Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/537509-l-10-2014-de-1-oct-ca-illes-balears-ordenacion-minera-de-las-illes-balears.html
Timestamp: 2017-05-24 17:16:50
Document Index: 9320794

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 41', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 11', 'Artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 15', 'artículo 36', 'artículo 41', 'artículo 12']

Publicado en BOIB núm. 138 de 09 de Octubre de 2014 y BOE núm. 264 de 30 de Octubre de 2014
Vigencia desde 10 de Octubre de 2014. Esta revisión vigente desde 21 de Agosto de 2016
Extracción ocasional
CAPÍTULO I. Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears
Consejería competente en materia de minas
CAPÍTULO II. Consejo de la Minería de las Illes Balears
CAPÍTULO III. Registro Minero de las Illes Balears
CAPÍTULO I. Concepto de derecho minero y procedimiento de otorgamiento
Órgano minero competente
Solicitudes de derechos mineros
Solicitudes de derechos mineros en zonas de relevancia ambiental
Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de la sección A
Apertura de nuevas canteras y sus instalaciones
Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros sobre yacimientos de origen no natural, estructuras subterráneas y similares
Modificaciones y ampliaciones de autorizaciones de aguas minerales y termales
Explotaciones de salinas
Ocupación de terrenos para el aprovechamiento de recursos de la sección B
Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de recursos de la sección C
Condiciones especiales de la solicitud de aprovechamiento de recursos geotérmicos
Tramitación de los expedientes de ocupación de terrenos y similares
Compatibilidad con derechos mineros preexistentes y otros usos de interés público
Vinculación del planeamiento municipal
Vigencia temporal de los derechos mineros
Prórroga de autorizaciones de las secciones A y B
Prórroga de concesiones de las secciones C y D
Ampliaciones de autorizaciones de recursos mineros
CAPÍTULO III. Garantías financieras
Constitución de las garantías financieras
TÍTULO IV. Contenido y transmisión de los derechos mineros y de la restauración
Obligación de restaurar
Restauración o reutilización de canteras a cargo de la administración
Transmisión de los derechos mineros
Transmisión de derechos mineros de la sección A
Transmisión de los derechos mineros por actos mortis causa
TÍTULO V. Coordinación con otras legislaciones aplicables
Coordinación con el régimen de aplicación en materia de licencias urbanísticas y actividades
Coordinación con el procedimiento de evaluación ambiental
Ejercicio de la potestad inspectora
Consecuencias de la actividad de inspección
Suspensión temporal o caducidad
Información al Consejo de la Minería de las Illes Balears
Normativa aplicable a los procedimientos en materia minera
Procedimiento para actualizar y regularizar los derechos mineros
Régimen transitorio de obtención de declaración de impacto ambiental
Planes directores sectoriales de canteras
Estudios de viabilidad de grandes infraestructuras de transporte
R Trabajo, Comercio e Industria 2 Mar. 2017 CA Illes Balears (ampliación del plazo para resolver la resolución del procedimiento de actualización y regularización de canteras previsto por la Disposición transitoria primera de la Ley 10/2014) Ocultar / Mostrar comentarios Véase Res [BALEARES] del consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se amplía el plazo para resolver la resolución del procedimiento de actualización y regularización de canteras previsto por la Disposición transitoria primera de la Ley 10/2014 (LOMIB) («B.O.I.B.» 16 marzo 2017).
L 12/2016, de 17 Ago. CA Illes Balears (evaluación ambiental) Ocultar / Mostrar comentarios Número 4 del artículo 16 redactado por la disposición final primera de la Ley [BALEARES] 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears («B.O.I.B.» 20 agosto).
L 12/2015 de 29 Dic. CA Illes Balears (presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016) Ocultar / Mostrar comentarios Letra a) del artículo 41 redactada por la disposición final undécima de la Ley [BALEARES] 12/2015, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016 («B.O.I.B.» 30 diciembre).
TC, Pleno, S 260/2015, 3 Dic. 2015 (Rec. 4051/2015)
Ocultar / Mostrar comentarios Número 1 del artículo 23 declarado inconstitucional y nulo por STC 260/2015, de 3 diciembre, núm. rec. 4051/2015.
Inciso “además de la previa declaración de zona registrable” contenido en el apartado 2 del artículo 23 declarado inconstitucional y nulo por STC 260/2015, de 3 diciembre, núm. rec. 4051/2015.
Inciso “y de la solicitud de registrabilidad” contenido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 23 declarado inconstitucional y nulo por STC 260/2015, de 3 diciembre, núm. rec. 4051/2015.
Número 4 del artículo 23 declarado inconstitucional y nulo por STC 260/2015, de 3 diciembre, núm. rec. 4051/2015.
