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Timestamp: 2019-09-19 21:32:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 115', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 165', 'artículo 304', 'artículo 14', 'artículo 165', 'artículo 165']

﻿ Sentencia 19876 de julio 24 de 2003
SENTENCIA 19876 DE 24 DE JULIO DE 2003
CONTENIDO:LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO NO SE PUEDE EQUIPARAR A UNA SANCIÓN, PUES LA NATURALEZA DE UNO Y OTRO SON COMPLETAMENTE DIFERENTES. YA QUE EN PRIMERO EL VÍNCULO LABORAL SIGUE VIGENTE, EN EL SEGUNDO DE EXTINGUE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REINTEGRO LABORAL, SANCIÓN DISCIPLINARIA, DESPIDO DIRECTO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR
PONENTE:VÁSQUEZ BOTERO, FERNANDO
Sentencia 19876 de julio 24 de 2003
Rad.: 19876
Dr. Fernando Vásquez Botero
Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil tres.
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Jairo De Armas Murgas contra la sentencia de fecha 13 de junio de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente a la sociedad Drummond Ltda.
Jairo de Armas Murgas demandó a la sociedad Drummond Ltda., para que, previos los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia, se condene a reintegrarlo al cargo que desempeñaba o a uno de igual o mejor categoría, con el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido y hasta cuando se realice el reintegro. Reclama también el pago de horas extras.
Como súplicas subsidiarias pide el pago de: indemnización por despido injusto; prima proporcional de servicios, legal y extralegal; el excedente de cesantía, prima, vacaciones e intereses de cesantía; la indemnización moratoria.
Los hechos que le sirven de fundamento al actor para las anteriores pretensiones, son: que prestó sus servicios personales a la demandada del 25 de septiembre de 1995 al 1º de septiembre de 2000, fecha en la que se le dio por terminado el contrato de trabajo, alegando causa justa; que el cargo desempeñado fue el de ayudante de muelle y su último salario devengado era de $ 4.081.18 la hora ordinaria; que al efectuar la liquidación de prestaciones sociales y demás derechos, se estableció como salario promedio la cantidad de $ 1.801.164 mensuales; que el 24 de agosto de 2000 presentó quebrantos de salud, por lo que acudió a la EPS. Colseguros, en donde se le diagnosticó ureterolitiasis con cólico renal y se le concedió un día de incapacidad; que una vez se reintegró a la actividad laboral, le entregó a su jefe inmediato, Gary Castillo, supervisor, la incapacidad otorgada, quien le sacó fotocopia y le devolvió el original; que el 1º de septiembre de 2000 se le entregó la carta de despido, en la que se invoca como causa justificada la ausencia al trabajo el 24 de agosto de 2000 y haber presentado una incapacidad de fecha anterior, adulterada; que formó parte de Sintramienegética y, en consecuencia, goza de todos los beneficios convencionales; que no fue escuchado en descargos ni se le notificó a los directivos sindicales; que laboró con un horario por turnos de 12 horas diarias en una semana en el día y otra en la noche, por una semana de descanso, lo cual indica que diariamente laboraba 4 horas extras para un total de 28 a la semana diurnas y 28 nocturnas; que el Ministerio del Trabajo no ha autorizado a la empresa para que sus empleados laboren a la semana más de 48 horas, ni tampoco para ampliar la jornada suplementaria en más de 10 horas.
La demanda se contestó con oposición a todas y cada una de las pretensiones incoadas, y si bien se aceptó la existencia de la relación contractual laboral afirmada en los hechos, así como, los extremos, el cargo desempeñado, la última remuneración, su condición de miembro activo del sindicato y el no haberlo escuchado en descargos, no se hace lo propio en lo que atañe con la copia de incapacidad presentada por el actor y de la que se afirma si fue adulterada. Como excepciones se plantearon las que denominó: “Pago total de la obligación” e “Inexistencia de los derechos reclamados”.
