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Timestamp: 2020-08-14 15:16:50
Document Index: 412484832

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 12', 'artículo 28', 'artículo 28']

Real Decreto 884/1989, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. TITULO II. Tramitación (Vigente hasta el 10 de Junio de 2010).
1. No podrán imponerse sanciones disciplinarias a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, por faltas muy graves o graves, sino en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo a lo dispuesto en este capítulo y en el procedimiento regulado en el capítulo III del presente título, cuya tramitación se regirá por los principios señalados en el artículo 2.º de este Reglamento.
2. En el procedimiento para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción del expediente al que se refiere el apartado anterior, rigiéndose el procedimiento por los principios señalados en el artículo 2.o y por las normas previstas en este capítulo y en el capítulo II del presente título.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.o, 3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la iniciación de un procedimiento penal contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía no impedirá la incoación de procedimientos disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme, vinculando a la Administración la declaración de hechos probados.
2. En los supuestos del párrafo anterior, las medidas cautelares que puedan adoptarse podrán prolongarse hasta que recaiga resolución definitiva en el procedimiento judicial, salvo en cuanto a la suspensión del sueldo, en que se estará a lo dispuesto en la legislación general de funcionarios.
1. En todos los expedientes disciplinarios instruidos por faltas muy graves a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, así como en todos los expedientes que se instruyan a los representantes de los Sindicatos a que se refiere el artículo 22 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, será preceptivo, antes de dictar la resolución, interesar la emisión de informe del Consejo de Policía, que no será vinculante.
2. Dicho informe deberá interesarse, igualmente, cuando la incoación del expediente se practique dentro del año siguiente a la pérdida de la condición de representante sindical. También deberá solicitarse si el inculpado es candidato durante el período electoral.
3. A los efectos previstos en el párrafo primero de este artículo, las organizaciones sindicales a que se refiere el artículo 22 de la precitada Ley Orgánica deberán comunicar en el mes de enero de cada año de forma fehaciente a la Dirección General de la Policía la relación de sus representantes, así como las variaciones posteriores en el plazo de quince días a contar desde la fecha en que se produzcan, con indicación del cargo sindical que ostenten.
4. Asimismo, deberá solicitarse informe del citado Consejo, siempre que lo soliciten expresamente los interesados, en los expedientes instruidos a miembros del referido Cuerpo por la comisión de faltas graves, cuando la propuesta de resolución se concrete en alguna de las siguientes sanciones:
a) Suspensión de funciones entre uno y tres años.
c) Inmovilización en el escalafón entre dos y cinco años.
1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, moción razonada o denuncia.
2. Antes de dictar la providencia de incoación del procedimiento, el órgano competente podrá acordar la práctica de una información reservada para el esclarecimiento de los hechos.
3. De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma.
4. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, no será tomada en consideración la denuncia de carácter anónimo.
2. El nombramiento de Instructor recaerá en un funcionario público pertenenciente a un Cuerpo o Escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Si el nombramiento recae en funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, éste deberá tener, en todo caso, igual o superior categoría a la del funcionario sometido a expediente y, en caso de que fuese igual, deberá ocupar número anterior en la relación escalafonal.
1. Serán de aplicación al Instructor y al Secretario las normas sobre abstención y recusación establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
3. La abstención y la recusación se plantearán ante el órgano de que acordó el nombramiento.
La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del Secretario, considerándose nulas aquéllas en caso contrario.
2. El Instructor podrá denegar de oficio la práctica de las pruebas que no se concreten a los hechos por los que se procede y todas las demás que sean, a juicio, impertinentes o inútiles, motivando la denegación y sin que contra la misma quepa recurso alguno.
3. Todos los organismos y dependencias de la Administración están obligados a facilitar al Instructor los antecedentes e informes necesarios para el desarrollo de sus actuaciones, salvo precepto legal que lo impida.
El Instructor vendrá obligado a dar vista al inculpado, a petición de éste, de las actuaciones practicadas en cualquier fase del procedimiento facilitándole copia completa cuando así lo interese.
