Source: https://tecnologuia.com.mx/llega-el-spam-politico-personalizado-como-te-espian-los-partidos-y-como-puedes-intentar-evitarlo/
Timestamp: 2019-06-24 18:03:12
Document Index: 88358349

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Llega el spam político personalizado: cómo te espían los partidos y cómo puedes (intentar) evitarlo – Tecnologuía
La nueva ley consiguió la unanimidad en el Congreso, pero no en el Senado, donde contó con la oposición de Unidos Podemos. La formación cambió su voto a raíz de la introducción en el texto del artículo 58 bis, el que permite a los partidos usar los datos de los ciudadanos sin permiso previo. El grupo parlamentario calificó las medidas como «peligrosas» en un comunicado en el que también anunció que llevaría la nueva ley ante el Tribunal Constitucional.
Antes de analizar sus efectos, cabe señalar que recoger y usar las opiniones políticas está prohibido en España, al ser consideradas por la LOPD como «datos especialmente protegidos». Solo se podría hacer bajo unos supuestos concretos: que la persona haya dado su consentimiento expreso, que esté afiliada, que exista un interés público esencial o que la ideología se haya hecho pública manifiestamente. Además, por norma general, los partidos no pueden contactar con los ciudadanos vía email ni por teléfono.
Desde antes de la aprobación de la nueva LOPD, muchas voces críticas se han alzado contra la reforma. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información calificó como «escandaloso» que la ley electoral autorice la construcción de perfiles ideológicos. Su director legal, Carlos Sánchez Almeida afirma que la medida busca “convertir los datos personales en mercancía electoral y legalizar el spam político”. El abogado ha reiterado la denuncia en múltiples ocasiones a través de sus redes sociales.
Tanto esta agrupación como la Asociación de Internautas sostienen que el artículo 58 bis contraviene la Constitución Española y la normativa europea concretada en la Regulación General de Protección de Datos. El texto expone, en su artículo 9, que el interés público para la recolección de estos datos «debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado». Algo que, según ellos, no se cumple.
El letrado Jorge Garcia Herrero, miembro de la Red Secuoya de expertos en privacidad, coincide con esa opinión en una entrevista para el blog de la aplicación legal LexGo. En ella afirma que la LOPD se aprobó «sin debate público ni dictamen del Consejo de Estado, sin cumplir las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos, y sin tener en cuenta desde ningún punto de vista la garantía de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos».
En Europa, muchos se han quedado perplejos con las nuevas medidas. El eurodiputado de Equo Florent Marcellesi aseguró en un testimonio publicado por la sección de tecnología de El Confidencial, Teknautas, que la ley española va «totalmente en contra de lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos aprobado en mayo».
Incluso los profesionales del sector propagandístico han mostrado su sorpresa. En el mismo reportaje de Teknautas, un directivo de una empresa española de «targeting» afirma que «esto es un Cambridge Analytica legalizado», en referencia al escándalo de la consultora británica que vendió los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook al equipo de campaña de Donald Trump.
El organismo lanzó una nota oficial tras la aprobación de la LOPD en la que alega que el artículo 58 bis solo permite la recopilación de este tipo de datos «para obtener información que les permita pulsar las inquietudes de los ciudadanos con el fin de poder darles respuesta en sus propuestas electorales».
Además, el comunicado destaca que el artículo aprobado definitivamente por las Cortes fue corregido para ofrecer mayores garantías de privacidad. En la enmienda 331 a la LOPD —que introdujo por primera vez el 58 bis—, sí se hacía referencia explícita a la «elaboración sistemática y exhaustiva de perfiles electorales de personas físicas», aunque lo supeditaba a una «previa evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales».
El pasado 11 de marzo, se publicó en el BOE una circular de la AEPD que fija los criterios a los que responderá la institución con respecto a este asunto. El objetivo de este documento es interpretar el artículo 58 bis conforme a lo establecido en la Constitución española «de modo
que no conculque derechos fundamentales, como el derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho a la libertad ideológica, la libertad de expresión e información o el derecho a la participación política».
El abogado y consultor Borja Adsuara Varela, partidario de declarar inconstitucional la nueva ley, aseguraba en Xataka que la circular de la AEPD ofrece una interpretación «restrictiva y garantista» y pone límites a la modificación de la LOREG. De esta manera, los partidos podrían recopilar datos, pero no crear perfiles ideológicos individuales a los que dirigir su propaganda. De hacerlo, se enfrentarían a posibles sanciones impuestas por la AEPD.
No obstante, el activista señalaba que lo deseable sería que el Tribunal Constitucional declarase la inconstitucionalidad del artículo 58 bis, algo que es altamente improbable que suceda en el corto plazo. «Hay algunos procesos que tardan 4 años en acabar con una sentencia en el Constitucional», aclaraba.
Esta situación de inseguridad legal ha hecho reaccionar a la sociedad civil. Además de plantear el recurso al Defensor del Pueblo para pedir que la reforma de la LOREG se declare inconstitucional, han surgido otras iniciativas para que los ciudadanos intenten defenderse del spam político. Estas propuestas se amparan en el derecho de oposición, al que la ciudadanía debe poder acogerse de un modo «sencillo y gratuito», según dicta el apartado quinto del propio artículo 58 bis.
Otra iniciativa que se ha adoptado en este sentido es la «Lista Viernes», puesta en marcha el pasado mes de marzo por la Fundación para la Defensa de la Privacidad y los Derechos Digitales, una asociación sin ánimo de lucro integrada por los expertos de la Red Secuoya. El proyecto funciona como un directorio de personas al que cualquiera se puede inscribir si no desea recibir propaganda electoral.
En principio, los partidos políticos no tienen por qué consultar la lista, al no ser una iniciativa vinculante. Sin embargo, desde el colectivo confían en «que se apunte tanta gente que se vean obligados a hacerlo», como asevera Francisco Adán, uno de los responsables de la lista. En definitiva, se trata de facilitar la labor a las formaciones y que no tengan ninguna excusa para permitir a la ciudadanía ejercer el derecho de oposición de forma fácil, como dictamina la ley.