Source: http://iurishorizontes2000.es.tl/Comunicado-Numero-21.htm
Timestamp: 2018-01-16 19:01:46
Document Index: 289643469

Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 150', 'artículo 300', 'artículo 150', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 150', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 98', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5']

- ABOGADOS- HORIZONTE JURIDICO - COLOMBIA - Comunicado Numero 21
=> COMUNICADO 11 Sentencia C-149/09
=> Comunicado Numero 21
Comunicado Numero 21
La Corte Constitucional, en la sesión de la Sala Plena celebrada el día 5 de mayo de 2009, adoptó las siguientes decisiones:
1. EXPEDIENTE D-7424 - SENTENCIA C-313/09
LEY 617 DE 2001
Por la cual se reforma la Ley 134 de 1994, el Decreto Extraordinario 2222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica del Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional
Artículo 19. VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS. El artículo 20 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 20. Viabilidad financiera de los municipios y distritos. Incumplidos los límites establecidos en los artículos 6° y 10 de la presente ley, el municipio o distrito respectivo adelantará, durante una vigencia fiscal, un programa de saneamiento tendiente a obtener, a la mayor brevedad, los porcentajes autorizados. Dicho programa deberá definir metas precisas de desempeño, pudiendo contemplar la contratación a que se refiere el artículo anterior o el esquema de asociación de municipios o distritos de que tratan los artículos 148 y siguientes de la Ley 136 de 1994, entre otros instrumentos.
La Corte debe definir si la decisión sobre la fusión de un distrito por determinación de la respectiva asamblea departamental, cuando se den ciertas situaciones de insolvencia financiera, viola la reserva de ley establecida en los artículos 150, numeral 4 de y 300, numeral 6 la Constitución Política.
Primero.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones “y distritos”, “o distrito”, “o distritos”, contenidas en el inciso primero y en el título del artículo 19 de la Ley 617 de 2001.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “y distritos”, “o distrito”, “o distritos” contenidas en los incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 19 de la Ley 617 de 2000.
1.4. Razones de la decisión
El análisis de la Corte comienza por resaltar la especificidad de los distritos erigidos en la Constitución Política como entidades territoriales diferentes de los municipios. El fin de elevar ciertos municipios a la categoría de distritos, es el de sustraerlos del régimen municipal ordinario y dotarlos, en cambio, de un régimen legal especial. Esto no significa que en aquello en que no exista norma especial, no se pueda aplicar de manera subsidiaria, el régimen municipal ordinario de los municipios. Indicó que a diferencia del municipio, cuya creación, supresión, segregación y agregación corresponde a las asambleas departamentales, con sujeción a los requisitos que señale la ley (art. 300, num. 6), la existencia de la entidad territorial distrital depende del Congreso de la República. Según lo previsto en el artículo 150, numeral 4, es el legislador quien define la división general del territorio y fija las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales, (art. 150, num. 4 C.P.); éstas últimas leyes son de naturaleza orgánica, en la medida que sientan los parámetros a los cuales debe someterse el propio legislador al expedir las leyes correspondientes. Actualmente, no existe una normatividad orgánica que predetermine tales “bases y condiciones”, razón por la cual los distritos han sido creados mediante actos legislativos. Por consiguiente, la atribución constitucional de las asambleas departamentales prevista en el numeral 6 del artículo 300 de la Constitución no puede hacerse extensiva a las entidades territoriales distritales, en razón a la reserva legal que pesa sobre los actos de creación, eliminación, modificación y fusión de ellas y de que desconocería su especificidad como entidad territorial distinta de los municipios.
En cuanto se refiere al establecimiento de parámetros de viabilidad fiscal de los municipios y distritos, la corporación señaló que tiene fundamento constitucional en la facultad que le confiere al legislador el numeral 4) del artículo 150 de la Carta Política, para fijar las condiciones que determinen la existencia o desaparición de las entidades territoriales. A partir del establecimiento de categorías de municipios con base en la población y su capacidad financiera, la Ley 617 de 2001 fija un indicador de viabilidad fiscal de las entidades territoriales, en cuanto sus ingresos corrientes de libre destinación (ICLG) sean suficientes para atender los gastos de funcionamiento a su cargo y en cierto grado, algunos de inversión. Este indicador revela la posibilidad efectiva de autonomía del ente territorial y de su solvencia para contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes. Con base en ese criterio de sanidad fiscal, la ley señala unos límites al gasto de funcionamiento de las entidades territoriales, como un porcentaje de los ICLG –más alto para los municipios o distritos pequeños y más bajo para los grandes municipios o distritos- cuya transgresión activa los mecanismos establecidos en el artículo 19 de la Ley 617 de 2001, que deben aplicarse sucesivamente: (i) elaboración por el municipio o distrito de un plan de saneamiento financiero; (ii) elaboración por el departamento, de un plan de ajuste financiero que obliga al municipio o distrito; (iii) definición de la fusión del municipio o distrito con agregación a otro.
