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Timestamp: 2018-02-23 14:05:33
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Usted está aquí: Inicio Ley Audiovisual de Andalucía ¿Cómo se regula a los medios comunitarios en el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía?
Claves para entender lo básico
Los medios de comunicación comunitarios (servicios de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro, como se les define legalmente) son radios y televisiones gestionadas por entidades privadas sin ánimo de lucro. Se trata de un tipo de medio diferente a las otras dos categorías que existen: los privados con ánimo de lucro (comerciales) y los públicos.
Estado y comunidades autónomas tienen competencias compartidas en este asunto. La Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) de 2010 reconoció por primera vez a los medios comunitarios citándolos en la ley, pero esto no significa que dichas radios y televisiones quedasen amparadas por la legislación automáticamente. De hecho, como el Ministerio de Industria incumple esta ley y no ha publicado un reglamento de medios comunitarios ni ha planificado frecuencias (que después Andalucía y el resto de las comunidades autónomas puedan otorgar), ninguna emisora comunitaria ha conseguido permiso para emitir y se mantienen en la alegalidad.
Cabe recordar que la mayoría de licencias de radio planificadas en 2006 por Industria ya habían sido adjudicadas por las comunidades a medios comerciales de una forma impropia y perdiendo la oportunidad de reservar algunas para radios comunitarias, según la Red de Medios Comunitarios. De hecho, ahora Navarra va a otorgar una licencia sin ánimo de lucro que le quedó vacante.
El Gobierno andaluz pidió en mayo de 2016 al Ministerio que planificase licencias para medios comunitarios, siguiendo los pasos de otras comunidades autónomas como Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Baleares. Por ahora no hay respuesta por parte de Industria, que da largas al Defensor del Pueblo en su investigación al bloqueo de la regulación de los medios comunitarios.
Según los datos de la Junta de Andalucía, en la comunidad hay unas 80 entidades que emiten o están interesadas en emitir como medio de comunicación comunitario. De ellas, la mitad se ajustarían a los preceptos legales de este tipo de medios.
La administración andaluza, el Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía y organizaciones como la Red de Medios Comunitarios y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía (EMA RTV) desean que la regulación que se haga en Andalucía refuerce a los medios comunitarios y evite que esta figura se convierta en un coladero para medios piratas, intereses comerciales o visiones partidistas de la sociedad en lo político o lo religioso.
Aquí recopilamos cómo quedaría la regulación de los medios comunitarias de acuerdo a la redacción del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía que se tramitará en el Parlamento y que no recoge el 80% de las propuestas del Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía.
La ausencia más importante consiste en la eliminación de un procedimiento para autorizar provisionalmente a los medios comunitarios por parte de la Junta mientras el Ministerio no cumpla con la ley estatal. Esto aparecía en una disposición transitoria del anteproyecto, pero se ha eliminado y no se incluye en el proyecto de ley, por lo que en la práctica ninguno de los avances previstos en la LAA va a tener efecto al no reconocerse previamente a los medios comunitarios aunque sea de forma transitoria.
El proyecto de ley se esfuerza en prevenir que la figura de los medios comunitarios pueda convertirse en un coladero para los intereses privados comerciales de muchas empresas que emiten sin licencia incluyendo propuestas del Foro de Comunicación en la definición de estos medios y en el destino de sus fondos.
El texto deja a un lado las autorizaciones provisionales (previstas en el anteproyecto), por lo que se abre la puerta a la aplicación del régimen sancionador (sanciones de 10.000 euros a 1 millón, incautación y precintado de equipos, imposibilidad de recibir subvenciones de 1 a 3 años), a pesar de que el director general de Comunicación Social, Eugenio Cosgaya, haya declarado que no es la intención del ejecutivo andaluz actualmente (entrevista en Onda Local Andalucía, minuto 14).
Se elige la fórmula del concurso para repartir las licencias sin explorar alternativas no excluyentes del concurso, como la prevista en la disposición transitoria decimocuarta de la LGCA para medios comunitarios ya existentes. Permite la financiación de estos medios mediante acciones de responsabilidad social empresarial, aunque mantiene la prohibición de la emisión de publicidad para no saltarse la regulación estatal.
