Source: http://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-ext-nic-chl.html
Timestamp: 2019-07-22 08:26:28
Document Index: 234413718

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 5']

TRATADO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE NICARAGUA Y CHILE
Fecha de entrada en vigor : 1999-11-18
La República de Nicaragua y la República de Chile conscientes de los profundos vínculos históricos que unen a ambas naciones y deseando traducirlos en instrumentos jurídicos de cooperación judicial;
1. Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un año.
2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá además que la parte de la pena que aún falta cumplir no sea inferior a seis meses.
3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y no concurriesen en algunos de ellos los requisitos de los párrafos 1 y 2, en lo relativo a la duración de la pena, la Parte requerida podrá conceder también la extradición por estos últimos.
1. Darán lugar a extradición, también conforme al presente Tratado, los delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos países sean Parte.
2. Para esos efectos, sin tener carácter limitativo o exhaustivo, sino meramente enunciativo, se incluyen los delitos siguientes:
a) Los previstos en el Artículo 2 de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, suscrita en el marco de la Organización de Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.
b) Los tipificados por las Partes de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 3, a tenor de lo dispuesto en el Articulo 3, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita el 20 de diciembre de 1988.
c) Los contemplados en cualquier otro instrumento, del cual en el futuro, ambos países sean Partes, en especial los señalados en el Articulo 2 de la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando Estos Tengan Trascendencia Internacional, suscrita en el marco de la Organización de Estados Americanos el 2 de febrero de 1971.
En materia de tasas e impuestos, de aduanas y de cambio, la extradición no podrá denegarse por el motivo de que la legislación de la Parte requerida no imponga el mismo tipo de impuestos o tasas o no contenga el mismo tipo de reglamentación en estas materias que la legislación de la Parte requirente, si los hechos reúnen los requisitos del articulo 2°
1. No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La mera alegación de un fin o motivo político, en la comisión de un delito no lo calificará por sí como un delito de este carácter.
a) El atentado contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno, o de un miembro de su familia.
c) Los crímenes de guerra y los que se cometan contra la paz y la seguridad de la humanidad, de conformidad con el derecho internacional.
2. Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o bien que la situación de aquella pueda ser agravada por esos motivos.
1. Cuando el reclamado fuere nacional de la Parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo a su propia ley. La calidad de nacional se apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición y siempre que no hubiera sido adquirida con el fraudulento propósito de impedir aquella.
2. Si la Parte requerida deniega la extradición por el motivo expresado en el apartado 1 deberá, a instancia de la Parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquél. A tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito podrán ser remitidos gratuitamente por la vía prevista en el articulo 15°.
Causas de denegación obligatoria
a) Cuando de conformidad a la ley de la Parte requirente ésta no tuviera competencia para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición.
b) Cuando la persona reclamada hubiera sido condenada o debiera ser juzgada por un tribunal de excepción o ad hoc en la Parte requirente.
d) Cuando la persona reclamada hubiese sido juzgada en la Parte requerida o en un tercer Estado por el hecho que motivó la solicitud de extradición
Cuando los hechos que originen una solicitud de extradición estuviesen castigados con la pena de muerte o con una pena privativa de libertad a perpetuidad, ella será, concedida, solo si la Parte requirente diese seguridades suficientes de que la persona reclamada no será ejecutada y de que la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad.
b) Cuando el delito se hubiere cometido fuera del territorio de la Parte requirente y la ley de la Parte requerida no autorizase la persecución de un delito de la misma especie cometido fuera de su territorio.
c) Cuando la persona reclamada fuere menor de dieciocho años en el momento de presentarse la solicitud de extradición, tuviere domicilio o residencia en la Parte requerida y ésta considerare que la extradición puede perjudicar su inserción social, sin perjuicio de que se adopten las medidas más apropiadas que prevea la ley de la Parte requerida.
1. Para que la persona entregada pueda ser juzgada, condenada o sometida a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que hubieran motivado su extradición, la Parte requirente deberá solicitar la correspondiente autorización a la Parte requerida. Esta podrá exigir a la Parte requirente la presentación de los documentos previstos en el artículo 15°.
La autorización podrá concederse aún cuando no se cumpliere con las condiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 2°. en lo referente al límite de la pena.
2. No será necesaria esta autorización cuando la persona entregada diere su expreso consentimiento o, habiendo tenido la posibilidad de abandonar voluntariamente el territorio del Estado al cual fue entregada, permaneciere en el más de treinta días o regresare a él después de abandonarlo.