La primera instancia terminó con sentencia del 15 de mayo de 2001, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ciénaga Magdalena, en la que se condenó a la sociedad demandada a reintegrar al actor al cargo que se encontraba desempeñando al momento de su despido o a uno de igual o superior categoría y al pago indexado de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir a partir del primero de septiembre de 2000 y hasta la fecha del reintegro. Se declaró la no solución de continuidad del contrato de trabajo que une a las partes del proceso. Así mismo, en lo demás absolvió a la demandada de las otras pretensiones.
Apelada la anterior decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, con providencia del 13 de Junio de 2002, la revocó y, en consecuencia, dispuso la absolución a la sociedad Drummond Ltda. de todas las súplicas contenidas en la demanda.
El tribunal en sustento de su determinación, en cuanto al medio de impugnación interesa, expuso:
“No se ofrece a discusión que el contrato de trabajo habido entre las partes terminó por decisión unilateral del empleador, es decir, se dio lo que en doctrina se conoce como despido.
“En el escrito contentivo del despido (fl. 13) se invoca como justas causas dos hechos:
“a) No haber asistido el demandante a su turno de trabajo el 24 de agosto de 2000.
“b) Haber presentado, el 1º de septiembre de 2000, la incapacidad Nº 130623 expedida por Colseguros EPS, elaborada de manera fraudulenta, pues ya había sido presentada anteriormente por el actor en orden a justificar una ausencia al trabajo el 20 de enero de 2000, a la que simplemente se le hicieron algunas adulteraciones para tratar de justificar la ausencia del 24 de agosto del mismo año.
“Con la demanda se acompaño fotocopia autenticada de la orden de incapacidad Nº 130590, expedida el 24 de agosto de 2000, a las 5:00 p.m. de EPS Colseguros, que da cuenta de la incapacidad del demandante durante esa fecha.
“No existe constancia de haber sido recibido por la sociedad demandada. A no dudarlo, correspondía al demandante exigir que en el texto del documento aludido se dejase la constancia de su recibo, en desarrollo de la diligencia y cuidado que ha de esperarse de un hombre prudente, diligente y cuidadoso. Tampoco obra en el plenario prueba que apunte a demostrar que ese instrumento fue entregado por el promotor de la litis y recibido por la enjuiciada”.
Adicionalmente, el ad quem, luego de hacer referencia al testimonio de Liz Cenit Vuelvas Ortíz, a las incapacidades de folios 48 y 49 del expediente, la de folio 68 y distinguida con el número 2095, el interrogatorio del demandante, así como las versiones suministradas por Gary Castillo y Abad Enrique Murgas Bonilla (fls 251 a 253 y 109 a 110), precisa:
“Una conclusión emerge del caudal probatorio: el demandante no justificó su ausencia al trabajo el 24 de agosto de 2000, como que no aparece acreditado que hubiese entregado a la sociedad demandada incapacidad alguna para trabajar.
“Además el actor no realizó esfuerzo probatorio alguno para tratar de explicar las razones por las cuales aparecen recibidas por la enjuiciada dos incapacidades con el mismo número de orden.
“La sociedad invitada al plenario honró su compromiso procesal de probar los motivos en que sustentó su decisión de poner fin al vínculo de trabajo, de manera que el despido deviene justificado”.
Finalmente, el juzgador, concluye que el despido no es una sanción disciplinaria, por lo que la demandada no estaba obligada a adelantar el procedimiento establecido en la convención colectiva de trabajo.
Fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por esta corporación, que procede a resolverlo previo el estudio de la demanda que lo sustenta y su réplica.
Al fijar el alcance de la impugnación el recurrente indicó:
“Pretende el recurso que la Honorable Corte, CASE TOTALMENTE la sentencia impugnada, y actuando la corporación en sede de instancia deberá confirmar la decisión condenatoria del a-quo y REVOCAR la decisión del ad-quem. Sobre costas hará lo que le corresponda de acuerdo con la ley”.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, el impugnante le formula a la sentencia controvertida tres cargos, los cuales se estudiarán en su orden:
“Se Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, del artículo 7 Literal "A" del decreto 2351 de 1.965, y de los artículos 1º, 18, 19, 418, 467, 470 y 165 CST, en concordancia con la convención colectiva de trabajo año 2000-2002 en su artículo 4º suscrita entre empresa y Sintramienergetica; y artículos 304, 1530, 1536, 1537, 1539 del Código Civil”.
