Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20005155
Timestamp: 2019-09-22 18:55:25
Document Index: 247900927

Matched Legal Cases: ['artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 333', 'artículo 54', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 306', 'Artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 333', 'artículo 22', 'artículo 333', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 338', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 307', 'artículo 307', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 194', 'artículo 291', 'artículo 6', 'artículo 306', 'artículo 260', 'artículo 307', 'artículo 306', 'artículo 306', 'Artículo 306', 'Artículo 306', 'Artículo 306', 'Artículo 306', 'ARTÍCULO 333', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 53', 'artículo 128', 'artículo 194', 'artículo 289', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 194', 'in fine', 'artículo 45', 'artículo 495']

C-100 de 2005
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020005155CC-SENTENCIAC100200508/02/2005CC-SENTENCIA_C_100__2005_08/02/2005200051552005Sentencia C-100/05 LIBERTAD ECONOMICA- Consagración constitucional /LIBERTAD DE EMPRESA- Consagración constitucional/ EMPRESA -Función social LIBERTAD ECONOMICA- No es absoluta LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN LIBERTAD DE EMPRESA -Debe respetar su núcleo esencial EMPRESA -Intervención del Estado a través de la Ley/ EMPRESA -Función social en ciertos casos se logra como una contrapartida de los incentivos económicos que el legislador otorga LIBERTAD ECONOMICA -Estímulos y su limitación han de tener como guía la garantía de los derechos fundamentales y la prevalencia del interés general/ LIBERTAD ECONOMICA Y DE EMPRESA -Ejercicio debe ser compatible con la protección especial de derechos como el del trabajo y los demás ligados a éste DERECHO AL TRABAJO -Consagración constitucional DERECHO AL TRABAJO -Triple naturaleza constitucional, valor, derecho y obligación social DERECHO AL TRABAJO -Pone de realce el respeto a la dignidad humana PATRONO -Circunstancias particulares del mismo no pueden convertirse en factores de trato desigual de los trabajadores PRIMA ANUAL -Naturaleza jurídica PRIMA DE SERVICIOS -Origen PRIMA DE SERVICIOS -Alcance PRIMA DE SERVICIOS -Fundamento IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS TRABAJADORES -Alcance EMPRESA -Concepto EMPRESA DE CARACTER PERMANENTE -Concepto TRABAJO OCASIONAL O ACCIDENTAL -Concepto SALARIO INTEGRAL -Concepto PRIMA DE SERVICIOS EN CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO -Se regula por norma especial De esta manera, puede afirmarse que el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo regula en forma general la prima de servicios para los contratos de trabajo excepto el de término fijo inferior a un año, el cual por sus especiales características encuentra su regulación en norma especial, en la Ley 50 de 1990. TRATO DIFERENCIADO- Legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad TEST DE IGUALDAD -Pasos/ JUICIO DE PROPORCIONALIDAD -Pasos CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD -Normas anteriores de la vigencia de la Constitución de l991 PATRONO Y EMPRESA -No son términos equivalentes DERECHO A LA IGUALDAD EN PRIMA DE SERVICIOS -No se vulnera porque el legislador establezca que son solamente las empresas las que están obligadas a pagarla En el presente caso no es posible comparar la situación de quien trabaja para una empresa de quien lo hace para otro tipo de patrono y en este sentido mal podría entenderse vulnerado el derecho a la igualdad por el hecho de que el Legislador establezca que son solamente las empresas las que están obligadas a pagar en los términos a que alude el artículo 306 del Código sustantivo del Trabajo la prima de servicios. PRIMA DE SERVICIOS -No tiene naturaleza salarial PRIMA DE SERVICIOS -Obligación de pagarla PROMOCION EMPRESARIAL- No resulta razonable como finalidad Si de lo que se trata es de facilitar a las empresas que no tienen carácter permanente la posibilidad de desarrollar su objeto dándoles condiciones laborales mas flexibles que las de las empresas que si tienen ese carácter, las cuales tendrían mayor capacidad de obtener y programar sus utilidades, habrá necesariamente de concluirse que con dicha finalidad la norma acusada, si bien encontraría algún fundamento el la función de promoción empresarial asignada al Estado (art 333 C.P.), no resulta razonable pues partiría del supuesto según el cual el carácter no permanente de una empresa impide la obtención de utilidades que pudieran ser objeto de reparto, afirmación que obviamente resulta controvertible. PRIMA DE SERVICIOS- Finalidad /PRIMA- Resulta desproporcionado que en función del carácter no permanente de la empresa se prive a los trabajadores del pago de la misma La finalidad de la prima de servicios es la de que el trabajador participe en las utilidades de la empresa según se desprende del numeral 2 del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, resulta totalmente desproporcionado que simplemente en función del carácter permanente o no de la empresa se prive a los trabajadores de las empresas que no tienen ese carácter de la prima de servicios. PROMOCION EMPRESARIAL- No existe relación razonable entre ésta y la diferencia de trato que se da a los trabajadores de las empresas de carácter no permanente Podría considerarse que se trata de facilitar en el marco de la potestad de configuración del legislador y de la promoción empresarial que se asigna al Estado la realización de actividades puntuales por empresas sin vocación de permanencia, permitiendo la generación de empleo así sea por corto tiempo y en condiciones menos favorables para los trabajadores, con lo que dicha finalidad encontraría fundamento en el artículo 333 de la Constitución -que asigna al Estado la función de promoción empresarial- así como en el artículo 54 superior -que señala al Estado el deber de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar-. Empero, para la Corte es claro que aún frente a la finalidad así establecida no se encuentra una relación razonable entre ésta y la diferencia de trato que se establece al señalar que sólo las empresas de carácter permanente deberán pagar la prima de servicios. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS TRABAJADORES- Se opone a dicho principio el establecimiento de una diferencia de trato frente a una prestación que se enmarca dentro del cumplimiento de la función social de la empresa PRIMA DE SERVICIOS EN CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO- Se paga independientemente que la empresa sea permanente o no/ PRIMA DE SERVICIOS EN EMPRESAS DE CARÁCTER NO PERMANENTE -Su no reconocimiento genera una situación de inequidad contraria a la Constitución En la Legislación laboral se establece para el caso de los contratos a termino fijo menores de un año la obligación de pagar la prima de servicios, lo que significa que independientemente de la empresa para la que se trabaje sea permanente o no quien se encuentre vinculado por dicho tipo de contrato recibirá dicha prima, en tanto que en virtud del texto del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, quienes se vinculen por un contrato diferente a una empresa que no tenga carácter permanente, no la recibirán, es claro para la Corte que se genera una situación de inequidad contraria a la Constitución. Referencia: expediente D-5265
Lucy del Socorro Guzmán CanoCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisDemanda de inconstitucionalidad contra las expresiones "toda empresa de carácter permanente" contenidas en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del TrabajoD5265Identificadores20020005156true15724Versión original20005156Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones "toda empresa de carácter permanente" contenidas en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo
EMPRESADE CARACTER PERMANENTE-Concepto
Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones "toda empresa de carácter permanente" contenidas en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Lucy del Socorro Guzmán Cano presentó demanda contra las expresiones "toda empresa de carácter permanente" contenidas en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
Artículo 306.Principio General. 1. Toda empresa de carácter permanente está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial, una prima de servicios, así:
a) Las de capital de doscientos mil pesos ($200.000) o superior, un mes de salario pagadero por semestres del calendario, en la siguiente forma: una quincena el último día de junio y otra quincena en los primeros veinte (20) días de diciembre, a quienes hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre, o proporcionalmente al tiempo trabajado, siempre que hubieren servidopor lo menos la mitad del semestre respectivo[1] y no hubieren sido despedidos por justa causa[2], y
b) Las de capital menor de doscientos mil pesos ($200.000), quince (15) días de salario, pagadero en la siguiente forma: una semana el último día de junio y otra semana en los primeros veinte (20) días de diciembre, pagadero por semestres del calendario, a quienes hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre; o proporcionalmente al tiempo trabajado, siempre que hubieren servidopor lo menos la mitad del semestre respectivo[3] y no hubieren sido despedidos por justa causa[4].
La demandante afirma que las expresiones "Toda empresa de carácter permanente" contenidas en el numeral 1 del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo vulneran el Preámbulo y los artículos 1°, 13, y 53 de la Constitución Política.
Finalmente reitera que las empresas que no tienen carácter permanente, es decir, que su actividad es puntual para ser desarrollada en un tiempo inferior a un año, no tienen la obligación de pagar prima de servicios, toda vez que: "…el mismo legislador pone de presente que las empresas que son de una efímera existencia, no permiten establecer unas metas productivas, ni un estudio histórico comparativo que establezca unas utilidades permanentes en la empresa que permitan alguna distribución entre sus trabajadores, por ser un objeto social de corto tiempo para su desarrollo a diferencia de las demás empresas con una existencia mayor y por lo cual, se exime de pagar la prima de servicio, lo cual es constitucionalmente viable, ya que no se está en frente de las mismas condiciones de la gran mayoría de las empresas, las cuales no solamente superan el año de existencia sino que sobrepasan el mismo por tiempos muchos mayores, los cuales permiten establecer utilidades, permitiendo no solamente superar el capital invertido y los costos productivos o de servicios, sino que les queda un remanente como ganancias que son las que de alguna manera deben participar los trabajadores a través de ésta prestación social…".
Respecto de la acusación formulada considera que las expresiones "toda empresa de carácter permanente" no vulneran ninguna de las normas constitucionales invocadas por la actora, dado que el legislador tuvo razón al establecer una diferencia entre las empresas permanentes y aquellas que no tienen ese carácter puesto que no son iguales y en consecuencia los trabajadores a ellas vinculados tampoco pueden considerarse iguales.
