Source: https://es.scribd.com/doc/9919056/69/Disposiciones-de-derecho-interno
Timestamp: 2016-05-01 06:30:20
Document Index: 187855325

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 8', 'Artículo 12', 'Artículo 1', 'Artículo\n23', 'Artículo 2', 'Artículo 36', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 46', 'Artículo 3']

Disposiciones de derecho interno for Manejo Cadaveres CATASTROFES
Las autoridades tienen un interés fundamental en el manejo de cadáveres, el que
se traduce en una serie de deberes que se enumeran a continuación:
NEl Estado tiene la obligación de organizar la defensa civil como una forma de
protección ciudadana. En tal sentido, tiene a su cargo, a través de las autorida-
des que designe para el manejo de las emergencias, lo referido a la prevención
de desastres, operaciones de rescate, socorro, rehabilitación y reconstrucción.
En este marco, inmediatamente luego de sucedido un desastre, las prioridades
de las autoridades son: en primer lugar, el rescate y la atención de los sobrevi-
vientes; en segundo lugar, la rehabilitación y el mantenimiento de los servicios
básicos y, finalmente, la recuperación y el manejo de los cadáveres.
NComo se expresara, existe legislación y una práctica interna de los estados
respecto a identificar y disponer de los cadáveres. Todos los estados cuentan
con departamentos de medicina legal o forense encargados de la identifica-
ción y la autopsia y están a cargo de la custodia de los cadáveres hasta que
sean transferidos a los cementerios.
NEl Estado tiene un claro deber de policía sanitaria que ejerce al regular todo
lo relativo al funcionamiento de los cementerios, inhumaciones, exhumacio-
nes y otras cuestiones relacionadas. Asimismo, legisla sobre el traslado den-
tro del país e internacional de cadáveres, el que se realiza bajo el control
estricto de las autoridades sanitarias.
NEs también responsabilidad del Estado establecer normas y controlar lo refe-
rente a los certificados de defunción y a la inscripción de los mismos, organi-
zando y administrando los registros de estado civil de las personas como una
forma de evitar fraudes.
NExiste un respeto a la integridad de los cadáveres que los Estados protegen a
través de diversas normas. Así, los códigos penales de la región sancionan
como figuras delictivas a la profanación de tumbas, cadáveres o cenizas y, en
algunos casos, las interrupciones de los funerales y la necrofilia11
. El bien jurí-
dico que pretenden proteger varía en los distintos cuerpos legales siendo con-
siderados delitos contra la libertad religiosa, la libertad de cultos, contra el
estado civil de las personas e, incluso, como es el caso de Puerto Rico, contra
el respeto debido a los muertos.
NEn el mismo sentido, varias normas de la región sobre trasplante de órganos
al referirse a la extracción de órganos de donantes cadavéricos disponen que
el cadáver debe recibir un tratamiento respetuoso y digno y que se debe res-
petar la integridad corporal del cadáver no identificado al que se le han ex-
traído órganos12
NEl Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos fundamentales
consagrados en las constituciones de los estados, como es el derecho a la inte-
gridad física y moral de las personas13
, la libertad religiosa14
y el respeto a las
costumbres de los pueblos indígenas15
. Ellos pueden verse lesionados si las
autoridades a cargo del manejo de la emergencia se niegan a rescatar los cadá-
veres, no los recogen en forma adecuada, si no toman los recaudos necesarios
para identificarlos y si los inhuman transgrediendo sus ritos religiosos y cre-
encias culturales.
Conforme a lo expresado, tal obrar puede justificar el derecho de los familiares o
personas con un interés legítimo en que se esclarezca la desaparición, de interponer
acciones judiciales de reparación de daños y perjuicios. El daño material se configu-
ra cuando los familiares o interesados se ven imposibilitados a acceder a los activos
familiares, a cobrar seguros y a acceder a los bienes del difunto, lo cual depende de
largos procesos de declaración de muerte presunta. El daño moral o psicológico deri-
11Por ejemplo, Código Penal de Puerto Rico, en el título delitos contra la familia, en la sección titulada del derecho debido a los
muertos, en los artículos 140 y 141, tipifica los delitos de profanación de cadáveres o cenizas, del lugar donde yacen los muertos
e interrupción de funeral. En el mismo sentido, el Código Penal de Venezuela en los artículos 171, 172 y 173, bajo los delitos con-
tra la libertad de cultos. El Código Penal de Nicaragua incluye la violación de tumbas y la profanación de cadáveres entre los deli-
tos que afectan al estado civil de las personas en su Capítulo V. El Código Penal de Uruguay en los artículos 307 a 309 y bajo los
delitos contra la libertad de culto y el sentimiento religioso, habla de los delitos de vilipendio de cadáveres o cenizas, de sepul-
cros, urnas o hurto de cadáveres. Los Códigos Penales de diversos Estados Mexicanos, sancionan la profanación de tumbas con
actos de necrofilia como el del Estado de Aguas Calientes y de Baja California.
