Source: https://prl.ceoe.es/informacion/prl-en-el-mundo/australia/
Timestamp: 2019-11-15 18:33:25
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Australia – Prevención de Riesgos Laborales – CEOE
En Australia, el modelo jurídico es distinto al nuestro, puesto que pertenece a la corriente jurídica de la “Common Law”, dotado de un mayor dinamismo de la normativa y unas disposiciones legales más de corte generalista, aunque no carentes de un exigido y estricto cumplimiento.
Existen a lo largo del territorio nacional una serie de normas y reglamentos comunes en Australia, de las cuales deberá respetarse su contenido mínimo:
• Fair Work Act (Ley de Trabajo Justo), 2009: Supone el principal documento legal en materia laboral en Australia. Regula los principios básicos del empleo, definiciones de los diferentes sujetos del diálogo social y responsabilidades de los mismos, laudos modernos, convenios de empresa y otras condiciones de trabajo en el país.
• Fair Work Regulations (Reglamentos de Trabajo Justo), 2009: Desarrolla el contenido general de la Fair Work Act, 2009
• National Employment Standards (Estándares Nacionales de Empleo): Establece 10 condiciones mínimas en cuanto a las relaciones laborales que deben respetarse a lo largo del territorio australiano.
o Jornada máxima semanal.
o Permiso parental.
o Vacaciones anuales.
o Permiso por cuidado de personas.
o Permiso por antigüedad.
o Permiso por servicio a la comunidad.
o Permiso por servicio de larga duración.
o Disfrute de días festivos.
o Períodos de notificación.
o Información de la legislación que ampara al trabajador.
• Workplace Relations Act, (Ley de Relaciones Laborales), 1996: Regula las relaciones laborales establecidas en el país australiano. Dispone los mínimos legales en aspectos tales como la clasificación de empleados, horas de trabajo, salarios, modalidades de ausencias en el trabajo, permisos, sanciones, períodos de notificación, vacaciones, etc.
• Workplace Relations Regulations (Reglamentos de Relaciones Laborales), 2006: Desarrolla el contenido general de la Workplace Relations Act, 1996.
• Work Health and Safety Act (Ley de Seguridad y Salud Laboral), 2011: Brinda una base armonizada a lo largo del país australiano de las condiciones de Seguridad y Salud que deben estar presentes en los puestos y lugares de trabajo.
• Work Health and Safety Regulations (Reglamentos de Seguridad y Salud Laboral): Desarrolla el contenido general de la Work Health and Safety Act, 2011.
En cuanto a la Ley de Seguridad y Salud Laboral de 2011, constituye la principal legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud ocupacional. Esta Ley, así como los Reglamentos que la desarrollan, fue creada con el objetivo de simplificar y armonizar a lo largo del territorio nacional las obligaciones empresariales en la materia, persiguiendo los siguientes objetivos específicos:
• Proteger la salud y seguridad de los trabajadores.
• Mejorar los resultados de seguridad en los lugares de trabajo.
• Reducir los costes a las empresas derivados del cumplimiento de sus obligaciones en materia de SST.
• Mejorar la eficiencia de los organismos reguladores.
Ahora bien, lo que hace realmente complejo el modelo normativo australiano en cuanto al empleo y la Seguridad y Salud ocupacional es su ámbito de aplicación. El país se compone de ocho territorios, cada uno de los cuales, en mayor o menor medida, disponen de cierto grado de autonomía para legislar en sus respectivos territorios.
Las jurisdicciones que ya tienen sus propias normas adaptadas a la Ley WHS (Ley de Seguridad y Salud) son:
• Commonwealth desde el 01 de enero de 2012 (Ley y Reglamento propio de la jurisdicción)
• Territorio de la Capital Australiana desde el 01 de enero de 2012 (Ley y Reglamento propio de la jurisdicción)
• Nueva Gales del Sur desde el 01 de enero de 2012 (Ley y Reglamento propio de la jurisdicción)
• Territorio del Norte desde el 01 de enero de 2012 (Ley y Reglamento propio de la jurisdicción)
• Queensland desde el 01 de enero de 2012 (Ley y Reglamento propio de la jurisdicción)
• Australia del Sur desde el 01 de enero de 2013 (Ley y Reglamento propio de la jurisdicción).
• Tasmania desde el 01 de enero de 2013 (Ley y Reglamento propio de la jurisdicción).
Otra de las características más importantes del sistema normativo de la Seguridad y Salud en Australia, lo constituyen los Códigos de Práctica (Codes of Practice). Se trata de una serie de guías que contribuyen a una mayor comprensión de la norma y, sobre todo, facilitan de forma práctica información de la que el empresario puede hacerse valer para el cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en los textos jurídicos. Son también de obligado cumplimiento. Existen numerosos Códigos de Práctica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, de los cuales destacan los referentes a:
• Gestión general del lugar de trabajo
• Gestión de la exposición a ruido
• Tareas manuales peligrosas
• Trabajo en Espacios Confinados
• Riesgo d caídas.
• Seguridad eléctrica y trabajo eléctrico en tensión
• Trabajos en inmersión.
• Plantas y Estructuras
• Trabajo de Construcción
• Trabajos con agentes químicos peligrosos.
• Instalaciones peligrosas
• Trabajo en minas
Estadísticas sobre siniestralidad laboral
En Australia, la Safe Work Australia es el principal organismo en cuanto al registro y mantenimiento actualizado de los datos relativos a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales acaecidos en el país.
La Safe Work atribuye mucha importancia al conocimiento de datos, referidos a los accidentes y enfermedades en el trabajo, por lo que ya desde los setenta y posteriormente en la década de los noventa, se vienen aprobando y modificando normas orientadas a la notificación de los accidentes y enfermedades profesionales por parte de los empresario del país.
La Safe Work Australia también publica periódicamente estadísticas en cuanto a la siniestralidad laboral segmentada por sectores económicos de actividad, en concreto:
• Agricultura, silvicultura y pesca.
• Los servicios de salud y comunitarios.
• Industria general.
• Transporte y almacenamiento.
La figura del técnico de prevención
En Australia, los requisitos en cuanto a la capacitación de los profesionales de la Seguridad y Salud laboral varían según el territorio en el que nos encontremos.
Existen varias figuras a nivel de profesionales de prevención en Australia:
• Consultores de Seguridad, los cuales se dedican a proporcionar asesoramiento especializado y formular recomendaciones para que una organización pueda implementar cambios utilizando sus propios recursos internos o mediante la contratación de un contratista externo para ayudar a implementar los cambios bajo su orientación.
• Oficiales de las empresas (Officers): Según la Ley de WHS un oficial de una empresa debe ejercer la diligencia debida para garantizar que se cumple con las obligaciones de Salud y Seguridad. Este deber se refiere al cumplimiento a nivel estratégico, estructural, la política y las decisiones de asignación de recursos, etc.
Las disposiciones en cuanto a la acreditación de los formadores y técnicos de prevención son diferentes en cada estado y territorio. En este sentido, se debe consultar con la organización de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Estado o territorio al que vayan a desplazar a los/las trabajadores/as para obtener información específica al respecto.
En Australia, la educación técnica o formación profesional es conocida como VET (Vocational Education Training), la cual ofrece programas diseñados y actualizados constantemente en relación con la industria, garantizando de esta manera que los conocimientos sean de utilidad práctica y faciliten así la incorporación al mundo laboral, entre ellos el equivalente a técnico de prevención de nivel de formación profesional que existe en España.
Los programas VET se ofrecen tanto en instituciones privadas como públicas. En el caso de las instituciones públicas, la educación técnica se lleva a cabo a través de una modalidad denominada TAFE (Technical And Further Education), contenida en el sector de VET. Los títulos expedidos por ambos tipos de instituciones son reconocidos a nivel nacional.
En Australia, las principales normas jurídicas relativas a la Seguridad y Salud ocupacional son principalmente dos: la Work Health and Safety Act de 2011 y la Work Health and Safety Regulations, la cual desarrolla las disposiciones legales contenidas en la anterior. Ambas entraron en vigor el 1 de enero de 2012.
En cuanto a su ámbito de aplicación, la WHS Act de 2011 aplica al territorio nacional de Australia. Ahora bien, el modelo federal del país y su historia no han facilitado un ámbito de aplicación homogéneo a lo largo del territorio nacional. De hecho, en la actualidad esta norma no ha sido implementada en los territorios de Virginia y Australia Oeste.
Por otro lado, el resto de territorios tienen igualmente reconocidos cierto grado de autonomía para el desarrollo de leyes y reglamentos. Este es un factor de suma importancia para las empresas extranjeras que quieren desarrollar su actividad a lo largo del territorio de Australia, puesto que dependiendo de la zona en la que vayan a operar pueden aplicar normas y obligaciones que, a su vez, resultan inexistentes en otro territorio del país.
Si nos centramos en los sujetos obligados por las disposiciones de las normas, éste aplica a todas las empresas o negocios. Es frecuente encontrar el término PCBU a lo largo del contenido de las leyes y regulaciones en materia de Seguridad y Salud, haciendo referencia este término a empresarios, contratistas principales, contratistas principales, franquiciados, trabajadores por cuenta propia, etc.
Por otro lado, quedan excluidos de sus derechos y obligaciones otros colectivos, concretamente:
• Las personas que realizan trabajo doméstico.
• Hogares individuales que organizan eventos puntuales, como las cenas, ventas de garaje, puestos de limonada, etc.
• Los organismos públicos (funcionariado).
• Asociaciones de voluntarios.
Los principales organismos estatales de Australia cuyas funciones están relacionadas con la Seguridad y Salud en el trabajo son:
Fair Work Ombudsman → Agencia independiente del Gobierno de Australia que ejerce el papel de asesor y divulgador en cuanto a las relaciones laborales en el país. También investiga incumplimientos en la aplicación de la legislación laboral a lo largo de todo el territorio federal.
Fair Work Commission → Se le reconoce comúnmente con el nombre de Safe Work Australia (SWA). Entre sus funciones se incluyen la implantación y modificación de los laudos modernos (Convenios de sector económico), fijación del salario mínimo, resolución de disputas, aprobación de acuerdos de empresa y gestionar reclamaciones por despido improcedente.
Commonwealth Statutory Authority → Es un organismo incluido dentro de la Safe Work Ombudsman encargado de la gestión de la Inspección de Trabajo y de la administración de la Seguridad y Salud a lo largo del territorio australiano.
Australian Institute of Occupational Hygienists → Instituto que opera a nivel estatal y que tiene como principal objetivo la eliminación o minimización de los peligros y riesgos presentes en los lugares de trabajo. Para ello, ejerce un papel activo en la elaboración de leyes, reglamentos y códigos de conducta relativos a Seguridad y Salud. Realiza sus funciones coordinando su actividad con la de los representantes gubernamentales, patronales y sindicales del país.
Australian Commission on Safe and Quality in Health Care → Lidera y coordina la mejora continua en la seguridad y calidad del cuidado de personas a lo largo del territorio australiano. Su propósito es dar apoyo a los profesionales y organizaciones de la salud, incluyendo la Seguridad y Salud en el trabajo.
Health Workforce Australia → Lleva a cabo y coordina propuestas para la mejora de la salud en el trabajo de cara a proveer una fuerza de trabajo más formada, flexible e innovadora.
Departamento de Educación, Empleo y Relaciones Laborales: Agencia gubernamental australiana, máxima autoridad en materia de educación y la capacitación laboral y las condiciones y los valores en el lugar de trabajo.
En Australia, las definiciones en cuanto a los principales términos relacionados con el trabajo y la Seguridad y Salud laboral vienen legalmente incorporadas en la Parte 1.1.5 del Capítulo 1 de la Work Health and Safety Act (WHS), del 9 de noviembre de 2011 (Ley de Seguridad y Salud Laboral).
Se disponen a continuación las principales:
Accidente de trabajo: Se barajan varias definiciones en la normativa australiana. Todas ellas tienen en común que hacen referencia a un “evento indeseado y repentino que arremete contra la integridad física del trabajador, provocándole una lesión, y que ocurre a consecuencia del desarrollo del trabajo”. La normativa también proporciona varias definiciones acerca de los subtipos de lesiones susceptibles de producirse, también definidas en la presente lista.
Comité de Seguridad y Salud: Grupo establecido legalmente por la WHS y que tiene como principal objetivo facilitar la cooperación entre empresario y trabajadores a fin de proporcionar un lugar de trabajo seguro. El 50% de dicho Comité deberá estar integrado por personas no designadas por el empresario, pudiendo ser delegados de prevención o los propios trabajadores.
Conatos (incidentes): Una o más incidencias producidas de forma imprevista en el centro de trabajo, las cuales no resultan en ninguna lesión o enfermedad.
Delegado de prevención: Un trabajador que ha sido elegido de entre el conjunto de empleados bajo las condiciones dispuestas en la WHS y cuyo principal cometido es representar a la totalidad de la plantilla en materias relativas a la Seguridad y Salud laboral.
Estructura: Cualquier elemento construido, de carácter fijo o móvil, temporal o permanente. Entran en este concepto construcciones, torres, tuberías, mástiles, infraestructuras concebidas para el transporte de cargas (túneles por ejemplo), etc.
Grupo de trabajo: Se trata de un número de trabajadores que, por la actividad que desarrollan y la naturaleza de los riesgos a los que están expuestos, comparten condiciones de trabajo similares. A modo de ejemplo, los electricistas en una fábrica, trabajadores empleados en horario nocturno…etc.
Instalación: Incluye cualquier maquinaria, equipo de trabajo, dispositivo, herramienta…así como cualquier componente conectado o anexo a los anteriores elementos.
Lesiones durante el desplazamiento: Todas las lesiones producidas durante y a causa de los desplazamientos in itinere (del lugar de residencia al lugar de trabajo y viceversa).
Lesiones o enfermedades con pérdida: Suceso que da lugar al fallecimiento o discapacidad del trabajador. El término “con pérdida” también puede hacer referencia a al tiempo de trabajo perdido con motivo del accidente o la enfermedad profesional.
