Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2015/09/02/los-premios-pagados-sin-identificar-a-los-clientes-ganadores-incumplen-las-normas-de-lavado-de-activos/
Timestamp: 2019-07-20 07:18:18
Document Index: 126375822

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 21', 'artículo 20', 'in fine', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 34', 'artículo 25']

Los premios pagados sin identificar a los clientes ganadores incumplen las normas de lavado de activos. – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 2 septiembre 2015
Partes: Hipódromo Argentino de Palermo S.A. Y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25
Cita: MJ-JU-M-93784-AR | MJJ93784 | MJJ93784
El pago de premios sin identificar a los clientes ganadores justifica la aplicación de una sanción por incumplimiento de normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
1.-Corresponde confirmar que las obligaciones cuyo incumplimiento se imputó a los sumariados tienen claro sustento legal y justifican la aplicación de la sanción, toda vez que las faltas surgen como derivación de obligaciones establecidas en el art. 14 inc. 1) de la Ley Nº 25.246 que establece las facultades de la demandada para solicitar informes y en el art. 24 inc. a) que establece que los sujetos obligados, -como los actores-, deben recabar de sus clientes documentos que prueben fehacientemente su identidad, para realizar sus actividades.
2.-Toda vez que la autoridad administrativa no ha exigido que la empresa, a través de sus órganos, se abstuviera de pagar los premios a los clientes que rehusaban identificarse, sino que lo que tenía que hacer era exigir la identificación de éstos como requisito para el pago de los premios cuyo monto quedaba alcanzado por la reglamentación; tal incumplimiento deriva en la confirmación de la sanción.
3.-Puesto que la obligación de identificar a los clientes que hubieran ganando determinados premios está claramente contemplada en una norma legal (el art. 21 inc. a) de la Ley 25.245), el pago de los mismos sin cumplir con este requisito, resulta ser un incumplimiento evidente que justifica la confirmación de la sanción.
4.-El deber de la empresa de exigir que el cliente se identifique no importa para ella el incumplimiento de obligación alguna de los términos de la concesión otorgada para la explotación de juegos de azar, puesto que no se advierte que dicha obligación fuera de imposible cumplimiento para la empresa, pues los actores interpretan equivocadamente que la empresa podía pagar los premios sin perjuicio de reportar la operación como sospechosa.
5.-Existió negligencia de parte de los actores en el pago de premios sin identificar a sus clientes, y puesto que esto resulta ser un incumplimiento a sus obligaciones frente al organismo demandado, da sustento fáctico al incumplimiento que se le imputa y a la consecuente aplicación de la sanción.
6.-Las objeciones de índole procedimental relativas al sumario que plantean los actores no son procedentes toda vez que las aducidas irregularidades no han tenido incidencia alguna en cuanto al ejercicio del derecho de defensa de los recurrentes; máxime siendo que fue en función de dicho acto que la autoridad administrativa ejerció sus competencias la instructora sumariante, al citar a estar a derecho a todos los involucrados en las infracciones oportunamente detectadas, quienes pudieron presentar sus descargos.
7.-No corresponde admitir la objeción relacionada con la vulneración del principio de congruencia ya que nunca se modificó el encuadre de las irregularidades oportunamente detectadas pues en todo momento, -hasta el trámite sumarial-, se les reprochó la falta de debida diligencia al no identificar a los clientes ganadores de premios superiores a $ 10.000, pagados en determinado período, y la falta de emisión de reportes sistemáticos de operaciones (Anexo IV de la res. UIF Nº 227/2009 ).
8.-No corresponde admitir que haya existido violación del principio de congruencia puesto que los actores fueron sancionados por los mismos hechos que les fueron imputados en el sumario, habiendo podido ejercer su derecho de defensa, más allá de que sus argumentos les hayan resultado ineficaces; y más aun siendo que en modo alguno surge de la resolución que la sanción se debiera al hecho de no reportar ciertas operaciones como sospechosas, ya que ello no había sido objeto de imputación.
I.- Que por Resolución Nº 41/14 la Unidad de Información Financiera dispuso aplicar a HIPÓDROMO ARGENTINO DE PALERMO SA la multa de pesos cincuenta mil, de conformidad con el artículo 24 incisos 2 y 3 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Asimismo, se impuso una multa por ese mismo monto al Sr. Guillermo Miguel ARDISSONE en su carácter de Oficial de Cumplimiento y Director, y a los Sres. Federico Miguel DE ACHAVAL, Néstor Aquilino CAMINO, Andrea Fernanda BESANA, Julio ROSNER y Porfirio CARRERAS en su carácter de Directores de la entidad, de conformidad con el artículo 24 incisos 1 y 3 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, en virtud de haber incumplido las disposiciones contenidas en el artículo 21 inciso a) de la ley mencionada y en la Resolución UIF Nº 227/2009.
Según surge de los antecedentes de la causa, obrantes en el expediente administrativo Nº 1993/2010, y que son relatados en la resolución mencionada, se requirió a la empresa documentación relacionada con la designación del Oficial de Cumplimiento y las políticas y procedimientos adoptados para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Recibida la documentación requerida, el ente de control dispuso la apertura del procedimiento de supervisión. En función de ello, se solicitó al sujeto obligado una serie de documentos indicados en la Nota UIF Presidencia Nº 304/2010, llevándose a cabo el procedimiento mediante la constitución de agentes del ente de control en la sede de la empresa. A ello siguieron requerimientos adicionales de documentación, que fueron respondidos por ésta mediante la presentación de elementos de juicio que fueron agregados a las actuaciones administrativas.
En función de ello, se dictó la Resolución UIF Nº 143/2011, mediante la cual se dispuso la apertura del sumario, en el cual produjeron su descargo tanto el sujeto obligado, como el Sr.ARDISSONE -en su carácter de Oficial de Cumplimiento- y los demás integrantes del Directorio de la entidad, en tanto órganos o ejecutores de la voluntad de ésta. Luego de reseñar los fundamentos de derecho que le sirven de antecedentes, el acto sancionatorio especifica que los hechos investigados fueron los siguientes: a) el incumplimiento de la debida diligencia respecto del cliente por no haber identificado a aquellos ganadores de premios por sumas iguales o superiores a $ 10.000 (pesos diez mil), que fueron pagados durante el período comprendido entre los meses de septiembre de 2009 y julio de 2010; y b) deficiente conformación de la Base de Datos de Operaciones por no contar con los datos identificatorios de los clientes y, consecuentemente, la falta de emisión de los Reportes Sistemáticos de Operaciones previstos en el Anexo IV de la Resolución UIF Nº 227/09.
