Source: http://www.jpof.com.ar/novedades.asp
Timestamp: 2019-06-24 17:39:08
Document Index: 243098957

Matched Legal Cases: ['Artículo 79', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 37', 'artículo 23', 'artículo 79', 'artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 11', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 3', 'Artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 18', 'Artículo 14', 'artículo 11', 'Artículo 15', 'artículo 11', 'Artículo 22', 'Artículo 191', 'artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 40', 'Artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 52', 'Artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 41', 'Artículo 22', 'artículo 20', 'artículo 49', 'artículo 78', 'artículo 93', 'artículo 90', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 46', 'artículo 91', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 257']

Derecho Administrativo y Regulatorio (2)
Derecho Comercial y Contractual General (2)
Hidrocarburos, Energía y Minería (1)
Derecho Aduanero y Cambiario (1)
Reducción del Impuesto a las Ganancias. Devolución a Trabajadores y Jubilados.
Resolución General (AFIP) N° 3770
A través de la Resolución General (AFIP) N° 3770 (Publicada en el día de la fecha en el Boletín Oficial), la Administración Federal de Ingresos Públicos modificó el procedimiento aplicable a las retenciones correspondientes a las rentas comprendidas en los incisos a, b y c del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, estableciendo incrementos progresivos en las deducciones previstas por los incisos a), b) y c) del artículo 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, a cuyo fin se han establecido 6 escalas salariales, para aquellos sujetos cuya mayor remuneración bruta oscila entre los $15.000 y $25.000.
A continuación detallamos los puntos sobresalientes del mentado régimen:
1. Sujetos beneficiados por la medida: Se encontrarán beneficiados con las nuevas disposiciones, exclusivamente, los sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual hubiese sido superior a la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) y que no hubieren superado la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000).
La norma bajo análisis establece que deberá considerarse la mayor de las remuneraciones y/o haberes mensuales devengadas en el período enero a agosto de 2013, ambos inclusive, aún cuando hubiere mediado un cambio de empleador.
La Resolución General N° 3770 reitera lo ya previsto por la Resolución General N° 3525(*), en tanto dispone, que a dicho fin deberán tomarse en consideración los siguientes parámetros:
- Considerar las remuneraciones mensuales, normales y habituales, entendiéndose como tales aquellas que correspondan a conceptos que se hayan percibido, como mínimo, durante al menos SEIS (6) meses desde enero a agosto de 2013.
- Cuando no se hayan devengado remuneraciones y/o haberes en la totalidad de los meses de enero a agosto del año 2013, se considerarán los conceptos que se hayan percibido, como mínimo, en el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de los meses involucrados.
2. Parámetros para determinar la aplicación del beneficio con relación a casos especiales: Los artículos 4 y 5 de la norma establecen una serie de parámetros que deberán ser considerados por los agentes de retención, a los efectos de analizar la aplicación del beneficio respecto de casos especiales que pudieran presentarse, a saber:
- Sujetos que hayan superado el límite de $25.000 de remuneración bruta mensual en el período enero a agosto 2013, pero que a raíz de una disminución en sus ingresos, desde el 1º de enero del corriente no superen dicho monto. Los sujetos no incluidos en el Decreto N° 1.242 (B.O. 30 de agosto de 2013) por haber superado el monto máximo previsto (remuneración mensual y habitual mayor a $25.000) y que hubieran sufrido una disminución de sus ingresos, determinarán su condición frente al régimen en función a la mayor remuneración y/o haber mensual, normal y habitual, percibidas a partir del 1° de enero de 2015.
- Inicio de actividades (relación de dependencia) y/o cobro de haberes (previsionales) a partir del mes de septiembre de 2013: Respecto de aquellos sujetos que hubieran iniciado actividades en septiembre de 2013 (con posterioridad al período base establecido por el Decreto Nº 1.242), la condición del sujeto beneficiario se determinará en función a la mayor remuneración y/o haber mensual, normal y habitual, percibidas a partir del 1° de enero de 2015. En el supuesto que no se trate de un mes completo, deberá mensualizarse el importe percibido.
En función de lo expuesto, la aplicación del beneficio respecto de los sujetos alcanzados por los anteriores parámetros deberá determinarse, con relación a las retribuciones percibidas a partir del 1° de enero de 2015 y en consecuencia, serán pasibles de los siguientes beneficios:
- Si el importe de la mayor remuneración y/o haber no supera los $ 15.000: No será pasible de retención.
- Si el monto de la mayor remuneración y/o haber es superior a $ 15.000, y hasta $ 25.000: le resultará de aplicación el aumento —en un VEINTE POR CIENTO 20%— de las deducciones establecidas en los incisos a), b) y c) del Artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y sus modificaciones y el beneficio que corresponda conforme los Artículos 4° y 5° de la resolución comentada.
3. Aumento de las deducciones. Escalas aplicables. El Anexo de la norma analizada establece seis tablas diferenciadas de deducciones, incrementadas en base a los distintos montos de remuneraciones brutas mensuales percibidas por los beneficiarios, tanto en el caso de trabajadores radicados en la región patagónica -delimitada por L. 23272- para zonas desfavorables, como para el resto del país.
Las deducciones previstas son las que corresponden a las ganancias no imponibles, a las cargas de familia (cónyuge, hijos y otras) y a la deducción especial.
A modo de ejemplo, detallamos los valores de la deducción especial (excepto el caso de trabajadores radicados en la región patagónica -delimitada por L. 23272- para zonas desfavorables), los que han quedado delimitados de la siguiente forma:
4. Remuneraciones alcanzadas por el beneficio. Vigencia de la norma: Los agentes de retención alcanzados por la Resolución General N° 2.437 (Rentas del trabajo personal en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras rentas. Régimen de retención), deberán aplicar el nuevo régimen respecto de las remuneraciones y/o haberes percibidos a partir del 1° de enero de 2015, inclusive.
Toda vez que las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive, y surtirán efecto desde el período fiscal 2015, inclusive, la medida deberá hacerse efectiva con relación a las remuneraciones correspondientes al mes de mayo.
5. Devolución de las retenciones efectuadas en exceso: Como consecuencia directa de la aplicación del citado régimen para las remuneraciones percibidas desde el 1º de enero del corriente, la norma determina la obligación del agente de devolver las retenciones efectuadas en exceso. Estos importes deberán ser devueltos en CINCO (5) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes en que se genere el saldo a favor del beneficiario, inclusive.
6. Exteriorización del beneficio en el recibo de sueldo: El importe correspondiente deberá estar consignado en el respectivo recibo de sueldo o comprobante equivalente, identificándolo con el concepto “DEVOLUCIÓN GANANCIAS - R.G. AFIP N° 3770”.
(*) Artículo 3°. Resolución General N° 3525 “Para la determinación de los importes referidos en los Artículos 2º y 5º, del Decreto Nº1.242/13 y a ese solo efecto, se considerarán las remuneraciones mensuales, normales y habituales, entendiéndose como tales aquellas que correspondan a conceptos que se hayan percibido, como mínimo, durante al menos seis (6) meses del período al que se hace referencia en dichos artículos Cuando no se hayan devengado remuneraciones y/o haberes en la totalidad de los meses de enero a agosto del año 2013, se considerarán los conceptos que se hayan percibido, como mínimo, en el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de los meses involucrados”.
Nuevos requisitos y modalidades operativas para la rúbrica de libros y documentación laboral en C.A.B.A.
Disposición N° 969/14 D.G.E.M.P. Nuevos requisitos y modalidades operativas para la rúbrica de libros y documentación laboral en C.A.B.A.
Recientemente fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Disposición N° 969/2014 emitida por la Dirección General de Empleo de la Ciudad. La mencionada normativa establece nuevos requisitos y modalidades operativas para la rúbrica del Libro Especial de Sueldos y Jornalesi y demás documentación laboral por ante la Dirección General de Empleo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, “G.C.B.A.”) e incorpora nuevos trámites que los empleadores podrán realizar ante dicho organismo.
Los trámites y requisitos exigibles se encuentran detallados en el “Anexo I” de la Disposición en análisis, el cual adjuntamos al presente para vuestro conocimiento. No obstante, cabe destacar que, entre los nuevos trámites obligatorios incorporados a la Disposición en análisis, se encuentra la rúbrica del “Libro de Horas Extraordinarias”. Esta incorporación viene a reforzar y materializar la jurisprudencia imperante en la materia, la cual –como adelantáramos hace algunos meses en nuestro informe titulado “Registro de Horas Extras: cambios en la interpretación de la Ley 11.544” - exige a los empleadores la presentación del “registro de horas extras” previsto en la Ley 11.544, bajo apercibimiento de aplicar las presunciones derivadas del art. 55 de la LCT y, en consecuencia, presumir ante la ausencia de dicho registro, el derecho del trabajador a percibir las horas extras reclamadas en juicio (ver informe adjunto).
Asimismo, es dable recordar que, en atención al ejercicio del poder de policía del trabajo que le fuera conferido a la autoridad administrativa y de aplicación del G.C.B.A., eventuales incumplimientos respecto de la existencia y/o exhibición de documentación laboral obligatoria – entre la cual ahora se encuentra el “Registro de Horas Extraordinarias”- podría dar lugar a la determinación de infracciones y a la consecuente aplicación de multas en el marco de un acto inspectivo.
Por último, informamos que la Disposición N° 969/14 D.G.E.M.P. ya se encuentra en vigencia y ha dejado sin efecto la anterior reglamentación dictada por el organismo (Disposición N° 263/2003 D.G.P.D.T.). La misma resulta de aplicación a todos los empleadores cuyos establecimientos o explotaciones se ubiquen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, así como aquellos que desarrollan su actividad en más de una jurisdicción y han optado por centralizar su rúbrica ante el G.C.B.A.
Registro de horas extras. Cambios en la interpretación de la Ley..pdf (209,40 kb)
DI 969-2014 DGEMP Anexo.pdf (473,96 kb)
Creación del Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Disponibilidad de Bienes e Insumos.
Creación del Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Disponibilidad de Bienes e Insumos. Entrada en vigencia.
En el día de ayer fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución SC Nº 17/2015, por medio de la cual, la Secretaría de Comercio de la Nación instituyó el denominando “Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Disponibilidad de Bienes e Insumos” (SIMONA), el cual comenzará a regir a partir del próximo 2 de marzo.
El nuevo régimen informativo encuentra su anclaje jurídico en las diversas leyes que regulan actualmente el sistema de relaciones de producción y de consumo en resguardo de los consumidores y usuarios.
Consideramos que el régimen será una herramienta para determinadas circunstancias entre las que se encuentran las medidas de fuerza sindicales. Por esta razón, a continuación hacemos un breve análisis de la Resolución.
I. Finalidad del Sistema de Monitoreo.
La finalidad declarada del régimen resulta ser que las empresas productoras y/o distribuidoras más relevantes del mercado puedan alertar acerca de cualquier contingencia que les impida satisfacer plenamente la demanda de sus productos.
De este modo, la norma concibe al Sistema de Monitoreo en comentario como una herramienta eficaz para detectar de modo preventivo las contingencias que pudieran ocurrir en el proceso productivo, distributivo y/o de comercialización, susceptibles de afectar el correcto abastecimiento de insumos y bienes finales.
En efecto, afirma la resolución mencionada que la información aportada por los sujetos obligados permitirá identificar y definir acciones concretas, en el ámbito de la cooperación mutua entre el sector público y privado, para neutralizar los efectos distorsivos generados por la afectación al normal abastecimiento de insumos y/o bienes finales, en resguardo de los intereses de los usuarios y consumidores en punto a sus expectativas y necesidades de consumo así como también en pos de asegurar la transparencia y efectiva competencia del mercado.
II. Sujetos obligados.
De conformidad con la resolución citada, todas las empresas productoras y/o distribuidoras de insumos y/o bienes finales; y empresas comercializadoras de insumos y/o bienes finales, tanto en los rubros mayorista como minorista, y las cámaras y asociaciones empresarias que las representen, quedan alcanzadas por el régimen informativo instituido, debiendo informar a la Secretaría de Comercio acerca de cualquier impedimento en el proceso productivo y/o distributivo susceptible de afectar sustancialmente la normal provisión de los productos objeto de su actividad, en el Territorio Nacional o en una zona geográfica en particular.
Los sujetos obligados deberán informar el alerta completando y enviando el formulario electrónico correspondiente, a través del sitio web www.mecon.gob.ar/comerciointerior/simona.
Al respecto, se han creado 4 categorías de módulos según el tipo de información requerida y el tipo de sujeto:
- Módulo de alerta de abastecimiento:
Todas las empresas productoras y/o distribuidoras de insumos y/o bienes finales deberán informar a la Secretaría acerca de cualquier impedimento en el proceso productivo y/o distributivo susceptible de afectar sustancialmente la normal provisión de los productos objeto de su actividad, en el Territorio Nacional o en una zona geográfica en particular.
Los sujetos obligados mencionados, deberán informar el alerta por medio del sistema informático pertinente dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de haber tomado conocimiento de los impedimentos aludidos en el párrafo anterior, cualesquiera sean sus orígenes y naturaleza.
No obstante, quedan exceptuados del deber de información los agentes económicos considerados Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MIPyMES), de conformidad con las previsiones de la Ley N° 24.467 y sus normas reglamentarias y/o complementarias aplicables.
La excepción al deber de información mencionada precedentemente no será de aplicación en el caso de Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MIPyMES) que produzcan y/o distribuyan medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos; tampoco será de aplicación en el caso de Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MIPyMES), de cualquier rubro o sector, que detenten posición dominante en los términos de los Artículos 4° y 5° de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones.