Establece medidas de fomento a la existencia de medios comunitarios (con condiciones cuestionables para el Foro de Comunicación) y de colaboración entre medios públicos y comunitarios. Por último, extiende de forma problemática el derecho de acceso a los servicios de comunicación sin ánimo de lucro en un intento de garantizar que sean instrumentos de participación y blindarlos de intereses económicos o proselitistas. Otras alternativas para conseguir el mismo objetivo podrían pasar por la propuesta del Foro de Comunicación de establecer requisitos de transparencia en los medios comunitarios en la satisfacción de necesidades sociales y culturales o aprobar la futura Ley de Participación Ciudadana de Andalucía incluyendo a los medios comunitarios como herramientas de participación ciudadana, como así se establecía en una de las versiones de ese anteproyecto de ley y se pretende recuperar ahora mediante una enmienda parlamentaria).
Se amplía un poco la definición de medios comunitarios que se establecía en el artículo 32 de la LGCA de 2010. La Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de Andalucía, principal órgano instructor de la Ley, descartó una alegación (no indica quién la presentó) que argumentaba la inconstitucionalidad de excluir el proselitismo religioso y político de los medios comunitarios. Para ello, esgrime sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos recogidas en su informe de alegaciones.
Artículo 3. i: Servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro. Es el prestado por entidades privadas sin ánimo de lucro, que ofrece contenidos destinados a dar respuesta a las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de las comunidades y de los grupos sociales a los que da cobertura, basándose en criterios abiertos, claros y transparentes de acceso, respecto a la emisión, la producción y la gestión, asegurando la máxima participación y pluralismo. Quedan expresamente excluidos aquellos servicios que realicen proselitismo político o religioso
Condiciones generales de prestación del servicio. Respecto a la legislación estatal, se blinda un poco el concepto de medio comunitario para evitar intereses mercantiles, por ejemplo, mediante la obligación de que la gestión sea participativa y plural.
Artículo 47. Además de las establecidas en el artículo 32 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, son condiciones generales de la prestación del servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro, las siguientes: a) Perseguir objetivos de interés general, tales como la libertad de expresión, la diversidad cultural, la inclusión social y la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. b) La gestión de estos servicios se realizará de forma participativa, plural y transparente.
Licencia para prestar el servicio de comunicación comunitario sin ánimo de lucro. El proyecto de ley establece que el mecanismo para obtener licencia es el concurso público (una novedad respecto a la LGCA).
Artículo 48. Licencia para la prestación del servicio. 1. La prestación de este tipo de servicio audiovisual requiere licencia previa otorgada mediante concurso público. La competencia para otorgarla corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social. 2. Las licencias otorgadas para la prestación de estos servicios, serán objeto de inscripción de oficio en el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de Andalucía. En el mencionado Registro existirá una sección específica para el depósito de la memoria económica de los mismos.
Obligaciones de la actividad económica y presupuestaria en los medios comunitarios. Se aligeran algunos requisitos administrativos en comparación con el anteproyecto. Se mantienen los límites presupuestarios de 50.000 y 100.000 euros fijados en la LGCA (en el anteproyecto se hicieron más amplios) a partir de los cuales es necesario pedir permiso a la autoridad audiovisual y aportar documentación. Se refuerza el concepto de medio comunitario al determinar que los fondos se destinan a la emisora y sus proyectos sociales, desinflando tentaciones de reparto capitalista de beneficios.
Artículo 50. 1. Las entidades prestadoras de este tipo de servicio deberán justificar ante el órgano competente en materia de medios de comunicación social la procedencia de sus fondos, así como el desglose de gastos e ingresos, si los hubiere. Las entidades cuyos ingresos sean mayores a 50.000 euros presentarán una memoria económica anual, dentro de los seis meses siguientes al año natural al que se refiere. El resto de entidades prestadoras presentarán una memoria económica cada 2 años.
Artículo 50.2. La memoria económica presentada se depositará en el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de Andalucía, sin perjuicio de la evaluación a la que pueda ser sometida.
Artículo 50.3. Salvo autorización expresa del órgano competente en materia de medios de comunicación social, los gastos de explotación del servicio no podrán ser superiores a 100.000 euros anuales en el caso de servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros anuales, en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica, de acuerdo con su desarrollo reglamentario. Para valores superiores será necesario aportar documentación justificativa de la necesidad de superar dicho umbral.
