Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311261.html
Timestamp: 2019-03-22 10:23:52
Document Index: 139390273

Matched Legal Cases: ['artículo 270', 'artículo 270', 'artículo 173', 'artículo 370', 'artículo 370', 'artículo 167', 'artículo 173', 'Artículo 173', 'artículo 179', 'artículo 167', 'artículo 42', 'artículo 419', 'artículo 270']

as201311261
AUTO SUPREMO Nº. 261/2013
EXPEDIENTE: La Paz 156/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Sonia Machaca contra Rene Luis Huayta Encinas
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el imputado Rene Luis Huayta Encinas (fs.838 a 840) impugnando el Auto de Vista Nro. 48/2013 emitido el 11 de marzo de 2013 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 814 a 817), en el proceso penal de acción pública seguido por el Ministerio Público y Sonia Machaca contra el recurrente por la comisión del delito de lesiones gravísimas previsto y sancionado por el artículo 270 del Código Penal.
Que concluido el juicio oral, público y contradictorio, el Tribunal Tercero de Sentencia de la capital del departamento de La Paz, por Sentencia Nro. 8/2012 de 25 de octubre de 2012 (fs. 769 a 776), declaró al imputado Rene Luís Huayta Encinas autor de la comisión del delito de lesiones gravísimas previsto y sancionado por el artículo 270 incisos 1), 2), 3) y 5) del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de cinco años de reclusión a cumplir en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, asimismo le impuso el pago de costas y daños a calificarse en ejecución de Sentencia.
Contra la mencionada Sentencia el procesado Rene Luís Huayta Encinas interpuso recurso de apelación restringida (fs. 781 a 786), resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nro. 48/2013 de 11 de marzo de 2013, que lo declaró improcedente, formulando el procesado recurso de casación (fs. 838 a 840) que es caso de autos.
Que el recurrente Luís Huayta Encinas, expone los siguientes argumentos:
a) El Auto de Vista es atentatorio al derecho a la defensa en juicio y al debido proceso consagrados en los artículos 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, porque en la resolución no se consideró los extremos que fueron base del recurso de apelación restringida, es más el Tribunal de Alzada volvió a omitir, de manera deliberada, pronunciarse sobre la valoración de la prueba de descargo producida en el juicio oral, incurriendo en convalidación de un defecto procesal absoluto, extremo que contraviene el precepto constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa porque simple y llanamente se está limitando el acceso a una verdad material que debe ser el resultado de un juicio justo, en el cual debió cumplirse con la valoración de todos los elementos de prueba incorporados a juicio, lo cual no sucedió en la fundamentación de la sentencia oportunamente apelada, al respecto realiza la transcripción de la Sentencia Constitucional 1480/2005-R de 22 de noviembre de 2005.
Asimismo, señala la inexistencia de valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica establecida en el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, que obliga al juzgador a valorar todos y cada uno de los elementos de prueba producidos en juicio, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las que otorga un determinado valor a cada prueba o por el contrario las razones por las cuales el elemento de prueba carece de valor; que en el presente caso la Sentencia ni siquiera hizo una enumeración completa de todos los elementos de prueba producidos en audiencia de juicio oral puesto que, en el parágrafo III. Fundamentación fáctica probatoria de la Sentencia, de manera muy superficial refirió nuevamente la relación de los hechos; al respecto transcribe parte de la Sentencia señalando posteriormente que en el proceso penal rige la presunción de inocencia, correspondiendo la carga de la prueba al Ministerio Público, que tiene como finalidad la búsqueda de la verdad histórica del hecho y la determinación de la responsabilidad penal del sujeto activo, ante esta situación el Ministerio Público y la acusación particular debieron probar en audiencia de juicio oral que su persona es autor del delito de lesiones gravísimas, que los juzgadores del Tribunal de Sentencia debieron valorar todos los elementos de prueba introducidos en el juicio y no limitarse únicamente a valorar la prueba de cargo y no hacer ni referencia a las pruebas de descargo como ha sido la falta de valoración de la prueba de inspección ocular seguida de la reconstrucción, la cual fue extrañada en apelación restringida; ingresando en el mismo defecto procesal absoluto el Tribunal de Alzada, que tampoco hizo mención al fundamento esgrimido en apelación restringida, por lo que existe vulneración al debido proceso en lo que refiere a la correcta valoración de toda la prueba de cargo y de descargo incorporada a juicio, por lo que la no valoración de la prueba significa que hubo error in procedendo.
