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Timestamp: 2017-12-15 16:12:29
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Ley Orgánica 5/1995 (modificada por Ley Orgánica 8/1995). Ley del Jurado
Derecho Procesal español. Tribunal popular. Funcionamiento del jurado
NOTA: TEXTO INTEGRO DE LA LEY. LO RESALTADO EN NEGRITA SON MOFICACIONES INTRODUCIDAS POR LEY 8/1995, DE 16 DE NOVIEMBRE.
LEY ORGANICA 22-5-1995, núm. 5/1995, de 22 de mayo, modificada por la LEY ORGANICA 8/1995, de 16 de noviembre.
BOE 23-5-1995, núm. 122, [pág. 15001]
I FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
El artículo 125 de la Constitu­ción española de 1978 (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) establece que «los ciudadanos podrán participar en la Administra­ción de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine».
Nuestro texto constitucional cumple con ello lo que puede conside­rarse una constante en la historia del derecho constitucio­nal español; cada período de libertad ha significado la consagra­ción del jurado; así en la Constitución de Cádiz de 1812, y en las de 1837, 1869 y 1931, y por el contrario cada época de retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido considerable­men­te ese instru­mento de participación ciudadana, en paralelo y como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participación en los asuntos públicos.
Se retoma por tanto un instrumento de indiscutible raigambre liberal, y se hace desde el dato indiscuti­ble de que, desde el primer esbozo de 1820 hasta su suspensión en el año de 1936, pocas instituciones jurídicas han padecido -y por tanto han sido enriquecidas- con una depuración crítica tan acentuada como el Tribunal del Jurado, lo que ha permitido extraer la masa ingente de datos sueltos, experiencias y precedentes que han facilitado la captación íntegra de la Institución.
Por encima de concepciones pro o antijuradis­tas, nuestra Norma Fundamental enlaza el instrumento del jurado, de forma indiscuti­ble, con dos derechos fundamentales: La partici­pación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, del artículo 23.1 de la Constitución española, y el derecho al juez ordinario predetermina­do por la ley del 24.2 de nuestro texto fundamental.
En efecto, nos encontramos, de una parte ante una modalidad del ejercicio del derecho subjetivo a participar en los asuntos públicos, perteneciente a la esfera del «status activae civitatis», cuyo ejercicio no se lleva a cabo a través de represen­tantes, sino que se ejercita directamente al acceder el ciudadano personalmente a la condición de jurado. De ahí que deba descartarse el carácter representativo de la Institución y deba reconocerse exclusivamente su carácter participativo y directo.
Por ello, puede predicarse que el Instituto que se regula difiere de otros modelos por la forma peculiar en que se articula el derecho-deber del ciudadano a participar de manera directa en un poder real del Estado; nos encontramos ante un derecho-deber, lo que tiene reflejo en el texto legal al adoptar medidas coerciti­vas que aseguren el cumplimiento de la obligación y, consiguiente­mente, el estableci­miento de aquellas otras encaminadas a mitigar, en lo posible, la excesiva onerosidad del cumplimiento del deber, a través de la retribución de la función y la indemnización de los gastos ocasionados por su ejercicio. La Ley parte de la concepción de que el Estado democrático se caracteriza por la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Entre ellos no hay razón alguna para excepcionar los referidos a impartir justicia, sino que por el contrario se debe establecer un procedimiento que satisfaga ese derecho constitucional de la forma más plena posible.
Pero la institución del Jurado es al mismo tiempo y de forma complementaria, una manifesta­ción del artículo 24 de la Constitu­ción que declara que todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley; cumple por tanto una función necesaria para el debido proceso, pero lo hace desde una óptica distinta a la que tenía atribuida en su recepción en el Estado liberal burgués; no hay reticencia alguna al Juez profesional; no se trata de instaurar una Justicia alternativa en paralelo y menos aún en contradicción a la de los Jueces y Magistrados de carrera a que se refiere el artículo 122 de la Constitución, sino de establecer unas normas procedimentales que satisfagan al mismo tiempo y en paralelo todas las exigencias de los procesos penales con el derecho-deber de los ciudadanos a participar directamente en la función constitu­cional de juzgar.
Su desarrollo no es, en consecuencia, tan sólo un imperativo constitucional, sino que es una urgente necesidad en cuanto que pieza decisiva de una reforma en profundidad del conjunto de la Administración de Justicia, que es sentida como necesidad inaplaza­ble por buena parte de los ciudadanos.
Esta realidad ha sido también reconocida por el Consejo General del Poder Judicial. Así, en las memorias elaboradas en los años 1991 y 1992 y en la Relación Circunstanciada de las Necesida­des de la Administración de Justicia para el año 1993, en el epígrafe referente a las modificaciones legislativas que estimaba convenien­tes para el adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccio­nal tendentes a conseguir una agilización de los procesos, al referirse al proceso penal, destaca que «la implanta­ción del Jurado, prevista en el artículo 125 de la Constitución española, requerirá una sustancial modificación de la institución mediante su incardinación en el sistema procesal, sin que ello suponga un elemento retardata­rio de la justicia penal».
Con la aprobación de esta Ley se da un paso cualitativo más, desde una perspectiva técnico-legal, encaminada a cerrar el modelo básico de la Justicia diseñado por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375), facilitando la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. El establecimiento del Tribunal del Jurado debe ser considerado como uno de los contenidos constitucionales aún pendientes de desarrollo. Con su regulación en esta Ley se da cumplimiento a un mandato constitucional tantas veces diferido y se establece una de las piezas básicas en el funcionamiento de la Administración de Justicia diseñado por el constituyente.
II LOS CIUDADANOS JURADOS
Ya hemos advertido que la presente Ley parte de que el Jurado implica una manifestación del derecho de participación, y ello determina sin duda que las cuestiones verdaderamente esencia­les a dilucidar sean la del ámbito de conocimiento del Tribunal del Jurado y, dentro de éste, la función que viene reconocida a los ciudadanos participantes.
La Ley tiene muy en cuenta que el juicio por Jurados constitu­ye expresión plena de los principios básicos procesales de inmedia­ción, prueba formada con fundamento en la libre convicción, exclusión de pruebas ilegales, publicidad y oralidad. Por ello se han seleccionado aquellos delitos en los que la acción típica carece de excesiva complejidad o en los que los elementos normati­vos integrantes son especialmente aptos para su valoración por ciudadanos no profesionalizados en la función judicial.
El ámbito competencial correspondiente al Tribunal del Jurado se fija en el artículo 1. Sin embargo, el legislador en el futuro valorará sin duda, a la vista de la experiencia y de la consolida­ción social de la institución, la ampliación progresiva de los delitos que han de ser objeto de enjuiciamiento.
La conformación del colegio decisor dentro del Tribunal del Jurado requiere una respuesta legislativa cuyo acierto no pasa necesaria­mente por resolver la vieja cuestión lógica sobre la escindibilidad entre el hecho y el derecho.
Tal origen es discutible y, además, no siempre es posible decidir sobre la veracidad de una afirmación histórica, presupuesto típico del delito, sin pensar en valoraciones jurídi­cas. Pero, en todo caso, y ello es lo más relevante, el modelo ahora propuesto en la Ley alcanza una profundidad legitimadora entonces inatendida. Por eso, en la Ley, el Jurado no se limita a decidir si el hecho está o no probado, sino que valora aspectos como son los componen­tes normativos que dan lugar a la exención o no de la responsabili­dad penal.
En la Ley, la opción adoptada respecto al proceso selectivo de los jurados es coherente con la consideración de que su participación constituye un derecho-deber. La ciudadanía, en las condiciones que habilitan para el pleno ejercicio de los derechos cívicos, constituye el índice de la capacidad presunta no necesita­da de otras exclusiones o acredita­ciones de capacidad probada, salvo aquellas que notoriamente impedirían el ejercicio de la función de enjuiciamiento.
El sistema selectivo se caracteriza: a) por la sucesión de etapas que permitan garantizar la presencia de candidatos en número adecuado para evitar suspensiones en los señalamientos y el anticipado conoci­miento por aquéllos de su eventual llamada a intervenir; b) por la transparencia y publicidad del proceso selectivo en que se insertan no sólo los mecanismos que permitan detectar las causas de exclusión, sino las garantías jurisdicciona­les tanto para el candidato como, en momento ulterior, para las partes en el juicio; c) por el sorteo a partir de las listas censales como sistema, no sólo democrático en cuanto excluye criterios elitistas -ni aun a fuero de científicos-, sino coherente con el fundamento mismo de la participación.
Pero ello no debe impedir una cierta conciliación entre el derecho a participar en el sorteo con el derecho de las partes a procurar un cierto pluralismo en el colegio jurisdicente. En alguna medida a ello tiende el número de jurados a designar (nueve), pero lo hace aún más la posibilidad de que las partes puedan recusar sin necesidad de alegar causa atendiendo a subjetivas valoraciones acerca de los criterios de decisión del candidato. Aunque esta posibilidad haya de someterse a fuertes limitaciones de número que eviten los funestos resultados produci­dos en la experiencia histórica.
