Source: http://buromedicos.com/opinion010909.htm
Timestamp: 2019-01-22 07:03:59
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Matched Legal Cases: ['artículo 463', 'artículo 269', 'artículo 264', 'artículo 456', 'artículo 333', 'artículo 264', 'artículo 224', 'artículo 136', 'artículo 24', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 1105']

ARTICULOS DE OPINIÓN EN BUROMEDICOS 01-09-09
En el presente texto se analiza un fenómeno que degrada el Sistema Judicial Español y que no se produce en otras latitudes. Se refiere al llamado “delirio querulante”, para el que la Justicia Española no tiene prevista medida alguna que lo frene o restrinja adecuadamente, al contrario que multitud de legislaciones extranjeras que lo contemplan limitando el peligro que supone “El Querulante” para la buena Administración de la Justicia.
Ramón Maciá Gómez, Madrid, España, 1958, es Magistrado Jubilado y autor de multad de trabajos y estudios jurídicos en general y en particular sobre el Derecho Médico y el Derecho al Honor. Es autor de cuatro libros y se puede consultar su obra en la siguiente página web; http://maciagomezramon.blogspot.com/
“…querellarse por pequeñeces forma parte
de la naturaleza humana…”.
Shakespeare, en “Otelo”
Iº.- INTRODUCCIÓN.
Si la política engendra megalómanos y la medicina hipocondríacos, el derecho genera “querulantes”. El querulante es ese personaje que se pasa media vida en las sedes judiciales, que envía extensas y documentadas cartas a la redacción de los periódicos y pulula en las ventanillas administrativas tramitando, por sí mismo, unas infundadas pretensiones de las que no desistirá fácilmente. Un artículo publicado en “El País”, en fecha 18 de mayo de 1993, se iniciaba con la siguiente reflexión: “…el querulante no es una carta del tarot ni un personaje de carnaval. Es una figura psiquiátrica, un delirio que presentan algunos pacientes que han hecho del pleito la razón de su vida…”. Continuaba, el referido artículo de “El País”, con la valoración que hacía la psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, Doña Carmen Sáez Buenaventura; “…es una situación que tiene su origen en hechos corrientes de la vida, una pequeña injusticia… …la persona que la sufre se ha sentido lastimada en su honor o en su orgullo y reacciona de forma excesiva… …algunas personas llegan en sus reclamaciones hasta al Tribunal Supremo. Incluso escriben cartas al Rey…”. Sin embargo, resulta que en España, insistentemente, nos empeñamos en ignorar esta figura, médicamente reconocida, que, por lo demás, es imposible que pase desapercibida en las Sedes Judiciales. A ellos nos vamos a referir en estas líneas.
Las ideas delirantes, o delirios, son convicciones erróneas, manipuladas y, a menudo, incongruentes, que un sujeto asume con una certeza y una clarividencia irrefutables ante la realidad objetiva o la crítica exterior. Además, como casi todos los delirios graves, es persistente en el tiempo y tiene importante incidencia en la personalidad o en el modo de vida del que lo padece. En el tema que tratamos, el individuo sano, siempre sabe y puede distinguir entre lo que es el ejercicio de sus derechos legítimos de denuncia y/o reclamación y lo que es una estéril ofuscación reivindicativa, con la capacidad de análisis ordinaria, de la que carece el querulante y que, precisamente, en esa carencia, se asienta la base de su enfermedad. El perfil psicológico de los afectados por esta patología es el de alguien que sobrevalora el Sistema Judicial y la propia Justicia, tiene carácter susceptible, es desconfiado, presenta un desarrollo afectivo deficitario y es obstinado, poco sociable, rígido en sus creencias y con cierto grado de dependencia de cualquier sistema normativo.
