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Timestamp: 2019-03-23 04:25:58
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Resolución de la corte interamericana de derechos humanos de 31 de marzo de 2014 medidas provisionales respecto de ecuador asunto respecto a dos niñas del pueblo indígena taromenane en aislamiento voluntario
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DE 31 DE MARZO DE 2014
MEDIDAS PROVISIONALES RESPECTO DE ECUADOR
ASUNTO RESPECTO A DOS NIÑAS DEL PUEBLO INDÍGENA TAROMENANE EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO1
El escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) de 19 de enero de 2014 y sus anexos, mediante los cuales sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) una solicitud de medidas provisionales, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y 27 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), con el propósito de que el Tribunal requiera a la República del Ecuador (en adelante “Ecuador” o “el Estado”) “proteger la vida, la integridad personal, el derecho a la familia y el derecho a la identidad de dos niñas de aproximadamente 2 y 6 años de edad, pertenecientes al pueblo indígena Taromenane, en situación de aislamiento voluntario en la selva amazónica ecuatoriana”. Asimismo, la Comisión solicitó “la creación de un mecanismo inmediato para la determinación de las medidas especiales de protección que son necesarias, culturalmente apropiadas y en interés superior de ambas niñas, en las circunstancias en que se encuentra cada una actualmente”. Finalmente, manifestó que dicho “mecanismo deb[ía] asegurar que se tome en consideración adecuada la opinión de las niñas y explorar de manera prioritaria los medios de concertación con el pueblo Waorani, dando respuestas que no profundicen las afectaciones que ya están ocurriendo en perjuicio de las dos niñas”.
La Comisión informó a la Corte que desde el 10 de mayo de 2006 otorgó unas medidas cautelares a favor “de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, quienes se encuentran en situación de aislamiento voluntario en la selva amazónica ecuatoriana”. Dichas medidas cautelares fueron otorgadas teniendo como “fundamento la información recibida sobre una masacre que habría ocurrido el 26 de abril de 2006 y en la cual habrían resultado asesinados miembros del pueblo indígena Taromenane”. El objetivo principal de dichas medidas cautelares es que se adoptaran las “medidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane, en especial, […] las medidas necesarias para proteger el territorio en el que habitan, incluyendo las acciones requeridas para impedir el ingreso a terceros”. En el marco de la supervisión de estas medidas cautelares, la Comisión recibió la información sobre la situación de dos niñas Taromenane. Los antecedentes presentados por la Comisión relacionados con la solicitud de medidas provisionales, a saber:
i) “[e]l 9 de abril de 2013 la Comisión [habría] recibi[do] información sobre la ocurrencia de una presunta masacre el 30 de marzo de 2013, en la cual habrían resultado asesinados decenas de beneficiarios, es decir, miembros del pueblo Taromenane en aislamiento voluntario, incluidos niños y niñas”;
ii) al respecto, la Comisión indicó que había sido informada respecto a que “en el marco de la masacre supuestamente ocurrida el 30 de marzo de 2013 en perjuicio de beneficiarios de las medidas cautelares por parte de miembros de comunidades del pueblo indígena Waorani, las dos niñas, hermanas entre sí, y aparentemente pertenecientes al pueblo Taromenane, habrían quedado retenidas al interior del Bloque Petrolero 16, bajo control de miembros del pueblo Waorani quienes, de conformidad con lo descrito anteriormente, habrían asesinado a sus padres y miembros de su comunidad”, y
iii) el 26 de noviembre de 2013 miembros de la Policía y de la Fiscalía habrían realizado un operativo, mediante el cual “personal encapuchado [habría] ingresado a la escuela a la que asistía la mayor de las niñas Taromenane quien [habría sido] sacada a la fuerza de las instalaciones de la escuela”. Después de esto, la niña mayor habría sido trasladada a un hospital y la niña menor permanecería con la comunidad Waorani.
Hasta el momento el procedimiento seguido por la Comisión en lo referente a la situación de las dos niñas, fue el siguiente:
i) “el 18 de abril de 2013 la Comisión solicitó información al Estado sobre la supuesta masacre[, e] incorporó una solicitud específica sobre la situación de las dos niñas”;
ii) “[e]l 24 de abril de 2013 el Estado dio respuesta a la solicitud de información, reiterando información de carácter general sobre las medidas adoptadas en el marco de la implementación de las medidas cautelares”;
iii) “[e]l 30 de abril de 2013 miembros de la Comisión Interamericana sostuvieron una reunión con el Estado de Ecuador”;
iv) el “28 de mayo de 2013 los solicitantes presentaron mayor información” sobre la situación de las dos niñas;
v) “el 21 de agosto de 2013 la Comisión solicitó nuevamente información incorporando un requerimiento expreso respecto de las niñas”;
vi) la Comisión manifestó que “[e]l 11 de septiembre de 2013 el Estado de Ecuador envió una comunicación mediante la cual desconoció, por primera vez en el presente trámite, la naturaleza de las medidas cautelares y señaló expresamente que no aportará respuesta sobre las mismas”;
vii) “[e]l 25 de octubre de 2013 la Comisión reiteró las medidas cautelares 91/06 vigentes y requirió nuevamente al Estado la información solicitada el 21 de agosto de 2013, que incluía una solicitud respecto de la situación de las niñas”, y
viii) la Comisión informó que “el Estado ecuatoriano no ha dado respuesta a esta comunicación […] y, consecuentemente, no se cuenta con la información solicitada respecto de la situación de las dos niñas pertenecientes al pueblo Taromenane en aislamiento voluntario”.