En el acto ahora cuestionado se analizan los argumentos esgrimidos por los sumariados en su defensa. Estos habían alegado, respecto del primero de los cargos formulados, que informaron todos los premios mayores a $ 10.000 pagados durante el período investigado, incluyendo los datos de los clientes en su poder. En los casos en que el cliente no era identificado, se le tomaba una fotografía. Los sumariados señalaron que en ciertos casos los clientes se negaban a proporcionar sus datos identificatorios, no obstante lo cual su parte no podía negarse a abonar una apuesta ganada, pues ello hubiera implicado tanto el incumplimiento de la concesión otorgada por el Estado nacional como del contrato de juego celebrado con el apostador.Asimismo, los sumariados señalaron que, al no contar con los datos identificatorios de los clientes, no se pudo confeccionar adecuadamente la Base de Datos (Registro de Operaciones), que es el otro incumplimiento que se les reprocha.
El organismo de control hizo notar, sin embargo, que el Anexo I, Capítulo V, punto 1 de la Resolución UIF Nº 227/09 exige que para detectar operaciones inusuales y sospechosas en el ámbito de los juegos de azar, cada sujeto obligado debe diseñar mecanismos de control que le permitan alcanzar un conocimiento adecuado de los ganadores de los premios, previéndose que, como mínimo, debe tenerse en cuenta la identificación del cliente ganador y la predisposición de éste a suministrar la información que le sea solicitada. Además, el organismo de control observó que el propio Capítulo V, punto 3 del Anexo mencionado establece que la inusualidad o sospecha de la operación puede estar fundada cuando el cliente se niegue a suministrar la información que le solicita el sujeto obligado, intente reducir el nivel de la información ofrecida al mínimo u ofrezca información engañosa o que es difícil de verificar.
A la luz de estas obligaciones, el organismo consideró que era procedente reportar como sospechosas las operaciones de aquellos clientes que se negaban a ser identificados, conforme lo establece el Capítulo VI, punto 1 del Anexo I citado. Observó que de este modo el sujeto obligado habría evitado incurrir en los otros incumplimientos que aduce, ya sea respecto de Lotería Nacional (otorgante de la concesión), como de sus clientes (vinculados por el contrato de juego).
Por otra parte, el acto impugnado se refiere a la responsabilidad de los otros sumariados, en tanto que integrantes del Directorio de la empresa y ejecutores de la voluntad social de ésta. Al respecto, se observó que la omisión de estos últimos resultaba clara, en la medida en que, en razón de los cargos que detentaban al momento de los hechos investigados, no podían alegar que los desconocían.Ello, debido a que “el ejercicio de sus funciones determinaba que debían tomar la correspondiente intervención no sólo para evitar que los desvíos normativos se [produjeran], sino incluso adoptar medidas para reencauzar la situación y subsanar esos eventuales apartamientos. Y que en las deficiencias organizativas que ocasionaron tal estado de cosas involucra necesariamente a quienes ostentan poder decisorio respecto de la organización de la entidad, como así también a quienes son responsables directos de las áreas comprometidas, esto es, los integrantes del directorio de la entidad” (fs. 1915 del expediente administrativo). En consecuencia, concluyó que también existía responsabilidad de parte de estos últimos.
Por último, el acto administrativo abordó la situación del oficial de cumplimiento, a quien compete velar por la observancia e implementación de los controles necesarios para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Al respecto, consideró que, con arreglo a las probanzas obtenidas en la causa, el nombrado no había dado cumplimiento a la normativa en esta materia.
En función de ello, y luego de destacar que en el sumario se había respetado el debido proceso de los imputados, se consideró que las conductas de éstos encuadraban en el artículo 24 incisos 1, 2 y 3 de la Ley Nº 25.246, lo cual tornaba procedente aplicarles una sanción de multa.
II.- Que contra el acto administrativo sancionatorio el letrado apoderado de HIPÓDROMO ARGENTINO DE PALERMO SA, y de los Sres. Federico DE ACHAVAL, Guillermo Miguel ARDISSONE, Néstor Aquilino CAMINO, Julio ROSNER, Porfirio CARRERAS y Andrea Fernanda BESANA, interpuso el recurso previsto en el artículo 25 de la Ley Nº 25.246, cuestionando la legitimidad de la medida.
En primer lugar, se refiere al contenido de la resolución atacada, para luego pasar a desarrollar los fundamentos en base a los cuales considera que ésta es ilegítima. Reseña los antecedentes del sumario, las defensas expuestas por su parte en el descargo y las pruebas producidas, las que considera que fueron ignoradas por el ente de control.Considera que tanto la empresa como su Oficial de Cumplimiento y los Directores demostraron sus dichos. Señala que el Reporte Sistemático Mensual no está previsto como una obligación legal, toda vez que no se encuentra contemplado en la Ley Nº 25.246, sino en una resolución de la UIF. A su entender, este organismo “debería recolectar datos personales sin una investigación en curso iniciada por un Reporte de Operación Sospechosa o una declaración voluntaria, ya que la Ley Nº 25.246 únicamente le permite iniciar una investigación en estos últimos dos casos [.]” (fs. 6 vta.). De ello infiere que “la UIF no puede utilizar los datos obtenidos por medio del Reporte mencionado para imputar un incumplimiento a un sujeto obligado” (fs. 6 vta.). Por otra parte, considera que no existe en la Resolución UIF Nº 227/2009 alguna pauta objetiva en cuanto a la información que debe su parte solicitar a su cliente. Destaca que su parte presentó ante la UIF los procedimientos de control implementados, y que no fueron objetados, y además afirma que se sacaban fotografías a aquellos clientes que se negaban a identificarse.
