Source: https://it.scribd.com/document/396354543/Caso-de-Derecho-Procesal-Penal
Timestamp: 2020-07-09 19:04:16
Document Index: 94028695

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 431', 'artículo 489', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 7']

Caso de Derecho Procesal Penal | Derecho penal | Ley procesal
Caso de Derecho Procesal Penal
Escenificación de Audiencia en Derecho Penal
SalvaSalva Caso de Derecho Procesal Penal per dopo
garantismo y punitivismo
Vocabulario de Penalllll
ESCRITO DE ALEGATOS Y OBSERVACIONES FINALES
JOSÉ AGAPITO RUANO TORRES Y FAMILIA VS EL SALVADOR CASO 12679
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:
Quien suscribe, RUDDY ORLANDO ARREOLA HIGUEROS, en mi condición de Defensor público interamericano, actuando en nombre y representación de JOSÉ AGAPITO RUANO TORRES y FAMILIA, dentro del término legal, comparezco por este medio, a efectos de presentar libelo de alegatos y observaciones finales, elaborado con ALBERTO H. GONZÁLEZ HERRERA, Defensor suplente, a fin de puntualizar aspectos indispensables que coadyuven a la mejor resolución del caso en que el Ilustrísimo Estado de El Salvador aceptó responsabilidad por la violación de los derechos humanos de nuestro representado y su familia.
Se reitera la afectación de los derechos fundamentales de JOSÉ AGAPITO RUANO TORRES y familia, a saber: el derecho a que se tramitara un proceso debido de investigación con observancia de claros lineamientos en torno a la vinculación del señor RUANO TORRES al hecho delictivo (art. 8.1 CADH); el derecho a contar con un defensor público efectivo e idóneo (art. 8.2 literal e
CADH); el derecho al respeto a la integridad personal
sin incurrir en torturas y
malos tratos al aprehender para investigar (art. 5.1 y 5.2 CADH). Estos en
consonancia con los artículos 1.1, 2, 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos.
Aunada a la aceptación de responsabilidad del Estado de El Salvador de los hechos expuestos y alegados por la Comisión interamericana en el Informe de fondo N°82-13, encontramos falta de observancia del Control de convencionalidad por parte del Estado salvadoreño, que se mantiene a la fecha.
Conforme a este estándar u orientación de la Corte Interamericana que inicia en el año 2006, con la sentencia de 26 de septiembre de 2006 dictada en el caso Almonacid Arellano vs Chile; y que se reitera en las sentencias de: caso La Cantuta vs Perú de 29 de noviembre de 2006, caso Boyce vs Barbados de 20 de noviembre de 2007, caso Heliodoro Portugal vs Panamá de 12 de agosto de 2008, caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos de 23 de noviembre de 2009, caso Cepeda Vargas vs Colombia de 26 de mayo de 2010, caso Rosendo Cantú y otra vs México de 31 de agosto de 2010, Vélez Loor vs Panamá de 23 de noviembre de 2010, caso Cabrera García y Montiel Flores vs México de 26 de noviembre de 2010, caso Gelman vs Uruguay de 24 de febrero de 2011, caso López Mendoza vs Venezuela de 1 de septiembre de 2011, entre otros.
Por ende, todo Estado suscriptor de la Convención americana está obligado a respetar el orden público internacional que emana del compromiso adquirido al formar parte del concierto de naciones que aceptan e integran a su
Derecho interno, los preceptos de la Convención. En virtud de lo anterior, ex-oficio, todo Tribunal del Poder Judicial o autoridad del Estado que realice funciones de administrar justicia, antes de tomar una decisión en una causa de cualquier índole, debe verificar si se desconoce alguna norma de la Convención, a fin de no vulnerar el orden público internacional ni los derechos humanos cuya vigencia debe garantizar. Así tenemos que en la sentencia del caso Fontevecchia y
D”Amico vs Argentina la Corte señaló: “Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus
órganos, incluidos sus jueces, quienes deben velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer
exoficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana.” (Caso Fontevecchia y D”Amico vs Argentina, Sentencia de 29 de noviembre de 2011, párr. 93).
