Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654078
Timestamp: 2019-08-25 01:33:31
Document Index: 196363527

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 203', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 127', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 203', 'artículo 127', 'artículo 40', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 3', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203']

EXENCIÓN TRIBUTARIA A EMPRESAS DESIGNADAS EN ACTA DE EJECUCIÓN DE TRATADO DE LIMA
ENMIENDAS A LEY Nº 17.322 Y A OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL
MODIFICACIÓN DE D.L. Nº 2.460 PARA REEMPLAZO DE PENA DE MUERTE POR PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO
OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE SALAS CUNAS: MODIFICACIÓN DE CÓDIGO LABORAL
Sesión 20ª, en miércoles 19 de diciembre de 2001
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas CORA (2759-01) (se aprueba en general)...........................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que exime del impuesto a la renta a empresas designadas en artículo 4 del Acta de Ejecución adoptada entre Chile y Perú (2646-10) (se aprueba en general y particular)....................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 17.322, y otras normas de seguridad social (2765-13) (se aprueba en general y particular).....................................
Sesión secreta: se adopta resolución sobre solicitudes de rehabilitación de ciudadanía (S 552-04, S 506-04, S 583-04 y S 590-04)...................................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el número 1 del artículo 17 del DL. Nº 2.460, para reemplazar la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado (2847-07) (se aprueba en general y particular)............................................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, en relación a obligatoriedad de instalar salas cunas en establecimientos industriales y de servicio que indica (1879-13) (se aprueba en general y particular)....................................
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Nº 1 del artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, para reemplazar la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado.
De acuerdo con lo resuelto en la sesión celebrada esta mañana, corresponde tratar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas CORA, con informes de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda.
Los principales objetivos de la iniciativa son suprimir el requisito de que las deudas ex CORA que se condonan correspondan a predios de la reforma agraria adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1992; permitir que el interesado, para acceder a la condonación, sea además dueño de otros bienes que no deriven específicamente de ese proceso; incorporar al beneficio de la ley a los dueños de retazos de parcelas CORA; facultar a las sociedades de personas constituidas por campesinos para acceder a la condonación, y conceder un nuevo plazo de dos años para acogerse a la ley.
El proyecto fue aprobado en general y particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Agricultura, Honorables señores Cariola, Moreno, Romero y Stange, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Matthei y señores Bitar, Boeninger, Foxley y Prat, adoptó igual resolución.
Cabe señalar que las Comisiones de Agricultura y de Hacienda proponen al señor Presidente discutir la iniciativa en general y particular a la vez, por ser de un artículo único.
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Romero.
Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Agricultura me permito informar este proyecto que tuvo su origen en un mensaje.
La iniciativa, como se acaba de relatar, se encuentra en segundo trámite constitucional. Se dio cuenta de ella el 16 de octubre del presente año, y pasó a las Comisiones de Agricultura y a la de Hacienda, como lo acaba de señalar el señor Secretario .
El objeto del proyecto es otorgar un nuevo plazo para acogerse al beneficio de condonación de deudas ex CORA y modificar determinados requisitos a fin de ampliar el ámbito de su aplicación. Su fundamento es el aplicar en forma más extensiva y justa la ley sobre condonación de deudas CORA. Lo anterior forma parte de las medidas que el Gobierno ha estimado necesarias para la reactivación del sector agropecuario.
Cabe recordar al respecto que la ley Nº 19.352 facultó a los propietarios de bienes raíces derivados de la reforma agraria para solicitar la condonación de la deuda fiscal ex CORA hasta por dos predios, parcelas o sitios derivados de ese proceso, siempre que se cumplieran determinados requisitos, entre otros, el que los predios hubiesen sido adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1992, y que el interesado no fuese dueño de más bienes raíces que de dos predios derivados directamente del proceso de reforma agraria.
Como se señaló, consta de un solo artículo, y contempla cuatro modificaciones sustanciales. La primera elimina el plazo de compra del predio por condonar. Es decir, suprime el requisito que las deudas ex CORA que se condonen correspondan a predios derivados de la reforma agraria adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1992.
La segunda precisa que se cumpla con la exigencia de no ser dueño de más de dos predios provenientes del proceso de reforma agraria, cuando se trate de otros bienes que no deriven específicamente de ese proceso. Es decir, permite que el propietario, para acceder a la condonación sea además dueño de otros bienes.
La tercera, incorpora en la condonación a los dueños de retazos de parcelas CORA. Por lo tanto, considera como un solo predio los retazos de parcelas cuyas superficies individuales sumadas sean inferiores a doce hectáreas de riego básico.
La cuarta, concede un nuevo plazo de dos años para acogerse a la condonación, contado desde la fecha de publicación de la ley. Se interrumpen los plazos de prescripción y no procede el abandono del procedimiento.
Según información del Servicio de Tesorerías, la deuda ex CORA al 19 de julio de 2001 corresponde a doce mil deudores y alcanza a 62 mil millones de pesos. Se estima que la deuda de los potenciales beneficiarios del proyecto ascendería a un monto aproximado de mil millones de pesos.
Para concluir este informe, deseo referirme a un análisis realizado por la Comisión de Agricultura, en el sentido de estimar que, después de transcurridos tantos años -alrededor de cuarenta- desde que existe este proceso, para los miembros de ella tal vez sea ésta la oportunidad de plantear al Ejecutivo la posibilidad de que, de una vez por todas, demos fin a las deudas correspondientes a un proceso que se arrastra año tras año, y que mediante una ley terminemos el proceso de cobranza, el cual a veces puede resultar más oneroso que lo que se adeuda.
Desearía que mi planteamiento fuese considerado simplemente como una sugerencia de envío de un oficio al Ejecutivo , que la Mesa puede hacerlo llegar en mi nombre y quizás agregar el de los integrantes de la Comisión y de los señores Senadores presentes en la Sala que así lo deseen.
Yo, en todo caso, deseo dejar constancia de estas reflexiones frente a un proceso que se prolonga durante tantos años.
Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría, en conformidad al Reglamento.
Señor Presidente , como muy bien se ha informado, en la Comisión prestamos nuestro acuerdo para que el proyecto en debate fuese aprobado. Hemos hecho, sí, una precisión, la que deseo reiterar en la Sala: ésta es la tercera vez que se presenta un proyecto de esta naturaleza, y la razón por la cual es necesario hacerlo se debe a que uno de los requisitos que ha quedado establecido en las leyes precedentes fue el de que los potenciales beneficiarios de la condonación de deudas CORA debían estar al día en sus contribuciones y no tener deuda previsional.
Eso se aprobó en la segunda ley dictada sobre el particular hace poco más de dos años, la que sólo permitió que se acogieran al beneficio dos mil personas. Y esta tercera iniciativa legal, si no se modifica el criterio que señalo -excúsenme, señores Senadores que lo diga-, será inútil, porque las personas que eventualmente pudieran percibir el beneficio -la mayoría de ellas desean conservar sus parcelas- se encuentran en difícil situación económica, por lo que no podrán cancelar previamente las contribuciones y, en algunos casos, las deudas previsionales.
Como cualquier enmienda sobre la materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, en la Comisión me permití presentar una indicación, la cual fue declarada inadmisible. Pero en esta oportunidad la quiero reiterar, porque el compromiso verbal que recibimos del Gobierno -lamento que no se encuentra presente en la Sala algún Ministro - fue que él estaba dispuesto a proponer dicha modificación.
Por lo tanto, solicito que, antes de que se despache el proyecto, se haga la consulta, porque -repito- estamos contestes en que, al despacharlo en los términos en que viene propuesto por la Comisión, aprobaremos una iniciativa que no producirá efectos. Es decir, debe establecerse que, para acogerse a los beneficios, por esta única vez no se exigirá previamente -y recalco esto, porque no estamos pidiendo que se exima del pago de la deuda de contribuciones o de la deuda previsional- el pago de contribuciones atrasadas ni tener deuda previsional, como se encuentra establecido en la normativa vigente.
No sé si el señor Secretario pueda informar si esto fue incorporado en el proyecto.
Efectivamente, señor Senador , en el informe viene consignado que el representante del Ministerio de Agricultura dejó constancia de que el Ejecutivo ha resuelto enviar posteriormente una indicación al proyecto en informe, que recoge la solicitud planteada por el Senador señor Moreno .
Entonces, a objeto de despachar ahora el proyecto que nos ocupa, propongo que lo aprobemos sólo en general -a pesar de que la Comisión pidió despacharlo en general y particular a la vez- y fijemos un plazo para que el Ejecutivo presente indicaciones. Dicho plazo podría ser hasta el 2 de enero de 2002.
El señora ROMERO.-
¡Que se vote, señor Presidente!
Podríamos aprobarlo en general, señor Presidente .
Si le parece al Senado, el proyecto se aprobará en general.
--Se aprueba en general el proyecto, por unanimidad, y se fija plazo para presentar indicaciones el 2 de enero de 2002.
Señor Presidente , está definido si habrá sesión los días 2 y 3 de enero.
Depende, señor Senador.
