Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-01031-21883-de-mayo-11-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_ba6afaddf80747aaa1ec71f17be9ce04&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-16 04:01:20
Document Index: 177861938

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 782', 'ARTÍCULO 779', 'artículo 328', 'artículo 711', 'artículo 730', 'artículo 782', 'artículo 779', 'artículo 647', 'artículo 191', 'artículo 16', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 338', 'artículo 73', 'artículo 147', 'artículo 353', 'artículo 730', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 195', 'artículo 147', 'artículo 147', 'artículo 351', 'artículo 683', 'artículo 647', 'artículo 647', 'artículo 647', 'artículo 647', 'artículo 647', 'artículo 282', 'artículo 640', 'artículo 647', 'artículo 648', 'artículo 783', 'artículo 147', 'artículo 24', 'ARTÍCULO 287', 'artículo 647', 'artículo 647', 'artículo 869']

﻿ SENTENCIA 2003-01031/21883 DE MAYO 11 DE 2017
SENTENCIA 2003-01031 DE 11 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:ACTAS DE LA INSPECCIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA SON EL SOPORTE PROBATORIO DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL. SE ESTABLECE QUE LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN CONTABLE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 782 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DEBE CONSTAR EN UN ACTA FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVINIERON EN LA VISITA Y LOS DEMÁS INTERVINIENTES, DE LA CUAL SE DEBE ENTREGAR COPIA AL CONTRIBUYENTE, DE AHÍ QUE SI DE LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN CONTABLE SE DERIVA ALGUNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, EL ACTA DEBE FORMAR PARTE DE ESA ACTUACIÓN Y LOS EFECTOS LEGALES QUE GENERA SON EXCLUSIVAMENTE PROBATORIOS, TENIENDO EN CUENTA QUE SU FUNCIÓN ES SOPORTAR EL INICIO DE LA ACTUACIÓN EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE. ADEMÁS LA ADMINISTRACIÓN DEBE PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE EL ACTA DE INSPECCIÓN, CUYO TRASLADO ES OBLIGATORIO SIEMPRE QUE NO PROCEDE REQUERIMIENTO ESPECIAL O TRASLADO DE PLIEGO DE CARGOS, DE IGUAL FORMA OCURRE CON EL ACTA DE LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA, QUE CONFORME CON EL ARTÍCULO 779 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, CUANDO DE LA PRÁCTICA DE ESA DILIGENCIA SE DERIVE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, EL ACTA DEBE FORMAR PARTE DE ESA ACTUACIÓN, CON EFECTOS PROBATORIOS, EN ESE SENTIDO, LAS ACTAS DE LAS INSPECCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS SON EL SOPORTE PROBATORIO DEL REQUERIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LA DIAN, DECLARACIÓN TRIBUTARIA, INSPECCIÓN CONTABLE, INSPECCIÓN TRIBUTARIA, SANCIÓN POR INEXACTITUD EN LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA, RENTA LÍQUIDA, REQUERIMIENTO ESPECIAL
Sentencia 2003-01031 de mayo 11 de 2017
Radicación:410012331000200301031-01
Número interno:21883
Asunto:Contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho
Demandante: Electrificadora del Huila S.A. ESP.
Demandado:U.A.E. DIAN
Tema:Renta 1998
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, que anuló, parcialmente, la Liquidación Oficial de Revisión 130642002000087 del 9 de abril de 2002 y la Resolución 130012003000004 del 8 de mayo de 2003, expedidas por la UAE DIAN, que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 1998 presentada por el demandante.
Teniendo en cuenta que ambas partes apelaron la sentencia, la Sala resolverá sin limitaciones el recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso.
3.1. Problemas jurídicos
En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos:
— ¿Los actos demandados violan los artículos 703, 711 y 730 del E.T. y 29 de la Constitución Política, por falta de aplicación, por la supuesta falta de motivación del requerimiento especial y la falta de correspondencia de esa actuación con la liquidación oficial de revisión demandada?
— ¿Los actos administrativos demandados violan los artículos 26 y 575 del E.T. y 1 del Decreto 187 de 1975, al adicionar como ingresos gravados en la declaración de renta del año 1998 el valor de la corrección monetaria originada en los ajustes por inflación de las construcciones en curso de los años 1992 a 1997?
— ¿Los actos administrativos acusados violan los artículos 16, 147 y 351 del E.T. y 67 del Decreto 2649 de 1993, al compensar las pérdidas de años anteriores con la totalidad de las rentas o utilidades obtenidas por la demandante en el año 1998, sin importar si eran rentas gravadas o exentas, para efectos de la disminución de la renta líquida gravable como una deducción por pérdida de ejercicios anteriores?
— ¿Existió la diferencia de criterios entre la DIAN y la demandante que dé lugar a levantar la sanción por inexactitud?
3.2.1. Primer problema jurídico
¿Los actos administrativos demandados violan los artículos 703, 711 y 730 del E.T. y 29 de la Constitución Política, por falta de aplicación, por la supuesta falta de notificación del requerimiento especial y la falta de correspondencia con la liquidación oficial de revisión demandada?
El principio de correspondencia es uno de los que rige el proceso de determinación oficial de los tributos, previsto en el artículo 711 del E.T., conforme con el cual, la liquidación oficial de revisión debe contraerse exclusivamente a los hechos que hubieran sido considerados en el requerimiento especial o en su ampliación.
La administración debe enviar el requerimiento especial previamente al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. Este acto debe contener todos los puntos de la declaración privada que se propone modificar, con las explicaciones en que se sustenta(1).
El mismo ordenamiento señala que la liquidación oficial de revisión debe contener “la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la declaración”(2), pues, si no acepta la liquidación privada debe poner en conocimiento del administrado los motivos de esta decisión para que él pueda ejercer, de manera efectiva, el derecho de defensa y contradicción. La omisión de este requisito daría lugar a la causal de nulidad del numeral 4º del artículo 730 del E.T.
La Sala ha precisado(3) que la relación, enlace o concatenación que se exige respecto de esos actos jurídicos se debe derivar de los “hechos” o “glosas”, de manera que, si los reportados en el denuncio privado son los mismos glosados en el requerimiento especial y en la liquidación oficial, no se configura la violación del principio de correspondencia.
También se ha reconocido la posibilidad de que la liquidación oficial de revisión incluya nuevos o mejores argumentos para mantener la glosa propuesta en el requerimiento especial(4).
La Sala expuso que la diligencia de inspección contable, prevista en el artículo 782 del ET, debe constar en un acta firmada por los funcionarios que intervinieron en la visita y los demás intervinientes, de la cual se debe entregar copia al contribuyente. Que si de la diligencia de inspección contable se deriva alguna actuación administrativa, el acta debe formar parte de esa actuación y los efectos legales que genera son exclusivamente probatorios, teniendo en cuenta que su función es soportar el inicio de la actuación en contra del contribuyente(5).
Además, que la Administración debe poner en conocimiento del contribuyente el acta de inspección, cuyo traslado siempre es obligatorio, siempre que no proceda requerimiento especial o traslado de pliego de cargos(6).
