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Timestamp: 2018-08-20 18:09:54
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 291', 'artículo 291', 'artículo 291', 'artículo 241', 'artículo 291', 'artículo 29', 'artículo 314', 'artículo 291', 'artículo 291', 'artículo 291', 'artículo 291', 'Artículo 29', 'artículo 108', 'artículo 293', 'artículo 63', 'artículo 292']

﻿ Sentencia C-533 de agosto 19 de 2015
SENTENCIA C-533 DE 19 DE AGOSTO DE 2015
CONTENIDO:PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. SI LA COMUNICACIÓN NO SE RECIBE PORQUE LA PERSONA NO RESIDE O TRABAJA EN EL LUGAR SE PREVÉ SU POSIBLE EMPLAZAMIENTO, MIENTRAS QUE SI LA COMUNICACIÓN NO SE RECIBE PORQUE EN EL LUGAR DE DESTINO SE REHÚSAN A RECIBIRLA SE ESTABLECE QUE ESTA SE TENDRÁ POR ENTREGADA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. SE DECLARA EXEQUIBLE, POR EL CARGO EXAMINADO, EL INCISO SEGUNDO DEL NUMERAL 4º DEL ARTÍCULO 291 DE LA LEY 1564 DE 2012 “POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”
TEMAS ESPECÍFICOS:NOTIFICACIÓN PERSONAL, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Sentencia C-533 de agosto 19 de 2015
Ref.: Expediente D-10702.
Bogotá, D. C., diecinueve de agosto de dos mil quince.
Los ciudadanos Camilo Andrés Beltrán Prada y José Ángel Pérez Ariza, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, demandan la declaratoria de inconstitucionalidad del segundo inciso del numeral 4º del artículo 291 de la Ley 1564 de 2012, cuyo texto —con lo demandado en subrayas— es el siguiente:
“ART. 291.—Práctica de la notificación personal. Para la práctica de la notificación personal se procederá así:
Este tribunal es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del segundo inciso del numeral 4º del artículo 291 de la Ley 1564 de 2012, conforme a lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política.
2.2.1. El argumento por vulneración del debido proceso (C.P., 29); no será analizado de fondo por cuanto se erige en interpretaciones confusas y subjetivas del actor que imposibilitan la conformación de un cargo de inconstitucionalidad, y en especial carece de pertinencia al fundamentar el concepto de la violación en los siguientes interrogantes: “¿qué recursos procesales le quedan al demandado o tercero que reside o trabaja en la dirección que se indicó para el recibo de notificaciones, cuando tenga que demostrar que no tuvo conocimiento alguno de la comunicación que se le envió para notificarse del auto admisorio de la demanda o de mandamiento ejecutivo o de la providencia que ordenó vincularlo, porque la misiva fue rehusada, sin saber por quién y por qué? etc.”. Ante lo cual, es necesario que el demandante señale cómo y en qué medida la comunicación como medio para la notificación personal plantea al menos un problema de relevancia constitucional, y no razones personales.
2.3.1. La Corte ha indicado que en armonía con la naturaleza pública de la acción por inconstitucionalidad, las demandas ciudadanas deben estudiarse bajo la aplicación del principio pro actione(3), por cuanto, la exigencia de los presupuestos para la conformación de un cargo, (i) no deben tener tal rigorismo que imposibilite el derecho ciudadano, (ii) es deber del juez constitucional analizar si es posible un fallo de fondo y no uno inhibitorio; y en consecuencia, (iii) la duda debe resolverse a favor del actor. En ese sentido, procede el estudio del cargo por vulneración del derecho a la igualdad (C.P., 13) al plantear una posible diferencia de trato legal entre situaciones jurídicas en principio asimilables —no recibir la comunicación—, En cuyo caso, de constatarse su inconstitucionalidad, de contera demostraría la vulneración al acceso a la administración de justicia (C.P., 228 y 229).
2.3.2. Conforme a lo anterior, el cargo por vulneración del derecho a la igualdad y limitación al acceso a la administración de justicia, logra suscitar una duda sobre la constitucionalidad de la norma, no solo para la Corte, sino también para algunos intervinientes y el Ministerio Público, en la medida que si bien la mayoría solicitan la exequibilidad, para otros —Universidad Javeriana— se presenta una duda sobre su constitucionalidad.