Los Comités acordaron realizar la sesión ordinaria del miércoles 2 de enero y efectuar una extraordinaria el jueves 3 en la mañana.
Si no hay proyectos en tabla, tendría que suspender dichas sesiones. Entonces -como señalé-, la resolución se adoptará conforme al despacho que haga el Senado de los proyectos del Orden del Día de esta sesión. A mi juicio, existe una tabla fácil de despachar. En todo caso, la Presidencia les comunicará oportunamente lo que decida respecto de esta materia.
Tiene la palabra el Senador señor Hamilton.
Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de procedimiento.
Esta mañana conversé con algunos señores Senadores en el sentido de que, si se reunía la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (lo que hizo) y aprobaba el proyecto destinado a rectificar el error que se cometió en la norma que deroga la pena de muerte, se incorporara a la tabla de esta sesión y se despachara como lo hizo la Comisión, esto es, en forma unánime.
Se dio cuenta de la iniciativa que Su Señoría señala. Pero, para poder tratarla hoy, requiero la unanimidad de la Sala, a objeto de incluirla en la tabla.
Si le parece al Senado, se incorporará al Orden del Día de hoy el proyecto a que se ha hecho referencia en el lugar que corresponda.
Señor Presidente , ¿cuál es la iniciativa respecto de la cual se pide acuerdo para tratarla hoy día?
El proyecto que modifica el número 1º del artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, de 1979, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, con el propósito de reemplazar la pena de muerte por presidio perpetuo calificado.
El Honorable señor Hamilton lo explicará nuevamente.
El propio Senador señor Cordero fue el que me advirtió de la omisión. Al suprimir la pena de muerte, el procedimiento correspondiente se realizó en forma casuística, haciendo referencia a cada uno de los delitos que informa la legislación penal, con la sola excepción del Código de Justicia Militar en tiempo de guerra, por razones que se explicaron en su momento.
Ahora bien, uno de esos delitos, que se encuentra en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, contempla todavía la referencia a la pena de muerte.
Entonces, la simplicidad de esto consiste en suprimir esa referencia. Eso es todo. Se trata de un proyecto de un artículo, aprobado por la unanimidad de la Comisión, incorporado a la Legislatura Extraordinaria y respecto al cual el Gobierno iba a pedir preferencia para su despacho.
Entonces, ¿habría acuerdo para incorporar a la tabla de hoy el proyecto a que se ha hecho referencia?
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que exime del impuesto a la renta a las empresas designadas en el artículo 4 del Acta de Ejecución adoptada entre Chile y Perú, el 13 de noviembre de 1999, en los casos que indica, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2646-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 4 de julio de 2001.
Relaciones Exteriores, sesión 18ª, en 18 de diciembre de 2001.
El objetivo principal del proyecto es incorporar al ordenamiento jurídico interno una norma que exima del pago de impuesto a la renta a las empresas designadas en el artículo 4 del Acta de Ejecución adoptada entre Chile y Perú, en 1999, en los casos que indica.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la iniciativa en general y particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Martínez, Romero y Valdés, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda también aprobó en general y particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Bitar, Boeninger, Foxley, Prat y Urenda, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores.
Finalmente, cabe señalar que, por tratarse de un proyecto de artículo único y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento del Senado, las Comisiones proponen al señor Presidente que el asunto sea discutido en general y particular a la vez.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley Nº 17.322 y a otras normas de seguridad social, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2765-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 31 de octubre de 2001.
Trabajo, sesión 18ª, en 18 de diciembre de 2001.
El señor HOFFMANN (Secretario).- Cabe consignar que la Comisión fue autorizada por la Sala para discutir la iniciativa en general y particular a la vez en el primer informe.
El objetivo principal de esta iniciativa es agilizar y facilitar la gestión administrativa del Instituto de Normalización Previsional, la atención y la entrega de beneficios a sus usuarios.
La Comisión aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Gazmuri, Parra, Pérez, Ruiz y Urenda.
En lo tocante a la discusión en particular, en las páginas 12 y 13 del informe se consignan las modificaciones que la Comisión propone al proyecto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, las que también fueron acogidas por la unanimidad de la Comisión.
El texto propuesto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social consta en las páginas 13 a 15 del informe.
Señor Presidente , el proyecto en debate, en sus principales aspectos, consigna una autorización al Instituto de Normalización Previsional para que, a través de firmas mecanizadas, puedan dictarse resoluciones sobre cobranza de deudas previsionales.
Los volúmenes de documentos que anualmente expide ese Instituto son de tal magnitud que es imposible que el propio Director los pueda firmar, razón por la cual debe delegar esta labor en numerosos funcionarios para poder cumplir oportunamente con ese acto administrativo.
De allí la necesidad de que ello se haga mediante procedimientos mecanizados, que actualmente existen, como sucede con muchísimos documentos públicos. Por lo demás, así lo entendió la Comisión, pues de esa manera se facilitan trámites que terminan siendo excesivamente onerosos, en circunstancias de que existen medios más modernos para lograrlo. Sin embargo, ello no es posible sino mediante ley que lo autorice. Éste es el primer y más importante punto.
En lo demás, el proyecto concentra en el INP los trámites que deben hacer algunos trabajadores para cobrar sus beneficios, y terminar con lo que sucede actualmente, en que, por ejemplo, la asignación familiar se paga en un lugar, y una pensión de gracia en otro. Esto también requiere autorización legal.
Por lo tanto, se trata de una iniciativa simple, que regulariza situaciones bastante molestas para los usuarios del INP y tiende a simplificar los trámites en la Administración Pública. En ese contexto, la Comisión le dio su aprobación unánime, tanto en general como en particular.
La tiene el Honorable señor Urenda.
Señor Presidente , deseo complementar lo expresado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que las modificaciones que le introdujimos al proyecto en la Comisión están destinadas a establecer algunas normas que fijen los requisitos para operar mediante procedimientos mecanizados. Porque, dado que el texto original nada decía al respecto, ello podía quedar sujeto a la simple apreciación del funcionario de turno.
Por tal razón, se estimó conveniente -en ello coincidió el Gobierno- dictar un reglamento para fijar la normativa y evitar toda posibilidad de abuso.
Naturalmente, estamos conscientes de que es prácticamente imposible que una sola persona pueda firmar una enorme cantidad de documentos para cumplir estas prestaciones sociales.
Agrego ese antecedente, porque las modificaciones que introdujimos las consideramos pertinentes y fueron aprobadas por el representante del Gobierno, que las estimó adecuadas.
Tiene la palabra el Senador señor Martínez ; después, el Honorable señor Ríos, y luego, Su Señoría.
Señor Presidente , deseo formular una pregunta al Senador señor Ruiz en relación con la posibilidad de utilizar medios electrónicos.
Aquí se propone el empleo de procedimientos mecanizados, como el timbre u otro tipo de instrumentos para dar validez al cheque. Sin embargo, existe la posibilidad de usar facsímil o elementos electrónicos, como la copia transmitida mediante fax y ese tipo de dispositivos. ¿Se plantea esa alternativa?
Señor Presidente , ocurre que está en trámite en el Congreso un proyecto sobre firma electrónica, con el cual no queremos interferir.
Aquí se trata de algo mucho más simple: que el INP pueda utilizar un sistema mecánico para la firma de documentos que, de hecho, reemplace la manuscrita. El objetivo no es transmitir documentos de un punto a otro, sino firmarlos para que sigan su curso normal hasta su recepción por quien corresponda. Lo único que se reemplaza es la firma manual por una estampada mediante un sistema mecánico. A título ilustrativo, hay meses en que se despachan más de un millón de documentos desde las distintas oficinas del INP, lo que hace absolutamente imposible que los firmen sus ejecutivos.
Reitero: se trata simplemente de utilizar un sistema mecánico, no uno electrónico, que se halla contemplado en otra iniciativa actualmente en discusión en el Congreso.
Señor Presidente, esto que parece simple, desde mi punto de vista, merece al menos algunas consultas.
El artículo 3º, norma central del proyecto, autoriza al Director Nacional del Instituto de Normalización Previsional para que las resoluciones que dicte puedan llevar una firma estampada a través de procedimientos mecanizados.
El Honorable señor Ruiz ha señalado que es mucha la documentación que debe expedir el INP por concepto de pagos previsionales atrasados y otras resoluciones de ese tipo. Y, para este efecto, se entrega al Director Nacional la facultad antes mencionada.
Sin embargo, tengo entendido que, de acuerdo con las normas que rigen al Instituto, dicho personero tiene la atribución de delegar funciones en los Directores Regionales. Y al parecer éstos no han recibido tal delegación, con lo cual el Director Nacional concentra toda la actividad correspondiente a resoluciones y otros documentos de esa especie.
Entonces, deseo saber con exactitud de qué resoluciones se trata. Es claro que dicho personero debe firmar una cantidad muy grande de documentos, dado que está todo muy centralizado y se quiebra la relación entre el empleador que debe cancelar las cotizaciones previsionales al INP y el respectivo Director Regional.
