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Andalucía | Bioética. Noticias y recursos.
La OMC rechaza el anteproyecto andaluz de “muerte digna”
10 Octubre 2008 · Javier Suárez. Madrid
Considera que ya está “sobradamente regulada” en las leyes y que lo que se debe hacer desde la Administración es vigilar y garantizar su cumplimiento
La Organización Médica Colegial (OMC) opina que la muerte digna está “sobradamente regulada” en las leyes nacionales y que lo que “se debe hacer desde la Administración” es vigilar y garantizar su cumplimiento (voluntades anticipadas, rechazo a tratamientos, derecho a ser informados, etc.).
Además, considera un error que las administraciones autonómicas redacten nuevas normas al respecto, en referencia al anteproyecto de ley andaluz de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, “cuya única utilidad es la de añadir mayor confusión social sobre estas cuestiones”.
Además, estima que el citado anteproyecto “revela un claro desconocimiento de la realidad asistencial”. En este proyecto se contempla un régimen sancionador para los médicos (con multas de hasta 1 millón de euros) que “lleva a la población –en opinión de la organización colegial– un mensaje de desconfianza”. “Es evidente que imponer los valores de la ley en cuestiones que requieren tantos matices puede propiciar la medicina defensiva con la que, el primer perjudicado, es el paciente”.
La OMC señala que el denominado “encarnizamiento terapéutico” es una mala praxis rechazada por la propia profesión, frente a la que ya existen mecanismos de vigilancia y prevención, como son los comités de ética hospitalarios, la segunda opinión médica o las propias comisiones deontológicas de los colegios de médicos. “Lo que realmente se necesita es invertir en mayor formación y mayores recursos humanos y técnicos para poder universalizar los cuidados paliativos”, concluye la declaración colegial.
En respuesta a la OMC, el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, explicó que el proyecto tiene 2 objetivos: “propiciar una muerte digna y dar cobertura jurídica a los profesionales para que no haya ningún problema”. Zarrías señaló que, en cualquier caso, esta iniciativa seguirá su camino y se discutirá en el Parlamento andaluz.
Mala praxisEl Código de Ética y Deontología Médica de la OMC ya establece en el punto 1 de su artículo 27 que el médico “tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente cuando sea posible y cuando no lo sea, aplicar las medidas necesarias para lograr el bienestar del enfermo, aun cuando ello pudiera derivar en un acortamiento de la vida, por lo que se debe informar al paciente y/o sus familiares directos”. De igual forma, el punto 2 señala que el médico “no deberá emprender o continuar acciones terapéuticas o diagnósticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar el tratamiento para prolongar su vida y a morir con dignidad”.
http://www.jano.es/jano/dia/omc/rechaza/anteproyecto/andaluz/%E2%80%9Cmuerte/digna%E2%80%9D/_f-303+iditem-3126+idtabla-4+tipo-25
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Los Colegios Médicos rechazan la ley para la ‘muerte digna’ que prepara Andalucía
El organismo señala que la norma es “alarmista e innecesaria”
EFE / ELPAÍS.com – Madrid – 25/09/2008
La Organización Médica Colegial (OMC) ha rechazado hoy el anteproyecto de ley andaluz de “muerte digna” porque considera que es innecesario y genera alarma en la sociedad. La OMC ha dado a conocer en rueda de prensa un documento consensuado en la última reunión de la junta permanente de este organismo en el que se muestra su oposición al anteproyecto de ley andaluz de Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la Muerte, conocida como Ley de Muerte Digna.
A juicio de la OMC, el texto resulta innecesario, ya que hay legislación suficiente en España para regular la muerte digna y genera alarma en la sociedad además de fomentar la medicina defensiva y amenazar a los médicos con un régimen sancionador.
