Source: https://www.scribd.com/document/101051919/PL-Asamblea-nacional-Constituyente-Miguel-Gomez
Timestamp: 2017-07-21 19:39:33
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PL Asamblea nacional Constituyente Miguel GómezUploaded by lasillavaciaRelated InterestsConstitutionRepublicColombiaState (Polity)DemocracyRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPROYECTO DE LEY_________ DE ACUERDO AL CUAL EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CONVOCA A UNAASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
La presente exposición de motivos justifica las razones por las que el Representante a la Cámara por Bogotá D.C, Miguel Gómez Martínez, presentó el 24 de julio de 2012 ante la Secretaría de la Cámara de Representantes proyecto de ley para que el Congreso de la República convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, en los términos del artículo 376 de la Carta, con el fin de reformar la justicia, el régimen reelección presidencial y el régimen de ordenamiento territorial. El documento plantea en la introducción i) el argumento básico por el cual se considera que las tres reformas en mención son urgentes e inaplazables y que el Congreso actual no se encuentra en capacidad de tramitarlas y aprobarlas, razón por la cual se hace indispensable la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En los puntos ii), iii) y iv) el documento expone las razones particulares por las cuales el Representante Gómez considera que el sistema actual de Justicia, la reelección presidencial y el esquema actual de ordenamiento territorial, respectivamente, constituyen graves problemas para el país, cuya solución mediante la reforma resulta inaplazable. Finalmente, en el punto v) se sintetiza el argumento general de acuerdo al cual la necesidad de una Asamblea para discutir los temas señalados resulta una prioridad inaplazable.
I. Introducción Tres reformas inaplazables: 1. Reforma a la Justicia. 2 Reforma al sistema de reelección presidencial 3. Reforma a la organización territorial.
Honorables colegas de la Cámara de Representantes: Existen problemas constitucionales de tal gravedad que el intento por solucionarlos resulta un imperativo inmediato para todo sector político comprometido con el desarrollo nacional. Sería altamente irresponsable si las instituciones públicas encargadas de gobernar no hacen el mejor de sus esfuerzos para sanar los problemas constitucionales que agobian a la Nación, o por lo menos no hacen su mejor esfuerzo en procura de tales remedios. En el lamentable decálogo de problemas nacionales, se destacan tres que amenazan cada vez con más fuerza la solidez misma de nuestra estructura republicana. Se trata de tres crisis constitucionales ante las cuales nada se está adelantando para solucionarlas y, por el contrario, cada una de ellas se agrava con el paso del tiempo ante la irresponsable indiferencia de los sectores políticos encargados de enfrentarlas. La crisis en la Justicia, la crisis en el sistema de reelección presidencial y la crisis en la organización administrativa de nuestro territorio han puesto en peligro la estabilidad republicana, los equilibrios y balances del Estado de Derecho y el progreso del país hacia el desarrollo. Las crisis constitucionales anteriormente señaladas constituyen tres lastres para la institucionalidad y desarrollo del país. Son tres obstáculos sin cuya eliminación será imposible avanzar como sociedad política y sobre todo, como sociedad nacional.
No solo es grave que las tres crisis mencionadas existan, y constituyan una amenaza latente para nuestras débiles instituciones. Aquello que resulta más alarmante es que estas tres crisis en particular, no encuentran dentro de los cauces ordinarios del establecimiento camino alguno para su solución. Son tres problemas que en ninguna de las ramas del poder público encontrarán genuino enemigo. Creemos que la solución de fondo a estos tres problemas requiere una honda reforma constitucional que modifique la estructura judicial, elimine la reelección presidencial y sustituya al esquema centralista, en donde el departamento constituye la unidad administrativa básica, por un esquema menos centralista basado en las regiones, verdaderas bases territoriales de la integridad nacional. Resulta constitucional y legalmente evidente que una solución integral a las tres crisis mencionadas, por la vía de la reforma constitucional, no podrá cursarse por la rama ejecutiva ni por la judicial. De ordinario, sólamente el Congreso de la República podría gestionar reformas tendientes a la nueva regulación constitucional de los tres aspectos en mención. A pesar de que el Congreso de la República sea el escenario ordinario y natural para la discusión y solución de tan grandes problemas, la realidad política indica que en el Capitolio no podrán prosperar reformas tendientes a la solución de los tres lastres previamente indicados. Las presiones de todo tipo y los intereses creados entre diferentes sectores de las ramas del poder, han permitido que en el Congreso de la República impere un régimen encargado de opacar cualquier esfuerzo por reforma o renovación institucional. Nada tiene de nueva esta denuncia contra el régimen de complicidades que opaca toda posibilidad de renovación. Si es nueva, en cambio, la urgente necesidad por solucionar ciertas crisis que de no terminar, terminarán ellas sí por retardar indefinidamente el ansiado progreso nacional, tanto en su nivel político como en su nivel de desarrollo.
