Source: https://es.scribd.com/document/249888965/Documento-Articulo-45-Codigo-de-Faltas-Cordoba
Timestamp: 2017-03-22 22:26:04
Document Index: 407300824

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 45']

Documento Articulo 45 Codigo de Faltas Córdoba
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Desde la Red de Reconocimiento del Trabajo Sexual -colectivo integrado por
AMMAR-Córdoba, trabajador*s sexuales, equipos de investigación académicos,
activistas, artistas y organizaciones sociales- hacemos público nuestro repudio
al artículo 45 del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba (ley 9444),
fuertemente criticado por su inconstitucionalidad. Sus figuras son
extremadamente vagas y ambiguas, su procedimiento es oscuro y su
aplicación ha demostrado ser una herramienta de exclusión sistemática de las
poblaciones más vulnerables de la provincia. El Código de Faltas fue diseñado
de manera tal que permite al Comisario llevar adelante la investigación
preparatoria y el juzgamiento de la persona (art 114 inc. 1) en causas donde la
sanción pueda ser de hasta 20 días. Así también, la persona puede solicitar la
intervención de un juez o jueza, pero debe hacerlo dentro de las 48hs de la
notificación de la sentencia condenatoria. Este plazo es irrazonable y es menor
a cualquier otra apelación en los procedimientos administrativos. Más aún, el
proceso permite a la Policía hacer detenciones preventivas de acuerdo a la
“condición” de la persona. Se viola el debido proceso porque la Policía en este
Código es parte y juez, porque no se exige la asistencia legal que exige todo
procedimiento donde se priva a una persona de su libertad, porque la
confesión se lleva adelante sin formalidades (art. 19), lo cual estimula la autoincriminación desde el momento en que la sentencia puede reducirse a la
mitad si el acusado declara en la primera oportunidad.
Durante el 2007, según datos de la Policía, se practicaron 15.000 arrestos
basados en el código de faltas; en 2009 esa cifra subió a 27.000 siendo que, el
total de arrestos en toda la provincia fue de 54.223. Cerca de la mitad (un
49%) afectaron a jóvenes menores de 25 años. Esto se acentúa en la Ciudad de
Córdoba, donde el porcentaje se eleva hasta casi el 70%”.
Nos preocupa la criminalización que este código genera en relación con las
trabajadoras sexuales. En particular el artículo 45, sobre prostitución molesta o
escandalosa, evidencia el claro propósito de marginación y persecución de las
trabajadoras sexuales en el ámbito de la provincia de Córdoba
Dentro de este Código de Faltas antidemocrático existe
reprochable, figura de la ‘prostitución molesta o escandalosa’.
Prostitución molesta o escandalosa. Medidas profilácticas
o curativas.
Tel. +54 351 4734373
ARTICULO 45. SERÁN sancionados con arresto de hasta
veinte (20) días, quienes ejerciendo la prostitución se
ofrecieren o incitaren públicamente molestando a las
personas o provocando escándalo.
Queda comprendido en este caso el ofrecimiento llevado a
cabo desde el interior de un inmueble pero a la vista del
público o de los vecinos.
En todos los casos será obligatorio el examen venéreo y de
detección de todas las enfermedades de transmisión
sexual y, en su caso, el tratamiento curativo.
Repudiamos este artículo porque carece de justificación y genera violencia y
vulnerabilidad en las personas que ejercen el trabajo sexual.
La prostitución no es un crimen en Argentina: lo que se penaliza en cambio es:
1) la acción de promover la corrupción de menores, o de personas de cualquier
edad a través de cualquier medio de intimidación (art 125 y 125bis del Código
Penal); 2) la acción de promover y facilitar la prostitución de mayores de 18
años mediante engaño, abuso en una relación de dependencia o poder,
violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción (art 126);
3) la explotación económica del ejercicio de la prostitución de una persona (art
127); 4) la acción de promover o facilitar la entrada o salida del país de
menores de 18 años para que ejerzan la prostitución, o de una mayor
mediando intimidación o coerción (127 bis y 127 ter).
El ejercicio independiente, no coaccionado, del trabajo sexual no
responde a ninguno de estos supuestos, por lo tanto no es un crimen.
