Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/34252/ley-4-1986-de-5-de-mayo-del-patrimonio-de-la-comunidad-autonoma-de-andalucia
Timestamp: 2017-11-23 07:55:54
Document Index: 310693925

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 66', 'artículo 41', 'artículo 22', 'artículo 28', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 105', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 33', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'artículo 89', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 82', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 55', 'Artículo 82', 'ARTÍCULO 31', 'Artículo 82', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'artículo 87', 'Artículo 87', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 88', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 88', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'artículo 80', 'artículo 95', 'Artículo 89', 'artículo 80', 'Artículo 90', 'artículo 95', 'artículo 90', 'ARTÍCULO 32', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'artículo 91', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'artículo 95', 'artículo 92', 'Artículo 92', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'ARTÍCULO 56', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'artículo 95', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 106', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 14']

Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 4/1986, DE 5 DE MAYO, DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOJA DEL 9; BOE DEL 23)
Título I. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Arts. 1 a 17)
Capítulo I. Bienes y derechos de la Comunidad Autónoma (Arts. 1 a 4)
Art. 1. Patrimonio de Andalucía
Art. 2. Clases de bienes
Art. 4. Bienes de dominio privado
Capítulo II. Titularidad de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma (Arts. 5 a 7)
Art. 5. Titularidad de la Comunidad
Art. 6. Cesión de gestión
Art. 7. Ejecución de obras
Capítulo III. Régimen jurídico básico de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma (Arts. 8 a 17)
Art. 8. Autonomía patrimonial del Parlamento
Art. 9. Bienes de dominio privado de Entidades de Derecho público
Art. 10. Titularidad perteneciente a sujetos de Derecho privado
Art. 11. Derechos y obligaciones de los titulares
Art. 12. Facultades de la Consejería de Hacienda
Art. 13. Entidades de Derecho Público
Art. 14. Inventario General de Bienes y Derechos
Art. 15. Actualización del Inventario
Art. 16. Acceso al Inventario
Art. 17. Contabilidad
Título II. Bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Arts. 18 a 65)
Capítulo I. Caracteres (Arts. 18 a 28)
Art. 18. Características
Art. 19. Prohibición de enajenación
Art. 20. Prohibición de embargo
Art. 22. Recuperación previo expediente
Art. 23. Potestad investigadora
Art. 24. Deslinde y amojonamiento
Art. 25. Procedimiento
Art. 26. Medidas provisionales
Art. 27. Cesión de bienes demaniales
Capítulo II. Uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público (Arts. 29 a 45)
Art. 29. Uso
Art. 30. Uso común
Art. 31. Uso privativo
Art. 32. Concesión administrativa
Art. 33. Tipos de concesiones
Art. 34. Órgano encargado
Art. 35. Tipos de adjudicación
Art. 36. Concesiones de dominio público
Art. 37. Duración
Art. 38. Recuperación de la disponibilidad del bien
Art. 39. Obligaciones del concedente
Art. 40. Obligaciones del concesionario
Art. 41. Caducidad de la concesión
Art. 42. Competencias
Art. 43. Notificación de las concesiones
Art. 44. Reservas de uso
Art. 45. Conversión en bienes patrimoniales
Capítulo III. Afectación y desafectación de los bienes de dominio público (Arts. 46 a 65)
Art. 46. Afectación
Art. 47. Asunción simultánea de titularidad
Art. 48. Formas
Art. 49. Bienes afectos
Art. 50. Afectación por silencio
Art. 51. Afectación expresa o tácita
Art. 52. Afectación por expropiación forzosa
Art. 53. Afectación de bienes patrimoniales
Art. 54. Acuerdo de afectación
Art. 55. Acta
Art. 56. Afectación de bienes de dominio privado
Art. 57. Cesión gratuita
Art. 57 bis. Afectación de bienes y derechos
Art. 58. Mutación demanial
Art. 59. Mutación demanial expresa
Art. 60. Desafectación
Art. 61. Formas de desafectación
Art. 62. Innecesariedad de los bienes para el desempeño de competencias
Art. 63. Reversión de bienes expropiados
Art. 64. Desafectación de bienes originariamente patrimoniales
Art. 65. Resolución de discrepancias
Título III. Bienes de dominio privado de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Arts. 66 a 110)
Capítulo I. Caracteres (Arts. 66 a 73)
Art. 66. Bienes de dominio privado
Art. 67. Características
Art. 68. Prohibición de embargo
Art. 69. Inscripción registral
Art. 70. Recuperación de la posesión
Art. 71. Investigación y deslinde
Art. 72. Resolución de discrepancias
Art. 73. Potestades de autotutela
Capítulo II. Adquisición de los bienes de dominio privado (Arts. 74 a 84)
Art. 74. Formas de adquisición
Art. 75. Presunciones
Art. 76. Notificación de las adquisiciones
Art. 77. Adquisiciones a título oneroso
Art. 78. Reglas de publicidad y competencia
Art. 79. Adquisiciones realizadas por Entidades públicas
Art. 80. Adquisiciones a título lucrativo
Art. 81. Notificación de las adjudicaciones
Art. 82. Participaciones en entidades privadas
Art. 83. Carácter de las participaciones
Art. 84. Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles
Capítulo III. Disponibilidad de los bienes de dominio privado (Arts. 85 a 99)
Art. 85. Bienes litigiosos
Art. 86. Enajenación de inmuebles de dominio privado
Art. 87. Competencias
Art. 88. Subasta
Art. 88 bis. Reserva del uso temporal
Art. 89. Incorporación de inmuebles al Patrimonio
Art. 90. Reglas para la enajenación de bienes muebles
Art. 91. Permuta
Art. 92. Derechos sobre bienes incorporales
Art. 93. Desuso
Art. 94. Enajenación de participaciones
Art. 95. Enajenación de bienes de interés cultural
Art. 96. Compensación por los desperfectos
Art. 97. Facultades de investigación
Art. 98. Cargas y gravámenes
Art. 99. Arbitraje
Capítulo IV. Uso de los bienes de dominio privado (Arts. 100 a 110)
Art. 100. Uso por terceros
Art. 101. Adjudicación de contratos
Art. 102. Contratos relativos a inmuebles
Art. 103. Arrendamiento de inmuebles
Art. 104. Normativa específica
Art. 105. Reserva de uso
Art. 106. Cesión gratuita
Art. 107. Donaciones
Art. 108. Relaciones jurídicas sobre un bien
Art. 109. Plazos de la cesión
Art. 110. Adscripción de bienes a Entidades Públicas
Título IV. Responsabilidad y sanciones (Arts. 111 a 115)
Capítulo único (Arts. 111 a 115)
Art. 111. Obligación de conservación
Art. 112. Respeto de los bienes afectos al servicio público
Art. 113. Poderes de autotutela
Art. 114. Multas
Art. 115. Hechos delictivos
Segunda. Edificios administrativos
Tercera. Concesiones de dominio público
Cuarta. Competencias del Consejo de Gobierno
Quinta. Otorgamiento de escrituras
Sexta. Conflictos de competencias
Séptima. Modificación de las cuantías de las sanciones
Octava. Inventario General
Décima. Garantía en procedimientos de adjudicación de inmuebles
Segunda. Bienes transferidos
Tercera. Normativa estatal
Cuarta. Estatutos de los organismos autónomos
Quinta. Competencias transitorias
Por ello es preciso tomar en cuenta, de un lado, lo dispuesto en los artículos 148 y 149 de la Constitución como preceptos sustantivos en materia de distribución de competencias, en los que no se hace una reserva clara de competencias en materias del Patrimonio a favor del Estado y, de otro, lo establecido en distintas sentencias del Tribunal Constitucional en el sentido de que, aun cuando no existe previsión sobre competencias estatales respecto al Patrimonio de las Comunidades Autónomas, dicha previsión se deduce del artículo 149.1.18 de la Constitución en cuanto reserva al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases del «régimen jurídico de las Administraciones Públicas». Dentro de este régimen se incluyen, según el Tribunal Constitucional, las bases jurídicas sobre el Patrimonio de las Comunidades Autónomas.
