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Timestamp: 2020-06-01 16:00:27
Document Index: 174431843

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 4', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 9']

Final A | Finanzas Públicas y Derecho Tributario (Scasso - 2016) | Derecho | UBA
Final A | Finanzas Públicas y Derecho Tributario (Cátedra: Scasso - 2016) | Derecho | UBA
Múltiple Choice y Completar
La ley penal tributaria vigente, agrego a la ley penal tributaria anterior; la protección de:
Los tributos Nacionales.
Los tributos Nacionales, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Bs. As.
Los tributos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Bs AS.
Los tributos Nacionales, Provinciales y Municipales.
Los tributos Nacionales, Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Y Municipales.
La clasificación entre impuestos directos e indirectos, en los términos del art 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; se basa en:
La posibilidad o no de trasladar el tributo.
El tipo de capacidad contributiva que se busca alcanzar.
Si se recaudan por listas o padrones.
Si se perciben en forma ordinaria o extraordinaria.
Según el fallo “Estado Nacional c/ Arenera El Libertador SRL, s/ cobro de pesos”:
Para caber dentro de la Constitución Nacional, el pago del peaje debe constituir una de las contribuciones a las que se refiere el art 4.
La construcción, mantenimiento o mejora de una ruta solo puede financiarse con el dinero proveniente de rentas generales del Tesoro a fin de no violar el derecho al libre tránsito.
El peaje, es sustancialmente similar al precio pagado por un servicio, y, por ende, debe ser considerado desde el punto de vista contractual.
Nuestra ley fundamental, al consagrar el derecho a la libre circulación interior, en momento alguno hace alusión al instituto del peaje; pero a fin de no importar una violación a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional, son exigibles las vías alternativas.
Responder: Según el art 56 de la ley de administración financiera: ¿Qué tipo de gastos no pueden ser financiados por operaciones de crédito publico?
La contribución parafiscal:
No es un tributo porque la suma recaudada no integrara el presupuesto de la nación
No es un tributo porque no son coactivamente establecidas (por ejemplo, el aporte a los sindicatos es voluntario).
No es un tributo porque no necesariamente deben ser sancionados por ley.
Quien presenta una declaración jurada con saldo a favor del fisco, que resulta acorde con la realidad, pero no ingresa el importe en cuestión:
Es un deudor pasible de la sanción prevista en el art. 46 de la ley 11683 (defraudación de impuestos)
Es un deudor pasible de la sanción prevista en el art. 45 de la ley 11683 (omisión culposa de impuestos).
Es un deudor pasible de sanción de multa y clausura, conforme al
artículo 40 inciso c) de la ley 11683.
Según el fallo “Montarce Marcelo c/DG de Aduanas”:
El poder impositivo tiende, ante todo, a proveer de recursos al tesoro público, debiendo ser neutral.
El poder impositivo constituye un valioso instrumento de regulación económica.
Sea en su faz de regulación económica o en su faz netamente fiscal, en la medida que se excede el 33% de su base imponible, el impuesto es confiscatorio.
La tasa es un tributo vinculado puesto que:
En su presupuesto de hecho, se contempla al sujeto pasivo haciendo hincapié en el servicio que se le presta.
En su presupuesto de hecho, se hace mención al responsable que ha de pagar; en caso de que el contribuyente no realice el pago al que está obligado.
La actividad de la administración se vincula de manera inescindible con un beneficios cierto y concreto experimentado en la órbita patrimonial del particular afectado.
Mencione 3 excepciones que se pueden interponer en una ejecución fiscal:
Según el fallo “Mataldi Simón Limitada c/ Pcia. De Bs As”: Los actos de la legislatura de una provincia no pueden ser invalidados sino en aquellos casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional:
En términos expresos, un exclusivo poder en los que el ejercicio de idéntico poderes, ha sido expresamente prohibido a las provincias.
Cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de un poder por las provincias.
Estudia con igual intensidad los fenómenos vinculados a los gastos y a los ingresos públicos.
Estudia con más una intensidad los gastos por su mayor relevancia en la efectivizacion de los derechos constitucionales.
Estudia con mayor intensidad a los recursos, por ser siempre estos una afectación al derecho de propiedad protegido constitucionalmente.
Es una rama que abarca más que derecho, ya que se refiere en profundidad a los aspectos políticos, sociológicos y económicos de las finanzas públicas; siendo una disciplina abarcativa de todas estas.
En la causa “Pablo Horvath c/ Nacion Argentina”, La Corte Suprema sentó la siguiente doctrina que:
El empréstito obligatorio ha de restituirse de manera íntegra a los prestamistas.
La Constitución Nacional, en su art. 76 se habilita en forma expresa, a que el Congreso delegue en el poder ejecutivo la facultad de endeudarse y, consiguientemente, la de establecer cláusulas de obligatoriedad para el préstamo de que se trata.
