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Timestamp: 2015-03-03 08:48:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 518', 'artículo 1966', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 607', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 752', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 39', 'artículo 148', 'artículo 106', 'artículo 774', 'artículo 775', 'artículo 578']

FORO DE ABOGADOS - ejecución sentencia impago alimentos - DERECHO
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Bella-EasoAdministradora del foroMensajes: 7.602Desde: 15/Feb/2006 � #1 � 28/Dic/2011, 12:58Hola a todos:Duda existencial, seguramente chorra, pero, no me aclaro: tengo que reclamar impago de alimentos y actualizar pensión. Sentencia de 2004.La pensión está mal actualizada desde la primera vez (no sé cómo lo han hecho, porque han sido enrevesados de narices). Así es que actualizo los importes y me salen cantidades a reclamar (pequeños picos anuales que el padre dejaba de pagar por esa mala actualización).Además hay algunos meses de impagos que también voy a reclamar.Y aquí me topo con el art. 518 LEC y con el art. 1966.1ª CC. Por tanto, sólo puedo reclamar los cinco años anteriores. Es decir, sólo puedo reclamar de diciembre de 2011 a diciembre de 2006. ¿O ya no puedo reclamar nada porque la acción ejecutiva me ha caducado al ser la sentencia de 2004? A ver, esto que digo es una gilipollez, pero es que me ha dado por ahí en lo que va de mañana (deben ser los estragos de la fiesta. Juro que no es una inocentada).La risa es la distancia más corta entre dos personas (Víctor Hugo)marojuAbogado expertoMensajes: 466Desde: 17/Ene/2008 � #2 � 28/Dic/2011, 13:35Hola Bella, por un momento me has hecho dudar....A ver se trata de solicitar la ejecución de esa Sentencia y puedes reclamar los últimos cinco años, lo que bien habias dicho al principio, desde Diciembre de 2006 a Diciembre de 2011.Bueno guapa, felices fiestas. Bellitina estará para comérsela.... besitosSi tengo una duda acudo a la Ley, si la sigo teniendo acudo al Foro.Komandante49Abogado l�derMensajes: 631Desde: 23/Abr/2008 � #3 � 28/Dic/2011, 13:36Bella espero esto valga viene de Tirant: Suerte 2.-La Pensión de Alimentos.Caducidad y Prescripción. El artículo 518 de la LEC establece que "La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso o en resolución arbitral caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución". El precepto es sin duda aplicable a la materia de familia y a la reclamación de pensiones impagadas, si bien no debe olvidarse que en estos casos se trata del pago de cantidades periódicas y que son exigibles en los días que se haya establecido, normalmente al principio de cada mes. Por esta razón, la eficacia de la resolución se pospone a cada uno de los momentos en que deba hacerse efectivo el cumplimiento, sin que nazca la acción ejecutiva mientras el deudor, llegado el día, no haya incumplido ( auto de la AP de A Coruña Sección 4º de fecha 12 de septiembre de 2007) por lo que es claro que el plazo de caducidad comenzará a contar para cada prestación periódica al día siguiente de cada una de las pensiones mensuales que debieron abonarse, y el único efecto es el de la imposibilidad de reclamar las pensiones impagadas más atrás de los cinco años anteriores a la demanda ejecutiva. El plazo previsto es de caducidad y apreciable de oficio, lo que permite que el Juez excluya en el auto de incoación las pensiones reclamadas que sean anteriores a los últimos cinco años, siendo plazo que no admite interrupción. El principio de irretroactividad de las normas, salvo que se disponga lo contrario, obliga a recordar que el precepto no puede aplicarse con efectos anteriores al 1 de enero del año 2001, fecha de entrada en vigor de la actual LEC, aunque habiendo transcurrido casi nueve años desde la entrada en vigor, no parece que estas precisiones necesiten ser tenidas en cuenta en la actualidad. Pero además, sigue vigente el artículo 1966 1º del código civil que al regular la prescripción quinquenal establece que "Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1ª) La de pagar pensiones alimenticias". Por ello, la SAP de A Coruña Sección 5º de 27 de marzo de 2007 ha