La vigente Ley del Patrimonio del Estado, de 15 de abril de 1964, no preveía expresamente, por obvias razones, normas básicas sobre Patrimonio de las referidas Comunidades. De ahí que, conforme a la propia doctrina del Tribunal Constitucional, sea preciso obtener cuales son las normas estatales que por su contenido material deben reputarse básicas. Ello exige una labor interpretativa, y en este sentido, el propio Tribunal Constitucional ha mantenido un amplio margen competencial en favor de las Comunidades Autónomas.
Sentado este principio básico, la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía trata de ofrecer una regulación lo suficientemente completa sobe la materia, poniendo al día una normativa estatal que data de hace más de veinte años, e innovando algunos aspectos.
En cuanto al respeto a las normas estatales, la presente Ley no se inmiscuye en materias que corresponde al Estado, asumiendo criterios doctrinales y jurisprudenciales aceptados por el mismo. Como se exponía con anterioridad, la Ley trata de ser completa, actualizada e incluso innovadora en materia de Patrimonio. A ello tienden sus 115 artículos, siete disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias y disposición final. Su articulado se divide en cuatro Títulos; el primero, artículos 1 a 17 se refiere en general al Patrimonio; el segundo, artículos 18 a 65, a los bienes de dominio público; el tercero, artículos 66 a 110, a los bienes de dominio privado, y el cuarto, artículos 111 a 115, a responsabilidades y sanciones.
Respecto al carácter actualizador de la Ley o incluso innovador, cabe destacar algunos aspecto. Así, ante todo, se incluyen en un único texto con suficiente claridad toda una serie de normas que en Derecho estatal aparecen dispersas, o que incluso no existen como tales al haber sido introducidos sus principios jurisprudencialmente.
Así se concretan cuáles serán las normas aplicables a cada tipo de bienes, demaniales o patrimoniales; en este sentido, y aparte de la Constitución, Estatuto de Autonomía para Andalucía y legislación básica del estado, se aplican las leyes especiales de la Comunidad Autónoma, y en su defecto la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo. A su vez, y en su defecto, si se trata de bienes de dominio público, se aplican las disposiciones generales sobre el dominio público, y subsidiariamente las reglas de Derecho privado. Si se trata de bienes de dominio privado, estas últimas serían aplicables en lugar de las normas de Derecho público.
Destaca también el artículo 66, en cuanto reserva siempre al campo de Derecho público los llamados clásicamente actos separables.
Aparte de establecerse el principio de presunción de que los bienes son patrimoniales, se regula el sistema de afectación y desafectación de bienes de dominio público en sus diversas formas, y se concretan las potestades que la Comunidad ostenta para defender su derechos sobre este tipo de bienes.
En cuanto al uso de los bienes de dominio público, la Ley distingue diversas formas, haciendo referencia al uso común general, uso común especial y uso privativo, supuesto este último en que se exige concesión. En relación con ello se establecen asimismo los principios básicos sobre concesiones administrativas, y se diferencia entre concesión incursa en causa de caducidad y concesión cuya caducidad ha sido declarada (artículo 41). La disposición adicional tercera prevé la aprobación de un pliego de condiciones generales para concesiones de dominio público.
El artículo 22 pone en manos de la Administración de Andalucía la posibilidad de recupera por sí misma la plena disponibilidad de sus bienes demaniales una vez que hayan desaparecido las condiciones que amparaban su uso por terceros, por ejemplo por haber finalizado el plazo de una concesión; tal recuperación existe también respecto de los bienes patrimoniales, aunque en tales casos no existe potestad o autotutela alguna.
Especialmente relevante es el artículo 28 por cuanto pone en manos de la Administración la potestad de defender bienes que sean propiedad de concesionarios; la justificación para ello estriba en que tales bienes se encuentren afectos a una concesión administrativa, y de este modo se adquiere una potestad exorbitante nueva que tiene por objeto, precisamente garantizar la continuidad de la concesión, dado que la Comunidad Autónoma se encuentra interesada en la materia como otorgante de la misma.
Artículo 1.—El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las Entidades de Derecho público de ella dependientes está constituido por todos aquellos bienes y derechos de que las mismas sean titulares.
Artículo 2.—Los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.
Artículo 3.—Son bienes de dominio público los siguientes:
c) Los bienes y derechos que la comunidad autónoma adquiera por cualquier titulo legitimo y se afecten a un uso o servicio publico.
Artículo 4.—Son bienes de dominio privado o patrimoniales todos aquellos bienes y derechos que pertenezcan a la Comunidad Autónoma y Entidades de Derecho público de ella dependientes por cualquier título y no tengan la consideración de bienes de dominio público.
Artículo 5.—En el ámbito de aplicación de la presente Ley, sólo la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá ser titular de bienes y derechos de dominio público.
Artículo 6.—No perderán su condición de bienes de dominio público, aquellos cuyos gestión se ceda por la Comunidad Autónoma a personas públicas o privadas.
Artículo 7.—Las obras ejecutadas por los concesionarios o bienes que éstos destinen al cumplimiento de la concesión continuarán siendo de su propiedad hasta su entrega a la Administración a causa de rescate, reversión, caducidad o cualquier otro motivo.
Artículo 8.—El Parlamento de Andalucía tiene autonomía patrimonial y asume las mismas competencias y facultades que se atribuyen al Consejo de Gobierno y a las Consejerías en cada caso sobre los bienes y derechos que tenga adscritos, se le adscriban o adquiera. La titularidad de dichos bienes y derechos será, en todo caso, de la Comunidad Autónoma.
Artículo 9.—Los bienes de dominio privado pertenecientes a Entidades de Derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán regulados por sus Leyes especiales, en su defecto por la presente Ley de Patrimonio y disposiciones que la desarrollen y complementen y, finalmente, por las normas generales de Derecho privado.
Artículo 10.—Los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a sujetos de Derechos privado, pertenecientes o no a la Comunidad Autónoma de Andalucía o a sus Organismos, se someterán a las normas de Derecho privado.
Artículo 11.—Las facultades que en Derecho se reconocen a los propietarios serán ejercidas por la persona que tenga la titularidad de los bienes o derechos.
Aquellas facultades y obligaciones que deriven de la gestión o uso de los bienes corresponden al órgano que los tenga adscritos o cedidos, salvo que la Ley se haya dispuesto otra cosa.
