Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CGC201006080124.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-20 07:52:14
Document Index: 249539451

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 68']

DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 124, de 08/06/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 124
- Informe de fiscalización de la actividad llevada a cabo por la "Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur, S.A." (Seiasa Meseta Sur) desde su constitución en 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000058.) ... (Página 2)
- Informe de fiscalización de los estados contables del ejercicio 2006 de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales o en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
(Número de expediente del Congreso 251/000106 y número de expediente del Senado 771/000106.) ... (Página 7)
- Informe de fiscalización de la Sociedad Anónima Española de Caución Agraria (Saeca), ejercicio 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000061 y número de expediente del Senado 771/000059.) ... (Página 19)
- Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), con objeto de comprobar si se han adoptado las medidas necesarias para corregir las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización de este organismo, correspondiente al ejercicio 1997. (Número de expediente del Congreso 251/000067 y número de expediente del Senado 771/000069.) ... (Página 22)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados en el desarrollo de su objeto social por la entidad SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. (Sepides). (Número de expediente del Congreso 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000038.) ... (Página 28)
- Informe de fiscalización de los convenios de colaboración generadores de gastos suscritos en los años 2004 y 2005 por los ministerios de Fomento y Sanidad y Consumo con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado. (Número de expediente del Congreso 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000045.) ... (Página 28)
- Informe de fiscalización del organismo autónomo "Parques Nacionales", ejercicio 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000058 y número de expediente del Senado 771/000060.) ... (Página 28)
- Informe de fiscalización de las actividades y servicios de mataderos, mercados y lonjas centrales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000061.) ...
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR LA "SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE LA MESETA SUR, S.A." (SEIASA MESETA SUR) DESDE SU CONSTITUCIÓN EN 1999 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000058.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a comenzar la reunión de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas convocada para el día de hoy.
En primer lugar, quería solicitar a SS.SS. y también al presidente un cambio en el orden del día, de manera que pudiéramos comenzar con el punto 2º del mismo, que sería la presentación por parte del presidente del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización de la actividad de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur, Seiasa, desde su constitución en 1999 hasta diciembre de 2004. Si SS.SS.
lo aprueban, así lo haríamos. (Pausa.)
Señor presidente, si no tiene inconveniente, empezaríamos con la presentación del punto 2.º Tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, este informe a que se refiere el punto 2º del orden del día fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas en su reunión del 25 de septiembre de 2008. Esta fiscalización se efectuó a iniciativa del tribunal y tuvo como objeto el análisis de las actividades realizadas por la sociedad, examinando sus procedimientos de gestión y la aplicación de los recursos
aportados por el Estado y la Unión Europea a través del Fondo europeo de orientación y garantía agrícola, Feoga, así como la ejecución de los programas de inversión. La sociedad se constituyó en diciembre de 1999, siendo su único accionista el Estado a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Su actividad principal consiste en la promoción, contratación y explotación de las obras e infraestructuras concretas de modernización y consolidación de regadíos incluidas en el Plan nacional de regadíos y declaradas de interés general en las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Como principales conclusiones podemos destacar las siguientes. Al final del periodo fiscalizado tenía encomendada la promoción de 106 actuaciones sobre las que había suscrito 30 convenios con las comunidades de regantes o usuarios por un importe de 333 millones de euros, que habían originado la adjudicación de obras por 145 millones. Para las restantes 76 actuaciones encomendadas, con una inversión estimada de 1.097 millones de euros, aún no se habían firmado los pertinentes convenios. Estas referencias vienen a revelar las significativas discrepancias observadas entre los planes de actuación plurianual y los planes especiales de seguimiento y control.
La financiación media prevista en los convenios firmados para la ejecución de las obras correspondía en un 43 por ciento a recursos propios de la sociedad, que debía aportar 143 millones de euros, es decir, el 33 por ciento, por importe de 110 millones, a los usuarios en concepto de anticipo de tarifas durante la ejecución de las obras y los restantes 79 millones a fondos comunitarios. Estos importes se vieron modificados posteriormente mediante adendas a los convenios reguladores, variando el coste total de la inversión y modificando el porcentaje que representaba la financiación anticipada por los regantes o usuarios. Los periodos de carencia para el cobro a los regantes pactados en los convenios y el modo en que se llevó a cabo su aplicación también contribuyeron a que la sociedad financiase más de un 50 por ciento del coste total de las inversiones realizadas. Otro factor influyente en la recuperación de la inversión realizada fue el dilatado periodo transcurrido, en ocasiones superior al año, desde la finalización de las obras hasta la suscripción del correspondiente convenio de explotación con las comunidades de regantes o usuarios. Asimismo, la sociedad demoró la remisión de la documentación necesaria al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la solicitud de las subvenciones europeas, lo que retrasó considerablemente su percepción.
En cuanto a deficiencias contables, el reflejo de las operaciones de inversión en obras no se ajustó debidamente a la situación real de las infraestructuras y, además, afectó al resultado económico del periodo, ya que continuaban figurando como inmovilizado en curso hasta la firma del convenio de explotación, cuya demora ya se ha comentado, demora que implicaba retrasar el año a partir del que los regantes o usuarios habían de comenzar a abonar sus anualidades, con la consiguiente repercusión en la recuperación de la financiación anticipada.
Seiasa Meseta Sur mantuvo durante el periodo fiscalizado un importe elevado de fondos líquidos como consecuencia de la demora en su aplicación en las obras de modernización y mejora de regadíos. Este exceso de tesorería generó unos ingresos financieros, a través de su inversión en deuda pública a corto plazo, que permitieron que las cuentas de resultados presentaran beneficio en todos los ejercicios.
En cuanto al régimen de contratación, el generalmente utilizado fue el concurso abierto. En los 25 contratos de obras adjudicados obtuvo una baja media del 24 por ciento sobre el precio de licitación, pero finalizadas las obras se pudo constatar que la baja real se situaba en el 6 por ciento como consecuencia de las modificaciones introducidas durante su ejecución. En el informe se deja constancia de que la comisión de seguimiento de las obras adoptó decisiones que afectaban directamente a los proyectos y a las condiciones de los contratos, incorporando modificaciones que no siempre contaron con la aprobación de los órganos competentes de la sociedad ni del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No obstante, los procedimientos de contratación y de seguimiento mejoraron en el ejercicio siguiente a partir de las modificaciones incorporadas por el consejo de administración de la sociedad.
En cuanto a la evaluación medioambiental, Seiasa Meseta Sur carecía de un procedimiento escrito para la tramitación, ejecución de medidas y seguimiento de aspectos medioambientales. La sociedad no disponía tampoco de un sistema de control destinado a registrar los antecedentes y las medidas adoptadas. La dirección ambiental de las obras fue asumida en todos los casos por la dirección facultativa, que, con independencia de la información disponible, no emitía informes periódicos referidos al seguimiento ambiental, y no se tiene tampoco constancia de las medidas que pudieran haberse adoptado en esta materia.
El informe termina, como conocen SS.SS., con una serie de recomendaciones que en síntesis les puedo resumir de la siguiente manera. En primer lugar, la conveniencia de efectuar una adecuada planificación de la financiación de los proyectos, evitando excesos de tesorería y modificaciones sucesivas de los compromisos recogidos en los convenios suscritos. Asimismo, se sugiere y recomienda suscribir inmediatamente los convenios de explotación una vez concluidas las obras, a fin de reducir de este modo la demora observada en la recuperación de las inversiones efectuadas. Igualmente se recomienda adoptar medidas a fin de evitar las frecuentes modificaciones de los contratos celebrados y establecer un procedimiento para la evaluación del impacto medioambiental y la adopción de medidas en esta materia.
Esto es el resumen de este informe. Quedo a disposición de SS.SS. para responder a cuantas preguntas quieran hacerme.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Angulo.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Comenzaré agradeciendo al presidente del Tribunal de Cuentas su presencia en esta Comisión nuevamente, así como el análisis y la exposición detallada sobre el contenido del informe, que nos permite una visión clara de los aspectos más relevantes del mismo.
Estamos ante un informe en el que se analiza, como usted decía, la actividad de una sociedad desde que se creó hasta finales del ejercicio 2004, una sociedad que participa de un tema de tanta relevancia como es la modernización y la conservación del sistema de regadíos vinculado directamente con el Plan nacional de regadíos, dentro de una región especialmente sensible a este tipo de medidas como es la conformada por las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia y Madrid. El Plan nacional de regadíos presentaba tres grandes programas sobre nuevos regadíos, regadíos sociales para pequeñas extensiones y el programa de mejora y consolidación, que es el que suponía un mayor presupuesto.
Me referiré, como hace el informe y como ha hecho usted en su exposición, a la organización y a la actividad en un primer momento, al análisis de la contratación y al análisis de las actuaciones medioambientales. En cuanto al análisis de la organización de la sociedad y de la actividad desarrollada, se observan distintas modificaciones tanto en el organigrama como en la atribución de competencias, así como discrepancias entre el programa plurianual y la información que ofrece el plan de seguimiento y control, lo que nos lleva a pensar en un cierto desorden de gestión y en un cierto desorden en la organización, conclusión a la que se puede llegar también cuando se constata que a finales de 2004 solo se había contratado y ejecutado, como dice la conclusión segunda, el 11 por ciento contratado y el 7 por ciento ejecutado de la inversión estimada.
Termina ese párrafo diciendo que con una inversión estimada de más de un millón de euros que deberían estar ejecutados a finales del ejercicio 2008 aún no se había firmado el convenio con los usuarios.
Podemos decir que la falta de rigor en estas actividades se puede apreciar también en el rechazo a realizar determinados convenios que se suscribieron con las comunidades de regantes y usuarios por renuncia de estos o por carecer de financiación, o bien por no disponer de la declaración de impacto medioambiental, así como la incorporación de sucesivas adendas modificando las cláusulas inicialmente convenidas, anticipando la sociedad más financiación de la prevista y modificando ampliamente los proyectos que previamente se habían diseñado. Al final, las consecuencias financieras de esta ampliación de la financiación se vieron ampliadas por la demora en la suscripción del convenio de explotación con el consiguiente retraso en el cobro de las tarifas convenidas a los usuarios. Esta misma conclusión se observa cuando se constata la demora registrada al solicitar y obtener los fondos europeos destinados a esa actividad o incluso en algún caso en la pérdida de dichos fondos. Los cambios de criterio en la realización de las expropiaciones, la demora en la cesión del inmovilizado a la comunidad de regantes y los excesos de liquidez son todas ellas manifestaciones de que la sociedad no tenía una actividad adecuadamente planificada y que su ejecución no fue rigurosa. También se ha hablado de falta de la debida planificación en la exposición del informe. De hecho, el plan de gestión de tesorería no se aprobó hasta finales del año 2004, lo que propició un mayor descontrol que permitía que se efectuaran pagos duplicados indebidos. Tampoco tuvo una política adecuada de inversiones, como se señala en el informe y como el propio tribunal ha destacado.
En cuanto al análisis de la contratación, sorprende el número de bajas presentadas, con una media de un 24 por ciento sobre el precio de licitación, porcentaje que permite dudar de la adecuada planificación y valoración del proyecto, una conclusión que además se ve ratificada por las modificaciones que posteriormente se incorporan en fase de ejecución y que dejan prácticamente sin efecto la rebaja alcanzada, con la singularidad de que muchas de estas modificaciones se convenían con la comisión de seguimiento, órgano incompetente. Me gustaría preguntarle, señor presidente, si con relación a estas actuaciones se ha derivado o no la exigencia de responsabilidades, puesto que en principio, a nuestro juicio, se trata de actuaciones poco respetuosas y poco acordes con la defensa de los intereses públicos.
En tercer lugar, en cuanto al análisis de las medidas medioambientales, nos habla el informe y usted en su exposición de la carencia de procedimientos por escrito, de la ausencia de documentación, de falta de sistemas de control, de no elaboración de los informes de seguimiento periódicos previstos y de una organización y gestión bastante deficiente.
Decía en su exposición que incluso no hay constancia de medidas en esta materia. Si a eso le unimos el escaso volumen de actividad que se realiza en comparación con la programada, permite plantear y poner sobre la mesa, sobre todo en momentos de crisis, en momentos de reducción de gasto público, la conveniencia de la multiplicación de este tipo de sociedades con la consiguiente multiplicación de centros de decisión y de miembros en los consejos de administración. Un diseño racional del sector público empresarial debería contener cuando menos esta multiplicación de entes y analizar siempre la justificación de los mismos, especialmente en estos momentos.
En conclusión, el informe nos ofrece un retrato, una radiografía de esta sociedad, en la que quedan reflejadas -y termino-, además de un nivel de actividad bastante reducido, múltiples deficiencias tanto en la organización como en la actividad y en la gestión; deficiencias especialmente relacionadas con la tesorería, con la financiación de los proyectos y con su actividad contractual. Constatar esto nos permite afirmar desde el Grupo Popular, al menos al final del periodo examinado, que la
sociedad no ha satisfecho las expectativas surgidas en su creación pese a la importancia que la actividad de dicha sociedad tiene reconocida para una adecuada consolidación del Plan de regadíos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Bienvenido, señor presidente. Intervengo brevemente para manifestar la impresión que me ha causado este informe, que no me ha parecido que deje bien a esta sociedad; creo que su actuación es manifiestamente mejorable. Voy a resaltar algunas cuestiones. En primer lugar, esta sociedad está terminando su actividad, y lo digo porque su ámbito es el Plan nacional de regadíos horizonte 2008, estamos en 2010 y quería saber si usted tiene conocimiento de las previsiones de esta sociedad en cuanto a su duración en el tiempo. En segundo lugar, quería plantearle si tiene conocimiento de los medios técnicos y humanos dedicados a esta sociedad para hacer una evaluación sobre su idoneidad y su actividad. También ha habido algún comentario que me ha chocado y que ha expuesto muy bien la portavoz del Grupo Popular: ¿por qué este nivel tan bajo tanto de ejecución como de contratación y de ejecución de las obras? Sería una de las preguntas que indica una gestión, desde mi punto de vista, bastante ineficiente. ¿Por qué este retraso en remitir esta documentación para solicitar subvenciones europeas? ¿Por qué se da la paradoja de que esta sociedad obtenga el beneficio social a través de la inversión de los recursos no aplicados y no a través de las propias actividades de la empresa? Realmente son cuestiones que llaman la atención. Finalmente, como el informe es bastante claro, tengo que apoyar las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas y manifestar que igual habría que hacer una revisión final de esta sociedad.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señor presidente, sobre todo por la brevedad de la exposición en un informe complicado de más de 90 páginas, por lo que es de agradecer la síntesis que ha llevado a cabo en su exposición. También quiero mostrar mi extrañeza respecto a la intervención de la portavoz del Grupo Popular, pero al mismo tiempo felicitarla por su capacidad de autocrítica ya que ha enjuiciado con dureza la gestión de este organismo, Seiasa Meseta Sur, en función del informe de fiscalización, pero la he visto especialmente dura para un organismo que examina la gestión del Gobierno del Partido Popular, porque básicamente es del año 1999 al 2004, es decir, ha pasado mucho tiempo, y yo esperaba, por tanto, que fuera un poco más benigna y que no concluyera incluso que es un organismo que no ha satisfecho las expectativas para las que se creó en el año 1999. Tengo otra impresión, quizá también desde el conocimiento de este organismo en mi comunidad, muy dada, como saben, al riego, al regadío y al uso racional del regadío y en la que Seiasa tiene un buen prestigio y lo tiene curiosamente entre un sector muy reivindicativo, que tiene problemas y en el que el agua es vital para su supervivencia y su desarrollo económico, y lo que me llega a mí es justamente lo contrario.
Otra cuestión son los aspectos de negociación para los convenios, pero yo no dudaría sobre la utilidad que este organismo ha tenido en la modernización de los regadíos. Es cierto que el informe refleja muchas deficiencias y hay observaciones que hace el tribunal, algunas de ellas discutibles, otras evidentes, pero que también creo que son consecuencia de una sociedad que en todos estos años en que se estaba fiscalizando la gestión ha ido aterrizando sobre la cuestión, conociendo el terreno donde se movía y tratando de ir solucionando los problemas sobre la marcha.
Hemos visto que habla de un manual de procedimientos que la sociedad estableció y ha sido continuamente abierto, permanentemente rectificado.
Sin embargo, hay una cuestión que creo que puede ser discutible en relación con el nivel de ejecución de actuaciones por parte de Seiasa Meseta Sur. Como ha dicho el presidente, la actividad de esta sociedad es la promoción, contratación y explotación de las obras e infraestructuras concretas de modernización y consolidación de regadíos incluidas en el Plan nacional de regadíos y declaradas de interés general. Para la realización de esta actividad la sociedad tiene un convenio marco de gestión directa con el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en aquella época, y los convenios que firma con las comunidades de regantes.
Pues bien, es cierto que todas las obras o proyectos declarados de interés general se han ido incorporando a esa adenda en el convenio con el ministerio. Esas son las 106 actuaciones de que habla el informe; son 106 actuaciones declaradas de interés general, pero no está claro que sea un obligación para la sociedad llevarlas a cabo, simplemente hay una relación de obras declaradas de interés general, de acuerdo con distintas disposiciones y leyes que el Gobierno fue adoptando desde el año 1999.
