Source: https://www.zede.hn/
Timestamp: 2020-07-07 13:37:43
Document Index: 353512902

Matched Legal Cases: ['Artículo 39', 'Artículo 329', 'Artículo 10', 'Artículo 6', 'Artículo 10', 'Artículo 2', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 54', 'artículo 4', 'Artículo 10', 'artículo 39', 'artículo 38', 'Artículo 329', 'Artículo 5', 'Artículo 329', 'Artículo 329']

Reforma constitucional que permite la creación de las ZEDE
Ley Orgánica de la ZEDE que rige las constitución y el funcionamiento de las ZEDEs.
ZEDE Explicativa
ZEDE Explicativa (Español)
ZEDE Explanation (English)
info@zede.hn
REQUISITOS PARA SER PARTE DEL RÉGIMEN ZEDE
El Artículo 39 de la Ley Orgánica otorga al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) la facultad de incorporar proyectos al régimen de las ZEDE y también establece que es competencia del CAMP determinar el procedimiento aplicable. Para iniciar este proceso, es necesario lo siguiente:
Un dictamen emitido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indicando lo que se considera un área de baja densidad. El dictamen emitido por el INE indica que se considera zona de baja densidad a cualquier lugar con menos de 35 habitantes por 1 km2.
Otros requisitos emitidos por el CAMP que serán revisados para su autorización incluyen:
Presentación de un estudio de factibilidad.
Prueba de capacidad financiera; y
Presentación de un plan maestro de desarrollo.
Además de estos requisitos, la Ley Orgánica exige que el grupo interesado en crear una ZEDE sea propietario del terreno que se va a desarrollar para el proyecto o tenga la aprobación del propietario de este. El propietario del terreno debe presentarse ante un notario público indicando que tiene la intención de entrar en el régimen de las ZEDE. Si el CAMP decide incorporar el proyecto al régimen de las ZEDE, ese título será inscrito en un registro de propiedad bajo el régimen de las ZEDE.
El proceso de aceptación y revisión de las solicitudes de adhesión al régimen de las ZEDE comenzó el 3 de mayo de 2016 y está a cargo de un comité ad-hoc compuesto por miembros del CAMP.
El comité ad-hoc tiene la autoridad de pedir aclaraciones sobre las propuestas que se le presenten. Los proyectos incorporados al régimen deben comenzar dentro de un año siguiente a su registro. Se puede conceder una prórroga de seis meses si se solicita. Una vez que un proyecto se incorpora al régimen de las ZEDE, el CAMP debe nombrar un Secretario Técnico de acuerdo con la Ley Orgánica.
Las noticias relacionadas con la ZEDE aparecerán aquí.
Las ZEDES son espacios territoriales de gran atractivo para la inversión nacional y extranjera, que forman parte inalienable del Estado de Honduras y están sujetas a la Constitución de la República y al gobierno nacional en los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, territorio, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes, conforme a lo establecido en el Artículo 329, párrafo 7 de la Constitución de la República.
Las ZEDES tienen personalidad jurídica, están autorizadas a establecer sus propias políticas y normativa internas, creadas con el fin de acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación y facilitar las condiciones que permitan al país ingresar a los mercados mundiales bajo normas altamente competitivas y estables. Esto a través de la adopción de tecnologías que permitan una producción con alto valor agregado, en un entorno transparente y capaz de atraer las inversiones nacionales y extranjeras necesarias para crecer aceleradamente, crear los empleos necesarios para reducir las desigualdades sociales y proveer a la población de educación, salud, seguridad pública e infraestructura que permitirán una mejora real en las condiciones de vida de los hondureños.
ZEDES pueden ser creadas con el objetivo de desarrollar:
Centros de Logística Internacionales:
Permiten la permanencia o el procesamiento de bienes a gran escala, similar a la Zona Libre de Colón en Panamá.
Tribunales Comerciales Internacionales:
Tribunales comerciales especializados que pueden ser utilizados por empresas y comerciantes individuales nacionales y extranjeros para resolver sus disputas. Reducen el costo de hacer negocios y dan a los hondureños un método alternativo de resolución de disputas. Esto es similar a la Corte del Distrito Financiero Internacional de Dubai.
