Source: http://legislacion.derecho.com/ley-36-1988-de-arbitraje
Timestamp: 2016-10-23 17:21:53
Document Index: 175976776

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 24', 'e contrario', 'Artículo 10', 'Artículo 9', 'Artículo 17', 'Artículo 10', 'Artículo 14', 'Artículo 27', 'Artículo 46', 'Artículo 45', 'Artículo 31', 'Artículo 533', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

LEY 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje	LEY 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje Mis Leyes
LEY 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje Estado	:
36/1988	Boletín Oficial	:
BOE 293/1988	Fecha Disposición	:
05/12/1988	Fecha Publicación	:
07/12/1988	Órgano Emisor	:
JEFATURA DEL ESTADO	TÍTULO ITÍTULO IITÍTULO IVTÍTULO VTÍTULO VITÍTULO VIITÍTULO VIIITÍTULO IXTÍTULO X
La sustitución del régimen jurídico del arbitraje de derecho privado vigente viene siendo reclamada desde diversos sectores y corporaciones. La ley de 22 de diciembre de 1953 supuso un innegable avance sobre la situación existente con anterioridad. Sin embargo, la ley de 1953 estaba concebida para la solución arbitral de conflictos de derecho civil en el mas estricto sentido de la palabra; la practica ha demostrado, en cambio, que dicha ley no sirve para solucionar mediante instrumentos de composición arbitral las controversias que surgen en el trafico mercantil, ni menos aun para las que surgen en el trafico mercantil internacional.
El Título I delimita el ámbito de aplicación de la ley, configurando el objeto sobre el que pueda recaer el arbitraje y separando esta institución de otras figuras afines. Se elimina la distinción entre el contrato preliminar de arbitraje y el compromiso, que efectúa la ley de 1953. El convenio arbitral, instrumento en el que se plasma el derecho de las personas a solucionar las cuestiones litigiosas de su libre disposición que reconoce el Artículo 1. , puede tener por objeto cuestiones presentes o futuras. Se trata con ello de superar la relativa ineficacia de la cláusula compromisoria o contrato preliminar de arbitraje, que solía estipularse antes del nacimiento real de la controversia entre las partes, obligando quizá por la misma naturaleza de las cosas a exigir su formalización judicial cuando la controversia ya estaba presente entre las partes.
El Título II introduce como novedades el principio de libertad formal en el convenio arbitral, la consagración legislativa del principio de separabilidad del convenio arbitral accesorio de un negocio jurídico principal y, sobre todo, la posibilidad de que las partes defieran a un tercero del nombramiento de los árbitros e, incluso, la organización del sistema arbitral. Se dota de un amplio margen de actuación al principio de autonomía de la voluntad, pero se adoptan las cautelas lógicas frente a las posibles situaciones de desigualdad contractual en las que puedan encontrarse las partes. Asi, se declara nulo el convenio que coloque a una de las partes en situación de privilegio en relación con la designación de los árbitros, se contempla el supuesto de convenio arbitral como cláusula accesoria de un contrato de adhesión y se dispone que los reglamentos arbitrales que establezcan las asociaciones y entidades sin animo de lucro y corporaciones de derecho publico a quienes se permite que las partes encomienden la organización y administración de servicios arbitrales se protocolicen notarialmente a fin de dotarles de la necesaria fijeza.
El Título III se refiere a los árbitros y regula su capacidad, sus incompatibilidades y su abstención y recusación. En el caso de pluralidad de árbitros, estos elegirán un presidente a quien incumbe dictar el laudo en el caso de que no hubiera acuerdo mayoritario.
El procedimiento arbitral, regulado en el Título iv, queda tambien remitido en gran parte a la autonomía de la voluntad. Sin embargo, se requiere la observancia de unos tramites mínimos y, en todo caso, el respeto a los principios de audiencia, contradicción e igualdad.
El Título V regula el laudo arbitral, exigiendo su motivación y su notificación fehaciente a las partes.
Cabe destacar como novedad la regulación de la posibilidad de corregir errores u omisiones materiales.
