Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-226-de-marzo-30-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a1c586d30f0a00a4e0430a01015100a4&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-18 10:38:34
Document Index: 230602334

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 42', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 215', 'artículo 215', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 42', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 333', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 333', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 287', 'artículo 311', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 27']

﻿ Sentencia C-226 de marzo 30 de 2011
SENTENCIA C-226 DE 30 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL. SE DECLARAN EXEQUIBLES CONDICIONALMENTE EL PARÁGRAFO PRIMERO, EL PARÁGRAFO SEGUNDO, SE DECLARA INEXEQUIBLE ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL PARÁGRAFO TERCERO, SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE LA EXPRESIÓN “NACIONAL” CONTENIDA EN EL PARÁGRAFO TERCERO Y SE DECLARA EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4829 DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL
Sentencia C-226 de marzo 30 de 2011
Sentencia C-226 de 2011
Ref.: Expediente RE-189
EXTRACTOS: «1.1. Texto del decreto revisado.
“Por el cual se adiciona la Ley 1341 de 2009 con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 4580 de 2010”.
Que el artículo 8º de la Ley 1341 de 2009 establece que en casos de atención de emergencia, conmoción interna y externa, desastres, o calamidad pública, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán poner a disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios y darán prelación a dichas autoridades en la transmisión de las comunicaciones que aquellas requieran. En cualquier caso se dará prelación absoluta a las transmisiones relacionadas con la protección de la vida humana. Igualmente darán prelación a las autoridades en la transmisión de comunicaciones gratuitas y oportunas para efectos de prevención de desastres, cuando aquellas se consideren indispensables y que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán suministrar a las autoridades competentes, sin costo alguno, la información disponible de identificación y de localización del usuario que la entidad solicitante considere útil y relevante para garantizar la atención eficiente en los eventos descritos en el presente artículo.
Que el artículo 4º numeral 10 de la Ley 1341 de 2009 establece que el Estado intervendrá en el sector de las TIC para lograr entre otros fines, imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones obligaciones de provisión de los servicios y uso de su infraestructura, por razones de defensa nacional, atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública.
Que el artículo 22 numeral 5º de la Ley 1341 de 2009 establece que la Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes.
Que el artículo 22 numeral 10 de la Ley 1341 de 2009 establece que la Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá imponer de oficio o a solicitud de parte, las servidumbres de acceso, uso e interconexión y las condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión, y señalar la parte responsable de cancelar los costos correspondientes, así como fijar de oficio o a solicitud de parte las condiciones de acceso, uso e interconexión. Así mismo, determinar la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones
ART. 1º—Adicionar los siguientes parágrafos al artículo 8º de la Ley 1341 de 2009:
PAR. 1º—Con el fin de atender las necesidades relacionadas con los motivos de declaratoria de emergencia a las que se refiere el Decreto 4580 de 2010 y en particular para garantizar la continuidad en la provisión de los servicios y redes de telecomunicaciones, todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones están obligados a permitir el acceso y uso de sus redes e infraestructuras al operador que lo solicite en forma inmediata. De igual manera, todo operador o proveedor de servicios públicos que tenga infraestructura estará obligado a permitir el acceso y uso de la misma en forma inmediata.
En el evento en que el proveedor a quien se solicite el acceso y uso al que se hace referencia en este artículo, se niegue a otorgarlo de manera inmediata, el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, previa aprobación del comité de comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de oficio o a solicitud de parte y sin que sea necesario el agotamiento de la etapa de negociación directa que prevé el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009, fijará las condiciones económicas, técnicas y jurídicas en que debe darse dicho acceso y uso, dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud, condiciones que regirán exclusivamente durante el periodo del estado de emergencia económica, social y ecológica de que trata el Decreto 4580 de 2010.
La servidumbre provisional deberá ejecutarse de inmediato. En caso de incumplimiento el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá imponer multas sucesivas equivalentes a cincuenta (50) SMLMV diarios.
Las conciliaciones de cuentas por el acceso y uso impuesto mediante servidumbre provisional deberán hacerse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de terminación de la servidumbre impuesta. En dichas conciliaciones se tendrán en cuenta los cargos por el acceso y uso de las redes e infraestructura acordado por los operadores, o en caso contrario, los determinará la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
PAR. 2º—Con el fin de atender las necesidades relacionadas con los motivos de declaratoria de emergencia a las que se refiere el Decreto 4580 de 2010 y en particular para garantizar la continuidad en la provisión de los servicios y redes de telecomunicaciones, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones se declara como de utilidad pública. Los predios deberán soportar todas las servidumbres legales que sean necesarias para garantizar la prestación y continuidad en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.
PAR. 3º—Las entidades del orden nacional y territorial deberán garantizar el despliegue de infraestructura para lo cual deberán dar prelación a la expedición de los permisos de instalaciones de telecomunicaciones. Para ello, bastará la autorización de la respectiva secretaría de planeación municipal o distrital, o de la autoridad del orden nacional según su respectiva competencia, sin que sea necesario aportar estudios técnicos, de licencia de construcción, estudios de seguridad, entre otros, que se encuentren relacionados con la atención de la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 4580 de 2010”.
2.2.1. Por medio del Decreto 4580 de 2010 –declarado exequible en la Sentencia C-156 de 2011(1), el Gobierno declaró un estado de emergencia social, económica y ecológica en todo el territorio nacional para conjurar la crisis invernal ocasionada por el fenómeno de La Niña y que constituyó grave calamidad pública.
