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Timestamp: 2018-08-21 15:48:07
Document Index: 94206773

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 81', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 153', 'artículo 594', 'artículo 81', 'artículo 94']

Exp: 02-003211-0166-la res: 2006-00083
Exp: 02-003211-0166-LA
Res: 2006-00083
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, diez horas cinco minutos del veintidós de febrero del dos mil seis.
Proceso ordinario, establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por ROCÍO CAMPOS SIBAJA, empacadora, contra CORPORACIÓN MEGASUPER SOCIEDAD ANÓNIMA representada por su apoderado general judicial Virgilio Alberto Calvo Flores. Actúan como apoderados especiales judiciales; de la actora la licenciada Leyla Rita Calderón Campos, soltera y de la sociedad demanda el licenciado Alberto Rojas Chaves. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas
1.- La actora, en acta de demanda de fecha veintiséis de noviembre del dos mil dos, promovió la presente acción para que en sentencia se condene a la accionada al pago de vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía, pre y post parto, daños y perjuicios y ambas costas de esta acción.
2.- La parte demandada, contestó la acción en los términos que indica en el memorial de fecha treinta y uno de julio del dos mil tres, y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de interés actual, pago, prescripción y la genérica de sine actione agit.
3.- La jueza, licenciada Brenda Caridad Vargas, por sentencia de las diez horas un minuto del treinta de abril del dos mil cuatro, dispuso: “Con fundamento en lo expuesto, artículos 71 de la Constitución Política, 21, 29, 94, 94 bis, 95, 402 inciso a) y siguientes del Código de Trabajo, citas jurisprudenciales invocadas, se DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por ROCÍO CAMPOS SIBAJA, contra la empresa CORPORACIÓN MEGA SUPER S.A. Se condena a la empresa demandada a pagar a favor de la actora, los siguientes extremos: A).- El subsidio de pre parto a razón de un mes de salario por la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE COLONES, B).- El subsidio post parto a razón de tres meses de salario por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA COLONES. C).- En cuanto a los salarios dejados de percibir, cuatro meses de salarios (contados desde el momento del despido hasta completar ocho meses de embarazo), por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA COLONES. D).- Por concepto de preaviso le corresponde a la trabajadora un mes de salario por la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE COLONES. E).- Por auxilio de cesantía, calculado en forma compuesta conforme el artículo 29 del Código de Trabajo y el transitorio IX de la Ley de Protección al Trabajador la suma de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO COLONES CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. F).- Vacaciones le corresponde a la trabajadora por diez días la suma de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA COLONES, cantidad a la que se le debe rebajar la suma de veinte mil seiscientos once colones con noventa y ocho céntimos, quedando pendiente una diferencia a favor de la actora por la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO COLONES CON DOS CÉNTIMOS. G).- Aguinaldo proporcional corresponde a la trabajadora la suma de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS COLONES CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS, cantidad a la cual debe rebajarse la suma de cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y un colones con cuarenta y siete céntimos ya cancelados por la demandada, queda pendiente una diferencia a favor de la trabajadora por la suma de TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO COLONES CON DIECINUEVE CÉNTIMOS. Todo lo anterior para un total de NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE COLONES CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. Se rechaza la excepción de falta de derecho, la excepción se pago se acoge en forma parcial en cuanto a la cancelación parcial que hizo la empresa de los extremos de vacaciones y aguinaldo. Se rechazan las de falta de legitimación activa y pasiva por haberse acreditado la existencia de la relación laboral entre las partes, por lo que cuenta con legitimación para ser parte en el proceso, y la de falta de interés actual contenida en la genérica. En consecuencia se rechaza la genérica de sine actione agit comprensiva de todas las anteriores y la de prescripción por improcedente. Se condena a la demandada al pago de ambas costas del presente proceso fijándose las personales en un veinte por ciento del total de la condenatoria”.
4.- El apoderado especial judicial de la sociedad demandada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los licenciados Luis Fernando Salazar Alvarado, Mayita Ramón Barquero y Karol Baltodano Aguilar, por sentencia de las nueve horas diez minutos del treinta de junio del año próximo pasado, resolvió: “Se declara que en los procedimiento no se observan defectos u omisiones causantes de nulidad o indefensión. Se confirma la sentencia recurrida en lo que fue objeto del recurso”.
5.- El apoderado especial judicial de la accionada formula recurso, para ante esta Sala, en memorial de data catorce de octubre del dos mil cinco, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.