El Título Vi se dedica a la intervención jurisdiccional a lo largo del procedimiento arbitral. Tal intervención se ha reducido a la estrictamente necesaria. Con la intención de simplificar el procedimiento arbitral propiamente dicho y en línea con lo establecido en otros ordenamientos, se encomienda a los árbitros, en defecto de acuerdo de las partes, la delimitación de la controversia sometida a arbitraje, lo que permitirá descargar a la administración de justicia de algunas de las funciones que actualmente tiene encomendadas en la formalización judicial del arbitraje. El convenio arbitral no implica renuncia de las partes a su derecho fundamental de tutela judicial, consagrado en el Artículo 24 de la constitución. Por ello, el Título vII regula un recurso de anulación del laudo, a fin de garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusión del procedimiento arbitral se ajustan a lo establecido en la ley.
Junto a ello se ha introducido la posibilidad de anular el laudo cuando este fuese contrario al orden publico, concepto que habrá de ser interpretado a la luz de los principios de nuestra constitución. El órgano competente para conocer del recurso es la audiencia provincial. Es esta una decisión ecléctica entre la regulación vigente de los recursos contra el laudo, cuyo conocimiento se atribuye al tribunal supremo, como si de una sentencia se tratará, y los que postulan que, siendo el laudo una decisión puramente privada, su anulación debería incumbir a los juzgados de primera instancia. La ley ha optado por la vía intermedia, consciente de que un órgano pluripersonal con competencias en el orden civil como la audiencia provincial, tal y como aparece configurada en la ley orgánica del poder judicial, podía ser el adecuado para conocer de la anulación.
Se prevé, por otra parte, que, en tanto se tramita la posible anulación, pueda el interesado solicitar la adopción de medidas cautelares que garanticen la efectividad del laudo. El Título VIII regula la ejecución judicial del laudo, con un sistema lo suficientemente completo como para encauzar la pretensión de ejecución y la oposición a la misma con las garantías suficientes para ambas partes.
En el Título X se contienen normas de derecho internacional privado, relativas a la capacidad para otorgar el convenio arbitral, a la validez y los efectos de este y a la ley aplicable para decidir el fondo de la cuestión litigiosa, cuando se trate de un arbitraje de derecho. Se ha mantenido el criterio, ya presente en el Artículo 10.5 del código civil, de exigir algún grado de conexión entre la ley aplicable y la controversia objeto de arbitraje, a fin de evitar que por la vía del arbitraje se produzca lo que se ha dado en llamar la fuga del derecho de determinadas relaciones jurídicas internacionales.
La ley efectúa una reforma en profundidad del arbitraje para que esta institución resulte apta no solo para resolver los litigios que se planteen en el marco de complejas relaciones mercantiles o de aisladas relaciones jurídico-civiles, sino tambien para eliminar conflictos como los que se producen en el trafico jurídico en masa, mediante la autonomía de la voluntad de las partes. El comité de ministros del consejo de Europa, en su recomendación 12/1986, referente a ciertas medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los tribunales, postula que los gobiernos adopten las disposiciones adecuadas para que arbitraje pueda constituir una alternativa mas accesible y mas eficaz a la acción judicial>.
Esta ley facilitará un cauce sencillo y económico para la eliminación de conflictos mediante el uso de su libertad por parte de los ciudadanos, garantizando, al mismo tiempo, que el sistema que se instaura es igualitario. Se trata, en definitiva, de remover, conforme ordena el Artículo 9. De la constitución, los obstáculos que dificulten o impidan la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra.TÍTULO I
1. El arbitraje para ser valido deberá ajustarse a las prescripciones de esta ley.
2. Cuando en forma distinta de la prescrita en esta ley dos o mas personas, pacten la intervención dirimente de uno o mas terceros y acepten expresa o tácitamente su decisión, después de emitida, el acuerdo será valido y obligatorio para las partes si en el concurren los requisitos necesarios para la validez de un contrato.
2. En el caso de que las partes no hayan optado expresamente por el arbitraje de derecho, los árbitros resolverán en equidad, salvo que hayan encomendado la administración del arbitraje a una corporación o asociación en cuyo caso se estará a lo que resulte de su reglamento.TÍTULO II
1. El convenio arbitral deberá expresar la voluntad inequívoca de las partes de someter la solución de todas las cuestiones litigiosas o de algunas de estas cuestiones, surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales, a la decisión de uno o mas árbitros, asi como expresar la obligación de cumplir tal decisión.
2. Se entenderá que el acuerdo se ha formalizado por escrito no solo cuando este consignado en un único documento suscrito por las partes, sino tambien, cuando resulte de intercambio de cartas, o de cualquier otro medio de comunicación que deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje.