De igual forma ocurre con el acta de la inspección tributaria, que conforme con el artículo 779 del E.T., cuando de la práctica de esta diligencia se derive una actuación administrativa, el acta debe formar parte de esa actuación, con efectos probatorios.
En ese contexto, no es procedente el alegato del demandante en cuanto a que las actas de las inspecciones contable y tributaria no constituyen el fundamento del requerimiento especial, pues, se repite, estas son el soporte probatorio del requerimiento.
Adicionalmente, en el caso en estudio, la Sala no evidencia que se haya violado el derecho de defensa de la demandante, pues tanto el Acta de Inspección Tributaria 184 como el Acta de Inspección Contable 101 del 11 de julio de 2001 fueron notificadas a la demandante el 23 de julio de 2001, y al formar parte del requerimiento especial, también se entiende que fueron notificadas con esa actuación.
Así, con la respuesta al requerimiento especial, la sociedad actora pudo presentar descargos, controvertir las pruebas recaudadas por la Administración, exponer su inconformidad contra los datos consignados en las actas y, en general, ejercer el derecho de defensa y contradicción para desvirtuar los cargos planteados por la DIAN en relación con la declaración privada objeto de estudio, como en efecto tuvo la oportunidad.
Precisado lo anterior, se pasa a establecer si el requerimiento especial guardó correspondencia con la liquidación oficial de revisión y con la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, demandadas.
En el requerimiento especial 130632001000180 del 18 de julio de 2001(7), la DIAN propuso modificar la declaración de renta del año gravable 1998, presentada por la demandante, así:
“Explicación sumaria
Razones de hecho y de derecho en que se sustenta el acto administrativo
Teniendo en cuenta lo estipulado en el acta de inspección contable No. 101 del 11 de julio del 2001 y acta de Inspección Tributaria No. 184 del 11 de julio del 2001 que hace parte integral del presente requerimiento, se procede a modificar la declaración de corrección de renta y complementarios No. 1348301059646 del 2000-04-19 del obligado ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. Nit. 891.180.001 en los siguientes renglones:
(los renglones no mencionados permanecen iguales excepto para los renglones donde se totalizan las secciones)
Renglón Concepto Liq. privada Liq. oficial
25 Otros ingresos distintos a los anteriores 3.772.196.000 5.161.359.000
26 Total de ingresos brutos 79.071.808.000 80.460.971.000
31 Total de ingresos netos 79.034.628.000 80.423.791.000
51 Renta líquida 6.435.917.000 7.825.080.000
55 Otras rentas exentas 6.025.706.000 3.301.973.000
56 Total rentas exentas 6.025.706.000 3.301.973.000
57 Renta líquida gravable 410.211.000 4.523.107.000
59 Impuesto sobre la renta gravable 143.574.000 1.583.087.000
163 Impuesto neto de renta 13.197.000 1.452.710.000
165 Total impuesto neto de renta 13.197.000 1.452.710.000
68 Total impuesto a cargo 13.197.000 1.452.710.000
80 Más: sanciones 0 2.324.338.000
81 Total saldo a pagar 0 3.763.851.000
82 Total saldo a favor 0 0
La sanción de inexactitud de conformidad con el artículo 647 del Estatuto Tributario, se calculó así:
Saldo a favor inicial $0
Saldo a pagar propuesto1.452.711.000
Diferencia$1.452.710.000 X 160% = $2.324.338.000
El término para proponer el requerimiento especial vence el 20 de julio del 2001, conforme a lo planteado en los arts. 706 y 714 del E.T.
El acta de inspección tributaria hace parte de este requerimiento especial y se anexa”.
En el Acta de Inspección Tributaria 184 del 11 de julio de 2001(8), fundamento del requerimiento especial, se dejó constancia de los siguientes aspectos:
“Conforme al artículo 191 del E.T. por ser esta una empresa de servicios públicos domiciliarios, no está obligada a calcular la renta presuntiva y teniendo en cuenta que la nación tiene el 83.019% de las acciones, el departamento del Huila el 9.474% y el municipio de Neiva el 0.382% se considera que es una empresa industrial y comercial del estado, contribuyente conforme al artículo 16 del E.T.
De conformidad con el artículo 211 del estatuto tributario; las entidades prestadoras de servicios públicos son contribuyentes del impuesto sobre la renta con exención y por el término de siete (7) años de las rentas provenientes de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo cuando sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta; así mismo las rentas provenientes de la transmisión o distribución de energía eléctrica. Para tal efecto, las rentas de la generación y de la distribución domiciliaria deberán estar debidamente soportadas en la contabilidad.
La exención contemplada en el artículo 211 del E.T. cobija a la Electrificadora del Huila S.A. por ser una empresa que realiza actividades previstas en las leyes 142 y 143 de 1994 y analizando el estado de resultados fiscal de 1998, se aprecia que se separaron las rentas gravadas de las exentas, como lo contempla el artículo 211 del E.T. gravando aquellas que no son del giro ordinario del negocio según estado de resultados fiscal y determinando la Renta Exenta así:
Estado de Resultados-Fiscal
De enero 1º a diciembre 31 de 1998
Conceptos Rentas exentas Rentas gravadas Totales
Suministro de energía eléctrica 74.611.292.740 74.611.292.740
Ingresos no oper. Mate. Desecho 0 0
Ingresos financieros 651.139.076 651.139.076
Dividendos y participaciones 37.180.000 37.180.000
Extraordinarios 183.982.471 183.982.471
Utilidad en venta de propiedades 8.000.000 8.000.000
Recuperación de ingresos y gastos 0 0
Ingresos diversos 0 0
Corrección monetaria 3.580.213.476 3.580.213.476
INGRESOS CONTABLES 74.611.292.740 4.460.515.023 79.071.807.763
Depuración fiscal
Corrección monetaria 0 0
Dividendos y participaciones (I.N.R.N.G.O.) -37.180.000 -37.180.000
NETO INGRESOS FISCALES (1) 74.611.292.740 4.423.335.023 79.034.627.763
0.9440329 0.0559671 1
Compras de energía 39.462.980.931 0 39.462.980.931
Mano de obra 7.894.845.710 0 7.894.845.710
Depreciaciones y amortizaciones 2.337.516.325 0 2.337.516.325
Otros costos 5.044.781.119 0 5.044.781.119
TOTAL COSTOS FISCALES 54.740.124.086 0 54.740.124.086
Gtos. Admón.. Deducc. Fiscales 13.845.462.945 820.829.112 14.666.292.056
Deducción de pérdidas años anter. 0 3.192.294.000 3.192.294.000
TOTAL GASTOS 13.845.462.945 4.013.123.112 17.858.586.056
TOTAL COSTOS Y GASTOS (2) 68.585.587.030 4.013.123.112 72.598.710.142
TOTAL RENTAS FISCALES (1-2) 6.025.705.710 410.211.911 6.435.917.621
Rentas exentas (-)
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE 0 410.211.911
Impuesto de renta 0 143.574.169
Descuento IVA Act. Fijo (-) -130.377.160
Menos retenciones 1998 -7.149.000
Menos saldo a favor 1997 -6.148.193
IMPUESTO A CARGO -184
Como esta auditoría considera que no se prorrateó correctamente el valor de las amortizaciones por pérdidas de años anteriores ya que al valor de gastos se debe aplicar los porcentajes obtenidos en el segmento de ingresos operacionales, se propone prorratear nuevamente para establecer la renta exenta y la gravada y adicionar lo plasmado según acta de inspección contable No. 101 de fecha 11 de julio del 2001, donde se determina aumentar en $1.389.162.627, lo correspondiente a ingresos no declarados y registrados en libros oficiales en la cuenta 4815 ajustes ejercicios anteriores y que se reafirma que son ingresos no operacionales por ajustes por inflación del patrimonio que financia las construcciones en curso según notas aclaratoria del señor Revisor Fiscal (folio 52-53)
Ajustes ejercicios anteriores (Glosa) 1.389.162.627
INGRESOS CONTABLES 74.611.292.740 5.849.677.650 80.460.970.390
NETO INGRESOS FISCALES (1) 74.611.292.740 5.812.497.650 80.423.790.390
0.9278 0.0722 1
Gtos. Admón.. Deducc. Fiscales 13.607.385.770 1.058.906.286 14.666.292.056
Deducción de pérdidas años anter. 2.961.810.373 230.483.627 3.192.294.000
TOTAL GASTOS 16.569.196.143 1.289.389.913 17.858.586.056
TOTAL COSTOS Y GASTOS (2) 71.309.320.229 1.289.389.913 72.598.710.142
TOTAL RENTAS FISCALES (1-2) 3.301.972.511 4.523.107.737 7.825.080.248
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE 0 4.523.107.737
Impuesto de renta 0 1.584.837.708
IMPUESTO A CARGO 1.441.163.355
Los aportes parafiscales que soportan la deducción de salarios fueron certificados debidamente y su valor es razonable al realizar el cálculo cuadrático de su importe frente al total de pagos laborales que dan origen al pago de aportes.