III NECESARIAS REFORMAS PROCESALES COMO GARANTIA DE LA VIABILIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL JURADO
1 En la denominada fase interme­dia
Algunos han proclamado que cualquier especialidad procedimen­tal debe comenzar allí donde empieza la intervención del Jurado, esto es, en la fase de juicio oral. Se ha sostenido que si el Jurado se limita a intervenir en el juicio oral, no debe modificar­se el modelo acusatorio formal o mixto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tal opinión hace caso omiso de obligadas consideracio­nes:
a) El actual sistema de enjuiciamiento mediante jueces técnicos se sustenta sobre premisas normativas difícilmente trasladables al juicio oral ante el Tribunal del Jurado, que de mantenerse podría determinar el fracaso del enjuiciamiento por ciudadanos no profesionalizados. Las modificaciones necesarias deberán inexora­blemente proyectarse sobre la fase preparatoria del juicio oral.
b) Nuestro Tribunal Constitucional ha venido establecien­do un cuerpo de doctrina que no sólo resulta enriquecedora, por enervar tradicionales defectos de nuestra ley procesal, sino que sería difícilmente tolerable ignorarla en la Ley.
Se quejaba Alonso Martínez de la costumbre, tan arraigada de nuestros Jueces y Tribunales, de dar escaso o ningún valor a las pruebas del plenario, buscando principal o casi exclusivamente la verdad en las diligencias sumariales practicadas a espaldas del acusado. La presente ley concibe que el juicio oral ante el Tribunal del Jurado debe culminar la erradicación de esa malforma­ción procesal mediante la práctica ante él de toda la prueba.
El consiguiente riesgo de prolongación excesiva del acto del juicio aconseja la introducción de mecanismos de simplifica­ción. De ellos el más esencial es la precisa definición del objeto del enjuiciamiento que habrá de efectuarse en la fase precedente al mismo.
El vigente sistema de resolución sobre la apertura del juicio oral se manifiesta bajo dos modalidades procedimentales diferentes -según se trate de procedi­miento ordinario o abreviado- aunque, en ambas, se limita a una decisión meramente negativa que resulta disfuncional para el enjuiciamiento por jurado. Por ello, el modelo debía optar por uno u otro procedimiento, siendo difícilmente explicable que, transcen­diendo la fase intermedia o juicio de acusación a la de juicio, la unidad procedimental de ésta no exigiese igual unidad en aquélla.
Con tales precedentes la Ley ha considera­do oportuno:
b) Tal control culmina no sólo decidiendo una genérica viabilidad del juicio oral sino precisando qué hechos concretos, de los múltiples posibles alegados por acusación y defensa, deben constituir objeto de la actividad probatoria y determinantes para su resolución en el juicio.
c) A su vez el contenido y función de tal resolución se relacio­na, en mutua exigencia, con la exclusión del auto de procesamiento, que vendría exigido por la necesaria unidad de sistema en lo concer­niente a la inculpación.
2 En la fase de instrucción
a) Por la garantía de imparcialidad del órgano jurisdic­cional que se refuerza especial­mente. Así deberá valorarse la suficiencia y aun el éxito de la investigación, pero atendiendo, a la vez, a pretensiones y resistencias contrapuestas o de signo contrario, formuladas las unas por la acusación, las otras por la defensa. Se valorará, asimismo, la probabilidad de veracidad de unas afirmacio­nes históricas y aun de la transcendencia en cuanto a la califica­ción jurídica.
Se olvida cuando se reprocha la habilitación del Juez instructor en la determinación del hecho y persona a investigar, que otro tanto ocurre en el actual sistema de la Ley de Enjuicia­miento Criminal, en la que, en definitiva, sólo será objeto y sujeto pasivo en el juicio oral cuanto venga determinado previamen­te por la acusación. La Ley sigue en este punto idéntico principio al acogido por la vigente legislación procesal.
b) Por la exigencia de imputación judicial previa a toda acusa­ción, ya que la decisión sobre la apertura del juicio oral exige como presupuesto que se haya formalizado tal exigencia.
Ya denunciaba el Tribunal Constitucio­nal cómo durante casi un siglo el sistema procesal permitía, entre nosotros, que el Juez Instructor inquiriese sin comunicar lo que buscaba e interrogase a un sospechoso sin hacerle saber de qué y por qué sospechaba de él, sin hacer posible su autodefensa y sin proveerle de asistencia de letrado. La Constitución de 1978 y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por Ley 53/1978 (RCL 1978\2655 y ApNDL 13149) obligaron a un sesgo crucial. El Tribunal Constitucional reconoció la nueva categoría de imputado a toda persona a quien se atribuya, más o menos fundadamente, un acto punible.
La relación de la referida doctrina con la que promueve el debate en condiciones de igualdad y con la que exige que quien va a realizar funciones de enjuiciamiento no formule acusaciones, han determinado que la Ley se decante por una instrucción que, desde el momento en que el hecho justiciable y la persona sean determina­das y corresponda este procedimiento, obliga a:
a) que alguien ajeno al Juez formule una imputación, precisa­mente antes de iniciar la investigación,
b) que la prosecución de ésta exija una valoración por un órgano jurisdic­cional precedida de la oportunidad de debate entre las partes,
d) que sea este Juez, así preservado en una cierta imparciali­dad, el que controle la procedencia de la apertura o no del juicio oral, de manera positiva y no sólo negativa, con precisión del objeto del juicio y decisión de la información necesaria a remitir al Tribunal del Jurado que, sin embargo, impida la disposición del material sumarial que podría limitar la efectiva incidencia de los princi­pios de oralidad, inmediación y celeridad necesarios en dicho enjuiciamiento.
IV EL JUICIO ORAL
1 Cuestiones previas
La preocupación por una adecuada prepara­ción del juicio oral obstina­damente dirigida a impedir su fracaso, lleva en la Ley a intensifi­car el papel asignado al Magistrado en ese preámbulo de la celebración del juicio oral ya abierto.
La decisión sobre la admisión de la prueba, supeditada a su pertinencia, viene atribuida en la Ley al Magistrado que anterior­mente ya ha configu­rado el objeto del juicio y con ello los hechos objetivos de prueba, y a él también le corresponde valorar la imposibilidad del aplazamiento que exija la práctica anticipada y, en definitiva, resolver sobre las eventuales alegaciones de ilicitud probatoria.
2 Constitución del Tribunal del Jurado
El primer criterio ha sido sustituido en la Ley por la conforma­ción de un Jurado para cada causa acentuándose así la nota de temporali­dad del órgano judicial. Varias razones aconsejan esta solución. La primera que, al menos, en el inicio de la reinstaura­ción de la Institución, no se haga recaer sobre unos pocos Jurados la carga de examinar todas las causas a enjuiciar en un período, repartién­dose entre más ciudadanos esa labor. La segunda que, de la forma propuesta se contribuya, por efecto de una mayor rotación en el desempeño de la función, al logro de uno de los efectos más beneficiosos de la institución, a saber: que la experiencia del ejercicio de la función de juzgar actúe como escuela de ciudadanía para el mayor número posible de ciudadanos.
Mantener una disposi­ción que fija los períodos de sesiones ha perdido hoy su carácter necesario. Sin embargo, mantiene con ella no sólo el efecto simbólico, recordando esa transitoriedad de la función judicial en el ciudadano, sino también una pauta de organización de señalamien­tos. Conforme a ella podrá efectuarse el sorteo con tiempo suficiente para un determinado período en un solo acto. Al mismo tiempo, nada impedirá, al conformarse Jurados por cada causa que, la naturaleza y circunstancias de ésta, aconsejen un sorteo preconstituyente del Tribunal en fecha a señalar prudentemente por el Magistrado-Presidente.
No menor transcenden­cia tiene la segunda opción adoptada en la Ley en relación con el origen de los candidatos a jurado. La vecindad ha sido histórica­mente una de las notas esenciales de los llamados a juzgar como jurados. De ahí que éstos hayan de ser, si no de la localidad o del partido judicial, al menos de la provincia en cuyo territorio el hecho ha tenido lugar.
3 El debate
Aun cuando la Ley apenas se limita a una remisión a las normas comunes, sería un error olvidar que precisamente en la dirección del debate del juicio oral se encuentra una de las claves esencia­les de éxito o fracaso de la Institución. Si hubiere de fracasar, quizás fuere tan imputable a la falta de acierto del Juez técnico en la preparación del juicio a que le emplaza la Ley, como al ciudadano no profesional que carezca de la aptitud necesaria para el desempeño de la función que aquélla le asigna.
La brevedad de la remisión en este apartado viene permitida porque antes, como se expuso, la Ley se ha preocupado de resolver aspectos esenciales. De una parte, la minuciosa precisión del «thema probandi», rígida e inteligible referencia que debe guiar inexora­blemente lo que en el juicio oral pueda ocurrir. Aquella determina­ción del objeto del juicio, precisamente articulada en la forma en que debe ser examinada la prueba para la emisión del veredicto, y en lenguaje inteligible al ciudadano no profesional, se presenta en la Ley como preferible a las experiencias de ilustración al Jurado mediante notas o relaciones.
Un aspecto que merece especial consideración es la participa­ción del Jurado en la actividad probatoria. De la misma manera que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal ha optado por una transac­ción entre el principio de aportación de parte y el de investiga­ción de oficio, autorizando al Tribunal a contribuir a la produc­ción de medios de prueba en el juicio oral, se traslada esa posibilidad al Jurado que es precisamente quien tiene ahora la responsabilidad de la valoración probatoria sobre la veracidad de la imputación.
