Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-337-de-julio-8-de-1998-unificacion?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041841ff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-16 08:22:30
Document Index: 349433762

Matched Legal Cases: ['artículo 277', 'artículo 61', 'artículo 277', 'artículo 3', 'artículo 177', 'artículo 66', 'artículo 112', 'artículo 114', 'artículo 277', 'artículo 118', 'artículo 277', 'artículo 3', 'artículo 61', 'artículo 277', 'artículo 64', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 277', 'artículo 277', 'artículo 277', 'artículo 3', 'artículo 80', 'artículo 1', 'artículo 149', 'artículo 277', 'artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 116', 'artículo 256', 'artículo 278', 'artículo 277', 'artículo 51', 'artículo 256', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 115', 'artículo 118', 'artículo 277', 'artículo 254', 'artículo 257']

﻿ SENTENCIA SU-337 DE JULIO 8 DE 1998 UNIFICACION
SENTENCIA SU-337 DE 08 DE JULIO DE 1998
CONTENIDO:INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA DE FUNCIONARIOS JUDICIALES. AUTORIDAD COMPETENTE
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DISCIPLINARIA, CONTROL DISCIPLINARIO, FUNCIÓN DISCIPLINARIA, FUNCIÓN JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA, ACTIVIDAD PROCESAL DISCIPLINARIA, INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, FUNCIONARIO JUDICIAL, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL FUNCIONARIO JUDICIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:321 DE SEPTIEMBRE DE 1998, PÁG.1303
Sentencia SU-337 de julio 8 de 1998
Ref.: expediente T-149299
Bogotá, D.C., julio ocho de mil novecientos noventa y ocho.
1. El Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, interpuso acción de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por cuanto estima que ésta —con motivo de la investigación disciplinaria seguida contra algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, por posibles irregularidades en la liberación del procesado Guillermo Ortiz Gaitán— vulneró el derecho fundamental al debido proceso e incurrió en una vía de hecho, al desconocer el poder disciplinario preferente de la Procuraduría para conocer de los procesos disciplinarios seguidos contra servidores públicos, consagrado en el numeral 6º del artículo 277 de la Constitución Política y en los artículos 3 y 6 del Código Disciplinario Único.
2.1. El 17 de julio de 1997, el Fiscal General de la Nación envió un oficio al Procurador General de la Nación, en el que le manifestaba lo siguiente:
“Tal como tuve la oportunidad de informarlo a la opinión pública, por decisión de un Fiscal adscrito a la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Nacional, el procesado Guillermo Ortiz Gaitán obtuvo la libertad provisional bajo la consideración del transcurso del tiempo sin que la instrucción que contra el mismo se adelanta por punibles de Enriquecimiento Ilícito de Particulares e Infracción a la Ley 30 de 1986, hubiese sido calificada.
2.2. En la misma fecha, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura —en el marco de su Sala Nº 38 y de acuerdo con decisión tomada a las 8 de la mañana de ese día, con base en las informaciones publicadas en los diarios— ordenó, de oficio, “...la iniciación de una acción disciplinaria contra el Fiscal delegado ante el Tribunal Nacional que decretó la libertad provisional de Guillermo Ortiz Gaitán y contra los demás funcionarios judiciales que resulten implicados en la posible comisión de las presuntas faltas disciplinarias de que aquí se da cuenta”. El mismo día, a las 11:37 de la mañana, la Presidenta de la Sala informó, vía fax, al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial sobre la iniciación de la investigación respectiva. Ese mismo día, también mediante fax, se comunicó esta decisión al Fiscal General de la Nación —a las 16:39— y al Procurador General de la Nación —a las 16:48—, y posteriormente se enviaron los oficios respectivos a las mismas entidades mencionadas, donde fueron recibidos a las 4:26 p.m., en la Procuraduría, y a las 5:09 p.m., en la Fiscalía.
2.3. El 18 de julio, el Procurador Delegado encargado del caso manifestó que, debido a la “naturaleza, importancia y relevancia especial de los hechos a investigar”, la Procuraduría haría uso del poder disciplinario preferente que le conferían la Constitución y el CDU y continuaría con el trámite de la investigación. Esta decisión le fue comunicada a la Presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a la cual se le solicitó que, “con el propósito de evitar duplicidad de investigaciones disciplinarias”, remitiera las diligencias que por los mismos hechos adelantaba esa Corporación. La solicitud fue reiterada el 21 de julio.
