Source: https://www.scribd.com/document/272484998/Paraguay-Derecho-Constitucional-Aplicado
Timestamp: 2018-11-14 16:05:08
Document Index: 38060573

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'in fine', 'artículo 556', 'artículo 554', 'artículo 538', 'Artículo 6', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 8', 'artículo 20', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 20', 'Artículo 239', 'Artículo 239', 'Artículo 30', 'Artículo 33', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'in fine']

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Compilación y Desarrollo de: Apuntes de Clase, Trabajos Prácticos e Investigación General Según el programa de estudios de la Cátedra y los materiales provistos por la Prof. Abog. Claudia González Lev
Paraguay - Ley de Quiebras
Paraguay - Derecho Procesal Penal
Paraguay Derecho Procesal Laboral
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Paraguay - Derecho - Ética - Trabajo Práctico: Diligencia, Corrección y Desinterés
Paraguay - Derecho Laboral
Paraguay - Derecho Penal General
Paraguay - Derecho - Ética - Presentación: Diligencia, Corrección y Desinterés
Paraguay - Derecho - Ética - Trabajo Práctico: Tráfico de Influencias
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resumen_filosofía_JuanXXIII_EligioAyala_PeterDrucker
resumen_filosofía3_JuanXXIII_EligioAyala
Paraguay - Derecho - Introduccion
Compilación y Desarrollo de: Apuntes de Clase, Trabajos
Prácticos e Investigación General
Según el programa de estudios de la Cátedra y los materiales provistos por la
Prof. Abog. Claudia González Lev
5to Curso – 9no Sem.
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Este es un trabajo de investigación hecho por Luis Sánchez Rodas en el transcurso de sus
estudios en la Facultad de Derecho de UNINORTE, Paraguay y siguiendo el programa oficial
publicado por esta Institución. Las conclusiones a las que se han llegado son por tanto,
opinión de un estudiante, no de un jurista ni las de un especialista en la materia. Dado este
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IMPORTANTE: Salvo determinación expresa y en contrario, el material reproducido en el
presente trabajo se corresponde íntegramente con el presentado por la Prof. Abog. Claudia
Gonzalez Lev, quién a su vez ha recurrido con preferencia a dos fuentes: La Constitución
Nacional1 y la obra Derecho Constitucional Paraguayo, del Prof. Dr. Manuel de Jesús Ramirez
“CONSTITUCIÓN NACIONAL DEL PARAGUAY - 1992”.
M. D. J. RAMIREZ CANDIA, Derecho Constitucional Paraguayo - 1, vol. I, 2011, Litocolor, Asunción.
Uninorte – 5to Curso – 9no Sem.
Apuntes de Derecho Constitucional Aplicado
Rama del Derecho Público Interno que consagra los derechos y garantías del hombre para su desarrollo en la sociedad y establece la estructura, la competencia y las limitaciones al poder estatal.
La finalidad del Derecho Constitucional hace que su contenido sea inminentemente jurídico- político.
1. organizar jurídicamente una sociedad determinada;
2. limitar los poderes que corresponden al Estado y sus órganos auxiliares o derivados;
3. fijar pautas de comportamiento tanto de gobernantes como de gobernados ;
4. establecer la unidad del ordenamiento jurídico de una sociedad determinada.
Consideración del conjunto de principios, normas jurídicas y consuetudinarias que:
• delimitan las relaciones de las personas dentro de una sociedad por medio de los derechos y
garantías consagrados en la norma jurídica;
• determinan la organización del poder público estableciendo sus funciones y competencias.
Derecho Constitucional especial o particular
Estudia el proceso político-jurídico que lleva a una sociedad a organizarse en Estado, la estructura
fundamental sobre la cual descansa esta organización, las instituciones que forman parte de esta estructura, el objeto y funcionamiento del Poder público y el papel del individuo frente a ese poder y a los
demás asociados.
En general, a los aspectos mas relevantes del ordenamiento jurídico-político superior de un Estado
tal cuál es la propia Constitución.
Estudia concretamente la organización jurídico-política fundamental de un Estado determinado.
Interpreta, analiza las normas constitucionales vigentes en un Estado y a la historia constitucional
Analiza comparativamente instituciones o regímenes políticos de dos o mas Estados. Las normas
constitucionales respectivas sobre materias afines, buscando destacar sus similitudes y diferencias.
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL (CONSTITUCIONAL APLICADO)
Se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución, es decir, de los instrumentos normativos
de carácter represivo y reparador que tienen por objeto remover los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales, cuando las mismas han sido violadas, desconocidas o existe
incertidumbre acerca de su alcance o de su contenido.
Nuestra materia de estudio, Derecho Constitucional Aplicado, sería lo que pudiéramos definir como
Derecho Procesal Constitucional que crea y regula el mecanismo mediante el cual pueden hacerse
efectivas las garantías individuales establecidas en la Constitución Nacional:
• Control de Constitucionalidad
• Habeas Corpus y
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Ley primera, fundamental y suprema de la organización política de un Estado. Tiene tres partes:
1. Preámbulo;
2. Parte dogmática;
Es la introducción, el exordio o el prólogo en el que los constituyentes declaran, en forma sintética y
sistemática los grandes principios.
Contiene la motivación o fundamento de la Constitución; enuncia la autoridad que la dicta, designa
el titular del Poder Constituyente y los fines y objetivos para que se dicta.
Su importancia radica en que constituye un elemento indispensable y decisivo para la interpretación
y la aplicación de las cláusulas constitucionales.
Establece los principios de estructuración del Estado y la situación de las personas dentro de la sociedad. “Sienta principios, reconoce derechos, establece obligaciones y efectúa declaraciones”.
Declaraciones son enunciados solemnes acerca de diferentes cuestiones de índole política, principalmente pautas, ideología de la Constitución.
Derechos: son facultades o prerrogativas reconocidas a los hombres frente al Estado y las demás
personas dentro de una sociedad estatal. Es el reconocimiento de la autonomía personal frente a la
Garantías: son las instituciones o procedimientos de seguridad creados a favor de las personas,
para hacer efectivos el goce de sus derechos subjetivos.
Considera la organización del poder público con el objetivo de estructurar un equilibrio que impida la
contradicción. Establece las atribuciones de los órganos y los requisitos que cada funcionario debe observar para acceder a la función: “IDONEIDAD”.
Dentro de un concepto abreviado, es la función de dirimir conflictos de intereses o, como lo señala
Couture, es la función pública desempeñada por los órganos competentes del Estado, con las formas
requeridas por la Ley en virtud de la cual se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir
sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución.
Lascano define la competencia como la “capacidad reconocida a ciertos jueces para ejercer jurisdicción en determinados casos”.
Los criterios para atribuir competencia se fundan en los conceptos de territorio, materia, valor o
cuantía, el domicilio o la residencia, grado, turno o conexidad.
Son conjuntos de normas que reflejan la ideología de la Constitución, sus postulados básicos y
Son los valores jurídicos mas relevantes del orden constitucional.
Son normas electas por el Constituyente como fundamento y cualidades esenciales del orden
jurídico que instituye.
Son las ideas centrales de un sistema jurídico, al cual dan sentido lógico, armonía y racionalidad, permitiendo la comprensión de su organización.
Son las normas implícitas o explícitas que proyectan los valores esenciales de un ordenamiento jurídico, sirviendo de fundamento a la misma.
Luis Barroso los clasifica en:
b) principios constitucionales generales, y
c) principios sectoriales o especiales.
Quiroga Lavié, por su parte los clasifica en:
1. principios de limitación,
2. principios de funcionalidad,
3. principios de supremacía y
4. principios de estabilidad.
Principio de Supremacía Constitucional (art. 137)
Principio de la Primacía del Interés General sobre el particular (Art. 128)
Principio de la Seguridad Jurídica, o Debido Proceso
Es el conjunto de normas constitucionales que se consideran indispensables para lograr un
proceso justo:
◦ Principio de Legalidad
▪ De la defensa en juicio (art. 16)
▪ De los derechos procesales (art. 17)
▪ De las restricciones de la declaración (art. 18)
▪ De la publicación sobre procesos (art.22)
▪ De la irretroactividad de la ley (art. 14)
◦ Principio de la libertad
▪ De la privación de la libertad (art.11)
▪ De la detención y del arresto (art. 12)
Principio de Soberanía (art.2)
Principio de igualdad ante la ley (art. 47 inc. 2)
Principio de la resistencia a la opresión (art. 138)
Este principio se basa en la reacción natural del ser humano contra los abusos de una autoridad que no admite recursos legales para solicitar justicia. Cuando el poder público del Estado
reprime el ejercicio de los derechos por medio de la violencia con la complicidad de los tres poderes, el hombre se siente impotente y recurre a veces , consiente o inconscientemente al uso
de la fuerza para recuperar lo que considera suyo.
Existen además una serie de principios establecidos por la C.N. de 1992 como ser:
• Principio republicano (art.1);
• Principio unitario (art, 1);
• Principio de estado social de derecho (art.1);
• Principio de separación de poderes (art.3);
• Principio democrático (art. 1);
• Principio presidencialista (art. 236);
• Principio de libre iniciativa privada (art. 107);
• Principio de soberanía popular (art. 2);
PRINCIPIOS ESPECIALES O SECTORIALES
Principio de Autonomía Departamental y Municipal ( art.156);
Principio de la Representación Proporcional – vía Partidos Políticos (Art. 117 y ss)
Son facultades o prerrogativas reconocidas a los hombres frente al Estado y las demás personas
dentro de una sociedad estatal. Es el reconocimiento de la autonomía personal frente a la autoridad
Son posibilidades jurídicas ejercitables por los habitantes de la República, mencionadas expresa o
tácitamente a nivel constitucional y protegidas por las respectivas garantías.
1. Innatos, emanados del derecho natural. Ellos son reconocidos en la Constitución pues son anteriores a toda organización, como el Estado, y a toda decisión como la que emana de la Convención Nacional Constituyente. Entre ellos destacamos el derecho a la vida,a la integridad física, a la libertad, a la igualdad, a integrar una familia, a buscar la verdad por sus propios medios, etc.
2. Derivados: como los derechos políticos establecidos por la Constitución y las leyes como lógica
consecuencia de la organización de la comunidad.
La Constitución protege los derechos por medio de garantías. Un derecho que no tiene garantía es
una mera declaración.
Existen garantías específicas para proteger los derechos. Ellas son: el Hábeas Corpus, el Amparo y
el Hábeas Data.
Los órganos protectores de los derechos son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ministerio
El Poder Judicial es el órgano protector por excelencia, al que se acude en virtud de los principios y
procedimientos del debido proceso.
Ante él se presentan las acciones del H.Corpus, Amparo, H.Data y de control de Constitucionalidad.
Tiene carácter decisorio y definitivo, en tanto que los otros órganos son de prevención e investigación.
El Título II de la Constitución Nacional: DE LOS DERECHOS, DE LOS DEBERES Y DE LAS GARANTÍAS, en el Capítulo I, Sección I trata DE LA VIDA, un derecho inherente a la personalidad humana y del cual se desprenden todos los demás derechos pues es el presupuesto para el ejercicio de los
El derecho a la vida esta regulado por el Art. 4 de la C.N. que dice textualmente: “ El derecho a la
vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción.
Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en
La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos”.
El derecho a la vida es el primero de los dedicados a los “derechos y libertades” lo cual es lógico
pues la vida mas que un derecho es el presupuesto para el ejercicio de los demás derechos y libertades acota el Dr. Manuel Ramírez Candia.
El derecho a la vida humana comprende:
1. el derecho a la dignidad de la persona humana: que se traduce en el respeto de otros derechos
como el honor, al buen trato y la propia imagen, por lo que se señala como atentatorios al mismo los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la esclavitud y la servidumbre. La Constitución consagra este derecho con la:
a) prohibición de la tortura (art. 5);
b) la proscripción de la esclavitud, las servidumbres personales y la trata de personas (art.
2. el derecho a la existencia: consiste en el derecho a estar vivo, de luchar por la vida, de defender la propia vida, de permanecer vivo. Es el derecho a la no interrupción del proceso vital sino
por la muerte espontánea e inevitable;
3. el derecho a la integridad física y corporal: al ser un derecho individual del ser humano, surge
el problema de la licitud de la venta de miembros u órganos de su cuerpo. La extracción de órganos del cuerpo humano será lícita siempre que no represente riesgos graves para la continuidad de la vida del donante; y
4. el derecho a la integridad moral: que constituye el elemento inmaterial de la vida humana integrado por el prestigio ganado en la sociedad, tales como su reputación, buena fama, recta conducta u honestidad siendo un atentado a la misma la calumnia, la difamación, la injuria y la denigración de la memoria de un muerto.
El derecho a la vida da lugar a numerosas polémicas, en primer lugar en cuanto a su titularidad y
en segundo lugar en cuanto a la legitimidad para poner fin a la vida misma ya sea como consecuencia
de la libertad ideológica y personal como en las huelgas de hambre o en la eutanasia, o bien como
consecuencia de la sociedad como en el caso de la pena de muerte.
La Constitución Nacional ofrece una respuesta jurídica categórica a estas cuestiones precitadas disponiendo en forma clara que la titularidad o comienzo de la vida humana protegida por la ley se inicia
con la concepción en el seno materno, asimismo establece la abolición de la pena de muerte.
Pero he aquí la primera cuestión: “se garantiza, en general, desde la concepción”.
Al decir “en general”, se abre la posibilidad legislativa de las excepciones a la protección de la vida,
es así que la ley admite algunos casos de aborto, como el terapéutico o el eugenésico u otra modalidad sin que fuere inconstitucional
1. la legítima defensa prevista en el art. 15 de la C.N. que no se considera conducta antijurídica
cuando reúne los requisitos previstos en el art. 19 del Código Penal;
2. el estado de necesidad justificante ( art. 20 del C.P.);
3. la inexigibilidad de otra conducta (art. 25 del C.P.); y
4. la muerte indirecta por estado de necesidad en el parto para desviar un peligro serio en la vida
o la salud de la madre ( art. 109 del C.P.)