4 La disolución del Jurado
Tal control se resuelve en la Ley en consideraciones sobre la licitud u observan­cia de garantías en la producción probatoria. Aunque también en la apreciación objetiva sobre la existencia de elementos incriminado­res. No tanto de la suficiencia para justifi­car la condena. Esta forma parte también del contenido del derecho fundamental pero exige ya la labor de valoración del medio de prueba lo que corresponde al Jurado.
En definitiva, el criterio que separa la valoración de la existencia de prueba respecto del de la suficien­cia de la misma, puede ser el imperante en la jurisprudencia del ámbito cultural del que es oriunda la garantía: no existirá prueba si, ni aun en la interpre­tación de la practicada más favorable a las tesis de la acusación, ésta habría de ser rechazada.
Limitada la atribución del Magistra­do a un aspecto tan evidente, no resulta extemporánea al final del debate. Cierto que antes ya se habrá valorado por el Juez la existencia de indicios que justificaron la apertura del juicio oral, por lo que puede caerse en el error de creer que la mínima actividad probatoria, lícita y de cargo ha sido ya alcanzada. Una tesis tal desconocería que hasta el juicio oral no existe verdadera prueba, que la valoración de su existencia como tal corresponde al órgano del juicio y, lo importante, que en el juicio, durante todo él, se pueda poner de manifiesto la ilegalidad o la absoluta falta de fuerza incriminado­ra de los medios de prueba de que se dispuso.
También aconseja tal medida la experiencia histórica que da noticia de uno de los reproches más generalizados respecto al funcionamien­to del Jurado: la emisión de veredictos sorprendentes. Una vez más la Ley deposita un alto grado de confianza en la magistratura como garantía del buen funcionamiento de la Institu­ción.
V EL VEREDICTO
1 El objeto
Entendió Alonso Martínez que extender la competen­cia al «nomen iuris» del delito era manifesta­ción de la confusión entre el hecho y el derecho y, aún más, suponía la invasión por el Jurado de facultades del legislador. Ni esto último parece fácilmente compatible, ni la escisión de lo histórico y lo normativo en el enjuiciamiento es fácil. Por otro lado, ha sido constante el reproche por la ausencia de motivación hacia sistemas organizativos del jurado que admiten la emisión de veredicto por sólo ciudadanos.
A una y otra objeción trata de dar prudente respuesta la Ley. De una parte, porque el hecho no se estima concebible desde una reduccionista perspectiva naturalista, sino, precisa y exclusiva­mente, en cuanto jurídicamen­te relevante. Un hecho, en una concreta selección de su proteica accidentalidad, se declara probado sólo en tanto en cuanto jurídicamente constituye un delito.
Privar al Jurado de la toma en consideración de ese inescindi­ble vínculo entre la configuración del dato histórico y su consecuencia normativa es, por un lado, inútil ya que el debate le habrá advertido de la consecuencia de su decisión sobre la verdad proclamada y no podrá omitir en su decisión la referencia de las consecuencias de su veredicto pretendidamente sólo fáctico.
También era necesario optar entre el sistema de respuesta única o articulación secuencial. Aquella fórmula se acomoda más a una concepción ajena al de plena vigencia y supremacía del principio de legalidad. Allí donde el Jurado puede, desde la irresponsabili­dad, sustituir el genérico y apriorístico criterio del legislador por su concepción en el caso concreto, el apodíctico veredicto no está necesitado ni de articulación ni de motivación.
c) Permitiendo al Jurado una flexibilidad, que, sin abdicar de la obligada respuesta a la cuestión que le es formulada, pueda introducir las matizaciones o complementos que permita adecuar el veredicto a su conciencia en el examen del hecho. Lo que, además, conseguirá evitar previsibles veredictos sorprendentes de inculpa­bilidad a que llevaría la rigidez en la exigencia de respuesta que situase al Jurado en insoportables incomodidades para expresar su opinión. Con ello se elude el catálogo de preguntas a contestar con monosílabos, porque éste no puede recoger la total opinión del Jurado, pero se evita el sistema ya rechazado por una doctrina cualificada de conferir a éste la carga de la redacción del hecho probado.
d) Exigiendo del Jurado que su demostrada capacidad para decidirse por una u otra versión alcance el grado necesario para la exposi­ción de sus motivos. Bien es cierto que la exposición de lo tenido por probado explicita la argumentación de la conclusión de culpabilidad o inculpabilidad. Pero hoy, la exigencia constitu­cio­nal de motivación no se satisface con ello. También la motiva­ción de esos argumentos es necesaria. Y desde luego posible si se considera que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta en todo caso el Jurado con la posibilidad de instar el asesoramien­to necesario.
e) Añadiendo a ese contenido el pronunciamiento sobre la valora­ción que el hecho merece en función de su tipificación legal. Para tal pronunciamiento, no estribará tanto la dificultad en una tarea de calificación técnica del hecho, como en optar en las diversas versiones de éste. Una vez más la prudencia y buen hacer del Magistrado viene a constituir una garantía del éxito del modelo.
f) La conformación del objeto del veredicto no puede prescin­dir de la consideración del objeto del proceso como vinculado a las alegaciones de todas las partes, a los intereses de la defensa y de la acusación y, también, al derecho de éstas a participar en la definitiva redacción mediando la oportuna audiencia.
En ellas radica otra de las condiciones del éxito o fracaso del enjuiciamiento por Jurado. Pero su justificación, que no es otra que suplir las deficiencias que puedan derivarse del descono­cimien­to técnico de la Ley, impide que puedan extenderse a aspectos en los que los Jurados deben y pueden actuar con esponta­neidad.
Sin embargo el asesoramiento técnico no puede prescindir de la advertencia de no atendibilidad de aquellas actividades probatorias que adolezcan de defectos legales que obligan a desecharlas. En la medida en que las instrucciones tienen consus­tancial transcendencia en la determinación del veredicto, parece oportuno que se sometan al control de las partes para que éstas resulten convencidas de la imparcialidad de aquéllas y, si no, dispongan de la oportunidad de combatir la infracción.
Necesidad de instrucción y espontaneidad del Jurado son objetivos que pueden estorbarse y que hacen necesaria su concilia­ción. Así, aun cuando el Jurado debe reunirse para deliberar sin interferen­cias mediatizadoras, no se ha querido prescindir de la permanente disponibilidad de acceso al asesora­miento que, libremen­te, quieran exigir.
3 Deliberación y votación
El secreto de la deliberación no ha de impedir la imprescin­dible responsabilidad de los jurados. Por ello la votación se impone nominal lo que permite identificar la abstención prohibida en la Ley.
Sin duda la regla de decisión que exige la unanimidad en el sentido de la misma para tener por producido el veredicto, se presenta como la más adecuada para compeler a los jurados a un debate más rico. Sin embargo tal regla lleva implícito un elevadí­simo riesgo de fracaso de no alcanzarse tal unanimidad. Una adecuada transacción entre los objetivos de una deliberación indirectamente orientada a la votación desde su inicio, por formación de fáciles mayorías simples, y la evitación de excesivas disoluciones del Jurado, que puedan venir motivadas por la simple e injustificable obstinación de uno o pocos jurados, ha aconsejado, al menos en el inicio del funcionamiento de la Institución, una regla de decisión menos exigente.
VI SENTENCIA
La vinculación del Magistrado por el veredicto se refleja en la recepción que de éste ha de hacerse en la sentencia y en el sentido absolutorio o condenatorio del fallo. El Magistra­do, vinculado también por el título jurídico de la condena, procederá a la calificación necesaria para determinar el grado de ejecución, participación del condenado y sobre la procedencia o no de las circunstancias modificativas de la responsabilidad y, en consecuen­cia, a la concreción de la pena aplicable.
Es de resaltar que la preocupación en la Ley por la motivación de la resolución lleva también a exigir al Magistrado que, con independencia de la motivación que los jurados hagan de la valoración de la prueba existente, aquél ha de motivar por qué consideró que existía dicha prueba sobre la que autorizó el veredicto. De esta suerte pretende la Ley obstar las críticas suscitadas en torno a la fórmula de separación del colegio decisor, tanto en lo relativo a la inescin­dibilidad del hecho y del derecho, como en lo concerniente a la supuesta irresponsabilidad por falta de motivación en el veredicto y sentencia, que, se dice, deberían ser inherentes a dicho sistema.
