Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2015-00050-21904-de-octubre-27-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_8d545446dc0248e48b78c3b568ef1b28&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-21 08:38:39
Document Index: 18827620

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 155', 'ARTÍCULO 139', 'artículo 135', 'artículo 137', 'artículo 155', 'artículo 197', 'artículo 155', 'artículo 149', 'artículo 139']

AUTO 2015-00050 DE 27 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:EL CONSEJO DE ESTADO NO CONOCERÁ LA DEMANDA DE NULIDAD CONTRA EL DECRETO 586/2014 QUE DETERMINÓ LA BASE GRAVABLE MÍNIMA DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA EL 2015. NI CONTRA EL DECRETO 631/2014 QUE DETERMINÓ PARA BOGOTÁ LOS PORCENTAJES DE INCREMENTO DE AVALÚOS CATASTRALES DE CONSERVACIÓN PARA EL AÑO 2015. YA QUE EL ARTÍCULO 155-1 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ASIGNÓ EL CONOCIMIENTO DE LAS DEMANDAS DE NULIDAD DE LOS ACTOS PROFERIDOS POR AUTORIDADES DISTRITALES Y MUNICIPALES A LOS JUECES ADMINISTRATIVOS. EN CONSECUENCIA, Y SEGÚN EL INCISO 3º DEL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO SE DEBE ORDENAR LA REMISIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:AVALÚO CATASTRAL, DERECHO TRIBUTARIO, IMPUESTO PREDIAL, COMPETENCIA, PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD
Auto 2015-00050/21904 de octubre 27 de 2015
Rad.: 110010327000201500050 00
Núm. Int. 21904
Demandante: Clara Leticia Rojas Gonzalez
Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil quince.
La actora manifestó que, el aumento del avalúo catastral establecido en las normas demandadas, sobrepasa los porcentajes de reajuste fijados por los acuerdos 105 de 2003, 185 de 2005 y 201 de 2005 expedidos por el Concejo de Bogotá D.C., lo que vulnera los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad y justicia, porque el tributo supera la capacidad contributiva de los ciudadanos. Por lo anterior, alegó que los actos administrativos acusados violan los artículos 34, 42, 58, 95-9, 150-12, 209, 338 y 363 de la Constitución Política.
Con la demanda allegó como pruebas: la Ley 601 de 2000, la Ley 1452 de 2011, el Decreto 2718 de 2014, el Decreto 351 de 2002, el Acuerdo 426 de 2009, el Acuerdo 352 de 2008, el Acuerdo 201 de 2005, el Acuerdo 185 de 2005, el Acuerdo 105 de 2003 y la Resolución 1055 de 2011, entre otras normas de carácter reglamentario.
Para el despacho se hace menester aclarar, que la litis planteada en la demanda exige, además del análisis de las disposiciones constitucionales invocadas, la confrontación y estudio de las diferentes disposiciones de carácter legal y reglamentario en que se debían fundar los actos administrativos demandados, por lo que el trámite pertinente no corresponde al medio de control de nulidad por inconstitucionalidad establecido en el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1), sino al previsto en el artículo 137 ibídem, que reza:
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien las profirió (…)”.(se resalta).
En ese orden de ideas, el Consejo de Estado no es competente para conocer la presente controversia porque el artículo 155-1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asignó el conocimiento de las demandas de nulidad de los actos proferidos por autoridades distritales y municipales a los jueces administrativos, al señalar:
1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, o por las personas privadas sujetas a este régimen del mismo orden cuando cumplan funciones administrativas”. (se resalta).
Es preciso señalar que la Sala Plena de esta corporación, en providencia del 9 de diciembre de 2014(2), que decidió el recurso de súplica contra el auto del 27 de marzo de 2014, por el cual la Consejera Ponente decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto Distrital 364 de 2013, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., se pronunció sobre la competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia de la acción de nulidad contra actos administrativos generales de las autoridades distritales y municipales, así:
“ (…) fuerza es concluir que la salvedad que en el artículo 197 LEAJ se previó respecto de las competencias de los Jueces Administrativos, se visualizó como una medida temporal, destinada a regir durante el periodo inicial de puesta en marcha de los juzgados administrativos y mientras se expedía el nuevo Código de Procedimiento Administrativo que debía ocuparse de regular en forma sistemática el tema de la distribución de competencias entre las autoridades que integran la jurisdicción contencioso administrativa, sobre todo para acompasarlas a las exigencias y mandatos de la Constitución de 1991 y, además, para dar un adecuado tratamiento a la congestión judicial. No de otra manera se explica que se hubiese incorporado en el capítulo sobre “disposiciones transitorias”.
De conformidad con las reglas de competencia previstas en el numeral 1º del artículo 155, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la competencia para conocer la demanda de nulidad presentada contra el Decreto 364 de 2013, por ser un acto proveniente de una autoridad distrital, corresponde a los jueces administrativos. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 numeral 1ª del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al Consejo de Estado corresponde la competencia para conocer de los actos proferidos por las autoridades del orden nacional(3)”. (se resalta).
En consecuencia, según los términos establecidos por el inciso 3º del artículo 139 del Código General del Proceso, se ordenará la remisión del expediente a la Sección Cuarta de los Juzgados Administrativos de Bogotá D.C. (reparto), para que continúen con el trámite del proceso.
Por Secretaría de la Sección, REMÍTASE por competencia el asunto de la referencia a la Sección Cuarta de los Juzgados Administrativos de Bogotá D.C., para que continúen con el trámite del proceso.
(1) “ART. 135.—Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por si, o por intermedio de presentante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa a la constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades y organismos distintos del Gobierno Nacional. (…).
(2) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejo de Estado. (IJ) Auto proferido en el expediente 110010324000201300624 00. Actor: Juan José Montaño Zuleta.
(3) La consejera ponente salvó el voto en la providencia transcrita. No obstante, la acata por ser un pronunciamiento dictado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.