Source: http://rcmvs.org/documentos/investigacion/RefugeeProt2.htm
Timestamp: 2017-09-19 20:34:40
Document Index: 305621216

Matched Legal Cases: ['Artículo 14', 'Artículo 11', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 3', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 7', 'Artículo 17']

PARÁMETROS PARA LA PROTECCIÓN A LOS
REFUGIADOS EN EL PROCESO PUEBLA
V CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN
Washington, 20 a 24 de marzo de 2000
Prioridades respecto a la protección de refugiados del Grupo Puebla
Diez parámetros para una protección eficaz
Parámetro número uno: Adhesión a los instrumentos internacionales
Parámetro número dos: La legislación nacional cumple con los principios Internacionales
Parámetro número tres: Los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado son admitidos para su seguridad
Parámetro número cuatro: Los derechos de los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado son respetados
Parámetro número cinco: Los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado reciben todas las facilidades necesarias
Parámetro número seis: Los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado son justos y rápidos
Parámetro número siete: Se satisfacen las necesidades de protección de mujeres y niños
Parámetro número ocho: Los refugiados son documentados y gozan de derechos básicos
Parámetro número nueve: El ACNUR puede cumplir con su deber de supervisión
Parámetro número diez: La sociedad civil juega un papel eficaz de apoyo
El Plan de Acción adoptado en la III Conferencia Regional sobre Migración, realizada en Ottawa en febrero de 1998, hizo un llamado a los Estados Miembros a considerar la conveniencia de promulgar legislación nacional relativa a refugiados, así como procedimientos e instituciones para determinar la condición de refugiado. Durante la reunión de octubre de 1999 del Grupo Regional de Consulta, el ACNUR presentó un documento titulado Inventario de legislación y de actividades de capacitación relativas a refugiados, que los Estados Miembros habían solicitado durante la IV Conferencia sobre Migración que tuvo lugar en San Salvador en enero de 1999. En la sesión de octubre de 1999, los Estados Miembros aceptaron el ofrecimiento del ACNUR de preparar un análisis más detallado del marco existente para la protección de los refugiados dentro del Grupo Puebla. A raíz de esto, el ACNUR ha preparado el presente informe para la consideración de la V Conferencia Regional sobre Migración.
El ACNUR pretende que este informe sirva de herramienta práctica para guiar la puesta en marcha de los elementos de protección establecidos en el Plan de Acción de Puebla. En su informe, el ACNUR plantea diez parámetros encaminados a evaluar la protección eficaz de los refugiados a nivel nacional. Asimismo, el ACNUR ha preparado un Informe por País para cada Estado Miembro de Puebla, que esboza las disposiciones actuales, tanto legales como administrativas, referentes a los refugiados. Los parámetros proporcionan una base para evaluar el estado actual de la protección de los refugiados, como se refleja en los Informes por País. Los Informes por País pueden servir como datos de base para evaluar los avances logrados por el Proceso Puebla a través del tiempo. ACNUR espera recibir las observaciones y comentarios de los Estados Miembros, tanto en relación con los parámetros como con los Informes por País.
La evaluación general del ACNUR concluye que dentro del Grupo Puebla, existen algunas brechas significativas en el marco de la protección de refugiados. Una comparación entre los parámetros y la situación actual reflejada en los Informes por País, revela estas brechas que son susceptibles de ser mejoradas. Por consiguiente, el ACNUR recomendaría tres áreas de actividades prioritarias encaminadas a fortalecer el marco de la protección de refugiados:
- Capacitar y sensibilizar a funcionarios de migración y policías que trabajan "en primera línea", respecto a los derechos de los refugiados y de los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, así como su necesidad de protección internacional.
- Promover la adopción de una legislación nacional que ejecute plenamente la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 y que establezca instituciones y procedimientos para la protección de refugiados, así como las soluciones correspondientes.
- Fomentar la participación de la sociedad civil en la protección de refugiados y en el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones no gubernamentales (ONGs) nacionales y otras instituciones, a fin de que éstas jueguen un papel eficaz de apoyo.
El ACNUR propone a los Estados Miembros de Puebla diez parámetros, encaminados a evaluar si el marco nacional legal y administrativo asegura adecuadamente que las personas refugiadas y solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado reciben un trato justo, humano y acorde con los principios internacionales.
1.	La adhesión a los instrumentos internacionales relativos a refugiados.
2.	La legislación nacional cumple con los principios internacionales.
3.	Las personas solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado son admitidas para su seguridad.
4.	Los derechos de los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado son respetados.
5.	Los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado reciben todas las facilidades necesarias.
6.	Los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado son justos y rápidos.
7.	Las necesidades de protección de mujeres y niños se satisfacen.
8.	Los refugiados son documentados y gozan de derechos básicos.
9.	El ACNUR puede cumplir su deber de supervisión.
10.	La sociedad civil juega un papel eficaz de apoyo.
A continuación se presenta el punto de vista del ACNUR respecto a los estándares internacionales mínimos, así como a las "mejores prácticas" en relación con cada uno de los diez parámetros. Los Estados podrán adoptar diversos enfoques a fin de cumplir sus obligaciones internacionales con los refugiados. El ACNUR se pone a la disposición de los Estados Miembros del Proceso Puebla para desarrollar respuestas legislativas y políticas apropiadas a las circunstancias nacionales.
