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Timestamp: 2019-07-22 13:20:47
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Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 20', 'artículo 62', 'artículo 127', 'artículo 68', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 25']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 2
ACUERDO ENTRE CHILE Y LA ESO PARA ESTABLECIMIENTO DE NUEVO CENTRO DE OBSERVACIÓN, PROYECTO ALMA
CREACIÓN DE NUEVA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
REPARACIÓN INTEGRAL A EX PRESOS POLÍTICOS. PROYECTO DE ACUERDO
NORMAS PARA CREACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS PROFESIONALES
INCONVENIENCIA DE CONCESIÓN A EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE ANTOFAGASTA. OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carmen Frei Ruiz Tagle
INCONVENIENCIA DE SUSPENSIÓN DE FRENTE DE TRABAJO DE CAMINO PUERTO NATALES-FIORDO STAINES. REITERACIÓN DE OFICIO
APLICACIÓN ESTRICTA DE LEY GENERAL DE BASES DEL MEDIO AMBIENTE. OFICIOS
AMPLIACIÓN Y REFRENDACIÓN DE ESTUDIO SOBRE CESANTÍA Y GENERACIÓN DE EMPLEO. OFICIOS
REPARACIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
PROYECTO DE ACUERDO SOBRE REPARACIÓN INTEGRAL EX PRESOS POLÍTICOS (S 671-12)
Sesión 2ª, en miércoles 4 de junio de 2003
(De 16:23 a 18:55)
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral, relativo a establecimiento de un Nuevo Centro de Observación, Proyecto ALMA" (3219-10) (queda para segunda discusión).............
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que crea el Consejo de Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (2286-04) (se aprueba su informe)...............................................................................
Reparación integral de ex presos políticos. Proyecto de acuerdo (S 671-12) (Queda para Tiempo de Votaciones de próxima sesión ordinaria)..........................
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea Tribunal de la Libre Competencia (2944-03) (se aprueba informe de Comisión de Economía, y pasa a Comisión Mixta)..................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre creación de sociedades anónimas deportivas (3019-03) (se aprueba en general)..............
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)..................................................
Inconveniencia de concesión a Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta. Oficios (observaciones de la señor Frei).........................
Inconveniencia de suspensión de frente de trabajo de camino Puerto Natales-fiordo Staines. Reiteración de oficio (observaciones del señor Horvath).......
Graves consecuencias por petición de renuncia de SEREMI de Bienes Nacionales de Quinta Región. Oficios (observaciones del señor Horvath)....
Medición de cesantía. Oficios (observaciones del señor Prokurica)..................
Reparación a víctimas de violencia (observaciones del señor Cordero)........
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior , de Educación y de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, y el señor Subsecretario de Economía .
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 55ª y 56ª, especiales, ambas en 20 de mayo, y 1ª de la Legislatura 349ª, en 3 de junio, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Boletín Nº 2.439-20).
Con el segundo retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto de ley que posterga la vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado que indica (Boletín Nº 2.888-01).
Con el primero comunica que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto que fija un nuevo plazo para acogerse a la ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos (Boletín Nº 3.231-13).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República el proyecto aprobado por el Congreso Nacional.
Con el segundo da a conocer que prestó su aprobación al informe de la Comisión Mixta, constituida en conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, mediante el cual propone la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.286-04).
Con el tercero hace presente que aprobó el proyecto de ley sobre fomento audiovisual (Boletín Nº 2.802-04)
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a expresiones de un representante de la sociedad Proyectos Aysén S.A. respecto del pueblo Puerto Sánchez.
Del señor Director de Presupuestos , con el que, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 20 de la ley Nº 19.842, remite al Senado, para su información, los Balances de Gestión Integral de los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la ley Nº 18.575.
Del señor Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a solicitudes de acceso a aguas dulces presentadas por empresas acuícolas.
Del señor Gerente General de la Empresa de Correos de Chile , a través del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre la posibilidad de restablecer el funcionamiento de la oficina de Corcolén, en comuna de Malloa, Sexta Región.
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.944-03).
Moción del Senador señor Bombal, con la que inicia un proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectación de inmuebles y sus compensaciones, y de aportes para la vialidad comunal.
--Se declara inadmisible por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad con lo establecido en los Nºs 1º y 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).- Pido la palabra, sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).- Señor Presidente, con relación al proyecto declarado inadmisible recientemente, pido oficiar al Jefe del Estado a fin de que lo considere en la agenda legislativa del Gobierno, por referirse a una materia de su iniciativa exclusiva.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).- ¡Muchas gracias, señor Presidente!
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral, relativo al establecimiento de un nuevo Centro de Observación, Proyecto ALMA", suscrito en Santiago el 21 de octubre de 2002, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3219-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 49ª, en 13 de mayo de 2003.
Relaciones Exteriores, sesión 1ª, en 3 de junio de 2003.
El Acuerdo tiene por objeto principal regular los derechos y obligaciones de las partes en la construcción y operación de un nuevo centro de observación en terrenos del Llano de Chajnantor, Segunda Región de Antofagasta , en el marco del denominado Proyecto ALMA.
La Comisión lo aprobó en general y particular, por 4 votos a favor y una abstención, en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados.
Dicho órgano técnico propone al señor Presidente que la iniciativa se discuta en general y particular a la vez, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
Señor Presidente , quiero señalar a los señores Senadores que no participaron en la Comisión de Relaciones Exteriores, que éste es un proyecto realmente -por decir lo menos- ambicioso y hermoso.
En el llano de Chajnantor, ubicado al interior de San Pedro de Atacama , en el camino hacia Argentina por el paso de Jama, se instalará el observatorio de radioastronomía más grande del mundo -existe otro parecido en Estados Unidos y posee 32 antenas-, con 62 antenas, que se van a levantar a lo largo de 10 kilómetros. Y, al ubicar estas grandes pantallas en la misma dirección, se lograrán imágenes del universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, con una sensibilidad y resolución angular sin precedentes.
Se trata de un proyecto de radioastronomía, que cuenta con el patrocinio de la Organización Europea para la Investigación Astronómica del Hemisferio Austral (ESO), entidad que, además, tiene otro observatorio importante en Chile.
Lo anterior se une al proyecto del cerro Paranal , ya en funciones, todo lo cual convertirá a la Segunda Región en el centro de radioastronomía más importante del mundo. Por ello, estamos muy orgullosos.
El nombre "ALMA" fue propuesto por los niños de la cultura atacameña, quienes participaron en un concurso convocado para tal efecto.
Además, estamos muy entusiasmados, pues el Acuerdo Internacional implica un compromiso muy grande con los científicos chilenos, pues supone respetar las horas establecidas para que ellos utilicen el observatorio.
El Proyecto ALMA ofrece grandes perspectivas para la ciencia, pues los estudios que se realicen permitirán llegar hasta el confín del universo. Y estamos convencidos de que ello es un adelanto.
Por otra parte, ya se ha invertido bastante dinero. Cuando estuvimos a punto de un conflicto armado con Argentina, se pusieron muchas minas antipersonales en la zona. Posteriormente, se han gastado millones de dólares para retirarlas, gracias a otro convenio. Por tanto, la limpieza de la región significa gran cantidad de dinero.
Incluso, una de las universidades de Antofagasta ya opera en el mismo lugar un pequeño observatorio.
Esa zona es una de las más secas del mundo, lo que permite una espectacular claridad del cielo, tanto de día como de noche.
Así que la iniciativa en cuestión es un reconocimiento para nuestro país.
Señor Presidente , pregunto ante todo si es posible solicitar segunda discusión para el proyecto de acuerdo en análisis.
Lo señalo por los siguientes motivos.
No cabe duda de que una de las ventajas más escasas en el mundo es tener cielos claros y noches despejadas para la observación astronómica, sobre todo en el hemisferio sur. Y Chile posee una de las condiciones más privilegiadas del planeta en ese sentido.
En relación con la ESO, yo estuve muy involucrada cuando se firmó el anterior convenio, el cual generó muchos problemas.
En esa época, se donaron terrenos a la ESO por alrededor de 75 mil hectáreas, y no todos eran del Fisco; por lo tanto, hubo que pagar cerca de diez millones de dólares a los propietarios respectivos.
Además de esas miles de hectáreas, esa organización exigió una suerte de extraterritorialidad. Allí no rige la ley chilena para los trabajadores, ni puede entrar Carabineros de Chile o algún juez. Y yo siempre he preguntado por qué es necesario otorgar la extraterritorialidad en una zona tan extensa para la instalación de un observatorio.
Por otra parte, señor Presidente, en ese convenio tampoco se respetó el diez por ciento del tiempo de uso del observatorio para los astrónomos chilenos.
Del mismo modo, no se cumplió la ley laboral para nuestros trabajadores. Cuando se intentó armar un sindicato, el dirigente gremial que lo pretendía fue despedido.
En verdad ha habido muchos problemas con esa organización europea y no así con las entidades norteamericanas, las cuales, en general, compraron los terrenos que ocupan -no los han recibido en donación-; no han exigido la extraterritorialidad; acatan la ley chilena, y respetan, escrupulosamente, el diez por ciento del tiempo del proyecto destinado a los astrónomos nacionales.
Ignoraba que la iniciativa se trataría en Fácil Despacho de hoy. Por ello, quiero pedir que se vuelva a estudiar, dado los numerosos problemas habidos con la ESO.
Deseo referirme además a otra situación bastante complicada: como se trata de una entidad que goza de estatus diplomático, internó al país sus instrumentos sin pagar impuestos ni los derechos correspondientes. Pero, cuando los astrónomos chilenos solicitaban hacer uso de su porcentaje de observación con ese instrumental, la ESO ha declarado que no era de su propiedad, sino de una universidad europea.
En resumen, el ingreso de instrumentos liberados de impuestos se debía a que eran de propiedad de la ESO; pero, cuando, se trataba de ocuparlos para la observación -dado que esa garantía existía-, entonces ya no le pertenecían. Por tanto, los astrónomos chilenos quedaban sin acceso a ellos.
Las relaciones entre nuestros astrónomos y la ESO se han ido normalizando -¡gracias a Dios!- con el transcurso del tiempo. Ahora ya no son tan malas como hace diez años. Sin embargo, señor Presidente , dada la importancia del tema, pido que no se vote hoy día y que se analice el proyecto de acuerdo el próximo martes, para ver qué pasa con el derecho laboral; si rige o no rige la ley chilena, o si podrán ingresar al recinto donde va a funcionar el observatorio Carabineros o un juez.
Insisto: no veo la razón de exigir extraterritorialidad en un complejo astronómico en nuestro país. Chile no es una nación con inestabilidad política o económica tan grave como para hacer necesaria tal petición.
Por eso, señor Presidente, solicito segunda discusión para el proyecto de acuerdo.
Quiero hacer presente a Su Señoría que su solicitud debe formalizarla un Comité.
En todo caso, frente a las observaciones de la señora Senadora , sería bueno revisar el informe. Sin embargo, en él se señala que hay un reglamento laboral desde 1995.
No se cumple, señor Presidente. Yo he conversado con los dirigentes sindicales.
Según el informe, eso se estaría cumpliendo.
Por otra parte, la propia Universidad de Chile, a través de sus autoridades, concurrió a la Comisión, dando a conocer que se acata el compromiso de permitir a los científicos chilenos utilizar el diez por ciento del tiempo del proyecto, según lo expresó el Profesor Leonardo Bronfman . En todo caso, pienso que es bueno imponerse del informe.
Hago presente que estamos en Fácil Despacho.
No voy a poder dar más la palabra.
Señor Presidente , quiero fundamentar mi punto de vista.
Advierto que no estamos en votación.
El Proyecto ALMA empezó hace mucho tiempo. Ahora se encuentra estancado, por carecer del respaldo jurídico necesario.
Estuvo esperando por dos o tres años que se despachara un proyecto de ley sobre concesiones astronómicas y regulación de este problema en Chile, iniciativa que se halla detenida en su trámite, porque el Ejecutivo no ha enviado una indicación sustitutiva para concordar mejor las necesidades actuales de nuestro país con su potencialidad astronómica.
Como dijo la Senadora señora Matthei , Chile es un país único en el mundo por su especial condición geográfica, por la estabilidad de su atmósfera y por su ubicación -única también- orientada hacia el Polo Sur celeste.
Por estas razones, todas estas organizaciones internacionales se han instalado en Chile, como es el caso de los observatorios Tololo , La Silla y Paranal .
Para obviar dicha iniciativa legal, la ESO se asoció con la National Science Foundation, la que actúa a través de la Associated Universities. Ésta tiene ya un acuerdo desde 1963. Hay otro convenio de 1995, conforme al cual se hicieron los observatorios Paranal y La Silla.
Aprovechando entonces esas antiguas facilidades que el Estado de Chile otorgó a estas organizaciones, entregándoles en forma absolutamente flexible y autónoma terrenos, que son bastante importantes, con todas las atribuciones y franquicias diplomáticas enumeradas, en forma muy específica, por la Senadora señora Matthei.
Por lo demás, ESO ofrece hoy a Chile 700 mil dólares por el arriendo del terreno durante 50 años, en circunstancias de que en Paranal se pagaron entre seis y diez millones de dólares, y se concede diez por ciento del tiempo de observación, cuando en España, por ejemplo, se otorga normalmente veinte por ciento a las universidades. Entonces, se observa una falta de equidad en el tratamiento.
Obviamente, no estoy analizando la iniciativa que se desea materializar, que es fantástica, única en el mundo, pues se trata de radiotelescopios y no de espejos. En lo personal, apoyaré la instalación de ese tremendo observatorio a nivel mundial. Pero se debiera considerar tanto la ventaja comparativa de los cielos de Chile como la necesidad de dar impulso y energía al proyecto de astronomía en proceso. En consecuencia, sugiero contemplar un período breve para poder reflexionar un poco sobre el tema con las organizaciones científicas nacionales.
Se pidió segunda discusión, señores Senadores. El proyecto correspondía a Fácil Despacho, de modo que sólo se disponía de diez minutos, los que han vencido totalmente.
No resulta de tan fácil despacho después de las afirmaciones que se han hecho, señor Presidente.
El asunto se planteó en la forma indicada, el tiempo se agotó y se pidió segunda discusión. Por lo tanto, mi deber es pasar al siguiente punto de la tabla.
