Source: http://josevicenteharogarcia.blogspot.com.es/
Timestamp: 2017-06-29 01:51:25
Document Index: 104440980

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 274', 'artículo 273', 'artículo 49', 'Artículo 274', 'artículo 63', 'artículo 285', 'artículo 123', 'artículo 280', 'artículo 124']

LAS 106 DECISIONES INCONSTITUCIONALES DEL TSJ DESDE EL 6D-2015 CONTRA LA ASAMBLEA NACIONAL, LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LA SOBERANÍA POPULAR y LOS DDHH
4) Decisión Nro. 878/2016 que emitió la Sala Constitucional del TSJ, el 21-10-2016, volviendo a referirse a la obligación de renovación/legalización de partidos políticos y que en su motivación hace referencia a la posibilidad de disolver partidos políticos que no se sometan al proceso de renovación (que debe incluir verificación barométrica de sus militantes, entre otros requisitos), lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD, pues la Sala Constitucional los menciona expresamente. 5) Decisión Nro. 223 de la Sala Constitucional del TSJ, del 28 de abril de 2017, mediante la cual se hizo una interpretación de los artículos 67 de la Constitución y los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos en el marco del ilegítimo e inconstitucional proceso de renovación/legalización de partidos políticos, decisión que en apariencia buscaría flexibilizar el proceso de renovación de partidos políticos pero que, en realidad, además de buscar la flexibilización del proceso para los partidos oficialistas del Gran Polo Patriótico, pretende (y a todas luces se observa en el momento en que se emitió), que los partidos beneficiados por el fallo participen en el ilegítimo e inconstitucional "Proceso Constituyente Popular" que pretende eliminar la Constitución de 1999. III. Las 40 Decisiones Inconstitucionales del Tribunal Supremo de Justicia a destacar por su gravedad en la violación de la Constitución, la Soberanía Popular y los Derechos Humanos. 1) Decisión Nro. 147/2016 de la Sala Electoral del TSJ, de fecha 17-10-2016, que declara que para que se pueda considerar convocado el Referendo Revocatorio, debe haberse alcanzado en todos los Estados y en el Distrito Capital, un numero de manifestaciones de voluntad del 20% de Electores inscritos en el Registro Electoral, en cada entidad, con la consecuencia que, de no alcanzarse en alguno de los Estados, no se consideraría convocado el Referendo Revocatorio. 2) Decisión Nro. 153/2016 de la Sala Electoral del TSJ, de fecha 10-11-2016, mediante la cual declara inadmisible una acción de amparo que trataba de restablecer o reactivar Referendo Revocatorio.
En definitiva, las Bases Comiciales “Decretadas” por el Ejecutivo Nacional sin consultar al pueblo como bases para elegir a los Constituyentes son bases comiciales absolutamente inconstitucionales y representan un grave peligro para el resultado y la “representación” que reflejaría la planteada Asamblea Nacional Constituyente que, al final, sólo estará integrada por un grupo de personas que representarán a un sector muy minoritario de la población venezolana, Constituyente que además, en cuanto a su funcionamiento, no se encontraría limitada en el tiempo, lo cual es aún más grave, ilegítimo y antidemocrático. 37) Decisión de la Sala Plena del TSJ de fecha 16 de Junio de 2017, mediante la cual, con ponencia del "Magistrado" Maikel Moreno, declaró "no ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito realizada por la Fiscal General de la República, luisa Ortega Díaz" contra los abogados que detentan ilegítimamente los cargos de Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: Juan José Mendoza Jover, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchan, Calixto Ortega Ríos, Luis Damiani Bustillos, Lourdes Suárez Anderson, así como Federico Fuenmayor, René Degraves Almarza, quienes detentan ilegìtimanente los cargos de Magistrados suplentes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Este nuevo fallo del TSJ que resuelve de manera gravemente irregular la solicitud de antejuicio de mérito solicitada por la Fiscal General de la República, además de violar abierta y groseramente el debido proceso que se ha debido respetar para admitir, conocer y decidir la referida solicitud de antejuicio de mérito, con la apertura del procedimiento correspondiente, representa un fallo abiertamente inconstitucional y un grotesco abuso de poder en fraude a la Constitución porque, entre ortos aspectos, sin la apertura del procedimiento correspondiente se atreve a (violando todas las formalidades y principios constitucionales y legales correspondientes), decretar el "sobreseimiento de la causa" contra tales abogados, que detentan ilegítimamente el cargo de Magistrados del TSJ. En definitiva, otra grave sentencia inconstitucional del Tribunal Supremo de justicia. 38) Decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se admitió a trámite un Antejuicio de Mérito contra la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, a solicitud del Diputado del PSUV Pedro Carreño, quien no ostentando la legitimidad que requiere el artículo 25.5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, presentó ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia esa solicitud de Antejuicio de Mérito por supuestos que, pese a que no constituyen delitos, técnicamente serían faltas graves que utilizaría irregularmente el TSJ para buscar la destitución o remoción de la Fiscal General de la República, por la vía del Antejuicio de Mérito, aunque esa facultad está reservada exclusivamente a la Asamblea Nacional conforme a lo previsto en el artículo 274 de la Constitución venezolana. La admisión a trámite del Antejuicio de Mérito se hizo, por supuestos, abiertamente improcedentes, que el TSJ atribuye a la Fiscal General de la República y que son los previstos en los artículos 22.4, 22.5, 22.8, 22.9 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 23.2 y 23.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Esta decisión representa otro fraude a la Constitución y viola la garantía constitucional institucional del autonomía e independencia del Ministerio Público, prevista en el artículo 273 de la Constitución, así como el Derecho al Debido Proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución y la potestad privativa de la Asamblea Nacional de remover o no a la Fiscal General de la República a que se refiere el Artículo 274 de la Constitución. 