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Timestamp: 2018-09-25 00:19:07
Document Index: 248851738

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 848', 'artículo 849', 'artículo 853', 'artículo 756', 'artículo 18']

NoticiasPostado por ecuo-abogados mié, septiembre 12, 2018 11:30:22
¿Cúando se extingue la pensión compensatoria?
El pasado mes de julio tuvimos ocasión de conocer la última sentencia del Tribunal Supremo sobre uno de los temas que más literatura judicial genera en materia de familia: la pensión compensatoria.
Como sabemos, esta pensión puede originarse con la separación o divorcio puede ser definida como “una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges (…) y el empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio”. Esto es, la cantidad de dinero que ha de abonar uno de los cónyuges a su ex cónyuge tras el divorcio, siempre que se encuentre en una posición de desequilibrio económico al haber empeorado su situación respecto a la que tenía durante la vigencia del matrimonio.
Como ya comentamos en un artículo anterior, esta pensión, que puede tener carácter temporal o indefinido, se extingue por cesar la causa que la motivó (que el cónyuge que la percibe haya mejorado su situación económica), por contraer nuevo matrimonio o por convivir maritalmente con otra persona el beneficiario/a de dicha pensión.
Pues bien, con respecto a este último supuesto, la reciente sentencia del Tribunal Supremo establece que la extinción del derecho a la pensión se produce desde el momento en que se contrae nuevo matrimonio o cuando se inicia la convivencia con la nueva pareja, y no desde la fecha en que se interpone la demanda o desde que se dicta la sentencia que declara la extinción, como venía entendiéndose hasta ahora. Su novedad, por tanto, consiste en adelantar considerablemente el momento en que se produce la causa de extinción de la prestación.
Considera el Alto Tribunal que la causa de extinción consistente en contraer nuevo matrimonio, o convivir maritalmente con otra persona, tendrá que producir su efecto desde que este hecho se produce, con independencia de la fecha en que se interpone la demanda y se dicta sentencia decidiendo sobre la extinción.
En palabras del propio Tribunal: “la razón de ser de la pensión compensatoria está en relación con la comunidad de disfrute entre dos personas -unidas por matrimonio- de una determinada posición económica, lo que da lugar a que, extinguido el vínculo, deba ser compensado aquel de los cónyuges que sufre un desequilibrio perjudicial respecto de la situación en que se encontraba vigente el matrimonio; compensación que se extinguirá cuando esa comunidad de disfrute de instaura de nuevo con otra persona”.
Según esta doctrina, el hecho de contraer nuevo matrimonio es directamente causa de extinción de la pensión compensatoria, mientras que en el caso de convivencia del perceptor de la pensión con otra pareja, el momento de la extinción deberá determinarse a través de la prueba de la convivencia y la fecha de inicio de esta. La necesidad de probar este extremo recaerá sobre la persona que se propone extinguir dicha pensión. Esta será la encargada de probar cumplidamente en el Juzgado que la persona beneficiaria de la pensión convive maritalmente con otra persona. Circunstancia cuya prueba no siempre resulta fácil, pues el perceptor suele llevar esta relación con cuidada discreción, a efectos de no verse privado de la pensión compensatoria.
Será necesario recabar informes de detectives privados, testigos, o documental consistente en publicaciones de redes sociales que permitan acreditar esa convivencia análoga a la marital.
En síntesis, la obligación de pagar pensión compensatoria se extinguirá desde el momento en que la persona que la recibe contraiga nuevo matrimonio, o pase a convivir con otra pareja. No obstante, será necesario seguir abonándola hasta que un juez se pronuncie sobre esta cuestión, en cuyo caso se tendrá derecho a reclamar lo pagado durante el tiempo que transcurra entre el hecho que causó la extinción y la sentencia que la declare.
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NoticiasPostado por ecuo-abogados mar, julio 17, 2018 12:55:39
Es típica la cláusula en los contratos de arrendamiento de vivienda, también en los de uso distinto a vivienda, que establece la posibilidad de actualizar la renta al vencimiento de cada una de las anualidades del contrato, y sin embargo también es muy común que el arrendador no haga uso de esta facultad, quizá por dejación, desconocimiento, etc., y se limite a cobrar el mismo importe de renta que venía cobrando en la anualidad anterior.
