Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-19302-de-abril-9-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041cae5f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-03-31 03:15:22
Document Index: 39695367

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 244', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 244', 'artículo 8', 'artículo 441', 'artículo 450', 'artículo 7']

﻿ AUTO 19302 DE ABRIL 9 DE 2002
AUTO 19302 DE 09 DE ABRIL DE 2002
CONTENIDO:DELITO DE EXTORSIÓN. SU COMPETENCIA QUEDÓ RADICADA EN LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS SIN CONSIDERACIÓN DE LA ÉPOCA DE COMISIÓN DE LOS HECHOS A PARTIR DE LA LEY 733 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, JUEZ PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO, EXTORSIÓN
Auto 19302 de abril 9 de 2002
Aprobado Acta Nº 39
Bogotá, D.C. nueve de abril de dos mil dos.
Decide la Corte lo conducente a la falla de competencia que el Juzgado 22 Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de la misma capital predican para conocer el proceso adelantado contra Gustavo Adolfo Bermúdez y Rafael Augusto Becerra acusados por el delito de extorsión en cuantía de $ 5.000.000 pesos.
1. Los acontecimientos que originaron la presente actuación ocurrieron el 20 de enero de 2000, cuando al señor Orley Martínez Aguirre le fue hurtado un camión marca Chevrolet de placas VKJ 914 de propiedad del señor Alberto Elías Suárez Galeano, el cual transportaba pollos de la ciudad de Cali, seguidamente empezó a recibir llamadas telefónicas en las que se le exigía la entrega de $ 5.000.000 en efectivo si quería recuperar el camión y la carga, para lo cual acordaron una cita que debía cumplirse en la cafetería del almacén Ley ubicado en la calle 22 con carrera 7ª, donde entregó la suma de dinero a un individuo, que posteriormente fue capturado respondiendo al nombre de Gustavo Adolfo Bermúdez quien en la indagatoria negó conocer la finalidad de su proceder afirmando que había sido enviado por el señor Rafael Augusto Becerra.
1. La fiscal 330 delegada ante los jueces penales municipales y adscrito a la unidad de reacción inmediata, mediante resolución de enero 23 de 2000, profirió resolución de apertura de instrucción, ordenando la práctica de la diligencia de indagatoria de Gustavo Adolfo Bermúdez y Rafael Augusto Becerra a quienes se les resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva (fls. 36 y 99 cdno. 1).
2. Decretado el cierre de la investigación, la fiscalía 122 de la unidad cuarta de patrimonio económico, profirió resolución de acusación el 28 de noviembre de 2001 contra los procesados Bermúdez y Becerra por el delito de extorsión (fl. 285 cdno. 1).
3. El adelantamiento de la causa correspondió por reparto al juzgado 22 penal municipal de esta capital, el que mediante auto del 31 de enero del año que avanza ordenó imprimir el trámite inherente a la causa; empero, mediante auto de marzo 7 del presente año, al amparo del artículo 14 de la recientemente promulgada Ley 733 de 2002, ordenó la remisión del proceso al reparto de los juzgados penales del circuito especializados de Bogotá, invitando a un conflicto de competencia en el evento de no compartir sus planteamientos.
4. El juzgado 2º penal del circuito especializado de Bogotá, mediante pronunciamiento de marzo 18 del año que avanza, resuelve no aceptar la competencia para conocer de la actuación, con base en los siguientes razonamientos:
4.1. Luego de destacar los antecedentes normativos que dieron lugar a la creación de la extinta justicia regional hoy especializada, admite que con la Ley 733 del presente año, se pretende punibilizar nuevos comportamientos, al considerar su frecuente conexidad con actividades delictivas propias de la criminalidad organizada, así como el incremento de penas de aquellos delitos que en las mismas condiciones existen, como son el concierto finalizado con el lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito.
4.2. En cuanto atañe al delito de extorsión atendiendo lo dispuesto por el artículo 7º de las normas transitorias del Código de Procedimiento Penal “los jueces penales del circuito especializados conocerán del delito de extorsión en cuantía superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales...”. Añade que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 244 del Código Penal, el delito de extorsión se hallaba sancionado con pena que oscilaba entre 8 y 15 años de prisión, extremos punitivos que se incrementaron por mandato del artículo 5º de la Ley 733 del año en curso, para oscilar entre 12 y 16 años, imponiéndose además pena de multa que va de 600 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales y, en cuanto a las circunstancias de agravación se amplió su cobertura a 9 eventualidades.