Al investigar la Fiscalía en la república de El Salvador a cargo del caso, con la ligera vinculación de JOSÉ AGAPITO RUANO TORRES al delito de secuestro en el que se le declaró responsable considerando solo el apodo, alias o
sobrenombre del “CHOPO”; era menester que el Tribunal de juicio, reconociendo
el mandato del artículo 8.2 de la Convención americana, no perdiera de vista, que
la presunción de inocencia conlleva que se presenten elementos generadores de graves indicios para vincular a toda persona a la comisión de un delito, y generadores de certeza, luego de recibida la prueba de cargo suficiente o mínima, demostrativa de responsabilidad en el juicio oral.
La gravedad del delito no puede nublar la correcta apreciación de los actos de investigación y mucho menos, tolerar y consentir la falta de respeto a las garantías mínimas que debe tener todo ciudadano juzgado en la esfera penal; no es prescindiendo de la exigencia de prueba convincente y suficiente para declarar responsable e imponer sanción penal es que se frenan los comportamientos más lesivos porque ese actuar llevó a cometer un grave error judicial.
La detención provisional decretada a JOSÉ AGAPITO RUANO TORRES devino en excesiva, arbitraria por no atender los estándares que surgen del artículo 7 de la Convención americana a saber. desde el primer momento que se le aplicó constituyó una medida punitiva, cuando debió ser una medida cautelar; careció de elementos probatorios suficientes que razonablemente sugirieran la participación de José Agapito en el delito investigado; no se efectuó su revisión periódica para constatar si procedía su mantenimiento o no; tampoco presentaba una finalidad compatible con la Convención; se alejó de los principios de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad (cfr. Caso Norín Catrimán y otros vs Chile, Sentencia de 29 de mayo de 2014).
En todo proceso penal corresponde al acusador la carga de la prueba de la responsabilidad de las personas que intervienen en la comisión del delito para poder derrumbar la presunción de inocencia que les asiste a cada acusado, así se puntualizó en el XVI Congreso Internacional de Derecho Penal de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP), realizado en Budapest del 6 al 11 de septiembre de 1999, que en una de sus conclusiones, contenida en la Sección III
subrayó: “2. La presunción de inocencia constituye un elemento integrante del Estado de derecho. La carga de la prueba recae en la parte acusadora, siendo el
nivel de prueba requerido, bien el de la íntima convicción, bien el del sistema establecido de prueba legal. Toda presunción de culpabilidad que no pueda ser objeto de prueba en contrario, se encuentra finalmente prohibida.” (Camargo, Pedro «El derecho penal y el “crimen organizado”» en: Rev. de Derecho penal N°18, (abril-mayo, 2000), Bogotá, Editorial Leyer, ps. 51-62).
Respecto a la importancia de la presunción de inocencia, el procesalista argentino BINDER destaca lo siguiente: «el principio de inocencia, también debe significar que en el proceso penal no pueden existir “ficciones de culpabilidad”. Es decir, reglas absolutas de apreciación de la prueba que le obliguen al juez a considerar probada la culpabilidad o parte de ella de un modo automático. Cualquier ficción de está naturaleza es inconstitucional porque afecta este principio.” (BINDER, Alberto: Introducción al Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editora Jurídica Continental, San José, 2014, p. 126).
No comprende la defensa pública interamericana, cómo el ilustre Estado de El Salvador a la fecha, no ha podido dejar sin efectos la sentencia condenatoria impuesta a José Agapito Ruano Torres y sus consecuencias, dado que luego de su aceptación de responsabilidad de faltar al orden interamericano y reconocer que violó los derechos humanos del mismo, la anulación de la sentencia y de los antecedentes penales es lo más adecuado.
Ante la duda planteada por el honorable Juez Vio Grossi durante el acto de audiencia, relativa a qué mecanismos podían remediar la situación de los efectos de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia penal impuesta a José Agapito Ruano Torres que no resultó revisada?
