Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-7382-de-diciembre-1-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920420276f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 11:01:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 249', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 57', 'artículo 4', 'artículo 278', 'artículo 4', 'artículo 62', 'artículo 306', 'artículo 303', 'artículo 243', 'artículo 212', 'artículo 321', 'artículo 249', 'artículo 243', 'artículo 249', 'artículo 249', 'artículo 242']

﻿ Sentencia 7382 de diciembre 1º de 2004
SENTENCIA 7382 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL. LA AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN IMPIDE LA INICIACIÓN DEL PLAZO PARA REPUDIAR.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:399 DE MARZO DE 2005, PG.305
Sentencia 7382 de diciembre 1º de 2004
LA AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN IMPIDE LA INICIACIÓN DEL PLAZO PARA REPUDIAR
EXTRACTOS: «Sobre la legitimación para impugnar el reconocimiento, es preciso recordar que el artículo 249 del Código Civil estatuye que el legitimado, léase el reconocido por la remisión que hace el artículo 4º de la Ley 75 de 1968, puede impugnar el reconocimiento “por haberse omitido la notificación o la aceptación prevenidos en los artículos 240, 243 y 244”. Así las cosas, en el caso que ahora exige la atención de la Sala, no hay duda de que el demandante César Augusto Barreto Cataño está habilitado para impugnar el reconocimiento que en su favor hiciera Fabio Barreto Sáenz.
3. Recuérdase ahora que la Ley 75 de 1968 estableció una relación entre la legitimación y el reconocimiento de hijo extramatrimonial. Dispone el artículo 4º de la Ley 75 de 1968 que “El reconocimiento no crea derechos a favor de quien lo hace sino una vez que ha sido notificado y aceptado de la manera indicada en el título 11 del libro 1 del Código Civil, para la legitimación”.
Regla idéntica aparece en el artículo 57 de la Ley 153 de 1887 (salvo porque esta norma no dice impugnación sino ‘repudiación’), previsión legislativa que en principio pareciera asociar dos instituciones disímiles. No obstante, en el fondo asoma que hay más identidad que diferencia, pues el propósito en ambos casos, en la legitimación y en el reconocimiento, es atribuir un nuevo estado civil al destinatario, ya del reconocimiento o bien de la legitimación, ahí precisamente está la afinidad entre las dos formas de adquirir un nuevo estado civil. Entonces, no improvisó el legislador al expedir la Ley 75 de 1968 materia de esta glosa, pues al integrar a las reglas del reconocimiento algunas de la legitimación, en particular las que atañen a la notificación y la aceptación, introdujo la consideración de la voluntad del reconocido como elemento relevante.
Todo lo anterior sirve al propósito de volver la mirada sobre un postulado muy importante: que el reconocimiento no debe mirarse como una concesión generosa que se hace al reconocido, y que por lo mismo, este no tiene por qué aceptar inexorablemente. Que el reconocido pueda resistir el acto de reconocimiento, oponerse al mismo y sencillamente repudiarlo, consulta nítidos postulados de equidad. Es que el reconocimiento no puede mirarse como un acto de liberalidad de quien lo hace, pues mucho tiene que decir el reconocido, tanto o más que el propio legitimado.
Se explica así que de modo tardío la Ley 75 de 1968, en su artículo 4º, haya hecho eco a la previsión que aparece en el artículo 278 del Código Civil chileno, que a este propósito prevé: “El reconocimiento de hijo natural debe ser notificado y aceptado o repudiado, de la misma manera que lo sería la legitimación según el título ‘de los hijos legitimados por matrimonio posterior o la concepción’”. La previsión legislativa Chilena que acaba de copiarse coincide exactamente con lo que manda el artículo 4º de la Ley 75 de 1968, que para la notificación y aceptación del reconocimiento remite al título 11 del libro 1 del Código Civil colombiano que trata de “los hijos legitimados”.
La razón de ambas normas es la búsqueda del consentimiento, tanto del reconocido como del legitimado, pues la aceptación del reconocimiento tiene secuelas importantes. Una de las primeras consecuencias de la aceptación del reconocimiento atañe a la patria potestad. Obsérvese que cuando el reconocimiento se ha ganado en juicio contencioso contra el padre, este no tiene la patria potestad porque tal cosa prohíbe el artículo 62 del Código Civil, como quedó después de las reformas que le hicieron los decretos 2820 de 1974 y 772 de 1975. Por el contrario, quien reconoce voluntariamente al hijo ejercerá la patria potestad, si el reconocido acepta el reconocimiento, con todas las adehalas que ese ejercicio comporta.