Que de la revisión de los antecedentes procesales vinculados al motivo del recurso, se constata:
Apelación restringida formulada por Rene Luis Huayta Encinas:
El ahora recurrente, en el único motivo del recurso de alzada (fs. 781 a 786), bajo el subtítulo de sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados o valoración defectuosa de la prueba, defecto inserto en el artículo 370 inciso 6) del Código de Procedimiento Penal, denunció que la Sentencia no hizo una enumeración completa de todos los elementos de prueba producidos en juicio oral, ya que de una lectura del punto III denominado “Fundamentación Fáctica Probatoria”, se constata que no consideró la audiencia de inspección y reconstrucción, siendo que en la misma la defensa demostró que no era posible que con dos golpes se hiciera caer al barranco a la víctima, ya que existe una baranda que impide que las personas caigan al barranco; que también omitió pronunciarse sobre la prueba RH-5, consistente en facturas que demuestran pagos y medicamentos que realizó el acusado a favor de la víctima; en lo referido a la prueba RH-1 el recurrente señaló: “El Tribunal limitó en la valoración intelectiva que realizó a la prueba de descargo signada como RH-1,con el argumento simple y sencillo de que a momentos de que la acusadora particular realizó la descripción de los hechos ante el Dr. Choque médico internista del hospital de Clínicas, esta se encontraba SEDADA,…” (sic), conclusión que -a decir del recurrente- no fue respaldada testifical, ni documentalmente. Asimismo, sostuvo que el Tribunal de Sentencia no consideró dentro las pruebas supuestamente valoradas los elementos probatorios producidos en juicio, realizando una sola enunciación de las pruebas de cargo y descargo.
Pronunciamiento del Tribunal de Alzada: El pronunciamiento del Tribunal de Alzada sobre el motivo de apelación así expuesto se encuentra en el Cuarto Considerando del Auto de Vista recurrido (fojas 816 a 817), en el que, luego de dejar establecido que la facultad de valorar la prueba es del Tribunal Ad-quo, señaló que el Tribunal de Sentencia en el punto primero de la fundamentación fáctica probatoria, en lo referente a la prueba de cargo, determinó que la prueba documental y testifical es creíble por existir congruencia en los tiempos y hechos expuestos, correspondiente a lo acaecido en fecha 9 de mayo de 2009. En lo referente a la prueba de descargo, señaló que la declaración del acusado efectuada en el juicio se respaldó en la prueba documental RII-1, RII-2, RII-3, RII-6, RII-7, RII-9, RII.10, declaración testifical de María Encinas Chambi, así como la declaración testifical de Hortencia Encinas Chambi (madre del imputado), concluyendo el Tribunal de Sentencia que las mismas no son creíbles por existir contradicción entre ellas que denotaron interés, por lo que las pruebas de descargo no desvirtuaron la acusación fiscal y particular. Concluyó el Tribunal de Alzada determinando, que el Tribunal de Sentencia, al valorar la prueba, cumplió y aplicó correctamente las reglas de la sana crítica toda vez que la operación intelectual efectuada por los jueces técnicos y ciudadanos se la entiende como una correcta apreciación de las pruebas, comprendidas en la lógica interpretativa y el común sentir de las personas, habiéndose aplicado criterios lógicos de la experiencia y la psicología en la fundamentación fáctico probatoria otorgando el valor correspondiente a los elementos probatorios, motivando cada una de sus determinaciones.
De lo anteriormente expuesto se deduce que los de alzada efectuaron el control del iter lógico del Tribunal sentenciador no encontrando que sea evidente la defectuosa valoración de la prueba, asimismo, el pronunciamiento resulta razonable y se encuentra en correlación con los términos de la denuncia inserta en la apelación restringida en la que no se identificó qué elemento de la sana crítica se hubiere infringido, obligación que tiene todo recurrente a momento de denunciar violación del artículo 370 inciso 6) del Código de Procedimiento Penal, en el caso, el recurrente, se limitó a señalar que los argumentos del Tribunal de Sentencia en relación a la prueba RH-1 no tienen respaldo documental ni testifical, sin expresar claramente cuál el error de la autoridad, asimismo, no explicó la trascendencia del hecho que denuncia y cómo este error u omisión incide en el fondo de la sentencia, tampoco identificó los derechos y garantías presuntamente vulnerados.
Con relación al acta de inspección ocular y reconstrucción y la prueba documental RH-5, si bien se evidencia que el Tribunal de Alzada, efectivamente, no las mencionó de manera concreta en su pronunciamiento, no obstante ello, cumplió con el objeto de la denuncia expresada en apelación restringida, controlando el iter lógico del Tribunal de Sentencia a momento de valorar la prueba introducida en juicio y que sirvió para determinar la culpabilidad del acusado, controló también la valoración de la prueba de descargo destacando que en la Sentencia consta expresamente que ésta no desvirtuó los fundamentos de la acusación fiscal, ni particular, concluyendo que la fundamentación intelectiva en Sentencia es correcta y coherente.
Asimismo, siempre en cuanto falta de enunciación concreta del Tribunal de Alzada con relación a las pruebas RH-5 y Audiencia de Inspección, corresponde ingresar a efectuar puntualizaciones normativas y doctrinales:
El artículo 167 del Código de Procedimiento Penal, se refiere a los principios que rigen en el ámbito de las nulidades y la actividad procesal defectuosa, señalando: “En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causen agravio.”, por lo que el recurrente se encuentra en la obligación de efectuar una correcta fundamentación de la lesión jurídica, expresando y acreditando, de manera clara, la relevancia de la misma, similar criterio se encuentra plasmado en el Auto Supremo Nro. 133 de 20 de mayo de 2013, que refiere: “Estos principios son contenidos en el art. 167 del CPP, que señala: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código (principio de especifidad o legalidad), salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado (principio de convalidación), -prosiguiendo- En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causen agravio (principio de trascendencia)”.