Distritos especiales de inversión:
Permiten la integración de los centros de prestación de servicios, similares a Cayman Enterprise City en Gran Caimán.
Distritos de energía renovable:
Permiten que los centros de población creen las condiciones para atraer grandes inversiones en energía renovable, similares a los parques solares en Arizona.
Zonas Económicas Especiales:
Las zonas económicas especiales son regiones geográficas que tienen regulaciones económicas, entre otras leyes, que se orientan más a una economía de libre mercado que las leyes típicas de un país o nación. Ciertas leyes específicas del "Ámbito Nacional" pueden suspenderse dentro de una zona económica especial, de manera similar a la relación entre Shenzhen, China, y el resto de China.
Áreas sujetas a un sistema jurídico especial:
Las zonas sujetas a un sistema jurídico especial pueden funcionar conforme a una tradición jurídica distinta de la común en el resto de la nación, similar a la del Tribunal del Distrito Financiero Internacional de Dubai, que funciona con arreglo al Derecho Común mientras que el resto del país sigue la ley islámica.
Zonas agroindustriales especiales:
Permiten la integración de incentivos para la exportación de bienes agrícolas con valor agregado, de manera similar a como se manejan los cultivos de espárragos en el Perú.
Zonas turísticas especiales:
Permiten condiciones especiales para crear importantes centros turísticos en zonas no desarrolladas, similares a las de Cancún.
Protección a los Inversionistas
En esta sección se resumen las protecciones contempladas para los inversionistas en el marco de los acuerdos y tratados bilaterales de inversión firmados por Honduras y se detalla la información relacionada con el CAFTA-DR. Honduras ha firmado los siguientes tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión:
CAFTA, México, República Dominicana, Chile, Taiwán, Panamá, Colombia, Unión Europea, Canadá, Pendientes, AELC, Perú, Corea del Sur.
AELC, Perú, Corea del Sur.
Tratados bilaterales de inversión (TBI):
Alemania, Chile, Cuba (Firmado - no está en vigor), Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Taiwán (Firmado - no está en vigor).
Cabe destacar el importante historial de Honduras en materia de expropiación de activos. Nunca en la historia de Honduras el gobierno ha requerido o expropiado bienes o propiedades que no sean tierras, y siempre en esos casos se ha pagado una compensación justa y equitativa para que la acción se haga efectiva, similar al dominio eminente. Los contratos, licencias o industrias nunca han sido arrebatados a un inversionista extranjero privado por el gobierno a ningún nivel.
RESUMEN DE LAS PROTECCIONES INCLUIDAS EN EL TRATADO DR-CAFTA
A través del CAFTA-DR se otorgan diferentes protecciones a los inversionistas de los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana y a sus inversiones en Honduras. Estas protecciones incluyen componentes tales como el principio de trato nacional, una garantía contra la expropiación sin una compensación pronta, justa y suficiente, y otras protecciones. Nótese que teóricamente Honduras puede negar estas protecciones a un inversionista si ese inversionista es propiedad o está controlado por personas de una nación que no es parte del CAFTA-DR, o si el inversionista no tiene operaciones comerciales sustanciales en ninguna nación parte del CAFTA-DR que no sea Honduras (Artículo 10.12). Sin embargo, el Artículo 6 de la Ley Orgánica de las ZEDES extiende la cobertura de tales protecciones a los inversionistas de cualquier ciudadanía.
El CAFTA-DR impone otras obligaciones a Honduras en relación con industrias y actividades específicas que pueden ser relevantes para una empresa, incluyendo la provisión de servicios transfronterizos (Capítulo 11), servicios financieros (Capítulo 12), telecomunicaciones (Capítulo 13) y comercio electrónico (Capítulo 14), que no se discuten aquí. Todas esas disposiciones deben leerse teniendo en cuenta el Anexo I, que limita muchas de esas disposiciones.
Principio de Trato Nacional
El Artículo 10.3 del CAFTA-DR requiere que Honduras proporcione a los inversionistas aplicables y a sus inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que se otorga a los inversionistas hondureños y a sus inversiones. La "inversión cubierta" se define ampliamente y abarca varias formas enumeradas de propiedad tangible e intangible (Artículo 2.1, citando el Artículo 10.28). Honduras tampoco puede discriminar a los inversionistas aplicables al tomar acciones relacionadas con las pérdidas de inversión causadas por "conflictos armados o contiendas civiles" (Artículo 10.6).
