Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-19357-de-febrero-4-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041dde8f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-16 16:52:46
Document Index: 18445992

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 2357', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 2357', 'artículo 2357', 'artículo 2357', 'artículo 2357', 'artículo 216', 'artículo 357', 'artículo 145', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 2357', 'artículo 216', 'artículo 2357', 'artículo 216', 'artículo 2357', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 2357', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 57', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 19', 'artículo 2341', 'artículo 216', 'artículo 2357', 'artículo 2357', 'artículo 216', 'artículo 2357']

﻿ SENTENCIA 19357 DE FEBRERO 4 DE 2003
SENTENCIA 19357 DE 04 DE FEBRERO DE 2003
CONTENIDO:ACCIDENTE DE TRABAJO. INDEMNIZACIÓN POR CONCURRENCIA DE CULPA DE LA VÍCTIMA CUANDO SE TRATA DE TASAR LOS DAÑOS QUE SE DERIVAN DE LA CULPA PATRONAL EN ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO, CULPA DE LA VÍCTIMA, CONCURRENCIA DE CULPAS, SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, ENFERMEDAD PROFESIONAL
PONENTE:LÓPEZ VILLEGAS, EDUARDOOSORIO LÓPEZ, LUIS JAVIER
Sentencia 19357 de febrero 4 de 2003
Ref.: Exp. 19357
Drs. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de la empresa ASTORGA S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, el 29 de mayo de 2002, en el juicio promovido en su contra por LUZ MILA MONTOYA ANGRINO y GLORIA DENNY VILLAREAL QUIÑONEZ quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos ALEXIS GIOVANNY, JHON ALEXANDER y CARLOS ALFONSO ANGULO VILLAREAL.
LUZ MILA MONTOYA ANGRINO y GLORIA DENNY VILLAREAL QUIÑONEZ quien actúa en nombre propio y de sus menores hijos ALEXIS GIOVANNY, JHON ALEXANDER y CARLOS ALFONSO ANGULO VILLAREAL, demandaron a la sociedad ASTORGA S.A., con el fin de obtener pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de los trabajadores SAÚL MONTENEGRO MUÑOZ y LIZARDO ANGULO, quienes eran sus cónyuges y padre, en el accidente de trabajo ocurrido el 20 de enero de 1997. En forma subsidiaria pidieron, reconocimiento y pago del seguro por muerte en accidente de trabajo.
De la misma manera solicitaron se condenara a la empresa convocada a juicio al reconocimiento y pago de indemnización total de perjuicios por culpa patronal en el percance. Igualmente, demandaron reliquidación de prestaciones sociales, indexación y costas.
Como apoyo de su pedimento afirmaron que el 20 de enero de 1997, SAÚL MONTENEGRO MUÑOZ y LIZARDO ANGULO, quienes se encontraban vinculados a ASTORGA S.A. como Obreros de Campo en virtud de sendos contratos de trabajo a término fijo inferior a un año, sufrieron un accidente de trabajo que les costó la vida, cuando se desplazaban al sitio de labor en el transporte contratado por la empresa.
Para llegar al lugar donde cumplían su trabajo era necesario atravesar el río Caunapí, lo que habitualmente se hacía en un ‘ferry’. El día del fatal accidente, el río se había desbordado por lo cual ese medio de transporte no pudo ser utilizado y por orden del Director de Campo de la empleadora se trasladó al personal en una canoa pequeña con 20 personas a bordo. En la mitad de la travesía la embarcación colisionó con un tronco de madera, habiéndose volteado y causado la desaparición de tres de sus ocupantes entre ellos los cónyuges de las demandantes que fueron encontrados muertos por sumersión pocos días después.
Los trabajadores fallecidos no habían sido afiliados por parte de la empresa al Sistema General de Seguridad Social (fls. 1 a 8).
En la contestación del libelo la empresa convocada a juicio aceptó unos hechos y negó otros. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de prescripción e inexistencia de la obligación. Adujo en su defensa que no se trató de un accidente de trabajo, por cuanto no se demostró que se dieran los supuestos del artículo 9° del Decreto 1295 de 1994. Además, no hubo culpa por parte de la empresa en el infortunado incidente que se ocasionó por la colisión del bote con un tronco de madera y por ende no se le puede imputar responsabilidad. Añadió que a idéntica conclusión se llega si se analiza la conducta de los siniestrados, la cual fue dolorosamente imprudente (fls. 72 a 74).