¿Qué Congreso arremeterá contra la reelección presidencial convirtiéndose de inmediato en enemigo del gobierno dentro de un poderoso sistema presidencialista? ¿Qué Congreso tramitará una reforma integral a la Justicia si un importante número de sus miembros está siendo investigado por los jueces que buscaría reformar? ¿Qué Congreso podrá restructurar el ordenamiento del territorio nacional si una mayoría importante de sus miembros responde precisamente a dicha estructura departamental obsoleta que se pretendería eliminar? El Congreso, lejos de ser una vía para las reformas estructurales que el país requiere con urgencia, es hoy tenaz talanquera que atajará su trámite. Teniendo en cuenta la urgencia de impulsar reformas que solucionen la crisis en la Justicia, la crisis en el sistema de reelección presidencial y la crisis en el sistema de ordenamiento territorial, y el hecho cierto de que el Congreso de la República no podrá ser el escenario para dar curso a tales reformas, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente resulta ser el mecanismo constitucional idóneo para impulsar cuanto antes las reformas aquí sugeridas. Hoy más que nunca resulta pertinente el artículo 376 de la Constitución Política, el cual reza: “ARTICULO 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término
señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.” No sobra recordar que una prioridad esencial del actual gobierno fue precisamente impulsar una reforma integral a la Justicia. Empeño que, aúnque fracasó en el Congreso en junio del presente año, no deja de ser un imperativo nacional. Decía el Presidente de la República el día en que tomó posesión del cargo que: “Impulsaremos en el Congreso, una reforma a la Justicia que afirme la fe de los colombianos en su sistema judicial, que nos brinde seguridad jurídica, y que complemente el acento que puso la Carta del 91 en la justicia en los derechos. Como lo ha dicho quien fuera mi profesor en dos oportunidades, el premio Nobel Amartya Sen, un reforma moderna de justicia implica enfrentar desde la política la injusticia diaria de la vida real”. No por haberse frustrado en el Congreso, los propósitos enunciados por el Presidente dejaron de ser una prioridad nacional. Al contrario, acaso son hoy más urgentes que hace dos años. Lo irresponsable, lo políticamente imperdonable, sería que la clase política nacional se cruzara de brazos sin buscar solución a crisis que el mismo gobierno nacional –por lo menos en el caso de la Justicia- ha advertido como de la más profunda gravedad. El Congreso de Colombia, consciente de las debilidades inherentes a nuestro difícil sistema político, obraría responsablemente si por ley de la República convoca al constituyente primario para que dé urgente solución a las graves crisis que fuera de una Asamblea Constituyente no podrán ser enfrentadas.
II. La inaplazable reforma a la Justicia. 1. La Grave crisis de la Justicia. 2. La evidente incapacidad del Congreso para reformar la Justicia.
1. La Grave crisis de la Justicia. La gravedad en la crisis que afecta a la Justicia en Colombia resulta a toda luz preocupante y amenaza seriamente con vulnerar la ya frágil credibilidad y legitimidad de nuestras instituciones. Estudios y cifras proporcionados por la Contraloría General de la República y el Banco Mundial, entre otros, enseñan una realidad alarmante. Los indicadores del Banco Mundial (2012) sobre la eficiencia del sistema judicial en disputas comerciales dejan ver que Colombia ocupa el lugar 149 entre 183 países en cumplimiento de contratos, así mismo mientras el promedio en Latinoamérica para resolver una disputa comercial , es de 708 días, en Colombia es de 1346 y como deja ver la gráfica 1 triplica el tiempo de países como Perú y Chile. Igualmente el país ocupa el puesto 177 entre 183 en el sub indicador de celeridad, lo que significa que la Justicia Colombia está entre las 7 más lentas del mundo.
Fuente: Concejo Privado de Competitividad (2012) En la actualidad, más de 2,9 millones de procesos se mantienen en las gavetas de los juzgados, 500.000 más que hace una década. (Contraloría de la República, 2012) El informe revela que un país como Estados Unidos, con igual número de jueces por habitante que Colombia, 11 por cada 100.000, tiene una productividad siete veces mayor a la nuestra, y aún más grave, países con un menor número de jueces por habitante como Chile, Brasil y Perú logran entre 3 y 4 veces más sentencias por despacho, como lo deja ver el siguiente gráfico.
Fuente: Concejo Privado de Competitividad (2012) De la misma forma, al comparar las distintas jurisdicciones el gráfico deja ver que la jurisdicción ordinaria es la que más procesos acumulados tiene.
Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2012) El informe de la Contraloría de 2011 señala que los procesos ante la Jurisdicción ordinaria superan en promedio más de 2 meses el término máximo consagrado en el Código de Procedimiento Civil. Los procesos administrativos en que se demanda a la Nación, llevan un promedio de 1.143 días, más de 3 veces el término máximo de 330 días consagrado en la ley. Por su parte el sistema penal acusatorio está a punto de colapsar, según un informe de la Corporación Excelencia por la Justicia existen un millón y medio de casos represados en la Fiscalía, el sistema ha soportado siete reformas legales que junto a la falta de preparación de jueces y fiscales tienen en cuidados intensivos una de las modificaciones estructurales más ambiciosos de la justicia colombiana en la historia. (Corporación Excelencia por la Justicia, 2012) Así mismo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, encargada de investigar y disciplinar las malas prácticas de jueces, fiscales y abogados, ofrece uno de los escenarios más preocupantes. Los procesos que no deberían superar los 220 días suelen tardar más de 625. Para agravar la situación, la congestión en esta Sala llega a los 32.125 expedientes represados y aumenta de forma alarmante con casi
11.000 expedientes más del 2004 a la fecha. Sumado a lo anterior, son los despachos más costosos del país. (Contraloría General de la República, 2012) En efecto, un juez Disciplinario y su equipo (Despacho) cuestan al año 252 millones de pesos, mientras que un Despacho Penal tiene un costo de 207 millones y un Despacho de lo Contencioso Administrativo cuesta 190 millones de pesos. Es importante resaltar el crecimiento del presupuesto de la Rama Judicial pues de 1.4 billones de pesos que recibía en el 2004, se pasó, en el 2011, a 1.8 billones, para el 2012; el presupuesto llega a los 2,2 billones. (Contraloría General de la Republica, 2012) La reflexión del párrafo anterior lleva a una de las más graves preocupaciones: aúnque se aumenta el presupuesto de la Rama, sus problemas lejos de diezmarse, aumentan. A más de las cifras que demuestran los altos índices de ineficacia en nuestro sistema judicial, cabe resaltar que las condiciones operativas mínimas para el funcionamiento de nuestros juzgados son lamentables. 40% de los juzgados del país no cuentan con servicio de Internet, y un porcentaje cercano también al 40% de las instalaciones judiciales no cuentan con la infraestructura básica suficiente para funcionar. (Contraloría General de la Republica, 2012) La crisis de la justicia en Colombia exige la necesidad de un cambio estructural. Los datos suministrados por los distintos informes y estudios, reflejan una situación preocupante. Debe, de forma necesaria, reformarse la administración de justicia en Colombia en busca de un giro radical. 2. La evidente incapacidad del Congreso para reformar la Justicia. Las reformas constitucionales a la justicia en Colombia tienen una historia de
frustración, pues en repetidas ocasiones aún en vigencia de la Constitución de 1886
se vieron impedidas. El último intento realizado por el Poder Ejecutivo en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, no fue la excepción. Los dos antecedentes inmediatos se dieron durante el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, el primero de ellos por el entonces ministro Fernando Londoño Hoyos y el segundo en cabeza del también Ministro Fabio Valencia Cossio: ninguno de los pretendidos proyectos fueron aprobados por el Congreso. Es pertinente recordar con algún detalle la triste experiencia adquirida con la última reforma, presentada el 4 de agosto de 2011 al Congreso de la República por Germán Vargas Lleras como Ministro del Interior y de Justicia. Este intento de reforma rápidamente se acumuló con otros que presentó el Consejo de Estado, la Comisión de Acusaciones y proyectos de iniciativa del Congreso. En total, 5 proyectos de acto legislativo. Los ponentes designados por el Presidente de la Comisión Primera de Senado, para estos 5 proyectos, consolidaron un solo articulado, que se concretaría en la ponencia para primer debate en esa célula legislativa. Como resultó evidente, desde un principio no hubo consenso sobre lo que se debía reformar; el Gobierno no logró concretar a través de su comisión de expertos un proyecto que dejara satisfechos a los múltiples interesados, de ahí que se presentaran 5 proyectos distintos que pretendían modificar la estructura constitucional de la justicia. Aún cuando la Rama Judicial a través del Consejo de Estado presentó su propio proyecto, desde la acumulación y respectiva ponencia para primer debate, cada uno de los 5 proyectos se vio difuminado y esto llevó a que no estuvieran nunca, aún los mismos autores, satisfechos con el producto final de la acumulación; así en repetidas ocasiones las Cortes como mecanismo de presión sobre el Congreso, optaron por levantarse de la mesa de discusión del proyecto, buscando que sus intereses fueran respetados dentro del articulado.
