Source: https://www.scribd.com/document/259272543/35220-01-12-10
Timestamp: 2018-09-23 18:42:17
Document Index: 258380480

Matched Legal Cases: ['artículo 404', 'artículo 207', 'e contrario', 'artículo 38', 'artículo 4', 'artículo 212', 'artículo 207', 'artículo 213', 'artículo 207', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 404', 'e contrario', 'artículo 404', 'artículo 404', 'e contrario', 'artículo 207', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 56', 'artículo 30', 'artículo 20', 'artículo 56', 'artículo 83', 'artículo 397', 'artículo 30', 'artículo 60']

Corte Varía Calificación Jurídica y Declara Oficiosamente La Prescripción Con Ocasión de Esa Variación
15dretprob
Acuerdo Gral
76001-23-33-000-2015-01577-02 20161124
EL_TESTIGO_Y_LA_PRUEBA_TESTIFICAL_-_ANDRES_BONIFACIO_COUSELO_RICALO_.pdf
Tutela William Villamizar Consejo de Estado
CASACION 03-2007
DOF - Diario Oficial de La Federación Reforma de 2008
penal-7 (1)
Adair Paul - La Gran Derrota De Hitler.pdf
Bobbio Norberto, Diccionario de Política
Bobbio Norberto Estado gobierno y sociedad caps 2-4.pdf
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De Nietzsche a Platón
T-356-07
Casación 35.
ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros
Proceso n.º 35220
APROBADO ACTA N°. 396
Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil diez (2010).
Examina la Sala las bases jurídicas y lógicas de la demanda de
casación presentada por el defensor de ANTONIO PALOMINO
GUIZA contra la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2009
por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de San Gil,
que confirmó la condena impartida el 27 de julio del mismo año
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Vélez, al hallarlo
penalmente responsable en calidad de autor del concurso
heterogéneo de delitos de interés indebido en la celebración de
contratos y peculado por apropiación.
Casación 35.220
Por este último punible y en la misma calidad fueron
sentenciados REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO, CARLOS JAIME
RAMÍREZ VANEGAS y ELIZABETH MORENO.
1. En diciembre de 2003, al finalizar el período como alcalde del
municipio de Vélez, ANTONIO PALOMINO GUIZA utilizó el
mecanismo de contratación directa para suscribir tres contratos
por esta vía con REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO, ELIZABETH
MORENO PINZÓN y CARLOS JAIME RAMÍREZ en cuantías de
$5.370.000, $7.415.000 y $7.994.000, respectivamente, los
cuales tenían el mismo objeto, esto es el suministro de
elementos tales como mangueras, extintores, balas y máscaras
de oxígeno, botas y boquillas con destino al Cuerpo de Bomberos
Se verificó que además que dichos objetos fueron adquiridos con
sobre costo de $11.529.907.38, no eran nuevos y exhibían
deficiencias de calidad, utilidad y pertinencia frente a la función
que iban a prestar.
2. Sobre estos hechos dio cuenta a la Fiscalía General de la
Nación el informe del 17 de abril de 2004 suscrito por el
Procurador Municipal de Vélez1.
1 Ver folios 1-3 del cuaderno 1 del expediente.
3. El 22 de abril de ese año, la Fiscalía Cuarta de Vélez, abrió la
investigación y dispuso la vinculación mediante indagatoria de
PALOMINO GUIZA,
REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO,
CARLOS JAIME RAMÍREZ VANEGAS y ELIZABETH MORENO2.
4. Mediante resolución del 21 de enero de 2005 3, se definió la
situación jurídica de ANTONIO PALOMINO GUIZA con medida de
aseguramiento de detención preventiva por el delito de peculado
por apropiación en concurso con contrato sin cumplimiento de
Por el primero de los punibles a REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO,
CARLOS JAIME RAMÍREZ VANEGAS y ELIZABETH MORENO se les
impuso igual medida de aseguramiento.
A todos los sindicados la Fiscalía les concedió la detención
5. La decisión fue recurrida pero el 10 de febrero de 2005 el ente
instructor resolvió no reponerla4 y el 31 de marzo siguiente la
Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de San Gil la
confirmó5.
6. El ciclo instructivo fue clausurado el 15 de abril de 2003 6 y el
mérito del sumario se calificó con resolución de acusación del 1º
folios 60-61 ibídem.
folios 249-273 ibídem.
folios 330-341 del cuaderno 2 del expediente
folios 376-382 ibídem.
folio 385 ibídem.
15 Ver folios 103-115 ibídem. 8 Ver folios 532-539 ibídem. 11 de mayo14 y 22 de junio15 de 2006-. la confirmó pero la modificó en el sentido de establecer que los delitos por los que procede el enjuiciamiento de PALOMINO GUIZA son interés indebido en la celebración de contratos y peculado culposo. 13 Ver folios 21-35 del cuaderno 4 del expediente. 11 Ver folios 229-290 12 Ver folios 305-331 ibídem. CARLOS JAIME RAMÍREZ VARGAS y ELIZABETH MORENO PINZÓN en calidad de coautores del punible de peculado por apropiación. 14 Ver folios 66-85 ibídem.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros de junio de 20057 en contra de i) ANTONIO PALOMINO GUIZA en calidad de coautor del concurso de delitos de peculado por apropiación y autor del delito de interés indebido en la celebración de contratos. 9. 10 Ver folios 72-76 ibídem. se llevó a cabo en varias sesiones -14 de febrero11. Recurrida la providencia calificatoria.Casación 35. 7. 4 . 9 Ver folio 4 del cuaderno 3 del expediente. descritos en los artículos 397 y 409 del Código Penal y ii) REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO.8 8. pero en la celebrada el 9 de 7 Ver folios 413-437 ibídem. mediante resolución del 29 de agosto de 2005 la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de San Gil. El juicio correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Vélez. La audiencia preparatoria se surtió el 3 de noviembre del mismo año10 y la pública de juzgamiento. 27 de abril13. 9 de marzo12. despacho que avocó el conocimiento del asunto el 22 de septiembre de 20059.
el de peculado por apropiación. 10. a la pena de siete (7) años de prisión. 11. en calidad de autor de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Así mismo. Mediante fallo del 27 de julio de 200917 el juez condenó a ANTONIO PALOMINO GUIZA. sentenció a REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO. CARLOS JAIME RAMÍREZ VANEGAS y ELIZABETH MORENO PINZÓN a la pena de cinco (5) años de prisión. multa de $11. al tenor de lo previsto en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000. el defensor de ANTONIO PALOMINO GUIZA interpuso recurso de apelación contra 16 Ver folio 308 y siguientes ibídem. 17 Ver folios 131-203 del cuaderno 5 del expediente. multa en cuantía de 84 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 91 meses. les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. para imputarle en su lugar. Del mismo modo.38 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de la sanción principal.529.907. la Fiscalía invocó la existencia de prueba sobreviniente y varió la calificación jurídica respecto del delito de peculado culposo.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros marzo16. dejando intacta la imputación por el otro delito concursante. Inconforme con el fallo de primera instancia. 5 .Casación 35.
