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Timestamp: 2018-12-13 11:24:31
Document Index: 190023873

Matched Legal Cases: ['artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 72', 'artículo 91', 'artículo 48', 'artículo 91']

﻿ Sentencia 37240 de mayo 24 de 2010
SENTENCIA 37240 DE 24 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:EFECTO DE LAS COTIZACIONES DEFICITARIAS EN LA SUBROGACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:RIESGOS PROFESIONALES, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, COBERTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, NORMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES
Sentencia 37240 de mayo 24 de 2010
Radicación 37240
No tiene razón la réplica del codemandante Iván Raúl Martínez, en los reparos de orden técnico que le hace al cargo, de una parte, porque si bien en la proposición jurídica no se precisa el artículo del Decreto 1295 de 1994, del cual hace parte el numeral 3º del literal A., que en ella se mencionan; del texto que se transcribe a continuación, y del desarrollo del cargo, si se puede inferir que se trata del artículo 91 de tal normatividad; y de otra, porque debe entenderse que la solicitud de condena en costas es para la parte demandante y no para las entidades que menciona en el alcance de la impugnación, que nada tienen que ver con el presente proceso, pues todo apunta que se trató de un lápsus cálami al mencionarlas.
Superado el anterior escollo, debe ponerse de presente, que dado el sendero escogido para el ataque, no se discute que Iván Raúl Martínez laboró para el municipio de Villavicencio por contrato de trabajo, entre el 3 de octubre de 1984 y el 15 de mayo de 2003; que fue afiliado por su empleador para riesgos profesionales a la ARP La Previsora Vida S.A.; que el 25 de septiembre de 2000, sufrió un accidente de trabajo, y como consecuencia de éste, esa administradora le reconoció una pensión de invalidez, a partir del 15 de mayo de 2003, y que dicho ente territorial le cotizó para tales riesgos, por debajo del salario base realmente devengado por él, dentro de los seis meses anteriores al citado accidente.
Ahora bien, el numeral 3º del literal a) del artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, norma cuya infracción se denuncia por falta de aplicación, es del siguiente tenor:
“3. Cuando la inscripción del trabajador no corresponda a su base de cotización real, o el empleador no haya informado sus cambios posteriores dando lugar a que se disminuyan las prestaciones económicas del trabajador, el empleador deberá pagar al trabajador la diferencia en el valor de la prestación que le hubiera correspondido, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar”.
Como puede verse, según tal disposición es el empleador quien debe asumir la diferencia en el valor de las prestaciones que le corresponden al trabajador, por haberle efectuado cotizaciones por debajo de su valor real.
Sobre el tema, esta Sala ha tenido oportunidad de fijar su criterio, indicando que en esos casos es el empleador y no la entidad administradora quien debe asumir el pago de la diferencia prestacional correspondiente; verbigracia en sentencia del 15 de mayo de 2006 radicación 27291, reiterada en la del 11 de agosto de 2009 radicado 33091, expresó:
“En verdad que el tribunal en la sentencia gravada acogió una equivocada hermenéutica de la normatividad que reglamentaba para las prestaciones del seguro social, los efectos de las cotizaciones hechas sobre un salario inferior al realmente devengado por el trabajador.
El texto del artículo 72 del Acuerdo 44 de 1989 aprobado por el Decreto 3063 de 1989, acusado por interpretación errónea, es del siguiente tenor:
“ART. 72.—Inscripción o reporte inexacto en cuanto a la cuantía del salario. El patrono que no haya informado al Instituto el salario real del trabajador dando lugar a que se le disminuyan las prestaciones económicas que le pudieren corresponder a dicho trabajador o a sus derechohabientes en caso de muerte, deberá cancelar al beneficiario el valor de la diferencia que resulte entre la cuantía liquidada por el Instituto con base en el salario asegurado y la que le hubiere correspondido en caso de haberlo reportado correctamente, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar”.
El correcto entendimiento de esa norma que es la aplicable a la presente controversia, lleva a considerar que en aquellos eventos en que el patrono efectúe cotizaciones sobre un salario inferior al realmente devengado por el trabajador sin que exista justificación legal —como podría ser el que se perciba un salario superior al máximo que prevean los reglamentos como asegurable— y que dicha conducta genere una disminución en el derecho prestacional del trabajador, es el patrono quien debe asumir las consecuencias que además de la eventual sanción que podría ser impuesta por el Instituto de Seguros Sociales, las hace consistir la norma en comento de cara a los beneficiarios, en la obligación de cancelar la diferencia en perjuicio, del monto de las prestaciones económicas que les correspondería si el actuar del empleador se hubiere ajustado a la ley.
Esa lectura de la disposición coincide con el criterio sostenido por la Sala de manera genérica, en relación con las consecuencias para los patronos que incumplen la obligación de afiliar a sus trabajadores a la seguridad social o que coticen por debajo de los salarios que realmente devengan, las que se traducen en la imposición a su cargo de aquellos beneficios que por incumplimiento de las obligaciones del empresario deja de recibir el empleado o su familia por parte de la seguridad social.
