Source: https://studylib.es/doc/6078307/el-entorno-normativo-y-la-econom%C3%ADa-informal
Timestamp: 2019-06-20 23:49:53
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El entorno normativo y la economía informal
El entorno normativo y la
Pescadores, Sri Lanka.
INCORPORACIÓN DE LOS DESPROTEGIDOS AL
< Las normas internacionales del trabajo son el resultado del consenso alcanzado entre los
gobiernos y los representantes de organizaciones de trabajadores y de empleadores. Siguen
siendo sumamente pertinentes para los trabajadores y los empleadores y se aplican en muchas
situaciones, algunas de las cuales en la actualidad pertenecen claramente a la categoría de “informales”. La aplicación de las normas internacionales del trabajo a nivel nacional no es “costosa” y relevante solo para la economía formal, es una de las formas esenciales de incorporar
a las personas no organizadas ni protegidas en la vida económica y social formal. La aplicación
de dichas normas puede traer aparejados beneficios importantes para las economías y la mejora de la productividad. Por consiguiente, son importantes no solo desde una perspectiva de
los derechos, sino también desde el punto de vista de la eficiencia económica. Este documento
suministra información sobre las normas internacionales del trabajo: qué son, por qué
son necesarias y cómo se fiscalizan. Examina distintas normas del trabajo y su pertinencia para adelantar la salida de la informalidad hacia el trabajo decente para todos.
internacionales del trabajo e informalidad1
La heterogeneidad de la economía informal y la dificultad de
brindar una respuesta uniforme
El alcance de la legislación
Flexibilidad de las normas internacionales del trabajo
Ideas erróneas sobre la aplicación de las normas internacionales
•La libertad sindical y de asociación y el reconocimiento efectivo
del derecho de negociación colectiva
•Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio
•Eliminación de la discriminación en materia de empleo y
•Abolición efectiva del trabajo infantil
Convenios de gobernanza y otras normas internacionales del
trabajo pertinentes
•Inspección del trabajo
•Política del empleo
•Promoción del empleo
•Tripartismo
•Administración del trabajo
•Orientación y formación profesionales
•Seguridad y salud en el trabajo
Normas internacionales del trabajo que se ocupan directamente
de grupos específicos
•Los trabajadores y las agencias de empleo privadas
•Trabajadores a domicilio
•Trabajadores migrantes
•Pueblos indígenas y tribales
•Pescadores
•Trabajadores domésticos
1 Dado que a nivel nacional la aplicación de las normas internacionales del trabajo se adapta a los
contextos históricos, económicos y sociales concretos de un Estado, la forma en que se aplican en la
economía informal también depende del país. En muchos casos su aplicación en países diferentes se
examina en otros documentos informativos de esta Guía de recursos sobre politicas. Por consiguiente este documento no sigue la estructura habitual de la Guía. Sirve de recurso de información sobre
las normas internacionales del trabajo y la economía informal y no contiene una sección de nuevos
enfoques y buenas prácticas.
DESAFÍOS FUNDAMENTALES 4. El entorno normativo y la economía informal
del trabajo son parte del
trabajo. Incluyen convenios,
que con arreglo al derecho
internacional son jurídicamente vinculantes para los
Estados que los ratifican,
y recomendaciones, que
suministran directrices.
gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores
adoptan estos instrumentos en
del Trabajo luego de arduas
y numerosas discusiones entre
los tres grupos sobre el tema,
el alcance y el contenido
de cada instrumento. Desde
1919 se han adoptado 189
convenios, 5 protocolos y
200 recomendaciones4.
Estas normas se basan en el
principio constitucional fundamental de que “el trabajo no
es una mercancía”. Su razón
de ser también figura en la
Constitución de la OIT; surge,
por un lado, de la búsqueda
de la justicia social, que tiene
por objeto principal que
“todos los seres humanos, sin
distinción de raza, credo o
sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material
en condiciones de libertad
y dignidad, de seguridad
económica y en igualdad de
oportunidades” (Declaración
de Filadelfia) y, por el otro,
del reconocimiento de que un
Estado no mejorará las condiciones de trabajo si otros
Estados tampoco lo hacen.
del trabajo son una de las
principales formas de lograr
los objetivos consagrados en
Normas internacionales del trabajo e informalidad. Desde sus
inicios, la OIT siempre ha afirmado que todas las personas que trabajan
tienen derechos en el trabajo, independientemente de donde trabajen. El
Programa de Trabajo Decente ha reafirmado este principio. Las normas
internacionales del trabajo establecen el marco para la aplicación de los
derechos en el plano nacional. Son esenciales no solo desde la perspectiva
de los derechos humanos y la justicia social, sino también porque tienen
beneficios económicos y sociales importantes. Los derechos incluidos en las
normas internacionales del trabajo, es decir los derechos fundamentales en
el trabajo y otros, también figuran en instrumentos de derechos humanos
básicos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los
dos Pactos2 de 1966 que se aplican a todos los seres humanos.
La OIT sostiene que las normas internacionales del trabajo generan muchos
beneficios. Proveen una vía hacia el trabajo decente, un macro jurídico internacional para una globalización justa y estable, el establecimiento de condiciones de igualdad que contribuyen a evitar una nivelación hacia abajo, un
medio para la mejora de los resultados económicos, una firme red de protección frente a las crisis económicas y una estrategia para la reducción de la
pobreza. Lo que es más importante, representan la suma de la experiencia y
los conocimientos internacionales y reflejan el consenso internacional sobre
la forma que puede abordarse una cuestión laboral a nivel mundial.3
No obstante, numerosos trabajadores y empresarios de todo el mundo están
en situación vulnerable en la economía informal, muchas veces sin estar
registrados, reglamentados, protegidos ni reconocidos. Muchas veces la
informalidad tiene una relación débil con la legislación. La resolución relativa al trabajo decente y la economía informal de 2002 subraya esta falta
de protección por la legislación. Reconoce que la informalidad abarca las
“actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades
económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto”. Ello
podría obedecer a que sus actividades no están dentro del alcance formal de
la legislación o porque la legislación no se aplica o no se controla, o porque
el cumplimiento de la legislación impone costos excesivos y procedimientos
engorrosos o inadecuados5.
En la economía informal (y la formal) los trabajadores padecen de graves
“déficits de derechos”, de los que se ocupan todas las normas internacionales en el trabajo, incluidos los derechos fundamentales del trabajo:
• El trabajo forzoso suele caracterizarse como la “antítesis del trabajo
decente”. Las personas menos protegidas – como las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los trabajadores migrantes – son especialmente vulnerables al trabajo forzoso. Aunque la mayoría de los países
tiene legislación que tipifica el trabajo forzoso como delito penal, sigue
imperando en la economía informal cuando la legislación no se aplica en
2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que cuentan con 167 y 160 ratificaciones, respectivamente (a marzo de
3 OIT, 2009, Las reglas del juego: Una breve introducción a las normas internacionales del trabajo,
págs.11-14.
4 Hay 76 convenios y recomendaciones conexas que se consideran actualizadas y deberían promoverse activamente, según el Consejo de Administración de la OIT. Para la lista de estos convenios,
sírvase consultar http://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm.
5 OIT, 2002, Conclusiones sobre el trabajo decente y la economía informal, párrs. 3 y 9.
4.a2 INCORPORACIÓN DE LOS DESPROTEGIDOS AL ÁMBITO DE LA LEGISLACIÓN
LA ECONOMÍA INFORMAL Y EL TRABAJO DECENTE: UNA GUÍA DE RECURSOS SOBRE POLÍTICAS APOYANDO LA TRANSICIÓN HACIA LA FORMALIDAD
¿Qué son las normas
trabajo y por qué son
• El trabajo infantil está estrechamente vinculado con la economía informal. Suele estar fuera del ámbito de las instituciones formales, incluidos
los servicios de la inspección del trabajo.