Afirma además que "…Desconoce la demanda los cambios sufridos por el art. 306 del C.S.T., en lo tocante al tiempo laborado exigido para adquirir prima de servicios". Así mismo que " si la Corte extendiera el beneficio de la prima de servicios a los trabajadores de empresas temporales, ampliaría la cadena de desestímulos a la celebración de contratos de trabajo, para ser éstos reemplazados por personal de cooperativas, de empresas temporales, de profesionales independientes, etc.". Lo que " sería "una frustración para los laboralistas mas no una tragedia jurídica". Que en todo caso "en la vida diaria dejará a los sujetos comerciales en la diaria negociación, la escogencia del contrato".
La Vista Fiscal recuerda que: "…La protección especial que el Estado debe brindar al trabajador está encaminada de manera efectiva a aquellos derechos que tienen consagración constitucional y son correlativos a las relaciones laborales; por ello, es legítima la exigencia a las empresas del cumplimiento de ciertos deberes entre los que se encuentra el bienestar general y el de sus trabajadores…". Al respecto cita un aparte de la sentencia C-479 de 2002.
Considera que: "…no resulta razonable que el ordenamiento jurídico imponga el mismo rasero en materia prestacional no constitutiva de salario a las empresas que tienen vocación de permanencia y a las que se constituyen con duración inferior a un año, ya sea por la naturaleza de la labor a desarrollar o por imposición de otras normas. En tal sentido, la distinción entre esos dos tipos de empresas goza de amparo constitucional a la luz del artículo 333 de la Constitución Política…". Destaca que en la medida en que las empresas con carácter permanente tienen mayores posibilidades en la obtención de utilidades tienen por ende una mayor obligación en el reparto de esas utilidades, mientras que las empresas constituidas para realizar labores con duración inferior a un año generalmente realizan solamente un objeto puntual que debe realizarse en un término inferior a un año.
Señala que de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Capítulo II del Convenio No.100 de la OIT -"Relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por trabajo igual"-, aprobado por Colombia mediante la Ley 54 de 1962, es claro que puede haber diferencias salariales y por ende prestacionales, en las diferentes empresas siempre que esas diferencias se prediquen de forma igualitaria entre los trabajadores sin hacer consideración alguna en relación con el sexo al que pertenecen.
En ese entendido, estima que: "…la prima de servicios como prestación derivada del carácter utilitarista de la empresa más no de la labor prestada por el trabajador a su empleador, bien puede ser regulada por el legislador de manera diferenciada, tratándose de una empresa con carácter permanente y otra que no lo es, pues la Constitución no le impone restricciones en ese sentido, y, por el contrario, a través de las normas con las cuales se lo faculta para que se impida que se obstruya o restrinja la libertad económica y para que se fije el alcance de los límites a dicha libertad, atendiendo el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación, se habilita al órgano legislativo para imponerlas -artículo 333 de la Constitución Política-…". Al respecto cita la sentencia T-425 de 1992.
Concluye entonces que: "…por existir fundamentos fácticos y razones objetivas suficientes para hacer una distinción entre las empresas de carácter permanente y las que por tener vocación de permanencia inferior a un año no lo son, y en virtud a que la prima de servicios no constituye salario ni es factor del mismo, la norma que dispone la exoneración a estas últimas del pago de dicha prestación no vulnera los fundamentos del Estado Social de Derecho, los principios que orientan la expedición de las normas laborales y tampoco desconoce la aplicación del derecho de igualdad para los trabajadores de las empresas que no tienen vocación de permanencia…".
Para la actora las expresiones "toda empresa de carácter permanente" contenidas en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950 adoptados por la Ley 141 de 1961 como legislación permanente), donde se establece la obligación para toda empresa de carácter permanente de pagar a cada uno de sus trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial una prima de servicios, vulneran el Preámbulo y los artículos 1, 13, y 53 de la Constitución Política por cuanto i) se excluiría a una serie de trabajadores del reconocimiento de una prestación contrariando los principios superiores sobre el derecho al trabajo por el solo hecho de no trabajar para una empresa de carácter permanente y ii) se establecería así una discriminación contraria a la Constitución por cuanto no existiría ninguna justificación para la diferencia de trato entre trabajadores establecida por el legislador a partir del carácter permanente o no de la empresa.
Corresponde a la Corte en consecuencia examinar si con la introducción de las expresiones "toda empresa de carácter permanente" en el numeral 1 del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo que regula la prima de servicios, el Legislador estableció o no un tratamiento discriminatorio entre trabajadores que desconocería tanto el principio de igualdad (art. 13 C.P.) como los demás principios invocados por la demandante que orientan el derecho al trabajo (Preámbulo, y artículos 1° y 53 C.P.).
