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Timestamp: 2017-04-30 08:59:01
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Sentencia libera información de Aratirí | Minería en Uruguay
| on 18/12/2014 | Uruguay
Escribe Gonzalo Ramírez | El País Digital
Recientemente, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno ratificó una sentencia de primera instancia que condenó al Ministerio de Industria Energía y Minería a brindar información relativa a la Minera Aratirí sobre el proyecto Valentines de Extracción y Beneficiamiento de Mineral.
El promotor del juicio, patrocinado por Cainfo, se presentó ante el MIEM —al amparo de la Ley de acceso a la información pública N° 18.381— solicitando acceso al expediente administrativo N° 2904, en el cual se encuentra la información sobre el proyecto presentado por la Minera Aratirí.
El MIEM denegó el acceso a la referida información invocando una resolución administrativa de la Dirección Nacional de Minería y Geología, por la cual se declaró confidencial la totalidad de la información contenida en el expediente relativa a los informes técnicos presentados por Minera Aratirí. Ante esta negativa, el actor promovió la citada acción judicial, obteniendo una sentencia favorable de primera instancia que acaba de ser confirmada por el Tribunal de Apelaciones.
Sobre este tema, en una nota publicada hace exactamente un año señalamos que: “Si bien el artículo 26° de la Ley de Minería de Gran Porte (MGP) prevé la posibilidad de que determinada información contenida en el contrato sea declarada de carácter reservada o confidencial, dicha confidencialidad no puede servir bajo ningún concepto para trasladar la reserva al resto del contrato, manteniendo en secreto los aspectos medulares de un contrato de concesión pública de esta entidad”. En efecto, el art. 26° de la Ley 19.126 establece: “El titular del proyecto de MGP podrá solicitar al Poder Ejecutivo (PE), respecto a la información que ponga en conocimiento de este, la declaración de carácter reservado o confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15° de la Ley 16.466, y en los art. 8°, 9° y 10° de la Ley 8.381, del 17° de octubre de 2008″.
Surge de la norma transcripta, que la reserva refiere exclusivamente a información que ponga en conocimiento del PE el titular del proyecto de minería, remitiéndose al artículo 15° de la Ley de Medio Ambiente, que refiere expresamente a “las informaciones que puedan configurar secreto industrial o comercial del responsable del proyecto”. En consecuencia, los aspectos económicos del contrato, las obligaciones recíprocas y todas aquellas cláusulas vinculadas al medio ambiente o a los beneficios fiscales y demás obligaciones asumidas por el Estado, jamás pueden considerarse de carácter reservado o confidencial.
“Menos aún, se puede utilizar la reserva o confidencialidad de la información que pueda calificarse como secreto comercial o industrial de la concesionaria, para colocar el contrato bajo un manto de opacidad. A nuestro juicio, ni siquiera los estudios realizados sobre los yacimientos de propiedad del Estado deberían considerarse confidenciales o reservados, ya que contienen información sobre un bien del dominio del Estado”. En aquel momento, cuestionábamos la decisión del PE de no revelar los términos del contrato, ni siquiera al Parlamento, considerando que contenía información confidencial. En este caso, el Poder Judicial —además de analizar los aspectos procedimentales— pues se verificó el silencio positivo previsto en el art. 8° de la Ley 18.381, realiza importantes consideraciones en relación al contenido de la información que puede ser considerada confidencial al amparo de la Ley 19.126.
En primer lugar, la sentencia del Tribunal ratifica que el principio general es el acceso a toda la información que se encuentre en poder de una entidad pública, confirmando que la transparencia es inherente a la democracia y “tiene una triple finalidad, que se traduce en el derecho a saber, el derecho a controlar y el derecho a ser actor y no simple espectador en la vida pública”. En la misma línea, la sentencia sostiene que las facultades conferidas por la Ley 18.381 y por el artículo 26° de la Ley 19.126 para declarar reservada determinada información deben ser interpretadas siempre con un criterio restrictivo, ya que se trata de una excepción al principio general de transparencia.
