Source: https://es.scribd.com/doc/76051834/LA-TORTURA-EN-MEXICO
Timestamp: 2018-02-25 07:50:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 295', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 7']

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Descripción: LA TORTURA EN MÉXICO
LA TORTURA EN MÉXICO Oscar Jesse Rojas Ortiz Alfredo Salazar López Universidad del Mar Introducción La Comunidad Internacional ha creado una serie de instrumentos para impedir la tortura, velando por el bien jurídico, la dignidad humana, que surge independientemente de las condiciones de raza, sexo, condición social, edad, origen, o cualquier otro tipo de discriminación. Partiendo desde la teoría iusnaturalista con los grandes escolásticos como: Santo Tomás de Aquino y el reconocimiento de la dignidad humana como piedra angular de los demás derechos, así como Fray Francisco de Vitoria que trascendiera con la Comunitas Orbis, donde por primera vez se incluyó un sentimiento de hermandad e interdependencia como ciudadanos del mundo, pensamiento que se materializó durante la Revolución Francesa y la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) base fundamental del reconocimiento de los derechos humanos en la tendencia de aceptación de la teoría del iuspositivismo. Así, se concretó el Derecho Convencional posterior a las dos grandes guerras del siglo XX y con la creación de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Se crea desde entonces todo un arsenal de protección de los derechos humanos regidos desde los principios del derecho internacional, donde sobresale condenar a la tortura en todas sus formas. Por lo tanto, la tortura al socavar la dignidad de las personas es tipificada como un crimen de Lesa Humanidad condición que permitió ser considerada en los delitos que enuncia el estatuto de Roma de 1998, dejando en la responsabilidad de los Estados erradicar la tortura, sea física o psicológica. Así, un elemento internacional para el combate contra la tortura surge en los lineamientos del Protocolo de Estambul, creado en 1999 por más de 75 expertos médicos, forenses, legistas y en derechos humanos de 40 organizaciones y con la participación de 15 países. Se trata de un manual para investigar y documentar eficientemente la tortura es todo un conjunto de estrategias y complementos de los estándares internacionales que contribuyen al trabajo de los peritos
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médicos legistas, psicólogos y demás funcionarios públicos en el sistema de procuración de justicia. Este Protocolo fue ratificado en 2001 dentro del concierto de la Asamblea General (AG) de la ONU e impulsado por esta organización para la ejecución plena y efectiva por los Estados parte. Lo trascendental en el ámbito de las Relaciones Internacionales es la aplicación de una herramienta internacional, como parte de la justicia universal desde el punto de vista de la teoría monista, y como poco a poco va complementando las políticas públicas y legislaciones de los Estados encargados de velar por la seguridad de sus ciudadanos. En México han realizado esfuerzos importantes en materia de derechos humanos cuando se implementó el Protocolo de Estambul en 2003 a través de Procuraduría General de la República (PGR), siendo la primera institución en el mundo en contextualizar este manual, el mismo ejercicio se hizo en el 2005 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). En la actualidad sólo 12 Estados de la República han implementado el Protocolo de Estambul como parte de sus políticas públicas y legislación local: Estado de Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Durango, Querétaro, Chiapas, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal. Instrumentos Internacionales suscritos por México en materia de la lucha contra la Tortura Definición de Tortura En el marco del derecho internacional se reconocen dos concepciones siendo en el caso del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tortura queda entendida como: “… todo acto el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya físico o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por una acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando los dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o adquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que
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sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentes a éstas.”1 El ingrediente para encuadrar la tortura como delito es la discriminación de cualquier tipo y la intencionalidad o dolo que se ejerce, un fin específico que se busca por el sometimiento o poder de una persona hacia otra, en este caso, un funcionario público; también, la responsabilidad del funcionario público no sólo de ejercerla sino también por permitirla. Por lo tanto, este delito se lleva a cabo por comisión u omisión. La normatividad mexicana, enuncia que el delito de tortura debe llevar consigo el ingrediente de afectación a un bien jurídico tutelado, en este caso, la dignidad humana. En la definición de “tortura” que otorga la ONU, se omite la magnitud de los “dolores o
sufrimientos graves”. Por esta razón, debemos de tomar en cuenta como la describe el sistema interamericano en su Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1987, que dispone lo siguiente: “Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.2 Esta definición argumenta que no sólo son dolores o sufrimientos físicos que lleva la víctima, sino que pueden ser psicológicos. Estos últimos se pueden representar como ansiedad, náuseas, estrés agudo, entre muchas otras manifestaciones3 debido a que no todas las personas responden de la misma manera. En consecuencia, la angustia al sufrir tortura puede ser definida como:
ACNUR. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 39/46, 10 de diciembre, 1984. 2 Departamento de Derecho Internacional OEA. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Disponible en línea [http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html] Fecha de consulta [20/08/09] 3 Naciones Unidas. Protocolo de Estambul Manual para la Investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. [Serie de Capacitación Profesional N° 8], Nueva York y Ginebra 2001.Pág. 52.