Los argumentos de la Comisión para fundamentar su solicitud de medidas provisionales son, inter alia, los siguientes:
“a partir de esa fecha y al día de hoy, la niña mayor y la niña menor, se encuentran separadas de su familia, de su pueblo y entre sí, sin posibilidad de vínculo alguno. Ambas permanecen, en distintas circunstancias, expuestas a una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable”;
“ambas niñas quedaron expuestas a múltiples enfermedades y contagios bajo el control de un pueblo indígena ajeno al cual pertenecían, con patrones de culturales, sociales, de alimentación y, en general, de vida, distintos a los que habían regido toda su vida”;
“ambas propuestas beneficiarias se enc[ontrarían] en riesgo extremo de afectación irreparable a los derechos a la integridad psíquica, moral y cultural, a la identidad y a la familia”, y
“[a]mbas se enc[ontrarían] al día de hoy, en situación de contacto forzado, sin que se tenga conocimiento de medida estatal alguna para efectuar con diligencia excepcional una determinación seria y culturalmente apropiada del interés superior de las propuestas beneficiarias, ya no sólo en cuanto a su seguridad […] sino en cuanto a su situación familiar, comunitaria y a su identidad cultural”.
La nota de Secretaría de la Corte Interamericana de 20 de enero de 2014, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte Interamericana, se solicitó al Estado que, en un plazo improrrogable hasta el 24 de enero de 2014, presentara las observaciones que estimara pertinentes en relación con la solicitud de medidas provisionales.
El escrito de 25 de enero de 2014, mediante el cual el Estado contestó al requerimiento realizado por la Corte Interamericana y solicitó que se declare “improcedente el pedido de medidas provisionales en virtud de no reunir los requisitos establecidos en el artículo 63 de la Convención Americana”.
La nota de Secretaría de la Corte Interamericana de 27 de enero de 2014, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Pleno de la Corte Interamericana, se solicitó la Comisión Interamericana que, en un plazo improrrogable de tres días hábiles, presentara las observaciones que estimara pertinentes en relación con el informe presentado por el Estado, en particular, sobre la subsistencia de los requisitos establecidos en el artículo 63.2 de la Convención Americana para la procedencia de medidas provisionales en el presente asunto.
El escrito de 31 enero de 2014, mediante el cual la Comisión Interamericana remitió sus observaciones a la información remitida por el Estado.
La nota de Secretaría de la Corte Interamericana de 6 de febrero de 2014, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Pleno de la Corte Interamericana, se solicitó al Estado ecuatoriano que, a más tardar el 18 de febrero de 2014, presentara las observaciones que estimara pertinentes en relación con la información suministrada por la Comisión Interamericana, así como la información adicional que considerara pertinente sobre la situación de las dos niñas. Asimismo, se requirió al Estado que remitiera documentación que permitiera sustentar la información que hasta el momento había presentado o que decidiera enviar con posterioridad.
El escrito de 18 de febrero de 2014, mediante el cual el Estado presentó información en relación con lo requerido por la Corte.
La nota de Secretaría de la Corte de 19 de febrero de 2014, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, se otorgó a la Comisión Interamericana un plazo hasta el 27 de febrero de 2014 para presentar observaciones a la información suministrada por el Estado.
El escrito de 5 de marzo de 2014, mediante el cual la Comisión Interamericana, luego de una prórroga concedida hasta el 2 de marzo de 2014, presentó sus observaciones a la información suministrada por el Estado.
Ecuador es Estado Parte en la Convención desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.
El artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, “[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.
En los términos del artículo 27 del Reglamento de la Corte2:
2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, la Corte podrá actuar a solicitud de la Comisión. […]
5. La Corte o, si ésta no estuviere reunida, la Presidencia, podrá requerir al Estado, a la Comisión o a los representantes de los beneficiarios, cuando lo considere posible e indispensable, la presentación de información sobre una solicitud de medidas provisionales, antes de resolver sobre la medida solicitada. […]
8. En las circunstancias que estime pertinente, la Corte podrá requerir de otras fuentes de información datos relevantes sobre el asunto, que permitan apreciar la gravedad y urgencia de la situación y la eficacia de las medidas. Para los mismos efectos, podrá también requerir los peritajes e informes que considere oportunos
La presente solicitud de medidas provisionales no se origina en un caso en conocimiento de la Corte, ni tampoco se ha presentado una petición inicial ante la Comisión Interamericana por los hechos que sustentan la solicitud de medidas provisionales. Sin embargo, este Tribunal ya ha establecido en casos anteriores que “en vista del carácter tutelar de las medidas provisionales, excepcionalmente, es posible que las ordene, aún cuando no exista propiamente un caso contencioso en el Sistema Interamericano, en situaciones que, prima facie, puedan tener como resultado una afectación grave e inminente de derechos humanos3. Al respecto, la Corte ha indicado que en este tipo de situaciones se deben tener en cuenta, además de los requisitos establecidos en el artículo 63 de la Convención, el problema planteado, la efectividad de las acciones estatales frente a la situación descrita y el grado de desprotección en que quedarían las personas sobre quienes se solicitan medidas en caso de que éstas no sean adoptadas. En este sentido, la Corte reitera que en estos casos la Comisión debe presentar “una motivación suficiente que abarque los criterios señalados y que el Estado no demuestre en forma clara y suficiente la efectividad de determinadas medidas que haya adoptado en el fuero interno4.
