Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-1195-de-septiembre-13-de-2000-?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041ae31f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-11 19:04:04
Document Index: 326564392

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 71', 'artículo 136', 'artículo 187', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 187']

﻿ SENTENCIA SU-1195 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2000 UNIFICACION
SENTENCIA SU-1195 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA OBTENER AUMENTO DE SALARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO O PARA ORDENAR QUE SE GASTE SIN SUJECIÓN A ÉL. (REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA).
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, SERVIDOR PÚBLICO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia SU-1195 de septiembre 13 de 2000
Sent. SU-1195/2000, sep. 13/2000. Exps. acumulados T-31389, T-316826, T-316827, T-316830, T-339147, T-339160, T-339249, T-339480, T-339535, T-339540, T-339541, T-339542, T-339543, T-339544, T-339693, T-339854, T-340005, T-340079, T-340125, T-340389, T-340488 y T-340654
Los demandantes, cuyos nombres constan en el cuadro anexo, incoaron acción de tutela contra el Presidente de la República, los ministros de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Económico, de Justicia y del Derecho, de Trabajo y Seguridad Social y de Educación, y los jefes del Departamento Nacional de Planeación y del departamento administrativo de la función pública y contra el Gobernador del departamento de Antioquia por considerar vulnerados sus derechos consagrados en los artículos 1º, 13, 25 y 53 de la Carta Política.
Los peticionarios solicitaron a los jueces de tutela que ordenaran a los demandados disponer el reajuste de sus salarios en forma retroactiva al 1º de enero de 2000 en un 15.3%, cifra que, según adujeron, representa el aumento del costo de vida para el año 1999.
1. Reiteración de jurisprudencia sobre la improcedencia de la acción de tutela para obtener el incremento salarial. Incompetencia del juez de tutela para modificar el presupuesto o para ordenar que se gaste sin sujeción a él.
En la sentencia SU-1052 del 10 de agosto de 2000 (M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis) la Sala Plena expresó:
“(...) al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras autoridades estatales, aunque sí podría, en defensa de aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se adopten medidas excepcionales con el propósito de salvaguardar los derechos de aquellos que, por quedar cubiertos en una decisión general, resultan discriminados y por tanto desprotegidos.
De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de tutela no es posible sustituir al Gobierno Nacional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a esta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente la Constitución Política. Este ordenamiento determina con claridad las funciones de los diferentes órganos del poder público delimitando las concurrencias, las cuales se establecen, como mecanismos de control y cooperación en la consecución de los fines del Estado, pero nunca como inmisiones o interferencias (C.P., art. 113).
En consecuencia si como lo expone con claridad el Ministro de Hacienda y Crédito Público y lo ha sostenido esta corporación, compete al Gobierno Nacional presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armonía con su política económica y fiscal, no le corresponde al juez de tutela ordenar su modificación con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores públicos, porque, de hacerlo, se inmiscuiría por vía de tutela, en los asuntos que competen a otras autoridades, desbordando así la competencia constitucional conferida en el artículo 86 de la Constitución Política y deberá responder por extralimitación de funciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º del mismo ordenamiento”.
“(...) de conformidad con la regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la función pública, esta corporación no podría crear la obligación a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores públicos en un monto determinado y para una vigencia específica, como tampoco ordenar que el Gobierno Nacional lo haga, porque además de transgredir los artículos 6º y 86 de la Constitución Política, como quedó explicado, quebrantaría los artículos 345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como también el artículo 71 del estatuto orgánico del presupuesto (D. 111/96). Lo anterior por cuanto, de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 136 del Código Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en “el presupuesto” al igual que invertir las incluidas en éste en forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la acción de tutela como por el principio de legalidad del gasto público, el juez constitucional no puede por vía de tutela incrementar el salario de los accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga.
