Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-1953-de-octubre-7-de-2014?documento=legcol&contexto=legcol_04f5cbe2f4bd0036e0530a0101510036&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-26 07:36:21
Document Index: 27850610

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 329', 'artículo 329', 'artículo 56', 'artículo 329', 'artículo 37', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 329', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 31', 'artículo 211', 'artículo 8', 'artículo 365', 'artículo 356', 'artículo 11']

﻿ DECRETO 1953 DE 2014
DECRETO 1953 DE 07 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:CREA UN RÉGIMEN ESPECIAL CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS TERRITORIOS INDÍGENAS RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS PROPIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS HASTA QUE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EXPIDA LA LEY DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 329 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONSTITUCIÓN NACIONAL, ICBF, CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, COMUNIDAD INDÍGENA, CANDIDATO DE COMUNIDAD INDÍGENA, PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE COMUNIDAD INDÍGENA, COMISIÓN NACIONAL DE TERRITORIOS INDÍGENAS, ENTIDAD TERRITORIAL INDÍGENA, JURISDICCIÓN INDÍGENA, GOBIERNO DEL TERRITORIO INDÍGENA, AUTONOMÍA POLÍTICA DEL PUEBLO INDÍGENA, FUNCIONES DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL INDÍGENA, FUNCIONES DEL GOBIERNO DEL TERRITORIO INDÍGENA, ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL INDÍGENA, TERRITORIO INDÍGENA, AUTORIDAD INDÍGENA, CONSEJO INDÍGENA, CABILDO INDÍGENA, REGIÓN TERRITORIAL INDÍGENA, PROGRAMAS PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA, GOBIERNO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL INDÍGENA, MINISTERIO DEL INTERIOR, PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD INDÍGENA, GOBERNADOR DE COMUNIDAD INDÍGENA, ESTUDIANTE INDÍGENA, AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA, ASISTENCIA A LA COMUNIDAD INDÍGENA, ACUERDO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD INDÍGENA, DESARROLLO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA, ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA, EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA, DERECHOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1490 DE NOVIEMBRE 15 DE 2014, PG.1027
“Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política”.
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial la conferida por el artículo 56 transitorio de la Constitución Política,
Que lo anterior permite concluir, definitivamente, que el legislador aún no ha ejercido la facultad establecida en el artículo 329 de la Constitución.
Que por otra parte, el parágrafo 2º del artículo 37 de la Ley 1454 de 2011 dispone que el gobierno debe presentar al Congreso un proyecto de ley que regule lo atinente a los territorios indígenas.
Que la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas supone, entre otras, la atribución de competencias en materia de salud y educación, agua potable y saneamiento básico, y el otorgamiento de los recursos necesarios para ejercerlas de manera directa, tal y como lo establecen el numeral 1º del artículo 25 y los numerales 2º y 3º del artículo 27 de la Ley 21 de 1991, mediante la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT.
ART. 1º—Objeto. El presente decreto tiene por objeto crear un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas, conforme las disposiciones aquí establecidas, entre tanto se expide la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en el presente decreto se aplican a los territorios indígenas.
ART. 3º—Funcionamiento de los territorios indígenas. Los territorios indígenas podrán ponerse en funcionamiento, de manera transitoria, de conformidad con las disposiciones del presente decreto, mientras el Congreso expide la ley orgánica de ordenamiento territorial que crea las entidades territoriales indígenas. Dichos territorios podrán entrar en funcionamiento en los siguientes casos:
PAR.—Las categorías de territorio que se enuncian en los numerales 1º, 2º y 3º del presente artículo podrán asociarse para la administración y ejecución directa de las funciones y asignaciones de participaciones sectoriales siempre que, una vez constituidas, acrediten los requisitos establecidos para cada sector en este decreto.
ART. 4º—Asociaciones para la administración conjunta de la asignación especial del sistema general de participaciones. Los resguardos podrán igualmente asociarse para efectos de administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del SGP, siempre que acrediten los requisitos establecidos en el presente decreto para administrar dichos recursos. Para estos efectos las asociaciones de que trata el presente artículo serán consideradas como personas jurídicas de derecho público especial.
ART. 5º—Delimitación, censo poblacional y puesta en funcionamiento de los territorios indígenas. En aquellos casos en que el territorio indígena que se solicita poner en funcionamiento recaiga total o parcialmente sobre áreas que se encuentren en posesión de las comunidades indígenas, o sobre resguardos de origen colonial y republicano, la solicitud de las autoridades indígenas para la puesta en funcionamiento del respectivo territorio indígena, requiere que se lleve a cabo un procedimiento de delimitación y de censo poblacional del territorio por parte del Incoder.
En aquellos casos en que la solicitud recaiga sobre uno o más resguardos constituidos por el Incoder o el Incora de que trata el artículo 3º del presente decreto, no será necesario realizar el procedimiento de delimitación territorial y censo poblacional. Por lo tanto, cuando la solicitud recaiga exclusivamente sobre uno o más resguardos de estos, únicamente se acompañará con la resolución de constitución de los resguardos y las de ampliación del mismo, cuando sea el caso. Con lo anterior el gerente del Incoder expedirá inmediatamente el acto administrativo de puesta en funcionamiento del territorio indígena sin perjuicio de los requisitos específicos establecidos en cada sector. En todo caso, los resguardos indígenas constituidos por el Incora o el Incoder podrán administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del SGP sin que surtan el trámite de puesta en funcionamiento como Territorios Indígenas.
