Source: http://www.impuestospy.com/Decretos/Decreto%204064_15.php
Timestamp: 2019-05-25 12:04:31
Document Index: 253228050

Matched Legal Cases: ['Artículo 238', 'Artículo 28', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 7', 'artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'In dubio']

DECRETO Nº 4.064/15
Impuestos > Decreto Nº 4.064/15 - 17/09/15
Asunción, 17 de setiembre de 2015
VISTO: La Ley 5.282/2.014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”; y,
CONSIDERANDO: Que la Constitución en su Artículo 238, Numerales 1) y 3) atribuye a quien ejerce la Presidencia de la República, la facultad de representar al Estado y dirigir la administración general del país, así como a reglamentar las leyes.
Que, el Gobierno Nacional parte del reconocimiento que el derecho de acceder a información que obra en poder del Estado constituye un derecho humano elemental que permite hacer operativo otros derechos humanos, es decir, permite promover y mejorar la calidad de vida de las personas, además de lograr transparentar el Estado, luchar contra la corrupción, fomentar la participación ciudadana, así como la rendición pública de cuentas.
Que, a partir del año 2.014, la República del Paraguay cuenta con herramientas legislativas que permiten el libre acceso ciudadano a la información que obra en poder del Estado. En efecto, con la promulgación de la Ley N° 5.189/2.014, del 20 de mayo de 2014, “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, y de la Ley 5.282/2.014, del 18 de septiembre de 2014, “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, el ciudadano que desee acceder a una información que obre en una fuente pública definida por ley, tiene las garantías legales que le permiten hacer operativo el derecho constitucional de informarse, consagrado en el Artículo 28 de la Constitución.
Que el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por Decreto N° 2794 del 16 de diciembre de 2.014, abarca tres ejes: 1) Reducción de pobreza y Desarrollo Social; 2) Crecimiento Económico inclusivo; 3) Inserción de Paraguay en el mundo. En este sentido, el acceso a la información es un eje transversal.
Que, asimismo, Paraguay es miembro de Alianza de Gobierno Abierto, y asume compromisos de implementación de la ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.
Que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Acuerdo y Sentencia 1306 del 15 de octubre de 2013, ha caracterizado al derecho de acceso a la información pública como un derecho humano, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Que en tal sentido, el Estado debe facilitar el acceso a la información pública y remover cualquier obstáculo que impida en la práctica su ejercicio más amplio, y que el Gobierno Nacional, tiene como eje principal, promover una cultura de transparencia.
Que la Ley N° 5282/2014 contiene un mínimo de obligaciones de transparencia activa, entendida esta como la obligación de las autoridades estatales de poner a disposición de cualquier persona interesada toda la información que generan o que obra en su poder sin necesidad de que les sea requerida, lo que a su vez se ve favorecido por la adopción de las herramientas del gobierno electrónico.
Que el procedimiento por medio del cual cualquier persona puede solicitar acceso a la información que obra en poder del Estado se convierte en la garantía primordial ante cualquier omisión, involuntaria o no, a las obligaciones de transparencia activa; y, en tal sentido, las reglas del mismo deben ser claras y evitar, en la medida de lo posible, cualquier interpretación que se preste a confusiones y que pueda menoscabar el ejercicio del derecho tutelado.
Que el Artículo 6° de la Ley N° 5282/2014 ha establecido que las fuentes públicas deberán habilitar Oficinas de Acceso a la Información Pública dentro del Título II “Autoridad de Aplicación”.
Que a fin de optimizar el cumplimiento de esta Ley resulta razonable establecer una instancia de coordinación entre las Oficinas de Acceso a la Información y evitar así disparidades entre ellas.
Que la Ley N° 4989/2013 “Que crea el marco de aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el sector público y crea la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs)”, establece en el Artículo 7˚ que la SENATICs es la institución del Poder Ejecutivo encargada de implementar los principios y fines de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el sector público.
Que esta Ley en su Artículo 1˚ “Del Objeto”, menciona el marco general en relación a las facultades del Estado para la facilitación del libre acceso de todos los habitantes del territorio nacional a la sociedad de la información y del conocimiento. En ese sentido, en el Artículo 2˚ establece que sus principios orientadores son: Prioridad del acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, protección de los derechos de los usuarios, libre adopción tecnológica y masificación del gobierno electrónico, como una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural económico, social y político, e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto por los derechos humanos inherentes y la inclusión social.