El no ejercicio de este derecho por el arrendador conlleva una serie de consecuencias jurídicas relevantes, y que sucintamente expondré más adelante.
En los arrendamientos de vivienda la actualización de la renta debe ser anual y hacerse de forma sucesiva para cada uno de los años de vigencia del contrato (incluida sus prórrogas); de este modo, la renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en el que reciba la notificación por escrito de la parte arrendadora, en el que ha de expresar el porcentaje de alteración que ha sido aplicado en la actualización y debe acompañar, si el arrendatario lo exigiera, el certificado del Instituto Nacional de Estadística (INE) que justifique esta alteración.
En la gran mayoría de los contratos se acude para la actualización de la renta a la variación porcentual experimentada por el índice general nacional del sistema de índices de precios de consumo (IPC) en un periodo de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, siendo éste el índice aplicable en defecto de acuerdo de las partes en otro sentido, a excepción de los contratos firmados a partir del 1 de abril de 2015, a los que le son de aplicación la modificación experimentada por el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (LAU), que establece como índice de referencia en defecto de acuerdo de las partes el relativo a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de cada revisión, el cual, sobre el papel, es más estable que el IPC al experimentar menos fluctuaciones.
Otra novedad importante de esta modificación, que es aplicable sólo a los contratos firmados tras su entrada en vigor, es la no posibilidad de actualizar la renta si esta facultad no está expresamente prevista en el contrato, a diferencia de lo que ocurre con los contratos firmados con anterioridad, que cabe por imperativo legal exigir su actualización conforme al IPC aunque nada prevea el contrato al respecto.
En relación al supuesto planteado inicialmente de que ninguna de las partes, normalmente el arrendador, no haya actualizado la renta en alguna de sus anualidades, cabe formular diversas cuestiones de interés, entre la que destaco las siguientes:
- ¿Qué renta base debe ser tenida en cuenta para calcular la actualización para la siguiente anualidad del contrato? según la doctrina jurisprudencial mayoritaria, en defecto de acuerdo, la renta base sobre la que calcular la actualización no es la renta inicialmente pactada (ésta solo sirve de base para la primera actualización), sino la acumulada, esto es, la renta que hubiera sido exigible en la anualidad inmediatamente anterior si se hubiese actualizado la renta durante cada uno de los años vencidos del contrato.
- Si no se ha actualizado la renta en una o varias anualidades del contrato ¿el arrendador podría reclamar posteriormente el importe dejado de percibir? en el caso de que el arrendador no haya ejercido en su momento la facultad de actualizar la renta para la anualidad siguiente, la doctrina entiende que esto supone una renuncia al incremento de la renta que le hubiese correspondido percibir y, por tanto, a posteriori no tendría derecho a reclamar su importe.
En este sentido, cabe recordar que el artículo 18 de la LAU establece que la actualización será exigible a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, debiendo expresar el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si el arrendatario lo exigiera, certificación del INE que lo justifique; por tanto, no cabe reclamar el importe de incrementos anteriores sino solo posteriores a esa notificación.
- ¿Es posible una revisión de la renta a la baja, o solo cabe al alza? conforme a la variación que experimente el índice de referencia que resulte de aplicación en cada caso, se podría exigir un incremento o una disminución de la renta según esta variación sea en sentido positivo o negativo, respectivamente.
De cuanto antecede cabe concluir que las partes (normalmente el arrendador) deben tener una posición contractual activa para que tenga lugar la actualización de la renta prevista en el contrato, pues ésta no es de aplicación automática, y evitar de este modo los perjuicios económicos que su pasividad pudiera la acarrear.
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NoticiasPostado por ecuo-abogados mar, julio 03, 2018 12:57:21
A pesar de encontrarse inmersos en pleno proceso selectivo de oposiciones, el colectivo de interinos docentes tiene motivos para la alegría. Y ello se debe a que la semana pasada tuvimos ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nula una práctica cuyo origen se remonta al año 2012 y que, por razón de la crisis económica se extendió a, prácticamente, todas las Comunidades Autónomas. Hablamos del cese de los profesores interinos no universitarios en el mes de junio, evitando así tener que pagarles los meses de julio y agosto, y su posterior reincorporación en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.
