Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43623496
Timestamp: 2020-01-29 17:35:48
Document Index: 250313468

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 229', 'artículo 1', 'artículo 229', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 229', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 25', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 22', 'Artículo 229', 'Artículo 229', 'artículo 229', 'artículo 1']

Sentencia de Constitucionalidad nº 674/05 de Corte Constitucional, 30 de Junio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623496
Ponente: Apv-Mjce
Ley 882 de 2004 articulo 1 (parcial). Modifica el articulo 229 de la ley 599 de 2000. Violencia intrafamiliar. La supresion a la referencia al maltrato sexual como elemento de tipo penal. La violencia intrafamiliar. La violencia familiar es un grave problema social que afecta a amplios segmentos de la población y constituye una clara violación de los derechos humanos de las victimas. Regimen legal de la violencia intrafamiliar en colombia. La norma demandada no es contraria al principio de igualdad. La disposicion acusada no comporta una omisión legislativa contraria a la constitución. Error en la remision normativa para cuya correccion no es via la accion de inconstitucionalidad. Se esta ante un problema de aplicacion de la norma, para lo cual los operadores jurídicos deberan tener en cuenta que existio claridad en el proposito legislativo. Exequibles
Sentencia citada en: 31 sentencias, 6 artículos doctrinales
Si bien la disposición demandada excluyó la referencia al maltrato sexual como modalidad específica del tipo penal de la violencia intrafamiliar, en aquellos casos en los que una conducta de agresión sexual no pueda subsumirse en tipos delictivos que tengan prevista una pena mayor, la ilicitud de la misma se derivaría de su carácter violento, y, por consiguiente, ella se encuadraría, de manera necesaria, en los conceptos de maltrato físico o psicológico. De esta manera, la exclusión de la expresión ''sexual'' como modalidad del maltrato dentro del tipo de la violencia intrafamiliar, sólo dejaría por fuera del tipo conductas no violentas, las cuales serían enfrentadas a través de los instrumentos no penales que el ordenamiento ha previsto para el efecto. Así, la diferente naturaleza de las conductas y de los bienes jurídicos presentes en el maltrato físico y psíquico, por un lado, y el maltrato sexual, por otro, explica la diferencia de régimen jurídico. Las modalidades de maltrato que pueden presentarse en el seno de la familia remiten a problemas distintos, para los cuales el legislador ha previsto soluciones también distintas, sin que pueda señalarse que, por imperativo constitucional, el tratamiento que debe darse a las distintas modalidades de violencia sea idéntico. Cae dentro del ámbito de configuración legislativa el desarrollo de la mejor respuesta para enfrentar las situaciones marginales de maltrato sexual, que no quepan dentro de los tipos penales de violación y de actos sexuales abusivos y que tampoco pueden encuadrarse como maltrato físico o psicológico, sin que, en principio, pueda decirse que por imperativo constitucional, tales conductas deban ser objeto de sanción penal.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 (parcial) de la ley 882 de 2004 ''Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000''.
Demandante: K.I.K.S.
La ciudadana y defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo K.I.K.S., haciendo uso de las facultades que le son conferidas en el literal C, numeral 4.2.2 del Instructivo General para el Sistema de Atención Integral adoptado por el Defensor del Pueblo, demandó el artículo 1 (parcial) de la Ley 882 de 2004, ''Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000''.
Mediante Auto del 29 de noviembre de 2004, el magistrado sustanciador en el asunto de la referencia admitió la demanda y ordenó comunicarla al Presidente del Congreso de la Republica, al Ministro del Interior y de Justicia, al F. General de la Nación, al Director de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Director del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Director de la Comisión Colombiana de Juristas, a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del Rosario y Nacional para que intervengan impugnando o defendiendo la disposición acusada. Así mismo, se dio traslado de la demanda al Señor P. General de la Nación para que rindiera el concepto de su cargo.
Señala que no obstante que podría argumentarse que la violencia sexual es un atropello tanto físico como psicológico, debe tenerse en cuenta que a esa conclusión se llega por inferencia y no por exégesis, y que en materia penal no es posible ampliar los tipos penales para cobijar casos por analogía o por extensión. Estima que, por lo tanto, en desarrollo del principio de legalidad penal, que se traduce en la denominada tipicidad, conforme a la cual ''la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal'', es necesario consignar por escrito la expresión violencia sexual, para complementar el tipo penal de la violencia intrafamiliar.
Igualmente, expresa que en Colombia se ha tipificado el maltrato físico, como lesiones personales, y el maltrato psicológico, ora como tortura, ora como constreñimiento ilegal, los cuales tienen penas mayores a las de la violencia intrafamiliar. ''Entonces, si el criterio para excluir la violencia sexual intrafamiliar fuese el hecho de que es un tipo subsidiario y hay delitos afines con penas más graves, no se entiende por qué se conservó el tipo para las violencias física y psicológica, que también tienen hechos punibles afines que tienen penas más graves''.
Así mismo, la eliminación del maltrato sexual intrafamiliar, dejaría sin sanción penal lo que se denomina las ''pequeñas causas'', que no tienen magnitud de acceso carnal o de acto sexual violentos, pero que se manifiestan a través de chantajes, miedos, y toda suerte de presiones sexuales sutiles.
Expresa, en primer lugar, que ''[l]a inconstitucionalidad por omisión legislativa puede ser definida como el retiro del ordenamiento de una norma que no cumple un expreso deber constitucional de adelantar una acción determinada.''
Expresa que en el caso concreto de la Ley 882 de 2004, nos encontramos frente a una inconstitucionalidad por omisión relativa. Para establecerlo, transcribe, en primer lugar, las distintas disposiciones constitucionales que establecen abundantes deberes expresos para que el Estado trate por igual, no discrimine y proteja a mujeres, niños y niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores y personas que se halla en condiciones de discapacidad. Señala, así mismo, que en el artículo 42 de la Constitución obra el deber expreso de garantizar ''la protección integral de la familia'', pues ''cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley''. En segundo lugar, manifiesta que la norma demandada incumple estos deberes constitucionales, pues solamente ha regulado algunas relaciones dejando por fuera otros supuestos análogos, pues penaliza algunas formas de violencia intrafamiliar tales como el maltrato físico y psicológico, y excluye una tercera, la propia del maltrato sexual.