El Doctor Kurt Schneider, reconocido psiquiatra que en 1931 llegó a ser Director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de Munich, identificó, en los años 20, al querulante, como una “personalidad paranoide”, situada en las proximidades de las figuras del fanático y del excéntrico. Este dato histórico implica que lo que, casi sin excepciones, nosotros o ignoramos o consideramos, hoy y ahora, en España un “pesado” o un “desocupado que se entretiene en los Juzgados”, hace casi cien años, en Europa, ya se calificaba como un enfermo que, además, producía un importante deterioro de los servicios de la Administración Pública. Y, también, es significativo que, en aquella atormentada Alemania de entreguerras, el Legislador, luego lo vamos a ver, tuvo tiempo para evitar, mediante la Ley, los perniciosos efectos que el querulante causaba y que el Dr. Schneider había estudiado minuciosamente. Insisto, hace ya unos 100 años y en Alemania, analizaron y bloquearon las conductas de este tipo de ciudadanos que hoy y en España, exagerando algo, generalmente, sólo merece comentarios tabernarios, cuando los Excmos. Sres. Magistrados se reúnen, para relajarse y comentar incidencias, al término su jornada matinal. Un mismo problema y dos respuestas diferenciadas.
Resulta tan asombroso como alarmante que, en España, en no pocas ocasiones, los querulantes gocen, incluso, de algún aprecio entre el funcionariado judicial y, ello se debe, seguramente, a que suelen ser individuos educados, corteses e inteligentes pero que, a la vez, malgastan estos valores cuando se obstinan en poner una exagerada parte de sus capacidades intelectuales y de su tiempo al servicio de una meta: obtener, en sus numerosos pleitos, una victoria final, que, además, habrá de tener, normalmente, forma de sentencia ya que no suelen recibir con agrado un allanamiento o un reconocimiento de “su verdad” que no tenga un origen normativo u oficial; por eso mismo se pueden detectar fácilmente, incluso antes del desplieguen de su conducta, y es que, siempre, son individuos metódicamente renuentes a pactos o acuerdos extrajudiciales. Evidentemente, es un tipo de delirio situado, casi exclusivamente, en el ámbito administrativo y, más en concreto, judicial; ámbito éste, que, sin embargo, paradójicamente, en España, no se detiene a examinarlo atentamente o, incluso, lo desconoce, aun cuando éste está claramente caracterizado;
a) por la muy exteriorizada, pública y notable reincidencia insensata, en interesarse desproporcionadamente sobre “su asunto”,
b) por la no aceptación de las sentencias o resoluciones judiciales que no le sean, íntegramente, favorables,
c) por sentirse víctima de figuradas injusticias, que no se aplacan con los razonamientos del juez de turno, ya que supone, por principio, que sus derechos son permanentemente vulnerados,
d) porque, también, vive convencido de una connivencia del Juzgador con la parte contraria o, en otros casos,
e) porque considera, al propio Juzgador, un incompetente.
Según el psicólogo Don Miguel del Nogal, del Colegio de Psicólogos de Madrid, el tratamiento para la patología del querulante se habrá de basar en la re-estructuración de los pensamientos delirantes, teniendo un pronóstico de notable mejoría transcurridos, tan sólo, unos 10 meses del inicio de dicho tratamiento, generalmente ambulatorio.
Convendría aceptar, con criterios científicos y metódicas estadísticas, que el asunto ni es anecdótico ni cómico; más bien merece un serio planteamiento si queremos, en España, una Justicia efectiva y asequible para todos. Por ejemplo, según el informe anual de 2006 del Defensor del Pueblo, el número de ciudadanos que de manera individual o colectiva plantearon quejas a la Institución fue de 89.518 y en el año 2005 lo habían hecho 36.910. Es decir, un incremento del 126%. Y es que, desde hace una década, examinando, también, las Memorias Anuales del Consejo General del Poder Judicial (hemos superado ya, con creces, el total de asuntos penales (811.134) y civiles (1.522.429) de la estadística de 2006, en el mes de septiembre de 2008) podríamos decir que se ha asentado entre una parte, minúscula pero muy llamativa y perniciosa, de la ciudadanía española la “cultura de la queja”, caracterizada por sobreestimar el valor de los propios derechos y la exigencia de una continua protección del Estado.
