Source: http://badellgrau.com/?pag=234&ct=2381
Timestamp: 2019-06-27 12:54:23
Document Index: 78977210

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 187', 'artículo 156', 'artículo 202', 'artículo 339', 'artículo 338', 'Artículo 318', 'Artículo 320', 'artículo 226', 'artículo 236', 'artículo 46', 'artículo 3', 'artículo 135', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 339', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 337', 'artículo 338', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 187', 'artículo 156', 'artículo 187', 'artículo 156', 'artículo 138', 'artículo 136', 'artículo 137', 'artículo 156', 'artículo 136', 'artículo 137', 'artículo 138', 'Artículo 156', 'Artículo 156', 'Artículo 156', 'Artículo 187', 'Artículo 202', 'artículo 236', 'artículo 1', 'Artículo 337', 'Artículo 338', 'Artículo 339', 'Artículo 11', 'artículo 27', 'artículo 4']

Rafael Badell Madrid. Inconstitucionalidad del Decreto de Reconversión Monetaria
INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DE
II. El sistema monetario en la Constitución de Venezuela
3. Competencia del Banco Central de Venezuela en materia monetaria
III. El Decreto de Reconversión
2. La fundamentación del Decreto de Reconversión revela que es un acto de rango sublegal
3. El Decreto de Emergencia Económica no habilita para dictar medidas en materia monetaria y es además un acto nulo de nulidad absoluta.
3.1 El carácter de temporalidad de las medidas dictadas con ocasión de un Decreto de Emergencia Económica impide la alteración del régimen monetario de forma permanente
IV. Vicios de inconstitucionalidad del Decreto de Reconversión Monetaria
4. Inconstitucionalidad por violación de las competencias del Banco Central de Venezuela
En fecha 22 de marzo de 2018 fue publicado el Decreto N° 24 en el Marco del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, mediante el cual se Decreta la Reconversión Monetaria –en lo sucesivo “Decreto de Reconversión”- (Gaceta Oficial N° 41.366 de la misma fecha), en el que se estableció que “a partir del 4 de junio de 2018, se reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en el equivalente a mil bolívares (1.000) actuales”.
De conformidad con dicho Decreto, el bolívar resultante de esa reconversión continuará representándose con el símbolo “Bs.”, siendo divisible en cien (100) céntimos, de modo que todo importe expresado en moneda nacional antes del 4 de junio de 2018, deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiendo entre mil (1.000) (Artículo 1° del Decreto de Reconversión).
Los artículos 156, numerales 11[1], 32[2] y 33[3]; 187[4], numeral 1; y, 202[5], de la Constitución prevén la reserva legal de la materia monetaria en Venezuela como atribución exclusiva del Poder Legislativo Nacional, por órgano de la Asamblea Nacional.
En efecto, en el artículo 187, numeral 1, de la Constitución se establece que le corresponde a la Asamblea Nacional legislar sobre las materias propias del Poder Público Nacional, las cuales están referidas en el artículo 156, y dentro de las cuales se encuentra “la regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; emisión y acuñación de moneda”.
De conformidad con la Constitución, por ser una materia de competencia del Poder Público Nacional, el sistema monetario está reservado y sólo puede ser regulado mediante ley, como acto sancionado por el cuerpo legislador (artículo 202 de la Constitución).
Sin embargo, la reserva legal nacional en sentido amplio implica que “…determinadas materias pueden ser reguladas mediante ley, desde el punto de vista formal, [lo que] excluye la posibilidad de que tales materias sean desarrolladas mediante otro instrumento normativo que no goce de rango legal, o instrumento normativo distinto al decreto con fuerza de ley.”[6]
En este orden de ideas, la reserva legal consiste en “…una reserva a normas con rango de Ley”, es decir, de: 1. ley formal dictada por la Asamblea Nacional o 2. decreto con fuerza de ley, propiamente dicho, dictado por el Presidente de la República[7] en Consejo de Ministros[8].