Art. 1°.- Reglaméntese la Ley N° 5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.
Art. 2°.- Interpretación. La aplicación e interpretación del presente Decreto se realizará de forma tal que se priorice el más amplio y efectivo acceso a la información que obra en poder de las fuentes públicas de información.
Ninguna disposición del presente Decreto podrá ser entendida o interpretada de forma contraria a la Ley, ni podrá utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad del periodismo o la libre circulación de la información que sea de acceso público.
Art. 3°.- Ámbito de Aplicación. El presente Decreto será de aplicación a todas las fuentes públicas, según el Artículo 2ºde la Ley 5282/2.014.
Art.4°.- Gratuidad. Las fuentes públicas no podrán cobrar ningún arancel o monto por proveer información pública a quienes la soliciten. Quien solicite certificados o informes a los Registros Públicos o, en su caso, copias autenticadas de documentos públicos a cualquier otra fuente pública, abonará las tasas o aranceles que se encuentren establecidos en las leyes. Sin perjuicio de ello, los Registros Públicos deberán cumplir con todas las disposiciones de la Ley 5282/2014 y del presente Decreto.
Art. 5°.- Definiciones. A los efectos de la interpretación del presente reglamento y de las demás normas reglamentarias que se promulguen en su consecuencia, se establecen las siguientes definiciones:
a. Dato: es una representación simbólica que describe hechos, condiciones, valores o situaciones.
b. Información: es un conjunto organizado de datos procesados y relacionados de manera que nos permitan comunicar o adquirir conocimientos.
c. Datos abiertos públicos: son datos que pueden ser libremente usados, reusados y redistribuidos por cualquiera, sujeto solamente, a lo sumo, a requisitos de atribución y redistribución por alguna licencia de la fuente pública.
d. Licencia de uso de datos abiertos públicos: es la autorización de uso de los datos abiertos públicos emitida por la fuente pública en los términos y condiciones que la misma licencia contiene.
e. Formato electrónico: se refiere al tipo o extensión del archivo electrónico que contiene el dato o la información pública que permite su uso, lectura y procesamiento por medios digitales.
f. Soporte: Medio en el cual se encuentra almacenado o plasmado el dato.
h. Digitalización: es el proceso mediante el cual la información pública es cargada en un formato electrónico a los sitios web y al Portal Unificado de Información Pública.
i. Transparencia activa: es la obligación que tienen las fuentes públicas de poner a disposición de cualquier persona la información pública en todo momento y en forma tal que esté siempre actualizada y sea accesible y comprensible.
Art. 6°.- Utilización de sitios web oficiales. Todas las fuentes públicas deberán contar con sitios web que garanticen el acceso y la adecuada publicidad y difusión de la información pública. La Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs) deberá establecer las guías de elaboración de los sitios web de todas las fuentes públicas así como las funcionalidades de los mismos y los aspectos técnicos requeridos para el cumplimiento efectivo de esta ley.
Art. 7°.- Accesibilidad. La información pública disponible en los sitios web oficiales de las fuentes públicas deberá ser accesible desde dispositivos con acceso a internet, cuando sea técnicamente aplicable, en formato de dato abierto. Asimismo, los sitios web oficiales deberán incorporar gradualmente soluciones tecnológicas que eliminen o disminuyan los obstáculos para las personas con discapacidad.
Art. 8°.- Portal Unificado de Información Pública. La SENATICs deberá implementar una plataforma tecnológica única y centralizada de acceso y gestión de la información pública, desde la cual se podrá acceder a toda la información pública puesta a disposición por las fuentes públicas, así como a las solicitudes de acceso a información en trámite que las fuentes públicas deberán ingresar y procesar en la misma. Esta plataforma se denominará Portal Unificado de Información Pública.
El Portal deberá permitir que cada solicitante pueda verificar el estado en que se encuentra el trámite de su solicitud de información pública, así como recibir, de corresponder, la información solicitada a través del mismo.
Las fuentes públicas que gocen de autonomía funcional podrán contar con sus propias plataformas o adherir a la prevista en este artículo. En cualquier caso, deberán establecerse los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucionales que permitan la interconexión de las plataformas, a los efectos del reenvío por esta vía de las solicitudes realizadas ante una fuente pública incompetente.