En ese orden, las obligaciones establecidas en el inciso primero del artículo 19 de la Ley 617 de 2001 para los distritos, de adelantar un programa de saneamiento financiero, ante el incumplimiento de los límites o parámetros establecidos en los artículos 6º y 10 de la misma ley, resultan ajustadas a la Constitución. En ausencia de regulación específica en la materia para las entidades distritales, se deben aplicar las normas generales adoptadas en desarrollo del artículo 150-4 superior. No ocurre así, con la disposición del inciso tercero de la norma acusada en relación con los distritos, toda vez que su fusión está reservada al legislador y no puede ser llevada a cabo por las asambleas departamentales, razón por la cual las expresiones impugnadas de este inciso fueron declaradas inexequibles. Consecuencialmente, la Corte declaró inexequibles los vocablos acusados de los incisos segundo, cuarto, quinto y sexto, pues estas disposiciones solamente se entienden a partir de la determinación de la fusión, de manera que para el caso de los distritos, deben correr la misma suerte.
2. EXPEDIENTE D-7443 - SENTENCIA C-314/09
2.2. Problemas jurídicos planteados
En el presente caso, le corresponde a la Corte resolver (i) si es posible predicar la existencia de una omisión legislativa relativa a partir del texto del artículo 24 de la Ley 795 de 2003, en cuanto estableció la obligación de implementar la figura del Defensor del Cliente únicamente en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y no a otras instituciones que no obstante desarrollar actividades financieras no están sujetas a la inspección y vigilancia de ese organismo; y (ii) si la citada disposición vulnera o no el derecho a la igualdad frente a los ahorradores que han confiado sus recursos a éstas últimas instituciones y, al mismo tiempo, implica incumplimiento de los deberes del Estado de proteger y promover las formas asociativas y solidarias de propiedad y de fortalecer las organizaciones solidarias, deberes previstos en los artículos 58 y 333 de la Constitución Política.
Declarar EXEQUIBLES, frente al cargo analizado, las expresiones “Las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria”, “las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria”, “las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria”, “Superintendencia Bancaria” y “Superintendencia Bancaria”, contenidas en el artículo 24 de la Ley 795 de 2003, “Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones”, norma que modificó el numeral 49 del artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
La Corte reiteró que en principio, carece de competencia para pronunciarse en relación con las omisiones legislativas absolutas, dado que el juicio de constitucionalidad recae sobre una norma legal específica que de no existir, no habría objeto de control. Cosa distinta ocurre con las omisiones legislativas relativas, ya que en este evento sí existe un precepto legal sobre el cual pronunciarse y es factible llegar a una conclusión sobre su exequibilidad a partir de su confrontación con preceptos superiores de los que emanaría el deber incumplido por el legislador. Para llegar a la conclusión de que se está en presencia de una omisión legislativa relativa, la jurisprudencia ha señalado que es necesario acreditar la concurrencia de cinco elementos, tres de los cuales no están presentes en este caso.
En efecto, prima facie los textos demandados del artículo 24 de la Ley 975 de 2003, evidentemente restringen la obligación de implementar la figura del Defensor del Cliente a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, lo cual incluye a las denominadas cooperativas financieras, pero no a otras entidades cooperativas que también cumplen actividad financiera. Esto implica que al menos, en principio, estaría demostrada la presencia de la norma de la cual se predica la omisión legislativa. No obstante, entre estos dos tipos de entidades existen diferencias sustanciales, habida cuenta que las cooperativas financieras hacen parte de los que se conoce como Sistema Financiero y por esa razón, se encuentran sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, mientras que las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito no se consideran parte del Sistema Financiero y en tal medida no están sujetas a dicha vigilancia sino a la de la Superintendencia de Economía Solidaria. Igualmente, mientras que las cooperativas financieras pueden prestar sus servicios tanto a sus afiliados como a terceros no asociados, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito sólo podrán hacerlo respecto de sus asociados. También son distintos los requisitos que deben cumplirse para la creación y entrada en funcionamiento de unas y otras entidades. Esto ha llevado a que la Corte en diversos fallos haya analizado en profundidad las diferencias existentes entre la normatividad aplicable a esas instituciones, avalando la razonabilidad y validez constitucional de tales diferencias, las cuales se explican en vista del distinto entorno dentro del cual cada una de ellas cumple su misión.