Esta Corte ha establecido que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas5. El carácter cautelar de las medidas provisionales está vinculado al marco de los contenciosos internacionales. En tal sentido, estas medidas tienen por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto no se resuelva la controversia. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo, y de esta manera evitar que se lesionen los derechos en litigio, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final. Las medidas provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, en su caso, proceder a las reparaciones ordenadas6. En cuanto al carácter tutelar, esta Corte ha señalado que, siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas7.
Las tres condiciones exigidas por el artículo 63.2 de la Convención para que la Corte pueda disponer de medidas provisionales deben concurrir en toda situación en la que se soliciten8. En razón de su competencia, en el marco de medidas provisionales corresponde a la Corte considerar única y estrictamente aquellos argumentos que se relacionan directamente con la extrema gravedad, urgencia y la necesidad de evitar daños irreparables a personas. Cualquier otro hecho o argumento sólo puede ser analizado y resuelto durante la consideración del fondo de un caso contencioso9.
En lo que se refiere al requisito de “gravedad”, para efectos de la adopción de medidas provisionales, la Convención requiere que aquélla sea “extrema”, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado. El carácter “urgente” implica que el riesgo o amenaza involucrados sean inminentes, lo cual requiere que la respuesta para remediarlos sea inmediata. Finalmente, en cuanto al daño, debe existir una probabilidad razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables10.
Este Tribunal constata la siguiente información suministrada por la Comisión, y no controvertida por el Estado, en cuanto a los hechos y antecedentes de este asunto (supra Visto 2):
El 30 de marzo de 2013 ocurrió un enfrentamiento entre los pueblos Waorani y Taromenane, en el cual habrían muerto todos los miembros del clan de las dos niñas incluyendo a sus padres11. Además, la Comisión señaló que las niñas habrían presenciado el asesinato de su madre.
La Comisión manifestó que dicha “masacre habría sido planificada con anticipación y que habría tenido lugar con lanzas y armas de fuego por parte de aproximadamente 12 miembros pertenecientes a comunidades del pueblo indígena Waorani, en supuesta venganza por el asesinato con lanzas de Ompore y Buganey, una pareja de adultos del pueblo indígena Waorani, de manos de miembros del pueblo indígena Taromenane en aislamiento voluntario el 5 de marzo de 2013”.
El mismo día de la masacre, las dos niñas fueron separadas de su comunidad y llevadas a la comunidad más cercana al lugar donde presuntamente ocurrió la masacre.
Las dos niñas habrían permanecido en dicha comunidad y, de acuerdo con información que fue presentada ante la Comisión, las primeras semanas habrían sido muy difíciles para ellas. En efecto, una psicóloga que visitó a las niñas en el mes de septiembre de 2013 reportó que la niña mayor presentaría síntomas de “estrés pos-traumático” tales como “embotamiento emocional, aplanamiento en la expresión facial, falta de capacidad de respuesta al medio, anhedonia, abulia, evitación, no busca refugio en su cuidadora, temor al contacto corporal, movimientos repetitivos de manos, mutismo (no contesta a preguntas de su cuidadora, no habla con nadie), hipervigilancia, hiperactividad vegetativa (frecuencia respiratoria 28/minuto, piel fría, reflejo pilomotor al contacto, contracción muscular)”12.
El 26 de noviembre de 2013, miembros de la Policía y de la Fiscalía realizaron un operativo en el cual ingresaron a la comunidad donde se encontraban las dos niñas, habrían ingresado a la escuela donde se encontraba la niña mayor y la habrían trasladado, posteriormente, en helicóptero a un hospital cercano a la zona.
Cabe resaltar que en términos generales esta era la totalidad de la información con la cual contaba la Comisión Interamericana al momento de presentar la solicitud de medidas provisionales, pues a pesar de haber requerido en varias oportunidades (supra Vistos tercero) al Estado información específica sobre la situación de las dos niñas, éste no la proporcionó. Es por ello que la Comisión manifestó ante esta Corte que “[a]nte la falta de respuesta por parte del Estado a las reiteradas solicitudes de la Comisión, no se c[ontaba] con mayores detalles sobre la situación en la que estuvieron y – en el caso de la niña menor, continúa estando – las propuestas beneficiarias bajo control del pueblo Waorani”. Al respecto, la Comisión manifestó su preocupación, respecto a que no contaba con información sobre: i) “la situación actual de las dos niñas, o que explique la efectividad e idoneidad de[l mecanismo adoptado por el Estado] para abordar la situación particular de” las niñas, y ii) “la situación de la niña Taromenane mayor, que fue retirada de la escuela mediante el operativo de 26 de noviembre de 2013, ni sobre la niña Taromenane menor, de aproximadamente dos años de edad, que permanece bajo control del pueblo Waorani y separada de su hermana”.
