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Timestamp: 2018-11-16 20:35:18
Document Index: 183598516

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 39', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 189', 'artículo 52', 'artículo 299', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 9']

﻿ Sentencia 2006-00037 de marzo 22 de 2012
SENTENCIA 2006-00037 DE 22 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SE DECLARA LA NULIDAD DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 2° DEL DECRETO 4781 DE 2005 Y DE LA EXPRESIÓN “…NO AFECTOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES…”, CONTENIDA EN EL NUMERAL 3°, IBÍDEM, QUE MODIFICO EN LO PERTINENTE EL DECRETO 1615 DE 2003, PUES LA LEY NO DISTINGUIÓ ENTRE LOS BIENES AFECTOS AL SERVICIO Y LOS QUE NO LO SON, PARA EFECTOS DE EXCLUIR AQUELLOS DE LA MASA DE LIQUIDACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:TELECOM, SUPRESIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA, PROCESO DE LIQUIDACIÓN
Sentencia 2006-00037 de marzo 22 de 2012
Rad. 11001-03-24-000-2006-00037-00 (acumulados)
Actor: Jorge Alberto Jurado Murillo y otros
Estiman los accionantes que el decreto acusado desconoce normas superiores, toda vez que hace una distinción entre los bienes afectos a la prestación del servicio de telecomunicaciones y los que no lo son, para disponer que aquellos no pertenecen a la masa de liquidación, y permite que se cierre la liquidación con desconocimiento del debido proceso, porque consagra la no necesidad de realizar el inventario técnico y avalúo de los bienes por parte del liquidador, vulnerando los artículos 189, numeral 15, de la Constitución Política, 52 de la Ley 489 de 1998, el Decreto-Ley 254 de 2000 y la Ley 142 de 1994; que además fue expedido con desvío de poder y se violó el principio de publicidad.
De otro lado, se aduce la violación de los derechos al trabajo, al debido proceso, a la asociación sindical, a los discapacitados, a los menores de edad, al núcleo familiar, al privilegio del retén social, así como el desconocimiento de la prevalencia de las normas constitucionales sobre cualesquiera otras, cargos que no tienen vocación de prosperidad, en cuanto la supuesta violación de dichos derechos no deviene del acto que se demanda, pues no fue el que suprimió Telecom, ni el que ordenó su disolución y liquidación.
Algunos coadyuvantes, agregaron otras inconformidades o cargos que no fueron propuestos en las demandas. Al respecto, se advierte que quien concurre al litigio promovido por otra persona, solo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que esta presenta la demanda que se coadyuva; por tal razón no se tendrá en cuenta lo expresado por los coadyuvantes en tanto excedieron tales cargos de violación de las demandas.
“... Cabe resaltar que esta corporación ha precisado que la intervención de los coadyuvantes y, particularmente, en tratándose de las acciones públicas, como la que se instauró en el evento sub examine, está limitada a la actividad del actor y supeditada a los argumentos que este exprese en su libelo.
Así, en auto de 13 de mayo de 2010, (Exp. 2008-00101, C.P., doctor Marco Antonio Velilla Moreno), expresó, frente a una solicitud de adición de una demanda por parte de un coadyuvante, que por ser este un adherente accidental del proceso, no se encontraba legitimado para exceder los límites fijados en la demanda inicial por el demandante.
Igualmente, en sentencia de 7 de octubre de 2010 (Exp. 2007-00010, C.P., doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), se sostuvo que el coadyuvante no puede ir más allá de los argumentos de la parte que coadyuva.
De la misma manera, la Sección Tercera de esta corporación en sentencia de 13 de agosto de 2008 (Exp. AP-2004-00888. C.P., doctora Ruth Stella Correa Palacio), expuso que las facultades del coadyuvante están concebidas para contribuir a la demanda. Es un interviniente secundario o parte accesoria, por lo que su actuación se circunscribe a reforzar los argumentos de la demanda, no pudiendo reformularla, dado que no puede actuar autónomamente.
Las anteriores precisiones, que la Sala Prohíja en esta oportunidad, conducen a la conclusión de que si el coadyuvante no es autónomo de la parte a la que adhiere, no pudiendo por esta razón modificar las pretensiones ni proponer nuevos cargos, pues para ello podría perfectamente instaurar su propia demanda...”(5).