A mi parecer, al igual que otras iniciativas que hemos estudiado, ésta responde a situaciones de carácter administrativo al interior del Instituto, y no al hecho de que éste sea incapaz de resolver esos problemas sin la mecanización de que se trata.
Por tal motivo, y dado que -por lo que he señalado- me inclino a no votar favorablemente el proyecto, deseo saber si efectivamente el Director Nacional del INP tiene la capacidad para delegar facultades, si las está ejerciendo o no, y cuál es el número aproximado de documentos que expide a los empleadores u organismos, que es lo que terminó por dificultar la acción del Instituto en estas materias.
Señor Presidente , ignoro cuál es exactamente la cifra, pero mensualmente, por efecto de cobro de cotizaciones adeudadas, el INP tramita varios miles de documentos al mes.
Además, deseo recordar que actualmente la Ley de Bancos permite la firma mecanizada de cheques y, de hecho, así se hace. Entonces, si el cheque, documento tan valioso para la actividad empresarial y comercial, se puede firmar con medios mecanizados, por qué no facultar a un organismo del Estado, al que pedimos eficiencia, para que pueda utilizarlos. Ojalá se descentralizara más, como he sostenido muchas veces.
Efectivamente, el Director Nacional del INP tiene atribuciones para delegar en los jefes de servicios locales y en otros ejecutivos, pero aun así termina siendo una actividad excesivamente demorosa, que entraba el funcionamiento de este organismo público, en circunstancias de que la ciudadanía está pidiendo al Estado menos burocracia y más agilidad.
Aquí se trata justamente de introducir, por lo menos en parte, la modernidad en un servicio que aún está atrasado, de manera de facilitar su funcionamiento para mayor beneficio de la gente a la cual sirve.
Reitero: existe la facultad de delegar, pero aun así sigue siendo lento su funcionamiento. El sistema propuesto significa entrar, aunque parcialmente, a la modernidad, y tal es el objetivo de la ley en proyecto.
Deseo argumentar en el mismo sentido, señor Presidente . Entiendo que el artículo 3º del proyecto entrega no sólo al Director Nacional la facultad de utilizar medios mecanizados para la firma, sino también a todos los que hagan uso de la delegación de facultades. Eso significa que no sólo dicho personero podrá hacer uso de la firma mecanizada, sino también -no habla de los Directores Regionales- todas las personas a las cuales se les haya delegado dicha facultad. Puede ser cualquier funcionario. Lo lógico sería que fuesen los Directores Regionales del INP, que son quienes más directamente conocen de dichas materias. Normalmente, muchos procedimientos terminan en la oficina central, por el exceso de burocracia y centralismo existente en el país, y el Director firma todo.
El artículo 3º señala: "o mediante delegación de facultades". Por lo tanto, incluye a todos los que eventualmente el Director entregue facultades específicas. Sin embargo, puede darse el caso de que éste no se las otorgue al Director Regional , sino a otro funcionario de segunda categoría, y, en ese sentido, me parece que la referida norma debería haber sido más precisa. A eso quería llegar.
Excúseme, señor Presidente , sólo quiero aclarar que el Director Nacional sigue siendo responsable del documento emanado del servicio. Él delega bajo su responsabilidad. Así debe entenderse.
Respecto del dato solicitado por el Senador señor Ríos, puedo informar que el INP emite 50 mil documentos mensuales de cobranza.
Señor Presidente , deseo esclarecer que la materia en debate nada tiene que ver con la firma electrónica, sobre la que existe otro proyecto aprobado en general por la Sala, y que la Comisión de Constitución acaba de despachar en particular, el cual presenta una serie de complejidades jurídicas diferentes e introduce nuevas tecnologías.
El problema radica en que la firma sirve para autentificar que un documento emana de determinada autoridad. Ahora, al establecer una firma mecanizada, ella pierde valor, porque con ese sistema la persona desconoce si efectivamente el documento lo emitió el funcionario allí indicado.
Yo entiendo el problema. Pero lo básico es la naturaleza del reglamento, que -tal como dijeron el Honorable señor Núñez y otros señores Senadores- debería señalar claramente que la persona que al final autoriza el uso de la firma mecanizada es responsable del documento. Repito, lo fundamental es el reglamento. Y, en este caso, el proyecto autoriza al propio Director del INP a dictar un reglamento que establezca la firma mecanizada, pero no le da ninguna orientación al respecto, sólo le dice: "Para esos 50 mil documentos, usted dictará un reglamento y determinará cómo lo hace".
A mi juicio, se debería haber buscado una fórmula mejor. No soy experto en la materia como para saber cuál es la más apropiada. Pero se podría haber avanzado en la modernización del Estado tomando mayores resguardos, porque se trata de 50 mil documentos.
¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa, señor Senador ?
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Ruiz .
Señor Presidente , el reglamento deberá dictarlo el Primer Mandatario al implementarse la ley -no se trata de un documento interno del INP-, donde se establecerán las pautas para llevar adelante el procedimiento especificado.
Recupera la palabra el Senador señor Viera-Gallo .
En ese caso, lo más lógico sería aplicar dicho sistema a toda la Administración Pública. O sea, si el Senado ya aprobó en general un proyecto sobre procedimiento administrativo -que ahora estudiaremos en particular-, lo correcto sería que existiera una normativa común para que en las entidades estatales, en determinadas condiciones, se usara el sistema de firma mecanizada.
Se podría partir en forma experimental en el INP, pero habría que redactar mejor el artículo respectivo de manera que quedara claro que es el Presidente el República el encargado de dictar el reglamento.
Señor Presidente, debo aclarar dos cosas: primera, que el proyecto de ley se propuso porque se está procediendo en forma mecanizada sin ningún tipo de autorización, y, segunda, que cuando nos referimos a un reglamento, no lo hacemos respecto de uno emanado del Director del INP , sino a uno dictado por el Presidente de la República sobre el particular.
Por lo tanto, donde no existía norma alguna, llegamos a la conclusión de que debería haberla, sobre todo porque hoy se procede de esa forma sin ninguna normativa que lo establezca. Pero en modo alguno ha querido darse una facultad para un tipo de reglamento interno. Nosotros apuntamos a una norma reglamentaria. Creo que los Honorables colegas de la Comisión también lo entendieron en tal sentido, y, por ello, se aceptó.
Tiene razón el señor Senador, la potestad reglamentaria es del Presidente de la República . Por lo tanto, si la ley establece que deberá dictarse un reglamento, sólo el Presidente de la República , o un Ministro al cual se le delegó la firma, puede hacerlo.
Tiene la palabra el señor Silva
Señor Presidente, quiero contribuir a aclarar un poco lo que se está planteando.
Recuerdo al Honorable Senado que la disposición en comento va a autorizar algo que en la realidad ya se está cumpliendo (como dijo un señor Senador ). Los cheques pagados a los jubilados por la referida institución vienen con la firma impresa de esa manera, no los firma ninguna de las autoridades del INP. Si algún señor Senador es jubilado como yo, podrá comprobar que en el documento recibido por tal concepto aparece una firma estampada, no es la auténtica.
Por lo tanto, en el fondo, lo que se hace es regularizar una medida que ha venido aplicándose de facto, y es útil que se regule, sobre todo por un problema de responsabilidad, que es lo sustancial. Porque aun cuando un jefe de servicio permita -como de hecho ya se está haciendo- que las firmas de documentos que significan pagos se efectúen mediante simples sistemas mecanizados, la responsabilidad siempre será de él.
En consecuencia -reitero-, lo que aquí se está llevando a cabo es regularizar una situación que en la realidad ya existe.
Deseo consultar al Presidente de la Comisión respectiva por qué a través del proyecto se radica en el Instituto de Normalización Previsional el pago de las pensiones de los trabajadores de la ex fábrica "Carozzi"; y por qué la situación de esos trabajadores requería una ley especial.
Señor Presidente , a raíz de un incendio ocurrido hace como 30 años en "Carozzi" se dictó una ley especial que otorgaba pensiones de gracia a los obreros de esa industria que fueron afectados. Como todavía quedan algunas personas que reciben ese beneficio, el cual deben cobrar en un organismo distinto del que reciben su pensión regular, se les quiso centralizar y facilitar esa tarea.
Se va a constituir la sala en sesión secreta para pronunciarse sobre solicitudes de rehabilitación de ciudadanía.
Señor Presidente , por qué no tratamos inmediatamente el proyecto sobre la Policía de Investigaciones que se acaba de incorporar a la tabla y después nos dedicamos a las rehabilitaciones.
Señor Senador, creo que es posible despachar rápidamente los cuatro casos de rehabilitación de ciudadanía y, luego, podemos abocarnos a la iniciativa que mencionó.
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:53, y adoptó resolución acerca de las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de doña María Isolina Zárate y de los señores Juan de Dios Segundo Alderete Aldana, René Fuentes Flores y Jorge Washington Vargas Mancilla.
--Se reanudó la sesión pública a las 17:14.
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el número 1 del artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, para reemplazar la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado, y cuya inclusión en la tabla se aprobó en la presente sesión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2847-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Hamilton).