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4051-2015 (contra el artículo 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears) Ocultar / Mostrar comentarios El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 21 de julio de 2015, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 4051-2015, contra el artículo 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso –7 de julio de 2015–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros («B.O.E.» 24 julio).
R Coordinación Autonómica y Local 30 de Abr. 2015 (Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-CA Illes Balears en relación con Ley 10/2014, 1 Oct.) Ocultar / Mostrar comentarios Véase la Res. de 30 de abril de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears («B.O.E.» 21 mayo).
Objeto El objeto de esta ley es regular el desarrollo de las actividades mineras en el territorio de las Illes Balears, así como la actividad administrativa de control y supervisión de estas actividades y de las tareas de restauración, en el marco de las competencias atribuidas a la comunidad autónoma de las Illes Balears por el Estatuto de Autonomía, en condiciones de sostenibilidad y seguridad, y promoviendo un aprovechamiento racional compatible con la protección del medio ambiente y el paisaje.
Ámbito de aplicación 1. Esta ley es aplicable a las siguientes actividades:
Principios Los principios que inspiran esta ley son los siguientes:
Definiciones 1. Una explotación minera es el conjunto de actividades socio-económicas que se llevan a cabo para obtener recursos de un yacimiento de minerales.
8. A los efectos de esta ley, se entiende por actividad extractiva el conjunto de operaciones e instalaciones necesarias para obtener y comercializar recursos geológicos. Se incluyen los establecimientos de beneficio definidos en esta ley, así como las instalaciones -fijas o móviles- y las edificaciones necesarias para el desarrollo normal de la actividad, como talleres, básculas, oficinas, almacenes, plantas envasadoras de agua mineral, vestuarios o comedores de personal, que, en todo caso, tienen que cumplir las prescripciones que, en cuanto a autorizaciones o permisos, haya previsto la Administración local o autonómica competente.
a) Todos los que se ejecutan mediante labores subterráneas, sea cuál sea su importancia.
Extracción ocasional 1. Se considera ocasional y de escasa importancia la extracción de recursos minerales que lleve a cabo el propietario de un terreno, para su uso exclusivo en la misma propiedad, y que no exige aplicar ninguna técnica minera. Este tipo de extracción queda fuera del ámbito de aplicación de la presente ley.
TÍTULO IICOMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
Capítulo IAdministración de la comunidad autónoma de las Illes Balears
Competencias del Gobierno Como órgano superior de dirección y coordinación de la política de la comunidad autónoma de las Illes Balears, corresponderán al Consejo de Gobierno las siguientes funciones:
Consejería competente en materia de minas Corresponderán a la consejería que tenga atribuida la competencia en materia de minería las siguientes funciones:
Competencias de los consejos insulares 1. Los consejos insulares, en las competencias de ordenación del territorio atribuidas por el Estatuto de Autonomía y la Ley de consejos insulares, tendrán la función de elaborar y aprobar los planes directores de canteras insulares y sus modificaciones, estableciendo las zonas de interés minero, así como de emitir los informes previstos en esta ley.
Capítulo IIConsejo de la Minería de las Illes Balears
Véase D [BALEARES] 6/2015, 20 febrero, por el que se regula la composición, las funciones y el régimen interno del Consejo de la Minería de las Illes Balears y se crea el Comité Técnico Permanente («B.O.I.B.» 24 febrero).
LE0000546996_20150225
Consejo de la Minería de las Illes Balears 1. Se crea el Consejo de la Minería de las Illes Balears como órgano colegiado, con funciones principalmente consultivas y de asesoramiento de la comunidad autónoma de las Illes Balears en relación con la minería, en el marco de la defensa ambiental y el desarrollo sostenible. En las cuestiones determinadas en el artículo 11.2, sus funciones serán decisorias.
3. El Consejo de la Minería de las Illes Balears tendrá como finalidades estimular el consenso y la unidad de acción en materia de minería, e impulsar la coordinación de los intereses públicos y privados que confluyan con el objetivo de fomentar el desarrollo de una política minera insular sostenible. Artículo 10
Composición 1. El Consejo de la Minería de las Illes Balears estará presidido por la persona titular de la consejería competente en materia de minería o la persona en quien delegue.
Funciones 1. Sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente, corresponderán al Consejo de la Minería de las Illes Balears las siguientes funciones:
Capítulo IIIRegistro Minero de las Illes Balears
Registro Minero de las Illes Balears 1. Se crea el Registro Minero de las Illes Balears, en el que han de inscribirse todos los derechos mineros autorizados o concedidos en el territorio de las Illes Balears, así como sus modificaciones. La inscripción incluirá, con el desglose suficiente, el tipo de derecho minero, el titular, la extensión, la delimitación, los establecimientos de beneficio e instalaciones auxiliares, la maquinaria y cualquier otro elemento esencial para la actividad minera.
