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Timestamp: 2017-11-18 06:21:27
Document Index: 266765096

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 53', 'artículo 84', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 30']

Al día - octubre 2017 | E&J
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Resolución de 25 de agosto de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA). (BOE núm. 210, de 1 de septiembre de 2017)
El alto nivel de informatización existente en la gestión aduanera en España sustentado en un complejo sistema de interrelación entre diferentes aplicaciones y bases de datos que permite el tratamiento automático tanto de la admisión de las declaraciones como de la tramitación de la mismas (admisión, control de autorizaciones, liquidación de derechos, despacho, control de garantías, contabilización de la deuda aduanera e ingreso de la misma, etc.) se ve afectado en su totalidad por la nueva normativa, siendo necesario hacer uso de este periodo transitorio, para ir adaptando o desarrollando los nuevos sistemas electrónicos.
El nuevo marco legal ha impuesto que el intercambio y almacenamiento de información requerida para las solicitudes y las decisiones estén sujetos a los requisitos comunes de datos, formatos y códigos establecidos en los anexos A del RDCAU y en el Anexo A del RECAU. Igualmente, que, en el caso de las declaraciones, el Reglamento Transitorio permite que durante este periodo transitorio estos requisitos sean los contenidos en los anexos de este reglamento. Es importante señalar que en relación a este anexo A, los sistemas electrónicos de intercambios y almacenamiento de información estén operativos o lo estarán en un corto periodo de tiempo y por consiguiente, son de obligado cumplimiento.
Las declaraciones simplificadas reguladas en los artículos 166 y 167 del CAU, desarrollados por los artículos 145 a 147 del RDCAU y los artículos 223 a 225 del RECAU contemplan la posibilidad de presentar declaraciones bien con menos datos o bien con falta de documentos.
El Tribunal Supremo, ha establecido que si la Administración tributaria se acoge al segundo de los medios previstos en el art. 57.1 de la Ley 58/2003 (LGT), que permite la aplicación de coeficientes multiplicadores, determinados y publicados por la Administración tributaria competente, a los valores que figuren en el Catastro Inmobiliario, no cabe plantear la improcedencia del método planteado, siendo tan válido como cualquier otro técnico y objetivo de valorar.
Se modifica la Compilación de Derecho Civil de Baleares, entre otros, en temas de sucesiones y familia
Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears. (BOE núm. 223, de 15 de septiembre de 2017)
Se han reordenado los artículos referentes al régimen económico matrimonial del libro de Mallorca, de manera que los temas de contenido específico del régimen matrimonial legal (la separación de bienes) y los temas de contenido económico ex lege (es decir, imperativo) del matrimonio (por tanto, los efectos económicos del matrimonio), que son contenido previo, esencial, a cualquier régimen, estén tratados de manera ordenada y coherente en artículos diferentes, a partir de los cuales pueda realizarse un desarrollo futuro. En este punto, se ha seguido la lógica expositiva del artículo 67 del libro de Eivissa y Formentera, que presenta de manera ordenada ambos temas, regulados, por otra parte, de manera desordenada y poco clara en los artículos 3 y 4.
La importancia de la sucesión intestada en el derecho sucesorio balear y sus peculiaridades en Mallorca y Menorca, por una parte, y en Eivissa y en Formentera, por otra, así como la innegable conexión con las legítimas, demandan una nueva regulación más amplia y detallada.
Se modifica el artículo 53 del libro I, de aplicación también a Menorca, y el artículo 84 del libro III, de Eivissa y Formentera, de la Compilación de derecho civil de las Illes Balears, que hacen referencia a la sucesión intestada.
Se hace necesaria una revisión a fondo de los derechos reales contemplados en la Compilación de derecho civil, y muy especialmente por su repercusión social, del alodio y los censos enfitéuticos.
La sentencia 198/2012, de 6 de noviembre, del Tribunal Constitucional, señala que nuestro sistema constitucional se abre a nuevos elementos conformadores de la cultura jurídica (como el matrimonio con independencia del sexo de los contrayentes), mediante el recurso a un principio fundamental de la interpretación de la Constitución, que es el del artículo 10.2 de la Constitución.
Por ello, se han realizado reformas para mitigar la insolidaridad económica entre cónyuges, para procurar la protección del hogar ante los acreedores, e interpretar el vínculo matrimonial y su protección en el sentido evolutivo que marca el Tribunal Constitucional, de respeto al libre desarrollo de la personalidad y sexualidad.
No es necesario que se pruebe la existencia de una relación sentimental
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 18/07/2017
Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo de certificado de legitimación para la inmovilización de valores aportados como garantía y expedidos a favor de la Caja General de Depósitos. (BOE núm. 223, de 15 de septiembre de 2017)
El Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, regula las distintas modalidades de constitución de garantías y depósitos ante este órgano y otras cuestiones relativas a los procedimientos para su constitución, gestión, prescripción e incautación, así como las condiciones que deben cumplir los instrumentos empleados como garantía y las entidades que las prestan.
