Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1996/C-378-96.htm
Timestamp: 2017-10-22 11:48:09
Document Index: 281376774

Matched Legal Cases: ['artículo 242', 'artículo 226', 'artículo 15', 'artículo 241', 'artículo 226', 'artículo 355', 'artículo 10']

C-378-96
El “Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo I.D.L.I.”, tiene por objeto primordial formar profesionales especializados en el campo de las transacciones económicas internacionales y las reformas institucionales relacionadas, haciendose énfasis en lo relativo a las técnicas de planificación y preparación de proyectos, negociación internacional, redacción y seguimiento de contratos internacionales y solución de controversias.
El 4 de enero de 1996, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación fotocopia de la Ley 230 de diciembre 26 de 1995 "por medio de la cual se aprueba el Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo I.D.L.I", suscrito en Roma el 5 de febrero de 1988, así como del mencionado Acuerdo Internacional.
Finalmente, ordenó el traslado al señor Procurador General de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Carta Política, quien oportunamente rindió el concepto de su competencia.
II. TEXTO DE LA LEY Y DEL ACUERDO.
Se transcribe a continuación el texto del "Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo I.D.L.I" suscrito en Roma el 5 de febrero de 1988 y de la Ley Aprobatoria No. 230 de diciembre 26 de 1995, los cuales se toman de los ejemplares certificados que remitió a esta Corporación el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.
A. Texto del Acuerdo Internacional.
1. El Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, llamado en lo sucesivo "el Instituto" o el "IIDD" se constituye por el presente Acuerdo en organización internacional.
A. De estimular y facilitar el mejoramiento de los recursos del Derecho en el proceso de desarrollo;
B. De estimular la adhesión a la norma de derecho en las transacciones internacionales ; y
A. Formación, asistencia técnica, investigación, creación y explotación de un centro de documentación jurídico; y
1. De adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles;
2. De celebrar contratos u otros tipos de acuerdos;
3. De contratar personal;
5. De invertir los fondos y los haberes del Instituto;
2. Las partes al presente Acuerdo no estarán obligadas a darle apoyo financiero alguno al Instituto que vaya más allá de sus contribuciones voluntarias. Tampoco serán responsables individual o colectivamente de las deudas, compromisos u obligaciones del Instituto.
El Instituto se compondrá de una Asamblea de las Partes al presente Acuerdo ("Asamblea"), de un Consejo Directivo, de un Director y del personal.
D. Una decisión del Consejo Directivo que deba se ratificada por la Asamblea de conformidad con el artículo VI.1.C. será considerada como ratificada a los noventa días de haberse enviado su notificación por el Instituto a los miembros de la Asamblea a menos que antes de dicha fecha una mayoría de los miembros de esta Asamblea no hubiere notificado al Instituto que se oponen a esta decisión. Las notificaciones se efectuarán por los más rápidos medios de comunicación disponibles o por vía diplomática en el caso de Estados miembros.
A. El Instituto funcionará bajo la dirección de un Consejo Directivo ("Consejo") compuesto por diez (10) miembros por lo menos de dieciséis (16) al máximo incluyendo un miembro que deberá ser periódicamente designado por el país en donde el Instituto tenga su sede ("Representante Permanente") y el Director que será miembro de oficio. Los otros miembros del Consejo Directivo serán escogidos con base en sus logros profesionales en los campos del derecho o del desarrollo y deberán servir a título profesional y no en calidad de representante de gobiernos o de organizaciones.
B. El Director nombrará a los directivos y al personal de secretaría necesarios para alcanzar los objetivos del Instituto de acuerdo con las directivas en materia de contratación aprobadas por el Consejo.
2. En el caso de una disolución, todos los activos del Instituto que quedaren después del pago de sus obligaciones legales serán distribuídos a organismos cuyas actividades sean similares a las del Instituto de conformidad con lo que decidiere la Asamblea en consulta con el Consejo.
2. El Gobierno de Italia será elDepositario del presente Acuerdo.
B. Texto de la Ley Aprobatoria No. 230 del 26 de diciembre de 1995.
(Fdo.) LUIS GUILLERMO GRILLO OLARTE
RODRIGO MARIN BERNAL”.
Finalmente, dentro del término legal, el señor Ministro de Comercio Exterior, doctor Morris Harf Meyer, presentó escrito en el que señala que el Acuerdo contribuye a la diversificación de las relaciones del país, de conformidad con el espíritu de los artículos 9o. y 226 de la Carta Política, aparte de que puede servir, según sus objetivos, de instrumento de formación y capacitación de los juristas y funcionarios colombianos en temas relacionados con las negociaciones para el desarrollo, las inversiones extranjeras, el comercio internacional y otras transacciones mercantiles internacionales.
