Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20160601s00164015385.html
Timestamp: 2019-06-27 13:02:33
Document Index: 379936544

Matched Legal Cases: ['artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 101', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 171', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 171', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 2']

16ª Sesión Ordinaria del 1 de junio de 2016
N.º 16 - TOMO 551 - 1.º DE JUNIO DE 2016
16.ª SESIÓN ORDINARIA
•	con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionados con el cumplimiento del Plan de Acción del río Santa Lucía sobre el tratamiento y manejo de efluentes en dicha cuenca hidrográfica;
•	con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap), relacionado con las sanciones aplicadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente a Ancap y empresas del grupo Ancap.
–	El señor senador Bordaberry solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con la propuesta formulada por Uruguay para extender la plataforma continental uruguaya ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Organización de las Naciones Unidas.
•	con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la ejecución del proyecto de regulación hídrica de los bañados de Rocha;
•	con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con el funcionamiento de la planta de cal.
–	El señor senador Bordaberry presenta un proyecto de ley por el que se propone excluir del beneficio de la gracia a quienes revistan la calidad de reiterantes y a los imputados de delitos graves.
•	con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Inicial y Primaria, relacionada con la situación edilicia de la escuela n.° 102, de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José;
•	con destino a la Dirección Nacional de Correos, relacionada con la necesidad de una sucursal de correos en el pueblo Rafael Perazza, departamento de San José.
•	con destino a la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, al Consejo de Educación Secundaria, al Consejo de Educación Técnico Profesional, a la Junta Departamental de Tacuarembó y a la Intendencia de Tacuarembó, relacionada con la construcción de un salón para los estudiantes de la UTU de Rincón de Pereira, departamento de Tacuarembó;
•	con destino al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, a la Alcaldía de Vichadero, a la Junta Departamental de Rivera y a la Intendencia de Rivera, relacionada con la situación edilicia de la escuela n.º 24 de Vichadero y del CAIF «Desde lo alto», departamento de Rivera;
•	con destino al Ministerio de Salud Pública, a la Alcaldía de Vichadero, a la Junta Departamental de Rivera y a la Intendencia de Rivera, relacionada con la incorporación de un servicio de enfermería en la policlínica de Paso Hospital, departamento de Rivera;
•	con destino al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Administración Nacional de Educación Pública, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Alcaldía de Ciudad del Plata, a la Junta Departamental de San José y a la Intendencia de San José, relacionada con la construcción de una escuela en la localidad de Ciudad del Plata, departamento de San José.
7)	70 años de la fundación de la Organización del Fútbol del Interior
–	Solicitud del señor senador Camy para realizar una exposición de quince minutos sobre el tema, en la sesión del día martes 12 de julio.
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Alonso, Bianchi, Coutinho, Mujica y Bordaberry.
–	Quedan convocados los señores senadores Piñeyrúa, Matiaude, Pesce, Berterreche y Eguiluz.
10)	Chalé «Villa Yeruá»
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al señor intendente de Montevideo, a la Junta Departamental y al Municipio E.
11)	Control de los alimentos que se proveen en los comedores escolares
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Salud Pública y de Educación y Cultura, y a la Administración Nacional de Educación Pública con destino al Consejo de Educación Inicial y Primaria.
12)	Visita del consejero federal de Suiza, señor Didier Burkhalter
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Municipio de Nueva Helvecia, al Gobierno departamental de Colonia y a la Embajada de Suiza en el Uruguay.
13)	Empresas de reducida dimensión económica
–	Proyecto de ley por el que se establecen disposiciones para facilitar una transición gradual entre regímenes tributarios.
14)	Régimen de trabajo
•	Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve:
•	que se suspendan las sesiones del Senado de los días 7 y 14 de junio;
•	que se declaren urgentes y se consideren en la presente sesión las solicitudes de venia para designar integrantes del Directorio del Banco República y de ASSE.
15)	Integración de los directorios de varios entes
•	en calidad de presidente del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al economista Jorge Polgar;
•	en calidad de director en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al contador Pablo Antonio Moyal Varela;
•	en calidad de director en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al doctor Leandro Santiago Francolino Moyano, y
•	en calidad de miembros en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en representación de los trabajadores, al señor Pablo Cabrera, y en representación de los usuarios, a la señora Natalia Pereyra.
• Se conceden cuatro de las venias, postergándose la consideración de la restante hasta el próximo miércoles.
16)	Decisión CMC n.º 22/15 «Continuidad del Funcionamiento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur»
«Montevideo, 30 de mayo de 2016
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo miércoles 1.º de junio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) por el que se establecen disposiciones para facilitar una transición gradual entre regímenes tributarios para empresas de reducida dimensión económica;
Carp. n.º 448/2016 - Rep. n.º 270/2016
2.º) por el que se aprueba la Decisión n.º 22/15 del Consejo del Mercado Común del Mercosur, sobre la «Continuidad del Funcionamiento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur», suscrita en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 16 de julio de 2015.
Carp. n.º 442/2016 - Rep. n.º 271/2016
ASISTEN: los señores senadores Agazzi, Amorín, Aviaga, Ayala, Besozzi, Camy, Carámbula, Carballo, Castaingdebat, Delgado, Eguiluz, García, Heber, Larrañaga, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Mieres, Mujica, Passada, Paternain, Payssé, Pesce, Piñeyrúa, Pintado, Saravia, Topolansky, Tourné y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Bianchi, Bordaberry, Cardoso, Coutinho, De León, Lacalle Pou y Moreira.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo reiterando el de fecha 14 de octubre de 2014, al que acompaña un proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados de Guernsey para el intercambio de información en materia tributaria, suscrito en Londres el día 2 de julio de 2014.
•	por el que se aprueban el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, suscritos en Washington, Estados Unidos de América, el 10 de octubre de 2014;
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile para el intercambio de información en materia tributaria, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 12 de setiembre de 2014;
•	por el que se designa con el nombre Maestro Rubén Lena la escuela n.º 382 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;
•	por el que se establece el 19 de setiembre de cada año como el Día Nacional de las Relaciones Públicas;
•	por el que se suspende la vigencia de los artículos 224, 225, 227 al 257 y 269 de la Ley n.º 19276, de 19 de setiembre de 2014, Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay, hasta el 16 de julio de 2017;
•	por el que se aprueba el Acuerdo sobre cooperación económica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Armenia, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 9 de julio de 2014;
•	por el que se crean mecanismos para facilitar el acceso al financiamiento otorgado por instituciones de intermediación financiera para las empresas lácteas exportadoras.
Asimismo, remite los siguientes mensajes:
•	Por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido por el numeral 13) del artículo 168 de la Constitución de la república, a fin de designar en el cargo de fiscal adscripto, escalafón N, a los doctores Rosario Isabel Silveira Retamar, Ricardo Marcelo Bregani Rosano y Cecilia María Manassi Corts.
•	Por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido por el numeral 11) del artículo 168 de la Constitución de la república, para conferir el ascenso al grado de brigadier general (av.), con fecha 21 de abril de 2016, por el sistema de selección y por aplicación de los artículos 130, 131 y 134 del Decreto Ley n.º 14157, Orgánico de las Fuerzas Armadas, de 21 de febrero de 1974, en la redacción dada por el artículo 101 de la Ley n.º 19149, de 24 de octubre de 2013, y por el artículo 12 de la Ley n.º 15848, de 22 de diciembre de 1986, al señor coronel (av.) don Luis Heber de León Pepelescov.
Además, comunica que ha dictado las siguientes resoluciones:
•	por la cual se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, en calidad de miembro integrante, al contador y economista Diego Labat;
•	por la cual se designa en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, en calidad de presidenta, a la psicóloga María Gabriela Fulco;
•	por la cual se designa en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, en calidad de director, al doctor Eduardo Katz Oltarz;
•	por la cual se designa en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, en calidad de director, al señor Jorge Álvaro Viviano Baldi;
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta a los siguientes pedidos de informes:
•	Solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con el manejo de los residuos tecnológicos.
•	Solicitado por el señor senador Pedro Bordaberry, relacionado con la situación del suministro de agua potable en todo el país y el estado sanitario de las playas de los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado.
El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta a los siguientes pedidos de informes:
•	Solicitado por el señor senador Javier García, relacionado con la Nueva Televisión del Sur (Telesur).
•	Solicitado por el señor senador Jorge Larrañaga, relacionado con los criterios de reforma de infraestructura de los centros educativos.
El Ministerio de Desarrollo Social remite respuesta a los siguientes pedidos de informes:
•	Solicitado por la señora senadora Verónica Alonso, relacionado con el Sistema Nacional de Cuidados.
•	Solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, relacionado con el Programa de Acogimiento Familiar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
La Cámara de Representantes comunica que ha aceptado las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley por el que se designa un tramo de la ruta nacional n.º 20 con el nombre de Vaimaca Pirú.
•	Copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante nacional Pablo Abdala, relacionadas con un proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la prevención y el tratamiento de la fibromialgia.
•	Copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante nacional Amín Niffouri, relacionadas con la exoneración del pago de la contribución inmobiliaria para los predios menores a 200 hectáreas, establecida en la Ley de Presupuesto nacional n.º 19335, de 19 de diciembre de 2015.
La Presidencia del Senado comunica que ha adoptado una resolución por la que se interpreta que por el literal b) del artículo 16 de las Normas de Calificaciones y Concursos, al grado supervisor general de Taquigrafía pueden concursar los grados supervisor y revisor.
La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen disposiciones para facilitar una transición gradual entre regímenes tributarios para empresas de reducida dimensión económica.
La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado un proyecto de ley por el que se aprueba la Decisión CMC n.º 22/15 “Continuidad del Funcionamiento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur”, suscrita en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 16 de julio de 2015.
•	con destino al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, a la Alcaldía de Vichadero, a la Junta Departamental de Rivera y a la Intendencia de Rivera, relacionada con la situación edilicia de la escuela n.º 24 de Vichadero y del CAIF “Desde lo alto”, departamento de Rivera;
•	con destino al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Administración Nacional de Educación Pública, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Alcaldía de Ciudad del Plata, a la Junta Departamental de San José y a la Intendencia de San José, relacionada con la construcción de una escuela en la localidad de Ciudad del Plata, departamento de San José;
El señor senador Carlos Camy, de acuerdo con lo previsto en el artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicita autorización al Cuerpo para hacer uso de la palabra, por el término de quince minutos, acerca de los 70 años de la fundación de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), en la sesión del día martes 12 de julio de 2016.
La Junta Departamental de Artigas remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Francisco Bandera, relacionadas con los vertidos a las aguas del río Uruguay.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador José Amorín solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pedro Bordaberry solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con la propuesta formulada por Uruguay para extender la plataforma continental uruguaya ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Organización de las Naciones Unidas.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pablo Mieres solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pedro Bordaberry presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se propone excluir del beneficio de la gracia a quienes revistan la calidad de reiterantes y a los imputados de delitos graves.
Se va a votar si se remiten a los destinos en ellas mencionados las exposiciones escritas presentadas por el señor senador Camy.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se remiten a los destinos en ellas mencionados las exposiciones escritas presentadas por el señor senador Saravia.
