Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/38042
Timestamp: 2019-10-24 02:24:34
Document Index: 249673870

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Gaceta: LXII/1PPO-53/38042
Propone la modificación del párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el objeto de que se otorgue un plazo mayor al juzgador para que emita las órdenes de aprehensión por delito grave, equivalente a las setenta y dos horas.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, someto a la consideración de esta soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Párrafo Tercero del Artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente:
La presente iniciativa tiene como interés fortalecer el sistema de impartición de justicia, dar un mayor plazo a los jueces para que puedan ordenar la detención de quienes hayan cometido delitos graves y con ello evitar que la impunidad sea la constante realidad en el país.
De acuerdo con el INEGI las denuncias han aumentado progresivamente tanto en el fuero común como en el federal. El promedio diario de delitos denunciados del fuero común aumentó 18 por cientoentre el 2005 y el 2009, mientras que el del fuero federal se incrementó en un 47 por ciento.
Las presiones que recibe el sistema de procuración e impartición de justicia penal derivadas del incremento en la comisión de delitos en el país no son menores. Los datos indican claramente que en el caso de los tribunales federales y de los centros de reclusión la capacidad de trabajo se encuentra en zonas críticas.
Al respecto el consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Raúl Benítez Manaut, indica que en México en los primeros cinco años del actual sexenio han sido detenidas medio millón de personas, de las cuales 450 mil de ellas fueron liberadas debido a expedientes mal integrados, como resultado de la ineficiencia de las agencias investigadoras, lo cual deriva en que el 95 por ciento de los delitos queden en la impunidad.
Ante ello, es urgente una reforma al Código Penal Federal que permita aminorar las cargas de trabajo en los juzgados federales mediante la ampliación de los plazos para emitir una orden de aprehensión en delitos graves y con ello evitar que quien haya incurrido en este tipo de conductas no pueda evadirse de la acción de la justicia.
El texto actual del párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone:
“ARTICULO 142.- Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan las partes.
El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Público dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación.
Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación.
Si dentro de los plazos antes indicados el juez no dicta auto de radicación o no resuelve sobre los pedimentos de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, el Ministerio Público podrá ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.
Si el juez niega la aprehensión, reaprehensión, comparecencia o cateo, por considerar que no están reunidos los requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Código, se regresará el expediente al Ministerio Público para el trámite correspondiente.
Conforme a los términos precisados en la norma, al día de hoy, el juez cuenta únicamente con veinticuatro horas para la emisión de la orden de aprehensión o su negativa por delito grave. Esta iniciativa propone la modificación de dicho numeral, con el objeto de que el juzgador cuente con mayor tiempo para que emita esa resolución, toda vez que dicho plazo resulta insuficiente, de conformidad con las razones que se exponen a continuación.
El precepto en cita, desde su promulgación en 1934, no otorgaba ningún término para la emisión de la orden de aprehensión.
Posteriormente, en reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1984, el legislador previó un término de quince días para la emisión de la orden de aprehensión, a partir de la radicación del asunto, sin distinguir el tipo de delito por el que se libraba.
Por reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de enero de 1994, se estableció el texto actual del precepto cuya modificación se propone y que permanece vigente desde esa fecha. A mayor abundamiento se inserta una tabla comparativa de las reformas que se han aplicado los numerales antes mencionados:
Redacción del Código Federal de Procedimientos Penales de 1934.
Redacción del Código Federal de Procedimientos Penales de 1984.
Texto Actual (Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el Lunes 10 de enero de 1994)
Artículo 142.- El tribunal ante el cual se ejercite la acción penal, practicará sin demora alguna de todas las diligencias procedentes que promuevan las partes.
Artículo 142.- El Tribunal ante el cual se ejercite la acción penal, radicará de inmediato el asunto. Sin más trámite le abrirá expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna, todas las diligencias procedentes que promuevan las partes.
Si durante el plazo de 10 días, contado a partir del día en que se haya hecho la consignación, el juez no dicta auto de radicación en el asunto, el Ministerio Público podrá recurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.
El juez ordenará o negará la aprehensión o la comparecencia solicitada por el Ministerio Público dentro de los 15 días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación, sino resuelve oportunamente sobre este punto, el Ministerio Público procederá en los términos previstos en la parte final del párrafo anterior.
Artículo 142.- Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan las partes.
Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión o cateo solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horascontadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación.
Como se ve, el texto actual data del año de 1994. Desde entonces, es notorio que la actividad delictiva a la que respondía esa norma ha adquirido mayor complejidad para su adecuada aplicación.
Legislativamente, esa complejidad es palpable, ya que el 7 de noviembre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El día 18 de junio de 2008, se incluyó en el artículo 16 de la Constitución Federal la figura del arraigo, así como la definición de delincuencia organizada y el concepto de delito previsto como grave por el artículo 194, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales.
