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Timestamp: 2017-08-20 15:58:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 220', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 9']

Vigencia desde 28 de Marzo de 1991. Revisión vigente desde 28 de Marzo de 1991 hasta 28 de Julio de 1993
ANEXO II . Residuos no admisibles en las instalaciones de deposición controlada
DLeg. 2/1991 de 26 Sep. CA Cataluña (residuos industriales)
Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5. Ley [CATALUÑA] 2/1991, 18 marzo, derogada por la Disposición Derogatoria del D Legislativo [CATALUÑA] 2/1991, 26 septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales («D.O.G.C.» 27 septiembre), con excepción de las Disposiciones Finales 1 a 5.
Por mandato constitucional, todos los poderes públicos deben velar por la utilización racional de los recursos naturales, con la finalidad de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
Los residuos de origen industrial, y muy especialmente los clasificados como especiales por su toxicidad o peligrosidad, constituyen un factor de degradación del medio ambiente de amplio espectro, de donde surge la necesidad de dar una respuesta institucional inmediata que permita afrontar con garantías la grave y compleja problemática que plantean en Cataluña estos residuos.
La presente Ley, que complementa la Ley 6/1983, de 7 de abril, sobre Residuos Industriales, regula toda una serie de medidas y actuaciones públicas destinadas a reducir la generación de residuos y asegurar que las actividades de tratamiento tengan el menor impacto ambiental posible.
Con esta finalidad la Ley da prioridad a las actuaciones públicas destinadas a la minimización progresiva de la producción de residuos, a favorecer su reciclaje y aprovechamiento y a promover los sistemas de tratamiento en el origen.
En segundo lugar, establece la formulación de programas específicos, con la colaboración de los entes locales, para la restauración de las áreas degradadas por descargas incontroladas.
Finalmente, encarga a la Junta de Residuos la promoción de las instalaciones necesarias y tecnológicamente más adecuadas para cubrir el déficit de plantas de tratamiento de residuos.
Como principales instrumentos de acción pública al servicio de estos objetivos, la Ley garantiza la dotación presupuestaria de los programas de reducción de la generación de residuos, de tratamiento en origen de los residuos y de restauración de las áreas degradadas; crea la bolsa de gestión de residuos; determina la creación de gravámenes específicos sobre la producción de residuos, armonizados con la normativa de las comunidades europeas y con la normativa básica del Estado; potencia la Junta de Residuos; crea una comisión de expertos para que actúe como órgano asesor de la Junta y una comisión paritaria entre representantes de la Administración de la Generalidad y de los entes locales para que realice el seguimiento y control de las actuaciones de gestión, con funciones de conciliación interadministrativa; establece el procedimiento para la aprobación de los proyectos de instalaciones, y regula la participación de los entes locales en la ejecución de los proyectos y en la gestión y explotación del servicio.
Finalmente, de conformidad con el objetivo que inspira el conjunto de medidas establecidas por la presente Ley, se modifica, en el marco de la legislación básica en materia de medio ambiente, el régimen sancionador establecido por dicha Ley 6/1983, de 7 de abril.
A partir de: 29 julio 1993
La presente Ley tiene por objeto establecer una serie de medidas urgentes necesarias para la reducción de los residuos industriales y la coordinación de la gestión de dichos residuos, que incluyen, de acuerdo con la normativa comunitaria, diversas actuaciones destinadas a reducir su generación y asegurar que las actividades de tratamiento, tanto si son de aprovechamiento como si son de eliminación, se efectúen en las condiciones adecuadas para la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales y de la salud humana.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1º, la Junta de Residuos realizará las actuaciones previstas en la presente Ley a fin de alcanzar los objetivos siguientes:
a) La minimización progresiva de la producción, el tratamiento en origen y el reciclaje de los residuos.
b) La restauración de las áreas degradadas por descargas incontroladas.
c) La gestión de los residuos, la promoción de instalaciones de tratamiento de los residuos y el control de la actividad.
d) Cualquier otro que se derive de la aplicación de la normativa comunitaria.