Cuando la calificación del hecho imputado se modificare durante el procedimiento, la persona entregada no será sometida a proceso o condenada sino en la medida en que los elementos constitutivos del delito que corresponda a la nueva calificación hubieran permitido la extradición.
c) Copia o transcripción de los textos legales que tipifican y sancionan el delito con expresión de la pena aplicable, los que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo, así como tam­bién los referentes a la prescripción de la acción y de pena.
d) Las seguridades sobre la aplicación de las penas a que se refiere el articulo 10°, cuando fuere necesario.
Resolución sobre la extradición
1. La Parte requerida comunicará a la Parte requirente, por la vía del articulo 15°, su decisión respecto de la extradición.
3. Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para llevar a efecto la entrega del reclamado, que deberá producirse dentro de un plazo de cuarenta y cinco días contados desde la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este articulo.
4. Si la persona reclamada no fuere recibida dentro de dicho plazo, será puesta en libertad y la Parte requirente no podrá reiterar la solicitud por el mismo hecho.
1. Si la persona reclamada se encontrare sometida a procedimiento o condena penal en la Parte requerida, la entrega podrá aplazarse hasta que deje extinguidas esas responsabilidades en dicha Parte, o efectuarse temporal o definitivamente en las condiciones que se fijen de acuerdo con la Parte requirente.
Negada la extradición por razones que no sean meros defectos formales, que pueden subsanarse, la Parte requirente no podrá efectuar a la Parte requerida una nueva solicitud de extradición por el mismo hecho.
1. La extradición en tránsito por el territorio de una de las Partes se otorgará previa presentación por la vía del artículo 15° de una solicitud, acompañada de una copia de la comunicación mediante la cual se informa de su concesión, juntamente con una copia de la solicitud original de extradición, siempre que no se opongan motivos de orden público. Las Partes podrán rehusar el tránsito de sus nacionales.
Corresponderá a las autoridades del Estado tránsito la custodia del reclamado.
La reextradición a un tercer Estado no será otorgada sin el consentimiento de la Parte que hubiere concedido la extradición, salvo en el caso previsto en el párrafo 2 del artículo 13°.
2. Cuando las solicitudes se refieren al mismo delito la Parte requerida deberá dar preferencia a la solicitud del Estado en cuyo territorio se cometió el delito, salvo que existan circunstancias particulares que recomienden otra cosa.
Las circunstancias particulares que podrán tenerse en cuenta incluyen la nacionalidad, el domicilio habitual de la persona reclamada, la existencia o no de un tratado, las fechas de las respectivas solicitudes y la posibilidad de una ulterior extradición a otro Estado.
2. La solicitud de detención preventiva indicará la existencia de alguna de las resoluciones previstas en el párrafo 2 del artículo 15° y hará constar la intención de cursar seguidamente una solicitud de extradición. Mencionará, asimismo, el delito por el cual se solicitará, el tiempo y lugar de la comisión de aquel y, en la medida de lo posible, la filiación de la persona reclamada.
3. La solicitud de detención preventiva se remitirá en forma postal, telegráfica o cualquier otra que deje constancia escrita, por la vía del artículo 15°.
4. La Parte requerida informará a la Parte requirente de las resoluciones adoptadas y especialmente y con carácter urgente, de la detención y del plazo dentro del que deberá presentarse la solicitud de extradición, el cual no podrá exceder de 60 días.
5. La autoridad competente de la Parte requerida podrá acordar la libertad del detenido adoptando las medidas pertinentes para evitar la fuga. En todo caso se decretará la libertad, si en el plazo estipulado en el número anterior desde la detención, no se hubiese recibido la solicitud de extradición.
6. Si la persona reclamada fuera puesta en libertad por cumplimiento del plazo previsto, la Parte requirente no podrá solicitar nuevamente la detención de la persona reclamada sin presentar la solicitud formal de extradición.
7. Cuando el procedimiento de extradición se iniciase mediante la solicitud prevista en el artículo 15°, sin previa petición urgente de detención, ésta se llevará a efecto, así como su modificación, de conformidad con la ley de la Parte requerida.
4. En todo caso quedarán a salvo los derechos que la Parte requerida o terceros hubieran adquirido sobre los citados objetos. Si existieren tales derechos , los objetos serán restituidos lo antes posible y sin gastos a la Parte requerida.
Intervención en el Estado requerido
La Parte requirente podrá designar un representante debidamente autorizado para intervenir ante la autoridad judicial en el procedimiento de extradición. Dicho representante será citado en forma, para ser oído antes de la resolución judicial sobre la extradición.
