Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-430-17.htm
Timestamp: 2019-02-22 20:32:44
Document Index: 25596734

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 42', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 32', 'artículo 32']

T-430-17
DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS-Caso en que Consejo de Administración de edificio no dio respuesta a solicitud interpuesta por accionante
Esta Corte, a través de su jurisprudencia, ha realizado importantes esfuerzos por diferenciar las figuras de la subordinación e indefensión, puesto que ambas se desprenden del equilibrio que deben guardar las relaciones entre los particulares, con la finalidad de garantizar el principio de igualdad. Así las cosas, esta Corte en el año 1993 dictó la sentencia T-290 de ese año, en la que consideró que “la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”. De lo anterior, se desprende que la diferencia entre una y otro figura se encuentra en el tipo de relación que tienen los particulares. Así, si está regulada por un título jurídico, existe subordinación, empero si la dependencia es debido a una situación de naturaleza fáctica estamos frente a un caso de indefensión (el cual, deberá ser advertido con especial cuidado por parte del juez constitucional al realizar el análisis de cada caso concreto).
DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS-Reglas jurisprudenciales
DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-Jurisprudencia constitucional
DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS-Orden a Consejo de Administración de edificio, proceder a contestar de fondo y de manera clara la petición interpuesta por el accionante
1. El señor Diego Patiño Giraldo, quien afirma actuar como apoderado de la señora Martha Luz Rodríguez Sánchez (copropietaria del apartamento 302 ubicado en el edificio Parque 125)[1], manifiesta que interpuso petición el día dieciocho (18) de noviembre dos mil dieciséis (2016) ante el Consejo de Administración del citado edificio[2], en la que solicitó la copia de algunos documentos[3] relacionados con la posible comisión de conductas penales al interior de la copropiedad.
2. Empero, el señor Diego Patiño Giraldo manifiesta que para el día nueve (09) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), no había recibido respuesta sobre la petición interpuesta, por lo que considera que transcurrió el término que la Ley prevé para que se conteste de forma oportuna y precisa. En ese sentido, refiere que se ha vulnerado el derecho fundamental de petición[4].
3. Mediante Auto del diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la ciudad de Bogotá avocó conocimiento de la acción de tutela y ordenó la vinculación del Presidente del Consejo de Administración del Edificio Parque 125 y de su representante legal[5].
6. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del Auto del treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017), expedido por la Sala Tercera (03) de Selección de esta corporación, que ordenó la revisión del presente caso[9].
“Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico[14]. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial.[15] En este sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido[16] para la promoción[17] de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen[18] en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho[19] habilitado con tarjeta profesional[20]”.
Para la Sala es evidente que la conclusión a la que arribó el ad-quem podría llegar a ser correcta, de no ser porque de un análisis integral del escrito de tutela, así como de las pruebas que lo acompañan se observa otra realidad. En efecto, se advierte que si bien, el señor Patiño Giraldo manifiesta interponer la tutela en representación de la señora Rodríguez Sánchez, lo cierto es que la petición objeto material del amparo, fue interpuesta directamente por este último en calidad de miembro suplente del Consejo de Administración y como representante de la copropietaria, lo que necesariamente lleva a esta Sala a concluir que el derecho subjetivo que presuntamente está siendo vulnerado es el del señor Diego Patiño Giraldo, que fue quien, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, solicitó la entrega de las copias de distintos documentos al Consejo de Administración del Edificio Parque 125.
8. Legitimación por pasiva: El artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[32] establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de dicho Decreto, particularmente, las hipótesis se encuentran plasmadas en el artículo 42[33].
Sobre el particular, esta Sala advierte que del expediente de tutela se establece que el día dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)[42], el señor Diego Patiño Giraldo elevó la petición ante el Consejo de Administración del Edificio Parque 125 con la finalidad de obtener la copia de varios documentos relacionados con la posible comisión de delitos en el manejo de la copropiedad, la cual afirma no fue contestada al quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), fecha de interposición de la presente acción de tutela.
De conformidad con la Ley 1755 de 2015[43], el término general para contestar las peticiones interpuestas con la finalidad de obtener la copia de documentos es de 10 días hábiles[44]. Para el caso, ese término feneció el día siete (07) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), es decir que entre ese día y la fecha de la interposición de la acción de tutela transcurrieron tan sólo 8 días, lapso que esta Sala de Revisión considera oportuno para acudir al amparo constitucional, motivo por el cual se acredita el presupuesto de inmediatez.
10. Subsidiariedad: En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional adoptada en la materia[45] y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual sólo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo: (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[46].
Teniendo en cuenta que el asunto bajo consideración de la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional versa sobre la presunta vulneración del derecho fundamental de petición y en atención a que no existe en el ordenamiento jurídico otro mecanismo judicial dispuesto para reclamar su cumplimiento, esta Corte ha aceptado que la acción de tutela es el medio judicial idóneo y eficaz para resolver acerca de la vulneración de este derecho fundamental[47].
D. DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS – REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
14. Pese a la existencia de un mandato constitucional contenido en el ya citado artículo 23 de la Constitución, relativo a la regulación del derecho de petición ante organizaciones privadas, el legislador tan sólo cumplió con dicho deber en el año 2015 con la expedición de la Ley 1755[58], a través de la cual reglamentó la materia. Sin embargo, con anterioridad a ese momento fue la Corte Constitucional, principal garante de los derechos fundamentales, quien a través de la jurisprudencia comenzó a establecer las reglas para el ejercicio del derecho de petición ante los particulares.
14.3. En ese mismo sentido, la Sala Plena de esta corporación profirió la sentencia SU-166 de 1999[61], providencia mediante la cual se sistematizaron por primera vez las reglas de procedencia de la petición ante organizaciones privadas. Al respecto, se establecieron dos supuestos: (i) cuando la organización privada tenga a su cargo la prestación de un servicio público, o cuando en atención a la actividad que desempeña, adquiera el status de autoridad y (ii) De conformidad por lo reglamentado por el legislador, cuando el derecho de petición sea el instrumento para hacer efectivos otros derechos fundamentales.
14.4. En el año 2002, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional profirió la sentencia T- 163 de ese año, a través de la cual creó una nueva regla respecto de la petición contra organizaciones privadas. En esa oportunidad, la Sala tuvo la oportunidad de estudiar la tutela interpuesta por el ex trabajador de Industrias Kent y Sorrento que había solicitado a través de petición la expedición de un certificado laboral y que, debido a la falta de contestación, decidió acudir al amparo constitucional. Al estudiar de fondo el caso, se encontró que, en efecto, la empresa accionada había vulnerado el derecho fundamental de petición, puesto que “el accionante no sólo se encuentra en estado de subordinación, dada su calidad de ex - empleado, que depende de su antiguo patrono para obtener una respuesta que sólo este puede dar y que resuelve la petición como tal, sino que además, es evidente su estado de indefensión, dada la ausencia de medios jurídicos eficaces para repeler la conducta del particular demandado”.
16. El treinta (30) de junio de dos mil quince (2015), el legislador expidió la Ley 1755 de 2015[65], por medio de la cual reguló el ejercicio del derecho de petición, norma en la que se reglamentó la petición ante organizaciones privadas desarrollando el mandato establecido en el artículo 23 de la Constitución. La norma consigna lo siguiente:
16.3. De la lectura de la Ley 1755 de 2015 y del recuento jurisprudencial que la Sala Tercera de Revisión ha realizado, es posible concluir que sólo existe una hipótesis que la ley modificó y es la relativa a la procedencia de la petición ante particulares cuando existe subordinación, indefensión o posición dominante. Lo anterior, como quiera que en el parágrafo 1 del artículo 32 de la citada norma, se estableció de manera expresa que esta hipótesis también es viable cuando se interpone la petición ante una persona natural.
E. VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN DEL SEÑOR DIEGO PATIÑO GIRALDO
19.1. Lo primero que se advierte es que el señor Diego Patiño Giraldo interpuso una petición solicitando copia de diferentes documentos ante el señor Marino Ríos Restrepo, en calidad de presidente del Consejo de Administración del Edificio Parque 125, el día dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)[66], solicitud que hasta la fecha de interposición de la tutela no fue contestada.
19.2.1. Acerca de la primera duda, la Sala encuentra que la petición interpuesta, en efecto, fue suscrita por el señor Diego Patiño Giraldo actuando en calidad de representante de una copropietaria y como miembro suplente del Consejo de Administración del citado Edificio. Al respecto, es posible establecer que el poder que le otorgó la señora Martha Luz Rodríguez al accionante tenía como finalidad la representación de ésta en la Asamblea de Copropietarios, para ese fin (i) tenía derecho de voz y voto y (ii) podía ser elegido en cualquier dignidad que a ella le correspondiera[67]. Como consecuencia de ello, el señor Patiño Giraldo resultó electo como miembro de Consejo de Administración, cargo que ocupa en representación de la señora Rodríguez[68], lo que a juicio de la Sala prueba el interés que el accionante tenía al interponer la citada petición.
19.3.1. Del expediente se advierte que, en efecto, existe copia de la petición formulada ante el Consejo de Administración con el respectivo recibido de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), situación que no fue contradicha en la respuesta que la empresa administradora del edificio allego al fallador de primera instancia, en tanto que se limitó a informar que ante esa dependencia (la administración) no se había interpuesto petición alguna, pero nada se dijo acerca de la solicitud interpuesta ante el señor Marino Ríos Restrepo en calidad de presidente del Consejo de Administración, luego no se acreditó que la copropiedad hubiese resuelto de fondo y de manera clara la solicitud interpuesta por el señor Diego Patiño Giraldo[71].