Tal vez sea hora de meditar que, ampliando el número de Juzgadores y de Juzgados, si con ello se logra una Justicia más eficaz para todos, también estamos fomentando, en alguna medida, el caldo de cultivo en que vive el querulante, que se multiplica en la sociedad española, creo que no exagero, en proporciones peligrosas. Un dato para la meditación: ¿no resulta asombroso que Juzgados de nueva creación, al año de su puesta en funcionamiento, estén colapsados? Un segundo aspecto del asunto, ¿por qué, teniendo, los Juzgadores, tan a mano, a los médicos forenses es casi imposible hallar, entre los legajos judiciales, dictámenes médicos sobre las estrambóticas conductas y truculentas estrategias de estos litigantes? Y, finalmente, un tercer enfoque preocupante ¿no resulta obvio que el tipo del artículo 463 del Código Penal es, en realidad, un subtipo de otra conducta de mayor extensión, tan implícita como impune? Al menos, ante la duda, dejemos patente que este precepto legal, no protege de nada al ciudadano, sino que limita su ámbito a la exclusiva defensa de la Administración de Justicia, trastocando, con ello, la habitual lógica de todo sistema punitivo.
IIº.- LA VALORACIÓN DEL FENÓMENO DEL QUERULANTE EN ESPAÑA.
Sin temor alguno, podemos afirmar que la indiferencia, o el desconocimiento, mas negligente que voluntario, de este fenómeno en la España actual, por las Instituciones y Autoridades con competencia en el tema, no sólo es flagrante sino que, lamentablemente, como luego veremos, es causa directa de que, al final, la mayoría de los españoles no dispongamos de una Justicia un poco más eficaz y algo más adecuada.
Evidentemente el querulante no es sólo una patología psiquiátrica española, es común en todo el planeta. Pero, en España, hay un hecho diferencial; la admisión a trámite de un asunto judicial en Estados Unidos de América, en Alemania, en Japón o en Turquía es absolutamente diferente, por su grado de exigibilidad, que entre nosotros. Es decir que, por ejemplo en lo penal y para la Justicia Española, los llamados “indicios racionales de criminalidad” están constituidos, en muchas ocasiones, por cualquier argumento, por grotesco, inverosímil o inviable que sea, dicho con todos los respetos. Basta examinar el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para entender que lo excepcional, en nuestro Sistema Legal, es que el Instructor no proceda a investigar una denuncia y que el artículo 264 de la misma Ley viene a imponer un deber generalizado de denunciar, pero, de forma incomprensible, expresamente también exime, en la denuncia, de la acreditación de lo denunciado. Todo ello, aliñado con el exquisito rigorismo con que se describe la conducta punible del artículo 456 del Código Penal.
Protegidos por la sombra de este árbol envenenado, casi todos sabemos de imputaciones y reclamaciones tan escandalosamente infundadas como farragosas y acaparadoras de la labor de mas de un Oficial de la Administración de Justicia Española que, cuando después de innumerables trámites innecesarios, llegan al Juez o al Secretario, para su resolución, les van a consumir interminables horas de desaprovechado tiempo y, esto es lo más grave, van a generar dilaciones en el trámite de otros asuntos que, nada llamativos, encierran conflictos de intereses de una necesaria y urgente solución judicial, para el común de los justiciables.
Mucho mas pernicioso, pero que goza de una muy similar permisibilidad, es la conducta querulante aliada con específicos factores. Citemos cuatro ejemplos que, impúdicamente, son conocidos por todos.
1º.- Cuando la conducta querulante está ligada a un medio informativo o a un ideario extralegal. En el Juicio por la mayor matanza de ciudadanos acontecida, desde los años 40 en España, es fácilmente detectable que ciertos medios informativos y ciertas formaciones políticas y cívicas, están poniendo todos sus empeños, como palos en las ruedas del carro de la Justicia, en la imputación a la banda ETA, de ese hecho. La Administración de Justicia Española, lamentable e irresponsablemente, admitió y ocupó su tiempo (y lo sigue ocupando) durante mas de dos años, en el análisis y la razonada resolución no de grotescas hipótesis o de delirantes deducciones, sino, simplemente, de estupideces y majaderías. Personalmente, la única información útil que, por ahora, he obtenido de semejante despropósito es saber que el ácido bórico sirve para matar cucarachas. ¿Cuántos asuntos hubiera resuelto el Instructor de la causa o los Magistrados de la Sala, si a lo estúpido le hubiera dado el trámite correspondiente? Pues muchos, porque el trámite correspondiente era el de la papelera. Una reflexión: ¿por qué uno de los principales imputados en esta masacre, que fue juzgado en Italia, cuando aquí se abría la vista oral, su conducta ya era merecedora de una sentencia, que en nada hablaba de ETA? La sentencia italiana no habla, excepto escueta referencia, de la banda ETA, simplemente porque, en aquel Tribunal, las alegaciones acusatorias, olvidaron mencionarla. En la mente de todos hay otros muchos ejemplos que, en la anormal situación española, hasta nos cuesta, en algunas ocasiones, distinguir o desvelar.