POLÉMICAS VINCULADAS A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA HUMANA
Tomado como la expulsión voluntaria del feto del seno materno causándole la muerte.
No se halla admitido en la Constitución Nacional pues ésta declara la protección a la vida, en general, desde la concepción.
La muerte es el fin de la vida humana y la pena tiene como finalidad la readaptación del condenado
Con la pena de muerte no se podría cumplir con la readaptación del condenado y no tendría ninguna finalidad protectora de la sociedad.
Se la denomina vulgarmente muerte piadosa de enfermos terminales que desean concluir con los
dolores y angustias propias de su enfermedad o agonía. Puede ser considerada desde tres puntos de
a) Pasiva: o eliminación de los medios médicos para prolongar la vida y según algunos autores es
la extensión del principio de la dignidad humana que importa el derecho de vivir y de morir dignamente. Pero esta postura no resulta compatible con el principio constitucional pues la ley
protege la vida y no la muerte.
b) Activa directa: que es el suministro al enfermo de un tratamiento que le produce la muerte. Esto
esta generalmente reprimido por la legislación penal de cualquier Estado pues aunque el médico provoque la muerte del paciente aún a pedido del mismo, estaría cometiendo un homicidio o
ayudando a un suicidio.
c) Activa indirecta: que consiste en proporcionar un calmante al enfermo pero que además le puede ocasionar la muerte. Este tema es el más difícil de enfrentar con el principio de dignidad humana pues consiste en el derecho de un enfermo a que se le suministren calmantes para evitar
penurias y dolores aunque fuere con el riesgo de su vida y estando consciente de su elección.
Nuestra legislación penal en el art. 106 del código tipifica como delito de homicidio este hecho.
Esta punibilidad se justifica plenamente pues la eutanasia es “una forma no espontánea de interrupción del proceso vital” vedado implícitamente por el derecho a la vida consagrado por la Constitución
LA VIDA ES UN BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL ESTADO COMO UN VALOR SOCIAL: un
bien jurídico protegido no sólo desde el punto individual sino que tiene importancia para la comunidad.
Consiste en quitarse la propia vida.
Si bien no existe la posibilidad de sancionar a la persona que se quita o intenta quitarse la vida pues
la Constitución no tiene una disposición explícita al respecto existe sin embargo la posibilidad de insertar dicha conducta como acción privada que no perjudica derechos de terceros.
La legislación penal sanciona la instigación, la ayuda y el hecho de no impedir el suicidio estableciendo en el art. 108 del código disponiendo que “ el que incitare a otro a cometer suicidio o lo ayudare,
será castigado con pena privativa de la libertad de dos a diez años.
El que no lo impidiere, pudiendo hacerlo sin riesgo para su vida, será castigado con pena privativa de la
libertad de uno a tres años”.3
ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE: PAÍSES EN QUE SUBSISTE
Nuestra Constitución Nacional es determinante sobre este tema al establecer claramente en el artículo 4° lo siguiente: “Queda abolida la pena de muerte”.
Con esta disposición queda cerrada toda posibilidad de aplicar en nuestro ordenamiento jurídico
esta pena que no sólo se opondría a la Constitución Nacional sino que lidiaría con los principios generales del derecho reconocidos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los países en los que aún subsiste esta pena son: China y Estados Unidos.
El 17 de julio de 1998, en el contexto de una conferencia diplomática celebrada en Roma, la comunidad internacional adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Permanente, con la potestad de investigar y procesar a aquellos que cometan genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que refleja un logro significativo para la comunidad mundial.
De los aproximadamente 160 Estados que se reunieron en Roma con motivo de la Conferencia de
las Naciones Unidas que completó y adoptó el Estatuto para la Corte Penal Internacional, 120 votaron
apoyando la versión final del Estatuto de Roma.
La entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 1° de Julio de 2002 y la
puesta en funcionamiento de la Corte en el año 2003 significan un gran paso adelante en la lucha a favor de la justicia internacional.
La creación de la Corte representa la obtención de un poderoso consenso entre los Estados – un
suceso trascendental-, si se toman en cuenta los distintos intereses y sistemas legales que contribuyeron en el proceso, así como el hecho de que la Asamblea General tocó el tema por primera vez hace
aproximadamente cincuenta años.
Miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo han estado presionando a sus gobiernos para
que ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde su adopción.
Amnistía Internacional pide a todos los Estados que ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo antes posible y promulguen la legislación necesaria que permita su aplicación efectiva con el fin de reforzar el derecho a escala mundial.
No sólo será un medio importante para combatir la impunidad, sino que también contribuirá a la
conservación, restauración y mantenimiento de la paz y la seguridad internacional
Casi cien gobiernos estatales ya han firmado el Estatuto, entre ellos el Paraguay, y el número de ratificaciones crece continuamente.
El Estatuto de Roma prevé la creación de un tribunal penal internacional de carácter permanente
encargado de enjuiciar a las personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Estos crímenes se encuentran definidos claramente en el Estatuto: el art. 6 determina que el crimen
de genocidio será definido para efectos del Estatuto, de la misma manera en que actualmente se define en el art. 2 de la Convención sobre Genocidio de 1948.
Tanto los crímenes de lesa humanidad (art. 7), como los crímenes de guerra ( art. 8), han sido cuidadosamente definidos en el Estatuto para que se puedan incorporar los distintos conceptos de diver3
“LEY 1160/97 - CÓDIGO PENAL”.
sos tratados y fuentes consuetudinarias, acordadas por 120 Estados en la Conferencia de Roma como
“los crímenes mas graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”.-
EL TEMA AMBIENTAL EN LA C.N.
El concepto de medio ambiente abarca toda la naturaleza original y artificial, los bienes culturales
correlativos, comprendiendo por tanto: el suelo, el agua, el aire, la flora, las bellezas materiales, el patrimonio: histórico, artístico, turístico, paisajístico y arqueológico.
El medio ambiente comprende tres aspectos:
1. medio ambiente natural o físico;
2. medio ambiente artificial;
3. medio ambiente cultural.
“Es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y momento determinados. Es el espacio en el que el hombre se desarrolla, que el hombre condiciona y que es condicionado por el hombre”
Nuestra Constitución Nacional regula los principios de protección al ambiente dentro del orden jurídico paraguayo sin antecedentes en las anteriores constituciones nacionales.
El art. 7° Del derecho a un ambiente saludable establece que “toda persona tiene derecho a habitar
en un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y
el mejoramiento del medio ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente .”
El art 8 De la protección ambiental, dice que “las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas.
Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el uso de armas
nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La ley podrá extender
esta prohibición a otros elementos peligrosos; asimismo, regulará el tráfico de recursos genéticos y de su
tecnología, precautelando los intereses nacionales.
El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación
de recomponer e indemnizar”.
La Ley 716/ 96 sanciona los delitos contra el ambiente:
1. prohibición de armas nucleares, químicas y biológicas;
2. prohibición de introducir al territorio nacional residuos tóxicos,
3. prohibición de destruir bosques naturales o matar animales silvestres y otros;
4. prohibición de caza y pesca contra reglamentaciones;
5. prohibición de contaminación
a) atmosférica,
b) de cursos de aguas y lagos,
c) sonora,
d) radiaciones lumínicas, calóricas, ionizantes o radiológicas,
e) gases o ruidos de vehículos.
La responsabilidad por este tipo de delitos podrá ser:
1. Penal: si la conducta o actividad daña el medio ambiente. Se halla tipificada como delito ecológico y tendrá sanciones de acuerdo al daño.
a) la obligación de indemnizar el daño causado; la sanción es pecuniaria.
b) la obligación de recomponer: devolver al ambiente en las condiciones en que se encontraba antes de la actividad causante del daño.
Los derechos humanos reconocen en el hombre una dignidad que debe ser respetada por el ordenamiento jurídico, por eso le reconoce una serie de restricciones para proteger a los individuos ante
Todos los individuos poseen los derechos fundamentales y tienen potestad de exigir su cumplimiento al Estado, que tiene la obligación de mantener vigente el orden jurídico, mediante garantías constitucionales que son medios legales para proteger y hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución.
Las garantías son los instrumentos jurídicos de protección de los derechos consagrados a favor de
las personas dentro de la normativa jurídica.
Garantía es “la posibilidad de efectividad de las normas jurídicas constitucionales que descansa en
la base misma del poder del Estado y que además cuenta con los órganos encargados del cumplimiento”.
Juntamente con las declaraciones de derechos, en las Constituciones modernas, aparecen las garantías procesales que permiten la vigencia de estos derechos.
Suele decirse que ellas son los “remedios procesales” que hacen posible la efectiva reparación de
los derechos consagrados en la Constitución, cuando ellos son desconocidos de alguna manera o, incluso, hasta pueden convertirse en la vía para evitar de manera preventiva dicha violación.
Su importancia es tal que sin esas garantías la declaración de derechos podría tener un carácter
meramente simbólico o retórico; y así se convierten en el eficaz instrumento que otorga verdadera relevancia a los derechos fundamentales enumerados en la Constitución.
Guillermo Cabanellas de Torres dice que las garantías constitucionales “Son un conjunto de declaraciones, medios y recursos con los que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o
ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se le reconocen”.
Son, entonces, las garantías constitucionales, las piezas que conforman el gran engranaje del sistema nacional de control de juridicidad de los actos del Poder Público, principalmente, para que se de la
efectiva vigencia del Estado Social de Derecho como paso previo para llegar al Estado Democrático de
Unilaterales: pues está a cargo del poder público efectivizar su vigencia.
Irrenunciables: en cuanto hacen a la naturaleza misma del hombre.
Permanentes: implícitas al derecho protegido.
Generales: protegen absolutamente a todos los seres humanos. Pero, se debe resaltar que las
garantías no están restringidas a los individuos sino que comprenden también las personas
morales de derecho privado y aún en ciertos casos a las de derecho público
Pueden clasificarse en Generales y Especiales
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES GENERALES
Son instituciones constitucionales que se insertan como mecanismos de frenos y contrapesos de
poderes, que buscan impedir el arbitrio con lo que se constituyen al mismo tiempo en técnicas aseguradoras de las normas que confieren los derechos fundamentales, como por ejemplo la existencia de
una constitución rígida que declare los derechos fundamentales y sus garantías y estructure órganos
jurisdiccionales dotados de independencia e imparcialidad, con capacidad de hecho y de derecho para
solucionar conflictos de intereses interindividuales y, especialmente, los que se manifiesten entre el individuo y el Estado ; en eso se revela el principio de la separación de poderes como la matriz de todas
las garantías de los derechos del hombre ;
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ESPECIALES
Son prescripciones constitucionales que confieren a los titulares de derechos fundamentales, medios, técnicas, instrumentos o procedimientos para imponer el respeto y la exigibilidad de esos derechos; son por tanto, prescripciones de derecho constitucional positivo que, limitando la actuación de los
órganos estatales y mismo de particulares, protegen la eficacia, aplicabilidad e inviolabilidad de los derechos fundamentales de modo especial.
Estas pueden clasificarse a su vez en individuales, colectivas, sociales y políticas, teniendo en
cuenta la naturaleza del derecho protegido.
La Constitución Nacional las regula en el Capítulo XII, arts. 131 al 136, consagrando las garantías
de la Inconstitucionalidad, del Hábeas Corpus, del Amparo y del Hábeas Data.
Aunque no debe olvidarse, sin embargo, que el Art. 17 consagra otra garantía: la del Debido Proceso.
Es posible que también el Art. 12 (De la Detención y el Arresto) constituya una garantía mas de las
consagradas en nuestra Constitución, aunque no se encuentre entre las expresamente enumeradas en
• Mediante el Control de Constitucionalidad se reclama la apreciación de conformidad o disconformidad de la ley con relación a la Constitución Nacional , buscando privar de los efectos una
ley o una resolución judicial o administrativa, cuando sean contrarias a la Constitución Nacional.
• El Hábeas Corpus es un procedimiento que garantiza, en principio, la libertad individual contra
los riesgos de detenciones y represiones arbitrarias, y además, la integridad física, síquica y
• El Amparo es un “remedio” procesal para hacer efectivos los derechos consagrados en la
Constitución y la ley. Es un fiel exponente de un derecho humano esencial: obtener una decisión jurisdiccional en un tiempo razonable en el marco de un proceso signado por la celeridad.
• El Hábeas Data es la garantía por la cual la persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos sobre si mismo o sobre sus bienes, que obren en registros oficiales o privados de carácter público, y a conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad.
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ESPECIALES - CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
No basta que a la Constitución se le de el carácter de “Ley Suprema”, sino que es necesario prever
un mecanismo que permita hacer prevalecer lo dispuesto en ella ante los eventuales efectos de que
pueda ser objeto y que permitirá resolver las contradicciones entre las normas de rango inferior y las
de máximo rango.
Es imprescindible que exista un sistema de “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD”.
El art. 247 párrafo 1° de la C.N. establece que “el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución.
La interpreta, la cumple y la hace cumplir...” y los Arts. 132; 259 inc.5 y 260 confieren a la Corte Suprema de Justicia, y en particular a la Sala Constitucional de ésta, la facultad de ejercer el control de constitucionalidad.
Es decir, que en nuestro ordenamiento jurídico, el control de constitucionalidad esta a cargo de la
Corte Suprema de Justicia, a quien se le confiere la facultad de dar la última palabra, en cuanto a la
constitucionalidad o la inconstitucionalidad de actos normativos o jurisdiccionales.
Por ello, la C.N. otorga a la Corte Suprema de Justicia la facultad de decidir las cuestiones de constitucionalidad.
El Art. 564 del C.P.C4. establece: “No serán atacables por la vía de la acción de inconstitucionalidad
las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia”.
