Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-21819-de-julio-13-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_010d03f7424043d1af85a592df1ce12c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-15 12:47:22
Document Index: 312143427

Matched Legal Cases: ['artículo 216', 'artículo 2356', 'artículo 1604', 'artículo 187', 'artículo 91', 'artículo 7', 'artículo 187', 'artículo 7']

﻿ Sentencia 21819 de julio 13 de 2004
SENTENCIA 21819 DE 13 DE JULIO DE 2004
CONTENIDO:ACCIDENTE LABORAL. EN CASO DE ACCIDENTES LABORES SE DEBE DEMOSTRAR LA CULPA PATRONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO, CESANTÍAS
Sentencia 21819 de julio 13 de 2004
Rad. 21819
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Euclides Gómez Contreras contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 14 de febrero de 2003, en el juicio que le promovió a la sociedad C.E.P. Constructores Asociados Ltda.
La demanda tuvo por finalidad principal que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido vigente entre el 20 de agosto de 1996 y el 30 de septiembre de 1997, y se condene al pago del auxilio de cesantía e intereses a la misma, vacaciones y primas de servicio, durante toda la relación laboral; indemnización por despido injusto; indemnización moratoria; pensión por invalidez permanente parcial por accidente de trabajo, hasta que el Seguro Social le otorgue la pensión vitalicia; lo que se demuestre ultra y extra petita; la suma de $ 200.000.oo cada cinco años, por el valor de la inyección Neumovox; las costas del proceso. Subsidiariamente, se declare la existencia de contrato de trabajo por obra o labor determinada, y que se condene al pago de los conceptos ya señalados.
En sustento de sus pretensiones afirmó que se vinculó laboralmente con la demandada el 20 de agosto de 1996, como empleado de la construcción del Edificio Conjunto Residencial El Cedro, ubicado en el Barrio Bosa de esta ciudad, actividad que desarrolló hasta el 30 de septiembre de 1997; el 29 de noviembre de 1996, en cumplimiento de su labor, resbaló y cayó al vacío desde el cuarto piso, sufriendo destrucción del bazo, ruptura de costillas y daño en la columna vertebral; cada cinco años tiene que aplicarse una inyección de Neumovox, cuyo costo actual unitario es de $ 200.000.oo; luego de la atención médica y quirúrgica en el ISS, y de cesar las incapacidades, continuó laborando; el 30 de septiembre de 1997, su jefe inmediato, señor Jairo Lozano, le manifestó que el contrato de trabajo había terminado, que el puesto que ocupaba había desaparecido y no lo necesitaban más, por lo que debía abandonar al instante la construcción; intentó conciliación ante la Inspección 3ª del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero la demandada desconoció los derechos reclamados; hasta la fecha no ha recibido el pago de lo que reclama; devengaba un salario mensual de $ 207.249.oo.
El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., mediante sentencia del 16 de agosto de 2002 (fls. 262 a 277, C. Ppal.), absolvió a la demandada de las pretensiones del actor, a quien le impuso costas.
Apeló la parte demandante, y el Tribunal Superior de Bogotá, D.C., por fallo del 14 de febrero de 2003 (fls. 286 a 295, C. Ppal.), confirmó el de primera instancia; condenó en costas al apelante.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró, luego del examen de las declaraciones rendidas a folios 148 a 150, 151 a 154, 155 a 156, y 166 a 168, que la fecha de entrega de la obra coincide con la terminación del contrato de trabajo del actor y su respectiva liquidación (fls. 48 y 49). Que “Tal como se deduce de la información obtenida, esta —sic— claro que la obra el Cedro para la cual fue contratado el demandante, terminó el 30 de septiembre de 1997, no solamente porque esa es la fecha que certifica el gerente técnico de la demandada, sino que los demás testigos ratifican y el mismo demandante confesó agregando que precisamente el —sic— llevó los equipos a otra obra.
“Luego se puede concluir que si el empleador aplicó la cláusula de terminación del contrato de trabajo por la finalización de la obra El Cedro, para la cual había sido contratado el demandante y por esa razón su actuación se ajusta a derecho;...” (fl. 291, C. ppal.).
Acorde con lo anterior, negó el pago de prestaciones sociales y vacaciones, por considerar que el contrato de trabajo se prolongó del 20 de agosto de 1996 al 30 de septiembre de 1997.
Sobre el accidente de trabajo y la indemnización reclamada, luego del análisis de la prueba testimonial recepcionada, el Tribunal concluyó que “Así las cosas, para la correcta aplicación del artículo 216 del C.S.T., era indispensable que se probara en el proceso, la culpa patronal en el hecho, pero los elementos de juicio allegados al asunto no dan certeza sobre esa conducta y sin que sea viable presumirla en virtud de la labor adelantada por el trabajador, pues claramente la legislación laboral y la jurisprudencia exigen que dicha culpa debe ser propia del empleador y no derivada de otros comportamientos humanos o de otra índole, como en el caso bajo examen. En este caso no se demostró la culpa patronal.”
Respecto a la pensión de invalidez peticionada, el ad quem estimó que, con la documental de folios 122 a 185, el empleador cumplió “...con la obligación de afiliar al demandante al ISS en los sistemas de pensión, salud y riesgos profesionales y que pagó las cotizaciones y aportes durante toda la relación laboral.
“En consecuencia, la entidad de previsión a la cual estaba afiliado es la que debe responder por la pensión solicitada, en el evento de configurarse la pérdida de capacidad laboral en el porcentaje que establece la ley.