La Constitución Nacional faculta al Congreso de la Nación, en su artículo 4, de manera expresa; a establecer tributos entre los cuales menciona, de manera expresa, el empréstito de carácter forzoso.
La Constitución Nacional faculta al Congreso de la Nación, en su art. 4, de manera razonablemente implícita; a establecer empréstitos de carácter forzoso, los que tienen naturaleza de contribuciones.
Según el fallo “Zofracor”:
La ley de presupuesto de cada año debe respetar la constitución, la ley de administración financiera y la ley permanente complementaria de presupuesto; bajo pena de nulidad.
La ley de presupuesto de cada año tiene jerarquía idéntica que la ley de administración financiera y puede modificarla.
Hay obstáculo constitucional para que el poder Legislativo establezca, suprima o modifique tributos (u otro tipo de ingresos) en la ley de presupuesto.
Las autolimitaciones que el Congreso se ha impuesto, no pueden ser modificadas o deja sin efecto o a través de la ley de presupuesto.
El Estado Nacional no es susceptible de ser cebado juicio.
Puede ser cebado juicio con autorización de ambas cámaras del poder legislativo.
Es parte sin potestades especiales distintas de un particular.
La sentencia dictada contra el estado, tiene carácter declarativo y por ende sólo podrá cobrarse cuando el poder Legislativo lo disponga la ley de presupuesto o del ejercicio siguiente, o en su defecto ser alcanzado por la consolidación y se pagará a los 10 o 16 Años, según la naturaleza del crédito
El recurso ante el tribunal fiscal en los términos del art. 76 de la ley 11683, Tiene como efecto:
Suspende los efectos del acto administrativo (determinación de oficio) y por ende el fisco no puede iniciar la ejecución fiscal hasta tanto no se resuelva la apelación ante el tribunal fiscal.
No suspende los efectos, quedando el fisco facultado a iniciar la ejecución fiscal.
El tribunal es el que resuelve si el recurso suspende o no los efectos del acto.
Según el fallo “Candy “:
Es inconstitucional la prohibición del ajuste por inflación de impuestos a las ganancias para las personas jurídicas con renta superior al 35 %.
Es inconstitucional la prohibición del ajuste por inflación de la liquidación de impuestos a las ganancias para las personas jurídicas con renta superior al 33%.
Es constitucional la prohibición del ajuste por inflación para las personas físicas, en la medida que lo abonado supere el 33 %, y para las personas jurídicas, en tanto supere el 35 %.
No produce efectos la inflación en la renta de las personas, debido al traslado del impacto impositivo a los productos que vende la empresa.
Para que se produzca la confiscatoriedad, el estado debe absorber una parte sustancial de la renta o del capital.
Con respecto a la vinculación entre los derechos fundamentales y el gasto público, en el fallo “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de salud y acción social, secretaria de programas de salud y banco de drogas neoplásicas “sentencia del 24/10/0000, La Corte Suprema estableció:
La responsabilidad absoluta del Estado Nacional de garantizar con esos derechos fundamentales, a menos que aquél hubiera delegado a la provincia y la obra social dicha obligación, siendo en consecuencia una obligación compartida por estas últimas 2.
La responsabilidad el Estado Nacional, junto con la provincia y la obra social, de garantizar esos derechos, sin perjuicio de las acciones y responsabilidades posteriores entre dichos actores públicos de sistemas alude el país.
La responsabilidad el Estado Nacional y la provincia en forma conjunta y solidaria de garantizar esos derechos
La responsabilidad primaria de quien tengo obligaciones alimentarias regía por el código civil
Debido a la autonomía del derecho tributario:
Se encuentra permitirá la utilización de la analogía.
Se aplica el principio de interpretación in dubio pro fiscumEn materia de impuestos, no de tasas.
Se aplica el principio de interpretación in dubio pro fiscum, Salvo en materia penal tributaria en donde rige el in dubio contra fiscum.
Se encuentra permitida la integración ante la omisión del legislador en los aspectos esenciales Del hecho imponible, pero no la utilización de la analogía.
Según el fallo Santa Fe:
La ley de coparticipación federal es inconstitucional, porque las provincias no le denegaron la narración al poder tributario.
Es constitucional el sistema de doble imposición, en la medida que sea ratificado por ley de legislatura provincial.
Es inconstitucional el sistema vigente de coparticipación, por violar el reparto en pos de un sistema solidario y equitativo entre las provincias con distinto grado de desarrollo regional.
Es inconstitucional el sistema vigente de coparticipación, debido a que la distribución de fondos coparticipables no refleja la nación cantidad de población y territorio De Santa Fe, en relación a las provincias del noroeste argentino.
La esencia misma a del derecho intrafederal, impone concluir que las leyes-Convenio y los pactos que lo componen; no se encuentran en una esfera de disponibilidad de individual de Partes, y sólo pueden ser modificadas o renovadas por otro acuerdo posterior de la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes.
