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Timestamp: 2019-08-19 14:27:02
Document Index: 221415679

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 255', 'artículo 138', 'artículo 133', 'artículo 22']

SEGUNDO. Trámite y resolución del amparo directo.
TERCERO. Trámite del recurso de revisión.
CUARTO. Trámite en este Alto Tribunal.
QUINTO. Radicación por la Sala.
SEXTO. Returno del asunto.
C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia.
II. Juicio de amparo directo
Sentencia dictada por el Tribunal Colegiado.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 3466/2014.
secretariO: DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO.
colaboró: ricardo torres vargas.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de treinta de marzo de dos mil dieciséis.
VISTOS, los autos para dictar sentencia en el amparo directo en revisión 3466/2014.
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil trece, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil siete, por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca penal **********.
La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.
SEGUNDO. Trámite y resolución del amparo directo. De la demanda tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuya Presidenta, por auto de trece de enero de dos mil catorce, la admitió a trámite y la registró con el número **********. En sesión de diecinueve de junio de dos mil catorce, emitió sentencia en la que otorgó el amparo y protección de la justicia Federal.
TERCERO. Trámite del recurso de revisión. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil catorce ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, el quejoso ********** interpuso recurso de revisión.
En proveído de cinco de agosto de dos mil catorce, la Presidenta del citado órgano colegiado tuvo por recibido el escrito de expresión de agravios y ordenó su remisión a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CUARTO. Trámite en este Alto Tribunal. Una vez recibido el escrito respectivo, por acuerdo de doce de agosto de dos mil catorce, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró y admitió a trámite el recurso de revisión con el número 3466/2014, con la reserva del estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realizara; asimismo, determinó que se turnaran los autos a la señora Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y ordenó su envío a la Sala de su adscripción.
QUINTO. Radicación por la Sala. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil catorce, el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Presidente de la Primera Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del recurso y ordenó enviar los autos a la ponencia de la señora Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas.
SEXTO. Returno del asunto. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil dieciséis, el Presidente de la Primera Sala ordenó returnar este asunto a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien quedó adscrita a esta Sala, para la elaboración del proyecto de resolución.
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la vigente Ley de Amparo, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de este Máximo Tribunal. Lo anterior, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal, dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión que ahora se analiza fue interpuesto de manera oportuna. De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue notificada de forma personal al ahora recurrente el nueve de julio de dos mil catorce, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, esto es el diez del mismo mes y año. De este modo, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del once de julio al once de agosto de dos mil catorce, debiéndose descontar los días doce y trece de julio; dos, tres, nueve y diez de agosto, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del dieciséis al treinta y uno de julio, por haberse suspendido labores en el Tribunal Colegiado del conocimiento. Por tanto, si de autos se advierte que el recurso de revisión fue interpuesto el uno de agosto de dos mil catorce,1 es claro que el recurso fue interpuesto de forma oportuna.
TERCERO. Legitimación. Además, este amparo directo en revisión fue interpuesto por persona legitimada para ello, en tanto que lo hace valer ********** por propio derecho, quien tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo del que deriva el recurso de revisión que se examina.
I. Juicio penal.
Con fecha catorce de agosto de dos mil seis, se ejerció acción penal en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en razón de parentesco, en agravio de **********, ocurrido el día doce de agosto de dos mil seis. Del asunto tocó conocer a la Juez Décimo Séptimo Penal del Distrito Federal, la que radicó la causa penal con el número **********, y por sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil seis, declaró penalmente responsable al inculpado de la comisión del delito de homicidio en razón de parentesco calificado, al haberse cometido con ventaja y traición, condenándolo a veintisiete años y seis meses de prisión.
En su contra, tanto el Ministerio Público como la defensora de oficio del quejoso interpusieron recurso de apelación, los que fueron resueltos en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil siete, por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el sentido de modificar la sentencia recurrida.
Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil trece, ********** promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución de fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, referida en el apartado anterior.
1) En su demanda de amparo, el quejoso señaló que las autoridades lo torturaron, mantuvieron incomunicado y amenazaron física y psicológicamente para que declarara, tomándole fotos antes de llevarlo a la delegación, forzándolo a firmar papeles.
2) Que en la delegación, no tuvo atención médica, por lo que se violaron sus derechos, aun cuando mostró los golpes en todo su cuerpo.
3) No se le notificó por qué estaba detenido y no le permitieron defenderse; además, que tuvo una mala defensa porque cuando llegó al reclusorio el defensor de oficio, ya había rendido su declaración.
4) Se transgredió en su contra el artículo 20 de la Constitución Federal, porque el juez no estuvo presente en sus audiencias, nunca se realizaron las pruebas de manera “libre y lógica”, todas fueron obtenidas violando sus derechos fundamentales, y no hubo equidad procesal.