Artículo 50.4. La actividad del servicio audiovisual comunitario sin ánimo de lucro no podrá en ningún caso emitir comunicaciones comerciales audiovisuales. No obstante, podrá recibir contribuciones de instituciones, empresas o fundaciones a la producción de obras audiovisuales, programas de radio, televisión o contenidos digitales de temática cultural, social o de promoción del deporte, como expresión de su responsabilidad social empresarial.
Artículo 50.5. Las entidades prestadoras de este tipo de servicios deberán dedicar los fondos que obtengan a la mejora y desarrollo de los proyectos sociales que constituyan sus fines así como al propio funcionamiento de la emisora.
Control de las condiciones de prestación del servicio: corresponderá a la Consejería de Presidencia y al Consejo Audiovisual de Andalucía.
Artículo 51. La competencia de supervisión y control del cumplimiento de las condiciones de la prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro en Andalucía, corresponde al órgano competente en materia de medios de comunicación social, así como al Consejo Audiovisual de Andalucía en materia de contenidos y publicidad.
Obligaciones de los medios comunitarios: derecho de acceso, no emitir en cadena y tener estudio en su zona de cobertura.
Artículo 30.2.a. Garantizar el derecho de acceso reconocido en el artículo 11, proporcionando a las distintas entidades representativas o significativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía y de cada localidad o territorio, los medios técnicos y humanos que resulten necesarios para su ejercicio. Para ello, deberán disponer de un código interno regulador de este derecho. Reglamentariamente se establecerán los contenidos mínimos que deberán incluirse en dicho código. b) Excluir de su programación las emisiones en cadena. c) Disponer de un estudio de producción operativo ubicado y gestionado en el ámbito territorial de cobertura.
Otras obligaciones comunes al resto de medios de comunicación. Se trata de obligaciones ante la ciudadanía y ante la administración, como pagar un canon por la licencia, respetar los derechos y libertades, la accesibilidad de los estudios y las emisiones, luchar contra la violencia de género, restringir los juegos de azar y la paraciencia, reservar espacio para la difusión de obras audiovisuales andaluzas (solo TV) aunque no a dedicar parte de su presupuesto a financiar obras audiovisuales (solo TV estatales y autonómicas según se recoge en el artículo 5.3 de la LGCA).
Artículo 24. Obligaciones ante la ciudadanía.
e) Respetar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas, especialmente de las menores de edad.
f) Evitar la difusión de los nombres, imágenes y otros datos personales que permitan identificar a las personas menores de edad en los casos en que puedan quedar afectados su honor, intimidad e imagen, particularmente cuando aparezcan o puedan aparecer como víctimas, testigos o inculpados en relación a la comisión de acciones ilegales. Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual no pueden difundir contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de las personas menores de edad; en particular, se prohíbe en todo caso la difusión de contenidos pornográficos y de violencia gratuita.
g) Ofrecer en sus emisiones una imagen ajustada, normalizada, respetuosa e inclusiva de las personas mayores, así como de las minorías étnicas, sociales, culturales, religiosas y sexuales, especialmente de las personas menores de edad pertenecientes a estas, en tanto que manifestación enriquecedora de la diversidad humana, evitando difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de los prejuicios sociales que pudieran subsistir.
a) Difundir contenidos audiovisuales, ya sean programas o comunicaciones comerciales, que no sean sexistas, discriminatorios, vejatorios, estereotipados y que no justifiquen, ni banalicen o inciten a la violencia de género.
b) Usar un lenguaje adecuado que visibilice los asesinatos de las mujeres víctimas de violencia de género, de una manera crítica hacia la conducta del agresor.
