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Timestamp: 2018-10-23 17:20:29
Document Index: 66078931

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Notas sobre el dictamen y las modificaciones a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública en Sinaloa por parte del Congreso y la reserva presentada al respecto por el PAS. – Manuel Cárdenas Fonseca
Jul 25, 2017 | Comunicados de Prensa	|
22 de julio de 2017Notas sobre el dictamen y las modificaciones a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública en Sinaloa por parte del Congreso y la reserva presentada al respecto por el PAS.
El nuevo dictamen sobre la iniciativa de reformas que deroga los párrafos sexto y séptimo del artículo 37 y que modifica las fracciones XXII y XII BIS del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y la reserva presentada por el Partido Sinaloense (PAS), de una manera más amañada y más simulada, siguen persiguiendo los mismos objetivos originales:
Eliminar de la Constitución local la facultad del Congreso del estado (que también está protegida en los artículos 115 y 116 de la Constitución federal) de revisar y fiscalizar la Cuenta Pública, para disminuirla solamente a la facultad de aprobar los informes presentados por la Auditoría Superior del estado y el dictamen que elaborará la comisión de fiscalización del Congreso sobre dichos informes (nueva adición en el nuevo dictamen que lo deja a la ley secundaria). Esto es improcedente porque violenta lo consignado en la Constitución federal, además de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, y los derechos de la sociedad de conocer y evaluar públicamente el uso de los recursos a través de sus representantes populares. (párrafo sexto del artículo 37 y fracciones XX y XXII bis del artículo 43).
Intentan desconocer que la revisión y la fiscalización de la Cuenta Pública son actos distintos con motivaciones y propósitos diferentes.
Continúan intentando hacer de un acto democrático y de control de poderes un simple ejercicio de auditorías y un mero trámite administrativo.
Eliminar de la Constitución de Sinaloa la facultad expresa que le otorga al Congreso de no aprobar la Cuenta Pública y el procedimiento a seguir de darse este caso. (párrafo séptimo artículo 37).
La facultad del Congreso se limitaría a analizar y en su caso aprobar informes y un dictamen, lo cual representa evaluar el trabajo de la Auditoría Superior del Estado y, en su caso, de la Comisión encargado del dictamen, pero no de la Cuenta Pública. Son cosas distintas que buscan, maliciosamente, medir con el mismo racero. Es improcedente porque conculca el derecho de los sinaloenses y del Congreso de evaluar a fondo el quehacer gubernamental y, de darse el caso, hacer una condena pública de su actuación.
Mal informar a la sociedad sobre el contenido y los propósitos de la reforma constitucional anticorrupción de 2015, que fortaleció las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, señalando de manera por demás equivocada que la iniciativa propuesta está en consonancia con esta reforma. ¡Nada más falso!
Ni en la iniciativa de reforma constitucional, ni en la minuta de la Cámara de Diputados, ni en el dictamen del Senado, se hizo referencia a limitar las facultades de la Cámara de Diputados para revisar y fiscalizar la Cuenta Pública, sino por el contrario, en diversos párrafos se reconoció la importancia de esta facultad y su distinción del trabajo técnico de fiscalización realizado por la Auditoría Superior. Por esa razón no hubo ninguna modificación a esta facultad de la Cámara de Diputados establecida en la fracción VI del artículo 74 constitucional, ni a otras disposiciones consignadas en otros artículos constitucionales.
Sólo cito al respecto algunos párrafos del dictamen del Senado a esta iniciativa:
“Es importante destacar que las modificaciones constitucionales tendientes al establecimiento del sistema nacional anticorrupción entrañan planteamientos de fondo para el desempeño de las tareas que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización, así como a la Cámara de Diputados en torno a la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal.”
“Un primer elemento relevante es la previsión constitucional del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, que sustituye al “informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública”, así como de la incorporación del concepto de informes individuales de auditoría que deberán presentarse en tres fechas distintas del año de calendario. Se trata de una previsión que, sin duda, ayudará a ordenar en el tiempo y con carácter de reflexiones específicas y agregadas, el desarrollo de la facultad conferida a la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal”
“…se establece que los informes que debe presentar los días primero de los meses de mayo y noviembre, incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, con el objeto de que la Auditoría Superior de la Federación rinda cuentas sobre su actuación a la Cámara de Diputados y a la población en general y, con ello se sujeta también a la propia. Auditoria a un esquema de rendición de cuentas.”
Lo que sí buscó e hizo la reforma federal fue fortalecer de manera cualitativa a la Auditoría Superior dándole nuevas facultades para “investigar y promover la imposición de sanciones a los servidores públicos y en su caso particulares de manera más oportuna…” con lo cual se estableció un mecanismo mejor articulado, oportuno y efectivo para combatir la corrupción.
En relación a la reserva del PAS, hay diferencias entre el primer documento que se conoció y el que ahora se presenta y ahora forma parte del Dictamen.
En el primer documento de reserva que se conoció, el PAS proponía conservar el párrafo sexto del artículo 37 de la Constitución local, en el que se establece la facultad de revisión y fiscalización del Congreso (en consonancia con la Constitución federal) porque lo consideraba fundamental, aunque lo reformaba para eliminar lo relativo a la no aprobación de la Cuenta Pública y a su finiquito. Coincidía con la iniciativa original en derogar el séptimo párrafo relativo a la no aprobación de la Cuenta Pública y su posterior procedimiento.