5) Fue juzgado por analogía, lo que transgredió el ordinal 14 de la Constitución Federal.
6) Se violó en su perjuicio el artículo 1º constitucional, fracciones I, II, III y V, en virtud de que se le discriminó por la “concepción” del delito que se le imputó basándose en conceptos de derecho y no de legalidad.
7) Existían testigos de “oídas” y “aislados” a los cuáles no se les podía dar valor probatorio alguno, ya que los primeros no reunían los requisitos de la fracción IV, del numeral 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por no constarles los hechos, y los segundos porque no bastaba ese único dicho para fundar una sentencia, sino que se requería de un conjunto de ellos que integraran datos suficientes para justificar su “presunta” responsabilidad en el delito de que se trataba.
8) No se llevó a cabo correctamente el procedimiento, ya que fue parcial en su contra, lo que transgredió los artículos 16 y 17 constitucionales.
9) Era una clara violación constitucional y de derechos humanos imponerle pena pecuniaria por este concepto (agravados), en virtud de que no estaba contemplada en la Constitución y en los tratados internacionales a los que México está adscrito, siendo una clara violación al artículo 133 de la Constitución Federal.
10) Que se aplicaron conceptos que no tenían sustento en el artículo 133 constitucional, por tanto, las hipótesis agravantes no se podían aplicar.
En sesión de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió por unanimidad de votos conceder el amparo al quejoso, en virtud de lo siguiente:
Que el acto reclamado no vulneraba lo previsto en el artículo 1º constitucional, ya que del análisis de las constancias que integraban la causa penal, se advertía que el quejoso no fue discriminado por cuestiones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opinión, preferencias sexuales, estado civil o de cualquier otra índole que atentara contra la dignidad humana, por lo que resultaba infundado el motivo de disenso respectivo.
Indicó que si bien en la declaración preparatoria, al momento de proporcionar sus generales, el quejoso refirió pertenecer al grupo étnico mazahua, y que de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 58/2013 (10a)2 de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por esa sola manifestación se le debía considerar como miembro, lo cierto es que también manifestó hablar y entender el idioma español, así como que vivía en unión libre con la víctima desde hacía diecisiete años y que habían establecido su domicilio conyugal en el Distrito Federal.
De tal suerte, el tribunal colegiado estimó, que era evidente que el quejoso, debido al tiempo que había habitado en la Ciudad de México, conocía las leyes que regían la convivencia de la misma, por lo que de conformidad a sus parámetros culturales adquiridos, comprendía el contenido y alcance de las normas que le eran aplicables.
Asimismo, el tribunal federal precisó, que no pasó inadvertido que cuando el inculpado tenía reconocida su calidad de indígena, de acuerdo con el artículo 2º de la Constitución, éste gozaba, entre otros, de los derechos a expresarse en su propio idioma ante el órgano jurisdiccional que lo estaba juzgando y a que se le designara un intérprete-traductor durante la tramitación del juicio; a ser asistido por un defensor con conocimiento de su lengua y cultura; y, a que sus costumbres y especificidades culturales fueran reconocidas y ponderadas por el juzgador, quien tenía la obligación de allegarse para la toma de decisiones, de las periciales antropológicas, culturales y jurídico-antropológicas pertinentes, apoyándose, incluso, en las opiniones de miembros de la comunidad indígena con reconocido prestigio en el conocimiento de los usos y costumbres de la misma, o de cualquier otro medio que le permitiera adquirir esa información y que resultara necesaria para emitir sentencia.
Sin embargo, estimó que el inculpado sí hablaba y entendía el idioma español, además de que hasta esa fecha no se tenía conocimiento de que en alguna comunidad indígena del país, fuera costumbre aceptada privar de la vida a una persona y, menos aún, cuando existía entre aquél y ésta, relación de parentesco; aunado a que era de dominio público que el quitar la vida a un ser humano era socialmente desaprobado y, consecuentemente, sancionado.3
Enseguida, el órgano jurisdiccional consideró que no se vulneraron en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales contenidos en los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Federal, toda vez que la sentencia reclamada se dictó en un proceso que cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que tuvo la oportunidad de defenderse en el juicio y de formular conclusiones de inculpabilidad; fue juzgado conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, sin que advirtiera de la sentencia reclamada, que las penas impuestas hubieran sido individualizadas por simple analogía, por mayoría de razón o que no estuvieran establecidas en una ley exactamente aplicable al delito de que se trató –con la salvedad del aspecto que sería materia de concesión del amparo–.
