Source: http://aesma.es/tag/asturias/
Timestamp: 2018-08-16 00:41:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 1277', 'artículo 103', 'artículo 23', 'artículo 103', 'artículo 3', 'artículo 1096', 'artículo 26', 'artículo 1277', 'artículo 1277', 'artículo 20', 'artículo 1277', 'artículo 1262', 'artículo 27', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 15', 'artículo 38', 'artículo 103']

Asturias – Despacho de abogados
Deudas con despachos de abogados
Comercio Electrónico Los Estados miembros deben establecer en su legislación que los prestadores de servicios de la sociedad de la información puedan facilitar a los destinatarios de los servicios y a las autoridades competentes un acceso fácil, directo y permanente a la información relativa a sus actividades: nombre, dirección electrónica, número de inscripción en el registro mercantil, título profesional, afiliación a organizaciones profesionales, número de IVA. Con carácter general, el consumidor y usuario tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los consumos o menoscabos que se hubieran generado en la cosa entregada, que debe devolverse. de la LGDCU, en beneficio del consumidor respecto de numerosos contratos en atención a las especiales circunstancias de celebración de los mismos, o a la especialidad de su objeto, o de las técnicas de venta utilizadas.
Posteriormente se aprueba la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Si acudiese, por ejemplo, a un abogado de Málaga, este sería un supuesto tipo de adquisición de bienes y servicios por medios electrónicos al que resulta de aplicación toda la legislación señalada en el artículo entrecomillado más arriba, es decir, todas las exigencias vinculadas con la publicidad previa, la información previa al contrato y todas las exigencias de cumplimiento en los contratos celebrados a distancia (de las que tratamos en otros escritos).
Las bases sobre las que se desarrollará el procedimiento de ejecución directa (o lo que es lo mismo, venta en pública subasta), deberán constar claramente expuestas en la escritura de constitución de la hipoteca y, por tanto, inscritas también en el Registro de la Propiedad. Asistimos en materia de derechos de consumidores y usuarios aplicados al comercio por Internet. Por eso hay que revisar todas las condiciones y cláusulas que tengamos en nuestro comercio electrónico para no encontrarnos con “devoluciones tardías”. Así mismo, la elección puede llevarse a cabo de modo expreso on line si se ha realizado mediante soporte estable y duradero. Esto no debemos censurarlo sino fomentarlo. En el caso de que no desee dejar constancia de sus actividades en la red, utilice los mecanismos para preservar el anonimato que se describen en el cuerpo de este documento. Por último, indicar que el presente Real Decreto no se aplicará a aquellos procesos de refinanciación en los que ya se haya designado un experto independiente, salvo que se opte expresamente en el acuerdo de refinanciación por la aplicación del nuevo régimen promulgado.
Cualquiera puede montar una empresa de este tipo”, insiste en este punto: “Lo que más nos preocupa son los métodos que no son ilegales en España y sí lo son en otros países”. Comercio electrónico: una realidad internacional Cuando nos encontramos ante una transacción electrónica en la que todos los elementos y sus efectos, están vinculados a un Estado, no se nos plantea ninguna duda de que van a resultar competentes los tribunales de este Estado y a que se va a resultar aplicable su ley interna. El contrato puede perfeccionarse en línea con todos sus elementos, pero su ejecución precisa de medios materiales que exceden al mundo virtual. Sería este el caso, por ejemplo, del fabricante de cosméticos que no permite a su cliente (una oficina de farmacia u otro establecimiento), que venda sus productos a través de Amazon o de plataformas similares.
Ley del país más estrechamente vinculada con la relación contractual: ley de la residencia habitual o sede del país del prestador característico (la prestación característica será siempre la no dineraria). La definición amplia también incluiría redes electrónicas de uso privado usualmente organizadas por empresas y sus asociados para su propio beneficio. Las comunicaciones afirman que esta práctica permite certificar la idoneidad de las medidas de seguridad de nivel medio y/o alto en los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos.
Para obtener una indemnización, sin embargo, es necesario acudir a los tribunales, así como para denunciar otros delitos. Duración.- Teóricamente, el procedimiento ordinario no debería demorarse más allá de unos seis meses. Mientras que el juicio verbal se utiliza para reclamaciones de hasta 6.000 euros, el ordinario se utiliza cuando la cuantía supera dicho importe. La Convención tiene la finalidad de fomentar la seguridad jurídica y la previsibilidad comercial cuando se utilicen comunicaciones electrónicas en la negociación de contratos internacionales.
Esta base de datos no funciona. Pero con los años la realidad ha superado la fantasía: panteras rosas, Zorros o payasos se han lanzado a la caza de deudores para humillarlos y delatar su “secreto”. Por último, en esta materia es interesante considerar el arbitraje comercial internacional, mecanismo que fomenta la Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico. Se exceptúa el caso en que el envío obedezca a un error, incumbiendo la prueba al vendedor. Se describe la firma electrónica como un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, siendo los sujetos que hacen posible el empleo de la firma electrónica los denominados prestadores de servicios de certificación. De conformidad a este sistema, el empresario dedicado al comercio electrónico deberá cumplir con una serie de obligaciones: Deber de información acerca de esta plataforma online de resolución.
Muchos consumidores se quedan anonadados cuando reciben la llamada de una empresa desconocida que les reclama el pago de una presunta deuda. En Abogados elaboramos las Condiciones Generales de Contratación de forma meticulosa, estudiando toda la casuística y cuidando todos los detalles, de forma que el resultado sea un contrato completo pero a la vez sencillo, garantía de que todo quede perfectamente claro y regulado. Por tanto, el acto de venta del material nazi en España por parte de la compañía norteamericana cabría dentro del ámbito del Art.8.1. Los contratos de venta de bienes muebles a plazos han de constar necesariamente por escrito, pero no se exige que se realicen en documento público.
En caso de falta de disponibilidad del producto, el vendedor podrá suministrar, por el mismo precio, otro de similares características y de igual o superior calidad. No obstante, tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto independiente para que informe sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad.
Cuando se trata de la Unión Europea, también hay abundantes y eficaces medios de protección (no hemos de olvidar que nuestra legislación es una transposición de diferentes Directivas Comunitarias) y que por lo tanto tampoco deberíamos de tener especial desconfianza. El demandante puede renunciar a priori a esta transformación. En particular estarán incluidas en este concepto aquellas que se realicen mediante pedidos sobre catálogos previamente distribuidos a los posibles compradores. La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1956 recoge la definición del reconocimiento de deuda de Enneccerus como “el contrato por el cual se reconoce una deuda en el sentido de querer considerarla como existente contra el que la reconoce”. Una vez que las partes acuerdan una entidad competente para resolver el litigio, la propia plataforma le remite el caso por vía electrónica. El artículo 15 tiene en cuenta la moneda en que se aceptan los pagos (dólares, euros,..). El lugar de entrega ficticia es el lugar donde esta el establecimiento del vendedor en el supuesto de compraventa ficticia a través de la red.
Ley de Ordenación del Comercio Minorista, Ley 7/1996, de 17 de enero. La actividad económica en Internet se ve afectada por una legislación amplia y cambiante. Las escrituras públicas, con tal que sean primera copia. Desde mi punto de vista, quedan tres ámbitos esenciales sobre los que se debería avanzar en los próximos años: uno es el voto electrónico (que debería facilitar una verdadera Democracia 2.0 continua y no solo cada 4 años), otro es el fomento real de la generalización del uso de la firma electrónica e identidad online en todas nuestras transacciones (y no sólo en las públicas) y finalmente la consecución de una verdadera interoperabilidad y neutralidad tecnológica que permita a cualquier persona acceder a los mismos servicios con independencia del sistema informático que use y de dónde se ubique. De otra parte, también hemos de considerar que Internet y las nuevas tecnologías evolucionan de un modo muy acelerado, mientras que, por el contrario, las legislaciones de los diferentes estados avanzan con bastante retraso respecto a estas tecnologías.
En estos casos, insta a denunciar ante los juzgados, y recuerda que, en los últimos años, se ha construido una doctrina jurisprudencial “aplicable a la ilicitud de prácticas de recobro que suponen una intromisión ilegítima en el derecho del honor”. Las nuevas formas de comunicación vía redes sociales también merecen una atención especializada en caso de conflicto. El precio no es todo El comercio electrónico ha supuesto un aumento de la transparencia de precios, y el informe de la Comisión apunta a la necesidad de intervenir en caso de que se restrinja la competencia en precios de forma indebida. ¿Es legal perseguir a quien tiene deudas? Existen límites que no siempre se respetan. Es lícito el pacto de renuncia a dicha información, sin que sea exigible cuando el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente.
EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Casos en que procede.- Además de ser procedente para las reclamaciones de cantidad superiores a 6.000 euros, el procedimiento ordinario es el que deberá utilizarse cuando se presenten demandas relativas a derechos honoríficos de la persona, al derecho al honor o a la intimidad, sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas de sociedades; sobre competencia desleal, propiedad industrial o intelectual, y otras especificadas en la Ley. Trámites esenciales.- Presentada la demanda por escrito, el Juzgado decidirá si debe admitirla a trámite o no. Sólo sería aconsejable una transacción con estos países, con productos de bajo costo y siempre a riesgo y ventura del comprador. Estas reglas sólo son aplicables cuando el contrato reúne las condiciones de aplicabilidad del artículo 15. Contratación business to business (B2B) A. Plataformas en Internet Una de las cuestiones candentes en este ámbito es si los fabricantes pueden impedir a los distribuidores que comercialicen sus productos a través de plataformas de terceros.
Ley de cookies Análisis de las cookies que genera un determinado sitio web, distinguiendo entre las propias y las generadas por terceros. t) Cuando proceda, toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente que éste pueda conocer. adquisición de productos y servicios a través de Internet plantea para el consumidor unos riesgos similares a los de otras ventas a distancia en las que no existe contacto físico entre comprador y vendedor. Este sector no cuenta con una regulación específica y, pese a que hayan existido tímidas propuestas de regulación, todavía no hay ninguna señal de avance normativo.
Así por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de la obligación de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, Escribanos, peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran; la de satisfacer a los Farmacéuticos las medicinas que suministraron; a los Profesores y Maestros sus honorarios por la enseñanza que dieron, o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio; la de pagar a los jornaleros el importe de sus servicios, y el de los suministros o desembolsos que hubiesen hecho concernientes a los mismos; la de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico. Por último, indicar que el presente Real Decreto no se aplicará a aquellos procesos de refinanciación en los que ya se haya designado un experto independiente, salvo que se opte expresamente en el acuerdo de refinanciación por la aplicación del nuevo régimen promulgado. Es mucho el dinero en juego, pero las acreedoras, sobre todo bancos, prefieren relegar la recuperación de las deudas en manos de filiales de la propia entidad o de terceros ajenos a la misma.