Art. 9°.- Uso del Portal. Para el cumplimiento de la Ley N° 5282/2014, todas las fuentes públicas utilizarán el Portal Unificado de Información Pública, siguiendo los lineamientos y normativas técnicas dictadas por la SENATICs y atendiendo a las particularidades de índole constitucional de cada una de ellas. La utilización de este Portal será obligatoria para las fuentes públicas a partir de los seis (6) meses de dictado el presente Decreto.
Art. 10.- Oficinas de Acceso a la Información. Cada fuente pública deberá poseer una Oficina de Acceso a la Información. La misma dependerá de la Máxima Autoridad Institucional.
Art. 11.- Funciones de las Oficinas de Acceso a la Información. Estas tendrán las siguientes funciones:
a. Coordinar en materia de acceso a la información pública y fungir como ventanilla única para la recepción de solicitudes de información pública.
b. Orientar y asistir al solicitante que así lo requiera en forma sencilla y comprensible.
c. Coordinar que la información pública sea debidamente recabada y difundida.
d. Coordinar que las solicitudes de acceso a la información se reciban y se tramiten en los términos que establece la Ley 5282/2.014.
e. Coordinar los trámites necesarios para que toda la información pública sea entregada en el tiempo establecido.
f. Coordinar el registro de las solicitudes de acceso a la información.
g. Administrar el portal y los sistemas electrónicos que se desarrollen para el acceso a la información.
h. Coordinar el desarrollo de las tareas tendientes a la sistematización, tratamiento y protección de la información.
Art. 12.- Oficinas de Acceso a la Información. El Ministerio de Justicia coordinará el funcionamiento de las Oficinas de Acceso a la Información en la órbita del Poder Ejecutivo.
Art.13.- Funciones y atribuciones. En el marco de las atribuciones de coordinación de las Oficinas de Acceso a la Información que estén dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la Ley 5282/.014.
a. Asesorar a las fuentes públicas en el cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente y de los instrumentos internacionales ratificados por la República referidos al acceso a la información pública;
b. Controlar la implementación de la presente ley en las fuentes públicas;
c. Orientar y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la información pública;
d. Capacitar a los funcionarios de las fuentes públicas para una mejor implementación de la Ley 5282/2014;
e. Promover y coordinar con las fuentes públicas las políticas tendientes a facilitar el acceso a la información y la transparencia;
f. Ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de la presente ley por parte de todas las fuentes públicas;
g. Promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental;
h. Realizar un informe de carácter anual relativo al estado de situación de este derecho;
i. Definir y actualizar la licencia de uso de la información pública del Estado paraguayo; y
j. Establecer mecanismos de cooperación especiales con las fuentes públicas fuera del ámbito del Poder Ejecutivo cuando esto resulte necesario o conveniente para una mejor aplicación de las disposiciones de la Ley o el presente reglamento.
Art. 14.- Disponibilidad. Las fuentes públicas, a través de los sitios web oficiales deben progresivamente poner a disposición de las personas toda la información pública que obre en su poder, salvo la que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado por las leyes.
Art. 15.- Actualización. Las fuentes públicas tienen el deber de mantener actualizada, en forma mensual cuando fuere aplicable – y periódicamente –según se genere y conforme variación, la información mínima a que se refieren los Artículos 8° a 11 de la Ley 5282/2014.
Art. 16.- Integración Electrónica. Las Oficinas de Acceso a la Información Pública de las fuentes públicas deberán adherirse como usuarios, en la forma prevista por el Artículo 7° de este Decreto, en un plazo no mayor a seis (6) meses a contar desde la entrada en vigencia del presente Decreto.
Art. 17.- Contenido y Veracidad. Será responsabilidad de cada fuente pública el poner a disposición la información pública en su sitio web y la publicación de la información en el Portal Unificado de Información Pública, así como el contenido de la misma y su veracidad.
La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) monitoreará el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa dentro del ámbito de su competencia y sin perjuicio de lo previsto por el artículo 9° de la Ley N° 5189/2014, verificará que las fuentes públicas cumplan con la obligación de poner a disposición del público toda la información mínima requerida en la Ley N° 5282/2014 y realizará los informes correspondientes en caso de incumplimiento.
Art. 18.- Guías y normas de digitalización. La SENATICs elaborará guías y normas de digitalización de la información, para armonizar este proceso y prever que la información sea digitalizada en forma racional y adecuada para su manejo por cualquier interesado.