• La discriminación está generalizada en todas partes, pero los tipos de
trabajadores que son objeto de discriminación en la economía formal
predominan en la economía informal (como mujeres, migrantes o trabajadores con discapacidad). No obstante, las disposiciones jurídicas
que prohíben la discriminación muchas veces excluyen a determinadas
categorías de trabajadores (por ejemplo, trabajadores ocasionales,
trabajadores domésticos y trabajadores migrantes), no incluyen todos
los motivos de discriminación ni todos los aspectos del empleo, desde la
contratación hasta la terminación de la relación de trabajo. Además, aún
existen leyes discriminatorias6.
• Sigue habiendo muchos obstáculos en la economía informal en relación
con la libertad sindical y de asociación (la afiliación sindical es baja) y el
reconocimiento del derecho de negociación colectiva es poco frecuente.
Aunque hay muchos ejemplos de actores en situaciones informales que se
han organizado con éxito, el caso de la libertad sindical y de asociación
ilustra las dificultades que se presentan tanto en la legislación como en la
práctica al tratar la cuestión de la economía informal7. En algunos países la
legislación limita la libertad sindical y de asociación a los trabajadores que
tienen un empleo regular o los considerados “empleados”; los trabajadores
de la economía informal no pueden formar sindicatos reconocidos jurídicamente. El reconocimiento y la identidad jurídica son esenciales para que los
sindicatos puedan funcionar y prestar servicios. También existen dificultades prácticas en relación con la sindicación de trabajadores informales, pues
suelen estar dispersos geográficamente o físicamente aislados, y muchas
veces cambian de trabajo o de sector de actividad. Además, muchos de estos
trabajadores padecen penurias económicas, lo cual los obliga a centrarse en
la supervivencia diaria y no en compromisos de mediano a largo plazo. Por
otra parte, como puede ser complejo determinar cuál es el empleador, una
dificultad adicional de los sindicatos es saber con quién entablar la negociación colectiva y el diálogo social (véanse también los documentos informativos sobre diálogo social y sindicatos).
La heterogeneidad de la economía informal y la dificultad para
brindar una respuesta uniforme. El trabajo informal abarca un amplio
espectro de situaciones que presentan problemas jurídicos diferentes.
Los parámetros amplios para comprender la informalidad, es decir, la no
aplicación, en la legislación o en la práctica, de la ley, implican que las
situaciones en que se encuentran los trabajadores y empleadores informales
son sumamente variadas, al igual que las dificultades a que hacen frente. Esta
diversidad de la economía informal torna imposible una respuesta uniforme:
un trabajador informal podría trabajar para una empresa multinacional,
trabajar en una zona franca industrial, ser un migrante ilegal, ser un niño
trabajador que trabaja en situaciones peligrosas, trabajar en la economía
informal porque le conviene (aunque estos casos son poco frecuentes) o,
muchas veces, porque no tiene otra opción.
En algunos países la
legislación limita la libertad
sindical y de asociación a
un empleo regular o los
considerados “empleados”
La diversidad de la
economía informal implica
que una respuesta uniforme sea inadecuada
6 OIT, 2009, Informe III (Parte IA), Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, párr. 110.
7 OIT, 2008, Informe I (B), La libertad de asociación y la libertad sindical en la práctica: lecciones
extraídas, párrs. 206-222.
Entre las distintas formas que puede adoptar la informalidad figuran las
categorías siguientes8:
• Trabajadores subregistrados (los que reciben parte de sus ingresos
informalmente; están registrados como trabajadores a tiempo parcial
aunque trabajan a tiempo completo, con lo cual el empleador paga
menos impuestos);
• Trabajadores con una relación de trabajo encubierta (los que desempeñan las mismas tareas que los empleados “regulares” pero muchas
veces sin los mismos derechos, porque se los emplea con modalidades
diferentes, como contratos civiles o comerciales);
• Trabajadores con una relación de trabajo ambigua (los trabajadores
respecto de los cuales se suscitan dudas acerca de su condición de
empleados);
• Trabajadores por cuenta propia vulnerables (los que son genuinamente independientes pero a la vez son vulnerables y objeto de explotación);
• Empleados en situaciones precarias (los trabajadores en régimen de
duración determinada, a tiempo parcial o temporales que podrían no
tener los mismos derechos que los trabajadores “regulares” o no los
disfrutan en la práctica);
• Casos especiales (trabajadores domésticos, trabajadores a domicilio y
otros tipos de trabajadores que muchas veces la legislación laboral no
abarca); y
• Trabajadores en relaciones triangulares (a menudo no se conoce el
empleador debido a la participación de una o más terceras partes en
la relación; ello incluye situaciones en que se recurre a una agencia de
empleo o en que hay franquicias – véase el documento informativo sobre
El alcance de la legislación. Una de las cuestiones planteadas por el
problema del trabajo informal es la del alcance de la legislación. Este es
limitado, ya sea por opción o no. Por ejemplo, la limitación entraña dejar
de lado determinadas actividades o sectores del ámbito de la legislación,
excluyendo, además, en la legislación o la práctica, determinadas formas
atípicas de trabajo. Las discusiones sobre la manera de abarcar nuevas
formas atípicas de trabajo no son nuevas; surgieron al mismo tiempo que
los contratos atípicos en los países industrializados en la década de 1970.
Las discusiones en el plano internacional tuvieron lugar especialmente en
la década de 1990, cuando la OIT trató de adoptar un convenio sobre la
subcontratación. Las difíciles discusiones conexas se tradujeron en última
instancia en la adopción en 2006 de la Recomendación sobre la relación de
trabajo, 2006 (núm. 198) (véase el documento informativo sobre la relación
de trabajo). Se trata de un instrumento clave relativo a la aplicación de las
reglamentaciones laborales en la economía informal, dado que la aplicación
de la legislación laboral nacional muchas veces depende del establecimiento
Extraído de Tuch, 2005.
• Trabajadores no registrados (los que tiene una relación de trabajo
genuina pero no gozan de ningún derecho; la situación es peor si son
migrantes irregulares o si su empleador no está registrado);
Extensión del ámbito de aplicación de la legislación laboral a la economía informal
En 2010 el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT presentó una herramienta valiosa de
apoyo a la aplicación de las normas del trabajo en la economía informal como parte del proceso de facilitación de
la transición hacia la formalidad. Esta recopilación de comentarios de los órganos de control de la OIT relativos a
la economía informal ofrece mucha información que puede ayudar a los encargados de formular políticas a evaluar
el grado de aplicación de las leyes, reglamentaciones y prácticas, y a determinar los obstáculos a la aplicación de
las normas del trabajo pertinentes a los trabajadores desprotegidos y la forma de abordarlos. Cabe destacar que,
además, corrige la idea errónea generalizada de que las normas internacionales del trabajo se aplican solo a la
La herramienta recopila no solo los principios y los comentarios de varios órganos de control de la OIT, sino también
enumera los convenios y recomendaciones pertinentes a la economía informal y sus principales disposiciones. La
recopilación será un recurso importante para ayudar a los mandantes tripartitos de la OIT en la formulación de leyes
y políticas, y el establecimiento de instituciones en el plano nacional que brinden mayor protección a los grupos
actualmente vulnerables y desprotegidos de la economía informal.
Esta herramienta, titulada La extensión del ámbito de aplicación de la legislación laboral a la economía informal.
Compendio de comentarios de los órganos de control de la OIT relativos a la economía informal, está disponible
en español, francés e inglés en el sitio web del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT,
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_125857/lang-es/index.htm.