Mediante sentencia de 24 de enero de 2002, el Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco (Nariño), declaró la existencia de los contratos laborales que terminaron por muerte de los trabajadores. Absolvió a la empresa ASTORGA S.A. de la pensión de sobrevivientes, pero la condenó a pagar a favor de los accionantes las sumas $ 3’678.269 y 3’553.867 indexadas, por concepto de seguro de vida de quienes respondieran al nombre de Lizardo Angulo y Saúl Montenegro respectivamente. Igualmente fulminó condena por valor de $ 66’688.150 y $ 117’075.090 por indemnización total de perjuicios materiales y morales por la muerte de cada uno de los trabajadores en accidente de trabajo y en beneficio de sus cónyuges, e hijos menores en el caso de Lizardo Angulo. Por último, absolvió a la demandada por concepto de reajuste de la liquidación de prestaciones sociales e indemnización moratoria (fls. 279 a 300).
Al desatar el recurso de apelación interpuesto tanto por la parte demandante como por la demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, mediante sentencia de 29 de mayo de 2002, confirmó en su integridad el fallo del juzgador a quo.
En lo que incumbe al recurso extraordinario, consideró el ad quem que en la sustentación de la alzada la parte demandada había solicitado “se modifique de manera sustancial el acápite de Indemnización Total de los perjuicios reclamados por el actor y se declare probada la Concurrencia de Culpa a fin de obtener la consabida reducción”, de donde derivó el juzgador que la finalidad del recurso había sido “lograr la reforma de la sentencia condenatoria” mediante la declaratoria de la existencia de concurso de culpas, “para lograr con ello la reducción de las condenas impuestas…”, porque en concepto de la empresa apelante, el accidente que causó la muerte de los dos trabajadores se produjo por un acto negligente de las víctimas.
Una vez que el Tribunal fijó el objeto de la impugnación, arguyó que esas alegaciones de la empresa demandada no habían sido esgrimidas al contestar la demanda como una excepción o medio enervante de las pretensiones que reclamaban la indemnización plena u ordinaria y que sólo se había aludido a ellas en el recurso de alzada.
Luego puntualizó que de conformidad con reciente jurisprudencia de esta Corporación, concretamente la sentencia de 15 de noviembre de 2001, el artículo 2357 del Código Civil no tenía aplicación en materia laboral cuando se reclama la indemnización plena y ordinaria de perjuicios consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, pues esta norma estableció de manera autónoma la responsabilidad patronal como generadora de los perjuicios totales y ordinarios causados por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Por lo tanto, concluyó el juzgador, en el caso de autos no tenía operancia el concurso de culpas.
Finalmente sostuvo que por las razones anteriores había lugar a mantener la condena impuesta en segunda instancia, “no obstante que la argumentación y el análisis probatorio verificado por el a quo, se hizo ‘sin mayores consideraciones’”.
Inconforme con el fallo anterior, la parte demandada interpuso recurso de casación, el cual, una vez concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala, se procede a resolver previo el estudio de la demanda de casación. No hubo réplica.
El recurrente pretende que la Corte “CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada, en cuanto confirmó las condenas proferidas por el a quo con respecto a la indemnización plena de perjuicios. Posteriormente, convertida la Corte en Tribunal de instancia, proceda a REVOCAR las condenas impuestas por el juez de primer grado por los mismos conceptos, y en su lugar ABSUELVA a la demandada de la pretensión de indemnización plena de perjuicios impetrada por las demandantes”.
“Acuso la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 2341, 2347 y 2357 del Código Civil, en relación con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, a consecuencia de los errores evidentes de hecho en la apreciación probatoria en que incurrió el sentenciador, por la falta de apreciación y por la equivocada apreciación de las pruebas calificadas que más adelante se singularizan”.
Los errores evidentes de hecho en que incurrió el Tribunal son los siguientes:
“— Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo en el que perdieron la vida los cónyuges de las demandantes fue un accidente con culpa patronal.
“— No dar por demostrado, estándolo, que el accidente de trabajo fue un suceso fortuito en el cual la empresa empleadora de los trabajadores fallecidos no tuvo culpa alguna.
