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Timestamp: 2018-04-23 23:00:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 172', 'artículo 163', 'artículo 84', 'artículo 33', 'artículo 534', 'in fine', 'artículo 13', 'artículo 383', 'artículo 145', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 348', 'artículo 120', 'artículo 348']

Back Ediciones Edición Nº3 Jurisprudencia Variada
En el caso, si bien los vocales confirmaron el archivo, por un lado votaron los Dres. Lucini y Pinto y por el otro el Dr. Filozof, por disentir en cuanto al análisis de los posibles aportes culposos en el resultado doloso de un tercero, planteados por el recurrente.
Lopiano -CFCP- Sala I. Sentencia condenatoria. Inconstitucionalidad art. 189 bis, ap. 2°, párr.. 8°. Ne bis in idem. Antecedentes penales. Causa 13.919 Lopiano Sala I Reg. 19.496.
No supera el test de constitucionalidad la norma en cuestión, puesto que el art. 18 de la CN ha excluido ya cualquier posibilidad de aplicación de una pena fundada en la peligrosidad del agente o el modo en que éste ha conducido su vida anteriormente, ya que cuando prohíbe que nadie sea penado sino en virtud de juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, esta imponiendo en primer lugar, que un proceso penal sólo puede instaurarse por un hecho aparentemente delictivo y que la pena sólo se puede imponer por un hecho del agente. El hecho del proceso no sólo justifica la instauración del juicio, sino, finalmente, la pena a imponer, esta frase fundamenta un derecho penal de hecho y se destierra toda posibilidad de un derecho penal de autor. En consecuencia, por tanto surge del examen de la norma en cuestión, que el mayor castigo, no encuentra su fundamento en un "hecho" determinado sino en los "antecedentes" que registre el sujeto.
Medina -CFCP- Sala III 138/12. Abuso sexual agravado. Causa 15.035 Medina Sala III reg. 138/12 1º/3/2012.
No tratándose de relaciones incestuosas consentidas voluntariamente entre dos personas adultas, sino que, por el contrario, el caso evidencia que una de las partes de esa relación ejercía actos de violencia e intimidación contra la otra, no puede el acusado alegar que desconocía la falta de consentimiento y el carácter forzado de las relaciones sexuales que mantenía con su hija, cuando fue él quien durante muchos años la obligó a soportar ese trato mediante la violencia física, dando ella paulatino lugar a una situación de sometimiento que nunca fue querido por la víctima, ni pudo ser así percibido por quien lo había generado mediante tan hostil comportamiento. Habiéndose calificado el hecho como abuso sexual agravado por haber configurado un sometimiento gravemente ultrajante, por haber mediado acceso carnal y por ser el acusado el guardador y padre adoptivo de la víctima, en concurso ideal con promoción a la corrupción de una menor agravada por violencia e intimidación y ser la persona encargada de la guarda, la escala penal aplicable es la que surge del art. 119, cuarto párrafo, CP, por resultar mayor a la contemplada en el art. 125, tercer párrafo, CP.
Causa 13.780 -Aguirre López- Sala IV - reg. 1447/12 - 28/8/2012. Trata de personas. Sentencia. Motivación. Derecho al control de la prueba. Participación criminal.
Está suficientemente fundada la condena por el delito previsto por el art. 145 bis CP si se probó que los imputados, aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas, les efectuaron una falsa propuesta de trabajo, les abonaron el pasaje y las recibieron en una casa donde las retenían mediante amenazas e incluso violencia física, obligándolas a mantener relaciones sexuales con los "clientes" a cambio de dinero que percibían los acusados. Debe rechazarse el agravio fundado en la falta de intervención de uno de los imputados en la explotación sexual, alegando que era un mero "huésped" del domicilio donde se desarrollaba la actividad, pues la propia recurrente reconoció que el testimonio de una de las víctimas -en cuanto lo sindicó como uno de los hombres que la controlaba permanentemente- resulta ser una prueba de cargo, la cual fue confirmada por los restantes elementos probatorios, y ello sin tener en cuenta los dichos de otra de las víctimas, vertidos al practicarse el allanamiento e incorporados por lectura, pues la sentencia encuentra sustento suficiente en el resto del material probatorio reunido en el debate. Constituye participación primaria el aporte de quien se encargaba permanentemente del control y vigilancia de las víctimas, mientras los coautores fueron quienes las captaron, trasladaron y acogieron y, una vez instaladas allí se dedicaban a regentear el comercio sexual. El supuesto de agravación previsto en el inciso segundo del segundo párrafo del art. 145 bis CP requiere que las tres o más personas que intervengan en el hecho actúen con cierta coordinación, que responda a una planificación previa, sin que sea necesario que se trate de una asociación ilícita en los términos del art. 210 CP.
Hurto - Sobreseimiento - Inexistencia de tentativa inidónea o delito imposible - Revocación.- CCC., Sala IV, en autos “C., M. s/sobreseimiento” (causa 986/12) rta. 31/7/2012
El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos “C., M. s/sobreseimiento” (causa 986/12) rta. 31/7/2012, donde la Sala interviene ante el recurso de apelación interpuesto por el fiscal respecto del sobreseimiento de quien fuera detenido mientras intentaba abandonar el salón de ventas de un local comercial sin abonar los objetos que ocultaba bajo sus ropas.
