Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-127-03.htm
Timestamp: 2018-12-12 05:18:34
Document Index: 379703413

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 33', 'artículo 246', 'artículo 25', 'artículo 33', 'Artículo 33']

C-127-03
Por otra parte, la Corte ha considerado que las comunidades indígenas, como tales, son sujetos de derechos fundamentales. En este sentido, la Corporación ha sostenido que “[e]l reconocimiento exclusivo de derechos fundamentales al individuo, con prescindencia de concepciones diferentes como aquellas que no admiten una perspectiva individualista de la persona humana, es contrario a los principios constitucionales de democracia, pluralismo, respeto a la diversidad étnica y cultural y protección de la riqueza cultural.”[1] Ciertamente, cada comunidad indígena es un verdadero sujeto colectivo y no una sumatoria de individuos particulares que comparten una serie de derechos o intereses difusos (C.P., artículo 88).[2]
3) Si bien la Constitución se refiere de manera general a “la Constitución y la ley” como parámetros de restricción de la jurisdicción indígena, resulta claro que no puede tratarse de todas las normas constitucionales y legales; de lo contrario, el reconocimiento a la diversidad cultural no tendría más que un significado retórico. La determinación del texto constitucional tendrá que consultar entonces el principio de maximización de la autonomía.
En esta oportunidad la Corte concedió la tutela únicamente por violación del principio de la legalidad de la pena, dejó sin efectos la decisión tomada por la Asamblea General de Cabildos, y consultó “a la comunidad embera-chamí reunida en pleno, sobre su disponibilidad para juzgar nuevamente al sindicado, conforme a sus prácticas tradicionales, de las que hace parte la pena imponible (que debe purgarse dentro de la comunidad), o si consideran que han de ser los jueces ordinarios quienes lleven a término el juzgamiento.”
“(C)iertas reglas interpretativas establecidas en los fallos de ésta Corporación, pueden servir de guía para abordar el presunto conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción nacional, que el demandante aduce:
1. “En caso de conflicto entre el interés general y otro interés particular protegido constitucionalmente la solución debe ser encontrada de acuerdo con los elementos jurídicos que proporcione el caso concreto a la luz de los principios y valores constitucionales.[11] Y en el mismo sentido:
b. En el caso de que la conducta sea sancionada en ambos ordenamientos, es claro que la diferencia de racionalidades no influye en la comprensión de tal actuar como perjudicial. Sin embargo, el intérprete deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece, para determinar si es conveniente que el indígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el sistema jurídico nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades, de acuerdo a sus normas y procedimientos.”[15]
a. La sentencia evade el tema de fondo, a saber: si el hacer a los indígenas en determinadas circunstancias –cuando manejan recursos del Estado– sujetos del régimen disciplinario vulnera, entre otros, la autonomía de los pueblos indígenas como garantía institucional de la diversidad étnica y cultural. La Corte prefirió dictar un fallo con efectos de cosa juzgada relativa a los cargos de la demanda, la cual lee de forma bastante particular al afirmar que “dado que en la demanda se afirma que es contrario a la Constitución que los indígenas sean destinatarios de la ley disciplinaria cuando administren recursos públicos, la Corte no se ocupará en esta ocasión de analizar la norma acusada con respecto a los artículos 330, 7 y 246 de la C.P.” Tal afirmación incurre en un non sequitur, puesto que la premisa, según la cual contraría la Constitución que los indígenas sean destinatarios de la ley disciplinaria, no constituye una razón que justifique la limitación del examen constitucional con prescindencia del cargo por desconocimiento de los principios de pluralismo cultural y autonomía indígena.
