Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25392
Timestamp: 2020-05-26 18:48:09
Document Index: 397390470

Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 6', 'artículo 35', 'artículo 33', 'artículo 128', 'artículo 3', 'artículo 128', 'artículo 34', 'artículo 128', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 128', 'artículo 51', 'artículo 128', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 128', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 51', 'artículo 123', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 128', 'Artículo 128', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 128', 'artículo 211', 'artículo 3', 'artículo 128', 'artículo 128', 'Artículo 128', 'Artículo 128', 'Artículo 6', 'Artículo 128', 'Artículo 128', 'Artículo 128', 'Artículo 128', 'Artículo 211']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 88/2017
SENTENCIA 88/2017, de 4 de julio
a) El Defensor del Pueblo comienza su escrito de interposición poniendo de relieve que ha venido recibiendo peticiones de ciudadanos para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Tras valorar tales peticiones y los informes jurídicos elaborados por los servicios competentes de la propia institución y el de la junta de coordinación y régimen interior, y teniendo en cuenta, en particular, la necesidad de actuar en coherencia con el recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional el 19 de septiembre de 2006 contra determinados preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, entiende que se dan los requisitos objetivos para interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.
b) Aborda a continuación el escrito del Defensor del Pueblo los motivos de inconstitucionalidad del precepto impugnado. Considera el escrito, en primer lugar, que el artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, vulnera los artículos 20.1 y 38 de la Constitución, así como los artículos 6.2 y 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña interpretados estos en los términos establecidos por el Tribunal Constitucional en los fundamentos jurídicos 14 y 22 de la STC 31/2010.
Para el escrito del Defensor del Pueblo la norma impugnada establece una obligación individual de uso de las lenguas cooficiales impuesta coercitivamente, pues se recoge un régimen sancionador, en las relaciones de consumo entre sujetos privados que plantea, además, en relación con el catalán, un problema adicional al ser ésta una lengua cuyo deber de conocimiento, previsto en el artículo 6.2 EAC, en cuanto deber “individualizado y exigible”, no es predicable de todos los ciudadanos de Cataluña porque, como afirma el Tribunal Constitucional, no se trata de un deber general sino “de un deber individual y de obligado cumplimiento que tiene su lugar específico y propio en el ámbito de la educación, según resulta del artículo 35.2EAC, y en el de las relaciones de sujeción especial que vinculan a la Administración catalana con sus funcionarios, obligados, a dar satisfacción al derecho de opción lingüística reconocido en el artículo 33.1 EAC” (STC 31/2010, FJ 14).
c) Se impugna asimismo el número 2 del artículo 128-1 del Código de consumo de Cataluña por infracción del artículo 3 de la Constitución.
2. Mediante providencia de 30 de noviembre de 2010 el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Asimismo, acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de 15 días, pudieran personarse en el procedimiento y formular alegaciones. Asimismo se acordó dar traslado al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, con el mismo objeto. Por último, se acordó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
a) Comienza el escrito del Abogado de la Generalitat examinando el sentido y planteamiento general del recurso formulado por el Defensor del Pueblo. Recuerda el escrito de alegaciones que el apartado 1 del artículo 128-1 del Código de consumo de Cataluña viene a reproducir el contenido del inciso primero del artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que fue en su día impugnado por el Defensor del Pueblo. Subraya que el Tribunal Constitucional, en su STC 31/2010, ha afirmado la constitucionalidad del artículo 34 EAC, siempre que se interprete en los términos establecidos en el fundamento jurídico 22 de la propia Sentencia.
b) A continuación entra el Abogado de la Generalitat a alegar sobre el motivo de inconstitucionalidad relativo al artículo 128-1.2 del Código de consumo, que establece que “las personas consumidoras, sin perjuicio del respeto pleno al deber de disponibilidad lingüística, tienen derecho a recibir en catalán:” y enumera en las letras a, b y c la documentación e información a la que se aplica tal derecho.