Lesiones o enfermedades sin pérdida de tiempo: Aquellos que, si bien no comportan una pérdida de tiempo de trabajo significativo, sí que requieren de la atención de primeros auxilios por parte del trabajador accidentado o enfermo.
Lugar de trabajo: Cualquier lugar al que un trabajador acude o en el que se encuentra con motivo del desarrollo de su trabajo. El concepto incluye, aunque no se limita, a oficinas, fábricas, tiendas, vehículos, navíos, aeronaves, estructuras instaladas en tierra o en el mar como pueden ser plataformas petrolíferas…y un largo etcétera.
Persona que conduce un negocio (empresario): Se trata de una persona que, solo o en colaboración de otras personas, dirige y gestiona una organización, con o sin ánimo de lucro. Esta definición abarca desde el trabajador por cuenta propia hasta el empresario de una gran compañía. Quedan excluidos de esta definición las personas que dirigen y gestionan una asociación de voluntarios.
Sustancia: Cualquier elemento, natural o artificial, en su estado sólido, líquido o gaseoso, y empleado en el proceso productivo.
Titular de la obligación: Hace referencia a cualquier persona que adquiere una o más obligaciones legales con motivo de lo dispuesto legalmente en la WHS.
Trabajador: Cualquier persona que lleva a cabo un trabajo a cuenta de un empresario, incluyendo en esta definición a un empleado, contratista, subcontratista, trabajador por cuenta propia, aprendiz, trabajador en prácticas, estudiante en prácticas y empleados “freelance”.
La Work Health and Safety Act (WHS) del 29 de noviembre de 2011 establece una serie de obligaciones a la figura del empresario, definido por la legislación como “aquella persona que conduce un negocio o empresa”, en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. Dicha Ley incluye cinco obligaciones generales que, a su vez, se descomponen en más requerimientos:
• Deber primordial de garantizar la Seguridad y Salud de:
o Trabajadores contratados o susceptibles de ser contratados.
o Trabajadores externos cuyas actividades están dirigidas por el empresario
• Deber primordial de atención y cuidado de personas mediante:
o Suministro y mantenimiento de un lugar de trabajo seguro y sin riesgos para la salud, incluyendo un acceso y salida seguros del edificio.
o Provisión y mantenimiento de instalaciones, estructuras y equipos que protejan de los riesgos para la salud. Algunos ejemplos podrían ser una protección para la parte móvil de una máquina o bien medidas destinadas a regular el ritmo y cargas de trabajo.
o El correcto uso, manipulación y almacenamiento de sustancias nocivas: productos químicos, fibras, nanomateriales…etc.
o Adecuación de las instalaciones para el bienestar del conjunto de los trabajadores: baños, taquillas, comedores de personal…
o Suministro de formación e información a los trabajadores para que realicen su trabajo con el menor riesgo para su salud.
o Monitoreo y control de las condiciones del lugar de trabajo.
o Mantenimiento de las instalaciones en buen estado.
• Obligación de coordinación con empresarios concurrentes: proveedores, contratistas, propietarios de edificios…
o Informar sobre los riesgos propios de su actividad.
o Coordinarse teniendo en cuenta los riesgos derivados de la concurrencia de actividades.
• Obligación de consulta y participación con trabajadores y sus representantes sobre decisiones que les afectan directamente. Esta obligación se extiende también a los trabajadores subcontratados que operen en su lugar de trabajo.
• Gestión y control de las instalaciones, materiales y equipos de protección individual y colectiva.
La Work Health and Safety Act (WHS) del 29 de noviembre de 2011 establece las siguientes obligaciones a la figura del trabajador en materia de Seguridad y Salud en el trabajo:
• Velar razonablemente por su propia Seguridad y Salud en el trabajo.
• Tener un cuidado razonable sobre sus actos u omisiones que puedan afectar a la salud de otras personas.
• Cumplir siempre con las instrucciones razonables procedentes del empresario y destinadas al cumplimiento de lo dispuesto en la WHS.
• Cumplir con la política de Seguridad y Salud establecida por la empresa, así como los procedimientos de trabajo.
En Australia, el empresario tiene el deber de realizar un análisis sistemático destinado a identificar y evaluar los riesgos profesionales presentes en el centro de trabajo bajo su responsabilidad.
La Safe Work Australia publicó en mayo del 2013 el Código Práctico: “How to Determine What is Reasonably Practicable to Meet a Health and Safety Duty”, en el cual se establecen las directrices que deberán seguirse para la confección de la evaluación de riesgos. Este documento es un código aprobado bajo la sección 274 de la Work Health and Safety Act (WHS) del 29 de noviembre de 2011 (Ley de Seguridad y Salud Laboral).
La Safe Work Australia define en dicho código la evaluación de riesgos como «la recopilación sistemática de información sobre las actividades, las características y resultados de las empresas para hacer juicios sobre las mismas, mejorar la eficacia de los programas, y/o informar a las decisiones sobre la programación futura».
En cuanto a la metodología que deberá seguir la evaluación de riesgos, no se establece una concreta. Ahora bien, sí que se disponen una serie de pasos o etapas, de las que deberá constar, que son las siguientes:
Primeramente, se deberá realizar un profundo examen de las áreas de trabajo, los puestos de trabajo y las tareas que se realizan en el puesto, con el objetivo de identificar aquellos peligros inherentes al trabajo. Se trata de observar las áreas y puestos y pensar en qué podría razonablemente causar un riesgo sobre la salud de las personas. Además de este trabajo observacional, el técnico debe hacerse valer de la información que le puedan proporcionar los trabajadores, los cuales son los mejores conocedores de su puesto de trabajo. Por otro lado, el técnico debe comprobar las instrucciones del fabricante acerca de los equipos y materiales que conforman el lugar de trabajo. Del mismo modo, deberá conocer la información contenida en las fichas de datos de seguridad de las sustancias que sean empleadas a lo largo del proceso productivo.
Otra herramienta muy útil en la identificación de riesgos son los historiales de siniestralidad de años anteriores, los cuales suelen dar bastantes pistas sobre dónde se encuentran los principales riesgos (no todos).
Por último, el profesional no puede nunca dejar de lado los riesgos a largo plazo (niveles altos de ruido, inhalación de sustancias nocivas…etc.)
Consiste en evaluar la probabilidad de que ocurra un riesgo se materialice, conjuntamente con la severidad o gravedad de la lesión que puede producir. Estos dos factores, probabilidad y gravedad, son los que determinan la magnitud del riesgo laboral. Una de las herramientas más comunes para visualizar la magnitud del riesgo es la matriz de riesgos, mediante la que el riesgo puede ser evaluado como muy bajo, bajo, moderado, alto o inaceptable.
3. Control de los riesgos
Para aquellos riesgos evaluados como de “alto riesgo” o “riesgos inaceptables”, es necesario llevar a cabo una serie de acciones que incluyan:
• Instrucciones para el cese inmediato del trabajo, proceso o actividad.
• Aislamiento del riesgo hasta que otras medidas preventivas sean adoptadas.
Para los riesgos calificados como “moderados”, se requiere llevar a cabo medidas de control documentadas, asignando responsabilidades y plazos para su cumplimiento. Las medidas de control se establecerán siguiendo el principio de jerarquía de control del riesgo.
4. Seguimiento de la eficacia de las medidas de control
Es esencial asegurarse de que las medidas adoptadas garantizan efectivamente la eliminación o control de los riesgos previamente evaluados. Además, deberán monitorizarse a efectos de comprobar que la adopción de dichas medidas no supone un agravante para los riesgos ya existentes o la aparición de un riesgo laboral nuevo sin una posterior gestión preventiva (introducción de nuevos métodos de trabajo que aportan riesgos adicionales no evaluados con anterioridad, por ejemplo).
En cuanto a la información relativa a la evaluación de riesgos y que deberá ser objeto de registro documental, el empresario deberá garantizar que cuenta con la información siguiente:
1. Peligros identificados en el lugar de trabajo.
2. Evaluación de los riesgos asociados.
3. Medidas de control establecidas para el control de la exposición, indicando cómo y en qué manera se han adoptado.
4. Evidencias sobre la eficacia de las medidas de control adoptadas.
5. Cualquier check-list empleado en el proceso
Además de la evaluación de riesgos, el empresario es requerido a planificar las actividades que deberán implementarse a efectos de evitar o controlar los riesgos laborales presentes en el centro de trabajo.
En este sentido, el mismo Código Práctico: “How to Determine What is Reasonably Practicable to Meet a Health and Safety Duty” de 2013 dispone que la planificación de la actividad preventiva deberá dotarse, como mínimo, de la asignación de responsables para la ejecución de tales acciones, así como de la identificación de las personas que deberán realizar el seguimiento de las mismas. Deberán también reflejarse los recursos económicos necesarios para la implementación de cada una de las acciones preventivas.
También deberá incorporarse el grado de prioridad que se le confiere a la realización o aplicación de cada una de las acciones planteadas. En este sentido, se deriva la necesidad de establecer áreas de acción, a efectos de centrar la gestión preventiva sobre los factores que representan un mayor nivel de riesgo.
Por último, deberá consultar con su plantilla o su representación, el contenido de la planificación de la actividad preventiva.
En Australia, la responsabilidad en cuanto a la organización de la prevención en el seno de la empresa corresponde al empresario.
Tal y como dispone la Work Health and Safety Act (Ley de Seguridad y Salud Laboral) de 2011, la gestión de la Seguridad y Salud laboral puede ser delegada, siempre y cuando las personas a las que se asigna tal responsabilidad estén debidamente formadas. Ahora bien, la responsabilidad última de garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores a su cargo es indelegable, siendo siempre responsabilidad del empresario.
Al contrario de lo que ocurre en nuestro país, la legislación australiana en materia de Seguridad y Salud laboral no establece rangos en cuanto al volumen de plantilla mínima que motiva la adopción de una modalidad organizativa u otra.
Cabe decir que el modelo regulatorio australiano presenta como una de sus principales peculiaridades la integración de la prevención a lo largo de toda la línea de mando de la empresa. En este sentido, el empresario, directores, supervisores… cuentan con una serie de responsabilidades legalmente estipuladas en materia de Seguridad y Salud.
Por otro lado, la Ley Federal no especifica quién debe realizar la actividad preventiva propiamente dicha (consultoría externa, personal propio de la empresa…), si bien cada Estado cuenta con sus propios reglamentos y puede modificar este principio general. Eso sí, independientemente de que el servicio sea interno o externo, el técnico encargado de la gestión de la Seguridad y Salud ocupacional debe contar con una formación que le acredite para ello, en función de la magnitud y naturaleza de los riesgos presentes en el centro de trabajo.
En Australia, las auditorías de los sistemas de gestión de la Seguridad y Salud laboral no constituyen un requisito legal en sí, siendo una opción a la que puede optar el empresario.
En el caso de que el empresario opte por llevar a cabo una auditoría de su sistema de gestión, deberá atenerse a una serie de requerimientos y normas de reconocimiento nacional y/o internacional.
El principal estándar nacional con el que cuenta Australia en la materia es la norma “Australian Standard NZS 4801”, por la cual se establecen los requisitos necesarios para un adecuado sistema de gestión de la Seguridad y Salud en la empresa.
Esta norma puede aplicar a cualquier organización establecida en el país, independientemente de su tipología, tamaño y de que disponga ya o no de un sistema de gestión. En definitiva, puede ser adoptada por cualquier empresa que decida imponer procedimientos formales para la gestión de la Seguridad y Salud en el seno de su organización.
Existen otros estándares de consolidado reconocimiento internacional que pueden ser de igual modo adoptados, como la norma OHSAS 18.001.
En Australia, la formación en materia de prevención de riesgos laborales viene legislada de forma general en la División 1 de la Parte 3.2 de la “Work Health and Safety Act” (WHS) del 29 de noviembre de 2011.
Dicha norma obliga a los empresarios a proporcionar información y formación en materia de prevención de riesgos profesionales a los empleados a su cargo, a efectos de que éstos puedan desarrollar su trabajo de una manera segura y sin riesgos para la salud.
Esta información y formación deberá ser adecuada y ajustada a los riesgos a los que está expuesto el trabajador en cuestión y deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
La naturaleza del trabajo llevado a cabo por parte del empleado.
La naturaleza de los riesgos profesionales con las actividades que el trabajador desarrolla.
Las medidas de control del riesgo implantadas por parte de la organización.
Esta formación está destinada a otorgar al empleado el conocimiento adecuado para que aplique los principios de Seguridad y Salud necesarios en la realización de sus tareas. La formación en PRL incluye también a directores y supervisores.
Por otro lado, este deber general de formar e informar podrá venir complementado y desarrollado por regulaciones específicas aplicables en función del tipo de empresa y de los riesgos derivados de su actividad. A modo de ejemplo, para el sector de la construcción existen las “OHS Construction Induction Training Cards”, unas tarjetas en las que se puede consultar la formación específica que ostenta cada uno de los trabajadores.
En cuanto a los supuestos que motivan la necesidad de formar en materia de prevención de riesgos laborales, estos son:
El comienzo de la relación laboral.
Antes del comienzo de la realización de una nueva tarea o actividad (cuando ésta conlleva unos riesgos específicos para la salud).
De forma regular: cada territorio y estado tiene sus propios períodos estipulados.
En cuanto al contenido, la formación en PRL debería incluir en su temario:
Rol y responsabilidades.
Legislación en Seguridad y Salud que le es aplicable.
Riesgos específicos del puesto de trabajo y medidas preventivas.
Mecanismos de resolución de conflictos en SST.
Mecanismos de participación y consulta.
Gestión e investigación de accidentes.
Riesgos laborales específicos: sustancias peligrosas, trabajos en alta o baja tensión…
Uso de sistemas internos en cuanto a reporte de riesgos e incidentes, consultas, etc.
Adicionalmente a estos conceptos generales, debe darse una formación específica para aquellos miembros de la empresa que ostentan un rol específico como:
Miembros del equipo de primeros auxilios.
Delegados de Seguridad y Salud (“Health and Safety Representatives”, HSR).
Miembros del comité de Seguridad y Salud.
Equipos de primera intervención ante emergencias.
En cuanto a los sujetos legalmente acreditados y/o habilitados para la impartición de las sesiones formativas en PRL, se detallan los siguientes:
Las entidades especializadas en formación en materia de Seguridad y Salud en el estado, territorio o sector de la Commonwealth.
Colegios y universidades debidamente acreditados.
Consultores de Seguridad y Salud ocupacional, tanto internos como de empresas especializadas.
Independientemente de quién lleve a cabo la formación en materia de prevención de riesgos laborales, el empresario deberá guardar los registros de formación dada en su empresa por un
La legislación australiana en materia de Seguridad y Salud laboral establece las obligaciones del empresario en cuanto a la información en materia preventiva de forma conjunta a la formación.
Si atendemos a las disposiciones legales relativas a la formación en materia de prevención de riesgos laborales, la norma siempre menciona de modo conjunto los términos “formación e información”.
Ello conlleva que apliquen para la formación e información en materia de PRL los mismos requisitos, los cuales pueden consultarse en el apartado 12 “Formación”.
La “Work Health and Safety Act” (WHS) del 9 de noviembre de 2011 impone al empresario el requerimiento de consultar con sus trabajadores o sus representantes acerca de aquellas cuestiones relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo. Los requisitos sobre los que deberá basarse la participación y consulta se encuentran en el Capítulo 2 de la norma.
Además, si la plantilla está representada por uno o varios “Health and Safety Representatives” (HSR), equivalentes a la figura del Delegado de Prevención en nuestro país, debe involucrarse necesariamente a esta figura en el procedimiento de consulta.
La consulta a los trabajadores se basa en compartir información, dar la oportunidad a los trabajadores de expresar su opinión sobre las decisiones que el empresario pretende adoptar y tener en cuenta su punto de vista antes de tomar la decisión final en materia de Seguridad y Salud.
Las principales vías con la que cuentan los trabajadores en cuanto a la participación y consulta en materias de Seguridad y Salud son los “Health and Safety Representatives” (HSR) y los “Health and Safety Committees” (Comités De Seguridad y Salud).
La consulta con los trabajadores y los HSR es de obligado cumplimiento en cada uno de los pasos del proceso de evaluación de riesgos, haciéndose valer de su conocimiento, experiencia e ideas para una identificación de los riesgos más eficaz.
Lo mismo aplica para los miembros del Comité de Seguridad y Salud, en el caso de que la organización disponga de él, siendo su constitución necesaria en aquellas empresas que dispongan de 50 o más trabajadores en plantilla. Estos organismos internos deberán ser constituidos siempre de forma paritaria entre la representación de trabajadores y del empresario.
Estas figuras, tanto el “Health and Safety Representatives” (HSR) como los “Health and Safety Committees” tienen legalmente atribuidas una serie de funciones que se detallan a continuación:
“Health and Safety Representatives” (HSR) (Delegados de Prevención)
Representar a los trabajadores en materia de SST.
Observar y controlar la eficacia de las medidas de control del riesgo en el lugar de trabajo.
Recoger las quejas relativas a la seguridad laboral por parte del grupo de trabajo al cual representa e indagar sobre cualquier factor susceptible de suponer un riesgo.
Inspeccionar el lugar de trabajo o área específica después de recibir la advertencia de que existe un factor de riesgo no evaluado u objeto de medida preventiva.
Inspeccionar el lugar de trabajo o área específica sin necesidad de advertencia alguna, cuando se haya producido un incidente laboral o una nueva situación que suponga un riesgo grave para la Seguridad y Salud de los trabajadores.
Acompañar a la inspección de trabajo cuando visite un puesto de trabajo ocupado por un trabajador de los que representa. Si el Inspector decide entrevistar a un trabajador, el HSR puede estar presente, siempre y cuando cuente con el consentimiento de ambos. Si la entrevista concierne a más de un trabajador, tan solo necesita el consentimiento de uno de ellos para estar presente.
Recibir información relativa a la Seguridad y Salud de uno de los trabajadores a los que representa. Aun así, no podrá tener acceso a información personal o médica si el trabajador no lo autoriza.
Solicitar al empresario el establecimiento de un Comité de Seguridad y Salud.
Autorizar a un trabajador a cesar su actividad cuando exista un riesgo grave e inminente
Hacerse valer de la ayuda externa de un técnico de prevención cuando sus funciones lo requieran.
“Health and Safety Committees” (Comités De Seguridad y Salud)
Gestionar y resolver conflictos surgidos relativos a la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores.
Asistir en la formación, consulta, revisión y distribución de las políticas de SST.
Revisar el desarrollo de las funciones de rehabilitación y empleo de personal con discapacidad.
Asistir en la vuelta al trabajo de trabajadores que se encuentran de baja por accidente laboral.
En Australia, las obligaciones atribuibles al empresario en cuanto a la vigilancia del estado de salud de los trabajadores a su cargo viene principalmente regulada por la norma: National Model Regulations for the Control of Workplace Hazardous Substances [NOHSC:7039(1995)].
En Australia, la obligación por parte del empresario de llevar a cabo un programa de vigilancia de la salud de los trabajadores no aplica para todos los puestos y lugares de trabajo. Solamente para aquellos que, según la evaluación de riesgos previamente realizada, están expuestos a sustancias peligrosas para su salud.
A tales efectos, deberá tenerse en cuenta los siguientes factores que motivan la obligación de vigilar el estado de salud de los trabajadores por parte de las empresas del país:
• Hay un riesgo significativo para la salud del o los trabajadores por exposición a una de las circunstancias listadas en el Anexo 3: acrilonitrilo, arsénico inorgánico, amianto, benceno, cadmio, cromo inorgánico, creosota, isocianatos, mercurio inorgánico, metileno-cloroanilina (MOCA), pesticidas organofosforados, pentaclorofenol (PCP), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), sílice cristalina, talio y cloruro de vinilo.
• La exposición a una sustancia peligrosa es tal que:
o Existe un efecto nocivo sobre la salud asociado a la sustancia.
o Hay una presunción razonable de que el efecto sobre la salud del trabajador podría darse teniendo en cuenta las condiciones de trabajo existentes.
o Hay técnicas válidas para detectar indicadores del efecto de la sustancia sobre la salud.
• Existe un procedimiento de examen biológico válido y una presunción razonable de que se están superando los límites de exposición aceptables a agentes biológicos.
La vigilancia de la salud debe ser llevada a cabo por un profesional contratado por el empresario, previa consulta con los trabajadores, que cuente con la correspondiente certificación. La legislación laboral australiana no establece periodos concretos en cuanto al régimen de reconocimientos médicos, que dependen del criterio médico de los profesionales de la medicina del trabajo. Los gastos de la vigilancia de la salud corren a cargo del empresario.
Cuando el servicio médico advierte la necesidad de que el trabajador examinado siga tratamiento, el empresario está obligado a hacer una revisión de la evaluación de la exposición de sus trabajadores a la sustancia en cuestión tan pronto como sea posible, así como implementar medidas para el control de los niveles de dicha exposición.
Del mismo modo, si el servicio médico determina que el trabajador no puede prestar su servicio en tales condiciones laborales y deben aplicarse restricciones a su exposición o recolocación del empleado en otro puesto de trabajo, el empresario está obligado a aplicar tales medidas en la medida de lo posible. Este cambio requerirá previa consulta con el trabajador en cuestión o con su representación.
El trabajador está por lo general obligado a someterse a los reconocimientos médicos organizados por la empresa. Solo en casos excepcionales podrá renunciar a someterse a los reconocimientos, debiendo discutir sus razones con el médico encargado del programa de vigilancia de la salud.
En cuanto a los resultados de los reconocimientos médicos, el médico asignado deberá respetar el principio de confidencialidad, no pudiendo mostrar al empresario el historial clínico de sus empleados.
Asimismo, el empleador debe guardar bajo su posesión los registros de los reconocimientos médicos por un periodo de 30 años desde la primera entrada.
En Australia, el empresario tiene el deber de prevenir y disponer los medios necesarios que habiliten a su personal a actuar de forma segura y eficaz frente a situaciones de emergencia susceptibles de producir un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
La principal herramienta por la que se articula esta obligación la constituye el Plan de Emergencias, regulado en la “Work Health and Safety Act” (WHS), del 9 de noviembre de 2011 (Capítulo 3, Parte 3, División 4).
Tal y como se define en la norma, el empresario es requerido a preparar, desarrollar e implementar un Plan de Emergencias para el establecimiento o establecimientos en los que desarrolla su actividad empresarial.
Los planes de emergencia son una hoja de ruta que contribuye a prevenir y dar respuesta ante situaciones de emergencia (incendios, explosiones, desastres naturales que afecten al lugar de trabajo…). El empresario tiene la obligación legal de elaborar un Plan de Emergencia, con los siguientes elementos en su contenido:
Información de contacto de las personas que tienen un rol y responsabilidades específicos para situaciones de emergencia: equipos de primeros auxilios, equipos de primera intervención ante fuego, miembros del equipo de evacuación…etc.
Información de contacto de los servicios de emergencia locales: policía, bomberos, servicios de ambulancia, etc.
Descripción de los mecanismos de alarma existentes ante situaciones de emergencia.
Procedimiento de evacuación establecido, el cual se habrá planificado teniendo en cuenta la posible presencia de personas con movilidad reducida.
Plano del lugar de trabajo en el que se indique la ubicación de los equipos de extinción de incendios, salidas de emergencia y puntos de reunión.
Procedimiento de aviso de emergencias a empresas o residentes colindantes.
Proceso que la empresa tiene planeado una vez la emergencia ha finalizado: notificación a la autoridad laboral, tratamiento médico…
Los trabajadores deben recibir formación específica sobre los procedimientos de emergencia con los que cuenta la organización. En ella se deberán incluir los procedimientos de evacuación, la localización de los puntos de reunión y de los equipos de extinción de incendios, así como conceptos básicos en primeros auxilios.
Para asegurar la eficacia de los planes de emergencia, se deberá ir revisando su contenido periódicamente o bien cuando se dé una de estas circunstancias:
Cuando se produzcan cambios importantes en el lugar de trabajo, redistribución, amueblado…
Cuando se produzcan cambios importantes en el volumen de trabajadores en el lugar de trabajo, incluyendo también el personal externo subcontratado.
Cuando se ha introducido una nueva actividad o proceso.
En cuanto a la figura del trabajador, éste tiene derecho a cesar o negarse a realizar un trabajo inseguro, por motivo de un riesgo grave e inminente. Un trabajador que cesa el trabajo por estos motivos, debe notificar al empresario (PCBU) dicha interrupción tan pronto como sea posible. Los trabajadores pueden ser redirigidos a un trabajo alternativo adecuado en su lugar de trabajo o en otro sitio hasta que puedan reanudar tareas habituales. En ningún caso podrá el trabajador ser sancionado o perjudicado por el ejercicio de este derecho.
Los incumplimientos relativos a la preparación, desarrollo e implementación de un Plan de Emergencias por parte del empresario pueden acarrear una sanción administrativa de hasta 30.000 dólares australianos.
En Australia, la Coordinación de Actividades Empresarial (CAE) es una obligación de la cual el empresario es responsable, viniendo dicho deber legislado en la “Work Health and Safety Act” (WHS), del 9 de noviembre de 2011.
En el Capítulo 2 de la WHS, se dispone que el empresario deberá consultar, cooperar y coordinarse con otros colectivos con los que comparta obligaciones en materia de seguridad y salud. Es el caso del personal de otras empresas con los que se concurre en una actividad laboral o en un mismo centro de trabajo.
En el caso de las subcontratas, el empresario tiene la obligación de informar a la empresa subcontratada acerca de los riesgos presentes en el lugar de trabajo. Además, deberá comunicar al trabajador externo sus políticas y requerimientos en materia de seguridad laboral y revisar que éstos son cumplidos por parte de la subcontrata. En estos casos el deber de la protección del trabajador externo no recae solamente sobre la empresa de éste, sino también sobre el empleador que pone a su servicio su lugar de trabajo para la realización del servicio.
El empresario puede delegar la puesta en práctica de estos requisitos a un nivel jerárquico inferior. Ahora bien, la responsabilidad a él atribuida por ley en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de CAE es indelegable.
El organismo gubernamental encargado de la gestión de la Inspección de Trabajo es la “Office of the Fair Work Ombudsman” (FWO). Esta agencia, pese a tratarse de un organismo central, está repartida en 53 oficinas a lo largo del país. De hecho, en Australia, cada Estado o territorio cuenta con su propio plantel de inspección para administrar y fiscalizar las normas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores.
Existen dos tipos de visita de Inspección de Trabajo. Por un lado, están las visitas motivadas por una denuncia individual de las condiciones de un puesto o lugar de trabajo. Por otro lado, aquellas visitas que responden al programa anual del Fair Work Ombudsman, que varía sus prioridades de inspección año tras año. Por lo tanto, las visitas de Inspección de Trabajo en Australia pueden ser de carácter proactivo o reactivo.
Los inspectores de trabajo tienen pleno derecho a acceder a un lugar de trabajo, con o sin consentimiento y conocimiento previo del empresario. Si no se trata de un lugar de trabajo, el inspector deberá abandonar la zona inmediatamente, a no ser que disponga de una orden de registro.
Durante la visita, el inspector está facultado para:
• Inspeccionar, examinar y consultar con miembros de la empresa.
• Tener acceso a documentación que considere relevante.
• Disponer y utilizar cualquier equipo o material para el ejercicio de sus funciones.
• Tomar mediciones y muestras para su posterior análisis, realizar pruebas y registrar visualmente las instalaciones (fotos, vídeos…).
En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de trabajo pueden emitir instrucciones o avisos al empresario que le exijan la realización de una acción. Las más recurrentes son:
Órdenes de registro→ Como se ha comentado anteriormente, el inspector está autorizado a solicitar una orden de registro a un magistrado del poder judicial si tiene la sospecha de que se está cometiendo una violación de la ley en materia de seguridad laboral o que ésta puede producirse en las siguientes 72 horas. Antes de ejecutar la orden, la inspección debe notificar al titular de la propiedad sobre la fecha y tiempo de la ejecución de la orden. Este aviso no se dará cuando éste pudiera echar por tierra la prueba del incumplimiento legal que motivó la formulación de la orden.
Avisos de mejora → Son avisos por escrito que el inspector expide al empresario para que mejore en un plazo determinado una condición del lugar de trabajo que, por ahora, contraviene la Ley WHS o alguno de sus reglamentos.
Avisos de prohibición → Es una notificación que prohíbe una actividad de un puesto o lugar de trabajo cuando el inspector cree que ésta entraña un riesgo grave para la salud y seguridad el trabajador.
Aviso de no perturbación → Este aviso se emite cuando se ha producido, en el lugar de trabajo, un accidente que requiere ser notificado. Dispone la obligación de no “perturbar” la zona de trabajo para que el inspector pueda investigar las causas del accidente. Esta obligación puede imponerse por un máximo de 7 días.
Notificaciones de infracción → Son multas impuestas al empresario por una infracción cometida y que son usadas como alternativa a abrir un proceso judicial, siempre y cuando esta acción sea adecuada a la gravedad de la infracción
Notificación de empresa de obligado cumplimiento →Se realiza cuando una organización está cometiendo una violación de la Fair Work Act que implica una responsabilidad civil de la empresa. Conlleva una sanción.
En cuanto a la cuantía de las sanciones económicas, la Ley de WHS prevé tres categorías de infracciones administrativas y penales por incumplimiento de la salud y tareas de seguridad. Las penas máximas son diferentes dependiendo de la categoría del delito y si el autor del delito es un individuo (empleado o empleador), un oficial (persona con capacidad de toma decisiones que afectan al conjunto de la actividad empresarial) o de una organización como persona jurídica.
• Categoría 1 – El sujeto no cumple imprudentemente con una obligación legal en materia de Seguridad y Salud, sin excusa razonable, y esta negligencia supone la exposición de una persona al riesgo de muerte o de lesión grave.
• Categoría 2 – El sujeto falla en el cumplimiento de una responsabilidad en materia de seguridad y salud y esto conlleva un riesgo de muerte o lesión grave para otra persona.
• Categoría 3 – El sujeto no cumple con un deber legal en materia de seguridad y salud.
Esta tabla contiene los importes máximos de sanción establecidos por ley para cada categoría.
Sanciones en SST
Corporación Responsable individual: empresario o “officer” Responsable individual: trabajador
Categoría 1 $3,000,000 $600,000, 5 años de prisión o ambos $300,000, 5 años de prisión o ambos
Categoría 2 $ 1,500,000 $300,000 $150,000
Categoría 3 $500.000 $100,000 $50,000
Estas tres categorías de incumplimiento legal son de carácter general. Existen otras negligencias concretas que cuentan con una pena particular:
• Incumplimiento de notificación obligatoria de un accidente de trabajo.
• Falta de autorizaciones (uso de equipos y máquinas, trabajos realizados por trabajadores no autorizados…etc.)
• Violación del derecho de consulta y participación de los trabajadores.
• Incumplimiento en cuanto al establecimiento de grupos de trabajo.
• Incumplimiento en relación con las obligaciones ante los Responsables de Seguridad y Salud (HSR).
• Incumplimiento en relación con las obligaciones ante los comités de seguridad.
• Omisión de alguna obligación frente a los organismos de inspección de trabajo.
La legislación australiana en materia de seguridad y salud habla de “notificación de incidentes”. En este concepto se incluyen accidentes laborales, enfermedades profesionales e incidentes entendidos como tal (sin consecuencias para la integridad física de uno o más trabajadores).
Dependiendo de la naturaleza de los incidentes acaecidos en un lugar de trabajo, el empresario tiene la obligación de notificar el suceso a la autoridad laboral (Comcare). La Work Health and Safety Act 2011 (WHS) establece explícitamente los incidentes laborales que deben ser objeto de notificación: aquellos accidentes o enfermedades de “seria gravedad”, así como los incidentes “peligrosos”.
En este sentido, se considera que un accidente o enfermedad laboral es peligroso/a cuando concurre una de las siguientes circunstancias como consecuencia del suceso:
Requiere al afectado hospitalización de inmediato.
Requiere tratamiento inmediato por amputación de un miembro, lesión craneal grave, lesión ocular grave, una seria quemadura, separación de la piel del tejido subyacente, lesión de la columna vertebral, pérdida de una función vital y laceración.
Requiere tratamiento médico de 48 horas por exposición a una sustancia.
Toda infección sufrida por el trabajador y que tiene una consecuencia directa con el trabajo, siempre y cuando éste:
o Conlleve el tratamiento y cuidado de personas.
o Conlleve contacto con sangre humana o sustancias corporales
o Implique el cuidado o contacto con animales.
Otras enfermedades: producidas por contacto con Antrax, Virus Hendra, gripe aviar…etc.
Cabe decir en este sentido que esta lista de carácter general puede ser acotada o desarrollada según lo dispuesto en otros reglamentos que le sean aplicables a la empresa en cuestión.
Por otro lado, también deberán ser reportados al organismo territorial competente aquellos incidentes producidos en el seno de la empresa y que vengan catalogados por la norma como de “peligrosos”. En este sentido, la sección 37 de la WHS 2011 define los incidentes peligrosos como:
Un incontrolado escape, derrame o licuado de una sustancia peligrosa.
Una incontrolada implosión, explosión o incendio.
Un incontrolado escape de gas o vapor.
Un incontrolado escape de una sustancia a presión.
Contacto eléctrico (sin consecuencias importantes).
Caída desde altura de una máquina, equipo o sustancia (este punto no incluye caída de personas).
Es importante tener en cuenta que la notificación es aplicable no solo cuando el afectado por el incidente es un miembro de la empresa. También están incluidos dentro del requisito de la obligación personas contratistas y terceros (personas que no tienen vínculo alguno con la empresa pero que se han visto afectados por un incidente responsabilidad de la misma)
La notificación debe hacerse de forma inmediata después de la consecución de los hechos. La notificación de un incidente debe ser realizada por el medio más rápido posible, por teléfono o por escrito (incluyendo medios electrónicos). Si se da aviso por teléfono, el organismo competente puede solicitar que seguidamente se realice la notificación por escrito del incidente. Se dispone de un máximo 48 horas para tramitar dicha solicitud.
Cada territorio o estado australiano dispone de su propio organismo regulador (los cuales dependen del Regulador Federal Comcare), al que debe notificarse el incidente ocurrido. En la siguiente tabla se muestran sus datos de contacto. Tenga en cuenta que la notificación puede hacerse de manera telemática desde el portal web:
Jurisdicción Organismo regulador Teléfono Website
New South Wales WorkCover NSW 13 10 50 No disponible
Victoria WorkSafe Victoria 1800 136 089 worksafe.vic.gov.au
Queensland Workplace Health and Safety Qld 1300 369 915 worksafe.qld.gov.au
South Australia SafeWork SA 1300 365 255 safework.sa.gov.au
Western Australia WorkSafe WA 1300 307 877 worksafe.wa.gov.au
Australian Capital Territory WorkSafe ACT 02 6207 3000 worksafety.act.gov.au
Tasmania Workplace Standards TAS 1300 366 322 (Within Tasmania)03 6233 7657 (External) wst.tas.gov.au
Northern Territory NT WorkSafe 1800 019 115 worksafe.nt.gov.au
Commonwealth Comcare 1300 366 979 comcare.gov.au
Por otro lado, aquellos accidentes de trabajo producidos en el seno de la empresa deberán ser objeto de un análisis orientado a la determinación de las causas que lo motivaron. Esta responsabilidad recae sobre el empresario. Aun así, dependiendo de la gravedad del accidente de trabajo en cuestión, la delegación territorial de la Inspección de Trabajo puede exigir al empresario preservar la zona donde tuvo lugar el accidente para una mejor investigación de los hechos.
Por último, el empresario deberá velar por que los accidentes y enfermedades profesionales experimentados por alguno de los miembros de su plantilla o terceros que operen en su establecimiento son debidamente registrados. Este registro deberá conservarse por un tiempo que en ningún caso podrá ser inferior a los 5 años desde la fecha en la que el suceso tuvo lugar.
En Australia, la Fair Work Act de 2009 (Código de Trabajo) delega a cada estado miembro de la Confederación Australiana la Competencia Regulatoria para determinadas materias. Una de ellas es el trabajo de menores, las condiciones dependen del estado en el que se desarrolle el trabajo.
Cabe decir que, pese a las especificaciones que pueda haber entre territorios, la mayoría de ellos no disponen una edad mínima de trabajo. Aun así, sí que se imponen ciertas limitaciones en cuanto al tipo de trabajos que se pueden desarrollar, en función de la edad del menor. En Queensland, por ejemplo, se permiten algunos trabajos desde la temprana edad de 11 años. Otros Estados como Australia Capital Territory, North Territory, Victoria o South Australia imponen límites al trabajo de menores de 15 años de edad (la mayoría prohibiendo el empleo de menores en horario nocturno y para determinados trabajos).
En todos los territorios del país la edad considerada como de trabajador adulto es de 18 años, hasta la cual el joven trabajador no puede tomar decisiones ni devenir responsable por sus acciones en el trabajo.
En Australia, el empresario puede optar por distintas modalidades contractuales para las altas de personal que se produzcan en la empresa. Específicamente en cuanto a la duración del contrato, podrá optar por celebrarlo de forma indefinida o por duración determinada.
Las distintas modalidades contractuales vienen recogidas en el Capítulo 2 de la Fair Work Act, del 7 de abril del 2009.
Dicha Ley define a los trabajadores temporales con el término de “Casual Workers” (trabajadores ocasionales). A lo largo de sus disposiciones, define las características que deberán dotarse al empleo de los trabajadores contratados por un tiempo determinado, siendo las principales las siguientes:
• Puede ser empleado bajo un contrato temporal por un periodo que abarque hasta los 6 meses iniciales, prorrogables por 6 meses más.
• Si una vez pasados los 12 meses primeros del contrato la relación laboral continúa, el trabajador pasará legalmente a estar considerado como trabajador indefinido, con los beneficios adicionales que adquiera con motivo de la condición adquirida.
• El trabajador temporal no tiene horas garantizadas de trabajo: el empresario goza de un alto grado de flexibilidad a la hora de determinar su horario, pudiendo disponer horarios irregulares para el trabajador.
• El empresario está exento de la obligación de acarrear con el coste de la licencia por enfermedad.
• El trabajador temporal está legalmente capacitado para terminar la relación laboral sin previo aviso, a menos que el aviso sea requerido por un acuerdo de empresa, convenio colectivo u otro tipo de acuerdo que desarrolle tal disposición mínima.
• No tienen derecho a vacaciones anuales, salvo acuerdo de empresa o convenio colectivo que contemple tal derecho.
En contraprestación a la falta de derecho en cuanto a la licencia por enfermedad y vacaciones anuales, el trabajador temporal es compensado con una tasa mayor en su remuneración.
El ordenamiento jurídico de Australia otorga un nivel de protección especial al colectivo de mujeres embarazadas.
En primer lugar, la legislación laboral incluye la protección de la mujer en el trabajo mediante la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos: remuneración justa (mismo trabajo, mismo salario), cuidado de niños, lucha contra la discriminación por razones de sexo (es un derecho esencial protegido) y la prohibición contra el acoso sexual (incluida en la Sex Discrimination Act de 1984).
Esta Ley enumera una serie de supuestos por los cuales se considera que existe un trato discriminatorio y que están legalmente tipificados y sujetos a sanción para el empresario:
Extinción de un contrato laboral vigente con motivo del estado de embarazo.
No otorgar los permisos de baja maternal establecidos en la ley.
No adaptar el puesto de trabajo de la trabajadora embarazada, tanto a nivel organizativo (reducción de jornada, por ejemplo) como ergonómico.
Por otro lado, la Work Health and Safety Regulations, del 4 de noviembre de 2011, establece a lo largo de sus disposiciones legales menciones concretas en cuanto a la protección de la seguridad y salud de la mujer embarazada. De todos modos, la legislación australiana en materia de seguridad y salud laboral concibe la protección de este colectivo de trabajadoras dentro del concepto “general duty of care” (deber general de protección).
Aun así, a lo largo de las disposiciones de la mencionada regulación se exige al empresario proveer un nivel de protección adicional para este colectivo, dada su especial vulnerabilidad frente a determinados riesgos profesionales. Las principales en este sentido se concretan en las siguientes:
La eliminación o control de sustancias peligrosas, tales como productos químicos, metales, gases o riesgos biológicos que pueden afectar a la salud de la mujer embarazada, feto o recién nacido.
Eximir a las mujeres embarazadas de hacer actividad física de alto riesgo en su puesto de trabajo, como levantar objetos pesados, el tránsito constante mediante el uso de escaleras o permanecer largos periodos haciendo uso de escaleras manuales, escalas o elementos similares.
Proporcionar asientos adecuados a las trabajadoras embarazadas.
Permitir a la mujer embarazada ir al baño de forma regular a lo largo de su jornada laboral.
Evitar que la mujer embarazada trabaje en espacios exteriores durante largos periodos en los días calurosos.
Proporcionar una reubicación de puesto en el caso de que el que venía ocupando implique la exposición a altos niveles de plomo, radiación u otros riesgos susceptibles de afectar a su salud.
