Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-4531-2004-13-07-2006-52271
Timestamp: 2019-01-23 16:55:27
Document Index: 123368121

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 72', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 148', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15']

Resolución de TEAC, 00/4531/2004, 13-07-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4531/2004 de 13 de Julio de 2006
Núm. Resolución: 00/4531/2004
Cuando las reducciones de capital de una sociedad transparente realizadas mediante amortización de participaciones y reembolso del nominal a los socios no alteran el porcentaje de participación del socio, que también es una sociedad transparente, debe rechazarse (tanto con la Ley 61/1978 como con la Ley 43/1995) que se produzca pérdida, pues el importe de lo percibido reduce el coste por el que tiene contabilizada la cartera pero no procede computar una renta negativa. Por el contrario, cuando se disuelve la sociedad el artículo 15.6 del LIS (Ley 43/1995) determina la integración en la base imponible del socio de la diferencia entre el valor de mercado de los elementos recibidos y el valor contable de la participación anulada. El valor de la participación se ha de entender referido, al tratarse de la participación en una sociedad transparente, al valor de adquisición y titularidad, esto es, el valor de adquisición se debe incrementar en el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los socios, según lo dispuesto en el 15.9. Por tanto, la disolución de la sociedad ha generado en el socio una renta negativa o pérdida.
En la Villa de Madrid, a 13 de julio de 2006 vista la reclamación económico-administrativa que, en alzada, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad X, S.L., con N.I.F. ... y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución del T.E.A.R. de ... de fecha 16 de septiembre de 2004, relativa al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1994 a 1997, y cuantía, 286.158,60 euros.
PRIMERO.- Con fecha 27 de julio de 2000 los servicios de la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ... incoaron a la hoy reclamante acta de disconformidad (A02) número ... por el impuesto y ejercicios antes citados:
A) Las actuaciones han tenido carácter parcial, limitadas a comprobar las operaciones de la sociedad transparente X, S.L., relacionadas con la también transparente Y, S.A. de la que es socio. Los ejercicios sociales de X, S. L. comienzan el 1 de diciembre y finalizan el 30 de noviembre de cada año.
B) X, S.L. se constituyó el 26 de julio de 1994, con un capital social de 179.200.500 pts. suscrito, salvo una participación, por D. ..., mediante la aportación de 112 acciones de su propiedad de Y, S.A., equivalentes al 11,20% de su capital social. Esta aportación fue valorada a razón de 1.600.000 pts/acción.
C) Y, S.A., que en fecha 21 de noviembre de 1995 fue transformada en sociedad de responsabilidad limitada, realizó entre 1995 y 1998 cuatro reducciones de su capital social, mediante la amortización de participaciones y reembolso del nominal a los socios. En las sucesivas reducciones se respetó el porcentaje de participación de cada socio, de modo que X, S.L. fue titular en cada momento aproximadamente de un 11, 20%.
D) Y, S.L. imputó a sus socios las bases imponibles positivas obtenidas. X, S.L., contabilizó como ingresos tales imputaciones de bases imponibles positivas en lugar de los dividendos obtenidos, coincidiendo así el criterio fiscal con el contable. Asimismo, contabilizó como pérdidas (y las computó como fiscalmente deducibles) las diferencias entre el nominal devuelto de las participaciones sucesivamente amortizadas y el valor de la participación. Finalmente la sociedad participada se disolvió y liquidó en noviembre de 1998, percibiendo los socios sus respectivas cuotas de liquidación, siendo la cuota adjudicada a X, S.L. de 752.204 pts.
E) La inspección no admite las pérdidas declaradas por el sujeto pasivo, por las reducciones de capital. Por lo que se refiere a los ejercicios iniciados en 1994 y 1995, es de aplicación la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Su artículo 15.2 establece que no existe incremento o disminución de patrimonio en los supuestos de reducción del capital social. En el caso de reducción con devolución de aportaciones, cabe interpretar de dicho apartado que para el socio se reduce el valor contable de su participación, y sólo el exceso sobre el valor contable determina un rendimiento. En el presente supuesto, por tanto, no ha existido ninguna variación patrimonial en el socio. Tampoco podría admitirse la pérdida a través de la provisión del artículo 72.1 del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y ello porque, dado que Y, S.L. distribuyó cada año la práctica totalidad de los resultados obtenidos, el valor de realización de las participaciones al cierre y al inicio de cada ejercicio no debe sufrir variaciones. Además, lo cierto es que el sujeto pasivo no contabilizó provisión alguna por este concepto.
F) Por lo que se refiere al resto de ejercicios es aplicable la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. A tenor de los apartados 4 y 8 de su artículo 15 cabe concluir que no se ha verificado una variación patrimonial como consecuencia de la reducción de capital, la cual, por el contrario, origina la minoración del valor neto contable de la participación. Tampoco sería admisible el cómputo de la pérdida a través de la provisión (artículo 12.3 de la LIS de 1995) porque no hay modificación del valor neto contable de las participaciones.
