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Timestamp: 2019-08-20 15:14:53
Document Index: 84202235

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 15', 'artículo 22', 'artículo 17']

﻿ Sentencia 2010-01200 de mayo 12 de 2013
SENTENCIA 2010-01200 DE 12 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:SUSTITUCIÓN PENSIONAL NO APLICA A HIJOS SOBREVIVIENTES MAYORES DE 25 AÑOS. SE AFIRMA QUE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL PARA HIJOS MAYORES DE EDAD SOBREVIVIENTES QUE SE ENCUENTREN INCAPACITADOS PARA TRABAJAR EN RAZÓN A SUS ESTUDIOS NO PUEDE EXTENDERSE MÁS ALLÁ DE LOS 25 AÑOS. ASÍ, SE TRATA DEL LÍMITE MÁXIMO PARA QUE EL BENEFICIARIO GOCE DEL AUXILIO, AL CUAL PUEDE ACCEDER DESDE LOS 18 AÑOS, YA QUE SE CONSIDERA UN PLAZO PRUDENTE Y RAZONABLE PARA QUE LOS HIJOS DEPENDIENTES CUENTEN CON UNA PROFESIÓN U OFICIO QUE LES PERMITA SOLVENTAR SUS GASTOS. DADO QUE, SE PRESUME QUE EN ESTA INSTANCIA SE ENCUENTRAN SUPERADAS LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LOS HIJOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESISTA, REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL, PÉRDIDA DEL DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL, ESTUDIANTE BENEFICIARIO DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL
Sentencia 2010-01200 de mayo 12 de 2013
Ref.: Expediente 25000232500020100120001 (19442012)
Actor: Diana Lucía Bravo Guerra C/ Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—
Bogotá, D. C., doce de mayo de dos mil trece.
Inicialmente se advierte, que analizado el poder otorgado al igual que la demanda (fls. 1, 2 y 30 cdn. ppal.), ambos hacen referencia a la pretendida nulidad del Oficio 20104000040131 de 2 de junio de 2010, por el cual el fondo negó a la actora la solicitud de reincorporación en la nómina de pensionados.
En esta oportunidad se trata de determinar, si a la demandante le asiste el derecho a que Fonprecon la reincorpore a la nómina de pensionados en calidad de sustituta pensional de su padre, quien laboró como congresista entre 1970 y 1974; habida cuenta que le fue suspendido el pago de la pensión de jubilación, con ocasión del cumplimiento de la edad de 25 años, no obstante continuar adelantando estudios de postgrado.
Y en el parágrafo de este artículo se estableció, que de igual manera accederán a dicho régimen pensional especial, “(…) los congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación” decretada por cualquier entidad del orden nacional o territorial, siempre que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 19 de 1987(10).
“Fallecido un miembro del Congreso Nacional, que estuviere disfrutando de su pensión de jubilación o que hubiere tenido el derecho a reclamarla, tendrán derecho a sustituirlo en todos sus derechos pensionales, y por tanto, a percibir la totalidad de lo recibido por este o a cuanto hubiere tenido derecho de recibir por el pago de su pensión de jubilación y a los reajustes legales correspondientes; las siguientes personas:
En su artículo 17 sobre el reajuste especial determinó, que eran beneficiarios del mismo, los miembros de la Rama Legislativa que se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, al que tienen derecho por una sola vez, sin que su pensión en ningún caso sea inferior al 50% de la pensión a que tendrían derecho los actuales congresistas, siendo requisito indispensable para que el exparlamentario pensionado obtenga dicho reajuste, no haber variado tal condición como consecuencia de su reincorporación al servicio público en un cargo distinto al de miembro del Congreso, que hubiere implicado el incremento y reliquidación de su mesada pensional. Reajuste que surte efectos a partir del 1º de enero de 1994.
Posteriormente, el Decreto 1293 de 1994(11), en su artículo 7º, modificó la anterior disposición, en el sentido de suprimir la exigencia para la obtención del reajuste, consistente en que el excongresista pensionado, no podía variar tal condición como consecuencia de su reincorporación. Además agregó, que el valor de la pensión a que tendrían derecho los actuales legisladores será del 75% del ingreso base para la liquidación pensional de los congresistas a que se refiere el artículo 5º del Decreto 1359 de 1993(12).
“(…) los menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez (…)”.
En lo que concierne al reajuste especial, como la jurisprudencia reiterada de la Sala lo ha considerado, se constituye en un beneficio exclusivo para los excongresistas que fueron pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, es decir, antes del 18 de mayo de 1992; al que tienen derecho por una sola vez y que no conlleva a una reliquidación anual del ingreso base de liquidación pensional sino una actualización de la pensión, como medida tendiente a soslayar la desigualdad surgida con la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, entre quienes siendo congresistas se pensionaron con anterioridad a la Ley 4ª de 1992 y los que en igual condición se pensionaron o pensionarían con posterioridad a la misma.
