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Timestamp: 2019-04-26 00:21:46
Document Index: 117017087

Matched Legal Cases: ['artículo 126', 'artículo 125', 'artículo 23', 'artículo 38', 'artículo 14', 'artículo 27', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 28', 'artículo 7', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 237', 'artículo 1']

CAPÍTULO 12.12 | Régimen de Seguros
SEGUROS EN ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN Y LEY DE INSOLVENCIA
NOTA DE FASECOLDA.- Por medio de la Ley 550 de 1999 – Ley de Intervención Económica se crea un mecanismo transitorio (5 años), tendiente a promover la reactivación empresarial mediante la reestructuración de las empresas pertenecientes a los sectores productivos de la economía, el cual sustituirá, durante dicho término, los trámites concordatarios previstos en la legislación comercial, salvo aquellos iniciados antes de la fecha de vigencia de la ley y que no se acojan al nuevo sistema.
Este procedimiento, denominado Acuerdo de Reestructuración, permite a las empresas que haya entrado en dicho proceso, junto con sus acreedores, determinar la forma en que se atenderán las acreencias.
Mediante Decreto 906 de 2000 se creó la Comisión intersectorial para la coordinación y seguimiento de la aplicación de la ley , con el fin de garantizar la debida organización en las acciones de las entidades estatales, tendientes a poner en marcha los instrumentos allí consagrados.
De acuerdo con el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006 se prorroga la vigencia de la Ley 550 de 1999 por séis (6) meses desde la fecha de vigencia de la citada ley 1116. Vencido dicho término, se aplica la Ley 550 de 1999 solamente y de forma permannete a las entidades señaladas por el artículo 125 de la Ley 1116 de 2006, esto es a las entidades territoriales, las descentralizadas del mismo orden y las universidades estatales del orden nacional o territorial de que trata la Ley 922 de 2004
FACULTAD DE LOS ACREEDORES DE HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS
[3‑1531] Art. 14. Efectos de la iniciación de la negociación.
Parágrafo 1º.- Dentro de los diez días siguientes a la iniciación de la negociación, el acreedor del empresario que sea beneficiario de fiducias mercantiles en garantía o de cualquier clase de garantía real constituida por terceros, o que cuente con un codeudor, fiador, avalista, asegurador, emisor de carta de crédito y, en general, con cualquier clase de garante del empresario, deberá informar por escrito al promotor si opta solamente por hacer efectiva su garantía o si no prescinde de obtener del empresario el pago de la obligación caucionada. Si el acreedor guarda silencio o manifiesta que no prescinde de hacer valer su crédito contra el empresario, se estará a lo previsto en el inciso primero del presente artículo, los créditos objeto de los procesos suspendidos quedarán sujetos a lo que se decida en el acuerdo, y en caso de iniciarse procesos en su contra, los terceros garantes y los titulares de los bienes gravados podrán interponer la excepción previa correspondiente.
SOLICITUD DEL RECONOCIMIENTO DEL CREDITO POR PARTE DE LA ASEGURADORA QUE PAGO
[3‑1531‑01] Art. 25. Determinación de acreencias.
Parágrafo 1º.- Antes de la reunión a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley, el garante, avalista, el asegurador, el emisor de cartas de crédito, el fiador o el codeudor del empresario que haya pagado obligaciones a cargo del empresario al acreedor que haya optado por cobrarles solamente a ellos, podrá solicitar al promotor que reconozca sus créditos; y si no hubieran pagado antes de dicha reunión, podrán solicitarle que se constituya la provisión de fondos necesarios para atender el pago eventual de sus créditos, en la forma en que corresponda de conformidad con el acuerdo.
PASIVOS PENSIONALES DENTRO DEL PROCESO DE REESTRUCTURACION
[3‑1532] Art. 41. Normalización de los pasivos pensionales. Los acuerdos de reestructuración en que el empleador deba atender o prever el pago de pasivos pensionales, deben incluir las cláusulas sobre normalización de pasivos pensionales de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, a la cual deben ajustarse también los actos y contratos que se celebren y ejecuten con base en tales cláusulas.
Parágrafo 2o.- Los patrimonios autónomos que se constituyan como garantía para la financiación de los pasivos pensionales podrán ser administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones o por las Sociedades Fiduciarias en la forma en que señale el Gobierno Nacional.
PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER TRANSITORIO
[3‑1532‑01] Art. 79. Vigencia. Esta ley regirá durante cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario oficial, y durante el mismo plazo se aplicará de preferencia sobre cualquier norma legal, incluidas las tributarias, que le sean contrarias.
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, las disposiciones de esta ley se entienden incorporadas en los acuerdos de reestructuración que lleguen a celebrarse legalmente durante su vigencia, por lo cual se ejecutarán con sujeción a lo dispuesto en ella, al igual que los demás actos y contratos que se celebren en desarrollo de los mismos.
El parágrafo primero del artículo 14 de esta ley sólo se aplica a las garantías de terceros otorgadas con posterioridad a su entrada en vigencia. Las garantías preexistentes sólo podrán hacerse efectivas si transcurrido el plazo previsto en el artículo 27 de esta ley no se celebra un acuerdo; mientras tanto, podrán practicarse medidas cautelares; y la iniciación y continuación de procesos judiciales contra el garante, al igual que la ejecución de las garantías reales o fiduciarias, se sujetarán a lo dispuesto en el literal b del parágrafo segundo del artículo 14 de esta ley. El parágrafo segundo del artículo 14 de esta ley se aplica respecto de garantes personas naturales que hayan otorgado las garantías (antes) o después de la vigencia de esta ley.
NOTA DE FASECOLDA.- La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-586/01 de junio 6 de 2001.
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS POR PARTE DEL PROMOTOR
Decreto 090 de 2000
[3‑1533] Art. 7. Constitución de garantías. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 550 de 1999, dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo para la recusación o a la notificación del auto que la niegue, el promotor constituirá y presentará para su aceptación por parte del nominador, las siguientes garantías, otorgadas por compañías de seguros legalmente autorizadas para operar en el país:
a) Garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones del promotor de conformidad con la ley y el reglamento;
b) La responsabilidad civil del promotor en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo 28 de la Ley 550 de 1999.
El monto de la garantía será fijado por el nominador, atendiendo las características de la negociación, la clase de actividad desarrollada por el empresario, su naturaleza jurídica y el monto de sus activos, de conformidad con la metodología que para el efecto señale la Superintendencia de Sociedades.
REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS POR PARTE DEL PROMOTOR
Resolución 100-122 de la Superintendencia de Sociedades
[3‑1533-01] Art.1. De la constitución de pólizas por parte de los promotores.
Clases de pólizas. El artículo 7 del Decreto 090 de 2000 dispone que, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para la recusación o a la notificación del auto que la niegue, el promotor deberá constituir y presentar al nominador, para que sean aprobadas por éste, las siguientes garantías, las cuales deben ser otorgadas por compañías de seguros legalmente autorizadas para operar en el país:
a) Garantía de cumplimiento que ampare las obligaciones del promotor señaladas en la Ley 550 de 1999 y el decreto 090 de 2000, y
b) Garantía de responsabilidad civil en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo 28 de la Ley 550 de 1999.
Requisitos de las pólizas
Las pólizas de garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil que constituyan los promotores deben reunir como mínimo los siguientes requisitos:
1.2.1 Póliza Garantía de Cumplimiento
a) Riesgo asegurable: Debe amparar el cumplimiento de las obligaciones del promotor contempladas en la ley 550 de 1999 y en el Decreto 090 de 2000.
b) Valor asegurado: No podrá ser inferior al diez por ciento (10%) de ocho (8) veces los honorarios mensuales fijados por el nominador del promotor.
c) Tomador: El promotor.
d) Afianzado: El promotor.
e) Asegurado: La empresa objeto del acuerdo de reestructuración.
f) Vigencia: El promotor deberá mantener vigente esta póliza durante todo el tiempo en que esté desempeñando sus funciones.
