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Timestamp: 2019-11-15 08:37:09
Document Index: 269125682

Matched Legal Cases: ['artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 5', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 5', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 193', 'artículo 5', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 181']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 224, de 06/10/2017
cve: BOCG-12-D-224
162/000467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las altas tasas de Desnutrición Relacionadas con la Enfermedad (DRE) existentes en nuestro país ... (Página4)
162/000468 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al alquiler de viviendas para su uso turístico ... (Página6)
161/002310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Planes de Emergencia específicos sobre radiación nuclear para la población de los municipios gaditanos de las bahías de Algeciras, de Cádiz y de Rota ante una fuga radiactiva en un submarino nuclear ... (Página8)
161/002311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 (PCMASA 2) ... (Página10)
161/002303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de una rotonda en la carretera N-420 en la población de Les Borges del Camp (provincia de Tarragona) ... (Página11)
161/002313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección de los derechos de los pasajeros afectados por las cancelaciones de los vuelos de Ryanair ... (Página11)
161/002315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de funcionalidad y capacidad de la autopista AP-68 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (pp.kk. 77+960 a 201+850) ... (Página12)
161/002318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acceso en condiciones de igualdad y, en consecuencia, la necesaria adecuación de los vagones de los convoyes del AVE para menores y sus acompañantes ... (Página13)
161/002324 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la realización sin demoras del Corredor Ferroviario Navarro de Alta Velocidad y a conveniar su construcción con el Gobierno de Navarra ... (Página14)
161/002325 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a fomentar el uso del transporte ferroviario para jóvenes ... (Página15)
161/002327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que permitan que continúe el uso del español en las comunicaciones tierra-aire en todos los aeródromos a nivel nacional ... (Página16)
161/002312 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso de una Educación Física de calidad ... (Página17)
161/002323 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al alquiler de viviendas para su uso turístico ... (Página18)
161/002304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a buscar una solución a la situación que vive el sector del cerco del Golfo de Cádiz ... (Página21)
161/002305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a exigir ante la Unión Europea el cambio inmediato de las denominaciones y divisiones de FAO de las zonas pesqueras del Golfo de Cádiz, dejando de denominarse "Aguas de Portugal" y propicie la gestión diferenciada de esta zona ... (Página22)
161/002308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre zonas inundables en municipios de Huesca tras la aprobación del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre ... (Página23)
161/002320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la planificación de actuaciones de apoyo al sector de frutas de hueso y pepita ... (Página24)
161/002322 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a reorientar la política de sanidad animal en lo referente a los planes de erradicación de la tuberculosis y brucelosis y la defensa del sector de la ganadería extensiva ... (Página25)
161/002307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cancelación de vuelos de la compañía aérea Ryanair ... (Página29)
161/002316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las altas tasas de desnutrición relacionadas con la enfermedad (DRE) existentes en nuestro país ... (Página30)
161/002319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejorar la calidad de la atención sanitaria en la Ciudad Autónoma de Ceuta ... (Página32)
161/002321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización de un estudio sobre las necesidades de las personas sin hogar ... (Página33)
161/002326 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que permitan que continúe el uso del español en las comunicaciones tierra-aire en todos los aeródromos a nivel nacional ... (Página34)
161/002314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a combatir el fenómeno del incremento del uso de drogas para facilitar ataques a la libertad sexual ... (Página35)
161/002317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la modificación de las condiciones de comercialización de los productos de juego que el Gobierno autoriza a la ONCE ... (Página36)
181/000470 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre opinión del Gobierno sobre si es justificado permitir manifestaciones fascistas que tratan de impedir, perturbar o menoscabar reuniones legítimas convocadas por partidos políticos, sindicatos o asociaciones sobre la situación en Cataluña, y teniendo en cuenta el masivo traslado de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) a Cataluña ... (Página38)
232/000107 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 6645/2013, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, contra el Decreto-ley 5/2013, de 7 de noviembre, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat ... (Página39)
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000467
Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las altas tasas de Desnutrición Relacionadas con la Enfermedad (DRE) existentes en nuestro país, para su debate en Pleno.
A día de hoy existe numerosa evidencia científica de la importancia que una correcta alimentación y estado de nutrición poseen sobre la salud. Cada día existen más medios especializados relacionados con esta materia y más interés de la población, en general, por conocer pautas adecuadas de alimentación y estilos de vida saludables como determinantes de una buena salud en el corto, medio y largo plazo. Sin embargo, es paradójico que en un momento en que el interés por la alimentación y la nutrición es tan elevado, existan niveles de población tan desnutridos en nuestras instituciones sanitarias y sociosanitarias.
Podríamos calificar de "problema invisible" a la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE). Esta desnutrición es una alteración de la composición corporal de la persona producida por un déficit de nutrientes en el organismo, ya pueda ser porque se disminuye la cantidad o calidad de la ingesta, o aumenta el consumo de nutrientes por parte del organismo o requerimientos del mismo por enfermedades presentes en el individuo. La desnutrición es muy habitual en la enfermedad, pero en numerosas ocasiones, es un factor que induce claramente a ella. Una puede llevar a la otra y viceversa.
Existe numerosa evidencia, fruto de estudios internacionales y nacionales que tratan la desnutrición en los pacientes, y cómo esta afecta a los estados de salud. Por ejemplo, en España, contamos con el estudio PREDyCES (Prevalencia de la Desnutrición y Costes Asociados en España), entre otros. Este estudio arroja unos resultados preocupantes. Según sus resultados, la DRE afecta a todos los niveles de la atención sanitaria: Atención Primaria, Atención Especializada y Atención Sociosanitaria, teniendo una prevalencia elevada en todos ellos. El estudio apunta que uno de cada cuatro pacientes hospitalizados está en riesgo de desnutrición o desnutrido (23,7%) y este porcentaje aumenta al 37% entre los mayores de 70 años, afectando fundamentalmente a pacientes con enfermedades neoplásicas (35%), del sistema cardiocirculatorio (29%) y respiratorias (28%). Otros recientes estudios, como el DREAM +65, realizado recientemente en la Comunidad de Madrid, con ciudadanos mayores de 65 años, también confirma elevados estados de desnutrición en la población: la prevalencia de desnutrición fue 2,2% en sujetos atendidos en atención primaria, 0,4% en los centros de mayores, 15,6% en residencias y 21,7% en hospitales. En este mismo estudio el 10,9% de los pacientes atendidos en atención primaria estaban en riesgo nutricional, el 4,7% en los centros de mayores, el 30,9% en residencias y el 46,6% en hospitales.
A la luz de estos datos y muchos otros disponibles, podemos comprobar como la edad y el estado de salud están directamente relacionadas con la DRE. Aunque no son los únicos factores de riesgo determinantes.
Es importante que desde las Administraciones Públicas pongamos especial énfasis en la prevención y detección precoz de la desnutrición, ya que es un claro factor de aumento de aumento de la morbilidad y la mortalidad, incremente la incidencia de infecciones, facilita la aparición de escaras y úlceras por presión, heridas, fístulas y es determinante a la hora de retrasar la recuperación de pacientes quirúrgicos. También se ha demostrado como la desnutrición disminuye la efectividad de los tratamientos y produce una disminución de la calidad de vida de los ciudadanos. También está demostrado los pacientes desnutridos utilizan en mayor medida los recursos sanitarios, con mayor número de visitas al médico de atención primaria y estancias hospitalarias más prolongadas, demostrado que incluso hasta el doble de tiempo que en condiciones nutricionales correctas para una misma patología. En resumen, supone un factor transversal que afecta negativamente a la salud general de los pacientes, y que secundariamente, aumenta el gasto sanitario ya que retrasa la restitución de la salud.
Numerosas organizaciones relacionadas con el ámbito sanitario, tanto a nivel de profesionales como pacientes y sociedades científicas, han creado una alianza denominada "MásNutridos" a la que pertenecen sociedades médicas y demás profesionales, así como organizaciones de pacientes, que tiene como finalidad sensibilizar sobre esta problemática a los profesionales sanitarios de todos los niveles asistenciales y proponer medidas para prevenir y detectar precozmente este tipo de situaciones.
Entre las principales quejas de esta alianza se encuentra la falta de atención que la nutrición y la alimentación posee dentro de nuestro Sistema Sanitario. Denuncian que las valoraciones nutricionales que realizan, por lo general, los diferentes niveles asistenciales son insuficientes o nulas. Una medida concreta al respecto, por ejemplo, y sin costes para la administración sería el establecimiento de cribados nutricionales y valoración el riesgo de la DRE de manera sistemática en los centros asistenciales y en los ingresos hospitalarios, con solo 3 preguntas. Además, la mayoría de las situaciones podrá resolverse, simplemente revisando el menú de la persona en riesgo de DRE.
Por lo tanto, la DRE es un problema de salud ampliamente extendido cuyo abordaje es prioritario por su frecuencia y transversalidad en todos los niveles y por su repercusión en la calidad de vida de las personas. El tratamiento de la DRE ha demostrado un alto beneficio en la calidad de vida y en relación a su coste-efectividad, con el consiguiente impacto en los resultados en salud y en la calidad de vida de los pacientes.
Habiendo sido reconocido el problema a nivel europeo, se han aplicado ya medidas correctoras en Holanda, que ha llevado a mejorar sensiblemente la situación.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Plan para el abordaje de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE), trasladándolo posteriormente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para su aprobación y posterior aplicación en las Comunidades Autónomas que:
a) Contemple la DRE en las estrategias y planes de salud autonómicos y del SNS, en línea con los objetivos de la política sanitaria a nivel nacional.
b) Impulse iniciativas en todos los niveles asistenciales sobre la asistencia y el fomento de la coordinación en el abordaje de la DRE.
c) Sensibilice a la población general, y especialmente a los profesionales sanitarios, acerca de la necesidad de una adecuada valoración y abordaje de la DRE, mejorando la información de estos sobre las causas que conducen a la DRE, su valoración y las medidas para tratarla.
d) Asegure que las dietas proporcionadas en centros sociosanitarios se adapten a los requerimientos nutricionales adecuados a cada grupo poblacional, especialmente en los pacientes en riesgo de DRE.
e) Impulse la implementación de un Plan de Acción en cada centro, que contemple el procedimiento de cribado nutricional basada en datos antropométricos y bioquímicos en todos los ámbitos sociosanitarios, especialmente al ingreso en hospitales y residencias, así como en poblaciones en riesgo de desnutrición en atención primaria (paciente crónico complejo, paciente frágil, oncológico en tratamiento activo, demencia, ancianos, etc). Este cribado deberá registrarse en la Historia Clínica del Paciente y repetirse
de forma periódica en los casos en que su resultado ha sido negativo (pacientes sin riesgo nutricional) en la primera valoración.
f) Desarrolle procedimientos de atención a la DRE en los pacientes candidatos a cirugía mayor durante todo el periodo preoperatorio, consensuados y basados en la mejor evidencia científica disponible, con el fin de disminuir la variabilidad injustificada en la atención, la morbilidad y la estancia hospitalaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000468
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al alquiler de viviendas para su uso turístico, para su debate en Pleno.
España es uno de los destinos predilectos para millones de personas y nuestro sistema empieza a no soportar tal afluencia de turistas. La llegada de turismo masivo está afectando a los modelos de ciudades y a la convivencia de los ciudadanos.
La llegada de oleadas de turistas se ha convertido en un problema para las grandes ciudades, no solo españolas, sino también del resto del mundo. Ciudades llenas, playas a rebosar, calles intransitables, poca tranquilidad y, en ocasiones, una agitada vida nocturna, está desencadenando en España la llamada "turismofobia".
El crecimiento de la oferta de alojamiento destinado al uso turístico, junto con la proliferación de plataformas web (P2P), ha tenido como consecuencia más directa el aumento desproporcionado de turistas.
La posibilidad para un privado de alquilar su vivienda a los turistas siempre ha existido, pero Internet ha cambiado su modalidad de contratación y ha propiciado el nacimiento de un modelo de negocio.
Este nuevo modelo de negocio coloca en una situación de enorme complejidad las bases y eficacia de parte de las normas que hoy rigen el modelo turístico español.
Por ello, el crecimiento de esa oferta de alojamiento residencial en alquiler supone hoy un extraordinario desafío para muchos destinos turísticos españoles, que incluso pudiendo contar con alguna regulación parcial al respecto, no pueden evitar los impactos desfavorables de este fenómeno para el desarrollo de su modelo turístico y/o de convivencia ciudadana.
Un extenso estudio sobre "El alojamiento turístico en viviendas de alquiler. Impactos y retos" de la Alianza para la Excelencia Turística valoró por primera vez de modo fiable el crecimiento de esta modalidad de alquiler en España y dedujo las consecuencias sociales y económicas de este fenómeno para el sector turístico.