Señala asimismo el Abogado de la Generalitat que la obligación establecida en el apartado segundo del artículo 128-1 no es una obligación individualizada, esto es, impuesta a los ciudadanos en cuanto tales, sino una exigencia administrativa hacia la empresa, como organización considerada en su conjunto, al estilo de otras varias obligaciones de carácter administrativo que deben cumplir en el ejercicio de su relación con los consumidores, de manera que las empresas o establecimientos que quedan obligados a disponer de ella tienen ocasión de haberla preparado previamente a recibir la visita de los consumidores, y, por tanto, afirma el Abogado de la Generalitat, no contradice los criterios señalados por el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 22 de la STC 31/2010.
a) Comienza delimitando el objeto del recurso interpuesto, pues señala que, si bien se recurre el artículo 128-1 del Código de consumo de Cataluña, los argumentos expresados en los “motivos de inconstitucionalidad” incluidos en el escrito de recurso se dirigen exclusivamente contra los apartados 1 y 2 del artículo 128-1, obviando que dicho artículo tiene un tercer apartado. Por ello la representación procesal del Parlamento de Cataluña entiende que el Tribunal Constitucional, en aplicación de su doctrina que reproduce, no debe pronunciarse sobre apartado 3 del artículo 128-1, y que el objeto del recurso se circunscribe exclusivamente a los apartados 1 y 2 de dicho artículo 128-1.
b) Prosigue el representante del Parlamento de Cataluña afirmando que el artículo 128-1.1 del Código de consumo de Cataluña impugnado no modifica el régimen establecido por el artículo 32.1 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística. De acuerdo con el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña el derecho de los consumidores a ser atendidos en la lengua oficial que escojan no genera nuevas obligaciones, ni tan siquiera en el sentido de deberes jurídicos, para los proveedores de bienes y servicios: estos ya estaban definidos en la Ley de Cataluña 1/1998, de política lingüística, sin que entre el artículo 32.1 de la misma y el artículo 128-1.1 del Código de consumo de Cataluña se produzca ninguna antinomia que obligue a considerar derogada o modificada la norma preexistente, o que esta deba reinterpretarse en un sentido distinto a partir de la entrada en vigor de la norma impugnada.
Para el Letrado del Parlamento en la disponibilidad lingüística lo importante no es la lengua que se utilice, sino el contenido de la relación jurídica que se pretende establecer, que debe tratarse de una relación de consumo, en el que una de las partes —a priori en una posición más débil y por ello expresamente protegida por el artículo 51 de la Constitución—, tiene derecho a ser atendida en la lengua oficial que elija, no porque tenga derecho a imponer una opción lingüística determinada en la relación contractual, sino porque tiene el derecho a la protección de sus intereses en su posición de consumidor o usuario en la relación jurídica de que se trate.
c) Se refiere a continuación el escrito del representante del Parlamento de Cataluña a que el artículo 128-1.1 del Código de consumo de Cataluña no infringe el artículo 20.1 CE. Para el Letrado del Parlamento la proyección de la libertad de expresión, en los términos de la letra a) del artículo 20.1 CE, no tiene relevancia en el ámbito en que se proyecta la norma impugnada, ya que la misma se refiere exclusivamente a las relaciones de consumo. Subraya el escrito del representante del Parlamento de Cataluña que en las relaciones de consumo el proveedor de bienes o servicios no dispone del derecho a informar (en el sentido de que un derecho a hacer incluya también su negación, es decir, el derecho a no hacer), ya que dicho comportamiento puede distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor, o mermar su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que adopte una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado. Para el Letrado del Parlamento en las relaciones de consumo el derecho a la información de quien la recibe prevalece sobre un eventual derecho a no informar de quien la comunica, por lo que es lógico que la comunicación se establezca en forma comprensible para el destinatario. Según el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña, en un eventual conflicto de derechos sobre que lengua oficial deba utilizarse en la relación, es lógico que sea quien tiene derecho a recibir la información, el destinatario de la comunicación, el que determine cuál de las dos lenguas responde mejor en su caso para obtener una información clara, precisa y comprensible, indispensable para tomar decisiones como consumidor.
