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Timestamp: 2019-03-20 12:05:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 1', 'Artículo 8', 'artículo 1', 'Artículo 63', 'artículo 50', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 45']

Tortura y privación ilegal de la libertad derecho a la debida protección judicial - Núm. 47, Abril 2009 - Revista Científica Equipo Federal del Trabajo - Libros y Revistas - VLEX 79923995
El señor Bayarri no fue presentado sin demora ante un juez competente con posterioridad a su detención y que éste no ejerció un efectivo control judicial de la detención practicada, vulnerándose así el artículo 7.1, 7.2 y 7.5 de la Convención. La prisión preventiva “es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter... (ver resumen completo)
III Excepción Preliminar.
IV Competencia.
VI Prueba.
VII Artículo 7 (Derecho a la Libertad Personal) en relación con el artículo 1. 1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana
A) Legalidad de la detención del señor Juan Carlos Bayarri.
B) Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad.
VIII Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) en relación con el artículo 1. 1 (obligación de respetar los derechos) de la Convención Americana
A) Actos constitutivos de tortura.
B) Deber de iniciar de oficio y de inmediato una investigación.
IX Artículo 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) en relación con el artículo 1. 1 (obligación de respetar los derechos) de la convención americana
A) Derecho a ser oído y a que se resuelva la causa dentro de un plazo razonable.
B) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
C)Presunción de inocencia.
Causa 66. 138 caratulada “Bayarri Juan Carlos. Apremios Ilegales”
A )Acceso a la justicia, derecho a ser oído y a que se resuelva la causa dentro de un plazo razonable, y efectividad de los recursos.
B) Derecho a ser oído por un juez o tribunal independiente e imparcial.
X Reparaciones (Aplicación del Artículo 63. 1 de la Convención Americana)
Daño inmaterial.
C) Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones delpresente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a losresponsables.
D) Medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
i) publicación de las partes pertinentes de la presente sentencia.
ii) eliminación de antecedentes penales.
iii) otras medidas.
F) Modalidad de Cumplimiento de los Pagos Ordenados.
Sentencia de 30 de octubre de 2008 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Bayarri la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, la “Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:
Cecilia Medina Quiroga, Presidenta; Diego García-Sayán, Vicepresidente; Sergio García Ramírez, Juez; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Margarette May Macaulay, Jueza, y Rhadys Abreu Blondet, Jueza; Pablo Saavedra Alessandri, Secretario de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
El 16* de julio de 2007, de conformidad con lo dispuesto** en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de la República Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”), la cual se originó en la denuncia presentada el 5 de abril de 1994 por el señor Juan Carlos Bayarri. El 19 de enero de 2001 la Comisión aprobó el Informe No. 02/01, mediante el cual declaró admisible la petición del señor Bayarri. El 8 de marzo de 2007 la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 15/07, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 16 de abril de 2007. Tras considerar la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del Informe de fondo, y “en razón de que consideró que el Estado no había adoptado sus recomendaciones de manera satisfactoria”, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. La Comisión designó como delegados a la señora Luz Patricia Mejía, Comisionada, y a Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a las abogadas Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Manuela Cuvi Rodríguez y Paulina Corominas.
La demanda de la Comisión Interamericana se relaciona con la alegada detención ilegal y arbitraria del señor Juan Carlos Bayarri el 18 de noviembre de 1991 en la provincia de Buenos Aires, Argentina, sus supuestas tortura, prisión preventiva excesiva y subsiguiente denegación de justicia, en el marco de un proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de secuestros extorsivos reiterados. La Comisión indicó que “el señor Bayarri estuvo privado de su libertad por casi 13 años sobre la base de una confesión que fue obtenida bajo tortura. No obstante que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina consideró probada la tortura a la que fue sometido, transcurridos casi 16 años desde que ocurrieran los hechos, el Estado argentino no ha provisto de una respuesta judicial adecuada al señor Bayarri respecto de la responsabilidad penal de los autores, ni lo ha remediado de modo alguno por las violaciones sufridas”.
La Comisión solicitó a la Corte que determine que el Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respetar los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri. Asimismo, solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación a favor de la presunta víctima y de sus familiares.
El 17 de octubre de 2007 los señores Carlos A.B. Pérez Galindo y Cristian Pablo Caputo, representantes de la presunta víctima (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. Además de reiterar lo alegado por la Comisión Interamericana, los representantes manifestaron, inter alia, que “el daño provocado por mantener [a la presunta víctima] casi 13 años injustamente privad[a] de [su] libertad pese a ser totalmente inocente, produjo además de los daños y perjuicios provocados y desencadenados [en su] contra [-], graves y tremendas consecuencias adicionales sobre los demás integrantes de [su] familia”, a saber: Juan José Bayarri (padre), Zulema Catalina Burgos (madre), Claudia Patricia De Marco de Bayarri (esposa), Analía Paola Bayarri (hija), José Eduardo Bayarri (hermano) y Osvaldo Oscar Bayarri (hermano). Por ello, solicitaron que se declare al Estado responsable por la vulneración de los derechos establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.2, 7.3, 7.5, 8 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri, y en consecuencia se repare a la presunta víctima y a sus familiares por los daños ocasionados.
El 28 de diciembre de 2007 el Estado presentó su escrito de excepción preliminar, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). En dicho escrito Argentina presentó una excepción preliminar relacionada con la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos. En el evento de que la excepción preliminar interpuesta fuera declarada sin lugar, el Estado indicó que “no pone en tela de juicio la veracidad de los hechos denunciados”, en tanto los mismos han encontrado “adecuada reparación en el ámbito de la jurisdicción interna”. El Estado solicitó a la Corte que rechace “la pretensión reparatoria exteriorizada por [los representantes], y que conforme a las circunstancias del caso, determine las eventuales reparaciones debidas al señor Juan Carlos Bayarri y a las personas que [este Tribunal] entienda corresponder, conforme los estándares internacionales aplicables”. El Estado designó al señor Jorge Nelson Cardozo como Agente y a Alberto Javier Salgado como Agente Alterno en este caso. Por su parte, la Comisión y los representantes solicitaron al Tribunal que rechace la excepción preliminar interpuesta por el Estado (infra párrs. 10 y 11).
La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a los representantes el 28 de agosto de 2007. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), la Presidenta de la Corte ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), las declaraciones de testigos ofrecidos por los representantes, así como de peritos ofrecidos por el Estado1, respecto de quienes las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Asimismo, conforme al artículo 45.2 del Reglamento, la Presidenta del Tribunal ordenó al Estado la presentación de copias legibles y completas de expedientes judiciales y administrativos relacionados con el presente caso, como prueba para mejor resolver2. Además, en consideración de las circunstancias particulares del caso, la Presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de la presunta víctima y de dos peritos, así como los alegatos finales orales de las partes sobre la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas3.
La audiencia pública fue celebrada el 29 de abril de 2008 durante el XXXIII Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo...
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