Parámetro número uno: Adhesión a los instrumentos internacionales relativos a los refugiados
La piedra angular del régimen de protección internacional de refugiados es la Convención de las Naciones Unidas relativa al Estatuto de los Refugiados, que se abrió para la adhesión de los Estados en 1951 (la "Convención de 1951"). El Protocolo de 1967 incorpora las disposiciones más importantes de la Convención de 1951 y elimina las restricciones temporales y geográficas, que permitían que los Estados limitaran su aplicación a personas que eran reconocidas como refugiadas a raíz de los sucesos que ocurrieron en Europa antes de 1951. La Convención y el Protocolo son los instrumentos más integrales y universales que rigen el estatuto legal de los refugiados. Definen quién es una persona refugiada y establecen criterios mínimos para el trato a personas que califican como refugiados. En términos generales, estos instrumentos afirman que los refugiados merecen, como mínimo, el mismo trato del que gozan otros extranjeros en un país dado y en muchos casos, el mismo trato que los nacionales.
Para conmemorar su quincuagésimo aniversario en el año 2000, el ACNUR ha lanzado una campaña mundial de promoción que busca la adhesión universal a los instrumentos internacionales relativos a refugiados. La adhesión pone de manifiesto la profunda preocupación de los Estados por la situación de los refugiados, y subraya la importancia de la cooperación internacional y del apoyo del ACNUR en la búsqueda de soluciones a sus problemas. A la fecha, 137 países han ratificado la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967. Los países de América se comparan favorablemente con otras regiones del mundo respecto a la adhesión, y el Grupo Puebla podría cumplir plenamente con este parámetro en un futuro próximo. Aunque México no se ha adherido a la Convención de 1951 ni al Protocolo de 1967, el gobierno de México anunció su intención de ratificar dichos instrumentos durante la visita oficial de la Alta Comisionada en julio de 1999.
Otros instrumentos internacionales relevantes
La Convención de 1951 fue uno de los primeros tratados internacionales en transformar los ideales plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos en obligaciones jurídicas. El Artículo 14(1) de la Declaración Universal confirma que "en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país". La mayor parte de los demás derechos humanos básicos que son clave para la protección de refugiados también se encuentran en la Declaración Universal, incluyendo: El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a tratos ni a penas crueles, inhumanas o degradantes; los derechos a la libertad de circulación y a salir y regresar al país de origen; el derecho a no ser sometido al arresto, a la detención ni al exilio arbitrarios; así como el derecho a la nacionalidad.
El sistema internacional de los derechos humanos aporta un marco más amplio para la protección de refugiados, que se complementa y construye basándose en la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967. Entre los demás acuerdos internacionales relevantes, se incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979); la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (1984); y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Para muchos de los Estados Miembros de Puebla, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984) y las diversas convenciones regionales sobre el asilo, tanto territorial como diplomático, y sobre extradición, son particularmente importantes.
El ACNUR también tiene mandato e interés especial por la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961. El Comité Ejecutivo del ACNUR y la Asamblea General de las Naciones Unidas le han solicitado a la Alta Comisionada promover la adhesión a la Convención de 1954 y lograr su aplicación en todos los Estados. Además, la Asamblea General ha solicitado al ACNUR, bajo el Artículo 11 de la Convención de 1961, apoyar a las personas y a los Estados en la solución de los casos de apatridia.
El Anexo a este informe proporciona información sobre la situación de los Estados Miembros de Puebla en relación con éstos y otros instrumentos internacionales relevantes.
La adopción de legislación nacional u otras medidas legales vinculantes es necesaria para dar vida y fuerza a las normas, principios y obligaciones contenidas en los instrumentos de derecho internacional de los refugiados. Los estándares internacionales mínimos que deberían guiar la formulación de dicha legislación pueden extraerse de la Convención de 1951, de su Protocolo de 1967 y de la gama de instrumentos sobre derechos humanos anteriormente mencionados, así como de las Conclusiones del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado (EXCOM), que es la instancia intergubernamental y de supervisión del ACNUR. Se requiere que la legislación nacional establezca el marco legal y administrativo para la protección de los refugiados y la solución a sus problemas. Esta sección se centra en los principios fundamentales de la protección de los refugiados.
La legislación nacional debe incorporar la definición de "refugiado". Esta definición debe incluir y armonizar los criterios establecidos en la Convención de 1951. El ACNUR alienta a los Estados a considerar la adopción de la definición ampliada establecida en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984) que considera también "como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público". Varios Estados Miembros de Puebla aplican la Declaración de Cartagena en la práctica, y México la ha incorporado a su legislación nacional. Los Estados pueden otorgar un estatuto diferente a los individuos que no tienen estricta cabida dentro de los criterios de la Convención de 1951, pero que no obstante, se ven imposibilitados de regresar a su país de origen debido a otras razones poderosas. El ACNUR no se opone a una condición diferente, siempre y cuando los individuos sean protegidos contra la devolución (refoulement) y gocen de un trato congruente con los principios básicos de derechos humanos.
La Convención de 1951 excluye de la definición de refugiado a aquellas personas que no merecen protección internacional. Entre las personas excluidas están aquellas acerca de quienes existen motivos fundados para pensar que han cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad, un crimen serio de carácter no político antes de entrar al país de refugio o actos en contra de los objetivos y principios de las Naciones Unidas. Las cláusulas de exclusión en la Convención de 1951 están enumeradas de manera exhaustiva, y el ACNUR aboga por adoptar precisamente el mismo texto. La legislación nacional no deberá variar el lenguaje o agregar ninguna otra razón. No se permite excluir automáticamente a individuos particulares o a grupos del acceso a todos los procedimientos de determinación. Las personas bajo sospecha de haber cometido algún delito después de su ingreso al país, deben ser procesadas en el marco del código penal, sin poner en riesgo o impedir la evaluación de su condición de refugiado.