b. La sentencia distingue entre ser destinatario y ser responsable a la luz de la ley disciplinaria. Tal distinción, aunque teóricamente posible, no está acorde con un análisis de constitucionalidad a partir de la jurisdicción indígena y del principio de diversidad étnica, de conformidad con la manera como la Corte ha abordado el estudio de otras demandas sobre la materia. Así lo hizo, por ejemplo, en materia penal en la sentencia C-370 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, al declarar la constitucionalidad condicionada de la expresión la expresión “diversidad sociocultural” del artículo 33 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal,[18] bajo los siguientes dos entendidos: i) que, la inimputabilidad no se deriva de una incapacidad sino de una cosmovisión diferente, y ii) que en casos de error invencible de prohibición proveniente de esa diversidad cultural, la persona debe ser absuelta y no declarada inimputable, conforme a lo señalado en esta sentencia. En esta sentencia se sentó, entre otras, la siguiente doctrina en relación con la inimputabilidad indígena por razones de diversidad sociocultural, lo cual también es predicable de los indígenas que administran recursos del Estado cuando no se dan las condiciones materiales para tenerlos como destinatarios de la ley disciplinaria. Sostuvo la Corte en dicha ocasión:
“(L)a Corte considera que es posible condicionar la exequibilidad de la expresión acusada, a fin de ajustarla a la Carta. Así, en primer término, y para corregir las eventuales discriminaciones derivadas de la expresión acusada, la Corte considera que, por aplicación directa del principio de igualdad, y por el sentido mismo de la figura de la inimputabilidad, en aquellos eventos en que un indígena o un miembro de otra minoría cultural haya realizado una conducta típica y antijurídica, el funcionario judicial debe comenzar por examinar si concurre algunas de las causales de exclusión de la responsabilidad previstas por el estatuto penal, y en particular si hubo o no un error invencible de prohibición. Por consiguiente, si existe el error invencible de prohibición, entonces todo individuo en esas circunstancias debe ser absuelto, y no declarado inimputable pues, como ya se explicó en esta sentencia, desconocería la igualdad y la finalidad misma de la existencia de la figura de la inimputabilidad por diversidad cultural que en esos eventos el indígena o el miembro de una minoría cultural fuese objeto de una medida de seguridad, mientras que otra persona, en esas mismas circunstancias, es absuelto. Y esa conclusión no es una novedad de esta sentencia sino que había sido tradicionalmente aceptada por la jurisprudencia colombiana. Así, ha dicho al respecto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema:
El examen precedente muestra que si se precisa que la inimputabilidad por diversidad sociocultural no deriva de una incapacidad de la persona sino exclusivamente de su cosmovisión diferente, entonces es posible eliminar los posibles efectos peyorativos y sancionadores de la figura, conservando sus virtudes en términos de protección y tutela de quienes son culturalmente diversos.”
c. El fuero indígena, esto es, la potestad que tienen las autoridades de los pueblas indígenas de “ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República” (artículo 246 de la Constitución) no se extiende exclusivamente al ámbito del derecho penal.
Por otra parte, el alcance del fuero indígena establecido en la Constitución, el cual gobierna buena parte de las relaciones entre los miembros de la comunidad indígena y sus autoridades, tampoco se restringe a la función judicial. Lo determinante es el grado de invasión que representa una sanción en la autonomía y en el principio de respeto a la diversidad cultural. Así, cabe preguntarse, por ejemplo, si la correcta destinación de los recursos dentro de la comunidad puede ser evaluada por la Procuraduría General de la Nación con parámetros típicos de la “buena gestión pública”. O si la autoridad indígena está condicionada al tomar sus decisiones a seguir tales parámetros ajenos a la tradición de los pueblos indígenas.
“Así las cosas, el inciso segundo del artículo 25 de la ley 734 de 2002, no vulnera los derechos constitucionales de los indígenas al incluirlos como destinatarios de la ley disciplinaria, siempre y cuando, tal como lo señalan el Interviniente y el Ministerio Público, el Estado capacite y asesore a las autoridades indígenas, para que se produzca una comprensión de cada una de las cláusulas del contrato, a través del cual administrarán recursos públicos y las consecuencias de su infracción.” (se subraya fuera de texto).
[14] Esta idea, al igual que los ejemplos que la ilustran, fue desarrollada por Isabel Cristina Jaramillo, en “El Liberalismo frente a la Diversidad Cultural”. (S.P.P.)
[18] El artículo 33 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), dice: “Artículo 33. Inimputabilidad. Es imputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. || No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. || Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.”