2.2.2. En desarrollo del decreto arriba mencionado, se dictó el Decreto Legislativo 4829 de 2010 bajo estudio con el objeto de contrarrestar las consecuencias negativas del fenómeno de La Niña frente a la infraestructura de las telecomunicaciones pues, según lo establecen las consideraciones del decreto, “se ha producido una considerable destrucción de inmuebles, (...) se han producido inundaciones que han afectado las infraestructuras y las redes de telecomunicaciones impactando la continuidad en la prestación del servicio”. Con base en esas razones, el decreto adicionó tres parágrafos al artículo 8º de la Ley 1341 de 2009 “por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, se crea la agencia nacional de espectro y se dictas otras disposiciones”, tomando las siguientes medidas:
2.2.4. Finalmente, el Ministerio Público defendió la constitucionalidad de las medidas del Decreto Legislativo 4829 de 2010, toda vez que considera que cumplen con la exigencia de conexidad y, además de indispensables, son razonables y proporcionadas, por cuanto el poner la infraestructura de telecomunicaciones privada al servicio de todos los operadores, sean privados o públicos, el establecer una competencia y un proceso para garantizar con prontitud que así ocurra, el disponer la existencia de unas servidumbres necesarias para que las comunicaciones no se interrumpan, y el dejar en claro que todas las medidas adoptadas son transitorias, contribuye de manera eficaz al adecuado manejo del desastre, pues permite brindar ayuda oportuna a todo aquel que la requiera, coordinar las ayudas y las acciones, y emprender tareas cruciales de evacuación, reubicación y atención humanitaria.
2.3.1. La regulación de los estados de excepción en la Constitución de 1991 fue la respuesta al empleo abusivo de la figura del estado de sitio en Colombia. Por ello la Carta de 1991 les impuso límites materiales y temporales al ejercicio de las facultades presidenciales bajo cada uno de los estados de excepción y reforzó sus controles(2).
Lo primero que regula la Carta Política es la existencia de tres estados de excepción: la guerra exterior(3), conmoción interior(4) y emergencia económica, social y/o ecológica(5) .
Los tribunales internacionales también se han pronunciado sobre este principio. Así por ejemplo, en el caso Lawless, en sentencia del 1 de julio de 1961, la Corte Europea de Derechos Humanos sostuvo que “el peligro público para la vida de la Nación al que se refiere el convenio europeo debe ser una situación excepcional de crisis o emergencia que afecte toda la población y que constituya una amenaza a la vida organizada de la comunidad que compone un Estado”. De manera similar, el Comité de derechos humanos, en su Observación General 29, párrafo 3, estableció que “aún en un conflicto armado las disposiciones que suspendan la aplicación del Pacto se permitirán sólo en la medida en que la situación constituya un peligro para la vida de la Nación”. Por último, el Comité de derechos humanos de las Naciones Unidas estableció en la “observación general sobre el artículo 4º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos: estados de excepción y suspensión de derechos” lo siguiente:
2.3.3.5. Según el principio de proclamación o de declaración pública, el Estado que va a hacer uso de las medidas excepcionales debe manifestar expresamente las razones que fundamentan su decisión, esto es, las circunstancias que amenazan la vida de la nación y que justifican la suspensión de garantías(7). La notificación implica el aviso a los organismos internacionales de la declaratoria del estado y de los derechos suspendidos. Esta notificación debe hacerse por intermedio del secretario general de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos o del Consejo de Europa, según el caso, en la forma como lo determine cada instrumento. Estos organismos, a su vez, deben hacer llegar la información correspondiente a los estados partes de los diferentes pactos.
2.3.3.6. Por último, el principio de intangibilidad de derechos se recoge en el artículo 4º de la LEEE, que a su turno tiene origen en el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en el artículo 4º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos(8) y en el artículo 27 de la Convención americana de derechos humanos(9). El contenido y alcance de esta cláusula es el siguiente: los derechos enunciados como intangibles no pueden ser limitados ni restringidos bajo los estados de excepción.
El artículo 4º consagra que no podrán suspenderse en estados de excepción las siguientes garantías: el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles y el derecho al habeas corpus(10). Igualmente, prevé que no podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
2.4.1. El artículo 215 de la Constitución Política establece que “[c]uando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario (...)”
2.4.4. En relación con la facultad punitiva del ejecutivo durante estados de emergencia económica, social o ecológica, la Sentencia C-225 de 2009(14) resumió sus límites así: “(i) que sólo es posible sancionar comportamientos que atenten contra el orden económico, social o ecológico; (ii) que en la descripción del comportamiento tipificado, deben tratarse las conductas que de manera directa perturben el orden económico, social y ecológico; y, (iii) que el sujeto activo, la conducta tipificada y el objeto protegido, deben estar en directa conexión con las causas y motivos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia”.
Como consecuencia de esta interpretación del artículo 215, en los casos en los que el Gobierno, con el fin de hacerle frente a una emergencia económica, social o ecológica, expida normas que tipifiquen conductas, modifiquen tipos existentes, o aumenten las penas de delitos establecidos en la normatividad penal, habrá de acudir al Congreso de la República, para que este órgano le confiera carácter permanente a las reformas realizadas”.
2.4.5. La Constitución también prohíbe desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante decretos legislativos expedidos en virtud del estado de emergencia económica, social o ecológica. Sobre el alcance de esta prohibición, la Sentencia C-179 de 1994(15), con motivo del examen de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de los estados de excepción, señaló:
“Los derechos sociales son entonces aquellos derechos subjetivos colectivos que se establecen en favor de grupos o sectores de la sociedad dentro de los cuales podemos citar, a manera de ejemplo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, etc. Dichos derechos se caracterizan por la existencia de un interés común y solidario, destinado a asegurar un vivir libre y digno. En nuestra Carta Política no se permite desmejorar, mediante los decretos legislativos dictados con fundamento en el estado de emergencia económica, social y ecológica, los derechos sociales que tal estatuto confiere a los trabajadores, algunos de los cuales se encuentran consagrados en el capítulo 2º del título II, v. gr.: el derecho de huelga, el de negociación colectiva, etc.”.
