Source: https://www.scribd.com/doc/125350625/Caso-Barrios-Altos-Corte-Interamericana-de-Derechos-Humanos
Timestamp: 2017-03-30 07:31:11
Document Index: 62650293

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Caso “Barrios Altos”. | Corte Interamericana de Derechos Humanos
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En el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:1 Antônio A. Cançado Trindade, Presidente Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente Hernán Salgado Pesantes, Juez Alirio Abreu Burelli, Juez Sergio García Ramírez, Juez y Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez; presentes, además: Manuel E. Ventura Robles, Secretario y Renzo Pomi, Secretario adjunto, de acuerdo con los artículos 29, 55 y 57 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA 1. El 8 de junio de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó ante la Corte la demanda en este caso, en la cual invocó el artículo 51.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 32 del Reglamento. La Comisión sometió el caso con el fin de que la Corte decidiera que hubo violación, por parte del Estado del Perú (en adelante “el Perú”, “el Estado” o “el Estado peruano”), del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana, en perjuicio de Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Luis Alberto Díaz Astovilca, Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco, Luis Antonio León Borja, Filomeno León León, Máximo León León, Lucio Quispe Huanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Manuel Ríos Rojas, Alejandro Rosales Alejandro, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender Sifuentes Nuñez y Benedicta Yanque Churo. Asimismo, pidió a la Corte que decidiera que el Estado violó el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en
1 El Juez Oliver Jackman informó a la Corte que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar presente en el XXV Período Extraordinario de Sesiones del Tribunal, por lo que no participó en la deliberación y firma de esta Sentencia.
perjuicio de Natividad Condorcahuana Chicaña, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Alvítez. Además, requirió al Tribunal que decidiera que el Estado peruano violó los artículos 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) de la Convención Americana como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492. Finalmente, solicitó a la Corte que determinara que, como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 y de la violación a los derechos señalados, el Perú incumplió los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión solicitó a la Corte, además, que ordenara al Perú que: a) reabra la investigación judicial sobre los hechos;
b) otorgue una reparación integral adecuada por concepto de daño material y moral a los familiares de las 15 presuntas víctimas que fueron ejecutadas y de las cuatro presuntas víctimas que se encuentran con vida; c) derogue o deje sin efecto la Ley Nº 26479 que concede “amnistía general a personal militar, policial y civil para diversos casos” y la Ley Nº 26492 que “[p]recisa …[la] interpretación y [los] alcances de [la] amnistía otorgada por la Ley Nº 26479”; y d) pague las costas y gastos en que han incurrido las presuntas víctimas y/o sus familiares, para litigar en este caso tanto en el ámbito interno como ante la Comisión y ante la Corte, y los honorarios razonables de sus abogados.
II HECHOS 2. La Comisión efectuó, en la sección III de su demanda, una exposición de los hechos que constituyeron el origen de esta causa. En ella señaló que: a) aproximadamente a las 22:30 horas del 3 de noviembre de 1991, seis individuos fuertemente armados irrumpieron en el inmueble ubicado en el Jirón Huanta No. 840 del vecindario conocido como Barrios Altos de la ciudad de Lima. Al producirse la irrupción, se estaba celebrando una “pollada”, es decir, una fiesta para recaudar fondos con el objeto de hacer reparaciones en el edificio. Los atacantes llegaron al sitio en dos vehículos, uno de marca jeep Cherokee y otro Mitsubishi. Estos automóviles portaban luces y sirenas policiales, que fueron apagadas al llegar al lugar de los hechos; b) los individuos, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 30 años, encubrieron sus rostros con pasamontañas y obligaron a las presuntas víctimas a arrojarse al suelo. Una vez que éstas estaban en el suelo, los atacantes les dispararon indiscriminadamente por un período aproximado de dos minutos, matando a 15 personas e hiriendo gravemente a otras cuatro, quedando una de estas últimas, Tomás Livias Ortega, permanentemente incapacitada. Posteriormente, con la misma celeridad con que habían llegado, los atacantes huyeron en los dos vehículos, haciendo sonar nuevamente las sirenas;
c) las personas sobrevivientes declararon que las detonaciones sonaban “apagadas”, lo cual permite suponer que se utilizaron silenciadores. Durante la investigación, la policía encontró en la escena del crimen 111 cartuchos y 33 proyectiles del mismo calibre, correspondientes a pistolas ametralladoras; d) las investigaciones judiciales y los informes periodísticos revelaron que los involucrados trabajaban para inteligencia militar; eran miembros del Ejército peruano que actuaban en el “escuadrón de eliminación” llamado “Grupo Colina” que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo. Diversas informaciones señala que los hechos del presente caso se realizaron en represalia contra presuntos integrantes de Sendero Luminoso; e) una semana después del ataque el Congresista Javier Diez Canseco presentó a la prensa una copia de un documento titulado “Plan Ambulante”, el cual describía un operativo de inteligencia llevado a cabo en la escena del crimen. Según dicho documento los “subversivos” se habían estado reuniendo en el domicilio donde ocurrieron los hechos del presente caso desde enero de 1989 y se encubrían bajo la apariencia de vendedores ambulantes. En junio de 1989 el Sendero Luminoso llevó a cabo, a unos 250 metros del lugar en que ocurrieron los hechos en Barrios Altos, un ataque en el que varios de los atacantes se disfrazaron de vendedores ambulantes; f) el 14 de noviembre de 1991 los Senadores de la República Raúl Ferrero Costa, Javier Diez Canseco Cisneros, Enrique Bernales Ballesteros, Javier Alva Orlandini, Edmundo Murrugarra Florián y Gustavo Mohme Llona solicitaron al plenario del Senado de la República que se esclarecieran los hechos relativos al crimen de Barrios Altos. El 15 de noviembre de ese año la Cámara de Senadores aprobó dicho petitorio y designó a los Senadores Róger Cáceres Velásquez, Víctor Arroyo Cuyubamba, Javier Diez Canseco Cisneros, Francisco Guerra García Cueva y José Linares Gallo para integrar una Comisión investigadora, la cual se instaló el 27 de noviembre de 1991. El 23 de diciembre de 1991 la Comisión efectuó una “inspección ocular” en el inmueble donde sucedieron los hechos, entrevistó a cuatro personas, y realizó otras diligencias. La Comisión senatorial no concluyó su investigación, pues el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, que se inició el 5 de abril de 1992, disolvió el Congreso y el Congreso Constituyente Democrático elegido en noviembre de 1992 no reanudó la investigación ni publicó lo ya investigado por la Comisión senatorial; g) aunque los hechos ocurrieron en 1991, las autoridades judiciales no iniciaron una investigación seria del incidente sino en abril de 1995, cuando la Fiscal de la Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, Ana Cecilia Magallanes, denunció a cinco oficiales del Ejército como responsables de los hechos, incluyendo a varios ya condenados en el caso La Cantuta. Los cinco acusados eran el General de División Julio Salazar Monroe, entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el Mayor Santiago Martín Rivas, y los Suboficiales Nelson Carbajal García, Juan Sosa Saavedra y Hugo Coral Goycochea. La mencionada Fiscal intentó en varias oportunidades, sin éxito, hacer comparecer a los acusados para que rindieran declaración. Consecuentemente, formalizó la denuncia ante el 16º Juzgado Penal de Lima. Los oficiales militares respondieron que la denuncia debía dirigirse a otra autoridad y señalaron que el Mayor Rivas y los suboficiales se encontraban bajo la jurisdicción del Consejo Supremo de Justicia Militar. Por su parte, el General Julio Salazar Monroe se negó a responder las citaciones
el Alto Mando Militar se lo impidió. algunos de los cuales estaban procesados en el caso Barrios Altos. que se cerraba el caso Barrios Altos. y que los Fiscales y Jueces que no obedecen la ley pueden ser procesados por prevaricato. y también a civiles. en una conferencia de prensa. Las escasas condenas impuestas a integrantes de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos fueron dejadas sin efecto inmediatamente. alegando que se trataba de oficiales militares en servicio activo. la Ley Nº 26479. afirmó que la decisión de la Juez Saquicuray constituía un error. Horas después de emitida dicha decisión. La Ley fue promulgada de inmediato por el Presidente y entró en vigor el 15 de junio de 1995. la Fiscal de la Nación. j) la Ley Nº 26479 concedió una amnistía a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias. procedimientos o condenas. o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisión. El Consejo Supremo de Justicia Militar dictó una resolución que dispuso que los acusados y el Comandante General del Ejército y Jefe del Comando Conjunto.4
argumentando que tenía rango de Ministro de Estado y que. entre 1980 y 1995. El caso pasó a conocimiento de la Undécima
. El proyecto de ley no fue anunciado públicamente ni debatido. policías. Sin embargo. Nicolás de Bari Hermoza Ríos. en consecuencia. En consecuencia. l) los abogados de los acusados en el caso Barrios Altos apelaron la decisión de la Juez Saquicuray. gozaba de los privilegios que tenían los Ministros. investigaciones. sino que fue aprobado tan pronto como fue presentado. dado que se estaba procesando paralelamente una causa ante la justicia militar. el Congreso peruano sancionó una ley de amnistía. el 16 de junio de 1995 la Juez Antonia Saquicuray decidió que el artículo 1 de la Ley Nº 26479 no era aplicable a los procesos penales pendientes en su juzgado contra los cinco miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). i) tan pronto se inició la investigación de la Juez Saquicuray los tribunales militares interpusieron una petición ante la Corte Suprema reclamando competencia sobre el caso. antes de que la Corte Suprema pudiera resolver el asunto. se liberó a los ocho hombres recluidos por el caso conocido como “La Cantuta”. la cual señala que los jueces tienen el deber de no aplicar aquellas leyes que consideren contrarias a las disposiciones de la Constitución. que la Ley de Amnistía tenía estatuto de ley constitucional. violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones. en las primeras horas del 14 de junio de 1995. Pese a que la mencionada Juez intentó tomar declaración a los presuntos integrantes del “Grupo Colina” en la cárcel. Blanca Nélida Colán. debido a que la amnistía violaba las garantías constitucionales y las obligaciones internacionales que la Convención Americana imponía al Perú. que exoneraba de responsabilidad a los militares. El efecto de la señalada ley fue el de determinar el archivo definitivo de las investigaciones judiciales y así evitar la responsabilidad penal de los responsables de la masacre. h) la Juez Antonia Saquicuray del 16º Juzgado Penal de Lima inició una investigación formal el 19 de abril de 1995. que hubieran cometido. por violaciones de derechos humanos. estaban impedidos de rendir declaración ante algún otro órgano judicial. k) de acuerdo con la Constitución del Perú.