Además, no solo es que no sea un mal dato sino que además no está en la mano de la sociedad ni del Gobierno que estos proyectos se pudieran llevar a cabo de modo unilateral, porque como todos están en función del convenio a que puedan llegar con los beneficiarios, con las comunidades de regantes, es preciso el acuerdo de las comunidades de regantes. El Gobierno no puede imponer un proyecto o una obra, por más que sea de interés general, sin el concurso y sin la libre voluntad de los que van a pagar las tarifas y van a amortizar las inversiones. Por lo tanto, hasta que no se plantea el convenio con los regantes, con los beneficiarios, es difícil plantear el nivel de ejecución; al menos esta es una posibilidad de contrariedad. De hecho, ni siquiera todo lo planificado, las 106 obras planificadas, las 106 actuaciones, tenía crédito financiero, incluso las propias limitaciones del capital social de la sociedad harían imposible haber llevado adelante estas actuaciones.
Esta es una cuestión de discrepancia, no digo yo que tenga la razón, no digo que tenga la razón tampoco el informe, pero es cierto que hay una discrepancia en el sentido de que muchas de estas obras que incluso estaban planteadas en la adenda fueron rechazadas; algunas comunidades no las quisieron y en otros casos fueron otras administraciones las que asumieron su ejecución.
El informe dice también que algunas de las cuestiones han ido mejorando, especialmente desde el año 2004. Es verdad que examina prácticamente cinco años. Esta sociedad no es única, creo que hay cinco, como ha dicho el presidente, en Extremadura, Madrid, La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía, en fin, hay varias. No tengo del todo claro si se van a fusionar o no en una sola dentro de los planes de ajuste, no lo sé, es probable. En cualquier caso, creo que ha cumplido su papel más allá de los problemas que ha tenido. No me importa que en este caso el arranque haya sido gestión del Partido Popular, pero creo que con el tiempo ha desarrollado una buena labor. De todas formas, es cierto que muchas de las cuestiones aquí recogidas deben ser mejoradas o al menos explicadas convenientemente. Solamente quisiera preguntarle al presidente -creo que también el señor Tuñón lo ha hecho- si ha habido algún seguimiento posterior de la sociedad a partir de 2004, especialmente respecto a algunas observaciones, y si ha habido alguna otra actuación o acción por parte del tribunal más allá de las recomendaciones y conclusiones que se han expuesto.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Muchas gracias, señora Angulo, señor Tuñón y señor Ábalos, por su intervención y por sus preguntas, que trataré de contestar de la manera más breve y clara posible.
En primer lugar, señora Angulo, la desorganización y la falta de ejecución de los convenios están perfectamente reflejadas en el informe. Creo que deja descritas estas circunstancias a las que ha hecho referencia y que demuestran, como decía el señor Tuñón, que este tipo de sociedades son manifiestamente mejorables. Eso no quiere decir que haya que descalificarlas de manera rotunda y tampoco quiere decir que esta reflexión no sirva para saber cuántos entes públicos de esta naturaleza se han multiplicado indebidamente y tendrían que ser objeto de reflexión apoyándonos en estas recomendaciones del Tribunal de Cuentas en estos momentos en que está en cuestión la transformación del sector público.
Es, repito, un pie de verso para pensar y reflexionar sobre esta cuestión, que es muy importante. En todo caso, por lo que se refiere a esta sociedad, su utilidad y su rendimiento quedan reflejados también en el informe en la manera en que hemos dicho. En cuanto a la contratación, las bajas del 24 por ciento vienen a señalar la indebida planificación, sobre todo si después quedan reducidas al 6, y en ese sentido la recomendación que se recoge para atender a esta perfección en la contratación, a la necesidad de tener otras previsiones en cuanto a los distintos contratos, no tengo más que coincidir en la valoración que ha hecho la señora Angulo. En cuanto a las responsabilidades posibles, sometido este proyecto de informe tanto al examen del ministerio fiscal como al Servicio Jurídico del Estado, el ministerio fiscal apreció supuestos de responsabilidad contable en relación con determinadas actuaciones relacionadas con la actividad contractual sobre los que solicitó la remisión de los antecedentes a la sección de enjuiciamiento así como testimonio de las actuaciones practicadas. Según los últimos datos que tenemos de la sección de enjuiciamiento, en relación con este informe se abrieron dos procedimientos de reintegro, uno de los cuales se ha archivado por inexistencia de responsabilidad contable y el otro se encuentra actualmente en fase de instrucción. Cuando termine el procedimiento tendrán ustedes la correspondiente información.
El señor Tuñón me pregunta si tenemos un conocimiento más actualizado, en lo que coincide también con el señor Ábalos. No disponemos de un conocimiento más actualizado, el que va más allá del informe. El tribunal se podrá ocupar de hacer una nueva fiscalización si esta Comisión mixta cree que merece la pena seguir fiscalizando la gestión realizada por este tipo de sociedades. En cuanto a los medios técnicos y humanos disponibles, como siempre, estos datos me gusta más facilitarlos por escrito, señor Tuñón, porque así no cometemos ningún error de apreciación. Como siempre, se le envían con toda puntualidad a la señora presidenta y no creo que en ningún caso haya quedado este tipo de preguntas de datos y cifras sin contestar, pero es costumbre de este presidente, si no tiene los datos precisos, no adelantarlos para no confundir. En cuanto al grado de actividad y los retrasos, etcétera, el tribunal es muy claro sobre estos puntos y no tengo más que referirme a lo que dice el informe. En cuanto a los tiempos de gestión, señor Ábalos, el Tribunal de Cuentas, con la independencia que constitucionalmente tiene y ejerce, no se fija en el color político de los gobiernos que gestionan en cada momento, y por lo tanto me parece muy bien que ustedes, haciendo uso de esa independencia, juzguen la gestión con independencia del color político del Gobierno en los años a los que la gestión se refiere. Hay una buena valoración del sector y eso también trasciende del informe. Me alegro de que el señor Ábalos lo haya destacado porque, efectivamente, no todo es negro ni todo es blanco; hay vetas de buena gestión en estos entes que es necesario también destacar. Es satisfactorio que se diga que la gestión está mejorando. A lo mejor algo ha tenido que ver la fiscalización efectuada. Yo entiendo que sí y por lo tanto apunto la parte de mérito que le pueda corresponder al control como elemento básico de un sistema político y de un sistema democrático.
No se pueden imponer los convenios, efectivamente. El informe deja constancia de las relaciones con las comunidades de regantes y usuarios; entre otras, el cobro retrasado de las cuotas, etcétera, pero todo es, repito, manifiestamente mejorable, como apunté para dar respuesta a una observación del señor Tuñón, y en ese sentido creo que el informe tiene unas recomendaciones que si se siguen también seguiremos mejorando este tipo de entes, les daremos la utilidad que tienen y, sobre todo, haremos que respondan a las necesidades para las que se crearon.
(Número de expediente del Congreso 251/000106 y número de expediente del Senado 771/000106.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a volver, si les parece a SS.SS., al punto 1.º del orden del día, sobre informe de fiscalización de los estados contables del ejercicio 2006 de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales o en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Para ello, y para su presentación, le doy de nuevo la palabra al presidente del Tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, este informe lo aprobó el pleno del Tribunal de Cuentas en su reunión del 25 de febrero de 2010. La fiscalización se llevó a cabo en virtud de lo establecido en la ley orgánica de 2 de julio de 1987 sobre financiación de partidos políticos, que todavía estaba vigente en aquel año y que posteriormente fue derogada por la ley orgánica de 4 de julio de 2007.
Esta fiscalización, de acuerdo con lo previsto en la ley, se extendió a las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados que habían percibido directamente subvenciones para funcionamiento ordinario o para sufragar los gastos de seguridad, así como a las formaciones que han participado indirectamente de las mismas con un importe significativo. No obstante, este ámbito se vio ampliado, por acuerdo previo del pleno del tribunal, a las formaciones con representación en los parlamentos de las comunidades autónomas. En el informe se señala en relación con la formación política Partido Comunista de las Tierras Vascas que se no efectuó ninguna fiscalización, ninguna actuación fiscalizadora sobre los estados contables presentados ante el Tribunal de Cuentas pese a haber recibido subvenciones para funcionamiento ordinario del Gobierno y del Parlamento vasco como consecuencia de su representación en el mismo, ya que dicho partido, como recuerdan SS.SS., fue declarado judicialmente ilegal y obligado a su disolución durante el proceso fiscalizador. La fiscalización tuvo como objetivos principales el análisis de la representatividad de los estados financieros presentados y el seguimiento de los principios del plan general de contabilidad así como el examen del cumplimiento de las obligaciones legales vigentes. Como el informe lo conocen todos ustedes, voy simplemente a hacer un breve resumen de las principales conclusiones de la fiscalización. En relación con determinados aspectos generales, el análisis de la subvención para gastos de seguridad se vio afectado por la falta de desarrollo normativo de determinados aspectos que inciden en la fiscalización, lo que obligó al Tribunal de Cuentas a mantener los criterios seguidos en anteriores ejercicios dirigidos principalmente a precisar los conceptos de gastos que se consideran subvencionables y a determinar el plazo para justificar la aplicación de la subvención.
También es preciso destacar que durante el ejercicio fiscalizado tuvieron lugar las elecciones al Parlamento de Cataluña, celebradas el 1 de noviembre. En el apartado de cada formación política se especifica cómo se ha integrado la contabilidad electoral en la contabilidad anual y, en su caso, las deficiencias detectadas. A efectos de la presente fiscalización y de conformidad con lo regulado en la ley orgánica de 1987 y lo acordado en las resoluciones adoptadas por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, es decir, esta Comisión, se consideró a cada formación política como una única realidad económico-financiera integrada por toda su organización territorial e institucional, con independencia del grado de autonomía funcional que en cada caso se pudiera tener reconocida. Quizá sobre esto pueda haber algún debate, consideración o reflexión, ya que es un tema muy importante. Al igual que en ejercicios anteriores, se solicitó del Ministerio del Interior, de los gobiernos autónomos, de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas y de las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes información sobre las subvenciones otorgadas a las formaciones políticas durante el ejercicio para funcionamiento ordinario. Todas las instituciones respondieron a dicha solicitud, recogiéndose la información en el informe.
En cuanto al endeudamiento y a los saldos bancarios, el informe señala que todos los saldos correspondientes a cuentas de tesorería fueron confirmados por las entidades de crédito o han podido ser comprobados con la documentación bancaria facilitada, y que en relación con las operaciones de endeudamiento todas las entidades con operaciones contabilizadas atendieron la solicitud de información que les fue cursada. En cuanto a la presentación de las cuentas, de conformidad con todo lo expuesto hasta ahora en el informe, el ámbito subjetivo de la fiscalización quedó circunscrito a diecisiete formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados y a catorce formaciones políticas con representación en las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas. Todas ellas rindieron los estados financieros del ejercicio fiscalizado al Tribunal de Cuentas, si bien Coalición Canaria los presentó fuera del plazo legal establecido. Por otra parte, hay que significar que algunas de las federaciones que integran la estructura territorial de Izquierda Unida no presentaron la contabilidad de su actividad, circunstancia que adquiere especial relevancia en el caso de aquellas que tienen representación parlamentaria en el ámbito autonómico y que están en la mente de todos ustedes. En cuanto a la representatividad de las cuentas, la falta de fiscalización de los estados financieros de una parte de las federaciones de Izquierda Unida, como ya he señalado, supuso una importante limitación al alcance de la fiscalización que impidió valorar adecuadamente los posibles efectos sobre las cuentas anuales de dicha formación. Por otra parte, las deficiencias deducidas del examen de la documentación justificativa condicionan la representatividad de las cuentas de la Chunta Aragonesista, también de Izquierda Unida y del Partido Riojano y limitan significativamente su representatividad en el caso del Partido Andalucista. Al igual que en ejercicios anteriores, las cuentas anuales presentadas no recogían con carácter general la actividad económico-financiera completa de la organización local ni la de los grupos de cargos electos en las corporaciones locales, carencia especialmente significativa por lo que se refiere a las cuotas de los afiliados recaudadas en dicho ámbito y a la actividad económica desarrollada en municipios con un importante volumen de población. Por lo que se refiere a la financiación pública otorgada a los partidos políticos para su funcionamiento ordinario en el ejercicio 2006, que es el año al que nos estamos refiriendo -ya llegarán 2007 y 2008, que, por cierto, están en fase muy avanzada, como luego les comentaré-, supuso un total al menos de 193 millones de euros, de los que 3 millones lo fueron en concepto de asignación estatal para gastos de seguridad, otorgada a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados. Además, las formaciones políticas han percibido subvenciones electorales por un total de 5 millones de euros, procedentes del proceso electoral celebrado en el ejercicio fiscalizado y de otros procesos anteriores. De las subvenciones para el funcionamiento ordinario recibidas, 51 millones de euros corresponden a subvenciones otorgadas por las corporaciones locales a los grupos políticos y 5 millones a las concedidas por el Gobierno del País Vasco para el funcionamiento ordinario de los partidos políticos con representación en el Parlamento vasco, recursos no incluidos entre las fuentes de financiación pública numeradas en el artículo 2 de la citada ley orgánica de 1987. En cuanto a la financiación privada, las aportaciones no finalistas recibidas por las formaciones políticas sumaban 11 millones de euros, de los que 9 millones correspondían a aportaciones anónimas. Para estas aportaciones, dada su naturaleza, no se pudo comprobar el cumplimiento del límite individual legal establecido para las aportaciones procedentes de una misma persona, si bien se constató que la cuantía total recibida por cada uno de los partidos no sobrepasó el límite conjunto fijado legalmente para este tipo de aportaciones. Respecto a las aportaciones nominativas, las procedentes de personas físicas alcanzaron un total de 1,2 millones de euros y las de personas jurídicas 0,3 millones. En cuanto al cumplimiento de los requisitos legales, se constató la percepción de aportaciones no ingresadas en cuentas bancarias específicas en cuatro formaciones políticas por un total de 0,3 millones de euros.
Entre las donaciones registradas en la contabilidad de Unión Democrática de Cataluña se constató el registro de un ingreso en caja por importe superior al límite individual legalmente establecido. Asimismo, en las cuentas del Partido Comunista de España y de Ciutadans Partido para la Ciudadanía figuraban donaciones procedentes de personas jurídicas de las que no se aportó el acuerdo del órgano social competente. El Tribunal de Cuentas recuerda en su informe que, de conformidad con el artículo 8 de la citada ley orgánica, dichas infracciones han de sancionarse con multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada, lo que equivaldría a un total de 271.798 euros para Unión Democrática de Cataluña, 18.000 euros para el Partido Comunista y 768 euros para Ciutadans. ¿Quién impone la multa? Es una pregunta que si me la hacen se la puedo contestar. En el caso de Unión Democrática de Cataluña, si bien esta formación indicó que el ingreso correspondía a cuatro donativos diferentes, procedentes de la recaudación efectuada por los responsables de las organizaciones intercomarcales, señalando en nuevas alegaciones que se había modificado su tratamiento contable, el Tribunal de Cuentas, examinando con el rigor con que examina todas estas cuestiones contables, no consideró en el pleno suficientemente acreditado dicho fraccionamiento -no quiere decir que no exista- del ingreso único registrado en caja y el nuevo tratamiento contable. En todo caso, en el procedimiento posterior que se siga -si es que se abre un proceso sancionador- tendrán ocasión estas formaciones de demostrar que los donativos estaban correctamente fraccionados.
Cabe señalar en relación con el Partido Comunista de España, y como información complementaria que, con posterioridad a la aprobación del informe por el pleno del tribunal y su remisión a esta Comisión mixta, la formación política ha facilitado el acta de la junta general universal y extraordinaria de 19 de diciembre de 2006 de la sociedad en la que se acordó efectuar una donación a dicho partido por el importe que figura en la contabilidad presentada. Esta circunstancia no modifica el contenido del informe de fiscalización en cuya elaboración se han respetado, repito, los procedimientos legalmente establecidos ni tampoco invalida el pronunciamiento efectuado sobre esta operación.
Pasamos al endeudamiento. La deuda con entidades de crédito de las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados ascendía, según las cuentas rendidas, a finales de 2006 a 191,1 millones
de euros, de los que 1,5 millones, es decir millón y medio, correspondían a intereses. Por lo que se refiere a los partidos con representación en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, su deuda contable ascendía a 10,2 millones de euros, de lo que la mayor parte era del Partido Andalucista.
En las comprobaciones efectuadas se observaron diferencias entre los saldos comunicados por las entidades de crédito y los importes contabilizados debido principalmente a los intereses devengados por operaciones vencidas y a las operaciones de la organización local no incluida en las cuentas presentadas. Asimismo, se constató la existencia de operaciones no amortizadas en los plazos vencidos. De acuerdo con los estados contables presentados, la deuda vencida total ascendía al menos a 9 millones de euros de principal y a 3 millones de intereses, estando distribuida entre cinco formaciones políticas, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida, Partido Andalucista, PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca y Unió Democràtica de Catalunya.
Por otra parte, se señala en el informe que las formaciones políticas Eusko Alkartasuna y Partido Socialista Obrero Español habían suscrito sendos acuerdos para la negociación de la deuda vencida existente al inicio del ejercicio que representaba en ese momento y para ese año un saldo total contabilizado de 0,9 y 6,7 millones de euros respectivamente.