Determinación del empleador. La respuesta a la pregunta de “quién
es el empleador también” es vital a fin de determinar la legislación aplicable,
el tribunal o la jurisdicción competentes (por ejemplo, federal o provincial),
y el convenio colectivo correspondiente. La simple pregunta de quién es el
propietario de una empresa se ha vuelto mucho más difícil de responder
debido a la globalización: los complejos estratos de subcontratación y la
propagación de las empresas multinacionales, que pueden estar fuera
del alcance de la legislación nacional e internacional, han añadido nuevos
problemas. Las empresas internacionales ahora tienen la oportunidad de
“zigzaguear por una variedad infinita de zonas normativas”9, dejando a los
trabajadores en la incertidumbre respecto de la legislación que se les debe
aplicar. Sin embargo, el empleador no es el único que tiene obligaciones, el
Estado también las tiene.
La simple pregunta
de quién es el propietario
de una empresa se ha
vuelto mucho más difícil de
responder debido a la globalización: los complejos
estratos de subcontratación
y la propagación de las
que pueden estar fuera del
han añadido nuevos
Aplicación deficiente. Sin duda, la reforma de la legislación por sí sola no
resolverá el problema, que debe combatirse con diversos actores y en varios
frentes. La falta de acceso a los tribunales no es solo un problema jurídico,
también puede ser, por ejemplo, un problema de subdesarrollo mucho más
amplio. Del mismo modo, recurrir a determinados tipos de contratos que
no ofrecen tantos derechos como otros o no registrar a los empleados es, la
mayoría de las veces, un problema de la pobreza, así como de la explotación,
la vulnerabilidad y la desigualdad. Sin embargo, también es un problema
de falta de conocimientos jurídicos de los trabajadores10, información sobre
medios asequibles para ajustarse a la legislación e información respecto de
los beneficios sociales y económicos de realizar ese ajuste. Un marco propicio
de instituciones y recursos administrativos es imprescindible para llevar los
derechos a la práctica11. La legislación debe verse como una herramienta que
los factores sociales, económicos o políticos siempre facilitarán o limitarán.
9 Daugareilh, 2008.
10 Véase Lee y MacCann, 2009.
11 Sengenberger, 2006.
La supervisión de la OIT
•La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Comisión de Expertos) participa en
un diálogo con los gobiernos mediante el examen de sus informes sobre la aplicación en la legislación y en
la práctica de los convenios ratificados. Los gobiernos deben presentar copias de sus informes a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, que podrán presentar sus observaciones; también pueden enviar
comentarios sobre la aplicación de los convenios directamente a la OIT. Esto permite que tenga lugar un diálogo
tripartito nacional. En sus estudios generales anuales, la Comisión pone de relieve las buenas prácticas que
puedan servir de ejemplo.
•La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, un órgano tripartito, examina la labor de la Comisión
de Expertos y selecciona algunos casos para su discusión por la Conferencia Internacional del Trabajo.
•El Comité de Libertad Sindical (CLS) examina los casos presentados por asociaciones de trabajadores o de
empleadores sobre la violación del principio constitucional de libertad sindical y de asociación y el derecho de
negociación colectiva, y formula recomendaciones.
•Las asociaciones de trabajadores o de empleadores pueden presentar reclamaciones, en tanto que los Estados
Miembros que han ratificado el convenio de que se trata, los delegados de la Conferencia Internacional del
Trabajo o el Consejo de Administración pueden presentar quejas, contra un Estado por incumplimiento de un
convenio ratificado. Las quejas pueden llevar al establecimiento de una comisión de encuesta que formulará
Las normas internacionales del trabajo son
flexibles para permitir a
los mandantes de la OIT
alcanzar un consenso y
también respetar los distintos niveles de desarrollo de
los Estados Miembros. Sin
embargo, muchas veces no
se pretende que las cláusulas de flexibilidad de las
normas sean permanentes
Flexibilidad de las normas internacionales del trabajo. Cuando la
legislación nacional excluye a los trabajadores de su ámbito de aplicación
pero las normas internacionales del trabajo no lo hacen, y también cuando
esas normas permiten la exclusión de trabajadores de su ámbito de aplicación
mediante cláusulas de flexibilidad, surgen problemas concretos. Estas
cláusulas son esenciales para alcanzar un consenso entre los mandantes
de la OIT y para respetar los distintos niveles de desarrollo, antecedentes
históricos y sistemas jurídicos de los Estados Miembros. Las cláusulas de
flexibilidad pueden implicar que las normas no abarquen a determinados
trabajadores o sectores o que algunas definiciones básicas se determinen
en el plano nacional. En particular, a veces se excluye a las microempresas y
pequeñas empresas (MYPE) del ámbito de aplicación de las normas12. Algunos
convenios excluyen de su ámbito de aplicación “a categorías particulares
de trabajadores o de establecimientos toda vez que la inclusión de tales
categorías pueda plantear problemas particulares de especial importancia”
(Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175); véase también
el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183)) – si bien
hasta la fecha ningún Estado ha hecho uso de esta cláusula de flexibilidad
– y el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm.
184)). Cabe subrayar que la utilización de estas cláusulas de flexibilidad
muchas veces no pretende ser permanente.
12 Faundez, 2008.
La OIT supervisa y alienta la aplicación de las normas internacionales del trabajo por conducto de varios órganos,
erróneas sobre la aplicación de las normas internacionales
del trabajo13. El mandato de la OIT no se limita a los trabajadores en el
sentido tradicional del término, sino que incluye a todos los seres humanos.
Se ha generalizado la idea errónea de que las normas internacionales del
trabajo no se aplican a la economía informal, mientras que en realidad la
mayoría de las normas se aplica a todos los trabajadores, dependientes o
independientes, y son tan pertinentes para la economía informal como para
la formal14. Lo cierto es que varias normas internacionales del trabajo se
aplican a “trabajadores” y no al término “empleados”, que es jurídicamente
más limitado, y en algunas se hace referencia expresa a la economía informal.
Es cierto que muchas de estas normas no se aplican en la práctica a los
trabajadores informales, pero el incumplimiento lamentablemente no se
limita a la economía informal; por consiguiente, la pregunta no es si deben
aplicarse las normas pertinentes a la economía informal, sino cómo hacerlo15.
Las normas internacionales del trabajo se
aplican a todos los trabajadores, dependientes,
independientes, formales y
¿Cómo respetan las normas internacionales del trabajo los Estados?
En el derecho internacional los Estados que han ratificado un convenio tienen la obligación jurídica de respetarlo.
Hay varias formas de cumplir las normas internacionales del trabajo, que muchas veces figuran en las propias
normas, entre otras cosas mediante una ley, un reglamento, los convenios colectivos, el arbitraje, los laudos, las
decisiones de un tribunal o una combinación de estos métodos. Un Estado puede decidir ajustar su legislación a un
convenio ratificado, por ejemplo, si un Estado ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), que se aplica a todos los trabajadores, la legislación nacional sobre
el derecho a formar una organización y afiliarse a ella debe aplicarse a todos los trabajadores. Sin embargo, el
cumplimiento en la legislación no es suficiente en el derecho internacional; los Estados también tienen que adaptar
sus prácticas al convenio ratificado. Las normas internacionales del trabajo, incluidos los convenios y recomendaciones no ratificados, son modelos para los Estados, pueden servir de base a sus leyes y políticas, pueden inspirar
a organizaciones no gubernamentales y a distintos defensores de los derechos laborales, y los tribunales pueden
utilizarlas para decidir casos.
Los derechos fundamentales suelen mencionarse de manera aislada como
especialmente pertinentes para la economía informal. La aplicación de los
ocho convenios fundamentales es realmente esencial, pero no suficiente
para lograr el trabajo decente. En este sentido, el Consejo de Administración
de la OIT ha considerado desde 1995 que otros cuatro convenios son
“prioritarios” (actualmente denominados “convenios de gobernanza”). Estos
guardan relación con tres temas (la inspección del trabajo, la política del
empleo y la consulta tripartita) y se destacaron en la Declaración de la OIT
sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008, junto con
las normas fundamentales del trabajo, como “los que se consideran más
importantes desde el punto de vista de la gobernanza”16. Esos convenios son
Los ocho convenios
fundamentales y los cuatro
son especialmente pertinentes para la economía
• Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
• Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
• Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)
13 Este documento informativo se basa en los resúmenes preparado por el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT. Véase OIT 2009, Las reglas del juego: Una breve introducción a las normas internacionales del trabajo. Para la lista completa de normas internacionales del
trabajo, véase http://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm.