VII MODIFICACIONES DE CUERPOS LEGALES Y ESPECIALIDADES PROCE­SALES
1 Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Los criterios contenidos en la Ley recogen sustancial­mente los principios que el artículo 83.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, remitía a la futura Ley del Jurado, por lo que aprobada la completa regulación de esta Institución, resulta innecesaria tal previsión. Dado que la doctrina constitucional ha venido exigiendo un texto normativo unitario para el desarrollo del artículo 122.1 de la Constitución, se ha procedido a modificar el referido precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la medida que la presente Ley afecta a las competencias y funciones de los órganos jurisdiccionales, estableciendo en el artículo 83.2 la obligada referencia a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
2 El Ministerio Fiscal en la fase de instrucción
Si bien debe corresponder al Juez la realización de los actos sumariales, las peculiaridades que deben presidir el procedimiento ante el Jurado y la oportunidad de que se consolide el principio acusatorio, hacen necesaria la potenciación de las atribuciones del Ministerio Fiscal. De esta forma, la incoación y su adaptación al nuevo procedimiento, así como la constitución del Ministerio Fiscal junto al Juez instructor y la inmediata puesta en conocimiento de la imputación, en los términos previstos en los artículos 24 y 25 de la Ley, tienen también su marco procesal mediante la incorpora­ción de sendas previsiones en el artículo 309, para el procedimien­to ordinario, y en los artículos 780 y 789.3 de la Ley de Enjuicia­miento Criminal, para el abreviado.
Resulta coherente, por otra parte, con la remisión del artículo 36 de la Ley a los artículos 668 a 677 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la tramitación de incidentes por el planteamiento de cuestiones previas, adicionar al artículo 678 de la misma la exclusión de la posibilidad -en los procedimientos ante el Jurado- de reproducir en el juicio oral las cuestiones desesti­madas. La misma coherencia se predica de la sustitución del recurso proceden­te contra el auto resolutorio de la declinatoria o de la admisión de las excepciones del artículo 666 de la Ley de Enjuicia­miento Criminal, que introduce el de apelación, en congruencia con la recurribilidad prevista contra las sentencias de la Audiencia Provincial.
3 Medidas cautelares
4 Recursos de apelación y casación
El nuevo Libro V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denominado «De los recursos de apelación, casación y revisión», está encamina­do a extender la apelación contra autos y sentencias derivados del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, así como para determina­das resoluciones del penal ordinario en los supuestos del artículo 676 de la norma procesal. La nueva apelación aspira a colmar el derecho al «doble examen», o «doble instancia», en tanto su régimen cumple suficientemente con la exigencia de que tanto el fallo condenatorio como la pena impuesta sean sometidas a un tribunal superior, en función del carácter especial del procedimiento ante el Jurado, y sin perjuicio de la función propia que debe desempe­ñar, respecto de todos los delitos, el recurso de casación.
Para ello, la Ley adecua los motivos de impugnación previstos a ese carácter especialísimo del procedimiento y atribuye la competencia resolutiva a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, lo cual, aparte de los necesa­rios ajustes en medios personales, responde a una ya antigua aspiración en la delimitación competencial para el conocimiento de la apelación.
Competencia del Tribunal del Jurado.
1. El Tribunal del Jurado, como institución para la participa­ción de los ciudada­nos en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuicia­miento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por ésta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes rúbricas:
e) Delitos de incendios.
2. Dentro del ámbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado será competente para el conoci­miento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal:
a) Artículo 405 (parricidio).
b) Artículo 406 (asesinato).
c) Artículo 407 (homicidio).
d) Artículo 409 (auxilio o inducción al suicidio).
e) Artículo 410 (infanticidio).
f) Artículos 362 y 363, (infideli­dad en la custodia de presos).
g) Artículos 364 a 366, ambos inclusive (infidelidad en la custodia de documentos).
h) Artículos 385 a 393, ambos inclusive (cohecho).
i) Artículos 394 a 396, ambos inclusive (malversación de caudales públicos).
j) Artículos 400 a 403 ambos inclusive (fraudes y exaccio­nes ilegales).
k) Artículo 404 (negociaciones prohibidas a funcionarios públicos).
l) Artículo 404 bis a) a 404 bis c), ambos inclusive (tráfico de influencias).
m) Artículo 489 ter (omisión del deber de socorro).
n) Artículos 490 a 492 bis, ambos inclusive (allana­miento de morada).
ñ) Artículo 493.1º. (amenazas).
o) Artículos 553 bis a) a 553 bis c), ambos inclusive (incendios forestales).
3. El juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la Audiencia Provin­cial y, en su caso, de los Tribunales que corres­pondan por razón del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuicia­miento venga atribuido a la Audiencia Nacional.
Composición del Tribunal del Jurado.
Función de los jurados.
2. También proclama­rán la culpabi­lidad o inculpabilidad de cada acusado por su participa­ción en el hecho o hechos delictivos respecto de los cuales el Magistrado-Presidente hubiese admitido acusación.
Función del Magistrado-Presidente.
El Magistrado-Presidente, además de otras funciones que le atribuye la presente Ley, dictará sentencia en la que recogerá el veredicto del Jurado e impondrá, en su caso, la pena y medida de seguridad que corres­ponda.
También resolverá, en su caso, sobre la responsa­bilidad civil del penado o terceros respecto de los cuales se hubiera efectuado reclamación.
Determinación de la competencia del Tribunal del Jurado.
1. La determinación de la competencia del Tribunal del Jurado se hará atendiendo al presunto hecho delictivo, cualquie­ra que sea la participación o el grado de ejecución atribuido al acusado. No obstante, en el supuesto del artículo 1.1.a) sólo será competente si el delito fuese consumado.
2. La competencia del Tribunal del Jurado se extenderá al enjuicia­miento de los delitos conexos, siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos: a) Que dos o más personas reunidas cometan simultánea­mente los distintos delitos; b) que dos o más personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello; c) que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad.
CAPITULO II Los jurados
Derecho y deber de jurado.
La función de jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño un deber para quienes no estén incursos en causa de incompatibilidad o prohibi­ción ni puedan excusarse conforme a esta Ley.
Retribución y efectos laborales y funciona­riales del desempeño de la función de jurado.
1. El desempeño de las funciones de jurado será retribuido e indemnizado en la forma y cuantía que reglamenta­riamente se determine.
2. El desempeño de la función de jurado tendrá, a los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial, la consideración de cumpli­miento de un deber inexcusable de carácter público y personal.
SECCION 2.ª REQUISI­TOS, INCAPACIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHI­	BICIONES Y EXCUSAS
Requisi­tos para ser jurado.
2. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políti­cos.
4. Ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquie­ra de los munici­pios de la provincia en que el delito se hubiere cometido.
Falta de capacidad para ser jurado.
Están incapacita­dos para ser jurado:
1. Los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido la rehabilita­ción.
3. Los suspendi­dos, en un procedimien­to penal, en su empleo o cargo público, mientras dure dicha suspensión.
Incompatibilidad para ser jurado.
1. El Rey y los demás miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre (RCL 1981\2974 y ApNDL 11767), así como sus cónyuges.
3. Los Presidentes de las Comunidades Autónomas, los componen­tes de los Consejos de Gobierno, Viceconsejeros, Directores generales y cargos asimilados de aquéllas.
5. El Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucio­nal. El Presidente y los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal general del Estado. El Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, y de los órganos e instituciones de análoga naturaleza de las Comunidades Autónomas.
7. Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes y demás personal al servicio de la Administra­ción de Justicia, así como los miembros en activo de las unidades orgánicas de Policía Judicial. Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa y los Auxiliares de la Jurisdicción y Fiscalía Militar, en activo.
9. Los letrados en activo al servicio de los órganos constitu­cio­nales y de las Administraciones Públicas o de cualesquiera Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio. Los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal.
12. Los Jefes de Misión Diplomática acreditados en el extranjero, los Jefes de las Oficinas Consulares y los Jefes de Representacio­nes Permanentes ante Organizaciones Internacionales.
Prohibición para ser jurado.
3. Tenga con el Magistra­do-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vínculo de parentesco o relación a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Excusa para actuar como jurado.
2. Los que hayan desempeñado efectivamen­te funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designa­ción.
6. Los militares profesio­nales en activo cuando concurran razones de servicio.
SECCION 3.ª DESIGNA­CION DE LOS JURADOS
Listas de candidatos a jurados.
1. Las Delega­ciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral efectuarán un sorteo por cada provincia, dentro de los quince últimos días del mes de septiembre de los años pares, a fin de establecer la lista bienal de candida­tos a jurados.
A tal efecto, los Presidentes de las Audiencias Provinciales, con una antelación mínima de tres días a la fecha prevista para el sorteo, determina­rán y comunicarán al Delegado de aquella Oficina el número de candidatos a jurados que estimen necesario obtener por sorteo dentro de la provincia. Dicho número se calculará multipli­cando por 50 el número de causas que se prevea vaya a conocer el Tribunal del Jurado, en estimación hecha atendiendo a las enjuicia­das en años anteriores en la respectiva provincia, más su posible incremento.
2. Los candidatos a jurados a obtener por sorteo se extraerán de la lista del censo electoral vigente a la fecha del sorteo, ordenada por municipios, relaciona­da, dentro de éstos, alfabética­mente y numerada correlativamente dentro del conjunto de la provincia. Dicha lista se remitirá para su anticipada exposición durante siete días a los respectivos Ayuntamientos.
El sorteo, que se celebrará en sesión pública previamente anunciada en un local habilitado al efecto por la correspondiente Audiencia Provincial, se desarrollará en la forma que reglamenta­riamente se determine.
La Audiencia, constituida por el Presidente y el Magistrado más antiguo y más moderno de los destinados en el Tribunal, y actuando como Secretario el del Tribunal o, en su caso, el de la Sección Primera, procederá a recabar informe del Delegado provin­cial de la Oficina del Censo Electoral y practicar las diligencias que estime pertinentes.
4. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral enviará la lista de los candidatos a jurados a la respectiva Audiencia Provincial quien la remitirá a los Ayuntamien­tos y al «Boletín Oficial» de la provincia correspon­diente, para su debida exposición o publicación, respectivamente, durante los quince últimos días del citado mes de octubre. Igualmente, en dicho plazo, se procederá por el Secretario de la Audiencia Provincial, mediante oficio remitido por correo, a notificar a cada candidato a jurado su inclusión en la referida lista, al tiempo que se le hará entrega de la pertinente documenta­ción en la que se indicarán las causas de incapacidad, incompatibi­lidad y excusa, y el procedimiento para su alegación.
Reclamaciones contra la inclusión en las listas.
1. Durante los quince primeros días del mes de noviembre, los candidatos a jurados, si entendieren que concurre en ellos la falta de requisi­tos establecidos en el artículo 8, o una causa de incapacidad, incompatibilidad o excusa, podrán formular reclamación ante el Juez Decano de los de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial al que corresponda el Municipio de su vecindad a efectos de su exclusión de la lista.
También podrá formular dicha reclamación cualquier ciudadano que entienda que alguno de los candidatos a jurados carece de los requisitos, de la capacidad o incurre en las causas de incompatibi­lidad a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de esta Ley.
El Juez Decano dará traslado de la reclamación o advertencia, en su caso, al interesado no reclamante, por tres días. Practicará las diligencias informati­vas que le propongan y las que estime imprescindibles y dictará resolución motivada sobre cada una de las reclamaciones o adverten­cias efectuadas antes del día 30 del mismo mes de noviem­bre.
Si alguna fuese estimada, mandará hacer las rectificaciones o exclusiones que corresponda, comunicando su resolución a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral y notifi­cándola al interesado. Contra dicha resolución no cabe recurso.
Comunicación y rectificación de las listas definiti­vas.
1. Ultimada la lista definitiva por cada provincia, la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral la enviará al Presidente de la Audiencia Provincial respectiva, quien remitirá copia al Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspon­diente y al Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Asimismo, remitirá copia a los Ayuntamientos de la respectiva provincia para su exposición durante los dos años de vigencia de la citada lista.
2. Los incluidos en la lista de candidatos a jurados podrán ser convocados a formar parte del Tribunal del Jurado durante dos años a contar del uno de enero siguiente. A tal efecto, tendrán la obligación de comunicar a la Audiencia Provin­cial cualquier cambio de domicilio o circuns­tancia que influya en los requisitos, en su capacidad o determine incompatibilidad para intervenir como jurado.
4. La Audiencia Provincial, con la composición prevista en el apartado 3 del artículo 13, practicará las diligen­cias informativas que estime oportunas y, tras oír, en su caso, al interesado no reclamante, resolverá motivadamente, sin que contra su resolución quepa recurso, notificándolo al interesado y efectuando, en su caso, la exclusión oportuna en la lista de candidatos a jurados.
Alardes de causas y períodos de sesiones.
Las Audiencias Provinciales, y, en su caso, la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, efectuarán, antes del cuadragé­simo día anterior al período de sesiones correspondiente, un alarde de las causas señaladas para juicio oral, en las que hayan de intervenir jurados.
A ese efecto, los períodos de sesiones serán: 1) desde el 1 de enero al 20 de marzo; 2) desde el 21 de marzo al 10 de junio; 3) desde el 11 de junio al 30 de septiembre, y 4) del 1 de octubre al 31 de diciem­bre.
Designación de candidatos a jurados para cada causa.
Con anticipación de al menos treinta días al día señalado para la primera vista de juicio oral, habiendo citado a las partes, el Magistrado que, conforme a las normas de reparto, haya de presidir el Tribunal del Jurado, dispondrá que el Secreta­rio, en audiencia pública, realice el sorteo, de entre los candidatos a jurados de la lista de la provincia correspondiente, de 36 candidatos a jurados por cada causa señalada en el período de sesiones siguien­te. El sorteo no se suspenderá por la inasistencia de cualquiera de dichas represen­ta­ciones.
Citación de los candidatos a jurados designados para una causa.
1. El Secretario del Tribunal ordenará lo necesario para la notificación a los candidatos a jurados de su designación y para la citación a fin de que comparez­can el día señalado para la vista del juicio oral en el lugar en que se haya de celebrar.
2. La cédula de citación contendrá un cuestionario, en el que se especificarán las eventua­les faltas de requisitos, causas de incapacidad, incompati­bilidad o prohibición que los candidatos a jurados designados vienen obligados a manifestar así como los supuestos de excusa que por aquéllos puedan alegarse.
3. A la cédula se acompañará la necesaria información para los designados acerca de la función constitucional que están llamados a cumplir, los derechos y deberes inherentes a ésta y la retribu­ción que les corresponda.
Devolución del cuestionario.
Dentro de los cinco días siguien­tes a la recepción del cuestionario, los candidatos a jurados designados lo devolverán, por correo con franqueo oficial, debidamente cumplimentado y acompañado de las justificaciones documentales que estimen oportunas, al Magistrado que haya de presidir el Tribunal de Jurado.
El Ministerio Fiscal y las partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario cumplimentado por los candidatos a jurados, podrán formular recusación, dentro de los cinco días siguientes al de dicha entrega, por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causas de incapacidad, incompatibi­lidad o prohibición previstas en esta Ley. También propondrán la prueba de que intenten valerse.
Cualquier causa de recusación de la que se tenga conocimiento en ese tiempo, que no sea formulada, no podrá alegarse posterior­mente.
Resolución de las excusas, advertencias y recusacio­nes.
El Magistrado-Presidente señalará día para la vista de la excusa, advertencia o recusación presentada, citando a las partes y a quienes hayan expresado advertencia o excusa. Practica­das en el acto las diligencias propuestas, resolverá dentro de los tres días siguientes.
Nuevo sorteo para completar la lista de candidatos a jurados designados para una causa.
CAPITULO III Del procedimiento para las causas ante el Tribu­nal del Jurado
SECCION 1.ª INCOACION E INSTRUCCION COMPLEMENTA­RIA
Incoación del procedi­miento ante el Tribunal del Jurado.
1. Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstan­ciada del hecho en la querella, y tan pronto como de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuicia­miento venga atribuido al Tribunal del Jurado, previa valoración de su verosimi­litud, procederá el Juez de Instrucción a dictar resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, cuya tramitación se acomodará a las disposi­ciones de esta Ley, practi­cando, en todo caso, aquellas actuaciones inaplazables a que hubiere lugar.
Traslado de la imputación.
1. Incoado el procedimien­to por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, el Juez de Instrucción lo pondrá inmediatamen­te en conocimiento de los imputados. Con objeto de concretar la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia así como al Ministe­rio Fiscal y demás partes personadas. Al tiempo de la citación, dará traslado a los imputados de la denuncia o querella admitida a trámite, si no se hubiese efectuado con anterioridad. El imputado estará necesaria­mente asistido de letrado de su elección o, caso de no designarlo, de letrado de oficio.
2. Si son conocidos los ofendidos o los perjudicados por el delito no personados, se les citará para ser oídos en la compare­cencia prevista en el apartado anterior y, al tiempo de la citación, se les instruirá por medio de escrito, de los derechos a que hacen referencia los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si tal diligencia no se efectuó con anterioridad. Especialmente se les indicará el derecho a formular alegaciones y solicitar lo que estimen oportuno si se personan en legal forma en dicho acto y a solicitar, en las condiciones establecidas en el artículo 119 de aquella Ley, el derecho de asistencia jurídica gratuita.
3. En la citada compare­cencia, el Juez de Instrucción comenzará por oír al Ministerio Fiscal y, sucesivamente, a los acusadores personados, quienes concretarán la imputación. Seguida­mente, oirá al letrado del imputado, quien manifestará lo que estime oportuno en su defensa y podrá instar el sobreseimiento, si hubiere causa para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 637 ó 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En sus intervencio­nes, las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas.
Decisión sobre la continuación del procedi­miento.
2. Si el Ministe­rio Fiscal y demás partes personadas instan el sobreseimiento, el Juez podrá adoptar las resoluciones a que se refieren los artículos 642 y 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Diligencias de investigación.
1. Si el Juez de Instrucción acordase la continuación del procedimiento, resolverá sobre la pertinencia de las diligencias solicitadas por las partes, ordenando practicar o practicando por sí solamente las que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicar­se directamente en la audiencia preliminar prevista en la presente Ley.
2. También podrán, las partes, solicitar nuevas diligencias dentro de los cinco días siguientes al de la comparecencia o al de aquel en que se practica­se la última de las ordenadas. Esta circunstancia será notificada a las partes al objeto de que puedan instar lo que a su derecho convenga.
4. Si el Juez considerase improcedentes las solicitadas y no ordenase ninguna de oficio, conferirá nuevo traslado a las partes a fin de que dicten, en el plazo de cinco días, lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de coclusiones provisionales. Lo mismo mandará el Juez cuando estime necesaria la práctica de más diligencias, aún cuando no haya finalizado la práctica de las ya ordenadas.
Indicios de distinto delito.