Derechos de los consumidores en el comercio electrónico Información: la empresa que venda a través de Internet tiene que ofrecer información comprensible y clara al consumidor sobre su personalidad jurídica, los productos y servicios que ofrece, las modalidades de pago, los plazos y formas de entrega, la política de devoluciones y el derecho a desistimiento. Puede que se condonen los intereses, puede que se fraccione el pago o que se acepte la cantidad que el deudor dice que puede asumir. Como es fácilmente imaginable, no es lo mismo comprar un producto en una tienda situada en España, que comprarlo por ejemplo en Rusia donde desconocemos si el producto comprado va a llegar a nuestras manos y donde desconocemos cómo podremos reclamar legalmente nuestros derechos de consumidor. Si tenemos un litigio con una empresa o un profesional localizados en otro Estado, necesitaremos averiguar qué órganos judiciales de qué Estado son competentes.
Otra actividad prohibida, que también estudiaremos posteriormente, es el mal uso, por parte de los empresarios o la administración pública, de los datos personales de los consumidores, por ejemplo: ausencia de consentimiento, cesión de datos a terceros, etc. m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento. El incremento progresivo de la actividad comercial por Internet suscita muchas preguntas jurídicas problemáticas, sobre la normativa aplicable a un contrato, en qué momento se da por efectuado el contrato, en qué momento nacen las obligaciones y derechos, qué derechos tienen los consumidores online o los comerciantes online o la más habitual ¿tengo los mismos derechos si compro en una tienda normal que en una tienda online? En definitiva, Internet ha irrumpido con fuerza como herramienta comercial pero con un gran desconocimiento de las normas que lo regulan.
Yo, ciudadano español compró discos desde España. Cualquier resolución que dicte el órgano judicial será notificada al Procurador, quien, además es el encargado de presentar los escritos que los litigantes hayan de dirigir al Juzgado o Tribunal. Veamos aquellos casos en los que todos los elementos de la transacción, sean virtuales. El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, incorpora las siguientes leyes complementarias: la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; La Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista; la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo y la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados.
Todos nos escuchan, todos están de acuerdo, pero después la realidad es otra, y es que no hemos logrado pasar a reuniones más concretas para alcanzar una ley que homologue nuestra actividad”, Entre sus propuestas legales, reflejadas en el código ético de Angeco, figuran no reclamar más que el importe de las sumas contractual y legalmente debidas; identificarse claramente, sin ambigüedad, sin disimulos y sin atribuirse otra personalidad o representación; respetar las personas y su vida privada; procurar que la deuda se liquide lo antes posible y en vía amistosa (extrajudicial); responder a las demandas de información sobre las deudas, y utilizar un lenguaje simple y comprensible. Muchas empresas consideran que la financiación de la deuda es ventajosa, ya que al mismo tiempo proporciona el capital necesario a los propietarios existentes para mantener la propiedad y el control de la empresa.
Recursos.- Contra la sentencia que se dicte en el juicio verbal, las partes pueden interponer recurso de apelación, para que el órgano jerárquicamente superior, la Audiencia Provincial, decida de nuevo. la contratación de un seguro para obtener un crédito personal podría considerarse una cláusula abusiva, y más la imposibilidad de dar de baja ese seguro. (Conocida como directiva sobre el comercio electrónico). No obstante, las disposiciones contenidas en esta ley han de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas estatales o autonómicas de aplicación en razón de las materias y que tengan por objeto la salud y seguridad pública, la protección de los intereses del consumidor y de sus datos personales.
De esta forma se permite la negociación directa y más flexible con sus acreedores, siempre que ello suponga una mejora de su situación patrimonial. El atuendo estrella para humillar al moroso ha sido por mucho tiempo el conjunto de chaqué y sombrero de copa de El Cobrador del Frac. Una vez terminado el juicio, el Juez dictará sentencia en el plazo de 20 días. Disponer de un medio de interlocución telemática (artículo 2 de la LMISI) para contratación electrónica (firma electrónica) consulta de datos, presentación de reclamaciones o derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposicióny con ello la normativa española resultaría aplicable. Asimismo, su pertenencia a determinados grupos de noticias y listas de distribución puede contribuir a la elaboración de perfiles más o menos detallados sobre su persona. Nuestra firma, especialista en abogados de Startups, facilita a profesionales y empresas los recursos necesarios para el cumplimiento de las normas que rigen en el ámbito del Comercio Electrónico, mediante la elaboración de los textos legales que en función de su actividad deben contener las respectivas Tiendas Online y Páginas Webs. Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril (codificación de la Directiva original 98/27/CE y sus respectivas modificaciones), relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores. La financiación de la deuda es una forma para que las empresas obtengan el capital que necesitan para abrir y operar un negocio existente.
Sin embargo, en la práctica puede decirse que la duración media ronda los seis meses. El hacer la compra a través de Internet, es una práctica de consumo en auge, entre otros motivos porque evita a los consumidores tener que desplazarse hasta el establecimiento, también existe una ampliación de la disponibilidad de ofertas para hacer una comparativa del producto o servicio, de igual modo, en el comercio online se puede acceder a precios más ventajosos… Sin embargo, existen muchas personas que ponen freno a la hora de utilizar este tipo de comercio, entre otros motivos por: la incapacidad de visualizar el producto físicamente, el miedo a dar datos personales y ser victimas de un fraude, el desconocimiento sobre los métodos de pago en las transacciones electrónicas… asesoramos a los ciudadanos sobre el e-commerce, dando recomendaciones e informando de sus derechos. Éste es un derecho muy importante ya que en las compras a distancia el comprador no ve presencialmente el producto o servicio hasta que es entregado, y puede ser que al verlo, no le interese o no le guste.
El vendedor puede conceder un plazo más largo, pero nunca más corto, ni tampoco puede anular este derecho del consumidor. Recursos.- Contra la sentencia que se dicte en los procedimientos ordinarios pueden interponer las partes recurso de apelación, si no están conformes con su contenido, de manera que tendrá que decidir nuevamente sobre el asunto el Tribunal superior al que dictó la resolución, es decir, la Audiencia Provincial. En el último año ingresaron 654.794 monitorios, que representan aproximadamente el 33% (una tercera parte) de los asuntos que lo hicieron en la jurisdicción civil. Según el artículo 15 citado, no cabría esta posibilidad ya que esta empresa francesa sólo quería dirigir sus ventas al mercado francés.
Generar ingresos (por ejemplo, los gastos en formación o el lanzamiento de un negocio) o reducen gastos durante la vida del préstamo (por ejemplo comprar una casa para no tener que pagar alquiler) por importes que superan los costes de la deuda, abogado y extrabajador de una de las compañías de recobro más cuestionada del país, El Cobrador del Frac, es ahora socio fundador del Defensor del Moroso, un bufete que da asistencia legal a los deudores. Las escrituras públicas, con tal que sean primera copia. Duración.- Dada la escasez de trámites, el embargo de bienes se puede obtener de forma inmediata y, aun habiendo oposición, ésta debería resolverse en el plazo máximo de dos a tres meses desde la presentación de la demanda. Para el supuesto de suministro de servicios, ya iniciados, el consumidor debe abonar la parte proporcional a dicho servicio que haya sido consumido, con arreglo a las condiciones contratadas o, si fuese excesivo y desproporcionado, con arreglo al valor de mercado. Para los contratos que no cumplan esas condiciones se aplicarán esas normas internacionalmente imperativas (sistema de protección doble ya que existe protección tanto por el artículo 5 como por las normas tradicionalmente imperativas.).
Comercio Electrónico Business to Consumer (B2C). Los contratos de venta de bienes muebles a plazos han de constar necesariamente por escrito, pero no se exige que se realicen en documento público. Se trata de una estafa, realizada por organizaciones que, introduciéndose en cuentas bancarias de otros usuarios, tratan de blanquear el dinero a través de usuarios, generalmente, necesitados económicamente, que ven fácil, la consecución de un trabajo, que no lo es, y que lo único que le traerá serán consecuencias graves. Una gran novedad que obliga a los propietarios y gestores de comercios electrónicos, es el plazo de devolución, se marca en la Ley catorce días para devolver la compra si el consumidor no está conforme, pero además indica que si el plazo no está bien especificado en la web pasará automáticamente a un año y catorce días. Garantía: al igual que en la compra de cualquier producto, el consumidor tiene derecho a una garantía mínima de 2 años. Por ejemplo, precisando que no se realizarán pedidos llevados a cabo fuera de Europa.
Somos conscientes de que el actual contexto socioeconómico ha convertido la presencia en Internet en una necesidad vital para cualquier empresa, y ofrecemos asesoramiento integral sobre las siguientes cuestiones: Derecho e Internet Asesoramiento jurídico en materia de prestación de “servicios de la sociedad de la información” y comercio electrónico. Considere la posibilidad de activar en dichos programas las opciones que alerten sobre los intercambios de datos no deseados y no rellene aquellos datos que no desee hacer públicos (por ejemplo, dirección de correo electrónico, nombre, apellidos, etc.). Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica. Las más significativas, son: Solamente puede aplicarse a los asuntos transfronterizos, es decir, en aquellos supuestos en que una de las partes tiene su domicilio o su residencia en un Estado miembro de la Unión diferente de aquél en que tiene su sede el Tribunal que conozca del asunto. ¿Es legal perseguir a quien tiene deudas? Existen límites que no siempre se respetan.
Transcurridos dos años desde la fecha de conexión de los créditos, estos recuperarán el régimen anterior, esto es, solo tendrán la consideración de créditos contra la masa por un 50% de su importe. la contratación de un seguro para obtener un crédito personal podría considerarse una cláusula abusiva, y más la imposibilidad de dar de baja ese seguro. Recomendamos quedarse con copia, incluso en caso de incidencias u operaciones fallidas por errores informáticos. son realidades cada vez más habituales que implican la necesidad de atender numerosas cuestiones jurídicas: legislación sobre Internet, contratación, consumidores y usuarios, venta a distancia… El deudor, ante el requerimiento efectuado, tiene la obligación de pagar las cantidades adeudadas, o bien de entregar los bienes adquiridos a plazos.