ACTOS SUSCEPTIBLES DE CONTROL CONSTITUCIONAL
Existen dos grupos de actos sobre los cuales recae el control de constitucionalidad:
1. ACTOS NORMATIVOS: “normas jurídicas” (art. 132 C.N); el art. 260 los llama leyes, instrumentos normativos; En cuanto al Poder Ejecutivo: decretos, reglamentos y resoluciones emanadas
de éste órgano, incluyendo los actos que provienen de la Vice-Presidencia y los Ministros u
otros órganos dependientes del Poder Ejecutivo;
En cuanto al Poder Legislativo: las leyes que dicte el Congreso, las resoluciones emanadas de
este mismo órgano o las que dicten las Cámaras que integran el Congreso;
En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, tenemos las acordadas, los reglamentos, los decretos y las resoluciones dictadas por este órgano.
En relación a las Gobernaciones y las Municipalidades, deben mencionarse las ordenanzas departamentales o municipales, los reglamentos y las resoluciones. Además, los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales. Los actos normativos emanados de la Iglesia Católica u
otra iglesia, las Universidades, Asociaciones, Fundaciones, Sociedades anónimas y Cooperativas y de otras sociedades, tales como: estatutos, reglamentos y resoluciones.
2. ACTOS JURISDICCIONALES: “resoluciones judiciales” (art. 132 C.N) y el art. 260 los llama
“sentencias definitivas o interlocutorias”.en principio son los dictados por órganos del Poder Judicial.
El art. 556 del C.P.C. expresa que: “la acción procederá contra resoluciones de Jueces o Tribunales cuando:
a) por sí mismas sean violatorias de la Constitución Nacional;
b) se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, contrarios a
la Constitución en los términos del art. 550 del C.P.C.
3. Existen fallos que pueden ser equiparados a los actos jurisdiccionales como ser:
a) los fallos de los Tribunales Militares;
b) las resoluciones dictadas por órganos de carácter administrativo como culminación de juicios, procesos, o sumarios de igual carácter.
VÍAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL
VÍA DIRECTA, DE ACCIÓN O DEMANDA
El juicio se inicia ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y tiene por objeto atacar de
inconstitucionalidad un acto normativo o jurisdiccional. Es decir, el proceso en este caso, se inicia con
el fin de lograr la declaración de inconstitucionalidad de un acto determinado.
Puede plantearse contra las leyes (normas jurídicas en general) o contra las resoluciones judiciales
(actos jurisdiccionales).
“LEY 1337/88, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y LEYES COMPLEMENTARIAS”.
VÍA INDIRECTA, INCIDENTAL O DE EXCEPCIÓN
Se plantea en forma incidental, dentro de un proceso cuyo objeto principal NO es la declaración de
inconstitucionalidad, sino otro distinto.
Esta forma de impugnación puede ser interpuesta en cualquier instancia, y en ese caso se elevan
los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia.
DISTINCIÓN ENTRE ACTOS NORMATIVOS Y JURISDICCIONALES
El tema puede ser enfocado también partiendo de la distinción entre actos normativos y actos jurisdiccionales.
El control de constitucionalidad de un acto normativo puede darse:
1. como una cuestión independiente,
Con el fin de obtener un pronunciamiento sobre ala constitucionalidad de un acto normativo determinado, se promueve una acción autónoma y específica: “acción de inconstitucionalidad”.
Cualquier persona que se crea lesionada o afectada por un acto normativo que reputa inconstitucional, sin que exista un juicio anterior en curso, puede promover la acción pertinente buscando la declaración de inconstitucionalidad del acto.
2. como una cuestión vinculada al proceso
El control de constitucionalidad de un acto normativo como cuestión vinculada a un proceso se
da de los siguientes modos:
a) por la remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia que pueden hacer los magistrados en virtud del Art. 18 del C.P.C. (consulta);
b) cuando en un juicio de amparo se plantea una cuestión de constitucionalidad (Art. 582
C.P.C.); y
c) cuando se opone una excepción de inconstitucionalidad.
En todos los casos, la decisión queda en manos exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.
El Art. 556 del C.P.C. dispone: “la acción procederá contra resoluciones de los Jueces o los Tribunales cuando:
a) por sí mismas sean violatorias de la Constitución Nacional; o
b) se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, contrarios a la
Los motivos más frecuentemente alegados son:
• inobservancia de las garantías del debido proceso;
• lesión del derecho a la defensa en juicio;
• ultraje al principio de que toda sentencia debe estar fundada en la Constitución Nacional y en la
• la arbitrariedad.
Cómo una cuestión Independiente
Vía Directa: Acción de Inconstitucionalidad
Cómo una cuestión Jurisdiccional
• en Amparos,
• como Excepción de Inconstitucionalidad
a) Puede ser promovida por cualquier persona titular de un derecho o interés legítimo que haya
sido lesionado de algún modo;
b) La lesión debe provenir de actos normativos o jurisdiccionales de carácter inconstitucional;
c) La acción debe ser promovida ante la Corte Suprema de Justicia;
d) Los órganos de gobierno podrán promover el control de constitucionalidad cuando exista un interés legítimo vinculado con el ejercicio de las funciones que le son propias.
Es la acción legal que se intenta contra todo acto de autoridad que se aparten o contradigan las normas establecidas en la Constitución de una República. Ej.: leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas
dictadas en oposición a la Carta Magna.
Así tenemos que mientras los poderes Legislativo y Ejecutivo ejercen poderes eminentemente políticos, en sus condiciones de órganos de una voluntad política, el Poder Judicial, ejerce el poder jurídico,
o la función jurisdiccional.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que cualquier administración de justicia desempeña una
función jurídica, pero no todas las veces alcanza a tener un poder jurídico, salvo que por la Constitución se la reconozca, como ocurre con la nuestra que en el art. 247 establece: “ El Poder Judicial es el
custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir... ”. Esto ocurre al reconocerse la
supremacía de la Constitución, considerada como expresión de la soberanía jurídica.
Ocurre, sin lugar a dudas, que nuestra Constitución al admitir la división de los poderes del gobierno, concede en esa división igual jerarquía al judicial, pero la amplía, cuando se trata del orden jurídico
Por ello y tratando de interpretar y desmenuzar el artículo antes citado, encarga al Poder Judicial de
la voluntad constituyente, y en tal carácter asume una jerarquía de poder jurídico superior al legislativo
y el ejecutivo, por la razón que la Constitución es superior a la ley, los decretos u otras normas.
Sin embargo, debemos dejar claro que el Poder Judicial no ejerce el poder constituyente, y su función sólo se limita a la aplicación del derecho, sólo que al hacerlo es forzoso su enfrentamiento con las
leyes y los decretos a los cuales debe imponer la supremacía constitucional, razón por la cual, a su
vez, todos los actos de gobierno son judiciables.
El control de constitucionalidad es de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.
El art. 132 de la C.N. expresa: “La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley”.
A los efectos de la aplicación de la disposición transcripta encontramos que el art. 258 divide a la
Corte Suprema de Justicia en Salas, atribuyendo a la Sala Constitucional, integrada por tres miembros,
las funciones previstas en el art. 260 que dispone: “Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional:
1. conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso, y
2. decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la
nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución.
La Corte Suprema de Justicia, tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, según lo establecido en el art. 132 de la C.N. y en la ley.
La Corte, por vía de su Sala Constitucional, declara inaplicables las leyes y demás actos administrativos, y anula las sentencias definitivas e interlocutorias.
La inaplicabilidad de las leyes es lo que corresponde tanto mas cuando sean de carácter general y
la nulidad porque violan derechos constitucionales individuales.
Salvaguardando la igualdad de los poderes constituidos, el inc. 1) del art. 260 deja establecido que
el fallo de la Sala Constitucional respecto de las leyes dictadas por el Poder Legislativo no tiene efecto
erga omnes, pues, en caso contrario, se le estaría atribuyendo funciones reservadas a este poder:
En lo que se refiere al inc. 2) dicha Sala se convierte en un Tribunal de revisión y garantiza la preservación de la supremacía constitucional, pues conforme al art. 256 TODA SENTENCIA JUDICIAL
DEBE ESTAR FUNDADA EN ESTA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY.
El art. 260 de la C.N. establece en su última parte: “El procedimiento puede iniciarse por ACCIÓN
ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de la EXCEPCIÓN en cualquier
instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.”
o A. I.
Acto de Parte
o de Juez
¿Admisible?
Vista y compulsas
¿Ley o
Fluxograma 1: Acción de Inconstitucionalidad
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS LEYES
La acción de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general es imprescriptible sea
que la ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, afecte derechos patrimoniales, tenga carácter institucional o vulnere garantías individuales.
Cuando el acto normativo tenga carácter particular, por afectar derechos solo de personas expresamente individualizadas, la acción prescribirá a los seis meses contados a partir de su conocimiento por
el interesado ( art. 551 C.P.C:)
El precepto consagra como regla general, que la acción de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general es imprescriptible.
La prescripción de la acción no se produce pues resultaría fuera de toda lógica pretender que por el
solo transcurso del tiempo pueda una ley inconstitucional, transformarse en constitucional.
Siendo así, y sea que la ley afecte derechos patrimoniales, tenga carácter institucional o vulnere garantías individuales, la persona, en cualquier tiempo podrá reclamar la declaración de inconstitucionalidad por la vía de la acción.
La excepción a la regla de la imprescriptibilidad de la acción de inconstitucionalidad se halla prevista
para el único caso que el acto normativo tenga carácter particular por afectar exclusivamente derechos
de personas expresamente individualizadas ( Ej.: persona afectada por una ley de expropiación considerada inconstitucional).
En el supuesto mencionado, la facultad de ejercer la acción prescribe a los seis meses. En el cómputo del plazo se incluyen los días inhábiles y los feriados debiendo computarse en forma corrida (arts.
341 y 342 C.C.).
Requisitos de admisibilidad. Rechazo “in limine”(art. 552)
La demanda de inconstitucionalidad deberá ser presentada por escrito ante la Corte Suprema de
Justicia y deberá contener, además de los requisitos generales concernientes a cualquier demanda, los
• Identificación de la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad impugnado, en su
caso, la disposición inconstitucional.
• Citación de la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido.
• Petición fundada en términos claros y concretos.
En todos los casos, la Corte Suprema examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción (rechazo “in limine”).
EFECTOS DE LA DEMANDA. REGLA GENERAL. EXCEPCIONES. MEDIDAS CAUTELARES ( ART. 553 C.P.C.)
“La interposición de la demanda no suspende los efectos de la ley, decreto, reglamento, acto normativo o disposición impugnada, salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere, a petición de parte,
porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable.
Dicha resolución se dictará de inmediato y sin sustanciación.
En los mismos términos podrá conceder medidas cautelares, de acuerdo con las disposiciones de
EFECTOS SUSPENSIVOS O NO?
Del carácter que tenga la resolución impugnada dependerá que la promoción de la acción de inconstitucionalidad pueda o no producir la suspensión de sus efectos, mientras dure la substanciación
de la causa y hasta que la Corte Suprema de Justicia dicte sentencia definitiva decidiendo la cuestión.
La impugnación de inconstitucionalidad de sentencias definitivas y de resoluciones con fuerza de tales, tendrá efecto suspensivo, vale decir, no se cumplen ínterin se resuelve la inconstitucionalidad.
Las demás resoluciones que no sean de las mencionadas, deberán cumplirse mientras dure la
substanciación de la impugnación de inconstitucionalidad deducida contra las mismas.
La excepción a esta regla es la que cuando la parte interesada solicita a la Corte que no se cumpla
fundado en que ello ocasionaría un perjuicio (gravamen) irreparable, en cuyo caso la Corte Suprema
de Justicia, así lo dispondrá cuando correspondiere.
PROCEDIMIENTO: PARTES. (ART 554 C.P.C.)
En la acción de inconstitucionalidad promovida contra una ley son partes:
• El fiscal General del Estado, cuando se tratare de actos provenientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pues el Ministerio Público, del cual es cabeza, le corresponde de
acuerdo a la C.N. y el Código de Organización Judicial “velar por el respeto de los derechos
y las garantías constitucionales” (art. 268 inc. 1° C.N. y 62 inc. c) y 63 inc b) C.O.J.) .
• Los representantes legales de las Municipalidades o corporaciones, en su caso, o los funcionarios que ejerzan la autoridad pública, de la cual provenga el acto normativo violatorio de la C.N.
El Procurador General de la República, cuando el Poder Ejecutivo le instruya para promover la
inconstitucionalidad de alguna ley, actuando como sujeto activo de la acción.
PROCEDIMIENTO: SUSTANCIACIÓN
La Corte Suprema de Justicia citará y emplazará a la parte demandada para que conteste la demanda dentro del plazo de 18 días.
El Fiscal General del Estado, de acuerdo con lo previsto en el art. 134 del C.P.C. quedará notificado
al día siguiente de la recepción del expediente en su despacho.
Los demás, sean representantes legales o funcionarios, serán notificados por cédula en el asiento
de sus funciones ( art. 133 inc. a C.P.C.)
El plazo es perentorio e improrrogable incluso para el Ministerio Público.
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER
El art. 554 del C.P.C. establece además que si hubiere cuestiones de hecho que requieren ser aclaradas o probadas, la Corte ordenará las diligencias para mejor proveer que sean necesarias.
PROCEDIMIENTO: SENTENCIA
FORMA. PLAZO. EFECTOS.
El art. 554 in fine establece que la Corte pronunciará su fallo bajo la forma de Acuerdo y Sentencia
Definitiva, en el plazo de treinta días.