El ejercicio de la función legislativa por parte del presidente de la República, en Consejo de Ministros, precisa de la previa delegación legislativa, efectuada a su favor por parte de la Asamblea Nacional mediante ley habilitante, según los artículos 203, último aparte; y, 236, numeral 8 y primer aparte, de la Constitución o la preexistencia de un Decreto de estado de excepción que concretamente le habilite para dictar con carácter excepcional y limitado a la resolución de la emergencia, actos que pueden tener rango y fuerza de Ley (artículos 337 y 338 de la Constitución).
La reconversión monetaria podría ser dictada por un decreto ley, basado en una expresa habilitación, como lo fue el Decreto-Ley de Reconversión Monetaria del año 2007 dictado por el Presidente Chávez con fundamento en una ley habilitante[9]. El Decreto de Reconversión no está precedido de una Ley Habilitante por tanto no tiene este fundamento para otorgarle rango legal.
Conforme a la doctrina constitucional, el Presidente puede regular las materias de la ley, de forma transitoria y excepcional cuando ante hechos circunstanciales es necesario que se decrete un Estado de Excepción, entre los cuales se ubica la Emergencia Económica.
Esta competencia extraordinaria y temporal está limitada a las materias y en los términos que el Estado de Excepción precise, porque el Estado de Excepción no suspende el funcionamiento de los órganos del Poder Público (artículo 339 de la Constitución), entre ellos el de la Asamblea Nacional, quien ejerce de forma típica y propia la función legislativa.
Asimismo debe tenerse en cuenta que la competencia del presidente de la república en ejecución del Estado de Excepción se traduce en medidas extraordinarias (artículo 338 de la Constitución) que pueden tener o no rango legal. Para que las mismas tengan dicha naturaleza es necesario que el acto dictado por el presidente se base exclusivamente en la norma Constitucional y en el Decreto del Estado de excepción, que la materia esté expresamente autorizada y que la materia regulada sea de la reserva legal.
El Decreto de Reconversión no se basa exclusivamente en la Constitución y el Decreto de Estado de Emergencia pues alude a la Ley Orgánica de la Administración Pública. El presidente no está habilitado a regular la materia monetaria sino a dictar “medidas extraordinarias que permitan a la autoridad monetaria nacional agilizar y garantizar a la ciudadanía la importación, distribución y disponibilidad oportuna de las monedas y billetes de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela.” En todo caso el Decreto de Emergencia Económica es nulo de nulidad absoluta.
3. Las medidas administrativas en ejecución de la ley corresponde ejecutarlas al Banco Central de Venezuela de forma autónoma e independiente
La Constitución también prevé que en materia del sistema monetario nacional corresponde al Banco Central de Venezuela desarrollar las medidas administrativas relativas a la política monetaria, sin estar subordinado de forma alguna al Poder Ejecutivo. Así lo disponen los artículos 318 y 320, conforme a los cuales:
Artículo 318: “Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objeto fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria (…)
Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley.” (Destacado nuestro)
Artículo 320: “(…) El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirá a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias.”
El Decreto de Reconversión tiene su fundamento (según lo dispuesto en su texto) en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en los numerales 2 y 24 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y con el artículo 3° del Decreto N° 3.239 de fecha 09 de enero de 2018, mediante el cual se declaró el Estado Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional[10], prorrogado mediante Decreto N° 3.308 del 09 de marzo de 2018[11].
En sus considerandos, el Decreto de Reconversión señala las razones por las cuales se implementa esta medida de reconversión, entre ellas, las siguientes:
a) “Que es deber irrenunciable del Estado venezolano defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanas y ciudadanos, y protegerles frente a amenazas, haciendo efectivo el Orden Constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a los bienes y servicios básicos de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad”.
b) “Que la República Bolivariana de Venezuela actualmente es objeto de una agresión ilegal e inmoral por el Gobierno de los Estados Unidos de América y gobiernos que actúan bajo sus órdenes, con la anuencia y complicidad de grupos económicos y políticos, cuyo principal componente es la aplicación de un bloqueo económico y financiero que ha generado efectos perversos en los niveles de precios y en el suministro de bienes de capital y de consumo desde el exterior”.
c) “Que es imperioso dictar medidas especiales y excepcionales, para proteger al Pueblo y garantizar de manera efectiva una economía capaz de mantener la cohesión social y la estabilidad política, esenciales para la vida e impedir que continúen los ataques contra la Patria, dirigidos por intereses foráneos que sólo buscan su interés particular”.
d) “Que en el marco del Decreto mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, se requiere tomar medidas urgentes para garantizar y defender la economía, a efectos de evitar su vulnerabilidad y asegurar el Bienestar Social”.