Pues bien, el alto tribunal concluye que con esa medida se vulnera el principio de no discriminación entre los docentes interinos de año completo y los funcionarios de carrera recogido en el Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/707 CE. Además, ha señalado que las razones de índole presupuestaria no pueden justificar una normativa que conduzca a esta diferencia de trato.
El origen de este pleito tuvo lugar mediante la impugnación, por parte de una asociación de interinos docentes de la Región de Murcia, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 24 de febrero de 2012. Dicho acuerdo venía a suspender los derechos retributivos del cuerpo de docentes interinos, reconocidos en el año 2004, limitando la duración de sus servicios “al tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento y se mantendrá mientras persistan las razones de urgencia o necesidad que lo justificaron, cesando, como máximo el 30 de junio de cada año. En consecuencia con fecha 30 de junio de 2012, se extinguirán los contratos vigentes del personal docente interino.”
A partir de entonces, los interinos fueron nombrados a principio de cada curso escolar con la finalidad de desempeñar las funciones propias de un profesor docente a lo largo del mismo, siendo cesados al concluir el periodo lectivo del mismo (30 de junio), que no el periodo escolar.
El Tribunal ha entendido que estos profesores realizan un trabajo idéntico o similar a los funcionarios de carrera; cuyas funciones no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio del curso escolar y que, además, contribuyen a la mejor preparación del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso siguiente, entre otras.
Por tanto, concluye que este diferente trato carece de justificación objetiva, por lo que el acuerdo impugnado vulnera el principio de no discriminación que impone la Cláusula 4 del Acuerdo Marco antes referido.
Si bien es cierto que, excepto Castilla la Mancha, todas las Comunidades Autónomas han ido restableciendo este derecho a los interinos, la repercusión práctica de esta sentencia abre la vía para que miles de afectados recurran ante a la respectiva Comunidad Autónoma y ante los tribunales esta vulneración de derechos producida años atrás.
Las reclamaciones no solo podrán dirigirse a reclamar las retribuciones dejadas de percibir por los meses de julio y agosto de los últimos cuatro años (más allá de 2014 habrán prescrito), sino también otros derechos como la falta de cotización a la Seguridad Social, los atrasos por trienios o sexenios, los días de vacaciones no retribuidas, el cómputo de la antigüedad y, lo que es más importante, el reconocimiento de los méritos a computar en el baremo y a valorar por la Administración llegado el caso.
Además, se trata de una sentencia que afecta a todos los profesores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan.
Desde Ecuo Abogados recomendamos reclamar, primero en vía administrativa y, si la Administración no atendiera nuestra petición, tendremos que acudir a la vía judicial para que sean los jueces quienes, en última instancia, reconozcan estos derechos de los que han sido indebidamente privados los profesores interinos.
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NoticiasPostado por ecuo-abogados mié, junio 20, 2018 09:50:36
El vocablo eutanasia proviene del griego thanatos que significa muerte dulce, y plantea hoy en día múltiples discusiones de índole social, ética, política y jurídica, tanto dentro como fuera de nuestro país, constituyendo su tratamiento jurídico en España el objeto de este artículo.
La eutanasia plantea la problemática relativa a si la persona tiene derecho a renunciar a su propia vida, a no continuar con la enfermedad o padecimiento grave que sufre, decidiendo quitarse o acortar su vida solicitando para ello la ayuda de otro o del Estado.
Hay que distinguir, según la doctrina jurídica, las siguientes modalidades de eutanasia:
a) Eutanasia auténtica o genuina: la que supone un auxilio activo a morir sin acortamiento de la vida, buscando aliviar el sufrimiento del paciente empleando medios paliativos; esta conducta no está castigada en nuestro Código Penal, y además es considerada un verdadero deber médico.
b) Eutanasia pasiva: actividad médica o sanitaria que conlleva la interrupción de la prolongación artificial de la vida de aquella persona irremisiblemente abocada a la muerte, como sería el caso de la desconexión de la ventilación asistida que supondría su muerte natural.