Excepcionalmente, será valido el arbitraje instituido por la sola voluntad del testador que lo establezca para solucionar las diferencias que puedan surgir entre herederos no forzosos o legatarios para cuestiones relativas a la distribución o administración de la herencia.
1. Las partes podrán tambien encomendar la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su reglamento, a:
a) Corporaciones de derecho publico que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas reguladoras.
b) asociaciones y entidades sin animo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales.
2Los reglamentos arbitrales de las corporaciones de derecho publico y de las asociaciones y sus modificaciones, se protocolizarán notarialmente.
3La corporación o asociación quedará obligada, desde su aceptación, a la administración del arbitraje.
3. No podrán actuar como árbitros quienes tengan con las partes o con la controversia que se les somete, alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de abstención y recusación de un juez, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 17.2. 4. Tampoco podrán actuar como árbitros los jueces, magistrados y fiscales en activo, ni quienes ejerzan funciones publicas retribuidas por arancel.
El numero de árbitros, que será siempre impar, y las reglas para el nombramiento del presidente del colegio arbitral, en el caso de ser varios, se fijarán por las partes de común acuerdo. A falta de acuerdo los árbitros serán tres y el presidente del colegio arbitral será elegido por mayoria por los propios árbitros.
Si estos no llegaren a un acuerdo ejercerá como presidente el árbitro de mayor edad. Cuando la administración del arbitraje se haya encomendado a una corporación o asociación la designación de presidente se hará de acuerdo con su reglamento.
El nombramiento de los árbitros en el supuesto del Artículo 10.1 se efectuará conforme a los reglamentos de la corporación o asociación, siempre que se respeten los requisitos exigidos en la presente ley y sin que puedan ser designados árbitros quienes hubieren incumplido su encargo dentro del plazo establecido o su prorroga o incurrido en responsabilidad declarada judicialmente en el desempeño de anteriores funciones arbitrales.
2. Los árbitros solo son recusables por causas que hayan sobrevenido después de su designación. Tambien podrán serlo por causas anteriores cuando no hubieren sido nombrados directamente por las partes o cuando aquellas fueren conocidas con posterioridad.
3Las personas designadas árbitros están obligadas a poner de manifiesto las circunstancias que puedan determinar su recusación tan pronto como las conozcan.
2. En su defecto, los árbitros podrán elegir de entre ellos, si lo consideran conveniente, al que desempeñe las funciones de secretario, que en ningun caso deberá ser el presidente del colegio arbitral.TÍTULO IV
2. El desarrollo del procedimiento arbitral se regira por la voluntad de las partes o por las normas establecidas por la corporación o asociación a la que se haya encomendado la administración del arbitraje y, en su defecto, por acuerdo de los árbitros.
2La inactividad de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni le privará de eficacia.
1La oposición al arbitraje por falta de competencia objetiva de los árbitros, inexistencia, nulidad o caducidad del convenio arbitral deberá formularse en el momento de presentar las partes sus respectivas alegaciones iniciales. 2. Si los árbitros estimaren la oposición planteada sobre las cuestiones del párrafo anterior quedará expedito el acceso a los órganos jurisdiccionales para la solución de la cuestión litigiosa sin que quepa recurso contra la decisión arbitral desestimatoria sobre estas cuestiones podrá impugnarse, en su caso, al solicitarse la anulación judicial del laudo.
1. Salvo lo acordado en el convenio arbitral o lo que dispongan los reglamentos arbitrales, los árbitros decidirán el lugar donde se desarrollará la actuación arbitral, asi como el lugar en el que deban realizar cualquier actuación concreta y lo notificarán a las partes.
3Las partes podrán designar un domicilio para recibir notificaciones. En su defecto, se entenderá como domicilio el del propio interesado o, en su caso, el de su representante.
1Los árbitros no están sujetos en el desarrollo del arbitraje a plazos determinados, salvo acuerdo de las partes y sin perjuicio de lo establecido en esta ley respecto del plazo para dictar el laudo.
Los árbitros practicarán a instancia de parte, o por propia iniciativa, las pruebas que estimen pertinentes y admisibles en derecho. A toda practica de prueba serán citadas y podrán intervenir las partes o sus representantes.
Si en el curso del arbitraje se incorpora un nuevo árbitro en sustitución de otro anterior, se volverán a practicar todas las pruebas que se hubieren realizado con anterioridad, salvo si el árbitro se considerará suficientemente informado por la lectura de las actuaciones.