Precisa la Sala que para que se verifique la concurrencia de una tentativa inidónea en los términos expuestos por el magistrado de la instancia de origen los medios de ejecución empleados por el autor deben resultar absolutamente inidóneos para realizar la conducta típica y deben representar un comportamiento del cual puede valorarse, ex ante, su absoluta incapacidad para la obtención del fin perseguido (in re, causas n° 1017/10 “Aguayo”, rta. 5/08/10; 626/10 “Murguia”, rta. 19/5/10 y 1498/09 “Hermida”, rta. 5/11/09, con cita de David Baigún y Eugenio R. Zaffaroni, “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, ed. Hammurabi, 2007, T° 2-A, pág. 213) de tal suerte que, cuanto menos de momento, no es posible asimilar el caso a ese supuesto, pues la presencia de personal de seguridad y cámaras de vigilancia en el comercio afectado no tornan imposible el accionar típico que se atribuye al encartado porque el sistema de control tiene por fin solamente detectar la comisión de eventos ilícitos y procurar con ello evitar su impunidad. Por ello, revocan el sobreseimiento dictado.
COACCIÓN. REQUISITOS TÍPICOS. C.C.C. Fed. Sala I, Freiler -Farah – Ballestero, 21.8.2012, "Raful", Causa 46.813, Reg. 876, J. 9 - S. 17
"La coacción, ante todo, constituye un delito que se consuma cuando, mediando el anuncio de un daño futuro que recaerá sobre la víctima o terceros, se le impone al individuo limitaciones que no tendrían que existir y que le impiden ejercer su libertad en la medida de lo deseable. Desde este punto de vista, basta para su formalización que la amenaza hubiera llegado a conocimiento de la víctima y que esta hubiera comprendido su contenido (cfr, en similar sentido, ESTRELLA, Oscar Alberto y GODOY LEMOS, Roberto, Código Penal -Comentado-, Tomo II, 2da. Edición, Buenos Aires, Hamurabi, p. 186 y s)."
Causa 14.483 Mendoza Vázquez Sala I Reg. 19.298. Inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo, ley 23.737. Recurso del fiscal. Doctrina CS "Arriola".
Corresponde desechar la configuración del delito de tenencia para consumo personal, atento la cantidad del material estupefaciente secuestrado, así como las condiciones de fraccionamiento en que el mismo fue encontrado en diferentes lugares del automóvil de alquiler que conducía el imputado.
ABANDONO DE PERSONA. ART. 106 CP. REQUISITOS TÍPICOS. POSICIÓN DE GARANTE. CONCEPTO. ALCANCES. DELITOS DE OMISIÓN. DELITOS IMPROPIOS DE OMISIÓN. CONCEPTO. C.C.C. Fed. Sala I, Freiler - Ballestero –Farah, 31.7.2012 , "Nadotti", Causa 46.478, Reg. 774, J. 1 - S. 1
"fueron las particulares circunstancias del suministro ocasional y gratuito [de droga] las que generaron una nítida posición de garante, en cabeza de Nadotti, en relación con el bien jurídico protegido." (Del voto de los Dres. Farah y Freiler, al que adhirió el Dr. Ballestero).
"En efecto, este caso es sensiblemente diverso a uno en que varias personas han estado bebiendo o consumiendo estupefacientes en forma conjunta y, en la cual, en principio, cada una debe velar por sí misma y su propio regreso (en esta dirección, parte de la doctrina rechaza que una situación semejante pueda hacer surgir, en función de las llamadas "relaciones estrechas de comunidad" -en este caso, comunidad de peligro-, la posición de garante en relación con los otros -ver, en este sentido, Jescheck, Hans-Heinrich y Weigend, Thomas, "Tratado de Derecho Penal, Parte General", traducido por Miguel Olmedo Cardenote, Ed. Comares, 5° edición corregida y ampliada, Granada, diciembre de 2002, p. 671, con cita de BGH NJW 1954, p. 1047)." (Del voto de los Dres. Farah y Freiler, al que adhirió el Dr. Ballestero).
".el deber de garante derivado del actuar precedente peligroso, descansa sobre la prohibición de lesionar a otro, es decir que, quien provoca el peligro de que otro sea dañado (injerencia) debe cuidar de que tal riesgo no se materialice en un resultado típico. Jescheck sostiene que: ".el caso principal de la posición de garante derivada de un actuar precedente es la apertura de nuevas fuentes de peligro.Quien hace que otro se emborrache de forma que éste ya no pueda actuar responsablemente, debe evitar los peligros que se ciernen sobre el propio embriagado y sobre terceras personas.En la autopuesta en peligro realizada responsablemente por otra persona (entrega de heroína para el propio consumo) también es defendible la posición de garante del suministrador si aquel se encuentra en peligro de muerte." (op. cit., p. 675)." (Del voto de los Dres. Farah y Freiler, al que adhirió el Dr. Ballestero).
"Cabe recordar que en los delitos impropios de omisión, no todo el que puede evitar el resultado responde, sino solo aquel que estaba especialmente obligado a neutralizar un peligro que no conjuró cuando podía hacerlo (cfr. Marcelo A. Sancinetti, "Casos de Derecho Penal", Parte General, tomo 3, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005)." (Del voto de los Dres. Farah y Freiler, al que adhirió el Dr. Ballestero).