TÍTULO IIIDERECHOS MINEROS
Capítulo IConcepto de derecho minero y procedimiento de otorgamiento
Derechos mineros 1. Los derechos mineros que se otorguen o se soliciten en las Illes Balears han de ajustarse a lo dispuesto en este título.
Órgano minero competente 1. Sin perjuicio de las funciones que esta ley atribuye al Consejo de Gobierno de las Illes Balears en el artículo 6, el órgano minero competente o la autoridad minera será la persona titular de la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de minas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, a quién corresponderá otorgar los derechos mineros, autorizar sus modificaciones, transmisiones y prórrogas, y, en su caso, declarar su caducidad.
Solicitudes de derechos mineros 1. Las solicitudes de derechos mineros han de presentarse en soporte de papel debidamente foliadas y encuadernadas, acompañadas de un índice descriptivo del contenido y en tantas copias en formato digital como la autoridad minera exija. En todo caso, como mínimo, se presentará la siguiente documentación:
1º. Una memoria, que ha de comprender el proyecto de exploración, investigación o explotación y los proyectos de instalaciones mineras y procesos productivos, cuyo contenido podrá establecerse reglamentariamente.
2º. Un plan de cese y de abandono de actividades mineras.
3º. Un calendario de ejecución y presupuesto.
4º. Los planos.
5º. La siguiente documentación anexa:
6º. Un presupuesto de los gastos previos al arranque de la actividad y del primer año de explotación.
7º. Un estudio económico y financiero.
8º. Un programa de ejecución de instalaciones.
1º. La descripción del entorno.
2º. Las medidas previstas para rehabilitar el espacio natural.
3º. Las medidas previstas para rehabilitar los servicios y las instalaciones.
4º. El plan de gestión de residuos.
5º. El calendario y el presupuesto de la restauración, que contendrá las fases secuenciadas de la restauración.
6º. La documentación gráfica y planimétrica, utilizando la mejor tecnología disponible, de cómo quedarán finalmente los terrenos después de la restauración.
Solicitudes de derechos mineros en zonas de relevancia ambiental 1. No se podrán autorizar nuevas canteras ni, en minería metálica, el uso de técnica a cielo abierto, en el ámbito de las áreas de especial protección de interés en la comunidad autónoma de las Illes Balears delimitadas por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico vigente.
3. Una vez que se haya presentado la documentación relativa a la solicitud de derechos mineros en zonas de especial protección y en lugares de relevancia ambiental, la consejería competente en materia de minería la remitirá al órgano ambiental, que ha de informar sobre la evaluación adecuada. 4. La dirección general competente en materia de minas, vista la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental del órgano ambiental, elaborará un informe técnico sobre la idoneidad del proyecto, que, junto con toda la documentación relativa a la evaluación del órgano ambiental, enviará al Consejo de la Minería de las Illes Balears, el cual puede hacer las observaciones que considere pertinentes.
Número 4 del artículo 16 redactado por la disposición final primera de la Ley [BALEARES] 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears («B.O.I.B.» 20 agosto).Vigencia: 21 agosto 2016
La resolución de continuación ha de establecer las disposiciones necesarias en relación con la protección ambiental, que han de incorporarse al proyecto. Artículo 17
Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de la sección A Además de la documentación exigida en el artículo 15 de esta ley, en la solicitud de derechos mineros de la sección A ha de adjuntarse la documentación que acredite el derecho del aprovechamiento cuando el yacimiento esté en terrenos de propiedad privada, de conformidad con la legislación específica de minas. Cuando el yacimiento esté en terrenos de propiedad pública, es necesario el título habilitante de la administración titular.
Apertura de nuevas canteras y sus instalaciones 1. Si se solicita la autorización o la concesión para explotar un recurso minero de las secciones A o C que sea una cantera, el promotor ha de presentar, junto con la documentación descrita en los artículos anteriores, un estudio, redactado por un técnico competente, sobre la viabilidad económica de la nueva cantera y un certificado emitido por un técnico competente sobre la situación de la cantera en relación con las áreas incluidas en las de localización de recursos de interés minero, según el Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears vigente en el momento de la solicitud.
Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros sobre yacimientos de origen no natural, estructuras subterráneas y similares Además de la documentación exigida en el artículo 15 de esta ley, la solicitud de derechos mineros sobre yacimientos de origen no natural, estructuras subterráneas y similares ha de exigir la declaración previa de su calificación como recursos de la sección B, que ha de llevar a cabo el órgano minero competente.
Modificaciones y ampliaciones de autorizaciones de aguas minerales y termales 1. En la solicitud de ampliación del reconocimiento de una nueva fuente o captación subterránea dentro de un perímetro de protección ya otorgado, ha de acreditarse que el agua procede del mismo acuífero y que su composición fisico-química es similar, según el criterio de constancia química que figura en la autorización existente.