Los tutelantes además de estar inconformes con la decisión del Gobierno Nacional relativa al no incremento de sus salarios, discrepan de los reajustes previstos en el ordenamiento, tanto para los miembros del Congreso Nacional por el artículo 187 de la Constitución Política, como para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de otros funcionarios al servicio del Estado, por el artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Al respecto consideran, que los incrementos previstos en estas normas desconocen el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Arguyen que la medida del Gobierno Nacional los discrimina, porque sólo algunos servidores públicos resultarían afectados con el no incremento de sus salarios para el presente año. Al respecto, precisa reiterar que las anteriores disposiciones no pueden ser controvertidas por vía de tutela porque tienen previsto en el ordenamiento un trámite especial que hace suyo a la tutela improcedente.
De lo anterior se sigue que deben confirmarse las decisiones de instancia porque la acción de tutela, tal como quedó expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar o modificar las orientaciones o directrices del Gobierno Nacional en materia de gasto público, en razón a que la política fiscal del Estado se hace realidad en la ley orgánica del presupuesto y ley de apropiaciones para una vigencia determinada, que debe controvertirse, ante esta corporación, pero en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a consideración de esta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 —por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2000— radicadas con los números 2780, 2804, 2922 y 3051.
Igualmente, tampoco la acción de tutela es el procedimiento idóneo para controvertir la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Esta disposición, al igual que las anteriores, debe demandarse ante esta Corte en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.
Así mismo, el mandato del artículo 187 de la Constitución Política, de conformidad con el cual la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año, no puede objetarse por ningún procedimiento, puesto que su incuestionable jerarquía la hace inmune a las controversias, incluso ante esta corporación a la cual corresponde velar por su guarda e integridad. No obstante cabe recordar que las mismas pueden ser reformadas por los canales previstos para el efecto en el mismo ordenamiento (C.P., arts. 374 a 379).
Por consiguiente, se hace necesario valorar la situación particular y concreta de cada uno de los accionantes a fin de establecer, si las circunstancias relatadas por éstos son de tal gravedad que ameritan la intervención del juez constitucional en asuntos que competen a otras autoridades desconociendo las disposiciones constitucionales y legales que consagran y desarrollan el principio de la legalidad de la función pública. En caso contrario se negarán las acciones también como mecanismo transitorio porque, si las circunstancias que aquejan a las accionantes no constituyen amenaza o consolidación de un perjuicio irremediable, nada se remediaría con la intervención del juez de tutela, empero sí se quebrantaría todo el orden institucional.
No obstante no puede desconocerse el efecto general que en los ingresos de los servidores públicos ocasiona el no haberse decretado el incremento de sus salarios, por tanto, ha de recomendarse al Gobierno Nacional que tal como lo plantea en su escrito de contestación, cuando las circunstancias lo permitan expida “los decretos que determinen el aumento salarial a partir del 1º de enero del año 2000 para los empleados públicos y oficiales” puesto que, tal como lo dispone la Constitución Política y lo ha reiterado esta corporación, el salario es elemento esencial y definitivo para que el trabajador y su familia alcancen y mantengan una vida digna, lo cual implica que no puede permanecer estático sino que debe, cuando menos, permitirle al trabajador conservar su nivel de vida y esto no es posible, si la remuneración que recibe por su trabajo pierde su poder adquisitivo”.
2. Cuando se concede la tutela el juez debe proferir una orden que haga efectivo el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados. Necesidad de fecha cierta en las sentencias, como garantía del derecho de defensa de las partes.
Es deber del juez de tutela analizar detenidamente los hechos puestos bajo su conocimiento y, si llega a la conclusión de que se han vulnerado derechos fundamentales del accionante, debe conceder el amparo y proferir una orden tendiente a restablecer los mismos. El fallador no puede limitarse a reconocer que se ha desconocido un derecho, sino que debe adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que la violación continúe o para impedir que la amenaza se traduzca en hechos reales (C.P., art. 2º).
Llama la atención la decisión proferida por el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. (exp. T-340079), por cuanto a pesar de amparar los derechos a la igualdad y al mínimo vital y móvil, no profirió orden alguna tendiente al restablecimiento de aquéllos.