“— Dar por establecido, sin estarlo en realidad, que la empresa no tomó las precauciones mínimas y razonables en el transporte a través del río donde perdieron la vida los trabajadores cónyuges de las demandantes”.
A los yerros fácticos precedentes llegó el Tribunal por haber dejado de apreciar el acta de inspección judicial (fls. 185 a 192) y por la estimación equivocada de la demanda introductoria del proceso (fl. 1). Así mismo, por la errónea apreciación de los testimonios de María Raquel Velasco (fl. 121), Genaro Patrocinio Zúñiga (fl. 123), Esaúd Montenegro (fl. 125), Gilberto Peñaranda (fl. 139), Francisco Javier Valencia (fl. 141), Francisco Javier Velásquez (fl. 144), Orlando Riaño López (fl. 158) y Norbey Domínguez Escobar (fl. 155).
En la demostración del cargo el censor afirma que el Tribunal parte del supuesto indiscutido, de que los señores SAÚL MONTENEGRO y LIZARDO ANGULO, cónyuges de las demandantes, fallecieron el 20 de enero de 1997 estando al servicio de la empresa ASTORGA a la cual estaban vinculados mediante contrato de trabajo.
Agrega que tampoco se discuten las conclusiones de instancia en cuanto a que dicho fallecimiento se produjo en accidente de trabajo, toda vez que el infortunio ocurrió en el trayecto de la residencia al trabajo en el transporte suministrado por el empleador.
Igualmente admite, que los trabajadores fallecidos no se encontraban afiliados a la seguridad social, lo que en principio implica asignar responsabilidades indemnizatorias al empleador, por cuanto el Instituto de Seguros Sociales —entidad a la que estuvieron afiliados— no reconoció derechos pensionales del sistema de riesgos profesionales ni del sistema de pensiones por no cumplirse los requisitos legales respectivos.
Precisa que la impugnación en el recurso extraordinario se contrae a la conclusión de instancia, confirmada por el juzgador de segundo grado en el sentido de que hubo “culpa patronal” en la ocurrencia del percance “y que de ella se deriva la obligación de reconocer indemnización plena de perjuicios a la parte demandante por la pérdida de la vida de los trabajadores mencionados”.
Señala que como el Tribunal se limita a efectuar un análisis jurídico confirmatorio de las conclusiones fácticas del Juez de primer grado, es preciso entender que hace suyas las apreciaciones probatorias del a quo, las que controvierte por contener errores evidentes de hecho al dar por demostrada la culpa patronal en el accidente, en lugar de haber dado por establecido, como correspondía, “que el accidente fue un suceso fortuito, sin culpa alguna del empleador”. Además, en el fallo se dio por demostrado, sin respaldo probatorio suficiente, “que la empresa demandada dejó de tomar las medidas mínimas y razonables en el transporte a través del río, donde perdieron la vida los infortunados trabajadores”.
Asevera el recurrente que el sentenciador ad quem apreció en forma equivocada la demanda, en cuanto reseña como hecho el carácter fortuito del evento, pues señala que el día del trágico suceso el ‘ferry’ “no pudo ser utilizado” debido al nivel del río y que la canoa que reemplazó al ‘ferry’ en el transporte del personal llevaba 20 personas y que “colisionó con un tronco de madera” lo que ocasionó que la embarcación se volteara.
Del mismo modo el Tribunal dejó de apreciar el Acta de Inspección Judicial, en cuanto contiene la declaración del señor Gilberto Peñaranda, Director Administrativo de ASTORGA S.A., quien describe lo sucedido y precisa que “a la canoa parados le caben 27 personas”. En esa misma acta la Juez deja constancia de su propia apreciación sobre las características de la canoa utilizada, ya que la observada por el Juez “es similar a la canoa en la cual se transportaban” el día del accidente y la describe como “una canoa de aproximadamente 6 brazas de largo y más o menos un metro de ancho, construida en madera y se opera con canaletes”.
Concluye que las anteriores pruebas calificadas dan cuenta de elementos trascendentales para la valoración de la presencia o ausencia de la llamada “culpa patronal” en la ocurrencia del accidente: “Lo normal es que se utilice el ‘ferry’ en el cruce del río para el personal, circunstancia que puede explicar la ausencia de chalecos salvavidas. Debido a lo crecido del río, se utilizó la canoa, que no era pequeña (no era un ‘potro’); además, la canoa no llevaba sobrecupo, pues tiene capacidad para 27 personas e iban 20; de otro lado, la canoa no naufragó debido a su calidad sino a otra circunstancia fortuita como fue el haber colisionado con un tronco de madera”.