7) 70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL FÚTBOL DEL INTERIOR
SEÑOR PRESIDENTE.- El señor senador Camy ha solicitado autorización para realizar una exposición de quince minutos en la sesión del día martes 12 de julio.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 1.º de junio de 2016
Por la presente solicito a usted someta a consideración del Senado, al amparo de lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de este Cuerpo, la autorización para exponer por espacio de 15 minutos sobre los 70 años de fundada la Organización del Fútbol del Interior (OFI), en la sesión del día martes 12 de julio del corriente año.
SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar la autorización solicitada.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión extraordinaria del 24 de mayo faltó con aviso el señor senador Bianchi.
A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 31 de mayo faltó con aviso el señor senador Bordaberry.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 27 de mayo de 2016
Por la presente solicito a usted licencia, por motivos personales, por los días 1, 7 y 8 de junio del corriente.
Se comunica que los señores Daniel Peña, Daniel López Villalba, Daniella Pena, Eber Da Rosa y Jorge Gandini han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Ana Lía Piñeyrúa, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 30 de mayo de 2016
Por la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, desde el 1.º de junio al 10 de junio de 2016.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 31 de mayo de 2016
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día miércoles 1.º de junio.
Por medio de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia durante el día 2 de junio de 2016, al amparo de la Ley n.º 17827, artículo 1.º literal D, de 14 de setiembre de 2004.
Por medio de la presente y al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos personales, por el día 1.º de junio del corriente año.
10) CHALÉ «VILLA YERUÁ»
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: en la calle Rimac y la rambla de Malvín se levanta un chalé llamado Villa Yeruá, que tiene una gran historia tras de sí, y que por ello es un patrimonio importante de la ciudad de Montevideo y, en particular, de ese bello lugar que es el barrio mencionado.
Este chalé, allá por los años veinte del siglo xx, perteneció a Francisco Maschio, un entrerriano entrenador de caballos pura sangre de carrera, que competían en Maroñas y en Palermo.
Yeruá es un puerto fluvial de la provincia de Entre Ríos, situado al sur de Concordia sobre el río Uruguay. En ese lugar nació Maschio, quien en 1921 conoció a Carlos Gardel en el Hipódromo de Maroñas, generándose entre ellos una amistad que solo quebraría la trágica muerte de Gardel en Medellín.
Gardel comenzó a frecuentar el chalé de Maschio durante los veranos y, como era de esperar, ese punto de Malvín se convirtió en un centro de reuniones sociales donde alternaban artistas, deportistas y gente aficionada al turf. Hay que anotar que el chalé también oficiaba como uno de los tantos studs que hacían de las arenas y el agua de mar de Malvín el lugar ideal para entrenar, descansar y curar las lesiones de los nobles brutos.
En 1922, en una transacción entre amigos –de carácter histórico–, Gardel le compró a Maschio el célebre Lunático, que en sus 35 carreras fue conducido muchas veces por Irineo Leguisamo, otro habitué del chalé Yeruá de Malvín.
Hoy en día el citado chalé está a la espera de una refacción y de la restauración correspondiente por parte de la Intendencia de Montevideo, para salvar la última vivienda de esas características existente en Malvín y en Montevideo. Cuenta con el plus de una gran historia tras de sí, como he dado cuenta.
En la calle Pablo Podestá, por la playa La Mulata, en Punta Gorda, existe una casa que fue propiedad de Gardel. El gran cantante visitó las obras en 1933, pero debido al accidente de Medellín, nunca la vio terminada. Esa casa fue destinada por el Estado para ser el primer Centro Nacional de Rehabilitación y Recreación. El chalé Villa Yeruá, de la calle Rimac, no fue de su propiedad, pero sí fue el lugar que frecuentaba socialmente Carlos Gardel. Es el único con la característica de haber sido un stud –de los muchos que había en el Malvín antiguo– y que aún queda en pie.
Por ello, las autoridades del Municipio E y de la Intendencia de Montevideo, y el vecindario de Malvín están velando por solucionar este asunto y planear el obligado reciclaje, tanto del exterior como de las plantas baja y alta de Villa Yeruá.
Sabemos que sería un lugar público para homenajear a Gardel y al tango, aprovechando la decisión de Unesco del año 2009, que declaró al tango como patrimonio inmaterial de la humanidad. No existe otro lugar con esas características en nuestra ciudad.
Por ese motivo, señor presidente, compartimos los esfuerzos y el interés de la Intendencia y de las autoridades del Municipio E, así como las expectativas del vecindario. Como vecino de Malvín, desde siempre, saludo y agradezco su interés en este asunto cultural de gran proyección para nuestro barrio.
Pero para pasar a las concreciones, se necesitan recursos y estos tendrán que provenir de la Intendencia o de otro ámbito.
Por lo expuesto, deseo alentar al señor intendente y a las autoridades municipales para que exploren la posibilidad de abrir este asunto a la colaboración de privados, que podrían sumarse a las inversiones que implica esta restauración. Ello daría un gran impulso al proyecto y a las obras, de modo de detener el evidente deterioro de Villa Yeruá y habilitar definitivamente el desarrollo y la concreción del objetivo cultural y social proyectado.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al señor intendente de Montevideo, a la Junta Departamental y al Municipio E.
11) CONTROL DE LOS ALIMENTOS QUE SE PROVEEN EN LOS COMEDORES ESCOLARES
SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: queremos hacer un planteo referido a un tema concerniente a la salud de los chiquilines que asisten a las escuelas públicas. En muchas de ellas reciben su alimentación diaria o el almuerzo respectivo, en algunas ocasiones hecho en ollas en la misma institución y, en otras, provisto en bandejas y preparado por algunas empresas del ramo.
En cualquiera de estas circunstancias, los alimentos son en general de muy buena calidad; y para garantizar esa calidad –y, obviamente, la salud de los chiquilines–, desde el año 2002 el Programa de Alimentación Escolar de Primaria hace un control de los alimentos provistos a los niños, que básicamente tiene dos vertientes: análisis microbiológicos para controlar la eventual presencia de gérmenes patógenos en los alimentos y análisis físicoquímicos para verificar su valor nutricional y calórico. Se estudia la presencia o no de metales pesados y pesticidas para evaluar el eventual grado de contaminación y se determina el valor de sodio, ya que, como es sabido, el bajo nivel de este elemento es fundamental para la preservación de la salud.
Estos controles se hacían, como señalé, desde el año 2002, mediante un sistema en el que al principio el propio Programa de Alimentación Escolar tomaba las muestras y las remitía a un laboratorio de plaza para su control. Este sistema dejó de emplearse desde este año, desde el 2016. Durante 2014 y 2015 hubo algunas interrupciones parciales en los controles –diría que fueron de tenor burocrático y administrativo–, pero en lo que va del año 2016 su detención ha sido absoluta. Quiere decir que no se realizan controles microbiológicos ni fisicoquímicos de los alimentos que se proveen a los chiquilines en las escuelas públicas. Sabemos que el Programa de Alimentación Escolar tuvo algún tipo de dificultad en la tercerización que hacía para la obtención de las muestras. En definitiva, por una u otra causa, la realidad es que los chiquilines hoy consumen alimentos en cuya preparación –independientemente del buen criterio y la buena elaboración que en términos generales han hecho las empresas o los propios comedores escolares–, por diferentes circunstancias, puede haber fallas que impliquen algún tipo de contaminación o una alteración de los componentes que haga que la calidad no sea la mejor.
Por eso queremos hacer este planteo, instando a las autoridades correspondientes a solucionar los problemas que hacen que no se lleven adelante estos controles. A los efectos de graficar la situación, podemos compartir los siguientes datos. En el año 2013, que fue el último en que se llevaron a cabo controles permanentes, se realizaron 100 análisis de Listeria monocytogenes, de los cuales 2 dieron positivo; se hicieron 64 controles de salmonela y 1 dio positivo, y se efectuaron 281 análisis de coliformes fecales y Escherichia coli y 42 dieron positivo.
En cuanto a los estudios físicoquímicos para determinar la potabilidad del agua, en el año 2013 se evaluaron cuatro parámetros –recordemos que alcanza con que uno no sea aceptable para que no se considere potable el agua– y se realizaron 31 controles, de los cuales 9 dieron no aceptable. Advierto que, si bien estos datos corresponden a controles realizados en Montevideo, también se han hecho en escuelas del interior, y específicamente en el caso del agua, se constataron los hechos que todos conocemos en el departamento de Maldonado.
Señor presidente: queríamos hacer este planteo porque nos parece que en la historia reciente se ha utilizado un buen mecanismo para controlar la calidad de los alimentos y preservar la salud de los niños. Pero reitero que en este año 2016 no se están llevando a cabo estos controles y estamos pidiendo su reinstalación.
Por lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Administración Nacional de Educación Pública con destino al Consejo de Educación Inicial y Primaria, reitero, con la voluntad de que los controles sean reinstalados a la brevedad.
12) VISITA DEL CONSEJERO FEDERAL DE SUIZA, SEÑOR DIDIER BURKHALTER
SEÑOR CAMY.- Señor presidente: el viernes próximo pasado visitó nuestro país el Consejero Federal de Suiza, encargado de relaciones internacionales, Didier Burkhalter. En su breve estadía, aunque naturalmente muy importante por tener como objetivo estrechar la relación entre Suiza y Uruguay, el consejero tuvo básicamente dos actividades centrales: reunirse con el canciller de la república y visitar –allí donde comenzó su periplo en el país– la ciudad de Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia. Allí, junto con el embajador de Suiza acreditado en nuestro país, Didier Pfirter fue recibido por el intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira, y la alcaldesa de Nueva Helvecia, María de Lima. Tuvimos el alto honor de ser invitados por el embajador a concurrir en esa ocasión, y lo hicimos con mucho agrado.
Queremos destacar en el Senado de la república el significado de esta visita, debido a la relevancia del visitante y a la actividad realizada específicamente en una zona del país que tal vez sea uno de los enclaves del mundo que rescatan y conservan con mayor fidelidad las tradiciones y las costumbres de la cultura helvética.
Aquella semilla que los colonos inmigrantes plantaron hace 154 años en Nueva Helvecia se ha conservado de manera admirable. Ha sido propicia para que allí se gestionaran el primer liceo público que tuvo el Uruguay, las primeras expresiones profesionales de hotelería y de turismo, los primeros clubes deportivos –a tal punto que el decano de estas instituciones aún funciona allí– y una lógica de trabajo y de cultura vinculada al esfuerzo, a la pujanza, a la laboriosidad, a la austeridad, al apego a la tierra y a la fidelidad a las costumbres que ha hecho un distintivo, como marca de origen, de Nueva Helvecia y todo el entorno que se conoce como Colonia Suiza y que tiene como centro esta ciudad enclavada a 120 kilómetros de Montevideo, en la intersección de las rutas 52 y 53, entre el río Rosario y el arroyo Cufré.