Desde hace varias décadas, los servicios de alojamiento turístico en viviendas de alquiler han tenido una elevada presencia como fórmula de alojamiento en el disfrute de las vacaciones en España, tanto de turistas extranjeros como, sobre todo, de los españoles.
Desde que se dispone de estadísticas turísticas, las cifras así lo señalan: hace 10 años, 1 de cada 5 turistas y más de 1 de cada 4 pernoctaciones de los españoles y extranjeros que pagaron por un alojamiento turístico en España ya utilizaban una vivienda de alquiler. Esta realidad suponía 13,6 millones de turistas y 153,7 millones de pernoctaciones, según las estadísticas Familitur y Egatur elaboradas por Turespaña, lo que representaba entonces el 19,4 % del mercado de alojamiento turístico de pago en España en términos de turistas y el 28,3 % en términos de pernoctaciones.
Según el III Barómetro del Alquiler Vacacional en España, elaborado por HomeAway, líder mundial en este sector, y la Universidad de Salamanca (USAL), en los dos últimos años, un total de 8 millones de viajeros residentes en España de entre 18 y 65 años se han alojado en una vivienda turística, lo cual supone 3 millones más de lo que se recogía en el estudio de 2014, cuando se contabilizaron 5 millones.
Entre las principales conclusiones señala que la vivienda vacacional aumenta su peso entre los alojamientos turísticos tradicionales (hoteles, casas rurales, etc.), pasando de suponer el 34 % del total de contrataciones realizadas según el estudio de 2014, al 36% en el de 2016.
El estudio concluye que las webs específicas de viviendas turísticas son la principal fuente empleada para la elección del alojamiento, según afirma el 53 % de los encuestados (frente al 44 % de 2014), seguidos del teléfono (25 %) y del correo electrónico (12 %). Por su parte, las agencias de viaje juegan un rol anecdótico como fuente de información utilizada para buscar vivienda vacacional.
Es necesario recordar que la explosión de las plataformas que ponen en contacto a propietarios que quieran rentar su casa con posibles inquilinos se produjo como consecuencia de la aprobación por el Gobierno de España de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que modificó el artículo 5 de La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, excluyendo de esta el alquiler de viviendas para uso turístico, y trasladando la responsabilidad sobre su regulación a las Comunidades Autónomas. A raíz de esta modificación, las Comunidades Autónomas han comenzado a regular esta actividad de alquiler.
Cada Comunidad tiene su particular regulación y no todas cuentan con una regulación específica. En algunas autonomías está prohibido alquilar pisos (pero no casas); en otras solo se puede rentar en zonas determinadas; unas se refieren a la duración mínima de días; otras a la prohibición del alquiler por habitaciones, etc. Además, se producen cambios continuos en las normas por modificaciones en la legislación o por las sentencias de los tribunales fruto de la impugnación de las normas vigentes.
EI marco normativo diseñado para proteger los derechos del turista que han de cumplir todos aquellos alojamientos regulados, es cuasi inexistentes en términos prácticos o se limita al mínimo en el caso de los alojamientos turísticos en viviendas de alquiler, lo que provoca una clara situación de competencia desleal en el mercado. Para garantizar los derechos del turista, los establecimientos reglados han de cumplir un considerable número de normas que afectan a distintos ámbitos de su actividad, con desarrollos diferentes entre Comunidades Autónomas y municipios, mientras que las viviendas dedicadas al alquiler turístico, allí donde están reguladas, han de satisfacer unos mínimos tan básicos que apenas generan costes.
En consecuencia, en tan solo unos años, el mercado turístico español está siendo profundamente transformado por la irrupción de las plataformas de contacto entre particulares (las plataformas P2P) de alquiler de viviendas. Esta transformación desordenada y sin control está teniendo serias implicaciones que ya se observan en los destinos turísticos españoles más importantes, al igual que está sucediendo en otras partes del mundo, y que demandan una respuesta urgente por parte de las Administraciones Públicas.
Esta conversión empieza a rebajar los niveles de calidad de vida, de la población residente en barrios de ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca o San Sebastián, unas de las más afectadas, produciendo un creciente debate con una considerable trascendencia en una opinión pública visiblemente desfavorable a este fenómeno.
Debemos ser conscientes de que no solo se trata de regular un fenómeno alojativo, sino que debemos definir qué modelo turístico queremos y en qué condiciones pretendemos que se desarrolle y evolucione. Las consecuencias de esta actividad van mucho más allá del simple hecho de alojar personas. Afectan a los modelos de ciudades, a la convivencia de los ciudadanos y a la evolución del precio de las viviendas en las ciudades.
Ello nos exige afrontarlo con visión global y dar una respuesta coordinada con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales involucradas. Se trataría de dotarnos de una normativa lo más equilibrada posible a nivel país, que garantice un marco de competencia en igualdad de condiciones entre los diversos operadores de servicios de alojamiento turístico, que asegure los mismos derechos para los consumidores, limite los posibles efectos externos negativos que están incidiendo sobre las ciudades y contribuya fiscal e igualitariamente al mantenimiento de los servicios públicos.
En definitiva, es necesario que el nuevo escenario, a la luz de las tendencias legislativas internacionales y la complejidad que tiene este fenómeno, incorpore aspectos orientados, entre otros, a garantizar la adecuada seguridad, la responsabilidad civil de las partes involucradas, los estándares de calidad en el alojamiento, la zonificación de la oferta, sistema de inspección y sanción responsabilidad de los intermediarios, etc., para defender mejor el escenario de convivencia y a todos los ciudadanos afectados, así como la sostenibilidad turística que en cada caso esté en juego.
1. Convocar de forma extraordinaria y urgente la Conferencia Sectorial de Turismo para consensuar una estrategia global y dar una respuesta coordinada y sostenida al desafío del espectacular crecimiento del alquiler de viviendas para uso turístico, motivado por la irrupción de las plataformas de contacto entre particulares (las plataformas P2P) de alquiler de viviendas. Se trataría de dotarnos de una normativa lo más equilibrada posible a nivel país, que garantice un marco de competencia en igualdad de condiciones entre los diversos operadores de servicios de alojamiento turístico y permita a los diferentes gestores de los destinos limitar los posibles efectos externos negativos que están incidiendo sobre sus ciudades.
2. Convocar de forma extraordinaria y urgente la Comisión Interministerial de Turismo para coordinar una política de actuación común en todo el país, en consonancia con el carácter estratégico del sector turístico en España, consistente en:
a) Liderar una unidad de acción ante la Comisión Europea sobre la responsabilidad de las plataformas P2P en relación a las viviendas de alquiler que están comercializando.
b) Incrementar la vigilancia e inspección, no solo del cumplimiento de la normativa turística, sino también de la legislación en materia de propiedad horizontal, seguridad nacional, protección de datos, obligaciones tributarias, etc., por parte de los organismos competentes en cada una de estas materias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2017.-Sebastián Franquis Vera y María del Mar Rominguera Salazar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002310
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a Planes de Emergencia específicos sobre radiación nuclear para la población de los municipios gaditanos de las bahías de Algeciras, de Cádiz y de Rota ante una fuga radiactiva en un submarino nuclear, para su debate en la Comisión de interior.
Una decena de submarinos de propulsión nuclear estadounidenses, franceses y británicos atraca cada año en las bases de Rota (Cádiz) y el Peñón ¿Qué se puede hacer ante un escape de agua radioactiva? Si mañana se produce una fuga o accidente en un submarino nuclear, solo los gibraltareños saben a qué riesgos se exponen y cómo evitarlos con la mayor rapidez y solvencia.
Ya hubo una fuga en el año 2000 en el HMS Tireless antes de que atracara en la colonia británica, pero las 900.000 personas que viven en los municipios de las bahías de Algeciras, de Cádiz y Rota ignoran a qué peligros están expuestos. Salvo los gibraltareños, que disponen de un minucioso Plan de Respuesta para una Emergencia por Radiación.
Gibraltar es muy consciente del riesgo que implica ser una base permanente de submarinos nucleares. Y por eso cada año realiza un simulacro junto al Ministerio de Defensa británico y su plan de acción detalla los pasos a seguir si un reactor sufre una avería.
Sin embargo, los alcaldes españoles de ambas comarcas desconocen todo sobre un posible accidente. Para atender a sus vecinos, solo disponen del marco genérico incluido en el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico que pondría en marcha el Ministerio del Interior junto al Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, ya que el Plan de Emergencia Nuclear de la Armada es un documento clasificado y destinado a la evacuación del recinto militar.
Ante una emergencia tan grave donde cada segundo es oro, bomberos y policías locales de los municipios costeros desconocen cómo paliar o atajar la contaminación radioactiva.
Que Gibraltar tenga un plan de emergencias demuestra por definición, que las autoridades británicas son conscientes de los riesgos. El Gobierno español debería reclamarle a Gibraltar que es irresponsable tener submarinos nucleares allí y su prioridad debería ser contar con planes de emergencia para denunciarlo.
Paul Ingram, director del centro de pensamiento y análisis BASIC (British American Security Information Council), con sede en Londres señala que la población española de la zona ignora el peligro que representa el trasiego de sumergibles con propulsión nuclear.
El Gobierno central discrimina entre las escalas de submarinos en la base de Rota y las de Gibraltar. Mientras tolera las primeras, amparadas por el hecho de ser una base OTAN y el convenio de cooperación para la Defensa entre España y EE. UU. -que fija que en caso de accidente la Marina estadounidense pagaría los gastos de reparación medioambientales-, mira con recelo las segundas.
Tras la crisis por la avería del submarino HMS Tireless en 2000, el Ejecutivo pidió a Reino Unido que la Roca cesara como base de submarinos, pero Londres excluyó la petición del acuerdo del Foro Tripartito firmado en 2006.
El riesgo en el Estrecho con el accidente del HMS Ambush y el paso de submarinos rusos que no son detectados ni hacen escala, es evidente. Durante el siglo pasado, Estados Unidos perdió dos submarinos nucleares en diferentes accidentes -cerca de Boston y las Azores- que se hundieron y tanto la tripulación corno los reactores reposan ahora en el lecho marino. En puerto los accidentes son más difíciles, pero hay algunos dramáticos.
A pesar del secretismo que imponen todos los Estados, el informe Accidentes navales 1945-1988 del Instituto para los Estudios Políticos y Greenpeace recoge un total de 359 accidentes con submarinos, 27 de los cuales se hundieron.
Al margen de los accidentes de navegación, Ingram alerta sobre los ciberataques de organizaciones criminales y Estados enemigos en su informe, publicado este verano, Hacking UK Trident (el sistema británico de submarinos nucleares) una amenaza creciente.
1. Poner en marcha de forma inmediata, en coordinación con las administraciones competentes y afectadas, Planes de Emergencia Específicos sobre radiación nuclear para la población en los municipios gaditanos de las bahías de Algeciras, de Cádiz y Rota ante una fuga radiactiva en un submarino nuclear, atracado en Gibraltar y de Rota.
2. Realizar las gestiones diplomáticas necesarias ante Reino Unido para que Gibraltar cese como base de submarinos nucleares, ante el riesgo que dicha actividad supone para la población del Campo de Gibraltar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.- Miguel Ángel Heredia Díaz y Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002311
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 (PCMASA 2), para su debate en la Comisión de Defensa.
El Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 (PCMASA 2), junto con su homólogo, el Parque de Madrid (PCMASA 1), se encarga del mantenimiento de los sistemas acorazados y mecanizados del Ejército de Tierra.
El programa operativo que la Jefatura del Estado Mayor del Ejército dispone para el PCMASA 2 tiene como objetivo el mantenimiento de los vehículos de Transporte Oruga Acorazado (TOA) y del obús autopropulsado ATM-109, así como del Transporte Oruga de Montaña (TOM) y del blindado "Centauro".
En el centro trabajan y orientan su actividad al mantenimiento descrito, cerca de 200 trabajadores entre mando, tropa profesional y personal civil, 95 de los cuales son personal de esta última categoría. El personal adscrito, tanto civil como militar, goza de una alta especialización.
El actual PCMASA 2 presenta un alto arraigo en la ciudad de Segovia. Con más de dos siglos de historia, desde su creación como Maestranza de Artillería en 1802, ha venido prestando un servicio de calidad que ha permitido garantizar un adecuado funcionamiento de los vehículos y piezas de transporte del Ejército de Tierra.
La "Base Mixta", como se conoce entre los segovianos y antiguo nombre con el que se denominaba al actual PCMASA 2, cuenta con unas importantes instalaciones que no pueden languidecer por falta de inversión, ni la asignación de cargas de trabajo o la disminución progresiva y continua del personal técnico asignado a la Unidad.
La última oferta de Empleo Público contemplaba 60 plazas para los parques y centros de mantenimiento de Sistemas Acorazados. Sin embargo, la totalidad de las plazas ofertadas han sido asignadas al PCMASA 1, no adscribiendo ninguna de ellas al Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 (Segovia). Esta política siembra dudas sobre el futuro del Parque en Segovia, un referente económico, laboral y social en la provincia de Segovia.