“... debo manifestarle que esta Corporación asumió el conocimiento de las mismas mediante auto del 17 de julio de 1997, en la que se ordenó una indagación preliminar a efecto de establecer las posibles faltas en que hayan podido incurrir los distintos funcionarios que han conocido de la actuación en comento.
2.4. El 24 de julio, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial se pronuncia acerca de la negativa del Consejo Superior de enviar la actuación solicitada. Insiste en su envío y propone, en caso contrario, un conflicto positivo de competencias. Sostiene que el inciso 3 del artículo 61 del CDU dispone que las salas jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales son competentes para investigar y sancionar a los funcionarios de la Rama Judicial, pero siempre y cuando la Procuraduría no ejerza el poder disciplinario preferente que le otorgan el artículo 277 de la Constitución Política y el artículo 3 del CDU, de acuerdo con el cual esta entidad puede “avocar mediante decisión motivada de oficio o a petición de parte, el conocimiento de aquellos asuntos que se tramiten internamente ante cualquiera de las ramas u órganos del poder público”.
2.5. Mediante auto de trámite, del día 25 de julio, la Magistrada sustanciadora comunica al Procurador Delegado su decisión de no darle curso al conflicto de competencias propuesto y, por consiguiente, de no remitirle las diligencias disciplinarias en cuestión, “en consideración a que esta Corporación asumió el conocimiento de las mismas por vía oficiosa, mediante auto del 17 de julio de 1997, el que le fue comunicado oportunamente al Procurador”. Asevera que por esta razón el poder preferente no puede ser ejercido. Apoya su posición en la sentencia C-280 de 1996 de la Corte, que, al declarar la constitucionalidad del artículo 177 del CDU, señaló que “en relación con los funcionarios de la rama Judicial que carecen de fuero, esta Corporación ya ha establecido que no vulnera la Carta el ejercicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría, siempre y cuando dicha competencia no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura”.
2.6. El 29 de julio, la Procuraduría Delegada pidió a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que resolviera el conflicto de competencias. En su escrito manifiesta que la decisión de la Procuraduría de ejercer poder disciplinario preferente en el asunto en cuestión “no obedece a ningún criterio caprichoso o arbitrario, sino a la facultad otorgada por la Constitución Política y la ley, la cual ha sido reconocida de manera reiterada por la H. Corte Constitucional”. Señala, además, que es equivocado el criterio de la Sala Jurisdiccional de que la proposición de un conflicto positivo de competencias constituye un obstáculo para la investigación disciplinaria, ya que este “es el trámite normal que la ley establece para resolver tales eventos”. Por lo tanto, en vista de que la Magistrada sustanciadora no dio trámite a la solicitud, pone en conocimiento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria el conflicto planteado, con el fin de que se determine el funcionario que ha de conocer en definitiva de la aludida investigación disciplinaria. Adicionalmente, expresa que dicha Sala ha resuelto ya conflictos de competencias entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial.
2.7. La Sala Disciplinaria Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura rechaza, por improcedente, el conflicto de competencias planteado. Sostiene que en materia disciplinaria y, en particular, en lo que concierne a las investigaciones disciplinarias que se adelanten contra cualquier funcionario judicial, excepto los que gozan de fuero constitucional, la Sala es un órgano límite del Estado, es decir, no tiene superior jerárquico. Afirma que así lo determinó la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 66 del Código Disciplinario Único.
Manifiesta que la Constitución consagró la posibilidad de que el legislador otorgara a las autoridades administrativas “excepcionalmente y en campos muy delimitados, funciones jurisdiccionales”. De ahí que la Ley 200 de 1995 (CDU) atribuyera al Procurador General de la Nación “la facultad jurisdiccional de dictar providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas, tanto en la indagación preliminar como en la investigación disciplinaria que adelanten los funcionarios competentes de la Procuraduría General de la Nación”. Admite, asimismo, que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en el artículo 112 numeral 2, atribuyó a la Sala Disciplinaria la función de “dirimir los conflictos de competencias que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre estas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las que se prevén en el artículo 114, numeral 3º, de esta ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos Salas de un mismo Consejo Seccional”.