Señor Presidente , si la segunda discusión tiene lugar el próximo martes, creo que la Comisión de Relaciones Exteriores perfectamente podrá adjuntar los informes del examen efectuado en otro momento. Porque muchas de las aseveraciones que se han formulado quedaron absolutamente superadas en el primitivo debate y posterior negociación en los primeros años de la década de los noventa.
Entonces, si existiera algún otro antecedente que la Sala pudiese considerar en el instante de votar, sería bueno solicitarlo. Basta averiguar en la Inspección del Trabajo respectiva si median denuncias laborales,...
¡No puede intervenir!
...si se registran conflictos, si surge algún inconveniente para la implementación del acuerdo.
Me parece que ésa es la información que se podría obtener, porque la verdad de las cosas es que en el análisis en la Comisión de Relaciones Exteriores nadie mencionó los antecedentes aquí entregados. Por el contrario.
Daré la palabra al señor Presidente de ese órgano técnico, para luego proceder al cierre del debate.
Señor Presidente, estoy pidiendo la palabra hace rato.
No es posible proseguir la discusión, Su Señoría. Se terminó el tiempo.
¡Pero cómo...!
Señor Presidente , me gustaría que si el examen del proyecto se realiza el martes próximo se leyera con bastante detenimiento el informe.
Las personas que asistieron por la Universidad de Chile y en representación de ESO fueron interrogadas por cada uno de los miembros de la Comisión y entregaron todos los antecedentes. Ninguna de ellas hizo referencia a dificultad laboral alguna. Si existiera, sería bueno conocerla antes de la siguiente sesión. Pero lo cierto es que no se hizo presente algo en ese sentido.
Y, respecto de la participación de los astrónomos chilenos tanto en Paranal como en otros proyectos, lo cierto es que ellos, encabezados por don Leonardo Bronfman, connotado especialista,...
¡No se preguntó nada!
No tengo ningún inconveniente en otorgarle una interrupción, señora Senadora , con la venia de la Mesa.
Puede hacer uso de ella la Honorable señora Matthei.
Quisiera puntualizar que a los trabajadores no se les invitó, señor Presidente . Me he reunido con ellos en muchas oportunidades, porque La Silla se encuentra en la Región que represento. Y la verdad es que se formulan quejas enormes. Además, deseo subrayar que no pueden acudir a la Dirección del Trabajo, porque ese organismo carece de jurisdicción en el ámbito que nos ocupa. No puede intervenir. Nadie puede hacerlo.
Cuando en la realidad se suscitó un problema en Paranal, ni siquiera un juez chileno pudo entrar a ese lugar. Aquí se dice que no hay extraterritorialidad. ¡Ella existe!
Su Señoría solicitó segunda discusión.
Sí, señor Presidente . Quisiera...
Por lo tanto, así se dispuso.
Deseo pedir, más bien, que el proyecto vuelva a la Comisión, para poder considerar todos los aspectos...
Se pidió segunda discusión, que es lo que ha determinado la Mesa.
Señor Presidente , estoy cambiando mi petición, para el efecto de que el proyecto vuelva a la Comisión -repito- con el objeto de analizarlo en detalle.
Insisto en que el asunto quedó para segunda discusión, de modo que en la próxima sesión Su Señoría podrá formular su solicitud. No puedo entrar a rever los acuerdos tomados.
Señor Presidente, además de lo que se ha planteado...
El Senador señor Núñez concluirá su intervención y daré por cerrado el debate.
Señor Presidente , no hay inconveniente alguno en que el proyecto se vea en la próxima sesión y todos los antecedentes nuevos que sea posible obtener sean entregados oportunamente a la Sala. No observo ninguna razón para que vuelva a la Comisión.
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
Tiene la palabra por un minuto, Su Señoría.
Señor Presidente , estoy de acuerdo con lo expresado por la Senadora señora Matthei , porque por supuesto que no se ha recibido información en la medida en que ella seguramente no ha provenido de los trabajadores. Francamente, la situación es distinta. Son otros los datos que han llegado a conocimiento del Senador que habla.
Y, además, quisiera exponer un punto que no es menor. La realidad de los observatorios ESO en la Región de Atacama es que en su instalación se vulneraron pertenencias anteriores de pequeños mineros. No me gustaría que en el caso de que se trata ocurriera lo mismo que en cerro Paranal. En efecto, median muchas restricciones para gente que lleva a cabo labores muy pequeñas en la zona que nos ocupa y me gustaría que sus representantes también fueran escuchados.
¿Me puede dar una breve interrupción, Honorable colega?
He intervenido gracias a una que me dio el Senador señor Núñez, Su Señoría.
Informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, recaído en el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2286-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Discusión y votación de idea de legislar, sesión 16ª, en 30 de julio de 2002.
En segundo trámite, sesión 21ª, en 14 de agosto de 2002.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 49ª, en 13 de mayo de 2003.
Educación, sesión 6ª, en 16 de octubre de 2002.
Educación (segundo), sesión 42ª, en 29 de abril de 2003.
Hacienda, sesión 42ª, en 29 de abril de 2003.
Mixta, sesión 2ª, en 4 de junio de 2003.
Sesiones 16ª, en 30 de julio de 2002 (se aprueba en general y queda habilitado); 8ª, en 30 de octubre de 2002 (se aprueba en general); 43ª, 45ªy 46ª , en 30 de abril, y 6 de mayo de 2003, respectivamente (queda pendiente su discusión particular); 47ª, en 7 de mayo de 2003 (se aprueba en particular).
La controversia entre ambas ramas del Congreso se originó en el rechazo de la Cámara de Diputados a las enmiendas efectuadas por el Senado, en el segundo trámite constitucional, a los artículos 5º, número 3), y 17, número 4), permanentes, y a los artículos tercero y sexto transitorios.
El informe formula la proposición destinada a resolver las divergencias entre las dos Corporaciones, consistente, esencialmente, en:
1º Integrar el Directorio del Consejo con el Ministro de Relaciones Exteriores, lo que se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta.
2º Establecer que los Ministros de Educación y de Relaciones Exteriores podrán delegar en representantes permanentes su participación en dicho Directorio, sin perjuicio de reasumir cuando lo estimen conveniente. Ello se acogió por cinco votos a favor, de los Senadores señores Muñoz Barra, Ruiz-Esquide y Viera-Gallo, y de los Diputados señores Aguiló y González, y cuatro en contra, del Senador señor Larraín y de los Diputados señores Becker, Correa y Saffirio.
3º Integrar a los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes con cuatro personalidades regionales de la cultura, designadas por el Directorio Nacional de una nómina de diez personas elaborada por el Intendente, a propuesta de las organizaciones culturales de las provincias de la Región respectiva. El acuerdo fue adoptado por seis votos a favor, de los Senadores señores Larraín y Muñoz Barra y de los Diputados señores Aguiló, Becker, Correa y Saffirio, y el voto en contra de los Senadores señores Ruiz-Esquide y Viera-Gallo y del Diputado señor González.
4º Establecer un artículo tercero transitorio que faculta al Presidente de la República para fijar, por medio de un decreto con fuerza de ley, la planta de personal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dentro del plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación de la ley. Lo anterior fue aprobado por siete votos a favor, de los Senadores señores Larraín, Muñoz Barra y Vega y de los Diputados señores Aguiló, Becker, Correa y González, y el voto en contra de los Senadores señores Ruiz-Esquide y Viera-Gallo. Se abstuvo el Diputado señor Saffirio.
5º Establecer un artículo sexto transitorio con el mismo texto que aprobó la Cámara de Diputados. La proposición se aprobó por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta.
La Secretaría elaboró un boletín comparado dividido en cinco columnas: la primera consigna el texto despachado por la Cámara de Diputados; la segunda, las modificaciones que efectuó el Senado; la tercera, las enmiendas que rechazó la Cámara de Diputados; la cuarta, la proposición de la Comisión Mixta, y la quinta, el texto final que resultaría de aprobarse las recomendaciones de esta última.
Cabe señalar que la otra rama del Congreso, en sesión del día de hoy, dio su aprobación al informe en estudio.
Finalmente, corresponde hacer presente que el artículo 5º, número 3), y su inciso segundo, nuevo, y el artículo 17, número 4), tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, y, en consecuencia, requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Señor Presidente , estimados colegas, tuve el honor de presidir la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras. Y, tal lo como manifestó el señor Secretario , ella, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó la reposición del Ministro de Relaciones Exteriores como miembro del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Además, acordó -también por mayoría- que tanto el Ministro de Educación como el de Relaciones Exteriores podrán delegar su participación en el Consejo en un representante permanente, sin perjuicio de reasumir sus funciones cuando lo estimen conveniente. De esta manera se evita la rotación de funcionarios, los cuales no siempre se coordinan en materia de proposiciones específicas, como las que hoy día estamos analizando.
Luego, el referido órgano técnico acordó -igualmente por mayoría de sus miembros presentes- que la designación de cuatro personalidades regionales de la cultura en los consejos correspondientes será efectuada por el Directorio Nacional, de una nómina de diez personas elaborada por el intendente, a propuesta de las organizaciones culturales de las provincias de la región respectiva que posean personalidad jurídica vigente.
En seguida, la Comisión aprobó, por la mayoría de sus miembros presentes, un inciso segundo respecto del artículo 3º transitorio similar a la norma despachada hace algunos días con motivo del proyecto sobre nuevo trato funcionario, que era uno de los puntos coyunturales de la iniciativa en estudio. Dicho precepto establece que la planta no podrá significar mayor gasto, alteración de los grados ni incremento en el número de cargos provistos en las respectivas plantas a la fecha de su entrada en vigencia.
Con todo -agrega la disposición-, se podrán crear adicionalmente hasta veinte cargos directivos o de jefatura.
Es del caso señalar que la norma aprobada suprime el inciso tercero original, que establecía que el Presidente de la República podía determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción a los cargos que conformen la planta del Consejo Nacional de la Cultura. De este modo se subsanan las dudas de constitucionalidad -a las cuales se hizo mucha referencia-, se resguardan las atribuciones de ese órgano y se permite la flexibilidad necesaria para que inicie sus labores sin contratiempos.
Por último, el mencionado órgano técnico -también por la unanimidad de sus integrantes- aprobó el artículo sexto transitorio propuesto por la Honorable Cámara de Diputados, tendiente a establecer que el mayor gasto que pueda significar la creación de hasta veinte cargos directivos o de jefatura a que se refiere el párrafo final del inciso segundo del artículo tercero transitorio, se financiará con cargo a los presupuestos vigentes de los Ministerios de Educación y Secretaría General de Gobierno.
Señor Presidente, es todo cuanto puedo informar acerca de lo resuelto por la Comisión Mixta, que tuve el honor de presidir.
Señor Presidente, este importante proyecto llega al final de una tramitación que ha sido muy larga. Por eso, a mi juicio, resulta fundamental que la Sala lo vote a favor para que se cree, por fin, la institucionalidad cultural que requiere el país.
Sin embargo, deseo referirme a una situación que no se relaciona con la iniciativa en debate, pero que incide en ella. Se trata de un problema general que surge en el trámite de los proyectos cuando el Ministerio de Hacienda no presenta la planta del organismo que se pretende crear.
En este caso, al igual como ocurrió con la iniciativa sobre nuevo trato funcionario, donde se crea la Alta Dirección Pública, se faculta al Presidente de la República para fijar la correspondiente planta. Así lo estimó la mayoría de la Comisión, a diferencia del Honorable señor Ruiz-Esquide y del Senador que habla, que rechazamos esa disposición. Ahora bien, como las modificaciones propuestas deben ser votadas como un todo, yo por lo menos aprobaré el informe.
Al respecto, conviene hacer presente que el Tribunal Constitucional -no sé si ayer u hoy día- dio a conocer su fallo respecto de la cuestión de constitucionalidad que plantearon en la Sala los Senadores señores Silva y Parra , si mal no recuerdo -ignoro si también lo hizo el Honorable señor Larraín -, con ocasión del proyecto de ley sobre nuevo trato funcionario en lo relativo a delegación de facultades en materia de plantas. Dicho organismo argumentó que no le corresponde entrar a conocer de oficio el asunto, por considerar que no es materia de ley orgánica constitucional, salvo si incidiera en la forma de admisión y promoción vinculada a la carrera funcionaria.
Por lo tanto, conforme a la decisión del Tribunal Constitucional, es posible deducir que el proyecto en estudio, y el relacionado con el nuevo trato funcionario no serían materia de ley orgánica constitucional y, por consiguiente, la facultad estaría bien delegada desde el punto de vista de la constitucionalidad, porque se corrige la fórmula concebida en el texto original, que decía: "En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción a los cargos que conformen la planta del Consejo.". Y como esa norma fue eliminada, quedaría obviado el problema de constitucionalidad.
Sin embargo, deseo dejar constancia de que respecto de esta materia hay un reparo, ya no de constitucionalidad, sino político. Esto es, si el Senado, como el asunto se zanjó así por ahora, aceptará en el futuro la tesis sustentada por el Ministerio de Hacienda, en el sentido de que para las nuevas plantas habrá siempre una facultad delegada, sin que el Parlamento pueda entrar a conocer el contenido de las mismas.
En lo personal -y creo que también otros señores Senadores-, hemos manifestado un criterio contrario sobre el particular, por cuanto nos parece lógico que la Cámara Alta deba informarse del contenido de las plantas, dado que no tiene facultad para modificarlas -sólo puede reducir gastos- y en ningún caso para aumentarlas. Así, el Ministerio de Hacienda no perderá nada cuando deba presentarlas, pues simplemente hará un ejercicio democrático y dirá: "Ésta es la planta del nuevo organismo". Y uno, por lo menos, podrá dar su opinión.
Me parece mal sentar el precedente de que para los nuevos organismos siempre habrá una facultad delegada. Por esta razón, voté en contra de la norma en la Comisión. Sin embargo, como ahora se trata de pronunciarse sobre el conjunto de las modificaciones, y no respecto de cada una por separado, ciertamente otorgaré mi respaldo al informe y lo votaré a favor. Ojalá, todos procedan de igual forma.
He querido llamar la atención del Senado sobre ese problema, que es -por así decirlo- de una política legislativa de orden general.