En ambos casos se dispuso de los documentos suscritos por las entidades de crédito en los que se detallan las cantidades abonadas por las formaciones en concepto de capital y de intereses, pudiendo observar que las cantidades abonadas en todos los casos cubrían el principal de las deudas. No obstante, no se llegaron a conocer los términos de la negociación en los que se pudiera fundamentar el cálculo de los intereses abonados, por lo que no fue posible pronunciarse en el informe sobre la existencia o no de condonación de deuda por intereses ni, en su caso, sobre la razonabilidad de los intereses regularizados al desconocerse el coste financiero devengado. No obstante, en el análisis de la regularización contable de dichas operaciones se observó la existencia de resultados negativos y positivos, correspondiendo estos últimos al Partido Socialista Obrero Español por un total de 1,7 millones de euros, respecto a los que se señala en el informe que dicho registro contable podría dar a entender la existencia de una condonación de intereses, lo que implicaría la correlativa disminución de deuda del partido con la entidad de crédito y, en consecuencia, una mayor disponibilidad de recursos, operación no regulada expresamente en la Ley Orgánica de 1987 sobre financiación de partidos políticos que en ese año estaba vigente.
En cuanto a la restitución de bienes incautados, es un capítulo que también figura en el informe y del que debo hacer un pequeño resumen. En el ejercicio 2006 se continuó con las devoluciones realizadas por el Estado al amparo de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, habiéndose producido una compensación pecuniaria a la formación política Partido Socialista Obrero Español por un total de 4 millones de euros.
En cuanto a las relaciones -y ya voy terminando, señora presidenta y señorías- con sociedades mercantiles y fundaciones, las formaciones políticas como Convergència Democràtica de Catalunya, Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista Vasco mantuvieron en el ejercicio fiscalizado participaciones en diversas sociedades mercantiles -en la mayor parte de los casos por la totalidad del capital social-, cuya actividad principal consistió en la tenencia y administración de bienes inmuebles vinculados al desarrollo de actividades propias del partido, así como, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, también en la gestión inmobiliaria de sedes del partido y explotación de servicios de hostelería. La fiscalización de esta participación en sociedades mercantiles, cuando la participación era mayoritaria y directa, se limitó a comprobar el valor de la inversión de conformidad con los principios contables. A este respecto el Tribunal de Cuentas considera necesario regular estas participaciones y establecer mecanismos de control sobre las mismas, pero de eso hablaremos cuando esa propuesta pueda llegar a la Comisión. Me refiero a la propuesta de reforma de la Ley Electoral y de la de financiación de partidos políticos que preocupa a la Comisión Constitucional y para la que la propia Comisión Constitucional de esta casa nos ha pedido nuestro criterio y nuestras propuestas.
Asimismo se han puesto de manifiesto en los últimos informes las relaciones que la mayoría de los partidos políticos mantienen con diversas fundaciones y en este mismo sentido este informe destaca las operaciones de fondos, la entrega de inmuebles o la existencia de saldos derivados de estas relaciones observadas en diferentes formaciones políticas. El informe termina con una serie de recomendaciones; en síntesis, recuerdo las siguientes. En primer lugar, la entrada en vigor de la nueva Ley de financiación de partidos políticos, que será objeto de evaluación en la fiscalización de los siguientes ejercicios y de comparación con el contenido de la moción elevada a esta Comisión mixta por el tribunal a partir de la cual se formularán las recomendaciones que se estimen pertinentes. No obstante, dado que la subvención para gastos de seguridad continúa incluida en la nueva ley, se reitera la recomendación formulada en informes de ejercicios anteriores de desarrollar normativamente esta subvención, precisando la naturaleza de los gastos y el periodo de devengo y justificación de la subvención otorgada.
Señora presidenta, señorías, muchas gracias por su atención y quedo a disposición de los miembros de esta Comisión para cuantas preguntas quieran hacerme.
La señora PRESIDENTA: Por parte del Grupo Parlamentario Popular el señor Aguirre tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Quedo muy agradecido por la exposición y le solicito que, en nombre de mi grupo, felicite al Tribunal de Cuentas, a su pleno y a sus funcionarios, por el magnífico trabajo realizado
en torno a este documento de casi trescientos folios cuya lectura es francamente dificultosa para alcanzar unas conclusiones. Es lo que voy a intentar en la intervención del Grupo Popular, centrando estas fundamentalmente en lo que creo que también usted en su exposición ha hecho un subrayado especial, que es el capítulo de las deudas con entidades de créditos, el endeudamiento.
Es cierto que según lo que marca la ley de 1987 el objetivo de la fiscalización es amplio, pero también es absolutamente cierto que la ley de 1987, que es la que habilita jurídicamente esta fiscalización, no contempla la posibilidad de que las formaciones políticas puedan renegociar sus deudas financieras con entidades de crédito. Ese es el horizonte -por así decirlo- en el que quiero mover mi intervención, subrayando que la ley de 1987 no permitía a los partidos políticos hacer refinanciaciones o renegociaciones de la deuda y, mucho menos, hacer condonaciones de crédito. Bien es verdad que esa ley fue derogada por la nueva ley de 2007 y que esta tomó efecto jurídico a partir de julio de 2007. Por lo tanto, el ejercicio de 2006 y los anteriores, los de 2005 y 2004, caen de lleno en el mandato legal que establece la regulación de 1987. De aquí sale una de las primeras consideraciones políticas: qué curioso es que la ley de 2007 incluya en su reforma un apartado especial para determinar, definir y habilitar jurídicamente las renegociaciones de créditos. Cabría preguntarse en voz alta si este apartado de la ley estaba redactado a petición de parte, pero eso ya lo diremos más adelante. Ahora nos gustaría, señor presidente, hacer hincapié en el capítulo de endeudamiento.
Nos ha explicado con mucho detenimiento que hay algunos partidos políticos que no cumplen a tiempo la rendición de cuentas y que además de con retraso esa rendición de cuentas llega incompleta. Asimismo nos ha dicho que las cuentas que se rinden, a veces con retraso, están desestructuradas o carentes de documentación básica y nos ha explicado que el tribunal en estos aspectos formales opina que su capacidad está limitada para poder subrayar la bondad o no bondad de la representatividad de las cuentas. Bien, aspectos formales aparte, al Grupo Parlamentario Popular le interesa de suficiente manera hacer una veintena de preguntas, señor presidente, y además tengo el gusto de entregárselas por escrito a efectos de que le sirvan de guión por si considera que a alguna de ellas no corresponde contestarla en este momento por falta de información suficiente o porque necesite recabar algún dato que yo le voy a pedir.
Es verdad que el informe dice que el Partido Socialista obtiene una facilidad por ver disminuido el importe de la deuda vencida de forma significativa. Nuestras preguntas sobre esta facilidad que obtiene el Partido Socialista, que consta en el informe del tribunal, serían varias.
Señor presidente, ¿a cuánto asciende esa llamada facilidad y qué entidades financieras otorgaron esa facilidad al Partido Socialista? Y principalmente, ¿están documentados los acuerdos entre el Partido Socialista y las entidades financieras? Dice más adelante el informe, o se puede deducir del mismo, que el importe de la deuda vencida desaparece de las cuentas de resultados de la contabilidad del Partido Socialista y que, por tanto, aflora en la contabilidad un resultado positivo. ¿Es esto cierto, señor presidente? Porque si es verdad, la pregunta que le queremos hacer a continuación es: ¿el tribunal reconoce, por tanto, que se ha producido una condonación de deuda? A nuestro entender aquí hay un indicio claro de haberse producido una condonación de deuda. Esto es una foto fija del ejercicio del año 2006, pero como lo hemos podido seguir a través de los medios de comunicación y, por qué no decirlo, del repaso y del examen de fiscalizaciones de los ejercicios de 2004 y 2005, le queremos preguntar si al tribunal le consta que en ejercicios anteriores se ha producido esta práctica de facilitar la disminución del importe de la deuda vencida del Partido Socialista. Como parece cierto que ya sucedió en los años 2004 y 2005, nos gustaría saber si el tribunal conoce a cuánto asciende el acumulado de lo que consideramos una figura ilegal practicada a favor del Partido Socialista. Asimismo, como en el caso del ejercicio de 2006, nos gustaría conocer, señor presidente, quiénes eran las entidades financieras que facilitaron estos acuerdos en los ejercicios de 2004 y 2005.
De todo lo que hemos podido leer en esas trescientas páginas, parece que la figura de la condonación de crédito a favor del Partido Socialista no se hace exclusivamente al Partido Socialista, sino que se extiende al Partido Socialista de Cataluña y al Partido Socialista de Euskadi. ¿Es esto cierto, señor presidente? ¿Reconoce el tribunal que estamos ante una financiación ilegal del Partido Socialista, una financiación irregular? ¿Reconoce en las alegaciones que el PSOE ha presentado que se trata de una operación no cubierta por el marco legal? Quiero decir que si el PSOE, en las alegaciones que ha presentado, reconoce que se trata de una operación no amparada en la legalidad vigente en el año 2006. ¿Era consciente el PSOE -en esas relaciones bilaterales que tiene que tener el tribunal con los partidos políticos- de que la legalidad no estaba suficientemente habilitada? Es la pregunta al revés, ¿era consciente de que la legalidad no estaba suficientemente habilitada en la ley? Y una gran pregunta que traemos hoy aquí es: ¿ha existido transparencia para que el Tribunal de Cuentas pueda conocer el detalle y alcance de esas operaciones de condonación de deuda? ¿Conoce el Tribunal de Cuentas el extremo de las negociaciones llevadas a cabo entre el PSOE, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista de Euskadi con las entidades financieras que han accedido a la condonación? ¿Ha tenido el tribunal acceso a la documentación en que se instrumentan las condonaciones sucesivas? ¿Cuál fue realmente el importe condonado, si tenemos en cuenta las condiciones pactadas inicialmente en los acuerdos de concesión de crédito? Es decir, en una póliza de crédito hay un conjunto de condiciones en las que se marcan los plazos de amortización, los tipos de interés del rendimiento del crédito y, por qué no decirlo, los tipos de interés en caso de que se produzcan dificultades de pago, situaciones de impago. Por eso le preguntamos cuál fue realmente el
importe condonado si tenemos en cuenta las condiciones pactadas inicialmente en los acuerdos de concesión de crédito. ¿Ha contabilizado el PSOE en esos ejercicios de 2004, 2005 y 2006 los intereses devengados de conformidad con las condiciones pactadas en los acuerdos crediticios?
Por último, señor presidente, ¿qué responsabilidades son exigibles por el tribunal ante operaciones de financiación irregular como las que estamos hablando? Señorías, si a los años 2004, 2005 y 2006 le sumáramos los intereses pactados en las condiciones financieras de aquellas pólizas de crédito, podríamos estar hablando de que se ha producido aquí una condonación de deuda que superaría los 35 millones de euros. (Rumores.- El señor López-Amor García: ¡Qué barbaridad!)
Las operaciones de condonación de deuda determinan el campo de influencia de aquel que tiene acceso a poder lograrlo, en este caso el Partido Socialista. Al igual que le ocurre a cualquier españolito de a pie, a cualquier familia o a cualquier empresa, como es sabido por todos, que cuando se acercan a una institución financiera obtienen esas mismas facilidades para hacer frente a sus deudas. (Risas.) No tiene ninguna necesidad de afrontar las deudas con políticas de racionalidad en su gasto familiar. No tiene por qué introducir ninguna restricción ante situaciones patrimoniales difíciles. Esto me ocurre prácticamente todos los días cuando voy a pedirle a mi banco que me revise el crédito, siempre tengo la facilidad para que me desaparezcan tanto los tipos de interés devengados como los intereses de demora, como el principal.
(Risas.) Aquí hay un trato claro de favor. Por tanto, a juicio del Grupo Popular la condonación supone una correlativa disminución de la deuda del partido con la entidad de crédito y, en consecuencia, una mayor disponibilidad de recursos, situación prohibida expresamente en la Ley orgánica 3/1987, de financiación de partidos políticos; no está admitida como vía legal de financiación. En conclusión, según entiende el Partido Popular de la lectura de este informe, estamos ante una financiación ilegal del Partido Socialista. Señorías, se le quiera llamar condonación o renegociación, como he podido leer en prensa, ambos términos están expresamente prohibidos en la Ley Orgánica 3/1987. Por eso tengo que hacerle una última pregunta, señor presidente. ¿Qué responsabilidades son exigibles por el tribunal ante operaciones ilegales de financiación de los partidos políticos? (El señor López-Amor García: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: En nombre de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, ante todo quiero agradecer el cambio en el orden del día, así como el informe y el trabajo realizados por el tribunal. Haré una serie de comentarios al respecto, incidiendo en aspectos relacionados con la nueva ley vigente.
En primer lugar, respecto al informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos con representación parlamentaria, el Grupo de Convergència i Unió, al que represento, quiere hacer constar -es importante hacerlo- que se trata del último informe en el que se ha tenido en cuenta la normativa de 1987. Estamos debatiendo un informe cuya normativa ya no rige desde el año 2007. Por tanto, con la debida prudencia y sin minimizar la importancia del informe y su contenido, todo lo contrario, consideramos que es importante conocer la opinión del presidente del Tribunal de Cuentas sobre cómo se está llevado a cabo la adaptación a la nueva normativa por parte de los partidos políticos. Una nueva normativa que introduce cambios importantes y que, al mismo tiempo, refuerza la eficiencia, la transparencia y el control en la financiación y en las cuentas. A diferencia de la regulación de 1987, a nuestro entender excesivamente esquemática, la nueva regulación de 2007 pretende la asunción definitiva por parte de los partidos políticos del ejercicio de la soberanía popular, que exige que el control político de las instituciones elegidas en las urnas corresponda en último extremo al ciudadano. Esto revela indispensable la necesidad de establecer más garantías y más medios para que el sistema de financiación no incorpore elementos de distorsión entre la voluntad popular y el ejercicio del poder político. La financiación de los partidos políticos corresponde a un sistema mixto que recoge, por una parte, las aportaciones de la ciudadanía, y por otra, los recursos procedentes de los poderes públicos en proporción a su representatividad como medio de garantía de la independencia del sistema, pero también de su suficiencia. Con los cambios que incorpora la nueva ley, las aportaciones privadas han de proceder de personas físicas o jurídicas que no contraten con las administraciones públicas, ser públicas y no exceder de límites razonables y realistas. La nueva ley mejora también los mecanismos de auditoría y fiscalización, estando el Tribunal de Cuentas al frente de los mismos y dotándolos de recursos humanos y materiales suficientes para ejercer con independencia y eficacia su función. De ahí, que entendamos necesaria la regulación de sanciones derivadas de las responsabilidades que pudieran deducirse del incumplimiento de la norma reguladora.
La nueva ley pretende conseguir abordar de forma realista, eficiente y con garantías la financiación de los partidos políticos, a fin de que tanto el Estado a través de las subvenciones públicas como los particulares contribuyan a su mantenimiento como instrumento básico de formación de la voluntad popular y de representación política, posibilitando los máximos niveles de transparencia y publicidad y regulando mecanismos de control que impidan la desviación de sus funciones. La nueva ley -insisto- es fruto del requerimiento explícitamente efectuado por esta Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y de las reiteradas recomendaciones de los informes anuales del supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado que, en su sesión de 30 de octubre de 2001, aprobó la moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos para garantizar la suficiencia, regularidad y transparencia de la actividad económica de estas formaciones.
También, en mi grupo parlamentario constatamos cómo de 2005 a 2006 se ha producido una evolución positiva por parte de las formaciones políticas, ya que como comenta el informe ha mejorado la integración de sus cuentas.
Además otros extremos tradicionalmente destacados por el tribunal en sus informes quedan ya subsanados en la medida en que la normativa de 2007 ya aclaró y mejoró tales extremos, como los relativos a la justificación de ingresos, los gastos derivados de la seguridad institucional de las formaciones políticas o la gestión contable de ingresos y gastos, especialmente en lo que se refiere a las donaciones.
Señor presidente, de la lectura del informe puede derivarse la necesidad de incrementar los mecanismos de control de las estructuras territoriales de las formaciones políticas, lo cual, dicho sea de paso, ha de ser facilitado con recursos y con una normativa adecuada y no compleja. El grupo al que represento entiende que la actividad del Tribunal de Cuentas debe ser -como lo es- muy rigurosa. Pero dicho rigor debe seguirse sin perjuicio de trazar también una clara distinción entre posibles deficiencias contables fruto de errores en los que hayan podido incurrir las formaciones políticas y otras actividades caracterizadas por una falta de transparencia. Esperamos que, sobre la base de la nueva normativa de financiación de las formaciones políticas, el Tribunal de Cuentas pueda seguir contando con la colaboración, como no puede ser de otra manera, de todas ellas y, además, con los instrumentos oportunos que le permitan hacer esta clara distinción entre aquello que puede ser fruto del error y aquello que, en cambio, sea desconocido por su opacidad.
Consideramos -y voy finalizando, señor presidente, señora presidenta- que el informe sobre la contabilidad electoral de las elecciones a las Cortes Generales de marzo de 2008 ha sido una buena señal del camino que todas las fuerzas políticas estamos recorriendo desde la aprobación de la nueva normativa en el año 2007. Desde nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que con dicha normativa hemos ganado en claridad, en transparencia, en rigurosidad -para nosotros, principios básicos- y también en mayor eficiencia y en mayor control.
