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Timestamp: 2020-01-23 02:54:33
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Asambleas generales: su convocatoria y comparecencia electrónica - Blog - José Carmelo Llopis - Notario
Asambleas generales: su convocatoria y comparecencia electrónica
Seguimos con el análisis de las Cooperativas valencianas que comenzó en este post relativo a la evolución legislativa hasta llegar al Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.
Una vez tratado en este otro post el concepto de sede electrónica y haber analizado el derecho del socio a relacionarse electrónicamente con la cooperativa, debemos tratar ahora otros asuntos en los que incide la normativa valenciana y que tienen trascendencia, digamos, digital. Esos asuntos son fundamentalmente dos: la convocatoria de la asamblea general por medios electrónicos y la comparecencia a distancia.
Convocatoria de la asamblea: ¿medios tradicionales o telemáticos?
La convocatoria de la asamblea se regula en el artículo 34, y recoge una vía que podemos denominar subsidiaria, legal y tradicional, y otra vía telemática.
La primera, la subsidiaria, legal y tradicional parte de la idea de la convocatoria mediante anuncio destacado en el domicilio social y en cada uno de los centros de trabajo, así como mediante carta remitida al domicilio del socio, o mediante cualquier otro sistema, previsto en los estatutos o en el reglamento de régimen interno, que asegure su recepción por la persona destinataria, con una antelación mínima de quince días y máxima de sesenta días a la fecha de celebración de aquella.
Es subsidiaria porque se aplica cuando no se haya pactado en estatutos la telemática. Es legal porque es la propia Ley la que garantiza la forma en que se deberá realizar, aunque añade algunas pinceladas de autocomposición estatutaria en su funcionamiento. Finalmente, es tradicional porque se centra en la publicación física en el domicilio social, con una relevancia de segundo orden a la comunicación electrónica individualizada.
Parece estar pensando el artículo en la comunicación postal, pero seguidamente añade que los estatutos sociales podrán prever que la convocatoria se difunda, además, por otros medios de comunicación, lo cual nos hace pensar, como ocurre en el artículo 25, en otros medios electrónicos o telemáticos. Queda confirmado esto cuando dice que la cooperativa facilitará al socio que formalmente lo solicite, y a su elección, la convocatoria por correo electrónico o postal, lo cual sirve para reiterar lo comentado, en cuanto a quién elige y qué elige, en el punto anterior.
Entonces, ¿cuál es la vía telemática?
La segunda, la vía telemática, es la que puede aplicarse cuando la cooperativa dispone de sede electrónica, y solo en caso de que disponga de ella. Dice el artículo 34 que, en ese caso, será válida la convocatoria efectuada en la página web corporativa de la cooperativa.
Esta convocatoria telemática nada obsta a que sea complementaria de la vía tradicional, pero la norma está pensando no tanto en una doble convocatoria (tradicional con notificación individual más telemática en sede electrónica) sino en una única convocatoria exclusivamente telemática, al decir que los estatutos sociales podrán establecer que la publicación en la web sea el único medio por el que se publique dicha convocatoria.
En ese sentido, las cooperativas que tengan más de 500 socios podrán sustituir la remisión de carta individualizada por la publicación del anuncio en al menos un periódico o bien optar estatutariamente por establecer que la publicación en la página web corporativa y la remisión de la convocatoria mediante correo electrónico al socio que formalmente lo solicite sea el único sistema de convocatoria.
Solo apuntar aquí que antes visto artículo 6 dice que si se interrumpiera el acceso a la página web por más de dos días consecutivos o cuatro alternos, no podrá celebrarse la asamblea general que hubiera sido convocada para acordar sobre el asunto a que se refiera el documento inserto en esa página, salvo que el total de días de publicación efectiva fuera igual o superior al término exigido por esta ley. De modo similar se recoge en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 11 ter.
Hasta aquí, todo correcto: se potencia la relación telemática, la economía en la convocatoria y se aligeran y simplifican procedimientos.
El problema: la prueba de lo publicado
El problema viene cuando se aligera también el modo de probar la convocatoria. La Ley, en una decisión discutible en mi opinión, intenta facilitar tanto la utilización de medios electrónicos que de se despreocupa en relación a los medios de probar lo publicado, sin que repare en la fehaciencia y seguridad jurídica o informática en materia de prueba.
Concretamente, dice que será prueba suficiente de la publicación de la convocatoria en la web la impresión de pantalla o listado electrónico equivalente en el que conste el contenido de la referida convocatoria, con los requisitos que esta ley establece, así como la fecha de publicación. Para acreditar que la convocatoria se mantiene durante el período legalmente exigible, será suficiente la impresión de pantalla diaria o listado electrónico equivalente.