La declaración de Inconstitucionalidad no es derogatoria de la ley impugnada, en razón de que ello
importaría violar el Principio de independencia de los poderes del Estado. Siendo así, la ley declarada
violatoria de la Constitución, continuará vigente para el resto de las personas que no la impugnaron
Consecuentemente, produce el efecto de volver inaplicable la ley, sólo en relación al beneficiado y
El art. 555 C.P.C. establece al respecto: “La sentencia de la Corte Suprema sólo tendrá efecto para el
caso concreto. En consecuencia, si hiciere lugar a la inconstitucionalidad, deberá ordenar a quien corresponda, a petición de parte, que se abstenga de aplicar en lo sucesivo, al favorecido por la declaración de inconstitucionalidad, la norma jurídica de que se trate.”
Sus efectos son “Inter. partes” y no “Erga omnes”
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA RESOLUCIONES
(art. 564 C.P.C.) “No serán atacables por la vía de la acción de inconstitucionalidad las resoluciones
dictadas por la Corte Suprema de Justicia”.
INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS SENTENCIAS ARBITRARIAS
Como dijimos anteriormente el art. 260 de la CN. establece que la Sala Constitucional debe decidir
sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la NULIDAD de
las que resulten contrarias a la Constitución
El art. 556 del C.P.C. establece: “La acción procederá contra resoluciones de los jueces o tribunales
b) se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad contrario a la Constitución en los términos del art. 550.
La inconstitucionalidad procede cuando la ley aplicada por el juez es inconstitucional o cuando de
manera independiente a la ley aplicada, el pronunciamiento que la sentencia contiene es inconstitucional.
Siendo así, la inconstitucionalidad de las resoluciones judiciales puede producirse de modo directo
INCONSTITUCIONALIDAD DIRECTA
Cuando la resolución judicial es en sí misma inconstitucional por violar alguna norma o principio de
rango constitucional. Esto se puede producir:
1. en el supuesto de que un juez o tribunal inferior, resuelva un caso constitucional, pronunciándose sobre la materia (art. 259 inc. 5 y 260 C.N.; art. 542 C.P.C.).
La competencia del juez o tribunal en esta hipótesis, constituye un caso constitucional, porque
deriva directamente de la violación de normas constitucionales, sobre la prohibición a los órganos inferiores de decidir sobre materia constitucional.
Las demás cuestiones de competencia se proponen y resuelven mediante las vías procesales
específicamente previstas en la ley: declinatoria o inhibitoria.
El art. 561 del C.P.C. establece que la acción de inconstitucionalidad sólo podrá deducire cuando se hubieren agotado los recursos ordinarios.
El plazo para interponerla, se computará a partir de la notificación de la resolución que causa
2. Cuando la resolución, aunque fundada en una ley que no sea contraria a la Constitución, viola
principios o garantías consagradas o atenta contra garantías del debido proceso, o interpreta
éstas o desconoce derechos o exenciones de rango constitucional.
INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA
La resolución judicial es inconstitucional, en forma indirecta, cuando se funda o aplica una ley contraria a la Constitución.
La C.N. prevé al respecto en el art. 256 que toda sentencia debe estar fundada en la Constitución y
No basta el error de juicio, es necesario que el error configure una violación, para que sea procedente la garantía.
Existe error “IN INDICANDO” cuando un juez aplica equivocadamente una ley, lo cual no hará que
la resolución sea necesariamente inconstitucional, si la ley aplicada no es recurrida por la vía que corresponda (excepción de inconstitucionalidad).
Lo mismo sucede si el juez falla en la conclusión y resuelve equivocadamente la causa. En este
caso habrá error de juicio pero no inconstitucionalidad, si la resolución no viola la Constitución sino una
La violación de una ley ordinaria – no de rango constitucional- se repara por medio de las vías ordinarias: los recursos.
(art. 557 1a. Parte C.P.C.) “Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído.
Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición.
“En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso
contrario, desestimará sin mas trámite la acción”.
Ver art. 552 C.P.C.
(art. 557 2ª. Parte): “El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia ”.
INTERPOSICIÓN PREVIA DE RECURSOS ORDINARIOS
(art. 561 C.P.C.): “En el caso previsto en el inciso a) (NOTA: sean por si mismas violatorias de la CN) del artículo 556, la acción de inconstitucionalidad sólo podrá deducirse cuando se hubieren agotado los recursos
El plazo para interponerla, se computará a partir de la notificación de la resolución que causa estado ”.
Si del análisis previo surge que el interesado omitió cumplir disposiciones establecidas específicamente, se desestimará la acción sin mas trámite.
(Art. 559 C.P.C.) Sentencia definitiva o con fuerza de tal; otras resoluciones: “ La interposición de la
demanda tendrá efecto suspensivo cuando se tratare de sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de
tal. En los demás casos no tendrá ese efecto salvo que, a petición de parte, la Corte Suprema así lo dispusiere para evitar gravámenes irreparables”.
La impugnación de inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o resoluciones con fuerza de
tales, tendrán efecto suspensivo, vale decir, no se cumplen ínterin se resuelva la misma.
El efecto suspensivo se produce en forma automática, sin necesidad de petición de parte. Se dispone por simple providencia que se dictará al efecto e irá firmada por el Presidente de la Corte. (art. 423
1ª. Parte C.P.C.).
Las demás resoluciones que no sean de las mencionadas en el párrafo anterior, deberán cumplirse
mientras dure la subsanación de la impugnación de inconstitucionalidad deducida contra las mismas,
salvo que la parte interesada solicite que no se cumplan, fundado la petición en que ello ocasionaría un
perjuicio (gravamen) irreparable, en cuyo caso la Corte así lo dispondrá cuando correspondiere.
PROCEDIMIENTO: DEMANDA. RECHAZO. COMPULSAS. TRASLADOS
Por vía de acción se presenta el escrito de demanda (en la Sala Judicial II) donde el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído.
Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición (art. 557 del C.P.C.).
La Corte (Sala Judicial II) remite a la Oficina de Admisibilidad donde se examinará previamente si se
hallan satisfechos los requisitos, en caso contrario, desestimará sin mas trámite la acción.
La oficina de Admisibilidad puede:
a) RECHAZAR “IN LIMINE”, ni siquiera se estudia el caso, devolviendo a la Sala Judicial II para
que notifique el A.I.; o
b) NO HACER LUGAR POR IMPROCEDENTE, cuando después de haber traído el expediente a
la vista y estudiado el caso, no se da curso a la acción de inconstitucionalidad, y lo devuelve a
la Sala Judicial para que se notifique el A.I.
c) Si la Oficina de Admisibilidad estimara la acción, vuelve a la Sala Judicial II para seguir el trámite correspondiente establecido por el art. 558 del C.P.C. que reza: “ Presentada la demanda, la
Corte dispondrá que se traiga a la vista el principal y ordenará que se saquen compulsas del mismo,
disponiendo la devolución de aquél para su prosecución, salvo que se trate de sentencia definitiva o
de resolución con fuerza de tal o recaída en un incidente de los que suspenden el juicio.
Del escrito de demanda correrá traslado a la otra parte por el plazo de nueve días, y de los presentados
por las partes se dará traslado por igual plazo al Fiscal General del Estado.
Con los escritos de referencia, o transcurridos los plazos para presentarlos, quedará conclusa la causa
para definitiva”.
PROCEDIMIENTO: AUTOS PARA SENTENCIA Y SORTEO DE PREOPINANTE
Luego de volver el expediente con el Dictamen Fiscal, se llama AUTOS PARA SENTENCIA y queda
en casilla para el sorteo del preopinante.
El art. 556 del C.P.C. establece que la Corte Suprema pronunciará su fallo en el plazo y la forma
previstos en el art. 554. (30 días).
PROCEDIMIENTO: NULIDAD DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Si hiciere lugar a la inconstitucionalidad, declarará nula la decisión impugnada, mandando devolver
la causa al juez o tribunal que le siga en orden de turno al que dictó la resolución para que sea nuevamente juzgada.
PROCEDIMIENTO: COSTAS
Las costas sólo se impondrán al juez o tribunal en el caso previsto en el art. 408 (si el vicio le fuere
imputable).
PROCEDIMIENTO: DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA Y SENTENCIA DE JUEZ O TRIBUNAL INFERIOR
El juez o tribunal a quien fuere remitida la causa, podrá resolverla, si correspondiere, aplicando una
norma jurídica diferente a la declarada inconstitucional.
SENTENCIA: FORMA, CONTENIDO Y PLAZO
ART. 560 C.P.C.) “La Corte Suprema pronunciará su fallo en la forma y en el plazo previstos en el artículo 554 (NOTA: treinta días).
Si hiciere lugar a la inconstitucionalidad, declarará nula la resolución impugnada, mandando devolver
la causa al juez o tribunal que le siga en orden de turno al que dictó la resolución para que sea nuevamente
juzgada.”
El pronunciamiento de la Corte que resuelva la impugnación de inconstitucionalidad promovida contra las resoluciones judiciales, tendrá la forma de un acuerdo y sentencia.
El mismo deberá contener la opinión fundada de sus ministros, comenzando por el voto del preopinante que resulte del sorteo que al efecto debe realizarse, con la adhesión o disidencia, en su caso, al
voto del otro. En caso de disidencia la misma deberá constar en la sentencia. La resolución deberá estar firmada por todos los ministros.
El plazo para dictar resolución es de treinta días ( art. 554 3ª parte); este se computará desde el llamamiento de autos quede firme ( art. 162 inc. c)
La Corte Suprema de Justicia cuando haga lugar a la inconstitucionalidad, declarará nula la resolución impugnada, privándola en consecuencia de toda validez.
IMPOSIBILIDAD DE ACCIÓN SIN PROMOVER PRIMERO LA EXCEPCIÓN
“Art. 562.- Imposibilidad de interponer la acción si no se hubiese deducido la excepción. Si no hubiese
opuesto la excepción de inconstitucionalidad en la oportunidad establecida por el artículo 538 y el juez o
tribunal resolviese la cuestión aplicando la ley invocada por la contraparte, no podrá impugnarse la resolución por vía de acción de inconstitucionalidad.”
“Art. 538.- Oportunidad para oponer la excepción en el proceso de conocimiento ordinario. La excepción
de inconstitucionalidad deberá ser opuesta por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o la
reconvención, si estimare que éstas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución.
También deberá ser opuesta por el actor, o el reconviniente, en el plazo de nueve días, cuando estimare
que la contestación de la demanda o la reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional por las mismas razones. Este plazo se computará desde la notificación de la providencia que tiene
por contestada la demanda o la reconvención. ”
(art. 563 C.P.C.): “Cuando correspondiere, la Corte Suprema de Justicia declarará, de oficio, la inconstitucionalidad de resoluciones, en los procesos que le fueren sometidos en virtud de la ley, cualquiera sea su
2da o 3ra Inst.
Juicios Esp.
eq. a la Contest.
(Dem. o Reconv)
¿Desistimiento?
Devolución a Juicio
Fluxograma 2: Excepción de Inconstitucionalidad
Las partes intervinientes en un proceso pueden provocar la cuestión de constitucionalidad por medio de la excepción de inconstitucionalidad.
La vía de la excepción como medio para solicitar la inconstitucionalidad de los actos normativos se
halla expresamente reconocida en el art. 260 de la C.N., y las reglas de su tramitación se hallan contempladas en los arts. 538 al 540 del C.P.C.
La excepción de inconstitucionalidad se articula dentro de un proceso abierto en cualquiera de las
instancias judiciales, y se dirige contra pretensiones fundadas en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución.
No procede contra decisiones judiciales, las que sólo podrán ser impugnadas por vía de la acción,
conforme con el art. 556 del C.P.C.
Los sujetos legitimados para deducirla son las partes activa y pasiva de un proceso judicial abierto,
cuando cualquiera de ellas considera que la pretensión de la adversa se fundamenta en actos normativos contrarios a normas o principios constitucionales.
EN 1RA. INSTANCIA
1. En relación al demandado o reconvenido:
El art. 538 del Código Procesal Civil establece que la excepción de inconstitucionalidad deberá
ser opuesta por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención, si
estimare que éstas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna
norma, derecho garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución.
Es decir, que deberá presentarla dentro del plazo de diez y ocho días. Este plazo es perentorio
e improrrogable.
2. En relación al actor o reconviniente:
El segundo párrafo del art. 538 establece que la excepción deberá ser opuesta por el actor, o el
reconviniente, en el plazo de nueve días, cuando estimare que la contestación de la demanda
o la reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional por las mismas razones.
Este plazo se computará desde la notificación de la providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvención. Este plazo es, a su vez, perentorio e improrrogable y la excepción
EN 2DA INSTANCIA
El art. 545 del C.P.C. establece: “En segunda o tercera instancia el recurrido deberá promover la excepción al contestar la fundamentación del recurso, basado en las causas previstas en el art. 538.
El recurrente deberá hacerlo en el plazo de tres días, cuando estimare que en la contestación se haya incurrido en dichas causas. A los efectos del cómputo de este plazo, el Tribunal dispondrá que se notifique la
Opuesta la excepción, regirán en lo pertinente, las reglas previstas en los artículos precedentes ”.
EN JUICIOS ESPECIALES
(art. 546 C.P.C.) “En los juicios especiales de cualquier naturaleza, el accionado deberá oponer la excepción al contestar la demanda, o ejercer el acto procesal equivalente a la misma.
El accionante deberá promoverla en el plazo de tres días, desde la notificación de la providencia que tenga por contestada o por ejercido el acto procesal equivalente ”
EN LOS INCIDENTES
( art. 547 C.P.C.) “El interesado (NOTA: el incidentado) deberá oponer la excepción al contestar el incidente; el incidentista deberá hacerlo en el plazo de tres días de notificada la contestación.
La promoción de la excepción en los incidentes no impedirá que prosiga el curso del principal. Sólo se
suspenderá el pronunciamiento de la sentencia definitiva si se tratare de incidente que afecte el fondo y tenga reconocido carácter suspensivo.
En los demás casos, el juez o tribunal podrá dictar sentencia definitiva, aunque la Corte no hubiese resuelto la excepción”.
Si las partes no han procedido en la forma dispuesta, se producirá la preclusión.