En su artículo tercero el Reglamento de la Caja General de Depósitos establece la posibilidad de constituir garantías en diferentes modalidades, entre otras, en valores representados en anotaciones en cuenta. Asimismo, se regulan en su artículo décimo las características de dichos valores y el proceso para realizar la inmovilización registral de los mismos que, en todo caso, habrá de realizarse de conformidad con la normativa reguladora de los mercados en los que se negocien, debiendo inscribirse la garantía en el Registro contable en el que figuren anotados dichos valores, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
La representación de valores negociables por medio de anotaciones en cuenta, la expedición de los certificados de legitimación, la inmovilización registral de los valores y la inscripción de las transmisiones se regulan con carácter general en el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre registro, compensación y liquidación de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, norma modificada por el Real Decreto 827/2017, de 1 de septiembre.
Esta última norma introduce en el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, una disposición adicional sexta en la que se regula el contenido de los certificados de legitimación para la inmovilización e inscripción de valores aportados como garantía y expedidos a favor de la Caja General de Depósitos. Asimismo, el apartado cuarto de la referida disposición adicional sexta habilita a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a establecer mediante resolución el modelo de certificado de legitimación.
Prevalece la deducción por doble imposición frente a la de reinversión
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 11/05/2017
La Audiencia Nacional ha establecido, que cuando confluyan las deducciones por reinversión y por doble imposición la preferencia corresponde a esta última.
En el caso enjuiciado, la parte actora alega en su demanda que fue ella quien puso de manifiesto ante la Inspección la incompatibilidad de las dos deducciones, por reinversión de beneficios extraordinarios y por doble imposición interna, dado que, ex lege, las rentas que dan lugar a la aplicación de la deducción por doble imposición interna no pueden formar parte de la base de la deducción por reinversión, siendo prioritario el examen de la procedencia de la deducción por doble imposición.
Así pues, afirma que la Inspección resolvió que la rectificación de la autoliquidación en cuanto a la posible aplicación de la deducción por doble imposición interna prevista en el artículo 30.5 del TRLIS solo podía llevarse a cabo tras la tramitación de un procedimiento de rectificación de autoliquidación que debía iniciarse a instancia de la entidad.
Al respecto, la sala considera que la entidad inició un procedimiento de rectificación de autoliquidación, con solicitud de devolución de ingresos indebidos, estimando que la rectificación comportaba la aplicación de la deducción por doble imposición interna y la no aplicación de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, a tenor del TRLIS.
En este sentido, concluye que si se hubiese realizado una comprobación parcial que liquidó eliminando la deducción por reinversión y tras ella la entidad solicitase la rectificación de su declaración-liquidación estimando que procedía la aplicación respecto de dicho ejercicio de la deducción por doble imposición interna, la Administración denegará la rectificación en tanto no adquiera firmeza.
No obstante, la incompatibilidad de las dos deducciones, por reinversión de beneficios extraordinarios y por doble imposición interna, supone que como la entidad lo solicite se le conceda prioridad a la deducción por doble imposición.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70388580
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. (BOE núm. 232, de 26 de septiembre de 2017)
Visto el texto del Convenio colectivo general del sector de la construcción (Código convenio: 99005585011900) que fue suscrito con fecha 25 de julio de 2017, de una parte por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos CC.OO. de Construcción y Servicios y UGT-FICA en representación de los trabajadores del sector, la Dirección General de Empleo resuelve ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora; así como disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Respondiendo a estos objetivos se identifican tres tipos de modificaciones. En primer lugar, las orientadas a reconocer y regular las características propias de los valores de renta fija, como son las particularidades del documento de la emisión y la supresión de un procedimiento relativo a determinadas operaciones de compraventa de valores de Deuda Pública anotada con pacto de recompra, puesto que ya no podrán seguir realizándose en la plataforma TARGET2-Securities, al no disponer de los protocolos necesarios para ello.
En segundo lugar, se introducen modificaciones para conseguir flexibilizar la interpretación y aplicación de determinadas reglas que impedían una gestión eficiente de las operaciones de liquidación de valores en el depositario central de valores por parte de las entidades participantes y de sus clientes. Se trata, por ejemplo, de la regla por la cual todas las entidades participantes deberán mantener siempre en sus cuentas propias de valores en el registro central gestionado por el depositario central de valores español, los valores de los que sean titulares. Tras la reforma del sistema español de compensación, liquidación y registro, se permite la utilización de varios tipos de cuentas, no sólo las cuentas propias y las cuentas globales de terceros, sino también las cuentas individuales. Estas cuentas permiten a una entidad abrirlas por cuenta de uno de sus clientes para gestionar sus operaciones, teniendo sus valores totalmente segregados y disponiendo de toda la información relativa a sus valores.
