Source: https://www.scribd.com/document/113970376/Derechos-de-las-vi-ctimas
Timestamp: 2017-08-24 02:16:33
Document Index: 133453408

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 40', 'e contrario', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 20', 'Artículo 14', 'Artículo 8', 'Artículo 14', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 17', 'Artículo 16', 'Artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 1910', 'Artículo 177', 'Artículo 210', 'Artículo 211', 'Artículo 1910', 'Artículo 1912', 'Artículo 213', 'Artículo 334', 'Artículo 213', 'artículo 10']

Toda víctima de un delito tiene derechos y garantías, que en su conjunto deben proteger y garantizar su privacidad, seguridad, integridad física y psicológica, la administración de justicia y reparación del daño. El artículo 17 de la Constitución Mexicana establece que “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [¨…] Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.” En el artículo 20 constitucional se establecen los derechos de la víctima: I. Recibir asesoría jurídica; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica IV. Que se le repare el daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos; y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público. Este mismo artículo establece que los procesos penales “tendrá por objeto […] que los daños causados por el delito se reparen”. Asimismo es importante señalar el quinto punto de los derechos de la víctima, ya que esto hace referencia a las obligaciones que tienen los medios de resguardar la identidad y datos personales de la víctima. En México es una práctica común presentar a personas que fueron víctimas de un delito ante los medios de comunicación, dando a conocer su imagen y revelando datos personales como nombre, imagen, edad, sexo, historia, profesión, etc. Al publicar información sobre la victima los medios de comunicación están violando los derechos de privacidad. En el caso de menores no se debe de publicar ninguna información referente a ellos, solamente se puede hacer esto con el consentimiento de sus padres o tutores. En caso de publicar información sobre la víctima se debe considerar: si esa información es de interés
público, en caso de que no lo sea se debe evitar la publicación; si la información que se desea publicar identifica o señala a la víctima. -Menores de edad Los menores de edad son un grupo vulnerable, que merece especial atención por parte de los medios de comunicación. Los comunicadores deben procurar salvaguardar los derechos de los menores en cualquier trato de información que manejen. En la Convención sobre Derechos de los Niños (CDN) se reconocen los derechos de los menores de edad y su relación con los medios de comunicación, la libertad de expresión, y los derechos a la no discriminación. La CDN reconoce la función que tienen los medios de comunicación de los medios, por lo que se establece la obligación de los Estados a velar por los menores de edad tengan acceso a la información en los medios de comunicación y que en éstos se difunda material cuya finalidad sea promover el bienestar social, moral, físico y mental. Para cumplir esta obligación, la misma CDH establece, en el artículo 17, una serie de compromisos internacionales que solo se pueden cumplir en conjunto con los medios de comunicación (locales y nacionales; públicos y privados). Estos son: - Alentar a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo. - Promover la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales. - Alentar la producción y difusión de libros para niños. - Alentar a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena. Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar. Respecto a los derechos de la niñez es necesario mencionar el trato diferenciado que debe darse de acuerdo con las Obligaciones de los periodistas respecto a la justicia penal. Aparte del cuidado de los derechos inherentes a cualquier persona, los comunicadores tiene ciertas obligaciones que cumplir al manejar información relacionada con menores de edad, sin importar si estos fueron víctimas, testigos o perpetradores de un delito. a) Los menores de edad tienen derecho a desarrollar su vida con normalidad sin ninguna intrusión, molestia o inconveniente causado por los medios de comunicación. Si se va a publicar información que
