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febrero | 2012 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Jurisprudencia Corte IDH en el Perú. Roger Rodríguez Santander. PUCP. 28 de febrero de 2012.
Jurisprudencia Corte IDH en el Perú
Roger Rodríguez Santander (Profesor Maestría Política Jurisdiccional PUCP. Asesor jurisdiccional Tribunal Constitucional del Perú)
Tentativamente hemos de tratar algunos temas materiales (principio de legalidad penal, imprescriptibilidad y crímenes de lesa humanidad, cuestiones vinculadas al juez natural y pena de muerte) y uno interpretativo (relaciones Tribunal Constitucional TC y Corte IDH).
La STC 010-2002-AI/TC, caso Tineo Silva y 5,000 ciudadanos, es la decisión del TC que marca hitos en el tema del principio de legalidad penal.
Existe mucha similitud entre el tipo penal base de terrorismo del D.L. 25475 y la figura de traición a la patria prevista en el Decreto Ley 25659, semejanza notable que nos conduce a plantar problemas de legalidad penal e indistinción de tipos. Hay casi una identidad entre ambos tipos. La diferencia era la consecuencia de incurrir en tales tipos pues los procedimientos variaban sustancialmente. Así se expresó el TC en relación a la indeterminación semántica del tipo penal de traición a la patria.
Sin embargo, no hay una inconstitucionalidad como tal solo por la indeterminación. El TC refiere que hay grados de indeterminación y que es inconstitucional solo cuando no se permite una concretización objetiva de tipos penales. La analogía integrativa está prescrita en Derecho Penal pero no la analogía interpretativa. No se puede crear ex novo una conducta penal.
El D.L. 25475 no hacía referencia, tampoco, a la responsabilidad subjetiva del agente. La responsabilidad objetiva está proscrita en Derecho Penal. Se asumió que esta omisión violaba el principio de legalidad penal.
El esfuerzo del TC fue, igualmente, constitucionalizar el tipo de terrorismo sin llegar a determinar que no se pudiera volver a procesar a los sentenciados por terrorismo nuevamente.
A Lori Berenson, quien recurrió a la Corte IDH, se le sentenció por terrorismo. Ella acusó incongruencias del tipo en su juzgamiento. (Ver caso Berenson vs Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119). La Corte consideró que el Estado violó el artículo 9[1] de la Convención.
El caso García Asto fue procesado conforme a las nuevas normas procesales a partir de la STC 010-2002-AI/TC y sin embargo, dicho proceso llegó a conocimiento de la Corte IDH, lo que merece un examen minucioso, en especial el voto disidente de Cecilia Medina, el cual señala la ausencia de voluntariedad en el tipo penal acotado objeto de examen sometido a conocimiento de la Corte IDH por afectación del principio de legalidad penal.
La posición de la Corte IDH sobre el principio de legalidad ha influido en la jurisprudencia del TC, sobre todo, los casos Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi, entre otros.
Imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad.
Diversos conceptos valiosos pueden ser advertidos en el caso La Cantuta vs. Perú, sentencia del 29 de noviembre de 2006, parr. 225 y 226.
Una norma de ius cogens es un imperativo por lo que es jurídicamente. Es una conjunción entre el iusnaturalismo y positivismo jurídico. Las normas de ius cogens son disposiciones sobre algo axiológicamente muy valioso, y tienen un reconocimiento en el derecho de los tratados, es una opinio juris necesitatis, hacia allí ha apuntado el mundo. Si decimos que a nadie se puede privar del derecho a la vida, hay un consenso al respecto.
El artículo 15[2] del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos sirvió para avalar los juicios de Nüremberg.
El principio de legalidad tiene 4 caracterizaciones:
– Lex certa: debe ser cierta.
– Lex stricta: no se puede aplicar analógicamente
– Lex previae: no se puede aplicar retroactivamente
– Lex scripta: tiene que ser escrita.
La imprescriptibilidad no tiene que ver con el tipo. Esto es un aspecto medular. Se deben cumplir las condiciones previstas[3] en la STC 0024-2010-PI/TC.
Álvarez Miranda considera que los delitos de lesa humanidad [o contra la humanidad] forman parte del tipo general graves violaciones a los derechos humanos constituyendo una variante especial y extraordinaria (relación género-especie) que supone la existencia copulativa de generalidad y sistematicidad, y están sujetos a la aplicación del principio de imprescriptibilidad.