el censor acusó la sentencia de segunda instancia de no estar en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación. Con el propósito de desarrollar la censura.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros aquél. pero el 18 de diciembre de 2009 fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil18. 6 . 12. Al amparo de la causal segunda prevista en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000. así como los cargos por los que resultó condenado en primera y segunda instancias –interés indebido en la celebración de contratos y peculado por 18 Ver folios 5-20 del cuaderno del Tribunal.y en la variación de la calificación jurídica efectuada en la sesión de audiencia pública del 9 de marzo de 2006 –peculado culposo-. luego de que el libelista recordó la imputación fáctica y jurídica realizada contra su prohijado en las resoluciones de acusación de primer y segundo nivel –peculado por apropiación y peculado culposo (sic). LA DEMANDA Primer cargo. respectivamente19. La defensa técnica de ANTONIO PALOMINO GUIZA interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación. 19 La imputación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos se mantuvo en todas las fases procesales. El asunto fue remitido a la Corte.Casación 35. 13.
lo expresado fue “su particular visión de las pruebas practicadas en el sumario y de lo que consideró probado en la resolución de acusación al momento de formular el cargo por el delito de peculado culposo”. Para el censor tampoco son sobrevinientes los testimonios de LEONARDO SILVA y REINALDO JIMÉNEZ y las órdenes de cobro. pues además de impertinentes. sin embargo. como también lo será la estrategia que la defensa confeccione en un caso u otro”. “ lo que naturalmente implicará que su argumentación será diferente. lo cual significa que “no solo procede con fundamento en prueba sobreviniente sino también antecedente” y corresponde al fiscal determinar si propone la aplicación de esta figura con base en la existencia de prueba nueva o error en los cargos. destacó que desde la indagatoria se conoció su profesión y el período como alcalde. Así. las 7 . De igual modo. afirma que se quebrantó el principio de congruencia toda vez que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la variación de la calificación se puede hacer por error en la misma. cuestionó que el juez hubiera admitido las copias de unos contratos de suministro celebrados por el enjuiciado para acreditar la experiencia del procesado.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros apropiación-. Adujo que el Fiscal invocó la “causal de prueba sobreviniente”. frente a los argumentos expresados por el Fiscal en la audiencia pública para variar la calificación en punto de la idoneidad profesional del procesado. en el sumario estaba probado que había celebrado “múltiples contratos”.Casación 35.
así como las declaraciones rendidas ante la Procuraduría General de la Nación por los mencionados testigos son documentos anexos al informe del Procurador Provincial de Vélez que sirvió de base para abrir la instrucción. Para afianzar su postura. En el mismo sentido. máxime cuando como lo señaló el ente acusador ellos “simplemente fueron a ratificar lo que estaba en el expediente desde varios años atrás”. el censor destaca que el juzgador de primer grado no citó ninguna prueba practicada en el juicio y cita el aparte pertinente. los requerimientos enviados por la Delegación Departamental de Bomberos de Santander y la Contraloría Departamental. los medios probatorios que sirvieron al fallador para proferir sentencia por el delito de “ peculado doloso” fueron los mismos empleados por la Fiscalía para calificar el sumario por el delito de peculado culposo e interés indebido en la celebración de contratos.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros actas de entrega de los bienes y las facturas de los productos porque las versiones de aquéllos y estos documentos obraban desde el comienzo en la investigación.Casación 35. entonces que. A juicio del recurrente el Tribunal se equivocó al sostener que el A quo podía admitir la variación de la calificación porque ella se basó en prueba sobreviniente. 8 . Asegura. cuando ello no es cierto.
valorado a partir de la conducta desplegada. ya que está probado que la sentencia y la resolución de acusación cuentan con idénticos medios probatorios.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros Remató afirmando que contrario a lo sugerido por el Ad quem. 9 .Casación 35. toda vez que las mismas no existen”. Con invocación de la causal primera. a los fines de la pena. La argumentación del defensor discurre asegurando que la sentencia de primer grado “negó SIN RAZÓN” la detención domiciliaria a su prohijado porque únicamente aludió en términos abstractos a los requisitos previstos en la mencionada norma. En consecuencia. el libelista demandó la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 38 del Código Penal. sostiene que la sentencia debió respetar los cargos formulados en la resolución de acusación y solicita casar la sentencia impugnada y dictar sentencia de reemplazo congruente con dichos cargos. la defensa no podía presentar en el recurso de apelación “argumentos mediante los cuales pretenda controvertir las pruebas sobrevinientes que sirvieron como fundamento para variar la calificación jurídica provisional. Segundo cargo. citó algunas jurisprudencias de la Sala de Casación Penal que se pronunciaron frente a “ situaciones fácticas que no tienen nada que ver con los hechos materia de este proceso ” y añadió que “atendiendo las condiciones personales de los acusados. la modalidad en que fue desarrollado el iter criminis y la vulneración del bien jurídico contra la Administración Pública.
tal como están en el proceso.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros considera el Despacho que no resulta procedente conceder tal medida sustitutiva de la prisión domiciliaria”. El demandante formula una serie de cuestionamientos tendientes a señalar que su defendido no representaría ningún peligro para la comunidad y no evadiría el cumplimiento de la pena pues compareció libre y voluntariamente al proceso siempre que fue requerido y permaneció en detención domiciliaria “ sin ninguna dificultad”. mucho menos el artículo 4º de nuestro Código Penal”. adujo que este fallo también se basó en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que negó en algunos casos la prisión domiciliaria por el factor subjetivo pero que no puede “servir como excusa para inaplicar una norma que según los hechos. Así mismo. éste no es el único presupuesto que debe ser analizado. una vez trajo los motivos de la decisión de segundo nivel en punto del mencionado beneficio.000.Casación 35. Agregó que los sentenciadores “dejaron a un lado la norma que regula los requisitos para acceder a la prisión domiciliaria ” porque si bien aludieron a la gravedad de la conducta e hicieron mención del bien jurídico tutelado. para el censor los contratos que generaron un sobre costo de $12. puede ser aplicada sin afectar alguna otra. como si la prisión 10 .000 no es una “ conducta de extrema gravedad” que exija la finalidad de la pena sólo se pueda cumplir mediante reclusión en un establecimiento carcelario. probados. Además.