Garantía Contra la Expropiación
En el marco del CAFTA-DR, toda expropiación o nacionalización de la propiedad de un inversionista aplicable debe ser para fines públicos, no discriminatoria y de acuerdo con el debido proceso de la ley (Artículo 10.7). La "expropiación o nacionalización" no requiere necesariamente la incautación de la propiedad o la transferencia del título, sino que también incluye la expropiación de facto (Anexo 10-C). Además, toda expropiación o nacionalización debe ir acompañada de una "pronta, adecuada y efectiva compensación" igual al valor justo de mercado de la inversión en la fecha de la expropiación, sin incluir ningún cambio de valor causado por el conocimiento de la expropiación prevista, más los intereses correspondientes (Artículo 10.7). El CAFTA-DR también requiere la restitución o compensación por la requisición o destrucción de la propiedad (cuando la destrucción no fue "requerida por la necesidad de la situación") resultante de una guerra o contienda civil (Artículo 10.6). Los inversionistas deben revisar el Anexo I del CAFTA-DR, el cual contiene un programa que limita la protección del CAFTA al permitir un trato desigual para determinados tipos de inversiones y actividades, algunas de las cuales pueden ser relevantes para ciertas empresas. Tales inversiones incluyen, pero no se limitan a, la venta de productos petroleros, operaciones de casinos, venta y distribución de armas de fuego, seguridad privada, transporte terrestre y almacenamiento.
El CAFTA-DR requiere que Honduras otorgue a las naciones aplicables el estatus de nación más favorecida, lo que significa que los inversionistas de la nación aplicable deben ser tratados al menos tan favorablemente como los de cualquier otro país (Artículo 10.4). El CAFTA-DR además requiere que Honduras provea a los inversionistas con el estándar mínimo de trato provisto para los extranjeros bajo el derecho internacional consuetudinario (Artículo 10.5). El derecho internacional consuetudinario "resulta de una práctica general y consistente por parte de los Estados que se desprende de un sentido de obligación legal" (Anexo 10-B). Honduras no puede impedir la transferencia de activos de inversión hacia o desde el país, excepto de acuerdo con la "aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes" que rigen ciertas áreas enumeradas, incluyendo la ley de bancarrota, criminal y de valores (Artículo 10.8). Honduras tampoco puede imponer ciertos tipos de requisitos de desempeño enumerados, como el requisito de comprar una cierta cantidad de bienes hondureños, a menos que se justifique por motivos de seguridad o protección del medio ambiente (Artículo 10.9; véase también el Artículo 10.11). Por último, Honduras no puede exigir a los inversores que ocupen los puestos de alta dirección con personas de una nacionalidad determinada, pero puede imponer requisitos de nacionalidad a los miembros de las juntas directivas (Artículo 10.10). Los periódicos y las empresas de radiodifusión, sin embargo, constituyen una excepción a esta protección, y sólo los hondureños nacidos en el país pueden prestar servicios en su alta dirección (Anexo I, Programa de Honduras 7).
Resolución de Disputas y Procedimientos de Ejecución
El CAFTA-DR contempla que las acciones por violación de sus disposiciones de protección al inversionista pueden ser iniciadas en los tribunales de una de las Partes del acuerdo, como Honduras (Ver Anexo 10-E). El Artículo 10 también crea reglas que rigen un proceso de arbitraje para los inversionistas que consideren que una parte del CAFTA-DR ha incumplido sus obligaciones en virtud del Artículo 10, o de un acuerdo o autorización de inversión, y que han sufrido una pérdida como consecuencia de ello. Nótese, sin embargo, que en ciertos casos estas opciones son mutuamente excluyentes. Si un inversionista presenta una reclamación ante un tribunal o un órgano administrativo de Honduras en estos casos, ese inversionista queda excluido del proceso de arbitraje; de manera similar, la iniciación del proceso de arbitraje requiere la renuncia a cualquier derecho de presentar una reclamación ante un tribunal o un órgano administrativo (Id.; Artículo 10.18(2)).
