Source: https://derechosyjusticia.org/denuncia-contra-gustavo-jalkh-ante-el-consejo-de-participacion-ciudadana-transitorio/
Timestamp: 2018-07-17 20:51:52
Document Index: 223766836

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 109', 'artículo 18', 'artículo 107', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 108', 'artículo 109']

Denuncia contra Gustavo Jalkh ante el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. – Observatorio de Derechos y Justicia
El pasado 11 de abril, el Observatorio de Derechos y Justicia presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio una denuncia contra el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh, en el ámbito del proceso de evaluación de las autoridades de control que al momento realiza el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. La denuncia se encuentra a continuación:
Reciba un cordial saludo de parte del Observatorio de Derechos y Justicia. Somos una organización de la sociedad civil que desde el año 2014 viene trabajando en el monitoreo y observación del trabajo de la judicatura en el Ecuador, promoviendo la vigencia de la independencia judicial y el apego de las decisiones de jueces y tribunales con los estándares internacionales en materia de derechos humanos[1]. El motivo de la presente es para presentar formalmente una DENUNCIA contra el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh, en el ámbito del proceso de evaluación de las autoridades de control que al momento realiza el Consejo de Participación Ciudadana de Transición.
Quienes suscribimos la presente, tenemos una profunda preocupación por la gravedad de los hechos que han venido conociéndose en años y meses recientes, que tienen que ver con el rol del Consejo Nacional de la Judicatura en el ámbito de sus competencias sancionatorias, las mismas que constituirían violaciones claras por parte de su máxima autoridad, el Presidente del CNJ Gustavo Jalkh Robbens, con sus obligación constitucional de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales 11 (numerales 5 y 9)[2], 76[3] relativos a las garantías procesales y tutela judicial efectiva. 1.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, “PIDCPs”) y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“CADH”) .
Creemos que la evaluación que el CPCCC (t) realice de la gestión de la máxima autoridad del CNJ, debe incluir un análisis relativo a la adecuación de las actuaciones de ésta con las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, de tal suerte que se siente un precedente relativo a la obligación que todo funcionario que ostente el poder público tiene con respecto a su efectiva observancia, y que además, se establezcan claramente responsabilidades y consecuencias por la eventual inobservancia de los derechos de las personas, en el marco los procesos sancionatorios llevados a cabo desde el año 2013 por el CNJ.
En este sentido, quienes suscriben han venido levantando información relativa a denuncias sobre actos, llevados a cabo a partir del gobierno de Rafael Correa[4], que han puesto en entredicho la independencia de la función judicial en Ecuador. Creemos que estas denuncias deben ser conocidas por el Consejo, con miras a que solicite información a las autoridades pertinentes al respecto, y pueda investigar y sancionar los hechos que relatamos.
LAS OBLIGACIONES ESTATALES EN MATERIA DE INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA, APLICABLES AL EVALUAR LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE DEL CNJ, GUSTAVO JALKH:
Quienes suscribimos la presente denuncia, esperamos que el CPCCC(t) analice, en el marco de la evaluación a las máximas autoridades del CNJ, cómo sus actuaciones han sido contrarias a las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, en el marco del respecto al debido proceso, la independencia judicial, y el principio de legalidad. En este sentido, es fundamental que tenga el Ilustre CPCCC (t) los elementos suficientes para su decisión. Las normas y estándares aplicables en materia de independencia judicial que el Presidente Jalkh y otras altas autoridades del CNJ debían observar, se encuentran consagradas tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y por su naturaleza, eran de obligatorio e ineludible cumplimiento para ellas. Su inobservancia, y sistemática violación, constituye, a criterio de quienes suscriben, causales suficientes para que se solicite su remoción del cargo.
La importancia de la independencia judicial para la existencia de una sociedad democrática.
El sistema democrático se asienta en el principio fundamental de separación de poderes, que supone que ningún estamento del Estado pueda actuar con absoluta discreción y arbitrariedad. La obligación de los gobierno de respetar y garantizar esa independencia de poderes, no se agota simplemente con el establecimiento formal o en la ley de las tres ramas del Estado- Ejecutivo, Legislativo y Judicial- sino que además supone que
En este sentido, la Constitución del Ecuador dispone, inter alia:
Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.
En igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “CADH”), sostiene, en el artículo 8.1:
“(…)1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
En ese mismo instrumento, el artículo 25, relativo al derecho a la tutela judicial efectiva, señala:
“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone, con respecto a las garantías judiciales que:
Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
En igual sentido, la Carta Democrática Interamericana dispone a la independencia judicial como una condición fundamental para la existencia de un Estado de Derecho, y en lo pertinente indica:
Estándares de Derechos Humanos sobre la independencia judicial y el derecho de los jueces y magistrados a las garantías de estabilidad en su cargo.
Partiendo desde lo dispuesto en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley, es importante hacer la determinación del principio de independencia judicial, mismo que consiste en la autonomía que tienen los administradores de justicia en el ejercicio y aplicación de la ley, sin que ésta esté condicionada a un juicio de valor, limitación o dirección subjetiva por parte de otro órgano del gobierno. En síntesis, la independencia judicial está estrechamente vinculada con la autonomía de un determinado juez o tribunal para decidir casos aplicando el derecho a los hechos[i].
En ese sentido, los Estándares Internacionales son los mecanismos mediante los cuales es posible valorar la real y efectiva aplicación de este principio en el Ecuador. Tomando en cuenta, que, como lo indicó la Corte IDH[ii], uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación: “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”.
Por tanto, con el afán de ayudar a los Estados en su obligación de garantizar la independencia de la judicatura, las Naciones Unidas[iii] ha planteado una serie de principios básicos para crear condiciones bajo las cuales pueda ser posible mantener la justicia y realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Principios básicos relativos a la independencia de jueces
Considerando que los jueces son los encargados de adoptar las decisiones definitivas con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos[iv], es de suma importancia asegurar la independencia de su trabajo frente a la toma de decisiones, no sólo porque de ellos depende la confianza que la sociedad tenga en el sistema de justicia y en la posibilidad de dirigir quejas contra el Estado, sino porque también de éstos depende el reconocimiento de los derechos, reparación y valoración de las víctimas y otras partes procesales dentro de un juicio. Las decisiones que adopten deberán estar debidamente motivadas, con el respectivo control de constitucionalidad, cual supone un estricto cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales, sin que sus decisiones puedan ser influenciadas por presiones o intromisiones indebidas.
Esta última potestad de los jueces implica que, por las decisiones adoptadas siempre y cuando se enmarquen en el derecho, no podrán ser removidos de sus cargos, ni sancionados, toda vez que se entiende han actuado conforme las reglas del derecho.
Como delimita La Comisión Internacional de Juristas: la independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. Dónde el juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales. Trabajando de manera libre e independiente a cualquier presión externa, instigación, amenazas o interferencias bien sean directas o indirectas o con cualquier motivación y procedencia.
En el caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, la Corte Inter precisó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial. La independencia judicial además de ser una garantía para los ciudadanos es un elemento intrínseco de la gratuidad de la justicia.
Los jueces gozarán de libertad de expresión y asociación, mientras desempeñen sus cargos. Estas libertades deben ser ejercidas de manera que sean compatibles con la función judicial y que no afecten o parezcan afectar en forma razonable la independencia o imparcialidad judicial. Así miso, deberán mantener confidencialidad en las deliberaciones, y no podrán comentar extrajudicialmente aquellos casos en los que estén pendientes de resolución. Los jueces restringirán adecuadamente los comentarios extrajudiciales de sentencias y procesos de sus tribunales y de otros, y de toda legislación, proyectos de ley, propuestas u objetos que puedan ser presentados en su tribunal.
Durante el desarrollo de esta investigación pudimos conocer expedientes de destituciones de jueces por tomar decisiones alejadas a los intereses del gobierno, en base al artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde, en base al error inexcusable y negligencia manifiesta fueron vulnerados sistemáticamente los derechos de operadores de justicia, sin un análisis previo de los estándares internacionales y, en otros casos, sin el análisis puntual del caso en cuestión. Con esto, los jueces se vieron imposibilitados de acceder a un sistema de justicia eficiente, con las respectivas garantías del debido proceso. Además, existen indicios de patrones por parte del Estado donde sustituían temporalmente a jueces a la hora de tomar decisiones favorables para el estado.
En base a este último comentario, la Corte IDH ha destacado que los Estados están obligados a asegurar que los jueces provisorios sean independientes y, por ello, debe otorgarles cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo, puesto que la provisionalidad no equivale a libre remoción. La Corte considera que la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables. Además, no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria, tal como el cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un concurso público de oposición y antecedentes que nombre al reemplazante del juez provisorio con carácter permanente[v]; y, ha reflejado una realidad aplicable a los casos en cuestión, donde los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para el nombramiento de jueces como para su destitución. Sobre este último punto, el Tribunal Europeo ha afirmado que la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa[vi].
Estándares relativos a la aplicación de medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo
El artículo 18 de los Estándares Internacionales de las Naciones Unidas sobre independencia judicial establece que los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones. Sin embargo, como ha sido duramente cuestionado el artículo 107. 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, la ambigüedad y relatividad de la norma da paso a encausar cualquier hecho contrario a los principios e intereses de un gobierno, para separar del cargo a los operadores de justicia sin la debida indemnización. De tal manera que, en la rueda de prensa para dar a conocer las posibles reformas al COFJ una de las principales y más destacadas intervenciones hacía mención a la necesidad de reformar el artículo sobre el error inexcusable, por la mala aplicación de este, por medio del Consejo de la Judicatura.
Si bien no es incompatible con el Derecho Internacional la posibilidad de remover a jueces de su cargo cuando su comportamiento haya sido lesivo a los derechos de las partes o de la Constitución, dichos procesos disciplinarios deben realizarse en estricto apego a las garantías del debido proceso. En este sentido, la Corte IDH indicó, en el caso Quintana Coello y otros v. Ecuador, que:
“La Corte considera pertinente precisar que la violación de la garantía de la independencia judicial, en lo que atañe a la inamovilidad y estabilidad de un juez en su cargo, debe analizarse a la luz de los derechos convencionales de un juez cuando se ve afectado por una decisión estatal que afecte arbitrariamente el período de su nombramiento. En tal sentido, la garantía institucional de la independencia judicial se relaciona directamente con un derecho del juez de permanecer en su cargo, como consecuencia de la garantía de inamovilidad en el cargo”[5].