Por último, comentar que este colectivo de trabajadoras tiene otorgados una serie de derechos en cuanto a la suspensión del contrato de trabajo durante su periodo de embarazo y lactancia, así como a una prestación económica durante este periodo de tiempo. La regulación de estos aspectos viene establecida en la Workplace Regulations Act, de 1996 (División 6, Subapartado B).
En Australia, la protección en el empleo del colectivo de trabajadores con algún tipo de discapacidad viene recogida en la “Fair Work Act” de 2009 (Código de Trabajo de Australia). Esta Ley dispone la protección general contra la discriminación en el empleo, entre otros motivos por razón de raza, deficiencia psíquica o física y origen social, entre otros muchos aspectos.
Más específicamente, la “Disability Discrimination Act” de 1992 (Ley de Discriminación por discapacidad) establece legalmente la prohibición de discriminar a personas por razón de discapacidad en ámbitos de trabajo, el alojamiento, la educación, el acceso a los locales, los clubes y el deporte, y la provisión de bienes, instalaciones, servicios y terrenos.
Con relación al empleo, debemos remitirnos a la Parte 2, División 1 de la mencionada Ley, en la que se dispone la prohibición de discriminar a personas con algún tipo de discapacidad en los siguientes supuestos:
En el planteamiento de los requisitos que aplicarán a la selección de personal.
En la determinación de los candidatos al puesto de trabajo vacante.
En los términos contractuales que definirán la relación empresario-trabajador.
También se establece la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades para este colectivo de trabajadores en cuanto a las posibilidades de capacitación, traslado y promoción del trabajador, así como en las condiciones para el despido y, en general, la imposición de cualquier situación ventajosa o perjudicial para el trabajador.
En Australia, la Work Health and Safety Act de 2011 y las obligaciones atribuibles al empresario que de ella se derivan aplican también a los trabajadores autónomos.
El fundamento de este ámbito inclusivo también para la figura del trabajador por cuenta propia la encontramos en la definición que proporciona la norma sobre el término “person conducting a business or undertaking” (PCBU, persona que conduce un negocio o empresa). Dicha definición incluye a trabajadores por cuenta propia y resto de empresas, independientemente de su tamaño.
Por lo tanto, las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral atribuibles al empresario aplican también al trabajador por cuenta propia. Pueden consultarse dichas obligaciones y responsabilidades en el apartado 6 de la presente guía (Derechos y deberes del empresario).
La figura del trabajador por cuenta propia tiene particularidades específicas en materia de Fiscalidad y Seguridad Social. A modo de ejemplo, este colectivo no tiene cubierta la prestación por enfermedad, debiendo asegurar tal contingencia mediante la contratación de un seguro médico privado. Aun así, las primas de seguro de protección de ingresos suelen ser deducibles de impuestos, lo que ayuda a reducir el costo.
La Work Health and Safety Act (Ley de Seguridad y Salud) de 2011 establece la obligación del empresario (PCBU) de garantizar, en la medida de lo posible, que los trabajadores a su cargo no estén expuestos a los riesgos derivados de la disposición y características de las instalaciones en las que ejercen su actividad.
Esta obligación general viene desarrollada en la Work Health and Safety Regulations, del 4 de noviembre de 2011, específicamente en su División 2, Parte 3 del Capítulo 3. En el artículo 40 de dicha norma se establecen los requisitos generales que deberá cumplir el empresario en esta materia, siendo éstas:
La disposición del lugar de trabajo deberá permitir que los trabajadores puedan entrar y salir del lugar de trabajo, así como circular dentro de las instalaciones, de una forma segura tanto en situaciones normales de trabajo como en situaciones de emergencia.
Las áreas de trabajo deberán disponer de un espacio suficiente para que el trabajo que se desarrolle en ellas pueda ser llevado a cabo de forma segura.
El suelo y otras superficies de trabajo deberán estar diseñados, instalados y mantenidos de modo que permitan la realización del trabajo de forma segura.
Los niveles de iluminación existentes en el centro de trabajo deberán ser adecuados, pudiendo el trabajo y circulación de personas de forma segura, tanto en situaciones ordinarias de trabajo como en situaciones de emergencia.
Los locales de trabajo deberán estar dotados de sistemas de ventilación adecuados, permitiendo la realización del trabajo sin riesgos para la seguridad y salud.
Deberán desarrollarse las medias necesarias para que los empleados expuestos a condiciones de temperatura extrema (tanto calor como frío) no vean mermado su estado de salud por la exposición a dichos riesgos.
Realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los empleados que operan en las inmediaciones de fuentes de suministro tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado y red de telecomunicaciones.
En desarrollo a estas obligaciones de carácter general, el Código de Práctica “Managing the Work Environment and Facilities” (Gestión del ambiente laboral e instalaciones) establece los requisitos específicos para la aplicación de las obligaciones antes descritas. En concreto, dicho Código dispone los requisitos que deberán cumplirse en los centros de trabajo en cuanto a las siguientes materias:
Capítulo 2.1: Vías y accesos de entrada y salida.
Capítulo 2.2: Mantenimiento de las instalaciones.
Capítulo 2.3: Áreas de trabajo.
Capítulo 2.4: Suelos y otras superficies de trabajo.
Capítulo 2.5: Puestos de trabajo.
Capítulo 2.6: Niveles de iluminación.
Capítulo 2.7: Calidad del aire.
Capítulo 2.8: Niveles de temperatura en los centros de trabajo.
Adicionalmente, para los edificios de nueva construcción deberán respetarse las disposiciones contenidas en el National Construction Code of Australia (Código Nacional de Construcción de Australia).
Además de los requisitos anteriormente comentados en el apartado anterior, el empresario deberá dotar a los lugares de trabajo con los que cuente de las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de los trabajadores que en ellos operan.
Según lo establecido en el artículo 41 de la “Work Health and Safety Regulations” (Reglamento de Seguridad y Salud Laboral), del 4 de noviembre de 2011, el empresario deberá garantizar, en la medida en que sea razonablemente posible, la provisión de unas instalaciones adecuadas para los trabajadores, incluyendo aseos, agua potable, instalaciones de lavado y de la alimentación. Estas instalaciones deben estar en buen estado de funcionamiento, limpias y accesibles de forma segura.
A efectos de cumplir con esta obligación legal, el empresario deberá tener en cuenta una serie de elementos:
• La naturaleza del trabajo que se lleva a cabo en el lugar de trabajo.
• La naturaleza de los riesgos presentes en el lugar de trabajo.
• El tamaño, ubicación y naturaleza del lugar de trabajo.
• El número y la composición de los trabajadores en el lugar de trabajo.
Estos requisitos específicos vienen de igual modo definidos y desarrollados en el Código de Práctica “Managing the Work Environment and Facilities” (Gestión del ambiente laboral e instalaciones), aplicando a las materias siguientes:
• Capítulo 3.1: Acceso a instalaciones (salas de descanso e instalaciones similares).
• Capítulo 3.2: Suministro de agua potable.
• Capítulo 3.3: Lavabos.
• Capítulo 3.4: Aseos.
• Capítulo 3.5: Servicios de comedor.
• Capítulo 3.6: Almacenamiento de efectos personales (taquillas y similares).
• Capítulo 3.7: Vestuarios.
• Capítulo 3.8: Duchas.
En Australia, la “Work Health and Safety Regulations” (Reglamento de Seguridad y Salud Laboral), del 4 de noviembre de 2011, establece la obligación de disponer de un centro de trabajo cuyas condiciones materiales no supongan un riesgo para la integridad física y la salud de los trabajadores a su cargo.
En concreto, el artículo 40 de la mencionada norma dispone que el empresario es requerido a garantizar, entre otros aspectos, que la configuración de las instalaciones deberá garantizar una circulación segura a lo largo de sus dependencias, tanto en condiciones normales como en situaciones de emergencia, como puede ser un incendio.
A tales efectos, los pasillos y vías de evacuación deberán disponer de una anchura suficiente que permita la evacuación de los trabajadores en condiciones de seguridad. En este sentido, los pasillos y corredores deberán disponer de una anchura mínima de 60 centímetros, siempre y cuando esta distancia permita una evacuación adecuada (en función del volumen de la plantilla del centro).
En cuanto a las salidas de emergencia, deberán también disponer de una anchura suficiente para la evacuación de los trabajadores en condiciones de seguridad, abrirse siempre desde su interior y estar ubicadas sobre una superficie antideslizante.
La misma norma dispone que el empresario deberá poner a disposición de los trabajadores los medios necesarios para la prevención y protección frente al riesgo de incendio u otras situaciones de emergencia. Deberá proporcionar extintores portátiles, sistemas de detección temprana de incendios, detectores de humo, sistemas de respuesta automática (sprinklers, por ejemplo). El número y disposición de estos elementos variará en función de la magnitud de los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores con motivo del ejercicio de su actividad.
Por último, estas obligaciones generales en cuanto a la prevención y protección de incendios, así como los requisitos aplicables a los locales e instalaciones, son desarrolladas en la legislación específica aplicables en cada uno de los territorios que conforman el territorio nacional de Australia.
En Australia, la principal regulación en cuanto a los requisitos que deberán cumplir las instalaciones eléctricas a efectos de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, vienen establecidas en la Parte 7 del Capítulo 4 de la “Work Health and Safety Regulations” (Reglamento de Seguridad y Salud Laboral), del 4 de noviembre de 2011.
Este Reglamento define los equipos eléctricos como cualquier dispositivo, equipo, cable, conductor, ajuste, aislante, materiales…que se utiliza para controlar, generar, suministrar, transformar o transmitir electricidad. Asimismo, se definen las instalaciones eléctricas como un conjunto de ítems integrantes de los equipos eléctricos interconectados entre sí y alimentados mediante una fuente eléctrica.
El artículo 147 del Reglamento establece la obligación del empresario de gestionar los riesgos para la seguridad y salud asociados a la exposición a la energía eléctrica, debiendo para ello realizar un análisis sobre los riesgos asociados al diseño, construcción, instalación, protección, mantenimiento y testeos de los equipos e instalaciones eléctricas.
También se dispone la obligación de velar por el buen estado de los equipos e instalaciones eléctricas y, en caso de detectar alguna deficiencia, asegurar que el equipo o instalación:
Es debidamente desconectado y aislado de cualquier fuente de alimentación.
Una vez desconectado, velar porque el equipo no vuelve a ser conectado hasta su reparación y puesta a punto, o bien que es reemplazado o eliminado de forma permanente.
Por otro lado, los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser revisados e inspeccionados de forma periódica por un profesional competente, siendo ésta otra responsabilidad atribuida a la figura del empresario. En este sentido, deberán realizarse las mencionadas revisiones cuando:
El equipo o instalación está suministrado mediante una toma de corriente eléctrica.
El quipo o instalación se encuentra dentro de un entorno que, por sus características, expone al equipo a una reducción del tiempo de vida esperado del equipo en condiciones normales. Ejemplos: exposición a humedad, calor, vibraciones mecánicas, existencia de productos químicos corrosivos en el ambiente…etc.
El empresario deberá mantener registrados los resultados de las inspecciones realizadas a los equipos eléctricos con los que cuente. Este registro se hará en forma de etiqueta incorporada al equipo inspeccionado en cuestión, debiendo figurar la siguiente información:
Nombre de la persona que realizó la revisión.
Comprobaciones realizadas y resultados de la revisión.
Fecha de la próxima revisión.
El incumplimiento de estos requisitos relativos a las inspecciones y revisiones periódicas puede comportar una sanción para la empresa de hasta 18.000 dólares australianos.
Estos y otros requisitos relativos a las instalaciones y equipos eléctricos vienen recogidos en el Capítulo 4.7 del mencionado Reglamento.
La principal regulación relativa a la protección de la seguridad y salud laboral en espacios confinados viene determinada por la “Work Health and Safety Regulations” (Reglamento de Seguridad y Salud Laboral), del 4 de noviembre de 2011. Concretamente, las disposiciones legales en esta materia se encuentran en la Parte 3 del Capítulo 4 de la norma.
En este apartado se establece que el empresario deberá garantizar, en la medida de lo posible, que un trabajador no entre en un espacio confinado sin haber diseñado e implementado las medidas necesarias para evitar o controlar un riesgo para su Seguridad y Salud.
A efectos de evaluar los riesgos derivados de las operaciones desarrolladas en espacios confinados, el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:
Determinar si existe la posibilidad de que la operación sea llevada a cabo sin necesidad de que el trabajador esté dentro del espacio confinado, a fin de evitar el riesgo.
La naturaleza y disposición del espacio confinado.
Identificar posibles situaciones que pudieran producirse durante los trabajos y que fueran susceptibles de alterar los niveles de concentración en el aire de oxígeno o algún contaminante en el aire.
Determinar el tipo de trabajo que debe realizarse dentro de este espacio, plantear diversos procedimientos por los cuales las operaciones pueden llevarse a cabo y, en función de éstos, elegir el que menos expone al trabajador.
Procedimiento de emergencia y rescate del trabajador o trabajadores que estén operando en dicho espacio.
Además de estas obligaciones en materia preventiva aplicables a los trabajos en espacios confinados, existen otros requisitos de igual modo aplicables y dispuestos a lo largo del Reglamento, los cuales hacen referencia a:
La emisión de permisos de entrada en espacios confinados, sin los cuales ningún trabajador pude operar en ellos.
Señalización del área en la que se van a llevar a cabo los trabajos.
Comunicación y vigilancia de los trabajos.
Controles específicos en cuanto a contaminantes, líquidos y vapores inflamables, riesgo de incendio y explosión…etc.
Procedimientos de emergencia, los cuales deberán incluirlas directrices para el rescate de los trabajadores, en caso necesario.
Formación e información que deberán tener los trabajadores que lleven a cabo este tipo de operaciones.
Condiciones de registro en cuanto a la evaluación de riesgos y de los permisos de entrada emitidos.