"De esta manera, el tipo del abandono de persona se encuentra configurado en tanto Nadotti abandonó a quien tenía el deber de cuidar, al dejar la situación en manos de quien había consumido estupefacientes y se encontraba debilitada tanto física como emocionalmente, sin controlar siquiera que Caruso Prahl llevara a cabo las acciones que a él le correspondían. El proceder de ese modo no le aseguraba al imputado, en otras palabras, que Carolina recibiera el auxilio necesario para salvar su vida." (Del voto de los Dres. Farah y Freiler, al que adhirió el Dr. Ballestero).
".en los tipos penales de la especie debe verificarse, no un nexo de causación, sino de evitación. Como sostiene Zaffaroni, ".se requiere que el agente no haya puesto la acción que hubiese interrumpido la causalidad que provocó el resultado.El nexo de evitación se determina comprobando que con la hipotética interposición de la conducta debida, desaparece el resultado (evitación)...". De esta manera, ".funciona en la tipicidad omisiva como el equivalente típico del nexo de causación, siendo ambas formas típicas de revelar la causalidad a efectos de individualizar la conducta prohibida." (Eugenio Raúl Zaffaroni, "Derecho Penal Parte General", Ed. Ediar, Buenos Aires, 2002)." (Del voto de los Dres. Farah y Freiler, al que adhirió el Dr. Ballestero).
"Dicho de otro modo, en los delitos omisivos no puede escaparse a una causalidad hipotética: como el curso de acción hipotético nunca existió (el imputado no llevó a cabo la acción mandada), se trata de determinar si, de haberse llevado a cabo esa actividad, se podría haber salvado el bien jurídico en riesgo con una posibilidad rayana a la certeza." (Del voto de los Dres. Farah y Freiler, al que adhirió el Dr. Ballestero).
DELITO DE ESTAFA GENÉRICA – TIPIFICACIÓN - Citar: CCC., Sala VII, en autos “C., R. s/sobreseimiento” (causa 722/12) rta. 28/6/2012, difundido por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos “C., R. s/sobreseimiento” (causa 722/12) rta. 28/6/2012, donde la Sala destaca que si el denunciante ha referido que entregó tres cheques a una persona desconocida con la promesa de recibir dinero en efectivo a título de préstamo y ésto nunca se concretó, no se advierte en ello una maniobra ardidosa que permita subsumir lo ocurrido en el delito de estafa previsto en el artículo 172 del Código Penal, toda vez que, en definitiva, el damnificado ha actuado con negligencia al entregar los cartulares a alguien respecto de quien solo sabía su apodo y la había conocido a través de otra persona por Internet.
CCC., Sala I, en autos “M., M. H. s/sobreseimiento” (causa 42.224) rta. 26/4/2012, difundido por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos “M., M. H. s/sobreseimiento” (causa 42.224) rta. 26/4/2012, donde la Sala, por mayoría, revoca el sobreseimiento, dispone el procesamiento en orden al delito de falsificación de documento privado (art. 292 del C. Penal) y ordena enviar las actuaciones a la Justicia Correccional para investigar la conducta de quien, al contestar una demanda civil por falta de pago, aportó recibos adulterados.
Precisa el voto mayoritario de los Dres. Rimondi y Bunge Campos, que conforme han sostenido en reiteradas oportunidades, la estafa –en su modalidad procesal- sólo puede tipificarse por quien acciona judicialmente en base a prueba falsa o ilegítimamente retenida, dado que si es el demandado quien realiza tales maniobras no se presenta el iter criminis del fraude porque el perjuicio patrimonial se comprueba con anterioridad al ardid y al engaño, máxime en el caso en el que se expiden donde la querella advirtió al magistrado a cargo del juzgado civil interviniente sobre la falsedad de los recibos de pago presentados por el imputado aún antes de tenerle por contestada la demanda. Sin perjuicio de ello, destacan que los hechos encuentran adecuación típica en la falsificación de instrumento privado y que resulta indiferente para esta figura penal el hecho de que efectivamente el perjuicio se haya producido, toda vez que sólo basta para su configuración la mera “posibilidad de perjuicio”.
En el voto en disidencia, el Dr. Barbarosch sostuvo que estamos frente a una estafa procesal, como estafa en triángulo, porque ésta tiene por objeto engañar al juez, siendo víctima de la perseguida disposición patrimonial, un tercero. Que para que se configure dicha figura es necesario que se hallen reunidos los requisitos que le son propios, esto es, ardid o engaño, inducción a error mediante aquél y disposición patrimonial perjudicial a consecuencia directa de los dos primeros. Así, reunidos esos requisitos, puede ser sujeto activo del delito de estafa procesal (art. 172 del C.P.) quién resulte demandado en el proceso. Finalmente indica que al haberse corroborado la falsedad de los documentos que el imputado aportó al contestar la demanda para acreditar fraudulentamente que habría cancelado la deuda, sin lograr su cometido por la diligencia de la actora en las actuaciones civiles, entiende que corresponde procesar al imputado en orden al delito de estafa procesal, mediante uso de documento privado falso, en grado de tentativa.
