Source: https://hayderecho.com/2013/04/
Timestamp: 2019-11-20 14:12:47
Document Index: 303347102

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 70', 'artículo 20', 'artículo 515', 'artículo 306', 'artículo 308', 'artículo 31', 'artículo 224', 'artículo 22', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 6']

abril 2013 – Hay Derecho
29 abril, 2013 /10 Comentarios/en Administraciones Públicas /por Antonia Fuentes Moreno
– Ser mayor de 45 años a 31 de diciembre de 2013.
– Venir prestando servicios de manera ininterrumpida desde antes de 1 de enero de 2005.
Este Decreto-Ley altera el funcionamiento de las bolsas de contratación temporal y da prioridad a los interinos que cumplan los requisitos señalados y que se queden sin puesto de trabajo como consecuencia de la toma de posesión de un funcionario de carrera.
En la exposición de motivos se explica la severa situación de crisis económica y como está obliga a las administraciones a un redimensionamiento de sus recursos humanos. La situación se agrava porque el artículo 23 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, prohíbe realizar nuevas incorporaciones de empleados públicos, tanto procedentes de ofertas de empleo como contrataciones temporales, lo que incluye a funcionarios interinos y laborales temporales. Esta limitación sólo tiene una excepción, que es la reposición de efectivos, afectada por dos severas restricciones:
– Primera, la tasa de reposición está limitada al 10% de las vacantes que se generen por jubilación.
– Y segunda, sólo es posible en determinados sectores (los que se determinen como prioritarios o que afecten a servicios públicos esenciales).
El Decreto-Ley justifica esta discriminación positiva en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, para incluir como criterio diferencial la edad, por las dificultades de acceso al empleo de las personas mayores de 45 años, lo cual choca frontalmente con los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben primar en el empleo público e instala una barrera insalvable para el resto de los ciudadanos que quieran acceder, entre ellos el colectivo de jóvenes sobradamente preparados que buscan su primer empleo. También hay que señalar que en el ámbito sanitario y en el docente no se aplica este criterio para la selección de interinos, puntuándose –entre otros elementos- la experiencia y la nota de examen, pero nunca la edad del aspirante.
A mi juicio, el Decreto-Ley, abusando (una vez más) de las razones de urgente necesidad que hurtan el debate parlamentario, vulnera el principio de igualdad en el acceso a la función pública recogido en el artículo 23.2 de la Constitución con rango de derecho fundamental, el Estatuto Básico del Empleado Público y en la propia ley de Función Pública andaluza, así como las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulaban el pacto de estabilidad de interinos en el año 2000.
Remontándonos al lejano 2005, el Informe de la Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público ya criticaba aquellas situaciones de interinidad o contrataciones temporales en el empleo público para actividades que responden a necesidades permanentes y que se prolongan año tras año. Dejando aparte el terreno de los principios, la Comisión ponía de manifiesto las consecuencias nocivas que produce el incremento de la temporalidad. Agrava la situación de desigualdad y el riesgo de arbitrariedad, ya que el reclutamiento de personal temporal no exige las mismas garantías que los procedimientos ordinarios de selección de funcionarios de carrera; por otro lado, los frecuentes procesos posteriores de consolidación de empleo público temporal suponen en la práctica integrar, mediante cursos o pruebas sencillas, a quienes en su día accedieron sin una verificación rigurosa de sus méritos y capacidades o sin ningún tipo de selección abierta. Esta dinámica, según la Comisión, «está poniendo seriamente en cuestión todo el sistema constitucional de garantías relativo al acceso al empleo público, e inclusive está llevando a la quiebra otros elementos del propio sistema, como la misma Oferta de Empleo Público, con la garantía de publicidad que supone». El profesor Sánchez Morón, presidente de la Comisión de Expertos y padre del EBEP, nos advierte de que “no es constitucionalmente posible prolongar artificialmente las situaciones de interinidad. Pues la defensa a ultranza de la situación de permanencia de los interinos en plazas vacantes que no desempeñen por sustitución no constituye un interés legítimo, ya que supone un privilegio para los beneficiarios y la quiebra de la igualdad de oportunidades amparada por la Constitución. A lo que no puede oponerse el argumento de que el interino acumula ya una experiencia en el puesto y determinados méritos en el servicio público, pues una y otros se podrán hacer valer en los correspondientes procesos selectivos en la forma que proceda según el tipo de procedimiento.”
El legislador hizo caso de la Comisión de Expertos y aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), cuyo artículo 10 define con claridad los supuestos tasados en que es posible nombrar funcionarios interinos y establece que el cese de los mismos se producirá en todo caso cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. A ello añade que «las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización». En desarrollo de este preciso mandato, el artículo 70 impone la aprobación anual de una oferta de empleo público por los órganos de gobierno de (todas) las Administraciones públicas y establece la obligación ineludible de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas en la oferta.
¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Pues estamos entre la espada y la pared: por un lado, la Ley de Presupuestos prohíbe nuevas incorporaciones de personal; pero, por otro, el EBEP impone la obligación de sacar anualmente la oferta de empleo público. En realidad, si se incluyeran en la misma, como resulta preceptivo, todas esas plazas vacantes de Andalucía, pero aplicando la tasa máxima permitida de reposición del 10%, podrían perderse muchos efectivos. Este es un motivo poderoso para incumplir la ley, lo cual puede conseguirse no publicando la oferta en ciertos años o aplicando la tasa de reposición solo a las plazas vacantes no desempeñadas por interinos. Además del cumplimiento escrupuloso de la legalidad, la cobertura de las plazas que se necesiten mediante funcionarios de carrera presenta indudables ventajas, empezando por el valor mismo del puesto ganado, que tiene el valor añadido de su estabilidad y su menor dependencia del gobernante de turno. No hay que desdeñar también que los costes sociales de un interino son mayores para la Administración, pues cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social por todas las contingencias, incluido desempleo. El Tribunal Supremo ya se ha manifestado sobre este tema en la Sentencia dictada por su Sala Tercera, Sección Séptima, en fecha 29 de octubre de 2010 .
Por último, hay que señalar los efectos que la congelación de la oferta de empleo público tiene sobre el envejecimiento de las plantillas y una imposible renovación del talento de nuevas generaciones agravado con soluciones como la de la Junta de Andalucía. Cerrar las administraciones a nuevas incorporaciones nos lleva a un inmovilismo en la organización con una plantilla decreciente y con reticencia al cambio. El profesor Francisco Longo afirma que de seguir está tendencia la función pública se convertirá en “agua estancada”, es decir, lo contrario de lo que ahora mismo se necesita.
El Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y la eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía, supone prolongar la actividad de los funcionarios interinos convirtiéndolos en funcionarios eterninos per secula seculorum. Una conocida expresión norteamericana, que hemos oído en películas ciertamente desmadradas, dice que “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, por los motivos que todos suponemos. Aquí podemos adaptar la frase y desear que lo que pase en Andalucía se quede en Andalucía.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Antonia Fuentes Moreno https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Antonia Fuentes Moreno2013-04-29 00:15:552013-04-28 21:23:22Del funcionario interino al funcionario eternino
Un gran plan nacional de reformas que nos llevará al 24,8% de paro en el 2016
28 abril, 2013 /20 Comentarios/en Crisis política e institucional /por Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
La rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes pasado seguramente pasará a la historia, aunque sea a la pequeña. Fue el reconocimiento de un fracaso no por más anunciado, menos impresionante. Lo que se presenta solemnemente (será por mayúsculas) como el Plan Nacional de Reformas no se enfrenta con ninguno de los grandes problemas estructurales que tiene España, dado que el Gobierno, de entrada, no reconoce que existan. Admite que tiene un problema económico de primer orden y un paro que es el asombro del mundo pero lo trata como si fuera un problema contable. Tira la toalla y se conforma nada menos que con unas previsiones -¡para el 2016!- de una tasa de paro del 24,8 cuando se alcance, aleluya, la tierra prometida del déficit del 3%. Como dice este artículo, toda una declaración de intenciones. O más bien toda una confesión de impotencia.
