Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0144_ES.html
Timestamp: 2019-11-17 02:10:22
Document Index: 147980179

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 52', 'artículo 11', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 19']

INFORME sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea
sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea
Curzio Maltese, Comisión de Cultura y Educación
– Visto el Protocolo nº 29 del Tratado de la UE, sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros,
– Vista la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo(10),
3. Pide a las instituciones de la Unión que garanticen la plena aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en todas sus decisiones, acciones y políticas, como medio para defender plenamente el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación frente a la influencia indebida de las autoridades públicas nacionales; pide a la Comisión, en este sentido, que introduzca evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos en la valoración de sus propuestas legislativas y que presente una propuesta para la creación de un mecanismo de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales conforme con la resolución pertinente del Parlamento;
10. Acoge con satisfacción la decisión de que la sala de prensa del Parlamento Europeo reciba el nombre de la periodista asesinada Daphne Caruana Galizia; reitera, en este contexto, su petición de que un premio anual del Parlamento Europeo para el periodismo de investigación lleve el nombre de Daphne Caruana Galizia;
11. Pide a los Estados miembros que respalden plenamente la iniciativa lanzada por Reporteros sin Fronteras relativa a la creación de un representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas;
12. Insta a los Estados miembros a que creen y mantengan, tanto en la legislación como en la práctica, un entorno seguro para los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación, incluidos periodistas extranjeros que ejerzan sus actividades periodísticas en los Estados miembros, que les permita realizar su labor con total independencia y sin injerencias indebidas, como por ejemplo amenazas de violencia, acoso, presiones políticas, económicas y financieras, presiones para que revelen fuentes y materiales confidenciales, y vigilancia selectiva; hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros garanticen procedimientos de recurso jurídico eficientes para los periodistas cuya libertad de trabajo se ha visto amenazada de manera injustificada, a fin de evitar la autocensura; destaca la importancia de adoptar un enfoque de género a la hora de considerar medidas encaminadas a abordar la seguridad de los periodistas;
13. Destaca la importancia de garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas para los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, en pleno cumplimiento de los requisitos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Social Europea, como medio para evitar presiones internas y externas indebidas, dependencia, vulnerabilidad e inestabilidad y, por ende, el riesgo de autocensura; subraya que un periodismo independiente no puede ser garantizado y promovido únicamente por el mercado; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y desarrollen nuevos modelos económicos socialmente sostenibles destinados a financiar y apoyar un periodismo independiente de calidad y que aseguren que se informa correctamente a los ciudadanos; pide a los Estados miembros que presten un mayor apoyo financiero a los proveedores de servicios públicos y al periodismo de investigación absteniéndose al mismo tiempo de participar en las decisiones editoriales;
14. Condena los intentos de los gobiernos de silenciar a los medios de comunicación críticos y de abatir la libertad y el pluralismo, entre otras cosas por medio de vías más sofisticadas que no suelen crear una alerta en la plataforma del Consejo de Europa para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, como mediante la compra por parte de miembros del Gobierno y sus compinches de medios de comunicación comerciales y el secuestro de medios de comunicación de servicio público para servir intereses partidistas;
15. Destaca la necesidad de apoyar y ampliar el alcance de las actividades del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación, especialmente de su asistencia jurídica a periodistas amenazados;
16. Subraya que los profesionales de los medios de comunicación trabajan a menudo en condiciones precarias por lo que respecta a sus contratos, sueldos y garantías sociales, lo que compromete su capacidad para trabajar de manera adecuada y, por ende, obstaculiza la libertad de los medios de comunicación;
17. Reconoce que la libertad de expresión puede ser objeto de restricciones —siempre que sean dictadas por la ley, persigan un objetivo legítimo y sean necesarias en una sociedad democrática— en beneficio de, entre otros aspectos, la protección de la reputación y los derechos de otros; manifiesta su preocupación, no obstante, por los efectos negativos y disuasorios que la legislación penal sobre difamación puede tener sobre el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el debate público; insta a los Estados miembros a que se abstengan de todo abuso de la legislación penal sobre difamación estableciendo un equilibrio justo entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al respeto de la vida privada y familiar, incluida la reputación, al tiempo que se asegura el derecho a un recurso efectivo y se evitan castigos y sanciones excesivamente severos y desproporcionados, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
18. Pide a la Comisión que proponga una directiva contra las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés) que protegerá a los medios independientes de acciones legales vejatorias destinadas a silenciarlos o intimidarlos en la Unión;
19. Considera que la participación en los procesos democráticos se basa, en primer lugar y por encima de todo, en el acceso efectivo y no discriminatorio a la información y al conocimiento; pide a la Unión y a los Estados miembros que desarrollen políticas adecuadas para lograr el acceso universal a internet y que reconozcan el acceso a internet —incluida la neutralidad de la red— como un derecho fundamental;
20. Lamenta la decisión adoptada por la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. de derogar las normas de 2015 relativas a la neutralidad de la red y pone de relieve las consecuencias negativas que podría tener dicha decisión, en un mundo digital interconectado globalmente, en el derecho de acceso a información sin discriminación; pide a la Unión y a los Estados miembros que sigan la senda del fortalecimiento del principio de la neutralidad de la red elaborando y promoviendo las directrices del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) relativas a la aplicación de los reguladores nacionales de las normas europeas sobre la neutralidad de la red;
21. Destaca el importante papel que desempeñan los medios de comunicación independientes y plurales en el debate político y en el derecho a una información plural tanto durante los mandatos electorales como en los períodos transitorios; subraya la necesidad de garantizar plenamente la libertad de expresión de todos los actores políticos, con arreglo a las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y de basar su presencia en los organismos de radiotelevisión pública en criterios periodísticos y profesionales y no en su grado de representatividad institucional o sus opiniones políticas;
22. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que se abstengan de adoptar medidas innecesarias encaminadas a restringir de manera arbitraria el acceso a internet y el ejercicio de derechos humanos básicos o a controlar las comunicaciones públicas, tales como la adopción de normas represivas sobre el establecimiento y el funcionamiento de medios de comunicación o páginas web, la imposición arbitraria de estados de excepción, el control técnico sobre las tecnologías digitales —es decir, el bloqueo, el filtrado, la interferencia intencionada y el cierre de los espacios digitales— o la privatización de facto de las medidas de control, presionando a los intermediarios para que adopten medidas destinadas a restringir o eliminar los contenidos de internet; pide a la Unión y a los Estados miembros, asimismo, que eviten que tales medidas sean adoptadas por operadores privados;
23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la transparencia total por parte de las empresas privadas y los Gobiernos a la hora de utilizar algoritmos, inteligencia artificial y decisiones automatizadas, que no deben aplicarse y desarrollarse de manera que bloqueen arbitrariamente, filtren y eliminen contenidos de internet, ni con dicha intención, y que garanticen que toda política y estrategia digital de la Unión se elabore utilizando un enfoque basado en los derechos humanos, previendo los recursos y las salvaguardias adecuados y respetando plenamente las disposiciones pertinentes de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y del CEDH;
24. Reitera que el ciberacoso, la pornografía vengativa y el material relacionado con abusos sexuales a menores constituyen una preocupación cada vez mayor en nuestras sociedades y pueden tener repercusiones extremadamente graves, especialmente entre los jóvenes y los niños, y destaca que deben respetarse plenamente los intereses y derechos de los menores en el contexto de los medios de comunicación de masas; anima a todos los Estados miembros a establecer una legislación con perspectiva de futuro para abordar este fenómeno, en particular disposiciones que permitan detectar, determinar y eliminar de los medios sociales los contenidos perjudiciales para la dignidad humana; insta a la Comisión y a sus Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos destinados a desarrollar contranarrativas eficaces y a que faciliten directrices claras que proporcionen seguridad y predictibilidad jurídicas para los usuarios, los prestadores de servicios y el sector de internet en su conjunto, garantizando la posibilidad de recurso judicial con arreglo a la legislación nacional, con el fin de reaccionar contra el uso indebido de los medios sociales con fines terroristas; hace hincapié, no obstante, en que cualquier medida que restrinja o suprima los contenidos de internet solo debe adoptarse en circunstancias especificadas, explícitas y legítimas y bajo estricta supervisión judicial, en consonancia con las normas internacionales, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
25. Toma nota del código de conducta relativo a la lucha contra la incitación ilegal al odio, promovido por la Comisión; destaca el gran margen de discreción dejado a las empresas privadas para determinar lo que constituye una «ilegalidad» y pide que se restrinja dicho margen para evitar cualquier riesgo de censura y restricciones arbitrarias de la libertad de expresión;