“Respecto de la indemnización sustitutiva solicitada en la apelación por el apoderado demandante, observa la Sala que evidentemente en el libelo inicial no fue incluida la pretensión de indemnización sustitutiva.
“Ante la situación planteada, si el juez a quo no hizo ningún pronunciamiento, tampoco se puede hacer en segunda instancia por adolecer de facultades extra petita.” (fl. 294, C. Ppal.).
El alcance de la impugnación lo señala al final de cada uno de los tres cargos formulados, los cuales no fueron replicados, y en seguida se estudian.
Denuncia una violación indirecta “a consecuencia de graves y trascendentes errores de hecho en la apreciación del material probatorio, de las siguientes normas sustanciales: 19, 55, 57, 199, 216, del Código Sustantivo del Trabajo; 8, 14, 42, 43, 46, 47, 48, 64, 73, 74, 249, 251, 252, 255, y 256 de le Ley 100 de 1.993; 1 del Decreto 1294 de 1.994; 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 49, 50, 53, 95 del Decreto 1295 de 1.994; 1 de la Ley 95 de 1890; 2341, 2343, 2347, 2356, 2359, 1604, inciso 3, 1613, 1614, 1615 del Código Civil; 8 de la Ley 157 de 1.887; 175, 177, y 178, especialmente en su inciso 2º., 187 del Código de Procedimiento Civil; 145 y 149 Código de Procedimiento del trabajo.”
“Capítulo A. La prueba de la culpa patronal.
“Debe comenzarse, dentro de un orden lógico, por examinar lo —sic— protuberantes errores de hecho del Tribunal en cuanto que, según parece, no se encuentra suficientemente demostrado el elemento que denomino culpa patronal, yerros se demuestran así:
“1. En efecto: el Tribunal, no en forma completamente clara, ni afirmativa, se limita a mencionar que para que la indemnización sea procedente, se debe demostrar la culpa patronal que se establece cuando los hechos muestran que faltó aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en su negocios propios’ ( Folio 292 Cuaderno 1.).
“Evidentemente y pese a las reticencias del representante legal de las —sic— sociedad demandada, al rendir la declaración de parte (Folios 145 a 147 del Cuaderno 1), en autos obra prueba suficiente que el inmediato superior de la obra, a cargo de la demandada le dio la orden al recurrente de subirse al sexto piso a reparar la pluma y que a la altura de cuarto piso resbalo —sic— y cayo —sic— al piso, porque no estaba disponible la escalera, porque se estaba elaborando, causándose un grave accidente, hecho este reconoció —sic— por la demandada, pero que según el criterio de esta, se sub rogó la obligación a la entidad prestadora de salud Instituto de la —sic— Seguros Sociales, no reconociendo la culpa y por menos la indemnización total y la ordinaria por perjuicios.
“2. La demandada, dada la actividad peligrosa que desempeña, en actividades de construcción, tiene mayor responsabilidad y debe obrar con mayor cuidado, frente a sus empleados y los terceros.
“Con grave error de hecho, pues de ello nada dijo en su sentencia, no se percato —sic— el Tribunal de esta circunstancia contenida en autos, o sea que la actividad dañina fue propiciada y ejercida por el demandado a través de sus amanuenses, obligando al recurrente a dar celeridad a su trabajo aun arriesgando su vida, pues lo enviaron para que a pulso se subiera por la parte externa de un andamio, sin escalera y sin protección lateral como malla de seguridad, ocasionado con ello el grave accidente, que en este caso solo recayó en el recurrente, pero dada la forma de ubicación de la Pluma, en la cima del andamio, pudo haber causado un perjuicio mayor a otros trabajadores.
“3. Es de establecer o refrendar, y personalmente opino que efectivamente así es, que la actividad de la construcción debe calificarse como una evidente actividad peligrosa, sujeta a presunción de culpa que emana de la Interpretación de los artículos 216 del Código Laboral en concordancia con el artículo 2356 del Código Civil, por lo siguiente:
“a. Que se trata del ejercicio de una actividad, que beneficia únicamente a la Sociedad demandada, lo que le exige un máximo de cuidado, cabe decir que en ejercicio de las actividades propias debe responder hasta de la culpa levisima —sic—;
“b. Que dada la complejidad de las actividades actuales, el constructor tiene y crea per se graves riesgos frente a sus empleados y frente a terceros, de manera que fácilmente pueden causar graves riesgos patrimoniales y morales, riesgo que es la distintiva característica de toda actividad peligrosa;
“c. Que como es innegable que la ley le exige enorme cuidado al que ejerce una actividad peligrosa, indicando que cuando se cause un daño a otro estará en la obligación de indemnizarlo, salvo que demuestre que incurrió en culpa.
“d. Que el tercer inciso del artículo 1604 del Código Civil, trae disposición aplicable al caso concreto, consistente en que: ‘La prueba de la diligencia o cuidado INCUMBE al que ha debido emplearlo’, con el aditamento que la propia Corte Suprema de Justicia dijo: que ‘La prueba de la diligencia o cuidado incumbe en todo caso a quien ha debido emplearla, ya se trate de culpa contractual, ya de culpa aquiliana o extracontractual’ (Tomo XXXI, pág. 23 del 26 de Junio de 1.924).
“4. De manera que el yerro factico —sic— del sentenciador consistente en no haber caído en cuenta, contra la evidente realidad del expediente, de que el daño reclamado se originaba en una actividad de la construcción en cuyo ejercicio se presume la culpa por disposición legal y también por que esta —sic— inmersa en las llamadas actividades peligrosas, todo esto lo llevo —sic— no siendo muy claro o muy explícito al respecto, a considerar que no estaba probada la culpa de la entidad demandada, culpa que obviamente se encuentra por fuera de toda duda.