El Ministerio de Defensa debe potenciar y explicitar el "Plan de Acción" para el PCMASA 2 en los próximos años, en el que se concrete el "programa operativo" de mantenimiento a corto, medio y largo plazo, la inversión anualizada que piensa realizar; y la asignación y contratación de personal especializado para el ejercicio y desarrollo de la actividad que ha de desempeñar para el correcto desarrollo de la función logística de los vehículos acorazados del Ejército de Tierra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Defensa a:
1. Presentar un "Plan Operativo" que potencie y fortalezca el papel logístico del PCMASA 2 (Segovia) en el mantenimiento de Sistemas Acorazados del Ejército de Tierra.
2. Explicitar la inversión anualizada que tiene programado ejecutar en los próximos cuatro años.
3. Asignar el personal necesario en la Oferta de Empleo Público para potenciar el PCMASA 2."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2017.-Juan Luis Gordo Pérez y Zaida Cantera de Castro, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002303
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción de una rotonda en la N-420 en la población de Les Borges del Camp (provincia de Tarragona), para su debate en la Comisión de Fomento.
Desde que se construyó la variante de Reus en la N-420 y se desdobló el tramo de la misma carretera que unía Tarragona con Reus, parte del problema que suponía el tránsito de vehículos por el antiguo trayecto, en especial por el interior de la ciudad, se trasladó al tramo siguiente de la carretera nacional.
Pese a algunas medidas que ha tomado el Ministerio de Fomento para paliar el problema, que supone que una carretera nacional sirva, también, como vía de comunicación de poblaciones cercanas, continúan produciéndose gran número de accidentes, en especial en los cruces con otras vías, algunos de los cuales sirven como entrada y salida a pequeños núcleos urbanos.
Uno de dichos cruces es el que conecta la N-420 con la C-242 que sirve como vía de acceso, y salida, al núcleo urbano del municipio de Les Borges del Camp. Lugar donde se producen frecuentes accidentes por la peligrosidad que supone girar a la izquierda en una carretera nacional, por lo que el Ministerio de Fomento redactó un proyecto de rotonda que no se ha llevado a cabo.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar y ejecutar el proyecto de rotonda en el cruce de las carreteras N-420 y C-242 para mejorar la seguridad vial del acceso al núcleo urbano de les Borges del Camp en la provincia de Tarragona."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2017.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002313
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los derechos de los pasajeros afectados por las cancelaciones de los vuelos de Ryanair, para su debate en la Comisión de Fomento.
Ryanair es una compañía aérea con una gran presencia en el mercado español, tanto doméstico como internacional, siendo hoy en día la compañía aérea que más tráfico aéreo gestiona en nuestro país.
El pasado 16 de septiembre la compañía irlandesa anunció que iba a llevar a cabo una serie de cancelaciones que afectarán a cerca de 2.000 operaciones en toda Europa hasta el próximo 28 de octubre.
España es el segundo país europeo más afectado por el plan de cancelaciones, que está teniendo un gran impacto en un gran número de pasajeros.
De hecho, los pasajeros son en ocasiones avisados con muy poco tiempo de antelación, con los evidentes inconvenientes que estas circunstancias acarrean.
Dado que el transporte aéreo está liberalizado en el ámbito de la Unión Europea, las compañías aéreas tienen libertad para establecer sus rutas y frecuencias, debiendo las Administraciones asegurar el cumplimiento de los derechos de los pasajeros establecidos en la normativa comunitaria.
Por ello, el impacto de estas cancelaciones debe ser motivo de actuación para el Gobierno, que debe velar por el cumplimiento de los derechos de los pasajeros afectados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
- Garantizar a los pasajeros afectados por las cancelaciones de los vuelos de Ryanair producidas entre los meses de septiembre y octubre de 2017 la correcta información de sus derechos y cómo ejercerlos ante la compañía responsable de los posibles incumplimientos.
- Velar por la adecuada aplicación de la normativa europea (Reglamento 261/2004), asegurando la disponibilidad de las vías de actuación legalmente previstas.
- Adoptar las medidas previstas en el ordenamiento ante los incumplimientos reconocidos por la propia compañía aérea.
- Tramitar el correspondiente expediente informativo abierto a la compañía, y si del mismo se derivase, la apertura de expediente sancionador, aplicándose, en todo caso, las medidas que se concluyan de estas actuaciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002315
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de funcionalidad y capacidad de la autopista AP-68 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (pp.kk. 77+960 a 201+850), para su debate en la Comisión de Fomento.
La AP-68, que recorre La Rioja en toda su parte septentrional, en paralelo al río Ebro, tiene un periodo de concesión privada que finaliza en el año 2026, sin menoscabo de que dicho plazo pudiera adelantarse en función del contexto económico. Hasta entonces, es una reivindicación del conjunto de la sociedad y de los partidos políticos, el que la misma pueda ser utilizada con más facilidad, y por tanto más provecho, por los usuarios.
De esa forma, a partir del año 2026, convertida la vía ya en una autovía, y para que sea un eje de comunicación permeable, necesita de varias actuaciones, tales como una variante en Haro y siete nuevos enlaces en Ollauri, San Asensio, Alcanadre, Lodosa, Calahorra, Aldeanueva de Ebro, y también en el p.k. 194,50 en la LR-285, así como otras actuaciones de distinta índole.
Para que en 2026, la autopista pueda convertirse en una autovía que conecte a los distintos núcleos de población, es necesario iniciar de manera urgente e inmediata los distintos procedimientos administrativos que desarrollen dichas actuaciones.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asumir e impulsar las conclusiones del estudio de mejora de funcionalidad y capacidad de la autopista AP-68 en la comunidad autónoma de La Rioja (pp.kk. 77+960 a 201+850) teniendo en cuenta la alegación presentada por el Ayuntamiento de Haro
respecto al trazado de la variante, con el objeto de que las mismas estén ejecutadas y en servicio en el año 2026."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2017.-César Luena López, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002318
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a la Mesa para, al amparo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso en condiciones de igualdad y, en consecuencia, la necesaria adecuación de los vagones de los convoyes del AVE para menores y sus acompañantes, para su debate en la Comisión de Fomento.
El transporte ferroviario de larga distancia AVE se ha consolidado como uno de los más utilizados. Este despegue en términos económicos y en calidad de prestación del tren viene motivado por el despliegue del AVE por todo el territorio nacional y por su mejora en las comunicaciones.
El número de viajeros que opta por este medio de transporte es considerable. Si bien aún no se ha llegado a datos del 2009, cuando el número de viajeros fue de 35,9, lo cierto es que en 2016 ha sido de 35,2 millones de usuarios, según datos facilitados por la administración correspondiente. Unos datos que vienen incrementándose progresivamente y, cuyo incremento en 2016 fue nada menos que de 5,3 %. En este momento, el AVE es el segundo medio de transporte más utilizado por los ciudadanos.
Más allá de los requerimientos laborales que recientemente se han evidenciado y que exigen de una solución urgente en pro de un servicio de calidad, digno para los trabajadores y eficiente para los usuarios, lo cierto es que hay un colectivo de estos últimos con verdaderas dificultades para poder disfrutar de un servicio digno, eficiente y cómodo. Nos referimos a los menores, principalmente a los viajeros menores de 10 años y, en mayor medida, los recién nacidos.
El transporte para el gran número de familias que van acompañados de menores es más gravoso. En primer lugar, por no disponer de lugares adecuados para disfrutar de un espacio cómodo.
Los usuarios habituales somos testigos cuando las familias acceden a los vagones -en mayor medida las monoparentales- de las verdaderas complicaciones tanto para poder acceder a las instalaciones (más allá de que pueda ser acompañado puntualmente por un asistente en el acceso al vagón) como para poder disfrutar de un trayecto tranquilo y cómodo.
Somos numerosos testigos cuando el padre, madre o tutor pretende acceder al vagón con el carro de recién nacido, más la maleta o maletas, etc. por no decir, en el caso de familias con más de un menor que, por una parte no disponen de asientos conjuntos y, por otra, y no menor, tienen que abonar un billete de acompañante, vaya o no vaya acompañado de éste.
Se considera que este colectivo que son familias, y teniendo en cuenta que son los menores el objeto de especial protección, merecen disponer de espacios adecuados y en condiciones máxime si tenemos en cuenta que, precisamente, el billete de AVE no es de los más económicos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados, insta a que el Ministerio de Fomento lleve a cabo un estudio, en un plazo máximo de dos meses, con el objeto de valorar la habilitación de espacios adecuados para el uso de menores y sus acompañantes en los trenes de largo recorrido, creando, a tal efecto, una nueva tarifa para los menores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2017.-Meritxell Batet Lamaña, Manuel Cruz Rodríguez, María Mercè Perea i Conillas, José Zaragoza Alonso, Lídia Guinart Moreno, Joan Ruiz i Carbonell y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002324
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la realización sin demoras del Corredor Ferroviario Navarro de Alta Velocidad y a conveniar su construcción con el Gobierno de Navarra, para su debate en la Comisión de Fomento.
En este mes de septiembre se ha cumplido el plazo dado por el Ministerio de Fomento al Gobierno de Navarra, para responder a la propuesta de convenio que el Ministerio ofreció al Gobierno de Navarra el pasado mes de mayo de 2017 con el objeto de dar continuidad al corredor ferroviario navarro de alta velocidad.
Dicha propuesta de convenio, contempla las características que el Partido Socialista de Navarra ha venido defendiendo de manera continua para este corredor. Es decir, permitir el tráfico tanto de pasajeros como de mercancías, conexión con los centros logísticos, alta velocidad y capacidad suficiente para las necesidades actuales y futuras previsibles, su enlace con el corredor cantábrico y mediterráneo, definición de un plazo razonable para su puesta en marcha, y una colaboración técnica y económica entre ambas administraciones que no fuera gravosa para el Gobierno de Navarra, teniendo en cuenta que el coste total de la infraestructura corresponde al Gobierno de España, y aprovechando para ello los instrumentos de autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra.
Los tramos y proyectos de este corredor realizados hasta el momento, han sido consecuencia de protocolos y convenios entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Navarra firmados en 2009 y 2010, y ejecutados entre 2012 y 2015. Sin embargo, la parálisis en la inversión y publicación de nuevas licitaciones por parte de los Gobiernos del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro en los plazos previstos, tuvo como consecuencia la falta de continuidad de nuevos tramos del corredor, y condujo a una suspensión completa del proyecto.
El Gobierno de Navarra ha sido incapaz, hasta el momento, de responder a esta propuesta de convenio, ni siquiera de plantear una alternativa con las mejoras que pudiera considerar pertinentes, al objeto de negociar las condiciones de la citada propuesta de convenio.
Navarra, y las Comunidades Autónomas vecinas que van a ser enlazadas por este corredor (tanto en el ramal navarro como en el que circula a través de la Comunidad de La Rioja), precisan de esta infraestructura estratégica para su desarrollo social y económico en una Europa comunicada por redes de alta velocidad ferroviaria. Es además, una infraestructura que sin duda contribuirá a la sostenibilidad ambiental.
Precisamente el Congreso de los Diputados ya ha mostrado su apoyo a este corredor en su sesión del 29 de junio de 2017, a través de la Proposición no de Ley aprobada con modificaciones que insta al Gobierno a dar continuidad a la construcción de este corredor a partir ya de 2017, con el horizonte de su puesta en servicio en 2023, y a hacerlo mediante acuerdo con el Gobierno de Navarra.
En Navarra existe una mayoría social y política favorable a este corredor ferroviario, lo cual debiera impulsar al Gobierno de Navarra a ofrecer todo su apoyo institucional, técnico y económico con el fin de lograr la realización de esta infraestructura en el plazo más corto posible, y con las condiciones que mejor contribuyan a los intereses sociales, económicos y ambientales de Navarra. Por eso, el Partido Socialista de Navarra considera de la máxima importancia que el Gobierno de Navarra ejerza un papel activo en el proceso de definición técnica de los proyectos de construcción y en las licitaciones de las obras. Precisamente porque el fundamento y razón de ser del autogobierno de la Comunidad Foral es el ejercicio de todas aquellas competencias y actuaciones que contribuyan al bienestar y desarrollo futuro de sus ciudadanos.
1. Renovar los convenios y acuerdos necesarios entre ambas administraciones, General del Estado y Foral de Navarra, con el fin de hacer posible una colaboración interinstitucional leal y eficaz entre ambas
con el objetivo de dar continuidad al corredor ferroviario navarro de alta velocidad, manteniendo abierta su oferta de diálogo y negociación.
2. Impulsar en todo caso las actuaciones de inversión necesarias, en los términos de la Proposición no de Ley aprobada por este Congreso de los Diputados el pasado 29 de junio de 2017."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002325
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a fomentar el uso del transporte ferroviario para jóvenes, para su debate en la Comisión de Fomento.
