Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp2643-2014-de-marzo-5-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f4f7f199b50c0258e0430a0101510258&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-24 00:27:38
Document Index: 25509387

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 96', 'ARTÍCULO 86', 'artículo 97', 'artículo 56', 'artículo 96', 'artículo 102', 'artículo 1494', 'artículo 1127', 'artículo 230', 'artículo 229', 'artículo 29', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 55']

﻿ Sentencia 36868 de marzo 5 de 2014
SENTENCIA SP2643-2014 DE 05 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:EXCEPCIONES DEL LLAMADO EN GARANTÍA. LA SENTENCIA ES EL MOMENTO OPORTUNO PARA RESOLVER LAS EXCEPCIONES DEL LLAMADO EN GARANTÍA (ARTÍCULO 56 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL), PUES, EN ESA ETAPA PROCESAL SE DEBEN RESOLVER LAS EXCEPCIONES DE LOS OBLIGADOS A INDEMNIZAR (ARTÍCULO 96 DE LA LEY 599 DEL 2000) O EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL UNA VEZ EL FALLO CONDENATORIO QUEDA EJECUTORIADO (ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1395 DEL 2010).
TEMAS ESPECÍFICOS:SENTENCIA, PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, LLAMAMIENTO EX OFICIO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2004, TRÁMITE DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, REQUISITOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
Sentencia 36868 de marzo 5 de 2014
SP 2643-2014
Rad.: 36868
(Aprobado Acta 61)
Para empezar, adviértase que la Sala no comparte la metodología empleada por el Procurador Delegado en su concepto en cuanto estima que es viable en este caso asumir el estudio conjunto de la dos censuras porque están construidas sobre la violación de las mismas garantías fundamentales (debido proceso y derecho de defensa) y porque ambas, a su juicio, están llamadas a prosperar.
Ello, porque a más de que cada una ofrece diversidad conceptual, tampoco se repara que sus efectos son distintos, como en la misma demanda se establece y, en ese orden, adecuadamente se optó por presentarlas por separado, entre otras cosas, acatando el rigor que esta Corporación ha sentado cuando se trata de nulidades de distinta estirpe (Cfr., entre múltiples, CSJ AP, sep. 19 2012, rad. 39707; CSJ AP, ago. 14 2012, rad. 39213; CSJ AP, jun. 27 2012, rad. 38717; CSJ AP, mayo 23 2012, rad. 35917 y CSJ AP, abr. 18 2012, rad. 38453).
Ciertamente, al cabo que la pretensión encaminada a que se presentó irregularidad en el trámite de notificación de la sentencia de primera instancia para el llamado en garantía —temática desarrollada en la censura ídem— comportaría la afectación de ese acto, el defecto de motivación de los dos fallos de instancia en punto de la condena en perjuicios de ese mismo interviniente procesal, postulado en la censura subsiguiente, se proyecta a la referida sentencia de primer grado, esto es, a un estadio anterior al de su notificación.
Lo dicho conduce a precisar que con apego al principio de prioridad, regente en la materia casacional y sobre el cual se ha insistido últimamente por la jurisprudencia reciente de la Sala en torno a su naturaleza relativizada (Cfr. CSJ SP, 21 jul. 2013, rad. 32983), impone ocuparse, cuando de censuras sustentadas en la causal de nulidad se trata, como en este caso, de aquella con una cobertura o afectación nociva mayor y, con carácter subsidiario, también dependiendo de ese mismo factor, de las demás.
Para el caso, entonces, tal criterio o postulado obliga a ocuparse inicialmente del cargo que en el libelo se plantea en segundo lugar y luego si, de ser necesario o, lo que es lo mismo, en el evento de que éste no proceda, del formulado como primero; es decir, con una metodología muy diversa a la desarrollada por la representación del Ministerio Público, quien optó por acometer su estudio de forma concomitante.
Bajo dichas directrices se procederá a emitir el respectivo pronunciamiento de fondo.
Pues bien, en el segundo cargo contenido en la demanda allegada a nombre de la compañía aseguradora Seguros del Estado S.A., llamada en garantía dentro de la presente actuación, su apoderado se duele de la falta de motivación que exhibe en relación con la condena en perjuicios que afectó a su poderdante, junto con el procesado y los terceros civilmente responsables también vinculados al plenario.
