Source: http://quantumconsultores.com/boletin-1ra-quincena-de-octubre-2017/
Timestamp: 2018-02-22 04:55:50
Document Index: 236888966

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 78', 'artículo 85', 'artículo 27', 'artículo 77', 'artículo 25']

En esta oportunidad, damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la primera quincena de octubre de 2017.
1.- Comprobantes de Pago que permiten deducir gastos personales en el impuesto a la renta por intereses por créditos hipotecarios
A través de la Resolución de Superintendencia No. 245-2017-SUNAT (30.09.2017), se regulan los comprobantes de pago que permiten deducir gastos personales en el impuesto a la renta por intereses por créditos hipotecarios.
Así, se establece los supuestos en los que se pueden emitir comprobantes de pago que permiten a los perceptores de rentas de cuarta y quinta categoría sustentar los gastos relativos a los intereses por créditos hipotecarios (primera vivienda), designar como nuevos emisores electrónicos a los sujetos que brindarán esos servicios y, de otro lado, ajustar la normativa sobre comprobantes de pago.
Los contribuyentes sustentarán el derecho a deducir el gasto por concepto de intereses por servicios de créditos hipotecarios para primera vivienda, de la siguiente forma:
Asimismo, se designan los siguientes emisores electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica (SEE):
Desde el 1 de julio de 2018, a los sujetos que brindan el servicio de crédito hipotecario y respecto de ese servicio.
Desde que deban emitir según el Reglamento de Comprobantes de Pago un comprobante de pago por el servicio indicado en el inciso a), a los sujetos que inicien la prestación de ese servicio después de la fecha señalada en ese inciso y solo respecto de ese servicio.
Los mencionados sujetos deben emitir el comprobante de pago electrónico, la nota de crédito electrónica y la nota de débito electrónica respecto del servicio indicado anteriormente, ya sea en el sistema Del Contribuyente (Resolución de Superintendencia No. 097-2012/SUNAT) o de SUNAT (Resolución de Superintendencia No. 117-2017/SUNAT) de acuerdo a la normativa respectiva.
La norma entra en vigor el 1.10.2017, salvo excepciones que regirán a partir del 1.07.2018.
2.- Se incorporan bienes sujetos al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT)
1.- Declaración de medios de pago conforme a la Ley de Bancarización
A través del INFORME No. 87-2017-SUNAT/5D1000, SUNAT señala lo siguiente en relación a la Ley de Bancarización, Ley 28194:
La obligación de utilizar medios de pago o bancarización tiene por objeto formalizar las operaciones económicas con participación de las empresas del sistema financiero para mejorar los sistemas de fiscalización y detección del fraude tributario.
Las operaciones de comercio exterior que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe sea igual o superior a S/ 3,500 o US$ 1,000 están comprendidas dentro de los alcances de lo dispuesto por el TUO de la Ley.
El operador de comercio exterior debe declarar el medio de pago utilizado en la declaración aduanera de mercancías (DAM) correspondiente; caso contrario, conforme al artículo 8 del TUO de la Ley, no tiene derecho a deducir gastos, costos o créditos, efectuar compensaciones, solicitar devoluciones, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, o restitución de derechos arancelarios.
1.- Valor probatorio de una carta de renuncia del Director a efectos de acreditar que no tiene responsabilidad solidaria
El recurrente señala en su Recurso de Reclamación que presentó su carta de renuncia al cargo de Director de la empresa con fecha 18.10.2008, con lo cual se demostraría que a partir de esa fecha ya no era representante legal de la empresa, y por ello no le correspondería asumir responsabilidad solidaria alguna por la deuda de la empresa.
Por otra parte, la SUNAT señaló que la carta de renuncia de fecha 18.10.2008 no constituye un documento fehaciente por carecer de fecha cierta; sino que recién con la carta notarial de fecha 21.11.2011 recién se tiene certeza de la fecha de renuncia, la que se hizo efectiva con su inscripción registral el 10.02.2012, esto es, luego de la fiscalización.
Al respecto, la Resolución del Tribunal Fiscal No. 8016-1-2016, se pronunció de la siguiente manera:
No constituye motivo suficiente restar mérito probatorio a la carta de renuncia de fecha 18.10.2008 por carecer de fecha cierta por parte de la Administración Tributaria, incluso cuando de acuerdo a la facultad de fiscalización de la Administración, tiene la posibilidad de disponer los requerimientos de información necesarios a la empresa solicitando la planilla de trabajadores, entre otra documentación que permita dilucidar si el recurrente dejó de laborar efectivamente como director desde el 18.10.2008. Consecuentemente, se declara nula la apelada, debiendo proceder la Administración de acuerdo a lo señalado por el Tribunal.