Específicamente invoca una violación del principio de congruencia. Ello, en tanto se imputó a su parte falta de debida diligencia por no haber identificado a los ganadores de premios de montos elevados y por deficiencias en la Base de Datos de Operaciones por no contar con los datos identificatorios de clientes y, por consiguiente, la falta de emisión de Reportes Sistemáticos de Operaciones. Sin embargo, observa que en el acto administrativo impugnado se sostiene que, si su parte hubiera reportado por sospechosas las operaciones relativas a los premios cuyos titulares se negaban a identificarse, no hubiera incurrido en incumplimiento alguno.Concluye que se atribuye a su parte el incumplimiento de lo previsto en el inciso a) del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y en la Resolución UIF Nº 227/2009, por no haber efectuado reportes de operaciones sospechosas en cada uno de los casos de clientes que se negaron a identificarse, pese a que este hecho nunca fue imputado en el sumario. Por otra parte, señala que la prueba ofrecida revela que su parte adoptó medidas razonables para obtener información de los clientes dentro de los parámetros legales y adecuadas para disminuir el riesgo, de ntro de los usos y costumbres de la actividad de juegos de azar.
En otro orden de agravios se refiere a la prueba producida e ignorada por la UIF. Así, describe la prueba documental relevante para su defensa, mencionando las constancias del sumario (en particular, las que revelarían la presentación de los Reportes Sistemáticos), el pliego de la licitación del Hipódromo Argentino y las Resoluciones LNSE Nros. 99/02 y 97/04, los detalles, explicaciones y aclaraciones de los premios cobrados por los clientes identificados en una planilla de la UIF obrante en el sumario; copias de informes Nosis, copias certificadas de los boletos ganadores de los slots y de turf, comprobantes de adhesión al Programa HAPSACLUB y al servicio HAPSATEL de varios clientes de turf; un acta notarial que constata la existencia de cartelería en todas las cajas existentes en el predio de la entidad, informando al público la necesidad de que se identifiquen al cobrar los premios obtenidos; una copia de una Resolución de la UIF que se refiere a otro sumario administrativo; copias de actas de reuniones de Directorio de la entidad y copias de piezas de otro expediente de la UIF. En cada caso, los recurrentes, por medio de su apoderado, especifican los hechos que se acreditarían con estos elementos de juicio.También se refiere a la prueba informativa recabada en el sumario y examina los testimonios producidos, así como las declaraciones de los sumariados.
A continuación el apoderado de los recurrentes expone las falencias que a su entender presenta la resolución impugnada. En primer lugar, reconoce que el artículo 21 inciso a) de la Ley Nº 25.246 estableció la obligación de los sujetos obligados a recabar documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica y demás datos que en cada caso se estipule, y que puso en cabeza de la UIF la facultad de emitir directivas e instrucciones dirigidas a los sujetos obligados. Observa que dicho organismo de control “no puede desconocer” que el momento de exigir la identificación es aquel en que el cliente se presenta a cobrar el premio y que la Resolución UIF Nº 227/09 -vigente a la época de los hechos investigados- no daba a la empresa “respaldo legal alguno para retener el pago a los apostadores que negaban su identificación”. Afirma que tal obligación existe desde el dictado de la Resolución UIF Nº 199/2011, en su artículo 12 último párrafo, la cual define como “cliente” al apostador que efectúe cobranzas o premios mayores a $ 50.000. Reiteró el argumento -introducido en el descargo- en el sentido de que, si la empresa se negaba a efectuar el pago de un acierto incurría en un incumplimiento del contrato de apuesta frente a los apostadores; en un incumplimiento de las normas que rigen la concesión otorgada por Lotería Nacional Sociedad del Estado; y quedado incursa en la figura de defraudación. En función de ello, sostiene que se los ha sancionado por omitir una conducta que era imposible cumplimiento para la empresa.
Por otra parte, destaca las diferencias entre el texto del artículo 24 inciso 1 de la Ley Nº 25.246 -vigente a la fecha de los hechos imputados- y la modificación introducida por la Ley Nº 26.683.Interpreta, con respaldo en doctrina que citan, que la obligación se refería solamente a reportar operaciones sospechosas. De ello infiere que su parte no incumplió ninguna obligación de informar, y que la UIF reconoce que su parte aportó toda la información y documentación que se le requirió en el transcurso del sumario, “incluyendo los Reportes Sistemáticos mensuales durante el período investigado.
Desde otra perspectiva, plantea la aplicación de los principios del Derecho Penal, dado que no existen diferencias sustanciales entre los ilícitos penales y los ilícitos administrativos, como lo son los que tipifica la Ley Nº 25.246. De allí parte para señalar el principio de que no puede haber responsabilidad sin culpa. Relata que su parte efectuó consultas con “especialistas” que le habrían dicho que la empresa no podía negarse a pagar los premios a los clientes que rehusaran identificarse, ya que de otro modo incurriría en el delito de retención indebida. Luego de invocar la doctrina que estima pertinente, se refiere al principio de culpabilidad y que frente a la duda, debería estarse a favor de su parte.
En ese orden de consideraciones, se refiere a la falta de responsabilidad de los directores de la empresa. Al respecto, señala que el artículo 21 de la Ley Nº 25.246 (según la modificación introducida por su similar Nº 26.683), al establecer que la responsabilidad de informar es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración, consagra a su entender se configura una responsabilidad objetiva, lo cual es incompatible con los principios del Derecho Penal aplicables. Además, sostiene que, a la fecha de los hechos reprochados, no existía norma alguna que indicara que la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima es solidaria, ya que tal obligación se estableció por conducto del Decreto Nº 1936/2010, posterior a tales hechos.También argumenta en base al artículo 20 bis cuarto párrafo in fine de la Ley Nº 25.246 -agregado por la Ley Nº 26.683-, el cual prevé la responsabilidad solidaria e ilimitada de la totalidad de los integrantes del directorio de la persona jurídica por incumplimiento del deber de informar. Al respecto, observa que este deber surge del artículo 21 inciso b) de la ley citada, mientras que en autos se reprocha el incumplimiento del artículo 21 inciso a) “que nunca habla de un deber de informar” (fs. 18). Por otro lado, argumenta en torno a doctrina y jurisprudencia elaboradas en base al régimen penal cambiario, que aplicables en el caso de infracciones como las aquí reprochadas.