La señora PRESIDENTA: El señor Muñón, por el Grupo Mixto, tiene la palabra.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Me parece que estamos tratando un tema muy delicado por su gran repercusión en la opinión pública. El principio de transparencia creo que es básico en las cuentas de los partidos políticos, porque son la base del funcionamiento democrático por el que se articula la soberanía popular y, por lo tanto, la democracia. Sin embargo, tengo la impresión de que, a pesar de los años transcurridos desde la Ley de Financiación de 1987, parece que el sistema de financiación de los partidos políticos no acaba de resolverse o, dicho de otra forma, son casi permanentes las denuncias por algunas prácticas incorrectas y los procesos judiciales abiertos por presuntos casos de corrupción por financiación ilegal. En estos momentos está abierto el caso Gürtel, que afecta a una presunta financiación ilegal de un partido político en algunas comunidades autónomas, y el caso Pretoria, en otra comunidad. Le hago la primera pregunta, señor presidente -aprovechando, por cierto, esta mención-: ¿Tiene previsto el Tribunal de Cuentas fiscalizar las actividades derivadas de la investigación judicial del caso Gürtel? Creo que estaría justificado hacerlo.
En principio, pienso que si no se asume la trascendencia política y social de estos casos estaremos debilitando la credibilidad de la clase política y, lo que es más importante, de la propia democracia. El buen funcionamiento de la democracia exige la máxima transparencia y control de los partidos políticos y hoy por hoy estos objetivos todavía no se han conseguido. Sé que se puede argüir que en este ejercicio todavía no entró en vigor la ley orgánica de 2007 sobre la nueva financiación de los partidos políticos, pero es que históricamente se están dando una serie de limitaciones de la fiscalización que producen zonas opacas, que, por otra parte, los partidos políticos aprovechan para no hacer un ejercicio de transparencia. El Grupo de Estados europeos contra la Corrupción, Greco, del Consejo de Europa, pone de manifiesto en sus informes lagunas en la transparencia de la financiación de los partidos políticos que no hace más que recoger el informe que en estos momentos usted ha presentado, como son las que afectan a la consolidación de las cuentas de los partidos políticos, la opacidad de las cuentas a nivel local y el poco control sobre las fundaciones y empresas vinculadas a los partidos.
Hecha esta introducción, le planteo la segunda pregunta, una pregunta que ya le hice el año pasado y que es sobre el retraso en este informe. ¿Por qué el informe del ejercicio de 2005, que se aprobó en 2008, y este de 2006, que se ha aprobado en 2010, se han retrasado? En esta Comisión, en abril de 2009, el presidente manifestó que ese año, que ya ha pasado, podríamos tener el informe de 2007. Acaba de decir que probablemente tendremos este año el informe de 2007 y 2008. Simplemente, a mí me gustaría que en esta Comisión se pudiera discutir cuando menos el informe correspondiente al ejercicio de 2007. Le hago una tercera pregunta en relación con el informe del año pasado, en el que se efectuaron algunas comprobaciones específicas sobre la muestra de grupos políticos y sedes locales que se expusieron en un apartado específico del informe. ¿Por qué no se ha realizado esto en este ejercicio?
Pasando al contenido del informe, quiero valorarlo positivamente, porque me parece que es muy importante fiscalizar a 31 formaciones políticas. Es un informe recurrente que pone encima de la mesa todas las cuestiones controvertidas, y yo creo que esto es importante. Nos cita todos los temas que tenemos que corregir, y aquí sí que creo que tiene el compromiso político, creo recordar, de sendas mociones aprobadas tanto en el Congreso como en el Senado de poner en marcha todas las recomendaciones de la Comisión mixta del Tribunal de Cuentas. Usted lo ha dicho muy bien: Hay que señalar puntos débiles y presentar propuestas cuando
terminemos este debate. En primer lugar, en lo que afecta a la representatividad y la consolidación de las cuentas de las formaciones políticas, una de las críticas que hacemos a la cuenta general es que no se presentaron los estados contables, consolidados, la representatividad.
Tenemos que seguir este mismo ejemplo en los partidos políticos; los partidos políticos tienen que presentar sus cuentas, tienen que ser representativas y que afecten a todas las organizaciones que tengan.
Porque desde luego en estos momentos los partidos políticos son opacos a nivel local, nada dicen de los ingresos y gastos de sus sedes locales y hay que recordar que existe un alto grado de financiación que proviene de subvenciones de ayuntamientos y diputaciones -usted lo ha mencionado-, 51 millones de euros, y tampoco olvidemos que en el sector local se han dado muchos casos de corrupción urbanística. Es decir, carecemos de esta información que a mí me parece básica. Y lo que es peor, usted dice en este informe que no se ha observado una reducción significativa del ámbito de la actividad no incluida en los estados financieros. No se avanza en este proceso de consolidación de representatividad de las cuentas de los partidos políticos, es una vía muerta. Desde hace muchísimos años, así como instamos a que esto se produzca en la cuenta general, habría que hacerlo también en lo que afecta a los partidos políticos. Un tema que me parece que usted no ha mencionado pero que hay que corregir y proponer -aunque se cita en el informe- es que en las operaciones de compraventa de inmuebles, que solamente se cotejan a través de las escrituras públicas, se disponga de informes de tasación y que estos sean obligatorios, que acrediten el valor del mercado de los inmuebles a la fecha de realización de estas operaciones.
Otro tema recurrente y que usted ya menciona en sus recomendaciones es el de apoyar el desarrollo reglamentario de los gastos de seguridad.
Quisiera mencionar también dos temas que usted ha citado; uno de ellos es el de las sociedades mercantiles. Es verdad que solamente afecta a tres formaciones políticas, pero, dada la actividad que ejercen estas sociedades -actividades relacionadas con la tenencia y administración de inmuebles o la gestión inmobiliaria de la sede del partido-, parece absolutamente necesario, tal como dice el informe, que estas sociedades estén controladas o estén auditadas y que de alguna forma tengamos información, porque si no se nos escapa una parte muy importante de esta actividad de los partidos políticos. Lo mismo podemos decir de las fundaciones, de las cuales, como el informe reconoce, no se atribuye competencia fiscalizadora y directa al Tribunal de Cuentas, pero el Tribunal de Cuentas reconoce que de estas fundaciones no dispone de documentación que acredite la aplicación real de dichos fondos. Fíjense ustedes a qué se dedican estas fundaciones; no se dedican a dar cursos de formación, se dedican a la concesión de préstamos o subvenciones de funcionamiento, se dedican a la adquisición de inmuebles, se dedican a los ingresos en la fundación de las aportaciones realizadas por los cargos públicos, se dedican a la prestación de avales por parte del partido en operaciones de deuda suscrita por la fundación. Me da la sensación de que este tema también es una vía de escape que habría que corregir.
Estamos con el endeudamiento y el portavoz del Grupo Popular ha hecho una relación muy exhaustiva sobre este tema. Realmente, de este tema ya nos hemos enterado por la prensa, hay muchas preguntas que están respondidas en ella. Es verdad que en principio el informe dice que no es posible pronunciarse sobre la existencia o no de condonación de deuda por intereses y posteriormente viene a decir que parece que la condonación y auditoría ha supuesto una disminución de la deuda del partido, presumiendo que se ha producido esta condenación, que no está expresamente regulada en la Ley de financiación de los partidos políticos. Me interesa muchísimo resaltar el control interno, sobre el que también le pregunté y que se hace expresamente en la ley de 2007. Me parece que es uno de los temas clave. Si los partidos políticos no son capaces de controlar internamente su propia actividad, poco podremos hacer muchas veces en el control externo. Usted podrá emitir una opinión mucho más fundada en el informe de 2007, pero me gustaría saber cuál es su percepción en este informe.
Al hilo de una resolución aprobada en el anterior ejercicio, quería preguntarle si se ha elaborado por parte del Tribunal de Cuentas un plan específico de cuentas para hacer efectivo el cumplimiento de la disposición adicional octava de la Ley orgánica de 2007. Estamos hablando de 193 millones de financiación pública -parte de ella, lo que es la financiación a entidades locales, se la queda el Gobierno vasco- no incluida en la fuente de financiación del artículo 2.º Aquí hay un dato que me gustaría resaltar y es que esta financiación pública se ha incrementado un 4,6 por ciento respecto al año pasado. Ha hablado de las donaciones privadas, las que son anónimas, que en principio en 2007 desaparecerán. Los 10 u 11 millones de estas donaciones privadas seguramente son una cifra modesta en términos comparativos, me imagino que en otros partidos políticos de otros países se darán mucho más, pero creo que esto no excluye que sea transparente y, aunque solo afecte a tres formaciones políticas, me parece que es un tema que se debe corregir.
Hablamos de la deuda de los partidos políticos, me parece que ha dicho que son en total 200,1 millones de euros. Esta deuda se ha incrementado un 29 por ciento respecto a la deuda del año anterior. Es un dato que no digo que cree alarma, pero que hay que tener muy en cuenta. La mayoría de este endeudamiento se ha producido en partidos con representación en el Congreso, que serían de alguna forma los mayoritarios. Teniendo en cuenta la relación entre los partidos del Congreso del año pasado y este año, el incremento ha sido un 32 por ciento. A este respecto, recuerdo que en febrero de 2010 aprobamos una moción en el Senado, uno de cuyos puntos hablaba de la posibilidad de limitar el endeudamiento de los partidos políticos en función de su capacidad o de su dimensión; creo que viene a cuento.
Para terminar, le agradezco toda la información que nos ha suministrado, porque creo que nos hace un perfecto análisis para tomar medidas y que aquí están reflejados todos los puntos controvertidos, e intentaremos evaluar las nuevas recomendaciones que deriven del informe de 2007.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, sea bienvenido nuevamente a esta Comisión y le agradecemos su exposición en este punto concreto del orden del día.
Tengo que empezar mi intervención sobre el informe de fiscalización de los partidos políticos del año 2006 prácticamente con las mismas palabras con las que empecé el año pasado la correspondiente al informe del 2005. ¿Qué es lo que venimos a hacer aquí? Venimos a hacer un primer análisis -después vendrán las propuestas de resolución- de la fiscalización que ha hecho el Tribunal sobre las cuentas de los partidos y a pedir aclaraciones o hacer preguntas al presidente. No venimos aquí a decir qué hace cada cual y cómo lo hace, sino a ver si el Tribunal de Cuentas dice si los partidos en materia de su financiación y de sus cuentas funcionan conforme a la ley, en este caso la ley vigente en 2006, que era una ley bastante antigua, de veinte años atrás, del inicio de la democracia; era una ley del año 1987.
Después de haber oído la intervención del portavoz del Grupo Popular, he de manifestar que el Grupo Socialista no va a seguir en la misma línea del: Y tú más. No vamos a hurgar en las cuentas de otros partidos. En todo caso, creo que el señor Aguirre hoy le ha hecho el trabajo de mañana al inefable Peridis; se verá un lustroso calamar echando tinta para tapar los problemas que algunos tienen, para despistar y que no se vea que sus problemas son quizás en estos momentos mucho más graves que los que se pretende denunciar. Nosotros vamos a hablar de nuestras cuentas, de las cuentas del PSOE, sin ningún problema. Hoy -y el señor presidente lo ha expuesto en su intervención y está en el informe- el PSOE ya no tiene deuda vencida y no pagada, como aparecía en la cuenta de 2005. Ha habido un proceso de renegociación que se hizo tal como está establecido en la disposición transitoria segunda de la nueva ley ahora vigente. Yo quisiera hacer una pregunta retórica a la Comisión: ¿por qué se hacen nuevas leyes? Se supone que se hacen nuevas leyes porque hay un momento en que las antiguas no están adecuadas a la realidad que tienen. La Ley de Partidos Políticos del año 1987 no contemplaba refinanciaciones ni problemas que luego se vio que existían. No me duelen prendas en explicar que la refinanciación de las cuentas del PSOE resuelve un viejo problema que algunos cínicamente obviaron, como quizás en estos momentos, cínicamente también, obvian la necesidad de apoyo de la situación económica que tiene nuestro país. Me estoy refiriendo -y ustedes se acordarán de ello- a la posición que algunos tuvieron en el referéndum de la OTAN del año 1987. Contra lo que era probablemente el sentido común del pensamiento de todos y del pensamiento político de cada cual, unos tuvieron una posición y otros otra, y se siguió adelante. También quiero recordar cuáles eran los tipos de interés en los años ochenta, que no tienen nada que ver con la actualidad, y cómo las renegociaciones se hacen por todo el mundo para adecuar la situación a los nuevos tiempos.
Evidentemente, hay unos acuerdos firmados en su momento, pero las cosas cambian y las renegociaciones, que todos pretendemos y que algunos llegamos a hacer con las entidades de crédito, van en la línea de adecuar la situación a los nuevos tiempos.
Quiero leer la disposición transitoria segunda, que lo dice claramente -y no tengo en estos momentos el recuerdo de que hubiera votos en contra de esta nueva ley que aprobamos en 2007 en el Parlamento español-: Los partidos políticos podrán llegar a acuerdos respecto a las condiciones de la deuda que mantengan con entidades de crédito. Dichos acuerdos serán los admitidos según los usos y costumbres del tráfico mercantil habitual entre las partes y no les serán de aplicación los requisitos y limitaciones establecidas en los títulos I y II de la ley. De tales acuerdos se dará cuenta al Tribunal de Cuentas y al Banco de España. Por tanto, pensamos que podemos presentarnos a la sociedad explicando exactamente lo que hicimos, por qué lo hicimos, cuál fue la causa y que hemos resuelto un problema que el anterior informe del Tribunal de Cuentas decía que no estaba resuelto y que ahora lo está.
Dicho todo esto, vamos al contenido del conjunto del informe. Es la última fiscalización con la vieja ley, luego ya todo se hizo con la nueva ley en vigor y supongo que lo que veremos ya será todo con ella. Hemos de manifestar que el informe prácticamente es un calco del del año anterior, tanto en la presentación como, lo más importante, en los resultados. No se registran avances, excepto en el tema de la deuda vencida y no pagada, y esperemos que la presentación de la fiscalización del año 2007 presente novedades positivas. A tal efecto, señor presidente, le quería hacer la observación de que estaría muy bien que la presentación -me parece ilustrativa- de las subvenciones públicas que está contenida en la página 19 tuviera su correlación con una presentación más o menos similar de las aportaciones privadas que recibe todo el mundo. Lo digo porque, viendo el cuadro de la página 19 de un vistazo, ya no hace falta leerse grandes informes. Si hubiera un cuadro parecido de las aportaciones privadas, probablemente también de un vistazo tendríamos la situación. El conjunto de temas presentados son muy reiterativos: sobre el cumplimiento generalizado de la obligación de presentar las cuentas, sobre el cumplimiento de los plazos -hay alguna mención, como el año pasado, a que algunos se retrasan y que hay algunas carencias, prácticamente las mismas que el año pasado-, sobre la falta de representatividad de algunas cuentas de algunas organizaciones pequeñas y dispersas, no de las más importantes, o sobre el tema de no recoger la organización partidaria local -el
señor presidente ha hecho referencia a ella- de los grupos en las corporaciones locales ni en las derivadas de la representación europea.
Creo, y me gustaría conocer su opinión, señor presidente, que el tema de las subvenciones locales y el de las subvenciones contenidas a los partidos políticos en la Comunidad Autónoma vasca están recogidos en la nueva ley en el artículo 2; después no he sabido ver su desarrollo, pero pienso que los dos temas están ahí. Sobre alguna financiación privada que presenta irregularidades, de mayor o menor tamaño, tal como ha explicado el presidente, y que se han tratado convenientemente, pienso que el informe del Tribunal de Cuentas es una auditoría externa que dice qué cosas han funcionado bien y qué cosas no, explica que hay algunas cosas que no han funcionado, se trata convenientemente y ya está.
Sobre refinanciación de deuda y su resultado contable, señor presidente, me da la impresión de que, es evidente, deriva de los principios de la contabilidad. Si hay una renegociación y había unos intereses imputados y no pagados y se renegocian, la diferencia contablemente tiene que ser un resultado positivo. Otra cosa es si estos intereses no hubieran sido debidamente contabilizados. Tenemos algunas dudas sobre las sociedades mercantiles. A nuestro parecer, puede también estar solucionado con el apartado 2 del artículo 6 de la nueva ley. Nos gustaría saber si, en su opinión, lo recoge completamente o no. Tenemos algunas dudas. Pensamos también que las fundaciones de los partidos políticos y su control está ya contemplado. El informe reitera, como un calco del año pasado, la recomendación final y única, desarrollar la normativa en temas de seguridad. El próximo informe, señor presidente, vendrá ya con la nueva ley. Usted nos apuntó el año pasado que con la nueva ley vendría una evaluación, cito textualmente lo que usted dijo: Se anuncia, por el presidente, que, al efectuarse la financiación del ejercicio en que esta nueva ley sea de aplicación, se evaluará si han atendido las recomendaciones y si han quedado subsanadas, o no, las insuficiencias normativas puestas de manifiesto por el tribunal en la moción de 2001 que fue elevada a las Cortes Generales y de la que parte fundamentalmente la modificación de la ley. La adecuación a la realidad que explicaba antes de por qué se hizo la nueva ley. Por tanto, creo, señor presidente, que estamos en un compás de espera y que con la nueva ley veremos en qué se ha avanzado o qué ha representado la nueva ley.