Ello ocasionará la pérdida del derecho de hacerlo posteriormente, salvo la facultad concedida a los
jueces en el art. 18 inc. a) del C.P.C. en que podrán aún sin requerimiento de parte remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia , ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el
art. 259 inc. 5 y 260 de la C.N., siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa
pueda ser contraria a reglas constitucionales.
La norma procesal se refiere al art. 200 de la C.N., en razón de que en la fecha de la promulgación
del C.P.C. se hallaba vigente la Constitución de 1967.
“Si no se hubiese opuesto la excepción de inconstitucionalidad en la oportunidad establecida en el art.
538 y el juez o tribunal resolviese la cuestión aplicando la ley invocada por la contraparte, no podrá impugnarse la resolución por vía de acción de inconstitucionalidad”.( art. 562 del C.P.C.).
(Art. 539 C.P.C.) “Promovida la excepción el juez dispondrá la formación de expediente separado, el
cual estará integrado por las compulsas de las actuaciones cumplidas hasta el momento de la oposición inclusive, y dará traslado a la otra parte y al Fiscal General del Estado, en este orden, por el plazo de nueve
días, respectivamente.”
La formación del expediente separado, que manda la norma, es a los efectos de la remisión a la
Corte, en consideración a que la excepción deducida no tiene la virtualidad de suspender el trámite del
principal (art. 180, 182 y 534 C.P.C.)
De la excepción opuesta y de los documentos acompañados, el juez dará traslado con copias (art.
107 del C.P.C.) a la otra parte y al Fiscal General del Estado, en este orden, para que estos tengan la
oportunidad de contestar la excepción y dictaminar, según sea contraparte o Fiscal.
El traslado deberá ser notificado a la parte contraria por cédula en su domicilio de acuerdo a lo dispuesto por el art. 548 del C.P.C. que dice: “La interposición de la excepción deberá ser siempre notificada
por cédula a la otra parte y al Fiscal General del Estado en la forma prevista por este Código, salvo el caso
de los juicios o actuaciones orales, en que se tendrá por notificada a la contraparte en el acto de la audiencia”.
El plazo por el cual se corre traslado es de nueve días, perentorios e improrrogables.
Con relación a la notificación al Fiscal General del Estado que quedará notificado el día siguiente de
la recepción del expediente en su despacho y el plazo por el cual se corre traslado es de nueve días.
(art. 134 C.P.C.)
“Contestados los traslados o vencidos los plazos para hacerlo, el juez remitirá sin mas trámite dicho expediente a la Corte Suprema de Justicia” (art. 539, 2da. Parte, del C.P.C)
ALLANAMIENTO Y SUBSTANCIACIÓN
El art. 540 del C.P.C. establece : “Aún cuando la contraparte se allanare a la excepción, el incidente seguirá su curso. Al resolver, La Corte Suprema de Justicia impondrá las costas en el orden causado ”.
La norma, con toda lógica, manda que producida una cuestión constitucional en un proceso, La Corte deberá emitir pronunciamiento sobre la misma, aún en el supuesto de que la contraparte se hubiera
allanado a la excepción de inconstitucionalidad opuesta, por ello dice: “el incidente seguirá su curso”,
vale decir, que cumplidos los recaudos se deberá remitir a la Corte a sus efectos (art. 539), esta no
suspenderá el curso del principal, que llegará hasta el estado de sentencia” (art. 543)
DESISTIMIENTO DE LA EXCEPCIÓN
El art. 541 del C.P.C. establece que “en cualquier estado de la tramitación del incidente, el excepcionante podrá desistir del mismo.
Si el desistimiento se produjere en primera instancia, el juez dictará resolución poniendo fin al incidente
y ordenando su archivo, sin perjuicio de la facultad que le confiere el art. 18 inc. a) de éste Código.
Los Jueces o Tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el art. 132 de la
C.N. siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas
Si se produjere ante la Corte Suprema de Justicia, ésta podrá hacer uso de su facultad de declarar
de oficio la inconstitucionalidad.
Cuando la excepción hubiese sido opuesta por el Agente Fiscal, podrá desistir de ella el Fiscal General del Estado al corrérsele traslado de la misma”.
El desistimiento se justifica en razón de que la promoción del incidente se basa en un derecho disponible conferido por al ley en miras al interés individual, cuya renuncia no está prohibida
( art. 10 C.C.)
DESISTIMIENTO EN 1RA INSTANCIA
En esta hipótesis, el juez dictará resolución poniendo fin al incidente y ordenando el archivamiento.
El desistimiento requiere de que quien lo formule cuente con poder o cláusula especial para ello o la
conformidad del mandante expresada en el escrito respectivo (art, 168 C.P.C.; art. 884 inc. d) Código
El desistimiento al importar una renuncia a la acción (derecho) y no a la instancia (procedimiento)
no requiere la conformidad de las demás partes.
El art. 542 del C.P.C. establece: “ La Corte Suprema de Justicia dictará resolución bajo la forma de
sentencia definitiva, dentro de los treinta días de recibido el expediente. Si hiciere lugar a la excepción
declarará la inconstitucionalidad de la ley o del instrumento normativo de que se tratare, y su consecuente inaplicabilidad al caso concreto.
Cuando se tratare de interpretación de la cláusula constitucional, la Corte establecerá su alcance y
El art. 542 2da. parte del C.P.C. establece que cuando se tratare de interpretación de la cláusula
constitucional, la Corte podrá establecer el sentido y alcance de la misma.
A los jueces y tribunales les esta vedado establecer el alcance y sentido de las normas constitucionales.
A ellos les corresponde aplicar la Constitución, NO INTERPRETARLA, lo cual sólo podrá hacerlo la
El art. 543 del C.P.C. establece que la interposición de la excepción no suspenderá el curso del proceso principal, que llegará hasta el estado de sentencia.
DESISTIMIENTO O ALLANAMIENTO EN EL PRINCIPAL
El art. 544 del C.P:C. Establece: “Resuelta la excepción y notificada la sentencia, la parte perdidosa
podrá desistir, dentro del plazo de cinco días, de la demanda o reconvención, o allanarse a ella, total o
parcialmente, según el caso.
Este plazo se computará a partir de la notificación de la providencia del “CÚMPLASE”.
No se requerirá para ello conformidad de la contraparte ni se aplicarán las costas del juicio”.
Es la mas antigua de todas las garantías constitucionales; se señala que la misma tuvo su origen
remoto en el Derecho Romano, apareciendo de manera embrionaria en el Digesto bajo el nombre de
“Interdicto de Homine Libero Exhibendo”.
Luego en Inglaterra Medieval surge el “Writ of Habeas Corpus” que se convierte en derecho legislado en la Carta Magna de 1215, aunque adquiere real trascendencia con el Acta de Habeas Corpus de
1641, en la que la garantía adquiere las características básicas que conserva hasta hoy día.
Se trata de una institución tan importante que solamente tres países de Latinoamérica carecen de
mención expresa en sus Constituciones.
Protege, en principio, la libertad física pero también protege la seguridad personal y la integridad física y psíquica de la persona. Así, en nuestro sistema de derechos que caen bajo la égida del Hábeas
Corpus son la libertad, la seguridad y la integridad física y psíquica.
Nuestro sistema constitucional reconoce expresamente en el Art. 133 tres tipos de Hábeas Corpus:
1. Preventivo,
2. Reparador, y
3. Genérico.
La Ley N° 1500/99 reglamenta la Garantía Constitucional del Hábeas Corpus.
Es una acción autónoma , de carácter público que tutela la garantía de toda persona de gozar de su
Un procedimiento de control de constitucionalidad de los actos restrictivos a la libertad personal.
Es una acción judicial sumaria por la cual se logra la libertad física de una persona cuando ella fuera restringida –o estuviera amenazada de serlo- ilegal o arbitrariamente por la autoridad o un particular,
asimismo protege la seguridad personal y la integridad física y psíquica de la persona .
Ampara a todo detenido o en peligro de serlo, a fin de que sea llevado ante el juez, a objeto de que
resuelva inmediatamente sobre su libertad o arresto.
La finalidad de la garantía esta perfectamente reflejada en su denominación, sintetizada con las expresiones latinas: “HABEAS CORPUS AD SUBJICIENDUM”, que significan “TRAIGASE LA PERSONA
DE … PARA TENERLO BAJO MI AMPARO”.
Esta garantía no puede ser suspendida ni restringida abajo ninguna circunstancia, ni en casos de
estado de excepción como establece el art. 288 de la Constitución Nacional.
El Art. 133 de la Constitución Nacional comienza por establecer que la garantía puede ser interpuesta de oficio, por el afectado, por sí o por interpósita persona, sin necesidad de poder.
Lo cual nos indica, a las claras, que la legitimación activa en el Hábeas Corpus es extremadamente
amplia y que, en ningún caso cabrá discutirla. Llegándose al extremo de que el órgano jurisdiccional,
no requiere siquiera de denuncia alguna, pudiendo iniciar el procedimiento de oficio.
Artículo 6°.- Legitimación activa. El procedimiento de hábeas corpus podrá iniciarse de oficio, por el
propio afectado o por cualquier persona que, sin necesidad de poder, invoque tener conocimiento del acto
supuestamente ilegítimo que pueda ser reparado por esa vía. 5
Indistintamente la acción podrá plantearse ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como
ante cualquier Juez de Primera Instancia.
La garantía, establece la C.N., puede plantearse ante cualquier Juez de Primera Instancia de la circunscripción respectiva.
Esto obviamente, puede causar problemas de competencia territorial que irían en detrimento de la
eficacia de la garantía de manera ilegal y que es trasladada inmediatamente a otro lugar de la República; difícil será decidir si es competente el Juez del domicilio del afectado, o donde se halla actualmente
el detenido, o el del domicilio de la autoridad (si hubiere tal) que ordenó la privación de libertad ilegal.
“LEY 1500/99 - QUE REGLAMENTA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL HÁBEAS CORPUS”.
El trámite del Hábeas Corpus (cuando se trate del H.C. reparador) nos induce a pensar que el competente será el Juez de la Circunscripción donde se halla actualmente el detenido, lo que puede tropezar con la dificultad de que no sea posible para el denunciante determinar dónde se encuentra la persona en el momento de la interposición de la garantía.
La Ley reglamentaria (1500/99) ha tratado de resolver, al menos parcialmente, el problema planteado.
Así dice que el procedimiento de Hábeas Corpus se iniciará ante la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, o ante cualquier Juez de Primera Instancia, “según las reglas que determinan su competencia
territorial, salvo que el supuesto acto ilegítimo tuviese o pudiese producir sus efectos en todo el territorio de
la República o en lugares no determinables de él, en cuyo caso no regirá esa limitación ”.
Como puede observarse, el texto legal ayuda poco o nada para determinar la competencia, ya que
se limita a remitir a las reglas que determinan su competencia territorial.
Agrega la ley, que si el supuesto acto ilegítimo tuviese o pudiese tener efectos en todo el territorio
de la República, o en lugares no determinables, entonces no rige la limitación.
La última parte del Art. 3° de la Ley 1500/99 dispone que “cuando un mismo acto prima facie afectase
el derecho de varias personas, entenderá en todas las acciones el Juzgado que hubiese prevenido, el cual
dispondrá en su caso, la acumulación de autos”.
Dice además, que la negativa de un juez a intervenir, siendo competente, constituirá causal de enjuiciamiento por mal desempeño, y en su caso, de remoción.
Es interesante remarcar que la Ley 1500/99 comienza el Art. 3° mencionando la competencia de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para entender en el Hábeas Corpus, lo cual tiene su explicación en lo dispuesto en el Art. 259.4 de la Constitución que dice respecto de las atribuciones de la
Corte Suprema de Justicia: “conocer y resolver, en instancia original, los Hábeas Corpus, sin perjuicio de
la competencia de otros jueces o tribunales”.
Esta competencia superpuesta posiblemente tenga su explicación en la tradición de que la Corte
Suprema de Justicia ha sido en el pasado el órgano competente en la materia; así, no se le quiso privar de tan importante función, pero también se quiso facilitar la interposición de la acción.
Pero, la competencia de la Corte, no puede perjudicar la competencia de los otros jueces; así lo establece la C.N. “...sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales ”.
Artículo 2°.- Denominaciones. Si el hábeas corpus se tramita ante la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en todos los casos en los que la presente ley se refiere a "el Juez", se entenderá que se refiere a
cualquiera de sus miembros; si se refiere a "el Juzgado", se entenderá que se refiere a la Sala en pleno.
Artículo 3°.- Competencia. El procedimiento de hábeas corpus se iniciará ante la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, o ante cualquier juez de primera instancia, según las reglas que determinan su competencia territorial, salvo que el supuesto acto ilegítimo tuviese o pudiese producir sus efectos en todo el territorio de la República o en lugares no determinables de él, en cuyo caso no regirá esa limitación.
La errónea calificación del hábeas corpus no provocará su rechazo sino que el órgano jurisdiccional le
imprima el trámite que corresponda.
1. el nombre y el domicilio del peticionante;
2. el nombre y otros datos personales conocidos de la persona afectada por el acto supuestamente ilegítimo y la mención del sitio donde ésta se encuentra; y,
3. el objeto de la acción, con la mención del supuesto acto ilegítimo cuya reparación se solicita.
Si el peticionante ignorase alguno de los datos mencionados, proporcionará al órgano jurisdiccional las
referencias suficientes para que éste los recabe por las vías judiciales pertinentes.
Artículo 8°.- Inadmisibilidad de incidentes, excepciones y recusaciones. En el procedimiento de hábeas
corpus no se admitirán incidentes, excepciones ni recusaciones, sin perjuicio de la obligación de los jueces
de excusarse por las causales previstas en el artículo 20 del Código Procesal Civil.
Artículo 9°.- Facultades. En el procedimiento de hábeas corpus el juez interviniente estará investido de
amplias facultades instructorias y disciplinarias y, cualquiera sea el recinto en que presuntamente se halle
la persona privada de su libertad, podrá allanarlo, ordenar su allanamiento o la remoción de los obstáculos
que impidan su acceso al mismo.