Claro está que así, como nos recuerdan casi a diario los expertos de Fedea y de otros medios no hay manera de que las cuentas cuadren. No ya es solo un problema de gasto público inasumible, es que tampoco cuadran los ingresos por muchos impuestos que suban o se inventen, porque tenemos una recaudación fiscal raquítica en feliz combinación con tipos impositivos marginales que son de los más altos de la Unión Europea. Eso sí, como todo el objetivo es tener a “Bruselas” tranquila, por lo menos cuando toca examinarse,el sr. Montoro hace las triquiñuelas contables que hagan falta para que parezca que se están haciendo los deberes. Aunque después se destape el engaño y se pierda un poco más de credibilidad cada día.
Pero volviendo al Plan Nacional de Reformas, vamos a realizar un primer comentario de urgencia, aunque volveremos a tratarlas a medida que se vayan aprobando las correspondientes Leyes. Las reformas las tienen en este pdf Me voy a detener solo en las que el propio texto considera “ocho reformas clave” que son las siguientes:
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado2013-04-28 07:33:552013-04-27 22:35:20Un gran plan nacional de reformas que nos llevará al 24,8% de paro en el 2016
¿Conocen ustedes, amigos lectores del blog, a alguien que no sea especialista y se atreva a publicar montones de páginas, o a impartir doctrina a diario en toda clase de medios de comunicación sobre física cuántica, cirugía laparoscópica o resistencia térmica de materiales? No, ¿verdad? Eso le parecería a todo el mundo una osadía imperdonable. Pero…. ¿cuántos legos escriben o se explayan a diario sobre Derecho sin conocerlo en profundidad y sin que su actividad resulte chocante o llamativa? Se cuentan por millones. Un breve estudio de este curioso fenómeno y de sus nocivas consecuencias es el objeto del presente post.
En cuestiones divulgativas y mediáticas, el Derecho resulta ser como el fútbol: todo el mundo se cree capacitado para ser el entrenador del Real Madrid o el seleccionador nacional y, sobre todo, para criticar o cuestionar en público sus decisiones. Hay tantas tácticas, estrategias y alineaciones posibles como aficionados, aunque no hayan tocado un balón en su vida. Pues con el Derecho pasa lo mismo. Personajes de todo tipo, que jamás han visto ni el color de las tapas de un Código Civil o Penal, o que no saben ni de la existencia de nuestras nada sencillas Leyes de Enjuiciamiento, pontifican a diario desde diversos y resonantes púlpitos mediáticos sentando cátedra sobre la interpretación de cualquier complejo asunto jurídico o judicial que ha saltado a la luz pública, y criticando con una alegría sorprendente la labor de jueces, fiscales, abogados del estado, notarios, registradores, letrados, secretarios, catedráticos y demás expertos en Derecho, que muy tontos tienen que ser para dedicar tantos años a estudiar algo que todo el mundo parece dominar con gran soltura sin haberle puesto ni medio codo.
El mundo del Derecho es, y cada vez más, tremendamente complejo, integrado por multitud de disciplinas diferentes, cada una de ellas con una normativa hiperdesarrollada, dispersa y con múltiples interrelaciones entre sí, que hay que conocer en profundidad, y no sólo la normativa, sino también los principios básicos que la inspiran, para poder integrar e interpretar correctamente sus lagunas y deficiencias. Hoy existen, además, multitud de órganos legisladores o creadores de leyes: autonómicos, nacionales, europeos,… Y qué decir de la abrumadora, variada y cambiante Jurisprudencia de los diferentes Tribunales de Justicia, acumulada en multitud de bibliotecas y bases de datos. Pretender banalizar todo ese complejo mundo de normas, principios y sentencias para hacer con él frívolos comentarios de salón, carentes la mayoría de rigor alguno, y dirigidos casi todos ellos por un criterio puramente ideológico, por determinadas filias o fobias personales, o por una concreta línea editorial, puede resultar un entretenimiento atractivo y útil para llenar páginas de periódicos o programas de radio o televisión, pero produce un flaco servicio al sistema jurídico y al Estado de Derecho en general. Y, además, no está exento, en mi opinión, de graves riesgos para los derechos individuales de las personas.
Nada tiene que ver lo que aquí estoy criticando con el verdadero derecho a comunicar o recibir información veraz, absolutamente indiscutido y consagrado en nuestro país por el artículo 20 de la Constitución. Por supuesto que los medios de comunicación tienen que dar cumplida información sobre los acontecimientos de trascendencia jurídica o judicial que tengan interés general. Pero ese derecho no debe transformarse por sistema en la costumbre de frivolizar de manera casi siempre tendenciosa, y por personas carentes de la más mínima cualificación, sobre importantes asuntos en los que están en juego la vida, la hacienda y la honra de muchas personas. Hoy en día, con una tremenda judicialización de la vida pública por razones de todos conocidas, muchos medios de comunicación pretenden sustituir la instrucción judicial por la suya propia, que es cualquier cosa menos imparcial y respetuosa con los derechos fundamentales de las personas. Otros países como Francia han aprobado una normativa que contiene fuertes restricciones a la posibilidad de proporcionar información escrita o gráfica sobre instrucciones judiciales en curso para proteger los derechos de los simplemente investigados, evitando así la injusta y precipitada “pena del telediario”, tan habitual por estos lares. Y para que vean que el tema que estoy tratando no es, para nada, un asunto baladí, vean ustedes algunos de los efectos negativos que esa banalización o vulgarización del Derecho produce en un país como el nuestro:
– Por un lado, esa banalización está influyendo en el propio legislador, produciendo, indirectamente, una perversa forma de legislar. Hoy se legisla de una forma torrencial y con una pobreza técnica espeluznante, lo que produce una tremenda merma en la seguridad jurídica de las personas y sus derechos. Cualquier actividad humana está regida en la actualidad por multitud de leyes, reglamentos, órdenes, resoluciones, instrucciones y demás normas de diversa índole, muchas de ellas imprecisas, dispersas e incluso contradictorias entre sí. Y la gran mayoría de esas normas, como está sucediendo últimamente en materia de desahucios e hipotecas, se elaboran deprisa y corriendo para “satisfacer” demandas inmediatas de medios de comunicación o campañas de ciertos movimientos políticos y sociales, sin existir un estudio serio, reflexivo y pausado de su necesidad, conveniencia, implicaciones y demás consecuencias legales, que siempre son muchas, dada la tremenda y compleja interrelación que existe entre las diferentes materias jurídicas. Durante mucho tiempo he pensado que esa forma tan pobre, imprecisa y oportunista de legislar, característica de estos años recientes, era un problema o defecto del legislador, siempre tan acuciado por las necesidades inmediatas y las prisas de los políticos, más preocupados de vender un titular a los medios que de garantizar una mínima seguridad jurídica. Hoy ya no estoy tan seguro de ello. En los últimos tiempos tiendo a pensar que la inseguridad y la imprecisión técnica que emana de multitud de normas de reciente cuño no es casual sino premeditada, y que nuestros infames gobernantes necesitan esferas de arbitrariedad para hacer lo que les venga en gana en muchas materias delicadas (normativa fiscal, bancaria, laboral, de blanqueo,…). Y no soy el único que piensa así. Otros editores, colaboradores y comentaristas de este blog ya se han manifestado varias veces en parecidos términos sobre este tema.