2.- Corresponde revocar la inadmisibilidad de la reclamación cuando se emiten órdenes de pago sin efectuar el previo requerimiento para que el contribuyente realice la declaración y determinación omitida
A través de la Resolución del Tribunal Fiscal No. 11424-8-2016, señala lo siguiente:
La Administración Tributaria no ha acreditado haber seguido el procedimiento legal establecido por el numeral 4 del artículo 78° del Código Tributario, específicamente en cuanto establece que para la emisión de órdenes de pago se debe efectuar el previo requerimiento para que el contribuyente realice la declaración y determinación omitida y abone los tributos correspondientes, en un término de 3 días hábiles, por lo que resuelve revocar la Resolución de Intendencia emitida por SUNAT y declarar nula la orden de pago.
3.- Determinación de coeficiente para el cálculo de pagos a cuenta y diferencia de cambio
La Resolución del Tribunal Fiscal No. 01558-8-2017 menciona lo siguiente:
La Administración Tributaria sostiene que para determinar el coeficiente aplicable para el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta no se deben considerar en los ingresos netos los importes correspondientes a las ganancias derivadas de la diferencia de cambio, mientras que la posición de la recurrente es que dichos importes si deben ser considerados en la mencionada determinación.
Al respecto, indica que la Resolución de Observancia Obligatoria No. 11116-4-2105 ha adoptado el siguiente criterio: Las ganancias derivadas de la diferencia de cambio, deben ser consideradas en el divisor o denominador a efecto de calcular el coeficiente aplicable para la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, a que se refiere el inciso a) del artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta”.
Así, el criterio de la Administración no se ajusta al criterio mencionado, siendo que en base a este era correcto el proceder de la recurrente en cuanto a considerar las ganancias derivadas de la diferencia de cambio en los ingresos netos para efecto de la determinación del coeficiente aplicable a los pagos a cuenta acotados, por lo que corresponde levantar el reparo.
4.- Deducción de gastos
El Tribunal Fiscal a través de su Resolución No. 10079-4-2016 ha dispuesto lo siguiente:
El Tribunal a través de diversa jurisprudencia ha establecido el criterio que en aplicación del principio de lo devengado, los pagos efectuados en un ejercicio por pólizas de seguros cuya cobertura comprende el ejercicio siguiente, sólo podrán ser considerados como gasto en la parte correspondiente a la cobertura del periodo comprendido entre la vigencia del contrato y el 31 de diciembre del ejercicio en análisis.
Únicamente resultaba deducible en el ejercicio 2001 el gasto por la cobertura de la póliza de seguro correspondiente a dicho ejercicio, por lo que el desconocimiento de la deducción por la cobertura correspondiente al ejercicio 2002 se encuentra arreglado a ley, lo que incluso es reconocido por la recurrente, procediendo que se confirme la apelada en este extremo.
A fin de que un gasto sea deducible para efectos del impuesto a la renta y que por consiguiente otorgue derecho al crédito fiscal, debe de cumplir con el “principio de causalidad”, que es la relación existente entre el egreso y la generación de renta gravada o el mantenimiento de la fuente productora, es decir, que todo gasto deber ser necesario y vinculado con la actividad que se desarrolla, noción que debe analizarse considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente.
1.- Modifican Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros
Mediante el Decreto Supremo No. 289-2017-EF, publicado el 7 de octubre de 2017, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, aprobado por Decreto Supremo No. 007-2014-EF, con la finalidad de:
introducir modificaciones en las definiciones de armador y semanas contributivas
establecer el procedimiento de recaudación del aporte social del D. Leg. 1084 destinado al Fondo Extraordinario del Ex Pescador (FEP)
precisar las características que deben reunir los aportes de los trabajadores pesqueros afiliados al SPP
fijar las condiciones para el cálculo de la pensión de jubilación en el SPP y las condiciones de acceso a la Pensión de Rescate Complementaria (PRC); así como, los efectos de la afiliación o pago de aportes indebidos al REP o al SPP de los trabajadores pesqueros no comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30003
2.- Ampliación del plazo para revisión de la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
Mediante Resolución Ministerial No. 179-2017-TR, publicado con fecha 11 de octubre de 2017, se amplió hasta por 30 días hábiles adicionales el plazo establecido por Resolución Ministerial No. 079-2017-TR, a efectos que la Comisión Técnica analice y revise la implementación de la Ley No. 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, así como para que formule proyectos normativos que sean necesarios para su mejor aplicación en el proceso laboral.