d) Prosigue el escrito del representante del Parlamento de Cataluña alegando que el artículo 128-1.1 del Código de consumo de Cataluña no infringe el artículo 38 CE. Para ello recuerda que la libertad de empresa es un derecho con límites; el mismo artículo 38 CE fija algunos. Igualmente tales límites pueden derivar de otros preceptos constitucionales, como es el caso de la defensa de los consumidores del artículo 51 CE que ofrece, de acuerdo con el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña, cobertura constitucional suficiente para establecer limitaciones a la libertad de empresa. Límites en materia de defensa de los consumidores para cuyo establecimiento es competente la Generalitat de Cataluña de conformidad con el artículo 123 EAC.
En relación con la condición de respeto del contenido esencial del derecho, y tras reproducir lo afirmado en la STC 225/1993, FJ 3 b), afirma el representante del Parlamento que el artículo impugnado “ni obstaculiza por sí mismo al empresario para ejercer su actividad libremente, ni excluye su acceso al mercado en cualquier parte del territorio nacional, o fuera del mismo”.
e) A continuación se refiere el escrito de alegaciones del Letrado del Parlamento de Cataluña a que el artículo 128-1.1 del Código de consumo no infringe los artículos 6.2 y 34 EAC, tal y como han sido interpretados por el Tribunal Constitucional en la STC 31/2010. Para el Letrado del Parlamento del artículo 128-1.1 del Código de consumo de Cataluña no se desprende la imposición de un deber de uso de cualquiera de las lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo, ya que la ley no impone el uso de ninguna lengua en concreto, sino el derecho de los consumidores a ser atendidos en la lengua oficial de su elección en una relación concreta, la relación de consumo, en la medida que el carácter oficial de una lengua es presupuesto de su comprensibilidad en el ámbito social donde rige dicha oficialidad; y que la doble oficialidad puede generar en algún caso un conflicto de derechos, en términos de comprensibilidad de los intervinientes, que deben resolverse, de acuerdo con el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña, en beneficio de quien tiene el derecho a recibir la información y no en el de quien tiene el deber de comunicarla.
f) A continuación sostiene el escrito del Letrado del Parlamento de Cataluña que el apartado 2 del artículo 128-1 del Código de consumo de Cataluña no infringe el artículo 3 CE. Para el Letrado de la propia dicción del artículo impugnado se desprende que no se produce una preferencia por el catalán en detrimento del castellano, en la medida que se salvaguarda convenientemente la disponibilidad lingüística. Asimismo sostiene que el cumplimiento del deber previsto en el apartado 2 no tiene un carácter inmediato y directo frente a los consumidores, sino que forma parte de las condiciones legales que deben cumplir el establecimiento o su documentación escrita. Del precepto impugnado no resulta la imposición de un deber de conocimiento del catalán, ni su utilización inmediata y directa ni en la empresa, ni a sus titulares, ni a su personal, y, por tanto, no infringe, según el Letrado del Parlamento de Cataluña, la doctrina del Tribunal Constitucional recogida en la STC 31/2010.
Enumera el Letrado del parlamento de Cataluña toda una serie de normas estatales que incluyen la prescripción del uso, al menos, de la lengua castellana, y recuerda como en la STC 147/1996, FJ 6, el Tribunal Constitucional afirmó que “a partir de la prescripción estatal con arreglo a la cual los datos obligatorios del etiquetado ‘se expresarán necesariamente al menos en castellano’, la Generalidad se encuentra plenamente habilitada para establecer igual necesidad por lo que hace a la lengua catalana, si en atención a lo establecido en el artículo 3 EAC lo considera procedente”.
1. El presente recurso de inconstitucionalidad, planteado por el Defensor del Pueblo, tiene por objeto la impugnación del artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, por vulneración de los artículos 3, 20.1 y 38 de la Constitución, así como los artículos 6.2 y 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña interpretados estos en los términos establecidos por el Tribunal Constitucional en los fundamentos jurídicos 14 y 22 de la STC 31/2010. Para las representaciones procesales del Parlamento de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat los preceptos impugnados son, sin embargo, plenamente conformes con la Constitución y el Estatuto.
