Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-00675-44927-de-septiembre-26-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_904bf51528874f6f8eb67037384798da&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-15 11:06:09
Document Index: 58612909

Matched Legal Cases: ['IN DUBIO', 'artículo 82', 'artículo 1', 'artículo 136', 'artículo 357', 'artículo 90', 'in dubio', 'artículo 90', 'artículo 164', 'artículo 70', 'artículo 67', 'artículo 70', 'in dubio', 'artículo 171', 'artículo 55', 'artículo 197']

﻿ SENTENCIA 2001-00675/44927 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2016
SENTENCIA 2001-00675 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD COMO ESCENARIO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. SE ARGUMENTA POR PARTE DE LA CORPORACIÓN QUE QUIEN HAYA SIDO PRIVADO DE LA LIBERTAD PUEDE DEMANDAR AL ESTADO A TÍTULO DE REPARACIÓN DE PERJUICIOS. IGUALMENTE, CUANDO UNA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD ES ABSUELTA PORQUE EL HECHO NO EXISTIÓ, PORQUE EL SINDICADO NO LO COMETIÓ O PORQUE LA CONDUCTA NO CONSTITUÍA HECHO PUNIBLE SE CONFIGURA UN EVENTO DE DETENCIÓN INJUSTA EN VIRTUD DEL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE DAÑO ESPECIAL. TAMBIÉN, AGREGÓ A ESTA HIPÓTESIS LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO, CON FUNDAMENTO EN LA MISMA CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EN TAL VIRTUD, ADVIRTIÓ QUE SI EL PROCESADO ES EXONERADO POR CUALQUIER CAUSA DISTINTA DE LAS MENCIONADAS, LA REPARACIÓN SOLO PROCEDERÁ CUANDO SE ACREDITE QUE EXISTIÓ UNA FALLA DEL SERVICIO AL MOMENTO DE DECRETARSE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, ESTO ES, QUE NO SE CUMPLÍAN LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD. ASÍ MISMO, Y CON LO PRECEDENTE, LA SALA SEÑALÓ QUE EN TODOS LOS CASOS ES POSIBLE QUE EL ESTADO SE EXONERE CON LA ACREDITACIÓN DE QUE EL DAÑO PROVINO DE UNA CAUSA EXTRAÑA, ES DECIR, QUE SEA IMPUTABLE AL HECHO DETERMINANTE Y EXCLUSIVO DE UN TERCERO O DE LA PROPIA VÍCTIMA Y AFIRMÓ QUE ESTAS CIRCUNSTANCIAS IMPIDEN LA IMPUTACIÓN AL ESTADO, DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO, Y PARA QUE SE ACREDITEN DEBEN CONCURRIR LOS ELEMENTOS DE: I) IRRESISTIBILIDAD, II) IMPREVISIBILIDAD Y III) EXTERIORIDAD RESPECTO DEL DEMANDADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CULPA DE LA VÍCTIMA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL, DAÑO MORAL EN LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, TÉRMINO DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2001-00675 de septiembre 26 de 2016
Radicación: 05001-23-31-000-2001-00675-01(44927)
Actor: Carlos Alberto Peña Gallego y otros
Temas: Excepciones de fondo. El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas. Culpa exclusiva de la víctima-Eximente de responsabilidad en privación de la libertad. Culpa exclusiva de la víctima en privación de la libertad-Amenazas y otros indicios graves de homicidio.
EXTARCTOS: «Consideraciones
1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.
3. El término para formular pretensiones, en sede de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.
La demanda se interpuso en tiempo —28 de febrero de 2001— porque la parte demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 23 de agosto de 1999, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de segunda instancia que absolvió al demandante(4).
4. Carlos Alberto Peña Gallego, Amparo Atehortúa Higuita, July Andrea, Deisy Johanna y Zuly Yasmin Peña Atehortúa son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su grupo familiar.
La Nación-Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial están legitimadas en la causa por pasiva, pues fueron las entidades encargadas de la investigación, acusación y juzgamiento de Carlos Alberto Peña Gallego en el proceso penal que se le siguió. La Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho no ostenta la representación judicial de la Nación en los procesos de responsabilidad del Estado por el hecho del juez(5).
