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Timestamp: 2018-07-18 22:29:10
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Matched Legal Cases: ['Artículo 69', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 70', 'Artículo 70', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'artículo 42', 'Artículo 71', 'Artículo 71', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'artículo 71', 'artículo 88', 'artículo 42', 'Artículo 42']

Apuntes 5 [123996] | Derecho Administrativo I (UMA) | Unybook
Apuntes 5 (2015)
Apuntes 5 Artículo 69.1 Ley 30/92: los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
El procedimiento se inicia de oficio cuando la resolución de incoación se dicta por el órgano competente. El superior jerárquico, la petición razonada de otros órganos o la denuncia pueden motivar al órgano competente para realizar la resolución de incoación, pero el ‘’dies a quo’’ será, en todo caso, la fecha de la resolución de incoación.
Solamente se entenderá iniciado el procedimiento en la fecha de la petición del superior jerárquico, de otros órganos o de la denuncia si la ley así lo dice expresamente.
Artículo 69.2 Ley 30/92: con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un periodo de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Pueden darse actuaciones o trámites preliminares o preparatorios previos a la incoación o no del procedimiento.
La incoación del procedimiento como acto trámite debe ser una actuación motivada y justificada.
El Derecho de la Organización Administrativa evita todo aquello que no esté motivado.
Artículo 70.1 Ley 30/92: las solicitudes que se formulen deberán contener: nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones; hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud; lugar y fecha; firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio; órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
Artículo 70.2 Ley 30/92: cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.
Artículo 70.3 Ley 30/92: de las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la administración, podrán estos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.
Artículo 70.4 Ley 30/92: las administraciones públicas deberán establecer modelas y sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos. Los modelos mencionados estarán a disposición de los ciudadanos en las dependencias administrativas. Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.
Artículo 71.1 Ley 30/92: si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.
Si una solicitud tiene defectos, se da la oportunidad para que se subsane.
En muchos casos, la determinación de si un defecto de solicitud es subsanable o no plantea serios problemas. Por ello, en la normativa sectorial de muchos procedimientos se regulan los defectos que no son subsanables, y en tal caso la solicitud se entenderá como no presentada, y por tanto no se iniciaría el procedimiento.
Nadie puede adquirir por silencio administrativo aquello que no podría adquirir de forma expresa.
El plazo para subsanar el defecto de una solicitud es de diez días, prorrogable por otros cinco en ciertos casos.
Artículo 71.2 Ley 30/92: siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
El procedimiento se entiende iniciado cuando se presenta la solicitud, a pesar de que posteriormente se hayan subsanado defectos.
Artículo 71.3 Ley 30/92: en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquella. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
Un acta sucinta es un pequeño testimonio por escrito.
El silencio administrativo es, ante todo, una técnica para resolver problemas, por lo que tiene un componente práctico.
El silencio administrativo es un conjunto de soluciones prácticas que pretenden resolver los problemas generados por la falta de actuación de la administración de manera formal o explícita.
El silencio administrativo es un expediente técnico, una herramienta técnica; no es un concepto.
El silencio administrativo no es la única técnica prevista en relación con la no actuación de la administración, también está la caducidad.
El silencio administrativo es una respuesta concebida ante la falta de actuación formal y explícita de una administración en un plazo legalmente establecido.
El silencio administrativo se trata de una técnica muy importante.
Una actuación tácita o un silencio puede ser entendido como una aceptación o consentimiento (‘’qui tacet concedit’’ o ‘’qui tacet consentit’’, es decir, quien calla otorga). Sin embargo, esta regla no es siempre aplicable pues no todo silencio puede ser considerado un otorgamiento. En esta regla, el que calla es instado por el que solicita. Cuando el que calla está en una posición de supremacía respecto del que solicita, no se aplicará esta regla. Por otro lado, esta regla se aplicará cuando el que calla no tiene posición de supremacía respecto del que solicita, sino que es el solicitante el que posee esa supremacía.
El silencio administrativo posee una contextualización institucional propia sin la cual pierde si valor.
La regla de ‘’quien calla otorga’’ se aplica cuando el que solicita tiene una prioridad o preeminencia sobre lo solicitado respecto de a quien se lo solicita. Por tanto, esta regla no puede ser aplicada si no conocemos quién tiene la prioridad.
