continuo no es particularmente relevante la fecha en que se abona la prestación, dado que se mantienen los requerimientos de periodicidad y estabilidad en cuanto a la percepción. La diferenciación que se hace con relación a las prestaciones, a las contingencias protegidas por el sistema público de pensiones, indicando que se abonarán por parte de las entidades de crédito en el primer día hábil de cada mes en virtud de lo previsto en la Orden de 22 de febrero de 1996, se hace por el carácter indefinido, periódico y porque los sistemas informáticos de la Tesorería General de la Seguridad Social están así concebidos. No ocurre lo mismo con la prestación por desempleo, en donde se tienen que acometer las siguientes operaciones, señor Ponce: la elaboración informática de la nómina, en primer lugar; el envío a la Tesorería General de la Seguridad Social de la documentación que precisa la nómina de las prestaciones, en segundo lugar; el envío de la nómina a las distintas entidades financieras que van a ser las que van a proceder al abono, en tercer lugar; la elaboración por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social de las órdenes de pago, a fin de poner a disposición de las entidades financieras los fondos previstos para realizar las exacción correspondiente, en cuarto lugar -estamos hablando ya de un mínimo de cinco o seis días, puesto que se están barajando ya distintas hipótesis en cuanto al momento en que se debe pagar, estamos hablando cuando menos de seis o siete días- y, en quinto lugar, la realización por las entidades financieras de las actuaciones necesarias para proceder en las fechas establecidas al abono de la nómina.
Luego lo que hay que garantizar, señora presidenta, son dos cosas: primero, iniciativas serias con relación a afrontar un problema tan dramático como es el del desempleo en el Estado español -no es esta una iniciativa que permite pensar, reflexionar, si se están afrontando de manera seria las patologías del desempleo en nuestro país- y, segundo, pensar que existen dificultades objetivas que impiden atender al pedimento del Partido Popular, que con toda legitimidad ha presentado esta iniciativa, a pesar de su carácter escasamente relevante. La posición de mi grupo, señora presidenta, consiste en aceptar en su caso la enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió y alternativamente, si no es objeto de aceptación, nuestra posición será de abstención igualmente.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Torres Pérez.
El señor TORRES PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Los diputados que me han precedido en el uso de la palabra han hablado de proposición irrelevante e insustancial, dos calificativos que por sí mismos definen la iniciativa del Partido Popular, esta proposición no de ley. Además, esta proposición no de ley no tiene lo básico, un carácter de original, no es original, ya que tiene claros precedentes, y tiene -y se ha dicho- un momento procesal político muy concreto: nos encontramos a algo más de 60 días de cita con las urnas y, claro, la cita con las urnas puede llevar a que haya iniciativas irrelevantes, insustanciales o que se acerquen al ropaje populista para intentar, por irresponsable, el voto fácil. Eso negaría soluciones posibles que hoy se plantean con una enmienda de sustitución. Indudablemente, en el Grupo Socialista estamos en el cauce de la realización de propuestas que faciliten los acuerdos y que además sean reales. Apelamos a huir de la vía de la demagogia y por tanto anunciamos el apoyo a la enmienda de sustitución presentada por Convergència i Unió, entre otras razones porque también en su momento hicimos exactamente lo mismo el Grupo Socialista.
Hemos dicho que no es esta una proposición original porque hace algo más de dos años, en septiembre de 2008, el Grupo Socialista presentó una enmienda a una moción de Izquierda Unida, Esquerra Republicana- Iniciativa en la que decía que se garantizaba el cobro de las prestaciones por desempleo en los cinco primeros días del mes siguiente a la solicitud. Curiosamente, entonces no había elecciones cerca y el Partido Popular votó a favor. Pero es que hay más. En el año 2006, y mientras se tramitaba el Real Decreto 200/2006, se planteó la opción de modificar la fecha de pago para
hacerla el día primero de cada mes, a la vez que se suprimía la retención de los diez primeros días. Finalmente se acogió la segunda propuesta por considerarla mejor para los beneficiarios, pero no se implantó lo de cobrar el día primero porque los perjuicios superaban a los posibles beneficios. En el trámite tampoco el Grupo Popular puso objeción alguna.
El procedimiento de pago de las prestaciones por desempleo se amolda a la actual ley, evitando en la medida de lo posible percepciones indebidas que acarrearían reclamaciones y perjuicios. ¿Y para quién? Pues básicamente para los administrados, para los desempleados, porque un cobro indebido provoca obligatoriamente una devolución.