Para finalizar, quiero hacerle dos preguntas en relación con las resoluciones que esta Comisión tomó el año pasado con el informe de 2005, que eran las referidas al control de las formaciones políticas de ámbito local, de las sedes locales de los partidos y de las subvenciones de las entidades locales. Hicimos referencia en nuestra intervención del año pasado a la dificultad, y el tribunal con buen criterio ha limitado la fiscalización de estas formaciones y desde estos ámbitos a las poblaciones de más de 20.000 habitantes, y me gustaría preguntarle, señor presidente, el posible papel de los OCEX de las comunidades autónomas en estos determinados aspectos o al menos en los dos primeros en el control de las formaciones políticas exclusivas de ámbito local, que puede haber bastantes, y de las sedes locales de los partidos de ámbito nacional. La segunda pregunta, señor presidente, me parece que también la hacía el señor Tuñón, era cómo está la elaboración del plan específico de cuentas, de acuerdo con la disposición adicional octava de la nueva ley, que dice que el Tribunal de Cuentas elaborará en un plazo de seis meses, desde la aprobación de la ley -y la ley se aprobó en 2007-, un plan específico de cuentas para todas las formaciones políticas, de acuerdo con los criterios, etcétera.
Con estas dos preguntas termino mi intervención.
La señora PRESIDENTA: Voy a dar de nuevo la palabra al presidente para que dé respuesta a las cuestiones planteadas. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
Señor Aguirre, ¿quiere un segundo turno o plantea alguna cuestión?
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: En la intervención del portavoz del Grupo Socialista ha habido una afirmación en relación con el debate de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, del año 2007, y me gustaría dejar constancia de que concretamente el Partido Popular, según consta en el "Diario de Sesiones, votó en contra de la disposición transitoria que habilita las refinanciaciones de créditos a partir de julio de 2007.
Quiero que se sepa que ese fue el sentido del voto en expresión de la voluntad de estar en contra de este tipo de operaciones, que se han puesto en marcha en 2007, pero que no estaban habilitadas para la fiscalización de las cuentas de 2006.
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, tiene la palabra para dar respuesta a las cuestiones planteadas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, no creo que sea capaz en estos momentos de dar contestación a todas las cuestiones planteadas. Trataré de contestar las que constituyen denominador común de todos los grupos y dar algunos detalles que podemos dar, porque si tuviese que contestar con el detalle y la extensión que merecen todas sus intervenciones, señor Aguirre, señora Riera, señor Tuñón, señor Mas, igual estaríamos aquí hasta altas horas de la noche, porque, además, el tema lo merece. A mí me conforta mucho entender de sus intervenciones, que este constituye también para ustedes un tema capital, porque es capital en el funcionamiento de un sistema democrático la transparencia en el funcionamiento de los partidos políticos, que, en definitiva, son los actores principales de un sistema plural de libertades. Sin transparencia no hay credibilidad y sin transparencia no hay confianza. Estos son los dos pilares, los dos puntales principales para seguir progresando. Perdón por esta introducción, que a lo mejor es más pretenciosa de lo que yo quería, pero yo tenía que decirlo porque sus intervenciones me han embargado el ánimo de una seria responsabilidad, que es la que en este punto tiene el
Tribunal de Cuentas, no solamente en lo que se refiere a la fiscalización de la actividad ordinaria de los partidos políticos o de la actividad electoral en las campaña electorales, que la tiene, sino también en ser un promotor de la mejora del ordenamiento jurídico, evitando, como es natural, aquellas zonas de opacidad, aquellas zonas de impunidad, que propician estos casos de corrupción, alguno de los cuales aquí se han recordado. Voy a intentar, por tanto, señora presidenta, hacer una intervención que englobe un poco todas las cuestiones que me han planteado y después dar respuesta concreta a algunas de ellas, como he dicho antes.
¿El retraso de 2005, porqué este retraso en el informe de 2006? Pues porque en este control de los partidos políticos, en el que hay dos facetas, como saben, la actividad ordinaria -y este informe es de la actividad ordinaria- y la de las campañas electorales, se nos han cruzado, desde el informe de 2005 hasta aquí, si mal no recuerdo, cuatro informes, que ya están vistos aquí, menos el de las europeas, que son las elecciones autonómicas, las locales, las generales de 2008 y las europeas. Por tanto, el tribunal ha tenido trabajo. Quiere decirse que puede servir esto como explicación de por qué la actividad ordinaria de 2006 ha quedado un poco retrasada. En todo caso, tengo que decir que próximamente se enviarán ya alegaciones en los resultados obtenidos en la fiscalización de 2007 y 2008, en ambos ejercicios ya se han llevado a cabo las comprobaciones programadas y está previsto, por tanto, que este año estén aprobados estos dos informes simultáneamente o con una diferencia temporal muy reducida. Espero que incluso antes de que termine este curso podamos tenerlos aquí; estamos ya en 2009 y ya tenemos un chequeo de lo que ha supuesto la modificación del ordenamiento jurídico, es decir, cómo está funcionando la ley de 2007 respecto a la de 1987, que es a la que hoy tenemos que atender para explicar determinadas irregularidades, que, con arreglo a aquella ley, son plenamente calificadas de irregularidades en el informe.
Voy a adelantar también algo respecto a la ley de 2007. Nos preguntaban si nos satisfacía la respuesta que la ley de 2007 había dado tanto a las mociones que sobre este punto ha presentado el Tribunal de Cuentas solicitando la reforma de la ley de 1987 como a planteamientos que han salido de esta propia Comisión mixta para iniciar el trámite de la modificación legislativa, como también a las distintas propuestas y enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en el debate y en la aprobación de la citada ley. Pues bien, para el Tribunal de Cuentas la ley de 2007 no responde ni mucho menos a lo pretendido por la moción presentada por el Tribunal de Cuentas. Es decir, nos deja bastante insatisfechos. Esta preocupación no es solamente del Tribunal de Cuentas ni significa una pataleta por no habernos hecho totalmente caso, sino que en la Comisión Constitucional hay una subcomisión para la reforma del régimen electoral general que ha enviado al Tribunal del Cuentas un escrito solicitando nuestras propuestas, nuestros criterios para mejorar tanto la legislación electoral como la de financiación de partidos políticos. Tengo que decirles que en el pleno del próximo día 24 de junio la composición de partidos políticos que funciona en el Tribunal de Cuentas presentará -y se va a distribuir mañana a todos los miembros del pleno- unas propuestas que serán debatidas -y supongo que aprobadas por el pleno- en las que se proponen modificaciones tanto respecto al régimen electoral general como a la financiación de partidos políticos. No es el momento de adelantar ahora estas propuestas, porque todavía no sé a ciencia cierta cómo quedarán, pero evidentemente el destinatario de estas propuestas después del día 24 será el Congreso de los Diputados, será la presidenta de esta Comisión quien reciba nuestro escrito. Por lo tanto, le doy una respuesta bastante clara y contundente respecto a si la ley de 2007 resuelve o no todos los problemas que veníamos detectando y considerando en los distintos informes que hemos presentado aquí -y en los que me ha tocado a mí como presidente-, de 2004, 2005 y 2006.
Dicho todo esto, el señor Aguirre ha realizado muchas preguntas -creo que ha pasado de las veinte- que no sé si podré contestar ahora a todas, pero como él ha tenido la amabilidad -y se lo agradezco mucho- de facilitarme la posibilidad de contestar a algunas por escrito, así serán contestadas las que se refieren a la concreción de datos y cifras. Si me permiten, quisiera hacer unas consideraciones generales sobre la financiación de los partidos políticos, sobre las condonaciones en el ejercicio de 2006, sobre el conocimiento de la deuda de los partidos políticos y sobre algunas cuestiones que han planteado -a ver si no me pierdo en los papeles, esto es un pequeño rompecabezas, pero estoy seguro de que al final vamos a resolver el problema- como el Plan de cuentas, que es un tema muy concreto, muy claro y muy importante.
En cuanto a la financiación de los partidos políticos, la ley orgánica de 2007 ha suprimido las aportaciones anónimas. Recuerdo estos datos porque determinan claramente la valoración de este informe, que se parece en su formato al anterior, pero que ya empieza a apuntar cuestiones con la idea de que si aplicásemos la ley de 2007 a lo mejor daríamos otro tipo de conclusiones y de recomendaciones. Recuerdo que respecto a las aportaciones nominativas, las aportaciones máximas han pasado de 60.000 a 100.000 euros y que se ha previsto la posibilidad de financiar a fundaciones vinculadas a partidos políticos hasta 150.000 euros. Señor Muñón, usted hablaba de las fundaciones y de lo que hacen; pues aquí tienen el límite de su posibilidad de financiación. Respecto a las aportaciones de las personas jurídicas, se requiere la aprobación del órgano social correspondiente. Efectivamente, se ha previsto la posibilidad de obtener condonaciones de deuda de las entidades de crédito conforme a los usos y costumbres del tráfico mercantil, pero hay que precisarlo. Creo que esa es una de las recomendaciones que nosotros haremos en esas propuestas que nos ha solicitado la subcomisión dentro de la Comisión Constitucional. En cuanto
a la financiación pública, se ha previsto la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan otorgar también subvenciones para la actividad ordinaria, así como en su caso las corporaciones locales. Es el artículo 2, señora Riera, que usted ha recordado. También contempla como recursos públicos las aportaciones de los grupos parlamentarios y de los grupos de representación en las administraciones locales. En consecuencia -y a ello hacía yo referencia al principio de mi intervención-, no se mantiene la concepción del partido político como unidad económico-financiera ya que deja fuera a los grupos parlamentarios y políticos que podrían contribuir a la financiación de los partidos. Cabe plantear la duda de cómo pueden llevarse a cabo estas aportaciones cuando las mismas están destinadas a su propio funcionamiento. Este es otro dato de por qué no nos satisface la Ley de 2007, y es un dato muy importante, porque, sin unidad económico-financiera, la fiscalización y el análisis de todo el tinglado financiero de los partidos se viene abajo y la transparencia no deja de ser más que una utopía. Asimismo, se ha contemplado un incremento anual de las subvenciones estatales y se ha mantenido la subvención para seguridad sin mejorar el desarrollo normativo de la norma anterior.
Pasamos a las condonaciones a las que voy a responder muy brevemente y sin ánimo de terciar en el debate político. No está dentro ni de mis atribuciones ni tampoco es bueno que el tribunal se meta en estas cuestiones dando opiniones que no pueden nunca superar, ni muchísimo menos, la valoración que de estas cuestiones surgen de los informes, entre otras cosas, porque yo no hablo en nombre propio, sino en nombre del pleno del Tribunal de Cuentas. En el informe se recoge una posible condonación de deuda por parte de las entidades de crédito al Partido Socialista y a Eusko Alkartasuna. La anterior Ley Orgánica de 1987 de financiación de partidos políticos -vigente en el año fiscalizado, como recordaba el señor Aguirre- no contemplaba la posibilidad de condonación de deuda. El Tribunal de Cuentas ha venido diciendo ante estas situaciones que esta operación no estaba contemplada en la normativa de financiación de partidos políticos, y así lo hace también este informe.
La nueva ley orgánica de 2007 admite la posibilidad de la condonación de deudas, que pueden convenirse, como hemos dicho antes, según normas y costumbres del tráfico mercantil, pero no precisa más las condiciones que debieran precisarse para admitir dicha condonación. En relación con esta cuestión, cuando el proyecto de dicha ley orgánica se estaba tramitando parlamentariamente, el Tribunal de Cuentas estimó oportuno remitir a los portavoces de los grupos parlamentarios unas consideraciones entre las que se encontraba la relativa a la condonación de deuda sobre la que literalmente se señalaba lo siguiente, y quiero trasmitirles lo que se decía: Se estima que la revisión de las condiciones de la deuda -tipo de interés, plazos, etcétera- entran dentro de las normas y costumbres del tráfico mercantil habitual dadas las fluctuaciones que el mundo financiero puede presentar. Lo que no parece que pueda ampararse en el tráfico mercantil es la condonación de la deuda, máxime cuando no se establece ninguna limitación ni condición, ni siquiera se exige un plan de saneamiento, una determinada antigüedad de la deuda o un régimen transitorio. Se considera que esta permisividad financiera viene a representar una clara desigualdad en el tráfico mercantil y una merma relevante de la transparencia en la actividad de los partidos políticos, y supone una vía incondicionada e ilimitada a las donaciones de entidades de crédito. El Tribunal de Cuentas considera conveniente -y contesto a las preguntas que me han hecho- revisar el tratamiento previsto de la deuda que los partidos políticos mantengan con entidades de crédito, a fin de que las limitaciones a las aportaciones financieras privadas no se vean eludidas a través de las condonaciones que pudieran concertarse, en perjuicio del principio de transparencia que debe guiar la actividad económico financiera de los partidos políticos.
En relación con estas condonaciones -y ya bajo al terreno-, en el informe se indica que no se venían reconociendo contablemente los intereses devengados tras el vencimiento de la deuda, y asimismo se señala que no se ha dispuesto de los términos en los que se ha llevado a cabo la negociación, cuya conclusión ha sido la aceptación de un importe en concepto de principal y otro en concepto de intereses, resultando este incluso menor que el que había registrado el partido antes de que paralizara la contabilización de dichos intereses. El tribunal no ha efectuado, señores Aguirre, Mas y Tuñón, ningún cálculo del importe al que podría haber llegado esta condonación, dado el largo plazo transcurrido desde la formalización de las operaciones y de la paralización que la operación había mantenido durante muchos ejercicios.
No obstante, algún medio de comunicación llegó a cuantificar este importe en treinta y tantos millones de euros. Rastreando y analizando los informes anteriores y posteriores al que hoy presentamos, cualquiera podría llegar a las soluciones que aquí se han barajado. El informe de 2006 dice lo que dice y además no quiere decir ni una palabra más de lo que dice. El cuadro general de condonaciones que figura en el informe es muy fácil de leer y de entender.
Me dice el señor Aguirre que no se dan nombres de las entidades financieras. (El señor Aguirre Rodríguez pronuncia palabras que no se perciben.) Tiene usted razón, señor Aguirre; ha hecho usted una pregunta, no ha hecho ninguna afirmación. Le tengo que decir que el tribunal nunca da los nombres de las entidades. Si se pide formalmente, el tribunal lo remite. Y sigo diciendo que, respecto al conocimiento de la deuda de los partidos políticos, el tribunal ha analizado la deuda que presentan los estados contables de los partidos. Para contrastar la fiabilidad de los saldos contables se ha solicitado a las entidades financieras información sobre dichas deudas y, al cruzar dicha información con la contabilizada, en ocasiones el tribunal ha detectado diferencias que ha manifestado en los informes de fiscalización, como hace también en este informe. Para completar estas informaciones -y este dato quería darlo y, además, me lo han sugerido las preguntas que me han formulado-, el Tribunal
de Cuentas también solicitó información al Banco de España; información que no fue facilitada, alegando el Tribunal de Cuentas para que fuese facilitada la reserva de la información disponible en su registro. Esta circunstancia se mencionaba también en el documento de consideraciones remitido a los portavoces de los grupos parlamentarios para que lo regularan durante la tramitación de la ley de 2007. Es otro dato que también hay que tratar de modificar en la reforma de la ley de 2007, que creo que es inevitable llevar a cabo. Asimismo, en un proyecto de moción sobre la colaboración que debe prestarse al tribunal en su función fiscalizadora también se aborda tanto la colaboración del Banco de España como de las entidades financieras privadas y proveedores, a fin de que la actuación del tribunal pueda tener la necesaria evidencia sobre la situación financiera de los partidos. En cuanto al volumen total de la deuda de los partidos y su evolución en los dos últimos ejercicios, el cuadro anexo que figura en el informe que todos ustedes tienen es muy claro y muy fácil de entender.
Otro tema por el que me preguntaron tanto el señor Tuñón como el señor Aguirre y los demás es si hay alguna propuesta de sanción para las irregularidades. El tribunal ha acordado en lo que tiene que aplicarse respecto a los ingresos indebidamente percibidos, es decir, la ley de 1987, que son sancionables -como recoge su artículo 8- con el doble de lo recibido indebidamente. Así lo puse de manifiesto con el ejemplo que afectaba a dos formaciones políticas, que efectivamente se trata -y tiene usted razón- de errores de contabilidad, que hay otra clase de errores.
Pero nosotros tenemos que aplicar la legislación en un caso y en otro.
Otra cosa es que efectivamente exista -que tiene que existir- la posibilidad de que en un trámite posterior se pueda demostrar el fraccionamiento de esas cantidades y, por lo tanto, superar esos errores contables que han dado lugar a la propuesta de sanción. La ley de 1987 -y tampoco la de 2007- no desarrolla el procedimiento a seguir en la aplicación de estas sanciones. El órgano que ha aplicado cualquier otra sanción a partir de la propuesta del tribunal siempre ha sido el Ministerio del Interior. Por lo tanto, si no se dice otra cosa, todavía estamos para este caso y para un informe de 1987 en este trámite, en esta posibilidad. La nueva ley de 2007 sí prevé un régimen sancionador para el que ha atribuido competencias al tribunal, pero dicho procedimiento presenta muchísimas dudas en cuanto a su puesta en marcha, que el futuro devenir de los hechos podrá confirmar o no, pero efectivamente sería bueno -y desde luego en nuestras propuestas se va a recoger- que este régimen sancionador tenga una regulación detallada para que sea eficaz.
