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Timestamp: 2020-08-05 16:51:15
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El Delito De Ultrajes. Análisis Jurisprudencial De Sus Elementos | Derecho penal | Caso de ley
El Delito De Ultrajes. Análisis Jurisprudencial De Sus Elementos
Decreto Legislativo 774
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El Código Penal contiene, en su artículo 543, el denominado «delito de ultrajes», que trata de reprimir los comportamientos de signo antiespañolista tendentes a la ofensa de la nación española y su sentimiento de unidad. En concreto, el precepto señala que:
«Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses».
En este sentido, la conducta tipificada en el precepto consiste en realizar «ofensas o ultrajes», algo que doctrina y jurisprudencia han considerado equivalente a «injuria grave». En cuanto a las modalidades de comisión, las «ofensas o ultrajes» pueden efec- tuarse «de palabra, por escrito o de hecho». En los dos primeros casos, la ofensa parece menos ofensiva por cuanto no se utiliza la fuerza; en el caso de la ofensa «de hecho», parece más lesiva en tanto en cuanto implica la realización de una conducta que, en la generalidad de los casos, afectará a la bandera española.
Por otro lado, las ofensas han de ir dirigidas contra «España, sus comunidades autóno- mas, o sus símbolos o emblemas». La determinación de qué ha de entenderse por los conceptos anteriores ha sido efectuada por la jurisprudencia, que ha afirmado que son sujetos pasivos del delito «la nación española, el sentimiento de su unidad, el Estado, su forma política, así como sus símbolos y emblemas, siendo dichos símbolos o emblemas, principalmente, la bandera nacional o bandera de España […], el himno nacional y el escudo constitucional».
Las ofensas, en fin, han de realizarse con publicidad, lo que significa que deben ser realizadas en presencia de otras personas, pues «si tal elemento no concurre, la ofensa no trasciende al ámbito privado y resulta absolutamente inocua».
Queda apuntar, por último, la posible inconstitucionalidad del precepto, por tipificar unas conductas que, en los más de los casos, no serán sino manifestaciones de la libertad de expresión y del pluralismo político e ideológico.
Palabras clave: delito de ultrajes, ofensas, nación española, publicidad, libertad de expresión.
revista ceflegal. cef, núm. 131, págs. 155-164 fecha de entrada: 10-10-2011/ fecha de aceptación: 11-11-2011
THE CRIME OF OUTRAGE. JURISPRUDENTIAL ANALYSIS OF ITS ELEMENTS
ThE Criminal Code contains, in its article 543, the so-called «crime of outrage», which aim is to suppress anti-Spanish sign behaviors. Specifically, the provision states that «Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses».
In this sense, the conduct described in the precept is to do «insult or outrage», actions that have been considered by doctrine and jurisprudence as equivalent to «serious injury». As for the methods of commission, the «insult or outrage» can be «speech, written or done». In the first two cases, the offense seems less offensive because no force is used, in the case of the offense «in fact» seems more damaging in that it involves making a behavior that, in most of cases, affects the Spanish flag.
The offenses must be directed against «España, sus Comunidades Autónomas, o sus símbolos o emblemas». The determination of what is meant by the above concepts has been made by the case law which said that they are passive subjects of crime «la nación española, el sentimiento de su unidad, el Estado, su forma política, así como sus símbolos y emblemas, siendo dichos símbolos o emblemas, principalmente, la bandera nacional o bandera de España […], el himno nacional y el escudo constitucional».
The offenses must be made with advertising, which means they must be made in the presence of others, because «si tal elemento no concurre, la ofensa no trasciende al ámbito privado y resulta absolutamente inocua».
Reference should be made, finally, to the possible unconstitutionality of the precept, that criminalizes behaviors that, in most of cases, will not be but manifestations of freedom of expression and political and ideological pluralism.
Keywords: crime of outrage, offenses, spanish nation, advertising, freedom of expression.
2. Análisis del tipo penal.
2.1. La conducta.
2.2. El animus iniuriandi.
2.3. Los sujetos pasivos.
2.4. El requisito de la publicidad.
3. Reflexiones sobre la constitucionalidad del precepto.
El delito de ultrajes (art. 543 CP) es uno de los más controvertidos que recoge nuestro Códi- go Penal. Se dice, creo que con acierto, que su contenido jurídico no está claro, y que es probable- mente inconstitucional por afectar a las libertades de expresión e ideológica.