El caso Castillo Petruzzi vs Perú, párr. 128, sienta las bases del concepto de juez natural, el cual refiere el traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar.
El juzgamiento en el caso Castillo Petruzzi supuso un grave conflicto para el TC peruano: o aplicaba la Constitución o los estándares del sistema interamericano y debió optarse por una salida literal. El conflicto se planteó desde la perspectiva de que o se aplicaba el parámetro de la Convención o de la Constitución, lo que debió resolverse por la aplicación literal de nuestra Constitución de conformidad con los tratados internacionales. Tengamos en cuenta que el parámetro de interpretación no es en nuestro caso exclusivamente la Convención en tanto no es el referente de aplicación.
Hay dos Opiniones Consultivas sobre el artículo 4.2 de la Convención en tanto los Estados parte no podrían ampliar las causales de la pena de muerte.
El artículo 140 de la Constitución de 1993 ha ampliado las causales de la pena de muerte y va contra el criterio 4.2 de la Convención, si partimos del aspecto de que el Perú ratificó la Convención el 12 de julio de 1978. En consecuencia, no habría forma de salvar el control de convencionalidad del referido artículo 140 si ésta es sometida a un control de convencionalidad.
Ver sobre estos temas: “Normas preconstitucionales y el mito del Poder Constituyente”, de Requejo Pagés.
El sistema jurídico está conformado por las normas que le deben su validez formal y material a la Constitución Política del Estado. El ordenamiento jurídico está conformado por aquellas normas que son aplicables a una comunidad. La Convención Americana, por ejemplo, nos es aplicable, en tanto forma parte del ordenamiento jurídico.
Relaciones interpretativas TC- Corte IDH
Ver STC 2730-2006-PA/TC, F.J. 12[4] y caso Yatama vs. Nicaragua. La Corte IDH ha sostenido la posición de recomendar al Estado peruano la modificación de los artículos 142 y 181 de la Constitución.
Es importante aquí tener en cuenta el artículo 29.b[5] de la Convención, el cual es tenido en cuenta en la STC 008-1996-AI/TC.
En la STC 2730-2006-PA/TC se considera una relación de cooperación en la interpretación pro homine de los derechos fundamentales, por cuanto no se alude a una relación de jerarquización formalizada entre los tribunales internacionales de dd.hh. y los tribunales internos. No hay pues jerarquía, hay cooperación.
[1] Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
[2] Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Artículo 15
[3] STC 0024-2010-PI/TC. Caso contra el Decreto Legislativo 1097.
49. (…) un acto constituye un crimen de lesa humanidad: a) cuando por su naturaleza y carácter denota una grave afectación de la dignidad humana, violando la vida o produciendo un grave daño en el derecho a la integridad física o mental de la víctima, en su derecho a la libertad personal o en su derecho a la igualdad; b) cuando se realiza como parte de un ataque generalizado o sistemático; c) cuando responde a una política (no necesariamente formalmente declarada) promovida o consentida por el Estado; y, d) cuando se dirige contra población civil. Siendo que estas condiciones deben presentarse copulativamente.
[4] STC 02730-2006-PA/TC. Caso Castillo Chirinos.
12. La vinculatoriedad de las sentencias de la CIDH no se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio de la CDFT de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del CPConst, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la CIDH, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal.
[5] Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: (…)
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; (…)
Derechos económicos, sociales y culturales. Javier Mujica Petit. PUCP. 20 de febrero de 2012.
Javier Mujica (Perú)Centro de Políticas Públicas y DD.HH. PERU EQUIDAD
La promoción de los DESC implica una adecuación de las políticas públicas, lo cual, de llevarse a cabo adecuadamente, acarrearía una importante reducción de la carga judicial.
Es importante la noción de la integralidad de los dd.hh. ¿Cómo tomar en serio la garantía de los DESC en el sistema interamericano?
El debate sobre la integralidad. Los dd.hh. conllevan una noción civilizadora aunque ciertamente en un inicio se generaron muchas objeciones a la naturaleza de estos derechos. Los dd.hh. están anclados en el autogobierno de las personas, en la idea de la autodeterminación y cubren íntegramente la esfera de la dignidad humana. Para ello sirven los dd.hh., es decir, para que no haya abuso contra los derechos.
Los debates se han determinado por generaciones, aunque ésta es una discusión académica. En algunos países se han conquistado primero los DESC y en otros, primero los dd. civiles y políticos. Por ejemplo, en el mundo anglosajón se ha generado primero las libertades políticas. En el caso de Perú, la mujer gana el derecho al voto pero ya antes tenía derechos como trabajadora.