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“(…) una cadena de pensamientos e imágenes cargados con afectos negativos y relativamente incontrolables. Representa un intento para enfrascarse en la solución mental del problema, cuyo desenlace futuro es incierto y contiene la posibilidad de uno o más desenlaces y consecuencias negativas. La preocupación se relaciona con el proceso del miedo.”4 En la legislación nacional encontramos distintos textos que enuncian el daño psicológico que genera un ambiente de afectación al individuo de su personalidad y autoestima. Un ejemplo de ello es el artículo 295 del Código Penal del Distrito Federal, que puntualiza de la siguiente manera: “Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el artículo anterior, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica.”5 Ahora bien, en la LFPST hace la distinción entre los dos tipos de tortura, física y psíquica, sin embargo no detalla de manera puntual las consecuencias de las mismas sobre la persona que las sufre. Así, lo podemos ver en el artículo 3 de esta misma ley lo siguiente: “Comete tortura el servidor público que, con motivos de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar alguna conducta determinada.”6 Esta ley federal, tiene los ingredientes para determinar la tortura, sin embargo, su alcance queda ambiguo. Instrumentos internacionales contra la tortura. Declaración Universal de los Derechos Humanos Proclamada y aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, está conformada por 30 artículos que recogen los derechos de los miembros de la raza humana y
Trejo, Benjamín, Yolanda Olvera López y Alejandra Cruz Martínez. Modulación cognoscitiva del sufrimiento y dolor, Revista Mexicana del Dolor, México, Vol. 2. Núm. 1, Febrero 2008, pág.1. 5 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura. Código Penal para el Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 16 julio, 2000. 6 H. Congreso de la Unión. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Diario Oficial de la Federación 27 de diciembre, 1991, última reforma 10 de enero, 1994.
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los deberes de los Estados. Cabe señalar que fue aprobada por cuarenta y ocho países, entre éstos México. Sin duda alguna, esta declaración representa el parte aguas en un acuerdo común de la mayoría de Estados para proteger a la especie humana de las violaciones. El punto de partida de esta declaración es el reconocimiento de la dignidad humana. En su preámbulo nos dice: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana (…)Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”7. A partir de este momento, se reconoce explícitamente la dignidad humana, haciéndose extensible a los miembros de la familia de nuestra especie. En la misma declaración en el artículo 5 se enuncia que debemos entender por tortura, donde nos dice: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” 8 A través de este instrumento se logra consolidar la cooperación internacional y el respeto universal de los derechos humanos. En este sentido debemos destacar las palabras del jurista Antonio Truyol y Serra al señalar: La Declaración no es otra cosa que la de una pauta de inspiración y criterio superior de interpretación para los órganos llamados a configurar, desarrollándolo convencional o consuetudinariamente, y en todo caso explicándolo por la vía judicial o arbitra en el Derecho Internacional positivo9. Lo anterior lo vemos reflejado en los artículos 55 y 56 de la Carta fundacional de las Naciones Unidas, los cuales hacen la recomendación de tomar medidas conjuntas o separadas para la realización y efectividad de los derechos humanos y libertades fundamentales 10. En consecuencia, su positivación y la voluntad de los Estados, como la base de un conjunto de derechos que debe ser respetado por todos los pueblos.
ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Edit. Oficina en México del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México. Pág. 6. 8 Ibíd. 9 Ibíd. 10 Ibíd.
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En México, el 2003 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó un diagnóstico sobre los derechos humanos. En donde se afirmó que somos de los pocos países del mundo que han emprendido esta tarea y es el primer caso en que la misma se realiza con la participación de representantes de organismos civiles y entidades gubernamentales, en el marco de un proceso abierto e independiente”11. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos El pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos suscrito el 16 de diciembre de 1966, tiene firmeza en el mantenimiento y observancia de la dignidad humana y prohibición de la Tortura en todas sus formas. Nos expresa en su artículo 7 lo siguiente: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…” 12 Esta condición queda resguardada por el artículo 4, fracción 2 del mismo instrumento, donde expresa la prohibición de suspensión a alguno de los artículos, entre ellos el 7. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de brindar todas las medidas legislativas y de otra índole para proteger la dignidad, la integridad física y psicológica de sus habitantes. Además, la tortura, dentro del debido procedimiento se encuentra estipulada en los artículos 9, 10 y 14 del mismo pacto. A partir de estos preceptos se conceptualiza a la tortura como: … la coacción sobre la conciencia de la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, para obtener una ventaja procesal en detrimento del derecho de defensa del torturado o de un tercero13. En consecuencia, la tortura socava el cuerpo y la mente de las personas de manera agresiva, con la finalidad de desgastar y eliminar de ella su dignidad, así como la forma de expresarse. Este instrumento internacional profundiza ampliamente en la prohibición de la tortura en
procesos penales de los Estados, donde podemos apreciar que la incomunicación, la privación de la libertad injustificada y la anulación de la garantía para acudir a un tribunal y llevar un proceso justo son ingredientes necesarios que muestran la proliferación de la tortura.
OACNUDH. Diagnóstico de la ONU en materia de derechos humanos en México. Edit. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, 2003. Pág. V 12 CINU. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en línea [http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm] Fecha de consulta [28/08/09] 13 OACNUDH. Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México. Edit. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México 2003. Pág. 11.
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En el caso de México, el sistema inquisitorial y su legislación contra la tortura (LFPST) aprobada en el ámbito federal a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 199114, esto ha constituido una señal importante, sin embargo, ha sido insuficiente para combatir la tortura en este tipo de procedimientos, por no prever una mejor salvaguarda contra la tortura con el establecimiento de condiciones legales disuasorias y que permitan probarlas15. En este sentido la adopción de un sistema acusatorio busca garantizar que la autoridad que custodie a la persona detenida no sea la misma que investiga16. La tortura debe ser disminuida con el desarrollo de sistema de investigación y documentación más eficaz. El avance y aporte en el cuidado de los derechos se encuentra en la parte IV del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la cual especifica el procedimiento que se debe seguir, además, propone la creación de un órgano de vigilancia, el Comité de Derechos Humanos, compuesto por dieciocho miembros.17Sin embargo, tiene atribuciones limitadas donde se lleva por consenso de los Estados y cerrado a individuos. Asimismo, se pueden crear Comisiones de Conciliación, de cinco personas, que ofrecerán sus buenos oficios a esas partes18. Como complementación a este pacto se crea un Protocolo Facultativo, en donde, se permite abrir un vínculo entre los ciudadanos de los Estados Parte con el Comité, en el incumplimiento o violación en los derechos humanos. Declaración sobre la Protección de Todas las personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Este instrumento fue adoptado en el seno de la ONU, por conducto de la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975. Consta de 12 artículos que nos detallan, en primera instancia, la definición de tortura como uno de los acercamientos más adecuado para esa fecha, además reconoce la importancia del debido proceso, donde condena la privación de la libertad injustificada. El artículo 1 nos establece la definición de tortura: “… se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa
Gaceta Parlamentaria. Que reforma los artículos 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura. Disponible en línea [gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/mar/20080327-II.html] Fecha de consulta [12/09/09] 15 OACNUDH. Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México. Edit. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, 2003. Pág. 12. 16 Ibíd. 17 Modesto Seara Vázquez. Derecho Internacional Público. Edit. Porrúa, México 2006. Pág. 128. 18 Ibíd.