CCC., Sala VI, en autos “A., C. A. y otro s/competencia” (causa 339/12) rta. 27/4/2012, Fallos Penales de Interés General nº 124/2012: Hurto agravado por infortunio particular de la víctima (Art. 163, inciso 2º C. Penal) - Descuido del damnificado - Hurto simple - Competencia Correccional.-
El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos “A., C. A. y otro s/competencia” (causa 339/12) rta. 27/4/2012, donde la Sala interviene en una contienda de competencia suscitada entre un Juzgado Correccional y un Juzgado de Instrucción, respecto de un hecho en el cual una damnificada denunció que cuando conducía su rodado por la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la bajada de la calle Solis, notó la pinchadura de un neumático y que al detener la marcha estacionó un rodado delante suyo y otro detrás quienes habrían tenido el mismo inconveniente y la habrían auxiliado, notando cuando continuaron la marcha que su cartera había sido sustraída. A su vez, consultadas las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar, uno de los tres ocupantes del rodado que se detuvo detrás, fue quien abrió la puerta delantera izquierda del rodado y sustrajo la cartera.
Si bien el magistrado correccional declinó la competencia en el entendimiento de que el suceso encuadraría en la figura del artículo 163, inciso 2° del Código Penal de la Nación al haber los imputados aprovechado el infortunio particular de la víctima para consumar el hurto, la competencia atribuida fue rechazada por el juzgado de instrucción porque no se evidencia en autos el estado de indefensión al que alude la norma.
La Sala, coincidiendo con lo señalado por el Sr. Fiscal General, entiende que debe intervenir la Justicia Correccional, por cuanto para que se configure la agravante es necesario que el padecimiento físico o moral sufrido sea de una magnitud tal que aminore la vigilancia que el tenedor posee sobre los bienes, circunstancia que no se verifica en el caso donde el autor simplemente actuó ante el descuido de quien padeció un desperfecto en el rodado que atrapó su atención.
Por tales motivos, concluyen que debe intervenir en las actuaciones la Justicia Correccional.
DOCUMENTOS. FALSIFICACIÓN. IDONEIDAD DE LA FALSIFICACIÓN. C.C.C. Fed. Sala II , Irurzun - Cattani – Farah, 22.8.2012, "García", Causa 32.068, Reg. 34.944, J. 9 - S. 18
"debe recordarse que la idoneidad de la falsificación "debe conciliarse con la apreciación que pueda percibir el hombre común que intenta ser inducido al engaño y no con la que pueda efectuar un individuo experto que cuenta con elementos necesarios para descubrir sus deficiencias" (cf. causa n° 31.284 "Queirolo" del 3/2/12, reg. n° 34.091), por lo que la circunstancia de haber sido advertida por la autoridad de legalización no la descarta; menos aún, cuando ésta no dudó inmediatamente sobre la autenticidad del documento presentado, sino recién al consultar el registro de firmas que posee el Ministerio del Interior. Tal extremo permite concluir que dicha pieza no resulta burda y que sus defectos bien pudieron pasar inadvertidos en otro contexto."
Homicidio culposo - Parto - Inicio del proceso de parto o nacimiento. CCC., Sala IV, en autos “R., M. G. y otros s/homicidio culposo” (causa 949/12) rta. 9/8/2012
El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos “R., M. G. y otros s/homicidio culposo” (causa 949/12) rta. 9/8/2012, donde la Sala revoca el sobreseimiento de los imputados, ordenando que se convoque a prestar declaración indagatoria a los profesionales de la salud que estuvieron a cargo del cuidado de la damnificada durante el período de parto de su bebé, toda vez que del informe de salud surge que, pese al cuadro de hipertensión gestacional que presentaba, se habría omitido todo control médico durante un largo período de tiempo y dicha patología tendría idoneidad para ser vinculada causalmente con el fallecimiento del bebé.
Precisa la Sala que, tal como han sostenido en la causa 712/10 “M., A. s/homicidio culposo” rta. 10/6/2010, participan de la noción de que existe sujeto pasivo del delito de homicidio desde el inicio del proceso de parto o nacimiento. Que para determinar el inicio de ese proceso no es posible ceñirse a un criterio meramente biológico, pues lo relevante es su significación social. Que se han mencionado como parámetros a tales fines, los primeros dolores que indican el comienzo del parto natural o, cuando faltan esos dolores, el inicio del procedimiento de provocación artificial de aquel o de extracción quirúrgica del feto. Por ello, en el caso, afirman que las condiciones que la querellante presentaba, permiten afirmar que había culminado el proceso de desarrollo del feto e iniciado sus intentos de expulsión, de modo que, a criterio de la Sala, éste poseía la calidad de sujeto pasivo del delito de homicidio culposo, contemplado en el artículo 84 del Código Penal.
Excarcelación - Rechazada - Gravedad del hecho - Tentativa de homicidio.- CCC., Sala V, en autos “M., Y. R. s/excarcelación” (causa 987/12) rta. 12/7/2012,
El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos “M., Y. R. s/excarcelación” (causa 987/12) rta. 12/7/2012, donde la Sala confirma el rechazo al pedido de excarcelación de quien habría arrojado alcohol etílico y fuego sobre la cabeza de la damnificada cuando ésta se encontraba durmiendo en la estación de trenes de Constitución, para luego golpearla en el cuerpo con un caño, produciéndole lesiones graves.