Sostiene el censor que el Tribunal después de concluir que la demanda no estaba obligada a poner en practica el procedimiento establecido en la convención colectiva de trabajo, terminó revocando la condena impuesta por el Juez de primera instancia, olvidando lamentablemente que el artículo 4º de la CCT, en su comienzo, establece un procedimiento disciplinario, no una sanción. Que desde el momento de la presunta infracción cometida por el trabajador, el paso a seguir era el establecido por el artículo 4º de la CCT, porque en esa instancia no se sabe a plenitud si el trabajador cometió el acto de falsedad o adulteración del documento, había que oírlo en descargos y eso es lo que plantea el estatuto convencional, a partir de allí o sea el descargo entonces si podía despedirlo, acogiéndose a la facultad que tiene por mandato legal, pero no se puede dejar pasar esa oportunidad convencional.
Para el opositor el cargo adolece de errores de técnica en atención a que en el desarrollo del ataque no se menciona ninguna de las normas denunciadas y por lo mismo no señala el sentido equivocado que de las mismas considera hizo el tribunal. Que con relación al artículo 7º letra “A”, mal podía hacer algún ejercicio sobre su interpretación errónea ya que se refiere en términos generales a un artículo y a una letra que tiene 15 numerales, ninguno de los cuales fue citado en la proposición jurídica ni en el desarrollo del cargo. Que pese a señalar como interpretadas equivocadamente las normas antes relacionadas, en el desarrollo del cargo, solo predica la interpretación errónea del artículo 4º de la convención colectiva de trabajo, la cual transcribe y dice: “y el juez de alzada, interpretó erróneamente el mandato convencional” (pág. 10), con lo que incurre en la gravísima equivocación de incluir dentro del contexto de la violación por la vía directa un asunto fáctico, que es ajeno a esta vía, y lo que es más grave, considerar la convención colectiva como una disposición legal susceptible de interpretación, cuando es solamente una prueba que como tal, ha debido atacarse por la vía indirecta y como equivocadamente apreciada. Que la proposición jurídica es incompleta, ya que no menciona como violada la norma que tiene que ver directamente con la consideración de si el despido es sanción disciplinaria o no, que es el artículo 10 del Decreto 2351 de 1965, las demás nada tienen que ver con este aspecto.
De otra parte, el recurrente, en cuanto a sus consideraciones de fondo, afirma: “que el despido no es una sanción disciplinaria, de suerte que la demandada no estaba obligada a adelantar el procedimiento establecido en la convención colectiva de trabajo”. Que era entonces deber obligado del recurrente para infirmar la sentencia cuestionada, destruir por equivocada esta interpretación, que no tiene su origen en ninguna de las disposiciones legales señaladas como violadas sino en el artículo 115 del CST (art. 10 del Decreto 2351 de 1965), disposición que naturalmente no fue mencionada y mucho menos analizada, pese a que el tribunal basó su conclusión en esta norma que aparece transcrita en la jurisprudencia de la H. Corte que le sirvió de apoyo.
Insistentemente ha precisado esta corporación que cuando el ataque se ha dirigido por la vía directa, le impone al recurrente una plena y real conformidad con la valoración de las pruebas efectuada en el fallo acusado y aceptación de los hechos que se dieron por establecidos.
Se trae a colación lo anterior por cuanto, en este asunto, no obstante dirigirse la acusación por la referida senda, el censor la sustenta acudiendo a la convención colectiva de trabajo por parte del tribunal y expone: “lamentablemente olvidó que el artículo 4º de la CCT, en su comienzo establece un procedimiento disciplinario, no una sanción”. Y como bien es sabido el acuerdo convencional es un medio probatorio y, por ende, atacable por la vía de los hechos, lo que hace, por este aspecto, que el cargo esté técnicamente mal formulado.