Tenemos que es insostenible la omisión en que el Estado incurre, mediante el Poder Judicial, pues el Tribunal competente predeterminado por la ley, al que correspondió efectuar el juicio de revisión, debía interpretar su ordenamiento procesal penal, al conocer la situación de José Agapito Ruano Torres, en consonancia con los preceptos de la Convención americana, debía acoger la amable solicitud de la Comisión interamericana de Derechos humanos de estimar pertinente la revocatoria de la sentencia y anulación parcial de los efectos de la misma. Esto, máxime si el derogado Código Procesal Penal de 1996, tenía previsto contra la sentencia penal que vulnera el orden público internacional el recurso de revisión, en el artículo 431.4 que señala: “La revisión procederá contra la sentencia condenatoria firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes:
4) Cuando la sentencia violenta de manera directa y manifiesta una garantía constitucional.”
Esta causal
también la prevé,
Procesal Penal de El Salvador de 2009, en el artículo 489.6 de la siguiente manera: “La revisión procederá contra la sentencia condenatoria firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes:
Cuando la sentencia violenta de manera directa y manifiesta una
garantía constitucional.”
Con lo anotado se pone en evidencia que si existe solución o remedio legal previsto por el orden jurídico interno (Código Procesal Penal) de El Salvador, en el caso de José Agapito Ruano Torres, el cual es el mecanismo de la revisión penal que cabe contra toda sentencia ejecutoriada o firme que viola en forma directa y evidente una garantía constitucional. La legislación procesal penal no prohíbe la presentación de un nuevo recurso de revisión, en torno a provocar la revocatoria de la sentencia condenatoria que lo declaró ser uno de los responsables de delito de secuestro y le impuso la pena de quince (15) años de prisión; contrario a lo manifestado por las representantes del Estado en el acto de audiencia, puesto que el Código Procesal Penal derogado de 1996, y, el actualmente vigente Código Procesal Penal de 2009, reiteramos, permite revisar la sentencia condenatoria firme, si la misma violenta de manera directa y manifiesta una garantía constitucional. Esto a pesar que el día 19 de septiembre de 2014 se surtió en un
Tribunal salvadoreño, una revisión de sentencia penal que resultó infructuosa para José Agapito Ruano Torres.
Lo destacado responde a la consulta formulada por el señor Presidente de la Corte Interamericana en el acto de audiencia, sobre ¿cómo pueden borrarse los antecedentes si existe sentencia penal en firme frente a una sentencia internacional que derrumba la cosa juzgada?
El profesor español de Derecho procesal NIEVA FENOLL apunta que la ley procesal penal alemana establece como causa de revisión de la sentencia, el que la misma se haya emitido en violación de algún derecho humano declarada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (§ 359.6 StPO) pero dejando la posibilidad que se estime otra causa atendiendo al tipo derecho humano vulnerado (NIEVA FENOLL, J.: Fundamentos de Derecho Procesal Penal, Edisofer-B de F, Buenos Aires, p. 335).
Desde esa perspectiva, en aras de promover el restablecimiento del orden público interamericano, la Corte interamericana debe ordenar la revisión de la sentencia del proceso seguido a José Agapito Ruano Torres, reivindicando al mismo su dignidad y devolviendo la incolumidad o estado de inocencia que no fue destruido respecto a él, con la actividad probatoria mínima, pertinente y de cargo en el proceso penal seguido en su contra.
Este tipo de situación no resulta ajena a la Corte interamericana puesto que ya ha avalado, decisiones o resoluciones de máximos tribunales nacionales, revirtiendo o modificando los efectos de la cosa juzgada en procesos penales, a
guisa de ejemplo, hace cuatro años mediante Resolución de 1 de septiembre de 2010, reconoció que la república de Panamá había cumplido la sentencia de 27 de enero de 2009, dictada dentro del caso Tristán Donoso vs Panamá, en la cual se dispuso que el Estado panameño debía dejar sin efecto la condena impuesta a Santander Tristán Donoso y todas las consecuencias que de ella se derivaban.
Por otra parte, como lo planteaba la Comisión, el solo acto de vinculación de José Agapito Ruano Torres por la colaboración del informante o testigo
“criteriado”, protegido o colaborador, quien afirmó que José Agapito era el tal “Chopo” que participó en el secuestro del empresario, sin ningún otro elemento
adicional e indubitable, deja al descubierto que existen hechos delictivos en el cual
los investigados, de sospechosos pasan a ser presuntos responsables o culpables, sin aportación por parte de la acusación de pruebas o elementos probatorios generadores de certeza más allá de toda duda razonable.
Frente a este tipo de supuestos o casos de hechos delictivos graves que se llevan a los Tribunales de la jurisdicción penal, sería positivo que la Corte interamericana fijará la necesidad en el concierto de naciones del continente, el que todo Estado, a través de sus sistemas o modelos de justicia penal, observe algún estándar similar o parecido al criterio de la mínima actividad probatoria, sentado mediante el fallo STC 31/1981 de 28 de julio por el Tribunal Constitucional español y que se mantiene actualmente, como lo destaca la STC 70/2010 de 18 de octubre en la que se sostiene que la presunción de inocencia reclama la necesidad de condena con pruebas de cargo válidas, con mínima actividad probatoria, efectuada con todas las garantías, considerando todos los elementos
del delito, y que de esta puedan inferirse razonablemente los hechos y la participación del acusado en estos. (Fundamento jurídico 3), y lo reitera la STC 15/2014 de 30 de enero de 2014 (Fundamento jurídico 6).
Si no hay certeza de responsabilidad penal de José Agapito Ruano Torres, examinando el conjunto de elementos probatorios recopilados por la Fiscalía, porque el Estado salvadoreño ignoró el artículo 5 del Código Procesal Penal de 1996 que dispone: “En caso de duda el juez considerará lo más favorable al imputado.”
Quedando en evidencia que desde la primera diligencia tendiente a vincular efectivamente a José Agapito Ruano Torres al proceso, como era la diligencia de reconocimiento, y ya advertía este, la falta de atención o gestión del defensor público que lo asistió contrariando su opinión o su postura de inocente.
Toda defensa que asista a un procesado en el sistema interamericano, sea pública o privada debe ser adecuada según la Corte interamericana (caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988); ese derecho a la defensa técnica letrada permite que el imputado tenga la calidad de sujeto del proceso (caso Barreto Leiva vs Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009); que le asista efectivamente (caso Tibi vs Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004; caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, Sentencia de 21 de noviembre de 2011; caso Vélez Loor vs Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2011). Esto significa que si existe una gestión de la defensa que revela: incapacidad manifiesta, falta de conocimiento técnico-jurídico,
manejo inadecuado, rechazo a confrontar los testigos y los peritos de cargo, desatención a los pedidos o requerimientos del sujeto que asiste, no aportación de pruebas de descargo, inactividad en la presentación de medios de impugnación, conformidad en las resoluciones emitidas contra el procesado a pesar de su deseo de recurrir contra las mismas, entre otros supuestos, es necesario que la administración de justicia cumpliendo la función de garantía de los derechos humanos, adoptará medidas para evitar la lesión o mayor afectación a los mismos. Si la defensa consintió las afectaciones a su patrocinado por parte de la Fiscalía y no lo advirtió, cuestionó o criticó, debía la judicatura en consonancia con el control de convencionalidad y la Convención americana sobre Derechos humanos resolver ella situación llamando la atención de la Defensa pública y ordenando la investigación respectiva.
La otra pregunta planteada por el
relación al Tribunal y la defensa de un acusado, quién actuó mal? Si debe ser
buena o adecuada la defensa pública?