– También se produce un uso banal del Derecho en algunas investigaciones judiciales o administrativas, cuando muchas veces se encargan informes sobre asuntos complejos a personas carentes de la capacitación o especialización necesaria para ello. He conocido casos de agentes policiales que no pasaron del Bachillerato Superior elaborando informes sobre enrevesados asuntos jurídicos con implicaciones civiles, mercantiles, administrativas y penales, y poniendo alegremente en jaque la labor de profesionales jurídicos altamente cualificados. O de funcionarios tributarios con formación exclusivamente económica firmando con una valentía espeluznante informes inculpatorios “interpretando” dificultosas cuestiones civiles, hipotecarias o notariales. En la ejemplar Sentencia sobre el Caso Ballena Blanca dictada hace un par de años por la Audiencia Provincial de Málaga consta el testimonio de varios agentes de policía judicial que declararon ante el perplejo Tribunal haber recibido el encargo de sus superiores de elaborar un informe sobre sofisticadas inversiones extranjeras con sociedades interpuestas y posible blanqueo de capitales dándoles previamente las conclusiones a las que tenían que llegar, y pidiéndoles que “rellenaran” el texto justificatorio como buenamente pudieran.
– Por otro lado, esa banalización produce también otros efectos negativos sobre los diferentes operadores jurídicos: es el triste asunto de los “juicios paralelos”, que ya he tratado anteriormente en dos posts publicados en este blog (aquí y aquí) y que tan perversos efectos produce en procesos judiciales en curso, tanto por las filtraciones interesadas de sumarios que se realizan siempre por alguna de las partes en litigio –normalmente la más poderosa o cercana a algún medio de comunicación- en perjuicio de la otra, como por las presiones mediáticas incesantes que acaban ejerciendo una influencia indudable sobre jueces y fiscales para que adopten los comportamientos o dicten las resoluciones que “su público” -convenientemente manipulado por los diferentes seriales mediáticos, que carecen en general del más mínimo rigor y de la obligada confrontación de partes- está esperando ansioso de ellos.
En definitiva, y para terminar, los países no salen de sus peores crisis sólo arreglando sus cifras macroeconómicas, sino haciendo que todas las cosas funcionen mejor. El nacimiento del Derecho supuso que los hombres dejaran de solucionar sus controversias a golpes o a machetazos para someterlas al dictamen civilizado y razonable de otros hombres. Por ello es absolutamente necesario que todos tengamos un respeto mucho mayor por el Derecho, y aceptemos su complejidad como lo hacemos naturalmente con otras materias que nos resultan de indiscutible manejo sólo para especialistas. El Estado de Derecho y la seguridad jurídica, como defiende con pasión este blog desde su creación, son lo que diferencia la vida selvática de la civilización. Pero degradando uno y otra estamos volviendo a la selva a pasos agigantados, aunque calcemos relucientes mocasines.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Alvaro Delgado Truyols https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Alvaro Delgado Truyols2013-04-27 07:23:152013-04-26 19:23:58La banalización del Derecho
El final de los procesos de racionalización de entes autonómicos: ni está ni se le espera
26 abril, 2013 /13 Comentarios/en Administraciones Públicas /por Jaime Castellano
En los últimos años previos a la actual crisis que atraviesa el país, ha proliferado en España en todos los niveles (central, autonómico y local) lo que se conoce como la administración institucional o paralela: organismos, empresas, fundaciones, consorcios, universidades y entes públicos con regímenes jurídicos diversos y actividades múltiples que van desde la prestación servicios hasta la producción de bienes y servicios en el mercado en concurrencia con el sector privado.
Estos entes se han multiplicado especialmente en el ámbito autonómico por dos propiedades: generan empleo y son un instrumento para aumentar los niveles de endeudamiento autonómicos. También ha contribuido a su crecimiento la huida del derecho administrativo que suponen estos entes, con el consiguiente descontrol y falta de transparencia.
Desde el año 2010, las CCAA han puesto en marcha diferentes procesos de reordenación para racionalizar sus administraciones institucionales. Estos procesos, si se llevasen a cabo de forma correcta tendrían un doble impacto: económico por un lado (ahorro de gasto público) y por otro, aseguraría que aquellas competencias que ineludiblemente debe ejercer la Comunidad Autónoma continúen siendo ejercidas por órganos de su Administración General (lo que supondría un mayor sometimiento a ley y al control público y ayudaría a una reducción del déficit y de la deuda acumulada).
No es la primera vez que analizamos en este Blog el (escaso) avance de estos procesos, la última vez lo hicimos a raíz del informe publicado por Ministerio de Hacienda y AAPP con la situación a 1 de abril de 2012 . Solo recordar que en aquella ocasión constatábamos una (cruda) realidad: el cambio de legislatura y de gobierno central no había introducido savia nueva al proceso de reordenación de entes públicos autonómicos.
Meses después no hemos podido evitar leer detenidamente el último informe que el Ministerio de Hacienda ha publicado hasta la fecha, que corresponde con la situación a 1 de octubre de 2012, con la esperanza de encontrar alguna mejoría. Adelanto que no se han producido cambios sustanciales y es que la racionalización o reordenación del sector público autonómico empieza a convertirse en un día de la marmota.
Combinando todos los procesos de reordenación en sentido estricto y el resto de medidas adoptadas fuera de ellos, desde el 1 de julio de 2010, las Comunidades Autónomas (todas menos el País Vasco que no entró en estos acuerdos) han previsto la baja de 765 entidades y el alta de 79, por lo que el efecto neto sería de una reducción de 686 entes. No vamos a detenernos en juzgar (por no alargar demasiado el post, porque ganas no faltan) si es una cifra adecuada o si resulta insuficiente, en un mundo ideal pensaríamos que la cifra ha sido fruto de diferentes análisis rigurosos de la situación partida que habrán realizado los gestores autonómicos. Lo que sí volvemos a demandar (una vez más) es que se cumpla lo acordado y es que a fecha 1 de octubre de 2012, se han materializado 291 de las bajas previstas y 62 altas, por lo que el efecto neto es de una reducción de 229 entes, que supone un 33,4% de la reducción total prevista (686).
Como la cifra es un poco desoladora, los propios técnicos del Ministerio de Hacienda que elaboran el informe intentar aportar algún dato esperanzador ya que con posterioridad al 1 de octubre apuntan a que 91 entes han causado baja efectiva, por lo que estamos en un grado de avance del 46,65% (320 entes de 686). El que no se consuela es porque no quiere. Para rizar el rizo, el Ministerio añade que hay 59 entes que se encuentran en proceso de disolución o liquidación y 98 entidades que se encuentran en situación de cese de sus actividades. Ojo porque ya hemos visto en otras ocasiones que hay entes públicos que se convierten en “zombies” porque permanecen en el “limbo” un tiempo indeterminado y no acaban de desaparecer (se quedan en proceso de liquidación durante años…). Pero bueno si los 157 “zombies” finalmente “mueren”, llegaríamos a un avance del proceso del 69,5%… Parece que es lo máximo a lo que podemos aspirar: estos datos nos recuerdan que racionalizar el entramado de fundaciones, consorcios, empresas públicas no es una prioridad política en España, ni para los gobiernos autonómicos ni para el central.