El Gobierno andaluz comenzó a tramitar a principios de septiembre esta norma, que regulará los derechos del paciente así como los deberes de los profesionales sanitarios y de los centros sanitarios públicos y privados. El borrador de la ley establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Colegios/Medicos/rechazan/ley/muerte/digna/prepara/Andalucia/elpepusoc/20080925elpepusoc_4/Tes
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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos presenta varias alegaciones al anteproyecto de Ley de Muerte Digna
La Junat de Andalucía ha manifestado su predisposición a llevar a cabo una serie de modificaciones relacionadas con el inadecuado régimen de sanciones o la falta de desarrollo de algunas cuestiones sobre la conciencia del facultativo
Sevilla (23-9-08).- El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha presentado varias alegaciones al anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. La entidad colegial, en reuniones con los representantes de la Administración andaluza, ha mostrado su inquietud ante varios aspectos de la regulación propuesta, tales como el inadecuado régimen de sanciones o la falta de desarrollo de unas posibles cuestiones de conciencia del facultativo.
La Junta de Andalucía, por su parte, ha manifestado su predisposición a llevar a cabo esas modificaciones y se ha comprometido a revisar formalmente el régimen sancionador, que puede llegar a contravenir la legislación vigente, y a plasmar en el articulado las alternativas necesarias para garantizar que los profesionales puedan ejercer y manifestar sus principios éticos sin menoscabo de la atención al paciente.
El Consejo Andaluz, tal y como ha informado en un comunicado, ha solicitado la presencia de representantes designados por los colegios en las comisiones éticas de los hospitales y ha desarrollado aspectos que inciden en la mejora del texto, como una mayor ámbito de concreción en algunas definiciones técnicas, así como la introducción de medidas que garanticen que las opciones vitales manifestadas por el facultativo y el paciente o sus representantes, se desarrollen con independencia.
Los representantes colegiales han hecho hincapié en la necesidad de mostrar que la regulación propuesta es una plasmación legal de lo que ya se viene desarrollando en la práctica en la actualidad así como de encontrar un consenso a nivel nacional sobre esta cuestión en forma de Ley Básica.
http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=38229
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Consideraciones sobre la dignidad de la persona en el proceso de su muerte
La llamada ley de muerte digna de Andalucía ha recibido críticas de parte de algunos profesionales. El autor defiende que el anteproyecto trata de regular los contenidos de lo que puede considerarse muerte digna, que, en su opinión, están reconocidos en el ordenamiento español, aunque reconoce que el tamaño de las sanciones debe ser revisado.
Pablo Simón Lorda 17/09/2008
La tribuna de opinión de Federico de Montalvo (ver noticia) sobre las “irregularidades” del Anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte de Andalucía contiene, a mi entender, notables imprecisiones.
La primera es su crítica de que el anteproyecto no cite en la exposición de motivos el artículo 15 de la Constitución Española, que establece “el derecho que protege la vida”. Lo cierto es que este precepto no sólo protege la vida, sino que también establece el derecho de los ciudadanos a que “en ningún caso, puedan ser sometidos ( ) a tratos inhumanos o degradantes”, algo que conecta muy bien con el espíritu de este anteproyecto. Mi interpretación subjetiva es que el artículo 15 nos permite hablar tanto de vida digna como de muerte digna, las dos caras de la misma moneda.
En cualquier caso, el propio autor acepta que apoyarse directamente en el texto constitucional supondría reconocer que se está regulando algo que sólo puede ser hecho mediante ley orgánica y en el Parlamento español. Claro. Es por eso por lo que el anteproyecto sólo puede basarse en legislación de rango inferior, como es la Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía de los Pacientes. Otra cosa es si esta última norma debería haber sido o no una ley orgánica.
En segundo lugar, sorprende la crítica de la citada Ley 41/2002, a la que se acusa de ser la madre del “encarnizamiento legislativo” que actualmente padecemos. Creo que el autor no está apreciando el impacto beneficioso que esa ley ha tenido en el mundo sanitario. Ello siempre y cuando se considere beneficioso aumentar la libertad de los ciudadanos para decidir sobre su salud y su enfermedad.
Esto último es lo que el autor parece dudar, puesto que nos advierte contra “el encarnizamiento informativo” en la relación médico-paciente generado por ella. Pero así el autor va claramente a contracorriente de la legislación comunitaria e internacional sobre estas materias, y en contra de todos los acuerdos internacionales de bioética.