resuelto que la cuestión del tiempo máximo de ejecución de las pensiones periódicas no se ha visto esencialmente afectado con la entrada en vigor de la nueva LEC del año 2001 sosteniendo que "...Esta interpretación del instituto prescriptivo aplicable a dichas pensiones periódicas no debería, en principio, verse alterada tras la entrada en vigor del art. 518 de la LEC de 2000, que, si bien establece un plazo general de cinco años para ejercitar las acciones ejecutivas fundadas en una sentencia judicial, a contar desde la firmeza de la resolución, que es de caducidad y sustituye al plazo de prescripción de quince años fijado en el art. 1971 del CC, no afecta, sustancialmente, al ejercicio de las acción para exigir el pago de las pensiones de alimentos y compensatoria, que, pese a estar impuestas por sentencia, sigue sometido al plazo especial de prescripción de cinco años previsto en el art. 1966-1ª y 3ª del CC , y no al general de caducidad para las acciones ejecutivas derivadas de resoluciones judiciales o arbitrales que contempla el art. 518 de la LEC, pudiendo ejercitarse incluso después de transcurrido el plazo de caducidad computado con arreglo a esta norma, ya que, de aplicarse éste en su literalidad, el derecho a reclamar el cumplimiento de la obligación de pagar la pensión reconocida en sentencia quedaría privado de eficacia y decaería, por efecto de la caducidad, después de transcurrir cinco años desde la firmeza de la resolución judicial, aunque se pidan las prestaciones devengadas y no satisfechas por el deudor en los últimos cinco años anteriores a la demanda, lo que resulta inaceptable, salvo que el expresado término de caducidad de la acción ejecutiva, en una interpretación correctora del art. 518 , a la que, en cierto modo, obliga la limitación de las causas de oposición a la ejecución de títulos judiciales establecida en el art. 556.1, que contempla la caducidad pero la prescripción, se compute a partir de cada uno de los plazos sucesivos incumplidos por el deudor y no desde que se dictó el título judicial, como impone el precepto. Es cierto que, con arreglo al principio general de irretroactividad de las leyes (arts. 2.3 CC y 2 LEC), considerado aisladamente y al margen del objeto de la ejecución despachada, la caducidad prevista en el art. 518 de la LEC no operaría en el caso de autos, porque, bien entendamos que el art. 518 de la LEC no debe ser aplicado nunca a la ejecución de sentencias, como es la que aquí se pretende ejecutar, que hubieran ganado firmeza con anterioridad a su vigencia, bien consideremos que, aún resultando admisible su aplicación a las acciones ejecutivas planteadas tras la entrada en vigor de la LEC de 2000, el 8 de enero de 2001, el plazo de caducidad se computaría entonces a partir de esta fecha, aunque se funden en títulos judiciales previos a la misma, interpretación que pudiera resultar más conforme con el tenor de la disposición transitoria cuarta del Código Civil, en ninguno de los dos supuestos podría oponerse a la presente acción ejecutiva, deducida en el año 2005. Pero, según hemos dicho ya, en este caso, en el que la obligación exigida en vía ejecutiva tiene el carácter de pensión o prestación periódica, tanto opere el plazo prescriptivo del art. 1966 del CC, aplicado en la sentencia recurrida, como el de caducidad del art. 518 de la LEC, computado desde el incumplimiento de las pensiones reclamadas, al margen de la situación de retroactividad o temporalidad en la aplicación de la ley procesal aquí concurrente, al haberse devengado todas ellas antes de los cinco años que precedieron a la interposición de la demanda, la acción ha quedado extinguida, por lo que debe prosperar la oposición a la ejecución despachada. En consecuencia, el recurso interpuesto por la ejecutante merece ser desestimado". El día inicial en la obligación de alimentos. El artículo 148 del código civil. El artículo 148 del Código Civil establece que "la obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda". Este precepto impide una reclamación de alimentos anterior a la fecha de la demanda, por ejemplo desde la separación de hecho; pero establece la fijación de los alimentos desde la reclamación judicial, incluso sin sumisión al principio