Source: http://www.cnv.gov.ar/ResDisciplinarias/ResFinales/Resolucion15205.htm
Timestamp: 2018-02-20 13:33:43
Document Index: 331507576

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 261']

Resolución Nº 15.205
RESOLUCION Nº 15.205
VISTO, el expediente N° 813/05 rotulado “BANCO HIPOTECARIO S.A. s/ Verificación”; lo dictaminado por la Gerencia de Fiscalización y Control a fs. 3912/3959 y:
Que a fs. 3849/3854 y 3855/3856, C. LIFSIC de ESTOL, E. ELSZTAIN, S. ZANG y E. VIÑES y C. LIFSIC de ESTOL, en representación de BHSA, respectivamente, plantean recurso de nulidad contra la Disposición del Conductor del Sumario de fecha 15 de setiembre de 2005 (fs. 3729/3731), por la que se rechaza “in límine” la recusación con causa interpuesta a fs. 3585/3640.
Que así procedía determinar: a) Si la retribución efectuada a favor de los Directores y Gerentes del Banco Hipotecario S.A. referida al ejercicio cerrado al 31.12.04 se ajustó a las normas aplicables. b) Si la información suministrada por Banco Hipotecario S.A. a esta COMISION NACIONAL DE VALORES fue comunicada por escrito, en forma directa, veraz y suficiente, inmediatamente después de producida. c) Si el pago a Directores diferentes del Banco Hipotecario S.A. por los conceptos de ejercicios de comisiones especiales o de funciones técnico administrativas con referencia al ejercicio cerrado al 31.12.04 tuvo motivación justificante adecuada y suficiente y d) Si los montos fijados se corresponden con los vigentes en el mercado.
Que así el art. 2° del Cap. III de las NORMAS, tiene establecido una serie de pautas interpretativas a los efectos de la aplicación del art. 261 de la LSC; y en lo que hace al caso sub-examine, la citada disposición normativa interpreta el concepto de utilidad computable “como el resultado del ejercicio, neto de impuestos, más o menos los ajustes de ejercicios anteriores y previa absorción de las pérdidas acumuladas”; define a la utilidad reducida “como aquella que representa una rentabilidad sobre el patrimonio neto, inferior a la normal en la actividad empresaria, considerando el rendimiento promedio de otras variables de inversión de capital existentes en el mercado”, y concluye que retribución adecuada, “es aquella que tiene en cuenta las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y reputación profesional y el valor de sus servicios en el mercado”.
Que asimismo argumentan que fue la propia asamblea la que fijó las remuneraciones y que las limitaciones del art. 261 de la LSC solo resultan ciertas “a medias” por entender que “por sobre el límite del tercer párrafo del art. 261 prevalece lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 71 de la LSC”.
Que en esa línea argumental sostienen que el uso de fórmulas predeterminadas para la redacción del orden del día puede servir para casos “standard” previstos por la norma, pero que dicha fórmula no cubre todos los matices de situaciones que pueden presentarse en la práctica.
Que así interpretan que la formula predeterminada prescripta por las NORMAS de la CNV, prevé señalar que “el ejercicio económico...arrojó quebranto”, pero señalan que, en realidad, BHSA tuvo cuantiosas utilidades durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, razón por la cual –a su entender-- no se constituye el quebranto indicado en la fórmula, es decir un quebranto computable.
III. 3.3.- Que los descargos efectuados por P. Vergara del Carril y G. Reznik (fs.2454/2472) son consecuentes con los efectuados por el BHSA. En cuanto reconocen haber percibido junto con los demás directores ejecutivos retribuciones en concepto de SAR y RPG y sostienen que el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 arrojó una ganancia neta de 279,1 millones de pesos, y sobre dicha premisa construyen su argumento exculpatorio
Que en el mismo orden de ideas afirman que tampoco se contrarió el bien que tutelan las NORMAS que establecen el deber de informar en resguardo del derecho de los accionistas e inversores de tener conocimiento de la situación de la sociedad, ni provocó daños a terceros, considerando al respecto que los accionistas habían sido suficientemente informados de los mecanismos de retribución del Comité Ejecutivo y del primer nivel gerencial a través del Prospecto de Oferta Pública de Acciones Ordinarias Escriturales Clase “D” (27/01/99); de la Memoria y Balance del Ejercicio 2003 y del Prospecto de Programa Global de Emisión de Títulos de Mediano Plazo (12/12/03).