Dadas las lamentables circunstancias políticas actuales, el Congreso de la República se ha convertido en un crisol de intereses particulares, en oposición a aquel ideal teórico de personas que representan el interés general y propenden por el equilibrio entre los poderes públicos. Como era de esperarse por la misma naturaleza de la Corporación, no hubo un norte claro y las diferencias producidas por la trascendental reforma nunca fueron pacíficas por ser contradictorios a muchos de los intereses representados. Presiones constantes provenientes del poder judicial y del poder ejecutivo, dificultaron que un Congreso de por sí bastante politizado, gestionara la Reforma a la Justicia que necesitan los colombianos. Lejos de cualquier sana expectativa, el Congreso aprobó una de las reformas más polémicas y vergonzosas que en materia de Reforma a la Justicia hubieran cursado por la rama legislativa. Capturado por las ya citadas presiones y ansioso por beneficiarse en varios aspectos legales, el Congreso presentó a los colombianos una reforma tan escandalosa, que aún incurriendo en una inconstitucionalidad, el Presidente de la República no encontró más remedio que objetarla y hundirla con mecanismos legales y constitucionales completamente heterodoxos. Las conclusiones del lamentable proceso anteriormente vivido son evidentes: en primer lugar, que el Congreso de la República no tiene la capacidad adecuada de tramitar y aprobar la Reforma a la Justicia que resulta a todas luces urgente y necesario gestionar. En segundo lugar, que no por haberse hundido la reforma, tengan los colombianos que resignarse y renunciar a la posibilidad de que sus instituciones judiciales puedan ser reformadas y mejoradas para bien del país. Las conclusiones anteriormente señaladas conducen a un único escenario posible para la gestión y aprobación de la ansiada reforma a la Justicia: convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que se ocupe del inaplazable asunto.
III. La inaplazable reforma al régimen de reelección presidencial.
1. Una figura malsana ideada dentro de una circunstancia excepcional. Las instituciones, buenas y malas, son producto de la circunstancia política en que fueron impulsadas y eventualmente establecidas. La reelección presidencial inmediata, figura constitucional que a todas luces no resulta idónea para una sociedad como la colombiana, pobre, con bajos niveles de educación democrática y altísimos de corrupción, fue producto de una de las coyunturas nacionales más singulares en nuestra historia reciente. Pocas veces el entusiasmo y aplauso por un gobierno extraordinario pueden eclipsar la ortodoxia de las vías escogidas para garantizar su continuidad en el poder. Fue el raro caso del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, único en la historia del siglo XX que levantó tan hondo deseo entre todos sus conciudadanos para que no se apartase del poder cumplido su primer período. No haré un decálogo de los logros ni de las bondades que dejó para Colombia el gobierno de 8 años de Álvaro Uribe, que la historia ya tiene bien registrados, pero me limitaré a expresar que ante un hecho político de las circunstancias extraordinarias como fue el gobierno anterior, todas los sectores sociales, emocionados, exigieron un tratamiento igualmente extraordinario para el Presidente Álvaro Uribe Vélez. La reelección presidencial inmediata no se estableció en Colombia debido a un consenso entre constitucionalistas según el cual convenía implementar dicha figura, por demás ajena a nuestra tradición jurídica. La reelección presidencial inmediata se estableció en Colombia porque todas las fuerzas vivas del país exigieron otro período presidencial para Álvaro Uribe Vélez. El entusiasmado clamor nacional permitió que el mandatario más popular de las últimas décadas repitiera período. Sin embargo,
entre los aplausos y la euforia, no fuimos conscientes de que dejábamos en la Constitución una figura extraña, ajena a nuestra tradición jurídica y profundamente compleja para articular dentro del esquema orgánico nacional. 2. Problemas estructurales de la figura para el equilibrio constitucional. La Constitución de 1991, confirmando la tradición vigente desde 1910, estableció un período presidencial de cuatro (4) años sin posibilidad de reelección. Sin embargo, el Acto Legislativo 02 de 2004 modificó el artículo ciento noventa y siete (197) permitiendo un segundo periodo presidencial a cualquier ciudadano que ejerza o haya ejercido la Presidencia. Un alto número de jurisconsultos y Magistrados de las Altas Cortes se han