Solo opera en los impuestos indirectos.
Puede operar en los impuestos directos o indirectos.
Se encuentra prohibida en todos los tipos de impuestos, en virtud de lo dispuesto por el art. 81 de la ley 11683.
Solo opera en los impuestos directos
Solo opera en las tasas
Según el Fallo “Quilpe sobre inconstitucionalidad”:
la carga probatoria materia de prestación de servicios, recae en quien plantee la inconstitucionalidad del tributo; ya que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia un hecho controvertido, según los principios del derecho procesal.
El estado demandado debe probar la prestación del servicio, ya que es quien está en mejores condiciones de hacerlo.
Previó la interposición de la demanda, el actor debe haber denunciado ante la administración y acreditado ante la misma, mediante las mías administrativas propias, la falta de prestación de servicio.
Según el fallo “Domec”:
No es posible fijar condiciones de pago desiguales a los bonistas de Estados Unidos, en relación a las fijadas para los bonistas locales.
Ante una sentencia dictada por juez competente extranjero, sólo cabe investigar cuáles son los bienes susceptibles de embargo en Argentina.
Previó la traba de embargo en Argentina, es necesario que se acredite la inexistencia de bienes en el país, por parte del juez que dictó la sentencia.
Las condiciones de ejecución de la Sentencia extranjera, están regidas por la Convención de Viena sobre derecho de los tratados.
En épocas de graves crisis económicas, se puede limitar, suspender o restructurar los pagos de la deuda; para adecuarlos al cumplimiento de las funciones estatales básicas que no pueden ser desatendidas.
La Auditoría General de la Nación:
Prepara el proyecto de ley del presupuesto General y fundamenta su contenido.
Distribuye administrativamente el presupuesto de gastos ya aprobado.
Emiten las órdenes de pago correspondientes al Poder Ejecutivo Nacional, previo control de legalidad, para luego enviarlas al Ministerio de Economía y a su través, a las diferentes oficinas de la tesorería.
Efectúa dictámenes que brindan sustento al examen y opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la Administración Pública.
Según la mayoría de la Corte en el fallo “Navarro Viola de Herreras Vegas c/ Nación Argentina:
La afectación del derecho de propiedad resulta palmaria, cuando la ley toma como hecho imponible una exteriorización de riqueza agotada antes de su sanción; sin que se invoque, siquiera, la presunción de que los efectos económicos de aquella manifestación permanecen, a tal fecha, en la esfera patrimonial del sujeto obligado.
Corresponde admitir la constitucionalidad de la ley 22604, ya que las mutaciones patrimoniales no son por sí motivo suficiente en para excluir los tributos que han correspondido a los titulares de los patrimonios en las ocasiones que la ley señale, sin que por ello se ve afectado el derecho de propiedad que la Constitución Nacional
Un impuesto deviene confiscatorio, cuando se absorbe más del 30% del patrimonio del contribuyente.
Un impuesto deviene confiscatorio, cuando se absorbe más del 40% de la renta potencial del inmueble afectado a la generación de riqueza.
Mencione 2 impuestos que las provincias pueden dictar sin violar la prohibición de analogía contenida en el artículo 9 de la Ley de Coparticipación Federal:
Completar: el método principal de interpretación del derecho tributario, según los artículos 1 y 2 de la ley 11683 es el de la: R-----------------------E-----------------------------.
Luego de la reforma constitucional de 1994:
Los municipios no pueden sancionar leyes de impuestos.
Los municipios pueden sancionar sólo les es de tributos vinculados al comercio exterior.
Los municipios no pueden sancionar lesiones de tasas.
La facultad de recaudar impuestos de los municipios dependerá, entre otras cuestiones, de lo establecido por la Constitución y las leyes provinciales.
La doble imposición de en materia de impuestos indirectos:
Es inconstitucional y, además, violatoria de la Ley Federal de Coparticipación
Es constitucional, pero se encuentra prohibida por la Ley Federal de Coparticipación.
No hay referencia expresa al respecto ni en la Constitución ni en la Ley Federal de Coparticipación.
Según la doctrina sentada por la Corte en el fallo “Insua Juan Pedro”, el principio de irretroactividad en materia tributaria se sustenta en:
El régimen republicano de gobierno.
En Argentina, país que sostiene el criterio de la fuente, las ganancias de los argentinos obtenidas en el extranjero, no tributan.
En Argentina, país que sostiene el criterio de la fuente, las ganancias de los argentinos obtenidas en el extranjero, tributan.
En Argentina, país que sostiene el criterio de la renta mundial, las ganancias de los argentinos obtenidas en el extranjero, no tributan.
En Argentina, país que sostiene el criterio de la renta mundial, las ganancias de los argentinos obtenidas en el extranjero, tributan.