En esa misma oportunidad, la Corte Interamericana estipuló la necesidad de que los procesos de destitución de jueces de observar el debido proceso. Al respecto, indicó que la remoción arbitraria de jueces, en inobservancia de las garantías del debido proceso, constituye además una violación al derecho a acceder en igualdad a cargos en la función judicial:
“ (…) en casos de ceses arbitrarios de jueces, que, al no respetarse los requisitos básicos del debido proceso, se vulneran el derecho al proceso debido recogido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el homólogo del artículo 8.2[6] de la Convención Americana), en conjunción con el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas”.
En igual sentido, indicó la Corte IDh en el caso Apitz Barbera v. Venezuela que:
“la Corte ha señalado que la garantía de las y los jueces de no estar sujeto a libre remoción conlleva a que los procesos disciplinarios de jueces deben necesariamente respetar las garantías del debido proceso y ofrecerse a los perjudicados un recurso efectivo”[7].
La aplicabilidad directa y obligatoria de los estándares anteriores: el control de convencionalidad.
Los estándares mencionados supra no son de aplicación facultativa o discrecional para el Estado. Al haber ratificado instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como la CADH y el PIDCPS, el Estado como tal, así como todos sus órganos y agentes que actúan envestidos del poder público, tienen una obligación convencional y constitucional de acatarlos plenamente. A nivel constitucional, los instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentran incorporados al bloque de constitucionalidad cuando son ratificados por el Estado, lo cual exige un control directo y difuso de los mismos. Asimismo, a nivel internacional se ha dispuesto que los órganos del poder público de todo Estado tienen la obligación de realizar un control de convencionalidad de todos los actos de su ejercicio público, de tal suerte que sean consonantes con el texto de los tratados ratificados, y con la interpretación que de esas normas hubieran realizado los tribunales especializados en la materia. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó, en el caso Almonacid Arellano v. Chile:
“(…) cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”[8].
Esta disposición se aplica no solo a los jueces en su sentido estricto, sino a toda autoridad pública que tenga capacidad adjudicante, y que tenga la posibilidad de determinar el sentido y alcance de los derechos de un ciudadano. En este sentido, los funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura, y especialmente su máxima autoridad, el Presidente Gustavo Jalkh, tenían un deber ineludible, a la luz del derecho internacional, de respetar y garantizar los derechos a la estabilidad en el cargo de los jueces y otros operadores que integran el sistema de justicia ecuatoriano. La interpretación de las normas legales que regulan los procesos de remoción de jueces requería, de manera especial, una interpretación a la luz de los estándares mencionados supra, toda vez que las mismas adolecían de ambigüedad y vaguedad en su redacción. Por lo tanto, y en aplicación del principio de control de convencionalidad, las actuaciones del señor Gustavo Jalkh, como presidente del CNJ, y de los miembros principales de ese organismo, tienen que ser evaluadas en relación a los estándares y normas que hemos expuesto aquí.
LA SITUACIÓN DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN ECUADOR DURANTE LA DÉCADA CORREÍSTA.
La Consulta Popular de 2011 y la “metida de mano en la justicia”.
En el mes de mayo de 2011, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, promovió e impulsó una consulta popular, con miras a realizar reformas en la Constitución y a introducir algunos temas que, se dijo, eran de importancia para la sociedad ecuatoriana de entonces[9]. Entre las preguntas planteadas, se incluyeron unas que darían paso a una reforma judicial. Al respecto, el Presidente Correa indicó durante un Enlace Ciudadano que “metería las manos en las cortes para mejorarlas”, y que aquello no tenía “nada de extraño”[10]. Las preguntas se plantearon así:
“¿Está usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, Enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4?”. Número 5: “¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo estableces el anexo 5?”[11].
Ambas preguntas tuvieron la aprobación de la ciudadanía. Para el proceso de reestructuración judicial, se contrató una veeduría internacional que empezó a trabajar formalmente desde marzo de 2012. Los integrantes de la veeduría fueron: Baltasar Garzón Real (España) (Coordinador); Carolina Escobar Sarti (Guatemala); Marigen Hornkhol Venegas (Chile); Rafael Follonier (Argentina); Víctor Hugo Foressi (e), (Argentina); Daniel Gurzi (e), (Argentina) y Porfirio Muñoz Ledo (México) [12].
En su Primer Informe Preliminar, la Veeduría realizó observaciones sobre el concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, entre las cuales estaban: inconsistencia en las preguntas formuladas para el concurso; imposibilidad de impugnar constitucionalmente los resultados del proceso de selección; falta de transparencia en los procesos de selección de funcionarios judiciales; exceso de carga procesal vinculada al proceso de reforma en sí mismo y el atraso procesal de años anteriores, entre otras. Recomendó, además, que “(…) el control disciplinario por parte de una entidad pública autónoma e independiente, que garantice imparcialidad”, y recomienda que “(…) las acciones disciplinarias no deberían ser usadas en actos jurisdiccionales, donde existan mecanismos de impugnación o revisión, salvo que existan elementos suficientes que demuestren que el servidor judicial haya cometido una conducta previamente reglamentada”[13]. En esa oportunidad, la Veeduría ya solicitó que “(…) fortalecerse la independencia judicial, inclusive en casos graves como sucede en campañas de aprehensión a los ciudadanos calificados como peligrosos, atendiendo al debido proceso y al sistema procesal penal vigente”[14].
Ya en el Informe Final, la veeduría advirtió desde el inicio la existencia de irregularidades en el proceso de selección de los jueces que integrarían la Corte Nacional, indicando que “(…)se constató determinadas disfunciones en estos concursos y fases técnicamente insuficientes para medir la capacidad de los postulantes y elegidos”[15]. Con respecto al atraso procesal, la veeduría indicó que “[e]l cúmulo aún existente de causas represadas en todos los órganos jurisdiccionales, a pesar de las medidas de reducción, aun es notable por la distribución de las mismas y por déficits sistémicos que se arrastran desde hace mucho, tales como, la mala organización de archivos, su escasa digitalización y la forma establecida para dar de baja documentos, no siempre apropiada, lo que se estima puede dejar en la indefensión a un importante número de usuarios. Esto ha sido señalado en los informes parciales, pero entendemos que su solución rebasa el tiempo previsto para concluir nuestras actividades”[16]. Además, ya en este momento se advertía sobre el uso abusivo de la figura del “error inexcusable”. Así, en el Informe Final, la Veeduría indicó que:
“En este sentido, ha de llamarse la atención sobre la regulación del denominado error inexcusable que se encuentra contenido en el Código Orgánico de la Función Judicial, y que en los requerimientos que se ha realizado en esta Veeduría Internacional se ha acreditado que puede enmascarar acciones disciplinarias que suponen auténticas revisiones jurisdiccionales. Esta potencial injerencia debería ser eliminada y acogerse un sistema disciplinario pormenorizado, con cláusulas definidas y con prohibición expresa de la aplicación analógica en perjuicio del supuesto responsable.” Ciertamente es difícil definir lo que debería entenderse por “error inexcusable” –y tanto es así que algunos autores han calificado al “error judicial”, noción de la que se deriva la de error inexcusable– como de carácter “sentimentaloide”, porque “es un concepto que se siente más que se expresa”, por lo cual incumbe a la jurisprudencia delimitar los casos en que se está o no ante un yerro que afecta gravemente a la actividad jurisdiccional”[17].
Para el control administrativo de la Función Judicial, se estableció primero un Consejo de la Judicatura para el Período de Transición (que estuvo a cargo del proceso de reforma a la Función Judicial)[18], y ya en 2013, se posesionó el Consejo Nacional de la Judicatura definitivo.
El Consejo Nacional de la Judicatura para el Período de Transición (CNJPT) “estaba conformado por un representante del Ejecutivo y Legislativo y de la llamada Función de Transparencia y Control Social, con 325 millones invertidos de un total de 600 millones; designó a la nueva Corte Nacional de Justicia, eligió a 210 jueces y otros 101 para la familia, mujer y adolescencia. Además, evaluó a 5.456 servidores judiciales, de los cuales 4.076 aprobaron el proceso”[19].
Críticas a la reforma judicial, los tribunales y el Consejo Nacional de la Judicatura:
Durante los primeros seis años de operatividad del nuevo sistema de justicia en Ecuador, la actividad de los jueces, y del propio Consejo Nacional de la Judicatura, ha sido ampliamente cuestionado a nivel nacional e internacional.
El “Informe Pásara”.
En el año 2014, las organizaciones internacionales DPLF, De Justicia y el Instituto para la Defensa Legal, publicaron un informe sobre la “Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana”[20]. El informe fue elaborado por el jurista peruano Luis Pásara, razón por la cual comúnmente, al mismo se lo conoció como el “Informe Pásara”.
Aún cuando el informe se elaboró solamente tres años después de haberse emprendido la reforma judicial en Ecuador, logró identificar problemas graves relacionados con la capacidad de los operadores judiciales de desempeñar sus funciones de manera independiente. El mismo abordó el tema de la injerencia del Ejecutivo en casos emblemáticos y de alto perfil público o de interés especial para el Estado, los problemas relacionados con la aplicación discrecional de la figura sancionatoria del “error inexcusable”, y un análisis de la dinámica entre la justicia y el poder político en años anteriores.
En esa oportunidad, el profesor Pásara indicó que “(…) el Consejo [de la Judicatura] ha impuesto, mediante sumarios y sanciones, determinados criterios acerca de la actuación judicial que ingresan al terreno jurisdiccional y que, en torno a determinados asuntos, corresponden a las políticas dictadas por las autoridades del Órgano Ejecutivo”[21]. Además, manifestó su preocupación al respecto del hecho de que el gobierno se haya valido de la justicia para sancionar a quienes contrarían los planes del gobierno, comprometiendo la independencia judicial y el Estado de derecho en Ecuador[22].
Los reportes de Human Rights Watch.
En 2014, el Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dirigió una carta al Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh, donde advertía de varias falencias que se habían observado en la corta existencia de la “nueva” Función Judicial en Ecuador. Sostuvo que “el Consejo de la Judicatura también ha modificado sustancialmente la composición del poder judicial al designar y destituir a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a través de mecanismos sumamente cuestionables que, según creemos, atentan contra la independencia judicial en el país”[23]. Además, en la carta se advertía que “(…) estas destituciones se tornan aún más problemáticas a la luz de un memorándum[24] emitido por la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en julio de 2012, que advierte a los jueces que podrán ser sancionados si erróneamente se pronuncian contra el gobierno”[25].
Además, HRW advirtió sobre las relaciones cercanas entre los miembros Consejo Nacional de la Judicatura para el período de transición, y aquellos del Consejo definitivo con el Ejecutivo. Con respecto al CNJPT, indicó que “(…) los tres miembros eran: Víctor Paulo Rodríguez, ex director del Registro Civil, quien fue propuesto por el mismo Presidente Correa; Tania Arias, ex asesora legal de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, que depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; y Fernando José Yávar, ex director del Consejo de la Judicatura de la provincia de Guayas” [26].