Los lugares donde se concentra el cúmulo de asuntos de delincuencia organizada se encuentran principalmente en los Centros Federales de Readaptación Social de máxima seguridad. Tal concentración de asuntos deriva de lo dispuesto por el artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, así como del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se dota de competencia a los juzgados de distrito que se precisan para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones.
La carga de trabajo, así como la complejidad de los asuntos que en la actualidad substancian los Jueces Federales de Procesos Penales, lo ha reconocido el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en su Acuerdo General 20/2012, que establece, en razón de causas excepcionales, la suspensión indefinida del turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama.
Dicho acuerdo, en su considerando cuarto, establece lo siguiente:
“…CUARTO. Derivado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito el veintiuno de agosto de dos mil ocho, el Consejo de la Judicatura Federal se comprometió a implementar, entre otras acciones, la relativa a favorecer la concentración de personas sometidas a procesos penales relacionados con delitos de delincuencia organizada y narcotráfico, en los reclusorios de alta seguridad, minimizando con esta acción el riesgo que implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos. Derivado del compromiso referido se ordenó el inicio de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, municipio de Tepic, así como de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, los cuales fueron aperturados en espacios reducidos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ubicados dentro de los Centros Federales de Readaptación Social No. 4 “Noroeste” y No. 5 “Oriente”, evitando con ello el traslado de reos fuera de las citadas instalaciones.
Del cuadro anterior se puede advertir que los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit en 4.5 meses tuvieron un ingreso de 260 asuntos (130 por órgano jurisdiccional), cuando la media nacional de ingreso para ese tipo de órgano se ubicó en 65.75, resulta que se situaron por arriba de la referida media en 64.25 asuntos, no obstante su buen desempeño productivo (se colocaron por arriba de la media de egreso con 50.28 asuntos), no pudieron abatir su carga de trabajo (existencia inicial 553 + 260 Ingresos), pasando de 553 asuntos a 580 expedientes en existencia final, es decir, hubo un aumento de 27 asuntos.
Debo destacar que los expedientes de los cuales conocen los citados órganos jurisdiccionales se caracterizan por su alto grado de complejidad, al tratarse normalmente de asuntos vinculados con delitos de delincuencia organizada, con un gran número de indiciados, pluralidad de defensores, interposición de recursos y, en general, un gran número de diligencias y actuaciones que se requiera para su integración yresolución.
Todo lo anterior, aunado al aumento de consignaciones que se pronostica se presentará en el corto plazo derivado del incremento en el cupo en los reclusorios referidos, hacen patente la urgente necesidad de crear órganos jurisdiccionales de procesos penales federales; no obstante la falta de espacios para tal fin, obliga a optar por la aplicación de una medida excepcional que logre evitar en el corto plazo la saturación progresiva y ascendente de expedientes en los juzgados de Distrito de mérito, conjurando el riesgo latente de una situación de rezago a cuyo eventual desahogo los órganos en funciones deban dedicar varios años de sus labores. De ahí la urgencia de impedir con alguna medida adecuada y posible, que este riesgo anunciado e inminente se torne en una penosa realidad;…”.
Todo lo anterior, pone en evidencia el contexto en el que un juzgador emite una orden de aprehensión o una orden de cateo por delito grave, en el que, por lo general, además de atender asuntos de consignaciones sin detenido, como lo son los anteriormente citados, simultáneamente deben dar trámite a consignaciones que sí adquieren el carácter de urgente por implicar a un detenido, en donde deben resolver su situación jurídica en el término constitucional de setenta y dos horas. Igualmente, el juzgador debe verificar múltiples diligencias, así como la emisión de acuerdos de trámite y sentencias. Con ello, se hace palpable la complejidad de emitir una orden de aprehensión o cateo en el término de veinticuatro horas y la necesidad de otorgar mayores garantías al juzgador federal para la emisión de ese tipo de resoluciones.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en interpretación del artículo 16 de la Constitución Federal, ha considerado que la consignación sin detenido en el que se solicita una orden de aprehensión por delito grave no reviste una diligencia de carácter urgente.