Si las diligencias practicadas resultaren indicios racionales de delito distinto del que es objeto de procedimiento o la participación de personas distintas de las inicialmente imputadas, se actuará en la forma establecida en el artículo 25 de esta Ley o, en su caso, se incoará el procedimiento que corresponda si el delito no fuese de los atribuidos al Tribunal del Jurado.
Escrito de solicitud de juicio oral y califica­ción.
1. El escrito solicitando la apertura del juicio oral tendrá el contenido a que se refiere el artículo 650 de la Ley de Enjuicia­miento Criminal.
5. Las partes, cuando entiendan que todos los hechos delicti­vos objeto de acusación no son de los que tienen atribuido su enjuiciamiento al Tribunal del Jurado, instarán en sus respectivos escritos de solicitud de juicio oral la pertinente adecuación del procedimiento.
Si estiman que la falta de competencia ocurre sólo respecto de alguno de los delitos objeto de la acusación, la solicitud se limitará a la correspon­diente deducción de testimonio suficiente, en relación con el que deba excluirse del procedimiento seguido para ante el Tribunal del Jurado, y a la remisión al órgano jurisdiccional competente para el seguimiento de la causa que corresponda.
SECCION 2.ª AUDIENCIA PRELIMINAR
Convocatoria de la audiencia prelimi­nar.
Celebración de la audiencia preliminar.
3. Terminada la práctica de las diligencias admitidas, se oirá a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento. Las acusaciones pueden modificar los términos de su petición de apertura de juicio oral, sin que sea admisible la introducción de nuevos elementos que alteren el hecho justicia­ble o la persona acusada.
Auto de sobreseimiento o de apertura de juicio oral.
3. También podrá el Juez ordenar la práctica de alguna diligencia complementa­ria, antes de resolver, si la estimase imprescindible de resultas de lo actuado en la audiencia prelimi­nar.
4. En su caso, podrá el Juez ordenar la acomodación al procedi­miento que corresponda, cuando no fuese aplicable el regulado en esta Ley. Si considera que el que corresponde es el regulado en el Título III, del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordará la apertura del juicio oral, si la estima procedente, y remitirá la causa a la Audiencia Provincial o Juez de lo Penal competente para que prosigan el conocimiento de la causa en los términos de los artículos 792 y siguientes de dicha Ley.
Contenido del auto de apertura del juicio oral.
a) El hecho o hechos justiciables de entre los que han sido objeto de acusación y respecto de los cuales estime procedente el enjuicia­miento.
c) La fundamen­tación de la procedencia de la apertura del juicio con indicación de las disposiciones legales aplicables.
1. En la misma resolu­ción, el Juez acordará que se deduzca tes­timonio de:
a) Los escritos de califica­ción de las partes.
b) La documentación de las diligencias no reprodu­cibles y que hayan de ser ratificadas en el juicio oral.
Emplazamiento de las partes y designa­ción del Magistrado-Presiden­te.
SECCION 3.ª CUESTIONES PREVIAS AL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO
Planteamiento de cuestiones previas.
a) Plantear alguna de las cuestiones o excepciones previstas en el artículo 666 de la Ley de Enjuicia­miento Criminal o alegar lo que estimen oportuno sobre la competen­cia o inadecua­ción del procedi­miento.
Auto de hechos justiciables, proceden­cia de prueba y señala­miento de día para la vista del juicio oral.
a) Precisará, en párrafos separados, el hecho o hechos justicia­bles. En cada párrafo no se podrán incluir términos susceptibles de ser tenidos por probados unos y por no probados otros. Excluirá, asimismo, toda mención que no resulte absolutamen­te imprescindible para la calificación.
b) Seguida­mente, con igual criterio, se expondrán en párrafos separados los hechos que configuren el grado de ejecución del delito y el de participación del acusado, así como la posible estimación de la exención, agravación o atenuación de la responsa­bilidad criminal.
SECCION 4.ª CONSTITUCION DEL TRIBUNAL DEL JURADO
Concurrencia de los integrantes del Tribunal del Jurado y recusación de candidatos a jurados.
1. El día y hora señalado para el juicio se constituirá el Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado con la asistencia del Secretario y la presencia de las partes. Si concurriesen al menos veinte de los candidatos a jurados convo­ca­dos, el Magistrado-Presidente abrirá la sesión. Si no concurriese dicho número, se procederá en la forma indicada en el artículo siguiente.
2. El Magistrado-Presidente interrogará nuevamente a los candidatos a jurados por si en ellos concurriera falta de requisitos, alguna causa de incapacidad, incompati­bilidad, prohibi­ción o excusa prevista en esta Ley. También podrán las partes por sí o a través del Magistra­do-Presidente interrogar a los candidatos a jurados respecto a las materias relacionadas en el párrafo anterior.
3. También las partes podrán recusar a aquellos en quienes afirmen concurre causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibi­ción.
Forma de completar el número mínimo de candidatos a jurados y posibles sanciones.
1. Si, como consecuencia de la incomparecen­cia de algunos de los candidatos a jurados convocados, o de las exclusiones que se deriven de lo dispuesto en el artículo anterior, no resultasen al menos veinte candidatos a jurados, se procederá a un nuevo señalamiento dentro de los quince días siguientes. Se citará al efecto a los compareci­dos y a los ausentes y a un número no superior a ocho que serán designados por sorteo en el acto de entre los de la lista bienal. Si las partes alegasen en ese momento alguna causa de incapacidad, incompatibili­dad o prohibición de los así designados que fuese aceptada por el Magistrado-Presidente sin protesta de las demás partes no recusan­tes, se completará con un nuevo sorteo hasta obtener la cifra de los ocho complementarios.
2. El Magistrado-Presidente impondrá la multa de 25.000 pesetas al candidato a jurado convocado que no hubiera compare­ci­do a la primera citación ni justificado su ausencia. Si no comparecie­ra a la segunda citación, la multa será de 100.000 a 250.000 pesetas.
Al tiempo de la segunda citación, el Magistrado-Presidente acordará que se les advierta de la sanción que les puede corres­ponder si no compare­cen.
3. Si en la segunda convocatoria tampoco se obtuviera el número mínimo de candidatos a jurados concurrentes, se procederá de igual manera que en la primera a sucesivas convocato­rias y sorteos complementa­rios, hasta obtener la concurrencia necesaria.
Selección de los candidatos a jurados y constitución del Tribunal.
3. Las partes, después de formular al nombrado las pregun­tas que estimen oportunas y el Magistrado-Presidente declare pertinen­tes, podrán recusar sin alegación de motivo determinado hasta cuatro de aquéllos por parte de las acusaciones y otros cuatro por parte de las defensas.
Juramento o promesa de los designados.
1. Una vez que el Tribunal se haya constituido, se procederá a recibir juramento o promesa a los seleccionados para actuar como jurados. Puestos en pie el Magistrado-Presidente dirá: «¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente la función del jurado, con imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusación, apre­ciando las pruebas, y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los acusados..., así como guardar secreto de las deliberaciones?».
3. El Magistrado-Presidente, cuando todos hayan jurado o prometi­do, mandará comenzar la audiencia pública.
SECCION 5.ª EL JUICIO ORAL
Aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1. Tras el juramento o promesa, se dará comienzo a la celebración del juicio oral siguiendo lo dispuesto en los artículos 680 y siguien­tes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Celebra­ción a puerta cerrada.
Para la decisión de celebración a puerta cerrada, el Magistra­do-Presidente, oídas las partes, decidirá lo que estime pertinente, previa consulta al Jurado.
Asistencia del acusado y del abogado defensor.
La celebración del juicio oral requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor. Este último estará a disposi­ción del Tribunal del Jurado hasta que se emita el veredicto, teniendo el juicio oral ante este Tribunal prioridad frente a cualquier otro señalamiento o actuación procesal sea cual sea el orden jurisdic­cional ante el que tenga lugar.
Alegaciones previas de las partes al Jurado.
El juicio comenzará mediante la lectura por el Secretario de los escritos de califica­ción. Seguidamente el Magistrado-Presidente abrirá un turno de intervención de las partes para que expongan al Jurado las alegaciones que estimen convenientes a fin de explicar el contenido de sus respectivas calificaciones y la finalidad de la prueba que han propuesto. En tal ocasión podrán proponer al Magistrado-Presidente nuevas pruebas para practicarse en el acto, resolviendo éste tras oír a las demás partes que deseen oponerse a su admisión.
Especialidades probatorias.
1. Los jurados, por medio del Magistrado-Presidente y previa declaración de pertinen­cia, podrán dirigir, mediante escrito, a testigos, peritos y acusados las preguntas que estimen conducentes a fijar y aclarar los hechos sobre los que verse la prueba.
2. Los jurados verán por sí los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción a que se refiere el artículo 726 de la Ley de Enjuicia­miento Criminal.
Cuando, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haya de suspenderse la celebración del juicio oral, el Magistrado-Presiden­te podrá decidir la disolución del Jurado, que acordará, en todo caso, siempre que dicha suspen­sión se haya de prolongar durante cinco o más días.
Modificación de las conclusiones provisio­nales y conclusiones definitivas.