14 Sengenberger, 2005, págs. 51-52; Trebilcock, 2004, pág. 588; OIT, 2002, Informe VI El trabajo
decente y la economía informal, pág. 50.
15 Trebilcock, 2004, págs. 588-589.
16 Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a OIT 2008 Declaración de la OIT
sobre la justicia social para una globalización equitativa, párr. II B iii) y anexo, párr. II A vi).
ser miembros de la OIT
los Estados tienen distintas expectativas y obligaciones. Por ejemplo,
en 1998 la Conferencia
adoptó la Declaración
de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo,
en la que se estableció
que “todos los Miembros,
aun cuando no hayan
ratificado los convenios
aludidos, tienen un compromiso que se deriva
de su mera pertenencia
a la Organización de
respetar, promover y
hacer realidad, de buena
fe y de conformidad
con la Constitución, los
principios relativos a los
que son objeto de esos
convenios”. Estos son: la
y la libertad sindical
efectivo del derecho de
negociación colectiva, la
u obligatorio, la abolición
efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la
discriminación en materia
• Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144).
La aplicación efectiva de estos doce convenios en conjunto constituye el
mínimo para ayudar a los trabajadores y a los empleadores a salir progresivamente de la informalidad. Sin embargo, la aplicación de otras normas
internacionales del trabajo también reviste importancia decisiva. Como lo
señaló la OIT en su informe sobre el trabajo decente y la economía informal
de 2002, “para el fin de dar un tratamiento más completo a los déficit de
trabajo decente existentes en la economía informal, es necesario ampliar las
normas básicas mínimas sobre los asuntos de importancia, como las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud y la seguridad de ingresos, así
como las normas básicas para un tratamiento justo, por ejemplo respecto de
la seguridad en el trabajo y los grupos vulnerables”17.
Claramente, no todos los convenios actualizados son siempre aplicables,
algunos están claramente dirigidos a las empresas formales, como el Convenio
sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), que dispone
la notificación del cierre de empresas de un tamaño determinado. Si bien
algunas normas internacionales del trabajo se aplican inmediatamente a los
trabajadores informales, otras contienen disposiciones para la extensión
progresiva de sus disposiciones a los trabajadores o sectores que en un
principio no abarcan. La ampliación progresiva se contempla en términos
más generales en el Convenio sobre la administración del trabajo, 1978
(núm. 150) y la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones
complementarias), 1984 (núm. 169). A continuación se presenta una sinopsis
de las normas internacionales del trabajo más pertinentes y su alcance.
Derechos fundamentales en el trabajo. En general, se acepta que los
derechos fundamentales en el trabajo se deberían promover, hacer realidad
y respetar en la economía formal y la informal. No obstante, como se analizó
anteriormente, la aplicación de estos derechos plantea desafíos especiales
•La libertad sindical y de asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho de negociación colectiva. La libertad sindical y de asociación
y el derecho de negociación colectiva tienen por objeto dar voz a los trabajadores y los empleadores, permitiéndoles influir en las cuestiones que
les afectan directamente y mejorar sus condiciones de trabajo. En otras
palabras, representa la democracia en el lugar de trabajo. Los dos convenios fundamentales pertinentes son el Convenio sobre la libertad sindical
y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), que establece
el derecho de los trabajadores y de los empleadores de establecer organizaciones de su elección y afiliarse a estas sin autorización previa, y el
(núm. 98), que dispone la protección frente a la discriminación contra los
sindicatos y actos de injerencia. También prevé la adopción de medidas
para alentar y promover la negociación voluntaria entre empleadores u
organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores, con
miras a la regulación de las condiciones de trabajo por medio de convenios colectivos.
El derecho a crear organizaciones y afiliarse a ellas establecido en el Convenio núm. 87 se aplica a todos los trabajadores y empleadores18. Por
consiguiente, el Comité de Libertad Sindical ha afirmado que este dere-
17 Para más información, véase la sección de Recursos para acceder a OIT, 2002, Informe VI El
trabajo decente y la economía informal, pág. 50.
18 Con excepción de los miembros de las fuerzas armadas y la policía.
cho debe ser disfrutado por los trabajadores independientes, los trabajadores domésticos, los trabajadores agrícolas, los trabajadores temporales
y los trabajadores migrantes, entre otros. También ha afirmado que las
formalidades jurídicas para el establecimiento de un sindicato están en
contravención del Convenio núm. 87 cuando se aplican de manera que
se demore o impida el establecimiento de un sindicato19. Todos los trabajadores también tienen el derecho a la negociación colectiva, dispuesto
en el Convenio núm. 98, con excepción de los miembros de las fuerzas
armadas y la policía, y los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado.
Otros convenios no fundamentales pertinentes relativos a la libertad sindical
y de asociación y el derecho de negociación colectiva son el Convenio sobre
las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141), que se aplica a
todas las categorías de trabajadores rurales, tanto asalariados como independientes, y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).
•Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
El trabajo forzoso se produce cuando el trabajo o servicio se realiza bajo
la amenaza de cualquier penalidad, como la retención del alimento, la
tierra o el salario, la violencia física o el abuso sexual, y la restricción del
movimiento de las personas o su encierro, y contra su voluntad20. La prohibición del trabajo forzoso es objeto de dos convenios fundamentales: el
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en el que se pide a los
Estados que lo ratifican que repriman la utilización del trabajo forzoso y
se exige que la extracción ilegal de trabajo forzoso sea sancionable con
penas adecuadas y rigurosamente aplicadas, y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), que especifica determinados
fines para los cuales el trabajo forzoso nunca podrá ser impuesto. Ambos
convenios se aplican a todos los seres humanos.
•Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
La eliminación de la discriminación es esencial para que los trabajadores
elijan libremente su empleo, desarrollen plenamente su potencial y obtengan recompensas económicas sobre la base del mérito. Este derecho fundamental está consagrado en el Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100), que requiere que los Estados que lo ratifican aseguren
la aplicación del principio de igualdad de remuneración de hombres y
mujeres por trabajo de igual valor, y el Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). A los efectos del Convenio núm.
111, por “discriminación” se entiende toda distinción, exclusión o preferencia hecha por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social que tenga por resultado anular o
menoscabar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. El Convenio núm. 111 requiere que los Estados que lo ratifican
declaren y apliquen una política nacional destinada a promover, mediante
métodos adecuados a las condiciones nacionales y la práctica, la igualdad
de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con miras
a eliminar cualquier discriminación en esas esferas. Ambos convenios se
aplican a todos los trabajadores, aunque el Convenio núm. 111 abarca
solo causas concretas de discriminación.
La libertad sindical y
de asociación y el derecho
de negociación colectiva
tienen por objeto dar voz
a todos los interesados,
permitiéndoles influir en las
cuestiones que les afectan
directamente y mejorar sus
Otros convenios y recomendaciones no fundamentales pertinentes a este
derecho fundamental son el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) y su correspondiente Recomendación
núm. 165. Esta última menciona en particular que deberían reglamentarse
19 OIT, 2006, La libertad sindical, párr. 279.
20 Para más detalles, véase http://www.ilo.org/declaration/principles/eliminationofchildlabour/
lang--es/index.htm..