Por otro lado, el Ministerio ha empezado a incluir el impacto económico de los procesos de racionalización puestos en marcha (en términos de ingresos previstos por la reordenación, reducción de personal y ahorro conseguido), lo cual es de agradecer. En realidad el Ministerio lo está intentando incluir en sus informes, porque hay CCAA que directamente no han proporcionado información sobre dicho impacto económico (Cataluña y Extremadura por ejemplo) o lo han hecho de forma muy parcial (Galicia, Asturias y Aragón principalmente). Cuando no quieren dar cifras del impacto económico será por algo (o directamente no las tienen o no son las esperadas y mejor no enseñarlas).
Dentro de dos meses aproximadamente el Ministerio de Hacienda publicará su informe de reordenación del sector público autonómico a 1 de enero de 2013. Volveremos con otro post, pero es inevitable empezar a pensar que el fin de los procesos de reordenación de entes autonómicos ni está ni se le espera. Y si ni siquiera se cumplen los acuerdos alcanzados, ya de mejorar los planes de reordenación existentes ni hablamos, porque nos vamos a otra dimensión.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Jaime Castellano https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Jaime Castellano2013-04-26 07:00:042013-04-25 17:30:29El final de los procesos de racionalización de entes autonómicos: ni está ni se le espera
La sanción penal como defensa contra la financiación ilegal de los partidos (y II): normativa española
25 abril, 2013 /7 Comentarios/en Partidos políticos, Penal /por María Jesús Moya Martínez
Hemos analizado en el primer post de este díptico la normativa europea que trata de combatir la financiación ilegal de los partidos, que es un fenómeno de corrupción en absoluto constreñido a un solo país, sin bien se da en diferentas grados de intensidad en unos y otros.
Vamos ahora a estudiar la legislación española vigente, en la cual, del mismo modo que en la europea, tampoco existe un delito específico de financiación ilegal de partidos políticos, aunque sí contiene ciertas normas que permiten su sanción en determinados casos; así los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica Electoral General sancionan respectivamente a los administradores generales y de las candidaturas que falseen los estados contables para obtener indebidamente subvenciones electorales o se apropien indebidamente de estos fondos
Asimismo, también podría castigarse como asociación ilícita del artículo 515 Código Penal a un partido político que , por ejemplo, fuera una mera organización instrumental de una banda criminal o terrorista.
También se castiga como delito el fraude en la obtención de subvenciones europeas, en el artículo 306 de nuestro código penal. De igual modo se sanciona el fraude de subvenciones de las administraciones públicas en el artículo 308 de nuestro código penal
No obstante, el hito decisivo lo constituye la posibilidad de que los partidos políticos puedan ser responsables penales como cualquier otra persona jurídica, conforme al artículo 31 bis párrafo 5º de nuestro Código Penal . Esto es posible a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica nuestro Código Penal
Por lo tanto, también es posible que nuestro Derecho Penal castigue a los partidos políticos simplemente por aceptar financiación “ en negro” y ocultar este incumplimiento de la ley de financiación de partidos y haber así obtenido la subvención pública correspondiente. Sin que sea necesario que se acredite que el partido , a través de sus miembros que ostentan cargos de gobierno , proceda a ejecutar el “ favor político” comprometido a cambio del dinero recibido Las penas a imponer irían desde multa hasta suspensión definitiva de actividades y clausura de establecimientos. Por lo tanto, esta interpretación legal llevaría a los partidos políticos contaran con los adecuados mecanismos internos de responsabilidad corporativa para evitar estas desagradables consecuencias
Las recientes reformas legales, así como el contexto social europeo, constituyen un pequeño paso del legislador, pero un gran avance para la lucha de la ciudadanía contra la corrupción política.
En efecto, imaginemos que la cúpula directiva de acepta que un partido político español reciba grandes cantidades de dinero, que registra en una contabilidad “ B” y que encomienda el control de la misma a un tesorero o contable. Esta conducta precisará, por ejemplo, disimular estos ingresos a través de diversas falsedades documentales que aparenten otras tantas operaciones mercantiles con diversos sujetos o sociedades pantallas y así ocultar el verdadero origen y destino de estos fondos ilegales.
Ante hechos similares protagonizados históricamente por algunos de nuestros partidos políticos, las posibilidades de reacción de nuestro Derecho Penal ha evolucionado desde el siglo anterior. Así , el Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de octubre de 1997, caso Filesa, se lamentó de la imposibilidad de sancionar a un partido político por financiación ilegal, quedando éste impune. Esto supone el riesgo de que la estructura corrupta quede incólume y pueda seguir funcionando con el sólo reemplazo de los individuos encargados
En la reciente sentencia del caso Pallerols, se tuvo que conectar la trama de financiación con la trama corrupta administrativa . Fue necesario acreditar la existencia del completo ciclo de corrupción política. En este caso el partido político implicado fue declarado responsable civil del dinero público defraudado
A partir de la última reforma penal en España, y con base en la existencia de un sistema público de financiación de partidos, que debe ser transparente, y con la interpretación que desde aquí se sostiene, sería posible condenar al partido político que recibe financiación ilegal , simplemente por defraudar los requisitos legales para recibir dinero del contribuyente, y simplemente porque esta conducta compromete la actuación de las instituciones política controladas por miembros electos de este partido
Se trata de un medio eficaz y posible de que el Estado de Derecho pueda regenerar nuestra democracia.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 María Jesús Moya Martínez https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png María Jesús Moya Martínez2013-04-25 16:00:422013-04-25 18:34:55La sanción penal como defensa contra la financiación ilegal de los partidos (y II): normativa española
La sanción penal como defensa contra la financiación ilegal de los partidos (I): normativa europea
25 abril, 2013 /4 Comentarios/en Partidos políticos, Penal /por María Jesús Moya Martínez
El fenómeno de la corrupción política en España se está convirtiendo en un suceso cotidianamente abrumador que colma el contenido todos los medios informativos porque, desgraciadamente, brota en todos los lugares de nuestra geografía y se vincula a muchos partidos políticos gobernantes, en las distintas administraciones publicas españolas
Aunque no es un fenómeno aislado que afecte solamente a la sociedad española sino que resulta un problema mundialmente generalizado. En particular, en el ámbito europeo, en la encuesta eurobarómetro publicada por la Comisión Europea , el 15 de febrero de 2012, se dice que tres de cada ciudadanos europeos consideran la corrupción como un problema grave
El creciente impacto social de este fenómeno también ha sido destacado en el seno del Consejo de Europa; el Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, lo calificó como “ la mayor amenaza actual para la democracia en Europa” en el discurso pronunciado durante la sesión de invierno de la Asamblea General del Consejo de Europa , celebrada en Estrasburgo el 22 de enero de 2013.
El señor Jagland, afirma en el precitado discurso que la corrupción política conduce a los ciudadanos a desconfiar de sus instituciones, debilitadas por la corrupción , así como a recelar también de los valores democráticos, fundamentalmente del principio elemental de gobierno de la ley, rule of law”.
