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Timestamp: 2020-05-28 18:42:16
Document Index: 77515402

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 226', 'artículo 236', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 18', 'artículo 339', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 337']

Sentencia nº 1184 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Septiembre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593080858
Número de Expediente: 15-0997
El 16 de septiembre de 2015, fue remitido a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano N.M.M., el DECRETO N.° 2.016 MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS r.g. y p.c.d.e.a., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, con el objeto de que se pronuncie acerca de la constitucionalidad del mismo, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
El 21 de septiembre de 2015, el ciudadano A.V., titular de la cédula de identidad n° V- 3.852.529, alegando actuar como Diputado a la Asamblea Nacional electo por el Estado Bolívar, asistido por el abogado J.A.P.G., titular de la cédula de identidad n°. V-13.083.760, e inscrito en el Inpreabogado bajo el n°. 78.826, consignó ante esta Sala Constitucional escrito de alegatos sobre el decreto antes aludido
Decreto N° 2.016 Mediante el cual se dicta Estado de Excepción en los municipios R.G. y P.C.d.e.A..
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador S.B. y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el m.d.E.S.D.d.D. y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en C.d.M.,
Que en los municipios R.G. y P.C.d.e.A., se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la república, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de generar alteraciones de orden público, que rompen el equilibrio del derecho internacional, la convivencia publica cotidiana y a la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano,
Artículo 1°. El estado de excepción en los municipios R.G. y P.C.d.e.A., dadas las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social, a fin de que el Estado disponga de las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, así como, la violencia delictiva que le acompaña y delitos conexos, con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus efectos y garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones.
Artículo 2°. Como consecuencia de la declaratoria de estado de excepción a que refiere este Decreto, quedan restringidas en el territorio de los municipios R.G. y P.C.d.E.A., las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido:
2. Con ocasión de la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios R.G. y P.C.d.E.A., y exclusivamente a los fines de determinar la comisión de los delitos a los que alude el numeral anterior, las autoridades competentes podrán practicar requisas personales, de equipajes y vehículos, dentro del más estricto respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas, mediante el cumplimiento de los protocolos que garantizan de forma efectiva y eficaz dicho respeto.
Artículo 5°. Se suspende de manera temporal el porte de armas R.G. y P.C.d.E.A., como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas preservando la paz y el orden público. Tal medida no será aplicable al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de sus funciones a los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Artículo 7°. Se extiende a los municipios R.G. y P.C.d.E.A., la aplicación del Decreto N° 1.959 de fecha 28 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.734 de la misma fecha, relativo a la creación del Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera. A tales efectos, serán aplicables las disposiciones de dicho decreto en el ámbito de los municipios R.G. y P.C.d.e.A..
Artículo 8°. La Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados de los municipios R.G. y P.C.d.e.A., así como defensores especiales y nacionales, para atender la situación excepcional objeto de regulación en este Decreto, con el fin de que velen por el respeto de los derechos humanos de la población y ejerzan las acciones necesarias para su efectiva protección. A tal efecto, podrá reforzar su actuación comisionando defensores delegados de otros estados.
Artículo 14°. El gobernador del estado Apure, R.A.C.R., será el coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adopten en este decreto, con el apoyo de los Ministros
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para la Defensa y de Economía y Finanzas y de la Autoridad Única que se designare con competencia en la zona determinada por los limites de los municipios R.G. y P.C.d.e.A..
Artículo 18°. El Gobernador del Estado Apure, R.A.C.R., queda encargado de la ejecución de este Decreto.
Primero. Aprobar en todas y cada una de sus partes el Decreto N° 2.016 de fecha 15 de septiembre de 2015, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios R.G. y P.C.d.e.A., publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.746, de fecha 15 de septiembre de 2015.
El 21 de septiembre de 2015, el ciudadano A.V., en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, anteriormente identificado, consignó ante esta Sala Constitucional un escrito de alegatos sobre el decreto objeto de control constitucional, indicando lo siguiente:
Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del Decreto n.° 2.016, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción en los municipios R.G. y P.C.d.e.A., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
Por su parte, en recientes sentencias dictadas por esta Sala, bajo los números 1173 del 28 de agosto de 2015, 1174 y 1176 del 8 y 15 de septiembre de 2015, respectivamente, este órgano asumió la competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario del 21 de agosto de 2015, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; del Decreto n.° 1.969, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, G.d.H. y Ayacucho del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.735, el 31 de agosto de 2015, así como en el Decreto n° 1.989 dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Indigena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 40.740 del 7 de septiembre de 2015.
