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Timestamp: 2017-04-24 07:18:40
Document Index: 116336048

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 45', 'artículo 70', 'artículo 62', 'artículo 84', 'artículo 62', 'artículo 77', 'artículo 169', 'artículo 112', 'artículo 170', 'artículo 169', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 97', 'artículo 217', 'artículo 220', 'artículo 244', 'artículo 218']

Recurrir multas de tráfico - Agotada la vía administrativa
12 Agotada la vía administrativa
Diversas opciones La vía contencioso administrativa
El recurso contencioso-administrativo Interposición del recurso Sentencia y costas procesales
La vía ejecutiva para el cobro
El cobro de multa en vía de apremio
Inicio vía ejecutiva
Efectos de la vía ejecutiva
Títulos para la ejecución
Ingreso en el procedimiento de apremio
POSIBILIDADES TRAS AGOTAR LA VÍA ADMINISTRATIVA.
Una vez agotada la vía administrativa, esto es, una vez que ha sido resuelto el recurso de alzada o de reposición que hemos interpuesto contra la sanción que la administración pretende imponernos, únicamente nos quedan dos, o mejor dicho, tres opciones, que son las siguientes: 1. La primera de estas opciones será la de conformarnos con el resultado del recurso y pagar el importe de la sanción fijado en la resolución sancionadora. 2. La segunda opción será la de recurrir la multa ante los tribunales, mediante la interposición de recurso contencioso- administrativo. 3. Finalmente, la tercera opción será la de ni pagar el importe notificado en la resolución sancionadora ni interponer recurso contencioso administrativo. En este caso, la administración dispondrá del plazo de un año para cobrar la sanción antes de que ésta prescriba. No obstante, este plazo de prescripción, quedará interrumpido en el momento en que la administración inicie el procedimiento de apremio (vía ejecutiva) para intentar cobrarnos el importe de la multa.
Sin duda la primera de las opciones es la que más rápidamente pondrá fin a este proceso que, seguro, nos estará dando más de un quebradero de cabeza, pero es evidente que la opción por esta solución dependerá, en gran medida, no sólo del importe de la multa (pues normalmente ante una sanción de importe pequeño, no nos interesará meternos en un procedimiento ante los tribunales, pues sin duda, nos costará mucho más dinero, y ello, aun cuando al final se nos dé la razón) sino también de nuestro grado de perseverancia en cuanto a demostrar la equivocación de la administración por atribuirnos un hecho, una infracción, que "realmente" no hemos cometido.
Una vez que ha sido resuelto el recurso de alzada (o, de reposición interpuesto contra la sanción del Ayuntamiento) en sentido negativo, es decir, desestimando nuestras pretensiones, así como en el caso de que opere el silencio administrativo, que en estos supuestos juega en sentido negativo para quien ha interpuesto el recurso (este silencio administrativo negativo tendrá lugar si transcurridos tres meses para el recurso de alzada y un mes para el recurso de reposición desde la interposición del recurso de alzada no hubiere recaído resolución), la única posibilidad de recurrir que nos queda es la de hacerlo ante los tribunales mediante la interposición de recurso- administrativo. Si optamos por esta opción, no debemos olvidar que antes de proceder a la interposición del recurso, debemos abonar el importe de la multa, evitando asimismo, mediante esta consignación, que nos sea aplicado el recargo del 20%. Esta posibilidad de recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa nos viene reconocida por distintas vías. Así, en los artículos 80 del Real Decreto- Ley 339/1990, de 2 de marzo, por la que se aprueba el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial y el 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se establece de forma expresa esta posibilidad de interponer, una vez agotada la vía administrativa, el recurso contencioso- administrativo. Por su parte la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa- administrativa, Ley 29/1998, de 13 de julio, dentro del capítulo I del Título III, regula el artículo 25 cuál va a ser la actividad de la administración que va a ser impugnable por esta vía, y que es la siguiente: - Las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- La inactividad de la Administración y sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos que la Ley (29/1998, de 13 de julio) establece.
- Los actos que se dicten aplicando disposiciones cuando se alegue que estas disposiciones no son conformes a derecho, esto es, no son legales.
RD-L 339/90 Ley Tráfico,Circ. y Seg.Vial
Art. 80. Recursos. 1. Contra las resoluciones de los expedientes sancionadores que sean competencia de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, podrá interponerse dentro del plazo de un mes recurso de alzada ante el Ministro del Interior. En igual plazo serán recurribles ante el Delegado del Gobierno correspondiente las sanciones impuestas por los Subdelegados del Gobierno.