Como resultado de una denuncia presentada el 30 de junio de 1995 por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en contra del Perú por otorgar una amnistía a agentes del Estado responsables del asesinato de 15 personas y de las heridas inferidas a otras cuatro. la Comisión inició el 28 de agosto de 1995 la tramitación del caso. la Ley Nº 26492. La Corte es competente para conocer del presente caso. que los jueces no podían decidir no aplicar leyes adoptadas por el Congreso porque ello iría contra el principio de separación de poderes. Se fijó una audiencia para el 3 de julio de 1995 sobre la aplicabilidad de la ley señalada. Además. El 27 de junio de 1995 Carlos Arturo Mansilla Gardella. aunque no hubieran sido denunciadas. Fiscal Superior. En su sentencia dicha Sala resolvió que la Ley de Amnistía no era antagónica con la ley fundamental de la República ni con los tratados internacionales de derechos humanos.5
Sala Penal de la Corte Superior de Lima. es decir. como consecuencia del incidente llamado Barrios Altos. el Congreso peruano aprobó una segunda ley de amnistía. El Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 21 de enero de 1981. la Undécima Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió la apelación en sentido contrario a lo resuelto por la Juez de nivel inferior.
III COMPETENCIA DE LA CORTE 3. cuyos tres miembros serían los encargados de revocar o confirmar la resolución. m) la negativa de la Juez Saquicuray de aplicar la Ley de Amnistía Nº 26479 provocó otra investigación por parte del Congreso. Antes que pudiera celebrarse la audiencia pública.
IV PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 4. resolvió el archivo definitivo del proceso en el caso Barrios Altos. El efecto de esta segunda ley fue impedir que los jueces se pronunciaran sobre la legalidad o aplicabilidad de la primera ley de amnistía. concediendo una amnistía general para todos los funcionarios militares. invalidando lo resuelto por la Juez Saquicuray e impidiendo decisiones similares en el futuro. que “estaba dirigida a interferir con las actuaciones judiciales del caso Barrios Altos”.
. policiales o civiles que pudieran ser objeto de procesamientos por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 1995. el cual fue registrado bajo el Nº 11. y n) el 14 de julio de 1995. defendió en todos sus extremos la resolución de la Juez Saquicuray que declaraba que la Ley de Amnistía Nº 26479 era inaplicable al caso Barrios Altos. La Secretaría de la Comisión informó al Estado y le solicitó que remitiera toda la información que considerase pertinente sobre los hechos en un plazo de 90 días. Dicha ley declaró que la amnistía no era “revisable” en sede judicial y que era de obligatoria aplicación.528. y ordenó que la Juez Saquicuray fuera investigada por el órgano judicial de control interno por haber interpretado las normas incorrectamente. amplió el alcance de la Ley Nº 26479.
Por su parte. El 29 de enero de 1996 la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) presentó una denuncia a la Comisión en nombre de los familiares de las 15 personas muertas y las cuatro personas heridas en los hechos ocurridos en Barrios Altos. El mismo 12 de febrero de 1997 la Comisión acumuló la denuncia presentada en el caso Nº 11. se celebró una audiencia sobre el caso. Previo al inicio de la tramitación del caso por la Comisión. el respectivo escrito del Perú a los peticionarios y les solicitó que presentaran sus observaciones a dicha comunicación dentro de un plazo de 45 días. el 10 de julio de 1995 los peticionarios solicitaron medidas cautelares para evitar la aplicación de la Ley Nº 26479 a los hechos motivo del presente caso y para proteger a Gloria Cano Legua. El 14 de los mismos mes y año la Comisión solicitó al Estado que adoptara las medidas pertinentes para garantizar la integridad personal y el derecho a la vida de todos los sobrevivientes. el cual fue transmitido a los peticionarios el 30 de noviembre de 1995 para que presentaran sus observaciones a dicho documento dentro de un plazo de 45 días. Unos días después. El 4 de marzo de 1997. la cual fue transmitida a los peticionarios el 21 de junio de 1996 para que presentaran observaciones. comunicaciones que le fueron transmitidas a éste el 28 de marzo de 1996. 6. El 29 de mayo de 1996 el Perú presentó a la Comisión su respuesta. Esta información fue transmitida al Perú el 12 de febrero de 1997.528 y las denuncias que formaron parte del caso Nº 11. 4). El 31 de octubre de 1995 el Estado respondió a la solicitud de la Comisión (supra párr. 7. el 21 de noviembre. el 23 de mayo de 1996 la Comisión de Derechos Humanos (COMISDEH) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó el caso de Filomeno León León y Natividad Condorcahuana. 8. 11. en los incidentes de Barrios Altos.6
5. a nombre de los familiares de Javier Manuel Ríos Rojas y Manuel Isaías Ríos Pérez.601.528. El 26 de marzo de 1996 la Comisión registró dicha denuncia como el caso Nº 11.601. El 23 de septiembre de 1996 la Comisión recibió una denuncia presentada por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
. familiares y abogados relacionados con el caso Barrios Altos. abogada de uno de los sobrevivientes de la masacre de Barrios Altos en el proceso penal iniciado contra el General del Ejército Julio Salazar Monroe y otras personas. muerto y herida. El 15 de octubre de 1996 la Comisión comunicó el escrito de los peticionarios al Estado y le otorgó 30 días para la presentación de sus observaciones. quienes las presentaron el 1 de agosto de 1996. respectivamente. dos personas muertas en los acontecimientos de Barrios Altos. la cual remitió. durante el 95º Período de Sesiones de la Comisión. 9. conformando todas parte del caso Nº 11. El 17 de enero de 1996 los peticionarios presentaron sus observaciones a los escritos del Perú. el Estado presentó un escrito adicional a la Comisión. 10. el 8 de noviembre de ese mismo año. Esta información fue remitida al Estado el 21 de junio de 1996 para que presentara sus observaciones.
sin embargo. 12). y continúe con el procesamiento judicial de los señores Julio Salazar Monroe. El 1 de mayo de 1997 el Estado respondió a la información transmitida por la Comisión el 12 de febrero de ese mismo año (supra párr. En dicho Informe. lo que implica otorgar la correspondiente indemnización a las cuatro víctimas que sobrevivieron y a los familiares de las 15 víctimas muertas. durante su 106º Período de Sesiones y con base en el artículo 50 de la Convención. C. Santiago Martín Rivas. durante el 97º Período de Sesiones de la Comisión. Con ese fin. imparcial y efectiva de los hechos. que tienda a impedir la investigación. 16. el cual no estará facultado para publicarlo. B. escrito que fue remitido a los peticionarios el 27 de mayo de 1997. Igualmente la Comisión acuerda notificar a los peticionarios de la aprobación de un informe según el artículo 50 de la Convención. la cual señalaba que la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492. El 9 de octubre de 1997. 15. Nelson Carbajal García. se celebró otra audiencia sobre el caso. el cual fue transmitido al Estado al día siguiente.
18. […] proceda otorgar una reparación plena. El 7 de marzo de 2000 la Comisión. legislativa o de otra naturaleza. procesamiento y sanción de los responsables de los asesinatos y lesiones resultantes de los hechos conocidos como operativo “Barrios Altos”. que fueron remitidas al Perú el 28 de julio de 1997. El 9 de mayo de 2000 el Perú transmitió su respuesta al Informe de la Comisión. El 22 de junio de 1997 los peticionarios presentaron sus observaciones al escrito del Estado de 1 de mayo de 1997 (supra párr. 9). se sancione a los responsables de estos graves delitos. Juan Sosa Saavedra. la Comisión recomendó al Estado que:
A. por las violaciones de los derechos humanos señalados en este caso. de acuerdo con la ley. 26479 y 26492. Mediante comunicación de 11 de junio de 1997 los peticionarios solicitaron que se incluyera al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y al Instituto de Defensa Legal (IDL) como co-peticionarios en este caso. El 7 de enero de 1999 la Comisión Interamericana se puso a disposición de las partes con el objeto de lograr una solución amistosa. y por la vía del proceso penal correspondiente. la Comisión acordó:
transmitir este informe al Estado peruano y otorgarle un plazo de dos meses para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas. el Estado peruano debe dejar sin efecto las leyes de amnistías Nos. y Hugo Coral Goycochea. constituían medidas excepcionales adoptadas en contra de la
Asimismo. Dicho plazo se contará a partir de la fecha de transmisión del presente informe al Estado. 14. aprobó el Informe Nº 28/00. 13. 17. el Perú le solicitó que desistiera de su iniciativa y que declarara inadmisible el caso por falta de agotamiento de recursos internos. […] deje sin efecto toda medida interna. con el objeto de identificar a los responsables de los asesinatos y lesiones de este caso. […] conduzca una investigación seria.7
“pero en forma expresa señaló la subsistencia de las acciones de reparación civil en favor de los agraviados o sus familiares. del Instituto de Defensa Legal (IDL).” 19. 24. y de cuatro meses para responder la demanda. El 4 de julio de 2000 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”). El 21 de julio de 2000 la Comisión envió parte de la documentación solicitada. El 1 de septiembre de 2000 la Secretaría informó a la Comisión que todavía faltaban por remitir algunos folios correspondientes a anexos de la demanda mencionados en el escrito de 18 de agosto de 2000. Germán Alvarez Arbulú. y como asistentes a los señores Sofía Macher. Asimismo. Ronald Gamarra Herrera. El 10 de mayo de 2000 la Comisión decidió someter el caso a la Corte. informó a éste que se había solicitado a la Comisión que remitiera algunos anexos que aún se encontraban defectuosos. abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). en la cual se manifiesta que
. Viviana Krsticevic. comunicó al Perú que disponía de un mes para nombrar agente y agente alterno y para designar juez ad hoc. Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). diversas informaciones y documentación faltante. Director Ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ). 5-9-M/49 de 24 de agosto de 2000 de la Embajada del Perú. La demanda en este caso fue sometida al conocimiento de la Corte el 8 de junio de 2000. La Comisión designó como Delegados a los señores Juan E. 23. Méndez y Hélio Bicudo. en un plazo de 20 días. El 24 de agosto de 2000 un representante de la Embajada del Perú ante el Gobierno de la República de Costa Rica compareció en la sede de la Corte para devolver la demanda del presente caso. los cuales le serían enviados tan pronto como fueran recibidos. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del Reglamento. Cerna y Andrea Galindo. hizo notar que el Tribunal Constitucional peruano había declarado improcedente la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra las referidas leyes. Dicho funcionario entregó a la Secretaría la Nota No. Además. como abogadas a las señoras Christina M. así como ciertos anexos de la demanda que se encontraban incompletos o ilegibles. 22. de la Comisión de Derechos Humanos (COMISDEH). El 14 de agosto de 2000 la Secretaría notificó la demanda y sus anexos al Estado. de la Asociación ProDerechos Humanos (APRODEH). 22). siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”). 21. El 21 de agosto de 2000 la Comisión envió parte de los anexos que habían sido solicitados por la Secretaría el 11 de los mismos mes y año (supra párr.
V PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 20. Rocío Gala Gálvez. y María Claudia Pulido.8
violencia terrorista. 25. solicitó a la Comisión que remitiera. Además. Iván Bazán Chacón. El 11 de agosto de 2000 la Secretaría solicitó a la Comisión que enviara los documentos correspondientes a anexos que no habían sido remitidos debidamente subsanados en su comunicación anterior. Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
1 de la Convención. procede a devolver a [la Corte] la … notificación [de la demanda] y sus anexos. esto es. Resolución de 17 de noviembre de 1999. en ese mismo escrito el Estado manifestó que
la notificación contenida en la Nota CDH-11. y se aplica a todos los casos en los que el Perú no hubiese contestado la demanda incoada ante la Corte. … el Congreso de la República aprobó el retiro del reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C No. suscrita por todos sus jueces. 60. Competencia. y Caso del Tribunal Constitucional. Cumplimiento de Sentencia.
26.. Cumplimiento de Sentencia.528/002.. punto resolutivo 1. el Gobierno de la República de la República del Perú. … por las consideraciones expuestas a continuación: 1.[…E]l retiro del reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte. En dicho escrito la Comisión solicitó a la Corte que “rechace la pretensión del Estado del Perú y dé curso al trámite de este caso”. Serie C No. se refiere a un caso en el que esa Honorable Corte ya no es competente para conocer de demandas interpuestas contra la República del Perú al amparo de la Competencia Contenciosa prevista en la Convención Americana [sobre] Derechos Humanos. Serie C No. 54. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. así como una violación del principio básico pacta sunt servanda (Caso Castillo Petruzzi y otros. En relación con la devolución del Estado de la demanda en el caso Barrios Altos y sus anexos. en razón de que el pretendido retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana por parte del Perú fue rechazado por sentencias de competencia de este Tribunal de fecha 24 de septiembre de 1999 en los casos Ivcher Bronstein y del Tribunal Constitucional (Caso Ivcher Bronstein. 2. punto resolutivo 1). a partir del 9 de julio de 1999.
Por último. y Caso Loayza Tamayo.9
… por instrucciones de su Gobierno. 55).El 9 de julio de 1999. de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 12 de noviembre de 2000 la Corte remitió una nota. Competencia. procedió a depositar en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el instrumento mediante el cual declara que. 27.. de fecha 11 de agosto de 2000. señor César Gaviria Trujillo. informándole sobre la situación de algunos casos tramitados ante el Tribunal referentes al Perú. de la notificación de la demanda y sus anexos.Mediante Resolución Legislativa de fecha 8 de julio de 1999.
. El 19 de octubre de 2000 la Comisión Interamericana presentó un escrito referente a la devolución. la Corte le indicó que:
[la] decisión del Estado peruano es inadmisible. por parte del Perú. 59. la República del Perú retira la Declaración de Reconocimiento de la Cláusula Facultativa de sometimiento a la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos… 3. esta actitud del Estado peruano constituye un claro incumplimiento del artículo 68. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Resolución de 17 de noviembre de 1999. produce efectos inmediatos a partir de la fecha del depósito del mencionado instrumento ante la Secretaría General de la OEA. Serie C No. A criterio de la Corte Interamericana.
062-2001-RE de 7 de febrero de 2001. [R]econoce su responsabilidad internacional en el caso materia del presente proceso. publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de enero de 2001. El 23 de enero de 2001 la Embajada del Perú ante el Gobierno de la República de Costa Rica remitió copia facsimilar de la Resolución Legislativa No. y se “restableci[ó] a plenitud para el Estado peruano la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 31. 27401 de fecha 18 de enero de 2001. El 21 de febrero de 2001 el Presidente de la Corte emitió una Resolución. 29. y
. El 19 de febrero de 2001 el Agente y el Agente alterno presentaron un escrito mediante el cual informaron que el Estado:
Esta Resolución fue notificada el 22 de febrero de 2001 tanto al Perú como a la Comisión. 33. mediante la cual se designó a los señores Javier Ernesto Ciurlizza Contreras como Agente y al señor César Lino Azabache Caracciolo como Agente alterno.10
28. caso. El 16 de febrero de 2001 la Embajada del Perú en Costa Rica remitió una nota del Agente y el Agente alterno. El 14 de marzo de 2001 se celebró la audiencia pública sobre el presente
Comparecieron ante la Corte: Por el Estado del Perú: Javier Ernesto Ciurlizza Contreras. así como ante los peticionarios en este caso. […] cursará comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para iniciar conversaciones formales y alcanzar el citado acuerdo. en la cual informaron sobre su designación como agentes y el lugar donde se tendrían por debidamente notificadas las comunicaciones en el presente caso. El 9 de febrero de 2001 la Embajada del Perú ante el Gobierno de la República de Costa Rica remitió copia de la Resolución Suprema Nro. en la cual resolvió
[c]onvocar a los representantes del Estado del Perú y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública que se celebrar[ía] en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de las 9:00 horas del día 14 de marzo de 2001 a efectos de escuchar a las partes con respecto a la posición del Estado transcrita en el Visto 2 de [dicha] Resolución. mediante la cual se “derog[ó] la Resolución Legislativa Nº 27152”. Agente.
32. se “encarg[ó] al Poder Ejecutivo [que realizara] todas las acciones necesarias para dejar sin efecto los resultados que haya generado dicha Resolución Legislativa”.
2. publicada el día 8 de los mismos mes y año en el Diario Oficial El Peruano. 30. por lo que iniciará un procedimiento de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En virtud de este reconocimiento.
es decir. que implicaran respuestas eficaces a este obstáculo procesal… … El Estado propuso a los peticionarios la suscripción de un acuerdo marco de solución amistosa en el caso de Barrios Altos… El acuerdo marco proponía el reconocimiento explícito de responsabilidad internacional sobre artículos
. a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. asistente. Viviana Krsticevic. en el cual se reconocía responsabilidad internacional por los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 1991… …[L]a estrategia gubernamental en materia de derechos humanos parte de reconocer responsabilidades. pero más que nada de proponer fórmulas integrales de atención a las víctimas en relación a tres elementos fundamentales: el derecho a la verdad. Las leyes de amnistía … implicaban directamente una vulneración al derecho de toda víctima a obtener no sólo justicia sino verdad. 35. enfrentamos … un obstáculo. … [En cuanto al] caso Barrios Altos[. Christina M. el Perú reconoció su responsabilidad internacional en el presente caso (supra párr. Robert Meza. Delegado. Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Juan E. Germán Alvarez Arbulú. y Miguel Huerta. … Por eso es que el Gobierno del Perú planteó a los peticionarios originales. En su escrito de 19 de febrero de 2001 y en la audiencia pública de 14 de marzo de 2001. como parte de ella. Rocío Gala Gálvez. … nos referimos a las leyes de amnistía.
VI ALLANAMIENTO Alegatos del Estado 34. Agente alterno.11
César Lino Azabache Caracciolo. …] se han tomado pasos sustanciales para asegurar que la justicia penal tenga un pronunciamiento rápido sobre el tema. asistente. la posibilidad de avanzar en soluciones amistosas. abogada. es y será una prioridad esencial… … [E]l Estado peruano… formuló un allanamiento mediante escrito del 19 de febrero. Sin embargo. asistente. asistente. En el curso de la audiencia pública el Agente del Estado expresó que
el Gobierno [peruano] enfrenta una agenda en materia de derechos humanos en extremo compleja[.] el restablecimiento y normalización de las relaciones con la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido. el derecho a la justicia y el derecho a obtener una justa reparación. Méndez. asistente. 31). Cerna.
Luis Alberto Díaz Astovilca. se proponía que las partes sugirieran a la Corte que se suspendiera el pronunciamiento sobre el inicio del procedimiento reparatorio. las partes se comprometían a solicitar la emisión de la sentencia correspondiente. como es obvio.. es en nuestra opinión una fórmula suficiente para impulsar un procedimiento serio y responsable de remoción de todos los obstáculos procesales vinculados a estos hechos y. por mandato de la Convención y del Reglamento de la Corte. por la muerte de Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre. …[E]l Estado reitera su disposición de poder iniciar un diálogo directo para llegar a una solución eficaz … para atacar la validez de los obstáculos procesales que impiden la investigación y sanción de aquéllos que resulten responsables en el caso materia de la presente audiencia. en un acuerdo suscrito por la Comisión. en donde se estableciera la responsabilidad internacional que la Corte tuviera a bien determinar. además. consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vencido el plazo sin que se perfeccione el acuerdo. así como a acatarla y ejecutarla en todos sus extremos. en particular me refiero a las denominadas leyes de amnistía. el Estado propuso reconocer. Lucio Quispe Huanaco. viabilidad de las sanciones penales y administrativas a todos aquellos que resulten responsables. Filomeno León León. Nelly María Rubina Arquiñigo. Luis Antonio León Borja. consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.12
concretos de la Convención Americana. incluyendo la identificación de los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo. consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Alvítez. y propuestas y acuerdos específicos relacionados con los asuntos vinculados a las reparaciones. En ese sentido se propuso poner por escrito. Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco. por las graves lesiones producidas a Natividad Condorcahuana Chicaña. una agenda preliminar que tuviera que ver con tres puntos substanciales: identificación de mecanismos para el esclarecimiento pleno de los hechos materia de la denuncia. Finalmente. Alejandro Rosales Alejandro. sobre todo. … Para tal efecto el Estado propuso que las partes solicitaran a la Corte Interamericana la emisión de sentencia de fondo inmediatamente. Manuel Isaías Ríos Pérez. Con base en este reconocimiento de responsabilidades … se planteaba que las partes expresaran a la Corte su disposición a iniciar un diálogo directo para arribar a un acuerdo de solución amistosa que busque satisfacer las pretensiones planteadas en relación con las reparaciones. Máximo León León. Odar Mender Sifuentes Nuñez y Benedicta Yanque Churo. Asimismo. Teobaldo Ríos Lira.. responsabilidad internacional por la violación del derecho a la integridad personal. mediante este acuerdo marco. que el Estado reconocía la responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida. el Estado reconocería responsabilidad internacional por la violación del derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales. la fórmula que
. el Estado y los peticionarios. por los plazos que las propias partes establecerían y que sean considerados conformes por la Corte. sería presentado a la Honorable Corte para su homologación.. Felipe León León. con ocasión de haber omitido realizar una investigación exhaustiva de los hechos y de no haber sancionado debidamente a los responsables de los crímenes cometidos en agravio de las personas mencionadas. … Se propuso. Tito Ricardo Ramírez Alberto. Javier Manuel Ríos Rojas. Dicho acuerdo. … …La fórmula de dejar sin efecto las medidas adoptadas dentro del marco de la impunidad de este caso. teniendo en cuenta el escrito de allanamiento presentado.