En cuanto a la expresión ''del que habla el artículo anterior'', manifiesta que, claramente la misma es un error de la ley, puesto que el artículo anterior del Código Penal, el 228, al que remitiría la expresión acusada, hace referencia a las imputaciones de litigantes, que hace parte de otro capítulo e incluso de otro título del Código Penal y que, no tiene nada que ver con la violencia intrafamiliar, pues se refiere a las injurias de los abogados en sus memoriales.
Así las cosas, al hacer esta norma alusión a un artículo inexistente, deja aparentemente en el limbo la aplicación del agravante, pues el maltrato a menores, ancianos, mujeres, personas en situación de discapacidad o indefensión, no está contenido en el ''artículo anterior''. Aunque es claro que para un buen entendedor, la referencia que el inciso segundo hace es al ''inciso anterior'', a esta conclusión se llega por inferencia, no por exégesis, y puede crear controversia en un momento determinado, teniendo en cuenta lo que se ha dicho de la tipicidad, pues ésta debe ser expresa y clara. Así, en la medida en que la norma demandada, no solo introduce confusión sino que, además, conduciría a mayor impunidad, porque el error aludido dejaría sin efecto el único agravante hoy existente, que es el maltrato realizado sobre un menor, la misma debe ser eliminada del mundo jurídico.
4.1. Intervención de la F.ía General de la Nación.
El F. General de la Nación intervino en el asunto de la referencia con el fin de solicitar a esta Corporación que declare la exequibilidad de las normas demandadas.
Señala el F. General de la Nación que el Congreso de la Republica ha expedido varias normas con el fin de prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Específicamente, en relación con el artículo 1º de la Ley 882 de 2004, en el cual no se incluyeron expresamente los mencionados maltratos sexuales, señala que el propósito del legislador no fue el de despenalizar los maltratos sexuales que se produzcan en el seno de la familia, sino que, por el contrario, fue el de continuar reprimiendo penalmente esas conductas que sin duda son contrarias a la armonía e integridad de la familia.
Así las cosas, agrega, la no inclusión de la expresión ''maltrato sexual'' en el tipo penal de violencia familiar deviene inocua, por cuanto la conducta continua siendo punible, por constituir necesariamente una forma de maltrato físico o psicológico, razón por la que carece de fundamento alegar la inconstitucionalidad de la mencionada disposición por violación al principio de igualdad o por omisión legislativa, pues las agresiones de carácter sexual como formas de violencia intrafamiliar no han sido despenalizadas.
Por otra parte, en lo que se refiere a la expresión ''articulo anterior'', la F.ía General de la Nación observa que efectivamente existe un error de técnica legislativa por parte del Congreso de la Republica, toda vez que no se trata del artículo anterior, sino del inciso anterior, deducción que no requiere mayores elucubraciones y por lo tanto la norma debe ser declarada exequible en el entendido anteriormente explicado.
Se refiere a continuación el interviniente, al cargo relacionado con la equivocada remisión al ''artículo anterior'', el cual aborda desde la perspectiva del principio de legalidad. A este respecto señala este principio está conformado, a su vez, por otros dos principios, el de reserva legal y el de tipicidad. De conformidad con el primero, prosigue, sólo el legislador está constitucionalmente autorizado para establecer los delitos y las penas, al paso que, de acuerdo con el segundo de los componentes, el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y explícita posible.
Por otra parte, en cuanto a la ampliación de los afectados y los agravantes extensivos, el Instituto expresa que se aparta de las consideraciones de la demandante, pues la Constitución ordena de manera especial la protección a las personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, y por lo tanto el texto del inciso tercero del artículo 1º de la Ley 882 de 2004 es constitucional, salvo la expresión ''del que habla el artículo anterior''.
Así las cosas, concluye, por un lado, que la omisión en la Ley 882 del texto relacionado con la agresión sexual, dada su incidencia y estrecha relación con la violencia intrafamiliar y los abusos que se cometen contra niños y niñas y las mujeres, es abiertamente contraria a la protección que para la familia consagra la Carta Política, y, por otro, que la referencia que se hace en la norma demandada al ''artículo anterior'', es un claro error en la ley, y que, por consiguiente, tal expresión debe ser declarada inexequible, para que opere el agravante de la pena cuando las víctimas son las enunciadas en el inciso final de la misma norma.
4.1. . Intervención de la Comisión Colombiana de Juristas
En su escrito, el interviniente, luego de presentar los cargos formulados en la demanda, realiza una ''conceptualización de la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas y otras personas que hacen parte del grupo familiar, a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos'' y esboza los alcances de los compromisos asumidos por el Estado colombiano en esta materia.
A renglón seguido, expresa que el tipo penal de la violencia intrafamiliar desconoce el deber constitucional de proteger a la familia contra cualquier forma de violencia, porque no sanciona los maltratos sexuales que no encuadran dentro de los `delitos sexuales'. Señala que bajo la redacción del tipo penal acusado, no se castigan las agresiones de carácter sexual perpetradas contra los miembros del núcleo familiar y por lo tanto, aquellas conductas que no puedan encuadrarse dentro de los delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales, en razón a su intensidad o perjuicio, quedarán en la impunidad.
Finalmente, expresa que, a partir de un detallado recuento del tramite del respectivo proyecto de ley, es claro que el propósito del legislador al expedir la Ley 882 de 2004, fue el de ampliar el ámbito de protección del delito de violencia intrafamiliar para amparar a aquellos que estuviesen en una posición de vulnerabilidad. Agrega que el argumento central para suprimir en el tipo la referencia a los maltratos sexuales fue el de que ''... siempre que se está frente a una conducta injuriosa de tipo sexual se configura un delito sexual.'' Pone de presente, que, en su criterio, ello no es así, porque no todo daño a la integridad sexual puede considerarse como delito sexual y porque, además, los bienes jurídicos protegidos por los delitos sexuales son diferentes al bien jurídico tutelado por la violencia intrafamiliar, lo cual, a su vez, ocasiona un juicio de reproche diferente. Así, concluye, la modificación del tipo penal de la violencia intrafamiliar respondió más a imprecisiones conceptuales que a la intención del legislador de autorizar la comisión de maltratos sexuales al interior de la familia.