El PP en su programa electoral de las últimas elecciones generales planteaba articular una "tarifa especial" del AVE para jóvenes, para potenciar la utilización del servicio ferroviario de Alta Velocidad por parte de este colectivo.
Nunca más se supo de este anuncio, pero lo que sí ha quedado muy claro es que el Gobierno de Rajoy no apuesta lo más mínimo por fomentar el transporte ferroviario entre los jóvenes.
Es cierto que existe una tarjeta +RENFE Joven 50, pero que tiene innumerables carencias y que habría que mejorarla sustancialmente.
Para comenzar esta tarjeta, según figura en la página web de RENFE la pueden adquirir los jóvenes que tengan entre los 14 y 25 años.
Pero hay que destacar que en todas las Comunidades Autónomas el carnet joven llega como mínimo a los 29 años. En Castilla la Mancha, País Vasco y Cataluña el carnet joven es hasta esa edad, los 29 años. En Madrid, Andalucía, La Rioja, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Asturias, Cantabria, Navarra y Baleares el carnet joven es hasta los 30 años. Y tanto en Aragón, como Extremadura y Canarias llega hasta los 31 años.
Por tanto, no parece razonable fijar en 25 años la edad de la Tarjeta Joven de RENFE, habría que aumentar esa edad hasta por lo menos los 30 años, edad que alcanza el carnet joven en la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas.
Por otro lado, el precio de esta tarjeta es claramente abusivo para los jóvenes, sólo pedirla cuesta 50 euros. Una cantidad excesiva, teniendo en cuenta que la mitad de los jóvenes en nuestro país está en paro, y los que tienen la suerte de trabajar tienen empleos precarios con salarios miserables. Por eso había que plantear un precio similar al que tiene el carnet joven, donde por ejemplo en Andalucía, es de 6 euros.
Otro elemento que constituye todo un despropósito es la Tarjeta Plus 10 Estudiantes, una tarjeta donde el estudiante podrá realizar 10 viajes. Su periodo de validez es de 2 meses desde la fecha de la compra de la tarjeta, pero todos los viajes deben realizarse en un máximo de 10 días desde la fecha de la primera formalización de la reserva, incluidos los sábados y domingos.
Un estudiante utiliza el tren cuando hay clases, esto es, de lunes a viernes, casi ningún estudiante va a desplazarse un sábado o un domingo. Sería mucho más razonable para los estudiantes que esos 10 días en los que hay que gastar este bono, fuesen días laborales.
En definitiva, habría que hacer una apuesta importante para facilitar el acceso de los jóvenes al transporte ferroviario, que es el transporte más seguro, ecológico, económico, rápido y confortable.
- Ampliar la edad para poder beneficiarse de la tarjeta +RENFE Joven 50, como mínimo hasta los 30 años.
- Reducir el precio de la tarjeta +RENFE Joven 50 y asimilarlo al precio del carnet joven, es decir rebajarlo de los 50 euros actuales que cuesta y dejarlo en unos 6 euros.
- Promover que con la Tarjeta Plus 10 Estudiantes se pueda utilizar el transporte ferroviario 10 días, pero laborables, desde la fecha de la primera formalización de la reserva."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002327
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que permitan que continúe el uso del español en las comunicaciones tierra-aire en todos los aeródromos a nivel nacional, para su debate en la Comisión de Fomento.
Según fuentes de la Dirección General de Aviación Civil, a partir del 12 de octubre de este año, mediante modificación del Reglamento de Circulación Aérea (RCA), todas las comunicaciones entre pilotos y controladores en los aeródromos españoles más importantes (con más de 50.000 movimientos IFR al año) deberán producirse exclusivamente en inglés.
Esta modificación se basa en el nuevo reglamento europeo "Standardised European Rules of the Air" (SERA) parte C que incluye dicho cambio aunque también permite excepciones a su aplicación en los estados que así lo decidan y que simplemente deben informar a las autoridades competentes de la aplicación de dicha excepción, algo que sí han hecho Francia y Portugal.
Esta modificación del RCA no tiene en cuenta la opinión de pilotos y controladores ni el resultado del estudio de factores humanos realizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en 2015/2016. Según comunicaciones del SEPLA y USCA, ambas organizaciones consideran no sólo que excluir al español de las comunicaciones no aumenta la seguridad, sino que puede comprometerla en situaciones de emergencia.
Tal y como están las cosas, a partir del próximo 12 de octubre, el inglés se impondrá para todos como idioma de comunicaciones tierra-aire en España.
Los españoles tenemos la suerte de poseer una de las lenguas más habladas del mundo y, sin embargo, parecemos empeñados en limitar su presencia en todos los ámbitos. Nuestra lengua, un vínculo para más de 500 millones de personas, es una parte esencial de nuestra identidad y parece extraño que desde las más altas instancias de la Administración, renuncien a defenderla.
El español es, desde su establecimiento, una de las lenguas oficiales de la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, creada en Chicago en 1944. No sólo eso, esta organización además publica y actualiza fraseología aeronáutica de utilización estándar en nuestro idioma. Paradójicamente, los pilotos españoles podrán continuar comunicándose en español en los demás países de habla hispana.
Los pilotos españoles no sólo creen que esta es una cuestión de seguridad y que esta medida podría afectarla; los pilotos españoles quieren poder seguir hablando español en España; quieren ejercer su profesión en su idioma o, al menos, tener la libertad de elegir cómo expresarse y mucho más en aquellos casos en los que la seguridad de las operaciones no sólo no se vaya a ver comprometida sino que sea mejorada por el uso de un idioma materno común, el español, a todas las personas intervinientes en una conversación radiofónica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar una excepción en lo relativo a la continuación del uso del español en las comunicaciones tierra-aire en los aeródromos nacionales, como permite el
punto 14015 del Reglamento UE 2016/1185, mediante la publicación de una diferencia con el SERA según lo establecido en ese mismo punto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2017.-Marta María Rivera de la Cruz, Irene Rivera Andrés, Guillermo Díaz Gómez, Félix Álvarez Palleiro y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Educación y Deporte, relativa al impulso de una Educación Física de calidad.
La Educación Física ha sufrido una evidente erosión en nuestro sistema educativo durante las últimas décadas. Pero es sin duda, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la que más ha maltratado esta materia.
Hasta la aprobación de la LOMCE la Educación Física era una asignatura común y obligatoria, lo que quiere decir que se consideraba determinante para garantizar una formación básica y común a la ciudadanía. Dicho de otro modo, la Educación Física era considerada como parte fundamental de la educación integral del alumnado. Pero la LOMCE dio un paso atrás y convirtió esta materia en una asignatura específica, dejando a la Educación Física fuera de la formación básica.
Hoy parece que todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara estamos concienciados de la importancia de la Educación Física en el desarrollo personal, en la prevención del sedentarismo y en la mejora de la calidad de vida. Pero sólo lo parece, porque quien legisló la LOMCE consideró que los alumnos y alumnas no eran merecedores de los beneficios que conlleva la práctica regular de Educación Física en horario escolar.
Esa es la razón de que las horas lectivas semanales asignadas a la materia de Educación Física sean claramente insuficiente, según los colectivos docentes. Pero es que además, va en sentido contrario a las recomendaciones de distintos organismos internacionales, como el Parlamento Europeo o la Organización Mundial de la Salud, que aconsejan una práctica diaria de actividad física en torno a los 60 minutos.
Hoy nuestra sociedad se enfrenta a un grave problema: la inactividad física. Lo que está incrementando las enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. La inactividad física, además, está disparando el gasto sanitario en nuestro país. Si nos detenemos y observamos con lupa este problema, vemos que un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes no realiza la actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto supone una razón fundamental para garantizar que la Educación Física tenga una carga horaria suficiente porque estas edades son claves para la adquisición y consolidación de hábitos saludables. Si tomamos medidas ahora estaremos asegurando el punto de partida para la práctica de actividad física durante toda la vida. Y es ésta la única manera real de combatir el sedentarismo y la obesidad.
Uno de los objetivos que se marcó la LOMCE era la eliminación de diferencias formativas entre las comunidades autónomas. Pues bien, este objetivo no solo no se ha alcanzado sino que esta ley ha dado lugar a un mapa totalmente desestructurado en el que según el lugar de residencia los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a cursar más o menos horas de Educación Física. Una muestra más de que la LOMCE no solo no atribuye sino que resta el valor académico que esta asignatura merece.
Hace unos meses el Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades animaba a las comunidades autónomas a pasar de dos a tres horas semanales de Educación Física. Pero no vale con animar, no es suficiente, es necesaria una nueva ley que devuelva a la Educación Física el
reconocimiento que la LOMCE le arrebató y que reconozca la potencia educadora de esta materia en el sistema educativo.
Hay quien entiende todo esto como una queja corporativa de los profesores y profesoras de Educación Física. Pero no es así, esto va mucho más allá. Necesitamos clarificar qué modelo educativo pretendemos para nuestro país. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea lo tiene muy claro: un modelo educativo que sirva para el pleno desarrollo de la personalidad humana. Y la Educación Física, para nosotros y nosotras, es parte fundamental de ese desarrollo integral.
Un modelo educativo que impulse una Educación Física de Calidad que contribuya a la educación integral del alumnado y que vaya más allá del desarrollo físico, que contribuya también a la alfabetización física, a la participación cívica, a la inclusión, a la mejora de la calidad de vida y a generar mejores resultados académicos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
1. Contemplar la Educación Física como materia troncal y obligatoria en las distintas etapas y cursos.
2. Ampliar las competencias clave incorporando la Competencia Corporal (motriz) y Calidad de Vida.
3. Incrementar el número de horas lectivas semanales en todas las etapas y cursos.
4. Incorporar en la Enseñanzas de Formación Profesional Básica, y también en los Ciclos Formativos de Grado Medio, la materia de Educación Física.
5. Incluir en las finalidades de cada una de las etapas el aspecto motriz dentro de los elementos básicos de la cultura que los alumnos y alumnas deben adquirir, así como también contemplar un objetivo general relacionado con la Educación Física en los currículos de las distintas etapas.
6. Que los centros educativos diseñen y pongan en práctica un proyecto de fomento de la actividad física y mejora de la calidad de vida. Realizado, coordinado e impartido por el profesorado de los departamentos de Educación Física."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-María Teresa Arévalo Caraballo, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002323
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al alquiler de viviendas para su uso turístico, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Entre las principales conclusiones señala que la vivienda vacacional aumenta su peso entre los alojamientos turísticos tradicionales (hoteles, casas rurales, etc.), pasando de suponer el 34 % del total de contrataciones realizadas según el estudio de 2014, al 36 % en el de 2016.
Es necesario recordar que la explosión de las plataformas que ponen en contacto a propietarios que quieran rentar su casa con posibles inquilinos se produjo como consecuencia de la aprobación por el Gobierno de España de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que modificó el artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, excluyendo de ésta el alquiler de viviendas para uso turístico, y trasladando la responsabilidad sobre su regulación a las Comunidades Autónomas. A raíz de esta modificación, las Comunidades Autónomas han comenzado a regular esta actividad de alquiler.
Cada Comunidad tiene su particular regulación y no todas cuentan con una regulación específica. En algunas autonomías está prohibido alquilar pisos (pero no casas); en otras sólo se puede rentar en zonas determinadas; unas se refieren a la duración mínima de días; otras a la prohibición del alquiler por habitaciones, etc. Además, se producen cambios continuos en las normas por modificaciones en la legislación o por las sentencias de los tribunales fruto de la impugnación de las normas vigentes.
El marco normativo diseñado para proteger los derechos del turista, que han de cumplir todos aquellos alojamientos regulados, es cuasi inexistente en términos prácticos o se limita al mínimo en el caso de los alojamientos turísticos en viviendas de alquiler, lo que provoca una clara situación de competencia desleal en el mercado. Para garantizar los derechos del turista, los establecimientos reglados han de cumplir un considerable número de normas que afectan a distintos ámbitos de su actividad, con desarrollos diferentes entre Comunidades Autónomas y municipios, mientras que las viviendas dedicadas al alquiler turístico, allí donde están reguladas, han de satisfacer unos mínimos tan básicos que apenas generan costes.
Debemos ser conscientes de que no sólo se trata de regular un fenómeno alojativo, sino que debemos definir qué modelo turístico queremos y en qué condiciones pretendemos que se desarrolle y evolucione. Las consecuencias de esta actividad van mucho más allá del simple hecho de alojar personas. Afectan a los modelos de ciudades, a la convivencia de los ciudadanos y a la evolución del precio de las viviendas en las ciudades.
