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Timestamp: 2019-12-16 05:36:59
Document Index: 166628226

Matched Legal Cases: ['artículo 635', 'artículo 784', 'artículo 84', 'artículo 596', 'artículo 580', 'artículo 234', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 90', 'artículo 171']

Sentencia Número 15466 de 26-07-2007, Consejo de Estado.
26 / 07 / 07 Biblioteca, Jurisprudencia 812
Sentencia Número 15466 de 26-07-2007, Consejo de Estado. Devolución del saldo.
N° de Sentencia: 15466.
Tema: saldo a favor reflejado en la declaración de renta del año 1994.
Accionante: Abad Otón Pérez Piedrahita.
Ley Número 678 de 03-08-2001. Congreso de la República.
Relatoría : RECHAZO DE DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR./ DICTAMEN PERICIAL SOBRE AUTENTICIDAD DE FIRMA DEL CONTRIBUYENTE EN LA DECLARACION./ DEBIDO PROCESO./ DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS./ NECESIDAD DE ACTO PREVIO./ ACCION DE REPETICION./ «DECISIONES INSTITUCIONALES»./ «…Es procedente que el administrado demande conjuntamente a la entidad y al funcionario cuando pretenda la reparación del daño causado por un acto administrativo, un hecho, una acción, una omisión o una operación administrativa. Pero sólo en cuanto se establezca la responsabilidad de la entidad podrá establecerse la de su agente…»
Concordancias del documento
La norma del documento
Declaraciones que se tienen por no presentadas
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil siete (2007)
Referencia 050012331000 1998 03472 01 (15466)
Actor ABAD OTÓN PÉREZ PIEDRAHITA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contrala Sentencia del 1º de diciembre de 2004 del Tribunal Administrativo de Antioquía que negó las pretensiones de la demanda interpuesta contra los actos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que rechazaron la devolución del saldo a favor reflejado en la declaración de renta del año 1994, del contribuyente ABAD OTÓN PÉREZ PIEDRAHITA.
El demandante solicitó la devolución del saldo a favor reflejado en su declaración de renta del año gravable 19941, por valor de $36748.438, en la que se acogió al saneamiento establecido en la Ley 223 de 1995.
La División de Devoluciones de la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín profirió la Resolución Nº 000039 del 10 de
1 Presentada el 23 de octubre de 1995. Folio 4 del cuaderno de antecedentes.
junio de 1997 rechazando la solicitud de devolución, argumentando que la declaración se tiene por no presentada, toda vez que según dictamen del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la firma que en ella aparece no corresponde a la del contribuyente.
Contra este Acto el demandante interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución 0202 del 3 de julio de 1998, confirmando la actuación.
Solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquía declarar la nulidad de las Resoluciones 000039 del 10 de junio de 1997 y 0202 del 3 de julio de 1998.
Como restablecimiento del derecho, que se ordene la devolución o se continúe su trámite en forma inmediata y se condene al pago de intereses moratorios desde el vencimiento del término para la devolución (3 de diciembre de 1995) hasta el día en que se expidió la Resolución de rechazo definitivo el 10 de junio de 1997, a la tasa vigente que fije el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 635 del Estatuto Tributario. Que se condene a los demandados a pagar al demandante intereses desde la fecha del rechazo definitivo hasta cuando se pague efectivamente, según los arts. 635, 863 y 864 ib.
La DIAN sólo tiene funciones de investigación y no tiene facultad para decidir que la declaración se tiene por no presentada porque la firma no es la del contribuyente, con fundamento en un dictamen pericia) que supuestamente así lo indicó.
A pesar de que el dictamen fue objetado, la doctora Teresa González negó esta circunstancia contrariando la realidad. Omitió practicar un nuevo experticio a pesar que el artículo 784 del Estatuto Tributario así lo ordena, independientemente de si la objeción es por defectos de forma o si es grave. Esta falacia implica que hay una falsa motivación del acto administrativo que conlleva su nulidad, según el artículo 84 del C.C.A.
La solicitud de devolución fue objeto de la suspensión de términos mediante el Auto 0212 del 18 de diciembre de 1995, hasta que se estableciera la validez de las declaraciones.
El artículo 596 del Estatuto Tributario dispone que la declaración de renta debe contener la firma del obligado a cumplir con este deber formal y por su parte el artículo 580 ib, dispuso que no se entiende cumplida la obligación de declarar cuando ello no ocurra. Esta circunstancia opera por ministerio de la ley, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.
No era necesaria la intervención de dos peritos, porque se acudió a una entidad especializada como es el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, como lo establece el artículo 234 del C.P.C. y en esos casos el dictamen sólo puede objetarse por error grave. El actor no aportó prueba alguna que demuestre su objeción, pues no hay hechos que hubieran cambiado la conclusión del dictamen
El Tribunal Administrativo de Antioquía, mediante providencia del 1º de diciembre de 2004 negó las pretensiones del actor y lo condenó en costas a favor de la doctora Teresa Emilia González de Gutiérrez, por considerar que hubo ánimo persecutorio.