En primer trámite, sesión 18ª, en 18 de diciembre de 2001.
Constitución, sesión 20ª, en 19 de diciembre de 2001.
Esta iniciativa tiene su origen en una moción del Honorable señor Hamilton.
Su objetivo principal es sustituir la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado, como límite superior aplicable a quien, a sabiendas, violentare o maltratare de obra a personal de la Policía de Investigaciones de Chile en el ejercicio de sus funciones policiales, causándole la muerte.
Se encuentra informada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que la aprobó en general y particular por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores Díez, Hamilton y Silva.
Este proyecto requiere ser aprobado con quórum calificado, es decir, con el voto favorable de 24 señores Senadores.
--Se aprueba el proyecto en general y particular, dejándose constancia de que emitieron voto afirmativo 29 señores Senadores.
Proyecto, en primer trámite constitucional, sobre modificación del artículo 203 del Código del Trabajo, que dispone la obligatoriedad de instalar salas cunas en establecimientos industriales y de servicios que indica.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1879-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 11ª, en 2 de julio de 1996.
Esta iniciativa, originada en moción del Senador señor Bitar, está informada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y su objetivo es ampliar la obligación de tener salas cunas a los centros o complejos industriales y de servicios administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica y cuyos establecimientos ocupen, entre todos, veinte o más trabajadoras.
Fue aprobada en general y particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señores Bitar, Parra y José Ruiz. La Comisión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, y por tratarse de un proyecto de artículo único, propone que sea discutido en la Sala en general y particular a la vez. Asimismo, y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 40, inciso cuarto del Reglamento, la Comisión designó, por unanimidad, al Senador señor Bitar para que informe este proyecto.
Señor Presidente , esta iniciativa, que es una mera extensión de una anterior que el Senado aprobó, amplía el beneficio de contar con salas cunas, establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo, a los centros comerciales. Aquella legislación, que data de 1995 ó 1996, imponía esta exigencia sólo a las empresas que empleaban a más de veinte trabajadoras. No se aplicaba, por ejemplo, en un "mall" comercial donde las trabajadoras, si bien podrían sumar mil en total, en cada uno de sus establecimientos no alcanzaban a veinte. Para esos casos, el Senado aprobó una norma que se incorporó al 203 y cuyo texto es el siguiente:
"Las empresas que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquiera edad o estado civil deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años, y dejarlos mientras estén en el trabajo.". Hasta ahí lo vigente antes de la ley que aprobamos en el Senado.
Luego, a ese texto se agregó: "Igual obligación corresponderá a los centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica cuyos establecimientos ocupen entre todos veinte o más trabajadoras".
La moción en debate, que fue aprobada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señala que el mismo beneficio se hace obligatorio para complejos industriales y de servicios. Su artículo único dispone: "Introdúcese en el inciso 1° del artículo 203 del Código del Trabajo, entre las palabras "comerciales" y "administrados" la frase: "e industriales y de servicios.". Entonces, la norma diría:
"Igual obligación corresponderá a los centros o complejos comerciales e industriales y de servicios administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica cuyos establecimientos ocupen entre todos 20 o más trabajadoras.".
El Ejecutivo participó en el trabajo de la Comisión y acogió la proposición por considerar que simplemente extendía un beneficio ya establecido.
Se citaron, como ejemplos, el caso de la ZOFRI en Iquique, que motivó la aprobación de la ley Nº 19.408; el de las mujeres que trabajan al lado, en las empresas de depósitos o en las bodegas adyacentes; y el de la ciudad industrial Huechuraba -mencionado por el Ejecutivo- en donde existe un complejo de empresas con administración común y que cuenta con mucho más de veinte trabajadoras.
Señor Presidente , me parece que, previamente a resolver sobre este proyecto, sería conveniente conocer el funcionamiento de la norma cuya aplicación se quiere hoy extender. Hay antecedentes en cuanto a que el requisito de establecimiento de salas cunas está siendo de alguna manera revisado en los hechos por la propia Dirección del Trabajo. No es éste el caso exacto; pero en otros señalados en la ley -por ejemplo, el de las trabajadoras temporeras que recolectan fruta- hay antecedentes relativos a que se estaría permitiendo canjear el requisito de instalación de salas cunas por un bono que probablemente permita solventar los costos de cuidado de los hijos, flexibilizando en los hechos una práctica que en la ley aparece muy rígida.
Cuando se legisla sobre la materia, deberíamos requerir mayores antecedentes respecto de cómo está funcionando la norma que hoy se quiere extender a otros servicios.
Si todos estamos de acuerdo en buscar fórmulas para flexibilizar la normativa del trabajo, entonces debemos avanzar efectivamente hacia ese propósito. Y es probable que el requisito de contar con sala cuna, que en un caso se está permitiendo traspasar a un bono que permita lograr el mismo objetivo por vías autónomas, podría también ser aplicable a la normativa que ahora se propone. Al avanzar en la rigidización que esta moción introduce, se camina en sentido contrario a lo que se está procurando.
Por tales razones, señor Presidente, sería interesante requerir más antecedentes sobre la materia.
Junto a esta iniciativa se ha planteado otra que es muy compleja y dañina. Me refiero a la que elimina la condición de existir veinte trabajadoras para obligar a instalar la sala cuna. Y ahí sí que se entra realmente en problemas mayores: para un pequeño local comercial sería imposible contratar a una madre de un lactante, pues el costo de instalar una sala cuna podría ser tres veces superior a lo que perciba esa trabajadora.
Entonces, pienso que debemos ser tremendamente cuidadosos en legislar sobre esta materia y estar dispuestos a revisar el proyecto.
Señor Presidente , en este debate hay tres o cuatro criterios centrales. El primero se refiere a buscar la manera de evitar lo planteado la primera vez que se discutió el tema, el que evidentemente no se resolvió bien. Si se trata de veinte trabajadoras distribuidas en diez establecimientos, lo que suma doscientas personas, debería proporcionárseles una sala cuna, pero no si hay diecinueve en cada local. Es decir, si una empresa equis contrata diecinueve trabajadoras y no veinte, se burla el espíritu de la ley.
Eso es lo primero que -si mal no entendí- se propone modificar. Es una manera lógica de resolver el tema central: hacer las cosas de forma de no eludir la ley, lo cual simplemente se hace disminuyendo una o dos trabajadoras en cada local o creando uno nuevo. En ese sentido, el proyecto es absolutamente pertinente y yo, por lo menos, lo votaré favorablemente.
El segundo criterio central -que es más de fondo- se refiere a que si permanentemente se habla del valor de la maternidad; de la necesidad de que las madres cuenten con protección necesaria; de que se busca la igualdad de las mujeres y de sus opciones frente al trabajo, entonces toda modificación que asegure lo anterior debe ser aprobada por el Senado con mucha fuerza.
En tercer término, no se trata -como señaló el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra- de rigidizar la contratación en pequeñas empresas -de seis trabajadoras, por ejemplo- por resultarles excesivamente caro tener una sala cuna. No se ha planteado darles un bono a las trabajadoras, sino que la empresa contrate los servicios de una sala cuna externa. No es lo mismo -perdónenme que insista en esto- entregar un bono, porque de esa manera lo único que se logra es desviar su uso a la satisfacción de otras necesidades económicas. Con la entrega de ese dinero, la empresa cumple su obligación, pero no el objetivo. La trabajadora podría ocupar esos recursos para otros fines y no para que los hijos vayan a una sala cuna. En ese sentido entiendo la flexibilización o la eufemísticamente llamada externalización de ciertos servicios.
Ahora bien, pienso que el problema no sólo se refiere a establecer una cifra de 19 ó 20 trabajadoras o a entregar un bono o no hacerlo. Hay otro tema que me preocupa mucho más, y lo menciono ahora porque probablemente no habrá otra oportunidad para discutirlo.
Observo algunas situaciones con profunda preocupación.
Cuando se debaten materias relacionadas con la niñez o la maternidad, se prioriza lo secundario y no lo fundamental. Entonces, puede entenderse la necesidad de flexibilizar. Pero tengo la sensación de que siempre se está buscando lo más económico y lo de mayor rendimiento y no se aborda el fondo de la cuestión: la protección del niño y de la madre trabajadora.
Hay un problema de visión de sociedad. No lo digo en términos eufemísticos ni demasiado utópicos. Simplemente lo veo así. En el último tiempo hemos observado situaciones realmente atroces en cuanto al resguardo de la dignidad y del trato a los niños. A mi juicio, no es concebible -lo señalo con mucha seriedad, sin intención de provocar otro debate enojoso para algunos y sin citar nombres- que hace poco tiempo se haya discutido en Chile acerca de si se usaba o no determinada licencia posnatal, que es un derecho y una obligación de la madre con el niño; o si ello contradecía la realización de un reemplazo en una alcaldía, en determinado momento y desde un punto de vista político; o si dicho descanso es o no un derecho, cuando todo el mundo sabía la razón de fondo. Ahí hay un agravio al buen trato que debe tenerse con un infante.