Artículo 12.—Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior o de lo que en esta Ley se disponga, la Consejería de Hacienda, por medio de la Dirección General de Patrimonio, será competente para el ejercicio de las facultades que como titular de bienes y derechos patrimoniales corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, asumirá la representación extrajudicial de los mismos.
Artículo 13.—Cuando se trate de dominio privado pertenecientes a Entidades de Derechos público que dependan de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las facultades mencionadas en los artículos anteriores serán ejercidas por quien les represente legalmente, salvo que normas específicas dispongan otra cosa.
Artículo 14.—La Dirección General de Patrimonio confeccionará un Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma y de las Entidades de Derecho Público dependiente de la misma, relacionándolos separadamente en la forma en que reglamentariamente se establezca, atendiendo, al menos, a su naturaleza, condición de dominio público o privado, destino, adscripción, forma de adquisición, contenido y valor. Asimismo, se incluirán aquellos bienes afectos a concesiones que estén sujetos a reversión.
Artículo 15.—La Dirección General de Patrimonio podrá recabar de los distintos Departamentos y Organismos la colaboración que consideren necesaria para actualizar el Inventario General de Bienes y Derechos.
Artículo 16.—El Inventario General será público. El sistema de acceso al misma por los particulares se ajustará a lo que dispongan las normas de desarrollo del artículo 105.b) de la Constitución.
Artículo 17.—En la Consejería de Hacienda existirá una unidad de contabilidad patrimonial.
Artículo 18.—Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Artículo 19.—Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley respecto de su uso, los bienes de dominio público, mientras conserven tal carácter, no podrán ser enajenados ni gravados en forma alguna.
Artículo 20.—Los bienes de dominio público son inembargables; no podrá despacharse mandamiento de ejecución ni dictarse providencia de embargo sobre los mismos.
Artículo 21.—La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá recuperar en cualquier momento la posesión de los bienes demaniales que se hallen indebidamente en posesión de terceros.
Artículo 22.—La recuperación de la plena disponibilidad de los bienes de dominio público, como consecuencia de haber desaparecido las condiciones que amparaban su uso por terceros, compete a la Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio de su potestad de autotutela. En tal caso, cuando no se produzca voluntariamente el desalojo o liberación del bien, la Administración llevará a cabo su recuperación previo expediente.
Artículo 23.—La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá ejercer la potestad investigadora sobre los bienes de dominio público a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad, cuando ésta no le conste anteriormente.
Artículo 24.—La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá acometer el deslinde y amojonamiento de los bienes de dominio público de su titularidad.
La competencia para resolver los deslindes administrativos corresponde al Jefe del Departamento o Entidad pública a que haya quedado adscrito el bien, debiendo informar en todo caso a la Consejería de Hacienda.
Artículo 25.—Los expedientes a que se refieren los artículos anteriores podrán incoarse de oficio o a instancia de los interesados y se resolverán con audiencia de éstos. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento.
Artículo 26.—Durante la sustanciación de los expedientes regulados en los artículos anteriores, la Administración podrá adoptar las medidas provisionales que considere oportunas para salvaguardar la efectividad del acto administrativo que en su día se genere.
Artículo 27.—Cuando la Comunidad Autónoma de Andalucía ceda por cualquier concepto bienes demaniales para su gestión o aprovechamiento a particulares o Entidades públicas no dependientes de ella, será la propia Comunidad Autónoma quien ejercite las prerrogativas contempladas en este capítulo.
Cuando la adscripción se haga a Entidades de Derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma, éstas podrán adoptar las medidas provisionales a que se refiere el artículo 28 que tendrán una duración máxima de tres meses, salvo que aquélla las ratifique antes de terminar dicho plazo. A tal efecto, las Entidades citadas deberán poner inmediatamente en conocimiento de la Comunidad Autónoma los acuerdos adoptados en el ejercicio de esta facultad.
Artículo 28.—La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá ejercitar las potestades de recuperación, investigación y deslinde sobre bienes que no sean de su titularidad cuando los mismos estén afectos a una concesión administrativa. La subrogación podrá operarse cuando la Administración considere evidente la existencia de un riesgo y se trate de asegurar el cumplimiento de la concesión.
Artículo 29.—El uso de los bienes de dominio público podrá ser común o privativo. Aquél, a su vez general o especial.
Artículo 30.—1. Uso común es aquel que corresponde por igual a todas las personas, sin que la utilización por parte de unas impida la de otras.
3. Cuando concurran circunstancias especiales, sea por intensidad o multiplicidad de uso, escasez del bien, peligrosidad, o por otros motivos suficientes, cabe exigir una especial autorización para uso, imponer una tasa, limitar o incluso prohibir la utilización si las circunstancias así lo requieren, calificándose en tales casos el uso común como especial. El Órgano al que se haya adscrito el bien tendrá competencia para regular este uso.
Artículo 31.—Uso privativo es el que origina una ocupación de bien intensa y tendente a permanecer, de forma que se impida su libre uso a otras personas.
Artículo 32.—Todo uso privativo, sea en favor de personas públicas o privadas, exige previa concesión administrativa.
Artículo 33.—1. Las concesiones administrativas, salvo casos especiales, podrán ser de los siguientes tipos:
Artículo 34.—Cuando el órgano o Entidad administrativa competente para la concesión del servicio no coincida con el que tenga la competencia para gestionar el bien de dominio público necesario, la concesión definitiva deberá otorgarse por acuerdo de Consejo de Gobierno y llevará implícita la mutación demanial.
Artículo 35.—1. Las concesiones previstas en los puntos b) y c) del artículo 33 de esta Ley se adjudicarán y quedarán sometidas a las leyes especiales aplicables, y, en su defecto, a la presente.
Artículo 36.—Las concesiones de dominio público se otorgarán, previa licitación, cuando existan, al menos, dos peticiones incompatibles entre sí sobre un mismo objeto. A tal efecto, toda petición se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», otorgándose un plazo de, al menos, treinta días para que otros interesados puedan formular peticiones alternativas.
Artículo 37.— Las concesiones de dominio público se otorgarán siempre sin perjuicio de terceros, y su duración no podrá exceder de cincuenta años, salvo lo dispuesto en Leyes especiales.
Este segundo párrafo ha sido añadido por la Ley 1/2008, de 27 de noviembre (BOJA de 11 de diciembre), de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos.
VIGENTE DE 29 DE MAYO DE 1986 A 11 DE DICIEMBRE DE 2008.
Artículo 37.—Las concesiones de dominio público se otorgarán siempre sin perjuicio de terceros, y su duración no podrá exceder de cincuenta años, salvo lo dispuesto en Leyes especiales.
Artículo 38.—La Administración podrá recuperar por sí misma la plena disponibilidad del bien concedido mediante rescate de la concesión, siempre que por el Jefe del Departamento u Organismo competente se justifique la existencia de razones de utilidad pública o interés social para ello.
Artículo 39.—Son obligaciones de la Administración concedente:
Artículo 40.—Son obligaciones del concesionario:
Artículo 41.—Sin perjuicio de lo que se disponga en Leyes especiales, la Administración podrá declarar la caducidad de la concesión por incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del concesionario.
Artículo 42.—La competencia en materia de uso y aprovechamiento de bienes de dominio público corresponderá a los órganos o Entidades públicas especialmente encargados de gestión, sin perjuicio de lo dispuesto en Leyes especiales y de las competencias de policía.