Entendemos en el Grupo Socialista que hay dos principios claves que debemos preservar. En primer lugar, no lesionar los derechos de los desempleados; en segundo lugar, gestionar responsablemente los fondos públicos. Selección de los derechos de los desempleados si no se produce el pago correcto de su prestación. En este proceso, que puede durar hasta catorce días, y en el que participa el servicio público de Empleo, la Tesorería de la Seguridad Social y las entidades financieras, cerrar las nóminas los días 27 y 28 de cada mes garantiza, repito, garantiza el correcto cobro de la prestación de los desempleados. Cerrar las nóminas, que es lo que parece que el Grupo Popular pretende el día 20, conllevaría reclamaciones evidentes, recursos y molestias por cobros indebidos para todos aquellos que, por ejemplo, consigan empleo entre los días 20 y 30 de cada mes, causando baja en el servicio de Empleo.
Estamos hablando de 126.000 afectados aproximadamente, más de 12 millones de euros al mes. Gestionarlo mal -y estoy convencido de que opinará lo mismo el señor proponente o los señores del Grupo Popular- no podemos aceptarlo, porque no debiéramos, en primer lugar, perjudicar a los ciudadanos y, en segundo lugar, porque es la obligación de la política y de los políticos gestionar responsablemente los fondos públicos y evitar de ese modo, con el dinero de todos, pagos indebidos. Es lo que hacemos desde el Grupo Socialista. Por cierto, hacemos eso y bastante más, porque ha sido con el Partido Socialista en el Gobierno cuando se han alcanzado las mayores coberturas para que reciban prestaciones las personas desempleadas, también en nuestra tierra, en Canarias. En el año 2010, y con una situación económica indudablemente peor y con un gobierno socialista, llegamos a que el 78 por ciento de las personas en desempleo recibe algún tipo de prestación. En el año 2003, gobernando el Partido Popular aquí y también en Canarias, llegábamos al 59 por ciento de la población, es decir, 20 puntos porcentuales menos. Debieron en este asunto entonces esforzarse un poquito más. (Rumores.) No puede, como han pretendido con esta proposición no de ley, igualar el Grupo Popular el cobro de las pensiones al del desempleo. Primero, al alcanzarse el cobro de pensiones se consigue un carácter permanente, lo que no pasa con el cobro del desempleo, porque un desempleado a lo que aspira en cualquier momento es a tener empleo, modificándose el pago de las nóminas y, por tanto, quién la debe efectuar. Por tanto, que el Grupo Popular no pretenda igualar lo que diferencia la propia ley.
Por todo ello, para preservar el derecho de los desempleados, para garantizar el cobro de su prestación para que además, en defensa de la responsable gestión pública, tengamos los moldes adecuados,...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Torres, por favor, tiene que acabar.
El señor TORRES PÉREZ: Termino, presidenta.
...el Grupo Socialista apoya la enmienda de sustitución y rechaza la iniciativa del Grupo Popular, esperando, además, que el Grupo Popular la acepte. Si el Grupo Popular no la acepta, demostraría que, por encima del correcto derecho al cobro de la prestación para el desempleo y por los desempleados, está priorizando el momento coyuntural, la demagogia y la cita con las urnas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Torres.
Señor Ponce, su turno de aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor PONCE ANGUITA: Teniendo en cuenta que...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, solo me tiene que decir si acepta o rechaza la enmienda.
El señor PONCE ANGUITA: La aceptamos, porque el día uno está.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE LA VENTA DE IMPORTANTES ACTIVOS PÚBLICOS PERJUDIQUE A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000201.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la moción del Grupo Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar que la venta de importantes activos públicos perjudique a la economía española. Para
defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Nadal.
Esta es una moción consecuencia de la interpelación que mi grupo hizo a la vicepresidenta segunda para que contestase una serie de preguntas muy importantes en un proceso de venta de activos públicos por una cuantía sustancial y que tendría que responder, caso de hacerse, a un objetivo de liberalización, primero, y de venta de un operador público, después, lo cual no se da en ninguno de los dos casos de los que estamos hablando, ni en el caso de AENA, ni en el caso de Loterías. El caso de AENA sí se trata de un mercado potencial en el que se podría hacer, ya que es un sector estratégico, como es el caso de los aeropuertos, que sirve de input básico para otros sectores -el turismo sería el primero de ellos, pero es evidente que la mayor parte de los sectores económicos utiliza el transporte aéreo, sobre todo en un país como España, de carácter insular y peninsular- y, por tanto, un mercado competitivo, con precios a la baja, en el que hubiese suficiente grado de competencia, como ha habido otros países que han creado mercados de estas características, en los que incluso operadores españoles actúan con gran éxito dentro del mismo. Una vez creado ese mercado, procede a la privatización del operador dominante, que en este caso es público, como ha ocurrido en los casos anteriores. Si pusiésemos los ejemplos del sector de la energía, veríamos cómo en su momento se creó un mercado, ese mercado produjo una caída sustancial de los precios, del orden de un 30 por ciento en términos reales, y se procedió a la venta del operador principal. Lo mismo pasó con la telefonía y lo mismo podemos decir de los hidrocarburos o de la banca pública en su momento; fue un proceso de privatización que era consecuencia de una liberalización previa. No hay nada de esto o parecido.