Tal planteamiento impone, prima facie, revisar las razones expuestas sobre esa específica materia por los dos juzgadores de instancia.
Así, se tiene que el a quo, concretamente en el acápite “determinación de perjuicios”(3), indicó que en relación con los materiales, en su componente daño emergente, “la póliza de seguros del SOAT, cubrió en su totalidad (no se argumentó en otra dirección) los gastos derivados por ese concepto, de manera que el despacho entenderá cancelados los mismos”.
En relación, a su vez, con el componente lucro cesante, el cual procedió a tasar a continuación, adujo que se atenía al valor determinado pericialmente, es decir, veintiocho millones de pesos, “suma a la que se atendrá esta oficina judicial, anotando que semejante cantidad deberá surtir el fenómeno de la indexación hasta la fecha de este pronunciamiento. De esta suma deben deducirse los rubros que por concepto de indemnización extraprocesal haya recibido el perjudicado”.
En cuanto a los morales explicó que la conducta del implicado privó a una familia de un ser querido, de su apoyo moral y económico, generando una gran aflicción en su interior, a más de que la occisa contaba con 19 años de edad, motivo por el cual se encontraba en actividad y con proyección de adelantar estudios superiores; en ese orden, los fijó en suma equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales, “indemnización que el procesado y los demás obligados solidariamente habrán de pagar para resarcir el daño causado a los familiares de la occisa, dinero que deberá ser cancelado a favor del juzgado y entregado a quien se encuentra debidamente autorizado para recibir dichas sumas”.
Acto seguido, disertó:
De otra parte, como quiera que en la actuación se observa que se encuentra llamado en garantía la compañía Seguros del Estado S.A., igualmente aparecen legalmente llamados a la causa como terceros civilmente responsables, la empresa de transporte Cootranskennedy, y el señor José Vicente Rodríguez, propietario del vehículo. Por tal motivo los prenombrados deberán responder solidariamente frente al pago de la totalidad de los perjuicios tasados con ocasión de esta providencia sancionatoria, la cual igualmente una vez cobre ejecutoria presta mérito ejecutivo” (negrillas y mayúsculas tomadas del texto original).
El ad quem, por su parte, fundamentalmente se ocupó de la responsabilidad penal de Arévalo González atendido el hecho de que sobre ese punto versaron los reclamos sustanciales de la defensa y del apoderado de la empresa transportadora Cootranskennedy, en su condición de apelantes; sin embargo, en la parte final de la sentencia dedicó unos pocos renglones al tema de los perjuicios morales, dado que el tercero expuso someramente que le parecían excesivos. Textualmente respondió el tribunal al reclamo, con las siguientes reflexiones, siendo las únicas plasmadas sobre ese tópico:
“5.7. Lo propio debe decir la Sala frente a tasación (sic) de perjuicios morales realizada por el juez, quien en efecto debe obrar como lo hizo por mandato del artículo 97 del Código Penal, al estar facultado por disposición legal, por ser el preitum(sic) doloris generado precisamente con la muerte del ser querido, a determinar esos daños morales hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales, en uso de sus facultades discrecionales y bajo su racional arbitrio”(4).
No está de más recordar que esta sentencia confirmó “en su integridad” la de primer grado.
De lo expuesto sobre el particular en los fallos, se desprende que la compañía aseguradora Seguros del Estado S.A., llamada en garantía, fue condenada en forma solidaria, conjuntamente con el procesado y los terceros civilmente responsables, al pago de los perjuicios materiales respecto del factor lucro cesante por la suma de veintiocho millones de pesos indexados al momento de la ejecutoria y ciento cincuenta salarios mínimos legales por razón de perjuicios morales, al tiempo que fue absuelta, así como todos los demás llamados a responder, por los perjuicios materiales en su arista del daño emergente en cuanto se consideró fueron en su totalidad cubiertos por el Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
Ahora bien, para el actor la falta de motivación alegada en concreto se configuró porque los juzgadores no se ocuparon i) del escrito de contestación del llamamiento, ii) del límite de amparo, iii) de las exclusiones de la póliza, como tampoco de iv) valorar la prueba documental aportada por su mandante, pues simple y llanamente se lo condenó al pago de los perjuicios en forma solidaria.