Dispone el Decreto de Reconversión, además, que a partir del 4 de julio de 2018 todos los billetes y monedas metálicos emitidos por el Banco Central de Venezuela, representativos de la unidad monetaria que se reexpresa en virtud del Decreto de Reconversión, “quedarán desmonetizados”.
Para ello, el Decreto de Reconversión establece que de “todo lo relacionado con la reconversión monetaria”, incluyendo la puesta en circulación de los nuevos billetes y monedas, y la “campaña divulgativa y formativa de la reconversión monetaria”, deberá encargarse el Banco Central de Venezuela mediante Resolución que dicte a tal efecto.
Además de los lineamientos con ocasión de la reconversión monetaria, el aludido Decreto establece que quien se niegue a realizar la reconversión monetaria o incumpla cualquiera de las obligaciones dispuestas en dicho decreto, será sancionado administrativamente por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela.
Por último, dispone el Decreto de Reconversión la exoneración del pago del impuesto al valor agregado y del pago del impuesto sobre la renta de las actividades u operaciones y de los enriquecimientos netos obtenidos, respectivamente, que deban realizarse para la producción y distribución de los nuevos billetes y monedas a ser emitidos por el Banco Central de Venezuela.
Al referirse expresamente en su fundamentación a las competencias previstas en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, se reconoce que el Decreto de Reconversión es un acto de rango sublegal. En efecto, el artículo 46 dispone que el Presidente de la República, en su carácter de Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, dirige la acción del gobierno y de la Administración Pública, con la colaboración inmediata del Vicepresidente Ejecutivo, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley, por lo que no está en modo alguno refiriéndose a la facultad extraordinaria de dictar actos con rango y fuerza de ley.
Si el Decreto es un acto sublegal viola la reserva legal, y además, si el Decreto es un acto administrativo es doblemente inconstitucional porque estaría no sólo violando el principio de la reserva legal sino también las competencias administrativas en materia monetaria que son constitucionalmente exclusivas del Banco Central de Venezuela.
3. El Decreto de Emergencia Económica es un acto nulo de nulidad absoluta
y además no habilita para dictar medidas en materia monetaria
El Decreto de Emergencia Económica no ha sido autorizado por la Asamblea Nacional, viola el límite temporal de la Constitución (60 días prorrogable por 60 más), y se ha dictado en desviación de poder pues se ha usado para transferir de forma regular la función legislativa del parlamento al órgano ejecutivo, lo cual supone una ruptura del orden constitucional. En todo caso, el Decreto de Emergencia invocado como fundamento del Decreto de Reconversión no habilita al Presidente a dictar este tipo de medidas.
El Decreto de Estado Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional es inconstitucional por ser violatorio de los artículos que regulan los Estados de Excepción: artículos 337[12], 338[13] y 339[14] de la Constitución, no cuenta con la autorización parlamentaria y está enmarcado en una acción del Ejecutivo para burlar la temporalidad constitucionalmente prevista para este tipo de estado de emergencia.
En efecto, los decretos de estado de excepción y emergencia económica se iniciaron en enero de 2016[15] y han sido prorrogados y sustituidos por nuevos decretos consecutivamente hasta marzo de 2018[16] de forma inconstitucional, dado que:
(i) Violan la formalidad necesaria de la aprobación parlamentaria, pues la Asamblea Nacional no ha autorizado dichos decretos (artículo 339) ni ha aprobado la prórroga que es su competencia exclusiva.
(ii) Las prórrogas violan la competencia de la Asamblea Nacional que es el órgano que debe decidirla (artículo 338).
(iii) Violan la temporalidad del decreto de emergencia económica que es solo de 60 días prorrogable por una sola vez y ya van más de dos años de emergencia ininterrumpida (artículo 338).