Una tercera cuestión es el término “eutanasia”. Federico de Montalvo habla del “atrevimiento” del anteproyecto al tratar de “determinar cuál es el contenido del artículo 143.4 del Código Penal”, pero no creo que sea exacta esa interpretación, ni el “atrevimiento” tan malo como se pretende. El término “eutanasia” está en el centro del debate ético, jurídico, social y político en torno a la “muerte digna”. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no lo utiliza en ningún momento. No hay por tanto una definición normativamente establecida a la que haya que atenerse.
Pero con frecuencia, cualquier actuación en ese campo ha tendido a ser automáticamente etiquetada como “eutanasia” e incluida bajo el paraguas del artículo 143.4 del Código Penal. Pero hoy sabemos (Inmaculada Echevarría o sedaciones de Leganés) que dicha interpretación tan extensiva del término es abusiva. La exposición de motivos parte pues de este hecho y avanza una propuesta de definición de eutanasia que es la que se está extendiendo a nivel internacional. Este esfuerzo de clarificación no puede ser negativo, sino todo lo contrario.
En cuarto lugar, es sorprendente en un constitucionalista la crítica al hecho de que una comunidad autónoma pretenda regular este derecho al margen de las demás. El problema, si existe, no es de este anteproyecto de ley, sino de la arquitectura general del Estado y del ordenamiento jurídico, de la relación entre el Gobierno central y las autonomías. Un problema de derecho constitucional general que sin duda conoce bien.
Una quinta afirmación impactante es que el uso del concepto “dignidad” conlleve “inseguridad jurídica”. Pero el propio artículo 10 de la Constitución Española tiene entonces ese mismo problema. Es por tanto muy importante avanzar en la concreción jurídica de esos contenidos para evitar la mera retórica. La virtualidad del anteproyecto es que trata de regular sólo los contenidos de lo que puede considerarse “muerte digna” que tienen reconocimiento generalizado y base jurídica amplia en nuestro ordenamiento: derecho a los cuidados paliativos en primer lugar, derecho a la sedación paliativa, derecho a la información y el consentimiento, derecho al rechazo de tratamiento y evitación de la obstinación terapéutica.
En sexto lugar, la crítica generalizada del autor a las instrucciones previas o voluntades anticipadas es tan interesante como increíble. Sugiere un importante desconocimiento de lo que, tanto en el plano ético como jurídico, se está discutiendo a nivel internacional. Y en cualquier caso, la crítica no afecta entonces sólo al anteproyecto de Andalucía, sino a toda la legislación autonómica sobre la materia -las 17 comunidades autónomas han regulado a día de hoy estos documentos- y, por supuesto, al artículo 11 de la Ley 41/2002.
En séptimo lugar está el régimen sancionador. Este punto ha acaparado la atención de los medios y, especialmente, de los profesionales. Aquí hay que separar dos cuestiones. Una es la propia existencia de un régimen sancionador en una ley como ésta; escandalizarse ante este hecho es, a mi modo de ver, desconocer la diferencia entre el plano de la Ética y el plano del Derecho. Lo característico de la Ética es que sólo obliga en conciencia y lo típico del Derecho es que, al juridificar valores que la sociedad ha considerado esenciales para la convivencia pacífica, para protegerlos adecuadamente exige su cumplimiento bajo amenaza de sanción. Muchos profesionales sanitarios siguen pensando, con buena intención, que su conducta profesional sólo sigue regulada, como hasta escasamente un siglo, por sus normas internas de Ética o Deontología profesional.
Pero en las sociedades modernas eso ya no es así. Lo que sea un buen profesional es algo que decide también la sociedad. Sus derechos y deberes no sólo se regulan éticamente, desde dentro del grupo profesional, sino también y primordialmente desde fuera por los ciudadanos mediante normas jurídicas de obligado cumplimiento.
Claro, bajo amenaza de sanción. Todas las leyes que regulan derechos y deberes llevan procedimiento sancionador. Si no fuera así, no serían leyes. Otra cuestión bien diferente es si las sanciones que establece el anteproyecto son adecuadas o excesivas. En mi opinión, esto sí merece la pena revisarlo junto con todos los posibles afectados.