Actividades excluidas del comercio electrónico Están excluidos del comercio electrónico los productos ilegales, tales como los productos robados o falsificados, y en general todos aquellos cuyo tráfico esté prohibido por la ley. reconoce que “el mundo de las deudas es un universo de casuística”, y que por eso puede es aconsejable dirigirse a un abogado. Por otro lado, y como se ha indicado más arriba, no serán rescindibles los Acuerdos individuales realizados por el deudor con cualquiera de sus acreedores antes de la declaración de concurso siempre que cumplan determinados requisitos de (i) proporción de activo sobre pasivo previa, (ii) proporción entre el activo corriente y el pasivo corriente (iii) valor de las nuevas garantías dadas por los acreedores, (iv) tipo de interés aplicable a las operaciones y (v) la elevación a público del acuerdo en cuestión, sin que el deudor deba alcanzar las mayorías de pasivo del apartado anterior. Conclusiones: Como se recordará, al inicio del artículo hablaba de cuatro áreas de protección: España, Unión europea, Estados Unidos y resto de países.
Presunción de contrato celebrado por Internet También de acuerdo con la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, se entiende por contrato celebrado por vía electrónica o contrato electrónico, todo contrato el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones. Se trata de un procedimiento regulado por la legislación de la Unión Europea, similar al procedimiento monitorio que se acaba de exponer, pero con algunas diferencias. El tamaño mínimo es de un milímetro y medio. Naturalmente, existen una serie de excepciones en el ejercicio del derecho de desistimiento para supuestos derivados del tipo de bien o servicio o de los casos en que se haya ejecutado el contrato, etc. El proceso de devolución también debe estar bien explicado, si existe algún coste que debe abonar el consumidor y el método para llevar a cabo la devolución. En Internet no obstante el problema surge cuando las empresas no identifican su domicilio, si bien cabe la subsanación de esta problemática a través de mecanismos tales como firma electrónica.
Como punto de contacto de la plataforma en España para cualquier consulta o asistencia, se ha designado al Centro Europeo del Consumidor (CEC), adscrito a la Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición. Han sido desarrolladas en nuestro país por sendas leyes específicas, si bien inciden en esta materia otras muchas normas, como tendremos ocasión de comprobar. En el proceso de arbitraje planteado, la OMPI, aplicando las normas de ICANN, resolvió que para que haya lugar a la retirada del dominio debe haber sido utilizado de mala fe y además no ha de haber conexión con el que lo ha solicitado. Inseguridad jurídica en los contratos internacionales. Realmente hoy la Lex Mercatoria la hacen las grandes empresas multinacionales a través de los usos uniformes: ventanas pop-up en Internet). La Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, establece una protección prácticamente idéntica a la anterior, en materia de contratos de servicios financieros prestados a distancia por las entidades de crédito y otras entidades debidamente inscritas.
Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico. Cuando la deuda era impagable era porque la persona había fallecido o porque no había deuda. Las transacciones fuera de España celebradas por Internet Sin embargo, en el comercio electrónico internacional ejercido por personas o entidades no residentes se requiere la consideración de una serie de adaptaciones interpretativas sobre determinados conceptos y principios impositivos. Por ejemplo, el método de asignación de la legislación aplicable llega al punto de que puedan ser competentes muchos tribunales (si se toma en cuenta el lugar donde se produzca el daño).
El organismo mantiene que la mayoría de profesionales que se dedican a esta actividad utiliza “métodos legales y lícitos”, pero que existen otros que “lesionan gravemente los derechos más fundamentales de la persona”. Si el deudor no entrega los bienes, las consecuencias son diferentes según se trate de hipoteca mobiliaria o de prenda sin desplazamiento: en el primer caso, el Notario no seguirá adelante el procedimiento si así lo solicita el acreedor, quien podrá optar entre continuarlo, vendiendo los bienes en subasta pública (con el consiguiente riesgo de que quien los adquiera no pueda obtener la posesión), o acudir a un procedimiento judicial. Consumidores y usuarios Revisión del cumplimiento de la normativa consumo: verificación del correcto etiquetado de productos, eliminación de cláusulas abusivas, elaboración de protocolos de devoluciones… La parte que sea condenada en costas, deberá abonar los honorarios del Abogado y del Procurador de la parte contraria.
Posteriormente se aprueba la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Pero resulta favorecido con la presunción iuris tantum de la existencia y licitud de la misma, aunque no resulte expresada (artículo 1277). Duración.- En principio, un juicio verbal debería estar resuelto en dos meses, pues los plazos que la Ley determina así deberían permitirlo. En tal caso el reconocimiento de deuda, entendido como contrato de fijación, se aproxima al contrato transaccional aunque se diferencia de él por su estructura, al tener aquél carácter unilateral. No cobran todo, pero cobran algo. La idea es sencilla desde un equipo, su pirata simula la identidad de otra máquina de la red para conseguir acceso a recursos de un tercer sistema que ha establecido algún tipo de confianza basado en la dirección IP o nombre del host suplantado.
El artículo 103 LGDCU fija las excepciones a dicho derecho de desistimiento: La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento. g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario no pueda controlar. Prepárate para competir en un mercado con un valor añadido: la “seguridad jurídica” en las operaciones comerciales. Conocer los derechos y garantías de los consumidores. Abogados elaboramos las Condiciones Generales de Contratación de forma meticulosa, estudiando toda la casuística y cuidando todos los detalles, de forma que el resultado sea un contrato completo pero a la vez sencillo, garantía de que todo quede perfectamente claro y regulado.
Real Decreto 1133/1997, de 11 de julio, por el que se regula la autorización de las ventas a distancia y la inscripción en el Registro de empresas de venta a Distancia. Análisis y consultoría legal sobre campañas publicitarias por medios electrónicos (Mailing interactivo con webs, correo electrónico, sms, redes sociales, Twitter, etc.). Obligaciones referidas a la formación del contrato: El artículo 23 LSSI: establece la validez del contrato electrónico., abogado y extrabajador de una de las compañías de recobro más cuestionada del país, El Cobrador del Frac, es ahora socio fundador del Defensor del Moroso, un bufete que da asistencia legal a los deudores. “Te hemos metido en un fichero de morosos”. Pongamos este ejemplo: La empresa americana “ABC” con sede en Estados Unidos, aparece en la red (dominio español). Como es fácilmente imaginable, no es lo mismo comprar un producto en una tienda situada en España, que comprarlo por ejemplo en Rusia donde desconocemos si el producto comprado va a llegar a nuestras manos y donde desconocemos cómo podremos reclamar legalmente nuestros derechos de consumidor.
Derecho aplicable Respecto al derecho aplicable, hemos de atender básicamente al Convenio de Viena, siempre que las partes no hubieren descartado su aplicación conforme al Art.6. Esta variante se llama en realidad IP SPOOFING. Asimismo, en algunos supuestos seguirá siendo necesario o conveniente el citado informe como, por ejemplo, para que el concurso no se declare culpable si el deudor se ha negado a la capitalización de créditos frustrando con ello la consecución de un acuerdo de refinanciación. l) Cuando con arreglo al artículo 103 no proceda el derecho de desistimiento, la indicación de que al consumidor y usuario no le asiste, o las circunstancias en las que lo perderá cuando le corresponda. La competencia sancionadora corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el caso de las infracciones muy graves y al Secretario de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el caso de infracciones graves y leves.
Conforme al derecho internacional privado, resultarían competentes los Tribunales en que se ha producido el daño. La deuda tiene que ser cierta, vencida y exigible, es decir, que se debe poder probar su existencia. La AEPD alerta sobre auditorías telefónicas. “Cuando me quedé en el paro ya había pasado más de un año pagando el seguro. ¿Te amenazan con aplicarte unos intereses de demora de triple dígito? De acuerdo con una reciente sentencia del Supremo, el interés de demora de los préstamos personales no puede superar en más de dos puntos los intereses normales del crédito —significa que estaría en torno al 10% en 2015—. Una vez contestada la demanda, ambas partes serán citadas a una comparecencia ante el Juez, a la cual deben acudir obligatoriamente, bien por sí mismas, bien por medio de su Procurador. Derecho de resolución del contrato celebrado a distancia durante los 7 días posteriores a la entrega del producto o del momento a partir del cual empieza a prestarse el servicio. Internet conlleva un aumento de los contratos internacionales.
Y, en especial, señala que “Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.” Es en este punto donde queremos vincular esta Norma con otra no menos importante al respecto, como es el Título III de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, y que por indicarlo expresamente la Ley del Comercio electrónico resulta especialmente de aplicación, toda vez que estos contratos deben ser considerados como contratos celebrados a distancia, utilizando para ello una determinada tecnología de comunicación, pero resulta indiscutible que es un contrato en el que no se produce la presencia física simultánea del empresario oferente y el consumidor- comprador.
A nivel Europeo existe la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico»), se aplica especialmente a los prestadores de servicios establecidos en la Unión Europea, pretende la creación de un nuevo marco jurídico a escala europea y evitar un exceso de reglamentación y disparidades jurisprudenciales de los Estados miembros creando una esfera de comercio segura para los consumidores y empresas participantes. Sobre los efectos que se vinculan al reconocimiento de deuda, dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2004, que la declaración de quien ocupa la posición de deudor en una anterior relación de obligación, o la coincidencia de las dos partes de la misma para exteriorizar la voluntad de fijar el contenido de ese precedente vínculo y de entenderlo y cumplirlo en los términos reconocidos, da vida a un negocio de segundo grado que no está liberado en nuestro Código Civil de la necesidad de causa (artículos 1261.3 y 1275), de modo que sin ella o con abstracción de ella no puede tener validez.
Se establecen dos derechos imperativos e irrenunciables del consumidor: Confirmación del contrato y las CGC en soporte duradero (artículo 3.3 RD 1906/99). Una vez efectuada la compra tiene la obligación de informar de todos los detalles de ésta y de los derechos que adquiere el comprador por escrito o por correo electrónico. El derecho del acreedor de cobrar su deuda está plasmado en el artículo 1096 y 1101 del Código Civil. Asimismo, la misma regulación es de aplicación a los contratos celebrados con consumidores y usuarios fuera del establecimiento mercantil. Si el deudor no entrega los bienes, las consecuencias son diferentes según se trate de hipoteca mobiliaria o de prenda sin desplazamiento: en el primer caso, el Notario no seguirá adelante el procedimiento si así lo solicita el acreedor, quien podrá optar entre continuarlo, vendiendo los bienes en subasta pública (con el consiguiente riesgo de que quien los adquiera no pueda obtener la posesión), o acudir a un procedimiento judicial. Ayudamos a nuestros clientes tanto en cuestiones puntuales como en la elaboración de los contratos y documentos que la normativa europea y nacional exigen para garantizar el adecuado tratamiento, y la cesión de los datos personales.