La Convención americana en el artículo 8.1 impulsa que todas las causas que sean objeto de examen por un tribunal competente, independiente e imparcial, que pueda aplicar la normativa sin condicionamiento de ningún tipo, que no tema resolver basado en pruebas objetivas sin discriminación por la gravedad del delito. En tanto, el artículo 8.2 literal e de la Convención propugna por la defensa pública técnica, la cual debe estar comprometida por un trabajo de asistencia letrada comprometido con los intereses del sujeto asistido y procurando velar por la defensa del mismo aun cuando no comparta su posición.
Todo Código Procesal Penal de un Estado democrático apunta a la necesidad que la defensa en el proceso revista la calidad de defensa técnica, así lo contemplan algunos países: art. 4 CPP Nicaragua; art. 10 CPP de la provincia de Neuquén, Argentina; art. 8 del CPP del Estado de Nuevo León, México; art. 7 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, México; art. 15 CPP de Honduras. Aluden a la efectividad de la defensa penal los Códigos de:
CPP Neuquén 2011(art. 10°), Argentina; CPP Salta 2011 (art. 1 literal h), Argentina; CPP Panamá, 2008 requiere que sea idóneo (art. 10); el Código de Procedimiento Penal de Colombia (art. 125.4) impone al defensor la necesidad de controvertir las pruebas aunque se anticipen al juicio oral. Con esto, parece que más que garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa técnica a toda persona, la legislación procura que ese letrado, abogado o defensor público realice un trabajo con alto criterio técnico y de responsabilidad dirigida a la salvaguarda de los intereses y derechos fundamentales de quienes asiste. Si el Tribunal que conoce el proceso advierte que el defensor no está preparado o no es capaz de llevar adelante el ejercicio de la defensa, debe procurar que se reemplace o sustituya al mismo, sino presenta signos de compromiso con el rol de defensor. La labor del Tribunal también se halla ligada a garantizar que esos derechos fundamentales que asisten al procesado no sean soslayados y mucho menos que la defensa sea un mero cumplimiento o ejercicio formal. Aparte de su criterio técnico debe el defensor presentar el recurso respectivo si el acusado o procesado le advierte que no está de acuerdo con la decisión emitida en su contra, para no imposibilitar el derecho a recurrir y obtener pronunciamiento de la doble instancia o del Tribunal de segundo grado.
El artículo 25 de la Convención americana sobre derechos humanos que consagra la tutela judicial efectiva, también fue vulnerado al no acogerse las reclamaciones impetradas personalmente por José Agapito Ruano Torres, su primo Pedro Torres Hércules y la defensa particular que le asistió luego de culminado el proceso penal en el trámite del recurso de revisión denegado.
Los actos de tortura infligidos a José Agapito Ruano Torres al momento de aprehenderlo en presencia de su esposa e hijo, en horas de la madrugada como si fuera un experto criminal, con el empleo de un cuerpo especializado de la policía que pensaba haber realizado la gran captura, cuando ni siquiera encontraron en dicho hogar, instrumento alguno, equipo, vestimenta y demás elementos utilizados para la comisión de hechos delictivos graves.
También es notable la desatención al artículo 5.2 de la Convención americana que insta al respeto a la integridad personal proscribiendo la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes como hemos anotado, por la actuación desmesurada por acción u omisión de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la Constitución y los derechos humanos.
José Agapito Ruano Torres resulta gravemente afectado en su libertad personal al ser vulnerado su derecho a la misma, prevista por el artículo 7.3 de la Convención americana sobre Derechos humanos, sometiéndolo a la detención y encarcelamiento arbitrario producto de la afectación de las garantías de presunción de inocencia y de derecho de defensa.
Sobre las reparaciones por los daños materiales, daño emergente y lucro cesante a José Agapito Ruano Torres y familia, nos reiteramos en los puntos y sumas expuestos en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas porque no puede haber una restitutio in integrum en virtud del transcurso del tiempo, por lo que la indemnización económica será para tratar de mitigar los malestares experimentados y con ello insistimos en cuanto a la petición de fondo contenida en el ESAP, con relación a las reparaciones pecuniarias solicitadas y resultantes como daño emergente y lucro cesante, situándonos en forma reiterada en las cantidades contempladas en detalle para cada rubro en el apartado reservado para tales efectos en el escrito del ESAP.