Esta modalidad plantea el debate de hasta cuándo ha de mantenerse el tratamiento a la persona, pues éste no conduce a una curación y, sin embargo, sí prolonga y/o produce mayores dolores. En estos casos debe atenderse a la voluntad manifestada por el enfermo, normalmente con anterioridad, sobre el tratamiento a seguir y su derecho a una muerte lo menos cruel posible, supuesto en que, de existir este consentimiento, sería admisible el cese de las técnicas de prolongación artificial de su vida dentro de un control médico, permitiendo de este modo que la naturaleza continuase su curso, sin que esta conducta estuviese penalizada por nuestra legislación. Cuando no consta este consentimiento del paciente ni se puede recabar, la situación plantea mayor dificultad, si bien el médico, conforme a su lex artis y dentro de un contexto determinado, puede proponer un cambio de tratamiento que no suponga la prolongación artificial de la vida que debe ser aceptada por los familiares para su implantación.
c) Eutanasia indirecta: la que emplea medios paliativos frente al grave sufrimiento de la persona que, de forma indirecta, sí anticipan su muerte; en puridad no estamos ante una conducta de ayuda para morir, y sí de ayuda en el morir al igual que en la eutanasia pasiva, y tampoco está penalizada, y, al igual que en la modalidad anterior, debe primar la libertad de autodeterminación y decisión del afectado y la protección de la dignidad de su persona en el morir si el mantenimiento de la vida es sin esperanza de recuperación; si este consentimiento no se pudiera recabar, ésta sería tomada por la familia a propuesta del médico conforme a lo expuesto en relación a la eutanasia pasiva.
d) Eutanasia directa o activa: la acción que se dirige a producir la muerte indolora del sujeto, a solicitud expresa de éste y siempre que padezca enfermedad o padecimiento grave.
Nuestro Código Penal únicamente castiga en su artículo 143.4 esta última modalidad de eutanasia, la directa o activa, al disponer que “El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”.
La tendencia en los países de nuestro entorno es la de legalizar y regular el derecho a la eutanasia, estando ya permitida si se cumplen los requisitos legales en países como Suiza, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, en determinado Estados de EEUU, etc., y, actualmente en España están en trámite en el Congreso de los Diputados dos Proposiciones de Ley procedentes, una, del Parlament de Cataluña y, otra, del Grupo Parlamentario Socialista, limitándose la primera a instar básicamente una despenalización de la eutanasia a través de la modificación del apartado 4 del referido artículo 143, y planteando la segunda, la del Grupo Socialista, la aprobación de un cuerpo legal que regule de modo sistemático y ordenado los supuestos en los que la eutanasia no debe ser objeto de reproche legal.
Según expone esta última propuesta, la legalización y regularización de la eutanasia debe asentarse sobre la compatibilidad de principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son así recogidos en la CE, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral y, de otro, la dignidad de la persona, la libertad o la autonomía de la voluntad, y para que tenga lugar exige el cumplimento de los siguientes requisitos: 1) tener la nacionalidad española o residencia legal en España, mayoría de edad y capacidad y conciencia en el momento de la solicitud; 2) disponer de la información que exista sobre el proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación; 3) formular de manera voluntaria la solicitud por escrito y sin presión externa, que deberá repetirse en al menos una ocasión con una separación mínima de quince días; 4) sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer discapacidad grave crónica; y 5) prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda a morir.
Según el resultado de diversas encuestas, la tendencia mayoritaria de la población española es la de aceptar y regular el derecho a la eutanasia, y considero que la misma llegará pronto a nuestro ordenamiento, y deseo que sepa preservar un necesario equilibrio, en ocasiones nada sencillo, entre el derecho a la vida y los derechos de dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad.
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NoticiasPostado por ecuo-abogados vie, junio 08, 2018 11:27:03
De todos es sabido que un padre puede desheredar a sus hijos, o por lo menos es una de las amenazas más emitidas por los padres cuando el hijo es pequeño y quiere que se comporte bien (yo reconozco haberla sufrido en alguna ocasión). También un hijo puede desheredar a sus padres, y en general, cualquiera puede desheredar a sus sucesores legales.
Pero este instituto de la desheredación no es tan sencillo como parece, y no puede quedar a la simple voluntad del que realiza el testamento o causante. La ley exige la existencia de unos motivos muy concretos y de unas formalidades para que una persona pueda desheredar a sus herederos. Vemos a continuación por qué casusas y de qué manera se puede aplicar este “castigo”.
