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Timestamp: 2018-12-14 03:13:28
Document Index: 322250503

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 247', 'artículo 26', 'artículo 62', 'artículo 67', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 20', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 247', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 17', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 1', 'Artículo 19', 'artículo 1', 'Artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 2', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28']

Codigo de Etica profesionalLeer+
Ley provincial N°630Leer+
Ley 20488 Leer+
Aquellos principios, valores, normas o cualidades que conforman el Código de Etica, no tienen vigencia real por su mera sanción, cobran vida cuando son adoptadas por los colegas, cuando echan raíces en la comunidad profesional convirtiéndose en “hábitos colectivos”, cuando alcanzan un alto rango de funcionamiento y otorgan “identidad” al grupo llegan a constituir “sistema ético” del mismo.
La cultura elaborada por la comunidad debe considerarse como el “bien común” de dicho grupo social, y su contribución al “bien común general”. Los profesionales en Ciencias Económicas ofrecen no solo prestaciones de servicios que enriquecen al bienestar general, sino también procurar los valores éticos y la estabilidad social, que es condición imprescindible para que se dé “un bien común permanente”.
Todo proyecto ético que concede la debida importancia a la “LIBERTAD” insistirá también en la “RESPONSABILIDAD” social de las “acciones” u “omisiones” de cada uno.
Es imprescindible la búsqueda de principios, valores y normas de conducta objetivamente válidos, es decir, basados en la “razón”, prescindiendo de criterios “subjetivos”, que sean aplicables en todo el territorio nacional que reflejen el interés de los matriculados, de los Consejos Profesionales y de la sociedad.
1.1-VERACIDAD
1.2- FIDELIDAD A LA PALABRA DADA
2-FORTALEZA PROFESIONAL
3-PRUDENCIA O SABER HACER
Es la virtud clave del que emprende algo, del obrar y del querer según la recta razón, es “hacer” las cosas bien, es decir “hacer bien el bien”. Es saber hacer, lo que en la terminología relativamente reciente se denomina “excellence” o “excelencia”, sobresalir por calidad de la actuación, la prudencia, el saber hacer como conocimiento practico que consiste en saber que hay que hacer y hacerlo.
b) Diagnosticar el presente: lo que exige: 1º “saber mirar alrededor” (circunspección), 2º “saber como están ocurriendo las cosas” “caen en la cuenta de lo que está ocurriendo” (inteligencia del presente), 3º “anticipar cuales son las líneas previsibles (capacidad de llegar a conclusiones).
La prudencia es a veces creativa y emprendedora y todo buen profesionales de algún modo emprendedor, el que ejerce la “prudencia profesional” lucha con los errores, la negligencia y la inconsistencia.
Así los individuos son identificados con claridad por sus clientes, empleadores y otras partes interesadas, como profesionales en ciencias económicas. Es decir el sentido pleno del trabajo profesional se configura como el de una actividad la cual permite el acceso del hombre a bienes que son necesarios para su subsistencia y desarrollo y que solo la red de relaciones profesionales, como el mercado encuentra un “lugar” ideal en el que se realizan intercambios, hace posible y además, constituye un ámbito de directa realización del valor de persona del trabajador.
f) La participación como director, administrador, docente y/o propietario, socio o accionista de establecimientos que otorguen títulos, diplomas o certificados o designaciones iguales o similares al ámbito de incumbencia de las profesiones en Ciencias Económicas, no autorizados conforme a la Ley521 o el ordenamiento legal que la sustituya.
Constituye falta de independencia cuando el profesional fuera socio –en otra entidad- del propietario, socio, accionista, directivo o administrador del ente sobre el cual verse el trabajo.
– Ser propietario de bienes explotados por el ente.
– Ser deudor, acreedor o garante del ente, o de cualquier director o administrador del mismo.
– Tener intereses económicos en empresas similares o competitivas del ente, sin dar a conocer dicha situación a las partes interesadas.
– Participar en un negocio conjunto con el ente, o con directores o administradores del mismo.
– Ser fideicomisario de un fideicomiso que tenga un interés financiero en el ente.
i) Cuando no se excuse de actuar en la justicia, o extrajudicialmente –si debe dirimir una controversia- aceptando la designación o el asunto, si alguna de las partes de la causa esté vinculada por parentesco, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar su independencia.
Artículo 1º.- El ejercicio de las profesiones de Doctor en Ciencias Económicas, Contador Público Nacional o Contador Público, Licenciado en Economía Política o en Economía, Licenciado en Administración y Actuario, en la Provincia de Formosa, queda sujeto a lo que prescribe la presente ley y a las disposiciones reglamentarias que se dicten.
b) Personas titulares de diplomas expedidos por escuelas superiores de comercio de la Nación, o convalidadas por ella, antes de la sanción del decreto-ley 5103/45 – (ley 12.921).
Art. 4º.- Las personas que sin poseer título habilitante en las condiciones prescriptas por la presente ley ejercieran cualquiera de las profesiones reglamentadas por esta ley, así como las personas que ofrecieran los servicios inherentes a tales profesiones sin poseer título habilitante para ello, serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 247 del Código Penal.
Art. 5º.- Para cubrir los cargos en las Entidades Centralizadas y Descentralizadas de la Administración Pública Provincial o Municipal, Empresas del Estado y Mixtas, para cuyo desempeño se requiere tener conocimientos de al especialidad de los graduados en Ciencias Económicas, se dará preferencia a los profesionales con título de la especialidad respectiva.
Art. 6º.- El consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa es una persona jurídica de derecho privado, con independencia funcional de los poderes del Estado, creado para el cumplimiento de los objetivos que se especifiquen en la presente ley y en la legislación vigente para todo el territorio nacional. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tendrá su asiento en la ciudad de Formosa y podrá crear y suprimir Delegaciones dentro del territorio de la Provincia.