El artículo no tiene justificación. La figura contravencional agrega a la
“prostitución” el calificativo de “molesta o escandalosa”. Si la acción
considerada socialmente dañosa fuese el escándalo público existen otras
figuras que lo contemplan. El escándalo público está sancionado por el art. 52;
las molestias a personas en sitios públicos, por el art. 43; el art. 51 castiga los
desórdenes públicos; y el art. 53, los escándalos y molestias a terceros.
Si bien no hay justificación para crear una figura contravencional específica
dirigida a quienes ejercen la prostitución tras innumerables reformas se sigue
manteniendo a la “prostitución” como el eje de la norma.
Queremos destacar en este punto el carácter cultural de los parámetros
morales que constituyen la tipificación del delito. Si el fundamento se basa en
la vestimenta y exposición de los cuerpos (circunstancia que, por otro lado, no
se registra en todas las personas trabajadoras o transeúntes que circulan por la
vía pública), la figura debería ser aplicada, por ejemplo, a quienes aparecen en
revistas de todo tipo y programas de televisión donde la exposición de los
cuerpos femeninos ha sido naturalizada, denotando cierta laxidad conceptual
con relación a los contextos en que la figura es aplicada.
El artículo es inconstitucional porque violenta el artículo 19 de la
Constitución Nacional, que preserva la privacidad de las personas. Se entiende
por “privacidad”, el conjunto de “las acciones voluntarias de los individuos que
no afectan a terceros”. En este sentido hacemos aquí referencia a la
prostitución como actividad privada, esto es, un servicio ofrecido por personas
mayores de edad en pleno ejercicio de sus facultades, de mutuo
consentimiento y sin coacción alguna de terceras personas para ejercer esta
actividad. Esto abarca conductas llevadas adelante dentro o fuera del hogar
(por ejemplo: leer en la calle sigue siendo una acción privada). En este caso, la
prostitución en sí misma no afecta a terceros.
El art. 45 afecta el principio de legalidad, es decir, el derecho a tener una
clara idea de las conductas prohibidas por la ley. La descripción vaga o
ambigua de la conducta punible no permite conocer qué comportamiento
acarreará una sanción. Muchos actos pueden entonces ser lícitos o ilícitos
según quien lo aplique. Esta discrecionalidad hace que las personas estén
indefensas. Además, como se trata de una falta de acción pública, la supuesta
molestia a terceros puede ser determinada por la autoridad policial, aunque no
haya una denuncia o reclamo de los supuestos afectados. Esto afecta el
principio de lesividad (artículo 19 de la CN), es decir, la necesidad de que la
conducta prohibida sea dañosa. Sólo eso justifica la prohibición: la necesidad
de evitar un perjuicio concreto. Aquí, en cambio, el agente policial puede
proceder y arrestar aunque nadie se sienta molestado.
El art. 45 impone una amenaza inaceptable sobre un trabajo porque las
personas que lo ejercen se ven expuestas a sanciones. Con esto se agregan
obstáculos al ejercicio del derecho de trabajar, garantizado en el art. 14 de la
Constitución Nacional, y en tratados de derechos humanos dotados de
jerarquía constitucional (por ejemplo, en el art. 23 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, y en el art. 6 del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales). Este derecho a trabajar se protege especialmente para
el caso de las mujeres en la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, en el art. 11.1. Esta Convención
también tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución
Finalmente, es de destacar que la última parte del artículo violenta una
ley nacional. Se afecta así el principio de supremacía federal (Constitución
Nacional, art. 31). En efecto, el art. 45 ordena, en su final, el examen venéreo
obligatorio de los infractores a esta disposición, como asimismo su tratamiento
curativo. Esto contradice la ley 23.798, o Ley nacional de Sida. Según el
artículo 6 de dicha norma —y su reglamentación correspondiente (decreto
1244/91)—, no puede obligarse a una persona a efectuarse el análisis de VIH,
como asimismo, de cualquier otra enfermedad venérea.
Mientras la policía conserve el poder de juzgar sin que medie la autoridad
competente, quienes ejercen el trabajo sexual continuarán a merced de la
aplicación discrecional de una figura legal con un estatuto jurídico dudoso.
Resulta fácil imaginar las consecuencias de aplicar una figura ambigua, tanto
en la detección como en el juzgamiento de la conducta, que criminaliza una
actividad lícita a partir de preceptos morales individuales y sin la protección de
los mecanismos judiciales que garantizan a ciertas personas el estatuto de
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