Expone que acude a la tutela en vista de la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial y que lo hace en ejercicio de las funciones que le fueron conferidas por los numerales 1º, 3º y 7º del artículo 277 de la Constitución, en armonía con el artículo 118, con el fin de velar por la integridad del ordenamiento jurídico. Menciona que la Corte Constitucional ha manifestado que la Procuraduría General de la Nación “puede ser sujeto activo de la acción de tutela, bien sea porque actúe en defensa de la institución o de la comunidad (T-049/95)”.
Sostiene que el poder disciplinario preferente de la Procuraduría está consagrado en el artículo 277 de la Constitución Política y ha sido reconocido por la Corte Constitucional a través de sentencias como la C-417/93, que estableció que “en el evento en que la Procuraduría General de la Nación ejerza este poder sobre un funcionario judicial en un caso concreto, desplaza al Consejo Superior de la Judicatura —Sala Disciplinaria— o al Consejo Seccional correspondiente y al superior jerárquico”. Asimismo, expresa que el CDU, en el artículo 3º, faculta al Procurador General de la Nación, a sus delegados y agentes para avocar el conocimiento de asuntos que se tramiten internamente ante cualquiera de las ramas u órganos del poder público. Igualmente, recuerda que el inciso 3 del artículo 61 del CDU dispone que a los empleados de la Rama judicial “los investigará y sancionará el respectivo superior jerárquico, en ambos casos sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación”, y que esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, sin condicionamiento alguno, mediante la sentencia C-244 de 1996.
El Procurador General de la Nación solicita que se tutele el derecho al debido proceso y que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura remita “inmediatamente a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, las diligencias disciplinarias adelantadas contra los funcionarios judiciales que resolvieron sobre la libertad de Guillermo Ortiz Gaitán. Lo anterior con el fin de que el Ministerio Público pueda ejercer el poder disciplinario preferente”.
Con base en lo anterior, concluye que la Procuraduría no estaba legitimada para actuar, “pues como bien lo afirmó el propio accionante en la demanda de tutela actúa en ejercicio del artículo 277 de la Constitución Política, numerales 1º, 3º y 7º, es decir en ejercicio de la función constitucional de vigilar, de proteger los derechos humanos y la de intervenir en los procesos en defensa del orden jurídico. Deduciéndose de los dos primeros numerales que ellos no son derechos fundamentales de las personas y del tercer numeral, que ello no corresponde a la verdad de los hechos, ya que la Procuraduría no actuó dentro de los hechos de tutela en aras de proteger el orden jurídico, sino que lo hizo con el ánimo de obtener la condición de Juez de los fiscales disciplinados”.
De otro lado, respecto al argumento del Procurador sobre la supuesta vía de hecho en que incurrió la Sala al rechazar el conflicto de competencias propuesto, reitera que, en virtud de la Constitución Política (art. 256, num. 6º) y de la ley estatutaria de la administración de justicia, la función jurisdiccional de la Sala está prevista para resolver conflictos de competencia que se susciten entre las diferentes jurisdicciones y entre estas y las autoridades administrativas investidas de funciones jurisdiccionales. Por ello, reitera que “la Sala Disciplinaria no tenía competencia para dirimir el conflicto, dado que la Procuraduría General de la Nación, tiene la condición de autoridad administrativa y no ejerce función jurisdiccional y excepcionalmente esta se dio para el aseguramiento y práctica de pruebas”. Además, según el artículo 64 del CDU, “el conflicto de competencia debía ser resuelto por el superior de ambos y la Sala no era superior jerárquico de la Procuraduría, ni viceversa”. Por lo anterior, considera que la Sala no incurrió en vía de hecho, y que, por el contrario, si hubiera aceptado el conflicto de competencias se hubiera arrogado funciones que no le corresponden por ley.