1. La Junta de Residuos, para alcanzar plenamente los objetivos que fija la presente Ley por lo que se refiere a la minimización, el reciclaje y el tratamiento de los residuos industriales en origen:
a) Elaborará programas sectoriales de desarrollo tecnológico para la implantación de métodos y procesos productivos destinados a dicha finalidad.
b) Fomentará programas y proyectos de investigación y desarrollo (I+D) que tengan por objeto el desarrollo de tecnologías limpias en los procesos productivos y de gestión.
c) Incentivará, las inversiones que tengan por objeto reducir la generación de residuos y su recuperación y reutilización.
d) Creará una bolsa de gestión de residuos con la finalidad de disponer de un banco de datos relativo a las materias primas contenidas en los residuos industriales susceptibles de ser aprovechadas posteriormente por terceros y de favorecer su reutilización.
e) Impulsará a las Empresas productoras a consumir materias y sustancias recuperadas o, transformadas como materias primas, como energía o combustible.
f) Elaborará programas específicos en orden a la reutilización y eliminación de aceites usados y a la eliminación de policlorobifenilos y policloroterfenilos.
2. La Junta de Residuos puede imponer el tratamiento en origen de los residuos especiales que generan determinadas industrias si su volumen y características lo permiten y aconsejan, de acuerdo con las determinaciones fijadas reglamentariamente.
1. Para ejecutar los programas sectoriales a que ese refiere el artículo 3.º, 1, a), la Junta de Residuos puede concertar la colaboración de otros organismos y Entidades, públicos o privados, que por razón de sus actividades puedan coadyuvar a la mejora de su gestión, y ha de establecer un sistema de ayudas financieras y subvenciones a los proyectos que promuevan con este objetivo los productores o los gestores de residuos industriales.
2. La Junta de Residuos presentará al Parlamento, con periodicidad bienal, una memoria de gestión relativa a todos los programas determinados por la presente Ley que refiera los resultados obtenidos en cada caso.
Los programas sectoriales de minimización y tratamiento de residuos en origen, que tienen el carácter de prioritarios estarán dotados, como mínimo, con una cantidad equivalente al 20 por 100 de las dotaciones presupuestadas por la Generalidad, en el período de cinco años, para el conjunto de los programas determinados por la presente Ley.
1. La Junta de Residuos formulará, en colaboración con los Entes locales a los que la legislación de organización territorial de Cataluña atribuye competencias en materia de protección del medio, programas, específicos para la restauración de las áreas degradadas por descargas incontroladas.
2. Los programas a que se refiere el apartado 1 determinarán:
a) La localización y características de las acciones a desarrollar.
b) Las prioridades de actuación.
d) El coste y la financiación de las inversiones previstas.
3. La financiación de los programas a que se refiere el apartado 1 consiste en:
a) Una aportación de la Generalidad equivalente al 20 por 100 de las dotaciones presupuestadas, en el período de cinco años, para el conjunto de los programas determinados por la presente Ley. Una vez transcurrido dicho período, el porcentaje debe ser revisado, atendiendo los resultados obtenidos y las actuaciones pendientes de ejecución.
b) Las aportaciones convenidas con los Entes locales, que completarán la aportación de la Generalidad.
4. La formulación de los programas a que se refiere el apartado se realizará dando prioridad a la restauración de las áreas en las que el impacto ambiental ocasionado sea mayor y de aquellas en las que las aportaciones de los Entes locales sean más elevadas.
1. La Junta de Residuos mantendrá al día un código de identificación de las características de todos los residuos industriales producidos en Cataluña y de valoración de la cantidad de cada uno de ellos.
2. Los criterios de identificación y caracterización de los residuos especiales se elaborarán de acuerdo con las prescripciones de la normativa comunitaria y servirán de base para la formulación de los diferentes programas sectoriales de gestión.
1. La Junta de Residuos, para responder de una manera inmediata al déficit de infraestructuras para el tratamiento de residuos industriales existentes al promulgarse la presente Ley y para coordinar la prestación del servicio, promoverá las instalaciones necesarias y tecnológicamente más adecuadas para el tratamiento de los residuos descritas en el anexo I.
