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Timestamp: 2019-09-18 05:45:50
Document Index: 133960034

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 45', 'artículo 168', 'artículo 45', 'artículo 32', 'artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 7', 'artículo 31']

Resolución de TEAF Navarra, 980500, 27-02-2002 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980500 de 27 de Febrero de 2002
Núm. Resolución: 980500
Se alega la incompetencia de la Administración Foral para la practica de las liquidaciones, por tratarse de escritura otorgada fuera del territorio navarro. Se desestima el recurso. Para la eficacia jurídica del Convenio Económico, es precisa su aprobación por ley ordinaria, por lo que, ni al tiempo de practicarse las liquidaciones existía formalmente la norma que modificó la competencia de la Comunidad Foral. Pero tiempo atrás, ya se había aprobado la modificación del Concierto Vasco, con idéntica redacción al navarro, con lo que, al momento de otorgamiento de la escritura, la Diputación de Álava tampoco era competente para su exacción. Ante tal situación de apatridia fiscal por falta de coordinación en la fijación de los puntos de conexión, debe ser la Comunidad Foral la competente, ya que si no el sujeto pasivo se vería indebidamente beneficiado.
1º Procedimiento aprobatorio del Convenio y de sus modificaciones. 2º Competencia de la Comunidad Foral para la exacción del impuesto.
Visto escrito presentado por Don (?) en representación de la Compañía Mercantil ?(?)?, con C.I.F. (?) y domicilio en Pamplona, en relación con liquidación por el concepto ?actos jurídicos documentados? del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
PRIMERO.- En (...) de noviembre de 1997 vino a otorgarse ante el Notario de Vitoria, Don (...), escritura de declaración de obra nueva en construcción, división en propiedad horizontal y distribución de responsabilidad hipotecaria.
SEGUNDO.- Presentada dicha escritura a liquidación dio lugar a las números (...) y (...) de la Oficina Liquidadora de Pamplona, por el concepto ?actos jurídicos documentados? y en relación con las operaciones negociales a que más arriba se ha hecho alusión. Y contra todas esas liquidaciones viene la representación de la interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (...) de abril de 1998, señalando que la Administración Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra no es competente para la práctica de estas liquidaciones, por tratarse de escritura otorgada fuera del territorio navarro, y ello de conformidad con lo dispuesto en el texto del Convenio Económico vigente al tiempo de la práctica de las liquidaciones. Solicita, pues, la anulación de las liquidaciones impugnadas.
SEGUNDO.- Centrándose el motivo de impugnación en la incompetencia de la Comunidad Foral para la exacción del tributo, ha de verse que, ciertamente, en el caso se produce una situación que ha de calificarse, cuando menos, de irregular. Y es que no sólo al tiempo de otorgarse la escritura, sino incluso al de practicarse la liquidación, todavía no había llegado a aprobarse la Ley 19/1998, de 15 de junio, por la que vino a modificarse el Convenio Económico de 31 de julio de 1990. Y es que el artículo 32 del Convenio, tras la modificación a la que se hace alusión, estableció que la Comunidad Foral es competente para la exacción del tributo controvertido ?en los supuestos sujetos a la cuota gradual del gravamen de Actos Jurídicos Documentados, cuando radique en territorio navarro el Registro en que deba procederse a la inscripción o anotación de los bienes o actos?, modificación que es aplicable a partir del 1 de enero de 1998, según el apartado 2 del Acuerdo primero de dicha Ley 15/1998.
A la vista de lo anterior cabe hacer aquí mención del procedimiento aprobatorio del Convenio y de sus modificaciones, por ver lo chocante de la situación que se nos plantea. El artículo 45.4 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra establece que ?dada la naturaleza paccionada de los Convenios Económicos, una vez suscritos por el Gobierno de la Nación y la Diputación, serán sometidos al Parlamento Foral y a las Cortes Generales para su aprobación mediante ley ordinaria?. Pues bien: la redacción del precepto deja poco claro cuál es el efecto que produce la aprobación del Convenio por el Parlamento de Navarra y qué instrumento jurídico debe utilizarse para poner de manifiesto tal aprobación. Tampoco viene a arrojar mucha luz acerca de este particular el artículo 168 del vigente Reglamento del Parlamento de Navarra, pero podemos decir que, en la práctica, los Convenios Económicos y sus modificaciones se han venido publicando (una vez aprobados por el Parlamento de Navarra, a través de lo que podríamos denominar Acuerdos del Parlamento de Navarra -nunca Leyes Forales-) en el Boletín Oficial de Navarra a través de Ordenes Forales del Consejero de Economía y Hacienda. Y así sucedió en el presente caso: tras el Acuerdo aprobatorio del Parlamento de Navarra, el Consejero de Economía y Hacienda ordenó la publicación de la modificación del Convenio en el Boletín Oficial de Navarra mediante Orden Foral 206/1997, de 10 de diciembre, produciéndose tal publicación en el Boletín Oficial de Navarra número 157, de 31 de diciembre de 1997. Pues bien: ninguna de estas operaciones (ni el simple Acuerdo entre el Gobierno de Navarra y el de la Nación, ni la aprobación por el Parlamento de Navarra) da lugar a que el Convenio o sus modificaciones nazcan a la vida jurídica, puesto que, como hemos visto, es finalmente preciso que el Convenio o su modificación sean aprobados por ley ordinaria de las Cortes Generales, según la dicción del artículo 45.4 del Amejoramiento del Fuero. Es decir, formalmente el Convenio o sus modificaciones son normas estatales, puesto que el ordenamiento jurídico español no prevé atribuir sin más, eficacia jurídica al especialísimo pacto que se da entre el Gobierno de Navarra y el de la Nación. Es por ello que afirmamos que en el presente caso ni siquiera al tiempo de practicarse las liquidaciones (marzo de 1998) existía formalmente la norma jurídica de la norma que modificó la competencia de la Comunidad Foral en materia del concepto ?actos jurídicos documentados? (la Ley 19/1998, de 15 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 143, de 16 de junio de 1998). Es decir, que si contemplásemos la situación observando única y exclusivamente los aspectos formales de la aprobación de la modificación del Convenio a que estamos aludiendo, quizá hubiera que concluir que las liquidaciones practicadas deberían anularse dada la evidente irregularidad en que se incurre en su dictado, puesto que la norma aplicable (única existente en el mundo jurídico en el aquel momento) era el viejo artículo 32 del Convenio, que no atribuía a la Comunidad Foral la competencia para la exacción del tributo (no olvidemos que en el aquel precepto se atendía al lugar de otorgamiento de la escritura y éste es Vitoria).