Con posterioridad a la solicitud de medidas provisionales, el Estado informó a esta Corte lo siguiente:
A. Antecedentes y situación de general de las dos niñas:
El Estado creo la “Comisión para la investigación de las disputas existentes entre los pueblos indigenas Huaorani y Taromenane”13. Esta Comisión ha concluido:
“la imposibilidad de que las niñas puedan ser devueltas a su grupo familiar”, teniendo en cuenta “[l]a escala de adaptación temporal de diez meses de separación de su clan familiar; que las “niñas han sido inmunizadas y el regreso a su grupo de origen puede implicar una amenaza de muerte para todos sus miembros, por cuanto las menores [de edad] pueden ser ahora portadoras de múltiples enfermedades, y que “las niñas no tienen las capacidades de orientación y ubicación a la zona de selva de donde fueron separadas de su familia”.
“el pueblo Woarani es el único que puede garantizar que se preserven los derechos culturales e identidad de las niñas”.
“[e]s deseable que a la mayor brevedad posible las niñas puedan reunirse en una sola comunidad, siendo la más adecuada Bameno”.
“[pa]ara realizar de una forma adecuada la unificación de las niñas, es recomendable que haya un proceso de negociación con los waorani que tienen en custodia a [la niña menor]”.
“[L]as niñas fueron ingresadas al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes del Proceso Penal de la Fiscalía General del Estado […], situación en la que se privilegió la coordinación con miembros del pueblo indígena Waorani, para generar la posibilidad de ingresos al territorio y estrategias de protección precautelando que no se generen reacciones adversas sobre las [presuntas] víctimas”. En el marco de este sistema, el Estado manifestó que se han implementado y acordado, inter alia, las siguientes medidas:
“[l]a Coordinación Provincial del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de Orellana en estrecha relación con el fiscal a cargo de la causa, establece todas las medidas necesarias para garantizar que la relación del Sistema de Salud con las niñas en situación de protección especial se brinde constantemente a través de un Único Equipo de Atención Integral de Salud (EAIS) mismo que actuara limitando la entrada, visita y salida de personal múltiple”.
“[l]as visitas del sistema se realizarán bajo protocolos de atención y registro especifico a fin de garantizar que no se produzca ningún efecto revictimizante para las niñas”.
“[e]l Ministerio de Salud deberá informar al fiscal de la investigación y la coordinación de víctimas provincial respecto del estado de salud de las niñas de manera permanente al menos una vez cada quince días”.
“El Ministerio de Salud Pública dispuso que su personal presente en la zona donde se encontraban las niñas, es decir, en las comunidades waorani de Dikaro y Yarentaro, se encargara del monitoreo permanente de su salud física y sicológica”. El Estado presentó un informe expedido por el Ministerio de Salud, en el cual manifestó que se habían implementado las siguientes medidas:
“en el marco del PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CAUTELARES A FAVOR DE LOS PUEBLOS TAROMENANI Y TAGAERI, se conform[ó] un equipo de salud multidisciplinario conformado por: Médico, Antropóloga, Enfermero, Psicólogo, Técnico en Atención Primaria de Salud (de la Nacionalidad Waorani y Traductores de la Nacionalidad Waorani), con la finalidad de lograr un acercamiento y consensuar una visita a la niñas para constatar su presencia física y proceder conforme lo establece la normativa”14.
“[a]decuar las prestaciones a la realidad de la población de las Comunidades de Dicaro y Bameno y por ende de las niñas […]: por ejemplo, acompañamiento sistemático de la salud psicológica y el bienestar general de las niñas para monitorear el proceso de adaptación e inclusión en la comunidad, y poder acompañar en posibles efectos adversos de esta intervención, acciones de salud con énfasis en la promoción y prevención, atención por ciclos de vida con abordaje individual, familiar, comunitario e intercultural, (uso de ficha familiar), implementación de elementos de la etnomedicina”15.
“[d]esde la fecha de traslado de la niña [mayor] a la comunidad de Bameno (29 de noviembre de 2013), las visitas del Ministerio de Salud Pública a la comunidad, han sido 5, algunas para el seguimiento a las condiciones de salud tanto de la niña como de la comunidad de acogida”.
“Las niñas fueron inmunizadas y han recibido atención medica de acuerdo a un protocolo medico diseñado para la atención a pueblos en situación de contacto inicial, conforme lo señalan las recomendaciones de las Naciones Unidas para estos casos”.
“[L]a Fiscalía General del Estado señaló que el rescate de [la niña mayor] producido el 26 de noviembre del año 2013 se efectuó teniendo en cuenta una ruta trabajada con los líderes tradicionales Woarani, documentos de soporte, consultas a especialistas y el trabajo de inteligencia que ratificó la operación”.
“[C]on posterioridad a los hechos del 30 de marzo de 2013 las menores [de edad] fueron trasladadas por sus captores de nacionalidad Waorani a diferentes lugares; [la niña] mayor, fue llevada a la comunidad Yarentaro, quien luego del operativo organizado por la Fiscalía General del Estado, se encuentra en la comunidad de Bameno. Mientras que, [la niña] menor, permaneció por pocas semanas al cuidado de una familia Waorani (captores) en un lugar indeterminado de la selva amazónica, para luego ser conducida hasta la comunidad de Dikaro y entregada a otra familia waorani, que es donde permanece hasta la actualidad”.