A lo anterior hay que agregar la tremenda presencia de progresivos maltratos a la niñez en Chile. Tiempo atrás presentamos un proyecto que el Senado tuvo la gentileza de aprobar y que hoy es ley. Con franqueza, debo manifestar que estamos analizando la posibilidad de modificarlo, porque, a pesar de todo el esfuerzo realizado en esta materia, el nivel de maltrato está creciendo -tal vez porque ahora se denuncia más- por falta de cultura de la gente más ignorante o más sensible a otros valores que llevan a considerar que el niño es una especie de cosificación, como han señalado los sicólogos. En alguna ocasión deberemos discutir este tema.
Me sentí muy violentado por el episodio antes mencionado. No quise intervenir personalmente en él, porque me pareció bastante duro hacerlo en una etapa preelectoral y podría haberse interpretado como una participación inadecuada. Realmente, estamos mal. El país entero en su conjunto -no el Gobierno, ni la Oposición, ni el Senado- ha fracasado en el entendimiento de cómo tratar la niñez.
Reitero: se está en presencia de un aumento del maltrato infantil que es preocupante. Y los indicadores respectivos son los más altos de América Latina.
Por otra parte, considero malo -lo digo con todo respeto- que, cuando se aborda el tema del binomio madre-hijo o el de la protección del niño, el acento se ponga en los aspectos económicos; de cuánto se gasta o no se gasta; de si es rentable o no lo es; o si es posible en esas condiciones contratar a una madre. Entiendo que vivimos en un mundo donde esos valores deben tomarse en cuenta. A veces me cuesta entenderlo, pero lo asumo.
Con toda franqueza, pienso que el proyecto es bueno.
Creo que la modificación que propone el Honorable señor Prat en cuanto a otorgar un bono es una alternativa que puede considerarse siempre y cuando se establezca sobre la base de la contratación de un servicio de sala cuna y no del dinero que se dé, porque, por necesidad, podría ser utilizado para otros propósitos.
Respecto al tema de cómo suprimir el piso de veinte trabajadoras, no lo eludo, pero creo que podemos discutirlo de otra manera; es decir, a la luz de algo esencial para mí. El objetivo central es el perfeccionamiento de la protección de la madre, el hijo o la hija, en el marco de que la maternidad, es un derecho; de que los deberes de la madre no pueden ser eludidos, ni aun por razones de otra naturaleza; y de que lo primero y medular en esta materia, el sujeto de toda esta preocupación, es el hijo.
Termino, señor Presidente , haciendo una observación que ha sido puesta de manifiesto muy claramente. El problema ya no es decir: "Mire, el maltrato infantil es sólo físico. Dañamos a una niña de seis u ocho meses únicamente si le pegamos". Con toda franqueza, una niña que se pasea por Chile, por todos lados, en brazos de su madre, sufre, querámoslo o no, maltrato sicológico, porque se da un fenómeno de transmisión de sentimientos y tensión entre la madre y su hijo que resulta preocupante. A la luz de los últimos antecedentes disponibles en la materia, el feto debe soportar los embates sicológicos u hormonales derivados de lo que le sucede a la madre desde el tercer o cuarto mes de embarazo. Eso es lo que me inquieta.
Excúsenme que haya derivado hacia otro lado. Sé que me salí del tema principal del proyecto, pero quise asentarlo desde ese punto de vista para apoyar lo que ha planteado el Senador señor Bitar .
Están inscritos para intervenir los Senadores señores Ruiz, Fernández, Urenda, Carmen Frei y Parra.
Señor Presidente , sólo voy a agregar una reflexión que me parece pertinente.
Creo que ésta es una discusión permanente que no va a terminar aquí, por una razón muy simple. Cuando se dictó la normativa vigente, se la hizo restrictiva justamente como una suerte de protección para la pequeña empresa. Ahora, la ley contempla la posibilidad de que el empresario no instale una sala cuna. Puede pagar el valor correspondiente sin necesidad de tener que instalar una en su recinto o en otra parte.
Pero quiero hacer una reflexión más de fondo.
Ésta es una materia propia de la seguridad social. Desgraciadamente, el tema de las salas cunas no se encuentra incorporado en nuestro sistema de seguridad social, sino en el Código del Trabajo. Por tal razón, como no se trata de un asunto de esa índole, se está procurando
que sea financiado por los empresarios. Y ahí se produce todo el problema que está en discusión, el elemento económico versus el elemento social.
Sin embargo, creo que nuestra sociedad alguna vez debe abordar el tema de fondo. Con los proyectos que ha presentado el Senador señor Bitar -ya van como cuatro-, se ha ampliado paulatinamente el beneficio a otros sectores, pero siempre con restricciones. ¿Qué hacemos con las mujeres que trabajan en empresas donde sólo hay dos o tres trabajadores? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo cargamos a esas empresas un costo adicional? Si pagan, por ejemplo, el salario mínimo, y el costo de inscripción en una sala cuna asciende a 80 mil ó 90 mil pesos, prácticamente las estaríamos obligando a pagar dos salarios mínimos. Evidentemente, vamos a tener un problema que es real y que no podemos dejar de lado.
Entonces, el tema de fondo es cómo hacer que esta materia sea considerada dentro del sistema de seguridad social, financiada por el Estado, y de dónde éste saca recursos -que son muchos- para que efectivamente todas las trabajadoras chilenas tengan la posibilidad de que sus hijos asistan a una sala cuna, y no sólo aquellas que pertenecen a empresas grandes con más de 20 trabajadoras, límite que ahora sería reducido.
Pero el problema de fondo es ése: cómo llegamos a un acuerdo entre el Parlamento y el Ejecutivo para buscar financiamiento al sistema de salas cunas, de manera que sea considerado dentro de la seguridad social y no tengamos una discusión permanente sobre un tema que siempre va a terminar excluyendo especialmente a las mujeres más pobres, que son las que trabajan en peores condiciones y en forma más precaria.
Considero que el proyecto es bueno, señor Presidente , y por eso lo voy a aprobar. Pienso que constituye un avance, aunque insuficiente. Sin embargo, creo que nunca vamos a resolver en definitiva el problema mientras no haya voluntad para que el Congreso, los partidos políticos y el Ejecutivo le busquen una solución. En todo caso, no basta con traspasarlo al sistema de seguridad social si no se le encuentra el financiamiento necesario, porque, en realidad, significa mucha plata.
Señor Presidente , comparto la idea de que aquí estamos frente a un tema que más bien es de seguridad social que meramente laboral, por lo que debería ser abordado precisamente desde esa perspectiva y no desde la de una relación entre patrones y trabajadores, que presenta otras dimensiones y otro enfoque. Evidentemente, tratarlo desde este último punto de vista significa establecer una limitación importante para las propias trabajadoras, que además afecta el empleo, porque, independientemente de la justicia de la norma -de la que no cabe ninguna duda-, implica aumento de costos.
Entonces, si se trata de un asunto de seguridad social, debe ser afrontado con un criterio distinto y con un financiamiento diferente, en el cual debiera participar incluso el Estado. No me parece adecuado gravar a las pequeñas y medianas empresas, porque eso podría incidir de manera negativa en su situación. No es el caso de las grandes, que tienen resuelto el problema desde hace muchos años. La ley de salas cunas es bastante antigua.
Por lo tanto, estimo acertado considerar el tema de las salas cunas como asunto de seguridad social. Habría que estudiar la forma de financiarlo: si con un impuesto que paguen todos, con cargo a los tributos, etcétera. Eso es algo que debería resolver la autoridad, fundamentalmente la que está a cargo de la seguridad social. Pero plantear el problema por la vía de una reforma al Código del Trabajo me parece que puede acarrear consecuencias muy graves precisamente para las personas que queremos favorecer, para determinadas empresas y, en general, para todo el país.
Por tal razón, creo que sería conveniente consultar a las autoridades de Gobierno respecto de la posibilidad de considerar las salas cunas dentro del costo de la seguridad social, de manera que el Ejecutivo pudiera proponer algún tipo de financiamiento o modo de tratar el tema. También sería útil contar con algún informe acerca del impacto económico que ocasionaría en las empresas una medida de esta naturaleza y de sus efectos en el empleo y el trabajo de la mujer. Me gustaría saberlo. No se trata aquí de negar un derecho a las trabajadoras, pero es necesario determinar a qué se estaría obligando a la pequeña y mediana industria. La gran industria -repito- tiene resuelto el problema desde hace mucho.
Ahora, en cuanto a la fórmula planteada para el cumplimiento de la obligación, cabe señalar que el actual artículo 203 del Código del Trabajo ya establece una vía alternativa. No necesariamente se cumple instalando una sala cuna. Su inciso quinto establece: "Se entenderá que el empleador cumple con la obligación señalada en este artículo si paga los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores de dos años.". Por lo tanto, este aspecto ya se encuentra resuelto en tal forma -y bien resuelto, en mi opinión-, por lo que no sería necesario legislar sobre la materia.