Hay que decidir previamente quién tiene la prioridad respecto a lo pedido.
La no actuación expresa y formal de la administración puede llevar a un sentido estimatorio en relación con lo solicitado (silencio administrativo positivo o estimatorio). Este silencio administrativo se da cuando se entiende que el solicitante posee la prevalencia sobre la administración.
El silencio administrativo negativo o desestimatorio se da cuando se entiende que la administración posee prevalencia sobre lo solicitado, y en este caso la no actuación lleva a un sentido desestimatorio en relación con lo solicitado.
La posición preeminente puede estar establecida por la ley.
En principio, el sentido del silencio es totalmente distinto (o positivo o negativo), pero en realidad se trata de dos respuestas constitutivamente distintas.
El silencio administrativo positivo vincula a la administración pública, y no podrá después revocarlo ni resolver algo contrario, pues equivale a una resolución expresa. Por el contrario, el silencio administrativo negativo no se tiene por una resolución expresa de la administración, sino que simplemente se trata de crear algo que poder recurrir, pero este silencio no vincula a la administración y esta puede, después, disponer lo contrario en una resolución.
El primer título en el tiempo es mejor en el Derecho.
Es posible que, aunque la ley no determine la posición preferente, sí de unas notas para poder determinarla.
Toda ley debe ser interpretada.
La prevalencia del título condiciona el sentido del silencio administrativo (positivo o negativo).
La ley, al decir el sentido del silencio administrativo en un caso concreto, está diciendo al mismo tiempo qué título prevalece.
En muchos casos, el sentido del silencio administrativo en casos concretos ha variado con el tiempo.
Se usa con frecuencia el sentido del silencio administrativo para favorecer o desfavorecer casos concretos, por eso ha variado en el tiempo.
Técnicas colaterales inciden considerablemente en los derechos.
La regla general de la Ley 30/92 es el silencio administrativo estimatorio o positivo.
La Ley 30/92 distingue entre procedimientos iniciados de oficio o a solicitud de interesado a efectos del silencio administrativo.
En los procedimientos iniciados de oficio, la técnica que se usa en el caso de la no actuación de la administración es la caducidad, no el silencio administrativo, ya que en los procedimientos de oficio no solicita nadie, y por tanto no puede darse la regla de ‘’quien calla otorga’’. Esto quiere decir que el silencio administrativo es una técnica que se usa solamente en los procedimientos iniciados a solicitud de interesado.
La dinámica de los derechos depende de las expectativas que se tienen de ellos.
La prevalencia de títulos solo tiene sentido cuando hay una solicitud.
En procedimiento que no tiene un plazo para que la administración actúe no tiene sentido.
El plazo que tiene la administración en un procedimiento es un plazo para notificar lo resuelto. Esto quiere decir que el plazo no es solamente para resolver, sino también para notificarlo. Hay que notificar a los afectados o interesados antes del plazo indicado.
Con la noción de notificar se entiende que debe haber también una resolución, pues no se puede notificar algo que no está resuelto aun.
El plazo que da la ley a la administración es común para resolver y para notificar, es decir, es un plazo para notificar lo resuelto.
Es imposible conocer lo que la administración ha resuelto si no es notificado.
Artículo 42.1 Ley 30/92: la administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la administración.
Artículo 42.2 Ley 30/92: el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.
El plazo general para notificar es de 6 meses.
Artículo 42.3 Ley 30/92: cuando las normas reguladores de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación; en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación (no es correcto, el plazo es de 6 meses, no de 3).
La Ley 30/92 tiene carácter supletorio y subsidiario respecto de los procedimientos especiales.
El silencio administrativo se usa también en los recursos administrativos.
Artículo 42.4 Ley 30/92: las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.
Artículo 42.5 Ley 30/92: el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente Ley; cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada; cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses; cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente; cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 88 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.
Ninguno de los supuestos del artículo 42.5 suspende por sí mismo el procedimiento, se suspenderá tras un acto trámite de suspensión del procedimiento. Además, la suspensión hay que notificarla, si no el procedimiento se tendrá por no suspendido.
Artículo 42.6 Ley 30/92: cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles. De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.
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