No veo necesario entrar a discutir sobre si un mero pantallazo es prueba electrónica, sobre lo manipulable del mismo, sobre lo precario de su sustento jurídico y sobre lo arcaico que suena en el año de publicación de la Ley, 2015, existiendo soluciones tecnológicamente avanzadas para garantizar con un altísimo grado de fiabilidad la integridad e inalterabilidad del contenido, por ejemplo y entre otras cosas, por vía del sellado en tiempo electrónico.
Cierto es que el artículo 6 establece una delimitación clara en materia de responsabilidad sobre quién responde en cada caso por el contenido, la fecha de publicación y su mantenimiento, pero lo procedente, en mi opinión, hubiera sido obligar a las cooperativas que usan la sede electrónica a dotarse de un medio de prueba objetiva del hecho informático concreto, sin tener que acudir ni a presunciones ni a cargas de la prueba. Llama la atención que no se haya hecho, pues como vimos antes, el artículo 25 lo prevé, aunque de manera potestativa, para las comunicaciones socio-cooperativa.
Sigue similar esquema el artículo 11 ter de la Ley de Sociedades de Capital, responsabilizando a la sociedad de la seguridad de la web y de la carga de la prueba de los documentos publicados, si bien apunta la responsabilidad de los administradores por mantener lo insertado en la página web durante el término exigido por la ley, cuya declaración será suficiente para probar dicho hecho, que no obstante podrá ser desvirtuada mediante cualquier prueba admisible en Derecho. Vemos que aquí la Ley de Sociedades de Capital no se remite ni a impresiones de pantalla ni a procedimientos similares, sino que, con mejor criterio, admite cualquier medio admisible en derecho, dejando ya en su caso al Juez que valore si una simple y precaria captura de pantalla es o no es medio suficiente de prueba.
Finalmente, el artículo 36.9 9. permite un sistema de alertas al decir que los estatutos podrán regular un sistema telemático de alerta a los socios de los anuncios de convocatoria de asamblea general insertados en la sede electrónica de la cooperativa.
Comparecencias electrónicas en las reuniones.
El artículo 36.8 dice que los estatutos podrán autorizar que la asamblea general y los demás órganos sociales puedan celebrar sus sesiones por medios telemáticos. Entiendo que se está habilitando aquí a la cooperativa a que utilice en las reuniones de sus órganos formatos de videoconferencia.
Aunque no se determine el tipo de comunicación que debe fijarse desde el punto de vista técnico, al menos desde el punto de vista formal sí se dice que el empleo de ese medio sólo podrá existir si se garantiza debidamente:
a) El cumplimiento de los requisitos de constitución de la asamblea general o la reunión de los demás órganos sociales.
b) La identidad de la persona socia y de los demás sujetos que participen en la reunión.
c) La participación de la persona socia en la deliberación y toma de acuerdos, que asegurará, además, la posibilidad de que los demás participantes en la sesión puedan conocer la integridad de sus manifestaciones en ella.
d) La participación del socio o socia en el planteamiento de sugerencias y preguntas.
e) El ejercicio del derecho de voto y, en su caso, el secreto del mismo.
En definitiva, se debe garantizar que el socio que comparece electrónicamente parezca que está, a todos los efectos, presente.
El problema de raíz, en este caso, es en mi opinión, el punto b. La identidad del socio que utiliza este medio no se puede garantizar debidamente mediante el uso de videoconferencia, salvo que utilice un sistema de identificación electrónica que conforme al Reglamento eIDAS y la normativa de firma electrónica, sirva para su identificación indubitada. Y ello si hablamos de personas físicas, porque si hablamos de personas jurídicas debemos también acudir a la identificación de la persona jurídica en cuyo nombre se comparece y valorar la suficiencia de facultades.
Por sus fechas, no creo que se está pensando en un sistema como el introducido en España la Instrucción SEPBLAC de 12 de febrero de 2016, que reconoce la posibilidad de identificar mediante videoconferencia con la simple exhibición del documento de identidad a la webcam de modo que se pueda obtener una copia digitalizada.
Finalmente, en materia de ejercicio de los derechos de asistencia y voto en las sociedades anónimas, el artículo 189 de la Ley de Sociedades de Capital no prevé expresamente la videoconferencia, pero no la prohibe, al admitir la delegación o ejercicio del derecho de voto por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto.
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