El principio de no-devolución es la protección fundamental de la que gozan los refugiados, y es preciso que se refleje en la ley nacional. El Artículo 33 de la Convención de 1951 establece que "ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas". La obligatoriedad de la no-devolución del Artículo 33 está sujeta a excepciones estrictamente limitadas, en lo que se refiere a personas que representan un peligro para la seguridad nacional o que hayan sido condenados por un delito particularmente grave. No obstante, varios Estados Miembros de Puebla también se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Ambas contienen obligaciones categóricas acerca de la no-devolución, y no permiten excepción alguna.
Parámetro número tres: Los solicitantes de asilo son admitidos para su seguridad
A fin de evitar la devolución y proteger la institución del asilo , se deben identificar a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado en los puntos fronterizos y admitirlos para su seguridad. Inicialmente toda persona refugiada también es solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado. Las autoridades nacionales deben tratar a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado como si pudieran ser refugiados, hasta que se determine su condición. El acceso de los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado al procedimiento, dependerá de los mecanismos establecidos para su recepción, así como de la capacitación de los oficiales en los puntos fronterizos. Por lo tanto, los funcionarios migratorios y policías en la frontera pueden tomar la decisión más crítica respecto a una solicitud de condición de refugiado, cuando admiten o rechazan la entrada de un solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado potencial.
El principio de no-devolución se aplica independientemente de que el Estado haya establecido o no procedimientos nacionales para la determinación del estatuto de refugiado. No obstante, la aplicación de este principio puede discrepar con las normas adoptadas por los Estados a fin de prevenir la migración ilegal, tales como requisitos de visa, revisión en aeropuertos y sanciones a compañías de transporte por el traslado de personas en forma irregular. Tales medidas de manejo migratorio pueden terminar siendo obstáculos insuperables para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado. Estas medidas deben aplicarse con sensatez y flexibilidad, y deben ir acompañadas de procedimientos de protección, a fin de asegurar que las personas en necesidad de protección internacional tengan acceso a la misma.
Los funcionarios de migración y policías deben estar capacitados adecuadamente y deben recibir instrucciones claras respecto al tratamiento de los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado. La capacitación y las instrucciones deben dejar en claro que dichas personas están exentas de la aplicación de las leyes y reglamentos migratorios que impiden el ingreso de ciertas categorías de personas. Las instrucciones deben incluir órdenes de no expulsar, deportar o impedir el ingreso en la frontera de toda persona que exprese el deseo de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. El uso de intérpretes puede ser fundamental para comprender la situación y evitar la devolución.
Deben darse instrucciones a los funcionarios de migración y policías que trabajan en "primera línea" de canalizar, sin excepción, a todos los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado a instancias superiores para su procesamiento. Las instancias superiores deberán incluir a personal designado en aeropuertos, puertos, y puestos fronterizos así como a personal que trabaja en oficinas gubernamentales en sitios relevantes. El personal designado en puertos debe estar autorizado a desembarcar a los polizones solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado de las embarcaciones ubicadas en aguas territoriales del Estado. Los funcionarios autorizados a recibir y a registrar solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado también deben tener instrucciones claras respecto a su responsabilidad y a la obligación de canalizar los casos a una autoridad central que manejará lo substancial de la solicitud.
Parámetro número cuatro: Los derechos de los solicitantes de asilo son respetados
El trato a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado durante el proceso de elegibilidad debe ser humanitario. Los derechos humanos básicos se aplican universalmente y benefician a todos: nacionales, extranjeros, refugiados y solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, con permanencia legal o ilegal en el territorio de un Estado. Los derechos humanos no derogables incluyen el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a tratos ni a penas crueles, inhumanos o degradantes; la libertad contra la esclavitud o servidumbre; el reconocimiento como persona ante la ley; libertad de pensamiento, conciencia y religión; el derecho a no ser sometido al arresto o a la detención arbitrarios; el derecho contra la interferencia arbitraria en la privacidad, el hogar y la familia. Los derechos humanos son de gran importancia para los refugiados y los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, cuya huida es el resultado de hacer caso omiso a estos derechos en su país de origen. Por su parte, los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado están obligados a cooperar plenamente con las autoridades competentes y a respetar las leyes nacionales.
De acuerdo con el Artículo 31(1) de la Convención de 1951, no se debe imponer sanciones a los refugiados y solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado que ingresan al país de manera ilegal o que se encuentran ilegalmente en él, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades competentes y aleguen causa justificada de su ingreso o presencia ilegal. Mientras no se llegue al término del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, deben cesar o al menos suspender los procedimientos legales por entrada o estancia ilegal. Además, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 31(2) de la Convención de 1951 y por los derechos relativos a la libertad, a no ser sometido a arresto o detención arbitrarios y a la libertad de circulación, el ACNUR también aboga para que los refugiados y solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado no sean detenidos o se restrinja su circulación por su situación irregular en el país.
El ACNUR considera la detención de los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado intrínsecamente no deseable, con mayor razón, en el caso de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, menores, personas de edad no acompañadas y aquellas personas con necesidades médicas o psicológicas especiales. El ACNUR estima que la detención de un solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado sólo se debe efectuar, de ser necesario, para verificar la identidad; para determinar los elementos en los que se basa la solicitud de determinación del estatuto de refugiado o del asilo; para el manejo de solicitantes que han destruido o falsificado sus documentos de viaje o identidad en un intento de engañar a las autoridades; para la protección de la seguridad nacional o del orden público. La detención de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado por cualquier otro motivo, como el de disuadir a futuros solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, es contraria a los principios de la protección internacional.