"(E)l resultado económico de las empresas no es indiferente para el Estado. En algunos casos se desearía favorecer la industrialización de una determinada región; en otros, los objetivos de la política económica, pueden orientarse a desestimular ciertas iniciativas y empresas, ya sea por una excesiva oferta en el mercado o por sus efectos perjudiciales en términos de absorción de determinadas materias primas o recursos financieros. En estos casos, aparte de los medios de intervención directa, el Estado puede legítimamente establecer políticas de estímulo de las que se beneficiarían los operadores económicos que sigan sus pautas. El conjunto de estas políticas - créditos de fomento, exenciones tributarias, garantías, autorizaciones especiales, facilidades crediticias y cambiarias, contratos-programa, premios, inversiones en el capital social etc. -, sin duda, amplía la esfera de la empresa y le imprime materialmente a su actividad, en la medida en que ella efectivamente secunde los objetivos de la intervención estatal, una función social específica. Cabe concluir que en ciertos casos la función social de la empresa, se logra como una contrapartida a los incentivos económicos que el legislador decide otorgar con vistas a alcanzar determinados objetivos económicos de interés general."
"El programa incorporado en el plan nacional de inversiones, enderezado a fortalecer la capacidad competitiva de un sector de las empresas nacionales tanto en el mercado interno como en el externo, se ajusta a la Constitución. El fundamento constitucional de la disposición demandada se encuentra en las facultades de intervención del Estado en la economía y en la actividad empresarial. La promoción de la competitividad empresarial y el desarrollo empresarial, son dos objetivos expresamente asignados por la Constitución a la intervención del Estado en la economía y para lograrlos es posible recurrir a una política de fomento que consista en reducir los costos financieros que deben asumir las empresas colombianas por encima de los que pagan las empresas que compiten con ellas en el mercado de bienes de capital y servicios técnicos."[14]
"(E)lderecho al trabajo surge con particular importancia a partir del Preámbulo de la Constitución, a efectos de ser protegido en la perspectiva de un orden político, económico y social justo. A lo cual concurre el artículo 1 ibídem otorgándole un valor fundante en el Estado Social de Derecho que entraña Colombia, ámbito en el que le corresponde a las autoridades proveer a su garantía en condiciones dignas y justas, es decir, atendiendo a la realización de los fines del Estado materializando los atributos y consecuencias del derecho al trabajo. Así entonces, dentro de la órbita estatal, a partir de políticas laborales consonantes con la dignidad y justicia que deben irradiar el derecho al trabajo, le compete al Legislador establecer normas tendientes a salvaguardar los intereses del empleado frente al empleador. Vale decir, es tarea fundamental del Estado en general, y del Legislador en particular, promover las condiciones jurídicas y fácticas necesarias a la reivindicación del trabajo, en el entendido de que la libertad de empresa con criterio rentable implica a su vez una función social en cabeza de los empleadores, función ésta que en términos constitucionales tiene como primeros destinatarios a los trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a los clientes de sus bienes y servicios." [17]
"Entratándose del trabajo, el artículo 53 se refiere a una de las aplicaciones concretas del artículo 13: la igualdad de oportunidades para los trabajadores. Esta igualdad implica que el trabajador, en lo relativo a su retribución, depende de sus habilidades y de la labor que desempeña, y no de las condiciones o circunstancias de su patrono. Este es el fundamento de una de las máximas del derecho laboral: a trabajo igual, salario igual.
Viniendo al tema de la justicia, ¿serán, acaso, justas las condiciones desfavorables de un trabajo, basadas solamente en factores propios del patrono y ajenos al trabajador y a la labor que realiza Entre dos trabajadores que ejecuten el mismo trabajo, uno de los cuales sirve a uno de los patronos a que se refiere el artículo 338, y el otro a un patrono sometido al régimen general, ¿cómo aceptar que son justas las condiciones desfavorables del primero En síntesis, la norma acusada no interpreta los artículos 25 y 53 de la Constitución; por el contrario, los contradice.
Y lo mismo, en general, podría decirse en relación con los estímulos que el mismo Estado puede otorgar a la pequeña y mediana empresa, y a las organizaciones de carácter solidario. Tales estímulos, en abstracto, podrían consistir en exenciones o rebajas tributarias, o en regulaciones crediticias. Todo con el fin de impedir la concentración de la riqueza."[22]. (subrayas fuera de texto).
3.3.1 Las expresiones acusadas se contienen el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Dicho artículo hace parte del capítulo VI sobre "prima de servicios" del Título IX sobre "prestaciones patronales especiales" de la Primera Parte sobre "derecho Individual del Trabajo" del referido Código -Decretos 2663 y 3473 de 1950 adoptados por la Ley 141 de 1961 como legislación permanente- y en él se establece una prestación especial llamada prima de servicios que de acuerdo con el numeral 2 del mismo artículo sustituyó la participación de utilidades y la prima de beneficios que estableció la legislación anterior a dicho Código (Decretos 2474 de 1948 y 3871 de 1949)[23].
Cabe precisar que los requisitos de haber servido "por lo menos la mitad del semestre respectivo"[25] y de que los trabajadores "no hubieren sido despedidos por justa causa"[26] establecidos originalmente en los literales a) y b) referidos fueron declarados inexequibles por la Corte en las sentencias C-034 y C-043 de 2003 en ambos casos por considerarlos violatorios del derecho a la igualdad (art. 13 C.P.).