En este sentido, la sentencia cuestiona la resolución de Dinamige que declaró “confidencial la totalidad de la información contenida en este Asunto relativo a los informes técnicos presentados por la minera Aratirí S.A.”, en tanto la reserva se realiza en forma genérica y sin explicar adecuadamente de qué tipo de información se trata o porqué debe ser considerada confidencial.
Esta reserva genérica que sostiene que la información es confidencial por cuanto tiene relación con el “patrimonio, hechos o actos de carácter económico, contables, jurídicos y administrativos de la minera Aratirí”, no es suficiente a criterio del Tribunal y esto es correcto por cuanto la Ley de MGP exige que la confidencialidad sea debidamente motivada. En este sentido, el artículo 26° de la referida Ley establece que El MIEM, en acuerdo con el Mvotma y, en función de sus competencias respectivas, resolverá sobre la pertinencia de considerar dichos datos de carácter reservado o confidencial bajo resolución fundada, lo cual no sucedió en el caso comentado.
En efecto, la resolución de Dinamige se limitó a declarar la confidencialidad de la información en forma vaga y genérica y así lo señala el Tribunal: “la vaguedad de la referida resolución supone en definitiva que los fundamentos esgrimidos no son más que una mera fórmula carente de contenido concreto y que en razón de ello impide limitar el derecho fundamental de acceso a la información”. Por otra parte, la sentencia ratifica lo establecido por la Ley 19.126 en cuanto a que en ningún caso podrá ser confidencial la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto.
No puede dejar de señalarse que el artículo 26° de la Ley 19.126 prevé expresamente que “el titular del proyecto de MGP podrá solicitar al PE, respecto a la información que ponga en conocimiento de este, la declaración de carácter reservado o confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley Nº 16.466…”. Por consiguiente, la cuestión de fondo radica en determinar cómo deben ponderarse los derechos e intereses en juego en el caso de un contrato de concesión minera.
Por un lado, se encuentra el derecho de la ciudadanía a conocer los verdaderos términos de un contrato, ya que si el Estado no transparenta los procedimientos industriales y comerciales a utilizar, cualquier contralor sobre la oportunidad y conveniencia del contrato resulta ineficaz, desde el punto de vista económico y también ambiental. La ciudadanía tiene derecho a saber y a controlar la forma de extracción del mineral, el proceso de beneficiamiento y especialmente, la ecuación económica del concesionario.
Si bien el actor privado puede considerar importante mantener los secretos industriales y comerciales vinculados a la forma cómo va a ejecutar el contrato de concesión, no debe perderse de vista que se está contratando con el Estado y por uno de los bienes más valiosos del dominio estatal.
En este sentido, si se ponderan los intereses en juego, no cabe duda que el concesionario debe sacrificar su derecho a mantener en reserva sus secretos industriales y comerciales, como condición para contratar con un Estado, sobre un bien del dominio estatal en un sistema republicano de gobierno.
Obviamente, Aratirí podría sufrir un daño patrimonial al revelar determinados secretos industriales y comerciales, pero mucho mayor es el daño que se le puede causar al Estado uruguayo si los gobernantes pueden contratar bajo el manto de la reserva y fuera de todo contralor de la ciudadanía y del Parlamento.
En efecto, detrás del secreto industrial y/o comercial, se encuentra la ecuación económica del negocio, que revela el verdadero valor del mineral que se otorgaría en concesión por un mínimo de 20 años a Aratirí. Hasta ahora, a los términos de la contratación entre el Estado uruguayo y Aratirí no habían podido acceder los ciudadanos ni el Parlamento.
Adviértase que en el caso de Aratirí, no hubo licitación y que además, el Estado se habría comprometido a realizar importantes inversiones en infraestructura, a conceder beneficios y exoneraciones fiscales y a mantener el régimen impositivo en el futuro. En consecuencia, los efectos de esta sentencia trascienden mucho más allá de los aspectos ambientales, en tanto el Poder Ejecutivo ya no podrá sostener la confidencialidad del contrato con la minera, en base a que contiene secretos industriales y comerciales.
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