dispositivo, aunque bueno sería que se generalizaran las demandas con suplicos que expresamente soliciten los alimentos desde la reclamación judicial, con sentencias que respondiendo a lo pedido, concedan los alimentos desde la presentación de la demanda. La razón del precepto obedece a la naturaleza de la prestación destinada a cubrir necesidades básicas, con afección al interés de menores y necesitados, aspectos que están constantemente presentes en materia de familia, siendo ejemplo de ello los límites de la embargabilidad de los sueldos más allá del salario mínimo interprofesional, límites inexistentes en materia de alimentos de conformidad con el artículo 607 de la LEC. En el mismo sentido, entiendo que es muy oportuno llamar la atención acerca de lo deseable que resulta que cuando la Audiencia Provincial o en tribunal superior varíe las decisiones sobre pensiones alimenticias o compensatorias, concrete los efectos de su decisión en el tiempo, estableciendo si se trata de un pronunciamiento de futuro o los efectos son desde la sentencia de primera instancia o desde la presentación de la demanda, pues estas cuestiones están afectadas por la consideración sobre si las cantidades ya entregadas y consumidas, pueden o no ser reclamadas; o los efectos de resoluciones que aumentan o disminuyen esas pensiones. En mi opinión, es absolutamente aplicable el artículo 148 de la LEC a las pensiones de alimentos reclamadas en pleitos matrimoniales o de progenitores entre sí, pues no observo una diferencia sustantiva entre los alimentos entre parientes surgidos de la necesidad, y las pensiones de alimentos entre los hijos; al menos no a los efectos de fijar el momento desde el que es posible reclamar la pensión. Coincido con quienes consideran que los efectos de la pensión se producen desde la interposición de la demanda, y que incluso la materia está sustraída al principio dispositivo, de forma que la determinación inicial se produce "ope legis", aunque parece más lógico redactar suplicos que pidan expresamente la pensión desde el día inicial, con resoluciones que respondan concretamente a la cuestión. Ahora bien, la concesión de los alimentos desde la interposición de la demanda, tiene la condición de que en ese momento exista ya la separación de hecho, pues en caso contrario, si sigue existiendo convivencia, no se da la condición de "ser exigible desde que los necesitare para subsistir" quien pide la pensión, que es requisito también exigido por el precepto. Igualmente, una vez fijada la pensión desde la fecha de la primera reclamación, bien en medidas previas o en provisionales o en la primera resolución judicial, las posteriores decisiones judiciales, son en puridad una modificación o una confirmación de lo anteriormente decidido, por lo que ya no tendrá sentido proceder a conceder efectos retroactivos a lo que de nuevo se resuelva. La materia entronca con la llamada ejecutividad inmediata de las resoluciones de familia que se deduce de la aplicación de los artículos 773.5 y 774.5º de la LEC y de los cuales es posible afirmar que en puridad, en materia de familia no existe la ejecución provisional de sentencias. En mi opinión, nada impide que las nuevas resoluciones concedan efectos retroactivos a las decisiones de extinguir, reducir o aumentar las pensiones de alimentos, paro habrá de ser teniendo en cuenta o el error absoluto de la sentencia de instancia que se revisa, o circunstancias especiales, como por ejemplo el abuso del derecho de quien reclama pensiones de alimentos cuando el hijo ya no vive en su compañía, en cuyo caso las decisiones estarán fundadas en razones distintas a las que se analizan como consecuencia de la aplicación del artículo 148 de la LEC. En el mismo sentido, debe recordarse que si bien en recurso de apelación es un recurso devolutivo en el que el tribunal superior revisa lo decidido en la instancia, conforme al brocardo "tantum resolutum, quantum apelatur"; sin embargo, en materia de familia, el artículo 752 de la LEC, establece que "1. Los procesos a que se refiere este Título se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento. Sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes. 2. La conformidad de las partes sobre los hechos no vinculará al tribunal, ni podrá éste decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en dicha conformidad o en el silencio o respuestas evasivas sobre los hechos alegados por la parte contraria. Tampoco estará el tribunal vinculado, en los procesos a que se refiere este título, a las disposiciones de esta Ley en materia de fuerza probatoria del interrogatorio de las partes, de los documentos públicos y de los documentos privados reconocidos. 