Señor Presidente, me alegro que se haya llegado a la etapa final en la tramitación de esta iniciativa legal, la cual hace algunos meses estuvo entrampada a raíz de que en la Cámara de Diputados no se alcanzó la mayoría para su aprobación en general.
En cuanto a las modificaciones que se le han introducido, deseo manifestar lo siguiente.
En primer lugar, se incorpora nuevamente al Ministro de Relaciones Exteriores como integrante del Directorio del Consejo, que había sido rechazado por el Senado, al estimarse que no tenía justificación alguna su participación en un organismo de esta naturaleza, máxime cuando lo probable era que no pudiese asistir habitualmente a las reuniones y que en algún momento -como ocurre, por cierto- debía establecer relaciones con otros países, haciéndose innecesaria su incorporación en el Directorio.
Tan así es que, con ese criterio, se puede concluir que dicho Secretario de Estado debería estar incorporado en todas las entidades de nuestro país que en algún momento se vinculan o desarrollan actividades con determinadas naciones. Esto sucede prácticamente con todos los servicios existentes en la institucionalidad pública, toda vez que hoy día en un mundo globalizado resulta casi imposible suponer que no habrá vinculaciones con otras naciones u organismos extranjeros.
Sin embargo, finalmente me allano a reponer esa norma en la forma propuesta por la Comisión Mixta, primero, por considerar que para el mundo de la cultura se trata de algo extraordinariamente relevante, y segundo, por estimar que es muy importante tener al interior del Directorio al Ministro de Relaciones Exteriores.
Además, no siendo ése un factor de la esencia del proyecto, y habiéndose aprobado la norma con una mayoría que permite su incorporación, resultaría absurdo rechazar todo el informe de la Comisión Mixta por una discrepancia.
Por lo tanto, a lo menos nos allanamos en ese sentido, en la lógica de que la participación del Canciller -como lo expresaron todas las personas que intervinieron en el debate del proyecto, particularmente las vinculadas al mundo de la cultura- sería relevante a los efectos de una mejor coordinación de las actividades culturales que se realizan en el extranjero o de las relacionadas con los intercambios que se puedan generar con nuestro país.
Lo mismo ocurre respecto de la norma que establece la capacidad de los Ministros de Educación y de Relaciones Exteriores para delegar su participación. Al respecto, se resolvió que la delegación recaiga en representantes permanentes y no en una persona itinerante susceptible de ser reemplazada en forma habitual. Por lo tanto, estamos en condiciones de votar favorablemente la disposición concordada. Aun cuando lo regulado en ella no constituye un elemento esencial, es considerado útil por quienes tendrán una activa participación en la nueva institucionalidad cultural.
De otro lado, considero muy favorable el precepto referido a la integración de los Consejos Regionales.
Recuerdo que la discrepancia sobre el particular se suscitó porque el texto aprobado por la Cámara de Diputados decía en el número 4): "Cuatro personalidades regionales de cultura, designadas por el Intendente, propuestas por las organizaciones culturales de las provincias de la región respectiva,...".
La Comisión Mixta sustituyó esa norma por la siguiente: "Cuatro personalidades regionales de la cultura, designadas por el Directorio Nacional,...".
El Directorio Nacional, señor Presidente , tiene una representación plural y de distintos orígenes (algunos de sus miembros son ratificados por el Senado; a otros los designa el Presidente de la República , y a otros, las propias organizaciones culturales). Y las cuatro personalidades nombradas por él provendrán de una nómina de diez personas elaborada por el Intendente, a propuesta de las organizaciones culturales de las provincias de la Región respectiva que posean personalidad jurídica.
A nuestro entender, esa solución apunta en la línea correcta, pues permitirá mayor participación de las organizaciones culturales en la nominación de sus representantes en los Consejos Regionales. Asimismo, el Director Nacional va a contar con un criterio más amplio y estará sometido a menos presiones políticas que las que podría tener el Intendente.
Compartimos, entonces, la decisión de la Comisión Mixta a ese respecto.
Por último, deseo destacar algo que, si bien no fue objeto del informe de la Comisión Mixta, me parece muy importante.
El inciso segundo del artículo 2º del proyecto dice: "En el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo deberá observar como principio básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones, provincias y comunas del país. En especial, velará por la aplicación de dicho principio en lo referente a la distribución de los recursos públicos destinados a la cultura.".
Todos los Senadores aquí presentes en representación de Regiones distintas de la Metropolitana sabemos que existe una falta de equidad enorme entre el potencial de desarrollo de la cultura de Santiago y las grandes ciudades y el de las Regiones que no tienen altos niveles de población o se encuentran más apartadas de la Capital. Ello es muy injusto, porque muchísimos artistas de nuestras zonas no reciben los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades; en particular, numerosos jóvenes que viven en ellas no cuentan con apoyo para desarrollar sus expresiones culturales.
Por consiguiente, la existencia de la referida norma será motivo de nuestra especial preocupación -y pienso que muchos señores Senadores de Regiones también lo entienden así- en el sentido de velar por que se nos informe permanentemente si se está llevando a efecto de verdad esa declaración de principios. Porque, sin duda, hemos de procurar que no exista una concentración de recursos y de proyectos provenientes de Santiago o de otras ciudades con numerosa población urbana, y que el mencionada Consejo se esfuerce para que los dineros lleguen a las localidades más pequeñas. Muchas veces, en esas localidades se realizan actividades culturales de enorme valor y, francamente, resulta lamentable observar cómo no cuentan con recursos ni con infraestructura y aquéllas se desarrollan más por el entusiasmo, las ganas, el espíritu de las personas que desean emprenderlas, que por el apoyo recibido de una institución pública de tal naturaleza.
En esa perspectiva, yo, al menos, me preocuparé de que exista una distribución equitativa de los recursos y de que, aparte el financiamiento, se brinde a las organizaciones o grupos culturales regionales la oportunidad de postular.
Por las consideraciones expuestas, nos alegramos de que el proyecto motivo del informe de la Comisión Mixta sea despachado. Creemos que es sólo una buena oportunidad, un instrumento. El éxito dependerá de la forma como se maneje éste. Si es con sesgo político, será un fracaso; y así ha ocurrido en todas partes del mundo. En cambio, si se maneja con criterio de apertura, de pluralismo, de diversidad, podrá resultar muy útil para lograr que la cultura y las artes en nuestro país se desarrollen de acuerdo con sus potencialidades, y asimismo, convertirse en palanca de gran valor para el desenvolvimiento espiritual de las personas.
En tal virtud, votaremos favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
Señor Presidente , me referiré en forma muy breve al informe en discusión.
El Senado ha tenido una participación muy activa y destacada en la creación de la nueva institucionalidad cultural. Y deberíamos estar muy contentos por ello. Todos conocemos la larga historia del proyecto, y especialmente, las dificultades que se produjeron durante su tramitación en la Cámara de Diputados. En tal sentido, debemos estar muy conformes con lo que hicimos para posibilitar que Chile tenga una institucionalidad cultural mejor que la existente.
Por cierto, una infraestructura no es suficiente. Por ende, todo lo que hemos trabajado queda ahora en manos de quienes van a desarrollar la nueva institucionalidad y en su voluntad para hacer de ella una verdadera política cultural que permita a la gente -a creadores, intérpretes, ejecutantes, gestores culturales- contar con los instrumentos y los recursos necesarios.
La cultura es hecha por la gente. El Estado puede facilitar la expresión de la actividad creadora.
La infraestructura concebida se halla aún muy sobrecargada, para nuestro gusto. Pero igual creemos que mejora la situación actual. Y por eso hemos trabajado activamente para apoyarla y permitir que llegue a feliz término.
Consideramos razonables los últimos cambios introducidos en la Comisión Mixta, donde me correspondió participar. Allí revisamos nuestro parecer en cuanto a la incorporación del Ministro de Relaciones Exteriores en el Directorio del Consejo, para asegurar una mejor vinculación con la actividad que se desarrolla en el exterior y que la Cancillería canaliza en forma crecientemente activa. Los propios representantes del mundo de la cultura y del arte nos pidieron revisar nuestra postura, que se inspiraba en la idea de desgubernamentalizar la institucionalidad cultural. Y por ello éramos partidarios de excluir toda presencia de Ministros , pues estimábamos que la correlación con el Gobierno debía darse por la vía de los organismos operativos de aquélla. Sin embargo, nos pareció razonable reconsiderar nuestra postura, en atención a que parte importante del desarrollo de ciertas manifestaciones culturales en Chile -por ejemplo, lo que ocurre en el mundo del cine- es posible gracias a la integración con otros países, que son los que permiten producciones que de otra manera no se lograrían realizar.
Asimismo, estimamos satisfactoria la forma como se resolvió el problema atinente a la integración de cuatro personalidades regionales de la cultura a los Consejos Regionales. Nos pareció -como lo señalamos en su momento- que la proposición acordada por la Comisión de Educación no era adecuada, pues dejaba a los Intendentes una responsabilidad excesiva, en circunstancias de que no son necesariamente las personas más calificadas en cada caso para definir una materia de aquella especificidad. Con la fórmula a que se llegó, son los organismos de base, debidamente reglamentados, los que proponen. El Intendente elabora una nómina de diez personas para que el Directorio Nacional elija a cuatro, configurando la debida representatividad de las diversas expresiones artísticas y culturales de cada Región, de sus distintas organizaciones, en fin, conforme a las diferentes visiones que haya sobre la materia. Ello permite, a nuestro entender, contar con una perspectiva más amplia que la contemplada en la proposición original.
Por último, estimamos que se dio una solución adecuada al problema de inconstitucionalidad que planteé en su momento en cuanto a que las facultades delegadas al Presidente de la República no sólo permitían la configuración de la planta del Consejo, sino que también incluían (como recordó el Senador señor Viera-Gallo) la posibilidad de definir los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción en los cargos que la conforman. Sostuve oportunamente que ello contrariaba lo establecido en el artículo 38 de la Carta, que garantiza la carrera funcionaria y dispone que aquellos requisitos deben consignarse en una ley de rango orgánico constitucional, y que, en esta virtud, la materia no era delegable.
No conocía el fallo del Tribunal Constitucional, pero me alegra que haya recogido el criterio aportado por nosotros, que en su momento permitió resolver el problema del proyecto sobre Alta Dirección Pública, y antes, el atinente a la nueva institucionalidad cultural. Por tanto, permite delegar lo que es delegable; y lo relacionado con la carrera funcionaria en general -ingreso, promoción, etcétera-, dejarlo siempre en la definición legislativa indelegable, por tratarse de una materia orgánica constitucional.
Ahora, en cuanto a la delegación de facultades en el Ejecutivo para la configuración de la planta del Consejo, ciertamente, existen opiniones. Por consiguiente, en cada caso habrá que ver la conveniencia de delegar. El hecho de que se pueda hacer no significa que ante toda solicitud del Gobierno el Congreso otorgue la autorización pertinente. Éste deberá decidir en cada ocasión. Y si quiere intervenir en la definición de la planta, podrá rechazar la delegación de facultades, obligando al Ejecutivo a proceder vía disposición legal; aunque la materia sea de rango simple, igual deberá venir al Parlamento.
Entonces, señor Presidente , quiero destacar la participación que nuestro sector ha tenido en la estructuración de la iniciativa que nos ocupa. Valoramos y priorizamos la actividad cultural. Por cierto, el desafío ahora es que se entreguen los recursos indispensables para que ella sea realidad y que exista voluntad para desarrollar la cultura en todas las instancias y niveles a lo largo del territorio nacional.
Subrayo que el crecimiento armónico de Chile exige que el desenvolvimiento de la cultura se dé al nivel de la base -en las comunas, en las provincias, en las regiones-, porque es allí donde existe la mayor falencia. El mundo artístico y cultural se concentra preferentemente en los lugares de mayor densidad poblacional, sobre todo en la Región Metropolitana.
Si la ley en proyecto consolida lo actual, no habrá cumplido su misión. Esperamos que las autoridades, cuando asuman sus responsabilidades, den cuenta de la satisfacción de la necesidad expuesta, que se ha establecido con criterios perentorios en el articulado. Sin embargo, al final, como las leyes son hechas por las personas, confiamos en que éstas puedan llevar a feliz término el objetivo perseguido.
Por las consideraciones anotadas, aprobaremos el informe de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que nos quedan inquietudes, en las que por ahora no insistiremos, en aras de lograr un cuerpo legal satisfactorio para todos.
Señor Presidente , como es natural, votaré a favor del informe de la Comisión Mixta.
Pienso que constituye una gran iniciativa que Chile se dote de una institucionalidad cultural, lo cual ha sido un compromiso muy fuerte del programa de gobierno del Presidente Lagos. En los últimos años hemos asistido a un gran desarrollo de la cultura en nuestro país, y tener una institucionalidad como la que se perfila en este proyecto me parece un gran salto adelante. Así que me felicito de llegar al término de su tramitación.
No obstante, quiero manifestar un par de opiniones. La primera tiene que ver con la institucionalidad.
En distintos momentos del tratamiento y debate del proyecto insistí en que era indispensable que la institucionalidad dependiente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes incluyera, como uno de los entes públicos más importantes para el desarrollo cultural del país, a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Por distintas razones, eso no se consolidó. Y ello se debió básicamente a que, en último término, el Gobierno y los distintos Ministros no estuvieron en condiciones de acceder a un planteamiento que me parece de toda lógica. El Consejo queda con la función, establecida por la ley en proyecto, de coordinar, entre otros organismos, a la DIBAM.
Empero, no hay duda de que, dentro de la institucionalidad cultural chilena, la referida Dirección es uno de los instrumentos más poderosos del Estado, tanto en cuanto significa preservación de nuestro patrimonio como en lo concerniente a su capacidad de ser un instrumento muy potente de desarrollo cultural, particularmente con la moderna concepción de lo que pueden ser en ese ámbito los roles de las bibliotecas y los museos, los cuales, además, están repartidos por todo el país.
Desde el punto de vista de la arquitectura institucional, esa falencia es relativamente seria. Y dejo planteada hasta aquí mi reserva sobre el punto, porque creo que deberemos volver a discutirlo en el futuro. Por lo menos yo seré parte de quienes estén por corregir esa insuficiencia de la iniciativa que hoy estamos despachando.