Por todo lo anteriormente expuesto, manifiesta, ''...es claro que el artículo acusado es inconstitucional pues deja en la impunidad aquellas conductas lesivas de índole sexual cometidas en el seno familiar, además, porque no responde adecuadamente al deber estatal de protección integral de la familia contra todas las formas de violencia y, por último, porque implícitamente autoriza a los integrantes de la familia a ejercer maltratos de tipo sexual contra sus parientes...''.
Después de hacer una serie de consideraciones en torno a las condiciones de procedencia de un juicio de constitucionalidad por omisión legislativa, las cuales considera se cumplen en este caso, y de expresar el que en su criterio debe ser el alcance del fallo que emita la Corte, dada la incidencia que sobre el caso tiene el principio de legalidad en materia penal, el interviniente concluye señalando que la inexequibilidad de la norma acusada ''... deviene del incumplimiento del deber expreso dispuesto por el constituyente y la normatividad internacional de brindar a la familia, a las mujeres, niños y niñas, y demás miembros del grupo familiar, la mayor protección posible frente a cualquier tipo de violencia.''
El señor P. General de la Nación, en su concepto de rigor, solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del inciso primero del artículo 1º de la Ley 882 de 2004 y la exequibilidad condicionada de la expresión ''del que habla el artículo anterior'' contenida en el inciso segundo de la misma disposición.
Expresa el señor P. que, en desarrollo del principio de igualdad material, cuando el legislador adopte una medida a favor de personas que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad, los beneficios de la misma deben hacerse extensivos a todas las personas que se encuentren en idéntica situación. En su criterio, la norma demandada, efectivamente desconoce el principio de igual trato o consideración, al castigar ciertas conductas que atentan contra la familia, mientras excluye otras conductas también reprochables, que afectan igualmente a los miembros de esa institución que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
Manifiesta, por otra parte el P. General de la Nación, que el maltrato sexual no puede asimilarse a las nociones genéricas de maltrato físico o psíquico, y que cabe considerar las ''pequeñas causas'' referidas por la demandante, aclarando que éstas son aquellas conductas agresivas que no tienen ni la identidad ni la intensidad de las otras conductas más graves como el acceso carnal violento, pero que generan malestar de contenido específicamente sexual.
Agrega que tales modalidades de maltrato son sutiles, y pueden darse en el contexto de lo que en la tradición patriarcal del país se conoce como el ''débito conyugal'', o mediante la práctica de ''... lo que la técnica socioanalítica ha denominado `perversiones sexuales' y que se traducen en la imposición de prácticas sexuales no deseadas, por medio del chantaje, del miedo y otros medios de presión en el campo de la sexualidad.'' Esas modalidades, prosigue, en el ámbito familiar se han constituido en una serie de conductas agresivas que no solo desconocen los bienes jurídicos tutelados por la Constitución y por la ley penal en materia sexual, sino que también vulneran la armonía y el respeto debido a la dignidad humana de los integrantes de la familia.
Adicionalmente expresa el P. General de la Nación que, precisamente el carácter sutil del maltrato familiar que tiene lugar en el seno de la familia, hace que su presencia sea difícil de establecer, lo que no ocurre con las conductas atinentes a la violencia o el abuso sexuales, cuya realización es más fácil de detectar. Así, señala, siguiendo a F., el elemento objetivo en el delito de maltrato sexual depende necesariamente de la valoración de la parte ofendida, que es la única que puede calificar un hecho como violencia o como molestia sexual. Por ello, en su concepto, no es de recibo suponer que en la noción del maltrato físico y psicológico queda comprendido el maltrato sexual.
''Luego, la hipótesis según la cual el maltrato físico o psicológico implica el maltrato sexual intrafamiliar y, como consecuencia puede considerarse como una conducta ya penalizada, va en contravía del principio de tipicidad, toda vez que ella da lugar a tipos penales implícitos, lo cual riñe abiertamente con la prescripción de estirpe constitucional consistente en que la ley penal ha de definir de manera inequívoca, expresa y clara las características fundamentales del tipo penal''.
Por otra parte, el P. General de la Nación considera que con la expedición del inciso primero de la Ley 882 de 2004, el legislador vulneró la Constitución Política por haber incurrido en una omisión legislativa relativa al excluir del tipo penal de violencia intrafamiliar el maltrato sexual, toda vez que al expedir una norma con el fin de modificar otra ''... excluyó de la norma modificatoria lo que en la norma modificada era el cabal desarrollo de un deber constitucional y de normas internacionales, vulnerando con ello el principio de igualdad''.
Finalmente, solicita el Ministerio Público que se declare la constitucionalidad condicionada de la expresión ''del que habla el inciso anterior'' contenida en el inciso segundo del artículo 1º de la Ley 882 de 2004, señalando que la alusión allí hecha se refiere al inciso anterior del artículo 229 del Código Penal y no al artículo anterior del artículo 1º de la Ley 882 de 2004, el cual no existe. Además de las razones expuestas en la demanda, manifiesta que la intervención de la Corte se hace necesaria, por cuanto el evidente error en el que incurrió el legislador afecta derechos fundamentales como el de la libertad de las personas.
Para la demandante, algunos intervinientes y el Ministerio Público, la norma demandada resulta contraria al principio de igualdad, por cuanto protege a determinados sujetos pasivos de agresiones en el seno de la familia, pero excluye de esa protección a otros sujetos que se encontrarían en las mismas condiciones. En la misma infracción se incurriría al no brindar una protección adecuada a quienes tienen la calidad de sujetos de especial protección. Del mismo modo, la norma resultaría contraria a la Constitución por cuanto incurre en una omisión legislativa relativa debido a que, al desarrollar los mandatos de protección de adultos, mujeres, niños y niñas y personas que se hallen en condiciones de discapacidad, lo ha hecho frente a algunas relaciones, dejando por fuera supuestos análogos, puesto que penaliza únicamente dos formas de maltrato familiar, -el físico y el psíquico- y excluye una tercera -el sexual-. Para la demandante, finalmente, la referencia al ''artículo anterior'' contenida en el segundo inciso de la norma demandada, es un evidente error del legislador, porque es claro que el reenvío normativo era al inciso anterior, sin embargo, y dado que en virtud de la exigencia del principio de legalidad, no cabe en este caso aplicar inferencias, esa equivocación trae consigo un menor nivel de protección, porque no sólo haría inane la norma, en cuanto que se quedaría sin efecto la ampliación de la población en estado de vulnerabilidad, sino que además dejaría sin efecto también el único agravante que con anterioridad existía, que era el maltrato realizado contra un menor, razones por las cuales la mencionada expresión debe ser retirada del ordenamiento.