En Australia, la “Work Health and Safety Regulations” (Reglamento de Seguridad y Salud Laboral), del 4 de noviembre de 2011 dispone las obligaciones generales atribuibles a la figura del empresario en relación a las atmósferas peligrosas en los lugares de trabajo. Esta regulación viene definida en la División 8 de la Parte 2 del Capítulo 3 del Reglamento.
Tal y como establece la norma, el empresario deberá gestionar los riesgos para los empleados que realicen su actividad profesional en este tipo de ambientes. Se entiende por atmósferas peligrosas aquéllas que:
Presentan un nivel de oxígeno inferior a los mínimos aceptables (18%).
La concentración de oxígeno en la atmósfera general riesgo de incendio y/o explosión.
La concentración de gases, vapores y polvo inflamables excede el 5% de los límites de exposición permisibles.
La presencia de material combustible está presente en una cantidad y modo que hace que hace que el ambiente de trabajo sea peligroso.
Dentro de esta categoría de atmósferas peligrosas encontramos las atmósferas explosivas. En su caso concreto, este tipo de ambientes de trabajo disponen de una regulación específica en Australia en cuanto a la gestión de la prevención que deberá ser en ellas aplicable, que ésta recogida en la Norma Australiana AS/NZS 60079.10.2:2011.
Esta regulación establece los criterios para la clasificación de áreas explosivas, gestión preventiva (incidiendo especialmente en la identificación y evaluación de fuentes de liberación explosiva), documentación que deberá ser objeto de registro, etc.
En Australia, la prescripción legal de los requisitos relativos a la protección de la seguridad y salud por los riesgos derivados del uso de máquinas y equipos de trabajo viene dispuesta en el Capítulo 5 de la “Work Health and Safety Regulations” (Reglamento de Seguridad y Salud Laboral), del 4 de noviembre de 2011.
En dicha norma se establecen los requisitos aplicables a los equipos de trabajo que deberán cumplir los diseñadores, fabricantes, importadores, proveedores y empresarios que instalen dichos equipos en sus respectivos centros de trabajo. En cuanto a estos últimos, están obligados a:
Identificar los peligros razonablemente previsibles que podrían dar lugar a un riesgo para la seguridad de los trabajadores que operen con dichos equipos.
Eliminar estos riesgos, en la medida en que esto sea posible.
En caso de que no sea posible la eliminación de riesgos, diseñar e implementar las medidas de control oportunas a efectos de minimizar los riesgos derivados de la instalación y uso de los equipos en el centro de trabajo, atendiendo a la jerarquía de control del riesgo.
Asegurar el mantenimiento de la eficacia de las medidas de control diseñadas e implementadas.
Revisar, y en caso necesario modificar, dichas medidas de control para asegurar que la plantilla expuesta está exenta de riesgos para su integridad física.
Asimismo, la persona o personas encargadas del control de los riesgos derivados del uso de los equipos de trabajo deberán:
En la medida en que sea posible, evitar alteraciones no autorizadas o interferencias con el funcionamiento del equipo.
Tomar todas las medidas razonables para asegurar que el equipo de trabajo sólo se utiliza para el fin para el que está diseñado, a menos que un profesional competente haya evaluado que el uso alternativo propuesto no aumenta el riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores.
Asegurar que todos los elementos de seguridad, dispositivos, protecciones, controles operacionales, paradas de emergencia y otros elementos se utilizan de acuerdo con las instrucciones y la información proporcionada por el fabricante.
Éstas y otras obligaciones son contenidas a lo largo de las disposiciones legales pertenecientes al Capítulo 5 de la “Work Health and Safety Regulations” (Reglamento de Seguridad y Salud Laboral), del 4 de noviembre de 2011.
Adicionalmente, la Safe Work Australia elaboró en 2013 el Código de Práctica “Managing risks of plant in the workplace” (Gestión de los riesgos derivados de la maquinaria en el lugar de trabajo). Este documento aporta contenido práctico sobre las acciones en materia de prevención de riesgos laborales que deberá llevar a cabo el empresario en relación a los riesgos derivados de los equipos de trabajo.
En Australia, la principal regulación en cuanto a la puesta a disposición y uso de los equipos de protección individual viene establecida en la “Work Health and Safety Regulations” del 4 de noviembre de 2011. Dentro de la norma, las disposiciones legales relativas a los EPIS se encuentran en los artículos 44, 45, 46 y 47 del Reglamento.
Tal y como se define en la norma, los equipos de protección individual que vayan a ser dispuestos en el lugar de trabajo deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Ser seleccionado para minimizar los riesgos para la salud y la seguridad.
Adecuado para la naturaleza de la obra y cualquier riesgo asociado con el trabajo.
De tamaño adecuado y con una forma que proporcione una comodidad razonable para la persona que lo lleva.
Mantenido, reparado o sustituido cuando sea necesario, de forma que se consiga minimizar el riesgo derivado del mal estado del EPI, al estar éste usado o desgastado.
En condiciones de limpieza e higiene adecuadas.
En buen estado de funcionamiento, cumpliendo con el cometido para el que fue diseñado.
La persona que conduce un negocio o empresa, o que dirige la realización de trabajos, debe velar, en la medida en que sea razonable y factible, porque los equipos de protección individual que se están utilizando por parte de sus empleados u otras personas presentes en el centro de trabajo están siendo debidamente utilizados y que, por lo tanto, se están minimizando los riesgos para la salud y la seguridad de la persona.
Por otro lado, el trabajador también tiene obligaciones en relación con el uso de los EPIS puestos a disposición por el empresario. En concreto, deberá atender a las sesiones de información, formación o instrucción organizadas por el empleador, tras los cuales, deviene obligado a ser capaz de hacer un buen uso de los equipos de protección otorgados.
El incumplimiento de estos requisitos puede ser susceptible de sanciones económicas, tanto para el empresario (hasta 30.000 dólares australianos) como para el trabajador (hasta 3.600 dólares australianos).
En Australia, las operaciones que por su naturaleza exijan la manipulación manual de cargas por parte de los trabajadores gozan de regulación, contenida ésta en el Capítulo 4, Parte 2, de la “Work Health and Safety Regulations” del 4 de noviembre de 2011.
Tal y como se establece en la norma, el empresario tiene la obligación de gestionar los riesgos para la seguridad y salud derivados de las operaciones que impliquen la manipulación manual de cargas.
Esta gestión preventiva deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta los elementos que intervienen en las operaciones de manipulación manual de cargas, y en concreto:
Posturas, movimientos, fuerzas y vibraciones que puedan darse con motivo de las tareas manuales.
Duración y frecuencia de las tareas que impliquen manipulación manual.
Condiciones ambientales presentes en el lugar de trabajo y que pudieran afectar negativamente a las tareas de manipulación manual.
El diseño del área de trabajo.
La disposición del lugar de trabajo.
Los sistemas de trabajo utilizados para la realización de las tareas.
La naturaleza, tamaño, peso y el número de personas que participan en la realización de las tareas manuales peligrosas.
Si bien en el Reglamento las obligaciones contenidas son de carácter general, la aplicación de estos requerimientos viene proporcionada en el Código Nacional de Prácticas para la Manipulación Manual [NOHSC:2005], del 1990.
El objeto de este Código de Prácticas es proporcionar asesoramiento en el cumplimiento de los requisitos de la norma anterior en cuanto a la gestión de la prevención ante este tipo de operaciones, a través de la identificación, evaluación y control de los riesgos derivados de la actividad de manipulación manual en los lugares de trabajo.
Dicho Código dispone que, en el caso de que se haya identificado y evaluado la manipulación manual de cargas como un riesgo, el empresario deberá proceder a implementar las siguientes medidas mínimas:
Rediseñar el puesto de trabajo a fin de evitar o controlar los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas.
Garantizar que los empleados reciben una adecuada formación en cuanto a las técnicas de manipulación manual de cargas.
Por otro lado, en aquellos casos en los que el rediseño del puesto de trabajo no sea viable, el empresario deberá:
Proporcionar medios mecánicos y/o los adecuados equipos de protección individual, así como organizar el trabajo de forma que la manipulación manual se haga de forma conjunta.
Asegurar que los empleados reciben una formación adecuada y suficiente sobre las técnicas de manipulación manual de cargas, así como en el correcto uso de medios mecánicos para la manipulación y transporte. También deberá formarse al personal sobre el adecuado uso de los equipos de protección individual.
En Australia, la regulación en cuanto a los requisitos ergonómicos que deberán cumplir los puestos de trabajo en los que se trabaje con pantallas de visualización de datos vienen definidos en el Australian Standard 3590 de 1990.
Esta norma se divide a su vez en 3 partes o subestándares, siendo éstas:
• Parte 1: Pantallas de visualización de datos.
• Parte 2: Mobiliario del puesto de trabajo
• Parte 3: Dispositivos de entrada
La más importante de las tres partes es la número 2, ya que dispone los requisitos aplicables en cuanto al diseño ergonómico de los puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos.
En Australia, las directrices generales en cuanto a la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores expuestos a agentes químicos vienen principalmente reguladas en la “Work Health and Safety Regulations” del 4 de noviembre de 2011 (Capítulo 7).
En dicho Capítulo se desarrollan las diversas obligaciones derivadas del uso, manipulación, transporte, fabricación…de productos químicos.
Incluye desde la obligación de registrar y comunicar los productos químicos presentes en los lugares de trabajo, la formación necesaria que el empresario debe aportar a los trabajadores/as que trabajen con ellos, obligaciones generales relativas a la gestión del riesgo y otros aspectos de igual modo aplicables.
Adicionalmente a las obligaciones contenidas en el Reglamento, el organismo Safe Work Australia ha ido confeccionando Códigos de Práctica (Codes of Practice) que desarrollan tales requerimientos y contribuyen a una mejor comprensión y aplicación de la norma por parte de los empresarios. Se enumeran algunos de los principales:
Código Modelo de Prácticas – Gestión de los riesgos de productos químicos peligrosos en el lugar de trabajo: Este modelo de Código de Prácticas ha sido desarrollado para proporcionar orientación práctica sobre la forma de gestionar los riesgos de salud y seguridad asociados con los productos químicos peligrosos, destinados a aquellas personas que llevan a cabo un negocio cuya actividad requiere del empleo de sustancias químicas en el lugar de trabajo. Este Código aplica a:
Sustancias, mezclas y materiales usados, manipulados, generados o almacenados en el lugar de trabajo que se definen como productos químicos peligrosos, en virtud del Reglamento de WHS.
La generación de sustancias químicas peligrosas provenientes de los procesos de trabajo.
Código Modelo de Prácticas – Etiquetado de productos químicos peligrosos del lugar de trabajo: Este modelo de Código de Prácticas ha sido desarrollado para proporcionar orientación práctica a las personas que llevan a cabo un negocio o empresa implicada en la fabricación, importación, suministro o utilización de productos químicos peligrosos en la forma de etiquetar correctamente los productos químicos peligrosos utilizados en el lugar de trabajo.
Código Modelo de Prácticas – Elaboración de fichas de datos de seguridad para productos químicos peligrosos: Este modelo de Código de Prácticas ha sido desarrollado para proporcionar orientación práctica sobre cómo preparar una hoja de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas que están siendo fabricadas o importadas para su uso, manipulación o almacenamiento en Australia. Se aplica a una persona que realiza un negocio o empresa implicada en la fabricación o importación de productos químicos peligrosos que se utilizarán, o razonablemente se podría esperar que se utilizará, en los lugares de trabajo.
En Australia, la protección de la seguridad y salud de los trabajadores expuestos a niveles de ruido viene regulada en la Parte 1 del Capítulo 4 de la “Work Health and Safety Regulations” del 4 de noviembre de 2011.
En el artículo 57, relativo a la gestión de la exposición al ruido, dispone que el empresario debe asegurar que los niveles de ruido al que sus trabajadores están expuestos no superan los valores límite de exposición.
Los valores a los que hace referencia el artículo 57 son los siguientes:
LAeq, 8h of 85 dB(A).
LC,peak of 140 dB(C).
También se establecen en el Reglamento los requisitos aplicables a las pruebas audiométricas y las obligaciones que deberán cumplir diseñadores, fabricantes, importadores y proveedores de maquinaria en referencia a la emisión de ruido.
A efectos de cumplir con esta obligación de carácter general, existen otras normas y Códigos de Práctica que contribuyen a su efectivo cumplimiento. En este sentido, se disponen los principales:
AS/NZS 1269.1:2005 Occupational noise management—Measurement and assessment of noise immission and exposure (Gestión del Ruido Ocupacional – Medición y evaluación de la inmisión del ruido y su exposición).
Código de Práctica: – Gestión de Ruido y Prevención de la pérdida de audición en el Trabajo: Este Código aplica a todos los tipos de trabajo y a todos los lugares de trabajo cubiertos por la Ley y el Reglamento WHS. Su desarrollo responde a la necesidad de proporcionar información práctica al empresario sobre cómo el ruido afecta a la audición, cómo identificar y evaluar la exposición al ruido y cómo controlar los riesgos para la salud y seguridad derivados de los niveles de ruido peligrosos.
Las sanciones administrativas por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas anteriormente descritas pueden adquirir una cuantía de hasta 30.000 dólares australianos.
Como parte de las obligaciones atribuidas al empresario, debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos. La regulación de tal requerimiento viene dispuesta en la “Work Health and Safety Regulations” del 4 de noviembre de 2011(Capítulo 3, Parte 2, División 7).
El empresario garantizará que ninguna persona presente en el lugar de trabajo está expuesta a una sustancia o mezcla cuyo nivel de concentración en el aire exceda la exposición estándar atribuida legalmente a dicha sustancia o mezcla.
Para ello, deberá organizar un seguimiento sobre los niveles de concentración de los agentes biológicos a los que puedan estar expuestos sus trabajadores. Asimismo, deberá velar por su efectiva realización. Este monitoreo deberá llevarse a cabo de forma periódica y siempre que se produzca alguna de estas circunstancias:
Existe una duda razonable de que los niveles de concentración de la sustancia o mezcla en el aire puedan estar excediendo los valores límites legalmente establecidos.