Principalmente me interesa destacar de esta instancia, sumado a lo que señalaba, que el canciller suizo hizo entrega ante las autoridades que referí y ante una gran cantidad de ciudadanos y expresiones representativas de la comunidad de Nueva Helvecia, de cuatro cheques: uno de ellos por un valor de USD 50.000, que fue enviado por el Gobierno suizo; otro de USD 25.000, fruto de una colecta popular realizada en la comuna de Quinto, en el Cantón del Tesino; otro de USD 7500 del Cantón de Friburgo y otro de USD 10.000 del Gobierno cantonal del Tesino. Estos USD 92.500 son los que van a permitir construir –y fue propicia la oportunidad para que se descubriera en esta instancia la piedra fundamental– un hogar para personas en situación de vulnerabilidad en Colonia Suiza.
Esta es una muestra de solidaridad entre los pueblos que queremos destacar; es una expresión de respeto y de admiración a un pueblo que hace más de 150 años conserva tradiciones casi inmutables.
Y esta instancia es propicia para que destaquemos, humildemente pero con franca admiración, lo que se ha logrado, expresándolo desde aquí a las autoridades del Gobierno de Suiza, a la acreditación del Gobierno de Suiza en nuestro país, al Gobierno departamental de Colonia y al Municipio de Nueva Helvecia.
Antes de finalizar, quiero destacar el significado tan especial que seguramente tuvo para los habitantes de Nueva Helvecia que estaban presentes donde aún sigue de pie la primera escuela y la primera iglesia de esa ciudad, el hecho de que el coro del liceo público de la zona cantara el himno de Suiza en los cuatro idiomas que se hablan en esa comunidad.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Municipio de Nueva Helvecia, al Gobierno departamental de Colonia y a la Embajada de Suiza en el Uruguay.
13) EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN ECONÓMICA
SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se establecen disposiciones para facilitar una transición gradual entre regímenes tributarios para empresas de reducida dimensión económica. (Carp. n.º 448/2016 - Rep. n.º 270/2016)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: el proyecto que estamos tratando debe ser observado en el marco del conjunto de acciones que las autoridades han impulsado o desarrollado desde el año 2011 en materia de inclusión financiera, en particular, todo lo referido a la Ley n.º 19210.
Todo ello ha perseguido como objetivo –y lo va logrando– instalar el uso de medios de pago electrónicos como uno de los componentes del programa de inclusión financiera, a fin de situarlo como política pública que busca que toda la población y las empresas accedan a los servicios financieros.
En comisión se sumaron datos muy interesantes para tener en cuenta sobre este asunto. Las primeras medidas que se tomaron cuando se lanzó todo esto, a fines del año 2011, estaban incorporadas en un programa conjunto del Banco Central del Uruguay y del Ministerio de Economía y Finanzas que incluía estímulos e incentivos a los comercios en general para la incorporación de los POS, tecnología que permite una transacción veloz y segura. Así, pues, desde un primer momento los incentivos contenidos en la ley de promoción de inversiones se focalizaron en los pequeños comercios, en virtud de que eran los que tenían las mayores dificultades para acceder a esa tecnología. Además, se hizo hincapié en la correspondiente instalación tanto en el interior del país como en las zonas suburbanas del departamento de Montevideo.
Este tema es uno de los aspectos importantes en el terreno de la inclusión social y de las reformas estructurales que ha propuesto el Gobierno en la materia.
Desde el año 2011 en adelante se han verificado resultados importantes en lo concerniente a la reducción de costos y a otros problemas que presentaba el pequeño comercio para acceder a la tecnología del POS. En ese tiempo el arancel se ubicaba en un máximo de 7 % tanto para tarjetas de crédito como de débito, pero en el caso de las tarjetas de débito se logró una rebaja sustancial de su costo, ya que pasó del 7 % al 2,5 %, lo que ha beneficiado a los pequeños comerciantes.
Cuando el economista Vallcorba asistió a la comisión del Senado afirmó que, junto con las medidas de promoción para la instalación de las redes POS con foco en el interior del país y los barrios periféricos, se trabajó en la rebaja de aranceles, tema clave, sin lugar a dudas, en este asunto.
Por otra parte, la cantidad de POS aumentó de manera importante y se reflejó en las pequeñas empresas –comprendidas en el literal E del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado– y en las monotributistas. La implementación de la ley de inclusión financiera, la reducción del IVA para las transacciones con tarjetas de débito, la extensión de los beneficios para la instalación de los POS y los subsidios al costo de arrendamiento mensual para los pequeños comercios, ha llevado a un incremento de los comercios que usan POS, que en el año 2011 ascendían a 13.157 y a fines del año 2015 alcanzaron los 45.488, de acuerdo con el relevamiento semestral realizado por el Banco Central del Uruguay.
Señor presidente: cuando se trató este tema en comisión, quedó claramente consignada su evolución. Sin mengua de ello, las consultas o preocupaciones de los miembros de la comisión dieron lugar a que las respuestas del Poder Ejecutivo se plantearan en términos de reafirmar la prosecución de las acciones necesarias en busca de la plena universalización del sistema, sin desconocer dificultades prácticas para algunas situaciones, sobre las que se sigue trabajando. Sin ir más lejos –creo que fue en la última sesión– la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que prorrogó la entrada en vigencia de cuatro artículos de la Ley n.º 19210 hasta el 31 de diciembre del año en curso.
El sistema electrónico se sigue implementando de manera positiva e inclusiva para todos los estamentos sociales y comerciales. La primera etapa –de la que he dado cuenta– ha sido evaluada por el Poder Ejecutivo, en la comisión, como positiva, pero nos advirtió sobre la necesidad de implementar una segunda ola en materia de medidas que promuevan la inclusión financiera y el uso de los medios electrónicos. Este proyecto de ley obedece a ese nuevo impulso que el Gobierno intenta dar a los efectos de finiquitar la concreción de los alcances de la Ley n. º 19210.
En resumidas cuentas, todos sabemos que, desde todo punto de vista, el éxito de este sistema radica en su masificación. En la comisión hubo comentarios sobre estos aspectos y sobre la colisión de intereses que había en cuanto a los costos entre las grandes superficies y los pequeños comercios. También escuchamos en comisión sobre hechos de la vida real que son prueba suficiente de que es correcto insistir en implementar la ley totalmente, pues habrá de brindar oportunidades tanto al pequeño comercio como a la mayoría de la población consumidora.
La exposición de motivos que nos envió el Poder Ejecutivo es un buen resumen de los vastos antecedentes que se manejaron en comisión.
En lo que respecta al proyecto específicamente, consta de tres artículos que facilitan la transición entre los regímenes tributarios simplificados para empresas de reducida dimensión económica, incluidas en el literal E del artículo 52 del título 4 del Texto Ordenado del año 1996, o los regímenes de monotributo y monotributo social Mides, al régimen general.
Entonces, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer un régimen especial para el cálculo del tope previsto a los efectos de estar incluido en dichos regímenes simplificados, lo que abarca a empresas con ingresos inferiores a las 305.000 unidades indexadas anuales, que equivalen –según los cálculos que hice teniendo en cuenta que el precio al que cerró ayer la unidad indexada fue de $ 3,26– a alrededor de $ 83.000 mensuales.
A tales efectos, señor presidente, se habilita a que los ingresos que se originen en operaciones cuya contraprestación se realice mediante la utilización de tarjetas de crédito, de débito, instrumentos de dinero electrónico u otros instrumentos análogos, puedan ser computados parcialmente en los porcentajes que la reglamentación determine. Todo ello habrá de coadyuvar en el proceso de formalización de las empresas de reducida dimensión económica.
Antes de concluir, señor presidente, debo decir que se trata de un sistema que, según he escuchado en la prensa, está en las postrimerías de su implementación. Tengo una opinión favorable sobre este asunto, como lo expresó incluso Cambadu, que hizo una suerte de análisis muy profundo de este proyecto, indicando cuáles eran las inequidades que había, que no estaban referidas a esta iniciativa específicamente y que se pueden verificar –ya he dado cuenta de ellas– en los diferentes costos que hay por el uso de las tarjetas de débito.
Por lo tanto, señor presidente, creemos que este es un tema en el que se debe seguir avanzando. Nadie se opone jurídicamente a la implementación que se está proponiendo con esta iniciativa, que apunta a instalar definitivamente lo establecido en la Ley n.º 19210, aunque hay que seguir trabajando en el tema porque se ha notado que plantea determinadas inequidades. Me parece que, por una cuestión de estricta justicia, el Parlamento y el Poder Ejecutivo tendrán que asumir el compromiso de seguir ahondando en este tema y, por supuesto, formalizar lo que hoy es la modernidad, en la que el plástico manda en todas las transacciones, ya sean de débito o de crédito.
La comisión votó el proyecto de ley por mayoría de presentes, y es en nombre de ella que estamos recomendando la aprobación respectiva.
SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: la idea de este proyecto de ley es dar potestad al Poder Ejecutivo para no computar el cien por ciento de los ingresos que tenga una pequeña empresa por compras con medios electrónicos. El mecanismo que se propone –según pudimos ver en el proyecto de ley y de acuerdo con las consultas del caso– es que aquellos contribuyentes que organizan su actividad de forma tal que tributan IVA mínimo, monotributo o monotributo social Mides –y que, por ende, aportan por un ficto–, no vean afectados los ingresos que sirven de base para acceder a estos regímenes de medios electrónicos. En pocas palabras, hay contribuyentes que si su facturación no supera determinada cantidad de unidades indexadas al año –estamos hablando de un tope de 305.000 unidades indexadas anuales y de empresas con ingresos inferiores a este tope– podrán ampararse al régimen especial que está proyectado en esta iniciativa.
La norma proyectada, como dije, pretende otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de que no necesariamente considere el total de las ventas que estos contribuyentes efectúen con los medios de pago aludidos –incluidos en la ley de inclusión financiera– para conformar el monto de ingresos a tener en cuenta como facturación, a fin de que puedan conservar el régimen especial. De esta forma, una empresa podrá considerar como ingresos computables el 100 % de los pagos en efectivo y el 60 % de los pagos con tarjeta.
Estas son las posibilidades que genera este régimen que, en realidad, pretende habilitar o facilitar el ingreso de las empresas –estamos hablando, fundamentalmente, de monotributistas– al sistema de pagos con medios electrónicos, al no computárseles la totalidad de su facturación por ventas. Esto apunta a darles un beneficio adicional, una facilidad para su ingreso a este régimen de inclusión financiera. Obviamente, se hace a través de un mecanismo especial, pero no se establece el monto total por el que se van a computar esas transacciones anuales, ni tampoco el tiempo. Lo que se hace, simplemente, es habilitar al Poder Ejecutivo a fijar cuál será el monto o porcentaje de facturación de ventas que se va a computar. Aquí tampoco se establece, reitero, cuánto será el tiempo por el que las empresas se mantendrán en este régimen, y se plantea la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda ir variándolo.
–Hubiéramos preferido, al menos, establecer un plazo para dar mayores garantías y, quizás, fijar un rango de porcentaje, también para dar mayores garantías, en este caso, a la Dirección General Impositiva y, fundamentalmente, a los monotributistas que serían beneficiados por esta situación. De todas maneras, se nos dijo que esto se va a incluir en la reglamentación.
Nos parece, en todo sentido, que esto es un facilitador para que los monotributistas entren en un régimen de inclusión financiera al que, si fuera por su facturación, no podrían ingresar o les sería muy oneroso hacerlo.