Explotaciones de salinas Las autorizaciones de explotaciones de salinas, las ha de otorgar el órgano minero competente. En todo caso, cualquier modificación de la autorización, incluyendo los trabajos de mantenimiento, ha de presentarse al órgano minero para que la autorice, con el informe previo correspondiente del órgano ambiental competente.
Ocupación de terrenos para el aprovechamiento de recursos de la sección B 1. La persona titular de una autorización de aprovechamiento de recurso de la sección B tiene derecho a la ocupación temporal o a la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para ubicar los trabajos, las instalaciones y los servicios.
Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de recursos de la sección C 1. De forma excepcional, podrá declararse la registrabilidad para los recursos mineros de la sección C a solicitud del interesado y si se acredita la disponibilidad de los terrenos y el cumplimiento del resto de condiciones exigidas en los siguientes puntos.
Número 1 del artículo 23 declarado inconstitucional y nulo por STC 260/2015, de 3 diciembre, núm. rec. 4051/2015.
Condiciones especiales de la solicitud de aprovechamiento de recursos geotérmicos 1. Para una solicitud de recursos de aprovechamiento geotérmico se ha de presentar ante la autoridad minera, además del proyecto, según el artículo 15 de esta ley, la correspondiente autorización de obra subterránea y la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas y de vertido, ésta última si procede, emitidas por el órgano competente en materia de recursos hídricos o, en su caso, acreditación de haberlas solicitado.
Tramitación de los expedientes de ocupación de terrenos y similares 1. La tramitación de los expedientes de ocupación temporal y otros daños y los de expropiación forzosa, derivados de las situaciones descritas en los artículos anteriores, han de llevarse a cabo de conformidad con la Ley de expropiación forzosa en todo lo que no prevea la normativa estatal en materia de minería.
Subsanación de las solicitudes Si la solicitud de iniciación no cumple los requisitos que establece esta ley, ha de requerirse a la persona interesada para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hace, se considerará que desiste de su petición, con la resolución previa motivada.
Informe municipal preceptivo 1. El ayuntamiento o los ayuntamientos en cuyo ámbito territorial se ubique el proyecto de derecho minero han de emitir un informe sobre las cuestiones de competencia municipal. A este efecto, el órgano minero ha de remitir una copia digital del proyecto presentado al ayuntamiento afectado, que dispondrá de un plazo de un mes a contar desde que lo haya recibido para emitir el mencionado informe.
Información pública 1. Si se solicita un derecho minero o una modificación sustancial de un derecho minero ya existente, una vez presentada la documentación de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, ha de abrirse un periodo de información pública que no ha de ser inferior a treinta días.
Compatibilidad con derechos mineros preexistentes y otros usos de interés público 1. Si la solicitud de un derecho minero afecta a un derecho minero preexistente u otros usos de interés público, el órgano minero competente ha de pronunciarse sobre su compatibilidad o incompatibilidad, así como sobre su prevalencia, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca.
c) La repercusión sobre otras infraestructuras de interés público existentes en el territorio afectado. 3. Si considera que la solicitud es incompatible con otro derecho minero preexistente, el órgano minero competente ha de dictar una resolución motivada que determine cuál es el derecho minero de mayor interés o utilidad pública, que será el prevalente.
Trámite de audiencia 1. Una vez emitidos los informes preceptivos o, en su caso, transcurrido el plazo correspondiente sin que se hayan emitido, ha de darse audiencia a las personas interesadas para que formulen las alegaciones o aporten las informaciones y los documentos que consideren pertinentes en el plazo máximo de treinta días.
Resolución 1. El órgano minero competente ha de dictar y notificar la resolución motivada que pone fin al procedimiento en el plazo máximo de dieciocho meses desde la solicitud y ha de incorporar, en su caso, las condiciones que resulten de los informes preceptivos.
Notificación y publicidad 1. La notificación ha de efectuarse a las personas interesadas, al ayuntamiento en cuyo término se sitúe el proyecto minero, a los diferentes órganos que han emitido los informes preceptivos y, en su caso, a los demás órganos administrativos que sean competentes.
Vinculación del planeamiento municipal 1. Una vez que el ayuntamiento afectado haya recibido la notificación de la autorización o la concesión del derecho minero, ha de iniciar la tramitación de la modificación puntual correspondiente de su planeamiento, regulada en la normativa urbanística de aplicación, incorporando en el ámbito del suelo delimitado en la autorización minera la calificación de que sólo admita el uso extractivo. Una vez incorporada en el planeamiento, no será necesaria la declaración de interés general.