“5. Ahora bien, tal culpa está plenamente comprobada en razón mas —sic— que valida —sic— para, que se configure el error de hecho del sentenciador al respecto.
“De todo lo anterior se concluye que el elemento fundamental de la demanda de la responsabilidad de la demandada, o sea su propia culpa, esta —sic— plenamente demostrado, tanto por culpa probada como por culpa presunta, siendo evidente el yerro factico —sic— del sentenciador al afirmar lo contrario.
“Capítulo B. Antes de proseguir con los demás errores de hecho del Tribunal, atinentes a que estando plenamente comprobados, no aceptó como comprobados la culpa y por ende los perjuicios causados a la victima —sic— ni la relación causal o nexo causal entre el daño y la culpa de su autor, me veo obligado a recalcar en la perfucntoria —sic— actitud del sentenciador en punto a la valoración del material probatorio, pues como aparece en el cuerpo de la sentencia, ya parcialmente atrás transcrita, se limito —sic— a comentar fragmentariamente las declaraciones de los testigos ( Folios 151 a 157 del Cuaderno uno.), dejándolas de analizar y comentar en todo su concepto, sino que también prescindió de los dictámenes médicos contenidos en la historia Clínica (folios 11 a 25, 185 a 198 y 233 a 261 de Cuaderno principal), y de la valoración que hicieron los Peritos de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá (folios 208, 209 y 210 del Cuaderno Principal).
“El recorte o pretermisión de la prueba que también tuvo lugar en relación con el dictamen pericial de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, y gran parte de la prueba documental, actitud pasiva que lo llevo —sic— a incurrir de hecho, lo que continuaré poniéndolos de presente y demostrándolos.
“Debo, censurar tal comportamiento del Tribunal, por ser manifiestamente violatorio, del fundamental principio consagrado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, que dice: ‘ Apreciación de las Pruebas. Las pruebas deben ser apreciadas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la san (sic) crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para existencia o validez de ciertos actos. El Juez expondrá siempre razonada frente el mérito que le asigne a cada prueba.’
“Pero el Tribunal, como ya se dijo, analizo —sic— de manera fragmentaria los testimonios, inclusive le dio fuerza máxima de validez al Interrogatorio de Parte del Representante Legal de la demandada señor Oscar Baquero Ángel C. C. # 17.148.959 (folio 145 a 147 del Cuaderno Principal) y no se percato —sic— que la declaración como tercero declarante citado por la parte demandada, ya no era viable tenerla en cuenta, puesto que la demandada ya había agotado en buena parte las 18 preguntas del sobre cerrado, como consta en los folios visibles de 166 a 169 del Cuaderno Principal, que dice: ‘diligencia de testimonio que rinde el señor Oscar Baquero Ángel C.C. # 17.148.959 de Bogotá’, luego entonces no podía revivir una nueva prueba de testimonio, cuando la misma persona plenamente identificada ya había sido Interrogada como demandada y posteriormente entrar en contradicción con la nueva prueba de la declaración, siendo esta última a todas luces invalida —sic— , porque dentro del proceso se debe respetar la jerarquía probatoria para no incurrir en contradicciones como se hizo en este caso, y, amaño —sic— la prueba y sobre esta última prueba testimonial detrminó —sic— la diligencia y cuidado como noción de culpa en fovor —sic— de la demandada, y así fue que el Tribunal edificó la decisión de la ausencia de culpa patronal y por ende la absolución.
“Esta descuidada actitud del Tribunal es elocuente índice de su ordinaria manera de actuar y, de contera, de sus graves equivocaciones de hecho, no solo por la errada interpretación de la prueba sino especialmente por la antiprocesal pretermisión y estudio de todo el material demostrativo.
“Capítulo C. La prueba del daño y la relación de causalidad.
“En primer y como consecuencia de la perfunctoria e ilegal actitud del sentenciador al pretermitir el análisis y valoración de gran parte del material probatorio, paso a endilgarle que ninguna referencia, así fuera descriptiva hizo al abundante acerbo —sic— demostrativo documental que obra en el expediente y que se acompaño —sic— con la demanda de Instancia, consiste en: a) Copia de la Historia Clínica del recurrente, de el (sic) Hospital ‘Mario Gaitán Yanguas’ Soacha, (folios 11 al 25, 174 al 182, 188 al 198 y 233 a 261 del Cuaderno Principal); b) Peritazgo de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. (Folios 205 a 210 del Cuaderno Principal).
“La sola lectura de las pruebas documentales, que el Tribunal con el error grave se abstuvo de realizar, comprueba en esencia que el demandante si —sic— sufrió el accidente, por culpa del patrono, al no suministrarle la totalidad de los elementos de seguridad Personal e Industrial que requería, para el desempeño de su labor, unos guantes, un casco y un arnés, apenas constituye un burlesco de lo que debe encarar una buena y efectiva seguridad, pues es lógico y comprensible que si debe subirse a un sexto piso por las torretas del andamio un trabajador lo debe hacer por una escalera interior dentro del andamio, con embarandado, con malla de protección lateral, con cinturón de seguridad, con cuerda de acero u otro elemento homologado pero resistente ubicada a un punto fijo con su respectivo arnés, con malla elástica antes del piso para evitar una caída libre, gafas industriales de protección, tapabocas, con un peto protector, con su respectivas botas y polainas, etc., para por lo menos mantener la integridad Física, pues el trabajador no debe ser considerado como un malabarista de circo, pues no le correspondía volar por los aires sin la protección, para buscar el excelente desempeño ante los superiores y la demandada, de otro lado está la orden verbal que se recibe del superior, para que se cumpla con el trabajo, aunado como si fuera poco al hecho de que se necesitaban cargar con concreto las escaleras del cuarto piso y precisamente con esa pluma era que se subiría el material a ese piso, hecho este que jamas —sic— tuvo en cuenta el Tribunal.”