3.3.2 El artículo 306 aludido debe concordarse con las demás normas del mismo capítulo VI sobre "prima de servicios" (artículos 307 y 308 C.S.T.), con las normas que dentro del Código Sustantivo del Trabajo definen lo que para efectos del mismo se entiende por empresa (art. 194 C.S.T.) y en particular por empresa permanente (art. 291 C.S.T.), así como con las que precisan lo que ha de entenderse por trabajadores ocasionales o transitorios (art. 6° C.S.T.).
3.3.2.1.1 Al respecto cabe recordar que en la Sentencia C-710 de 1996 en la que se examinó la constitucionalidad del artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo frente al cargo planteado en ese proceso según el cual dicho artículo desconocía "el derecho del trabajador a recibir la remuneración por su servicio, porque la prima anual es producto de la relación laboral." la Corte explicó las razones por las cuales la prima no podía ser considerada como salario. Dijo la Corte:
"No son necesarias demasiadas lucubraciones para resolver este cargo, pues basta estudiar la naturaleza jurídica de la prima de servicios, para entender porque no es procedente el cargo.
En consecuencia, se declarará exequible el artículo 307 demandado"[29].
"(S)i la prima tuviera naturaleza salarial, es obvio que todos los empleadores deberían cancelarla. Con todo, el monto de la prima depende, como lo afirma la demandante, del servicio del trabajador por un tiempo específico, y el valor de esta prima está determinado por el capital de la empresa (artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo). Así, las empresas con un capital mayor a doscientos mil pesos ($200.000), están obligadas a pagar un mes de salario por año de trabajo, mientras que las que poseen un capital menor, deben cancelar quince días de salario.
En ese orden de ideas, la prima de servicios es un derecho de los trabajadores que se causa con el servicio prestado, es decir, durante la ejecución del contrato. Incluso, la fecha de terminación del mismo marca la del pago de la prima proporcionalmente al tiempo laborado, de conformidad con lo establecido en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo anterior, a pesar de que no tenga carácter salarial, es claro que el requisito de tiempo laborado es suficiente para acceder al pago de la prima de servicios."[30]
Como la expresión acusada introdujo sin justificación constitucional alguna, una restricción de tipo temporal para reconocer el derecho a la prima de servicios y desconoce así los principios fundamentales del derecho al trabajo en el Estado social de derecho, se declarará inexequible"[31].
3.3.2.2. En lo que se refiere a las expresiones "empresa de carácter permanente" contenidas en el artículo 306 a que se alude es pertinente recordar que en la legislación laboral de acuerdo con el artículo 194 del código sustantivo del trabajo[32] se entiende como una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio[33].
Cuanto a lo que debe entenderse por empresa de carácter permanente, dicha categoría no encuentra definición explícita ni en la norma en la que se contienen las expresiones acusadas ni en el capítulo VI del título del Código sustantivo del Trabajo sobre "prima de servicios".
Dicha expresión "empresa permanente" se encuentra, empero, definida en el capítulo V del título IX[34] de la Parte primera del Código[35] relativo al "seguro de vida colectivo obligatorio"[36] en el artículo 291 donde se señaló que se entiende que una empresa tiene carácter permanente "cuando su finalidad es la de desarrollar actividades estables o de larga duración, cuando menos por un tiempo no inferior a un (1) año".
3.3.2.3 Respecto de las expresiones "ocasionales o transitorios" cabe recordar que de acuerdo con el artículo 6° del Código sustantivo del trabajo se entiende por trabajo ocasional, accidental o transitorio "el de corta duración, y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del patrono".
Para la demandante las expresiones "toda empresa de carácter permanente" contenidas en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, vulneran el Preámbulo y los artículos 1, 13, y 53 de la Constitución Política por cuanto i) se excluiría a una serie de trabajadores del reconocimiento de una prestación contrariando los principios superiores sobre el derecho al trabajo por el solo hecho de no trabajar para una empresa de carácter permanente y ii) se establecería así una discriminación contraria a la Constitución por cuanto no existiría ninguna justificación para la diferencia de trato entre trabajadores establecida por el legislador a partir del carácter permanente o no de la empresa para la que trabajen.
Se busca así establecer en cada casoi.)si se está frente a supuestos de hecho diversos o si estos son comparables;ii.)si el fin perseguido por la norma es un fin objetivo y legítimo a la luz de la Constitución;iii.)si los supuestos de hecho estudiados, la finalidad perseguida y el trato desigual otorgado guardan una coherencia o eficacia interna, es decir una racionalidad entre ellos; iv.)si el trato desigual es proporcionado. La necesidad de que exista proporcionalidad entre los medios y los fines perseguidos por la norma ha sido también resaltada por la jurisprudencia, que ha propuesto tres pasos para resolverlo: así entonces, a) los medios escogidos deben ser adecuados para la consecución del fin perseguido; b) los medios empleados deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, c) los medios empleados deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes[48].