26. Se reafirma en que el anonimato y el encriptado son instrumentos esenciales para el ejercicio de los derechos y las libertades democráticos, para el fomento de la confianza en las infraestructuras digitales y las comunicaciones, y para la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas; reconoce que el encriptado y el anonimato ofrecen la privacidad y seguridad necesarias para el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en la era digital, y recuerda que el libre acceso a la información implica necesariamente la protección de la información personal que los ciudadanos dejan tras de sí al llevar a cabo actividades en línea; toma nota de que el encriptado y el anonimato también pueden dar lugar a abusos e irregularidades y dificultar la prevención de las actividades delictivas y la realización de investigaciones, tal y como han señalado funcionarios de policía y encargados de la lucha contra el terrorismo; recuerda que las restricciones en materia de encriptado y anonimato deben limitarse estrictamente de conformidad con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que suscriban y apliquen en su totalidad las recomendaciones establecidas en el Informe del relator especial de las Naciones Unidas, de 22 de mayo de 2015, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en el que se aborda el uso del encriptado y el anonimato en las comunicaciones digitales;
27. Anima a que se desarrollen códigos éticos para los periodistas y para quienes participan en la gestión de los medios de comunicación, con el fin de garantizar la total independencia de los periodistas y los medios de comunicación;
28. Subraya que las autoridades policiales y judiciales se enfrentan a muchos obstáculos a la hora de investigar y perseguir delitos en línea, también a causa de las discrepancias entre las legislaciones de los Estados miembros;
29. Observa que en el cambiante ecosistema mediático digital han aparecido nuevos intermediarios con la capacidad de influir en la información y las ideas en línea, así como de controlarlas, adquiriendo la función y la facultad de filtrar; destaca que deben existir suficientes canales, servicios y fuentes en línea independientes y autónomos que puedan facilitar al público una pluralidad de opiniones e ideas democráticas sobre cuestiones de interés general; pide a los Estados miembros que elaboren políticas y medidas nacionales en este sentido o desarrollen las existentes;
30. Reconoce que el nuevo entorno digital ha exacerbado el problema de la propagación de la desinformación, o las denominados noticias falsas; recuerda, no obstante, que no se trata de un fenómeno nuevo ni tampoco se limita al ámbito de internet; hace hincapié en la importancia de garantizar el derecho a una información de calidad mejorando el acceso de los ciudadanos a información fiable y evitando la propagación de desinformación en línea y fuera de línea; recuerda que el uso de la expresión «noticias falsas» no debe tener nunca por objeto socavar la confianza pública en los medios de comunicación o desacreditar o criminalizar a voces críticas; expresa su preocupación ante la posible amenaza que pueden representar este tipo de noticias para la libertad de expresión y de opinión y para la independencia de los medios de comunicación, al tiempo que destaca los efectos negativos que puede tener la difusión de noticias falsas en la calidad del debate político y en la participación bien informada de los ciudadanos en la sociedad democrática; destaca la importancia de garantizar unos mecanismos eficaces de autorregulación basados en los principios de exactitud y transparencia y de prever unas obligaciones e instrumentos adecuados en materia de verificación de fuentes, y de comprobación de los hechos por parte de terceras organizaciones certificadas como independientes e imparciales, con el fin de garantizar la objetividad de la información y su protección;
31. Insta a las empresas de medios sociales y a las plataformas en línea a que desarrollen instrumentos que permitan a los usuarios notificar y determinar posibles noticias falsas con el fin de hacer posible la oportuna corrección de la información y permitir el análisis de los hechos por parte de terceras organizaciones certificadas como independientes e imparciales, encargadas de proporcionar definiciones precisas de noticias falsas y desinformación, a fin de reducir el margen de discreción otorgado a los agentes del sector privado, y a que mantengan su presencia en la red con la etiqueta de noticia falsa, de forma que se genere un debate público y se impida que la misma noticia falsa vuelva a aparecer en otra forma;
32. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de establecer un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre las noticias falsas y la desinformación en línea compuesto de representantes de la sociedad civil, plataformas de medios sociales, organizaciones de medios informativos, periodistas y círculos académicos, con el fin de analizar estas amenazas emergentes y proponer la adopción de medidas operativas a escala europea y nacional;
33. Subraya la responsabilidad de los agentes en línea a la hora de evitar la difusión de información no verificada o falaz con el único fin de aumentar el tráfico en línea mediante el uso, por ejemplo, del denominado ciberanzuelo;
34. Reconoce que el papel y la inversión de los editores de prensa en el periodismo de investigación, profesional e independiente resulta fundamental para luchar contra la proliferación de noticias falsas, y destaca la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los contenidos de prensa editorial pluralistas; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que inviertan recursos financieros suficientes en alfabetización mediática y digital y en el desarrollo de estrategias de comunicación, junto con organizaciones internacionales y de la sociedad civil, con el fin de capacitar a los ciudadanos y usuarios en línea para que reconozcan y sean conscientes de las fuentes de información dudosas y detecten y expongan deliberadamente contenidos falsos y propaganda; a este fin, pide asimismo a los Estados miembros que integren la alfabetización mediática e informativa en los sistemas educativos nacionales; pide a la Comisión que considere las mejores prácticas desde una perspectiva nacional a fin de asegurar la calidad del periodismo y la fiabilidad de la información publicada;
35. Reitera el derecho de cada individuo a decidir el destino de sus datos personales, en particular el derecho exclusivo a controlar el uso y la divulgación de información personal y el derecho al olvido que se define como la posibilidad de obtener la pronta eliminación, de los medios sociales y los sitios web, de aquellos contenidos que pudieran ser perjudiciales para su propia dignidad;
36. Reconoce que internet y, en términos más generales, el desarrollo del entorno digital han ampliado el alcance de varios derechos humanos, tal y como demuestra, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 13 de mayo de 2014, en el asunto C-131/12, Google Spain S.L. y Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González(11); pide, en este sentido, a las instituciones de la Unión que inicien un proceso participativo con vistas a la elaboración de una Carta Europea de los Derechos de Internet, teniendo en cuenta las mejores prácticas desarrolladas en los Estados miembros —en particular la Declaración de Derechos de Internet italiana— como punto de referencia, junto con los instrumentos europeos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos, para la regulación de la esfera digital;
37. Destaca el papel fundamental de los denunciantes de irregularidades a la hora de salvaguardar el interés público y de promover una cultura de responsabilidad e integridad públicas tanto en instituciones públicas como privadas; reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que establezcan y apliquen un marco idóneo, avanzado e integral para la legislación europea común con vistas a proteger a los denunciantes de irregularidades apoyando plenamente las recomendaciones del Consejo de Europa y siguiendo adecuadamente las recientes Resoluciones del Parlamento de 14 de febrero de 2017 y 24 de octubre de 2017; considera necesario garantizar que los mecanismos de denuncia sean accesibles y seguros y que se investiguen de modo profesional las demandas de los denunciantes de irregularidades y los periodistas de investigación;
38. Destaca que la protección legal de los denunciantes de irregularidades cuando divulgan públicamente información reposa principalmente en el derecho del público a recibirla; hace hincapié en que nadie debe perder el beneficio de la protección por el mero hecho de haber podido cometer un error en la apreciación de los hechos o porque la amenaza percibida para el interés general no se haya materializado, siempre que, en el momento de la denuncia, tuviera motivos razonables para creer en su veracidad; recuerda que las personas que proporcionan deliberadamente información errónea o engañosa a las autoridades competentes no deben considerarse denunciantes de irregularidades y, por tanto, no deben beneficiarse de los mecanismos de protección; destaca, además, que debe concederse el derecho a la tutela judicial efectiva a toda aquella persona perjudicada, directa o indirectamente, por la denuncia o divulgación de información malintencionada o engañosa;
39. Anima tanto a la Comisión como a los Estados miembros a que adopten medidas para proteger la confidencialidad de las fuentes de información a fin de evitar cualquier acción discriminatoria o amenaza;
40. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los periodistas dispongan de las herramientas adecuadas y reciban información de la Unión y de las autoridades de las administraciones públicas de los Estados miembros, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos, sin tener que enfrentarse a decisiones arbitrarias en las que se deniegue este derecho de acceso; observa que la información obtenida mediante el derecho de investigación por parte de los periodistas o de los ciudadanos, incluida la información obtenida a través de los denunciantes de irregularidades, es a la vez complementaria y esencial para que los periodistas puedan llevar a cabo su misión de interés público; reitera que el acceso a fuentes y acontecimientos públicos ha de depender de criterios objetivos, no discriminatorios y transparentes;