Considere la posibilidad de activar en dichos programas las opciones que alerten sobre los intercambios de datos no deseados y no rellene aquellos datos que no desee hacer públicos (por ejemplo, dirección de correo electrónico, nombre, apellidos, etc.). (Servicio ofrecidos para la UE y países seleccionados de LATAM. En defecto de elección de ley se aplica la ley de la residencia habitual del consumidor. Declara tener por objetivo la unificación de criterios en aras al mercado único, validando la anterior normativa, tanto la Directiva antes citada, como el abundante acervo existente en materia de protección de consumidores, ahondando en la protección en particular de los objetivos de interés general y, en especial, la protección de los menores y la dignidad humana, la protección del consumidor y de la salud pública. Recordatorio de la existencia de garantía legal.
Habríamos de atender también a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, adoptada por la Asamblea General el 23 de noviembre de 2005. En España la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, entre otras normas, conforman el derecho de las tecnologías de la información y comunicación y del comercio electrónico. ¿Qué clase de préstamos a pequeños negocios están disponibles para mí, y cómo puedo solicitarlos? Las sociedades anónimas (empresas) y las leyes ¿Cuáles son las ventajas de una Corporación? ¿Qué pasos debo seguir para iniciar un negocio? ¿Es necesario desarrollar condiciones para mi sitio en la red de negocios? ¿Qué es el financiamiento de capital?
Quiero hacer negocios en línea. Por este motivo, las reglas clásicas del Derecho Internacional Privado han de adaptarse al comercio electrónico internacional. NORMATIVA APLICABLE La normativa aplicable a este apartado séptimo está constituida básicamente por las siguientes normas, en cuanto se refiere a los procedimientos extrajudiciales: Ley 60/2003, de 23 de diciembre, reguladora del Arbitraje. Desistimiento: se trata de un derecho a través del cuál, el consumidor dispone de un plazo de 7 días hábiles (contando desde la recepción del producto) para poder desistir de la compra efectuada sin necesidad de alegar ningún motivo y sin que se le pueda aplicar ninguna penalización. El letrado recalca que hay que distinguir entre las empresas que gestionan paquetes de pasivos y los cobradores de morosos. Es un juicio predominantemente oral, si bien la demanda inicial y la contestación del demandado se hacen por escrito.
Es decir, que con el único coste derivado del requerimiento (porque aquí no hay que pagar tasa, ni hace falta abogado o procurador), se puede conseguir en veinte días bien el pago de la deuda, bien un título que permite acudir a la ejecución habiéndose ahorrado el acreedor el proceso judicial declarativo previo. En el caso de un contrato de duración indeterminada o de un contrato que incluya una suscripción, el precio incluirá el total de los costes por período de facturación. No se trata solo de bancos o grandes empresas, sino también de pequeñas y medianas, desde una cadena de supermercados hasta un gimnasio. La estafa del Spoofing: Así se conoce a la técnica de creación de tramas TCP/IP utilizando una dirección IP falseada. Cómo identificar y corregir los errores en la entrada de datos Si procede: Los servicios postventa La duración del contrato Depósitos u otras garantías Mecanismos de reclamación La funcionalidad e interoperatividad de los contenidos digitales Importante: Es obligatorio enviar un correo electrónico de confirmación.
Si no paga, la duración dependerá de la mayor o menor facilidad para encontrar bienes del deudor, así como del tipo de bienes que puedan ser embargados. Duración.- En este tipo de procedimientos es imprevisible la duración, puesto que dependerá de si el deudor paga voluntariamente o no. El derecho del acreedor a reclamar extrajudicialmente la deuda está contemplado en el Código Civil. Quedan excluidos del ámbito de la ley los contratos de suministro de productos alimenticios, de bebidas o de otros bienes del hogar de consumo corriente suministrados en el domicilio del consumidor por distribuidores que realicen visitas frecuentes y regulares, declarando de aplicación preferente las disposiciones de la Ley 34/2002.
El artículo 26 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, efectúa una declaración innecesaria, dada la superioridad del Tratado, al establecer que para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará a lo dispuesto en las normas de Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico español.
Ley General de Publicidad, Ley 34/1988 de 11 de noviembre. Asistimos en materia de derechos de consumidores y usuarios aplicados al comercio por Internet. Esta libertad de forma permite que en el comercio electrónico se utilicen modalidades de perfeccionamiento del contrato muy particulares: acuerdos click-wrap (te bajas el programa de ordenador y en el proceso de instalación te aparece la licencia) y web-wrap (en la página de Internet te aparece el acuerdo). Incluso, en este caso, se dan determinados supuestos en los que el consumidor no viene obligado a asumir coste alguno, pero tales supuestos precisan de asesoramiento específico de un profesional del Derecho. ¿Resulta aplicable el derecho público económico francés, o por el contrario se aplica la normativa liberal estadounidense? Y si esto se produjere en España ¿esa empresa americana podría vender o subastar material nazi en la red? Nuestro Código Civil, en su artº 8.1 nos dice que las normas de derecho público se aplican a todos los actos ocurridos en el territorio español.
Además de ser informado sobre las modalidades de desistimiento y resolución, se deberá entregar al comprador un documento de revocación, facilitarse el establecimiento del vendedor donde el comprador pueda presentar reclamaciones, así como los servicios postventa y las garantías comerciales existentes; asimismo en los casos de contrato de duración indeterminada o de duración superior a un año, las condiciones de rescisión del contrato. Hace dos años, la Comisión Europea inició su estudio sectorial sobre el comercio electrónico. Como se producen algunas estafas por Internet Se suelen denominar delitos de ingeniería social para diferenciarlos de aquellos otros que se basan en cuestiones técnicas. Competencia judicial Tribunal del país del domicilio del profesional o del empresario Tribunal elegido por las partes siempre que se cumplan ciertos requisitos, como permitir al consumidor la elección de cualquier tribunal que no fuese aplicable conforme a los criterios de domicilio del demandado.
Normas especiales para contratos de consumo internacionales. ¿Hay algún lector que no haya oído hablar del Cobrador del Frac?, ¿Hay alguno de ustedes que no conozca a alguien que por alguna deuda, incluso mínima o errónea, no se haya visto acosado por una empresa de recobro?, ¿o que se haya visto, sin saberlo, inmerso en listas de morosos por deudas desconocidas o que se creían pagadas, o que se reclamaron en su momento y fueron canceladas? En efecto, las empresas de recuperación de créditos impagados, o en tono más cercano, las agencias de recobros, tienen una mala fama ganada a pulso. Por analogía con el deporte de la pesca, estas personas utilizaban correos atractivos, poniendo anzuelos para pescar passwordis y datos financieros del océanos que supone la red.. Pero resulta favorecido con la presunción iuris tantum de la existencia y licitud de la misma, aunque no resulte expresada (artículo 1277). Si voluntariamente entregara el deudor los bienes, el Notario procederá a venderlos en subasta pública para pagar al acreedor con el producto de la venta, salvo que el propio acreedor prefiera adjudicarse los bienes.
Si no se produce la oposición o si, producida, es rechazada por el Juez, continuará la ejecución, con los actos que sean necesarios para obligar al demandado a cumplir su obligación. En distinto sentido regula el lugar de celebración del contrato la Ley 34/2002 al establecer que aquéllos en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual, mientras que los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios. La compra y venta de productos y servicios a través de medios electrónicos como Internet y otras redes informática ha crecido en los últimos tiempos. La Sentencia de 1 de marzo de 2002 señala que en la técnica procesal se razona que el artículo 1277 produce una inversión o desplazamiento de la carga de la prueba como consecuencia de la presunción legal (de naturaleza “iuris tantum”), aunque un sector doctrinal prefiera hablar de regla especial de prueba por no concurrir en la construcción legal todos los elementos estructurales que configuran la presunción.
Estos derechos están recogido conforme a la normativa vigente actualmente en esta materia. La norma otorga al deudor un derecho de tanteo para el supuesto de que el acreedor se venda las participaciones o acciones obtenidas por capitalización de deuda. El reconocimiento (contractual) de una deuda puede tener por objeto exclusivo dar a la otra parte un medio de prueba, puede prometerse también no exigir prueba alguna de la deuda y, finalmente, el reconocimiento puede hacerse en el sentido de querer considerar la deuda como existiendo contra el que la reconoce.
El Phising o pesca por Internet Estos ataques se producen cuando los que envían spam, haciéndose pasar por bancos u otras compañías conocidas (Paypal, eBay, etc) envían e-mails masivos instando a los receptores a actualizar su información bancaria en páginas web falsas que parecen legítimas. artículo 20.1 párrafo II LSSI: todo correo electrónico no solicitado debe llevar la palabra “publicidad”.
Las empresas de recobro trabajan a comisión y se hacen con carteras de créditos impagados —en la mayoría de los casos procedentes de financieras, telefónicas y compañías de suministro— a precio de discount. Sin embargo, la realidad muestra cómo este plazo se prolonga en función de muy diversos factores: complejidad del asunto, volumen de la documentación; número de demandantes o de demandados; mayor o menor facilidad para localizarlos; incidencias diversas surgidas durante la tramitación; cantidad de trabajo que pese sobre el Juzgado, etc. En todos los casos, consulte el presupuesto y no asuma ninguna deuda si no puede cumplir con las cuotas. En estos casos, tras la celebración de la audiencia previa, el Juez puede dictar sentencia sin necesidad de celebrar juicio.
Una reciente recomendación del Defensor del Pueblo dirigida al Ministerio de Economía ha invitado a regular el sector y establecer “las cautelas necesarias” para proteger el deudor. Nuevos ingresos de tesorería La norma establece un régimen favorable para los nuevos ingresos de tesorería que se produzcan en los dos años siguientes de la entrada en vigor del presente Real Decreto y así tendrán la calificación de créditos contra la masa (i) el 100% de los ingresos de tesorería concedidos en el marco del acuerdo de refinanciación, incluso por el propio deudor o persona especialmente relacionada, (ii) Los intereses que devenguen los citados ingresos y (iii) los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio. Cuando se trata de la Unión Europea, también hay abundantes y eficaces medios de protección (no hemos de olvidar que nuestra legislación es una transposición de diferentes Directivas Comunitarias) y que por lo tanto tampoco deberíamos de tener especial desconfianza.