Contenido de los derechos mineros 1. La resolución de otorgamiento de un derecho minero ha de incluir el siguiente contenido mínimo:
Vigencia temporal de los derechos mineros 1. Las autorizaciones mineras para recursos de las secciones A y B han de otorgarse por el periodo previsto en el correspondiente proyecto de explotación. En todo caso, podrán prorrogarse de acuerdo con las previsiones del artículo 36 siguiente.
Prórroga de derechos mineros 1. Transcurrido el plazo máximo de vigencia de los permisos de exploración y de los permisos de investigación, podrán ser prorrogados por periodos sucesivos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general.
Prórroga de autorizaciones de las secciones A y B 1. Las autorizaciones de aprovechamiento que sean autorizaciones de recursos de las secciones A y B podrán prorrogarse de acuerdo con las previsiones reguladas en los artículos 35 y 36 de esta ley.
Prórroga de concesiones de las secciones C y D 1. Las solicitudes de prórrogas relativas a concesiones de explotación de recursos de las secciones C y D han de tramitarse según lo establecido en este artículo y de acuerdo con las previsiones de los artículos 35 y 36 de esta ley.
Ampliaciones de autorizaciones de recursos mineros 1. El procedimiento para ampliar la superficie autorizada y sus instalaciones, en lo no regulado en esta ley, será el previsto en la normativa básica estatal y autonómica.
Capítulo IIIGarantías financieras
Garantías financieras 1. La persona titular de un derecho minero ha de constituir una garantía suficiente en el plazo de dos meses a contar desde que se le haya notificado el otorgamiento, y será responsable de mantenerla en los términos previstos en los siguientes apartados.
1º. De calcular 7.000 euros por hectárea de superficie afectada o, en su caso, la parte proporcional.
2º. De aplicar el resultado de multiplicar 0,40 € por cada metro cúbico que ha de explotarse (0,40 €/m3).
Constitución de las garantías financieras Los medios de constitución de garantías financieras son los siguientes:
a) Depósito en metálico o en deuda pública del Estado o de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Letra a) del artículo 41 redactada por la disposición final undécima de la Ley [BALEARES] 12/2015, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016 («B.O.I.B.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2016
Devolución de las garantías 1. La devolución de la fianza o la cancelación del aval ha de tramitarse una vez que la autoridad minera haya constatado que los planes de restauración han acabado correctamente.
Título IVContenido y transmisión de los derechos mineros y de la restauración
Contenido Corresponderán al explotador que ha solicitado y obtenido la autorización o la concesión de explotación correspondiente los derechos mineros que son inherentes, en la extensión y con las condiciones, la vigencia y los requisitos que se hayan determinado en la resolución administrativa de otorgamiento, y siempre con cumplimiento de las disposiciones estatales y autonómicas vigentes y con sujeción a lo previsto en este título.
Obligaciones de los explotadores autorizados Los explotadores están sujetos a las siguientes obligaciones:
c) Los titulares de explotaciones, incluidas las secciones A, C y D, salvo los titulares de yacimientos geotérmicos de baja entalpía, han de presentar el primer trimestre de cada año un plan de labores para que la autoridad minera competente lo apruebe, en el marco de la legislación básica de minas, con un informe favorable de una entidad colaboradora de la administración en cuanto al cumplimiento de la Ley de minas, que ha de confrontar el plan de labores presentado sobre el terreno.La aprobación del plan de labores ha de tramitarse, mientras no se desarrolle reglamentariamente, de acuerdo con las previsiones de la normativa estatal en materia de minería. En todo caso, la falta de resolución expresa sobre el plan de labores presentado no amparará nunca una modificación de la autorización o la ampliación del derecho minero existente o cualquier otro beneficio sobre la situación anterior, ni eximirá al titular de la responsabilidad de haber eludido, si procede, los trámites previstos para las situaciones descritas.
f) En caso de que se haya iniciado la restauración de las áreas afectadas, en el primer trimestre de cada año ha de presentarse un informe de restauración firmado por el técnico o la técnica de restauración.De este informe, ha de remitirse una copia a la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears, para su conocimiento y a fin de que, si lo considera oportuno, pueda emitir el informe correspondiente sobre el cumplimiento del plan de restauración mencionado. El técnico o la técnica de restauración tiene que ser competente según la legislación estatal y autonómica vigente de acuerdo con su titulación, y será nombrado específicamente y ratificado por el órgano minero competente.
Unidades de explotación 1. Para reconocer una unidad de explotación han de cumplirse los siguientes requisitos:
1º. Que se comparta la plantilla de personal.
2º. Que se comparta la maquinaria minera móvil o fija.
1º. La solicitud.
2º. Los documentos en los cuales se identifiquen las autorizaciones mineras que han de formar la unidad de explotación.
3º. El nombramiento de la persona titular de la dirección facultativa de la futura unidad de explotación.
4º. La definición de los recursos humanos o materiales destinados a la explotación conjunta.