El incumplimiento del deber de información establecido en este módulo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas por las Leyes de Abastecimiento, Lealtad Comercial, Defensa del Consumidor o Defensa de la Competencia.
- Módulo de aviso de faltantes:
Las empresas comercializadoras de insumos y/o bienes finales, tanto en los rubros mayorista como minorista, así como también las cámaras y/o asociaciones empresariales que las agrupan podrán informar a la Secretaría aquellos casos en los que se verifique una afectación sustancial en Av. Del Libertador 498, piso 12º - (C1001ABR) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4515 9200 Fax (54 11) 4515 9201/02 - http//: www.jpof.com.ar - e-mail info@jpof.com.ar el normal abastecimiento de productos susceptible de generar faltantes en sus puntos de venta, en el Territorio Nacional o en una zona geográfica en particular.
El faltante de productos debe ser comunicado a través del sistema informático.
En este caso no se establece un plazo para el cumplimiento del aviso ni régimen sancionador.
- Módulo de denuncias de faltantes:
Los consumidores y usuarios, así como también las diversas asociaciones que los agrupan o tienen por finalidad la defensa de sus derechos, podrán denunciar ante la Secretaría de Comercio aquellos casos en los que se verifique un faltante generalizado y reiterado de productos disponibles para la venta en beneficio de los consumidores y su grupo familiar o social, en el Territorio Nacional o en una zona geográfica en particular.
- Módulo de información a consumidores:
La Secretaría de Comercio podrá publicar en la página web de su sistema informático aquellos casos de faltantes de productos que por su gravedad, alcance temporal, carácter esencial o situación de predominancia en el mercado aconsejen su difusión en protección de los intereses de usuarios y consumidores.
IV. Actuación de la Secretaría de Comercio.
La Secretaría de Comercio tendrá facultades para evaluar las alertas, avisos y denuncias ingresadas en el “Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Disponibilidad de Bienes e Insumos” (SIMONA), pudiendo disponer medidas de prueba o constatación tendientes a acreditar su veracidad y entidad.
Una vez constatada la información, la Autoridad citada podrá requerir información relacionada con el faltante de productos a aquellos sujetos que intervienen a lo largo de la cadena de producción, transporte, distribución y comercialización en el Territorio Nacional, a fin de establecer las causas, alcance y duración de dicho faltante así como también las acciones que resulten aptas para neutralizar o morigerar los efectos distorsivos originados por esta circunstancia.
La Secretaría fijará un plazo perentorio para dar contestación a los requerimientos de información, de acuerdo a la gravedad y entidad del caso. En este caso, la falta de contestación en tiempo oportuno por parte de los sujetos requeridos dará lugar a la aplicación de las disposiciones sobre procedimientos, recursos y prescripciones de las Leyes de Abastecimiento, Lealtad Comercial, Defensa del Consumidor o Defensa de la Competencia.
Liquidación e intimación o determinación de oficio de los aportes y/o contribuciones omitidos
Resolución Genenal AFIP 3739 - Liquidación e intimación o determinación de oficio de los aportes y/o contribuciones omitidos.
El pasado 09 de Febrero se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 3739, la cual entrará en vigencia a partir del primer día hábil del segundo mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y será de aplicación a las liquidaciones o determinaciones de oficio e intimaciones de aportes y/o contribuciones que se notifiquen a partir de dicha vigencia.
A través de la mencionada Resolución, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un régimen a los fines de la liquidación o determinación de oficio e intimación de los aportes y contribuciones omitidos por los empleadores, emergentes de relaciones laborales –total o parcialmenteno registradas
a) cuya existencia haya sido determinada por una sentencia laboral firme o ejecutoriada o;
b) cuya existencia fuera determinada por un acuerdo conciliatorio homologado en el marco de un juicio laboral.
De acuerdo a lo normado por la Resolución, las determinaciones de deudas de los recursos de la seguridad social, se realizarán de manera global, sobre la base de la información obrante en mencionado Organismo, detallándose:
La cantidad total de trabajadores dependientes involucrados en dicha determinación, individualizados cada uno de ellos con su respectivo C.U.I.L. (de corresponder, la AFIP asignará uno),
La remuneración imponible utilizada como base de cálculo de la deuda y,
El concepto en virtud del cual se determinó la misma.
Asimismo, conjuntamente con la determinación de la deuda, se labrará el acta de infracción en la cual se detallará:
La infracción cometida,
La base de cálculo de la sanción y,
El porcentaje aplicado.
No obstante lo anterior, el contribuyente podrá impugnar la deuda determinada o la infracción constatada, de conformidad con el procedimiento y los plazos establecidos en el Anexo que es parte integrante de la Resolución en análisis (ver adjunto).
En este sentido, mediante el “Sistema de Sentencias y Acuerdos Homologados en Juicios Laborales” (SEAH) y en virtud de lo normado por la LCT (art. 15) y las Leyes 18.345 (art. 132) y 24.013 (art. 17), cada vez que los Juzgados en lo laboral comuniquen a la AFIP alguna de las situaciones detalladas en el primer párrafo, será de aplicación el procedimiento instruido por la Resolución en análisis, el cual a continuación detallamos.
1. Procedimiento para sentencias laborales firmes o acuerdos conciliatorios homologados con reconocimiento de relación laboral encubierta, con la totalidad de los datos.
Cuando el Juzgado interviniente comunique a la AFIP una sentencia laboral firme o ejecutoriada o un acuerdo conciliatorio homologado en el que consten la totalidad de los elementos constitutivos del hecho y la base imponible de los aportes y contribuciones de la seguridad social, si el empleador no hubiese presentado la o las declaraciones juradas determinativas —originales o rectificativas—, consignando los mencionados aportes y contribuciones omitidos por la relación objeto del juicio laboral, se procederá a liquidar e intimar los aportes y/o contribuciones adeudados, así como los accesorios que pudieren corresponder.
a) Se entiende por “hecho imponible” a la relación laboral mantenida entre el actor y el demandado, con la identificación del trabajador y del empleador, el tipo de contrato laboral y el período trabajado
b) La “base imponible” será la remuneración devengada correspondiente a todo el período de la relación laboral.
c) La alícuota de las contribuciones patronales omitidas será la que haya declarado correctamente el empleador de encontrarse inscripto ante la AFIP, o la que surja de los datos que posea este Organismo que permitan su determinación. En el supuesto que no pudiera determinarse la alícuota aplicable, se estará a la prevista en el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N° 814/2001.
Tomando como base los elementos descriptos en el párrafo anterior, la AFIP:
Procederá a liquidar los aportes y/o contribuciones omitidos por todo el período de la relación laboral objeto del litigio, con más los intereses resarcitorios previstos en el art. 37 de la Ley 11.683, Contra dicha liquidación, el contribuyente podrá interponer el recurso de apelación, conforme lo previsto en el art. 74 del Decreto 1397/79.
Aplicará las sanciones que correspondan e,
Intimará al contribuyente a la presentación de las declaraciones juradas —originales o rectificativas, según corresponda— y el ingreso del importe resultante, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles administrativos. En caso de incumplimiento a la intimación cursada respecto a la presentación de la respectiva declaración jurada, se procederá a suplir de oficio la obligación omitida, en su caso emitiéndose la correspondiente boleta de deuda por el saldo deudor.
2. Procedimiento para sentencias laborales firmes o acuerdos conciliatorios homologados reconociendo relación laboral encubierta, con insuficiencia de datos.
En los supuestos en los cuales la comunicación formulada por el Juzgado interviniente careciera de alguno de los datos indicados en el punto 1) se procederá a la determinación de oficio de los aportes y/o contribuciones omitidos, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo con lo normado por la Res. Gral. N° 1566 y sus modificatorias y, en su caso, las reducciones que correspondan atendiendo las particularidades de este procedimiento.
La determinación de oficio se efectuará bajo los siguientes parámetros:
b) La remuneración imponible se estimará proyectando la que hubiera sido tenida en cuenta por el Juzgado para liquidar las indemnizaciones laborales o las remuneraciones básicas de convenio, en los términos del art.5° inciso d) de la Ley 26.063, o el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM); el que resulte mayor.
c) La alícuota de las contribuciones patronales aplicable se determinará de acuerdo con lo indicado previamente en el punto 1).
Vale aclarar que, cuando el Juzgado laboral interviniente comunicara a la AFIP la homologación de un acuerdo conciliatorio —liberatorio o transaccional— sin reconocimiento de hechos ni derechos, se tendrá en cuenta su carácter indiciario y se cargará la información dentro de los planes generales de fiscalización del Organismo, a fin de aplicar los procedimientos generales vigentes.
3. Procedimiento aplicable frente a la utilización indebida de beneficios de reducción de alícuotas de aportes y/o contribuciones.
Cuando, de las constancias obrantes en la AFIP surja que, mediante la falsa declaración o adulteración de datos respecto de los empleados o del empleador, un contribuyente o responsable, haya invocado un beneficio de reducción en las alícuotas de aportes y/o contribuciones en su declaración jurada determinativa de los recursos de la seguridad social, dicho Organismo se procederá a:
La determinación de oficio de los aportes y/o contribuciones omitidos y,
La aplicación de las sanciones que correspondan.
La “determinación de oficio” consistirá en la liquidación de las diferencias entre los aportes y/o contribuciones declarados por el empleador y los que efectivamente correspondan, de acuerdo con la información con que cuente la AFIP, que le haya sido suministrada por el contribuyente o por terceros.
Asimismo, cuando -con posterioridad a que una liquidación realizada de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior hubiere quedado firme-, se detecte que el empleador, por períodos posteriores, ha continuado usufructuando en forma indebida el mismo beneficio, existiendo identidad de sujeto, objeto y causa, la AFIP procederá a:
Liquidar las diferencias resultantes, con más los intereses resarcitorios previstos en el Artículo 37 de la Ley 11.683. Contra dicha liquidación, el contribuyente podrá interponer recurso de apelación;
Aplicar las sanciones que correspondan;
Intimar al contribuyente la presentación de las declaraciones juradas rectificativas y el ingreso del importe resultante, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles administrativos. En caso de incumplimiento a la intimación cursada respecto a la presentación de la respectiva declaración jurada, una vez consentida la liquidación o, en su caso, dictada la resolución rechazando la apelación, se procederá a suplir de oficio la obligación omitida, emitiéndose, de corresponder, la boleta de deuda por el saldo deudor.
Adicionalmente, la Resolución General 3739, establece que serán aplicables a los supuestos mencionados en los puntos precedentes, las infracciones y sanciones previstas en la Ley 17.250 y sus modificatorias y las fijadas por la Res. Gral. N° 1566/2010, de conformidad con las condiciones establecidas en la Resolución en análisis (ver adjunto).
Ley 27.073 reforma art. 122 de la Ley de Contrato de Trabajo
La Ley 27.073 (Publicada el 20 de enero 2015 en el B.O.) reforma el art. 122 del Régimen de Contrato de Trabajo, que regla las épocas de pago del sueldo anual complementario y la fórmula de cálculo del mismo. De acuerdo a la Ley 27.073, el art. 122 quedó redactado de la siguiente forma:
“El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año. El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cincuenta por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos (2) semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año. A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, el empleador debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiere con el salario efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. La diferencia, que resultare entre la cuota devengada y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al salario del mes de diciembre.”.
En cuanto a las épocas de pago, la fecha de vencimiento de la segunda cuota del SAC, fue adelantada al día 18 de diciembre de cada año.
Respecto de la metodología para determinar el SAC, la ley 27.073, ratificó la fórmula de cálculo ya establecida por la ley 23.041.
Ahora bien, debido a que el vencimiento de la segunda cuota del SAC fue adelantado al día 18 de diciembre y a tal fecha no se encontrará devengado de manera íntegra el salario del mes de diciembre, la norma en análisis establece que el empleador deberá estimar el valor del salario de dicho mes a fin de realizar la liquidación del SAC (antes del día 18/12) y luego ajustar –en caso que así corresponda- al momento del pago del salario mensual devengado en diciembre.
Reglamentación de Ley 14.108 que crea los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo
Hace escasos días se reglamentó, por medio del Decreto N° 801/2014 publicado el pasado 31 de Diciembre de 2014 en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 14.408.
Cabe recordar que la mencionada norma creó, a fines de 2012, los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo con el objeto de mejorar las medidas de prevención en la materia. No obstante, la efectiva implementación de dichos Comités quedó supeditada al dictado de una reglamentación que tornara la norma operativa.
Incremento de deduccion especial de Impuesto a las Ganancias
Incremento de deducción especial de Impuesto a las Ganancias sobre la 2da. cuota del Sueldo Anual Complementario 2014.
En el día de la fecha, 12 de Diciembre de 2014, fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 2354/2014. El mismo establece un incremento de la deducción especial prevista en el inciso c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, hasta un monto equivalente al importe neto de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario correspondiente al año en curso, con relación a las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 del citado cuerpo normativo.
A los fines del cálculo del importe neto más arriba mencionado, se deberá detraer del importe bruto de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario de este año, los aportes y contribuciones correspondientes a:
a) El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o, en su caso, los importes correspondientes a las Cajas de Provincia, Municipales u otras.
b) Sistema de Jubilaciones y pensiones.
c) Obras Sociales. d) Cuotas Sindicales Ordinarias.
La medida tendrá efectos exclusivamente para la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario devengado en el año 2014 y afectará sólo a aquellos trabajadores cuya mayor remuneración bruta mensual, devengada entre los meses de julio y diciembre de 2014, no haya superado la suma de $35.000.-
El importe correspondiente al beneficio derivado de lo dispuesto en la normativa analizada, deberá quedar inequívocamente asentado en los recibos de haberes que comprendan las remuneraciones devengadas en el mes de Diciembre de 2014, bajo el rubro “Beneficio Decreto N° 2354/14”.