Estas aseveraciones son certeras si se reflexiona sobre el funcionamiento de las tramas de corrupción política. Éstas siempre trazan un circulo vicioso: el agente corruptor se gana el favor del político que gestiona un sector de la administración pública; bien a través de sufragar su campaña electoral para auparle al poder; o a través de enriquecerle personalmente con el pago de comisiones, o concediendo donaciones generosas para el partido político que sustenta al gobernante corrupto. Esta inversión económica se rentabiliza con el “keepback”, es decir, este benefactor obtiene un importante beneficio económico privilegiado como por ejemplo la adjudicación ilegal de contratos de obras o servicios públicos, burlando los procedimientos establecidos en la ley de contratación del sector público, para eliminar la libre concurrencia, Este procedimiento está muy generalizado, baste citar como ejemplo la adjudicación de los contratos de gestión de residuos urbanos a la mafia en el sur de Italia
A veces incluso el gobernante corrupto autoriza ilegalmente la inversión de dinero público, por ejemplo una subvención para una actividad de interés social, sabiendo que no se van a invertir en ninguna actividad real sino que pasará a engrosar el patrimonio de una sociedad meramente pantalla que controla el propio gobernante o un tercero concertado con el mismo ; por ejemplo las empresas Filesa, Matesa y Time- Export en el caso sentenciado por nuestro Tribunal Supremo el 28 de octubre de 1997 . O bien, otras veces, el gobernante cobra directamente comisiones por dictar resoluciones administrativas de su competencia, aunque no se ajusten a la legalidad para lucrar a un tercero; por ejemplo las licencias urbanísticas, como en el “caso Malaya”.
La conducta corrupta no acaba aquí, sino que frecuentemente se produce un movimiento circular de dinero público: el precio de los contratos y subvenciones adjudicadas ilegalmente está “ anormalmente inflado” siempre lo pagamos los ciudadanos, para que el corrupto enriquecido así ilegalmente, y, “sinceramente agradecido” destine parte de sus ganancias a financiar el partido político al que pertenece el mandatario que tanto le ha beneficiado, por ejemplo un caso reciente es el caso Pallerols .
A la vista de lo expuesto, es claro que la corrupción política produce efectos devastadores para el orden económico y social: se nutre de nuestros impuestos y enriquece injustamente a los corruptos; se infringe el principio de economía libre y competencia leal, y se destina la actividad administrativa a actividades que permitan un enriquecimiento individual rápido , en detrimento de otras que satisfacen una necesidad social más perentoria como la educación , la asistencia a ciudadanos de tercera edad e incapaces, la protección del desempleo o el medio ambiente.
En definitiva, la corrupción política “secuestra” a nuestros poderes públicos , costeados con nuestros impuestos , que dejan así de servir al interés general y se convierten en un instrumento de lucro particular en manos de estos gobernantes deshonestos.
Frente a ello, la sociedad debe velar porque el Estado de Derecho cuente con los instrumentos necesarios para luchar contra los fenómenos de corrupción . En lo que respecta a la corrupción de las autoridades y funcionarios de las Administraciones públicas españolas, el derecho penal permite una adecuada respuesta a estos supuestos de corrupción administrativa. Todas estas conductas descritas se encuentran penadas en el título XIX del Libro II de nuestro Código Penal
Por contra, la cuestión de la financiación ilegal de los partidos políticos constituye aún una asignatura pendiente de las estrategias anticorrupción en nuestro sistema. En este punto nos remitimos a la magnífica exposición de los editores del presente blog en su serie “ Todo lo que siempre quiso saber sobre la financiación de los partidos políticos y nunca se atrevió a preguntar” En esta serie de artículos se describen magníficamente cuáles son las debilidades de nuestra legislación de financiación de partidos: la desvinculación entre los partidos y las fundaciones políticas creados por ellos mismos, la ausencia de limitación al efecto “ lobby” de las entidades bancarias que han venido subvencionando indirectamente a nuestros partidos políticos a través de condonaciones millonarias de las deudas de estos frente a aquellas; también se ha señalado certeramente la lenidad de la sanciones previstas en el texto y la dependencia política y lentitud procesal del Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, existen motivos suficientes para la esperanza:
El 12 de septiembre de 2012 el Parlamento Europeo y el Consejo, instituciones éstas colegisladoras conforme al artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, propusieron a la Comisión Europea un nuevo Reglamento Europeo sobre el Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y de sus fundaciones que modificará en determinados aspectos el actual Reglamento CE 2004/2003, donde se establece la subvención de las actividades de los partidos políticos europeos con cargo al Parlamento Europeo
En este nuevo Reglamento proyectado, la UE aboga definitivamente por mantener el sistema de democracia de partidos que han de financiarse mayoritariamente con cargo a los presupuestos públicos. La finalidad declarada de esta propuesta es fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y las instituciones de representación política de manera que los partidos políticos europeos sean una adecuada correa de transmisión entre ellos.
Este reglamento europeo proyectado establece un Registro en el Parlamento Europeo donde deberán inscribirse los partidos políticos y sus fundaciones que aspiren a constituirse en partidos y fundaciones políticas europeas y actuar con pleno reconocimiento en todos los Estados miembros de la UE. Se excluyen a las fundaciones políticas del Estatuto de la Fundación Pública Europea y se someten al mismo régimen financiero que sus partidos fundadores, cortando así de raíz la posibilidad de que éstos utilicen fraudulentamente a sus fundaciones para “solapar” la recepción de donaciones prohibidas
La inscripción en el mencionado Registro es constitutivo porque otorga personalidad jurídica a las entidades que allí se inscriban
Además la inscripción en el Registro del Parlamento Europeo se subordina al cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos: un funcionamiento interno democrático y un sistema de financiación que se establece en la propia norma:
Los partidos políticos europeos y sus fundaciones se financiarán con cargo a las cuotas de los afiliados y miembros hasta un límite del 40 % de su presupuesto anual y a las subvenciones de fondos europeos hasta unos límites que no pueden superar el 90 % de los gastos reembolsables para los primeros y del 95% para las segundas.
Se permiten las donaciones privadas que no pueden superar los siguientes límites : no podrán superar la cantidad de 25000 euros, se prohíben los donantes anónimos, y éstos deben constar identificados, para permitir el rastreo del dinero en casos de blanqueo por ejemplo. También están prohibidas las donaciones procedentes de los presupuestos de grupos políticos del Parlamento Europeo, así como las donaciones de cualquier empresa sobre la que los poderes públicos de los Estados miembros, o de un tercer país puedan ejercer directa o indirectamente una influencia dominante en razón de la propiedad, la participación financiera o las normas que la rigen.
La propuesta de Reglamento prevé un sistema de sanciones en los artículos 22 y siguientes que van desde la multa hasta la exclusión del Registro previsto en el referido Reglamento, lo que significa la denegación de la personalidad jurídica y la suspensión de actividad como partido político europeo o fundación política europea durante el tiempo máximo de 5 años
Además se deduce de esta propuesta legislativa que el Parlamento europeo no excluye la responsabilidad penal de los partidos y las fundaciones políticas ya que prevé en su artículo 22 la posibilidad de excluir del Registro y suspender de actividades al partido político o fundación política europea que haya sido condenada por sentencia firme por actividades ilegales en detrimento de los intereses financieros de la UE y por ausencia de democracia interna.