Con base en lo anterior, el tribunal colegiado estimó que no hubo parcialidad hacia alguna de las partes procesales ni se trastocó la seguridad jurídica del sentenciado, puesto que estuvo en igualdad de circunstancias y oportunidades que su contraparte en el proceso, por lo que existió equidad procesal en el juicio seguido en su contra.
Luego, el tribunal federal señaló que resultaba infundado el argumento relativo a que la autoridad responsable actuó en el proceso penal de forma parcial, puesto que no existió dato alguno para establecer que ésta resolvió el asunto de manera arbitraria y a favor de los intereses de la representación social, sino, por el contrario, en forma apropiada indicó que las pruebas que obraban en el sumario habían resultado suficientes y eficaces para acreditar el delito y la responsabilidad del acusado en la comisión del ilícito.
Igualmente, el órgano colegiado indicó que no advertía infracción al precepto 16 de la Constitución, puesto que la autoridad responsable fundó y motivó el acto reclamado, es decir, mencionó los artículos que en su concepto resultaron aplicables al caso, analizó las pruebas y expuso los motivos que la llevaron a tener por acreditada la responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de homicidio calificado.
También, el órgano jurisdiccional precisó que no se violó en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de defensa adecuada, puesto que éste designó al defensor de oficio como su abogado, quien ofreció las pruebas que estimo pertinentes y por estrategia defensiva desistió de los medios de convicción que consideró convenientes y, en su oportunidad, interpuso recurso de apelación, aunado a que no se advertía omisión alguna de la defensa que hubiera dejado en estado de indefensión a la parte quejosa.
Asimismo, sostuvo que la declaración –confesión– del quejoso fue obtenida legalmente, misma que fue divisible, ya que éste manifestó haber realizado el hecho delictivo con motivo de la herida que primeramente su concubina le produjo, lo que le provocó enojo contra dicha ofendida y el ataque en su contra; declaración que satisfizo los requisitos previstos por el numeral 249 del código adjetivo de la materia.
Por otro lado, el tribunal colegiado declaró infundado el argumento del quejoso relativo a que estuvo incomunicado y bajo amenazas; ello, porque de autos se apreciaban dos deposados realizados en un hospital –lugar en el que se encontraba por haber sido lesionado el día de los hechos–, al cual acudió el juez de la causa, el secretario que dio fe, el ministerio público y su defensor de oficio, sin soslayar que en ese tipo de instituciones existía gran afluencia de personas de forma permanente, incluidos médicos y enfermeras que estuvieron a cargo de su recuperación, motivos por los cuales era inconcuso que tales conductas no se habían realizado, aunado a que el quejoso no especificó quién las había efectuado.
En ese sentido, el tribunal federal advirtió que la tortura a la que refirió el quejoso, únicamente fue manifestada al momento de la presentación de la demanda de amparo, por lo que, si bien era criterio del máximo tribunal del país que al ser la tortura un delito, éste debía ser comprobado a través del procedimiento establecido para tal fin e, incluso, debía iniciarse con la sola mención de que así había sido y las autoridades judiciales estaban obligadas a investigar independiente, imparcial y meticulosamente sobre ello, para esclarecer el origen, naturaleza y afectación a la integridad de la persona de que se tratara, lo cierto era que los órganos jurisdiccionales que intervinieron en el proceso penal no tuvieron noticia de que dicho quejoso hubiera sido torturado, aunado a que no existió indicio en la causa que así lo hiciera presumir.
En consecuencia, el órgano colegiado estimó infundado el concepto de violación respectivo, ya que las autoridades que intervinieron en el proceso penal no incumplieron la obligación de investigar y perseguir el delito de tortura, además de que no se actualizaba supuesto alguno de esa naturaleza para que fuera procedente tal investigación.
Por otra parte, el órgano jurisdiccional indicó que el quejoso sí recibió atención médica, ya que después de los hechos fue trasladado al Hospital General Balbuena, en donde fue intervenido quirúrgicamente por la herida de gravedad que presentó, además de que nunca fue enviado a la delegación, puesto que del nosocomio fue transportado al interior del Reclusorio Preventivo Oriente del Distrito Federal. Por tanto, fueron infundadas las manifestaciones correspondientes.
A continuación, consideró correcto que en el fallo reclamado se tuvieran por demostrados los elementos típicos del delito de homicidio en relación al parentesco, así como que fue legal el valor probatorio que se otorgó a las declaraciones existentes en la causa en términos del artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que si bien a los testigos no les constaban los hechos, lo cierto fue que todos vieron el cuerpo de la occisa, unos en el lugar de los hechos, y los de identidad en el Servicio Médico Forense, además de que supieron y les constó que el activo se encontraba junto a la víctima y que entre ellos existía una relación de concubinato.