2.3.3. La Corte constata que la demanda: (i) señala con claridad la norma que presuntamente transgrede la Constitución —segundo inciso del numeral 4º del artículo 291 de la Ley 1564 de 2012—; (ii) indica las Normas Superiores que considera vulneradas —artículos 13, 228 y 229 C.P.—; (iii) presenta como concepto de inconstitucionalidad, el tratamiento legal diferenciado otorgado a grupos que deberían ser tratados iguales, limitándose el derecho de defensa en el proceso judicial y con ello el acceso a la administración de justicia.
3.1.2. De la comparación de la notificación personal prevista en el código derogado y en la norma ahora demanda, se constata que se mantiene el uso de las comunicaciones, acorde con el siguiente cuadro —subrayas fuera de texto—.
Código de Procedimiento Civil Ley 1564 de 2012
ART. 315.—Práctica de la notificación personal(4). Para la práctica de la notificación personal se procederá así:
(…). ART. 291.—Práctica de la notificación personal. Para la práctica de la notificación personal se procederá así: (…)
4. Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá a su emplazamiento(5) en la forma prevista en este código.
3.1.3. Así las cosas, la figura de la comunicación, no es una institución novedosa del nuevo Código Procesal, en tanto que la anterior legislación —artículos 29 y 32 de la Ley 794 de 2003— también la previa como medio de información para surtir la notificación personal. Sobre dicha norma, la Corte se pronunció en la Sentencia C-783 de 2004 estableciendo las diferencias de la comunicación o notificación judicial con la notificación personal, de la siguiente manera:
“4. Conforme a la doctrina jurídica, la notificación judicial es un acto procesal mediante el cual se hacen saber o se ponen en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por los funcionarios respectivos, con las formalidades señaladas en las normas legales (negrilla fuera de texto).
Por efecto de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que estén en desacuerdo con ellas y ejercer su derecho de defensa. Por esta razón, el mismo constituye un elemento básico del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución”.
3.1.4. Más adelante se precisó que las modalidades para surtir la notificación en el Código de Procedimiento Civil —arts. 313-330— así como la modificación hecha por la Ley 794 de 2003, son: por aviso, por estado, por edicto, en estrados y por conducta concluyente, indicando sobre la primera de ellas, lo siguiente:
De dichas modalidades la personal es la que ofrece una mayor garantía del derecho de defensa, en cuanto permite en forma clara y cierta el conocimiento de la decisión por la parte o el tercero que la recibe. Por esta razón el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán hacerse personalmente las notificaciones: i) al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto que confiere traslado de la demanda o que libra mandamiento ejecutivo, y en general la de la primera providencia que se dicte en todo proceso; ii) la primera que deba hacerse a terceros. Ello se explica porque con dichas providencias el destinatario queda vinculado formalmente al proceso como parte o como interviniente y queda sometido a los efectos jurídicos de las decisiones que se adopten en él, en particular a la sentencia que le pone fin (negrilla fuera de texto).
4.1. La jurisprudencia de esta corporación constantemente ha expresado sobre el principio de igualdad, que se manifiesta en distintos planos jurídicos(6), siendo la regla general (i) la igualdad ante la ley —entendida como el deber estatal de imparcialidad en la aplicación del derecho frente a todas las personas—; (ii) la prohibición de discriminación, —categoría en la que se incluyen criterios definidos como “sospechosos” y referidos a razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica—; y (iii) finalmente, la promoción de la igualdad de oportunidades o igualdad material, comprendido como el deber de ejercer acciones concretas destinadas a beneficiar a los grupos discriminados y marginados.
Así las cosas, la igualdad termina siendo un concepto relacional que impide aplicarse de forma automática, lo que trae consigo la atención igual a quienes se encuentren en situaciones similares, y en forma desigual a los sujetos que se hallen en situación diferente. Un primer parámetro esbozado por esta Corte para identificar si se está en presencia de una situación diferente es establecer un criterio de comparación o tertium comparationis, donde se puede determinar si los hechos son iguales o no”(7).