Como la sentencia fue recurrida por la parte demandada, la Sala estudiará el asunto, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
5.1. El 25 de marzo de 1998, la Fiscalía Segunda Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Judicial de Medellín dictó apertura de instrucción penal por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego y ordenó la captura de Carlos Alberto Peña Gallego por la Muerte de Víctor Manuel Hurtado Valencia, según da cuenta original de la providencia (fl. 35 a 38, cdno. pbas.).
5.2. El 31 de marzo de 1998, Carlos Alberto Peña Gallego fue capturado y recluido en las instalaciones de la Sijin de Medellín, según da cuenta el acta de derechos del capturado y el oficio que ordenó mantener detenido (fl. 43 y 44, cdno. pbas.).
5.3. El 3 de abril de 1998, la Fiscalía Segunda Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Judicial de Medellín dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra Manuel Alberto Peña Gallego, según da cuenta original del proveído de esa fecha (fl. 63 a 67, cdno. pbas.).
5.4. El 28 de abril de 1998, Carlos Alberto Peña Gallego fue recluido en la Cárcel de Bellavista en Medellín, según da cuenta certificado del Inpec (fl. 437, cdno. 1).
5.5. El 29 de julio de 1998, la Fiscalía Segunda Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Judicial de Medellín profirió resolución de acusación contra Manuel Alberto Peña Gallego como determinador de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, según da cuenta providencia de esa fecha (fl. 171 a 182, cdno. pbas.).
5.6. El 21 de mayo de 1999, el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito Judicial de Medellín condenó a Carlos Alberto Peña Gallego a la pena de prisión de 28 años y 6 meses por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, según da cuenta original de la sentencia de esa fecha (fl. 291 a 322, cdno. pbas.).
5.7. El 23 de agosto de 1999, el Tribunal Superior de Medellín revocó la sentencia de primera instancia y absolvió a Carlos Alberto Peña Gallego, según da cuenta original del fallo de esa fecha (fl. 357 a 366, cdno. pbas.).
5.8. El 23 de agosto de 1999, Carlos Alberto Peña Gallego recuperó la libertad, según da cuenta certificado del Inpec (fl. 437, cdno. 1).
5.9. Carlos Alberto Peña Gallego es esposo de Amparo Atehortúa Higuita y padre de July Andrea, Deisy Johanna y Zuly Yasmin Peña Atehortúa, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y partida de matrimonio (fl. 3, 356, 358 y 361, cdno. 1).
6. El daño antijurídico está demostrado porque Carlos Alberto Peña Gallego estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, del 31 de marzo de 1998 al 23 de agosto de 1999 [hechos probados 5.2 y 5.8].
La jurisprudencia(6) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) “porque el hecho no existió”, (ii) “el sindicado no lo cometió”, o (iii) “la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo(7), con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 Constitución Nacional(8).
8. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a decidir cualquier hecho exceptivo propuesto o sobre cualquier otro que se encuentre probado, a pesar de que el inferior no se haya pronunciado y sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
9. En materia de responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la lesión se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo. A su turno, el artículo 67 de la misma ley dispone que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.
10. Al descender estas consideraciones al caso concreto, se advierte que el hoy demandante desplegó una conducta determinante para que la Policía lo capturara y posteriormente la Fiscalía dictara medida de aseguramiento en su contra.
En efecto, la Sala resalta que con anterioridad a la época de los hechos el demandante Carlos Alberto Peña Gallego (demandante) sostenía una relación extramatrimonial con la compañera permanente de Víctor Manuel Hurtado Valencia, el occiso, circunstancia que causó su enemistad, amenazas de muerte y sospechas que lo señalaban como autor del homicidio de este último.
A partir de ello, la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Judicial de Medellín dictó resolución de acusación contra Carlos Alberto Peña Gallego como determinador de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Así lo puso de relieve la providencia al advertir varios indicios sobre los motivos del homicidio relacionados con la conducta del hoy demandante, entre los cuales había “amenazas”:
En efecto, la presencia del indicio grave del móvil para obrar sin justificación y con dolo. Consta en el legajo y así lo han reconocido los protagonistas, que entre ambos sindicados existían relaciones de pareja, íntimas, a pesar de que ellos tenían constituidas sus respectivas familias.