Finalmente, sin perjuicio que la presente medida reitera lo oportunamente previsto por el Decreto Nº 1006/2013, respecto de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario del año 2013, en los considerandos del Decreto en estudio se la denomina una decisión “extraordinaria y por única vez”, tendiente a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y fomentar el consumo interno.
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible: Novedad regulatoria
Resolución Nº 65/14 Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
El día 28 de octubre de 2014 fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la Resolución 65/14.
La Resolución bajo análisis crea la figura del Operador Portuario de Residuos. Dicho operador será el sujeto habilitado para gestionar los centros de almacenamiento de los residuos provenientes de los buques que operen en las unidades portuarias de la Provincia de Buenos Aires. A los efectos de obtener su habilitación deberá cumplimentar los requisitos detallados en el Anexo 2 de la presente.
En este sentido, todos los residuos provenientes de los buques, una vez que son descargados, deberán ser remitidos al Operador Portuario de Residuos habilitado al efecto en cada unidad portuaria. Una vez en los centros de almacenamiento de residuos se podrán realizar tareas de segregación, clasificación y empaque de los residuos recibidos.
Los residuos que se gestionarán en los centros de almacenamiento serán los siguientes:
Residuos Especiales (Ley 11.720).
Residuos Patogénicos (Ley 11.347).
Materiales o sustancias desechables provenientes de productos de origen vegetal o animal, sus subproductos y derivados resultantes del ciclo de producción, consumo y/o comercialización.
Los envoltorios, envases primarios y los elementos descartables utilizados para su consumo.
Materiales o sustancias que resulten rechazados o descartados a consecuencia de los controles zoofitosanitarios.
Por su parte, el armador del buque que genere residuos especiales deberá tramitar su inscripción como generador de residuos especiales, y será responsable de todo daño producido por éstos, conforme lo establecido por la Ley N° 11.720.
Asimismo, el transporte, tratamiento y disposición final de todo residuo que se encuentre acopiado en los centros de almacenamiento de cada unidad portuaria, deberá ser realizado por empresas transportistas y operadoras habilitadas en el marco de lo establecido por las Leyes Nº 11.347 (residuos patogénicos) y Nº 11.720 (residuos especiales) y su normativa reglamentaria, según corresponda, a efectos de garantizar su adecuada gestión y trazabilidad.
Registro de Horas Extras: cambios en la interpretación de la Ley 11.544.
La Ley 11.544 –modificada en 2010- establece la obligación de los empleadores de inscribir en un registro la totalidad de las horas suplementarias desempeñadas por los trabajadores.
Por su parte, el art. 21 del Decreto 16115/1933 dispone: “Las empresas llevarán registros permanentes de todas las prolongaciones de la jornada de trabajo, que sean excepcionales, con indicación de su duración en horas y días, causas que obedezcan y personal comprendido en las excepciones y, en su caso, en la recuperación.”
En este sentido, se genera a los empleadores la obligación de llevar en legal forma registros de horas extras, toda vez que las mismas sean realizadas por sus dependientes.
Esta obligación –hasta ahora- no se entendía comprendida dentro del ámbito del art. 52 de la LCT ii. En efecto, la jurisprudencia era anteriormente unánime en determinar que las horas extras debían ser probadas por el empleado que alegaba su realización.
No obstante, un nuevo criterio de la Justicia en la interpretación de la Ley 11.544 (Ley de Jornada de Trabajo) ha generado una tendencia a invertir la carga probatoria respecto de las horas extras reclamadas en el marco de los juicios laborales.
En efecto, se ha vuelto cada vez más frecuente el dictado de fallos judiciales que exigen a los empleadores la presentación del “registro de horas extras” previsto en la Ley 11.544, bajo apercibimiento de aplicar las presunciones derivadas del art. 55 de la LCT iii. y, en consecuencia, presumir ante la ausencia de dicho registro, el derecho del trabajador a percibir las horas extras reclamadas.
Así, ante la falta de exhibición del registro de horas extras por la demandada, reciente y cada vez más frecuente jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires invirtió la carga de la prueba, quedando en cabeza del empleador demostrar que el trabajador no había realizado las horas extras reclamadas en la demanda.
Uno de los últimos fallos dictados por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo expresa: “[…] Ante la ausencia de dichos registros, y de lo dispuesto por el Art. 52 incs. g) y h) y por el Art. 55 LCT, corresponde presumir que son ciertas las horas extras denunciadas en la demanda, siendo la accionada quien debía producir prueba en contrario. […]”.
Por ello, a fin de evitar y reducir contingencias en materia laboral judicial, estimamos prudente recordar a nuestros clientes la obligatoriedad de llevar el “Registro de Horas Extras”.
En la práctica, dicho registro consiste en una planilla que los trabajadores deberán firmar cada vez que realicen horas extras. Esta planilla deberá contener todos los requisitos establecidos en la normativa mencionada más arriba.
A modo de ejemplo, a continuación exhibimos un modelo de la misma:
Resolución N° 3/2014 fija nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil.
En el día de la fecha, 02 de Septiembre de 2014, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 3/2014 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, mediante la cual se dispone un incremento del 31% en dos tramos respecto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (en adelante “SMVM”) vigente hasta el 1° de Septiembre de este año, el cual ascendía a $3.600.- La actualización anual fue concertada ayer mediante un acuerdo tripartito arribado entre los sectores que componen el mencionado Consejo, es decir, el Ministerio de Trabajo de La Nación, las Cámaras Empresarias y los Sindicatos. En este sentido, el Consejo dispuso que el SMVM será, a partir del 1° de Septiembre de 2014, la suma de $4.400.- (Pesos cuatro mil cuatrocientos) para los trabajadores mensualizados. Por su parte, el valor hora para los trabajadores jornalizados se incrementa a $22.- (Pesos veintidós) por hora. Asimismo, a partir del 1° de Enero de 2015, el SMVM ascenderá de $4.716.- (Pesos cuatro mil setecientos dieciséis) para los trabajadores mensualizados, mientras que el valor hora para los trabajadores jornalizados se incrementará a $23,58.- (Pesos veintitrés con 58/100) por hora. El trabajador a tiempo parcial, debe percibir el SMVM en su debida proporción. Ley de Contrato de Trabajo establece que el SMVM es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada normal de trabajo, quedando excluidas de este concepto las asignaciones familiares. El referido Salario Mínimo se fija para todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, los empleados de la Administración Pública Nacional y los de todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador.
Impuesto a las Ganancias. Gratificación por cese del trabajador (Retiro voluntario). Comentario a fallo.
Impuesto a las Ganancias. Gratificación por cese del trabajador (Retiro voluntario). Comentario al fallo de la CSJN “Negri, Fernando Horacio c/ EN – AFIP DGI”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió, hace escasos días, un fallo que se enmarca en el criterio sentado en anteriores precedentes, respecto a la no aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre ciertas indemnizaciones y gratificaciones laborales. En este caso, el Máximo Tribunal decidió que no se encuentran alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias las gratificaciones por cese percibidas por los trabajadores al finalizar su relación con la empleadora de mutuo acuerdo, en los términos del art. 241 de la Ley 20.744 (En adelante “Ley de Contrato de Trabajo” o “LCT”).
Como consecuencia del fallo en análisis, se ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante “AFIP”) devolver al accionante la suma oportunamente retenida en concepto de Impuesto a las Ganancias.
En efecto, el trabajador solicitó a la AFIP, la devolución de las retenciones sufridas con motivo en el citado gravamen, sobre el rubro “gratificación por cese laboral” abonado por su empleadora, en oportunidad de acordarse su retiro voluntario, tal como habitualmente sucede en estos casos.
Frente al planteo efectuado por el accionante, tanto el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, como la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal rechazaron la demanda. Toda vez que la desvinculación se produjo de mutuo acuerdo, ambas instancias entendieron que la gratificación abonada al trabajador no se encontraba eximida del pago del Impuesto a las Ganancias, tal como sucede con las indemnizaciones por antigüedad.
Asimismo, la Cámara argumentó que la suma percibida en concepto de “gratificación por cese” tenía carácter remuneratorio y, en consecuencia, entendió que satisfacía los requisitos de periodicidad y permanencia en la fuente exigidas por el artículo 2 inciso 1º de la Ley 20.628 (En adelante “Ley del Impuesto a las Ganancias”).
No obstante, la Corte manifestó que el pago percibido por el trabajador, al estar motivado por la extinción de la relación laboral, implicó para el mismo la desaparición de la fuente productora de rentas gravadas. En consecuencia, el Máximo Tribunal concluyó que la “gratificación por cese laboral” carecía de la periodicidad y permanencia en la fuente, necesarias para que la misma quede sujeta al Impuesto a las Ganancias.
Para así decidir, la Corte replicó los fundamentos que surgen de sus anteriores fallos “De Lorenzo, Amelia Beatriz c. D.G.I.” y “Cuevas, Luis Miguel c. AFIP - DGI” , en los cuales decidió que no correspondía tributar el Impuesto a las Ganancias sobre la indemnización agravada percibida por una mujer embarazada en oportunidad de su despido, como así tampoco sobre la indemnización especial abonada a un trabajador en concepto de tutela sindical, respectivamente.
De esta forma, el Máximo Tribunal ratifica sus antecedentes y avanza en la clarificación de las cuestiones vinculadas a la aplicación de la normativa vigente en materia de Impuesto a las Ganancias. Este fallo, sin duda, resulta aclaratorio de circunstancias que comúnmente se generan en el marco de la interacción entre el Derecho del Trabajo y el Derecho Tributario.
Nuevo Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales
Ley N° 26.941: “Nuevo Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales”.
Hace escasos días fue promulgada la Ley 26.941 mediante la cual se sustituyeron los arts. 5° y 8° del Capítulo 2, Anexo II al Pacto Federal del Trabajo ratificado por la Ley 25.212. De esta manera, se introdujeron modificaciones al “Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales”, el que quedó estipulado de la siguiente manera:
a) Infracciones Leves: La primera infracción leve será sancionada con un apercibimiento, el cual se dispondrá de acuerdo a la evaluación que realice la Autoridad de Aplicación conforme los antecedentes y circunstancias de cada caso. Por su parte, la reiteración de una infracción leve se sancionará con una multa del 25% (veinticinco por ciento) al 150% (ciento cincuenta por ciento) del valor mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil (en adelante “SMVM”) vigente al momento de la constatación de la infracción.
b) Infracciones graves: se sancionarán con una multa del 30% (treinta por ciento) al 200% (doscientos por ciento) del valor mensual del SMVM vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado.
c) Infracciones muy graves: serán sancionadas con multa del 50% (cincuenta por ciento) al 2.000% (dos mil por ciento) del valor mensual del SMVM vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado.
Asimismo, cabe destacar que en caso de reincidencia respecto de las infracciones más arriba mencionadas, la Autoridad Administrativa podrá adicionar a los montos máximos una suma que no supere el 10% (diez por ciento) del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el Establecimiento en el mes inmediato anterior al de la constatación de la infracción.
Más aún, en los supuestos de reincidencia de infracciones muy graves, la Autoridad de aplicación podrá:
(i) Clausurar el Establecimiento por hasta un máximo de 10 (diez) días, manteniéndose ínterin el derecho de los trabajadores al cobro de sus remuneraciones.
(ii) Inhabilitar al empleador por el plazo de 1 (un) año para acceder a licitaciones públicas. Asimismo, suspenderlo de los registros de proveedores o aseguradores de los Estados nacional, provincial o de la C.A.B.A.
Finalmente, respecto de los casos de obstrucción a la labor inspectiva (obstrucción que de cualquier manera impida, perturbe o retrase la actuación de las Autoridades Administrativas del Trabajo), la misma:
(i) Será sancionada, previa intimación, con multa del 100% (cien por ciento) al 5.000% (cinco mil por ciento) del valor mensual del SMVM vigente al momento de la constatación de la infracción.
(ii) En casos de especial gravedad y contumacia, se podrá adicionar a los montos máximos de la multa una suma que no supere el 10% (diez por ciento) del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el Establecimiento en el mes inmediato anterior al de la constatación de la infracción.
(iii) Asimismo y sin perjuicio de la penalidad establecida, la Autoridad Administrativa podrá compeler la comparecencia de quienes hayan sido debidamente citados a una audiencia mediante el auxilio de la fuerza pública.
A todo evento y de conformidad con lo estipulado por la Ley 25.212, cabe recordar que:
Son infracciones leves (conf. art. 2°):
Son infracciones graves (conf. art. 3°):
Son infracciones muy graves (conf. art. 4°):
g) Las acciones u omisiones del artículo 3º, inciso
Reglamentación Riesgos del Trabajo Empresas de Servicios Eventuales y Empresas Usuarias.
Decreto N° 262/2014: Reglamentación Riesgos del Trabajo Empresas de Servicios Eventuales y Empresas Usuarias.
El 22 de Mayo del corriente se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 762/2014, mediante el cual se reglamentó la relación entre las Empresas de Servicios Eventuales y las Empresas Usuarias de dichos servicios en lo que a la prevención de riesgos del trabajo se refiere.
En efecto, con la participación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y sobre la base lo dispuesto por las Leyes 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), 24.013 (Ley Nacional de Empleo) y 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) y sus modificatorias, el Poder Ejecutivo Nacional entendió que: “Por la proximidad, la existencia de una relación contractual con el empleador dueño del Establecimiento donde el trabajador eventual ejecuta sus tareas, el conocimiento de las instalaciones y la mayor facilidad para el acceso a los lugares de trabajo, es la aseguradora de riesgos de trabajo de la Empresa Usuaria la que se encuentra en mejores condiciones para realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente del trabajo de los empleados eventuales ocupados.”