Precisa la Sala que si bien la mera posibilidad de un futuro encierro, derivada, en el caso, de la magnitud de la pena en expectativa y de un antecedente condenatorio, no autoriza, por sí solo, el encierro cautelar, conforme la doctrina emanada del plenario “Díaz Bessone” de la Cámara Nacional de Casación Penal, lo cierto es que en el caso se verifican los peligros procesales a neutralizar para garantizar la eventual realización del juicio. En ese sentido, valoran la gravedad del hecho que deja entrever un total desprecio por los bienes jurídicos protegidos por nuestro ordenamiento legal y su falta de apego al orden social, extremo que permite presumir fundadamente que no cumplirá con ninguno de los compromisos que se le pueda fijar para garantizar su sujeción al proceso. Por ello, deciden mantener la medida coercitiva impuesta, máxime cuando el tiempo que lleva en detención no aparece desproporcionado –22 días– y, en la hipótesis de condena, deberá cumplir no sólo la sanción que aquí se le imponga, sino también aquella otra que le quedó en suspenso.
Recurso de queja - Motivación genérica aplicable a cualquier caso - Rechazo.- CCC., Sala V, en autos “F., A. A. s/suspensión de juicio a prueba” (causa 638/2012) rta. 31/5/2012
El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos “F., A. A. s/suspensión de juicio a prueba” (causa 638/2012) rta. 31/5/2012, donde la Sala no hace lugar al recurso de queja interpuesto por el recurrente. Precisan que la presentación se limitó a la transcripción de jurisprudencia y doctrina que parece vincularse con el fondo de la petición denegada y su supuesto carácter conclusivo o equiparable a tal y que sus conceptos son generales y aplicables a cualquier caso, por lo que no resultan una crítica razonada a la decisión que pretende se modifique y por la que acude en queja.
Agregan que la vía intentada no consiste en una nueva oportunidad para ampliar fundamentos sino que lo que corresponde es explicar por qué fue mal denegado el recurso.
Contienda - Certificado médico falso aportado por un integrante de la Policía Metropolitana de la CABA. Competencia del Fuero de Instrucción.- CCC., Sala I, en autos “M., J. P. s/contienda” (causa 42.824/2012) rta. 12/7/2012,
El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos “M., J. P. s/contienda” (causa 42.824/2012) rta. 12/7/2012, donde la Sala interviene a raíz de la contienda de competencia suscitada entre un Juzgado de Instrucción y un Juzgado Federal para determinar quién debe intervenir en la denuncia realizada por la presentación de un certificado médico presuntamente falso para justificar la ausencia al trabajo de una persona que presta funciones como personal de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Precisan que es de aplicación el criterio sostenido por la misma Sala en el recurso n° 41.463 “Duarte, José Antonio” rto. el 18/11/11, toda vez que el imputado presta funciones en la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la percepción de su salario, y el consecuente perjuicio ante la presentación de un certificado médico apócrifo, involucra a la administración pública de la Ciudad y no del patrimonio nacional. Por ello señalan que, no vislumbrándose que el hecho investigado encuadre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 33 del C.P.P.N., corresponde mantener la competencia del Juzgado de Instrucción.
HONORARIOS. REGULACIÓN. PAUTAS PARA FIJAR SU MONTO.
"esta Alzada en reiteradas oportunidades ha sostenido que si el proceso penal está constituido sólo por una pretensión punitiva y no por una de contenido patrimonial, es decir que no existe monto de juicio, habrá de merituarse al momento de fijar los emolumentos solicitados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 534 in fine del Código Procesal Penal y por el artículo 13 de la ley 24.432, cuáles fueron las tareas desarrolladas, su importancia, el tiempo que insumieron y la utilidad que tuvieron para el proceso en el que se requirieron los conocimientos -conf. incidente n° 23.167 "Procupez", resuelto el 2/2/06, reg. n° 24.763, entre otros-." (Del voto de los Dres. Cattani e Irurzun).
"Es por ello que para resolver la cuestión no resulta acertado definir qué valor tenía, tiene o se le dio al objeto concreto sobre el cual versó el peritaje, pues el fin de este sumario es establecer si se ha cometido un hecho ilícito y quienes son sus responsables, no existiendo a la fecha ningún reclamo civil que lo torne apreciable en términos pecuniarios (conf., en similar sentido, esta Sala en causa n° 11.728 "Righi", rta. el 7/3/96, reg.n° 12.914; y causa n° 20.283 "Pico", rta. el 4/11/03, reg.n° 21.714, entre otras)." (Del voto de los Dres. Cattani e Irurzun).
"Que a lo expuesto, entiendo necesario adicionar que, tal como expusiera en anteriores intervenciones -conf. incidente 27.632 "Conesa", resuelto el 18/6/09, registro n° 30.054-, a mi criterio, los parámetros legales contenidos en las distintas disposiciones que rigen la actividad profesional en juicio -en el caso, las leyes 21.839 y 24.432-, recién son valorativamente asequibles al momento de la sentencia o de una decisión conclusiva equiparable a ella." (Del voto del Dr. Farah).
"Ello pues no es sino luego del debate oral y público -en el cual, además, puede ampliarse o reformularse el trabajo de acuerdo a las previsiones del artículo 383 del Código Procesal Penal de la Nación- o después de haberse adoptado otro temperamento que ponga fin a la investigación, que la importancia del trabajo y su incidencia sobre el resultado del proceso se tornan materialmente apreciables." (Del voto del Dr. Farah).