39) Decisión 470/2017 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 27 de junio de 2017, mediante la cual se declaró inadmisible la demanda de nulidad y suspensión de efectos presentada por la Fiscal General de la República contra las Bases Comiciales "Decretadas" por Nicolás Maduro, sin consultar al Pueblo, y que son abiertamente violatorias de los derechos y garantías constitucionales previstos en el artículo 63 de la Constitución sobre el Derecho al Sufragio y a elecciones libres, universales, directas y secretas con aplicación de los principios de proporcionalidad y personalización del voto, así como los derechos referidos a la democracia participativa a que hacen referencia los artículos 70 y 71 de la Constitución, entre otros dispositivos y principios constitucionales. Esta decisión señala, ratificando la Decisión 455/2017 previamente dictada por la Sala Constitucional, y en fraude a la Constitución, que las referidas Bases Comiciales "Decretadas" por Nicolás Maduro "respetan, en criterio de esta Sala, el concepto de democracia participativa y el sufragio universal, directo y secreto", cuando, en realidad, tales Bases Comiciales desnaturalizan, violan y gravemente quebrantan tales principios. En esta Decisión, además, la Sala Constitucional declaró nulo y sin efectos jurídicos algunos la Resolución 651 emitida por la Fiscal General de la República publicada en la Gaceta Oficial Nro. 41.132 de fecha 17 de abril de 2017, por violar los artículos 187, numeral 24 de la Constitución y 25.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que requieren para la designación del ViceFiscal General de la República, autorización previa de la Asamblea Nacional, la cual no fue tramitada por la Fiscal General de la República; y por considerar además, la Sala Constitucional, que la Asamblea Nacional se mantiene en "una situación fáctica consistente en el desacato en el que permanece la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional frente a decisiones de este Máximo Tribunal". Aunque ciertamente la Fiscal General de la República no tramitó la previa autorización de la Asamblea Nacional para el nombramiento del ViceFiscal General de la República, debe señalarse que la Asamblea Nacional no está incursa en "desacato" alguno como tantas veces a sostenido la Sala Constitucional y, en todo caso, la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra el ViceFiscal General de la República abiertamente representa una maniobra del Tribunal Supremo de Justicia para designar ilegítimamente un ViceFiscal que esté a "la orden del régimen" y no defienda la Constitución ni los Derechos Humanos como ha tratado de hacer la Fiscal General públicamente desde el 31 de Marzo de 2017. 40) Decisión 469 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 27 de junio de 2017 mediante la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se resuelve un Recurso de Interpretación interpuesto por el Defensor del Pueblo sobre los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución y otras disposiciones de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y del Código Orgánico Procesal Penal, ampliando, ilegítima, inconstitucional e ilegalmente, las facultades del Defensor del Pueblo hasta un punto que usurpa funciones exclusivas y privativas del Ministerio Público previstas en el artículo 285 de la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el Código Orgánico Procesal Penal. En concreto la Sala Constitucional en una abierta extralimitación de sus atribuciones constitucionales, al tiempo de reconocer facultades que sí tiene el Defensor del Pueblo, amplió las mismas, inconstitucionalmente asignándole otras que corresponden exclusivamente al Ministerio Público e indicó:
"El Defensor del Pueblo tiene atribuidas las funciones de promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos. Además de la promoción, defensa y vigilancia de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos.
- La Defensoría del Pueblo tiene amplias competencias de actuación, las cuales no son sólo preventivas sino también de acción y reparación.
- La Defensoría del Pueblo tiene facultades para investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es necesario, la colaboración de los demás órganos del Poder Público. Así mismo ostenta la legitimación procesal para demandar ante órganos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus competencias señaladas en el número 1.
- No existen obstáculos jurídicos para que la Defensoría del Pueblo pueda asumir la representación procesal de los intereses legítimos de la víctima, en el caso especialísimo de hechos punibles que pudieran implicar violación de derechos humanos, en los términos del artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal.
- El Defensor del Pueblo ostenta amplia competencia constitucional para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos (artículo 280) y en el ejercicio legítimo del mismo, está facultado para iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con la misma, cuando se trate de la violación a los derechos humanos y de ésta derive la comisión de un hecho punible, sin que ello menoscabe el marco de actuación del Ministerio Público.
- La Defensoría del Pueblo, conforme a la competencia constitucional antes señalada, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público, ante los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia y los centros policiales y penitenciarios y, de manera autónoma, en aquellos casos de violación de derechos humanos, aunque no le sea delegado por parte de la persona ofendida, a tenor de lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, incluyendo los casos de asistencia especial a que se refiere dicho artículo.
- La Defensoría del Pueblo, en el ejercicio de la competencia constitucional que ostenta en materia de investigación, puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como: realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras, así como estar presentes en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar, incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio".
En definitiva, la Decisión antes comentada busca darle al Defensor del Pueblo atribuciones que corresponden al Ministerio Público para permitirle hacer lo que muchas veces ha hecho: encubrir y hasta justificar, graves violaciones de Derechos Humanos que el Estado a través de sus órganos de seguridad e incluso, mediante efectivos militares, han cometido en contra del pueblo venezolano. Publicado por
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