2.4.7. El primero de tales juicios —conexidad— se orienta a la verificación de un nexo causal entre (i) las situaciones que de manera mediata e inmediata han dado origen a la declaración del estado de excepción y la finalidad de las medidas introducidas (conexidad externa), y entre (ii) tales causas y la materia regulada por los decretos legislativos correspondientes (conexidad interna)(16).
En la Sentencia C-145 de 2009(17), se dijo que acepciones tales como exclusivamente, “(...) apuntan a que los decretos de desarrollo del estado de emergencia no puedan tener otra finalidad que la mencionada, de conjurar la crisis que dio lugar a su declaración y evitar la propagación de sus consecuencias; la exigencia de una ‘relación directa’, excluye la simple relación incidental, indirecta, tangencial entre los hechos causantes del estado de excepción y la materia que regulan; tal relación además debe ser “específica”, es decir, de la misma clase, de igual naturaleza, de idéntica especie”.
2.5. Examen de los aspectos formales del Decreto Legislativo 3148 de 2010.
2.6. Examen de los aspectos materiales del Decreto Legislativo 4829 de 2010.
2.6.1. El contenido del Decreto Legislativo 4829 de 2010.
El Decreto Legislativo 4829 del 29 de diciembre de 2010 adicionó tres parágrafos al artículo 8º de la Ley 1341 de 2009, estableciendo medidas dirigidas a conjurar la crisis que dio lugar a la declaración de emergencia social en el Decreto Legislativo 4850 de 2010, específicamente dirigidas a contrarrestar los efectos negativos sobre la infraestructura y redes de telecomunicaciones.
ii) La Comisión de Regulación de Comunicaciones —en adelante CRC— adquiere la facultad de imponer servidumbres provisionales para garantizar el uso de las redes e infraestructura de telecomunicaciones y de otros servicios públicos, ante la negativa del proveedor respectivo.
2.6.2. Juicio de conexidad.
1.4. Que igualmente, de acuerdo al índice multivariado enso, MEI (por sus siglas en inglés) el cual estima la intensidad del fenómeno de La Niña, el nivel de este evento durante 2010, indica que ha sido el más fuerte jamás registrado. Este fenómeno de variabilidad climática ha ocasionado además una mayor saturación de humedad de los suelos, generando eventos extraordinarios de deslizamientos y crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente en la región Andina, Caribe y Pacífica.
3.17. Que es necesario garantizar la continua y oportuna comunicación entre los damnificados y las personas en riesgo, los socorristas, el personal de atención y las autoridades responsables, así como asegurar que los mensajes dirigidos a la población sobre los riesgos, los lugares donde recibirán protección, los beneficios que pueden reclamar, entre otra información útil, sean transmitidos en horarios de alta audiencia por los canales públicos y privados.
3.19. Que por todo lo anterior es indispensable, dentro del marco de los considerandos anteriores, adoptar entre otras medidas, disposiciones legislativas en materia tributaria, presupuestal, de endeudamiento, control ambiental, contratación pública, procesales, expropiación de inmuebles y control fiscal, así como crear mecanismos necesarios para administrar recursos, a fin de proteger y garantizar los derechos de las personas afectadas, lograr la recuperación de la actividad productiva, el fortalecimiento institucional y financiero de la Nación, y adelantar las obras de infraestructura que permitan conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos ”.
2.6.2.3. Mediante Sentencia C-156 de 2011(19), esta Corte encontró exequible el Decreto 4580 de 2010, en cuanto cumplió satisfactoriamente con los requisitos formales y materiales para su expedición.
2.6.2.4. En las consideraciones del Decreto 4829 de 2010 —bajo revisión—, el gobierno se refirió específicamente a los hechos que motivaron su expedición y a las finalidades de las medidas adoptadas de la siguiente forma:
“Que mediante Decreto 4580 de 2010 fue declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de expedición de dicho decreto, esto es, a partir del 7 de diciembre de 2010, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de sus efectos.
Que el artículo 8º de la Ley 1341 de 2009 establece que en casos de atención de emergencia, conmoción interna y externa, desastres o calamidad pública, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán poner a disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios y darán prelación a dichas autoridades en la transmisión de las comunicaciones que aquellas requieran. En cualquier caso se dará prelación absoluta a las transmisiones relacionadas con la protección de la vida humana. Igualmente, darán prelación a las autoridades en la transmisión de comunicaciones gratuitas y oportunas para efectos de prevención de desastres, cuando aquellas se consideren indispensables y que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán suministrar a las autoridades competentes, sin costo alguno, la información disponible de identificación y de localización del usuario que la entidad solicitante considere útil y relevante para garantizar la atención eficiente en los eventos descritos en el presente artículo.
Que el artículo 4º numeral 10 de la Ley 1341 de 2009 establece que el Estado intervendrá en el sector de las TIC para lograr, entre otros fines, imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones obligaciones de provisión de los servicios y uso de su infraestructura, por razones de defensa nacional, atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública.
Que se hace necesario establecer un procedimiento expedito para garantizar el uso de los predios o bienes de propiedad privada para la instalación de la infraestructura y redes de telecomunicaciones con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”.
2.6.2.6. A partir de las anteriores consideraciones la Sala concluye que existe conexidad externa, es decir, un nexo causal entre las finalidades del Decreto 4829 de 2010 y los hechos que originaron la declaración del estado de emergencia social —Decreto 4580 de 2010—.
En primer lugar, en los dos decretos se da cuenta de la necesidad de la toma de medidas urgentes para hacer frente a los efectos negativos del fenómeno de la niña, esto es, a la considerable destrucción de inmuebles, a la interrupción de la prestación de servicios públicos esenciales —entre ellos el de telecomunicaciones-, y a la importancia del flujo de información para hacerle frente a la crisis.
