Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/37217
Timestamp: 2019-10-24 02:42:06
Document Index: 125765959

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 31', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 33', 'artículo 36', 'Artículo 4', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 36']

Gaceta: LXII/1PPO-24/37217
C.C. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL
Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Lo anterior, al tenor de la siguiente:
La expedición de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 30 de mayo de 2011, representó la consolidación de la convicción del Estado Mexicano por la actualización del marco normativo nacional y del reconocimiento de las disposiciones internacionales más relevantes en la materia.
Amplio fue el proceso legislativo que antecedió a la promulgación de la norma en comento, lo cual permitió una integración adecuada entre la abrogada Ley General de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005 y las disposiciones de vanguardia contenidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas aprobado por su Asamblea General el 13 de diciembre de 2006.
Así tanto en la otrora Cámara de Origen, como en la respectiva revisora, se hicieron las anotaciones, observaciones y comentarios que resultaron pertinentes para la integración del texto vigente; lo anterior puede observarse en los dictámenes emitidos por las comisiones competentes, ya que la estructura de la resolución puesta a consideración del Pleno, estima el texto de la ley abrogada, el contenido de la Convención, las adecuaciones propuestas por los legisladores y, la armonización entre unos y otros.
Pese a la corta vida de esta legislación, el antecedente de reformas a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, desde su promulgación hasta la presente fecha no es menor, así como tampoco es menos desafortunado, pues hasta el momento, han sido precluidas 12 iniciativas presentadas para el mejoramiento de diversos aspectos de la vida de las personas con discapacidad por falta de dictaminarían de las comisiones de la Cámara de Origen, dejándose en un claro estado de desventaja a las personas que se verían beneficiadas de ser procedentes las iniciativas propuestas con los cambios proyectados.
Tal vez han sido otros los temas que han colmado la agenda nacional para el Poder Legislativo, haciendo que el relacionado con las Personas con Discapacidad vaya siendo recorrido en la lista de espera de la popularmente conocida “congeladora”.
No obstante el antecedente narrado, en la presente iniciativa, se propone favorecer la ampliación del concepto de Comunidad de Sordos al sustituir el vocablo “grupo social” por el de “conjunto de personas”. Através de esta sustitución se pretende hacer más inclusivo el concepto, pues desde nuestra perspectiva, la definición actual al utilizar la voz que se propone modificar, da la impresión de una conglomeración humana organizada, o al menos de un sector de la sociedad respaldado por una estructura mas o menos regular.
Por lo anterior se propone atender al concepto que ofrece la Real Academia Española de la Lengua, respecto de comunidad:
Teniendo en consideración esta definición, nos parece que la nueva redacción que se propone resulta más favorable para definir a una “comunidad de sordos” a efecto que dicho conglomerado de personas integrantes de nuestra Nación, quede debidamente integrado y contemplado en la definición legal.
La iniciativa que se presenta, de igual forma propone el definiendum y el definiens, evitando la tautología de “igualdad de oportunidades”, ya que resulta importante esclarecer el objetico que se pretende alcanzar con la definición.
Asimismo, en respecto del concepto de persona con discapacidad, se incluye la expresión actitudes pues no es de ignorarse el hecho que en la gran mayoría de las ocasiones la ignorancia respecto de las discapacidades, genera en el conglomerado social que no las padece, una merma en la estima hacia este conjunto de personas, lo cual sin duda en el mayor porcentaje de las ocasiones es lo que más impacta o impide la ya referida igualdad de oportunidades de los sujetos de esta norma.
En el artículo 4, nuestra iniciativa estima la inclusión de la definición de la expresión “situación comparable” a efecto de tener un referente de lo que dicha locución pudiere comprender, con objeto que sean meridianamente entendidas las ocasiones en los que se debe tener el respeto necesario e inherente a las personas con discapacidad, lo anterior con objeto de apoyar aun más la inclusión, participación y accesibilidad en condiciones óptimas de los sujetos de esta ley.
En el artículo 5, se propone como principio orientador de las políticas públicas la inclusión de la familia de las personas con discapacidad, mediante la contribución, asistencia y protección en el goce de los derechos de las mismas, pues como se ha expuesto en múltiples ocasiones, la familia es uno de los factores más importantes para logara la igualdad de oportunidades de aquellos integrantes con una discapacidad, y qué mejor que sea el Estado quien desde sus políticas públicas la contemple para una debida participación.
La inclusión de dicho principio se estima conveniente que se haga en la fracción que se propone, pues entendiendo la enunciación legal de los ejes sobre los que han de basarse las políticas públicas, como una escala de prioridades, se estima que la inclusión del mismo no debe pasar desapercibida o minimizada, incluyéndose como una penúltima fracción..