el Delegado de la Comisión Interamericana comenzó su intervención
felicitando al Gobierno del Perú por su actitud ante el sistema. y que ese acuerdo de cumplimiento sea a la brevedad homologado por la Honorable Corte. y abre la posibilidad… de poder provocar en el derecho interno una resolución de homologación de la Corte Suprema. es específicamente remover estos obstáculos en la legislación peruana para que efectivamente las víctimas de Barrios Altos tengan acceso a la verdad y a la justicia y tengan recursos para hacer valer sus derechos ante el Estado peruano. sino también sobre la actitud del ex Gobierno del Perú de violentar sus obligaciones internacionales sancionando leyes cuyo único objeto era la impunidad. las conductas concretas emergentes del reconocimiento de responsabilidad que ellos han hecho. de manera de constituir un instrumento que luego en el derecho interno del Perú pueda servir de herramienta para destruir y remover los últimos obstáculos que hay para luchar contra la impunidad en el Perú. a un acuerdo sobre los significados concretos. con el Gobierno del Perú. especialmente porque esa actitud da a la Comisión y a la Honorable Corte una oportunidad inédita. le hemos dado una importancia fundamental. que permita que los esfuerzos que… [se] están haciendo para impulsar … esos casos. actuando en forma clandestina e ilegal … Pero es también sobre … la imposición deliberada de mecanismos legislativos y judiciales para impedir el conocimiento de los hechos y para impedir la sanción de los responsables. se puedan cumplir…
Alegatos de la Comisión 36. días. para encontrar soluciones creativas que después puedan ser objeto de emulación y de imitación en todo nuestro continente y aun más allá de nuestro continente. Al respecto.en particular] por la actitud positiva del Gobierno de encontrarle soluciones. …
[El presente] caso es fundamentalmente un caso gravísimo y tristísimo de
ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Gobierno peruano. meses. Creo que nos da esta actitud del Gobierno del Perú la oportunidad de acompañar a los peruanos. al cual esta Corte y … la Comisión. no sólo de estar en presencia de la Corte sino de estar en presencia de un Gobierno que toma. … …[E]stamos frente a un momento histórico [y…] estamos muy agradecidos y muy honrados. a su Gobierno y a su sociedad civil. Es por eso que …[se trata] no solamente sobre los hechos sangrientos que ocurrieron en Barrios Altos. pero especialmente por su actitud ante este caso que es paradigmático por una gran variedad de razones [. …[L]o que hay que hacer en las próximas semanas. una oportunidad realmente histórica de hacer avanzar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a partir de medidas del derecho interno que contribuyan a luchar contra la impunidad. por su actitud ante los numerosos casos que está tratando de resolver ante la Comisión. reivindicar las posibilidades procesales y judiciales de responder conforme a la ley a los mecanismos de impunidad que se implementaron en el Perú en el pasado reciente.13
permite. y es este nuestro interés. que ha tomado y que sigue tomando
. que es uno de los flagelos en nuestro continente. …[E]stamos en condiciones de arribar.
medidas importantes para asegurar la garantía plena de los derechos humanos… …[E]l Sistema Interamericano ha cumplido un rol fundamental en la consecución de la democracia en el Perú. Sentencia de 19 de junio de 1998. Teobaldo Ríos Lira. oído el parecer de ésta y de los representantes de las víctimas o de sus familiares. y … la obligación del Estado de dejar sin efecto las leyes de amnistía. de la injusticia y de la impunidad que ocurrieron bajo el Gobierno de Fujimori. párr. Filomeno León León. Sentencia de 2 de febrero de 1996. Javier Manuel Ríos Rojas.
* * Consideraciones de la Corte 37. que tal como fue expresamente reconocido por el Estado. no sólo establezca las violaciones en concreto de los artículos de la Convención en las que ha incurrido el Estado…. La Corte considera. éste incurrió en responsabilidad internacional por la violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana. la Corte. 41. Serie C No.2 del Reglamento establece que
[s]i el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante. la Corte tiene por admitidos los hechos a que se refiere el párrafo 2 de la presente sentencia. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. la necesidad de esclarecer los hechos. Caso Trujillo Oroza. Alejandro Rosales Alejandro. Nelly María Rubina Arquiñigo. Caso Garrido y Baigorria. párr. Serie C No. y en ese sentido quisiéramos … solicitar a la Honorable Corte que … en virtud del allanamiento por parte del Estado. 19. Serie C No. Los presentes en esta audiencia reconocemos el anhelo de los familiares. Serie C No. párr. Manuel Isaías Ríos Pérez. 20.2 39. El artículo 52. la Corte considera que ha cesado la controversia entre el Estado y la Comisión en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso. en perjuicio de Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre. Caso del Caracazo. Luis Alberto Díaz Astovilca. la Corte fijará las reparaciones e indemnizaciones correspondientes. Este es un anhelo compartido por todo el sistema interamericano. 27. 38. 42. y de la comunidad de derechos humanos del Perú acerca de la necesidad de lograr la justicia y la verdad en este país. de modo de proteger el derecho a la verdad. además.
. resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. En consecuencia. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron líderes dentro de la comunidad internacional en la condena de las prácticas del horror. Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco. y por la violación del artículo 5 (Derecho a la
2 Cfr. 40. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. 11. párr. y ante la aceptación de los hechos y el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Perú. 26. Serie C No. 23. sino que también establezca de manera específica en el resolutivo de la sentencia. Odar Mender Sifuentes Nuñez y Benedicta Yanque Churo. …la incompatibilidad de las leyes de amnistía con las disposiciones de la Convención Americana. Con base en las manifestaciones de las partes en la audiencia pública de 14 de marzo de 2001. la necesidad de investigar y castigar a los culpables. párr. Luis Antonio León Borja. Caso El Amparo. y Caso Aloeboetoe y otros. Caso Benavides Cevallos. Lucio Quispe Huanaco. 58. párr. Sentencia de 18 de enero de 1995. Sentencia de 26 de enero de 2000. Máximo León León. En este supuesto. 64. Tito Ricardo Ramírez Alberto.
y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz. como lo son las leyes de autoamnistía. La Corte estima necesario enfatizar que. las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura. incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1. por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. es responsable por el incumplimiento de los artículos 1. persecución. conforme a lo señalado en el artículo 8.
VII INCOMPATIBILIDAD DE LEYES DE AMNISTÍA CON LA CONVENCIÓN 41.1 y 2 de la Convención.1 de la Convención. Finalmente. las ejecuciones sumarias. el Estado es responsable por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492. incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención. Felipe León León. 42. La Corte reconoce que el allanamiento del Perú constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana sobre Derechos Humanos. enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos. en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez. la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma. extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención.15
Integridad Personal) de la Convención Americana. captura. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos. Además.
.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 y de la violación a los artículos de la Convención señalados anteriormente.1 y 2 de la Convención Americana. La Corte. 40. 43. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto. en perjuicio de Natividad Condorcahuana Chicaña. a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1. Finalmente. conforme a lo alegado por la Comisión y no controvertido por el Estado. Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Alvítez. todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía. ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. impidieron la investigación.
en cuanto reconoce el derecho a buscar y recibir información. el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes. asegurar la transparencia de la gestión estatal y la protección de los derechos humanos. señaló que este derecho se enraíza en el artículo 13. en relación con las garantías judiciales y la protección judicial. 70.1 de la Convención. en virtud de este artículo. Agregó que. 48.
201. Caso Bámaca Vélasquez. 39) que el Perú incurrió en la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. párr. La Comisión alegó que el derecho a la verdad se fundamenta en los artículos 8 y 25 de la Convención. Asimismo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000.
VIII DERECHO A LA VERDAD Y GARANTÍAS JUDICIALES EN EL ESTADO DE DERECHO Alegatos de la Comisión 45. Alegatos del Estado 46. Por lo tanto. en las circunstancias del presente caso.16
.3 49. a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención. sus familiares y a los familiares de las víctimas que fallecieron. sobre el Estado recae una obligación positiva de garantizar información esencial para preservar los derechos de las víctimas. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado no contendió lo alegado por la Comisión a este respecto y señaló que su estrategia en materia de derechos humanos partía de “reconocer responsabilidades. las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables. esta cuestión ha quedado resuelta al haberse señalado (supra párr. el derecho a la justicia y el derecho a obtener una justa reparación”. conocer la verdad acerca de los hechos ocurridos en Barrios Altos. * * Consideraciones de la Corte 47. ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú. En el presente caso. Pese a lo anterior. Serie C No. pero más que nada de proponer fórmulas integrales de atención a las víctimas en relación a tres elementos fundamentales: el derecho a la verdad. es incuestionable que se impidió a las víctimas sobrevivientes. en la medida que ambos son “instrumentales” en el establecimiento judicial de los hechos y circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental.
la Comisión Interamericana y las víctimas. 44. en perjuicio de Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre. 43. Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Alvítez. DECIDE: por unanimidad. sus familiares o sus representantes debidamente acreditados. párr. supra nota 1. párr. Luis Antonio León Borja. en perjuicio de Natividad Condorcahuana Chicaña. 2. supra nota 1.17
IX APERTURA DE LA ETAPA DE REPARACIONES 50. supra nota 1. Javier Manuel Ríos Rojas. párr. el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tito Ricardo Ramírez Alberto. Admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. supra nota 1. pertinente señalar que el acuerdo a que llegaren las partes será evaluado por ésta y deberá ser en un todo compatible con las disposiciones relevantes de la Convención Americana. conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado.