(iv) Violan el artículo 337 de la Constitución al no determinar las circunstancias de orden económico que afecten gravemente la nación, las instituciones y los ciudadanos, es decir, los hechos objetivos que justifiquen la declaratoria de estado de excepción.
(v) Violan el artículo 338 de la Constitución, que dispone que podrá decretarse el estado de emergencia económica únicamente cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación.
En virtud de estas consideraciones forzosamente hay que concluir que el Decreto de Reconversión es absolutamente inconstitucional desde su origen, pues ha sido dictado fundamentándose en normas que no atribuyen ningún tipo de legitimidad al presidente de la República para legislar sobre el sistema monetario y que es a su vez inconstitucional.
Tampoco habilita este Decreto al presidente a dictar medidas en materia monetaria, pues señala que se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, “dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”.
En efecto, en lo monetario, el decreto se limita a autorizar al Presidente a “Dictar medidas extraordinarias que permitan a la autoridad monetaria nacional –esto es el Banco Central de Venezuela- agilizar y garantizar a la ciudadanía la importación, distribución y disponibilidad oportuna de las monedas y billetes de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela.”.
De manera que al no existir un estado de excepción constitucional, excepcional y específico que le atribuya la posibilidad de dictar este tipo de medidas para atender la emergencia, el Decreto de Reconversión monetaria dictado por el presidente de la República mediante el cual pretende reconvertir la moneda venezolana es inconstitucional por cuanto pretende legislar sobre una materia cuya regulación está reservada a la ley.
Además de lo anterior, aun cuando la declaratoria de estado de excepción hubiese sido decretada constitucionalmente, lo cual rechazamos, y este a su vez otorgara competencias al presidente de la República para dictar medidas que modificaran el sistema monetario nacional, ello no podría servir de fundamento para reformar el régimen monetario del país.
En efecto, toda medida adoptada en el marco de un estado de excepción (de emergencia económica, de alarma o de conmoción) debe tener una duración limitada a las exigencias de la situación que se quiere afrontar, sin que tal medida pierda su carácter excepcional o de no permanencia, pues así está consagrado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de los Estados de Excepción, el cual dicta lo siguiente:
“Artículo 5. Toda medida de excepción debe tener una duración limitada a las exigencias de la situación que se quiere afrontar, sin que tal medida pierda su carácter excepcional o de no permanencia”.
Asimismo, conforme al artículo 11 de la citada ley orgánica[17], y para el caso particular del decreto que declare el Estado de Emergencia Económica, solo se pueden disponer las medidas oportunas con el fin de impedir la extensión de los efectos de dicha emergencia económica, es decir, para resolver satisfactoriamente la anormalidad o crisis. Ello, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación y de manera temporal[18].
Ciertamente, el principio jurídico internacional denominado “principio de temporalidad en los estados de excepción”[19], contemplado en el artículo 27.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que “…las disposiciones que adopten los Estados para suspender las obligaciones contraídas…, lo serán en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación”, supone que “las medidas extraordinarias que adopten los Estados deberán ser de carácter temporal y no excesivamente prolongadas e indefinidas”.
La violación a dicho principio de temporalidad de los estados de excepción representaría, como lo hace el Decreto de reconversión monetaria, una grave alteración en la legalidad vigente, en el ordenamiento jurídico tanto interno como internacional “y en el mismo Estado de Derecho; y una alteración en la legalidad constitucional, la cual se convertiría en legalidad de excepción, y ésta, en la ley normal y ordinaria por su vigencia prolongada en el tiempo”[20].
De otra parte, además de la provisionalidad de la medida dictada en los estados de excepción, se predica también el principio de la mínima intervención, según el cual pueden dictarse solo las medidas excepcionales e indispensables para afrontar una crisis económica declarada mediante estado de excepción.
Entendemos de esta forma que todas las medidas dictadas con ocasión de un estado de excepción solo pueden ser adoptadas como última ratio para evitar o frenar las circunstancias que ocasionaron la declaratoria del estado de emergencia, y que a su vez, deben necesariamente ser de carácter transitorio, provisional o temporal, pues como se pudo evidenciar, cualquier medida adoptada en el marco de un estado de excepción no puede, bajo ninguna circunstancia, regir más que por el tiempo estrictamente indispensable para superar la crisis, o de lo contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad.