Siendo así, esta Sala resulta competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto n.° 2.016, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción en municipios R.G. y P.C.d.E.A., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.Así se declara.
Una vez establecida la competencia, esta Sala pasa a considerar el escrito de alegatos presentado por el ciudadano A.V., ya identificado, contra la constitucionalidad del Decreto n.° 2.016 del 15 de septiembre de 2015, para lo cual se observa lo siguiente:
Ahora bien, visto que la remisión del Decreto n.° 2.016, mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción en los municipios R.G. y P.C.d.e.A., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015, se efectuó tempestivamente por parte del Ejecutivo Nacional, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, y cumplidos los trámites formales correspondientes, esta Sala pasa a realizar el análisis respectivo sobre su constitucionalidad, en los términos siguientes:
En su encabezamiento se establecen los fundamentos jurídicos, basados en normas constitucionales y legales en que se sustentan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en C.d.M., entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7 Constitucionales, que aluden esencialmente a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción y restricción de garantías, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que, a su vez, fueron concatenadas con los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, todos los cuales refieren diversos aspectos atinentes al régimen jurídico de tales estados de excepción.
El cuerpo del Decreto, cuyo artículo 1, manifiesta el objeto esencial del mismo, continúa con el artículo 2, que contiene la restricción de las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalándose directrices en cuanto a las formas de inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes, a la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios R.G. y P.C.d.e.A., por parte de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y para la Defensa, en cuanto a la prohibición de reuniones públicas, y al derecho a la manifestación sin previa autorización, así como a la restricción temporal por parte del Ministerio del Poder Popular para el Comercio conjuntamente con los Ministerios con competencias en Alimentación, Agricultura y Tierras, y Salud, del ejercicio de determinadas actividades comerciales; y el artículo 3, que establece la potestad del Presidente de la República de dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente.
Los artículos 8 y 9, señalan que la Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados de los municipios objeto de aplicación del Decreto, para que éstos puedan velar por el respeto de los derechos humanos y la garantía de los controles migratorios por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), en los municipios R.G. y P.C.d.e.A..
El artículo 14 del Decreto delega en el Gobernador del estado Apure, “R.A.C.R.” para la ejecución de éste, “quien será además el coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adoptan en el mismo”.
Ahora bien, una vez a.e.c.d. Decreto sometido al control constitucional correspondiente, se observa que aborda el mismo objetivo que los Decretos n.° 1.950, del 21 de agosto de 2015, n.° 1.969, del 31 de agosto de 2015, y n.° 1.989 del 7 de septiembre de 2015, también sometidos a control de este órgano, cuyos propósitos son impedir la extensión o prolongación de la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza, y del resto de la Nación, con la salvedad de que en esta ocasión el Ejecutivo Nacional consideró necesario extenderlo al estado Apure, específicamente a los municipios R.G. y P.C.d.e.A..
Que en los municipios R.G. y P.C.d.E.A., se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la república, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de generar alteraciones de orden público, que rompen el equilibrio del derecho internacional, la convivencia publica cotidiana y a la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano
Igualmente, el Decreto sostiene que, en efecto, las mismas circunstancias que en los Municipios Fronterizos de los estados Táchira y Zulia, los cuales originaron la declaratoria de estado de excepción, se hacen presentes en los municipios R.G. y P.C.d.e.A. (las cuales constituyen hechos notorios comunicacionales que serán referidos en esta sentencia), lo que conllevó a que se tomaran medidas de igual magnitud para restituir el orden público en esas poblaciones.