En el mismo orden de ideas se ha señalado que en el estudio de aquellas disposiciones legales expedidas antes de que la Constitución de 1991 entrara en vigencia debe hacerse un "esfuerzo por hallar una interpretación que se ajuste a la Constitución y promueva su máximo cumplimiento". Pero "si agotadas las posibilidades hermenéuticas que brindan las normas demandadas, no se obtiene un resultado plausible, la Corte tendría que declarar su inexequibilidad"[51].
Así, como allí se explicó, el Constituyente buscó que la empresa, como base del desarrollo, se viera asignada una específica función social al tiempo que señaló al Estado la función de estimular el desarrollo "empresarial" (art 333-3 C.P.). En el mismo sentido cabe precisar que en diversas normas la Constitución utiliza el termino empresa (arts 333-4, 336-7, 369 C.P.) para identificar y diferenciar determinados actores económicos.
"Ante la ausencia de una disposición legal que defina la empresa en el estatuto laboral, lo ha hecho la jurisprudencia. Pero ésta no ha llegado a sostener que en donde quiera que la actividad de una persona se traduzca en un resultado económico, esa sola circunstancia determine la existencia de la empresa. La jurisprudencia, pues, no identifica la actividad lucrativa con la empresa. Y no lo hace, por una parte, porque el mismo código regula el fenómeno del patrono que ejecuta actividades sin ánimo de lucro (arts. 338, 339), que por exclusión no serían empresa siguiendo el concepto del tribunal. Y por otra, porque ha estimado que el concepto de empresa conlleva la presencia de una conjugación del capital y el trabajo que supone la presencia de una organización con fines de producción de bienes o servicios. Sin la presencia de esa organización, el fenómeno de la empresa no se da cabalmente.
En la actividad que cumple la persona que ejerce una profesión de las que el Código Civil denomina profesiones liberales, pueden darse las dos situaciones, vale decir, la del profesional que se organiza como empresa, constituyendo una entidad que ofrece en el mercado servicios profesionales con trabajadores a su servicio, y la del profesional que actúa personalmente, ofreciendo esos mismos servicios, mas no como empresa, sino con predominio de su sola actividad individual. Este segundo caso, que sin discusión durante el proceso, es el del médico cirujano demandado, no encuadra en el concepto de empresa y no determina que quien ejerza la profesión de que se trate sea sujeto de la obligación de pagar la pensión de jubilación consagrada en el artículo 260 del CST"[54].
"De vieja data (ver entre otras, las sentencias del 31 de octubre de 1957; 18 de abril de 1958; 12 de diciembre de 1959; 15 de julio de 1965; y 26 de noviembre del mismo año) tiene adoctrinado que:
También ha entendido, y lo sigue haciendo, que persona y empresa no son términos sinónimos pues se trata de nociones diversas; cabe decir lo mismo de los conceptos patrono y empresa porque uno y otro no sólo tienen una consagración distinta en la ley (ver artículos 22-1 y 194 del CST), sino porque el patrono es el sujeto de la actividad y la empresa la unidad u objeto de esa actividad. En otras palabras, en nuestro régimen de derecho laboral, los patronos o personas titulares de la unidad de explotación económica son cosa diferente del objeto o unidad sobre la que recae la actividad de tales personas"[55].
Allí se recordó igualmente que en la sentencia C-710 de 1996,[56] al analizar la Corte el artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo que establece que la prima de servicios no tiene naturaleza salarial -ante una demanda según la cual tal disposición desconocería el derecho del trabajador a recibir la remuneración por su servicio, porque la prima es producto de la relación laboral-, la Corte concluyó entonces que el Legislador podía establecer que la prima de servicios no fuera considerada factor salarial pues no era en sentido estricto la retribución de la labor prestada por el trabajador sino una forma de participación en las utilidades empresariales y que en este sentido era claro que en esas circunstancias no todo patrono estaba obligado a pagarla sino solamente aquellos patronos que tuvieran el carácter de empresa y que por ello también en la sentencia C-051 de 1995[57], la Corte encontró ajustado a la Carta que la ley excluyera del pago de la prima de servicios a los empleados del servicio doméstico, pues "el hogar, la familia, no es una empresa y no genera utilidades". En cambio, si la prima tuviera naturaleza salarial, resultaría obvio que todos los empleadores deberían cancelarla[58].
Para la Corte es claro, además que resulta desproporcionado establecer una diferencia de trato entre trabajadores por el simple hecho de carácter permanente o no de la empresa a la que se encuentren vinculados pues a pesar de que dicha prima no tenga carácter salarial como se explicó en los apartes preliminares de esta sentencia, "es un derecho de los trabajadores que se causa con el servicio prestado"[62] y es claro entonces que el requisito del tiempo laborado es suficiente para acceder a la prima de servicios por lo que no se entiende que se establezca una diferencia entre trabajadores[63].