En caso de detención de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, la ley aplicable debe definir claramente las razones e incorporar las garantías adecuadas. El solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado debe ser informado de las razones de su detención. El período de detención deberá estar limitado y sujeto al procedimiento normal de revisión administrativa o judicial o, en su defecto, se deberá permitir al solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado solicitar esta revisión. Deberá permitírsele al solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado obtener asesoría legal, ponerse en contacto con ONGs o con el ACNUR. Los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado detenidos no deben ser alojados con criminales y su condiciones debe concordar con los estándares internacionales, que permiten a los miembros de una familia permanecer juntos. En donde existan alternativas viables a la detención, como control de firma o fianza, éstas deben ser aplicadas preferentemente, a menos que exista evidencia que sugiera que esta alternativa no será efectiva.
Los menores que soliciten reconocimiento de la condición de refugiado no deben ser detenidos. Si un Estado detiene a menores, esta medida deberá ser el último recurso y el período deberá ser el mínimo posible. Si los menores solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado son detenidos en aeropuertos, centros de detención migratoria o prisiones, no deberán estar sujetos a las condiciones de una prisión. Deberán hacerse todos los esfuerzos necesarios para su libertad y cambio de alojamiento. Si esto no es posible, deberán hacerse los arreglos necesarios para un alojamiento apropiado para menores y sus familias.
Las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de personas en detención deben ser prioritarias. La detención de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado por razones de seguridad nacional no deberá prejuzgar la evaluación de la solicitud. Si la decisión es positiva, las cuestiones relativas a la deportación o expulsión deberán ser explicadas en consistencia con los Artículos 32 y 33 de la Convención de 1951. Los refugiados y solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado deberán ser puestos en libertad en cuanto cesen los motivos para su detención.
Parámetro número cinco: Los solicitantes de asilo reciben todas las facilidades necesarias
El Comité Ejecutivo del ACNUR ha llamado a los Estados a proporcionar a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado todas las facilidades necesarias para presentar su solicitud (Conclusión No. 8 (XXVIII) (1977) del EXCOM). Los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentran en una situación de vulnerabilidad y necesitan ayuda para entender sus derechos y obligaciones, así como los procedimientos a seguir. La información debe presentarse en un lenguaje comprensible para el solicitante y debe incluir los criterios para el reconocimiento de la condición de refugiado, así como de las leyes, reglamentos y procedimientos que lo rigen. A los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, también se les debe informar sobre las consecuencias de una decisión tanto positiva como negativa, y se les debe brindar la oportunidad de contactar a un abogado, a organizaciones no gubernamentales (ONGs) relevantes y al ACNUR. Se podrá difundir dicha información a través de diversos medios, por ejemplo, de manera individual, sesiones de orientación para grupos y folletos informativos.
El Comité Ejecutivo ha definido como "facilidades necesarias" el acceso, cuando sea pertinente, a los servicios de un intérprete en cada etapa del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Por razones de confidencialidad, así como de seguridad, se deben tomar precauciones extremas en la selección de intérpretes. Asimismo, debe asegurarse que la comunicación no se dificulte por la falta de confianza del solicitante con respecto al interprete. El ACNUR puede asesorar para la selección y capacitación de intérpretes. Más aún, a fin de inspirar confianza, se debe informar al solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado que ninguna información revelada durante cualquier etapa del procedimiento será compartida con las autoridades del país de origen sin el consentimiento expreso del solicitante.
Los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado pueden requerir asistencia material y otro tipo de apoyo mientras esperan la decisión final sobre su solicitud. A reserva de la disponibilidad de recursos en el país, esta asistencia puede cubrir las necesidades de alimentación, alojamiento, atención médica y otras necesidades básicas. También puede incluir asesoría legal, social, y sobre cuestiones administrativas. Las ONGs pueden contribuir sustancialmente a la coordinación de este tipo de apoyo para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado.
Parámetro número seis: Los procedimientos de asilo son justos y rápidos
El ACNUR considera que los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado deben ser tanto justos como rápidos, para beneficio de los solicitantes y de los propios Estados. La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 no regulan en forma específica los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado. Un Estado puede establecer el procedimiento que considere más apropiado, dentro de su constitucional y administrativo. El Comité Ejecutivo del ACNUR ha proporcionado algunos lineamientos referentes a estándares mínimos y básicos que deben regir los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado (Conclusión No. 8 (XXVIII) (1977) y No. 30 (XXXIV) (1983) del EXCOM). El Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado bajo la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 relativos al Estatuto de los Refugiados (edición de 1992), también proporciona lineamientos útiles a los funcionarios encargados de determinar el estatuto de refugiado.
Todo solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado debe tener acceso a los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado y debe ser apoyado en su solicitud. Además, el acceso a los procedimientos debe otorgarse independientemente de que la solicitud se haga en el interior del país o en la frontera. Si se requiere que el solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado presente su solicitud de manera formal, mediante un proceso de registro, la legislación deberá estipular que cualquier error técnico, como formularios incompletos, no debe descalificar la solicitud o impedir el registro o aceptación de la misma por parte de la autoridad competente.