Art. 7º.- Son atribuciones y deberes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que se ejercerán por los Organos competentes de acuerdo a las disposiciones de esta ley :
Art. 8º.- El uso del título de cualquiera de las profesiones regladas por esta ley, sólo será permitido a personas de existencia visible. En todos los casos deberá determinarse claramente el título con el cual se actúa y el número de matrícula. Ningún profesional podrá permitir que ejerza la profesión, en su nombre, otra persona. Los cargos existentes o a crearse en actividades o entidades comerciales, civiles y bancarias, empresas o mixtas o del Estado, no podrán designarse con denominaciones que den lugar a que quienes los ocupen, utilicen indebidamente el título de las profesiones a que se refieren la presente ley.
Art. 9º.- Para ejercer algunas de las profesiones a que se refiere esta ley ya sea en la Administración Pública, Judicial o privadamente, se requiere estar inscripto en la matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y estar habilitados para el ejercicio profesional en los términos de la presente ley.
Art. 10.- No podrán ejercer las profesiones a que se refiere esta ley, por inhabilidad :
Art. 11.- Para ser inscripto en la matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas se exigirá :
Art. 12.- La Junta Directiva verificará si el profesional peticionante reúne los requisitos exigidos por esta ley y se expedita dentro de los diez (10) días de presentada la solicitud, salvo que la Junta antes del vencimiento del plazo prorrogue el término de diez (10) días más, por resolución fundada. El término de prórroga se cuenta a partir de la fecha en que se dicte la resolución aludida, aclarándose que los días son hábiles. Si vencidos los términos de referencia, la Junta Directiva no se pronunciare, automáticamente quedará aceptada la solicitud de inscripción. Toda resolución deberá ser notificada el peticionante.
Art. 13.- El profesional cuya inscripción fuera rechazada, podrá solicitar reconsideración de dicha medida y si aún fuera rechazada, podrá apelar ante la primera Asamblea que se realice.
Art. 14.- Se requerirá el título de Doctor en Ciencias Económicas o licenciado en Economía Política o equivalente :
Aspecto Microeconómicos :
Realización de estudios y preparación de dictámenes o informes sobre comercio, finanzas, mercado y economía internacionales.
Realización o interpretación de estudios econométricos y de proyecciones económicas (ahorro, inversión y consumo).
Presentación con su firma ante organismos financieros públicos o privados de la factibilidad económica de actividades objeto de solicitudes de financiamiento.
Presentación con su firma, ante organismos oficiales de la factibilidad económica de las actividades objeto de solicitud de acogimiento a regímenes promocionales nacionales y/o provinciales.
Toda otra cuestión relacionada con economía, finanzas y con referencia a las funciones que les son propias de acuerdo con el presente artículo.
Art. 15.- Se requerirá el título de Contador Público o Contador Público Nacional :
En las liquidaciones de averías y siniestros, y en las cuestiones relacionadas con los transportes en general para realizar los cálculos y distribuciones correspondientes.
Para los estados de cuentas en las disoluciones, liquidaciones y todas cuestiones patrimoniales de entidades civiles y comerciales y las rendiciones de cuentas de administración de bienes.
En las compulsas y peritajes sobre libros, documentos y demás elementos concurrentes a la dilucidación de cuestiones de contabilidad y relacionadas con el comercio en general, sus prácticas y usos y costumbres.
Administraciones o intervenciones judiciales.
Como perito en su materia, en todos los fueros.
La determinación y liquidación de tributos.
La evaluación de los efectos de la Legislación fiscal nacional, provincial y municipal, sobre la situación financiera y patrimonial de empresas y otros entes, y su especial en los casos de su constitución, transformación, reorganización, funsión, absorción, y liquidación.
Las funciones directivas de análisis, planeamiento, organización coordinación y control.
La elaboración o implementación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de administración, finanzas, comercialización, presupuestos, costos y administración de personal.
La aplicación o implementación de sistemas de procesamiento de datos y otros métodos de información gerencial.
Toda otro cuestión de dirección o administración en materia económica, contable y financiera con referencias a las funciones que les son propias de acuerdo con el presente artículo.
Art. 16.- Se requerirá el título de Licenciado en Administración :
La aplicación o implantación de sistemas de procesamiento de datos y otros métodos en el proceso de información gerencial.
La referente a relaciones industriales, sistemas de remuneración y demás aspectos vinculados al factor humano en la empresa.
Toda otra cuestión de dirección o administración en materia de procedimientos; con referencias a las funciones que le son propias de acuerdo con el presente artículo.
Art. 17.- Se considera título habilitante para el ejercicio de las funciones, para las cuales se requiere el de licenciado en administración, el de los contadores públicos egresados con anterioridad a la vigencia de la presente ley y que hubieran iniciado su carrera con anterioridad a la vigencia del plan de estudios, de licenciados en administración en las respectivas universidades. Si la universidad que emitió el título de contador público no tuviere en vigencia la carrera de licenciado en administración, los egresados hasta la vigencia de la presente ley se encuentran comprendidos en las disposiciones del primer párrafo del presente artículo.
Art. 18.- Se requerirá el título de Actuario :
Art. 19.- Ninguna disposición legal o reglamentaria podrá prohibir a los profesionales cuyas actividades se regulan por esta ley, la realización en nombre de sus clientes, de las gestiones administrativas relacionadas con atención de los asuntos que estos le encomienden, tendientes al ejercicio de las profesiones respectivas. Los profesionales en Ciencias Económicas actuarán sin patrocinio ante el Registro Público de Comercio.
Art. 20.- Son órganos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas: a) La Asamblea;
Art. 21.- El desempeño de los cargos electivos será honorario, salvo lo dispuesto en el artículo 26, inciso g) y el mandato de los miembros titulares y suplentes será de estos dos (2) años, pudiendo ser reelectos por un período más.
