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Timestamp: 2019-11-15 11:16:43
Document Index: 9888662

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﻿ SENTENCIA SL15701-2015/70619 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2015
SENTENCIA SL15701-2015 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:INTERESES MORATORIOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993 NO SON APLICABLES A PENSIONES ESPECIALES NO RECONOCIDAS EN DICHA NORMA. MEDIANTE RECURSO DE CASACIÓN LA ENTIDAD CONDENADA A PAGAR LA PENSIÓN CONTEMPLADA EN LA LEY 71 DE 1988 REFERENTE A LA PENSIÓN POR APORTES, SOLICITÓ QUE SE LE ABSOLVIERA DEL PAGO DE INTERESES MORATORIOS LOS CUALES NO SON APLICABLES A ESTE TIPO DE PENSIÓN, LOS INTERESES MORATORIOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993 SE CONCIBIERON EXCLUSIVAMENTE PARA PRESTACIONES COBIJADAS POR ESTA NORMA, POR LO QUE SE ABSOLVIÓ A LA ENTIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERÉS MORATORIO EN LA MESADA PENSIONAL, PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES, MORA EN EL PAGO DE PENSIÓN
Sentencia SL15701-2015 de septiembre 30 de 2015
SL15701-2015
Radicación: 70619
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 25 de junio de 2014, en el proceso seguido por Gladis Junco Alvarado contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
La citada accionante promovió demanda laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, con el propósito de que fuera condenada a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación contemplada en la Ley 71 de 1988, a partir del 31 de diciembre de 2011, el retroactivo pensional causado desde esta fecha, las mesadas ordinarias y adicionales con el respectivo reajuste pensional, los intereses moratorios, lo que resulte ultra y extra petita, y las costas del proceso.
En respaldo a sus pretensiones, refirió que nació el 18 de noviembre de 1950, por lo que cumplió 55 años de edad el mismo día y mes; que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 43 años de edad, por lo cual, es beneficiaria del régimen de transición conforme a lo normado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que laboró para la ESE Hospital San Francisco entre el 14 de marzo de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1979 y del 1º de enero de 1980 hasta el 3 de abril de 1982; que cotizó para el ISS desde el 29 de octubre de 1968 y hasta el 31 de diciembre de 2011 y, que el tiempo total de cotización en el sector público y el ISS suman un total de 1.179,61 semanas.
Agregó que en la historia laboral aparecen periodos incompletos de aportes que corresponden a 131,25 semanas durante el lapso comprendido entre el 1º de septiembre de 1995 y 31 de diciembre de 2011 y que además, aparecen periodos en “cero” debido a que el empleador estuvo en mora desde el 1º de enero de 1998 al 30 de septiembre de 1999. Que el empleador Industrias Santa Clara consignó los aportes correspondientes entre septiembre de 2004 a junio de 2009 al Fondo de Pensiones y Cesantías ING, sin que hubiera estado afiliado a dicho fondo, por lo que éste procedió a realizar el traslado de los aportes al ISS. Finalmente, señaló que agotó la reclamación administrativa a fin que le fuera reconocida la pensión (fls. 3-8).
Colpensiones al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó la fecha de nacimiento, el total de cotizaciones al ISS de 786,14 semanas, el agotamiento de la reclamación administrativa y negó que el tiempo cotizado al sector público y al ISS sumara 1.179,61 semanas.
En su defensa manifestó que “la demandante no cuenta con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (…) para ser beneficiaria del régimen de transición” y además que no tiene las 750 semanas cotizadas antes del 22 de julio de 2005, tal y como lo exige el acto legislativo. Formuló las excepciones de prescripción, inexistencia del derecho reclamado, buena fe, cobro de lo no debido y la “genérica” (fl. 46-50).
El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 10 de abril de 2014 dispuso:
1. DECLARAR no probadas las excepciones de inexistencia del derecho y de la obligación, y la de prescripción.
2. DECLARAR que a la señora GLADIS JUNCO ALVARADO, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, en los términos de la Ley 71 de 1988, por lo señalado en la parte motiva del presente fallo. Queda entendido que para efectos de atender el reconocimiento prestacional a que aquí se le ha condenado, la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” se encuentra facultada para adelantar las gestiones a que haya lugar, para obtener de las entidades correspondientes el bono o título pensional respectivo, sin que el no suministro del mismo, sea obstáculo para que proceda al pago de las mesadas a que tiene derecho el demandante.
3. CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” a pagarle a la demandante la suma de $19.656.399,00, por concepto de mesadas pensionales causadas entre el 1º de enero de 2012 y el mes de marzo de 2014.
4. CONDENAR a la demandada a pagarle a la demandante la suma de $ 652.169, desde el mes de abril de 2014 y en adelante, como mesada pensional, la cual deberá reajustar con base en los incrementos legales que con posterioridad se establezcan.
5. CONDENAR a la demandada a pagarle a la demandante, la suma de $ 4.629.815.58 por intereses moratorios por las mesadas causadas a partir del 1º de enero de 2012, suma que deberá ser actualizada por la entidad, a la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento que se efectúe el pago, sobre el importe de las mesadas pensionales causadas, hasta el momento del pago.
6. COSTAS. A cargo de la demandada en un 90% incluyendo las agencias en derecho por $ 3.326.400 (fl. 101-103).
Por apelación de la parte demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó el fallo de primer grado y no impuso costas en esa instancia.
En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el Tribunal fundamentó su decisión en que no existía discusión respecto a que la demandada incurrió en mora en el reconocimiento de la pensión de la actora. Luego de hacer alusión a lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-601 de 2000, indicó que los intereses de mora tienen como objetivo resarcir a las personas de la tercera edad que se ven avocadas a un perjuicio por el atraso en el reconocimiento de la prestación, sin hacer distinciones en cuanto a la normativa con fundamento en la cual se reconoció la pensión, pues no existen razones para señalar que el perjuicio es distinto en uno u otro caso (fls. 111-113).
Pretende el recurrente que la Corte CASE PARCIALMENTE la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia “revoque el ordinal “QUINTO” de la providencia de primer grado, y en su lugar absuelva respecto del reconocimiento de interés moratorio del artículo 141 de la Ley 100 de 1993”.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación.
Le endilga a la sentencia del Tribunal la violación directa, en la modalidad de aplicación indebida, del artículo “141 de la Ley 100 de 1993”.
Para sustentar la acusación, el recurrente sostiene que la pensión de vejez se reconoció con fundamento en la Ley 71 de 1988, razón por la que el ad quem se equivocó al confirmar la condena relativa a los intereses moratorios, toda vez que “el artículo 141 solo está llamado a regular aquellos casos de pensiones reconocidas con sustento en la Ley 100 de 1993, no como en este evento, que la prestación se reconoció de acuerdo a la normatividad (sic) de la Ley 71 de 1988”.
Señala además que, una de las magistradas que integró la Sala de Decisión salvó voto en lo relativo al interés de mora y, además, la Procuradora Judicial consideró que en el presente caso no podía proferirse condena por tal concepto.
Señala la parte actora que las entidades de seguridad social están obligadas a indemnizar a los pensionados por la cancelación tardía de las mesadas pensionales atrasadas, tal y como ocurrió en el caso, pues el artículo 141 referido desarrolló el mandato superior del artículo 53 de la Carta Política, en virtud del cual es imperativo y contundente garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones.
Agrega que “la demandante en vigencia de la Ley 100 de 1993, adquiere el derecho pensional con posterioridad a la misma, es decir, después de la vigencia de la ley de seguridad social, es decir, en principio esta norma derogó los regímenes especiales anteriores a su vigencia, pero sin duda subsisten algunos regímenes como en el caso de Ley 71 de 1988, Ley 33 de 1985, Ley 546 de 1971, Ley 926 y otras hay que precisar que la norma acusada Ley 100 tiene un carácter general, aplicable inclusive, para todo tipo de pensiones”.
Por la vía directa y en la modalidad de interpretación errónea, le atribuye a la sentencia impugnada la violación del artículo “141 de la Ley 100 de 1993”.
Para sustentar el ataque comienza por indicar que no es cierto que el objetivo primordial de los intereses sea la protección a las personas de la tercera edad, en tanto que la protección se brinda mediante el reconocimiento de las respectivas mesadas pensionales; tampoco tiene como propósito evitar la devaluación, ya que para ello la legislación contempla la indexación de la respectiva base salarial.