Manifiesta que, en su demanda, el Procurador se refirió únicamente a algunas sentencias de la Corte Constitucional sobre el poder preferente, omitiendo la mención de otras que son más pertinentes, en razón de que fueron dictadas luego de que el mencionado poder preferente de la Procuraduría hubiera sido reglamentado por el artículo 3º de la Ley 200 de 1995. Así, destaca que la Sentencia C-037 de 1996, al declarar la inexequibilidad del artículo 32 de la Ley 270 de 1996 - ley estatutaria para la administración de justicia -, dejó en claro que el Procurador General de la Nación vigila las conductas de los encargados de prestar funciones públicas, “siempre y cuando dicha competencia, para el caso de la Rama Judicial no haya sido asumida a prevención, por parte del Consejo Superior de la Judicatura”.
Por otra parte, el Tribunal cita el numeral 6º del artículo 277 de la Constitución Política y manifiesta que la función constitucional en cabeza de la Procuraduría de ejercer el poder disciplinario preferente “no puede ser desconocida por la competencia a prevención la cual debe estar especialmente consagrada en una norma legal y para una clase determinada de procesos como en los Códigos de Procedimiento Civil y Penal en donde no violan precepto constitucional alguno”.
Finalmente, sostiene que, “la violación de la norma constitucional consagrada en el numeral 6 del artículo 277 constituye una verdadera vía de hecho por cuanto no se respetó el derecho preferente que para adelantar la investigación disciplinaria tiene la Procuraduría General de la Nación”. Ordena, en consecuencia, la remisión a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial de las diligencias adelantadas contra los funcionarios judiciales que resolvieron sobre la libertad de Guillermo Ortiz Gaitán.
8. También la presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura presenta, el 15 de septiembre, escrito de impugnación. Sostiene la magistrada que el poder disciplinario preferente consagrado en favor de la Procuraduría, en el numeral 6º del artículo 277 de la Constitución, fue delimitado en sus alcances por el artículo 3º de la Ley 200 de 1995, el cual señala que “El Procurador General de la Nación establecerá criterios imparciales y objetivos para la selección de las quejas y expedientes disciplinarios a fin de dar cumplimiento al inciso anterior.” Asevera que la Procuraduría aún no ha fijado esos criterios, “lo que significa que el Poder Disciplinario Preferente en el caso concreto, no se identifica con los postulados previstos en la ley”.
“el criterio acogido por la Corte Constitucional sobre el tema es pertinente acogerlo como auxiliar para la aplicación de las normas constitucionales referidas, en su integridad, sin restricción alguna, lo cual significa que no es viable adoptar como lo hizo la Procuraduría, motivaciones de providencias de la Corte Constitucional para reclamar el ejercicio preferente del poder disciplinario sobre los funcionarios de la Rama Judicial. Sentencia C-417/93 —y hacer abstracción de ellas cuando se refieren a la consideración de una limitación al ejercicio de ese poder— sentencias C-244 y 280 de 1996- según las cuales la intervención de la Procuraduría puede darse en casos en que el Consejo Superior de la Judicatura no hubiese asumido el conocimiento, como ha de entenderse la expresión ‘a prevención’ que utilizó aquella corporación, así su uso no haya sido el más indicado.
— Que la Procuraduría sí tiene personería jurídica, la cual deviene “en forma clara y notoria de lo dispuesto en los artículos 113, 275, y 277 de la Constitución Política, el artículo 80 de la Ley 153 de 1887, el artículo 1º de la Ley 201 de 1995 y el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo”.
— Que la Procuraduría no guardó silencio respecto a la competencia a prevención de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a la que hace referencia la Corte en la sentencia C-037/96, puesto que en el escrito de tutela se señaló que ese era un asunto procesal de orden legal y que, por lo tanto, mal podía desconocer un mandato constitucional que había sido desarrollado en los artículos 3, 47 y 61 del CDU.
— Que no es cierto que la Procuraduría no puede ejercer el poder disciplinario preferente respecto de los funcionarios judiciales, “en virtud a la naturaleza jurisdiccional de los actos emitidos en tales eventos”, puesto que la facultad sancionatoria de la Procuraduría está consagrada en el artículo 277, numeral 6, de la Constitución y en la Ley 201 de 1995.