Así, establece la norma que la desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley (artículo 848 del Código Civil), y solo puede hacerse por testamento, expresando la causa en que se funde (artículo 849 CC). Además, la prueba de la certeza de la causa de desheredación corresponde a los herederos si el desheredado la niega, es decir, que si el desheredado impugna la herencia por considerar que no concurren las causas de desheredación, serán el resto de herederos, beneficiados por privar a aquel de su parte de la herencia, los que tienen que probar que efectivamente sí sucedieron los motivos merecedores de dicho castigo.
- Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda. Sobre este motivo los Tribunales vienen considerando que la obligación de cumplir con los alimentos exige una situación de necesidad, un requerimiento o petición a los eventuales herederos legitimarios y por último una negativa de forma injustificada por parte de éstos a prestarlos. Por ejemplo, en una Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 11 de octubre de 2016 se indica que aunque la falta de atención y cuidados por parte de los hijos sea propia de un déficit moral y asistencial, no es suficiente para otorgar carta de naturaleza a la causa de desheredación.
- Otra de las causas es haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.
Sobre esta causa, la Jurisprudencia viene considerando que el "maltrato de obra y la injuria grave" previstos en el artículo 853 CC , debe contemplarse en sentido amplio, que abarque no solo el maltrato físico o el proferir palabras injuriosas, sino también todo daño o sufrimiento psicológico infligido por cualquiera de los herederos legitimarios hacia el testador (falta de cariño, menosprecio....).Así, la sentencia del TS de 30 de enero de 2015 había considerado que la expresión “maltrato de obra” incluía el maltrato psicológico por suponer un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima. En este caso el hijo desheredado arrebató dolosamente a la madre todos sus bienes y le dejó sin ingresos para afrontar dignamente la última etapa de su vida. Ello le causó a la testadora un estado de zozobra y afectación profunda que le acompañó los últimos años de su vida.
En cuanto a las injurias, el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de junio de 1990, señaló, que éstas han de concretarse y demostrarse su existencia y gravedad. Indica que el carácter solemne de la desheredación supone que ha de manifestarse en testamento y que exista alguna de las causas tasadas, pero en ningún caso la ley exige concretar o describir los hechos constitutivos de la injuria ni las palabras en que ésta consista, puesto que la certeza puede ser contradicha por el desheredado y, en tal caso, ha de demostrarse en juicio la existencia de la causa.
Además de las anteriores causas de desheredación, también establece el Código Civil las de incapacidad por indignidad (artículo 756 núms. 1.º, 2.º, 3.º, 5.º), que en lo específicamente referido a hijos y descendientes serían:
Una vez que conocemos los motivos de la desheredación, tenemos que saber cuál es su efecto. Como es conocido, en la institución de la sucesión existe una serie de herederos forzosos que, obligatoriamente tienen derecho a una parte de la herencia, denominada “la legítima”, y el causante no puede privarles de esta parte a no ser por una de las causas expuestas anteriormente. En este caso, si la desheredación es justa y realizada con los requisitos establecidos legalmente, tiene el efecto de privar de la legítima a la persona desheredada, sin embargo, las donaciones que se hubieran percibido en vida, no quedan revocadas por la desheredación.
Por último, debemos destacar que la desheredación quedará sin efecto si existe una reconciliación previa al fallecimiento del causante entre este y el desheredado.
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NoticiasPostado por ecuo-abogados mié, mayo 23, 2018 18:33:27
¿Está preparado tu negocio para la llegada del Reglamento Europeo de Protección de Datos?
La semana que viene, el día 25 de mayo, entrará en vigor en Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). Esta norma, que fue aprobada dos años atrás, supone un cambio de paradigma en lo que a la protección de datos personales se refiere, obligando a empresas y organismos públicos y privados a acometer reformas de gran calado organizativo, técnico y humano en aras de su correcto cumplimiento.
Hasta ahora, la regulación en España sobre esta materia ha correspondido a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y a su reglamento de desarrollo, aunque ambos se encuentran en fase de revisión legislativa para adaptar la normativa interna a las nuevas exigencias del Reglamento Europeo.
La Protección de Datos es el derecho que tenemos todas las personas a conocer quién tiene y trata nuestros datos personales y el derecho que tenemos a que estos no sean utilizados sin nuestra autorización y protección debida, de manera que se garantice nuestro derecho fundamental a la intimidad, reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española.