Al respecto, dígase de antemano que el momento oportuno para resolver en relación con las excepciones planteadas por el llamado en garantía lo constituye la sentencia, conforme así se extrae del artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, que define dicha figura, pero que sobre la temática específica remite al precepto inmediatamente anterior, así:
ART. 57.—Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.
ART. 56.—Trámites y efecto de la denuncia. Si el juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado y señalará un término de cinco días para que intervenga en el proceso; si no residiere en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable.
En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que existe entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de este. (Subrayas fuera de texto).
Además porque, en general, el tema de las excepciones encuentra en la sentencia el momento propicio de resolución, conforme lo indican los artículos 304, 305 y 306 del mismo estatuto, en los siguientes términos:
ART. 304.—Contenido de la sentencia. En la sentencia se hará una síntesis de la demanda y su contestación. La motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen.
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a lo dispuesto en este código…
ART. 305.—Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley…
ART. 306.—Resolución sobre excepciones. Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.
Si, entonces, según lo visto la sentencia se yergue en el momento procesal por excelencia previsto para resolver sobre las excepciones, y particularmente en este asunto frente a las planteadas por el llamado en garantía en el escrito mediante el cual descorrió el traslado de las demandas de constitución de parte civil y de la que lo convocó en tal condición(5), el juez no ha debido a sustraerse a resolver todos y cada uno de los temas allí postulados a riesgo de incurrir, como acertadamente lo pregona el actor y lo avala en su concepto el Ministerio Público, en falta de motivación.
Es necesario dejar en claro que la anterior reflexión en cuanto a que la sentencia constituye el momento procesal por antonomasia para resolver las excepciones planteadas por uno de los obligados a indemnizar con sujeción a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 599 de 2000, tiene cabida en el sistema procesal acogido en la Ley 600 de 2000, pues, con la Ley 906 de 2004, conforme lo estipulado en su artículo 102, modificado por el 86 de la Ley 1395 de 2010, dicho aspecto se ventila al interior del incidente de reparación integral una vez la sentencia condenatoria ha cobrado ejecutoria.
Pues bien, retornando al escrito por cuyo medio la compañía aseguradora llamada en garantía descorrió el traslado para responder las demandas de parte civil y la que lo llamó en tal condición, se tiene que allí se plantearon como excepciones los siguientes temas:
En primer lugar y con carácter principal, lo referente a la culpa exclusiva de la víctima, tema sobre el cual discurrieron ampliamente los juzgadores de instancia, mas no realmente porque el llamado lo haya propuesto en la oportunidad reseñada, sino porque fue expuesto en las alegaciones dentro de la audiencia de juzgamiento, a la que, valga decir, no se hizo presente el llamado, y en tanto fue fundamento de los recursos de apelación interpuestos por la defensa y el apoderado de la empresa transportadora vinculada a la actuación como tercero civilmente responsable. De cualquier modo, el punto fue abordado ampliamente en los dos fallos de instancia(6) y, en esas condiciones, no se puede hablar de falta de motivación sobre ese particular.
En segundo lugar, se adujo como excepción (primera subsidiaria) el “cobro de perjuicios al seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito” con el objeto de significar que este tipo de daños son asumidos por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), por lo que para el pago esa póliza “deberá afectarse en una primera instancia antes de pretenderse afectar la póliza de responsabilidad civil extra contractual”.
De este tema en concreto, como se señaló en precedencia, se ocupó el sentenciador de primer grado al indicar que no se condenaba por el componente daño emergente de los perjuicios materiales por cuanto fueron cubiertos justamente con la póliza del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), de manera que, concerniente a este tópico, tampoco se verifica defecto de motivación alguno.