Ahora bien, para que esa conexidad se entienda satisfecha, es necesario aclarar que las medidas adoptadas en el decreto legislativo “con el fin de atender las necesidades relacionadas con los motivos de declaratoria de emergencia a las que se refiere el Decreto 4580 de 2010”(20) sólo son aplicables en las zonas y municipios afectados por la ola invernal a la que se refiere el Decreto 4580 de 2010. En ese sentido se condicionará la constitucionalidad de las disposiciones del decreto en estudio.
2.6.2.7. La Sala también observa que las materias reguladas por el gobierno en el Decreto 4829 de 2010 guardan conexión interna con la situación que determinó la declaración de la emergencia social, en tanto las medidas adoptadas por el decreto legislativo bajo estudio encuentran nexo causal con las causas de declaratoria de emergencia. En efecto, las medidas consagradas en el Decreto 4829 esencialmente establecen la agilización de los procedimientos establecidos en la Ley 1341 de 2009 para permitir el acceso y uso de las redes e infraestructura de servicios públicos por parte de cualquier operador que lo solicite, la posibilidad de constituir servidumbres por ocupación de terrenos sobre los cuales se pretenda construir infraestructura a través de la declaratoria de utilidad pública de la provisión de redes e infraestructura de telecomunicaciones, y, además, mayores facilidades para la adquisición de permisos de construcción de nuevas de esas redes o infraestructura. Así las cosas, se evidencia que las medidas adoptadas están directamente relacionadas con las solución de las causas de la declaratoria de emergencia, esto es, con la reparación y reconstrucción de la infraestructura de servicios públicos destruida por la ola invernal generada por el fenómeno de La Niña y que afecta, en este caso, el flujo de información determinante para la atención de sus consecuencias.
2.6.3. Juicio de proporcionalidad.
2.6.3.2. Para establecer, primero, la necesidad de las medidas, es pertinente estudiar qué variaciones se introdujeron por parte del decreto legislativo a la Ley 1341 de 2009, en cuanto el mismo adiciona tres parágrafos al artículo 8º de dicha ley.
El artículo 2º consagra como principios orientadores del régimen de las telecomunicaciones:
1.1. Prioridad al acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (num. 1º)
1.2. Libre competencia (num. 2º)
El artículo 3º se refiere a la importancia del acceso a las TIC: El Estado reconoce que el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento.
El artículo 4º establece como fines del Estado en su intervención en el sector de las TIC,
3.3. Garantizar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos escasos, se buscará la expansión, y cobertura para zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables (num. 6º).
3.4. Garantizar la interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen tecnologías de la información y las comunicaciones. (num. 9º).
3.5. Imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones obligaciones de provisión de los servicios y uso de su infraestructura, por razones de defensa nacional, atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública (num. 10)
4. El artículo 5º señala que las entidades del orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
5. El artículo 8º dispone que en casos de atención de emergencia, conmoción interna y externa, desastres, o calamidad pública, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán poner a disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios y darán prelación a dichas autoridades en la transmisión de las comunicaciones que aquellas requieran.
6. El artículo 17 establece como uno de los principios del Ministerio de las TIC: Promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación (num. 2º).
7.1. Diseñar, formular y proponer políticas, planes y programas que garanticen el acceso y la implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de fomentar su uso como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad del país en los distintos sectores (num. 2.a)
7.2. Apoyar al Estado en el acceso y uso de las Tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la contratación administrativa transparente y eficiente, y prestar mejores servicios a los ciudadanos (num. 2.c)
El artículo 22, numeral 5º de la Ley 1341 de 2009 establece la posibilidad del acceso a infraestructura de terceros operadores no prestadores de servicios de telecomunicaciones y sus condiciones serán fijadas por la CRC bajo un esquema de costos eficientes.
1. En cuanto al establecimiento de servidumbres sobre infraestructura de proveedores de telecomunicaciones: el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 señala que precisamente una de las funciones de la CRC es: Imponer de oficio o a solicitud de parte, las servidumbres de acceso, uso e interconexión y las condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión, y señalar la parte responsable de cancelar los costos correspondientes, así como fijar de oficio o a solicitud de parte las condiciones de acceso, uso e interconexión. Así mismo, determinar la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones.(num. 10)
2. En cuanto a la constitución de servidumbres sobre infraestructura de telecomunicaciones de proveedores de otros servicios públicos, la Ley 1341 de 2009 no establecía esa facultad en cabeza de la CRC. Su única función en relación con el acceso a esa infraestructura es la señalada en el numeral 5º del artículo 22, esto es: Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes.
Negociación directa (art. 42): Los proveedores de servicios de telecomunicaciones contarán con un plazo de treinta (30) días calendario desde la fecha de la presentación de la solicitud con los requisitos exigidos en la regulación que sobre el particular expida la CRC, para llegar a un acuerdo directo.
2. Iniciación trámite administrativo de solución de controversias (art. 43): Vencido el plazo de la negociación directa al que hace referencia el artículo 42 de la presente ley, si no se ha logrado un acuerdo, el director ejecutivo de la CRC, previa solicitud de parte, iniciará el trámite administrativo para dirimir en la vía administrativa la controversia surgida.
3. Traslado de la solicitud (art. 44): El director ejecutivo de la CRC, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de que trata el artículo anterior, correrá traslado de la misma a la otra parte, quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para formular sus observaciones, presentar y solicitar pruebas, y enviar su oferta final.
4. Mediación (art. 45): Presentadas las ofertas finales, el director ejecutivo de la CRC, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes fijará la fecha para la realización de la audiencia que dé inicio a la etapa de mediación, con el fin de que las partes solucionen sus diferencias.
5. Práctica de pruebas (art. 46): Recibidas las ofertas finales, si es del caso, la CRC procederá a decretar de oficio o a petición de cualquiera de las partes, las pruebas que estime, conducentes, pertinentes, oportunas y necesarias, estableciendo el término respectivo. En caso de que se requiera de dictamen pericial, el término señalado para la práctica de las pruebas, empezará a correr desde el día siguiente a la fecha en la cual se posesionen los peritos designados.