Lo que tenemos es una mera venta del 49 por ciento del operador principal y único, en este caso monopolio público en aeropuertos, como es el caso de AENA, con el único objetivo de hacer caja. El caso de Loterías es todavía más preocupante, porque ya no estamos hablando de un potencial mercado que se pueda crear, sino que estamos hablando de la venta de un ingreso público, un ingreso fiscal, que tiene larga tradición en España, desde el siglo XVIII, un ingreso con el que se cuenta en todos los Presupuestos Generales del Estado, procedente del sistema de sorteos de loterías, que además tiene una larga tradición, que incluso me atrevería a llamar cultural dentro de nuestro país. No tiene ningún sentido, puesto que no estamos en la liberalización de nada, es un bien de consumo final y, además, si lo definimos como juego, le damos otro tipo de connotación, que yo creo que no es la que quiere nadie en esta Cámara o por lo menos no es la que debería querer el Gobierno. Aquí a lo que estamos es a la venta pura y dura de un ingreso público, que además es muy estable. Es un ingreso comparable a cualquier otro tipo de ingreso dentro de los Presupuestos Generales del Estado, incluso diría yo que es bastante más estable. Hemos tenido un descenso muy sustancial de los ingresos públicos tributarios y, sin embargo, no lo hemos tenido en los ingresos de loterías.
¿Esto qué quiere decir? Pues que lisa y llanamente estamos hablando de un activo o de una renta perpetua que tiene el Estado, de carácter muy estable, y que, por tanto, tiene el mismo riesgo o similar al que tiene el resto de los ingresos públicos. Si nos vamos a las cifras de lo que es Loterías en su conjunto, estamos hablando de 2.700 millones de euros de ingresos. Descontados al tipo de la deuda pública a largo plazo, la venta del mismo debería situarnos en el entorno de los 20.000 millones de euros, una cifra cuatro veces superior a la anunciada por el Gobierno.
¿Qué es lo que nos estamos encontrando aquí? El caso de una venta de saldo de un ingreso público, porque es necesario hacer caja cuanto antes.
Antes que enfrentarse a los mercados o emitir deuda pública, es mejor vender los ingresos futuros. Yo creo que nadie estaría dispuesto a vender una renta perpetua. En este caso estamos hablando de 2.700 millones de euros, en el caso del Estado, pero si ponemos un ejemplo sencillo de cualquier familia, una familia que recibiese 3.000 euros al año de manera indefinida por la razón que fuese no estaría dispuesta a venderla por seis, siete u ocho años de ingreso, que es lo que nos propone el Gobierno. Sería un malísimo negocio y ese malísimo negocio es el que está proponiendo la vicepresidenta, y el Gobierno en general, cuando está hablando de la mal llamada privatización de las Loterías. Este mal negocio puede suponer no solo responsabilidades políticas, sino que, si hay una mala gestión del mismo, llegaría a situarnos incluso en una cosa mucho más seria.
Por esa razón mi grupo ha presentado una moción en la que se dice que si usted quiere vender AENA parcial o totalmente, primero haga un proceso de liberalización del mercado aeroportuario -que realmente es un mercado con competencia entre los diferentes operadores-, que suponga una rebaja efectiva de los precios de las tarifas aeroportuarias y que genere eficiencia y un modelo de explotación incluso exportable en el resto del mundo. Y si lo que quiere hacer es vender Loterías para hacer caja, de entrada no lo haga. Por eso pedimos en el penúltimo punto que no se venda Loterías porque sería equivalente a la venta de un 30 por ciento del IRPF o de un porcentaje de alguno de los principales ingresos del Estado. Esto no tiene ningún sentido. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Pero en el caso de que se lleve a cabo, debería hacerse con las suficientes garantías de que el precio recibido compense para los españoles la pérdida de ingresos que se va a tener desde el momento presente hasta todo lo avanzado en el tiempo que uno quiera, diez, quince, veinte, veinticinco, cincuenta, cien, doscientos, hasta los trescientos años que el Estado lleva recaudando a través de las loterías del Estado. Si se va hacer así, se tendría que hacer por un precio muy superior
al que lo está haciendo el Gobierno y ese es el último punto de la moción, garantizar que los españoles no van a perder dinero, que no se va a malvender un ingreso que de otra manera lo tendrían de aquí al futuro.
¿Cómo garantizarlo? De forma que el ingreso que se reciba con motivo de esa venta permita rescatar una deuda pública suficiente para ahorrarse en intereses lo que se va a perder por los ingresos de lotería. No tendría ningún sentido hacerlo pero, ya que se hace, que no sea con pérdida y quebranto del dinero que es de todos los españoles. Porque esos ingresos que se reciben con las loterías del Estado son unos ingresos que tenemos todos los españoles en los Presupuestos Generales del Estado, con los que se financian los servicios públicos y las prestaciones de este país. No tiene ningún sentido malvenderlos por los ingresos de seis, siete u ocho años de ingresos, porque el beneficio no lo van a tener los españoles, lo tendrían otros, y sería muy lamentable que esto fuese así.