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persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”19 La importancia en esta definición radica en que se reconoce la dignidad humana como piedra angular en la prohibición de la tortura, además la simple privación de la libertad no constituirá ejercicio de tortura siempre y cuando sea legítimo, en otras palabras, que dentro del debido proceso se establezca un estándar mínimo que lo impidan. Sin embargo, en la definición de “sufrimientos graves” queda inconcluso debido a que la gravedad es relativa y no existe un mecanismo que mida la intensidad del dolor o sufrimiento. Asimismo, se invoca la prohibición de las excepciones en el artículo 3 donde nos dice expresamente: “Ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” 20 Con esto vemos que el avance en esta materia, sigue siendo el acatamiento en todo momento para evitar la tortura, además este instrumento, aunque no muestra obligación entre las partes, servirá de base y antecedente a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los 12 artículos que contiene esta declaración no son suficientes a los esfuerzos contra la tortura, pero es una base para la creación de compromisos más concretos en el seno de la ONU. Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Esta convención fue adoptada en el seno de la Asamblea General el 10 de diciembre de 1984, quedando abierta a la firma y ratificación. Entró en vigor el 26 de junio de 1987.21El concepto de tortura dentro de esta convención se muestra en el artículo 1, nos dice:
OACNUDH. Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Disponible en línea [http://www2.ohchr.org/spanish/law/tortura.htm] Fecha de consulta [11/08/09] 20 Ibíd. 21 ACNUR. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 39/46, 10 de diciembre, 1984.
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“…se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o de coaccionar a esa personas o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público y otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”22 De esta definición, podemos inferir que toda tortura implica dolor o sufrimiento, aunque en esta definición la gravedad sigue siendo relativa; los efectos de la tortura socava la dignidad de la persona; también, el ejercicio de la tortura está vinculado con algún funcionario público o aquél que actúa en ejercicio de sus funciones23. Es necesario decir que hasta este momento, esta convención contaba con todos los ingredientes para prevenir, investigar y sancionar la tortura, al menos para ajustar y complementar el sistema de justicia de los Estados. Lo sustancial en la prohibición de la tortura de esta convención fue calificarla como delito internacional.24 .Los Estados ratificantes evidentemente – como es el caso México- tiene la obligación de vincular medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra naturaleza. En el mismo sentido de manera innovadora este instrumento reconoce la responsabilidad que tiene el Estado en garantizar a través de su legislación prohibir la tortura. En este caso, la reparación de la tortura es significativa debido a que bajo el artículo 14 de la misma Convención nos menciona: “Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho de una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización”25 Con esto se quiere decir que, si bien es cierto que no se puede regresar al estado original de la víctima que estuvo bajo la tortura, es necesaria la contribución del Estado para brindar un tratamiento médico, psicológico y respaldo financiero, como es el caso de la indemnización.
Ibíd. PATRICIA Montero Villalobos. Instrumentos Internacionales de Garantía para la Prevención, Prohibición, represión y reparación de actos de tortura: La Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo. Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. 24 Ibíd. 25 Ibíd.