pronunciado en contra de la figura de la reelección. Es de resaltar el salvamento de voto del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra expresado en las sentencias C- 1040 y 1043 de 2005 resumidas en comunicado de prensa del 20 de octubre de 2005 de la Corte y firmado por el Presidente de la Corporación, Manuel José Cepeda Espinosa, que resume los argumentos de su colega de la siguiente manera: “En síntesis las razones por las cuales el Magistrado Alfredo Beltrán Sierra, votó por la inexequibilidad del Acto Legislativo No. 02 de 2004 y que constituyen su salvamento de voto a la sentencia que declaró constitucional ese Acto Legislativo, son las siguientes: 1. El Acto Legislativo No. 02 de 2004 es violatorio del principio a la igualdad, del principio democrático, de la separación de poderes, del derecho a la participación y al pluralismo. En efecto, la Constitución no es un simple agregado de normas sino que constituye un todo jurídico de manera que por tratarse de un Estado democrático en ella se determina la forma de elección o nombramiento de las autoridades del Estado, de tal manera que no se rompa el equilibrio necesario para garantizar los mutuos controles y evitar la concentración del poder en una
sola rama del poder público, pues entre las características esenciales de un Estado Democrático, ha de existir necesariamente un sistema de pesos y contrapesos, de suerte que ninguna autoridad acumule para sí atribuciones de tal magnitud que reduzca al mínimo a las demás ramas del poder, o haga inocuos los controles pues la distribución de funciones entre las distintas ramas del poder público ha de permitir que el poder controle al poder. 2. El Acto Legislativo 02 de 2004 le permite al Presidente de la República en caso de ser reelegido, una concentración del poder de tal magnitud que lo lleva a influir directamente en la elección del Fiscal General de la Nación y de su sucesor, del Procurador General de la Nación y de su sucesor, de los Magistrados de la Corte Constitucional cuya renovación se producirá a lo largo de un eventual segundo mandato, así como, a menoscaba la autonomía del Banco de la República, pues a todos los miembros de la Junta Directiva se les vencería su período bajo la Presidencia de la República de un mismo titular del cargo, contrariando de esta manera la determinación del Constituyente de 1991, pues éste decidió evitar las coincidencias totales entre los períodos del Presidente de la República y otras altas autoridades para evitar la concentración del poder en éste funcionario. Aquí se afecta esencialmente la estructura del Estado y se transforma el régimen presidencial en un presidencialismo exacerbado.” 3. Problemas coyunturales de la figura para el esquema electoral colombiano. Al margen de las dificultades constitucionales que trae la figura de la reelección, y que han sido hondamente señaladas y explicadas por muy prominentes jurisconsultos, la reelección presidencial le trae a Colombia un problema capital para su sistema democrático: que los primeros cuatro años de todo gobierno serán una permanente campaña electoral para garantizar la continuidad del primer mandatario otro período más. Así las cosas, todo el aparato institucional del Estado que depende del Gobierno Nacional desgasta durante cuatro años sus mayores energías al servicio de un
propósito electoral inmediato. Los propósitos electorales de coyuntura han remplazado en muchos sectores del Estado los propósitos nacionales de largo plazo. Se acerca la malsana imagen de un “Estado en campaña”, el todo poderoso aparato estatal en campaña para su propia reelección. Semejante propósito estatal jugado en una sociedad con nuestros muy precarios valores democráticos y dificultades sociales resulta una apuesta peligrosa para la propia credibilidad y eficacia del mismo Estado. Los altísimos niveles de corrupción al interior del Estado colombiano no ofrecen plenas garantías de que no exista un compromiso fuerte e ilegal entre muchas instituciones y funcionarios del Estado y la campaña presidencia del mandatario de turno que quiera relegirse. Posibilitar la reelección presidencial inmediata implica crear un sinnúmero de tentaciones para la irregularidad en una sociedad cuyas funcionarios públicos de por sí ya son bastante propensos a caer en escandalosas practicas. 4. Inaplazable reforma que no será adelantada por el Congreso. Existen dos similitudes entre la planteada reforma al régimen de reelección presidencial y la reforma a la Justicia: En los dos temas se requiere una urgente reforma y en ambos temas el Congreso no será capaz de tramitar y aprobar las mismas. Los argumentos para demostrar la inconveniencia de la reelección presidencial sobran, y los acá enunciados constituyen solo una pequeña parte del cúmulo de calamidades que enfrentará el país por cuenta de la malsana institución. Lo difícil no es convencer a los colombianos sobre las inconveniencias de la figura, sino tratar de que el Congreso de la República procure eliminarla, convirtiéndose de inmediato en enemigo del Gobierno Nacional de turno. Bajo las circunstancias actuales, resulta evidente que en el Congreso no se encontrarán las mayorías necesarias para promocionar una iniciativa que pueda ser interpretada como un desafío al Gobierno
Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente es en cambio el escenario idóneo para tramitar tan urgente reforma.