Advierte además la Corte que en el texto del mencionado fallo existen párrafos contradictorios, pues inicialmente dice el juez que “en aras de la protección del derecho de igualdad debe incrementarse el salario del accionante con el mismo criterio que se tuvo para incrementar el salario a quienes devengaban menos de 2 salarios mínimos, que según la prueba recaudada fue el índice de precios al consumidor, factor que se basó teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el país”, y más adelante asegura que “el despacho ha de dejar en claro que la presente decisión se encuentra encaminada a la protección del derecho de igualdad, y al mínimo vital y móvil, pero en ningún momento al pago del incremento salarial, toda vez que la disponibilidad presupuestal para este efecto, depende del Presupuesto General de la Nación, y éste tiene un procedimiento constitucional y legal para su aprobación y modificación, por lo tanto no puede un juez de tutela ordenar una modificación a través de la vía de tutela, por lo tanto quedan estas autoridades en la obligación de ejecutar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes, a fin de dar cumplimiento a la presente tutela”.
Ha de recordarse que para los sujetos procesales es decisivo tener conocimiento exacto acerca de cuándo fue proferida la sentencia, y gozar también de certidumbre en lo relativo a la fecha de su notificación, para establecer, por ese camino, la fecha de su ejecutoria y contar con la vía expedita orientada a su impugnación o controversia, como una expresión del acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229).
De otro lado, la Sala deja claro que a pesar de que en la sentencia proferida por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Ibagué (exp. T-340125), son señaladas como accionantes dos personas más, lo cierto es que en el expediente sólo aparece el escrito de tutela incoado por Julia Esther Reyes, y el juez de segunda instancia sólo se refiere a ésta.
1. REVÓCANSE los fallos proferidos por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca —Sección Primera, Subsección A— (exps. T-311389, T-316826, T-316827, T-316830 y T-300488); por los juzgados 15 Penal del Circuito de Medellín (exps. T-339147 y T-339160); 4 de Menores de Medellín y por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín —Sala Primera de Decisión de Familia— (exp. T-339249); por los juzgados Promiscuo Municipal de Remolino, Magdalena (exp. T-339480); 3º Penal del Circuito de Santa Marta (exp. T-339535); Penal del Circuito de Fundación, Magdalena, (exps. T-339540, T-339541, T-339542, T-339543 y T-339544); 1º Civil del Circuito de Medellín (exp. T-339693); Civil Municipal de Caldas, Antioquia, (exp. T-340005); por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería —Sala Laboral de Conjueces— (exp. T-339854); 3º Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C. —Sala Laboral— (exp. T-340079); por los juzgados Promiscuo Municipal y Civil del Circuito de Sopetrán, Antioquia, (exp. T-340389). En su lugar, se DENIEGA el amparo solicitado.
2. CONFÍRMASE las sentencias proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué —Sala Civil— (Exp. T-340125) y por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— (exp. T-340654).
Magistrados: Fabio Morón Díaz, presidente—Antonio Barrera Carbonell—Alfredo Beltrán Sierra—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Alejandro Martínez Caballero—Vladimiro Naranjo Mesa—Martha Victoria Sáchica de Moncaleano (E)—Álvaro Tafur Galvis.