“Artículo 128-1. Derechos lingüísticos de las personas consumidoras
3. La Generalidad debe velar por el fomento en las relaciones de consumo del uso de la lengua occitana, denominada aranés en Arán, dentro del ámbito territorial de Arán, donde es lengua propia”.
De acuerdo con la doctrina de este Tribunal, “no basta con postular la inconstitucionalidad de una norma mediante la mera invocación formal de una serie de preceptos del bloque de la constitucionalidad para que este Tribunal deba pronunciarse sobre la vulneración por la norma impugnada de todos y cada uno de ellos, sino que es preciso que el recurso presentado al efecto contenga la argumentación específica que fundamente la presunta contradicción constitucional. Es doctrina reiterada de este Tribunal que la impugnación de normas debe ir acompañada con una fundamentación que permita a las partes a las que asiste el derecho de defensa … así como a este Tribunal, que ha de pronunciar Sentencia, conocer las razones por las cuales los recurrentes entienden que las disposiciones cuestionadas vulneran el orden constitucional. Cuando lo que se encuentra en juego es la depuración del Ordenamiento jurídico resulta carga de los recurrentes, no sólo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida... En suma, la presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin una argumentación suficiente, no siendo admisibles las impugnaciones globales carentes de un razonamiento desarrollado que las sustente” (STC 237/2007, de 8 de noviembre, FJ 3).
Este Tribunal, en su STC 31/2010, de 28 de junio, ha recordado que “el art. 3.1 de la Constitución establece un deber general de conocimiento del castellano como lengua oficial del Estado; deber que resulta concordante con otras disposiciones constitucionales que reconocen la existencia de un idioma común a todos los españoles, y cuyo conocimiento puede presumirse en cualquier caso, independientemente de factores de residencia o vecindad. No ocurre, sin embargo, lo mismo con las otras lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de las respectivas Comunidades Autónomas, pues el citado artículo no establece para ellas ese deber (STC 84/1986, de 26 de junio, FJ 2)” [STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 14 b)].
En aquella ocasión nos planteamos sí la inexistencia de un deber constitucional de conocimiento de las lenguas españolas oficiales distintas del castellano suponía, no obstante, la prohibición de que tal deber se impusiese en un Estatuto de Autonomía. Y concluimos que tal prohibición efectivamente se producía, pues si bien es cierto que “el hecho de que la Constitución no reconozca el derecho a utilizar las lenguas cooficiales distintas del castellano no impide que los Estatutos de Autonomía garanticen tal derecho. Otra cosa es, sin embargo, que también puedan exigir el deber de conocerlas” [STC 31/2010, FJ 14 b)].
En efecto, este Tribunal ha considerado que “los ciudadanos residentes en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales tienen derecho a utilizar ambas en sus relaciones con la autoridad y sólo obligación -constitucional- de conocer el castellano, lo que garantiza la comunicación con el poder público sin necesidad de exigir el conocimiento de una segunda lengua. En cuanto el deber del ciudadano se corresponde con el correlativo derecho o facultad del poder público, no teniendo la Administración derecho alguno a dirigirse exclusivamente a los ciudadanos en la lengua catalana tampoco puede presumir en éstos su conocimiento y, por tanto, formalizar esa presunción como un deber de los ciudadanos catalanes” [STC 31/2010, FJ 14 b)].
Sin embargo, este Tribunal, al examinar precisamente el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha rechazado que se pueda extender indiscriminadamente al ámbito de las relaciones interprivatos el derecho de opción lingüística que asiste a los ciudadanos frente al poder público cuando ha afirmado que “el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Por ello, en este ámbito de las relaciones entre privados no cabe entender que el Estatuto imponga de modo inmediato y directo tal obligación a los ciudadanos” (STC 31/2010, FJ 22). Por ello el Tribunal, en el citado fundamento jurídico, y en el fallo de dicha sentencia, entendió que el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña no incurría en inconstitucionalidad sólo sí se interpretaba en los términos descritos.