Las resoluciones de los recursos de alzada serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo en los términos previstos en su ley reguladora.
(Nota: La redacción de este artículo ha sido modificada por la Ley 19/2001 de 19 de diciembre de 2001).
Ley 30/92 Rég.Jurídico Admones. Públicas
Art. 115. Plazos.
NOTA: Artículo modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
- Órgano competente: El recurso contencioso-administrativo se interpondrá ante el Juzgado de Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado.
(Dispone el artículo 8, apartado 2º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa que los Juzgados de los Contencioso-Administrativo <<conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado y de las Comunidades Autónomas, contras los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquellos en vía de recurso, fiscalización o tutela>>).
- Plazo para su interposición: El plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo será de dos meses a contar desde que se produce la notificación de la resolución que se impugna o de la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa, cuando se trate de acto expreso.
- Interposición del recurso: Para interponer el recurso contencioso-administrativo podremos conferir nuestra representación a un Procurador (esto es opcional), sin embargo, deberemos ser asistidos, en todo caso, por un Abogado.
El inicio del recurso se realizará mediante un sencillo escrito en el que deberán constar los siguientes datos: 1- La identificación de quien interpone el recurso (que es el recurrente), y el órgano al que se dirige. 2- La disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se recurre.
3- La firma del Abogado, y en su caso, la firma del Procurador.
Asimismo, este escrito deberá ser acompañado de aquellos documentos en los que se contenga el acto recurrido y de aquellos otros que acrediten que han sido cumplidos todos los requisitos necesarios y exigidos para la interposición del recurso (Estos documentos vienen enumerados en el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).
1. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto.
Sentencia y costas procesales
La sentencia que resuelva el recurso contencioso- administrativo podrá pronunciarse en alguno de los siguientes sentidos: a) Declarando la inadmisibilidad del recurso.
b) Estimando o desestimando el recurso.
Asimismo la sentencia contendrá el correspondiente pronunciamiento sobre las costas. En este sentido, serán impuestas a aquella parte cuyas pretensiones hubieran sido desestimadas. (Asimismo, podrá el órgano jurisdiccional, mediante el debido razonamiento, imponer las costas a aquella parte que sostuviere su acción o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad.). Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.
La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes: a) Que el juzgado o Tribunal Contencioso- administrativo carezca de jurisdicción. b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada. c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación. d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.
e) Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido. Art. 70.
1. La sentencia desestimará el recurso cuando se ajusten a Derecho la disposición, acto o actuación impugnados. 2. La sentencia estimará el recurso contencioso- administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Se entiende por desviación de poder el ejercicio de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Art. 71. 1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso- administrativo: a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada. b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma. c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo. d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará ne todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia. 2. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactadas los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.
Una vez que nos ha sido comunicada la resolución sancionadora con el importe de la multa que debemos ingresar, y ésta ha quedado firme, dispondremos de un plazo de 15 días para proceder a su abono sin recargo alguno. Si transcurre ese período de pago voluntario sin que hayamos procedido al dicho abono, la multa llega a la vía ejecutiva y su importe se verá incrementado con un recargo del 20%, más, en su caso, los intereses de demora que correspondan.
En ese momento la multa se convierte en una deuda y comienza su tramitación como tal.
Estos efectos mencionados del recargo y de los intereses de demora son consecuencia directa de la iniciación del procedimiento de apremio, tal y como viene establecido en el artículo 70 del RD 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación, al establecer: <<2. La providencia de apremio deberá contener: a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado al pago.
d) Liquidación del recargo del periodo ejecutivo. e) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
g) Fecha de emisión de la providencia de apremio.>>
En cuanto a la tramitación de este procedimiento, señala el artículo 84 del Real Decreto Ley 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad que: <<Cuando las sanciones hayan sido impuestas por la Administración del Estado, los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recaudación y demás normas de aplicación. En los demás casos, serán los establecidos en la legislación aplicable por las Autoridades que las hayan impuesto>>. Así, las multas la Jefatura de Tráfico se tramitarán a través de la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda). Por su parte las multas de los Ayuntamientos se tramitarán a través de los servicios de Recaudación Ejecutiva Municipal.