Que sostienen que tampoco son responsables por presunta infracción al artículo 5º inciso a) -de acuerdo a la especificación contenida en el artículo 3º inciso 30 del Cap. XXI de las NORMAS (NT 2001) y artículo 8º inciso a) del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, aprobado por Decreto Nº 677/02, por cuanto no había hecho relevante que informar a los accionistas, dado que habían sido oportuna y suficientemente informados a través del Prospecto de Oferta Pública de Acciones Ordinarias Escriturales Clase “D” (27/01/99), de la Memoria y Balance del Ejercicio 2003 y del Prospecto de Programa Global de Emisión de Títulos de Mediano Plazo (12/12/03).
Que en primer término será analizada la procedencia de las nulidades planteadas (v. punto II.3), para lo cual es primordial determinar la aplicabilidad de la Ley Nº 17.811 (“LOP”) en su solución.
Que en ese sentido, y con concreta referencia a la aplicación del procedimiento especial de la LOP, en la Exposición de Motivos de dicha norma se expresa: “Con el fin de garantizar adecuadamente los derechos de las personas y entidades sometidas a fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, se crea un recurso judicial contra sus decisiones. Este sistema elimina los recursos administrativos y la primera instancia judicial que resultan innecesarios, atenta la índole que reviste dicho organismo estatal…”; y es específicamente contemplado dicho principio en el segundo párrafo del artículo 14 LOP: “Las resoluciones definitivas aplicando sanciones mayores a la de apercibimiento podrán ser recurridas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la jurisdicción que corresponda”.
Que consecuentemente, es dable concluir que el cuerpo legal aplicable en cuanto a la viabilidad de los recursos es la LOP, que en su artículo 14 dispone: “Las decisiones que dicte la COMISION NACIONAL DE VALORES instruyendo sumario y durante su substanciación serán irrecurribles, pero podrán ser cuestionadas al interponerse el recurso respectivo si se apelara la resolución definitiva” y esta posibilidad “preserva el derecho de defensa de los sumariados y la revisión judicial suficiente reiteradamente exigida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del leading case “Fernandez Arias c/Poggio” (Fallos 247: 646)” (cit. PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, fs. 4683/4692, Expte. Nº 711/92 “SEVEL ARGENTINA s/antecedentes licitación acciones y adjudicación ofertas”, B.O. 7/4/99).
Que sin perjuicio de lo anterior, se analizarán en forma individual los fundamentos de los recursos planteados .
Que a fs. 3851/3854 y 3855/3856, C. LIFSIC de ESTOL, E. ELSZTAIN, S. ZANG y E. VIÑES y C. LIFSIC de ESTOL, en representación de BHSA, respectivamente, plantean recurso de nulidad contra la Disposición del Conductor del Sumario de fecha 15 de setiembre de 2005 (fs. 3729/3731), por la que se rechaza “in límine” la recusación con causa interpuesta 3585/3640, por falta de cumplimiento de los presupuestos de interés en la cuestión o en el pleito (artículos 14 y 17 CPCC)..
Que lo expuesto, a la luz del art. 2° del Cap.III de las NORMAS reveló que los EECC de BHSA no tuvieron utilidad computable y que, consecuentemente resultan de aplicación los presupuestos del art. 261, y de trámite obligado la consideración de las retribuciones “por todo concepto” por parte de la Asamblea General Ordinaria, circunstancia que debía incluirse en forma expresa en el orden del día y con suficiente motivación, en especial, por la determinante función del Directorio como administrador de intereses ajenos.
Que corresponde señalar que lo manifestado por los sumariados C. LIFSIC. de ESTOL, E. ELSZTAIN, S. ZANG y E. VIÑES, en materia de las ganancias obtenidas por BHSA, se contrapone con lo que resulta del acta de la Asamblea General Ordinaria N° 51 del 28.04.05 (fs.20/25) punto II) del Orden del Día, del que resulta que “...La Sra. Presidente pone de relieve que la totalidad de la documentación que conforma los EE.CC generales y la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.04 ha sido aprobada por el Directorio en su reunión del 14.02.05. Asimismo señala que los EE.CC a ser considerados cuentan con los pertinentes dictámenes de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores Externos de la sociedad y que dicha documentación ha sido puesta en consideración de los señores accionistas a través de los recaudos legales previstos al efecto. Del mismo modo hace constar no corresponde considerar la distribución de utilidades del ejercicio bajo consideración toda vez que las mismas deben destinarse a absorber la pérdida de ejercicios anteriores, según lo expresamente dispuesto por el art. 51 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias...”