Causas de denegación de la asistencia
a ) Si la solicitud se refiere a delitos políticos o conexos con delitos de este tipo, a juicio de la Parte requerida. A estos efectos será de aplicación lo prescrito en el párrafo 1 del artículo 5°.
c) Si la Parte requerida estima que el cumplimiento de la solicitud atenta manifiestamente contra su orden público.
Formas de la solicitud
1. La solicitud de asistencia revestirá la forma de exhorto o comisión rogatoria.
Información a la Parte requirente
Si la Parte requirente lo solicita expresamente será informada de la fecha y lugar de cumplimiento del exhorto o comisión rogatoria.
Clases de solicitudes
La Parte requerida cumplimentará las solicitudes relativas a un procedimiento penal emanadas de las autoridades judiciales o del Ministerio Público de la Parte requirente y que tengan por objeto actos de instrucción o actos de comunicación.
Formas y procedencia de la remisión o entrega
1. Si la solicitud tiene por objeto la remisión de expedientes, elementos de prueba y, en general, cualquier clase de documentos, la Parte requerida entregará solamente copias o fotocopias autenticadas, debidamente legalizadas, quedando a discreción de la Parte requerida el envío de los originales a solicitud expresa de la Parte requirente.
2. La Parte requerida podrá negarse al envío de objetos, expedientes o documentos originales que le hayan sido solicitados si su legislación no lo permitiera.
3. Los objetos o documentos que hayan sido enviados en cumplimiento de una solicitud serán devueltos lo antes posible, a menos que la Parte requerida renuncie a ello.
Acreditamiento del cumplimiento de la solicitud
1. La Parte requerida entregará al destinatario los objetos o documentos relativos a actos procesales que se le enviaren con dicho fin por la Parte requirente.
2. La entrega será realizada en alguna de las formas previstas por la legislación de la Parte requerida, y se acreditará mediante' recibo fechado y firmado por el destinatario o mediante certificación de la autoridad competente que acredite la diligencia. Uno u otro de estos documentos será enviado a la Parte requirente y si la entrega no ha podido realizarse se harán constar las causas.
3. Si la solicitud tuviere por objeto la notificación de una resolución judicial, ésta se efectuará en la forma que prevea la legislación procesal de la Parte requerida.
Citación y comparecencia en la Parte requirente
4. La solicitud deberá mencionar el importe de los viáticos, dietas o indemnizaciones que pueda percibir la persona citada con motivo de su traslado.
1. El testigo o perito, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de una citación comparezca ante las autoridades judiciales o del Ministerio Público de la Parte requirente, no podrá ser perseguido o detenido o sometido a cualquier otra restricción de su libertad personal en esta Parte, por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida. Tampoco lo podrá ser el inculpado salvo por los hechos que constasen en la citación.
Citación y comparecencia de detenidos o presos en la Parte requirente
1. Si la citación para declarar ante las autoridades de la Parte requirente s e refiriera a una persona detenida o presa en el territorio de la Parte requerida, ésta solo accederá a ella si el detenido prestare su consentimiento y siempre que la Parte requerida estime que no existen impedimentos legales o judiciales que se opongan al traslado.
Remisión de antecedentes penales e información sobre condenas
1. Cuando una de las Partes solicite de la Otra los antecedentes penales de una persona, hará constar el motivo de la petición. Dichos antecedentes le serán comunicados si no lo prohibe la legislación de la Parte requerida.
2. Sin perjuicio de ello, las Partes se informarán mutuamente de las sentencias condenatorias firmes y ejecutorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra nacionales de la otra, con periodicidad anual.
c) En la medida de la posible, identidad y nacionalidad de la persona encausada o condenada.
Comunicación con fines procesales
1. Toda comunicación cursada por una Parte Contratante cuyo objeto sea incoar un proceso ante los Tribunales de la otra Parte, se transmitirá por las vías previstas en el artículo anterior.
1. Se requerirá legalización de las firmas de las autoridades y funcionarios de las Partes Contratantes que obren en los documentos emitidos en aplicación de este Tratado.
2. Cuando se acompañaren copias de documentos deberán presentarse certificadas por autoridades competentes, debidamente legalizadas.
1. El presente Tratado está sujeto a ratificación de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación interna de cada una de las Partes.
2. El Tratado entrará en vigor 30 días después del canje de los instrumentos de ratificación y seguirá en vigor mientras no sea denunciado por una de las Partes. Sus efectos cesarán seis meses después de la fecha de recepción de la denuncia.
HECHO en la ciudad de Santiago, República de Chile, el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.