El ACNUR no cree conveniente que se imponga un tiempo límite para presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante las autoridades. No obstante, en caso de que la legislación establezca dicho límite, éste debe ser un periodo razonable posterior a la fecha de ingreso al país. El incumplimiento del requisito de tiempo no debe descalificar la solicitud, aunque sí se podrá solicitar una explicación por la demora, que podrá ser tomada en cuenta para la decisión. La posibilidad de presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en cualquier momento posterior al arribo, es esencial para permitir que el individuo solicite reconocimiento de la condición de refugiado como refugiado sur place. Una persona se convierte en refugiado sur place debido a circunstancias que surgen en su país de origen durante su ausencia. Una solicitud de refugiado sur place también puede surgir como resultado de acciones realizadas por el solicitante, por ejemplo su asociación con refugiados reconocidos o la expresión de opiniones políticas consideradas como hostiles por el país de origen.
Un entrevistador capacitado y sensible
La entrevista personal del solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado es sumamente importante. El ACNUR no considera conveniente que los funcionarios en puestos fronterizos realicen entrevistas para determinar la condición de refugiado de un solicitante. Se debe designar a una autoridad independiente o a otros funcionarios competentes para realizar esta tarea. Los entrevistadores deben estar adecuadamente calificados y capacitados apropiadamente. Pueden necesitarse intérpretes calificados para permitir que el solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado presente su solicitud, proporcione información adicional y responda a las preguntas. El género, la edad y la cultura pueden tener impacto en el resultado de la entrevista, como se menciona con mayor detalle en el parámetro No. 7.
Toma de decisiones por una instancia calificada e imparcial
Los procedimientos justos que cumplen con los requisitos de la protección internacional, exigen un análisis cuidadoso de la solicitud por parte de una instancia claramente definida, calificada, conocedora e imparcial. Una autoridad debe estar claramente designada para decidir en primera instancia sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. El ACNUR alienta la designación de una autoridad central, que podrá incluir funcionarios de ministerios o departamentos gubernamentales competentes en la materia, representantes de ONGs o individuos reclutados especialmente para desempeñar esta tarea. El ACNUR puede brindar apoyo en forma de capacitación y asesoría sobre el derecho de los refugiados y acerca de la situación en el país de origen.
La autoridad competente debe tomar la decisión con base en toda la información presentada por el solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado y la situación en el país de origen, así como en los criterios sobre refugiados. Se debe contar con el expediente del solicitante, así como con todos los apuntes de la entrevista y recomendaciones de las autoridades involucradas en el procedimiento. Aunque otros funcionarios pueden realizar la entrevista inicial, la autoridad decisoria también debe tener la facultad de realizar otra entrevista si lo considera necesario. Las audiencias orales son particularmente útiles para evaluar la credibilidad del solicitante, lo que resulta muy difícil si se basa únicamente en el relato o en el informe de la entrevista. Las audiencias personales también permiten valorar la actitud y el comportamiento del solicitante y dan la oportunidad a la instancia decisoria de hacer preguntas adicionales y aclarar incongruencias aparentes. Aunque no es esencial, puede ser útil establecer un tiempo límite para que la autoridad decisoria resuelva.
Apelación de decisiones negativas
El derecho del solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado a apelar una decisión negativa es fundamental. Una revisión independiente de decisiones negativas es de vital importancia, ya que una decisión equivocada puede violar el principio de no-devolución, con consecuencias trágicas para el refugiado. La apelación se justifica porque pueden tomarse decisiones sin contar con toda la información pertinente, basándose en una interpretación o en una aplicación errónea de la ley o sin el beneficio de la consideración de hechos que fueron conocidos con posterioridad. Por lo tanto, un mecanismo eficaz de revisión es una garantía legal básica que debe formar parte de todo procedimiento de determinación de la condición de refugiado, y debe ser un derecho automático que todo solicitante rechazado pueda ejercer. El Comité Ejecutivo del ACNUR ha confirmado esta opinión (Conclusión No. 8 (XXVIII) (1977) del EXCOM).
Los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, rechazados en primera instancia, deben contar con un tiempo razonable para solicitar que sus casos sean reconsiderados formalmente, y deben recibir información acerca de los procedimientos a seguir. Mientras esté pendiente la decisión final, se debe permitir que el solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado permanezca en el territorio. Los estándares internacionales no establecen la naturaleza del recurso que puede ser un procedimiento administrativo o judicial. De preferencia, la autoridad que revisa debe ser distinta a la que tomó la decisión en primera instancia. Si la misma autoridad es responsable de la revisión a nivel de apelación, entonces las personas que reconsideran el caso deberían ser distintas. El ACNUR recomienda que la instancia de revisión o apelación tenga amplia autoridad para revisar tanto los hechos del caso como los principios jurídicos aplicables, a fin de corregir posibles errores y asegurar una aplicación consistente de la ley.
En la última década, varios países han adoptado mecanismos legales en su legislación nacional relativa a refugiados con el fin de manejar el gran número de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado en su territorio, incluyendo a aquellos que se han trasladado de manera "irregular", así como a aquellas solicitudes que son manifiestamente infundadas. Estos mecanismos legales consisten en establecer procedimientos especiales y más rápidos para procesar con mayor celeridad tipos específicos de casos que se considera tienen poca posibilidad de prosperar. Estos casos son identificados en base a la aplicación de conceptos que se han venido desarrollando, tales como el de "tercer país seguro", "país de origen seguro", y solicitudes "manifiestamente infundadas".