41. Hace hincapié en que la libertad de prensa requiere la independencia del poder político y económico, lo que implica un trato equitativo con independencia de su orientación editorial; reitera la importancia de preservar un periodismo que se beneficie de mecanismos que eviten la concentración en grupos únicos, monopolísticos o cuasi monopolísticos, velando por la libre competencia y la diversidad editorial; pide a los Estados miembros que adopten y apliquen un reglamento sobre la propiedad de los medios de comunicación con el fin de evitar la concentración horizontal de la propiedad en el sector de los medios de comunicación y la propiedad indirecta y cruzada, y garantizar la transparencia, la divulgación y la fácil accesibilidad de los ciudadanos a la información sobre la propiedad, las fuentes de financiación y la gestión; destaca la importancia de aplicar restricciones adecuadas a la propiedad de medios de comunicación por parte de personas que ostenten un cargo público y de asegurar una supervisión independiente y unos mecanismos de cumplimiento eficaces para evitar los conflictos de intereses y las puertas giratorias; considera fundamental disponer de autoridades independientes e imparciales a fin de garantizar una supervisión eficaz del sector de los medios audiovisuales;
42. Insta a los Estados miembros a que desarrollen sus propias capacidades estratégicas y participen con las comunidades locales de la Unión y de la vecindad de la Unión en el fomento de un entorno de medios de comunicación pluralistas y a comuniquen las políticas de la Unión de forma coherente y eficaz;
43. Invita a los Estados miembros a que apoyen y respalden plenamente la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, adoptada el 7 de marzo de 2018;
44. Recuerda el importante papel que desempeñan los entes públicos de radiodifusión a la hora de preservar el pluralismo de los medios de comunicación, tal y como pone de relieve el Protocolo n.º 29 de los Tratados; pide a los Estados miembros que les faciliten los medios financieros y técnicos adecuados para desempeñar su función social y servir al interés público; pide, en este sentido, a los Estados miembros que garanticen su independencia editorial, protegiéndoles, mediante marcos normativos claramente definidos, de cualquier injerencia e influencia gubernamental, política y comercial, a la vez que aseguran una autonomía plena de gestión e independencia de todos los organismos y entidades públicos con competencias en los ámbitos de la radiodifusión y las telecomunicaciones;
45. Insta a los Estados miembros a que armonicen sus políticas de concesión de licencias para empresas nacionales de radiodifusión con el principio del respeto del pluralismo de los medios de comunicación; destaca que las tasas aplicadas y la rigurosidad de las obligaciones relacionadas con la emisión de licencias deben someterse a un control y no deben poner en peligro la libertad de los medios de comunicación;
46. Pide a la Comisión que compruebe si los Estados miembros asignan licencias de emisión conforme a criterios objetivos, transparentes, proporcionales y no discriminatorios;
47. Sugiere que, a fin de proteger de forma eficiente la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, se prohíba en la contratación pública la participación de empresas cuyo propietario en último término también sea propietario de una empresa de medios de comunicación, o que, como mínimo, sea totalmente transparente; propone que se exija a los Estados miembros informar periódicamente sobre toda la financiación pública de las empresas de medios de comunicación y que se controle con regularidad toda la financiación pública puesta a disposición de los propietarios de medios de comunicación; hace hincapié en que los propietarios de medios de comunicación no deben haber sido condenados o declarados culpables de ninguna infracción penal;
48. Subraya que toda financiación pública de organizaciones de medios de comunicación debe concederse sobre la base de criterios no discriminatorios, objetivos y transparentes, que han de darse a conocer de antemano a todos los medios;
49. Recuerda que los Estados miembros deben encontrar modos de apoyar a los medios de comunicación, garantizando, por ejemplo, la neutralidad del IVA, tal y como se recomendaba en su Resolución, de 13 de octubre de 2011, sobre el futuro del IVA(12), y respaldando iniciativas relacionadas con los medios de comunicación;
50. Pide a la Comisión que destine financiación permanente y adecuada del presupuesto de la Unión para prestar apoyo al Observatorio de la Pluralidad Mediática del Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación y que cree un mecanismo anual de evaluación de los riesgos para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros; hace hincapié en que debe aplicarse el mismo mecanismo para medir el pluralismo de los medios de comunicación en los países candidatos y en que los resultados del Observatorio de la Pluralidad Mediática deben incidir de manera real en el progreso del proceso de negociación;
51. Pide a la Comisión que vigile y recabe información y estadísticas sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en todos los Estados miembros y que analice en profundidad los casos de infracción de los derechos fundamentales de los periodistas al tiempo que respeta el principio de subsidiariedad;
52. Subraya la necesidad de intensificar el intercambio de mejores prácticas entre las autoridades reguladoras del sector audiovisual de los Estados miembros;
53. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones recogidas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(13); pide, en este sentido, a la Comisión que incluya los resultados y las recomendaciones del Observatorio de la Pluralidad Mediática sobre los riesgos para el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en la Unión al elaborar su informe anual sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;
54. Anima a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para fortalecer la alfabetización mediática y promover iniciativas de formación y educación para todos los ciudadanos, mediante la educación formal, no formal e informal y desde una perspectiva de aprendizaje permanente, prestando también especial atención a la formación y al apoyo iniciales y continuados de los docentes e impulsando el diálogo y la cooperación entre el sector educativo y de la formación y todas las partes interesadas, incluidos los profesionales de los medios de comunicación, la sociedad civil y las organizaciones juveniles; reafirma la necesidad de respaldar las herramientas innovadoras y adaptadas por edades para promover la capacitación y la seguridad en línea como elementos obligatorios de los planes de estudios en las escuelas, así como de reducir la brecha digital mediante proyectos específicos de alfabetización mediática e inversiones adecuadas en infraestructuras, con objeto de garantizar el acceso universal a la información;
55. Hace hincapié en que el desarrollo de un sentido de valoración y análisis crítico con respecto al uso y la creación de los contenidos de los medios de comunicación es fundamental para que los ciudadanos entiendan mejor los temas de actualidad y participen en la vida pública, así como para que conozcan tanto el potencial transformador como las amenazas que conlleva un entorno mediático cada vez más complejo e interconectado; insiste en que la alfabetización mediática es una competencia crucial en democracia que capacita a los ciudadanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren medidas específicas para promover y respaldar proyectos de alfabetización mediática, como el proyecto piloto «Alfabetización mediática para todos», y que desarrollen una política global en materia de alfabetización mediática destinada a los ciudadanos de todas las edades y todos los tipos de medios de comunicación, como parte integrante de la política de educación de la Unión, que esté respaldada como corresponde por los instrumentos de financiación pertinentes de la Unión, como los Fondos EIE y Horizonte 2020;
56. Constata con preocupación que, tal como destacaba el Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación de 2016, está en peligro el acceso de las minorías, las comunidades locales y regionales, las mujeres y las personas con discapacidad a los medios de comunicación; destaca que unos medios de comunicación inclusivos son esenciales en un entorno mediático abierto, libre y plural, y que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a información independiente en su lengua materna, ya se trate de una lengua estatal o de una lengua minoritaria; subraya la importancia de proporcionar a los periodistas europeos, en especial a aquellos que trabajan en lenguas menos utilizadas y minoritarias, oportunidades adecuadas de formación y reciclaje profesional; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que estimulen y respalden la investigación, los proyectos y las políticas que pretenden mejorar el acceso a los medios de comunicación, así como las iniciativas pertinentes orientadas a grupos minoritarios vulnerables (como el proyecto piloto «Posibilidades de prácticas para los medios de comunicación en lenguas minoritarias»), y que garanticen oportunidades de participación y expresión para todos los ciudadanos;
57. Anima al sector de los medios de comunicación a que proteja la igualdad de género en la política y en la práctica de los medios de comunicación, mediante mecanismos de corregulación, códigos internos de conducta y otras acciones voluntarias;
58. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a comprometerse en campañas sociales, programas educativos, y más actividades de formación y sensibilización específicas (también para los responsables de la industria) encaminados a promover valores y prácticas igualitarios mediante financiación y promoción a escala nacional y europea, con el fin de abordar eficazmente la desigualdad de género en el sector de los medios de comunicación;
59. Recomienda que la Comisión desarrolle una estrategia para el sector de los medios de comunicación europeos basada en la innovación y la sostenibilidad; considera que esa estrategia debe reforzar la cooperación transfronteriza y las coproducciones entre agentes de los medios de la Unión, con el fin de poner de relieve su diversidad y promover el diálogo intercultural, reforzar la cooperación con las redacciones y los servicios audiovisuales de todas las instituciones europeas, en particular los del Parlamento, y favorecer la cobertura y la visibilidad de los asuntos de la Unión en los medios de comunicación;
60. Hace hincapié en la importancia de seguir desarrollando modelos para la creación de una plataforma de radiodifusión pública europea que promueva debates políticos a escala de la Unión basados en los hechos, la disensión y el respeto, contribuya a la pluralidad de puntos de vista en el nuevo entorno de convergencia de los medios y promueva la visibilidad de la Unión en sus relaciones exteriores;
61. Pide que la Comisión y los Estados miembros protejan la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión en las artes contemporáneas, promoviendo la creación de obras de arte que den voz a las preocupaciones sociales, alienten el debate crítico e inspiren una contranarrativa;
62. Destaca la necesidad de suprimir el geobloqueo en los contenidos de los medios de comunicación a fin de permitir a los ciudadanos de la Unión acceder en línea, a petición y reproducir escenas en directo de las cadenas de televisión de otros Estados miembros;
63. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al secretario general del Consejo de Europa.