En consecuencia, mediante la normativa en análisis, se reglamentó que:
a) A partir de la entrada en vigor del Decreto comentado, serán las Empresas Usuarias de servicios eventuales las que deberán declarar dichos trabajadores en sus propias Declaraciones Juradas y, por consiguiente, abonarán a las ART por ellas contratadas el monto que corresponda por dicho seguro, con cargo a las Empresas de Servicios Eventuales.
b) A tal fin, los trabajadores provistos por las Empresas de Servicios Eventuales para la prestación de tareas definidas en el Decreto N° 1.694/06, deberán ser incluidos dentro de la nómina salarial de las Empresas Usuarias, mientras se encuentren prestando servicios para ellas, siendo de aplicación los arts. 23 y siguientes de dicha Ley.
c) Las ART contratadas por las Empresas Usuarias deberán cumplir con las prestaciones correspondientes (conf. Ley 24.557 y sus modificatorias) mientras el trabajador se encuentre prestando servicios para dichas empresas.
d) La obligación de cobertura antes mencionada solamente cesará:(i) Por las causales que establece la propia Ley 24.557 y sus modificatorias; (ii) Cuando el trabajador deje de prestar servicios en la Empresa Usuaria.
e) Las Empresas Usuarias deberán retener, de los pagos que deban efectuar a las Empresas de Servicios Eventuales, los importes correspondientes a las cuotas de ART que se deban por los trabajadores que presten servicios para ellas, para luego hacer el depósito respectivo.
f) Toda vez que las Empresas usuarias tomen conocimiento de la existencia un accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufran los trabajadores dependientes de las Empresas de Servicios Eventuales que presten servicios para ellas, las mismas estarán obligadas a denunciar tales hechos ante su ART.
Cabe destacar que la presente normativa aún no se encuentra en vigencia, puesto que comenzará a regir a partir del primer día del tercer mes siguiente al de su publicación; es decir a partir del 1° de Agosto de 2014.
Actualización de los valores de las compensaciones dinerarias adicionales pago único
Resolución MTEySS N° 3/2014: Actualización de los valores de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único.
El 25 de Febrero del corriente se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 3/2014 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La misma establece la actualización semestral de los valores de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único determinadas en el Artículo 11 de la Ley 24.557 y sus modificatorias.
Cabe recordar que la Ley 26.773, que estableció el régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, dispone en su Artículo 8° que los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el referido régimen1, se ajustarán semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del MTEySS. La mencionada actualización se efectúa de manera automática cada seis meses, en Marzo y Septiembre, respectivamente.
En este contexto, la resolución en análisis establece que, para el periodo comprendido entre el 01/03/2014 y el 31/08/2014 inclusive, las compensaciones dinerarias por pago único previstas en el Artículo 11, inciso 4), apartados a), b) y c) de la Ley 24.5572, se elevan a $231.948 (Pesos doscientos treinta y un mil novecientos cuarenta y ocho), $289.935 (Pesos doscientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y cinco) y $347.922 (Pesos trescientos cuarenta y siete mil novecientos veintidós), respectivamente.
Asimismo se establece que, para el periodo más arriba mencionado, la indemnización que corresponda por aplicación del Artículo 14, inciso 2, apartados a) y b) de la Ley 24.5573, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar la suma de $521.883 (Pesos quinientos veintiún mil ochocientos ochenta y tres) por el porcentaje de incapacidad que corresponda. Tampoco podrá ser inferior a la suma de $521.883 (Pesos quinientos veintiún mil ochocientos ochenta y tres) la indemnización por pago único prevista en el Artículo 15, inciso 2 de la Ley 24.5574.
Por último, la resolución establece que, para el periodo comprendido, la indemnización adicional de pago único prevista en el Artículo 3° de la Ley 26.7735 en caso de muerte o incapacidad total no podrá ser inferior a la suma de $98.833 (Pesos noventa y ocho mil ochocientos treinta y tres).
1 Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y sus modificatorias, Decreto 1694/09 y sus normas complementarias y modificatorias.
2 Ley 24.557, Artículo 11.- Régimen legal de las prestaciones dinerarias. 4. En los supuestos previstos en el artículo 14, apartado 2, inciso "b"; artículo 15, apartado 2; y artículos 17 y 18, apartados 1 de la presente ley, junto con las prestaciones allí previstas los beneficiarios percibirán, además, una compensación dineraria adicional de pago único, conforme se establece a continuación: a) En el caso del artículo 14, apartado 2, inciso "b", dicha prestación adicional será de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000). b) En los casos de los artículos 15, apartado 2 y del artículo 17, apartado 1), dicha prestación adicional será de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000). c) En el caso del artículo 18, apartado 1, la prestación adicional será de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000)
3 Ley 24.557, Artículo 14.- Prestaciones por Incapacidad Permanente Parcial (IPP). 2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones: a) Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a CINCUENTA Y TRES (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número SESENTA Y CINCO (65) por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000) por el porcentaje de incapacidad. b) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) e inferior al SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66%), una Renta Periódica —contratada en los términos de esta ley— cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Esta prestación está sujeta a la retención de aportes de la Seguridad Social y contribuciones para asignaciones familiares hasta que el damnificado se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa. El valor actual esperado de la renta periódica en ningún caso será superior a PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000). Deberá asimismo adicionarse la prestación complementaria prevista en el artículo 11, apartado cuarto de la presente ley.
4 Ley 24.557, Artículo 15.- Prestaciones por Incapacidad Permanente Total (IPT). 2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado percibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional al que estuviere afiliado. Sin perjuicio de la prestación prevista por el apartado 4 del artículo 11 de la presente ley, el damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen previsional. Su monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la ART. Ese capital equivaldrá a CINCUENTA Y TRES (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante y no podrá ser superior a PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000).
5 Ley 26.773, ARTICULO 3º - Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma. En caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización adicional nunca será inferior a pesos setenta mil ($70.000).
Modificaciones al Régimen de Graduación de Sanciones
Resolución General AFIP N° 3589: Modificaciones al Régimen de Graduación de Sanciones (RG N° 1566 y sus modificatorias)
El pasado 13 de Febrero entró en vigencia la Resolución General AFIP N° 3589. La misma establece modificaciones al régimen de graduación de las sanciones que resultan de aplicación a los empleadores y autónomos que ocuparen trabajadores en relación de dependencia sin realizar las correspondientes registraciones y declaraciones, de conformidad con las formalidades exigidas en las leyes respectivas.
La modificación tiene como objeto adecuar los criterios de aplicación de la sanción de clausura a los empleadores que omitan registrar a los trabajadores e incluirlos en las declaraciones juradas determinativas y que, además, resulten reincidentes en la comisión de cualquier tipo de infracción –formal o material- con relación a las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social.
En tal sentido, mediante la resolución en análisis, ha quedado sustituido el Artículo 22 de la R.G. AFIP N° 1566 (texto sustituido en 2010 y sus modificatorias). El nuevo artículo establece que se sancionará con clausura de tres (3) a cinco (5) días corridos a los empleadores que cometan cualquiera de las infracciones previstas en los incisos a) y b) del Artículo 191 cuando concurran las siguientes situaciones:
a) Dichas infracciones involucren dos (2) o más trabajadores y alguno de ellos no haya sido incluido en las declaraciones juradas determinativas que hubiere correspondido presentar en el transcurso de la relación laboral y la omisión no se haya subsanado con anterioridad a la fecha de la audiencia aludida en el artículo 21 de la R.G. AFIP N° 15662.
b) El empleador haya sido sancionado por cualquier tipo de infracción –formal o material- con relación a las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha del acta respectiva.
Aclaramos que la sanción prevista en el nuevo Artículo 22 se acumulará a la multa que por la infracción corresponda aplicarse, de conformidad con lo estipulado por los artículos 19 y 203 del mencionado régimen.
Las disposiciones de la presente resolución serán de aplicación respecto de las infracciones que se cometan a partir del día 13 de Febrero de 2014.
1 Resolución General AFIP N° 1566 (actualizada). CAPITULO K - OCUPACION DE TRABAJADORES EN RELACION DE DEPENDENCIA SIN LA DEBIDA REGISTRACION Y DECLARACION ARTICULO 19º.- Infracción prevista en el primer artículo agregado sin número a continuación del Artículo 40 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones (1.3.):
a) Incumplimiento de la obligación de registrar debidamente el alta y/o baja respecto de cada trabajador detectado en infracción, con los requisitos, plazos y condiciones que establece esta Administración Federal: multa equivalente a DIEZ (10) veces el monto de la base imponible mínima prevista en el Artículo 9º de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, texto sustituido por el Artículo 1º de la Ley Nº 26.222, vigente a la fecha de comisión de la infracción. b) Falta de registración o ausencia de los registros requeridos por el Artículo 52 de la Ley Nº 20.744 y sus modificaciones respecto de cada trabajador detectado en infracción: multa equivalente a CINCO (5) veces el monto de la base imponible mínima prevista en el Artículo 9º de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, texto sustituido por el Artículo 1º de la Ley Nº 26.222, vigente a la fecha de comisión de la infracción. c) Declaración formalmente errónea de los datos identificatorios respecto de cada trabajador detectado en infracción en la declaración jurada determinativa presentada (5.1.), no subsanada dentro del plazo fijado, al efecto, por esta Administración Federal: multa equivalente a TRES (3) veces el monto de la base imponible mínima prevista en el Artículo 9º de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, texto sustituido por el Artículo 1º de la Ley Nº 26.222, vigente a la fecha de comisión de la infracción.
2 Resolución General AFIP N° 1566 (actualizada). ARTICULO 21º.- Las multas establecidas en el Artículo 19, aun cuando concurrieran las causales de incremento previstas en el Artículo 20, se reducirán al mínimo legal —TRESCIENTOS PESOS ($ 300.-)—, si el empleador regulariza la infracción respectiva antes de la audiencia prevista en el Artículo 41 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
3 Resolución General AFIP N° 1566 (actualizada). ARTICULO 20º.- Las multas indicadas en el artículo precedente, en cada uno de sus incisos, se: a) Duplicarán cuando se trate de empleadores que tengan más de DIEZ (10) trabajadores o cuando las infracciones cometidas involucren a más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los trabajadores ocupados a la fecha de su constatación. b) Cuadruplicarán cuando las situaciones indicadas en el inciso a) anterior se produzcan en forma conjunta. El incremento de las sanciones se aplicará sin perjuicio de lo indicado en el Artículo 22.
Impuesto a las Ganancias - Ley N° 26893
Ley N° 26.893- Impuesto a las Ganancias.
El pasado 12 de septiembre de 2013, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 26.893 (publicada en el B. O. 23 de septiembre de 2013), por medio de la cual se eliminaron exenciones en el Impuesto a las Ganancias y se dispuso un nuevo tratamiento para la distribución de dividendos o utilidades.
(i) Resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, participaciones societarias y títulos valores.
En función de la modificación se considera renta de capital a los resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera fuera el sujeto que las obtenga. Así, se encuentran sujetas al impuesto las ganancias por ventas de cosas muebles amortizables efectuadas por personas físicas y sucesiones indivisas. Asimismo, la nueva redacción del inciso w) del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (“LIG”) reformula la anterior exención limitando su aplicación a los resultados obtenidos por personas físicas residentes y sucesiones radicadas en el país (en tanto no resulten comprendidos en las previsiones del inciso c del artículo 49 de la LIG), siempre que las operaciones, tengan por objeto acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, que coticen en bolsa o mercados de valores y/o tengan autorización de oferta pública. Del mismo modo, se dispuso que los resultados obtenidos por las sociedades de inversión, fiduciarios y otros entes que posean el carácter de sujetos del gravamen y/o de la obligación tributaria, constituidos como producto de procesos de privatización, de conformidad con las previsiones del Capítulo II de la Ley N° 23.696 y normas concordantes, en tanto se trate de operaciones con acciones originadas en programas de propiedad participada, implementadas en el marco del Capítulo III de la misma ley, también estarán incluidos dentro de la exención. Por otro lado, la Ley N° 26.893 deroga el artículo 78 del decreto N° 2.284 del 31 de octubre de 1991 y sus modificatorios, que eximía del Impuesto a las Ganancias a los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, bonos y demás títulos valores obtenidos por personas físicas, jurídicas y sucesiones indivisas beneficiarios del exterior. En consecuencia, la modificación incluye dentro del hecho imponible de la norma a los resultados de ventas de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás títulos valores que no coticen en Bolsas o mercados de valores, y/o no tengan autorización de oferta pública, cuyos titulares sean personas físicas residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, así como también cuando se trate de beneficiarios del exterior. Cuando en la determinación de la ganancia neta sujeta a impuesto, incluya resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás títulos valores, éstos quedarán sujetos al impuesto a la alícuota del 15%. Cuando los resultados en cuestión sean obtenidos por sujetos del exterior, los resultados se encontrarán gravados a la tasa anteriormente mencionada, debiendo tributar conforme las previsiones del artículo 93 inciso h) de la LIG (resultando un alícuota nominal del 13,5%) o en función de lo previsto por el segundo párrafo del mentado artículo, aplicando el 15% sobre la suma que resultare de deducir del beneficio bruto pagado o acreditado, los gastos realizados en el país necesarios para su obtención, mantenimiento y conservación, como así también las deducciones admitidas por ley (precio de venta menos costo fiscal). Por último, en el caso que la titularidad corresponda a un sujeto del exterior, y el adquirente sea una persona del exterior, el ingreso del impuesto se encontrará a cargo del comprador.