El dictamen del grafólogo experto del Departamento Administrativo de Seguridad DAS concluyó que «la firma que aparecía en la liquidación privada del año gravable 1994, no corresponde a la del contribuyente Abad Otón Pérez Piedrahita —. Para este fin fueron comparadas con la rúbrica dejada en otros documentos en poder de la oficina de impuestos, pues el demandante no permitió que le tomaran otras firmas.
Como el demandante no asistió al interrogatorio de parte al que fue citado tiene las consecuencias procesales del artículo 210 del C.P.C.
No pueden tenerse en cuenta los efectos del artículo 210 del C.P.C. por la inasistencia al interrogatorio de parte, porque en este caso se vulneró un derecho fundamental que no puede desvirtuarse por confesión, por lo que en nada afecta al proceso su comportamiento.
Por el beneficio de auditoria la Administración no podía iniciar una investigación de fondo sobre la declaración, entonces procedió a verificar si el saldo a favor estaba originado realmente y era legal, lo que obligó a aplicar con mayor celo las disposiciones sobre validez de las declaraciones.
La Sala debe resolver, de acuerdo con los términos del recurso de apelación, sobre la legalidad de los actos administrativos proferidos por la DIAN, que rechazaron la solicitud de devolución del saldo a favor del demandante, por considerar que la declaración de renta de 1994, que sirve de sustento, se tiene por no presentada, por no haber sido firmada por el contribuyente.
En este caso, la División de Devoluciones citó al contribuyente para que reconociera la firma de las declaraciones tributarias objeto de su solicitud, para verificar su autenticidad. El señor Pérez Piedrahita compareció y reconoció bajo la gravedad del juramento como propias las firmas que obran sobre las declaraciones tributarias presentadas. Indagado sobre la rúbrica que aparece en las declaraciones de renta de los años 1992, 1993 y 1994, contestó «Si las firmé personalmente» y sobre la firma de la solicitud de devoluciones señaló «si lo firme y si es mi firma» (sic) (FI. 72)
La División de Fiscalización de la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín ordenó mediante Auto del 17 de mayo de 1996, practicar una prueba grafológica para determinar «si la firma de las declaraciones tributarias presentadas por el contribuyente PÉREZ PIEDRAHITA ABAD OTÓN, están firmadas por quien tenía el deber legal de hacerlo, el contribuyente».
«Atentamente me permito dar respuesta a su oficio Nº 11-48-60-1 de junio 25 del año en curso, mediante el cual solicita el examen técnico, para finiquitar los procesos investigativos que adelanta ese despacho.
-Acta de diligencia de declaración juramentada firmada por el señor PÉREZ PIEDRAHITA ABAD OTÓN,
-Declaración de renta y complementarios Nº 9402020691911 y 951020863672, (…) firmados por el señor PÉREZ PIEDRAHITA ABAD OTÓN.
Respecto de las grafías que aparecen en las declaraciones de renta y complementarios y las declaraciones juramentadas enviadas por ustedes para estudio grafológico no se encontraron características intrínsecas de la escritura que determinen concomitancia alguna de los escritos en ella observadas. (Sic)
Tómense las grafías vistas en las declaraciones de renta y complementarios y las que se observan en las actas de diligencia de declaración juramentada de las personas relacionadas como provenientes de diferente fuente manuscritural.» (Sic)
Contra el anterior dictamen, el contribuyente, dentro del término de traslado el 16 de diciembre de 1996 (Fl. 17) 2 presentó un escrito de objeción en el cual manifestó que el examen debió practicarse por dos
2 El dictamen fue notificado el 12 de diciembre de 1996 y la objeción tiene sello de recibido el 16 de diciembre de 1996 de la División de Documentación de la Administración Local de Impuestos número 034761.
peritos y además consideró que el informe no es claro preciso ni detallado; no es categórico ni conclusivo, ni hizo «un examen detallado del material de cada contribuyente en forma individualizada y concreta, sino que lo hace en, forma genérica y abstracta”.
La Administración de Impuestos de Medellín no dio respuesta al anterior escrito del demandante y con base en el dictamen, su Comité Técnico —integrado por la Administradora y funcionarios de diversas divisiones, incluida la Jefe de la División Jurídica— determinó rechazar la solicitud de devolución del contribuyente, decisión que se hizo efectiva con la Resolución 000039 del 10 de junio de 1997, que se demanda.