2. La Junta de Residuos concretará el emplazamiento de cada una de las instalaciones mediante los correspondientes proyectos técnicos, teniendo en cuenta los siguientes factores:
b) Las características de los cultivos, las masas forestales y las actividades ganaderas, en su caso, teniendo presente que el emplazamiento no puede estar en ningún caso dentro de un espacio de interés natural protegido.
c) La existencia de viviendas, servicios y actividades del sector terciario, especialmente las comerciales y las turísticas.
d) La facilidad de acceso desde las vías recomendadas para el transporte de dichos residuos.
e) Las condiciones climáticas y de capacidad y vulnerabilidad del territorio por lo que se refiere a la contaminación atmosférica.
3. Para determinar el emplazamiento de las instalaciones de deposición controlada, la Junta de Residuos tendrá en cuenta, además de los factores citados en el apartado 2, los factores de seguridad que aporten las condiciones naturales del suelo, atendiendo sus condiciones geológicas, hidrológicas, hidrogeológicas y morfológicas.
4. Los residuos y sustancias a que se refiere el anexo II no son en ningún caso admisibles en las instalaciones de deposición controlada.
Los residuos destinados a dichas instalaciones serán inertizados o acondicionados siempre que sea necesario.
1. La Junta de Residuos, una vez formulado el proyecto de una instalación, lo someterá al Consejo Asesor de la Gestión de Residuos Industriales de Cataluña, el cual, en el plazo de dos meses, emitirá un informe en el que se evalúe la idoneidad y viabilidad técnica del proyecto, de acuerdo con las prescripciones de la presente Ley. Las observaciones y recomendaciones contenidas en el informe deben incorporarse al proyecto.
2. La Junta de Residuos, una vez ha y a recibido el informe a que se refiere el apartado I, someterá el proyecto a información pública, conjuntamente con el correspondiente estudio de impacto ambiental, durante un plazo de dos meses anunciando dicho tramite en el «Diario Oficial de Generalidad de Cataluña», y en el «Boletín Oficial» de la correspondiente provincia, y solicitará en este mismo plazo el informe del Ayuntamiento en cuyo término municipal se proyecta el emplazamiento de la instalación.
3. Finalizado el trámite a que se refiere el apartado 2, la Junta de Residuos entregará el expediente a la Comisión Central de Industrias y Actividades Clasificadas, la cual, en el plazo de treinta días, evaluará el estudio de impacto ambiental y efectuará la declaración de impacto.
4. Las condiciones que establezca la Comisión Central de Industrias y Actividades Clasificadas, en su caso, se incorporarán al proyecto, que se remitirá al Ayuntamiento en cuyo término municipal se proyecta el emplazamiento de la instalación, a fin de solicitarle en una única instancia, acompañada de un proyecto único, la licencia de actividad y la licencia de obras, que serán tramitadas y resueltas simultáneamente.
El acuerdo de la Comisión Central de Industrias y Actividades Clasificadas sustituye al trámite de calificación e informe de la actividad.
5. Si en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de la solicitud, el Ayuntamiento no ha otorgado, expresamente o por silencio, la licencia de obras o la de actividad, o si existe alguna discrepancia sobre el desarrollo del proyecto entre la Comisión Central de Industrias y Actividades Clasificadas, la Junta de Residuos y el Ayuntamiento, la Junta de Residuos elevará el expediente al Gobierno, que decidirá si procede su ejecución y ordenará, si es preciso, modificar el planeamiento urbanístico vigente, el cual se acomodará a las determinaciones del proyecto aprobado. El acuerdo del Gobierno, si decide la ejecución del proyecto, habilita a la Junta de Residuos para realizar las obras sin ningún otro trámite.
6. Las prospecciones, sondeos y otras operaciones facultativas que deban realizarse para recoger los datos requeridos para elaborar los estudios de impacto ambiental y las actuaciones necesarias para poder llevar a cabo dichas operaciones, debido a que no suponen la modificación del uso y el destino urbanístico del suelo, no quedan sometidas a los actos de intervención a que se refiere el artículo 220 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
1. Cuando se haya solicitado la licencia municipal, se constituirá una comisión de conciliación, seguimiento y control, integrada paritariamente por representantes de la Generalidad y de los Entes locales afectados, con la finalidad de supervisar las medidas que afecten a la seguridad de la instalación y controlar su impacto ambiental.