4. Una vez hemos recordado la doctrina general de este Tribunal en relación con los deberes y derechos lingüísticos en el ámbito de las relaciones con los poderes públicos y en el ámbito de las relaciones privadas, procedería entrar a examinar las posibles vulneraciones del texto constitucional que se imputan al apartado 1 del artículo que 128-1, que ha quedado transcrito en el fundamento jurídico 2, y que se refieren fundamentalmente a las vulneraciones de los artículos 38, y 20.1 d) CE, así como 6.2 y 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Así, en efecto, cabe considerar que la definición, contenido y alcance del derecho del consumidor a ser atendido oralmente y por escrito en la lengua oficial que escoja quedan diferidos en el artículo 128-1.1 de la Ley 22/2010 a los términos que establezca “la legislación aplicable en materia lingüística”. Procede por tanto afirmar que el apartado 1 del artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña no establece un verdadero derecho de los consumidores, ni tampoco, por tanto, un deber de disponibilidad lingüística para los operadores económicos prestadores de bienes y servicios, pues los términos del reconocimiento de tal derecho se perfeccionarán, en su caso, en la normativa aplicable en materia lingüística. De modo que habrá de ser con ocasión del juicio de constitucionalidad que eventualmente haya de merecer la legislación por la que, en el marco de la oportuna competencia, se establezcan los términos de ese derecho y, eventualmente, los términos de un correlativo deber de disponibilidad lingüística, cuando quepa esperar de nosotros —como igualmente constatamos en relación con el artículo 34 EAC en la STC 31/2010, FJ 22— un pronunciamiento jurisdiccional sobre su adecuación constitucional. Así, la proclamación in abstracto del derecho del consumidor a ser atendido en la lengua oficial que escoja, en los términos en los que se lleva a cabo por el precepto recurrido, no atenta por sí misma contra los derechos constitucionales invocados.
No obstante, debemos señalar —como ya hicimos en la STC 31/2010, FJ 22, en donde se planteaba la constitucionalidad del artículo 34 EAC que recogía en términos parecidos un deber de disponibilidad lingüística— que ni el reconocimiento de un derecho ni el establecimiento de un deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público “puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Por ello, en este ámbito de las relaciones entre privados no cabe entender que el Estatuto imponga de modo inmediato y directo tal obligación a los ciudadanos” (STC 31/2010, FJ 22).
5. Se impugna, a continuación, el segundo apartado del artículo 128-1 del Código de consumo de Cataluña de acuerdo con el cual las personas consumidoras, sin perjuicio del respeto pleno al deber de disponibilidad lingüística, tienen derecho a recibir en catalán una serie de documentos e informaciones. El apartado 1 del artículo 211-5 del propio Código de consumo excluye del deber de estar a disposición inmediata de los consumidores a las marcas, los nombres comerciales y la rotulación amparada por la legislación de la propiedad industrial.
Este Tribunal ya tuvo la oportunidad de afirmar en la STC 147/1996, de 19 de septiembre, que un precepto que establezca que las indicaciones obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o servicios comercializados en España deberán figurar, al menos, en castellano, no obstaculiza en modo alguno el mandato, que también se contenía en el entonces vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, de garantizar el uso normal de los dos idiomas. Como afirmamos entonces “a partir de la prescripción estatal con arreglo a la cual los datos obligatorios del etiquetado ‘se expresarán necesariamente al menos’ en castellano, la Generalidad se encuentra plenamente habilitada para establecer igual necesidad por lo que hace a la lengua catalana, si en atención a lo establecido en el artículo 3 E.A.C. [que imponía a la Generalitat el deber de garantizar el uso normal de los dos idiomas] lo considera procedente” (STC 147/1996, de 19 de septiembre, FJ 6).
1º Declarar que no es inconstitucional, siempre que se interprete en los términos establecidos en el fundamento jurídico 4, el apartado 1 del artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.
2º Declarar que no es inconstitucional, siempre que se interprete en los términos establecidos en el fundamento jurídico 5, el apartado 2 del artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 7418-2010
Se enjuicia la constitucionalidad de un precepto de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña relativo al derecho de los consumidores a ser atendidos, oralmente y por escrito, en la lengua oficial de su elección y a la disponibilidad de información en catalán sobre productos (publicidad, uso del producto y documentación de consumo y contractual).