2.1.2 Póliza de responsabilidad civil
a) Riesgo asegurable: El incumplimiento de las obligaciones del promotor contempladas en el artículo 28 de la Ley 550 de 1999.
b) Cobertura: Indemnización por los daños que el promotor cause a los acreedores por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 28 de la Ley 550 de 1999.
c) Extensión de Cobertura: El amparo se extiende a cubrir el pago a favor de los acreedores de la empresa que adelante un acuerdo de reestructuración de una suma equivalente a cinco (5) veces el monto mensual de los honorarios y comisiones recibidas por el promotor, en calidad de perjuicios anticipados, sin necesidad de declaración judicial, en el evento en que el promotor no cumpla con los deberes previstos en el artículo 28 de la Ley 550 de 1999.
d) Valor asegurado por cobertura: No podrá ser inferior a una (1) vez los honorarios mensuales fijados por el nominador del promotor.
e) Valor asegurado por extensión de cobertura: No podrá ser inferior a cinco (5) veces los honorarios mensuales fijados por el nominador del promotor.
g) Tomador: El promotor.
g) Asegurado: La empresa objeto del acuerdo de reestructuración.
h) Beneficiarios: Los acreedores de la empresa objeto del acuerdo de reestructuración.
i) Vigencia: El promotor deberá mantener vigente esta póliza durante todo el tiempo en que esté desempeñando sus funciones.
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS POR PARTE DE LOS PERITOS
[3‑1533-02] Art. 2. De la constitución de pólizas por parte de los peritos.
Los peritos deberán constituir y presentar ante la entidad nominadora, para que sean aprobados por ésta, las siguientes pólizas, las cuales deben ser otorgadas por compañías de seguros legalmente autorizadas para operar en el país:
a) Garantía de cumplimiento de sus obligaciones.
b) Garantía de responsabilidad civil que ampare la indemnización por perjuicios que pueda causar el perito a la empresa o a los acreedores.
c) Requisitos de las pólizas
Las pólizas de garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil que constituyan los peritos deben reunir como mínimo los siguientes requisitos:
2.2.1 Póliza de garantía de cumplimiento
a) Riesgo asegurable: Debe amparar el cumplimiento de la gestión encargada al perito, de conformidad con las funciones que le señale el nominador.
b) Valor asegurado: No podrá ser inferior a una (1) vez el valor total de los honorarios fijados por el nominador del promotor.
c) Tomador: El perito.
d) Afianzado: El perito.
f) Vigencia: El perito deberá mantener vigente esta póliza durante todo el tiempo en que esté desempeñando su gestión.
2.2.2 Póliza de responsabilidad civil
a) Riesgo asegurable: Los perjuicios patrimoniales que cause el perito a la empresa que adelante un acuerdo de reestructuración o a sus acreedores, con ocasión de la gestión encomendada.
d) Asegurado: Los acreedores de la empresa objeto del acuerdo de reestructuración.
e) Vigencia: El perito deberá mantener vigente esta póliza durante todo el tiempo en que esté desempeñando su gestión.
INCREMENTO DE VALORES ASEGURADOS
[3‑1533-03] Art. 3. Del incremento de los valores asegurados. Los valores asegurados, anteriormente señalados, podrán ser incrementados a juicio del nominador atendiendo las características de la negociación, la clase de actividad desarrollada por el empresario, así como su naturaleza jurídica.
ENTIDADES EXCLUIDAS DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA
[3‑1533-04] Art. 3. No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la presente ley:
[3‑1533-05] Art. 17. A partir de la fecha de presentación de la solicitud, se prohíbe a los administradores la adopción de reformas estatutarias; la constitución y ejecución de garantías o cauciones que recaigan sobre bienes propios del deudor, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan dicha finalidad; efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso; conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo; ni efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios del deudor o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido; salvo que exista autorización previa, expresa y precisa del juez del concurso.
PARÁGRAFO 1o. Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a la remoción de los administradores, quienes serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios causados a la sociedad, a los socios y acreedores. Así mismo, se podrá imponer multas sucesivas hasta de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al acreedor, al deudor y a sus administradores, según el caso, hasta tanto sea reversada la operación respectiva; así como a la postergación del pago de sus acreencias. El trámite de dichas sanciones se adelantará de conformidad con el artículo 8 de esta ley y no suspende el proceso de reorganización.
EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN CON RESPECTO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y VIGENTES
[3‑1533-06] Art. 21. Por el hecho del inicio del proceso de reorganización no podrá decretarse al deudor la terminación unilateral de ningún contrato, incluidos los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con fines diferentes a los de garantía. Tampoco podrá decretarse la caducidad administrativa, a no ser que el proceso de declaratoria de dicha caducidad haya sido iniciado con anterioridad a esa fecha.