“Actualmente la salud física y sicológica de las dos niñas, es buena, se encuentran integradas en las comunidades donde viven y presentan un buen nivel de socialización con el entorno familiar”.
B. Sobre la situación actual de la niña mayor16:
Ubicación: Comunidad de Bameno
Familia que la acoge: Bahigua Miipo
Conformación de la familia: familia ampliada con varios niños de su misma edad y con dos personas que brindan cuidado directo a la niña mayor.
Condición Física: la niña mayor se encuentra en buena condición física sin sintomatología ni signos que evidencien enfermedad alguna. El diagnostico es Niña Sana.
Condición psicológica: la niña se encuentra en un proceso de adaptación a su nueva familia y no evidencia signos ni síntomas que demuestren en la actualidad afección psicología. Muestra empatía con la familia que lo acoge. Participa de manera proactiva de los juegos infantiles y las actividades comunitarias.
Equipo EAIS que hace seguimiento: dos médicas, un odontólogo, una licenciada en enfermería, un promotor de salud
C. Sobre la situación actual de la niña menor17:
Ubicación: Comunidad de Dicaro
Familia que la acoge: Omeway Oguinea
Conformación de la familia: familia ampliada con varios niños de su misma edad y con la señora que brinda cuidado directo a la niña.
Condición Física: la niña menor se encuentra en buena condición física sin sintomatología ni signos que evidencien enfermedad alguna. El diagnostico es Niña Sana.
Condición psicológica: la niña se encuentra en un proceso de adaptación a la familia que lo acoge y no evidencia signos ni síntomas que demuestren en la actualidad afección psicología. Muestra empatía con los miembros de la familia y participa de manera proactiva de los juegos infantiles.
Equipo EAIS que hace seguimiento: dos médicas, un odontólogo, un Técnico en Atención Primaria de Salud y un licenciado en enfermería.
Con base en la información presentada, el Estado alegó que “ha precautelado la vida e integridad personal de las niñas como lo confirman los esfuerzos desarrollados por el Ministerio de Salud que para mitigar cualquier tipo de riesgo a la vida tomó las medidas necesarias para monitorear e inmunizar la salud de las menores” de edad. Agregó que “de los documentos que [fueron anexados] se observa claramente que al no existir los elementos de ‘extrema gravedad’ ni urgencia, menos podría concurrir la materialización de un daño”. Por ello, el Estado concluyó que “la solicitud desarrollada por la [Comisión] no cumple con los requisitos establecidos por la Convenci6n Americana […] en cuanto a los requisitos de las medidas provisionales, por tanto es innecesario que la […] Corte conozca este pedido”.
Sobre la información y alegatos presentados por el Estado, la Comisión manifestó que “dicha información no fue puesta en conocimiento de la Comisión a pesar de los múltiples requerimientos efectuados durante el 2013”. Argumentó que la información brindada por el Estado “si bien comprende algunos datos sobre la situación actual de las niñas, no resulta suficiente para entender los detalles de la manera en que cada uno de los factores de riesgo ha sido abordada por el Estado”. Por otra parte, la Comisión indicó que los solicitantes de las medidas habrían informado que la Fiscalía estaría planeando un operativo policial para recuperar a la niña menor. Además, agregó que los elementos de riesgo que presentó en la solicitud de medidas provisionales se mantenían. Por todo lo anterior, la Comisión consideró necesario que “tomando en cuenta la complejidad del asunto, la edad de las niñas y el Estado de vulnerabilidad al que estarían expuestas […] que la […] Corte requiera información adicional al Estado de Ecuador sobre estos aspectos”.
Tal como fue señalado (supra Visto noveno), la Corte requirió información adicional al Estado. El 18 de febrero de 2014 el Estado señaló lo siguiente:
Sobre un potencial operativo policial donde se encuentra la niña menor, según un informe de la Fiscalía General del Estado de 17 de febrero “del año en curso”, se produjo un ataque perpetrado contra miembros de una familia en aislamiento voluntario que fue organizado y ejecutado por diecisiete (17) personas pertenecientes a las comunidades waorani de Yarentaro y Dikaro.
“Al tratarse de un asunto de carácter cultural y jurídico la Fiscalía General del Estado integró al expediente judicial un peritaje antropológico para sustentar la fase de investigación pre procesal y al procedimiento de instrucción fiscal. Dentro de estas diligencias la Fiscalía tomó en consideración los principios de justicia intercultural”.
El retorno a un nanicabo (grupo familiar) en aislamiento donde residían previamente las niñas, “actualmente resulta inaplicable por motivos físicos y epidemiológicos que podrían amenazar gravemente a la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, en virtud de que las menores [de edad] han recibido inmunizaciones periódicas, y por su contacto con las comunidades indígenas waorani, como se desprende de la información aportada por el Ministerio de Salud Pública”.