Artículo 43.—Del otorgamiento de concesiones, así como de cuantos actos se refieran a ellas, se dará cuenta a la Dirección General de Patrimonio.
Artículo 44.—La Comunidad Autónoma podrá reservarse el uso de ciertos bienes de dominio público cuando existan razones de interés general que así lo justifiquen o cuando lo establezca la legislación especial.
Artículo 45.—Cuando un bien de dominio público se convierta en patrimonial, su régimen de uso y aprovechamiento quedará sometido a las reglas aplicables a los bienes de tal naturaleza.
Las concesiones de dominio público que existieran sobre esos bienes quedarán transformadas en relaciones jurídico-privadas, debiendo respetarse los derechos que en el título concesional se reconocieron al concesionario, en especial el plazo de uso. No obstante, la Administración podrá rescatar la concesión si existieren razones de utilidad pública o interés social suficientes para ello.
Artículo 46.—La afectación es el acto por el cual un bien o derecho perteneciente a l la Comunidad Autónoma de Andalucía o Entidad dependiente de ella es destinado a un uso o servicio público.
Artículo 47.—La afectación podrá referirse a bienes o derechos que ya pertenezcan a la Comunidad Autónoma, o podrá llevar consigo al mismo tiempo una asunción de titularidad que ésta antes no tenía. Esta asunción simultánea de titularidad tendrá lugar en los casos en así se establezca.
Artículo 48.—La afectación podrá tener lugar mediante cualquiera de las siguientes formas:
Artículo 49.—La afectación se producirá por Ley cuando así se disponga en una norma de dicho rango.
Dicha afectación podrá referirse a bienes que ya sean de dominio privado de la Comunidad o implicar la asunción de titularidad de aquéllos que antes no le pertenecieran. En este último caso, cuando esa asunción de titularidad afecte de forma concreta a derechos de terceros, la Ley declarará la utilidad pública o el interés social y los afectados a efectos de su expropiación forzosa.
Artículo 50.—1. Se producirá afectación por silencio en los siguientes casos:
Artículo 51.—La afectación pueden ser expresa o tácita. Aquélla tendrá lugar cuando de forma clara y concreta se especifique el bien y el destino al que queda afectado. Esta, cuando se diga de forma clara y concreta pero se deduzca de un acto de la Administración autónoma.
Artículo 52.—En caso de expropiación forzosa, la afectación se entiende implícita en la declaración de utilidad pública o interés social. En tal caso, deberá ponerse el hecho en conocimiento de la Consejería de Hacienda.
Artículo 53.—Los bienes que se adquieran como patrimoniales necesitarán ser afectados a un uso o servicio público para que tengan la condición de bienes de dominio público, afectación que podrá ser simultánea a la adquisición.
Artículo 54.—Salvo que en ésta o en otras Leyes se disponga la contrario, es competencia del Consejero de Hacienda adaptar, a petición de la Consejería u Organismo interesado, los actos de afectación, previo expediente en el que se justifiquen los motivos de esa decisión.
Artículo 55.—En todo caso deberá levantarse acta de afectación, en la que intervendrán representantes de la Consejería de Hacienda y del Departamento u Organismo al que los bienes vayan a quedar adscritos. A partir de dicho momento, el Departamento u Organismo de destino asumirá las competencias que les correspondan sobre los bienes de dominio público.
Artículo 56.—Los bienes de dominio privado de Organismos autónomos dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán quedar afectados a un uso o servicio público y, por tanto, pasarán a ser titularidad de la Comunidad Autónoma. El Organismo autónomo no será indemnizado por ello.
Artículo 57.—Podrán cederse bienes muebles o inmuebles de forma gratuita u oneroso o Entidades públicas para un uso o servicio público de competencia de ellas. El bien patrimonial cedido quedará así afecto a un uso o servicio público ajeno al cedente, pasando a ser de dominio público sin que suponga cambio de titularidad.
Artículo 57 bis.—La Administración de la Junta de Andalucía podrá afectar bienes y derechos demaniales del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las entidades locales de Andalucía y a otras Administraciones Públicas para destinarlos a un uso o servicio público de su competencia. Este supuesto de mutación, que deberá acordar el Consejo de Gobierno, no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter demanial, y será aplicable a las citadas administraciones cuando estas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administración de la Junta de Andalucía y a sus entidades instrumentales públicas para su destino a un uso o servicio público de su competencia.
Artículo 58.—La mutación demanial se produce por el cambio de afectación de un bien que ya sea de dominio público.
Artículo 59.—La mutación demanial expresa se llevará a cabo por un procedimiento similar al de afectación, debiendo intervenir en el expediente los Órganos afectados.
Artículo 60.—La desafectación tendrá lugar cuando un bien de dominio público deje de estar destinado a un uso o servicio público, pasando a ser de dominio privado.
Artículo 61.—La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá desafectar bienes de dominio público de que sea titular en las formas previstas para la afectación. Para ello, la Consejería de Hacienda podrá investigar el uso que se haga de los citados bienes.
Artículo 62.—Todos los Órganos o Entes que tengan adscritos bienes de dominio público deberán solicitar de la Consejería de Hacienda el cambio de adscripción o de afectación si aquellos no fueran necesarios para el desempeño de las competencias que tengan atribuidas.
Artículo 63.—La reversión de los bienes expropiados quedará regulada por la legislación sobre expropiación forzosa.
Artículo 64.—Los bienes de dominio público adscritos a Organismos autónomos que antes de la afectación fueran propiedad de los mismos volverán a ser propiedad privada de ellos cuando pierdan la condición de dominio público. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89.
Artículo 65.—Las discrepancias que se produzcan entre dos o más Departamentos en materia de afectación, mutación y desafectación de bienes serán resueltas por el Consejo de Gobierno.
Artículo 66.—Los bienes de dominio privado o patrimoniales de la Comunidad Autónoma o de las Entidades de Derecho público dependientes de la misma quedarán sometidos a las reglas generales de Derecho privado, salvo los actos preparatorios de competencia o adjudicación relacionados con los mismos que, por su condición de separables, quedarán sometidos a las reglas de Derecho público, siendo competente para conocer de los mismos la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 67.—Los bienes de dominio privado, mientras tengan este carácter, son alineables y prescriptibles.
Artículo 68.—Los bienes de dominio privado son inembargables. No podrá despacharse mandamiento de ejecución ni dictarse providencia de embargo sobre estos bienes y derechos ni sobre las rentas, frutos o productos de los mismos, debiéndose estar a lo que dispone la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.
Artículo 69.—La inscripción en los Registros públicos de los bienes de dominio privado y de los actos que sobre los mismos se dicten se ajustará a las normas estatales sobre la materia.
Artículo 70.—La Comunidad Autónoma y las Entidades de Derechos público de ella dependientes podrán recuperar por sí la posesión indebidamente perdida de sus bienes de dominio privado durante el plazo máximo de un año, a contar desde la perturbación o despojo.
Artículo 71.—Las potestades de investigación y deslinde de los bienes de dominio privado quedarán sometidas a las mismas reglas previstas para los de dominio público.
Artículo 72.—Las cuestiones que surjan sobre la propiedad de los bienes de dominio privado se sustanciarán y resolverán por los Tribunales de la jurisdicción ordinaria.