Se revisaron las retenciones en la fuente descontadas por valor de $7.149.000 encontrando que estaban certificadas en su totalidad, que cumplen los requisitos de ley, que correspondían al periodo gravable 1998 y por tal razón son procedentes.
En cuanto al descuento del IVA de bienes de capital por $130.377.000 corresponde adquisición de bienes de capital del año 1998.
Respecto a la destinación de las utilidades para constituir las reservas que capitalicen o se apropien para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas, la ELECTRIFICADORA DEL HUILA profirió la resolución de fecha 24 de marzo del dos mil como lo consagra el artículo 211 del E.T.”
En el Acta de Inspección Contable 101 del 11 de julio de 2001(9), fundamento del requerimiento especial, se dejó constancia de los siguientes aspectos:
“Los ingresos declarados en el denuncio rentístico año gravable 1998, coinciden con los libros oficiales de contabilidad así:
CódigoDescripciónSaldo a 31-III-98
43.15Servicio de energía$75.783.474.278,89
48.05Financieros$698.319.075,65
48.10Extraordinarios191.982.470,79
48.15Ajustes ejercicios anteriores1.389.162.627,00
49.05Corrección monetaria3.580.213.476,23
Tomado del libro mayor folio 309
Excepto para los ingresos contabilizados cta. 48.15 ajustes ejercicios anteriores por valor $1.389.162.627,00, que no fueron tenidos en cuenta en el denuncio rentístico año 1998 y en la conciliación fiscal se depuró, estos ingresos corresponden a la corrección monetaria de las obras en construcción del año 1992 al año 1997. Hasta el año 95 la empresa era declarante mas no contribuyente. Teniendo en cuenta que los ingresos están contabilizados en los libros oficiales por valor de $1.389.162.627, por tal motivo debe incrementarse el renglón 25 otros ingresos”.
En la Liquidación Oficial de Revisión 130642002000087 del 9 de abril de 2002, la DIAN invocó como motivos para modificar la declaración de renta del año 1998, presentada por la demandante, los siguientes:
“2. Al analizar el punto relativo a los Ingresos Registrados en la Cuenta 4815 “Ajustes Ejercicios Anteriores”, en cuantía de $1.389.162.627 y que como quedó demostrado corresponden a los Ajustes Integrales por Inflación generados como corrección monetaria de las construcciones en curso de los años 1992 a 1997, debemos considerar que:
a) De conformidad con el artículo 338 del Estatuto Tributario, deben ajustarse de acuerdo con el PAAG, con excepción de los inventarios y de las compras de mercancías o inventarios, todos los demás activos no monetarios que no tengan un procedimiento de ajuste especial, entendidos por tales aquellos bienes o derechos que adquieren un mayor valor nominal por efecto del demérito del valor adquisitivo de la moneda.
Ahora bien, cuando los bienes se encuentran en período improductivo se ajustan contra la cuenta de corrección monetaria diferida para registrar el ajuste del activo y del patrimonio neto correspondiente.
El capital improductivo es aquel que corresponde a proyectos de inversión que se desarrollan a mediano o largo plazo que produce efectos económicos en otros periodos, tales como las plantaciones de mediano y tardío rendimiento, las construcciones en curso, la maquinaria en montaje, las urbanizaciones y los ensanches industriales.
La amortización de los cargos diferidos se debe reconocer a partir de la fecha en que se originen ingresos, como sucede en el presente caso en donde podemos evidenciar que la sociedad contribuyente Electrificadora del Huila S.A. ESP con N.I.T. 891.180.001, ha reconocido en su contabilidad la generación de ingresos como consecuencia de los Ajustes de Ejercicios Anteriores en el Año Gravable 1998.
b) El artículo 73 del D. 2649 de 1993 señala que el ajuste a las construcciones en curso, los cultivos de mediano y tardío rendimiento en período improductivo, las empresas en período improductivo, los programas de ensanche que no estén en condiciones de generar ingresos o de ser enajenados y los cargos diferidos se deben reexpresar teniendo en cuenta las normas generales de los ajustes sobre activos y el valor correspondiente a la contrapartida del ajuste se debe llevar como ingreso por corrección monetaria diferida a la cuenta “crédito por corrección monetaria diferida” el cual se debe ir reconociendo como corrección monetaria en las cuentas de resultados en la misma proporción en que se asigne el costo de tales activos.
Durante los años en que se mantenga diferido el ajuste por inflación, la parte proporcional del ajuste sobre el patrimonio correspondiente a dichos activos tendrá similar tratamiento, registrando el respectivo valor en la cuenta “cargo por corrección monetaria diferida”. “La amortización de los cargos diferidos se debe reconocer a partir de la fecha en que se originen ingresos”.
Por las razones expuestas, este despacho determina que sí es procedente lo propuesto por la División de Fiscalización Tributaria de esta Administración Local y mantiene el incremento de los Ingresos por “Ajustes de Ejercicios Anteriores” en cuantía de $1.389.162.627, en el Renglón 25 “Otros ingresos” de su denuncio rentístico del año gravable 1998.
3. De conformidad con el artículo 147 del Estatuto Tributario se pueden compensar las pérdidas fiscales sufridas en cualquier año o período gravable, con las rentas que obtuvieren dentro de los cinco períodos gravables siguientes. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios.