Por otro lado, la F.ía y quien interviene por el Ministerio del Interior y de Justicia consideran que la norma demandada se desenvuelve en el ámbito de la potestad de configuración de legislador, que de ella no puede predicarse que desconoce el principio de igualdad, porque la ley puede tratar de manera diferente supuestos que son diferentes, y que, en todo caso, la norma acusada no despenaliza el maltrato sexual intrafamiliar, porque, por un lado, esa modalidad de maltrato se encuentra sancionada con penas mayores, en los tipos de violación o de actos sexuales abusivos, que prevén como causal de agravación el hecho de que la agresión se dirija contra un miembro del núcleo familiar Quien interviene por el Ministerio del Interior y Justicia precisa que la agravación de la pena cuando la conducta recae sobre miembros de la familia se deriva de la disposición normativa conforme a la cual la pena se aumenta de una tercera parte a la mitad cuando el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le de particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza, y cuando se realizare contra el cónyuge o sobre con quien se cohabite o se haya cohabitado, o con la persona con quien se haya procreado un hijo. , y por otro, las conductas da maltrato sexual que no puedan subsumirse en los referidos tipos, constituyen, por su propia naturaleza, agresiones de carácter físico o psicológico, que se encuentran expresamente consagradas como delictivas en la disposición acusada. Coinciden estos intervinientes en aceptar que la referencia al ''artículo anterior'' presente en la norma demanda es equivocada, pero consideran que es claro que ella se refiere en realidad al inciso anterior, razón por la cual la norma debe declararse exequible, aunque, en criterio de la F.ía, con un condicionamiento que haga claridad sobre el particular.
2.3. ¿La errónea remisión al ''artículo anterior'' contenida en el segundo inciso de la norma demandada, resulta contraria al principio de tipicidad en materia penal y por consiguiente, contraria al principio de legalidad?
En ese contexto, ''[p]or violencia intrafamiliar puede entenderse todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.'' Sentencia C-059 de 2005, M.C.I.V.H.
''Es así como en relación con los niños, la Convención Internacional de los Derechos del Niño La Convención Internacional de los Derechos del Niño fue aprobada por nuestro país mediante la Ley 12 de 1992 en su artículo 19 dispone:
''1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
''2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial''.
En relación con las mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belén Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por la Ley 248 del 29 de 1995, dispuso, entre otros, como deber de los Estados ''incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso'' (art. 7 lit. c). Tal compromiso fue confirmado en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer adoptada por la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2000/45 Aprobada sin votación, en la 61ª sesión, del 20 de abril de 2000.
Para enfrentar el fenómeno de la violencia intrafamiliar los distintos Estados han adoptado en sus legislaciones medidas específicas encaminadas a prevenirla, combatirla, y a atender a las víctimas. Cabe señalar que esas medidas, en el ámbito jurídico, podrían clasificarse entre las penales, por un lado, y las de otra naturaleza, por otro, y que, en general, la legislación específica en materia de violencia intrafamiliar, se orienta a la regulación de las medidas no penales de protección, tales como, asistencia, asesoramiento y protección a las víctimas, así como medidas preventivas frente a los agresores, todo sin perjuicio de las medidas ordinarias de carácter penal que resulten aplicables. Una muestra aleatoria sobre la legislación relativa a la violencia intrafamiliar en diversos Estados permite observar que, de ordinario, la misma se orienta a regular medidas administrativas de protección, incluso con intervención judicial, y remite a la legislación general para la regulación de los asuntos penales. Así, por ejemplo en Ecuador la ''Ley contra la violencia a la mujer y la familia'', que contiene un completo régimen en materia de violencia intrafamiliar, no incluye los tipo penales que pueden resultar aplicables, sino que de manera general, en su artículo 23, dispone que ''[e]l juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan delitos, y que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los jueces y a los tribunales de lo penal, sujetándose a las normas previstas en el Código de Procedimiento Penal''; en México, en el Estado de Sonora, la ''Ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar'' expedida con el objeto de ''... establecer las bases y procedimientos para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar en el Estado de Sonora a efecto de erradicar esta práctica dentro de la familia'', dispone que la aplicación de las previsiones contenidas en la misma se hará independientemente de las sanciones civiles, penales o administrativas que se impongan por la autoridad competente. Esto es, de ordinario, si bien se ha identificado la categoría de violencia intrafamiliar como asunto que requiere particular atención del Estado, en materia penal es necesario acudir a los tipos generales de delitos que protegen bienes jurídicos como la vida y la integridad física, o la libertad, la integridad y la formación sexuales.
En ese contexto, el fenómeno de la violencia intrafamiliar comprende todo acto de maltrato que recaiga sobre un integrante del núcleo familiar del agresor, sin hacer distinción en cuanto a su gravedad. De este modo conductas tipificadas de manera general como el homicidio o las lesiones personales se integran al ámbito de la violencia intrafamiliar cuando se cometen contra integrantes de ese núcleo. En ese sentido, por ejemplo, la Corte Constitucional Sentencia C-285 de 1997, M.C.G.D., consideró que no resultaba admisible constitucionalmente diferenciar del tipo penal de la violación uno especifico de violación entre cónyuges, para hacer menos severa la sanción aplicable en el segundo, porque la afectación del bien jurídico era la misma en ambos casos. Así, en el ámbito de la familia tiene plena aplicación el derecho penal que protege la vida y la integridad personal e, incluso, de ordinario, la condición de la víctima como integrante del núcleo familiar se toma como una circunstancia de agravación punitiva.
De esta manera se tiene que, en general, si bien se ha identificado la categoría de violencia intrafamiliar como asunto que requiere particular atención, y de hecho se han adoptado por las legislaciones medidas específicas encaminadas a prevenirla, combatirla, y a atender a las víctimas, en materia penal, es necesario acudir a los tipos generales de delitos previstos para la protección de bienes jurídicos como la vida, la integridad física, la libertad, la integridad y la formación sexuales, la autonomía personal o la libertad individual. En América Latina, por ejemplo, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay, entre otros Estados, no tenían, para el año 2002, un tipo penal autónomo de violencia intrafamiliar. En las legislaciones de esos Estados, de manera general, la sanción de las conductas de violencia intrafamiliar, se realiza por la vía de la remisión a los tipos penales que protegen la vida y la integridad personal y la libertad, integridad y formación sexuales. En algunos casos lo condición de la víctima como integrante del grupo familiar del agresor se toma como circunstancia de agravación punitiva. Otra modalidad aplicable en ciertos eventos es que el incumplimiento de las medidas administrativas de prevención y protección si se sanciona penalmente.