19.5. Ahora bien, en atención a que la empresa administradora del edificio, en su contestación, puso de presente que existen documentos solicitados por el accionante que podrían estar sujetos a reserva, la Sala pone de presente que de conformidad con el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015[72], las organizaciones privadas únicamente podrán invocar ese argumento en los casos expresamente establecidos en la Constitución y en la Ley. Lo anterior, significa que al momento de contestar la petición interpuesta, deberán proferir una respuesta motivada en la que se indiquen los documentos que se encuentran sometidos a reserva y la norma jurídica que así lo indica.
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia del trámite de tutela por el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá el día treinta (30) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), a través de la cual se denegó el amparo constitucional y, como consecuencia, CONFIRMAR la decisión del Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que tuteló el derecho fundamental de petición.
Segundo.- ORDENAR al Consejo de Administración del Edificio Parque 125 que en el término de cuarenta y ocho (48) horas; contado a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a contestar de fondo y de manera clara la petición interpuesta por el señor Diego Patiño Giraldo.
Tercero.- ADVERTIR al Consejo de Administración del Edificio Parque 125 que, en caso de existir reserva legal sobre alguno de los documentos solicitados por el accionante en su petición, deberá informar, de forma clara, este hecho al señor Diego Patiño Giraldo citando la norma constitucional o legal que establece la reserva de ese documento en específico. Por lo demás, deberá emplear las reglas contenidas en el Capítulo I de la Ley 1755 de 2015 en lo que le sean aplicables.
[1] Como prueba de lo anterior, se adjunta copia del poder otorgado por la señora Martha Luz Rodríguez Sánchez al señor Diego Patiño Giraldo para asistir a la Asamblea General de Copropietarios llevada a cabo el día quince (15) de marzo de dos mil dieciséis (2016) en su nombre y representación con derecho a voz y voto y para ser elegido como miembro del Consejo de Administración o cualquier otra dignidad a la que tenga derecho como copropietaria. El citado poder obra en el folio 7 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[2] Copia de la petición interpuesta por el señor Diego Patiño Giraldo con firma de recibido de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) visible en el folio 5 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[3] Concretamente, el señor Diego Patiño Giraldo solicitó la copia de (i) la denuncia penal presentada ante las autoridades contra la empresa administradora de la copropiedad; (ii) copia de la comunicación escrita enviada por el representante legal a Davivienda informando sobre los hechos ocurridos y solicitando las medidas cautelares del caso; (iii) copia de la carta remitida a Davivienda solicitando la devolución de los dineros sustraídos de la cuenta bancaria de la copropiedad; (iv) copia de la póliza de garantía suscrita previamente por el Consejo de Administración y servicios MG S.A.S.; (v) copia del acuerdo de pago suscrito entre el Consejo de Administración y la empresa Administraciones y Servicios MG S.A.S.; (vi) copia de la póliza otorgada por el empresa administradora, en la cual se garantice el pago del acuerdo suscrito; (vii) copia del documento del acuerdo de finalización del contrato de administración suscrito entre el Consejo de Administración y la empresa Administraciones y Servicios MG S.A.S.; (viii) copia de los documentos en los cuales conste el contrato de administración suscrito entre el Consejo de Administración y la nueva persona natural o jurídica que vaya a prestar el servicio de administración a la copropiedad y (ix) copia de las actas de reuniones del Consejo de Administración correspondientes a los meses septiembre, octubre y noviembre de 2016, en especial las que no le han sido informadas al señor Diego Patiño.
[4] Como pruebas adicionales, el señor Diego Patiño Giraldo adjunta como pruebas copia del acta de la reunión del Consejo de Administración del edificio Parque 125 correspondiente al quince (15) de abril de dos mil dieciséis (2016) y copia de la escritura pública número 1973 del dieciocho (18) de septiembre de dos mil tres (2003), elevada ante la Notaria Treinta y nueve (39) de Bogotá, a través de la cual se reformó el reglamento de la copropiedad horizontal del edificio Parque 125.
[21] Al respecto, en la sentencia T-531/02 se dijo que: “Para la Sala la validez de esta norma de permisión se ve reforzada con tres principios constitucionales: el principio de eficacia de los derechos fundamentales[21], que como mandato vinculante tanto para las autoridades públicas como para los particulares, impone la ampliación de los mecanismos institucionales para la realización efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales. El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas el cual en estrecha relación con el anterior está dirigido a evitar que por circunstancias artificiales propias del diseño de los procedimientos se impida la protección efectiva de los derechos. Y el principio de solidaridad que impone a los miembros de la sociedad colombiana velar por la defensa no sólo de los derechos fundamentales propios, sino también por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa”.
[61] En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió el caso de un señor que formuló una petición ante la comisionista de bolsa ASVALORES, con la finalidad de que esta última ejerciera la correspondiente intermediación financiera sobre la negociación de unas acciones
[68] De conformidad con la copia del acta del 15 de abril de 2016, en la que se indica que el señor Diego Patiño fue elegido como miembro suplente del Consejo de Administración. Dicha acta obra en folios 8, 9 y 10 del cuaderno principal de la acción de tutela.