En definitiva, es necesario que el nuevo escenario, a la luz de las tendencias legislativas internacionales y la complejidad que tiene este fenómeno, incorpore aspectos orientados, entre otros, a garantizar la adecuada seguridad, la responsabilidad civil de las partes involucradas, los estándares de calidad en el alojamiento, la zonificación de la oferta, sistema de inspección y sanción, la responsabilidad de los intermediarios, etc., para defender mejor el escenario de convivencia y a todos los ciudadanos afectados, así como la sostenibilidad turística que en cada caso esté en juego.
b) Incrementar la vigilancia e inspección, no sólo del cumplimiento de la normativa turística, sino también de la legislación en materia de propiedad horizontal, seguridad nacional, protección de datos, obligaciones tributarias, etc., por parte de los organismos competentes en cada una de estas materias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2017.-Sebastián Franquis Vera y María del Mar Rominguera Salazar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002304
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para buscar una solución a la situación que vive el sector del cerco del Golfo de Cádiz, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La flota del cerco del Golfo de Cádiz, que abarca las costas de Huelva y Cádiz, cuenta con 80 embarcaciones. Según datos aportados por la Universidad de Cádiz en un estudio de "Impacto económico del Puerto de la Bahía de Cádiz", las dársenas de la Bahía de Cádiz generan 11.000 puestos de trabajos directos, indirectos e inducidos. Concretamente unos 4.500 serían puestos de trabajos directamente relacionados con la pesca (pescadores, conserveros, transformadores de pescado, fabricantes de hielo, y transportistas entre otros oficios). Así mismo en la provincia de Huelva los empleos directos e indirectos de la pesca se sitúan en más de 5.000 empleos, según estudios realizados en Plan Estratégico de la provincia de Huelva.
El comportamiento general de la flota pesquera andaluza se caracteriza por un notable descenso, tanto en el número de embarcaciones, como en el arqueo y la potencia. La primera en descender fue la flota de altura por la falta de acuerdos pesqueros con Marruecos, especialmente entre 1999 y 2006, dando lugar a una profunda reestructuración del sector, con reducciones significativas en la flota y reubicaciones entre diversos caladeros. Aunque las distintas modalidades, las embarcaciones de artes menores, draga y rastro, las de mayor importancia en términos de número de barcos, son las modalidades de cerco y especialmente, la de arrastre de fondo, las más importantes, aunque ante la situación de incertidumbre que viven en los últimos años, van en descenso.
La flota de cerco vive de la captura de sardinas y boquerones, con una gran importancia en las provincias de Huelva y Cádiz, que cuentan con puertos pesqueros importantes como son los de Isla Cristina, Punta Umbría, Sanlúcar de Barrameda o Barbate significando ni más ni menos la importancia de la actividad extractiva en la zona.
Según los datos oficiales publicados por el Sistema de Información Andaluz de Comercialización y producción pesquera, relativos al año 2016, la comercialización de los productos pesqueros en fresco, en lonja en Andalucía, destaca la sardina como especie más comercializada, un total de venta en lonja de 7.528.239,42 kg, seguida del boquerón con 7.008.686,68 kg, con unos valores de 10.299,358,19 ? y 13.509.251,12 ? respectivamente.
Señalar que la actividad pesquera en modalidad de cerco, se ha visto alterada por el cierre "temporal y precautorio" para la pesquería de la sardina llevado a cabo el 31 de agosto del presente año y establecido por el Ministerio de Agricultura, tras haberse alcanzado el tope de pesca fijado para la temporada. El sector vive con incertidumbre y desasosiego el no poder salir a faenar y no poder capturar sardinas, ya que según manifiestan, la rentabilidad es nula si el periodo de actividad se minimiza en estos términos.
Ante esta situación desesperada, el sector del cerco solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación que busque soluciones que acabe con la situación que viven miles de familias que dependen de estas pesquerías y que se ven en una situación precaria y sin cobertura social.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que a la mayor brevedad posible busque una solución definitiva a la situación que vive la flota pesquera del cerco en el Golfo de Cádiz y garantice la sostenibilidad medioambiental, social y económica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-Josefa Inmaculada González Bayo, José Juan Díaz Trillo, Antonio Pradas Torres y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002305
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno central exija ante la Unión Europea el cambio inmediato de las denominaciones y divisiones de FAO de las zonas pesqueras del Golfo de Cádiz, dejando de denominarse "Aguas de Portugal" y propicie la gestión diferenciada de esta zona, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El pasado lunes 4 de septiembre tuvo lugar una reunión en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de los profesionales de mar, donde se abordaron entre otros asuntos la gestión diferenciada del Golfo de Cádiz.
Como todos conocemos, el Reglamento 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y la acuicultura. Este Reglamento establece que a partir del 13 de diciembre de 2014, se debe utilizar la nomenclatura acordada por la FAO para denominar la zona de captura.
La traducción oficial que la Comisión europea publicó de las denominaciones de la zonas, subzonas y divisiones de FAO, con la que no están de acuerdo el sector pesquero español. Los casos más destacables son:
- División VIIIc (Golfo de Vizcaya Sur).
- Subzona IX (llamadas Aguas Portuguesas) con sus divisiones a y b (aguas portuguesas este y aguas portuguesas oeste).
Estas denominaciones no son adecuadas y están generando un gran caos en la gestión de la pesquería y venta del producto que lleva a enajenar al consumidor.
Cada zona pesquera tiene una singularidad propia, tenemos estudios científicos que lo demuestran, mostrando diferencias genéticas y dinámicas de las distintas poblaciones y consecuentemente asesoramiento y gestión diferenciadas, entre lo que es el Norte de España y el Sur.
La Flota Pesquera de Andalucía durante 15 años ha llevado a cabo una modernización de la flota pesquera y de los puertos, de la mano del Gobierno andaluz. El sector pesquero ha hecho sus deberes y ha contribuido al mantenimiento y sostenibilidad de los caladeros, de tal manera que 15 años después, se pesca menos, hay menos capacidad extractiva, pero hay mayor valor añadido económico, alcanzando un incremento del 16 %.
Tenemos que prestar máxima atención a los sectores primarios, abandonados en últimos cinco años por el Gobierno del Partido Popular, tanto el aspecto extractivo como el aspecto industrial, son el futuro para la generación de empleo y el desarrollo empresarial en nuestra regiones, si no se hace un buen trabajo en cada uno de estos niveles estaremos condenando a una muerte segura a un sector que es primordial para la economía Andaluza, Gallega, Mediterránea y Cantábrica.
Las pesquerías del Golfo de Cádiz han manifestado al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en numerosas ocasiones la necesidad urgente e ineludible de establecer una gestión particular, diferenciada y singular de un espacio de biodiversidad extraordinario, como es la Costa del Golfo de Cádiz, que abarca las provincias de Huelva y Cádiz.
Se hace imprescindible pues, que la flota andaluza que cuenta con más 774 embarcaciones, gestionen y panifiquen la gestión de su pesquería, y puedan sin lugar a dudas comercializar sus productos bajo la denominación de Origen de la zona donde se extraen, llevando al consumir un producto de calidad con su sello de identidad del territorio, cosa que hoy en día no puede darse, ya que los productos que se extraen hoy salen con la denominación de "Aguas Portuguesas", lo que lleva al consumidor a pensar que adquieren productos de país vecino y no un producto propio.
Recriminamos de forma rotunda al Gobierno del Partido Popular haber consentido esta denominación que se ha traducido en un gravísimo perjuicio para nuestros pescadores incidiendo gravemente en la Costas del Golfo de Cádiz, no podemos seguir manteniendo esta situación por más tiempo, porque estamos poniendo en riesgo el empleo de miles de familias y menospreciamos con consentimiento propio
la calidad de nuestros recursos naturales bajo el paraguas del partido popular. Hay que apostar porque el trabajo y el esfuerzo de nuestra flota pesquera repercuta de forma integral en los que ellas trabajan y se valore adecuadamente la zona donde se realiza ese trabajo. Debemos demandar en la Unión Europea a cambiar la denominación de la zona IX porque las capturas se realizan en las costas de Galicia y Andalucía occidental, se hacen en aguas españolas, no en "Aguas Portuguesas" y dentro de ella con singularidad totalmente distinta y zonas bien diferenciadas en las pesquerías españolas. Por ello se debe exigir ante la Unión Europea el cambio inmediato de las denominaciones y divisiones de FAO. Lo que conllevaría una gestión única para la región Sur que corresponde al Golfo de Cádiz.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a exigir ante la Unión Europea, que el Golfo de Cádiz, que comprenden las costas de Huelva y Cádiz, sea considerado una unidad independiente dentro de la región - Zona IX, a efectos de evaluación de los recursos pesqueros y efectos del etiquetado de los mismos, por la singularidad que presenta."
161/002308
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre zonas inundables en municipios de Huesca tras la aprobación del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El 29 de diciembre de 2016 se publicaba en el BOE el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
Dicho Real Decreto, con las limitaciones que impone a los usos de suelo en zonas inundables y las ampliaciones que establece respecto a la extensión de las mismas, supone para algunos municipios de la provincia de Huesca un importante obstáculo para el desarrollo urbanístico de los mismos así como la instalación futura de nuevos equipamientos públicos.
Hay que recordar que en la aprobación de este real decreto no se tuvo en cuenta, en ningún momento, la opinión ni la participación activa de los municipios afectados por dicha norma.
Además, esta modificación se llevó a cabo por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sin que antes la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) llevase a cabo las actuaciones precisas en garantía de la seguridad en los cauces de los ríos, que, en algunos casos, hace ya muchos años que se reclaman por parte de los ciudadanos de los municipios afectados.
El Ministerio, en ningún momento, ha planteado, un régimen transitorio o una moratoria para adaptarse a este nuevo reglamento. Algo inexplicable cuando las medidas que contempla suponen unas repercusiones de gran impacto urbanístico y socioeconómico para los municipios afectados, hipotecando su futuro. Del mismo modo que tampoco se han contemplado compensaciones económicas ni a los ayuntamientos ni a los particulares perjudicados por dicho real decreto.
Esta nueva normativa, conlleva, además, en algunos casos, graves consecuencias económicas y sociales para los vecinos, ya que exige adecuar todos los nuevos proyectos de construcción de viviendas
en zona de flujo preferente y zona inundable, aumentando, de manera considerable, los costes económicos para las empresas de construcción y particulares que quieran promover nuevas construcciones.
1. Aprobar una moratoria en relación a la entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales, a fin de que los municipios y particulares afectados puedan adaptarse a la misma.
2. Que por parte de Confederación Hidrográfica del Ebro se ejecuten las obras necesarias para garantizar la seguridad de las diferentes avenidas de los ríos así como el mantenimiento integral de dichos ríos y de sus motas de contención con la mayor urgencia posible. Así como que una vez se ejecuten dichas obras, se realicen nuevos estudios hidráulicos pormenorizados sobre las zonas susceptibles de inundación.
3. Acordar compensaciones por los costes económicos sobrevenidos derivados de la aprobación del citado Real Decreto, tanto en favor de los municipios como de los particulares afectados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-Gonzalo Palacín Guarné, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002320
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la planificación de actuaciones de apoyo al sector de frutas de hueso y pepita, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Según los datos de comercio exterior, el sector de frutas y hortalizas presenta una clara vocación exportadora, ya que en torno al 50 % de la producción nacional se destina a la exportación, siendo además el primer subsector dentro del conjunto de exportaciones del sector agroalimentario.
Destacar que los principales productos que se exportan son las hortalizas de invernadero, los cítricos y algunas frutas dulces de hueso, como el melocotón y la nectarina. Este es un dato que pone en valor estos artículos pero, a su vez, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los mismos a variaciones importantes en las demandas de los países destino del producto.
Como consecuencia de la crisis de Crimea y de la situación en Ucrania, la Unión Europea acordó imponer a Rusia sanciones económicas que fueron respondidas por la Federación Rusa con la prohibición, a partir del 6 de agosto de 2014, de la entrada al territorio ruso de determinados productos agrícolas, alimentos y materias primas, el conocido como veto Ruso.
La fruta ha sido uno de los productos afectados por el veto. Según el informe sobre la "Evaluación del efecto del veto Ruso en las exportaciones de carnes, frutas y hortalizas", en 2013, España se encontraba en la primera posición de exportadores a Rusia de melocotones y nectarinas, con una cuota de 52 % (135,60 M?), que representaban el 5 % del total de frutas importadas. En 2014, las importaciones rusas ya descendieron un 7 % y en 2015 Rusia las disminuyó drásticamente. También se vieron afectadas determinadas frutas de pepita, manzana y pera.
Rusia ha ampliado el veto a las frutas y hortalizas europeas, entre otros productos, hasta diciembre de 2018 y ha insinuado que el veto estará en vigor, al menos, hasta el año 2020.
A esto hay que añadir que, durante los últimos años, se observa una producción con tendencia a la baja en fruta de pepita, y, por contra, una tendencia al alza en fruta de hueso, especialmente en melocotón y nectarina. Así, los niveles de producción de fruta de hueso, que en 2016 se situó en casi 2,8 millones de t, un 7 % inferior a 2015 pero un 4 % por encima de la media del último lustro, ha recuperado niveles de producción en la campaña 2017, generando un fuerte desajuste entre la oferta y la demanda.