La Defensa comparte lo destacado por la Ilustre Comisión interamericana de Derechos humanos, que la sentencia sería una de las formas de reparación, pero es indispensable que el ilustre Estado de El Salvador anule la sentencia condenatoria impuesta a José Agapito Ruano Torres al igual que los efectos de la misma.
moral, luego de indemnizarlo
económicamente, se acepta el ofrecimiento de rescatar el tejido familiar haciéndose cargo del tratamiento psicosocial a José Agapito Ruano Torres y su familia en instituciones del Estado o si no cuenta con este tipo de facilidades que se financie en centros de tratamiento o clínicas privadas para hacerlo efectivo y no tornar ilusoria la reparación de las secuelas psicológicas.
Dicho tratamiento debe brindársele sin costo alguno con la atención adecuada además de científica de psicólogos y trabajadores sociales que apliquen un programa de tratamiento cónsono con el perfil y características que presentan José Agapito Ruano Torres y familia.
La publicación de un resumen de la sentencia y la parte resolutiva de la misma en el Diario oficial, así como la divulgación, estudio y análisis de la misma en todas las actividades de capacitación en materia de Derechos humanos y proceso penal a policías, fiscales, jueces, magistrados y defensores públicos a efectos que no reincida el Estado en la inobservancia de las normas de la Convención o en el cumplimiento del debido control de convencionalidad que no es optativo sino obligatorio para todo funcionario administrativo que realice funciones jurisdiccionales excepcionalmente y para los administradores de justicia.
La asignación de becas de estudio en centros educativos nacionales de nivel primario, nivel medio o superior según sea el caso, a los familiares de José Agapito Ruano Torres incluido Pedro Torres Hércules y al mismo José Agapito Ruano Torres, si desean alcanzar la culminación de estudios universitarios o a nivel técnico superior, ello para poder retomar el proyecto de vida truncado.
De igual forma, además de la reparación integral a José Agapito Ruano Torres, su esposa, hijos, padres y primo Pedro Torres Hércules no podemos pasar por alto la asignación de una suma líquida que haga posible la reestructuración o reelaboración luego de más de diez (10) años del proyecto de vida o plan de vida.
Respecto al lucro cesante, es decir los salarios lícitos dejados de percibir durante todo el tiempo que duró la privación de libertad de José Agapito Ruano Torres y en relación al cálculo de esos salarios dejados de percibir entre el año 2,000 y el 2,013, lo cual se desarrolla detalladamente en el ESAP, puede buscarse
para ubicar el salario mínimo promedio según
Ejecutivos 103, 104,105
y 106 emitidos
el Consejo Nacional del Salario
Mínimo de el Salvador y vigentes en la actualidad, es decir para el año 2015, los
http://www.educaconta.com/2013/07/salario-minimo-en-el-salvador-2013-
Así mismo aquella aspiración de realización personal que tenía José Agapito Ruano Torres y familia, (el sueño de José Agapito Ruano Torres de llegar a ser un empresario de la construcción) el volver a recuperar la fe y la confianza pérdida, y, comenzar de nuevo hacia un horizonte que le permita satisfacción personal, familiar y de su descendencia en apego a la sana convivencia social, libre de estigmas y huellas denigrantes también resulta conveniente respaldarla.
Desde la sentencia de 17 de mayo de 1997, caso María E. Loayza Tamayo vs Perú, la Corte ha reconocido la necesidad que la víctima directa de violación a los derechos humanos reciba todo el apoyo del Estado tendiente a recuperar los años perdidos y las condiciones de vida, sentencia de 3 de diciembre de 2001, caso Cantoral Benavides vs Perú; sentencia de 12 de septiembre de 2005, caso Gutiérrez Soler vs Colombia; y, la sentencia de 24 de febrero de 2011, caso Gelman vs Uruguay.
