Source: http://formu.info/el-procedimiento-de-incapacitacin-y-tutela.html
Timestamp: 2019-12-05 17:41:53
Document Index: 103469843

Matched Legal Cases: ['artículo 199', 'artículo 200', 'artículo 761', 'artículo 760', 'artículo 223', 'artículo 753']

El procedimiento de incapacitación y tutela
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1. Procedimiento de incapacidad. Concepto de incapacidad
Enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico
Carácter persistente de la patología diagnosticada
Privación o restricción del autogobierno
Personas que pueden interponer la demanda de incapacidad).
2.2.2. Ministerio Fiscal
2.2.3. El presunto incapaz
Desarrollo del juicio y prueba
Durante mucho tiempo se ha considerado el procedimiento de incapacitación como algo negativo, incluso cruel para las personas que adolecían de algún tipo de patología.
Pero esto, afortunadamente, pertenece a un pasado superado. Desde hace años los avances científicos y psicopedagógicos han dado lugar a que muchas personas que por las deficiencias sufridas eran postergadas, puedan hoy tener su propia vida digna, independiente en muchos casos y llena de perspectivas de futuro en algunos casos, y de un presente digo.
La intención es poner en claro unas ideas fundamentales; estas ideas se podrían resumir en las dos siguientes: la primera de ellas quiere resaltar el hecho de que la incapacidad es una medida de protección que, para que verdaderamente cumpla su misión, ha de adaptarse a la situación concreta del presunto incapaz. La segunda hace referencia a que a mayor educación y prevención o, en su caso, prevención, diagnóstico y tratamiento precoz, menor incapacitación.
El incremento de la esperanza de vida que tenemos afortunadamente, supone un envejecimiento de la población, y el llamado estado de bienestar que ha logrado llenar la vida de años, exige que trabajemos para garantizar que los sistemas de protección de esas personas que por razones de edad, por razones de discapacidad, necesitan completar su capacidad a la hora de poder ejercitar algunos de sus determinados derechos.
Entremos de lleno en el procedimiento de incapacitación y tutela: un paseo por este proceso complejo en ocasiones y tan peculiar para nuestro derecho civil.
El Código Civil, en su artículo 199, dispone que nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley.
El artículo 200 establece que son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma.
Por tanto, son tres los requisitos que deben concurrir para que se pueda considerar que concurre causa de incapacitación:
Para que prospere la acción de incapacitación es preciso que se acredite una base patológica que sea persistente y resulte invalidante, en relación de causa-efecto. No todas las enfermedades o deficiencias son causas de incapacitación, sino sólo aquéllas que restrinjan o anulen la capacidad de autogobierno.
Por tanto, podemos concluir que la incapacidad supone necesariamente la limitación de la capacidad jurídica de un individuo mayor de edad que, sin embargo, tiene limitado o restringido su autogobierno y, en consecuencia, la posibilidad de decidir por sí mismo sobre su persona y bienes o bien sólo sobre su persona o sólo sobre sus bienes.
Las enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que dan lugar a la incapacitación generalmente son déficit sensoriales, retrasos mentales, deterioros cognitivos o demencias y trastornos psicóticos (esquizofrenias, trastornos de ideas delirantes, psicosis maníaco-depresivas). Las demandas se promueven también, aunque en menor grado, en supuestos de determinados trastornos de la personalidad, alcoholismo o toxicomanía crónicos.
Dentro de las patologías que pueden dar lugar a una causa de incapacitación es cada vez más frecuente en nuestra sociedad que se aprecien como tales los deterioros cognitivos propios de la vejez que degeneran en demencias seniles o enfermedades como el Alzheimer. Son enfermedades y patologías que se manifiestan con la edad y que tienen creciente incidencia en sociedades como la nuestra, que cuenta con una población cada vez más envejecida.
La enfermedad ha de tener una duración prolongada, si bien eso no implica necesariamente que sea irreversible, pero sí que durante un periodo de tiempo prolongado el individuo sea incapaz de decidir por sí mismo sobre su persona o sobre sus bienes o bien sobre ambas cosas a la vez, o, lo que es lo mismo, sobre sus propios intereses.
Presupuestos del carácter persistente:
a) Duración prolongada. En algunos casos este criterio no ofrece dudas cuando la enfermedad ha alcanzado un grado máximo de desarrollo, como por ejemplo en las demencias degenerativas. Existen más dudas en cuanto a las deficiencias psíquicas de carácter transitorio (brotes psicóticos temporales y esporádicos), las cuales no dan lugar a incapacitación.
Por otro lado están las deficiencias psíquicas de carácter cíclico que cursan por brotes (esquizofrenia o trastorno bipolar de la personalidad), respecto de las que la jurisprudencia ya se ha pronunciado (STS 10/02/86) en el sentido de que sí que pueden ser causas de incapacitación, si bien ha de delimitarse el alcance de dicha incapacidad, por ejemplo, en la medida necesaria para controlar la medicación o bien para someter al sujeto a un tratamiento coercitivo.
b) la enfermedad o deficiencia debe ser apreciable en el momento de iniciarse el procedimiento, ya que la sentencia carece de efectos retroactivos y lo realizado hasta ese momento es plenamente válido y no se vería afectado por la declaración de incapacitación. El hecho de que la enfermedad o deficiencia sea persistente no implica que ésta pueda desaparecer posteriormente, y el propio ordenamiento jurídico ha previsto esta posibilidad articulando un mecanismo en el artículo 761 de la LEC, que regula el procedimiento específico para modificar la incapacidad previa e incluso para rehabilitar la capacidad restringida.
El autogobierno sería la actitud reflexiva sobre la propia actuación, tanto en el plano personal como en la esfera patrimonial (Elena Comes y Blanca Escalonilla). Podría definirse como la aptitud del sujeto para guiarse o dirigirse por sí mismo en el ejercicio
de los derechos civiles (Manresa).