ART. 6º—Criterios para la asignación de competencias y funciones públicas. Para el ejercicio de las funciones públicas a las que se refiere el presente decreto, se tendrán en cuenta los criterios territorial, cultural y personal. En el capítulo que regule cada sistema se establecerá el alcance de estos tres criterios.
ART. 7º—Alcance del ejercicio de competencias y funciones públicas. Las competencias y funciones públicas que les corresponden a los territorios indígenas serán aquellas para las cuales hayan cumplido con los procedimientos y requisitos conforme a lo establecido en este decreto.
ART. 8º—Financiación. El ejercicio de las competencias y funciones públicas asignadas a los territorios indígenas se financiará con cargo a los recursos del sistema general de participaciones correspondientes a cada sector. La asignación especial del SGP de los resguardos indígenas se destinará para financiar los proyectos de inversión de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.
ART. 9º—Capacidad jurídica. Para los efectos del desempeño de las funciones públicas y de la consecuente ejecución de recursos de que trata el presente decreto, los territorios y resguardos indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del SGP conforme a lo dispuesto por este decreto serán considerados entidades estatales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993. Dicha capacidad será ejercida a través de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el presente decreto.
ART. 10.—Principios generales. La interpretación del presente decreto tendrá como fundamento los siguientes principios:
ART. 11.—Autoridades propias. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos indígenas u otras estructuras colectivas similares de gobierno propio, reglamentados según la ley de origen, derecho mayor o derecho propio de sus comunidades y ejercerán, dentro de su territorio, las competencias y funciones establecidas en la Constitución y las leyes.
ART. 12.—Representantes legales. Cada consejo indígena o estructura colectiva similar de gobierno propio designará un representante del territorio indígena, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo, y asumirá las responsabilidades a que haya lugar frente a las autoridades competentes.
ART. 13.—Competencias generales de los territorios indígenas. Los territorios indígenas ejercerán las siguientes competencias dentro del ámbito de su autonomía para la gestión de sus intereses en el marco de sus planes de vida:
ART. 14.—Competencias generales de las autoridades propias de los territorios indígenas. Los consejos indígenas o estructuras colectivas similares de gobierno propio ejercerán las siguientes competencias:
ART. 15.—De los planes de vida. Los planes de vida o sus equivalentes son el principio rector de los procesos de planeación y administración de las competencias y funciones públicas de que trata el presente decreto.
ART. 16.—Condiciones generales para la administración de competencias, funciones y recursos. Cuando decida asumir las funciones y competencias públicas a que se refiere este decreto y administrar los respectivos recursos, la autoridad propia del territorio indígena presentará una solicitud ante la entidad pública competente acreditando los requisitos establecidos en el presente decreto para la asignación especial de SGP o para las participaciones sectoriales.
ART. 17.—Presupuesto anual. Para la programación y administración de los recursos de que trata el presente decreto cada territorio indígena, resguardo indígena y asociación de resguardos elaborará un presupuesto anual de inversión con base en la proyección de recursos que le sean comunicados, identificando los respectivos componentes sectoriales y de la asignación especial del SGP, según las certificaciones con que cuente, con sus correspondientes gastos operativos de inversión, cuando a ello haya lugar.
ART. 18.—Cuenta maestra. Los territorios indígenas certificados, los resguardos indígenas y las asociaciones que estos conformen, que administren y ejecuten directamente las competencias y funciones y asignaciones de participaciones sectoriales y/o los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones, según el caso, manejarán estos recursos en una cuenta maestra, para cada fuente de recurso, en instituciones financieras autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera, separadas de las propias del territorio indígena, resguardo indígena o de la asociación, y registradas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ART. 19.—Informe apertura de las cuentas. Dentro del mes siguiente a la expedición de la certificación para la administración y ejecución de los recursos de que hace referencia el presente decreto, los territorios indígenas, resguardos indígenas certificados, y asociaciones de estos, deberán registrar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las cuentas para el giro de los recursos, de conformidad con los requerimientos que para el efecto señale dicho ministerio.
ART. 20.—Ejecución de recursos. Los actos o contratos que expidan o celebren los territorios indígenas, según sea el caso, para la ejecución de los recursos a que hace referencia el presente decreto, se regirán por las normas del estatuto orgánico de presupuesto, el estatuto de contratación estatal, las normas contables que para este efecto defina la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias, y por las disposiciones vigentes para aquellos sectores en los cuales haya sido certificado.
PAR.—Cuando los territorios indígenas requieran celebrar contratos con las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas constituidos bajo lo dispuesto en el Decreto 1088 de 1993, la modalidad de selección se surtirá de acuerdo con lo establecido en el literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.
ART. 21.—Asesoría y asistencia técnica. La dirección de asuntos indígenas, ROM y minorías del Ministerio del Interior, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y las autoridades sectoriales correspondientes, brindarán la asistencia técnica a las autoridades propias de los territorios indígenas, a los resguardos indígenas y a sus asociaciones para el cumplimiento de las funciones y la administración de los recursos a que hace referencia el presente decreto.