Sin embargo, de manera relativamente reciente, se ha producido un movimiento orientado a la diferenciación de la violencia intrafamiliar como tipo delictivo autónomo, en razón a la existencia de manifestaciones de maltrato que afectan a los integrantes del grupo familiar, en particular a quienes dentro del mismo se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, que tienen repercusiones sobre la armonía doméstica y la unidad familiar y que, sin embargo, no caben dentro de los tipos generales de los delitos que se han previsto para la protección de otros bienes jurídicos. Así, por ejemplo, en España, el primer antecedente específico en materia de un tipo penal para la violencia doméstica estaría en la Ley Orgánica 3 de 1989. En el Código Penal de 1995 la descripción de la conducta de violencia en el seno familiar se limitaba a la violencia física y en 1999 se agregó al tipo la modalidad de violencia psíquica. (Sobre este punto puede verse ''El delito de malos tratos familiares, Nueva regulación'' de E.C.B., M.P., Madrid, 2000). En América Latina, Colombia, desde 1996, Bolivia, Honduras y Paraguay, entre otros Estados, contemplan en su legislación tipos penales específicos de violencia intrafamiliar. (Ver ''Derechos, género e infancia, Mujeres, niños, niñas y adolescentes en los Códigos Penales de América Latina y el Caribe Hispano'' UNIFEM, Universidad Nacional, Bogotá, 2002.)
Por otro lado, debe señalarse que el maltrato sexual ha sido, de tiempo atrás, objeto de regulación específica en los ordenamientos penales, sin perjuicio de la reciente evolución hacia una más adecuada identificación de los bienes jurídicos que deben ser objeto de protección. Resulta en esta materia relevante destacar que el maltrato sexual tiene distinta connotación según se trate de conductas entre adultos, o eventos en los que haya participación de menores, en la medida en que, entre adultos, la afectación del bien jurídico se produce, fundamentalmente, por la ausencia de consentimiento, al paso que, tratándose de menores, el ordenamiento se orienta a la proscripción general de toda conducta de índole sexual por incapacidad de consentir. De allí se desprende una diferencia en la configuración de los tipos penales y en la extensión de los mismos, de modo que, para las conductas que tienen lugar entre adultos se tiende a describir de manera más precisa las conductas que, en ausencia de consentimiento, son objeto de reproche penal, mientras que tratándose de menores, el enunciado tiende a ser más comprensivo. Así, en el ordenamiento penal colombiano, para los tipos de violación, es necesario que exista, o acceso carnal o acto sexual distinto del acceso carnal, lo cual implica, necesariamente, contacto personal. Los actos sexuales abusivos, que se predican en relación con menores de 14 años, incluyen no solo el acceso carnal y los actos sexuales distintos al acceso carnal, sino también, la realización de actos de contenido sexual en presencia de menores o la inducción al menor a prácticas sexuales.
Tal como se ha puesto de presente por la Corte, nuestra Constitución, en consonancia con distintos instrumentos internacionales, dispuso en su artículo 42 que el Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de la familia, y que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Del mismo modo, en el artículo 44 de la Carta, con el propósito de brindar una protección especial y prevalente a los niños y niñas, se consagraron como fundamentales un conjunto de derechos entre ellos los derechos a tener una familia y a no ser separados de ella, y al cuidado y al amor. En la misma norma se dispuso, además, que los niños serán protegidos contra toda forma de violencia física o moral, y abuso sexual. La legislación en materia de prevención y protección de la violencia intrafamiliar se desenvuelve en el contexto de los instrumentos internacionales que abordan el problema en relación con los sujetos más vulnerables a ese tipo de violencia, como son las mujeres, los menores, los ancianos y los discapacitados. Así, por ejemplo, en relación con los niños, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por Colombia mediante Ley 12 de 1992, en su artículo 19 dispone: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. / 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial''. En relación con las mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belén Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por la Ley 248 del 29 de 1995, dispuso, entre otros, como deber de los Estados ''incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso'' (art. 7 lit. c). Dicha convención es sus artículos 1 y 2 define la violencia contra la mujer así: ARTÍCULO 1o. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. / ARTÍCULO 2o. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: / a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; / b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y / c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.
La anterior disposición remitía, tanto a los delitos que de manera general se han previsto en el ordenamiento penal para enfrentar las distintas modalidades de violencia, como a las medidas específicas de carácter penal que se incluyeron en la propia ley, bajo el acápite ''delitos contra la armonía y la unidad familiar'', y que consagraban los delitos de violencia intrafamiliar, de maltrato mediante restricción a la libertad física y de violencia sexual entre cónyuges.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-285 de 1997, declaró inexequible el artículo 25 de la Ley 294 de 1996, que establecía el delito de violencia sexual entre cónyuges, por considerar que ''[l]a consagración de un tipo penal privilegiado para los delitos de acceso y acto carnal violento, cuando se ejecutan contra el cónyuge, o la persona con quien se cohabite o haya cohabitado o con quien se haya procreado un hijo es desproporcionada, y en consecuencia, vulnera el derecho a la igualdad.'' En esa sentencia la Corte, en doctrina expresada a propósito de la violencia sexual entre cónyuges, pero que resulta igualmente aplicable en relación con delitos que afecten otros bienes jurídicos, como la vida y la integridad personal, señaló que ''[a]signar a unos mismos hechos sanciones diferentes implica que el legislador considera que las conductas o no son igualmente lesivas o no merecen el mismo reproche. La benignidad del trato comporta una consideración sobre la menor lesividad del hecho, menor trascendencia del bien jurídico protegido o menor reprochabilidad del acto. La consideración que la libertad sexual es menor, no es de recibo pues la existencia de un vínculo legal o voluntario no comporta la enajenación de la persona, máxime cuando dicho vínculo ya no existe. La libertad sexual no admite gradaciones, pues ello implicaría considerar a algunas personas menos libres que otras y por tanto desconocer los principios constitucionales de la dignidad humana y la igualdad de todas las personas. Por tanto, la distinción hecha por el legislador en este punto resulta ilegítima.'' Estimó la Corte, que cuando la conducta delictiva tiene lugar en el ámbito familiar, la lesividad del hecho es aún mayor por cuanto puede afectar no sólo a la persona misma que sufre la afrenta, sino también incidir en la ruptura de la unidad familiar o al menos producir graves disfunciones en la misma, lo que afectará a los demás miembros que la integran, y particularmente a los menores. Y agregó que ''[t]ampoco puede considerarse menos reprochable el acto, pues los vínculos de familia, antes que ser considerados como razones que disminuyan la punibilidad del hecho, lo agravan, dado que el deber de solidaridad que liga a los miembros de una familia, implica una obligación mayor de respeto a los derechos de sus integrantes.''