Además el artículo 20 establece un control sobre la financiación de estos partidos políticos y fundaciones que le corresponde al Tribunal de Cuentas Europeo y al Parlamento Europeo, sobre la base de una certificación emitida por un experto independiente. También se prevé la posibilidad de ordenar auditorías externas que deben versar sobre la legalidad de los gastos y la correcta aplicación de las disposiciones normativas sobre la atribución de la subvención. Asimismo, se encomienda a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, funciones de control e inspección con el fin de detectar si ha habido irregularidades constitutivas de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilícita que perjudique los intereses financieros de la UE . La OLAF puede llevar ante la justicia los delitos descubiertos en sus investigaciones (aquí). Esta normativa se refiere a los partidos políticos europeos y sus fundaciones , esto es, aquellos que tienen representación en diversos Estados miembros y desean desarrollar su actividad en todo el territorio de la Unión, no obstante la muy probable aprobación de este proyectado Reglamento Europeo sobre el Estatuto y Financiación de estos partidos , reforzará la capacidad del Estado de Derecho para luchar contra la financiación ilegal de los partidos políticos también en el plano nacional. Su entrada en vigor traerá como consecuencia que los Estados miembros, procedan a adaptar a esta norma europea, sus respectivas leyes sobre financiación de partidos políticos nacionales, para formar con ésta una estructura normativa sólida que además constituya una regulación legal homogénea en todos los Estados miembros.
Además, dentro de la estrategia europea contra la corrupción , existe otra norma jurídica en preparación que está avocada a formar un cuerpo legal con la anterior y que va a permitir la actuación eficaz del Derecho penal, el instrumento más poderoso del Estado de Derecho: nos referimos a la propuesta de directiva de 11 de julio de 2012 , del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE a través del Derecho Penal , ( Bruselas) COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD).
La materia de esta directiva ya estaba regulado por un Convenio de 1995. Sin embargo, la UE considera que la eficaz protección del dinero del contribuyente merece una legislación homogénea en todos los Estados miembros. Aunque esta norma no prevé expresamente los delitos de financiación ilegal de partidos y fundaciones políticas, no obstante abre el camino a su sanción penal en cuanto pueden ser considerados como un fraude de subvenciones europeas, bien su obtención mediante presentación de datos contables y declaraciones falsas, o bien cuando se inviertan las mencionadas subvenciones europeas a un fin distinto al legalmente previsto ( artículo 2y 3 de la propuesta de Directiva).
Además impone a los Estados miembros la obligación de incluir en sus respectivas leyes penales nacionales la responsabilidad penal de las personas jurídicas por estos hechos (artículo 6 de la propuesta de directiva) quedando sólo excluidas los Estados u organismos públicos en el ejercicio de la autoridad, sin excluir la responsabilidad penal de los partidos políticos.
Estas dos futuras normas europeas constituyen, sin duda, unos preciosos instrumentos del Estado de Derecho para regenerar la democracia ; consagra el sistema de partidos políticos y su financiación pública. A su vez, refuerza la transparencia en su financiación, como signo de respeto al dinero del contribuyente.
En el segundo post hablaremos de la normativa española.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 María Jesús Moya Martínez https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png María Jesús Moya Martínez2013-04-25 00:50:252013-04-25 18:35:51La sanción penal como defensa contra la financiación ilegal de los partidos (I): normativa europea
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Segismundo Alvarez Royo-Villanova https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Segismundo Alvarez Royo-Villanova2013-04-24 07:00:212013-04-24 09:18:29Por qué hay que limitar los intereses de demora en los préstamos hipotecarios, y cómo hacerlo
23 abril, 2013 /29 Comentarios/en Derecho Constitucional, Procesal /por Rodrigo Tena Arregui
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Rodrigo Tena Arregui https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Rodrigo Tena Arregui2013-04-23 07:00:292013-04-23 09:03:16El aforamiento en España: una singularidad universal. (¿Y por qué?)
No es país para “pringaos”. (Carta abierta a doña Elena Cortés)
22 abril, 2013 /61 Comentarios/en Fiscal /por Jesús María Morote Mendoza
Estimada Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía:
Me ha llegado al alma la lectura de la exposición de motivos del Decreto-Ley 6/2013. de 9 de abril, de la Junta de Andalucía, que lleva su firma, en la que se contiene una encendida defensa de la función social de la vivienda, cuya finalidad sería la de “dar cumplimiento al derecho a disponer de un techo, bajo el que las personas puedan desarrollarse con normalidad dentro de la sociedad“, y a cuyo servicio “la defensa de la función social de la vivienda adquiere mayor relevancia en los actuales momentos que pueden ser calificados como de emergencia social y económica“. ¡Qué hermosas palabras que es imposible no compartir!
El Decreto-Ley que las contiene, sin embargo, no sólo es dudoso que pueda conseguir dar cumplimiento a tan loables intenciones, sino que deja en el tintero algunas medidas muchísimo más sencillas y de implementación inmediata y aproblemática (pues andar metiéndose en la regulación de derechos constitucionales parece iniciar una guerra competencial con el Estado de incierto resultado) por parte de la propia Junta de Andalucía en cuyo gobierno usted se halla actualmente integrada. Le voy a contar una historia, para que vea usted qué fácil.
Mi amiga Rafi es cordobesa, paisana suya. Nació en 1970 y actualmente está divorciada y, como tantos españoles, en paro. Cuando se divorció, en 2004, quiso ejercitar su derecho a disponer de “un techo para poder desarrollarse con normalidad dentro de la sociedad“. Como es de extracción modesta sólo pudo comprar un piso de protección oficial en una barriada humilde de Córdoba; ni siquiera pudo adquirir una de nueva construcción y tuvo que conformarse con una de segunda mano, por 100.000 euros. Como se trataba de una segunda transmisión, y no de la primera, aunque la vivienda era de protección oficial, la transmisión no gozó de exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Rafi tuvo que pagar a la Junta de Andalucía, por ese concepto, 7.000 euros (según el tipo vigente entonces).
Pero mi amiga Rafi no tenía esos 107.000 euros y tuvo que pedírselos a una entidad financiera. Pensaba devolverlo en 30 años; así que pidió 110.000 euros que, al tipo de entonces, el 3’5%, arrojaba un pago mensual de unos 500 euros que, aunque con gran sacrificio, Rafi podía pagar entonces con su sueldo de empleada en el sector de hostelería y restauración. Por el concepto de Actos Jurídicos Documentados correspondiente a la hipoteca tuvo que pagar el 1% de la responsabilidad hipotecaria, es decir, unos 1.850 euros. Rafi no sabía que realmente esa operación estaba exenta, y pagó lo que le dijo la gestoría que le había impuesto el Banco, que ignoraba que, a diferencia de lo que ocurre con la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, en Actos Jurídicos Documentados están exentas las hipotecas para adquirir viviendas de protección oficial, aunque no sea la primera transmisión. Así pues, Rafi pagó a la Junta de Andalucía 8.850 euros para poder disponer de un techo bajo el que desarrollar su vida.
Pero no acabó ahí la cosa. Cuando la maldita crisis hizo su aparición en nuestro país, Rafi perdió el empleo, allá por el año 2008; además los tipos de interés habían subido sensiblemente. Ya no podía hacer frente al pago del préstamo, así que tuvo que acudir al Banco y negociar un aplazamiento de tres años, en espera de que llegaran tiempos mejores. Pero, claro, las cantidades aplazadas se tenían que capitalizar y acumular al capital inicial. El Banco prestaba a Rafi otros 15.000 euros (importe de las cuotas que Rafi no iba a pagar durante los próximos tres años), al 6’5% a devolver en 444 meses, plazo por el que también se alargaba el préstamo inicial. Este nuevo préstamo daba lugar a un incremento de la responsabilidad hipotecaria inicial, por un importe de 25.200 euros, lo que originaba un impuesto de Actos Jurídicos Documentados de 252 euros (1%) a cargo de Rafi, que la Junta de Andalucía se embolsó.