DO C 55 de 12.2.2016, p. 33.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0095.
DO C 32 de 4.2.2014, p. 6.
ECLI:EU:C: 2014:317.
DO C 94 E de 3.4.2013, p. 5.
Con la adopción del Tratado de Lisboa, la Unión Europea se autodefine como una comunidad de valores en que los derechos humanos constituyen la piedra angular. La libertad de expresión y de información está reconocida a nivel internacional como uno de los elementos fundamentales de la arquitectura de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Ha sido consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros instrumentos. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la labor llevada a cabo por diversas organizaciones internacionales (Naciones Unidas, OSCE, Consejo de Europa), ha desarrollado y aclarado su ámbito de aplicación. El artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha ampliado formalmente su alcance al incluir la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en su ámbito de protección. En conjunto, todos estos instrumentos consolidan la responsabilidad concreta de los Estados miembros y de la propia Unión de proteger plenamente este derecho humano fundamental y, al mismo tiempo, de poner en práctica medidas positivas para promover de forma proactiva su avance.
Además de su condición intrínseca como derecho humano, la libertad de expresión y unos medios de comunicación pluralistas e independientes desempeñan también una función social fundamental, al actuar como supervisores de la vida pública, proteger a los ciudadanos frente a los abusos de los Estados miembros y de los intereses privados, y capacitarlos para que participen activamente en la vida democrática.
Las condiciones para una libertad, pluralismo e independencia efectivas de los medios de comunicación frente a las presiones políticas y los intereses económicos se han agravado a partir de la aprobación de la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, sobre la Carta de la UE: normas para la libertad de los medios de comunicación en la Unión, tal como revelan los resultados de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 publicada por Reporteros sin Fronteras(1) y las conclusiones del informe de 2017 del Instituto Universitario Europeo(2).
Las amenazas a la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación son múltiples y abarcan una amplia gama de medidas aplicados tanto por instancias estatales como privadas.
Violencia, amenazas y presiones contra los periodistas
Incluso en los Estados miembros de la Unión, los periodistas siguen siendo objeto de atentados mortales. El asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia es solo el episodio más reciente en este sentido. No obstante, las presiones contra periodistas adoptan diferentes formas y múltiples facetas. Como destaca la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, estas incluyen las amenazas de violencia, los incidentes en el marco de reuniones públicas, las presuntas injerencias por parte de actores políticos, las presiones para revelar fuentes confidenciales y contenidos, las interferencias por parte de servicios de inteligencia y seguridad, y las presiones económicas y financieras(3). Estos factores, junto con las injerencias políticas, así como un elevado grado de concentración en el sector de los medios de comunicación, están también expandiendo el fenómeno de la autocensura, como queda patente en el estudio del Consejo de Europa titulado Journalists under pressure - Unwarranted interference, fear and self-censorship in Europe(4). El empeoramiento de las condiciones laborales y económicas en el sector de los medios de comunicación a raíz de la crisis económica, así como la aparición de nuevos actores internacionales como por ejemplo los gigantes de la alta tecnología o las plataformas para redes sociales capaces de dominar el mercado de la publicidad en línea, y los recortes presupuestarios introducidos en algunos Estados miembros contra los organismos de radiotelevisión pública, están agravando la precariedad al tiempo que potencian la autocensura.
Las tecnologías digitales ofrecen, sin duda, nuevos instrumentos transformadores de la democracia participativa, ampliando ésta de manera revolucionaria y permitiendo a los ciudadanos pasar de usuarios de información a generadores de información. El riesgo de desinformación implícito en la propagación viral de contenidos en internet, en las dificultades de cotejarlos y corregirlos a tiempo, así como en el poder de censura susceptible de ser ejercido por las plataformas de las redes sociales y los gigantes tecnológicos, representa la otra cara de la moneda. Sin embargo, desde la perspectiva del Derecho internacional, la cuestión de las «noticias falsas» debe abordarse con suma cautela, teniendo presente que los medios tradicionales han sido —y son— igualmente propensos a difundir noticias falsas, y que la prohibición de estas se ha utilizado a menudo como instrumento para controlar los medios de comunicación y restringir la libertad editorial. Somos conscientes de que la información puede provocar graves daños (perjudicando la reputación de las personas o violando su intimidad), pero imponer restricciones sobre fake news no es la solución. «Verdad» y «objetividad» absolutas son conceptos ambiguos y peligrosos. La exigencia de que se publiquen únicamente informaciones veraces absolutas no solo es poco realista sino que también atenta a la libertad. Debemos además tener en cuenta que la era digital hace que la comprobación de los hechos sea más fácil de lo que nunca fue en los medios tradicionales: la manipulación de los contenidos digitales puede investigarse, si se quiere, e internet cuenta con los instrumentos y ofrece la infraestructura necesaria para verificar las fuentes y los hechos. Permitir a funcionarios públicos que decidan lo que es y no verdad es tanto como aceptar que el poder tiene derecho a silenciar las voces críticas. Y en cuanto a la «incitación al odio» o al «terrorismo», el concepto de «noticias falsas» es demasiado vago para impedir las interpretaciones subjetivas y arbitrarias. Tampoco sería tranquilizador que, en lugar de las autoridades públicas, fueran entidades privadas como Facebook quienes realizaran este tipo de evaluaciones.
Medidas nacionales y el dilema de Copenhague
La seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo se están convirtiendo en un hilo conductor común para los Estados miembros, lo que ha llevado a la adopción de actos legislativos y otras medidas que sin duda tendrán un fuerte impacto sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal como han demostrado el caso Snowden y la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia. Diversas leyes nacionales recientemente promulgadas en varios Estados miembros, que refuerzan los poderes de supervisión conferidos a las fuerzas de seguridad y policiales y a los servicios secretos, el seguimiento de las comunicaciones y la conservación de los datos personales, podrían socavar la esencia misma del derecho a la libertad de expresión y de otros derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y a la protección de datos, si no se ofrecen las debidas garantías y vías de recurso legales.
