Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20009345
Timestamp: 2019-07-23 15:47:37
Document Index: 261876049

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 209', 'artículo 39', 'artículo 25', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'Artículo 39']

C-1195 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020009345CC-SENTENCIAC1195200803/12/2008CC-SENTENCIA_C_1195__2008_03/12/2008200093452008SENTENCIA C-1195/08 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Inadmisión DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Corrección DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- No permite introducción de normas o apartes nuevos adicionados en escrito de corrección INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA- Procedencia por incumplimiento de requisitos de claridad y especificidad INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Incumplimiento de requisitos en cargos por violación de la igualdad Referencia: expediente D-7286 Demandante: Wilson Leal Echeverry
Wilson Leal EcheverryCONSTITUCIONALIDADManuel José Cepeda EspinosaDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 39, numeral 1 (parcial) y literal b de la Ley 734 de 2002.D7286Identificadores20020009346true20918Versión original20009346Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 39, numeral 1 (parcial) y literal b de la Ley 734 de 2002.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Procedenciapor incumplimiento de requisitos de claridad y especificidad
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Incumplimientode requisitos en cargos por violación de la igualdad
El demandante expone dos cargos en los que apoya la solicitud de inconstitucionalidad de la norma acusada. De una parte, en relación con la expresión "en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción", referida a gobernadores y alcaldes, aduce que el texto legal acusado posibilita a estos mandatarios agenciar derechos de terceros por fuera del nivel territorial donde ejercen jurisdicción, lo que vulnera el artículo 209 de la Constitución Política que consagra los principios de la función pública. Indica que los gobernadores y alcaldes tienen funciones permanentes e ininterrumpidas, por lo que no pueden desempeñar otras funciones. El demandante cita la sentencia C-559 de 1996, M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz, en donde se dice:"A diferencia de los diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, los gobernadores y alcaldes ejercen sus funciones de manera permanente. Este hecho resulta trascendental a la hora de estudiar el alcance de la incompatibilidad objeto de estudio. En efecto, el ejercicio permanente de funciones públicas, supone que estos servidores públicos dediquen, de manera exclusiva, sus esfuerzos al cumplimiento de su labor y, por consiguiente, reciban regularmente un salario. Ello explica que el legislador no haya previsto para los gobernadores y alcaldes la posibilidad de agenciar o defender intereses de terceros durante el período en que permanezcan en su cargo".
Por otra parte, el segundo cargo que presenta el demandante se relaciona con el literal b del artículo 39 de la Ley 734 de 2002 que prescribe"Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales", referida a los diputados. Aduce que la citada restricción es irrazonable y vulnera el artículo 25 de la Constitución Política, pues "condena al ciudadano que ostenta la doble condición de DIPUTADO Y ABOGADO LITIGANTE, a subsistir únicamente de lo que devenga por concepto de honorarios, en cuanto proscribe en la práctica su ejercicio profesional ante autoridades jurisdiccionales en el ámbito del departamento, no obstante, no existir ninguna relación jurídica entre el aparato de justicia y la organización departamental". Agrega que no hay un conflicto de intereses que afecte la imparcialidad de los diputados.
Finalmente, señala que también se vulnera el derecho a la igualdad,"en la medida en que el mandato acusado lleva en sí una discriminación para los Profesionales del Derecho que ejercen como litigantes al proscribir su actuación ante autoridad jurisdiccional en el nivel departamental, no así para otros profesionales que a pesar de ostentar la dignidad de diputados, pueden ejercer la profesión sin limitaciones ni reparos".
La apoderada del Ministerio del Ministerio del Interior y de Justicia, Nancy Lucila Gonzáles Camacho, manifestó que se debe declarar la exequibilidad de la norma acusada. Señala que"el actor no demuestra fehacientemente porqué la norma demandada vulnera la Constitución Política. Adicionalmente ha de advertirse que quien acepta la elección popular para desempeñarse como servidor público acepta de antemano las limitaciones constitucionales y legales, sobre todo en materia de inhabilidades e incompatibilidades".
En primer lugar, el Ministerio Público señala que en la corrección de la demanda presentada por el actor, se solicitó, además de las expresiones inicialmente acusadas, la inexequibilidad de las expresiones"gobernadores" y "alcaldes", que no estaban incluidas en la demanda inicialmente presentada. Así, "conforme a lo establecido en la sentencia C-299 de 2002, el escrito de corrección no admite que se introduzcan cargos de inconstitucionalidad en contra de disposiciones o expresiones adicionales a las planteadas en la demanda inicial, es decir que a la Corte no se le pueden proponer debates de constitucionalidad sobre normas o expresiones diferentes a las inicialmente invocadas como contrarias a la Constitución, en ese caso, el accionante deberá ejercer una nueva acción de inconstitucionalidad a fin de que la Corte se pronuncie sobre aquellas materias nuevas". En consecuencia, solicita a la Corte que se declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo contra los apartes acusados del numeral 1 del artículo 39 de la ley 734 de 2002, es decir, respecto de la expresión "en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción", referida a "gobernadores" y "alcaldes".