Obligación de restaurar 1. Los derechos mineros pertenecerán a su titular, según la autorización o la concesión de explotación correspondiente. Por lo tanto, la obligación de restaurar corresponderá siempre a la persona titular del derecho minero, con independencia de quien sea la persona propietaria o titular de los derechos de disposición sobre los terrenos donde se ubica la explotación minera.
Restauración o reutilización de canteras a cargo de la administración 1. En caso de imposibilidad de llevar a cabo el plan de restauración autorizado, la autoridad minera podrá hacer efectiva la garantía financiera o equivalente correspondiente y proceder a las labores de rehabilitación del terreno afectado por la actividad minera.
2. En las canteras cuya autorización haya caducado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, sin que conste justificada su restauración o reutilización, y en las incluidas en el anexo 5 –Catálogo de canteras inactivas- del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears, el Consejo de la Minería, a propuesta de alguno de sus miembros y siempre previo informe favorable de la dirección general competente en materia de minería, podrá elevar a la consejería competente en materia de minería la propuesta de instar a la persona propietaria del terreno a restaurarlo o reutilizarlo, lo cual en ningún caso implicará derecho a la explotación.
Transmisión de los derechos mineros 1. Los derechos que otorgan una autorización, una concesión o un permiso de una explotación o actividad minera regulada en esta ley podrán ser transmitidos por el titular por cualquier medio admitido en derecho, de acuerdo con la Ley 22/1973 y el reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, y con las especificidades que prevé esta ley.
Transmisión de derechos mineros de la sección A 1. Para transmitir derechos mineros incluidos en la sección A, el explotador ha de solicitar la autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de minería, mediante un documento que también ha de firmar la parte que quiera adquirir el derecho. En la solicitud, han de adjuntarse un proyecto del contrato que ha de suscribirse o el título de transmisión y los documentos acreditativos de que el adquirente cumple las condiciones legales que prevé la normativa vigente. El mencionado contrato no podrá modificarse sin la autorización previa de la consejería competente en materia de minas.
Transmisión de los derechos mineros por actos mortis causa 1. La transmisión de los derechos mineros por actos mortis causa, sin perjuicio de los derechos y las obligaciones de carácter civil, tendrá, a efectos administrativos, el mismo tratamiento que las transmisiones inter vivos.
Título VCoordinación con otras legislaciones aplicables
Coordinación administrativa 1. El otorgamiento de los derechos mineros ha de realizarse en coordinación con las demás autorizaciones sustantivas o permisos que sean obligatorios, entre otros, los permisos municipales que correspondan y las autorizaciones o concesiones que tengan que exigirse para la ocupación o la utilización del dominio público, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
Coordinación con el régimen de aplicación en materia de licencias urbanísticas y actividades 1. El ejercicio de los derechos mineros ha de estar condicionado al otorgamiento de las licencias urbanísticas y de actividades, de conformidad con la normativa aplicable.
Coordinación con el procedimiento de evaluación ambiental 1. No se podrán otorgar derechos mineros si previamente no se ha dictado la declaración de impacto ambiental, cuando sea necesaria de conformidad con la legislación vigente y las previsiones de esta ley.
Inspección minera 1. Corresponderá a la consejería competente en materia de minas comprobar el cumplimiento de la normativa minera aplicable a las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, de oficio o a instancia de parte interesada, así como de las condiciones de seguridad de cualquier otra actividad que utilice técnicas mineras, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente en materia de riesgos laborales.
Ejercicio de la potestad inspectora 1. La inspección de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, así como de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales con respecto a las actividades en las que se utilizan técnicas mineras, la tienen que llevar a cabo funcionarios de la consejería competente en materia de minería que estén adscritos a órganos administrativos con competencia para el control o la inspección mineros.
Facultades El personal funcionario que, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, ejerza funciones de inspección tendrá carácter de autoridad pública y estará autorizado para las siguientes acciones:
Actas de inspección 1. Las actividades de inspección han de documentarse mediante actas, que están dotadas de presunción de certeza con respecto a los hechos que en ellas se reflejen y que haya hecho constar el inspector, sin perjuicio de las pruebas en contra. El contenido ha de ajustarse a lo previsto en esta ley y a los modelos reglamentarios.
Consecuencias de la actividad de inspección 1. Acabadas las comprobaciones, el funcionario que ha llevado a término la inspección podrá adoptar las siguientes medidas:
Responsables de las infracciones 1. Son sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que las cometan, y, en particular:
Competencia sancionadora 1. Es competente para iniciar los expedientes sancionadores la persona titular de la dirección general competente en materia de minas.
Procedimiento sancionador 1. El procedimiento para la imposición de sanciones ha de ajustarse al Decreto 14/1994, de 10 febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan especialidades de procedimiento.