Artículo 10.- Decisiones de urgencias y medidas para mejor proveer. Antes de dictar sentencia el órgano
jurisdiccional, a pedido de parte o de oficio, podrá decretar en resolución fundada en cualquier estado del
procedimiento, las decisiones de urgencia que estime convenientes, incluso las medidas para mejor proveer.
PLAZOS. DÍAS Y HORAS INHÁBILES
Artículo 11.- Carácter de los plazos. Habilitación de días y horas. En el procedimiento de hábeas corpus
todos los plazos, sean legales o judiciales, serán perentorios e improrrogables y sólo admitirán un día de
ampliación en razón de la distancia, cuando el lugar del acto estuviera ubicado a más de cien kilómetros del
asiento del órgano jurisdiccional interviniente. Los plazos que se establezcan en horas, se contarán de momento a momento.
Artículo 12.- Notificaciones e intimaciones. En el procedimiento de hábeas corpus las notificaciones o
las intimaciones que se efectúen por mandamiento, podrán realizarse por cualquier medio fehaciente que
disponga el juez.
Artículo 13.- Defectos de forma. Lo ordenado en los autos a que se refieren los artículos 20, 30 y 33,
será cumplimentado aunque tenga defectos de forma y aunque no esté totalmente individualizada la persona o entidad a quien se dirige o la persona a cuyo favor se promueva, bastando que sea comprensible quién
es el responsable del acto supuestamente ilegítimo o el beneficiado por la acción.
Artículo 20.- Auto de hábeas corpus (NOTA: Reparador). Iniciado el procedimiento de hábeas corpus reparador, el Juez dictará inmediatamente el auto de hábeas corpus, en el cual ordenará para que dentro de
las veinticuatro horas:
1. se presente a la persona privada de su libertad en el lugar que el juez indique; y,
2. que el agente público o privado sindicado como responsable de ese hecho presente un informe circunstanciado:
a) sobre el momento de la privación de la libertad
Código Procesal Penal - Artículo 239.
y el lugar, la forma y condiciones en que ella se
APREHENSIÓN DE LAS PERSONAS. La Policía
Nacional podrá aprehender a toda persona
b) sobre los motivos legales que invoque para la
comprendida dentro de los siguientes casos, aun
sin orden judicial:
c) en el caso de aprehensión, si ha dado cumpliLa autoridad policial que haya aprehendido a
miento con lo dispuesto en el ultimo párrafo del
alguna persona lo deberá comunicar, dentro de
las seis horas, al Ministerio Público y al juez.
“LEY 1286/98 - CÓDIGO PROCESAL PENAL”.
Artículo 239 del Código Procesal Penal y, en caso afirmativo, quiénes son el juez y el representante del ministerio público comunicados.
d) si la privación de la libertad se realizó por orden escrita de autoridad competente, en cuyo caso
individualizará a ésta y adjuntará la orden escrita.
A tales efectos el juez dispondrá las intimaciones que correspondan. Si se ignorara el agente público o
privado que privó de su libertad a la persona, la intimación se efectuará al superior jerárquico de aquél.
Artículo 30.- Auto ordenando informe acerca de los hechos denunciados (NOTA: Preventivo). Iniciado el
procedimiento de hábeas corpus preventivo, el juez intimará al agente publico o privado sindicado como
responsable de tramar la medida ilegal de restricción de la libertad de la persona para que dentro de las
veinticuatro horas informe:
1. si ha dispuesto esa restricción de la libertad de la persona; y,
2. si ha recibido orden o instrucción para ese efecto , en cuyo caso indicará la persona o entidad de la cual emana esa orden o instrucción, y cuáles son los motivos legales aducidos
Artículo 33.- Auto ordenando informe acerca de los hechos denunciados. (NOTA: Genérico) Constitución
del juez en el lugar. Iniciada la acción de hábeas corpus genérico:
1. el juez intimará a la persona o entidad sindicada de cometer los hechos, para que dentro de
las veinticuatro horas remita un informe pormenorizado acerca de los mismos.
2. a pedido de parte o de oficio, se constituirá en el lugar en que se halle la persona cuya libertad se halla restringida, su seguridad amenazada o que se encuentre sometida a violencia física, psíquica o moral, para verificar los hechos relevantes.
1. todos los recursos se interpondrán y fundarán en un mismo escrito; caso contrario se tendrán por
no interpuestos.
2. cabrá el recurso de aclaratoria, el cual será interpuesto hasta el día siguiente de notificada la sentencia definitiva. La interposición del recurso de aclaratoria no interrumpirá los plazos, sean legales o judiciales.
3. no tendrá efecto suspensivo la acción de inconstitucionalidad que se promueva contra sentencias
definitivas que concedan el hábeas corpus.
4. la sentencia definitiva que dicte la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia será inapelable.
5. la sentencia definitiva que dicte un juez de primera instancia será apelable sin efecto suspensivo
dentro del tercero día de su notificación. El Tribunal que corresponda al fuero de dicho juez de primera instancia, dictará sentencia en el plazo de tres días.
Artículo 15.- Interpretación. En caso de que se susciten dudas sobre la inteligencia de las disposiciones
de esta ley o de las resoluciones recaídas en el proceso, se las interpretará en el sentido más favorable a la
concesión del hábeas corpus, y a la amplitud de los medios de protección establecidos en favor de los derechos tutelados.
Artículo 16.- Responsabilidad generada por el acto ilegítimo. La sentencia definitiva, en su caso, hará
expresa referencia a la responsabilidad de las personas que hubiesen cometido el acto ilegítimo y, de mediar
circunstancias previstas en el Código Penal que prima facie evidencien la perpetración de un hecho punible,
el juzgado podrá ordenar la detención de los responsables, o cualquier otra medida que sea legalmente procedente, y pasará los antecedentes a la autoridad competente para su investigación.
Artículo 17.- Pérdida automática de la competencia. Cuando el Juzgado no dicte sentencia en el plazo
previsto por esta ley, deberá hacerlo, de pleno derecho y en el mismo plazo, el que le siga en orden de turno,
y así sucesivamente, sin trámite alguno.
El Hábeas Corpus podrá ser: preventivo, reparador o genérico.
En virtud de esta garantía, toda persona que se hallare ilegalmente privada de su libertad, puede recabar la rectificación de las circunstancias del caso.
El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, con un informe del agente público o privado
que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la petición.
Si el requerido no lo hiciere así, el Juez se constituirá en el sitio en el que se halle recluida la persona, y en dicho lugar hará juicio de méritos y dispondrá su inmediata libertad (NOTA: si procediere), igual
que si se hubiere cumplido con la presentación del detenido y se haya radicado el informe.
Si no existieren motivos legales que autoricen la privación de su libertad, la dispondrá de inmediato;
si hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención.
1. la comparecencia del detenido ante el magistrado judicial;
2. restituir la libertad al afectado y garantizarle contra toda ulterior restricción de libertad por la
misma causa si hubiere sido ilegalmente detenido.
¿Informe
No hará lugar
al Hab.Cor.
¿Rectifica o
Ratifica?
Casos de Aprehensión, con comunicación a
Orden escrita de Autoridad Judicial
Orden del Poder Ejecutivo con información
(Juez dará opción a salir del Paraguay)
Fluxograma 3: Habeas Corpus Reparador
En virtud del cual toda persona, en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física,
podrá recabar el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen
su libertad, así como una orden de cesación de dichas restricciones.
Tiene por finalidad evitar las detenciones ilegales o cualquier otra modalidad de restricción ilegal a
Esta modalidad de Hábeas Corpus pretende amparar la amenaza de arresto. Ej.: insistentes visitas
policiales o de otra autoridad al domicilio o lugar de trabajo con el objeto de disponer una aprehensión
ilegal, la que no llega en realidad a concretarse porque solo se prosigue el fin de amedrentar.
1. examen judicial de la legitimidad de los hechos o acciones restrictivas de la libertad personal; y
2. la orden judicial de cesación de dichas restricciones ilegítimas.
Fluxograma 4: Habeas Corpus Preventivo
HABEAS CORPUS GENÉRICO
En virtud del cual se podrán demandar rectificación de circunstancias que, no estando contempladas en los dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal.
Asimismo, esta garantía podrá interponerse en casos de violencia física, psíquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad.
Es el Habeas Corpus a interponer en caso de constatarse condiciones de reclusión contrarias a la
dignidad humana, a su salud física o psíquica, etc. Por lo antedicho, es aplicable a situaciones donde
la persona se encuentra legítimamente privada de su libertad, pero en condiciones contrarias a los
Evitar los efectos nocivos de orden físico, psíquico o moral, consecuencia de las condiciones de privación legal de la libertad en lugares inapropiados o de hechos que representan su agravamiento ilegítimo.
Rectificación y
Fluxograma 5: Habeas Corpus Genérico
¿Privado
Público - Autoridad
1ra.Inst.
2da.Inst.
Fluxograma 6: Amparo
Recurso constitucional para la protección de derechos y libertades reconocidos en la Constitución
Es una acción dirigida a proteger el libre ejercicio de los derechos constitucionales y legales, con
excepción de los derechos protegidos por otras garantías constitucionales.
Esta garantía protege todos los derechos sean individuales, sociales o económicos que no estén
protegidos por las garantías del Hábeas Corpus o Hábeas Data o de Control Constitucional.
Es la garantía constitucional mas utilizada como mecanismo para la protección de los derechos de
“Es petición de auxilio jurisdiccional, efectuada por una persona que se siente lesionada o amenazada en el ejercicio de un derecho por una acción u omisión de una autoridad o un particular, para que
órgano jurisdiccional acuda en su auxilio removiendo los obstáculos que le impiden ejercer sus derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, sean de nivel constitucional o legal.”
• Es una “garantía” porque constituye un medio otorgado para hacer valer un derecho.
• Es un “remedio” procesal para hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución y
Es, en forma y sustancia, un fiel exponente de un derecho humano esencial: obtener una decisión
jurisdiccional en un tiempo razonable en el marco de un proceso signado por la celeridad.
LEGISLACIÓN. MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN
El Código Procesal Civil legisla esta acción en los artículos 565 al 588.
La Ley N° 600/95 deroga el art. 580 del C.P.C. pues ignora el principio de la bilateralidad.
Mediante el principio de bilateralidad o contradicción, el accionado siempre debe ser oído para configurar el debido proceso. La contradicción que en esencia hace al debido proceso resguarda en sus
aspectos esenciales la garantía en juicio. Sin bilateralidad el demandado no tiene oportunidad de ser
oído . Y nadie puede ser condenado sin juicio previo.
Sin audiencia del accionado no hay debido proceso. Todo lo cual, significa que el autor del acto lesivo debe tener ocasión de intervenir en el juicio por sumarísimo que sea. No existe circunstancia alguna
ni urgencia por mayor que sea que admita el desconocimiento del principio de rango constitucional que
nadie puede ser condenado sin ser oído en juicio.
La misma Ley N° 600/95 modifica el art. 582 del C.P.C. que disponía que el juez podrá pronunciar
expresamente la inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos u otros actos normativos de autoridad.
En nuestro sistema jurídico positivo a excepción del modificado art. 582 del C.P.C., no existe ninguna norma legal que permita a los jueces de menor rango al de la Corte Suprema de Justicia declarar la
inconstitucionalidad de ninguna ley, decreto o reglamento aunque sean competentes por el art. 566 del
C.P.C., para conocer en el juicio de amparo, todos los jueces de primera instancia sin distinción de fueros, en el ámbito de sus respectiva jurisdicción, es decir, en el lugar en el que el acto, omisión o amenaza ilegítimo tuviere lugar o pudiere tener efectos.
Por el modificado art. 582, si para decidir sobre la acción de amparo fuere necesario determinar la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, lo que puede realizar el
juez de primera instancia en el juicio de amparo es constatar si la demanda reúne los requisitos exigidos por la ley, es decir, si es procedente y elevar en el día a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los antecedentes obrantes en el expediente. La Sala Constitucional en la mayor brevedad deberá declarar la inconstitucionalidad si ella surgiere en forma evidente.
Se devuelve, pues, en forma exclusiva la competencia a la Corte Suprema de Justicia para decidir
en la determinación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o reglamento.
Para la Constitución Nacional el amparo es de acción pública.
Siendo el amparo una garantía constitucional constituye una acción pública, pues lo que la ley manda debe hacerse, cuando la ley manda no hacer, el particular o la persona debe cumplir igualmente
con el imperativo legal, no queda al arbitrio de la voluntad personal del particular.
Cualquier Juez de Primera Instancia donde tuviere efectos el acto lesivo. En materia electoral, la
Constitución ha otorgado competencia a los jueces de ese fuero.
Para evitar la elección de Jueces la Corte Suprema estableció una Mesa de Entrada de Garantías
Constitucionales en la Jurisdicción de Asunción y luego ampliado a otras jurisdicciones con un sistema
de sorteo y distribución de expedientes de tal manera a que pueda recaer en cualquier juez que resulte
sorteado pero no en el que elija el interesado, garantizándose mas la imparcialidad.
Es un remedio excepcional y de urgencia.
La disposición constitucional exige que el caso no pueda remediarse por la vía ordinaria, vale
decir, que solo cabe ante la inexistencia de otros medios o ante la ineficacia de los que existen.
Es un proceso autónomo pues no depende de ningún otro proceso promovido o a promoverse
como lo sería en el caso de las medidas cautelares.
Es un procedimiento sumario, breve. Los elementos que componen el instituto deben surgir en
forma clara y manifiesta de tal manera que no requieran mayor debate.
Las causas que dan lugar a la promoción de la acción de ampara se encuentran enunciadas en el
art. 134 de la C.N.: “acto u omisión, manifiestamente ilegítimo de una autoridad o de un particular”.
a) Acto lesivo o acto violatorio.