2º.- Otra estribación de la conducta querulante, que los españoles admitimos casi complacientemente, es la que se produce cuando dicha patología se entrecruza en la digna profesión de la Magistratura o la Fiscalía. Digo dos palabras y no continúo: “Jueces Estrella”.
3º.- Si ha saltado una alarma de prudencia en la redacción párrafo anterior (y por ello quedará mutilado) ahora es mi admiración y sincero afecto por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Español lo que va a resumir adecuadamente este tercer apartado. No podemos ignorar algo obvio; hay policías querulantes. Asuntos como el “Comando Dixan” o la “Iglesia de la Cienciología” o esas tan fugaces como aparatosas “Redes de Pornografía Infantil en Internet” son de todos conocidos. Aquí comentaré una situación que yo, personalmente, viví cuando ejercía como Juez en un pueblo de la costa catalana. La Comisaría me anunció una redada de traficantes de drogas avisándome de que, en la mañana siguiente, me presentarían 9 detenidos. Era por la tarde y, para adelantar tiempo, pedí al Inspector de Guardia, una copia del atestado, aunque estuviera inconcluso. Después de unas dos horas de aburrida lectura me tope con un dato: Peso Total: 0,300 gr. de cocaína. Repasé el asunto y sobre las dos de la madrugada llamé a la Comisaría ordenando la inmediata puesta en libertad de todos los detenidos. Debe ser porque había dormido poco, pero creo recordar que, sobre las 9 de la mañana, el Comisario, sin los debidos respetos, me pidió explicaciones sobre la orden dada. Pues bien, esta conducta consistente en fabular delitos y proceder a detenciones, en una infinidad de modalidades, acontece diariamente en las sedes policiales españolas y nadie la ataja, por ahora. Ocurre que, más bien, incluso, esta conducta es merecedora de algún elogio, sobre todo si se conjunta con sustantivos tales como “drogadicto”, “inmigrante” o “chabolista”, por poner tres lamentables ejemplos.
4º.- Y, por último, demos paso a la vertiente más sangrante del tema; el Abogado querulante. Ahora, como en el segundo epígrafe, ha vuelto a sonar la alarma de la prudencia. Por ello, sólo me limitaré a recordar que existen unas Comisiones Deontológicas que nunca, jamás, sancionan la obstructiva labor para el buen desarrollo de la Justicia que provocan, siempre y en cada partido Judicial, una escasa decena de abogados, de los cientos y miles que hay en cada Ilustre Colegio, y que, aquí, además de causar un daño importante a la ciudadanía se lo generan a los propios compañeros de profesión que, sin embargo, inconcebiblemente, les guardan el mismo respeto que envidia a las minutas que cobran de los desgraciados ciudadanos que han caído en sus redes. Recuerdo un caso de alguien, ya legalmente divorciado, que pretendía, asesorado por su letrado, impedir las segundas nupcias de su excónyuge, “por el bien de sus hijos”.
IIIº.- LA ACTITUD ESPAÑOLA ANTE EL FENÓMENO DEL QUERULANTE.
La valoración, el análisis y el veto a la conducta querulante tienen que cambiar, radicalmente, en España. Tal vez, es un oculto estigma de la Dictadura el hecho de que un Juez, que se atreva a rechazar, de plano, determinadas formas de acceso a la Justicia piense que ello será confundido con una conducta nada democrática. Los Excmos. Señores Magistrados del Tribunal Supremo se han criado, personal y jurídicamente, cuando denunciar a un policía, a un alcalde o a un vulgar “franquista” suponía cierto quebrantamiento de las normas admisibles de conducta oficial, adecuada o legal. Y así se admitían denuncias por llamar “Gran Vía” a la “Avenida de José Antonio”. Y tal vez, por eso, muchos tengamos marcado a fuego, en nuestra “genética jurídica”, que cerrar el acceso a la Justicia a un ciudadano sino es ilegal, debe ser incorrecto, imprudente o criticable.