Adicionalmente se flexibiliza la utilización del procedimiento especial de liquidación intermediario financiero, que ya no se caracteriza por el tipo de clientes o el tipo de operaciones que se liquida en ella sino por la transitoriedad de la utilización de esta cuenta. Este procedimiento especial ha funcionado satisfactoriamente en la primera fase de la reforma y se considera beneficioso para el conjunto del sistema. Por tanto, no se debe restringir su utilización a operaciones con clientes minoristas o profesionales, sino que debe permitirse para todo tipo de operaciones siempre que la liquidación en esa cuenta sea transitoria.
Otra de las adaptaciones que se consideran convenientes para mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de compensación y liquidación de operaciones sobre valores de renta fija, es la supresión de la exigencia de comunicar determinada información al llamado Sistema de información para la supervisión de la negociación, compensación, liquidación y registro de valores.
Hay que señalar que la adaptación operativa a TARGET2-Secutires afecta también a los certificados que acreditan las garantías que se constituyen en la Caja General de Depósitos.
También se incorpora una disposición adicional relativa a la constitución de determinados depósitos a los efectos de la Orden ITC/3066/2011, de 10 de noviembre por la que se establecen los precios públicos por prestación de servicios y realización de actividades de la Dirección General de Comercio e Inversiones. En virtud de dicha orden se establecen los precios públicos por prestación de servicios y realización de actividades de la actual Dirección General de Política Comercial y Competitividad (en concreto, expedición de certificados de conformidad, informes de ensayo y realización de tomas de muestras conforme a un procedimiento normalizado, así como constatación de estándares de calidad y emisión de informes sobre condiciones de producción preestablecidos en Convenios de Colaboración que se formalicen).
Por otra parte, se incluye una disposición transitoria para concretar el tratamiento que debe darse a los certificados de legitimación sobre valores de renta fija emitidos antes de la entrada en vigor del real decreto.
No hay da impedimento para que el deudor proponga la realización de activos no necesarios para el ejercicio de la actividad durante la fase del convenio
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 13/03/2017
El Tribunal Supremo ha establecido que no se da impedimento para que el deudor proponga la realización de activos no necesarios para el ejercicio de la actividad durante la fase de cumplimiento del convenio, permitiendo a la concursada obtener liquidez para pagar al resto de los acreedores, vendiendo bienes que no son necesarios para su actividad en condiciones ventajosas.
En este sentido, constituye una proposición alternativa dentro de la propuesta de convenio, aplicable a todos los acreedores ( art. 100.2 de la Ley Concursal ), en la que, si bien el acreedor que se acoge a ella obtiene el pago inmediato, lo es con una quita del 50% de su crédito (la quita aplicable en la otra alternativa es del 45%, pero con una espera escalonada de cinco años) y a cambio de que presente un comprador para un inmueble no necesario para la actividad de la concursada, en condiciones favorables para el concurso: con un precio mínimo acorde con el valor de mercado del bien (el de tasación) y pago no aplazado.
Asimismo, el Alto Tribunal considera que no estamos ante un convenio al que se añaden contenidos impropios del mismo, que pueden ser eliminadas por el juez al dictar la resolución de aprobación del convenio sin que con ello integre el contenido propio del convenio, respecto del cual no puede suplantar la voluntad de las partes llamadas a votar a favor o en contra.
En el caso enjuiciado, lo que se ha eliminado es una de las proposiciones alternativas, que integra el contenido propio del convenio, y que no puede ser eliminado por el juez, que deberá aprobar el convenio íntegro o, si considera que alguna o todas las proposiciones alternativas son contrarias a la regulación imperativa de las normas concursales, deberá rechazarlo en su integridad.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70369868
Puede no existir despido colectivo, aunque se cierre totalmente el centro de trabajo
Tribunal Supremo. Sala de lo Social. 13/06/2017
El Tribunal Supremo establece que los umbrales numéricos para el despido colectivo, deben ponerse en relación no solo con la totalidad de la empresa, sino con cada uno de los centros de trabajo aisladamente considerados, siempre que individualmente estos empleen a más de 20 trabajadores.
SE CONCEDEN AYUDAS DEL PLAN DE IMPULSO A LA MOVILIDAD CON VEHÍCULOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS (MOVEA 2017)
Final de la convocatoria: 15 de octubre de 2017
SE CONVOCAN AYUDAS DEL PLAN GALLEGO DE REHABILITACIÓN, ALQUILER Y MEJORA DE ACCESO A LA VIVIENDA 2015-2020 EN GALICA