12Por ejemplo, Argentina: Ley 24.193 de 1993, artículo 25 y Uruguay: Ley 14.005, artículo 8.
13En forma expresa lo consagran el Artículo 12 de la Constitución de Bolivia, el Artículo 1 de la Constitución de Chile, el Artículo
23 de la Constitución de Ecuador, el Artículo 2 de la Constitución de Perú, el Artículo 36 de la Constitución de Nicaragua, el
Artículo 4 de la Constitución de Paraguay, el Artículo 8 de la Constitución de República Dominicana y el Artículo 46 de la
Constitución de Venezuela. En forma tácita, el derecho a la integridad no puede deslindarse del derecho a la vida, entendido éste
no como el derecho a la existencia sino como el derecho a no sufrir menoscabos en alguna de sus manifestaciones fundamenta-
les. Por ejemplo, la Constitución de Colombia no consagra expresamente el derecho a la integridad personal, pero la Corte
Constitucional ha declarado (Fallo T-584/98) que el derecho a la vida comporta como extensión el derecho a la integridad física
y moral así como el derecho a la salud.
14Libertad de conciencia y religión: Artículo 3 de la Constitución de Bolivia, 19 de la Constitución de Chile, 18 y 19 de la
Constitución de Colombia, 23 de la Constitución de Ecuador, 2 de la Constitución de Perú y 59 y 61 de la Constitución de
15La protección de los pueblos o comunidades indígenas está contemplada por los países de la región a través de normas protecto-
ras específicas.
va de varios aspectos enumerados en detalle en el capítulo 5y basados fundamental-
mente en la incertidumbre sobre la muerte efectiva y la imposibilidad de los deudos
de sepultar a sus seres queridos, lo que dificulta y retarda el proceso de duelo.
Respecto a la inhumación de restos en fosas comunes, cabe afirmar que la misma
dificulta enormemente el proceso de identificación que pasa a ser objeto de un tra-
bajo antropológico forense mucho más costoso y complicado. Además, esta práctica,
al igual que la cremación de cadáveres, atenta contra las tradiciones arraigadas en la
sociedad sobre el respeto debido a los muertos y suelen estar en desacuerdo con los
ritos religiosos y las normas culturales señaladas en el capítulo 4. Ello causa daño
sicológico a los deudos que puede ser reparado jurídicamente.
Desde el punto de vista preventivo y conforme a lo que cada ordenamiento jurí-
dico disponga, se podrían interponer simples denuncias o acciones de amparos o tute-
las con el fin de obligar a las autoridades a obrar apropiadamente ante la posibilidad
de que se transgredan derechos fundamentales consagrados en las constituciones de
Araíz del accidente del avión Fokker F-28 de la empresa TANS que se
estrelló contra el cerro Coloque en enero de 2003, cerca de la ciudad de
Chachapoyas en Perú, los familiares de los fallecidos denunciaron la supuesta
actuación “dolosa y criminal” del personal de la Fuerza Aérea y militares al
esconder información sobre las posibilidades reales de lograr un mejor rescate
de los restos de sus familiares. Conforme a lo que los deudos manifestaron a la
prensa, se “escondió toda información real y cínicamente mintieron sobre la
posibilidad logística aérea y terrestre para rescatar los cuerpos de las víctimas
y, más aún, negaron la existencia de restos humanos esparcidos en la misma
zona". La denuncia se hizo luego de que el gobierno anunciara que el rescate
era imposible porque los cuerpos se habían desintegrado y los familiares, que
alquilaron medios para sobrevolar el área, confirmaran la presencia de restos
humanos. (Información periodística tomada de El Expreso, La República, Ojo,
Liberación, Pura Verdad y La Razón, Perú, 17 de enero de 2003 y del Diario La
Razón del 18 de enero de 2002). Ello es un claro ejemplo de la presión que los
familiares pueden ejercer a través de denuncias con el fin de que las autorida-
des procedan apropiadamente en el manejo de cadáveres.
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