En otro orden de agravios, en el escrito recursivo se aducen falencias en la sustanciación del sumario. Así, se señala que tanto la Dirección General de Asuntos Jurídicos como el Consejo Asesor de la UIF entendieron que correspondía iniciar el sumario en relación con la empresa, pero no a persona física alguna, como el oficial de cumplimiento y los directores. Los recurrentes observan que, en cambio, en la Resolución UIF Nº 143/2011 el titular de la UIF dispuso que se realizara el sumario no sólo a la empresa sino también a sus órganos o ejecutores. Sostienen que hubo un apartamiento de los asesoramientos previos al incluir en la resolución de apertura del sumario a los órganos o ejecutores y ampliar la imputación al artículo 14 inciso 1, sin brindar fundamentos suficientes. En función de ello, postulan la nulidad de dicha resolución y de todo el sumario.
También, en orden a los vicios en el procedimiento, cuestionan la resolución sancionatoria en cuanto sostiene que de la base de datos surge que sólo fueron identificados el 8% del total de los ganadores de los premios pagados en dicho período.Al respecto, afirman que no hay impresión documental alguna de la base de datos de la que surja tal extremo, con lo cual “falta en el expediente un elemento respaldatorio fundamental que avale una de las imputaciones efectuadas” (fs. 20). También alegan otras falencias en lo referente al Informe Final de supervisión, el cual está suscripto por una persona que no figura entre las designadas en la Orden de Supervisión Nº 6/2010. Asimismo, siempre desde el punto de vista procedimental, alegan que la imputación al oficial de cumplimiento y a los directores fue realizada por la instructora sumariante, y no por el plenario de la UIF, lo cual es un incumplimiento del artículo 3º de la Resolución UIF Nº 10/2003, y acarrea, según entienden, la nulidad del procedimiento sumarial. Otros argumentos cuestionan que en la resolución impugnada se alude a la omisión de efectuar el Reporte de Operación Sospechosa, lo cual relacionan con el agravio, ya descripto, sobre la violación del principio de congruencia. Asimismo, se agravian también porque no se hizo lugar a la prueba tendiente a establecer si con anterioridad había sido sumariado o sancionado algún director de alguna sociedad anónima y que tal prueba fue desestimada por la instructora sumariante. Añade que debía consignarse la causa del rechazo en la resolución final, lo cual no ha acontecido.
También en la faz procedimental, aducen que la resolución sancionatoria fue firmada un 30 de enero de 2014, cuando la Resolución UIF Nº 249/2012 dispuso la suspensión de los plazos en los sumarios durante el mes de enero y en la feria judicial de cada año.Finalmente, se agravian porque la UIF ha incumplido su deber de confidencialidad, al dar a publicidad la resolución aquí impugnada, en tanto ésta no se hallaba firme.
En función de lo expuesto, hacen reserva del caso federal, ofrecen prueba documental y solicitan se haga lugar al recurso interpuesto, dejándose sin efecto la Resolución UIF Nº 41/2014.
III.- Que previo dictamen fiscal favorable a la admisibilidad formal del recurso (fs. 64), a fojas 65 se corrió traslado de dicha presentación impugnatoria a la demandada.
IV.- Que luego de la incidencia de trámite planteada por esta última a fojas 79/81 -la cual fue resuelta a fojas 131-, a fojas 86/129 contestó la representación letrada del organismo demandado.
En primer lugar, reseña las normas legales y reglamentarias con atingencia al caso de autos. Asimismo, se refirió a los antecedentes del procedimiento de supervisión, que en su oportunidad detectó los posibles incumplimientos y la decisión del titular de la UIF de iniciar la instrucción del sumario, en cuyo transcurso se comprobaron las infracciones y se decidió la imposición de sanciones a los responsables.
En cuanto a los agravios, rechaza la alegada violación del principio de congruencia, dado que las conductas reprochadas son las que oportunamente habían sido imputadas. Sostienen que el razonamiento de su contraria es falaz, pues lo que se reprocha no es el pago de los premios a clientes, sino la no identificación de éstos en casos previstos en la reglamentación.
Por otra parte, rechaza el agravio relativo a la prueba, y sostiene que el recurso judicial directo “sólo puede fundarse en la ilegitimidad de la resolución recurrida y no en otras cuestiones, como sería cuestiones de valoración de la prueba producida en el sumario administrativo” (fs.89 vta.). Sin perjuicio de ello, expone las razones por las cuales la prueba producida en el sumario e invocada en el recurso no resultaba suficiente para desvirtuar los cargos.
Observa que es inexacta la manifestación de los recurrentes en el sentido de que la única obligación de información -al tiempo de acaecidos los hechos- era reportar operaciones sospechosas, ya que los sujetos obligados tenían la totalidad de las obligaciones establecidas en la Ley Nº 25.246, entre las cuales se encontraba la prevista en el artículo 21 inciso a), que sigue vigente. Destaca que los recurrentes “intentan crear confusión”, pues se les reprocha el incumplimiento de esta disposición legal, y no la prevista en el artículo 21 inciso a) (fs. 107 vta.).
En lo que respecta a la aplicación de los principios del Derecho Penal -postulada por los recurrentes-, expone las diferencias entre dicha disciplina y el Derecho Administrativo Sancionador, al que pertenecen las normas aplicadas en el sub lite. Afirma que no se consideró que en el caso hubiera una conducta dolosa, pues, en caso de ser así, el encuadre hubiera sido otro; y que resulta suficiente para aplicar una sanción el hecho de una conducta inexcusable que ha tenido como efecto no cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias, destacando que se trata de infracciones formales.
Desde otra perspectiva, rechaza los agravios relativos a la falta de responsabilidad de los directores de la entidad, mediante consideraciones acerca del funcionamiento de las personas jurídicas a la luz de la Ley Nº 19.550 de Sociedades.
