Source: https://www.scribd.com/document/115426657/REFORMA-CONSTITUCIONAL-DE-LA-PENA-DE-MUERTE
Timestamp: 2018-12-17 00:11:37
Document Index: 129084721

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 54', 'artículo 235', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 77', 'artículo 110', 'artículo 5']

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Algunos apuntes sobre la reforma del art. 140 de la Constitución Política del Perú de 1993.
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Autor: Henrry A. Paredes Sánchez1 Cuando hablamos de reforma constitucional nos referimos a un especial proceso de creación legislativa, realizada por el poder constituido, el Congreso, para la modificación de la norma jurídica fundamental de un ordenamiento jurídico: la Constitución. De las características del proceso de reforma constitucional se establece si la Constitución es flexible, es decir, de la misma manera como se modifica una ley ordinaria, se modifica la Constitución; o rígida, cuando el proceso de reforma constitucional tiene mecanismos especiales que impiden una constante y fácil modificación. Nuestra Constitución Política de 1993 es rígida, pues tiene un mecanismo especial y una valla de consenso político alto para modificarla (art. 206º de la Constitución). Reconociendo ello, si hablamos de una reforma constitucional en un específico tema, esta debe estar fundamentada por una alta necesidad, ya sea por razones de seguridad jurídica, por constante interpretación errada o vulneración de una norma constitucional, por ampliación de derechos y garantías a las personas, por reordenamiento del Estado y de sus valores contenidos, y hasta, muy eventualmente, porque una norma constitucional es inconstitucional. Una norma constitucional de gran controversia es la contenida en el artículo 140º de la Constitución, que prescribe la pena de muerte y los casos en las cuales se aplica. Los antecedentes legislativos sobre la pena de muerte en el Perú, se remontan a la Constitución liberal de 1856, que se pronunciaba en contra de ella en su artículo 16: “La vida humana es inviolable; la ley no podrá imponer la pena de muerte”; la Constitución de 1860, en idéntico número de artículo decía: “La ley protege el honor y la vida contra cualquier injusta agresión; y no puede imponer la pena de muerte sino por el crimen de homicidio calificado”. En su momento, el artículo 15 de la Carta de 1867 establecía: “La vida humana es inviolable; la ley no podrá establecer la pena de
Bachiller de Derecho por la UNMSM. Asistente Legal en Estudio Jurídico Aníbal Torres.
muerte”, lo cual es una posición abolicionista. El texto constitucional de 1920 decía: “La ley protege el honor y la vida contra toda injusta agresión y no puede imponer la pena de muerte sino por el crimen de homicidio calificado y por el de traición a la Patria, en los casos en que determine la ley”, la Constitución de 1933 se pronunciaba en forma similar en su artículo 54. Por su parte, la Carta de 1979, en el artículo 235, restringía la pena capital sólo para el delito de traición a la Patria en caso de guerra exterior. La pena de muerte está relacionada con los derechos fundamentales, en particular con el derecho a la vida, y con el sistema de justicia, pues es una sanción penal (excesiva) regulada por la Constitución y cuya aplicación está encomendada a los jueces de la República. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico está reconocido el derecho a la vida (art. 2 inc. 1 de la Constitución), en concordancia con instrumentos internacionales de las cuales el Perú es Estado parte, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 4)2 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6)3.