Y como vamos a ver, en el epígrafe siguiente, simplemente, es que no es así. Es, más bien, todo lo contrario. Perdónenme si me equivoco, pero creo que si un Juez ocupa su tiempo con asuntos sin fundamento, no solamente no va a satisfacer, en nada, a las pretensiones del querulante de turno sino que, seamos claros, está denegando, dolosamente, el “Acceso a la Justicia” a la generalidad de la ciudadanía. Y eso se llama, desde otra óptica, dilación indebida, y eso, además, está prohibido por la Ley, pero no la Ley Procesal que estruja el querulante, sino, otra Ley: la Constitución Española.
IVº.- LA VALORACIÓN DEL FENÓMENO DEL QUERULANTE FUERA DE ESPAÑA.
El concepto americano de “más allá de una duda razonable” se caracteriza, básicamente, por su aspecto restrictivo, al igual que ocurre con el veredicto de “unanimidad” o con la exigencia de costosos abogados, fianzas o cauciones para interponer pleitos. Y la Excma. Sra. Virginia Morgan, Magistrada de Michigan, Detroit, nos confirmaba que para actuar, en la práctica totalidad de los asuntos judiciales, la parte afectada debe contratar un abogado privado y pagarlo a su costa, en el Sistema Procesal en la que ella ejerce.
Vale la pena, ahora, recordar que el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal Italiano establece que la denuncia sólo es obligatoria: “…1º.- Cuando se tiene noticia de un delito contra el Estado para el cual la Ley establece pena de cadena perpetua… …2º.- Cuando el denunciante recibe dinero o compra cosas provenientes de delito, sin tener, originariamente, conocimiento de su procedencia ilícita…”. Curiosamente, esta legislación se sitúa justo en las antípodas del artículo 264 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero, además, en Italia, la denuncia anónima está prohibido que sea utilizada, en algún caso, para incoar un proceso, salvo que constituya el cuerpo del delito, todo ello según nos señaló el Fiscal Anti-Mafia de Milán y Vocal del Consiglio Supperiore de la Magistratura el Excmo. Sr. Armando Spataro.
Según la Magistrada francesa, Ecxma. Sra. Anne Crenier “…la víctima de una infracción puede denunciar dicha infracción sufrida pero, en la fase de la investigación inicial, no dispone de ninguna prerrogativa, al menos hasta la decisión de la Fiscalía sobre la denuncia…”.
En Alemania, citando al Excmo. Sr. Magistrado Hans Boss “…la víctima carece de derechos durante la fase de la investigación. Sin embargo, podrá adherirse a la acción pública… …la víctima puede actuar, también, en determinados delitos perseguibles por querella como acusador; el Ministerio Fiscal no actuará en estos casos…”.
El artículo 224 de la Ley Procesal Noruega (que es única para lo Civil y lo Penal) dice que la investigación preliminar sólo se realiza cuando “…como resultado de una denuncia u otras circunstancias, existe motivo suficiente para investigar si existen hechos delictivos…”, según nos indicó el Excmo. Sr. Juez Tor Langbach.
En Inglaterra y Gales, en palabras del Excmo. Sr. Magistrado John McNaught, “…es posible, aunque muy poco frecuente, formular una acusación de forma privada, es decir, sin intervención de la Policía o del Servicio de Acusación de la Corona…”.
En Holanda, el Excmo. Sr. Fiscal Eric Willen Noordhoek nos informaba que “…en los Países Bajos se parte del principio de dominio litis, lo que significa que, únicamente, la Fiscalía tiene el poder de proceder judicialmente contra una persona…”.
En la República Argentina la Jueza Doña Astrid Ammzam nos manifestaba que, entre otros muchos límites “…El querellante particular, que puede ser el ofendido penalmente -y damnificado- por un delito de acción pública, o si se trata de un delito dependiente de instancia privada, (una vez que formulara la denuncia ante el órgano competente , por sus representantes legales , tutores o guardadores ) se incorpora al proceso, una vez que cumple con la presentación formal personalmente o por mandatario con poder especial otorgado “apud acta” previo a cumplimentar los requisitos que la ley de procedimientos establece y, esa Participación, debe ser valorada y resuelta por auto fundado por el Fiscal de Investigación, o por el Juez de Garantías, si aquel rechazara su participación…”.