6. Adopción de la decisión (art. 47): Para el caso de solución de controversias de interconexión, la CRC adoptará la decisión correspondiente en un plazo no superior a cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la fecha de inicio del trámite administrativo. En el caso de la fijación de condiciones o imposición de servidumbre de interconexión, la CRC contará con un plazo no superior a noventa (90) días calendario contados desde la fecha de inicio del trámite administrativo.
1. La Ley 1341 de 2009 —antes de la modificación hecha por el decreto legislativo— no establecía el carácter de utilidad pública de la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, sólo establecía:
1.1. Las tecnologías de la información y las comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional (art. 2º)
1.2. Las telecomunicaciones, son un servicio público bajo la titularidad del Estado (art. 10)
2. Ahora bien, el procedimiento establecido por el decreto legislativo para la Constitución de servidumbres sobre los predios donde se requiera construcción de infraestructura de las TIC, se rige por la Ley 1274 de 2009, que en sus artículos 1º y 2º señala:
2.1. ART. 1º—Servidumbres en la industria de los hidrocarburos. La industria de los hidrocarburos está declarada de utilidad pública en sus ramos de exploración, producción, transporte, refinación y distribución. Los predios deberán soportar todas las servidumbres legales que sean necesarias para realizar las actividades de exploración, producción y transporte de los hidrocarburos, salvo las excepciones establecidas por la ley.
2.2. ART. 2º—Negociación directa. Para el ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos el interesado deberá adelantar el siguiente trámite:
PAR. —Igual tratamiento se dará a las personas que ocupen o posean tierras baldías.
Sobre la necesidad de esos cambios se tiene que, en primer lugar, el artículo 8º de la Ley 1341 de 2009 —sin las adiciones introducidas por el decreto legislativo bajo estudio—, si bien regula una forma de garantía de la prestación de los servicios de telecomunicaciones en casos de conmoción o calamidad y prevención para dichos eventos, no establece nada en relación con la eventualidad en la cual los proveedores de servicios se nieguen a permitir el acceso y uso de su infraestructura, de manera que, primero, el procedimiento para la constitución de servidumbres sobre la infraestructura de telecomunicaciones por parte de la CRC tendría que ser necesariamente el ordinario regulado en los artículos 42 a 48 de la Ley 1341 de 2009, lo que se traduce en tiempos de uno a tres meses; y, además, no otorga la posibilidad de que esas servidumbres puedan también constituirse sobre la infraestructura de los proveedores de servicios diferentes a los de telecomunicaciones, lo cual es necesario para los eventos en los cuales el lugar donde se vieron afectadas las redes no exista más infraestructura de telecomunicaciones.
El artículo 8º ordinario sólo señala que las autoridades deben disponer de la infraestructura y redes de telecomunicaciones gratuita y oportunamente, dándosele prioridad a las transmisiones y comunicaciones relacionadas con la protección de la vida humana y necesarias para la prevención de desastres, así como de la información disponible sobre la identificación y localización de los usuarios que la autoridad considere útil para la atención de los eventos descritos.
De lo anterior se deriva que bajo los supuestos del artículo 8º ordinario, no existiría un procedimiento expedito para lograr que los proveedores de servicios de telecomunicaciones o de otro tipo que se nieguen a permitir el uso y acceso de sus redes, lo hagan durante situaciones de emergencia o calamidad pública, siendo imposible que se cumpla el objetivo de las medidas, esto es, que se logre de manera pronta la prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando su infraestructura se haya visto afectada por la temporada invernal.
En segundo lugar, el procedimiento fijado en el párrafo tercero del artículo 1º del decreto legislativo, según el cual no es necesario agotar la etapa de negociación directa y en el que se establece un término perentorio de tan solo tres días a partir de la solicitud para que la CRC fije las condiciones económicas, técnicas y jurídicas de las servidumbres, resulta a todas luces más expedito que el dispuesto en los artículos 42 y siguientes de la Ley 1341 de 2009 que necesariamente se demora de uno a tres meses según lo descrito en el cuadro. Si lo que se quiere es que la prestación del servicio se realice de manera inmediata durante la época de emergencia, tres meses para lograrlo es un término irrazonable porque seguramente para ese momento ya no tendría efecto alguno el restablecimiento de las comunicaciones encaminado a la atención, mitigación y prevención del desastre.
2.6.3.3. La Sala también encuentra que los medios elegidos en el decreto son idóneos y conducentes para alcanzar los fines que se propuso el ejecutivo.
Teniendo en cuenta las pruebas aportadas por el gobierno nacional sobre la afectación de la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones durante la temporada invernal y la inevitable reubicación de familias que implica, en la mayoría de los casos, la construcción o traslado de infraestructura, y partiendo de que la finalidad esencial de las medidas adoptadas por el decreto legislativo es la agilización de los procedimientos para el acceso y la construcción de nuevas redes e infraestructura, se tiene que dichas medidas resultan ser idóneas y conducentes pues permiten justamente que los servicios se restablezcan y se presten eficientemente a pesar de la crisis, por cuanto:
2.6.3.4. Sin embargo, para la Sala las medidas, tal como se encuentran redactadas, resultan desproporcionales pues afectan principios constitucionales. La anterior conclusión impone a la Sala analizar cada medida separadamente.
Lo anterior se traduciría en la violación de los principios constitucionales de autonomía de la voluntad privada, de libertad de empresa y de libre iniciativa privada consagrados en el artículo 333 superior, que señala que para el ejercicio de las actividades económicas, no se podrán exigir requisitos sin autorización de la ley. Igualmente, vulneraría el principio constitucional de confianza legítima (C.P. art. 83 y 84), según el cual “los operadores jurídicos no pueden defraudar las expectativas que generan en los demás, a la vez que compele a las autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las situaciones que objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico, de manera que no le es dado a las autoridades desconocer abruptamente la confianza que su acción u omisión había generado en los particulares, máxime cuando ello compromete el ejercicio de sus derechos fundamentales”(21).