Posteriormente señala el recurrente que las anteriores pruebas calificadas y lo que se infiere de ellas, permiten a la Corte examinar las pruebas no calificadas y se refiere a distintos testimonios, así:
Afirma que María Raquel Velasco da cuenta de la situación de invierno que impidió el uso del ‘ferry’ y de la circunstancia de que el día del accidente todo el personal de la empresa cruzó el río en la canoa, lo que evidencia que nadie consideró peligroso hacerlo y que nadie fue obligado, sino que todo el mundo consideró normal esa solución.
En cuanto al testimonio de Genaro Patrocinio Zúñiga, dice que manifiesta que no fue obligado a que se embarcara y que en forma inmediata se dispusieron ayudas, pues un señor en otra canoa lo rescató.
El hijo de uno de los trabajadores fallecidos, Esaúd Montenegro, destacó que la empresa contrató una canoa con motor inmediatamente, para tratar de rescatar a los desaparecidos.
Gilberto Peñaranda señaló que no era normal que el río creciera tanto; y destaca que la canoa era grande, con capacidad para 27 personas y no iba sobrecargada. Francisco Javier Valencia, quien guiaba la canoa, indicó por su parte que no llevaba sobrecupo y que el accidente se produjo al chocar la canoa con el tronco, el agua entró, la gente se desesperó y por ese motivo se volteó la canoa.
Francisco Javier Velásquez y Orlando Riaño López, hicieron alusión a la pericia del operador de la canoa y al esfuerzo que realizó para evitar la colisión y para tratar de rescatar a los accidentados. Norbey Domínguez Escobar se refirió a que la canoa era grande y estaba en buen estado y que el río “no estaba muy correntoso”.
El recurrente para controvertir el fallo parte de una premisa equivocada, consistente en que el tribunal hizo suyas las conclusiones de carácter fáctico y avaló el análisis probatorio efectuado por el juzgador de primera instancia que lo llevó a dar por establecida la culpa patronal y a fulminar condena por indemnización plena de perjuicios en contra de la empresa demandada.
Un análisis detenido de la decisión de segundo grado demuestra que el tribunal confirmó la condena de primera instancia en lo referente a la indemnización plena de perjuicios, no porque se hubiera allanado a las deducciones fácticas y consideraciones probatorias del a quo, sino porque estimó que no estaba legitimado para abordar el examen de tales cuestiones por no haber demostrado la empresa apelante interés en controvertir de manera específica lo atinente a la culpa patronal. Entendió el sentenciador ad quem que la inconformidad de la sociedad recurrente se contraía simplemente al monto de la condena porque consideraba que debía operar el fenómeno de la concurrencia de culpas y la consecuente reducción indemnizatoria prevista en el artículo 2357 del Código Civil.
Es más, algunas expresiones plasmadas en el cuerpo de la providencia dejan percibir el desacuerdo del tribunal con los razonamientos del inferior sobre los hechos del proceso y la valoración probatoria efectuada, lo que descarta su pleno avenimiento por lo menos, con la fundamentación de la decisión de primera instancia.
Para corroborar los asertos precedentes, resulta pertinente citar apartes del fallo gravado sobre el particular. Así se expresó el tribunal:
“... adentrándonos en el estudio de la inconformidad, es necesario precisar que lo perseguido por el apelante de la parte accionada, es la declaratoria de la figura consagrada en el artículo 2357 del Código Civil, denominada “concurso de culpas, para lograr con ello la reducción de las condenas impuestas en primera instancia, por cuanto según el sustento del recurso, el acaecimiento del accidente que generó la muerte de los dos trabajadores ya citados, se produjo por un acto negligente de las víctimas”.
“Los razonamientos anteriores sirven de fundamento para mantener la condena impuesta en primera instancia, no obstante que la argumentación y el análisis probatorio verificado por el a quo se hizo “sin mayores consideraciones”” (resaltado de la Corte).