Adelanto que vamos a acompañar este proyecto de ley, haciendo hincapié en estas consideraciones y en dos más que queríamos realizar al final. Me refiero a consideraciones que hicimos en el momento en que se discutió la prórroga de la entrada en vigencia de algunas transacciones en la inclusión financiera, que votamos hace poco en el Senado de la república. Las hicimos en ese momento y también queremos hacerlas ahora; tienen que ver con algo que manifestaba el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.
Estamos avanzando en dar facilidades de ingreso a un sistema de inclusión financiera, pero todavía está faltando mucho para democratizarlo, sobre todo en lo que tiene que ver con la logística y la posibilidad de acceso de los consumidores, de los intermediarios y hasta de los comerciantes, que en este caso son los que están obligados al uso del sistema.
Este planteo tiene que ver con dos cosas: la primera, con el costo, del que ya hemos hablado muchas veces, incluso, con los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas cuando vinieron a comisión. El costo de los emisores de los plásticos de débito o de crédito sigue siendo alto y siempre termina pagándolo el consumidor, porque el comerciante se lo traslada a él. Además, muchas veces ese costo es mayor para los pequeños comerciantes que para las grandes superficies.
A eso se agrega que la acreditación de la plata de la transacción demora varios días cuando, en realidad, las ventas de la mercancía se hacen al contado. Muchas veces los pequeños comerciantes –este ha sido uno de los reclamos de los centros comerciales del interior, fundamentalmente– no tienen la suficiente espalda financiera como para esperar a que se les acredite el monto de las transacciones que, en algunos casos, reitero, demora varios días.
Además, creo que tenemos que tender a bajar el costo del uso de medios electrónicos a costos universales, ya que en el mundo anda alrededor del 0,7 %, mientras aquí estamos hablando de un 2,5 %, con algunos beneficios adicionales para las grandes superficies, seguramente por un tema de escala.
Lo segundo que quiero señalar tiene que ver con la posibilidad de acceso, pues se están dando situaciones como una que comenté el otro día en la comisión. Cuando visitamos la localidad de Cardal nos encontramos con que la mitad de la población es jubilada o pensionista, pero el pagador del Banco de Previsión Social dejó de ir porque, a partir de ahora, esos pagos se van a bancarizar, o sea, incluir en un sistema de pagos electrónico; sin embargo, el único cajero o red de cobranzas electrónica que hay en esa localidad y en las aledañas no tiene convenio con el Banco de Previsión Social, por lo que todos los meses los jubilados tienen que hacer 70 kilómetros en ómnibus para ir a San Ramón y poder cobrar sus jubilaciones, cuando antes, como dije, iba un pagador del BPS.
Lo mismo está pasando en Tapia y en Montes, en el departamento de Canelones: el mes pasado el pagador del Banco de Previsión Social dejó de ir porque, a partir de ahora, esos haberes pasan a un régimen de pagos electrónicos, aun cuando no hay cajeros ni red de cobranza en ninguna de las dos localidades para hacerlos efectivos.
Esto también está pasando en los comercios de diferentes zonas y barrios de Montevideo. No hay una logística adecuada para facilitar el acceso al sistema de inclusión financiera, por lo que no está siendo democrático. Creo que, más allá de establecer proyectos de ley –que compartimos– que van en el sentido positivo de facilitar el acceso, también tenemos que ver lo otro. Estamos avanzando en la obligatoriedad –que genera muchas dudas– pero no estamos generando la igualdad de oportunidades de los comerciantes, más allá de su dimensión, y de los consumidores, más allá de dónde se encuentren.
Estas eran las consideraciones que quería hacer.
SEÑOR MIERES.- Señor presidente: quiero decir algo en la misma línea de lo que planteaba el señor senador Delgado.
Cuando uno recorre el país y visita las localidades más chicas, se encuentra con una situación de profunda inequidad, y eso pasa a lo largo y ancho del territorio. La semana pasada estuvimos visitando Cebollatí, en el departamento de Rocha, y nos contaban que allí los trabajadores pierden un día de trabajo al mes para cobrar, pues tienen que ir a hacerlo a Lascano o al Chuy. ¿Por qué? Porque les pagan por vía bancaria, pero allí no hay banco ni cajero automático; el más cercano está a 50 o 60 kilómetros. Lo mismo pasa en Mal Abrigo, donde la gente tiene que ir a San José; y en Blanquillo, donde tienen que ir a La Paloma de Durazno o a Sarandí del Yí.
Entonces, en esas cosas que se cranean desde un escritorio en el centro de Montevideo, se rifan la heterogeneidad de la realidad, que es muy diversa por más que el país sea chico. Todos los que estamos aquí conocemos el interior del país y sabemos que estas cosas están pasando y que no deberían pasar.
Por lo tanto, en el día de hoy vamos a presentar un proyecto de ley por el que se plantea que no se pueda aplicar la obligatoriedad, porque no tiene lógica que el Estado exija y que después no ofrezca los servicios. No se puede aplicar la obligatoriedad del cobro de los salarios por vía bancaria si después el Estado no ofrece los servicios financieros correspondientes. Por lo menos, debería ser una garantía.
Cuando se hace el planteo a las autoridades del Banco República, con buen criterio responden: «Nos sale caro tener un cajero automático en cada pueblo. Además, pagamos todos los costos porque el trabajador abre una cuenta en otro banco y el Banco República le ofrece los servicios». Cuando se discutió este tema en comisión, el Directorio del Banco República planteó el problema. Sin embargo, se hace tabla rasa como si todo fuera igual y se define, desde allá arriba, una norma que luego es absolutamente desigual en sus efectos.
Así que, como dije, vamos a presentar un proyecto de ley para modificar los artículos que establecen la obligación para aquellos pueblos que no cuenten con los servicios financieros correspondientes correlativos a la obligación que se genera. ¡Mal se puede obligar si no se ofrecen los canales para cumplir con la obligación!
SEÑOR LARRAÑAGA.- ¡Muy bien!
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador Heber.
SEÑOR HEBER.- Señor presidente: no quiero agregar nada nuevo sino, quizás, remarcar o subrayar algo que se dijo.
Estamos de acuerdo con este proyecto de ley porque es hacia donde apunta el mundo, pero el planteo que hace el señor senador Mieres en cuanto a tener en cuenta el tema de la obligatoriedad también me parece muy de recibo. Si bien es un proyecto de ley necesario porque vamos caminando en ese sentido, también es cierto que este es un gran negocio para el sistema financiero. Está bien.
Nosotros queríamos que se hiciera un esfuerzo para bajar los aranceles y eso quedó claro. Bueno, me parece importante ese compromiso y así lo destaqué en la comisión. Parecería que el economista Vallcorba viene haciendo negociaciones para poder bajar los aranceles de modo tal que, en esta situación, esto no sea un costo agregado a sueldos que son muy magros.
Lo cierto es que el Estado tiene interés porque, de alguna manera, va a recaudar más si se bancariza todo. ¡Está bien! Me parece bien que el Estado recaude más, pero si brinda servicios y comodidades a la gente.
¡Lo que decía el señor senador Delgado es una verdad de a puño! En el almacén de Paso Casildo, ¿se va a poder comprar con tarjeta? La obligatoriedad es un tema que debemos tener presente.
El otro día estuvimos en Capilla del Sauce. Los habitantes de esa localidad, para pagar el recibo de la luz tienen que tomar un ómnibus que los traslade a Sarandí del Yí. ¿Cuánto le cuesta la luz a la gente de Capilla del Sauce que debe trasladarse a Sarandí del Yí para pagar el recibo? Si el Estado va a recaudar más –¡va a recaudar más porque va a formalizar más todos esos comercios!–, al mismo tiempo debería facilitar las cosas a la gente, de modo que en el mismo almacén se pueda pagar la luz, el agua y el teléfono. ¡A esta altura, todo el mundo usa celular! De alguna manera, hay que dar servicios a la gente que se va a incluir en la bancarización; después de dar esos pasos se puede generar la obligatoriedad.
Por esa razón, me parece de recibo lo que acaba de mencionar el señor senador Mieres. ¡Cuidado con la obligación! ¡Siempre estamos obligados los ciudadanos y nunca el Estado! ¡Siempre estamos obligados! Tenemos que pagar la luz; muy bien, se paga la luz, pero no hay un lugar donde hacerlo. Entonces, se tiene que tomar un ómnibus que muchas veces no pasa debido al estado de los caminos, por lo que la gente se atrasa y le cobran mora. En algún momento el Estado debe decir que la gente no es rehén, sino quien, en definitiva, hace funcionar al Estado y, por lo tanto, deberíamos devolvérselo en servicios.
Tenemos que mirar con cuidado el tema de la obligatoriedad porque me parece que el país todavía no está preparado para absorber todo esto.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: para terminar, como miembro informante de este proyecto de ley quiero decir que lo que se ha señalado es de recibo y lo digo en pos de mejorar esta política pública.
Recuerdo que en comisión se habló de infinitos temas vinculados a esto y no estoy ajeno a los problemas que han sido señalados en sala, que surgen como parte de la implementación. La sustitución del POS por celulares evitaría muchos de los problemas aquí señalados o, también, se podría tejer una red de comercios para que los ciudadanos pudieran efectuar retiros. Eso se está estudiando y creo que va en la línea de implementación de una ley que realmente es novedosa y que apunta –como bien dice el señor senador Heber– a la modernización.
También habría que abrir otro capítulo por lo que esto implica en cuanto al tema de la seguridad pública porque, evidentemente, habrá ahorro de costos en lo que respecta al uso de tarjetas y no de dinero físico. Eso lo vemos también en el caso de las estaciones de servicios, entre otros casos. Son medidas que se van implementando y que tienen –creo yo– una gran globalidad en los puntos de ataque de una serie de políticas públicas. Creo que todos, tanto la oposición como el Gobierno –todos somos gobierno–compartimos el valor de este proyecto de ley y las críticas que se hacen señalando fallas que se van a ir subsanando en el correr de los próximos días o semanas.
SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura.
SEÑOR PINTADO.- Y que se vote en bloque.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se van a votar las mociones formuladas.
14) RÉGIMEN DE TRABAJO
SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: en la reunión de coordinación del lunes pasado se acordaron dos cosas: en primer término, que si las venias estaban informadas las consideráramos como urgentes –ya fueron repartidas– y, en segundo lugar, suspender las sesiones del Senado de los martes para que pueda trabajar la Comisión de Constitución y Legislación hasta que se aprueben o informen los proyectos sobre seguridad.
Entonces, pedimos que se declaren urgentes las solicitudes de venias y se traten de inmediato, así como que se suspendan las sesiones ordinarias del Senado de los martes.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- La Mesa consulta al señor senador Michelini si la suspensión de los martes sería por el mes de junio.
SEÑOR MICHELINI.- En principio, serían los martes del mes de junio; después veríamos.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Vayamos martes por martes.
SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: lo que acordamos el otro día en comisión y después en las bancadas fue que durante el mes de junio se suspendieran las sesiones de los días martes –creo que son dos sesiones– para que la Comisión de Constitución y Legislación trabaje en doble horario. Lo hacemos por el mes de junio –reitero que quedan dos sesiones– y después evaluaremos qué sucede, porque hay dos proyectos a estudio y dos que ya ingresaron, que deberemos tratar. Todos asumimos dar un rápido diligenciamiento a estos proyectos de ley en la Comisión de Constitución y Legislación.
SEÑOR MICHELINI.- Exacto.
SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: vamos a ratificar en parte, por lo menos, lo expresado por los senadores Michelini y Delgado.
Nos pareció importante la aprobación de estos proyectos de ley que, en materia de seguridad, se están acordando entre los distintos partidos. Se propuso suspender –nosotros lo aceptamos– las sesiones del Senado de los próximos dos martes –los días 7 y 14 como me acota el señor senador Agazzi–, a los efectos de que la comisión pueda trabajar para aprobar esos proyectos de ley, dos de ellos seguramente en forma rápida y otros dos que es posible que también se aprueben.
En cuanto a las venias, por lo conversado el otro día, nos pareció razonable votar la urgencia. Nosotros hablamos de las correspondiente al Banco República –por lo menos así lo entendimos– porque había un interés especial en aprobarlas.
SEÑOR MIERES.- Señor presidente: en el mismo sentido que el señor senador, quiero decir lo siguiente.
Nosotros integramos la Comisión de Constitución y Legislación y, obviamente, en la medida en que hay acuerdos generales sobre proyectos, tenemos la necesidad de trabajar de una manera más intensa. Por otra parte, eso va a permitir que el plenario pueda aprobarlos a la brevedad, en función del acuerdo que se ha alcanzado. Por tanto, compartimos la propuesta y vamos a acompañarla con nuestro voto.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- De acuerdo con lo solicitado, se va a votar primero la suspensión de las sesiones del Senado de los días martes 7 y 14 de junio.
Seguidamente, se va a votar si se declara urgente y se consideran en la presente sesión las solicitudes de venia para designar integrantes del Banco República y de ASSE.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- De acuerdo con lo resuelto, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: «Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita la venia correspondiente a fin de designar:
– en calidad de presidente del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al economista Jorge Polgar. (Carp. n.º 568/2016 - Rep. n.º 268/2016);
– en calidad de director en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al contador Pablo Antonio Moyal Varela. (Carp. n.º 569/2016 - Rep. n.º 267/2016);
–	en calidad de director en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al doctor Leandro Santiago Francolino Moyano. (Carp. n.º 570/2016 - Rep. n.º 269/2016), y
– en calidad de miembros en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en representación de los trabajadores, al señor Pablo Cabrera, y en representación de los usuarios, a la señora Natalia Pereyra. (Carp. n.º 445/2016 - Rep. n.º 190/2016)».
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- En consideración la carpeta n.º 568/2016, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al economista Jorge Polgar, en calidad de presidente, en el Directorio del Banco República.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor presidente: se está proponiendo al Senado la designación del economista Jorge Polgar para la presidencia del Banco República. Como es un economista muy conocido, simplemente vamos a puntear tres o cuatro cosas que importan.
El economista Jorge Polgar es egresado –en diciembre de 1992– de la Universidad de la República. Tiene dos posgrados: un máster en Economía y un doctorado en Economía en la Georgetown University. Esa es su formación académica universitaria.
Como actividad profesional, cabe mencionar que fue vicepresidente del Banco República, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas y presidente del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay. Aquí quiero detenerme medio minuto porque el economista Polgar fue el que pudo reflotar o reestructurar el Banco Hipotecario del Uruguay después de la situación muy difícil en que se encontraba.
Fue asesor de la Asesoría Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas y jefe del Departamento de Estudios en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, Área de Estudios y Regulación, en el Banco Central del Uruguay. Por tanto, el economista Polgar siempre se ha movido en el área bancaria. Es lo que quería resaltar con esta enumeración.
Asimismo, es docente en la Universidad de la República, en la ORT, en la Universidad Católica del Uruguay y en la Universidad de Montevideo, así como también en el Departamento de Economía de la Universidad de Georgetown.
Debo agregar que tiene hechas diversas publicaciones.
Por tanto, es una persona que está más que capacitada para poder conducir el Banco República.
Por estas razones es que solicitamos al Senado la aprobación de esta venia.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, en calidad de Presidente, al economista Jorge Polgar».
La Mesa da la bienvenida a maestras y alumnos de sexto año de la escuela n.º 250 del Parque Posadas. Gracias por visitarnos.
En consideración la carpeta n.º 569/2016, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al contador Pablo Moyal Varela en calidad de director del Banco República.
SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: efectivamente, esta es la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al contador Pablo Moyal Varela como director del Banco República.
El contador Moyal Varela es un hombre joven; hace menos de un mes cumplió 38 años. En materia de estudios, es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Además, tiene estudios de posgrado: una maestría en Administración de Empresas.
Sus actividades profesionales siempre estuvieron vinculadas al quehacer bancario, al sector financiero. Fue socio en trabajos de auditoría en varios bancos públicos y privados: el Banco Central del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay, el Bandes y el Banco de la Nación Argentina.
Trabajó en todos los fideicomisos financieros que administra la Agencia Nacional de Vivienda.
Asimismo, trabajó en empresas privadas: Frigorífico Las Piedras, Sancor Seguros, Redpagos, Impasa y Corporación Médica de Paysandú, entre otras.
Ha desempeñado otras actividades profesionales, como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Integra varias asociaciones profesionales.
Es una persona que, de acuerdo con sus antecedentes, se ha desempeñado en tareas técnicas en el área financiera.
Por lo expuesto, creemos que reúne las condiciones técnicas y profesionales imprescindibles para desempeñar el cargo. Por tanto, proponemos al Cuerpo que se vote afirmativamente la solicitud del Poder Ejecutivo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, en calidad de Director, al contador Pablo Antonio Moyal Varela».
En consideración la carpeta n.º 570/2016, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al doctor Leandro Francolino Moyano en calidad de director del Banco de la República Oriental del Uruguay.
SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: en aras de facilitar este trámite, decimos que el doctor Leandro Francolino Moyano es abogado desde 2006.
Fue consultor para el Ministerio de Economía y Finanzas - Banco Mundial en el marco del Componente 7, «Coordinación del proyecto de elaboración de la estrategia» relativo al Proyecto de asistencia técnica de modernización institucional, y desarrolló funciones en el Proyecto de modernización de los servicios jurídicos del Banco Hipotecario del Uruguay. Fue asesor, en distintas ocasiones, de la presidencia y de la vicepresidencia del propio Banco Hipotecario del Uruguay.
Ejerció cargos técnicos de consultoría en apoyo a instituciones públicas, entre las que se encuentra nuestro Parlamento. Realizó posgrados a nivel terciario y cursos de especialización que no voy a enumerar ahora porque son muchísimos. A su vez, cuenta con una larga actividad docente, y también ocupó cargos en el gobierno universitario, donde representó tanto al orden docente como al estudiantil en su momento. Además, ha realizado algunas publicaciones en su especialidad, entre las que quisiera destacar un libro muy importante para nosotros ya que refiere a la técnica legislativa, teoría, métodos y aspectos político-institucionales. Asimismo, ha tenido innumerables reconocimientos académicos, tanto de la Facultad de Derecho como de otras, y participa en distintas instituciones académicas.
Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Administrativos aconseja al Cuerpo la aprobación de la venia para que el doctor Francolino integre, en calidad de director, el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, en calidad de Director, al doctor Leandro Santiago Francolino Moyano».
Se pasa a considerar la carpeta n.º 445/2016 - repartido n.º 190/16, correspondiente a la designación del señor Pablo Cabrera y de la señora Natalia Pereyra en calidad de miembros en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en representación de los trabajadores y de los usuarios, respectivamente.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero aclarar que el tratamiento de este asunto se demoró un poco porque la propuesta del Poder Ejecutivo había venido con un dato que no correspondía; se hacía referencia a un decreto reglamentario, por lo que la comisión hizo los trámites para que se corrigiera.
Finalmente, esta solicitud de venia está a consideración del Senado respaldada por la Ley n.º 18161, de 2007, por la que se descentraliza ASSE y se incluye en su directorio la participación de trabajadores y usuarios, al amparo del Decreto n.º 113/015 que, ahora sí, viene corregido. Dejo esta constancia porque lo analizamos en la comisión.
El señor Pablo Cabrera es licenciado en Laboratorio Clínico –licenciatura de la UdelaR– y también tiene un posgrado en Gestión de Servicios de Salud, de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Ingresó a la función pública en 1996, antes de la creación de ASSE, y desarrolló toda su carrera funcional dentro de la Administración pública en el área de la salud. Además, ha sido un representante sindical, teniendo distintas responsabilidades a lo largo de su trayectoria.
En junio de 2015 se hizo una elección abierta para ocupar el cargo de director de ASSE en representación de los trabajadores. Se propusieron tres personas al Poder Ejecutivo para ocupar ese cargo y este eligió a una de ellas para enviar la solicitud de designación al Senado, que es la que corresponde al señor Pablo Cabrera, cuya aprobación estamos recomendando.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en calidad de miembro, en representación de los trabajadores al señor Pablo Cabrera, de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 187 de la Constitución de la República, artículo 26 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007 y su Decreto Reglamentario Nº 113/015 de 23 de abril de 2015».
SEÑOR MIERES.- Señor presidente: en su momento anunciamos en la coordinación que no acompañaríamos esta venia ni la que vamos a considerar seguidamente para integrar el Directorio de ASSE, en la medida en que tenemos una diferencia sustancial de carácter jurídico. No estamos discutiendo la idoneidad de las personas propuestas, pero sí tenemos una diferencia desde nuestro partido, que es pública y notoria, en cuanto a la forma en que se integra el Directorio de ASSE. Es más, existe un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes por el señor diputado Radío que, justamente, propone eliminar la participación de los directores sociales, pasándolos al Consejo Honorario Asesor Nacional, y no integrando el directorio con voto.
Siempre hemos tenido una mirada crítica, sobre todo con el criterio de la representación, en la medida en que nos parece realmente sorprendente que haya un representante de los usuarios que nadie conoce –ni el actual ni quien se propone ahora–, o sea que es una representatividad totalmente inexistente.
Por otra parte, se ha prorrogado nuevamente, por la vía del decreto, el camino que se establecía por ley: la elección de estos representantes por parte de algún colectivo que, en el caso del representante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, no entendemos por qué debe ser de ese colectivo y no de otros que pueden estar vinculados a la prestación de servicios de salud en el Estado.
Por todas estas consideraciones que –reitero– no refieren a las personas ni cuestionan sus nombres, sino el criterio político y jurídico por el que se estableció la integración del Directorio de ASSE, no hemos acompañado con nuestro voto esta solicitud de venia y tampoco vamos a hacerlo con la que vamos a considerar a continuación.
SEÑORA EGUILUZ.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑORA EGUILUZ.- Señor presidente: nosotros no acompañamos la votación de las solicitudes de venia para integrar el Directorio de ASSE, ni esta ni tampoco la siguiente. Respetamos, sí, los acuerdos políticos, y eso hicimos cuando votamos las del Directorio del Banco República, pero entendemos que en este caso no se han dado los mismos mecanismos.