Con respecto al CNJ finalmente conformado, reportó que sus miembros eran: “(…) Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, quien se desempeñó anteriormente como secretario personal del Presidente Correa (2010-2012) y como ministro de justicia y derechos humanos, además de ministro de gobierno durante la presidencia de Correa; Néstor Arbito, quien actuó como subsecretario de coordinación institucional en el Ministerio de Justicia y fue posteriormente ministro de justicia (2009-2010), además de brindar asesoramiento legal al Ministerio de Electricidad y Energía; Tania Arias; Ana Karina Peralta, ex viceministra de justicia; y Alejandro Subía, quien fue asesor presidencial en informática durante el primer mandato de Correa y también director nacional de desarrollo tecnológico del Servicio de Rentas Internas”[27].
Con respecto a la conformación de la Corte Nacional de Justicia, al igual que en el Informe “Pásara”, HRW observó que los procesos habían carecido de transparencia, y que existían inconsistencias en cuanto a la asignación de puntajes y los criterios empleados para elegir a ciertos candidatos sobre otros, que parecerían estar mejor capacitados para el cargo. En particular, destacó que “(…) la audiencia ante el Consejo de la Judicatura[28] de Transición concedió a los miembros del consejo una injerencia excesiva en la decisión final relativa a los nombramientos. Los miembros del consejo podían otorgar a los candidatos hasta 10 puntos (de un total de 100) por su desempeño durante la entrevista, y no se exigió que justificaran el puntaje asignado”[29].
HRW también alertó sobre las irregularidades en el proceso de destitución de jueces. A la fecha de la carta (2014), se habían destituido a 380 jueces, tanto por el CNJPT y por el CNJ permanente. Se indicó, al respecto, que “en la mayoría de las destituciones, el Consejo de la Judicatura consideró que los jueces habían transgredido un artículo del Código Orgánico de la Función Judicial que contiene una redacción vaga y prohíbe a funcionarios judiciales desempeñarse con “dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”[30]. La organización ha venido dando seguimiento al tema en años posteriores al envío de esa misiva[31].
Tanto el Informe “Pásara”[32], como los llamados de HRW[33] han sido rechazados sistemáticamente por parte del gobierno ecuatoriano, en particular por el Presidente de la República, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, y el Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. De acuerdo a estos funcionarios, los informes enviados contenían “mentiras” que no observaban “la realidad” de la justicia ecuatoriana. Para sostener sus argumentos, las autoridades se amparaban fundamentalmente en la cantidad de causas resueltas bajo el nuevo régimen, en comparación al anterior. Sin embargo, las observaciones de los expertos internacionales apuntaban a denunciar otras falencias que no fueron rebatidas a suficiencia por el Estado.
El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su rol alertando sobre problemas en la independencia judicial en Ecuador.
La situación de la justicia en Ecuador ha sido abordada como un eje central de los asuntos importantes en materia de derechos humanos a nivel del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, especialmente dentro de las recomendaciones emitidas en el marco del Examen Periódico Universal (en adelante, “EPU”).
Así, en el año 2012 (es decir, a la par que se llevaba a cabo la reforma al sistema de justicia por parte del CNJPT) se hicieron algunas recomendaciones a Ecuador en materia de independencia judicial. Aquellas formuladas ya en el marco del EPU en 2017, dan cuenta de la creciente preocupación a nivel internacional sobre el deterioro de la independencia de la justicia en Ecuador. Ello se evidencia, en particular, por lo específico de ciertas recomendaciones formuladas por los Estados, y por el hecho de que muchas de éstas alertaban sobre las injerencias en la independencia judicial a partir de situaciones concretas.
Con respecto a las recomendaciones formuladas en el EPU 2017, el entonces Canciller Guillaume Long indicó que “(…) los Estados no deberían recomendar cumplir con determinadas disposiciones “que ellos mismos no respetan ni de lejos”[34]. Específicamente con respecto al tema de independencia judicial, “(…) el Ecuador rechazó las recomendaciones de Canadá y República Checa por considerar que esta contiene “información factualmente incorrecta”, en el primer caso y en el segundo, por considerar que la legislación a la que se refieren ya se ajusta a las normas internacionales”[35].
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL 2012 ECUADOR
(recomendaciones realizadas sobre independencia judicial)
PAÍS RECOMENDACIÓN
SUIZA Asegurar la independencia de la justicia, en particular garantizando la transparencia en los procesos de selección de operadores judiciales.
EEUU Asegurarse que el trabajo del Consejo Nacional de la Judicatura para el Período de Transición se realice de manera independiente al Ejecutivo
ESPAÑA Continuar con el proceso de reforma de la Función Judicial, para asegurar y garantizar la independencia de la Judicatura, además de iniciar planes de capacitación a funcionarios judiciales, especialmente en materia de derechos humanos (…)
AUSTRIA Garantizar la independencia de la Justicia y la lucha contra la corrupción.
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (2017)
(Recomendaciones aceptadas acerca de la independencia de la justicia)
RECOMENDACIÓN PAÍS
1 Asegurar la independencia y la diversidad en la composición de las cortes
2 Continuar los esfuerzos para implementar reformas en la justiciar, con miras a promover y garantizar su plena independencia (Pakistán)
3 Tomar medidas para asegurar y garantizar la independencia e imparcialidad de Función Judicial (Estonia)
4 Tomar todas las medidas necesarias para asegurar la independencia de la justicia
5 Asegurar y garantizar la total independencia de la justicia, y velar porque los jueces y tribunales puedas desempeñar sus funciones sin ninguna presión o interferencia (Israel)
6 Fortalecer esfuerzos para asegurar y proteger plenamente la independencia e imparcialidad de la justiciar, facilitando un diálogo abierto y participativo sobre los principales retos en la administración de justicia. (Paraguay)
7 Continuar con la implementación de medidas que aseguren la independencia de la justiciar y la profesionalización de jueces y magistrados. (España)
8 Continuar con los esfuerzos para asegurar una plena separación de la Función Judicial del Ejecutivo, especialmente en cuanto a los mecanismos de nombramiento de los integrantes de altas cortes y tribunales. (Bangladesh)
9 Tomar medidas para asegurar la plena independencia e imparcialidad del sistema de justicia, e investigar los casos de remoción y destitución arbitraria de jueces (Botsuana).
10 Continuar esfuerzos para asegurar plenamente la independencia e imparcialidad de los jueces, con énfasis en el respeto del derecho a la defensa y a la transparencia de todo proceso judicial. (Francia)
11 Continuar asegurando la igualdad en el acceso a la justiciar y el trato igual y sin discriminación de todos los ecuatorianos en las cortes. (Etiopía)
12 Continuar los esfuerzos para garantizar el pleno acceso a la justicia para todos. (Azerbaiyán)
RECOMENDACIONES “ANOTADAS” (NO ACEPTADAS) POR EL ESTADO
1 Revisar y reformar la legislación y práctica pertinentes, con el fin de fortalecer la independencia Judicial, asegurando que la designación de jueces sea en base al mérito, y protegiendo su trabajo de intromisiones de tipo político. (República
2 Garantizar la independencia de la justiciar reformando el artículo 109 (7) del Código Orgánico de la Función Judicial, para delimitar, de acuerdo al derecho internacional, la figura del “error inexcusable”, que por el momento resulta insuficiente para garantizar su uso abusivo o para perseguir a los jueces. (Países Bajos)
3 Considerar la reforma de la legislación, especialmente en cuanto a la figura del “error inexcusable”, para asegurar plenamente la independencia de los jueces y magistrados. (Perú)
4 Suprimir o reformar el artículo relativo al “error inexcusable”, por ser muy ambiguo y su aplicación posiblemente arbitraria, al momento de sancionar a jueces y operadores judiciales (EEUU)
5 Eliminar la ambigua disposición sobre el “error inexcusable” en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, y crear un marco legal que asegure la independencia e imparcialidad de jueces y operadores de justicia, en consonancia con los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre Independencia de la Judicatura. (Alemania)
6 Revisar el artículo 109 (7) del Código Orgánico de la Función Judicial, con miras a garantizar la independencia de la justicia, incluyendo la independencia en los procesos de selección de jueces. (Canadá)
LAS DENUNCIAS SOBRE LA INJERENCIA DEL EJECUTIVO EN LA FUNCIÓN JUDICIAL.
Desde finales del mes de agosto de 2017, varias denuncias sobre injerencia del Ejecutivo en la justicia aparecieron en medios locales e internacionales. A la par, jueces destituidos bajo la figura del error inexcusable, u otras similares, empezaron a dar declaraciones sobre las amenazas, presiones y violaciones procesales de las que habían sido víctimas, por parte del CNJ, y otros actores cercanos al Ejecutivo. A continuación, una explicación de las primeras denuncias y la respuesta de varias autoridades públicas a estas denuncias.
Los correos filtrados: injerencia en procesos de selección y causas de interés para el Estado o sus funcionarios.
Las denuncias a las que nos referiremos en este acápite surgen partir de la filtración de varios correos electrónicos intercambiados entre altos funcionarios del Ejecutivo y otros de la función judicial durante la presidencia de Correa, que evidenciarían la injerencia del Presidente y varios otros agentes estatales en el desempeño de jueces y tribunales.
Varios de estos intercambios fueron sacados a la luz pública en el programa de la periodista Venezolana Patricia Poleo “Factores de Poder”, que se transmite por la plataforma Youtube[36]. Además, adjunto al presente documento hemos remitido algunos de estos documentos para su consideración.
Injerencias y discriminación política en los procesos de selección de jueces.
De los correos filtrados, se desprende información que da cuenta de una situación de injerencia incluso en los procesos de designación de jueces, que en muchos casos, se seleccionaban o descartaban de acuerdo a su tendencia política. De los correos, se evidencia que ciertos candidatos eran elegidos o descartados a criterio de una funcionaria cercana al gobierno, dependiendo de si podían ser “peligrosos” o “buenos elementos”[37]. Así, por ejemplo, se evidencia que varios candidatos fueron descartados por tener relación con partidos políticos de oposición, mediante la inclusión en una lista donde se puede apreciar, en rojo los candidatos que no deberían ser considerados, y en verdes lo que se consideran seguros por ser afines al régimen:
También hay denuncias de participantes en procesos de selección de jueces, de candidatos que habrían sacado puntajes mayores, no habrían calificado para esos cargos. Sin embargo, el momento de la designación, quienes quedaron en quinto y sexto puesto fueron finalmente nombrados. Preocupa, además, que ni siquiera se observaron las cuotas de equidad de género que dispone la ley[38]. En igual sentido, y desde el año 2012, el político de oposición Andrés Páez ya denunció que el proceso de selección de los miembros de la Corte Nacional había favorecido a ciertos jueces inferiores o temporales, que se habrían pronunciado a favor del gobierno en casos de alto perfil, como “El Universo”, “Cléver Jiménez” y “Chevrón”[39].