Me queda algo más por exponer, por lo menos dos cuestiones a las que quiero contestar porque creo que son importantes. Se ha hablado aquí también por el señor Aguirre de la documentación remitida al Tribunal de Cuentas, de si esa documentación es suficiente y de qué tratamiento se le da a esa documentación. Al Tribunal de Cuentas se le ha de rendir el balance, la cuenta de resultados, que son los estados contables habituales, así como la memoria a indicación del tribunal. De hecho, cuando en algún caso no se ha remitido la memoria, se dice concretamente en el informe. Con independencia de esta remisión, el tribunal suele solicitar los libros diario y mayor, así como toda la documentación justificativa que considera necesaria y, de hecho, nuestros auditores -los que hacen el trabajo de campo- se trasladan a las sedes de los partidos para facilitar la entrega de la documentación necesaria para evaluar la representatividad de sus cuentas. No deben ustedes olvidar que los análisis del tribunal son siempre selectivos y siguiendo la técnica del muestreo hasta alcanzar una opinión fundamentada sobre la fiabilidad de los saldos analizados. Entre la documentación que se solicita suelen encontrarse las liquidaciones presentadas a la Agencia Tributaria, así como a la Seguridad Social y ha de señalarse que los partidos políticos están exentos de obligaciones tributarias, salvo las derivadas de actuaciones que no responden a su actividad principal. Digo esto porque ha salido estos días en los periódicos -ustedes no me lo han preguntado, pero yo se lo voy a decir- el famoso documento 347, es decir, la relación de proveedores a efectos del control del IVA. Nos preguntaban por qué el tribunal no había pedido este documento. Este documento se trata simplemente de una obligación a cumplir con la Agencia Tributaria; no responde directamente a la justificación de saldos contables, sino informar a la Agencia Tributaria de la relación de proveedores por encima de un determinado importe. El destinatario propio de dicho documento, por tanto, no es el tribunal, sino la agencia. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los pagos a proveedores pueden haberse llevado a cabo a través de diferentes procedimientos, lo que hace que su utilidad se vea reducida. No hay que ver aquí, en la no petición del documento 347, ningún afán de ocultar ningún dato, sino que sencillamente no se considera necesario para valorar las cuentas de los partidos políticos.
Termino con un tema sobre el que me han preguntado también, el Plan de cuentas. El tribunal tiene actualmente elaborado un documento sobre el marco conceptual de este plan; es más, ya se ha distribuido a todos los consejeros y, seguramente, irá a un próximo pleno. Es el documento básico, pero tenemos que señalar que el tribunal no es el órgano más adecuado para elaborar este plan. No obstante, esta Comisión tendrá plena información sobre los avances en esta materia porque hemos asumido la responsabilidad de elaborarlo y lo tendrán ustedes aquí lo más pronto posible. Diría más cosas, señora presidenta, pero hago gracia a los miembros de esta Comisión porque he hablado demasiado. Quiero prometerles que todas las preguntas que no han tenido respuesta clara y concreta, serán, como siempre, contestadas por escrito.
La señora PRESIDENTA: Gracias, presidente, por la respuesta exhaustiva y abundante que ha facilitado a esta Comisión en un asunto de máximo interés como es de la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA DE CAUCIÓN AGRARIA (SAECA), EJERCICIO 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000061 y número de expediente del Senado 771/000059.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos, si les parece, al siguiente punto del orden del día, sobre el que espero que sea más breve en su presentación, y que se refiere al informe de fiscalización de la Sociedad Anónima Española de Caución Agraria referido al ejercicio 2005.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Este informe fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 25 de septiembre de 2008. La fiscalización fue realizada a iniciativa del Tribunal de Cuentas y tuvo como objetivos el análisis del cumplimiento de la normativa, la reprsentatividad de las cuentas de la sociedad y el examen de su actividad en la gestión de los avales y de los recobros de fallidos del Fondo Asica. Saeca se constituyó en 1987 como sociedad mercantil estatal y al final del ejercicio fiscalizado el 80 por ciento de su capital pertenecía a SEPI y el 20 por ciento restante del Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA. La actividad de la sociedad fiscalizada comenzó en 1988, siendo su objeto social la prestación de avales y fianzas en relación con todo tipo de operaciones destinadas a la financiación de actividades que redundasen en la mejora del medio rural dentro de los sectores agrícola, ganadero, forestal y de industria agroalimentaria, así como del sector pesquero. El real decreto de 1988 estableció la disolución de Asica como consecuencia de la deficiente situación patrimonial por el importante desequilibrio entre riesgos garantizados y recursos propios. Así mismo, autorizó a Saeca la constitución y gestión del Fondo Asica, al que se imputaban los pagos por morosidad producidos por cuenta de los avales Asica, así como los gastos originados por la gestión de su cartera y por el recobro de cantidades en mora. El riesgo asumido desde 1988 ante las entidades de crédito por importe de 73 millones de euros fue totalmente amortizado en 2005. Por lo que se refiere a la administración de la cartera de morosos y fallidos, el número total de expedientes tramitados era de 1035, por un importe total de 14 millones de euros, que en su práctica totalidad correspondían a fallidos.
Principales conclusiones. Sobre los sistemas, procedimientos y gestión de avales, si bien la sociedad disponía de un manual de riesgos y garantías, carecía de un procedimiento escrito sobre el proceso de concesión de avales y su gestión; no obstante, se constató que se habían aplicado criterios uniformes en su tramitación. En lo que respecta a la cuantía de los avales formalizados, la tramitación de las solicitudes, cancelación de préstamos, control y seguimiento de los avales concedidos y su formalización, así como en la cuantificación y registro de los gastos derivados de esta gestión, no se detectaron deficiencias significativas.
Sobre los estados financieros, el informe recoge una opinión favorable a la representatividad de las cuentas del ejercicio fiscalizado en relación con la situación patrimonial y financiera. No obstante, se señala la salvedad de que Saeca adquirió a la Sociedad Nacional de Avales al Comercio un lote de créditos que han permanecido en cartera desde el inicio de sus actividades, pero sin figurar en las cuentas anuales presentadas, considerándose contablemente ingresos extraordinarios los importes recuperados, mientras que las condonaciones efectuadas y las bajas autorizadas por el consejo de administración no han tenido reflejo en la contabilidad. La cuantía de las garantías vivas a final de ejercicio de los afianzamientos otorgados se elevaba a 130 millones de euros, no superando el límite máximo establecido en relación con los recursos propios. Así mismo, la provisión por insolvencias constituida se adecuaba a la normativa aplicable. Por lo que se refiere a la morosidad, es decir, suma de las partidas morosas y fallidas, se constató que estaba integrada a final del ejercicio por un total de 191 expedientes por un importe de 3,5 millones de euros. De estos expedientes, 122 estaban declarados fallidos y se encontraban registrados adecuadamente en cuentas de orden, mientras que los 69 restantes, por 0,8 millones de euros, estaban en situación de mora y correctamente provisionados. El porcentaje de morosidad medida respecto al importe total de los avales formalizados a finales del ejercicio fiscalizado era del 0,7 por ciento. El informe concluye con un apartado de recomendaciones, que hago gracia a los miembros de esta Comisión repetir, todas ellas dirigidas a subsanar las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto en la fiscalización y sobre las que ya hemos hecho referencia. Sometido el proyecto a la consideración del ministerio fiscal y del servicio jurídico del Estado en el Tribunal de Cuentas, ninguno de los dos ha apreciado ningún supuesto de responsabilidad contable. Eso es todo, señora presidenta, señorías.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pastor.
El señor PASTOR GONZÁLEZ: Señorías, ante todo me gustaría comenzar mostrando al presidente del Tribunal de Cuentas mi agradecimiento, así como el de mi grupo político, tanto por su intervención como por la enorme claridad y prolijidad del informe que ha traído hoy a la consideración de esta Comisión. Una vez más resulta muy grato encontrarse con un informe de esta calidad que permite obtener un fiel reflejo de la sociedad que hoy fiscalizamos y en el que de forma sistemática se van desgranando tanto los procedimientos seguidos como la situación económico financiera en que la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, Saeca, se encontraba en el periodo objeto de fiscalización por parte del tribunal. Esta sociedad, que lleva operando más de veinte años, tiene por objeto, tal y como ha señalado el presidente, el de prestar avales y fianzas ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, en relación con aquellas actividades que directa o
indirectamente redunden en la mejora del medio rural, y de forma preferente a aquellas que sean demandadas por pequeños y medianos empresarios y entidades asociativas agrarias. Es decir, su objeto es prestar un servicio a los empresarios agrícolas, en su mayoría particulares o pequeñas empresas familiares, a los que además de financiación Saeca presta toda una serie de servicios asociados, tales como los de asistencia y asesoramiento, tanto jurídico como económico y financiero. Finalmente, Saeca se ha ocupado también de la gestión del fondo de la desaparecida Asociación de caución para actividades agrarias, sobre la que se ha subrogado. Sobre dicho fondo el informe nos señala que se ha amortizado el riesgo asumido ante las entidades de crédito, cuáles son las operaciones que quedan pendientes de gestionar, y cuál ha sido la retribución percibida por Saeca por la administración de los diferentes expedientes. Una de las piezas fundamentales en la actividad desarrollada por Saeca, en mi opinión, ha sido el contrato suscrito con la Compañía Española de Reafianzamiento, Cersa, a través del cual Saeca ha podido disminuir el riesgo de sus operaciones facilitando con ello el acceso al crédito a largo plazo a multitud de pequeños negocios y empresas con proyectos viables y en las mejores condiciones del mercado. Igualmente, juegan un papel fundamental los múltiples convenios de colaboración suscritos por la sociedad, tanto con diferentes entidades financieras para el afianzamiento de las operaciones de crédito por ellas concedidas como con distintas administraciones públicas. Por lo que a la gestión de la sociedad se refiere, el informe presentado por el tribunal recoge un detallado análisis de la misma. De su lectura se puede descubrir que la tramitación de las operaciones es rápida, que la mayoría de los expedientes se resuelven en un plazo inferior a diez días y que el tiempo que dista entre la aprobación y la formalización del aval no supera en la mayoría de los casos los noventa días; que el total de avales formalizados por las sociedades del inicio de sus operaciones es de 24.523; que el importe de los avales formalizados en el ejercicio fiscalizado no superaba las cantidades máximas aprobadas por la junta general y que los avales fallidos, correspondientes a 125 expedientes, sumaban los 2,6 millones de euros a finales del ejercicio fiscalizado. En definitiva, en el informe se nos muestra una gestión documental ordenada y correcta, no detectándose incidencias notables en la concesión de los avales y en la gestión de los mismos, así como una importante agilidad en la resolución de los expedientes.
Por otro lado, por lo que a lo estados financieros de la sociedad se refiere, en el informe presentado por el tribunal se ofrece la oportuna información sobre el significado de cada rúbrica contable, siendo muy reducidas las incidencias detectadas. Al respecto, el tribunal señala que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2005 presentan razonablemente la situación patrimonial y financiera al final del ejercicio, todo ello con independencia de ciertas salvedades relacionadas con el registro de su inmovilizado y su cartera de créditos. En definitiva, en mi grupo político entendemos que se trata de una sociedad que responde adecuadamente a su actividad, apoyando y avalando iniciativas económicas provenientes del mundo rural y permitiendo el acceso al crédito a un buen número de pequeñas empresas agrarias a las que facilita la puesta en marcha de numerosos proyectos, todo ello con independencia de que la entidad deba subsanar las pequeñas deficiencias que han sido puestas de manifiesto por el tribunal. Por tanto, estimo que se puede concluir manifestando la satisfacción que produce encontrarse ante una sociedad y una actividad adecuadamente gestionada y que sirve de apoyo a los pequeños empresarios del sector que, como SS.SS. conocen perfectamente, requiere del máximo apoyo posible, especialmente en unos momentos de crisis y dificultades como los que estamos atravesando actualmente y que, como todos saben, afecta de forma especialmente gravosa al campo español que a lo largo de los dos últimos años ha sufrido una restricción al crédito muy superior a la del resto de los sectores productivos, a pesar de que sus datos de morosidad son inferiores a los de la media nacional.
En todo caso, y ya para finalizar, me gustaría plantearle al presidente del Tribunal de Cuentas dos sencillas cuestiones. Por un lado, me gustaría obtener una valoración del presidente sobre los procesos que el tribunal afirma en su informe que no se encuentran recogidos por escrito, aplicándose, no obstante, según señala el informe y ha señalado el mismo presidente, criterios uniformes. En concreto me refiero al procedimiento para la concesión y gestión de los avales y al procedimiento para la contratación del personal por parte de la sociedad. Me gustaría conocer del presidente al respecto si, en su opinión, sería recomendable que dichos procedimientos fuesen recogidos por escrito por la sociedad.
Para terminar quiero preguntarle al presidente si el tribunal ha tenido la oportunidad de actualizar su información, si conoce si se han puesto en marcha las recomendaciones formuladas y se han corregido las leves deficiencias a las que aluden tanto el informe de fiscalización como la propia intervención del presidente.
La señora PRESIDENTA: Señor Tuñón, ¿va a hacer uso de la palabra?
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Un minuto, simplemente para decir que comparto la opinión del portavoz del Grupo Popular. Es agradable comprobar el buen funcionamiento en este caso de una sociedad estatal que tiene un objetivo claro y preciso como es ayudar al sector agroforestal y, sobre todo, a las pequeñas empresas.
El informe es bastante limpio, es una opinión limpia con alguna pequeña salvedad en lo que hace referencia al inventario o a las fincas adjudicadas en pago de deuda, es decir, que sea el registro contable conforme a criterios de las normas contables. Simplemente quiero manifestar que seguiremos las recomendaciones y que comprobamos el buen funcionamiento de esta sociedad.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor López.
El señor LÓPEZ VILLENA: Bienvenido, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Como los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, también me congratulo de haber podido analizar el informe más favorable que he tenido oportunidad de ver en mis seis años de pertenencia a esta Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Como durante más de ocho años fui analista de inversiones de una sociedad de garantía recíproca creo que algún conocimiento tengo al respecto y estoy convencido de la importancia del sistema SGR en nuestro país para la concesión del crédito y, en concreto, el apoyo no solo en cuanto a la concesión del crédito, sino en la tutela y en el asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas.
Es cierto que el señor presidente ha puesto el acento en algunas deficiencias que están entiendo que no son significativas, pero yo quisiera destacar que están entre las conclusiones del análisis del expediente, en primer lugar, porque la entidad dispone de un manual de riesgos y garantías en el que se determina la solvencia necesaria para la concesión de los avales, los criterios de acreditación, así como la documentación necesaria para la solicitud del aval. La entidad tiene implantado un registro de avales informáticos en el que se inscriben cronológicamente los avales concedidos, las características e informa en cada momento, cosa importante, de la situación de riesgos asumidos; el importe de los avales formalizados no supera los límites establecidos por la junta general de Saeca y la tramitación de las solicitudes de avales se resuelve en breve plazo, cosa también importante. El dato que se da es que el 86 por ciento de los expedientes no supera los diez días. Con carácter general los expedientes de los avales están completos, contienen documentación que determina el manual de riesgo y garantía y la formalización de los avales se resuelve en un plazo inferior a 90 días, cosa también bastante importante. La entidad presenta mensualmente información sobre su cartera de avales. El riesgo asumido por Asica ante las entidades de crédito desde que Saeca comenzó a llevar su administración ha sido totalmente amortizado a 2005. Aquí sí me quería detener para hacerle una pregunta sobre los motivos por los que se liquidó Asica y la cartera de avales pasó a ser gestionada por Saeca.
Nótese que pido datos concretos u objetivos para no inducirle a incurrir en cierta parcialidad de valoraciones, opiniones o grados de satisfacción del Tribunal de Cuentas.
Sobre los estados financieros, como bien se ha reseñado, las cuentas anuales correspondientes a 2005 presentan razonablemente la situación patrimonial y financiera, los resultados de la operación y los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio por la entidad. Respecto a la morosidad, cuestión muy importante en este tipo de entidades, la suma de las partidas morosas y fallidas estaban integradas a 31 de diciembre de 2005 por 191 expedientes, por un importe de 3,4 millones de euros, de los que 122, por un importe de 2,6 millones de euros, fueron declarados fallidos y recogidos adecuadamente en cuentas de orden. En fin, son datos muy concretos. Quisiera también preguntarle si en ellos están incluidos los fallidos que asumió de la cartera de Asica. Los porcentajes para la dotación de provisiones también se consideran adecuados y conforme a lo previsto en la circular 4/2004 del Banco de España.
Hay otra cuestión sobre los porcentajes de morosidad que quizá no he entendido bien. El informe dice que el porcentaje de morosidad, definido como el importe de esta respecto al importe total de avales formalizado a 31 de diciembre de 2005, era del 0,7 por ciento. Entiendo que es un porcentaje bajo y adecuado a una buena gestión en los riesgos. Continúa diciendo que este porcentaje, referido al número de avales que presentaron morosidad, fue del 0,8 por ciento. Ahí es donde no lo termino de entender. Es decir, si en relación con los avales que presentaron morosidad fue el 0,8 por ciento y en relación con el total de avales formalizados fue el 0,7, parece significar que el importe de avales formalizados es muy semejante al de avales que presentaron morosidad.
Entiendo que no debe ser esa la cuestión, porque parece ser que la gestión de los avales en cuanto a su morosidad está siendo muy adecuada y razonable.
Por otro lado, las cuentas anuales que presenta la entidad no han recogido los lotes de créditos adquiridos a la Sociedad Nacional de Avales de Comercio SGR que permanecía en la cartera desde el año 1998 en que los recobros realizados compensaron el importe por el que fue adjudicado dicho lote. Entiendo que es también una buena gestión de esta entidad, aunque luego haya algunas deficiencias en su anotación contable. La cuantía de las garantías vivas otorgadas por la entidad a 31 de diciembre no supera los límites máximos establecidos por la Orden de 2 de diciembre, sobre determinación de la relación a mantener por Saeca entre los recursos propios y los riesgos garantizados, etcétera.