El tema de fondo tiene que ver con la representatividad de quienes hoy están siendo votados. Entendemos que pueden utilizarse mejores mecanismos, y ha habido iniciativas al respecto, que compartimos. Consideramos que los representantes, sobre todo de los usuarios, deben ser legitimados a través de elecciones de los propios usuarios y no de esta manera. Por lo tanto, no acompañamos esta designación con nuestro voto. No tiene nada que ver con las personas propuestas; no vamos en contra de ellas, de sus capacidades ni de todos los fundamentos que haya y que hoy estén sometidos a consideración de este Cuerpo, pero sí sostenemos los argumentos de fondo que di y es por eso que no acompañamos la votación de estas venias.
SEÑOR HEBER.- Señor presidente: nosotros acompañamos esta solicitud de venia de designación del miembro del directorio en representación de los trabajadores porque esta solicitud no forma parte del entendimiento de carácter político, sino que es la representación social. Considero que lo que han planteado algunos señores senadores en el fundamento de voto forma parte de una discusión mayor que también se da en la educación, en el BPS y, además, en ASSE.
Somos partidarios de la participación de los trabajadores, con voz y sin voto, porque nos parece que es importante tener a los trabajadores en los directorios de estas empresas. Es de hacer notar que algunas de ellas tienen consideraciones distintas. En el BPS, por ejemplo, es un tema constitucional. Por su parte, la ley de educación establece la participación de los trabajadores y de los docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en el Consejo de Educación Secundaria, en el Consejo de Educación Técnico Profesional y en el Codicén, a través de una votación pública mucho más articulada.
Nosotros no cuestionamos la representatividad de esta venia, aunque nos hubiera gustado que el proceso de elección fuera más abierto, de modo tal de asegurarnos que los trabajadores, los sindicalizados y los no sindicalizados, pudieran votar para establecer su delegado en ASSE, más allá de la discusión que después tendremos que tener sobre el rol de los directores sociales en estas empresas porque muchas veces ocurre que defienden intereses que son muy legítimos, pero no es para lo que fueron llamados al directorio de una empresa donde tienen que mirar el conjunto de los servicios que brindan a la población, principalmente a la más humilde, que es la que se atiende en ASSE.
No queremos agregar más comentarios sobre eso sino solamente justificar nuestro voto y, además, decir que queremos tener una discusión más profunda sobre la verdadera participación de los trabajadores en esos directorios.
Esperemos que la gestión del señor Pablo Cabrera prestigie de alguna manera la representación de los trabajadores de ASSE porque, lamentablemente, la gestión del delegado anterior no valorizó a la federación ni a los trabajadores. De esta manera, estamos dando la posibilidad al señor Pablo Cabrera de que, a través de esta nueva gestión, como representante de los trabajadores pueda revertir el desprestigio generado por su antecesor.
Después daremos nuestra opinión –como dije en la comisión– acerca de la otra solicitud de venia que es para representar a los usuarios, sobre la cual haremos otra consideración al respecto.
SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: cuando se hicieron los acuerdos sabíamos que estas solicitudes de venia llegaban en representación de los colectivos correspondientes. No pretendo adjudicar responsabilidades acerca de si, cuando se hicieron los acuerdos, eso se incluyó o no. También es cierto que algunos señores senadores de este Cuerpo plantearon en la reunión de coordinación que en este caso no iban a votar las venias, pero esa no es la discusión. Comparto que lo ideal sería que todos los colectivos se representaran por votación, pero muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo que digo es que esta bancada, tozudamente, quiere que las representaciones sociales estén presentes. Capaz que no tenemos razón, señor presidente, y los mecanismos deben ser otros, pero seguimos confiando en que cuando los colectivos están representados se logran mejores niveles de transparencia y también se optimizan otras cosas en la discusión que se da en los entes autónomos o en los servicios descentralizados.
Por lo tanto, por más que se puedan mejorar estos mecanismos –y para ello está bien que se dé esta discusión–, al interpretar que, como no son lo suficientemente puros, hay que ir para atrás, podríamos hasta llegar a sacarlos –así sea por una reforma– del Banco de Previsión Social, y creo que ese no es el camino correcto, señor presidente.
Entonces, independientemente de esta votación, quería dejar constancia de que para mí hay que mejorar los mecanismos para que esas personas representen auténticamente a esos colectivos, y no ir para atrás dejando que administre el Estado en razón del interés general y no haya voces del interés particular.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se pasa a considerar la designación de la señora Natalia Pereyra en calidad de miembro del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en representación de los usuarios.
Tiene la palabra el señor miembro informante, señor senador Agazzi.
SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: si bien esta solicitud de venia tiene algunas similitudes con la anterior, también tiene algunas diferencias.
Al igual que en el otro caso, corresponde la aclaración que hizo la señora senadora Topolansky sobre la solicitud de venia del Poder Ejecutivo y la ampliación de información que se le pidió, en el sentido de que en la ley original de ASSE se había previsto un mecanismo para integrar los directores sociales por única vez; luego, en una ley posterior, se estableció el mecanismo de que se presentaran tres candidatos y el Poder Ejecutivo elegiría a uno de ellos, que es lo que rige para este caso.
En cuanto al contenido de la designación de la señora Natalia Pereyra, el proceso seguido por el Poder Ejecutivo fue reunirse con las cuatro organizaciones de usuarios de alcance nacional –el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada; el Espacio Participativo de Usuarios de Salud, la Asociación de Usuarios del Sistema de Salud, y el Movimiento La Salud para Todos–, a las que dio a conocer el decreto correspondiente y las invitó a proponer nombres. Cabe aclarar que, además de ASSE, integran la Junasa y, como no requiere venia, no corresponde tratarlo aquí.
El Poder Ejecutivo les comunicó, en presencia de un escribano público, que debían presentar la siguiente información: nombre de la organización proponente; copia autenticada del estatuto de esa organización; acreditación y vigencia actualizada de la inscripción del estatuto en el Ministerio de Educación y Cultura; nómina de autoridades vigentes acreditadas mediante certificado notarial; nombres completos y documentación de las personas propuestas; currículum; acta u otra documentación que avale la formalidad de la propuesta de los nombres presentados; cantidad de afiliados a la organización y la documentación que así lo acredite; y nombres de los integrantes de cada organización social que efectivamente participan en las Juntas Departamentales de Salud y en los Consejos Consultivos y Asesores en todo el territorio nacional. Esto se cumplió, y el 18 de junio de 2015 el equipo ministerial se reunió con las organizaciones para ponerlas en conocimiento de la documentación recibida, en presencia de un escribano público que labró el acta, y en cumplimiento de los requisitos que ya habían sido comunicados.
Para tomar la decisión, el Poder Ejecutivo consideró el número con los detalles de los integrantes registrados en cada uno de los movimientos, el grado de inserción de cada una de estas organizaciones en todo el territorio nacional, la presencia en las juntas nacionales y locales de salud y en los consejos asesores de cada una de estas instituciones.
En realidad, para la designación del representante de los usuarios en el Directorio de ASSE se tuvo en cuenta el primer nombre del movimiento de usuarios más numeroso y con mayor representación en los organismos institucionalizados a nivel nacional. Este asunto está en construcción; la ley establece la participación de los usuarios y de los trabajadores, y hasta ahora nadie ha manifestado su disconformidad con eso, no obstante, se reconoce la necesidad de ir mejorando los procesos eleccionarios para que realmente sea representativo, pero todos los integrantes de los directorios de los entes son directores, no solo los representantes de los organismos sociales, también los electos por los partidos políticos o por el Poder Ejecutivo.
Como muy bien decía el señor senador Heber, no pueden ir a un directorio a pujar por la posición sectorial de la corporación que los designó. A cogobernar hay que aprender, y creo que eso también nos incluye a nosotros.
Quiero decir, señor presidente, que en la participación de organizaciones nuevas, también ellos tienen su curva de aprendizaje que debemos entender, aunque sea discutible, pero la propuesta de designación se hace en cumplimiento de la ley y de los decretos reglamentarios vigentes, que si después cambian, también cambiarán las propuestas.
Señor presidente: la persona propuesta, es decir, la señora Natalia Pereyra, ha realizado algunos estudios y tiene alguna experiencia de trabajo en comunidad.
Por todo lo dicho, creemos que lo que no compete es sobrevalorar el conocimiento técnico que tenga en materia de salud, aunque podemos decir que ha participado en distintas instancias de capacitación. Por ejemplo, participó en varias jornadas de la Organización Panamericana de la Salud, en el Ministerio de Salud Pública y en la prevención del uso indebido de drogas. Además, realizó cursos de Bioética, así como un taller en la Escuela de Seguridad Ciudadana y Convivencia; participó asimismo en el IV Foro Social Uruguayo de Salud. Creo, por consiguiente, que tiene una cantidad de capacitaciones, que quizá no sean de gran nivel académico, pero que las ha obtenido a través de cursos, foros y talleres. Al mismo tiempo, se desempeñó como representante de los usuarios en la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud, del Ministerio de Salud Pública. En realidad, había sido designada antes por el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en la cual se desempeñó.
Según tengo entendido, también está postulada –aunque este tema aún no se resolvió– por el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada para integrar la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida Humana.
Es en función de estos elementos y antecedentes que el Poder Ejecutivo solicita la venia para designar a la señora Natalia Pereyra en calidad de integrante del Directorio de ASSE. Por lo tanto, sugerimos al Cuerpo que vote afirmativamente.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Puede interrumpir el señor senador García.
SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: simplemente quiero formular una pregunta que espero sea respondida por los señores senadores Agazzi o Heber, integrantes de la Comisión de Asuntos Administrativos.
A efectos de ilustrarnos, nos gustaría saber cuántos afiliados tiene el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, que es quien propone a la señora Natalia Pereyra. Sabido es que el conjunto de usuarios de la salud pública se ubica en 1:200.000, aproximadamente. Por eso, creemos importante saber la cantidad de usuarios que integra esta organización, si se tiene la información.
Muchas gracias, señor senador Heber.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Puede continuar el señor senador Heber.
SEÑOR HEBER.- Señor presidente: es interesante la pregunta que acaba de formular el señor senador porque es un elemento importante a tener en cuenta.
Nosotros votamos la venia anterior para la representación de los trabajadores –de esta forma contesto, por vía de alusión, al señor senador Michelini–, porque entendemos que deben estar; ahora bien, no sé si tienen que decidir. Ese es otro tema sobre el que deberíamos discutir, y está muy lejos de cualquier visión de cambiar la Constitución de la república para que los jubilados y trabajadores no estén en el Banco de Previsión Social; por el contrario. Nosotros eso no solamente lo establecimos con nuestro voto en la Constitución, sino que lo implementamos durante el Gobierno del Partido Nacional, por primera vez, para los jubilados y los trabajadores, mediante una terna.
Nos parece, sí, que se podría comenzar a instrumentar el voto electrónico y así votar con mayor representatividad, dejando a un lado el tema de las listas y demás, que generan una situación bastante engorrosa. Recordemos, por ejemplo, que en las pasadas elecciones del Banco de Previsión Social, por el orden de empresarios se presentó una sola lista y la gente tuvo que concurrir a votar. Me parece que en algún momento deberíamos hablar de estas cosas.