Manipulación en la conformación de las cortes en casos de alto perfil.
En casos de alto perfil político y público, los correos evidencian manipulación en la conformación en las cortes y en la resolución de las causas. Esta manipulación se daría al menos entre tres funcionarios: el entonces presidente de la República, Rafael Correa Delgado, la entonces Ministra de Justicia Johanna Pesántez, y el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. La información disponible da cuenta de la existencia de órdenes directas para condenar, perdonar o agilitar la tramitación de casos de alta resonancia pública, como el de Clever Jiménez, Mery Zamora, el asesinato del activista Bosco Wisuma, entre otros[40].
Órdenes y amenazas directas a jueces y operadores judiciales[41].
Varios de los casos documentados, y que constan en los anexos que enviamos adjunto, dan cuenta de situaciones donde los jueces eran directamente amenazados por miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que en varias oportunidades, llegaban incluso a aparecer de manera sorpresiva en los despachos de los jueces para presionarlos directamente.
Así, por ejemplo, la ex jueza Madeleine Pinargote manifiesta “que en algún momento empezó a recibir presiones por parte de la Fiscalía para que se excusara en una caso donde aquello no era procedente. El caso en cuestión se refería al escándalo llamado como los “Fondos Global” [42], donde varios accionistas de la constructora Global eran procesados por el delito de lavado de activos. Habiendo anulado el proceso, y ante su negativa de excusarse, se presentaron intempestivamente en su despacho cinco personas: Wilson Navarrete- Director de Transparencia del CNJ, Abelardo Albornoz, Director de Gestión Procesal y actual Director del CNJ en la Provincia de Sta. Helena, Pablo Condo, entonces Juez Civil y ahora Notario en la ciudad de Guayaquil, y dos mujeres cuya identidad desconocía, quienes redactaron rápidamente un documento en su propio computador, y le obligaron a firmarlo[43]. En ese documento, la jueza se excusaba de la causa. Luego, indica que se llevaron el expediente y se lo llevaron a otro juez, quien revocó todo lo actuado por ella. Todo esto, en un tiempo de menos de 24 horas”[44]. Luego de ser destituida por “error inexcusable”[45], se inició contra la jueza un proceso penal por prevaricato[46]. Ella sería una de cuatro jueces destituidos y procesados en el marco del proceso conocido como “Fondos Global”[47].
En igual sentido, el ex juez Juan Carlos Vizuete, comenta que presentó una denuncia debido a un incidente donde funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura habrían ingresado en su despacho, a ordenarle que declare la inocencia de dos médicos de nacionalidad cubana, acusados de mala práctica profesional por la muerte de un niño recién nacido en 2015. El acto de presión contra el juez y la denuncia fue cubierta por medios de comunicación de la ciudad[48]. A pesar de haber denunciado ante las autoridades tales hechos, en octubre de 2016 tales denuncias fueron archivadas por la autoridad, que consideró que el hecho de que el funcionario del CNJ de la Judicatura hubiera ingresado al despacho del juez no constituía delito alguno[49]”.
Otros casos, dan cuenta de injerencias por parte de altas autoridades dentro de las audiencias de procesos llevados a cabo por jueces ahora destituidos. Así, por ejemplo, el ex juez Carlos Eduardo Cruzzati indica haber conocido, en su calidad de juez de garantías penales, un caso donde el fiscal habría dado un dictamen acusatorio mixto, es decir, solo contra algunos de los acusados. Durante la audiencia de formulación de cargos, habrían asistido Galo Chiriboga (ex Fiscal General de la Nación) delegados del Consejo Nacional de la Judicatura, la Fiscal Provincial de Manabí, Sonia Barcala. Indica que al día siguiente de esa diligencia, habría sido cesado de su cargo, y que para ello habría recibido la visita de varios funcionarios del CNJ en su despacho. El expediente del caso se entregaría a un funcionario que, indica, ya no se desempeñaba como juez, sino como parte del CNJ. El nuevo juez habría revocado el auto de llamamiento a juicio, a pesar de que aquello solo podría ser revocado por un tribunal superior[50].
En igual sentido, la jueza Aura Farfán Lucas, comenta que, en el marco de un juicio de alimentos, habría ordenado una medida de no enajenar sobre un inmueble del demandado, para proteger los intereses del niño alimentado. A partir de ello, cuenta que recibió la visita de un asistente del Director de Control Disciplinario del Consejo Nacional de la Judicatura del Guayas, quien le habría pedido revocar la medida como un favor al demandado, que era su amigo personal. Ante su negativa, se le inició un sumario administrativo, donde se le acusaba de retención del proceso (algo que, indica, nunca fue demostrado). En base a esos cargos, fue destituida de su cargo, y luego procesada por prevaricato. De este último proceso penal, fue declarada inocente. A pesar de ello, el Consejo de la Judicatura no ha actualizado su información en el expediente del Ministerio de Relaciones Laborales, por lo que sigue inhabilitada para ejercer cargos públicos[51].
Destituciones y procesos contra jueces por fallar en contra de intereses del Estado, y por tramitación de acciones de garantía de derechos, o contra personas allegadas al gobierno.
Algunos de los casos documentados, dan cuenta de la existencia de retaliaciones a jueces que hubieran fallado en causas donde existían intereses políticos por parte del gobierno[52]. Así, la jueza Ivonne Hernández narra haber otorgado un hábeas corpus en favor del empresario Álvaro Noboa, quien además ha sido candidato presidencial y opositor político del gobierno actual[53]. Quince días después, la jueza fue suspendida[54]. Ella alega que la denuncia en su contra fue presentada antes de ella haber siquiera cargado la sentencia en el sistema electrónico de la Función Judicial[55]. Seis meses después, se inició un proceso penal contra la señora Hernández[56], quien alega nunca haber tenido la oportunidad de dar su versión de los hechos ante autoridad alguna. En los correos filtrados mencionados supra, se aprecia uno ente Gustavo Jalkh y Rafael Correa, donde se refieren al caso:
“(…)“Te cuento que esta semana suspendía a dos juezas de Manabí que mediante acciones de protección improcedentes perjudicaban al Estado por 3 millones de dólares y seguramente serán destituidas al terminar el proceso, como lo será esta semana la jueza que suspendió por el hábeas corpus a Noboa y que del proceso se desprende que debe ser destituida”[57].
Por su parte, el ex juez Galo Ramos cuenta que asumió el caso de la empresa constructora “Global”, que mantenía fondos en el Banco Central del Ecuador, y del que se habló en el caso de la doctora Madeleine Pinargote. El juez Ramos indica haber recibido varias llamadas del Fiscal Provincial del Guayas y del Director del Consejo Nacional de la Judicatura, Luis Rada Viteri, quienes le indicaron que ordene la retención de todos los valores de la compañía, incluso aquellos que no estaban en el Banco Central, a pesar de que la petición original de la Fiscalía se refería solo a aquellos que reposaban en dicho banco. Días después, le habría hecho el mismo requerimiento personalmente, un funcionario de la Dirección Provincial del Consejo Nacional de la Judicatura. El juez Ramos habría levantado la medida contra los fondos de la compañía que no constaban en la petición del Fiscal, razón por la cual fue destituido pocos días después[58].
Igualmente ilustrativo es el caso del ex juez Richard Proaño, quien actuando como juez temporal de la Niñez y Adolescencia en 2011 debió conocer en apelación, un caso de incremento de pensión alimenticia contra Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente Jorge Glas y ahora involucrado en el escándalo de corrupción del caso Odebrecth. El juez inferior había asignado una pensión de US$ 600, cuando los ingresos del demandado determinaban que la suma debía ser mayor. El juez Proaño, en base a las pruebas, fijó la pensión en US$ 4000. Rivera solicitó la recusación del juez antes de que dictara sentencia, y luego fue destituido por ello[59].
El ex juez Juan Jerez relató en su oportunidad haber sido designado, en calidad de juez temporal, en un caso donde el abogado de una de las partes era hermano del ahora Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno. Habiendo decidido contrario a los intereses de su defendido, el señor Baca lo habría agredido verbalmente en plena audiencia, a la par de que hacía una llamada telefónica a Fernando Yávar, entonces vocal del CNJPT, ordenándole destituir inmediatamente al juez. Fue posteriormente destituido bajo la figura el error inexcusable también[60].
Otros casos de mayor perfil público ilustran lo anterior. Así, por ejemplo, el juez que aceptó la acción de protección contra la profesora Mery Zamora, acusada penalmente bajo la figura de sabotaje y terrorismo por participar en protestas públicas el día de la revuelta policial del 30-S[61]. En el mes de mayo de 2014, Johnny Ayluardo, ex juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), absolvió a la profesora y militante, ordenando además el archivo del proceso que la condenaba a ocho años de prisión por el delito de sabotaje y terrorismo[62]. En ese caso además, el proceso contra el juez sucedió después de que el entonces Presidente Rafael Correa, solicitara en el marco de un Enlace Ciudadano, sancionar a los jueces por “el deliberado deseo de dejar en la impunidad lo que hizo Mery Zamora”[63]. Más adelante, cuando en enero de 2014 entraron en funciones los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia, Ayluardo no habría reunido el puntaje requerido para el cargo, no obstante, al salir habría mencionado que aquello estaría más relacionado con el fallo a favor de la dirigente gremial[64].
Algo similar sucedió con los jueces que declararon la inocencia del Coronel César Carrión, procesado por el delito de intento de asesinato al presidente, durante la revuelta policial del 30-S. En mayo de 2011, el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha, conformado por los jueces Hugo Sierra, Luis Fernández Rodríguez y Jacqueline Pachacama, determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no configuraban el tipo penal de tentativa de asesinato, por lo que absolvieron a Carrión, y los policías Luis Bahamonde, Jaime Paucar y Luis Martínez[65]. La destitución de se dio a partir de una denuncia presentada por la entonces Ministra de Justicia, ante el CJT, aduciendo que los jueces debieron haber solicitado a la Fiscalía el inicio de un nuevo proceso por el delito penal que se ajuste a los actos que presuntamente cometieron los procesados durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010”[66]. En la actualidad, y a pesar de estar involucrada en otros escándalos relativos a la injerencia del Ejecutivo en la Función Judicial mientras ostentaba ese cargo[67], Pesántez es asesora jurídica de la Presidencia del actual mandatario Lenin Moreno[68].