Esta apuesta por el International ciber law tuvo su precedente el los Icoterms creados por la Cámara de Comercio Internacional, y por tanto en el mundo del business law surgió la idea de la nueva lex mercatoria con normas que aparecen al margen de los Estados y que son directamente aplicables, formadas por usos uniformes, reglas de comercio formadas por la Cámara de Comercio Internacional, normas supraestatales aplicables por los comerciantes en sus relaciones comerciales La clásica y antigua lex mercatoria, empezó a transformarse a partir de los años setenta, debido fundamentalmente al enorme desarrollo del comercio internacional, cuando se empiezan a configurar códigos privados independientes de los derechos nacionales.
Así, la Directiva 2000/31/CE ha sido desarrollada por la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, mientras que la Directiva 97/7/CE de protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, fue incorporada a la preexistente Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista mediante dos normas: la Ley 55/1999, de 29 de diciembre y la Ley 47/2002, de 19 de diciembre. Lo que sí está en crisis, sin duda alguna, son los antiguos modelos de negocio de la Industria Cultural: comprar un CD o un DVD cada vez tiene menos sentido en el actual escenario digital y más con los precios a los que se han distribuido durante años. Si procede la duración y si existe duración mínima Si hay limitaciones al derecho de desistimiento (son casos concretos que especifica la Ley) Importante: El botón de pedido debe etiquetarse de forma inequívoca para que se entienda que pulsándolo se procederá al pago. Según un informe de la entidad pública cuatro millones de personas de nuestro país compramos a través de la red, lo que representa un 11,2% de la población y señala asimismo que las tendencias de crecimiento serán continuadas y estables.
EL CONTRATO DE COMERCIO ELECTRÓNICO CON CONSUMIDORES Tomando como base, dada la confluencia de normas existentes, la Ley para la ordenación del comercio minorista, con las matizaciones antes apuntadas, el comercio electrónico viene referido a la contratación de bienes y servicios de modo que la oferta y aceptación se transmiten por medio de un sistema electrónico de contratación a distancia, establecido por el vendedor, siendo comprador un consumidor, es decir, el destinatario final del producto o servicio. “Hay que dejar claro que, salvo que se llegue a un acuerdo con el acreedor y este condone total o parcialmente la deuda, estas no prescriben. En estos casos, tras la celebración de la audiencia previa, el Juez puede dictar sentencia sin necesidad de celebrar juicio. Reclamar judicialmente el pago es absolutamente legal, ya que solo un juez puede obligar al cobro forzoso de una deuda.
Cabe en segundo lugar hablar de reconocimiento de deuda, dentro de la categoría de los negocios jurídicos causales, como negocio o contrato de fijación, cuando, existiendo una relación jurídica preexistente, incierta o controvertida, se manifiesta el reconocimiento como una voluntad de querer fijar definitivamente esa relación anterior, a fin de eliminar para siempre toda incertidumbre o controversia que exista o pueda surgir. Como desventaja es necesario reseñar que las decisiones dictadas carecerían de fuerza vinculante y por ello se haría necesaria la intervención de un Estado si fuere preciso solicitar la tutela judicial efectiva. En esta se previenen aspectos específicos de la comunicación electrónica, ampliando la regulación a las comunicaciones comerciales, responsabilidad de intermediarios, almacenamiento y utilización de los datos facilitados por los usuarios, entre otros aspectos. Si el comportamiento abusivo no cesa, hay que advertir que se interpondrá una denuncia ante las autoridades competentes. Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia: el correo postal, Internet, el teléfono o el fax. Por último, se introduce una limitación a la utilización de la comunicación del 5 bis LC. Redacción de condiciones generales de contratación y revisión de clausulado web.
En el caso de ejercer este derecho de desistimiento, el consumidor o usuario debe hacerlo dentro del plazo señalado de catorce días, y lo tiene que hacer comunicando al empresario su decisión de desistir y muy importante, la carga de probar que ha ejercido ese derecho de desistimiento corresponde al consumidor, por lo que deberá quedar constancia de que el empresario ha tenido conocimiento del ejercicio del derecho de desistimiento. Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, que actualiza los catálogos de productos y servicios de uso común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera. La responsabilidad civil en el comercio electrónico La ley de comercio electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, BOE num. Si se embarga dinero o saldos en cuentas corrientes, puede obtenerse el pago de forma relativamente rápida.
Los procedimientos de ejecución. ¿Qué clase de préstamos para pequeños negocios se encuentran disponibles para mí, y cómo los solicito? Derecho empresarial: conceptos basicos Cómo denominar su negocio Un panorama del Código de Comercio Uniforme Incumplimiento de un Deber Fiduciario ¿Cuáles son los instrumentos negociables? Cómo evitar los Grandes Errores en su Nuevo Negocio ¿Qué debe ser incluido en el manual de un empleado? Cartas de Intención y Hojas de Términos Acuerdos de Accionistas Una onza de prevención. Sin duda, en los tiempos actuales, el tráfico mercantil se traslada ineludiblemente de la tienda o comercio físico al virtual. Esta doctrina sostiene que la mayor parte de los supuestos de contratación que aparecen en la red ya existían con anterioridad en el plano real. La ingeniería financiera saca al mercado productos financieros y aseguradores que tienen un muy difícil encaje en el derecho mercantil clásico. No obstante, dicho lo que se ha dicho, por otro lado habríamos de tener en cuenta que existen algunos sectores en internet en los que el establecimiento de un International Cyber Law sería altamente positivo.
Una vez contestada la demanda, ambas partes serán citadas a una comparecencia ante el Juez, a la cual deben acudir obligatoriamente, bien por sí mismas, bien por medio de su Procurador. Estos bienes, si se encuentran, serán vendidos en subasta pública o ejecutados de las otras formas que se han mencionado en el apartado correspondiente al juicio ejecutivo. Pensado exclusivamente para la contratación electrónica y telefónica, que complementa a la LOCM. En este contexto, un ganadero escocés llamado Sting, solicitó el registro del nombre de dominio. En materia de competencia judicial internacional los documentos de referencia, fundamentalmente son: el Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, El Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, y en menor medida, al Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, al Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988 y a la Ley Orgánica del Poder Judicial española.
Características.- El juicio verbal es exclusivamente oral. Cuando se quiera hacer efectiva esa obligación, será preciso acudir a un procedimiento ejecutivo posterior, es decir, será necesario ejecutar la sentencia obtenida. Si uno de los implicados no está conforme con acudir a esta vía, no será posible hacerlo y deberá entonces acudirse a alguno de los otros procedimientos extrajudiciales o a la vía judicial. Es decir, a las relaciones surgidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley para las que no existía un plazo de prescripción específico se le aplicará el régimen de prescripción más amplio de 15 años y habrá que estar a lo que reste para cumplir ese plazo para reclamar una deuda.
En primer lugar se habla de reconocimiento de deuda con valor constitutivo e independiente de la causa, es decir como modalidad del llamado “negocio jurídico abstracto”, en el sentido de admitir la abstracción procesal de la causa, cuyo efecto sustancial consiste en invertir la carga de la prueba, en el sentido de que el acreedor no debe probar la existencia y regularidad de la causa y el deudor no puede decir que carezca de causa la obligación que contrajo por no haberse expresado ésta; pero sí alegar la inexistencia o irregularidad causal suministrando prueba suficiente que desvirtúe la presunción legal del artículo 1277 del Código Civil. V. Esta internacionalidad asusta al consumidor porque no sabe dónde va a tener que presentar la demanda y no sabe qué derecho se va a aplicar. La situación física del servidor es irrelevante para determinar la ley del contrato.
EL JUICIO CAMBIARIO Casos en que procede.- Se puede acudir a este procedimiento cuando se trate de cobrar el importe de una letra de cambio, de un pagaré o de un cheque, siempre y cuando estos documentos cumplan los requisitos que la Ley exige para que puedan tener tal consideración. No cobran todo, pero cobran algo. “Vas a acabar en la cárcel si no pagas”. Derecho Internacional Privado El artículo 1262 del Código Civil se refiere ya a la contratación a distancia, estableciendo en su párrafo segundo como lugar de celebración del contrato, aquel en que se hizo la oferta, tratándose, según la doctrina, de una norma dispositiva que puede dejarse sin efecto mediante convenio (Diez-Picazo y Gullón). Por último, cuando tratemos de comerciar en otros países, la situación ya es mas compleja y el grado de inseguridad jurídica muy grande, inseguridad que aun se agravará mas por la problemática fiscal que la transacción puede tener en las aduanas de entrada de la mercancía. Y, la respuesta que obtengamos puede tener importantes repercusiones, ya que si necesitamos litigar en el extranjero tendremos que afrontar inconvenientes y costes adicionales derivados además de la contratación de un Abogado en ese Estado, de la necesidad de intérprete para traducir documentaciones, o viajar a ese lugar para comparecer en el procedimiento. El artículo 27 de la LSSI enumera las obligaciones previas a la contratación.
Pongamos el ejemplo de una empresa mejicana con apariencia española. Esta base de datos no funciona. Obligación del proveedor de otorgar una información mínima sobre los productos y servicios ofertados: datos, características, precio+IVA, gastos del transporte, derecho de resolución del consumidor. Ahora: por cualquier técnica de información adecuada al tipo de contrato que se celebre. – ¿Qué papel desempeña la Unión Europea en el fomento de la Sociedad de la Información y de las nuevas tecnologías? ¿Hace especial hincapié en las zonas rurales y la brecha digital? La Unión Europea ha contribuido a fomentar de manera esencial el uso de Internet y el acceso universal a la Red, tanto desde un punto de vista normativo como de ejecución y financiación de programas.
Es la llamada abstracción procesal o presunción de existencia y licitud de causa, que no es otra que la de la obligación reconocida y precedente, se traduce en un desplazamiento del tema necesitado de prueba y en una inversión de la carga de probar. Pero ni así te puede quitar hasta el último céntimo: la ley fija una cantidad de la nómina o ingresos —dependiendo del importe y de las personas a cargo— “inembargables”, que nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. Redacción de condiciones generales de contratación y revisión de clausulado web. La Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico recomienda a todos los Estados que animen a las partes a la utilización del arbitraje para la resolución extrajudicial de controversias. Sin embargo, las empresas necesitan estar en condiciones de poder pagar sus préstamos de acuerdo con el calendario de pagos convenido con el fin de evitar consecuencias negativas. La contratación electrónica y el spamming Respecto a las comunicaciones comerciales, hay que destacar su prohibición cuando se realizan a través del correo electrónico y no han sido previamente solicitadas.