Y en la parte final de la providencia señaló:
“... cuando se reclama una indemnización total y ordinaria de perjuicios (art. 216 ibíd.) ... la actividad probatoria debe estar encaminada a demostrar que el accidente de trabajo se presentó por culpa imputable al empleador que no observa “aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”. Este último aspecto no lo tuvo en cuenta el a quo, pues sin mayor argumentación y con un deficiente análisis probatorio profirió condena. Pero como este extremo litigioso específico no fue objeto de protesta, puesto que el recurrente por pasiva no impetró la revocatoria del proveído en este particular, sino su reforma, la condena impuesta en primera instancia se debe mantener”. (Resaltado fuera de texto).
Así las cosas, para enervar la presunción de acierto y legalidad de que viene revestida la sentencia gravada, en la vía de ataque escogida por el censor, era menester que destruyera lo que fue la conclusión fáctica vertebral del tribunal al desatar la apelación de la parte demandada, esto es, que el desacuerdo del apelante con la decisión de primera instancia versó exclusivamente sobre la no aplicación del artículo 2357 del Código Civil, que prevé la reducción de la indemnización en los casos de concurrencia de culpa de la víctima.
Como el censor no procedió de conformidad con esa exigencia, la acusación debe ser desechada porque tal como fue construida derivó en un enjuiciamiento directo al fallo de primera instancia, lo que resulta inadmisible por no tratarse en este evento de casación per saltum.
Por lo demás, al no haberse desvirtuado por parte de la acusación el razonamiento del ad quem de que la apelación de la demandada se centró únicamente en lo relacionado con la reducción del monto de la condena para la reparación del daño por operar la figura de la concurrencia de culpas, se entiende que en esa oportunidad de todos modos se aceptó la existencia de culpa patronal, por lo que no puede ese punto ser discutido ahora de manera tardía en el recurso de casación.
Por las razones anteriores se desestima el cargo.
“Acuso la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, por infracción directa de los artículos 357 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D. 2282/89) y 145 del Código Procesal del Trabajo, lo que condujo a la interpretación errónea del artículo 2357 del Código Civil, en relación con los artículos 2341 y 2347 del mismo código, y del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo”.
En la sustentación del cargo aduce el censor que asume las conclusiones fácticas del fallo, es decir, que hubo accidente de trabajo y culpa patronal concurrente con culpa de la víctima, que impone la reducción proporcional de la condena por dicho concepto.
Sostiene que el sentenciador de segunda instancia infringió directamente el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, y consecuencialmente el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, pues pese a estar en desacuerdo conceptual con la condena por culpa patronal que impuso el juzgado, estimó que “como ese extremo litigioso específico no fue objeto de protesta... la condena impuesta en primera instancia se debe mantener”. Olvidó así la regla de la norma mencionada del procedimiento civil, según la cual cuando ambas partes hayan apelado “el superior resolverá “sin limitaciones”, criterio que es una excepción expresa a la regla de que el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso contenida en la misma norma.
Esa infracción normativa condujo al tribunal a interpretar erróneamente las normas que gobiernan la reparación plena de perjuicios por culpa patronal. En efecto, asumiendo que hubo concurrencia de culpas —aspecto fáctico que el tribunal no discutió— consideró que debía mantener la condena a reparación plena sin descuento alguno por la concurrencia de culpas, en atención a la interpretación actualmente señalada por la Corte y en particular la fijada en sentencia de 15 de noviembre de 2001.
La interpretación allí prohijada se torna en “interpretación errónea”, si la Sala decide admitir la tesis contraria que es la que se propone.
Aduce el censor que el argumento central de la citada sentencia se remite a la literalidad del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a la obligación del empleador de pagar, en caso de culpa patronal, la indemnización “total”, expresión que a juicio de la Sala implica la imposibilidad legal de aplicar cualquier compensación, como sería la que corresponda por la concurrencia de la culpa del trabajador con la culpa patronal.
Los magistrados que disienten de esa tesis, llaman la atención en que la expresión del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo acerca de la indemnización “total y ordinaria” por perjuicios constituye una remisión total a la institución de la reparación extracontractual en el Código Civil, “de modo que no se excluye sino que se contempla la reducción de la condena en los casos de concurrencia de culpas, como lo señala el artículo 2357 del Código Civil”.