Al analizar el trámite surtido para la suscripción del Tratado, advierte el señor Procurador que en este caso se trata de un instrumento internacional de tipo universal, abierto para la firma de los Estados y organismos intergubernamentales, por lo cual no se hace necesaria la verificación de los requisitos constitucionales correspondientes a la representación del Jefe del Estado y de sus agentes. Para el caso de Colombia, se tiene que de acuerdo con la constancia que aparece en el expediente, el citado Acuerdo fue suscrito en Roma el 5 de febrero de 1988. Por tal razón, estima que el instrumento público sometido a estudio reúne los requisitos formales de su celebración.
En cuanto al trámite surtido en el Congreso de la República por el proyecto de ley que culminó con la expedición de la ley aprobatoria del instrumento internacional “por medio del cual se aprueba el Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo I.D.L.I.”, llega a la conclusión de que no existe reparo alguno que afecte su constitucionalidad desde el punto de vista formal, ya que a su juicio, se cumplieron todos los requisitos pertinentes relacionados con el proyecto de ley aprobatorio de dicho instrumento público, surtido ante las Cámaras Legislativas.
Al analizar el contenido del tratado internacional sometido a estudio, el Procurador concluye que en su concepto, este instrumento internacional y su ley aprobatoria se ajustan a los mandatos de la Carta Política, ya que lejos de desconocerla, se enmarca dentro de los objetivos trazados por los artículos 27, 70, 71 y 267 del ordenamiento superior, que propenden por el acceso a la cultura y al conocimiento, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 226 constitucional, en virtud del cual el Estado debe encaminar sus esfuerzos por la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas.
Sobre el particular el tratadista Enrique Gaviria Liévano sostiene en su obra “Derecho Internacional Público”, que “los tratados internacionales producen efectos jurídicos sólo para los Estados, contratantes originales. Pero esto tiene una excepción importante, y es cuando los terceros no ligados originalmente al tratado se adhieren a través de la llamada “claúsula de adhesión”. Para que esta adhesión sea válida es necesario, que exista una oferta formal y concreta de parte de los contratantes originales; o lo que es lo mismo, que se esté en presencia de un tratado abierto. Pero además esa oferta debe ser aceptada de modo expreso y formal por los Estados adherentes mediante el depósito de los “instrumentos de adhesión”.
Es decir, que la oferta se entiende aceptada desde el momento en que se deposite el instrumento de adhesión, y a menos que el tratado estipule otra cosa, el Estado adherente se hace parte contratante desde el momento en que se deposite el instrumento”.
Y agrega que “los instrumentos de adhesión deben ser depositados solo desde el momento en que entre en vigor el tratado. La invitación que hacen los contratantes originales a terceros se realiza sobre la base de que el Tratado ha nacido ya a la vida jurídica. De suerte que, si un Estado adherente deposita su “instrumento de adhesión” con anterioridad a la entrada en vigor de un tratado, se tendrá en cuenta solo como un Estado adherente para el futuro. Pero nunca como un Estado contratante originario. La adhesión se hace por lo general en forma lisa y llana (sin restricciones ni condiciones de ninguna especie). Pero a veces se formulan reservas o se sujeta su adhesión a una condición. En este caso su aceptación queda sujeta al consentimiento de los demás Estados, ya que ello implica modificar o introducir alteraciones sustanciales a la oferta”.
Al respecto, el artículo 15 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, dispone que un Estado puede adherir a un tratado “cuando el tratado disponga que un Estado puede hacerse parte mediante la adhesión; cuando conste que los Estados negociadores han convenido por otro medio distinto al del tratado, aceptar el procedimiento de adhesión, o cuando todas las partes hayan convenido anteriormente que un Estado puede manifestar su consentimiento mediante la adhesión”.
“1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma de los Estados y organizaciones intergubernamentales... Quedará abierto para la firma durante un período de dos años a partir del primero de junio de 1987, salvo si dicho período fuere ampliado antes de su fecha de vencimiento por el Depositario”.
1o. El día 14 de marzo de 1994, el Presidente de la República, doctor César Gaviria Trujillo, le impartió su aprobación al Acuerdo y dispuso que se sometiera a consideración del Congreso de la República para los efectos constitucionales.