Art. 22.- No pueden ser electores :
Art. 23.- No pueden ser elegidos miembros de la Junta Directiva, del Tribunal de Etica y Disciplina y de la Comisión Fiscalizadora :
Art. 24.- En causal de cesación de mandatos por los miembros de la Junta Directiva, del Tribunal de Etica y Disciplina y de la Comisión Fiscalizadora, haber incurrido en tres (3) faltas consecutivas o cinco (5) alternadas por año sin motivo justificado, a juzgarse la conducta de algunos de los miembros de los órganos del Consejo Profesional en cuanto al ejercicio de sus funciones. La Asamblea podrá disponer el cese del mandato. Los miembros precitados sólo podrán ser eximidos prueba de no haber actuado en la resolución impugnada o la constancia en acta de voto en contra.
Art. 25.- La Asamblea es la autoridad máxima del Consejo Profesional en Ciencias Económicas, siendo sus resoluciones obligatorias para todos los inscriptos, Se constituye con los profesionales inscriptos en las respectivas matriculas en condiciones de ejercer los derechos sociales. Las Asambleas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.
Art. 26.- Las Asambleas Ordinarias se realizarán una vez por año dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la finalización del ejercicio económico-financiero y en ella deberá :
Art. 27.- Las Asambleas Extraordinarias se convocarán :
Art. 28.- Será nula toda decisión sobre materia extraña a las incluidas en el Orden del Día, salvo la lección de los encargados de suscribir el Acta.
Art. 29.- El padrón de matriculados en condiciones de intervenir en las Asambleas y elecciones se encontrará a disposición de los asociados en la sede de la entidad con una anticipación de quince (15) días a la fecha de la misma, debiendo actualizarse cada cinco (5) días.
Art. 30.- Los profesionales participaran personalmente y con un solo voto en las Asambleas, no siendo admisible el voto por poder. Los miembros de la Junta Directiva, de la Comisión Fiscalizadora y el Tribunal de Etica y Disciplina no tendrán voto en los asuntos relacionados con su gestión.
Art. 32.- El quorúm para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los matriculados en condiciones de sufragar ; en caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente una (1) hora después con los matriculados presentes, cuyo número no deberá ser menor al de los miembros de la Junta Directiva, la Comisión Fiscalizadora y el Tribunal de Etica y Disciplina. Las resoluciones de las Asambleas solo podrán ser reconsiderados por otra asamblea ; para rectificar la resolución considerada, se requerirá el voto afirmativo de dos tercios de los socios presentes en la nueva convocatoria.
Art. 33.- Las elecciones de los miembros de la Junta Directiva, Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Etica y Disciplina, se hará por el sistema de lista completa a la época de vencimiento de los respectivos mandatos, conforme al procedimiento dispuesto en la presente ley. La elección o renovación de las autoridades se efectuará por voto secreto y personal, salvo en el caso de existir lista única que se proclamará en el acto eleccionario.
Art. 34.- Las listas de candidatos podrán presentarse hasta quince (15) días antes del acto eleccionario, las que podrán ser impugnadas hasta diez (10) días antes del mismo acto. Las listas que no fueran impugnadas quedarán firmes cinco (5) días antes de las elecciones.
Art. 35.- Las decisiones de las Asambleas se tomarán por simple mayoría de votos de los presentes, salvo en los siguientes casos en los que se requerirá el voto afirmativo de por lo menos los dos tercios del total de inscriptos habilitados para concurrir a las asambleas :
Art. 36.- La Junta Directiva se compondrá de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero y Tres (3) Vocales Titulares y Tres (3) Vocales Suplentes, que por su orden sustituirán automáticamente a los Vocales Titulares en casos de ausencias, impedimentos o vacancia.Para ser miembros de la Junta Directiva se requiere de un mínimo de cinco (5) años de ejercicio de la profesión. Para el caso de las disciplinas incorporadas, el término mínimo de matriculación fijando en el presente artículo no regirá, sino a partir del tercer año de la promulgación de la presente ley.
Art. 37.- Corresponde a la Junta Directiva la administración y representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en particular;
Art. 38.- La Junta Directiva se reunirá por lo menos una ves al mes y cuando lo requiera cualquiera de sus miembros. Los días de reunión serán fijadas por el Presidente y comunicaciones por el Secretario con el respectivo Orden del Día a los miembros, con una antelación de no menos de tres (3) días, salvo caso de urgencia.
Art. 39.- La Junta Directiva, deliberará válidamente con la mitad más uno de sus miembros, tomando las decisiones por mayoría de votos presentes, en caso de empate el Presidente tendrá doble voto. Sus deliberaciones y resoluciones serán registrados en Libros de Actas habilitado y rubricado por autoridad competente y deberá ser inscriptas por el Presidente y por el Secretario.
Art. 40.- El miembro que faltare sin causas debidamente justificada a tres reuniones consecutivas o seis alternadas durante un año cesará automáticamente en su cargo y la Secretaría comunicará con circunstancia ala Junta para la incorporación del suplente que lo reemplace. El miembro que cesare en su cargo por esta causa de inasistencia no podrá figurar como candidato a miembro titular o suplente hasta pasados cuatro años de la fecha en que debió terminar normalmente su mandato.
Art. 41.- Si se produjese acefalía de la Junta, ocuparán los cargos los profesiones inscriptos en las primeras matrículas. Igual determinación corresponde tomar cuando quedaren menos de tres miembros titulares, siendo reemplazados provisoriamente y hasta tanto no convoque a elecciones, éstas deberán efectuarse dentro de los treinta (30) días de producidas cualquiera de las situaciones enunciadas.
Art. 42.- El miembro que en una determinada situación a resolver tuviera un interés contrario al de la entidad, o consideraras que corresponde su excusación, deberá hacerlo saber a la Junta Directiva y a la Comisión Fiscalizadora y abstenerse de intervenir en la deliberación y en la votación.