C.C.C. Fed. Sala II , Cattani - Irurzun – Farah, 30.7.2012 , "Bourdieu"
Causa 31.837 , Reg. 34.825, J. 4 - S. 8
Detención por sospecha - Indicios vehementes - Validez - Disidencia: Nulidad - Accionar policial arbitrario.- CCC., Sala VII, en autos “P. C., R. R. y otro s/nulidad-tenencia ilegítima de arma de guerra” (causa 705/12)
El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos “P. C., R. R. y otro s/nulidad-tenencia ilegítima de arma de guerra” (causa 705/12) rta. 13/6/2012, donde la Sala, por mayoría, confirma la resolución apelada en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad interpuesto por la defensa contra el procedimiento de requisa y detención de quienes ingresaron a un local comercial de indumentaria deportiva cerca de las 19 horas e hicieron preguntas como interesándose por la compra de diversos objetos, no obstante lo cual no compraron nada y, al egresar y ser interceptados, uno de ellos dejó caer la mochila que llevaba consigo -la cual se encontraba abierta- advirtiendo el personal policial que contenía un arma de fuego, extremo que en definitiva motivó la detención de ambos.
Sostuvo el Dr. Cicciaro que el recelo inicial del preventor no importó una actuación arbitraria y que el comportamiento asumido por los imputados resultó una circunstancia objetiva que en un primer momento habilitó su intercepción, mientras que, en rigor, lo que justificó la formal detención de ambos fue la visualización de un arma de fuego entre sus pertenencias, lo cual implica una actuación prudente y razonable del preventor en ejercicio de sus funciones específicas.
El Dr. Pociello Argerich adhirió al voto del Dr. Cicciaro y agregó que del relato de los dos preventores surge que la situación inicial no habilitó a la detención de los imputados, sino sólo a pedir que los mismos se identificaran, para luego advertir que portaban un arma y así proceder a su detención, por lo cual es correcto no hacer lugar a la nulidad planteada.
No obstante, en su voto en disidencia, el Dr. Divito sostuvo que debe declararse la nulidad de la actuación policial y de todo lo obrado en consecuencia, pues los preventores actuaron excediendo sus atribuciones legales. Precisó que lo que los condujo a detener la marcha de los imputados cuando se retiraban del local comercial (suceso que provocó, según aquellos, que a uno de ellos se le cayera una mochila abierta con un arma de fuego en su interior) fue la mera circunstancia de que éstos se encontraran en el negocio “efectuando preguntas en diversas partes del local, pero sin llegar a pedir ningún artículo, llamándole poderosamente la atención esa circunstancia” y, en este sentido, agrega Divito, la actitud no puede siquiera ser tildada de inusual ni llamativa, pues se hallaban averiguando precios de diversos productos allí ofrecidos. Que el personal policial solamente puede restringir la libertad de un habitante cuando concurren indicios vehementes de culpabilidad o, al menos, circunstancias objetivas y debidamente fundadas que hagan presumir que cometió –o pudiese cometer- un hecho delictivo o contravencional y que la simple intuición de los agentes, desprovista, como en el presente caso, de todo dato objetivo que permita conformar un cuadro razonablemente indicativo respecto de la posible actividad ilícita, no basta para detener a una persona.
Greppi -CFCP- Sala IV 1404/12, 23/8/2012, Delitos de lesa humanidad - jueces naturales - jurisdicción militar - imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad - plazo razonable - rechazo de nulidades - violación a la garantía de prohibición de doble juzgamiento - nulidad de leyes de obediencia debida y punto final - requerimientos de elevación a juicio - acta de debate - violación del derecho de defensa - desigualdad entre las partes - autoría mediata -
Por la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de estos hechos, teniendo en cuenta además que las modificaciones que se introduzcan en las leyes procesales se aplican de manera automática y la intervención de los nuevos magistrados no afecta la garantía del juez natural - los hechos atribuidos a los imputados -privaciones de libertad y torturas- encuadran en la calificación de delitos de lesa humanidad y les son aplicables las reglas acerca de la imposibilidad de que sea extinguida la acción por prescripción - más allá de las vicisitudes de la causa -complejidad probatoria, trámite paralizado en virtud de leyes a la postre declaradas nulas y demás- que se enmarcan dentro de la categoría de lesa humanidad, no pueden invocarse limitaciones de ninguna especie a la manda internacional de juzgamiento que pesa sobre el Estado argentino - corresponde rechazar el agravio contra la validez de los testimonios reunidos en sede administrativa, pues pretenden reeditar el planteado ante el a quo sin nuevos argumentos que permitan desvirtuar lo resuelto y sin demostrar cuál es el perjuicio concreto que les ocasiona - dada la especial calidad de delitos de lesa humanidad, la garantía del ne bis in ídem no sólo cede frente a la obligación del Estado de investigar y dar un respuesta jurídico-penal en los casos concretos de graves violaciones a los derechos humanos, sino también ante el derecho que tiene la comunidad internacional de que estos aberrantes hechos no queden
impunes - la ley 25.779 no conlleva una violación al principio republicano de división de poderes, pues no impone a los jueces el modo de interpretar y aplicar el derecho, ni pone obstáculo o elimina el ejercicio del control constitucional-jurisdiccional - no corresponde hacer lugar al agravio relativo a la falta de una descripción clara de los hechos en los requerimientos de elevación a juicio si tales piezas han precisado los roles que cada uno de los encartados ocupó en tan horrorosa tarea, ya sea desde la esfera militar o bien desde la órbita de la policía, puesta a disposición de las fuerzas armadas - lo que importa a los fines de analizar la supuesta nulidad del acta de debate es corroborar si la finalidad de ar a las partes la posibilidad real de ejercer su derecho de defensa e ha cumplido, lo que ocurre en la causa pues, más allá de su confección tardía o de la falta de consignación de un extracto de algún testimonio que fuera solicitada por las partes -lo que resultó suplido con la grabación de la audiencia de debate- los recursos carecen de fundamentación - no corresponde hacer lugar al agravio fundado en la alegada violación al principio de igualdad de las partes por haber sido atendidos los testigos por la psicóloga y el médico, sin mencionar ninguna situación concreta en que los imputados hubieran necesitado alguna clase de ayuda - aún cuando efectivamente la ejecución de la orden haya resultado posible merced a la sustitución del ejecutor que se negara a proceder, toda vez que la responsabilidad del hombre de atrás no puede fundarse a costa de la libertad del hombre de adelante, sin que pueda soslayarse la calidad funcionarial
de los implicados en los hechos, y la especial trascendencia que esa condición imprime a los hechos en los que se ha acreditado su intervención.