En este sentido, y habida cuenta el pluralismo político e ideológico, el Estado no puede pre- tender imponer una actitud favorable hacia la Nación española y hacia sus símbolos.
A diferencia de otros delitos que tienen connotaciones políticas, como por ejemplo el de rebe- lión, el ataque que constituye el delito de ultrajes al bien jurídico protegido no parece ser lo suficien- temente importante como para poner en marcha el mecanismo del ius puniendi del Estado, entendi- do este como medida de última intervención o ultima ratio.
Desde mi punto de vista, se trata de una disidencia política en torno al concepto de España que no debería tener relevancia penal, siempre que la crítica se efectuara de forma respetuosa. En otro caso, es decir, si el ultraje fuera cometido alterando el orden público, la conducta debería adquirir relevancia penal, pero creo que debería castigarse por otros preceptos, dada su mayor especificidad para vulnerar conductas contra el bien jurídico orden público.
En cualquier caso, lo cierto es que el Código Penal contempla este delito y hay que darle el
tratamiento jurídico que merece. El objeto de este trabajo será analizar los elementos que conforman
el tipo penal, con especial referencia a la jurisprudencia, así como cuestionarse la posible inconsti-
tucionalidad del artículo 543 del Código Penal.
Dispone el artículo 543 del Código Penal que: «Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito
de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con
publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses». Desglosaré ahora los distin- tos elementos del precepto a fin de realizar un análisis más profundo.
2.1. la conducta
La conducta tipificada en el precepto consiste en efectuar «ofensas o ultrajes», ya sea «de pala- bra, por escrito o de hecho». Doctrina y jurisprudencia entienden que ultraje equivale a injuria, es decir, a expresión proferida o a acción ejecutada con el propósito de deshonrar, vejar y menospreciar los bienes protegidos 1 . En todo caso, para que la conducta adquiera la categoría de ultraje, debe tra- tarse de una injuria grave.
A mi parecer, la redacción del precepto es desafortunada en este punto. Entiendo que la men- ción de la «ofensa» plantea bastantes problemas, ya que su equiparación al ultraje amplía el ámbito de aplicación del precepto, pues el concepto de «ofensa» es bastante extenso (puede haber diversos tipos dependiendo del grado de intensidad de la ofensa), mientras que el término «ultraje» encierra en sí mismo una injuria grave.
Así, por muy restrictiva que se pretenda la interpretación del precepto, lo cierto es que cual- quier ofensa efectuada con publicidad a «España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas», constituiría delito de ultrajes, por débil que fuera la ofensa.
Por otro lado, las «ofensas o ultrajes» a los que se refiere el precepto pueden ser cometidos bien «de palabra, por escrito o de hecho». Como ya se ha tenido ocasión de decir, el delito de ultra- jes resulta difícilmente compatible con el pluralismo político que debe imperar en toda sociedad democrática. Así, entiendo que las ofensas o ultrajes cometidos «de palabra o por escrito» no son sino meras manifestaciones del derecho a la libertad de expresión, pues, con independencia de con- sideraciones políticas, la Constitución no puede imponer un determinado modo de pensar y coartar dicha libertad de expresión.
Es por ello que, en consonancia con los razonamientos expuestos, los tribunales únicamente han aplicado el precepto en casos en que la «ofensa o ultraje» se comete «de hecho», algo totalmen- te lógico, pues la libertad de expresión no puede amparar conductas o acciones que, llevadas a cabo por un móvil político, puedan alterar la seguridad o estabilidad de las instituciones democráticas.
Así, la jurisprudencia ha castigado conductas como quemar una bandera española, colgándo- la seguidamente en una señal de «Stop» 2 ; arrebatar a los hinchas de un equipo de fútbol una bande- ra española y quemarla 3 ; arriar la bandera nacional colgada del edificio de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y tirarla sobre la calzada 4 ; desgarrar significativamente una bandera española situada en el balcón de un edificio consistorial 5 ; quemar una bandera española en un concierto 6 ; quemar
1 Véase en este sentido SAP de Guipúzcoa de 23 de enero de 2002 (ARP 2002, 581).
2 Véase en este sentido STS de 26 de diciembre de 1996 (RJ 1997, 1126).
3 Véase en este sentido SAP de Valencia de 24 de marzo de 1999 (ARP 1999, 2013).
4 Véase en este sentido SAP de Guipúzcoa de 23 de enero de 2002 (ARP 2002, 581).
5 Véase en este sentido SAP de Barcelona de 25 de enero de 2005 (ARP 2005, 194).
6 Véase en este sentido SAP de Girona de 29 de julio de 2005 (ARP 2006, 728).
una bandera española que se encontraba en una casa consistorial 7 ; y arriar la bandera nacional col- gada de un castillo y arrojarla al exterior 8 .
