Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-01240-20614-de-enero-27-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_3c39825eeb3348bb9016ee55e5980847&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-27 01:22:07
Document Index: 242478961

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 392', 'artículo 30', 'artículo 253', 'artículo 254', 'artículo 357', 'artículo 1494', 'artículo 1495', 'artículo 864', 'artículo 241', 'artículo 1614', 'Artículo 168', 'Artículo 253', 'Artículo 41']

SENTENCIA 1999-01240 DE 27 DE ENERO DE 2012
CONTENIDO:CONTRATO ESTATAL. LA NATURALEZA DEL CONTRATO NO DEPENDE DE SU RÉGIMEN JURÍDICO, PUES DE ACUERDO CON EL CRITERIO SUBJETIVO U ORGÁNICO, DEBEN CONSIDERARSE CONTRATOS ESTATALES AQUELLOS QUE CELEBREN LAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN DE ESA MISMA NATURALEZA. ASÍ PUES, ADQUIERE RELEVANCIA EN ESTE PUNTO LA NATURALEZA DE CADA ENTIDAD, POR LO CUAL SI SE CONSIDERA QUE DETERMINADO ENTE ES ESTATAL, POR CONTERA HABRÁ DE CONCLUIRSE QUE LOS CONTRATOS QUE LA MISMA CELEBRE DEBERÁN TENERSE COMO ESTATALES, SIN IMPORTAR EL RÉGIMEN LEGAL QUE LES DEBA SER APLICABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO ADMINISTRATIVO, NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD PÚBLICA, CONTRATOS ESTALES SOMETIDOS AL DERECHO PRIVADO, NATURALEZA DEL CONTRATO
Sentencia 1999-01240/20614 de enero 27 de 2012
Rad. 73001-23-31-000-1999-01240-01 (20614)
Referencia: Acción contractual (apelación sentencia)
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el señor James Olaya Buitrago contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el diecinueve (19) de febrero de dos mil uno (2001), mediante la cual se dispuso:
“1. DECLÁRASE que la Universidad del Tolima incumplió el contrato de enseñanza celebrado con James Olaya Buitrago, pero solo en cuanto a las condiciones en que se impartió la instrucción académica correspondiente al programa de lenguas extranjeras fueron diferentes a las ofrecidas por la universidad al momento de promocionarlo.
2. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda”.
Mediante demanda presentada, por intermedio de apoderado, el 24 de junio de 1999 (fls. 33 a 41 c. 1) se solicitaron las siguientes declaraciones y condenas:
“PRIMERA: Que la Universidad del Tolima incumplió el contrato de enseñanza celebrado entre la Universidad del Tolima y el estudiante James Olaya Buitrago, al haber ofrecido el programa universitario de lenguas extranjeras con énfasis en relaciones internacionales, sin planeación, diseño curricular, estudio de factibilidad, ni propuesta pedagógica.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Universidad del Tolima a pagar a nuestro representado el valor de los siguientes perjuicios causados:
1. Daño emergente: La suma de diecinueve millones cuatrocientos dieciocho mil quinientos cuarenta y dos pesos m/cte. ($ 19’418.542), por concepto del valor de las matrículas pagadas por los semestres cursados y el valor de la manutención durante estos dos años.
2. Lucro cesante: La suma de sesenta millones m/cte. ($ 60’000.000) por concepto de los ingresos que dejará de percibir nuestro representado, por el retraso de dos años en la culminación de sus estudios universitarios, sin que el señalamiento de dicha cuantía constituya limitación para que sean reconocidos superiores perjuicios de la naturaleza y cuantía que resulten probados dentro del presente proceso.
TERCERA: La condena respectiva, o sea el monto total de la indemnización actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, mediante la aplicación de los mecanismos, procedimientos y fórmulas adoptados por el honorable Consejo de Estado, actualización que se hará con sus correspondientes intereses, desde la fecha de la ocurrencia del incumplimiento al contrato de enseñanza y hasta cuando se dé cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso o hasta cuando quede ejecutoriado el fallo definitivo.
CUARTA: Se condene en costas a la parte demandada, pues el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, no excluye a la aquí demandada de tal condena.
QUINTA: Que se ordene a la parte demandada a cumplir la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.
• Mediante Acuerdo 035 del 17 de julio de 1995, la Universidad del Tolima estableció el plan de estudios del programa profesional de lenguas extranjeras.