IV. La inaplazable reforma a la organización territorial.
El proceso de descentralización política y administrativa diseñado por la Constitución de 1991, tiene serios vacíos que han limitado la posibilidad de los entes territoriales de responder adecuadamente a las responsabilidades que se les asignan. Es necesario un rediseño Constitucional, que con un enfoque de regiones, potencialice las ventajas comparativas de nuestros territorios. La Constitución de 1991 estableció al Departamento como entidad territorial macro; a los Municipios, como la unidad fundamental de división político administrativa; y a los Distritos, como una concepción de la realidad sociopolítica de centros urbanos que superen a los municipios. Esto, con el fin de lograr eficiencia en la administración de recursos públicos y fortalecer la legitimidad del Estado. El régimen Departamental se desarrolló con el Decreto-Ley 1222 de 1986 y las Leyes 617 de 2000, 715 de 2001, y 1176 de 2007; el Municipal, en la Constitución por el artículo 320 de la C.P. y la Ley 617 de 2000; y los Distritos, fueron regulados en la Constitución por los artículos 322 y 238 y la Ley 715 de 2001. Esta nueva organización territorial, también la conformaron otro tipo de unidades territoriales como: las regiones administrativas y de planificación (artículo 306 C.P.) y las regiones territoriales (artículo 307 CP.); las provincias, (artículo 321 C.P.); y las Entidades Territoriales Indígenas, (artículo 329 C.P.); áreas metropolitanas, (artículo 319 C.P.) y asociación de Municipios (Ley 136 de 1994) Con este orden, las entidades territoriales adquirieron como principal fuente de financiación las rentas propias, recursos del Sistema General de Participaciones, recursos de crédito y regalías. Los departamentos pasaron a tener autonomía en sus
asuntos seccionales y en la planificación y promoción del desarrollo económico y social; y a ejercer funciones administrativas de coordinación, complementariedad de la acción municipal y de intermediación entre la Nación y los municipios. Sin embargo, la descentralización administrativa no cumplió con los objetivos trazados, sino que dio lugar a una lucha de intereses particulares e inter departamentales en detrimento de los intereses regionales. Uno de los objetivos de la descentralización fue hacer más eficiente la asignación de recursos, pero ésta no logró la estabilidad y la redistribución esperadas. Por el contrario, la capacidad fiscal se desbordó y la crisis económica de la segunda mitad de la década de los 90 se agudizó. La inoperancia de la nueva organización administrativa fue el resultado de: la laxitud de las reglas de endeudamiento territorial, las transferencias no condicionadas, la duplicidad de funciones del departamento y la Nación, y el aumento desmedido del gasto. (Baron y Meisel, 2003) Situación que continúa latente en la organización territorial. Producto de esta ineficiencia, la inequidad regional aumentó y los ejemplos son dramáticos. Las estadísticas dejan ver las diferencias económicas y sociales entre los departamentos. Mientras en Bogotá el porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas es del 10%, en el departamento del Chocó es del 79%.
En conclusión, el modelo de descentralización implementado por la Constitución de 1991 resulta perjudicial y obsoleto a la hora de impulsar el desarrollo nacional a través de los departamentos, pues concentró todos sus esfuerzos en polos económicos y políticos que son ahora las ciudades importantes del país y no logró una distribución equitativa de recursos. Se desaprovechó la unidad regional al enfocarse únicamente en una unidad administrativa (Departamento) desconociendo una realidad del país y creando una periferia pobre. La geografía también ha resultado un factor determinante a la hora de hacer de Colombia un país de regiones. Grandes extensiones de tierra separadas por las cordilleras del país, han creado zonas independientes unas de las otras que lograron
intercomunicase con éxito a partir del siglo XX llamadas regiones, que se han convertido en un espacio de “micro-naciones” económicas, culturales e históricas. Aunque las regiones han sido desdibujadas con la división administrativa del país, éstas continúan aumentado su importancia, pues han tenido como lo señala Galvis y Meisel (2000) un “desarrollo económico equilibrado” que han convertido a Colombia en un país con múltiples polos de desarrollo. Sumado a esto, la falta de un diseño eficiente y equilibrado en la forma de distribución de las transferencias ha resultado en varios países latinoamericanos un problema. En el momento de asignar los recursos se presume la igualdad de las regiones y no se tienen en cuenta las disparidades regionales, razón por la cual la asignación de recursos no se hace de una manera inteligente sino igualitaria. De esta forma, aquellas regiones que ya cuentan con ventajas de Capital humano e infraestructura, potencializan sus ya adquiridas calidades, mientras que las que cuentan con menos recursos de este tipo crecen a un menor ritmo, quedando rezagas por más esfuerzos fiscales que haga el Estado desde el centro, pues ya existe una desventaja previa. Es hora de que la división administrativa reproduzca la diversidad territorial del país y que el diseño Constitucional sirva para potenciar las capacidades propias de cada región y para fomentar la competencia intrarregional. Las regiones deben tener constitucionalmente la misma importancia que ya tienen social, cultural y económicamente. cada una con particularidades