Luego afirma que la prueba del daño y la de la relación de causalidad corren parejas y están entremezcladas; que dentro del plenario quedó efectivamente demostrado el accidente de trabajo, a más de que obra prueba pericial, que se causó un daño tasado por los peritos en 16.25% de la pérdida de la capacidad laboral, con incapacidad permanente parcial, calificada como accidente de trabajo, y que probada la culpa y el daño, se demuestra la efectiva relación causal entre ambas, pruebas esas que no valoró el Tribunal.
Después transcribió apartes de lo explicado por los testigos César Augusto Peña Cortés, Jhon Alexander Cantor Cortés y Luis Antonio Peña Cortés, criticando al Tribunal por haber hecho resúmenes cortos de sus declaraciones, y que a su juicio demuestran la culpa patronal.
Seguidamente manifiesta que tampoco el Tribunal tuvo en cuenta el completo y bien fundamentado dictamen de los peritos de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, visible a folio 208, 209 y 210, en el cual manifestaron al Juzgado que “Los fundamentos de la calificación, (...) en relación con los documentos, (..".) tuvieron en cuenta: La historia Clínica. (...) Diagnosticó motivo de la calificación (...) Politraumatismo por caída de altura. Esplenectomia —sic—. Decretaron, como porcentaje de la perdida —sic— de la Capacidad Laboral un 16.25%, con Incapacidad Permanente parcial y como calificación de Origen: Accidente de Trabajo.”
“Se concluye del anterior peritaje al que se le ejerció el derecho de contradicción, que además de demostrar cualitativa y cuantitativamente el perjuicio material sufrido por el demandante, menciona con claridad que tal daño provino del accidente de trabajo, en desarrollo de una caída de altura. En consecuencia, dicho dictamen es prueba eficaz de la relación de causalidad entre la culpa de la demandada y el daño o perjuicio de la víctima, factores que con grave error de hecho el Tribunal resolvió no dar por demostrados.
“Para rematar el cargo, respetuosamente solicito a la Honorable Corte CASE la sentencia del Tribunal y en su lugar, por vía de reemplazo REVOQUE la del Juzgado de Primera Instancia y acoja las suplicas —sic— de la demanda en el sentido de condenar a la sociedad demandada y a favor del demandante, al pago de la indemnización total y ordinaria de los perjuicios, con base en el dictamen pericial y de acuerdo con lo normado en los art. 307 y 308 del Código de procedimiento Civil, para efectos de la liquidación.” (fls. 14 a 25, C. Corte).
El cargo presenta deficiencias de carácter técnico que no permiten su análisis. En efecto, pese a que se encamina por la vía indirecta, no cumple la censura con la obligación de enunciar los errores evidentes de hecho que hubiera podido cometer el Tribunal, y que dieran al traste con la sentencia. Tampoco señaló, como era su deber, las pruebas mal apreciadas o dejadas de apreciar por el ad quem y que eventualmente hubieran podido dar lugar a algún desatino fáctico.
Tampoco se hace un planteamiento sucinto de la demanda, como lo reclama el ordenamiento procesal laboral en su artículo 91, sino que, por el contrario, el escrito que sustenta el recurso guarda parecido con un alegato de instancia.
No obstante, si se realizara por la Sala esfuerzo para comprender el texto del desarrollo del cargo, y se concluyera que el error de hecho atribuido al Tribunal consistió en no haber dado por acreditada la culpa patronal de la empleadora en el accidente que sufriera el actor, es lo cierto que el mismo no encontraría demostración alguna, en la medida en que la parte impugnante no logra desvirtuar la conclusión del fallador de alzada, con el examen de los medios probatorios a que se refiere. Ello es así porque la sentencia gravada en lo que toca con el aspecto comentado, luego de salirse del marco jurídico que comporta la culpa patronal, analizó los testimonios de César Augusto Peña Cortés, Jhon Alexander Cantor Cortés, Luis Antonio Peña Cortés y Oscar Baquero Ángel (Folio 293). Con relación a este último valga anotar como lo destaca el recurrente que si bien el Juzgado lo escuchó inicialmente en interrogatorio de parte (folios 145 a 147), también lo recibió en condición de testigo (folios 166 a 168), práctica inadecuada e improcedente, dado que aquel no podía comparecer como parte y como tercero dentro del mismo proceso, aún en cumplimiento a lo dispuesto en la primera audiencia de trámite en que así se decretó (folios 131 a 133), por petición de la parte demandada.
