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Timestamp: 2018-12-10 18:26:16
Document Index: 278984589

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 11', 'Artículo 5', 'Artículo 62', 'Artículo 20']

SCCR/13
Ginebra, 21 a 23 de noviembre de 2005
FECHA: November 9, 2005
ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE SISTEMAS DE REGISTRO VOLUNTARIO DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS
Durante la séptima sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) que tuvo lugar del 13 al 17 de mayo de 2002, varios Estados miembros propusieron que la Secretaría preparase estudios, entre otras cuestiones, sobre los sistemas de registro voluntario del derecho de autor. Para la octava sesión del Comité, la Secretaría preparó una lista de todas las nuevas cuestiones propuestas para examen y posible acción por el Comité en el futuro. En la lista de nuevas cuestiones, contenida en el documento titulado “Breve descripción de los asuntos que podrán ser objeto de debate en el Comité Permanente” (SCCR/8/2) se hace referencia a los “sistemas de registro voluntario” en los siguientes términos: “el Artículo 5.2) del Convenio de Berna establece que ‘el goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad’. Es éste uno de los principios fundamentales del Convenio. Establece que la protección no puede depender de la observancia de ninguna formalidad. No obstante, en ciertos países parte en el Convenio de Berna, la legislación nacional de derecho de autor facilita a los creadores y titulares del derecho de autor nacionales y/o extranjeros el registro de sus obras mediante un sistema de registro voluntario (…)”.
Durante la octava sesión del SCCR que tuvo lugar del 4 al 8 de noviembre de 2002, varios Estados miembros expresaron su apoyo a la elaboración de un estudio sobre la cuestión de los sistemas de registro voluntario. Se afirmó que los estudios en este ámbito podrían ayudar a los Estados miembros a sistematizar las cuestiones que están en juego y apreciar mejor en qué forma los sistemas de registro voluntario podrían servir sus intereses nacionales. Ciertas delegaciones pusieron de relieve la importancia de la cuestión en relación con la lucha contra la piratería. Habida cuenta de los debates suscitados en la séptima y octava sesiones del SCCR, la Secretaría de la OMPI ha preparado un estudio comparativo sobre la legislación y la práctica en determinados Estados miembros en relación con los sistemas de registro voluntario de derecho de autor.
B.	Marco jurídico internacional
La prohibición de formalidades para la protección del derecho de autor es el resultado de un proceso histórico. Antes de que entrara en vigor el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (el Acta de 1886 del Convenio de Berna) cada país tenia sus propias reglas del reconocimiento del derecho de autor respecto de una obra. Por consiguiente, los autores debían cumplir formalidades que eran diferentes de un país a otro. El Convenio de Berna introdujo el principio de que los autores de los países de la Unión sólo deben cumplir las formalidades impuestas por el país de origen de la obra. Durante la revisión del Convenio efectuada en Berlín en 1908, esta regla fue sustituida por el principio actual de protección libre de formalidades, reflejado en el Artículo 5.2) del Acta actual de 1971 del Convenio de París, que dice lo siguiente:
El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra (…)
Las formalidades son condiciones o medidas que deben respetarse para que la obra goce de protección por derecho de autor. Las formalidades no incluyen condiciones relacionadas con la creación de la obra (tales como la condición fundamental de que una producción debe ser original para calificarse como obra protegida) o la fijación de la misma (una condición posible en virtud de la legislación nacional). Son ejemplos típicos de formalidades el registro y el depósito del original o de una copia de la obra y el requisito de que debe colocarse sobre la obra un indicativo del derecho de autor. De conformidad con lo establecido en la Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO (Guía de los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI)1, si el registro sólo tiene el efecto de una presunción rebatible de que los hechos registrados son válidos, no es una formalidad (a menos que se aplique de manera tal que, a pesar de la reglamentación jurídica inicial, se convierta en una formalidad de facto, por ejemplo, debido a que los tribunales sólo tratarán un caso de infracción si se presenta un certificado de dicho registro). Asimismo si el depósito es una simple obligación administrativa (con el mero objetivo de mantener una biblioteca o un archivo nacional apropiado de las obras publicadas) que prevea ciertas sanciones administrativas por incumplimiento, dejando intacta la posibilidad del goce y el ejercicio del derecho de autor, no está en contra del principio de protección libre de formalidades (página 41).