2. El Magistrado-Presidente requerirá a las partes en los términos previstos en el apartado 6 del artículo 793 de la Ley de Enjuicia­miento Criminal estándose, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 7 del citado precepto.
3. Aun cuando en sus conclusiones definitivas las partes califica­sen los hechos como constitutivos de un delito de los no atribuidos al enjuiciamiento del Tribunal del Jurado, éste continuará conociendo.
Disolución anticipada del Jurado.
Si la inexis­tencia de prueba de cargo sólo afecta a algunos hechos o acusados, el Magistrado-Presidente podrá decidir que no ha lugar a emitir veredicto en relación con los mismos.
Disolución del Jurado por conformidad de las partes.
1. Igualmen­te, procederá la disolución del Jurado si las partes interesaren que se dicte sentencia de conformidad con el escrito de califica­ción que solicite pena de mayor gravedad, o con el que presentaren en el acto, suscrito por todas, sin inclusión de otros hechos que los objeto de juicio, ni calificación más grave que la incluida en las conclusiones provisionales. La pena conformada no podrá exceder de seis años de privación de libertad, sola o conjuntamente con las de multa y privación de derechos.
2. El Magistrado-Presidente dictará la sentencia que corres­ponda, atendidos los hechos admitidos por las partes, pero, si entendiese que existen motivos bastantes para estimar que el hecho justiciable no ha sido perpetrado o que no lo fue por el acusado, no disolverá el Jurado y mandará seguir el juicio.
3. Asimismo, si el Magistrado-Presidente entendiera que los hechos aceptados por las partes pudieran no ser constitutivos de delito, o que pueda resultar la concurrencia de una causa de exención o de preceptiva atenuación, no disolverá el Jurado, y, previa audiencia de las partes, someterá a aquél por escrito el objeto del veredic­to.
Disolución del Jurado por desistimiento en la petición de condena.
CAPITULO IV Del veredicto
SECCION 1.ª DETERMINACION DEL OBJETO DEL VEREDICTO
Objeto del veredicto.
a) Narrará en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el Jurado deberá declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables. No podrá incluir en un mismo párrafo hechos favorables y desfavorables o hechos de los que unos sean suscepti­bles de tenerse por probados y otros no.
b) Expondrá después, siguiendo igual criterio de separación y numeración de párrafos, los hechos alegados que puedan determinar la estimación de una causa de exención de responsabili­dad.
c) A continuación incluirá, en párrafos sucesivos, numerados y separados, la narración del hecho que determine el grado de ejecución, participación y modificación de la responsabi­lidad.
g) El Magistrado-Presidente, a la vista del resultado de la prueba, podrá añadir hechos o calificaciones jurídicas favora­bles al acusado siempre que no impliquen una variación sustancial del hecho justiciable, ni ocasionen indefensión.
Audiencia a las partes.
1. Antes de entregar a los jurados el escrito con el objeto del veredicto, el Magistrado-Presidente oirá a las partes, que podrán solicitar las inclusiones o exclusiones que estimen pertinentes, decidiendo aquél de plano lo que corres­ponda.
Instrucciones a los jurados.
1. Inmedia­tamente, el Magistrado-Presidente en audiencia pública, con asistencia del Secretario, y en presencia de las partes, procederá a hacerles entrega a los jurados del escrito con el objeto del veredicto. Al mismo tiempo, les instruirá sobre el contenido de la función que tienen conferi­da, reglas que rigen su deliberación y votación y la forma en que deben reflejar su veredicto.
2. También les expondrá detenidamen­te, en forma que puedan entender, la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusión, determinando las circunstancias constitutivas del delito imputado a los acusados y las que se refieran a supuestos de exención o modificación de la responsabili­dad. Todo ello con referencia a los hechos recogidos en el escrito que se les entrega.
SECCION 2.ª DELIBERACION Y VEREDICTO
1. Seguida­mente el Jurado se retirará a la sala destinada para su delibera­ción.
2. Presidi­dos inicial­mente por aquél cuyo nombre fuese el primero en salir en el sorteo, procede­rán a elegir al portavoz.
3. La deliberación será secreta, sin que ninguno de los jurados pueda revelar lo en ella manifesta­do.
Incomunicación del Jurado.
1. La delibera­ción tendrá lugar a puerta cerrada, sin que les sea permitida comunica­ción con persona alguna hasta que hayan emitido el veredicto, adoptándose por el Magistrado-Presiden­te las medidas oportunas al efecto.
Ampliación de instrucciones.
2. Transcurridos dos días desde el inicio de la deliberación sin que los jurados hicieren entrega del acta de la votación, el Magistrado-Presidente podrá convocarles a la comparecencia prevista en el apartado anterior. Si en dicha comparecencia ninguno de los jurados expresara duda sobre cualquie­ra de los aspectos del objeto del veredicto, el Magistrado-Presidente emitirá las instrucciones previstas en el apartado 1 del artículo 64 de esta Ley con los efectos atribuidos en la misma a la devolución del acta.
1. La votación será nominal, en alta voz y por orden alfabéti­co, votando en último lugar el portavoz.
Votación sobre los hechos.
1. El portavoz someterá a votación cada uno de los párrafos en que se describen los hechos, tal y como fueron propuestos por el Magistra­do-Presidente. Los jurados votarán si estiman probados o no dichos hechos. Para ser declarados tales, se requiere siete votos, al menos, cuando fuesen contrarios al acusado, y cinco votos, cuando fuesen favorables.
2. Si no se obtuviese dicha mayoría, podrá someterse a votación el correspon­diente hecho con las precisiones que se estimen pertinen­tes por quien proponga la alternativa y, nuevamente redactado así el párrafo, será sometido a votación hasta obtener la indicada mayoría.
Votación sobre culpabilidad o inculpa­bili­dad, remisión condicional de la pena y petición de indulto.
1. Si se hubiese obtenido la mayoría necesaria en la votación sobre los hechos, se someterá a votación la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por cada hecho delictivo imputa­do.
2. Serán necesarios siete votos para establecer la culpabili­dad y cinco votos para establecer la inculpabilidad.
Acta de la votación.
Si lo votado fuera el texto propuesto por el Magistrado-Presiden­te, podrán limitarse a indicar su número.
Si el texto votado incluyese alguna modifica­ción, escribirán el texto tal como fue votado.
b) Un segundo apartado, iniciado de la siguiente forma: «Asimis­mo, han encontrado no probados, y así lo declaran por (unanimidad o mayoría), los hechos descritos en los números siguientes del escrito sometido a nuestra decisión». Seguidamente indicarán los números de los párrafos de dicho escrito, pudiendo reproducir su texto.
c) Un tercer apartado, iniciado de la siguiente forma: «Por lo anterior, los jurados por (unanimidad o mayoría) encontra­mos al acusado... culpable/no culpable del hecho delictivo de...».
En este apartado harán un pronunciamiento separado por cada hecho delictivo y acusado. De la misma forma se pronunciarán, en su caso, sobre el criterio del Jurado en cuanto a la aplicación al declarado culpable de los beneficios de remisión condicional de la pena que se impusiere, para el caso de que concurran los presupues­tos legales al efecto, y sobre la petición o no de indulto en la sentencia.
d) Un cuarto apartado, iniciado de la siguiente forma: «Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las preceden­tes declaraciones a los siguientes: ...». Este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados.
e) Un quinto apartado en el que harán constar los incidentes acaecidos durante la deliberación, evitando toda identificación que rompa el secreto de la misma, salvo la corres­pondiente a la negativa a votar.
Si lo solicitara el portavoz, el Magistra­do-Presidente podrá autorizar que el Secretario o un oficial le auxilie, estrictamente en la confección o escrituración del acta. En los mismos términos podrá solicitarlo quien haya sido designado redactor en sustitución de aquél.
Lectura del veredicto.
Devolución del acta al Jurado.
b) Que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabi­lidad de todos los acusados y respecto de la totalidad de los hechos delictivos imputados.
d) Que los diversos pronunciamientos son contradicto­rios, bien los relativos a los hechos declarados probados entre sí, bien el pronunciamiento de culpabilidad respecto de dicha declara­ción de hechos probados.
e) Que se ha incurrido en algún defecto relevante en el procedi­miento de deliberación y votación.
Justificación de la devolución del acta.
1. Al tiempo de devolver el acta, constituido el Tribunal, asistido del Secretario y en presencia de las partes, el Magistra­do-Presidente explicará detenidamente las causas que justifican la devolución y precisará la forma en que se deben subsanar los defectos de procedimiento o los puntos sobre los que deberán emitir nuevos pronunciamientos.
Disolución del Jurado y nuevo juicio oral.
Cese del Jurado en sus funciones.
2. Hasta ese momento los suplentes habrán permanecido a disposi­ción del Tribunal en el lugar que se les indique.
CAPITULO V De la sentencia
Veredicto de inculpabi­lidad.
Si el veredicto fuese de inculpabi­lidad, el Magistrado-Presidente dictará en el acto sentencia absolutoria del acusado a que se refiera, ordenando, en su caso, la inmediata puesta en libertad.
Veredicto de culpabilidad.