Se tiene entonces, que el beneficio del reajuste especial difiere sustancialmente del derecho pensional especial para los congresistas, en tanto que el primero, se le concede al exparlamentario, que lo fue antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, es decir, sobre un derecho pensional ya consolidado, mientras que el segundo, alude a la situación del legislador que lo es, luego de dicha vigencia y que se va a pensionar.
Así se establece, que el reajuste especial, es aquel al cual tienen derecho los exparlamentarios, solo por una vez, que asciende al 50% del promedio de las pensiones devengadas por los congresistas para el año 1994, con efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994, habida cuenta que se pensionaron antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992.
Está probado al interior del proceso que el señor Pedro Alberto Bravo Guerra nació el 29 de abril de 1908, como lo informa la partida de bautismo (fl. 10 cdn. 2).
Por medio de la Resolución 5411 de 11 de octubre de 1966, la Caja Nacional de Previsión le concedió la pensión de jubilación a partir del 16 de marzo de 1966, en cuantía de $3.187,47, con ocasión de los servicios prestados al Estado en calidad de empleado judicial (fls. 17 a 19 y 2 cdn. 2).
Luego de obtener su pensión jubilatoria, se desempeñó como senador de la República, entre el 20 de julio de 1970 y el 20 de julio de 1974 (fls. 55 a 58 cdn. 2).
Según la Resolución 5382 de 25 de septiembre de 1973, la caja reliquidó la aludida pensión a partir del 1º de agosto de 1973, teniendo en cuenta la reincorporación al servicio oficial como senador de la República (fls. 22 a 24 cdn. 2).
Y, por Resolución 3753 de 1º de marzo de 1986, la caja le reajustó la pensión de jubilación, con fundamento en la Ley 4ª de 1976 (fls. 34 a 37 cdn. 2).
El 16 de diciembre de 1993, previa petición, Fonprecon por medio de la Resolución 1313, efectuó su afiliación, en el entendido de que por mandato del artículo 2º del Decreto 1359 de 1993, era necesario que la Entidad Pensional del Congreso “asumiera en su totalidad los pensionados congresistas que estén a cargo de las diferentes entidades de previsión del orden nacional” (fls. 13 y 14 cdn. ppal.).
En la misma fecha, por Resolución 1314, decretó y ordenó el pago del reajuste especial, de conformidad con lo estipulado por el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, pero como mesada pensional y en un porcentaje equivalente al 50% del ingreso mensual promedio que devengara un congresista (fls. 62 a 65 cdn. 2).
Por Resolución 1631 de 30 de diciembre de 1994, revocó la anterior decisión, para ordenar el reconocimiento del reajuste especial en el 75% del ingreso mensual promedio que devengaban en la actualidad los parlamentarios, con fundamento en sentencia de la Corte Constitucional emitida en sede de tutela, por una sola vez, y, con efectos fiscales desde el 1º de enero de 1994 (fls. 70 a 75 cdn. 2).
En el año 1993 el excongresista adoptó a su nieta —hoy demandante— de lo que da cuenta la anotación que reposa en el certificado civil de nacimiento de esta última, en el que además consta, que la menor nació el 3 de abril de 1985 (fl. 197 cdn. 2).
El exparlamentario falleció el 12 de marzo de 1995, según certificado de defunción (fl. 82 cdn. 2).
Posterior al deceso, el fondo a través de la Resolución 909 de 31 de agosto de 1995, sustituyó provisionalmente en favor de la menor —hoy accionante— “(…) la pensión mensual vitalicia de jubilación que disfrutaba su señor padre, el doctor Pedro Alberto Bravo Guerra (Q.E.P.D.) a partir del 14 de marzo de 1995, ‘hasta que cumpla la mayoría de edad, la cual será el 3 de abril del año 2003, y/o hasta los 25 años de edad siempre y cuando acredite estudios superiores ante la oficina de planeación y sistemas de esta entidad’”. El valor de la pensión ascendió a $4.135.916,77. (fls. 15 a 18 cdn. ppal.).
En la Resolución 593 de 15 de mayo de 1996, el fondo le reconoció “el reajuste especial a partir del 1º de enero de 1992 (…) quedando en consecuencia, la mesada pensional en la suma de $2.178.278,53”, que determinó con fundamento en el 75% del salario base del año 1992. Además, le reconoció la suma de $53.533.639,77 por concepto del reajuste especial correspondiente a los años 1992 y 1993 (fls. 115 a 118 cdn. 2).
Por Resolución 1147 de 29 de diciembre de 1997, el fondo le reconoció intereses de mora y ajuste a la mesada un total de $122.985.244 (fls. 184 a 186 cdn. 2).
Como lo informa la certificación expedida por el fondo, el último pago de la mesada se produjo en el mes de abril de 2010 (fl. 1 cdn. 3).