De otra parte, tampoco cumple el recurrente con su obligación de indicar y demostrar cuál fue la hermenéutica equivocada que el tribunal le asignó a las disposiciones legales denunciadas en el cargo, y cuál ha debido ser el alcance que a su juicio debió dársele a las aludidas preceptivas, para que de esa forma pueda la Corte asumir su función de ejercer el control de legalidad de la providencia cuestionada, pues en virtud a lo rogado del recurso sólo es permitido hacerlo en perspectiva del derrotero trazado.
Se desestima, entonces, el cargo.
Empero, lo anterior no obsta para agregar que siendo lo discutido en el ataque que el despido de que fue objeto el demandante equivale a una sanción disciplinaria, lo que sí puede exponerse, en principio, por la vía directa, tampoco incurrió el juzgador en algún desacierto jurídico al estimarlos como diferentes, ya que esta Sala tiene precisado que una y otra medida tienen distinto tratamiento legal.
Así se afirma por cuanto la jurisprudencia de la Corte ha precisado que la naturaleza del despido no es la de una sanción, por lo que para adoptar una decisión de esta índole el empleador, salvo convenio en contrario, no está obligado por ley a seguir un procedimiento de orden disciplinario; así se dijo, por ejemplo, en las sentencias del 10 de agosto de 2000, radicación, febrero 19 de 2002, radicación 17453 y julio 25 de 2002, radicación 17976, entre otras.
“Se acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, y en el concepto de aplicación indebida del artículo 7º del Decreto 2351, literal "A" - numeral 1º, lo que a su vez lo llevó a aplicar indebidamente los artículos 1º, 18, 19, 50, 127, 467, del CST; artículo 8º de la Ley 153 de 1887 del C. Civil. Violación en manifiestos errores de hecho derivados de la valoración equivocada de unas pruebas y en la omisión de otras”.
Los errores de hecho que denuncia en censor como incurridos por el tribunal, son:
“1. No dar por demostrado, estándolo, que el accionante el 24 de agosto de 2000 fue incapacitado por un día y que esta incapacidad se le expidió en un formato diferente al acostumbrado.
“2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor no entregó la incapacidad a tiempo.
“3. Dar por demostrado, sin estarlo, la negligencia del demandante para entregar la incapacidad de trabajo a la empresa.
“4. Dar como cierto el hecho de que el actor no intentó enterar a la empresa de su incapacidad y solo lo hizo el 31 de agosto”.
Las pruebas que se denuncian como causantes de los desaciertos fácticos antes relacionados, por su valoración errónea, son de las declaraciones del médico, Liz Buelvas Ortiz (fl. 245), el Jefe Inmediato, Gary Castillo (fl. 251), y la versión del demandante, (fl.249). Así mismo, se acusa por su no apreciación de los documentos de folios 19, 20, 68 y 103.
Para el recurrente le corresponde al empleador demostrar que las faltas en efecto fueron cometidas por el trabajador, sin que aparezca en el cuaderno procesal pruebas en el sentido de que el actor fue quien cometió la adulteración de la incapacidad, lo que manifiesta basándose en las siguientes situaciones: “a) Se solicitó en la contestación de la demanda, prueba sobre adulteración de documentos, en este caso de la incapacidad (f. 43) ante la Fiscalía, la misma fue ordenada por el juzgado (f. 67-numeral 8º), pero (...) después se elude la práctica de esa prueba y se hace una renuncia tácita de la misma (f. 255) luego, en este acto no estaba interesada la empresa en demostrar que efectivamente el trabajador cometió el hecho. b) La empresa acude a una entidad distinta a la encargada en los casos de delitos, o sea la Fiscalía, no lo hace, acude al DAS, y allí llaman a descargo a la médico, Liz Buelvas Ortiz, quien confirma que en efecto atendió al señor De Armas, el 24 de agosto y le expidió un día de incapacidad (f.245)”.