En tercer orden, se expuso el “límite de responsabilidad” (segunda excepción subsidiaria), haciendo alusión a las cuantías amparadas con la póliza de responsabilidad extracontractual suscrita con esa compañía (60 salarios mínimos legales mensuales vigentes en caso de muerte a lesiones a una persona), precisándose que “la póliza de responsabilidad civil extracontractual no es un seguro de vida que permita afectar la póliza en la totalidad de su cobertura por cuanto tiene es un límite máximo asegurado y no un valor indemnizable, destacándose que para el día de ocurrencia del siniestro el smmlv correspondía a la suma de $ 358.000, smmlv que se aplica para establecer el valor de la cobertura el cual asciende a la suma de $ 21.480.000, cobertura destinada a indemnizar única exclusivamente (sic) los conceptos amparados por la póliza de responsabilidad civil extracontractual y realmente demostrados”.
Los falladores de instancia hicieron abstracción absoluta de este planteamiento formulado como excepción; por el contrario, el a quo, genéricamente y sin argumentación alguna, condenó a la compañía al pago solidario de la “totalidad” de los perjuicios tasados, aspecto que no fue modificado o complementado por el tribunal.
De modo que, siendo ello necesario, nada se dijo en relación con que la responsabilidad de la llamada en garantía no podía sobrepasar las limitantes del clausulado contractual de la póliza, lo que se deriva de la misma naturaleza del contrato como fuente de obligaciones según el artículo 1494 del Código Civil.
En cuarto orden, postuló como excepción (tercera subsidiaria) los “riesgos no asumidos” o exclusiones de la póliza, haciendo referencia a que “no ampara el lucro cesante ni los perjuicios morales del asegurado ni de la víctima, en ninguna forma”, fundamentado ello, sostiene en el escrito, en el artículo 1127 del Código de Comercio, porque los perjuicios morales no hacen parte de los perjuicios patrimoniales a que refiere la norma “por cuanto el daño moral está definido como aflicción, intenso dolor o sufrimiento moral que se ocasiona a una persona como consecuencia de un padecimiento físico, afectivo o sentimental como son los casos de muerte o lesiones en accidentes de tránsito, es decir, el desmedro no patrimonial que se inflige al beneficiario de la indemnización en sus intereses morales tutelados legalmente, lo que permite predicar que los perjuicios morales no constituyen un perjuicio patrimonial como tal, es decir, se repite, la naturaleza del seguro de responsabilidad es resarcir los perjuicios patrimoniales”.
Así tampoco, expuso a continuación, responde por el lucro cesante, porque “es un concepto que requiere un acuerdo expreso entre asegurador y asegurado para que sea contemplado dentro de la indemnización y en el caso que nos ocupa no existe disposición contractual que obligue a Seguros del Estado S.A. como asegurador a asumir esta modalidad de perjuicio material, por el contrario dentro del condicionado general se estableció como causal de exclusión para la póliza de responsabilidad civil extracontractual”.
Estos temas resultaban de la mayor relevancia y, por tal razón, era preciso que fueran abordados por las instancias de decisión, cuando precisamente la responsabilidad civil declarada del llamado en garantía, según el recuento elaborado, se concretó a los perjuicios materiales por lucro cesante y a los perjuicios morales.
Entonces, aun cuando se torna exagerada la afirmación del libelista según la cual tan sólo dos renglones de los fallos se ocupan del punto de su responsabilidad por los perjuicios, toda vez que, como se anotó en precedencia, las dos instancias trataron ampliamente el punto postulado en las excepciones alusivo a la “culpa exclusiva de la víctima” y, a su vez, el a quo adujo razones para excluir del pago por los perjuicios materiales en su componente daño emergente y para ponderar el monto de los perjuicios por los que se impartió condena, igualmente es cierto que no se respondieron temáticas planteadas que resultaban de capital importancia para determinar la responsabilidad del llamado en garantía, ya para desvirtuar la imposición de pago solidario por la totalidad de los perjuicios, ora, incluso, según se acaba de ver, para eximirlo de pago alguno, a lo que se suma que ninguna consideración se efectuó en torno a las pruebas aportadas para sustentar sus excepciones, esto es, copias tanto de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, como de las condiciones generales y específicas de esa misma póliza.