• La Universidad del Tolima ofreció el programa anterior, como lenguas extranjeras con énfasis en relaciones internacionales indicando en los plegables publicitarios que el futuro profesional podría desempeñarse laboralmente como traductor, intérprete o consultor de lenguas a nivel internacional o como docente.
• El señor James Olaya Buitrago se matriculó en el programa ofrecido en el año de 1996 y adelantó estudios hasta el cuarto semestre. Durante ese período se presentaron inconsistencias que se plantearon a las directivas de la universidad, sin que se lograran los correctivos necesarios.
• Mediante Acuerdo 059 del 18 de septiembre de 1997, el consejo de la facultad de ciencias de la educación de la Universidad del Tolima creó una comisión para la reestructuración del programa de lenguas extranjeras.
• El señor James Olaya Buitrago solicitó a la Universidad del Tolima la reubicación al programa de lenguas modernas y el reintegro de los dineros cancelados por concepto de matrículas de semestres académicos cursados, a finales del mes de agosto de 1997.
• El consejo académico de la Universidad del Tolima, en su sesión del 19 de diciembre de 1997, negó la solicitud de reintegro de dinero hecha por el demandante.
Invocó como vulnerados los artículos 4º, 23, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993, por las siguientes razones:
La Universidad del Tolima incumplió el contrato de enseñanza celebrado con el señor James Olaya Buitrago al aceptar en el mes de agosto de 1997 que había ofrecido un programa de lenguas extranjeras con énfasis en relaciones internacionales, sin que existiera la debida planeación y diseño de una propuesta curricular y pedagógica factible, planteando un perfil profesional que para agosto de 1997 era bastante incierto, según lo admitió expresamente la entidad educativa demandada.
4.1. El Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda por auto del 7 de julio de 1999 (fl. 43 cdno. ppal.).
4.2. Se ordenó la apertura y práctica de pruebas mediante providencia del 28 de marzo de 2000 (fl. 48 cdno. ppal.).
La Universidad del Tolima no contestó la demanda durante el término de fijación en lista. Fue notificado personalmente de la demanda el 15 de febrero de 2000 (fl. 46 cdno. ppal.).
El 2 de mayo de 2000 se presentó poder otorgado por la entidad demanda al doctor Jaime Cáceres Medina, a quien se le reconoció personería para actuar por auto del 16 de mayo de 2000 (fl. 60 cdno. ppal.).
En auto del 24 de octubre de 2000, el tribunal a quo ordenó dar traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentasen sus respectivos alegatos de conclusión (fl. 66 del cdno. ppal.).
6.1. James Olaya Buitrago (fls. 71 a 73 cdno. ppal.). Consideró que está demostrada la existencia del contrato celebrado con la Universidad del Tolima, el pago de cuatro semestres y el incumplimiento del programa académico ofrecido. De otro lado, los perjuicios causados están probados con el dictamen pericial rendido dentro del proceso.
6.3. Ministerio Público (fls. 67 a 70 cdno. ppal.). Conceptuó que debían negarse las pretensiones de la demanda comoquiera que el educando adquiría los derechos de manera semestral y la universidad cumplió en cada uno de dichos semestres con la preparación académica ofrecida y fue la voluntad del demandante la que puso fin a su vínculo con el ente universitario.
El Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con fundamento, esencialmente, en las siguientes razones (fls. 74 a 81 cdno. ppal.):
Consideró que existió incumplimiento de la Universidad del Tolima del Contrato Celebrado con el señor James Olaya Buitrago, en lo referido a la condiciones ofrecidas, mas no en lo relacionado con el deber de instrucción académica. Sustentó sus consideraciones en una decisión judicial proferida por esa misma corporación el 1º de junio de 2000, para un caso similar. Negó las indemnizaciones pretendidas por cuanto que el dictamen pericial se calculó sobre una mera hipótesis.
8.1. Contra la anterior providencia, el señor James Olaya Buitrago interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por el tribunal a quo el 28 de marzo de 2001 (fl. 89 cdno. ppal.).
8.2. En auto del 21 de junio de 2001 se admitió el recurso de apelación interpuesto (fls. 94 y 95 cdno. ppal.).
8.3. Mediante providencia del 13 de julio de 2001 se dispuso el traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 97 cdno. ppal.).