La Comisión Europea adoptó temporalmente una serie de medidas excepcionales de ayuda a algunos productos, incluidas la producción de determinadas frutas. Pero la rigidez de algunos de estos cultivos, que requieren períodos de adaptación más largos, ha hecho necesario prorrogar las ayudas durante los últimos años.
Por su parte, el Gobierno puso en marcha el 8 de junio un cupo de 25.000 toneladas, tanto a cargo al veto ruso como a los programas operativos, para la transformación en zumo de melocotón, nectarina, paraguayo y platerina retirados del mercado. Además, el pasado 3 de agosto, el Gobierno solicitó a la Comisión Europea un incremento del volumen de producto retirado, con cargo a las medidas excepcionales, que fue atendida con la ampliación de 19.550 toneladas los cupos de retirada de fruta de hueso.
En la línea de medidas de apoyo al sector, se han abierto líneas de ayudas a la financiación que, en el caso del sector de frutas, cubren avales para préstamos de hasta 10 años y hasta 80.000 euros.
La producción de fruta de pepita se sitúa fundamentalmente en Cataluña con el 48 %, seguida de Aragón con el 15 %, Galicia con el 13 %, y La Rioja con el 7 %. Por su parte, la producción de fruta de hueso se concentra en Murcia, productora con el 23 % (melocotón, nectarina, ciruela y albaricoque), seguida muy de cerca por Aragón y Cataluña, en torno al 22 % (ambas por el melocotón y nectarina), Extremadura con el 15 % (cereza y ciruela) y Andalucía con el 10 %.
Dado que los problemas que afectan al sector, exceso de oferta e incapacidad de los mercados exteriores para absorber esta oferta, requieren soluciones que sólo pueden tener efecto en el medio y largo plazo, el Gobierno ya ha comunicado la intención de convocar un grupo de trabajo para estudiar las medidas que contribuyan a desbloquear la problemática estructural que les afecta.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
1. Que en el marco del grupo de trabajo comprometido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con el sector, que iniciará su actividad el próximo otoño, se elabore un Plan Estratégico consensuado que contribuya a reequilibrar la oferta y la demanda en el sector, mediante la aplicación de las medidas estructurales y de gestión que se determinen más efectivas.
2. Potenciar la organización interprofesional de la fruta de hueso de ámbito nacional.
3. Estudiar la reducción de módulos aplicables a la declaración del IRPF para los productores de frutas y hortalizas.
4. Establecer un plan de control específico para el sector de las frutas y hortalizas y un seguimiento del cumplimiento de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002322
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado Antón Gómez-Reino y la Diputada Eva García presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para reorientar la política de sanidad animal en lo referente a los planes de erradicación de la
tuberculosis y brucelosis y la defensa del sector de la ganadería extensiva, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La sanidad animal se considera un factor clave en la conservación y desarrollo de la ganadería, siendo de vital importancia para garantizar un manejo adecuado, productivo y eficiente de las explotaciones, para el control de las enfermedades, para la salud pública y para asegurar la calidad de los alimentos obtenidos. Tiene, por tanto, implicaciones y objetivos relacionados con el bienestar animal, la economía ganadera, el medio ambiente y la salud pública.
Los programas de control se iniciaron en España en el año 1976 con una Orden Ministerial que venía a desarrollar la Ley de Epizootias de 1952. La orden estableció medidas de profilaxis y lucha en especial contra la brucelosis, basados en la vacunación de las hembras de reposición. En la década de los 80 las medidas de control se centraron en las CCAA más afectadas con programas de vacunación masiva, para posteriormente pasar a planes de erradicación, que incluían además el diagnóstico y sacrificio de los animales. Es necesario recordar como la extensión de esta política de sanidad animal fue recibida de buen grado por el sector ganadero destacando su colaboración y buena predisposición porque entendía que era algo beneficioso para la mejora del sector.
Sin embargo, a día de hoy, ha dejado de ser percibida como una política de apoyo en la mejora de la calidad y gestión, y se ha convertido en un factor de miedo e incertidumbre, origen de tensiones y conflictos y que representa la ruina para los ganaderos y ganaderas afectados.
Tan solo en los años 2014 a 2016, 269 de explotaciones ganaderas de bovino han sufrido el vacío sanitario total por tuberculosis bovina y 21 de ovino y caprino por brucelosis. La ruina material y moral que sufren los ganaderos y ganaderas tras el vacío sanitario es total y no se compensa con las indemnizaciones a todas luces insuficientes, y las subvenciones de reposición, que en general solo cubren hasta el 75 % de los animales sacrificados y nunca el resto de daños colaterales, y desde luego para nada las inversiones asociadas al proyecto productivo y que pueden llegar a ser muy altas cuando junto a las ganaderías se han instalado industrias agroalimentarias de transformación y comercialización.
Es necesario empezar recordando que a pesar de que la tuberculosis y brucelosis están presentes en 16 de los 28 países de la Unión Europea, no todos incluyen el sacrificio como medida de erradicación. De hecho solo 6 países lo incluyen, mientras que otros tan reconocidos por sus políticas agrarias como Francia y Alemania no contemplan estas medidas.
A día de hoy, analizando los Programas de Erradicación tanto de Brucelosis y Tuberculosis, como los informes técnicos anuales, y en conversaciones con el sector ganadero, hay varias cuestiones encima de la mesa que requieren de una reorientación de las políticas de sanidad animal.
La primera cuestión tiene que ver con la especial vulnerabilidad de la ganadería extensiva. La ganadería extensiva representa aproximadamente, el 50 % del sector pecuario en España, y resulta clave en el mantenimiento de la dinámica social y económica de muchas zonas rurales de nuestro país, en especial de las más desfavorecidas. La ganadería extensiva es fundamental para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas naturales que existen en la península. Algunas actividades ligadas a la ganadería extensiva como es el caso de la trashumancia, conservan además un valioso patrimonio inmaterial y cultural ligado a nuestra identidad.
El problema es que el modelo que se utiliza en la política de sanidad animal es más o menos apropiado para las ganaderías intensivas que son sistemas estanco, aislados de otras ganaderías y sin contacto con especies silvestres, más o menos controlables en sí mismos. Cuando se aplica este modelo a la ganadería extensiva surgen numerosos problemas. Estas ganaderías, por su propia naturaleza, no pueden evitar el contacto con otros rebaños y, lo que es más importante, con la fauna silvestre de su entorno que constituye un importante reservorio de varias enfermedades.
El hecho objetivo es que la reacción a los programas de erradicación que desde hace años se aprueban por el Ministerio de Agricultura es muy variable, y depende de muchos factores que hacen que el sacrificio y aislamiento como estrategia no sea en sí misma adecuada si no se ponen en marcha otras medidas. Así pues, en relación a la Tuberculosis Bovina y después de décadas de campañas de saneamiento exhaustivas, con sacrificios importantes tanto de ganado como de presupuestos públicos, se constata como por un lado existen rebrotes cíclicos de la enfermedad cada cinco años, y por otro lado, que tras un descenso moderado de la enfermedad hasta el año 2013, a partir del 2014, se vuelve a experimentar un
repunte importante hasta volver a situarnos en indicadores superiores a las del 2001 cuando la incidencia estaba en 2,81 %.
Siendo que los objetivos del Programa Nacional se encaminaban al objetivo final de erradicación, en 2016 se estableció como objetivo intermedio la reducción en al menos un 15 % de la prevalencia en cada Comunidad Autónoma con respecto a los datos de 2013. El resultado de los datos muestra cómo tan solo Baleares, Canarias, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana y Madrid lo han logrado, aunque estas dos últimas Comunidades Autónomas se mantienen en datos muy elevados. De nuevo, el programa de 2017 se vuelve a plantear una reducción en todas las CCAA de un 10 % de la prevalencia de la enfermedad con respecto a los datos del 2014, con lo cual, el número de sacrificios inútiles se incrementará, sin que haya una revisión a fondo de la base del programa.
Es cierto que los Programas de Erradicación de la Brucelosis Ovina y Caprina están dando resultados más alentadores y el índice de prevalencia después de muchos años en descenso se sitúa en el 0,11 %. Con estas circunstancias, los objetivos del Plan de Erradicación 2017-2018 son la declaración de España como indemne que se alcanzaría si la prevalencia llegara a bajar hasta el 0,02 %. En este contexto, la presión sobre las 35 comarcas que todavía mantienen ciertos niveles de incidencia es mucho mayor, generando situaciones de enorme conflicto y la crisis permanente en las ganaderías afectadas.
La aprobación del nuevo Reglamento 216/429, de 9 de marzo de 2016, conocido como legislación de sanidad animal y que entrará en vigor en el año 2021, contempla la especificidad de la ganadería extensiva y permite introducir variables en este sentido dentro de los Programas Nacionales de Erradicación. Por todo ello, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, necesitaría ser revisada para impulsar una estrategia de sanidad animal adecuada a la ganadería extensiva que deberíamos ser capaces de apoyar y proteger.
En segundo lugar es necesario revisar y evaluar la adecuación y fiabilidad de las pruebas de diagnóstico utilizadas. Tan solo en el año 2016, 8.866 cabezas de ganado bovina fueron sacrificadas de las cuales tras el análisis post morten, 7.062 fueron falsos positivos. Es decir, la prueba dominante y general del Gamma-Interferon tiene un índice de fiabilidad que tan solo ronda el 20 %. El propio Ministerio, ha optado por esta prueba que provoca reacciones de enorme hipersensibilidad, con la intención reconocida de aflorar los focos residuales de la enfermedad que según las autoridades son uno de los factores esenciales de riesgo en España. En este contexto resulta extremadamente grave que no exista posibilidad para los ganaderos de pedir o presentar un contraanálisis y que los baremos de indemnización no establezcan diferencias entre los positivos reales y los falsos positivos contemplando cuanto menos el lucro cesante.
El tercer elemento tiene que ver directamente con los baremos de indemnización y con las ayudas de reposición en los casos de vacío sanitario. El RD 389/2011, de 18 de marzo, que establece las indemnizaciones en el marco de los programas de erradicación se verá reformado por un próximo Real Decreto que ha pasado ya una fase de consulta pública. A pesar de que el nuevo decreto mejorará en algo las cuantías en función de la especie y orientación productiva y también la fórmula de cálculo, sin embargo, no aborda ni las indemnizaciones por daños y perjuicios, ni el lucro cesante en todos los casos que resultan ser falsos positivos. Tampoco toma en cuenta los valores especiales de raza y selección genética. Un planteamiento de indemnizaciones realista también debería tener en cuenta las pérdidas por inmovilización y pérdida de calificación sanitaria, puesto que este daño lo sufre la explotación en su conjunto, tanto si tiene un animal positivo como si no, pero la indemnización sólo es proporcional al número de animales sacrificados.
El cuarto elemento de debate y de creciente preocupación es la fauna salvaje como reservorio de las enfermedades. A día de hoy en la península ibérica tenemos hasta 50 especies animales hospedadoras. Todos los estudios disponibles muestran como los índices de prevalencia en el jabalí están entre el 40 y el 57 % y en el corzo por ejemplo, cercanos al 28 %. La presencia de la fauna silvestre ligada a la gestión de los cotos de caza que se desarrolla en algunas zonas de alta incidencia, es un hecho incontestable. Esto explica que Andalucía, Extremadura, o Castilla-La Mancha sean las CCAA con mayor presencia de las enfermedades. Frente a esta realidad, el control de la enfermedad sobre estas especies es casi nulo. Mientras que los controles sobre el ganado alcanzan al 99 % de la cabaña, tan solo se llega al 1,5 % de los animales silvestres.
En este contexto y ante la creciente contestación en el campo, el Gobierno publicó en el año 2017 el plan PATUBES (Plan de Actuación sobre la Tuberculosis en Especies Silvestres). Un ambicioso Plan, pero que como siempre, nace sin dotación económica y dependiente tan solo de actuaciones colaterales. Este Plan debería haber sido desarrollado con una normativa, que además tiene su origen en el artículo 16 bis
"actuaciones sanitarias en especies cinegéticas", de la Ley 8/2003, de sanidad animal, introducida por la DA 3 de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes, y según la cual el objetivo es "asegurar el buen estado sanitario de las especies cinegéticas y para evitar la transmisión de enfermedades entre ellas y al ganado doméstico".