ART. 22.—Cofinanciación. Los recursos a que hace referencia el presente decreto podrán ser utilizados para cofinanciar proyectos de inversión, financiados y/o cofinanciados con otras entidades públicas o privadas de cualquier orden, en concordancia con las políticas sectoriales respectivas y las funciones asignadas.
ART. 23.—Garantía de inversión territorial. Los recursos de que trata el presente decreto se percibirán por parte de los territorios indígenas o resguardos indígenas que administren y ejecuten recursos de la asignación especial, sin perjuicio de los recursos que los correspondientes departamentos, distritos o municipios deben invertir en cada uno de los territorios o resguardos indígenas, conforme con sus competencias legales y fuentes de financiamiento.
ART. 24.—Presentación de informes. Los territorios indígenas o resguardos indígenas que tengan a cargo la administración y ejecución de los recursos del sistema general de participaciones, según el caso, deberán diligenciar y presentar los informes y formatos que sean requeridos por las entidades del orden nacional, y por los organismos de control, en los términos y condiciones establecidas en el presente decreto y en las demás normas vigentes.
ART. 25.—Beneficiarios. Son beneficiarios de los recursos de la asignación especial del SGP los resguardos indígenas legalmente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior al DANE y al Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el año inmediatamente anterior a la vigencia para la cual se programan los recursos.
ART. 26.—Distribución. Los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas se distribuirán en proporción a la participación de la población del resguardo, en el total de población indígena certificada por el DANE.
ART. 27.—Destinación. Los recursos de la asignación especial para los resguardos indígenas tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de la totalidad de la población que habita dentro del respectivo resguardo, y se destinarán a la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados y de acuerdo con los planes de vida, la Ley de origen, el derecho mayor o derecho propio.
ART. 28.—Administración y ejecución. Los resguardos indígenas y las asociaciones que estos conformen podrán asumir, administrar y ejecutar directamente los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el presente decreto.
ART. 29.—Solicitud de la administración directa. Los resguardos indígenas que decidan asumir la administración y ejecución de los recursos de la asignación especial del SGP presentarán una solicitud al DNP, a través de su autoridad propia, con la cual deberán anexar los siguientes documentos:
ART. 30.—Procedimiento de verificación de los requisitos de la solicitud. Radicada la solicitud, el DNP verificará que se hayan allegado los documentos que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los requisitos que trata el artículo anterior dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Cuando no se presenten los documentos necesarios el DNP requerirá a la autoridad propia para que allegue los documentos faltantes dentro de los 15 días siguientes.
ART. 31.—Oportunidad para asumir la administración. Los resguardos indígenas y asociaciones de resguardos que asuman la administración y ejecución de recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones, lo harán a partir del 1º de enero de la vigencia fiscal siguiente a la fecha en que cumplan los requisitos previstos en el presente decreto.
ART. 32.—Proyectos de inversión asignación especial. Los recursos de la asignación especial del SGP de los resguardos serán ejecutados mediante proyectos de inversión. El presupuesto anual de inversión a que se refiere el artículo 17 deberá incluir los respectivos proyectos de inversión que se hayan priorizado por parte de la comunidad del resguardo indígena que asuma la administración directa, así como los correspondientes gastos operativos de inversión.
PAR.—De los recursos asignados a los proyectos, se podrá disponer hasta el diez por ciento (10%) para financiar gastos operativos de los proyectos de inversión, porcentaje que podrá ser ejecutado de manera directa.
ART. 33.—Reintegro de recursos. Los recursos de la asignación especial no comprometidos a la fecha en que se asuma la administración directa por parte de los resguardos indígenas o las asociaciones de estos, junto con sus correspondientes rendimientos financieros, serán trasladados mediante transferencia electrónica por parte de los alcaldes y/o gobernadores, según sea el caso, a las cuentas registradas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por los resguardos indígenas o asociaciones de estos.
ART. 34.—Ejecución de recursos de asignación especial no administrados por resguardos indígenas. En caso que un resguardo indígena no administre la asignación especial del sistema general de participaciones, o no se haya asociado con otros para administrarlos, su ejecución se realizará mediante la celebración de un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por las autoridades propias.
PAR.—Con relación a los bienes y servicios adquiridos con cargo a los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas, los alcaldes o gobernadores deberán establecer los debidos registros administrativos especiales e independientes para oficializar su entrega a las autoridades indígenas.
En este mismo caso y con el objeto de mejorar el control a los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas, el Gobierno Nacional fortalecerá la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al SGP establecida por el Decreto 28 de 2008.
ART. 35.—Mecanismo excepcional de ejecución pueblo Nukak Maku. Los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones asignados al resguardo indígena del pueblo Nukak Maku serán girados por el Ministerio de Hacienda al Ministerio del Interior, para que los ejecute conforme a la priorización que las autoridades de los diferentes clanes de este pueblo realicen, en los espacios y bajo procedimientos que ellos definan en el ejercicio de su autonomía, para lo cual el Ministerio del Interior generará los espacios y las condiciones logísticas para que las autoridades del pueblo Nukak Maku, puedan realizar sus reuniones de priorización.