una regla contraria a la ley y a la jurisprudencia según la cual no sería procedente la prisión domiciliaria en esos eventos. la Sala inadmitirá el libelo porque no reúne los presupuestos. reconocer que el procesado puede cumplir la pena en prisión domiciliaria.407.220. ni cumple las exigencias mínimas previstas en el artículo 212 del mismo Estatuto.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros domiciliaria fuera “sinónimo de impunidad o incumplimiento de los fines del derecho penal”. Por la ruta de la causal segunda prevista en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000 el censor denuncia la inconsonancia existente entre la sentencia que condenó a su prohijado por el concurso de 11 . por lo que el daño causado equivalió al 0. Primer cargo.Casación 35. CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal del 2000. Solicita casar parcialmente la sentencia recurrida y en su lugar. Como parámetro de comparación recuerda que el presupuesto del municipio de Vélez para el año 2003 fue de $4. Manifestó asimismo que es inaceptable considerar que los funcionarios públicos condenados por delitos contra la administración pública siempre deben ir a prisión pues ello implicaría “crear colombiana”.588.30% del mismo.
sino que también involucra a la variación de la calificación jurídica provisional realizada conforme a las previsiones de ley en la audiencia de juzgamiento. lo argumentado en el cargo es que el juzgador acogió la variación de la calificación jurídica que se produjo en el juicio pese a que para el recurrente no existió prueba sobreviniente. Aunque bajo esta hipótesis. 12 .Casación 35. Ello implica que sólo cuando en el ejercicio de confrontar esas piezas procesales se advierta la aludida inconsonancia será posible acudir a la causal segunda del artículo 207 ibídem.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros punibles de peculado culposo e interés indebido en la celebración de contratos y la resolución de acusación que imputó en su contra los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Y es que cuando se acude a esta figura –la prevista en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000. a priori se podría afirmar que el sendero escogido para postular el yerro es el correcto en tanto ese tipo de defecto: la incongruencia entre el fallo y la decisión que califica el mérito del sumario es el que típicamente se adecua a dicha causal. por cuanto el fallo puede acoger cualquiera de las dos sin quebrantar el aludido principio.es claro que la congruencia no se puede predicar exclusivamente entre la sentencia y la resolución de acusación.
no se acompasa con los lineamientos técnicos que exige la causal. necesariamente. tal como se anunció desde el inicio se advierte que el censor realiza la confrontación de la sentencia con la resolución de acusación para concluir que la primera es incongruente con la segunda. 21 Radicación 18457.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros En este sentido.P. sobre lo cual se ocupó esta Sala en los siguiente términos: “3. 13 . su mutación y la manifestación del juez sobre la necesidad de hacerlo no se excluyen para efectos de la congruencia. la discusión se circunscribía a comparar la sentencia y la resolución de acusación.11.618. Así las cosas. la Sala de Casación Penal ha sido enfática en sostener que20: “En vigencia del anterior estatuto procesal penal. pues la confrontación no se limita a las dos providencias en mención. Jorge E. por cuanto aquélla se 20 Cfr. pero con la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000. Dr. M. involucra las posibilidades de variación concebidas en la referida norma. por lo que la sentencia puede armonizarse con cualquiera de ellas”21. auto del 11 de agosto de 2004. Por el contrario. La resolución de acusación. Córdoba Poveda. radicado 21.” En el caso sometido a examen de admisión. auto de fecha febrero 14 de 2002. por cuyo medio se admitió la variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible. sólo si el actor en la demanda realiza la comparación entre la sentencia y los actos procesales que le sirven de referente. se puede colegir que la propuesta responde a la técnica del recurso. sino que. el espectro se ha ampliado.Casación 35. situación que se verifica en este caso como a continuación se explica. si efectúa esa comparación teniendo como base referentes distintos. de acuerdo a la forma prevista en el artículo 404.
no lo sería. pese a que dijo fundarse en prueba sobreviniente pero cotejada ella –por la defensa. 14 .Casación 35. Ahora.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros dictó por el delito de peculado por apropiación. es nítido que lo que se impugna es el acto procesal de la variación de la calificación jurídica. como del libelo se extrae que el verdadero motivo de inconformidad del censor gira alrededor de la admisión por el juzgador de la calificación expresada en sede de juzgamiento por la fiscalía –peculado por apropiación-. que postula su disenso conforme a la causal segunda de casación. Sin embargo. es claro que el demandante equivocó la ruta escogida para demostrar la presunta incongruencia de la sentencia. como en efecto sucedió cuando condenó por el punible de peculado por apropiación tal como había sido solicitado por la Fiscalía al variar la imputación en el juicio. como que no la confronta con el acto procesal de variación de la calificación jurídica y no demuestra que ellas fueran distintas. mientras que la segunda se profirió por el de peculado culposo –ambos también por el de interés indebido en la celebración de contratos.y es por ello. Así las cosas. dicha premisa parte de un supuesto equivocado que le resta toda idoneidad sustancial porque desconoce que en punto de congruencia el juzgador bien podía acoger la variación de la calificación jurídica sin quebrantar dicho postulado.
codificación que no contemplaba un procedimiento de variación de la calificación jurídica de la conducta en la etapa del juicio. expuso reiteradamente la Sala que la propuesta en esta sede de un yerro por errada calificación de la conducta. 15 . debía emprenderse a través de la causal tercera de casación pero siguiendo los lineamientos de la causal primera. indicando en este último evento la naturaleza del mismo y su trascendencia. tiene dicho la Corte que la causal tercera no es de libre construcción en tanto que se debe a unos principios que orientan su coherencia y lógica casacional. 22 Decisión de 23 de noviembre de 2006 dentro del radicado 26091. es decir.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros En ese sentido.780 se reiteró la postura de la Corporación en el sentido recién sintetizado.Casación 35. Dijo en esa oportunidad: “Pero además. radicado 30. Ha señalado la Corte22: “8. se debe acudir a las causales primera –por vía indirecta o directa- o tercera según respectivamente corresponda a i) una modificación que sea menos grave que la prevista en la acusación pero respete el núcleo básico de la imputación y no varíe la competencia -o en todo caso se pueda prorrogar.En vigencia del Decreto 2700 de 1991. específicamente entratándose del planteamiento de la modificación de la calificación jurídica como error en casación.o ii) una variación más gravosa que la descrita en la acusación o incluso más benigna pero que altere dicho núcleo básico o la competencia. ora en la apreciación de las pruebas. acreditando que al yerro se había llegado fruto de errores. cuando ello comprometía el nomen juris o implicaba la aplicación de un dispositivo penal más gravoso. de forma pacífica y reiterada la Sala ha sostenido que cuando de denunciar un yerro en la mutación de la calificación jurídica se trata. Sobre el particular en auto del 16 de septiembre de 2009. bien de puro derecho en la selección de la norma sustantiva.