. párr. Caso Trujillo Oroza.
X 51. asimismo. Máximo León León. Alejandro Rosales Alejandro. Filomeno León León. La Corte estima. Odar Mender Sifuentes Nuñez y Benedicta Yanque Churo. la Corte determinará el alcance y monto de las reparaciones. supra nota 1. y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre
Cfr. 30. Teobaldo Ríos Lira. Lucio Quispe Huanaco. Por tanto. Declarar. Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco. la Corte considera que procede pasar a la etapa de reparaciones. para lo cual se establece un plazo de tres meses contados a partir de la notificación de la presente Sentencia. Dado el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Perú. y Caso Aloeboetoe y otros. 21. Caso El Amparo. Manuel Isaías Ríos Pérez. En caso de que no se llegue a un acuerdo. que éste violó: a) el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nelly María Rubina Arquiñigo. Caso Garrido y Baigorria. 1. 23. Caso del Caracazo. párr. Luis Alberto Díaz Astovilca.4 La Corte considera apropiado que la determinación de las reparaciones se haga de común acuerdo entre el Estado demandado. Felipe León León.
que éste incumplió los artículos 1. Declarar que las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y. en caso de que no se llegue a él. Costa Rica. en perjuicio de los familiares de Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre. Reservarse la facultad de revisar y aprobar el acuerdo señalado en el punto resolutivo precedente y. Felipe León León. sus familiares o sus representantes legales debidamente acreditados. 3. carecen de efectos jurídicos. Máximo León León. Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco. 7. Teobaldo Ríos Lira. Disponer que las reparaciones serán fijadas de común acuerdo por el Estado demandado. continuar el procedimiento de reparaciones. Cançado Trindade Presidente
Hernán Salgado Pesantes Sergio García Ramírez
. dentro de un plazo de tres meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. Luis Antonio León Borja. como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492. en consecuencia.
Antônio A.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 y de la violación a los artículos de la Convención señalados en el punto resolutivo 2 de esta Sentencia. Alejandro Rosales Alejandro. Tito Ricardo Ramírez Alberto. los cuales acompañan esta Sentencia. 4. conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado. Luis Alberto Díaz Astovilca. Los Jueces Cançado Trindade y García Ramírez hicieron conocer a la Corte sus Votos Concurrentes. el 14 de marzo de 2001. 6. haciendo fe el texto en español. Filomeno León León. en San José. así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables. Odar Mender Sifuentes Nuñez. Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Alvítez. Javier Manuel Ríos Rojas. la Comisión Interamericana y las víctimas. y en perjuicio de Natividad Condorcahuana Chicaña. Declarar que el Estado del Perú debe investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se ha hecho referencia en esta Sentencia.18
Derechos Humanos. Nelly María Rubina Arquiñigo. Manuel Isaías Ríos Pérez.
Redactada en español e inglés. 5. Declarar. Lucio Quispe Huanaco. Benedicta Yanque Churo.
Antônio A. Cançado Trindade Presidente Manuel E. Ventura Robles Secretario
n. por primera vez en un caso de allanamiento.1999. 64. me veo en la obligación de dejar constancia. en cualesquiera circunstancias. 5-7. en cualesquiera circunstancias la Corte es maestra de su jurisdicción4.. como le corresponde.
. 3 . 58. mi Voto Disidente en el caso Genie Lacayo (Revisión de Sentencia. A. Los alegatos. n. Benavides Cevallos (1998). 3. mi Voto Concurrente en la Opinión Consultiva n.g. 4 . 14 de marzo de 2001. n. La Corte. Cf. 26. párrs. párr.. tiene plena facultad para determinar motu proprio las consecuencias jurídicas de dichos hechos lesivos.
Artículo 52(2) del Reglamento vigente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Amparo (1995). y Trujillo Oroza (2000). 2. también ha establecido las consecuencias jurídicas de dicho allanamiento. in Corte Interamericana de Derechos Humanos. que disponen de modo inequívoco el entendimiento de la Corte en el sentido de que
. 15. 6-8. 341-342. a partir del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado peruano. Serie C. párrs. n. además de haber admitido el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado demandado.05. Serie C. 40). Serie C. la Corte. n. n. Cf. abrieron una nueva perspectiva en la experiencia de la Corte en casos de allanamiento1 por parte del demandado2.09. n.. en la sede del Tribunal. del 11. pp.) Son inadmisibles las disposiciones de amnistía. por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En razón de la alta relevancia de las cuestiones jurídicas tratadas en la presente Sentencia. Caracazo (1999). Serie C.. Compendio de Medidas Provisionales (Julio 1996/Junio 2000). de trascendencia histórica. procediendo de ese modo. 9 y 37. en ese sentido. 15. Serie C. v. Tal como observó la Corte (párr. las
. Serie E. tal como se desprende de los categóricos párrafos 41 y 43 de la presente Sentencia. haciendo uso de los poderes inherentes a su función judicial3. los casos Aloeboetoe (1991). 11. las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura. de los poderes inherentes a su función judicial.
2 . n. desarrollados en la memorable audiencia pública realizada el día de hoy. Cf.VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ A. En el presente caso Barrios Altos. sobre los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1997). Serie C. Tal como siempre he sostenido en el seno del Tribunal. 19.1997). anteriormente. 45. a partir del reconocimiento por parte del Estado demandado de su responsabilidad internacional por los hechos violatorios de los derechos protegidos. La Corte está. de la presente Sentencia. 2. Resolución del 13. dicho reconocimiento constituyó una contribución positiva por el Estado demandado a la evolución de la aplicación de la normativa de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Serie A. sobre el fondo en el caso Barrios Altos. 38. 7. CANÇADO TRINDADE
1. e inclusive en casos de allanamiento. Garrido y Baigorria (1996). Serie C. de mis reflexiones personales al respecto. tanto del Estado peruano como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voto a favor de la adopción."(. sin que dicha determinación esté condicionada por los términos del allanamiento. n. haciendo uso libre y pleno. bajo la presión siempre despiadada del tiempo. mi Voto Concurrente en la Resolución sobre Medidas Provisionales de Protección en el caso James y Otros...
. n. Serie C. una afrenta inadmisible al derecho a la verdad y al derecho a la justicia (empezando por el propio acceso a la justicia)8.. por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Cançado Trindade y A.11.1998).E. con la consecuente erosión de la confianza de la población en las instituciones públicas6.4/Sub. en el sentido de buscar superar un obstáculo que los órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos todavía no han logrado transponer: la impunidad. 2-4. las críticas a las "amnistías ignoradas" en el pasado.2/1997/20. ONU/Comisión de Derechos Humanos. los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz. el Voto Razonado Conjunto de los Jueces A.)"7. La Cuestión de la Impunidad de los Autores de Violaciones de los Derechos Humanos (Derechos Civiles y Políticos) ."Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. todos de la Convención.) y sancionar esas violaciones (. pp. "Leyes de Impunidad y los Derechos Humanos en las Américas: Una Respuesta Legal". en el párrafo 44 de la presente Sentencia: .2
ejecuciones sumarias. 7 5
.06. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones de derechos humanos. Además.Informe Final. en el caso Loayza Tamayo (Reparaciones. Declaración y Programa de Acción de Viena (1993)..) ni para la identificación y el castigo de los responsables (. incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1(1) y 2. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto. Y la Corte agrega. Abreu Burelli. en suma.. Joinet (rapporteur). 42. Estas ponderaciones de la Corte Interamericana constituyen un nuevo y gran salto cualitativo en su jurisprudencia. 60. Las llamadas autoamnistías son. Cf. en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. 62-65. Recuérdese. de 26. las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos (.. así como de adecuar su derecho interno a la normativa internacional de protección (en los términos del artículo 2 de la Convención).)".) A la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana.de los Estados Partes en la Convención Americana de respetar y garantizar los derechos humanos por ella protegidos. al respecto.
Naciones Unidas.1997.A... que el principal documento adoptado por la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993) exhortó a los Estados a "derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. párrs. todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
. in R. (. Cf. asegurando el libre y pleno ejercicio de los mismos (en los términos del artículo 1(1) de la Convención). atienden a un clamor que en nuestros días es verdaderamente universal.
6 . extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas..
8 . Sentencia del 27. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad. Norris. L.
4. parte II. 15 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1992) pp. (.. 1-34.. y cf. Son ellas manifiestamente incompatibles con las obligaciones generales indisociables . ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente"5. E/CN. como lo son las leyes de autoamnistía. doc. párr. 5..
6. 1997)10. en relación con las leyes de autoamnistía. Serie A. 46. n. por cuanto “en la protección de los derechos humanos. 22-23). en particular los derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25). En realidad. n.
. acarreando violaciones de jure de los derechos de la persona humana. Hay que tener presente. ¿Quién se atrevería a insinuar que una "ley" de autoamnistía satisface a todos estos requisitos? No veo cómo negar que "leyes" de este tipo carecen de carácter general. y particularmente la modalidad perversa de las llamadas leyes de autoamnistía.3
Además. las llamadas leyes de autoamnistía. ceñida al bien común. Resolución de 16. .1997. sostuve la tesis de que un Estado puede tener su responsabilidad internacional comprometida "por la simple aprobación y promulgación de una ley en desarmonía con sus obligaciones convencionales internacionales de protección" (párrs.02. que su legalidad en el plano del derecho interno. por cuanto son medidas de excepción.