•Abolición efectiva del trabajo infantil. Se considera que los niños nece-
sitan protección especial porque, debido a su edad, pueden carecer de los
conocimientos, la experiencia o el desarrollo físico de los adultos y del
poder para defender sus intereses. El trabajo infantil también perpetúa la
pobreza y reproduce la economía informal de generación en generación;
los niños que trabajan no asisten a la escuela, lo cual limitará sus posibilidades futuras, incluida la capacidad de pasar a la economía formal. El
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y el Convenio sobre las
peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) tratan de la abolición
perpetúa la pobreza y
reproduce la economía
informal de generación en
El Convenio núm. 182 se aplica a todos los niños menores de 18 años. De
conformidad con el Convenio, las peores formas de trabajo infantil incluyen la trata, la servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso,
incluido el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos
armados; la prostitución y la pornografía, y la utilización de niños en
actividades ilícitas como el tráfico de drogas; los trabajos peligrosos que
puedan dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, conforme
a lo determinado a nivel nacional en consulta con las organizaciones de
trabajadores y de empleadores.
El Convenio núm. 138 es el convenio fundamental que contiene mayor
número de cláusulas de flexibilidad. Sin embargo, tiene un objetivo claro:
lograr la abolición total del trabajo infantil. Para alcanzar este objetivo,
exige que los Estados se comprometan “a seguir una política nacional
que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un
nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los
menores” (artículo 1). Fija la edad mínima general de admisión al empleo
o al trabajo en 15 años (13 para trabajos ligeros) y la edad mínima para el
trabajo peligroso en 18 años (16 en ciertas condiciones estrictas). Prevé
la posibilidad de que inicialmente se fije la edad mínima en 14 años (12
para trabajos ligeros) si la economía y los medios de educación están
insuficientemente desarrollados. El Convenio núm. 138 es flexible y permite a los Estados excluir categorías de trabajo y de empleo limitadas,
con carácter temporal, solo cuando sea necesario y previa consulta con
las organizaciones de trabajadores y de empleadores correspondientes
(artículo 4). También permite que los Estados que lo ratifiquen cuyas economías y servicios administrativos no están suficientemente desarrollados limiten su alcance, también en este caso tras celebrar consultas con
las organizaciones de empleadores y de trabajadores correspondientes.
No obstante, el Convenio núm. 138 enumera los sectores que no pueden
Otro convenio no fundamental pertinente a este derecho fundamental es
el Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78), que claramente incluye la economía informal (cualquier trabajo ejercido en la vía pública, etc.).
21 Schlyter, 2002.
y supervisarse adecuadamente las condiciones en que los trabajadores a
tiempo parcial, los trabajadores temporeros y los trabajadores a domicilio
ejercen estos tipos de empleo (párrafo 21); el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), que,
según la Comisión de Expertos, facilita la colocación y el empleo de las personas con discapacidad en la economía formal y la informal21; y el Convenio
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169).
Cómo contribuyen las normas internacionales del trabajo a la
promoción del trabajo decente
Las normas internacionales del trabajo están concebidas para ser flexibles y
adaptables a los contextos nacionales específicos. Deben adoptarse mediante
consultas tripartitas para asegurar la democratización del entorno jurídico y
una mejor gobernanza. Establecen una base social mínima para todos aquellos que trabajan, lo que les permite no solo disfrutar de los derechos básicos,
sino que contribuyen a su capacidad de articular derechos más amplios. Por
consiguiente, son una vía importante hacia el trabajo decente y para salir de
la informalidad. Las normas internacionales del trabajo son útiles de diversas
“i) Algunas habilitan y empoderan a las personas en la economía informal;
ii) Algunas contienen disposiciones sustantivas que orientan las políticas, en particular las de los gobiernos que pueden haber descuidado las cuestiones de la
economía informal;
iii) Cuando se ratifican (o se examinan en un estudio general), ponen en marcha
un sistema de supervisión que comprende exámenes periódicos y ofrece oportunidades para que las organizaciones de empleadores y de trabajadores
planteen las cuestiones que les preocupan respecto de la economía informal;
iv)Pueden ofrecer plataformas para actividades de promoción destinadas a
alcanzar “el trabajo decente para todos”;
v) Cuando no se aplican (aunque sean aplicables), ponen al descubierto las deficiencias de gobernanza;
vi)Cuando se aplican en el contexto de la economía informal, promueven el
desarrollo con equidad“.
Fuente: Trebilcock, A. 2004. “International labour standards and the informal economy”, en J.
C. Javillier; B. Gernigon; G. Politakis (eds.) Les normes internationales du travail: un patrimoine
pour l’avenir (Ginebra, OIT), págs. 585-613, pág. 613.
de gobernanza y otras normas internacionales del
•Inspección del trabajo.
La inspección del trabajo es clave para asegurar la aplicación de la reglamentación laboral y su creación se dispone
en muchas normas internacionales del trabajo relacionadas con las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores. Es un elemento
esencial para luchar contra el trabajo informal. El Convenio de gobernanza
núm. 81 dispone que los Estados que lo ratifican mantengan un sistema
de inspección del trabajo en empresas industriales y comerciales, aunque
puede exceptuarse a los sectores de la minería y el transporte. Entre otras
cosas, establece las funciones de la inspección del trabajo, la contratación
de inspectores, su número, los elementos que deben proporcionarse a los
inspectores del trabajo, sus facultades y sus obligaciones. Sin embargo, su
Protocolo de 199522 extiende la cobertura de la inspección del trabajo a
todos los trabajadores del sector de servicios no comerciales y a todas las
categorías de lugares de trabajo que no se consideran industriales o comerciales. El Convenio de gobernanza núm. 129 tiene un contenido semejante
al Convenio núm. 81, pero tiene por objeto la inspección en la agricultura
(véase el documento informativo sobre la inspección del trabajo).
La inspección del
trabajo es clave para
laboral y su creación se
dispone en muchas normas
la protección de los trabajadores. Es un elemento
esencial para luchar contra
22 Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81).
cionan orientación sobre la formulación de políticas económicas y sociales
de un país y por ello son sumamente pertinentes para la economía informal; están destinadas a “todas las personas disponibles y que busquen
trabajo”. El Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) exige
a los Estados que lo ratifican “formular y llevar a cabo, como un objetivo
de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno
empleo, productivo y libremente elegido”, y la Comisión de Expertos ha
afirmado que al aplicar esa política, los gobiernos deberían celebrar consultas con las personas que actúan en la economía informal.
Varias normas
proporcionan orientación
sobre la formulación de
sociales de un país y por
ello son sumamente pertinentes para la economía
informal; están dirigidas
a “todas las personas
disponibles y que busquen
La Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169) también es pertinente, ya que se refiere
expresamente a la economía informal. Afirma que las políticas deberían
reconocer la importancia de la economía informal como proveedor de
empleo y que “se deberían elaborar y llevar a la práctica programas de
promoción del empleo para fomentar el trabajo familiar y el trabajo independiente en talleres individuales tanto en las áreas urbanas como en
las rurales”. Insta a la adopción de medidas para ampliar las posibilidades de acceso de las empresas de la economía informal a los recursos,
mercados, crédito, infraestructura, medios de formación, conocimientos
técnicos y tecnologías más perfeccionadas. La Recomendación núm. 169
dispone que mientras adoptan medidas para aumentar las oportunidades
de empleo y mejorar las condiciones de trabajo en el sector informal,
los Miembros deberían tratar de facilitar al mismo tiempo la integración
progresiva de dicho sector en la economía nacional y tratar de extender
progresivamente las medidas de reglamentación al sector informal23.
•Promoción del empleo.