2. Las comisiones de conciliación, seguimiento y control constituidas en virtud del apartado 1 tendrán la siguiente composición:
a) Cinco Vocales en representación de los Entes locales, tres de ellos designados por el Ayuntamiento en cuyo término municipal se proyecta el emplazamiento de la instalación y los otros dos designados por el correspondiente Consejo comarcal.
b) Cinco representantes de la Generalidad, uno de los cuales será designado Presidente de la Comisión por el Gobierno.
3. El funcionamiento de las Comisiones a qué se refiere el apartado se ajustará a lo establecido para los órganos colegiados en la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
4. Para facilitar las funciones de control, el proyecto técnico establecerá los sistemas de vigilancia y previsión necesarios de las emisiones de lixiviados, humos y gases. Las muestras obtenidas mediante dichos sistemas se analizarán en el laboratorio de la Junta de Residuos, que pondrá dichos análisis a disposición de las Comisiones a que se refiere el apartado 1.
1. La Junta de Residuos gestionará, directamente o indirectamente, las instalaciones que promueva en aplicación de la presente Ley.
2. La gestión de las instalaciones de deposición controlada será encomendada, a petición de la correspondiente Comisión de Conciliación, Seguimiento y Control, a los Entes locales que estén interesados, si justifican la capacidad técnica necesaria y la instalación se halla en su territorio.
3. Las tarifas establecidas por la prestación del servicio de las instalaciones de tratamiento de residuos garantizarán que los costes del tratamiento, incluida la amortización de las instalaciones y la financiación del fondo a que se refiere el artículo 12, vayan a cargo del usuario.
1. Los Ayuntamientos y Consejos comarcales en cuyo territorio exista una de las instalaciones ejecutadas por la Junta de Residuos, participarán en el régimen de prestación del servicio ejerciendo las funciones de control y vigilancia de la correspondiente instalación y serán beneficiarios de las acciones sociales y económicas directamente orientadas a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Los Ayuntamientos serán también beneficiarios de un fondo consistente en una aportación económica de carácter variable, determinada por reglamento en función del sistema de la instalación y del número de toneladas que trate anualmente.
2. El fondo a que se refiere el apartado 1 se distribuirá por la Junta de Residuos, a propuesta de la correspondiente Comisión de Conciliación, Seguimiento y Control.
1. A fin de intensificar las acciones públicas destinadas a reducir el impacto de los residuos especiales sobre el medio ambiente, se fijarán por ley las bases que permitan establecer gravámenes específicos, ya sea sobre la producción de dichos residuos, ya sea sobre determinados de sus componentes, ya sea sobre los productos o materias
primas que los originen.
2. Los recursos obtenidos con estos gravámenes se destinarán a reducir la generación de residuos, fomentar su reciclaje, promover su tratamiento, reducir su toxicidad y peligrosidad y restaurar las áreas degradadas por deposiciones incontroladas.
3. La ley a que se refiere el apartado 1 tendrá en cuenta las normativas fiscales sobre residuos de los países de la Europa comunitaria y será armonizada, en su caso, con la normativa comunitaria y estatal que sea de aplicación.
1. La Junta de Residuos, creada por la Ley 6/1983, de 7 de abril, sobre residuos industriales, es un Organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y diferente de la Administración de la Generalidad, a la cual se encomienda en régimen descentralizado la planificación, información, promoción, autorización, organización, gestión y supervisión de las acciones concernientes a los residuos industriales, en orden a alcanzar los objetivos indicados en el artículo 2.º.
2. La Junta de Residuos tiene plena capacidad jurídica para:
a) Regir y administrar los intereses que se le confían.
3. Para desarrollar las funciones a que se refiere el apartado 2, la Junta de Residuos gestiona los servicios a través de su propia organización. Por lo que se refiere a las instalaciones de tratamiento, puede realizar su promoción, gestión y explotación indirectamente mediante concesión, gestión interesada, concierto, creación de Sociedades con participación mayoritaria de la Generalidad o Sociedades vinculadas a la Generalidad, con sumisión plena a lo previsto en la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la Empresa Pública Catalana y en las otras leyes aplicables.