De modo pues que frente a la prueba antes mencionada únicamente correspondería en principio evaluar el interrogatorio de parte de Baquero Ángel, sobre el que el censor solo se limita a copiar las respuestas a las preguntas uno, seis, siete y trece, pero sin demostrar que a través de ellas hubo confesión, que es la prueba calificada en casación y susceptible de estructurar un error manifiesto de hecho. No obstante, si se analizaran tales respuestas tampoco la Corte encontraría confesión alguna, como se sigue de su propio texto:
Pregunta 1: “Que manifieste el Representante Legal de la demandada si conoce de trato vista y comunicación al señor Euclides Gómez Contreras, en caso afirmativo desde cuándo y qué relación ha mantenido con la empresa?”, contestó: “Yo lo conocí después de que salió de la empresa, un día que fue a solicitar se le ayudara para una droga”; Pregunta 6: “Que diga el Representante Legal de la demandada como es cierto sí o no que el señor Euclides Gómez Contreras, estando cumpliendo con su labor habitual en el Edificio denominado Conjunto Residencial El Cedro, el día 29 de noviembre de 1996, debió subir a la altura de seis pisos, por un andamio, a reparar una pluma, por cuanto al interior de edificio estaban elaborando unas escaleras y cuando iba en el cuarto piso aproximadamente se resbaló y cayó al vacío, causándose destrucción de bazo, ruptura de las cinco costillas, daño en la columna vertebral?”, contestó: “Si es cierto que se accidentó que fue atendido inicialmente en un Centro de Soacha, y posteriormente atendido por el Seguro Social, entidad que emitió las incapacidades respectivas”; Pregunta 7: “Que diga el Representante Legal de la demandada como es cierto sí o no que el señor Euclides Gómez Contreras debido al accidente de trabajo quedó discapacitado de por vida, por la extirpación del bazo, impidiéndole el ejercicio fuerte o pesado?, contestó: “Yo no puede determinar la incapacidad sino lo que establezca el Seguro Social, de todas maneras él trabajó después del accidente un tiempo más hasta después del retiro, trabajó normalmente”; Pregunta 13. “Que diga el Representante Legal de la demandada como es cierto sí o no que el despido del cargo que ocupaba el señor Euclides Gómez Contreras obedeció al accidente de trabajo en el Edificio Conjunto Residencial El Cedro, lo cual le disminuyó su fuerza de trabajo, siendo esta la causal que motivó el despido?”, contestó: “No es cierto, porque entre la fecha del accidente y la incapacidad dada por el Seguro Social, transcurrió un tiempo hasta la terminación del contrato en que el señor trabajó normalmente”. (Folios 145 a 147)
De modo pues que si, como pareciera, la parte recurrente aspiraba a probar que hubo accidente de trabajo, ello resulta irrelevante, puesto que el ad quem también arribó a esa conclusión, solo que no encontró culpa de la empresa en su causación, circunstancia que por demás tampoco se desprende de las respuestas atrás copiadas.
La Historia Clínica del demandante, no apreciada por el Tribunal (Folios 11 a 25, 174 a 183, 188 a 198 y 233 a 261), acredita que aquel sufrió un accidente, pero de ninguna manera ninguno de los documentos que la componen registran que la culpa la tuvo el empleador, como lo quiere hacer ver la censura. Además esta se limita a hacer solo tal afirmación, por lo que no deja de ser una mera divagación carente de soporte alguno.
Así las cosas, por no haberse probado desacierto fáctico ostensible del ad quem con la prueba calificada en casación, la Sala se abstiene de analizar la testimonial ya mencionada junto con el peritazgo, dada la restricción establecida para ello por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969. De esta suerte, es claro que por esta razón la acusación no hubiera salido avante.
Por consiguiente, el cargo no es de recibo.
Denuncia violación indirecta de la ley “a consecuencia de graves y trascendentes errores de hecho en la apreciación del material probatorio, de las siguientes normas sustanciales: 19, 22, 23 modificado por la Ley 50/90 art. 1º,24 modificado por la Ley 50/90 art. 2º, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 45, 55, 57, 64 modificado por la Ley 50/90 art. 6º, 65,186,249,260,306,309, 310 del Código Sustantivo del Trabajo; 8 de la Ley 157 de 1.887; 175, 177, Y 178, especialmente en su inciso 2º.,187 del Código de Procedimiento Civil; 145 y 149 Código de Procedimiento del trabajo.”
En la demostración inicialmente comenta lo sostenido por el Tribunal respecto a la relación laboral, las prestaciones sociales, las vacaciones y la pensión de invalidez, y agrega:
“Evidentemente y pese a las reticencias del representante legal de las sociedad demandada, al rendir la declaración de parte (Folios 145 a 147 del Cuaderno 1), en autos obra prueba suficiente que el inmediato superior de la obra, a cargo de la demandada le dio la orden al recurrente de trasladar el equipo de la Obra el Cedro, a Confamiliar Aseguradores 11 de Bogotá el 15 de Agosto de 1.997, cuando ya se había terminado la obra del Cedro, manifestando que algunos equipos eran llevados a Bodega, otros entregados a los proveedores y el resto del equipo a Confamiliar Aseguradores 11 de Bogotá.
“2. La demandada, trata de evadir responsabilidades frente a la prueba de la existencia del un nuevo contrato de trabajo a termino —sic— indefinido o la prorrogación del de obra que se había iniciado en el Cedro y culminado en Bogotá en Confamiliar Aseguradores 11 de Bogotá, que fue hasta el 4 de Julio de 1.998 (Folio 223, 224, 225)
“Con grave error de hecho, no se percato —sic— el Tribunal de esta circunstancia contenida en autos, ya que efectivamente el contrato de obra por labor determinada, había expirado el 15 de Agosto de 1.997, para el recurrente, puesto que recibió la orden de su inmediato superior de suspender labores en el sitio que se encontraba y continuar en otra Obra diferente que se denominó Confamiliar Aseguradores II de Bogotá, pues si bien es cierto, que la obra de El Cedro, ya estaba en proceso de finalización, efectivamente para el demandante ya se había acabado, y con esa terminación era que debían haber calificado el final del contrato Inicialmente pactado por escrito entre las partes y de esa manera lo debió haber sentenciado el Tribunal, por cuanto da por probado los extremos de la relación y extiende la vigencia de un contrato inexistente a otra obra que ya no le correspondía, a pesar de laborarse para el mismo patrono.