En segundo lugar, no siendo el que voy a plantear un tema exclusivo del personal del Estado que ha laborado en los organismos vinculados a la cultura y que ahora se integran a la tuición del Consejo Nacional de la Cultura, debo puntualizar que en ellos existe una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras del ámbito cultural que, no obstante cumplir funciones permanentes, tienen el estatuto de contratados a honorarios por la Administración.
Entiendo que la contratación a honorarios por el Estado es un instrumento útil para desarrollar funciones fundamentalmente transitorias (asesorías, trabajos técnicos especializados, etcétera). Pero, sin duda, esa modalidad no puede ser usada por la Administración cuando de realizar labores permanentes se trata.
Hay una demanda legítima de muchos de esos trabajadores, y un reciente dictamen de la Contraloría General de la República les da la razón en el punto.
Por tanto, ésa es otra cuestión pendiente, que no se resuelve a través de la facultad que delegamos al Presidente de la República para fijar plantas. Porque si bien la delegación es amplia en el sentido de que entregamos al Primer Mandatario atribuciones para distribuir el personal entre regiones y provincias, para determinar cuántos profesionales y administrativos habrá, etcétera, estamos condicionando de manera muy estricta la dotación final, que no podrá ser mayor a la cantidad de gente que hoy día figura en las plantas establecidas, con el adicional de que se autoriza al Jefe del Estado para generar veinte cargos directivos, tanto a nivel central como en el resto del país.
En consecuencia, seguiremos con la situación anómala del personal, muchas veces altamente calificado y con experiencia en el área cultural, que va a seguir trabajando en los organismos dependientes del Consejo, pero bajo la referida situación contractual, que sin duda es irregular.
Queda aquí, entonces, una segunda cuestión pendiente.
Me parece que este tema se refiere, como problema, no sólo a los organismos que desarrollan actividad cultural, sino también a muchos otros entes del Estado. Y tampoco lo resolvimos en las iniciativas sobre reformas a la Administración que aprobamos con ocasión de la llamada "agenda corta".
Por ende, en materia de modernización del Estado todavía tenemos un capítulo pendiente, que a mi juicio reviste la mayor importancia.
Señor Presidente, acogiendo la paternal solicitud que usted me hizo al acercarme a la Mesa, intentaré ser muy breve en un debate que ya se efectuó en buena parte. En todo caso, al menos debo precisar algunos aspectos.
Primero, vale la pena que el Senado vuelva a plantear algunos puntos de vista al finalizar la discusión de esta materia, que -lo digo con toda franqueza- ha sido de las más relevantes que hemos tratado en este Hemiciclo, donde por lo general, en el aspecto político, se da enorme importancia a los temas económicos, que pueden debatirse prácticamente ad líbitum, y no se toma el mismo tiempo para estudiar asuntos de tanta profundidad como el que ahora nos ocupa.
Por consiguiente, quiero rescatar el significado que tiene para el país la creación de una institucionalidad que permita realizar mejor las cosa de la cultura.
Nadie pretende que este proyecto haga la cultura chilena, ni tampoco que sea el elemento básico para ampliar el horizonte cultural. Pero, sí, es un instrumento; tiene el valor de tal, y carga con la limitación de no constituir la visión cultural, sino sólo un mecanismo legal que nos posibilita hacer mejor las cosas.
Segundo: uno de los temas de fondo donde hubo discrepancias importantes en el Senado, especialmente en la Comisión de Educación, fue el relativo al dirigismo cultural; es decir, que, a través de las tareas para construir una gran cultura en Chile, ésta sea manejada por quienes, de alguna manera, reciben la influencia de un organismo o del Gobierno de turno. Tengo la impresión de que después del debate ha quedado claramente establecido que eso no puede ser así, porque justamente significaría contrariar lo que por definición es la cultura, que no es otra cosa que la libertad para pensar, para abrir nuestras conciencias.
Tercero: otro gran tema que se planteó durante el accidentado análisis del proyecto fue el referente a la centralización: una centralización corporativa o una descentralización territorial. En especial se discutió la cuestión territorial, tomando en cuenta que en Chile tenemos una descentralización administrativa, pero no una descentralización regional que obedezca a una realidad social o cultural.
En nuestro país, las Regiones están definidas por ley. Sin embargo, en la práctica no existe ninguna relación entre lo que pueda significar una u otra. Chile no tiene esa tradición, por lo que estamos obligados a caminar con esta suerte de coraza que es una descentralización, a mi juicio, absolutamente inadecuada. Cada uno en su respectiva Región conoce experiencias que dan cuenta de este fenómeno. Y ahí hay dos elementos que, en mi opinión, no se resolvieron en la forma más adecuada, aunque sí en la mejor que se pudo lograr: la centralización de las capitales de Región y la centralización metropolitana.
Y lo último, señor Presidente : efectivamente, tal como indicó el señor Secretario , cuando se trataron los últimos puntos que había que resolver, manifesté opinión contraria en varios aspectos. No obstante, es indudable que debe aprobarse el informe, con el objeto de que exista ley sobre la materia.
De manera que los Senadores democratacristianos vamos a entregar nuestros votos favorables a una iniciativa que representa un avance espectacular.
Creo que debemos sentirnos satisfechos de asistir a la consagración de esta una normativa que, como toda obra humana, legal o legislativa, podría haber sido mucho mejor, sobre todo si desde el comienzo hubiéramos tenido claridad acerca de adónde queríamos avanzar. Al final, terminamos en una discusión quizás exageradamente apegada más a la letra de la norma que al espíritu y a la profundidad que requiere un instrumento que permita el desarrollo cultural de Chile.
En ese marco, y aun a pesar de nuestra posición contraria en algunas materias aprobadas por mayoría -capital cultural, participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, existencia de una planta previa, conformación de los Consejos respectivos-, los Senadores democratacristianos vamos a acoger con muchísima satisfacción el informe, por lo que ello significa y en la seguridad de que, en no más de tres o cuatro años, tendremos que corregir la ley recogiendo la experiencia lograda con la nueva institucionalidad cultural.
Espero haber cumplido con la recomendación de Su Señoría, que limitó mi derecho a intervenir por 10 minutos.
¡En parte!
Señor Presidente , en medio del debate de este proyecto, que ha sido muy importante, el Senado había logrado finalmente dar un paso muy trascendente en materia de descentralización y regionalización al establecer que prácticamente el cincuenta por ciento de los miembros de los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes fueran elegidos por organizaciones culturales de las provincias de la Región correspondiente. Éste era un paso muy relevante. Y aunque las autoridades del Ejecutivo no estaban muy de acuerdo, pues no les gusta el proceso de descentralización y la pérdida de poder, se había conseguido ese avance, y por unanimidad, tanto en la Comisión de Educación como en la Sala.
Sin embargo, la Comisión Mixta, influenciada por los señores Diputados, que tienen una mentalidad centralista y poco adecuada a los tiempos de desarrollo moderno que el país requiere, volvió a centralizar la determinación de los miembros de cada Consejo Regional, estableciendo que las cuatro personalidades regionales de la cultura fueran designadas por el Directorio Nacional. ¿A propuesta de quién? Del Intendente. Pero éste no va a sugerir cuatro nombres, sino diez. En consecuencia, el Directorio Nacional, ubicado en algunos casos a miles y miles de kilómetros de distancia, va a resolver en esa forma la designación de personas sobre las cuales recaerán responsabilidades preponderantes en materia cultural en cada una de las Regiones de Chile.
Éste es un enorme error. Lo señalo en nombre de todos los Senadores de mi Comité. Y lo es, porque cuando existe conciencia de que hay un proceso de participación -y la regionalización es básicamente eso: participación-; cuando estamos convencidos de la importancia de la opinión de todos los chilenos, no sólo la de unos pocos; cuando creemos que las Regiones efectivamente están en condiciones de avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones, viene la Comisión Mixta y, por la decisión de nueve señores Parlamentarios -imagino que la Cámara de Diputados tenía mayoría-, vuelve a centralizar la conformación de los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes.
Señor Presidente , entiendo que el informe se vota en su conjunto, no por capítulos o artículos, es decir, se realiza una sola votación.
Se acepta o se rechaza todo lo propuesto.
Entonces, vamos a votar a favor, pero dejando constancia de nuestra preocupación por haber retrocedido en un proceso tan trascendente como el de la descentralización de las resoluciones, específicamente en la acción de los referidos Consejos Regionales.
Resultado de la votación: (38 votos a favor).
Votaron por la afirmativa los Senadores señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Larraín, Lavandero, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Aprobado el informe de la Comisión Mixta.
Ruego no efectuar manifestaciones.
El señor BITAR ( Ministro de Educación ).-
Señor Presidente , quiero expresar mi alegría, porque hoy se ha dado un paso histórico con la unanimidad producida en ambas ramas del Parlamento -en la Cámara de Diputados en la mañana y en el Senado en la tarde- respecto a la creación en Chile de la institucionalidad cultural, que dará un gran impulso al desarrollo de las artes.
En menos de un mes, el Congreso Nacional ha adoptado dos decisiones de gran trascendencia para la educación y la cultura. El 7 de mayo el Congreso Pleno aprobó la reforma constitucional que establece la gratuidad por parte del Estado de la educación media y hoy ha dado su respaldo a la creación de la institucionalidad cultural, para comenzar el siglo XXI.
Agradezco a todos quienes han permitido llegar a este punto, tanto a los responsables del Ministerio de Educación, de la División de Cultura y de la Presidencia , así como a todas las asociaciones del arte y la cultura, muchos de cuyos dirigentes nos acompañan hoy en las tribunas de esta Sala.
Por último, también quiero destacar que ayer ingresó al Senado -y de ello se acaba de dar cuenta- un proyecto de ley recién despachado por la Cámara de Diputados sobre fomento audiovisual. Asimismo, está a punto de venir a la Sala de esta Corporación una normativa para promover la música chilena y que crea además un fondo. Obviamente, con estos instrumentos legales, se abren grandes posibilidades para el desarrollo de la cultura en Chile.
Por estas razones, agradezco una vez más el voto unánime de los señores Senadores presentes.
Acaba de llegar a la Mesa un proyecto de acuerdo (Boletín Nº S 671-12), suscrito por los Honorables señores Naranjo, Ominami, Silva, Gazmuri, Parra, Lavandero, Núñez, Páez, Viera-Gallo, Ávila, Ruiz-Esquide, Frei (doña Carmen) y Muñoz Barra, mediante el cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República , como una manera de avanzar en el ámbito de la reconciliación y la reparación integral de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que estudie la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley destinado a la reparación de los ex presos políticos. Esta iniciativa de ley debe contemplar la formación de una comisión especial calificadora, conformada por representantes del Poder Ejecutivo , miembros de la Iglesia y del Parlamento, la cual debe definir en el más breve plazo los criterios de acreditación de la calidad de ex preso político, como asimismo los mecanismos para una reparación moral, jurídica, social, laboral y pecuniaria de esas personas.
Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con informe de la Comisión de Economía y con urgencia calificada de "suma".
En tercer trámite, sesión 55ª, en 20 de mayo de 2003.
Economía (tercer trámite), sesión 2ª, en 4 de junio de 2003.
Sesiones 25ª, en 3 de septiembre de 2002 (se aprueba en general); 38ª, en 2 de abril de 2003 (se aplaza su votación); 40ª, en 15 de abril de 2003 (se aprueba en particular).
La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó diversas modificaciones al proyecto aprobado por el Senado, que fueron analizadas por la Comisión de Economía, cuyo informe propone a la Sala adoptar los acuerdos que señala y que consisten en rechazar algunas de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y, naturalmente, en acoger las restantes.
En lo que respecta a las modificaciones aprobadas, cabe señalar que el Nº 6 del artículo primero, respecto de los artículos 7º, inciso primero; 13, incisos segundo, cuarto y quinto, nuevo; 14, inciso cuarto; 15, incisos tercero, sexto y séptimo; 17 C, número 4); 17 Ñ, nuevo; del encabezamiento del artículo 18 y del artículo 19 del decreto ley Nº 211, de 1973; el artículo segundo y las disposiciones transitorias primera, cuarta y séptima son normas de rango orgánico constitucional, requiriendo para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado, dividido en dos columnas que consignan, respectivamente, el texto despachado por el Senado y las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados.
--Se autoriza el ingreso a la Sala del Subsecretario de Economía, señor Álvaro Díaz Pérez.
Señor Presidente , para complementar el informe de la Comisión -que es escueto, fundamentalmente, porque la Cámara de Diputados introdujo numerosas modificaciones al proyecto aprobado por el Senado y por la urgencia para despachar ayer este asunto-, quiero agregar lo siguiente.
La normativa que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se aprobó prácticamente por unanimidad en el Senado y corresponde a una de las materias sobre las cuales existía el compromiso de despacharla antes del 21 de mayo.
En la Cámara de Diputados se le introdujeron 45 modificaciones. Durante el debate en la Comisión, el Honorable señor García hizo ver su extrañeza por la gran cantidad de cambios, muchos de los cuales promovió el Ejecutivo , en circunstancias de que el proyecto era parte de un acuerdo.
En realidad, en la Comisión no abundamos mucho sobre ese tema. Pero debo señalar -ya no como Presidente de la Comisión- que, cuando se llegó al acuerdo, ya existía un texto concordado aquí en el Senado. Por lo tanto, la prevención hecha por el Honorable señor García corresponde a la realidad. No obstante, la Comisión, con la mejor disposición, pasó a considerar cada una de las enmiendas de la Cámara de Diputados. De las 45 modificaciones, se acogieron 18 y se desecharon 27.
En esta oportunidad, quiero referirme brevemente al sentido de algunos rechazos para complementar, como decía inicialmente, el informe de la Comisión.
El artículo 3º de la normativa vigente establece que el que ejecute o celebre cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, será sancionado con las medidas establecidas en la presente ley.
Existe una descripción muy amplia de lo que es un atentado a la libre competencia. La disposición legal tenía a continuación ciertos ejemplos. Dos de las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados dicen relación con esos casos que a vía ejemplar se consideraban en la norma. La Comisión rechazó ambas enmiendas: una por mayoría y la otra por unanimidad.
En el debate habido en la Comisión de Economía quedó clara la idea de que en la Mixta se trataría de mantener la definición genérica de atentado contra la libre competencia y de evitar la inclusión de ejemplos, porque hemos comprobado, tanto en la discusión en ese órgano técnico como en la de las Comisiones de Economía y de Constitución, Legislación y Justicia, unidas, que muchas veces los ejemplos, más que clarificar, confunden.