4. La Junta de Residuos administra los bienes que le adscribe la Generalidad para el cumplimiento de sus fines y dispone de los siguientes medios económicos:
c) Las asignaciones que puedan establecer cada ano los presupuestos del Estado, los de la Generalidad y los de las Corporaciones Locales.
5. La Junta de Residuos se dotará de un servicio especializado para llevar a cabo de una forma eficaz la inspección y el control de la gestión de los residuos industriales.
1. La Junta de Residuos es presidida por el Consejero del Departamento al que esté adscrita, o por la persona en quien éste delegue, y son sus Vicepresidentes el Director General de Medio Ambiente y el Director General de Industria.
a) Ocho representantes de los diferentes Departamentos de la Administración de la Generalidad, nombrados por el Gobierno.
b) Seis representantes de los municipios, designados por las Entidades representativas de éstos.
c) Dos representantes de las Organizaciones sindicales designados por las Entidades representativas de éstas.
d) Dos representantes de las Organizaciones empresariales, designados por las Entidades representativas de éstas.
3. Actúa como Secretario de la Junta de Residuos un funcionario de ésta, designado por el Director General de Medio Ambiente.
4. El funcionamiento, las convocatorias, las reuniones y el régimen para adoptar acuerdos de la Junta de Residuos se rigen por lo establecido para los órganos colegiados de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y por el resto de la normativa aplicable.
1. Se crea, como, órgano asesor de la Junta de Residuos, el Consejo Asesor de la Gestión de los Residuos Industriales de Cataluña, formado por un mínimo de cinco expertos de reconocido prestigio en el campo de las ciencias del medio ambiente, especializados en disciplinas relacionadas directamente con la problemática de los residuos industriales y que desarrollen su actividad en Departamentos universitarios o en Centros de investigación, públicos o privados. Estos expertos serán nombrados por el Gobierno, cuatro de ellos a propuesta del Consejo Interuniversitario de Cataluña y uno a propuesta del Instituto de Estudios Catalanes.
2. El Consejo asesor tiene por función emitir informes sobre las siguientes cuestiones:
c) Los programas específicos destinados a la reducción de la producción de residuos especiales.
d) Cualquier otra que le sometan a consideración la Junta de Residuos o el Gobierno.
1. En el trámite de calificación e informe del proyecto que acompaña a la solicitud de la licencia municipal exigible para la instalación, ampliación o reforma de industrias y actividades clasifica das, se evaluará específicamente si se ofrecen garantías suficientes para el tratamiento adecuado de los residuos industriales que la actividad originaria. La insuficiencia de dichas garantías justifica el informe desfavorable de la correspondiente Comisión de la Administración de la Generalidad.
2. El informe a que se refiere el apartado 1 será en todo caso desfavorable si, de acuerdo con los conocimientos técnicos y científicos, los residuos especiales producidos no pueden ser reciclados ni eliminados.
3. Para que la correspondiente Comisión pueda efectuar la evaluación a que se refiere el apartado 1, el titular de la actividad debe adjuntar al proyecto técnico que acompaña a la solicitud de licencia municipal un estudio que permita conocer las cantidades y la identificación de los residuos que serían generados, las precauciones técnicas que se adoptarían, el tratamiento que se les daría en origen y, si procede, la identificación concreta de la planta o instalación en que serían tratados, de forma que no supusieran un peligro para la salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente.
1. El desarrollo de las actividades productoras de residuos especiales está sujeto siempre a las prescripciones de la normativa que se dicte sobre medio ambiente y se adaptará a ella en las condiciones y plazos que establezca.
2. La efectividad de las autorizaciones para el desarrollo de actividades productoras de residuos especiales queda subordinada al cumplimiento de todos los requisitos y condiciones que dichas autorizaciones establezcan. Dicho cumplimiento debe acreditarse ante la Administración competente, la cual levantará un acta de comprobación en presencia del interesado. Dicha comprobación será reiterada periódicamente, como mínimo, cada cinco años.
1. Las actividades de gestión, eliminación y aprovechamiento de residuos industriales especiales necesitan la autorización de la Junta de Residuos.