¿Cuáles son las principales novedades introducidas por el RGPD de obligado cumplimiento a partir del próximo 25 de mayo?
En primer lugar, hemos de señalar que la nueva normativa será exigible a todo tipo de empresas y organizaciones establecidas en la Unión Europea, y a aquellas que, aunque no se hallen establecidas en la UE, traten datos de carácter personal como consecuencia de la oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la Unión. Afectará tanto a grandes multinacionales como a pequeñas y medianas empresas en el tratamiento de datos de clientes, trabajadores y proveedores, exigiéndose a partir de ahora una actividad proactiva en relación a la implantación de medidas tendentes a garantizar un nivel adecuado de protección, en consonancia al riesgo que suponga el tratamiento de los datos personales que manejen.
Los responsables de ficheros o tratamientos (empresas, Administraciones Públicas u otras entidades) de datos de carácter personal deberán cumplir con una serie de obligaciones, entre las que destacan:
· Recabar el consentimiento expreso de los afectados por el uso de los datos. En el caso de los menores de 16 años será necesario recabar el permiso paterno, para consentir el tratamiento de sus datos en redes sociales, por ejemplo.
· Notificar la existencia de una violación de seguridad si la misma afecta a datos personales.
· Informar a los propietarios de los datos sobre el nombre del responsable o encargado de su uso, tratamiento que se les dará, forma de ejercitar sus derechos, plazo de conservación de los mismos, etc.
· Establecer acciones y medidas de seguridad técnicas y organizativas, como puede ser la adhesión a códigos de conducta o a mecanismos de certificación.
· Realizar una evaluación de impacto sobre los riesgos que un producto o servicio puede entrañar para la protección de datos de los afectados.
· Nombrar un Delegado de Protección de Datos, que será la persona encargada de asesorar a la empresa en la materia. No obstante, solo tendrán la obligación de contar con esta figura las entidades públicas, las empresas que tengan un tratamiento de datos a gran escala (entidades aseguradoras, distribuidores y comercializadores de energía eléctrica o gas natural; entidades responsables de sistemas de información crediticia; entidades que desarrollen actividades de publicidad que impliquen análisis de preferencias o elaboración de perfiles; centros sanitarios; centros docentes que ofrezcan enseñanzas regladas y Universidades; colegios profesionales; y entidades dedicadas al juego on line , entre otros) y las que recojan datos especialmente sensibles.
Entre los derechos más significativos reconocidos a los ciudadanos en el reglamento europeo encontramos el derecho al olvido, que supone que el interesado podrá solicitar el bloqueo de los resultados de los buscadores de internet que se refieran a él, cuando resulten obsoletos, incompletos, falsos o irrelevantes y no tengan un interés público.
En cuanto a las sanciones, si hasta la fecha la cuantía de las mismas oscilaba entre los 900 a los 600.000 euros, con la entrada en vigor de la normativa europea las sanciones podrán alcanzar hasta los 20.000.000 euros o el 4% del volumen de negocio global del último año, en función de la gravedad de la infracción.
Es por ello que empresas y pymes deberán, sin dilación, incorporar medidas que aseguren la efectividad de la protección de datos, no solo para evitar sanciones indeseadas, sino con el objetivo incorporar a sus negocios un valor añadido para sus clientes y un elemento diferenciador entre sus competidores.
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NoticiasPostado por ecuo-abogados jue, abril 26, 2018 11:20:46
La opción más frecuente entre las parejas españolas es la de formalizar su unión sentimental a través de matrimonio, civil o religioso, pero también está muy extendida en nuestra sociedad la institución de la “unión de hecho”, también conocida como “convivencia extramatrimonial o more uxorio” o “pareja de hecho”, que se configura como la unión estable de convivencia entre dos personas no unidas por matrimonio.
Por lo general, para que se produzca el reconocimiento de ciertos efectos jurídicos en relación a la unión de hecho se requiere el cumplimento de los siguientes requisitos: a) que sea una unión de dos personas, de distinto o idéntico sexo (heterosexual u homosexual); b) que la convivencia sea pública y notoria; c) que no estén unidas por matrimonio entre ellos ni con terceros; y, d) que lleven una vida estable y duradera (en determinados supuestos se exige que sea de 12 meses al menos), y que existan unos intereses comunes en el desarrollo de una vida familiar.