Artículo 73.—Cuando exista oposición, la Comunidad Autónoma y sus Entidades de Derecho público no podrán ejercer potestades de autotutela para recuperar la plena posesión de sus bienes de dominio privado, una vez haya terminado la relación jurídico privada por la que se autorizaba a un tercero para su utilización. En tal caso, deberá la Administración dirigirse a los Tribunales ordinarios.
Artículo 74.—La Comunidad Autónoma podrá adquirir bienes y derechos de la siguiente forma:
Las Entidades públicas de ella dependientes podrán adquirir bienes de acuerdo con los procedimientos previstos en el apartado. b) anterior, pudiendo, asimismo, ser beneficiarias de los bienes adquiridos mediante expropiación.
Artículo 75.—Se presumirá que los bienes son de dominio privado.
Artículo 76.—Deberá darse cuenta al Departamento de Hacienda de toda adquisición de la que deba tomarse razón en el Inventario General de Bienes y Derechos.
Artículo 77.—1. Las adquisiciones de bienes inmuebles a título oneroso respetarán los principios de publicidad y concurrencia, salvo cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisición directa.
Artículo 78.—1. Las adquisiciones a título oneroso de bienes muebles y derechos se someterán a las mismas reglas que las de los inmuebles respecto a publicidad y concurrencia.
Artículo 79.— 1. La adquisición de bienes y derechos por las Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma se llevará a cabo, salvo que otra cosa disponga la legislación específica, por el Órgano que ostente su representación legal.
Este apartado 2 ha sido derogado por la Ley 9/1996, de 26 de diciembre (BOJA del 31), por la que se aprueban medidas fiscales en materia de Hacienda Pública, contratación administrativa, patrimonio, función pública y asistencia jurídica a entidades de derecho público.
VIGENTE DE 29 DE MAYO DE 1986 A 31 DE DICIEMBRE DE 1996.
Artículo 79.—1. La adquisición de bienes y derechos por las Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma se llevará a cabo, salvo que otra cosa disponga la legislación específica, por el Órgano que ostente su representación legal.
Artículo 80.—Las adquisiciones a título lucrativo en favor de la Comunidad Autónoma, o de cualquiera de las Entidades públicas dependientes de ella, deberán ser previamente aceptadas por Decreto del Consejo de Gobierno.
Artículo 81.—En las adjudicaciones de bienes o derechos a la Comunidad Autónoma o a cualquiera de las Entidades de Derecho público de ella dependientes como consecuencia de procedimientos judiciales o administrativos, deberá notificarse a la Consejería de Hacienda el auto, providencia o acuerdo respectivo.
Artículo 82.— 1. Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente por razón del objeto de la entidad y previo informe de las Consejerías con competencias en materia de Economía y de Hacienda, para la creación de entidades privadas, así como para la adquisición de acciones o participaciones en las mismas, cuando con ello la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a constituirse en partícipe mayoritario directa o indirectamente.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO-LEY 6/2010, DE 23 DE NOVIEMBRE (BOJA DEL 26). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2010 A 21 DE FEBRERO DE 2011.
Artículo 82.— 1. Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente por razón del objeto de la entidad y previo informe de las Consejerías con competencias en materia de Economía y de Hacienda, para la creación de entidades privadas, así como para la adquisición de acciones o participaciones en las mismas, cuando con ello la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a constituirse en partícipe mayoritario directa o indirectamente.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO-LEY 5/2010, DE 27 DE DICIEMBRE (BOJA DEL 28). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 29 DE JULIO DE 2010 A 26 DE NOVIEMBRE DE 2010.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY 10/2002, DE 21 DE DICIEMBRE (BOJA DEL 24). MODIFICACIÓN DEL APARTADO 1.
VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 2003 A 28 DE JULIO DE 2010.
Artículo 82.—1. Se requerirá autorización por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente por razón del objeto y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, para la creación de entidades privadas, así como para la adquisición de participaciones en las mismas, cuando con ello la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a constituirse en participe mayoritario directa o indirectamente.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 17/1999, DE 28 DE DICIEMBRE (BOJA DEL 31). MODIFICACIÓN DEL APARTADO 1.
VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 2000 A 31 DE DICIEMBRE DE 2002.
Artículo 82.—1. Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente por razón del objeto y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, para la creación de entidades privadas, así como para la adquisición de participaciones en las mismas, cuando con ello la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a constituirse en partícipe mayoritario.
VIGENTE DE 29 DE MAYO DE 1986 A 31 DE DICIEMBRE DE 1999.
Artículo 82.—1. se requerirá autorización por decreto del consejo de gobierno, a propuesta de la Consejería de hacienda, para la creación de entidades privadas, así como para la adquisición de participaciones en las mismas, cuando con ello la comunidad autónoma de Andalucía pase a constituirse en participe mayoritario
Artículo 83.—Las participaciones en Entidades privadas tendrán en todo caso la consideración de bienes patrimoniales.
Artículo 84.— 1. Los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles en favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las entidades públicas dependientes de la misma se acordarán por el titular del departamento o entidad interesada.
Este apartado 1 ha sido redactado por la Ley 9/1996, de 26 de diciembre (BOJA del 31), por la que se aprueban medidas fiscales en materia de Hacienda Pública, contratación administrativa, patrimonio, función pública y asistencia jurídica a entidades de derecho público.
VIGENTE DE 29 DE MAYO DE 1986 A 31 DE DICIEMBRE DE 1996
Artículo 84.—1. Los arrendamientos de bienes inmuebles en favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía se acordarán por el Consejero de Hacienda. Los arrendamientos de bienes muebles lo serán por el Consejero de cada Departamento.
Artículo 85.—Toda enajenación o gravamen de bienes propiedad de la Comunidad Autónoma o de cualesquiera de las Entidades públicas de ella dependientes deberá ir precedida de una depuración de la situación física o jurídica de las mismas, si es que resulta necesario.
Artículo 86.— La enajenación de bienes inmuebles de dominio privado pertenecientes a la Comunidad Autónoma requerirá previa declaración de alienabilidad por la Consejería de Hacienda en expediente en el que se acredite que el bien no tiene la condición de dominio público. En su caso, se requerirá informe del Órgano que tenga encomendada la administración de dicho bien.
Este párrafo segundo ha sido redactado por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre (BOJA del 1 de octubre), de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
VIGENTE DE 29 DE MAYO DE 1986 A 1 DE OCTUBRE DE 2012.
Artículo 86.—La enajenación de bienes inmuebles de dominio privado pertenecientes a la Comunidad Autónoma requerirá previa declaración de alienabilidad por la Consejería de Hacienda en expediente en el que se acredite que el bien no tiene la condición de dominio público. En su caso, se requerirá informe del Órgano que tenga encomendada la administración de dicho bien.
Artículo 87.— La competencia para enajenar los bienes inmuebles corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda si su valor no excede de seis millones de euros.
Este artículo 87 ha sido redactado por la Ley 11/2006, de 27 de diciembre (BOJA del 30), de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA DE LA LEY 2/1990, DE 2 DE FEBRERO (BOJA DEL 6). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE DICIEMBRE DE 2006.