De suerte que. de variar pueda ésta prorrogarse por corresponder a un Juez de menor jerarquía.Casación 35. indicar con claridad la norma que recoge típicamente la conducta investigada. los errores de estimación jurídica o de apreciación probatoria que interfirieron en el proceso de subsunción de la conducta a la ley. proferida la Ley 600 de 2000 que contempló el procedimiento de variación de la calificación jurídica de la conducta en el juicio. corresponde al libelista distinguir entre dos hipótesis: La primera referida a los eventos en los cuales la nueva denominación jurídica del delito. es lo cierto que su demostración exige del demandante exponer las razones por las cuales considera que el tipo penal seleccionado no fue el llamado a regular el caso. bien sea por violación directa de la ley sustancial o por violación indirecta originada en errores de hecho o derecho en la apreciación de las pruebas. como fácil se advierte.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros Posteriormente. bien por vía de la causal tercera de casación o de la primera. sea menos grave que la contenida en la acusación. ha señalado la Sala en diversas ocasiones que para denunciar en esta sede la errada calificación de la conducta punible. de manera precisa. o aun cuando siendo más benéfica altera el núcleo fáctico del pliego acusatorio o implica cambio de la competencia sin posibilidad de que se aplique la cláusula de prórroga ya referida. con independencia de la ubicación de la conducta punible en el estatuto penal. 16 . respete su núcleo básico y no modifique la competencia o. caso en el cual el yerro debe formularse con apego a la causal primera de casación. cualquiera sea el camino que deba emprender el casacionista para plantear en esta sede un yerro como el mencionado.” ” Negrillas del texto original. pero atendiendo la metodología y argumentación que demanda para su demostración la causal primera. cuando la nueva calificación resulta más gravosa al procesado que la incluida en la acusación. expresar las razones por las cuales la calificación correcta es la que se propone y no la que se dio a la conducta e indicar. casos en los cuales el reproche debe fundamentarse en la causal tercera de casación. Y la segunda.
17 . de acuerdo con la posición sentada por la Corte en el auto del 23 de abril de 2008. actualmente no es viable la variación de la calificación jurídica prevista en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000 con fundamento en prueba antecedente. normativa en la cual de se impera sin espacio para efectuarle agregados. siendo claro que en el caso concreto la variación de la calificación jurídica se produjo para imputar en contra del procesado una conducta punible mas grave que la consignada en el pliego de cargos. Aunque lo dicho es suficiente para inadmitir el cargo propuesto. que las variaciones de agravación diferentes a la errónea calificación sólo son procedentes en la medida en que se dé el presupuesto fáctico de “prueba sobreviniente”. pues al haberse concebido a partir de la misma que las variaciones de agravación de la calificación pueden efectuarse tanto con prueba sobreviniente requisito de procedibilidad en efecto instituido. como con “prueba antecedente”.Casación 35. oportunidad en la que se expresó: “Desde la perspectiva de un control constitucional y de respeto al principio de reserva o estricta legalidad postulado que también es constitucional. de alguna manera se desconoce el rigor de lo legal y procedimental reglado en el artículo 404 ejusdem.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros Conforme con esta reseña jurisprudencial. es nítido que el sendero que se debía escoger para demostrar algún yerro en dicho acto procesal era el de la causal tercera. sino por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. radicado 29.339. con el único propósito de elaborar unas precisiones conceptuales es del caso señalar que contrario a lo dicho por el censor. debe decirse que se hace necesario efectuar ajustes a los alcances de la concepción jurisprudencial en cita.
es como se comprende de acuerdo a lo imperado por el artículo 404 que las variaciones de la calificación distintas a los temas de errónea calificación que dicen relación con nomen juris diferentes. producen e incorporan medios de prueba. obedece a ejecutoria material y que de correspondencia sus contenidos de imputación fáctica y jurídica sólo pueden ser objeto 18 . No obstante que en la Ley 600 de 2000 se consagró el instituto de la variación de la calificación insístase como un “acto jurídico complejo” pero desde luego regulado. En un sistema de tendencia acusatorio o acusatorio mixto como el que corresponde al debido proceso de la Ley 600 de 2000.Casación 35. limitado normativamente y sujeto a presupuestos estructurales. sólo son procedentes conforme a dicha normativa en la medida en que hubiesen surgido “pruebas sobrevinientes” y que en su contrario ante la inexistencia material y jurídica de éstas en la etapa del juicio. Al hallarse ubicada la variación de la calificación al interior de la etapa del juicio. sino que además sus contenidos de imputación fáctica y jurídica se delimitan de manera definitiva en la etapa de juzgamiento. por ausencia de ese requisito de procedibilidad y postulado de necesidad de la prueba no es viable efectuar ninguna variación agravante de calificación. se concibió a la acusación como un acto jurídico complejo pero desde luego sujeto a presupuestos normativos que no se agota con la calificación provisional dada en la resolución de acusación. fase de características esenciales de concentración y de contradicción probatoria. fase por excelencia de contradicción probatoria en la cual también se aducen. debe recordarse que el acto de calificación provisional empece ser susceptible de modificaciones regladas de manera legal.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros La variación de la calificación hace parte de los contenidos del debido proceso penal y de correspondencia también obedece a reglados y sujeta a requerimientos legales de procedibilidad. razón fundamental por la cual se entiende y explica la existencia jurídica la variación de la calificación.
mas no de acuerdo a “pruebas antecedentes” en la medida que dicho requisito de procedibilidad alterno no se halla expresamente instituido. los cuales a su vez se complementan con el principio de las formas propias del juicio mediante el cual se estatuye que todos los actos procesales incluido el de la variación de la calificación en cita están positivamente reglados.” 19 . visión en la cual se integran derechos y garantías fundamentales como el de debido proceso penal y el principio de reserva o estricta legalidad entre otros. facultades oficiosas que por vía jurisprudencial no son dables otorgar a un sujeto procesal no obstante que éste se predique como el titular de la acusación y que como tal. sólo puede proceder conforme a las “formas propias del juicio” a variar la calificación. no bajo el argumento de la enmendación o del olvido valorativo de una “prueba antecedente”. sino bajo el presupuesto normativo y de debido proceso penal instrumental de incidencia sustancial de la “prueba sobreviniente”. bajo el solo predicado de la palabra de haber omitido valorar pruebas consideradas como “antecedentes”. de alguna manera se permite sin fundamento legal para el caso de debido proceso instrumental con incidencias sustanciales que la Fiscalía en la etapa del juicio pueda llegar a efectuar enmendaciones oficiosas a la calificación provisional dada en la resolución de acusación. Bajo la perspectiva de la casación penal como un control constitucional y legal. se puede considerar en orden a los ajustes de los alcances jurisprudenciales de referencia que las variaciones de agravación de la calificación solo pueden efectuarse bajo el presupuesto de las pruebas sobrevinientes.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros de variaciones agravadas en la medida en que se presenten pruebas sobrevinientes. Al admitirse que la variación de la calificación pueda efectuarse de igual con “pruebas antecedentes” requisito de procedibilidad no consagrado de manera expresa en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000.Casación 35.