2. La autorización a que se refiere el apartado 1 estipulará:
b) Los métodos a utilizar en el tratamiento, almacenamiento o depósito de los residuos y el tiempo máximo de almacenamiento previsto.
c) La localización y las normas de construcción de las instalaciones de eliminación o aprovechamiento de los residuos generados.
d) La obligación de constituir un seguro de responsabilidad civil.
e) El tiempo de vigencia y las causas de caducidad de la autorización.
3. La autorización para la gestión de los residuos especiales queda sujeta a la constitución de una fianza suficiente para cumplir las obligaciones adquiridas en relación al desarrollo de la actividad y hacer efectivas las sanciones impuestas de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
4. Se establecerán por reglamento:
a) Las condiciones, la cuantía y el procedimiento de constitución de la fianza a que se refiere el apartado 3.
b) Las condiciones, los capitales y las garantías concertadas de la póliza de seguro de responsabilidad civil a que se refiere el apartado 2, d)
Las infracciones de la presente Ley o de la Ley 6/1983, de 7 de abril, serán sancionadas conforme a lo previsto en este capítulo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse.
La acción para exigir a los órganos administrativos la observancia de la presente Ley y de las disposiciones dictadas para su desarrollo y aplicación es pública.
2. Son infracciones muy graves las siguientes acciones y omisiones, si por las circunstancias que concurren generan daños reales o potencia les muy graves para la salud humana o el medio ambiente:
a) La producción y la gestión de residuos industriales especiales sin disponer de las preceptivas autorizaciones o vulnerando sus condiciones.
b) La entrega, la venta y la cesión de residuos industriales especiales a terceros que no dispongan de las preceptivas autorizaciones para su gestión.
c) El abandono, el vertido no autorizado y el depósito incontrolado de residuos industriales especiales.
d) La recogida y el transporte de residuos industriales especiales incumpliendo las determinaciones del artículo 8.º de la Ley 6/1983, de 7 de abril.
e) La mezcla de residuos industriales especiales contraviniendo a lo previsto en la normativa vigente.
f) La vulneración de las medidas urgentes impuestas por la Administración en los supuestos a que se refiere el artículo 13 bis de la Ley 6/1983, de 7 de abril.
a) Las acciones y omisiones a que se refiere el apartado 2, si por las circunstancias que concurren en ellas no es previsible la generación de un daño muy grave para la salud humana o el medio ambiente.
b) La producción y la gestión de residuos industriales sin disponer de las preceptivas autorizaciones o vulnerando sus condiciones, si producen afecciones en el medio ambiente.
c) La entrega, la venta y la cesión de residuos industriales a terceros que no dispongan de las preceptivas autorizaciones, si se generan daños al medio ambiente.
d) El abandono el vertido no autorizado y el depósito incontrolado de residuos industriales.
e) El incumplimiento de la obligación de llevar el registro a que se refiere el artículo 7.º de la Ley 6/1983, de 7 de abril, o llevarlo de una forma incompleta.
f) El incumplimiento de las prescripciones de identificación de los residuos industriales especiales que prevé el artículo 9.º bis de la Ley 6/1983, de 7 de abril.
h) La obstrucción grave del ejercicio de las funciones de inspección, supervisión y control que corresponden a la Junta de Residuos.
j) La reincidencia en la comisión de faltas leves, salvo que la falta cometida en primer lugar haya prescrito.
c) Las deficiencias de elaboración del Registro a que se refiere el artículo 8.º de la Ley 6/1983, de 7 de abril.
e) Cualquier otro acto que, por acción u omisión, vulnere lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones que la desarrollen, si no está tipificado como infracción grave o muy grave.
1. La responsabilidad es solidaria en el supuesto establecido en el artículo 6.º, 4, de la Ley 6/1983, de 7 de abril, y siempre que no sea posible determinar el grado de participación de las diferentes personas físicas o jurídicas en la comisión de la infracción que haya ocasionado el daño ambiental.
2. Si las infracciones de la presente Ley son imputadas a una persona jurídica, pueden ser consideradas responsables subsidiarias las personas físicas que integran sus órganos rectores o de dirección. En ningún caso puede exigirse dicha responsabilidad a las personas físicas que hayan disentido de los acuerdos adoptados.