El primer paso del proceso de arbitraje es simplemente la consulta y la negociación con la parte involucrada del CAFTA-DR (Artículo 10.15). Si ese paso no resuelve el asunto, el inversionista puede entonces presentar a la parte del CAFTA-DR una notificación por escrito de su intención de proceder al arbitraje al menos 90 días antes de someter la reclamación a arbitraje (Artículo 10.16(2)). Nótese, sin embargo, que una reclamación no puede ser presentada hasta que hayan pasado seis meses desde la ocurrencia del incidente que dio lugar a dicha reclamación (Artículo 10.16(3)). De igual manera, los inversionistas no pueden presentar reclamaciones más de tres años después de que se enteraron o debieron haberse enterado de la violación por la parte del CAFTA-DR (Artículo 10.18(1)). El inversionista puede elegir entre las normas de arbitraje contenidas en el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados ("CIADI") o las normas desarrolladas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ("CNUDMI") (Artículo 10.16(3)). El panel arbitral debe estar compuesto por tres árbitros, uno nombrado por cada parte en la controversia y otro nombrado por acuerdo de ambas partes (Artículo 10.19). El CAFTA-DR impone otros requisitos al arbitraje, incluyendo una disposición de transparencia según la cual los procedimientos arbitrales deben estar abiertos al público (Artículo 10.21).
Los árbitros sólo pueden conceder determinados tipos de reparación: daños monetarios, restitución de bienes y honorarios de abogados (Artículo 10.26(1)). No pueden conceder daños punitivos (10.26(3)). En el caso de la restitución, el laudo debe especificar que el demandado tiene la opción de pagar daños y perjuicios monetarios en lugar de la restitución (Id). Después de que un órgano arbitral dicta un laudo definitivo, el inversionista debe esperar 90 o 120 días (según las reglas seleccionadas para el arbitraje), o hasta que se completen los procedimientos de revisión o anulación previstos en las normas de arbitraje seleccionadas, antes de solicitar la ejecución del laudo (Artículo 10.26(6)). El CAFTA-DR también contempla un órgano de apelación dedicado a revisar los laudos arbitrales, y contiene una disposición que requiere la creación de un Grupo de Negociación para recomendar una enmienda que cree tal órgano, pero tal enmienda aún no aparece en el acuerdo (Ver Anexo 10-F).
El CAFTA-DR exige a las partes que provean la ejecución de un laudo dentro de sus territorios (Artículo 10.26(7)). Los inversionistas también tienen libertad para solicitar la ejecución conforme a las disposiciones del CIADI, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras ("Convención de Nueva York") o la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional ("Convención Interamericana"). Honduras es parte en esos tres acuerdos. Estos acuerdos tienen disposiciones similares que exigen a los signatarios que ejecuten las sentencias arbitrales válidas en sus tribunales (véase el artículo 54 del CIADI; el artículo III de la Convención de Nueva York; el artículo 4 de la Convención Interamericana).
Además de los mecanismos de aplicación mencionados, el CAFTA-DR también establece que una parte del CAFTA-DR puede solicitar un panel arbitral en nombre de uno de sus inversionistas, y que dicho panel está facultado para declarar que la parte con la que el inversionista tiene su disputa ha incumplido sus obligaciones y para recomendar que ejecute el laudo original (Artículo 10.26(8)). Por ejemplo, si Honduras no ejecutara un laudo en su contra a favor de un inversionista aplicable, la nación aplicable tendría entonces la opción de iniciar un procedimiento contra Honduras.
BIT-HONDURAS-KUWAIT
BIT-HONDURAS-UNITED-STATES-OF-AMERICA
BIT-HONDURAS-CHILE
BIT-HONDURAS-FRANCE
BIT-HONDURAS-SOUTH-KOREA
BIT-HONDURAS-NETHERLANDS
BIT-HONDURAS-SPAIN
BIT-HONDURAS-UNITED-KINGDOM
BIT-HONDURAS-SWITZERLAND
FTA-HONDURAS-TAIWAIN-El-SALVADOR
FTA-CENTRAL-AMERICA-DOMINICAN-REPUBLIC
FTA-CAFTA-DR
FTA-HONDURAS-CANADA
FTA-CENTRAL-AMERICA-CHILE
FTA-HONDURAS-COLOMBIA-EL-SALVADOR-NICARAGUA
FTA-CENTRAL-AMERICA-MEXICO
FTA-CENTRAL-AMERICA-PANAMA
¿Qué son las ZEDES?