Por último, expone las razones por las que no pueden prosperar los agravios relativos a vicios de orden procedimental.
En función de tales argumentos, solicita el rechazo del recurso y la confirmación de la resolución apelada.
V.- Que en este estado de las actuaciones, corresponde examinar la impugnación deducida por los actores.Debe recordarse -dada la variedad de agravios aducidos contra la validez del acto impugnado- que los jueces no están obligados a seguir todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino que basta con exponer en lo sustancial las razones que justifican la solución del caso (Fallos 301:970; 303:135; 307:951; entre muchos otros).
En ese entendimiento, se formularán algunas observaciones generales en cuanto a los vicios procedimentales aducidos, para luego abordar los aspectos de fondo de la impugnación.
V.1.- En primer lugar, carecen de entidad las objeciones de índole procedimental relativas al sumario, toda vez que las aducidas irregularidades no han tenido incidencia alguna en cuanto al ejercicio del derecho de defensa de los recurrentes.
En efecto, contrariamente a lo afirmado por ellos, no existe contradicción alguna entre el acto administrativo de apertura del sumario y los dictámenes que lo precedieron. Los recurrentes afirman que ello se verifica pues en los dictámenes no se hacía referencia a la imputación a las personas físicas, sino sólo a la empresa. Sin embargo, ese acto administrativo (esto es, la Resolución UIF Nº 143/2011) constituye una derivación de lo hasta entonces actuado en el expediente y no se aparta de los asesoramientos previos. En efecto, la referencia a la persona jurídica en cuyo ámbito se detectaron irregularidades presupone la de las personas físicas que actúan en su nombre, ya que son las conductas (acciones u omisiones) de estas últimas las que se imputan a la persona jurídica, en tanto ésta sólo puede actuar a través de sus órganos. A mayor abundamiento, aun si se aceptara la lectura restringida que hacen los recurrentes de los dictámenes obrantes en el sumario, esto es, el de fojas 420/422 (de la Dirección General de Asuntos Jurídicos) y el de fojas 424 (que se refiere a la intervención del Consejo Asesor), cabe añadir que tales opiniones no son vinculantes (art. 7º inc. d) de la Ley Nº 19.549 y art.16 de la Ley Nº 25.246 -texto según Ley Nº 26.119), ya que la decisión de sustanciar el sumario corresponde al titular de la Unidad de Información Financiera (art. 16 de la ley citada). Esta decisión se materializó a través de la antes mencionada Resolución UIF Nº 143/2011 (obrante a fs. 440/4509), donde claramente se mencionó el posible encuadre de las irregularidades y se hizo notar que éstas eran pasibles de ser analizadas a la luz de las disposiciones del artículo 24 de la Ley Nº 25.246, lo cual está en consonancia con lo señalado en los dictámenes precitados. Esta última norma legal se refiere tanto a las personas que actúan como órganos o ejecutores de una persona jurídica (inciso 1) como a la persona jurídica (inciso 2), de modo que la resolución hizo explícito en su parte dispositiva las personas alcanzadas por el sumario y pasibles de una eventual sanción. La referencia normativa hace perder relevancia a las objeciones de los recurrentes, quienes tomaron efectivo conocimiento del acto de apertura del sumario, sin menoscabo de su derecho de defensa. Por lo demás, fue en función de dicho acto que ejerció sus competencias la instructora sumariante, al citar a estar a derecho a todos los involucrados en las infracciones oportunamente detectadas, quienes pudieron presentar sus descargos. Por otra parte, el agravio de los recurrentes no tiene en cuenta que la imputación no podría hacerla “el pleno” de la UIF, como sostienen, toda vez que la estructura de dicho organismo, al tiempo en que se dispuso la apertura del sumario, había sido modificada por la Ley Nº 26.119, pasando de ser un ente colegiado (arts. 8º y 16 de la Ley Nº 25.345 en su texto original) a ser unipersonal (art. 16 de la ley citada, según la modificación efectuada por su similar Nº 26.119).
En cuanto al argumento relativo a la persona que suscribe el informe final de supervisión (glosado a fs.411/417), quien, según se sostiene en el recurso, no estaría habilitada para ello (v. fs. 20 de los autos principales), sólo cabe observar que, recabada la información por los funcionarios debidamente habilitados -mencionados expresamente en la Orden de Supervisión Nº 06/2010 (fs. 1 del expediente administrativo)-, nada obsta a que otro funcionario elabore con la información así obtenida un informe para decisión de la autoridad competente. Por lo demás, dicho informe debe considerarse emanado del funcionario responsable del área de supervisión que, compartiéndolo en su totalidad, dispuso su elevación (fs. 418 del expediente administrativo); cabe hacer notar que dicho funcionario es uno de los mencionados en la orden de supervisión. En rigor, el planteo en análisis resulta meramente formal y dilatorio; tampoco se advierte de qué modo el derecho de defensa de los recurrentes pudo verse afectado por ese supuesto vicio.
Tampoco tiene relevancia tiene el argumento relativo a la fecha de firma de la Resolución Nº 41/14 (fs. 1902/1921), por cuyo conducto se sancionó a los recurrentes, toda vez que la suspensión de los plazos sumariales a que aluden los recurrentes se vincula con el ejercicio del derecho de defensa, pero no a la posibilidad de dictar actos en el sumario. En el caso, la resolución mencionada fue notificada a los recurrentes cuando tales plazos se habían reanudado. Tampoco se advierte -ni los recurrentes lo explican- cuál es el perjuicio derivado de la fecha de suscripción de ese acto administrativo.
Los recurrentes plantean otra objeción que apunta a los aspectos formales, relacionada con la vulneración del principio de congruencia. Ello, en tanto, según entienden, en los fundamentos del acto se les reprocha no haber informado como sospechosas las operaciones de aquellos apostadores que no se identificaban, cuando en realidad, el cargo se refería al hecho de no identificar a los ganadores de premios. Se trata de una objeción más aparente que real, pues nunca se modificó el encuadre de las irregularidades oportunamente detectadas.Específicamente se reprochó a los sancionados la falta de debida diligencia al no identificar a clientes ganadores de premios superiores a $ 10.000, pagados entre septiembre de 2009 y julio de 2010 y la deficiente conformación de Base de Datos de Operaciones por no contar con los datos identificatorios de los clientes y, consecuentemente, la falta de emisión de reportes sistemáticos de operaciones (Anexo IV de la Resolución UIF Nº 227/09). Estos cargos se mantuvieron en el trámite sumarial, fue sobre esa base que los imputados presentaron sus descargos y por esos mismos cargos se impusieron las sanciones que ahora se cuestionan.