El punto es cómo abordar la situación que plantea el proyecto, que es de justicia. Por tratarse de un asunto de seguridad social, no debería ser de cargo de una relación laboral, que tiene otra dimensión y otras características y que pretende otros objetivos.
En definitiva, me gustaría que el Ejecutivo explicara por qué esta materia no está considerada como de seguridad social y precisara qué impacto tendría en el empleo y las empresas una norma como la que plantea el proyecto. Sin esos antecedentes, estaríamos legislando a ciegas en cuanto a las consecuencias de una medida que, en todo caso, me parece de justicia.
Obviamente, todos queremos dar mayores derechos y posibilidades a las trabajadoras, pero resulta que ello tiene un costo y por algo no se ha dictado hasta ahora una norma como la que propone la iniciativa. Han transcurrido más de 50 años desde la dictación de la ley de salas cunas y hoy se pretende modificar la situación. Nos gustaría saber por qué se plantea un cambio, si bien, como he dicho reiteradamente, participamos de la filosofía del proyecto.
En lo que dice relación al permiso posnatal, como señaló el Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra, en realidad, no es el caso, porque no tiene ninguna vinculación con esta materia.
Además, debo recordar que, en cuanto a derechos, los relativos a la seguridad social y laboral son irrenunciables anticipadamente. Con posterioridad, una vez que la persona está en el ejercicio del derecho, obviamente, puede renunciar a ello. Tanto es así que todos los días se celebran en la Inspección del Trabajo -y también en los Tribunales- avenimientos entre patrones y trabajadores respecto de derechos laborales. De manera que no se puede renunciar anticipadamente a ellos. Y eso es obvio, porque si no, en todos los contratos los empleadores impondrían a los trabajadores como cláusula de estilo la renuncia anticipada de sus derechos. Pero una vez incorporado a su patrimonio, por cierto, el trabajador puede decidir si ejerce o no ejerce el derecho. Porque estamos frente a derechos de los trabajadores, y no a cargas u obligaciones para éstos.
Por eso, señor Presidente , solicitaría que se pidiera informe respecto de los temas que he señalado, o bien, que el proyecto volviera a Comisión para que ésta nos informe sobre qué impactos tiene y si existe la posibilidad de que esto sea considerado una materia de seguridad social.
Quería solicitar una interrupción, pero terminó el señor Senador.
Debe solicitársela al Honorable señor Urenda.
Entiendo las últimas palabras del Honorable señor Fernández . Tiene mucha razón Es así. Pero, por ejemplo, en el caso del permiso posnatal -perdóneme que lo plantee de esta manera-, el derecho de la madre a tenerlo, a mi juicio -como lo conversaba con otros señores Senadores-, no es un derecho en favor de ésta sino del niño, que no puede hablar. Por lo tanto, nadie puede renunciar en su nombre. Ése es el punto.
Una madre puede tener licencia posnatal, o incluso no tenerla, y físicamente no pasa nada. Pero desde la perspectiva del derecho del niño que nace, éste requiere el posnatal de su madre para poder ser atendido. Probablemente, en la selva esto no se dé, como ocurre, porque es otra vida. Pero en la vida moderna es distinto. En ese momento la madre no puede renunciar en nombre de su hijo, porque éste no tiene voz para representar lo que se está sancionando. En ese sentido es mi reclamo en este planteamiento.
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Urenda?
Con la venia del señor Presidente, no tengo inconveniente.
En primer lugar, debo aclarar que en el caso del posnatal los derechos los tiene la mujer. Así está consagrado. Ella es la titular de los derechos.
Por otra parte, todos los menores tienen derechos y éstos los ejercitan sus representantes legales. De tal manera que siempre hay alguien que debe hacerlo. Porque no podría darse el caso de que una persona tuviera derechos pero no pudiera ejercerlos. Ello sería volver a lo que se llama el ejercicio de la falta de capacidad de goce de un derecho, que en la situación jurídica mundial ha sido superada hace mucho tiempo. Hay una capacidad de ejercicio y una capacidad de goce. En este caso, estaríamos frente a un menor que no podría ejercer un derecho. Siempre lo puede ejercer su representante legal, salvo situaciones extremas, que no se dan en los menores. Hay casos en los que los derechos no pueden ser representados por otra persona, por ejemplo, en cuanto a testar. Pero no es el caso de un menor, porque tal derecho se adquiere sólo al cumplir la mayoría de edad.
Recupera la palabra el Honorable señor Urenda.
Señor Presidente , en primer lugar, debo señalar a la Sala que, por razones que no es del caso calificar, lamentablemente, no pude concurrir a la sesión en que se trató esta materia, no obstante haber solicitado que se postergara su discusión para poder participar en ella.
En segundo término, lo expresado por los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra me evita algún tipo de comentarios.
No cabe duda de que desde el punto de vista de la mujer que se encuentra en estos casos cualquier avance es positivo, en cuanto a evitar diferencias entre una y otra. Pero la clave está -ya lo expresó otro señor Senador- en que este tipo de beneficios que empiezan a otorgarse, por no hacerse por la vía que corresponde, a la larga producen efectos negativos. Porque se encarece injustificadamente el trabajo de la mujer y ello, al igual que otras disposiciones de esta índole, afecta sus posibilidades de laborar y de conciliar su calidad de madre con la de mujer trabajadora.
En consecuencia, creo que debemos aprovechar la coyuntura que nos brinda esta iniciativa del Honorable señor Bitar para requerir derechamente del Gobierno un cambio de política a este respecto.
Como decía, las modificaciones que se introducen, indudablemente, van emparejando la situación de ciertas trabajadoras con otras, pero agravan negativamente -no sabemos en qué magnitud- otro tipo de problemas. De allí que el ideal sería que como resultado de este debate el Gobierno realmente se preocupara de esta situación y la convirtiera efectivamente en un problema de seguridad social, con lo cual se produciría un gran avance sobre el particular.
Quiero hacer un comentario sobre las referencias indirectas que se han hecho -que no han sido muy felices- en cuanto a lo sucedido en el caso de una distinguida madre chilena. Sólo quiero agregar dos cosas con relación a ello. Una, que la circunstancia de que la madre tenga permiso o licencia para no trabajar no asegura que ella se vaya a dedicar a su hijo. En general, esto más bien dependerá de la calidad de la madre. Pero cuando estamos en presencia de una mujer excepcional, como aquella a la cual se ha referido un señor Senador, creo que ella -mujer inteligente y culta- va a hacer en favor de su hijo mucho más de lo que nosotros pretenciosamente pudiéramos anhelar o desear en esta Sala.
Y ya que se quiere hacer referencia a la situación de los niños, me gustaría que pasara a ser un problema de preocupación nacional la enorme disminución de la natalidad que se ha producido en Chile en los dos últimos años. En el 2000, prácticamente nacieron 70 mil niños menos que hace dos o tres años. Ello nos enfrenta a un problema de futuro de país en razón de que, probablemente, muchas veces estamos preocupados del aspecto exterior o de los efectos políticos, y no de los efectos profundos. Esta circunstancia nos indica que Chile dentro de poco simplemente va a tener menos niños de los que existen hoy en términos absolutos, con efectos que nos limitan como país y que pueden tener graves consecuencias.
Curiosamente, la televisión europea transmitía sobre este particular -en un país que al parecer nos ha antecedido en este tipo de políticas que se han propiciado en el último tiempo- que España necesita lograr de alguna manera que 30 por ciento de extranjeros reemplacen a los niños que no están naciendo en ese país. Es decir, éste es un problema profundo.
Marginalmente se ha sacado a relucir este punto. Lo ideal sería tener un extenso debate sobre una materia tan seria como ésta, que dice relación con nuestro futuro como país, y, dentro de él, obviamente, se ha de estudiar el trato que deben recibir los niños. Ojalá, esta preocupación existiera no sólo respecto del que ha nacido, sino que también del que está por nacer.
Concretamente, en lo que concierne a este caso, observo que, indudablemente, se trata de un asunto de justicia, mirado desde el punto de vista del trabajador.
Pero quizás podríamos aprovechar la coyuntura. Para ese efecto, invito al Senador señor Bitar -quien ha presentado dos mociones- a postergar este debate o buscar una manera de requerir específicamente del Gobierno que la materia vinculada fundamentalmente con la maternidad pase a ser considerada como un problema de seguridad social, con otro tipo de enfoque y de funcionamiento adecuado a las circunstancias actuales.
Por ello, la norma que nos ocupa, aisladamente considerada, parece de equidad, pero deja de manifiesto, y pone el dedo en la llaga, un problema de fondo que precisamente causa estas derivaciones y perjuicios que, indudablemente, nadie desea.
Señor Presidente , lamento que la discusión de esta materia se lleve a cabo al final del año y con pocos señores Senadores presentes en la Sala, casi como un tema secundario que debe aprobarse rápidamente. Ello me produce mucha rebeldía, porque, pese a hablar mucho de defender a la familia, a los niños, etcétera, no nos ubicamos en la realidad de nuestro país y del mundo, donde cada día hay más mujeres que cumplen el rol de jefes de hogar y que por ello deben trabajar.