Art. 19.- Eficiencia de las fuentes públicas. El Portal Unificado de Información Pública deberá poseer herramientas que permitan al ciudadano conocer el nivel de eficiencia de las fuentes públicas en la atención a las solicitudes de información, los plazos de respuesta y el nivel de satisfacción de la ciudadanía.
Art. 20.- Desarrollo Tecnológico. La SENACTICs, en coordinación con las fuentes públicas, desarrollará programas informáticos o aplicaciones que permitan procesar la información pública disponible en los sitios web oficiales y pondrán a disposición del público esos programas o aplicaciones.
De las Solicitudes de Acceso a la Información Pública
Art. 21.- Inicio del procedimiento. Las solicitudes de acceso a la información podrán efectuarse ante cualquier Oficina de Acceso a la Información Pública de cualquier fuente pública, personalmente, por correo electrónico, en forma escrita o verbal, debiéndose extender el acta correspondiente en este último caso.
Cuando la información pública requerida por el solicitante ya estuviera disponible en el Portal, le indicarán la forma de acceder a la misma y debe reportar el trámite realizado y finalizado de esta forma, en el Portal Unificado de Información Pública.
Art. 22.- Carga de las solicitudes en el Portal. El funcionario de la Oficina de Acceso a la Información que reciba una solicitud de información deberá ingresarla al Portal Unificado de Información Pública, o plataforma equivalente, reproduciendo el mismo contenido de la solicitud original recibida.
En caso de que la solicitud hubiera sido verbal y siempre que el solicitante lo requiera, el funcionario receptor deberá imprimir el acta de constancia de solicitud de información pública que emite el Portal.
Art. 23.- Código Único de Gestión de Información. Cada solicitud ingresada al Portal Unificado tendrá un Código Único de Gestión de Información Pública el cual debe ser entregado por el funcionario receptor al solicitante.
Si la solicitud de información pública es realizada directamente a través del Portal Unificado de Información Pública se generará automáticamente el Código Único de Gestión. En caso de que la solicitud no contenga todos los datos exigidos en la Ley N° 5282/2014, el sistema le hará saber al solicitante, a fin de que los subsane y complete su presentación. Una vez ingresada la solicitud correctamente, el sistema emitirá el Código Único que marcará el inicio del plazo previsto en la Ley.
Art. 24.- Derivación a la fuente pública competente. En caso de que la fuente pública requerida no fuera la competente, el funcionario receptor deberá ingresar la solicitud al Portal Unificado de Información Pública y derivar la misma a la fuente pública competente mediante el mismo Portal.
En caso de que el funcionario receptor no conozca cuál es la fuente pública competente derivará mediante el Portal la solicitud al Ministerio de Justicia, el que deberá encauzar la solicitud a la fuente pública competente en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas.
La Solicitud de Acceso a Información Pública derivada mantendrá el mismo Código Único de Acceso y la derivación realizada no afectará los plazos legales establecidos por la Ley N° 5282/2014.
Art. 25.- Requisitos para solicitar información. La solicitud se hará conforme el Artículo 12 de la Ley N° 5282/2014. Los solicitantes de información deberán indicar el correo electrónico, o el medio, en el cual se les cursarán las notificaciones que sean necesarias durante la tramitación de su solicitud.
No podrá impedirse el derecho de presentar solicitudes de acceso a la información en ningún caso; en particular, no podrá alegarse que el solicitante no reside en el país o en el departamento o municipio en el que ejerce su competencia la fuente pública; tampoco que la Oficina de Acceso a la Información Pública en la que se realiza la solicitud no es competente.
Todas las Oficinas de Acceso a la Información Pública tendrán un cartel visible en el que se informe a la ciudadanía lo establecido en este artículo y el plazo máximo de quince (15) días hábiles en el que la solicitud debe ser respondida.
Art. 26.- Soporte y formato por defecto. Si quien solicita información pública no indica el soporte o formato preferido, se entenderá que el soporte es digital a través del Portal Unificado de Información Pública y el formato, de ser posible, de datos abiertos.
Art. 27.- Formulario de Acceso a la Información. En los casos de que las solicitudes de acceso a la información se realicen por escrito, cada fuente pública adoptará el formulario de acceso a la información que se encuentra en el Anexo I del presente Decreto. Este formulario podrá ser modificado a propuesta del Coordinador de las Oficinas de Acceso a la Información Pública.