ART. 36.—Monitoreo, seguimiento y control. La administración y ejecución de los recursos a que hace referencia el presente decreto por parte de los territorios y resguardos indígenas y asociaciones de estos últimos, se hallan sujetos a la aplicación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral del gasto que se realice con los recursos del sistema general de participaciones. Para estos efectos se aplicará el Decreto 28 de 2008 en lo pertinente, así como las demás disposiciones que lo modifiquen o complementen, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
4. Respecto de los eventos de riesgo establecidos en los numerales 9.11, 9.12 y 9.13 del artículo 9º del Decreto 28 de 2008, se aplicarán los censos indígenas y las formas de focalización establecidas en los sistemas propios, en tanto no se hayan establecido sistemas de estratificación. La participación ciudadana se refiere a los mecanismos de decisión y control social que cada pueblo indígena tiene.
5. En el marco del artículo 8º del Decreto 28 de 2008 el departamento acompañará la estrategia cuando se trate de territorios indígenas o resguardos.
PAR. 1º—Todo lo dispuesto en este artículo tendrá como propósito asegurar el uso adecuado de los recursos del sistema general de participaciones.
PAR. 2º—En un plazo de un año, el gobierno definirá en el espacio de la mesa permanente de concertación, los aspectos necesarios para el monitoreo, seguimiento y control. En este mismo período y a falta de reglamentación, se aplicará la normatividad contenida en el Decreto 28 de 2008 en lo pertinente.
ART. 37.—Medida correctiva. Dentro de las medidas de control a que se refiere el Decreto 28 de 2008 y demás disposiciones complementarias, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá asignar la administración y la ejecución de los recursos de que trata el presente decreto al gobernador del departamento en donde se encuentre ubicada el respectiva territorio indígena o resguardo.
ART. 38.—Reglas particulares. La estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al uso de los recursos asignados a los territorios indígenas o resguardos indígenas que administren y ejecuten recursos de la asignación especial se efectuará bajo los criterios establecidos por las normas presupuestales, contractuales, fiscales, institucionales, administrativas y sectoriales, en el marco de lo establecido en este decreto.
ART. 39.—Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se tendrán en cuenta las siguientes definiciones.
— Educación indígena propia. Proceso de formación integral colectiva, cuya finalidad es el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, territorialidad y la autonomía de los pueblos indígenas, representado entre otros en los valores, lenguas nativas, saberes, conocimientos y prácticas propias y en su relación con los saberes y conocimientos interculturales y universales.
— Sistema educativo indígena propio (SEIP). Es un proceso integral que desde la ley de origen, derecho mayor o derecho propio contribuye a la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas.
ART. 40.—Objetivos del sistema educativo indígena propio. El sistema educativo indígena propio tendrá los siguientes objetivos:
ART. 41.—Definición de las Semillas de Vida. Son parte del ciclo cultural de vida de los pueblos indígenas que inicia desde antes del nacimiento, en la cual se cimientan los valores de las cosmovisiones de los pueblos indígenas a través de sus saberes, prácticas y de la lengua materna. El programa Semillas de Vida implica la interacción dinámica y permanente del territorio, la comunidad y la familia en lo relacionado con la protección, el cuidado, la crianza, la educación, la alimentación y nutrición y la participación de los niños y niñas como sujetos fundamentales en la vida de los pueblos indígenas y del resto de la sociedad colombiana.
PAR. 1º—Semillas de vida es un concepto que ha sido establecido en los procesos de construcción y concertación realizados en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para Pueblos Indígenas (Contcepi). Sin embargo, se reconoce que existen otras nociones para referirse a la primera infancia, según la cosmovisión de los pueblos.
PAR. 2º—Para los efectos del presente decreto, en el traslado de funciones y recursos del ICBF a los territorios indígenas habilitados se entiende que los componentes de educación inicial y cuidado a niños y niñas hasta los cinco (5) años, en el marco de la atención integral a la primera infancia, se trasladará a sus equivalentes o correspondientes en Semillas de Vida, según lo establecido por el respectivo pueblo indígena.
ART. 42.—Estrategias y acciones de Semillas de Vida. En el marco del sistema educativo indígena propio (SEIP), Semillas de Vida desarrollará las siguientes estrategias y acciones:
ART. 43.—De la habilitación. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, habilitará a los territorios indígenas para la administración de Semillas de Vida, conforme lo establecido en el artículo 44 del presente decreto.
ART. 44.—Requisitos para la habilitación. El ICBF expedirá la habilitación de que trata el artículo anterior a solicitud de la autoridad propia del territorio indígena. Dicha solicitud deberá reunir los requisitos que a continuación se señalan:
PAR. 1º—El trámite de habilitación del territorio indígena del que trata el presente artículo y el de delimitación y puesta en funcionamiento del mismo podrán surtirse de manera simultánea. Sin embargo, para efectos de expedir el acto administrativo de habilitación por parte del ICBF previamente deberá acreditarse la expedición del acto administrativo de puesta en funcionamiento del territorio indígena correspondiente, expedido por el gerente del Incoder. Así mismo, cuando se trate de resguardos indígenas deberá acreditarse la culminación del trámite para la administración directa de los recursos de la asignación especial del SGP ante el Departamento Nacional de Planeación.
