Source: http://www.jurischile.com/2020/02/corte-suprema-ordena-al-fisco.html
Timestamp: 2020-07-09 07:08:52
Document Index: 290375255

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 170', 'artículo 5', 'artículo 170', 'artículo 768', 'artículo 170', 'artículo 42', 'artículo 186']

JurisChile 2020: CORTE SUPREMA ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A FAMILIARES DE CARABINERA FALLECIDA EN OPERATIVO POLICIAL
CORTE SUPREMA ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A FAMILIARES DE CARABINERA FALLECIDA EN OPERATIVO POLICIAL
En los autos de esta Corte Rol N° 14.899-2018, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios por falta de servicio, caratulados “Gallardo Ruiz, Carlos Eduardo y otros con Fisco de Chile”, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de San Miguel, Carlos Eduardo Gallardo Ruiz y
Margarita del Rosario, María Teresa, Carola Adriana, Carlos Eduardo, José Francisco y Felipe Ignacio, todos de apellidos Gallardo Reyes, dedujeron demanda en contra del Fisco de Chile con el objeto de que se les resarzan los daños que han sufrido como consecuencia del fallecimiento de Paulina Aurora Gallardo Reyes, Cabo 2° de Carabineros, hija del actor Carlos Eduardo Gallardo Ruiz y hermana de los demás demandantes.
Al respecto explican que el uno de mayo de 2011, a las
22:24, mientras un carro policial de la 14ª Comisaría de
San Bernardo intentaba bloquear el paso del camión PPU XF 4786, por la ruta 5 sur, a la altura “El Parrón”, vehículo este último que había sido sustraído desde un servicentro en San Bernardo, a fin de evitar su fuga, fue colisionado en su parte trasera por el indicado móvil mayor, resultando fallecida Paulina Aurora Gallardo Reyes, Cabo 2° de Carabineros. Subrayan que Paulina viajaba en el asiento posterior del vehículo policial, mientras que adelante lo hacían otros dos funcionarios que alcanzaron a descender antes del impacto, cuestión que no pudo hacer la Cabo Gallardo debido a que la puerta trasera izquierda del vehículo policial presentaba un desperfecto que impidió que se abriera.
Sostienen que, sin perjuicio de la responsabilidad del conductor del camión, se abrió una causa en la Primera Fiscalía Militar, en la que se dio por acreditado el cuasidelito de homicidio de la Cabo Gallardo y se imputó responsabilidad al conductor del vehículo policial. Añaden que, además, se instruyó un sumario administrativo, en el que fueron sancionados tres funcionarios: el Capitán Marcelo Larraín González, el Teniente Roberto Videla Cáceres, Jefe de la Comisión de Locomoción y Bagaje de la misma Comisaría, y un tercer funcionario encargado de los vehículos de la Unidad, por cuanto tenían conocimiento del desperfecto del carro policial y no dispusieron su reparación, permitiendo que saliera al servicio. Expresan que dicho comportamiento contraviene lo establecido en el Reglamento N° 20, Decreto 339 del año 1979 del Ministerio de Defensa, en cuyo Capítulo III, letra c) se dispone que: “Al detectar algún desperfecto mecánico el vehículo debe quedar fuera de servicio hasta que sea reparada totalmente la falla”.
Al tenor de lo manifestado aseveran que el demandado incurrió en falta de servicio, que hacen consistir tanto en el comportamiento negligente y temerario del conductor del móvil policial, como en la falta de reparación de la puerta trasera del mismo vehículo, e invocan como fundamentos de derecho de su acción los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República; 4 de la Ley N°
18.575 y 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. En forma subsidiaria, invocan como sustento jurídico de su demanda lo estatuido en los artículos 2314 y 1437 del Código Civil.
Para terminar este apartado explica que la circulación de un vehículo policial en mal estado infringe lo estatuido en el artículo 56 de la Ley N° 18.290, así como el Manual de Conducción para Carabineros y su normativa
reglamentaria, concretamente el Reglamento de vehículo para Carabineros de Chile Número 20.
SEGUNDO: Que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales –categoría esta última a la que pertenece aquella objeto de la impugnación en análisis-; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran –en lo que atañe al presente recurso- en su numeral 4 las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.
TERCERO: Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920 un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias
definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.
Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida –prosigue el referido Auto Acordado- deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente.
CUARTO: Que la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la
claridad, congruencia, armonía y lógica en los
razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias, cuestión que arranca desde la época de don Andrés Bello, según nos recuerda en su artículo sobre la materia publicado en el Monitor Araucano “Publicidad de los juicios o necesidad de fundamentar las sentencias” (citado por Agustín Squella Narducci, en “Andrés Bello, escritos jurídicos, políticos y universitarios”. Thomson Reuters, año 2015), no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial.