2o. El día 14 de septiembre de 1994, el Gobierno Nacional a través del señor Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Rodrigo Pardo García Peña, presentó ante el Congreso de la República, para los efectos previstos en los artículos 150 numeral 16 y 224 de la Constitución Política, el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el "Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo I.D.L.I", suscrito en Roma el 5 de febrero de 1988, el cual fue radicado en el Senado de la República bajo el número 79 de 1994.
Ese mismo día, el Secretario General del Senado de la República lo remitió al Presidente de la Corporación a fin de que se procediera a su reparto en los términos del Reglamento -Ley 5a. de 1992-, quien lo remitió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado con el objeto de dar inicio a su trámite, al tiempo que dispuso que se ordenara su publicación en la Gaceta del Congreso.
4o. La ponencia para primer debate en el Senado fue presentada por el Senador Jairo Clopatofsky Ghisays y fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 201 del martes quince (15) de noviembre de 1994.
8o. Por su parte, en la Cámara de Representantes, el ponente Manuel Ramiro Velásquez Arroyabe rindió ponencia para primer debate, la cual fue radicada bajo el número 199 de 1995-Cámara y publicada en la Gaceta No. 179 del viernes veintitres (23) de junio de 1995.
9o. En primer debate el proyecto fue aprobado en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara, con el quorum decisorio reglamentario el 6 de junio de 1995, según consta en la certificación suscrita por el Secretario General de esta Comisión.
10. La ponencia para segundo debate fue rendida el 17 de julio de 1995 y publicada en la Gaceta No. 224 del viernes cuatro (4) de agosto del mismo año y aprobada en la Plenaria de la Cámara con el quorum reglamentario, el día tres (3) de octubre de 1995, según consta en el Acta No. 62 de la sesión ordinaria de ese día y que fue publicada en la Gaceta del Congreso del lunes 23 de octubre de 1995.
11. El día 26 de diciembre de 1995, el Presidente de la República sancionó el proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo, conviertiéndose en la Ley No. 230 de 1995.
12. Finalmente, y como se indicó anteriormente, el texto de la Ley 230 de 1995 fue remitido a la Corte Constitucional por el Gobierno Nacional, el 4 de enero de 1996, dentro de los seis (6) días señalados para el efecto por el artículo 241 numeral 10 de la Carta Política.
Es preciso advertir que el tratado aprobado por la Ley 230 de 1995, denominado “Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo I.D.L.I.”, suscrito en Roma el 5 de febrero de 1988, tiene por objeto primordial formar profesionales especializados en el campo de las transacciones económicas internacionales y las reformas institucionales relacionadas, haciendose énfasis en lo relativo a las técnicas de planificación y preparación de proyectos, negociación internacional, redacción y seguimiento de contratos internacionales y solución de controversias.
El artículo VI regula lo que tiene que ver con la organización y composición del Instituto, del cual hacen parte: a) la Asamblea, integrada a razón de un representante por cada Parte, la cual se reunirá por invitación del Consejo Directivo o por iniciativa de un tercio de sus miembros, a la cual corresponderá examinar periódicamente las actividades del Instituto, designar el primer Consejo Directivo, ratificar los nombramientos sucesivos de dicho Consejo, así como el plan de trabajo y presupuesto del Instituto; b) el Consejo Directivo, compuesto por un mínimo de diez y un máximo de dieciseis miembros, a cuyo cargo funcionará el Instituto, el cual deberá reunirse por lo menos una vez al año para desempeñar sus funciones, dentro de las cuales están las de definir normas de funcionamiento del Instituto, designar al Director y Censores de Cuentas del mismo, aprobar las políticas, el programa anual de trabajo y los presupuestos e informes de los censores; y c) el Director General, el cual será nombrado por el Consejo por un mandato de cinco años, a quien corresponderá nombrar a los directivos y personal de secretaría necesarios para alcanzar los objetivos del Instituto, así como responder ante el Consejo del funcionamiento y gestión del Instituto.
En el precepto IX se crean los llamados “censores de cuentas”, y se determina que lo relacionado con la verificación de las cuentas sobre las operaciones del Instituto, se llevará a cabo anualmente por una sociedad internacional de censores de cuentas independiente, escogida por el Consejo, cuyos resultados serán puestos a disposición del Consejo y de la Asamblea.
Como lo señalara el Gobierno Nacional en la exposición de motivos al proyecto de ley aprobatoria, “teniendo en cuenta el claro mandato constitucional contenido en el artículo 226, así como las actuales tendencias de internacionalización de la economía, resultan innegables las ventajas que traería al país el contar con el valioso apoyo de una organización como el I.I.D.D., ya que es claro que un personal jurídicamente preparado en la teoría y práctica del comercio internacional es la mejor garantía para la debida salvaguarda de los intereses nacionales en el concierto mundial”.
