Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2008/as200812163.htm
Timestamp: 2020-04-10 02:50:15
Document Index: 3924963

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 48', 'artículo 8', 'artículo 48', 'artículo 141', 'artículo 260', 'artículo 130', 'artículo 48', 'artículo 7']

200807-Sala Penal Segunda-2-163
Auto Supremo: Nº 163 Sucre, 16 de julio de 2008
Expediente: Santa Cruz 109/03
Partes: Ministerio Público c/ Juan Alejo Dorado Ortiz
VISTOS: el memorial de 22 de junio de 2005 (fojas 344 a 344 vuelta), por medio del cual Juan Alejo Dorado Ortiz solicitó la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo de duración del proceso en la causa seguida contra él por el Ministerio Público con imputación por comisión del delito de tentativa de tráfico de sustancias controladas.
CONSIDERANDO: que el proceso de referencia se inició el 2 de mayo del año 2000 (fojas 75 a 75 vuelta), concluyó en primera instancia, con Sentencia de 9 de julio de 2002 que declaró a Juan Alejo Dorado Ortiz autor del delito de tentativa de tráfico de estupefacientes tipificado por el artículo 8 del Código Penal en relación con el artículo 48 de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas y lo condenó a la pena de seis años y ocho meses de presidio y absolvió de culpa y pena a Lorgio Limpias Rodríguez y Felipe Antonio Middagh Faldín, la cual fue confirmada por el Tribunal de Alzada, decisión que originó los recursos que son caso de autos.
Que constando el hecho de que tal proceso tiene hasta la fecha una duración de más de ocho años, corresponde aplicar la regla contenida en la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal que señala que las causas tramitadas bajo el régimen del Código de Procedimiento Penal de 1972 deben concluir en el término máximo de cinco años que se computan a partir del 31 de mayo de 1999 en que se publicó dicho Código.
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las consideraciones precedentes y con la concurrencia del doctor Teófilo Tarquino Mújica Ministro de la Sala Penal Primera, convocado al efecto en ejercicio de sus atribuciones, en aplicación de lo establecido por la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal, en desacuerdo con el requerimiento fiscal de 24 de noviembre de 2004 (fojas 328 a 331) declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL correspondiente al proceso seguido por el Ministerio Público contra Juan Alejo Dorado Ortiz por comisión del delito de tentativa de tráfico de estupefacientes tipificado por el artículo 8 del Código Penal con relación al artículo 48 de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, debiendo en consecuencia archivarse obrados y cancelar todas las medidas jurisdiccionales que se hubieren impuesto al procesado.
Primer Relator: Ministro Héctor Sandoval Parada es disidente con la presente resolución, estuvo por la no extinción de la acción penal.
Segundo Relator: Ministro José Luis Baptista Morales
Firmado: Teófilo Tarquino Mújica
Auto Supremo: Nº 163
VISTOS: el requerimiento fiscal de fojas 328 a 331, sobre la no extinción de la acción penal, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra Juan Alejo Dorado Ortiz, Felipe Antonio Middagh Faldón y Lorgio Limpias Rodríguez, por los delitos de tráfico de sustancias controladas y complicidad, sancionados por los artículos 48 y 76 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y
CONSIDERANDO: que el presente proceso se halla radicado en la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la interposición de los recursos de casación por el procesado Juan Alejo Dorado Ortiz (fojas 317 a 318 y vuelta) y la Fiscal de Materia de Sustancias Controladas (fojas 320 a 323), contra el Auto de Vista número 20/2003 de 19 de febrero de 2003.
Que el Ministerio Público a través del requerimiento fiscal de fojas 189 a 191, se pronunció de oficio, sobre la no extinción de la acción penal en el caso de autos, citando la Sentencia Constitucional número 0101/2004 de 14 de septiembre de 2004 y su Auto Complementario Nº 079/2004 de 29 de septiembre de 2004, realizando consideraciones doctrinarias, de orden legal y señalando los actuados judiciales que generaron demora en el trámite, para concluir requiriendo que en el caso de autos no procede la extinción de la acción penal.
Que Juan Alejo Dorado Ortiz, por memorial de fojas 344 y vuelta, solicito la extinción de la acción penal y se deje sin efecto las medidas cautelares impuestas en su contra, invocando la Tercera Disposición Transitoria del Código de Procedimiento Penal y la Sentencia Constitucional Nº 0101/2004, manifestando que no ha interpuesto ningún recurso dilatorio para retrasar la prosecución de la causa, por lo que es viable dicho petitorio.
Que siendo la extinción de la acción penal de previo y especial pronunciamiento, corresponde el análisis del proceso, para determinar en su caso lo que fuere de ley.
Que la Sentencia Constitucional Nº 0101/04, estableció que el órgano jurisdiccional debe analizar en forma objetiva los motivos de la dilación del proceso y "la extinción de la acción penal sólo puede proceder conforme a la Constitución, cuando se constate que la no conclusión del proceso dentro del plazo máximo establecido por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1970 es atribuible a omisiones o falta de diligencias debida a los órganos administrativos o jurisdiccionales del sistema penal..."