En ese orden de ideas la Corte declarará inexequibles las expresiones "de carácter permanente" y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
Frente a los argumentos planteados por el interviniente en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia según los cuales en el presente caso, "no entiende por que la demandante no acusó las expresiones "excepto a los ocasionales o transitorios" que dentro de una estructura lógica de los argumentos formulados por la actora merecerían en principio el mismo reproche que la demandante hace respecto de las expresiones efectivamente acusadas -lo que configura en realidad un nuevo cargo en relación con expresiones diferentes a las que fueron acusadas por la demandante-, la Corte advierte que si bien está llamada a examinar las normas acusadas en relación con toda la Constitución y cuando se dan las condiciones para ello puede efectuar la unidad normativa con disposiciones o apartes no demandados por el actor, dicha posibilidad como lo ha expresado la jurisprudencia es excepcional.
Primero.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos formulados, las expresiones "toda empresa" contenidas en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES, las expresiones "de carácter permanente" contenidas en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
Exequible la expresión ... (Numeral 1- "toda empresa" ) Artículo 306 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Inexequible la expresión ... (Numeral 1- "de carácter permanente" ) Artículo 306 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible por el cargo analizado (numeral 1 ) Artículo 306 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Inexequible la expresión ... (numeral 1 "de carácter permanente" ) Artículo 306 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
[6] Cabe precisar que dicho interviniente advierte así mismo que no entiende por que la demandante no acusó las expresiones "excepto a los ocasionales o transitorios".
[10]ARTÍCULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
[18]ARTÍCULO 1º.- Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
ARTÍCULO 53.- El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
[19] La Corte ha señalado al respecto reiteradamente que " no puede impedirse el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, ni la consecución de las finalidades sociales del Estado, y por ende la primacía de los derechos e intereses generales, so pena de hacer prevalecer los derechos individuales; igualmente, tampoco existen derechos absolutos, en la medida en que todos están supeditados a la prevalencia del interés colectivo."(...)" Sentencia T1020/99 M.P Vladimiro Naranjo Mesa. Antonio Barrera Carbonell En el mismo sentido ver entre otras las Sentencias SU-250/98 M.P. Alejandro Martinez Caballero, T-069/01 y C-313/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-107/02 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-916/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-717/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-870/03 M.P. Jaime Araújo Rentería, C-043/03 y C-314/04 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[21] ART. 338.-Prestaciones sociales. 1. Los patronos que ejecuten actividades sin ánimo de lucro quedan sujetos a las normas del presente código; pero para los efectos de las prestaciones sociales a que están obligados, el gobierno puede efectuar la clasificación de estos patronos y señalar la proporción o cuantía de dichas prestaciones.
[28] A su vez dicha disposición cabe concordarla con lo previsto en el artículo 128 del Código sustantivo del trabajo que señala lo siguiente: "Artículo. 128. (Subrogado. L. 50/90, art. 15). Pagos que no constituyen salario. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad."
[32] ART. 194.-Subrogado. L. 50/90, art. 32. Definición de empresa. 1. Se entiende como una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.
4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a solicitud de parte y previa investigación administrativa del caso, podrá declarar la unidad de empresa, de que trata el presente artículo, para lograr el cumplimiento de las leyes sociales. También podrá ser declarada judicialmente".
[33] Cabe recordar que el texto original del artículo 194 señalaba lo siguiente: "Para los efectos de este código se entiende por empresa toda unidad de explotación económica o las varias unidadesdependientes de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades económicas similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.(…)"
[34] sobre "prestaciones patronales especiales"
[35] sobre "derecho Individual del Trabajo"
[36] Al respecto en el artículo 289 del código sustantivo del trabajo que fué modificado por el artículo 12 de la ley 11 de 19884 "Toda empresa de carácter permanente debe efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo de todos sus trabajadores, excepto de los ocasionales o transitorios, y cubrir el riesgo de la muerte sea cualquiera la causa que la produzca".
[40] ART. 46.-Subrogado. L. 50/90, art. 3º. Contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente.
PAR.-En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea.
[43]Vid. T-02 de 1992 y T-230 de 1994, entre muchas otras.
[45]Vid. Sentencias C-530 de 1993, T- 230 de 1994, C-318 y C-445 de 1995, C-037/03, entre otras.
[46] Ha dicho la Corte "Es importante anotar, que si bien el test exige que el intérprete evalúe la necesidad del medio para el logro del fin perseguido, esta facultad no puede entenderse como una exclusión de la potestad plena del legislador para elegir entre diferentes alternativas las que, a su juicio, mejor satisfagan el fin propuesto. En otras palabras, si los medios utilizados son adecuados y proporcionados, el legislador podrá escoger el que estime más conveniente, sin necesidad de probar que la medida elegida es la única disponible para alcanzar su objetivo". Sentencia C-337 de 1997. En el mismo sentido la Corte ha señalado lo siguiente "59- El control judicial del respeto de la igualdad de trato es una operación compleja, por cuanto el análisis realizado por el juez, cuando ejerce el control, en cierta forma se superpone a unas consideraciones sobre la igualdad realizadas previamente por el Legislador o por la autoridad administrativa cuando expidieron el acto sujeto a control. En efecto, al expedir el acto, la autoridad política juzgó que para obtener un objetivo era válido establecer una determinada diferenciación. Esto significa que para esa autoridad, esa diferenciación no es discriminatoria. Posteriormente, al examinar la constitucionalidad de esa regulación, debe el juez estudiar si esa apreciación de la autoridad respeta o no la igualdad de trato, según la cual debe tratarse de manera igual aquello que es igual, y en forma distinta a las personas y situaciones que son distintas.