5.1. Conforme a lo expresado por los demandantes, se aduce el desconocimiento del mandato de trato igual entre iguales, consistente en las distintas consecuencias jurídicas aplicadas a situaciones de hecho semejantes, descritas en la norma procesal de la notificación personal —artículo 291 CGP— . Es así como las comunicaciones que son devueltas con la anotación de que la persona no reside o no trabaja en el lugar son sujetas al emplazamiento(8), mientras que las comunicaciones que se rehúsan a recibir se entienden como entregadas.
5.2. En un primer análisis se tiene en común que en ambos supuestos de hecho se encuentran en la etapa de entrega de la comunicación, que como se vio en el punto 3.1.3, es un acto procesal —distinto a la notificación— mediante el cual se pone en conocimiento de las partes determinada decisión judicial. No obstante, las situaciones jurídicas entraban supuestos de hecho distintos, pues por un lado, no existe un vínculo real entre la dirección aportada y el notificado, siendo incierto el recibo de la comunicación ante los casos de: (i) no residir o trabajar, o (ii) ante la inexistencia de la dirección. Mientras que en el segundo supuesto, se presume que el notificado se ubica en dicha dirección, pero la misma, no es recibida, tanto así que en el numeral previo al demandado, dispone que si la comunicación es recibida en una unidad inmobiliaria cerrada(9) la entrega podrá realizarse a la persona que atienda la recepción.
5.4. No obstante, sea que se trate del primer o el segundo supuesto de hecho, es de aclarar que la comunicación sea recibida o no, no constituye un medio de notificación, pues como se vio en el marco normativo —supra 3.1.2—, en el caso de no residir y/o trabajar o estar errada la dirección se procederá al emplazamiento y si es el caso posterior notificación mediante curador ad litem, y en el segundo caso, cuando se niega recibir, tiene la opción de acudir al despacho judicial dentro de los 5 días siguientes para notificarse, y de no hacerse se procederá la notificación por aviso(10).
Comunicación recibida/rehúsa Comunicación no entregada
Opción 2. Si no asiste dentro de los 5 días siguientes al recibo de la comunicación, se procederá a la notificación por aviso. Opción 1. Se procede al emplazamiento para que dentro de los 15 días siguientes a las publicaciones de ley, el interesado se acerque al respectivo despacho judicial para notificarse.
5.5. Por todo lo visto, se concluye que la norma acusada “Cuando en el lugar de destino rehusaren recibir la comunicación, la empresa de servicio postal la dejará en el lugar y emitirá constancia de ello. Para todos los efectos legales, la comunicación se entenderá entregada” contenida en el inciso segundo, del numeral 4º del artículo 291 de la Ley 1564 de 2012, es exequible por el cargo de igualdad, al no constatarse una diferencia de trato frente al supuesto de hecho del primer inciso “Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá a su emplazamiento en la forma prevista en este código” al tratarse de supuestos de hecho no asimilables.
5.7. En consecuencia, tampoco se desconoce el derecho al acceso a la administración de justicia (C.P., 228 y 229) en tanto que la comunicación no constituye o reemplaza a la notificación de la providencia que deba hacerse personalmente —auto admisorio de la demanda, mandamiento, vinculación de un tercero etc.—, la cual, se surte en el caso de la hipótesis en que se rehúsa a recibir, mediante aviso, evento en el que adicionalmente el interesado debe remitir con las indicaciones básicas del proceso junto con una copia informal del auto que se notifica.