Que también procede destacar la contradicción entre lo sostenido por los sumariados en su descargo, en cuanto a que la expresión “arrojó quebranto” es una fórmula predeterminada por las Normas de la CNV, que se encuentran compelidos a incluir, y lo que resulta de la transcripción del acta de la asamblea antedicha al señalar que “...no corresponde considerar la distribución de utilidades del ejercicio bajo consideración (31.12.04), toda vez que las mismas deben destinarse a absorber la pérdida de ejercicios anteriores, según lo expresamente dispuesto por el art. 71 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.”.
Que al respecto, resulta del acta de Asamblea General Ordinaria N° 13 del 28 de abril de 1999, punto 5 del Orden del Día, en cuanto al régimen de derechos sobre apreciación del valor accionario extendido al Comité Ejecutivo que “...la percepción del beneficio por parte de los señores directores comprendidos en el régimen se ajustará, en cada ejercicio en que se devengue, a lo previsto en el art. 261 de la L.S.C., dándose intervención a la asamblea ordinaria de accionistas cuando se configure el supuesto previsto del último párrafo de dicho artículo”.
Que en cuanto al régimen de participación de las ganancias, el acta referida también establece que la percepción “...del beneficio por parte de los señores directores comprendidos en el régimen se ajustará, en cada ejercicio en que se devengue el mismo, a lo previsto en el artículo 261 de la ley de sociedades comerciales, dándose intervención a la asamblea ordinaria de accionistas cuando se configure el supuesto previsto en el último párrafo de dicho artículo”.
Que también sostienen los sumariados C. L. de ESTOL, E. ELSZTAIN, S. ZANG y E. VIÑES, que al renovarse el régimen de remuneraciones en la Asamblea General Ordinaria del 31 de mayo de 2004 también se renovó la delegación prevista en la resolución de la asamblea del 28 de abril de 1999, fundando su afirmación en lo resuelto en el punto VII del orden del día en que se mociona y aprueba “...se renueve dicho régimen en los mismos términos y condiciones, por un nuevo periodo de cinco años”.
VII. 1.- Que la conducta desplegada por los sumariados Sres. J. MACCHI y E. FORNERO, resulta del contenido del Acta de la reunión de Directorio N° 169 de fecha 27.06.05. En efecto, J. MACCHI, en representación de los Directores Clase “A”, requiere de la presidencia, información sobre montos percibidos en concepto de premios, bonus, incentivos, SAR y RPG desde el año 2002 hasta la fecha. Asimismo, en la reunión de Directorio N° 170 de fecha 21.07.05, J. MACCHI (con la adhesión de C. PISULA y E. FORNERO), hace constar en actas que es la primera vez que el Comité Ejecutivo trae a consideración del Directorio las actas de reunión del mencionado Comité N° 69 y 70 y de las que resulta la atribución de SAR, RPG y Bonus, dejado también reflejada su disconformidad con el procedimiento adoptado.
Que consecuentemente con lo expuesto, consideramos que no corresponde atribuir al Sr. P. DEL PIERO responsabilidad por infracción al art. 59 de la LSC. Que en cuanto a se refiere al art. 261 de la LSC, debe destacarse que P. DEL PIERO en su condición de director no ejecutivo, no percibió suma alguna en concepto de la remuneración que se cuestiona en autos, y que habiendo tomado conocimiento del hecho, solicitó la convocatoria a asamblea a los fines del tratamiento de las remuneraciones dispuestas por el Comité Ejecutivo, razón por la cual no puede atribuirse responsabilidad por dicha imputación, correspondiendo también su absolución en este punto.
Que con relación a la posible infracción al art. 261 corresponde señalar que por su condición de directores “no ejecutivos” no percibieron la remuneración que se investiga en estas actuaciones, y que, además, habiendo tomado conocimiento de los hechos, solicitaron la inmediata convocatoria de asamblea a los fines del tratamiento de la retribución establecida por el Comité Ejecutivo.