A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes, a quienes se les aplica el sistema de ajustes integrales por inflación, deben tomar como deducción dichas pérdidas ajustadas por inflación.
Por su parte, el artículo 353 del Estatuto Tributario, ubicado dentro del capítulo V que regula lo relacionado con los ajustes integrales por inflación, señala que las pérdidas registradas al finalizar un ejercicio gravable, se podrán compensar con las utilidades de los cinco (5) años siguientes. Para tal efecto, en el año en que se compensen dichas pérdidas se tomarán ajustadas por inflación, de acuerdo con el PAAG. En este caso, deberán efectuarse los ajustes correspondientes a la cuenta de revalorización del patrimonio.
De las normas citadas se desprende que cuando en ellas se habla de “compensar las pérdidas fiscales” es de entender que la proporción a solicitar de las mismas procede hasta concurrencia de la renta o utilidades arrojadas en el período fiscal en que se incluyan.
Compensar, según el diccionario Larousse, es igualar el efecto de una cosa con otra que obra en sentido opuesto.
Por lo expuesto debemos tener presente que las disposiciones legales vigentes no hacen alguna distinción de las rentas o utilidades obtenidas por un contribuyente, estas no se encuentran sujetas a que sean rentas gravadas o no. Es decir las disposiciones legales vigentes permiten la compensación de las pérdidas fiscales hasta por el término de cinco años, sobre las utilidades por esos obtenidas.
Teniendo claro lo anterior, es importante resaltar que para el caso que nos ocupa, la sociedad actora obtuvo durante el año gravable 1998:
INGRESOS GRAVADOS Y EXENTOS 80.423.790.390
(-) COSTOS 54.740.124.086
(.) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (PARA ACTIVIDADES GRAVADAS Y EXENTAS) 14.666.292.056
UTILIDADES OBTENIDAS POR EL AÑO GRAVABLE 1998 11.017.374.248
(-) DEDUCCIÓN POR PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES 3.192.294.000
TOTAL RENTAS OBTENIDAS EN EL AÑO GRAVABLE 1998 7.825.080.248
Como podemos evidenciar por el año gravable a la sociedad actora se le está aplicando las pérdidas fiscales en cuantía de $3.192.294.000, sobre el total de las utilidades obtenidas durante el año gravable 1998, es decir sobre la suma de$11.017.374.248, tal como lo establecen las disposiciones legales vigentes, y de conformidad con el Art. 683 del E.T. la Administración Tributaria procedió a aceptar como deducción por pérdidas sobre las rentas gravadas la proporción a que esta corresponde sobre el total de las rentas. Es decir, que para la determinación de la renta exenta se tuvo en cuenta la proporción del 7.22% del total de la pérdida de ejercicios anteriores, que le corresponde a la parte gravada.
De la misma forma debemos tener presente que la sociedad actora no ha demostrado en ningún momento durante la presente investigación que las pérdidas obtenidas durante los periodos fiscales anteriores se hayan generado como consecuencia de rentas no gravadas únicamente y que sería la única forma de dar viabilidad a las pretensiones de la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. con N.I.T. 891.180.001”.
En ese orden, se advierte que tanto en el requerimiento especial, del que hacen parte las actas de inspección contable 101 y de inspección tributaria 184 del 11 de julio de 2001, como en la liquidación oficial de revisión acusada, la DIAN propuso y modificó la declaración de renta del año 1998.
Concretamente, la DIAN cuestionó los ingresos por corrección monetaria originada en los ajustes por inflación a las construcciones en curso en los años 1992 a 1997, la compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores, y la imposición de la sanción por inexactitud. Fueron estos tres los principales aspectos a los que se circunscribieron las modificaciones propuestas en el requerimiento especial y, luego, en la liquidación oficial de revisión acusada.
En cuanto a la sanción por inexactitud, tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial de revisión tuvieron como fundamento para imponerla el articulo 647 del E.T., así como el hecho de que la demandante incurrió en algunas de las conductas que esa norma tipifica como sancionables.
Por tanto, para la Sala, estas actuaciones no desconocieron el principio de correspondencia ni dieron lugar a la causal de nulidad del numeral 4º del artículo 730 del E.T.
Vale la pena resaltar que la exposición de nuevos o mejores argumentos jurídicos para mantener una glosa no desconoce el principio de correspondencia, y que lo que está prohibido es que se incluyan hechos nuevos o glosas diferentes de las propuestas en el requerimiento especial, lo que no ocurrió en el presente caso.
3.2.2. Segundo problema jurídico
¿Los actos administrativos demandados violan los artículos 26 y 575 del E.T. y 1 del Decreto 187 de 1975, al adicionar como ingresos gravados en la declaración de renta del año 1998, el valor de la corrección monetaria originada en los ajustes por inflación a las construcciones en curso de los años 1992 a 1997?
Señala el artículo 11 de la Ley 488 de 1998:
ART. 11.—Ajuste de los demás activos no monetarios
“ART. 338.—Ajuste de los demás activos no monetarios. En general, deben ajustarse de acuerdo con el PAAG, con excepción de los inventarios y de las compras de mercancías o inventarios, todos los demás activos no monetarios que no tengan un procedimiento de ajuste especial, entendidos por tales aquellos bienes o derechos que adquieren un mayor valor nominal por efecto del demérito del valor adquisitivo de la moneda.”
El artículo 11 de la Ley 488 de 1998 eliminó los ajustes integrales por inflación para los inventarios y las compras. Así, a partir del año gravable 1999, no se deben practicar tales ajustes integrales por inflación a los inventarios.
Sin embargo, toda vez que el año gravable investigado es 1998, para tal vigencia fiscal la demandante estaba obligada a efectuar los ajustes por inflación correspondientes.
Respecto al alegato de la sociedad apelante, según el cual, los ajustes por inflación de los inventarios de obras de construcción en curso no constituyen ingreso, razón por la cual la ley ordena que estos ajustes por inflación se lleven como corrección monetaria diferida, la Sala observa que la normativa vigente para la época disponía:
Articulo 26 Procedimiento para el ajuste de otros activos no monetarios.- De conformidad con los artículos 332 y 338 del Estatuto Tributario, el ajuste por el PAAG mensual de los demás activos no monetarios se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:
PAR.—En los casos de construcciones en curso, los cultivos de mediano y tardío rendimiento en período improductivo, los programas de ensanche y los cargos diferidos no monetarios que no estén en condiciones de generar ingresos o de ser enajenados, el ajuste se realiza siguiendo las reglas señaladas para estos activos en las normas que regulan el sistema de ajustes por inflación en materia contable”.
Desde el punto de vista contable, la legislación aplicable se encuentra contenida en el artículo 73 del Decreto 2649 de 1993:
“ART. 73.—Ajuste diferido. Las construcciones en curso, los cultivos de mediano y tardío rendimiento en período improductivo, las empresas en período improductivo, los programas de ensanche, que no estén en condiciones de generar ingresos o de ser enajenados y los cargos diferidos no monetarios, se deben reexpresar teniendo en cuenta las normas generales de los ajustes sobre activos; no obstante, el valor correspondiente a la contrapartida del ajuste se debe llevar como un ingreso por corrección monetaria diferida a la cuenta "crédito por corrección monetaria diferida", el cual se debe ir reconociendo como corrección monetaria en las cuentas de resultados en la misma proporción en que se asigne el costo de tales activos.