Las ZEDES son una nueva división administrativa de la República de Honduras sujeta al gobierno central, dotada de suficiente autonomía con su propio sistema político, administrativo, económico y judicial, con reglas de mercado claras que permiten altos niveles de competitividad. Su creación tiene por objeto atraer inversiones y generar empleo en las zonas deshabitadas del país o en los áreas que soliciten su conversión a ZEDES mediante referéndum (si es necesario).
¿Qué es lo que no son?
NO SON: Territorios nacionales en venta a extranjeros.
NO SON: Territorios sin control legal de la Corte Suprema de Justicia.
NO SON: Territorios fuera del Plan de Nación.
NO SON: Territorio anárquico, fuera de la legislación nacional.
NO SON: Territorios que expulsan a la población nacional.
NO SON: Paraísos fiscales.
NO SON: Ciudades Modelo Excluyentes.
¿Por qué crear ZEDES?
Debido a la posición geopolítica estratégica favorable de Honduras, y para eliminar:
Los altos niveles de desempleo y la marginación social aguda que prevalecen en el país.
La desigualdad crónica de desarrollo territorial.
Los altos niveles de migración interna e internacional.
El patrón de inversión hacia artículos de bajo valor comercial (productos primarios).
El débil flujo de exportación.
El déficit comercial.
¿Cómo se crea una ZEDE?
La Constitución de la República requiere que ZEDEs se creen por Decreto del Congreso, decretó que se estableció en la Ley Orgánica para ciertas áreas de los siete departamentos costeros de Honduras. Más específicamente, el artículo 39 de la Ley Orgánica decreta que las áreas de población de baja densidad ubicadas en los departamentos adyacentes al Golfo de Fonseca y el Mar Caribe están sujetas al régimen ZEDE y establece que está dentro del ámbito del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) para determinar el procedimiento aplicable. Este procedimiento aplicable se puede ver en esta página. ZEDEs en los once departamentos restantes requieren un Decreto del Congreso adicional de conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica, que requiere que el Congreso Nacional autorice su creación en áreas de baja densidad de población, así como un plebiscito en la zona aplicable en áreas de población de alta densidad.
Cuando la Zona a ser declarada sea de baja densidad poblacional, se debe contar con el dictamen del Instituto Nacional de Estadística (INE) certificando dicha situación de conformidad con lo establecido en el Artículo 329 de la Constitución de la República; y,
Cuando la Zona a ser declarada se ubique en un área de alta densidad poblacional, previo a su creación se deberá realizar un Plebiscito en el área que se ubique la zona, pudiendo decretarse su creación únicamente si el resultado de la consulta es favorable de conformidad al Artículo 5 de la Constitución de la República.
¿Cuál es el fundamento legal de una ZEDE?
Las ZEDE forman parte inalienable del territorio nacional y de la división política del país (Art. 294):
Además de los departamentos y municipios, tenemos:
Zonas sujetas a regímenes especiales
Están sujetas a la Constitución de la República en temas relacionados a aplicación de la justicia (Art. 303):
Las ZEDES están sujetas al Poder Judicial y deben tener tribunales con jurisdicción exclusiva en las zonas del país sujetas a los regímenes especiales creados por la Constitución de la República y otras dependencias que la ley indique.
¿Cuáles son los beneficios de una ZEDE?
Las ZEDE son: La mejor oportunidad para crecer económicamente a un ritmo rápido.
La mejor oportunidad para generar fuentes de empleo de todos los tipos y niveles.
La mejor oportunidad de tener servicios de salud y educación de primera clase.
La mejor oportunidad para crear y fortalecer un sentido de orgullo e identidad local positiva.
La mejor oportunidad para apoyar el desarrollo del país mediante contribuciones económicas.
La mejor oportunidad de celebrar acuerdos para impulsar el desarrollo local.
La mejor oportunidad de convertirse en un centro de inversión nacional e internacional.
La mejor oportunidad para evitar la migración internacional en busca de empleo.