Tiene la palabra don José Luis Perestelo.
Brevemente, para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con esta moción, consecuencia de interpelación, presentada por el Grupo Popular, una moción que, como bien decía su portavoz, tiene dos partes diferenciadas: una parte relacionada con el ente público Aeropuertos Nacionales y otra parte vinculada al organismo público de Loterías y Apuestas del Estado.
Coalición Canaria ha dicho muchas veces que el estudio de la privatización de AENA tiene que hacerse con suficiente prudencia, porque en territorios como Canarias los aeropuertos constituyen infraestructuras fundamentales y su estrategia de funcionamiento tiene que estar vinculada a los poderes públicos. Son los poderes públicos los que tienen que garantizar el funcionamiento y la operatividad de esos aeropuertos como infraestructuras básicas en la cohesión territorial y en el desarrollo socioeconómico de aquella tierra. Por tanto, toda la prudencia que se pueda plantear en esa privatización nos parece razonable. Por eso, la primera parte de la iniciativa que presenta el Grupo Popular es importante. Creemos que es bueno que se reflexione y estamos dispuestos como parlamentarios de Coalición Canaria a apoyar esa primera parte en lo que se refiere a Aeropuertos Nacionales. Sin embargo, sobre la segunda parte comprendemos el planteamiento que hace el Partido Popular, pero también entendemos el planteamiento que ha hecho el Gobierno en su real decreto; Coalición Canaria ha apoyado los planteamientos de privatización de esa parte del organismo público Loterías del Estado. Luego, por coherencia con ese voto que dimos para la ratificación de ese decreto, la segunda parte no podríamos apoyarla, por lo que pedimos la votación separada, salvo que se presente alguna enmienda transaccional con otros grupos de la Cámara. Como digo, estaríamos en disposición de apoyar la primera parte de la iniciativa, pero no así la segunda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perestelo.
Señorías, nos sorprende la repentina preocupación del Grupo Parlamentario Popular sobre las privatizaciones de AENA y de Loterías y Apuestas del Estado. En su moción se oponen a la privatización parcial del 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado, y sobre AENA tan solo repiten algunas frases del manual del buen neoliberal sobre la eficiencia del sector privado, pero no cuestionan la privatización parcial. Y es bueno hoy aquí recordar algunas de las privatizaciones que se realizaron en España cuando gobernaba el Partido Popular. En teoría, se debían hacer para beneficiar la libre competencia, cosa que supondría una clara mejora para los ciudadanos. Trece años después, algunas privatizaciones, además de acercar a determinados compañeros de pupitre a los jugosos sueldos de los consejos de administración, han hecho que España sea el Estado de la Unión Europea con unos servicios de telefonía más malos y más caros; por ejemplo, con una conexión ADSL un 25 por ciento más cara y un 26 por ciento más lenta que en el conjunto de la Unión Europea. Eso es lo que han hecho las privatizaciones realizadas en España por el Gobierno del Partido Popular. Y no han conseguido externalidades positivas o menores precios y mejor servicio, como reclaman ustedes en la moción que presentan hoy. Lo que eran monopolios públicos se convirtieron en oligopolios privados cuyos beneficios se generan a base de pérdida de calidad de los servicios y empeoramiento de las condiciones laborales.
Esta es la realidad de las colaboraciones público-privadas cuando se rigen únicamente por criterios mercantiles.
Nuestro grupo cree en otro modelo, diferente al del Gobierno y al del Partido Popular. El transporte aéreo es un sector estratégico para la economía y la sociedad, pero lo olvidan por completo en los puntos que proponen en su moción. Para nosotros las infraestructuras aeroportuarias son fundamentales para la cohesión territorial, el empleo y el desarrollo económico, y por eso proponemos un modelo diferente. Queremos insistir en que AENA es una empresa pública que no requiere subvenciones del Estado, sino que financia su actividad con recursos propios. Y es cierto que muchos aeropuertos son deficitarios desde el punto de vista económico, pero el mantenimiento en red de los aeropuertos permite, aprovechando las sinergias de gestión, la compensación de las pérdidas de unos con los beneficios de otros. De romperse la actual estructura en red, nadie puede garantizar que los
aeropuertos deficitarios sigan funcionando. Esto supondría que, o se cierran, o las administraciones públicas tendrían que cargar con el coste de su mantenimiento si quieren que este servicio público se mantenga.
Pero ni el Grupo Popular ni el Gobierno tienen la más mínima sensibilidad respecto a incorporar estas garantías al nuevo modelo de gestión aeroportuario, garantías que parecen del más elemento sentido común en un sector en el que existe consenso en cuanto a su importancia estratégica.