Los árbitros podrán acordar, una vez practicadas las pruebas, oir a las partes o a sus representantes.TÍTULO V
1. Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros deberán dictar su laudo en el plazo de seis meses, contados desde la fecha en que hubieren aceptado la resolución de la controversia o desde el día en que fuera sustituido el ultimo de los componentes del colegio arbitral. Este plazo solo podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes, notificado a los árbitros antes de la expiración del plazo inicial.
1. El laudo será firmado por los árbitros, que podrán hacer constar su parecer discrepante. Si alguno de los árbitros no lo firmase, se entenderá que se adhiere a la decisión de la mayoria.
1. Los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos debidamente justificados de los árbitros, los gastos que origine la protocolización notarial del laudo y su aclaración, los derivados de notificaciones y los que origine la practica de las pruebas y, en su caso, el coste del servicio prestado por la corporación o asociación que tenga encomendada la administración del arbitraje.
1. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo cualquiera de las partes podrá pedir a los árbitros que corrijan cualquier error de calculo, de copia, tipográfico o similar o que aclaren algún concepto oscuro u omisión del laudo.
2Los árbitros resolverán dentro de los diez días siguientes, protocolizarán su decisión notarialmente y harán que se notifique fehacientemente a las partes. si en el plazo señalado no hubiesen resuelto se entenderá que deniegan la petición.
El laudo arbitral firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada. Contra el mismo solo cabra el recurso de revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.TÍTULO VI
2. El actor se dirigirá por escrito al juzgado, indicando las circunstancias concretas de la falta de acuerdo.
2. Si no hay convenio sobre la designación de los árbitros o modo de designarlos y las partes no se ponen de acuerdo, procederá el juez a la designación de los árbitros mediante sorteo de entre los nombres incluidos en la lista de abogados en ejercicio que solicitará del colegio profesional de la circunscripción judicial correspondiente o del consejo general de la abogacía. el ministerio de justicia podrá regular, como requisitos para la inscripción en la lista, la practica en los respectivos colegios de abogados de pruebas que acrediten la preparación, experiencia y capacidad de los solicitantes.
3La lista estará formada por abogados con mas de cinco años de ejercicio profesional que voluntariamente se hayan ofrecido, que no estén en el caso del Artículo 14 y sin nota desfavorable en su expediente personal.
4. El sorteo se hará, en proporción de tres titular y dos suplentes , por cada plaza de árbitro. En caso de renuncia, abstención, recusación aceptada o incapacitación sobrevenida, sustituirá al titular el primer suplente y a este el segundo.
5. Si mediante las reglas indicadas no fuere posible proceder al nombramiento de los árbitros, el juez designará libremente a abogados en ejercicio, si se tratare de arbitraje de derecho; cuando los árbitros deban decidir en equidad, el juez solicitará de los colegios profesionales, cámaras de comercio, industria y navegación y otras corporaciones, o a su órgano representante de carácter general, la remisión de las listas de profesionales colegiados para la libre designación de los que estime convenientes, oyendo la propuesta de las partes, o bien de entre los que estos propongan de común acuerdo.
2. El auto accediendo a la formalización judicial del arbitraje, que no prejuzgará la validez del convenio arbitral, no es susceptible de recurso alguno.
3. El auto denegatorio de la formalización será apelable. Contra la resolución de la audiencia provincial no cabra recurso alguno y los puntos que hayan sido objeto de debate no podrán motivar en su día la declaración de nulidad a que se refiere el Título VII de esta ley.
En los casos de auxilio jurisdiccional para la practica de pruebas previstas en el Artículo 27, el árbitro o el presidente del colegio arbitral se dirigirá por escrito al juez de primera instancia del lugar donde deba efectuarse la citación judicial u ordenarse la diligencia probatoria. El juez procederá conforme a las reglas de la ley de enjuiciamiento civil y practicará bajo su exclusiva dirección, si se lo pide el árbitro, la prueba solicitada, entregando testimonio de las actuaciones al solicitante.
Los jueces de primera instancia rechazarán fundamentalmente la practica de pruebas contrarias a las leyes, sin que contra sus resoluciones quepa recurso alguno.TÍTULO VII
4. Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o que, aunque lo hubiesen sido, no pueden ser objeto de arbitraje. En estos casos la anulación afectará solo a los puntos no sometidos a decisión o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente unidos a la cuestión principal.