En cualquier momento del procedimiento en que el Instructor aprecie que la presunta infracción disciplinaria pueda ser calificada como infracción administrativa de otra naturaleza o como infracción penal lo pondrá en conocimiento del órgano que hubiere ordenado la incoación, para su comunicación a la autoridad administrativa o judicial competente o al Ministerio Fiscal.
Si en cualquier fase del procedimiento el Instructor deduce la inexistencia de responsabilidad disciplinaria o de pruebas adecuadas para fundamentarla, propondrá resolución por la que se ordene el archivo de las actuaciones, expresando las causas que la motivan, debiendo notificársele al denunciante, si lo hubiese, y al denunciado y disponiéndose, en su caso, lo pertinente en relación al primero.
1. Los órganos competentes para la imposición de sanciones por faltas leves, al recibir comunicación o denuncia, o tener conocimiento de una supuesta infracción de la indicada clase, podrán acordar la realización de la información reservada prevista en el artículo 21.
2. Si de la misma se desprende responsabilidad disciplinaria, se acordará la incoación del procedimiento con el nombramiento de Instructor y Secretario, notificándose a los designados para ostentar dichos cargos, quienes, después de realizar las diligencias pertinentes, procederán a citar por el medio más rápido al inculpado, para que comparezca, indicándole los hechos que motivan dicha citación.
3. En el acto de comparecencia recibirán declaración al inculpado, quien podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes y proponer las pruebas que considere necesarias para su defensa.
1. Practicadas las pruebas que el Instructor juzgue oportunas, formulará propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos; la valoración jurídica de los mismos, para determinar, en su caso, la falta que estime cometida; la responsabilidad del inculpado y la sanción a imponer. La propuesta de resolución se remitirá con todo lo actuado al órgano que haya acordado la incoación del procedimiento.
2. En la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá determinarse, con toda precisión, la falta que se estime cometida, señalando el precepto en que aparezca tipificada, el funcionario responsable y la sanción que se le impone.
3. La resolución deberá ser notificada al inculpado, con expresión del recurso o recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y los plazos para interponerlos.
4. Asimismo, se remitirá copia de la resolución al órgano de administración de personal para constancia en el expediente del interesado.
5. Si se advirtiere, en cualquier momento del procedimiento, que los hechos investigados revisten caracteres de falta muy grave o grave, se someterá el asunto al Director General de la Policía, que acordará lo procedente.
Procedimiento para las faltas muy graves y graves
1. El Director General de la Policía al recibir comunicación o denuncia, o tener conocimiento de una supuesta infracción constitutiva de falta muy grave o grave, podrá acordar la práctica de la información reservada prevista en el artículo 21.
2. En los supuestos en que resulte responsabilidad constitutiva de falta leve deberán cumplirse los trámites establecidos en el procedimiento para las faltas de esta naturaleza.
La incoación del procedimiento con el nombramiento de Instructor y Secretario se notificará al funcionario sujeto a expediente, así como a los designados para ostentar dichos cargos.
1. Iniciado el procedimiento el Director General de Policía podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para facilitar la marcha del expediente y conseguir la eficacia de la resolución que pudiera recaer si existieran elementos de juicio suficientes para ello.
2. Nunca se adoptarán medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados en las leyes.
3. Por razones de urgencia derivadas de la necesidad de mantener la disciplina, la ejemplaridad o por la notoriedad o gravedad de los hechos, el Director General de la Policía podrá disponer que los plazos de tramitación del expediente se reduzcan a la mitad de tiempo, salvo los que se contienen en los artículos 38.2, 40, 42 y 45 de este Reglamento.
1. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente, de forma motivada, por el Director General de la Policía durante la tramitación del procedimiento judicial o disciplinario que se instruya a los funcionarios en los términos y con los efectos señalados a continuación.
2. El funcionario en la situación de suspensión provisional quedará privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición de funcionario con arreglo a la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, procediéndose a recogerle los distintivos del cargo y el arma o armas, en su caso. No obstante, el Director General de la Policía podrá autorizar el uso de armas reglamentarias cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen.