Por desgracia, la crisis iba para más largo de lo que parecía a principios de 2009, de forma que, pasados los tres años de espera, Rafi sigue sin trabajo y a duras penas puede hacer frente al pago del préstamo. Nueva refinanciación hace unos días por un nuevo capital de 14.000 euros, y nuevos diferimientos de pago. Y nuevo incremento de la responsabilidad hipotecaria en 23.100 euros adicionales. Pero ahora a la Junta no le basta con el antiguo 1% del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, sino que ya a mediados de 2012 lo elevó al 1’5%, con lo que Rafi ha tenido que pagar 346’50 euros más, para ejercitar su derecho a una vivienda digna.
En total, pues, Rafi ha acabado pagando 9.448’50 euros a la Junta de Andalucía por aspirar a cobijarse bajo un modesto techo y, además, no tener dinero contante y sonante para pagarlo.
Estimada Consejera, deje en paz el instituto expropiatorio y las sanciones por el uso no-social de las viviendas. Lo tiene mucho más fácil, si de lo que se trata es de que la gente acceda a un techo bajo el que cobijarse. Supriman usted y su Gobierno el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales cuando se trate de la vivienda y residencia habitual. Supriman usted y su Gobierno el gravamen del 8% (Rafi tuvo suerte: cuando ella compró “sólo” era el 7%) cuando se compra uno la vivienda. Supriman usted y su Gobierno el Impuesto sobre los arrendamientos de vivienda residencia habitual. Y supriman ustedes el deplorable gravamen sobre la documentación de las hipotecas, cosa que deben hacer, precisamente, los que no tienen dinero para pagar al contado y necesitan endeudarse con préstamos, es decir, los más desfavorecidos.
Pero, lamentablemente, tengo pocas esperanzas de que atienda usted a esta demanda. Antes al contrario, porque fue precisamente su Gobierno el que subió hace casi un año el tipo de gravamen sobre las hipotecas un 50% (desde el 1% al 1’5%) y, más recientemente aún, un punto adicional (del 7% al 8%) el tipo de gravamen por la compra de viviendas.
(NOTA: El relato de la carta es ficción. Pero en este caso cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Al contrario, se corresponde a grandes rasgos con una de tantas operaciones que los notarios españoles nos venimos encontrando frecuentemente en nuestra vida profesional desde hace ya más de cinco años.)
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Jesús María Morote Mendoza https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Jesús María Morote Mendoza2013-04-22 00:50:292013-04-21 22:09:29No es país para "pringaos". (Carta abierta a doña Elena Cortés)
No preguntes qué puede hacer la transparencia por tí, sino que puedes hacer tú por la transparencia
21 abril, 2013 /15 Comentarios/en Transparencia /por Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
Por ahora, el Proyecto de Transparencia sigue en el limbo, es decir, prosigue su tramitación en el Congreso de los Diputados. La última noticia es que se ha prorrogado el plazo para incluir nuevas comparecencias, no ya de expertos, lo que puede ser muy interesante, sino de posibles afectados, como sindicatos y organizaciones empresariales. Reconozco que no se muy bien qué sentido tiene, pues visto lo visto me resulta complicado considerar expertos en transparencia a los representantes de estas instituciones ni desde el punto de vista teórico ni desde el punto de vista práctico. Pero, en cualquier caso, se ve que el Gobierno tiene menos urgencia en aprobar una Ley de Transparencia que en resolver la situación personal del sr. Saenz, por poner un ejemplo cualquiera. Normal, dado que el Presidente del Gobierno combina con soltura la afirmación de que vamos a tener la Ley de Transparencia más avanzada del mundo un día de estos con el elogio del sosiego y la discreción y el escarnio del exhibicionismo y la notoriedad.
Y si analizamos lo que el Presidente del Gobierno entiende respectivamente por “discreción” “sosiego” y “exhibicionismo” comprenderemos por qué la cultura de la opacidad y del secretismo sigue reinando en nuestra vida política y administrativa. Y es lógico que sea así, dado que, por mucho que ciudadanos de buena fe y medios de comunicación compartan la creencia en el valor taumatúrgico de transformación de la realidad que otorga a un documento su paso por el BOE, lo cierto es que parece poco probable que de un día para otro nos vayamos a acostar muy opacos y a despertarnos muy transparentes. Salvo que los incentivos sean muy poderosos, como en el caso de la Ley antitabaco o en el del carnet por puntos, los cambios culturales que este tipo de normas pretenden no se se producen de un día para otro, y menos con discursos como el del sr.Rajoy o sus seguidores. Es más, recordemos que aún sin aprobar la Ley no habría ningún impedimento legal para que nuestro Gobierno y nuestras Administraciones Públicas puedan ser tan transparentes como el que más. Y encima el Proyecto de Ley tampoco contiene incentivos positivos o negativos de suficiente entidad como para impulsar este cambio de mentalidad y de cultura. Total, que si queremos transparencia, nos va a tocar luchar por conseguirla.
Detengámonos un poco en lo que está pasando en España en cuanto a transparencia, más allá del discurso oficial que ya sabemos lo que vale y que además resulta un tanto contradictorio, porque la transparencia siempre se quiere para los demás, pero nunca para uno mismo. Pues resulta que las cosas siguen como siempre. O mejor dicho, están mucho peor, dado que cada vez hay más miedo a que se sepa lo que ha estado pasando en España en estos últimos años, y todavía sigue pasando, y con razón. Desde ese punto de vista, es normal que las sesiones de control parlamentario (tanto a nivel estatal como autonómico) son un paripé poco interesante, que las preguntas parlamentarias se contestan con meses de retraso y por asesores especializados en echar balones fuera, que los srs. Mas y Rajoy se reúnen “en secreto” para tratar, suponemos, de temas menores tales como la secesión o/y la financiación de Cataluña, que del Concierto Vasco también se habla en secreto , etc, etc
Por su parte, el Presidente del Congreso se resiste como gato panza arriba a publicar los sueldos de sus Señorías, mientras que el discreto Presidente del Gobierno ya no se atreve a comparecer ante los medios de comunicación sino plasma mediante (cualquier día tampoco se va a atrever frente a sus afiliados y simpatizantes, ya veo venir el formato de plasma-mitin) el líder de la oposición se apunta a la moda por las mismas razones, de los abusos y tropelías cometidos por políticos y gestores públicos en activo nos enteramos básicamente por la filtración de los sumarios judiciales y por la benemérita labor de algunos medios de comunicación, etc, etc. Y por supuesto, las Administraciones y entidades públicas siguen sin contestar a los ciudadanos cuando no les da la gana. Aquí tienen los datos de la web de tuderechoasaber, bastante reveladores al respecto, solo 75 de 567 preguntas recibieron una respuesta válida o satisfactoria. Y por supuesto el silencio negativo es la norma general, en eso al menos el Proyecto de Ley sí que se va a ajustar como un guante a la realidad.