1. Dentro de seis días desde la terminación del plazo concedido para la practica de las pruebas, las partes podrán solicitar vista publica. La sala accederá a ella dentro de los dos días siguientes, si al menos una parte la pidiere.
2. Dentro de los diez días siguientes al transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior sin petición de vista o, en otro caso, de los posteriores a la celebración de esta, la audiencia provincial dictará sentencia contra la que no cabra ulterior recurso.
1. Recurrido el laudo, la parte a quien interese podrá solicitar del juez de primera instancia que fuere competente para la ejecución las medidas cautelares conducentes a asegurar la plena efectividad de aquel una vez que alcanzare firmeza.
Será preceptiva en la tramitación de este recurso la intervención de abogado y procurador.TÍTULO VIII
Serán ejecutables de acuerdo con lo dispuesto en este Título los laudos dictados conforme a lo establecido en la presente ley, dentro de la extensión y limites de la jurisdicción española.
El laudo es eficaz desde la notificación a las partes. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo 46.2 sin que el laudo haya sido cumplido, podrá obtenerse su ejecución forzosa, ante el juez de primera instancia del lugar en donde se haya dictado, por los tramites establecidos para la ejecución de sentencias firmes con las especialidades de los Artículos siguientes.
3. Los autos a que se refieren los párrafos anteriores no son susceptibles de recurso alguno.TÍTULO IX
La sala declarará no haber lugar a la ejecución solo si el laudo es contrario al orden publico o si los árbitros han resuelto sobre cuestiones que, conforme a la ley española, no son susceptibles de arbitraje. A instancia de parte o del ministerio fiscal la sala podrá hacer la misma declaración:
b) En los casos del numero 2 del Artículo 45, conforme a la ley que resulte aplicable.
c) Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión.TÍTULO X
La validez del convenio arbitral y sus efectos se rigen por la ley expresamente designada por las partes, siempre que tenga alguna conexión con el negocio jurídico principal o con la controversia; en su defecto, por la ley aplicable a la relación de la que derive la controversia; en defecto de esta, por la ley del lugar en el que deba dictarse el laudo y, si este no estuviese determinado, por la ley del lugar de celebración del convenio arbitral.
En el arbitraje de derecho, los árbitros resolverán conforme a la ley designada expresamente por las partes, siempre que tenga alguna conexión con el negocio jurídico principal o con la controversia; en su defecto, conforme a la ley aplicable a la relación de la que derive la controversia y, en ultimo termino, de acuerdo con la mas apropiada a las circunstancias de la misma.
Artículo serán eficaces si, además de reunir los requisitos que para su validez exigen las leyes, resultan claros y explícitos. La negativa del consumidor o usuario a someterse a un convenio arbitral distinto del previsto en el Artículo 31 de esta ley no podrá impedir por si misma la celebración del contrato principal.>
1. Se añade un nuevo numero al Artículo 533 de la ley de enjuiciamiento civil con la siguiente redacción:
2La excepción 10 del Artículo 1.464 de la ley de enjuiciamiento civil tendrá la siguiente redacción:
2. Quedan derogados el numero 4 del Artículo 1.687 y la sección IX del Título XXI del libro segundo de la ley de enjuiciamiento civil.
LEY 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburosLEY 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contrataciónLEY 12/1997, de 24 de abril, de liberalización de las telecomunicacionesLEY 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector petroleroLEY 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos UrbanosCódigo Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes en la materiaLEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento CivilORDEN de 27 de junio de 2001, por la que se prorroga la homologación del contrato-tipo de compraventa de higos secos con destino a su selección y envasado, que regirá durante la campaña 2001/2002REAL DECRETO 1339/1999 de 31 de julio de 1999, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de EnergíaLEY 17/2001, de 7 de diciembre, de MarcasRESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2001, de la Dirección, General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se da publicidad a las equivalencias pesetas-eros de las cuantías del Arancel de Derechos de los Procuradores de los TribunalesLEY 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículosORDEN APA/750/2003, de 25 de marzo, por la que se prorroga la homologación del contrato-tipo de compraventa de forrajes con destino a su transformación, que regirá durante la campaña 2003/2004LEY 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño IndustrialLEY 32/2003, de 3 de noviembre, General de TelecomunicacionesLEY 60/2003, de 23 de diciembre, de ArbitrajeLEY 3/1995, de 21 de febrero, del deporte balear. Normas reguladoras del deporte en las Islas BalearesLey 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico	Derecho.com
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