Una historia similar es la de la jueza Djalma Blum, que cuenta que cuando tramitaba casos donde estaban involucrados miembros de partidos políticos de la oposición, recibía llamadas del entonces abogado del Presidente Correa, Gutemberg Vera e incluso él o sus asistentes ingresaban y permanecían sin permiso en las salas de audiencias o despachos de los jueces para controlar su conducta[69]. Finalmente, en un proceso seguido contra miembros del partido de oposición CREO por Jimmy Jairala, en ese tiempo prefecto de Guayas y afín al partido de gobierno, alega que el mismo abogado Vera le habría llevado la sentencia ya escrita. Ella se habría rehusado a proceder de esta manera, y así empezaría una supuesta persecución en su contra[70].
Varios ex jueces narran haber sido destituidos por fallar en contra de los intereses del gobierno de turno al tramitar acciones constitucionales de garantía de derechos, como la acción de protección y la acción extraordinaria de protección. Esto es consonante con las denuncias que desde hace tiempo circulan en la prensa y en la comunidad en general, sobre la existencia de dos oficios enviados por parte del ex secretario de la Presidencia Alexis Mera, a las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, advirtiendo que los jueces que decidieran en acciones de protección contra el Estado, serían sancionados.
Lo anterior no solo supone una injerencia arbitraria en el trabajo de los jueces, sino además una violación al derecho de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva. En este sentido, si la acción de protección, que es el recurso idóneo y efectivo para la protección de todos los derechos contra actos y omisiones de autoridad pública, deja de aplicarse a causa de una política estatal de persecución a los jueces que legítimamente las tramitan y otorgan, estamos claramente ante una situación de inefectividad de la misma, que constituye una violación sistemática de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la CADH[71].
Desde el año 2012, se han venido registrando casos de jueces destituidos por conceder acciones de protección. Ejemplos son los casos de los jueces de la provincia del Oro destituidos por los miembros de la cooperativa de transportes TAC[72], o el caso de los ex jueces de la Primera Sala de la Corte Provincial de Pichicha, Patricio Arízaga, Jorge Cadena y Elena Ortega, por haber aceptado una acción de protección a favor de trabajadores jubilados de la Universidad Central del Ecuador[73] . En igual sentido, el ex juez Alexander Espinales narró en una entrevista en un canal de televisión local, que había sido separado de su cargo por aceptar una acción de protección contra el Municipio de Babahoyo, después de no hacer caso a indirectas por parte de funcionarios del CNJ que le habrían tratado de persuadir de hacer lo contrario. Todo esto lo habría grabado y filmado, en un video que circuló recientemente en varios medios comunicacionales[74].
En igual sentido, en 2011 el juez Franklin Ruilova concedió la acción de protección interpuesta por Santiago Cuesta, gerente general de Seprofin, y destituyó al gerente general de Seguros Sucre, compañía semiestatal, Maximilano Donoso. Esto lo hizo luego de que la aseguradora terminó anticipadamente el contrato con Seprofin basada en un informe de la consultora Management Consulting Stern en el que se señaló que hubo un “sobreprecio” en la facturación[75].
Un caso similar fue el de los ex jueces de la Corte Nacional de Justicia José Suing Nagua y Gustavo Durango, removidos del cargo tras tramitar una acción extraordinaria de protección contra el Servicio de Rentas Internas [76]. Suing alegó, en una entrevista meses después, que antes de emitir la sentencia habría recibido visitas “de una persona mostrando la preocupación del Gobierno respecto del contenido del fallo”[77].
Destituciones múltiples: entre el hostigamiento procesal y la violación al principio ne bis in ídem.
Algunos expedientes analizados por el ODJ, dan cuenta de que en muchos casos, existieron jueces que fueron destituidos varias veces, sin haber sido reincorporados, e incluso años después de haber abandonado la Función Judicial. Así, por ejemplo, es el caso de Zoila Flori, quien tras decidir en un juicio de alimentos fue “destituida” varias veces, tras emitirse en su contra algunas resoluciones en aplicación de la figura del error inexcusable. En igual sentido, el ex juez Fidel Rojas indicó en una reunión privada mantenida con ODJ que fue destituido alrededor de 17 veces seguidas, por los mismos hechos, cuando fungía de Juez de lo Laboral. Incluso después de ser removido del cargo, continuaba recibiendo notificaciones con destituciones posteriores:
“(…)Una vez fuera me seguían llegando mis destituciones que al leerlas con más tranquilidad me percaté de que existían resoluciones emitidas el 1 de Octubre de 2015 Resoluciones (MOT 0872-SNCD- 2015- PM; a las 10h48; y, A-0174-SNCD-214-AB; a las 10h50) con diferencia de 2 minutos; es decir que él consejo de la judicatura y su presidente revisaron los aproximadamente 10 cuerpos en promedio de un minuto para poder leerlos y redactar las decisiones en contra de mi persona; adicionalmente que en dichas resoluciones nunca existió los nombres ni las firmas de responsabilidad de quienes que eran los vocales del Consejo Nacional de la judicatura”[78].
Un caso similar es el de la ex jueza María del Carmen Jácome, quien fue destituida en el año 2017[79], tras haber revocado, como jueza del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una resolución del Consejo de la Judicatura precisamente de destitución a otro juez, por encontrar irregularidades procesales que afectaban el derecho a la tutela judicial efectiva del accionante. A los diez meses de ser destituida, nuevamente se le abrió un sumario por otro caso, donde el Consejo de la Judicatura se refiere a ella como “la servidora sumariada”, a pesar de que había sido removida de la Función Judicial meses atrás[80]. Incluso, se indica en esa decisión que “(…) la funcionaria sumariada registra una sanción de destitución a su cargo, impuesta por el Consejo de la Judicatura el 11 de abril de 2017”[81]. A pesar de ello, disponen “imponer a la doctora María del Carmen Jácome Ordóñez, la sanción de destitución del cargo”[82]. El 21 de marzo de 2018, es decir casi dos años después de ser destituida, la Dra. Jácome es nuevamente sumariada, y sancionada con la destitución. La acusación se realizó en base tanto a la figura de error inexcusable y a la negligencia manifiesta simultáneamente. Ese proceso está pendiente de resolverse[83].
Los “jueces golondrina”: entre la inestabilidad y la conveniencia política.
Una de las cuestiones más criticadas del proceso de reestructuración de la justicia, es la creación de los llamados “jueces temporales”, cuya función sería la de prestar servicios exclusivamente en casos de licencia, vacación o enfermedad del juez titular de un juzgado”[84]. Esta figura fue utilizada especialmente durante el período de reestructuración de la Función Judicial entre 2011 y 2013, con el fin de, supuestamente, agilitar el proceso de las causas y evitar el estancamiento procesal. No obstante, la figura tuvo dos problemas principales. El primero, relativo a la inestabilidad en el cargo que la figura, por su naturaleza, suponía para los jueces designados como temporales, y las repercusiones profesionales que les supuso hacerse cargo de juzgados por días, y muchas veces mediante notificaciones tardías. Por otro lado, y más importante, es el hecho de que esta figura fue usada en varios casos de alto perfil político, donde los jueces titulares dejaban su despacho antes de resolver, dejando el encargo a un temporal, que posiblemente fallaría favor de estos intereses.
Con respecto a lo segundo, existen varios casos que ilustran la utilización de jueces temporales para casos donde el Estado o sus agentes tenían intereses particulares. Por ejemplo, en el caso “El Universo”[85], el juez temporal Guillermo Freire fue nombrado por Fernando Yávar, presidente del CNJPT, solo horas antes de la audiencia en ese caso. El juez titular, Primo Díaz, había sido altamente cuestionado por los abogados del entonces presidente Rafael Correa, luego habría pedido vacaciones, y cuando ya había transcurrido ese tiempo y debía regresar a ocuparse de la causa, habría renunciado[86]. En primera instancia, el caso habría sido resuelto por otro juez temporal, Juan Paredes, quien en menos de 24 horas deliberó una larga sentencia[87], que se decía, le había sido redactada y entregada en un pendrive. Tras el peritaje al computador del juez, se determinó que efectivamente, la sentencia no había sido redactada en el despacho del juez[88].
Algo similar ocurriría en el caso llamado de “Los Diez de Luluncoto”, donde varios jóvenes fueron detenidos bajo los cargos de sabotaje y terrorismo por pretender participar en protestas públicas en marzo de 2012. En varias actuaciones judiciales de ese proceso, los jueces habrían sido cambiados días y horas antes de las audiencias, alegando enfermedad o vacaciones[89].
El problema de los jueces temporales y de conveniencia, fue denunciado tempranamente. La entonces presidenta de la Corte Provincial del Guayas, María Leonor Jiménez, comentando en un medio de comunicación su desacuerdo con la sentencia del caso “El Universo”, acuñó el término “jueces golondrinas” para referirse a aquellos magistrados que eran designados temporalmente a un caso polémico, cuando posiblemente otro juez no quería tomar o resolver, en una entrevista en el desaparecido Diario Hoy[90]. La jueza Jiménez, que además es madre de la ex asambleísta de oposición y ex candidata a la presidencia Cinthya Viteri, fue destituida al poco tiempo de dar esas declaraciones bajo las figuras del artículo 108 y 109 del COFJ. A criterio del Consejo Nacional de la Judicatura, las declaraciones de Jiménez “(…) generan conmoción social y desprestigio para la administración de justicia (…)”[91].
De los testimonios orales y escritos levantados por las organizaciones que suscriben, se ha notado además que la situación de los jueces temporales era una de inestabilidad y explotación laboral, dos cuestiones que sumaban para hacerlos más propensos a procedimientos administrativos, sanciones y eventuales destituciones. Los hechos por los que se les sumariaba, eran generalmente atribuibles al estancamiento procesal o a fallas de organización del propio Consejo Nacional de la Judicatura. Así, por ejemplo, el ex juez Fabián Antonio Escalante presentó en el año 2015 un recurso administrativo contra el Consejo Nacional de la Judicatura, por haber sido removido intempestivamente de su cargo como juez temporal, bajo el argumento de la existencia de una “necesidad institucional”, que nunca fue mayormente explicada o motivada al demandante[92]
Por ejemplo, la ex jueza Nancy Naranjo cuenta cómo su nombramiento como jueza temporal le fue notificado casi un mes después de que el CNJ lo emitió. Esta tardanza afectó la tramitación de un juicio de alimentos, que dio lugar a una denuncia en su contra por una de las partes del proceso. La jueza fue destituída a la luz del artículo 109 de COFJ, por el Pleno del CNJ. Había sido absuelta por las autoridades de la dirección provincial previamente[93].