La protección libre de formalidades está estrechamente vinculada al principio de independencia de la protección previsto en el Artículo 5.2) del Convenio de Berna, a saber: “El goce y el ejercicio de estos derechos… son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra”. El ejemplo más patente de caso en el que la obra no está protegida en el país de origen pero puede estar protegida en el país donde se solicita protección es cuando, en el país de origen, se aplica una formalidad como condición de la protección. Esto es posible puesto que, en virtud del Convenio de Berna2, en el país de origen, no es una obligación aplicar el Convenio a las obras nacionales y, por consiguiente, pueden prescribirse formalidades para éstas. Sin embargo, como consecuencia de la aplicación de los dos principios mencionados, no pueden existir formalidades en el país extranjero, miembro de la Unión, donde se solicite la protección.
En el ámbito de los derechos conexos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (la Convención de Roma, de 1961) establece que los fonogramas están protegidos en el extranjero sin necesidad de cumplir con ninguna formalidad. No obstante, si como condición para proteger los derechos de los productores de fonogramas o de los artistas intérpretes o ejecutantes en relación con los fonogramas, un país exige el cumplimiento de formalidades, éstas se consideran satisfechas si todas las copias comerciales del fonograma publicado o sus envolturas llevan una indicación consistente en el símbolo “P” (la letra P dentro de un círculo), acompañado del año de la primera publicación (Artículo 11 de la Convención de Roma). El Convenio Fonogramas concertado en 1971 contiene, en su Artículo 5, una disposición similar. Cabe señalar que el Artículo 62.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y el Artículo 20 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) contienen el mismo principio de protección libre de formalidades.
Al tiempo que respetan los principios establecidos en el Convenio de Berna, varios miembros de la Unión de Berna han establecido sistemas nacionales de registro para el derecho de autor y algunos, también para los derechos conexos. En opinión de estos Estados miembros, el registro facilita el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos proporcionando a los titulares de derechos un medio simple y eficaz de establecer claramente la paternidad y/o la titularidad de los derechos. En este contexto, se considera que el registro contribuye a la protección de la moral y de los derechos patrimoniales y a la lucha contra la piratería. Además, al ayudar a identificar las obras y otra materia objeto de protección, así como la paternidad y/o titularidad correspondientes, el registro puede facilitar el acceso a la materia protegida y también su utilización. El registro también puede ayudar a delimitar el dominio público (por ejemplo, proporcionando información relativa a la expiración del plazo de protección) y por consiguiente facilita el acceso al contenido creativo para el cual no se necesita una autorización del titular del derecho.
Los sistemas nacionales de registro contienen frecuentemente información válida sobre la creatividad, tanto desde el punto de vista jurídico como económico. En su calidad de oficina de registro, un registro del derecho de autor puede poner a disposición certificados de registro, copias certificadas de documentos relativos a registros y otros documentos que proporcionen, con efectos jurídicos variables, información importante sobre una obra o cualquier otro material objeto de protección, sobre su autor o, por conducto de una serie documentada de cesiones, sobre su titularidad actual. La información contenida en los registros nacionales no sólo es valiosa para las relaciones jurídicas y económicas sino que sirve también el interés público, proporcionando una fuente de estadísticas nacionales sobre la creatividad y la cultura. Por último, los registros nacionales pueden constituir un repositorio de patrimonio cultural e histórico ya que representan colecciones de objetos de creatividad nacionales, en particular obras y otras contribuciones creativas.
Debido a la riqueza de la información que manejan y a su experiencia en cuestiones de derecho de autor, se dan a veces a los organismos nacionales de registro competencias adicionales en el ámbito del derecho de autor y los derechos conexos, por ejemplo, en esferas tales como la mediación y el arbitraje, la concesión y administración de las licencias obligatorias, y el asesoramiento al gobierno y demás autoridades públicas en cuestiones relacionadas con el derecho de autor.