3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable asimismo a la segunda instancia. 4. Respecto de las pretensiones que se formulen en los procesos a que se refieren este título, y que tengan por objeto materias sobre las que las partes pueden disponer libremente según la legislación civil aplicable, no serán de aplicación las especialidades contenidas en los apartados anteriores". En mi opinión, nada impide que el tribunal superior decida aumentar, reducir o suprimir una pensión de alimentos o reconocerla cuando no hubiese sido reconocido en la instancia, y desde luego podrá otorgar eficacia a su resolución desde la fecha de la interposición de la demanda, desde la fecha de la sentencia de instancia o desde la fecha de la nueva resolución; pero lo que se defiende es que lo que se decida, debe hacerse constar expresamente, pues de la lógica del sistema lo que se deduce es la eficacia inmediata de las resoluciones judiciales últimas que se vayan dictando y como consecuencia de ello, la sustitución de unas resoluciones por otras, según se vaya resolviendo atendiendo a la última situación fáctica apreciada. En este sentido, entiendo muy expresiva la STS de fecha 3 de octubre de 2008, que se transcribe en lo que aquí interesa recogiendo también el supuesto de hecho resuelto, Dice la citada resolución lo siguiente: "...el actor, a resultas de que su hija menor había decidido vivir con él, decidió ampliar su demanda interesando una pensión alimenticia a cargo de la demandada de 70.000 pesetas mensuales (420,71 euros). Como el Juzgado accedió a fijarla sólo por cuantía de 47.000 pesetas (282 euros) mensuales actualizables anualmente conforme al I.P.C., el hoy recurrente, además de expresar en apelación su disconformidad con la cuantía, adujo que la sentencia era incongruente por no pronunciarse sobre la fecha en que debía comenzar el devengo de la pensión -que a su juicio debía ser el día en que la hija comenzó a convivir con su padre (2 de abril de 2002) y no la fecha de notificación de la sentencia-, resolviendo la Audiencia sobre esta cuestión (Apartado A) del fundamento jurídico segundo) que la fijación del comienzo de la obligación es materia de orden público, y que el posicionamiento de las partes no es vinculante para el tribunal, y en su virtud, de conformidad con el criterio seguido en anteriores ocasiones por el mismo órgano, señala que "la pensión de alimentos tiene su inicio obligacional en el momento de dictado de la resolución que la fija". En relación al problema planteado procede acoger la impugnación al recurso que formula el Ministerio Fiscal, por cuya razonabilidad se acoge en su integridad. En el desarrollo argumental de este motivo, se alega, que la resolución recurrida, vulnera la doctrina de esta Sala, en la cuestión jurídica relativa al momento, en que el obligado a abonar una pensión de alimentos ha de comenzar a satisfacerla, citando varias sentencias de esta Sala, que establecen una doctrina coincidente relativa, a que la exigibilidad de los alimentos se produce desde la fecha en que se interponga la demanda. Entiende el recurrente que la resolución recurrida vulnera el artículo 148 del Código Civil al establecer, en el fundamento jurídico segundo, "que la pensión de alimentos tiene su inicio obligacional en el momento del dictado de la resolución que la fija." También se alega la existencia de doctrina contradictoria entre Audiencias Provinciales sobre tal cuestión jurídica, citando dos sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, dictadas por diferentes Secciones, que mantienen el mismo criterio que la sentencia impugnada, a las que contrapone otras dos dictadas por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya que mantiene un criterio dispar. Lo primero que procede