La CorteIDh ha tenido la oportunidad de pronunciarse ya sobre los jueces temporales en caso como Reverón Trujillo c. Venezuel y Brewer Carías v. Venezuela, indicando que:
“(…) los jueces provisorios […] ejercen exactamente las mismas funciones que los jueces titulares, esto es, administrar justicia. De tal suerte, los justiciables tienen el derecho, a que los jueces que resuelven sus controversias sean y aparenten ser independientes. Para ello, el Estado debe ofrecer las garantías que emanan del principio de la independencia judicial, tanto a los jueces titulares como a los provisorios (…)
(…)La inamovilidad de los jueces provisorios está estrechamente ligada a la garantía contra presiones externas, ya que si los jueces provisorios no tienen la seguridad de permanencia durante un período determinado, serán vulnerables a presiones de diferentes sectores, principalmente de quienes tienen la facultad de decidir sobre destituciones o ascensos en el Poder Judicial”[94].
Autoridades ecuatorianas no desmienten alegaciones sobre injerencia en la justicia.
Los funcionarios públicos implicados no han desmentido las múltiples denuncias sobre las varias situaciones de injerencia en la justicia. Más bien, parecen aceptar como algo políticamente válido, o cuestionan la validez de los correos, mas no la información en sí misma. Así, por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura indicó, con respecto a los correos filtrados que:
“El hackeo de cuentas, el robo de correos electrónicos es un acto delincuencial, por tanto carece de valor legal (…). Parece ser parte del hackeo de cuentas que se hizo a la Presidencia de la República y hay un proceso judicial en marcha para definir a los responsables”[95].
Con ello, el principal representante de la CNJ no solo no niega el contenido de los correos, sino que acepta que éstos sí existieron, y que su contenido no difiere de aquel que se denuncia en los videos difundidos en el programa de Patricia Poleo[96].
Denuncias formalizadas: juicio político contra Gustavo Jalkh y denuncias presentadas por abogados destituidos.
Denuncia penal presentada por los abogados destituidos.
Como se indicó antes, finales del mes de agosto de 2017, un grupo de al menos cuarenta ex magistrados empezó a realizar varias denuncias sobre los procesos para su destitución[97], que, a su criterio, se habían realizado en violación a las garantías del debido proceso, y a partir de instrucciones y órdenes de funcionarios del Ejecutivo, de personas cercanas a él, o del propio Consejo de la Judicatura[98]. Al respecto, el 15 de septiembre de 2017 presentaron una denunciante la Fiscalía contra el Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y al presidente de la Dirección Provincial del Guayas de ese organismo, Pedro Ortega. La denuncia se basa en el delito de tráfico de influencias. Actualmente, la denuncia está siendo sorteada para que un fiscal empiece con el proceso de investigación pertinente [99]. En este sentido, cabe destacar que independientemente de esta denuncia, los delitos que configurarían los hechos aquí expuestos son perseguibles de oficio.
Juicio político contra presidente del CNJ, Gustavo Jalkh.
En relación a las denuncias detalladas en este informe, y otras más que han circulado ante la opinión pública de Ecuador, un grupo de asambleístas inició un proceso de recolección de firmas [100]para dar trámite a un juicio político contra el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalkh[101]. No obstante, el Consejo de Administración Legislativa, que es el órgano de la Asamblea competente para determinar, prima facie, el inicio del trámite de juicio político no dio paso al pedido, con una votación en contra de cinco a dos. Quienes votaron en contra eran asambleístas pertenecientes al partido de gobierno Alianza País[102].
CONCLUSIONES Y SOLICITUDES.
Como se aprecia en la información preliminar levantada por las organizaciones que suscriben este informe, desde el año 2014 se ha venido configurando una situación sistemática de injerencia en la independencia de la judicatura en el país, que viola de manera directa los derechos consagrados en los artículos 1.3 y 14 del PIDCPs. Además, esta situación atenta contra los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la independencia de la Judicatura. Asimismo, atenta contra contra varios precedentes jurisprudenciales emitidos durante las tres últimas décadas tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la ilustre CIDH.
Quienes aquí suscriben, estamos preocupados con la forma en la que la información ha sido manejada por las autoridades ecuatorianas. Por un lado, los involucrados no niegan el contenido de mucha de esta información, mientras que las autoridades de investigación, fiscalización y control no iniciaron investigaciones de oficio, o, en el caso de la Asamblea, obstaculizaron el pedido de enjuiciar políticamente al presidente del CNJ.
Preocupa además, que varios casos mencionados – algunos de ellos fueron oportunamente conocidos por la CIDH- hayan sufrido manipulación e injerencia por parte del ejecutivo al momento de decidirse. De comprobarse esto, estaríamos ante violaciones concretas del PIDCPs contra estas personas, y tales juicios serían nulos.
En este sentido, solicitamos a usted, señor Relator Especial, que emita las acciones que sean necesarias para llamar la atención de las autoridades ecuatorianas, en el sentido de que inicien investigaciones adecuadas y suficientes sobre los hechos aquí denunciados, y además, que pida información precisa al Estado sobre: a. el número de jueces destituidos entre 2012 y 2017 bajo la figura del error inexcusable; b. las acciones concretas llevadas a cabo por las autoridades ecuatorianas para investigar y sancionar estos hechos; c. las medidas que se hubieran adoptado en favor de posibles afectados por estas injerencias. Ello deberá solicitarse al Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jahlk, el presidente de la República, Lenin Moreno, y el Fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno.
Además, sería importante solicitar al nuevo gobierno del presidente Lenín Moreno, que formalice la invitación para el Relator Especial pueda realizar una visita in loco a Ecuador, y así constatar de primera mano éstos y otros hechos que ponen en entredicho el cumplimiento del Estado con las obligaciones adquiridas a la luz del Pacto Internacional, y otros instrumentos internacional análogos.
Le agradecemos de antemano su atención a la presente, y aprovechamos para reiterarle nuestros sentimientos de más alta consideración y estima.
Directora Ejecutiva-ODJ
[1] Más sobre nuestro trabajo, disponible en: https://derechosyjusticia.org/.
[2] Constitución de la República del Ecuador (CRE) art. 11: “(…) 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia; (…) 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos (…)El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
[3] Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.
[4] El presidente Correa estuvo en funciones desde enero de 2007 hasta finales del mes de mayo de 2017.
[5] Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266.
[6] Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266.
[7] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 147.
[8] Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154.
[9] La Constitución del Ecuador (llamada de “Montecristi”), entró en vigor en el mes de octubre de 2008.
[10] Ver: https://www.youtube.com/watch?v=_lNDBS-8JLQ
[11] Consejo Nacional Electoral, “Resultados del Referéndum y Consulta Popular 2011”, RO 490, Suplemento 1, de 13 de julio de 2011.
[12] Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informe Final de la Veeduría Internacional Para la Reforma de la Función Judicial del Ecuador. 2012. Disponible en: http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2016/02/VEDURIA-INTERNACIONAL.pdf.
[13] Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primer Informe Preliminar de la Veeduría Internacional para la Reforma de la Función Judicial del Ecuador. Disponible en: http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/comunicacion/documentos/informeveeduria.pdf.
[14] Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primer Informe Preliminar de la Veeduría Internacional para la Reforma de la Función Judicial del Ecuador. Disponible en: http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/comunicacion/documentos/informeveeduria.pdf
[15] Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informe Final de la Veeduría Internacional Para la Reforma de la Función Judicial del Ecuador. 2012. Disponible en: http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2016/02/VEDURIA-INTERNACIONAL.pdf.
[16] Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informe Final de la Veeduría Internacional Para la Reforma de la Función Judicial del Ecuador. 2012. Disponible en: http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2016/02/VEDURIA-INTERNACIONAL.pdf.
[17] Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tercer Informe de la Veeduría Internacional Para la Reforma de la Función Judicial del Ecuador. 2012. Disponible en: http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/28-3.pdf
[18] EL CNJ para el Período de Transición operó durante 18 meses.
[19] El Comercio. “El Consejo de Transición de la Judicatura cumple un año”. Publicado el 26 de julio de 2012. Disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/consejo-de-transicion-de-judicatura.html. Ver además, Aguirre, Vanessa. “La Administración de Justicia en Ecuador, 2012”. Publicado en “Horizontes de Derechos Humanos: Ecuador 2012. Publicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, 2013. Disponible en: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4108/1/Aguirre%2C%20V.-La%20administracion.pdf.
[20] DPLF, De Justicia e IDL. “Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana”. Publicado en 2014. Disponible en http://www.planv.com.ec/sites/default/files/informe_version_final.pdf.
[21] DPLF, De Justicia e IDL. “Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana”. Publicado en 2014. Disponible en http://www.planv.com.ec/sites/default/files/informe_version_final.pdf.
[22] DPLF, De Justicia e IDL. “Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana”. Publicado en 2014. Disponible en http://www.planv.com.ec/sites/default/files/informe_version_final.pdf.
[23] Human Rights Watch. Carta sobre la independencia de la Judicatura en Ecuador. Publicado el 29 de enero de 2014. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2014/01/29/carta-sobre-independencia-judicial-en-ecuador
[24] Se refiere al Memorándum N.° 3542-UCD-2012”, 9 de julio de 2012, enviado por el Consejo Nacional de la Judicatura a las Direcciones Provinciales del CNJ, indicándoles que
[25] Human Rights Watch. Carta sobre la independencia de la Judicatura en Ecuador. Publicado el 29 de enero de 2014. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2014/01/29/carta-sobre-independencia-judicial-en-ecuador.
[26] Human Rights Watch. Carta sobre la independencia de la Judicatura en Ecuador. Publicado el 29 de enero de 2014. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2014/01/29/carta-sobre-independencia-judicial-en-ecuador.
[27] Human Rights Watch. Carta sobre la independencia de la Judicatura en Ecuador. Publicado el 29 de enero de 2014. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2014/01/29/carta-sobre-independencia-judicial-en-ecuador.
[28] El proceso de selección tomaba en cuenta la experiencia profesional, docente o en libre ejercicio del candidato; además debían rendir un examen y pasar un proceso de entrevistas.
[29] Human Rights Watch. Carta sobre la independencia de la Judicatura en Ecuador. Publicado el 29 de enero de 2014. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2014/01/29/carta-sobre-independencia-judicial-en-ecuador.
[30] Human Rights Watch. Carta sobre la independencia de la Judicatura en Ecuador. Publicado el 29 de enero de 2014. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2014/01/29/carta-sobre-independencia-judicial-en-ecuador.
[31] Human Rights Watch. Informe Mundial 2015. Ecuador. Disponible en: https://www.hrw.org/es/world-report/2015/country-chapters/268133; Informe Mundial 2016. Ecuador. Disponible en: https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/285374; Informe Mundial 2017. Ecuador. Disponible en: https://www.hrw.org/es/world-report/country-chapters/298381.