Medidas similares para limitar el ejercicio de la libertad de expresión y de información o las funciones básicas de unos medios de comunicación libres e independientes, como por ejemplo la propia existencia de legislación penales sobre difamación, tienen el mismo potencial de corromper el debate democrático.
Los países candidatos deben demostrar que respetan, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del TUE, los valores de la Unión recogidos en el artículo 2 del TUE: se trata de una obligación consagrada en los criterios de Copenhague. No obstante, no existe ningún auténtico instrumento de la Unión que garantice la observancia efectiva de los derechos humanos y del Estado de Derecho por parte de los Estados miembros, con excepción de la denominada «opción nuclear» prevista en el artículo 7 del TUE. Las interferencias políticas constatadas en las últimas décadas en, entre otros, Italia, Polonia, España y Hungría demuestran la necesidad de disponer de un adecuado mecanismo institucional europeo de supervisión y recurso.
La denuncia de irregularidades ha sido ampliamente reconocida como un aspecto fundamental de la libertad de expresión y un instrumento esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones democráticas. La necesidad de una protección eficaz de los denunciantes ha sido reiteradamente invocada por diversas organizaciones e instancias internacionales, como el Consejo de Europa o el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como por el propio Parlamento Europeo. No obstante, todavía debe adoptarse un marco común de la Unión, y diversos Estados miembros carecen de un sistema adecuado a este respecto.
Reporteros sin Fronteras (RSF), Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2017, El periodismo, debilitado por la erosión democrática, https://rsf.org/es/el-periodismo-debilitado-por-la-erosion-democratica
Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (CMPF), Instituto Universitario Europeo, Monitoring Media Pluralism in Europe: Application of the Media Pluralism Monitor 2016 in the European Union, Montenegro and Turkey”, http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/
Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA), Violence, threats and pressures against journalists and other media actors in the EU, contribución al segundo coloquio anual sobre derechos fundamentales — noviembre de 2016, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/violence-threats-and-pressures-against-journalists-and-other-media-actors-european
Marilyn Clark y Anna Grech, Journalists under pressure - Unwarranted interference, fear and self-censorship in Europe, Consejo de Europa, 2017
expresada, de conformidad con el artículo 52 bis, apartado 4, de su Reglamento interno,
El informe aprobado aborda el tema de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, fundamental para la democracia, aunque deja de lado aspectos esenciales al respecto mencionados en comisión y en las negociaciones. Estos tienen que ver, en particular, con las nuevas formas de restringir la libertad de expresión, una de las cuales es la introducción de penas de prisión en Francia por ejercer presión moral.
En el informe se hace hincapié en la responsabilidad del Estado de garantizar las condiciones de pluralismo, sin abordar la necesidad de restablecer las condiciones reales para el pluralismo en las sociedades que han vivido una tiranía totalitaria. En los países con regímenes comunistas colaboracionistas, los grupos sociales considerados hostiles por las autoridades fueron sometidos a prácticas particularmente discriminatorias durante varias generaciones y sus opiniones y valores fueron denigrados metódicamente por la propaganda oficial. Es una responsabilidad clara de cualquier Gobierno democrático garantizar que estos grupos puedan participar plenamente en la vida pública, algo que debe apoyar la Unión Europea.
Además, el informe contiene una referencia no autorizada al Convenio de Estambul, que no ha sido ratificado por un Estado miembro, y en él se pide la creación de un mecanismo sobre democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales de la Unión, una idea también rechazada por numerosos países. Es evidente que un informe que aborda el tema del pluralismo no debería utilizarse para impulsar ideas unilaterales de este tipo a las que se oponen numerosos ciudadanos de nuestros países.
OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación (5.3.2018)
sobre el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea
Ponente de opinión (*): Curzio Maltese
1. Recuerda que la libertad de expresión y de información, consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 11), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es esencial para lograr una sociedad plural, tal como establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea; subraya que el acceso a una información de calidad, libre e independiente es un derecho humano fundamental, que la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación son pilares esenciales de la democracia, y que, por consiguiente, debe garantizarse la independencia de los medios de comunicación frente a presiones políticas y económicas y cualquier tipo de influencia indebida con el fin de evitar que se produzcan casos de acoso o intimidación que puedan influir en el contenido editorial;
2. Destaca que, para que los ciudadanos puedan participar activa y eficazmente en la vida pública y tomar parte en los debates políticos, es necesario que dispongan de información completa y adecuada;
3. Considera que es necesario buscar abiertamente y con seriedad los motivos de la creciente desconfianza del público respecto de los medios comunicación; recuerda que la formación de la opinión pública se basa en una relación de confianza entre los ciudadanos y los profesionales de los medios de comunicación destinada a informar al público y a promover una cultura de rendición de cuentas pública y de transparencia en aras del interés general; observa con gran preocupación que el sistema de financiación de la prensa se enfrenta a numerosos desafíos, incluida la elevada concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que conlleva la aparición de unos operadores dominantes que utilizan la información con objetivos de propaganda política y comercial, poniendo así en peligro el pluralismo de los medios de comunicación, mermando drásticamente la calidad, la diversidad, la fiabilidad y la integridad de la información, y dando lugar a fenómenos como las noticias falsas («fake news»); celebra, por tanto, la propuesta de la Comisión de otorgar a los editores de prensa el derecho a autorizar la reproducción y la accesibilidad de sus publicaciones de prensa en línea, con el fin de promover una relación equilibrada con los operadores en línea y una distribución equitativa de los ingresos que generan las publicaciones de prensa en línea;
4. Toma nota de los nuevos desafíos a los que se enfrentan, en el contexto de un entorno mediático en rápida evolución, los medios de comunicación tanto tradicionales como nuevos debido al auge de las tecnologías y la digitalización, como el fenómeno de la «burbuja de filtros», vinculado al uso generalizado de algoritmos, y de la necesidad de respetar el derecho fundamental a la intimidad; destaca, en particular, que el fenómeno de las noticias falsas constituye una tendencia creciente y preocupante por la que se difunden historias falsas y desinformación deliberada, lo que puede avivar las tensiones sociales y representar una grave amenaza para las democracias; señala que los periodistas y las organizaciones de medios de comunicación tienen una responsabilidad singular a la hora de formar las opiniones y el discurso público y que deben comprometerse a obtener información basada en pruebas; aboga, por tanto, por la independencia y la transparencia de los medios de comunicación, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen una estrategia coherente y exhaustiva destinada, por una parte, a promover un periodismo de gran calidad gracias al refuerzo del apoyo financiero y jurídico a los medios de comunicación y al periodismo de investigación de gestión independiente, absteniéndose al mismo tiempo de participar en las decisiones editoriales, y, por otra parte, a apoyar la alfabetización mediática de todos los ciudadanos de la Unión;
5. Destaca que los medios de comunicación de servicio público desempeñan un papel irreemplazable para el pluralismo de los medios y tienen la importante responsabilidad de reflejar adecuadamente la diversidad cultural, lingüística, social y política y de garantizar que se informa debidamente al público; recomienda que los Estados miembros faciliten una financiación adecuada, proporcionada y estable a los medios de comunicación de servicio público, asegurando así que puedan cumplir su misión cultural, social y educativa y contribuir a una sociedad inclusiva, al tiempo que se garantiza su independencia frente a injerencias políticas o la censura y se evita su utilización como vehículo de propaganda y adoctrinamiento;
6. Recuerda que los Estados miembros deben encontrar modos de apoyar a los medios de comunicación, garantizando, por ejemplo, la neutralidad del IVA, tal y como se recomendaba en su Resolución, de 13 de octubre de 2011, sobre el futuro del IVA(1), y respaldando iniciativas relacionadas con los medios de comunicación;