Como garantía de no repetición que anunció el Estado de El Salvador ya había adoptado a nivel de capacitación en derechos humanos a los agentes policiales, funcionarios de investigación de los delitos, de la Fiscalía, a los operadores judiciales a través de la Escuela judicial (jueces y magistrados), debe hacerse la misma extensiva a la sociedad en general, incluirse como curso o materia obligatoria en el nivel medio de educación y mediante cápsulas en los medios de comunicación masiva, de caras a que todas las personas comprendan el sentido y alcance de sus derechos humanos y hasta dónde puede llegar el Estado como garante de su respeto y observancia.
Por otra parte, como bien se ha sostenido, el Ilustre Estado Salvadoreño a través de sus órganos administrativos y de persecución penal no ha dado seguimiento diligente y serio a las denuncias de tortura instadas y promovidas por el peticionario Pedro Torres Hércules a favor de José Agapito Ruano Torres, razones por las cuales, quince años después no se ha sancionado tanto en el orden administrativo como en el orden penal a ningún empleado o funcionario público Estatal Salvadoreño que en el ejercicio del cargo en aquel momento hubiese participado activamente o mediante la aquiescencia en relación a su conducta en los actos que constituyen tortura.
Es importante denotar igualmente, que ningún empleado o funcionario público Estatal de el Salvador ha sido sancionado tanto administrativa como penalmente por los actos deliberados que contribuyeron y desembocaron en la condena injusta por error judicial en contra de José Agapito Ruano Torres, entiéndase Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y Agentes Policiales, no es que,
se busque a toda costa una sanción ejemplar o inquisitiva a dichos funcionarios o empleados públicos, si no, aún sea ésta sanción simbólica, es importante que la misma constituya un precedente para que pueda tener incidencia una de las peticiones de fondo que consistan en medidas de no repetición.
Recordemos finalmente que, José Agapito Ruano Torres continúa firmando el libro de asistencia, continúa vigente la medida de arraigo, consistente en la prohibición de no salir de la República del Salvador, continúa el estigma de ser secuestrador, lo que materialmente se traduce en la vigencia de una ficha por antecedentes penales y policiales en los registros públicos de la República del Salvador, misma ficha y medidas cautelares que solicitamos puedan anularse como consecuencia de la anulación de la sentencia condenatoria mediante la promoción de una nueva audiencia de revisión, en la cual se considere no sólo, el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si no además sea considerada con seriedad la Sentencia Condenatoria (de ser dictada en ese sentido dicha sentencia) emitida en su momento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pareciera que el sólo reconocimiento de la Responsabilidad Internacional del Ilustre Estado Salvadoreño bastara en sí misma para reivindicar tanto moral como materialmente a nuestro representado y su familia José Agapito Ruano Torres, es decir, pareciera que ante el Reconocimiento de Responsabilidad Internacional asumida por el Ilustre Estado de el Salvador, ya no existe controversia, ya no existe contradictorio y que, con ese reconocimiento de
Responsabilidad Internacional , las reclamaciones, la réplica y demás peticiones de los defensores públicos interamericanos ha perdido su razón de s~r.
Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Ilustrísimo Estado del Salvador en sí misma para que se pueda dar solución material a los reclamos de los peticionarios, representantes de la presunta víctima y los representantes de la Ilustre Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, debido a que , ese Reconocimiento de Responsabilidad Internacional se ha traducido en un Reconocimiento abstracto y meramente formal, dado que, ninguna de las
seis en total , contenidas
en el Informe de Fondo de la Comisión
lnteramericana de Derechos Humanos han sido tomadas en cuenta y como tal, no
se han cumplido a cabalidad por parte el Ilustre Estado Salvadoreño.
s, nos obligan necesariamente a
solicitar y reiterar t
éfas y cada una de las reclam
ciones , en todas las materias y
razó rf que ,
Salvador al
ontenidas com·o ya se indicó,
n el Informe de Fondo emitido
por la Ilustre Comisión
De la Honorable Corte,
RUDDY ORL Msc . Defensor Público lntera
Cíe.
c:RwLly Orlando Jilrreo
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