Los recurrentes habían aducido en su descargo -y lo reiteran en su escrito impugnatorio en esta sede- que no podían negarse a abonar un premio, aun cuando el cliente rehusara identificarse. Frente a ello, la autoridad administrativa sostuvo que, con arreglo al punto 1 del Capítulo VI del Anexo I de la Resolución UIF Nº 227/09, el sujeto obligado tenía la oportunidad de reportar la operación como sospechosa. Pero ello no significa que se reproche a los recurrentes la omisión de reportar operaciones sospechosas, sino que tal consideración fue formulada frente a una defensa esgrimida por ellos en sede administrativa. En otras palabras, los recurrentes plantearon un dilema: no pagar los premios a los clientes que rehusaran identificarse -en cuyo caso incurrían en un incumplimiento de las normas que rigen la concesión otorgada por Lotería Nacional Sociedad del Estado; o bien pagar los premios a tales clientes -en cuyo caso incurrían en un incumplimiento de las normas relacionadas con la prevención del lavado de activos. El argumento contenido en la resolución impugnada pone a las claras que tal dilema no existía: el sujeto obligado tenía la oportunidad de cumplir todas su s obligaciones (pagar los premios y, en los casos de sujetos que no se identificaran, reportar la operación como sospechosa).
Por consiguiente, no ha existido violación del principio de congruencia:los ahora recurrentes fueron sancionados por los mismos hechos que les fueron imputados en el sumario, habiendo podido ejercer su derecho de defensa, más allá de que sus argumentos hayan resultado ineficaces. En modo alguno se desprende de la resolución que la sanción se debiera al hecho de no reportar ciertas operaciones como sospechosas, ya que ello no había sido objeto de imputación.
V.2.- Despejadas las cuestiones formales, se estima que lo central radica en determinar si los cargos se encuentran configurados. Los recurrentes no aportan elementos de juicio que permitan rebatir la postura sostenida por la Administración.
V.2.1.- Sin embargo, conviene aclarar en forma preliminar que la demandada incurre en un error, al interpretar que la revisión judicial a que se refiere el artículo 25 de la Ley Nº 25.246 se limita a la resolución que puso fin al sumario, ya que los actos dictados en el transcurso de su sustanciación forman parte de la causa del acto administrativo con que finalizó el trámite. Por ende, las irregularidades procedimentales, al igual que las cuestiones de fondo, son susceptibles de control en esta sede, en la medida en que aquéllas hayan incidido en el resultado final del sumario, una vez que se ha dictado el acto administrativo pertinente. Como se señaló precedentemente, en el caso no se advierten irregularidades procedimentales susceptibles de acarrear la nulidad del acto, en la medida en que no se vio afectado el derecho de defensa de los sumariados.
V.2.2.- Señalado ello, debe advertirse que las faltas surgen como derivación de obligaciones establecidas en la Ley Nº 25.246: el artículo 14 inciso 1 (que establece las facultades de la UIF para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento útil para el ejercicio de sus funciones) y el artículo 24 inciso a (que establece que los sujetos obligados -como lo son las personas físicas o jurídicas que en forma habitual explotan juegos de azar [art. 20 inc.3 del mismo ordenamiento legal]- deben recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Esta norma se complementa con la Resolución UIF Nº 227/09, de cuyo Anexo I Capítulo V (punto 1) surge que el monto a partir del cual rige esta obligación de identificación es de $ 10.000. Por lo tanto, las obligaciones cuyo incumplimiento se imputó a los sumariados tienen claro sustento legal.
Por otra parte, el Capítulo IX del Anexo I de la Resolución UIF Nº 227/2009 prevé la obligación de mantener un registro general de ganadores de premios de importes iguales o superiores a $ 10.000. El incumplimiento de esta obligación en forma completa constituyó uno de los cargos imputados. Además, este incumplimiento acarreó una confección deficiente de los Reportes Sistemáticos de Información, los cuales son de carácter mensual y están previstos en la Resolución UIF Nº 227/2009 – Anexo IV. Cabe aquí añadir que el dictado de esta resolución encuentra fundamento de validez en el artículo 14 incisos 7) y 10) y en el artículo 21 incisos a) y b) de la ley citada. De tal modo, el incumplimiento imputado sobre estas bases tiene claro sustento en una normativa que no es objetable desde el punto de vista de su legalidad formal.
V.2.3.- Ahora bien, pese a reconocer que el artículo 21 inciso a) de la Ley Nº 25.246 establecía la obligación de la empresa de recabar información acerca de la identidad de sus clientes, los recurrentes afirman que la Resolución UIF Nº 227/09 -en su redacción vigente en la época de los hechos investigados- no les permitía retener el pago de los apostadores.Es evidente que los impugnantes incurren en una errónea comprensión de lo que se les imputa, error que se aprecia ya en su planteo sobre una supuesta violación del principio de congruencia. La autoridad administrativa no ha exigido que la empresa, a través de sus órganos, se abstuviera de pagar los premios a los clientes que rehusaban identificarse, sino que debía exigir la identificación de éstos como requisito para el pago de los premios cuyo monto quedaba alcanzado por la reglamentación. Esta obligación estaba (y sigue estando) claramente contemplada en una norma legal (el art. 21 inc. a) de la ley), de modo que su incumplimiento es evidente. Como ya se ha visto, el deber de la empresa de exigir que el cliente se identifique no importaba para los recurrentes el incumplimiento de obligación alguna de los términos de la concesión otorgada por Lotería Nacional Sociedad del Estado. Tampoco se advierte que dicha obligación, por la cual se aplica la sanción, fuera de “imposible cumplimiento” para la empresa. Como se indica en el acto, que los recurrentes interpretan equivocadamente, la empresa podía pagar los premios (y evitar los incumplimientos respecto de la concesión otorgada), sin perjuicio de reportar la operación como sospechosa (evitando así incumplir sus obligaciones respecto de la UIF). En cambio, la conducta seguida por la empresa fue la de pagar premios sin identificar a sus clientes, lo cual es indicativo de una negligencia que da sustento fáctico al incumplimiento que se le imputa.