El juez será el que determine la extensión de la incapacitación conforme al artículo 760
de la LEC, por lo que no es preciso que la limitación del autogobierno sea total. En efecto, la patología puede ser causa de una limitación parcial del autogobierno y hacer
aconsejable una incapacitación limitada a determinados actos de la vida cotidiana o de
Para determinar el grado de autogobierno, el juez deberá contar con los correspondientes informes médicos que examinarán las circunstancias sociales, laborales y familiares del presunto incapaz y deberán reflejar en el informe emitido cuál es el grado de discernimiento del sujeto a la hora de asumir las funciones que impliquen una mayor o menor responsabilidad.
Será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia habitual del presunto incapaz. Los tribunales españoles son competentes si el presunto incapaz tiene residencia en España, independientemente de su nacionalidad.
Si existe Juzgado de Primera Instancia especializado en incapacidades y tutelas, será éste el competente.
Existen tres posibilidades: interposición de la demandad por determinados parientes,
por el Ministerio Fiscal o por el propio incapaz (Ley 41/2003).
2.2.1. Parientes
Se puede instar la demanda de incapacitación por parte del cónyuge o pareja de hecho.
Pueden iniciar también la incapacitación los descendientes, así como los ascendientes y hermanos. No pueden instar la incapacitación los parientes colaterales o lejanos (primos, tíos, yernos, sobrinos etcétera). A éstos sólo les queda la posibilidad de acudir al Ministerio Fiscal para que sea él el que inicie el procedimiento de incapacitación.
El Ministerio Fiscal tiene el deber de promover la incapacitación siempre que tenga noticia de que en una persona existe causa para ello. Podrá informar de esta causa de incapacitación al Ministerio Fiscal cualquier persona, incluidos los parientes que no pueden instarla por sí mismos. Las autoridades y los funcionarios públicos tienen la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de un presunto incapaz, lo que en la práctica se resume en: médicos, psicólogos, trabajadores sociales,
responsables de bienestar social, etc.
Para que el Ministerio Fiscal inicie un procedimiento de incapacitación necesita una mínima base documental. A tal fin podrá recabar informes médicos o incluso ordenar que el médico forense examine al presunto incapaz y realice un informe previo.
El artículo 223 del CC establece que cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá adoptar, en documento público notarial, cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.
Para interponer la demanda debe estarse a lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su artículo 753 establece que los trámites del procedimiento de incapacitación son los trámites del juicio verbal. En un principio, este procedimiento exige una demanda sucinta , pero en los procesos de incapacitación es preciso que se especifique la persona a la que se quiere incapacitar y, además, la demanda debe ser presentada por una persona legitimada para ello. En caso de que la presente una persona sin la legitimación necesaria, es posible archivar el procedimiento y dar traslado de todo al Ministerio Fiscal para que sea él quien, en su caso, interponga la demanda de incapacitación.
La demanda debe acompañarse de certificado literal de nacimiento del demandante, del demandado y del especificado en su caso como tutor.
La condición de demandado y, por tanto, la persona frente a la que se dirige el procedimiento la tiene el presunto incapaz, que puede comparecer en juicio si su grado de enfermedad le permite comprender el contenido de la demanda, con su propia defensa y representación. Es decir, debe comparecer con abogado y procurador cuyo apoderamiento podrá efectuar ante notario, o bien en comparecencia ante el Juzgado (apud acta), o bien solicitarlo de oficio, en el cual caso se suspenderá el procedimiento a la espera de que los Colegios designen a los profesionales correspondientes.
Cuando la demanda la interpone el Ministerio Fiscal, al demandado deberá nombrársele un defensor judicial que le representará en juicio y defenderá sus intereses. El defensor judicial será nombrado de entre los parientes más cercanos al presunto incapaz y, a falta de éstos, se nombrará a la entidad pública correspondiente. Si la demanda se interpone a instancia de parte, el defensor de los intereses del incapaz es el Ministerio Fiscal. No cabe el emplazamiento del incapaz por edictos, ya que éste debe tener conocimiento de que se está tramitando su incapacidad.
La contestación también tendrá que reunir los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una de las especialidades en materia de incapacitación es que la contestación a la demanda debe presentarse por escrito en el plazo de veinte días a contar desde el emplazamiento, sin que sea necesario hacerlo de manera oral como en el resto de los juicios verbales. El objeto de la contestación a la demanda no puede ser otro que oponerse a la incapacitación, ya que este tipo de procesos quedan fuera del ámbito de disposición de las partes. No tendrá efecto el allanamiento o reconocimiento del presunto incapaz de su propia falta de autogobierno, ni la admisión tácita o expresa de los hechos por el propio demandado o por el defensor judicial.
En este tipo de procedimientos, el juez no se limita a ser un mero árbitro, ya que le interesa la verdad material y el ordenamiento jurídico le otorga la facultad de solicitar
pruebas de oficio para poder llegar al convencimiento real de que en la persona en cuestión concurre una causa de incapacitación (STS 3/12/1991). En cada proceso de incapacitación, además de las pruebas pertinentes que sean acordadas de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, deberá practicarse: el reconocimiento del incapaz por el propio juez, audiencia de los parientes más cercanos y dictámenes periciales necesarios, que necesariamente deberán incluir el dictamen del médico forense adscrito a los Juzgados.
Practicadas las pruebas y oídos el Ministerio Fiscal y las partes sobre la graduación y los límites de la incapacidad o, en su caso, sobre la desestimación de la demanda, se dará por terminada la vista y el juez deberá dictar sentencia en el plazo de diez días. Los juicios y audiencias pueden celebrarse a puerta cerrada si el juez así lo acuerda por
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