Por último, respecto al comentario de Federico de Montalvo respecto a la ausencia de reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia, como buen constitucionalista sabe que ésta es una cuestión especialmente compleja: regular por ley las situaciones en las que alguien puede negarse a cumplir la ley. Aquí, a diferencia de los demás contenidos del anteproyecto, el problema es la inexistencia de un sustrato jurídico claro en el que apoyarse.
Ninguna ley en España ha regulado de forma general este derecho, aunque algunas legislaciones autonómicas lo han introducido en su normativa sobre las voluntades anticipadas. A mi juicio, lo han hecho sin establecer mecanismos prácticos claros para impedir que dicha objeción se convierta en un derecho ilimitado y absoluto que conculque sistemáticamente el derecho de los pacientes a que su instrucción previa sea respetada. Este fenómeno es algo de lo que ya tenemos un antecedente: la interrupción voluntaria del embarazo. En cualquier caso, en mi opinión, en el actual debate del anteproyecto quizás no fuera inoportuno tratar de regular esta cuestión, siempre que se logre hacer con el consenso y la seguridad jurídica suficiente.
Al margen de todas estas polémicas, lo más importante es transmitir a los ciudadanos y profesionales que este anteproyecto busca mejorar el proceso de atención a los pacientes en proceso de muerte. Busca humanizar más, aliviar más, respetar más a los ciudadanos y generar más confianza entre ellos y los profesionales que los atienden. Creo que todavía el texto se puede mejorar mucho, y para eso sirve el debate. Prosigamos por tanto con él desde la responsabilidad. No lo hagamos sólo desde la pura subjetividad, porque a veces ésta puede estar más cargada de prejuicios que de argumentos.
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1165454.html
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El sabor agridulce de la sanción en una ley ética
La iniciativa de Andalucía de elaborar una norma para garantizar el derecho de los enfermos a la muerte digna, dejando claro desde el principio que no es una ley que regule la eutanasia, es digna de elogio por el compromiso que dicha comunidad asume con los pacientes terminales. Ahora sólo hay que ver si la comunidad va a ser capaz de cumplir con lo previsto en la norma y asegurar a los pacientes los derechos que allí se regulan.
Marta Esteban. Redactora 09/09/2008
Al margen de todo compromiso estructural, el anteproyecto tiene otras propuestas que merecen ser analizadas. Lo que parece una buena norma desde el punto de vista ético tiene el peligro de convertirse, en caso de que se apruebe en el Parlamento andaluz, en una espada de Damocles para el profesional sanitario. ¿Por qué incluir un régimen sancionador tan agresivo para el médico cuando ninguna otra norma sanitaria -Ley de Autonomía, Estatuto Marco- lo había hecho?
Las multas previstas en el anteproyecto sólo se aplicarán al médico que ejerza en la sanidad privada, no al de la pública, para el que seguiría vigente el régimen sancionador del Estatuto Marco. El diferente trato que el anteproyecto otorga a uno u otro facultativo es relevante, pues el Estatuto Marco prevé sanciones como la separación del servicio, el traslado forzoso, la suspensión de funciones, pero ninguna de carácter pecuniario. ¿Por qué esta diferencia de trato entre ambos profesionales?
Leyes como la que Andalucía intenta poner en marcha no sólo deben velar y garantizar los derechos de los pacientes -en este caso uno de los grupos más vulnerables, los terminales-, sino que la Administración también debe proteger a sus profesionales, pues al fin y al cabo ellos son el instrumento para garantizar esos derechos.
Hágase una ley sobre muerte digna, pero no amenace al médico con posibles sanciones. Confíe en la profesionalidad de sus facultativos que día a día trabajan por y para sus enfermos, sean terminales o no.
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1162509.html
Esta entrada se publicó en Aspectos legales, Aspectos médico-sociales, Opinión y está etiquetada con Andalucía, muerte digna en 9 - 09 - 2008 por janavgon.