Cuando resulte necesario para determinar si existe una situación de riesgo para la seguridad salud de los trabajadores.
Los resultados obtenidos a raíz de estas revisiones deberán ser objeto de registro documental, debiéndose mantener la información por un periodo mínimo de 30 años a contar desde la fecha de la realización de las mediciones.
En Australia, las obligaciones en cuanto a la protección de la Seguridad y Salud en el trabajo con motivo de la exposición al amianto vienen principalmente reguladas en el Capítulo 8 de la “Work Health and Safety Regulations” del 4 de noviembre de 2011.
Como norma general, el empresario no podrá llevar a cabo una actividad en la que se genere exposición al amianto. Cualquier actividad que implique la fabricación, suministro, transporte, almacenamiento, eliminación, uso, manipulación o tratamiento del amianto está prohibida, bajo sanción que puede llegar a los 30.000 dólares australianos. Ahora bien, el mismo capítulo dispone una serie de actividades que suponen una excepción a la prohibición anteriormente mencionada.
El mismo Capítulo 8 dispone otras obligaciones, si bien generales, en cuanto al tratamiento preventivo del amianto, figurando entre ellas los requisitos en cuanto a la identificación de partículas de amianto (por parte de un profesional competente), toma de muestras, requisitos de registro, señalización de los peligros del amianto y la elaboración de un Plan de Gestión del Amianto.
Este documento deberá constar, como mínimo, de las siguientes partes:
Identificación del amianto: documentación de registro y modo del que dispone la empresa para el etiquetado de los materiales que lo contienen.
Decisiones tomadas y argumentadas sobre la gestión del amianto en el lugar de trabajo: medidas de control y procedimientos de trabajo diseñados para salvaguardar la salud de la plantilla expuesta.
Detalle de los procedimientos que se deberán adoptar en caso de incidente y situaciones de emergencia.
Relación de trabajadores que están expuestos al amianto. En este apartado deberán indicarse además qué responsabilidades ostenta cada uno de ellos en cuanto al tratamiento del amianto, así como la información y formación de la que disponen.
Estos y otros requisitos contenidos en el Capítulo 8 son complementados por algunos Códigos de Prácticas, los cuales contribuyen a una mejor comprensión de los requisitos legales y mayor facilidad para su efectivo cumplimiento. Los dos principales Códigos relativos a la Seguridad y Salud frente a los riesgos derivados de la exposición al amianto son:
Código de Prácticas – Cómo gestionar y controlar el asbesto en el lugar de trabajo: Este modelo de Código de Prácticas se ha desarrollado para proporcionar una guía práctica para las personas que llevan a cabo un negocio o empresa en la forma de gestionar los riesgos asociados con el material de asbesto y contienen asbesto (ACM) en el lugar de trabajo y con ello minimizar la incidencia de enfermedades relacionadas con el amianto, como el mesotelioma, asbestosis y cáncer de pulmón.
Código de Prácticas – Cómo eliminar con seguridad el asbesto: Este modelo de código de prácticas se ha desarrollado para proporcionar una guía práctica para las personas que llevan a cabo un negocio o empresa que tienen obligaciones en virtud de la Ley y el Reglamento de la WHS se aplican en una jurisdicción para eliminar de forma segura el amianto de todos los lugares de trabajo, incluyendo estructuras, maquinaria y equipo.
En Australia, la regulación específica en cuanto a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores expuestos a radiación ionizante viene definida en el Estándar Nacional de los límites de exposición ocupacional a la radiación ionizante [NOHSC: 1013 (1995)].
La Serie de Protección Radiológica es una publicación de la Protección contra la Radiación de Australia y de la Agencia de Seguridad Nuclear (ARPANSA) para promover prácticas que protejan la salud humana y el medio ambiente frente a los posibles efectos nocivos de la radiación.
Su cumplimiento deviene obligatorio en todos aquellos lugares de trabajo en el que se genere exposición a radiaciones ionizantes como consecuencia de la actividad que se desarrolla.
Además de la norma NOHSC: 1013 del 1995, el Código de Prácticas – Procesos de soldadura, proporciona una guía práctica para el empresario con la que poder gestionar los riesgos de salud y seguridad asociados con la soldadura. Este Código se aplica a todos los lugares de trabajo cubiertos bajo la Ley de WHS, sobre los procesos de soldadura que se llevan a cabo y para todas las personas involucradas en estas actividades.
A lo largo de las disposiciones legales contenidas en la “Work Health and Safety Regulations” del 4 de noviembre de 2011, se regula la protección de la Seguridad y Salud frente a riesgos propios de la ergonomía ocupacional, como pueden ser los derivados de la manipulación manual de cargas, posturas forzadas, acondicionamiento de espacios de trabajo, pantallas de visualización de datos, etc.
Por otro lado, la Safe Work Australia y otros organismos estatales han ido confeccionando Códigos de Práctica en los que se desarrollan de forma práctica las obligaciones contenidas en la normativa. Por citar algunos ejemplos:
Ergonomic principles and checklists for the selection of office furniture (Principios ergonómicos y listas de comprobación para la selección de mobiliario en oficinas).
Ergonomics for the control of sprains and strains in mining (Ergonomía para el control de esguinces y torceduras en el sector de la minería).
Otro documento relevante en materia de ergonomía laboral es la guía “Orientaciones sobre los Principios de Diseño Seguro para el Trabajo, de la Safe Work Australia.
El propósito de este documento es proporcionar una guía e información a las personas que estén directa o indirectamente involucradas con el diseño o modificación
de productos, edificios, estructuras y procesos utilizados para el trabajo. Se centra en los principios fundamentales de diseño seguro.
Indica los principios ergonómicos sobre los que deberá basarse la acción preventiva, teniendo en cuenta:
El trabajador/a y sus características: físicas, psicológicas y de comportamiento, capacidades, conocimientos y habilidades.
El ambiente de trabajo, el área de trabajo y el espacio, la iluminación, el ruido y el confort térmico.
El diseño del equipo y la interfaz con el usuario – incluyendo el ‘hardware’ necesario para realizar el trabajo y que incluye electrónica y equipos móviles, ropa de protección,
muebles y herramientas.
Organización del trabajo – incluyendo los patrones de trabajo, las fluctuaciones en la carga de trabajo, el momento de trabajo y la necesidad de comunicar e interactuar con los demás.
En Australia, los riesgos psicosociales son concebidos como una tipología más de riesgos profesionales, la prevención de los cuales debe ser gestionada de una forma adecuada para minimizar el efecto negativo que pudiera tener sobre la salud de la plantilla expuesta.
Tal y como dispone la Safe Work Australia en su base de datos, la principal fuente de riesgo psicosocial reportada, tanto por empresas como por trabajadores y su representación, la constituyen los riesgos asociados a la carga mental. En Australia, se aceptan reclamaciones de indemnización de los trabajadores causadas por el estrés mental. Este mecanismo se asigna a las reclamaciones cuando un empleado ha estado expuesto de forma prolongada a uno o más factores de riesgo ocasionadores del estrés, como pueden ser situaciones de acoso, eventos traumáticos, presión y ritmo de trabajo excesivos…
Las situaciones de “mobbing”, vienen definidas como el comportamiento repetitivo e irracional, dirigido por lo general hacia un trabajador y desde una posición superior (no necesariamente jerárquica) susceptible de suponer un riesgo para la salud y seguridad del trabajador afectado.
En la página web de la Safe Work Australia puede consultarse documentación relativa a la gestión de los riesgos psicosociales, como por ejemplo:
“Psychosocial Health And Safety And Bullying In Australian Workplaces” (Seguridad y Salud psicosocial y acoso en los lugares de trabajo de Australia).
“Guidance On The Management Of Psychosocial Risks In The Workplace” (Guía sobre la gestión de los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo).
A efectos de poder acceder a territorio australiano, la legislación del país en materia de migración establece una serie de requisitos de entrada, figurando entre ellos aquéllos correspondientes a las vacunaciones
Existen una serie de vacunaciones obligaciones y recomendadas para entrar en territorio australiano, siendo éstas:
Fiebre Amarilla: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad que lleguen a Australia dentro de los 6 días siguientes a una estancia de una o más noches en un país con alto riesgo de transmisión de la fiebre amarilla, excluyendo a las Islas Galápagos de Ecuador y la zona limítrofe de la provincia de Misiones en Argentina pero incluyendo Santo Tomé y Príncipe, Somalia y la República Unida de Tanzania.
Tétanos-Difteria: Todas las personas deben tener actualizada la inmunización frente a tétanos difteria. Esta vacuna se recomienda a todos los viajeros con independencia del viaje, por ser una enfermedad de distribución mundial. La vacuna se administra en cualquier servicio o centro sanitario.
Hepatitis A: Se recomienda la administración de esta vacuna, en el caso de que el ciudadano no haya pasado la enfermedad ni se haya vacunado anteriormente frente a esta enfermedad.
Desde el 31 de diciembre de 2002, España y Australia tienen firmado un Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social, que sigue vigente en la actualidad. Pueden beneficiarse de este acuerdo los trabajadores por cuenta ajena empleados por una empresa española que decide desplazarlos de forma temporal a Australia.
En cuanto a las prestaciones incluidas en el mencionado convenio, se encuentran:
Prestaciones económicas por incapacidad temporal en casos de enfermedad común o accidente no laboral.
Prestaciones económicas de maternidad y riesgo durante el embarazo.
Prestaciones de incapacidad permanente en casos de enfermedad común o accidente no laboral, de vejez y muerte y supervivencia.
En relación con Australia:
Pensión de apoyo por discapacidad para los gravemente discapacitados.
Pensión de esposa.
Pago por cuidado.
Pensiones abonables a las personas viudas.
Pensión de orfandad absoluta.
Cuantía adicional por hijo.
A efectos de que el trabajador pueda seguir vinculado al régimen español y tenga derecho a las prestaciones anteriormente mencionadas, el trabajador o su empresa deberá presentar en la oficina habitual de la Seguridad Social la siguiente documentación:
Formulario TA 300 «Solicitud de información sobre la legislación de Seguridad social aplicable».
Formulario E/AUS.1 «Certificado de legislación aplicable», cumplimentado en triplicado.
Por su parte, la oficina de la Dirección Provincial o Administración correspondiente, emitirá un certificado que acredite que el trabajador continúa sometido a la legislación española de Seguridad Social durante su desplazamiento en ese país, y en consecuencia, está exento de cotizar a la Seguridad Social australiana.
El periodo ordinario por el cual el convenio Bilateral en materia de Seguridad Social es de 5 años, con posible prórroga (si bien su duración no viene determinada en el acuerdo bilateral).
Australia presenta uno de los niveles de seguridad ciudadana más altos del mundo. Tal y como se apunta desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) de España, las condiciones de seguridad generales son buenas, especialmente en zonas urbanas o con cierta densidad de población.
Conviene tomar precauciones en algunas localidades como Cairns, Costa Dorada (Brisbane) o Sydney, donde siguen dándose robos y pequeños hurtos a los ciudadanos extranjeros.
Por otro lado, para viajar por zonas desérticas o parques nacionales del país, conviene tener en cuenta las particularidades de la ruta que se decide tomar. El paisaje de Australia es bastante desértico y a menudo estas rutas se realizan en grandes extensiones de tierra escasamente habitadas, por lo que puede no haber asistencia médica en las cercanías. Las labores de rescate, más frecuentes de lo deseado, también pueden ser dificultosas en el caso de extravío de turistas en estas zonas del país, más teniendo en cuenta las dificultades en cuanto a la cobertura de telefonía móvil en áreas remotas.
De todos modos, en caso de que se decida emprender alguna ruta en estas zonas, se recomienda que se haga en grupos organizados, siguiendo las indicaciones de las autoridades, respetando la escasa señalización y comunicando de antemano a las autoridades turísticas, locales o de policía los planes de ruta, así como notificar el regreso.
Detalle de zonas de riesgos en Australia
Zona de riesgo medio (visitas con ciertas precauciones): Zonas desérticas y boscosas. En algunas zonas del norte (Queensland, Territorios del Norte) hay que tener especial precaución en zonas de acampada, por la presencia de cocodrilos. Deben emplearse asimismo repelente contra picaduras de mosquitos, ante el riesgo de contraer la fiebre del dengue o la fiebre del Río Ross. En las playas de toda Australia conviene bañarse en zonas acotadas, debido a la presencia de tiburones y medusas.
En general, las condiciones sanitarias en Australia son buenas, así como la asistencia sanitaria dispensada por los servicios asistenciales del país.
Aun así, se recomienda encarecidamente la contratación de un seguro médico de viaje con un amplio paquete de cobertura. En este sentido, resulta especialmente importante que dicho seguro cubra los gastos derivados de una posible repatriación del trabajador con motivo de una emergencia médica.
Otro aspecto que deberá cubrir dicho seguro es la asistencia sanitaria en el país, puesto que ésta solo es de carácter gratuito para los ciudadanos nacionales. Conviene también que se informe al trabajador desplazado sobre la idoneidad de llevar dinero en efectivo antes de recibir tratamiento médico, ya que muchos centros hospitalarios privados suelen pedir el pago del servicio de forma previa al disfrute del mismo. Posteriormente, la compañía del seguro procede al reembolso de los gastos sanitarios del trabajador.
Dicho esto, y aunque los riesgos sanitarios en el país no son de especial magnitud, sí que conviene destacar el riesgo de contraer cáncer de piel con motivo de la exposición prolongada a los haces del sol. En este sentido, se recomienda el uso de protectores solares, sombreros y gafas de sol.
En cuanto a la entrada en el país de medicamentos, éstos deben ser declarados. Resulta conveniente llevar una carta del médico en el que se especifique la medicación que se debe tomar bajo prescripción facultativa. Las autoridades de migración de Australia son extremadamente estrictas con los productos y materiales que entran dentro de las fronteras del país, por lo que conviene atender a la recomendación anterior y evitar el riesgo de quedarse sin medicación.
