Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A287-07.htm
Timestamp: 2017-11-20 13:39:54
Document Index: 51380714

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 112', 'artículo 114']

A287-07
Auto 287/07
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Juzgado Penal Municipal
Referencia: expediente I.C.C. 1168
Conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento y el Juzgado Primero Administrativo de Pereira.
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento y el Juzgado Primero Administrativo de Pereira, en la acción de tutela promovida por Juan Pablo Cardona Ramírez contra PROMASIVO S.A.
1. El ciudadano Juan Pablo Cardona Ramírez interpone acción de tutela contra PROMASIVO S.A., la cual por reparto correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, con el fin que se ordenara a la entidad demandada disponer las medidas necesarias para que se preste el servicio de alimentadores del sistema de transporte masivo MEGABÚS, en el lugar que originalmente se había destinado para el cubrimiento de los habitantes del sector en el que reside el demandante. (Fl. 1 Cuad # 1)
2. Mediante Auto del 08 de octubre de 2007, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, remitió la demanda de tutela a la oficina de reparto, para que fuera repartida a los Jueces del Circuito. En la mencionada providencia, explicó que la entidad demandada desarrollaba sus funciones bajo la directa coordinación de MEGABÚS S.A., y, teniendo en cuenta la naturaleza de esta empresa, de conformidad con el inciso 2 numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, el competente era el juez del circuito (Fl. 8 Cuad # 1).
3. A su turno, mediante Auto del 10 de octubre de 2007, el Juzgado Primero Administrativo de Pereira, se declaró incompetente para conocer de la mencionada acción de tutela, por cuanto el demandado estaba claramente determinado en el escrito de la tutela y no le correspondía al juez declararse incompetente respecto de entidades que no habían sido demandadas. Por lo anterior planteó conflicto negativo de competencia en la acción de tutela promovida por Juan Pablo Cardona Ramírez contra PROMASIVO S.A. (Fls. 40 a 42).
1. Como ha sido ampliamente expresado en diversos fallos[1], esta Corporación ha acogido la aplicación de la regla general de resolución de conflictos de competencia que se susciten entre diversas instancias judiciales de la misma especialidad, y que en materia de tutela, se ha interpretado en el sentido que dichos conflictos deben ser resueltos por su superior jerárquico común funcional, si éste existe. También ha establecido que si bien no existe norma que lo disponga de manera expresa, resulta razonable acudir a la aplicación extensiva de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[2], determinándose que lo dispuesto allí es aplicable para los conflictos de competencia en materia de acciones de tutela.[3] Por ello, la competencia de la Corte en esta materia se da de manera residual, sólo frente a la imposibilidad de resolución de un conflicto de competencia por medio de las fórmulas anteriores.
2.- Atendiendo entonces a lo dispuesto en el mencionado artículo 18 de la Ley 270 de 1996 y al criterio funcional de la jurisdicción constitucional, en el presente conflicto de competencia se encuentra que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento y el Juzgado Primero Administrativo de Pereira, no tienen superior jerárquico común funcional. Pues cada uno de los jueces en mención pertenecen a jurisdicciones distintas: jurisdicción ordinaria y jurisdicción contencioso-administrativa, respectivamente. Debido a esto, la Corte aplicará el criterio funcional[4] correspondiente a la jurisdicción constitucional, en atención a que los jueces mencionados obran en el presente proceso como jueces de tutela luego su ejercicio se despliega dentro de la jurisdicción constitucional en comento. En dicho orden, es a la Corte Constitucional – como tribunal vértice de la mencionada jurisdicción constitucional - a quien corresponde desatar el presente conflicto de competencia.
3.- El ciudadano Juan Pablo Cardona Ramírez interpone acción de tutela contra PROMASIVO S.A., con el fin que se le ordene disponer las medidas necesarias para que preste el servicio de alimentadores del sistema de transporte masivo MEGABÚS, en el lugar que originalmente se había destinado para el cubrimiento de los habitantes del sector en el que reside el demandante. Por reparto, dicha acción correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, quien mediante Auto del 08 de octubre de 2007, se declaró incompetente y remitió la demanda a la oficina de reparto, para que fuera asignada a los Jueces del Circuito. Argumentó el Juez en mención que la entidad demandada desarrollaba sus funciones bajo la directa coordinación de MEGABÚS S.A., cuya naturaleza jurídica permitía concluir la competencia de los jueces del circuito, de conformidad con el inciso 2 numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000.