En la Federación Rusa, el artículo 136 el Código de Procesamiento Penal determina que se adquiere la cualidad de perjudicado por un delito, solamente, después de que así lo determine, mediante resolución específica, la Autoridad Judicial, según nos decía la Excma. Sra. Magistrada Svetlana Naumova, que ejerce en San Petersburgo.
En la vecina República de Portugal existe la institución del inquérito que es una investigación ineludiblemente previa a todo proceso que está atribuida, exclusivamente, al Ministerio Público con auxilio policial, y los ciudadanos, solamente, podrán intervenir en el Proceso cuando, finalizado el inquérito, le sea concedida esa posibilidad por el Juez Instructor, según nos ha aclarado el Excmo. Sr. Fiscal António Leones Dantas.
Basta de ejemplos, ya hemos interrumpido la labor, específicamente judicial, de demasiados Magistrados. Con lo dicho cualquiera puede entender las razones por las qué el querulante es habitual en los Juzgados españoles y casi desconocido fuera de nuestras fronteras. No porque no exista la enfermedad psiquiátrica, sino porque el desarrollo de la misma, en otras latitudes, está legalmente evitado, limitado, o prohibido en la normativa procesal correspondiente, al contrario de lo que ocurre en España. Pero; ¿por qué?
Vº.- EL QUERULANTE COMO LIMITADOR DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.
Sí ¿por qué? O, ¿qué es lo que nos hace diferentes de nuestro entorno judicial? Antes adelanté que podría ser un estigma invisible de la dictadura franquista. Seguramente, ese argumento es una excusa tan cómoda como incierta.
Primeramente quiero señalar una asombrosa curiosidad de nuestra Constitución y es la siguiente; el artículo 24 se inicia así: “…todas las personas…”. Pues bien, observemos que ningún otro artículo del Capítulo II Sección I, relativo a los Derechos Fundamentales, de la Carta Magna, tiene tan amplia extensión. “Todos” (artículo 15), “nadie” (artículo 16), “toda persona” (artículo 17), “los españoles” (artículo 19) o “los ciudadanos” (artículo 23), por citar los mas relevantes. Repito e incido en la curiosidad de que el “Acceso a la Justicia”, por imperativo constitucional, se otorga a “…todas las personas…”. Pues bien, que me perdonen los constituyentes, pero, tal vez, el uso de esa expresión pudiera ser equívoco: los menores de edad son personas pero no pueden interponer querellas o los terceros ajenos son personas que no intervendrán en pleitos testamentarios, o los extranjeros son personas pero no pueden acudir al Juez para impugnar una votación de un cargo público, por ejemplo, el del Alcalde del lugar español en que residen ¿o no?
De lo anterior, que no pasa de la mera anécdota, si que me permitiré sacar una conclusión; sociológicamente, y también judicialmente, el “Acceso a la Justicia” no está asumido ni asimilado como un Derecho Fundamental, en idéntico plano que los demás, y es, en cierto modo, considerado el Derecho de Acceder a los Derechos; el Derecho que “genera” los Derechos (y, por eso, es que se atribuye a todas las personas). Y, basándose en esa confundida concepción, humildemente creemos, que ocurre que la Administración de Justicia lo sobrevalora, olvidándose, entonces, de algo tan fundamental como que todo Derecho tiene límites y, siempre, puede entrar en conflicto con otros Derechos, decayendo. Me explico; nos cuesta, a muchos juristas españoles, aceptar o alabar que la Administración de Justicia deba cerrarle las puertas a alguien, o expulsarlo de las Salas de Audiencia o denegarle una respuesta o inadmitirle, sin específica resolución, una pretensión, tras una simple lectura de la misma. ¿Y si entendiéramos que tal conducta no es ni cerrar puertas ni expulsar a nadie, sino algo más evidente; no abrir la puerta o no alojar a lo que, intrínsecamente, es tan inadmisible y pernicioso como una manzana podrida entre las sanas? La vigente configuración de las Sedes Judiciales, como espacios permanentemente abiertos a todos los ciudadanos, no es, precisamente, la más adecuada ya que todo lo excesivo es, al tiempo, molesto. Dicho en otras palabras, la Administración de Justicia, si quiere ser eficaz, debe de soslayar todo impedimento para obtener esa eficacia y si el impedimento es el Justiciable lo correcto es anteponer la Justicia al Justiciable y no que sea el Justiciable quien manipule o articule, según sus egoístas intereses, la Administración de Justicia, como aquí parece que asumimos placidamente.