PAR. 2º—El ICBF, junto con las demás entidades responsables de la política de atención a la primera infancia, creará los mecanismos de acompañamiento técnico y administrativo a los territorios indígenas para la preparación de sus autoridades propias, con el fin de fortalecer y generar capacidades organizativas y comunitarias en la atención de las Semillas de Vida.
ART. 45.—Verificación de requisitos y habilitación. Radicada la solicitud por parte de la autoridad del respectivo territorio ante el ICBF este verificará que se hayan allegado los documentos de que trata el artículo anterior dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Cuando no se presenten la totalidad de los documentos necesarios, o alguno no cumpla con lo requerido, se solicitará a la autoridad propia para que allegue los documentos faltantes o subsane dentro de los treinta días siguientes.
PAR.—La administración de la atención a la primera infancia por parte del territorio indígena iniciará en la vigencia fiscal siguiente al año en que fue habilitado.
ART. 46.—Convenio marco de administración. El convenio marco permitirá determinar las condiciones y responsabilidades de ambas partes para la administración de Semillas de Vida acorde con lo establecido en el artículo 44. En dicho convenio estarán definidos aspectos relacionados con:
ART. 47.—Atención a la primera infancia en territorio indígena no habilitado. En los casos de territorios indígenas no habilitados para la administración de Semillas de Vida, el ICBF garantizará la atención de los niños y niñas en el marco de lo establecido en la Ley 1450 de 2011 y su anexo, en particular en los acuerdos del protocolo de consulta previa con los pueblos y comunidades indígenas, para lo cual concertará con los territorios indígenas las condiciones técnicas con pertinencia cultural y territorial de los procesos de educación inicial y cuidado en el marco de Semillas de Vida de acuerdo con el SEIP.
ART. 48.—Competencias de los territorios indígenas certificados. Las siguientes son las competencias que ejercerán los territorios indígenas certificados para la administración del SEIP en lo equivalente o correspondiente a los niveles de educación preescolar, básica y media:
5. Administrar y distribuir los recursos financieros provenientes del sistema general de participaciones para la administración del SEIP al interior del ámbito jurisdiccional definido en la certificación, atendiendo los criterios establecidos en el presente decreto y demás normas aplicables.
ART. 49.—Competencias de la Nación. Las siguientes son las competencias de la Nación respecto del sistema educativo indígena propio en lo que corresponda o equivalga a los niveles de educación preescolar, básica y media.
ART. 50.—De la certificación. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto, el Ministerio de Educación Nacional certificará a los territorios indígenas para la administración del sistema educativo indígena propio.
ART. 51.—Requisitos para la certificación en lo correspondiente o equivalente a los niveles de educación preescolar, básica y media. El Ministerio de Educación Nacional expedirá la certificación de que trata el artículo anterior a solicitud de la autoridad propia que represente legalmente al territorio indígena. Dicha solicitud deberá reunir los requisitos que a continuación se señalan:
PAR. 1º—Los parámetros y el procedimiento para la valoración de las acciones señaladas en este artículo se definirán en la reglamentación que para el efecto se expida en el marco del sistema educativo indígena propio.
PAR. 2º—Cuando se trate de un territorio indígena conformado por varios resguardos o áreas poseídas, el tiempo de experiencia en procesos de educación propia debe ser acreditado en cada uno de ellos.
ART. 52.—Procedimiento para la certificación. El procedimiento para obtener la certificación en lo correspondiente o equivalente a los niveles de preescolar, básica y media se sujetará a las siguientes etapas:
PAR. 1º—El Ministerio de Educación Nacional expedirá en el marco del SEIP los protocolos para realizar las evaluaciones que se adelanten en las etapas de verificación de requisitos y plan de acompañamiento a que se refiere este artículo.
PAR. 2º—El trámite de certificación del territorio indígena y de delimitación y puesta en funcionamiento del mismo podrán surtirse de manera simultánea. Sin embargo, para efectos de expedir la certificación de que trata este artículo, previamente deberá acreditarse la expedición del acto administrativo de puesta en funcionamiento del territorio indígena correspondiente, expedido por el gerente del Incoder.
ART. 53.—Actualización de la certificación. Cuando el territorio Indígena certificado en educación amplíe su territorio deberá adelantar un trámite de actualización de la certificación ante el Ministerio de Educación Nacional que le permita extender la administración del SEIP en lo correspondiente o equivalente a los niveles de educación preescolar, básica y media a esta nueva área del territorio. Para ello deberá presentar el acto administrativo mediante el cual el Incoder amplíe el territorio indígena.
ART. 54.—Formalización de la entrega. Las entidades territoriales certificadas en educación donde se encuentre ubicado el territorio indígena certificado suscribirán un acta con la autoridad indígena propia responsable por medio de la cual se haga entrega y recibo de la planta de personal docente, directivo docente y administrativa que dichas entidades territoriales tienen a su cargo y que labore en el área donde está ubicado el territorio indígena certificado.
PAR. 1º—El acta de que trata el presente artículo deberá ser suscrita por las partes dentro de los sesenta (60) días siguientes de haberse expedido el acto administrativo de certificación.