A su vez la Sentencia Constitucional Nº 1365/05 de 31 de octubre de 2005, consideró que: 1) para la extinción del proceso penal tramitado con el Código de Procedimiento Penal de 1972, que tenga una duración superior a los cinco años, computables desde: a) la fecha de la publicación del Código de Procedimiento Penal, para los casos que se hubieran iniciado y estuvieren en trámite a esa publicación; y b) la fecha de inicio del proceso para los casos iniciados con posterioridad a la publicación y con anterioridad a la vigencia plena del Código de Procedimiento Penal; y 2) para declarar la extinción del proceso penal regulado por el régimen procesal abrogado, emergen en cada caso, tomando en cuenta, la complejidad del litigio, la conducta del imputado, ...".
Que el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la tercera parte del artículo 260 de la Ley de Organización Judicial, por permisión del artículo 130 del Código de Procedimiento Penal, establecen que los plazos se suspenden durante las vacaciones judiciales, por consiguiente de la interpretación de los preceptos señalados, se desprende, que la extinción del proceso, con el anterior y nuevo sistema, no se opera de manera automática con el sólo transcurso del plazo fijado por las normas legales citadas, sino que cada caso debe ser objeto de un análisis respectivo.
CONSIDERANDO: que de la revisión pormenorizada de los datos adjuntos al proceso, se desprenden los siguientes aspectos de hecho y de derecho:
1.- Que el caso sub lite, se inició con el Auto de apertura de proceso de fojas 75 el 20 de mayo del 2000, que ordenó el procesamiento de Juan Alejo Dorado Ortiz y Lorgio Limpias Rodríguez, por el delito de tráfico de sustancias controladas y contra Antonio Middadh Faldin, por el delito de complicidad en tráfico de sustancias controladas, previstos por los artículos 48 y 76 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
2.- Concluido el juicio oral, el Juzgado de Partido Segundo de Sustancias Controladas de la ciudad de Santa Cruz, dictó sentencia el 9 de julio de 2002 (fojas 282 a 286 y vuelta), por la cual declaró a Juan Alejo Dorado Ortiz, autor del delito de tentativa de tráfico de sustancias controladas, sancionado por el artículo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias, con relación al 8vo. del Código Penal, imponiéndole la pena de 6 años y 8 meses de presidio a cumplir en el penal del Centro de Rehabilitación de Santa Cruz, al pago de 400 días multa, a razón de Bs. 2 por día, además del pago de costas y gastos ocasionados al Estado, regulables en ejecución de sentencia; y lo absuelve por el delito de tráfico de sustancias controladas, por el cual se aperturó el proceso.
A Lorgio Limpias Rodríguez, lo absuelve de culpa y pena, del delito de tráfico de sustancias controladas y a Felipe Antonio Middagh Faldín, lo absuelve de culpa y pena del delito de complicidad en tráfico de sustancias controladas, previstos en los artículos 48 y 76 de la misma Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, por existir prueba semiplena, y suspende las medidas cautelares impuestas a favor de los absueltos. Confisca la movilidad marca Toyota, con placa Nº 617-SSY, incautada por acta de fojas 51.
Sentencia de primera instancia que fue apelada por dos de los procesados y el Ministerio Público (fojas 287), y el Tribunal de Alzada, a través del Auto de Vista Nº 20/03 de 19 de febrero de 2003 (fojas 311 a 313), confirmó en su integridad la sentencia objeto del recurso.
3.- Que del análisis de los antecedentes se colige que no existen violaciones al debido proceso, ni a los derechos y garantías de los procesados, que impliquen a su vez violación a la seguridad jurídica, proclamada en el artículo 7 inciso a) de la Constitución Política del Estado, habiéndose cumplido con los presupuestos de legalidad, consiguientemente se llega a la conclusión, que no existen causas imputables al órgano jurisdiccional encargado del juzgamiento que acrediten retardación, más al contrario de los datos procesales se desprende la dilación en la sustanciación del proceso por inconcurrencia de los procesados y sus abogados defensores a las diligencias judiciales de fojas 208, 211, 251, 275 y 276; por otro lado tenemos que se debe descontar las vacaciones judiciales en forma anual, consistente en 25 días calendario; a ello se agrega que el impetrante no dio cumplimiento a lo establecido en el Auto Constitucional Nº 079/04 de 29 de septiembre de 2004, que en el momento de pedir la extinción de la acción penal debió precisar, de manera expresa en qué partes del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora invocada.
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 328 a 331 y conforme la Tercera Disposición Transitoria del Código de Procedimiento Penal, dispone NO HABER LUGAR A LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL por el transcurso del plazo máximo establecido por ley, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Alejo Dorado Ortiz, Felipe Antonio Middag Faldin y Lorgio Limpias Rodríguez, por los delitos de tráfico de sustancias controladas y complicidad, previstos en la citada Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, ordenando se prosiga con esta causa hasta su conclusión.
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