Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/-494671586
Timestamp: 2019-10-17 03:31:23
Document Index: 281586754

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 5', 'e contrario', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 18', 'in fine', 'artículo 9', 'artículo 18']

Resolución de 1 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Sevilla n.º 11, por la que se suspende la inscripción de división y adjudicación de fincas. - Doctrina Administrativa - VLEX 494671586
Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de división y adjudicación de fincas en la que concurren las circunstancias siguientes: no se acredita el acuerdo unánime de la junta de propietarios y el notario autorizante advierte expresamente de la necesidad de este requisito. La escritura ha sido otorgada antes de entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Conforme al artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, incluso tras la modificación hecha por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, se exige, salvo las excepciones expresamente mencionadas en el artículo, la unanimidad para la validez de los acuerdos de la junta de propietarios que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad; a estos efectos se computarán como votos favorables los de los propietarios ausentes, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo, no manifiesten su discrepancia en el plazo de treinta días naturales. Ha reiterado este Centro Directivo (Resolución de 30 de noviembre de 2006) que el acuerdo unánime de la junta como órgano colectivo de la comunidad de propietarios «ha de adoptarse por unanimidad de los mismos en los términos previstos en la norma primera del artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal… la calificación habrá de alcanzar a la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha norma».
Por otro lado, el artículo 8 de la Ley de Propiedad Horizontal, –en su redacción originaria, vigente hasta su derogación por disposición derogatoria única 1 de la citada Ley 8/2013– establece que en tales casos se requerirá, además del consentimiento de los titulares afectados, la aprobación de la junta de propietarios, a la que incumbe la fijación de las nuevas cuotas de participación para los pisos reformados con sujeción a lo dispuesto en el artículo 5, sin alteración de las cuotas de los restantes.
Ciertamente en el supuesto de la calificación recurrida el título constitutivo estableció una reserva unilateral de la facultad de dividir o agrupar. Dicha reserva unilateral logró eficacia erga omnes mediante su inscripción registral y por tanto vincula a quienes han accedido a la propiedad horizontal con posterioridad (Resoluciones de 16 de mayo de 2002 y 18 de marzo de 2003). Esta disponibilidad ha sido admitida por este Centro Directivo (desde la década de los 70, pasando por las importantes Resoluciones de 31 de agosto de 1981 y 26 de febrero de 1988 hasta las más recientes de 19 de junio de 2012 y 15 de octubre de 2013) y por el Tribunal Supremo, inicialmente contrario (Sentencia de 31 de enero de 1978), que en la actualidad permite la cláusula (Sentencia de 25 de febrero de 2013).
Así pues, en el presente caso el título constitutivo de la propiedad horizontal estableció la reserva unilateral de la facultad de dividir o agrupar, reserva que una vez inscrita goza de eficacia erga omnes mediante su inscripción registral y vincula a quienes han accedido a la propiedad horizontal con posterioridad, pero de la que son titulares los señores P. y R. C. Como toda reserva de facultades debe ser objeto de interpretación estricta entre otros extremos en cuanto a su titularidad que se atribuyó a los indicados señores y debe ser entendida como facultad personalísima y dependiente exclusivamente de su voluntad de titulares y por lo tanto intrasmisible.
En cuanto a la legislación aplicable puede señalarse que a la fecha de otorgamiento de la escritura calificada no era aplicable la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, publicada en Boletín Oficial del Estado núm. 153, de 27 de junio, y que entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 28 de junio de 2013. Pero tanto con la antigua como con la nueva normativa, la resolución de la cuestión debe tener el mismo sentido. Dicha Ley deroga expresamente el artículo 8 de la Ley de Propiedad Horizontal citado y regula la división de elementos en el artículo 10.3.b), según el cual precisa autorización administrativa, petición a la junta, aprobación por las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, el consentimiento de los titulares afectados y la fijación de las nuevas cuotas de participación; da nueva redacción al artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Horizontal, conforme a la cual la cuota de participación podrá variarse «de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 17 de esta Ley»; el artículo 10 recoge supuestos de actuaciones de carácter obligatorio que no requieren el acuerdo previo de la junta de propietarios (conservación; accesibilidad universal; construcción de nuevas plantas, alteración en la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes, constitución de un complejo inmobiliario; división material de pisos o locales, agregación, segregación); el artículo 17.6 exige para los acuerdos no regulados expresamente en el artículo, que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo o en los estatutos, «la unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total de cuotas de participación». El artículo 18, párrafo segundo, in fine, de la misma Ley se refiere a «los acuerdos de la junta relativos al establecimiento o alteración de la cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios».
Finalmente, frente a los argumentos del recurrente sobre la situación de hecho o catastral de las fincas, la registradora ha de calificar conforme a lo que resulte del Registro y de los documentos presentados –artículo 18 de la Ley Hipotecaria– y de ellos resulta que la finca registral 10.434 de la Sección 5.ª se divide materialmente en dos nuevas fincas, para lo cual a la fecha de otorgamiento de la escritura calificada era preciso el acuerdo unánime de la junta de propietarios del edificio con aprobación de las cuotas de las fincas resultantes de la división.
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Daniel Rey Pacheco frente..
STSJ Andalucía , 14 de Marzo de 2000
STSJ Cataluña 245/2007, 9 de Marzo de 2007
Resolución de 16 de noviembre de 1992