[32] Ver, por ejemplo: ANDES. “Corte Nacional del Ecuador rechaza informe sobre la independencia judicial”. Publicado el 31 de julio de 2014. Disponible en: http://www.andes.info.ec/es/noticias/corte-nacional-ecuador-rechaza-informe-sobre-independencia-judicial.html; El Ciudadano: “Presidente Correa rechaza informe de ONG sobre supuesta politización de la justicia”. Publicado el 16 de agosto de 2014, disponible en: http://www.elciudadano.gob.ec/presidente-correa-rechaza-informe-de-ong-sobre-supuesta-politizacion-de-la-justicia/; La República. “Fundación cuestiona a la Justicia en Ecuador y Jahlk rechaza ese informe”. Publicado el 30 de julio de 2014; Ecuador Inmediato. “CNJ rechaza informe sobre justicia en Ecuador”. Publicado el 31 de julio de 2014. Disponible en: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818767195.
[33] Ver, por ejemplo: El Universo. Presidente de la Judicatura rechaza opiniones de Human Rights Watch sobre Justicia”. Publicado el 30 de enero de 2014. Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/30/nota/2108661/presidente-judicatura-rechaza-opiniones-human-rights-watch-sobre; El Mercurio. “Rechazan el Informe de Human Rights Watch”. Publicado el 31 de enero de 2014. Disponible en: https://www.elmercurio.com.ec/416213-rechazan-el-informe-de-la-hrw/; Andes. “Ecuador rechaza informe de Human Rights Watch sobre justicia en el país por contener mentiras”. Publicado el 25 de julio de 2015. Disponible en: http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-rechaza-informe-human-rights-watch-sobre-justicia-pais-contener-mentiras.html; El Ciudadano. “Gustavo Jhalk y autoridades de la mesa de justicia rechazan informe de Human Rights Watch”. Publicado el 22 de julio de 2015. Disponible en: http://www.elciudadano.gob.ec/gustavo-jalkh-y-autoridades-de-la-mesa-de-justicia-rechazan-informe-de-human-rights-watch/.
[34] Panorama. Revista de la Red Internacional por los Derechos Humanos RIDH. Publicado el 1 de mayo de 2017. Disponible en: http://panorama.ridh.org/estados-recomendaron-a-ecuador-garantizar-la-independencia-del-poder-judicial/.
[35] Fundamedios. Embajador de Ecuador en Ginebra rechaza 10 recomendaciones sobre libertad de expresión, asociación e independencia judicial”. Publicado el 22 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.fundamedios.org/embajador-ecuador-ginebra-rechaza-10-recomendaciones-libertad-expresion-asociacion-e-independencia-judicial/.
[36] Ver los videos del especial de “Factores de Poder” en: https://www.youtube.com/watch?v=7Fq6Cznzafs; https://www.youtube.com/watch?v=S_8e1Rftdts&t=24s; https://www.youtube.com/watch?v=FbyaDbL3Ymc; https://www.youtube.com/watch?v=5misV7DtlAs.
[37] Factores de Poder. “Justicia Infiltrada”. Video publicado en: https://www.youtube.com/watch?v=r99knM_bNV0. Minuto 3:57.
[38] Teleamazonas. “Denuncias en torno a concursos de la judicatura”. Publicado el 19 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.teleamazonas.com/2017/09/denuncias-torno-concursos-la-judicatura/.
[39] Plan V. “La Trampa Judicial debe terminar”. Publicado el 2 de julio de 2014. Disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/entrevistas/andres-paez-la-trampa-judicial-debe-terminar.
[40] Factores de Poder. “Justicia Infiltrada”. Video publicado en: https://www.youtube.com/watch?v=r99knM_bNV0. Minuto 8:39.
[41] Los casos relatados en este informe y que se incluyen en calidad de anexos, fueron facilitados a ODJ y MilHojas por parte del abogado de los jueces, Hernán Ulloa.
[42] Diario Expreso. “Fondos Global: Un caso que se diluye”. Publicado el 11 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.expreso.ec/actualidad/fondos-global-un-caso-que-se-diluye-AYGR_8879815.
[43] Diario Expreso. “Luego de la Nulidad empezó la persecución”. Publicado el 5 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.expreso.ec/historico/luego-de-la-nulidad-empezo-la-persecucion-AYGR_8867030.
[44] Cfr. ANEXO 1. Declaración juramentada de la señora Madeleine Pinargote, NO. 2017-09-01-011-PO2180.
[45] El Comercio. “Casos tramitados por ex jueces terminaron en fallos similares o cuestionados”. Publicado el 27 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.elcomercio.com/app_public_pro.php/actualidad/casos-exjueces-fallos-cuestionados-gustavojalkh.html.
[46] Diario Expreso. “Fondos Global: Un juez es investigado por dinero”. Publicado el 9 de marzo de 2016. Disponible en: http://www.expreso.ec/actualidad/fondo-global-juez-es-investigado-por-dinero-AJ128323.
[47] Diario Expreso. “Fondos Global: Un juez es investigado por dinero”. Publicado el 9 de marzo de 2016. Disponible en: http://www.expreso.ec/actualidad/fondo-global-juez-es-investigado-por-dinero-AJ128323; El Comercio. “711 jueces han sido destituídos por tres causas desde 2011”. Publicado el 26 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.elcomercio.com/app_public.php/actualidad/jueces-destituidos-consejo-judicatura-justicia.html. Fiscalía General del Estado. “Foglocons usó a Ecuador para legalizar dinero ilícito”. Publicado el 8 de julio de 2015. Disponible en: http://fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines/152-2015/julio-2015/4285-foglocons-us%C3%B3-a-ecuador-para-legalizar-dinero-il%C3%ADcito.
[48] Diario Expreso. “Fondos Global: Un caso que se diluye”. Publicado el 11 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.expreso.ec/actualidad/fondos-global-un-caso-que-se-diluye-AYGR_8879815..
[49] ANEXO 2. Expediente del caso del juez Juan Carlos Vizuete. Providencia dentro del juicio N0. 09286201607270G.
[50] ANEXO 3. Declaración Juramentada del señor Juan Carlos Cruzatti.
[51] ANEXO 5. Declaración Juramentada de la señora Aura Lorena Farfán Lucas, de 13 de septiembre de 2017. 2017-13-09-01-P02425.
[52] Además de los casos narrados en esta sección, debe incluirse el caso de Madeleine Pinargote, mencionada supra. El caso de los Fondos Global era de alto perfil público y de especial interés del Estado.
[53] La medida otorgada por la jueza habría levantado la orden de no salir del país contra el ex candidato presidencial Álvaro Noboa.
[54] Diario El Telégrafo. Jueza que falló a favor de Álvaro Noboa es suspendida por el CNJ. Publicado el 2 de abril de 2013. Disponible en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/jueza-que-fallo-a-favor-de-alvaro-noboa-es-suspendida-por-el-cj. Ecuavisa.com. “Suspenden a jueza que otorgó hábeas corpus en favor de Álvaro Noboa”. Publicado el 1 de abril de 2013. Disponible en: http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/27533-suspenden-jueza-que-otorgo-recurso-de-habeas-corpus-alvaro-noboa.
[55] ANEXO 4. Declaración Juramentada de la señora Ivonne Hernández.
[56] Diario Expreso. “A juicio la jueza que dejó salir a Álvaro Noboa”. Publicado el 22 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.expreso.ec/historico/a-juicio-exjueza-que-dejo-salir-a-noboa-MCGR_5231905.
[57] 4 Pelagatos. “Justicia era una operación política al servicio de Correa”. Publicado el 26 de agosto de 2017. Disponible en: http://4pelagatos.com/2017/08/26/justicia-una-operacion-politica-al-servicio-de-rafael-correa/.
[58] El Comercio. “Casos tramitados por ex jueces terminaron en fallos similares o cuestionados”. Publicado el 27 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.elcomercio.com/app_public_pro.php/actualidad/casos-exjueces-fallos-cuestionados-gustavojalkh.html.
[59] El Universo. “Richard Proaño: Me destituyeron por fallo contra Ricardo Rivera”. Publicado el 23 de agosto de 2017. Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/23/nota/6343630/me-destituyeron-fallo-contra-ricardo-rivera. Focus Ecuador. “Habla la esposa de Ricardo Rivera: Obvio que él es el testaferro de Jorge Glas. Publicado el 26 de julio de 2017. Disponible en: https://medium.com/focus-news-ecuador/habla-la-ex-esposa-de-ricardo-rivera-obvio-que-%C3%A9l-es-testaferro-de-jorge-glas-94e3355db114. El Comercio. “Abdalá Bucaram Pulley pide resguardo tras presentar una denuncia contra Ricardo Rivera”. Publicado el 18 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/abdala-bucaram-resguardo-denuncia-rivera.html. El Comercio. “Casos tramitados por ex jueces terminaron en fallos similares o cuestionados”. Publicado el 27 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.elcomercio.com/app_public_pro.php/actualidad/casos-exjueces-fallos-cuestionados-gustavojalkh.html.
[60] FOCUS en Democracia. Politización de la Justicia. Entrevista emitida el 6 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CjIhOOCkZgU.
[61] Ver el resumen del caso de Mery Zamora realizado por el Observatorio de Derechos y Justicia en: https://mail.google.com/mail/u/2/#search/MERY+ZAMORA/14132ef40230bb23?projector=1. Unión Nacional de Educadores. Informe ante la CIDH. 12 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.une.org.ec/index.php/2012-07-08-04-19-37/2012-07-08-04-26-21/2012-07-11-23-41-10/448-informe-de-la-une-ante-la-cidh.
[62] El Universo. “Expediente contra Juez que absolvió a Mery Zamora”. Publicado el 29 de mayo de 2014. Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/05/29/nota/3027166/expediente-contra-juez-que-absolvio-zamora. El Comercio. “Judicatura abrió investigación contra Juez Johnny Ayluardo”. Publicado el 29 de mayo de 2014. Disponible en: https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ26bptODWAhVLMJoKHY-oDpsQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecuavisa.com%2Farticulo%2Fnoticias%2Factualidad%2F65071-judicatura-abrio-investigacion-contra-juez-johnny-ayluardo&usg=AOvVaw1EmdAwN6_MgkQ9Fdrt-9BZ.
[63] El Comercio. Rafael Correa pide sanción para jueces del caso Zamora. Publicado el 14 de junio de 2014. Disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/rafaelcorrea-meryzamora-jueces.html.
[64] Plan V. “¿Quienes son los nuevos jueces nacionales?”. Publicado el 25 de enero de 2015. Disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/politica/quienes-son-siete-nuevos-jueces-nacionales.