9.1. La parte demandante (fls. 98 y 99 cdno. ppal.). Consideró que la primera instancia no hizo un análisis del caso concreto, sino que se limitó a transcribir el análisis de un asunto similar y dio por hecho que se trataba de los mismos supuestos fácticos, sin tener en cuenta que se había demostrado el daño emergente y el lucro cesante, tal y como se corroboró en el dictamen pericial.
9.2. El Ministerio Público (fls. 101 a 117 cdno. ppal.). En su concepto las pruebas aportadas no permiten deducir un incumplimiento de la Universidad del Tolima, porque no se acreditó que los semestres cursados no coincidieran con los ofrecidos. Sin embargo, como se trata de un apelante único habría que confirmar la Sentencia del a quo, para no vulnerar el principio de la no reformatio in pejus. En cuanto a los perjuicios materiales, no se acreditó el daño emergente, pues el pago de matrículas correspondió a los semestres cursados por el actor. En cuanto a lucro cesante sostuvo que es hipotético y eventual, lo que no permite un reconocimiento. Finalmente, los perjuicios morales no pasaron de ser una manifestación y, por ende, no fueron probados.
“De este modo, son contratos estatales ‘todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el estatuto general de contratación administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales’, y estos últimos, donde encajan los que celebran las empresas oficiales que prestan servicios públicos domiciliarios, son objeto de control por parte del juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables a los trámites que ante éste se surtan no podrán ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan para este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le aplique a los contratos”(2) (negrilla fuera del texto).
“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación (…)”(3)
“ART. 2. Derógase el artículo 30 de la Le y 446 de 1998 y las demás normas que le sean contrarias.
Bajo esta perspectiva, es necesario tener presente que de acuerdo con el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil(6), los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, éstas últimas consistentes en la trascripción o reproducción mecánica del original; sumado a ello, el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, regula el valor probatorio de los documentos aportados en copia, respecto de los cuales señala que tendrán el mismo valor del original en los siguientes eventos: i) cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada; ii) cuando sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) cuando sean compulsados del original o de la copia auténtica.
2.1.1. Circular del 20 de agosto de 1997, expedida por la Universidad del Tolima, por medio de la cual se hace un pronunciamiento sobre la problemática que atravesaba el programa de lenguas extranjeras con énfasis en relaciones internacionales (fl. 1 y 2 c. 1).
2.1.2. Acuerdo 84 del 10 de septiembre 1997, por el cual el consejo académico de la Universidad del Tolima autorizó la transferencia del programa de lenguas extranjeras al programa de lenguas modernas (fls. 3 y 4 c. 1).
2.1.3. Oficio CA-022-98 del 16 de enero de 1998, por medio del cual el secretario general de la Universidad del Tolima comunicó al demandante la decisión del consejo académico de negar el reintegro de los dineros cancelados por concepto de matrículas de semestres académicos cursados (fl. 5 c. 1).
2.1.4. Publicación hecha por la Universidad del Tolima denominada “Carta del rector Nº 3”, del mes de septiembre de 1997 (fls. 6 a 9 c. 1).
2.1.5. Acuerdo 029 de 1995, por medio del cual el consejo académico de la Universidad del Tolima aprobó el programa profesional de lenguas extranjeras (fls. 10 a 15 c. 1).
2.1.6. Desprendibles de pago de matrícula correspondientes a cuatro semestres, de los años 1996 y 1997 (fl. 18 c. 1).
2.1.7. Escrito del señor James Olaya Buitrago del 29 de agosto de 1997, por el cual manifestó al rector de la Universidad del Tolima su deseo de cambiar de programa académico (fl. 23 c. 1).
2.1.8. Escrito del señor James Olaya Buitrago del 28 de octubre de 1997, por el cual solicitó al rector de la Universidad del Tolima el “reconocimiento o exoneración del pago de matrícula de los próximos 4 semestres”, en el programa de lenguas modernas (fl. 25 c. 1).
2.1.9. Hoja de vida del estudiante James Olaya Buitrago (fls. 56 y 57 c. 1).
2.1.10. Acuerdo 052 del 27 de mayo de 1998, por el cual la Universidad del Tolima autorizó al estudiante James Olaya Buitrago la homologación de las asignaturas comprensión de lectura y taller de expresión oral, por taller de lengua (fl. 58 c. 1).