lo cierto es que justamente son las transcripciones traídas en la demanda de la intervención del fiscal que solicitó la modificación de la calificación en el juicio. las que clarifican que si bien aludió a prueba antecedente. Es de esta manera que contrario a lo aducido por el recurrente. también lo hizo respecto de aquella practicada durante el juzgamiento. pues para la época regía la posibilidad de apoyarse en prueba antecedente. Además. distinta a la apreciada por el fiscal que calificó el mérito del sumario. en todo caso.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros No obstante. es nítido que si bien el demandante se esfuerza en tratar de derruir la idea de que la variación se basó en prueba sobreviniente. es claro que respecto de aquellas variaciones registradas antes de la providencia que varió el criterio jurisprudencial que venía prevaleciendo desde el auto del 14 de febrero de 2002. cuya fuerza persuasiva conducía a establecer que el delito por el que se debía proceder no era el de peculado culposo sino el de peculado por apropiación. aportados a fin de acreditar la experiencia del enjuiciado en materia de contratación. las copias de unos contratos de suministro para el acueducto celebrados por el enjuiciado -distintos a los objeto de investigación-. así como la ampliación de las versiones de LEONARDO SILVA. como ocurre en este caso donde se observa que la sesión de la audiencia pública de juzgamiento en que se dio paso a la mutación data del 9 de marzo de 2006. REINALDO JIMÉNEZ y la del 20 .Casación 35. no es posible exigir que dicho acto procesal tuviera como soporte prueba sobreviniente.
el censor cuestiona que se haya admitido la prueba documental consistente en la copia de unos contratos de suministro para el acueducto municipal aportados con el objeto de acreditar la experiencia que le asistía al procesado en la gestión contractual. lo cual no habría sido posible de no haberse recaudado dicha prueba en la audiencia pública de juzgamiento. no se puede perder de vista que estos testimonios sirvieron a los falladores para despejar cualquier duda en punto de la responsabilidad dolosa del acusado porque no sólo ratificaron su dicho anterior sino ahondaron en el tema de prueba.Casación 35. que el elemento subjetivo realmente presente en el comportamiento delictivo del incriminado fue el dolo y no la culpa. Así mismo. escenario natural para la práctica probatoria en tanto se da plena eficacia a los principios de inmediación e imparcialidad. 21 .220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros mismo ANTONIO PALOMINO GUIZA constituyeron prueba sobreviniente admitida por el juzgador de primer grado en la vista pública con entidad para probar de la mano con la de carácter antecedente recaudada en la investigación. REINALDO JIMÉNEZ y la del mismo ANTONIO PALOMINO GUIZA practicadas en el juicio por cuanto ellas únicamente reiteraron lo manifestado en las versiones iniciales. Nótese que aunque el recurrente procura desvirtuar la calidad de prueba sobreviniente respecto de las ampliaciones de las declaraciones de LEONARDO SILVA.
es socavar la doble presunción de acierto y legalidad que reposa sobre el fallo de segundo grado. admitir los hechos y la apreciación de los medios de 22 . el demandante no demostró la trascendencia que dicha prueba habría tenido en el fallo. el libelista debe hacer completa abstracción de lo fáctico y probatorio y. el cargo debe ser inadmitido. Con arreglo a la causal primera de casación. además que la senda de reproche empleada –causal segunda. que el recurso extraordinario de casación debe ser elaborado respetando las formalidades técnico jurídicas previstas en la ley. según se trate de cada una de las causales establecidas en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal. es la de la violación indirecta de la ley sustancial. pues lo pretendido con este mecanismo extraordinario. máxime cuando verificadas las sentencias se advierte que estas por parte alguna se soportaron en ella. Segundo cargo. en ese sentido.para postular un error derivado de permitir la incorporación a la actuación de un medio de persuasión que carecería de uno de sus atributos: pertinencia. Bien sabido es. Cuando se intenta la postulación de la censura por la ruta de la violación directa de la ley sustancial. el recurrente postula la violación directa de la ley sustancial en el sentido de falta de aplicación del artículo 38 de la Ley 599 de 2000. Por todo lo anterior.Casación 35.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros Al respecto.
confrontadas las sentencias se observa que sí aplicaron esta norma pero en sentido diverso al procurado por el recurrente. aplicación indebida o interpretación errónea y seguidamente. de manera tal que le corresponde desarrollar el reproche a partir de un ejercicio estrictamente jurídico. por medio de cualquiera de las tres modalidades de error: falta de aplicación. sin embargo. lo cual indica que equivocó el sendero de ataque pues el sentido de violación directa que habría correspondido aducir habría sido el de la interpretación errónea por cuanto se constata que el precepto legal fue 23 . parte de la acertada selección de la norma aplicable al asunto debatido. La interpretación errónea. que le hace producir efectos jurídicos que no emanan de su contenido jurídico. deviene de la errada elección por el sentenciador de una disposición que no se ajusta al caso. Mientras que la falta de aplicación opera cuando el juzgador deja de emplear el precepto que regula el asunto. con la consecuente inaplicación de la norma que recoge de forma correcta el supuesto fáctico. pero conlleva un entendimiento equivocado de la misma. A juicio del censor el fallador dejó de aplicar el artículo 38 del Código Penal. en cambio. Si el postulado fuera verdadero el recurrente estaría habilitado para intentar su reproche por la ruta de la falta de aplicación. en el que establezca la vulneración del precepto normativo en el caso concreto.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros convicción fijados por los sentenciadores. la aplicación indebida.Casación 35. demuestre la trascendencia del yerro en el sentido de la decisión impugnada.