precisar es que el pronunciamiento de la sentencia relativo a la pensión de alimentos a favor de la hija menor del matrimonio se dicta en un procedimiento de modificación de medidas seguido entre las partes, que modifica el progenitor custodio y por tanto el obligado al pago, y las sentencias dictadas por esta Sala y citadas en el recurso se refieren a un supuesto en que la reclamación de alimentos deriva de un litigio de reclamación de cantidad. Cabe, en consecuencia, dilucidar si es posible la aplicación del artículo 148 del Código Civil, cuando la reclamación de alimentos se plantea en un juicio de separación, nulidad o divorcio que tienen normas específicas procesales y sustantivas. Aunque los alimentos debidos a los hijos no pueden verse afectados por las limitaciones propias del régimen legal de alimentos entre parientes (en este sentido la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2005, señala: "que mientras la obligación de alimentos entre parientes descansa en la situación de necesidad perentoria de los mismos o para subsistir y se le abona sólo desde la fecha en que se interponga la demanda, los alimentos de los hijos, en la medida que tienen su origen en la filiación, artículo 39.3 de la Constitución Española, ni precisan demanda alguna para que se origine el derecho a su percepción, ni la Ley prevé excepciones al deber constitucional de satisfacerlos"), sin embargo, comparten en gran medida los caracteres de la regulación legal de los alimentos entre parientes regulados en los artículos 142 y siguientes del Código Civil . Tal criterio es seguido por esta Sala en sentencia de 5 de octubre de 199 : "no es sostenible absolutamente que la totalidad de lo dispuesto en el Título VI del libro I del Código Civil, sobre alimentos entre parientes, no es aplicable a los debidos a los hijos menores como un deber comprendido en la patria potestad". Por tanto, a la obligación de abonar alimentos a los hijos es aplicable el artículo 148 del Código Civil, que establece: "la obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda. Pero lo que realmente plantea dudas es la aplicación de tal precepto a las sucesivas resoluciones que pueden modificar los pronunciamientos anteriores una vez fijada la pensión de alimentos, bien por la estimación de un recurso o por una modificación posterior, como ocurre en este supuesto, que varia el progenitor obligado al pago. Sobre tal cuestión sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 106 del Código Civil que establece: "los efectos y medidas previstas en este capítulo terminan en todo caso cuando sean sustituidos por los de la sentencia o se ponga fin al procedimiento de otro modo", y en el artículo 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: "los recursos que conforme a la Ley se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieran adoptado en ésta", por lo que cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será sólo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha desde la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicta, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente, criterio seguido por la sentencia recurrida en el fundamento de derecho segundo. Siguiendo esta tesis, la pretensión de devolución o pago por diferencias que solicita el recurrente es improcedente, en aras del principio de seguridad jurídica, ya que la resolución dictada despliega sus efectos desde que se dicta, no dándose la situación de injusticia que denuncia, en la medida que cuando se planteó la demanda de modificación de medidas pudo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 775. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haber solicitado la modificación provisional de las medidas definitivas concedidas en el pleito anterior de divorcio, mecanismo procesal que no utilizó" Como es lógico, al defender que la resolución del tribunal superior en familia, debe contener una expresa fijación de la fecha desde la que entiende que deben producirse sus efectos, sin que pueda presumirse una eficacia sino desde la fecha de la propia resolución del órgano superior, se defiende también que los abogados debieran plantear la cuestión en estos términos al preparar el recurso. La ampliación de la ejecución. El artículo 578 de la LEC establece que "Si, despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede, o la obligación en su totalidad, se entenderá ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento. 2. La ampliación de la ejecución podrá solicitarse en la demanda ejecutiva. En este caso, al notificarle el auto que despache la ejecución, se advertirá al ejecutado que la ejecución se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieren consignado a disposición del Juzgado las cantidades correspondientes. Cuando el ejecutante solicite la ampliación automática de la ejecución, deberá presentar una liquidación final de la deuda incluyendo los vencimientos de principal e intereses producidos durante la ejecución. Si esta liquidación fuera conforme con el título ejecutivo y no se hubiera consignado el importe de los vencimientos incluidos en ella, el pago al ejecutante se realizará con arreglo a lo que resulte de la liquidación presentada ". El precepto es de especial aplicación en materia de familia, donde con tanta frecuencia se resuelve imponiendo pensiones de naturaleza periódica. En el encuentro entre Magistrados de Familia delaño 2008, por referencia al citado precepto se fijaron las siguientes conclusiones a las correspondientes preguntas: "3.-Frente a la ampliación de la ejecución cabe ¿oposición o recurso de apelación? Frente a la ampliación de la ejecución cabe la oposición del ejecutado, no recurso de apelación, ya que deben ofrecerse las mismas garantías que las existentes frente al despacho de ejecución. Las distintas oposiciones a las ampliaciones se tramitarán como distintos incidentes de oposición dentro del mismo proceso de ejecución". "5.- Existe un límite temporal para hacer la ampliación? Podrá hacerse la ampliación, o ampliaciones sucesivas al primer despacho de ejecución, hasta el momento mismo en que se proceda a la realización de los bienes que se hayan embargado al ejecutado. No existe precepto alguno que limite la facultad de ampliación". Ahora bien, dado que el ejecutado debe tener la posibilidad de oponerse, aunque es factible presentarse en la vista señalada por el Juez tras la oposición mostrada reclamando el importe de nuevas mensualidades vencidas, habrá de asumirse que el ejecutado puede solicitar la suspensión si se insiste en que no quede resuelto lo anteriormente reclamado, para poder hacer uso de la facultad de oponerse a las cantidades que motivan la ampliación.Cuando un hombre pide justicia es que quiere que le den la razón." &#149;	Santiago Rusiñol i PratsBella-EasoAdministradora del foroMensajes: 7.602Desde: 15/Feb/2006 � #4 � 28/Dic/2011, 16:05Mil gracias. Es lo que pensaba, pero se me cruzaron los cables.PD: La cría está fenomenal; es una bruja y peleona. Va para inspector de policía o para juez (aviso a navegantes).La risa es la distancia más corta entre dos personas (Víctor Hugo) ATENCI�N: Este tema no tiene actividad desde hace m�s de 6 MESES,te recomendamos abrir un nuevo tema en lugar de responder al actualFORO DE ABOGADOS � GENERAL � DERECHOOpciones:Versi�n imprimible del temaSubscr�bete a este temaDate de baja de este temaIr al subforo: [ Selecciona un subforo ]DERECHOEXTRANJER�AFORMULARIOSPROCURADORESBAREMOS COLEGIOS DE ABOGADOS�C�MO PODEMOS MEJORAR EL FORO?EL BARVIAJESPRESENTACIONES Y CREACIONESM�SICAPROBLEMAS T�CNICOS TU NO PUEDES Escribir nuevos temas en este foro TU NO PUEDES Responder a los temas en este foro TU NO PUEDES Editar tus propios mensajes en este foro TU NO PUEDES Borrar tus propios mensajes en este foroAhora son las 09:48 UTC+01:00Temas similares I FotoPTemaMensajesVisitas�ltima respuestaEJECUCION SENTENCIA IMPAGO EN SOCIALPor: pacoabogado � 14/Sep/2011, 17:12110814/Sep/2011, 18:16liarliar oposicion ejecucion forzosa impago alimentosPor: abogada20 � 25/Abr/2011, 20:190499Hoy, 01:00Invitad@ oposicion ejecucion forzosa impago alimentosPor: abogada20 � 25/Abr/2011, 20:3821.82626/Abr/2011, 12:47fb@1322713436 modelo ejecución sentencia impago de alimentos.Por: ADBOGADOJMG � 13/Oct/2009, 12:44314.46513/Oct/2009, 13:15Invitad@ OPOSICION EJECUCION POR IMPAGO ALIMENTOS Y LEGITIMACION ACTIVAPor: sanigma8 � 11/Jul/2011, 19:43279618/May/2012, 21:19ea8ee Follow @musicagoralegal