Revisadas las consideraciones anteriores, resulta evidente que urge proceder con tres reformas constitucionales que afronten la grave crisis en la Justicia, el problema de la
reelección presidencial y el estancamiento en una mal sana organización administrativa del territorio. Por las razones ya esbozadas, parece muy poco probable que cualquiera de dichas reformas pueda ser impulsada a través del Congreso de la República. Lejos de ello, el Congreso actual padece una de sus peores crisis institucionales, lo que impedirá tramitar por su conducto las 3 reformas trascendentales que el país necesita en materia constitucional. No por el hecho de que el Congreso sea incapaz para tramitar dichas reformas puede afirmarse, responsablemente, que el país deba olvidarse de sus tres más graves problemas constitucionales. El país nacional no le perdonaría al cada vez más desprestigiado país político si no enfrenta con prontitud y diligencia la crisis constitucional actual. Es por ello que conviene convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, escenario que no tendrá los cuestionamientos morales ni las ataduras políticas que sí tiene el Congreso y por lo tanto podrá gestionar las tres reformas urgentes que han sido repetidamente señaladas en este texto. Sería un admirable gesto de grandeza política si este Congreso, consciente de sus limitaciones y de su grave crisis institucional, permitiera al país enfrentar por medio de la Asamblea los problemas desmedidos que hoy, desde el Capitolio, no tenemos la capacidad de enmendar. De los Honorables Representantes,
Representante a la Cámara por Bogotá, D.C.
Bibliografía: Banco contracts Baron, A., & Meisel, A. (2000) El crecimiento económico de las ciudades colombianas y sus determinantes, 1973-1998. Recuperado de http://netne.banrep.org/documentos/publicaciones/pdf/DTSER18Crecimientociudades.pdf Galvis, A., Meisel, A. (2003) La descentralización y las disparidades económicas regionales en Colombia en la década de 1990. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER36Descentralizacion_disparidad.pdf Concejo Privado de Competitividad (2012) Recuperado de Mundial. (2011) Doing Business 2012. Recuperado de
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Proyecto de Ley Numero _____ de 2012 Por medio del cual se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente dentro de los términos del artículo 376 de la Constitución Nacional. CAPÍTULO I OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY ARTÍCULO 1: El objeto de la presente ley no es otro que modificar parcialmente la Constitución Nacional mediante una Asamblea Constituyente con base a los principios de limitación, competencia, periodicidad y composición establecidos en el artículo 376 de la Constitución. ARTÍCULO 2: PRINCIPIO DE COMPETENCIA. Por principio de competencia, se entiende que la presente ley determinará el marco de asuntos a reformar sobre los cuales la Asamblea podrá deliberar y decidir, siéndole estrictamente prohibido conocer, pronunciarse o decidir sobre asuntos diferentes a los establecidos en esta ley. ARTÍCULO 3: PRINCIPIO DE PERIODICIDAD. Por principio de periodicidad, se entiende que la presente ley determinará la duración y período dentro del cual podrá sesionar la Asamblea, siéndole estrictamente prohibido extenderlo a plazo diferente al establecido por esta ley. ARTÍCULO 4. PRINCIPIO DE COMPOSICIÓN. Por principio de composición, se entiende que la presente ley determinará la composición y forma de elección de la Asamblea, en los términos del artículo 376 de la Constitución, sin que ninguna otra autoridad pueda modificar la composición o manera de elección de los constituyentes. ARTÍCULO 5. PRINCIPIO DE LIMITACIÓN. Por principio de limitación, se entiende la sumatoria conceptual de los principios enunciados en los artículos 3 y 4 de la presente
ley, consagrados ambos en el artículo 376 de la Constitución, de acuerdo con lo cual la Asamblea convocada por medio de la presente ley estará sujeta a las limitaciones establecidas en el artículo 376 de la Carta, con el alcance y restricciones que esta misma ley y dicho artículo constitucional establezcan. PARAGRAFO. La Asamblea estará en todo sujeta a lo dispuesto en el artículo 376 de la Constitución, desarrollado por la presente ley. El reglamento que la Asamblea se dará así misma será establecido conforme a lo dispuesto en la presente ley. CAPÍTULO II PERÍODO, COMPETENCIA Y PROHIBICIONES ARTÍCULO 6. Convócase a una Asamblea Nacional Constituyente, que deberá reunirse en Bogotá, D.C., por el término de seis meses contados a partir de la fecha en que se proclame electa la Asamblea por parte del Consejo Nacional Electoral, para que en su calidad de constituyente derivado reforme la Constitución Política exclusivamente en las siguientes tres materias: a) REFORMA A LA JUSTICIA. En lo relativo a la administración de Justicia y la
Rama Judicial, contenido en el Título VIII de la Constitución Política, y todos aquellos temas que no estando en dicho título por estar relacionados con la administración de justicia considere la Asamblea que se deban modificar. b) REFORMA AL RÉGIMEN DE REELECCIÓN PRESIDENCIAL. En lo relativo a la
reelección Presidencial contenida en el artículo 197 de la Constitución Nacional. c) REFORMA AL RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. En lo relativo a la
administración territorial contenida en el Titulo XI de la Constitución Política y todos aquellos temas que no estando en dicho título por estar relacionados con la administración territorial considere la Asamblea que se deban modificar.