El Decreto acusado 4781 de 30 de diciembre, dispone:
“Por el cual se aclara, modifica y adiciona el Decreto 1615 de 2003.
Que mediante el Decreto 1615 del 12 de junio de 2003 se ordenó la supresión y liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente;
Que mediante el Decreto-Ley 1616 del 12 de junio de 2003 se creó la empresa de servicios públicos domiciliarios denominada “Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP”, asignándole la obligación de celebrar en forma directa con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en Liquidación y con las Teleasociadas en Liquidación, un contrato de explotación para el uso y goce de los bienes, activos y derechos requeridos para la prestación del servicio público de telecomunicaciones, en los términos del numeral 3º del artículo 39 de la Ley 142 de 1994;
Que los bienes afectos a la prestación del servicio no deben ser realizados, dada su especial destinación legal y la obligación constitucional de garantizar la prestación continua del servicio público de telecomunicaciones, razón por la cual, es necesario aclarar y modificar algunas disposiciones del Decreto 1615 de 2003, en relación con las funciones y obligaciones del liquidador tendientes al cumplimiento de las actividades que conducirían al cierre de la liquidación y a la consiguiente terminación de la existencia legal de la empresa;
Que el numeral 12.2 del artículo 12 del Decreto 1615 de 2003, así como el contrato de explotación, establecen la obligación al liquidador de celebrar un contrato de fiducia mercantil para la administración y enajenación de los bienes afectos al servicio;
Que mediante el Decreto 1915 del 9 de junio de 2005 se prorrogó el término de duración del proceso liquidatorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en Liquidación hasta el 31 de diciembre de ese mismo año;
Que el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto-Ley 254 de 2000 faculta al Gobierno Nacional, para prorrogar el término de duración de la liquidación hasta por un plazo igual al fijado en el acto que decreta la supresión y ordena la liquidación de la entidad;
“ART. 2º—Duración del proceso de liquidación y terminación de la existencia legal de la entidad. El proceso liquidatorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en liquidación el cual fue prorrogado mediante Decreto 1915 de 2005, se extenderá hasta el 31 de enero del año 2006.
Vencido el término de liquidación señalado o declarada la terminación del proceso liquidatorio con anterioridad a la finalización de dicho plazo, terminará para todos los efectos la existencia jurídica de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en Liquidación”.
“ART. 9º—Masa de la liquidación. La masa de la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en Liquidación estará constituida por los bienes de propiedad de Telecom en Liquidación, a los que se refiere el artículo 20 del Decreto-Ley 254 de 2000 y la contraprestación que pague el gestor del servicio en virtud del contrato de explotación a que se refiere el artículo anterior.
PAR.—Dada su especial destinación legal y la obligación constitucional de garantizar la prestación continua del servicio público de telecomunicaciones, los bienes afectos al servicio no están comprendidos dentro de la masa de la liquidación, por tanto y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 12.2 del presente decreto, su inventario técnico y avalúo no son necesarios para efectos de proceder al cierre de la liquidación, no obstante, dichas actividades continuarán adelantándose posteriormente por parte del patrimonio autónomo de remanentes a que se refiere el numeral 12.29 del artículo 12 del presente decreto, el cual se denominará PAR.
Una vez se produzca el cierre del proceso liquidatorio el PAR se subrogará automáticamente en los derechos y obligaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en Liquidación en relación con el convenio suscrito con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade para elaborar el inventario y realizar el avalúo de los bienes afectos al servicio”.
“ART. 12—Funciones del liquidador. El liquidador actuará como representante legal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en Liquidación y adelantará el proceso de liquidación de la empresa dentro del marco de las disposiciones del Decreto-Ley 254 de 2000, de las atribuciones señaladas en el presente decreto y de las demás normas aplicables. En particular ejercerá las siguientes funciones:
12.1. Realizar el inventario físico detallado y el avalúo de los activos no afectos a la prestación del servicio público de telecomunicaciones y de aquellos bienes declarados como tales por el gestor del servicio y elaborar el inventario de los pasivos de la entidad, en los términos del presente decreto.