— Que tampoco es cierto que todas las altas corporaciones judiciales se han pronunciado de manera negativa sobre el desplazamiento de la competencia para la realización de las investigaciones disciplinarias contra funcionarios judiciales, en favor de la Procuraduría, puesto que la Corte Constitucional ha ratificado el poder disciplinario preferente de la Procuraduría en las sentencias: C-417 de 1993, T-006 de 1994, C-229 de 1995, C-037 de 1996, C-244 de 1996, C-280 de 1996, y SU-637 de 1996.
— Que la tutela no fue interpuesta para solicitar que se resuelva el conflicto positivo de competencias que había propuesto la Procuraduría, sino para que se protegiera el derecho fundamental al debido proceso.
— Que si bien el artículo 3º de la Ley 200 de 1995 no ha sido reglamentado, este artículo debe ser interpretado en armonía con el mandato del artículo 47 de la misma ley, que faculta a la Procuraduría “para asumir una investigación disciplinaria iniciada por cualquier organismo, en cuyo caso, los criterios objetivos e imparciales son tenidos en cuenta en cada situación de acuerdo con las circunstancias que ameriten el desplazamiento".
— Que en el caso que genera el conflicto, la Procuraduría expuso claramente en sus decisiones los motivos que justificaban el desplazamiento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
— Que la competencia a prevención “en manera alguna puede desconocer o limitar la facultad preferente constitucional de la procuraduría General de la Nación”.
De otro lado, considera que mal podía presentarse un conflicto de competencias en este caso, puesto que la función que ejerce la Sala Disciplinaria del Consejo Superior es jurisdiccional, según el artículo 116 de la Constitución Política, mientras que la función que se deriva del ejercicio del poder preferente por parte de la Procuraduría es de carácter administrativo. Además, expresa que “siendo la tutela una acción eminentemente subjetiva, esto es, encaminada exclusivamente a proteger los derechos constitucionales fundamentales de que son titulares las personas naturales o jurídicas en caso de vulneración o amenaza, no puede ser instrumento idóneo para desatar controversias entre autoridades, como la planteada”.
Expresa que en sentencia del 17 de febrero de 1995, dictada dentro del expediente 2614, M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, el Consejo de Estado resolvió, con “fuerza de cosa juzgada erga omnes (CCA, art. 175), que:
“el artículo 256, numeral 3º, de la Constitución Política consagra un fuero especial en materia de juzgamiento disciplinario respecto de los funcionarios de la Rama Judicial (excluidos aquellos a los que se refieren los artículos 174, 175 y 178, numeral 3, ibídem, que también gozan de fuero especial) y sobre los cuales la Procuraduría General de la nación solamente está autorizada para emitir conceptos, según el artículo 278, numeral 2º, ibídem, mas no puede ejercer en relación con ellos el poder disciplinario preferente”.
1. El Procurador General de la Nación estima que la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de realizar directamente la investigación disciplinaria que se adelanta contra funcionarios de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la liberación del sindicado Guillermo Ortiz Gaitán, en contra de la reiterada solicitud de la Procuraduría de que se le remita el expediente, atenta contra el debido proceso, porque desconoce el poder disciplinario preferente radicado en cabeza de la Procuraduría, de acuerdo con el artículo 277 de la Carta.
7. En la sentencia C-417 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández, se declaró la exequibilidad parcial del artículo 51 del Decreto 1888 de 1989, que disponía que las providencias que se dictaran en materia disciplinaria en relación con funcionarios judiciales son actos jurisdiccionales, no susceptibles de acción administrativa. En aquella ocasión, esta corporación consideró necesario para enfocar el tema hacer algunas precisiones en punto al derecho disciplinario y al régimen disciplinario de los funcionarios judiciales. De esta manera, llegó a la siguiente conclusión:
“La Constitución Política de 1991 no concentra la función disciplinaria en cabeza de un organismo único, aunque establece una cláusula general de competencia en la materia a cargo de la Procuraduría General de la Nación. A ésta encomienda la atribución de “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”. (C.N., art. 277, num. 6)
Esa competencia de la Procuraduría se ejerce respecto de todo funcionario o empleado, sea cualquiera el organismo o rama a que pertenezca, salvo sobre aquellos que gocen de fuero especial según la Constitución ...