3.- Flexibilización de requisitos relativos al trámite de subsidios por maternidad, sepelio y pago de prestaciones económicas
Mediante Resolución de Gerencia General No. 1380-GGESSALUD-2017, se modificó determinados requisitos relativos al trámite que deben realizar los administrados para el pago de subsidios por maternidad, prestaciones económicas y pago por prestación por sepelio que otorga ESSALUD.
Los principales aspectos que se han regulado son los siguientes:
– Vigencia del DNI: Para la realización de los procedimientos o trámites administrativos ante ESSALUD, no será exigible la acreditación de la vigencia del DNI del administrado o solicitante.
– Derecho Especial de Cobertura por desempleo (latencia): El derecho de cobertura por desempleo se otorgará de forma automática, sin la solicitud del asegurado a aquellos que cumplan con las condiciones señaladas en la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley 26790 y su Reglamento.
– Subsidio por incapacidad temporal (originada por un accidente de trabajo): Para solicitar el subsidio ya no será necesario presentar una copia del aviso de accidente de trabajo.
– Cobro de subsidios de titulares fallecidos (pago directo):
Si el monto del subsidio no cobrado no supera la ½ UIT: Se deberá presentar declaración Jurada con firma y huella digital, designando a uno de los herederos, para que a nombre de los demás pueda solicitar el pago del subsidio devengado y no cobrado.
Si el monto del subsidio no cobrado supera la ½ UIT: Los herederos presentarán un documento que los acredite como tales (Testamento o Sucesión Intestada), así como el poder por documento público o privado con firma legalizada notarialmente, que otorgan a uno de los beneficiarios para que a nombre de los demás pueda solicitar el pago del subsidio devengado y no cobrado, según el importe del subsidio: Más de media (½) UIT y hasta 3 UIT, con poder fuera de registro. Más de 3 UIT, con poder por Escritura Pública.
– Cobro de sepelio de beneficiario fallecido (excepto asegurados potestativos): Los herederos presentarán una Declaración Jurada con firma y huella digital, designando a uno de ellos, para que a nombre de los demás herederos pueda solicitar el pago de la prestación devengada y no cobrada.
– Disposiciones complementarias y otros documentos de gestión: La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, tendrá la facultad de aprobar las disposiciones complementarias u otros documentos de gestión (formatos de declaraciones juradas, formularios, procedimientos, entre otros).
1.- Corte Suprema reitera que trabajadores de confianza si tienen derecho a indemnización por despido arbitrario
Mediante Sentencia de Casación No. 4217-2016-LIMA, la Corte Suprema reiteró que los trabajadores de confianza, que tienen dicha condición desde el inicio de la relación laboral, si se encuentran amparados por el derecho a la protección adecuda contra el despido arbitrario a que se refiere el artículo 27º de la Constitución Política, por tanto, les corresponde la indemnización por despido arbitrario, concebido como una reparación del daño ocasionado al trabajador por la disolución abusiva e ilegal del contrato por parte de su empleador e interpretada sistemáticamente con las que emanan de las disposiciones contenidas en los artículos 43º y 44º del mismo cuerpo normativo (que conceptualizan al personal de dirección y a los trabajadores de confianza), que no son excluidos de la protección contra el despido arbitrario.
2.- No se debe presumir que toda renovación sucesiva de contratos es ilegal o busca perjudicar la contratación a plazo indeterminado
Mediante Sentencia de Casación No. 16549-2014-Lima, la Corte Suprema estableció que la posibilidad de la renovación en la contratación sujeta a modalidad, constituye una opción que el ordenamiento laboral peruano admite, no pudiéndose presumir que toda renovación sucesiva de contratos sujetos a modalidad resulte ilegal o perjudicial a la contratación laboral a plazo indeterminado.
Dicha sentencia dio cuenta de un caso con las siguientes particularidades:
El demandante suscribió contratos a plazo fijo sujeto a modalidad, en su integridad, por necesidad de mercado y fueron prorrogados en diversas oportunidades.
Los contratos fueron liquidados y se abonó al demandante los benefificios sociales en cada oportunidad.
Los contratos de trabajo fueron objeto de renovación integral después de haber incluso existido solución de continuidad entre uno y otro.
El plazo de renovación de los contratos a plazo fijo sujetos a modalidad por necesidad de mercado y sus prórrogas en su conjunto no excedió del plazo máximo de 5 años.
Así, la Corte Suprema precisó que la ley regula la contratación temporal sucesiva llamada también contratación laboral en cadena. Esta forma de contratación permite que sucesivos contratos sujetos a plazo fijo, con pleno respeto a las limitaciones sustantivas y formales, previstas por la ley, fragmenten la vida laboral de un trabajador. Se excluye de esta forma de contratación aquellos contratos celebrados con fraude a la ley, que a través de sucesivas renovaciones en realidad persiguen eludir el derecho a la estabilidad laboral.