Artículo 87.—La competencia para enajenar los bienes inmuebles corresponde al Consejero de Hacienda si su valor no excede de doscientos cincuenta millones de pesetas.
Si supera esta cantidad será necesaria autorización del Consejo de Gobierno. Si el precio es superior a mil millones de pesetas requerirá autorización por Ley.
VIGENTE DE 29 DE MAYO DE 1986 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989.
Artículo 87.—La competencia para enajenar los bienes inmuebles corresponde al Consejero de Hacienda si su valor no excede de cincuenta millones de pesetas.
Artículo 88.—La enajenación de los bienes inmuebles se hará mediante subasta. No obstante, podrá realizarse mediante enajenación directa cuando el valor del bien o derecho sea inferior a 60.000 euros. Igualmente, podrá realizarse mediante enajenación directa cuando el Consejo de Gobierno así lo disponga si existen razones objetivas justificadas.
Artículo 88 bis.— Podrá acordarse la enajenación de bienes inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma con reserva del uso temporal de los mismos, total o parcial, cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés público y así lo autorice el Consejo de Gobierno. Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración de contratos de arrendamiento, de corta o larga duración, o cualesquiera otros que habiliten para el uso de los bienes enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas de competencia y procedimiento que este. Se exigirá autorización por norma con rango de ley cuando el importe del bien sea superior a veinte millones de euros.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO-LEY 6/2010, DE 23 DE NOVIEMBRE (BOJA DEL 26). INSERCIÓN DEL ARTÍCULO.
Artículo 88 bis.—Podrá acordarse la enajenación de bienes inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma con reserva del uso temporal de los mismos, total o parcial, cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés público y así lo autorice el Consejo de Gobierno. Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración de contratos de arrendamiento, de corta o larga duración, o cualesquiera otros que habiliten para el uso de los bienes enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas de competencia y procedimiento que éste.
— REDACCIÓN ORIGINARIA POR EL DECRETO-LEY 5/2010, DE 27 DE JULIO (BOJA DEL 28).
Artículo 88 bis.—Podrá acordarse la enajenación de bienes inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma con reserva del uso temporal de los mismos, total o parcial, cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés público y así lo autorice el Consejo de Gobierno. Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración de contratos de arrendamiento, de corta o larga duración, o cualesquiera otros que habiliten para el uso de los bienes enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas de competencia y procedimiento que éste. Se exigirá autorización por norma con rango de ley cuando el importe del bien sea superior a veinte millones de euros.
Artículo 89.— Los bienes inmuebles pertenecientes a Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma que no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarán al Patrimonio de la citada Comunidad Autónoma.
No será aplicable lo expuesto en los artículos anteriores cuando se trate de bienes adquiridos por dichas Entidades públicas con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico, de acuerdo con sus reglas de funcionamiento, así como para garantizar la rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de sus normas específicas o responder de los avales que puedan prestar de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. En tales casos, podrán enajenarse los bienes conforme a las reglas establecidas en el artículo 80 de esta Ley o Leyes especiales.
La enajenación de los bienes inmuebles exige previa autorización de la Consejería competente en materia de Hacienda en todo caso, salvo que el valor del bien supere la cantidad de seis millones de euros o veinte millones de euros, en cuyo caso se requerirá previa autorización del Consejo de Gobierno o de una Ley respectivamente, salvo lo dispuesto en el artículo 95.2 de la presente Ley.
Este párrafo ha sido redactado por la Ley 11/2006, de 27 de diciembre (BOJA del 30), de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA DE LA LEY 2/1990, DE 2 DE FEBRERO (BOJA DEL 6). MODIFICACIÓN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO.
Artículo 89.—Los bienes inmuebles pertenecientes a Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma que no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarán al Patrimonio de la citada Comunidad Autónoma.
No será aplicable lo expuesto en los artículos anteriores cuando se trate de bienes adquiridos por dichas Entidades públicas con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico, de acuerdo con sus reglas de funcionamiento, así como para garantizar la rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de sus normas específicas o responder de los avales que puedan prestar de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma (citada). En tales casos, podrán enajenarse los bienes conforme a las reglas establecidas en el artículo 80 de esta ley o leyes especiales.
La enajenación de los bienes inmuebles exige previa autorización de la Consejería de Hacienda en todo caso, salvo que el valor del bien supere la cantidad de doscientos cincuenta millones de pesetas, o de mil millones de pesetas, en cuyo caso se requerirá previa autorización del Consejo de Gobierno o de una Ley respectivamente.
La enajenación de los bienes inmuebles exige previa autorización de la Consejería de Hacienda en todo caso, salvo que el valor del bien supere la cantidad de cincuenta millones de pesetas o de quinientos millones de pesetas, en cuyo caso se requerirá previa autorización del Consejo de Gobierno o de una Ley, respectivamente.
Artículo 90.— 1. La enajenación de los bienes muebles se someterá a las mismas reglas de los inmuebles y será competente para acordarla la persona titular de la Consejería que los tuviera adscritos si su valor no excede de seis millones de euros. Si supera dicha cantidad será necesaria autorización del Consejo de Gobierno, y autorización por Ley si el importe es superior a veinte millones de euros, salvo lo dispuesto en el artículo 95.2 de la presente Ley.
Este artículo 90 ha sido redactado por la Ley 11/2006, de 27 de diciembre (BOJA del 30), de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 17/1999, DE 28 DE DICIEMBRE (BOJA DEL 31). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.
VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 2000 A 31 DE DICIEMBRE DE 2006.
Articulo 90.—1. La enajenación de los bienes muebles se someterá a las siguientes reglas:
VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE DICIEMBRE DE 1999.
Articulo 90.—La enajenación de los bienes muebles se someter a las mismas reglas de los inmuebles; sera competente el consejero que los tuviera adscritos si su valor no excede de 250.000.000 de pesetas. si supera dicha cantidad sera necesaria autorización del consejo de gobierno y autorización por ley si el importe es superior a 1.000.000.000 de pesetas.
Artículo 90.—La enajenación de los bienes muebles se someterá a las mismas reglas de los inmuebles; será competente el Consejero que los tuviera adscritos si su valor no excede de cincuenta millones de pesetas. Si supera dicha cantidad será necesaria autorización del Consejo de Gobierno, y autorización por Ley si el importe es superior a quinientos millones de pesetas.
Artículo 91.— En caso de permuta, deberá previamente llevarse a cabo una tasación pericial que acredite que la diferencia de valor entre los bienes a permutar no es superior al 50 por 100 del que lo tenga mayor, no obstante lo cual sera necesario igualar las prestaciones mediante la oportuna compensación económica.
Este artículo 91 ha sido redactado por la Ley 2/1990, de 2 de febrero (BOJA del 6), de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1990.
Artículo 91.—En caso de permuta, deberá previamente llevarse a cabo una tasación pericial que acredite que la diferencia del valor entre los bienes a permutar no es superior al 50% del que lo tenga mayor, no obstante lo cual será necesario igualar las prestaciones mediante la oportuna compensación económica.
Artículo 92.— La enajenación de derechos sobre bienes incorporales deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno, salvo que su valor supere la cantidad de veinte millones de euros, en cuyo caso se requerirá autorización por Ley, salvo lo dispuesto en el artículo 95.2 de la presente Ley.