Si acogemos la anterior configuración cabe, perfectamente, entender y definir, como un deber del buen Juez, despreciar todo aquello que impida el correcto funcionamiento del Juzgado en el que trabaja. Y es que, un pleito injustificado, que colapsa un órgano judicial, en un grado aunque sea mínimo, en realidad lo que hace es impedir, a otros ciudadanos, recibir la debida atención de la Justicia. Y, sorprendentemente, acaba resultando que el amparo o la acogida a pretensiones como la que veíamos del 11-M, en definitiva, se constituye no como una denegación de Justicia para otros, sino que, sumergidos en el disparate, se configura como ¡¡una garantía procesal!! ¿Cómo va a ser garantía una actividad perniciosa para todos los españoles? Y, además ¿qué se garantiza; el derecho a fabular ante el Juez? Pero si esa delirante “garantía procesal” no osó referirla ni Cervantes en El Quijote; y oportunidades habían.
En realidad, los llamados “Jueces Estrella” o los “Abogados Querulantes” son exclusivos garantes de sus ilegítimos intereses, al tiempo que conculcan, sin miramiento alguno, los intereses legítimos y fundamentados de la inmensa mayoría de la ciudadanía española. Por cierto, esa concepción era, precisamente, la que asumía el Santo Oficio y en la que los Inquisidores sustentaban su poder, cuando no sólo limitaban el “Acceso a la Justicia”, si no que lo habían sustraído, en muchos aspectos, a su legítimo propietario; el Pueblo Soberano.
Desde otra óptica, podemos concebir que la absoluta atención a todas las denuncias o demandas ciudadanas, sin tamiz alguno, en el fondo, viene a generar una colisión de derechos entre distintos ciudadanos. Quiero decir que los derechos que entran en conflicto se refieren al mismo valor, el del Acceso a la Justicia, pero con protagonistas o titulares distintos. Visto así el tema, resulta, entonces, muy sencillo. Ante una Colisión de Derechos prevalecerá siempre el de mayor rango o interés, lo que se traduce, en la practica, es en que el Juez debe rechazar o posponer la disparatada pretensión y centrarse, en su labor profesional, que es la protección de los derechos e intereses legítimos y coherentes de sus conciudadanos, aunque estos no se pasen inútiles horas presentando papeles, preguntando por “su asunto” o amenazando con quejas. Y ello, aunque el conflicto de intereses, excepcionalmente, se plantee en pleitos no conexionados directamente. Porque la Justicia, que es Una, es igual para todos, y eso es tan evidente como lo contrario, todos somos iguales ante la Justicia. Y, ante esta recíproca igualdad, el Juez debe de optar por atender primeramente lo mas urgente, lo mas necesitado de Justicia, en una palabra; lo mas justificado. Y ese no es, precisamente que digamos, el caso del querulante cuya pretensión, o mas bien patología, debería ser objeto de atención médico psiquiátrica y no de estudio o sentencia alguna. Y, hablando de médicos, ¿alguien se imagina a un doctor que atendiera en primer lugar a los hipocondríacos y dejara a los infartados para cuando se haya librado del incesante acoso de los primeros? Pues, bromas aparte, y con todos los respetos, hay mas de un juez, o un centenar de jueces, que resuelven con prioridad los asuntos de aquellos abogados conocidos básicamente por su tenaz insistencia y con ello, a la vez, postergan los asuntos de aquellos otros justiciables que, cargados de razón, no pueden pagar la minuta de un letrado inasequible al desaliento, lo que no significa, precisamente, que esté jurídicamente muy cultivado.