El ACNUR objeta el uso de cualquier mecanismo que automáticamente excluya la consideración de solicitudes, en base a que no debe negársele el acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado a ninguna persona. No obstante, el ACNUR sí reconoce que los procedimientos nacionales pueden incluir disposiciones especiales para el manejo expeditivo de solicitudes que claramente carecen de fundamento y que no ameritan un análisis completo en cada etapa del procedimiento. Por ejemplo, si la aplicación del concepto de "tercer país seguro" excluyera, a priori, de la condición de refugiado a un grupo entero de solicitantes de reconocimiento de dicha condición, el ACNUR consideraría que esto es incongruente con el espíritu y posiblemente con el contenido de la Convención de 1951. Sin embargo, la preocupación del ACNUR respecto a la utilización del concepto de "tercer país seguro" es menor, cuando se usa solamente para canalizar ciertas solicitudes hacia los procedimientos de elegibilidad acelerados, o si tuviera una función probatoria.
Los Estados pueden recurrir a procedimientos acelerados, siempre y cuando esté bien definido el tipo de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado que se analizará en dichos procedimientos y que éstos vayan acompañados de garantías apropiadas. Los procedimientos acelerados no deben utilizarse para determinar asuntos substantivos que se relacionen con el mérito del caso, por ejemplo la exclusión de la condición de refugiado o la disponibilidad de una alternativa de huida interna. El ACNUR tampoco apoyaría procedimientos acelerados que puedan facultar a los funcionarios de migración y policías que trabajan en "primera línea" a decidir si una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado es admisible, dada la tremenda dificultad para asegurar que todos los agentes fronterizos reciban capacitación adecuada en materia de protección de refugiados.
Mientras más acelerado sea el procedimiento, existe más riesgo de que se tome una decisión equivocada. Por lo tanto, el ACNUR considera que las garantías apropiadas deben incluir la posibilidad de apelar o su equivalente, con efecto suspensivo, antes de ejecutar una decisión negativa. Estas medidas no deben estar sujetas a excepciones, aunque el ACNUR concuerda en que no deben afectar adversamente el carácter expeditivo del procedimiento acelerado.
Es preciso que la legislación nacional incorpore disposiciones que salvaguarden la confidencialidad de la información relacionada con los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado y refugiados, incluyendo datos personales, huellas dactilares e información proporcionada en apoyo de la solicitud de condición de refugiado.
Las mujeres comparten los mismos problemas de protección que todos los refugiados. Como todos los refugiados, las mujeres necesitan protección contra el retorno forzoso a su país de origen; seguridad contra actos de violencia; protección contra la detención injustificada o indebidamente prolongada; un estatuto legal que otorgue derechos sociales y económicos adecuados; y acceso a requerimientos básicos como son alimentación, alojamiento, vestido y atención médica. Además de los problemas compartidos por todos los refugiados, las mujeres y las niñas refugiadas, por su género, tienen necesidades particulares de protección. Por ejemplo, necesitan protección contra el abuso y la explotación sexual y físico, y contra la discriminación sexual durante el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, así como en todos los demás aspectos.
A fin de asegurar la protección eficaz de las mujeres refugiadas y solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, el ACNUR alienta a los Estados a revisar, desde una perspectiva de género, sus disposiciones nacionales legales y administrativas para la protección de los refugiados. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) han descrito este proceso en los siguientes términos:
La integración de la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que podría tener para las mujeres y los hombres, cualquier acción propuesta, incluyendo legislación, políticas o programas, en cualquier área y a todos los niveles. Es una estrategia para lograr que las necesidades y experiencias, tanto de las mujeres como de los hombres, se conviertan en una dimensión integral del diseño, ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación de políticas y programas en los ámbitos político, económico y social, de manera que ambos, mujeres y hombres, se beneficien igualmente y no se perpetúe la desigualdad. La meta final es lograr la igualdad entre ambos géneros.
La integración de la perspectiva de género en la determinación de la condición de refugiado requiere, inter alia, que el Estado se formule una serie de preguntas, incluyendo las siguientes: ¿Las mujeres tienen el mismo acceso que los hombres a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado? ¿Las mujeres miembros de una familia son entrevistadas por separado para valorar posibles solicitudes independientes de la condición de refugiado? ¿Hay mujeres involucradas en el proceso resolutivo de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado? ¿Las personas que toman las decisiones reciben capacitación sobre los derechos y los problemas de las mujeres refugiadas y las formas de persecución a las que pueden estar sujetas? ¿Reciben capacitación e información acerca de asuntos interculturales? ¿La persecución con base en el género es un fundamento reconocido para la condición de refugiado? ¿Las mujeres reciben documentos a su nombre que certifiquen su condición de refugiadas?
El ACNUR desea destacar que las mujeres que han sido objeto de violencia o abuso sexual pueden tener dificultades al presentar los hechos en los que basan sus solicitudes. Las mujeres solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado deben tener acceso a una entrevistadora y a una intérprete, a fin de establecer el ambiente de confianza que se requiere para proporcionar detalles tan sensibles y personales. La presencia de otros miembros de la familia durante la entrevista también puede ser un obstáculo para la aportación de información relacionada con violencia sexual. Las entrevistadoras también deben estar capacitadas para reconocer los diferentes tipos de respuestas psicosociales al trauma durante las entrevistas de determinación de la condición de refugiado.
La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 definen al refugiado independientemente de su edad y no contienen disposiciones particulares para la condición de refugiado de los niños. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su Artículo 3, requiere que "el interés superior del niño" sea la consideración primordial en todas las acciones que afecten a los menores, y el Artículo 22 requiere lo siguiente:
Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables, reciba tanto si está solo como acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.