De la interpretación armónica de las normas antes citadas, la Sala concluye que, en efecto, los ajustes a los inventarios de obras de construcción en curso deben hacerse contra la cuenta de “crédito por corrección monetaria diferida”.
En el caso sub examine, se advierte que en el estado de resultados del 1 al 31 de diciembre de 1998, la demandante registró ingresos de ejercicios anteriores por valor de $1.389.163.000. En la nota 12 del estado de resultados se dice que este registro corresponde a una parte de los ajustes por inflación del patrimonio que financian las construcciones en curso. Esto fue certificado, de igual forma, por el revisor fiscal de la Electrificadora(10).
Igualmente, se observa que en la conciliación contable/fiscal del impuesto de renta de 1998, la demandante registró en la cuenta 4815-“ingresos de ejercicios anteriores” un ajuste débito por $1.389.163.000.
En el Acta de Inspección Contable 101 del 11 de julio de 2001, la DIAN advirtió que el valor de $1.389.163.000, contabilizados en la cuenta 4815, no fue tenido en cuenta en la declaración de renta de 1998, a pesar de que en la conciliación fiscal se depuró. Así mismo, señaló que estos ingresos correspondían a la corrección monetaria de las obras en construcción del año 1992 al año 1997.
El demandante explicó que ese valor correspondió a los ajustes de los ingresos por corrección monetaria de los años 1992 a 1997, pero que no guardan relación con el año 1998. Esta afirmación se sustentó en el ajuste contable que hizo al 31 de diciembre de 1998, mediante la nota de contabilidad 8, con la que se afectó la corrección monetaria del periodo 1992 a 1997 con un gasto por inflación del ajuste realizado al patrimonio que se encontraba financiando las obras en curso.
Frente a lo anterior, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN modificó la suma adicionada inicialmente y la fijó en $682.001.900, correspondientes a la parte del patrimonio que financió las obras en curso durante los años 1996 y 1997, por estimar que la demandante era contribuyente del impuesto sobre la renta en ese periodo.
Teniendo en cuenta el artículo 73 del Decreto 2649 de 1993 transcrito, se tiene que el valor por la corrección monetaria debió registrarse como un ingreso por corrección monetaria diferida a la cuenta “crédito por corrección monetaria diferida”, y no como “ingresos de ejercicios anteriores”, como lo registró la demandante en la cuenta 48.15 de su contabilidad. Luego, este valor corresponde a la recuperación de un gasto que debió llevarse como un mayor ingreso por recuperación de deducciones en periodos anteriores en la declaración de renta del año 1998, pues la demandante reconoció su recuperación en ese mismo año.
El artículo 195 del Estatuto Tributario establece el tratamiento tributario de la recuperación de gastos, según el cual “[L]a recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios años o periodos gravables como deducción de la renta bruta, por depreciación, pérdida de activos fijos, amortización de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro, deudas perdidas o sin valor, pensiones de jubilación o invalidez, o cualquier otro concepto hasta concurrencia del monto de recuperación”, constituye renta líquida.
En esa medida, y ante el hecho de que el valor que la demandante registró como “ingresos de ejercicios anteriores” corresponde, en realidad, a la recuperación de un gasto que debió llevar como un mayor ingreso por recuperación de deducciones en periodos anteriores en la declaración del año 1998, la Sala considera procedente la adición de ingresos por valor de $682.001.900.
Finalmente, sobre la petición subsidiaria de reconocer “lo pagado por el año 1996 por concepto de “corrección monetaria”, esto es, lo que habría pagado de impuestos por los ingresos causados por concepto de corrección monetaria para ese año fiscal, la Sala precisa que es improcedente porque en el expediente no reposa prueba alguna que pruebe lo afirmado por la demandante.
Adicionalmente, advierte la Sala que, consta en el acta 063 del 29 de julio de 1999(11), que el ajuste por inflación que hizo la demandante al patrimonio en el año 1996 no correspondió al ajuste por inflación de la parte del patrimonio que se encontraba financiando las obras en curso. Así se dejó constancia de esta situación:
“Durante el año gravable 1996 por el impuesto de renta y complementarios el contribuyent0e presentó cinco (5) declaraciones de corrección. Igualmente, la DIAN adelantó inspección tributaria dentro del expediente DA-9698-3259 (...), donde se expresa con relación a los ajustes por inflación:
Efectuó ajustes por inflación a las pérdidas acumuladas sólo para el año gravable 1996 de conformidad al artículo 147 del Estatuto Tributario, a los años:
Con relación a la declaración inicial hay un desfase de $326.000, que corresponden a ingresos por ejercicios anteriores los cuales fueron excluidos en la corrección.
Como se observa el contribuyente corrigió el ajuste por inflación realizado al patrimonio, en razón a que no se realizaron ajustes a las pérdidas obtenidas durante los años anteriores, lo cual conlleva a que el ajuste por inflación del patrimonio sea menor del declarado inicialmente. Sin embargo, la corrección no versa sobre el ajuste por inflación de la parte del patrimonio que se encontraba financiando las obras en curso, de tal forma que no se puede afirmar que el contribuyente ya declaró un valor de los ajustes realizados durante el año 1998, porque simplemente versan sobre temas diferentes aun cuando recaigan sobre el patrimonio de la sociedad.”(12)
3.2.3. Tercer problema jurídico
¿Los actos administrativos acusados violan los artículos 16, 147 y 351 del E.T. y 67 del Decreto 2649 de 1993, al compensar las pérdidas de años anteriores con la totalidad de las rentas o utilidades obtenidas por la demandante en el año 1998, sin importar si eran rentas gravadas o exentas, para efectos de la disminución de la renta líquida gravable como una deducción por pérdida de ejercicios anteriores?
El artículo 147 del E.T., vigente para la época de los hechos, disponía:
“ART. 147.—Deducción de pérdidas de sociedades. Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales sufridas en cualquier año o periodo gravable, con las rentas que obtuvieren dentro de los cinco periodos gravables siguientes. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios.
PAR.—A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes a quienes se les aplica el título V de este libro, tomarán como deducción dichas pérdidas ajustadas por inflación de conformidad con lo dispuesto en dicho título.”
El artículo 351 ibídem, igualmente vigente para la época de los hechos, señalaba:
“ART. 351.—Compensación de pérdidas. Las pérdidas registradas al finalizar un ejercicio gravable, se podrán compensar con las utilidades de los cinco (5) años siguientes. Para tal efecto, en el año en que se compensen dichas pérdidas se tomarán ajustadas por inflación, de acuerdo con el PAAG. En este caso, deberán efectuarse los ajustes correspondientes a la cuenta de revalorización del patrimonio”.