3.- No puede obligarse al empleador a revelar las herramientas con las que mide sus objetivos y productividad
4.- No se vulnera Principio de Inmediatez si se demuestra que el procedimiento de despido fue complejo por las características del caso y del empleador
Mediante Sentencia de Casación No. 3090-2015-Cusco, publicada el 30 de junio de 2017, se da cuenta de un caso por el cual se cuestionó si el trámite del procedimiento de despido está sujeto al cumplimiento de un plazo límite y si se afecta el principio de inmediatez en caso no se cumpla.
El fallo determinó que el procedimiento de despido está sujeto al cumplimiento del principio de razonabilidad cuyo límite es la vulneración de algún derecho del trabajador o la transgresión de un principio laboral. En ese sentido, no podrá alegarse que el procedimiento de despido afectó el principio de inmediatez, si se demuestra que el trámite fue complejo debido a las características del caso y del empleador (pluralidad de instancias encargadas de realizar las investigaciones sobre los hechos, por ejemplo).
En el caso, el plazo que le tomó al empleador establecer la comisión de la falta pasible de despido fue de un año. Sin embargo, la Corte determinó que la complejidad del caso (falsificación de documentos) y las características del empleador (entidad pública conformada con diversos órganos de control) habían justificado que el análisis del principio de inmediatez se flexibilizara.
5.- Contrato de Trabajo por necesidad de mercado se desnaturaliza por mención genérica de la causa objetiva de contratación
Mediante Sentencia No. 1539-2016-PA/TC, de fecha 21 de abril de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que en la siguiente descripción de la causa objetiva de contratación, se había incurrido en mención genérica de la misma por tanto se encontraba desnaturalizada. La cláusula es la siguiente: “(…) se requiere contratar en forma temporal los servicios de personal a fin de atender el incremento de actividades derivado de la necesidad de desarrollo de mercado en la zona de Tarapoto”.
La cuestión en controversia en el presente caso se debió a si la referencia a un incremento de actividades derivado de la necesidad de desarrollo de mercado constituye una causa objetiva de contratación válida.
El TC señaló que la alusión a un incremento de actividades derivado de la necesidad de desarrollo de mercado no proporciona información relevante sobre si dicha situación es actual o futura, lo cual permitiría establecer que en efecto existe una causa objetiva. En ese sentido, al no haberse especificado la causa objetiva de contratación conforme a ley, el contrato de trabajo fue declarado desnaturalizado por haberse producido el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 77° de la LPCL. En consecuencia, el contrato debe ser considerado como de plazo indeterminado, según el cual el demandante sólo puede ser despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.
6.- Agravios formulados por trabajador a compañero de trabajo a través de su cuenta personal de facebook constituye causa justa de despido
Mediante Sentencia de Casación No. 19856-2016 Lima Este, la Corte Suprema validó el despido de un trabajador que agravió via su cuenta personal de Facebook a un compañero de trabajo, incurriendo en falta grave y por tanto en causa justa de despido.
El trabajador despedido cuestionó dicho despido, reputándola de fraudulento, buscando ser respuesto en su empleo. Al respecto, la Corte Suprema determinó que la fata grave, consistente en el faltamiento de palabra vía cuenta personal de la red social facebook en contra del Supervisor de Agentes de Seguridad del empleador, se encontraba acreditado, al haber infringido los deberes esenciales emanados del contrato de trabajo, establecido en el inciso f) del artículo 25º del TUO del D. Leg. 728, aprobado por D.S. Nº 003-97-TR. En consecuencia, la Corte Suprema afirmó que el acto lesivo efectuado por el trabajador despedido no podía ser considerado como un hecho falso, inexistente o imaginario, ni mucho menos fabraicada por la empresa demandada, descartando la imputación de despido fraudulento.
7.- Configuración de la infracción por la falta de identificación y evaluación en Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
Mediante Resolución No. 185-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE3 de fecha 1 de agosto de 2016, SUNAFIL señaló que el hecho de que un riesgo o peligro no se encuentre identificado ni evaluado, debido a la ausencia de accidentes relacionados con él no es argumento válido para eximir de responsabilidad al empleador por su falta de registro en el IPER.
Si el riesgo o peligro deriva de la actividad realizada por el trabajador y se constata que en el IPER no se encontraba registrado antes de su ocurrencia (identificación y aplicación medidas de seguridad para contrarrestarlo), debe considerarse que el empleador ha cometido la siguiente infracción: “No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones”.