De conformidad con lo previsto en el artículo 256, numeral 3, de la Constitución, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, la atribución de “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”, sin perjuicio de la atribución que la Constitución confiere al Procurador General de la Nación de ejercer preferentemente el poder disciplinario (C.N., art. 277, num. 6º). En el evento en que la Procuraduría General de la Nación ejerza este poder sobre un funcionario judicial en un caso concreto, desplaza al Consejo Superior de la Judicatura —Disciplinaria— o al consejo seccional correspondiente y al superior jerárquico, evitando así dualidad de procesos y colisión de competencias respecto de un mismo hecho. El desplazamiento se produce, en aplicación de la nombrada norma constitucional, dado el carácter externo del control que ejerce el Procurador.
En síntesis, las normas anteriores, interpretadas armónicamente, deben ser entendidas en el sentido de que, no siendo admisible que a una misma persona la puedan investigar y sancionar disciplinariamente dos organismos distintos, salvo expreso mandato de la Constitución, los funcionarios de la rama judicial —esto es aquellos que tienen a su cargo la función de administrar justicia (jueces y magistrados, con excepción de los que gozan de fuero constitucional)— pueden ser investigados y sancionados disciplinariamente por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a menos que se produzca el indicado desplazamiento hacia el control externo de la Procuraduría. Los empleados de la rama judicial —es decir aquellos servidores que no administran justicia— están sujetos al juicio de sus superiores jerárquicos, sin detrimento de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación”.
“Resta agregar que la responsabilidad de vigilar la conducta oficial de los encargados de prestar funciones públicas es competencia permanente del Procurador General de la Nación, atribuciones estas que deberá realizar de conformidad con los criterios, lineamientos y parámetros que al respecto le defina la ley (C.P., art. 277-6), siempre y cuando dicha competencia, para el caso de la rama judicial, no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la judicatura (C.P., art. 257)”.
9. La jurisprudencia sentada en la sentencia C-037 de 1996 con respecto a la autoridad disciplinaria sobre los funcionarios judiciales ha sido permanentemente reiterada en pronunciamientos posteriores. Así se hizo en la sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz, la cual versó, entre otras cosas, sobre el inciso 3º del artículo 61 de la Ley 200 de 1995 —el Código Disciplinario Único—, el cual expresaba: “Respecto de los funcionarios de la rama judicial serán competentes para investigar y sancionar las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos secciónales, según el caso. A los empleados de la misma rama los investigará y sancionará el respectivo superior jerárquico, en ambos casos sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación”. En esa oportunidad, la Corte indicó:
“En conclusión se tiene que el inciso final del artículo 61 de la Ley 200 de 1995, no infringe la Constitución al atribuirle competencia a las Salas Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales, para investigar a los funcionariosde la rama judicial, siempre y cuando se entienda en los mismos términos señalados en la sentencia antes transcrita (C-417/93), esto es, que tal competencia sólo recae sobre los funcionarios que administran justicia —jueces y magistrados que no gozan de fuero constitucional— (...).
El poder preferente de la Procuraduría General de la Nación para investigar a funcionarios de la rama judicial que carecen de fuero y a los empleados de la misma, tampoco vulnera el estatuto superior, siempre y cuando en el caso de los funcionarios dicha competencia. “No haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura (C.P., art. 257)” No ocurre lo mismo con los empleados, pues según el artículo 115 de la ley estatutaria de la administración de justicia, la Procuraduría puede desplazar al superior jerárquico que esté adelantando el proceso”.
10. Igualmente, en la sentencia C-280 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, que trató sobre distintos artículos de la misma Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único), la Corte reiteró que “en relación con los funcionarios de la rama judicial que carecen de fuero, esta corporación ya ha establecido que no vulnera la Carta el ejercicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría, siempre y cuando dicha competencia no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura”.