000. Sobre la técnica que debe emplearse cuando de formular un reproche en torno a la negación de la prisión domiciliaria.cuando él mismo fue estudiado bajo ese rasero normativo.407. 24 .000 no representan una “conducta de extrema gravedad” porque el presupuesto del municipio de Vélez para el año 2003 fue de $4. Radicado 29. hasta el punto de llegar a solicitar la aplicación del precepto 38 de marras –como en el caso en estudio.Casación 35. el libelista irrumpió en el campo de la valoración de la prueba requerida para determinar la gravedad de la conducta como uno de los presupuestos a estudiar tratándose de la prisión domiciliaria.791.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros correctamente escogido para determinar los presupuestos de la prisión domiciliaria y el reproche devendría como consecuencia de haberle dado una disquisición alejada de su contenido normativo. pero decidido en contra de las expectativas de las partes –precisamente porque no encaja en las causales allí previstas o en el criterio expuesto claramente por la jurisprudencia. lo cual hace que su argumentación sea de estirpe contradictoria.220 y por consiguiente. lo cual está proscrito cuando se acude a esta vía. ” 23 A lo dicho se suma que ignorando las reglas de argumentación propias de la infracción directa. la Sala ha señalado: “En principio es conveniente afirmar que la ruta de ataque cuando se realiza una censura para decretar la prisión domiciliaria en casación es compleja y poco entendida por los juristas.inverso a lo querido por el libelista. pues el recurrente aseguró que los contratos que generaron un sobre costo de $12.588. el daño causado sólo fue de 23 Ver sentencia del 7 de octubre de 2009.
220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros 0. esto es. y asume que por no brindar mayores razonamientos adicionales las decisiones judiciales quedaron huérfanas de argumentación. En este punto. la extensa crítica realizada por el demandante acerca de la escasa fundamentación de las instancias para negar la prisión domiciliaria no es pasible de ser intentada a manera de alegato de instancia. No obstante. independientemente del monto. Además. En otro orden. postura que exigía la proposición del presunto yerro por la ruta de la violación indirecta. Obsérvese que el censor desprecia que los juzgadores se hayan apoyado en el precedente jurisprudencial que alude a la necesidad de dar un tratamiento severo en materia de prisión domiciliaria a las conductas punibles que lesionan bienes jurídicos tales como la administración pública y la justicia. para la Sala es claro que siendo perfectamente viable emplear entre las razones de la decisión la jurisprudencia sentada por la Sala de Casación Penal.30% del mismo. hacía menos gravosa la infracción. entonces. quebrantó el principio de autonomía porque entremezcló reproches que debían proponerse por rutas distintas.Casación 35. la constatación de los 25 . igualmente de trascendencia se advierte que no explicó cómo la pérdida patrimonial para el Estado ocasionada por la conducta punible del procesado. por las de la violación directa e indirecta.
donde bien consta en el proceso se adquirieron elementos inapropiados que en una eventualidad no servirían de mucho ante una tragedia e inclusive ponían en riesgo a los bomberos. No se vería entonces con buenos ojos al interior de la colectividad que se otorgara la prisión domiciliaria. lo evidente es que el libelista pretende imponer su particular pensamiento acerca de los requisitos para conceder la prisión domiciliaria.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros fallos permite afirmar que su fundamento para negar la prisión domiciliaria no sólo lo constituyeron las citas hermenéuticas cuestionadas. se generaría sin duda una sensación de impunidad. que como se sabe es una entidad que cumple funciones muy importantes para la comunidad y que por lo mismo debe estar dotada de los implementos adecuados para el desempeño de sus funciones. lo cual es improcedente en sede de casación. el Ad quem señaló sobre el particular: “La calidad del acusado quien era el alcalde del municipio de Vélez. las que en todo caso. sino también el análisis de los presupuestos del elemento subjetivo descrito en el artículo 38 del Código Penal. lo cual hace especialmente grave el comportamiento ” 24. no según ocurrió en este caso.Casación 35. 24 Ver folios 17-18 del cuaderno del Tribunal. le imponía la obligación de comportarse con absoluta pulcritud en el manejo de los recursos. Así las cosas. En efecto. una idea de un tratamiento preferencial para servidores públicos que flagrantemente defraudaron la confianza que se les depositó al ser elegidos como representantes de la misma a través del voto popular. máxime si como en este caso estaban destinados para el Cuerpo de Bomberos de la localidad. fueron adecuadamente aplicadas al caso concreto. 26 .
es a favor de los sujetos no recurrentes – REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO.Casación 35. Prescripción de la acción penal a favor de los sujetos no recurrentes. En vigencia de esa tarea debe velar por el respeto irrestricto de las garantías esenciales del ciudadano procesado. en tanto se advierte que el fenómeno jurídico de la prescripción operó durante el término de traslado para sustentar 27 .que la Sala advierte la necesidad de restablecer las garantías procesales conculcadas por las instancias. deberá remediarla oficiosamente aunque no se advierta en el libelo. en aras de posibilitar la efectividad de las mismas. 3. En el caso examinado. cuando quiera que se advierta la existencia de alguna trasgresión sustancial de los derechos constitucional o legalmente reconocidos de las partes o intervinientes. a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde salvaguardar los derechos fundamentales de las partes en los procesos penales.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros Estos errores de postulación imposibilitan a la Corte de admitir la censura. CARLOS JAIME RAMÍREZ y ELIZABETH MORENO. Siendo el recurso extraordinario de casación un control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia. En aplicación de tal compromiso y en el marco del estado social y democrático de derecho.
de conformidad con el artículo 56 de la Ley 80 de 1993. el contratista. dijo la juez de primera instancia que REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO. el interventor. por el sólo hecho de suscribir un contrato con el Estado.que conforme a constante jurisprudencia de esta Sala no se adquiere la calidad de servidor público cuando el objeto del mismo corresponde a una actividad material que no involucra la función pública. ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales”25. Radicado 34. 28 . inciso final.Casación 35. Sobre éste tópico. Sin embargo. 26 Ver sentencia del 24 de noviembre de 2010.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros el recurso de casación. concurrieron a la comisión de la conducta punible de peculado por apropiación pero sin tener la calidad especial exigida en el tipo penal tal como lo establece el artículo 30. recientemente reiteró la Corporación26: 25 Ver folio 165 del cuaderno 5 del expediente.253. sino de intervinientes por cuanto siendo particulares suscribieron con el Alcalde de Vélez contratos de suministro que por esa razón no implican una transferencia de funciones y en ese orden. el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración. En efecto. CARLOS JAIME RAMÍREZ y ELIZABETH MORENO ostentan la calidad de servidores públicos porque pese a ser particulares. por cuanto contrario a lo considerado expresamente por el A quo y no rebatido por el Ad quem los arriba mencionados no debían responder a título de coautores en calidad de servidores públicos. “para efectos penales. desconoció la juzgadora -y no corrigió el cuerpo colegiado.
el contratista. el particular adquiere el carácter de concesionario. en este evento. Frente a ello es indispensable destacar que para llegar a dicha conclusión. No obstante. sino la de conseguir la ejecución práctica del objeto contractual. pero no en calidad de delegatario o depositario de sus funciones.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros “La Corte. el interventor. con el fin de realizar materialmente los cometidos propios del contrato. administrador delegado o se le encomienda la prestación de un servicio público a cargo del Estado. viene enfatizando sobre tal temática. como sujetos particulares. el consultor y el asesor en un proceso de contratación estatal. en cada evento. consiste en desarrollar funciones públicas o simplemente se limita a realizar un acto material en el cual no se involucra la función pública propia del Estado. y les atribuyó la responsabilidad que en esa materia le señala la ley a los servidores públicos.Casación 35. 29 . necesario es concluir que la investidura de servidor público no cobija al particular. para efectos penales. lo siguiente: “Tradicionalmente ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal que a partir de la entrada en vigencia de la ley 80 de 1993. por otro lado. si las funciones que debe prestar el particular por razón del acuerdo o de la contratación. es decir. si el objeto del contrato administrativo no tiene como finalidad transferir funciones públicas al contratista. Por ello. el recaudo de caudales o el manejo de bienes públicos. en punto de las calidades especiales del particular a quien se le transfieren funciones públicas por virtud de un contrato y. si los contratistas. se hace necesario establecer. cumplen funciones públicas en lo concerniente a la celebración. Contrario sería cuando por virtud del contrato. quien no las adquiere por el solo hecho de signar un convenio administrativo. pues esa situación define su calidad de servidor público a partir del momento que suscriba el convenio. el contratista se constituye en un colaborador de la entidad estatal con la que celebra el contrato administrativo para la realización de actividades que propenden por la utilidad pública. también la jurisprudencia ha comenzado a decantar el punto. ejecución y liquidación de los contratos que celebren con entidades estatales. pierden su calidad de tal por razón de su vinculación jurídica contractual con la entidad estatal. se repite. En otras palabras.
se convierta en servidor público.27 En consecuencia. inciso 2°. Sobre este puntual tema. con motivo de la contratación pública. y 210. siendo la naturaleza de esa función la que permite determinar si puede por extensión asimilarse a un servidor público para efectos penales. Sin embargo. en armonía con el inciso 2° del artículo 20 del Código Penal de 2000. -63 del estatuto represor anteriorfunciones públicas temporalmente o en forma puede ejercer permanente. penales y disciplinarios. adquiridas a cuando través el del particular vínculo es titular contractual de funciones público. Por el contrario. por lo mismo. asume funciones públicas propias del Estado.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros actividades éstas que necesariamente llevan al traslado de la función pública y. por lo mismo. la administración delegada o el manejo de bienes o recursos” (se subrayó). no pierde esa calidad. inciso 3°. el particular adquiere. la Jurisprudencia de la Sala ha dicho “ el particular que contrata con la administración pública se compromete a ejecutar una labor o una prestación conforme al objeto del contrato y. transitoria o permanentemente. ejemplo de tales eventualidades son las concesiones. éste públicas adquiere automáticamente la investidura de servidor público y. según el caso. Ello tiene su razón de ser jurídica. cuando la naturaleza del contrato no conlleva el transferimiento de una función pública al contratista. A la anterior conclusión también llegó la jurisprudencia de la Corte Constitucional. como la Constitución y la ley prevén que es posible delegar dicha función. Corporación que al estudiar la constitucionalidad del artículo 56 de la Ley 80 de 1993. se encuentra cobijado con la investidura de servidor público. de la Carta Política. asume las consecuencias que ella conlleva en los aspectos civiles. 30 . de conformidad con los artículos 123. en la medida en que su labor constituye una utilidad pública por razón del servicio contratado y no una función pública. adquirente de la función pública. lógico es concluir que el particular.Casación 35. En síntesis. cuando el particular. la calidad de servidor público. adujo sobre este específico tema: 27 Ver casación 19695 del 13 de julio de 2005. en la medida en que la función pública radica en cabeza del Estado. el mismo continúa manteniendo la calidad de particular . Por su parte. cuando dicho particular presta sus servicios para ejecutar obras de utilidad pública u objetos similares. en virtud de ese convenio.
explicó: “Los contratistas. no está vinculado por ellos. el contratista se constituye en un colaborador o instrumento de la entidad estatal para la realización de actividades o prestaciones que interesan a los fines públicos. pues si bien por el contrato reciben el encargo de realizar una actividad o prestación de interés o utilidad pública. si se observa que el propósito de la entidad estatal no es el de transferir funciones públicas a los contratistas.Casación 35. Tal tratamiento que. cuando se trata de la realización de otros objetos contractuales (suministro de bienes y servicios. pero no en un delegatario o depositario de sus funciones. o la de funcionarios al servicio de entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. compraventa de bienes muebles. “Lo anterior es evidente. sino la de conseguir la ejecución práctica del objeto contractual. Por lo tanto.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros “Simplemente el legislador. relacionado directamente con una finalidad de interés público”. los empleados y trabajadores del Estado. la responsabilidad que en este caso se predica de ciertos particulares. por ejemplo. en principio. debe ser igual a la de los miembros de las corporaciones públicas. sin que sean menguados o interferidos por alguien que. conviene advertir que el contrato excepcionalmente puede constituir una forma. como sujetos particulares. Igualmente. no implica convertir al particular en un servidor público. su labor que es estrictamente material y no jurídica. no pierden su calidad de tales porque su vinculación jurídica a la entidad estatal no les confiere una investidura pública.). “En las circunstancias descritas. etc. no se deriva de la calidad del actor. tiene una justificación objetiva y razonable. se reduce a construir o reparar la obra pública que requiere el ente estatal para el alcanzar los fines que le son propios. como autoridad competente para definir la política criminal. Lo mismo puede predicarse. de atribuir funciones públicas a un particular. por regla general. las cuales conserva. ello no conlleva de suyo el ejercicio de una función pública. en aras de realizar materialmente los cometidos públicos a ella asignados. ello acontece cuando la labor del contratista no se traduce y se agota con la simple 31 . “Sin embargo. en el contrato de obra pública el contratista no es receptor de una función pública. pues pretende garantizar que los fines que se persiguen con la contratación administrativa y los principios constitucionales que rigen todos los actos de la administración. con autonomía y cierta libertad operativa frente al organismo contratante. autorizada por la ley. sino de la especial implicación envuelta en su rol. se insiste. se cumplan a cabalidad. “En otras palabras. ha considerado que la responsabilidad penal de las personas con las cuales el Estado ha celebrado contratos para desarrollar una obra o cometido determinados.