La expresión acto debe ser tomada en su sentido amplio, vale decir, cualquier acto, jurídico o
no, o cualquier hecho o conducta que puedan producir un daño.
1. De acuerdo con la Constitución el acto debe ser ilegítimo y la ilegitimidad debe surgir en
forma manifiesta y dicha ilegitimidad debe presentarse en el momento de dictarse sentencia en el cual debe surgir en forma clara y evidente dicho carácter.
2. Debe ser un acto subsistente, vale decir, que no haya cesado ni que hayan cesado sus
efectos porque en caso contrario el amparo, que busca precisamente el restablecimiento de
la situación jurídica infringida, no tendría objeto.
3. Un acto no consentido, ya sea en forma expresa ya tácitamente por la no interposición de
recursos o del propio amparo dentro de los plazos establecidos.
4. Además , debe tratarse de un acto no consumado de modo irreparable, puesto que si el
acto fue consumado y no es posible restablecer el derecho, solo cabrán las reparaciones
indirectas, de carácter económico o de otra índole como las indemnizaciones que no constituyen el objeto del amparo.
Daño o agravio:
ese daño debe ser personal, real y tangible; también debe ser grave, vale decir que es un remedio para cuestiones trascendentes y no para cuestiones ligeras.
El juez debe recurrir a su sentido de prudencia para poder determinar la gravedad de la lesión
Los derechos protegidos:
1. constitucionales o legales;
2. subjetivos públicos o privados;
3. individuales, sociales y políticos;
4. patrimoniales;
5. derechos explícita e implícitamente consagrados.
El amparo protege todos los derechos fundados en el ordenamiento jurídico.
Aparte de los derechos se encuentran también protegidos por las garantías, consagradas
en el ordenamiento jurídico tomadas ellas en su acepción amplia, como seguridades o promesas establecidas en la Constitución.
Ausencia de remedios ordinarios:
el amparo es un remedio de carácter residual, vale decir, que sólo es procedente cuando debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria.
Este requisito es fundamental y se ha entendido que constituye la clave del amparo.
Es importante para que se abra la vía del amparo que no existan otras vías hábiles para restablecer el derecho conculcado o proteger el derecho amenazado.
Vía Extraordinaria:
Cuando la Constitución se refiere a la vía ordinaria no se esta refiriendo sólo al juicio ordinario,
sino a todos los remedios que el derecho procesal pone a disposición de los justiciables para
FORMA Y CONTENIDO DE LA DEMANDA (ART. 569 C.P.C.):
a) El nombre, apellido y domicilio real y constituido del accionante, (tratándose de un representante
del actor, la justificación de la personería invocada, puede efectuarse con la presentación de una
simple carta poder o de un telegrama colacionado);
b) El nombre, apellido y domicilio real o legal de la persona cuya acción, omisión o amenaza origina
En su caso, el juez, ante la imposibilidad de que se cumpla con este requisito, arbitrará las medidas
necesarias para establecer la relación procesal (el demandado tendrá necesidad de conocer quién
es el actor , es decir, quién es el que acciona contra él y donde tiene su domicilio);
c) La relación de los hechos, actos, omisiones o amenazas que han producido o están en vía de producir la lesión de derechos cuyo amparo se pretende; y
d) Las peticiones que se formulan en términos claros y positivos.
e) Con el escrito de demanda el accionante acompañará la prueba instrumental de que disponga o la
individualizará si no se encontrare en su poder, con indicación del archivo, protocolo o persona en
cuyo poder se encuentre”.
Si se omitiere alguno e los recaudos, el juez dispondrá, de oficio, que el demandante los complete a
los efectos de su sustanciación (art. 570 C.P.C.).
Debe declararse, a la vez en el primer escrito, bajo juramento, que no existe en los Tribunales –en
ningún juzgado ni Tribunal de Apelación- otra acción de amparo por el mismo asunto que ha promovido
el peticionante, que se halle pendiente de resolución y que pudiera tener relación directa con el objeto
o materia del amparo que se inicia.
En caso de que exista juicio o asunto pendiente, se debe designar en el escrito inicial la Secretaría,
archivo u oficina en los cuales radique o se encuentre depositado o archivado dicho juicio.
RECHAZO “IN LIMINE” ( ART. 570 C.P.C.):
“El juez que reciba la demanda de amparo debe enterarse de ella inmediatamente y, si la encontrare de
notoria improcedencia, la rechazará y ordenará su archivo.
En caso de omitirse alguna de los recaudos establecidos en el artículo precedente, el juez dispondrá, de
oficio, que el demandante los complete a los efectos de su sustanciación ”.
Admite el Código el rechazo “in limine” cuando la petición fuera de notoria improcedencia, debiendo
por tanto el juez, al recibir el amparo realizar un doble examen previo: uno sobre los requisitos formales, y otro sobre las condiciones de admisión.
CASOS QUE NO PROCEDE EL AMPARO (ART. 134 DE LA C.N.)
La acción de amparo procederá en los casos previstos en el art. 134 de la C.N.
Art. 134 C.N.: Del amparo: “Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una
autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente.
El procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley ”.
No procederá:
1. Contra resoluciones o sentencias dictadas por jueces o tribunales; (NOTA: Acción de Inconstitucionalidad)
2. Cuando se trate de restricción a la libertad individual en el que corresponda la interposición del
hábeas corpus;
3. Cuando la intervención judicial impidiere directa o indirectamente la regularidad, continuidad o
eficacia de la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales
La acción de amparo es una vía excepcional, por su naturaleza y fundamento, por ello no puede ser
utilizada cada vez que los contratantes discutan, por ejemplo, el alcance de un contrato.
Su finalidad tiene como único efecto poner término sumariamente a las consecuencias de un acto
lesivo u omisión, que afecte la garantía sentada en normas constitucionales.
Por eso, cuando un particular lesiona el derecho privado de otro, su acto no es inconstitucional ni de
jerarquía constitucional; por ello no puede afirmarse que vulnere garantías constitucionales y sea susceptible del amparo que resguarda las garantías fundamentales señaladas.
Cuando se trata de una lesión de derecho privado estamos frente a un acto ilícito y sujeto a las previsiones de la legislación ordinaria la que debe ventilarse de acuerdo con las normas adjetivas pertinentes, vale decir, conforme a los preceptos del Código Procesal Civil señalados en él para el juicio ordinario.
El procedimiento en el juicio de amparo es breve, sumario y de acción pública. Por la premura que
existe en restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, no puede permitirse la vía ordinaria que en la eventualidad siempre ha de constituir una demora suficiente para consolidar la lesión o
permitir que el simple peligro tenga su consecuencia deplorable.
El amparo admite la adopción de medidas de urgencia como la prohibición de innovar, la realización
del acto omitido y cualquier otra medida cautelar compatible.
En cuanto a los medios de prueba debe señalarse que existe libertad probatoria, por lo que debe
admitirse toda prueba compatible con la naturaleza sumaria.
Fluxograma 7: Hábeas Data
La garantía del hábeas data es un instituto de reciente incorporación en el derecho latinoamericano,
surge originariamente en Alemania en la década del setenta como respuesta jurídica para la protección
de derechos personales afectados por el auge informático y es consecuencia directa de la multiplicación de los archivos referentes a datos de las personas.
Esta garantía cobra importancia en la actualidad con el auge de los bancos informáticos de datos, a
los cuales se puede acceder fácilmente de muy diversos y sofisticados modos (por ejemplo, por medio
de líneas telefónicas, de Internet, etc.) todo lo cual multiplica las posibilidades de propagar datos personales, cuya difusión pudieran perjudicar –de cualquier modo- a su titular, agraviando su derecho a la
intimidad, a la privacidad o a la propia imagen.
El hábeas data aparece como respuesta al fenómeno de la contaminación de las libertades, término
con que algunos sectores de la teoría social anglosajona aluden a la erosión y degradación que aqueja
a los derechos fundamentales, ante determinados usos de las nuevas tecnologías.
Esta Garantía se encuentra contemplada en el Art. 135 de la Constitución Nacional. La Ley N°
1682/016 y su modificatoria Ley N° 1969/027, que reglamentan la información de carácter privado, no
hacen referencia estrictamente al Art. 135 de la C.N., pero sí hacen relación con él, con respecto a la
reglamentación de la materia en su contenido.
Es una de las garantías constitucionales mas modernas pero su nombre se ha tomado parcialmente
del antiguo instituto del Hábeas Corpus, en el cual el primer vocablo significa “conserva o guarda tu...”,
la otra mitad está en inglés “data”, sustantivo plural que significa “información o datos”.
En síntesis, en una traducción liberal sería: “conserva o guarda tus datos”.
El “Habeas Data”tiene una doble consideración. A veces se lo trata como derecho constitucional de
las personas, con raíces en el derecho a la intimidad; en otras, se atiende a su función como garantía o
“La acción de Hábeas Data se define como el derecho que asiste a toda persona –identificada o
identificable- a solicitar judicialmente la exhibición de registros – públicos o privados- en los cuales están incluidos sus datos personales o de su grupo familiar, para tomar conocimiento de su exactitud; a
requerir la rectificación, la supresión de datos inexactos u obsoletos o que impliquen discriminación.
Esta acción tiende a proteger a la persona contra calificaciones sospechosas que pueden perjudicarles de cualquier modo”.
Es un medio constitucional puesto a disposición de persona física o jurídica para asegurarle el conocimiento de registros concernientes a ellos en los registros públicos o particulares accesibles al público, para la rectificación de sus datos personales.
Constituye una garantía que tiene dos fases:
“LEY 1682/01 - QUE REGLAMENTA LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRIVADO”.
“LEY 1969/02 - QUE MODIFICA LA LEY 1682/01 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRIVADO”.
1. la primera, permite que todos los habitantes puedan acceder a las constancias de los archivos
y por lo tanto a controlar su veracidad;
2. la segunda, tiene por objeto la modificación del registro, sustancialmente en dos casos: cuando
son falsos o bien, cuando requieren de actualización.
“El Hábeas data (presenten los datos), es una garantía constitucional, cuya misión consiste en brindar protección inmediata y efectiva a los derechos fundamentales a la intimidad, a la inviolabilidad del
patrimonio documental y la comunicación privada o la protección de la dignidad y de la imagen privada
de las personas, afectados por las prácticas de almacenamiento, procesamiento y suministros de datos”.
Sus caracteres son :
a) es un proceso autónomo, porque no depende de ningún otro proceso promovido o a promoverse.
No es una medida cautelar aunque muchas veces se lo ha entendido de esa manera, aún
cuando durante el curso del proceso puedan adoptarse medidas cautelares.
b) es un proceso sumario, breve como debe ser una garantía constitucional destinada a proteger
en forma expeditiva los derechos ilegítimamente vulnerados por las entidades encargadas de
Los derechos protegidos por esta garantía son :
1. derecho a la intimidad ( art.33 C.N);
2. derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada (art36 C.N.) y
3. derecho a la protección de la dignidad y de la imagen privada (art. 2 in fine C.N.).
1. Hábeas Data Informativo: permite al accionante conocer diferentes informaciones respecto a su
persona y bienes. A su vez se subdivide en:
a) exhibitorio: permite conocer los datos que se poseen acerca de su personam o supatrimonio;
b) finalista: para conocer la finalidad de dichos datos y el uso que se les va a dar;
c) autoral: para conocer quién recopiló los datos.
Si la misma fue recopilada de fuentes de información periodísticas, la acción será improcedente toda vez que el periodista se ampare en las disposiciones del art. 29 de la C.N. que
faculta a los mismos a no revelar la fuente de su información.
2. Hábeas Data Aditivo: en virtud del cual se solicita la agregación de datos que no están en el registro o banco de datos.
Es el caso de la solicitud de actualización, en los términos del art. 135 de la C.N.
3. Hábeas Data Rectificador: se interpone para el caso de que se trate de un dato erróneo y se
solicita su “rectificación” para que se cambie por un dato verdadero.
4. Hábeas Data Reservador: está previsto para los casos en que el dato sea verdadero y no hay
obstáculo para la conservación del mismo; sin embargo, el juez interviniente puede ordenar al
banco de datos su “confidencialidad”, para uso estrictamente personal o específico.
El accionante puede formular dicha solicitud si la difusión de la información fuere susceptible
de afectar ilegítimamente su derecho.
5. Hábeas Data Cancelatorio: Es solicitado para la “supresión” de datos, cuando son falsos o implican una afectación ilegítima de su derecho.
El art. 135 de la Constitución Nacional establece: “Toda persona podrá acceder a la información y los
datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así
como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad.
Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos ”.
En consecuencia, toda persona tiene derecho a conocer lo que conste de ella en los archivos o bancos de datos.
La Constitución hace referencia a registros oficiales o privados de carácter público, en este último
caso, para que sea pertinente la acción de Hábeas Data es necesario que el registro este destinado a
proveer informes.
Esta acción es de carácter individual, en consecuencia no es admisible cuando se trata de datos
procesados con fines estadísticos que no están identificados en forma individual.
Con respecto a que si los datos son erróneos o afectasen ilegítimamente los derechos de las personas, es necesario aclarar que todo dato tiene por objeto distinguir y como consecuencia lógica de la
distinción, el discriminar: entre quién es solvente y quién es insolvente; quién es buen o mal pagador;
quién tiene antecedentes penales y quién no los tiene.
Lo que puede ser discriminatorio no es el archivo, sino el uso que se haga del mismo.
El Hábeas Data tiene dos fases:
• una permite que todos los habitantes puedan acceder a las constancias de los archivos y por lo
tanto, puedan controlar su veracidad.
• la otra, tiene por objeto la modificación de dichas constancias específicamente en dos casos:
◦ cuando los datos obrantes en las constancias son falsos o
◦ cuando requieran actualización.