Así mismo y como lo expresara el Ponente en el Senado de la República en su informe para Primer Debate, “para el caso latinoamericano resulta de especial importancia la vinculación con un Instituto de estas características. Temas como la reestructuración del sector público, las técnicas jurídicas para la promoción de la inversión privada y el desarrollo del sector financiero, atraen el interés de nuestra región. Así las cosas, las actividades del I.I.D.D. vienen siendo un complemento indispensable de los programas de ajuste estructural y sectorial que los diferentes países adelantan con la colaboración de organismos unilaterales de financiación. La modernización del Estado, la apertura económica y la competencia de los mercados internacionales exigen juristas que posean un elevado dominio de los temas mencionados y negociadores internacionales experimentados”.
a) Respecto a los artículos I (creación y régimen jurídico del Instituto), II (objetivos y actividades), III (facultades) y IV (sede) del Acuerdo que se analiza, ellos no se oponen a la Constitución Política, sino que por el contrario, desarrollan los mandatos constitucionales relativos a la promoción de la educación y al acceso a la cultura y al conocimiento, así como a la internacionalización de las relaciones políticas, sociales, económicas y ecológicas -artículos 70, 71 y 226 de la CP.-.
b) En cuanto hace al artículo V, relativo a la forma en que el Instituto será financiado, la Corte considera que se ajusta a las normas constitucionales, toda vez que hace referencia a aspectos operativos y financieros propios de cualquier organismo internacional, y se sujetan a los principios superiores de autodeterminación de los pueblos, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, consagrados en los artículos 9, 150-16 y 227 de la Carta Política.
Especial atención merece la expresión “donación” de que trata el precepto V del tratado sub-judice, a fin de evitar interpretaciones equivocadas a la luz del artículo 355 de la Carta Política, según el cual “ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho público”. Sobre el particular, es pertinente señalar que dicho término hay que entenderlo como aquel únicamente relacionado con las expensas necesarias para el funcionamiento del Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, las cuales hacen parte de una contraprestación -se hacen contribuciones voluntarias o donaciones y se recibe a cambio la formación, asistencia técnica e investigación para profesionales y funcionarios de los respectivos Estados Miembros-, lo que no se opone a la prohibición señalada, pues no se le dá en el Acuerdo la connotación de que trata la Constitución Política, como así lo ha entendido en otros casos en los que la Corte Constitucional ha admitido este tipo de donaciones y contribuciones voluntarias, v.gr., la sentencia No. C-137 de 1996, en la que al revisar la constitucionalidad de la Ley 208 de 1995, “por la cual se aprueba el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983”, la Corporación dió concepto favorable a la financiación del Centro -artículo 10- a través de “contribuciones voluntarias generales y especiales, incluídas donaciones, legados, subvenciones y fondos fiduciarios de los Miembros...”.
c) En relación con los artículos VI (organización), VII (relaciones de cooperación) y VIII (derechos, privilegios e inmunidades), que definen la estructura y organización del Instituto, así como los derechos en cabeza suya, no advierte la Corte que se quebranten las normas superiores, pues el establecimiento de órganos directivos, así como el otorgamiento de privilegios e inmunidades a sus miembros, son elementos necesarios de cualquier estatuto cuyo objeto es la creación de un Instituto que pretende operar con criterios de independencia y autonomía, a fin de garantizar los fines y objetivos que se propone, consecuentes con el acceso a la cultura y al conocimiento, así como la internacionalización de las relaciones economícas, políticas y sociales, y la primacía del interés general del conjunto de los Estados Miembros.
d) Respecto de los artículos X (modificaciones al Acuerdo), XI (disolución del Instituto) y XII (retiro de la Asamblea), encuentra la Corte que se ajustan a la Carta Política, puesto que constituyen garantía para el normal y adecuado funcionamiento y organización del Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, así como para la efectiva realización y vigencia del Acuerdo.
e) Finalmente, la última parte del tratado (artículos XIII, XIV y XV) se refiere a la firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión del Acuerdo, así como la entrada en vigor del mismo y la normas transitorias para que el Instituto adopte las medidas necesarias para adquirir los derechos, obligaciones, concesiones, bienes e intereses de su organismo predecesor. Estos preceptos, a juicio de la Corte, no vulneran el ordenamiento constitucional, pues no sólo constituyen complemento de los demás preceptos contenidos en el instrumento sub-examine, sino que adicionalmente consagran mecanismos tradicionales de ejecución de los tratados internacionales.