CtIADH. aunque se consideren leyes bajo un determinado ordenamiento jurídico interno. n. que la palabra "leyes" en los términos del artículo 30 de la Convención Americana significa norma jurídica de carácter general. encuéntrase en flagrante incompatibilidad con la normativa de protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.como lo son. sino todo lo contrario: configúranse como meros subterfugios para encubrir violaciones graves de los derechos humanos. está necesariamente comprendida la noción de restricción al ejercicio del poder estatal” (párr. afectan los derechos protegidos por la Convención. Mientras dichas leyes permanecen en vigor. Serie C. 6. los artículos 8 y 25. Esta misma Corte observó. 9. Sentencia del 05. en concordancia con los artículos 1(1) y 2 de la Convención). Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIADH). confórmase una situación continuada de violación de las normas pertinentes de los tratados de derechos humanos que vinculan el Estado en cuestión (en el presente caso. El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos pone de relieve que no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional. CtIADH.2001. Tal como me permití insistir en mi reciente Voto Concurrente en el caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y Otros) (2001)11. 73.04. no satisfacen los requisitos de "leyes" en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y ciertamente en nada contribuyen al bien común. y aún más cuando están en juego valores superiores (como la verdad y la justicia). Opinión Consultiva sobre La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1986). no lo son en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 7. Serie C. 10
. hay toda una jurisprudencia internacional secular que se orienta claramente en el sentido de que
9 . En mi Voto Disidente en el caso El Amparo (Interpretación de Sentencia. elaborada según el procedimiento constitucionalmente establecido. al conllevar a la impunidad y la injusticia. por órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos9. 21). impedir el conocimiento de la verdad (por más penosa que sea ésta) y obstaculizar el propio acceso a la justicia por parte de los victimados. . en el presente caso Barrios Altos. La Corte observó con acierto que la palabra “leyes” en el contexto de un régimen de protección de los derechos humanos “no puede desvincularse de la naturaleza y del origen de tal régimen”. En suma. lo que se pasó a denominar leyes de amnistía. en una Opinión Consultiva de 1986. 8.
en su caso. párrs.. no tienen validez jurídica alguna a la luz de la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. . en conformidad con un principio general del derecho de la responsabilidad internacional. o del Legislativo. no significa que se pueda negar su carácter internacionalmente ilícito.en este brevísimo par de horas de que dispuse para escribir mi presente Voto Concurrente y presentarlo a la Corte.. insistí en que las modificaciones en el ordenamiento jurídico interno requeridas para armonizarlo con la normativa de protección de la Convención Americana constituyen una forma de reparación no-pecuniaria bajo la Convención. siempre y cuando constituya una violación de una obligación internacional (. o inclusive es por este último requerida. Configurada.
Y tanto en mi referido Voto Concurrente en el caso "La Última Tentación de Cristo" (Fondo.)" (párr.. Artículo 5 de la Convención Americana. Y destaqué. de reparar las consecuencias de la situación lesiva creada.de las llamadas leyes de autoamnistía. e independientemente de su aplicación posterior. en seguida. las leyes de autoamnistía. . la responsabilidad internacional del Estado. Hay otro punto que me parece aún más grave en relación con la figura degenerada . . no veo sentido alguno en intentar contraponer antagónicamente la responsabilidad internacional del Estado a la responsabilidad
.que recaen en el ámbito del jus cogens.el minimum universalmente reconocido. 10.de tal acto por el derecho interno del Estado. 11. Como los hechos del presente caso Barrios Altos lo revelan al llevar la Corte a declarar.
CtIADH. 2001. que pertenecen. párrs. 13-14 y 20)12. En este inicio del siglo XXI. como en mi anterior Voto Disidente en el caso Caballero Delgado y Santana (Reparaciones. 12. y desprovistas.. 21). Su vigencia crea per se una situación que afecta de forma continuada derechos inderogables. así como. encuéntrase éste bajo el deber de hacer cesar tal situación violatoria de los derechos fundamentales de la persona humana (con la pronta derogación de aquellas leyes).01. al dominio del jus cogens. por la expedición de dichas leyes. en consecuencia. . además de ser manifiestamente incompatibles con la Convención Americana.1997. . El hecho de que una determinada conducta estatal se conforma con las disposiciones de derecho interno. en los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado demandado. 31.
"(. o del Judicial)" (párr.) La independencia de la caracterización de determinado acto (u omisión) como ilícito en el derecho internacional de la caracterización .dichas leyes afectan derechos inderogables . Son más bien la fuente (fons et origo) de un acto ilícito internacional: a partir de su propia adopción (tempus commisi delicti). de efectos jurídicos. n. Sentencia de 29. como ya lo he señalado. Serie C. 16). comprometen la responsabilidad internacional del Estado. Por fin.4
"el origen de la responsabilidad internacional del Estado puede residir en cualquier acto u omisión de cualesquiera de los poderes o agentes del Estado (sea del Ejecutivo.
. Artículo 4 de la Convención Americana. 1997.un atentado en contra el propio Estado de Derecho . 96-98).similar o no . . Siendo así. las violaciones de los derechos a la vida13 y a la integridad personal14.me permito agregar una última reflexión.
que constituye. a las vicisitudes del derecho interno" (párrs.
CtIADH. si hoy es posible. frecuentemente convalidados por la ley positiva: con esto. se han afirmado los derechos del ser humano. la impunidad y la injusticia. se tornó evidente que sólo se puede encontrar una respuesta al problema de los fundamentos y de la validez del derecho internacional general en la conciencia jurídica universal.1999. como fuente material par excellence del propio Derecho Internacional. por lo tanto. Los Estados (y cualquier otra forma de organización políticosocial) son compuestos de individuos.. 13.
.. 4 y 14)16. la fuente material por excelencia (más allá de las fuentes formales) de todo el derecho de gentes. Opinión Consultiva del 01. 17
.al despertar de la conciencia jurídica universal.) Con la desmistificación de los postulados del positivismo voluntarista. párr. 14. .. emanados directamente del derecho internacional.) Las propias emergencia y consolidación del corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se deben a la reacción de la conciencia jurídica universal ante los recurrentes abusos conmetidos contra los seres humanos.
. en mi Voto Razonado en el caso Bámaca Velásquez17. el Derecho vino al encuentro del ser humano. expresé mi entendimiento en el sentido de que
CtIADH. a mi modo de ver. . en mi entender."(. El mismo punto lo reiteré en mi Voto Concurrente en el caso de los Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana (Medidas Provisionales de Protección. Fue necesario esperar muchos años para poder llegar a esta constatación..11. en la lucha contra las atrocidades. Como una manifestación de esta última. Más recientemente. hoy se dan. Resolución del 18.08. Sentencia sobre el Fondo. Los desarrollos.incluidas las configuradas mediante la expedición y aplicación de leyes de autoamnistía. gobernados y gobernantes. 12). me permití insistir en el punto. en relación a una y a otra. la cual. n. no veo cómo dejar de afirmar la existencia de una conciencia jurídica universal (correspondiente a la opinio juris comunis).
16 . (.2000.me permito insistir en un punto que me es muy caro. y no sometidos. destinatario último de sus normas de protección. también se debe. son dos faces de la misma medalla. . al reiterar que los avances en el campo de la protección internacional de los derechos de la persona humana se deben a la conciencia jurídica universal (párr.. pari passu."(.
15. 28).. Tal como me permití señalar al respecto en mi Voto Concurrente en la Opinión Consultiva de la Corte sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal (1999)15.10.2000.
. siendo estos últimos los que toman decisiones en nombre del respectivo Estado. del 25.) en el campo de la ciencia del derecho. La responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos internacionalmente consagrados. Serie A. a partir de la aserción de la idea de una justicia objetiva. . 16.y la responsabilidad penal individual de agentes perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.5
penal individual.
"La jurisprudence de la Cour Internationale de Justice sur les droits intangibles / The Case-Law of the International Court of Justice on Non-Derogable Rights". in A.
16. A. 22
.) L'État dans le monde n'est qu'un moyen en vue d'une fin.. En cuanto a la doctrina más lúcida.A. en este inicio del siglo XXI. En cuanto a la práctica internacional 20.) Dans la conscience du monde moderne. inspirada por sus llamados "intereses vitales". 66-67.. proveen elementos de los cuales se desprende el despertar de una conciencia jurídica universal.de una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.. para la ex-Yugoslavia y Ruanda. La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI.. la souveraineté de tous les États doit être limitée par le but commun de l'humanité. Así. con base en un nuevo paradigma.g.. cabe recordar que. más recientemente. D. v. Ruiz de Santiago. ya no más estatocéntrico.
18 . San José de Costa Rica. (. dos décadas antes de la adopción en 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 112 y 117. de consideraciones básicas de humanidad19.. (. "Reflexiones sobre el Desarraigo como Problema de Derechos Humanos frente a la Conciencia Jurídica Universal". en los trabajos de las Conferencias de codificación del Derecho Internacional (el llamado "derecho de Viena") y los respectivos travaux préparatoires de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Bruxelles. . ACNUR.se ponderó. Cf. A. tanto la jurisprudencia internacional. pp.A. Cançado Trindade..casi olvidados en nuestros días. Esto nos permite reconstruir.
. pp. situando al ser humano en posición central y teniendo presentes los problemas que afectan a la humanidad como un todo.. las Cortes Europea e Interamericana de Derechos Humanos18."(. .. en los memorables debates del Institut de Droit International (sesión de Nueva York). la cual todavía no ha sido establecida.g. 18.). la perfection de l'humanité (. 73-89. La protection des droits de l'homme est le devoir de tout État envers la communauté internationale. en cuanto a la jurisprudencia internacional. ya en 1929. 2001. Droits intangibles et états d'exception / Non-Derogable Rights and States of Emergency (eds.. A ella se puede agregar la jurisprudencia emergente de los dos Tribunales Penales Internacionales ad hoc. el propio Derecho Internacional. 1996. la idea de una conciencia jurídica universal ha marcado presencia en muchos debates de las Naciones Unidas (sobre todo de la Sexta Comisión de la Asamblea General). Prémont. ha ocupado un espacio importante en el ciclo de Conferencias Mundiales de las Nacionales Unidas de la década de los noventa21.)"22.
21 . que
. como en las sistematizaciones del pasado. . 20
. Cançado Trindade.. por ejemplo.
Ibid. y la doctrina jurídica más lúcida.. el ejemplo más inmediato reside en la jurisprudencia de los dos tribunales internacionales de derechos humanos hoy existentes. Cançado Trindade y J. Bruylant. como la práctica de los Estados y organismos internacionales. Stenersen y I. sino más bien antropocéntrico. v. pp. sino más bien la práctica de los Estados y organismos internacionales en búsqueda de la realización de fines comunes y superiores. 17.6
responsable por los avances del género humano no sólo en el plano jurídico sino también en el espiritual" (párr.A.cuando entre en vigor el Protocolo de Burkina Faso. En mi entender. 16). Oseredczuk). . Y la propia jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia contiene elementos desarrollados a partir. El primer Protocolo (de 1998) a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dispone sobre la creación. C. Entendida ésta ya no más como la simple "práctica de los Estados". 19 .
20.(.7
Al final de los referidos debates.