Asimismo, el impugnante expone que a partir de ese momento, no se hizo nada por demostrar que el trabajador había cometido el hecho, solamente el juez de alzada se dedicó a desentrañar la investigación procesal y concluir que el accionante fue quien cometió la adulteración del documento de incapacidad, pues, en la página 8 de la sentencia manifiesta que no se dejó constancia del recibido de la incapacidad, ni que tampoco fue entregada por el promotor de la litis a la fecha, solamente se hizo el 31 de Agosto. Que el procedimiento para la entrega de las incapacidades las narra en su declaración el señor De Armas (fl. 250 A 251), e igualmente las narra el señor Gary Cantillo (fl. 251 A 253), jefe inmediato del demandante, salió para la semana de descanso que habitualmente otorga la empresa a los trabajadores que elaboran por turnos, tal y como lo narra Abad Murgas, jefe de recursos humanos (fl. 109 a 111), y el jefe inmediato del actor, Gary Castillo, dice: “el me dice que una corresponde al 13 o 14 de agosto y la otra al 24 de agosto que también faltó y de esa manera me consta que las entregó.” (fl.251 a 253). Que el médico que atendió a la accionante refirió en su declaración ante las autoridades judiciales y el DAS, (fl. 245), que atendió al encartado el 24 de agosto de 2000, y que le otorgó un día de incapacidad. Que a partir de ese momento se llega a un procedimiento complicado para redactar la incapacidad original, que no es achacable al trabajador.
El opositor aduce: que es un error de técnica que el recurrente atacara las consideraciones que sobre los hechos que constituyeron la causal de despido hizo el ad-quem para calificarlas como justas, sin antes haber destruido la decisión del tribunal de no tener el despido como una sanción disciplinaria, y por lo mismo no sujeto al procedimiento de descargos o del trámite establecido en la convención colectiva, y si acepta como acertada esta conclusión, no ha debido hacer mención en el desarrollo del cargo de tal omisión el trámite del despido. Que ninguno de los yerros de hecho atribuidos al fallador de segunda instancia ocurrieron y menos alcanzaron la categoría de “manifiestos”, porque lo que realmente considera el Tribunal es que el actor presentó el 1º de septiembre de 2000 la incapacidad Nº 130623 expedida por Colseguros EPS. para justificar la no concurrencia al trabajo el día 24 de agosto del mismo año, cuando la misma incapacidad había sido presentada anteriormente para justificar la ausencia del trabajo el día 20 de enero de 2.000, por lo que tal incapacidad fue adulterada para acomodar las fechas, nada de lo cual ataca el recurrente y, menos aún, la conclusión final del juzgador de la ausencia injustificada al trabajo el día 24 de agosto de 2000. Que el recurrente olvida que la prueba testimonial no es idónea en casación laboral.
Insistentemente ha reiterado la corporación que cuando el cargo se endereza por la vía de los hechos, como aquí acontece, es obligación de quien pretende la casación del fallo controvertir la valoración de todas las pruebas en se que haya respaldado al fallador para formar su convencimiento, pues si se deja alguna de ellas libre de censura, la no objetada seguirá sirviendo de apoyo a la decisión, aun en el evento de que los reparos que se formulen respecto de los medios de convicción cuya estimación o falta de apreciación se cuestione resulten acertados.
Se trae a colación lo anterior porque de acuerdo con la sentencia recurrida, el Tribunal infirió la justa causa del despido luego de analizar en su conjunto y entre otros medios de convicción, los documentos visibles a folios 13, 48 y 49 del expediente, así como la declaración de Abad Enrique Murgas Bonilla (fls. 109 y 110), los cuales no fueron objeto de ataque, lo que, en consecuencia, hace, por lo antes anotado, que se mantenga inalterable la decisión recurrida; no sin advertir que si bien la prueba testimonial no es idónea en el recurso extraordinario de casación laboral, jurisprudencialmente se ha exigido su ataque cuando ha servido de fundamento al juez para dirimir la controversia, como sucede en este caso, pues ello es lo que permite la Corte, demostrado el o los yerros con prueba calificada, entrar a estudiar ese elemento probatorio para determinar si se destruye ese soporte, como también analizar las otras pruebas allegadas al proceso.