Como consecuencia del reconocimiento aceptado por el hijo, el padre accede a la administración y usufructo de sus bienes, porque así lo mandan los artículos 291 y 295 del Código Civil, ejerce su representación judicial a la luz del artículo 306 ibídem y puede disponer del patrimonio del menor con autorización judicial, porque así lo preceptúa el artículo 303 del compendio civil.
4. Admitido que el reconocido puede repudiar el reconocimiento y que para ello debe ser adecuadamente notificado, es menester ahora averiguar sobre las formalidades de esa notificación.
En sentencia de 24 de junio de 1959 la Corte Suprema de Justicia se pronunció a espacio sobre un caso que guarda un alto grado de identidad con el presente. Por la importancia y minuciosidad del pronunciamiento, hácese menester reeditar in extenso el pensamiento de la corporación:
“La notificación, enseñan los autores, tiene por objeto provocar la declaración de voluntad del hijo que se trata de legitimar y cuyo estado civil se va a alterar. El consentimiento del hijo es, pues, factor trascendental en la legitimación, ya que nuestro derecho, apartándose en esto del francés, ha seguido los principios romanos según los cuales no se podía cambiar el estado civil de una persona contra su voluntad.
La aceptación de la legitimación puede ser expresa o tácita, ya que el artículo 243 del Código Civil dice: “La persona que acepte o repudie, deberá declararlo por instrumento público dentro de los noventa días subsiguientes a la notificación. Transcurrido este plazo, se entiende que acepta, a menos de probarse que estuvo imposibilitada de hacer la declaración en tiempo hábil”.
La notificación entonces tiene también la importancia de fijar la fecha desde la cual se cuenta el plazo que la ley otorga a la persona que se trata de legitimar, a fin de que decida si la acepta o la repudia. Si tal persona tiene la libre administración de sus bienes, puede aceptar expresamente mediante el instrumento público que prevé la ley; o tácitamente dejando transcurrir el término de noventa días sin otorgarlo, por lo cual tal plazo se le viene a conceder propiamente para que otorgue el instrumento de repudiación. Se presume que el legitimado acepta, si este instrumento no es otorgado en el mencionado plazo, y para destruir la presunción sería necesario que el notificado probara que estuvo imposibilitado para otorgarlo en tiempo hábil.
... Y la Corte Suprema de Chile expone: “Que la sustancia de estas disposiciones y terminología demuestran… que en el último caso la notificación que debe hacerse del instrumento público de legitimación a la persona que se trata de legitimar y la aceptación de esta no importan formalidades de la legitimación misma, sino trámites posteriores sin más significado que el que intrínsecamente tienen relativos a una legitimación ya otorgada… Que esto último preceptuado por el artículo 212 antes transcrito, de que se entenderá que el legitimado acepta si no manifiesta su voluntad dentro de los noventa días siguientes a la notificación, confirma la tesis de que la legitimación, porque no podría presumirse la existencia de un acto jurídico antes de concurrir los requisitos necesarios para ello. La ley habría debido entonces fijar como fecha de esa legitimación la del vencimiento del plazo de noventa días (Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. XXXVI, pág. 393)”.
Por esta razón, comentando la mencionada norma del Código chileno, Claro Solar dice: “Más que una causal de impugnación este artículo establece una limitación del derecho de impugnación de los terceros o de los ascendientes. El hijo está gozando del estado civil de legitimado; y la notificación de la legitimación no tiene plazo determinado. Al establecerse la acción (se refiere a la de impugnación en general), el hijo que la resiste manifiesta por este solo hecho que acepta la legitimación, y esta aceptación es un acto libre y espontáneo de su parte que la ley presume aún si no la repudia dentro del plazo que se le señala posterior a la notificación. En cuanto al legitimado o a sus descendientes, más bien que una impugnación es un rechazo que ellos harán; no dirán que impugnan la legitimación, porque no se les notificó, ni la aceptaron; sino que, establecido este hecho de no haberse notificado, dirán lisa y llanamente: no aceptamos” (Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. t. II, pág. 398).
La ley no establece forma concreta para que la notificación se perfeccione, de manera que, tratándose de un acto de conocimiento, deben seguirse las reglas generales sobre la materia, o sea que proceden todos los medios de notificación pertinentes. Preferentemente tendrán cabida la notificación personal y directa, mas no se ve inconveniente en que procedan también la notificación proveniente del propio notificado, análogamente a la que respecto a providencias judiciales entroniza el artículo 321 del Código Judicial que dice que si en memorial dirigido al juez la persona a quien debe notificarse se da por conocedora de la respectiva providencia, la notificación se produce, ya que lo importante en estas materias es que el individuo a quien está destinado el acto tenga positivo conocimiento de él.