Artículo 25. Normas de programación y limitaciones de las comunicaciones comerciales. La programación de las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual autonómicos o locales en Andalucía, así como sus espacios de autopromoción, deberán ajustarse a las siguientes normas, sin perjuicio de las establecidas en la legislación estatal básica:
a) Considerar como franjas horarias de protección reforzada, en la que no deberán incluirse contenidos calificados como no recomendados para menores de 13 años, a las franjas comprendidas entre las 7 y las 9 horas y entre las 17 y las 20 horas en el caso de días laborables; y a las comprendidas entre las 9 y las 12 horas en el caso de sábados, domingos y los días que sean declarados como festivos o no laborables de carácter nacional y a los que así se determinen para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Incluir de manera obligatoria el indicativo visual de la calificación por edades en todos los contenidos emitidos en televisión, tanto para los servicios lineales como a petición, y habrá de mantenerse a lo largo de todo el programa, independientemente de la calificación de edad.
d) Restringir la emisión de los programas dedicados a juegos de azar y apuestas sólo a la franja horaria entre la 1 y las 5 horas, y aquellos relacionados con el esoterismo y la paraciencia, entre las 23 y las 6 horas. En todo caso, las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual tendrán responsabilidad subsidiaria sobre los fraudes que se puedan producir a través de estos programas.
Artículo 26. Obligaciones ante la Administración Audiovisual de Andalucía. Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual en Andalucía tienen las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las establecidas en la legislación estatal básica:
b) Garantizar la prestación continuada del servicio de conformidad con las condiciones y los compromisos asumidos. Reglamentariamente, se determinarán las causas de fuerza mayor y el procedimiento a seguir por la que la persona titular del órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social podrá autorizar la interrupción del servicio.
f) Poner a disposición de los servicios correspondientes de las administraciones competentes sus medios técnicos, así como la ayuda y colaboración necesaria, en circunstancias excepcionales, producidas por situaciones de grave riesgo o de emergencia, catástrofes locales o generalizadas u otras situaciones similares.
g) Poner a disposición de las autoridades audiovisuales competentes de la Comunidad Autónoma cualquier información que se le solicite en relación con la prestación del servicio.
h) Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual incluirán la variable sexo en toda la información referida a personas que elabore o proporcione, teniendo igualmente en cuenta la perspectiva de género en todos los documentos, estudios e investigaciones que se deriven de la ejecución de la actividad prestada.
Artículo 27. Obligación de difusión de productos audiovisuales. En relación a la obligación de reserva del tiempo de emisión anual de la programación al que hace referencia el artículo 5.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, el 5 por ciento de dicho tiempo de emisión estará reservado a producciones o coproducciones que difundan la cultura andaluza.
Artículo 28. Obligación de financiación de productos audiovisuales.
1. En relación a la obligación de financiación a la que hace referencia el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, al menos el 50 por 100 de la financiación destinada a la producción en castellano deberá aplicarse en el conjunto del cómputo anual a obras que difundan la cultura andaluza.
3. El Consejo Audiovisual de Andalucía elaborará un informe anual acerca del cumplimiento de esta obligación por las personas prestadoras públicas y privadas de ámbito autonómico. Reglamentariamente se establecerán el procedimiento, los mecanismos de cómputo y la información que podrá recabarse de las personas prestadoras
Medidas de fomento de los medios comunitarios, dentro de las acciones de promoción del sector audiovisual. El Foro plantea dudas sobre esta redacción, que se detallan aquí.
Artículo 17.h. Impulso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro en todo el territorio de Andalucía, especialmente en aquellas zonas donde no exista interés comercial en prestar servicios de comunicación audiovisual o no existan servicios de comunicación audiovisual públicos locales, así como en aquellas donde contribuyan a la alfabetización mediática e informacional, a la formación y a la cultura.
Artículo 17.i. Fomento de mecanismos de colaboración entre las personas prestadoras del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local y el servicio comunitario sin ánimo de lucro, de forma que estas últimas pueden acceder, en función de la disponibilidad, a infraestructuras y locales de las primeras.
Elaborar un plan de participación de personas con diversidad funcional.
Disposición transitoria primera, párrafo 2.4. En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual públicos locales y comunitarios sin ánimo de lucro deberán haber elaborado un plan de participación de los colectivos de personas con diversidad funcional que deberá ser aprobado por el Consejo Audiovisual de Andalucía, para garantizar de forma efectiva el derecho de acceso de estas personas.
Los medios comunitarios también tendrán que garantizar el derecho de acceso, que la Constitución y el Estatuto de Autonomía solo establecen para los medios públicos. Su aplicación a los comunitarios es bastante problemática y se analiza con más detalle en este otro artículo.