7. Destaca que el uso de los medios de comunicación digitales ha acarreado nuevos retos y oportunidades para la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y que el pluralismo de los medios de comunicación, también en el ámbito digital, está gravemente amenazado por la concentración excesiva de la propiedad, la preocupante complicidad, en ocasiones, entre los intereses del sector y la política, y el incumplimiento de las normas fiscales y de competencia por parte de las grandes empresas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que subsanen la deficiente regulación con objeto de establecer una claridad y una coherencia jurídicas que garanticen una verdadera diversidad, la accesibilidad de los contenidos de los medios de comunicación y la libertad de los medios de comunicación, y que eviten la aparición de posiciones dominantes de los gigantes de internet a través de una política de competencia modernizada de la Unión que garantice una competencia leal en el sector de los medios de comunicación europeos, en el contexto de la convergencia digital y del creciente papel de intermediarios que desempeñan las plataformas en línea, y mediante un marco normativo que obligue a autorizar el uso comercial de los artículos de prensa protegidos por derechos de autor, asegurando así la remuneración justa de los editores de prensa y, en última instancia, de los periodistas; destaca, a este respecto, que las estructuras de propiedad de los medios de comunicación deben ser transparentes y que las autoridades nacionales de reglamentación deben supervisar este aspecto en particular;
8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un sistema de autorregulación estatutaria en toda la Unión para garantizar que los agentes de los medios de comunicación elaboran, negocian e implantan sus propias normas éticas para la información digital sin participación política directa;
9. Observa que mucha de la información que producen los medios de comunicación tradicionales está disponible hoy en día en plataformas tanto digitales como tradicionales, y que estas, por tanto, siguen estando sujetas a la normativa nacional en materia de medios de comunicación; recuerda que esto no ocurre con las plataformas de medios que solo existen en línea, lo que provoca una competencia desleal entre esas plataformas y los medios de comunicación tradicionales; observa que los servicios similares con características similares deben estar sujetos a normativas similares; pide que se armonicen las normas y la regulación de los medios de comunicación con el fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas;
10. Destaca que la libertad de expresión y de información en Europa se ve amenazada por el aumento de actos de intimidación y agresiones contra periodistas, como se ha demostrado con el reciente asesinato de Daphne Caruana Galizia; reitera que los Estados miembros deben salvaguardar el derecho fundamental de la libertad de expresión de los periodistas, que les permite comunicar información, garantizando la protección y la facilitación de su labor, así como el derecho fundamental del público a recibir esa misma información; hace hincapié en la situación particular de los periodistas de investigación, así como en la importancia que reviste la protección de las fuentes; pide a los Estados miembros que garanticen que sus marcos jurídicos y sus prácticas de cumplimiento de la ley garantizan protección, asistencia y apoyo adecuados a los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, prestando al mismo tiempo especial atención a los peligros específicos derivados de la identidad de género, sexual y étnica;
11. Subraya que la denuncia de irregularidades es un elemento esencial del periodismo de investigación y de la libertad de prensa; observa que los periodistas pueden ser objeto de acciones penales en lugar de protección legal en aquellos casos en que, en aras del interés público, revelan información o denuncian presuntas conductas indebidas, irregularidades, fraudes o actividades ilegales; recuerda su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos(2); insta a la Comisión a que presente cuanto antes una propuesta legislativa que garantice un nivel elevado de protección para los denunciantes de irregularidades en la Unión;
12. Toma nota del éxito de la creación del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (ECPMF) en el contexto de un proyecto piloto de la Unión, y destaca la labor bien conocida del ECPMF en la lucha contra los ataques a la libertad de prensa y de los medios de comunicación mediante el registro sistemático de las violaciones de la libertad de los medios en Europa y el apoyo directo a los periodistas y a los defensores de la libertad de los medios que están amenazados y corren peligro de convertirse en víctimas de la violencia; pide a la Comisión que desarrolle las herramientas necesarias y proporcione la financiación requerida para que el ECPMF se convierta en una estructura permanente de la Unión;
13. Subraya la necesidad de hacer frente al aumento de la incitación al odio, los insultos y las amenazas en los espacios digitales, como puso de relieve la encuesta del Eurobarómetro de 2016 sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la democracia, con objeto de salvaguardar la libertad de expresión y la diversidad de opiniones en los medios digitales; pide a la Comisión que continúe evaluando los insultos en línea y sus efectos y que tome las medidas adecuadas para impedir y contrarrestar eficazmente este fenómeno;
14. Subraya que los profesionales de los medios de comunicación, especialmente los más jóvenes, trabajan con demasiadas frecuencia en condiciones precarias por lo que respecta a sus contratos laborales, sueldos y garantías sociales y jurídicas, lo que compromete su capacidad para trabajar de manera adecuada y, por ende, afecta a la disponibilidad de noticias e información imparciales e independientes, socavando en última instancia la libertad de los medios de comunicación; pide a los Estados miembros y a las organizaciones de medios de comunicación que garanticen que los periodistas puedan realizar su trabajo con arreglo a las normas más estrictas, garantizando a todos los profesionales de los medios de comunicación unas condiciones de trabajo justas y equitativas, y que fomenten la calidad y la formación permanente tanto para los trabajadores contratados como para los autónomos; alienta al sector de los medios de comunicación a que promueva la igualdad de género en la política y las prácticas de los medios, por ejemplo mediante mecanismos de corregulación y códigos de conducta internos;
15. Anima a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para fortalecer la alfabetización mediática y promover iniciativas de formación y educación para todos los ciudadanos, mediante la educación formal, no formal e informal y desde una perspectiva de aprendizaje permanente, prestando también especial atención a la formación y al apoyo iniciales y continuados de los docentes e impulsando el diálogo y la cooperación entre el sector educativo y de la formación y todas las partes interesadas, incluidos los profesionales de los medios de comunicación, la sociedad civil y las organizaciones juveniles; reafirma la necesidad de respaldar las herramientas innovadoras y adaptadas por edades para promover la capacitación y la seguridad en línea como elementos obligatorios de los planes de estudios en las escuelas, así como de reducir la brecha digital mediante proyectos específicos de alfabetización mediática e inversiones adecuadas en infraestructuras, con objeto de garantizar el acceso universal a la información;
16. Hace hincapié en que el desarrollo de un sentido de valoración y análisis críticos con respecto al uso y la creación de los contenidos de los medios de comunicación es fundamental para que los ciudadanos entiendan mejor los temas de actualidad y participen en la vida pública, así como para que conozcan tanto el potencial transformador como las amenazas que conlleva un entorno mediático cada vez más complejo e interconectado; insiste en que la alfabetización mediática es una competencia crucial en democracia que capacita a los ciudadanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren medidas específicas para promover y respaldar proyectos de alfabetización mediática, como el proyecto piloto «Alfabetización mediática para todos», y que desarrollen una política global en materia de alfabetización mediática destinada a los ciudadanos de todas las edades y todos los tipos de medios de comunicación, como parte integrante de la política de educación de la Unión, que esté respaldada como corresponde por los instrumentos de financiación pertinentes de la Unión, como los Fondos EIE y Horizonte 2020;
17. Constata con preocupación que, tal como destacaba el Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación de 2016, corre peligro el acceso a los medios de comunicación por parte de las minorías, las comunidades locales y regionales, las mujeres y las personas con discapacidad; destaca que unos medios de comunicación inclusivos son esenciales en un entorno mediático abierto, libre y plural, y que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a información independiente en su lengua materna, ya se trate de una lengua estatal o de una lengua minoritaria; subraya la importancia de proporcionar a los periodistas europeos, en especial a aquellos que trabajan en lenguas menos utilizadas y minoritarias, oportunidades adecuadas de formación y reciclaje profesional; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que estimulen y respalden la investigación, los proyectos y las políticas que pretenden mejorar el acceso a los medios de comunicación, así como las iniciativas pertinentes orientadas a grupos minoritarios vulnerables (como el proyecto piloto «Posibilidades de prácticas para los medios de comunicación en lenguas minoritarias»), y que garanticen oportunidades de participación y expresión para todos los ciudadanos;
18. Recomienda que la Comisión desarrolle una estrategia para el sector de los medios de comunicación europeos basada en la innovación y la sostenibilidad; considera que esa estrategia debe reforzar la cooperación transfronteriza y las coproducciones entre agentes de los medios de la Unión, con el fin de poner de relieve su diversidad y promover el diálogo intercultural, reforzar la cooperación con las redacciones y los servicios audiovisuales de todas las instituciones europeas, en particular los del Parlamento, y favorecer la cobertura y la visibilidad de los asuntos de la Unión en los medios de comunicación;