Y éste no es un problema sólo del Estado o sólo de los empresarios. Ambos deben buscar la manera para que el niño pueda ser acogido y bien cuidado.
Esta materia la hemos analizado muchas veces en el Senado y a su respecto se han presentado distintas mociones, indicaciones y planteamientos. A mi juicio, entonces, si no la tratamos de una vez por todas con un espíritu moderno, andaremos mal como país.
Actualmente, la mujer está casi obligada a salir a trabajar por las condiciones económicas por las cuales atraviesa nuestro país. Ella lo hace con un sentimiento de frustración, porque se siente culpable de descuidar a su guagua, a la cual, a la vez, se le causa un daño enorme.
Mucho hablamos en general de un futuro mejor para nuestros hijos, pero provocamos un perjuicio a los que están mal cuidados.
Por eso, estos temas deben ser tratados con la participación de todos los Senadores. Lamento enormemente que seamos tan pocas las mujeres que podamos intervenir sobre temas que son muy nuestros. Porque, además -lo digo con toda sencillez y verdad-, todos quienes estamos aquí hemos tenido la oportunidad de criar hijos y contratar a personas para que los cuiden. Si yo preguntara a cada uno si han tenido "nana" para cuidar a sus hijos, con seguridad todos responderían afirmativamente. Hoy la realidad es otra. Entonces, debemos buscar soluciones que favorezcan a los niños. Éstos deben estar bien cuidados y tener una infancia tranquila.
En la actualidad, se habla hasta el cansancio de la necesidad de que el niño sea alimentado con leche materna el máximo de tiempo. También se tiende a que haya cierto control de los derechos del niño, porque si en brazos de la madre está expuesto a permanecer frente a la televisión o a andar en las esquinas pidiendo limosnas, cualquier persona bien nacida puede presentar un recurso de protección en su favor. Es decir, la que lleva a un niño a lugares donde por la hora no debería estar, es una madre maltratadora. Tan sencillo como eso. Y me refiero tanto a una que tenga un alto cargo como a una pobre señora que pide limosna.
Me parece que esta situación debe ser enfrentada con seriedad. Incluso, durante la discusión del proyecto de ley del adulto mayor conversamos sobre la posibilidad de que por barrios o manzanas haya lugares en que los niños queden a cargo de adultos mayores. Porque no pueden permanecer encerrados en sus casas. Todos hemos conocido casos de incendios, de envenenamientos o de mil desastres donde los niños son las víctimas.
Si después queremos niños sanos, bien alimentados, que no sean agresivos o violentos y que les vaya bien en el colegio, debemos dar una respuesta adecuada, para que tengan lo necesario en sus primeros años de vida -edad en la cual quedan definidos su futuro y personalidad como adultos-; pero no se lo estamos entregando.
Cuánto me gustaría que cada mujer pudiera permanecer en su hogar uno o dos años para cuidar mejor a sus hijos y estar con ellos. Sin embargo, ésa no es la realidad actual de nuestro país. Por ello debemos enfrentar el problema de manera seria y responsable. Actualmente, me da la sensación de que estamos "picoteando" para determinar a quién corresponde la responsabilidad.
En el último tiempo, hemos hecho pequeñas cosas. Con el Senador señor Bitar presentamos hace algunos años una iniciativa sobre salas cuna en los malls. Pero, aparte quedar consignado en la ley, no pasó nada, aun cuando todos sabemos que en esos centros comerciales labora una cantidad enorme de mujeres. ¿Qué cuesta tener en ellos un lugar donde las madres estén tranquilas y a la hora de colación puedan ir a ver a sus hijos? No se trata de un problema de más o menos recursos, pues si se pretende ahorrar ahora, en el futuro la situación será peor, porque esos niños no serán los adultos que pretendemos para nuestro país. Por el contrario, en cierta manera, tendrán complejos de inseguridad, serán violentos y, en general, actuarán como todas las personas que cuando niños no fueron bien cuidadas.
Por consiguiente, señor Presidente, estimo que debemos aprobar el proyecto.
Asimismo, debemos ser muy cuidadosos, pues muchas veces donde 25 mujeres están trabajando se dice que sólo hay 19, para así no disponer de una sala cuna. Ése es el resquicio que se usa.
Por otra parte, existe un problema que no debería plantear yo, sino los hombres. Me refiero a que de alguna manera los hombres están siendo discriminados. ¿Por qué? Porque en muchas familias sucede que, debido a que la mujer abandona el hogar o a que muere, el hombre queda a cargo de los niños pequeños. Por lo tanto, a ese trabajador también debería darse el derecho de tener dónde cuidar a sus hijos.
En ese espíritu se funda la segunda iniciativa del Honorable señor Bitar para reemplazar "trabajadoras" por "trabajadores". Por eso es necesario que los hombres reconozcan que están siendo discriminados. Quien debe hacerse cargo de sus hijos actualmente, no sólo es "la trabajadora". Por ello, el padre que ha quedado solo no puede llevar a sus hijos a la sala cuna.
No pienso defender más a los hombres y espero que ellos lo hagan.
Señor Presidente , estas materias son bastante serias en un mundo moderno en que se habla de Internet y de la globalización. Pero ¡por favor! Se trata del tipo de personas que tendremos en el futuro. A eso apuntan estos proyectos. De manera que debemos estudiarlos de la mejor forma posible. No me interesa si la solución va por lo laboral, por la participación del Estado, por un bono o por la existencia de salas cuna; lo importante es que sea algo concreto.
No es ninguna gracia lo que ocurre actualmente con las mujeres de Antofagasta, mi región -de ello puede dar fe el Senador señor Cantero -, donde hay una movilidad tremenda de los hombres debido al trabajo minero. Como consecuencia de ello, en las poblaciones la gran mayoría de los hogares son administrados por dueñas de casa que, como todos sabemos, tienen muchos hijos.
Si hay preocupación por el asunto, de alguna manera estamos fomentando el aborto. Analicemos la situación de una mujer con 3 ó 4 niños pequeños y queda embarazada. ¿Qué puede hacer si tiene que trabajar por ser el jefe de hogar? Intentar un aborto. Por lo tanto, estamos hablando de asuntos bastante graves.
Todos los aquí presentes deseamos fortalecer a las familias chilenas y resolver sus problemas, velar por su futuro, etcétera; pero, para que así suceda, debemos entregar soluciones concretas. De lo contrario, nos quedaremos sólo en palabras bonitas si hablamos en contra del aborto, a favor de la familia y de que ésta mantenga las mejores condiciones para que se desarrolle bien; y sin embargo, cuando enfrentamos problemas concretos como el que he mencionado, que es real y de actualidad, nos vamos por la tangente, lo cual, no corresponde.
Reitero que me da una pena tremenda que ante un tema importantísimo como el que discutimos -no debemos olvidar que más de la mitad de la población de este país somos mujeres- la asistencia de los señores Senadores sea mínima y lo estemos tratando como un proyecto de final de año, como si se nos hubiera quedado en el tintero. Y ésta no me parece una forma seria de abordarlo.
Lo estamos tratando en vísperas de Navidad.
Señor Presidente , el Senado debe pronunciarse sobre dos proyectos de ley que, por estar referidos a un mismo artículo -el 203 del Código del Trabajo- y corresponder a una misma materia, se han discutido en conjunto. Me parece sano el procedimiento, porque tiene que ver con un mismo beneficio, que es el de las salas cuna. Pero, en esencia, el primer proyecto tiende simplemente a corregir una discriminación carente de lógica y justificación.
El artículo 203 del mencionado código establece hoy la obligación de procurar salas cuna para empresas de carácter comercial que tengan más de veinte trabajadoras. La diversificación de las actividades económicas, el desarrollo creciente de nuevas actividades, el carácter restrictivo de la legislación mercantil chilena -son empresas comerciales aquellas que ejercen el comercio en los términos que señala el artículo 3º del Código de Comercio-, hacen aconsejable abrir la norma. Por qué discriminar, en razón del giro, entre una empresa que, pese a ser de gran tamaño, queda marginada de esta obligación y, en consecuencia, sus trabajadoras privadas del beneficio, única y exclusivamente por una cuestión de calificación jurídica del giro.
El primer proyecto, entonces, que incide en el inciso primero del artículo 203 del Código del Trabajo, tiene simplemente por objeto corregir esa distorsión, lo que, evidentemente, amplía la cobertura del beneficio.
No he escuchado argumentos en contra de tal iniciativa y doy por descontado que, al menos, él será aprobado.
El segundo, en cambio, incide también en el inciso primero y reemplaza la palabra "trabajadoras" por "trabajadores", lo que implica naturalmente aumentar de manera considerable el número de beneficiarios potenciales de esta disposición.
El Gobierno participó activamente en la discusión de ambos proyectos, y en su oportunidad se planteó en la Comisión la posibilidad de que hubiera una iniciativa gubernamental como aquí han solicitado algunos señores Senadores. Pero el Gobierno asoció su voluntad al proyecto del Honorable señor Bitar y proporcionó además antecedentes que creo necesario compartir con el Senado y que muestran lo que ocurre en la práctica con este beneficio.