En este documento, el PAS también proponía reformas a las fracciones XXII y XXII bis del artículo 43 constitucional local, para establecer que la facultad de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública se limitaría a la discusión y, en su caso, aprobación de un dictamen sobre los informes presentados por la Auditoría Superior del Estado (no señalaba quien realizaría el dictamen). También incluía en la fracción XXII bis un texto que ya se encuentra en la Ley de la Auditoría Superior del Estado en relación en que la aprobación del dictamen no suspendería el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado.
La forma en que se encontraba redactada la fracción XXII del artículo 43 referido, transfería la facultad del Congreso de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas (objetivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública) a la Auditoria Superior del Estado.
Estas reformas propuestas al artículo 43 contravenían lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 37 que se pretendía mantener con modificaciones. Lo dispuesto para el artículo 43 restringía la facultad del Congreso a la aprobación de un dictamen, mientras que el sexto párrafo mantenía una facultad general en materia de revisión y fiscalización por parte del Congreso, como existe a nivel federal.
El segundo documento de reservas que se ha conocido, deroga el sexto párrafo del artículo 37 de la Constitución del estado (al igual que el séptimo párrafo) y ya no salvaguarda la facultad que otorga la Constitución federal de revisar y fiscalizar la Cuenta Pública de manera amplia.
Este segundo documento mantiene la propuesta del original sobre las fracciones XXII y XXII bis del artículo 43 constitucional local, sobre limitar la facultad del Congreso a la aprobación de un dictamen y no de la Cuenta Pública como tal. Esto implicaría que lo que se aprobaría sería o no el trabajo de la Auditoría Superior del estado de Sinaloa y en su caso el de quien elabore el dictamen (que no se señala quien sería).
En el comunicado que presentó el PAS, se reconoce la importancia de la fiscalización en la lucha contra la corrupción, pero no reconoce la importancia de la revisión de la Cuenta Pública en la transparencia y en la rendición de cuentas, factor elemental e indispensable para lo primero enunciado, y en el fortalecimiento de la vida democrática en Sinaloa y en todo el país.
Mantienen una visión sesgada que no reconoce (o no quiere hacerlo) la diferencia entre revisión en sentido amplio y fiscalización de la Cuenta Pública, y justifica retóricamente el quitarle facultades al Congreso en la materia.
En particular sobre el contenido del nuevo dictamen debo señalar que mantiene los mismos textos, en el proyecto de decreto, de las propuestas de reformas a los artículos 37 y 43 de la Constitución del Estado, sin modificaciones, aunque señala en la parte argumentativa cambios vinculados con la segunda propuesta de reserva del PAS (con algunas precisiones) pero los deja para las leyes secundarias.
En el nuevo dictamen que se conoce se continúa derogando las fracciones sexta y séptima del artículo 37 constitucional del Estado y con ello, la facultad del Congreso local de revisar y fiscalizar la Cuenta Pública y de aprobarla o no aprobarla, así como declarar su finiquito.
Se limita la facultad del Congreso a aprobar informes o, en su caso, un dictamen de los informes presentados por la Auditoría Superior.
En el texto del documento, que no en el articulado propuesto y ni siquiera en los transitorios, se establece que la Comisión de Fiscalización del Congreso elaborará un dictamen sobre los informes de la Auditoría Superior que presentará al Pleno para su discusión a más tardar el 31 de octubre del año siguiente a la presentación de la Cuenta Público, y que esto será regulado en la legislación secundaria (no se establece en los artículos transitorios ninguna obligación de incluir esto en la legislación secundaria, por lo que queda como meramente argumentativo). En el orden federal este procedimiento está incluido en la Constitución.
El artículo 74 de la Constitución federal establece claramente en su fracción VI “La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior…”
Aquí queda muy claro que no se trata de que la Cámara de Diputados apruebe informes de la Auditoría Superior o el dictamen de la Comisión legislativa encargada, sino que éstos le sirvan de elementos para aprobar la Cuenta Pública, que es la facultad constitucional que tienen y ejercen, a través de este ejercicio democrático y como representantes del pueblo.
Este dictamen aprobado en esta etapa legislativa sigue intentando confundir a la población sobre las facultades del Congreso en materia de Cuenta Pública y sobre los alcances y objetivos de la revisión y la fiscalización, cuando el primero implica un escrutinio público del ejercicio de gobierno y el segundo comprende una revisión técnica especializada del origen y aplicación de los recursos.
Este segundo dictamen, en la argumentación del texto, pretende minimizar la afectación que se busca causar a las facultades del Congreso, mantiene el mismo texto en los artículos propuestos en el primer documento y no compromete legalmente en los transitorios de la propuesta a que se incorpore en la legislación secundaria el dictamen legislativo de los informes de la Auditoría Superior del Estado.
1.- El nuevo dictamen y la reserva del PAS a la iniciativa de reformas a los artículos 37 y 43 de la Constitución local, mantienen el propósito inconstitucional de quitarle al Congreso su facultad de revisar la Cuenta Pública, y de no aprobarla de así considerarlo.
2.- Lo limitan simplemente a aprobar informes de la Auditoría Superior y un dictamen al respecto, lo que implica una facultad totalmente distinta.
Con argumentos absurdos que rayan en faltar a la verdad, quienes apoyan éste atentado aquí tratado, intentando aparecer como paladines de la lucha contra la corrupción, intentan justificar el violentar derechos del Congreso, de los sinaloenses y afectar la transparencia, la rendición de cuentas y la vida democrática del estado y del país. Le apuestan al ocultamiento, a la opacidad y al encubrimiento de gobiernos corruptos e ineficientes, que hacen un mal uso de recursos públicos y no atienden necesidades de la población bajo la sombra que les da la impunidad galopante.