Entiendo que es un informe favorable a la entidad por lo que estaremos en buena disposición de consensuar con los distintos grupos políticos unas resoluciones que vayan en la dirección de las recomendaciones que nos apunta el tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Doy las gracias a los portavoces por sus intervenciones -señores Pastor, Tuñón y López- y también por la valoración que han hecho del informe.
Dice el señor Pastor que valore la carencia de unos procedimientos reglados. Sería conveniente que estos procedimientos estuvieran escritos por razones de seguridad y transparencia en la gestión, pero hay que reconocer que los procedimientos son aplicados de manera constante y eso ya da un cierto margen de seguridad jurídica. Otra cosa sería que hubiese una variación de los procedimientos a aplicar en cada caso. Quiero decir que la costumbre de mantener unos procedimientos
reglados, aunque no estén escritos, en estos casos ha producido consecuencias positivas.
Pregunta si ha habido un seguimiento. Todavía no. El tribunal suele efectuar ese plan de seguimiento una vez transcurrido un tiempo prudencial o, sin haber transcurrido ese tiempo prudencial, si se ha producido algún acontecimiento o alguna variación en el comportamiento de las entidades gestoras -en este caso, de la sociedad correspondiente-, o bien nos lo ha pedido esta Comisión en una de sus resoluciones. En este caso concreto repito que ni ha transcurrido el tiempo que creemos necesario para hacer el seguimiento ni tampoco nos lo ha solicitado la Comisión. Si nos lo solicita, el pleno del Tribunal de Cuentas decidirá si conviene o no hacer una fiscalización y seguimiento. En todo caso, le digo que en la sesión de hoy se ha visto un informe que responde a un seguimiento de un informe aprobado hace varios ejercicios. Por tanto, no hay que perder las esperanzas de que hagamos el seguimiento por el que pregunta el señor Pastor.
También le doy las gracias al señor Muñón, que siempre me acompaña en mis preocupaciones y en mis trabajos. Señor Tuñón, le doy las gracias por su continua permanencia en esta Comisión, siempre aportando cosas positivas.
Al señor López le agradezco también sus palabras. Me pregunta por los motivos por los que desapareció Asica. Desapareció por el Real Decreto 1548/1988. El informe no recoge los antecedentes que propiciaron esta desaparición. Podemos remontarnos al citado real decreto y ver si en la exposición de motivos o en algún otro sitio nos dice las razones, pero no le puedo contestar más que fue el Real Decreto 1548/1988 el que propició la desaparición de Asica.
En cuanto a los porcentajes de morosidad hay dos cosas que sí le quería decir. Me pregunta si la morosidad incluye los fallidos que asumió la cartera de Asica. Sí, efectivamente. En cuanto a los porcentajes de morosidad -el 0,8 sobre el número de avales y el 0,7 del total avalado-, encuentra usted la explicación en la página 31 del informe. Ahí tiene usted la explicación.
Agradeciéndoles de nuevo sus intervenciones, termina aquí la mía.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA), CON OBJETO DE COMPROBAR SI SE HAN ADOPTADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS PUESTAS DE MANIFIESTO EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1997. (Número de expediente del Congreso 251/000067 y número de expediente del Senado 771/000069.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la última presentación que hace el presidente del tribunal, relativa al informe de fiscalización del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), con objeto de comprobar si se han adoptado las medidas necesarias para corregir las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización que se hizo de este organismo correspondiente al ejercicio 1997. Sin duda es al que hacía referencia anteriormente el señor presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Efectivamente, señora presidenta. Iba a aclarar mi lapsus. Me refería a este informe y no a otro que habíamos visto anteriormente. Con el tiempo transcurrido en toda la mañana a veces falla la memoria.
El pleno del Tribunal de Cuentas en la sesión del 27 de noviembre aprobó este informe que tenía como objeto comprobar si se habían adoptado las medidas necesarias para corregir las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización de este organismo correspondiente al ejercicio 1997. Esta fiscalización se llevó a cabo precisamente a iniciativa de esta Comisión Mixta, con lo cual lo que dije era cierto.
Ahora queda perfectamente encajado en el orden de exposición de los distintos informes.
En consecuencia, junto a los objetivos generales de verificación del cumplimiento de la normativa y de la representatividad de los estados contables del ejercicio 2005 y al examen de los procedimientos de control interno y de gestión aplicados, se ha analizado de modo singular si el INIA había adoptado las medidas necesarias para corregir las deficiencias señaladas, así como el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el tribunal. Durante la fiscalización se constató que el inventario de bienes presentaba diversas deficiencias, lo que supuso una limitación al alcance establecido en el área del inmovilizado.
Dichas con toda brevedad, las principales conclusiones son las siguientes.
En relación con el control interno, los sistemas y procedimientos del control interno del INIA presentaban una mejora respecto a los implantados en el anterior ejercicio fiscalizado, si bien persistían deficiencias y debilidades en el área de personal que permitían que se hubieran abonado cantidades indebidas y se registrasen retrasos en la liquidación de las retenciones efectuadas en el área de tesorería, en la que se carecía de registros auxiliares y se mantenían discrepancias con la información contable en el área de inmovilizado -como consecuencia de las deficiencias del inventario- y en el área de ingresos, constatándose que no habían mejorado los procedimientos de facturación ni se efectuaba un adecuado seguimiento.
En cuanto a la representatividad de las cuentas, el informe ofrece una opinión positiva, si bien con salvedades por incumplimiento de principios y normas contables en relación con la constitución de provisiones y la contabilización de ingresos y de determinados gastos por uso de programas informáticos. Asimismo, se señala en el informe que el INIA continuaba librando una parte
considerable de sus gastos por el procedimiento de pagos a justificar, conculcando el carácter excepcional establecido para este procedimiento en la ley vigente.
En lo que hace referencia a la contratación, el informe señala que el instituto seguía sin dar cumplimiento a lo previsto en la normativa reguladora de la contratación administrativa, como lo confirman las deficiencias observadas.
En relación con los programas de investigación, se constató que el instituto no había establecido una política de compras que le permitiera alcanzar los objetivos de su actividad investigadora al menor coste posible y evitara la adquisición individualizada por los diferentes centros y departamentos de investigación. Estos gastos alcanzaron el importe de 2,8 millones de euros en el ejercicio fiscalizado. Por otra parte, hasta dicho ejercicio, el INIA no había comenzado a verificar de forma sistemática, si bien con ciertas deficiencias, la aplicación de los fondos percibidos por los beneficiarios de las ayudas que concedía en el marco de los programas de investigación que gestionaba. A finales de este mismo año, el instituto encomendó a la sociedad estatal Tragsega los servicios de apoyo técnico al Centro de Investigación en Sanidad Animal para la realización de diversas actividades en el periodo 2006-2010, sin que hubieran quedado debidamente acreditadas las razones por las que el organismo encomendó la gestión de parte de las actividades del centro en lugar de incrementar su plantilla. (La señora Vicepresidenta Sanjurjo González, ocupa la Presidencia.)
En cuanto al seguimiento de las recomendaciones del informe anterior, se constató que el organismo seguía sin tener un manual de procedimientos de gestión de sus diferentes unidades y que continuaba sin dar cumplimiento a lo establecido en la normativa reguladora de la contratación administrativa respecto a los principios rectores de la contratación pública. Por otra parte, el instituto continuaba librando una parte considerable de sus gastos por el procedimiento de pagos a justificar, pese a su carácter excepcional, como ya hemos expuesto anteriormente, y persistían deficiencias en los procedimientos de facturación de la mayor parte de sus ingresos y en el seguimiento de sus deudores. Es decir, las recomendaciones no han sido tenidas en cuenta, por eso las nuevas recomendaciones de este informe lo que hacen es insistir en las anteriores y, además, indicar que la política de compras y su sistema de control interno deben necesariamente mejorarse con carácter prioritario en cuanto al cumplimiento de las anteriores recomendaciones. El informe señala también que el instituto debería continuar adoptando las medidas necesarias que subsanasen las deficiencias en las áreas de tesorería, personal e inmovilizado, así como rendición y representatividad de las cuentas, además de la verificación de la correcta aplicación de las ayudas otorgadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Sanjurjo González): Tiene la palabra por el Grupo Popular don Sixto González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, en nombre del Grupo Popular por el informe tan minucioso y detallado, y por las aclaraciones que hemos podido escuchar esta mañana de viva voz.
El objetivo de este informe es muy explícito: comprobar si se han adoptado las medidas necesarias para corregir las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, correspondiente al ejercicio 1997. En lo sucesivo, citaré a este organismo como INIA. La conclusión es determinante: existían deficiencias de gestión económico-financiera de este organismo en 1991, persistían en 1997 y, según el informe del Tribunal de Cuentas que hoy analizamos, las deficiencias ya se arrastran casi veinte años y continúan en su mayoría vigentes. Me atrevería a decir que una de las razones podría ser el continuo cambio de adscripción del INIA a distintos ministerios, que se ha visto agravado en la actualidad por los cambios y rectificaciones continuos de distintos ministerios que inexplicablemente este Gobierno socialista del señor Zapatero realiza cada dos por tres. Recordemos que el INIA en 1971 estuvo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hoy desafortunadamente desaparecido para los que confiábamos en ese ministerio; en el año 2000 lo fue al Ministerio de Ciencia y Tecnología; en 2004, al Ministerio de Educación y Ciencia; en estos momentos está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación; y mañana, ni se sabe, sobre todo si continúa el señor Zapatero algunos meses más como presidente. Por ello, el Grupo Popular pedimos que el INIA tenga continuidad en su adscripción a un ministerio, porque da la sensación de que es una pelota de pimpón que va de un lado a otro y al final no se sabe dónde va a terminar cayendo.
Este informe se ha marcado unos objetivos muy claros y concisos: comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias a las que está sometido el INIA; evaluar los procedimientos y sistemas de gestión económico-financiera y de control interno aplicados; comprobar la adecuación de los estados contables del INIA a principios y criterios contables de aplicación al mismo. Pero, independientemente de estos objetivos, también se ha analizado de forma especial si el INIA había adoptado las medidas necesarias para corregir las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del INIA, ejercicio 1997. El periodo fiscalizado en este informe es el de 2005 y se han puesto de manifiesto, como bien ha dicho el presidente, diversas deficiencias en el inventario de bienes que han limitado el alcance de la verificación de los saldos de las cuentas representativas. También lamentamos la disminución de las ayudas a la potenciación de los recursos humanos. Un claro ejemplo son las becas para la formación de personal investigador, pues mientras en 1997 representaban el 6 por ciento de las obligaciones reconocidas, en
el año 2005, que hoy analizamos, solo son del 3 por ciento, justamente la mitad.
El informe abarca los aspectos y las deficiencias en tesorería, en personal y en la contratación administrativa. En tesorería solo señalaré un par de ellas. No existía un registro auxiliar de la cuenta bancaria "INIA caja pagadora de centros" ni consta que periódicamente se procediera a la consideración sistemática de los extractos bancarios con la información que se obtenía del módulo de finanzas. Los datos reflejados en los estados de situación de tesorería no se correspondían con la información contable. Los arqueos de efectivo trimestrales de la caja que acompañaban a los citados estados de situación de tesorería no estaban debidamente cumplimentados. En los registros contables del INIA figuraban erróneamente como pendientes de reposición, al 31 de diciembre de 2005, unos anticipos de caja fija. En cuanto a personal, solo haré referencia a algunos expedientes: Contratada laboral eventual A, con un contrato que finalizaba el 31 de diciembre de 2005, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2006, a la que en diciembre de 2005 se abonó en exceso un importe de 200 euros. Contratada laboral eventual B, que causó baja el 20 de noviembre de 2005, a la que en la nómina de diciembre de 2005 se abonó en exceso un importe de 276 euros. Interina de sustitución C, a la que se abonaron indebidamente cinco mensualidades, después de que hubiera causado baja al incorporarse la persona que la sustituía. Contratada eventual por circunstancias de la producción E, con tres contratos consecutivos de catorce días de duración, a la que el INIA no abonó el importe correspondiente a uno de esos contratos. En el control hasta marzo de 2006 no se liquidaron a la Hacienda pública retenciones de derechos pasivos practicados en 2004, hasta mayo de 2006 no se liquidaron las retenciones de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado practicadas en enero de 2005, por importe de 1.815 euros, y la cuenta que recoge las retenciones de Seguridad Social presentaba a 31 de diciembre de 2005 un saldo de 77.340 euros, inferior a las retenciones practicadas en el mismo mes de diciembre.
Analizamos las recomendaciones que en su día formuló el propio Tribunal de Cuentas y que son muy evidentes. En la primera recomendación, que hablaba de que se tenían que establecer las medidas apropiadas que permitieran al organismo rendir sus cuentas al tribunal en tiempo y forma, no se han adoptado medidas; un no rotundo. En la segunda, la elaboración de un manual que defina las funciones y los procedimientos de las diferentes unidades que componen el organismo, tampoco se han adoptado medidas. En la tercera recomendación, el cumplimiento estricto de lo previsto en la normativa reguladora de la contratación pública; tampoco se han adoptado medidas. En la cuarta recomendación, el establecimiento de una política de compras ajustada a la normativa reguladora de la contratación pública y que permita al INIA alcanzar los objetivos de su actividad investigadora al menor coste posible, tampoco se han adoptado medidas. En la quinta recomendación nos encontramos con una que sí se ha adoptado, la determinación objetiva y rigurosa de los gastos e ingresos a integrar. En la sexta recomendación, el sometimiento en todos los términos a la normativa reguladora de los pagos a justificar, tampoco se ha adoptado ninguna medida. En la séptima recomendación, en la que se decía que el INIA debería establecer las medidas necesarias para verificar la correcta aplicación de los fondos percibidos por los beneficiarios, también nos encontramos con que se ha corregido. Y por último, en la octava recomendación, el establecimiento de medidas adecuadas de control interno que asegure que todos los ingresos que corresponden al organismo por la realización de trabajos y la prestación de servicios son facturados, tampoco se han adoptado. En resumen, el balance es claramente negativo.
De ocho recomendaciones tan solo en dos se han adoptado medidas y son positivas, en cambio seis son claramente negativas. Queda en evidencia por las conclusiones -muy detalladas, por cierto- del informe del propio Tribunal de Cuentas -con ánimo de no extenderme más no entraré en detalles- que afecta a los apartados de tesorería, personal, inmovilizado, ingresos, estados financieros, ejecución presupuestaria, cumplimiento de la legalidad, aspectos de gestión, etcétera. La conclusión es que persisten algunas deficiencias por no haber adoptado el INIA todas las medidas recomendadas por el Tribunal de Cuentas.
Pasamos a las recomendaciones que nuevamente viene a hacer el Tribunal de Cuentas, y que no voy a repetir porque explícitamente el propio presidente las ha relatado. El Grupo Popular las apoya y pedimos que de una vez por todas sean corregidas las deficiencias en el menor tiempo posible. Como conclusión final quisiera conocer si se ha derivado alguna responsabilidad por las deficiencias expuestas en este informe de fiscalización.
La señora VICEPRESIDENTA (Sanjurjo González): Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Seré breve, en primer lugar, por el cansancio y, en segundo lugar, porque me parece un buen informe; todos los informes lo son pero este es especialmente claro.
En principio lo que nos está marcando es una gestión deficiente histórica.
En este caso que la valoración que yo hubiera hecho de este informe habría sido mucho más dura si no hubiera habido un informe anterior. En este caso le preguntaría -aunque está claro en el informe por el seguimiento y recomendaciones- cuál es su valoración del proceso de mejora, porque hay una parte, que ha sido ya expuesta, en la que ha cambiado de adscripción este instituto. Ahora está en el Instituto de Ciencia e Innovación. No sé si esto es un estímulo, un acicate o algo que es irrelevante. En este caso me gustaría saber, al estar adscrito a otro ministerio, si se pueden producir novedades, en este caso positivas, sobre su posible funcionamiento futuro. Hay una parte que siempre queda, y los informes no tienen por qué
cumplir este papel; siempre tengo la sensación de si este instituto, aparte de su gestión deficiente, cumple razonablemente su objetivo; es decir, esta sensación que se tiene sobre todo cuando un organismo funciona mal y sigue funcionando mal. En este caso la forma de funcionamiento también desvirtúa muchas veces su objetivo, la razón de su existencia; igual tiene una razón su existencia, pero si funciona mal realmente habrá que cambiarlo, que remodelarlo, o habrá que hacer algo.
Hay una parte que considero que es positiva, que es la auditoría de los estados financieros, donde dice que hay una imagen fiel de la situación financiera y patrimonial, con lo cual me imagino que en este aspecto no hay ningún problema de alcance. Sin embargo, el informe presenta tres escenarios. El primero es la valoración de la gestión en sí, independientemente de lo anterior. Un segundo escenario es el cumplimiento de las recomendaciones, al que ya ha hecho referencia el portavoz del Grupo Popular. Queda claro que hay parte que prácticamente permanece igual, y ya han pasado ocho años, lo cual es bastante preocupante sobre todo cuando se refiere a la formativa, a política de compras o al control interno. Me parece que son tres temas que dicen muy poco a favor.