El censor dirige su ataque atinadamente por la vía de la interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con el artículo 2357 del Código Civil, por cuanto el tribunal ad quem basó su decisión en el criterio jurisprudencial sentado por esta Sala en sentencia del 15 de noviembre de 2001, en el proceso radicado con el número 15.755.
De conformidad con la doctrina allí fijada, la indemnización plena y ordinaria de perjuicios consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, es una regulación autónoma de la responsabilidad patronal, por la cual no resulta operante el concurso de culpas previsto en el artículo 2357 del Código Civil.
En esa oportunidad dijo textualmente la corporación:
“Considera la Sala que en principio el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo radica exclusivamente en cabeza del culpable la indemnización “total” y ordinaria de perjuicios, sin que prevea una reducción de la misma por una eventual concurrencia de culpa de la víctima. Si el deseo del legislador fuera permitir tal aminoramiento, bastaría con que así lo hubiese previsto de manera expresa o simplemente ordenado remitirse a las normas del Código Civil que gobiernan la materia en esa especialidad. Pero tan no fue esa la voluntad del legislador, que reguló el tema de modo autónomo, en el propio Código Sustantivo del Trabajo, haciendo énfasis en que el empleador responsable debe responder por la totalidad de los daños y es apenas elemental que este diáfano concepto excluye lo meramente parcial o lo incompleto.
“Además, lo anterior tiene plena concordancia con lo prescrito respecto de la responsabilidad objetiva en la que la ley se encarga de tarifar de antemano las consecuencias o efectos sin que tenga el trabajador que demostrar culpa alguna En cambio, en el sistema del artículo 216 en comento, la carga probatoria de la culpa y de los perjuicios sufridos le incumbe exclusivamente al afectado.
“No está por demás decir que constitucional y legalmente existe protección especial para el trabajo humano y los derechos de los trabajadores consagrados en la legislación laboral son derechos mínimos, razón adicional que pone de manifiesto la improcedencia de aplicar analógicamente en esta materia las normas civiles que tienen un fundamento y una finalidad distinta, especialmente en temas como el presente en que se trata de una culpa patronal que originó el deceso del trabajador demandante”.
Así las cosas, como el tribunal se ajustó a la interpretación dada por la Corte al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, no incurrió en el yerro jurídico que se le endilga y en esa medida el cargo no puede salir avante.
Ahora bien, admitiendo a manera de hipótesis que el cargo hubiera sido fundado, de todos modos en criterio de la Sala, no habría lugar a casar el fallo gravado, pues pese a que el censor manifiesta que el tribunal partió del supuesto fáctico de que “hubo accidente de trabajo, y que hubo culpa patronal concurrente con culpa de la víctima”, esto no se puede acreditar luego de una revisión de instancia.
No es posible derivar conducta imprudente de quienes no podían actuar más que instintivamente ante un intempestivo y enorme peligro a su vida.
Tampoco es posible realizar en el presente caso, una atribución personal e individual a cada una de las víctimas de una actuación presuntamente imprudente, que la empresa en su defensa ha predicado de “los trabajadores siniestrados” en forma genérica, consistente en que luego de haber sido golpeada la canoa con un tronco de madera procedieron a realizar movimientos bruscos que desequilibraron la distribución de pesos y la llevaron a naufragar, pero sin determinar la actuación específica que tuvieron en el momento del accidente las dos víctimas a que se refiere este proceso, y sin ello, no habría sido posible darle aplicación a la compensación de culpas que se reclama.
Por los motivos primeramente expuestos, el cargo no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil dos (2002), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el juicio promovido por Luz Mila Montoya Angrino y Gloria Denny Villarreal Quiñonez, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Alexis Giovanny, Jhon Alexander y Carlos Alfonso Angulo Villarreal contra la empresa Astorga S.A.
Magistrados: Eduardo López Villegas—Carlos Isaac Náder—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.
Aunque compartimos la decisión adoptada por la Sala de no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, el 29 de mayo de 2002, en el juicio promovido por Luz Mila Montoya Angrino y otros, contra Astorga S.A., y de esa manera dejar incólume la confirmación de la condena proferida en primera instancia por concepto indemnización total de perjuicios materiales y morales con ocasión de la muerte en accidente de trabajo de Saúl Montenegro y Lizardo Angulo, con todo respeto nos apartamos de las consideraciones de la Sala al estudiar el cargo segundo, pues en nuestro concepto debió revisarse el criterio doctrinario expresado por la Corte en sentencia de 15 de noviembre de 2001, radicado 15.755.