Naturalmente, existen una serie de excepciones en el ejercicio del derecho de desistimiento para supuestos derivados del tipo de bien o servicio o de los casos en que se haya ejecutado el contrato, etc. También el pago puede ser realizado por medios electrónicos. Estas normas analizan los distintos foros posibles haciendo hincapié en cierta flexibilización necesaria para una mayor seguridad jurídica y rapidez, teniendo en cuenta la “masificación de las transacciones comerciales hoy en día”, y necesaria también para proteger mejor a la, en principio, parte débil de la relación (consumidor, trabajador…). El comercio electrónico directo está integrado por bienes y servicios. Un árbitro es una persona imparcial, ajena a las partes, a quien éstas someten una determinada cuestión, para que la resuelva de forma objetiva, siempre que previamente las dos partes se hayan mostrado de acuerdo en aceptar la decisión que adopte el árbitro. No es necesario presentar a priori ningún documento.
Los contratos celebrados mediante subastas públicas. i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega. Para la consecución de este objetivo hay algunos cambios que van directamente dirigidos a la “experiencia de usuario” o lo que es lo mismo “el funcionamiento de los sitios web de comercio electrónico”, entre otros. Los bienes de otro tipo que hayan resultado embargados, serán vendidos por personas o entidades especializadas (si el ejecutante está de acuerdo), o en subasta pública, salvo que previamente hayan establecido un convenio de realización, es decir, un pacto sobre cómo transformar en dinero los bienes. Contratos de crédito y caución. Se entiende comúnmente por comercio electrónico aquellas transacciones comerciales que se realizan a través del intercambio electrónico de datos o por otros medios de comunicación, en sustitución del tradicional papel.
En caso de no ser consumidor el destinatario del producto o servicio, se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el momento de la celebración del contrato, su residencia habitual o, si se tratare de una sociedad, asociación o persona jurídica, su administración central. Lo primero que ha de hacer el Juez que reciba la demanda es requerir de pago al deudor, salvo que el demandante acredite haberlo hecho anteriormente. Es un derecho anacional (no procede de sistemas jurídicos nacionales). Esta Ley, establece un régimen de responsabilidad civil, penal y administrativa que corresponda de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en la propia norma. Sting el cantante, se opuso. Como no puede ser de otra manera, el desarrollo del comercio digital ha de ir de la mano del adecuado asesoramiento.
Dejando el Internacional Cyberlaw para los contratos de Internet de las grandes multinacionales, el derecho internacional pivado no es la panacea y tiene grandes problemas de aplicación, ya que tiene un esquema antiguo y una legislación muy poco actualizada. Ley 22/2007 de 11 de Julio sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. El Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo (BOE nº 58 de 8/4/2014), que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros, modifica diversos aspectos de la Ley Concursal (LC), con la finalidad de flexibilizar los procesos de reestructuración y refinanciación para intentar evitar que empresas que pueden ser viables se vean abocadas al concurso como consecuencia de su excesiva carga financiera. En la realización de un pedido por internet, el artículo 11 establece que el prestador de servicios debe acusar recibo del pedido del destinatario sin demora indebida y por vía electrónica, y se considerará que se han recibido el pedido y el acuse de recibo cuando las partes a las que se dirigen puedan tener acceso a los mismos.
Se consideran ventas a distancia las celebradas sin la presencia física simultánea del comprador y del vendedor, transmitiéndose la propuesta de contratación del vendedor y la aceptación del comprador por un medio de comunicación a distancia de cualquier naturaleza. artículo 21 y 22: prohibición del envío de spamming a las personas que no lo hayan solicitado. Si se opone, se seguirá la tramitación conforme a las normas del procedimiento declarativo que corresponda según la cuantía reclamada (verbal u ordinario). Sin embargo, aún le queda mucho que hacer para superar precisamente la importante brecha digital que aún existe en Europa así como el hecho de lograr y mejorar el acceso de zonas rurales: ambos problemas están muy presentes aún en nuestro país y en Galicia en particular. Identificar al prestador de servicios. Entre ellos: a) Contratos celebrados con la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y usuario, en un lugar distinto al establecimiento mercantil del empresario.
Como se producen algunas estafas por Internet Se suelen denominar delitos de ingeniería social para diferenciarlos de aquellos otros que se basan en cuestiones técnicas. No obstante, tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto independiente para que informe sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad. También se ha creado una política de la UE como es e-confidence: Están promovidas por las autoridades públicas (artículo 16 y 17 Dir 2000/31 y artículos 18 y 32 LSSI)…pero también controlados por DR 292/2004: la corregulación del comercio electrónico B2C. También pueden constituirse la hipoteca o la prenda sobre bienes de terceros, que de esta forma garantizan el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Son derechos fundamentales que están en el artículo 8 de la Constitución, la cual también proclama el derecho de cada ciudadano a obtener los medios para su mejor defensa. e) Desistimiento La facultad de desistimiento o revocación del consentimiento emitido, se establece en los artículos 102 y ss.
Pero no es frecuente que las empresas de recobro lleguen hasta el juicio, sobre todo cuando los importes son pequeños y no pueden justificar la existencia de la cantidad insatisfecha. Los motivos son muchos: es ilegal; no tenemos ninguna garantía de que estén bien hechas; no tienen porqué adaptarse a nuestro negocio y, por último, el contrato de venta de nuestros productos es lo suficientemente importante como para dedicarle un poco de atención. LOS PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES Entre los procedimientos extrajudiciales que regula la legislación española para el cobro de deudas, podemos citar: El procedimiento hipotecario extrajudicial Cuando se ha garantizado el cumplimiento de una obligación con una hipoteca, el acreedor adquiere un derecho sobre el bien hipotecado, que le permite proceder a la venta de dicho bien en caso de que el deudor no cumpla con su obligación. Sin embargo, en la práctica puede decirse que la duración media ronda los seis meses.
Lo que sí está en crisis, sin duda alguna, son los antiguos modelos de negocio de la Industria Cultural: comprar un CD o un DVD cada vez tiene menos sentido en el actual escenario digital y más con los precios a los que se han distribuido durante años. En la realización de un pedido por internet, el artículo 11 establece que el prestador de servicios debe acusar recibo del pedido del destinatario sin demora indebida y por vía electrónica, y se considerará que se han recibido el pedido y el acuse de recibo cuando las partes a las que se dirigen puedan tener acceso a los mismos. Es lo que se conoce como outsourcing o subcontratación. Puede someterse a arbitraje cualquier cuestión sobre la que las partes tengan libre disposición. La ventaja es que se trata de los mecanismos de siempre, no hay déficit democrático y la solución es mas justa que en internacional cyberlaw. La segunda es el derecho Internacional Privado para dirimir los conflictos de jurisdicción, los de ley aplicable y los de ejecución.
El informe final incluye diversas ideas interesantes en torno al mercado de productos de consumo y a la vez revela que intervenir en el mercado de contenidos digitales es mucho más complicado. Entrega del producto conforme a lo contratado: el vendedor tiene que responder ante cualquier disconformidad que aparezca a la hora de la entrega de la mercancía. A partir de la entrada en vigor de la norma, además de los supuestos ya conocidos de no rescisión de acuerdos de refinanciación y otros negocios con acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo por los cuales se amplíe el crédito disponible o se modifiquen las obligaciones del deudor, se añade el supuesto de extinción de obligaciones mediante daciones en pago o su conversión en capital. Declaraciones de voluntad impulsivas: acuerdos click-wrap y web-wrap. Ello conlleva cambios en las estructuras de comercialización y la utilización de nuevas plataformas de venta que pueden resultar tremendamente útiles y ayudar a globalizar nuestro negocio.
Sin embargo, también ciertos bienes muebles pueden ser hipotecados (por ejemplo, los automóviles, las aeronaves, la maquinaria industrial, la propiedad intelectual y la propiedad industrial). Por ejemplo, los litigios sobre nombres de dominio (cybersquatting) first to file first to serve. Además, es aconsejable imprimir la página que contiene el nombre del negocio, la dirección, el número telefónico y los términos legales de la compra. Este derecho de resolución no se aplica a todos los contratos. Trámites ante la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Cuando aparecen elementos extranjeros en la transacción Según un estudio de ese 2011, elaborado por Crédito y Caución –la aseguradora de cobros más puntera en el mercado español– el 40% de empresas españolas habían externalizado este servicio y otro 33% se lo estaba pensando. – La protección excesiva sobre los derechos de autor, ¿puede perjudicar la Sociedad de la Información? En el momento actual asistimos a una verdadera revolución cultural.
Reforzar la seguridad del comercio electrónico, simplificar las normas que lo rigen y aplicar medidas específicas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) son los ejes en los que actualmente se está moviendo el Parlamento Europeo. En el momento del perfeccionamiento del contrato. d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez. Puede que se condonen los intereses, puede que se fraccione el pago o que se acepte la cantidad que el deudor dice que puede asumir. Competencia judicial Tribunal del país del domicilio del profesional o del empresario Tribunal elegido por las partes siempre que se cumplan ciertos requisitos, como permitir al consumidor la elección de cualquier tribunal que no fuese aplicable conforme a los criterios de domicilio del demandado. También se ha creado una política de la UE como es e-confidence: Están promovidas por las autoridades públicas (artículo 16 y 17 Dir 2000/31 y artículos 18 y 32 LSSI)…pero también controlados por DR 292/2004: la corregulación del comercio electrónico B2C.
Consentimiento y perfección del contrato Dispone la Ley que en ningún caso la falta de respuesta a la oferta de venta a distancia podrá considerarse como aceptación de ésta, de modo que si el vendedor, sin aceptación explícita del destinatario de la oferta, enviase a éste el producto ofertado, se aplicará lo dispuesto acerca de la prohibición de envíos no aceptados. A favor de esta reclamación notarial no sólo se halla el previsible menor coste económico que implica respecto de su alternativa judicial (aunque la diferencia de dinero no variará tampoco en exceso); lo más interesante es la disminución de tiempo que efectivamente supone, pues las gestiones consistentes en la recepción de la solicitud por parte del reclamante, la localización efectiva del deudor, la entrega del requerimiento, y las consecuencias derivadas de la conducta activa o pasiva del reclamado, en los Juzgados comportan meses de tramitación, mientras que ante notario no van más allá del tiempo realmente previsto en la norma.