Cuando el veredicto fuese de culpabi­li­dad, el Magistrado-Presiden­te concederá la palabra al Fiscal y demás partes para que, por su orden, informen sobre la pena o medidas que debe imponerse a cada uno de los declarados culpables y sobre la responsabilidad civil. El informe se referirá, además, a la concurrencia de los presupues­tos legales de la aplicación de los beneficios de remisión condicional, si el Jurado hubiere emitido un criterio favorable a ésta.
Acta de las sesiones.
1. El Secretario extenderá acta de cada sesión haciendo constar de forma sucinta lo más relevante de lo acaecido y de forma literal las protestas que se formulen por las partes y las resoluciones del Magistrado-Presiden­te respecto de los incidentes que fuesen suscitados.
1. El Magistra­do-Presiden­te procederá a dictar sentencia en la forma ordenada en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyen­do, como hechos probados y delito objeto de condena o absolución, el contenido correspon­diente del veredicto.
2. Asimismo, si el veredicto fuese de culpabilidad, la sentencia concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucio­nal de presunción de inocencia.
Supresión del antejuicio.
Quedan derogados el artículo 410 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375), del Poder Judicial, y el Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (NDL 24739).
Causas penales en tramita­ción.
Los procesos penales incoados o que se incoen por hechos acaecidos con anterio­ridad a la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán ante el órgano jurisdiccional competente conforme a las normas vigentes en el momento de acontecer aquéllos.
Disposi­ción transitoria segunda.
Primera lista de candidatos a jurados.
Disposi­ción final primera.
«c) El conocimiento de los recursos de apelación en los casos previstos por las leyes».
2. El apartado 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda redactado en los siguien­tes términos:
«2. La composición y competencia del Jurado es la regulada en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado».
Modificación de la Ley de Enjuicia­mien­to Criminal.
Los artículos y rúbricas que a continuación se relacio­nan de la Ley de Enjuiciamiento Criminal quedan modificados en los términos siguientes:
«No obstante, en los supuestos de competencia del Juez de lo Penal, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste».
«No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provin­cial, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conoci­miento y fallo corresponderá a éste».
«Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél».
«Artículo 309 bis. Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circuns­tan­ciada del hecho en la querella, así como cuando de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuicia­miento venga atribuido al Tribunal del Jurado, procederá el Juez a la incoación del procedi­miento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondrá inmediata­mente aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados.
El Ministerio Fiscal, demás partes personadas, y el imputado en todo caso, podrán instarlo así, debiendo el Juez resolver en plazo de una audiencia. Si no lo hiciere, o desestimare la petición, las partes podrán recurrir directamente en queja ante la Audiencia Provincial que resolverá antes de ocho días, recabando el informe del Instructor por el medio más rápido».
«Artículo 504 bis 2. Desde que el detenido es puesto a disposición del Juez de Instrucción o Tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decrete su libertad provisional sin fianza, convocará a audiencia, dentro de las setenta y dos horas siguientes, al Ministerio Fiscal, demás partes personadas y al imputado, que deberá estar asistido de Letrado por él elegido o designado de oficio. El Ministerio Fiscal y el imputado, asistido de su letrado, tendrán obligación de comparecer.
En dicha audiencia podrán proponer los medios de prueba que puedan practi­carse en el acto o dentro de las veinticua­tro horas siguien­tes, sin rebasar en ningún caso las setenta y dos horas antes indicadas.
Si en tal audiencia alguna parte lo interesase, oídas las alegacio­nes de todas las que concurrieren, el Juez resolverá sobre la procedencia o no de la prisión o libertad provisionales. Si ninguna de las partes lo instase, el Juez necesariamente acordará la cesación de la detención e inmediata puesta en libertad del imputado.
Si por cualquier razón la comparecencia no pudiera celebrarse, el Juez acordará la prisión o libertad provisional, si concurrieren los presupuestos y estimase riesgo de fuga; pero deberá convocarla nuevamente dentro de las siguientes setenta y dos horas, adoptando las medidas disciplina­rias a que hubiere lugar en relación con la causa de no celebración de la comparecencia.
Contra las resolucio­nes que se dicten sobre la procedencia o no de la libertad provisional cabrá recurso de apelación ante la Audiencia Provin­cial».
«Artículo 539.	Los autos de prisión y libertad provisio­nales y de fianza serán reformables durante todo el curso de la causa.
En su consecuencia, el imputado podrá ser preso y puesto en libertad cuantas veces sea procedente, y la fianza podrá ser modificada en lo que resulte necesario para asegurar las consecuen­cias del juicio.
Para acordar la prisión o libertad provisional de quien estuviere en libertad o agravar las condicio­nes de la libertad provisional ya acordada, se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, resolviéndose previa celebra­ción de la comparecencia a que se refiere el artículo 504 bis 2.
No obstante, si a juicio del Juez o Tribunal concurrie­re riesgo de fuga, procederá a dictar auto de reforma de la medida cautelar, o incluso de prisión, si el imputado se encontrase en libertad, pero debiendo convocar, para dentro de las setenta y dos horas siguientes, a la indicada comparecencia.
Siempre que el Juez o Tribunal entienda que procede la libertad o la modificación de la libertad provisional en términos más favorables al sometido a la medida, podrá acordarla, en cualquier momento, de oficio y sin someterse a la petición de parte».
«Contra el auto resolutorio de la declinatoria y contra el que admita las excepciones 2.ª, 3.ª y 4.ª del artículo 666, procede el recurso de apelación. Contra el que las desestime, no se da recurso alguno salvo el que proceda contra la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 678».
«Lo anterior no será de aplicación en las causas competencia del Tribunal del Jurado, sin perjuicio de lo que pueda alegarse al recurrir contra la senten­cia».
«Iniciado un proceso conforme a las normas de esta Ley, en cuanto aparezca que el hecho podría constituir un delito cuyo enjuicia­miento sea competencia del Tribunal del Jurado, se estará a lo dispuesto en los artículos 309 bis o 789.3, párrafos segundo y tercero de esta Ley».
«Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél».
«Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circuns­tan­ciada del hecho en la querella, así como cuando de cualquier actuación procesal ordenada conforme al párrafo anterior, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, procederá el Juez a la incoación del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondrá inmediatamente aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados.
El Ministerio Fiscal, demás partes personadas, y el imputado en todo caso, podrán instarlo así, debiendo el Juez resolver en plazo de una audiencia. Si no lo hiciere, o desestimare la petición, las partes podrán recurrir en queja ante la Audiencia Provincial que resolverá antes de ocho días, recabando el informe del Instructor por el medio más rápido».
«Artículo 846 bis a). Las sentencias dictadas, en el ámbito de la Audiencia Provincial y en primera instancia, por el Magistra­do-Presidente del Tribunal del Jurado, serán apelables para ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma.
Artículo 846 bis b). Pueden interponer el recurso tanto el Ministerio Fiscal como el condenado y las demás partes, dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la sentencia.
También podrá recurrir el declarado exento de responsabilidad criminal si se le impusiere una medida de seguridad o se declarase su responsabilidad civil conforme a lo dispusto en el Código Penal.
Artículo 846 bis c). El recurso de apelación deberá fundamen­tarse en alguno de los motivos siguientes:
a) Que en el procedi­miento o en la sentencia se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garantías procesales, que causare indefensión, si se hubiere efectuado la oportuna reclama­ción de subsanación. Esta reclamación no será necesaria si la infracción denunciada implicase la vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente garanti­zado.
c) Que se hubiese solicitado la disolución del Jurado por inexistencia de prueba de cargo, y tal petición se hubiere desestimado indebidamen­te.
d) Que se hubiese acordado la disolución del jurado y no procedie­se hacerlo.
Artículo 846 bis d). Del escrito interponiendo recurso de apelación se dará traslado, una vez concluido el término para recurrir, a las demás partes, las que, en término de cinco días, podrán formular recurso supeditado de apelación. Si lo interpusie­ren se dará traslado a las demás partes.
Si el apelante principal no se personare o manifestare su renuncia al recurso, se devolverán los autos a la Audiencia Provincial, declarándose firme la sentencia y procediendo a su ejecución. Artículo 846 bis e). Personado el apelante, se señalará día para la vista del recurso citando a las partes personadas y, en todo caso, al condenado y tercero responsa­ble civil.
Artículo 846 bis f). Dentro de los cinco días siguientes a la vista, deberá dictarse sentencia, la cual, si estimase el recurso por algunos de los motivos a que se refieren las letras a) y d) del artículo 846 bis c), mandará devolver la causa a la Audiencia para celebración de nuevo juicio.
En los demás supuestos dictará la resolución que corresponda».
«Artículo 847.	Procede el recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra:
a) las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única o en segunda instancia; y
b) Las sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral y única instancia».
«Contra los autos dictados, bien en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia bien con carácter definitivo por las Audiencias, sólo procede el recurso de casación, y únicamente por infracción de ley, en los casos en que ésta lo autorice de modo expreso».
Carácter de la Ley.
Futuras reformas procesales.
La presente Ley Orgánica entrara en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con excepción de lo prevenido en su capítulo II y en su disposición transitoria tercera, que entrará en vigor a los dos meses de dicha publicación.
Auditoría con 368 paginas.
Carta de la {OEA} con 28 paginas.
Código Civil de México con 325 paginas.
Código de procedimientos penales para el Estado de Hidalgo (México) con 74 paginas.