Cabe destacar que, salvo una de las proposiciones que mencioné -que fue rechazada por mayoría-, todos los otros acuerdos fueron adoptados por unanimidad por la Comisión.
Asimismo, otra de las modificaciones que no fue aprobada se refería a dar a los jueces del tribunal el carácter de magistrados de los tribunales superiores de justicia, fundamentalmente para hacerlos acusables políticamente. La Comisión y el Ejecutivo estimaron que la solución propuesta por el Senado, que los dejaba bajo la jurisdicción de la Corte Suprema y que ésta fuera la encargada de calificar el notable abandono de deberes, era más adecuada que llevar a estos ministros a un juicio político.
El tercer aspecto rechazado por la Comisión atañe a la ampliación de los casos de incompatibilidad.
En el Senado discutimos muchísimo si estos jueces iban a ser de dedicación exclusiva o no, y se optó por que no lo fueran por cuanto la carga de trabajo de la comisión resolutiva que este tribunal viene a reemplazar realmente no lo amerita.
También se estableció incompatibilidad con empleos públicos, de manera de asegurar la independencia del tribunal respecto del Ejecutivo. Sin embargo, la Cámara de Diputados amplió las incompatibilidades, lo que nos deja en una situación bien especial. No son de dedicación exclusiva, pero tal ampliación hace que la base de selección de los futuros jueces disminuya en forma inconveniente. Obviamente, este tema es de fondo y deberá ser zanjado en la Comisión mixta.
La Cámara Baja también innovó respecto de un tema que fue largamente debatido en el Senado, en el sentido de si este tribunal podía o no podía absolver consultas. Y propuso una fórmula que asimila la respuesta a consultas a lo dispuesto en los procedimientos no contenciosos, lo cual le pareció muy razonable a la Comisión y que era una buena solución. Desgraciadamente, por defectos en la redacción de la norma propuesta no fue posible aprobarla, pero pareció algo razonable la idea de asimilar la facultad de emitir respuestas a consultas, a los procedimientos no contenciosos en los tribunales.
Por su parte, la Cámara de Diputados agregó ciertas normas de procedimiento para la absolución de consultas y para la dictación de normas de aplicación general, lo que también nos pareció procedente. No obstante, tuvimos que rechazar los preceptos propuestos por presentar defectos de forma.
Hay otro punto importante en el que también la Comisión rechazó el planteamiento de la otra Cámara, pero que va a ameritar una discusión más profunda en la Comisión mixta. El Senado aprobó un recurso ante la Corte Suprema como una apelación frente a las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La Cámara de Diputados acordó, en vez de la apelación, un recurso de nulidad por infracción de la ley, asimilando, en algunos aspectos de procedimiento, el tribunal de libre competencia a los tribunales del nuevo proceso penal.
Sobre el particular, la Comisión estimó que claramente había dos vías y que se debía optar por una u otra. En todo caso, hubo unanimidad para rechazarlo, no obstante la disposición a discutir sobre la materia en la Comisión mixta.
Finalmente, la otra rama del Parlamento propuso aumentar las multas y eliminar la consignación, pero, debido a que la apelación o el recurso de nulidad no suspende la ejecución de la sentencia, el resultado de los acuerdos de la Cámara de Diputados fue -repito- aumentar las multas y obligar al pago total de éstas, aun cuando hubiera recursos pendientes. La Comisión fue partidaria de rechazar esas indicaciones.
Salvo un caso muy especial -las modificaciones introducidas a los hechos que se considera, a vía ejemplar, que restringen o entorpecen la libre competencia, donde el rechazo fue por mayoría-, todas las demás resoluciones de la Comisión de Economía -a favor o en contra- respecto de las proposiciones de la Cámara de Diputados fueron adoptadas por unanimidad.
¿Habría acuerdo en la Sala para aprobar el informe, de manera que en la Comisión mixta se efectúen las rectificaciones del caso?
--Se aprueba el informe de la Comisión, dejando constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que votaron favorablemente 28 señores Senadores, y queda despachado el proyecto en este trámite.
--Asimismo, se acuerda que integren la Comisión mixta respectiva los señores Senadores miembros de la Comisión de Economía.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre creación de sociedades anónimas deportivas profesionales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cuya discusión general quedó pendiente.
Sesión 1ª, en 3 de junio de 2003 (queda pendiente su discusión general).
Hay cinco señores Senadores inscritos para intervenir en la discusión general. Una vez que lo hagan procederemos a votar el proyecto.
Señor Presidente , ¿por qué no abre la votación inmediatamente?
¡Que aprovechen de fundamentar el voto!
Si le parece a la Sala, daremos por terminado el debate del proyecto, procederemos a la votación y los señores Senadores inscritos podrán fundamentar el voto.
Señor Presidente, el proyecto ha esperado largamente su aprobación en general.
Dejo constancia de que en el debate habido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia quedó absolutamente claro que la iniciativa, en su estado actual, concita apoyo porque constituye sin duda una vía de fortalecimiento del deporte profesional en Chile. Sin embargo, no ha satisfecho a quienes han tenido oportunidad de analizarlo, pues se parte de la base de que se necesita un esfuerzo considerablemente mayor que el que representa el texto en debate.
En verdad, más que un proyecto sobre constitución de sociedades anónimas deportivas, debió ser uno que introdujera un nuevo capítulo en la Ley de Deportes tendiente a regular el deporte profesional en Chile.
No está de más recordar que en la Cámara de Diputados se encuentra un proyecto, en primer trámite constitucional, que introduce un capítulo en el Libro I del Código del Trabajo con el objeto de regular con carácter especial el contrato de trabajo de los deportistas profesionales.
Opino que lo que se requiere es un texto que aborde integralmente el deporte profesional, y no simplemente uno que abra la posibilidad de adoptar determinada forma de organización para, en el hecho, imponerla a los clubes deportivos profesionales. Hay en esta materia una tradición en Chile: el grueso de los clubes se constituyó, en su hora, como corporaciones de derecho privado, y han podido funcionar al amparo de esa forma de organización jurídica.
Sin embargo, experiencias recientes han demostrado que es importante mejorar los sistemas de control, lo tocante a la responsabilidad de los dirigentes deportivos, así como el desarrollo en general de esta importante actividad. Pero el objetivo que se persigue, señor Presidente , no se obtendrá transformando el deporte en un área de negocios. Y que no se entienda que la constitución de sociedades anónimas deportivas será un medio para materializar el perfeccionamiento de este sector.
No puedo ocultar la molestia que me producen situaciones equívocas en nuestra legislación. La educación superior, y en particular la universitaria, por mandato legal y desde el DFL Nº 1, de 1980, debe asumir la forma de una corporación de derecho privado. No obstante, en estos mismos días estamos viendo que tales corporaciones son muchas veces sociedades comerciales; y que sus derechos se transan (cosa inconciliable con su calidad de corporaciones de derecho privado) en términos de mercado, llegándose incluso, en algunos comentarios periodísticos, a ver cómo la universidad en cuestión aparece como la cabeza de un grupo económico que se estructura a partir de esta corporación de derecho privado.
Creo, por eso, que lo que necesita el deporte, específicamente el profesional, es una visión más integral; que no resulta conveniente una ley que fuerce determinada forma de organización. La disposición legal debe ser suficientemente flexible como para que los clubes adopten la forma jurídica más adecuada. Resulta fundamental, en cambio, introducir controles apropiados y oportunos, como lo hace esta iniciativa, tanto en los clubes que conserven el carácter de corporaciones (a cuyo efecto, en el Ministerio de Justicia se estructura una unidad de control de estas entidades), cuanto en las sociedades anónimas. Y, desde luego, debe regularse el funcionamiento de la federación, o de la asociación llamada a organizar y desarrollar el deporte profesional.
Debemos cuidar esta actividad, que es de alta convocatoria pública; que responde, además, a la necesidad de manifestar una dimensión tan noble del ser humano como es la que tiene que ver con las prácticas deportivas, para que exista una actividad transparente, de alto rendimiento, que nos llene de satisfacción y no de problemas, como por desgracia ha venido ocurriendo.
Por consiguiente, y en el entendido de que por la vía de indicaciones -criterio que aceptó el Ejecutivo - se agregarán al texto en proyecto las materias que hoy no están tratadas, voto a favor de la idea de legislar.
Señor Presidente , hoy estamos legislando acerca de un enfermo que lleva ya muchos años en la UTI: el fútbol profesional chileno, que viene experimentando una crisis profunda desde hace largo tiempo. Diversas circunstancias inciden en ello.
Diría que la calidad de los espectáculos que se ofrecen todos los fines de semana ha llegado a un punto límite. Lo prueba el hecho de que cada día estamos viendo cómo disminuye la presencia de público en los estadios. Si uno compara durante los fines de semana la realidad de nuestros campos deportivos con la del fútbol profesional que se practica en otros países, podemos apreciar con gran nitidez el ambiente de profundo alejamiento y decepción que impera entre los aficionados de nuestro país.
La violencia se ha enseñoreado de esta clase de espectáculos, y los estadios, en vez de constituirse en espacios en donde se lleva a efecto la práctica de un deporte con altos niveles de calidad, se han convertido en sitios donde se experimenta una catarsis de la violencia contenida en el conjunto de la sociedad.
El mercado, como acontece en la educación, en la salud, en la previsión, y ahora en el fútbol, no hace sino reproducir el efecto de las graves injusticias y diferencias existentes en nuestra sociedad.
Veo que el planteamiento de constituir sociedades anónimas deportivas es apreciado por muchos como la panacea para resolver todos los problemas que afectan al fútbol profesional. Sin embargo, pienso que es un deber aterrizar a las personas que imaginan una solución de ese tipo. Desde luego, toda la inversión se concentrará, por supuesto, en aquellos clubes que ofrezcan mayor atractivo desde el punto de vista publicitario. De ese modo, los problemas que hoy se pretende resolver se verán profundamente agravados, porque tendremos categorías de clubes agrupados en función de los recursos económicos con que cuentan. Y habrá dos o tres, no más, que talvez lleguen a conformar una sociedad anónima con las características que conocemos; pero el resto no tendrá sino la denominación de tales, porque carecerán por completo de capacidad para efectuar las inversiones necesarias al desarrollo de esta clase de entidades.
De ahí que no habrá, en la práctica, diferencia alguna entre esas organizaciones y las que hoy estamos pretendiendo arreglar. Diría que, por el contrario, la ley en proyecto se constituirá en una fugaz ilusión que pronto hará caer naturalmente a todo el mundo en la decepción ante una realidad todavía peor que la que hoy vivimos.
Por otra parte, la circunstancia de que la constitución de estas sociedades sea obligatoria agrava aun más las características negativas de la iniciativa.
Por eso, señor Presidente, y por otras consideraciones que no tengo tiempo de exponer, voto en contra.
Señor Presidente , espero que esta iniciativa tenga el éxito que sus disposiciones pretenden, y que prospere la idea de transformar los 32 clubes que integran la asociación de fútbol profesional de nuestro país en sociedades anónimas que permitan que tan masivo y popular deporte deje de entregarnos permanentemente declaraciones en el sentido de que sus actuaciones le significan ganar experiencias, aunque en el terreno de los resultados y evaluación de calidad ya estamos ubicados en los últimos lugares.
Confío en que esta iniciativa pondrá término a hechos como el que los sueldos de los jugadores profesionales fluctúen entre los 80 mil y los 10 ó 12 millones de pesos mensuales.
Asimismo, tengo la esperanza de que no se repitan tristes experiencias como la ocurrida allá por los años 80 cuando estuvo al frente de esta actividad un señor Molina y durante cuya gestión se perdieron aproximadamente cinco mil millones de pesos, lo que se conoce hasta hoy como "deuda histórica". Cada vez que hay un desfalco en el país se lo califica con ese pomposo título.
Conviene recordar también que, con motivo de la realización de un mundial de fútbol juvenil en Chile, el señor Ambrosio Rodríguez todavía no puede explicar al fútbol profesional chileno qué pasó con mil quinientos millones de pesos.
En consecuencia, espero que esta nueva conformación del fútbol profesional chileno permita brindar un mejor espectáculo y calidad a las grandes masas del país que en esta actividad deportiva encuentran una compensación al cansancio y estrés del diario vivir; y que, además, contribuya a la formación de jugadores en las series cadetes que hoy día han desaparecido en el fútbol profesional.
Al anunciar mi voto favorable al proyecto, quiero dejar de manifiesto mi ferviente deseo de que los 32 equipos profesionales de fútbol, entre los cuales hay una inmensa mayoría afincada en provincias, regiones e incluso en comunas, puedan suscitar el interés de inversionistas que transformen en sociedades anónimas a los clubes dedicados al más popular de los deportes.
Señor Presidente , todos conocemos los hechos de violencia producidos con ocasión de algunos encuentros futbolísticos profesionales, los que, lamentablemente, no se limitan a acciones al interior de los recintos deportivos, sino que constituyen una verdadera condena para los vecinos de los asentamientos urbanos próximos a ellos.
Tales conductas escapan en gran medida al control de las organizaciones deportivas y son fuente constante de toda clase de perjuicios, entre cuyos principales afectados se encuentra Carabineros de Chile, institución que por las continuas pérdidas y daños que ha debido asumir se ha visto en la necesidad de reforzar su acción destinando mayores recursos y personal al servicio de tales eventos.
Si las actividades deportivas son lucrativas para las instituciones que las patrocinan, producen y organizan, es lógico que la reparación por cualquier daño que se vean obligados a asumir otros organismos públicos, así como particulares ajenos a ellas, debe ser suficientemente garantizada, porque, de otro modo, los perjudicados subsidian en la misma medida las utilidades de quienes se benefician con estas actividades.
Desde el punto de vista preventivo, se ha avanzado mucho en estos aspectos. Sin embargo, una vez producidos los daños y perjuicios, resulta muy difícil obtener la eventual compensación material de los mismos, que sólo es posible después de un lento y oneroso proceso. Esta situación seguirá produciéndose en igual forma hasta que no se inserte en la normativa vigente un mecanismo que provea de los recursos necesarios para responder por los daños que causa la actividad deportiva en aquellos casos en que éstos no sean imputables a personas determinadas, sino a agrupaciones satélites o barras de cada uno de los equipos, clubes o sociedades deportivas en su caso.