[52] Así por ejemplo El tratadista Guillermo Camacho Henríquez en su obra Derecho del Trabajo, Temis Bogotá, 1961 pag 202 señala lo siguiente " En Colombia se habló de empresa desde las primeras leyes de contenido laboral, tales como la 57 de 195, la 78 de 1919 y la 21 de 1920, llegando a definirse por primera vez en el Decreto 2313 de 1946, reglamentario de las normas legales sobre sindicatos. De esa primera definición como de una segunda contenida en el artículo 6° de la Ley 64 de 1946, estatuida para efectos de previsión social, elaboró la Comisión redactora del Código del trabajo la norma contenida en el actual artículo 194, que en si inc. 1° dice "Para los efectos de este código se entiende por empresa toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades económicas similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.".
Esta definición perfecciona las anteriores, lo que la hace aplicable a todo el ámbito laboral, recalcando el concepto económico de empresa, que desvirtuó parcialmente el Der. 2313 al darla categoría de tal aún a los establecimientos sin fines de lucro, y suprimió la inaceptable sinonimia entre empresa y patrono que consagró la Ley 64 de 1946"
[65] Al respecto ha dicho la Corte : "Ahora bien, en determinados casos, la Corte debe estudiar una proposición normativa que fue acusada por un ciudadano, pero frente a la cual resulta materialmente imposible pronunciarse sobre su exequibilidad o inexequibilidad sin analizar globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ella forma parte. En estos eventos, y con el fin de evitar un pronunciamiento inhibitorio, es válido que la Corte proceda a integrar la unidad normativa, siempre y cuando ello sea estrictamente necesario para examinar en debida forma las acusaciones formuladas en la demanda.
La unidad normativa no opera entonces exclusivamente en los fallos de inexequibilidad, lo cual explica que esta Corporación, en varias decisiones, haya extendido los efectos de una decisión de constitucionalidad a contenidos normativos que no habían sido formalmente demandados por el actor, pero cuyo examen era indispensable para poder pronunciarse de fondo sobre las disposiciones acusadas. Así, frente a una acusación parcial del artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, la Corte concluyó que "aunque es sólo una expresión la acusada de inconstitucional, dado que ella sólo es inteligible dentro del precepto íntegro de que forma parte, y en vista de que las consideraciones que atrás quedan consignadas se refieren a la norma en su integridad, sobre ésta versará el pronunciamiento de exequibilidad.[65]" Igualmente, frente a una demanda parcial del artículo 495 del estatuto procesal civil, la Corte concluyó que era necesario analizar la totalidad de la disposición, pues no sólo "el aparte demandado constituye una unidad jurídica o un todo inescindible en relación con el texto integral de dicha norma" sino que, además, "de declararse la inexequibilidad del referido segmento normativo la norma quedaría incompleta, sin sentido, porque básicamente éste es parte importante y esencial de la regulación que el legislador quiso hacer"[65].
[66] Así lo explicó la Corte en la Sentencia C-977 de 2002 en la que señaló lo siguiente: "Finalmente pasa la Corte a considerar si se pronuncia sobre el argumento de inconstitucionalidad parcial esgrimido por la delegada del Ministerio Público al rendir Concepto Fiscal en el presente proceso, a saber, que las expresiones de la norma "o la Personería Distrital de Bogotá" y "y el Personero Distrital" violan el principio de igualdad, ya que le asignan exclusivamente al Personero Distrital de Bogotá la facultad de adoptar la medida provisional, sin que exista fundamento constitucional alguno para no otorgarle dicha facultad a los demás personeros, en especial a los Distritales del país (de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla) que también cumplen las funciones de Ministerio Público. La Corte reitera que el Ministerio Público en su concepto no hace las veces de demandante y, por lo tanto, no puede formular propiamente cargos nuevos aunque sí puede plantear argumentos adicionales a los esgrimidos por el actor e invitar a la Corte a que juzgue las normas acusadas a la luz de toda la Constitución indicando cuáles son los vicios que encuentra. Por su parte, la Corte no está obligada a proceder de esta manera ya que está facultada para limitar los alcances de la cosa juzgada a los cargos analizados en la sentencia para que ésta no sea absoluta sino relativa.
El argumento basado en el principio de igualdad no guarda relación con los cargos presentados por el actor. Además, se dirige contra una parte de la norma y refiere a un aspecto puntual y específico. Por ello, la Corte no se detendrá en él y limitará los alcances de la cosa juzgada a los cargos analizados. Así se dispondrá en la parte resolutiva."Sentencia C-977/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa