Source: http://edicionespropuesta.blogspot.com/2017/05/
Timestamp: 2017-10-18 09:19:51
Document Index: 146693400

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 63', 'artículo 62', 'artículo 34', 'artículo 139', 'artículo 34', 'artículo 34']

PROPUESTA: mayo 2017
El penúltimo párrafo del artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, estipula que las ampliaciones de plazo en los contratos para la provisión de bienes o para la prestación de servicios y de consultoría en general “dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados.” A continuación agrega que en el caso de consultoría de obras, “debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad.” Esta última precisión, añadida al texto original, en consideración a las reiteradas invocaciones que personalmente formulé con el objeto de corregir una eventual interpretación errónea de conceptos, incurrió, sin embargo, en otra equivocación, no atribuible a mí. Etiquetó a este último gasto general como “variable”, cuando en realidad los gastos generales variables sólo existen en ejecución de obras y no en consultoría de obras.
Tanto es así que los gastos generales variables están definidos, en el anexo del propio Reglamento, como “aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra” por oposición a los gastos generales fijos que son “aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista”, terminología que permite aplicar este último concepto a los servicios de consultoría de obras. Si los gastos generales variables están encadenados a la ejecución de obras no hay forma de aplicarlos a otra clase de contratos. Y es lógico que así sea porque los gastos generales en ejecución y en consultoría de obras son distintos.
Tan distintos son que incluso, a pesar de expresarse a través de un porcentaje, habitualmente son cifras muy diversas. Como en consultoría de obras se aplica sobre las tarifas y las cargas sociales fácilmente puede superar el 100 por ciento de los costos directos al punto que se suele decir que el monto que se cobra está dividido en dos mitades, una correspondiente a los costos directos y la otra correspondiente a los costos indirectos, como también se conocen a los gastos generales. En ejecución de obras, como el porcentaje se aplica sobre el íntegro de los costos, que incluyen mano de obra, materiales, equipos y maquinarias, es frecuente que el porcentaje sea notoriamente menor.
El nuevo error, empero, ha generado –según me acaba de contar un ingeniero– una interpretación novedosa que perjudica a los consultores de obras. Como la norma identifica a los gastos generales a reconocerse por una ampliación de plazo como variables, algunas entidades discriminan unilateralmente los gastos generales pactados en fijos y variables y proceden a excluir a los primeros del cálculo que arrojará el monto a pagarse por la extensión.
En consultoría todos los gastos generales son fijos porque no están, en modo alguno, condicionados al plazo de la prestación de que se trate. Los gastos generales fijos del consultor se prorratean entre todos los servicios que éste tiene en desarrollo y como se expresan en un porcentaje eso determina que cada uno de ellos contribuya con montos distintos en función de los montos de cada contrato.
Siguiendo ese razonamiento y aplicando la interpretación novedosa que se ha indicado, el consultor podría quedarse sin gastos generales y eso sería no sólo un contrasentido sino una violación abierta del principio de equidad en cuya virtud se le terminaría castigando con una retribución menor por toda ampliación de plazo no atribuible a él.
Corresponde proscribir esa práctica absurda y no pretender discriminar donde la norma no discrimina ni reducir los gastos generales bajo ningún pretexto.
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Nueva modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado
El jueves 4 de mayo el Pleno del Congreso de la República aprobó por 59 votos a favor, 24 en contra y 10 abstenciones el texto del proyecto de Ley 1206/2016-CD que modifica el artículo 11, deroga parcialmente los artículos 5 y 45 de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado y restituye parcialmente la vigencia de los artículos 29 y 45 de su texto original, antes de las variaciones dispuestas por el Decreto Legislativo 1341.
El proyecto es el resultado de la recomendación efectuada por el Grupo de Trabajo encargado de la revisión de los decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo en el marco de la Ley 30506, que la Comisión de Constitución y Reglamento presidida por el congresista Miguel Ángel Torres Morales hizo suya. El dictamen aprobado, en primer término, restituye el impedimento para contratar con el Estado que afectaba a ministros y viceministros de Estado, hasta doce meses después de haber dejado el cargo, eliminando la modificación, vigente a partir del lunes 3 de abril, que la restringía al ámbito del respectivo sector. En otras palabras, un ex ministro o ex viceministro antes no podía contratar, ni él ni sus parientes ni las empresas vinculadas a él, por un año, desde que dejó el cargo. Con el Decreto Legislativo 1341 esa limitación sólo aplica al sector del que se trate. El proyecto aprobado regresa al texto original, al impedimento más amplio y sin restricciones.
El tema es discutible. Imaginemos el caso de los familiares de un ex viceministro que siempre han sido contratistas y que durante el ejercicio del cargo del pariente han debido dedicarse a otras actividades. Como por fortuna estos cargos no duran por lo general mucho tiempo, al dejar el puesto, cuando menos deberían poder recobrar la posibilidad de contratar con otros sectores con los que no ha estado vinculado el funcionario y después de un año ya con cualquier sector. Suena razonable. Impedirles retomar su condición de proveedor del Estado durante doce meses, quizás un plazo aún mayor al del ejercicio de la función pública del pariente, puede parecer demasiado. Es verdad que lo que se trata es de evitar actos de corrupción, pero en ese afán no se puede ir al otro extremo y terminar vulnerando los legítimos derechos de todos. Al final se puede llegar a ahuyentar a los mejores profesionales de la administración del Estado y eso tampoco es lo que se quiere.
La segunda modificación deroga el inciso g) del artículo 5 que abre la posibilidad para contratar seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, alternativa que se reabre, a juzgar por la restitución del tercer párrafo del artículo 29, cuando se declare desierto un primer procedimiento de selección convocado bajo su imperio. De buena fuente se sabe que fue un pedido expreso de las entidades que contratan seguros que con frecuencia tienen que hacer una licitación que no prospera como requisito para salir a buscar el mismo producto afuera. La idea, incorporada a la norma por el Decreto Legislativo 1341, era que previamente las entidades sustenten que el procedimiento es más ventajoso y que se realiza en concordancia con los compromisos internacionales vigentes y que la empresa a contratar provenga de un Estado clasificado con grado de inversión y que sea supervisada por la autoridad competente en su país, con clasificación de riesgo mínima.
El proyecto estima que esa fórmula vulnera el principio de no discriminar entre proveedores locales y extranjeros a que se refiere el artículo 2, inciso 2, de la Constitución, y colisiona con el artículo 63 de la misma Carta Magna que sujeta a las mismas condiciones a la inversión nacional y extranjera y que faculta al Perú a adoptar medidas proteccionistas o discriminatorias sólo si otro país hace lo propio en perjuicio del interés nacional. Una solución intermedia quizás hubiera sido propiciar la convocatoria abierta y promover la participación simultánea de postores locales y foráneos a efectos de no perder tiempo, que es lo que quieren las entidades, sin discriminar a nadie.
La tercera modificación suprime la obligación de resolver las controversias que surjan en materia de contratación pública mediante conciliación o arbitraje solo institucional, proponiendo eliminar esta última palabra que el Decreto Legislativo 1341 ha introducido con el objeto de impedir que se diluciden a través del denominado arbitraje ad hoc que es administrado al margen de los centros de arbitraje. Según el proyecto esa restricción atenta contra la libertad contractual, protegida por el artículo 62 de la Constitución, que faculta a las partes a pactar válidamente los términos de sus respectivos contratos, los que no pueden ser modificados por leyes u otras normas y que dispone que los conflictos derivados de esas relaciones se solucionan en la vía arbitral o judicial, sin limitación alguna y según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
En materia de contratación pública las partes no pueden pactar muy libremente los términos de sus contratos porque estos están incluidos en las bases de los procedimientos de selección de forma tal que los márgenes para negociar están sustancialmente recortados al punto que sólo cabe adherirse a ellos o no participar en las licitaciones y concursos. Desde 1998, año en que entró en vigencia la Ley de Contrataciones del Estado 26850, cuyo anteproyecto personalmente elaboré, el arbitraje se convirtió en el mecanismo obligatorio de solución de controversias entre entidades y proveedores, constituyéndose en un instrumento rápido y eficaz para esos propósitos en cuyo desarrollo han convivido desde entonces tanto el arbitraje institucional como el ad hoc, con resultados variables pero al final altamente favorables.
Es verdad que ha habido casos de arbitrajes ficticios armados exclusivamente para perpetrar ilícitos y para adueñarse de fondos públicos, pero en realidad representan una minoría de escasa incidencia porcentual. Hay que perseguir los delitos y las malas prácticas, sin duda, y aplicar a quienes incurren en ellos todo el peso de la ley. En ese objetivo, sin embargo, no se puede arrasar con todo lo avanzado en materia arbitral. El Perú gracias a esos logros se ha convertido en sede internacional de importantes procesos, congresos y eventos diversos y en tópico obligado de análisis académico y jurídico. No lo pongamos en riesgo.
Publicado por Ediciones Propuesta en 16:32 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
El miércoles empieza el XI Congreso Internacional de Arbitraje PUCP
La undécima edición del tradicional Congreso Internacional de Arbitraje que organiza la Pontificia Universidad Católica a través de su Centro de Análisis y Resolución de Conflictos se desarrollará este año desde el miércoles 24 hasta el viernes 26 de mayo, entre 6 y 9 pm, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la sede central de esta casa de estudios en el distrito de San Miguel.
Se han programado seis mesas, a razón de dos por día, para abordar distintos temas. La primera mesa del miércoles 24 estará dedicada a las responsabilidades en la contratación pública y en ella intervendrán Víctor Madrid Horna, Gastón Fernández Cruz, Elvira Martínez Coco, Leysser León Hilario y Alfredo Bullard Gonzáles, quienes abordarán el asunto desde la perspectiva del contratista ejecutor de la obra, del proyectista, del supervisor, de la entidad y del árbitro, respectivamente.
La segunda mesa estará concentrada en las cuestiones claves en la Ley de Contrataciones del Estado y contará con la participación de Mariela Guerinoni Romero, César Guzmán-Barrón Sobrevilla, Alexander Campos Medina, Ricardo Rodríguez Ardiles y nuestro editor Ricardo Gandolfo Cortés. Ellos tratarán sobre la conciliación; el arbitraje institucional; la teoría del riesgo; el desequilibrio económico financiero y el costo de oportunidad; y sobre los adicionales de obra.
La tercera mesa, el jueves 25, analizará la problemática sobre anulación de laudos y Poder Judicial con Alfredo Soria Aguilar, Ricardo León Pastor, Rigoberto Zúñiga Maraví, Marianella Ledesma Narváez y Gonzalo García Calderón Moreyra, quienes hablarán sobre medidas cautelares fuera de proceso, recurso de anulación, caducidad como causal de anulación, laudos ultra petita, y debida motivación.
La cuarta mesa examinará algunos temas sobre los que hay que tener cuidado en el arbitraje con la intervención de María del Carmen Tovar Gil, Cecilia O’Neill de la Fuente, Franz Kundmüller Caminiti, Silvia Rodríguez Vásquez y Rodolfo Miranda Miranda. Expondrán sobre medidas cautelares en contra de las resoluciones del Tribunal de Contrataciones, conductas obstruccionistas, límites al acuerdo de las partes, confirmación de árbitros y buenas prácticas en la elaboración de laudos.
La quinta mesa, el viernes 26, revisará los tópicos de ética y corrupción en el arbitraje con la participación de Eric Franco Regjo, Katherine González Arrocha, Mario Castillo Freyre, Walter Albán Peralta y un representante de IDL Reporteros. Ellos disertarán sobre arbitrabilidad de contratos y corrupción; transparencia en el arbitraje; transparencia y confidencialidad; designaciones reiteradas de árbitros y Caso Odebrecht, respectivamente.
Antes de la última mesa se presentarán los volúmenes 39, 40 y 41 de la Biblioteca de Arbitraje que edita con notable éxito el Estudio Mario Castillo Freyre con las ponencias de los Congresos Internacionales de los tres últimos años, organizados por el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La sexta mesa versará sobre las lecciones aprendidas en el arbitraje de inversiones con Verónica Sandler, Roque Caivano, Luis Miguel Velarde Saffer, José Daniel Amado e Irma Rivera Ramírez, quienes se ocuparán del derecho de salud y la propiedad intelectual; la noción de inversión protegida; consideraciones medioambientales; reparación de daños causados por el inversionista y alcances del derecho regulatorio.
Informes e inscripciones en Avenida Canaval y Moreyra 751, San Isidro. Teléfonos 6267453 – 6267416, al correo electrónico pagoscarc@pucp.edu.pe y en la página web www.consensos.pucp.edu.pe.
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Las prestaciones adicionales en el contrato de supervisión
El numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado se ocupa de las modificaciones del contrato que pueden afectar a los servicios de supervisión destacando que se pueden presentar dos tipos de prestaciones adicionales. Las primeras son las que se derivan de variaciones en el plazo o en el ritmo de la obra, que no generan ni se generan de adicionales de obra, y las segundas las que se derivan de otras prestaciones adicionales aprobadas para la misma ejecución de la obra.
Las prestaciones adicionales de supervisión que se derivan de variaciones en el plazo o en el ritmo de la obra pueden ser autorizadas por el titular de la entidad, bajo las mismas condiciones originalmente pactadas y hasta por un máximo equivalente al quince por ciento del monto del contrato. Cuando se supere este porcentaje, se requiere de la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República.
Las prestaciones adicionales de supervisión que se derivan de otras prestaciones adicionales generadas en la ejecución de la obra también pueden ser autorizadas por el titular de la entidad, bajo las mismas condiciones pero sin ninguna limitación. Ni la del quince por ciento a la que alude el párrafo precedente, ni la del veinticinco por ciento a la que alude el numeral 34.2, establecido de manera general. El texto del numeral 34.4 promulgado mediante la Ley 30225 condicionaba la aprobación, de este segundo tipo de adicionales de supervisión, hasta una cifra “proporcional al incremento del monto de la obra, como máximo”, añadido que el Decreto Legislativo 1341 ha eliminado. Desde el 3 de abril, estas prestaciones adicionales pueden escalar hasta donde corresponda no siéndoles aplicable “el límite establecido en el numeral 34.2”.
Sostener que pueden escalar hasta donde corresponda es una deducción personal. El artículo 139 del Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado, que no ha sido modificado, estipula que tratándose de adicionales de supervisión de obra, para el cálculo del límite establecido en el primer párrafo del artículo 34.4 de la Ley sólo deben considerarse las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo o en el ritmo de la obra, distintas a aquellas que se derivan de prestaciones adicionales de obra. Sobre estas últimas no se agrega nada. Tampoco que pueden crecer en forma proporcional ni al monto de la obra, como se estipulaba antes, ni al plazo por el que se amplía la obra, de ser el caso, como se quiso estipular, en el entendido de que no se pueden equiparar los contratos de obra y de supervisión que son de diversa naturaleza. En ese sentido, las prestaciones adicionales de supervisión que sean la consecuencia de prestaciones adicionales aprobadas en la obra deberán incrementar el monto del contrato en la forma que sea necesaria para que no se quede ninguna prestación adicional de obra sin la debida supervisión.
Hay que añadir que no todas las prestaciones adicionales que se deriven de adicionales en la obra generan ampliaciones de plazo. Ni en el mismo contrato de ejecución, ni en el de supervisión. La prestación adicional que se ejecuta durante el mismo plazo de la obra, sin requerir de más tiempo, pero incrementando actividades y eventualmente aumentando también personal o habilitando nuevos turnos de trabajo, no requiere mayor plazo. Hay un presupuesto adicional que atender pero no un mayor plazo que aprobar. Tanto en el contrato de ejecución, como en el contrato de supervisión.
Otras prestaciones adicionales si afectan el plazo y ocasionan su ampliación. Si se extiende el contrato de obra también debe extenderse el contrato de supervisión. Si la causal es ajena al supervisor, cualquiera que sea el régimen aplicable al contrato, tiene derecho al costo directo, los gastos generales y la utilidad que corresponda. Si la causal es ajena al contratista ejecutor de la obra, éste también tiene derecho a lo mismo.
El costo directo, en los contratos de supervisión, está compuesto básicamente por las tarifas que cobra por los servicios de su personal y por todo aquello que está íntimamente vinculado al servicio. Gastos generales son, por contraposición, los costos indirectos, aquellos en que el contratista debe efectuar, derivados de su propia actividad empresarial, para poder continuar en el mercado, vinculados a sus operaciones, al mantenimiento de sus oficinas y de los servicios conexos. La utilidad, finalmente, es la ganancia que obtiene el proveedor como consecuencia de la prestación que realiza y que motiva su intervención en el proceso.
El numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado refiere, en esa línea, que el contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos o por paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados, que modifiquen el plazo del contrato, para luego acotar que de aprobarse ese pedido, “debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados”, dándole pita a la creencia de que los gastos generales pueden ser acreditados como si fueran gastos reembolsables perfectamente identificables.
Los gastos generales en los servicios de consultoría se calculan sobre las remuneraciones y las cargas sociales a diferencia de lo que ocurre con los gastos generales en ejecución de obras que se calculan sobre el íntegro de los costos directos, que a menudo incluyen mano de obra, equipos, maquinaria y otros componentes. Como los gastos generales en ambos casos se expresan a través de un porcentaje, es significativamente mayor en consultoría respecto de ejecución de obras, de la misma manera que en montos finales es significativamente mayor en ejecución que en consultoría, porque, como se sabe, los costos de la ejecución son entre diez y veinte veces mayores al de la supervisión y entre quince y veinticinco veces mayor respecto a lo que cobra el consultor encargado de la elaboración del estudio definitivo, para resumir en cifras redondas.
En consultoría los principales rubros de los gastos generales son alrededor de veinte. Entre ellos destacan los que corresponden al personal de dirección, constituido por las remuneraciones de los miembros del directorio y de la gerencia; los que corresponden al personal de la sede administrativa, que comprenden los salarios de las personas de soporte general, contabilidad, tesorería, finanzas, auditoría, recursos humanos, etc. Los gastos que se relacionan con el alquiler de oficinas para la dirección general desde donde se monitorean todas las operaciones de la empresa. Aquellos relativos a muebles y equipos, a la adquisición por renovación de nuevo mobiliario y equipos de la sede central por desgaste y obsolescencia. Mantenimiento y limpieza de oficinas es otro ítem que incluye reparación de instalaciones, de muebles, conserjería, equipos y servicios vinculados. Igualmente el pago de servicios públicos tales como agua, luz, teléfonos e internet de la sede central. Gastos de depreciación que reflejan sus efectos contables sobre maquinaria, equipos, vehículos, etc. de la sede central. Los costos de transportes: Vehículos, gasolina, mantenimiento y reparaciones. Los pagos que se efectúan por concepto de asesoría y gastos legales que incluye honorarios de abogados y asistentes, permanentes y eventuales, estudios y auditores externos que brindan servicios no aplicables a proyectos específicos. Viajes y viáticos del personal directivo y administrativo para asistir a eventos, reuniones con clientes y para supervisar el desarrollo de las operaciones en las distintas zonas de trabajo.
También hay que considerar las primas de seguro contra incendios y sismos, en resguardo de los activos de la sede central y demás oficinas y de la documentación sobre proyectos, operaciones, contabilidad, planillas, etc. Gastos en materia de capacitación del personal en cursos, seminarios, congresos, diplomados y maestrías. Promoción, desarrollo y tecnología para detectar nuevas oportunidades de inversión, reuniones y eventos con clientes actuales y potenciales, actualización de tecnologías, licencias de software y desarrollo tecnológico. Costos financieros no reconocidos que van más allá de los plazos originales de fianzas, que se originan por desfases en la facturación no cubiertos por el adelanto ni por los intereses. Impuestos y contribuciones de carácter nacional y municipal, diferentes a ventas y renta. Gastos de biblioteca, almacenamiento y archivo propio y contratado a terceros, adquisición de textos, libros, revistas especializadas, traducciones. Preparación e impresión de brochures, publicaciones y material para seminarios, folletos y demás documentos y audiovisuales para exposiciones. Recursos humanos y materiales utilizados en la elaboración de ofertas. Avisos contratados en periódicos y revistas, pronunciamientos, etc. Tiempo de personal en tránsito: Aplicable a los costos directos que se generan como consecuencia de los períodos en que los profesionales son asignados de un puesto a otro y que no están cubiertos por ningún proyecto específico.
Si se cuantifica todos estos gastos generales y se los prorratea entre el número de proyectos que tiene una empresa se puede advertir muy fácilmente que cada servicio tiene que, cuando menos, duplicar sus costos directos para poder contribuir con la parte proporcional que le toca al mantenimiento de la firma en el mercado. Por eso no es de extrañar que en consultoría los costos indirectos sean iguales o incluso ligeramente superiores a los costos directos.
Los contratistas que no consideren esta evidencia son esos que ganan un concurso, suscriben un contrato y a la vuelta de la esquina desaparecen sin dejar huella alguna. Nunca más se los ve. No duran ni el tiempo necesario para culminar un primer encargo. Sus gastos generales se los comen, salvo que incurran en malas prácticas y en conductas ilícitas con el objeto de mantenerse en el negocio. Y es que no tienen sede central, operan en la habitación de un hotel, no invierten en capacitación, no tienen gerencia, equipos ni tecnología de respaldo, ni administran adecuadamente los recursos que puedan haber aportado al negocio. Tampoco se aventuran a explorar nuevas oportunidades de trabajo. Al final se quedan sin nada. Por asegurarse una adjudicación con la que creen empezar, sacrifican todo y más temprano que tarde el mercado se los fuma. Y de eso tampoco se trata.
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