“3. De manera que el yerro factico —sic— del sentenciador consistente en no haber caído en cuenta, contra la evidente realidad del expediente, que dentro de la nueva vigencia del contrato de trabajo iniciado el 15 de Agosto de 1. 997, el recurrente estaba trabajando para otro proyecto, en similares labores, dándose jurídicamente nacimiento a una nuevo contrato realidad, que estaba perfectamente determinado y no podía confundirse con la obra de El cedro.
“4. El Tribunal, cometió nuevo error factico —sic—, al no percatarse, que el despido ocurrido el 30 de septiembre de 1.997, por parte del demandado, a través de sus representantes, obedecía, a la terminación de un contrato indefinido, que había surgido el día 15 de agosto de 1.997 y unilateralmente se había terminado por parte del patrono en esta última fecha, confundiéndolo con el primigenio contrato del 21 de agosto de 1.996.
“Igualmente puede afirmarse, que el Tribunal tampoco se percato —sic—, que el simple traslado de una maquinaria, fuera a durar mas de dos días, pues como se afirma, llegaron los camiones y en un par de días trasladaron de la obra de El cedro, los equipos, para Confamiliar Aseguradores II, y pretender hacer creer que el traslado de los equipos desde el Barrio León XIII entre los limites —sic— de Bosa – Soacha a Bogotá, los hubiera hecho el recurrente en cuarenta y cinco días (45) se cae de su peso, puesto que normalmente se trata de una actividad en la que deben participar un numero —sic— plural de personas, por las lides propias del trasteo, hecho del que tampoco se percato —sic— el Tribunal, e igualmente, sino hizo referencia al contrato Indefinido, o, debiendo haber dado por prorrogado el contrato de Obra a Confamiliar II, que fue hasta el 4 de julio de 1.998 y ordenar el pago de los derechos ciertos e indiscutibles al laborador.
“De todo lo anterior se concluye que el elemento fundamental de la demanda es el pago de las acreencias laborales propias de un nuevo contrato de trabajo de carácter indefinido que surgió el 15 de agosto de 1.997 y termino —sic— 45 días después por decisión unilateral del patrono, con el pago de todas la —sic— acreencias laborales ciertas e indiscutibles, siendo evidente el yerro factico —sic— del sentenciador al afirmar lo contrario.
“Capítulo B. El Tribunal no acepto —sic— , estando plenamente comprobados, el nuevo contrato Indefinido de trabajo o en su defecto la prórroga del de obra de Confamiliar Aseguradores 11, me veo obligado a recalcar en la perfucntoria —sic— actitud del sentenciador en punto a la valoración del material probatorio, pues como aparece en el cuerpo de la sentencia, ya parcialmente atrás transcrita, se limito —sic— a comentar fragmentariamente las declaraciones de los testigos ( Folios 151 a 157 del Cuaderno uno), dejándolas de analizar y comentar en todo su concepto”.
Afirma que conforme a lo anterior, el Tribunal violó el principio consagrado en el artículo 187 del C.P.C., y a continuación lo critica por haber valorado fragmentariamente los testimonios de César Augusto Peña Cortés, Jhon Alexander Cortés y Luis Antonio Peña Cortés, de los cuales transcribe algunos pasajes, que a su juicio demuestran que la terminación de la obra El Cedro se produjo en Comfamiliar II, por extensión.
Posteriormente indica que otro grave error del ad quem fue haber escuchado a Oscar Baquero Ángel en interrogatorio de parte y en declaración, procediendo enseguida a comentar pasajes del testimonio y a copiar las respuestas a las preguntas 3, 9 y 12, destacando que como testigo trató de enmendar y corregir las falencias en que incurrió en el interrogatorio.
“Trascendencia de los graves errores de hecho del tribunal.
“Como consecuencia de los errores de hecho, atrás comentados y demostrados, el Tribunal violo —sic— las disposiciones sustanciales enumeradas en el encabezamiento del cargo, pues al confirmar la sentencia del Juzgado en vez de revocarla para, en cambio acceder a las suplicas —sic— de la demanda, se abstuvo de declarar laboralmente responsable a la sociedad demandada en el pago de todos los derechos ciertos e indiscutibles pedidos en la demanda.
“En efecto, si el Tribunal hubiera admitido que estaba probada la Vigencia del nuevo contrato de trabajo a termino —sic— indefinido o la presencia de uno nuevo, de obra, entre el actor y la demandada C.E.P. Constructores Asociados Ltda., como efectivamente lo estaba, no hubiera confirmado la sentencia de primer grado y en su lugar hubiera atendido la suplicas —sic— de la demanda de Euclides Gómez Contreras”.
Que al proceder en tal forma, a consecuencia de los graves y trascendentes errores de hecho en la apreciación del material probatorio, dejó de aplicar y así violó los preceptos legales sustanciales señalados en el encabezamiento del cargo, los cuales vuelve a citar.
“Para rematar el cargo, respetuosamente solicito a la Honorable Corte CASE la sentencia del Tribunal y en su lugar, por vía de reemplazo REVOQUE la del Juzgado de Primera Instancia y acoja las súplicas de la demanda en el sentido de condenar a la sociedad demandada y a favor del demandante, al pago de la totalidad de las acreencias laborales ciertas e indiscutibles que se piden en la demanda.” (fls. 25 a 34, C. Corte).
Con relación a lo que se debate en este cargo, el Tribunal se refirió a lo expresado por el representante legal de la demandada y por el demandante en los interrogatorios que rindieron, al dicho de los testigos César Augusto Peña Cortés, Jhon Alexander Cantor Cortés, Luis Antonio Peña Cortés, así como también, incorrectamente, al de Oscar Baquero Ángel quien había comparecido como representante legal de la empresa a absolver interrogatorio; aludió también a certificación expedida por el Gerente Técnico de la demandada, arquitecto Ricardo Antonio González, la liquidación de cesantía y su pago; y en seguida enfatizó qué: “Tal como se deduce de la información obtenida, está claro que la obra el Cedro para la cual fue contratado el demandante, terminó el 30 de septiembre de 1997, no solamente porque esa es la fecha que certifica el gerente técnico de la demandada, sino que los demás testigos ratifican y el mismo demandante confesó agregando que precisamente él llevó los equipos a otra obra”. Que, “Luego se puede concluir que si el empleador aplicó la cláusula de terminación del contrato de trabajo por la finalización de la obra el Cedro, para la cual había sido contratado el demandante y por esa razón su actuación se ajusta a derecho;...”. (Folios 290 y 291)
El deseo del censor es demostrar que el contrato de obra por labor determinada, que la demandada y el actor celebraron, expiró el 15 de agosto de 1997 y que en esta fecha se inició uno a término indefinido o la prolongación del de obra inicial con finalización el 4 de julio de 1998.
De modo pues que en orden a verificar si se cometieron los yerros que se le imputan al Tribunal, la Corte acometerá el estudio de las probanzas aptas de examen en casación. Por consiguiente, en ese orden se estudiará el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, para lo cual se transcribirá lo pertinente, acorde con lo que propone la acusación, absteniéndose la Sala de referirse a lo que dicho representante expresara en el testimonio que también rindió, pues es evidente que no podía comparecer al proceso exhibiendo condiciones de parte y de tercero.
Pregunta 3: “Que diga el Representante Legal de la demandada como es cierto sí o no que la empresa que usted representa contrató al señor Euclides Cómez (sic) Contreras desde el 20 de agosto de 1996?”, contestó: “Si a él se contrató el 20 de agosto de 1996 en un contrato de labor determinada para la obra el Cedro”; Pregunta 9: “Que diga el Representante Legal de la demandada como es cierto sí o no que el señor Euclides Gómez Contreras, recibiendo órdenes de Jairo Lozano, jefe inmediato de la empresa constructora, el 15 de agosto/97, mediante petición verbal, le solicitó a mi cliente, que se trasladara a la Obra de Comfamiliar II ubicado en cercanías de Matatigres, de la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., para continuar laborando?, contestó: “No es cierto, la orden fue trasladar los equipos y colaborar en entregarlos en buenas condiciones ya que en la obra del Cedro como es normal en este tipo de equipos sufren algún deterioro y la labor se termina cuando se entregan los equipos en los estados que los recibió la obra”; Pregunta 12: “Que diga el Representante Legal de la demandada como es cierto sí o no que el cargo que ocupaba el señor Euclides Gómez Contreras, fue suplido al siguiente día por el señor José Yesid Gaspos Casasbuenas?, contestó: “No es cierto porque al terminar la obra el Cedro el cargo para esa obra desaparecía”.
No se desprende de las respuestas anotadas anteriormente confesión alguna, en el sentido querido por el censor, que demostrara alguno de los desatinos fácticos que se le enrostran con carácter evidente al ad quem, pues el interrogado fue enfático en señalar que se contrató al actor por labor determinada para la obra El Cedro y negó que el 15 de agosto de 1997 le solicitara que trasladara a la obra Confamiliar II, equipos para que continuara laborando; por el contrario en la respuesta a la pregunta 5, no reproducida, contestó que él trabajó hasta el 30 de septiembre de 1997, y en varias de las otras respuestas sostuvo que prestó servicios hasta la fecha de terminación del Edificio El Cedro.
Como no fue otra la prueba denunciada por la censura como apta de examen en casación, no se detendrá la Sala a estudiar la testimonial recaudada, acorde con lo previsto por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
Por último se advierte que el fallador de alzada para emitir su juicio se valió también del interrogatorio de parte rendido por el demandante y a la certificación expedida por el Gerente Técnico de la demandada, medios probatorios que no cuestionó la parte impugnante y que dejan la sentencia inmodificable soportada en tal valoración.
Denuncia la “...violación directa de la ley, por aplicación indebida a consecuencia de graves y trascendentes errores de hecho en la apreciación del material probatorio, de las siguientes normas sustanciales: 19, 55, 57, 199, 216, del Código Sustantivo del Trabajo; 8, 14, 42, 43, 46, 47, 48, 64, 73, 74, 249, 251, 252, 255, y 256 de le Ley 100 de 1.993; 1 del Decreto 1294 de 1.994; 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 49, 50, 53, 95 del Decreto 1295 de 1.994; 1 de la Ley 95 de 1890; 2341, 2343, 2347, 2356, 2359, 1604, inciso 3, 1613, 1614, 1615 del Código Civil; 8 de la Ley 157 de 1.887; 115, 177, y 178, especialmente en su inciso 2º, 187 del Código de Procedimiento Civil; 145 y 149 Código de Procedimiento del trabajo.