También quiero referirme a su insensibilidad hacia el empleo. Hablan mucho del paro, incluso han intentado presentarse como el partido de los trabajadores, pero no incorporan en su moción la más mínima propuesta para la conservación de los puestos de trabajo. Si coincidimos en que el paro es el principal problema, no sirve hacer proclamas vacías; hay que demostrar propuesta a propuesta que se trabaja para la ocupación y el empleo de calidad. Pero no, en los criterios que proponen para la privatización de AENA no hacen la mínima referencia al mantenimiento de los puestos de trabajo.
Quiero acabar refiriéndome a la venta parcial de las loterías. Aquí reconozco que podría llegar a haber algún punto de coincidencia, pero evidentemente no en lo general, en lo total. Estoy de acuerdo con el punto 3 de su moción ya que compartimos el deseo de que el Gobierno entre en razón y no malbarate recursos públicos con esta estrategia cortoplacista a la que nos tiene tan acostumbrados, pero sospecho que el interés real de su moción no es evitar la venta de activos para impedir la privatización parcial de Loterías y Apuestas del Estado, sino que su objetivo es el que definen en el punto 4. Para nuestro grupo la prioridad es luchar contra el paro, crear empleo y garantizar las políticas sociales, y estas medidas tienen que pasar por delante de la propuesta número 4, que dice que lo importante es la reducción de la deuda. Por todo esto, nosotros votaremos en contra de su moción. (Aplausos.)
Señor Azpiazu, tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario considera que los procesos de privatización iniciados por el Gobierno tanto en el campo de la navegación aérea, de AENA, como en el de las Loterías y Apuestas del Estado se han de llevar a cabo con la máxima transparencia y de manera que se consiga la máxima rentabilidad para el erario público. Coincidimos, pues, en lo esencial con la moción que presenta el Grupo Popular al respecto. La participación público-privada en la gestión de los servicios públicos ha de ser tenida en cuenta, es una posibilidad real que hay que analizar y utilizar, máxime en un momento como el actual, de crisis económica, en el que los recursos públicos son decrecientes y los déficits aumentan de manera desorbitada. Es en este ámbito en el que el Gobierno plantea la gestión privada parcial de los servicios aeroportuarios, proceso que ha de ser gestionado con cautela y eficiencia, preservando el carácter de servicio público y pactándolo y acordándolo con los más afectados por el mismo, que son los trabajadores. Hay, por tanto, que combinar los intereses del Gobierno, de los trabajadores y del conjunto de los ciudadanos. Por otro lado, la Unión Europea y una adecuada política económica recomiendan parar el aumento del déficit y endeudamientos públicos, de lo contrario, amén de dificultar la salida de la crisis, nos podemos encontrar con sanciones desde el ámbito europeo. En este sentido, privatizar el 30 por ciento de Loterías del Estado puede contribuir a dicho saneamiento. El Gobierno ha de saber utilizar su patrimonio por el bien de la economía y de sus ciudadanos, y este es uno de esos momentos.
Como decía, ambos procesos deben realizarse con la máxima transparencia, como se señala en el punto A de la moción, y cumpliendo con los criterios que se contemplan en el punto B.1: eficiencia, mejores precios y servicios, mayor competencia exterior, externalidades positivas y sostenibilidad de las finanzas públicas. Todos ellos son criterios que es preciso preservar y garantizar en ambos procesos, estamos plenamente de acuerdo, y los votaremos favorablemente en caso de que el grupo proponente acepte la votación por puntos. Donde tenemos más reservas y una posición más matizada e incluso contraria a la de la moción es en los dos puntos siguientes. Estamos en contra de los puntos 2 y 3 y, en consecuencia, votaremos que no a los mismos, insisto, si las votaciones se hacen separadamente. En el primer caso creemos, a diferencia del Partido Popular, que el modelo aeroportuario ya está definido y que no es necesario aprobar ningún proyecto de ley que lo desarrolle como condición previa a la privatización parcial de la gestión de los servicios aeroportuarios. Tampoco estamos conformes con la modificación del porcentaje a privatizar de Loterías y Apuestas del Estado. Nuestro grupo apoyó que se privatizara el 30 por ciento del organismo y ahora no nos vamos a desdecir. Además, creemos que es un porcentaje que permite obtener una buena cantidad de recursos adicionales sin perder el control público sobre el mismo. En relación al punto 4, nuestro grupo se va a abstener puesto que, entendiendo que el objeto ha de ser o ha de tender a que la pérdida de ingresos futuros por los rendimientos de Loterías y Apuestas del Estado sea equivalente al menor pago de intereses de la deuda pública derivada de su minoración por la enajenación, no se puede fijar una restricción de tal naturaleza como condición sine qua non por un doble motivo: en primer lugar, es prácticamente imposible calcularlo por la cantidad de elementos que han de formar parte de su cálculo, insisto, y que son difícilmente predecibles y, en segundo lugar, porque limitaría en exceso el pliego de condiciones y la oferta que pueden presentar los interesados en tomar parte en el negocio.