2.2. el animus iniuriandi
Las «ofensas o ultrajes» castigados por el precepto deben cometerse con intencionalidad, es decir, debe existir animus iniuriandi. Parece algo lógico, pero cabe plantearse posibles ofensas o ultrajes en los que el autor pueda tener otros objetivos, por ejemplo, una finalidad cómica.
Este dolo viene integrado, como señala la SAP de Guipúzcoa de 23 de enero de 2002 (ARP 2002, 581), «por el conocimiento por parte del agente de hallarse ante semejante símbolo o enseña, la clara conciencia de las acciones ejecutadas o expresiones proferidas, perfectamente adecuadas para la exte- riorización del menosprecio, deshonra o injuria propuestos, así como la voluntad realizadora de los actos en que encarnen los propósitos agraviantes u ofensivos». Por tanto, en este delito no cabrá la comisión culposa o con dolo eventual 9 .
Por otro lado, el animus iniuriandi ha de quedar acreditado para que pueda apreciarse el delito de ultrajes, si bien, no obstante, la jurisprudencia ha entendido que determinadas conductas o acciones constituyen prueba in re ipsa, es decir, que surge de los hechos mismos, ya que «hablan por sí solos» 10 .
A este respecto, hay que señalar que, como precisa la jurisprudencia, tal «ánimo de deshonrar, ofender, vituperar, vilipendiar» se encuentra «en los arcanos del pensamiento y voluntad del indivi- duo», de modo que «ha de deducirse de una serie de factores ontológicos y circunstanciales a través de los cuales se trasluce y exterioriza el auténtico propósito impulsor de la dinámica de la actuación» 11 .
En este sentido, la jurisprudencia ha considerado que determinadas conductas o actos, como por ejemplo arriar la bandera española 12 , quemarla 13 o avisar previamente a los medios de comuni- cación para dotar de publicidad a la conducta 14 , son «claramente reveladoras del ánimo de menospre- ciar, de ultrajar, y vilipendiar, el emblema referido», de modo que «el ánimo de injuriar se encuentra ínsito en ellas».
7 Véase en este sentido SAP de Ourense de 18 de marzo de 2009 (JUR 2009, 234812).
8 Véase en este sentido SAP de Barcelona de 5 de octubre de 2009 (JUR 2009, 490818).
9 Navarro Massip, J.: «El delito de ultrajes a España y la libertad de expresión», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 7/2009, Pamplona, 2009.
10 Un sector de la doctrina considera que la jurisprudencia no debería partir de dicho apriorismo, sino que debería analizar el animus iniuriandi caso por caso.
11 Véase en este sentido SAP de Guipúzcoa de 23 de enero de 2002 (ARP 2002, 581).
12 Véase en este sentido SAP de Guipúzcoa de 23 de enero de 2002 (ARP 2002, 581) y SAP de Barcelona de 5 de octubre de 2009 (JUR 2009, 490818).
13 Véase en este sentido STS de 26 de diciembre de 1996 (RJ 1997, 1126), SAP de Valencia de 24 de marzo de 1999 (ARP 1999, 2013), SAP de Girona de 29 de julio de 2005 (ARP 2006, 728) y SAP de Ourense de 18 de marzo de 2009 (JUR 2009, 234812).
14 Véase en este sentido SAP de Guipúzcoa de 23 de enero de 2002 (ARP 2002, 581).
Por el contrario, no ha considerado que existiera animus iniuriandi en el hecho de que un par- ticipante en una manifestación antifascista leyera un comunicado, pisando al mismo tiempo, con su pie izquierdo, un trozo de una bandera española que previamente había sido quemada 15 .