2.1.11. Certificado de índice de precios al consumidor expedido por el DANE el 11 de agosto de 2000 (fls. 1 y 2 c. 2).
2.1.12. Certificado del Banco de la República sobre los indicadores económicos a 12 de abril de 2000 (fls. 3 y 4 c. 2).
No se tendrán como pruebas documentales válidas que puedan ser valoradas en este juicio, tal y como se expuso en el numeral 2.1 de esas consideraciones, las copias simples del Acuerdo 59 de 1997 (fls. 19 y 20 c. 1), el listado de transferencia de estudiantes de lenguas extranjeras a otros programas (fl. 22 c. 1), el memorando 037 de septiembre 17 de 1997 (fl. 24 c. 1) y la Sentencia del 29 de abril de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima (fls. 26 a 32 c. 1).
En el auto que decretó la apertura y práctica de pruebas, el 28 de marzo de 2000, se decretó el dictamen pericial para determinar los perjuicios materiales —lucro cesante— sufridos por el demandante.
Los peritos María Mabel Polanía Pardo y Adalberto Vargas Hernández presentaron, el 4 de agosto de 2000, el dictamen pericial encomendado determinando que los perjuicios materiales ascendían a la suma de diez millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos cuarenta y nueve pesos con trece centavos m/cte. ($ 10’436.549.13) discriminados así (fls. 5 a 9 c. 2):
“Valor proyectado por concepto de pago de matrículas $ 493.567.20.
Por concepto de manutención por los años 96-97 $ 5’822.400.
La parte actora aportó con la demanda una declaración rendida ante el notario primero del círculo de Ibagué el 5 de mayo de 1999, en la cual manifestó bajo la gravedad del juramento los gastos en que había incurrido durante los años 1996 y 1997, con ocasión de los estudios adelantados en la Universidad del Tolima (fls. 16 y 17 c. 1).
No sobra puntualizar que la no reformatio in pejus —al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela— no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i) En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva hubiere sido formulada por un solo interesado, lo cual comprende tanto las hipótesis en las cuales la apelación hubiere sido interpuesta por diversos sujetos procesales que comparten un mismo interés o que integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), como los eventos en los cuales si bien la apelación proviene de diversos sujetos procesales lo cierto es que cada una de tales impugnaciones se refiere a puntos, a decisiones o a intereses diferentes entre sí, totalmente independientes y que, por tanto, no chocan ni se contradicen. ii) En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “(…) aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final).
“Ese principio ínsito en dichas disposiciones [se refiere a los arts. 31 de la Constitución Política y 357 del CPC], de no agravar la condición del apelante único, ha sido objeto de innumerables manifestaciones, por la jurisprudencia y la doctrina.
La consagración en la Carta Política de la prohibición de agravar la pena impuesta al condenado cuando éste es apelante único eleva a nivel constitucional la garantía de la proscripción de la ‘reformatio in pejus’ (…)
Es un principio general del derecho procesal y una garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (C.N., art. 29). Ella es consecuencia de la regla ínsita en la máxima latina ‘tantum devolutum quantum appelatum’, en virtud de la cual se ejerce la competencia del juez superior. El ejercicio de las competencias judiciales radicadas en el juez superior y su límite, ambos, se suscitan y a la vez se limitan por virtud de la impugnación y las pretensiones que ella involucra (…)”.
Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (...). En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa. Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional” (se resalta y subraya).
Pues bien, a la luz de esta garantía, que le impone al juez de la segunda instancia el deber de respetar o de preservar el fallo apelado en aquellos aspectos que no resultaren desfavorables para el apelante único, conecta perfectamente con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en razón de la cual “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, (…)”, de lo cual se desprende, con claridad, que si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos.
El contrato, como fuente de obligaciones, encuentra soporte legal tanto en el artículo 1494 del Código Civil, norma a cuyo tenor “las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones…”, como en el artículo 1495 de la ley civil, el cual definió el contrato como el “acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa…”
Por su parte, el Código de Comercio, en su artículo 864, recoge la siguiente definición: “El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellos una relación jurídica patrimonial, …”.
“En este orden de ideas, la certeza del daño hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia independientemente de que sea presente o futura, mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquélla característica, es decir, es incierto el daño “cuando hipotéticamente puede existir, pero depende de circunstancias de remota realización que pueden suceder o no”(21) y por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la responsabilidad extracontractual. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye, deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación del monto indemnizable”(22).