Por último, es un elemento de constante conflicto y contestación la privatización de las campañas de saneamiento. Sorprende el hecho de que hablando de un tema tan sensible y que se considera de salud pública, de nuevo, los programas y las campañas de saneamiento ganadero hayan sido privatizadas en todas las Comunidades Autónomas. En estos casos, no se acierta a entender si el efecto privatizador juega haciendo que se detecten un mayor número de casos y por lo tanto el incremento de los sacrificios como ha sucedido claramente en Cantabria, o por el contrario, a favor de demostrar la eficacia y el buen trabajo de la empresa concesionaria. En todo caso, sobre todas las empresas, de nuevo y de manera sorprendente destaca el papel de TRAGSA como la empresa que más contratos acumula con diferencia. Pero además y al margen de la eficacia, lo que debería reflexionarse es si la eficiencia económica en este caso está probada.
Todas estas razones son las que subyacen en una realidad problematizada que está generando situaciones insostenibles en el sector ganadero.
"El Congreso de los Diputados aprueba e insta al Gobierno a que se haga una revisión general de la política de sanidad animal referida a los programas Nacionales de Erradicación de la Tuberculosis bovina, tuberculosis caprina y ovina, Brucelosis ovina y caprina y Brucelosis bovina y en concreto:
1. Instar al Gobierno a que en el marco de la nueva Directiva de Sanidad Animal que entrará en vigor en el año 2021, se contemple y desarrolle de manera adecuada la especificidad de la ganadería extensiva haciendo una revisión de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
2. Reconocer en el marco de la Ley 8/2003 y en los Programas Nacionales de Erradicación el derecho de los ganaderos a realizar un contraanálisis en un tiempo razonable, constituyendo este un derecho de todo ciudadano a recurrir una decisión puramente administrativa.
3. Revisar el enfoque del conjunto de las indemnizaciones contempladas en relación a los planes de erradicación. Siendo necesaria la actualización adecuada de los baremos y la agilidad de los pagos, se debe contemplar el lucro cesante y el concepto de indemnización por daños en los casos de falsos positivos, así como contemplar los valores especiales de raza y selección genética, además de los daños derivados de la inmovilización y pérdida de la calificación sanitaria.
4. Se insta al Gobierno a revisar las normas para minimizar los daños a los ganaderos por inmovilizaciones, eliminando las restricciones excesivas y facilitando los movimientos a cebaderos o mataderos, flexibilizar los movimientos a zonas de pasto estableciendo perímetros de seguridad a partir del reconocimiento que el aislamiento que actualmente se practica es virtual en la medida que existe contacto con fauna silvestre y con otros rebaños.
5. Instar al Gobierno a modular las pérdidas de calificación sanitaria de las explotaciones, teniendo en cuenta para ello las circunstancias particulares de cada caso (porcentaje de positivos, historial anterior, etc.) y establecer la recuperación automática de la calificación en los casos en que un animal positivo en campaña, cuando se hacen las pruebas definitivas post morten resulta ser un falso positivo.
6. Instar al Gobierno a hacer una evaluación científica exhaustiva y una revisión de los protocolos de aplicación de la prueba de Gamma-Interferón incluyendo la moratoria en su aplicación, hasta que no se consigan mejoras significativas en su rango de especificidad y la reducción de los "falsos positivos".
7. Instar al Gobierno a que incremente los recursos destinados a la aplicación del Plan PATUBES (Plan de Actuación sobre Tuberculosis en especies silvestres. Aprobado 2017), así como el desarrollo normativo que se prevé del Plan y que resulta urgente en este momento. La obligación de este desarrollo normativo procede del artículo 16 bis "actuaciones sanitarias en especies cinegéticas", de la Ley 8/2003, de sanidad animal, introducida por la DA 3 de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes, y según la cual el objetivo es "asegurar el buen estado sanitario de las especies cinegéticas y para evitar la transmisión de enfermedades entre ellas y al ganado doméstico".
8. Recuperar para la gestión pública en el menos tiempo posible las campañas de saneamiento ganadero y de la aplicación completa de los programas de erradicación de acuerdo a la consideración de
que la salud pública como bien jurídico a proteger debe estar en manos de la administración competente de velar por ella."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela y Eva García Sempere, Diputados.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002307
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la cancelación de vuelos de la compañía aérea Ryanair, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La cancelación de vuelos prevista hasta finales del mes de octubre por parte de la compañía aérea Ryanair está provocando graves perjuicios a miles de usuarios que tienen sus viajes contratados con esta compañía y que verán sus vuelos anulados.
Según la información publicada, la medida puede afectar a unos 400.000 usuarios en toda Europa, un porcentaje importante de los cuales son ciudadanos españoles. Los aeropuertos de Madrid y Barcelona serán los más afectados por esta medida.
Los pasajeros cuyos vuelos queden cancelados han de tener la posibilidad de obtener el reembolso de los billetes o un transporte alternativo en condiciones satisfactorias. Además, el Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91, establece una serie de compensaciones para los pasajeros en caso de cancelación de vuelos con el objeto de que sean resarcidos por los graves trastornos y molestias, alcanzando así un adecuado nivel de protección de los consumidores en todo el ámbito de la Unión.
Excepto en el caso de que las cancelaciones se produzcan debido a las circunstancias extraordinarias descritas en el propio Reglamento citado, que parece claro que no se dan en este caso, y que se ofrezca la información y alternativas previstas en la letra c) del apartado 1 del artículo 5 de la norma, el transportista aéreo debe de proceder a compensar económicamente a los usuarios afectados con unas cuantías que varían en función de las distancias de los vuelos y de las alternativas ofrecidas.
Dado que, muchos de los usuarios afectados pueden verse privados de las compensaciones correspondientes debido, entre otras posibles circunstancias, a que carecen de la información o los medios adecuados para iniciar la reclamación, corresponde al Gobierno, en coordinación con el resto de las Administraciones competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios, garantizar dicha compensación se hace efectiva a todos los pasajeros afectados con derecho a ser resarcidos.
1. Iniciar las conversaciones oportunas con la compañía aérea Ryanair con el objeto de que proceda a indemnizar, de forma automática, a todos los pasajeros españoles afectados por las cancelaciones de vuelos de la citada compañía cuando se cumplan las condiciones establecidas para dicha compensación en el Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por
el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.
2. Llevar a cabo, a través de la AECOSAN, una campaña de información y asesoramiento a los usuarios afectados por las cancelaciones de vuelos, acordando con las asociaciones nacionales de consumidores las actuaciones a llevar a cabo para garantizar que todos los usuarios reciben las compensaciones a que tengan derecho.
3. Coordinar e impulsar con las Comunidades Autónomas todas las acciones oportunas para garantizar el efectivo cumplimiento de la normativa en vigor sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos frente a la cancelación de vuelos prevista para las próximas semanas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-Victoria Begoña Tundidor Moreno, Miguel Ángel Heredia Díaz y Miriam Alconchel Gonzaga, Diputados.-Sofía Hernanz Costa, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002316
Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las altas tasas de Desnutrición Relacionadas con la Enfermedad (DRE) existentes en nuestro país, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Existe numerosa evidencia, fruto de estudios internacionales y nacionales que tratan la desnutrición en los pacientes, y cómo esta afecta a los estados de salud. Por ejemplo, en España, contamos con el estudio PREDyCES (Prevalencia de la Desnutrición y Costes Asociados en España), entre otros. Este estudio arroja unos resultados preocupantes. Según sus resultados, la DRE afecta a todos los niveles de la atención sanitaria: Atención Primaria, Atención Especializada y Atención Sociosanitaria, teniendo una prevalencia elevada en todos ellos. El estudio apunta que uno de cada cuatro pacientes hospitalizados está en riesgo de desnutrición o desnutrido (23,7 %) y este porcentaje aumenta al 37 % entre los mayores de 70 años, afectando fundamentalmente a pacientes con enfermedades neoplásicas (35 %), del sistema cardiocirculatorio (29 %) y respiratorias (28 %). Otros recientes estudios, como el DREAM +65, realizado recientemente en la Comunidad de Madrid, con ciudadanos mayores de 65 años, también confirma elevados estados de desnutrición en la población: la prevalencia de desnutrición fue 2,2 % en sujetos atendidos en atención primaria, 0,4 % en los centros de mayores, 15,6 % en residencias y 21,7 % en hospitales . En este mismo estudio el 10,9 % de los pacientes atendidos en atención primaria estaban en riesgo nutricional, el 4,7 % en los centros de mayores, el 30,9 % en residencias y el 46,6 % en hospitales.
c) Sensibilice a la población general, y especialmente a los profesionales sanitarios, acerca de la necesidad de una adecuada valoración y abordaje de la DRE, mejorando la información de éstos sobre las causas que conducen a la DRE, su valoración y las medidas para tratarla.
e) Impulse la implementación de un Plan de Acción en cada centro, que contemple el procedimiento de cribado nutricional basada en datos antropométricos y bioquímicos en todos los ámbitos sociosanitarios, especialmente al ingreso en hospitales y residencias, así como en poblaciones en riesgo de desnutrición en atención primaria (paciente crónico complejo, paciente frágil, oncológico en tratamiento activo, demencia, ancianos, etc.). Este cribado deberá registrarse en la Historia Clínica del Paciente y repetirse de forma periódica en los casos en que su resultado ha sido negativo (pacientes sin riesgo nutricional) en la primera valoración.
f) Desarrolle procedimientos de atención a la DRE en los pacientes candidatos a cirugía mayor durante todo el periodo perioperatorio, consensuados y basados en la mejor evidencia científica disponible, con el fin de disminuir la variabilidad injustificada en la atención, la morbilidad y la estancia hospitalaria."
161/002319
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la calidad de la atención sanitaria en la Ciudad Autónoma de Ceuta, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La Ciudad Autónoma de Ceuta dispone de servicios sanitarios públicos gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), entidad gestora de la Seguridad Social adscrita a la Secretaría General de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es por tanto, junto con la Ciudad Autónoma de Melilla, el único territorio español donde la responsabilidad sobre la atención sanitaria recae sobre el Gobierno de España, al no haber sido transferida las competencias del extinto INSALUD.
Ceuta es una ciudad con características geográficas, demográficas, sociológicas y económicas muy especiales. Una ciudad española en el continente africano con un alto valor estratégico para España y ciudad de residencia para 85.000 españoles que deben disfrutar de los mismos derechos y garantías de atención que el resto de la ciudadanía española. Además de atender a la población censada con derecho a atención sanitaria, es una realidad que Ceuta recibe diariamente una cantidad importante (en torno a 30.000) de personas que llegan a la ciudad para trabajar o en muchos casos comerciar y que requieren o demanda atención sanitaria. A ello se suma un número no despreciable de personas enfermas y mujeres embarazadas que procedentes de Marruecos acuden a Ceuta para ser atendidos en su hospital. Y por último la atención que requiere el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes existente en la ciudad y la atención a los miles de extranjeros que cada año acceden irregularmente a la ciudad. Es una realidad a la que no se puede dar la espalda, y que obliga a que los recursos sanitarios que se ofrecen no puedan ser planificados exclusivamente en función de la población censada por INGESA, con independencia de que haya que buscar otro tipo de soluciones a estas situaciones especiales.
Sin embargo, la situación de la atención sanitaria en la ciudad de Ceuta deja mucho que desear. A las dificultades propias de prestar una atención sanitaria completa y de calidad para una población residente en un enclave con dificultades de comunicación, se une la dejadez con la que el INGESA ha gestionado estos servicios en los últimos cinco años. Así la plantilla de personal es escasa y sus cargas de trabajo excesivas, sin incentivos además de formación continuada y desarrollo profesional que permita atraer y retener a estos profesionales. El hospital tiene una insuficiencia de su cartera de servicios que obliga a muchos pacientes a desplazarse a la península para recibir atención que en muchos casos debería poder ser satisfecha en la propia ciudad. El hospital universitario requiere una ampliación y renovación de su equipamiento tecnológico.
Aún más deficitaria puede considerarse la situación de los servicios de atención primaria. Ceuta requiere una ampliación y desdoblamiento de sus Equipos de Atención Primaria para atender al crecimiento de su población, censada y flotante, la ampliación y mejora del Centro de Salud de El Tarajal y una solución urgente a las precarias condiciones en que se presta el servicio de urgencias ambulatorias en el ambulatorio José Lafont.
Ante esa situación, el INGESA presupuesta fondos insuficientes que además no ejecuta, como ocurrió en el año 2016 donde a pesar de la escasa cuantía del presupuesto de inversiones, INGESA dejó sin
ejecutar la mitad, y para este año 2017 la cantidad presupuestada de 700.000 resulta totalmente insuficiente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
1. Realizar en el plazo de tres meses un Plan Director de los Servicios Sanitarios de INGESA en Ceuta que atienda a las necesidades reales de población y demanda sanitaria existente en la ciudad, con el objetivo de garantizar una atención sanitaria de calidad y en condiciones de igualdad con respecto a las condiciones de atención en el resto de España.
2. Ampliar la cartera de servicios ofrecida por los servicios sanitarios de la ciudad, y en particular estudiar la viabilidad de ampliar la oferta de servicios para el diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos, cardiovasculares, salud mental y otras enfermedades que hoy precisan penosos traslados a centros de la península.