3. El pago voluntario de la sanción resultante de la comisión de cualquiera de las infracciones leves que regula esta ley, en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento sancionador, de acuerdo con la propuesta de sanción que se haga constar en la resolución de inicio o en la propuesta de resolución, determinará una reducción de hasta el 50% de la sanción que corresponda en caso de que el pago voluntario se realice antes de que se notifique la propuesta de resolución, o hasta el 25% en el caso de que se realice después de que se notifique, así como, en todo caso, la terminación del procedimiento por medio de la resolución correspondiente. Esta reducción se graduará de tal manera que no sea económicamente más favorable cometer la infracción que abonar la sanción.
Medidas cautelares 1. En los supuestos en que haya un riesgo grave o inminente para las personas, los bienes o el medio ambiente, el director general competente en materia de minería podrá ordenar motivadamente en cualquier momento la adopción de todas las medidas cautelares que sean necesarias. En particular, se podrán adoptar las siguientes:
Prescripción 1. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán en el plazo de dos años.
Concurrencia de sanciones 1. Las conductas constitutivas de infracción que supongan incumplir la normativa en materia de seguridad industrial o de prevención de riesgos laborales han de sancionarse de acuerdo con esta normativa.
Infracciones Sin perjuicio de las infracciones tipificadas en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, constituyen infracciones administrativas, en el ámbito de las Illes Balears, las acciones u omisiones que contravengan las obligaciones que establece la presente ley.
Infracciones muy graves Es una infracción muy grave cometer una infracción grave cuando se aprecien circunstancias de reincidencia o de riesgo muy grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
Sanciones 1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas tal y como se establece en la Ley 22/1973, de minas.
Graduación de las sanciones Sin perjuicio de los criterios de graduación de sanciones que establece la legislación del procedimiento administrativo aplicable, las sanciones se graduarán, además, considerando los siguientes criterios:
Reparación de daños Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, el infractor está obligado a reparar los daños y los perjuicios causados con el fin de restaurar y reponer los bienes alterados en su estado anterior. El procedimiento de reparación empezará con la presentación ante la autoridad minera de una memoria resumen del correspondiente proyecto, para que lo apruebe.
Multas coercitivas 1. Cuando el infractor incumpla la obligación impuesta en el artículo anterior o lo haga de manera incompleta, se le podrán imponer multas coercitivas. La cuantía de cada una de estas multas no ha de superar el 20% de la sanción fijada para la infracción, sin perjuicio de que la administración ejecute subsidiariamente la restauración y la reposición de los bienes alterados con cargo al infractor.
Suspensión temporal o caducidad 1. La comisión de una falta grave podrá implicar la suspensión temporal con clausura de la explotación por un plazo no superior a dos meses.
Información al Consejo de la Minería de las Illes Balears La consejería competente en materia de minas ha de informar al Consejo de la Minería de las Illes Balears de los procedimientos sancionadores respecto de los cuales se haya dictado una resolución administrativa definitiva que declare a la persona física o jurídica interesada responsable de cualquiera de las infracciones recogidas en este capítulo.
Normativa aplicable a los procedimientos en materia minera Además de lo previsto en la normativa estatal básica, en todos los aspectos que no regulen esta ley y las normas que la desarrollen, los procedimientos en materia minera se regirán por las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Legalización de las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la fabricación de cerámicas para la construcción 1. Las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la fabricación de cerámicas para la construcción, ubicadas en suelo rústico y existentes a la entrada en vigor de esta ley, se considerarán ajustadas a la legalidad y asimiladas a las realizadas con licencia, con independencia de la categoría de suelo en que se ubiquen, siempre que dentro del plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley presenten una solicitud de legalización ante el ayuntamiento correspondiente, junto con:
Impacto de género Todas las denominaciones de órganos, cargos, profesiones y funciones que aparecen en esta ley en género masculino se tienen que entender referidas al género masculino o al femenino según el sexo del titular de quien se trate.
Procedimiento para actualizar y regularizar los derechos mineros 1. Se establece el plazo de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta ley en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, para que los titulares de las explotaciones con expedientes en que haya discrepancias entre la autorización o la concesión minera y los derechos mineros incluidos en la explotación realmente ejecutada, presenten la solicitud correspondiente ante la autoridad minera para actualizar superficies e instalaciones mineras.
1º. La localización del lugar de extracción y las infraestructuras asociadas en relación con los lugares protegidos de la zona con descripción específica de todas las actividades que se prevén realizar durante cada fase del ciclo del proyecto.
2º. La información ambiental sobre el lugar y las razones de la especial protección y las figuras de especial protección.
