Source: http://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/592/14649
Timestamp: 2019-08-19 19:03:42
Document Index: 119484978

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 30', 'artículo 27', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 30']

Intervencion del Senador David Monreal Ávila
El Senador David Monreal Ávila: Muchas gracias, Presidente.
Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa para modificar el artículo 18 y la derogación del 30 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
Uno de los principales problemas que históricamente ha definido al Estado mexicano es la precaria situación económica que prevalece entre la mayoría de la población.
Por décadas, la cifra de personas en situación de pobreza y la desigualdad social no han logrado ser abatidas, por el contrario, la distribución de la riqueza se acentúo en un sector minoritario de la población.
Frente a este panorama, han sido diversas las acciones, que de manera poco exitosa han intentado erradicar la pobreza y la desigualdad mediante el impulso al desarrollo económico del país.
Las medidas que han sido emprendidas por distintos gobiernos se han relacionado con el apoyo económico directo a los sectores vulnerables, pasando por el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada, con miras a la generación de empleo.
Sin embargo, como ha podido constatarse, los resultados son poco exitosos. Tal es el caso de las Zonas Económicas Especiales, las que han sido decretadas con la finalidad de impulsar a ciertas zonas del país que se encuentran una situación de rezago, pero que debido a sus características geográficas pueden aprovechar sus recursos naturales para impulsar actividades productivas, generar empleo y contribuir al mejoramiento de las actividades económicas de dichas regiones.
Con base en aparente experiencia internacional, el Ejecutivo Federal impulsó la creación de este tipo de Zonas Económicas mediante la expedición de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, con el propósito de que el éxito alcanzado en otros países pudiera replicarse en México.
Al día de hoy, se han establecido Zonas Económicas Especiales en Lázaro Cárdenas, Michoacán; en Chiapas; en Coatzacoalcos, Veracruz; en Salina Cruz, Oaxaca; en Progreso de Castro, Yucatán, así como en Campeche y Tabasco.
Sin embargo, contrario a la postura oficial, la población que habita en las áreas geográficas ha mostrado resistencia al establecimiento de las mismas en virtud de que la ley prevé, entre otras cosas, la expropiación de sus tierras.
La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, en su artículo 30, establece: “Que se considera causa de utilidad pública la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de las zonas, así como la provisión de servicios asociados que sean necesarios para su operación, y, en consecuencia, estas pueden ser expropiadas con base en lo establecido en el artículo 27 Constitucional.
Lamentablemente la ley en comento no obliga a las autoridades a tomar en cuenta la opinión de las comunidades o grupos indígenas que habitan en los lugares donde se van a desarrollar las Zonas Económicas, pues si bien, es cierto que el artículo 18, la ley estipula una consulta a la población, esta carece de carácter vinculante. Es decir, en los términos en que se encuentra actualmente la ley, el establecimiento de las zonas se puede llevar a cabo aún en contra de la voluntad de las comunidades.
Por tanto, a través de la presente iniciativa propongo modificar el párrafo I, del artículo 18 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a fin de establecer que las consultas previas al establecimiento de la Zona Económica Especial deberán de tener un carácter vinculante, con el objeto de que realmente se consideren y protejan los derechos e intereses de las comunidades y pueblos indígenas.
Asimismo, se propone derogar el texto del artículo 30 de la misma ley, el que actualmente considera como causa de utilidad pública la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de las zonas.
Es importante señalar que en los últimos años la figura y la facultad de expropiación ha sido utilizada de manera desproporcional por parte del Legislativo simulando el interés general, cuando en el fondo únicamente se benefician capitales privados.
Se puede afirmar que la denotación de los casos de utilidad pública el legislador no tiene límites precisos, su actividad la realiza a partir de criterios ideológicos sobre lo que considera es lo mejor y más deseable para la sociedad en su conjunto y no existe, por tanto, una base objetiva de sustentación.
El desarrollo económico de una región no puede estar por encima de los derechos de las comunidades, si bien es necesario potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales en distintas zonas del país no debe menospreciarse el conjunto de derechos adquiridos tanto de personas físicas como de comunidades enteras.