En ese sentido, no me parece que la norma contenida en el artículo 20 del proyecto constituya una gran contribución a la solución del problema. En efecto, el establecimiento de responsabilidad solidaria de los directores y representantes de las asociaciones deportivas profesionales respecto de las asociaciones civiles a que dé lugar la aplicación de la ley de violencia en los recintos deportivos, debe entenderse naturalmente restringida a aquellas acciones de índole civil que el referido cuerpo legal les imponga a esta clase de sociedades como sujeto pasivo de las mismas en forma expresa.
Si analizamos los casos en que esta situación puede presentarse, veremos que las disposiciones del artículo 20 del proyecto, en la forma como han sido concebidas, constituirán prácticamente letra muerta y no mejorarán realmente las expectativas de compensación efectiva de sus titulares por concepto de indemnización de los daños sufridos.
Por otra parte, nuestra judicatura tiende a ser restrictiva en la aplicación de normas que imponen responsabilidad civil por los actos de terceros, lo que hace aún más improbable la posibilidad de éxito. De tal manera que, sin perjuicio de tratarse de un proyecto beneficioso en la medida en que se fortalece la institucionalidad que debe regir las actividades deportivas en general, su regulación en este particular aspecto es perfectible. La responsabilidad civil en general sólo se puede estimar una expectativa viable en la medida en que exista un patrimonio solvente y claro que pueda responder por ella, de modo que, siendo previsible la existencia de daños proveniente de conductas de terceros desarrolladas en estos eventos deportivos, considero necesaria la inclusión de un fondo exclusivo o de un seguro obligatorio que permita acceder a ella.
Con estas salvedades, que son superables durante la discusión y tramitación del proyecto, él constituye un gran paso hacia adelante en el desarrollo de estas actividades que se encuentran tan íntimamente insertas en la vida de la comunidad.
Señor Presidente , voy a votar favorablemente el proyecto tan solo porque estamos en la discusión general. Pero tengo numerosas observaciones sobre ciertos aspectos que, de persistir, evidentemente me llevarían a adoptar una posición completamente distinta.
Desde luego, la iniciativa no va a significar, ni con mucho, una solución a los graves problemas del fútbol profesional. Es un camino en esa dirección y podría transformarse en un elemento que favorezca un mejor ordenamiento económico; pero el ámbito del fútbol profesional es mucho más amplio y abarca otros temas que ni siquiera están mencionados en la iniciativa.
El proyecto propone una estructura jurídica a la cual deberían adherir los clubes deportivos, creyendo seguramente que las leyes solucionan los problemas por arte de magia, lo cual no es así. El que aquí enfrentamos es mucho más profundo y podríamos adelantarnos a decir que en un tiempo más vamos a tener que presentar un proyecto con modificaciones a esta futura ley por no haber considerado en ella múltiples aspectos. Ésta es una mera estructura jurídica a la cual deben someterse los clubes deportivos, y el problema que los afecta no es de estructuras, sino mucho más profundo.
Por otra parte, el debate ha girado prácticamente en torno del fútbol, creyendo que las disposiciones de la ley en proyecto se relacionan únicamente con este deporte. No es así. Este cuerpo legal será aplicable de una u otra manera a todos los clubes deportivos profesionales, algunos de los cuales tienen un gran desarrollo en nuestro país. Por ejemplo, yo diría que el ciclismo -deporte muy popular- también tiene calidad profesional. En la Séptima Región hay destacados deportistas que practican dicha especialidad y que incluso integran la selección nacional. También los hay en la Región Metropolitana, donde el ciclismo ha alcanzado un gran desarrollo y tiene, por cierto, nivel profesional. ¿Y les vamos a exigir a esos clubes deportivos de ciclismo que se transformen en sociedades anónimas y que tengan un dueño, un capital? No me parece.
En la misma situación está el basquetbol, deporte muy popular en las Regiones, especialmente en la de Magallanes. Y podríamos agregar el hockey, disciplina muy popular e integrada en muchos casos por profesionales. Entre éstos hay deportistas chilenos que, incluso, participan en el extranjero.
Por eso, creo que cometemos un error al hablar de sociedades deportivas en general, en circunstancias de que en realidad se trata de legislar respecto del fútbol profesional. Por lo tanto, considero que en el segundo informe tenemos la obligación de considerar esta situación y enfocarla exclusivamente en esa dirección, porque no estoy de acuerdo en aplicarlo al ciclismo, al hockey, al basquetbol, todos deportes muy populares a los que obviamente sería exagerado obligarlos a que sean controlados por la Superintendencia de Valores y Seguros, etcétera. No me parece lo más adecuado.
Por otra parte, comparto lo señalado aquí respecto de la exigencia de adoptar determinada fórmula de sociedad anónima. ¿Qué pasa con las universidades y con las colonias deportivas? ¿Deben transformarse en sociedades anónimas y asociarse con otras personas? Por ejemplo, Universidad de Concepción, Universidad Católica, Universidad de Chile, Audax Italiano , Palestino , ¿van a tener que asociarse con otras personas para constituirse en sociedad, con lo cual perderán su naturaleza y su razón de ser?
No me parece el camino más adecuado para solucionar los problemas del fútbol, que es lo que pretende la iniciativa. De tal suerte que tengo muchos reparos al respecto.
Espero que en el segundo informe se pueda hacer un debate muy a fondo, para circunscribir esta materia al fútbol e incorporar otras medidas que hagan que la ley en proyecto sea eficaz.
De otra forma, no lograremos ninguno de los propósitos perseguidos con la iniciativa y, por el contrario, vamos a entrabar y a dificultar el funcionamiento de numerosos clubes populares, especialmente en Regiones, que desarrollan actividades deportivas profesionales y que deberán resolver una situación muy engorrosa.
Evidentemente, no van a poder constituirse en sociedades anónimas, porque no habrá dueños o accionistas de clubes de hockey, de ciclismo u otros deportes muy populares e incluso profesionales, que practican personas de nivel muy modesto y que no perciben las remuneraciones de los jugadores de fútbol. Los ciclistas perciben ingresos que apenas les alcanzan para vivir; pero de ahí a exigirles el cumplimiento de esta reglamentación me parece un despropósito y, además, ni siquiera es el objetivo que persigue el legislador.
Por estas razones, me pronunciaré a favor, pero teniendo presente que es absolutamente indispensable incorporar algunas de las observaciones que formulé al proyecto.
Señor Presidente , cuando abordamos este tema en el día de ayer, planteé mis inquietudes sobre la materia; y, como muy bien se ha señalado durante el debate y en algunas fundamentaciones de votos hoy día, pienso que el espíritu tan amplio del proyecto, a lo mejor, terminará deteriorando más que beneficiando a las actividades deportivas del país.
Creo que en la mente de muchos de nosotros estaba el propósito de abordar los problemas del deporte popular, pero elaboramos un proyecto que va más allá de lo propiamente futbolístico.
Por tanto, se requiere un análisis más profundo sobre la materia, ya que a lo mejor los problemas del fútbol no se resolverán con esta iniciativa y tal vez la solución sea otra, porque -como muy bien se señaló aquí- aquéllos tienen que ver con gestión, con transparencia, con fiscalización, con control. Y es posible que el proyecto en debate no responda adecuadamente a esas inquietudes.
Por eso, siendo coherente con lo que manifesté ayer, voto en contra.
Señor Presidente, parece que en el Senado se ha transformado casi en una tendencia el formular terribles críticas contra cierta iniciativa y terminar votando a favor de ella.
Eso me sorprende porque aquellas críticas -que, como las del Senador señor Fernández , comparto-, me inducen, fundamentándome en ellas y en muchas otras, a creer que son la consecuencia de la tendencia cada vez mayor de ir gradualmente hacia la privatización, a restringir las pocas atribuciones que restan al Estado y a las cosas públicas, y entregar todo a una especie de connotación mercantilista y privada.
Tal vez me quedan muy pocos años de vida como para seguir tolerando este deterioro gradual del Estado y de la gestión pública fundamental.
Por lo tanto, fundado en las razones que mis distinguidos colegas han dado durante el debate, y en muchas otras de tipo personal, en cuanto a dudar cada vez más de la bondad de este mercantilismo exacerbado que ahora suele verse de manera casi exorbitante y arrasante, voto en contra.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Horvath, Larraín, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Vega y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Ávila, Naranjo y Silva.
Se abstuvieron los señores Canessa, Gazmuri y Núñez.
Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones, pero como no hay quórum para adoptar acuerdos habría que levantar la sesión.
Por lo tanto, dejaré que los Comités resuelvan la materia, para no impedir el derecho de los señores Senadores a intervenir en Incidentes.
Al señor Ministro de Educación sobre PLAN DE ESTUDIO PARA INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL EN GEOINFORMÁTICA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , y a los señores Contralor Regional de la Segunda Región y Director de Obras Portuarias de Antofagasta respecto a EVENTUALES IRREGULARIDADES EN OBRAS PARA SECTOR TURÍSTICO "LA PORTADA".
A los señores Director del Servicio de Salud de la Segunda Región , SEREMI de Salud de Antofagasta y Director Regional de la COREMA, relativo a CALIDAD DEL AIRE EN POBLACIÓN "SALITRE BAJO".
Al señor Contralor Regional de Antofagasta , tocante a SUPUESTAS IRREGULARIDADES DE AUTORIDADES PÚBLICAS DE SEGUNDA REGIÓN.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Regional de Vialidad de la Décima Región , concerniente a ASFALTADO EN CAMINO DE ACCESO A PUERTO NUEVO, comuna de La Unión.
Al señor SEREMI de Educación de la Sexta Región , relativo a PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO.
Al señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Sexta Región , acerca de EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR SERVIU.
Al señor Ministro de Planificación y Cooperación, respecto a METODOLOGÍA PARA OBTENER INFORMACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS EN SISTEMA DE SALUD PÚBLICO Y RAZONES DE DIFERENCIAS ENTRE DATOS DE FONASA Y ENCUESTA CASEN 2000.
Al señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos , relativo a ENTREGA DE ANTECEDENTES DE INGRESOS DE PERSONAS A FONASA Y RAZONES DE DIFERENCIAS ENTRE DATOS DE ÉSTE Y ENCUESTA CASEN 2000.
Al señor Ministro de Educación , pidiéndole información atinente a PROYECTO "AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO HABITACIONAL B-29", en comuna de Padre Las Casas.
Al señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , con referencia a REPOSICIÓN DE RIPIO EN CAMINO LA MONTAÑITA-LAULAU, comuna de Gorbea (ambos de la Novena Región).
A los señores Ministros del Interior , de Planificación y Cooperación, de Educación, del Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda y Urbanismo, en lo atinente a OTORGAMIENTO DE DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN SECTORES RURALES Y LOCALIDADES MEDIANAS Y PEQUEÑAS.
A los señores Ministros del Interior y del Trabajo y Previsión Social, y al señor Subsecretario de Previsión Social , referente a PENSIONES ASISTENCIALES EN REGIÓN DE AISÉN.
A los señores Superintendente de Servicios Sanitarios y Gerente de la Empresa Concesionaria Aguas Patagónicas, tocante a AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE AGUA POTABLE Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (Duodécima Región).
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , respecto a INSTALACIÓN DE ANTENAS REPETIDORAS PARA TELEVISIÓN DE LIBRE RECEPCIÓN en comunas de Chanco y Pelluhue (Séptima Región).
Al señor Ministro de Salud , en relación con NEGLIGENCIAS MÉDICAS EN HOSPITALES, CONSULTORIOS Y POSTAS DURANTE 2002.
Al señor Subsecretario de Telecomunicaciones , tocante a COBRO REVERTIDO EN CELULARES Y TELEFÓNOS FIJOS.
Al señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , acerca de COBROS DE BANCOESTADO A TITULARES DE CUENTAS DE AHORRO.
Al señor Jefe de División de Rectoría y Regulación del Ministerio de Salud, respecto a PROGRAMAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA.
A la señora Presidenta de la Cámara de Diputados, en cuanto a TRAMITACIÓN DE VETO A PROYECTO MODIFICATORIO DE LEY DE REGISTRO CIVIL.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, atinente a ESTRUCTURA DE ORGANISMO "CHILE BARRIO" Y PROYECTOS E INVERSIONES DEL MISMO EN 2002 Y 2003 (Región del Biobío).
Al señor Ministro de Educación y al señor Director de la JUNAEB , concerniente a SISTEMA DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y A PROGRAMA DE INTRAFOCALIZACIÓN DE JUNAEB.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , acerca de SOLICITUD DE PROFESIONAL PARA MENSURA DE TERRENOS en zona cordillerana de comuna de Cochamó.
Al señor Intendente de la Región de Los Lagos , en cuanto a SITUACIÓN DE LOCATARIOS DE FERIA PADRE HURTADO en comuna de Puerto Montt.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Honorable señora Carmen Frei.
Señor Presidente , deseo hablar acerca de un elemento básico y vital para la salud humana como es el agua y cuya carencia afecta a la Segunda Región.
En esta zona se encuentra el desierto más árido y seco del mundo, donde cada gota de agua es un regalo de Dios, que en la Región de Antofagasta se sabe cuidar y preservar, no sólo para su utilización en la Gran Minería -lo que es muy importante-, sino en toda la agricultura que desarrollan los pueblos atacameños. Gracias al esfuerzo del SEREMI de Agricultura de la región, se ha logrado tener valles muy prósperos y con una actividad agrícola realmente excepcional en un desierto que, como dije, es uno de los más áridos del mundo.
Estamos tratando de conservar todos nuestros oasis, por lo que es muy importante el traslado del campamento minero de Chuquicamata. Hay especial cuidado en que se preserve el oasis de Calama y, por ende, un recurso vital, pero que presenta diferentes complicaciones: el agua. Actualmente, el metro cúbico de agua potable en la zona cuesta sobre 900 pesos; vale decir, es dos o tres veces más cara que en cualquier otro lugar del país.
Días atrás el Presidente del Sistema de Empresas Públicas , señor Carlos Mladinic , informó acerca de un plan para licitar algunas empresas sanitarias, entre ellas ESSAN, de la Segunda Región, decisión que estimo extremadamente grave. Además, se adoptó con total falta de información a la comunidad, por lo cual manifiesto esta tarde mi más severa protesta.