- Una vez iniciado el período ejecutivo la Administración procederá a la recaudación de la/s deuda/s mediante el procedimiento de apremio, el cual se iniciará mediante providencianotificada al deudor, en la que se identificará la deuda que está pendiente de pago y se requerirá a éste, al deudor, para que proceda a su pago. Asimismo, se advertirá en dicha providencia al deudor, que si en el plazo señalado no efectúa el pago, se procederá al embargo de sus bienes. Esta providencia de apremio es título ejecutivo suficiente para el inicio del procedimiento y tiene la misma fuerza que una sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago, es decir, es el acto de la Administración que despacha la ejecución contra el patrimonio del deudor.
- Una vez que nos ha sido notificada la providencia de apremio, tenemos dos opciones: 1- Bien procedemos al pago de la deuda. 2- Bien procedemos a la impugnación de la providencia mediante la interposición de recurso de reposición. Si optamos por la primera opción, esto es, la de proceder al pago de la deuda, establece el Reglamento General de Recaudación, tanto el modo en que debe realizarse como el plazo (o plazos) que tenemos para realizarlo antes de que la Administración proceda al embargo de nuestros bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda (y recargo, intereses y costas). En este sentido, en cuanto al modo del ingreso de la deuda, se hará de acuerdo con el capítulo II del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
En cuanto a los plazos de ingreso, son los siguientes: a) Para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo para su pago será hasta el día 20 de cada mes, o inmediato hábil posterior.
b) Para las deudas notificadas entre los días 16 y último de cada mes, has ta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Ahora bien, podemos optar por, en lugar de proceder al pago de la deuda, impugnar la providencia de apremio. Contra ella podemos interponer Recurso de Reposición (regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en material de revisión en vía administrativa). En relación con este recurso, y a simple título enunciativo, podemos señalar las siguientes características o especialidades:
1- En primer lugar, podemos interponerlo nosotros mismos ante el órgano que corresponda, es decir, que no necesitaremos ser asistidos ni de Abogado ni de Procurador. 2- En segundo lugar, el plazo que tenemos para interponerlo es muy breve, pues es tan sólo de 15 días contados desde el día siguiente al de la notificación del acto cuya revisión se solicita (en este caso la providencia de apremio). 3- La interposición del recurso de reposición no va a interrumpir la ejecución del acto impugnado, lo cual puede dar lugar a la consiguiente recaudación (mediante embargo) de la deuda. Por ello es importante que, si decidimos recurrir la providencia de apremio, primero procedamos a su pago, o en otro caso, solicitemos la suspensión de dicha ejecución mediante la prestación de garantía o aval.
4- El recurso de reposición no podrá basarse en puntos relativos al fondo del asunto, sino que visto previamente el expediente, habrá de basarse en cuestiones relativas a defectos del procedimiento.
5- Finalmente señalar que, contra la resolución del recurso de reposición, no podrá interponerse nuevamente este recurso.
TÍTULO III. CAPÍTULO V. SECCIÓN 2ª.
1. Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la ley en atención a su naturaleza, en caso de concurrencia del procedimiento de apremio para la recaudación de los tributos con otros procedimientos de ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las siguientes reglas: a) Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio sea el más antiguo. A estos efectos se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho. b) Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo, siempre que la providencia de apremio se hubiera dictado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso.
2. El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago. 3. Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio o titularidad de los bienes o derechos embargados o cuando considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública, formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente.
4. Si se interpone tercería de dominio se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan. 5. Si la tercería fuera de mejor derecho proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería. Art. 166. Conservación de actuaciones.
3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. c) Falta de notificación de la liquidación. d) Anulación de la liquidación.
4. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de esta ley, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio. Art. 168. Ejecución de garantías.
Si la deuda tributaria estuviera garantizada se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio. No obstante, la Administración tributaria podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. En estos casos, la garantía prestada quedará sin efecto en la parte asegurada por los embargos.
d) Las costas del procedimiento de apremio. 2. Si la Administración y el obligado tributario no hubieran acordado otro orden diferente en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado.
Si los criterios establecidos en el párrafo anterior fueran de imposible o muy difícil aplicación, los bienes se embargarán por el siguiente orden: a) Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.
b) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. c) Sueldos, salarios y pensiones.
e) Intereses, rentas y frutos de toda especie. f) Establecimientos mercantiles o industriales.
4. Siguiendo el orden establecido según los criterios del apartado 2 de este artículo, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda. En todo caso, se embargarán en último lugar aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario. A solicitud del obligado tributario se podrá alterar el orden de embargo si los bienes que señale garantizan el cobro de la deuda con la misma eficacia y prontitud que los que preferentemente deban ser trabados y no se causa con ello perjuicio a terceros.
1. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación. Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos.
2. Si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público, la Administración tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. A tal efecto, el órgano competente expedirá mandamiento, con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo, solicitándose, asimismo, que se emita certificación de las cargas que figuren en el registro. El registrador hará constar por nota al margen de la anotación de embargo la expedición de esta certificación, expresando su fecha y el procedimiento al que se refiera. En ese caso, el embargo se notificará a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación. La anotación preventiva así practicada no alterará la prelación que para el cobro de los créditos tributarios establece el artículo 77 de esta ley, siempre que se ejercite la tercería de mejor derecho. En caso contrario, prevalecerá el orden registral de las anotaciones de embargo.
3. Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. b) Falta de notificación de la providencia de apremio. c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley.
d) Suspensión del procedimiento de recaudación. 4. Cuando se embarguen bienes muebles, la Administración tributaria podrá disponer su depósito en la forma que se determine reglamentariamente.
1. Cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores, títulos u otros bienes entregados o confiados a una determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria, podrá disponer su embargo en la cuantía que proceda. En la diligencia de embargo deberá identificarse el bien o derecho conocido por la Administración actuante, pero el embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de los bienes o derechos existentes en dicha oficina. Si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el momento del embargo se deduce que los fondos, valores, títulos u otros bienes existentes no son homogéneos o que su valor excede del importe señalado en el apartado 1 del artículo 169, se concretarán por el órgano competente los que hayan de quedar trabados.
3. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión del deudor.
A estos efectos se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior.
1. La enajenación de los bienes embargados se realizará mediante subasta, concurso o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se fijen reglamentariamente. El acuerdo de enajenación únicamente podrá impugnarse si las diligencias de embargo se han tenido por notificadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 112 de esta ley. En ese caso, contra el acuerdo de enajenación sólo serán admisibles los motivos de impugnación contra las diligencias de embargo a los que se refiere el apartado 3 del artículo 170 de esta ley.
2. El procedimiento de apremio podrá concluir con la adjudicación de bienes a la Hacienda Pública cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles cuya adjudicación pueda interesar a la Hacienda Pública y no se hubieran adjudicado en el procedimiento de enajenación. La adjudicación se acordará por el importe del débito perseguido, sin que, en ningún caso, pueda rebasar el 75 por ciento del tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación.
3. La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el obligado tributario
solicite de forma expresa su enajenación. 4. En cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, la Administración tributaria liberará los bienes embargados si el obligado extingue la deuda tributaria y las costas del procedimiento de apremio. Art. 173. Terminación del procedimiento de apremio.
a) Con el pago de la cantidad debida a que se refiere el apartado 1 del artículo 169 de esta ley. b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago.
c) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa. 2. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. El procedimiento de apremio
Inicio vía ejecutiva Efectos de la vía ejecutiva Recargo de apremio.
RD 939/2005, DE 29 DE JULIO, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN
Art. 70. Providencia de apremio.
2. La providencia de apremio deberá contener: a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado al pago.
g) Fecha de emisión de la providencia de apremio. 3. Son órganos competentes para dictar la providencia de apremio los que establezca la norma de organización específica.
4. En el caso de deudas a favor de la Hacienda pública estatal, que deban satisfacer las comunidades autónomas, entidades locales, organismos autónomos y otras entidades de derecho público, y sin perjuicio de la posibilidad de proceder al embargo de sus bienes, en los supuestos no excluidos por disposición legal, podrá acudirse, asimismo, a los procedimientos de compensación de oficio y deducción sobre transferencias. Art. 71. Notificación de la providencia de apremio.
c) Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento
Títulos para la ejecución RD 939/2005, DE 29 DE JULIO, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN
4. En el caso de deudas a favor de la Hacienda pública estatal, que deban satisfacer las comunidades autónomas, entidades locales, organismos autónomos y otras entidades de derecho público, y sin perjuicio de la posibilidad de proceder al embargo de sus bienes, en los supuestos no excluidos por disposición legal, podrá acudirse, asimismo, a los procedimientos de compensación de oficio y deducción sobre transferencias. Ingreso en el procedimiento de apremio
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
3. El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. La Administración tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses. 4. Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica.
5. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos: a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
6. Las deudas tributarias aduaneras y fiscales derivadas de operaciones de comercio exterior deberán pagarse en el plazo establecido por su propia normativa. 7. En los supuestos en los que la ley de cada tributo lo establezca, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, sin aportación de garantía y a solicitud de éste, si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver o una comunicación de datos, con indicación de que el importe de ladevolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende.
El importe de la deuda suspendida no podrá ser superior a la devolución solicitada. La deuda suspendida quedará total o parcialmente extinguida en el importe que proceda de la devolución reconocida, sin que sean exigibles intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución. 8. El ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías, cuando se compruebe que por la misma operación se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria o se ha soportado la repercusión de otro impuesto, siempre que el pago realizado o la repercusión soportada fuera incompatible con la deuda exigida y, además, en este último caso, el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la extinción de las deudas tributarias a las que se refiere el párrafo anterior y, en los casos en que se hallen implicadas dos Administraciones tributarias, los mecanismos de compensación entre éstas. Interés de demora
RD 939/2005, DE 29 DE JULIO, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN Art. 72. Interés de demora del periodo ejecutivo.
Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento una deuda se satisfaga totalmente antes de
que concluya el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para el pago de las deudas apremiadas, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
a) Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada una vez finalizado el plazo establecidoen el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la liquidación de los intereses devengados se practicará posteriormente, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Administración.
d) Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas o créditos, podrán liquidarse y retenerse los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue. En los casos de los párrafos b), c) y d) no será necesaria la notificación expresa de la liquidación de los intereses de demora devengados si en la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento posterior le ha sido notificado al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago, una referencia al tipo de interés aplicable, según se trate de deudas y sanciones tributarias o de deudas no tributarias, y la forma de cómputo del tiempo de devengo.
Art. 75. Diligencias de embargo.
Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de lasArt. 76. Práctica de los embargos.
2. Cuando en la fase de traba o en la de ejecución se presuma que el resultado de la enajenación de los bienes embargados pueda ser insuficiente para cubrir la deuda, se procederá al embargo de otros bienes y derechos. Cuando por la información sucesivamente obtenida se embarguen bienes que en el orden de embargo sean anteriores a otros ya embargados pero no realizados, se realizarán aquellos con anterioridad.
Art. 77. Concurrencia de embargos.
Art. 74. Ejecución de garantías.
4. Si la garantía está constituida por o sobre bienes o derechos de persona o entidad distinta del obligado al pago, se comunicará a dicha persona o entidad el impago del importe garantizado, requiriéndole para que, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ponga dichos bienes o derechos a disposición del órgano de recaudación competente, salvo que pague la cuantía debida. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido el pago o la entrega de los bienes o derechos, se procederá a enajenarlos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. 5. Si la garantía consiste en depósito en efectivo, se requerirá al depositario el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del depósito constituido, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, advirtiéndole que en caso de incumplimiento se procederá al embargo de sus bienes y derechos sin más trámite en virtud de la misma providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación de aquella. Si el depositario es la propia Administración, se aplicará el depósito a cancelar dichas cantidades.
El órgano de recaudación competente notificará el inicio del procedimiento de ejecución a la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio si no ha sido requerida para el pago y a los titulares de cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca que aparezcan en la certificación. En su caso, el tipo para la subasta o concurso podrá fijarse de acuerdo con las reglas del artículo 97 y con independencia del valor en que se haya tasado el bien al tiempo de constituir la hipoteca.
Ley 58/2003, General Tributaria Art. 169. Práctica del embargo de bienes y derechos.
4. Siguiendo el orden establecido según los criterios del apartado 2 de este artículo, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda. En todo caso, se embargarán
en último lugar aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario. A solicitud del obligado tributario se podrá alterar el orden de embargo si los bienes que señale garantizan el cobro de la deuda con la misma eficacia y prontitud que los que preferentemente deban ser trabados y no se causa con ello perjuicio a terceros.
Ley 58/2003, General Tributaria Art. 213. Medios de revisión.
a) Los procedimientos especiales de revisión. b) El recurso de reposición. c) Las reclamaciones económico-administrativas. 2. Las resoluciones firmes de los órganos económico- administrativos, así como los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que hubiera recaído resolución económico-administrativa, no podrán ser revisados en vía administrativa, cualquiera que sea la causa alegada, salvo en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 217, rectificación de errores del artículo 220 y recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley. Las resoluciones de los órganos económico-administrativos podrán ser declaradas lesivas conforme a lo previsto en el artículo 218 de esta ley.