3. El tiempo de suspensión provisional, como consecuencia de expediente disciplinario, no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
4. No obstante, el tiempo de suspensión provisional en expediente disciplinario tramitado simultáneamente con procedimiento penal por los mismos hechos podrá prolongarse hasta que recaiga la resolución definitiva en el ámbito penal, excepto en cuanto a la suspensión del sueldo, en que se estará a lo dispuesto en la legislación general de funcionarios.
5. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir el 75 por 100 de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como la totalidad de la ayuda familiar, pensiones por condecoraciones y de mutilación, excepto en casos de paralización del procedimiento imputable al interesado, que comportará la pérdida de toda retribución mientras se mantenga dicha paralización y, de igual manera, no tendrá derecho a percibir haber alguno en caso de incomparecencia en el expediente disciplinario.
6. Salvo cuando se imponga la sanción de separación del servicio o de la suspensión de funciones, el tiempo de duración de la suspensión provisional se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a la situación de activo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión.
Con estricta sujeción a los principios de sumariedad y celeridad y con respecto a los plazos establecidos en este Reglamento, el procedimiento se impulsará de oficio y se dará cumplimiento a cuantas diligencias y trámites sean procedentes.
El Instructor ordenará en el plazo máximo de quince días la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución y, en particular, la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción.
1. En todo caso, y como primeras actuaciones, se procederá a recibir declaración al inculpado y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que originó el expediente y de lo que aquél hubiere manifestado en su declaración.
2. Si el expedientado no fuera habido, se le emplazará por medio de edictos que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Orden general de la Dirección General de la Policía, señalándose plazo para comparecer. De no verificarlo, continuarán las actuaciones del procedimiento.
3. El Instructor deberá proponer el momento de elaborar el pliego de cargo, a la vista del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o levantamiento de la medida de suspensión provisional que, en su caso, se hubiere adoptado.
1. A la vista de las actuaciones practicadas, el Instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, si a ello hubiere lugar, comprendiendo en dicho pliego todos y cada uno de los hechos imputados e indicación de las sanciones que puedan ser de aplicación, de acuerdo con el artículo 12 del presente Reglamento.
2. El pliego de cargos se redactará, de forma clara y precisa, en párrafos separados y numerados para cada uno de los hechos imputados, concediéndose al expedientado un plazo de diez días para que pueda contestarlo alegando cuanto considere oportuno a su defensa y proponiendo la práctica de cuantas pruebas estime necesarias.
1. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la apertura de un período de diez días a fin de que puedan practicarse cuantas pruebas juzgue oportunas.
2. Para la práctica de las pruebas propuestas como para las acordadas de oficio por el Instructor, se notificará previamente al funcionario expedientado, indicándole lugar, fecha y hora en que deberán realizarse.
Cumplimentadas las diligencias previstas en el presente capítulo se dará vista del expediente al inculpado con carácter inmediato para que, en el plazo de diez días, alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés.
El Instructor formulará dentro de los cuatro días siguientes a la finalización del plazo previsto en el artículo anterior, propuesta de resolución en la que se fijarán con precisión los hechos, se hará determinar si se estima cometida falta y, en su caso, cuál sea ésta y la responsabilidad del inculpado, señalando la sanción a imponer.
La propuesta de resolución del expediente se notificará por el Instructor al interesado, para que, en el plazo de diez días, pueda alegar cuanto considere conveniente a su defensa, incluso con respecto a la denegación de pruebas a que se refiere el capítulo I de este título.
Oído el interesado, o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se remitirá, con carácter inmediato, el expediente convenientemente foliado y numerado al Director General de la Policía.
Recibido el expediente, el Director General de la Policía procederá, previo examen de lo actuado, tras la práctica de las diligencias complementarias que considere oportunas y, en su caso, dictamen del servicio jurídico, a dictar la resolución motivada que corresponda si estuviera dentro de sus atribuciones y, en caso contrario, lo remitirá al órgano competente.
La autoridad competente para imponer la sanción podrá devolver el expediente al instructor para la práctica de aquellas diligencias que, habiendo sido omitidas, resulten imprescindibles para la decisión.