Así que conviene que vayamos espabilando porque todo este secretismo y esta oscuridad no van a cambiar porque se apruebe o se deje de aprobar una Ley de Transparencia mejor o peor, desengáñense. Es más, la ley como ya hemos denunciado bastantes veces tiene un aroma lampedusiano que hace presagiar lo peor. La transparencia nos la tendremos que ganar día a día, porque no nos la van a dar por las buenas. Incluso usarán los trucos más innovadores para intentar hacer ver que son transparentes sin serlo, como nos explicó Juan Luis Redondo aquí. Y la razón es muy sencilla: detrás de la transparencia hay información y hay lo que los anglosajones llaman “empowerment” aquí traducido como “empoderamiento” o “apoderamiento”, en este caso de los ciudadanos. que con esa información pueden exigir rendición de cuentas, pueden participar y opinar con conocimiento de causa y, horror de los horrores, hasta pueden decidir que no les gusta esa forma de gobernar y decidir que no quieren ser gobernados por gente que les trata como a menores de edad, en el mejor de los casos, o como a discapacitados psíquicos en el peor. Vamos, que los ciudadanos con la transparencia pueden hacer maravillas.Y esto no les interesa nada a nuestros gobernantes y gestores, pese al discurso oficial (qué remedio, queda feo decir que prefieren vivir en el reino de las sombras) que no tienen el menor interés en el empoderamiento ciudadano, dado lo bien que les ha ido sin él.
Total: que estos señores quieren seguir protegiéndonos para que no nos enteremos de “las cosas de la vida”, en este caso del auténtico funcionamiento de la política y las instituciones en nuestro país. Nos hablarán mucho de tranquilidad, sosiego, discreción, intimidad, protección de datos personales. Nos dirán sí a la transparencia, pero no al exhibicionismo (Los más mayores se acordarán de aquella famosa frase tardofranquista, “libertad sí, pero no libertinaje”). Sencillamente porque en la medida en que nos vayamos enterando no vamos a tolerar que nos sigan gobernando como hasta ahora, sin dar explicaciones y sin rendir cuentas, diciendo un día una cosa y al otro la contraria sin ningún rubor, o prescindiendo de sus programas electorales por nuestro bien (que al parecer ellos conocen vía verdad revelada, porque no parece que tanto sosiego se dedique a la lectura, la reflexión y el debate crítico). Todo esto por no hablar de la corrupción. Es evidente que la transparencia por sí sola no la va a hacerla desaparecer, pero sí la va a dificultar. Y sobre todo, puede evitar que salga gratis. Lo mismo cabe decir del despilfarro o de la ocupación partitocrática de las instituciones, por mencionar otras lacras de este régimen que se desmorona a ojos vistas.
Eso sí, debemos de ser conscientes de que a medida que el régimen nacido en la Transición se vaya acercando a su fin la tentación a ocultarnos o a maquillar la realidad de los que pretenden que las cosas sigan como siempre se va a hacer casi insoportable. Recordemos que el “establishment” tiene mucho que perder y nada que ganar con el “empowerment” de la ciudadanía. Por eso, desde aquí, queremos pedir apoyo para todas las iniciativas ciudadanas a favor de la transparencia que están surgiendo en nuestro país y que afortunadamente son muchas. En concreto, desde Transparencia Internacional, organización dedicada a la promoción de la Transparencia, se ha lanzado una lista de Proyectos dirigidos al fomento de la transparencia y a combatir la corrupción en los que desearían recibir algún tipo de colaboración voluntaria y desinteresada. Se trata de una cooperación personal, no financiera, y que puede ser realizada “a distancia” de forma que puede consistir en aportación de datos, sugerencias, referencias bibliográficas, aportaciones escritas, búsqueda de información en internet, cálculos, etc. Los interesados pueden contactar directamente con la organización o pueden hacerlo a través nuestro.
Así que conviene no esperar sentados a que nos concedan una transparencia capada. No preguntes lo que la transparencia puede hacer por ti, pregúntate que puedes hacer tú por la transparencia.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado2013-04-21 00:30:562013-04-21 11:10:18No preguntes qué puede hacer la transparencia por tí, sino que puedes hacer tú por la transparencia
Venezuela, año cero
20 abril, 2013 /5 Comentarios/en Internacional /por José María Pérez Gómez
En un principio, visto con ojos europeos, parecía que a Venezuela llegaba el momento de la alternancia. Después de más de catorce años del gobierno del Presidente Chávez y a pesar de los ingentes ingresos derivados del petróleo el país se encuentra inmerso en una crisis económica de dimensiones catastróficas; padece un clima de inseguridad ciudadana terrible con una media de más de 57 homicidios diarios; a pesar de su potencial energético, debe importar la mayor parte de la gasolina que consume y los cortes de fluido eléctrico son constantes; ha pasado de ser país exportador de determinados productos agrícolas como café a ser un país importador, el desabastecimiento puntual de productos básicos en los mercados es habitual, la inflación está descontrolada. En otras circunstancias, lo normal sería que el electorado decidiera cambiar de gobernantes, aunque solo fuera por probar. El fallecimiento del Presidente Chávez, un dirigente con un indiscutible carisma, aún redundaba en esta dirección.
Sin embargo, a la vista de los acontecimientos se llega a la conclusión de que la opción elegida por la élite chavista que ha ocupado y patrimonializado todas las instituciones del país durante más de una década ha sido la de imponer un resultado predeterminado -su propia victoria- pese a quien pese y amenazando a todo el que se ponga por delante, con independencia de cuál pudiera ser la auténtica voluntad de los electores venezolanos.
En España y en cualquier otro país en verdad democrático tales denuncias hubieran dado lugar a una investigación previa y de verificarse su autenticidad hubiera supuesto la anulación de los resultados procedentes de las mesas donde sucedieron. En Venezuela, no solo se han dado por válidos, sino que, según parece, se están destruyendo aceleradamente las pruebas que podrían cuestionarlos.
En este orden de cosas, el equilibrio entre pragmatismo y valores que exigen las relaciones internacionales resulta difícil de mantener. España ahora se encuentra en una situación complicada y relativamente frágil pues, además de los intereses económicos de importantes empresas españolas (BBVA, Telefónica, Repsol, etc…, en Venezuela también viven cientos de miles de españoles que, en su caso, podrían ser usados como rehenes por un gobierno sin escrúpulos como el que parece que ahora se está imponiendo. Sin embargo, si aceptamos desde un primer momento ser objeto de esta extorsión y decidimos mirar para otro lado, seremos cómplices por omisión de lo que allí suceda.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 José María Pérez Gómez https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png José María Pérez Gómez2013-04-20 08:00:422013-04-18 19:08:41Venezuela, año cero
El resentimiento de la germanofobia
19 abril, 2013 /18 Comentarios/en Crisis económica, Internacional /por Ignacio García de Leániz Caprile
Si hay un tema viejo como la Humanidad misma y recurrente en la psicología social es el del chivo emisario, mediante el que transferimos al Otro el malestar de la culpa y la frustraciones que produce –como ahora estamos – verse inmersos en el “valle de la desesperanza”. Resulta una manera bien económica de aplacar nuestras ansiedades- y nuestra crisis en España es ya una gran ansiedad colectiva- y escamotear de paso nuestra responsabilidad. Todo ello por un mecanismo de sustitución a cuya base está ese fenómeno individual y social que tantas cosas explica: el resentimiento. Max Scheler lo vio genialmente en El resentimiento en la moral (1915), uno de los libros más lúcidos del siglo XX. Allí lo describe como un fenómeno de “autointoxicación psíquica” por excelencia, tan unido a la envidia y a la venganza, pero que, paradójicamente, “no puede desarrollarse nunca sin un sentimiento específico de impotencia”.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Ignacio García de Leániz Caprile https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Ignacio García de Leániz Caprile2013-04-19 00:30:152013-04-18 19:06:22El resentimiento de la germanofobia