Lo que parece tener difícil cabida en este precepto es cometer una ofensa o ultraje por omi- sión, ya que dichas conductas tienen, en sí mismas, carácter activo. Además, el animus iniuriandi de una ofensa o ultraje cometido por omisión sería muy difícil de probar, y el quebranto del principio de intervención mínima del Derecho penal sería aún más evidente. Con todo, algún sector de la doc- trina y alguna resolución judicial 16 consideran que cabe este tipo de modalidad comisiva.
2.3. los sujetos pasivos
La conducta a la que se refiere el precepto ha de tener por destinatarios «a España, a sus comu- nidades autónomas o a sus símbolos o emblemas».
El primer problema que se plantea en este punto es cuándo puede entenderse que se ofende o ultraja a las instituciones mencionadas en el precepto. Si bien es cierto que la jurisprudencia 17 ha admitido, con reparos, el derecho al honor de las personas jurídicas, entendido como reputación, buena fama o prestigio, difícil parece hacer extensivo dicho derecho a entes políticos.
En este sentido, el precepto no ofrece, bajo mi punto de vista, ningún elemento objetivo para entender consumada una «ofensa» o «ultraje», pues, dado el pluralismo político e ideológico, lo que para unos pueda ser una «ofensa» o «ultraje» a España, a sus comunidades autónomas o a sus sím- bolos o emblemas, para otros únicamente se trata de una manifestación del derecho a la libertad de expresión. Comparto en este punto la opinión de quienes consideran que este delito no puede existir nunca, salvo que constituya una apología o una provocación a los delitos de traición o del resto de figuras contra la Constitución, es decir, salvo que pueda alterar realmente la seguridad del Estado.
Por «España, sus Comunidades Autónomas, sus símbolos o emblemas» hay que entender, según la jurisprudencia 18 , «la nación española, el sentimiento de su unidad, el Estado, su forma política, así como sus símbolos y emblemas, siendo dichos símbolos o emblemas, principalmente, la bandera nacio- nal o bandera de España, no incompatible con las enseñas autonómicas, las que deben ondear junto a
15 Véase en este sentido SAP de Madrid de 5 de junio de 2003 (JUR 2003, 246887). En este caso, la Audiencia diferencia entre la quema de la bandera, que sí constituye delito de ultrajes, y la lectura del comunicado, en la que no se aprecia la existencia de una acción de menosprecio o escarnio a la bandera en cuanto símbolo de España, resolviendo, en fin, absolver al acusado, puesto que no se había probado que este fuera uno de los individuos que procedió a la quema de la bandera.
16 La SAP de Guipúzcoa de 23 de enero de 2002 (ARP 2002, 581) afirmó, en este sentido, que «La dinámica comisiva, radica en los ultrajes, a los valores ya enunciados, equivaliendo, ultrajes, semánticamente, a injurias, menosprecio o vilipendio, pudiendo ser, dicha dinámica, verbal, escrita, real, e incluso implícita u omisiva».
17 Véase en este sentido STC de 8 de junio de 1988 (RTC 1988, 107).
18 Véase en este sentido SAP de Guipúzcoa de 23 de enero de 2002 (ARP 2002, 581).
la de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales (como señala el art. 4.2 CE), los de la comunidad autónoma respectiva, el himno nacional y el escudo constitucional».
A diferencia de otros tipos penales que afectan directamente al honor, como por ejemplo el delito de injurias 19 , aquí lo que se protege no es el honor de las personas individualmente conside- rado, sino un sentimiento colectivo de pertenencia a un grupo. En este sentido, se ha dicho que: «El ataque al símbolo colectivo supone mediatamente una injuria masiva y plural a todos aquellos que sitúan parte de su identificación personal en su pertenencia a ese colectivo. Bajo este aspecto, el tipo del artículo 543 del Código Penal constituiría una forma de injurias colectivas» 20 .
Además, y en contraposición con lo que ocurre con el delito de injurias, no se exige que la vio- lación del símbolo afecte al citado sentimiento colectivo de pertenencia a un grupo de las personas que la presencian, como sí que se requiere que la injuria afecte al honor del injuriado (prueba de ello es que este es un delito privado, en el que el ius puniendi del Estado se pone en marcha a instancia del perjudicado). Paradójicamente, en los más de los casos, los espectadores de la violación del sím- bolo no comparten el citado sentimiento, como ocurre en los casos de quemas de banderas españo- las en conciertos 21 o en manifestaciones antifascistas 22 .