En la sentencia C-285 de 1997 la Corte también se pronunció en relación con el delito de violencia intrafamiliar, tal como había sido inicialmente configurado en la Ley 294 de 1996, para señalar que no era de recibo el cargo entonces presentado, y conforme al cual la disposición demandada contemplaba un tipo penal abierto que podía abarcar desde conductas inocuas hasta violaciones graves a la libertad física, síquica o sexual de las personas y, en consecuencia, cuando los sujetos pasivos del hecho fuesen familiares del agresor, éste recibiría una sanción menor a la prevista para los mismos hechos contemplados en el Código Penal, lo cual resultaba desproporcionado. Señaló la Corte que ''[m]ediante el artículo 22 de la ley 294 de 1996, el legislador quiso elevar a la categoría de delito algunas conductas que no podían ser adecuadas a las figuras típicas previstas en el Código Penal ''La violencia familiar en sus distintas manifestaciones no está tipificada en nuestro Código Penal como delito, siendo un comportamiento que afecta la misma esencia jurídica de la organización familiar''. Gaceta del Congreso No. 164, septiembre 29 de 1994, Exposición de motivos del proyecto de ley., con el objeto de brindar una mayor protección a los miembros de la familia, que eventualmente puedan ser víctimas de violencia por parte de otro integrante de su misma familia.'' Agregó que los elementos constitutivos del tipo de maltrato son distintos a los de las lesiones, por cuanto el maltrato implica un acto de agresión contra la persona que no altere su integridad física, síquica o sexual, mientras que las lesiones precisan del daño en la salud. Junto con otras consideraciones acerca de la diferencia en los bienes jurídicos protegidos, la Corte precisó que el tipo penal descrito por la norma acusada no era abierto, como se afirmaba en la demanda, por cuanto las expresiones contenidas en la norma debían ser entendidas en su sentido natural, y correspondería al juez, al resolver sobre la responsabilidad de acusado, definir ''... si la conducta es inocua, constitutiva de maltrato o de lesiones personales, para lo cual se ha de valer de todos los medios de prueba aceptados legalmente, y en particular del concepto del médico legista.''
Debe observarse que el delito de violencia intrafamiliar fue inicialmente establecido en la Ley 294 de 1996, bajo la consideración de que hay conductas que por sus características o por su magnitud no encajan en los tipos penales que de manera general sancionan la violencia, pero que, sin embargo, cuando se producen en al ámbito familiar, deben ser objeto de sanción penal. En su concepción inicial el tipo penal tenía el siguiente tenor: ''ARTÍCULO 22. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. El que maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá en la prisión de uno (1) a dos (2) años.''. El tipo delictivo fue luego incorporado al Código Penal por la Ley 599, de la siguiente manera: ''Artículo 229. El que maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años. La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato recaiga sobre un menor.'' Se introdujo así, de manera expresa, la subsidiariedad en el tipo penal, y se agregó la causal de agravación punitiva cuando la víctima sea un menor.
''Artículo 229. Violencia Intrafamiliar. El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años.
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato, del que habla el artículo anterior recaiga sobre un menor, una mujer, un anciano, una persona que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.''
La Ley 882 de 2004 se expidió con el propósito de ampliar la protección que el tipo de la violencia intrafamiliar brindaba a la mujer, al incluirla como víctima en la causal de agravación punitiva inicialmente prevista en beneficio de los menores. Ver Proyecto de Ley No. 18 de 2002 Senado, Gaceta del Congreso No. 304 de 2002, p. 21. En el curso de los debates se suprimió la expresión ''sexual'' contenida en el primer inciso del artículo en discusión, con la consideración de que toda conducta de maltrato sexual cabe en las hipótesis de actos sexuales o violentos o abusivos. Ver debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Gaceta del Congreso 514 de 2003 p. 23
''Puede afirmarse entonces que el propósito del constituyente de proteger y amparar a la familia debe traducirse en la adopción de políticas Estatales que incluyan la creación de herramientas no sólo de carácter punitivo o represivo sino de otras de carácter preventivo y correctivo, a fin de permitir a los miembros de la familia superar sus conflictos de forma pacífica, en este caso con la intervención de un tercero en el plano de la administración de justicia, mediante el ofrecimiento y puesta en marcha de mecanismos alternativos y complementarios que incluyan la posibilidad de soluciones conciliadas haciendo partícipe, en cuanto sea posible, a la propia comunidad Este criterio ya fue expuesto anteriormente por la Corte en Sentencia C-273 de 1998, donde la declarar inexequible el desistimiento tácito de la víctima en los procesos de violencia intrafamiliar. Dijo la Corte: ''...en principio es legítimo que se logren acuerdos conciliados en este campo, puesto que la Carta en manera alguna excluye que se establezcan mecanismos consensuales, en vez de dispositivos exclusivamente sancionatorios, para resolver los conflictos intrafamiliares. La figura que se retira del ordenamiento es el desistimiento tácito, pues la Constitución exige una protección integral y efectiva de los derechos de la víctima de la violencia interfamiliar, mientras que esa figura, en nombre de la celeridad de la justicia, contribuía, paradójicamente, a fomentar una acrecentada desprotección, por ende una desigualdad material, en perjuicio de la parte más débil del conflicto familiar''. .''