Dentro de este contexto resulta pertinente resaltar que esta Sala Constitucional, el 28 de agosto de 2015, dictó la sentencia n.° 1173, en la que afirmó la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, mediante el cual el Presidente de la República declaró el estado de excepción en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T.; al igual que en la sentencia n.°1174, del 8 de septiembre de 2015, declaró la constitucionalidad del Decreto n.° 1.969, mediante el cual el Presidente de la República declaró el estado de excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, G.d.H. y Ayacucho del estado Táchira, y de la sentencia n°. 1176 que declaró la constitucionalidad del Decreto n° 1.989 dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia, sobre la base de las consideraciones de derecho, respecto del análisis de los estados de excepción, las cuales se reiteran en el presente fallo, pues versan sobre circunstancias similares a las inherentes al Decreto n.° 2.016, sub examine.
Así pues, el ciudadano Presidente de la República atendió una situación alarmante y grave, por los distintos hechos ocurridos en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.E.T., en los municipios Lobatera, Panamericano, G.d.H. y Ayacucho de ese mismo estado fronterizo, luego en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia, y ahora en los municipios R.G. y P.C.d.e.A. con el propósito de controlar eficazmente el flagelo del contrabando de extracción organizado en diversas escalas, entre otras conductas delictivas, tanto análogas como conexas que rompen el equilibrio del Derecho Internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, impidiendo el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano, así como la situación respecto de la moneda venezolana en la frontera, todo lo cual constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta los acontecimientos que han venido reportando los medios de comunicación sobre las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, pudiendo citar las siguientes reseñas periodísticas a título enunciativo:
Efectivos militares encontraron contrabando en frontera. Apure. R.G., 07 de febrero de 2014- Dando cumplimiento al dispositivo de seguridad fronteriza, llevado a cabo en jurisdicción del Municipio R.G.d.E.A., bajo los lineamientos del ciudadano Tcnel. R.R.D.H., Comandante de la Unidad Fundamental, efectivos pertenecientes al Primer Pelotón de la Primera Compañía del DF-63 de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en Elorza Estado Apure, realizando patrullaje en materia de seguridad ciudadana y en atención a denuncia sobre presunto contrabando de combustible’, específicamente en el sector del Capanaparo vía Hato S.E., efectuaron la retención de Seis (06) Recipientes (Tambores plásticos), contentivos en su interior de aproximadamente Doscientos Veinte (220) litros de combustible, tipo Gas Oíl, cada uno, para un total de Mil
procedimientos están enmarcados en el Operativo de Seguridad Fronteriza implementado por el Cap. J.L.B.C., Comandante de la 1ra Compañía del Destacamento de Fronteras Nro. 63, con sede en Elorza, Estado Apure.
http://www.visionapurena.com/NoticeSuceso.php?ID=5974
Incautados 363 kilos de cocaína en Apure 30 de agosto de 2014. Este viernes fueron encontrados 363 kilos de cocaína de alta pureza, en Apure, en una operación del Ejército de la Zona de Defensa Integral (Zodi) y de la Aviación Militar, anunció este sábado el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB), V.P.L..
Informó además que se incautaron 36.797 kilos en alimentos de la cesta básica y artículos de higiene personal, en el estado Apure, como parte de los resultados de la operación contra el contrabando que se realizan en la frontera. En esta ocasión, en Puerto Páez en la sede del Grupo de Caballería en el municipio P.C. de esa entidad.
‘Harina Pan, refresco, espagueti, arroz y una serie de productos usados para contrabando de extracción’, indicó López al señalar los tipos de productos que fueron encontrados por los funcionarios militares, en compañía de representantes del Ministerio Público y el gobernador de Apure, R.C..
http://globovision.com/36-670-kilos-de-alimentos-se-incautaron-en-apure/
FANB aun sigue el combate contra el contrabando en Venezuela. Apure, 07 de Septiembre de 2014- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó 36 mil 670 mil kilos en alimentos y artículos de la higiene personal en el municipio P.C.d.e.A., informó este sábado el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, V.P.L..
‘Harina Pan, refresco, espagueti, arroz y una serie de productos usados para contrabando de extracción’, indicó López al señalar los tipos de productos que fueron encontrados por los funcionarios del Ejército Bolivariano, en compañía de representantes del Ministerio Público y el gobernador de Apure, R.C..
Desde la sede del Grupo de Caballería en el municipio P.C., López señaló también que los vehículos usados para el contrabando de esta mercancía pasarán a orden del fisco.