I. ANTECEDENTES: La actora interpuso demanda en contra del Supermercado Megasuper S.A., alegando que trabajó para la demandada desde el 15 de noviembre del 2000 y que el 30 de setiembre del 2002 fue despedida por estar embarazada, agrega que le pagaron la suma de ¢79.000,00 por concepto de prestaciones. Solicita que se condene a la accionada a pagarle vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía pre y post parto, daños y perjuicios y ambas costas. La accionada contestó negativamente, señaló que la actora abandonó su trabajo porque se ausentó por aproximadamente treinta días consecutivos, de manera injustificada, y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de interés actual, pago, prescripción y la genérica sine actione agit (folios 28 a 30). El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José mediante sentencia Nº 1198, de las 10:01 horas del 30 de abril del 2004, declaró parcialmente con lugar la demanda, y condenó a la accionada al pago de los subsidios pre y post parto, cuatro meses de salario dejados de percibir, preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo proporcional; rechazó las excepciones de falta de derecho y de legitimación activa y pasiva y la de falta de interés contenida en la genérica sine actione agit, acogió parcialmente la excepción de pago y condenó a la demandada al pago de ambas costas (folios 55 a 63). El apoderado de la demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del Juzgado (folios 66 a 77). El Tribunal de Trabajo Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante resolución número 241 de las 9:10 horas del 30 de junio del 2005 confirmó la sentencia del Juzgado porque si bien tuvo por cierto que la actora incurrió en ausencias injustificadas que legitimaron al empleador para despedirla con base en el inciso g) del artículo 81 del Código de Trabajo, también consideró que debió pedir autorización a la Dirección Nacional de la Inspección Nacional de Trabajo con base en el artículo 94 del citado cuerpo normativo, porque al momento de ejecutarse el despido, el embarazo de la actora era conocido por sus superiores. A esa conclusión arribó con base en el testimonio de Jesús Manuel San Lee Porras y Álvaro José Sánchez Martínez. El primero por haber señalado que al momento de llegar las incapacidades se rumoraba en la empresa sobre el posible embarazo de la actora; y en el segundo caso, porque dicho testigo declaró que la actora le comentó sobre su estado de embarazo; aunque dijo no recordar si le entregó documento de laboratorio (folios 83 a 88).
II. SOBRE EL RECURSO: Ante la Sala el apoderado de la demandada alega violación al principio del debido proceso y del derecho de defensa por estimar que la sentencia del Tribunal adolece de una debida fundamentación, porque a pesar de que reconoce que la actora no presentó el comprobante de embarazo previo al despido, dice que esa omisión no le impide gozar del fuero de protección por embarazo. Argumenta que el despido obedeció a criterios absolutamente objetivos por haber incurrido la actora en la causal prevista por el numeral 81 inciso h) del Código de Trabajo y nunca por el estado de gravidez, en abono a su tesis, quien recurre sostiene que se ha efectuado una interpretación forzada y subjetiva de los elementos de prueba que constan en el expediente para atribuir a su representada una violación a la protección de la trabajadora embarazada por haberla despedido, supuestamente estando enterada de ese estado. Sostiene, que para que opere el marco legal de protección prevista por el artículo 94 del Código de Trabajo, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, deben concurrir necesariamente tres requisitos o circunstancias materiales: a) que haya una relación bilateral actual y vigente de trabajo; b) que la trabajadora esté en realidad embarazada, y c) que el patrono esté enterado por el medio que sea de tal estado de gravidez, o que al menos tenga motivos suficientes para presumirlo; de modo que si no se constata que el patrono ha tenido noticias de la gestación, no se materializa el acto discriminatorio contra el que se erige la protección. Basado en esos argumentos dice que en el caso concreto el despido no fue motivado por la intención de evadir obligaciones, sino por razones absolutamente ajenas al estado de embarazo de la actora, ya que su despido es un acto objetivo por las ausencias injustificadas, de tal forma que no existe ni es posible establecer en este asunto ninguna relación de causalidad entre el estado de gravidez de la petente y su despido. Reprocha que ni el Juzgado ni el Tribunal tomaran en cuenta que la actora al momento de interponer la demanda no presentó medio probatorio sobre su estado de gravidez, y ante prevención del Juzgado no aportó certificación del estado de embarazo ni del nacimiento del menor sino una copia de una declaración de nacimiento; que ante ese incumplimiento de la obligación probatoria, no es correcto que el Tribunal presuma que su representada tenía conocimiento de que la accionante estaba embarazada y que ella lo comunicó. Por las anteriores razones sostiene que la sentencia del ad quem es incongruente y carece de la debida fundamentación exigida por el artículo 153 del Código Procesal Civil. Otro motivo de ataque a la sentencia consiste en que la recurrente estima que el ad quem incurrió en crasos errores de hecho en la interpretación de los medios probatorios constantes en autos, violentando la sana crítica racional; por estimar que esos medios probatorios fueron apreciados en forma subjetiva, parcializada y no en conjunto como corresponde. A los efectos cita la declaración de Jesús Manuel San Lee Porras y de Álvaro José Sánchez Martínez, para concluir que de esos testimonios en conjunto se colige que el despido obedeció a criterios objetivos y nunca por discriminación debido al estado de gravidez de la petente, porque estuvo basado en ausencias injustificadas al trabajo, o sea por abandonar el cargo sin motivo, explicación o comunicación a su empleador, (por lo que le imputa a la trabajadora violación al principio de buena fe contractual, pues luego de despedida argumenta que está embarazada) y cuando presenta sus incapacidades es que se rumora de la posibilidad de que estuviera embarazada, pero ese hecho no fue informado al momento del despido ni se demostró dicho estado.
