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Timestamp: 2016-10-22 11:53:27
Document Index: 143844354

Matched Legal Cases: ['Artículo 45', 'Artículo 149', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 10', 'Artículo 8']

LEY 20/1986, DE 14 DE MAYO, BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
LEY 20/1986, DE 14 DE MAYO, BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS	LEY 20/1986, DE 14 DE MAYO, BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS Mis Leyes
LEY 20/1986, DE 14 DE MAYO, BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS Estado	:
20/1986	Boletín Oficial	:
BOE 120/1986	Fecha Disposición	:
14/05/1986	Fecha Publicación	:
20/05/1986	Órgano Emisor	:
JEFATURA DEL ESTADO	Juan Carlos I rey, de España A todos los que la presente vieren y entendieren,
Exposición de motivos de acuerdo con el Artículo 45 de la constitución, es deber de los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida. Ello implica la necesidad de corregir el deterioro ambiental que ocasiona la contaminación del suelo, del agua y del aire a causa de la generación de residuos tóxicos y peligrosos.
Resulta preciso, en consecuencia, en orden al cumplimiento del mandato constitucional, establecer una regulación adecuada del tratamiento de esta clase de residuos, llenando así el vació normativo existente en nuestro ordenamiento y proceder, además a la adaptación del mismo a las previsiones del derecho comunitario.
La ley de minas, de 21 de julio de 1973, preveía en su disposición adicional la elaboración de una ley que regulase el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. Como consecuencia, se dicto la ley 42/1975, de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, que, tal como se señalaba en su exposición de motivos, pretendía dentro de la limitación de su ámbito y finalidad lograr una solución armónica de las disposiciones ya existentes, mas que crear un sistema nuevo. No obstante, la complejidad e importancia de los problemas derivados de la existencia y diversificación de los residuos llevo al citado texto legal a incluir dentro de su ámbito de aplicación a los industriales y agrícolas, al tiempo que preveía que determinadas categorías de residuos fueran objeto de disposiciones especiales.
La existencia de residuos industriales que por sus características especificas permiten la equiparación en cuanto a su régimen jurídico a los de origen domestico, sometidos a la citada ley 42/1975, no excluye que un amplio sector de los mismos, teniendo origen industrial, necesite de unas prescripciones especiales para su gestión a causa de los graves riesgos que representan para la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.
Este hecho aconseja la promulgación de una disposición del mismo rango, que llene esta laguna tan necesitada de regulación, habida cuenta de la falta actual de mecanismos de control en una materia tan directamente relacionada con la salud y el medio ambiente.
Dicha regulación especifica, es habitual en el derecho comparado en general y en la normativa elaborada por la OCDE y la Comunidad Económica Europea en particular. Así, por ejemplo, en esta ultima, mientras la directiva de 15 de julio de 1975 (75/442 /CEE) Contiene unas prescripciones generales sobre residuos, la de 20 de marzo de 1978 (78/319 /CEE) Se refiere únicamente a los tóxicos y peligrosos, previendo la aplicación a los mismos de normas especiales sobre su recogida, transporte, tratamiento, almacenamiento y destino final. Operaciones todas ellas que se comprenden en la gestión integrada que prácticamente agota los contenidos de la directiva.
La ley contiene en consecuencia, un régimen jurídico básico, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 149.1.23. de la constitución, para este tipo de residuos, que incluye tanto medidas preventivas en su fase de producción como la regulación de todas las fases de la gestión, que tiene en cuenta las operaciones de recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y eliminación, de forma integrada, en función del destino final mas adecuado a las características de cada residuo. A este objetivo responden las técnicas de autorización previa, control, bolsas de gestión de residuos, identificación de estos y planeamiento de las actividades que los generan.
Por ultimo, es preciso establecer un régimen sancionador mediante la regulación de la responsabilidad, la consideración de esta como solidaria en determinados supuestos, la tipificación de las infracciones, el establecimiento del importante principio de que el residuo tóxico y peligroso debe tener siempre un titular, cualidad que corresponde al productor o al gestor, y la determinación que solo se producirá transferencia de responsabilidad si dicha transferencia figura en documento fehaciente y se realiza a entidad autorizada para la gestión.
1.La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico básico necesario para que en la producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos se garantice la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.
2.Los poderes públicos fomentarán la recuperación de la energía y materias primas contenidas en los residuos tóxicos y peligrosos, la transformación de los mismos en inocuos y el desarrollo de nuevas tecnologías tanto de eliminación como de procesos poco generadores de residuos.
3.La producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos se considera actividad que puede dar origen a situaciones de emergencia, a los efectos previstos en las leyes reguladoras sobre protección civil.
Gestión: el conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos tóxicos y peligrosos el destino final mas adecuado de acuerdo con sus características y en orden al cumplimiento del Artículo 1 de la presente disposición.
Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y eliminación de los mismos.
Almacenamiento: el deposito temporal de residuos tóxicos y peligrosos que no suponga ninguna forma de eliminación o aprovechamiento de los mismos.