La Sentencia, en la línea de la doctrina sentada en la STC 31/2010, de 28 de junio, realiza una interpretación conforme con la Constitución. Por un lado, se declara que el reconocimiento abstracto del derecho del consumidor a ser atendido en la lengua oficial de su elección no atenta contra los derechos constitucionales ni supone un deber concreto de disponibilidad lingüística exigible a los operadores económicos prestadores de cualesquiera bienes y servicios. Asimismo, se afirma que, en todo caso, la normativa que desarrolle este reconocimiento no podrá imponer obligaciones individuales sobre el uso de las dos lenguas oficiales de modo general ni podrá establecer un régimen sancionador en caso de un eventual incumplimiento. Por otro lado, la Sentencia declara que el derecho a recibir determinados documentos e informaciones en catalán debe entenderse dentro del deber de disponibilidad lingüística que implica la garantía de que los consumidores reciban la información en castellano. Además, según se declaró en la STC 147/1996, de 19 de septiembre, este reconocimiento de disponibilidad de documentos en catalán se debe entender realizado sin perjuicio del pleno respeto a la legislación estatal.
La proclamación in abstracto del derecho del consumidor a ser atendido en la lengua oficial que escoja, en los términos en los que se lleva a cabo por el precepto recurrido, no atenta por sí misma contra los derechos constitucionales invocados [FJ 4].
La Comunidad Autónoma de Cataluña es competente para adoptar una regulación donde se establezca la obligación de que determinados documentos e informaciones sobre los bienes o servicios comercializados en Cataluña se encuentren también en catalán [FJ 5].
La extensión del derecho de opción lingüística al ámbito de las relaciones privadas no puede ser realizada de manera indiscriminada y habrá en cada caso que analizar la concreta normativa para determinar si la misma se encuentra suficientemente justificada [FJ 3].
No se establece un verdadero derecho de los consumidores, ni tampoco, por tanto, un deber de disponibilidad lingüística para los operadores económicos prestadores de bienes y servicios, pues los términos del reconocimiento de tal derecho se perfeccionarán, en su caso, en la normativa aplicable en materia lingüística [FJ 4].
Ni el reconocimiento de un derecho ni el establecimiento de un deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos (STC 31/2010) [FJ 4].
Puesto que en el ámbito de las relaciones entre privados no cabe imponer obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo, menos aún cabrá establecer régimen sancionador alguno frente a un eventual incumplimiento de unas obligaciones individuales que nunca podrán ser tales [FJ 4].
La Constitución no se opone a la adopción de una política enfocada hacia la defensa y promoción de la lengua cooficial. Muy al contrario, la Constitución se refiere a la necesidad de proteger y respetar las distintas modalidades lingüísticas de España como parte de nuestro patrimonio cultural [FJ 5].
El precepto impugnado, para ser considerado conforme con la Constitución, no puede suponer en ningún caso la proscripción del empleo de la lengua castellana [FJ 5].
El reconocimiento del derecho a recibir ciertos documentos e informaciones también en catalán se debe entender realizado sin perjuicio del respeto pleno a la legislación estatal y al margen que ésta le deje a la Comunidad Autónoma [FJ 5].
Un precepto que establezca que las indicaciones obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o servicios comercializados en España deberán figurar, al menos, en castellano, no obstaculiza en modo alguno el mandato, que también se contenía en el entonces vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, de garantizar el uso normal de los dos idiomas (STC 147/1996) [FJ 5].
Artículo 128-1.1 (interpreta)
Artículo 128-1.2 (interpreta)
Artículo 6.2, ff. 1, 3, 4
Artículo 128-1, ff. 1, 2
Artículo 128-1.1, ff. 2, 4
Artículo 128-1.2, ff. 2, 5
Artículo 128-1.3, f. 2
Artículo 211-5.1, f. 5
Derecho de opción lingüísticaDerecho de opción lingüística, ff. 3 a 5