. la source des normes suprêmes du droit international"26. se refiere. Al afirmar que "la persona humana trasciende el Estado"..)"25.. Dordrecht. y cf. para citar otro ejemplo. mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad" (segundo considerandum). 12."(.. Y.) la doctrine positiviste n'a pas été en mesure d'élaborer une conception du droit international aboutissant à l'existence d'un véritable ordre juridique (. En la síntesis de su pensamiento filosófico sobre los límites del poder estatal. 884. en contundente crítica al positivismo jurídico. Il faut voir la conscience commune des peuples. G.
.. Maritain. el preámbulo del Estatuto de Roma de 1998 del Tribunal Penal Internacional tiene presente que. in ibid. que
. el preámbulo de la Convención Interamericana de 1994 sobre la Desaparición Forzada de Personas. Sperduti. La Convención contra el Genocidio de 1948. Los Derechos del Hombre y la Ley Natural. p. Transcurridas más de cuatro décadas.. de mentira organizada y de terror. Nijhoff. Giuseppe Sperduti no vaciló en afirmar. Por eso.
Ibid. en el santuario de la conciencia... susceptibles hoy día ciertamente de un desarrollo conceptual más amplio y profundizado. Jacques Maritain tomó como punto de partida la existencia de la persona humana.
. al "espíritu" de las Naciones Unidas. como tampoco tiene el poder de imponer a los espíritus su criterio sobre el bien y el mal (. le droit international et la sauvegarde des droits de la personne". figuran igualmente en tratados internacionales. 1989.
21.. al final de los años ochenta. 50. no se limitan al plano doctrinal.Essays in Honour of Shabtai Rosenne (ed. Buenos Aires..). 298. Comisión) adoptó una resolución conteniendo una "Déclaration des droits internationaux de l'homme".).. Maritain agregó que
. por tener "un destino superior al tiempo". el Institut (22a. 18. 880. "La souveraineté. p. cuyo primer considerandum afirmó con énfasis que "la conscience juridique du monde civilisé exige la reconnaissance à l'individu de droits soustraits à toute atteinte de la part de l'État"23. Leviatán.
Y.). escrita en el período de 1939-1945 (en plena agonía de lo que se creía ser la "civilización"). in International Law at a Time of Perplexity . a nivel regional. Referencias del género. 38. J.. ou conscience universelle.. se esfuerza en violar a ésta por medios monstruosos de envenenamiento psicológico."(. 25
..) El Estado no tiene autoridad para obligarme a reformar el juicio de mi conciencia. Dinstein). Ed. 1982 (reimpr... pp.
26 . cada vez que sale de sus límites naturales para penetrar. 81-82. 19.
24 . 43. Transcurrido medio siglo. 94-96 y 105-108. v."(.) millones de niños. a lo largo del siglo XX. que tiene su raíz en el espíritu. pp. p. en su preámbulo. en nombre de las reivindicaciones totalitarias. se refiere a la "conciencia del hemisferio" (tercer considerandum). sosteniendo que sólo hay un verdadero progreso de la humanidad cuando marcha en el sentido de la emancipación humana24.g.
423-424. Bernhardt). 1986. 1984. con este fin. ICRC/Nijhoff. independientemente del surgimiento de nuevas situaciones y del desarrollo de la tecnología27. ejerce una influencia continua en la formación espontánea del contenido de nuevas reglas del Derecho Internacional Humanitario29. Zimmermann. "Le rôle du droit spontané". las leyes de humanidad y las exigencias de la conciencia pública. Münch. B.para citar algunas de las principales Convenciones de Derecho Internacional Humanitario. la cláusula Martens volvió a figurar en la disposición común. Antonio Truyol Serra. 9) y de la IV Convención de La Haya de 1907 (párr. ambas relativas a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. II. Commentary on the Additional Protocols of 1977 to the Geneva Conventions of 1949 (eds. 3. pp. H. de validez continuada. (128). Ya se ha señalado que. p. p.conforme la sabia premonición del jurista y diplomático ruso . p.
. Universidad Complutense. 252-253. en ultima ratio legis. CICR/Nijhoff. Swinarski y B. Études et essais sur le Droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet (ed. "Protocol I . Christophe Swinarski). North-Holland Publ. cit.
27 . así como "las leyes de humanidad" y "las exigencias de la conciencia pública". Geneva. H. in Pensamiento Jurídico y Sociedad International . Meyrowitz. así.. sitúa esta última en el plano de las propias fuentes materiales del Derecho Internacional Humanitario28. 420. a la I Conferencia de Paz de La Haya (1899). Genève/La Haye. el Derecho Internacional Humanitario protege la propia humanidad. Subsiguientemente. Y. así como en el Protocolo Adicional I (de 1977) a dichas Convenciones (artículo 1(2)). y cf. por más avanzada que sea la codificación de la normativa humanitaria. vol. La cláusula Martens continúa. 836. 25. 1982. . vol. 39. Sandoz. R. pp. La cláusula Martens impide. Amsterdam. y del Protocolo I de 1977. De ese modo. hayan reiteradamente afirmado los elementos de la cláusula Martens. la cláusula Martens invocaba "los principios del derecho de gentes" derivados de "los usos establecidos". Encyclopedia of Public International Law (ed. por cuanto. difícilmente podrá ser esta última considerada verdaderamente completa. supra n. F. Madrid. fue insertada en los preámbulos de la II Convención de La Haya de 1899 (párr. Strebel. de las cuatro Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario de 1949 (artículo 63/62/142/158). Originalmente presentada por el Delegado de Rusia. Una cláusula de la mayor trascendencia merece destaque: la llamada cláusula Martens. 8). 1987. la cláusula Martens sostiene la aplicabilidad continuada de los principios del derecho de gentes. Meyrowitz. 1907 y 1949. ante los peligros de los conflictos armados. El hecho de que los redactores de las Convenciones de 1899.8
22.Article 1". el non liquet. "Martens' Clause". todo lo contrario. Friedrich von Martens. Co. 28 .era el de extender jurídicamente la protección a las personas civiles y a los combatientes en todas las situaciones. relativa a la denuncia. pues. 29
.LibroHomenaje al Profesor Dr. sirviendo de advertencia contra la suposición de que lo que no esté expresamente prohibido por las Convenciones de Derecho Internacional Humanitario pudiera estar permitido. Ch. 24. a lo largo de más de un siglo. op. Su propósito . "Réflexions sur le fondement du droit de la guerre". pues. aunque no contempladas por las normas convencionales. H. que cuenta con más de un siglo de trayectoria histórica. y ejerce un rol importante en la hermenéutica de la normativa humanitaria. La cláusula Martens se ha revestido. Zimmermann). 23.
26. en beneficio de todo el género humano. Principales Nociones e Institutos del Derecho Internacional Humanitario como Sistema Internacional de Protección de la Persona Humana. en última instancia. ha sido concebida y reiteradamente afirmada. manteniendo así su gran actualidad. 1990. pp. cit. El Estado existe para el ser humano. Antônio Augusto Cançado Trindade Juez Manuel E. Los desarrollos contemporáneos pari passu del derecho de la responsabilidad internacional del Estado y del derecho penal internacional apuntan efectivamente en la dirección de la preeminencia del Derecho.. cit. supra n. Ventura Robles Secretario
Christophe Swinarski. (27). Se puede considerarla como expresión de la razón de la humanidad imponiendo límites a la razón de Estado (raison d'État). No hay que olvidarse jamás que el Estado fue originalmente concebido para la realización del bien común. Études et essais. 438 y 440. Ningún Estado puede considerarse por encima del Derecho. Miyazaki. p. op. S.
. tanto en las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones.. p.
. Pictet.
. 20. y nadie osaría hoy negar que las "leyes de humanidad" y las "exigencias de la conciencia pública" invocadas por la cláusula Martens pertenecen al dominio del jus cogens31.
F. 836. IIDH. cuantas veces sea necesario: en el dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. op. La referida cláusula. supra n. las llamadas "leyes" de autoamnistía no son verdaderamente leyes: no son nada más que una aberración. Hay que decirlo y repetirlo con firmeza. en l'honneur de J.9
La doctrina jurídica contemporánea también ha caracterizado la cláusula Martens como fuente del propio derecho internacional general30. como en las relaciones interindividuales (Drittwirkung). San José de Costa Rica. "The Martens Clause and International Humanitarian Law". (28). una afrenta inadmisible a la conciencia jurídica de la humanidad. cuyas normas tienen por destinatarios últimos los seres humanos. como un todo. y no viceversa. Münch.
que culmina en una sentencia de fondo. la Convención Americana sobre Derechos Humanos. de manera necesaria. hay supuestos en que ésta puede ordenar que prosiga el juicio sobre el tema principal --la violación de derechos--. la valoración compete única y exclusivamente al Tribunal. cuando así lo motiven “las responsabilidades que (. sin perjuicio de que pudiera plantearse alguna cuestión contenciosa a propósito de las reparaciones.VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO BARRIOS ALTOS. 3. Aquellas “responsabilidades” de protección de derechos humanos pueden actualizarse en diversas hipótesis. es un medio bien conocido de proveer a la composición del litigio..1 y 2). se trata de hechos violatorios de un instrumento vinculante de carácter internacional. el contenido de la resolución final de la Corte. 14 DE MARZO DE 2001. Coincido con la sentencia de fondo adoptada por unanimidad de votos de los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos. 4. En la especie. Este allanamiento ocurrió bajo la fórmula de reconocimiento de la responsabilidad internacional.) incumben (a la Corte) de proteger los derechos humanos” (artículo 54 del vigente Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. así como consecuencias jurídicas de dicha oposición. en los términos del escrito de 15 de febrero de 2001. de los que deriva la responsabilidad del demandado. 5. ni determina. la conclusión del procedimiento y el cierre del caso. Ahora bien. la parte demandada acepta las pretensiones de la actora y asume las obligaciones inherentes a dicha admisión. de los que deriva una responsabilidad asimismo internacional. En otros términos. En los términos de las normas aplicables al enjuiciamiento internacional sobre violaciones a derechos humanos. aprobado el 16 de septiembre de 1996). En efecto. El allanamiento. 2. el Tribunal debe analizar las características y el alcance de su actividad jurisdiccional en el presente caso. por hallarse en su ámbito natural de decisión y aceptación: los hechos invocados en la demanda. figura procesal prevista en el Reglamento de la Corte Interamericana. El Estado se allanó a las pretensiones del demandante. Así. A este respecto. Por ello. En esos hechos se sustentan cierta calificación jurídica y determinadas consecuencias de la misma naturaleza. Pudiera ocurrir que la versión de los hechos
. que en la especie es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1. el allanamiento no trae consigo. En tal virtud. la Corte puede disponer que continúe el juicio si esta prosecución es conveniente desde la perspectiva de la tutela judicial internacional de los derechos humanos. Por este medio. Agrego este Voto Concurrente en el que recojo algunas consideraciones que me sugiere esa sentencia con respecto a los siguientes puntos: a) características del allanamiento y calificación jurídica de los hechos examinados en el presente caso. de carácter dispositivo. quedó sin materia el litigio originalmente planteado. este acto sólo se refiere a aquello que puede ser aceptado por el demandado. por sí mismo. que implica un acto unilateral de voluntad. no obstante que el demandado se allanó a las pretensiones del actor. cesó la controversia principal expuesta en el escrito de demanda de la Comisión. y b) oposición entre las leyes de autoamnistía a las que se refiere la sentencia y las obligaciones generales del Estado conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1. cuya apreciación y declaración incumben a la Corte..