Dejando a un lado el tema del Banco de Previsión Social, quiero decir que en su momento no votamos la ley de educación que implementa la presencia de los docentes y trabajadores de la educación en los consejos desconcentrados.
Hoy estamos hablando de ASSE y, en este sentido, claramente dijimos que acompañamos la representación de los trabajadores, y si bien creemos que por medio de un voto electrónico los trabajadores de la salud pueden votar con mayor representatividad, no cuestionamos la representación de los trabajadores en ASSE. Lo que sí cuestionamos es la representación de los usuarios y, por esa razón, no vamos a acompañar esta solicitud de venia. ¿Por qué cuestionamos la representación de los usuarios? Porque en estos cinco años o más de experiencia –creo que son siete u ocho– que hemos tenido en la participación de los sectores sociales en ASSE, la experiencia no ha sido buena en lo que a ese aspecto se refiere.
Como dije en el fundamento anterior, esperamos que el delegado de los sindicatos en ASSE revierta una situación de notorio desprestigio por parte de quien tuvo la representación en el período anterior. Ahora le damos una instancia para que, de alguna manera, pueda prestigiar una representación donde su gestión juega mucho.
La pregunta del señor senador García acerca de cuántos afiliados tiene esta organización de usuarios me parece excelente.
Ahora bien, para nosotros, la representación de los usuarios fue simplemente una presencia que no aportó absolutamente nada, porque ninguno de los usuarios de la salud pública se sintió identificado por la gestión llevada adelante por la delegada o por el delegado –ni siquiera sé su nombre– del período anterior.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Era un delegado.
SEÑOR HEBER.- Ni sé cómo se llama, porque su presencia brilló por su ausencia en temas muy álgidos de la discusión sobre la gestión de ASSE en períodos anteriores.
Recuerdo que, en su momento, impulsé una interpelación al ministro Venegas y presenté denuncias muy graves que luego terminaron en la justicia con el procesamiento con prisión del director en representación de los trabajadores y, sin embargo, nunca se escuchó la palabra ni el fundamento de la representación de los usuarios. Si realmente tenían una representación, debería haber sido informante del Parlamento o de la opinión pública de las cosas que estaban pasando; tenía el deber de saberlo porque estaba en el Directorio de ASSE. En cambio, sí tuve la información de parte del delegado que el Partido Nacional tuvo a bien tener en el período anterior. Primero fue el escribano Draper y luego el doctor Marcelo Sosa quienes, en representación del Partido Nacional, nos dieron información vital para poder cumplir nuestra labor de fiscalización.
Señor presidente: la representación de los usuarios no existió para los usuarios ni para nadie, porque nunca levantó su voz para denunciar cosas que eran notoriamente ilegales, al punto tal que actuó la Justicia y terminó con el procesamiento con prisión del compañero de la representación social. Entonces, la representación de los usuarios no representó a los usuarios; se dilapidó y se malgastó dinero de todos los usuarios y de quienes no lo son. Fue un verdadero escándalo en la conducción de ASSE que, lamentablemente, terminó en la Justicia con varios procesamientos y varias destituciones.
Este tema me llevó, en su momento, a tener una discusión pública con los representantes del PIT-CNT, porque cuando presentamos las denuncias sobre el manejo de las empresas de limpieza que existía por parte del director Alfredo Silva, se nos intimó por carta pública, carta que contesté. Luego, los hechos nos dieron la razón y el PIT-CNT terminó por destituir o desafiliar al señor Alfredo Silva. Ahora bien, en todos estos episodios, quien no existió fue la representación de los usuarios; es decir que no cumplió su función. Esto es lo que nosotros cuestionamos.
Es clave la pregunta formulada por el señor senador García con relación a cuántos usuarios tiene esta organización. A nuestro criterio, debería votar el millón y medio de usuarios que tiene salud pública para que realmente se sintieran representados.
Asimismo, cuestionamos el hecho de que la mitad de la representación política de este país –o sea, los quince señores senadores que no estamos representados en los directorios conformados por cuatro miembros– no tenga la posibilidad de tener ojos y presencia allí. La representación de la mitad del país no está, lo que quiere decir que el 50 % de la población no se siente representada en ASSE. Sin embargo, va a haber una representación de los usuarios, sobre la que cuestionamos su representatividad.
Queremos aclarar que esto no va en desmedro de la señora Natalia Pereyra. ¡Vamos a separar las cosas! No estamos juzgando su capacidad técnica, pero nos hubiera gustado que fueran más sinceros y nos hubieran informado que la señora Natalia Pereyra iba a integrar el directorio en representación del Poder Ejecutivo, porque siempre votó con el Poder Ejecutivo y con las autoridades de ASSE y siempre lo va a hacer porque, en definitiva, es una elección que hace el Poder Ejecutivo, con criterios notoriamente políticos, sobre las ternas que le presentan los usuarios que, a mi juicio, no tienen una representación genuina de los usuarios de todo el país.
Señor presidente: nosotros cumplimos los acuerdos, pero esto no está enmarcado dentro de los acuerdos de carácter político que hemos asumido. Hemos votado todas las venias políticas –no cuestionamos ninguna, aunque en algunos casos tuvimos alguna reticencia– porque parte de los acuerdos es votar venias de confianza del Poder Ejecutivo.
Queremos separar claramente lo que es la representación de los trabajadores, que proviene de una estructura organizada que, en su mayoría, es representativa de los funcionarios de salud pública, sobre todo de los afiliados al sindicato, del caso de los usuarios, en el que es notorio que no tienen representatividad las organizaciones que la postulan.
Por tanto, quedamos a la espera de una mejor discusión, tal como lo anunciara el señor senador Mieres, en virtud de que se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que habilitará un debate en serio sobre esta representatividad. Me parece que es más importante representar a la mitad del país que votó a la mitad del Senado –hablamos de muchos miles de personas–, que a la organización de usuarios que hoy postula a la señora Natalia Pereyra para una representación que, a nuestro juicio, carece de base popular como para representar a los usuarios.
Quedamos a la espera de la respuesta al señor senador García –no sé si existe la posibilidad de saberlo en el día de hoy– en cuanto al número de personas afiliadas a esta organización. Nosotros creemos que las representaciones sociales deben estar –aunque no sé si decidir–, tener voz, poder fiscalizar, participar, hacer consultas, pero se tiene que votar en función de un criterio general. El señor senador Agazzi decía que esto es un aprendizaje; eso es de recibo, pero la experiencia que hemos tenido con los trabajadores no ha sido buena, como tampoco lo ha sido la presencia de los usuarios que, a nuestro juicio –lo reitero–, no es representativa.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Le damos la bienvenida a los alumnos y maestras de la escuela n.º 212 del barrio La Teja.
SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: en primer lugar, si hubiéramos sabido que se iba a plantear este asunto nos hubiéramos hecho de la información. El tema fue discutido en la comisión, pero esto no fue planteado. El Poder Ejecutivo nos ha enviado los mecanismos sobre el proceso y hemos conseguido el acta del día que el Ministerio de Salud Pública convocó a las organizaciones de usuarios para comunicarles cuáles eran las listas que se habían presentado. Hubo una organización de usuarios, denominada Salud para Todos, que no hizo ninguna propuesta. Si se desea, puedo conseguir la información; aquí tengo bastantes papeles, pero ese no.
En segundo término, debemos definir qué es lo primero: el huevo o la gallina. Si los usuarios no empiezan a organizarse de alguna manera, ¿cómo se va a consolidar su estructura para que luego funcione mejor? Quizá lo ideal sería esperar a que los usuarios estén organizados para que elijan a sus representantes en una elección. Ahora bien, ni siquiera nosotros estamos aquí por una elección que nos pone a cada uno en el lugar que ocupamos, sino que una organización política nos propone en su lista. Por lo tanto, las organizaciones tienen su valor.
Estoy totalmente de acuerdo con que el mejor cogobierno es con las organizaciones de todos los componentes. Creo en el concepto del orden y en que no debe ser sustituido por corrientes gremiales en las que incida lo político y lo ideológico. Reitero que estoy de acuerdo con el concepto del orden. El cogobierno universitario –que fue el que en este país comenzó un cogobierno en serio en la década de los cincuenta– ha transitado un aprendizaje muy largo, y este elige a sus representantes teniendo en cuenta el concepto del orden. Los que se organizan dentro del orden para hacer sus propuestas, discuten entre ellos, pero es el orden el que los elige democráticamente.
Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el que la Asociación Rural del Uruguay elige a sus representantes para integrar los distintos lugares del Estado en los que tiene representación? Quizá debería hablar de la Federación Rural, que tiene afiliados, porque la Asociación Rural del Uruguay no tiene ningún afiliado; no podría proponer a nadie porque no tiene ningún afiliado. Sería mejor que las gremiales, que tienen afiliados, elijan con la participación de todos los integrantes del orden. Eso me parece mejor. Sin embargo, en este país nos va a llevar un tiempo aplicar eso en general.
Quiero decir que el representante de los usuarios fue el señor Wilfredo López y estuvo aquí cuando se hizo la interpelación. Si el señor senador Heber no sabía que el representante era Wilfredo López, es porque no se preocupó por informarse.
En cuanto al desempeño de un integrante del directorio debo decir lo siguiente. Tengo el informe elaborado por el señor Draper, quien fuera propuesto por el Partido Nacional; ese informe fue publicado por el partido, y yo tengo mi punto de vista sobre él. También hubo otras personas designadas, incluso ministros, que fueron presos. En todo caso, la responsabilidad del desempeño es de quien lo propone. Ese es un asunto sobre el que también tenemos que seguir mejorando; debemos evaluar las cosas y no solo discutirlas cuando votamos las designaciones.
Con respecto a todos estos cargos, en lo personal me gustaría contar con información de cómo va marchando todo y que, además, hiciéramos una evaluación, si pudiéramos. En el caso de los usuarios, la tienen que hacer ellos. En el caso de los trabajadores, estos han tenido una discusión. Incluso, después de la situación que se dio el gremio de los funcionarios de salud pública hizo una auditoría interna, luego una selección y eligió una nueva autoridad, pero ese es un asunto de los trabajadores de salud pública.
Creo que este proyecto de ley puede ser más discutido en sus fundamentos y, tal como ha expresado el señor senador Mieres, se pueden hacer distintas propuestas. De todos modos, por el momento no se ha cuestionado el hecho de que participen los representantes sociales en la conducción. En eso creo que estamos todos de acuerdo. En cuanto a que los representantes políticos tengan que participar, es otro tema. Nosotros nunca participamos en el Banco República, en UTE, en Antel, etcétera; tuvimos que ser gobierno para empezar a hacerlo. Ahora, si es como dijo un señor senador –creo que fue Heber– y esto llegó para quedarse, debemos ir estableciendo los protocolos y las normas de actuación. ¡Dios y la santísima Virgen quieran que sea así! Por nuestra parte, vamos a seguir actuando de esta forma y continuaremos discutiendo estas cosas –¡por suerte es así porque antes no se discutían!– en este ámbito para tratar de mejorarlas entre todos. Esto es algo que –insisto–, por suerte, podemos hacer en el Uruguay.