refiere o involucra a un menor debe de ser de interés público y que no afecte al menor. b) Un menor de edad no debe de ser fotografiado o entrevistado sin el permiso de sus padres o tutores. c) Los estudiantes no deben de ser entrevistados, abordados o fotografiados sin el permiso de las autoridades de la escuela, los periodistas deben de analizar quién es la autoridad competente en cada caso para pedir permiso para fotografiar o entrevistar a un menor. d) No se debe de pagar a menores por información o materiales que vulnere su bienestar o el de otros. En caso de pagar a un menor por información se debe de hacer con: a) solamente si el pago es en bienestar del menor; b) el consentimiento de los padres, no obstante el periodista debe considerar si el ofrecer dinero hará que los padres exageren, una información o lucren con el menor. e) Los comunicadores no deben de utilizar la fama, notoriedad o posición de los padres o tutores como justificación para publicar detalles de la vida privada del menor. f) En el caso de que los menores sean víctimas o testigo de un crimen, en especial en casos de abuso sexual o trata de personas, los medios no deben publicar datos sobre el menor, aunque estén legalmente libres de hacerlo. Cuando un menor sea involucrado, de cualquier forma en un caso de abuso sexual no se debe hacer mención de la relación entre él, la víctima o causado. g) Cuando se publique material audio/visual en el que aparezcan menores de edad sin su consentimiento o el de sus padres o tutores, se debe distorsionar la imagen o el audio para que no sean identificados. h) Los comunicadores deben de considerar los posibles efectos que tenga, en el menor, la publicación de información o imágenes que los relacione. En el artículo 40 de la CDH se establecen las obligaciones de los Estados con respecto de los menores imputados de algún delito. Es de suma importancia el punto séptimo del principio. De acuerdo con este artículo a “todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: I) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; II) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa; III) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales; IV) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad; V) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impu-
esta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley; VI) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado; VII) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.” -Restricciones a la libertad de expresión Cualquier restricción a la libertad de expresión debe someterse a una prueba tripartita para comprobar que es una restricción válida y legítima: Que la restricción esté prevista en la ley. Que persiga el respeto a los derechos o reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral pública. Que la restricción deba ser necesaria para asegurar dicha meta. Si no pasa esta prueba, no es válido ni legítimo que sea restringida la libertad de expresión. ¿Qué no es libertad de expresión? Propaganda en favor de la guerra ni apologías del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Debido proceso y presunción de inocencia - Presunción de Inocencia La presunción de inocencia de personas imputadas y el debido proceso están establecidos en diferentes artículos internacionales y nacionales como: Declaración Universal de Derechos Humanos Artículo 10° Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11° 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Artículo 8° 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. En México el artículo 20 constitucional establece los derechos de las personas imputadas Derechos de toda persona imputada: se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez; a declarar o a guardar silencio. Esto último no podrá ser utilizado en su prejuicio. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe los hechos que se le imputan IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en
los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Los comunicadores deben de respetar la presunción de inocencia de cualquier detenido. No se puede establecer la culpabilidad de una persona si ésta no ha sido juzgada como tal por una autoridad facultada para ello. En México es muy común la práctica, por parte de las fuerzas de seguridad (policía estatal, federal, municipal o fuerzas armadas), de presentar a personas detenidas ante los medios de comunicación, esto es una violación al debido proceso y la presunción de inocencia de las personas presentadas. Es entendible que en muchos casos los periodistas dependen en gran medida de la información proveniente de las fuerzas de seguridad, no obstante eso no justifica que se reproduzcan las malas prácticas de la autoridad al dar por sentado que el detenido es culpable de los cargos que se le imputan. Se debe considerar si la persona es inocente y si se le están garantizando todos sus derechos como: no ser torturado para obtener una autoincriminación, disponer de un abogado, si se le informo de su derecho a no declarar. Este último punto suele fomentar la especulación sobre la culpabilidad, ya que si un detenido ejerce su derecho a no declarar se considera una afirmación de los cargos imputados. Los medios de comunicación no deben atribuir la culpabilidad a una persona detenida, si no fue sentenciado por un juez con competencia para hacerlo. Así mismo publicar imágenes y datos como nombre, domicilio, historia y/o profesión de una persona detenida es una violación a la privacidad y a la presunción