PARADERO. COMPARENDO. DECISIÓN JURISDICCIONAL. RECURSO DE APELACIÓN. IMPROCEDENCIA. C.C.C. Fed. Sala I, Freiler -Farah - Ballestero
23.8.2012, "Di Vicenzo", Causa 47.373, Reg. 886, J. 7 - S. 13
"este Tribunal ha sostenido reiteradamente que: "...la orden de averiguación de paradero y comparendo constituye una decisión propia del Juez que carece de entidad para generar gravamen irreparable alguno, como así tampoco se encuentra prevista expresamente la posibilidad de recurrir tal decisión en el ordenamiento ritual. Por esas razones, resulta inapelable y debe estarse a al inadmisibilidad del recurso dada la taxatividad imperante en la materia -art. 432, primer párrafo, 444, 440 y cc del CPPN -..." (Conf. c.n° 40.505 "Recurso de queja por apelación denegada", reg. n° 553, rta. el 12/6/07 entre otras)."
TRATA DE PERSONAS. REQUISITOS TÍPICOS. COMPETENCIA. COMPETENCIA DE FUERO FEDERAL. C.C.C. Fed. Sala I, Farah – Ballestero, 23.8.2012; "N.N", Causa 46.722, Reg. 887, J. 8 - S. 16
"El artículo 145 ter del CP -incorporado por la ley 26.364- prevé que se entiende por "trata de personas" al acogimiento o recepción de personas menores de dieciocho años cuando mediare, entre otros supuestos, abuso de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación. En efecto, consideramos que tanto la persona que abordó a la nombrada y la condujo al prostíbulo como la que la recibió, se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad e influenciaron su voluntad para que esta accediere a ejercer la prostitución."
"Por otra parte, del testimonio prestado por la menor surge que Arana recibiría una recompensación económica a cambio del traslado de chicas menores al privado y que el dueño del mismo le habría solicitado un documento de identidad apócrifo para simular que era mayor de edad para que pudiera comenzar a trabajar."
"Cabe traer a colación lo sostenido por el Sr. Procurador General de la Nación, a que se remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Comp. 538 Tº XLV, en cuanto a que "la intervención de personas en la prostitución ajena -reprimida en el artículo 17 de la ley de profilaxis 12.331- (.) constituye una forma o modo de explotación del ser humano definido en la ley 26.364, artículo 4º, inciso c, cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual" (CSJN, 23/02/10). Asimismo, es preciso señalar que ".mantener y promover la competencia del fuero federal para investigar la comisión del delito de trata de personas resulta de fundamental importancia para asegurar la eficacia de la norma que lo reprime, y que eso determina que, ante la existencia de alguno de los extremos inherentes al delito de trata, la justicia federal no puede declinar su competencia ni rechazar la que se le pretenda atribuir, sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se halla configurado o no dicho ilícito" (conf. CSJN, Comp. 1016, L XLVI, "A., G. L. s/ denuncia", rta. 05/07/11)."
"La doctrina sentada por la CSJN ha sido recogida por esta Sala en la causa N° 46.449 "NN s/ competencia", donde sostuvimos que la declaración de incompetencia resultaba prematura en tanto podía llegar a determinarse la posible comisión del delito de "trata de personas" y en consecuencia resolvimos que la Justicia Federal era la que debía seguir con la investigación hasta tanto no descartara tal extremo (rta. el 9/2/12; reg.81)."
Pavez -CFCP- Sala IV 1273/12. Principio de congruencia. Lesiones. Causa 12.231 Pavez Sala IV reg. 1273/12 3/8/2012.