De otra parte, el censor infundadamente acusa por su no valoración el documento que milita a folio 68 del expediente, ya que al mismo se refirió expresamente el tribunal para anotar: “No figura acreditado que el formato de incapacidad Nº 2095 de Crear Salud S.A. (fl. 68) hubiese sido entregado por el promotor de la litis a la sociedad demandada”.
Pero es que además de lo hasta aquí precisado, el censor, no rebate debidamente el porqué el Tribunal se equivocó al concluir que “(…) el demandante no justificó su ausencia al trabajo el 24 de agosto de 2000, como que no aparece acreditado que hubiese entregado a la sociedad demandada incapacidad alguna para trabajar (…)”, pues al respecto es manifiesto que la misma está fundada en lo que antes también había deducido, a saber: “(…) Se presenta palmario que, en aras de disculpar la ausencia al trabajo el 24 de agosto de 2000, se utilizó la misma orden de incapacidad (la 130623) que se había usado para justificar la no asistencia a labores el 21 de enero de 2000 (…)”.
Así se afirma porque lo de la utilización de un mismo escrito de incapacidad para justificar dos ausencias diferentes, que es una deducción fáctica del juzgador, no fue desvirtuada en el cargo, como debe ser, es decir, que ello configure un error fáctico manifiesto por la inapreciación o la errónea valoración de un medio de prueba calificado.
En consecuencia, el cargo no prospera.
“Se acusa la sentencia de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 165 del CST, en concordancia con los artículos 1º, 18, 19, 161, y artículo 304 del CPC y con el 145 del CPL.SS, y artículo 14 de la Ley 50 de 1990”.
Aduce el censor que:
“(...) era imperioso determinar si en efecto se trabajaba horas extras en esta relación contractual, pero el juez de alzada, Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral, concluyó, que no existió interés de la parte demandante, puesto que, únicamente apeló la parte demandada. Pues bien, esto es cierto muy a pesar de la adhesión que reposa a folio-270; pero, me pregunto: ¿si existirá algún interés para recurrir en apelación cuando se ordena un reintegro del trabajador a sus labores, y al pago de los salarios dejados de percibir y a la no solución de continuidad en la relación contractual? Creo que no, pues en el fallo del a-quo están colmadas todas las pretensiones principales; y es por ello, que acudo a la casación laboral con este nuevo cargo, ya que él mismo, aplicó directamente el contenido el artículo 165 del CST, teniendo en consideración el término de tres semanas, sin apreciar que esa norma está sometida a determinados parámetros para poder ser aplicada; ellos son 1. ‘Que la naturaleza de la labor, no exija actividad continua’. 2. ‘Siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un período que no exceda de tres semanas no pase de ocho horas diarias ni de 48 a la semana’. Para el numeral primero, descrito en la demostración, la empresa Drummond, si exige actividad continua y en forma permanente y constante, pues su acción es la de embarque de carbón en los buques que llegan a puerto, prueba de ello es que los trabajadores laboran en turnos de 12 horas diarias continuas, para luego ser remplazados por otro turno de obreros con el mismo horario y número de horas trabajadas, durante una semana diurna, luego pasan a la semana nocturna y luego a la de descanso, ver declaración del Jefe de derechos humanos (f.109 a 111). Con esto demuestro que efectivamente si hay, en sus labores, actividad continua y permanente, y el artículo mencionado determina que no exija esa actividad continua (...) para el numeral segundo, este artículo se refiere a que el período laborado debe ser de tres semanas trabajadas, y en lo que nos ocupa, solamente se trabajan dos y se paga por la empresa una semana de descanso; por consiguiente, no se cumple con lo exigido por ese artículo del CST, es una exigencia de fondo legalmente establecida”.