1.Lo dispuesto en la presente ley será de aplicación tanto a los residuos tóxicos y peligrosos como a sus recipientes y a los envases vacíos que los hayan contenido.
2. Se excluyen de su ámbito de aplicación: los residuos radiactivos, los residuos mineros, las emisiones a la atmósfera y los efluentes cuyo vertido al alcantarillado, a los cursos de agua o al mar, este regulado por la normativa vigente. No obstante, dicho vertido habrá de llevarse a cabo respetando, en todo caso, lo dispuesto en el Artículo 6.3 de la presente ley.
1.La instalación de industrias o actividades generadoras o importadoras de residuos tóxicos y peligrosos o de productos de cuyo uso pudieran derivarse residuos de este carácter, requerirá autorización de la administración ambiental competente, sin perjuicio de las demás licencias o autorizaciones que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente, y previa presentación de un estudio cuyo contenido se determinará reglamentariamente.
2.La administración publica competente para el otorgamiento de la autorización prevista en este precepto podrá exigir de los productores de residuos tóxicos y peligrosos la constitución de un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades.
a) Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1.1, por si mismo o mediante cesión de los residuos tóxicos y peligrosos a un gestor.
f) Presentar un informe anual a la administración publica competente en el que se deberán especificar, como mínimo, cantidad de residuos tóxicos y peligrosos producidos o importados, naturaleza de los mismos y destino final.
g) Informar inmediatamente a la administración publica competente en caso de desaparición, perdida o escape de residuos tóxicos y peligrosos.
Régimen Jurídico De La Gestión De Los Residuos Tóxicos Y Peligrosos Artículo sexto
1.Las operaciones de gestión de residuos tóxicos y peligrosos se realizarán de acuerdo con el régimen general de autorizaciones previstas en la presente ley y demás disposiciones aplicables, así como en las condiciones que se establezcan por los organismos competentes de las administraciones central, autonómica y local.
1.La gestión de los residuos tóxicos y peligrosos requerirá autorización administrativa previa, expedida por el organismo ambiental competente, sin perjuicio de las demás licencias o autorizaciones que sean exigibles.
2.La autorización fijará el plazo y condiciones en que la misma se otorga y quedará sujeta a la constitución por el solicitante de un seguro de responsabilidad civil y a la prestación de fianza en la forma y cuantía que en aquella se determine.
3.Las actividades de transporte propias de dicha gestión requerirán un documento especifico de identificación de los residuos, expedido en la forma que se determine reglamentariamente, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente sobre transporte de mercancías peligrosas.
Toda persona o entidad que trate, almacene, recupere o elimine residuos tóxicos y peligrosos esta obligada, en la forma que reglamentariamente se determine, a llevar un registro de las operaciones que realice, así como a establecer las medidas de seguridad, autoprotección y plan de emergencia interior para prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro.
2.Los productores y los gestores de los residuos tóxicos y peligrosos estarán obligados a prestar toda la colaboración a las autoridades competentes a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, encuestas, tomas de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión. Artículo decimoprimero
1.La administración del estado, de acuerdo con las previsiones suministradas por las comunidades autónomas, formulará un plan nacional de residuos tóxicos y peligrosos, con validez para todo el territorio nacional, con objeto de racionalizar, coordinar y optimizar la gestión de los residuos a que se refiere esta ley. El citado plan incluirá objetivos específicos, programas y acciones a desarrollar, contenidos mínimos y medios de financiación, así como el procedimiento de revisión del mismo.
Artículo decimotercero 1.Las infracciones a lo establecido en la presente ley serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en los Artículos siguientes , sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles y penales.
2. Solo se produce transferencia de responsabilidad en el caso de cesión de los residuos tóxicos y peligrosos a entidades autorizadas para realizar las operaciones que componen la gestión de los mismos. La cesión ha de constar en documento fehaciente.
1.La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:
a) Cuando el productor o el gestor de residuos tóxicos y peligrosos haga su entrega a persona física o jurídica que no este autorizada para ello.
1. Se consideran infracciones administrativas a la presente ley:
La importación, producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos o de productos de cuyo uso puedan derivarse residuos de este carácter, sin las autorizaciones previstas en la presente ley o con incumplimiento de las condiciones fijadas en la misma.
El abandono, vertido y deposito incontrolado de residuos tóxicos y peligrosos.
La transformación de estos residuos que implique el traslado de la contaminación o el deterioro ambiental a otro medio receptor.
La mezcla de los residuos tóxicos y peligrosos entre si o con los residuos urbanos o industriales en contra de lo dispuesto en el Artículo 5., c).
La entrega, venta o cesión de los residuos a persona físicas o jurídicas que no posean la debida autorización para la gestión de los mismos.
La resistencia a una inspección y control sobre la producción, transporte, almacenamiento, tratamiento, recuperación y eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 10.,
2.La omisión o incumplimiento del documento especifico de identificación previsto en el Artículo 8.
3. El falseamiento de cualquier dato referido a las operaciones de producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos, así como la negativa a suministrar la información solicitada por la administración publica competente o el retraso intencionado en cumplimentar la información solicitada.