8. esto es. compete a la Corte. 9.479 y 26.entrañan la violación de determinado derecho previsto en un artículo de la Convención. porque al sustraerse el asunto de la competencia de las autoridades peruanas (en lo relativo a investigación. Expuesto de otra manera. escapa a las facultades dispositivas --unilaterales o bilaterales-. inherente al quehacer del Tribunal. 43. estimo pertinente remitirme a lo que anteriormente expuse. La Corte tampoco está vinculada por la calificación jurídica formulada y/o aceptada por las partes acerca de los hechos. que está constituido por las disposiciones de la Convención Americana. pero no se sustituyen a éste. por parte de los órganos competentes del Estado. en otra hipótesis. el esclarecimiento de los hechos violatorios y la declaración de las responsabilidades correspondientes. persecución. para que el tribunal deba asignarles la calificación que les atribuye el actor y que admite o no refuta al demandado. con cierta amplitud.el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho que tienen la víctima y/o sus familiares de obtener. En este Voto Concurrente amplío las consideraciones que figuran en la
. conforme a la apreciación que ésta consideró procedente. enjuiciamiento y sanción) se impidió el conocimiento de la verdad. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. 60 y ss. La Corte no ha rechazado la posibilidad de que se invoque el derecho a la verdad al amparo del artículo 13 de la Convención Americana.en su conjunto. expresión de su potestad jurisdiccional.por la presentación de los hechos formulada y/o aceptada por las partes. Reparaciones (artículo 63. La Comisión Interamericana señaló la posible violación del artículo 13 en el presente caso. cuya puntual observancia no sólo interesa a sus titulares. que elevan la contienda al conocimiento del Tribunal. calificar la naturaleza de los hechos como violatorios --o no-. que no está vinculada --como regularmente lo estaría un tribunal nacional que conozca de contiendas de Derecho privado-. en consecuencia. 7. indispensable cuando se trata de derechos fundamentales. Serie C No. en mi Voto Concurrente a la sentencia de reparaciones dictada por la Corte Interamericana en el caso Castillo Páez (Corte I.2
suministrada por el actor y admitida por el demandado resulte inaceptable para la Corte.492. conforme a los artículos 8 y 25 de la propia Convención.de las disposiciones específicas de la Convención. invocado por la Comisión. y. a las que se hace referencia en este caso. que no puede ser excluida. pp. En este ámbito prevalecen los principios de verdad material y tutela efectiva de los derechos subjetivos como medio para la observancia real del Derecho objetivo. que son los aplicables a los hechos sujetos al conocimiento de la Corte. No basta con que exista un reconocimiento de hechos a través del allanamiento respectivo.D. admitidos por quien se allana --o bien. sino sobre los artículos 8 y 25. de los derechos reconocidos y tutelados en éstas..). Caso Castillo Páez. De ahí que no se haga declaración explícita en torno al artículo 13. corresponde al Tribunal examinar y resolver si ciertos hechos.H. probados en el curso regular de un procedimiento contencioso-. constituye una función natural del tribunal. condicionada o mediatizada por las partes.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). y sólo a ella. sino ha considerado que en las circunstancias del caso justiciable -similares a otros planteados anteriormente al Tribunal-. calificación que implica el análisis de éstos a la luz del Derecho aplicable al caso. a la Corte Interamericana. Por lo tanto. En otros términos. con todo lo que ello implica. sino también a la sociedad --la comunidad internacional-. La aplicación técnica del Derecho. la función de “decir el Derecho” -estableciendo la relación que existe entre el hecho examinado y la norma aplicable-corresponde únicamente al órgano jurisdiccional. Esta calificación. 6. En cuanto a las leyes de amnistía números 26.de las partes.
pero dejan abierta la posibilidad de sancionar hechos gravísimos. eficazmente investigadas y puntualmente sancionadas. 13. Aquélla y éste constituyen. Por ende. la desaparición forzada de personas. El sistema democrático reclama la intervención penal mínima del Estado.479. y difieren de las amnistías “que resultan de un proceso de pacificación con sustento democrático y alcances razonables. determinados delitos de lesa humanidad y ciertas infracciones gravísimas del Derecho humanitario. que lleva a la tipificación racional de conductas ilícitas. de que es inadmisible la impunidad de las conductas que afectan más gravemente los principales bienes jurídicos sujetos a la tutela de ambas manifestaciones del Derecho internacional.3
propia sentencia. Esta necesidad aparece como natural contrapartida del principio de mínima intervención penal. Es así que debe proveerse a la segura y eficaz sanción nacional e internacional de las ejecuciones extrajudiciales. criterio que es plenamente aplicable al presente caso. que son “expedidas a favor de quienes ejercen la autoridad y por éstos mismos”. 12. En el citado Voto Concurrente me referí precisamente a la ley de amnistía no. 14. subrayo --como lo hace un creciente sector de la doctrina. que excluyen la persecución de conductas realizadas por miembros de los diversos grupos en contienda. correspondiente a la categoría de las llamadas “autoamnistías”. dos formas de traducir en el orden penal los requerimientos de la democracia y sostener la vigencia efectiva de este sistema. y ya lo ha hecho la Corte Interamericana-. pero también requiere que determinadas conductas de suma gravedad sean invariablemente previstas en las normas punitivas. no satisface las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención en el sentido de respetar los derechos fundamentales de todas las personas sujetas a su jurisdicción y proveer las medidas necesarias para tal fin (artículos 1. párr.. 26. que no puede eludirse a través de medidas tales como la amnistía. el genocidio. 7). que ninguno de aquéllos aprueba o reconoce como adecuados” (párr. acogida en el Derecho internacional de los derechos humanos y en las más recientes expresiones del Derecho penal internacional. precisamente. La tipificación de esas conductas y el procesamiento y sanción de sus autores --así como de otros participantes-constituye una obligación de los Estados. expedida por el Perú. de la que se desprende el criterio del Tribunal acerca de esos ordenamientos.
. Sin embargo. la tortura.que esas disposiciones de olvido y perdón “no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos. el ordenamiento nacional que impide la investigación de las violaciones a los derechos humanos y la aplicación de las consecuencias pertinentes. la prescripción. En la base de este razonamiento se halla la convicción. 11. 10. La Corte ha sostenido que el Estado no puede invocar “dificultades de orden interno” para sustraerse al deber de investigar los hechos con los que se contravino la Convención y sancionar a quienes resulten penalmente responsables de los mismos.1 y 2). 9). que significan un grave menosprecio de la dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia de la humanidad” (Voto cit. Ciertamente no desconozco la alta conveniencia de alentar la concordia civil a través de normas de amnistía que contribuyan al restablecimiento de la paz y a la apertura de nuevas etapas constructivas en la vida de una nación. la admisión de causas excluyentes de incriminación y otras que pudieran llevar a los mismos resultados y determinar la impunidad de actos que ofenden gravemente esos bienes jurídicos primordiales.
15. la Comisión Interamericana y las víctimas. Ventura Robles Secretario
. pues. En la sentencia de la Corte se advierte que las leyes de autoamnistía aludidas en el presente caso son incompatibles con la Convención Americana. Esto implica otro límite a la dispositividad de las partes. por su naturaleza. puesto que se trata de actos relativos a la etapa procesal de reparaciones. como la persecución penal de los responsables de las violaciones reconocidas --salvo que se trate de delitos cuya persecución se supedita a instancia privada. pues. dicha incompatibilidad trae consigo la invalidez de aquellos ordenamientos. hipótesis infrecuente en este ámbito-. que no es concluyente por sí mismo. en cuanto pugnan con los compromisos internacionales del Estado. un primer límite a la dispositividad de las partes establecido en función de la equidad que debe prevalecer en los procedimientos tutelares de derechos humanos y que se proyecta. Evidentemente.o la modificación del marco legal aplicable. Existe aquí. al acuerdo entre las partes --concepto que incluye a las víctimas. sino debe ser revisado y aprobado por la Corte. inclusive. Sergio García Ramírez Juez Manuel E. Por ello. Así. sus familiares o sus representantes acreditados fijen de común acuerdo las reparaciones correspondientes. no pueden producir los efectos jurídicos inherentes a normas legales expedidas de manera regular y compatibles con las disposiciones internacionales y constitucionales que vinculan al Estado peruano. y que por eso mismo es fuente de deberes internacionales del Estado. Estas son obligaciones que subsisten a cargo del Estado. no así a los asuntos que están sustraídos a aquélla. La precisión de las reparaciones queda sujeta. contraídos en el ejercicio de la soberanía de éste. pero no pueden negociar ni resolver reparaciones de otro carácter. En mi concepto. a fin de conformarlo a las estipulaciones de la Convención. que el Perú suscribió y ratificó. 17. independientemente de la composición pactada entre las partes. a la disposición de las partes --con la salvedad ya señalada--. éstas pueden acordar las indemnizaciones. en la que aquéllas asumen la calidad de parte en el proceso--. La incompatibilidad determina la invalidez del acto. y ésta implica que dicho acto no pueda producir efectos jurídicos. en virtud de la importancia y trascendencia sociales que revisten. el mencionado acuerdo acerca de las reparaciones sólo se extiende a materias sujetas. En la sentencia se dispuso que el Estado. sobre las soluciones amistosas ante la Comisión Interamericana. 16. en los términos de la Convención y de la sentencia de la Corte.
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