En nuestra país existe una progresiva equiparación en su régimen jurídico con el matrimonio, de modo que sus miembros, sin pasar por el trámite de la unión matrimonial, ostentan en múltiples aspectos (no en todos) los mismos o similares derechos y obligaciones a los propios de las parejas unidas por matrimonio, sin embargo esta institución social carece de una regulación jurídica sistemática (en una concreta ley) a nivel estatal, a diferencia de lo que ha sucedido en diversas comunidades autónomas que sí la han regulado (Cataluña, Andalucía, Madrid, Navarra, Valencia, etc.; la Región de Murcia carece de esta regulación), de modo que hay que acudir a disposiciones desperdigadas en diversas normas y a la interpretación normativa por los Tribunales para clarificar el régimen jurídico de las parejas de hecho; así por ejemplo, la LAU reconoce el derecho de la pareja de hecho del inquilino de subrogarse en el arrendamiento en caso de fallecimiento de éste; por otro lado, la normativa de Seguridad Social reconoce el derecho a acceder a la asistencia sanitaria mediante la cotización de la pareja; en cambio, nuestro Código Civil no reconoce en la sucesión intestada (aquella en la que no existe testamento) derecho sucesorio alguno a la pareja de hecho al exigir la existencia de matrimonio válido y vigente para reconocer al cónyuge superviviente la posibilidad de suceder a su pareja.
Para acreditar la existencia de una unión de hecho cabe acudir a diversos documentos y pruebas que permitan acreditarla, al menos de modo indiciario (ej. escritura notarial de declaración de convivencia y/o capitulaciones “paramatrimoniales”, empadronamiento, hijos comunes, libro de familia, préstamos bancarios, seguro de vida en el que se designa a la pareja como beneficiaria, etc.), aunque lo ideal, e incluso imprescindible para el reconocimiento de determinados derechos, es la inscripción en el correspondiente registro autonómico o municipal de parejas de hecho, pues permite dejar constancia pública de la existencia de esta relación, al menos, desde la fecha de su acceso al registro.
Los miembros de la pareja de hecho pueden pactar en un documento, público o privado, las condiciones del régimen económico de su unión, pudiendo acordar que éste se rija, por ejemplo, por uno de los tres previstos para la uniones matrimoniales (régimen de gananciales, de separación de bienes y de participación); de este modo, si se optara por el régimen de gananciales: se presumirán comunes los bienes adquiridos durante la convivencia; la vivienda que constituye la residencia habitual, aunque haya sido adquirida por uno solo, no se podrá disponer de ella sin el consentimiento del otro o, en su caso, sin autorización judicial mientras dure la convivencia; ambos quedan sujetos al levantamiento de las cargas familiares, etc.
Si no existe este pacto sobre las condiciones del régimen económico, no tiene lugar la aplicación supletoria del de gananciales como ocurre con la unión matrimonial, por lo que cada uno tendrá que acreditar sus derechos sobre cada bien/derecho que componga el patrimonio común, porque, por ejemplo, si un bien consta adquirido a nombre de uno de ellos no se presume que es común de ambos sino de éste.
Respecto a los hijos de la pareja, tanto el ejercicio de la patria potestad como de la custodia se realiza de forma conjunta o por uno con el consentimiento tácito o expreso del otro al igual que en el matrimonio, y si aconteciese la ruptura de la pareja, el régimen a aplicar respecto a la patria potestad, guardia y custodia, alimentos, visitas, uso de la vivienda familiar, etc., también es idéntico al de la ruptura matrimonial.
Por su especial transcendencia convine hacer una breve referencia a la pensión de viudedad. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto señalando que el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes, y, consecuentemente, no son acreedoras del mismo trato por parte del legislador, de ahí que estén sometidas a un diverso trato jurídico, entre otras, en materia de pensión de viudedad, y considera que “solo el matrimonio es una institución social garantizada por la Constitución y el derecho a contraerlo es un derecho constitucional, circunstancias que no son predicables de la unión de hecho”. En este sentido, inicialmente la Ley General de la Seguridad Social solo reconocía la pensión de viudedad al cónyuge superviviente, y no extendiendo este reconocimiento a las parejas de hecho hasta su reforma del año de 2007, si bien exigiendo el cumplimiento añadido de dos simultáneos requisitos: a) la convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años; y, b) la publicidad de la situación de convivencia de hecho mediante la inscripción en el registro de parejas de hecho o la constancia de su constitución como tal pareja en documento público con una antelación mínima de 2 años al fallecimiento. De modo que sin el cumplimento de estas “formalidades” no se reconoce la posibilidad de acceso a la pensión de viudedad de la pareja fallecida.