“La Fiscalía señaló que en base al interés superior de las niñas, no existe duda alguna de la actual situación de bienestar de [la niña mayor] y de la conveniencia de que [la niña menor] se vuelva a reunir con su hermana”, quien se encuentra en el núcleo familiar Waorani de Dikaro. El jefe tradicional de Dikaro “se había comprometido en una entrega pacífica de la niña [menor], situación que no se produjo”. “Actualmente la Fiscalía General del Estado sigue agotando procesos de negociación con los líderes indígenas de Dikaro para lograr este objetivo”. “Al momento no se ha dispuesto ningún otro operativo policial en el lugar donde se encuentra” la niña menor.
Sobre el supuesto riesgo a la vida e integridad física de ambas niñas derivado de la situación de eventual violencia en la zona, según el Informe de la Fiscalía General del Estado, “se verificó que el 11 de febrero del 2014 la situación de acogimiento y paz de la niña [mayor] en el poblado de Bameno fue verificado y se reconocen condiciones óptimas que aseguran la vida e integridad personal de la niña”. “La Fiscalía General del Estado y Ome Gompote (Asociación Waorani del Cononaco Yasuni) diseñó e implementó en conjunto un Protocolo Específico de Protección para la vida, integridad y otros derechos de las niñas y de la población indígena en la localidad de Bameno. El objetivo principal de este Protocolo es generar un cerco de custodia y actuaciones sobre posibles incursiones de otros grupos indígenas al lugar”.
Respecto al supuesto riesgo a la vida e integridad derivado de los riesgos propios a la salud por su situación de aislamiento voluntario, el Ministerio de Salud Pública ha informado que el trabajo previo desplegado a partir del conocimiento de potencial vulnerabilidad de las niñas “ha generado confianza en las familias que se encuentran cercanas a ellas, lo que ha permitido la aplicación de vacunas, evaluación y monitoreo permanente de su estado de salud”. En el caso de la niña mayor “su integración es cada vez mayor, y las dificultades lingüísticas no son mayores para su comunicación”. El Estado adjuntó diversas actas e informes sobre visitas realizadas a las niñas y acciones adoptadas en relación con su situación de salud18.
En torno a la supuesta afectación irreparable a la integridad psíquica, moral y cultural, identidad y familiar de las niñas derivado de los efectos traumáticos de la muerte de sus padres y miembros de su pueblo, el Ministerio de justicia, Derechos Humanos y Cultos informó el 17 de febrero de 2014 que la niña menor “se encuentra bajo el cuidado de la familia waorani Omeway Oguinea, que es una familia que agrupa a varios niños y niñas de edad similar; la madre de estos menores es la señora Obe Oguinea de 55 años de edad, quien brinda cuidado directo” a la niña menor. En cuanto a la niña mayor, “se encuentra también acogida por una familia waorani denominada Bahigua Miippo donde se encuentra rodeada de varios niños y niñas y dos mujeres waorani” de “aproximadamente 45 años, quienes atienden directamente” a la niña mayor.
Respecto a los supuestos efectos traumáticos generados por la separación de su familia original, el informe de 7 de agosto de 2013 del Ministerio de Salud Pública aborda “los episodios de conflictividad de las niñas como parte de su orden social, que incluye las nociones de guerra y paz que responden a códigos culturales diferentes a los que mantiene la sociedad occidental”.
“Según el informe psicológico que anexa el Ministerio de Salud la metodología empleada para la aproximación psicológica a las dos niñas por parte de la brigada especialista [...] fue la observación y la lúdica por cuanto los test psicológicos no pueden ser aplicados en este contexto cultural”. De acuerdo a este informe “el grupo familiar donde se han asentado las niñas es extenso (no nuclear) y comparten un espacio con otros niños que tienen relación sanguínea como hijos y nietos con lo cual existen varias generaciones compartiendo el espacio vital”. Asimismo, los “niños de las comunidades waorani tanto para el caso de [la niña menor] como de [la niña mayor] socializan y enseñan el lenguaje Wao a las niñas por lo cual su comunicación cada día es más fluida”. “La concepción cultural occidental sobre el trauma no es aplicable a la situación cultural de las niñas”.
En relación con esta información, el 5 de marzo de 2014 la Comisión Interamericana reiteró que “dicha información no fue puesta en conocimiento de la Comisión a pesar de los múltiples requerimientos efectuados” durante 2013. Agregó que “tomando en cuenta la secuencia de eventos traumáticos a los que las niñas estuvieron sometidas y la situación de aislamiento en que estuvieron la mayor parte de su vida”, “más allá de las inmunizaciones y los “chequeos descritos”, el Estado debe disponer de “todos los medios a su alcance para asegurar que el seguimiento en materia de salud física y psicológica de las niñas sea continuo, integral y culturalmente adecuado”. Expresó que existiría “cierto acuerdo” entre el Estado y los peticionarios sobre “la pertinencia de que la niña mayor se mantenga bajo el cuidado de la familia y comunidad donde se encuentra actualmente”. “Sin embargo, respecto de la niña menor, la situación presentada con la solicitud de medidas provisionales no ha variado sustantivamente”, dado que “no existe claridad” sobre “las medidas concretas adoptadas por el Estado para abordar el riesgo al que podría estar expuesta la niña menor en la familia y comunidad donde se encuentra actualmente”. Adicionalmente, expresó su “preocupación por los indicios de continuidad de la situación de conflictividad en la zona entre miembros del pueblo indígena Waorani”, y “los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”. “Así por ejemplo, el informe del Estado da cuenta de que el 17 de febrero de 2014 se habría dado un nuevo “ataque” por parte de miembros de los pueblos Waorani, a los pueblos en aislamiento voluntario, sin mayor explicación”. “En ese sentido, la presencia de la niña menor -proveniente de un pueblo en aislamiento voluntario y que habría sido tomada inicialmente como una suerte de botín de guerra -en una comunidad del pueblo Waorani en la cual no existe claridad sobre su vínculo o no con las comunidades en conflicto, constituye un indicador de la persistencia del riesgo a su vida e integridad personal”.