Los dd. civiles y políticos generaban deberes de abstención bajo la fórmula del “no debe”, en tanto que los DESC representaban deberes del Estado “por hacer”. Hoy la concepción ha cambiado, Los dd.hh. comparten nociones “de hacer” y “no hacer”.
Por otro lado ¿se trata solo de derechos prestacionales? ¿Debe solo el Estado invertir? ¿Debe desarrollarse la economía para que se hagan efectivos los dd.? El derecho de huelga, por ejemplo, no es un derecho prestacional pero se puede leer en clave de DESC. Los dd. civiles también cuestan, no hay derechos gratuitos.
Las obligaciones de medio de los dd. implican que los Estados se impongan una lógica de actuación de metas.
Los dd.hh. pueden verse en 3 momentos:
– Su contenido esencial, el cual debe garantizarse sí o sí;
– El umbral de los dd. o línea base, cuando se ratifica un tratado; comienza el reloj a correr;
– Plena efectividad de los dd., es una tercera fase
La justiciabilidad o injusticiabilidad de los dd. . Se dice que los DESC tendrían una redacción confusa respecto a su cumplimiento. Objetivamente todos los dd. presentan criterios de partida respecto a sus contenidos. Por lo tanto, no se puede decir que unos dd. sean más justiciables que otros.
Inherencia, indivisibilidad, integralidad, interdependencia, progresividad y dignidad indivisible son características de todos los dd.hh. (Programa de Acción de Viena de 1993).
Todos los dd.hh. tienen un contenido esencial, todos imponen a los Estados deberes positivos y negativos, todos imponen realización inmediata y progresiva así como todos son justiciables y susceptibles de exigibilidad.
Imponen obligaciones autoejecutables que resultan de inmediato cumplimiento y los Estados deben adoptar medidas positivas necesarias.
La justiciabilidad es el género y la exigibilidad jurídica es la especie. La exigibilidad de los DESC es un proceso. El Pacto Internacional de los DESC (PIDESC) ha desarrollado a través de los Comités DESC, diversas Observaciones Generales: derecho a la vivienda adecuada, alimentación adecuada, educación, disfrute del más alto nivel posible de salud, agua, protección de creaciones científicas, artísticas y culturales, trabajo, seguridad social y derechos culturales.
Cada día se va articulando más la idea de un solo derecho.
Diversos derechos con desarrollos notables: Derecho a la libre determinación. Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11 PIDESC, art. 25 DUDH); derecho a la alimentación (el Estado tiene que educar en materia de nutrición); derecho a una vivienda adecuada; a la educación; salud; dd.hh. laborales; derecho a la seguridad social.
El Protocolo de San Salvador contiene una enumeración amplia de DESC pero solo permite reclamar por los artículos 8.1. Y 13 (libertad de asociación sindical y educación).
El artículo 26[1] de la CADH contiene una enumeración genérica de los DESC pero debe concordarse, para mayor efectividad, con el artículo 29[2] de la Convención.
Nótese que la CIDH puede conocer casos contra EE.UU. a partir de la Declaración Americana de DD.HH.
Litigio de los DESC:
1. Litigio directo:
– Atribuyendo responsabilidad estatal por violación de derechos protegidos por la CADH o el PSS.
– Atribuyendo responsabilidad por violación directa del art. 26 de la CADH. Ver sentencia caso 5 pensionistas v Perú.
2. Litigio indirecto
– Utilizar disposiciones de la CADH en materia de igualdad, no discriminación y garantías procesales para sostener que el Estado no cumple con los estándares internacionales. Ver Precedente caso 7615 (Brasil) sobre impactos en región amazónica, pueblo Yanomani; Opinión Consultiva de los trabajadores migrantes (trato a los mexicanos en EE.UU.)
3. El litigio basado en la interpretación/integración amplia de los derechos consagrados en la CADH.
Un caso representativo ante la Corte IDH es el caso de los trabajadores cesados del Congreso vs. Perú. Los dd.hh. no pueden ser interpretados en forma aislada. Debe haber un reenvío frecuente de los criterios de interpretación. Las normas de dd.hh. componen un orden público internacional. No todos los derechos sociales pueden ser identificados como derechos prestacionales. Las normas de Derecho Interno deben ser interpretadas de tal modo que no entren en conflicto con el Derecho Internacional.