de inocencia. En estos casos se recomienda no enfatizar la información en la persona detenida, sino en el hecho de que las autoridades realizaron una detención, de esta manera se evita una violación a los derechos del imputado. La información que se publique no debe de hacer referencia al establecimiento de posibles responsables o atribuir la autoría del delito a alguien. - Debido proceso El debido proceso refiere a la realización de un juicio, o cualquier procedimiento legal, en conformidad a lo establecido en el marco jurídico. El “debido proceso” está constituido, entre otras coas, por el conjunto de garantías procesales que aseguran el correcto desarrollo de un juicio o procedimiento legal. Por lo que el término “debido proceso” involucra la protección de todos los derechos inherente a todo ser humanos (derecho a la presunción de inocencia, a la privacidad, a la justicia, etc.) El artículo 20 constitucional, el artículo 8° de la convención Americana Sobre Derechos Humanos y el
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen los principios fundamentales que deben regir todo procedimiento penal. Estos son: -Principio de Publicidad Constitución Mexicana Art. 20 -“El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad”. Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art.8° - “El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 14 -“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente” Este principio dicta que los juicios han de ser públicos, es decir, que no se debe restringir el acceso a las personas para presenciar el procedimiento, esto con la finalidad de evitar la opacidad y la secrecía. Las razones por las que se podría restringir el acceso se establecen en el artículo 20 constitucional apartado B inciso V, los cales son: si se afecta, de manera directa, el derecho a la privacidad o la integridad física de algunos de los participantes en el juicio, cómo en los casos que involucran a menores de edad, en violaciones, o crimen organizado ; si se afecta la seguridad nacional o el orden público; cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos; o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas que justifiquen la secrecía. -Principio de inmediación “Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica.” Art. 20 Constitución Mexicana “Toda persona tiene derecho a ser oída […]por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.” Art.8° de la convención Americana Sobre Derechos Humanos “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley” Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 14 En todas las audiencias debe de haber un juez presente que sea imparcial, cuyos juicios han de ser en consonancia con la ley, que sea designado por el Estado. -Principio de Concentración “Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio.” Art. 20 Constitución Mexicana El juez o tribunal solamente considerará las pruebas que sean presentadas en las audiencias. -Principio de contradicción En el juicio se dará igualdad de circunstancias entre las partes involucradas, ambas deben estar presentes durante la audiencia. Este principio se basa en la equidad de las partes.
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Art. 20 Constitución Mexicana -Principio de continuidad y rapidez El juicio se debe de dar de manera continua y en un plazo razonable. Principios de Retroactividad de leyes y obtención de confesiones y pruebas Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 14 La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Art.8° de la convención Americana Sobre Derechos Humanos “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula” Art. 20 Constitución Mexicana “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.” Artículo 14 Constitución Mexicana La retroactividad de leyes refiere a que nadie puede ser juzgado por un acto que no estaba tipificado como delito en las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometió. Así mismo nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Las confesiones o pruebas que sean obtenidas por medios ilegales o violando los derechos fundamentales, como en el caso de la tortura, son nulificadas. En este sentido cuando en los medios se emiten opiniones favorables o desfavorables sobre un inculpado, víctima o sobre una sentencia se está violando el debido proceso y que solamente un juez es quien puede dictar la culpabilidad de una persona. En el momento en que las autoridades presentan a una persona detenida ante los medios y al dejarlos servir como interrogadores se está violando el debido proceso. En el momento en que los medios emiten opiniones sobre responsabilidades penales y/o víctimas están violentando el derecho al debido proceso. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 14 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. El artículo 20 constitucional establece los procedimientos y principios que se deben respetar en todo proceso penal.