No podría, una materia tan importante y con vocación de permanencia -nunca de provisionalidad- como es el sistema monetario, regularse mediante un régimen transitorio y de circunstancias sobrevenidas como el estado de excepción y de “emergencia económica” (artículos 337 al 339 de la Constitución). La regulación del sistema monetario es, insistimos, materia reservada a la ley. De forma que el Decreto que se comenta es inconstitucional pues usurpa funciones propias de la Asamblea Nacional (artículos 156, numerales 11, 32 y 33; 187, numeral 1; y, 202).
Al haberse basado el Decreto de Reconversión en la Ley Orgánica de la Administración Pública en la norma que contempla el principio de legalidad de la actuación presidencial, éste es un acto administrativo y por tanto de rango sublegal y viola el principio de la reserva legal.
En todo caso, al no haber sido autorizado el Decreto de Reconversión por una Ley Habilitante éste no tiene rango legal y viola el principio de la reserva legal. Igualmente al basarse en el Decreto de Emergencia Económica que es nulo de nulidad absoluta, carece de un fundamento que justifique la facultad presidencial de dictar decretos leyes y, por tanto, el Decreto de Reconversión viola el principio de la reserva legal.
Siendo que por disposición constitucional (artículo 187, numeral 1), el único órgano legitimado para legislar en las materias de la competencia nacional, incluyendo el sistema monetario (artículo 156, numerales 11 y 32) es la Asamblea Nacional, que no existe una habilitación para que el Presidente legisle en esta materia, que el Decreto de Emergencia Económica no lo autoriza a regular la reconversión monetaria y aun si lo hiciera que dicho decreto de emergencia económica es nulo de nulidad absoluta, la conclusión es que el presidente de la República carece de toda competencia para, mediante el Decreto de Reconversión Monetaria, modificar o “reexpresar” el sistema monetario actual, pero sin embargo, lo hace en usurpación de las funciones propias de la Asamblea Nacional.
En efecto, el Decreto de Reconversión persigue la anulación -mediante la usurpación- de las funciones propias del órgano legislativo (Asamblea Nacional), único órgano del Poder Público legitimado por el pueblo venezolano a través de elecciones libres, universales, directas y secretas para legislar en las materias de competencia del Poder Nacional, como lo es el sistema monetario (artículo 187, numeral 1, en concordancia con el artículo 156, numerales 11 y 32, de la Constitución).
El artículo 138 de la Constitución dispone que toda autoridad usurpada es nula, por tanto el Decreto de Reconversión económica es nulo de nulidad absoluta.
El Decreto de Reconversión Monetaria vulnera a su vez el principio de separación de poderes establecido en el artículo 136, en concordancia con el artículo 137 de la Constitución, según los cuales “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias”, y solo la “Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.
Conforme a los artículos 318 y 320 de la Constitución, las competencias monetarias del Poder Público Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela a quien corresponde regular la moneda y la ejecución de las políticas monetarias con la colaboración del ministerio responsable de las finanzas.
Por tanto el único órgano legitimado para formular y ejercer las competencias monetarias es el Banco Central de Venezuela y el Decreto de Reconversión dictado por el presidente de la república contraviene estas normas constitucionales.
1. Las normas sobre las cuales se fundamenta el Decreto de Reconversión no habilitan al Presidente para ejercer competencias legislativas que constitucionalmente fueron asignadas a otro órgano del Poder Público Nacional.
2. La norma del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica sobre la cual también está fundamentado del Decreto de reconversión es igualmente inconstitucional, por cuanto viola los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución, normas que regulan los estados de excepción.
3. No podría, una materia tan importante y con vocación de permanencia -nunca de provisionalidad- como es el sistema monetario, regularse mediante un régimen transitorio y de circunstancias sobrevenidas como el estado de excepción y de “emergencia económica” (artículos 337 al 339 de la Constitución). La regulación del sistema monetario es, insistimos, materia reservada a la ley.