(ii) Distribución de dividendos y utilidades, excepto en acciones o cuota partes.
Según las modificaciones introducidas en el artículo 90 de la LIG, la distribución de dividendos o utilidades, en dinero o en especie (excepto acciones o cuotas partes), estará alcanzada por el Impuesto a las Ganancias, a una alícuota del 10% con carácter de pago único y definitivo, sin perjuicio de la retención del 35%, establecida por el artículo a continuación del artículo 69 (Impuesto de Igualación), si correspondiere, en tanto sea efectuada por los sujetos mencionados en el inciso a), apartados 1,2,3,6 y 7, e inciso b) del artículo 69. Expresamente, se establece que no serán de aplicación las disposiciones del artículo 46 de la LIG que determinan la no computabilidad de los dividendos y distribuciones de utilidades, en la determinación de la ganancia neta del beneficiario (Persona física o sucesión indivisa del País). Asimismo, se excluya la aplicación de la excepción prevista en el primer párrafo del artículo 91 de la LIG que establecía la excepción de la retención, respecto de los pagos a beneficiarios del exterior que se hicieran en concepto de dividendos y utilidades.
(iii) Vigencia y aplicación de la norma.
Las disposiciones de la Ley N°26.893, entran en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial (B.O. 23-09-2013), y serán de aplicación a los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de la citada vigencia.
Nominación por International Tax Review
JP O'Farrell Abogados se enorgullece en anunciar que la firma ha sido nominada en la categoría Acuerdo de Reestructuración Impositiva del Año en América a los Americas´s Awards.
Este premio es otorgado por International Tax Review, una de las publicaciones más prestigiosas en materia de impuestos en el mundo.
La ceremonia tendrá lugar en el Essex House en la Ciudad de Nueva York, el 26 de septiembre.
Esta nominación se logró después de una evaluación muy estrecha con un número récord de presentaciones.
Estamos muy honrados por este reconocimiento, que nos anima a seguir trabajando con el mismo compromiso.
Incremento de deducción especial de Impuesto a las Ganancias sobre la 1ra. cuota del Sueldo Anual
Incremento de deducción especial de Impuesto a las Ganancias sobre la 1ra. cuota del Sueldo Anual Complementario 2013.
El pasado viernes 26 de Julio fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 1006/2013. El mismo establece un incremento de la deducción especial establecida en el inciso c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, hasta un monto equivalente al importe neto de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario correspondiente al año en curso.
A los fines del cálculo del importe neto más arriba mencionado, se deberá detraer del importe bruto de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario de este año, los aportes y contribuciones correspondientes a:
c) Obras Sociales.
d) Cuotas Sindicales Ordinarias.
La medida afectará exclusivamente a aquellos trabajadores cuya mayor remuneración bruta mensual, devengada entre los meses de Enero y Junio de 2013, no haya superado la suma de $25.000.-
Las devoluciones o compensaciones que los sujetos que actúan como agentes de retención deban realizar a instancias del beneficio establecido por el decreto en análisis y a raíz de las retenciones oportunamente practicadas en el mes de Junio, deberán quedar asentadas en los recibos de haberes que comprendan las remuneraciones devengadas en el mes de Julio de 2013. Las mismas deberán figurar bajo el rubro “Beneficio Decreto N° 1006/2013.
Finalmente, cabe destacar que la presente medida ha sido anunciada en los considerandos del Decreto en estudio como una decisión “extraordinaria y por única vez”, tendiente a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y fomentar el consumo interno.
Creación del Programa de Promoción del Empleo en Teletrabajo (PROPET)
Recientemente fue creado, mediante Resolución Nro. 595/2013 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el “Programa de Promoción del Empleo en Teletrabajo” (PROPET). El mismo se generó en el marco de un proyecto de regulación del Teletrabajo que el antes mencionado organismo viene desarrollando desde el año 2003, a través de la Comisión de Teletrabajo a su cargo.
El objeto del programa consiste en promover, facilitar y monitorear la aplicación de la modalidad de Teletrabajo en empresas del sector privado, a través de herramientas que brinden un marco jurídico adecuado tanto a empleadores como a trabajadores.
En este contexto y conforme el texto de la resolución en análisis, se entiende por Teletrabajo a “la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, en las que el objeto del contrato o prestación de trabajo es realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos al del establecimiento o de los establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC)”.
Consecuentemente, se entiende por Teletrabajador a “todo trabajador en relación de dependencia que efectúe teletrabajo en los términos definidos en el artículo precedente.”
Cabe recalcar que ambas definiciones fueron tomadas del proyecto de Ley elaborado por la Comisión de Teletrabajo en el año 2007, cuyo objetivo es la regulación del teletrabajo en relación de dependencia.
Veamos ahora cuáles son los principales aspectos prácticos que conlleva la implementación del PROPET.
En primer lugar, la Resolución establece que las empresas privadas interesadas en adherir al Programa, deberán presentar ante la Coordinación de Teletrabajo –Autoridad de Aplicación del PROPET- o ante la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, el Formulario de Solicitud de Adhesión al Programa, a través del cual dichas empresas describirán las principales características y sus puestos de trabajo y fundamentarán su interés por aplicar a esta modalidad.
Las empresas cuya solicitudes sean evaluadas favorablemente, podrán suscribir el Convenio de Adhesión al PROPET, en el cual se establecerían las condiciones de participación y las pautas que deberán contener los contratos individuales a ser suscriptos con los Teletrabajadores.
Entre las principales condiciones de participación, se encuentran las siguientes:
a. La vigencia del Convenio es por 9 (nueve) meses. Una vez vencido el plazo, el mismo podrá ser prorrogado por otros 9 (nueve) meses, a través de la firma de una “Renovación”, de similares características. Esto, sujeto a los resultados obtenidos durante el primer período y previa autorización.
b. Las empresas adherentes deberán elaborar, conjuntamente con la Autoridad de Aplicación, un plan de trabajo mediante el cual acordarán el monitoreo, seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. Se establecerán también mecanismos de información recíproca que involucran no solamente a las empresas, sino también a los Teletrabajadores. En este sentido, las empresas y sus empleados, estarán obligados a enviar información y contestar requerimientos, conforme lo solicite la Autoridad de Aplicación.
c. La participación de los Trabajadores en el Programa será voluntaria y se requerirá consentimiento expreso de los trabajadores a tal fin. Dicho consentimiento será asentado en un contrato individual, sujeto a las condiciones antes mencionadas.
d. La carga horaria involucrada –tanto presencial como destinada al Teletrabajo- deberá ser distribuida razonablemente entre el personal participante. A tal fin, la Resolución establece que el Teletrabajador deberá laborar al menos 2 (dos) jornadas completas de modo presencial en el establecimiento de la empresa y al menos 1 (una) jornada completa bajo la modalidad de Teletrabajo.
e. Los Teletrabajadores gozarán de los mismos beneficios, derechos y obligaciones que aquellos trabajadores que presten tareas de forma presencial en el establecimiento de la empresa. Los mismos estarán sujetos a la legislación vigente y a los convenios colectivos de trabajo que resulten aplicables.
f. Los sistemas de control implementados por la empresa a los fines de asegurar la información con la que labora el Teletrabajador deberán asegurar también el respeto a la privacidad del mismo.
g. En caso que el Teletrabajador emplee equipamiento propio a los fines del desarrollo de sus tareas, la empresa deberá compensar la totalidad de los gastos que su uso genere, sin perjuicio de los mayores beneficios acordados por los convenios colectivos de los que el trabajador estuviere ya gozando.
h. La empresa deberá compensar los mayores gastos en que el trabajador eventualmente incurriera en el mes, como resultado de su participación en esta modalidad de trabajo.
i. La empresa deberá asegurar el debido cumplimiento de lo previsto en materia de Seguridad de Higiene por la Resolución de la Superintendencia de Trabajo Nro. 1552/2012.
j. Cuando el Teletrabajador hubiere laborado anteriormente para la empresa bajo la modalidad presencial, el contrato de teletrabajo individual deberá preveer la posibilidad de regresar a la condición anterior, tanto a petición del empleador como del trabajador, fijándose un plazo de antelación de 15 (quince) días para que las partes notifiquen dicha decisión en forma fehaciente.
k. Se estipula la intangibilidad de la remuneración del trabajador participante del Programa.
En conclusión, el Programa ofrece un espacio de intercambio para que los actores y el Ministerio puedan elaborar propuestas que, sobre la base de un enfoque interdisciplinario, permitan establecer las bases de una futura reglamentación para la actividad.
Actualización de asignaciones familiares y otros conceptos
En el día de ayer, 23 de mayo, el poder ejecutivo anunció una serie de medidas que impactarán en ciertos rubros de las asignaciones familiares ya estatuidos y que darán lugar a un aumento en los pagos que actualmente se realizan por dichos conceptos.
En este sentido y conjuntamente con el anuncio del incremento de las sumas actualmente otorgadas en concepto de “Asignación Universal por Hijo” que reciben quienes se encuentran desempleados o por fuera de toda registración, se comunicaron otras disposiciones que afectarán también a los empleados formales. Las mismas empezarían a regir a partir del mes de Julio del corriente. Excepcionalmente, algunas podrían imponerse a partir del 1° de Junio, aunque aún no fue precisado cuáles.
Estas son las medidas dispuestas para los empleados formales:
i) Asignación por hijo o prenatal: Los empleados en relación de dependencia, percibirán por este concepto:
a) La suma de $460.- por mes, siempre que el ingreso familiar no supere los $4.800.- mensuales.
b) La suma de $320.- por mes, cuando la sumatoria de los ingresos familiares mensuales se encuentre entre $4.801.- y $6.000.-
c) La suma de $200.- por mes, cuando la sumatoria de los ingresos familiares mensuales se encuentre entre $6.001.- y $7.800.-
d) La suma de $110.- por mes, cuando la sumatoria de los ingresos del padre y la madre no superen los $16.800.- mensuales y siempre que los salarios de cada uno de ellos no excedan de $8.400.- mensuales.
Resulta importante destacar que, al igualar los topes de las asignaciones con los de ganancias, todos los titulares de derecho reciben algún tipo de beneﬁcio, ya sea por la percepción de la asignación misma o por la deducción de ganancias que podrá realizarse a causa de la asignación.
ii) Prestaciones por hijo discapacitado: En este caso, la prestación se recibe ingreso tope. No obstante, los montos son escalonados y se encuentran supeditados a los ingresos mensuales que perciban los progenitores, los cuales, tras la modificación, serán:
a) La suma de $1.500.- por hijo discapacitado para salarios de hasta $4.800.- mensuales.
b) La suma de $1.100.- por hijo discapacitado para salarios entre $4.801.- y $6.000.- mensuales.
c) La suma de $720.- por hijo discapacitado para salarios superiores a $6.001.-
iii) Ayuda Escolar: Sumado al monto ya abonado en el mes de Marzo de este año, se establece un refuerzo adicional, por única vez, por la suma de $340.-
iv) Asignaciones por nacimiento de hijo: Las mismas también se incrementarán; por lo que los empleados en relación de dependencia pasarán a percibir:
a) $750.- por nacimiento de hijo.
b) $4.500.- por adopción.
v) Asignación por matrimonio: A partir del mes de Julio se percibirá la suma de $1.125.- por matrimonio.
vi) Subsidio por el fallecimiento de jubilado: Este concepto se incrementa sustancialmente, pasando de $1.800.- a $4.000.- el subsidio que cobrará la familia del fallecido tras su deceso.
Las resoluciones que establecen las modificaciones e incrementos informados se encuentran pendientes de publicación en el Boletín Oficial.
Resolución General AFIP 3453: Incremento de aportes jubilatorios autónomos y tope asalariados
El 25 de Marzo fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución General N° 3453 emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Esta medida viene a reglamentar el aumento en los aportes jubilatorios de los trabajadores autónomos y asalariados, ya previsto en la Ley de Movilidad Jubilatoria (Ley 26.417).
De conformidad con la mencionada Resolución, los trabajadores autónomos sufrirán durante el mes de Marzo de 2012 y con vencimiento en el mes de Abril, un incremento en su aporte previsional que alcanzará el 15,18% respecto de los aportes realizados hasta el mes de Febrero de este año.
En tal sentido, a continuación detallamos los aportes estipulados para las distintas categorías de autónomos:
Aporte Jubilatorio a partir de Marzo 2013 (base mensual).
Facturación máxima de $20.000.- para servicios y/o $25.000.- parea actividad comercial.
$401,62.-
Facturación superior a $20.000.- y/o $25.000.-, respectivamente.
$562,26.-
Personas que ocupan puestos de dirección o administración. Ingresos menores a $15.000.- anuales.
$803,24.-
Personas que ocupan puestos de dirección o administración. Ingresos entre $15.000.-y $30.000 anuales.
$1.285,19.-
Personas que ocupan puestos de dirección o administración. Ingresos superiores a $30.000.- anuales
$1767,13.-
2. Trabajadores Asalariados:
Por su parte, para los trabajadores asalariados rige a partir del mes de Marzo de 2013 un nuevo tope aplicable al cálculo de los aportes previsionales y sistema de salud.
Recordemos que, hasta el mes de Febrero de este año el tope ascendía al máximo de $21.245, 45.- brutos mensuales.