De la interpretación armónica de los artículos 147(13) y 351 trascritos se desprende que las sociedades pueden compensar las pérdidas fiscales ajustadas por inflación, que se presentan cuando los costos y deducciones son superiores a los ingresos en un período determinado, sufridas en cualquier año o período gravable, con las rentas o utilidades obtenidas dentro de los cinco períodos gravables siguientes.
El legislador asimiló el concepto de rentas al de utilidades, noción ésta que se utiliza para designar la renta líquida, esto es, la que resulta de la diferencia entre ingresos menos costos y deducciones, y que, salvo excepciones legales, es renta gravable (artículos 26 y 178 del Estatuto Tributario)(14).
Por tanto, conforme con los artículos 147 y 351 del estatuto tributario, la compensación de las pérdidas fiscales sólo puede hacerse frente a la renta líquida del contribuyente, sin incluir el rubro correspondiente al valor de la pérdida, pues, el tratamiento tributario es el de compensación.
Esto significa que una sociedad puede considerar sus pérdidas fiscales como una deducción, para lo cual puede restarlas ajustadas por inflación en el año que se compensen, de la renta líquida o utilidad que por regla general es la base gravable para efectos del impuesto de renta (...)”(15).
La Sala ha precisado que el hecho de que las pérdidas deban restarse de la renta líquida, significa que son deducciones con un tratamiento tributario especial, “por cuanto la ley establece su compensación con las utilidades de los cinco años siguientes, lo que implica necesariamente establecer, en primer lugar, si éstas existen y en segundo lugar, si son suficientes para cubrir las pérdidas que se pretenden compensar”(16).
Así, lo primero que se debe establecer es si es factible la compensación de la pérdida con la evaluación del comportamiento económico del ente social en un período gravable determinado. Y una vez establecido que el contribuyente obtuvo una utilidad o renta líquida, se aplican los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario para efectuar la compensación de la pérdida.
La deducción por pérdidas fiscales de años anteriores en las declaraciones que arrojen pérdidas del período, desconoce los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, en lo que tiene que ver con el plazo para su compensación, por cuanto el reconocimiento de pérdidas superiores a las rentas o utilidades obtenidas genera nuevas pérdidas y conduce a la ampliación del plazo previsto en las referidas normas para su compensación.
En el caso en estudio, los actos acusados calcularon el total de rentas obtenidas en el año 1998, así:
Total de ingresos gravados y exentos$80.423.790.390
(-) Costos$54.740.124.086
(-) Gastos de admón.$14.666.292.056
Total utilidades obtenidas 1998$11.017.374.248
(-) Deducción por pérdidas ejerc. ant.$3.192.294.000
Total rentas año 1998$7.825.080.248
El cálculo de las pérdidas que efectuó la DIAN se adecúa a las previsiones de los artículos 147 y 351 del E.T., en la medida en que dentro de las utilidades de la Electrificadora se tuvo en cuenta el valor total de los ingresos, tanto gravados como exentos, y, sobre el resultado, dedujo el valor de las pérdidas de los años anteriores (1994 y 1995) por $3.192.294.000.
No es cierto, como afirma la demandante, que el cálculo de la renta líquida o de las utilidades del periodo haya tenido en cuenta el valor total de las pérdidas de los años anteriores, pues, como se observa, este valor fue restado del total de las utilidades obtenidas, de conformidad con las normas citadas.
Sin embargo, la Sala no comparte el “prorrateo” que hizo la DIAN, en aplicación del principio de justicia, desarrollado en el artículo 683 del E.T., sobre el valor total de la deducción ($3.192.294.000), entre las rentas exentas y las rentas gravadas, para solo aceptar el 7.22% del total de las pérdidas, correspondiente a la parte gravada. Esto, por cuanto las normas citadas no establecen proporcionalidad o prorrateo alguno para la compensación de las pérdidas ni para establecer la renta exenta y la renta gravada, ya que las únicas condiciones que la ley establece es que exista una pérdida, que se pueda compensar con las utilidades de los 5 años y siguientes, y que se ajusten por inflación al momento de su compensación.
En consecuencia, no se ajusta a la ley la disminución del renglón de la renta líquida gravable en $230.483.627, ni el prorrateo efectuado para el recálculo de la renta exenta de la declaración del impuesto sobre la renta del año 1998 de la demandante.
Se revocará, entonces, lo dispuesto por el Tribunal en este aspecto.
3.2.4. Cuarto problema jurídico
¿Existió la diferencia de criterios entre la DIAN y la demandante que dé lugar a levantar la sanción por inexactitud?
Según el artículo 647 del E.T., la sanción por inexactitud procede por la configuración de alguna de las siguientes conductas en las declaraciones tributarias: i) omitir ingresos, impuestos generados o bienes y actuaciones gravadas; ii) incluir —sin que existan— costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables o retenciones y anticipos; iii) utilizar —esto es, declarar o suministrar— datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los que se pueda derivar un menor impuesto a cargo o mayor saldo a favor y iv) solicitar la compensación o la devolución de sumas ya compensadas o devueltas.
Sin embargo, el contribuyente se puede exonerar de la sanción cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre la autoridad tributaria y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.
Para que se configure la causal de exoneración de responsabilidad a que alude el artículo 647 E.T, es necesario que se presenten los siguientes presupuestos:
1. Que se haya presentado una declaración tributaria con fundamento en hechos completos y cifras veraces. Esto implica que la declaración contenga todos los elementos de hecho y de derecho necesarios para la determinación de la obligación tributaria. Es decir, que el contribuyente haya actuado diligentemente y que no haya omitido (intencionalmente o por negligencia) declarar los hechos que le permitan a la Administración cumplir de manera adecuada la función de verificación y fiscalización de la información presentada.
2. Que el contenido de la declaración tributaria se soporte en una interpretación razonable de las leyes tributarias. Aquí, el contribuyente, además de soportar la carga de cumplir con la obligación de presentar la declaración, debe realizar una razonada labor de interpretación, calificación y aplicación de la ley tributaria.
Sobre la diferencia de criterios, la Sala sostuvo que “cuando el artículo 647 del E.T. se refiere a la interpretación del derecho aplicable, claramente se refiere a la interpretación del derecho propiamente dicha, de la ley, y no a la interpretación de los hechos discutidos(17). Así, el declarante que invoque la exoneración de la sanción por inexactitud con base en el error de interpretación o la diferencia de criterios, deberá probar que la interpretación que ofreció de las normas en que fundamentó su declaración tributaria era plausible y razonable. La falta de prueba sobre los hechos discutidos no resulta suficiente para exonerarse de responsabilidad y, por ende, de la sanción, pues lo primero que exige el artículo 647 del ET es que los hechos y cifras denunciados sean completos y veraces y, para el efecto, tendrá que existir la prueba que así lo demuestre”.
En el caso en estudio, la demandante alega que existen criterios o posiciones diferentes con la DIAN, en torno a la interpretación de las normas que regulan el manejo de la deducción por pérdidas de años anteriores y a la inclusión de los ajustes de ejercicios anteriores como ingresos gravables del año 1998.
Para la Sala, por el contrario, no existe la diferencia de criterios alegada, pues tanto los artículos 147 y 351 del E.T., como los artículos 338 del E.T., 26 del Decreto 2075 de 1992 y 73 del Decreto 2649 de 1993, son claros en prever el tratamiento fiscal para el valor de la corrección monetaria originada en los ajustes por inflación a las construcciones en curso.