En el caso de que el grupo proponente no aceptara la votación por puntos, nuestro grupo, atendiendo a los argumentos empleados, se abstendría en la votación de esta iniciativa.
Don Josep Sánchez i Llibre tiene la palabra.
Señoras y señores diputados, en la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular ante esta Cámara hay algunos aspectos relevantes con los que nuestro grupo está totalmente de acuerdo, como es que en todos aquellos casos de empresas públicas en los que se plantea su privatización, esta privatización se pueda plantear con la máxima transparencia y con el conocimiento de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Por tanto, nosotros respecto al punto A, estamos totalmente de acuerdo en que el Gobierno pueda remitir a esta Cámara toda la documentación existente sobre la venta de las entidades públicas estatales, como es el caso de AENA y el caso de Loterías y Apuestas del Estado. Como no podía ser de otra forma, también estamos de acuerdo en que estas privatizaciones estén enmarcadas en unos principios generales que incorpora el Grupo Parlamentario Popular en su punto 2, como es garantizar que la entrada de capital privado en las empresas públicas cumpla determinados requisitos, como el criterio de eficiencia en la gestión que dé como resultado un mayor excedente para los consumidores en términos de menores precios y mejores servicios, que conduzca a mayores niveles de competencia en el sector, etcétera. En definitiva, que todas estas privatizaciones puedan tener como consecuencia final un incremento de la competitividad del tejido industrial español o del tejido que pueda incorporarse en el tema de los servicios. Por lo tanto, también estaríamos de acuerdo en votar favorablemente el punto B.1.
En lo que ya no estamos de acuerdo y donde existen discrepancias de fondo es en el punto número 2, en el que el Grupo Parlamentario Popular plantea la presentación de un proyecto de ley en relación a todos aquellos aspectos que hacen referencia a la privatización de AENA. El diputado del Partido Popular, señor Nadal, sabe perfectamente que el Gobierno en su momento planteó en este Congreso la convalidación de un real decreto-ley con el que nuestro grupo parlamentario no estuvo de acuerdo pero se abstuvo con el pretexto y también con la condición de que a partir de la aprobación de este real decreto-ley se pudiera plantear una privatización de un porcentaje de AENA y que, como consecuencia de esta privatización, se pudiera incorporar una participación mayoritaria y determinante de los aeropuertos ubicados en Cataluña por parte de la Generalitat en la gestión de la futura privatización de los aeropuertos en Cataluña. Esta es una cuestión que, como ustedes saben, está en marcha. Ya han empezado las negociaciones y las conversaciones entre los dos gobiernos y por lo tanto nosotros aquí vamos a votar en contra.
Finalmente, tampoco podemos estar de acuerdo con los puntos 3 y 4 porque damos por buena y positiva la futura privatización de un 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado, ya que entendemos que a través de ella el Estado podría reducir el actual déficit público. Por lo tanto, rectificar ahora esta decisión sería contraproducente y no iría en la misma dirección que cuando nosotros aprobamos dicha medida. Así pues, en el caso de que plantearan una votación separada, nos abstendríamos en los puntos 3 y 4, y votaríamos en contra del punto 2.
Doña Marta Gastón tiene la palabra.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores del PP, conocido de sobra su gran espíritu colaborador en materia económica, conocido de sobra su afán por no soltar prenda acerca de ninguna medida o reforma concreta que pondrían en marcha (Rumores.) y más que conocido por todos y todas el espíritu privatizador que impregna su propio ADN, tengo que decirles que nos extrañó su interpelación por confusa, presumiendo por un lado de forma acérrima acerca de sus privatizaciones pero contrarios a la entrada de capital privado en AENA y en Loterías y Apuestas del Estado; por desorientada, ya que criticaban las medidas pero no decían claramente qué defienden como alternativa -para variar, tengo que decirles también-, y por incoherente, ya que tratan una cuestión totalmente extemporánea, cuestionan un real decreto-ley debatido y aprobado el 14 de diciembre, tres meses después.
Por cierto, en ese real decreto-ley ustedes, una vez más, no tuvieron criterio, se abstuvieron; algo que ya empieza a ser habitual para el Partido Popular. En conclusión, su interpelación no aportaba nada y nos extrañó también su moción, ya que viene disfrazada, como si de repente uniesen a su pretendida marca de defensores de los trabajadores una nueva marca de antiprivatizadores.