Lo anterior, también es necesario clarificarlo, porque la falta de motivación no se pregona de la generalidad de la argumentación expuesta, sino que también procede respecto de temas en particular determinantes de las declaraciones de justicia contenidas en el fallo, como puede suceder, por ejemplo, cuando el fallo es suficientemente fundamentado en cuanto a la responsabilidad del procesado, pero nada dice en derredor de la negativa del subrogado de la condena de ejecución condicional, en cuyo caso resultará carente de total motivación en cuanto a ese último tópico.
En el marco de un Estado adscrito al modelo social y democrático de derecho, no se debe perder de vista, los jueces están necesariamente supeditados al imperio de la ley, en contraposición al cumplimiento de su función al vaivén de su arbitrio o mero capricho, como así lo estipula el artículo 230 de nuestra Carta Fundamental; por su parte, a los asociados se les garantiza el acceso a la administración de justicia, según lo prevé al artículo 229 ibídem, y a que las actuaciones de esta índole se surtan conforme a un debido proceso, en los términos del artículo 29 ejusdem, en cuyo interior puedan ejercer debidamente el derecho de contradicción, entendido, según este texto constitucional, como la facultad de “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria”.
Pues bien, todo ese cúmulo de garantías sólo encuentra materialización si el funcionario judicial expone las razones o argumentos en los cuales se basa para adoptar sus decisiones, como así también lo reconocen instrumentos internacionales ratificados por Colombia, a saber: en el literal a) del numeral 3º del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York (L. 74/68) y en el literal b) del numeral 2º del artículo 8º de la Convención Americana de San José de Costa Rica (L. 16/72),
Además porque, como lo ha destacado la Sala, la obligación de motivar las decisiones judiciales cumple un doble papel: “i) endoprocesal: en cuanto permite a las partes conocer el pronunciamiento sirviendo de enlace entre la decisión y la impugnación, a la vez que facilita la revisión por el tribunal ad quem; y ii) función general o extraprocesal: como condición indispensable de todas las garantías atinentes a las formas propias del juicio, y desde el punto de vista político para garantizar el principio de participación en la administración de justicia, al permitir el control social difuso sobre el ejercicio del poder jurisdiccional” (CSJ SP, sep. 28 2006, rad. 22041).
Por lo tanto, las decisiones tomadas por los funcionarios judiciales siempre deben estar acompañadas de las razones jurídicas que les brindan sustento, como también lo exige el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en cuanto impone al juez el deber de hacer referencia a los hechos y asuntos propuestos por los sujetos procesales, y en los artículos 3º de la Ley 600 de 2000, con carácter de principio rector, de acuerdo con el cual el funcionario está obligado a motivar las medidas que afecten derechos fundamentales de los sujetos e intervinientes procesales y en los artículos 170 y 171 de la misma obra, referidos a los requisitos de las sentencias y de las providencias judiciales, respectivamente.
De ese modo, cuando se advierte que las decisiones judiciales adolecen de defectos en su motivación se consideran vulneradoras del debido proceso y del derecho de defensa que necesariamente imponen corrección.
A ello se procederá en este caso respecto de la compañía Seguros del Estado S.A., llamada en garantía, y, en consecuencia, se casará parcialmente la sentencia impugnada en lo relacionado con la condena que le fuera impuesta al pago de perjuicios.
No obstante, como lo tiene sentado la Sala (CSJ SP, 10 oct. 2012, rad. 38303) “como es una irregularidad que afecta únicamente a ese interviniente, sin incidencia en la estructura del proceso ni en la situación jurídica de los otros sujetos procesales, la nulidad parcial de la sentencia hará que sus efectos sean inoponibles solo a la mencionada aseguradora”.
La prosperidad del cargo, releva a la Sala de ocuparse del primer reparo propuesto en la demanda.
CASAR parcialmente el fallo del 22 de febrero de 2011 del Tribunal Superior de Bogotá con sustento en el cargo segundo de la demanda; en su lugar, exonerar al llamado en garantía Seguros del Estado S.A. de la condena en perjuicios en contra de la compañía. En lo demás, el fallo queda incólume.
(3) Páginas 15 y 16 de la sentencia de primera instancia.
(4) Página 15 del fallo de segunda instancia.
(5) Cfr. folio 37 del cuaderno de la parte civil.
(6) A partir de la página 5 del fallo de primer grado y de la 10 de la de segunda instancia.