Una vez se produzca el cierre del proceso liquidatorio el pago de la contraprestación derivada del contrato de explotación lo realizará el gestor del servicio al Parapat, el cual distribuirá la contraprestación pagada entre el patrimonio autónomo de pensiones, PAP y el PAR, teniendo prioridad el financiamiento del pasivo pensional, en cumplimiento de los términos y condiciones estipulados en el contrato de fiducia mercantil de que trata el presente numeral, y de conformidad con las instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Producido el cierre del proceso liquidatorio, el Parapat, en desarrollo del contrato a que hace referencia el presente artículo, deberá efectuar las actualizaciones y ajustes al cálculo actuarial del pasivo pensionad de Telecom en Liquidación y de las Teleasociadas en Liquidación, así como suscribir el pagaré a favor del patrimonio autónomo de pensiones, todo de conformidad con la Ley 651 de 2001.
12.4. Adelantar las medidas necesarias para asegurar la conservación y fidelidad de todos los archivos y los fondos acumulados de la entidad priorizando aquellos que puedan influir en la determinación de obligaciones a cargo de la misma. El contrato celebrado por la empresa en liquidación para la organización de los archivos se subrogará automáticamente al PAR, una vez se produzca el cierre el proceso liquidatorio.
“ART. 45.—Transferencia de la propiedad de los activos no afectos al servicio y de la subrogación de contratos al PAR. Una vez se celebre el contrato de fiducia mercantil a que se hace referencia en el numeral 12.29 del artículo 12 del presente decreto, se transferirá automáticamente al PAR la propiedad de los activos no afectos al servicio público de telecomunicaciones con base en una relación de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los estados financieros de la liquidación, así como los recursos líquidos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en Liquidación para el cumplimiento de las actividades, obligaciones o fines a cargo del mismo determinadas en el presente decreto o que de conformidad con la ley correspondan a las sociedades fiduciarias.
“ART. 47.—Transferencia de la propiedad de la red de televisión. La propiedad de la red de difusión de audio y video de señales de televisión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en Liquidación, se transfiere de manera automática por mandato del presente decreto a la Nación, Ministerio de Comunicaciones, por el valor registrado en los estados financieros de la entidad en liquidación”.
ART. 7º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y, modifica y deroga en lo que sea pertinente el Decreto 1615 de 2003”.
En la sentencia de 25 de agosto de 2005 (Exp. 2003-00333, C.P. Camilo Arciniegas Andrade), en la que se estudió la legalidad del Decreto núm. 1615 de 2003, por el cual se suprimió la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, y se ordenó su liquidación, se consideró que fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 189, numeral 15, de la Constitución Política, “con estricta sujeción a los criterios establecidos en los numerales 3º y 4º de la Ley 489 de 1998”, que le permitían suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades u organismos del orden nacional cuando las evaluaciones de la gestión administrativa aconsejasen la supresión o la transferencia de funciones a otra entidad, o cuando la conveniencia de esa decisión se establezca a través de los indicadores de gestión y de eficiencia que emplean los órganos de control.
ART. 21.—Bienes excluidos de la masa de la liquidación(6). No formarán parte de la masa de la liquidación(7):
ART. 18.—Inventarios(8). El liquidador dispondrá la realización de un inventario físico detallado de los activos de la entidad, el cual deberá ser realizado dentro de (1) un plazo no superior a tres (3) meses a partir del inicio del proceso. Este debe estar debidamente justificado tanto en los inventarios como en los documentos contables correspondientes y además incluirá la siguiente información:
2. La relación de los bienes corporales cuya tenencia esté en poder de un tercero (...).
PAR.— En el inventario se identificarán por separado aquellos bienes que se consideren indispensables para el funcionamiento de la entidad durante el período de la liquidación”. (Resalta la Sala).
“PAR. 1.—El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los servidores públicos”.