Por otro lado, y dado el ya señalado carácter del precepto, de border line en cuanto a su cons- titucionalidad, entiendo que la mención a los símbolos o emblemas 23 debe interpretarse de modo
restrictivo, limitando dichos símbolos o emblemas a los reconocidos constitucionalmente, es decir,
a la bandera española y a las banderas de las comunidades autónomas 24 (art. 4 CE). No obstante,
como se observa, la jurisprudencia ha sido «generosa» en la interpretación de los símbolos o emble-
mas, incluyendo también al himno y al escudo nacional.
En la práctica, y a pesar de la interpretación amplia de la jurisprudencia, lo cierto es que la gran
mayoría de los delitos de ultrajes aplicados tienen como sujeto pasivo una bandera. En este sentido,
la jurisprudencia ha entendido que puede ser sujeto pasivo del delito cualquier bandera española,
aunque no sea la bandera oficial 25 .
19 Véanse artículos 208-210 del Código Penal.
20 BeNlloch petit, G.: «El derecho penal ante el conflicto político. Reflexiones en torno a la relevancia penal de determi- nados fines, opiniones o motivos políticos o ideológicos y su legitimidad», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, vol. LIV, 2001, pág. 182.
21 Véase en este sentido SAP de Girona de 29 de julio de 2005 (ARP 2006, 728).
22 Véase en este sentido SAP de Madrid de 5 de junio de 2003 (JUR 2003, 246887).
23 Ambos términos (símbolos y emblemas) significan lo mismo en este contexto, ya que no existen diferencias trascenden- tales entre los mismos.
24 En este punto, hay que hacer notar que un sector de la doctrina, en línea con la dudosa constitucionalidad del precepto, propugna una interpretación aún más restrictiva de la expresión «símbolos o emblemas», de modo que, de acuerdo a dicha interpretación, únicamente deberían ser objeto del Derecho penal las banderas que se encuentren cumpliendo una función oficial de representación.
25 La SAP de Valencia de 24 de marzo de 1999 (ARP 1999, 2013) afirmó, en este sentido, que: «Es claro que una bandera española, conformada por dos franjas rojas, separadas por otra franja más ancha de color amarillo, permite identificar uno de los símbolos más característicos de España, aunque formalmente no tenga todos los atributos reglamentarios de la bandera oficial que ondea en cualquier organismo público. Pero todo el mundo sabe que una tela que presenta esas carac- terísticas es un símbolo de España».
2.4. el requisito de la publicidad
Para que la «ofensa» o «ultraje» adquiera relevancia a efectos penales debe «efectuarse con publicidad», es decir, debe ser realizada en presencia de otras personas, ya que «si tal elemento no concurre, la ofensa no trasciende al ámbito privado y resulta absolutamente inocua» 26 .
La publicidad ha de buscarse conscientemente. En este sentido, respecto de los ultrajes de pala-
bra, entiende la jurisprudencia que la exigencia de publicidad «implica la necesidad de que el ultra-
je se haya realizado conscientemente de manera tal que pueda ser escuchado en un lugar público y
en un ámbito ajeno al privado o particular de quien profiere la supuesta ofensa de palabra» 27 . Evi-
dentemente, dicho argumento debe extenderse al resto de modalidades comisivas (por escrito o de hecho).
Bajo mi punto de vista, la publicidad se exige con la finalidad de dotar objetivamente de gra- vedad a la conducta, como ocurre con otros tipos penales 28 .
La exigencia de publicidad, por otra parte, plantea evidentes problemas de autoría en caso de que la acción peyorativa fuese cometida sin publicidad, pero posteriormente una persona, distinta del autor material, la difundiera a terceros 29 .
En lo que se refiere al número de espectadores necesarios para que pueda hablarse de «publi-
cidad», la jurisprudencia ha entendido que ha de tratarse de «un grupo de personas», lo que, aun sin especificar demasiado, parece dejar fuera del tipo penal aquellas conductas presenciadas únicamen-
te por un espectador.
No obstante, en la práctica, únicamente ha aplicado el tipo del artículo 543 del Código Penal,
o se ha planteado aplicarlo, ante congregaciones relativamente multitudinarias de personas, como pueden ser un concierto 30 , un partido de fútbol 31 , o una manifestación 32 .
Por último, la publicidad ha de quedar acreditada, no pudiendo inferirse de hechos ni presu- ponerse 33 .