1. Las infracciones determinadas por el artículo 22 dan lugar:
a) En el caso de las infracciones muy graves, la clausura definitiva o temporal, total o parcial, de las instalaciones; el cese definitivo o temporal de la actividad y la prohibición definitiva o temporal del desarrollo de actividades de gestión de residuos especiales.
b) En el caso de las infracciones graves, la clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones; el cese temporal de la actividad y, si la infracción se deriva de la vulneración del régimen de gestión de residuos industriales especiales, la prohibición temporal de desarrollar actividades de dicho régimen.
3. Para graduar las sanciones se considerarán las siguientes circunstancias:
b) La gravedad real del daño o afección en el medio o en la salud humana derivados de la infracción.
c) El riesgo objetivo que de la infracción se derive afección en el medio ambiente o en la salud humana.
f) El haber reparado en el plazo fijado en el correspondiente requerimiento los daños derivados de la comisión de la infracción.
4. Si una infracción genera un beneficio, pericialmente acreditado, superior a la multa que en función de la gravedad le corresponde, la multa se incrementa en la cuantía equivalente al beneficio obtenido, en el supuesto de que concurran en la infracción circunstancias agravantes de la responsabilidad, el incremento puede alcanzar hasta el doble de dicha cuantía.
5. El Gobierno puede actualizar la cuantía de las multas fijadas en el apartado 1 cuando las circunstancias económicas lo aconsejen.
1. Son competentes para imponer las sanciones previstas en el artículo 24:
a) Los Presidentes de las Corporaciones Locales, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, en el caso de las multas de hasta 1.000.000. de pesetas.
b) El Director general de Medio Ambiente, en el caso de las multas de hasta 2.000.000 de pesetas y en el caso de la sanción prevista en el artículo 24, 2, e).
c) El Presidente de la Junta de Residuos, en el caso de las multas de hasta 100.000.000 de pesetas y en el caso de las sanciones previstas en el artículo 24, 2, b).
d) El Gobierno, en el caso de las multas de más de 100.000.000 de pesetas y en el caso de las sanciones previstas en el artículo 24, 2, a).
2. El órgano que ha instruido un expediente sancionador, si formula una propuesta de sanción para cuya imposición no es competente, remitirá las actuaciones al órgano pertinente, a fin de que adopte la resolución que sea procedente.
El órgano competente puede acordar, una vez incoado el expediente sancionador, con audiencia previa del interesado, la suspensión de la actividad, el precintado de las instalaciones y los productos y el resto de medidas cautelares necesarias para garantizar la protección del medio ambiente mientras no se dicte la resolución definitiva.
1. Las infracciones prescriben cuando han transcurrido cuatro años desde la consumación total de la infracción.
2. La imposición de sanciones en virtud de la presente Ley no exime de la obligación de restaurar la realidad física alterada o transformada, en la forma y las condiciones que determine el órgano sancionador, ni de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados, sea cual sea el plazo transcurrido.
3. Los órganos competentes pueden hacer públicas en los medios de comunicación las sanciones firmes impuestas en virtud de la presente Ley. Esta publicidad es obligada en el caso de las sanciones firmes impuestas por la Comisión de infracciones muy graves.
Los órganos sancionadores pueden imponer multas coercitivas, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, una vez transcurrido el plazo de ejecución voluntaria señalado en el requerimiento pertinente. El importe de dichas multas no pueden exceder en una tercera parte la multa fijada como máxima para la infracción cometida.
1. Si se aprecia que los hechos objeto de un expediente sancionador pueden ser constitutivos de delito o falta, la Administración trasladará el expediente al Ministerio Fiscal; en este supuesto, el procedimiento sancionador queda en suspenso hasta que la autoridad judicial se pronuncie. Dicha suspensión no alta al expediente incoado en orden al restablecimiento de la situación anterior o, si procede, al abono de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados.
2. Si, la resolución judicial a que se refiere el apartado 1 es absolutoria, se tomará el procedimiento sancionador.
El importe de las multas y los gastos ocasionados por la ejecución subsidiaria de las actividades de restauración de los bienes dañados como consecuencia de las infracciones de la presente Ley puede ser exigido por vía administrativa de apremio.
