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Timestamp: 2018-02-20 23:14:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 86', 'artículo 234', 'artículo 86', 'artículo 71', 'artículo 36', 'artículo 31']

Sentencia t-446/14 - Página 2
Sentencia t-446/14
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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia mediante sentencia del dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece (2013), con fundamento en los mismos argumentos expuestos por la Sala de Casación Laboral.
La acción de tutela instaurada por la señora María Obdulia Zapata Hernández le plantea a la Corte Constitucional el siguiente problema jurídico:
2.1. ¿Vulneran las entidades accionadas (Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, Juzgado Catorce Laboral de Descongestión de Bogotá) los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, de una persona de sesenta y nueve (69) años de edad (María Obdulia Zapata Hernández), que no cuenta con una fuente de ingresos para suplir sus necesidades básicas, al no estudiar su solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez a partir de los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990, a pesar que la accionante es beneficiaria del régimen de transición pero no estuvo afiliada al ISS antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones?
Para resolver este problema jurídico, la Sala Primera de Revisión i) reiterará la jurisprudencia de esta Corporación sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y la aplicará al caso objeto de estudio; ii) estudiará la jurisprudencia constitucional sobre el alcance del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el principio de favorabilidad; y iii) se pronunciará sobre la posible vulneración del derecho al debido proceso de la señora María Obdulia Zapata Hernández.
La acción de tutela es un medio de protección de derechos fundamentales cuando “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (artículo 86, C.P.). Los jueces son autoridades públicas, y algunas de sus acciones toman la forma de providencias. Por lo tanto, de acuerdo con la Constitución, si con una providencia se amenazan o violan derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de los mismos. En la sentencia C-543 de 1992,15 la Corporación estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y las declaró inexequibles, por considerar que, tal como estaban formuladas, desconocían las reglas de competencia fijadas por la Constitución y afectaban el principio de seguridad jurídica. Esto ha conducido a algunas autoridades judiciales a interpretar que, en Colombia, ni la Constitución ni las leyes o los reglamentos, autorizan a los jueces para emitir un pronunciamiento de fondo sobre acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales.
La Sala advierte que una sentencia, como cualquier texto jurídico, está sujeta a diversas interpretaciones, algunas de ellas posiblemente incompatibles entre sí. Eso puede ocurrir también con la sentencia C-543 de 1992. Pero, asimismo, es necesario resaltar que en caso de discrepancias interpretativas en torno al sentido de las sentencias de la Corte Constitucional, quien tiene la competencia jurídica para interpretarlas con autoridad es la propia Corte Constitucional.16 Del mismo modo, quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema es la Corte Suprema (artículo 234, C.P.).
En consecuencia, la interpretación vinculante del sentido de la sentencia C-543 de 1992, es la que efectúa la Corte Constitucional por vía de autoridad en el control de las leyes. De ese modo, debe señalarse que –como lo ha sostenido la Corte Constitucional durante muchos años, en sentencias de control abstracto y en fallos de revisión de tutela– en la sentencia C-543 de 1992 no se adoptó una decisión sobre la improcedencia de la tutela contra providencias judiciales en términos absolutos. Por el contrario, en ella quedaron previstos casos en los cuales la acción de tutela puede prosperar para cuestionar actuaciones cuya juridicidad es apenas aparente pues implican, en realidad, una ‘vía de hecho’. Al respecto, dijo la Sala Plena en la referida sentencia:
Así lo ha mantenido la Sala Plena de la Corte Constitucional, por ejemplo, en las siguientes sentencias: C-037 de 1996,17 C-038 de 2000,18 SU-1184 de 2001,19 SU-159 de 200220 y, más adelante, en la sentencia C-590 de 2005.21 La misma posición ha sido reiterada por las diversas salas de revisión de tutela, por ejemplo, en las sentencias T-07922 y T-158 de 1993,23 en las cuales se estableció que por violación del derecho fundamental al debido proceso, debían ser privadas de efectos jurídicos las providencias judiciales que le ponían fin a procesos ordinarios. En esa misma dirección, en la sentencia T-173 de 1993, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, la Corte consideró que:
“la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respe­table de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.”