En tales condiciones, para la Corte configuró notificación de la legitimación hecha por Luis Enrique Martínez a favor de Ana Dolores Martínez si no el memorial que esta elevó a la Curia en 1944 a fin de que rectificara la partida en que la legitimación aparece, pues para aquella época Ana Dolores era menor y no podía obrar por sí misma, sí el memorial aducido el 13 de marzo de 1952 en que solicita la prosecución de tales diligencias, ya que para entonces tenía más de 21 años. Dicho memorial constituye así una ratificación del anterior que se retrotrae a su fecha, según las reglas generales”.
Del precedente que acaba de copiarse emerge claramente que la notificación puede ser menos formal que el reconocimiento mismo, no obstante, de ello no se puede inferir que la notificación ha de hacerse de cualquier modo.
De la misma manera el precedente enseña que la notificación no puede hacerse a través de los propios padres que legitiman, ya que se reunirían en ellos dos posiciones irreconciliables. Así dijo la Corte “porque la notificación al incapaz debe hacerse por orden legal al guardador general o a un curador especial, por lo cual no se puede producir a través de los propios padres que legitiman, ya que se reunirían en ellos dos posiciones incompatibles”.
Dicho todo lo anterior, como el demandante en el caso que estudia la Corte no recibió notificación formal del reconocimiento, estaba habilitado para proponer la impugnación por ausencia de notificación, como paladinamente manda el artículo 249 del Código Civil. A esta conclusión se arriba luego de descalificar que la simple noticia que la madre le dio sobre su verdadera condición de hijo de Justo Pastor y no de Fabio, sea suficiente como acto de notificación para contar desde ella el término de 90 días a que alude el artículo 243 del Código Civil.
Se dice que en aquella ocasión la madre le dijo al demandante quién era su padre, pero no hay explicitud de que haya recibido allí noticia de que existió un acto formal de reconocimiento de hijo por parte de Fabio Barreto Sáenz. El error del tribunal es ostensible y trascendente, pues dedujo que el demandante uso más de tres años el estado de hijo de Fabio Barreto Sáenz, cuando en las palabras con que se pronunció la madre del reconocido no aparece que se le haya hecho saber del reconocimiento. Allí reside el error, en dar por demostrado que César Augusto Barreto Castaño(sic) fue notificado del reconocimiento hecho por Fabio Barreto Sáenz, cuando de ello no hay prueba en el expediente.
Es menester añadir que el artículo 249 del Código Civil, en cuanto trata de la impugnación por ausencia de notificación o aceptación, es una regla que escapa a los términos de caducidad, pues justamente lo que se plantea es que la ausencia de notificación impide la iniciación de cualquier término para repudiar o aceptar el reconocimiento.
Vale recordar ahora que acompasadamente con la previsión del artículo 249 del Código Civil, el demandante planteó en el hecho octavo de la demanda que: “el demandante, quien es hoy mayor de edad, no acepta el reconocimiento que hizo el citado Fabio Barreto Sáenz y lo impugna por cuanto este no es su padre”. Tal forma de repudiar el reconocimiento tiene plena validez, sin que sea posible pretextar caducidad alguna, pues justamente lo que alegó aquí el demandante en casación es que nunca fue formalmente notificado del reconocimiento, lo cual dejó abierta la posibilidad de ejercer el derecho a repudiarlo mientras no se hubiera hecho tal notificación, pues ausente esta, ningún término estaba en curso.
Significa lo que viene de decirse, que el tribunal se equivocó al aplicar las reglas de la caducidad de la repudiación, pues tal término no se había iniciado por ausencia de la notificación necesaria al reconocido, enteramiento formalmente previsto en el artículo 242 del Código Civil que remite, en cuanto al “conocimiento de causa”, al procedimiento verbal sumario, mientras el reconocido fue menor, en tanto, como ya se dijo, siguiendo el precedente de 24 de junio de 1959, los padres no pueden recibir la notificación.
En el presente caso, no hubo evidencia suficiente de que al demandante se le notificó formalmente del reconocimiento, pues no bastaba para esa notificación con hacerle saber de modo informal que debía buscar a su verdadero padre, desacierto del tribunal que llevó a dar por consumados los términos de caducidad.
5. Se sigue de lo anterior que el cargo está llamado a prosperar, por lo cual se casará la sentencia».
(Sentencia de 1º de diciembre de 2004. Expediente 7382. Magistrado Ponente: Dr. Edgardo Villamil Portilla).