Australia es un país muy rico en cuanto a riesgos derivados de la fuerza de la naturaleza. Los principales riesgos prevalentes en el país derivados de desastres naturales son la sequía, incendios forestales – y no forestales – inundaciones, ciclones y tsunamis.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación del Gobierno de España se proporciona información acerca de los riesgos naturales típicos del país australiano.
Sequía: Es sin duda el riesgo más prevalente en el país. Australia es uno de los países más secos del mundo. A excepción de la zona litoral y de algunas zonas excepcionales, el país se compone de un gran desierto prácticamente estéril. Cabe extremar las precauciones en cuanto a la hidratación del organismo en los meses de verano y, en caso de que decida aventurarse a los territorios del interior del país, asegurarse de que lleva consigo provisiones de agua suficientes.
Incendios forestales: Suponen un riesgo considerable en los meses estivales, especialmente en los Estados de Victoria, Australia Meridional, Australia Occidental y sur del Estado de Nueva Gales del Sur. La mayoría de ellos se origina por la acción humana (colillas de cigarrillo, objetos de vidrio abandonados…). Se recomienda al trabajador desplazado que evite este tipo de descuidos, los cuales pueden desencadenar en un serio peligro para su vida, además del deterioro ocasionado al medio ambiente.
Ciclones e inundaciones: son frecuentes en las zonas tropicales de Australia durante la temporada húmeda (septiembre-marzo). En los últimos años las inundaciones se han extendido hacia el sur, por lo que se recomienda consultar las predicciones meteorológicas en la página web oficial de la Oficina de Meteorología (http://www.bom.gov.au/) antes de viajar en las mencionadas fechas a los territorios de Queensland, Territorio del Norte y norte del Estado de Nueva Gales del Sur.
Tsunamis: Si bien la costa pacífica australiana no se ve afectada directamente por la actividad sísmica del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, sí que puede sufrir los efectos de tsunamis provocados por dicha actividad sísmica. Las autoridades australianas emiten a través del Joint Australian Tsunami Warning Centre (http://www.bom.gov.au/tsunami/) avisos y alarmas de tsunamis. Se recomienda en cualquier caso consultar las páginas web de los servicios de emergencia de los Estados que se prevea visitar, especialmente durante los períodos de mayor riesgo (tras la identificación de un movimiento sísmico identificado en alta mar).
El permiso de conducción español en Australia goza de validez, si bien ésta se limita a los 3 primeros meses de estancia, tras lo cual pierde toda validez en el país y el interesado deberá proceder a tramitar el canje del permiso español por el australiano.
Por otra parte, durante toda la estancia e incluyendo los 3 primeros meses mencionados anteriormente, el interesado deberá disponer además del permiso internacional de conducción, el cual se solicita en cualquiera de las delegaciones provinciales de la Dirección General de Tráfico, presentando la siguiente documentación:
• El impreso de solicitud (se puede descargar desde la página web de la DGT).
• El documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residencia.
• Una fotografía actualizada de 32 x 28 milímetros, en color.
• La acreditación del pago de la tasa correspondiente.
En cuanto a las normas y prácticas de conducción aplicables en el país australiano, lo más destacable es que, como país anglosajón, la conducción se lleva a cabo por el carril de la izquierda. Por ello, conviene que el conductor extreme las precauciones durante la conducción, especialmente en las zonas de cruce.
En Australia se conduce por la parte izquierda en las carreteras de doble sentido.
Australia es un territorio donde se dan condiciones meteorológicas extremas, por lo que algunos lugares pueden verse afectados por inundaciones y otros por incendios o ciclones.
El resto de normas de circulación no presentan variaciones de gran calado respecto a las normas de circulación de nuestro país. Eso sí, conviene respetarlas, ya que las autoridades de tráfico nacionales son muy estrictas con el cumplimiento del Código de Circulación de Australia.
En una situación de emergencia, se recomienda que se pongan en contacto con el Servicio de Emergencias de la Policía Estatal de Australia (SES, por sus siglas en inglés) o llame al 000.
Tradicionalmente, Australia ha estado poblada únicamente por personas de raza o etnia occidental. A partir de 1972, no obstante, se cambiaron las políticas de inmigración y la afluencia de ciudadanos extranjeros y de otras culturas empezó a aflorar en el país.
En la actualidad, Australia goza de una diversidad cultural importante, incorporando a su sociedad extranjeros procedentes principalmente de China, Japón y Vietnam.
Por otro lado, sigue existiendo un porcentaje de habitantes aborígenes del 2,2%, que experimenta tasas de desempleo y encarcelamiento por encima de la media. Este colectivo presenta, además, una esperanza de vida 17 años menor a la media existente en el país.
Estas significativas diferencias dentro de la sociedad australiana, motivadas en parte por la procedencia cultural y étnica de su población, siguen constituyendo un importante problema en la esfera política del territorio nacional.
En cuanto a la profesión de la fe, Australia es un país que carece de religión de Estado. Aun así, aproximadamente el 60% de los ciudadanos australianos se consideran cristianos. Entre las religiones no cristianas, destacan el budismo (2,5%), islam (2,2%), el hinduismo (1,3%) y el judaísmo, que no llega a suponer el 1% de la población del país.
Por otro lado, el idioma oficial de la Commonwealth de Australia es el inglés, idioma prácticamente hegemónico en el país. Tras el inglés, se habla el chino (2,1% de la población).
En cuanto a los horarios comerciales que se suelen seguir en el territorio, éstos son:
Bancos: De 09:30 a 16:00 horas de lunes a jueves, y viernes de 09:30 a 17:00 horas.
Comercios: En general, de 09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y de 09:00 a 16:00 horas los fines de semana. En Sídney, el horario de apertura se extiende hasta las 21:00 horas el jueves; en Canberra y Melbourne, el viernes.
Administración Pública: Habitualmente, de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.
Los días nacionales festivos son los que a continuación de listan:
Nacionales: Año Nuevo (1 enero),
Australia Day (26 enero),
Viernes Santo (variable),
Lunes de Pascua (variable),
Anzac Day (25 abril),
Cumpleaños de la Reina (variable, se fija todos los años en la primera quincena de junio),
Boxing Day (28 diciembre).
Además de estos días, que son respetados a lo largo de todo el territorio de la Commonwealth, cada estado tiene sus propios días festivos. Si una fiesta oficial coincide en sábado o domingo es habitual que se celebre el lunes siguiente. Las únicas excepciones son Australia Day y Anzac Day.
Antes de desplazarse a Australia, se recomienda registrar los datos de los trabajadores/as en el Registro de Viajeros informático del Ministerio de Exteriores para facilitar la atención en eventuales situaciones de emergencia o necesidad.
En cuanto al acceso al territorio nacional de la Commonwealth de Australia por parte de los ciudadanos extranjeros, cabe destacar que Australia es un país especialmente cuidadoso con sus fronteras. Los ciudadanos de todos los países del mundo (a excepción de los neozelandeses) necesitan algún tipo de visa para acceder al país.
Existen muchos tipos de visa, dependiendo de la duración de la estancia y el propósito de la visita de cada persona. De hecho, el sistema de visados es tan complejo que existe una sección en el Portal Oficial que ayuda a encontrar el tipo de visado idóneo para cada circunstancia personal: http://www.immi.gov.au/visawizard/
Los ciudadanos de la Unión Europea que quieran realizar viajes a Australia, de turismo o por razones de negocios, para estancias de menos de tres meses necesitan un eVisitor (Autorización Electrónica de Viaje). Se realiza por medio del sistema informático. No se necesita rellenar un formulario de solicitud, ni sellar, ni enviar el pasaporte.
El eVisitor permite entradas múltiples durante 12 meses con estancias máximas de 3 meses por visita. Para obtener un eVisitor por razones de turismo o negocios, se puede gestionar por medio de la agencia de viajes que tramita el billete de avión o enviando a la Embajada de Australia por correo o mensajero una fotocopia nítida de la página con los datos personales del pasaporte, una nota indicando el motivo y la duración del viaje y un sobre con franqueo o medio alternativo para devolver un comprobante del eVisitor.
Programa de Migración cualificada
Es el programa más utilizado (supone el 70% de los visados concedidos). Permite obtener visados de residencia a personas menores de 49 años, con dominio del inglés y que cuentan con una profesión demandada por la economía australiana. La concesión de visados a través de esta modalidad depende de la puntuación obtenida en un Sistema de Puntos para la Migración Cualificada. Los requisitos son:
• Profesión: La profesión del demandante debe estar incluida en la “Skilled Occupation List” (SOL), que contiene las profesiones que resultan de interés para el desarrollo económico del país. Además, el solicitante debe completar un proceso de revalidación profesional. Existen distintos Colegios y Profesionales encargados de evaluar estos procesos.
• Experiencia laboral: Se requiere una experiencia mínima de 12 meses en los dos últimos años. Esta experiencia profesional debe ser posterior a la graduación.
• Edad: El solicitante debe tener menos de 50 años para poder acceder al programa.
• Nivel de inglés: Intermedio-alto, acreditado a través del Examen International English Language Testing System (IELTS). El nivel de inglés mínimo requerido depende de la profesión. Conforme el nivel de inglés sea superior se obtienen más puntos en el Sistema de Puntos para Migración Calificada.
• Buen estado de salud (libre de enfermedades que impidan la tramitación del visado).
• Buena conducta (estar libre de antecedentes penales).
Este programa trata de dar acogida a aquellos solicitantes de visado que, cumpliendo los requisitos básicos, no alcanzaron la puntuación necesaria para acceder al visado de forma independiente.
Este programa lo impulsan las distintas regiones del país australiano, cada una de las cuales puede disponer de unas necesidades de capital humano diferentes respecto a la Administración central. Además, estos servicios regionales ofrecen servicio de apoyo al solicitante:
• Asistencia para la inserción laboral del inmigrante
• Asesoramiento para la elección del lugar de residencia y el alquiler o la compra de inmuebles.
• Contactos con la comunidad de la región de donde proviene el inmigrante.
• Alojamiento a bajo costo durante los primeros tres meses en edificios construidos por el Gobierno para los inmigrantes.
• Recepción a la llegada y transporte hasta su lugar de alojamiento.
En función de la duración de la estancia del inmigrante, estos programas de Migración Regional podrán ser de carácter permanente o temporal:
A) Programa de Migración Regional Permanente
Los extranjeros acogidos a este programa y con una residencia en el país (interrumpida o no) durante un periodo superior a 4 años tienen acceso a:
• La ciudadanía australiana
• Acceso al Medicare (sistema sanitario gubernamental).
• Educación primaria y secundaria gratuita.
• Aranceles preferenciales y créditos en universidades.
• Subsidios para la búsqueda de empleo, compra de vivienda
• Acceso gratuito a clases de inglés para inmigrantes.
Regiones australianas acogidas a este programa: South Australia, Western Australia, Victoria, New South Wales, Tasmania, Queensland, Australian Capital Territory y Northern Territory.
B) Programa de Migración Regional Temporal
Aunque el nombre del programa es “temporal”, el mismo es válido por un periodo de 3 años, exigiendo además una permanencia en las regiones adscritas al programa de 2 años dentro de este periodo. Una vez sobrepasados estos 2 años, el trabajador puede solicitar el visado de residencia permanente.
El tiempo transcurrido con visa temporal se considera en el cómputo aplicable al derecho de solicitud de ciudadanía australiana (4 años.)
Regiones australianas acogidas a este programa: South Australia, Tasmania y Northern Territory, y las Secciones Regionales del Estado de New South Wales), de Victoria y de Western.
Además del programa de Migración cualificada descrito anteriormente, el gobierno australiano cuenta con distintos tipos de visas temporales o permanentes de trabajo para hacer frente dos tipos de situaciones:
• Necesidad de mano de obra que no puede ser satisfecha por la ausencia de trabajadores cualificados en el país.
• Permitir trabajar a extranjeros por un periodo de tiempo determinado, sin necesidad de solicitar una visa de residencia permanente.
Esta visa proporciona una autorización de trabajo por una duración máxima de cuatro años. Para tramitarla, una empresa de Australia debe patrocinar al trabajador. Es el tipo de visado más indicado para transferencias de empleados entre filiales de una misma compañía o para cuando una empresa australiana decide contratar del exterior.
La duración de esta autorización coincide con la del contrato de trabajo y conlleva la concesión de permiso de trabajo al cónyuge; sin embargo, no implica el acceso al sistema de salud pública, por lo que se debe contratar una póliza privada de salud. Además, en muchos estados, los hijos deben pagar una tasa especial para estudiar en los colegios públicos.
La limitación de este tipo de visado es que el empresario debe justificar la imposibilidad de cubrir el puesto con empleados locales. Esto hace que los puestos de trabajo que pueden recibir una de estas visas sean considerados “trabajos cualificados”, para los cuales se han de demostrar tanto la formación como la experiencia laboral.
Es un tipo de visado creado para jóvenes menores de 31 años que viajen a Australia con fines vacacionales y que puedan, de forma limitada y ocasional, trabajar durante ese periodo.
Para solicitar este tipo de visado se requiere ser ciudadano de un país con el que Australia haya firmado un acuerdo en este sentido. Lamentablemente, España no consta en esta lista de países.
Visado de residencia permanente patrocinado por un empresario.
Otorga la posibilidad a una empresa asentada en Australia de patrocinar a un trabajador extranjero para su residencia permanente en el país. Existen dos vías:
• Que el trabajador haga una revalidación profesional ante el organismo correspondiente (similar al de migración calificada).
• Que lleve dos años trabajando en la empresa con un visado temporal.
Se contemplan distintas modalidades destinadas a personas que acuden al país a llevar a cabo una actividad específica que el gobierno australiano no considera estrictamente como trabajo: contratos de aprendizaje, estudiantes de intercambio, profesores universitarios, artistas y deportistas…