Recientemente en sentencia de 25 de mayo de 2005, Rad. N° 25165, dijo la corporación, mutatis mutandis.
“Así, entonces, si un empleador incumple su obligación de afiliar a sus trabajadores a la seguridad social o no paga los aportes de conformidad con los salarios realmente devengados por ellos, asume las consecuencias de su omisión y en el presente caso es el de reconocer el reajuste correspondiente al bono pensional, de conformidad con la liquidación que realice la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
La seguridad social subroga al patrono en los riesgos que ampara, pero a condición de que éste cumpla en rigor los deberes que le imponen las normas que la regulan; el sistema económicamente se nutre de los aportes de todos los afiliados y el monto de las prestaciones que éstos reciban deben tener correspondencia con el valor de las cotizaciones efectuadas por ellos de conformidad con las reglas establecidas para cada una de las prestaciones. Por lo tanto, no puede imponerse a las entidades de seguridad social, el reconocimiento de prestaciones en cuantía que no guarda relación con el valor de los aportes según el salario asegurado, pues esto conduciría a su descalabro financiero en perjuicio de todo el conglomerado de sus afiliados”.
Y en la sentencia de instancia, proferida el 27 de enero de 2010 radicación 35617, en un asunto similar al que nos ocupa, donde se discutía el caso de cotizaciones deficitarias por parte de la empleadora demandada a una ARP, se dijo:
“Puesto de presente lo anterior y revisadas las pruebas obrantes en el proceso, aparece demostrado que a favor del citado Ardila Vallejo, durante el segundo semestre de 1998, se causaron comisiones por valor de $ 5’969.835, tal como se desprende de la constancia de pago por dicha suma a la demandante María Alexandra Ávila —fl. 65—, y de la información suministrada por la accionada en el documento visible a folios 87 a 89 del cuaderno de la Corte, la cual debió reportarse por ésta a la Administradora de Riesgos Profesionales Suratep, pero como no lo hizo, la pensión de sobrevivientes recocida por tal administradora a las personas que integran la parte demandante, resultó ser inferior a la que realmente les correspondía.
Ante tal omisión, deberá ser la sociedad demandada quien les responda por la diferencia pensional, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3º del artículo 91 del Decreto 1295 de 1994”.
Acorde con lo expuesto, el tribunal incurrió en los yerros jurídicos que se le enrostran, y en consecuencia el cargo prospera y habrá de casarse la sentencia en ese puntual aspecto planteado por la censura.
En sede de instancia, fuera de las anteriores consideraciones, y de cara al recurso de apelación que interpuso el municipio de Villavicencio, contra la sentencia de primer grado, debe decirse que revisados los salarios devengados por Iván Raúl Martínez, dentro de los seis meses anteriores al accidente de trabajo, del cual se derivó su pensión de invalidez, esto es entre el 25 de marzo y el 25 de septiembre de 2000; se pudo constar que devengó un salario promedio mensual de $ 857.619, integrado por un básico de $ 497.190, y el trabajo suplementario o de horas extras de $ 360.459, tal como costa en los documentos de folios 64, 65, y 66 del cuaderno principal, y 44 del cuaderno 3 de los anexos, pero solo le fue reportado por su empleador a la ARP el citado básico, según se aprecia a folio 7 del cuaderno 3 de anexos, y dejó de hacerlo en relación con las horas extras.
Por lo tanto, la pensión inicial a reconocerse a dicho señor, según su pérdida de capacidad laboral del 50.95%, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto 1295 de 1994, en concordancia con el 20 ibídem, debió ser de $ 514.571, como acertadamente lo definió el a quo, y no de $ 298.296, que le reconoció la referida ARP; siendo por lo tanto el municipio mencionado quien debe asumir la diferencia, tal como lo prevé el numeral 3º del literal a) del artículo 91 del mismo decreto.
Así las cosas, en sede de instancia se confirmará la sentencia de primer grado.
Sin costas en el recurso extraordinario por cuanto éste salió avante; en la segunda instancia no se causaron, y las de la primera se mantendrán como lo dispuso el a quo.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 30 de enero de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Iván Raúl Martínez y otros contra el municipio de Villavicencio y la ARP La Previsora Vida S.A., en cuanto revocó la de primer grado que había condenado a dicha entidad territorial al pago de los reajustes pensionales deprecados y declaró probados los medios exceptivos propuestos por La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros, para en su lugar condenar a ésta última, a pagar a Iván Raúl Martínez los citados reajustes en la forma dispuesta por el a quo, y a las costas del proceso. En lo demás NO SE CASA.
En sede de instancia, se CONFIRMA la sentencia proferida el 23 de febrero de 2007, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, acorde con lo dicho en la parte motiva.
Costas tal como se indicó en la parte motiva de este proveído.