Desde nuestro punto de vista, esto fundamenta la necesidad de elegir a los representantes sociales propuestos en el día de hoy.
SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: somos partidarios de votar estas venias por el razonamiento inverso al que hacían algunos senadores. Las puertas de la participación, aun con imperfecciones, están abiertas y creo que cerrarlas sería retroceder. Eso no quiere decir que, a la luz del siglo xxi, no analicemos los mejores mecanismos de representación y participación; hay que analizar, incluso, los de la universidad y de todos los lugares donde hay participación de colectivos a los efectos de que representen mejor lo que establece la ley en el mundo actual, donde hay una crisis de participación. ¿Por qué digo, entonces, que sería malo recorrer el camino inverso? Porque, justamente, donde hay colectivos preocupados por algunas cosas, cerrar el paso sería desestimular la participación.
Ahora, en el caso de los usuarios, considero que su modelo de participación tiene que ver con el que tiene la organización del prestador público. Por ejemplo, en las instituciones privadas, las mutualistas son dirigidas –no ya representadas– por los usuarios; son los socios quienes las dirigen, es decir, los usuarios del servicio. Si hay alguna participación en materia de salud que no debería discutirse ni ponerse en cuestionamiento es la de quien tiene –según la óptica con que se mire– que sufrir o beneficiarse de los servicios porque es la expresión de los que reciben el sistema de salud. De lo contrario, se organizaría en torno a los prestadores, que podrían tener una lógica exclusivamente económica o economicista para tomar las decisiones, alejada de las prestaciones de salud que los usuarios deben recibir.
Todo lo relativo a si debe haber una representación nacional, departamental o en torno a los centros de salud es discutible y está bueno que así sea porque, cuanto más cerca está el usuario del centro del cual recibe la prestación, mejor calidad tiene su participación. Tengamos en cuenta que eso ocurre en todos los ámbitos. Cuanto más lejos está el ciudadano de la peripecia cotidiana, más le cuesta tomar decisiones en el ámbito nacional o internacional porque no son parte de su cotidianeidad o preocupación.
Comparto con el senador Agazzi que es mucho mejor recorrer este camino de las puertas de la participación abiertas para poder corregir, que el camino inverso de cerrar la participación, mucho más teniendo en cuenta que en Uruguay hay una tradición centenaria de participación, gestión y administración, por parte de los usuarios, de los centros de salud. Por lo tanto, todo es perfectible, mucho más en estas cuestiones de la representatividad y en este tiempo global de comunicaciones de todo tipo, como las redes. En cuanto a que no necesariamente deben tener representatividad, quiero señalar que aun nuestra representatividad está cuestionada permanentemente, incluso por los medios de comunicación que nos disputan la intermediación entre la opinión pública y el Estado.
Creo que hay que analizar todos estos aspectos, pero siempre es mejor hacerlo con las puertas de la participación abiertas. Costó mucho que en el BPS los trabajadores, los jubilados y los empresarios tuvieran representación. No quiero dejar de mencionar que esa norma está vigente desde la Constitución de 1966 y recién se hizo operativa después de la dictadura. Pasaron muchos años y todos reconocimos que el camino no fue el mejor. Hubiera sido preferible –como ocurrirá ahora– mejorar los mecanismos de participación, de selección y de legitimación de la responsabilidad y la representatividad de cada colectivo.
Independientemente de que es necesario recabar la información que se solicitó –porque no hay que atropellar–, sería bueno que en algún momento tomáramos la decisión, más allá de que en el futuro podamos discutir mejores mecanismos, y se hicieran correctivos a la representación social.
SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: realizamos las consultas a la bancada y no disponemos de la información solicitada con respecto a la venia de la señora Natalia Pereyra, por lo que solicito que se postergue este punto hasta el miércoles próximo, por supuesto que respetando la lista de los oradores anotados.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción realizada por el señor senador Michelini.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Decisión CMC n.º 22/15 “Continuidad del Funcionamiento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur”, suscrita en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 16 de julio de 2015. (Carp. n.º 442/2016 - Rep.n.º 271/2016)».
SEÑORA XAVIER.- Señor presidente: el Focem fue creado a fines de 2004 y quedó operativo en 2006. Como todos recordamos, se basa en un sistema de aportes y de distribución de recursos en forma inversa, es decir, que los países de mayor desarrollo económico realizan mayores aportes y obtienen menores recursos, y viceversa.
A partir de 2005 se fijaron los objetivos del Focem y el Grupo de Alto Nivel sobre Convergencia Estructural del Mercosur estableció una vigencia de diez años para este acuerdo a partir del primer aporte realizado por uno de los Estados partes. Cumplido este plazo, los estatutos deben evaluar la efectividad de los programas y la conveniencia de la continuidad, y es por esta razón que hoy debemos votar su continuidad.
Uruguay fue el primer Estado en aportar, a principios de 2007, lo correspondiente a las contribuciones de los dos años desde la creación del fondo, es decir los años 2006 y 2007. De acuerdo con sus objetivos, el Focem está destinado a la financiación de programas que tienen que ver con la convergencia estructural, con el desarrollo de la competitividad, con la cohesión social y con el fortalecimiento de la estructura institucional del proceso de integración.
El Focem se inició con aportes que ascendían a los USD 100 millones anuales. Con el ingreso de Venezuela, en 2013, ese fondo se incrementó a USD 127 millones anuales.
De esos USD 100 millones, Uruguay aporta un 2 %, mientras el resto de los aportes se distribuyen de la siguiente forma: Argentina, un 27 %; Brasil, un 70 %, y Paraguay, un 1 %. Al ingreso de Venezuela, este país hizo un aporte equiparado al que realiza Argentina, o sea, del 27 %.
En julio del 2015, en la Cumbre Social del Mercosur se aprobó la declaración que da continuidad al Focem y a su unidad temática, creada para la evaluación que citábamos anteriormente, así como para el seguimiento de la ejecución de los proyectos.
La nueva decisión tiene diez artículos. Además de hacerse la renovación del fondo a partir del 1.º de enero del 2016 y por diez años, se establece el porcentaje original de aportes para los diferentes socios del bloque, pero el monto	total pasa de USD 100 millones a USD 127 millones. La relación de aportes, por tanto, pasa a ser: Argentina, USD 27 millones; Brasil, USD 70 millones; Paraguay, USD 1 millón; Uruguay, USD 2 millones, y Venezuela, USD 27 millones.
De los recursos destinados al financiamiento de proyectos del Programa I, de Convergencia Estructural; del Programa II, de Desarrollo de la Competitividad, y del Programa III, de Cohesión Social, a Uruguay le corresponde el 29,05 %. Para tener una idea, con relación al resto de los países, a Paraguay le corresponde el 43,65 %; a Argentina, el 9,1 %; a Brasil, el 9,1 %, y a Venezuela, el 9,1 %.
Durante el debate en comisión, el señor senador Larrañaga nos había pedido que diéramos cuenta en el plenario de la situación actual, tanto del total aportado por los diferentes Estados partes, como de la situación de endeudamiento, si es que existía. Tenemos estos datos al 31 de marzo del 2016, y suponen que el total aportado a esa fecha por Argentina fue de USD 195:750.000; por Brasil, de USD 454:993.953 –además, hay un aporte voluntario de este país de USD 206:930.330 adicionales–; por Paraguay, de USD 9:250.000; por Uruguay, de USD 18:500.000, y por Venezuela, de USD 27 millones.
Efectivamente, a esa misma fecha hay países que tienen un monto adeudado, y otros no. Figuran con 0 Uruguay y Paraguay; con un monto similar, de USD 54 millones, Argentina y Venezuela; Brasil, con USD 192:506.047, si no contamos el monto adicional aportado voluntariamente, que queda sujeto a las necesidades específicas de los proyectos que pretende cubrir, como la construcción de la línea de trasmisión en 500 kW Itaipú-Villa Hayes, que está en trámite.
Por todo esto, señor presidente, en el marco del compromiso adquirido por los Estados partes del Mercosur y en función del fortalecimiento de la gestión institucional del Focem y de la complementación de los demás instrumentos regionales de financiamiento para el desarrollo, el Grupo Ad hoc, vinculado al Grupo Mercado Común, deberá presentar un informe ante una próxima reunión del Consejo del Mercado Común.
De acuerdo con las consideraciones antes mencionadas y teniendo en cuenta que para nuestro país –así como para el conjunto de la región– el Focem constituye un mecanismo muy importante porque nivela y compensa los equilibrios estructurales de las economías del bloque a través de proyectos de alto impacto –adjuntos en el mensaje del Poder Ejecutivo–, la Comisión de Asuntos Internacionales propone a la Cámara de Senadores la aprobación de este proyecto de ley.
Debo hacer una mención especial en cuanto a que lo que traemos al Cuerpo es un proyecto sustitutivo, porque el artículo 2.º, según lo discutimos, no tenía una redacción adecuada. Por lo tanto, en consulta con el Ministerio de Economía y Finanzas, así como con la Cancillería, en este proyecto sustitutivo se incorpora un artículo 2.º con una redacción diferente donde, además de habilitar los créditos presupuestales, los costos resultantes se cargan a rentas generales, en el inciso 24, Diversos Créditos.
Sin más, solicitamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º.- Apruébase la Decisión CMC Nº 22/15 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, sobre la Continuidad del Funcionamiento del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR, suscrita en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 16 de julio de 2015».
SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: me parece que el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur es bien interesante porque, en realidad, como lo dice, es un fondo inverso, y estoy de acuerdo con esto de que el que tiene más pague más. En realidad, los países grandes aportan bastante. Como debe ser en cada una de nuestras sociedades, también debe ser en la región.
Lo voto con el convencimiento de que queda mucho por hacer, porque lo que está sucediendo, sobre todo en las comisiones asesoras del Parlamento del Mercosur, es que muchas veces, cuando los proyectos que se tienen en nuestros países no consiguen financiamiento por otro lado, lo mandan todo al Focem, porque ahí hay plata. Se han enviado proyectos para hacer carreteras, puentes, controlar las crecidas de los ríos, etcétera. Me parece que todavía queda mucho por hacer, mucho por construir. No solo hay que ver cómo se junta el dinero necesario, sino también cómo se construyen los proyectos para la convergencia, para el desarrollo productivo y para los proyectos políticos de fortalecimiento de la región.
En la confianza de que seamos capaces de construir todo eso que falta es que voto este financiamiento y este fondo.
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Léase el artículo 2.º del proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2º.- Se habilitarán los créditos presupuestales correspondientes a la contribución de la República Oriental del Uruguay.
Los costos resultantes serán de cargo de Rentas Generales, en el inciso 24 “Diversos Créditos”».
SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.
(Así se hace, a las 11:48, presidiendo el señor Marcos Otheguy y estando presentes los señores senadores Agazzi, Ayala, Besozzi, Carámbula, Carballo, Castaingdebat, Delgado, Eguiluz, García, Heber, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Mieres, Passada, Payssé, Pesce, Piñeyrúa, Pintado, Saravia, Topolansky, Tourné y Xavier).