Igualmente, el tribunal colegiado sostuvo que fue correcto que se considerara a la víctima “concubina” del sentenciado, en términos del numeral 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, ya que éste manifestó haber vivido con la ofendida durante aproximadamente diecisiete años en unión libre.
Estimó que fue correcto tener por acreditada la modificativa a que se refería el artículo 138, fracción I, puesto que la traición suponía ocultamiento moral insidioso del agente quien al atacar con quebrantamiento de la confianza, ya fuera expresa o tácita que la víctima le tuviere, impidiera la defensa de ésta, lo que en la especie había sucedido.
En cambio, el órgano jurisdiccional precisó que el concepto de violación relativo a que las agravantes no se podían aplicar, porque no tenían sustento en el artículo 133 constitucional, suplido en su deficiencia, era fundado, dado que la responsable no había observado que las pruebas aportadas al sumario no eran suficientes para tener por actualizada la calificativa de ventaja, lo que transgredía los principios de debido proceso y presunción de inocencia, por lo que se concedería el amparo para el efecto de que la responsable no tuviera por comprobada la calificativa de ventaja.
Por otro lado, señaló que fue correcto que se tuviera la conducta efectuada por el quejoso como típica, dado que encuadraba en la descripción legalmente prevista en el numeral 125 del Código Penal para el Distrito Federal; como antijurídica y dolosa, ya que no existió causa alguna de justificación, obró con conocimiento de las circunstancias de hecho y quiso su realización, y, como imputable, porque no medió prueba que demostrara su carencia de capacidad para conocer el deber de respetar la norma.
Asimismo, consideró que fue correcto tener por demostrado con los medios de prueba el delito y la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, por lo que era infundado el concepto de violación relativo a que se le condenó con base en un testimonio aislado, puesto que, aun cuando no especificó a qué testigo o dicho aislado se refería, la responsable no se basó en ninguno de ellos para emitir el fallo reclamado.
De igual forma, el tribunal federal sostuvo que no operaba en favor del quejoso la atenuante de estado de emoción violenta, ya que para efecto de poder establecer el estado psicológico en el que se encontraba en el momento de los hechos, necesariamente tenía que existir pericial en psicología y/o psiquiatría que así lo demostrara, sin que fuera suficiente para tener por acreditada tal circunstancia el dicho del sentenciado.
En diverso orden, el órgano colegiado estimó que la sentencia reclamada era violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, dado que la responsable, al convalidar el grado de culpabilidad equidistante entre la mínima y la media, tomó en cuenta el estudio de personalidad del quejoso, con lo que desatendió la tesis XCII/2013 (10a);4 asimismo, que dicha sentencia era incongruente, porque por un lado condenó al sentenciado a la indemnización y, por otro, lo absolvió de la reparación del daño moral,5 e incorrectamente estableció que la pena de prisión la compurgaría en el lugar que para tal efecto designara la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobernación del Distrito Federal, pues dicho pronunciamiento correspondía al juez de origen.6
Por otra parte, el órgano jurisdiccional indicó que si bien tratándose del delito de homicidio en razón de parentesco, si se reunían los requisitos en los artículos 71 ter y 71 quater del código punitivo, se debía reducir la pena de prisión impuesta al quejoso, lo cierto era que al tratarse de la comisión del delito de homicidio doloso no le era aplicable el referido beneficio de disminución de la sanción.
El tribunal colegiado señaló que si el principio de proporcionalidad de las penas contenido en el artículo 22 constitucional, consistía en que la sanción debía ser proporcional al hecho antijurídico cometido y al daño causado al bien jurídico que protegía la norma penal, por lo que las penas más graves se imponían a la infracción de los tipos penales más importantes, entonces, tratándose la vida de los seres humanos de un aspecto de mayor protección para la normatividad penal como derecho fundamental, no resultaba aplicable la reducción de la pena que se había impuesto al quejoso, en atención a los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.7
Finalmente, el órgano colegiado consideró que era inatendible el argumento referente a la pena pecuniaria, toda vez que no había sido condenado a tal sanción por la responsable, aunado a que el acto reclamado quedaría insubsistente en razón de que se otorgaría la protección constitucional y se ordenaría emitir otra sentencia de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo.
QUINTO. Agravios. Los agravios expresados por la parte quejosa se resumen en lo siguiente:
Que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito omite puntos de importancia que le causan agravio. Las autoridades no toman en consideración el estado de indefensión que tuvo ante la Agencia Ministerial, violando su reconocimiento de inocencia, asimismo, se viola el derecho de igualdad real de todas las personas, violando sus derechos fundamentales y, por ende, el debido proceso. Que las autoridades violan con flagrancia los artículos 17, 20, fracción V y VII, de la Carta Magna.