Variadas y, en ocasiones, complejas son las situaciones que pueden plantearse sobre las uniones de hecho al no existir un régimen jurídico sistematizado a nivel estatal que clarifique los contornos del mismo, por lo que es muy recomendable solicitar el consejo de un abogado que examine el caso concreto y proporcione su diagnostico profesional.
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NoticiasPostado por ecuo-abogados mar, abril 10, 2018 12:05:00
DEUDAS CON LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUANDO EL INMUEBLE CAMBIA DE DUEÑOS
En el contexto económico actual es muy frecuente ver que los bancos se quedan, mediante diferentes procesos, con inmuebles de las promotoras que no pudieron vender, o con inmuebles de particulares que no fueron capaces de hacer frente a sus obligaciones crediticias.
En estos casos existe un tercer afectado que tiene intereses muy importantes en el tema, y se trata de la Comunidad de Propietarios. Es bastante usual que tanto las promotoras como ciertos propietarios morosos, dejasen de pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias a la comunidad de propietarios, acumulándose con esto una deuda que al final repercute sobre el resto de propietarios de la comunidad.
¿Qué ocurre en estos casos con la deuda del antiguo propietario en el supuesto de que éste venda el inmueble? Pues bien, es conveniente saber que el nuevo propietario responde, hasta ciertos límites, de la deuda dejada por el anterior propietario.
Por eso, cuando se vende un piso hay que aportar un certificado de deudas con la comunidad de propietarios, en el que se acredita que el transmitente está al corriente de pago en los gastos comunitarios, o se especifiquen las correspondientes deudas no satisfechas. Esto es una forma segura para que el nuevo propietario se asegure que no hay deudas pendientes con la comunidad. El certificado lo tiene que expedir el secretario de la comunidad de propietarios, con el visto bueno del Presidente. Tendrá que hacerlo en el plazo máximo de 7 días naturales desde la solicitud, respondiendo en caso de culpa o negligencia de la exactitud del certificado y de los perjuicios por el retraso de la emisión.
Otra obligación que incumbe al transmitente, y cuya omisión podría repercutirle económicamente, es la de comunicar al Secretario o Administrador de Fincas por un medio que permita dar constancia de la recepción, del cambio de titularidad de la vivienda o local. De este modo, en caso de no notificar la transmisión, podría encontrarse con la obligación de pagar junto con el nuevo propietario, las cuotas posteriores a la transmisión. (Sin perjuicio de que posteriormente pueda repetir estos pagos contra el adquirente)
Si existieran deudas impagadas con la comunidad, tras la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal en 2013, el propietario adquirente responderá de las deudas no pagadas por el transmitente de la anualidad en curso, y de las tres anualidades anteriores. Esta responsabilidad del piso, se produce independientemente de que la escritura de compraventa se inscriba o no en el Registro de la Propiedad.
Por parte del acreedor, es decir, de la comunidad de propietarios, puede reclamar al deudor original toda la deuda que tenga generada, el hecho de que el nuevo propietario asuma la obligación de pagar expuesta anteriormente no quiere decir que libere al nuevo propietario de su deuda, sino que el acreedor puede dirigirse contra los dos, con los límites expuestos para con el nuevo adquirente.
Esto ha supuesto un balón de oxigeno para muchas comunidades de propietarios, que veían como tenían que hacer, mes a mes, frente a las deudas que generaban muchas promotoras que cayeron en desgracia económica, y, al entrar en escena nuevos propietarios, como suele ser el banco, o una inmobiliaria dependiente de los bancos, tienen ahora un acreedor solvente que, al menos, responderá de la anualidad en curso, de las deudas generadas en tres anualidades anteriores, y, por supuesto, de las cuotas que se devenguen en el futuro.
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LOS GASTOS HIPOTECARIOS II: NOVEDADES
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