26 Véase en este sentido SAP de Ourense de 18 de marzo de 2009 (JUR 2009, 234812).
27 Véase en este sentido AAP de Guipúzcoa de 9 de febrero de 2006 (JUR 2006, 168554).
28 Véase artículo 206 del Código Penal.
29 Navarro Massip, J.: «El delito de ultrajes a España y la libertad de expresión», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 7/2009, Pamplona, 2009.
30 Véase en este sentido SAP de Girona de 29 de julio de 2005 (ARP 2006, 728).
31 Véase en este sentido SAP de Valencia de 24 de marzo de 1999 (ARP 1999, 2013).
32 Véase en este sentido SAP de Madrid de 5 de junio de 2003 (JUR 2003, 246887).
33 La SAP de Ourense de 18 de marzo de 2009 (JUR 2009, 234812) consideró que la publicidad que supuestamente había rodeado a la quema de una bandera española en la casa consistorial de un municipio no podía inferirse del hecho de que la citada bandera, parcialmente quemada, se hallara prendida en la puerta de la iglesia parroquial.
3. reflexiones sobre la constitucionalidad del PrecePto
El delito de ultrajes, ubicado en el artículo 543 del Código Penal, ha resultado ser uno de los delitos más criticados del Código Penal.
Y ello es así porque el legislador ha otorgado relevancia penal a unos bienes jurídicos (la nación española, sus comunidades autónomas y los símbolos o emblemas que representan a dichos entes políticos), que, en definitiva, no son sino manifestación de una determinada opción política o ideo- lógica. Consideraciones políticas e ideológicas al margen, lo cierto es que el bien jurídico protegido no es, ciertamente, un bien que la generalidad de los individuos considere digno de protección.
El Tribunal Constitucional ha manifestado, en diversas ocasiones, que el derecho a la libertad de expresión no es ilimitado, sino que su ejercicio debe ponderarse con el ejercicio de otros derechos fundamentales que, como consecuencia de la libre expresión, puedan verse afectados.
Dicha doctrina, unida al hecho de que las normas han de interpretarse conforme al contexto histórico vigente, parecen conducir, atendiendo a dicho contexto, a que no pueda considerarse deli- to la manifestación de ideas o expresiones que, amparadas en el pluralismo político e ideológico, puedan chocar con el bien jurídico protegido en el delito de ultrajes. Y ello por no tratarse de un bien jurídico en el que exista homogeneidad en cuanto a su protección, a la vista de los acontecimientos.
Así pues, desde un punto de vista jurídico, considero que manifestaciones de signo independen- tista que resultaran contrarias al bien jurídico protegido por el precepto deberían ser penalmente irrele- vantes, salvo que fueran constitutivas de otro delito. Del mismo modo, manifestaciones que pudieran ultrajar los símbolos nacionales, por ser expresión de regímenes anteriores a la democracia en España, también deberían tener cabida en el derecho a la libertad de expresión 34 , siempre y cuando, obviamen- te, no condujeran a la provocación o constituyeran apología de determinadas actitudes antidemocráticas.
Por otro lado, nos encontramos también con el ya mencionado problema de la consumación objetiva del tipo penal, puesto en relación con el derecho al honor de los entes políticos.
Conforme a lo expuesto, considero que el delito de ultrajes tiene difícil cabida en el Código Penal. Entiendo que deberían quedar impunes las «ofensas» o «ultrajes» cometidos «de palabra o por escrito», y también los efectuados «de hecho», salvo que pusieran en peligro el orden público, en cuyo caso debería aplicarse, a mi parecer, no el delito de ultrajes, sino el más específico delito de desórde- nes públicos, cuyo bien jurídico protegido es específicamente la salvaguarda de la «paz pública» 35 .
34 Así lo ha entendido también la jurisprudencia. En este sentido, la SAP de Granada de 6 de febrero de 2007 (ARP 2007, 392) confirmó la sentencia recurrida, en cuanto al pronunciamiento sobre el delito de ultrajes, que la sentencia de instancia consideró inexistente al entender que la colocación de una bandera nacional con el símbolo correspondiente al escudo preconstitucional, en el balcón de la sede de un partido político fascista, no implicaba un ultraje a la bandera nacional actual, en cuanto emblema representativo de la nación española.
35 Véase el artículo 557 del Código Penal.
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