11. Finalmente, en la sentencia SU-637 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se recogió lo expuesto por la Corte sobre la materia, haciendo hincapié en la diferenciación introducida: “Interesa añadir que en la misma sentencia se perfiló más el concepto de poder disciplinario preferente de la Procuraduría en relación con los funcionarios judiciales excluidos del fuero, al precisarse que la prevalencia solamente se podía hacer valer cuando el Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales no hubieran asumido a prevención la investigación disciplinaria correspondiente”.
12. Lo expuesto en los numerales 7º a 11 de estos fundamentos evidencia que la posición sostenida por la Corte en la sentencia C-417 de 1993, que le sirve de fundamento al Procurador General de la Nación para su solicitud de tutela, si bien ha sido mantenida en lo sustancial, fue objeto de una ulterior precisión por parte de esta corporación, en el sentido de que el poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación opera sobre los funcionarios judiciales únicamente si las salas jurisdiccional disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura o de los consejos seccionales no han iniciado con anterioridad el respectivo proceso disciplinario. Ello indica, entonces, que le asiste razón a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura cuando afirma que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, la Sala adquiere la competencia para conocer de las faltas disciplinarias de los funcionarios judiciales cuando avoca el conocimiento de ellas antes que la Procuraduría.
13. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación iniciaron el mismo día, el 17 de julio de 1997, investigación disciplinaria contra los fiscales comprometidos en la liberación provisional del procesado Guillermo Ortiz Gaitán. La decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de abrir la investigación fue comunicada durante la mañana del 17 de julio al procurador delegado para la vigilancia judicial. En las horas de la tarde del mismo día se informó también de esa decisión a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación. Al día siguiente, es decir, el 18 de julio, el procurador delegado para la vigilancia judicial respondió el oficio que le fuera remitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, manifestando que la Procuraduría había decidido hacer uso del poder disciplinario preferente y que, por lo tanto, solicitaba que se le remitiera la actuación realizada hasta el momento por el Consejo Superior de la Judicatura.
En el caso que es materia de esta sentencia, tanto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como la Procuraduría General de la Nación abrieron sendas investigaciones el día 17 de julio de 1998. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria expresa que tomó la decisión de iniciar el proceso disciplinario a las 8 de la mañana de ese día. La Procuraduría abrió la investigación con base en la petición que formulara el Fiscal General de la Nación el mismo día 17 de julio. De este hecho se deduciría lógicamente que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria inició primero el proceso de investigación y que, por lo tanto, a ella le correspondería, en razón de la competencia a prevención adelantar la instrucción del caso. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación podría argumentar que, además de la afirmación de la Sala, no existe prueba de que ésta hubiera tomado su decisión en horas tan tempranas. No obstante, el hecho de que la Sala le hubiera comunicado en las mismas horas de la mañana a la Procuraduría su determinación de adelantar el proceso disciplinario permite sostener que esta decisión fue tomada con anterioridad y en el curso de la mañana del día indicado.
Los argumentos anteriores conducen a la conclusión de que, de acuerdo con la jurisprudencia actual y reiterada de la Corte Constitucional sobre esta materia, el organismo competente para adelantar la investigación disciplinaria sobre los fiscales comprometidos en la liberación provisional del procesado Guillermo Ortiz Gaitán es la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
15. El artículo 118 de la Carta expresa que al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Asimismo, los numerales 1º, 3º y 7º del artículo 277 de la Constitución Política consagran como funciones del Procurador General de la Nación, para ser ejercidas de manera directa o por intermedio de sus delegados o agentes, la vigilancia del cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; la defensa de los intereses de la sociedad; y la intervención en los procesos ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.
19. Las razones anteriores conducen a esta Corporación a confirmar el fallo de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En efecto, de un lado la Procuraduría General de la Nación no es la entidad competente para disciplinar a los fiscales involucrados en la comisión de posibles irregularidades con ocasión de la liberación del procesado Guillermo Ortiz Gaitán, y, de otro, los conflictos de competencia no comprometen los derechos fundamentales de las entidades públicas contendientes.
1. CONFIRMAR por las razones expuestas, el fallo de tutela dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el día 9 de octubre de 1997.
Magistrados:Vladimiro Naranjo Mesa, presidente—Antonio Barrera Carbonell—Alfredo Beltrán Sierra—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Hernando Herrera Vergara—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz.