Agrega que el mismo artículo 141 de la Ley 100 de 1993, establece el interés frente a la “mora de las mesadas pensionales de que trata esta ley” por lo que mal podía entenderse, como lo expone el Tribunal censurado, que este precepto no tiene relación alguna con la norma con la cual se reconoce el derecho pensional. De lo anterior, concluye que no había lugar a entenderse que el interés de mora cobijaba la situación de la demandante por lo que, “de haber comprendido correctamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no habría interpretado que se trata de una norma que de manera genérica regule todos los casos pensionales, sino que habría comprendido que sí debía examinarse el precepto con sustento en el cual se concedió la pensión”.
La parte demandante sostiene que todos los pensionados siempre han tenido derecho al pago de intereses de mora cuando las mesadas son canceladas de manera atrasada, por lo que no puede desconocerse que es un derecho de todos los pensionados, sin importar el momento en el cual se haya reconocido el disfrute de la prestación respectiva.
Indica que con la expedición de la Ley 100 de 1993 se creó un nuevo régimen de pensiones y de salud, que entró a regir el 1º de abril de 1994, siendo la actora beneficiaria de su régimen de transición. Que la referida Ley 100 de 1993 derogó los regímenes especiales anteriores a su vigencia, pero subsisten algunos regímenes particulares y, como la norma acusada tiene un carácter general, es aplicable a todo tipo de pensiones.
El problema jurídico se contrae a dilucidar si los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, son procedentes en los eventos de retraso en el pago de las mesadas de una pensión reconocida con fundamento en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988.
Al respecto, esta Sala se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la improcedencia de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en los eventos de pensiones que no se conceden con sujeción a su normativa, tal y como ocurre en el presente caso. Así lo ha definido en sentencias CSJ SL 28 de noviembre de 2002, radicación 18273, CSJ SL 24 de mayo de 2007, radicación 30325, CSJ SL, 1º de septiembre de 2009, radicación 37045, ratificadas en fallos CSJ SL. 19 de octubre de 2011, radicación 49152, y CSJ SL, 30 de enero de 2013, radicación 39662. Precisamente en esta última indicó:
No habrá lugar al pago de los intereses moratorios pretendidos en la demanda, pues conforme a la jurisprudencia de la Corte éstos sólo proceden respecto de pensiones concebidas por el Sistema General de Pensiones del Sistema General Integral de Seguridad Social previsto por la Ley 100 de 1993, y como es sabido la pensión de que aquí se trata es la establecida en la Ley 33 de 1985.
En efecto, en sentencia de 28 de noviembre de 2002 (rad. 18.273), señaló la Corte “que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos” (resaltado fuera del texto).
Y recientemente en providencia CSJ SL13076-2014, al estudiar la procedencia de los intereses moratorios frente a una pensión reconocida con fundamento en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, señaló:
En lo atinente a los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no es procedente su reconocimiento, pues como se dejó sentado en la Sentencia CSJ SL 6297-2014 del pasado 7 de mayo, radicación 45446, la pensión objeto de condena no es de aquellas que se conceden con sujeción íntegra a la nueva ley de seguridad social, sino que corresponde a la señalada en la Ley 71 de 1988, artículo 7º (…).
Así las cosas, diáfano resulta para la Sala que como la pensión reconocida a favor de la convocante está regida por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se equivocó el juez de apelaciones al confirmar la condena por concepto de intereses moratorios, en tanto que, éstos se concibieron exclusivamente para prestaciones cobijadas por la Ley 100 de 1993.
En consecuencia, al no encontrar la Sala razones para cambiar el criterio jurisprudencial que hasta ahora se ha mantenido vigente, el ad quem cometió el yerro jurídico endilgado y, por consiguiente, los cargos prosperan.
Sin costas en el recurso extraordinario dada su prosperidad.
V. Sentencia de instancia
En sede de instancia, son suficientes los argumentos esgrimidos en la esfera casacional, para revocar el numeral quinto de la sentencia proferida el 10 de abril de 2014 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar, absolver a la demandada del reconocimiento y pago de los intereses de mora contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Las costas de la primera instancia, estarán a cargo de la parte accionada. Sin costas en la alzada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 25 de junio de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Gladis Junco Alvarado contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, en cuanto confirmó la condena por concepto de intereses moratorios. No la casa en lo demás. En sede de instancia, se revoca el numeral quinto de la sentencia proferida el 10 de abril de 2014 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar absolver a la demandada del reconocimiento y pago de los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.