Art. 28.- Centralización de la Información. Todas las solicitudes de información pública respondidas por las fuentes públicas deberán estar disponibles en los sitios web oficiales de cada fuente pública y en el Portal Unificado de Información Pública en el plazo exigido por la Ley N° 5282/2014, y es esto una obligación para cada fuente pública y sin perjuicio de que la información sea entregada en un formato distinto al solicitante. Las respuestas deberán ser sistematizadas y organizadas conforme a temáticas y resaltadas por la frecuencia de solicitudes del mismo tipo.
Art. 29.- Respuesta por escrito. En caso de que el solicitante haya requerido una respuesta por escrito deberá retirarla personalmente de la Oficina de Acceso a la Información de la fuente pública competente o a través del formato o soporte elegido por el solicitante.
Art. 30.- Procedimiento en caso de silencio de la fuente pública. Si quien solicita acceso a la información pública no recibe respuesta transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el día hábil siguiente al que realizó su solicitud, o si se rechaza su solicitud, podrá ejercer la acción judicial prevista en el Artículo 23 de la Ley N° 5282/2014 dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles, o bien, interponer recurso de reconsideración ante la máxima autoridad de la fuente pública que le respondió o debió responderle, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
Art. 31.- Reconsideración. En caso de que interponga recurso de reconsideración, éste deberá ser resuelto en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles. Si el mismo es rechazado o no es resuelto en dicho plazo, el solicitante podrá ejercer la acción judicial prevista en el Artículo 23 de la Ley 5282/2014 dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la recepción de la respuesta al recurso de reconsideración o de vencido el plazo para resolverlo.
Art. 32.- Otros incumplimientos. El mismo procedimiento podrá seguirse cuando la controversia se refiera a cualquier otro incumplimiento de una fuente pública con relación a las obligaciones previstas a lo establecido en la Ley N° 5282/2014.
Art. 33.- De las responsabilidades. El régimen sancionatorio en caso de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, se regirá conforme el Título VII de la Ley N° 5282/2014.
De los requisitos para rechazar una solicitud de acceso a la información
Art. 34.- Trámite de Rechazo. Sólo podrá rechazarse una solicitud de acceso a la información pública cuando la información solicitada se encuentre excluida del conocimiento público en forma expresa por una norma jurídica con una jerarquía no inferior a la de ley.
Cuando la Oficina de Acceso a la Información de la fuente pública considere pertinente el rechazo de la solicitud recibida, remitirá a la Máxima Autoridad de la Institución su parecer, dicte resolución respecto al pedido.
Toda resolución por la cual se rechace una solicitud de acceso a la información deberá ser ingresada y publicada en el Portal Unificado de Información Pública.
Art. 35.- Criterios para el rechazo. En caso de que se presente la situación descripta en el artículo anterior, la fuente pública deberá dictar resolución debidamente fundamentada y la carga de la prueba recaerá en ella a fin demostrar que la información solicitada se ajusta al caso concreto de excepción contenida en una norma jurídica con una jerarquía no inferior a la de ley. En particular, la fundamentación tendrá en consideración:
a. que la excepción es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática sobre la base de los estándares y jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos;
b. que la divulgación de la información podría causar un daño sustancial a un interés protegido por la ley; y
c. que la probabilidad y el grado de dicho daño es superior al interés público en la divulgación de la información.
Art. 36. - In dubio pro acceso. En caso de duda razonable entre si la información está amparada por el principio de publicidad, o se encuentra alcanzada por una causal de excepción, se debe optar por la publicidad de la información.
Art. 37.- Divulgación parcial. Si un documento contiene información que puede ser conocida e información que se encuentra alcanzada por una causal de excepción, se debe dar acceso a la primera.
Art. 38.- Licencia de uso de información pública. Toda la información pública, que no esté exceptuada por una causal de reserva prevista en la Ley, estará alcanzada por la licencia definida en el Anexo II del presente Decreto.
Esta licencia podrá ser actualizada a propuesta del Ministerio de Justicia y Trabajo.
Art.39.- El presente Decreto será refrendado por la Ministra de Justicia.
Art. 40.-Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
- Formulario de Acceso a la Información.
- Licencia de uso de información pública.
Fdo.: Sheila R. Abed Duarte.