ARTÍCULO 7: PROHIBICIONES GENERALES. La Asamblea deliberará y decidirá exclusivamente sobre los temas anteriormente señalados. Los casos en que podrá modificar artículos constitucionales de Títulos diferentes a los señalados en el artículo anterior serán excepcionales y en ningún caso será conducta generalizada por parte de la Asamblea. La o las presidencias de la Asamblea velarán por el estricto cumplimiento del presente artículo. Artículo 8. PROHIBICIONES ESPECÍFICAS: No podrá la Asamblea ocuparse de
asuntos que no se encuentren contemplados dentro de los literales a, b y c del artículo anterior. So pretexto de que se tratare de un tema relacionado con los referidos asuntos de reforma a la Justicia, Reelección Presidencial o administración Territorial, y que no se encontrará específicamente contemplado en los títulos indicados en los literales a, b y c del artículo 6 de la presente ley, la Asamblea no podrá deliberar ni decidir sobre: A. Derechos Fundamentales. B. Revocatoria del Congreso de la República, del Presidente de la República o de cualquier ente del Gobierno Nacional. C. Impuestos, tributos y rentas nacionales. D. Tratados internacionales y relaciones entre la República de Colombia y otros estados u organizaciones internacionales. E. Negociaciones, transacciones o cualquier tipo de diálogo con Estados, organizaciones internacionales o grupos armados al margen de la ley. F. Indultos, perdones o amnistías de ninguna clase. CAPÍTULO III COMPOSICIÓN, FUNCIONAMIENTO y RÉGIMEN DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA ARTICULO 9. La Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por aquellos candidatos elegidos popularmente, a razón de uno por cada departamento, uno por el
Distrito Capital de Bogotá, uno por las comunidades indígenas, uno por las comunidades afro descendientes y uno por los colombianos residentes en el exterior. ARTICULO 10. En la elección se atenderá lo previsto en la ley en cuanto al régimen electoral para la elección a la Cámara de Representantes. ARTICULO 11. Para ser elegido miembro de la Asamblea se requiere ser colombiano, ciudadano en ejercicio, tener más de 30 años de edad a la fecha de la elección. ARTICULO 12. Para ser elegido miembro de la Asamblea se requieren los mismos requisitos que para ser miembro de la Cámara de Representantes. PARÁGRAFO: No podrán ser miembros de la Asamblea los ex presidentes de la República. ARTÍCULO 13. Para los miembros de la Asamblea rigen las mismas inhabilidades, incompatibilidades, garantías y asignaciones previstas para los congresistas. Se entienden incluidas entre las garantías, la inviolabilidad del voto y opiniones así como la inmunidad, que serán las mismas que las de los congresistas. ARTICULO 14. la Republica. ARTÍCULO 15º. La Asamblea podrá citar a cualquier funcionario del orden nacional para recibir de ellos información. ARTÍCULO 16º. Los proyectos de reforma constitucional sobre las materias Las reuniones y deliberaciones de la Asamblea se regirán por el
reglamento que la misma Asamblea determine, a falta del cual será el del Congreso de
autorizadas en esta ley, podrán ser presentados por el Gobierno Nacional, por medio de uno de los ministros, o por un mínimo de 5 miembros de la Asamblea Constituyente.
CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO ELECTORAL ARTÍCULO 17º. La pregunta que de acuerdo con el artículo 61 de la ley 134 de 1994 se someterá a aprobación de los ciudadanos en ejercicio será la siguiente: • ¿Aprueba usted la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con el
fin de modificar la Constitución Política de Colombia, en relación con la reforma a la Justicia, la eliminación de la reelección presidencial y la reforma al régimen de organización territorial? ARTÍCULO 18º. La Asamblea tendrá un periodo de 6 meses para realizar las reformas que estime convenientes dentro del marco temático determinado por la presente ley y por los ciudadanos en las urnas. Los 6 meses serán contados a partir de la fecha en que se proclame electa la Asamblea Nacional Constituyente por el Consejo Nacional Electoral. ARTÍCULO 19º. Esta ley regirá desde su promulgación.
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