[65] El Universo. “Jueces que absolvieron a Carrión son destituidos”. Publicado el 18 de abril de 2012. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2012/04/18/1/1355/jueces-absolvieron-carrion-son-destituidos.html.
[66] El Diario. “La CJT destituye a jueces que absolvieron a Carrión”. Publicado el 18 de abril de 2012. Disponible en: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/226713-la-cjt-destituye-a-jueces-que-absolvieron-a-carrion/.
[67] Ecuador en Vivo. “Correos filtrados destapan corrupción de la metida de mano en la justicia”. Publicado el 25 de agosto de 2017. Disponible en: http://www.ecuadorenvivo.com/politica/83-videos/65281-correos-filtrados-destapan-la-corrupcion-de-la-metida-de-mano-de-correa-en-la-justicia-ecuatoriana-periodista-patricia-poleo-presenta-documental.html#.WdnPsVuCzX4.
[68] Presidencia del Ecuador. Presidente Moreno posesionó a su gabinete ministerial. Publicado el 24 de mayo de 2017. Disponible en: http://www.presidencia.gob.ec/presidente-moreno-posesiono-a-su-gabinete-ministerial/; Diario La Hora. “Publican filtración de mails que demostrarían injerencia de Correa en la justicia”. Publicado el 26 de agosto de 2017. Disponible en: https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102095194/publican-filtracion-de-mails-que-demostrarian-injerencia-de-correa-en-la-justicia-.
[69] Focus Ecuador. “La Justicia es el arma de los políticos para aniquilar al enemigo”. Publicado el 13 de septiembre de 2017. Disponible en: https://medium.com/focus-news-ecuador/ex-jueza-djalma-blum-la-justicia-es-el-arma-de-los-pol%C3%ADticos-para-anular-al-enemigo-15c40dccc44d.
[70] El Universo. “Ex jueza Djalma Blum dice que presiones del Consejo de la Judicatura continúan en su contra”. Publicado el 12 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/12/nota/6377488/exjueza-dice-que-presiones-cj-continuan-su-contra.
[71] Ver, por ejemplo. Fundamedios. “Acciones de protección en Ecuador: Garantizan derechos del Estado o de los ciudadanos?”. Publicado el 30 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.fundamedios.org/acciones-de-proteccion-en-ecuador-garantizan-derechos-del-estado-o-de-los-ciudadanos/.
[72] Fundamedios. “Acciones de protección en Ecuador: Garantizan derechos del Estado o de los ciudadanos?”. Publicado el 30 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.fundamedios.org/acciones-de-proteccion-en-ecuador-garantizan-derechos-del-estado-o-de-los-ciudadanos/.
[73] Diario La Hora. “Jueces destituidos batallan contra el Consejo Nacional de la Judicatura”. Publicado el 10 de marzo de 2013. Disponible en: https://lahora.com.ec/noticia/1101476355/jueces-destituidos-batallan-contra-el-consejo-de-la-judicatura.
[74] El Universo. “Alexander Espinales, juez destituido, posee un audio sobre supuesta intromisión en la justicia”. Publicado el 5 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/05/nota/6366622/alexander-espinales-juez-destituido-muestra-audio-supuesta.
[75] El Universo. “CJT sancionó a doce jueces del Guayas”. Publicado el 21 de enero de 2012. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2012/01/21/1/1355/cjt-sanciono-doce-jueces-guayas.html Diario el Telégrafo. “Juez Ruilova destituido de su cargo por acto negligente”. Publicado el 28 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/juez-ruilova-destituido-de-su-cargo-por-acto-negligente.
[76] El Universo. Judicatura destituyó a dos jueces de la Corte Nacional. Publicado el 7 de enero de 2014. Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/07/nota/1995896/judicatura-destituyo-dos-jueces-corte-nacional. Ecuador Inmediato. “Ex jueces aseguran que sus destituciones afectan la independencia en decisiones judiciales”. Publicado el 9 de enero de 2014. Disponible en: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818754360.
[77] Ecuador en vivo. “El juez destituido José Suing se destapa: Emisario de la Presidencia de la República presionó fallo OCP”. Publicado el 8 de septiembre de 2014. Disponible en: http://www.ecuadorenvivo.com/entrevistas/a-quemarropa/20478-en-ahora-a-quemarropa-el-destituido-juez-jose-suing-se-destapa-emisario-de-la-presidencia-de-la-republica-presiono-fallo-de-la-ocp.html.
[78] Denuncia del ex Juez Fidel Rojas presentada el 9 de abril de 2018 ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición.
[79] La Dra. Jácome presentó una acción extraordinaria de protección por su destitución, la misma que fue rechazada por la Corte Constitucional. Ver, en este sentido: Corte Constitucional del Ecuador. Sala de Admisiones. Caso 33-14-17 EP. Decisión de 2 de enero de 2018. Disponible en: http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38353cc0-fee2-410c-8afe-6c3453ca9a08/3314-17-ep-auto.pdf?guest=true.
[80] Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario MOT-11-72-SNCD-2017-DV
[81] Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario MOT-11-72-SNCD-2017-DV
[82] Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario MOT-11-72-SNCD-2017-DV
[83] Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Resolución dentro del Expediente No. 17-001-2017-1734.
[85] El caso “El Universo” se refiere a la interposición de un proceso penal por injuria por parte del entonces presidente Rafael Correa Delgado, contra el columnista de opinión Emilio Palacio y los directivos de Diario el Universo, a partir de un artículo que el primero escribiría, cuestionando las actuaciones del primer mandatario durante la revuelta policial del 30-S. La CIDH y la RELE se manifestaron en reiteradas ocasiones con respecto al caso, y a las posibles violaciones al derecho a la libre expresión que el mismo suponía. Ver, por ejemplo. CIDH. Comunicado de Prensa R-72-11. Relatoría Especial manifiesta su profunda preocupación por condena contra periodista, directivos y medio de comunicación en Ecuador. Publicado el 21 de julio de 2011. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=857&lID=2.
[86] El Comercio. “Jueces Golondrinas en Segunda Sala de lo Penal”. Publicado el 17 de septiembre de 2011. Disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/jueces-golondrinas-ii-sala-penal.html.
[87] El Universo. “Juez Paredes declaró por caso El Universo”. Publicado el 15 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2011/12/15/1/1355/juez-paredes-rinde-declaracion-fiscalia-denuncia-contra.html
[88] El Tiempo. “Sentencia llegó en un pendrive”. Publicado el 7 de septiembre de 2011. Disponible en: http://www.eltiempo.com.ec/noticias/ecuador/4/268776/sentencia-llego-en-un-pendrive. El Mercurio. “Divulga video que probaría que juez cambió sentencia”. Publicado el 21 de abril de 2012. Disponible en: http://www.elmercurio.com.ec/330386-divulga-video-que-probaria-que-juez-cambio-la-sentencia/.
[89] La Línea de Fuego. “Con Jueces Golondrina se pretende afectar los derechos de los Diez de Luluncoto”. Publicado el 18 de enero de 2013. Disponible en: http://www.ecuadorlibrered.tk/movimientos-sociales/4555-con-jueces-golondrina-se-pretende-afectar-los-derechos-de-los-10-de-luluncoto.
[90] Ecuador Inmediato. “Destituida María Leonor Jiménez de la Presidencia de Corte de Justicia del Guayas”. Publicado el 23 de noviembre de 2011. Disponible en: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=162109.
[91] DPLF, De Justicia e IDL. “Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana”. Publicado en 2014. Disponible en http://www.planv.com.ec/sites/default/files/informe_version_final.pdf.
[92] Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción presentado por el abogado Fabián Antonio Escalante en contra del Consejo Nacional de la Judicatura y sus miembros, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo NO. 1 de Quito, de 16 de enero de 2015. Disponible en: http://montecristivive.com/wp-content/uploads/2015/01/Acciu00F3n-contenciosa-administrativa-juez-Fabien-Escalante.pdf.
[93] ANEXO 6. Expediente de la doctora Nancy Naranjo. Expediente disciplinario A-556-UCD-012-PRS. 13 de julio de 2012.
[94] Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. Párs. 111-118.
[95] El Universo. “Gustavo Jhalk indica que los correos no tienen valor legal”. Publicado el 29 de agosto de 2017. Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/29/nota/6354772/gustavo-jalkh-asegura-que-correos-no-tienen-valor-legal.
[96] Expreso. “Jhalk reconoce que intercambió correos con Correa, a Pazmiño le dijeron que se calle”. Publicado el 29 de agosto de 2017. Disponible en: http://www.expreso.ec/actualidad/filtraciones-correos-justicia-ecuador-gustavojalkh-GE1655558; El Universo. “Decir que en la justicia se hacía lo que quería Correa no es tan cierto”. Publicado el 3 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/03/nota/6364966/gustavo-jalkh-decir-que-justicia-se-hacia-que-correa-decia-no-es.
[97] Diario La Hora. “Jueces destituídos se juntan para denunciar presiones del CJ sobre fallos judiciales”. Publicado el 21 de agosto de 2017. Disponible en: https://lahora.com.ec/zamora/noticia/1102093963/jueces-destituidos-se-juntan-para-denunciar-presiones-del-cj-sobre-fallos-judiciales.
[98] Los expedientes adjuntos a la presente corresponden a varios de los 40 jueces destituídos mencionados acá. Seguiremos remitiendo más expedientes en días próximos.
[99] El Telégrafo. “Ex jueces presentaron denuncias por tráfico de influencias”. Publicado el 15 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/exjueces-presentaron-denuncia-por-supuesto-trafico-de-influencias.
[100] El Universo. “Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura, tiene pedido de juicio político”. Publicado el 27 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/27/nota/6403321/gustavo-jalkh-titular-consejo-judicatura-pedido-juicio-politico.
[101] Diario La Hora. “Esteban Bernal: sus razones de un juicio político contra Jhalk”. Publicado el 5 de septiembre de 2017. Disponible en: https://lahora.com.ec/noticia/1102097533/esteban-bernal-sus-razones-para-un-juicio-politico-a-jalkh.
[102] El Universo. “CAL no dio paso a juicio político contra Gustavo Jalkh”. Publicado el 3 de octubre de 2017. Disponible en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/cal-no-dio-paso-a-juicio-politico-contra-gustavo-jalkh.
[i] Principios internacionales sobre la independencia y responsabilidad de jueces, abogados y fiscales
[ii] Corte IDH. Caso Reverón Trujillo vs Venezuela. Informe de fondo de 31 de marzo del 2011, parr. 144.
[iii] Principios internacionales sobre la independencia y responsabilidad de jueces, abogados y fiscales.
[v] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela. Informe de fondo del 20 de julio del 2006, parr. 43.
ODJEcuador	2018-04-16T04:33:24+00:00