•Tripartismo. El tripartismo es importante en el plano internacional para el
El Convenio sobre la
administración del trabajo,
1978 (núm. 150) promueve
“gradualmente si fuera
necesario, la ampliación
del trabajo” a fin de
que a efectos jurídicos
no se pueden considerar
empleo, como los que, sin
exterior, estén ocupadas
El tripartismo es
decisivo en el plano nacional para elaborar soluciones eficaces y sostenibles
Otro instrumento importante y amplio es la
Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas
empresas, 1998 (núm. 189), que aborda pormenorizadamente la cuestión de los derechos de los trabajadores de las pymes24. La Comisión de
Expertos considera que la Recomendación núm. 189 ofrece valiosas orientaciones sobre la adopción de medidas tendientes a alentar la creación
de empleo o facilitar la integración del empleo informal en la economía
formal promoviendo las pequeñas y medianas empresas25. Cabe mencionar también la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas,
2002 (núm. 193). La necesidad de “establecer un marco institucional que
permita proceder al registro de las cooperativas de la manera más rápida,
sencilla, económica y eficaz posible” se reconoce en el párrafo 6 (a), y en
el párrafo 9 se señala que los “gobiernos deberían promover el importante
papel que las cooperativas desempeñan en la transformación de lo que a
menudo son actividades marginales de supervivencia (a veces designadas
como “economía informal”) en un trabajo amparado por la legislación y
plenamente integrado en la corriente principal de la vida económica”.
funcionamiento de la OIT, pero también es decisivo en el plano nacional.
Lo cierto es que alienta la cooperación entre los interlocutores sociales
y su participación en la aplicación de las normas internacionales del trabajo y, por consiguiente, promueve un diálogo social más amplio sobre
diferentes cuestiones laborales dentro de un país. El Convenio sobre la
consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)
establece que todos los Estados que lo ratifican se comprometen a poner
en práctica procedimientos que garanticen la efectiva realización de
23 En este contexto los trabajos en el sector informal se definen como “las actividades económicas
realizadas al margen de las estructuras económicas institucionalizadas”.
24 El tema de las pymes se analiza en el documento informativo sobre microempresas y pequeñas
empresas, informalidad y legislación laboral. Véase también Faundez, 2008.
25 Véase OIT, 2004, Informe III (Parte 1B), párr. 173.
•Política del empleo. Varias normas internacionales del trabajo propor-
consultas con respecto a algunas de las actividades de la OIT relativas a
las normas internacionales del trabajo (como informes gubernamentales
sobre los convenios ratificados y un nuevo examen de los convenios no
ratificados y las recomendaciones que no se han llevado a la práctica,
y denuncias de convenios ratificados, etc.). La Comisión de Expertos ha
declarado en relación con este Convenio que “exige que participen en
las consultas las organizaciones más representativas de empleadores
y de trabajadores, pero esto no impide en modo alguno que participen
también representantes de otras organizaciones. En primer lugar, puede
resultar útil recoger las opiniones de los representantes de aquellas categorías de trabajadores o de empleadores que no estén suficientemente
representadas en las organizaciones principales, ya sea que se trate, por
ejemplo, de trabajadores independientes, de agricultores o de miembros
de cooperativas”26.
•Administración del trabajo.
Tanto el Convenio sobre la administración
del trabajo, 1978 (núm. 150) como el Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 prevén una ampliación progresiva
de la cobertura. El Convenio núm. 150 dispone que “a fin de satisfacer las
necesidades del mayor número posible de trabajadores, cuando lo exijan
las condiciones nacionales, (…) todo Miembro (…) deberá promover, gradualmente si fuera necesario, la ampliación de las funciones del sistema
de administración del trabajo” a los trabajadores que, a efectos jurídicos, no se pueden considerar personas en situación de empleo, como las
personas que, sin contratar mano de obra exterior, estén ocupadas por
cuenta propia en el sector informal según lo entienda la práctica nacional
•Orientación y formación profesionales. La capacitación y la educación
son esenciales para que las personas conserven su empleo y para la realización del trabajo decente. El Convenio sobre el desarrollo de los recursos
humanos, 1975 (núm. 142) y la Recomendación sobre el desarrollo de los
recursos humanos, 2004 (núm. 195) se ocupan de las competencias y, por
consiguiente, son pertinentes para la economía informal. La Comisión de
Expertos ha declarado que diversas disposiciones del Convenio núm. 142
y los instrumentos conexos abarcan implícitamente el sector informal27.
El Convenio núm. 142 y el Convenio sobre la readaptación profesional y
el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) se aplican a “personas”.
La Recomendación núm. 195 (adoptada en 2004 para sustituir la recomendación anterior núm. 148) se refiere explícitamente a la economía informal al afirmar que los Miembros deberían definir políticas de desarrollo
de los recursos humanos, de educación, de formación y de aprendizaje
permanente que “respondan al reto de transformar las actividades de
la economía informal en trabajos decentes plenamente integrados en la
vida económica; las políticas y programas deberían formularse con el fin
de crear empleos decentes y ofrecer oportunidades de educación y de
formación, así como la validación de los conocimientos y las competencias adquiridos anteriormente, a fin de ayudar a los trabajadores y los
empleadores a integrarse en la economía formal” (párrafo 3). Además, los
Miembros deberían “fomentar el acceso a la educación, a la formación y
al aprendizaje permanente de las personas con necesidades específicas,
según se definan en cada país, tales como los jóvenes, las personas poco
calificadas, las personas con discapacidad, los migrantes, los trabajadores de edad, las poblaciones indígenas, los grupos étnicos minoritarios y
las personas socialmente excluidas, así como de los trabajadores de las
pequeñas y medianas empresas, de la economía informal, del sector rural
y los trabajadores independientes” (párrafo 5) (véase también el documento informativo sobre mejora de las calificaciones y la empleabilidad).
incluyen el objetivo de
transformar las actividades
de la economía informal
en trabajos decentes
integrados en la economía
26 OIT, 2000, párr. 37.
27 OIT, 1991, párr. 275.
abordan las cuestiones del pago regular de salarios, la fijación de salarios mínimos y el pago de salarios adeudados en caso de insolvencia
del empleador. El Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970
(núm. 131) dispone que los Estados que lo ratifican establezcan mecanismos que hagan posible fijar, revisar y ajustar de tiempo en tiempo los
salarios mínimos. Se ha afirmado que este Convenio dispone “explícita o
implícitamente […] la aplicación de normas de manera apropiada a las circunstancias locales, incluidas las desigualdades entre la economía formal
y la informal”28. El Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm.
95) se aplica a todas las personas a las que se paga o debe pagarse un
salario (artículo 2 1)). No obstante, ciertas personas pueden excluirse del
ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión de Expertos observó que
en determinados casos un gran número de trabajadores, tales como los
trabajadores agrícolas, los trabajadores ocasionales y los trabajadores a
domicilio, quedaban sin protección por la legislación nacional, situación
incompatible con la naturaleza limitada y provisional de las exenciones
autorizadas en virtud del Convenio29. La Recomendación sobre la protección del salario, 1949 (núm. 85) contiene protecciones específicas en relación con la periodicidad del pago por el trabajo a destajo (párrafos 4 y 5).
•Seguridad social. El principal instrumento pertinente en relación con la
y salud en el trabajo y
ofrecen una importante
orientación sobre políticas
y herramientas de promoción para la economía
seguridad social es el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima),
1952 (núm. 102), que, a pesar de que su redacción tiene un sesgo de
género, se basa en la noción de solidaridad y tiene por objetivo la ampliación progresiva de su cobertura. Los convenios adoptados posteriormente
amplían el ámbito de protección, al tiempo que autorizan ciertas excepciones para conseguir una mayor flexibilidad. El Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social, 1982 (núm. 157) se
aplica a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de
uno o varios Estados. El Convenio sobre la protección de la maternidad,
2000 (núm. 183) se aplica a “todas las mujeres empleadas, incluidas las
que desempeñan formas atípicas de trabajo dependiente”. El instrumento
más reciente: la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012
(núm. 202), hace referencia expresa a las personas en la economía informal, reconociendo que la seguridad social es una herramienta importante
para prevenir y reducir la pobreza, y para apoyar la transición del empleo
informal al formal (véanse también los documentos informativos sobre
extensión del alcance de la protección social y sobre protección de la
maternidad).