La mayoría de los niños están acompañados de sus padres y reciben la condición de refugiado por extensión del reconocimiento de los padres. Es más difícil determinar la condición de refugiado de niños no acompañados y se requiere de una atención especial. El ACNUR recomienda que los Estados desarrollen procedimientos especiales apropiados a las circunstancias de los niños no acompañados. Los niños no son independientes legalmente, y un representante adulto debe hacerse responsable de promover la decisión que más convenga a los intereses del menor.
La manera de cómo determinar si un niño no acompañado califica como refugiado, dependerá del grado de desarrollo mental y madurez del niño. A fin de realizar la evaluación necesaria, se debe consultar a un experto con amplios conocimientos sobre el desarrollo psicológico, emocional y físico así como del comportamiento de los niños. A menudo las ONGs especializadas pueden proporcionar estos conocimientos. Cuando el niño es suficientemente maduro como para tener y expresar un temor fundado de persecución, la solicitud puede tratarse de una manera similar a la de un adulto. Cuando el niño no tiene esa madurez, los procedimientos de determinación de la condición de refugiado deben dar mayor peso a los factores objetivos, tales como los antecedentes del niño, las circunstancias de la huida y la situación objetiva en el país de origen. En este tipo de casos, la instancia decisoria no debe pedirle al menor detalles de las circunstancias que ocasionaron un temor subjetivo de persecución.
Una entrevista para la determinación de la condición de refugiado puede ser muy traumática para un niño. Una persona adulta de confianza, normalmente un miembro de la familia, un amigo o una persona independiente nombrada a tal efecto, debe acompañar al niño durante el proceso de la entrevista. En la determinación de la condición de refugiado, el tema de la prueba es complicada y aún más en el caso de menores. Por esta razón, la decisión sobre la condición de refugiado de un niño exige una aplicación liberal del principio del beneficio de la duda. Los niños con edad suficiente para entender el significado de la determinación de la condición de refugiado deben ser informados del procedimiento, de su situación actual, de las decisiones que se han tomado y de las posibles consecuencias.
La importancia del registro de nacimiento
Los derechos humanos de un niño refugiado se ponen en riesgo cuando un Estado no autoriza y no asegura el registro y la certificación de los nacimientos. El registro de nacimientos es esencial para poder establecer sin lugar a dudas la fecha y el lugar de nacimiento. La apatridia puede tener consecuencias para toda la vida en lo que respecta a derechos básicos, legalidad, seguridad y a la posibilidad de viajar de un menor refugiado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 24, y la Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 7, establecen que todo menor deberá ser registrado inmediatamente después de su nacimiento y que tiene el derecho a adquirir una nacionalidad.
La legislación nacional debe contemplar la permanencia legal de las personas reconocidas como refugiadas. Muchos de los derechos plasmados en la Convención de 1951 sólo pueden ser ejercidos por personas que están legalmente en el territorio de un Estado.
Aunque la Convención de 1951 no contempla la unidad de la familia, el Acta Final de la Conferencia que adoptó dicha Convención "recomienda a los gobiernos que adopten las medidas necesarias para la protección a la familia del refugiado y especialmente para… asegurar que se mantenga la unidad de la familia del refugiado, sobre todo en aquellos casos en el que el jefe de familia reúna las condiciones necesarias para ser admitido en un país…" En términos más generales, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado." Asimismo, el Artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 contiene precisamente el mismo lenguaje. Más aún, la Declaración de Cartagena reconoce "que la reunificación de las familias constituye un principio fundamental en materia de refugiados, el cual debe inspirar el régimen de tratamiento humanitario en el país de asilo…"
Por consiguiente, la legislación nacional debe otorgar la condición de refugiado a los miembros de la familia inmediata de las personas reconocidas como refugiados. La tramitación de las solicitudes de la condición de refugiado no debe limitarse a los miembros de la familia que acompañan al solicitante. Otros miembros de la familia pueden llegar posteriormente, después de haber sido separados durante la huida. La unidad de la familia debe incluir por lo menos al cónyuge y a los hijos menores, así como a otros familiares dependientes que hayan estado viviendo en el hogar del solicitante. Aunque generalmente se considera que a los dieciocho años se cumple la mayoría de edad, esto no es una regla estricta. El ACNUR promueve un enfoque flexible que permita que las autoridades consideren las costumbres y la cultura al decidir lo que constituye la mayoría de edad de los niños.
Cuando un miembro de la familia tiene la nacionalidad y la protección efectiva de otro país, no es necesaria la protección internacional, y el individuo no debe ser reconocido como refugiado. No obstante, se debe autorizar la permanencia legal de los miembros de la familia que no son refugiados mientras la persona refugiada permanece en el país.
La documentación de los refugiados es fundamental para dar efecto al otorgamiento de la condición de refugiado. El Comité Ejecutivo del ACNUR ha enfatizado la importancia de la documentación, tanto para establecer la identidad de los refugiados como para asegurar un trato acorde con los principios internacionalmente reconocidos (Conclusión No. 35 (XXXV) (1984) del EXCOM). Los dependientes de los refugiados que son reconocidos por extensión o cuya permanencia es permitida debido a la condición de refugiado de algún miembro de su familia, también requieren documentos de identidad y de viaje.
Los Artículos 27 y 28 de la Convención de 1951, respectivamente, requieren que los Estados Contratantes emitan documentos de identidad a cualquier refugiado en su territorio, así como documentos de viaje a los refugiados con permanencia legal en dicho territorio. Los Estados deben promulgar una legislación que autorice la expedición de documentos, que certifique la condición de refugiado, que establezca los procedimientos necesarios y que asegure unas partidas presupuestarias adecuadas para tal efecto. El Anexo de la Convención de 1951 establece reglas para la expedición y renovación de documentos de viaje, y el Apéndice presenta un ejemplar.