4.3. Sostiene también, que admitir la competencia de la extorsión sin sujeción a la condición especial, desnaturaliza el propósito del legislador frente al gravísimo daño que se causaría a la administración de justicia por la inequidad de la distribución del trabajo judicial, que se tornaría eficazmente determinante para la obtención a los pretendidos con la emisión de la ley, en la medida en que la sobrecarga de asuntos asignados propiciaría un alto índice de impunidad.
1. Sea lo primero advertir, que la Sala dirimirá la controversia suscitada entre el juzgado 22 penal municipal y el juzgado 2º especializado, ambos de la capital de la República, pues no obstante que la nueva codificación adjetiva, penal, no señaló expresamente el funcionario competente para dirimir la discrepancia que en razón de la competencia involucre a un juzgado penal del circuito especializado y a uno penal municipal, con apoyo en la interpretación del inciso 2º del artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal, que se orienta a establecer que todo conflicto que en materia penal se presente con los juzgados penales del circuito especializados, es la Corte la que lo resuelva. No otra interpretación surge de la redacción gramatical del precepto del artículo 18 mencionado.
2. En segundo lugar, debe procesarse que la cuestión que ocupa la atención de la Sala ha sido suficientemente aclarada por esta Sala de la Corte (1) .
(1) Corte Suprema de Justicia entre otros pronunciamientos consultar autos de marzo 19 y 22. M.P. Galán Castellanos, Herman.
2. En efecto, se ha señalado que con ocasión a la vigencia de la Ley 733 de enero 29 de 2002, por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones, cuya aplicación en el ordenamiento jurídico interno inicia a partir de su publicación de acuerdo con el artículo 15, la que aconteció en el Diario Oficial Nº 44.693 del 31 de enero siguiente e introdujo modificaciones en el ámbito funcional de los jueces penales del circuito especializados.
Según el artículo 14 de la referida ley, “El conocimiento de los delitos señalados en esta ley le corresponde a los jueces penales del circuito especializados” dentro de los cuales se encuentra en el artículo 5º el punible de “extorsión” que modificó el original artículo 244 de la Ley 599 de 2000, cuya competencia fue atribuida de manera expresa a los juzgados penales del circuito especializados, independientemente de la imputación de circunstancias específicas de agravación, es decir, el secuestro simple, el secuestro extorsivo, el simple agravado y el extorsivo agravado, la extorsión, la extorsión agravada, el testaferrato cuando se realice en los eventos referidos en el inciso 2º del artículo 8º de la ley en cuestión, la omisión de denuncia en los casos contemplados en el inciso 2º del artículo 441, la fuga de presos en la modalidad culposa simple, inciso 1º, la indicada en los eventos señalados en el inciso 2º del artículo 450 del Código Penal.
De este modo, se tiene establecido que a partir de la vigencia de la Ley 733 de 2002 (ene. 31/2002), el conocimiento del delito de extorsión corresponde a los jueces penales del circuito especializados, sin importar la época de la comisión de los hechos, bien a partir de su vigencia ora producto de actuaciones en curso para dicho momento, por cuanto la competencia es un imperativo de orden público, parte integral de la estructura básica del procedimiento y de las formas propias de cada juicio, dispuesta por el legislador encargado de establecerla y de señalar su vigencia, sin embargo, en la precitada ley, no se señalaron condicionamientos ni excepciones, tan sólo se asignó el conocimiento del catálogo de delitos allí mencionados, entre otros, la extorsión, la extorsión agravada a los jueces penales del circuito especializados.
Así las cosas, el conflicto negativo de competencia se definirá asignando el conocimiento del proceso al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que conocerá del delito imputado en la resolución de acusación a los procesados por virtud del artículo 7º transitorio del Código de Procedimiento Penal, al que se le remitirá el expediente por la secretaría de la Sala, haciéndosele conocer esta determinación al despacho colisionante, enviándole copia de este proveído.
Atendidas las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia en la sala de Casación Penal,
1. DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso corresponde al Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Bogotá al que se le remitirá el expediente para lo de su cargo.
2. Copia de esta decisión envíese al Juzgado 22 Penal Municipal de la misma ciudad.