•Seguridad y salud en el trabajo. Numerosas normas internacionales
del trabajo guardan relación con cuestiones de seguridad y salud en el trabajo y ofrecen una importante orientación sobre políticas y herramientas
de promoción relativas a la economía informal. El Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) dispone que los Estados
formulen una política nacional coherente en materia de seguridad y salud
en el trabajo que tenga por objeto “prevenir los accidentes y los daños
para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la
actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo” (artículo 4) en “todas
las ramas de actividad económica”. Se trata de un convenio de promoción
e implica un esfuerzo constante por mejorar la protección de los trabajadores. Contiene varias cláusulas de flexibilidad: permite a los Estados
que lo ratifican, previa consulta con las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores interesadas, excluir parcial o totalmente de su aplicación a determinadas ramas de actividad económica y
“a categorías limitadas de trabajadores respecto de las cuales se presenten problemas particulares de aplicación” (artículos 1 2) y 2 2)). Según la
28 Sengenberger, 2005, pág. 53.
29 OIT, 2003, párr. 64.
•Salarios. Las normas internacionales del trabajo relativas a los salarios
Comisión de Expertos, esas exclusiones no pretenden ser permanentes y
se espera que los Estados avancen hacia la aplicación plena del Convenio.
Lo cierto es que esas cláusulas de flexibilidad son disposiciones que no
deberían utilizarse como medio de disminuir la efectiva protección de la
seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores30. En tal sentido, varios
países han indicado que actualmente están ampliando el alcance de su
legislación nacional de seguridad y salud en el trabajo. Además, si bien el
Convenio no menciona a los trabajadores independientes, la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164) dispone
que los Estados deberían conferir a esos trabajadores una protección análoga a la dispensada por el Convenio y la Recomendación (párr. 1 2).
Varias normas internacionales del trabajo se ocupan directamente de
los trabajadores independientes quienes pueden encontrarse en una
situación de trabajo informal. La Recomendación sobre la seguridad y la
salud en la agricultura, 2001 (núm. 192), adoptada junto con el Convenio
sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184), tiene en
cuenta la situación de los agricultores independientes e insta a prever la
extensión progresiva de la protección prevista en el Convenio. Si bien las
exclusiones relacionadas con determinadas empresas y determinados trabajadores son posibles, los Estados deberán elaborar “planes para abarcar progresivamente todas las explotaciones y a todas las categorías de
trabajadores”. No obstante, estos instrumentos excluyen de su ámbito de
aplicación a la agricultura de subsistencia, los procesos industriales que
utilizan productos agrícolas como materia prima y los servicios conexos,
y la explotación industrial de los bosques.
adoptado algunas normas
que se ocupan concretamente de formas particulares de empleo que podrían
no estar contempladas,
parcial o totalmente, en
la legislación de algunos
países y para las cuales
del trabajo vigentes permiten exclusiones
El Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el
trabajo, 2006 (núm. 187) dispone que los Miembros establezcan un sistema nacional que debería incluir “mecanismos de apoyo para la mejora
progresiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las
microempresas, en las pequeñas y medianas empresas, y en la economía
Otros convenios pertinentes actualizados son los siguientes:
• El Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115);
• El Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162);
• El Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170);
• El Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del
aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148);
• El Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167).
internacionales del trabajo que se ocupan directamente
de grupos específicos. Se han adoptado algunas normas que se ocupan
concretamente de formas particulares de empleo que podrían no estar
contempladas, parcial o totalmente, en la legislación de algunos países y
para las cuales las normas internacionales del trabajo vigentes permiten
exclusiones. Estas guardan relación con el trabajo a tiempo parcial, el trabajo
a domicilio, el trabajo en plantaciones, el personal de enfermería y los
trabajadores de hoteles y restaurantes31. Disponen que los Estados que las
ratifican otorguen derechos y protección específicos a los trabajadores, o bien
les concedan condiciones semejantes a las otorgadas a otros trabajadores.
30 OIT, 2009, Informe III (Parte IB), Estudio general relativo al Convenio sobre seguridad y salud de
los trabajadores, 1981 (núm. 155), a la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981 (núm. 164) y al Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, párr. 24.
31 Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175), Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177), Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) y su Protocolo de 1982,
Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) y Convenio sobre las condiciones de
trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172).
•Los trabajadores y las agencias de empleo privadas.
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) mencionado anteriormente se aplica a todas las categorías de trabajadores en todos los
sectores, pero un Estado que lo ratifica puede reducir su alcance tras
celebrar consultas. Establece que “las agencias de empleo privadas no
deberán cobrar a los trabajadores, ni directa ni indirectamente, ni en todo
ni en parte, ningún tipo de honorario o tarifa”. Dispone que los Estados
que lo ratifican adopten las medidas necesarias para asegurar que los
trabajadores empleados por agencias de empleo privadas gocen de una
protección adecuada en materia de libertad sindical, negociación colectiva, salarios mínimos, tiempo de trabajo y demás condiciones de trabajo,
prestaciones de seguridad social obligatorias, acceso a la formación, seguridad y salud en el trabajo, indemnización en caso de accidente de trabajo
o enfermedad profesional, indemnización en caso de insolvencia y protección de los créditos laborales, protección y prestaciones de maternidad,
y protección y prestaciones parentales (artículo 11). Además, los Estados
deberán determinar y atribuir las responsabilidades respectivas de las
agencias de empleo privadas, por un lado, y de las empresas usuarias,
por el otro, en relación con la negociación colectiva, el salario mínimo, el
tiempo de trabajo y las demás condiciones de trabajo, las prestaciones de
seguridad social obligatorias, el acceso a la formación, la protección en el
ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, la indemnización en caso
de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la indemnización en
caso de insolvencia y la protección de los créditos laborales, la protección
y las prestaciones de maternidad, y la protección y prestaciones parentales (artículo 12).
Las normas relativas
al trabajo rural alientan
•Trabajadores rurales.
Los trabajadores rurales constituyen una gran
proporción de la fuerza de trabajo informal. Varias normas internacionales del trabajo están dirigidas específicamente a estos. El Convenio
sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11), afirma que
las personas ocupadas en la agricultura tienen los mismos derechos de
asociación que los trabajadores de la industria. El Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) y la Recomendación
sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149) alientan
el establecimiento de organizaciones rurales. No obstante, los trabajadores agrícolas se benefician de las garantías otorgadas en los Convenios
núms. 87 y 98 sobre libertad sindical y de asociación en general.
•Trabajadores a domicilio. El Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996
(núm. 177) define el trabajo a domicilio como el trabajo que una persona
realiza a cambio de una remuneración; en su domicilio o en otros locales
que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador; con el fin de
elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo,
los materiales u otros elementos utilizados para ello. El Convenio dispone
que los Estados que lo ratifican deberán adoptar una política nacional
destinada a mejorar la situación de los trabajadores a domicilio promoviendo la igualdad de trato entre estos trabajadores y los demás (véase
también el documento informativo sobre el trabajo a domicilio).
Otras normas internacionales del trabajo importantes relacionadas con
grupos vulnerables son el Convenio sobre las agencias de empleo privadas,
1997 (núm. 181), las normas internacionales del trabajo relativas a los
trabajadores migrantes, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169) y el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), que
se examinan más adelante. No obstante, cabe señalar que algunos de esos
convenios no se han ratificado ampliamente: solo 5 Estados han ratificado
el Convenio sobre el trabajo a domicilio, 11 el Convenio sobre el trabajo a
tiempo parcial y 21 el Convenio sobre las agencias de empleo privadas.
•Trabajadores migrantes. Muchos trabajadores migrantes son víctimas
•Pueblos indígenas y tribales.
•Pescadores. Unos 27 millones de personas trabajan exclusivamente en la
de la explotación y el abuso, y trabajan en una situación de informalidad.