Al no existir una diferencia razonada de criterios sobre el derecho aplicable, sino el desconocimiento de este, pues, a pesar de estar obligado a ello, por corresponder a su realidad económica, la demandante omitió declarar ingresos gravados con el impuesto de renta del año 1998, que derivaron en un menor impuesto a pagar, se configura una de las conductas tipificadas en el artículo 647 citado como sancionable.
No obstante lo anterior, para la Sala es procedente aplicar el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016(18), que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario y previó, en el parágrafo 5º, que “El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.” La citada norma se aplica en concordancia con los artículos 287 de la Ley 1819, que modificó el artículo 647 del E.T, pero mantuvo como inexactitud sancionable la omisión de ingresos y la inclusión de costos inexistentes siempre que de estas conductas se derive un menor impuesto a cargo, y 288 de la misma ley, que modificó el artículo 648 del Estatuto Tributario y redujo al 100% la sanción general por inexactitud(19).
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala modificará el numeral primero de la sentencia apelada en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos demandados respecto del cargo de compensación por pérdidas y la sanción por inexactitud, y, a título de restablecimiento del derecho, formula la siguiente liquidación del impuesto sobre la renta del año 1998 a cargo de la Electrificadora del Huila:
Concepto LIQ. Privada LIQ. Oficial Reconsider. LIQ. Cons.est.
PASIVOS NO MONETARIOS 0 0 0 0
PATRIMONIO LIQUIDO 3.356.779.000 3.356.779.000 3.356.779.000 3.356.779.000
DEPRECIACION, AMORTIZACION, AGOTAMIENTO 1.396.921.000 1.396.921.000 1.396.921.000 1.396.921.000
AMORTIZACIÓN CORRECCIÓN MONTERIA DIFERIDA 27.616.000 27.616.000 27.616.000 27.616.000
AUMENTO PATRIMONIO LÍQUIDO 0 0 0 0
CUENTAS DE INGRESOS 2.474.724.000 2.474.724.000 2.474.724.000 2.474.724.000
CIFRA DE CONTROL 1 7.256.040.000 7.256.040.000 7.256.040.000 7.256.040.000
EFECTIVO,BANCOS,CTAS.BCOS.INVERS. MOBILIARIAS CTAS.COBRAR 2.787.675.000 2.787.675.000 2.787.675.000 2.787.675.000
DERECHOS FIDUCIARIOS 211.871.000 211.871.000 211.871.000 211.871.001
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 26.157.046.000 26.157.046.000 26.157.046.000 26.157.046.000
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS VINCULADAS 2.306.000 2.306.000 2.306.000 2.306.001
CUENTAS POR COBRAR OTRAS 8.274.798.000 8.274.798.000 8.274.798.000 8.274.798.000
ACCIONES Y APORTES (SOC ANON) 239.984.000 239.984.000 239.984.000 239.984.000
INVENTARIOS 2.237.466.000 2.237.466.000 2.237.466.000 2.237.466.000
SEMOVIENTES 0 0 0 0
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 6.885.720.000 6.885.720.000 6.885.720.000 6.885.720.000
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES, AMORTIZABLES, INTANGIBLES Y AGOTABLES 58.911.905.000 58.911.905.000 58.911.905.000 58.911.905.000
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA 11.787.110.000 11.787.110.000 11.787.110.000 11.787.110.000
OTROS ACTIVOS 860.836.000 860.836.000 860.836.000 860.836.000
TOTAL PATRIMONIO BRUTO 94.782.497.000 94.782.497.000 94.782.497.000 94.782.497.002
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 17.825.401.000 17.825.401.000 17.825.401.000 17.825.401.000
PRÉSTAMOS POR PAGAR SECTOR FINANCIERO 15.402.184.000 15.402.184.000 15.402.184.000 15.402.184.000
OTROS PASIVOS 24.423.086.000 24.423.086.000 24.423.086.000 24.423.086.000
TOTAL PASIVO 57.110.671.000 57.110.671.000 57.110.671.000 57.110.671.001
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 37.671.826.000 37.671.826.000 37.671.826.000 37.671.826.001
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO NEGATIVO 0 0 0 0
VENTAS BRUTAS 74.611.293.000 74.611.293.000 74.611.293.000 74.611.293.000
SERVICIOS, HONORARIOS, COMISIONES 0 0 0 0
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 651.139.000 651.139.000 651.139.000 651.139.000
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 37.180.000 37.180.000 37.180.000 37.180.000
OTROS INGRESOS DISTINTOS DE LOS ANTERIORES 3.772.196.000 5.161.359.000 4.454.204.000 4.454.204.000
TOTAL INGRESOS BRUTOS 79.071.808.000 80.460.971.000 79.753.816.000 79.753.815.999
MENOS: DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS NETOS 79.034.628.000 80.423.791.000 79.716.636.000 79.716.635.999
COSTOS DE VENTA (PARA SISTEMA PERMANENTE) 39.462.981.000 39.462.981.000 39.462.981.000 39.462.981.000
INVENTARIO INICIAL 0 0 0 0
MÁS COMPRAS 0 0 0 0
MANO DE OBRA DIRECTA, SALARIOS, PREST. Y OTROS 7.894.846.000 7.894.846.000 7.894.846.000 7.894.846.000
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, AGOTAMIENTO 2.337.516.000 2.337.516.000 2.337.516.000 2.337.516.000
INTERESES Y COSTOS FINANCIEROS 0 0 0 0
MENOS INVENTARIO FINAL 0 0 0 0
OTROS COSTOS 5.044.781.000 5.044.781.000 5.044.781.000 5.044.781.000
TOTAL COSTOS 54.740.124.000 54.740.124.000 54.740.124.000 54.740.124.000
INVENTARIOS 333.588.000 333.588.000 333.588.000 333.588.000
ACCIONES Y APORTES 27.524.000 27.524.000 27.524.000 27.524.000
ACTIVOS FIJOS 7.336.594.000 7.336.594.000 7.336.594.000 7.336.594.000
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS 57.010.000 57.010.000 57.010.000 57.010.000
DISMINUCIÓN PATRIMONIO LÍQUIDO 0 0 0 0
AMORTIZACIÓN CORRECCIÓN MONTERIA DIFERIDA 0 0 0 0
CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3.081.537.000 3.081.537.000 3.081.537.000 3.081.537.000
CIFRA DE CONTROL 2 10.836.253.000 10.836.253.000 10.836.253.000 10.836.253.000
MÁS COMISIONES, HONORARIOS, SERVICIOS 233.841.000 233.841.000 233.841.000 233.841.000
MÁS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (DEUCC) 2.760.728.000 2.760.728.000 2.760.728.000 2.760.728.000
MÁS OTRAS DEDUCCIONES 3.643.628.000 3.643.628.000 3.643.628.000 3.643.628.000
INTER. Y DEMÁS GASTOS FINANCIEROS NACIONALES 7.788.053.000 7.788.053.000 7.788.053.000 7.788.053.000
GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTERIOR 0 0 0 0
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO 240.043.000 240.043.000 240.043.000 240.043.000
DIFERENCIA EN RENTA PRESUNTIVA 0 0 0 0
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 3.192.294.000 3.192.294.000 3.192.294.000 3.192.294.000
TOTAL DEDUCCIONES 17.858.587.000 17.858.587.000 17.858.587.000 17.858.587.000