Atento a la adición anterior, resulta que el texto de la fracción VI vigente, pasaría a ser el contenido de la nueva fracción VII y así sucesivamente, hasta llegar a la fracción XIII, misma que por el corrimiento de las anteriores se agregaría en el catálogo del artículo que se modifica.
En el artículo 6, se estima incluir en la fracción XII, el estímulo a la participación de la familia anteriormente referenciada, através de subvenciones. Esto encuentra motivación en el hecho que la familia desempeña un papel decisivo en el desarrollo de este grupo de la población y, en muchas ocasiones, al menos algún miembro de la familia tiene que renunciar a la vida laboral y social para dedicarse al cuidado de las personas con discapacidad, con las repercusiones económicas y sociales que ello conlleva. Por consiguiente, las políticas orientadas a lograr la inclusión social y la igualdad de oportunidades para este núcleo de la población deben considerar también un estímulo a sus familiares, a parte del otorgado solidariamente por la comunidad que lo rodea.
A diferencia de otras iniciativas presentadas en este sentido, la presente otorga al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad la atribución de elaborar y actualizar el catálogo de las subvenciones a cargo del Poder Ejecutivo, pues este organismo es el que concentra la información así como la perspectiva social del entorno al que se enfrentan las personas con discapacidad acorde al nivel y grado de la disminución a que se enfrentan, pues al ser tan variadas como diversas estas condiciones no puede, ni debe, establecerse una unicidad en los apoyos que podrían otorgarse a las familias que tengan a su cuidado una persona con discapacidad.
Ahora bien, resulta importante establecer que el otorgamiento de las subvenciones debe realizarse a través del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, pues al ser este un programa en operación y con experiencia en el ramo, este es capaz de operar, con base en las estimaciones del Consejo, la entrega de los recursos asignados. ,mediante las reglas de carácter general que se expidan Asimismo, se establece que el monto de las subvenciones mencionadas sea proveniente en forma preferente de subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que sean registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previendo la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos dicha apelando a la corresponsabilidad de los Secretarías de Estado federales en un tema de convergencia social.
No debe perderse de vista, que dada la adición de la fracción anteriormente comentada, resulta necesario el corrimiento de las fracciones XIII y XIV, a efecto de no excluir el texto ya contemplado por la norma.
De igual forma la iniciativa, en el artículo 31, vincula a los municipios para observar en materia de administración de justicia, la contemplación de condiciones que faciliten la paridad procesal de las personas con discapacidad ya en los juzgados de paz, ya en los juzgados de calificación, puesto que al ser instancias en las que se determinan sanciones a los imputados, resulta importante garantizar plenamente la protección de las personas con discapacidad a través de acciones positivas.
Ahora bien, derivado del sistema de integración que antecede la expedición de la norma, puede observarse en forma preponderante, la ausencia en la inclusión de un aspecto de trascendencia medular contenido en la Convención signada por nuestro país, a saber: El Respeto de la Privacidad de las personas con discapacidad.
Ante la omisión anotada, se propone la inclusión de un capítulo que contenga esta importante declaración, con el articulado que se estima, haciendo las adiciones respectivas. Lo anterior, estimamos asegurará que no se vulnere la dignidad de las personas con discapacidad, pues resulta importante establecer en la legislación que no obstante que resulta de gran trascendencia el hecho que el Estado con objeto de conocer, planear, prevenir y atender al conjunto de personas que se comprenden en el concepto, esto no sea pretexto para la manipulación discrecional de estos datos, pues de por sí el entorno social desfavorable que aun persiste en nuestro medio hacia las personas con discapacidad, no debe ser alentado desde el Estado a través de esta disposición de información.
Así pues, la inclusión de este capitulado, y los respectivos artículos, originan una modificación en el orden de los numerales vigentes en la ley, situación que hace necesario el reordenamiento de las disposiciones vigentes a partir del ordinal 33 cuyo texto vigente pasa a ser el del artículo 34, ante la adición del texto propuesto en los dispositivos 33 y 33 Bis.
Asimismo, el contenido del numeral 34 vigente, ante la propuesta, pasa a ser el del artículo 35, y el del 35 vigente, resulta el contenido del numeral 36 en la propuesta que se presenta, siendo que el numeral 36 vigente, pasa a ser el numeral 36 bis, conservándose el resto de la numeración y capitulado vigente a partir del artículo 37.
En respecto de la Atribución del Consejo para expedir y actualizar el catálogo de subvenciones, la misma se incluye en la fracción XVII, haciendo esta modificación necesaria la inclusión de una fracción XVIII a efecto de no eliminar el texto concebido antes de la reforma que se propone.
Definitivamente, aun con las propuestas que se realizan, quedan temas pendientes para colmar todas las necesidades de las personas con discapacidad en nuestro país, pues como claramente expone la norma en sus disposiciones generales, la misma es de naturaleza enunciativa, mas no limitativa, y con el esfuerzo y el consenso de los legisladores, cada día se contribuirá su perfeccionamiento.