Las normas internacionales del trabajo insisten en la obligación de dar el
mismo trato a todos los trabajadores, sin mencionar la nacionalidad, y,
por ejemplo, el Convenio fundamental núm. 111 sobre la discriminación
dispone la igualdad de oportunidades sin distinciones de raza, color o religión, que suelen ser aspectos característicos de los trabajadores migrantes. Según el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949
(núm. 97), los Estados que lo ratifican se obligan a aplicarles el mismo
trato que aplican a todos los trabajadores en relación con determinadas
esferas como las condiciones de empleo, la libertad sindical y la seguridad social. El Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones
complementarias), 1975 (núm. 143) amplió esa cobertura. Los trabajadores migrantes que se encuentran en las peores situaciones a menudo se
hallan en situación irregular. El Convenio núm. 143 contiene varias disposiciones para luchar contra la migración clandestina e ilegal, y establece
también que todos los trabajadores migrantes, independientemente de su
condición legal o ilegal, deberían disfrutar de “derechos […] culturales y
libertades individuales y colectivas”32 (véase también el documento informativo sobre trabajadores migrantes).
El Convenio sobre pueblos indígenas y
tribales, 1989 (núm. 169) es el único tratado internacional que se ocupa
exclusivamente de los pueblos indígenas y tribales, y se ha utilizado
ampliamente para promover los derechos de esas personas. Es particularmente importante en relación con el tema de la informalidad, dado que
los pueblos indígenas y tribales a menudo se concentran en la economía informal. El Convenio núm. 169 indica que debería consultarse a los
pueblos indígenas y tribales y que estos deberían participar en todos los
niveles de la adopción de decisiones que les afecten. Abarca varias cuestiones, entre estas las costumbres y tradiciones, el acceso a los recursos
naturales, el empleo, la educación y la formación profesional, la artesanía
y las industrias rurales, la seguridad social y la salud, y los contactos a través de las fronteras y las comunicaciones. Cabe mencionar especialmente
la referencia concreta a los derechos relativos a las tierras: el Convenio
núm. 169 dispone en particular el reconocimiento del derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Insta
también a los gobiernos a tomar medidas para determinar esas tierras y
a instituir procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones
de tierras (artículo 14)33.
pesca de captura34, y la mayoría de los pescadores trabajan en la industria
de la pesca en pequeña escala en el sector informal. Estos trabajadores
podrían estar excluidos de la legislación debido a los arreglos particulares
que son comunes en esa industria (a menudo se paga a los pescadores
sobre la base de la proporción de la captura) y quedar sin protección. El
Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) y la Recomendación
sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 199) se adoptaron para tratar
El Convenio sobre
(revisado), 1949 (núm. 97)
dispone que se aplique
el mismo trato a todos los
trabajadores en relación
con esferas como la seguridad social, el empleo y
la libertad sindical y de
Los pueblos indígenas y tribales muchas
veces se concentran en la
pescadores están excluidos
de la legislación y carecen
de protección. Se han
adoptado instrumentos
abordar estas cuestiones
32 Para más información, véase OIT, 2007, Rights, Labour Migration and Development: The ILO
33 Para más información, véase http://www.ilo.org/indigenous/lang--es/index.htm.
34 OIT, 2004, Informe V (I), Condiciones de trabajo en el sector pesquero.
bajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y la correspondiente Recomendación núm. 201 se concibieron principalmente para sacar de la informalidad
a un importante subsector de trabajadores desprotegidos o insuficientemente protegidos en la legislación de los países. Para más detalles, véase
el documento informativo sobre trabajadores domésticos.
•Trabajadores domésticos. El Convenio sobre las trabajadoras y los tra-
Peluquero ambulante, Beijing, China.
4. El entorno normativo y la economía informal
Esta sección suministra una lista de recursos que permiten al lector
profundizar en la cuestión. Contiene instrumentos internacionales,
conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo, publicaciones pertinentes y herramientas de capacitación. Incluye también la
bibliografía de las referencias mencionadas en el texto. Es posible
que haya cierta superposición.
Instrumentos de la OIT y las Naciones Unidas, y conclusiones de la Conferencia
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12000:0::NO:::
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12010:0::NO:::
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/
conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm
inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)
política del empleo, 1964 (núm. 122)
Otros convenios pertinentes
Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones),
1977 (núm. 148)
Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154)
Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) Convenio
sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social, 1982 (núm. 157)
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)
Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177)
Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181)
Recomendación sobre la protección del salario, 1949 (núm. 85)
Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149)
Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 165)
Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169)
(núm. 189)
Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193)
Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195) Recomendación
sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 199)
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998
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Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008
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UNA GUÍA DE RECURSOS SOBRE POLÍTICAS APOYANDO LA TRANSICIÓN HACIA LA FORMALIDAD
Agradecimientos/Prólogo/Prefacio/Cómo utilizar esta Guía de recursos sobre políticas/Siglas
1. El trabajo decente y la economía informal
Cuestiones conceptuales fundamentales
2. Medición de la economía informal
2.1 Dificultades estadísticas
PARTIE II: Políticas de apoyo a la transición hacia la formalidad
3. Estrategias para el crecimiento y generación de empleo de calidad
3.1 Patrones de crecimiento económico y la economía informal
(A) Normas internacionales del trabajo
4.a1Establecimiento de un piso de protección social para todos los trabajadores
4.a2Incorporación de los desprotegidos al ámbito de la legislación
4.a3Comprensión de la relación de trabajo y su impacto sobre la informalidad
(B) Grupos específicos
4.b1 Los trabajadores domésticos: estrategias para superar la reglamentación deficiente
4.b2Los trabajadores a domicilio: reducción de las vulnerabilidades mediante la ampliación y aplicación de la ley
4.b3Vendedores ambulantes: innovaciones en el apoyo normativo
4.b4Microempresas y pequeñas empresas, informalidad y legislación laboral: reducción de las brechas
4.b5Estrategias para transformar el trabajo no declarado en trabajo regulado
(C) Administración del trabajo
4.c1 Administración del trabajo: superar las dificultades para incluir a la economía informal
4.c2 La inspección del trabajo: innovaciones sobre la cobertura
5. Organización, representación y diálogo
5.1 Diálogo social: promoción de la buena gobernanza en la formulación de políticas sobre la
El papel de las organizaciones de empleadores y las asociaciones de pequeñas empresas
5.3 Sindicatos: llegar a los marginados y excluidos
Cooperativas: un medio para salir de la informalidad
6. Promoción de la igualdad y lucha contra la discriminación
Promoción del empoderamiento de la mujer: una senda para salir de la informalidad que tiene en
cuenta el género
Trabajadores migrantes: marcos de políticas para la migración regulada y formal
Discapacidad: enfoques incluyentes para el trabajo productivo
7. Iniciativa empresarial, desarrollo de las competencias profesionales y financiación
7.1 Empresas informales: apoyo normativo para alentar la mejora y la formalización
Mejora de las calificaciones y la empleabilidad: facilitación del acceso a la economía formal
7.3 Microfinanzas y la economía informal: estrategias selectivas para salir de la informalidad
8. Ampliación de la protección social
Extensión de la cobertura de seguridad social a la economía informal
El VIH/SIDA y la economía informal: superar la discriminación y la exclusión
Extensión de la protección de la maternidad a la economía informal
El cuidado de los niños: un apoyo esencial para mejorar los ingresos
9. Estrategias para el desarrollo local
9.1 Oportunidades de apoyo integrado para salir de la informalidad
Departamento de Política de Empleo http://www.ilo.org/emppolicy/lang--es/index.htm
Informe de Gestión Periodo 1 de Enero- 31 de Marzo 2013
“Convertirse en un hombre y no en una mera herramienta”: la
Plenary sitting week from 17th to October 23rd 2016
km84monroy
Mantenimiento al equipo central.
Características de la ocupación de los profesionistas en economía
D./Dña. con D.N.I. núm. actuando en nombre y representación de