Tal criterio se desprende de la jurisprudencia número 1a./J. 49/2010, visible en la página 186, del Tomo XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice:
“ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO LA AVERIGUACIÓN PREVIA SE CONSIGNE POR DELITOS GRAVES SIN DETENIDO, DEBE SER LIBRADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, PUES NO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA DILIGENCIA URGENTE DE LAS QUE NO ADMITEN DEMORA.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció que la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, al restringir provisionalmente su libertad personal o ambulatoria, por lo que el juzgador que la emita debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que llegue a instruirse con motivo de los delitos por los que la libra. Asimismo, el artículo 432 del Código Federal de Procedimientos Penales obliga al juez a que, tratándose de consignaciones con detenido, practique las diligencias que no admitan demora o, en su caso, dicte el auto de formal prisión o el de libertad por falta de elementos para procesar, antes de que se resuelva la competencia por declinatoria, para que se respeten irrestrictamente los términos previstos en la Constitución, como son los de cuarenta y ocho y setenta y dos horas que se fijan para la declaración preparatoria y para resolver la situación jurídica del imputado, respectivamente. Sin embargo, el mencionado precepto no reconoce competencia extraordinaria al juez para que actúe en lo relativo a la solicitud de libramiento de una orden de aprehensión proveniente de la consignación de una averiguación previa por cualquier clase de delito sin detenido, bajo el argumento de que se trata de una diligencia urgente que no admite demora, pues no subyace dicha necesidad. Por tanto, conforme al artículo 142 del Código citado, la solicitud antes descrita no constituye una diligencia urgente que no admite demora, porque el órgano jurisdiccional no tiene que inadvertir un aspecto de previo y especial pronunciamiento, que por su naturaleza constituya un presupuesto procesal, como lo es determinar si es legalmente competente para librar la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público y para conocer del proceso penal que llegue a instaurarse. Esto es así, porque los términos establecidos en la consignación para su radicación y la orden o negativa de la aprehensión inciden y son aplicables al juez que sea competente de acuerdo con los órdenes jurídicos que regulan sus atribuciones, mas no pueden constituir un criterio para fijar dicha competencia”.
Así las cosas, este órgano legislador, sin soslayar la importancia que implica la emisión de una orden de aprehensión por delito grave, debe ser sensible a la trascendental labor del Poder Judicial Federal y a la carga de trabajo que actualmente enfrenta por el cúmulo de asuntos que se reciben en los juzgados federales en materia penal. Particularmente, del incremento de asuntos por delincuencia organizada, que no imperaba en el año de mil novecientos noventa y cuatro en el que se previó el término de veinticuatro horas para que el juzgador emitiera una resolución de esa índole.
De este modo, se propone la modificación del párrafo tercero del artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el objeto de que se otorgue un plazo mayor al juzgador para que emita las órdenes de aprehensión por delito grave, equivalente a las setenta y dos horas.
Con la instauración del anterior plazo, no se pone en riesgo que un sujeto al que se le atribuye un delito grave pueda evadirse de la acción de la justicia, porque en la actualidad, el Ministerio Público de la Federación cuenta con otras medidas cautelares para asegurar al sujeto, como lo es el arraigo hasta por cuarenta días, prorrogable hasta ochenta; así como la detención que puede ordenar para casos urgentes, en términos del párrafo sexto del artículo 16 Constitucional.
De tal suerte que la modificación supone una medida de ajuste temporal para valorar las pruebas y que el juzgador esté en condiciones de resolver, además será un elemento que reforzará el ámbito de certeza jurídica en el combate a la impunidad.
En este orden de ideas, la ampliación propuesta, el juzgador federal estará en mejores condiciones para emitir una orden de aprehensión por delitos graves, porque podrá estudiar con mayor tiempo las consignaciones sin detenido de esa naturaleza, en las que, en muchos de los casos, cuando son por delincuencia organizada, la averiguación previa que las precede consta de diversos tomos, por lo que el término de veinticuatro horas que actualmente se prevé, resulta insuficiente para su debido estudio, máxime que como ya se recalcó, por lo general, el juzgador debe atender otro tipo de asuntos de manera simultánea, como consignaciones de detenido que sí son consideradas urgentes.
Paralelamente, se abona a la seguridad jurídica del gobernado, porque con ello el juzgador federal podrá verificar de mejor forma que, en su caso, amerita privarlo de la libertad por un delito que, por su gravedad, no le permitirá gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución.
Decreto por el que se reforma el Párrafo Tercero del Artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales
ÚNICO. Se reforma el Párrafo Tercero del Artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
ARTICULO 142.-Tratándose de consignaciones sin detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la acción penal radicará el asunto dentro del término de dos días, salvo lo previsto en el párrafo tercero, abriendo expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda y practicará sin demora alguna todas las diligencias que promuevan las partes.
Tratándose de los delitos que el artículo 194 señala como graves, la radicación se hará de inmediato y el juez ordenará o negará la aprehensión solicitada por el Ministerio Público, dentro de las setenta y dos horas contadas a partir del momento en que se haya acordado la radicación. Tratándose de cateos por delitos graves, el juez deberá resolver dentro de las veinticuatro horas contadas a partirde dicho momento.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de noviembre del año dos mil doce.