“[e]sta línea jurisprudencial se conoció inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, esta Corporación recientemente, con el propósito de superar una percepción restringida de esta figura que había permitido su asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial, sustituyó la expresión de vía de hecho por la de “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”24 que responde mejor a su realidad constitucional.25 La sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se está ante la acción de tutela contra providencias judiciales es más adecuado hablar de ‘causales genéricas de procedibilidad de la acción’, que de vía de hecho.26”27
Actualmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional exige la satisfacción de un haz de condiciones para conceder la tutela contra sentencias.28 En primer lugar, la acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de procedibilidad –o de procedibilidad general–, que le permitan al juez evaluar el fondo del asunto. Para verificar si están dadas esas condiciones, el juez de tutela debe preguntarse, en síntesis, si: (i) la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) han sido agotados todos los recursos o medios –ordinarios o extraordinarios– de defensa de los derechos, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario;29 (iii) se cumple el requisito de la inmediatez (es decir, si se solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación);30 (iv) en caso de tratarse de irregularidades procesales, que estas hayan tenido incidencia en la decisión que se impugna, salvo que de suyo atenten gravemente contra los derechos fundamentales; (v) el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si –de haber sido posible- lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso;31 y (vi) la sentencia impugnada no es de tutela.32
Sólo después de superados los requisitos –generales- de procedibilidad, el juez de tutela debe verificar si se configura alguna de las condiciones de prosperidad del amparo. En este plano, el juez debe evaluar si la providencia cuestionada incurrió en alguno de los defectos a que se ha referido la jurisprudencia constitucional como defectos sustantivo, fáctico, orgánico, procedimental, por error inducido, por desconocimiento del precedente, por falta de motivación o violación directa de la Constitución.33 Además, debe verificar si haber incurrido en alguno de esos defectos, supuso la violación de derechos fundamentales.
Con fundamento en lo anterior, debe analizarse en primer lugar si en el caso objeto de estudio se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, para posteriormente determinar si las decisiones acusadas de violar el derecho fundamental al debido proceso y la estabilidad laboral reforzada de la señora María Obdulia Zapata Hernández, incurrieron efectivamente en alguno de los defectos antes mencionados.
Análisis sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en el caso objeto de estudio. Reiteración de jurisprudencia.
El problema jurídico de la acción de tutela objeto de estudio tiene importancia constitucional, porque está relacionado con el derecho a la seguridad social y al mínimo vital de una persona de sesenta y nueve (69) años de edad, quien no cuenta con recursos ni con una fuente de ingresos que le permitan suplir sus necesidades básicas, y aunque acudió a la jurisdicción ordinaria, no obtuvo una respuesta favorable a sus intereses.
Agotamiento de recursos (Subsidiariedad).
Pese a que la accionante acudió a la justicia ordinaria para solicitar su derecho, la respuesta judicial no le fue favorable. Aunque su apoderado afirma que esta no interpuso el recurso extraordinario de casación porque “es una extrabajadora de servicios varios y su condición económica no le permite pagar un profesional del derecho. Entendiéndose que es un recurso de cuidadosa aplicación y atención que obliga al usuario poseer (sic) recursos suficientes para el pago de la presentación de la demanda por parte de un abogado experto”34.
La Corte Constitucional ha considerado en asuntos similares, que el deber de agotar los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial debe ser analizado en cada caso concreto, con el fin de determinar si los mismos resultan idóneos y eficaces.
Por ejemplo, en la sentencia T-007 de 2014 la Sala Segunda de Revisión estudió dos (2) acciones acumuladas, una de las cuales fue interpuesta por una persona a quien el juez laboral ordinario de segunda instancia le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes consagrada en el artículo 71 de la Ley 71 de 1988, porque durante su vida laboral trabajó en una entidad pública que no hizo aportes a ninguna caja o fondo de previsión social, y por lo tanto, consideró que ese tiempo no podía tenerse en cuenta para acreditar el cumplimiento de los requisitos del mencionado régimen pensional.