El primero de ellos es que la aludida jurisprudencia da lugar a que se trate en forma desigual a los funcionarios judiciales que son objeto de un proceso disciplinario. En efecto, aquellos cuya investigación es asumida por la Procuraduría General de la Nación pueden impugnar las decisiones de la última ante la jurisdicción contencioso administrativa, puesto que los actos de la Procuraduría tienen un carácter administrativo. Mas los funcionarios cuya investigación corre a cargo de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no tienen ninguna posibilidad de acudir a la vía contencioso administrativa, pues las decisiones proferidas por el Consejo Superior y los consejos seccionales de la judicatura tienen el carácter de sentencias judiciales.
De otra Parte, en una materia como la jurisdiccional disciplinaria —que constituye una forma específica del derecho penal, con todas las consecuencias que de ahí se derivan—, no es apropiado que la definición acerca de cuál es la autoridad disciplinaria competente dependa, en cada caso, de factores contingentes. En efecto, obsérvese que la determinación de la instancia disciplinaria competente depende, por un lado, de si la Procuraduría considera que es importante que ella avoque directamente el conocimiento de un proceso y, por el otro, de si la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no haya tomado la decisión más temprano y ha iniciado con anterioridad la investigación. En vista de las importantes diferencias que existen en lo relativo a la posibilidad de impugnar las decisiones disciplinarias ante la jurisdicción contencioso administrativa, y en aras del derecho de todos los encartados de conocer con claridad cuál es su juez disciplinario natural, no parece pertinente que la determinación de la autoridad disciplinaria en cada caso se subordine a la voluntad y a la prontitud con que estos dos órganos tomen la decisión de asumir una determinada investigación.
La Constitución dispone, en su artículo 254, que el Consejo Superior de la Judicatura constará de dos salas: la administrativa y la jurisdiccional disciplinaria. A continuación, los artículos 256 y 257 establecen las funciones del Consejo. Casi todas se predican de la Sala Administrativa o podrían ser ejercidas conjuntamente por las dos salas. En realidad, la única que es evidentemente propia de la jurisdiccional disciplinaria es la contemplada en el numeral 6 del artículo 257, que expresa que le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”.
Así las cosas, ¿tiene sentido que esta función de la Sala Jurisdiccional, que es una función inherente a su existencia, le pueda ser cuestionada o arrebatada por otro organismo? Igualmente, ¿es comprensible que la Constitución disponga la creación de un organismo y le asigne una función específica, para al mismo tiempo autorizar que otra entidad lo pueda desplazar en sus funciones? La respuesta es en ambos casos negativa, máxime si se tiene en cuenta que ese otro organismo disciplinario obra en relación con todos los servidores públicos, es decir que no tiene un campo específico de acción, como sí es el caso de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, cuya función disciplinaria se restringe exclusivamente a los funcionarios judiciales y a los abogados.
“En efecto, la cosa juzgada material no debe ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente. Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica —pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles— sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Por eso, algunos sectores de la doctrina consideran que el respeto al precedente es al derecho lo que el principio de universalización y el imperativo categórico son a la ética, puesto que es buen juez aquel que dicta una decisión que estaría dispuesto a suscribir en otro supuesto diferente que presente caracteres análogos, y que efectivamente lo hace(1). Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias. Las eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qué ser la justificación de inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro. Se debe entonces aceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica —que implica unos jueces respetuosos de los precedentes— y la realización de la justicia material del caso concreto —que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas—.
“En ese orden de ideas, la lógica consecuencia de lo anterior es que un tribunal puede apartarse de un precedente cuando considere necesario hacerlo, pero en tal evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene que aportar las razones que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores y la estructuración de una nueva respuesta al problema planteado. Además, para justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jurídico de determinada manera. Los operadores jurídicos confían en que el tribunal responderá de la misma manera y fundamentan sus conductas en tal previsión. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, ellas primen no sólo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho”(2).
(1) Ver, entre otros, Luis Prieto Sanchís. “Notas sobre la interpretación constitucional” en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. Nº 9. Madrid, mayo agosto de 1991.
(2) Ver también la Sentencia C-546 de 1993, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.