En las hipótesis de maltrato físico y psíquico, la subsidiariead es un elemento integrante del tipo de la violencia intrafamiliar, porque complementa la descripción de la conducta que es objeto del mismo. Así, el delito de violencia intrafamiliar se refiere al maltrato físico y psicológico que no esté sancionado con pena mayor. Ello remite, primordialmente, a los delitos contra la vida y la integridad personal, que son delitos de resultado. Esto es, la ley describe de manera taxativa el resultado que hace parte del tipo. Así, en el homicidio, la muerte de la víctima, y en las lesiones personales, la deformidad (Art. 113 C.P.), la perturbación funcional (Art. 114 C.P.), la perturbación psíquica (Art 115 C.P.) o la pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro (Art.116 C.P). El primer enunciado del tipo de violencia intrafamiliar es abierto, puesto que se refiere a cualquier forma de maltrato físico o psicológico. Sin embargo, el tipo se determina cuando se precisa que las conductas que lo integran son aquellas que no constituyen delito sancionado con pena mayor. Esto es, las conductas de maltrato físico o psicológico que no conduzcan a la muerte de la víctima, ni le ocasionen lesiones de las características enunciadas en los tipos de lesiones personales. Hay unas conductas objetivamente determinables que satisfacen esa doble condición: son maltrato pero no cumplen las condiciones objetivas de los tipos de lesiones o de homicidio. Se trata, por consiguiente, de situaciones excluyentes. Quien incurre en una conducta de lesiones personales, está por fuera del tipo de violencia intrafamiliar, y viceversa, un caso de maltrato que se inscriba en el tipo de la violencia intrafamiliar, no podría subsumirse en los tipos de homicidio o de lesiones personales. Un análisis similar habría de hacerse en relación con otros tipos penales, como el que consagra la tortura, para identificar los elementos objetivos presentes en ellos que den lugar a la aplicación de la subsidiariedad.
La hipótesis del concurso ideal de normas, sin embargo, estaría conjurada por el carácter subsidiario expreso del tipo de la violencia intrafamiliar. En ese caso, entonces, el problema sería la inocuidad de la norma, porque si las conductas a las que ella remite son lesivas de los bienes jurídicos de la libertad, la integridad y la formación sexuales, estarían sancionadas con base en los tipos penales específicos, y si no son lesivas de tales bienes, no serían objeto de reproche penal. Debe observarse que no es de recibo el planteamiento que se hace en la demanda y que se realiza también en la intervención de la Comisión Colombiana de Juristas y conforme a la cual es posible hacer un paralelismo entre la subsidiaridad que se predica del maltrato físico y psicológico frente a los tipos penales de lesiones personales y la que cabría predicar del maltrato sexual frente a los llamados delitos sexuales. En este último caso, en criterio de la Comisión Colombiana de Juristas, la opción por uno u otro tipo penal estaría determinada por la intensidad de la conducta lesiva y que, tal como habría sido expresado por la Corte en la Sentencia C-285 de 1997, la gravedad de la injuria sería el factor para determinar el tipo penal aplicable. Sin embargo, como se ha puesto de presente en esta providencia, la subsidiariedad en materia de maltrato físico o psicológico, se produce por el carácter de delitos de resultado que tienen los de lesiones, aspecto que en la Sentencia C-285 de 1997 la Corte expresó en estos términos: ''Los elementos constitutivos del tipo de maltrato son distintos a los de las lesiones. El maltrato implica un acto de agresión contra la persona que no altere su integridad física, síquica o sexual. En tanto que las lesiones precisan del daño en la salud.'' Hay, pues, una diferencia de elementos constitutivos y no simplemente un problema de intensidad sujeto a discrecionalidad judicial.
Con todo, cabría señalar que es posible encontrar conductas de maltrato sexual, que no puedan subsumirse en los tipos de los delitos sexuales, y que sin embargo sean merecedoras de reproche penal. Un ejemplo podría ser una conducta, realizada entre adultos, que no obstante su connotación sexual, no implique contacto físico y que se realice sin el consentimiento del sujeto pasivo capaz de otorgarlo La ausencia de contacto físico es determinante, porque, de haberlo se entraría en el ámbito de los actos sexuales violentos, sancionados como delito sexual. . Es podría ser el caso, por ejemplo, de la persona que, mediante el empleo de alguna forma de violencia, sea sometida a presenciar actividades de contenido sexual explícito. Tal hipótesis implicaría el empleo de violencia sobre la víctima, y como quiera que la violencia que se ejerce sobre las personas solo puede ser, o física, o psíquica, ello permitiría encuadrar la conducta en el tipo de la violencia intrafamiliar, como maltrato físico o psicológico, según sea el caso. Debe observarse, que entre adultos capaces de consentir, las conductas sexuales no pueden ser, per se, objeto de sanción penal, y que la ilicitud de las mismas depende de la modalidad de la conducta, bien sea porque se recurre a la violencia, física o sicológica, o porque se pone a la víctima en incapacidad de resistir.
Las anteriores consideraciones imponen la conclusión de que, si bien la disposición demandada excluyó la referencia al maltrato sexual como modalidad específica del tipo penal de la violencia intrafamiliar, en aquellos casos en los que una conducta de agresión sexual no pueda subsumirse en tipos delictivos que tengan prevista una pena mayor, la ilicitud de la misma se derivaría de su carácter violento, y, por consiguiente, ella se encuadraría, de manera necesaria, en los conceptos de maltrato físico o psicológico. De esta manera, la exclusión de la expresión ''sexual'' como modalidad del maltrato dentro del tipo de la violencia intrafamiliar, sólo dejaría por fuera del tipo conductas no violentas, las cuales, en una consideración estricta del tipo penal -que incorpora, tanto en su título, como en el capítulo del que hace parte- la expresión violencia intrafamiliar, estarían excluidas de manera general. Dichas conductas, por otra parte, en cuanto que puedan considerarse como una expresión de maltrato, serían enfrentadas a través de los instrumentos no penales que el ordenamiento ha previsto para el efecto.
Siguiendo las consideraciones de la demanda podría señalarse que sería posible, aún, identificar conductas que puedan tener una connotación de maltrato sexual y que no puedan encuadrarse tampoco en la violencia intrafamiliar. Para ello sería necesario que las mismas estuviesen desprovistas de toda manifestación violenta. La demandante se refiere, por ejemplo a ''presiones sexuales sutiles'' o a la ''imposición de comportamientos sexuales no deseados''; en el concepto del Ministerio Público se alude a ''la práctica de lo que la técnica sicoanalítica ha denominado como `perversiones sexuales' y que se traducen en la imposición de prácticas sexuales no deseadas, por medio del chantaje, del miedo y otros medios de presión en el campo de la sexualidad'', y en la intervención de la Comisión Colombiana de Juristas se señalan ''...la desnudez forzada, el acoso sexual por cualquier miembro del grupo familiar y los tratos verbales con connotación sexual entre otros ...''.
