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Timestamp: 2019-12-09 02:42:09
Document Index: 149649164

Matched Legal Cases: ['artículo 392', 'artículo 390', 'artículo 390', 'artículo 390', 'artículo 259', 'artículo 260', 'artículo 261', 'artículo 252', 'artículo 249', 'artículo 250', 'artículo 33']

DELITO SOCIETARIO en el ámbito contable | yip-online
Economía / Empresa / Legistación y Normativa
Bajo el concepto de delitos societarios se regulan diversas conductas que constituyen las distintas modalidades de estos delitos, entre las que podemos incluir las siguientes:
Falseamiento de documentos contables.
Falsificación de documentos públicos y privados.
Insolvencia Punible.
Favorecimiento punible de acreedores.
¿Qué es el falseamiento de documentos contables?
Tendremos que acudir al articulo 290 del Código Penal (CP).
Los administradores, de hecho, o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 6 a 12 meses.
Una consecuencia muy importante cuando se demuestra que existe “falseamiento contable” es que se está poniendo en tela de juicio “el valor probatorio de la contabilidad” tanto a nivel jurídico como financiero y tributario.
¿Qué es la falsificación de documentos públicos y privados?
Los delitos configurados dentro del epígrafe de Las Falsedades Documentales, se configuran en el Código Penal en los art. 390 y siguientes, en los siguientes apartados:
De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación (arts. 390 a 394)
De la falsificación de documentos privados (arts.395 y 396)
De la falsificación de certificados (arts. 397 a 399)
De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis)
Según el artículo 392 del CP, el particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390.
Las citadas falsedades del artículo 390 del CP son las siguientes:
Alteración del documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
Simulación de un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
Suposición en un acto de la intervención de personas que no la han tenido, o atribución a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
Será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Según los artículos 395 y 396 del CP se considerará falsificación de documento privado:
El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento privado falso, incurrirá en la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores.
¿Qué es la insolvencia punible?
El delito de insolvencia punible es aquel que se produce cuando encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, se oculten o se realicen actos que perjudiquen los intereses de acreedores.
Estos actos son los que partir de 1 de julio de 2015 establece el artículo 259 del Código Penal, que establece que será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice, alguna de las siguientes conductas:
Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.
Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.
Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.
Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.
Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.
Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.
Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.
Algunas matizaciones:
Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se reducen las penas a una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses
Es necesario para considerarse delito que el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.
La jurisdicción penal no se verá vinculada por la calificación de la insolvencia dentro del proceso concursal.
La jurisdicción penal podrá actuar sin esperar a la conclusión de un posible concurso de acreedores.
Mediando un concurso de acreedores, el importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse a la masa.
Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 259 bis[i] del Código Penal las penas se incrementarán a prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses.
Favorecimiento punible de acreedores
Por su parte, el artículo 260 del Código Penal regula la comisión de acciones no justificadas de favorecimiento a acreedores determinados llevadas a cabo por el deudor cuando se encuentra en una situación de insolvencia actual o inminente, antes de la declaración del concurso, en concreto:
Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.
Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.
Será castigado con pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses para quien dentro de un procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de dicho procedimiento.
En el caso de las personas jurídicas, el artículo 261 bis establece que cuando una persona jurídica[ii] sea responsable de los delitos relacionados con las insolvencias punibles, se le impondrán las siguientes penas:
Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.
Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
¿Qué es la administración desleal?
La responsabilidad penal del administrador, bien de una sociedad, bien de un patrimonio ajeno, tiene como marco punitivo de referencia el delito de «administración desleal», que ha sido objeto de una profunda modificación por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo.A partir de 1 de julio de 2015, se modifica el artículo 252 que establece que, serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de estas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.
Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.
El Legislador ha modificado el delito de administración desleal tratando de distinguir la “administración desleal” de otros dos delitos con los que se puede confundir fácilmente, “malversación” y “apropiación indebida” que normalmente suelen ser consecuencias del anterior.
Después de un largo recorrido por distintos estamentos judiciales, el Tribunal Supremo, para distinguir los delitos de apropiación indebida y administración desleal se ha decantado por un criterio que tiene en cuenta el grado de intensidad de la ilicitud del acto del administrador, de forma que habrá apropiación indebida cuando se produce una expropiación definitiva del bien y administración desleal cuando la acción abusiva o desleal no comporta un incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver la cosa.
Es importante que aquellas personas que realicen las funciones de “Administrador” en sus mas amplio sentido, pongan especial cuidado en aquellas actividades de obligado cumplimiento marcadas por la Ley, tanto de “hacer” como de “vigilar”, pues sus responsabilidades frente a terceros pueden ser muy importantes.
[i] Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación económica; cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 euros; y cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad Social.
[ii] Los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 del CP, que tienen todas ellas la consideración de graves.
Tags: administracion desleal, delito societario, falseamiento contable, falsificación documentos
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