19. Recuerda el compromiso de la Unión de salvaguardar y promover la libertad de expresión y de información en toda la Unión y en el extranjero; hace hincapié en que los principios de libertad de los medios de comunicación, libertad de expresión y pluralismo de los medios son tan pertinentes para los países en fase de preadhesión y para los países de la política europea de vecindad como para los Estados miembros; pide a la Comisión que garantice un seguimiento adecuado de estos principios y la aplicación de los programas de asistencia en los países candidatos, vecinos y terceros;
20. Insiste en que el hecho de ofrecer una cobertura más plural de las noticias de la Unión, respetar la diversidad cultural de cada uno de los Estados miembros y utilizar el máximo potencial de instrumentos como la comunicación, los medios de comunicación, los medios sociales y las plataformas interactivas permitirá acercar y conectar mejor a los ciudadanos de la Unión con los asuntos europeos ayudando a los individuos a formar y compartir opiniones, tomar decisiones con conocimiento de causa y contribuir, a través de la participación crítica, a la reforma y al desarrollo positivos de la Unión;
21. Reafirma la necesidad de supervisar de manera independiente la situación de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión, y pide a la Comisión, por consiguiente, que siga apoyando el instrumento que representa el Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación y continúe impulsando su desarrollo para lograr una evaluación exhaustiva y precisa de los riesgos que se ciernen sobre el pluralismo de los medios en la Unión; anima a la Comisión, a los Estados miembros y a todas las partes interesadas a que aborden con prontitud los riesgos mencionados mediante la adopción de las medidas adecuadas;
22. Hace hincapié en la importancia de seguir desarrollando modelos para la creación de una plataforma de radiodifusión pública europea que promueva debates políticos a escala de la Unión basados en los hechos, la disensión y el respeto, contribuya a la pluralidad de puntos de vista en el nuevo entorno de convergencia de los medios, y promueva la visibilidad de la Unión en sus relaciones exteriores;
23. Pide que la Comisión y los Estados miembros protejan la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión en las artes contemporáneas, promoviendo la creación de obras de arte que den voz a las preocupaciones sociales, alienten el debate crítico e inspiren una contranarrativa.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (1.3.2018)
1. Hace hincapié en que el pluralismo de los medios de comunicación abarca muchos aspectos, entre ellos, las normas de control de las operaciones de concentración, los requisitos de contenidos en los sistemas de licencias de radiodifusión, la transparencia y la concentración limitada de la propiedad de los medios de comunicación, el establecimiento de libertades editoriales, la independencia y posición de los organismos de radiodifusión pública, la situación profesional de los periodistas, la relación entre los medios de comunicación y los actores políticos y económicos, el acceso de la mujer y las minorías a los contenidos de los medios, la diversidad de opiniones, etc.;
2. Recuerda que la libertad de expresión y de información es un derecho fundamental recogido en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 10 de la Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y es uno de los valores más fundamentales para la salvaguardia de la democracia y el refuerzo de la identidad europea; destaca que la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación se basan en el derecho fundamental de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia, y precisan del respaldo activo del sector político; señala que la libertad de expresión también podría proteger el derecho de la sociedad en conjunto a recibir información sobre todos los asuntos que le sean de interés; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas para salvaguardar y promover unos medios de comunicación plurales, independientes y libres, a fin de garantizar la libertad de expresión y la democracia;
3. Pide a la Comisión que controle y recabe información y estadísticas sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en todos los Estados miembros y que estudie los casos de vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión y de los derechos fundamentales de los periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación dentro del respeto del principio de subsidiariedad; pide que la Comisión proponga medidas para abordar los resultados de estas evaluaciones;
4. Destaca que, en una sociedad plural y democrática, los ciudadanos han de estar informados de forma adecuada y plena para que puedan participar activa y eficazmente en la vida pública e intervenir en los debates políticos; pide a la Comisión y los Estados miembros que promuevan un debate político saludable y un compromiso político duradero en torno al respeto de los derechos humanos fundamentales mediante la alfabetización mediática y el pluralismo y la ética de los medios de comunicación; observa con preocupación que las limitaciones a la libertad y el pluralismo de los medios dan lugar a déficit democrático y que el déficit democrático en un Estado miembro puede afectar al conjunto de la Unión Europea, especialmente si la independencia de medios de comunicación públicos es comprometida por una mayoría gubernamental; señala que esa influencia puede contrarrestarse con medios de comunicación de servicio público adecuadamente equipados, financiados e independientes, capaces de resistir la interferencia gubernamental y de exponer una diversidad de posiciones políticas; alienta la adopción de disposiciones jurídicas sensatas y buenas prácticas administrativas en el ámbito de los medios de comunicación de servicio público, también en lo que se refiere a las ayudas estatales y a toda financiación pública, con el fin de reforzar su independencia y su capacidad para cumplir su misión en aras del interés público general;
5. Observa con pesar que no se ha prestado suficiente atención a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación ni a escala de Estado miembro ni de la Unión; destaca que las normas de competencia de la Unión desempeñan un papel importante de cara a evitar la creación o el abuso de posiciones dominantes y, en este sentido, invita a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por una aplicación correcta y eficaz de estas normas; pide a los Estados miembros, mediante sus autoridades nacionales de reglamentación, que vigilen la concentración de los medios de comunicación y proporcionen información de fácil acceso y plenamente transparente acerca de la propiedad de los medios, incluidos los beneficiarios efectivos, y de las influencias económicas sobre el conjunto de los medios y su respaldo financiero, también de los medios en línea; recomienda que esta información se ponga a disposición del público en todos los Estados miembros, con el fin de detectar posibles fuentes de control e influencia sobre los medios de comunicación, reforzar su rendición de cuentas, garantizar la independencia periodística y editorial, y salvaguardar el papel de los medios de comunicación como supervisores de la vida pública;
6. Manifiesta su gran preocupación por las medidas legislativas y administrativas adoptadas en algunos Estados miembros con el fin de refrenar y controlar los medios de comunicación, directa o indirectamente, en particular en el sector de los medios de comunicación públicos, o de no apoyar el pluralismo de los mismos; hace hincapié en que son los Estados miembros quienes tienen la obligación positiva de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación y un marco que permita a los ciudadanos participar en el debate público y expresar sus ideas y opiniones sin ningún tipo de temor; subraya que el principio básico de la independencia editorial respecto de los gobiernos o de intereses políticos o comerciales debe ser protegido y garantizado, pero también su independencia con respecto a intereses privados que puedan suponer una amenaza para el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación; resalta que la cobertura de las campañas electorales y otros acontecimientos relevantes, especialmente cuando influyen de forma considerable en la vida y la opinión públicas, debe ser justa, equilibrada e imparcial; insta a los Estados miembros a respetar las recomendaciones y resoluciones del Consejo de Europa relativas a la independencia de los medios de comunicación públicos y recuerda las normas europeas establecidas en los Tratados a este respecto; subraya que la supervisión de los medios de comunicación de servicio público debe ser ejercida por organismos independientes y no directamente por instituciones políticas, como por ejemplo los gobiernos; hace hincapié, además, en que ha de garantizarse la independencia editorial de los medios de comunicación de servicio público financiados por el Estado;
7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten y desarrollen nuevos modelos económicos socialmente sostenibles con el objetivo de financiar y apoyar el periodismo independiente y de calidad, y reforzar la sostenibilidad de los medios de comunicación de servicio público, que constituyen condiciones previas para un sistema plural de medios de comunicación;
8. Sugiere que a fin de proteger de forma eficiente la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, se prohíba en la contratación pública la participación de empresas cuyo propietario en último término también sea propietario de una empresa de medios de comunicación, o que, como mínimo, sea totalmente transparente; propone que se exija a los Estados miembros informar periódicamente sobre toda la financiación pública de las empresas de medios de comunicación y que se controle con regularidad toda la financiación pública puesta a disposición de los propietarios de medios de comunicación; hace hincapié en que los propietarios de medios de comunicación no deben haber sido condenados o declarados culpables de ninguna infracción penal;
9. Subraya que toda financiación pública de organizaciones de medios de comunicación debe concederse sobre la base de criterios no discriminatorios, objetivos y transparentes, que han de darse a conocer de antemano a todos los medios;