Art. 43.- El Presidente en el representante legal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Son sus deberes y atribuciones :
Art. 44.- El Vicepresidente reemplazará al Presidente con todos sus deberes y atribuciones en caso de ausencia transitoria o vacancia del cargo, A falta de Presidente y Vicepresidente y al solo efecto de sesionar, la Junta Directiva o la Asamblea, según el caso, designarán como Presidente ad-hoc a otro de los miembros.
Art. 45.– Son deberes y atribuciones del Secretario :
Art. 46.- Son deberes y atribuciones del Tesorero :
Art. 47.- Son atribuciones y deberes de los Vocales Titulares :
Art. 48.- La Comisión Fiscalizadora estará integrada por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes. Durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.
Art. 49.- Son atribuciones y deberes de la Comisión Fiscalizadora :
Art. 50.- La Comisión Fiscalizadora debe ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social. La función de fiscalización se limita al derecho de observación cuando las decisiones significaran, según su concepto, infracción a las normas legales o reglamentaciones. Para que la impugnación sea procedente, debe, en cada caso, especificar concretamente las disposiciones que considere transgredidas.
Art. 51.- La Comisión Fiscalizadora responde por el incumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley y su reglamentación. Tiene el deber de documentar sus observaciones o requerimientos y, agotada la gestión interna, informar de los hechos a sus representados. La constancia de su informe cubre la responsabilidad de fiscalización.
Art. 52.- No podrán integrar la Comisión Fiscalizadora :
Art. 54.– Anualmente, la Asamblea Ordinaria determinará el monto de los derechos pecuniarios a percibir por el Consejo, como así también los intereses por mora en el pago. Facultará a la Junta Directiva asimismo las modalidades y plazos de pago.
Art. 55.- Los profesionales que soliciten inscribirse en más de una matrícula abonarán un solo derecho de inscripción, asimismo el pago del derecho del ejercicio profesional de una profesión los habilitará para el de todas las profesiones en cuyas matrículas figuren inscriptos.
Art. 56.- El ejercicio social no excederá de un año, su clausura será el 31 de diciembre de cada año.
Art. 57.- Sin perjuicio de otros que la Junta Directiva decida llevar, se habilitarán debidamente rubricados : Actas de Asambleas, Actas de Junta Directiva, Registro de Matrículas Profesionales (por cada profesión), Inventario de Balances, Diario, Registro de Asistencia a Asambleas, Actas de reuniones de la Comisión Fiscalizadora, Acordadas del Tribunal de Etica y Disciplina. Los excedentes que resulten de los estados contables anuales quedarán a disposición de la Asamblea, la que podrá resolver su destino por sí a propuesta de la Junta Directiva.
Art. 58.- Los excedentes que resultaren de los estados contables anuales, quedarán a disposición de la Asamblea, la que podrá resolver su destino por sí o a propuesta de la Junta Directiva.
Art. 59.- El Tribunal de Etíca y Disciplina se integrará con un Presidente, un Vocal 1º y un Vocal 2º titulares o igual número de vocales suplentes. Los Vocales titulares reemplazarán por su orden a los integrantes del Tribunal ; en caso de ausencia, impedimento o vacancia siendo sustituido por los respectivos vocales suplentes.
Art. 60.- El Tribunal mantiene una relación de dependencia jerárquica únicamente con la Asamblea de matriculados.
Art. 61.- Los miembros del Tribunal de Disciplina podrán excusarse o ser recuzados por las causales, oportunidad y formas establecidas para los jueces en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.
Art. 62.- Los profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas podrán ser pasibles de las siguientes sanciones disciplinarias :
Art. 63.- Las sanciones previstas en el artículo anterior serán aplicadas por el Tribunal de Etica con el voto de la mayoría de los miembros que lo integran.
Art. 64.- Son causales para la aplicación de las sanciones enumeradas en los incisos a), b) y c) del artículo 62, las siguientes :
Art. 65.- La cancelación de la matrícula sólo podrá aplicarse :
Art. 66.- El Tribunal actuará por denuncia escrita a solicitud de la Junta Directiva por comunicación de magistrados o de oficio dando razón para ello.
Art. 67.- En la denuncia en que se formulen los cargos se indicarán las pruebas en que se apoyan. De esta presentación o de la resolución del Tribunal, en su caso, se dará traslado al imputado por diez (10) días, quien juntamente con los descargos ofrecerá la prueba que haya de valores. Vencido esta término, se haya o no evacuando el traslado, el Tribunal decidirá si existe mérito suficiente para instruir el proceso de disciplina. En caso afirmativo lo abrirá a prueba por el término de treinta (30) a sesenta (60) días, según las necesidades del caso y proveerá conducente a la producción de las ofrecidas, notificando a las partes. Producirá la prueba o vencido el término respectivo, se correrá traslado a las partes por cinco (5) días y por su orden para alegar sobre mérito de las mismas. Con o sin alegato, vencido este término, el Secretario certificará el vencimiento operado y pasará los autos al Tribunal para que dicte sentencia. El Tribunal deberá expendirse en forma fundada dentro de los quince (15) días siguientes ; todos estos términos son parentorios y solo se computarán los días hábiles. El Código Procesal Civil y Comercial se aplicará supletoriamente en todo lo que no estuviere provisto en la presente ley. La renuncia a la inscripción en la matrícula, no impedirá el juzgamiento respectivo.
Art. 68.- El Tribunal podrá disponer la comparencia de testigos, exhibición de documentos, insepciones y toda otra diligencia que considere pertinente para la investigación y podrá en caso de oposición, solicitar al Juez del Crimen de turno dicte las medidas necesarias para llevar a cabo las diligencias ordenadas.
Art. 69.- Contra las decisiones del Tribunal de Disciplina, los sancionados podrán interponer los siguientes recursos :
Art. 70.- El recurso de reconsideración se interpondrá por ante el Tribunal, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la resolución recurrida, quien deberá expedirse dentro del término de quince (15) días.