verificado el objeto de los contratos suscritos por ANTONIO PALOMINO GUIZA –Alcalde Municipal de Vélez. o administrador delegado o se le encomienda la prestación de un servicio público a cargo del Estado. salvo cuando el objeto del contrato delega una específica función estatal. en los aspectos civiles y penales. ver sentencia del 7 de octubre de 2009. sino en el desarrollo de cometidos estatales que comportan la asunción de prerrogativas propias del poder público. según lo disponga el legislador.791 y auto del 23 de enero de 2008. “En consecuencia. 30 En este sentido. Ahora.con REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO. justamente 28 Sentencia C-563 del 7 de octubre de 1998. cuando el particular correlativamente asume las consiguientes es titular de funciones responsabilidades públicas. no cabe duda que la condición de particular no se pierde cuando la naturaleza y finalidad de la contratación no implica el transferimiento de funciones públicas propias de Estado. lo cual de forma alguna podría transferir la calidad de servidores públicos a estos procesados.28 Por consiguiente. 29 Corte Suprema de Justicia. Así las cosas. radicado 29. e incluso disciplinarios. ellos deben responder en calidad de intervinientes. CARLOS JAIME RAMÍREZ y ELIZABETH MORENO se observa que ninguno de ellos corresponde al cumplimiento de una función pública sino al suministro de unos elementos para el Cuerpo de Bomberos de la localidad.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros ejecución material de una labor o prestación específicas..833 (13-3-06). como ocurre en los casos en que adquiere el carácter de concesionario. conclusión a la que también llegó la Procuraduría Delegada en su concepto 29”. o el recaudo de caudales o el manejo de bienes públicos. 32 . públicas. radicado 24. radicado 28. Subrayas propias. con todas las consecuencias que ella conlleva. En consecuencia.Casación 35. etc.890. para efecto de contabilizar el término de prescripción no es posible efectuar el incremento de una tercera parte previsto en el inciso 5º del artículo 83 de la Ley 599 de 2000 30.
el cual en todo caso. salvo que el mérito del sumario haya sido calificado con resolución de acusación.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros porque son particulares que tienen la condición de intervinientes. 33 .Casación 35. cuando el monto de lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. se interrumpe el término prescriptivo y corre otro. Al tenor de lo dispuesto en inciso 3º del artículo 397 de la Ley 599 de 2000. no puede ser inferior a 5 años. como la imputación se realizó en calidad de intervinientes. el delito de peculado por apropiación. la Sala procederá de oficio a verificar si el fenómeno prescriptivo se encuentra consolidado respecto de la conducta por la que fueron acusados: peculado por apropiación. pues a partir del momento en que ésta cobra ejecutoria. se llega a los siguientes límites punitivos: tres (3) a siete y medio (7 y 1/2) años de prisión. la acción penal prescribe en el mismo término que el máximo punitivo establecido para cada delito. por la mitad del inicial. aplicada la reducción de una cuarta parte conforme lo autoriza el inciso final del artículo 30 del Código Penal y de acuerdo con la regla primera del artículo 60 ibídem. se tiene que según lo prevén los artículos 83 y 86 del Código Penal. tiene prevista pena de prisión de cuatro (4) a diez (10) años. Superado este aspecto. No obstante. De esta forma.
prescribía en la fase del juicio en cinco (5) años. Vistas así las cosas.Casación 35. sin que el Ad quem advirtiera. 31 Ver resolución de segunda instancia del 29 de agosto de 2005 que reposa a folios 532-539 del cuaderno 2 del expediente. como le correspondía. respecto del delito de peculado por apropiación en calidad de intervinientes. 34 .220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros Lo anterior. significa que para REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO. es nítido que este fenómeno se concretó el pasado 29 de agosto a favor de los sujetos no recurrentes – VICENTE REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO. por cuanto tienen la calidad de intervinientes. en virtud de la demanda de casación interpuesta por la defensa de ANTONIO PALOMINO GUIZA. En este punto. CARLOS JAIME RAMÍREZ y ELIZABETH MORENO la acción penal respecto de este punible. ordenará cesar todo procedimiento por esas conductas. la Sala declarará prescrita la acción penal respecto de las aludidas infracciones penales.el proceso no había sido recibido en la Secretaría de esta Corporación -22 de octubre siguiente-. a donde fue enviado por el Tribunal Superior de San Gil el 20 de octubre anterior. la necesidad de declarar el fenómeno jurídico prescriptivo en ese estado de la actuación. y. como entre la ejecutoria de la resolución de acusación -29 de agosto de 2005-31 y la fecha transcurrieron más de cinco (5) años. oportuno se ofrece precisar que para el día en que operó la prescripción -29 de agosto de 2010. CARLOS JAIME RAMÍREZ y ELIZABETH MORENO-. Así las cosas.
220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros De igual modo. se dispondrá compulsar copias para que las autoridades competentes establezcan la posible comisión de falta disciplinaria y decidan lo pertinente. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. la Sala advierte la existencia de eventuales dilaciones injustificadas. distinta a la recién advertida. fundamentalmente durante la fase del juicio. el 18 de diciembre del mismo año y. la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. el fallo de primera instancia se dictó el 27 de julio de 2009 y el de segunda. teniendo en cuenta que la ejecutoria de la resolución de acusación se produjo el 29 de agosto de 2005. CARLOS JAIME RAMÍREZ VANEGAS y ELIZABETH 35 . Declarar prescrita la acción penal derivada del delito de peculado por apropiación en el grado de participación de interviniente.Casación 35. Finalmente. la Corporación no puede penetrar de oficio al fondo del asunto. RESUELVE Primero. En mérito de lo expuesto. como la revisión del expediente permite inferir que no se ha incurrido en notorias causales de nulidad ni en flagrantes violaciones de derechos fundamentales. por los que fueron procesados REYNALDO JIMÉNEZ ACEVEDO.
Casación 35. contra la sentencia del 18 de diciembre de 2009. Inadmitir la demanda de casación presentada por el defensor de ANTONIO PALOMINO GUIZA.220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros MORENO y. Cuarto. Contra esta providencia no procede recurso alguno. Notifíquese y cúmplase MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. por consiguiente. Compulsar ante los Consejos Seccional y Superior de la Judicatura las copias ordenadas en la parte motiva de esta providencia. decretar en su favor la cesación de procedimiento por esta infracción penal. Tercero. dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil. Segundo. IBÁÑEZ GUZMÁN 36 .
220 ANTONIO PALOMINO GUIZA y otros JORGE LUIS QUINTERO MILANES JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria 37 .Casación 35.
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