Como primer punto previo, la Corte recuerda que la adopción de providencias urgentes o de medidas provisionales no presupone ni implica una eventual decisión sobre el fondo del asunto si el caso llegara a conocimiento de la Corte, ni prejuzga la responsabilidad estatal por los hechos denunciados19.
La Corte hace notar que la información con la cual cuenta para realizar el análisis de la solicitud de medidas provisionales es sustancialmente distinta a la que tenía la Comisión Interamericana para fundamentar su requerimiento. Es más, parte del fundamento de la solicitud de la Comisión se originaba en la necesidad de tomar medidas ante la incertidumbre producida por no conocer el paradero de la niña mayor (supra Considerando noveno) o la situación de salud y de adaptación de ninguna de las dos niñas (supra Considerando noveno). Dicha incertidumbre se generó por la negación del Estado de presentar a la Comisión información completa respecto de las dos niñas.
Tomando en cuenta la información presentada por el Estado, la Corte considera que el Estado ha tomado medidas concretas que han mitigado la situación de extrema gravedad, urgencia y posibilidad de la consumación de un daño irreparable que inicialmente fuera presentada por la Comisión en su solicitud. En particular, el Tribunal resalta que un aspecto fundamental de la solicitud inicial lo constituía determinar el paradero preciso de la niña mayor y la situación general de las dos niñas, lo cual ha sido determinado. Asimismo, el Tribunal encuentra acreditado que las instituciones estatales pertinentes están conscientes de la compleja situación que atraviesan las niñas y han adoptado medidas especiales tales como la creación de un un equipo de salud multidisciplinario encargado de hacer seguimiento a su situación de salud (supra Considerando décimo), el desarrollo de un protocolo para la inmunización de las niñas (supra Considerando décimo), los protocolos y procesos creados por el Ministerio de Salud y la Fiscalía General para realizar monitoreo a su estado de salud y adaptación (supra Considerando décimo), entre otros.
Además, la Corte toma nota de la información brindada por el Estado, según la cual, a pesar de la difícil situación de las dos niñas, en términos generales se encontrarían en buen estado de salud y en proceso de adaptación en las familias y comunidades que las acogen (supra Considerando undécimo). Si bien es cierto que se alega que la situación de conflicto entre las comunidades continúa en la zona y que la situación de las dos niñas es especialmente compleja respecto a sus procesos de adaptación a su nuevo entorno, el Tribunal ha constatado que el Estado viene adoptando medidas especiales de seguimiento y protección en relación con sus derechos. Teniendo en cuenta lo anterior, así como el monitoreo constante que vienen desarrollando algunas instituciones estatales, no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 63.2 de la Convención Americana, razón por la cual no procede la adopción de medidas provisionales en el presente asunto. Sin perjuicio de ello, la Corte considera que es indispensable que el Estado continúe adoptando las medidas necesarias para asegurar que, en el menor tiempo posible, la niña menor vuelva a estar junto a la niña mayor.
Finalmente, la Corte recuerda que los Estados tienen el deber constante y permanente de cumplir con las obligaciones generales que le corresponden bajo el artículo 1.1 de la Convención, de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción20. En consecuencia, independientemente de la existencia de medidas provisionales específicas, el Estado se encuentra especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en situación de riesgo y debe impulsar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables21. En el presente asunto, la Corte exhorta al Estado ecuatoriano para que continúe con la implementación y seguimiento de las medidas que han sido tomadas hasta el momento y, en particular, para que se concrete la reunificación de las dos niñas a la mayor brevedad posible.
en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana y el artículo 27 del Reglamento,
1. Desestimar la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las dos niñas taromenane en aislamiento voluntario.
2. Archivar el expediente referido a la solicitud de medidas provisionales de 19 de enero de 2014 presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. Disponer que la Secretaría notifique la presente Resolución al Estado y a la Comisión Interamericana.
Roberto F. Caldas Manuel E. Ventura Robles
Diego García Sayán Alberto Pérez Pérez
Eduardo Vio Grossi Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
1 A solicitud de la Comisión Interamericana, se hará referencia a las propuestas beneficiarias como “niña mayor” y “niña menor”.
2 Reglamento aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.
3 Cfr. Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa, Medidas Provisionales respecto de Brasil, resolución de la Corte de 25 de febrero de 2001, Considerando sexto y Asunto Guerrero Larez respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 17 de noviembre de 2009, Considerando octavo.