Si el deudor no entrega los bienes ni paga lo que adeuda, el acreedor se verá obligado a reclamar el crédito por vía judicial, mediante un juicio verbal. Ejemplo: Soy una empresa aseguradora que contrato el uso de una base de datos suiza, para manejar las tablas de mortalidad GKM que me permiten calcular las primas que he de cobrar a mis clientes. “No se sabe cuántas empresas se dedican al recobro porque, al no haber reglamentación alguna, no hay obligación de un registro ni exigencias de cualificaciones para el ejercicio de la actividad”, la cifra de impagados en España se calculaba en torno a los 105.000 millones. En esta línea un sistema arbitral on-line daría mayor celeridad a la resolución de los conflictos al tiempo que generaría mayor confianza en los sistemas de autorregulación. En el ámbito de Internet, lo mas habitual es la presencia de elementos extranjeros, habida cuenta de su carácter internacional y transfronterizo. Conocerla y aprovecharla es una de las claves del éxito en la Red.
Por último, si el deudor no paga ni se opone, el Juez dictará un auto despachando ejecución, es decir, ordenando que se embarguen bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el importe reclamado. Pongamos este ejemplo: Un ciudadano estadounidense está siendo difamado en una página web española que es accesible a todo el mundo. Compramos billetes de avión o tren, reservamos hoteles, alquilamos coches, compramos en grandes superficies, en Ebay, etc., etc.. La contratación electrónica y el spamming Respecto a las comunicaciones comerciales, hay que destacar su prohibición cuando se realizan a través del correo electrónico y no han sido previamente solicitadas. Estos fraudes y engaños se acentúan en Internet. Se consideran ventas a distancia las celebradas sin la presencia física simultánea del comprador y del vendedor, transmitiéndose la propuesta de contratación del vendedor y la aceptación del comprador por un medio de comunicación a distancia de cualquier naturaleza.
Son ejemplos de personas a quienes algunas empresas de recobro persiguen día y noche, con llamadas y con comunicaciones escritas y que se han puesto en contacto con una de las empresas más activas únicamente cobra 20 euros por llevar a cabo toda el proceso extrajudicial que permita resolver el problema y llegar a un mejor acuerdo si es que la deuda es cierta. INFORMACIONES VISIBLES EN LA WEB ANTES DE LA COMPRA: Restricciones de entrega (por ejemplo, ámbito geográfico “sólo península”) Modalidades de Pago (tarjetas, PayPal, transferencia, etc.) Características de los bienes y servicios El precio de los servicios indicando claramente si incluyen impuestos, gastos de entrega o cualquier gasto adicional. Para otros países consultar) Asesorarte legalmente sobre un amplio abanico de cuestiones como la normativa de protección de datos y privacidad, comercio electrónico, ventas online, métodos de pago, cloud computing, identificación electrónica, derecho de consumidores, disputas fronterizas sobre compras a distancia, y otros asuntos relacionados con el comercio electrónico.
Reparación o sustitución del producto si este llega defectuoso: además, la devolución y/o el arreglo no tendrá que conllevar ningún coste para el comprador. Protección en Derecho aplicable: El convenio de Roma establece disposiciones cuyo objetivo es impedir que la protección ofrecida por el ordenamiento nacional al consumidor sea burlada mediante la elección de un derecho extranjero. d) Si es diferente de la dirección facilitada de conformidad con la letra c), la dirección completa de la sede del empresario y, cuando proceda, la del empresario por cuya cuenta actúa, a la que el consumidor y usuario puede dirigir sus reclamaciones. Ley 7/1995 de 23 de Marzo, de Crédito al Consumo. La palabra Phising fue acuñada por el año 1996 por gente que robaba cuentas y contraseñas de American Online. Podemos decir que la ingeniería social consiste en la manipulación de las personas para que voluntariamente realicen actos que normalmente no harían. La Jurisprudencia, a la que nos referiremos, ha patrocinado su admisión desde la ya mentada Sentencia de 8 de marzo de 1956.
También proporcionamos asistencia letrada y defensa en expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa reguladora. Contratos en los que el consumidor y usuario ha realizado una oferta en las mismas circunstancias que las que se contemplan en la letra a). Conforme Art.2 del Reglamento 44/2001, quien crea la apariencia de un domicilio ficticio debe asumir las consecuencias de lo que ello comporta, y por ello cabría presentar demanda tanto en el Estado del domicilio real, como en el del ficticio. Son derechos fundamentales que están en el artículo 8 de la Constitución, la cual también proclama el derecho de cada ciudadano a obtener los medios para su mejor defensa. El auto que establezca la cantidad máxima reclamable, dictado en un procedimiento penal seguido por accidente de circulación. Estas normas analizan los distintos foros posibles haciendo hincapié en cierta flexibilización necesaria para una mayor seguridad jurídica y rapidez, teniendo en cuenta la “masificación de las transacciones comerciales hoy en día”, y necesaria también para proteger mejor a la, en principio, parte débil de la relación (consumidor, trabajador…).
Obligación de informar acerca del proceso de perfeccionamiento del contrato (artículo 27.1 LSSI). Servicio técnico: el consumidor que compre a través del comercio electrónico también tiene derecho a un servicio técnico que además tenga existencia de repuestos por un plazo mínimo de cinco años desde que el producto deje de fabricarse. Internet conlleva un aumento de los contratos internacionales. Imaginemos que se intentara limitar el número de copias que hacía Gutemberg con su imprenta: no tiene sentido luchar contra la tecnología. “Los abusos van desde campañas intensivas de llamadas telefónicas” a “comunicaciones por escrito amenazantes […], que pretenden amedrentar al afectado y lograr así un pago de modo cuasi-coactivo”, El objetivo es presionar al moroso, que muchas veces desconoce las consecuencias legales que comporta el dejar de pagar.
Obligación del proveedor de otorgar una información mínima sobre los productos y servicios ofertados: datos, características, precio+IVA, gastos del transporte, derecho de resolución del consumidor. Si uno de los implicados no está conforme con acudir a esta vía, no será posible hacerlo y deberá entonces acudirse a alguno de los otros procedimientos extrajudiciales o a la vía judicial. Una especie de boom del cobro de deudas. Eso hace que las compras se retraigan por miedo a los fraudes y a qué se hace con nuestros datos. El artículo 26 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, efectúa una declaración innecesaria, dada la superioridad del Tratado, al establecer que para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará a lo dispuesto en las normas de Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico español. Cualquiera puede montar una empresa de este tipo”, insiste en este punto: “Lo que más nos preocupa son los métodos que no son ilegales en España y sí lo son en otros países”.
A favor de esta reclamación notarial no sólo se halla el previsible menor coste económico que implica respecto de su alternativa judicial (aunque la diferencia de dinero no variará tampoco en exceso); lo más interesante es la disminución de tiempo que efectivamente supone, pues las gestiones consistentes en la recepción de la solicitud por parte del reclamante, la localización efectiva del deudor, la entrega del requerimiento, y las consecuencias derivadas de la conducta activa o pasiva del reclamado, en los Juzgados comportan meses de tramitación, mientras que ante notario no van más allá del tiempo realmente previsto en la norma. Los acuerdos de refinanciación La Ley contempla dos tipos de acuerdos de refinanciación, los “Acuerdos Individuales” que pueden suscribirse con uno o más acreedores, siempre que mejoren la posición patrimonial del deudor y los “Acuerdos colectivos”, que son aquellos que afectan a un grupo de acreedores -financieros o no- o a la totalidad de los acreedores financieros.
Debido a la desvinculación respecto de los parlamentos de los estados, esto beneficiaría a las empresas y habría un déficit democrático. Se trata de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio electrónico, que controla de forma específica la materia: cómo ofrecer y contratar productos y servicios por vía electrónica, incluyendo todas las actuaciones previas, simultáneas y posteriores al contrato, como puede ser el suministro de catálogos, el envío de comunicaciones comerciales, las obligaciones de información del prestador de servicios o comerciante… En esta actividad comercial rige el principio de libre prestación de servicios, con las únicas restricciones de salvaguarda del orden público, investigación penal, seguridad pública y defensa nacional, protección de la salud y de los consumidores, respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión…, protección de la juventud y de la infancia.
Protección en Competencia Judicial Internacional: artículo 15-17 Reglamento Bruselas I y 22.4 LOPJ. Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, En cuanto a los procedimientos judiciales civiles, todos los que se examinan en este apartado están regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 de 7 de enero, que sustituyó a la antigua ley procesal del año 1881. Consultoría legal sobre actividades que impliquen la utilización, transmisión o captación de datos personales por medios electrónicos. El comercio electrónico Puede entenderse por comercio electrónico a cualquier forma de intercambio de bienes o servicios -entre individuos, empresas, o administraciones públicas- que se lleve a cabo mediante medios electrónicos, sin presencia física simultánea del comprador y del vendedor. El caso se resolvió al margen de cualquier Estado y a través de una normativa supranacional. Las dos clases de juicios declarativos que se regulan en la Ley española son: el juicio verbal y el ordinario.
“Vas a pagar intereses de demora astronómicos”.
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En lo que se refiere a su extinción, señala la doctrina que el crédito fundado en un contrato de reconocimiento de deuda o en general en un contrato sin expresión de causa, es un crédito de existencia aparentemente independiente del crédito derivado del correlativo contrato causal, y esa apariencia subsiste en tanto no se destruya por el deudor. Ley 59/2003 de 19 de Diciembre, de Firma Electrónica. La entidad designada tiene un plazo máximo para resolver de 90 días. El hacer la compra a través de Internet, es una práctica de consumo en auge, entre otros motivos porque evita a los consumidores tener que desplazarse hasta el establecimiento, también existe una ampliación de la disponibilidad de ofertas para hacer una comparativa del producto o servicio, de igual modo, en el comercio online se puede acceder a precios más ventajosos…
Sin embargo, existen muchas personas que ponen freno a la hora de utilizar este tipo de comercio, entre otros motivos por: la incapacidad de visualizar el producto físicamente, el miedo a dar datos personales y ser victimas de un fraude, el desconocimiento sobre los métodos de pago en las transacciones electrónicas… asesoramos a los ciudadanos sobre el e-commerce, dando recomendaciones e informando de sus derechos. Objetivos: Conocer la normativa en materia de comercio electrónico. Cuando se trate de un problema generado por una pagina WEB situada en un determinado país, pero que es visible en todo el mundo, que la empresa físicamente puede estar ubicada en otro país, que el almacén de distribución y fabricante esté en otro, las conclusiones podrían ser un absurdo procesal y legal.