“El Tribunal incurre en violación directa de la ley, porque al momento de entrar a analizar la terminación del contrato de obra o labor determinada, lo hace, sin distinguir con detalles los elementos estructurales de cada, acto jurídico, pues el art. 45 del Código Sustantivo del Trabajo, reseña la duración en el tiempo de los contratos sin entrar a confundirlos, dándole a cada uno vida propia, independiente y autónoma, y no se puede como en este caso entrar a confundir con el contrato verbal e indefinido que surgió como consecuencia, de la terminación del primero de los nombrados, pues a entrar a desnaturalizarse este último, entregarse la obra y delimitarse en el tiempo, aparece una nueva figura, que es la que rige a partir de ese momento la nueva relación laboral entre el patrono y su empleador —sic—. E inclusive esa nueva figura laboral surgida, aunque el legislador no la planteo —sic— en el art. 45 ídem, en el sub judice, puede considerarse como prórroga en el tiempo de un contrato de obra, por el hecho de haber trabajado 45 días más el recurrente para otro proyecto, dando plena vigencia y trasladándolo en el tiempo hasta la terminación de la segunda obra, dicho contrato, con la consecuente y valida —sic- pretensión de pagar los salarios, y demás acreencias ciertas e indiscutibles al actor recurrente, como se pidió en la demanda.
“Entonces de esa manera el Tribunal viola la ley, por no aplicarla, como sencilla y llanamente lo debió haber hecho, interpretando las reglas del contrato a termino —sic— indefinido, por ausencia de contrato escrito al fenecer aquel, por expiración.
“También se presenta violación de la ley por aplicación indebida, por cuanto no se le da aplicación al art. 216 de Código Sustantivo de Trabajo, que indica que cuando haya culpa del patrono respecto de su trabajador esta —sic— en la obligación de indemnizarlo total ordinariamente de los perjuicios que se le cause, en este caso, el Tribunal, dejo —sic— de aplicar en debida forma la ley, pues se probo —sic— la culpa patronal, por los —sic— todos medios legales, como se demostró en el expediente. Los requisitos de la culpa patronal se demostraron a cabalidad, hubo una negligencia, un daño a la victima —sic— y una relación causal, quedando probada así la culpa patronal, no dandole —sic— otra alternativa, al Tribunal que reconocerla, aplicando la ley en debida forma.
“También dejo —sic— de aplicar el Tribunal el art. 199 del Código Sustantivo de Trabajo y los artículos 8, 9, 10 del decreto ley 1295 de 1.994, frente a los riesgos profesionales y concretamente al accidente de trabajo, al no aplicar esta normatividad al caso concreto, pues se encontraba claro y preciso el acontecimiento del accidente de trabajo, como lo describió el legislador, solamente que el Tribunal debió aplicarlo y no lo hizo. Los requisitos del accidente de trabajo se dieron, por cuanto, el accidente para que se determine como un riesgo profesional debe ser una consecuencia directa del trabajo o de la labor desempeñada, y, que el accidente sea un hecho repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca una —sic— consecuencias, en este caso un daño en el cuerpo del recurrente como lo certificación —sic— la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
“Como consecuencia de la violación a la ley, por aplicación indebida, el Tribunal violo —sic— las normas sustanciales enumeradas en el encabezamiento del cargo, pues al confirmar la sentencia del Juzgado en vez de revocarla para, en cambio acceder a las suplicas —sic— de la demanda, se abstuvo de declarar laboralmente responsable a la sociedad demandada en el pago de todos los derechos ciertos e indiscutibles pedidos en la demanda en sus pretensiones principales y/o subsidiarias.
“En efecto, si el Tribunal hubiera aplicado en debida forma la ley, admitiendo que estaba probada la Vigencia del nuevo contrato de trabajo a término indefinido o la presencia de uno nuevo de obra, entre el actor y la demandada C.E.P. Constructores Asociados Ltda., como efectivamente lo estaba, no hubiera confirmado la sentencia de primer grado y en su lugar hubiera atendido la suplicas de la demanda de Euclides Gómez Contreras.
“Al proceder en tal forma, a consecuencia de la aplicación —sic— indebida de las normas se vino a violar los preceptos legales sustanciales señalados en el encabezamiento del cargo.
“Para rematar el cargo, respetuosamente solicito a la Honorable Corte case la sentencia del Tribunal y en su lugar, por vía de reemplazo revoque la del Juzgado de Primera Instancia y acoja las suplicas de la demanda en el sentido de condenar a la sociedad demandada y a favor del demandante, al pago de la totalidad de las acreencias laborales ciertas e indiscutible que se pidieron en la demanda en sus pretensiones principales y/o subsidiarias, según el caso.” (fls. 34 a 36, C. Corte).
Inicialmente incurre en una impropiedad el censor al acusar violación directa de la ley, por aplicación indebida “a consecuencia de graves y trascendentes errores de hecho en la apreciación del material probatorio”, ya que cuando se acude a dicha vía, es claro que el debate que se propone debe ser eminentemente jurídico, alejado de cualquier evaluación probatoria.
Pese a que lo anterior, de plano descalifica el cargo, es claro que tampoco podría la Sala estudiarlo, dado que al enderezarse por la vía directa le impone al recurrente estar en un todo de acuerdo con las disquisiciones fácticas a las que hubiere arribado el sentenciador de segundo grado y, en ese sentido, tendría que aceptar que para concluir que no hubo culpa patronal en la causación del accidente de trabajo del actor, así como que este cumplió con la ejecución de un contrato de obra o labor determinada, construcción del Edificio El Cedro entre el 20 de agosto de 1996 y el 30 de septiembre de 1997, valoró la prueba testimonial, los interrogatorios de parte y la documental.
En las anteriores condiciones resulta equivocado el planteamiento del cargo y por ello se desestima.
No se impondrán costas, por falta de causación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 14 de febrero de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta Euclides Gómez Contreras a la sociedad C.E.P. Constructores Asociados Ltda.
Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.