A esta conclusión llega la Sala, en tanto considera que someter a los proveedores a la obligación de dar acceso y uso de su infraestructura a los operadores de telecomunicaciones a través de una norma de excepción y por tiempo indefinido, vulnera directamente esos derechos, pues estos, al crear su empresa, no lo concibieron como parte de su objeto, los costos en los que podrían incurrir no estaban previstos en su estructura de negocio y, además, la ley ordinaria no lo tenía previsto. Si bien esos costos tendrían que tenerse en cuenta para fijar las condiciones de la servidumbre y su retribución, de todas maneras es una situación jurídica imprevisible al momento de la constitución del negocio que, al hacerla permanentemente posible mediante una norma creada en estado de excepción, limita gravemente el ejercicio de los principios constitucionales mencionados.
Así, de acuerdo con las pruebas aportadas por el Departamento Nacional de Planeación a esta corporación, la atención de la emergencia cuenta con tres fases, a saber: la fase I que corresponde a la “atención humanitaria de emergencia” que se ejecutará durante el año 2011, la fase II para “rehabilitación”, a ser ejecutada entre los años 2011 y 2014; y, finalmente, la fase III dirigida a la “reconstrucción y mitigación de riesgos”, que se implementará a largo plazo con posibilidad de extenderse hasta el año 2018(22).
Teniendo en cuenta que el objeto de la medida bajo estudio es que los lugares en donde no exista infraestructura de telecomunicaciones por causa de la ola invernal, puedan contar con ella para lograr un eficiente flujo de información entre los afectados y las distintas autoridades encargadas de la atención de la calamidad, entonces para que la limitación a los principios y derechos constitucionales descritos sí se vea compensada con la finalidad de la medida, y así esta se entienda proporcional y, por tanto, exequible, la Sala Plena declarará que sólo podrá regir durante la primera fase de la emergencia, esto es, durante la fase de emergencia humanitaria. Más allá de ese tiempo, el gobierno nacional contaría con el tiempo suficiente para crear las condiciones necesarias para que se lleven a cabo las obras pertinentes dirigidas a que los proveedores de servicios de telecomunicaciones cuenten con sus propias redes e infraestructura.
Así las cosas, la constitucionalidad del parágrafo primero del artículo 1º del decreto legislativo bajo examen, se condicionará a que la facultad otorgada a la CRC de constituir servidumbres sobre redes e infraestructura de servicios públicos distintos a los de telecomunicaciones, exclusivamente podrá ejercerse durante la fase de atención humanitaria de emergencia, esto es, durante el año 2011.
Sin embargo, esta Sala considera que para que la medida pueda entenderse proporcional, y por tanto constitucional, la vigencia debe reducirse además a la primera fase de la emergencia pues sólo durante la ayuda humanitaria de emergencia se justifica que esas condiciones se mantengan. Lo anterior, por cuanto sólo durante ese momento se necesita que el acceso sea casi inmediato y, por tanto que se mantengas dichas condiciones, por la importancia del flujo de información cuando acaba de ocurrir el desastre. Más allá de esos tiempos es posible volver al régimen ordinario previsto en los artículo 42 a 48 de la Ley 1341 de 2009 y renegociar esas condiciones conforme al mismo.
2.2. En cuanto al procedimiento expedito previsto en los párrafos tercero y siguientes del artículo 1º del decreto legislativo, no sería proporcional, también por virtud del artículo 333 superior, que el mismo se mantenga más allá de la fase de ayuda humanitaria de emergencia, pues mantener vigente el procedimiento establecido en el decreto legislativo durante las fases de rehabilitación y reconstrucción, conduciría a la vulneración de los principios constitucionales mencionados sin que la finalidad de la medida lo compense.
Esto, en tanto, primero, los proveedores tendrían que someterse hasta el año 2014 o hasta el año 2018 —según el caso— al procedimiento y a las condiciones que de él se deriven, fijadas por la CRC sin negociación directa, etapa durante la cual pueden manifestar su voluntad sobre las condiciones de la servidumbre, de acuerdo a la estructura de su negocio, a los costos y beneficios y, en fin, a las condiciones necesarias para hacer eficiente la prestación del servicio. Y, además, con el agravante de que durante las fases II y III los tiempos previstos en los artículos 42 a 48 de la Ley 1341 son suficientes para el logro del acceso y uso de la infraestructura, por lo que no existe justificación para limitar los derechos a la iniciativa y autonomía de la voluntad privada, ni a la libertad de empresa.
Así que, sólo se justificaría la limitación de los derechos de libre iniciativa privada, libre empresa y autonomía de la voluntad privada cuando la vigencia de la medida bajo estudio se encuentre restringida a la primera fase de la emergencia, esto es, a la etapa de ayuda humanitaria de emergencia que es cuando se requiere un procedimiento expedito para lograr el pronto restablecimiento de los servicios de telecomunicaciones para permitir el suministro de información relacionada con la atención y mitigación de los efectos inmediatos de la ola invernal. En este sentido la Sala Plena condicionará la constitucionalidad del parágrafo primero del artículo 1º del decreto legislativo bajo examen.
Así las cosas, sólo será proporcional si, primero, no se entiende que con ello pueda llevarse a cabo la expropición de los predios sino sólo la constitución de servidumbre de ocupación y, segundo, si sólo tiene vigencia durante la primera fase de la emergencia pues en las otras fases se podrá evitar la afectación del núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, buscando con tiempo terrenos donde no se afecte la propiedad de los particulares o, si se requiere, es posible aplicar el proceso ordinario civil.