SEXTO: Que al respecto se debe precisar que el fallo impugnado concluye que en la especie no medió falta de servicio por parte de Carabineros. Para arribar a dicha convicción los sentenciadores destacan que no existe vínculo de causalidad entre la acción del chofer del vehículo policial y el daño producido, toda vez que en sede penal se determinó que fue la actuación dolosa del menor que conducía el camión la que provocó la colisión entre el móvil que guiaba y el radio patrulla; más aun, subrayan que la citada relación de causalidad entre la acción u omisión del agente estatal y el daño producido no concurre en la especie si se considera que en sede penal el conductor del móvil de Carabineros no sólo fue absuelto, sino que, todavía más, al revocar la sentencia del Tribunal Militar que lo había condenado, la Corte Marcial eliminó diversas consideraciones de ese fallo, dejándolo virtualmente sin fundamentos, proceder que estiman de la mayor
trascendencia, pues la sentencia de primer grado dio por establecida la falta de servicio a partir de los
antecedentes contenidos en el fallo de la justicia militar.
Como se advierte de lo expuesto en el párrafo que precede, los juzgadores de segunda instancia se limitaron a rebatir lo razonado por la juez de primer grado, descartando, por las razones que citan, los antecedentes que sirvieron de asiento a la determinación apelada; sin embargo, al examinar la conformidad del fallo del a quo con la ley y con el mérito de los antecedentes agregados al proceso los jueces de la Corte de Apelaciones de San Miguel dejaron de analizar las demás probanzas aparejadas por las partes, en particular las piezas del sumario administrativo acompañadas por la parte demandante, entre las que figuran, especialmente, las declaraciones de los funcionarios Dagoberto Fuentes Ansaldo, Cristián Mauricio Rodríguez
Valdés, Felipe Andrés Marchant Aguilar, Marcelo Javier
Larraín González y José Demesio Morales Garrido y el Ordinario N° 618, de 18 de marzo de 2011, antecedentes en los que se hace referencia al mal estado de la puerta trasera del vehículo policial en el que se desplazaba la Cabo 2° de Carabineros Paulina Aurora Gallardo Reyes el día en que falleció.
SÉPTIMO: Que en esas condiciones, y como resulta evidente, la sentencia de segundo grado no entrega mayores ni justificados argumentos para sustentar su decisión, limitándose a descartar ciertos medios probatorios, sin examinar, empero, las restantes probanzas existentes en autos y, en particular, las piezas del sumario
administrativo, que constituye un instrumento público cuya valoración, en los términos previstos por la ley, no ha podido ser soslayada por los falladores al decidir acerca del asunto sometido a su conocimiento.
DÉCIMO PRIMERO: Que lo razonado demuestra que los sentenciadores incurrieron en el vicio de casación en la forma previsto en el artículo 768 N° 5 en relación con el artículo 170 N° 4, ambos del Código de Procedimiento Civil, por la falta de consideraciones que han de servir de fundamento al fallo, en lo que se refiere, específicamente, a las razones conforme a las cuales decidieron desestimar la demanda, razón por la que el arbitrio en estudio será acogido.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G. y Sr. Carlos Aránguiz Z. y los
Abogados Integrantes Sr. Pedro Pierry A. y Sra. María Cristina Gajardo H. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, la Ministra señora Sandoval por estar con feriado legal y el Abogado Integrante señor Pierry por estar ausente. Santiago, 06 de enero de 2020.
SERGIO MANUEL MUÑOZ GAJARDO CARLOS RAMON ARANGUIZ ZUÑIGA
Fecha: 06/01/2020 11:01:11 Fecha: 06/01/2020 11:58:39
ABOGADO INTEGRANTE Fecha: 06/01/2020 12:19:17 Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema
Fecha: 06/01/2020 12:39:45
En Santiago, a seis de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
1° Que esta Corte ha señalado reiteradamente que la falta de servicio “se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de la Ley N° 18.575” (Corte Suprema, Rol 95542012, 10 de junio de 2013, considerando undécimo). En este sentido, habrá de resaltarse que la omisión o abstención de un deber jurídico de la Administración generará
responsabilidad para aquella si se trata del incumplimiento de un deber impuesto por el ordenamiento jurídico. En otras palabras, cuando se constate la ausencia de actividad del órgano del Estado debiendo aquella actividad haber existido, disponiendo de los medios para ello.
Conforme a ese criterio rector y dado que los
demandantes son el padre y los hermanos de Paulina Gallardo Reyes, forzoso es concluir que el único medio de alcanzar una determinación imparcial y equilibrada pasa por aumentar el quantum de las indemnizaciones otorgadas a cada uno de los demandantes, aunque manteniendo la distinción efectuada por la señora juez de primer grado entre la situación del padre y de los hermanos de Paulina, pues, como salta a la vista, el dolor y la aflicción padecidos por aquél no pueden ser igualados, y tampoco se acercan, a los que afectaron a los últimos.
Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, escrita a fojas 202, con declaración de que el monto que el Fisco de Chile deberá pagar al actor Carlos Eduardo
Gallardo Ruiz, por concepto de daño moral, se eleva a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), mientras que las sumas que deberá solucionar a los demandantes Margarita del Rosario, María Teresa, Carola Adriana, Carlos Eduardo, José
Francisco y Felipe Ignacio, todos de apellidos Gallardo
Reyes, por el mismo concepto, se incrementan a $20.000.000
(veinte millones de pesos) para cada uno.
Rol N° 14.899-2018.