El 28 de mayo de 2010 la actora solicitó ante Fonprecon la reincorporación en la nómina de pensionados, porque en su opinión, dicho fondo incumplió lo dispuesto por el parágrafo del artículo 15 del Decreto 1359 de 1993, del que se puede inferir, que los hijos sustitutos tienen derecho a percibir la pensión jubilatoria hasta cuando terminen sus estudios profesionales, además de que en las certificaciones emitidas por la Universidad del Bosque consta, que aún se encuentra adelantando los estudios de pediatría con dedicación exclusiva de tiempo completo, que culminará el 1º de febrero de 2012 (fls. 246 a 248 cdn. 2).
El 2 de junio de 2010, el fondo por medio del Oficio 20104000040131, en respuesta a dicha solicitud indicó, que la principal razón para efectuar el retiro obedece, a que de conformidad con la Resolución 909 de 1995 —que le reconoció la pensión de sobrevivientes—, el derecho pensional se extinguía por la ocurrencia de la condición legal del cumplimento de la edad de 25 años. Adicionó, que no se puede aplicar el Decreto 1359 de 1993, toda vez, que respecto de la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, el Legislador no consagró un régimen de transición, por lo que no es posible dar aplicación a normatividad derogada sin que la posterior haya consagrado dicha posibilidad. Además, el Decreto 1293 de 1994 que consagró el régimen de transición de los parlamentarios, tiene por objeto proteger las legítimas expectativas de adquirir un derecho, situación que no se da en el caso de la pensión de sobrevivientes, en el que la obtención del derecho se encuentra sujeta a una condición incierta, que no es otra que la muerte del pensionado (fls. 252 a 256 cdn. 2).
Consta que la demandante instauró acción de tutela con ocasión de su exclusión de la nómina de pensiones por parte del fondo, porque en su sentir se le causó un perjuicio irremediable, al no poder continuar con sus estudios profesionales de pediatría y sufragar su sustento diario (fls. 258 y ss. cdn. 2).
El Juzgado 27 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá en decisión de 29 de octubre de 2010, concedió el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y mínimo vital de la accionante. Esta decisión fue revocada el 29 de noviembre del mismo año, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (fls. 337 a 347 y 364 a 376 cdn. 2).
Luego con ocasión de su reincorporación a la vida laboral en condición de Senador, por el periodo constitucional 1970 - 1974, la caja le reliquidó la pensión jubilatoria, que luego le reajustó.
Consideró la Corte Constitucional “(…) el hecho de que el hijo mayor de 25 años no pueda seguir siendo beneficiario de la pensión de sobrevivientes no quiere significar que quede desamparado sin seguridad social, pues habiendo adquirido a esa edad un grado de formación intelectual debe estar en capacidad de incorporarse a la vida laboral y contribuir al sistema de seguridad social como trabajador dependiente o independiente con el fin de obtener una pensión de vejez bien sea en el régimen contributivo o incluso subsidiado si llegare a carecer de solvencia económica”.
CONFÍRMASE por las consideraciones expuestas, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Sala de Descongestión, el 17 de abril de 2012, que negó las pretensiones de la demanda promovida por la señora Diana Lucía Bravo Guerra contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—.
(1) Sección Segunda. Auto de 2 de abril de 2009. Radicado 2224-08. Actor: Segundo Rafael Pino Muñoz. Demandado: Fonprecon. C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
(7) “ART. 1º—Ámbito de aplicación. El presente decreto establece integralmente y de manera especial, el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tuvieren la calidad de senador o representante a la Cámara”.
(8) La Ley 4ª de 1992 en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue el 18 de mayo de 1992, en el Diario Oficial Nº 40451.
(17) Sentencia de 3 de mayo de 2002. Expediente 1276-2001. Actor: Oscar Emilio Vinasco Vinasco. C. P. Alberto Arango Mantilla.
(18) En esta misma dirección la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 consideró, “Esta corporación declarará la inexequibilidad de las expresiones “y por todo concepto” y “por todo concepto”, contenidas en el inciso primero y en el parágrafo, respectivamente, del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992. // En este caso, ante la expulsión del ordenamiento de las expresiones en comento y en vista del mandato del Acto Legislativo 1 de 2005 en el sentido de que “[p]ara la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”, la Sala considera necesario además condicionar la exequibilidad del resto del precepto censurado en el entendido de que como factores de liquidación de la pensión, solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”.
(19) En igual sentido la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1999 consideró, que se rompe el equilibrio mínimo y de paso se afecta el derecho a la igualdad, cuando se puede acceder a la pensión jubilatoria con un tiempo de ejercicio en la actividad congresional que solo comprende pocos meses. Al efecto señaló “(…) sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un equilibrio mínimo, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado periodo, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del congresista cubre apenas unos pocos meses”.
(20) Corte Constitucional. Sentencia C-451 de 3 de mayo de 2005. M. P. Clara Inés Vargas Hernández.