3.1. En relación con el primer condicionamiento, la Sala observa que si bien el parágrafo segundo del artículo 1º del decreto legislativo, sólo hace alusión a la servidumbre por ocupación de los terrenos sobre los cuales se requiera construir nueva infraestructura de telecomunicaciones, lo cierto es que la declaratoria de utilidad pública de la provisión de esas redes, implica necesariamente la aplicabilidad del último párrafo del artículo 58 de la Carta, según el cual, podrá haber expropiación “cuando existan motivos de utilidad pública definidos por el legislador”.
Considera esta Sala que el objetivo de lograr la prestación de servicios de telecomunicaciones en aquellos lugares donde se requiera construcción de nueva infraestructura, no se compadece con una limitación tan gravosa para la propiedad privada como lo es la expropiación pues no se justifica que el dueño del predio pierda la propiedad del mismo —por más que se respete el debido proceso y se le indemnice adecuadamente— sólo porque se negó a permitir la construcción de redes o infraestructura de telecomunicación dentro de su terreno. Lo anterior, sumado a que la expropiación es una figura irrevocable y definitiva, de manera que los efectos de la norma, por más de que sea excepcional y que pretenda cubrir sólo las causas de la emergencia, termina teniendo un alcance permanente sobre el derecho de propiedad del titular del terreno.
Así las cosas, se condicionará la declaratoria de utilidad pública de la provisión de redes e infraestructura de telecomunicaciones a que únicamente tendrá como efectos la posibilidad de que sobre dichos terrenos se constituyan servidumbres por ocupación.
4.2. Además, se le otorga a entidades del orden nacional, que no especifica, la facultad de otorgar permisos para el despliegue de infraestructura, lo cual —si se relaciona con los usos del suelo— iría en contra de la autonomía de las entidades territoriales consagrada en el artículo 287 de la Carta, en este caso de los municipios, como únicas entidades competentes para darlos en cuanto son los entes encargados del cumplimiento del plan de ordenamiento territorial y que deben velar por la ordenación de su territorio en virtud de lo establecido en el artículo 311 superior. El parágrafo tercero del artículo 1º del decreto legislativo, tal como quedaría redactado al declararse exequible el aparte estudiado en el numeral anterior —4.1—, establece:
“Las entidades del orden nacional y territorial deberán garantizar el despliegue de infraestructura para lo cual deberán dar prelación a la expedición de los permisos de instalaciones de telecomunicaciones, que se encuentren relacionados con la atención de la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 4580 de 2010”.
Así las cosas, el parágrafo tercero del artículo 1º del decreto legislativo quedará redactado de la siguiente manera:
“PAR. 3º—Las entidades del orden nacional y territorial deberán garantizar el despliegue de infraestructura para lo cual deberán dar prelación a la expedición de los permisos de instalaciones de telecomunicaciones, que se encuentren relacionados con la atención de la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 4580 de 2010 ”.
3.1. Declarará exequible el parágrafo primero del artículo 1º del Decreto 4829 de 2010, en el entendido que:
3.1.4. El procedimiento expedito regulado por los párrafos 3º, 4º y 5º de la norma sólo será aplicable durante la fase de atención humanitaria de emergencia —durante el año 2011—, superada la cual, se aplicará el procedimiento establecido en los artículo 42 a 48 de la Ley 1341 de 2009.
3.2. Declarará exequible el parágrafo segundo del artículo 1º del decreto legislativo bajo estudio, en el entendido que:
3.2.3. La declaratoria de utilidad pública sólo regirá durante la primera fase de la emergencia, esto es, durante la atención humanitaria de emergencia —durante el año 2011—, por lo que las servidumbres que se requieran luego de superada dicha etapa, se regirán por el procedimiento ordinario civil.
3.3. Declarará inexequible la expresión “Para ello, bastará la autorización de la respectiva secretaría de planeación municipal o distrital o de la autoridad del orden nacional según su respectiva competencia, sin que sea necesario aportar estudios técnicos, de licencia de construcción, estudios de seguridad, entre otros” contenida en el parágrafo tercero del artículo 1º del Decreto 4829 de 2010.
3.5. Declarará exequible el parágrafo tercero del artículo 1º del Decreto 4829 de 2010 tal como resulta luego de declarar inexequibles las expresiones mencionadas en el numeral anterior, en el entendido que:
1. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo primero del artículo 1º del Decreto Legislativo 4829 de 2010, en el entendido que (i) las medidas allí adoptadas sólo serán aplicables en los municipios y zonas afectados por la ola invernal a la que se refiere el Decreto 4580 de 2010; (ii) la Comisión de Regulación de Comunicaciones sólo tendrá la facultad de constituir servidumbres sobre redes e infraestructura de servicios públicos distintos a los de telecomunicaciones durante la fase de atención humanitaria de emergencia, es decir, durante el año 2011; (iii) las condiciones económicas, técnicas y jurídicas que fije la CRC para el acceso y uso de las redes e infraestructura de telecomunicaciones cuando el proveedor se ha negado a ello sólo regirán durante la fase de atención humanitaria de emergencia, esto es, durante año 2011; y (iv) el procedimiento expedito regulado por los párrafos 3º, 4º y 5º de la norma sólo será aplicable durante la fase de atención humanitaria de emergencia que tiene vigencia durante el año 2011, superada la cual, se aplicará el procedimiento establecido en los artículo 42 a 48 de la Ley 1341 de 2009.
2. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo segundo del artículo 1º del Decreto Legislativo 4829 de 2010, en el entendido que (i) las medidas allí adoptadas sólo serán aplicables en los municipios y zonas afectados por la ola invernal a la que se refiere el Decreto 4580 de 2010; (ii) la declaratoria de utilidad pública de la provisión de redes e infraestructura de telecomunicaciones exclusivamente permite la constitución de servidumbres de ocupación de terrenos sobre los predios en los cuales se requiera la realización de esas obras y nunca la expropiación de los mismos; y (iii) la declaratoria de utilidad pública sólo regirá durante la fase de atención humanitaria de emergencia, esto es, durante el año 2011, por lo que las servidumbres que se requieran luego de superada dicha etapa, se regirán por el procedimiento ordinario civil.