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Para respaldar la efectividad de lo estipulado en la Convención, fue necesaria la creación de un Comité contra la Tortura, que enuncia el artículo 17. Por lo tanto, se ve un efecto multiplicador en el cual genera una serie de obstáculos para impedir el ejercicio de la tortura. El Protocolo de Estambul Este protocolo es uno de los más grandes avances en la lucha contra la tortura, fue presentada por la ONU el 9 de agosto de 1999 y entró en vigor en el 200126. Su finalidad es combatir la tortura a través de la investigación y documentación eficaz, rescatando de esta forma la dignidad humana. Este instrumento fue el resultado de tres años de análisis, investigación y redacción, trabajo que ejecutaron más de 75 expertos en las ramas del derecho, salud, derechos humanos y además, representantes de 40 organizaciones pertenecientes a 15 países27.De aquí, que sea una forma integral de investigar y documentar la tortura por la diversidad de trabajo en diferentes áreas como: médicos forenses, psicólogos, observadores de derechos humanos, juristas de los países, representantes de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales. En consecuencia, la lucha contra la tortura es una labor científica y profesional. En palabras del maestro César Sepúlveda nos dice que siempre es útil revisar con sentido crítico y constructivo, los intentos relevantes emprendidos por todos los sectores público y privado y por expertos y especialistas en lo individual para recopilar(…)reunir, ordenar, reelaborar, enunciar nuevamente y ensamblar todas las disposiciones y principios de derechos internacional general en un marco ordenado y sistemático”28, con esto podemos ver que el Protocolo de Estambul también responde a una costumbre internacional por su esencia integradora en el quehacer internacional de los Estados. Las obligaciones legales de prevenir la tortura nos dicen que se deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura 29. En el caso de México, los compromisos internacionales en materia de tortura se materializaría en 2003, cuando se publicó el 18 de agosto en el Diario Oficial de la Federación un dictamen titulado “Dictamen médico/psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato”,
GUADALUPE Cruz. Protocolo de Estambul. En cimacnoticas. Disponible en línea [http://www.cimacnoticias.com/site/s06101704-NUEVA-IDENTIDAD-El.15254.0.html] Fecha de consulta [14/01/010] 27 Ibíd. 28 JUAN Carlos Velázquez Elizarrarás. Estudios avanzados de Derecho Internacional Público en Ciencias Políticas y Sociales. Edit. FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES CENTRO DE RELACIONES INTERNACIONALES. México 2008. Pág. 80. 29 Naciones Unidas. Protocolo de Estambul Manual para la Investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. [Serie de Capacitación Profesional N° 8], Nueva York y Ginebra 2001. Pág. 4.
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contextualizando el Protocolo de Estambul en donde se tomaron directrices institucionales que obligaron a los peritos médicos legistas y/o forenses de la Procuraduría General de la República (PGR) contra los principales responsables del delito de tortura30. Este acuerdo fue numerado A/057/2003 y es considerado como uno de los compromisos concretados dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006) en el cual el Gobierno Federal establecería como prioridad la creación de una cultura que consolide el respeto por los derechos humanos y lucha contra la impunidad31. Por consiguiente, la PGR en el cumplimiento con los instrumentos internacionales determinaba la obligatoriedad de cumplir con las directrices del Protocolo de Estambul. Cabe destacar que con el dictamen antes mencionado, la PGR se convirtió en la primera institución en el mundo de implementar el Protocolo de Estambul32. Esto fue el detonante para la adopción de este protocolo en otras Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, entre ellas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) Antes de implementarse el Protocolo de Estambul en la PGR, el gobierno de Fox creó la Comisión Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, el cual es un cuerpo colegiado por diversas instituciones federales, donde la PGR tiene el carácter de invitado permanente33 y la lucha permanente contra la tortura que se concretiza en tortura34. En las acciones se ubica proponer a todas las instancias de procuración y administración de justicia, un modelo de documento técnico médico-forense estandarizado, que permita documentar la integridad física de los detenidos a efecto de garantizarla 35. De esta decisión, surge la colaboración de la PGR con otras organizaciones y le ayudan a forjar el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de posibles Torturas y/o Maltrato, con el cual se contextualizó el Protocolo de Estambul. Es importante resaltar la labor que llevó la PGJDF en la implementación de dicho protocolo, siendo la primera Procuraduría General de Justicia en unirse en este esfuerzo contra la tortura.
DGDH. SER (2007) “Compromiso del Gobierno de México en la lucha contra la tortura”. En Boletín Informativo Derechos Humanos: Agenda Internacional de México. Número 31, septiembre. México. P.p. 1-4.
las 25 acciones para combatir la
DOF. Acuerdo número A/057/2003 PGR. Publicado en el DOF, Lunes 18 de agosto de 2003. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. El Protocolo de Estambul: Pautas Internacionales para la Investigación y Documentación de la Tortura. Aporte para la Adaptación del Manual Médico-Psicológico en México. Edit. CCT A.C. México 2004. Pág. 5
PGR. Fin de la Tortura. Protocolo de Estambul. Disponible en línea [http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/combate%20a%20la%20corrupcion/derechos%20hu manos/Protocolo%20Estambul/fin%20a%20la%20tortura%20protocolo%20estambul.asp] Fecha de consulta [18/01/010] 34 Ibíd. 35 Ibíd.