Para nosotros, y por ello discrepamos en ese aspecto de la mayoría, la normatividad civil en materia de responsabilidad y concretamente el artículo 2357 que permite la reducción de la indemnización por concurrencia de culpa de la víctima, ante la ausencia de regulación propia, es aplicable en el campo laboral cuando se trata de tasar los daños que se derivan de la culpa patronal en accidente de trabajo o enfermedad profesional prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, por las siguientes razones:
El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el derecho del trabajador a recibir del patrono una “indemnización total y ordinaria por perjuicios” en el evento de accidente de trabajo o enfermedad profesional cuya ocurrencia sea atribuible a culpa del empleador.
El evento regulado por el artículo en comento, constituye a su vez un incumplimiento de la obligación contractual especial del patrono, de procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud, como reza el literal 2º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.
De esta manera, de no existir el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo las consecuencias por la ocurrencia del accidente de trabajo por el incumplimiento de la obligación de protección de los trabajadores, deberían ser dilucidadas como un evento de responsabilidad contractual, instituto dentro del cual, por principio, no puede derivarse de la culpa una indemnización plena, por cuanto ésta se define dentro del marco del contrato, y limitada a perjuicios previstos o previsibles en el momento de la celebración del contrato, y a los que surgieren de manera inmediata o directa de la culpa.
El significado del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo es, por tanto, el de sustraer el evento del accidente de trabajo o enfermedad profesional por culpa del patrono, del instituto de la responsabilidad contractual para encuadrarlo en el de la responsabilidad aquiliana; así, entonces, el trabajador puede perseguir la satisfacción total de perjuicios.
El Código Sustantivo del Trabajo se limita a señalar los elementos de la responsabilidad, sin establecer regulaciones especiales para cada uno de los elementos que la constituyen: la culpa, la conexidad con el daño, y los perjuicios; de esta manera no puede predicarse la existencia de una regulación autónoma de la responsabilidad laboral; esta es la razón por la cual, de conformidad con el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, obra la remisión general a las normas que regulan dichas materias, en especial la prevista en el Código Civil.
La responsabilidad surge del principio previsto en el artículo 2341 del Código Civil, según el cual quien por su culpa causa daño a otro, debe indemnizarlo.
Dentro de esta formulación va implícito el elemento de la causalidad entre la culpa y el daño, sin el cual, faltando éste, no es posible derivar ninguna responsabilidad; y es el mismo que, bajo la expresión “culpa ... en la ocurrencia del accidente de trabajo” trae el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
Entre las diferentes eventualidades que pueden incidir en la relación de causalidad entre la culpa del patrono y el daño del trabajador, está la de una doble causalidad por la concurrencia de aquélla y la actuación imprudente del afectado; cuando ello acontece sus efectos deben moderarse a la luz de lo que para el efecto prevé el artículo 2357, como es el de la reducción de la apreciación del daño.
Se insiste, entonces, que careciendo la normatividad laboral de un estatuto autónomo para la regulación de la responsabilidad, los daños que se deriven de la culpa patronal y que constituyan accidente de trabajo o enfermedad profesional, debe acudirse a lo que al respecto establece el Código Civil, en particular el artículo 2357; de esta manera el artículo 216 aludido, no excluye ni se contrapone a la norma que regula la concurrencia de culpas, sino que se integran y concuerdan.
Esta remisión a la reglamentación civil no conlleva una disminución de la protección que la ley ofrece al trabajador, por cuanto con ello no se procura una disminución del monto pecuniario de su derecho, sino que el daño no se tase en más allá de lo que es imputable al patrono, pues si cada quien responde por su culpa, no le puede ser asignado a éste el perjuicio atribuible a un tercero, incluida la víctima. Tampoco, le representa al trabajador una mayor carga procesal para obtener sus derechos, en cuanto la prueba de una imprudencia suya corresponde al patrono.
Por los motivos que vienen de exponerse pensamos que el cargo era fundado, aunque de todos modos no había lugar a casar la sentencia del tribunal como se consigna por la mayoría, dado que en este asunto no se probaron los supuestos de hecho que permitieran la aplicación de la compensación de culpas prevista en el artículo 2357 del Código Civil.