En otro orden de consideraciones, resulta inexacto que el artículo 24 inciso 1 de la Ley Nº 25.246 vigente a la época de los hechos, sólo preveía la obligación de reportar obligaciones sospechosas, a diferencia de lo que establece dicha disposición luego de la modificación introducida por la Ley Nº 26.683.Al igual que en su texto vigente, dicha norma mencionaba como sujeto activo de la infracción a “la persona . que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley” (lo destacado no es del original). En otras palabras, la norma presupone que existen distintas obligaciones de información, las cuales no se limitan a la emisión de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Por cierto, una de ellas era la de identificar a los ganadores de premios superiores a $ 10.000 en el período considerado, para luego informarlo a la autoridad de control, omisión de la que derivó la conformación de la Base de Datos de Operaciones en forma incompleta. Las deficiencias en esta última (por no contar con los datos identificatorios de los clientes) trajo como consecuencia la falta de emisión de los Reportes Sistemáticos de Operaciones (previstos en el Anexo IV de la Resolución UIF Nº 227/09) de manera completa.
Ante la constatación de tales hechos, la empresa (o sus ejecutores) debían acreditar que habían identificado correctamente a todos sus clientes (cuando se trataba de montos superiores a los que indicaba la reglamentación), carga que no cumplieron. En tal sentido, la prueba que mencionan en su recurso no acredita este extremo; la identificación de los clientes sigue estando ausente. Por otra parte, los recurrentes no niegan la omisión, aunque intentan justificarla con el hecho de que no estaban autorizados a negarse a pagar los premios en tales casos. Sin embargo, la autoridad de aplicación en ningún momento reprocha el hecho de que hayan abonado los premios, sino la falta de identificación de los clientes.
No tiene mayor relevancia el agravio relativo a que en el acto sancionatorio se afirme que sólo fueron identificados el 8% del total de los ganadores de los premios pagados en el período infraccional.En rigor, esta afirmación se sustenta en el informe de supervisión, donde se relatan conclusiones obtenidas a partir de la base de datos puesta a disposición de los inspectores de la UIF. Al respecto, cabe observar que tal información procede de un CD entregado por agentes de la empresa recurrente, que fue glosado a fojas 6 del expediente original. En el escrito recursivo no se alega que el dato sea incorrecto, o que la identificación de clientes haya sido completa, sino tan sólo que no se encontrarían glosadas las impresiones correspondientes. En la medida en que no se rebate la conclusión relativa al porcentaje de casos que la autoridad consideró que no se había dado cumplimiento a la obligación de identificar a los clientes, el agravio carece de sustento fáctico y debe rechazarse. Cabe añadir que dicha afirmación de la autoridad administrativa se basa en el contenido de una base de datos aportada en CD por la propia empresa; nada le impedía a ésta aportar a esta sede las impresiones que pudieran demostrar que la afirmación receptada en el acto sancionatorio era falsa o errónea.
También en relación con la prueba, los recurrentes hacen referencia a las constancias del sumario de las que surge la presentación de los Reportes Sistemáticos de Operaciones. Al respecto, cabe aclarar que lo que se reprocha es que tales reportes eran deficientes, esto es, incompletos, pues no contaban con la información identificatoria de los clientes a los que hubieran abonado premios. Es decir, no se reprocha la omisión de presentar tales reportes, sino las deficiencias de las que éstos adolecían, lo cual era plenamente imputable a la empresa o a sus órganos.
En suma, no se advierte de qué modo la prueba producida y supuestamente ignorada por el organismo de control desvirtuaba las dos claras imputaciones que se hicieron a los recurrentes y que finalmente determinaron la aplicación de las sanciones que aquí se recurren.Los elementos recabados en autos revelan que las sanciones tienen suficiente sustento fáctico, sin que las pruebas indicadas tengan entidad para desvirtuar los cargos.
V.2.4.- Por otra parte, una línea argumental contenida en el recurso es la relativa a la aplicación en esta materia de los principios del Derecho Penal, cuestión que los impugnantes relacionan especialmente con el principio de c ulpabilidad. Sobre el particular, cabe recordar que el “Régimen Penal Administrativo” de la Ley Nº 25.246 contiene, en rigor, normas propias del Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los principios penales son aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta factible la transposición automática de los principios y criterios del Derecho Penal (v. en tal sentido, Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí interesa, la aplicación de sanciones a los recurrentes no importa prescindir del principio de culpabilidad, ya que el elemento intencional está presente, al menos a título de culpa o negligencia. Al respecto, observa Nieto que una peculiaridad de las normas administrativas sancionadoras, radica en que la culpabilidad puede configurarse a partir de la diligencia que resulta normalmente exigible a quienes desempeñan en forma habitual determinada actividad (op. cit., págs. 347/348). A ello se añade el carácter formal de las infracciones, en tanto no necesitan ir acompañadas de un resultado lesivo concreto, sino que se conectan a un mero incumplimiento, con independencia de la lesión que con él pueda eventualmente producirse (op. cit., págs. 349/352).