Si el infractor ha sido requerido por el órgano sancionador a restaurar el medio ambiente y a recoger y tratar los residuos industriales abandonados e incumple dicha obligación, se ordenará la ejecución subsidiaria del requerimiento.
La situación y los derechos de los trabajadores afectados por la suspensión o clausura de actividades industriales en virtud de la presente Ley se rigen por lo establecido en la legislación laboral en relación al pago de los salarios olas indemnizaciones que procedan y por las medidas que puedan arbitrarte para garantizarlo. La infracción cometida no puede suponer en ningún caso un beneficio para el infractor en perjuicio de los trabajadores afectados.
El uso de la potestad que otorga a la Junta de Residuos el artículo 9.5 no libera del abono al municipio de los precios y tasas legalmente establecidos para el otorgamiento de las licencias municipales.
El Gobierno incluirá en el proyecto de presupuesto pertinente las dotaciones económicas que correspondan a las inversiones que la Junta de Residuos deba hacer en ejecución de la presente Ley.
Se autoriza al Gobierno para que, previo informe de la Comisión Jurídica Asesora, refunda en un texto único, en el plazo de seis meses, la Ley 6/1983, de 7 de abril; el Decreto Legislativo 2/1986, de 4 de agosto; la Ley 15/1987, de 9 de julio, y los preceptos de la presente Ley que modifican las citadas disposiciones, pudiendo regularizar, aclarar y armonizar dichas disposiciones.
Se faculta al Gobierno y al Consejero del Departamento al que esté adscrita la Junta de Residuos para que dicten las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Se faculta al Gobierno para que adapte las disposiciones de la presente Ley a la normativa de las Comunidades Europeas y a la normativa básica del Estado que se aprueben en el futuro, en lo que la afecten.
Quedan derogadas las disposiciones que se opongan o contravengan a la presente Ley.
Las instalaciones afectadas por las medidas urgentes de la presente Ley tendrán una capacidad de tratamiento global de 810.000 toneladas por año, distribuida de la siguiente forma:
a) Hasta 100.000 toneladas por año para los residuos que puedan ser destruidos o transformados en materiales inertes mediante procedimientos físico-químicos.
b) Hasta 60.000 toneladas por año para los residuos con un alto contenido de materia orgánica y para residuos no biodegradables.
c) Hasta 650.000 toneladas por año para los residuos no incluidos en las letras a) y b) y para las fracciones que resulten de los procesos de transformación de los residuos incluidos en dichas letras.
Residuos no admisibles en las instalaciones de deposición controlada
1. En las instalaciones de deposición controlada que son objeto de la presente Ley no pueden aceptarse, bajo ningún concepto:
c) Residuos inflamables con un punto de inflamación de 55ºC o menos, medido según el método de copa cerrada (norma UNE 51022).
d) Residuos con una concentración de disolventes no halógenos superior al 3 por 100 del peso.
e) Residuos con una concentración de disolventes halógenos superior 1 por 100 del peso.
g) Residuos de biocidas, si el lixiviado, siguiendo el ensayo estándar de lixiviación, tiene una concentración total de biocidas superior a los 5 miligramos/litro.
h) Residuos líquidos.
i) Residuos con un contenido de agua superior al 65 por 100, si distorsionan las labores ordinarias de deposición; no obstante, los residuos aceptados no pueden superar en ningún caso el 10 por 100 de la cantidad de residuos depositada mensualmente, pese a efectuarse en las condiciones normales de explotación de la instalación.
k) Residuos con un contenido total de materia orgánica superior al 15 por 100 del peso.
l) Residuos que contengan sustancias que puedan emitir olores que, en las condiciones normales de explotación de la instalación, puedan ser detectados en los alrededores de la instalación.
n) Residuos que contengan sustancias que puedan alterar la estanqueidad básica del sistema de impermeabilización.
o) Residuos transportables en camión cisterna.
2. El proyecto de cada una de las instalaciones de deposición controlada puede incorporar medidas restrictivas complementarias, de acuerdo con la naturaleza específica de la instalación o con el sistema técnico de gestión previsto.