“Artículo 4. Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.” Reconoce el Derecho a la Vida, pero también las excepciones para la aplicación de la pena de muerte. 3 “Artículo 6 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos
Asimismo, con respecto a nuestro sistema de justicia, la Constitución establece que el régimen penitenciario peruano tiene como fin la reeducación, rehabilitación y reinserción del penado a la sociedad (art. 139 inc. 22 de la Constitución); así también desarrollado en el Código de Ejecución Penal (art. II del Título Preliminar). Esto se conoce como el “sistema progresivo” penitenciario, en el cual cualquier persona sancionada penalmente debe ser reeducada, rehabilitada y reinsertada a la sociedad. La pena de muerte colisiona directamente con el contenido esencial del derecho a la vida y con el sistema penitenciario progresivo y resocializador que el Estado peruano afirma. Por otra parte, si bien esta establecido en la Constitución la pena de muerte, los jueces no lo aplican; máxime si no está desarrollado legislativamente e incorporado en las leyes penales, como en el Código Penal. De todo ello resulta que la pena de muerte, por un lado, vulnera excesivamente un derecho fundamental y contradice directamente nuestro sistema penitenciario; y por el otro, ha caído en desuso por parte de la autoridad judicial al no haber sido desarrollado legislativamente. Por ello, mantener esta norma constitucional no se condice con una interpretación unitaria de la Constitución y de los valores que ella defiende. Más aún, la necesidad de eliminar esta norma constitucional de la Constitución se da por el hecho que algunas autoridades (del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo) e incluso un sector de la población (altamente subjetivizada) insisten en su aplicación, proponiendo proyectos de ley para desarrollarla a nivel legal e incluso para extender los supuestos de aplicación de la pena de muerte, contraviniendo los acuerdos internacionales del Estado peruano en materia de Derechos Humanos y la propia Constitución. ¿Qué principio de justicia puede justificar la pena de muerte?
en todos los casos. 5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.”Al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconoce la Vida, pero también la pena de muerte con ciertas condiciones.
No hay, creemos, razón o motivación alguna, ni teórica ni práctica, que sustenten la pena de muerte impuesta por un Estado Democrático y Social. En los países donde se aplica, cuyo caso emblemático es Estados Unidos de Norteamérica, la delincuencia y el delito persisten. No hay ninguna función de persuasión a los sujetos criminales para dejar de serlo por la potencialidad de ser sancionado con la muerte. Y la razón de venganza, o del “ojo por ojo”, está proscrita en cualquier Estado que se jacte de ser de Derecho. La abolición de la pena de muerte no es un tema de dogmas (religión o ideas iusnaturalistas); va más allá, pues es el reconocimiento del desarrollo humano objetivo, con un fin ideal de máxima satisfacción de sus necesidades. Como ejemplo, la Corte Penal Internacional y la sanción penal a los genocidas (reconocida como una de los crímenes internacionales más atroces, que vulneran a la humanidad misma), donde de ninguna manera se aplica la sanción de pena de muerte4. De igual trato, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, cuya competencia también es de la Corte Penal Internacional. Y es que el proceso de desarrollo de los derechos está relacionado directamente con la limitación del poder (que es el desarrollo del clásico constitucionalismo). Y este desarrollo de los derechos, su reconocimiento y garantía, es parte fundamental de la historia humana reciente. Por ello, aunque en materia penal (que regula conductas entre los privados o personas) se reconozca que ante casos extremos, como la necesidad justificante, se pueda vulnerar la vida de una persona; el Estado, como ente garantizador del bienestar común y personal (art. 1 de la Constitución), no puede tener la facultad de acabar con la vida de uno de sus nacionales, e incluso, con cualquier ser humano nacional o extranjero. El Estado peruano tiene como deber fundamental
“Artículo 77 del Estatuto de Roma. Penas aplicables 1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes: a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. 2. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer: a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba; b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.”
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (art. 45º de la Constitución), y, en coherencia, la pena de muerte va en contra de la garantía de la vida, por todas las razones expuestas anteriormente. Por último, no naciendo de conflictos constitucionales la necesidad de cambio, es sin duda necesario su planteamiento y discusión constitucional a través de la reforma constitucional para alcanzar los fines planteados: limitar al poder la facultad de poder decidir sobre la vida de un humano, en su nivel más esencial, la existencia del mismo. Por ello, ante la necesidad de proteger los derechos fundamentales y los valores reconocidos en la Constitución, la reforma constitucional para la derogación de esta norma constitucional es una tarea pendiente del legislador; y la de informar y crear conciencia de esta necesidad, una tarea de todos.
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