En definitiva, además, de las tan publicitadas como reiteradas, “Reformas de la Justicia”, que, desde Las Siete partidas y de D. Manuel Alonso Martínez, nadie ha sabido culminar, hace falta que nuestra cultura judicial, y también la jurídica (por citar dos ejemplos de incitación legalizada a la querulancia; artículo 1105 del Código Civil o 541 del Código Penal) gire en 180 grados a fin de que el Acceso a la Justicia sea un camino libre de incómodos estorbos y prolongadas esperas. Y, si la “cultura de la queja” se ha asentado en la sociedad española, ello no implica que la Justicia, irremediablemente, la tenga que asumir e, incluso incorporar, como un valor positivo. Todo lo contrario. El querulante, que todos conocemos, no solo sobra sino que también perjudica enormemente la labor de la recta Administración de la Justicia, como un personaje que sólo viene a desgastar el filo de la espada o a distraer la inexistente mirada de los ojos de la Diosa Themis. Y que, a la postre, perjudica gravemente a aquel honrado ciudadano que acude, legítimamente, a pedir ambos auxilios para el ejercicio o el restablecimiento de su convivencia, alterada por cualquier intrusión en el ámbito de sus Derechos. Y lo que es peor de todo, que, a menudo, cuando ese ciudadano llama a la puerta de la Justicia, obtiene por única respuesta un “vuelva usted mañana, que estoy resolviendo pueriles conflictos o enfermizos empeños”, sin obtener, inmediatamente, la ansiada protección de la ya mellada espada o de la ya desquiciada imparcialidad, que son dos de los tres argumentos de la Justicia, figuradamente hablando. Y, en ocasiones, para colmo, cuando le llegue el turno va a recibir esa Justicia con los mencionados deterioros, en forma, por ejemplo, de resolución nada motivada.
A todo ello ha contribuido tanto un Legislador (que para admitir una iniciativa popular legal exige 500.000 firmas) como tantos Ministros que, en su megalomanía, sólo saben de macro estadísticas y de las Grandes Reformas eternamente inconclusas. Y a ello, también, contribuye la formación y correspondiente actuación del humilde Juzgador que sólo entiende de la justicia con minúsculas, la que radica en cada resolución, y no vislumbra la Justicia con mayúsculas que radica en la fortificada Posición Legal que se le ha otorgado para que la administre equitativamente (como exige el tercer argumento de Themis; la balanza) entre todos y cada uno de sus conciudadanos.
Esta líneas, para nada, pretenden cerrar el paso a una multitud de Justiciables, solo a una ínfima minoría que son los querulantes y ello, porque, claro está, que no hay que olvidar que todos, cuando nos imputan infracciones, estamos sometidos al Imperio de la Ley, que tan sólo queda limitado por el Imperio de la Razón.
Vº.- CONCLUSIONES.
Como decía “El País”, el querulante no es ni figura carnavalesca ni carta del tarot, es un mal tan endémico que casi está asumido como un elemento propio de la Justicia Española. Es un grave problema que, por decir algo, ocupa entre un 5% y un 10% de los quehaceres de la Administración Pública de la Justicia; cifra ésta tan peligrosa como carente de todo rigor, pero que, tal vez, viene a coincidir con el número de detenidos que, una vez que han prestado declaración ante el Juez de Guardia, quedan en libertad sin cargos o con el número de demandas o querellas a las que los Jueces están acostumbrados a poner fin, tras un inconsecuente desistimiento.
Nos encontramos ante una situación anormal que la Justicia no tiene que resolver, (no, no me confundo, para nada la Justicia habrá de resolver, por sí misma, el acoso querulante) pero está obligada a conocer y detectar adecuadamente, para actuar en consecuencia y advertir, para limitar así, sus devastadores efectos.
Evitar al querulante, desde la mas rotunda convicción, no es labor ni de la Justicia ni del Juez; es una estricta labor, una específica competencia del Legislador y un imperativo deber, que mediante leyes actualizadas logre, conociendo y analizando el problema, ponerle coto, siempre, repito, por imperativo legal y nunca mediante la discrecionalidad judicial. Y es que es evidente que el “Acceso a la Justicia” es un Derecho Fundamental imposible de someter al criterio individual de cada Juzgador pero, por el contrario, la “Ocupación Abusiva de la Justicia” que se produce, en demasiadas ocasiones, en España, es algo que tiene que venir legalmente moderado por una reforma legal mucho mas inteligente, urgente, necesaria y útil que la creación de unas docenas de nuevos Juzgados a la que los sucesivos Ministros de Justicia nos tienen acostumbrados, al principio de cada Año Judicial, que, por otro lado, invisiblemente, para algunos ciudadanos, se configura como una “apertura de la veda” para la captura de inútiles resoluciones judiciales.
Autor: RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Publicado el 01-09-09