4 Cfr. Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa, Medidas Provisionales respecto de Brasil, resolución de la Corte de 25 de febrero de 2001, Considerando sexto y Asunto Guerrero Larez respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2009, Considerando octavo.
5 Cfr. Caso del Periódico la “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte de 7 de septiembre de 2001, Considerando cuarto, y Asunto Wong Ho Wing. Medidas provisionales respecto del Perú. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte de 6 de diciembre de 2012, Considerando quinto.
6 Cfr. Asunto del Internado Judicial El Rodeo II. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008, Considerando séptimo, y Caso Familia Barrios, Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte de 30 de mayo de 2013, Considerando segundo.
7 Cfr. Caso del Periódico la “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte de 7 de septiembre de 2001, Considerando cuarto, y Caso Wong Ho Wing, Medidas Provisionales respecto de la República del Perú. Resolución de la Corte de 29 de enero de 2014, Considerando octavo.
8Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, Medidas Provisionales respecto de Guatemala, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2009, Considerando décimo cuarto, y Caso Wong Ho Wing, Medidas Provisionales respecto de la República del Perú. Resolución de la Corte de 29 de enero de 2014, Considerando tercero.
9 Cfr. Asunto James y Otros. Medidas Provisionales respecto de Trinidad y Tobago, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de agosto de 1998, Considerando sexto, y Asunto Flores y Otra en Relación con el Caso Torres Millacura y Otros vs. Argentina, Medidas Provisionales respecto de la República Argentina. Resolución de la Corte de 26 de noviembre de 2013, Considerando cuarto.
10 Cfr. Asuntos Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare), Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), e Internado Judicial Capital El Rodeo I y el Rodeo II. Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2009, considerando tercero, y Asunto Flores y Otra en Relación con el Caso Torres Millacura y Otros vs. Argentina, Medidas Provisionales respecto de la República Argentina. Resolución de la Corte de 26 de noviembre de 2013, Considerando undécimo.
11 Informe del Estado de 25 de enero de 2014 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folio 397).
12 Informe del Estado de 25 de enero de 2014 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folio 399).
13 Decreto expedido por el Presidente Rafael Correa de 20 de julio de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folio 419).
14 Informe de la situación de salud de las niñas taromenane de 22 de enero de 2014 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folio 489).
15 Informe de la situación de salud de las niñas taromenane de 22 de enero de 2014 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folio 490).
16 Informe de la situación de salud de las niñas taromenane de 22 de enero de 2014 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folio 491).
17 Informe de la situación de salud de las niñas taromenane de 22 de enero de 2014 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folio 491)
18 Informe de acciones implementadas por el Ministerio de Salud Pública ante la presencia de dos ñiñas presumiblemente taromenane acogidas en la comunidad de Yarentaro de 26 de abril de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folios 466 a 471); Informe de las acciones implementadas por el Ministerio de Salud Pública para garantizar la salud de las dos niñas presumiblemente taromenane acogidas en las comunidades Waorani de Yarentaro y Dicaro de 7 de agosto de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folios 472 a 480); Informe sobre la situación de salud de las niñas [mayor y menor] presumiblemente taromenanes de 22 de enero de 2014; Informe de la visita de salud a las comunidades de Dicaro y Yarentaro de la nacionalidad waorani de 4 de abril de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folios 504 a 507); Informe de la visita de salud a la comunidad de Yarentaro de la comunidad waorani de 6 de abril de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folios 508 y 509); Visita del equipo de salud del Ministerio de Salud Pública a la comunidad de Yarentaro de la nacionalidad waorani de 27 y 28 de abril de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folios 512 a 514); Seguimiento del estado de salud de las dos niñas de 8 y 11 de mayo de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo 2, folios 515 a 517); Seguimiento del estado de salud de las dos niñas, 18 y 26 de mayo de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folios 518 a 520); Seguimiento del estado de salud de las dos niñas de 3 y 15 de junio de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folios 521 a 523); Seguimiento del estado de salud de la niña menor de 20 de junio de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folios 524 a 526); Seguimiento del estado de salud de la niña menor de 11 de julio de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folios 527 y 528); Seguimiento del estado de salud de las dos niñas, emitidos el 22 y 23 de julio, 15 de junio, 12 y 21 de agosto, 9, 19 y 23 de septiembre, 7 y 19 de octubre, 1, 13 y 17 de noviembre de 2013 (expediente de medidas provisionales, tomo 2, folios 559 a 562); Seguimiento del estado de salud de las dos niñas, 25 y 31 de diciembre de 2013, y 12, 15, 20 a 26 de enero de 2014 (expediente de medidas provisionales, tomo II, folios 562 a 570).
19 Cfr. Asunto James y otros. Medidas Provisionales respecto de Trinidad y Tobago. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de julio de 1998, Considerando sexto, y Asunto L.M., Medidas Provisiones respecto de Paraguay, Resolución de la Corte de 1 de julio de 2001, Considerando vigésimo segundo.
20 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte de 15 de enero de 1988, considerando tercero, y Caso de La Cruz Flores Vs. Perú, considerando trigésimo.
21 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte de 15 de enero de 1988, considerando tercero, y Asunto Guerrero Galluci. Medidas Provisionales respecto Venezuela. Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2011, considerando vigésimo octavo.