III. El recurrente alega que el Tribunal vulneró el principio del debido proceso y el derecho de defensa dictando una sentencia incongruente y que carece de debida fundamentación. Estos agravios tal y como están calificados por el recurrente no son atendibles por disposición del artículo 594 del Código Procesal Civil, porque los reparos de forma en la sentencia no pueden ser motivo de recurso ante esta Sala. Sin embargo, la inconformidad de la recurrente realmente estriba en una supuesta mala valoración de la prueba, a juzgar por los argumentos que esboza para sostener el recurso. Estos argumentos se sintetizan en dos puntos: -que el despido se basó en razones objetivas por las ausencias injustificadas de la actora, que legitimaron al empleador a despedirla sin responsabilidad patronal y- que existe error de hecho en la apreciación de la prueba porque el Tribunal consideró que la accionada si tuvo conocimiento del estado de embarazo de la petente y, por no constar solicitud de autorización de despido, confirmó la sentencia del Juzgado que declaró con lugar la demanda. En el primer caso, sea sobre las ausencias de la trabajadora por las que se le despidió, no hay razón para objetar lo resuelto por el Tribunal, por lo que no son atendibles los argumentos de quien recurre, porque el ad quem tuvo por acreditado que la actora dejó de asistir a su trabajo por un período largo y si bien aportó las incapacidades respectivas para justificar sus ausencias, hubo un intervalo de cinco días que no estaban cubiertos por la incapacidad, razón por la que concluyó que hubo justa causa para despedirla, conforme al artículo 81 del Código de Trabajo, de manera que sobre este punto no se aprecia mala valoración de la prueba.
IV. Tampoco es atendible el reparo sobre la protección dada a la trabajadora con base en el artículo 94 y 94 bis del Código de Trabajo, pues no es cierto que con los testimonios de Jesús Manuel San Lee Porras y Álvaro José Sánchez Martínez se desvirtuara la falta de conocimiento del empleador del estado de embarazo de la petente cuando procedió a su despido; en casos de trabajadora embarazada, es necesario que los juzgadores agudicen el análisis para descartar los indicios que evidencien el conocimiento del empleador del estado de gravidez de la trabajadora para poder liberarlo de responsabilidad cuando despide, por razones objetivas sin cumplir con el fuero de protección previstos por los numerales antes citados, esto es así porque no basta con estar legitimado para despedir a una trabajadora embarazada, sino que por imperativo legal debe seguirse el trámite administrativo hasta obtener la autorización respectiva de la Inspección General de Trabajo. Este trámite fue omitido por la aquí demandada, por lo que debe asumir las consecuencias pecuniarias que su precipitada decisión le generó. No es atendible su argumento en el sentido de que de la testimonial en conjunto queda claro que no se conocía del estado de embarazo de la trabajadora cuando se procedió al despido. Todo lo contrario, de las deposiciones de los testigos se colige que el despido se efectuó porque la actora presentó incapacidades que evidenciaron que durante su ausencia no todos los días estuvieron cubiertas por esa incapacidad o sea que no se trató de incapacidades continuas, también dan cuenta que cuando la actora presentó las incapacidades se rumoraba que ella podría estar embarazada; así Jesús Manuel San Lee Porras dijo: “Ninguno de mis compañeros comentó que Rocío estuviera embarazada pero cuando llegaron las incapacidades se rumoraba que ella podía estar embarazada- En una de las reuniones matutinas una compañera del área de cajas fue la que mencionó que ella podía estar embarazada pero la empresa nunca recibió ningún documento del embarazo. No preciso a quien entregó Rocío las incapacidades, creo que fue en el área de cajas porque ahí también había un jefe de cajas de nombre Gustavo y Luis Zeledón e Ileana como asistentes de esa área. Por lo general cuando se dan incapacidades el empleado debe dirigirse al Gerente de turno para entregar la documentación, sino a su jefe inmediato quien tenía la potestad de recibir las incapacidades que en el caso de la actora era el jefe de planta de nombre Marlon Suárez” (folio 44 frente y vuelto). Por su parte Álvaro José Sánchez Martínez, sobre el tema del embarazo de la actora dijo: “el motivo del despido de Rocío fue por