Cuando no sea posible la renegociación de mutuo acuerdo, el deudor podrá solicitar al juez del concurso, autorización para la terminación del contrato respectivo, la cual se tramitará como incidente, observando para el efecto el procedimiento indicado en el artículo 8 de esta ley. La autorización podrá darse cuando el empresario acredite las siguientes circunstancias:
CONSERVACIÓN Y EXIGIBILIDAD DE GARANTÍAS Y GRAVÁMENES
[3‑1533-07] Art. 43. En relación con las garantías reales y los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios que incluyan entre sus finalidades las de garantía y que estén vinculadas con acuerdos de reorganización, aplicarán las siguientes reglas:
[3‑1533-08] Art. 50. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce
La interrupción del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad de las acciones respecto de las obligaciones que contra el deudor o contra sus codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito o cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, estuvieren perfeccionadas o sean exigibles desde antes del inicio del proceso de liquidación judicial
[3‑1533-09] Art. 70. En los procesos de ejecución en que sean demandados el deudor y los garantes o deudores solidarios, o cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, el juez de la ejecución, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación que le informe del inicio del proceso de insolvencia, mediante auto pondrá tal circunstancia en conocimiento del demandante, a fin que en el término de su ejecutoria, manifieste si prescinde de cobrar su crédito al garante o deudor solidario. Si guarda silencio, continuará la ejecución contra los garantes o deudores solidarios.
PARÁGRAFO. Si al inicio del proceso de insolvencia un acreedor no hubiere iniciado proceso ejecutivo en contra del deudor, ello no le impide hacer efectivo su derecho contra los garantes o codeudores
[3‑1533-10] Art. 117. Las negociaciones de acuerdos de reestructuración, los concordatos y liquidaciones obligatorias de personas naturales y jurídicas iniciados durante la vigencia del Título II de la Ley 222 de 1995, al igual que los acuerdos de reestructuración ya celebrados y los concordatos y quiebras indicados en el artículo 237 de la Ley 222 de 1995, seguirán rigiéndose por las normas aplicables al momento de entrar a regir esta ley.
[3‑1533-11] Art. 118. Las solicitudes de promoción de negociación de un acuerdo de reestructuración y las de apertura de un trámite de liquidación obligatoria que, en los términos de la Ley 550 de 1999 y de la Ley 222 de 1995, estén en curso y pendientes de decisión al momento de entrar a regir esta ley, serán tramitadas por el juez del concurso, según el caso, para lo cual los solicitantes deberán adecuarlas a los términos de la misma.
[3‑1533-12] Art. 119. A las liquidaciones obligatorias de personas naturales comerciantes y de las jurídicas, iniciadas antes de la entrada en vigencia de esta ley, continuarán aplicándose los artículos 67, 68 Y 69 de la Ley 550 de 1999, hasta su terminación.
VIGENCIA DE LA LEY 1116 DE 2006 LEY DE INSOLVENCIA
[3‑1533-13] Art. 126. Salvo lo que se indica en los incisos anteriores, la presente ley comenzará a regir seis (6) meses después de su promulgación y deroga el Título II de la Ley 222 de 1995, la cual estará vigente hasta la fecha en que entre a regir la presente ley.
GARANTÍAS QUE DEBEN OTORGAR LOS PROMOTORES Y LIQUIDADORES DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSAGRADOS EN LA LEY DE INSOLVENCIA
Decretos 526 de 2009 y 962 de 2009
[3‑1533-14] Art. 32. Constitución de garantías. El promotor y el liquidador constituirán y presentarán para su aceptación al juez del concurso las siguientes garantías, otorgadas por compañías de seguros legalmente autorizadas para operar en el país:
NOTA DE FASECOLDA. Mediante el artículo 1 del Decreto 4402 de 2009, se aplazó la entrada en vigencia del Decreto 962 de 2009 el cual regirá a partir del 20 de febrero de 2010
EFECTOS DE LA INICIACIÓN DEL TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN DE DEUDAS EN EL PROCESO DE INSOLVENCIA PARA PERSONAS NATURALES, FRENTE A LOS DEUDORES Y GARANTES Y EN RELACIÓN CON LAS DEUDAS
[3‑1533-15] Art. 16. Efectos de la iniciación del trámite de negociaición de deudas. A partir de la aceptación de la solicitud del trámite de negociación de deudas se suspende el cobro de cualquier tipo de interés sobre las obligaciones objeto del procedimiento de insolvencia, así como de cuotas de administración, manejo o cobros similares que de cualquier modo el acreedor pretenda hacer exigible al deudor.