Así, la AFIP ha establecido un tope máximo de $24.473,92.- en relación a los sueldos devengados. Esto significa que, quienes perciban durante el mes de Marzo (liquidado/devengado en Abril) un salario bruto igual o superior a la suma arriba indicada, sufrirán un descuento del 17% (diecisiete por ciento) sobre ese monto, el cual será destinado a cubrir las obligaciones correspondientes al sistema jubilatorio, obra social y PAMI. Este porcentaje es igual a la suma de $4.160,50.-
3. ¿Por qué se implementa esta Resolución?
La Resolución en análisis forma parte de una serie de medidas destinadas a financiar –al menos en parte – el incremento otorgado durante Marzo de este año en los haberes jubilatorios.
Esta suba asciende al 15,8% y permite que la mensualidad máxima pasible de ser percibida por un jubilado se eleve actualmente a $15.861,24.- mensuales. Mientras tanto, el haber jubilatorio mínimo asciende hoy a $2.165..- mensuales. Todo ello, conforme el régimen de Anses.
Implementación de la modalidad de teletrabajo a trabajadores en situación de reserva de puesto
Resolución MT N° 239/13.
El pasado 20 de Marzo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación emitió la Resolución N° 239/13. La misma dispuso que todos los trabajadores que se encuentren en la situación prevista en los artículos 211 y 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, podrán optar por utilizar la modalidad de teletrabajo a los fines de continuar prestando tareas, en caso que los mismos no se encuentren en condiciones de realizar en la Empresa las mismas tareas que cumplían con anterioridad a su enfermedad inculpable o accidente.
Cabe destacar que el régimen de teletrabajo se implementará en cada caso, en la medida que el trabajador o el empleador así lo requieran y sujeto a que ambas partes lo consensúen de manera voluntaria.
Otro dato no menor es que la implementación de esta modalidad de trabajo en los casos indicados, no conllevará una reducción de la remuneración previamente acordada entre las partes. En otras palabras, los trabajadores que adopten esta modalidad no verán disminuido su salario a consecuencia de la misma.
La medida en análisis afectará sin duda a un gran número de trabajadores que se encuentran actualmente en reserva de puesto y que, como consecuencia de esta situación, transcurren extensos períodos de enfermedad o tratamiento sin percibir remuneración alguna.
En este sentido, el Ministerio de Trabajo expresó que la resolución está orientada a promover el sostenimiento del empleo frente a las situaciones antes referidas. Es por ello que la resolución prevé también el ofrecimiento de planes de financiación de insumos y herramientas para facilitar la adaptación del puesto de trabajo. Se ofrecerá asimismo la extensión de certificados de crédito fiscal a las Empresas por los gastos efectuados en la contratación de los cursos de capacitación del personal implicado para el desarrollo del teletrabajo. Todo esto, en el marco de la participación conjunta del trabajador y la Empresa en el proceso de formación profesional sustentado por el Ministerio.
Reforma al Régimen Aplicable al Personal de Casas Particulares
La Cámara de Diputados recientemente sancionó la Ley de reforma al régimen de trabajo del personal de casas particulares. La norma ha sido trasladada al Poder Ejecutivo para su promulgación, por lo que la misma aún no se encuentra en vigor.
Cabe recordar que, hasta el momento, el régimen laboral aplicable al personal de servicio doméstico se encontraba regulado por el Decreto 326/56 y sus modificatorios.
La norma en análisis establece una modificación radical a los principios estipulados por el régimen anterior. En efecto, dicha norma prevé la derogación del Decreto 326/56 y establece un nuevo régimen mediante el cual, al personal de casas particulares, le resultará aplicable lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo en todo aquello que no es regulado por la nueva normativa.
Como consecuencia de lo antedicho, se producirán grandes e importantes modificaciones, las cuales a continuación detallamos.
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Este régimen se aplicará a la prestación de tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades típicas del hogar. Comprende asimismo a las labores de asistencia personal de quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador y al cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad -mientras el trabajo se realice en casas particulares y en el ámbito de la vida familiar-. Todo ello, independientemente de la cantidad de horas semanales o jornadas en la que se desarrolle laprestación de tareas.
2. ALCANCE: Esta Ley regirá entodo el territorio de la República Argentina y alcanzará a las relaciones que se encuentre en curso al momento de su entrada en vigor.
3. EXCLUSIONES: Quedan excluidos de la aplicación del régimen de contrato de trabajo:
a.Personal contratado por personas jurídicas;
b.Personal contratado por consorcios, clubes de campo u otros.
c.Personas que, además de realizar tareas domésticas, presten servicios, con cualquier periodicidad, en actividades o empresas de su empleador, ya que, en estos casos, se presume la existencia de una relación ajena al presente régimen.
d.Prestaciones de carácter exclusivamente terapéutico, que exijan habilitaciones profesionales para ser realizadas.
e.Personal contratado exclusivamente para la conducción de vehículos.
f.Personas que convivan en la casa y no presten servicios para el mismo empleador.
g.Familiares del dueño de casa.
4. REGIMEN DE PROTECCIÓN CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE: La Ley en estudio adopta una amplia política proteccionista en relación al trabajo de niños y adolescentes. Mientras que en el Decreto 326/56 solamente se estipulaba que no podían ser contratadas bajo este régimen personas menores a 16 (dieciséis) años, la nueva ley amplía el espectro de protección de la siguiente manera:
a.Mantiene la prohibición de trabajar en relación a los menos de 16 (dieciséis) años.
b.Exige, para la contratación de menores entre 16 (dieciséis) y 18 (dieciocho) años la presentación de un certificado de aptitud física.
c.Reduce y limita la jornada de trabajo para los menores de 18 (dieciocho) años, la cual no podrá superar las 6 (seis) horas diarias y las 36 (treinta y seis) horas semanales.
d.Prohíbe contratar menores que no hayan completado su instrucción obligatoria, a menos que el empleador se haga responsable de que finalicen la misma.
5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (GENERAL): El régimen prevé la aplicación al personal incluido en su ámbito de las modalidades previstas en la Ley de Contrato de trabajo “en las condiciones allí dispuestas”. No obstante, se autoriza la libertad de formas en la contratación y se presume que el contrato de trabajo se celebra -como regla general- por tiempo indeterminado.
6. MODALIDADES ESPECÍFICAS APLICABLES AL RÉGIMEN: Asimismo, el régimen establece las siguientes modalidades específicas, aplicables exclusivamente al personal doméstico:
a.Personal con retiro, bajo las órdenes de un único empleador;
b.Personal sin retiro, bajo las órdenes de un único empleador;
c.Personal con retiro, bajo las órdenes de varios empleadores.
7. PERÍODO DE PRUEBA: El nuevo régimen modifica lo anteriormente establecido sobre este particular, fijando los siguientes plazos, dentro de los cuales las partes pueden terminar la relación laboral sin obligación de pagos indemnizatorios:
a.Para el personal sin retiro: el mismo se extiende a 30 días de iniciada la relación laboral;
b.Para el personal con retiro: el mismo se extiende a las primeras 15 jornadas de trabajo, mientras este plazo no exceda el máximo de tres (3) meses.
8. REMUNERACIÓN: La ley establece que el salario mínimo será fijado por la Comisión Nacional del Trabajo en Casas Particulares, organismo a crearse de acuerdo a las pautas fijadas en el régimen en análisis, que dependerá del Ministerio de Trabajo de la Nación. A futuro se prevé la aplicación de las escalas salariales que fijen las convenciones colectivas de trabajo que se dicten para esta actividad.
La ley establece asimismo que el pago deberá efectuarse en dinero en efectivo o cheque a nombre del trabajador o, en su defecto, en una cuenta sin costo abierta a nombre de éste, dentro del cuarto día hábil del mes siguiente a la prestación de tareas para el personal mensualizado o al finalizar la jornada o semana de trabajo para el personal jornalizado o por hora.
Por su parte, el sueldo anual complementario deberá abonarse junto con la última jornada de trabajo de los meses de junio y diciembre de cada año.
Se establece asimismo la obligación del empleador de emitir recibos de sueldo a favor del personal, los cuales deberán contener las especificaciones detalladas por esta normativa y las que en el futuro reglamenten los modelos a elaborarse.
9. APORTES Y CONTRIBUCIONES: Deberán realizarse los aportes y contribuciones que corresponda, de acuerdo a la modalidad de contratación de cada empleado. No obstante, la Ley faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos a establecer modificaciones en los aportes y contribuciones provisionales y de la seguridad social para este régimen en particular.
Asimismo, para los casos de deficiente o nula registración, se establece una penalidad conforme la cual deberá abonarse una indemnización por antigüedad duplicada. No obstante, la ley prevé el otorgamiento de un plazo de 180 días desde su entrada en vigor para permitir a los empleadores la regularización de su situación y la de las personas a su cargo.
Finalmente, se deja expresamente aclarado que no resultan de aplicación al presente régimen las previsiones y multas establecidas en las Leyes 24.013, 25.323 y 25.345.
10. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA: La Ley mantiene la obligación –antes incluida en el decreto 326/56-de tramitar para el personal doméstico la libreta de trabajo correspondiente. No obstante, la nueva normativa prevé también la creación de un sistema de registro simplificado a ser reglamentado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
11. JORNADA DE TRABAJO: Se establece una jornada diaria de 8 (ocho) horas, con un máximo semanal de 48 (cuarenta y ocho) horas. La jornada diaria podrá incrementarse a 9 (horas) bajo el régimen de compensación, siempre y cuando no se supere el máximo semanal.
Por su parte, la realización de horas suplementarias y el pago del recargo correspondiente se regirán por el régimen determinado en la Ley de Contrato de Trabajo.
12. DESCANSOS: La nueva normativa estipula los siguientes:
a.Descanso semanal: Debe otorgarse a partir del sábado a las 13 horas y debe respetar un mínimo de 35 (treinta y cinco) horas continuas.
b.Descanso mínimo entre jornadas: para el personal con retiro se establece en 12 (doce) horas corridas y para el personal sin retiro en 9 (nueve) horas corridas.
c.Asimismo, para el personal sin retiro se establece un descanso de 3 (tres) horas corridas entre las tareas matutinas y vespertinas, el cual –a diferencia del régimen anterior- incluye específicamente el almuerzo.
13. VACACIONES: El nuevo régimen adopta lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a la extensión de las licencias de acuerdo a la antigüedad del empleado y la época de otorgamiento de las vacaciones. De igual manera, se estipula que las vacaciones podrán fraccionarse -a pedido del empleado- siempre y cuando se garantice un período continuo de licencia no inferior a ¾ de la misma.
Por último, es importante destacar que, si bienla norma establece que, previo al goce de las vacaciones deberán ser abonadas las sumas imputables a dicho período, lo cierto es que la Ley no establece cómo deberá calcularse la remuneración que deba pagarse para el período de vacaciones.
Para el personal con retiro, las prestaciones habituales de comida y habitación deberán ser reemplazadas durante el período de vacaciones por una suma de dinero en efectivo, que no podrá ser menor al 30% (treinta por ciento) del salario.
14. LICENCIAS ESPECIALES: La Ley en estudio asimismo establece un régimen de licencias especiales similar al regulado por la Ley de Contrato de Trabajo. Así, se prevén las siguientes:
a.Licencia por maternidad de 90 (noventa) días corridos.
b.Licencia por nacimiento de hijo otorgada a los trabajadores masculinos de 2 (dos) días corridos.
c.Licencia por matrimonio de 10 (diez) días corridos.
d.Licencia por fallecimiento de cónyuge, padres o hijos de 3 (tres) días seguidos.
e.Licencia por fallecimiento de hermano de 1 (un) día (deberá necesariamente computarse un día hábil si el deceso ocurre un sábado, domingo o feriado).
f.Licencia por examen de 2 (dos) días corridos por examen, con un máximo de 10 (diez) días en el año.
15.E NFERMEDADES Y ACCIDENTES INCULPABLES: La nueva norma equipara los plazos a aquellos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo; es decir: licencia con goce de haberes por un máximo de 3 (tres) meses al año, si la relación laboral tiene una antigüedad menor a 5 (cinco)años y licencia con goce de haberes por el plazo máximo de 6 (seis) meses al año, si la relación tiene una antigüedad mayor a 5 (cinco) años.
A diferencia de lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, las cargas de familia resultan irrelevantes en este régimen a los efectos del cómputo de los plazos.
Por último, la Ley ata la obligación del empleador de otorgar licencia por enfermedad con goce de haberes a la obligación del empleado de informar la enfermedad.
16. ENFERMEDADES Y ACCIDENTES LABORALES: Sumado a lo anterior, la Ley establece tambiénla incorporación gradual de las previsiones insertas en la Ley de Riesgos del Trabajo y exige al empleador la contratación obligatoria de un Seguro de Riesgos del Trabajo para el personal. La reglamentación de las alícuotas aplicables será establecida a futuro por el Poder Ejecutivo.
17. PROTECCIÓN ESPECIAL EN CASOS DE MATERNIDAD Y MATRIMONIO. ESTABILIDAD EN EL EMPLEO: Al igual que en la Ley de Contrato de Trabajo, se presume despido por causa de embarazo si el mismo se produce dentro de los siete meses y medio (7 ½) anteriores o posteriores al parto, perdida de embarazo o nacimiento sin vida.
Se presume despido por causa del matrimonio si el mismo se produce dentro de los tres (3) meses anteriores o seis (6) meses posteriores a la celebración del mismo.
Estas presunciones llevan aparejadas el pago de una indemnización especial equivalente a un año de remuneraciones (trece sueldos).