Constitución Política de México Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Derecho a la privacidad y protección de datos “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”Art.12 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS ”Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” Artículo 17Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.” Artículo 16 Constitución Mexicana
la exposición al público. “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.” Artículo 6 Constitución Mexicana El derecho a la privacidad y a la protección de datos personales es uno de los más violentados, por las autoridades y los medios. La violación de este derecho afecta tanto a particulares como a víctimas o perpetradores de un delito. La publicación de nombres, direcciones, vínculos familiares, origen étnico, racial, estado de salud, etc. es una violación al derecho a la privacidad. Solamente la información personal que se considere de interés público debe de ser publicada, siempre respetando los derechos ajenos. Interés público La discusión de los asuntos humanos, de las relaciones personales y de los asuntos y acciones públicas es persistente en todas las sociedades, y fundamental para las sociedades democráticas. Estas discusiones versan sobre aquellos temas en torno a los que hay información en un grupo. Se llevan a cabo en todos los grupos, tanto el hombre común como el experto participan. Esta discusión utiliza los medios de comunicación y discursivos como el gesto, el texto verbal o impreso y la imagen, para ser expresada. La discusión de los temas conforman la opinión pública, y la discusión de diversos temas conforma la esfera pública. El público es un grupo de personas que se conforman alrededor de un tema, de una cuestión. Un público no es una entidad estática, cambia continuamente en su tamaño y su constitución. Por ello siempre ha de considerarse el contexto político, económico y social en el que surge el interés de un público por un tema. El tema o cuestión surge por una diversidad de motivos que pueden ser: 1) Por la suma agregada de interese sobre un tema, es decir, por el centro de atención o foco que produce el interés de un público sobre un tema o hecho específico. Ejemplo: la vida de una celebridad es un tema que atrae la atención de un sector específico de la población. 2) Por que una persona busca, por su propia iniciativa, exponer a un público cierto aspecto de su vida, que de otra manera serian privados. Formando así parte de la esfera pública y del interés público. 3) Porque un tema o hecho concierne o afecta a un público determinado, temas políticos que involucran a una población. Aquí no se limita solamente al interés por un tema, sino que se amplía por los efectos que tenga en la población. 4) Porque el tema o hecho que se trata versa sobre información pública gubernamental, es decir información que se encuentra en poder de los órganos del gobierno. Se considera figura pública a aquellas personas con proyección pública, ya sean funcionarios públicos o particulares. Una persona tiene proyección pública a causa de su actividad política, por la relación con algún suceso relevante para la sociedad, por su profesión o actividad que desempeña en la sociedad, por su importancia económica, por su relación social o política, y si por su propia iniciativa busca No obstante no toda la información sobre las figuras públicas puede considerarse de interés público, y por lo tanto no es apta para su divulgación. Solamente aquella información o hechos relacionados con el ámbito de exposición pública, de una persona, pueden ser considerados como de interés público. Elementos a considerar para la publicación de información 1.- El primer punto a considerar es si toda la información que se desea publicar puede valorarse como de interés público. El tema que se va a tratar puede ser de interés público, no obstante no toda la información que acompaña la idea principal lo es. - Correlación entre texto foto y/o video El poder y efecto inmediato que tiene los materiales audiovisuales es mucho mayor que el de un texto. Las imágenes en ocasiones funcionan como sustento o evidencia de la información que se publica en el texto, son un modo de “certificar la experiencia” . Los materiales audiovisuales aportan información y crean significados, a partir de un código, de un lenguaje, visual. Por ello es importante considerar qué relación hay entre la información en el texto y la información que proporcionan las imágenes. En algunos casos la información que se expone en el texto puede ser considerada de interés público, pero la información que se muestra en la imagen no. Considere: ¿Qué información proporciona el material audiovisual? ¿Esta información violenta los derechos del involucrado? ¿Qué información y qué factores relevantes aportan las imágenes que se desean publicar a la discusión del tema de interés público que se va a tratar? ¿La información que proporciona el texto y el material audio visual es de interés público? 2.- El segundo elemento refiere a las personas que afecta la posible publicación de la información. Al publicar una información se debe considerar a todos los posibles afectados e involucrados con la información. Esto nos permite prever cómo van a reaccionar ante la publicación y cómo debemos tratar la información para no violentar los derechos de las personas, y protegernos de cualquier futura agresión o demanda. Lo principal es valorar quiénes de los involucrados, si se consideran figuras públicas, y qué información es de interés público. Hay que preguntarse ¿quiénes son los involucrados?; ¿van a ser mencionados o identificados en el texto y/o imágenes?; ¿cómo se les va a mencionar o identificar?; ¿cómo les afecta y/o beneficia la información publicada? 3.- Es fundamental considerar la forma en que se obtuvo la información, documentos, audios y/o imágenes. La forma en que se consiguió el material define en cierta medida la legitimidad y legalidad que tenemos para hacer uso de él. Elementos a considerar: -Lugar en dónde se grabaron los materiales audio visuales. Obtener imágenes o audios en lugares públicos, no representa una violación a la privacidad. No obstante en los lugares privados existen limitantes, hay que revisar la legislación local para poder evaluar si el material obtenido constituye una violación.