En el caso de autos, los cargos imputados constituyen incumplimientos -cuyo sustento legal ya se ha examinado- que resultan susceptibles de sanción.Desde luego, ésta es aplicable a la persona jurídica, pero también a sus órganos, ya que la voluntad del ente ideal se expresa a través de ellos (como lo es el Directorio). Si bien los recurrentes argumentan en torno a la imposibilidad de penalizar a las personas físicas sancionadas en el acto impugnado, es menester advertir que las acciones u omisiones de aquéllas son indicativas de un obrar negligente. Ello, en tanto los integrantes del Directorio (uno de los cuales es el Oficial de Cumplimiento) debieron adoptar los recaudos tendientes a que la sociedad cumpla la norma que obliga a identificar a los clientes. Aun cuando aleguen haber hecho consultas a profesionales especializados, el error radica en que no se trataba de negar el pago a los apostadores-ganadores de premios (pues, al tiempo de los hechos, ninguna norma exigía tal conducta), sino de exigir su identificación. La situación no es distinta de la de una entidad bancaria, que exige una identificación a las personas a las que debe realizar un pago. Lo cierto es que aquella omisión, que derivó en una deficiente conformación de la Base de Datos de Operaciones y en Reportes Sistemáticos mensuales incompletos, resulta imputable a los órganos-personas físicas cuya actuación se imputa a la persona jurídica. Cabe añadir que, contrariamente a lo sostenido por los recurrentes, la responsabilidad de los directores (uno de ellos, además, Oficial de Cumplimiento) no implica un supuesto de responsabilidad objetiva. Como se ha advertido, son las acciones u omisiones negligentes, imputables a los ahora sancionados, las que hicieron posibles las infracciones.
Al cuestionar la sanción recibida con base en el principio de culpabilidad, los recurrentes critican la norma según la cual la obligación de informar es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración (art.20 bis de la Ley Nº 25.246, texto según la Ley Nº 26.683). En rigor, esta norma no hace sino reiterar un criterio general ya contenido en la Ley de Sociedades Nº 19.550, norma indudablemente aplicable a la sociedad sancionada. Se trata de que los directores asuman en los hechos las responsabilidades inherentes (arts. 59, 269 a 298 de esa ley), proveyéndolos incluso de atribuciones y medios para hacer valer sus protestas u objeciones ante un proceder que importe incurrir en un mal desempeño (art. 174 y 198) (v. en análogo sentido esta Cámara, Sala II, “Transatlántico SA Casa de Cambio y otros c/ BCRA – Resol. 419/11 (Expte. 100661/04 – Sum. Fin 1138)” del 10/07/2012, y sus citas; Sala IV, “Intermutual SA y otros c/ BCRA – Resol. 185/11 (Expte. 100032/01 – Sum. Fin. 1026)”, del 20/10/2013, y sus citas). Por ello, los incumplimientos sancionados se deben a omisiones o cumplimientos irregulares de obligaciones normativamente establecidas, que los recurrentes debieron conocer e impedir, actuando con la debida diligencia, a fin de no incurrir en las conductas que se les reprochan. Ante la inequívoca comprobación de los hechos, no rebatidos en sede judicial, la genérica invocación del principio de culpabilidad no resulta eficaz para excusar las omisiones de actuar imputables a los actores.
Por último, si bien los recurrentes se agraviaron por la denegatoria de prueba tendiente a establecer si se había sancionado a integrantes de órganos de dirección de sociedades, dicho argumento resulta insuficiente para eximirlos de responsabilidad. En efecto, los cargos por infracciones detectadas por el organismo administrativo tienen sustento fáctico suficiente y resultan imputables a los directores sancionados tanto objetiva como subjetivamente (doctrina de Fallos 271:297 y su progenie). En efecto, el ente ideal incurre en incumplimientos como resultado de omisiones negligentes imputables a las personas físicas que integran sus órganos de dirección.El hecho alegado respecto a que no se habría seguido este criterio con anterioridad puede constituir, a lo sumo, una irregularidad administrativa en cuanto al ejercicio de la función de control, pero no exime a los recurrentes de responsabilidad por hechos que les son personal y subjetivamente imputables.
V.2.5.- Por último, los recurrentes se han agraviado del hecho de que la sanción habría sido dada a publicidad antes de que quedara firme, contraviniendo lo normado en el artículo 34 de la Resolución UIF Nº 10/2003, para lo cual acompañan un acta de constatación notarial, glosada a fojas 25/26. Cabe aclarar que la norma citada se refiere a la publicación en el sitio web del organismo del texto de la resolución sancionatoria, lo cual no surge de la constatación notarial efectuada. De todos modos, más allá de la interpretación acerca de la oportunidad en que debía hacerse la publicación del acto, lo cierto es que ello no tiene virtualidad para considerar inválido el acto atacado, el cual -según se ha visto- fue dictado conforme a derecho y no presenta vicios sustanciales que justifiquen su impugnación.
VI.- Que por las razones expuestas, se concluye que el acto administrativo impugnado cuenta con sustento fáctico y normativo suficiente, debiendo destacarse que en el procedimiento sancionador se ha respetado el derecho de defensa de los sumariados. En consecuencia corresponde desestimar el recurso en análisis, con costas a los impugnantes vencidos por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 primer párrafo del CPCCN).
En cuanto a los honorarios de los letrados de la demandada, teniendo en cuenta el monto del proceso, la complejidad del asunto, el resultado obtenido y la calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos (arts. 6, 7, 9, 14 y 37 de la Ley N° 21.839), corresponde regular a las Dras. Mariana Noemí QUEVEDO y María José FERNÁNDEZ en su carácter de patrocinantes, en conjunto, la suma de ($.) y a la Dra.María Celina SCHIAFFINO, en su carácter de apoderada, la suma de ($.). Se deja constancia de que dicho importe no incluye el impuesto al valor agregado, el cual deberá adicionarse en caso de que las profesionales acrediten su condición de responsables inscriptos, y estará a cargo de la recurrente vencida en costas.
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso deducido en los términos del artículo 25 de la Ley Nº 25.246 por HIPÓDROMO ARGENTINO DE PALERMO SA y por los Sres. Guillermo Miguel ARDISSONE -en su carácter de Oficial de Cumplimiento y director de la entidad-, Federico Miguel DE ACHAVAL, Néstor Aquilino CAMINO, Andrea Fernanda BESANA, Julio ROSNER y Porfirio CARRERAS en su carácter de directores de esa misma entidad, y confirmar la Resolución UIF Nº 41/2014; 2) Regular los honorarios de los profesionales de la demandada con arreglo a lo indicado en el considerando VI y con la aclaración allí efectuada respecto del IVA.
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