ESSAN es una empresa altamente exitosa. En 2002 enteró en arcas fiscales tributos correspondientes a más o menos 10 mil millones de pesos de utilidades; el año antepasado, a 9 mil millones. En los períodos anteriores realizó igualmente un tremendo aporte al erario. Y debo señalar que en ese tiempo también efectuó inversiones por más de 100 millones de dólares.
La red de agua potable cubre prácticamente toda la Región. Sólo resta hacerla extensiva a algunos pueblos del interior. Hace 12 años, Mejillones -que hoy es un puerto floreciente- se abastecía de ella por medio de camiones aljibe o vagones de ferrocarril. Tocopilla , Taltal y otras localidades disponían de ese elemento sólo tres o cuatro horas al día. Ahora cuenta con agua potable -diría- el 99 por ciento de los habitantes de la Segunda Región.
Existen plantas de tratamiento de aguas servidas en Calama y Antofagasta. Por ello, en ésta última no llega al mar ni un solo litro de agua contaminada. Y las aguas tratadas se venden a los pequeños agricultores de los alrededores de Antofagasta, especialmente de La Chimba.
La red de alcantarillado cubre casi el 90 por ciento de la Región.
Además de las plantas de reciclado de aguas servidas, próximamente se inaugurará una planta desalinizadora, que aportará una significativa cantidad de metros cúbicos de agua potable, permitirá que la del interior quede en su lugar de origen y redundará en mayor desarrollo.
Por otro lado, ESSAN construyó su edificio institucional en Antofagasta, que es uno de los más modernos y bonitos de la ciudad; cuenta con oficinas muy bien equipadas en otros lugares; presta un servicio más que eficiente y ha renovado gran cantidad de cañerías de sus sistemas de distribución, etcétera.
En consecuencia, si además de inversiones por un monto superior a 100 millones de dólares en tratamiento de aguas servidas, alcantarillado, agua potable, desalinización, ESSAN tributa por ganancias superiores a 10 mil millones de pesos, estamos hablando de una empresa rentable, positiva y buena. Por consiguiente, la gran pregunta que nos hacemos allá es ¿para qué entregarla en concesión al sector privado? ¿Qué significará eso?
Cabe considerar también que el Estado otorga 17 mil subsidios al consumo de agua potable en la Región. Y como el valor del metro cúbico es de 900 pesos, razón por la cual el Gobierno deberá seguir entregando dichos subsidios, porque su política es ayudar a la gente de menores recursos, la mayor beneficiada será la empresa concesionaria privada.
A mi juicio, se pretende "desvestir a un santo para vestir a otro". Porque -¡claro!- al licitarse la concesión seguramente ingresarán algunos millones de pesos en arcas fiscales. Sin embargo, ¿compensarán todo lo que se ha hecho?
Aparte lo expuesto, del proceso aludido tampoco se obtendrá el valor que corresponde, por todo lo que he indicado, y producirá problemas más que graves porque el encarecimiento del agua perjudicará el desarrollo de la minería y de la agricultura.
Entonces, ¿qué sentido de solidaridad existe? Aunque la Región de Antofagasta entrega al país millones de dólares por concepto de producción de cobre -recurso no renovable del cual no queda casi nada en esa parte del territorio-, se pretende dar el agua en concesión al sector privado para hacer más dura la vida allí. A mi juicio, eso constituye un contrasentido y una falta de respeto a la descentralización y a quienes viven y trabajan en la zona.
Se han efectuado diversas gestiones a nivel nacional, ante las autoridades del Sistema de Empresas Públicas, del Ministerio de Hacienda y del de Economía, a fin de que se revise la situación. En la misma línea, se ha hablado con el Presidente de la República en más de una oportunidad, tanto por Parlamentarios como por los Alcaldes de la Región , en una reunión que sostuvo con todos ellos cuando vinieron a pedirle el reestudio de la materia. Se han llevado a cabo campañas de recolección de firmas con resultados impresionantes, porque de esta manera la gente expresa su malestar por esa medida. Pese a ello, no ha habido ninguna explicación ni información oficial a la comunidad.
Hace algunos días, el Presidente del Sistema de Empresas Públicas apareció en televisión anunciando la adopción de esa medida, como ya señalé. Y entre las empresas por licitarse mencionó a ESSAN; pero no se consultó la opinión de los pobladores de la zona ni se tomó en cuenta la realidad existente en ella.
Señor Presidente , dado que, en mi concepto, resulta difícil explicarse la decisión de concesionar ESSAN, solicito remitir la presente intervención al Primer Mandatario , obviamente sólo a título informativo, porque no puedo indicarle qué debe hacer; y a los señores Ministros de Hacienda y de Economía y al señor Presidente del Sistema de Empresas Públicas , pidiendo a estos dos últimos que tengan la amabilidad de informar a la comunidad por qué, no obstante las cifras que he dado a conocer y los logros alcanzados por ESSAN, que se hallan debidamente documentados, se pretende llamar a licitación para concesionarla.
A mi modo de ver, el proceso aludido significaría "pan para hoy y hambre para mañana" en la Segunda Región. Y sus habitantes ya hablan de tomar medidas más extremas. Por mi parte, no deseo que Parlamentarios y Alcaldes nos veamos obligados a iniciar una campaña tendiente a paralizar los pagos de las cuentas por consumo de agua.
Es inadmisible que a una Región que aporta tanto se le creen dificultades de tal entidad respecto de un elemento vital para la sobrevivencia humana. Y si a nivel regional se cuida el agua, el Gobierno y demás autoridades tienen mayor obligación aún de resguardarla para evitar que la gente pague tarifas excesivas.
Si, atendidas las cifras que di a conocer, una eventual privatización de ESSAN sería un negocio más que redondo, su concesión lo sería aún en mayor grado. Porque el concesionario, que la tendría a su cargo por equis años, no se interesaría en mejorar el servicio por cuanto -reitero- en la Segunda Región ya está todo hecho: el borde costero se encuentra completamente saneado porque no hay evacuación de aguas servidas hacia el océano; existe una planta desalinizadora modernísima, de última generación, que ninguna otra zona del país posee. Además, Calama también cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas y una red de alcantarillado prácticamente terminada, porque se debió modernizar.
En consecuencia, señor Presidente , por encontrar en extremo grave la situación planteada, reitero mi solicitud de oficiar a las autoridades anteriormente señaladas y de enviar copia de esta intervención al señor Presidente de la República .
Señor Presidente , en la Comisión de Obras Públicas del Senado hemos estado trabajando desde hace algún tiempo en la idea de afianzar una serie de obras de infraestructura en el país y, particularmente, en la de integrar la zona austral, a cargo de organismos competentes como el Ministerio de Obras Públicas y el Cuerpo Militar del Trabajo del Comando de Ingenieros del Ejército. Estas obras permiten la conexión del país y particularmente de la zona austral, que representa el 34 por ciento de la superficie de Chile.
Nos hemos enterado de que, respecto del frente de trabajo del camino Puerto Natales-fiordo Staines, existe la intención local de algunos de detener la obra para distraer al Cuerpo Militar del Trabajo en una vía que acorta la distancia al Parque Nacional Torres del Paine.
En definitiva, tenemos ante nosotros dos proyectos: uno relativo a la integración física del país, y otro, que acorta la distancia a un centro de relevancia turística internacional.
Creemos que ambas iniciativas son compatibles y necesarias de realizar. Pero nos parece más que equivocada la decisión de suspender la construcción del referido camino austral y trasladar a un grupo del Ejército de Chile para que termine una vía en un área de interés turístico que ya cuenta con una ruta de acceso, y otra, inconclusa, a nivel de huella de temporada, ya que unos privados no cumplieron su compromiso con la Cartera de Obras Públicas.
En el fondo, se han perdido -por así decirlo- las proporciones y los objetivos no sólo de un atractivo proyecto que ya viene ejecutándose desde hace varios Gobiernos de distintos colores políticos.
Además, las razones manifestadas por el recientemente nombrado Director Nacional de Vialidad -obviamente, influido por algunas versiones locales, que respeto- dan a entender que no maneja todos los antecedentes del caso. Porque dicho personero ha señalado que el referido camino austral no sólo debe significar conectividad, sino también traer beneficios económicos; y que piensa frenar la construcción en la primera etapa de la ruta Puerto Natales-fiordo Steines -en un diario figura que ya dictó el decreto respectivo, lo cual no puede ser-, porque era necesario conectar unos centros de salmonicultura existentes en la zona.
La realidad es exactamente al revés: tales centros se instalaron ahí debido a la construcción del referido camino. Antes de eso, no había ninguna salmonicultura en el lugar. En consecuencia, se debe tener una mínima capacidad para prever los potenciales efectos que genera una obra de tal envergadura.
Por otro lado, el camino Puerto Natales-fiordo Staines tiene la gracia de acortar un tramo marítimo de sobre 120 kilómetros y, además, de evitar el paso Kirke, sector de corrientes muy fuertes que impiden el paso de embarcaciones en determinadas circunstancias, como los cruceros turísticos, de gran relevancia económica.
Por ello, decir que la iniciativa no tiene efectos económicos resulta muy alejado de la realidad, por expresarlo en términos suaves.
Además, la ruta que va desde Puerto Natales hasta el fiordo Staines , pasando por el fiordo Worseley, tiene la particularidad que permite acceder a uno de los atractivos turísticos desconocidos de la Patagonia chilena, como el extremo sur del Campo de Hielo Patagónico, y también a todo el sector de la Cordillera Sarmiento y a un área maravillosa, como es el Seno de las Montañas.
Una de las críticas de la gente que analiza la situación de Magallanes es que no se ha sabido acceder a nuevas áreas de interés turístico. Desde ese punto de vista, el freno a la consolidación de una obra de gran envergadura que permite acceder a nuevos atractivos y sectores productivos sería, a mi juicio, una decisión muy desacertada.
Por otro lado, la inversión que se está haciendo en dicho frente es muy exigua, no guarda ninguna proporción con la magnitud de la obra. Y el Cuerpo Militar del Trabajo tiene capacidad más que suficiente para continuar en otros que se le asignen. O sea, no hay por qué "desvestir un santo para vestir otro", sacando del lugar una instalación de faenas y todo un bagaje de experiencia que resulta altamente valioso. Además, el perjuicio para el erario sería de marca mayor.
Se ha señalado que entran en un tramo rocoso de más dificultad. Hemos estudiado el proyecto y el trazado con ingeniería. En verdad, es así; conocemos la situación en terreno. Pero si ese tipo de obstáculos hubiese sido un impedimento, no se habría hecho nada del camino longitudinal austral, el cual, en una proyección futura, tendrá una longitud de 3 mil kilómetros, y que en su parte habilitada está funcionando plenamente.
Así que invitamos a las autoridades pertinentes a recorrer los tramos mucho más difíciles que están en operación y, además, a hacer un análisis técnico en cuanto a, por ejemplo, en una primera etapa, ajustar las características técnicas de la obra, a fin de lograr economías.
El proyecto en comento tiene pendientes máximas de 9 por ciento y el ancho de plataforma es excesivo. En una primera etapa se podrían tener pendientes de hasta 12 por ciento, o bajar los radios en curvas horizontales, entre otras soluciones.
Quiero ser bastante enfático. Y, en tal sentido, pido oficiar al señor Ministro de Obras Públicas para que por ningún motivo se acepte la decisión en referencia sin tener en cuenta estas alternativas de economía.
Además, se ha señalado que la ruta por Torres del Paine permitiría abrir un nuevo sector para conectar hacia el fiordo Staines . Resulta curioso, porque el estudio ni siquiera está hecho y, además, tiene un tramo común con la obra que se piensa paralizar.
Señor Presidente , no deja de llamar la atención el que se haya pedido la renuncia al Secretario Ministerial de Bienes Nacionales de la Quinta Región , don Edmundo Bustos , por el hecho de haber votado en contra de la evaluación ambiental del proyecto de la empresa Cemento Melón, de La Calera, que utiliza "petcoke" como combustible.
Creo que ésta es, en alguna medida, la gota que rebasa el vaso. La Ley de Bases del Medio Ambiente fue dictada el año 1994, y ya existe una larga experiencia en cuanto a su aplicación. Ha ido demostrando algunas falencias; entre otras, que no haya una relación vinculante entre los informes y las decisiones técnicas y las resoluciones tomadas por los integrantes de la Comisión Regional del Medio Ambiente o la Comisión Nacional de Medio Ambiente, en su caso.
Sabemos que los integrantes de dichas entidades ocupan cargos de confianza. Así, se sospechaba -reitero, se sospechaba- que recibían instrucciones de sus respectivos Ministros de votar en uno u otro sentido.
Hubo un caso previo -la Ley de Bases del Medio Ambiente todavía no estaba dictada- en la isla de Tierra del Fuego, bajo el Gobierno de don Patricio Aylwin, cuando el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Magallanes se negó a firmar el decreto regional que permitía la venta de más de 160 mil hectáreas de uno de los escenarios más maravillosos del mundo, a un precio inferior a 4 dólares la hectárea. Y él se negó, sencillamente, porque creía de manera fehaciente que eso constituía una suerte de lesión enorme. Además, señalaba que, como magallánico, no estaba dispuesto a andar por la calle y dar la cara a la gente después de haber vendido, con perjuicio para el erario, una porción del territorio de esa naturaleza y de tal valor.
¿Cuál fue la decisión del Gobierno de la época? Pedirle la renuncia. Y el decreto en cuestión fue firmado por el Secretario Regional Ministerial de la Región Metropolitana . Obviamente, eso constituye un escándalo.
En el caso de que se trata, el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Quinta Región "desobedeció" la orden del Ejecutivo , como dice una publicación de prensa. Acabo de hablar con el señor Ministro de Vivienda y de Bienes Nacionales -lo respeto mucho, pero para nada estoy de acuerdo con él en este sentido-, quien sostiene que se trata de un subordinado suyo y que debe hacer lo que se le ordena.
La Ley de Bases del Medio Ambiente tiene dos instancias: una regional y una nacional. Es obvio que la primera de ellas debe moverse dentro de sus áreas de competencia, de acuerdo con los informes técnicos y con lo que la Región estima que es preciso hacer en un momento determinado. Si el SEREMI respectivo vota en consecuencia, ejerce su cargo como corresponde.