A juicio de la Sala, del estudio armónico de la anterior normativa se deduce que si bien es cierto que de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, el acto que ordene la disolución, supresión y liquidación de una entidad dispondrá, entre otras cosas, sobre la destinación de los bienes, también lo es que dicha destinación debe entenderse referida a determinar cuáles bienes están afectos al servicio y cuáles no, y no así a sí harán o no parte de la masa de liquidación, pues de conformidad con los artículos 20 y 21 del Decreto-Ley 254 de 2000, la masa de la liquidación la integran todos los bienes de la entidad a liquidar, a excepción de los recursos de seguridad social y los demás que establece el estatuto orgánico del sistema financiero, cuales, son, al tenor de su artículo 299, los títulos que se hayan entregado a la entidad intervenida para su cobranza y los que haya adquirido por cuenta de otro; el dinero del mandante remitido a la entidad intervenida en desarrollo de un mandato o fideicomiso; las cantidades que se adeuden a la entidad intervenida y se encuentren afectas a una finalidad específica por corresponder a obligaciones contraídas por ella por cuenta de un tercero; los bienes que tenga la entidad intervenida en calidad de depositario o fiduciario; los valores de cesión o de rescate de los títulos de capitalización; los depósitos de ahorro o a término constituidos en establecimientos de crédito; las especies identificables que aún encontrándose en poder de la entidad intervenida pertenezcan a otra persona; y las especies identificables que aun encontrándose en poder de la entidad intervenida pertenezcan a otra persona.
De otra parte, debe tenerse en cuenta que el artículo 7º del Decreto 613 del 2003, por el cual se suprimió y se ordenó la disolución y liquidación de Teleupar S.A. ESP, define los bienes afectos al servicio como aquellos necesarios para la prestación del servicio de telecomunicaciones, de acuerdo con la metodología que se establezca en el contrato de explotación y que su artículo 9º, que fue precisamente modificado por el artículo 2º del decreto que se acusa, preceptuaba que la masa de la liquidación estará constituida por los bienes de propiedad de la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar, Teleupar S.A. ESP en liquidación, a los que se refiere el artículo 20 del Decreto-Ley 254 de 2000 y por la contraprestación que pague aquella entidad que se establezca como gestor del servicio por el contrato de explotación.
Es tan cierto lo anterior, que tal como lo hace notar el representante del Ministerio Público ante esta corporación, el artículo 21 del Decreto-Ley 254 fue objeto de modificación por parte del artículo 11 de la Ley 1105 del 2006, (...).
La Sala precisa que el acto acusado no viola lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 del Código Contencioso Administrativo, los cuales se refieren al deber y forma de notificación de las actuaciones que ponen término a una actuación administrativa, pues, de una parte, el requisito de la publicidad, para el caso de los actos de carácter general, como lo es el Decreto 4781 de 2005, se cumplió con su publicación en el Diario Oficial que obra en los expedientes acumulados; y, de otra parte, porque sabido es que la falta de publicación de un acto no es causal de nulidad, sino de inoponibilidad frente a terceros.
DECLÁRASE la nulidad del parágrafo del artículo 2º del Decreto 4781 de 30 de diciembre de 2005 y de la expresión “... no afectos a la prestación del servicio público de telecomunicaciones...”, contenida en el artículo 3º, ibídem, que modificó el numeral 12.1 del Decreto 1615 de 2003.
TIÉNESE al ciudadano Jorge Alberto Jurado Murillo y a quienes representa, así como a la Unión Sindical de Trabajadores de las Telecomunicaciones, USTC, representada por su presidente y representante legal, señor Álvaro Enrique Molina, como coadyuvantes de la demanda dentro del expediente radicado bajo el número 2006-00039.
TIÉNESE a la doctora Gloria Cecilia Valbuena Torres como apoderada del hoy Ministerio de Trabajo, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles a folios 664 a 675 del expediente 2006- 00037.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de marzo de 2012».
(5) Providencia de 28 de octubre de 2010 (Exp. 2005-00521-01, Actor: José Omar Cortés Quijano, Consejera Ponente doctora María Elizabeth García González).
(6) Modificado por el artículo 11, Ley 1105 de 2006, que sí excluyó de la masa liquidatoria los bienes afectos al servicio, pero no estaba vigente para la época de los hechos. Dijo la norma:
(7) Los bienes excluidos de la masa no hacen parte de aquellos que servirán como prenda general de los acreedores, luego no podrán ser utilizados para cancelar las obligaciones a cargo de la entidad en liquidación.
(8) Modificado por el artículo 9º de la Ley 1005 de 2006.