PAR. 2º—A los docentes, directivos docentes y administrativos vinculados a la entidad territorial certificada se les respetarán los derechos laborales adquiridos, una vez sean incorporados a la planta de personal del territorio indígena certificado. Para efectos de la incorporación a la nueva planta es obligatorio tomar posesión del nuevo cargo al cual se incorpora sin que ello implique solución de continuidad por parte del servidor público ni modificaciones en la inscripción en el escalafón que regula su vinculación.
ART. 55.—Archivos de información. Los archivos físicos y magnéticos que contienen la información sobre matrícula, establecimientos educativos, el personal docente, directivo docente y administrativo, así como aquellos relacionados con los bienes muebles e inmuebles que se transfieran, deben ser organizados por las entidades territoriales certificadas en educación de acuerdo con lo previsto en la Ley 594 de 2000 para ser entregados a la autoridad propia respectiva. Antes de la certificación la entidad territorial certificada deberá adelantar con el territorio indígena un paralelo sobre el manejo de la información y en especial de la nómina.
ART. 56.—Efectos de la certificación. La certificación que expide el Ministerio de Educación Nacional da lugar a que el territorio indígena respectivo sea el responsable de la implementación, administración y ejecución del sistema educativo indígena propio en lo correspondiente o equivalente a los niveles de educación preescolar, básica y media, dentro del respectivo territorio.
PAR. 1º—La certificación en educación prevista en este artículo se hará efectiva al iniciar la vigencia fiscal inmediatamente siguiente del sistema general de participaciones independientemente de la fecha en la que el Ministerio de Educación Nacional haya expedido el acto administrativo de certificación.
PAR. 2º—Los recursos de la partida de educación que corresponda a la matrícula que se transfieran a los territorios indígenas certificados serán descontados de las respectivas entidades territoriales certificadas que en su momento lo estén recibiendo.
ART. 57.—Criterios para la asignación de los recursos de la partida para educación del sistema general de participaciones. Para la asignación de los recursos de la partida para educación del sistema general de participaciones a favor de los territorios indígenas certificados, el Gobierno Nacional atenderá a los siguientes criterios:
PAR.—En caso que los recursos asignados por población atendida no sean suficientes para financiar el costo anual de la planta de dinamizadores con vínculo laboral viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional, el territorio indígena certificado tendrá derecho a recibir recursos complementarios en las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.
ART. 58.—Destinación. Los recursos de la participación para educación del sistema general de participaciones que se transfieren a los territorios indígenas se destinarán a financiar lo correspondiente y equivalente a los niveles de educación preescolar, básica y media, y de manera prioritaria a:
ART. 59.—Monto máximo de los compromisos. Los compromisos que adquieran los territorios indígenas que administren la educación, cuando se adquieran con recursos del SGP, no podrán superar el monto de la participación establecida en la respectiva vigencia fiscal.
ART. 60.—Transferencia de los recursos. Los recursos de la participación de educación, tanto de población atendida, población por atender y calidad, distribuidos a los territorios indígenas certificados con fundamento en el presente decreto, serán transferidos directamente a estos.
ART. 61.—Giro de las transferencias. El giro de las transferencias establecido en el artículo anterior se realizará dentro de los diez (10) últimos días del mes al que corresponde la transferencia, y los territorios indígenas certificados pagarán las obligaciones laborales dentro de los dos (2) días siguientes a la respectiva transferencia de la Nación.
ART. 62.—Fondos de servicios educativos. Los espacios educativos definidos en el componente pedagógico del SEIP donde se reporte la matrícula, que se encuentren ubicados en los territorios indígenas certificados, deberán conformar fondos de servicios educativos. Estos fondos se regularán en lo pertinente por lo establecido en los artículos 11 a 14 de la Ley 715 de 2001 y en el Decreto 4791 de 2008, o por las normas que los modifiquen o lo sustituyan.
ART. 63.—Causales para la pérdida de la certificación en educación. La Nación Ministerio de Educación Nacional, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá revocar la certificación a los territorios indígenas cuando estos se encuentren incursos en las causales establecidas en el artículo 31 de la Ley 715 de 2001, previo agotamiento de los procedimientos regulados en sus artículos 29 y 30.
ART. 64.—Prestación del servicio educativo en los resguardos no certificados. El servicio público educativo en los resguardos no certificados estará a cargo de las entidades territoriales certificadas en educación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001, sin perjuicio de que este servicio sea prestado en el marca de lo dispuesto en el Decreto 2500 de 2010 o las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan.
ART. 65.—La certificación de que trata el presente título solo será procedente una vez el sistema educativo indígena propio sea adoptado mediante las normas jurídicas correspondientes, para lo cual será proyectado en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación de los Pueblos Indígenas (Contcepi), y consultado con las comunidades indígenas conforme a lo acordado en la mesa permanente de concertación nacional con los pueblos y organizaciones indígenas.
ART. 66.—Creación de instituciones de educación superior por parte de los territorios indígenas. Los territorios indígenas podrán crear instituciones de educación superior indígena propia a través de sus autoridades en el marco del sistema educativo indígena propio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto y las normas que lo complementen, sustituyan y reglamenten.