TOTAL COSTOS Y DEDUCCIONES 72.598.711.000 72.598.711.000 72.598.711.000 72.598.711.000
RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO 6.435.917.000 7.825.080.000 7.117.925.000 7.117.925.000
O PERDIDA LIQUIDA 0 0 0 0
RENTA PRESUNTIVA 0 0 0 0
MENOS RENTAS EXENTAS LEY PAEZ 0 0 0 0
MENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 6.025.706.000 3.301.973.000 3.301.973.000 6.025.706.000
TOTAL RENTAS EXENTAS 6.025.706.000 3.301.973.000 3.301.973.000 6.025.706.000
RENTA LIQUIDA GRAVABLE 410.211.000 4.523.107.000 3.815.952.000 1.092.219.000
INGRESOS SUCEPTIBLES DE CONSTITUIR GANANCIA OCASIONAL 0 0 0 0
IMPUESTO SOBRE RENTA GRAVABLE 143.574.000 1.583.087.000 1.335.583.000 382.277.000
DESCUENTO IVA POR BIENES DE CAPITAL 130.377.000 130.377.000 130.377.000 130.377.000
DESCUENTOS TRIBUTARIOS BENEFICIOS ZONA RIO PAEZ 0 0 0 0
OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0
IMPUESTO NETO DE RENTA 13.197.000 1.452.710.000 1.205.206.000 251.900.000
IMPUESTO RECUPERADO 0 0 0 0
TOTAL IMPUESTO NETO DE RENTA 13.197.000 1.452.710.000 1.205.206.000 251.900.000
IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES 0 0 0 0
IMPUESTO DE REMESAS 0 0 0 0
TOTAL IMP. A CARGO/IMP.GENERADO POR OPERACIONES GRAV. 13.197.000 1.452.710.000 1.205.206.000 251.900.000
REMESAS Y PAGOS AL EXTERIOR 0 0 0 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.435.000 6.435.000 6.435.000 6.435.000
HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS 0 0 0 0
ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0
VENTAS 714.000 714.000 714.000 714.000
AUTORRETENCIONES 0 0 0 0
OTROS CONCEPTOS 0 0 0 0
TOTAL RETENCIONES AÑO GRAVABLE 7.149.000 7.149.000 7.149.000 7.149.000
MENOS: SALDO FVR.SIN SOL.DEV.O COMP./SALDO FVR.PERS.FIS.ANT. 6.048.000 6.048.000 6.048.000 6.048.000
MENOS: ANTICIPO POR EL AÑO GRAVABLE 0 0 0 0
MÁS ANTICIPO POR EL AÑO GRAVABLE SIGUIENTE 0 0 0 0
MAS: SANCIONES 0 2.303.221.000 1.907.215.000 238.703.000(20)
TOTAL SALDO A PAGAR 0 3.742.734.000 3.099.224.000 477.406.000
O TOTAL SALDO A FAVOR 468.667.000 0 0 0
Primero: MODIFÍCASE el numeral primero de la sentencia apelada, el que queda así:
DECLÁRASE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión 130642002000087 del 9 de abril de 2002 y la Resolución 130012003000004 del 8 de mayo de 2003, expedidas por la DIAN, que modificaron la declaración privada del impuesto sobre la renta del año 1998, presentada por la Electrificadora del Huila, respecto del cargo de compensación por pérdidas y la sanción por inexactitud.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, FÍJASE como liquidación del impuesto sobre la renta del año gravable 1998, a cargo de la Electrificadora del Huila, la vista en la parte considerativa de esta sentencia [páginas 37 a 39], con un saldo a pagar de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($477.406.000 M/CTE).
Tercero: RECONÓCESE personería para actuar en representación de la UAE DIAN a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, en los términos del poder que le fue otorgado.
1 Art. 703. E.T.
2 Art. 712 E.T.
3 Cfr. las sentencias del 10 de marzo de 2011, radicado Nro. 17075, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 16 de octubre de 2014, radicado 18882, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 10 de diciembre de 2015, radicado 19878, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 1º de junio de 2016, radicado 20276, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
4 Cfr. la sentencia del 2 de febrero de 2012, radicado 16760, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en las sentencias del 28 de noviembre de 2013, radicado Nro. 18762, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 1º de junio de 2016, radicado 20276, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
5 Sentencia del 25 de marzo de 2010, radicado 16916, C.P. William Giraldo Giraldo, reiterada en la sentencia del 25 de noviembre de 2010, radicado 17253, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y en la sentencia del 28 de agosto de 2014, radicado 18437, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
6 En la sentencia del 10 de octubre de 2007, radicado 15267, C.P. Héctor J. Romero Díaz, se expuso que “[d]e acuerdo con el artículo 783 ibídem, del acta de visita debe darse traslado al contribuyente por un mes, para que presente sus descargos, siempre que no proceda requerimiento especial o traslado de pliego de cargos, pues, la finalidad de éstos es idéntica a la del traslado del acta, o sea, la presentación de descargos, con los cuales el contribuyente puede ejercer su derecho de defensa, cuando conoce cualquiera de tales actos” [Negrilla original].
7 Folios 271 a 274 del cuaderno de antecedentes administrativos.
8 Folios 275 a 280 del cuaderno de antecedentes administrativos.
9 Folios 281 a 284 del cuaderno de antecedentes administrativos.
10 Folio 296 de cuaderno de antecedentes.
11 Folio 300 del cuaderno 2 de antecedentes administrativos.
12 Folios 66 y 67 del cuaderno principal.
13 El artículo 147 del Estatuto Tributario fue modificado por el artículo 24 de la Ley 788 de 2002.
14 Entre otras, ver sentencias de 1º de abril de 2004, Consejera ponente María Inés Ortiz Barbosa. Exp. 13607; del 22 de septiembre de 2004 y del 31 de marzo de 2005, exp.13364 y13944, respectivamente, Consejero ponente Héctor J. Romero Díaz y del 27 de julio de 2006, expediente 15130, Consejera Ponente: María Inés Ortiz Barbosa.
15 Sentencia C- 261 de 2002.
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 1 de abril de 2004, Consejera ponente Maria Inés Ortiz Barbosa, Exp. 13607.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 10 de marzo de 2011. Número de radicación: 250002327000200600841 01. Número interno: 17492. Actor: HOCOL S.A. Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.
18 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, SE FORTALECEN LOS MECANISMOS PARA LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN FISCAL, y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
19 LEY 1819 DE 2016, ARTÍCULO 287. Modifíquese el artículo 647 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1° de este artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5° del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con 110 señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.
20 Imp. A cargo liquidado C. E. $251.900.000 - Imp. A cargo declarado $13.197.000= $238.703.000 X 100%= 238.703.000