ausencias por cinco días consecutivos no justificados,(…) Con posterioridad a aplicada la sanción del despido si supe por otras fuentes que supuestamente Rocío estaba embarazada. Cuando me refiero a otras fuentes digo que se trata de empleados del mismo lugar. La actora no presentó nunca documento alguno de su estado de embarazo ni antes ni después del despido (…) El día que despidieron a Rocío ella no dijo que estaba embarazada si hubo una conversación con ella con posterioridad al tramite del despido ella comunicó verbalmente la situación de su embarazo pero no recuerdo cuantos días o si fue un día después de su despido. Yo recibí una notificación de parte del Ministerio de Trabajo creo que cuando Rocío encausaba la demanda poco tiempo después de su despido. No recuerdo si tuve alguna entrevista con alguien del Ministerio de Trabajo por este caso ( …) Rocío se presentó con varias incapacidades donde se le incapacitaba y por ende justificaba sus ausencias poro diferentes lapsos de tiempo. Pero en la consecución de los días había una lapso de cinco días no cubiertos por la incapacidad sobre los cuales no presentó la justificación. No preciso quien recibió las incapacidades puede ser que las haya recibido la jefe de cajas o mi persona (…) yo tuve en mis manos las incapacidades de Rocío. No recuerdo como dije quien me las entregó, no recuerdo si cuando Roció mencionó después lo de su embarazo yo estaba solo o acompañado. Recuerdo que Rocío si me comentó verbalmente lo de su embarazo, pero no recuerdo que me entregara documento alguno del laboratorio, pero si lo hizo puedo asegurar que esto fue con posterioridad a su despido…” (folio 45 frente y vuelto). De los testimonios antes transcritos se evidencia que los representantes patronales en el negocio donde laboraba la actora si tenían conocimiento del embarazo de ésta, no solo por rumores del posible embarazo sino porque la petente se lo comunicó en forma verbal a Álvaro José Sánchez Martínez, quien lo que niega es que la actora le haya entregado documento de laboratorio para acreditar ese hecho. Así las cosas la Sala estima que la valoración de esa prueba por parte del Tribunal, se ajusta a derecho; si bien es cierto no se citó textualmente lo dicho por esos deponentes, esto no es razón para afirmar que los testimonios no fueron exhaustivamente analizados, como lo ha hecho esta Sala para concluir en igual sentido que lo hizo el Tribunal; o sea que la accionada conoció del embarazo de la actora por manifestación verbal de ésta ante uno de sus representantes y por los comentarios que se venían haciendo en el centro de labores sobre ese mismo tema, de manera que estaba obligada a pedir autorización del Ministerio de Trabajo para proceder al despido por las ausencias injustificadas que se acreditaron. Por lo tanto se cumplieron en este caso los tres requisitos o circunstancias materiales que echa de menos la recurrente, como son: la relación bilateral actual y vigente de trabajo, (por existir relación laboral inter partes), el estado de embarazo de la trabajadora, el que se comprobó con el documento de folio 16 que evidencia que el producto del embarazo fue una niña que nació el 25 de febrero del año 2003, a los nueve meses de gestación, por lo que el embarazo debió iniciarse en el mes mayo del 2002; y el despido se produjo el 30 de setiembre de ese mismo año, o sea cuando la actora tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo; y el patrono se enteró de ese hecho en la forma supraseñalada, y como el mismo recurrente lo indica, para que la protección se de basta con que el empleador al menos tenga motivos suficientes para presumirlo. En este caso no solo tenía motivos suficientes para presumirlo porque se comentaba ese suceso en la empresa y porque la actora se lo informó a Sánchez Martínez, sino también porque es razonablemente presumible que a los cuatro meses de embarazo éste fuera visible y además la actora venía siendo incapacitada en forma frecuente, lo que suele suceder con algunas mujeres en estado de embarazo. Como corolario de lo expuesto, no encuentra la Sala que hayan errores de hecho en la interpretación de los medios probatorios ni que se haya violado la sana crítica racional en la valoración de los elementos probatorios aportados al proceso por lo que la sentencia recurrida debe confirmarse, por las razones que da esta Sala.
Julia Varela Araya Ricardo Vargas Hidalgo