3º. El análisis del lugar con identificación de todos los espacios protegidos en la zona afectada así como de las zonas perimetrales próximas; el análisis de las repercusiones ambientales de la actividad sobre los hábitats y las especies existentes siempre de acuerdo con los objetivos de conservación del lugar; y la exposición de estos objetivos y de las características que han de tomarse en consideración (hábitats y especies), con referencia a las características medioambientales fundamentales y los factores ecológicos que sustentan la integridad del lugar.
4º. La identificación de todos los demás planes nacionales, autonómicos o locales que puedan contribuir a los efectos adversos en algunos o todos los lugares protegidos en la zona afectada.
5º. El análisis del plan: determinación de si se puede declarar que el plan no afectará de manera adversa a la integridad de los lugares protegidos, teniendo en cuenta las diferentes alternativas, con un calendario de actuaciones y descripción de los mecanismos para conseguir, aplicar y supervisar las medidas de mitigación.
6º. La propuesta del promotor de medidas de compensación puede ser uno o más programas de:
- Restauración o mejora en lugares protegidos existentes: restauración del hábitat para garantizar el mantenimiento de su valor de conservación y el cumplimiento de los objetivos de conservación del lugar, o mejora del hábitat en proporción a la pérdida originada por el plan o proyecto en un lugar protegido.
- Recuperación del hábitat: recuperación de un hábitat en un lugar nuevo o ampliado, que se incorporará a la Red Natura 2000, en una proporción de como mínimo 1 m2 afectado por cada 1,5 m2 que se incorporará a la Red Natura 2000.
7º. La designación de nuevos lugares conforme a las directivas sobre aves y sobre hábitats, conjuntamente con otras acciones según lo descrito anteriormente. Con respecto a las medidas de compensación para lugares designados conforme a las directivas 2009/147/CE, 92/43/CEE y la Ley 42/2007, toda nueva zona propuesta como compensación por daños en la Red Natura 2000 se designará como tal una vez que cumpla sus objetivos con el fin de mantener la coherencia global de la red.
1º. Introducir medidas correctoras para eliminar los efectos negativos.
2º. Introducir condiciones que han de cumplirse durante las fases de construcción o explotación.
3º. Introducir modificaciones en el sentido de reducir su dimensión para minorar al máximo los efectos negativos. En caso de efectos negativos, también podrá plantear opciones alternativas.
1º. El plano de las instalaciones.
2º. El documento de medidas previstas para la rehabilitación del espacio afectado por las instalaciones, con un calendario y un presupuesto de estas medidas.
3º. La justificación, en su caso, de la inscripción de la explotación en el Censo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera conforme a la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
4º. Un informe de una entidad colaboradora de la administración acreditada que justifique que se adapta a las siguientes normas:
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Reglamento general de normas básicas de seguridad minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril.
Véase Res [BALEARES] del consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se amplía el plazo para resolver la resolución del procedimiento de actualización y regularización de canteras previsto por la Disposición transitoria primera de la Ley 10/2014 (LOMIB) («B.O.I.B.» 16 marzo 2017).
Régimen transitorio de obtención de declaración de impacto ambiental 1. En el caso de explotaciones mineras cuyo proyecto, en su totalidad o en una parte, no haya obtenido la declaración de impacto ambiental favorable, han de solicitar dicha declaración en el plazo de seis meses desde el día siguiente de la entrada en vigencia de la presente ley, cumpliendo las previsiones de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears. La solicitud se referirá a la parte que no haya obtenido la declaración de impacto ambiental favorable.
Solicitudes en trámite Las solicitudes de permisos, autorizaciones, concesiones, prórrogas, transmisiones y ampliaciones presentadas antes de la entrada en vigor de esta ley se han de continuar tramitando de conformidad con la normativa anterior.
Registro Minero de las Illes Balears El Registro Minero de las Illes Balears creado en el artículo 12 de esta ley habrá de estar plenamente operativo en el plazo de seis meses desde que entre en vigor esta norma.
Planes directores sectoriales de canteras Los consejos insulares aprobarán sus correspondientes planes directores sectoriales de canteras en el plazo máximo de 24 meses desde la publicación de esta ley. En ellos se establecerán las zonas de recursos mineros que substituirán lo que se dispone en el anexo 8 del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears, aprobado por el Decreto 65/1999, de 28 de mayo.
Estudios de viabilidad de grandes infraestructuras de transporte El contenido de los artículos 195 y 196 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears no será de aplicación mientras no se apruebe el desarrollo reglamentario que ha de regular la tramitación y la metodología de evaluación de los estudios de viabilidad de grandes infraestructuras de transportes, así como la composición, la estructura y el funcionamiento del Comité evaluador.
Normas que se derogan Quedarán derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo dispuesto en esta ley, la contradigan o sean incompatibles.
Desarrollo reglamentario 1. El Consejo de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar las disposiciones necesarias para desarrollar lo dispuesto en esta ley.
Entrada en vigor Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.