18. MODOS DE EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: La normativa prevé las siguientes causas de extinción:
a.Mutuo acuerdo, mediante manifestación formal realizada ante autoridad administrativa o judicial competente. No da lugar a indemnización.
b.Renuncia. No da lugar a indemnización.
c.Muerte del empleador, empleado o persona bajo su cuidado. Otorga derecho a percibir el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización por antigüedad.
d.Jubilación, conforme régimen previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.
e.Despido sin causa. Da lugar a las indemnizaciones que seguidamente se detallarán en otro apartado.
f.Despido con causa. No da lugar a indemnización.
g.Denuncia del contrato de trabajo con justa causa realizada por el dependiente.
h.Abandono de trabajo. La ausencia injustificada no puede ser inferior a dos (2) días corridos y el trabajador debe ser constituido en mora. Debidamente probado, no da lugar a indemnización.
i.Incapacitación permanente y definitiva del trabajador, conforme parámetros regulados por el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo.
19. OBLIGACIÓN DE DESOCUPAR EL INMUEBLE: En caso de extinción de la relación laboral, el personal sin retiro deberá desocupar y entregar la habitación que le fuera otorgada, dentro del plazo máximo de 5 (cinco) días.
20. PREAVISO: La Ley fija el preaviso:
a.Por el empleado: en el plazo de 10 (diez) días.
b.Por el empleador: en el plazo de 10 (diez) días, cuando la antigüedad es inferior a 1 (un año) y en el plazo de 30 (treinta) días, cuando la antigüedad es superior a 1 (un) año.
Si el empleador no cumpliera con el preaviso, el mismo deberá abonar el salario o proporcional del salario correspondiente a dicho plazo como indemnización sustitutiva de preaviso.
21. INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD E INTEGRACIÓN DEL MES DE DESPIDO: El nuevo régimen establece que la indemnización por antigüedad ascenderá, como mínimo, a 1 (un) mes de sueldo.
Asimismo, al igual que en la Ley de Contrato de Trabajo, se estipula que ante la desvinculación del empleado y en los casos que corresponda, se abonará 1 (un) mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de 3 (tres) meses en concepto de indemnización por antigüedad.
Por su parte, para el pago de la integración del mes de despido, rige lo establecido al respecto en la Ley de Contrato de Trabajo.
22. TRIBUNAL DEL TRABAJOPARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES. CONCILIACIÓN PREVIA. RÉGIMEN PROCESAL APLICABLE. La normativa en análisis también incorpora importantes previsiones en lo que hace al régimen procesal específico para esta actividad, con la intervención de órganos propios y otros de la Justicia Nacional del Trabajo (en Capital Federal).
Cabe asimismo destacar que la Ley realiza una invitación formal a las provincias a adoptar regímenes similares, de acuerdo a sus respectivas organizaciones administrativas y judiciales.
Para Capital Federal y como primera medida, se sustituye el “Consejo del Trabajo Doméstico” por el “Tribunal del Trabajo para el Personal de Casas Particulares”, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de atravesar, de manera previa a la interposición de cualquier demanda, una instancia de conciliación previa ante el mencionado Tribunal. Mediante la misma, podrán alcanzarse acuerdos que dicho organismo homologará y que serán ejecutables –en caso de incumplimiento- ante los Tribunales Nacionales de Primera Instancia del Trabajo.
Por su parte, en caso de no arribarse a acuerdo alguno en la instancia de conciliación obligatoria, quedará expedita la vía judicial ante el ya mencionado Tribunal, cuyas sentencias serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital Federal.
En caso que se determine, mediante sentencia fundada de alguno de estos órganos, que ha existido deficiente o nula registración, al igual que el los actuales procesos laborales, los Juzgados deberán remitir las notificaciones correspondientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos, con lo que se amplía la contingencia previsional para este tipo de actividad.
Finalmente, la norma determina que se aplicará supletoriamente y en materia procesal lo previsto en la Ley 18.345 (Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo).
22. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN: Las acciones que se inicien con fundamento en el régimen establecido en esta nueva Ley prescribirán en el plazo de 2 (dos) años.
Resolución General AFIP N° 3449. Impuesto a las Ganancias
El 11 de Marzo del corriente la Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP) reglamentó, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General N° 3449, el Decreto Presidencial N° 244 de fecha 05/03/2013.
Recordemos que el mencionado decreto había dispuesto el aumento de las deducciones personales correspondientes a la 3° y 4° Categorías del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, la referida norma dispuso que, si bien los incrementos resultan aplicables al ejercicio anual 2013, los mismos rigen a partir del 1° de Marzo de este año.
En tal sentido, oportunamente se planteó la duda en relación a qué pasaría con las retenciones realizadas durante los meses de Enero y Febrero de 2013, anteriores al dictado del decreto. Ello, sin perjuicio que el incremento había sido anunciado por el Poder Ejecutivo casi cuarenta días antes de decretada la medida en cuestión.
Lo cierto es que, en relación a este punto, la Resolución en análisis viene a despejar ciertas dudas, al tiempo que plantea nuevos interrogantes. Es por ello que, en primer término, cabe analizar cuál es el esquema de deducciones que diseña la flamante normativa.
A partir del dictado de esta norma, los agentes de retención alcanzados por la Resolución AFIP N° 2437 (del año 2008) y sus modificatorias, deberán computar en cada mes calendario, a partir del 1° de Marzo, los siguientes importes:
i) Mínimo no imponible (art. 23, inc. a) Dto. 649/97): $1.296.-
ii) Cargas de Familia (art. 23, inc. b) Dto. 649/97):
a) Por Cónyuge: $1.440.-
b) Por Hijo: $720.-
iii) Otras Cargas: $540.-
iv) Deducción Especial Autónomos (art. 23, inc. c) y art. 79, inc. e) Dto. 649/97): $1.296.-
v) Deducción Especial Empleados (art. 23, inc. c) y art. 79, incs. a), b) y c), Dto. 649/97): $6.220,80.-
Habida cuenta de lo reglamentado y volviendo sobre la incógnita que plantea el hecho de que un impuesto que se liquida con base anual sea reglamentado en el tercer mes del año sin carácter retroactivo, es dable analizar el procedimiento establecido por la Resolución General AFIP N° 2437, que reglamenta el régimen en estudio.
De conformidad con la mencionada Resolución General, el procedimiento que deben llevar a cabo los agentes de retención a fin de realizar las determinaciones correspondientes al impuesto es la siguiente:
I) PRIMER PASO: Determinación de la ganancia neta. La misma deberá fijarse realizando sobre la ganancia bruta del mes que corresponda, las deducciones generales admitidas para cada caso. A este importe se le sumará el correspondiente a las ganancias netas anteriores que se encuentren dentro del mismo período fiscal.
II) SEGUNDO PASO: Determinación de la ganancia neta sujeta al impuesto: Para esto, al cálculo anterior se le deberán deducir los importes correspondientes al mínimo no imponible, deducciones especiales y/o cargas de familia que resulten de aplicación. Ello, hasta el tope de la suma acumulada conforme las tablas previstas por la nueva Resolución.
III) TERCER PASO: Determinación del importe pasible de retención: A este fin, tomando la ganancia neta sujeta a impuesto, deberá aplicarse la escala vigente acumulada para el mes en que se realice el pago. A esta suma se le deberán restar los importes correspondientes a los cómputos a cuenta por el mismo impuesto. El importe que resulte de esta operación podrá disminuirse conforme las retenciones practicadas anteriormente en el mismo período fiscal. De igual manera, el mismo podrá incrementarse sobre las base de las retenciones efectuadas en exceso que hubieran sido reintegradas.
Conforme lo indicado y sobre la base de que las normas dictadas no autorizan que las nuevas tablas de deducciones vigentes para el año en curso sean aplicadas a los meses de Enero y Febrero de 2013, lo cierto es que el incremento del 20% previsto por el Poder Ejecutivo para el corriente año no impactará en las liquidaciones de acuerdo a lo anunciado, sino en un menor porcentaje; el cual a continuación se detalla:
i) Para el Mínimo no Imponible, la reglamentación implica un aumento del 16,67% en relación al año anterior. El tope para Enero y Febrero de 2013 se mantiene en $1.080.-, mientras que para los meses de Marzo de Diciembre se eleva a $1.296.-, alcanzando un total de $15.120.- anuales.
ii) Para las Cargas de Familia, la reglamentación implica un aumento del 16,67% en relación al año anterior, de acuerdo al siguiente esquema:
ii.a) Para Cónyuges: El tope para Enero y Febrero de 2013 se mantiene en $1.200.-, mientras que para los meses de Marzo de Diciembre se eleva a $1.440.-, alcanzando un total de $16.800.- anuales.
i.b) Para Hijos: El tope para Enero y Febrero de 2013 se mantiene en $600.-, mientras que para los meses de Marzo de Diciembre se eleva a $720.-, alcanzando un total de $8.400.- anuales.
iii) En relación a Otras Cargas, la reglamentación implica un aumento del 16,67% en relación al año anterior. El tope para Enero y Febrero de 2013 se mantiene en $450.-, mientras que para los meses de Marzo de Diciembre se eleva a $540.-, alcanzando un total de $6.300.- anuales.
iv) Para Deducciones Especiales de Autónomos, la reglamentación implica un aumento del 16,67% en relación al año anterior. El tope para Enero y Febrero de 2013 se mantiene en $1.080.-, mientras que para los meses de Marzo de Diciembre se eleva a $1.296.-, alcanzando un total de $15.120.- anuales.
v) Para Deducciones Especiales de Empleados, la reglamentación implica un aumento del 16,67% en relación al año anterior. El tope para Enero y Febrero de 2013 se mantiene en $5.184.-, mientras que para los meses de Marzo de Diciembre se eleva a $6.220,80.-, alcanzando un total de $72.576.- anuales.
Por el momento, no se han planteado desde sectores oficiales posturas que permitan inferir que operará eventualmente una devolución de lo retenido “en exceso”, por lo que los agentes de retención deberían atenerse a las pautas antes explicadas hasta nuevo aviso.
Disposición 5358/2012 - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
Por medio de la Disposición 5358/2012, la A.N.M.A.T. aprobó las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, las cuales serán de cumplimiento obligatorio para los Titulares de Autorización de Registro y Comercialización (TARC) de especialidades medicinales, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en la Ley 16.463 (apercibimiento, multa, clausura, inhabilitación, comiso de mercadería y/o retiro de autorización para funcionar).
I. En sí, la norma persigue el fin de incluir información adicional en sus diferentes formas acerca del proceso de Farmacovigilancia que debe ser llevado a cabo por los laboratorios titulares del registro de medicamentos y por los responsables de las notificaciones. En este sentido, es importante resaltar el rol del Responsable de Fármacovigilancia (RFV) designado por la empresa, quién será el único interlocutor válido en términos de Farmacovigilancia ante la ANMAT - Departamento de Farmacovigilancia.
Por lo tanto, el RFV debe presentarse a las autoridades sanitarias competentes, como miembro responsable del área, proporcionando su nombre, teléfonos y dirección electrónica de contacto. El TARC facilitará al RFV toda la información referente a la seguridad de cada especialidad farmacéutica autorizada, convenientemente actualizada.
El RFV garantizará el cumplimiento de las siguientes actividades:
a) Crear y mantener un sistema para recopilar, tratar y evaluar la información sobre todas las sospechas de reacciones adversas notificadas al personal de la empresa y a los agentes de propaganda médica (APM).
b) Notificar sospechas de reacciones adversas (SRA), cumpliendo los plazos previamente descriptos.
c) Elaborar y/o revisar los Informes Periódicos de Actualización de Seguridad (IPAS).
d) Responder, en tiempo y forma, cualquier petición de información de las autoridades competentes en materia de seguridad de medicamentos.
e) Evaluar en forma permanente la relación beneficio-riesgo durante el período de post-autorización, y comunicar inmediatamente a las autoridades competentes cualquier información que pudiera suponer un cambio en dicha relación.
f) Asegurar los mecanismos necesarios para cumplir con las medidas regulatorias establecidas para los medicamentos de cuya Farmacovigilancia es responsable, así como todas aquellas medidas y estudios incluidos en el Plan de Gestión de Riesgo y que se prevean realizar en nuestro país.
g) Establecer criterios de identificación y de valoración de la gravedad de las señales de alerta.
h) Revisar periódicamente la literatura científica sobre sospechas de reacciones adversas (SRA) de los ingredientes farmacéuticos activos de los que el TARC es titular.
i) Actuar como punto de contacto para las inspecciones de Farmacovigilancia realizadas en Argentina.
II. En segundo lugar, la disposición establece que debido a su condición de medicamentos, al impacto en la salud pública que posee la utilización de las vacunas en el control de las enfermedades inmunoprevenibles y a la importancia de la vigilancia de los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización debe incluirse en las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia en Vacunas.
Dichas prácticas –ahora obligatorias- pueden encontrarse en el punto 4 del Anexo I de la Disposición bajo examen. Resulta importante observar el modo en que se ha reglamentado la forma de realizar los reportes correspondientes sobre la aparición de cuadros clínicos que encuadren dentro de la categoría de “Eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización (ESAVI)". Dichos reportes serán realizados con el formulario 2 del Anexo II de la disposición referenciada.
III. Finalmente, la norma citada aprueba los formularios que deberán utilizarse de conformidad con lo expresado en los puntos anteriores (Anexo II) y un glosario sobre el tema (Anexo III).
Asimismo, ha sido establecido que dicha regulación entrará en vigencia a partir de los 30 días corridos desde el día siguiente de su publicación, por lo que la misma será exigible a partir del 25/02/13.
Regimen para la emisión de recibos de pago de salarios mediante formas digitales
El Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación ha reglamentado, mediante su Resolución Nº 1455/11, el régimen de autorización para que los empleadores puedan emitir recibos de pago de salarios a su personal en relación de dependencia mediante formas digitales o electrónicas, reemplazando así el soporte papel.