Otros derechos básicos de los refugiados
Los refugiados gozan de algunos otros derechos y beneficios básicos de acuerdo con la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. Los Estados están obligados a otorgar los siguientes derechos a las personas refugiadas de acuerdo con los principios aplicables a los nacionales: derecho a la no-discriminación por motivos de raza, religión o país de origen; libertad de religión con respecto a la instrucción religiosa de los hijos y acceso a la educación pública primaria así como a los beneficios de la asistencia pública y a la cortes de justicia. La legislación nacional relativa a asuntos laborales y los beneficios de la seguridad social también deben aplicarse a los refugiados de la misma manera que para los nacionales, con las limitaciones del caso. Los refugiados tienen derecho al trato más favorable otorgado a los extranjeros en el país en las mismas circunstancias que ellos respecto a la libertad de asociación, el acceso a la educación distinta de la elemental, el derecho de propiedad así como el derecho al empleo remunerado, a ejercer una profesión liberal y al trabajo por cuenta propia. La libertad para ejercer estos derechos humanos es esencial para que los refugiados logren un nivel adecuado de integración económica y social, así como la autosuficiencia.
Por su naturaleza, la condición de refugiado es temporal, y los refugiados necesitan una solución más duradera a sus problemas. Cuando la repatriación al país de origen no es posible, la integración local en el país de asilo es a menudo la solución más apropiada. La Convención de 1951 llama a los Estados a facilitar, en la medida de lo posible, la asimilación y la naturalización de los refugiados y el ACNUR alienta a los Estados a adoptar medidas legislativas que permitan la naturalización de los refugiados.
El ACNUR tiene la obligación expresa de supervisar la aplicación de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967, de acuerdo con los Artículos 35 y II, respectivamente. Estas disposiciones obligan a los Estados Contratantes a cooperar con el ACNUR y, en particular, a facilitar sus funciones de supervisión. Para facilitar la función de supervisión, los Estados deben proporcionar al ACNUR información y datos estadísticos sobre la condición de los refugiados en el país, así como información acerca de la aplicación de los instrumentos internacionales relativos a refugiados y cualquier ley, reglamento y decreto relacionado con refugiados o que tenga impacto en ellos. El ACNUR también debe tener pleno acceso a todos los lugares donde se encuentren los refugiados y los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, incluyendo aeropuertos, puertos, fronteras terrestres, centros de recepción, de detención, cárceles y estaciones de policía. Los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado también deben ser informados de manera rutinaria y sistemática sobre la posibilidad de contactar al ACNUR.
Ni la Convención de 1951 ni el Protocolo de 1967 especifican el papel que el ACNUR debe desempeñar en los procedimientos nacionales para la determinación de la condición de refugiado. El ACNUR busca contribuir de la manera más apropiada a la identificación eficaz de refugiados necesitados de protección. En el ámbito internacional, la participación del ACNUR a nivel nacional varía, y va desde la supervisión y la asesoría informal, hasta un papel más formal en la toma de decisiones. En América Latina, por ejemplo, la práctica común ha sido que el ACNUR participe en los comités gubernamentales de determinación de la condición de refugiado con voz, pero sin voto. Como mínimo, el ACNUR debe recibir notificación de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, tener acceso a los expedientes y a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, estar autorizado para presentar recomendaciones a las autoridades y ser informado de las decisiones tomadas respecto de los casos individuales.
La sociedad civil puede desempeñar un papel fundamental de apoyo en la protección de refugiados. Las ONGs, los grupos afiliados a iglesias, las instituciones académicas, asociaciones profesionales y el público en general pueden ofrecer experiencia y servicios valiosos que son esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos otorgados a los refugiados por la Convención de 1951. Las ONGs y otros grupos relevantes pueden utilizar su presencia en el terreno para observar e informar a las autoridades gubernamentales y al ACNUR sobre asuntos de protección, y pueden promover los principios internacionales con los funcionarios locales. También, pueden ofrecer asesoría legal y apoyo social a los refugiados y solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, así como programas educativos y de capacitación. En algunos países, representantes de ONGs participan directamente en el proceso de la toma de decisiones sobre la condición de refugiado. Como se mencionó anteriormente, las ONGs pueden brindar un apoyo particularmente importante en lo que respecta a los niños no acompañados y a otras personas con necesidades especiales de protección.
El ACNUR considera que la protección de los refugiados es una responsabilidad compartida. El concepto de asociación con el gobierno y la sociedad civil a nivel nacional y con socios estratégicos a nivel regional, es un elemento clave de la estrategia del ACNUR para fortalecer la protección dentro del Grupo Puebla y en otras partes del Continente Americano. El ACNUR está fomentando el desarrollo de "redes de protección" de la sociedad civil, constituidas por instituciones nacionales existentes e individuos interesados en los asuntos de refugiados y otros relacionados con la materia, como son migración, derechos humanos y justicia social. El ACNUR busca socios que tengan una sólida base institucional, credibilidad e independencia, y los alienta a incluir a los refugiados en el ámbito de su trabajo y de sus esfuerzos institucionales existentes. La participación eficaz de la sociedad civil es esencial para establecer mecanismos nacionales sostenibles que brinden protección, asistencia y soluciones duraderas a los refugiados.
[1] En abril de 2000, México ratifico la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 relativos al Estatuto de los Refugiados, así como la Convención de 1954 relativa al Estatuto de los Apátridas.