II.	VENTAJAS Y DESAFÍOS DEL REGISTRO DEL DERECHO DE AUTOR
En los últimos años se han venido planteando varias cuestiones relacionadas con el registro del derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital, en constante evolución. Algunos comentadores han puesto de relieve el papel fundamental que puede desempeñar el registro, además de cumplir sus funciones tradicionales consistentes en facilitar el ejercicio de los derechos, es decir, como medio para demostrar la existencia de la obra y/o su paternidad. En este contexto, se ha insistido en el potencial que tiene el registro para abordar algunos de los problemas relacionados con el uso del contenido creativo. Uno de esos problemas se relaciona con la cuestión de si el derecho de autor impone cargas inapropiadas a los usuarios, incluidos los creadores subsiguientes, en relación con las obras respecto de las cuales no es posible localizar al titular del derecho de autor (recientemente denominadas “obras huérfanas”). Un ejemplo que suele citarse es el de un creador que intenta incorporar una obra antigua en una obra nueva (sea ésta visual, musical o textual), pero a pesar de los esfuerzos desplegados, no ha podido identificar o localizar al titular o titulares del derecho de autor. Además, la identificación de la obra o de cualquier otro objeto de protección puede ser compleja pues la tecnología digital permite que el contenido adopte toda una variedad de formas y la producción de multimedios combina objetos complemente diferentes.
Es cierto que la información sobre la gestión de los derechos tiene potencial para facilitar el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital. Según algunos modelos propuestos, los sistemas de gestión de los derechos digitales (DRM) permitirían no solamente identificar a los titulares de derechos y supervisar el uso del contenido de la obra sino también tramitar las autorizaciones y la remuneración3. No obstante, no es evidente que los sistemas actuales de registro del derecho de autor puedan desempeñar un papel en la concepción y explotación de los futuros sistemas de gestión de derechos digitales.
En el entorno digital, los usuarios ya no son receptores pasivos de una actividad creativa sino que juegan un papel cada vez más interactivo. La tecnología permite a los usuarios entablar una relación dinámica con la creatividad tanto del pasado como del presente, haciendo desaparecer las fronteras anteriormente existentes entre la creación y el uso. Para permitir una plena interacción entre las creaciones del pasado y los usuarios y creadores actuales, puede resultar importante y útil establecer una delimitación más clara del dominio público. La incertidumbre creada por el derecho de autor sobre las obras huérfanas puede llegar a socavar el incentivo económico de crear imponiendo costos adicionales a los creadores subsiguientes que deseen utilizar el material extraído de obras existentes. Los creadores subsiguientes renuncian a crear nuevas obras que incorporen partes de obras existentes respecto de las cuales no se pueda encontrar al titular porque no pueden permitirse correr el riesgo de asumir una posible responsabilidad o incluso de exponerse a un litigio. Además, el interés público también puede resultar perjudicado cuando las obras no pueden ponerse a disposición del público debido a la incertidumbre respecto de la titularidad del derecho de autor, aun cuando ninguna persona física o entidad jurídica reclame la titularidad del derecho de autor o cuando el titular no tenga objeciones con respecto a su uso.
Para resolver la cuestión de las obras huérfanas, se han propuesto varias alternativas que confieren un papel más o menos central al registro. Se ha promulgado una legislación específica por lo menos en un país (Canadá) mientras que en otros, como los Estados Unidos de América, se está considerando la necesidad de tomar medidas específicas4. Las tendencias siguientes ilustran la complejidad de una cuestión respecto de la cual las consideraciones jurídicas, tecnológicas y económicas convergen en un ámbito en constante evolución.
1)	En Canadá, la legislación de derecho de autor contiene una disposición específica que permite a cualquiera que solicite autorización para hacer uso del derecho de autor sobre una obra y no pueda localizar al titular del derecho de autor de esa obra, pedir una licencia al Consejo del Derecho de Autor. Éste debe determinar si se han desplegado esfuerzos suficientes para localizar al titular. Si tal es el caso, el Consejo del Derecho de Autor puede considerar la emisión de una licencia para el uso propuesto. A tal efecto, fijará a discreción las condiciones y el monto de las tasas correspondientes al uso propuesto de la obra, y recaudará las tasas para mantenerlas en un fondo con el cual podrá pagarse al titular del derecho de autor si éste llega a reclamar lo que se le debe. En virtud de este enfoque, se impone una limitación a los recursos que puedan presentar los titulares de derechos de obras huérfanas. Los usuarios pueden estar seguros de que el uso que hagan de la obra no hará recaer sobre ellos toda la serie de recursos por infracción previstos en la Ley de Derecho de Autor sino únicamente una cantidad de dinero correspondiente a una tasa pagadera por el uso de la obra. Al mismo tiempo, los titulares del derecho de autor quedan libres de la preocupación de una pérdida de derechos inadvertida resultante del impago de la tasa o del incumplimiento de cualquier otro requisito previsto.