4. El Decreto de Reconversión Monetaria es inconstitucional, por cuanto regula una materia que se encuentra constitucionalmente reservada a la ley (artículo 156, numerales 11, 32 y 33 de la Constitución), y en consecuencia, sólo puede ser regulada a través de la ley en sentido formal.
5. Es inconstitucional pues usurpa las funciones propias de la Asamblea Nacional de conformidad con los artículos 187 numeral 1, 202, 203, y 236 eiusdem, y en consecuencia viola el principio de separación de poderes establecido en el artículo 136 en concordancia con el artículo 137 constitucional, a lo cual se aplica la consecuencia establecida en el artículo 138 de la Constitución según el cual “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
[1] “Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional:
11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; emisión y acuñación de moneda”
[2] “Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional:
[3] “Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional:
[4] “Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:
1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”.
[5] “Artículo 202. La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos”.
[6] Pierre Tapia, Oscar. “Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Repertorio Mensual de Jurisprudencia (Desde 1973)”. Caracas, Venezuela. Editorial Melvin. No. 6. Junio 2007. P. 32; Ramírez, Humberto y Garay, Juan. “Jurisprudencia Venezolana”. Caracas, Venezuela. Ramírez y Garay, S.A. Tomo CCLIII. Marzo 2008 b. P. 401.
[7] Leza Betz, Daniel. “La Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional y las Nuevas Competencias Normativas del Presidente de la República previstas en la Constitución de 1999. Al traste con la Reserva Legal Formal Ordinaria en el Derecho Constitucional Venezolano”. Revista de Derecho Público. No. 82. Caracas, Venezuela, 2000. P. 28.
[8] Es por ello que se ha afirmado que la reserva legal nacional “…comporta una obligación para el Parlamento de legislar en determinadas materias…Por supuesto…ese concepto se ha relativizado con el otorgamiento de la potestad normativa a los gobiernos, en las Constituciones, mediante la figura del decreto con fuerza de ley propiamente dicho”. Vid. Peña Solís, José. “La Potestad Sancionatoria de la Administración Pública Venezolana”. Colección de Estudios Jurídicos No. 10. Caracas, Venezuela, 2005. Tribunal Supremo de Justicia, P.116.
[9] En efecto, en el año 2007, la reconversión monetaria decretada por el entonces presidente Hugo Chávez en Consejo de Ministros, fue dictada mediante el Decreto N° 5.229 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria (Publicado en Gaceta Oficial N° 38.638 de fecha 06 de marzo de 2007), y “En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 1° de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las materias que se delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.617 de fecha 1° de febrero de 2007, en Consejo de Ministros…”.
[10] Gaceta Oficial Nro. 41.316 del 09 de enero de 2018.
[11] Gaceta Oficial Nro. 41.357 del 09 de marzo de 2018.
[12] Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
[13] Artículo 338. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más.
[14] Artículo 339. El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.
[15] Decreto N° 2.184, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días, en los términos que en él se indican. Gaceta Oficial Nro. 6.214 extraordinario del 14 de enero de 2016.
[16] Decreto N° 3.308, mediante el cual se prorroga por sesenta (60) días, el plazo establecido en el Decreto N° 3.239, de fecha 09 de enero de 2018, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a las ciudadanas y a los ciudadanos habitantes de la República. Gaceta Oficial Nro. 41.357 del 09 de marzo de 2018.
[17] “Capítulo II. Del estado de emergencia económica:
Artículo 11. El decreto que declare el estado de emergencia económica dispondrá las medidas oportunas, destinadas a resolver satisfactoriamente la anormalidad o crisis e impedir la extensión de sus efectos”.
[18] Brewer-Carías, Allan. “El Régimen Constitucional de los Decretos Leyes y los Actos de Gobierno”. Ponencia para el VII Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, San Cristóbal, noviembre 2001. Páginas 18 y 19.
[19] Contemplado en el artículo 27.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual “…las disposiciones que adopten los Estados para suspender las obligaciones contraídas…, lo serán en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación”.
[20] Meléndez, Florentín. “Los Derechos Fundamentales en los Estados de Excepción según el Derechos Internacional de los Derechos Humanos”. Universidad Complutense, Madrid, España. 1997. Pág. 108.