Pero, señoras y señores del PP, lo que no se nos escapa es la oportunidad que quisieron encontrar con su interpelación. Solo hay que ver el marco en el que la presentaron, Semana Santa y vacaciones a la vista para muchos ciudadanos, anuncio por parte de los sindicatos de huelga en AENA y, por tanto, intención por su parte, una vez más, de meter el dedo en el ojo al Gobierno, tratando de enredar el asunto interesadamente con la entrada de capital en AENA, a ver si conseguían cargar todo el enfado de los ciudadanos por la supuesta huelga contra el Gobierno. Lástima, señoras y señores del PP, para ustedes, pero satisfacción para el resto del país, ya que la noche previa a que ustedes llegaran a esta tribuna a
defender la interpelación hubo un acuerdo y no va a haber huelga. Señoras y señores del PP, les salió el tiro por la culata.
Ahora, con esta moción vienen de indecisos. No nos pretendan engañar, señoras y señores del PP. Múltiples diarios de sesiones de esta Cámara recogen intervenciones de diputados de su grupo parlamentario proclamando privatizaciones totales, tanto de AENA como de Loterías y Apuestas del Estado; lo que ustedes harían. Su intención original con la interpelación se frustró, en cambio nos da la posibilidad de poner a cada uno en su sitio en la materia. Fue el propio señor Nadal quien desestimó en el debate de la interpelación utilizar el término privatización para las operaciones refrendadas en esta Cámara con el real decreto-ley. Tengo que decirles -al igual que han hecho otros grupos- que hay puntos de su moción que apoyamos, ya que mejorar la eficiencia del sistema productivo, llevar a cabo medidas liberalizadoras, supone, de entrada, las premisas de las medidas aprobadas en dicho real decreto-ley. En dicho proceso el Gobierno siempre ha querido que la transparencia fuera clave y conlleva la no renuncia al carácter público de estas sociedades, manteniendo el control y la titularidad estatal. Poco tienen que ver estos procesos con los que se dieron en los Gobiernos del Partido Popular. Fueron procesos arbitrarios y opacos, movidos por razones eminentemente ideológicas: conseguir la disminución del papel del Estado en la economía, unido, eso sí, a la reducción del déficit público (Aplausos.). Aun así tengo que recordarles que no consiguieron ni un solo ejercicio con superávit, transformaron monopolios u oligopolios públicos en monopolios u oligopolios privados y después, no antes, adoptaron medidas liberalizadoras con el objeto de obtener más ingresos, de hacer más caja con las joyas de la corona. Desde luego, el tiempo ha dejado claro que las razones de sus privatizaciones fueron ideológicas -fuera el Estado de la economía- y también financieras -hacer caja-, lejos de razones económicas en busca de una mayor eficiencia.
Por tanto, señoras y señores del PP, a ustedes les salió el tiro por la culata, como ya les he dicho, con la desconvocatoria de la huelga de AENA al traer este asunto. Sin embargo, a nosotros nos viene pero que muy bien para refrescar memorias.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN LA PAZ EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2010.
- ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GAMBIA, HECHO EN MADRID EL 30 DE DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000251.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre diversos convenios internacionales.
El señor Perestelo desea hacer una breve intervención. Adelante.
Intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con estos dos convenios internacionales. Se trata de acuerdos sobre servicios aéreos entre el Reino de España y la República de Gambia, por un lado, y otro con el Gobierno de Bolivia. Señorías, con este acuerdo se produce un retroceso importante con respecto a acuerdos anteriores adoptados por esta Cámara, algunos de ellos por unanimidad; acuerdos que planteaban la quinta libertad en el tráfico aéreo para Canarias, que planteaban la posibilidad de que vuelos internacionales puedan operar con Canarias y sobre todo que Canarias se pueda convertir en plataforma tricontinental. Estos dos acuerdos se circunscriben, en el caso de Bolivia, exclusivamente a las operaciones en los aeropuertos de Madrid y de Barcelona... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Perestelo.
Por favor, les rogaría que tengan la bondad de guardar algo de silencio.
En el caso de Gambia no hace referencia a ningún aeropuerto. Por tanto, creemos que votar favorablemente a estos acuerdos sin esta modificación significa incumplir un mandato de esta Cámara en lo relativo al otorgamiento de esa quinta libertad a los aeropuertos de Canarias para poder ser plataforma tricontinental.
Don Francesc Ricomá tiene la palabra. (Rumores.) Silencio, por favor.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias.