Se precisa que el cargo por la vía directa y por la modalidad de la interpretación errónea del artículo 165 del CST en concordancia con otras disposiciones, no puede ser objeto de ataque sin antes haber destruido el recurrente la decisión del ad-quem de no entrar a estudiar lo relacionado con las horas extras y el reajuste de las prestaciones sociales porque el demandante se conformó con tal decisión ya que sólo apeló la parte demandada. Que la sola consideración que hace el cargo, como si se tratara de un alegato de instancia, de que hubo apelación adhesiva o la pregunta de si ¿puede tener interés en apelar alguien que gana el proceso en primera instancia con orden de reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir y la declaratoria de no solución de continuidad?, para considerar que debió admitirse el estudio de esas otras peticiones resulta inadecuada, improcedente y ajena a las armas elementales requisitos del recurso extraordinario de casación.
Con este cargo se discute la decisión del fallo recurrido de no examinar el de primer grado en cuanto desestimó las súplicas por concepto de horas extras y de reajuste a las prestaciones sociales, para lo cual adujo el tribunal que ese pronunciamiento no fue apelado por la parte demandante y, en consecuencia, se conformó con el mismo.
Sostiene el censor que como presentó apelación adhesiva a través del memorial visible a folio 270 del expediente era dable el análisis de los referidos pedimentos.
Ahora bien, en relación con la figura procesal de la apelación adhesiva que se encuentra regulada en el código de procedimiento civil y no así en el código procesal del trabajo y de la seguridad social, esta Sala de la Corte desde la sentencia del 16 de junio de 1986, radicación 0159, ha precisado que aquella no es aplicable en el proceso laboral toda vez que en el estatuto regulador del mismo existe norma que consagra y reglamenta en forma expresa del recurso de apelación, por lo que no hay vacío alguno que llenar a través de dicho mecanismo y en aplicación del principio de la integración.
De otra parte, si bien es cierto que el juez de primer grado ordenó el reintegro del trabajador al cargo que desempeñaba con el pago de los salarios dejados de percibir, también lo es que respecto a las pretensiones de reconocimiento de las horas extras y el reajuste de las prestaciones sociales, se dispuso la absolución de la parte demandada, no como consecuencia del primer ordenamiento aludido, sino en atención a que encontró probado con las nóminas el pago de tales créditos.
Por lo tanto, si el demandante no expresó, debidamente, ninguna inconformidad en relación con dicha decisión absolutoria, no puede ahora endilgarse al tribunal violación de la ley por la misma, cuando sabido se tiene que al juez de alzada le está circunscrito su examen sólo a los aspectos que fueron objeto de apelación, por lo que no puede enmendar la providencia en la parte que no fue materia de reparo, como sucedió en el sub judice con los créditos sociales ya aludidos.
Por último, si lo que pretende acreditar el recurrente es el derecho que le asiste al actor en que se le reconozcan las horas extras reclamadas y, consecuencialmente, que se le debía reajustar sus prestaciones sociales por incrementarse el salario base de liquidación, la vía directa que se ha seleccionado para este cargo, no es la apropiada con tal propósito, por tener que acudir para su demostración a los medios probatorios que se incorporaron al proceso. Muestra de ello, es que el mismo censor alude a la declaración del jefe de recursos humanos (fl. 109 a 111) para afirmar que con ello prueba que las labores del actor sí fueron continuas y permanentes, con lo cual se hace una indebida mixtura de los dos caminos de ataque: la vía directa y la indirecta.
No prospera, entonces, el cargo.
Como quiera que el recurso no sale avante y fue replicado, las costas por el mismo se le impondrán a la parte impugnante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 13 de junio de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral que Jairo De Armas Murgas le promovió a la sociedad Drummon Ltda.
Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte demandante.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.
Magistrados: Fernando Vásquez Botero—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz
Laura Margarita Manotas González, Secretaria.