Nº Expediente Actor Demandado 1ª Instancia Fallo 2ª Instancia Fallo
T-311389 Guillermo Moreno Lobo Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Justicia y del Derecho y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Marzo 16/2000 CONCEDE No hubo
T-316826 María Lucila Torres Vargas Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Justicia y del Derecho y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Abril 4/2000 CONCEDE No hubo
T-316827 Jaime Humberto Santoyo Ávila Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Justicia y del Derecho y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Abril 4/2000 CONCEDE No hubo
T-316830 Mariela Juya Huertas Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Justicia y del Derecho y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Abril 4/2000 CONCEDE No hubo
T-339147 Luis Alberto Gil Yepes Gobernador del departamento de Antioquia Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín Marzo 9/2000 DENIEGA Juzgado 15 Penal del Circuito de Medellín Abril 26/2000 REVOCA Y CONCEDE
T-339160 Oscar Mario Ruiz Cifuentes Gobernador del departamento de Antioquia Juzgado 37 Penal Municipal de Medellín Marzo 3/2000 DENIEGA Juzgado 15 Penal del Circuito de Medellín Abril 24/2000 REVOCA Y CONCEDE
Sergio Luis Álvarez López
Nicolás Alberto Patiño Zapata
Ambrosio Nicolás Ángel Ortíz
T-339249 María de los Ángeles Uribe de Lopera Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Juzgado 4º de Menores de Medellín Abril 7/2000 CONCEDE Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Primera de Decisión de Familia Mayo 31/2000 CONFIRMA
T-339480 Alberto Bolaño Patiño Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Juzgado Promiscuo Municipal de Remolino (Magdalena) Mayo 10/2000 CONCEDE No hubo
T-339535 Ruth María Bolaño Guerrero Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación Juzgado 3º Penal del Circuito de Santa Marta Mayo 5/2000 CONCEDE No hubo
T-339540 Nubia Estela Navarro Navarro Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) Mayo 15/2000 CONCEDE No hubo
T-339541 Dámaris Pacheco Muñoz Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) Mayo 11/2000 CONCEDE No hubo
T-339542 Ugolina del Socorro Lechuga Coronado Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) Mayo 12/2000 CONCEDE No hubo
T-339543 Jimmy de la Hoz de la Hoz Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) Mayo 11/2000 CONCEDE No hubo
T-339544 Elizabeth Esther Fernández de De la Valle Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) Mayo 15/2000 CONCEDE No hubo
T-339693 Doralba Tobón Mora Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Juzgado 1º Civil del Circuito de Medellín Mayo 19/2000 CONCEDE No hubo
T-339854 Bella Rebeca Berrío Rams Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Laboral de Conjueces Mayo 5/2000 CONCEDE No hubo
T-340005 Héctor Jiménez Pérez Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Juzgado Civil Municipal de Caldas (Antioquia) Mayo 19/2000 CONCEDE No hubo
T-340079 Ruth Esperanza Cardozo González Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Desarrollo Económico, Ministro de Trabajo y Seguridad Social y Jefe del Departamento Nacional de Planeación Juzgado 3º Laboral del Circuito de Bogotá Marzo 21/2000 CONCEDE Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral Sin fecha CONFIRMA
T-340125 Julia Esther Reyes Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Juzgado 4º Civil del Circuito de Ibagué Marzo 30/2000 DENIEGA Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil Mayo 19/2000 CONFIRMA
T-340389 Dioselina Arbeláez Herrera Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Educación y Jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública Juzgado Promiscuo Municipal de Sopetrán (Antioquia) Abril 10/2000 CONCEDE Juzgado Civil del Circuito de Sopetrán (Antioquia) Mayo 24/2000 CONFIRMA
Lilián Inés Arango M.
T-340488 Dolores Cecilia Martínez Riascos Nación, Ministro de Hacienda y Crédito Público Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Junio 2/2000 CONCEDE No hubo
Édgar Yascualt Álvarez
Rubén Darío Cruel Bermúdez
Álvaro Guillermo Fajardo
Wilson Arturo Ibarra Álvarez
Patriciela Ortíz de Bedoya
Gilberto Inbachi
Isidro Amado Valencia Ortíz
T-340654 Ovidio Osorio Presidente de la República, Ministro de Hacienda y Crédito Público Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Decisión de Conjueces Marzo 22/2000 CONCEDE Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral Mayo 24/2000 REVOCA
Gilma Usuga Ortíz
Martha Nury Ortíz Bedoya
Diana Lucía Ordóñez Correa
Martha Dolly Ortíz Gómez
Resfa Inés Ortíz Bedoya
Clara Cecilia Orrego Álvarez
María Lisve Ortíz de S.
Carlos Eduardo Ortíz Fino
Elba Lucía Ortíz Márquez
María del Carmen Olaya Ortíz
Óscar Darío Pérez Mesa
Óscar Enrique Peláez S.
Óscar Marcelino Pérez Montoya
Isabel Cristina Peña Álvarez