-El medio bajo el que se obtuvo los documentos (fuentes, institución pública de acceso a info.). Es fundamental conocer las leyes que regulan el “secreto profesional del periodista”. Asimismo conocer la legislación vigente en materia de intervención en comunicaciones y filmación. El secreto profesional de los periodistas es el derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información, a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o jurídicas. Ley del Secreto Profesional del Periodista La Ley del Secreto Profesional del Periodista es de observancia obligatoria en todo el Distrito Federal y protege a todo periodista en los términos siguientes: Artículo 3.- El periodista y el colaborador periodístico tiene el derecho de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva. El deber del secreto afecta igualmente a cualquier otro periodista, responsable editorial o colaborador del periodista, que hubiera podido conocer indirectamente y como consecuencia de su trabajo profesional la identidad de la fuente reservada. Artículo 4.- El secreto profesional establecido en la presente ley comprende: I. Que el periodista o el colaborador periodístico al ser citado para que comparezca como testigo en procesos jurisdiccionales del orden penal, civil, administrativo o en cualquier otro seguido en forma de juicio, puede reservarse la revelación de sus fuentes de información; y a petición de la autoridad ampliar la información consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje periodístico; II. Que el periodista o el colaborador periodístico no sea requerido por las autoridades judiciales o administrativas, para informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística; III. Que las notas de apuntes, equipo de grabación y de cómputo, directorios, registros telefónicos, así como los archivos personales y profesionales que pudieran llevar a la identificación de la o las fuentes de información del periodista o del colaborador periodístico, no sean objeto de inspección ni aseguramiento por autoridades administrativas o jurisdiccionales, para ese fin, y IV. Que el periodista o el colaborador periodístico no sea sujeto a inspección de sus datos personales relacionados con su quehacer periodístico, por autoridades administrativas o jurisdicciones, con el propósito de obtener la identificación de la o las fuentes de información. Cabe destacar que NO EXISTE LEY FEDERAL EN CONTRARIO En México existe la prohibición a la intervención de comunicaciones privadas y la difusión de estas. El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones está establecido como una garantía formal, es decir, que las comunicaciones están protegidas independientemente de su contenido. De esta forma toda comunicación queda protegida, de ser intervenida sin una orden judicial, sin importar su contenido. No se vulnera este derecho cuando los interlocutores revelan el contenido de una comunicación. Solamente cuando un tercero no involucrado en la comunicación interviene las comunicaciones privadas de otros, sin la aprobación jurídica necesaria, se está cometiendo un delito.
A pesar de que la ley no específica sí es necesario contar con el consentimiento del interlocutor para grabar una comunicación, es recomendable contar con la autorización de nuestro interlocutor para grabar una comunicación; ya que grabar una conversación de manera oculta, sin informar le a los interlocutores, es considerado una pena civil (Artículo 1910 y 1912 del Código Civil). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 16. (párrafos 12 y 13) … Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Código Penal Federal -Título quinto. Delitos en materia de vías de comunicación y correspondencia. CAPITULO II. Violación de correspondencia Artículo 177. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. -Título noveno. Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. CAPITULO I. Revelación de secretos Artículo 210.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Artículo 211 Bis.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. Código Civil Federal Artículo 1910.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Artículo 1912.- Cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obligación de indemnizarlo
si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho. Código Penal para el Distrito Federal -Título décimo tercero. Inviolabilidad del secreto. Capítulo II. Revelación de secretos Artículo 213. Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrán prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a cien días multa. Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de carácter científico o tecnológico, la prisión se aumentara en una mitad y se le suspenderá de seis meses a tres años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio. Cuando el agente sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e inhabilitación de seis meses a tres años -Título vigésimo tercero. Delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de las vías de comunicación y de los medios de transporte. Capítulo IV Violación de la comunicación privada Artículo 334. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a mil días multa. A quien revele, divulgue, utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le impondrán de tres a doce años de prisión y de doscientos a mil días multa. Artículo 213 (revelación de información obtenida en una intervención de comunicación privada, sanción de 6 meses a 2 años de prisión) en relación con el art. 334 (intervención de comunicaciones privadas, sanción de 2 a 8 años de prisión) del Código Penal para el Distrito Federal. Se protegen correos obtenidos legítimamente siempre que su revelación sea por alguna de las intervinientes (art. 16 CPEUM) Sobre la defensa de interés público o cualquier otro en la divulgación de comunicaciones: Respecto a la defensa al interés público su defensa sería a través del amparo (ejercicio del derecho a la libertad de expresión en términos de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la defensa de derechos como el de interés público y defensa de la verdad o de reproducción fiel de la información citando la fuente, entre otras), aunque eventualmente podría desvirtuarse en el Proceso Penal (la tipicidad, antijuricidad e incluso la culpabilidad) En cuanto a datos personales, aplica el artículo 10 de la “Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares”, siempre que “exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes”.
Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión Principio 8 Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales; Principio 13 […Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. Ejemplos y Casos: Los siguientes ejemplos son tomados de casos reales en los que los periodistas se han visto obligados a justificar, ante instancias jurídicas, el por qué consideraron correcto publicar determinada información. 1.-En el Reino Unido un alto funcionario del sistema educativo menciona que la educación pública es mejor que la privada en, no obstante se descubrió que sus hijos asistían a un colegio privado. En este caso la información es de interés público ya que se trata de un funcionario (persona de interés público), que declaró sobre un tema de interés público (educación pública), y cuya forma de actuar contrasta con su declaración (hijos inscritos en escuela privada). En este ejemplo sería correcto publicar la información sobre el hecho que los hijos de un funcionario atienden a una escuela privada; no obstante si se publican el nombre de los hijos o de las escuelas a las que asisten se está violentando el derecho a la privacidad. Dado que en este caso el interés público subyace en el contraste de las declaraciones con los hechos, la información sobre el nombre de los hijos, de la escuela, así como la locación de ésta no son información de interés público. 2) Un periódico Británico publicó una historia, con imágenes, sobre las actividades sexuales de un alto funcionario de una organización deportiva internacional. En la publicación se muestra al funcionario vestido de nazi teniendo relaciones con prostitutas. Las imágenes se obtuvieron sin el consentimiento del funcionario. La publicación de imágenes y datos de figuras públicas contribuye a la variedad de información disponible al público sobre dichas personas; si bien por lo general las publicaciones tienen como finalidad el entretenimiento, esto no minimiza de manera alguna su relevancia e importancia para el interés público. 3) Un periódico austriaco publicó información sobre un empresario armamentista. En la publicación se menciona la investigación a la que está sujeto el empresario por evasión fiscal. Asimismo se publican imágenes del empresario, el cual es conocido por ser una persona más bien tímida que rehúye a la publicidad y que no es conocida por el público en general. La publicación de imágenes y documentos sobre el empresario no violenta el derecho a la privacidad en tanto que éste es una figura pública, por la relevancia que tiene su actividad en la sociedad, y a pesar de su negativa de mostrarse en público. También el tema de la publicación, la investigación sobre la evasión fiscal de un magnate armamentista, es un tema de interés público.
4) Dos periodistas fueron demandados por publicar artículos en los que mención la existencia de un niño producto de la relación entre el entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, y una diputada. El artículo estaba acompañado por cinco fotografías en las que aparece el menor con su padre. Los demandados fueron condenados en materia civil por las cortes Argentinas, por una supuesta violación al derecho a la privacidad del Sr. Menen. No obstante la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que hubo una violación del derecho a la libertad de expresión de los periodistas. Sin lugar a dudas el Sr. Menen es una de las principales figuras públicas en Argentina. Las fotografías fueron tomadas en consentimiento del mandatario y los periodistas obtuvieron a través de la Oficina de Prensa de la Presidencia. Por lo anterior se comprende que no hubo una violación a la privacidad ya que las imágenes se obtuvieron a través de una institución pública.
Documents Similar To Derechos de las víctimas
Nueva Constitucion en Querellante Por Sucesion