A su turno, mediante Auto del 10 de octubre de 2007, el Juzgado Primero Administrativo de Pereira, se declaró incompetente para conocer de la mencionada acción de tutela. Explicó, que el demandado estaba claramente determinado en el escrito de la tutela y no le correspondía al juez declararse incompetente respecto de entidades que no habían sido demandadas, por lo cual planteó conflicto negativo de competencia.
4.- Sobre lo anterior, encuentra la Sala Plena que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, ha determinado en su análisis preliminar del escrito de la demanda de tutela, que se debe integrar un litisconsorcio necesario entre la entidad demandada PROMASIVO S.A. y MEGABÚS S.A., por cuanto la primera desarrolla sus funciones bajo la coordinación de la segunda. En este orden, a partir de la integración del litisconsorcio referido, la competencia corresponde a los jueces del circuito.
La Corte debe pues determinar si el análisis preliminar que ha realizado el Juez Penal en mención, permite concluir que el competente es el Juez del Circuito, por la presunta necesidad de integrar un litisconsorcio necesario entre PROMASIVO S.A. (entidad demandada) y MEGABÚS S.A.
5.- Considera la Corte que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, ha realizado un juicio válido respecto de cuáles entidades deben vincularse al proceso, de conformidad con los hechos y acusaciones consignados en la demanda de tutela. No obstante, hasta tanto no se analicen los hechos para decidir la procedencia o no del amparo que solicita el demandante, no se puede concluir previamente que la vulneración o amenaza de derechos, o ausencia de éstos, está en cabeza de una entidad distinta a la demandada. La Corte considera que es deber de todos los jueces, y en especial los de tutela, analizar desde el momento de la admisión de la demanda el alcance de los hechos y acusaciones, pero eso no quiere decir que se deba actuar procesalmente desde el estudio de admisión de la demanda, como si se supiera de antemano quién es el responsable de la vulneración de los derechos fundamentales en juego.
Si bien la apreciación del Juez Penal en mención es razonable, la demanda está dirigida expresamente contra PROMASIVO S.A. Ahora bien, que de conformidad con los hechos del caso se deba vincular a otra o más entidades, es justamente lo que se debe determinar en el desarrollo del proceso. Por ello no pueden tomarse medidas dentro del proceso, que tengan como sustento conclusiones a las cuales se busca llegar mediante el proceso mismo.
La Corte quiere insistir en el hecho que para la aplicación de las reglas de reparto de tutela contenidas en el Decreto 1382 de 2000, el juez competente se determina según quien aparezca como demandado en el escrito de la demanda, y no a partir del análisis de fondo de los hechos de la tutela. Lo anterior, por cuanto del estudio de admisión no se pueden derivar conclusiones sobre el fondo del asunto planteado en la demanda, pues dichas conclusiones deben surgir precisamente del estudio que se realiza para dictar la sentencia[5].
6.- Así, siendo la demandada en el proceso de tutela de la referencia la empresa PROMASIVO S.A., de carácter privado (Fls. 24 y 25), la Sala encuentra que el competente para resolver la acción de tutela promovida en su contra por el ciudadano Juan Pablo Cardona Ramírez, es el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
Primero.- Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por el ciudadano Juan Pablo Cardona Ramírez contra PROMASIVO S.A., al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, para que le dé trámite y decida en forma inmediata.
Segundo.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Juzgado Primero Administrativo de Pereira, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 287 DE 2007
Referencia: ICC-1168
De otra parte, la Ley 270/96 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, al regular la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le asignó en el numeral 2 del artículo 112, esta función: "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional." Disposición que fue objeto de revisión constitucional por esta Corte en la sentencia C-037/96, siendo declarada exequible, y que se desconoce en este caso concreto. Y en cuanto al punto de conflictos entre jueces y tribunales o entre distintos tribunales, no se hizo ningún análisis, simplemente se afirmó:
[5] En relación con este argumento de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia se pueden consultar los autos A-010 de 2007 y A-054 de 2007.