Sobre este particular, de manera general, la Corte ha señalado que, para garantizar la efectividad de determinados bienes jurídicos, se desprende de la Constitución la obligación de que se establezcan distintos medios de protección, que pueden ser alternativos, concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la materia se haga por el legislador. Ver Sentencia C-489 de 2002, M.R.E.G.
En ese escenario, dijo la Corte, corresponde al legislador la valoración en torno a los bienes jurídicos que ameritan protección penal, las conductas susceptibles de producir lesiones en tales bienes, el grado de gravedad de la lesión que de lugar a la aplicación del ius puniendi, y el quantum de la pena que deba aplicarse. I..
Destacó la Corte que sobre la materia existe una amplio margen de configuración legislativa y que ''[e]n principio, no existe, de manera expresa, un imperativo constitucional según el cual determinados bienes jurídicos deban, necesariamente, protegerse a través del ordenamiento penal.'' I.. Y agregó que, ''[p]or el contrario, dentro de una concepción conforme a la cual sólo debe acudirse al derecho penal, con su efecto limitativo de las libertades individuales, cuando no exista otro medio de protección de los bienes jurídicos que resulte menos invasivo, la criminalización de una conducta solo puede operar como ultima ratio.'' I..
''Así, puede ocurrir, por ejemplo, que la nueva ley sea una respuesta a un cambio en la estimación colectiva del bien objeto de protección; o que la variación puede estar en la ponderación sobre lo adecuado de la respuesta o de los instrumentos de protección. O puede tratarse de un cambio de apreciación en torno a la efectividad de los instrumentos de protección, por considerar, por ejemplo, que no por más gravosos para el infractor, los instrumentos penales resultan más efectivos para la protección del derecho, en determinados supuestos.
En este contexto, el legislador puede optar por prescindir de la protección penal, cuando considere que basta con los mecanismos previstos en otros ordenamientos, como v.gr. la nulidad de los actos jurídicos o la indemnización de perjuicios en el derecho civil o la responsabilidad patrimonial y disciplinaria en el derecho administrativo. O puede atenuar las medidas de protección penal, restringiendo el ámbito del tipo penal, o reduciendo el quantum de la pena, o, en fin, excluir la responsabilidad o la punibilidad por consideraciones de tipo preventivo. Y todo dentro de la valoración, también, de la medida en que se estima vulnerado el bien jurídico protegido.''
Porque, como se ha visto, la legislación penal colombiana protege a los integrantes del núcleo familiar, sin discriminación alguna, contra toda forma de violencia, en particular la que tenga connotación sexual. Así, el ordenamiento penal protege a todas las personas, por su mera condición de tales, contra las conductas que resulten lesivas de su libertad, integridad y formación sexuales. Adicionalmente, la ley penal protege la unidad familiar, al establecer, por un lado, causales de agravación punitiva en los tipos de delitos sexuales, en las que cabe el hecho de que la víctima haga parte del núcleo familiar del agresor, y al configurar, por otro, como modalidad delictiva autónoma, la violencia intrafamiliar. Esto es, los integrantes del núcleo familiar encuentran protección en el ordenamiento penal contra todas las expresiones de maltrato sexual que puedan subsumirse en los tipos de violación, actos sexuales abusivos y violencia intrafamiliar, en la modalidad de maltrato físico o psíquico.
Porque el mandato de protección de esos sujetos contenido en la Constitución y en los instrumentos internacionales vinculantes para Colombia, no comporta necesariamente una respuesta de tipo penal, y, en adición a las medidas de protección penal que se han enunciado, existen en el ordenamiento jurídico colombiano otros medios de protección, no penales, para atender todo tipo de maltrato sexual, incluso el que pueda quedar por fuera de las categorías que son objeto de reproche penal.
Sobre este particular, la Corte, en la Sentencia C-059 de 2005 M.C.I.V.H., al referirse al cuestionamiento entonces realizado sobre la asignación de competencia a los Jueces de Paz y a los Conciliadores en Equidad para obtener, con su mediación, que cese la violencia, maltrato o agresión que se hayan producido en el seno de la familia, expresó que ''[s]i bien es cierto que por mandato constitucional cualquier forma de violencia en la familia debe ser objeto de sanción conforme a la ley, para lo cual será necesario adoptar medidas de carácter represivo, también lo es que el Estado y la sociedad deben velar por una protección integral de la familia con miras a alcanzar los postulados fundamentales del Estado, la consecución de la paz y la promoción de la prosperidad general (arts.2, 22 y 95-6 de la CP). Agrego la Corte que lo anterior significa que, ''... también por mandatos constitucionales, el Estado debe adoptar otro tipo de medidas de carácter preventivo y correctivo que bien pueden incluir mecanismos alternativos y complementarios para la solución pacífica de conflictos intrafamiliares.''
Tal como se pone de presente por la demandante, la referencia al ''artículo anterior'' contenida en la disposición acusada obedece a un evidente error del legislador y es claro que, en realidad, se quería significar el ''inciso anterior''. Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad no es la vía para la corrección de los errores en los que incurra el legislador, cuando ellos, en si mismos considerados, no constituyan un vicio de inconstitucionalidad, bien sea por defecto de trámite o por manifestarse en una disposición contraria a la Constitución. En el presente caso se está ante un problema de aplicación de la norma, para lo cual los operadores jurídicos deberán tener en cuenta que existió claridad en el propósito legislativo, en la medida en que la ley se introdujo precisamente con el propósito de establecer unos agravantes punitivos al tipo preexistente de la violencia intrafamiliar, y que no obstante el error en la remisión, es evidente que ellos se predican de las conductas descritas en el mismo artículo, en su inciso primero.
Segundo. Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión '', del que habla el artículo anterior'', contenida en el inciso segundo del artículo 229 de la Ley 599 de 2000, tal como fue modificado por el artículo 1º de la Ley 882 de 2004, por el cargo presentado.
Sentencia nº 11001-03-15-000-2014-00197-00(AC) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Cuarta, de 24 de Abril de 2014