El art. 401 CPPN faculta al tribunal de juicio para otorgar al hecho investigado la calificación legal que estime ajustada a derecho, con prescindencia del nomen iuris contenido en el requerimiento de elevación a juicio o en la pretensión de la acusación, ya que el único límite a dicha potestad jurisdiccional es no modificar la base fáctica sometida a juzgamiento - si a partir de una determinada valoración probatoria efectuada por la querellante, ésta fijó su acusación y requirió que se condene al imputado por el delito de lesiones graves, fijó de esta manera el ámbito máximo de competencia dentro del cual el sentenciante se encontraba habilitado para fallar, no así respecto del delito de vejaciones y apremios ilegales, por el que el imputado fue acusado recién en el momento previsto por el art. 393 CPPN pues la defensa se ha visto sorprendida en su actividad, lo mismo ocurre respecto de los policías imputados de haber omitido garantizar la integridad física de la víctima, pues en el alegato se les achacó el delito de vejaciones y apremios ilegales en carácter de partícipes necesarios, produciendo un cambio sorpresivo de la calificación legal y participación criminal escogido. La disidencia parcial sostuvo que el hecho materia de indagatoria, procesamiento y acusación quedó involucrado, aunque excedido en el que se expidió el querellante, de modo que con despreciar esa demasía, nada impediría fallar en consonancia con el resguardo de la congruencia dentro de sus justos límites.
C.C.C. Fed. Sala I, Freiler - Farah - Ballestero 6.8.2012, "Machado"
Causa 46.643, Reg. 795, J. 21 - S. 11, NULIDAD. DICTAMEN FISCAL. FALTA DE MOTIVACIÓN. IMPROCEDENCIA. MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. INDEPENDENCIA. AUTONOMÍA.
"si bien la Sala ha sostenido que el Juez detenta el control de la legalidad y razonabilidad del dictamen Fiscal, dicho contralor no debe derivar en un avance indebido sobre el poder de la acción y, en consecuencia, sobre la imparcialidad judicial (vid., entre muchas otras, CN° "Incidente de nulidad de Ramos, Nicolás Martín", rta. el 5/6/07, reg. N° 502, n° 40.340, "Incidente de nulidad de García Iglesia, José", rta. el 27/8/07, reg. N° 934, n° 38.122, "Palacios, M.J.", rta. el 30/11/05, reg. N° 1392; c/n° 42.948, "Incidente de apelación en autos NN s/ delito de acción pública", rta. el 7/5/09, reg. N° 402)."
"En el caso concreto se siguió el camino procesal correcto al practicar un control de legalidad y razonabilidad del dictamen desincriminatorio Fiscal, pero la materialización de esa tarea viró hacia una suerte de disposición de la acción, pues la fundamentación de la nulidad reveló, en verdad, una mera discrepancia con el criterio de quien es el titular de la acción pública."
"Para el Juez, el dictamen no resulta una derivación razonada del derecho vigente, por no adecuarse a la interpretación sobre los alcances de la norma que el propio judicante considera correcta. Dicho de otra manera, el a quo no sustentó la invalidación en razones externas que permitieran advertir una inadecuación de la lectura fiscal con aquellas disposiciones, sino que se limitó a confrontarla con su propia intelección, lo que no expresa más que un mero desacuerdo (ver, en sentido similar, CN° 44.470, "De Cunto, Claudio Esteban s/nulidad del dictamen Fiscal", rta. el 8/2/11, reg. 47)."
"En ocasión de realizar la adjudicación constitucional del artículo 348 del C.P.P.N., la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los controles sobre el proceso que detentan los jueces "Solo pueden producirse dentro del límite trazado por la autonomía funcional de los fiscales establecida en el artículo 120 de la Constitución Nacional, el cual no es respetado por el artículo 348 del C.P.P.N. ya que el procedimiento de control de la acusación que instaura concede a los jueces una facultad que la C.N. les veda, cual es determinar el contenido de los actos del fiscal." (cfr. "Quiroga Edgardo O. s/causa N°4302", rta. el 23/12/2004). En consecuencia, cualquier pretensión del Juez de instruir a los fiscales respecto de una función que, como garantía de imparcialidad, les asigna la Constitución Nacional, es inconstitucional."
Causa 13.675 Rivas Sala II reg. 19.996 31/5/2012. Legisladores provinciales. Inmunidades. Alcances. Facultades no delegadas por las provincias. Igualdad ante la ley.
Al tratarse de una legisladora provincial, a pesar de estar acusada de un delito federal, en lo relativo a las inmunidades, rige la Constitución de la provincia donde ejerce el cargo y, dado que lo que establece la Constitución tucumana es la inmunidad de arresto, ella no obsta a la promoción de un proceso penal ante la justicia federal por hechos de su competencia cometidos por una legisladora de esa provincia previo al ejercicio de sus funciones, sin que la alegada demora en informar el inicio del sumario provoque la nulidad de lo actuado, y cabe reafirmar que en virtud del principio de igualdad ante la ley la inmunidad tiene alcance exclusivo en relación a la libertad de la persona involucrada, por ello es inmunidad de arresto y no inmunidad de proceso. La disidencia sostuvo que pretender resolver la situación de un legislador de la provincia de Tucumán a la luz de las previsiones de la ley 25.320, por el mero hecho de que se encuentre imputado en una causa penal ante la jurisdicción federal, implicaría incumplir las normas que contiene la Constitución provincial, de las que se infiere la existencia de un obstáculo procesal que impide la formación de un proceso penal, que tenga como imputado a un legislador provincial en el ejercicio de sus funciones sin desafuero previo, a cuyos fines deberán aplicarse las normas que regulan el desafuero decidido por la legislatura a la que pertenecía y no la sancionada para regular el instituto ante el Congreso Nacional.