Si bien hay muchas maneras de localizar a un titular del derecho de autor, es evidente que en los países donde existe un sistema de registro, la búsqueda de registros puede contribuir en forma importante tanto a localizar al titular del derecho como a determinar si se han hecho esfuerzos suficientes a tal efecto.
2)	Si bien la experiencia canadiense revela un enfoque “caso por caso” o “ad hoc”, un enfoque “formal” de las obras huérfanas se basa directamente en el registro. Éste puede adoptar varias variantes, detalladas en el Aviso de Encuesta publicado por la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos de América en enero del presente año5. Según una de estas variantes, el órgano de registro del derecho de autor establecerá un sistema de solicitación mediante el cual se pedirá a los eventuales usuarios que manifiesten su intención de utilizar una obra cuyo titular de derechos no haya podido ser localizado. Otra de las variantes consiste en pedir a los titulares del derecho, y no a los usuarios, que registren sus reivindicaciones.
Las técnicas similares al mecanismo canadiense y las posibilidades en estudio en los EE.UU. deben examinarse habida cuenta de las obligaciones internacionales que prohiben las formalidades como condición del “goce y ejercicio del derecho de autor”. Tal como se ha explicado antes, ese examen excluye las propuestas basadas en el registro obligatorio. Otras soluciones se basan en el otorgamiento de beneficios adicionales, como la indemnización por daños y perjuicios o una sanción específica por uso deliberado de la obra, a los titulares del derecho que hayan registrado sus obras o cualquier objeto conexo. En virtud de ese sistema, si el usuario no comprobó si había o no registro, no podrá pretender que la obra es “huérfana”. Otra cuestión importante es la de si debería imponerse un plazo determinado para considerar una obra o cualquier otro objeto protegido como “huérfano”. Resulta especialmente compleja la búsqueda de criterios claros y objetivos para la determinación de cierto plazo o período de duración para poder considerar una obra como “huérfana”. Lo mismo puede decirse de otras cuestiones conexas, tales como la fijación de una fecha inicial para ese plazo o período.
III.	METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA
El presente Estudio de la Legislación Nacional sobre Sistemas de Registro Voluntario del Derecho de Autor y los Derechos Conexos (“el Estudio”) ha sido elaborado por la Secretaría de la OMPI en cooperación con sus Estados miembros. Se ha distribuido a 14 Estados miembros de la OMPI de diferentes regiones del mundo y con sistemas diversos de registro del derecho de autor un cuestionario sobre las principales cuestiones relacionadas con los sistemas de registro voluntario del derecho de autor y los derechos conexos. La Secretaría ha recibido respuestas de 12 Estados miembros, a saber: Alemania, Argentina, Canadá, China, Colombia, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Hungría, India, Japón y México.
El Estudio es de carácter informativo y descriptivo. Ayudará a los Estados miembros a evaluar los diferentes sistemas de registro de derecho de autor y las perspectivas de evolución en el nuevo entorno digital, en el que es cada vez más necesario identificar con facilidad el contenido creativo y supervisar su utilización. En su forma actual, el Estudio abarca información detallada sobre varias cuestiones, en particular, las siguientes:
–	la situación jurídica del organismo que efectúa el registro;
–	el objeto del registro;
–	el alcance del registro;
–	los requisitos para efectuar el registro;
–	los efectos jurídicos del registro;
–	la disponibilidad de información en los formatos tangible (depósito de obras) y digital; y
–	las facilidades de búsqueda y la información estadística.
La información proporcionada por los Estados miembros ha sido desglosada en tres secciones. La primera se relaciona con las preguntas institucionales, la segunda con las preguntas jurídicas y la tercera con las preguntas sobre el procedimiento. El Estudio contiene tres anexos. El cuestionario se reproduce en el Anexo I, las estadísticas pertinentes están contenidas en el Anexo II y las distintas respuestas de los países se presentan en el Anexo III.