Que en relación a la posible infracción al art. 269 de la LSC y de conformidad con las conductas desplegadas por los sumariados una vez tomado conocimiento de los hechos objeto de investigación, procede señalar que en su condición de directores “no ejecutivos”, habrían vigilado la actuación del Comité Ejecutivo de manera adecuada, quedando sin sustento el factor de atribución de responsabilidad correspondiendo su absolución por la presunta infracción a esta norma.
Que corresponde señalar que los sumariados empiezan por violar el propio estatuto del BHSA en el art. 14 inc. c), por cuanto esta norma estatutaria es la que impone los límites del art. 261 de la LSC., es decir, que de antemano sabían que la percepción estaba condicionada a la previa aprobación asamblearia, por otro lado, se hace necesario poner de manifiesto que el art. 261 de la LSC no discrimina en realidad los rubros a percibir para establecerle límites; antes bien, deja asentado que se tratan de retribuciones “que por todo concepto” puedan percibir los miembros del directorio y los del Consejo de Vigilancia, lo cual englobaría honorarios, comisiones especiales, funciones técnico-administrativas y participación en las ganancias, dado que todo integra la remuneración.
Que de los términos de las Leyes N° 17.811 y Nº 19.550, se desprende que su propósito no es sólo regular ciertas relaciones entre particulares, ni mucho menos limitarse a la creación de valor por medio del incremento del precio de la acción, sino que también apunta a un objetivo eminentemente público, es decir, crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la dinámica societaria mediante mecanismos de asignación de competencias específicas a los diferentes órganos societarios
Que la existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativa para la cual la infracción es el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado del principio de sus consecuencias. Como dice Alejandro Nieto, la infracción a la norma administrativa constituye cabalmente la esencia de la infracción (“Derecho Administrativo Sancionador Ed. Tecnos. Madrid año 2000 pag. 37/8 dict. 73.976 “Electromac S.A. s/Posible incumplimiento al Cap. XXVI de las Normas (N.T.2001).
Que en este punto vale recordar que dados los intereses en juego y las modalidades propias del sistema de oferta pública es plausible la exigencia de múltiples recaudos, establecidos a veces por la misma ley, y otras por las reglamentaciones de la CNV que tienden al control, eficacia, seguridad y transparencia de los mercados. Ello hace que el incumplimiento de los mismos se configuren como infracciones (art. 10 de la ley N° 17.811) más allá de las efectivas consecuencias que puedan aparejar, ya que el sistema necesita de su cumplimiento formal. En otras palabras, la existencia de infracciones de este tipo se encuentra plenamente justificada por la importancia de los intereses en juego, circunstancia ésta que hace necesario extremar el cumplimiento de los recaudos que posibilitan tanto su correcto funcionamiento como su debido control (autos N° 66.184 –B-3 743 carat. “Bolsa de Comercio de San Juan s/ Verificación 28.08.95” de fecha 01.09.2000).
Que asimismo corresponde señalar que los sumariados C. LIFSIC de ESTOL, y E. ELSZTAIN, registran antecedentes sancionatorios en este Organismo, en su condición de directores de las sociedades emisoras “CRESUD S.A.” y “SHOPPING ALTO PALERMO S.A.”, con imposición de multa en ambos casos (Resoluciones Nº 14.126 y Nº 14.232 del 26/02/02 y 27/06/02, respectivamente).
Que los sumariados J. ABELOVICH y M. FUXMAN, también registran antecedentes de sanción con imposición de multa por parte de esta COMISION NACIONAL DE VALORES, por la actuación que les cupo como síndicos de la sociedad “SHOPPING ALTO PALERMO S.A.” (Resolución Nº 14.232 del 27/06/02).
ARTICULO 3°) Advertir a los Sres. Julio AUGUSTO Macchi, Edgardo LUIS Fornero, Jorge Grouman, JACOBO Julio Dreizzen, Pedro del Piero, Carlos Pisula, y Federico Bensadon por omisión al deber de información impuesto por el art.5º inc. a) de acuerdo con la especificación contenida en el art. 3º inc. 30 del Cap. XXI de las NORMAS (N.T.2001) del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por Decreto Nº 677/01