Este artículo 92 ha sido redactado por la Ley 11/2006, de 27 de diciembre (BOJA del 30), de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
Artículo 92.—La enajenación de derechos sobre bienes incorporales deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno, salvo que su valor supere la cantidad de mil millones de pesetas, en cuyo caso se requerirá autorización por Ley.
Artículo 92.—La enajenación de derechos sobre bienes incorporales deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno, salvo que su valor supere la cantidad de quinientos millones de pesetas, en cuyo caso se requerirá autorización por Ley.
Artículo 93.—Todo Órgano o Entidad que no necesite hacer uso de los bienes patrimoniales de que disponga lo pondrá en conocimiento de la Consejería de Hacienda por si ésta considerara adecuado modificar su adscripción.
Artículo 94.— 1. La Consejería de Hacienda será competente para enajenar participaciones de la Comunidad Autónoma en Entidades privadas.
Este segundo párrafo ha sido redactado por la Ley 10/2002, de 21 de diciembre (BOJA del 24), por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, con entrada en vigor el día 1 de enero de 2003.
Este último párrafo ha sido redactado por la Ley 11/2006, de 27 de diciembre (BOJA del 30), de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
Este apartado 2 ha sido redactado por la Ley 11/2006, de 27 de diciembre (BOJA del 30), de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 10/2002, DE 21 DE DICIEMBRE (BOJA DE 19 DE FEBRERO). MODIFICACIÓN DEL APARTADO 1 PÁRRAFO 2.º.
VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 2003 A 31 DE DICIEMBRE DE 2006.
Artículo 94.—1. La Consejería de Hacienda será competente para enajenar participaciones de la Comunidad Autónoma en Entidades privadas.
Asimismo, será necesaria dicha autorización cuando el valor de las participaciones u obligaciones a enajenar supere la cantidad de doscientos cincuenta millones de pesetas. Si excede de mil millones de pesetas se requerirá autorización por Ley.
2. Cuando se trate de enajenar participaciones que pertenezcan a Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, será de aplicación lo dispuesto en el punto anterior, si bien se necesitará autorización del Consejero de Hacienda para enajenaciones que no superen la cantidad de cien millones de pesetas, siempre que no se enajenen de esa forma todas las acciones pertenecientes a la Entidad pública o cese en su anterior condición de partícipe mayoritario.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA DE LA LEY 2/1990, DE 2 DE FEBRERO (BOJA DEL 6). MODIFICACIÓN DE LOS APARTADOS 1 PÁRRAFO 3.º Y 2..
VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 1990 A 31 DE DICIEMBRE DE 2002.
No obstante, la pérdida de la condición de partícipe mayoritario, así como la enajenación de todas las acciones de que la Comunidad Autónoma disponga en la Sociedad, requiere previa autorización por Decreto del Consejo de Gobierno.
VIGENTE DE 25 DE MAYO DE 1986 A 31 DE DICIEMBRE DE 1989.
2. Cuando se trate de enajenar participaciones que pertenezcan a Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, será de aplicación lo dispuesto en el punto anterior, si bien se necesitará autorización de Consejero de Hacienda para enajenaciones que no superen la cantidad de veinte millones de pesetas, siempre que no enajenen de esa forma todas las acciones pertenecientes a la Entidad pública o cese en su anterior condición de partícipe mayoritario.
Artículo 95.— 1. Será necesaria autorización por Ley para enajenaciones de bienes que hayan sido declarados formalmente de interés cultural.
Este artículo 95 ha sido redactado por la Ley 11/2006, de 27 de diciembre (BOJA del 30), de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
VIGETNE DE 29 DE MAYO DE 1986 A 31 DE DICIEMBRE DE 2006.
Artículo 95.—Será necesario autorización por Ley para enajenaciones de bienes que hayan sido declarados formalmente de interés cultural.
Artículo 96.—Todo adquirente a título oneroso tendrá derecho a ser compensado por los desperfectos que, no siendo consecuencia necesaria de un deterioro normal causado por el tiempo, sufran los bienes entre el momento en que se llevó a cabo la tasación pericial y la entrega de los mismos.
Artículo 97.—La Consejería de Hacienda podrá investigar el uso que se haga de los bienes a que se refiere esta Ley.
Artículo 98.—No podrán gravarse los bienes o derechos de dominio privado de la Comunidad Autónoma o de las Entidades públicas de ella dependientes, sino con los mismos requisitos exigidos para su enajenación.
Artículo 99.—Se necesitará autorización del Consejo de Gobierno para transigir sobre bienes de dominio privado de la Comunidad Autónoma o de las Entidades públicas de ella dependientes.
Artículo 100.—El uso por terceros de estos bienes se someterá al régimen general previsto en Derecho privado, con las especialidades establecidas en la presente Ley.
Artículo 101.—La adjudicación de los contratos se hará respetando los principios de publicidad y concurrencia, excepto cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisición directa.
Artículo 102.—La competencia para adjudicar contratos relativos a bienes inmuebles corresponde a la Consejería de Hacienda. Si se trata de bienes muebles será competente el Consejero que los tenga adscritos.
Artículo 103.—El arrendamiento de bienes inmuebles pertenecientes a Entidades públicas que dependan de la Comunidad Autónoma requerirá previa autorización del Consejero de Hacienda.
Artículo 104.—Lo dispuesto en los artículos anteriores de este capítulo se entiende sin perjuicio de lo establecido en Leyes especiales.
Artículo 105.—La Administración podrá reservarse el uso y explotación de sus bienes de dominio privado.
Artículo 106.— Los bienes de dominio privado cuya afectación o explotación no se considere necesaria podrán ser cedidos gratuitamente por el Consejo de Gobierno a Entidades Públicas de todo orden o privadas de carácter benéfico o social, para cumplimiento de sus fines. Dicha cesión especificará las condiciones y el tiempo de su duración. Será competente para acordar la cesión el Consejo de Gobierno, salvo que el valor del bien exceda de veinte millones de euros, en cuyo caso será precisa autorización por Ley.
Este primer párrafo ha sido redactado por la Ley 11/2006, de 27 de diciembre (BOJA del 30), de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA DE LA LEY 2/1990, DE 2 DE FEBRERO (BOJA DEL 6). MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO PRIMERO.
Artículo 106.—Los bienes de dominio privado cuya afectación o explotación no se considere necesaria podrán ser cedidos gratuitamente por el Consejo de Gobierno a Entidades públicas de todo orden o privadas de carácter benéfico o social, para cumplimiento de sus fines. Dicha cesión especificará las condiciones y el tiempo de su duración. Será competente para acordar la cesión el Consejo de Gobierno, salvo que el valor del bien exceda de mil millones de pesetas, en cuyo caso será precisa autorización por Ley.
Artículo 106.—Los bienes de dominio privado cuya afectación o explotación no se considere necesaria podrán ser cedidos gratuitamente por el Consejo de Gobierno o Entidades públicas de todo orden o privadas de carácter benéfico o social, para cumplimiento de sus fines. Dicha cesión especificará las condiciones y el tiempo de su duración. Será competente para acordar la cesión el Consejo de Gobierno, salvo que el valor del bien exceda de doscientos cincuenta millones de pesetas, en cuyo caso será precisa autorización por Ley.
Artículo 107.—Queda prohibida toda donación de bienes, salvo lo previsto para compromisos o subvenciones de auxilios en la legislación especial.