En todo caso, después de practicadas estas diligencias y antes de remitir de nuevo el expediente a dicha autoridad, se dará vista de lo actuado últimamente al funcionario inculpado, a fin de que, en el plazo de diez días, alegue cuanto estime conveniente en su defensa.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá ser motivada y en ella no se podrán introducir hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos, determinando con toda precisión la falta que estime cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción que se le impone, haciendo expresa declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento.
2. La resolución del expediente, que pone fin a la vía administrativa, será notificada en forma al expedientado, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que fuere adoptada, con indicación del recurso o recursos que contra la misma procedan, así como el órgano ante el que han de presentarse y los plazos para interponerlos.
3. Si no se aprecia responsabilidad disciplinaria, la resolución habrá de contener las declaraciones pertinentes en orden a las medidas provisionales adoptadas en su caso.
El procedimiento disciplinario terminará por resolución expresa o por archivo como consecuencia de la pérdida de la condición de funcionario, pero habrá de continuar hasta la resolución, en todo caso, si hubiere terceros afectados por los hechos objeto del procedimiento o se instruyese por falta muy grave.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias:
El Ministro del Interior, para imponer la sanción de separación del servicio.
El Ministro del Interior y el Director de la Seguridad del Estado, para imponer la sanción de suspensión de funciones de tres a seis años.
Además de los órganos anteriores, el Director General de la Policía, para imponer sanciones por faltas graves
Además de los órganos anteriores, serán competentes para la imposición de las sanciones por faltas leves al personal que presta servicio bajo su dirección:
a) Los jefes de órganos centrales hasta el nivel de Subdirección general o asimilado.
b) Los Gobernadores Civiles y Jefes de las Comisarías Provinciales y Locales.
Los órganos competentes para la imposición de una sanción lo son también para ordenar la incoación del correspondiente procedimiento.
1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán, según los términos de la resolución en que se impongan y la naturaleza de las mismas, en el plazo mismo de un mes, salvo que por causas justificadas se establezca otro distinto en dicha resolución.
2. El cumplimiento se efectuará en la forma en que perjudique menos al sancionado.
Las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía serán inmediatamente ejecutivas, no suspendiendo su cumplimiento la interposición de ningún tipo de recurso, administrativo o judicial, si bien la autoridad a quien compete resolverlo podrá suspender, de oficio o a instancia de parte, la ejecución de la sanción impuesta en el caso de que dicha ejecución pudiera causar perjuicio de imposible o de difícil reparación.
1. Las sanciones de pérdida de remuneración se harán efectivas por el habilitado inmediatamente, con cargo al sancionado, o por éste en papel de pagos del Estado, cuando así lo desee.
2. No obstante lo anterior, cuando el sancionado lo sea por falta grave, podrá, previa comunicación al correspondiente habilitado, fraccionar el pago durante los cinco meses siguientes al de la imposición de la sanción.
3. Para la determinación de estas sanciones se tomará como base la totalidad de las remuneraciones íntegras mensuales que percibiese el funcionario en el momento de la comisión de la falta, dividiéndose la misma entre treinta.
El órgano competente para imponer la sanción podrá proponer por el cauce reglamentario al Ministro del Interior, de oficio o a instancia del interesado, la suspensión o inejecución de la sanción cuando mediare causa justa para ello, de acuerdo con lo previsto en la legislación general de funcionarios.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las sanciones disciplinarias se anotarán en los respectivos expedientes personales con indicación de las faltas que las motivaron.
2. De acuerdo con el precepto orgánico citado en el párrafo anterior de este artículo, transcurridos dos o seis años desde el cumplimiento de la sanción, según se trate de faltas graves o muy graves no sancionadas con separación de servicio, podrá acordarse la cancelación de aquellas anotaciones a instancia del interesado que acredite buena conducta en el servicio desde que se le impuso la sanción. La cancelación de anotaciones por faltas leves se realizará a petición del interesado a los seis meses de la fecha de su cumplimiento. La cancelación producirá el efecto de anular la anotación sin que pueda certificarse de ella, salvo cuando lo soliciten las autoridades competentes para ello y a los exclusivos efectos de su expediente personal.
3. A los efectos de solicitud de anotaciones, la Administración comunicará al interesado la fecha de vencimiento de los plazos para las cancelaciones a que se refiere el párrafo anterior de este artículo.