Por ello someto a consideración de la asamblea el siguiente Proyecto de:
Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
ARTÍCULO ÙNICO.- Se REFORMAN los artículos 2 fracciones VI, XV y XXI, 4 párrafo primero, 5 fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 6 fracciones XII y XIII, 33, 34, 35, 36, la denominación del Capítulo XI que contiene los artículos 33 y 33 Bis, la denominación del Capítulo XII que contiene los artículos 34 y 35, ambos capítulos del Título Segundo; se ADICIONAN los artículos 4 con un párrafo segundo, pasando el anterior segundo a ser tercero, el anterior tercero a ser cuarto y el anterior cuarto a ser quinto, 5 con una fracción XIII, 6 con una fracción XIV, 31 con un párrafo segundo, un artículo 33 Bis, un artículo 36 Bis, un Capítulo XIII que contiene los artículos 36 y 36 Bis, del Título Segundo; para quedar como sigue:
VI. Comunidad de Sordos. Aquel conjunto de personas, cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral;
VII a XIV. …
XV. Igualdad de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, con objeto alcanzar las mismas condiciones con el resto de la población;
XVI a XX. …
XXI. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las actitudes o barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión así como su participación plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera menos favorable en forma directa o indirecta que otra que no lo sea, en una situación comparable.
Se entiende por situación comparable aquel hecho en que converjan circunstancias de modo, tiempo y lugar idénticas, y mayormente en situación de elección entre una persona con cualquier discapacidad y otra persona que no la posea.
VI. La procuración de la contribución, asistencia y protección a cargo de la familia respecto de las personas con discapacidad en el goce de sus derechos.
VII. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
VIII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
IX. La accesibilidad;
X. La no discriminación;
XI. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad;
XII. La transversalidad, y
XIII. Los demás que resulten aplicables.
I a XI.
XII. Estimular la participación solidaria de la familia en la inclusión y accesibilidad de aquellos integrantes con discapacidad que la conformen, mediante el establecimiento de subvenciones, basadas en el catálogo que establezca el Consejo, incluyendo el monto global de las mismas en el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al Programa de Atención a Personas con Discapacidad.
Los recursos que han de destinarse a las subvenciones, provendrán preferentemente de los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que sean registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previendo la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos dicha reasignación;
XIII. Impulsar la participación solidaria de la sociedad en la preservación y restauración de la salud así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y
Los Ayuntamientos de los municipios deberán procurar la disponibilidad de los mismos recursos y ayudas para la atención de las personas con discapacidad en los procedimientos de administración e impartición de justicia que ante ellos se sigan, incluso aquellos que se rijan por usos y costumbres.
Artículo 33. Ninguna persona con discapacidad podrá ser objeto de injerencia en su vida privada, familia, hogar, correspondencia, comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación, so pretexto del cumplimiento de las garantías que consagra en su favor esta Ley; asimismo las normas secundarias establecerán los mecanismos de defensa ante las injerencias y agresiones antes mencionadas.
Artículo 33 Bis. La normatividad respectiva protegerá la privacidad de la información personal así como la relativa a la salud y rehabilitación de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás.
Artículo 34. El Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el Consejo, participarán en la elaboración y ejecución del Programa, debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidas en la presente Ley.
Artículo 35 El Programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales:
Artículo 36. Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Artículo 36 Bis. El Sistema tiene como objeto la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados, que permitan la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.
XVII. Elaborar y actualizar el catálogo de subvenciones para estimular la participación solidaria de la familia de las personas con discapacidad, basando el monto de dichas aportaciones a cargo del Estado, en la búsqueda de la equidad entre todas las formas de discapacidad, acorde con la información obtenida por el Sistema Nacional de Información en Discapacidad para alcanzar la igualdad de oportunidades, y
XVIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo y demás disposiciones aplicables.
Segundo. El Poder Ejecutivo deberá ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Tabulador que resulte de la ponderación realizada por el Consejo respecto de los tipos y grados de discapacidad para efecto de las subvenciones que deban otorgarse a las familias que se integren con personas con cualquier tipo de discapacidad.
Tercero. El Titular del Poder Ejecutivo deberá estipular las partidas presupuestales correspondientes a las subvenciones familiares a que hace referencia el artículo inmediato anterior, en el presupuesto de egresos que ponga a consideración de la Cámara de Diputados del ejercicio fiscal del año próximo posterior al de la entrada en vigor del presente decreto,
Cuarto.- La adecuación normativa para la protección de la información de las personas con discapacidad, y la relativa a la defensa por injerencias y agresiones deberá adecuarse o expedirse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del presente decreto.
Reiterando mi consideración a sus distinguidas personas, quedo de ustedes
Recinto del Senado de la República a 1 de Octubre de 2012