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Esta labor comenzó como consecuencia del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (2001-2006), en el cual, dentro de sus lineamientos estaba la necesidad de salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía y conseguir una “meta de „tortura cero‟ que implica acciones de prevención, investigación y sanción de los hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes” 36. A colación de este plan del Gobierno del Distrito Federal, se celebró en 2005 el Décimo Primero del Acuerdo A/008/2005 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal donde se establecen los lineamientos de actuación de los agentes del Ministerio Público y peritos Médicos Forenses y Psicólogos para la aplicación del Dictamen Médico Psicológico Especializado para los casos de Posible Tortura37. Este acuerdo marcó la pauta para llevar a cabo seminarios y cursos de instrumentación por parte de la PGJDF para adaptarlos a la realidad y necesidades de la ciudad capitalina38. Se iniciaba desde entonces la extensión de este manual para investigación y documentación eficaces para la tortura en la República Mexicana. El primer Seminario que se llevó a cabo para la implementación del Protocolo de Estambul en el PGJDF fue por la colaboración de la organización Physicians for Human Rights y el aval de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Las fechas de seminario fueron del 5 al 15 de abril de 2005 y un cúmulo de 40 horas de trabajo académico y 12 horas de práctica. Se impartió a 71 servidores públicos de distintos perfiles y funciones39; el segundo seminario fue realizado del 25 de septiembre al 6 de octubre de 2006, se impartió a los servidores públicos de los órganos de control interno de la PGJDF 40. Por lo tanto, la PGJDF ha sido la única procuraduría en celebrar dos seminarios de instrumentación del Protocolo de Estambul que se adaptan a la realidad para el combate contra la tortura y con su entonces objetivo de “tortura cero”.
PGJDF. Primer Informe del Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura. Gaceta Oficial del Distrito Federal. Décima sexta época, N° 142-CUARTER, 4 de diciembre de 2006. 37 Ibíd. 38 Al respecto, también nos comenta el entonces Director General de Derechos Humanos de la PGJDF, Mtro. Ulises Sandal Ramos Koprivitza que la razón de dicho seminario es: “porque la investigación y persecución de los delitos es una labor seria, científica y profesional, y el Ministerio Público no debe acusar con ligereza en esta materia, también no habrá miramientos o componendas cuando el delito queda acreditado y esto con el fin de estar a la altura de los más elevados parámetros internacionales en materia de combate a la tortura38. 39 PGJDF. Primer Informe del Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura. Gaceta Oficial del Distrito Federal. Décima sexta época, N° 142-CUARTER, 4 de diciembre de 2006. 40 Ibíd.
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En la actualidad solamente 12 entidades federativas han implementado el Protocolo de Estambul en sus respectivas Procuradurías Generales de Justica, estas son: Estado de Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Durango, Querétaro, Chiapas, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal 41, esto representa un avance en las medidas eficaces para combatir la tortura, pero no reflejan en las entidades restantes, todavía, la coherencia con las aspiraciones federales. Así, la importancia del Protocolo de Estambul recoge la iniciativa del Gobierno Federal y con la integración de áreas en concreto para la investigación y documentación adecuada que permita avanzar a la contextualización del Protocolo, se conforma el más grande paso en la lucha contra la tortura que de manera extensa, complementa la LFPST y las redes de ésta hacia las Entidades Federativas, más allá de un esfuerzo regional como lo fue la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, sino dentro del marco de las Organizaciones Internacionales Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil y todo un grupo de expertos de diferentes áreas y perfiles.
DGDH. SRE (2007) “Compromiso del Gobierno de México en la lucha contra la tortura”. En Boletín Informativo Derechos Humanos: Agenda Internacional de México. Número 31, septiembre. México. P.p. 1-4
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