Art. 71.- El recurso de apelación podrá interponerse en subsidio del de reconsideración o contra la decisión del Tribunal que lo denigra dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificado de la resolución que concede la apelación.
Art. 72.- El recurso de apelación solo precederá si previamente ha intentado la reconsideración. La apelación será resuelta por la Asamblea de matriculados y contra sus decisiones podrá recurrirse por ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa.
Art. 73.- En todos los casos la interposición de los recursos suspenderá las ejecutoriedades de la decisión impugnada.
Art. 74.- El profesional excluído de la matricula no podrá por reinscripto sino después de transcurrido dos (2) años desde la sanción y previa resolución fundada de la Junta Directiva.
Art. 75.- Salvo disposición expresa en contrario, los términos fijados por esta ley, se cuentan en días hábiles.-
Art. 76.- Derógase la ley 246 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Ley Nacional Nº 20.488
Del Ejercicio de las Profesiones relacionadas a las Ciencias Económicas 102 103 LEY NACIONAL Nº 20.488 Del Ejercicio de las Profesiones relacionadas a las Ciencias Económicas Buenos Aires, 23 de Mayo de 1973 Al Excmo. Señor Presidente de la Nación Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado elevando a su consideración, el adjunto proyecto de ley por el cual se establecen normas de carácter general referentes al ejercicio de las profesiones relacionadas a las ciencias económicas. Parece ocioso destacar la trascendencia que dicha rama del saber tiene en las múltiples actividades del quehacer nacional, que se vinculan tanto con la elevación del nivel científico y cultural del país, como con el de los fines de contralor y organización en los aspectos económicos y financieros. Los profesionales de ciencias económicas intervienen en la mayor parte de las actividades de la economía, tanto en la esfera pública como en la privada, brindando apoyo técnico a otras profesiones y actividades mediante los estudios inherentes al quehacer económico. El régimen legal actualmente vigente (Decreto-Ley 5.103-45) (Ley 12.921), no contempla acabadamente la experiencia acumulada en los últimos años en las profesiones de que se trata. Es una realidad que, la evolución tecnológica y social ha avanzado rápidamente en el orden de las ciencias económicas, tan ligadas a fenómenos de carácter político y social. En respuesta a tales requerimientos, las universidades del país han ido ampliando sus planes de estudio para emprender nuevas especialidades profesionales adaptadas a las exigencias socio-económicas del país. 104 Con excepción de las normas de policía del ejercicio profesional, que son del resorte exclusivo de las autoridades locales, resulta indispensable extender a todo el país la vigencia de las normas que regulan el ejercicio profesional sobre la base de la capacitación otorgada por las universidades. Se logrará con ello, una deseable coherencia en el desenvolvimiento de una actividad que interesa fundamentalmente al bienestar de la Nación (artículo 67º inciso 16 de la Constitución Nacional). Las disposiciones proyectadas tienden a resolver las carencias evidenciadas en el régimen legal actualmente vigente, donde no se contemplan los nuevos campos de especialización abiertos en los últimos años, respetándose por lo demás el ámbito de actuación que corresponde a las autoridades locales. La ley proyectada será un eficiente instrumento para el mayor desarrollo del patrimonio nacional, tanto en su aspecto económico como cultural y se encuadra en las políticas nacionales Nº 25, 32, 54 del Decreto Nº 4670 de la Junta de Comandantes en Jefe. Dios guarde a V.E. En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina. EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: TITULO I – DEL EJERCICIO PROFESIONAL Artículo 1º.- En todo el territorio de la Nación el ejercicio de las profesiones de Licenciado en Economía, Contador Público, Licenciado en Administración, Actuario y sus equivalentes queda sujeto a lo que prescribe la presente Ley y a las disposiciones reglamentarias que se dicten. Para tales efectos es obligatoria la inscripción en las respectivas matrículas de los Consejos Profesionales del país conforme a la jurisdicción en que se desarrolle su ejercicio. Artículo 2º.- Las profesiones a que se refiere el Artículo 1º sólo podrán ser ejercidas por: a) Personas titulares de diplomas que expiden las Universidades Nacionales siempre que su otorgamiento requiera estudios completos de enseñanza media previos a los de carácter universitario. 105 b) Personas con títulos habilitantes expedidos por el Estado Nacional, en las condiciones establecidas en las Leyes Nros. 14.557 y, 17.604 y decretos reglamentarios y, por Universidades Provinciales, siempre que el otorgamiento de tales títulos requiera estudios completos de enseñanza media, previos a los de carácter universitario y que acrediten haber cubierto requisitos y conocimientos no inferiores a los impartidos en las respectivas disciplinas en las universidades nacionales. c) Personas titulares de diplomas expedidos por universidades o instituciones profesionales extranjeras, revalidados por una universidad nacional o que lo fueren en lo sucesivo, siempre que reúnen los siguientes requisitos: 1) Que el diploma haya sido otorgado previo ciclo completo de enseñanza media y que acredite haber cubierto requisitos y conocimientos no inferiores en extensión y profundidad a los impartidos en las respectivas disciplinas en las universidades nacionales. 2) Tener una residencia continuada en el país no menor de DOS (2) años, salvo que el titular del diploma sea argentino. a) Personas titulares de diplomas expedidos por escuelas superiores de comercio de la Nación o convalidados por ella, antes de la sanción del Decreto-Ley 5.103/45 (Ley 12.921). b) Personas titulares de diplomas o graduados en Ciencias Económicas expedidos por las autoridades nacionales o provinciales con anterioridad a la creación de las carreras universitarias, mientras no resulte modificación y/o extensión del objeto, condiciones, término, lugar de validez u otra modalidad del ejercicio profesional, siempre y cuando estuvieran inscriptos en las respectivas matrículas antes de la sanción de la presente ley. c) Personas inscriptas a la fecha de esta ley en el Registro Especial de No Graduados, conforme al Decreto-Ley 5.103/45 (Art. 7), mientras no resulte modificación y/o extensión del objeto, condiciones, término u otra modalidad de la actividad profesional. Artículo 3º.