Hay otros cincos aspectos en los que se ha dado alguna mejora. Al final, el informe correlaciona las recomendaciones que siguen vigentes y reiteradas, de alguna forma las mete en un paquete, y aquellas en las que precisamente se han dado algunos procesos de mejora y seguimiento, dándoles otro tratamiento. Esto me parece que es lo importante de este informe. En cualquier caso, siempre tengo la sensación de que estos organismos, que nunca se sabe muy bien por qué funcionan peor, al menos en los aspectos de gestión, son capaces de subsanar todas las deficiencias. En cualquier caso, la labor del Tribunal de Cuentas es muy importante. Una valoración que tengo -creo que la compartirá- es que precisamente estas fiscalizaciones van a producir mejoras continuas en este organismo.
La señora VICEPRESIDENTA (Sanjurjo González): Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, con relación al informe de fiscalización sobre la comprobación de la corrección de las deficiencias en el Instituto Nacional de Tecnológica Agraria 1997-2005 desde mi grupo parlamentario quisiera hacer algunas breves consideraciones.
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas concluye que aún en el año 2005 se siguen produciendo la mayoría de las irregularidades y deficiencias que ya fueron detectadas en el informe de fiscalización del año 1997. Desde mi grupo parlamentario intentaremos citar las que entendemos son las más destacadas. En primer lugar, se detecta una falta de seguimiento de procedimiento legalmente establecido en el Real Decreto 640/1987 para los pagos librados a justificar, deficiencia que se repite por importe cercano a los 4 millones de euros. Una segunda es que se siguen repitiendo faltas de concreción tanto de los trabajos a realizar como de continuidad en la actualización y mantenimiento de los servicios contratados en los contratos suscritos por el INIA. Otra irregularidad y deficiencia se encuentra en los procedimientos de control interno establecidos por el INIA que no aseguran que el organismo facture todos los ingresos en el momento de su devengo ni que reclame la totalidad de los importes adeudados. Una cuarta es que el INIA incumple el principio de anualidad presupuestaria. Una quinta está también en los graves incumplimientos de la normativa administrativa en sus contratos. Así, en primer lugar, en los concursos no se especifica el método de valoración de todos los criterios de adjudicación ni en los expedientes está suficientemente motivada la valoración efectuada por la mesa de contratación; es decir se produce una vulneración de los principios de objetividad y de transparencia. También en este marco se producen fraccionamientos de gasto para eludir el artículo 68.2 de la CAP relativo a la necesidad de contratación ordinaria. Otra de las irregularidades y deficiencias que se detectan entendemos que está en que el INIA no seguía y no sigue el procedimiento reglamentario establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda para la contratación de personal investigador; y por último tampoco lleva el control de los costes derivados de su colaboración con la Seguridad Social.
Todas estas irregularidades en la forma de actuar de una empresa estatal resultan, desde nuestro punto de vista, inaceptables; además le sumamos el agravante de la reincidencia durante bastantes años, puesto que el tribunal no ha detectado grandes avances desde su último informe realizado en el año 1997. La confianza por parte de los ciudadanos en las instituciones públicas debe fundarse en el principio de proximidad de la Administración con el ciudadano y la transparencia y la eficiencia, en la que insistimos de manera muy contundente desde nuestro grupo parlamentario a la hora de gestionar las cuentas públicas; en ellas se basa la credibilidad del sistema. De esta manera el hecho de que exista una empresa pública que con su actividad desoye o no sigue las recomendaciones de los órganos fiscalizadores del Estado supone una debilitación de la tarea de control del sistema democrático que afecta negativamente a la credibilidad de la vida política, tan necesaria siempre y especialmente en estos momentos.
La señora VICEPRESIDENTA (Sanjurjo González): Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Hernández.
La señora SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: De una forma breve por razón de la hora, paso a continuación a hacer una valoración del informe de fiscalización del INIA, cuyo objeto -ya se ha dicho aquí por el resto de portavoces- es lo que, en palabras del propio presidente, nos hace mantener la esperanza, aunque también haré alguna valoración sobre el grado de cumplimiento. Se trata de
comprobar si se han adoptado las medidas necesarias para corregir las muchas deficiencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización de 1997 y, como decía algún comentario a este respecto, de analizar el objeto pero también los plazos temporales. Antes quisiera decir -puesto que algunos portavoces lo han mencionado- que el Grupo Socialista quiere dejar claro que, teniendo en cuenta el carácter de organismo autónomo del mismo, no creemos que sea objeto de esta intervención a qué ministerio está adscrito. Tratando de hacer memoria -ni muchísimo menos y con todo el respeto del mundo de formar parte de esa especie de obsesión paranoide de culpar al presidente del Gobierno de las distintas fases y distintos momentos-, quiero recordar que desde el año 1971 hasta ahora distintos gobiernos han pasado por nuestro país, por lo que no se puede culpar a este de las deficiencias que históricamente tiene el INIA, como decía el portavoz Tuñón. Insisto, es una histórica gestión deficiente, frase a la que desde luego el Grupo Socialista se suma.
Quisiera decir que, efectivamente, es un informe detallado, minucioso -decía el portavoz del Grupo Popular y sin duda lo compartimos-, un buen informe pero desde luego inquietante. En la evolución del tiempo tenemos ocasión de observar cómo las mejorías basadas en las recomendaciones son muy leves. Es un informe difícil de abordar, un informe en ocasiones a nuestro juicio excesivamente minucioso en cuanto a las cuestiones burocrático-administrativas. Sin embargo la evaluación es importante, y quiero recordarlo con el fin de tratar de mantener esa esperanza. Además consideramos importante que en este momento el INIA esté adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, puesto que apostamos por las nuevas tecnologías en el campo y porque además el incremento y la apuesta decidida con respecto al I+D+i son una seña de identidad del Gobierno de España. Circunscribiéndonos a las funciones que son competencia del INIA, aún mucho más preocupante nos parece que se mantengan algunas deficiencias, teniendo en cuenta que gestiona y ejecuta las competencias de la Administración General del Estado en el área de investigación científica e innovación, pero lo que nos parece más importante en el Estado de las autonomías es que impulsa la cooperación nacional e internacional en el área de investigación agraria, en particular con las comunidades autónomas. Por tanto puede incluso repercutir en este aspecto, por lo que entendemos que hay que redoblar esfuerzos en la ejecución del cumplimiento de las recomendaciones que desde el Tribunal de Cuentas se dan, además de, como decía, por las magnitudes económicas que se barajan. No entraré al detalle puesto que además ya lo han hecho algunos portavoces y porque el informe es claro, pero las partidas de gasto se incrementaron en un 100,3 por ciento, lo cual muestra la evolución que ha sufrido el propio organismo.
Como prometía ser breve, quiero centrarme en una reflexión que se ha hecho aquí ya. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Es verdad que mantenemos la esperanza de que se evalúen las recomendaciones de algunos informes de fiscalización pero, teniendo en cuenta que el informe de fiscalización es de 2005 y que analiza el grado de implantación de las medidas que tienen su origen en 1997, el Tribunal de Cuentas tiene competencias para actuar con posterioridad a la ejecución presupuestaria; entendemos que una cosa es ex post facto y otra con una relación temporal muy distante de cuándo se hacían las recomendaciones, como es este caso.
En ese sentido quisiéramos hacer una valoración que se ha hecho más veces en el seno de esta Comisión y saber si el Tribunal de Cuentas tiene algún criterio para decidir qué informes de fiscalización deciden el grado de implementación de las medidas sugeridas. No se puede realizar con todos por la limitación de medios pero obviamente sería bueno comprobar cuáles se llevan a cabo y cuáles no. Esa es una reflexión que se ha hecho más veces aquí y entendemos que debería haber un criterio que determine en qué supuestos, en qué informes, es necesario, y creemos que ahí el límite temporal puede ser decisivo. Circunscribiéndonos a las ocho recomendaciones que se formulaban en 1997, es verdad que giran en torno al ajuste a las disposiciones reglamentarias, a sugerencias económico-financieras y contables. En ese sentido observamos que es dispar el grado de cumplimiento dependiendo de unas u otras. Apreciamos mejoría en las económico-financieras y contables y menos mejoría quizá en las que se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias. No voy a detallar una por una porque ya lo han hecho otros portavoces. Nos alegra que se rindan las cuentas, y esta es la primera vez en tiempo y forma; es verdad que la mejoría no es total porque se ha pasado de tardar más de cuatro meses a un retraso de 22 días pero nos parece especialmente positivo que se cumpla con las instituciones del Estado en tiempo y forma.
Se ha hablado del control interno o de la contratación pública. Es cierto que el organismo sigue sin dar cumplimiento a lo previsto en la norma reguladora. Entendemos que puede acogerse a esas excepciones que con respecto a estos supuestos se pueden dar o en las que se habla de contratos menores porque no parezca que todo es un cúmulo de deficiencias; también hay que tratar de ver la luz al final del túnel.
Efectivamente con la política de compras se sigue sin cumplir, si bien es cierto que con el resultado de operaciones comerciales, y nos parece importante.
Con respecto a la recomendación sexta, algún portavoz ha dicho que no se cumplía con el sometimiento en todos sus términos a la normativa reguladora de los pagos a justificar, estableciendo los registros preceptivos y justificando y aprobando las cuentas dentro de los plazos.
En esa especie de valoración más optimista, desde el Grupo Socialista queremos decir que, tal y como señala el informe, si bien es cierto que en el ejercicio 2005 el INIA continuaba librando una parte considerable de sus gastos por el procedimiento de pagos a justificar, también lo es que dice que sin embargo había subsanado
las deficiencias e incumplimientos sobre pagos librados a justificar estableciendo los registros preceptivos y justificando y aprobando las cuentas en los plazos previstos. Es decir, sigue habiendo deficiencias; sin duda no podemos tapar el sol con un dedo, pero la mejoría, aunque leve, es progresiva. Compartimos las recomendaciones que finalmente se hacen, porque comienzan diciendo que el Tribunal considera que sin más dilación. Es decir, las mejorías han ido siendo progresivas pero leves, con lo cual quizá esa sea la frase clave de todo el informe, sin más dilación, puesto que hablando de plazos temporales ya se ha demorado bastante. Esperamos ser capaces, cara a las propuestas de resolución, de llegar a consensos para acordar medidas muy concretas.
Quisiera hacer una valoración final que se desprende de todo el informe.
Creo que convendremos todos en que es necesario articular procedimientos que permitan controlar y corregir irregularidades en actuaciones de este tipo de actividades que nos parecen preocupantes. El excesivo control burocrático administrativo hace difícil recoger matices, particularmente hablando de la productividad. El informe es bueno, exhaustivo, minucioso y detallado, pone en evidencia las deficiencias que desde hace muchos años se vienen arrastrando en este organismo, pero quizá haya que plantearse qué mecanismos se establecen para la verdadera ejecución de las recomendaciones que se hacen desde el propio Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, tiene usted la palabra para responder.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Como siempre, comienzo agradeciendo a los portavoces de los grupos -a don Sixto González, al señor Tuñón, a la señora Riera y a la señora Sánchez Hernández- sus intervenciones y la valoración positiva que hacen del informe, de nuestros trabajos. Transmitiré estas palabras, y concretamente las de felicitación que expresó el señor Aguirre, a los miembros del pleno, que sin duda las recibirán con mucho agrado y con mucha satisfacción, porque está bien que se nos digan cosas gratas de oír, sobre todo cuando se trata de valorar un trabajo que corresponde no solamente a los miembros del pleno, sino a todos los funcionarios del Tribunal de Cuentas.
Dicho todo lo cual, he creído entender, sobre todo por las palabras de don Sixto -alguien más ha hablado de ello-, que las distintas adscripciones de este organismo a diferentes ministerios eran una de las causas del mal funcionamiento del mismo o de las deficiencias en su funcionamiento.
Efectivamente, los cambios de adscripción producen traumas de funcionamiento. Yo no voy a decir que este organismo sea como la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda -ha pasado por varios sitios-, pero se advierte una cierta orfandad en la adscripción, porque cuando se produce un cambio, incluso de grandes fichajes, siempre aceptamos todos unos meses de adaptación, y aquí ha habido muchos meses de adaptación. Por tanto, ha habido una interrupción en la gestión, que es quizá una de las explicaciones que pueden darse al mantenimiento de estas deficiencias que vuelven otra vez a reflejarse en las recomendaciones que hace el tribunal en este informe. Por tanto, yo no tengo nada que añadir respecto a las irregularidades puestas de manifiesto en el informe que ha vuelto a poner sobre la mesa don Sixto González, porque son las que son y están ahí perfectamente señaladas.
Respecto al seguimiento de las recomendaciones anteriores, el informe hace un análisis temático de cada una de ellas, como han hecho referencia otros portavoces, y nos encontramos con que un porcentaje muy elevado de las mismas no ha sido tenido en cuenta. Espero que sin más dilaciones, como apuntaba la señora Sánchez Hernández, pueda darse un cambio en la gestión de este organismo, que yo creo que es muy necesario.
En cuanto a las posibles responsabilidades por las que me preguntaba don Sixto, el informe, como todos, se sometió a la consideración del ministerio fiscal y del Servicio Jurídico del Estado, y ambos apreciaron diferentes supuestos de responsabilidad contable con relación a falta de justificación por los beneficiarios de las ayudas recibidas a distintos proyectos de investigación y desarrollo, así como por pagos indebidos en los contratos de personal interino y de becas sin soporte normativo, entre otras actuaciones, pero, según información de la sección de enjuiciamiento, el procedimiento abierto se archivó el pasado mes de octubre por inexistencia de responsabilidades contables; quedaron en irregularidades que no alcanzaron ni mucho menos la calificación de responsabilidades contables.
En cuanto a la valoración de la gestión, por la que me preguntaba el señor Tuñón, es la ofrecida por el informe. No tengo nada más que añadir. Se deja constancia de las mejoras observadas y el mantenimiento de otras deficiencias. ¿Se ha cumplido el objetivo? Este organismo tiene un escenario dirigido a la investigación, y hemos visto diferentes entidades dedicadas a esta materia en distintos subsectores. Este tema es muy difícil de valorar en cuanto a una posible concreción o afirmación sobre el cumplimiento del objetivo. Entiendo que se dan pasos avanzados y que seguramente algunos logros ha tenido, pero quizá fuese oportuno -su intervención me da pie para decirlo- organizar todas estas actuaciones y entidades. Creo que es un sector muy importante de la investigación para que no quepa hacer una valoración de todos los organismos que a ella se dedican y dónde podía estar definitivamente adscrita toda esta rama de la gestión, la investigación y el estudio, que es indispensable para el progreso.
La señora Riera ha efectuado una referencia específica a las principales conclusiones del informe, con el agravante de la reincidencia. Tomo nota; es así. Todo el mundo sabe que la reincidencia en el Código Penal es un agravante, pero lo es también en todas las actuaciones de la vida.
Comparto, cómo no, el problema de
la credibilidad de las entidades. Es una preocupación que nace de la propia valoración del informe, una preocupación natural. A la señora Sánchez Hernández le digo lo mismo. Es un organismo que está ahí, que ha dado su trabajo. Si se hubieran cumplido las recomendaciones que se le han hecho desde el tribunal, pero también desde la Comisión Mixta, a lo mejor estaría en otra posición, pero yo espero que en algún momento pueda coger otro rumbo por el cumplimiento de estas recomendaciones.
En todo caso, muchas gracias a todos por su atención.
Señorías, suspendemos unos minutos la Comisión para despedir al presidente del Tribunal de Cuentas y la reanudaremos inmediatamente. (Pausa.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN APLICADOS EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL POR LA ENTIDAD SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. (SEPIDES). (Número de expediente del Congreso 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000038.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN GENERADORES DE GASTOS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2004 Y 2005 POR LOS MINISTERIOS DE FOMENTO Y SANIDAD Y CONSUMO CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS SUJETAS AL DERECHO PRIVADO. (Número de expediente del Congreso 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000045.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "PARQUES NACIONALES", EJERCICIO 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000058 y número de expediente del Senado 771/000060.)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE MATADEROS, MERCADOS Y LONJAS CENTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000061.)
La señora PRESIDENTA: Continuamos la sesión de la Comisión.
Han llegado a la Mesa propuestas de resolución acordadas entre los distintos grupos parlamentarios en relación con los cuatro puntos siguientes del orden del día, a los que se refieren las propuestas de resolución que deberíamos de examinar, debatir y aprobar. ¿Por tanto, entiendo que no va a haber intervenciones con relación a ninguna de ellas? (Asentimiento.) Entonces, pasamos a votar una a una para que quede constancia de lo mismo en el "Diario de Sesiones".
Punto 5.º: del orden del día: Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión aplicados en el desarrollo de su objeto social por la entidad SEPI Desarrollo Empresarial, sociedad anónima. ¿Se aprueba por unanimidad? (Asentimiento.) Que así conste.
Punto número 6.º: Informe de fiscalización de los convenios de colaboración generadores de gastos suscritos en los años 2004 y 2005 por los ministerios de Fomento y de Sanidad y Consumo con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado. ¿Se aprueba por unanimidad? (Asentimiento.) Que así conste.
Punto número 7.º: Informe de fiscalización del organismo autónomo Parques Nacionales, ejercicio 2005. ¿Se aprueba por unanimidad? (Asentimiento.) Que así conste.
Punto número 8.º: Propuesta de resolución relativa al informe de fiscalización de las actividades y servicios de mataderos, mercados y lonjas centrales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2005. ¿Se aprueba por unanimidad? (Asentimiento.) Que así conste.
No teniendo ningún asunto más que tratar, levantamos la sesión.