En este caso, la Sala observa que desde la solicitud del dictamen se cometieron impresiones como el requerirle al perito establecer quien tiene «el deber legal» de firmar declaraciones. No hubo un adecuado análisis probatorio del caso, pues tanto la entidad como el A-quo le dieron valor de plena prueba al dictamen pericial, argumentando erróneamente que éste no fue objetado, desconociendo que aún en los casos en que el dictamen no es controvertido, el funcionario debe asignarle al informe el valor probatorio que le corresponda de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Ahora bien frente al dictamen pericial y la objeción presentada, la Sala observa que la Administración debió dar respuesta al contribuyente, antes de rechazar la devolución, porque en efecto, el informe técnico por lo menos debía ser complementado, toda vez que se trata de un dictamen abstracto, sin claro fundamento, sin la explicación precisa de los motivos técnicos que conllevan a las conclusiones y con expresiones confusas: «concomitancia», «Fuente manuscritural».
De lo anterior, puede concluirse que se vulneró el debido proceso del contribuyente, toda vez que se desconoció el valor de la declaración juramentada y no se tuvieron en cuenta sus observaciones frente a la prueba pericia] presentada, con lo cual se afectó su derecho de defensa y de contradicción. La prueba no fue valorada adecuadamente por la Administración y no se siguieron los trámites establecidos en la ley para su práctica. Adicionalmente no se profirió un acto administrativo previo que tuviera la declaración como no presentada.
En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y en su lugar se declarará la nulidad de los actos demandados. Como restablecimiento del derecho, se ordenará la devolución del saldo a favor reflejado en la declaración de renta del contribuyente por el año gravable 1994, con los intereses moratorios que correspondan a partir del vencimiento del término para devolver, esto es 120 días hábiles después de la solicitud del 3 de noviembre de 1995, y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, de conformidad con los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario.
«Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.»
Esta disposición mantiene su vigencia, como lo ha señalado esta Corporación, aún después de la entrada en vigencia del artículo 90 de la actual Constitución Política 4, toda vez que son normas que no se contraponen y por el contrario coinciden en reiterar la posibilidad que tienen las entidades estatales que han resultado responsables patrimonialmente en virtud de una condena judicial o de una conciliación, de reclamar los valores reconocidos como indemnización,
3 Este término se determina atendiendo a los artículos 855 y 857-1 del Estatuto Tributario, que establecen el plazo de treinta días contados desde la fecha de la solicitud para que la Administración devuelva el saldo a favor y señalan la posibilidad suspender dicho término hasta por noventa días, como ocurrió en el presente caso.
4 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia S-736 del 30 de marzo de 2004, M. P. Camilo Arciniegas Andrade.
a su agente que la originó por su conducta dolosa o gravemente culposa.
Lo anterior, en el entendido que «únicamente puede perseguirse al funcionario por la vio de la acción de repetición, sólo después de que se haya resuelto mediante sentencia la condena del Estado por el daño antijurídico por el cual debe responder. La demanda que pueda incoar el perjudicado contra la entidad responsable o contra su agente, de manera conjunta o independientemente, no contraviene el articulo 90 de la Constitución, porque la norma acusada no autoriza que se pueda perseguir exclusivamente al funcionario, sin reclamar la indemnización del Estado”. 5
Con la Ley 678 de 2001, que reguló la acción de repetición, también se mantiene la posibilidad de demandar conjuntamente al Estado y a su agente, entendiendo que no se trata de que el particular esté legitimado para interponer la acción de repetición, sino que se permite que en un mismo proceso se resuelva la responsabilidad de la Entidad y del funcionario, en cumplimiento de los principios de economía procesal y de acceso a la administración de justicia 6
En consecuencia, es procedente que el administrado demande conjuntamente a la entidad y al funcionario cuando pretenda la reparación del daño causado por un acto administrativo, un hecho, una acción, una omisión o una operación administrativa. Pero sólo en cuanto se establezca la responsabilidad de la entidad podrá establecerse la de su agente. 7
5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-430 del 12 de abril de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 22 de mayo de 2003, exp. 23532, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 24 de abril de 2003, exp. 5142, M.P. Alberto Arango Mantilla.
No hay solidaridad entre la administración y el funcionario, pues mientras el Estado responde por los daños antijurídicos que le sean imputables, su agente sólo será responsable cuando pueda imputársele dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.
No se condena en costas, toda vez que no se verifica una conducta temeraria que dé lugar a ellas, de conformidad con el artículo 171 del C.C.A.
1. REVÓCASE la Sentencia del 1′ de diciembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquía. En su lugar:
2. DECLARASE la nulidad de las Resoluciones 000039 del 10 de junio de 1997 y 0202 del 3 de julio de 1998, proferidas por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, dependencia de la DIAN.
3. Como restablecimiento del derecho, ORDENASE la devolución del saldo a favor reflejado en la declaración de renta del contribuyente por el año gravable 1994, junto con sus intereses moratorios que correspondan a partir del vencimiento del término para devolver, esto es 120 días hábiles después de la solicitud del 3 de noviembre de 1995, y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, de conformidad con los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario.
4. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda en relación con la responsabilidad individual de la doctora TERESA EMILIA GONZÁLEZ
« Oficio N° 055805 de 23-07-2007.Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales.
Oficio Número 057806 del 27-07-2007. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. »