El texto publicado por la AEPD es el siguiente: “La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tenido conocimiento de que diversas entidades envían comunicaciones a organizaciones y empresas responsables de ficheros obligadas a adoptar medidas de seguridad de nivel medio y/o alto en las que ofrecen sus servicios para realizar auditorías de seguridad por vía telefónica con el fin de examinar el cumplimiento de la legislación de protección de datos. La prueba la tenemos en la política de Sociedad de la Información cuyo origen se remonta ya al Informe Bangemann de 1991. Lo importante es la residencia del prestador característico que es el oferente o el exportador. Por tanto, habida consideración de que la difamación se está produciendo en un ámbito mundial ¿serían competentes todos los Tribunales del mundo para conocer de este asunto? Resulta por tanto evidente la necesidad de adaptar los criterios del derecho internacional privado, al ámbito de Internet y por ende del comercio electrónico internacional, para hacerlos compatibles con los criterios de certeza y seguridad jurídica, unidad de competencia judicial y unidad de normativa aplicable. m) Un recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes.
Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de Octubre de 1997 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. Y si es así, pedir un certificado de deuda en el que habrá que estudiar, en caso de que la deuda sea real, si hay intereses abusivos”, Y añade que “mientras se esté en fase extrajudicial de reclamación no cabe la inclusión en listas de morosos. Asimismo, está excluida cualquier tipo de publicidad no solicitada, engañosa, falsa, desleal u ofensiva. Desde ese punto de vista, las ventajas del monitorio notarial frente al judicial son evidentes, porque en un breve plazo de tiempo se puede disponer de esa información, y proceder en su caso a iniciar el declarativo correspondiente. La ausencia de una legislación específica española, que señale los límites y competencias de las empresas dedicadas a la recuperación de deudas, ha supuesto que en los últimos diez años, pero especialmente desde 2005, hayan proliferado empresas dedicadas a esta actividad, muchas de ellas sin una cualificación profesional mínima.
Anteriormente se dijo que la hipoteca es un derecho de garantía que recae, normalmente, sobre bienes inmuebles. Pero, cuando hablamos de Internet, los criterios del derecho internacional privado pierden poder localizador y la aplicación a la red, puede resultar muy complicada. Conteste sinceramente las siguientes preguntas: ¿Lo necesita? ¿Lo necesita ahora o podría esperar hasta poder pagarlo en efectivo? ¿Cuánto más le va a costar comprarlo con crédito que si utilizara efectivo? ¿Puede permitirse los pagos mensuales? ¿Qué otras cosas tendrá que sacrificar para poder pagar las cuotas mensuales? ¿Qué TAE le cobran? ¿Podría conseguir condiciones mejores? ¿Le cobran otros gastos no incluidos en la TAE? ¿Cuánto supone el coste total? ¿Cuánto subirán las cuotas mensuales si suben los tipos de interés?
Para resolver los conflictos que puedan surgir entre quienes han sido partes en un negocio, y para reclamar las deudas derivadas de estos negocios, la legislación española regula dos tipos de vías diferentes: la judicial y la extrajudicial, consideró válidamente ejercitada la facultad de desistimiento, en el caso de adquisición de un curso a distancia, por no ser de aplicación la excepción prevista a la aplicabilidad del derecho de desistimiento en los supuestos de ventas de objetos que puedan ser reproducidos o copiados con carácter inmediato, y ello por cuanto que el contrato no se consuma con la entrega del material didáctico, sino que se completa con una asistencia técnica tendente a la obtención de unos conocimientos necesarios y suficientes.
El comercio electrónico Puede entenderse por comercio electrónico a cualquier forma de intercambio de bienes o servicios -entre individuos, empresas, o administraciones públicas- que se lleve a cabo mediante medios electrónicos, sin presencia física simultánea del comprador y del vendedor. En el último año ingresaron 654.794 monitorios, que representan aproximadamente el 33% (una tercera parte) de los asuntos que lo hicieron en la jurisdicción civil. Se excluyen todos aquellos productos que pueden ser reproducidos.
En la práctica, los contratos puros ejecutados on-line son escasos, ya que siempre llevan aparejadas una serie de prestaciones accesorias, por lo que se puede acudir a los criterios tradicionales de derecho Internacional Privado. Conforme a esto, la ley aplicable sería la mejicana. Trámites esenciales.- El procedimiento se inicia mediante una demanda, con la que se debe aportar el documento en que se fundamenta, es decir, el título ejecutivo. Recordatorio de la existencia de garantía legal. f) El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para la celebración del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base diferente de la tarifa básica. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista, artículo 38.5, exceptúa de esta obligación a los Prestadores de Servicios de la Información, lo que vulnera el principio de neutralidad tecnológica. La UE está llevando a cabo políticas e-commerce para generar mayor confianza en el consumidor.
“En seis años nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios de dos gobiernos. Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia: el correo postal, Internet, el teléfono o el fax. El contrato puede perfeccionarse en línea con todos sus elementos, pero su ejecución precisa de medios materiales que exceden al mundo virtual. * Estos derechos están recogido conforme a la normativa vigente actualmente en esta materia. Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Abogados, formamos a nuestros clientes para realizar operaciones comerciales seguras, respetando siempre los derechos de los consumidores y el cumplimiento el ordenamiento jurídico en materia de sociedad de la información, comercio electrónico, protección de datos, contratación y propiedad intelectual. Esta no es una mentira. Hay tres supuestos en los que el consumidor puede decir que el bien no se corresponde con el contrato: cuando no responde a lo publicitado, cuando no tiene las características que se decían en el contrato, cuando no cumple con la función que se debe esperar que cumpla,…
El consumidor puede pedir la sustitución de los bienes, su reparación, un descuento o la devolución del dinero. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Información al consumidor Los aspectos que se refieren a las prestaciones de servicio deben ser planteadas con antelación al consumidor, esto es no al final del proceso de la compra, que es lo más habitual. No obstante, el Derecho Internacional Privado es muy rígido y precisa de una necesaria adaptación a unos criterios mucho mas flexibles, ya que si sólo se basa en la vinculación del problema planteado al territorio de un determinado Estado, al tratarse de conflictos extraterritoriales situados en cualquier parte del mundo, si no existiere esa necesaria flexibilidad, sin duda alguna, el Derecho Internacional Privado se tornaría inoperante.
Este punto se puede redactar genéricamente y hacer referencia a la web. Se modifica el régimen de OPAS para los aumentos de capital derivados de acuerdos de refinanciación de empresas cotizadas. Consentimiento y perfección del contrato Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez, sin que sea necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos. El contrato sigue existiendo pero la cláusula se tiene por no puesta. Asesoramos sobre el régimen jurídico de la contratación de todo tipo de bienes y servicios por Internet y sobre las obligaciones de las empresas que prestan lo que se entiende por “servicios de la sociedad de información”. En 2014, las principales empresas de recobro que operan en España gestionaron un volumen de deuda impagada de 135.000 millones de euros, de acuerdo con la consultora.
Destinada a regular la prestación de servicios de sociedad de la información en general. Creo que en estos casos lo razonable es que a través de avisos legales, este tipo de páginas precisen a qué países quieren dirigir su actividad comercial. El letrado se refiere a varias normativas que amparan al deudor, como la ley de protección de datos o de enjuiciamiento civil. Lo primero que ha de hacer el Juez que reciba la demanda es requerir de pago al deudor, salvo que el demandante acredite haberlo hecho anteriormente. Calcule cuánto van a suponer al mes los gastos adicionales del reembolso del préstamo o crédito más los intereses. Duración.- Dada la escasez de trámites, el embargo de bienes se puede obtener de forma inmediata y, aun habiendo oposición, ésta debería resolverse en el plazo máximo de dos a tres meses desde la presentación de la demanda. Este derecho de resolución no se aplica a todos los contratos.
Al mismo tiempo, se reconoce que la competencia entre marcas y entre canales de comercialización se basa también en parámetros muy importantes distintos del precio, tales como la calidad, la imagen de marca, o la innovación. Dicho desarrollo se efectúa mediante Real Decreto 1906/1999 de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, actualmente derogado por la citada Ley 3/2014, de 27 de marzo. En mi opinión, las entidades bancarias (y las tecnológicas) deberían fomentar más iniciativas como las de tarjetas monedero y las de dinero electrónico que ya son posibles legalmente en España y que permitirían realizar transacciones seguras y micropagos anónimos en la Red. La buena, que algunas de esas empresas van cerrando ante la imposibilidad de cobrar o por sanciones debido a sus malas prácticas.
En las ofertas y la información precontractual. Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales. Se modifica el RDL de 12 de diciembre de 2008 para que en el ejercicio 2014 no se computen las pérdidas por deterioro de activos a efectos de que no sea causa de insolvencia o de disolución y liquidación de la sociedad. En caso de que el demandado se oponga, no necesariamente ha de transformarse el procedimiento en un declarativo. La Ley Orgánica de Protección de Datos entiende que en los casos de cobro de deudas, la cesión de datos a terceros es lícita, siempre dentro de unos límites que han quedado plasmados en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios 1/2007, y que se resumen en que hay que respetar en todo momento los derechos de los deudores a su intimidad personal y familiar, a su honor y a su imagen.
El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes. Contratación business to consumer (B2C) El Reglamento 44/2001 presenta unas cautelas para proteger al consumidor a la hora de formalizar contratos electrónicos. Desde ese punto de vista, las ventajas del monitorio notarial frente al judicial son evidentes, porque en un breve plazo de tiempo se puede disponer de esa información, y proceder en su caso a iniciar el declarativo correspondiente. Comprobar de que estamos comprando en un página web segura, para ello fijarse que en la barra del navegador Antes de proceder a la compra recomendamos que se comprueben las condiciones de la misma, es decir, plazos de entrega, formas de pago, política de devolución, características del producto o servicio… Leer atentamente las condiciones generales del contrato, ya que cuando se marque la casilla aceptando las condiciones es como si se firmara el contrato.
Tengo el placer de comprobar cada día en mi trabajo que esto está empezando a cambiar y a un ritmo muy alto. A priori, como veremos mas adelante, podríamos establecer tres áreas de seguridad jurídica. En las transacciones comerciales que se realizan en la red desaparecen las fronteras territoriales y la paradoja es que, precisamente dentro de estas fronteras es donde actúa el derecho internacional privado y que lo hace además, desde la perspectiva de un determinado Estado o Foro. Otra cosa es que les interese hacerlo: nuestros datos valen demasiado dinero. Sin embargo, para otro tipo de compras es muy poco recomendable. Cuando con arreglo al artículo 103 no proceda el derecho de desistimiento, la indicación de que al consumidor y usuario no le asiste, o las circunstancias en las que lo perderá cuando le corresponda. Contratos de crédito y caución. Parece que hubiera habido un efecto similar al del negocio inmobiliario, al que se sumaron profesionales del sector, menos profesionales e incluso chapuceros.
Autor Abogado en MalagaPublicado el 05/11/2013 23/08/2017 Categorías sentencia de divorcioEtiquetas Asturias