La instancia nacional interviene por la vía de la apelación o cuando un proyecto afecta de alguna manera a más de una Región. Ello se encuentra plenamente establecido en la Ley General de Bases del Medio Ambiente. Y, por lo tanto, el Ministro , al impartir esa instrucción, automáticamente se ha inhabilitado para la segunda fase, de apelación del proyecto en la CONAMA, de la cual es integrante.
Creemos que se trata de una irregularidad de marca mayor. Y, por consiguiente, solicito que la Contraloría General de la República informe sobre cómo está funcionando el cuerpo legal citado, cuáles son su espíritu y su aplicación estricta, y cuáles las funciones administrativas que corresponden sobre el particular a las distintas autoridades de Gobierno, porque estimamos que se configuraría un precedente más que grave.
En ese sentido, estamos presentando, además, una iniciativa que modifica la Ley General de Bases del Medio Ambiente, para evitar hechos como el descrito y el abuso de su artículo 25, en la medida en que se entregan permisos ambientales sujetos a compromisos por cumplir. Un caso ejemplar es el de la empresa minera Pascua Lama , con relación a la cual se ha dado uno sujeto a un plan de manejo de glaciares que involucra el compromiso de remover y cambiar de lugar 10,7 hectáreas de aquéllos en la Tercera Región. Es algo impensable. Esa cuestión carece de solución técnica. En consecuencia, constituye un exceso que se comete con la ley.
Y muchas veces los proyectos son mal ubicados y derechamente resultan incompatibles, por lo que también asociamos a la proposición una reforma de prefactibilidad ambiental en la localización de las iniciativas públicas y privadas, en función de los planes de ordenamiento territorial o de zonificación del borde costero que se elaboran en las distintas Regiones.
Solicito, entonces, que la Contraloría General de la República, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, y la propia Comisión Nacional del Medio Ambiente nos proporcionen los antecedentes respectivos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Horvath, conforme al Reglamento.
En el tiempo restante del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
Señor Presidente , en esta ocasión deseo referirme a un tema en el que en otras oportunidades he incursionado a fondo. Solamente formularé una solicitud al señor Director Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Yo diría que los datos que entrega ese organismo son una especie de "carta de navegación" conforme a la cual las autoridades toman las decisiones pertinentes.
La verdad es que muchas localidades no pequeñas, sino medianas, ni siquiera conocen cuáles son sus índices, porque el INE no los registra. Por ejemplo, en cuanto a cesantía y generación de trabajo, está tomando muestras en las localidades mayores, en las cabeceras de provincia, de Región. Y ello, a mi juicio, determina muchas veces que nadie sepa que algunas sufren una realidad muy difícil en esos aspectos y que ni la propia autoridad cuente con la información sobre el particular, porque la medición no se efectúa.
En esa línea, pido que se oficie al señor Director Nacional del INE a fin de que considere la posibilidad de realizar el estudio sobre cesantía y generación de empleo en las ciudades de más de diez mil habitantes.
En segundo lugar, cabe recordar, habiendo asumido recién un nuevo Presidente del Banco Central , una práctica que ha sido muy buena y que inició justamente don Carlos Massad , en el sentido de pedir a instituciones distintas del INE, como la Universidad de Chile o entidades privadas, la realización de mediciones respecto de los índices de cesantía en comunas.
Lo anterior, que me parece una idea positiva, es llevado a cabo por el Instituto Emisor sólo en Santiago. Y, por lo tanto, mi solicitud a su nuevo Presidente es que estudie la posibilidad de que ello también se haga, cada cierto período, en Regiones; quizás no en todas, pero sí, por lo menos, en una combinación que se podría ir aplicando con algunas del norte o del sur.
Pienso, en el plano de una comparación del importante esfuerzo del INE, que sería muy interesante tenerlo refrendado por instituciones privadas o universitarias, lo que nos podría ayudar a determinar cuál es el verdadero fiel de las mediciones a que hago referencia.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Prokurica, conforme al Reglamento.
El Comité Socialista no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Senador señor Cordero.
Señor Presidente , en esta oportunidad no quisiera hacer un análisis doctrinario sobre las causas que condujeron al pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, que fue el antecedente inmediato del período histórico correspondiente al Gobierno militar. A mayor abundamiento, mi opinión sobre aquellos acontecimientos es públicamente conocida o, al menos, presumible.
Por lo tanto, me referiré a las pérdidas humanas que dicho proceso costó a nuestra nación y a las consecuencias que marcaron la vida de muchas familias.
Como he señalado, tengo mi visión acerca de quiénes fueron los causantes de ese quiebre institucional y político. Otros tienen la suya. Pero no abrigo ninguna duda de que todos consideramos por igual que la pérdida de un ser querido constituye siempre una dolorosa marca al interior de una familia y un grave quiebre de la convivencia nacional cuando se registra como consecuencia de un conflicto extremo de raíces político-doctrinarias.
Dentro de ese contexto, siempre he considerado que se deben establecer vías de reparación para las familias de las víctimas caídas al fragor de tales acontecimientos, con absoluta independencia de las convicciones políticas que las hayan puesto en esa situación.
En abril de 1991, con ocasión del mensaje que el entonces Presidente de la República , don Patricio Aylwin Azócar , dirigió a la Cámara de Diputados para proponer el proyecto que se tradujo en la dictación de la ley Nº 19.123, que creó la Corporación de Reparación y Reconciliación, se expresó la necesidad de una reparación orientada a la "dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas".
Es precisamente en ese punto, relativo a la determinación de cuáles son "las familias más directamente afectadas", donde ha existido un alejamiento del criterio que la propia Concertación impulsó en su momento a través de las palabras de quien presidía su Gobierno en esa época, don Patricio Aylwin .
En efecto, en el mencionado mensaje se comprometió la responsabilidad moral y material del Estado no sólo respecto de las víctimas de actos de sus agentes o de personas a su servicio, sino que también se incluyeron expresamente "los secuestros y atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos".
Como no es posible concebir que el Presidente Aylwin , en tanto autoridad máxima de la nación e indesmentible representante de las concepciones doctrinarias y políticas de la Concertación, haya pretendido hacer discriminaciones de carácter ideológico, en razón de orientaciones políticas, entre familias afectadas, debemos concluir, entonces, que siempre se consideró que la responsabilidad del Estado se extiende de igual forma a las familias de los mártires de Carabineros y de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida víctimas del terrorismo y la violencia política desatados durante el período histórico aludido.
No creo pecar de aventurado al presumir que el criterio original siempre fue el de hacer extensiva la responsabilidad del Estado a las víctimas de todos los sectores, ya que don Patricio Aylwin siempre se ha definido como un hombre respetuoso de la diversidad de concepciones políticas y, por lo tanto, contrario al tratamiento discriminatorio fundado en ellas.
A mayor abundamiento, sus palabras como Presidente de la República no dejan lugar a dudas, ya que en su mensaje alude expresamente, no sólo a las víctimas de violaciones a los "derechos humanos", sino también a las de la "violencia política", concepto este último que incluye necesariamente toda forma de terrorismo con inspiración política.
Sobre ese mismo tema, las expresiones vertidas a un medio televisivo por el Senador señor Ominami ayer por la noche en el sentido de que si existe "algún" Carabinero muerto por la espalda su familia asimismo debería ser indemnizada, confirman el derecho igualitario que a ésta le asiste a ser considerada y a que igualmente sea reparada su pérdida.
Las palabras del Senador señor Ominami , por desgracia, reflejan también una postura que ha sido mantenida de modo permanente y uniforme por la Concertación, consistente en subestimar cuantitativamente la pérdida de vidas sufrida por Carabineros y las Fuerzas Armadas durante ese proceso histórico a manos de movimientos terroristas de inspiración política.
Por tal motivo, quiero hacer presente, en primer lugar, que los carabineros asesinados por terroristas son tan víctimas de la violencia política como los detenidos desaparecidos. El dolor de sus huérfanos y viudas es tan intenso como el de las familias de éstos. La marca de sus vidas y sus terribles secuelas son de la misma naturaleza, así como lo es el escenario histórico donde esas pérdidas de vidas humanas se produjeron.
En segundo término, deseo aclarar que no perdimos "algún carabinero" asesinado por actos criminales cometidos esgrimiendo una justificación política. En realidad, las Fuerzas Armadas y, particularmente, Carabineros tienen cientos de mártires. Así, fueron víctimas de violencia política los cuatro carabineros muertos en la emboscada al bus en que viajaban por la subida Santos Ossa , en Valparaíso, ocurrida en noviembre de 1984; el carabinero asesinado a tiros en la población Santa Adriana , de Santiago, en diciembre del mismo año; el carabinero asesinado con ráfagas de metralleta en febrero de 1976 mientras trataba de sacar de la línea de fuego a una pequeña niña, llamada Susana Sanhueza . Y hay innumerables casos -cientos-, que sería demasiado largo detallar.
Esas víctimas de la violencia política han sido ignoradas en su calidad de tales, como consecuencia de un alejamiento de los principios de igualdad y de respeto por las ideas políticas individuales, que todos los Presidentes de la nación provenientes de las filas de la Concertación han declarado suscribir fervientemente durante sus respectivos Gobiernos.
Quizás nuestras víctimas han sido olvidadas por la particular mística que guía los actos de los miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, que induce a una actitud resignada frente al martirio personal, e incluso, ante la muerte.
En tal sentido, creo que uno de los objetivos más exitosamente cumplidos por las familias de detenidos desaparecidos ha sido el de mantener en la memoria de la comunidad la figura de sus seres queridos, así como la percepción pública de su número e importancia.
Los carabineros caídos no han provocado el mismo efecto en la comunidad, lo que atribuyo a causas distintas del sector ideológico-político con que la ciudadanía les identifica. Debo decir, con cierto dolor, que a veces la comunidad toma la muerte de un carabinero con más naturalidad que el asesinato de una persona que no lo es. Quizá ello se deba a que se confunde el riesgo inherente a sus funciones con las acciones orientadas a un fin político.
Sin embargo, creo que eso se puede cambiar. Y ésta es precisamente mi propuesta -la tercera, tengo entendido- para abordar la materia.
Su fundamento radica en que la comunidad nacional tiene una deuda con los mártires de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Debemos comenzar por considerarlos en su correcta condición de víctimas de violencia política; continuar por adherir al dolor de sus familias en la misma forma como ha sido acogido el de las familias de las víctimas civiles, y, finalmente, concluir por reparar, dentro de lo que humanamente es exigible, la pérdida sufrida.
Me parece que, con independencia de las ideas de cada cual, es necesario ampararse en un tratamiento igualitario que nos permita, como nación, actuar con justicia.
Por esa razón, hago un llamado a la objetividad en la estimación de todas las situaciones particulares, aplicando el mismo criterio y concepto a todos por igual.
Para la obtención de tal fin, sólo es menester que la Concertación adopte un criterio consecuente con los conceptos originales que ella misma expresó, en la forma que señalé precedentemente.
Por mi parte, no pretendo allanarme al olvido de los mártires y víctimas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Si la justicia ha de consumarse, que podamos también saber, entonces, quiénes son los autores intelectuales de los asesinatos de los carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas caídos víctimas de la violencia política y del terrorismo.
Si el Estado debe reparaciones económicas a las familias de las víctimas, que se reconozca de la misma forma su responsabilidad moral y material respecto de las de los carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas asesinados por grupos inspirados en justificaciones políticas.
El apego irrestricto al principio de igualdad ante la ley es siempre una buena guía, especialmente en las situaciones que afectan de manera tan íntima a todas las familias que perdieron irremediablemente un ser querido como consecuencia de un proceso histórico cuyas causas y culpas la historia juzgará, con seguridad, mejor que cualquiera de nosotros.
No habiendo ningún otro Comité que desee intervenir en la hora de Incidentes, se levanta la sesión.
1. Que en los últimos días, los diversos sectores políticos tanto de gobierno como de oposición han señalado la necesidad de abordar el tema de las reparaciones a las diversas víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar.
2. Que durante los gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei y Lagos se han dictado diversas normas legales que tienden a reparar los daños y perjuicios que sufrieron numerosas personas, como son las leyes especiales para facilitar el retorno de los exiliados, las que establecen diversos beneficios previsionales a los exonerados políticos, y la ley 19.123 en favor de los familiares de los ejecutados y desaparecidos políticos.
3. Que sin embargo, existe un gran sector de víctimas del régimen militar, los denominados “ex presos políticos” para los cuales no ha existido ninguna ley que aborde su situación particular, lo cual implica una gran deuda de parte del Estado Chileno y la sociedad en su conjunto.
4. Que esto implica una clara discriminación, ya que no existen razones para dar un tratamiento a un tipo de víctima de violaciones de los derechos humanos, y otro, a los ex presos políticos y torturados. Mantener esta situación de discriminación seria aceptar en los hechos la existencia de víctimas de violaciones a los derechos humanos de primera y segunda clase.
5. Que por tanto se hace indispensable buscar el mecanismo que aborde el vacío legal existente en relación a los ex presos políticos, más aún cuando en numerosos casos las secuencias de su detención y tortura en la mayoría de los casos sigue estando presente.
6. Que Su Excelencia el Presidente de la República don Ricardo Lagos Escobar ha manifestado su disposición y voluntad de avanzar en la reparación de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
7. Por lo anteriormente expuesto el Honorable Senado de la República acuerda:
Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que como una manera de avanzar en el ámbito de la reconciliación y la reparación integral de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos estudie la posibilidad de enviar al parlamento un proyecto de ley destinado a la reparación de los ex presos políticos del régimen militar. Esta ley debe contemplar la formación de una comisión especial calificadora conformada por representantes del Poder Ejecutivo, Miembros de la Iglesia y del Parlamento, la cual debe definir en el más breve plazo los criterios de acreditación de la calidad de ex preso político, como asimismo los mecanismos para una reparación moral, jurídica, social, laboral y pecuniaria de estas personas.
(Fdo:) Ávila Contreras, Nelson; Frei Ruiz-Tagle, Carmen; Gazmuri Mujica, Jaime; Lavandero Illanes, Jorge; Muñoz Barra, Roberto; Navarro Brain, Alejandro; Núñez Muñoz, Ricardo; Ominami Pascual, Carlos; Páez Verdugo, Sergio; Parra Muñoz, Augusto; Ruiz-Esquide Jara, Mariano; Silva Cimma, Enrique; Viera-Gallo Quesney, José Antonio