¿Cuál es el régimen jurídico especial de las ZEDE?
Una ZEDE está sujeta a un régimen fiscal especial.
Las ZEDES deben ser económicamente autosuficientes.
Las ZEDES deben aplicar el plebiscito y el referéndum.
Las ZEDES gozan de autonomía funcional administrativa.
Las ZEDES pueden adquirir obligaciones contractuales pero solo garantía del Estado.
El Congreso Nacional sólo puede modificar la Ley Orgánica con una mayoría calificada.
¿Cuáles son los factores de oposición a las ZEDE?
Temor a la competitividad.
Intereses políticos/ideológicos.
¿Quién gobernará en una ZEDE?
El Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas nombra a un Secretario Técnico.
¿Cuál es la diferencia entre las ZEDE y el anterior proyecto de Regiones Especiales de Desarrollo?
Hay muchas diferencias entre las anteriores regiones especiales de desarrollo y las ZEDES, pero una de las más importantes es la aplicación de la justicia. La Corte Suprema de Justicia nombra a los jueces y magistrados a través del Consejo de la Judicatura entre los miembros de una lista de candidatos propuestos por el Comité de Adopción de Mejores Prácticas para la población del Circuito Judicial de la ZEDE.
¿Existen ZEDES en otros lugares del mundo?
Si, existen. De hecho, tienen como referente la experiencia de las Regiones Administrativas Especiales de China (Hong Kong, Shenzhen, Shanghái Macao), además de Asia Oriental y Sudoriental, como Corea del Sur (Songdo) y Singapur. Debido al éxito económico que han tenido estos lugares, países como Japón, Cuba y Corea del Norte están estableciendo una legislación similar con el fin de recrear el milagro económico que ha ocurrido en las ciudades mencionadas.
¿Puede cualquier hondureño acceder libremente a una ZEDE?
Sí. No existe ningún impedimento que lo prohíba, de hecho, a los empleadores se les prohíbe emplear a menos del noventa (90) por ciento de trabajadores hondureños y pagarles menos del ochenta y cinco (85) por ciento del total de los salarios que devengan en sus respectivas empresas.
Las ZEDE son espacios territoriales de gran atractivo para la inversión nacional y extranjera, que forman parte inalienable del Estado de Honduras, sujetas a la Constitución de la República y al gobierno nacional en los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, territorio, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, la emisión de documentos de identidad y pasaportes, conforme a lo establecido en el Artículo 329, párrafo 7 de la Constitución de la República.
Autonomía Jurídica
Las ZEDE tienen personalidad jurídica, están autorizadas a establecer su propia política y reglamento internos, creados con el fin de acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación y facilitar las condiciones que permitirán al país ingresar a los mercados mundiales bajo normas altamente competitivas y estables.
Creadas para permitir la adopción de prácticas y tecnologías que permitan una producción con alto valor agregado, en un entorno transparente y capaz de atraer las inversiones nacionales y extranjeras necesarias para crecer aceleradamente, crear los empleos necesarios para reducir las desigualdades sociales y proveer a la población de educación, salud, seguridad pública e infraestructura que permitirán una mejora real en las condiciones de vida de los hondureños.
Protección del Inversionista
Los inversionistas de todo el mundo pueden desplegar capital en las ZEDES de forma segura. Los inversionistas estarán cubiertos por una serie de tratados internacionales de inversión y acuerdos de libre comercio, así como por el arbitraje internacional.
Altamente atractivas para
Despliegue de capital
PROTECCIONES AL INVERSIONISTA
A. Principio de Trato Nacional
B. Garantía Contra Expropiación
C. Otras Protecciones
Son espacios territoriales altamente atractivos a la inversión nacional y extranjera, las cuales son parte inalienable del Estado de Honduras, sujetas a la Constitución de la República y al gobierno nacional en los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, territorio, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes, conforme lo establecido en el Artículo 329, en su séptimo párrafo de la Constitución de la República.
las protecciones para los inversionistas contempladas en el marco de acuerdos y tratados bilaterales de inversión suscritos por Honduras y se detalla información relacionada con el CAFTA-DR, utilizando a ciudadanos norteamericanos a modo de ejemplo. Honduras ha firmado acuerdos de libre comercio y tratados de inversión bilatera