10. Propone que toda financiación pública de los medios de comunicación esté tan solo a disposición de organizaciones de medios que publiquen un código de conducta de fácil acceso al público;
11. Toma nota con preocupación del empleo por parte de poderosas entidades comerciales de prácticas relacionadas con el pleito estratégico contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) en un intento de censurar a periodistas, evitar que lleven a cabo su trabajo o interferir de otro modo en su contenido; insta a la Comisión a que tome nota de esta tendencia y realice propuestas de carácter legislativo destinadas a restringir estas prácticas abusivas;
12. Expresa su preocupación por el elevado número de periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación en Europa que son objeto de cada vez más amenazas, acoso, vigilancia, agresiones físicas e incluso asesinatos a causa de su labor de investigación e información sobre el abuso de poder, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y las actividades delictivas; lamenta que tan solo se informe a la policía de una pequeña parte de las amenazas o los episodios de acoso a periodistas; pide a los Estados miembros que fomenten la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación velando por el respeto adecuado de las leyes aplicables y mediante el control y la información sobre las amenazas y el acoso;
13. Reitera que unas buenas condiciones de trabajo y la seguridad de los periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación son condiciones previas para el desempeño de su función de informar a los ciudadanos sobre asuntos de interés público; pide a los Estados miembros y las organizaciones de medios de comunicación, por tanto, que garanticen unas condiciones de trabajo equitativas para los periodistas y demás profesionales de los medios;
14. Pide a los Estados miembros que garanticen su seguimiento de la Declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación;
15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los periodistas dispongan de las herramientas adecuadas y reciban información de la Unión y de las autoridades de las administraciones públicas de los Estados miembros, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos, sin tener que enfrentarse a decisiones arbitrarias en las que se deniegue este derecho de acceso; observa que la información obtenida mediante el derecho de investigación por parte de los periodistas o de los ciudadanos, incluida la información obtenida a través de los denunciantes de irregularidades, es a la vez complementaria y esencial para que los periodistas puedan llevar a cabo su misión de interés público; reitera que el acceso a fuentes y acontecimientos públicos ha de depender de criterios objetivos, no discriminatorios y transparentes;
16. Observa que los Estados miembros deben velar por la aplicación de instrumentos apropiados para la identificación de quienes causen daños a otras personas a través de los medios de comunicación, incluso en el entorno en línea, dentro del respeto de los derechos fundamentales;
17. Reconoce que los periodistas necesitan la máxima protección jurídica para el uso y la difusión de dicha información de interés público en su línea de trabajo;
18. Reconoce el «derecho a denunciar» en todos aquellos casos en que se divulgue información de buena fe y en claro interés del público, por ejemplo, en casos donde se haya producido una violación de los derechos fundamentales o del Derecho penal, incluida la corrupción activa o pasiva, o cuando se trate de hechos que revelen una amenaza para la seguridad, la salud o el medio ambiente;
19. Observa que los denunciantes de irregularidades que actúan por un motivo razonable pueden constituir una fuente esencial de los periodistas de investigación y contribuir así a una prensa independiente; pide a la Comisión, por tanto, que brinde protección a escala de la Unión en consonancia con los Tratados y los objetivos de la Unión de democracia, pluralismo de opinión y libertad de expresión; resalta que la protección de los denunciantes de irregularidades va unida a la confidencialidad de las fuentes de los periodistas, respetando, no obstante, el equilibrio con los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas denunciadas;
20. Destaca que las acusaciones falsas o los datos desvirtuados pueden tener repercusiones de gran trascendencia sobre las personas y las empresas; recuerda que, en caso de que se produzcan acusaciones falsas, debe responsabilizarse a los autores por sus acciones y no han de poder ampararse en la protección de los denunciantes de irregularidades; subraya que cualquier persona objeto de difamación a través de información inexacta o desvirtuada debe poder contar con mecanismos de recurso eficaces;
21. Destaca que la desinformación deliberada creada o difundida con el objetivo de obtener beneficios económicos o políticos, las llamadas «noticias falsas», quiebra la relación de confianza entre los medios de comunicación y los ciudadanos y puede poner en peligro a las democracias liberales así como socavar nuestros valores democráticos, como la libertad de expresión y el Estado de Derecho; resalta que, puesto que las redes sociales han facilitado considerablemente la circulación de dichas informaciones falsas con respecto a los medios tradicionales, han de hallarse soluciones a fin de responsabilizar a los autores de las noticias falsas por sus acciones en los medios de comunicación digitales al igual que ocurre en el mundo fuera de línea; hace hincapié en que la regulación estricta o la censura de las ideas y las opiniones no puede ser la respuesta sino que, más bien, parte de la solución para abordar la desinformación y la propaganda se encuentra en la garantía de la fiabilidad de la información y en unos ciudadanos formados en el pensamiento crítico y la alfabetización mediática; pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que destinen recursos suficientes a la lucha contra la desinformación y que adopten medidas coordinadas contra los editores y distribuidores de noticias falsas deliberadas; subraya en este sentido la importancia de que los consumidores de medios de comunicación puedan diferenciar entre hechos y meras opiniones; destaca que los esfuerzos la División de Comunicaciones Estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y, en particular, del actual Grupo de Trabajo East StratCom, que contribuye de forma activa al desarrollo y la aplicación de una estrategia contra la difusión de noticias falsas, precisan ser reforzados y contar con mayores recursos al objeto de llevar a cabo sus cometidos con eficacia; pone de manifiesto la necesidad de que los Estados miembros complementen los esfuerzos de la Unión por contrarrestar las noticias falsas y que se impliquen a todos los niveles, también en colaboración con la vecindad de la Unión, en pos de fomentar un entorno de medios de comunicación plural para comunicar las políticas de la Unión de forma sincera, coherente y exhaustiva; acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión sobre la preparación de una estrategia para contrarrestar las noticias falsas, que se publicará a su debido tiempo;
22. Toma nota de que las nuevas tecnologías han cambiado drásticamente el modelo de negocio de la prensa tradicional; cree que, no obstante, con un marco jurídico coherente, la digitalización tiene potencial para promover la competencia entre los agentes de medios de comunicación y democratizar la creación de información y contenidos y el acceso a los mismos;
23. Observa que en el cambiante ecosistema mediático digital han aparecido nuevos intermediarios con la capacidad de influir en la información y las ideas en línea, así como de controlarlas, adquiriendo la función y la facultad de filtrar; destaca que deben existir suficientes canales, servicios y fuentes en línea independientes y autónomos que puedan facilitar al público una pluralidad de opiniones e ideas democráticas sobre cuestiones de interés general; pide a los Estados miembros que elaboren políticas y medidas nacionales en este sentido o desarrollen las existentes;
24. Subraya que la independencia de la prensa comprende tanto los medios de comunicación públicos como privados; destaca, en este sentido, la necesidad de códigos éticos para los periodistas y editores; hace hincapié en que dichos códigos éticos han de incluir el deber de contrastar la información y verificar las fuentes; resalta que la difusión de contenidos en línea debe exigir la misma obligación de cautela que la difusión fuera de línea; muestra su preocupación en este contexto por la aparente reducción de las normas en un entorno en línea que evoluciona rápidamente, donde la cantidad, la rapidez y los ciberanzuelos parecen más importantes que la exactitud;
25. Acoge con satisfacción que el coloquio anual de 2016 sobre derechos fundamentales se centre en el pluralismo de los medios de comunicación y la democracia, así como las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Libertad y Pluralismo de los Medios de Comunicación; reitera su llamamiento en favor de medidas legislativas que garanticen normas para el pluralismo de los medios a escala europea en lo que se refiere a medios impresos, libelo, concentración y transparencia de la propiedad de los medios, etc.; afirma que el espacio común social y político de Europa exige la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, a fin de garantizar una democracia que funcione adecuadamente;
26. Hace hincapié en que los principios de libertad de los medios de comunicación, libertad de expresión y pluralismo de los medios son tan pertinentes para los países en fase de preadhesión y los países de la política europea de vecindad como para los Estados miembros; pide a la Comisión que garantice que estos principios son objeto de refuerzo y seguimiento adecuado en estos países y que los programas de asistencia se supeditan al respeto de estos principios.
Última actualización: 26 de abril de 2018 Aviso jurídico