Artículo 11.1. Las entidades representativas o significativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía y de cada localidad o territorio podrán ejercer el derecho de acceso a los servicios de comunicación audiovisual públicos y comunitarios sin ánimo de lucro. Entre otros, estarán incluidos los agentes económicos y sociales, las organizaciones de consumidores y usuarios, así como las organizaciones profesionales del sector
El Consejo Audiovisual de Andalucía vigilará el derecho de acceso en los comunitarios (disposición final primera, punto 26):
Artículo 26. Garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a los servicios públicos y comunitarios sin ánimo de lucro de comunicación audiovisual, de las entidades representativas o significativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía y de cada localidad o territorio, en su caso, respetando el pluralismo de la sociedad.
La ciudadanía tiene derecho a recibir medios comunitarios. Se reconoce el derecho de la audiencia a recibir comunicación audiovisual plural tal y como queda redactado el artículo 4 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) en el artículo 7 del proyecto de ley andaluz. El Foro pedía que se citasen expresamente a los 3 tipos de medios, los públicos, privados y comunitarios. En realidad, la LGCA los cita en su artículo 4 por lo que el efecto es equivalente.
Artículo 7. Las personas usuarias de los servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a recibir una comunicación audiovisual plural en los términos previstos en el artículo 4 de la legislación básica estatal, así como aquella que refleje la diversidad étnica de Andalucía.
¿Qué no se incluye en el proyecto de ley sobre medios comunitarios?
El proyecto de ley es tan valorable por lo que incluye como por la manera en que lo establece y, como no, por lo que excluye. La relación completa con las 41 propuestas sobre medios comunitarios que elaboró el Foro de Comunicación elaboradas en 2014 están en este enlace. Aquí relacionamos las principales exclusiones respecto a las alegaciones al anteproyecto de ley presentadas en septiembre de 2015 (completas, aquí).
Autorización provisional para medios comunitarios. La disposición transitoria segunda del anteproyecto de ley establecía lo siguiente: "El órgano competente en materia de medios de comunicación social de la Junta de Andalucía podrá autorizar, previo informe preceptivo del Consejo Audiovisual de Andalucía, la prestación de este servicio, a las entidades que solicitándolo previamente, cumplan con lo establecido en el CAPITULO II del TITULO V de esta Ley. La entidad autorizada deberá inscribir dicha autorización en el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de Andalucía. Serán causas de extinción de la autorización provisional las siguientes: a) La adjudicación por el procedimiento correspondiente de las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro. b) La renuncia de la entidad titular. c) La revocación de la autorización provisional por incumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 62 y Artículo 63 de la presente Ley. La citada autorización provisional o su extinción no supone derecho a indemnización alguno". Esta disposición no aparece en el proyecto de ley, por lo que la Ley andaluza no supondrá ninguna novedad respecto a la Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobada en 2010, que ya reconocía la existencia de un tipo de operador audiovisual llamado comunitario pero no ha servido para que ninguna emisora obtenga licencia. Esto se debe a que la legislación estatal lleva incumpliéndose desde 2012 por parte del Gobierno de España, ya que sorprendentemente el Ministerio de Industria no quiere publicar el reglamento de medios comunitarios ni planificar licencias para ellos. Seguiremos ampliando este punto próximamente.
La regla de los 3 tercios. El Foro recoge la tendencia normativa recomendada por UNESCO de que, dado que existen tres tipos de operadores (públicos, comerciales y comunitarios), se debe tender a que tengan porciones similares del espectro en el que se emite la radio y la televisión. Actualmente la mayoría está asignado a operadores comerciales. El Foro propone que, además, se garantice que ningún tipo de servicio de comunicación verá limitada su cobertura respecto a los otros, como también establece UNESCO. En el anteproyecto se recogía como objetivo de la acción instituticonal de la Junta lo siguiente: "en función de la disponibilidad del espectro, se tenderá con carácter global a obtener un equilibrio entre los prestadores del sector público, los comunitarios sin ánimo de lucro y los privados de carácter comercial". Sin embargo, este párrafo no aparece en el proyecto de ley. Es más, tampoco se incluye la propuesta del Foro de que la creación, promoción y protección de los de medios comunitarios sea un objetivo específico de la acción institucional de la Junta.