[…] El análisis global de esos indicios conduce a la probabilidad de que efectivamente hayan cumplido la realización de las amenazas, porque a los tres días de óbito ya estaban los sindicados viviendo juntos, en la casa de Edelmira y no como dice ella que trascurrieron varios meses. Esa unión consolida inequívocamente la pretensión final de realizar las afrentas, porque entonces muestra a los ojos de la justicia el hecho de que efectivamente buscaban despejar el camino para embarcarse en sus personales relaciones íntimas.
No puede escapar a la Fiscalía la consideración de que el occiso era confidente con su familia de sangre, y que entonces si fuera cierto que grupos armados lo hubieran amenazado por el asunto del vicio siendo celador del barrio, ella le hubiera confiado esa ocurrencia, pero como no fue cierto entonces solamente le habló de la amenaza de la mujer y amante y no de ningún grupo de limpieza social (fl. 173, 175 y 176, cdno. 1).
El juez penal en primera instancia condenó a Carlos Alberto Peña Gallego en calidad de determinador de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, al encontrar acreditada la enemistad entre la víctima y el hoy demandante:
[…] En cuanto a que no se tenga constancia de enemistad entre el occiso y su patrocinado, ello no es cierto, ya que si consultamos algunos de los aportes, hallamos allí que se trata de una enemistad bien conocida entre quienes eran para esos momentos sus conocidos y allegados, que como no esperaban la crueldad del acontecer, nunca informaron de ello con fines preventivos.
[…] Así entonces, que tanto Edelmira como Carlos Alberto Peña Gallego, unidad de criterios y cumpliendo sus dichos anteriores, se valieron de la actividad de una tercera persona con el propósito de eliminar a Hurtado Valencia, por ser este el obstáculo para sus relaciones de pareja, a más de que pretendía ante la dama, reclamar su porción que le pidiera corresponder en relación del inmueble que venía ocupando, con expectativa de subrogarse ante la entidad estatal ante la que venía cotizando (fl. 314, 315 y 318, cdno. pbas.).
Ahora bien, el Tribunal Superior de Medellín aplicó el principio de in dubio pro reo, porque a pesar de la “pluralidad de indicios” había duda de la participación del acusado que debía resolverse a su favor:
[…] Simplemente se sospecha de la enemistad existente entre el occiso y los procesados; de que Víctor Manuel era un obstáculo para las relaciones entre estos; de que Edelmira no asistió al entierro del fallecido compañero; de que poco después el varón se fue a compartir la morada con la implicada, quienes, finalmente fueron capturados en la misma morada.
Hay pluralidad de indicios, es cierto, pero la averiguación no entró en el fondo de otra situación que no puede pasarse desapercibida así olímpicamente. Desde el mismo momento de la indagatoria María Edilma, había dicho que su esposo o concubinario era un vicioso y que los tenía amenazados, y que entre sus pertenencias había encontrado el siguiente escrito, el cual dejó en poder del juzgado. Aquí se anuncia que se trata de un grupo de limpieza que opera en los barrios marginales, amparado bajo la sombra y el poder de las armas […]. Es un detalle de mucha importancia que la investigación no comprendió en su lógica dimensión, y de allí, entonces, la incerteza que alcanza a embargar la prueba compromiso en que se fundamenta la sentencia.
Concluyendo, se puede repetir que se está ante una grave duda que no permite arrimar a una determinación valedera sobre la participación de los acusados […] (fl. 362 y 363, cdno. pbas.).
El comportamiento del sindicado revela un actuar gravemente culposo, pues obraban una serie de indicios, entre ellos amenazas de muerte y, en definitiva, su comportamiento representa evidencia sólida de no haber sido ajeno a los hechos.
Ante la situación generada por la propia víctima, al ente investigador no le era exigible una conducta diferente que la de ordenar la medida restrictiva de la libertad con fundamento en los indicios recolectados y que apoyaban la tesis del delito homicidio.
11. Finalmente, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, en la medida en que no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
REVÓCASE la sentencia del 2 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone:
1. DECLÁRASE probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, en consecuencia se niegan las pretensiones de la demanda.
4 De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 197 del Decreto 2700 de 1991.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, radicación 39.404.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, radicación 15.463. Se trató de una almacenista de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, que fue privada de la libertad por la presunta comisión del delito de peculado de apropiación a raíz del faltante que se detectó en el almacén que estaba a su cargo.