1.Las infracciones previstas en la presente ley podrán ser muy graves, graves o leves.
2.Las infracciones podrán dar lugar a la imposición de todas o de algunas de las siguientes sanciones:
Clausura definitiva o temporal total o parcial de las instalaciones.
Prohibición definitiva o temporal del ejercicio futuro de actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos.
Clausura temporal, total o parcial de las instalaciones.
Clausura temporal parcial de instalaciones.
3.La administración publica competente podrá hacer publicas, en los medios de comunicación social, las listas de infractores, con especificación de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas.
Las sanciones previstas en el Artículo anterior se impondrán por los órganos de las distintas administraciones publicas, en función de sus respectivas competencias.
2.La recogida y tratamiento de los residuos tóxicos y peligrosos abandonados, así como la restauración del medio ambiente, podrán ser realizados por la administración competente por cuenta de los responsables y sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.
3.La valoración de los daños ocasionados a la salud humana, recursos naturales y medio ambiente se llevará a cabo por la administración competente con audiencia de los interesados.
Coste teórico de la restitución.
1. En el supuesto de que la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, la administración dará traslado del expediente al ministerio fiscal, quedando en suspenso la actuación sancionadora en vía administrativa. Sin embargo, la vía penal no paralizará el expediente que se hubiere incoado en orden al restablecimiento de la situación anterior o, en su caso, al abono de daños y perjuicios por parte del infractor, a que este se encontrará siempre obligado conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior.
A los efectos de aplicación de la ley de expropiación forzosa se declara de utilidad publica el tratamiento, la recuperación, el almacenamiento y la eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos.
1.Las instalaciones para la gestión de residuos tóxicos y peligrosos autorizadas en el momento de la publicación de la presente ley se adaptarán en un plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de las normas de desarrollo de la misma a las condiciones técnicas que en estas se determinen.
Disposiciones Adicionales Primera. 1. El gobierno, en el plazo máximo de seis meses, a contar de la entrada en vigor de la presente ley, dictará las normas reglamentarias necesarias para su desarrollo y ejecución.
3.Las normas reglamentarias que no tengan carácter básico se aplicarán, en su caso, en los territorios de las comunidades autónomas en la forma que proceda según sus respectivas competencias.
Segunda. El gobierno podrá modificar la relación de sustancias toxicas y peligrosas contenidas en el anexo, así como complementarla con el establecimiento de las cantidades y concentraciones significativas para las sustancias incluidas en la misma.
Tercera. El gobierno podrá modificar las cuantías de las multas previstas en la presente disposición cuando las circunstancias económicas así lo aconsejen.
Cuarta. reglamentariamente se especificarán las empresas que, en función de su volumen de actividad, no estarán sujetas a las prescripciones establecidas en los Artículos 4 y 5 de la presente ley.
RELACIÓN DE SUSTANCIAS O MATERIAS TOXICAS Y PELIGROSAS
9.Los fenoles y los compuestos fenolicos.
10.Los cianuros orgánicos e inorgánicos.
11.Los isocianatos.
12.Los compuestos órgano-halogenados, con exclusión de los polímeros inertes y otras sustancias mencionadas en esta lista.
13.Los disolventes clorados.
14.Los disolventes orgánicos.
15.Los biocidas y las sustancias fitosanitarias.
16.Los productos a base de alquitrán procedentes de operaciones de refino y los residuos alquitranados procedentes de operaciones de destilación.
17.Los compuestos farmacéuticos.
18.Los peróxidos, cloratos, percloratos y nitruros.
19.Los éteres.
20.Las sustancias químicas de laboratorio no identificables y o nuevas cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos.
23. El telurio y sus compuestos de telurio.
25.Los compuestos aromáticos policíclicos (con efectos cancerigenos).
26.Los carbonilos metálicos.
27.Los compuestos solubles de cobre.
28.La sustancias ácidas y o básicas utilizadas en los tratamientos de superficie de los metales.
29.Los aceites usados minerales o sintéticos, incluyendo las mezclas agua-aceite y las emulsiones.
LEY 4/1998, de 3 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento (CE) 3093/1994, del Consejo, de 15 de diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. (Disposición Derogada)REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambienteREAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contenganREAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julioREAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertederoORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuosRESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del anteproyecto "Nuevo acceso a Cádiz mediante un puente o túnel sobre la bahía", de la Dirección General de CarreterasLEY 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de MadridRESOLUCIÓN de 4 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de trazado "Ampliación de la autopista de peaje A-6. 3.er carril entre Villalba y el enlace del Valle de los Caídos", de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de FomentoRESOLUCIÓN de 4 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de trazado "Ampliación de la autopista A-6. 4.o carril entre Las Rozas (norte) y Villalba", de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de FomentoREAL DECRETO 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amiantoREAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y peligrososREAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambienteLEY 10/1998, de 21 de abril, de ResiduosAcuerdo de 7 de junio de 2011, adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) de Onís. (Expte. CUOTA: 205/2007). [Cód. 2011-12217]	Derecho.com
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