Además, la corporación encontró que no se demuestra que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador, pues no existe en realidad precepto constitucional del cual pudiera derivarse la obligación de implementar la figura del Defensor del Cliente, ni siquiera en relación con las instituciones que conforman el sistema financiero, respecto de las cuales la ley sí la hizo obligatoria. La naturaleza del sistema financiero y el reparto de competencias en relación con la regulación, inspección y vigilancia de las entidades que los conforman, el fenómeno de la economía solidaria y los elementos distintivos de las entidades que lo conforman, las condiciones bajo las cuales las instituciones del cooperativismo pueden prestar servicios financieros y la naturaleza y funciones del Defensor del Cliente como canal de comunicación para mediar en los desacuerdos entre la entidad y los clientes y usuarios del sistema financiero, permitieron concluir que el establecimiento de esta figura cae sin dificultad dentro del margen de configuración normativa que en ejercicio de sus funciones y en relación con estos temas, tiene el órgano legislativo. Por último, tampoco cabe predicar una discriminación entre los ahorradores de las cooperativas de ahorro y crédito multiactiva o integral y los depositantes de las cooperativas financieras, ya que no existe entre los sujetos comparados, la igualdad fáctica requerida para justificar una expectativa de trato similar. Los primeros, son necesariamente afiliados y por lo tanto hacen parte de la organización con la posibilidad de participar en sus decisiones, al paso que los segundos, entregan sus recursos a una entidad completamente ajena donde no tienen esa posibilidad. En consecuencia, la Corte procedió a declarar exequibles, frente al cargo examinado, las expresiones demandadas del artículo 24 de la Ley 795 de 2003.
3. EXPEDIENTE D-7350 - SENTENCIA C-315/09
Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo por ineptitud sustancial de la demanda contra las expresiones “o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo” y “o ingreso devengado” del artículo 5º, parágrafo 1o. de la Ley 797 de 2003.
La Corte encontró que los cargos impetrados por los accionantes no son ciertos, claros pertinentes, ni suficientes como lo exige el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. En realidad, los cuestionamientos de los demandantes parten de una premisa equivocada, de una interpretación inadecuada de la norma legal. En primer lugar, las razones formuladas para sustentar el cargo por violación del principio de unidad de materia no son ciertas, como quiera que ninguna de las expresiones normativas cuestionadas se refieren al sistema de salud, pues la expresión contenida en la última frase de la norma referida a salud, fue declarada exequible mediante sentencia C-064/05 y tampoco son suficientes, dado que los demandantes no establecen por qué tales expresiones no tienen una conexidad material teleológica o sistemática con la materia de la ley.
En segundo lugar, los actores formulan razones que no son ciertas y claras respecto de la presunta contradicción de los artículos 58 y 338 de la Carta, porque parten de la idea de que los recursos parafiscales deben destinarse a los fines establecidos en la Ley 797 de 2003 que los crea. Sin embargo, no es esta ley sino la Ley 100 de 1993, la que creó tales recursos y dispuso el destino que los demandantes censuran. Tampoco explican los actores, en qué consiste la desviación que se cuestiona. En tercer lugar, la supuesta presunción de fraude violatoria del derecho al debido proceso y del principio de buena fe no está presente en los segmentos normativos demandados, sino que surge de una interpretación de los motivos que según los demandantes tuvo el legislador al exigir la cotización simultánea para salud y pensiones. En cuarto lugar, no es cierto que según lo demandado, al trabajador que incumpla con la condición enunciada en la norma pierda la pensión, pues lo que hace es privar a los cotizantes de los beneficios a que conduce la acumulación de cotizaciones al sistema pensional, si la base usada para cotizar al sistema de salud no es idéntica.
En quinto lugar, más allá de afirmar que la exigencia de cotización simultánea para salud y pensión le quita al trabajador su derecho a la pensión, los accionantes no explican en que consiste la presunta regresividad del derecho a la seguridad social, por lo que este cargo no es suficiente, ni claro. Tampoco expresan por qué a pesar de que el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 797 de 2003 prevé un tratamiento especial para los trabajadores de bajos ingresos, esta medida es insuficiente para corregir la supuesta regresividad. En sexto lugar, los cargos por violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 22), del pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos (art. 9º) y de la Declaración Americana de Derechos de la Persona (art. 16), se basan en una premisa falsa que no se deduce razonablemente de los apartes acusados. En último lugar, los ciudadanos plantean una violación de fundamentos, fines y objetivos del Estado social de derecho, que parte de la misma falsa premisa de que la norma priva de la pensión de jubilación al trabajador independiente y al contratista, pues la norma se refiere al monto de las cotizaciones para la obtención del derecho a la pensión, sin que ello entrañe el desconocimiento de los derechos invocados. Por lo expuesto, la Corte se declaró inhibida para emitir un decisión de mérito.
Adicionalmente, la Corte hizo claridad acerca de que en este caso no había lugar al fenómeno de la cosa juzgada -como lo sostiene el Ministerio de la Protección Social en su intervención- toda vez que en la sentencia C-064 de 2005, se limitaron los alcances de la decisión de exequibilidad al cargo por violación del principio de unidad de materia referido exclusivamente a la frase final del parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 797 de 2003.
Hay 33112 visitantes (58694 clics a subpáginas) En esta Página