Finalmente, también comunicó que ayer -viernes- se incautó 363 kilos de cocaína de alta pureza, la cual se suma a la cantidad de laboratorios desmantelados en el estado Zulia.
http://www.visionapurena.com/NoticeX.php?ID=14639cantidad de laboratorios desmantelados en el estado Zulia.
Funcionarios de la policía judicial adscritos a Interpol apresaron en Elorza al colombiano G.A.R.A., señalado por las autoridades de su país de ser uno de los encargados de llevar en aviones la droga comercializada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
En octubre de ese año agentes de la subdelegación Guadualito allanaron la finca San Rafael del municipio R.G., desde la cual supuestamente hacía envíos de droga para las FARC y para el grupo liderado por D.B., alias ‘el Loco’. http://noticiaaldia.com/2014/12/cicpc-captura-a-el-piloto-miembro-activo-de-las-farc-en-apure/
Por tanto, esta Sala Constitucional constata que el decreto mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios R.G. y P.C.d.E.A., atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad ciudadana, económicos y de seguridad y defensa integral de la Nación, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección por parte del Estado, especialmente, los derechos de acceso a bienes y servicios de calidad, a la salud, así como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, entre otros tantos necesarios para garantizar los valores fundamentales de integridad territorial, soberanía, autodeterminación nacional, soberanía alimentaria igualdad, justicia y paz social, necesarios para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, así como para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.
Por igual, la Sala advierte que el decreto señala que en los municipios R.G. y P.C.d.e.A., se han verificado hechos graves y contundentes, de modo sistemático, y progresivo que impiden el pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República, mediante la ejecución de actos violentos y delictivos propios del paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de transgredir el orden público, la convivencia armónica cotidiana, la paz y la seguridad alimentaria, constriñendo el acceso a bienes y servicios subsidiados, regulados y protegidos por el gobierno venezolano, considerando estos asuntos de seguridad de Estado, que constituyen las circunstancias fácticas que justifican la constitucionalidad del decreto objeto del presente pronunciamiento, en salvaguarda de los derechos de las personas que hacen vida en dichos espacios geográficos fronterizos, así como en el resto del territorio nacional.
De allí que se estime ajustado al orden constitucional y, por ende, procedente, que el Ejecutivo Nacional, con vista a las circunstancias presentadas en la región fronteriza del estado Apure, emplee las herramientas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto, en cumplimiento –tal como lo manifiesta el Decreto- del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de defender y asegurar la v.d.d. sus ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a las amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad.
En tal sentido, con la finalidad de resolver las circunstancias que amenazan el pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de los referidos municipios, y, en general, de todos los habitantes del territorio nacional, vinculadas al paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, se dispuso de manera ponderada las medidas que consideró necesarias el Ejecutivo Nacional, proporcionales a los elementos fácticos detectados, dentro del tiempo que establece la ley y de manera suficientemente razonada, en completo acatamiento a lo establecido en el artículo 337 del Texto Fundamental, sin haber restringido de ninguna forma o intensidad, expresa ni tácita, las garantías constitucionales a que hace referencia tal n.C. y los artículos 2 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por otra parte, se observa que el decreto bajo examen hizo referencia a la aplicación del Decreto Presidencial n.° 1.959 del 28 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.734 de la misma fecha, en el que se estableció la creación del Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera, el cual será igualmente aplicado a los municipios R.G. y P.C.d.e.A., con lo cual se pone en evidencia que la actuación del Ejecutivo Nacional está dirigida a garantizar la seguridad ciudadana y el abastecimiento de productos para el consumo, la aplicación de políticas públicas determinadas a satisfacer otros derechos económicos y sociales de la nación.
- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 2.016, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en municipios R.G. y P.C.d.e.A., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 2.016, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios R.G. y P.C.d.e.A., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
- Se DESECHAN los argumentos esgrimidos por el ciudadano A.V., contra el Decreto n.° 2.016, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual declaró el Estado de Excepción municipios R.G. y P.C.d.e.A., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746, el 15 de septiembre de 2015.
Sentencia que declara la constitucionalidad del Decreto n.° 2.016, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios R.G. y P.C.d.e.A., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.746 del 15 de septiembre de 2015