ART. 67.—Naturaleza de las instituciones de educación superior indígenas propias. Las instituciones de educación superior indígenas propias son entidades públicas de carácter especial, cuyos principales objetivos son la formación integral y la investigación en el marco del sistema educativo indígena propio, y contribuir al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
ART. 68.—Requisitos. Para la creación de las instituciones de educación superior indígena propias se deberán cumplir los siguientes requisitos:
— Personal dinamizador idóneo para el desarrollo del objeto de dicha institución con la dedicación específica necesaria.
— Organización administrativa y académica adecuada.
— Recursos físicos y financieros suficientes.
ART. 69.—Organización y dirección. Las instituciones de educación superior indígena propias contarán con una instancia colegiada y con un representante legal.
Esta instancia colegiada tendrá entre sus funciones la de definir y aprobar el estatuto de la institución de educación superior indígena propia. En este se fijarán las reglas para elección del representante legal, las causales y el procedimiento para su destitución y el período. Así mismo expedirá el acto administrativo de posesión y de remoción, cuando haya lugar.
PAR.—Cuando el territorio indígena se encuentre ubicado en dos o más departamentos, los gobernadores de estos elegirán un representante conforme lo establezca la reglamentación que para el efecto expida la instancia colegiada de dirección de la institución de educación superior indígena propia.
ART. 70.—Aseguramiento de la calidad. El funcionamiento y la oferta académica de las instituciones de educación superior indígenas propias, deben cumplir con los parámetros del sistema de aseguramiento de la calidad establecido en la Ley 1188 de 2008, las normas que la complementen o sustituyan y en el SEIP.
ART. 71.—Inspección y vigilancia. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, el Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Educación Nacional las funciones de inspección y vigilancia en lo que compete a las instituciones de educación superior indígena propias, sin detrimento del ejercicio de las competencias atribuidas a las autoridades de los territorios indígenas.
ART. 72.—Régimen de transición. Una vez sean reconocidos los territorios indígenas de acuerdo con las reglas establecidas en el presente decreto, durante el año siguiente estos podrán otorgar personería jurídica a los entes que hayan sido creados por los pueblos indígenas en el ejercicio de su autonomía, y cuyo objeto sea la prestación del servicio de la educación superior. Para ello se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
ART. 73.—Aprobación del estudio de factibilidad y registro de los programas. La solicitud de aprobación del estudio de factibilidad de que trata el artículo anterior deberá estar acompañada con la solicitud de registro calificado de los programas académicos que pretenda desarrollar la IES indígena.
ART. 74.—Definición del sistema indígena de salud propio intercultural (Sispi). Es el conjunto de políticas, normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos que se sustentan a partir de una concepción de vida colectiva, donde la sabiduría ancestral es fundamental para orientar dicho sistema, en armonía con la madre tierra y según la cosmovisión de cada pueblo. El Sispi se articula, coordina y complementa con el sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), con el fin de maximizar los logros en salud de los pueblos indígenas.
ART. 75.—Principios del sistema indígena de salud propio intercultural (Sispi). El sistema se regirá por los siguientes principios:
PAR.—Los principios establecidos en este artículo se armonizarán con los del SGSSS, los de la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad.
ART. 76.—Concepto de salud propia. Es la armonía y el equilibrio de acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo indígena, resultado de las relaciones de la persona consigo misma, con la familia, la comunidad y el territorio. Comprende procesos y acciones orientados al fomento, protección y recuperación de la salud.
ART. 77.—Componentes del sistema indígena de salud propio intercultural (Sispi). Son componentes del Sispi:
ART. 78.—Sabiduría ancestral. Son los conocimientos propios y espirituales de los pueblos indígenas, practicados culturalmente de forma milenaria y que se transmiten por generaciones a través de las autoridades espirituales permitiendo la existencia física y cultural de los pueblos indígenas.
ART. 79.—Político-organizativo. Es la estructura orgánica y política de los pueblos indígenas que promueve su gobernabilidad y autonomía en salud, desarrollando las decisiones de los diferentes espacios de participación del Sispi.
ART. 80.—Formación, capacitación, generación y uso del conocimiento en salud. Es el componente que promueve y fortalece la investigación, la generación y uso del conocimiento, así como la gestión, planificación, diseño y orientación de los programas de formación propia e intercultural. Mediante este componente se fomentará la formación integral de los actores, de acuerdo con las necesidades de los pueblos indígenas y del Sispi.
ART. 81.—Cuidado de salud propia e intercultural. Son las acciones en salud propia y complementaria que se realizan con las personas, las familias, la comunidad y con el territorio, que tiendan a promover y proteger la salud, y a prevenir y tratar la enfermedad con el propósito de promover, recuperar y mantener la armonía y el equilibrio.
ART. 82.—Administración y gestión. Es un espacio de orientación y administración de la información, los recursos físicos, territoriales, financieros, técnicos, tecnológicos y de talento humano para el buen funcionamiento del sistema de salud propia e intercultural, en coordinación, articulación y con la complementación con el SGSSS.