3. Dotar de los Recursos Humanos necesarios a los centros sanitarios públicos de la ciudad y mejorar las condiciones de trabajo, opciones de desarrollo profesional, calidad de la formación continuada, y otras medidas tendentes a lograr una mayor atracción y retención de profesionales.
4. Incluir dentro del Plan Director, la necesaria ampliación y renovación del equipamiento tecnológico disponible en el hospital.
5. Acometer con carácter inmediato el plan de desdoblamiento del Centro de Atención Primaria de Otero, ampliar el centro de salud de El Tarajal y acometer la construcción de un nuevo centro de atención continuada adecuadamente.
6. Promover acuerdos con otros hospitales nacionales de referencia que permitan mejorar la coordinación asistencial en la derivación de pacientes, intercambio de información clínica de manera electrónica, desarrollo de servicios telemáticos de atención, así como el intercambio de profesionales y otras actividades de formación e investigación que redunden en la calidad de la atención y la atracción de los centros sanitarios ceutíes para sus profesionales.
7. Mejorar los sistemas informáticos clínicos para lograr la plena integración e interoperabilidad de la historia clínica digital, receta electrónica, así como la dotación de servicios de telemedicina y atención virtual.
8. Acordar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma un plan urgente para resolver el colapso en los accesos al hospital y a su servicio de emergencias que se produce periódicamente como consecuencia de la masiva afluencia de vehículos a la frontera."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002321
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la realización de un estudio sobre las necesidades de las personas sin hogar, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La exclusión social es uno de los problemas más graves de la sociedad actual y también uno de los más difíciles de resolver. Por ese motivo, es necesario que los poderes públicos impulsen políticas integrales y multidisciplinares dirigidas a minimizar las situaciones y consecuencias de la exclusión de sus ciudadanos.
En este contexto, especial atención merece la realidad de las personas sin hogar, ya que las condiciones que sufren constituyen uno de los peores rostros de la exclusión social y además, uno de los más visibles. A pesar de dicha visibilidad y de la existencia de instrumentos de estudio como las Encuestas sobre las
Personas sin Hogar de 2005 y de 2012 elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha detectado una falta de datos objetivos que permitan dimensionar y poner rostro a los sin techo en España.
De hecho, según los datos arrojados por la última encuesta del INE, en 2012 cerca de 23.000 personas se encontraban en una situación de sinhogarismo. Sin embargo, las entidades del Tercer Sector que trabajan con y para estas personas, estiman que, al menos, hay 8.000 personas más que se encontrarían fuera de la red de atención y viven de forma permanente en las calles.
Este desfase en las cifras se debe a que la encuesta del INE, armonizada a nivel europeo, se ha desarrollado en dos ámbitos: el estudio de las personas y el estudio de los centros y los recursos que se destinan a las mismas, pero se limita a usuarios de centros asistenciales de alojamiento y restauración. Ello da lugar a que las personas sin hogar que no asisten a dichos centros no son incorporadas. Además, el formato de la encuesta sólo tiene en cuenta características muy formales, pero se precisa también conocer en mayor profundidad cuales son las necesidades de estas personas.
Por tanto, parece evidente que para poder favorecer la inclusión de las personas sin hogar en la sociedad a través de políticas públicas eficaces, es necesario impulsar un estudio en profundidad de la situación, al mismo tiempo que homogeneizar las metodologías e instaurar un sistema de recogida de datos e información comparable en todo el territorio nacional, con el fin de utilizar los resultados obtenidos para impulsar las acciones más acertadas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y entidades del Tercer Sector expertas en la atención de personas sin hogar, a impulsar las actuaciones previstas en Línea Estratégica 13 del Objetivo 5 de la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020, relativas a mejorar el conocimiento, el intercambio de información y la evaluación en el marco de las políticas de personas sin hogar."
161/002326
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que permitan que continúe el uso del español en las comunicaciones tierra-aire en todos los aeródromos a nivel nacional, para su debate en la Comisión de Cultura.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar una excepción en lo relativo a la continuación del uso del español en las comunicaciones tierra-aire en los aeródromos nacionales, como permite el punto 14015 del Reglamento UE 2016/1185, mediante la publicación de una diferencia con el SERA según lo establecido en ese mismo punto."
161/002314
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a combatir el fenómeno del incremento del uso de drogas para facilitar ataques a la libertad sexual, para su debate en la Comisión de Igualdad.
En España no se ha dado cumplimiento a la demanda realizada por Naciones Unidas, en su Resolución 53/7 de la Comisión de Estupefacientes para combatir la administración subrepticia de sustancias psicoactivas relacionadas con la agresión sexual y otros actos delictivos que reclama a los Estados introducir en sus legislaciones "circunstancias agravantes en los casos en que se administren subrepticiamente sustancias psicoactivas para cometer una agresión sexual".
La sumisión química se introdujo en el año 2010 en el Código Penal, dentro del apartado de abusos sexuales.
En el ámbito legislativo es preciso ser conscientes de que, el artículo 181 del Código Penal contempla penas de uno a tres años para quien sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. Este artículo considera la anulación de la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea, previendo que cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal,
anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años.
Esta resolución indica también que el análisis de las tendencias reclama como "imprescindible para resaltar los problemas, [...] una mayor capacidad nacional de reunir datos para mejorar las respuestas de la comunidad internacional a la delincuencia y las drogas ilícitas. También el informe sobre atentados a la libertad sexual facilitadas por las drogas o el alcohol, publicado en 2008, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, observó que "seguía sin conocerse el alcance real de los atentados a la libertad sexual facilitadas por drogas y que un primer paso imprescindible para abordar el problema era una mejor vigilancia de ese tipo de atentados.
También indica "que varios países han informado a la Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes del aumento del uso no terapéutico de sustancias sicotrópicas, en particular sedantes y tranquilizantes, y que estos "han expresado preocupación por el abuso cada vez mayor de las llamadas "drogas para la violación en citas", que los delincuentes suelen administrar a sus víctimas elegidas antes de cometer un acto de atentado a la libertad sexual u otros tipos de delitos".
La resolución también indica que "es importante invertir en la capacidad de los laboratorios forenses y el desarrollo de metodologías de gran calidad para analizar los atentados a la libertad sexual u otros delitos en los que se sospeche que se han administrado sustancias psicoactivas, a fin de comprender la verdadera magnitud y alcance del fenómeno y responder a él, tanto desde el sistema judicial como mediante la atención médica preventiva.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a combatir el fenómeno del incremento del uso de drogas para facilitar ataques a la libertad sexual adoptando medidas para concienciar al público, en particular a los segmentos más vulnerables de la sociedad, a los profesionales de la salud y a los organismos de aplicación de la ley, acerca del modus operandi de los que usan estos medios y los recursos de que disponen las víctimas.
Realizar un estudio sobre el impacto de los ataques a la libertad sexual facilitada por administración de sustancias psicoactivas.
Elaborar indicadores estadísticos para medir el alcance del fenómeno, descubrir el modus operandi de los que usan estos medios para atentar contra la libertad sexual e identificar las sustancias psicoactivas utilizadas e incorporar a los boletines sobre criminalidad del Ministerio del Interior y los Boletines estadísticos de la Delegación del Gobierno para la Violencia los datos obtenidos.
Remitir a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito copia de los resultados de la investigación.
Valorar la conveniencia de incrementar las penas en el límite inferior para estas conductas manteniendo el límite máximo actualmente previsto.
Fomentar una campaña para incentivar que las víctimas busquen asistencia y servicios de análisis a la mayor brevedad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002317
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
modificación de las condiciones de comercialización de los productos de juego que el Gobierno autoriza a la ONCE, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Corresponde al Gobierno ejercer la tutela de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través del Consejo de Protectorado cuya presidencia recae en la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es a este Consejo de Protectorado a quien compete las autorizaciones y modificaciones de las modalidades de juego y condiciones de comercialización de la ONCE, correspondiendo al Consejo de Ministros la aprobación del que ha venido en denominarse acuerdo ONCE-Gobierno.
Desde la implantación del euro, la ONCE venía arrastrando unas pérdidas en su recaudación por ventas que fueron aliviadas a través de diferentes acuerdos del Consejo de Protectorado y Consejo de Ministros:
- Autorización para el incremento del porcentaje de premios y ajuste de precios.
- Autorización de la comercialización en exclusiva de lotería instantánea.
- Comercialización para España del producto europeo Eurojackpot.
- Autorización a la ONCE de diferentes juegos activos.
- Comercialización de hasta seis sorteos extraordinarios al año, incluyendo hoy incluso un producto de Navidad a sortear el 1 de enero, sorteo que había sido reiteradamente negado.
- Compensación a cargo de los presupuestos del operador público Loterías y Apuestas del Estado (LAE) de la desviación negativa de las ventas anuales.
- Sustitución de la compensación por pérdidas en las ventas anuales reseñada en el punto anterior por la exención de cuota patronal de toda la plantilla de personas con discapacidad, regulada mediante acuerdo de Consejo de Ministros de noviembre de 2011.
La continuación de las perdidas en la recaudación y la mala situación que atravesaba la economía de la ONCE, justificaron el 25 de septiembre de 2009 un acuerdo del Consejo de Ministros mediante el que se anuló la condición histórica de que los juegos de la ONCE fueran vendidos en exclusiva por su plantilla de personas con discapacidad, autorizando a que pudiera hacerse a través de canales externos y distintos a la plantilla del personal vendedor y autorizando incluso, en modificaciones posteriores, que la ONCE pudiera comercializar productos fuera de España.
La autorización de venta de juegos ONCE fuera de plantilla ha supuesto que desde el 2010 la dirección de la ONCE haya venido profundizando en dar sus productos de juego inicialmente a estancos, kioscos de prensa, gasolineras y posteriormente a supermercados, establecimientos de diversa índole y más recientemente a las oficinas de Correos. Mientras todos estos establecimientos, agrupados en el denominado por la ONCE canal físico complementario, venden juegos ONCE sin sujetarse a condicionante alguno, la dirección de la ONCE va modificando su política laboral y comercial:
- Sujetando las nuevas contrataciones y renovaciones de contrato a cifras de productividad semanal por encima incluso de los mínimos tasados en convenio. Y ello a pesar de que es la ONCE quien decide unilateralmente el punto de venta, el horario, los descansos o los juegos que se asignan.
- Penalizando, incluso con expedientes disciplinarios por baja productividad, a los vendedores que no alcanzaban los mínimos de convenio (210 euros diarios) durante dos meses consecutivos.
- Suprimiendo como derecho estatutario la concesión como empleo de la venta a toda persona ciega.
El pasado día 17 de mayo, en sesión de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados, tuvo lugar una comparecencia del Vicepresidente Primero del Consejo General de la ONCE para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre los efectos del canal físico complementario y su repercusión en la plantilla del personal vendedor. De dicha comparecencia puede concluirse que existen personas ciegas a las que no se les concede la venta; que existen personas con otras discapacidades a las que no se les renueva por no alcanzar las ratios de venta que fija unilateralmente la dirección; que no existe límite geográfico ni de distancia entre los puntos de venta de plantilla y los del canal físico complementario; que han existido sanciones por la denominada "baja
rentabilidad"; o que la recaudación por ventas de la once ya está en crecimientos significativos según los cierres de 2015 y 2016.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar las acciones oportunas para preparar la supresión del denominado por la ONCE canal físico complementario y condicionar mientras tanto hasta su desaparición el mantenimiento de dicho canal a la existencia de las siguientes condiciones:
1. Ningún establecimiento del canal físico complementario podrá operar en localidades con más de cinco vendedores de plantilla.
2. No podrán existir establecimientos del canal físico complementario a menos de dos kilómetros de puntos de venta de plantilla.
3. No podrán denegarse renovaciones de contrato por no alcanzar productividad semanal cuando las cifras sean iguales o superiores a los mínimos diarios establecidos por el XVI convenio, ni materializar extinciones o despidos esgrimiendo baja rentabilidad.
4. La ONCE vendrá obligada a contratar a toda persona ciega que no esté incapacitada o inhabilitada legalmente para ello."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2017.-María Isabel Salud Areste, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
181/000470
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior.
Diputado don Ricardo Sixto Iglesias.
Ante las convocatorias de manifestaciones de carácter fascista frente a los lugares en los que se celebran actos públicos sobre la situación en Catalunya, y considerando el masivo traslado de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) a Catalunya, ¿considera el Gobierno justificado permitir estas manifestaciones fascistas que tratan de impedir, perturbar o menoscabar reuniones legítimas convocadas por partidos políticos, sindicatos o asociaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
232/000107
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 6645/2013, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, contra el Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat, así como voto particular formulado a la misma.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6645/2013 promovido por más de 50 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra el Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat Valenciana. Han intervenido y formulado alegaciones la Generalitat y las Cortes Valencianas. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
Dada en Madrid, a 6 de septiembre de 2017.