El actor no interpuso el recurso extraordinario de casación en contra de la mencionada decisión, sin embargo, la Sala de Revisión consideró que en ese caso concreto el mencionado recurso no era eficaz para garantizar la protección de los derechos del demandante, porque era una persona de sesenta y nueve (69) años de edad, que no contaba con una fuente de ingresos para sufragar sus necesidades básicas ni las de su familia, razones que la llevaron a concluir que exigir el agotamiento del recurso extraordinario de casación resultaba desproporcionalmente gravoso. Específicamente se señaló:
“En ese sentido, en los asuntos bajo estudio, si bien existe otro medio para la protección de los derechos invocados, en virtud de que la ley consagra el recurso extraordinario de casación para resolver las controversias en materia laboral, que surgen cuando se profiere una sentencia que niega el reconocimiento de un derecho pensional, la Sala encuentra que ese medio alternativo de defensa aunque es idóneo por la especificidad del tema, no resulta ser eficaz para garantizar la prevalencia de los derechos de los accionantes, dado que: (i) se trata de personas de avanzada edad, el señor Salgar Piñeros supera los 69 años de edad y el señor Mora Díaz tiene 63 años; (ii) que no cuentan con una fuente de ingresos que les permita sufragar sus necesidades básicas y las de su familia; (iii) y que por ello, el hecho de someterlos al trámite ordinario del recurso de casación, con la demora y complejidad propia de este, resultaría desproporcionalmente gravoso pues su edad les dificultaría el acceso a la vida laboral, afectando y disminuyendo su calidad de vida.”35
Los argumentos expuestos en la sentencia T-007 de 2014 llevan a la Sala de Revisión a concluir que la acción interpuesta por la señora María Obdulia Zapata Hernández cumple con el requisito de subsidiariedad, porque si bien la tutelante no interpuso el recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá el veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), este recurso no resultaba eficaz para la protección de los derechos de la actora, teniendo en cuenta su edad y sus condiciones económicas.
Es una persona de sesenta y nueve (69) años de edad, que durante su vida laboral se desempeñó como auxiliar de servicios generales y actualmente no cuenta con ingresos que le permitan subsistir en condiciones de dignidad. En tales circunstancias exigírsele la presentación de un recurso como el de casación se constituye en una carga desproporcionada.
Adicionalmente, en la sustentación de la impugnación del fallo de primera instancia, el apoderado de la accionante afirma que la cuantía de las pretensiones de la accionante no superaba los ciento veinte (120) salarios mínimos, razón por la cual no procedía el recurso extraordinario de casación. Por lo tanto, aunque no está claro que la afirmación del apoderado sea cierta,36 en aplicación del principio de favorabilidad, la Sala interpretará que, en este caso, la acción interpuesta por la señora María Obdulia Zapata Hernández cumple con este requisito de procedibilidad.
La Sala de Revisión considera que la acción de tutela interpuesta por la señora María Obdulia Zapata Hernández cumple con el requisito de la inmediatez, ya que fue interpuesta siete (7) meses después de que la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá profirió la sentencia que le negó el reconocimiento de la pensión de vejez, término que resulta razonable si se tiene en cuenta que se trata de una persona de avanzada edad, sin recursos para su sostenimiento, que pretende la protección de su derecho irrenunciable a la seguridad social.
Identificación de los hechos presuntamente constitutivos de una amenaza o violación de los derechos fundamentales y prohibición de interponer acción de tutela contra sentencias de tutela.
La accionante identificó los hechos que en su concepto constituyeron la vulneración de su derecho al debido proceso y a la seguridad social, sin hacer mención a la ocurrencia de irregularidades procesales. Asimismo, las providencias judiciales que presuntamente vulneraron sus derechos fundamentales no son sentencias de tutela como se desprende con claridad de los antecedentes expuestos en esta providencia.