El último Convenio aprobado de la OIT es el de las trabajadoras del hogar.
La Observación General 18[3] del PIDESC desarrolla los contenidos del derecho al trabajo.
Condiciones existentes: disponibilidad[4], accesibilidad[5] y aceptabilidad y calidad. [6]
Las condiciones adecuadas pueden agruparse por materias, siendo condiciones de acceso para el ejercicio de las demás.
El Estado tiene obligaciones en materia de derecho individual al trabajo. Existe un deber de progresividad y una prohibición de regresividad. El Estado tiene obligación de respetar, debiendo adoptar medidas para prohibir el trabajo forzoso y obligatorio, abstenerse de denegar el trabajo o limitar el acceso igualitario al trabajo digno a todas las personas, y adoptar medidas efectivas para prohibir el trabajo de niños y adolescentes.
Obligaciones jurídicas específicas[7] respecto al derecho al trabajo: respetar, proteger, aplicar (proporcionar, facilitar y promover) el derecho al trabajo.
Obligaciones mínimas de satisfacción: garantizar el derecho de acceso al empleo, evitar medidas discriminatorias, y adoptar y aplicar una estrategia.
CIDH: trabajo infantil. Ver Informe Brasil 1997
CIDH: trabajo de las mujeres. Ver Informe Haití no discriminación.
CIDH: salarios justos. Ver Informe México 1998.
CIDH: salario mínimo. Ver Informe Paraguay 2001, Informe Perú 2000.
El Tribunal Constitucional de Perú estableció que el régimen de trabajo agrario (con menores derechos) no era incompatible con la Carta Fundamental.
Corte IDH: derechos laborales. Ver Caso Caballero Delgado y Santana vs Colombia (1995);
Corte IDH: Libertad de trabajo y al derecho de asociación OC 5-85 del 13.11.85.
Derechos laborales protegidos por la jurisprudencia de la Corte IDH
a) Libertad de asociación sindical, art 16 CADH
. Baena Ricardo vs Panamá.
b) Prohibición de trabajos forzados, art. 6.2 CADH
. Masacre de Ituango vs Colombia.
– 5 pensionistas vs Perú
– Acevedo Buendía (cesantes de la Contraloría) vs. Perú
– Acevedo Jaramillo y otros (Sitramun) vs. Perú
– Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú
e) Salarios equitativos
– Caso Abril Alosilla vs Perú.
(Estoppel: impedimento para que alguien no pueda negar algo previamente afirmado. Se refiere a un principio de responsabilidad por conducta anterior del Estado)
El Protocolo de San Salvador define los alcances del derecho a la salud. Ver caso Víctor Rosario Congo vs. Ecuador. Ver caso Mamérita Mestanza, caso 12191, sobre esterilización forzada; Ximenes Lopes vs Brasil; Daniel Tibi vs. Ecuador; entre otros.
Las estrategias no solo deben circunscribirse a los derechos. También deben considerar los indicadores de dd.hh. que tengan en cuenta factores económicos, financieros así como indicadores estructurales, de proceso (miden calidad y magnitud del esfuerzo estatal), y de resultado (para ver los logros obtenidos).
[1] Convención Americana de Derechos Humanos. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Artículo 26. Desarrollo Progresivo
[3] Consejo Económico y Social. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 35º período de sesiones. Ginebra, 7 a 25 de noviembre de 2005. Tema 3 del programa provisional
6. El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo. El párrafo 1 del artículo 6 contiene una definición del derecho al trabajo y el párrafo 2 cita, a título de ilustración y con carácter no exhaustivo, ejemplos de las obligaciones que incumben a los Estados Partes. Ello incluye el derecho de todo ser humano a decidir libremente aceptar o elegir trabajo. También supone no ser obligado de alguna manera a ejercer o efectuar un trabajo y el derecho de acceso a un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso a empleo. Además implica el derecho a no ser privado injustamente de empleo.
[4] OG 18. Artículo 12. Disponibilidad.
Los Estados Partes deben contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él.
[5] OG 18. Artículo 12.Accesibilidad.
El mercado del trabajo debe poder ser accesible a toda persona que esté bajo la jurisdicción de los Estados Partes
[6] OG 18. Artículo 12.Aceptabilidad y calidad.
La protección del derecho al trabajo presenta varias dimensiones, especialmente el derecho del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el derecho a constituir sindicatos y el derecho a elegir y aceptar libremente empleo.
[7] OG 18. Artículos 23-28.
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