En tal sentido, quienes deseen adherirse a este nuevo sistema de emisión de recibos, deberán contar con normas y protocolos de seguridad específicos, regulados en las disposiciones que reglamentan la firma digital (Ley 25.506 y Decreto 2628/2002) y con las validaciones necesarias para que la firma del empleador pueda ser considerada legal.
Los mencionados protocolos deberán ser presentados al Ministerio de Trabajo para su aprobación, a los fines de garantizar:
i) Que el documento digital provenga realmente del empleador;
ii) Que el documento sea recibido por el trabajador y;
iii) Que el acuse de recepción sea entregado al empleador.
Asimismo, resulta importante destacar que, por el momento, el Ministerio de Trabajo no dispone de un sistema o plataforma digital estándar a utilizar por los empleadores, por lo que cada empleador será responsable de la elaboración de su propio sistema.
Así, el empleador que desee utilizar medios informáticos a los fines de emitir recibos de haberes, deberá formular una presentación ante la Secretaría de Trabajo, organismo designado como Autoridad de Aplicación. La misma deberá cumplir los siguientes requisitos:
i) Razón por la cual se solicita la autorización.
ii) Universo de trabajadores alcanzado por la medida.
iii) Protocolos y estándares tecnológicos que serán utilizados por el empleador para garantizar la seguridad, autenticidad, autoría, integridad e inalterabilidad de los recibos emitidos bajo estas modalidades.
iv) Cumplimiento de la forma y contenido necesario que debe poseer cada uno de los recibos.
v) Declaración jurada del representante legal del empleador, con firma certificada notarialmente, expresando que la empresa reconocerá la autenticidad de los recibos emitidos en los términos del presente régimen.
vi) Descripción del mecanismo de sustitución del soporte papel, con las modalidades de emisión del recibo, conteniendo las firmas digitales previstas en la Ley 25.506 y su decreto reglamentario 2628/2002.
vii) Procesos operativos de flujo electrónico que permitan considerar la trazabilidad de los casos sujetos a este régimen.
viii) Modo de asegurar el pleno acceso de los trabajadores a sus recibos emitidos conforme a la presente modalidad fuera del establecimiento y de forma personal y privada.
ix) Acciones de contingencia para la guarda y recuperación de los recibos, sin afectación alguna a su contenido.
A fin de considerar la viabilidad de la petición que se presente, la Autoridad de Aplicación se encuentra facultada para requerir a los empleadores el suministro de información adicional en relación al sistema desarrollado por la empresa.
La Autoridad podrá requerir, también, las adecuaciones que estime pertinente a los fines de la autorización, la cual podrá ser revocada luego y en caso que se constate cualquier incumplimiento en relación a la normativa aplicable.
En relación a esto, es importante destacar que existen una serie de recaudos que deberán implementarse a los fines de garantizar la seguridad de la información incluida en los recibos y el acceso a la misma por parte de los trabajadores.
En primer lugar, el sistema digital a ser implementado deberá garantizar la recepción del documento por el trabajador, para lo cual deberá desarrollarse un sistema de acceso que, vía intranet de la compañía, le permita al empleado visualizar su recibo en un plazo adecuado y mediante la utilización de un canal seguro. A tal fin, cada trabajador deberá contar con un usuario y clave que le permita acceder a los recibos de haberes digitales o electrónicos de manera personal y privada, ya sea dentro o fuera del establecimiento.
Adicionalmente, el empleador deberá arbitrar los medios necesarios para que el trabajador pueda imprimir sus recibos de manera gratuita.
Finalmente, los recibos instrumentados por medios digitales o electrónicos, siempre deberán contener la siguiente leyenda: “La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, cuya emisión ha sido autorizada mediante resolución (ST) Nro.......”.
Por otro lado, debemos señalar que, cualquiera fuere la modalidad por la que opte el empleador a los fines de la emisión de recibos en el marco de esta normativa, los mismos deberán estar rubricados mediante el uso de firma digital (prevista en el artículo 2º de la Ley 25.506) o, en su defecto, de firma electrónica (prevista en el artículo 5º de la Ley 25.506).
Ahora bien, debemos aclarar que –si bien la Resolución ya analizada utiliza los términos “digital” y “electrónico” de manera indistinta-, los mismos no poseen idéntico significado. En efecto, la diferencia entre ambos radica, fundamentalmente, en el valor probatorio atribuido a cada uno de ellos.
En el caso de la FIRMA DIGITAL 1 , existe una presunción iuris tantum en su favor. Esto significa que, si un documento firmado digitalmente es automáticamente verificado como correcto, se presume salvo prueba en contrario por parte del demandante, que el mismo proviene del suscriptor del certificado asociado y que no fue modificado.
Esta presunción viene aparejada a la exigencia de emisión de un certificado digital en relación al firmante; el cual solo puede ser válidamente otorgado por un certificador licenciado en el marco de la Ley de Firma Digital; es decir, un certificador que cuente con la aprobación del Ente Licenciante).
Por el contrario, en el caso de la FIRMA ELECTRÓNICA2 , se invierte la carga probatoria con respecto a la anterior. Es decir que, en caso de ser desconocida la firma, corresponde a quien invoca su autenticidad acreditar su validez.
Como corolario de lo expuesto, debemos concluir que la emisión de recibos de haberes en formato digital, se trata de un tema novedoso y de implementación optativa, por lo que la conveniencia de su utilización deberá ser evaluada por cada compañía en particular; teniendo en cuenta los recursos tecnológicos con los que cuenta a fin de afrontar la totalidad de los requisitos impuestos por la normativa vigente. Ello, a instancias de poder asegurar la correcta operatividad del sistema y garantiza la validez de los documentos emitidos.
Este artículo contiene información de interés general. No constituye opinión legal sobre asuntos específicos. En caso de ser necesario, deberá procurarse asesoría legal personalizada.
1 Se entiende por FIRMA DIGITAL “al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.” (articulo 2, Ley 25.506).
2 La FIRMA ELECTRONICA es el “conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. (...)” (artículo 5, Ley 25.506).
Resolución General Inspección General de Justicia N° 14/2012
A través de la resolución 14/2012 publicada en el Boletín Oficial el día 13 de diciembre de 2012 se establecieron las previsiones relativas a la recepción de trámites durante el mes de enero en la Inspección General de Justicia. En tal sentido, no se recibirán:
a) presentaciones de Declaración Jurada conforme lo dispuesto por la Resolución General I.G.J. N° 01/2010. No se otorgarán turnos para la presentación de Declaración Jurada para las entidades, entre el primer día hábil de enero de 2013 y el último día hábil de enero de 2013 inclusive;
b) trámites precalificados ordinarios, entre el primer día hábil de enero de 2013 y el 16 de enero de 2013 inclusive;
c) pedidos de expedición de testimonios comunes y urgentes, certificados, pedidos de reintegro, desarchivo y/o consultas de actuaciones de cualquier clase, entre el primer día hábil de enero de 2013 y el último día hábil de enero de 2013 inclusive;
d) solicitud de concurrencia de inspectores a asambleas o reuniones de órganos de administración, entre el primer día hábil de enero de 2013 y el último día hábil de enero de 2013, inclusive; ni
Del mismo modo, tampoco se dará curso a contestaciones de vistas y emplazamientos, intimaciones o requerimientos notificados con anterioridad al 31 de diciembre de 2012, excepto los trámites correspondientes al Departamento de Precalificación, Departamento de Personería Jurídica y Oficina de Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales. Su plazo se tendrá por automáticamente suspendido a partir del 31 de diciembre de 2012 y se reanudará automáticamente, el 1 de febrero de 2013.
Resolución General de Inspección General de Justicia N°12/12
La Resolución General 12/2012 fue publicada en el Boletín Oficial el día 10 de diciembre de 2012 entrando en vigencia a partir del 1 de enero de 2012. Dicha resolución establece la creación de un Certificado de Vigencia y Pleno Cumplimiento (CEVIP) (en adelante el “Certificado") a ser emitido por la Inspección General de Justicia.
Certificado de Vigencia y Pleno Cumplimiento (CEVIP)
Conforme lo dispone el artículo segundo de la resolución antes mencionada el Certificado acredita la vigencia, regularidad y el pleno cumplimiento de la normativa de la Inspección General de Justicia de sociedades comerciales, fundaciones, asociaciones civiles y entidades extranjeras.
El Certificado se expide sólo a requerimiento de la entidad y debe ser solicitado por su representante legal o apoderado. El mismo será emitido siempre y cuando la entidad se encuentre al día con la presentación de estados contables, declaraciones juradas, y en caso de corresponder, no adeude tasas anuales y cualquier otra obligación que en el futuro se establezca.
En el caso en que la vigencia del mandato del órgano de administración se encuentre vencido, se dejará constancia de la siguiente cita textual del artículo 257 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550: “(…) No obstante el director permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado”.
El Certificado tendrá validez por un plazo de seis meses.
“Global Intellectual Property Enforcement seminar". Washington, DC
Esteban O'Farrell, partner at JP O´Farrell Abogados spoke at UIA´s (International Lawyers Association) “Global Intellectual Property Enforcement seminar, on the topic of “Protection of Intellectual Property in Argentina”. The seminar was organized in collaboration with the University of Richmond, Virginia and was held on September 21/22, 2012 in Washington, DC.
"II Simposio Latinoamericano de Petróleo y Gas No Convencional". Buenos Aires, Argentina
Julio C. Fonrouge, abogado y director de JP O’Farrell, fue designado e invitado como expositor en el II Simposio Latinoamericano de Petróleo y Gas No Convencional, celebrado los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2.012 en Buenos Aires, Argentina.
En línea con la importancia de la materia y las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Autoridades provinciales, participaron del evento empresas operadoras, empresas de servicio, proveedores de equipos y materiales, miembros de la academia, consultores, agencias de regulación, grandes consumidores de energía, representantes gubernamentales y de asociaciones de clase de América Latina. El objetivo central del simposio fue discutir la Capacidad de los Países Latinoamericanos para el Desarrollo de Horizontes No Convencionales y el Potencial de estos Recursos para la Búsqueda del Autoabastecimiento Energético.
Derogación del régimen de LAPI
Mediante la Res. MEFP N° 505/12 -publicada en el B.O. 06-09-2012- se establece con vigencia a partir del 07-09-2012 la derogación del régimen de LAPI (Licencia Automática Previa de Importación). Cabe recordar que el régimen alcanzaba un gran número de mercaderías, requiriéndose para ellas la tramitación de LAPI como condición previa al despacho de importación, lo cual generaba importantes complicaciones toda vez que con una sola mercadería que requiriera LAPI, se demoraba todo el despacho.
Desde la implementación de la DJAI –Declaración Jurada Anticipada de Importación- se consideró que las LAPI resultaban totalmente redundantes e inútiles, en atención a que la coexistencia de la referida DJAI –que implicaba la exigencia de una especie de autorización previa aplicable a todas las mercaderías de importación-, y las LNAP –licencias no automáticas, aplicables solo a algunas mercaderías-.
En ese orden de ideas podrá advertirse que si bien la norma que nos ocupa no implica la facilitación de las autorizaciones de importación ni que se flexibilicen los controles existentes, al menos representa un beneficio operativo para los Despachantes de Aduana y una menor pérdida de tiempo para el Importador en el trámite de aquellas importaciones que requerían LAPI, dado que su tramitación demoraba en ser aprobada entre dos y diez días hábiles.
Resolución General AFIP 3373: Incremento de Percepción de IVA y Ganancias
Operaciones de importación de bienes con carácter definitivo – Adecuación del Régimen de percepción de IVA y ganancias. Derogación del certificado de validación de datos de importadores (CVDI)
Con fecha 24/08/2012 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 3373/2012 por la cual a partir del próximo viernes 7 de septiembre de 2012 comenzarán a regir los cambios que a continuación se detallan con relación a los regímenes de percepción en el impuesto a las ganancias y al valor agregado, aplicables en el momento de la importación definitiva de bienes gravados, a saber:
a) Impuesto a las ganancias: Las operaciones de importación que anteriormente por aplicación del CVDI se encontraban sujetas a la percepción del 3% pasan a estar alcanzadas por una alícuota del 6% -[RG (AFIP) 2281]-.
b) Impuesto al valor agregado: Se incrementan las alícuotas aplicables en el régimen de percepción de operaciones de importación -[RG (AFIP) 2937]- para responsables inscriptos, estableciéndolas en 20% para bienes importados gravados a la alícuota general y en 10% para los bienes gravados con la alícuota reducida. Igual tratamiento será aplicable a los sujetos que no acrediten su calidad de exentos o no alcanzados en el impuesto.
Asimismo, la resolución en comentario deroga el Certificado de Validación de Datos de Importadores (CVDI).
Mandatory reporting under Argentine Law on Rural Land
Please be advised that under the new Argentine Law No. 26737, all foreign nationals and entities, either domestic or foreign ultimately controlled by foreign nationals, are required to file an affidavit of their ownership or tenure of rural land as of December 28th, 2011, with the National Rural Land Registry. The deadline to file such affidavit is next August 27th, 2012.
Declaraciones juradas exigidas por la Ley de Tierras Rurales
Por aplicación de la nueva ley N.º 26.737, las personas extranjeras deben presentar ante el Registro Nacional de Tierras Rurales una declaración jurada sobre su propiedad o posesión de tierras rurales al 28 de diciembre de 2011. Ello incluye a las personas jurídicas argentinas o extranjeras que sean directa o indirectamente controladas por personas físicas extranjeras. El plazo para la presentación de la declaración jurada vence el próximo 27 de agosto de 2012.