- A los efectos de esta Ley se considerará que las personas comprendidas en el Artículo 20, ejercen las profesiones mencionadas en el Artículo 1º cuando realizan actos que supon- 106 gan, requieren o comprometan la aplicación de conocimientos propios de tales personas; especialmente si consisten en: a) El ofrecimiento o realización de servicios profesionales. b) El desempeño de funciones derivadas de nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de partes. c) La evacuación, emisión, presentación o publicación de informes, dictámenes, laudos, consultas, estudios, consejos, pericias, compulsas, valorizaciones, presupuestos, escritos, cuentas, análisis, proyectos, o de trabajos similares, destinados a ser presentados ante los poderes públicos, particulares o entidades públicas, mixtas o privadas. Artículos 4º.- El uso del título de cualesquiera de las profesiones enumeradas en el Artículo 1º sólo será permitido a personas de existencia visible. En todos los casos deberá determinarse claramente el título de que se trata y la Universidad que lo expidió. Los cargos existentes o a crearse en actividades o entidades comerciales, civiles y bancarias, empresas mixtas o del Estado, no podrán designarse con denominaciones que den lugar a que quienes los ocupan utilicen indebidamente el título de profesiones a que se refiere la presente ley. Artículo 5º.- Las asociaciones de los graduados en ciencias económicas a que se refiere la presente ley sólo podrán ofrecer servicios profesionales cuando la totalidad de sus componentes posean los respectivos títulos habilitantes y estén matriculados. Artículo 6º.- Las asociaciones de profesionales universitarios de distintas disciplinas actuarán en las Ciencias Económicas bajo la firma y actuación del profesional de la respectiva especialidad de Ciencias Económicas. Art. 7º.- Se considerará como uso del título toda manifestación que permita referir o atribuir a una o más personas el propósito o la capacidad para el ejercicio de la profesión en el ámbito y en el nivel que son propios de dicho título. En particular: a) El empleo de leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles o publicaciones de cualquier especie. b) La emisión, reproducción o difusión de las palabras contador, economista, analista, auditor, experto, consultor, asesor, licenciado o similares y sus equivalentes en idiomas extranjeros, con referencia a cualesquiera de los ámbitos de las profesiones reglamentadas por esta ley. 107 c) El empleo de los términos academia, estudio, asesoría, oficina, instituto, sociedad, organización u otros similares y sus equivalentes en idiomas extranjeros, con referencia a cualesquiera de los ámbitos de las profesiones reglamentadas por esta ley. Art. 8º.- Las personas que sin poseer título habilitante en las condiciones prescriptas por la presente ley ejercieran cualesquiera de las profesiones reglamentadas por esta ley o lo hicieran no obstante habérseles cancelado la matrícula como consecuencia de sanciones dispuestas por los Consejos Profesionales, así como las personas que ofrecieran los servicios inherentes a tales profesiones sin poseer título habilitante para ello, sufrirán penas de UN (1) mes a UN (1) año de prisión sin perjuicio de las penalidades y sanciones que otras leyes establezcan. Los que indebidamente se arroguen cualesquiera de los títulos de las profesiones reglamentadas por esta ley serán pasibles de las sanciones previstas en el Artículo 247 del Código Penal. Los profesionales que ejercieran alguna de las profesiones comprendidas en la presente ley sin la inscripción en la matrícula del respectivo Consejo Profesional del país, serán penados con multa de QUINIENTOS PESOS ($ 500) a CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000). Artículo 9º.- Prohíbese a los establecimientos de enseñanza privada no autorizados conforme a las leyes Nros. 14.557 y 17.604 y decretos reglamentarios, otorgar títulos, diplomas o certificados con designaciones iguales, similares o que se refieran parcialmente al ámbito de las profesiones reglamentadas por esta Ley, o que de algún modo puedan confundirse con ellas. Los establecimientos infractores y solidariamente sus directores, administradores y propietarios serán pasibles de una multa de MIL PESOS ($ 1.000) a DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) por cada título, diploma o certificado expedido, sin perjuicio de la responsabilidad penal por los delitos comunes, debiendo disponerse inmediatamente la clausura de tales centros de enseñanza. Igual prohibición alcanza a la manifestación pública o privada de que en dichos establecimientos se imparte enseñanza similar, equivalente o específica de la formación profesional requerida para obtener los grados o títulos correspondientes a las profesiones reglamentadas por esta ley. Las infracciones a esta disposición serán penadas con multas de CINCO MIL PESOS ($ 5.000) a CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000). Artículo 10º.- Para cubrir los cargos en las entidades centrali- 108 zadas y descentralizadas de la administración pública nacional, provincial y municipal, empresas del Estado y mixtas para cuyo desempeño se requiera tener conocimientos de la especialidad de los graduados en ciencias económicas, se dará preferencia a los profesionales con títulos de la especialidad respectiva. Artículo 11º.- Se requerirá título de Licenciado en Economía o equivalente: a) Para todo dictamen destinado a ser presentado a autoridades judiciales, administrativas o a hacer fe pública relacionada con el asesoramiento económico y financiero para: 1. Estudios de mercado y proyecciones de oferta y demanda sin perjuicio de la actuación de graduados de otras disciplinas en las áreas de su competencia. 2. Evaluación económica de proyectos de inversiones sin perjuicio de la actuación de graduados de otras disciplinas en las áreas de su competencia. 3. Análisis de coyuntura global, sectorial y regional. 4. Análisis del mercado externo y del comercio internacional. 5. Análisis macroeconómico de los mercados cambiarios de valores y de capitales. 6. Estudios de programas de desarrollo económico global, sectorial y regional. 7. Realización e interpretación de estudios econométricos. 