TERCERO.- Ahora bien: no podemos olvidar que tiempo atrás ya se había aprobado la modificación del Concierto Económico con el País Vasco (por Ley 38/1997, de 4 de agosto, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 186, de 5 de agosto de 1997). Y con la aprobación de esa Ley se produce la modificación del punto de conexión para el supuesto que estamos contemplando (artículo 30.6 del Concierto), con idéntica redacción a la del artículo 32 del Convenio, antes citado (sólo que referida, lógicamente, al territorio vasco). Así que para el momento en que se otorgó la escritura no era la Diputación Foral de Alava la competente para la exacción del tributo, puesto que ya se hallaba aprobada la modificación del Concierto. Esto da lugar a que nos hallemos ante una difícil encrucijada: ni era competente Alava ni parecía ser competente Navarra para la exacción del concepto ?actos jurídicos documentados?, e incluso tampoco era competente cualquier otra Comunidad Autónoma, puesto que el artículo 7.6º.A) de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, ya preveía la atribución de la competencia para la exacción del concepto a la Comunidad Autónoma ?en cuya circunscripción radique el Registro en el que debería procederse a la inscripción o anotación de los bienes o actos?. Pues bien: ello conduce a una situación que podríamos denominar como de ?apatridia fiscal? de la operación que resulta inadmisible. Tradicionalmente han venido repugnando el ámbito del Derecho Tributario las situaciones de doble imposición internacional (aquí, interregional) como aquellas otras en que un hecho imponible no puede ser objeto de exacción por ningún poder tributario, por descoordinación en cuanto a la fijación de los puntos de conexión o criterios de sujeción. Y es por ello, y sólo por ello, que debe darse al caso la solución de que sea la Comunidad Foral de Navarra la competente para la exacción del tributo (conforme a los criterios plasmados en la Ley 19/1998, de 15 de junio), ya que de otro modo el sujeto pasivo se vería indebidamente beneficiado de esta situación de transitoria descoordinación normativa, lo que atentaría contra los principios constitucionales propios de la materia tributaria (fundamentalmente, contra el artículo 31.1 de la Constitución). Y en cuanto a la posible inconstitucionalidad de la retroactividad atribuida a la norma, este Tribunal no es competente para realizar declaración alguna en ese sentido, por lo que habrán de confirmarse las liquidaciones practicadas.
Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de la Compañía Mercantil ?(?)? contra liquidaciones números (...) y (...) por el concepto ?actos jurídicos documentados? del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Oficina Liquidadora de Pamplona), confirmándose dichas liquidaciones en sus propios términos.
Sentencia Administrativo TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 455/2008, 30-04-2010
Orden: Administrativo Fecha: 30/04/2010 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Herrero Casanova, Eduardo Num. Recurso: 455/2008
Sentencia Administrativo Nº 30889/2009, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 193/2006, 30-11-2009
Orden: Administrativo Fecha: 30/11/2009 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Gimenez Cabezon, Jose Ramon Num. Sentencia: 30889/2009 Num. Recurso: 193/2006
Sentencia Administrativo Nº 493/2008, TSJ Extremadura, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 505/2006, 22-05-2008
Orden: Administrativo Fecha: 22/05/2008 Tribunal: Tsj Extremadura Ponente: Ruiz Ballesteros, Daniel Num. Sentencia: 493/2008 Num. Recurso: 505/2006
Sentencia Administrativo Nº 478/2008, TSJ Extremadura, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 509/2006, 21-05-2008
Orden: Administrativo Fecha: 21/05/2008 Tribunal: Tsj Extremadura Ponente: Ruiz Ballesteros, Daniel Num. Sentencia: 478/2008 Num. Recurso: 509/2006
Resolución Vinculante de DGT, V2641-15, 10-09-2015
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Órgano: Sg De Impuestos Patrimoniales, Tasas Y Precios Públicos Fecha: 04/09/2001 Núm. Resolución: 1614-01
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