Con fundamento en los argumentos expuestos, debe concluirse que la solicitud de amparo presentada por la señora María Obdulia Zapata Hernández cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Ahora bien, la tutelante argumenta que las providencias judiciales proferidas por la jurisdicción laboral ordinaria vulneraron su derecho al debido proceso, porque en estas no se aplicó el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ni los principios de condición más beneficiosa y favorabilidad en la interpretación de las normas jurídicas para la solución de su pretensión. En consecuencia, la Sala de Revisión se concentrará en hacer unos señalamientos sobre los defectos sustantivo y por desconocimiento directo de la Constitución, para posteriormente determinar la prosperidad de la solicitud de amparo.
Defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia.
Existe un defecto sustantivo en la decisión judicial, cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (b) es inconstitucional,37 (c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso.38 También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave error en la interpretación de la norma39 constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución.40
Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación41 que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial42 sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente;43 o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.44
Desconocimiento directo de la Constitución. Reiteración de jurisprudencia.
Este defecto fue concebido por la Corte, en algún momento inicial, como un defecto sustantivo. Por ejemplo, en el año dos mil (2000), al momento de dictar la sentencia SU-1722,45 cuando estudió diversas acciones de tutela contra providencias de la justicia penal, en las cuales se les agravó la pena a apelantes únicos bajo el pretexto de que concurrían el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, la Corte Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente prohíbe al superior funcional “agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único” (art. 31, C.P.), suponía un defecto sustantivo. En palabras de la Corporación:
“2.11. En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo, en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidentemente inaplicable. En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución” (Subrayas fuera del texto).
Del mismo modo, en la sentencia SU-159 de 2002,46 la Corte incluyó la violación directa de la Constitución como un ejemplo más de posibles defectos sustantivos en las providencias judiciales. Y justamente citó, para ilustrarlo, la sentencia SU-1722 de 2000, recién mencionada.47 Dijo la Corporación, específicamente, en la SU-159 de 2002:
“[l]a Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto48, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad,49 (iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional,50 (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional51 o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador” (Subrayas fuera del texto).52
Posteriormente, la Corte le empezó a conferir autonomía e independencia conceptual a este defecto. Por ejemplo, en la sentencia T-949 de 2003,53 al estudiar una tutela contra providencias expedidas en materia penal que habían condenado a una persona erróneamente, como resultado de una suplantación palmaria, esta Corporación reiteró lo dicho por la jurisprudencia en torno a los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y orgánico, pero mencionó otros defectos adicionales, entre los cuales incluyó el derivado del desconocimiento de una norma constitucional aplicable al caso:
“todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.” (Subrayas por fuera del texto).54
Finalmente, en la sentencia C-590 de 2005,55 al estudiar una acción pública contra la disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la acción de tutela contra los fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional incluyó definitivamente a la violación directa de un precepto constitucional en el conjunto de defectos autónomos que justifican la presentación de una tutela contra providencias judiciales. De ese modo, le confirió tanta autonomía como la que institucionalmente han tenido los defectos fáctico, sustantivo propiamente dicho, orgánico, procedimental, por consecuencia, por desconocimiento del precedente y por decidir sin motivación suficiente. Al hacerlo no modificó, por supuesto, el sentido específico que la jurisprudencia anterior le había atribuido, aunque sí la inicial importancia que al comienzo le reconoció.
En otras palabras, en la jurisprudencia se siguió sosteniendo que el desconocimiento de la Constitución es un defecto sustantivo. El cambio que se produjo fue sobre la valoración que inicialmente le confirió al defecto, ya que cuando se deja de aplicar una norma constitucional exigible en un caso concreto, ese desconocimiento merece un lugar especial en el conjunto de causales de prosperidad de la acción de tutela (art. 4°, C.P.). Este linaje del desconocimiento directo de la Constitución lo reconoció la Corte al decidir una tutela contra la providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la cual condenaba a un senador de la República. En dicho fallo, esta Corporación caracterizó este defecto como un desconocimiento expreso de las normas constitucionales:
“7.2.8. Violación directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto, debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.56