Con relación a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal sentenciador, está sujeta al artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, que señala: “Artículo 173°.- (Valoración). El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida.”, en ese sentido, la facultad del Juez o Tribunal de Sentencia a momento de otorgar valor a los medios de prueba, es la de considerar la prueba esencial producida, es decir potestad de valorar la prueba que considere fundamental.
Ahora bien, en aplicación del principio de trascendencia, para dar curso a la nulidad impetrada por el recurrente, corresponde que este Tribunal Supremo determine si la falta de enunciación expresa del Tribunal de Alzada en relación a las pruebas RH-5 y la audiencia de inspección y reconstrucción, constituye defecto absoluto, a ese fin verificados los antecedentes procesales se determina:
Respecto a la prueba documental RH-5, la misma fue excluida en juicio oral por el Tribunal de Sentencia (fs. 747), por lo que el recurrente, mal pudo aducir en apelación restringida su errónea valoración. De ello se concluye fácilmente que dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido a fin de que el Tribunal de Alzada se pronuncie enunciando expresamente la prueba RH5, excluida, no tiene sentido de utilidad, toda vez que sobre la exclusión, el recurrente no realizó expresión de agravio alguno, asimismo, en casación no demostró normativamente cómo la falta de pronunciamiento que denuncia incide en el fondo de la resolución.
En cuanto a la audiencia de inspección y reconstrucción, debe recordarse que la misma está concebida en el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal como una prueba corroborativa de otras, en ese mérito, en recurso de casación el impugnante, para cumplir la exigencia del artículo 167 párrafo segundo del Código de Procedimiento Penal, debió demostrar normativamente que la falta de enunciación expresa de la misma en el pronunciamiento del Tribunal le causa agravio con trascendencia en el orden constitucional y, en su caso, demostrar a partir de los argumentos expuestos en su memorial de recurso de casación cómo esa prueba –en su concepto- no valorada por el Tribunal de Sentencia y sobre la que el Tribunal de Alzada no se hubiere pronunciado, desvirtúa otras, en su caso, cuales, demostrando también que, a partir de su consideración, la decisión final del Tribunal hubiera cambiado, aspecto que, en criterio de este Tribunal Supremo, resulta improbable a partir de los fundamentos expuestos en la sentencia de grado, donde el Tribunal de Sentencia dejó expresamente establecido que la prueba de descargo no desvirtuó la culpabilidad del acusado. Sumado a ello, el recurrente en alzada debió también, acreditar la trascendencia de la omisión que denuncia en relación a la decisión final del Tribunal, lo que no acontece. Asimismo, de la revisión de la sentencia, se corrobora que el Tribunal de grado a momento de realizar la valoración de la prueba que consideró esencial, encontró probado el hecho acusado que las pruebas de descargo no lograron enervar, siendo la audiencia de inspección y reconstrucción una prueba de cargo, queda claro que la misma no fue considerada trascendental pues la certeza sobre la culpabilidad del acusado, se había ya formado con el resto de la prueba de la acusación.
Por otro lado, el recurrente pretende la nulidad del Auto de Vista porque supuestamente no consideró la audiencia de inspección y reconstrucción, pero si se accediera a esta pretensión y se dejara sin efecto el Auto de Vista recurrido, el Tribunal de Alzada, en el nuevo pronunciamiento, a partir de la motivación y fundamentación del recurso de alzada tampoco podría determinar “de oficio” de qué manera esa prueba, por sí sola, desvirtuaría las otras que dieron lugar a la condena del recurrente, sobre las que el Tribunal de Sentencia declaró existir congruencia en tiempos y hechos, ello debido a que el recurrente tampoco señaló en apelación cuáles las pruebas de descargo (testificales o documentales) que hubieran sido corroboradas por la inspección y reconstrucción; en definitiva, este máximo Tribunal de Justicia considera que no resulta suficiente enunciar las cuestiones que se estiman omitidas sino, también acreditar la demostración de su pertinencia para la decisión final del proceso. Asimismo, en cuanto a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Sentencia y controlada por el Tribunal de Alzada, como ya se tiene referido, las autoridades jurisdiccionales no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad
No puede dejar de mencionarse que el recurrente expone argumentos con poca claridad y que pueden ser hasta contrarios cuando afirma que la vulneración al debido proceso, emergió por la incorrecta valoración de la prueba, citando incluso una sentencia constitucional, señalando que la misma está referida a la defectuosa valoración probatoria, lo cual es jurídicamente distinto a la falta de pronunciamiento.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el imputado Rene Luis Huayta Encinas (fs.838 a 840) impugnando el Auto de Vista Nro. 48/2013 emitido el 11 de marzo de 2013 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 814 a 817), en el proceso penal de acción pública seguido por el Ministerio Público y Sonia Machaca contra el recurrente por la comisión del delito de lesiones gravísimas previsto y sancionado por el artículo 270 del Código Penal.