En este orden de ideas, la certeza del perjuicio hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia, independientemente de que sea presente o futura, mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquélla característica, es decir, es incierto el daño “cuando hipotéticamente puede existir, pero depende de circunstancias de remota realización que pueden suceder o no”(23) y, por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la responsabilidad patrimonial. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye, deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación del monto indemnizable.
Por su parte, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el dictamen de los peritos, el juez tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “(…) aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores (…)”(25).
a) No se conceptúan ni identifican adecuadamente los rubros de daño emergente y lucro cesante, lo que, de entrada, denota falta de pericia y de competencia técnica por parte de los auxiliares de la justicia.
b) El lucro cesante, de la manera como fue calculado por los peritos, no cumple con el requisito uniformemente exigido por la jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de que el perjuicio debe ser cierto, comoquiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública. Esa demostración del carácter cierto del perjuicio está ausente en el experticio de marras.
5.2. El daño emergente reclamado. De conformidad con el artículo 1614 del Código Civil se entiende por daño emergente “(…) el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. Como daño emergente el demandante pretende el pago de $ 19’418.542, por concepto del valor de las matrículas pagadas por los semestres cursados y el valor de la manutención durante estos dos años.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el recurrente no impugnó la declaración de responsabilidad proferida por el tribunal a quo, quien limitó el incumplimiento a “(…) solo en cuanto a las condiciones en que se impartió la instrucción académica correspondiente al programa de lenguas extranjeras fueron diferentes a las ofrecidas por la universidad al momento de promocionarlo”. De acuerdo con lo anterior, el demandante obtuvo un servicio efectivo de educación prestado por la entidad universitaria, a cambio de la cual como contraprestación estaba obligado al pago de la matrícula, como en efecto lo hizo. Si bien es cierto el a quo consideró que había recibido instrucción académica en condiciones diversas a las ofrecidas, esto no implica que la instrucción recibida no debía ser cancelada por el estudiante y menos aún que dicha instrucción se convierta en un daño emergente.
1. CONFIRMAR la Sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil uno (2001) proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
Consejeros: Carlos Alberto Zambrano Barrera—Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez.
(2) Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Auto de 20 de agosto de 1998, exp. 14.202. C.P. Juan de Dios Montes Hernández. Esta posición ha sido expuesta en otros fallos, entre los cuales se encuentra la Sentencia de 20 de abril de 2005, exp: 14519; Auto de 7 de octubre de 2004, exp. 2675.
(4) Artículo 168, Código Contencioso Administrativo “Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.”
(6) Artículo 253, Código de Procedimiento Civil “Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento”.
(7) Jeremías Bentham, Tratado de las pruebas judiciales, Tomo I, Ediciones Nueva Jurídica, 2000, pp. 115.
(9) Cita original de Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de agosto 10 de 2000, exp. 12648. C.P. María Elena Giraldo Gómez: “Eduardo J. Couture. Fundamentos del derecho procesal civil. Ediciones de Palma Buenos Aires. 1990, págs. 367 y ss.”.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de agosto 10 de 2000, exp. 12648. C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de julio 18 de 2002, exp. 19700. C.P. Alier Eduardo Hernández Henríquez.
(14) El Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 prescribe: “Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.
(15) Sobre el tema pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a saber: Sentencias de 11 de julio de 1996, exp. 9692, M.P. Juan de Dios Montes Hernández; de 8 de mayo de 1995, exp. 9999, de 28 de enero de 1994, exp. 9072 y de 29 de enero de 1998, exp. 11099, M.P. Daniel Suárez Hernández. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 26 de agosto de 1998, M.P. César Hoyos Salazar, también se refirió al tema.
(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de junio 2 de 1994, exp. 8.998, C.P. Julio César Uribe Acosta.
(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de octubre 19 de 1990, exp. 4.333, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.
(21) Sentencia del 8 de agosto de 1988, expediente No.5154, actor: Hugo Napoleón Tovar Silva y Otros, C.P. Carlos Ramírez A.
(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de mayo 7 de 1998, exp. 1998-N10397, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de agosto de 1988, exp.5154, C.P. Carlos Ramírez A.
(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de agosto de 2009, exp. 17957, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.