8. Análisis de la situación, actividad y política monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal y salarial. 9. Estudios y proyectos de promoción industrial, minera, agropecuaria, comercial energética, de transportes y de infraestructura en sus aspectos económicos. 10. Análisis económico del planeamiento de recursos humanos y evaluación económica de proyectos y programas atinentes a estos recursos. 11. Análisis de la política industrial, minera, energética, agropecuaria, comercial, de transportes y de infraestructura en sus aspectos económicos. 12. Estudios a nivel global, sectorial y regional sobre problemas de comercialización, localización y estructura competitiva de mercados distribuidores, inclusive la formación de precios. 109 13. Toda otra cuestión relacionada con economía y finanzas con referencia a las funciones que le son propias de acuerdo con el presente artículo. b) Como perito en su materia en todos los fueros en el orden judicial. Artículo 12º.- Quedan incluidos en los términos del Art. 11 los Doctores en Ciencias Económicas que antes de la fecha de sanción de la presente Ley, poseyeran el título académico correspondiente, sin haber recibido previamente el de Licenciado en Economía. Artículo 13.- Se requerirá título de Contador Público o equivalente: a) En materia económica y contable cuando los dictámenes sirvan a fines judiciales, administrativos o estén destinados a hacer fe pública en relación con las cuestiones siguientes: 1. Preparación, análisis y proyección de estados contables, presupuestarios, de costos y de impuestos en empresas y otros entes. 2. Revisión de contabilidades y su documentación. 3. Disposiciones del Capítulo III, Título II, Libro I del Código de Comercio. 4. Organización contable de todo tipo de entes. 5. Elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo administrativo-contable. 6. Aplicación e implantación de sistemas de procesamientos de datos y otros métodos en los aspectos contables y financieros del proceso de información gerencial. 7. Liquidación de averías. 8. Dirección de relevamiento de inventarios que sirvan de base para la transferencia de negocios, para la constitución, fusión, escisión, disolución y liquidación de cualquier clase de entes y cesiones de cuotas sociales. 9. Intervención en las operaciones de transferencia de fondos de comercio, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 11.867, a cuyo fin deberán realizar todas las gestiones que fueran menester para su objeto, inclusive hacer publicar los edictos pertinentes en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las funciones y facultades reservadas a otros profesionales en la mencionada norma legal. 110 10. Intervención conjuntamente con letrados en los contratos y estatutos de toda clase de sociedades civiles y comerciales cuando se planteen cuestiones de carácter financiero, económico, impositivo y contable. 11. Presentación con su firma de estados contables de bancos nacionales, provinciales, municipales, mixtos y particulares, de toda empresa, sociedad o institución pública, mixta o privada y de todo tipo de ente con patrimonio diferenciado. En especial para las entidades financieras comprendidas en la ley Nº 18.061, cada Contador Público no podrá suscribir el balance de más de un entidad cumplimentándose asimismo el requisito expresado en el Artículo 17 de esta ley. 12. Toda otra cuestión en materia económica, financiera y contable con referencia a las funciones que le son propias de acuerdo con el presente artículo. b) En materia judicial para la producción y firma de dictámenes relacionados con las siguientes cuestiones: 1. En los concursos de la Ley Nº 19.551 para las funciones de síndico. 2. En las liquidaciones de averías y siniestros y en las cuestiones relacionadas con los transportes en general para realizar los cálculos y distribución correspondientes. 3. Para los estados de cuenta en las disoluciones, liquidaciones y todas las cuestiones patrimoniales de sociedades civiles y comerciales y las rendiciones de cuenta de administración de bienes. 4. En las compulsas o peritajes sobre libros, documentos y demás elementos concurrentes a la dilucidación de cuestiones de contabilidad y relacionadas con el comercio en general, sus prácticas, usos y costumbres. 5. Para dictámenes e informes contables en las administraciones e intervenciones judiciales. 6. En los juicios sucesorios para realizar y suscribir las cuenta particionarias conjuntamente con el letrado que intervenga. 7. Como perito en su materia en todos los fueros. En la emisión de dictámenes, se deberán aplicar las normas de 111 auditoría aprobadas por los organismos profesionales cuando ello sea pertinente. Artículo 14º.- Se requerirá título de Licenciado en Administración o equivalente: a) Para todo dictamen destinado a ser presentado ante autoridades judiciales, administrativas o a hacer fe pública en materia de dirección y administración para el asesoramiento en: 1. Las funciones directivas de análisis, planeamiento, organización, coordinación y control. 2. La elaboración e implantación de políticas, sistemas, mé- todos y procedimientos de administración, finanzas, comercialización, presupuestos, costos y administración de personal. 3. La definición y descripción de la estructura y funciones de la organización. 4. La aplicación e implantación de sistemas de procesamiento de datos y otros métodos en el proceso de información gerencial. 5. Lo referente a relaciones industriales, sistemas de remuneración y demás aspectos vinculados al factor humano en la empresa. 6. Toda otra cuestión de dirección o administración en materia económica y financiera con referencia a las funciones que le son propias de acuerdo con el presente artículo. b) En materia judicial: 1. Para las funciones de liquidador de sociedades comerciales o civiles. 2. Como perito en su materia en todos los fueros. En las designaciones de oficio para las tareas de administrador a nivel directivo o gerencial en las intervenciones judiciales, se dará preferencia a los licenciados en administración sin perjuicio de que sean tomados en consideración otros antecedentes en relación con tales designaciones. Artículo 15º.