Seré muy breve. Entendemos que los convenios que se someten hoy a consideración del Pleno son de firma obligada y no se entendería el no hacerlo básicamente por dos razones. La primera de ellas es porque son convenios que están perfectamente encuadrados dentro del
marco legal internacional que define el transporte aéreo, es decir, el Convenio Internacional de Aviación Civil de 1944 y, la segunda, porque adaptan la relación bilateral de España con Gambia y Bolivia en transporte aéreo a la normativa europea, incluyendo en su articulado los principios y las cláusulas estándares establecidas y exigidas por la Unión Europea. Esta adaptación al acervo comunitario provoca también que estos convenios incluyan importantes ventajas en la línea de la liberalización y de la competencia, por ejemplo, a nivel de que se rompe el hecho de que antes entre Bolivia y España solo podía operar una compañía y ahora lo van a poder hacer aquellas que lo deseen. Hay ventajas también a nivel de que se amplían las rutas previstas en un punto de origen-destino; un punto más en España, en este caso Barcelona, y un punto más en Bolivia, en este caso Santa Cruz. Es por lo que entendemos la intervención del señor Perestelo, pero comprenderán que desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Popular, un partido de ámbito nacional, el hecho de que España gane un destino más es importante. Además, el propio convenio deja las puertas abiertas a incrementar la capacidad que autoriza con el compromiso de incrementar el número de frecuencias disponibles. Es decir, que el propio convenio deja abierta la posibilidad de que en el futuro sean más los puntos españoles que puedan adherirse también a este convenio. Al margen, establece la posibilidad de prestar servicios en régimen de código compartido, lo que implica que a través de terceras compañías, a través de terceros países más aeropuertos del territorio nacional también puedan ser beneficiados del intercambio de pasajeros entre los países sujetos a convenio, Bolivia, Gambia y España.
Don Jordi Pedret tiene la palabra.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de autorizar al Gobierno la ratificación de los convenios de transporte aéreo con el Estado Plurinacional de Bolivia y con la República de Gambia porque considera que son convenios bien negociados y favorables a los intereses públicos españoles, al interés común. En cuanto al de Bolivia, señor presidente, se introduce la posibilidad de designación múltiple de compañías aéreas, lo cual va en contra del sistema actual, que estaba limitado a una sola compañía por parte. Se eliminan además las limitaciones y exigencias del acuerdo actual respecto de las compensaciones económicas por capacidad y la necesidad de pactar las tarifas aplicables. Se establece también la posibilidad de navegar en código compartido, así como el aumento al doble de los aeropuertos que están designados en cada una de las partes; antes, solo La Paz y Madrid; ahora, La Paz y Santa Cruz, en Bolivia, y Madrid y Barcelona en el caso de España. Respecto de la República de Gambia, el acuerdo es absolutamente favorable, adecuado y por ello vamos a votar la autorización del Gobierno para ratificarlo. Hay que indicar, señorías, que la parte gambiana ha aceptado la totalidad de las cláusulas propuestas por España al respecto: que tenemos la posibilidad de designación múltiple de compañías con una capacidad ilimitada para las compañías aéreas de cada parte en cuanto a terceras y cuartas libertades; que se establece también la posibilidad de conectar con todos los aeropuertos de cada una de las partes y todos los enlaces internos entre los puntos conectables de cada una de las partes, y se establece también por último la posibilidad de régimen compartido, con las ventajas de competitividad y aumento del negocio de aerotransporte que ello supone.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedret.
Votaremos dentro de un minuto ya que los timbres llevan funcionando desde hace cinco minutos. (Pausa.) Iniciamos las votaciones. Cierren las puertas, por favor.
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 146; en contra, 171; abstenciones, 16.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV), DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS Y MIXTO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, SOBRE EL USO DE LENGUAS QUE TENGAN EL CARÁCTER DE OFICIALES EN ALGUNA COMUNIDAD AUTÓNOMA. (Número de expediente 410/000012.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la propuesta de los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco, PNV, de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre el uso de lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna comunidad autónoma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 24; en contra, 308; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno para que el pago de las prestaciones por desempleo se efectúe el primer día de cada mes, con la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). ¿Es así? (Asentimiento.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar que la venta de importantes activos públicos perjudique a la economía española. A solicitud del grupo proponente se votan sus cuatro apartados de modo separado. ¿Es así, señor Nadal? (Asentimiento.) Votamos, señor Nadal, por tanto, el punto A. ¿Después?
El señor NADAL BELDA: Punto B, apartado 1; B, apartado 2; B, apartado 3; y B, apartado 4.
El señor PRESIDENTE: Como tiene letras mayúsculas y minúsculas, vamos a ver si nos aclaramos. El punto A mayúscula se vota separadamente. ¿Es así? (Asentimiento.) Después el punto B, apartado 1; el punto B, apartado 2; el punto B, apartado 3; y el punto B, apartado 4. Comenzamos las votaciones como han quedado explicadas. En primer lugar votamos la letra A mayúscula.
Votamos a continuación el punto B, apartado 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 327; abstenciones, cinco.
A continuación votamos el punto B, apartado 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 147; en contra, 183; abstenciones, tres.
A continuación, el punto B, apartado 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 145; en contra, 176; abstenciones, 10.
Votamos el punto B, apartado 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 147; en contra, 170; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Sobre los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores ¿se desea alguna votación separada? (Pausa.) Bueno, son dos.
Si la quieren separada, votamos uno y otro. En primer lugar, el acuerdo entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 331; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos el de Gambia.