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Timestamp: 2017-09-26 20:03:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 310', 'artículo 65', 'artículo 310', 'artículo 310', 'artículo 315', 'artículo 307', 'artículo 317', 'artículo 317']

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La reforma a la detención preventiva en Colombia
Por Miguel Angel Pedraza Jaimes
“Se considera por ley, entonces, que ante la existencia de elementos probatorios que indiquen la autoría o participación del imputado en el delito investigado, la Fiscalía cuenta con una primera satisfacción para solicitar la detención preventiva, y el Juez de garantías para imponerla, aunado ello a la existencia de uno cualquiera de los tres requisitos de consagración expresa”.
Conclúyase con la reforma que son requisitos de las medidas de aseguramiento y en particular de las medidas privativas de la libertad (detención preventiva o detención domiciliaria), los siguientes:
- El texto genuino de la Ley 906 de 2004, disponía lo siguiente:
- El art. 24 de la Ley 1142 de 2007 reformó el artículo 310 en estos términos:
- El artículo 65 de la Ley 1453 de 2011 modificó el artículo 310 del C. de P.P., en el siguiente sentido:
- Y ahora con la reforma de la Ley 1760 de 2015, la norma del artículo 310 procedimental estipula lo siguiente:
“El hecho de que la valoración de la existencia de una medida de aseguramiento o una acusación, como criterio para inferir la peligrosidad, sea adicional a las pautas establecidas como principales -la gravedad y modalidad de la conducta y los fines constitucionales de la detención preventiva-, no corrige la inconstitucionalidad que se advierte. Sea como criterio principal o con criterio subsidiario, la norma permite que el juez encargado de aplicarla, tome en cuenta una circunstancia que afecta el principio de presunción de inocencia, como quiera que asimila y le imprime los mismos efectos, indicativos de peligrosidad, a una condena, que a una medida preventiva y provisional como la de aseguramiento, y precaria como es la acusación”[6].
La razón para considerar lo anterior es que la norma obliga probar ante el Juez de Garantías la insuficiencia de esas medidas no privativas, de tal manera que si se llegare a demostrar lo contrario, o sea que sí son suficientes para garantizar los fines del aseguramiento, se habilita la imposición de una o varias de esas medidas.
- De una parte, debe comprobar que a partir del material probatorio existente, se puede inferir razonablemente que el imputado o acusado es autor o partícipe del hecho punible objeto del proceso. Es decir, se efectúa un juicio de probabilidad sobre la comisión del delito.
- Por otra parte, debe realizar un juicio de necesidad que establezca que la privación de la libertad en establecimiento carcelario es indispensable para asegurar los fines de las medidas de aseguramiento, es decir, para evitar que el imputado o acusado obstruya el proceso judicial, ponga en peligro a la sociedad o a las víctimas, o eluda el cumplimiento de la eventual condena.
- Dígase que como en materia procesal penal estamos ante un sistema eminente rogado y de postulaciones, importante es señalar que la rogativa de medida de aseguramiento que se está haciendo por el solicitante es la de que se imponga al imputado una medida de aseguramiento privativa de la libertad, sin que en ningún momento se esté solicitando la imposición de una medida no privativa.
Si bien esa postura puede tener su sustento en el sistema rogado y de postulaciones, creemos sin embargo que de acuerdo con la integración de la norma al régimen de las medidas de aseguramiento, el Juez de Garantías sí podría optar por la imposición de una medida no privativa de la libertad cuando por parte del solicitante no se demuestra la insuficiencia de esas medidas. La oposición a la no demostración de la insuficiencia es, correlativamente, la demostración de su suficiencia, razón por la cual se habilitaría la imposición de esas medidas por considerarse suficientes para garantizar el cumplimiento de los fines del aseguramiento.
- Otro problema interpretativo que se muestra al examinar el alcance del parágrafo adicionado es la posible contradicción que puede surgir al enfrentar esa norma con el precepto del artículo 315 del estatuto procesal penal, este último que consagra la procedencia de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad y que, valga decirlo, no fue objeto de modificación en la ley reformatoria.
En las más importantes reformas al estatuto procesal del sistema acusatorio se han hecho modificaciones al régimen de libertad del imputado o acusado, especialmente frente a las causales que tratan sobre la libertad por vencimiento de términos. El texto original de la Ley 906 de 2004 dispuso de unos transcursos temporales para la obtención de la libertad y las reformas han venido incrementando esos tiempos, señalando indistintamente los momentos procesales a partir de los cuales deben contarse los términos legales estando el imputado o el acusado privado de la libertad sin obtener una definición de su situación. También las reformas se han ocupado de aumentar los términos cuando se trata de situaciones especiales como el concurso de delitos, el número de procesados y para las investigaciones o juicios por determinadas conductas punibles de gravedad.
Entiéndase de primera mano que eso es lo que se desprende del texto legal adicionado como parágrafo 1° del artículo 307. Se establecieron términos máximos de duración de la privación de la libertad del imputado o acusado mientras cursa el proceso penal, lo cual implica un avance y una garantía en frente de la detención del procesado, pues de esa manera se procura evitar las detenciones largas e indefinidas dentro del trámite procesal, así como se exige mayor celeridad y eficiencia al aparato de justicia para decidir los procesos dentro de los términos legalmente establecidos. Y con ello, además, se pretendió ajustar la legislación a los estándares internacionales en donde bastante se ha pregonado sobre la necesidad de fijar límites temporales ciertos y precisos respecto a la privación de la libertad del procesado, acatando a su vez el derecho a un juicio público sin dilaciones injustificadas. Destáquese:
En puridad de verdad, no se entiende la razón por la cual el legislador condicionó la sustitución de la medida a la existencia previa de una solicitud en tal sentido por parte de la Fiscalía y aún más por parte del apoderado de la víctima, cuando en realidad es el procesado y su defensa el sujeto que por excelencia debe estar facultado para hacer esa solicitud, ya que es el más interesado en la propia sustitución del aseguramiento y por ende la obtención de la libertad. Absurdo, por decir lo menos, que se no se hubiere incluido al imputado o acusado o al apoderado de la defensa para formular esa solicitud, máxime cuando está en juego el respeto por el principio de libertad y estarían reunidos todos los presupuestos para que el procesado acceda a su liberación ante el vencimiento del término de duración máxima de la detención, así se trate bajo la modalidad de la sustitución de la medida privativa por una no privativa.
“La expresión “formulación de la acusación” contenida en el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, permite establecer dos interpretaciones posibles. La primera, se refiere a que el término para obtener la libertad conforme al numeral 5 del artículo 317, comienza a contarse a partir de la audiencia de formulación de la acusación, interpretación que surge de un análisis de la evolución histórica de la disposición acusada. La segunda, parte del supuesto de que el término referido por la norma analizada debe contarse a partir de la presentación del escrito de acusación, la cual surge de un análisis gramatical y sistemático de la Ley 906 de 2004, en el ámbito de las garantías constitucionales de libertad y presunción de inocencia.
Incluyó el reformador una nueva causal de libertad provisional, esta vez tomando en consideración la iniciación de la audiencia de juicio y el transcurso del tiempo sin haberse celebrado la audiencia de lectura de fallo.
[17] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 390 de 2014. M.P. ALBERTO ROJAS RÍOS.
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