En cuanto a los cargos formulados contra el literal b del inciso 1 del artículo 39 de la Ley 734 de 2002, referida a los"diputados", el Ministerio Público aduce que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada, ya que respecto a los cargos de vulneración de los derechos a la igualdad y al trabajo, el literal b del inciso 1 del artículo 44 de la Ley 200 de 1995, de similar contenido, fue considerado exequible de forma condicionada en la sentencia C-426 de 1996. En relación con el cargo por violación al derecho a participar en el ejercicio y control del poder político, señala que la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-307 de 1996, al analizar el literal b del inciso 1 del artículo 44 de la Ley 200 de 1995, en lo relativo a la incompatibilidad para los concejales y miembros de las juntas administradoras locales. En esta sentencia la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la norma y según el Ministerio Público, lo dicho en aquella oportunidad por la Corte es aplicable a este caso, en relación con los diputados. También sostiene que la incompatibilidad indicada en la norma acusada tiene sustento en el hecho de que el ejercicio simultáneo de actividades puede generar un conflicto de intereses.
La Corte Constitucional ha precisado en numerosas oportunidades que en virtud de la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad y de las competencias limitadas de esta Corporación, no le corresponde a ella adelantar el control oficioso de las leyes, sino únicamente pronunciarse sobre las demandas debidamente presentadas por los ciudadanos (C.P., art. 241). Estas demandas han de cumplir con ciertos requisitos mínimos. "Y para que realmente exista una demanda -ha explicado la Corte-, es necesario que el actor formule un cargo susceptible de activar un proceso constitucional, pues no le corresponde a esta corporación imaginar cargos inexistentes ya que ello equivaldría a una revisión oficiosa. Además, es claro que este cargo debe estar suficientemente estructurado desde la presentación misma de la demanda (...) pues la corte no puede corregir, sin afectar el debido proceso constitucional, el defecto de ausencia de cargo"[1]. Así, al estudiar la constitucionalidad del numeral 3° del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, la Corte sostuvo que "el ataque indeterminado y sin motivos no es razonable"[2]. En este mismo sentido, ha precisado la Corte que "la ausencia de un requisito sustancial como el concepto de la violación, no puede ser suplida oficiosamente por la Corte y, por tratarse de una demanda inepta, debe proferirse sentencia inhibitoria".[3]
La Corte Constitucional en sentencia C-299 de 2002, M.P: Jaime Córdoba Triviño, precisó: "(…) la regulación de la acción de inconstitucionalidad no admite que se introduzcan normas adicionales en la corrección de la demanda, que impongan a la Corte adelantar nuevamente el trámite por ella agotado hasta la inadmisión de la demanda. Aceptar lo contrario generaría ineficiencias pues habría que modificar el programa de trabajo y reparto determinado por la Sala Plena de la Corporación, actualizar el informe de procesos y sentencias por parte de la Secretaría General de la Corte y realizar otro estudio del expediente para establecer la admisión o inadmisión de las nuevas normas demandadas, lo cual ocasionaría, en algunas oportunidades, que se reiterara indefinidamente este ciclo de presentación-inadmisión-corrección-adición, siendo ello contrario a los principios de eficacia y oportunidad de la administración de justicia".
En el mismo sentido, la Procuraduría General de la Nación solicitó a esta Corporación que se declarara inhibida para pronunciarse respecto de la expresión"en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción", referida a gobernadores y alcaldes, contenida en el numeral 1 del artículo 39 de la Ley 734 de 2002. Manifestó lo siguiente: "(…) observa el Ministerio Público que el actor, en relación con las expresiones acusadas el inciso primero del artículo 39 de la ley 734 de 2002, que éstas no fueron identificadas en debida forma en la demanda inicial, pretendiendo corregir tal error en el escrito de corrección".
En primer lugar, es necesario destacar que la demanda acusa todo el literal b, pero los argumentos van dirigidos únicamente contra la incompatibilidad atinente a realizar gestiones ante autoridades jurisdiccionales. En efecto, el demandante dice: "(…) si bien la regla legal establece la limitación del ejercicio como apoderado o gestor lo sea "en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción", son múltiples las dificultades que alrededor de la expresión se presentan al contrastar dicha regla con la subregla: "actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades… judiciales". Por lo tanto, el actor no ataca la incompatibilidad aplicada a las "entidades o autoridades disciplinarias, fiscales o administrativas".
DeclararseINHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las expresiones "en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción" y "diputados", contenidas en el numeral 1 del artículo 39 de la Ley 734 de 2002 así como sobre el literal b, del numeral 1 del mismo artículo.
Inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad (numeral 1 literal b ) Artículo 39 LEY_734_2002_05/02/2002