Artículo 108.—Cuando un bien de dominio privado pase a ser de dominio público, las relaciones jurídicas que sobre el mismo existan quedarán reguladas a partir de entonces por las normas aplicables a este tipo de bienes.
Artículo 109.—Ningún bien de dominio privado podrá cederse por plazo superior a cincuenta años.
Artículo 110.—El Consejo de Gobierno podrá adscribir bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma a Entidades públicas que dependan de ella. Estas no adquirirán la propiedad de la mismos y tendrán la obligación de respetar las condiciones impuestas.
Artículo 111.—Quienes tengan a su cargo la gestión o hagan uso de los bienes o derechos de dominio público o privado de la Comunidad Autónoma o de las Entidades públicas de ella dependientes, están obligados a su custodia, conservación y utilización con la diligencia debida, debiendo indemnizar, en su caso, al titular del derecho por los daños y perjuicios que produzcan y que no sean consecuencia del uso normal de los bienes.
Artículo 112.—Todo usuario tiene obligación de respetar los bienes afectos al servicio público que utilice, aunque éstos pertenezcan a Entidades privadas encargadas de su explotación.
Artículo 113.—En los casos previstos en los dos artículos anteriores, el Órgano o Entidad pública encargado de la gestión del bien o que haya concedido el servicio público podrá utilizar sus poderes de autotutela para obligar al causante del daño o reparar los perjuicios causados. Sus actos serán recurribles en vía contencioso-administrativa.
Artículo 114.—En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 111 y 112 podrá la Consejería de Hacienda imponer multas del tanto al triplo del valor del daño causado.
Artículo 115.—Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, la Administración no suspenderá la tramitación de los procedimientos sancionadores dimanantes de los mismos, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de la jurisdicción penal. No obstante no se producirá resolución administrativa definitiva hasta tanto exista pronunciamiento judicial.
Disposición adicional primera.—A los efectos de esta Ley, se entiende por Comunidad Autónoma dicha Comunidad como persona jurídica, incluyendo su Parlamento y el Consejo de Gobierno.
Disposición adicional segunda.— Se considerarán bienes de dominio público aquellos inmuebles que se destinen a oficinas o servicios administrativos de la Junta de Andalucía o de cualquiera de sus entidades instrumentales de Derecho Público.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1/2011, DE 17 DE FEBRERO (BOJA DEL 21). MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN.
VIGENTE DE 22 DE FEBRERO DE 2011 A 1 DE OCTUBRE DE 2012.
Disposición adicional segunda.—Se considerarán bienes de dominio público aquellos inmuebles que se destinen a oficinas o servicios administrativos de la Junta de Andalucía o de cualquiera de sus entidades instrumentales de Derecho Público.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO-LEY 6/2010, DE 23 DE NOVIEMBRE (BOJA DEL 26). MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO-LEY 5/2010, DE 27 DE JULIO (BOJA DEL 28). MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN.
VIGENTE DE 29 DE MAYO DE 1986 A 28 DE JULIO DE 2010.
Disposición adicional segunda.—En todo caso, se considerarán bienes de dominio público aquellos inmuebles que se destinen a oficinas o Servicios administrativos de la Comunidad Autónoma o cualquiera de sus Entidades públicas.
Disposición adicional tercera.—El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobará un pliego general de condiciones para concesiones de dominio público. Los Órganos competentes en cada caso para adjudicar las condiciones podrán incluir cuantas condiciones nuevas tengan por conveniente, previa autorización de la Consejería de Hacienda.
Disposición adicional cuarta.—El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá avocar para sí las competencias que otros Órganos inferiores tengan atribuidas en cuanto al uso y aprovechamiento de bienes de dominio público o privado de la propia Comunidad.
Disposición adicional quinta.—La Dirección General de Patrimonio ostentará la representación en el otorgamiento de escrituras relativas a actos relacionados con el Patrimonio.
Disposición adicional sexta.—Los conflictos competenciales que se susciten en aplicación de esta Ley entre distintas Consejerías, o entre la Comunidad Autónoma y Entidades públicas de ella dependientes, o entre estas mismas, serán resueltos por el Consejo de Gobierno.
Disposición adicional séptima.—El Consejo de Gobierno mediante Decreto procederá, cuando las circunstancias así lo aconsejen, a la modificación de las cuantías de las sanciones en materia patrimonial con objeto de adecuar el montante de las mismas a la naturaleza y gravedad de los actos que las originen.
Disposición adicional octava.—Uno. El Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma, al que se refiere el artículo 14 de esta Ley comprenderá todos los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Autónoma, con excepción de los que hayan sido adquiridos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares, y de aquellos bienes muebles que sean fungibles o cuyo valor unitario sea inferior a 50.000 pesetas, sin perjuicio del correspondiente control por el órgano al que están adscritos para su utilización y custodia.
Esta disposición adicional octava ha sido añadida por la Ley 7/1996, 31 de julio (BOJA de 1 de agosto), del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.
Disposición adicional novena. Tasaciones periciales e informes técnicos.—1. Las valoraciones, tasaciones, informes técnicos y demás actuaciones periciales que deban realizarse para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley deberán explicitar los parámetros en que se fundamentan, y podrán ser efectuadas por personal técnico dependiente de la Consejería o entidad que administre los bienes o derechos o que haya interesado su adquisición, arrendamiento o enajenación, o por personal técnico facultativo de la Consejería competente en materia de hacienda. Estas actuaciones podrán igualmente encargarse a sociedades de tasación debidamente inscritas en el Registro de Sociedades de Tasación del Banco de España y empresas legalmente habilitadas, con sujeción a lo establecido en la legislación de contratos.
Disposición adicional décima. Garantía en procedimientos de adjudicación de inmuebles.—La participación en procedimientos de adjudicación de inmuebles requerirá la constitución de una garantía, que se fijará por el órgano competente para la iniciación del expediente, que no podrá ser inferior al equivalente al 5% ni superior al 25% del valor de tasación.
Disposición transitoria primera.—La Comunidad Autónoma de Andalucía se subrogará como titular en los contratos, bienes y derechos en general que se le transfieren. En tal caso, deberá respetar las obligaciones ya existentes, sin perjuicio del posible rescate de concesiones cuando existan motivos de interés general para ello.
Disposición transitoria segunda.—Los bienes transferidos a la Entidad Preautonómica pertenecen a la actual Comunidad Autónoma.
Disposición transitoria tercera.—En tanto se dicten normas especiales de la Comunidad Autónoma relativas a los distintos bienes y derechos cuya titularidad ostenta, se tendrá en cuenta para su aplicación las normas del Estado.
Disposición transitoria cuarta.—Por Decreto de Consejo de Gobierno, podrán adecuarse los Estatutos de los Organismos autónomos a lo dispuesto en esta Ley y en la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Disposición transitoria quinta.—El ejercicio de facultades de titularidad sobre bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad Autónoma atribuido por esta Ley a la Consejería de Hacienda y que en virtud de acuerdos del Consejo de Gobierno adoptados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley estuviese delegado en las distintas Consejerías, continuará siendo competencia de las mismas hasta tanto se constituyan los correspondientes Organismos autónomos o Entidades públicas o privadas a las que se encomiende su gestión.