3. Declarar INEXEQUIBLE las expresión “Para ello, bastará la autorización de la respectiva secretaría de planeación municipal o distrital o de la autoridad del orden nacional según su respectiva competencia, sin que sea necesario aportar estudios técnicos, de licencia de construcción, estudios de seguridad, entre otros” contenida en el parágrafo tercero del artículo 1º del decreto 4829 de 2010.
4. Declarar EXEQUIBLE la expresión “nacional” contenida en el parágrafo tercero del Decreto 4829 de 2010, en el entendido que las autoridades del orden nacional a las que hace referencia sólo podrán expedir permisos de despliegue de infraestructura cuando no implique la usurpación de competencias de los municipios sobre su ordenamiento territorial y los usos del suelo, y cuando la ley lo ha autorizado previamente.
5. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo tercero del artículo 1º del decreto 4829 de 2010, en el entendido que la prelación a la que hace referencia (i) sólo será aplicable en los municipios y zonas afectados por la ola invernal a la que se refiere el Decreto 4580 de 2010; y (ii) únicamente será obligatoria durante la fase de atención humanitaria de emergencia, es decir, durante el año 2011.
(1) M.P. Mauricio González Cuervo.
(2) En la Sentencia C-802 de 2002 se hace amplia referencia a las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente en materia de la regulación de los estados de excepción. Se cita por ejemplo el informe, Ponencia para primer debate en plenaria “Normas de excepción. El estado de sitio y el estado de excepción. La emergencia económica y social”, preparado por los constituyentes Antonio Navarro Wolff, Antonio Galán Sarmiento, Fabio Villa Rodríguez y José Matías Ortiz, documento en el cual textualmente se afirma: “el estado de excepción no es ni puede ser un estado de hecho. Es una de las expresiones del estado de derecho. Por lo tanto debe ser normado. Tiene como objeto el reforzamiento de la facultad defensiva del Estado para recuperar la normalidad dentro del estado de derecho” Cfr. Gaceta Constitucional Nº 76 del 18 de mayo de 1991, páginas 12 a 16. También se hace alusión a la ponencia “Suspensión de derechos y libertades en estado de excepción” coordinada por el delegatario Jaime Ortiz Hurtado. En este documento se pone de manifiesto la necesaria sujeción de las facultades excepcionales a la intangibilidad de derechos tales como la vida, la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, la prohibición de discriminación, el derecho a la personalidad jurídica, los derechos de nacionalidad, los derechos políticos, el principio de legalidad y retroactividad, las libertades de conciencia y de religión, la protección a la familia y los derechos del niño Cfr. Gaceta Constitucional Nº 107 del 24 de junio de 2002, páginas 6 y 7.
(3) “ART. 212.—El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad. | La declaración del estado de guerra exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión. | Mientras subsista el estado de guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos. | Los decretos legislativos que dicte el gobierno suspenden las leyes incompatibles con el estado de guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara”.
(4) “ART. 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. | Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. | Los decretos legislativos que dicte el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. | Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración. | En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.
(5) “ART. 215.—Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. | Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. | Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente. | El gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si este no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término. | El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas. | El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. | El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo. | El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al gobierno durante la emergencia. | El gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo. | PAR.—El gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.
(6) Zovatto Garetto Daniel. “La suspensión de garantías: Un análisis comparativo de la Convención americana de derechos humanos y las constituciones de los Estados partes” En: The American University Law Review Vol. 13 1980.
(7) Un sector de la doctrina clasifica en formales y materiales las garantías contenidas en el artículo 4º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Las garantías formales son el principio de proclamación y el principio de notificación. Y las garantías materiales son el principio que debe tratarse de una amenaza excepcional, el principio de proporcionalidad, el principio de no discriminación, el principio de intangibilidad de ciertos derechos fundamentales y el principio de compatibilidad con las obligaciones impuestas por el Derecho Internacional. Zobatto, Daniel. Ob. cit. pág. 87 y s.s.
(8) “ART. 4º:
(9) ART. 2º—Suspensión de garantías:
(10) El texto original de la LEEE señalaba también como intangible el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados, sin embargo esta previsión quedo derogada en virtud del Acto Legislativo 1º de 1997.
(11) En este sentido en la Sentencia C-135 de 2009, se señaló que esta extensión se origina por tres vías: primera, cuando el contenido de los derechos expresamente excluidos de restricción excepcional involucra no uno, sino un conjunto de prerrogativas que guardan relación entre sí, todas estas quedan cobijadas por la salvaguarda. La segunda, dada la prohibición que tienen los Estados de proferir medidas de excepción incompatibles con otras normas internacionales, se amplía también el número de derechos excluidos, a menos que en los instrumentos suscritos existan previsiones sobre su suspensión en los mismos términos de los artículos 27 de la convención y 4º del pacto. Y la tercera, dada la vigencia de las garantías judiciales en los estados de excepción, ellas, en especial los recursos de amparo y de hábeas corpus, también están excluidas de la restricción de su ejercicio. En torno a este punto, si bien la Convención americana, al enumerar en el artículo 27 los derechos intangibles durante los estados de excepción no hizo referencia expresa a los artículos 7.6 y 25.1, su ejercicio tampoco puede restringirse por tratarse de garantías judiciales indispensables para la efectiva protección de los derechos.
(13) Cfr. Sentencia C-179 de 2004, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(14) M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez
(15) M.P. Carlos Gaviria Díaz
(18) Sentencia C-145 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla
(20) Ver parágrafos 1º y 2º del Decreto 4829 de 2010.
(21) Ver, entre otras, las sentencias C-150 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo; T-248 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-020 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-660 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(22) Ver página 4 del informe suscrito por el director general del Departamento Nacional de Planeación, doctor Hernando José Gómez.