- Se considera título habilitante para el ejercicio de las funciones para las cuales se requiere el de Licenciado en Administración, el de los Contadores Públicos egresados con anterioridad a la vigencia de la presente ley y que hubieran iniciado 112 su carrera con anterioridad a la vigencia del plan de estudios de Licenciados en Administración en las respectivas universidades. Si la Universidad que emitió el título de Contador Público no tuviere en vigencia la carrera de Licenciado en Administración, los egresados hasta la vigencia de la presente ley se encuentran comprendidos en las disposiciones del primer párrafo del presente artículo. Artículo 16º.- Se requerirá título de Actuario o equivalente: 1. Para todo informe que las compañías de seguros, de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de autofinanciación (crédito recíproco) y sociedades mutuales, presenten a sus accionistas o asociados o a terceros, a la Superintendencia de Seguros u otra repartición pública, nacional provincial o municipal, que se relacione con el cálculo de primas y tarifas, planes de seguro, de beneficios, subsidios y reservas técnicas de dichas compañías y sociedades. 2. Para dictamen sobre las reservas técnicas que esas mismas compañías y sociedades deben publicar junto con su balance y cuadros de rendimiento anuales. 3. En los informes técnicos de los estados de las sociedades de socorros mutuos, gremiales o profesionales, cuando en sus planes de previsión y asistenciales, incluyan operaciones relacionadas con aspectos biométricos. 4. Para todo informe requerido por autoridades administrativas o que deba presentarse a las mismas o en juicios, sobre cuestiones técnicas relacionadas con la estadística, el cálculo de las probabilidades de su aplicación al seguro, la capitalización, ahorro y préstamo, operaciones de ahorro autofinanciado (crédito recíproco) y a los empréstitos. 5. Para todo informe o dictamen que se relacione con la valuación de acontecimientos futuros fortuitos, mediante el empleo de técnicas actuariales. 6. En asuntos judiciales cuando a requerimiento de autoridades judiciales deba determinarse el valor económico del hombre y rentas vitalicias. 7. Para el planeamiento económico y financiero de sistemas de previsión social, en cuanto respecta al cálculo de aportes, planes de beneficios o subsidios, reservas técnicas o de contingencia. 113 Artículo 17º.- El ejercicio de las profesiones reglados por la presente ley, en lo que respecta a las actuaciones en materia judicial, queda sujeto al requisito de que el profesional sea independiente respecto de la o las partes involucradas. Lo mismo ocurrirá cuando en cuestiones extra-judiciales haya situaciones conflictivas entre las partes. Artículo 18.- Se entiende por títulos equivalentes los otorgados por las Universidades citadas en la presente Ley que se diferencian en su denominación de las expresamente citadas en el Artículo 1º, pero que sean similares en las exigencias de sus planes de estudio así como en la extensión y nivel de los distintos cursos, a juicio del respectivo Consejo Profesional previo acuerdo con el Ministerio de Cultura y Educación. TITULO II DE LOS CONSEJOS PROFESIONALES Artículo 19º.- En la CAPITAL FEDERAL, TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, y en cada una de las provincias que así lo dispusiere funcionará un Consejo Profesional de los graduados a que se refiere el artículo 1º. Artículo 20º.- La inscripción de un título de los reglados por la presente ley en jurisdicción de las indicadas en el artículo 19º, no obliga necesariamente a su inscripción en los otros si no se ha dado cumplimiento, a entender del respectivo Consejo Profesional con los requisitos establecidos en el artículo 2º de esta ley. Artículo 21º.- Corresponderá a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas dentro de sus respectivas jurisdicciones: a) Dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley y otras relacionadas con el ejercicio profesional y sus respectivas reglamentaciones. b) Crear, cuando corresponda y llevar las matrículas correspondientes a las profesiones a que se refiere la presente ley. c) Honrar, en todos sus aspectos, el ejercicio de las profesiones de ciencias económicas, afirmando las normas de especialidad y decoro propias de la carrera universitaria, y estimulando la solidaridad entre sus miembros. d) Velar para que sus miembros actúen con un cabal concepto 114 de lealtad hacia la Patria, cumpliendo con la Constitución y las leyes. e) Cuidar que se cumplan los principios de ética que rijen el ejercicio profesional de ciencias económicas. f) Ordenar, dentro de sus facultades, el ejercicio profesional de ciencias económicas y regular y delimitar dicho ejercicio en sus relaciones con otras profesiones. g) Perseguir y combatir por los medios legales a su alcance, el ejercicio ilegal de la profesión. h) Secundar a la administración pública en el cumplimiento de las disposiciones que se relacionen con la profesión, evacuar consultas y suministrar los informes solicitados por entidades públicas, mixtas y privadas. i) Certificar las firmas y legalizar los dictámenes expedidos por los profesionales matriculados cuando tal requisito sea exigido. j) Aplicar las correcciones disciplinarias por violación a los códigos de ética y a los aranceles. Artículo 22º.- Las correcciones disciplinarias que aplicará cada Consejo Profesional a sus matriculados consistirán en: 1º Advertencia. 2º Amonestación privada. 3º Apercibimiento público. 4º Suspensión en el ejercicio de la profesión de UN (1) año. 5º Cancelación de la matrícula. Artículo 23º.- Las resoluciones de los Consejos Profesionales denegando la inscripción o reinscripción en la matrícula, como así también las referidas a los incisos 4º y 5º del artículo anterior darán recurso de apelación ante el Tribunal Judicial que determinan las respectivas jurisdicciones. Artículo 24º.- Cada Consejo Profesional, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, estará autorizado a percibir derechos de inscripción en la matrícula, de ejercicio profesional anual, de certificación de firmas y de legalización de dictámenes. Artículo 25º.- La presente ley comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación. Artículo 26º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de SESENTA (60) días a contar de su publicación. 115 Artículo 27º.- Deróganse los artículos 1) al 14) del DecretoLey Nº 5.103/45 (Ley Nº 12.921). Artículo 28º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Almirante CARLOS G. N. CODA Comandante en Jefe de la Armada Brig. Gral. CARLOS ALBERTO REY Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea RUBENS G. SAN SEBASTIAN Ministro de Trabajo