Hoy día, señores Senadores, el 73 por ciento de las empresas chilenas ocupa menos de veinte trabajadoras. En consecuencia, sólo el 27 por ciento de las empresas está afecta a la obligación que establece el artículo 203. Esta obligación es imperfectamente cumplida, pues un 22 por ciento de las empresas que deberían hacerlo declaran que no proporcionan sala cuna ni bono. Lisa y llanamente, no cumple la ley, lo que por cierto es muy preocupante. Pero quiero destacar que sólo un 6,9 por ciento de las empresas dispone de salas cuna propias, mientras un 41.8 otorga bono. Lo que ocurre, Honorable Senado, es que esta obligación es de muy antigua data. Se introdujo en los mismos años en que se dictó la famosa "ley de silla". Por eso era restrictivo el número de trabajadoras que debía tener cada empresa. Era obligación tener sala cuna al interior de las empresas a disposición de las madres. Sin embargo, con el tiempo se flexibilizó esa parte de la obligación y se permite hoy financiar una sala cuna en un lugar externo que es, como acabo de señalar, a lo que acude el grueso de las empresas.
Siendo así, es lógico extender el beneficio. Éste no tiene su lógica en el número de trabajadoras que se empleen, sino en el hecho de haber trabajadoras madres. El beneficio debiera ser universal, alcanzar a todas las madres en una misma situación, y si es posible darle cumplimiento mediante la contratación de un servicio externo y no ya en virtud de la creación de una sala cuna al interior de la empresa. No se ve razón valedera para mantener la discriminación.
Por eso, creo que lo que se está haciendo aquí es dar un paso más dentro de una línea que se ha seguido desde hace tiempo en la legislación chilena, para que el beneficio vaya progresivamente alcanzando a más y más madres que trabajan. Llegará el momento en que el beneficio se pueda universalizar. Pero, al exigirse la existencia a lo menos de veinte trabajadores, todavía el grueso de las madres asalariadas va a quedar al margen del beneficio.
En otro dato estadístico proporcionado por la Subdirección del Trabajo para determinar el alcance real de la norma que se está aprobando, se deja constancia de que sobre una muestra de un total de 24.366 trabajadoras en empresas con más de veinte mujeres, sólo 920, o sea, un 4,6 por ciento, hacía uso del beneficio a que se refiere el artículo 203. ¡19.578 mujeres estaban naturalmente en condiciones de no hacer uso de él, porque sus hijos no se encontraban en los primeros meses de vida!
Se trata, en consecuencia, de un número muy reducido de beneficiarias, porque se dice, con razón, que el contar con trabajadoras mujeres puede incrementar los costos. Sin embargo, no se puede pasar por alto el hecho de que la mujer es en Chile discriminada en el nivel de remuneración. Hay múltiples estadísticas que demuestran que su remuneración es en promedio 35 por ciento inferior a la de los varones, en un mismo trabajo. Hay aquí, por lo tanto, una muy pálida compensación que tiene por objeto, además, alcanzar un fin social tan importante como el compatibilizar el trabajo femenino con el buen cuidado y desarrollo de los hijos.
Lamento, señor Presidente , haber escuchado, una vez más, la referencia de que estas normas rigidizan la legislación laboral. Y vale la pena destacar que cuando se habla de rigidez versus flexibilidad, todo está referido estrictamente a una cuestión de costos. Un peso más, por mucho sentido social que tenga, aparece entonces como un factor de rigidización, como una norma antiempleo, como algo que en definitiva perjudica la contratación de las personas a quienes se trata de beneficiar.
Con esa clase de argumentos, muy poco vamos a poder avanzar en la corrección de las inequidades sociales que existen en nuestro medio.
No veo razón para postergar la votación de este proyecto. Su autor se ha empeñado a fondo por su despacho; y hay que dejar constancia de que el proyecto fue presentado en 1996. La consideración de otras reformas laborales ha postergado su estudio, pero creo que debemos al Honorable señor Bitar el considerar debidamente la iniciativa y emitir ahora un pronunciamiento al respecto. Durante el segundo trámite, si el Gobierno desea acoger el criterio que se ha planteado aquí por la mayoría de los Senadores -ojalá así sea-, en el sentido de que éste es un tema que debe ser abordado integralmente, y como una cuestión de seguridad social más que de carácter laboral, tendrá la oportunidad de proponer los correctivos necesarios.
Por ahora, invito al Senado a votar favorablemente ambos proyectos.
Como no hay más señores Senadores inscritos para intervenir, se procederá a votar.
Con respecto al segundo proyecto que extiende a todas las trabajadoras los beneficios que proporcionan las salas cunas, y que figura en el último lugar de la tabla de hoy -lo conversé con el Honorable señor Bitar y con otros señores Senadores, quienes me manifestaron que no tienen observaciones u objeciones acerca de él-, resulta conveniente enviarlo nuevamente a Comisión, a objeto de analizar lo planteado en la Sala y todo lo relativo a seguridad social, y se emita un nuevo informe.
Además, no lo alcanzaremos a votar antes de la hora de término del Orden del Día.
Por lo tanto, nos pronunciaremos sobre el primer proyecto.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (28 votos contra uno y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Cantero, Cordero, Fernández, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Moreno, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prat, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Se abstuvo el señor Canessa.
Señor Presidente , ¿qué razón existe para que no votemos el segundo proyecto? Ambas iniciativas están íntimamente ligadas. Además -según entiendo-, podríamos prorrogar el Orden del Día, a fin de votarlo en general, y luego, hacer las indicaciones pertinentes y consultar al Ejecutivo respecto de sus alcances.
Me parece absolutamente legítimo que también nos pronunciemos sobre esta iniciativa.
No habría problema en ello, señor Senador. Sólo sugerí a la Sala una fórmula para resolver esta cuestión. Efectivamente, habría tiempo para tratarlo, pues se dejó sin efecto la hora de Incidentes.
Empero, me han manifestado que, en ese caso, uno de los Comités -desconozco si mantendrá su petición- pedirá segunda discusión.
Señor Presidente , estimo que, si el autor de la iniciativa está en la voluntad de que ella sea revisada, ante todo, habría que respetar su opinión.
Señor Presidente , entiendo que algunos señores Senadores desean requerir mayores antecedentes respecto a los alcances de esta iniciativa. Dispongo aquí de bastante información.
Se podría votar en general el proyecto, y luego, fijar plazo para presentar indicaciones, como lo señaló el Senador señor Núñez. Ése sería un camino. No resolveremos hoy el tema, pero por lo menos quedará la voluntad de seguir su discusión.
No es posible, señor Senador, por cuanto, como se trata de un proyecto de artículo único, al aprobarse en general se entenderá que queda aprobado también en particular.
Justamente a eso quería referirme. Dado que es un proyecto de artículo único no es posible proceder como señala Su Señoría.
Por lo tanto, a mi juicio, el camino es enviarlo nuevamente a Comisión para un mayor análisis.
La Secretaría me recuerda que se dejó sin efecto la hora de Incidentes con el solo objeto de continuar la discusión del proyecto de reforma constitucional.
Por lo tanto, para prorrogar el Orden del Día se requiere la unanimidad de la Sala.
En ese caso, corresponde terminar el Orden del Día.
Señor Presidente , ojalá antes de finalizar el Orden del Día tomemos la decisión de enviar el proyecto a la Comisión, para dejar el tema resuelto.
Señor Presidente , si existe voluntad, podría aprobarse en general, y luego -como ha ocurrido con otros proyectos-, presentar indicaciones...
No pueden presentarse en este caso, señora Senadora.
Pero ha habido otras ocasiones en que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, hemos acordado que vuelva a Comisión, porque se formularán indicaciones.
Por lo tanto, puede aprobarse en general, teniendo presente que volverá a ser estudiado.
Señor Presidente , no se trata aquí de hacer observaciones, sino de tener más información respecto del proyecto y de las consecuencias que conlleva su aplicación.
Señor Presidente , recibimos -como lo señaló el Senador señor Parra- bastante información en la Comisión.
La verdad es que el proyecto no afecta a tanta gente. Creo que existe una imagen equivocada respecto de sus alcances.
Se otorga el beneficio de sala cuna a las trabajadoras que tengan hijos menores de dos años. En la Comisión vimos que, en promedio, el número de personas era bastante reducido. De modo que no es un problema muy grave.
Por lo tanto, ya que se debatieron ambos proyectos, solicito que lo sometamos a votación. No nos llevará más de cinco minutos, y todavía disponemos de tiempo.
En todo caso, para prorrogar el Orden del Día requiero el acuerdo unánime de la Sala.
El proyecto queda en tabla para ser tratado en la próxima sesión.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones sobre REBAJA DE ANTIGÜEDAD EN EXPLOTACIÓN DE TAXIS COLECTIVOS, y respecto a SITUACIÓN QUE AFECTA A EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS "GLACIARES AUSTRALES LIMITADA", EN PUNTA ARENAS (ambos de la Duodécima Región).