ART. 83.—Competencias en salud de los territorios indígenas. Las siguientes son las competencias en materia de salud que se les atribuyen a los territorios indígenas:
ART. 84.—Estructuras propias del Sispi. A nivel de los territorios indígenas, las estructuras propias del Sispi se crearán con base en las estructuras de gobierno propio de los pueblos indígenas, para lo cual se tendrá en cuenta lo previsto en el presente decreto y los criterios y requisitos que se concerten en la mesa permanente de concertación con pueblos y organizaciones indígenas.
ART. 85.—Financiación del Sispi. Los componentes del Sispi serán financiados con cargo a los siguientes recursos:
2. Los componentes político-organizativo y de administración y gestión serán financiados con cargo a los recursos a que hace referencia el inciso final del artículo 8º de este decreto.
ART. 86.—Financiamiento en la prestación de servicios. Las acciones de prestación de servicios a cargo de las IPS indígenas debidamente habilitadas en sus territorios se financiarán con recursos de la UPC, para lo cual las EPS indígenas o las estructuras que hagan sus veces deberán contratar un mínimo porcentual del gasto en salud con el respectivo ente territorial. Dicho porcentaje será consultado en la mesa permanente de concertación nacional con los pueblos y organizaciones indígenas.
PAR.—El Estado garantizará en el marco del Sispi a los pueblos indígenas el acceso al cuidado de la salud sin costo alguno como un derecho fundamental. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 691 de 2001 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
ART. 87.—Evaluación, seguimiento y control. La evaluación, seguimiento y control se regirá por los principios generales del SGSSS. Se definirá en el ámbito de la subcomisión de salud, lo referente a los criterios y mecanismos de aplicación.
ART. 88.—Transitoriedad. El Sispi se implementará gradualmente de acuerdo con la iniciativa y dinámica de cada territorio indígena. Hasta tanto esto ocurra, el SGSSS garantizará el cuidado de salud de los pueblos indígenas a través de las instituciones de salud indígenas y no indígenas que operan al momento de la expedición del presente decreto.
ART. 89.—Competencias de los territorios indígenas. De conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política, los territorios indígenas deberán garantizar la prestación eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico en su territorio. Estas competencias se empezarán a ejercer a partir del momento en que el Gobierno Nacional expida la reglamentación respectiva, y solo podrán ser ejercidas una vez se cumplan los requisitos establecidos en dicha reglamentación.
ART. 90.—Inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico. En el sector de agua potable y saneamiento básico, los territorios indígenas financiarán, con cargo a los recursos de las transferencias del sistema general de participaciones de que trata el artículo 356 de la Constitución Política, las actividades previstas en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007.
ART. 91.—Alternativas para el acceso al agua potable y saneamiento básico. Para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento básico los territorios indígenas podrán adoptar soluciones alternativas con fundamento en la ley de origen, derecho mayor o derecho propio, y conforme lo que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará lo relativo a la calidad del agua suministrada.
ART. 92.—Formas organizativas operacionales propias para la operación de las soluciones de agua potable y saneamiento básico. Los territorios indígenas podrán crear y estructurar autónomamente formas organizativas propias para la operación y mantenimiento de la infraestructura, y el esquema de acceso al servicio de las comunidades asentadas en los mencionados territorios, de tal forma que se garantice la sostenibilidad de los sistemas.
ART. 93.—Financiación del suministro de agua potable y saneamiento básico para territorios indígenas. Los territorios indígenas podrán transferir sus recursos a las formas organizativas propias de que trata el artículo anterior o a las prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento básico, con el fin de financiar los costos de operación y de administración de los esquemas de suministro, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
ART. 94.—Entrega de infraestructura. Las obras de infraestructura destinadas para el suministro de agua potable y saneamiento básico que se ejecuten con cargo a los recursos del departamento y/o la Nación, dentro de la propiedad colectiva de los territorios indígenas o de los resguardos indígenas debidamente constituidos, les podrán ser entregadas a estos. Una vez recibidas estas obras, tanto los territorios indígenas, como los resguardos, serán responsables de su operación, directamente, a través de sus formas organizativas operacionales propias o a través de terceros.
ART. 95.—Reconocimiento, respeto y alcance de la jurisdicción especial indígena. Los operadores jurídicos deben reconocer y respetar la facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas dentro de su ámbito territorial para establecer sus propias normas jurídicas de conformidad con la ley de origen, el derecho mayor y el derecho propio, y para ejercer de manera preferente la propia jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política, la ley, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
ART. 96.—Deber de apoyo. Dentro del marco de sus respectivas competencias, los cuerpos de investigación judicial de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Instituto Colombiano de Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, y las autoridades civiles y políticas deberán brindar el apoyo necesario para que las autoridades indígenas puedan desempeñar las funciones propias de su jurisdicción.
ART. 97.—Fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena. El Gobierno Nacional podrá financiar los proyectos de inversión presentados por los territorios indígenas encaminados a fortalecer a su jurisdicción especial.
ART. 98.—Mecanismos de apoyo a la jurisdicción especial indígena. El Gobierno Nacional podrá coordinar con las autoridades de cada territorio indígena los mecanismos de apoyo para el funcionamiento, capacitación, formación, comunicación, visibilización, gestión, fortalecimiento y seguimiento de la jurisdicción especial indígena.
ART. 99.—Derogatorias y vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga todas las normas que le sean contrarias.