1. La demanda. Se plantean tres cargos por vulneración del derecho a la igualdad (C.P., 13); vulneración del debido proceso (C.P., 29) y limitación al acceso a la administración de justicia (C.P., 228 y 229). Sustentados así: (i) En el primero afirman que la ley trata de manera diferente a dos eventos en los cuales la comunicación no es recibida por su destinatario. En efecto, si la comunicación no se recibe porque la persona no reside o trabaja en el lugar se prevé su posible emplazamiento, mientras que si la comunicación no se recibe porque en el lugar de destino se rehúsan a recibirla se establece que esta se tendrá por entregada, para todos los efectos legales. Argumenta que la conducta de rehusarse a recibir la comunicación puede darse porque precisamente la persona a la que se remite no reside o trabaja en el lugar, o porque la persona encargada de recibir correspondencia no la conoce, o porque no tiene trato con ella, o porque tiene enemistad con ella, situación que a su juicio “es muy común en las casas de inquilinato o viviendas multifamiliares que carecen del servicio de portería”. Señala que al no recibirse la comunicación por cualquiera de las anteriores razones, el mensajero puede cumplir con su deber de dejar la comunicación “de cualquier manera en el lugar, ya sea tirándola bajo la puerta o poniéndola en algún sitio”. En estas circunstancias, considera que la diferencia de trato carece de justificación. (ii) En cuanto al debido proceso, centra su argumentación en el planteamiento de varios interrogantes, por lo cual, en el acápite de ineptitud de algunos cargos, se constató la falta de conformación del cargo, y por ello se procederá en ese caso a la inhibición. Finalmente, (iii) respecto del derecho a acceder a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229), sostiene que para la concreción de este derecho es necesario “garantizar a toda persona la posibilidad de ser parte en un proceso y de hacer uso de los medios establecidos por la ley para formular sus pretensiones o para defenderse de las pretensiones que sean formuladas en su contra”. En este contexto, consideran que tener por entregada una comunicación, como lo prevé la norma demandada, a partir de “la simple constancia de que alguien se rehusó a recibir la comunicación”, no brinda la antedicha garantía.
3. Concepto de la violación vs igualdad (C.P., 13). El derecho constitucional a la igualdad apareja un trato igual relacionado con supuestos fácticos equivalentes, siempre que no existan fundamentos suficientes para darles una aplicación diferente y un mandato de tratamiento desigual que implica diferenciar situaciones diferentes y otorgar un desarrollo disímil, siempre que esta resulte razonable y proporcional a la luz de los principios y valores constitucionales. En ese sentido, la norma acusada “Cuando en el lugar de destino rehusaren recibir la comunicación, la empresa de servicio postal la dejará en el lugar y emitirá constancia de ello. Para todos los efectos legales, la comunicación se entenderá entregada” contenida en el inciso segundo, del numeral 4º del artículo 291 de la Ley 1564 de 2012, no es asimilable al supuesto de hecho del primer inciso “Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá a su emplazamiento en la forma prevista en este código” al tratarse de supuestos de hecho distintos, consistentes en que en el primer evento se ubica al notificado pero la comunicación no es recibida, mientras que la segunda hipótesis parte de la base de que el citado no vive, labora o la dirección suministrada es inexistente, razón por la cual, las consecuencias jurídicas en ambos casos son diferentes.
Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, el inciso segundo del numeral 4º del artículo 291 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”
(3) C-081 de 2014: “No obstante, también ha resaltado, con base en el principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado; en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo’”.
(4) Artículo 29 de la Ley 794 de 2003 declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-783 de 2004.
(5) Ley 1564 de 2012, artículo 108. Emplazamiento. Cuando se ordene el emplazamiento a personas determinadas o indeterminadas, se procederá mediante la inclusión del nombre del sujeto emplazado, las partes, la clase del proceso y el juzgado que lo requiere, en un listado que se publicará por una sola vez en un medio escrito de amplia circulación nacional o local, o en cualquier otro medio masivo de comunicación, a criterio del juez, para lo cual indicará al menos dos (2) medios de comunicación.
(6) C-221 de 2011.
(7) C-609 de 2012, reiterada en la C-785 de 2012.
(8) Ley 1564 de 2012, artículo 293. Emplazamiento para notificación personal. Cuando el demandante o el interesado en una notificación personal manifieste que ignora el lugar donde puede ser citado el demandado o quien deba ser notificado personalmente, se procederá al emplazamiento en la forma prevista en este código.
(9) Ley 675 de 2001, artículo 63. Unidades inmobiliarias cerradas. Las unidades inmobiliarias cerradas son conjuntos de edificios, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente, que comparten elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación, recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual; cuyos propietarios participan proporcionalmente en el pago de expensas comunes, tales como los servicios públicos comunitarios, vigilancia, mantenimiento y mejoras. El acceso a tales conjuntos inmobiliarios se encuentra restringido por un encerramiento y controles de ingreso.
(10) Ley 1564 de 2012, artículo 292. Notificación por aviso. Cuando no se pueda hacer la notificación personal del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo al demandado, o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que se debe realizar personalmente, se hará por medio de aviso que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.