Los presupuestos establecidos en la Constitución, para la procedencia de esta garantía son los siguientes:
a) Debe tratarse de una información sobre una persona o sus bienes:
Es decir, la información o los datos a los que procura acceder el accionante por medio de esta
garantía judicial deben versar sobre su persona o sus bienes.
b) La información o datos requeridos deben constar en registros oficiales o privados de carácter
Los registros privados de carácter público deben ser entendidos como aquellos bancos de datos que proveen información al público o para el uso público.
c) La finalidad del acceso a las informaciones o datos deben comprender dos aspectos:
1) conocer su uso y finalidad y eventualmente,
2) solicitar su actualización, rectificación o destrucción, si las informaciones o datos fuesen
erróneos o afectasen ilegítimamente el derecho del peticionante.
IMPROCEDENCIA DEL HÁBEAS DATA
El único caso en el cual no corresponde la admisión del hábeas data es cuando los datos cuestionados no tienen vinculación personal con el accionante.
El derecho comparado y la doctrina consagran otros varios supuestos de improcedencia de esta acción de garantía. Algunos son los siguientes:
• Contra datos almacenados como fuente de información periodística amparados en el secreto
de la fuente. (Art. 29 C.N.).
• Contra datos vinculados a la seguridad del Estado.
• Contra datos almacenados por entidades privadas con fines de uso particular y no para la provisión al público, por ejemplo antecedentes clínicos de los pacientes registrados por los hospitales o médicos.
En la práctica se tramita conforme con las reglas procesales fijadas para el juicio de amparo (3-3-2-2-2-3) y con las particularidades propias que la Corte Suprema ha señalado en el A.I.N° 649 del 25 de
El actor de la acción debe, en su escrito de promoción de demanda:
a) Identificar el registro de que se trata;
b) Expresar si conoce o no su contenido y en la primera hipótesis, enunciar en que consiste;
c) Presentar pruebas u ofrecer probar el error o inexactitud de lo registrado; y
d) Expresar en qué consiste la ilegalidad que afecta su derecho.
Según lo establecido en el Auto Interlocutorio N° 649 de fecha 25 de Junio de 1996, emanado de la
Corte Suprema de Justicia, deben reunirse los siguientes requisitos para la interposición del Hábeas
• puede interponerla cualquier persona física o jurídica, afectada por la existencia de datos que
pudieran ser erróneos, falsos o indebidamente difundidos (se debe acreditar, aunque sea en
forma sumaria el contenido del registro o la constancia que afecte los derechos del recurrente)
su objeto primordial según el art. 135 de la C.N., es el conocimiento o la modificación de los datos existentes en el registro en cuestión.
El primer requisito que debe acreditarse es que existe algún registro en el que consten datos relativos a una persona .
Con respecto a esto debe existir un previo juicio de méritos, ante el magistrado competente, para
que se pueda poner en evidencia la legitimidad del reclamo, antes que se pase a una fase de discusión.
Establecida la existencia del registro, y los datos relativos a la persona que solicita su examen, se
pasa a la segunda etapa, esto es la contrastación de tales datos con los manifestados y justificados
Finalizada la etapa descripta, la cuestión queda en manos del juez, quien debe realizar una labor
meritoria de la validez de las evidencias presentadas a su juzgamiento.
Si las anotaciones del registro ilegítimamente afectan los derechos del recurrente, o fuesen erróneos, y en función a ellos, adoptar una decisión que solamente puede tener como contenido:
1. No hacer lugar a la petición porque los datos son correctos; (NOTA: o no causan agravio)
2. Disponer, en su caso, la corrección de los datos asentados en el registro, ante la constatación
del error existente; y
3. Disponer la destrucción de lo que estuviere indebidamente asentado en el registro, supuesto
que tales datos, aparte de erróneos, afectaran ilegítimamente los derechos del recurrente.
Siguiendo las reglas procesales del Amparo, el Magistrado competente es el Juez de Primera Instancia con jurisdicción territorial en el lugar en que se producen los hechos que afecten ilegítimamente
los derechos del peticionante, que es el domicilio del registro accionado.
Sin embargo, la Constitución no especifica cual sería el Juzgado competente para entender en la
acción de Hábeas Data, sólo menciona la frase: “...podrá solicitar ante el magistrado competente...”.
La práctica de nuestros tribunales nos señala que esta acción (anterior a la creación de la Mesa de
Entrada de Garantías Constitucionales), se interponía indistintamente ante juzgados civiles como penales, dependiendo del contenido de la petición (por ejemplo al solicitar la destrucción de los archivos
referentes a la persona peticionante, obrantes en una firma que proporciona informes confidenciales de
la iniciación de juicios de contenido patrimonial, se interponía la acción ante un juzgado en lo civil y comercial; sin embargo, al solicitar la actualización o rectificación de datos obrantes en la Policía Nacional o un Centro de Documentación determinado, se interponía la acción ante un juzgado penal).
La Mesa de Garantías Constitucionales fue creada por la Acordada N° 83 de fecha 04 de Mayo de
1998 para la ciudad de Asunción y en el año 2001, se habilita la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales para las siguientes localidades: a) San Lorenzo, Lambaré y Luque; b) Ciudad del Este y
Hernandarias; y c) Encarnación.
Dichas reparticiones dependerán directamente de la Corte Suprema de Justicia, bajo la Supervisión
de la Jefatura de la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales de la Capital.
b) expresar si conoce o no su contenido y en la primera hipótesis , enunciar en qué consiste;
El Juez deberá hacer un examen previo de la presentación para determinar la legitimidad de la petición, la existencia del sujeto pasivo y la naturaleza de los datos relativos a la persona solicitante.
Si no encuentra legitimidad en la reclamación o el sujeto pasivo no fuere un registro público o de carácter público, podrá rechazar “in limine” la acción.
Si admitiere la acción, el juez solicitará informe circunstanciado a la parte accionada, si se trata de
un registro público, y una audiencia si se trata de una persona particular.
El Juzgado deberá comprobar el carácter erróneo de las informaciones o datos que se refieran a la
persona del peticionante o la afectación ilegítima de sus derechos, lo cual podrá efectuarse por los mePág. 40/44
dios probatorios admitidos en nuestra legislación y con las limitaciones establecidas en el procedimiento del amparo.
La sentencia recaída hará cosa juzgada respecto al Hábeas Data, dejando subsistentes las acciones que pudieran corresponder a las partes para la defensa de sus derechos.
Las reglas de la apelación son las aplicables a la acción de Amparo ( art. 581 C.P.C.), dentro de las
particularidades de la presente acción de garantía.
El recurso deberá interponerse y fundamentarse por escrito dentro del segundo día de notificada la
Se correrá traslado a la otra parte para que la conteste dentro del plazo de dos días.
Inmediatamente el Juez elevará el expediente al Tribunal de Apelación competente quien deberá
dictar sentencia, sin mas trámites, dentro de un plazo no mayor de tres días, la que causará ejecutoria.
“Constitución Nacional del Paraguay - 1992”, .
“Ley 1682/01 - Que reglamenta la Información de
carácter Privado”, .
“Ley 1160/97 - Código Penal”, .
“Ley 1286/98 - Código Procesal Penal”, .
“Ley 1337/88, Código Procesal Civil y Leyes
Complementarias”, .
“Ley 1969/02 - Que modifica la Ley 1682/01 Información de carácter Privado”, .
RAMIREZ CANDIA, M. D. J., Derecho Constitucional
Paraguayo - 1, vol. I, 2011, Litocolor,
“Ley 1500/99 - Que reglamenta la Garantía
Constitucional del Hábeas Corpus”, .
Índice de Fluxogramas
Fluxograma 1: Acción de Inconstitucionalidad................................................................................17
Fluxograma 2: Excepción de Inconstitucionalidad..........................................................................23
Fluxograma 3: Habeas Corpus Reparador.....................................................................................31
Fluxograma 4: Habeas Corpus Preventivo.....................................................................................32
Fluxograma 5: Habeas Corpus Genérico.......................................................................................32
Fluxograma 6: Amparo................................................................................................................... 33
Fluxograma 7: Hábeas Data........................................................................................................... 37
Derecho Constitucional.....................................3
Concepto.........................................................3
Contenido........................................................3
Objeto.............................................................3
Disciplinas del Derecho Constitucional...........3
Derecho Constitucional General...........................3
Derecho Constitucional especial o particular........3
Derecho Constitucional Comparado.....................3
Derecho Procesal Constitucional (Constitucional
Aplicado)...............................................................3
Polémicas vinculadas a la Protección del
Derecho a la Vida Humana.............................8
El Aborto...............................................................8
La Pena de Muerte...............................................8
La Eutanasia.........................................................8
El Suicidio.............................................................9
Abolición de la Pena de Muerte: países en que
subsiste................................................................9
El Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional.........................................................9
El tema Ambiental en la C.N.........................10
La Constitución Nacional de 1992.....................5
LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.......11
Generalidades.................................................5
Concepto.......................................................11
Preámbulo............................................................5
Parte dogmática....................................................5 Características..............................................11
Parte orgánica......................................................5 Clasificación..................................................11
Garantías Constitucionales Generales...............11
Jurisdicción y Competencia.............................5
Garantías Constitucionales Especiales..............11
Jurisdicción...........................................................5
Competencia........................................................5 Garantías Constitucionales Especiales - Control
Clasificación.........................................................5 de Constitucionalidad......................................13
Principios Constitucionales.............................5
Clasificación.........................................................6
Principios Fundamentales....................................6
Principios Generales.............................................6
Principios Especiales o Sectoriales......................6
Los Derechos Constitucionales.........................7
Concepto.........................................................7
Clasificación....................................................7
Protección.......................................................7
La Vida............................................................7
Actos susceptibles de Control Constitucional13
Vías de Control Constitucional......................13
Vía Directa, de Acción o Demanda.....................13
Vía Indirecta, Incidental o de Excepción.............14
Distinción entre actos normativos y
jurisdiccionales...................................................14
Sujetos Legitimados...........................................14
Inconstitucionalidad.......................................15
Concepto............................................................15
Competencia.......................................................15
Vías Procesales..................................................15
Acción de Inconstitucionalidad........................17
Procedimiento...............................................17
Acción de Inconstitucionalidad contra las
Leyes............................................................17
Imprescriptibilidad...............................................17
Regla general............................................................17
Excepción..................................................................18
Procedimiento: Demanda...................................18
Efectos de la Demanda. Regla general. Excepciones.
Medidas cautelares ( art. 553 C.P.C.).......................18
Efectos Suspensivos o no?.......................................18
Procedimiento: Partes. (art 554 C.P.C.)..............18
Procedimiento: Sustanciación.............................18
Procedimiento: Diligencias para mejor proveer. .19
Procedimiento: Sentencia...................................19
Forma. Plazo. Efectos...............................................19
Resoluciones................................................19
Cuestiones no Justiciables.................................19
Modos.................................................................19
Inconstitucionalidad directa.......................................19
Inconstitucionalidad indirecta....................................20
Demanda............................................................20
Allanamiento y Substanciación...........................25
Desistimiento de la Excepción............................25
Desistimiento en 1ra Instancia..................................25
Sentencia......................................................26
Forma y Contenido.............................................26
Interpretación............................................................26
Efectos................................................................26
Desistimiento o Allanamiento en el Principal. 26
Hábeas Corpus...............................................27
Generalidades...............................................27
Concepto y Naturaleza..................................27
Legitimación Activa.......................................27
Competencia.................................................27
Demanda de Habeas Corpus........................29
Incidentes...........................................................29
Facultades del Juez............................................29
Plazos. Días y horas inhábiles............................29
Notificaciones e Intimaciones.............................29
Recursos............................................................30
Responsabilidad del Juez...................................30
Clases de Habeas Corpus............................31
Habeas Corpus Reparador.................................31
Fines.........................................................................31
Habeas Corpus Preventivo.................................31
Habeas Corpus Genérico...................................32
Fines.........................................................................32
Amparo............................................................33
Concepto y Generalidades............................33
Legislación. Modificación y derogación.........33
Naturaleza.....................................................34
Competencia.................................................34
Procedimiento: Demanda. Rechazo. Compulsas.
Traslados............................................................21 Características..............................................34
Procedimiento: Autos para Sentencia y Sorteo de
Causales.......................................................34
Requisitos de Admisibilidad......................................20
Plazo.........................................................................20
Interposición previa de Recursos Ordinarios............20
Rechazo “in limine”...................................................20
Efectos......................................................................20
Preopinante........................................................21
Procedimiento: Nulidad de la Sentencia
Impugnada..........................................................21
Procedimiento: Costas........................................21
Procedimiento: Devolución de la Causa y
Sentencia de Juez o Tribunal Inferior.................21
Sentencia: Forma, Contenido y Plazo................21
Imposibilidad de Acción sin promover primero la
Excepción..................................................................22
Presupuestos Fundamentales............................34
Requisitos.....................................................35
Forma y contenido de la demanda (art. 569
C.P.C.):...............................................................35
Rechazo “in limine” ( art. 570 C.P.C.):................36
Casos que no procede el Amparo (Art. 134 de la
C.N.)...................................................................36
Procedimiento Sumario.................................36
Data...................................................37
Declaración de Oficio....................................22
EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 23 Generalidades...............................................37
Etimología...........................................................37
Procedencia..................................................23
Concepto y Características.................................37
Legitimación Procesal...................................23
Clasificación........................................................38
Oportunidad..................................................23
Procedencia........................................................38
En 1ra. Instancia.................................................23 Improcedencia del Hábeas Data...................39
En 2da Instancia.................................................24 Procedimiento...............................................39
En Juicios Especiales.........................................24
En los Incidentes................................................24
Principio de Preclusión..................................24
Procedimiento...............................................24
Competencia.......................................................40
Requisitos de la Demanda..................................40
Facultades del Juez............................................40
Prueba................................................................40
Sentencia............................................................41
Apelación............................................................41
Formación del Expediente..................................24
Traslado..............................................................25
Notificación y Plazos...........................................25 Bibliografía......................................................43
Remisión.............................................................25
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