G) En cuanto a la liquidación de Y, S.L., y sus consecuencias fiscales en la reclamante, señala el actuario que X, S.L. obtiene una pérdida, fiscalmente deducible, de 176.971.344 pts. por diferencia entre la cuota de liquidación y el valor de adquisición y titularidad, en aplicación de los artículo 15 apartados 6 y 9 de la Ley 43/1995.
SEGUNDO.- Presentadas alegaciones por la entidad, el Inspector Jefe Adjunto dictó en fecha 11 de octubre de 2000 acuerdo de liquidación en el que se confirma la propuesta de regularización contenida en el acta. La deuda tributaria resultante asciende a 47.612.784 pts., de los que 37.716.435 pts. corresponden a la cuota y 9.896.349 pts. a los intereses de demora. Este acuerdo fue notificado al obligado tributario el 19 de octubre de 2000.
TERCERO.- Disconforme con dicho acuerdo, la entidad interpuso con fecha 2 de noviembre de 2000, reclamación económico-administrativa, en primera instancia, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., en la que, en síntesis ratifica las alegaciones presentadas ante el Inspector Jefe, ampliando las mismas.
CUARTO.- El Tribunal Económico-Administrativo Regional, en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2004, resolvió dicha reclamación, desestimándola y confirmando la liquidación. Esta resolución fue notificada con fecha 5 de octubre de 2004.
QUINTO.- Contra dicha resolución, la entidad interpuso recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central el 5 de noviembre de 2004. Puesto de manifiesto el expediente, formuló alegaciones, referidas en síntesis al análisis económico y tributario de la operación en su globalidad y al estudio en particular de los ajustes practicados por la Inspección. Invoca en su defensa la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1999 y solicita finalmente la anulación del acuerdo de liquidación por ser correcto el criterio aplicado por el contribuyente de dotar contablemente y deducir fiscalmente en cada ejercicio la pérdida consecuencia de la amortización de las acciones.
PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en segunda instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la única cuestión a resolver si proceden o no los ajustes practicados por la Inspección a la reclamante con motivo de las reducciones de capital y la final disolución y liquidación de la entidad participada Y, S.L.
SEGUNDO.- Teniendo en cuenta los periodos impositivos afectados por la actuación inspectora, la normativa aplicable viene determinada por:
a) Para los ejercicios iniciados antes de 1-1-1996, esto es, de 1-12-94 al 30-11-95 y del 1-12-95 al 30-11-96, la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y su Reglamento (Real Decreto 2631/1982).
b) Para los iniciados a partir de 1-1-1996, por tanto, los comprendidos de 1-12-96 a 30-11-97 y de 1-12-97 a 30-11-98, la Ley 43/1995 y su respectivo Reglamento, aprobado por el Real Decreto 537/1997.
Por lo que se refiere al régimen de transparencia fiscal, el paso de una Ley a la otra produjo cambios importantes. De acuerdo con la Ley 61/1978, las características del régimen, en lo que aquí afecta, eran:
- La sociedad transparente imputa a sus socios residentes las bases imponibles positivas, sin tributar ella por el Impuesto sobre Sociedades.
- La figura de la doble transparencia, por la que las sociedades transparentes que sean socios de otra transparente, quedarán excluidas del régimen y tributarán en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo igual al marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Por su parte, la Ley 43/1995 introduce como novedades la tributación de la sociedad transparente por el Impuesto sobre Sociedades y la desaparición del supuesto de la doble transparencia.
Teniendo en cuenta tales características, así como las circunstancias de la reclamante, cabe concluir que por los ejercicios iniciados en 1994 y 1995, al ser la interesada sociedad transparente y socio a su vez de otra entidad transparente, debe tributar al tipo marginal máximo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 56 %. Por su parte, para los iniciados en 1996 y 1997, ha de tributar por el Impuesto sobre Sociedades, a los tipos transitorios del 0 y 10% respectivamente (D.T. 22 de la Ley 43/1995).
Debemos hacer finalmente referencia, para completar la normativa aplicable, a la regulación fiscal para el socio de las operaciones de reducción de capital (bajo las dos legislaciones) y de disolución. La Ley 61/1978 dedica a la primera cuestión el artículo 15.2, señalando que "se estimará que no existen incrementos y disminuciones patrimoniales en los supuestos de reducción del capital social. No obstante, cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta minorará el valor neto contable de los valores afectados, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar tributará como rendimiento del capital mobiliario". Por su parte, la Ley 43/1995 se refiere a las reducciones de capital en el artículo 15.4, el cual establece que "en la reducción de capital con devolución de aportaciones se integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor normal de mercado de los elementos recibidos sobre el valor contable de la participación".
Finalmente, y en cuanto a la disolución (aplicable ya sólo la Ley 43/1995), el artículo 15.6 de dicha norma legal determina la integración en la base imponible del socio de la diferencia entre el valor de mercado de los elementos recibidos y el valor contable de la participación anulada. El valor de la participación se ha de entender referido, al tratarse de la participación en una sociedad transparente, al valor de adquisición y titularidad, esto es, el valor de adquisición se debe incrementar en el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los socios (artículo 15.9 Ley 43/1995).
TERCERO.- Pasando ya al análisis del supuesto planteado, ha de advertirse en primer término que al tratarse de participaciones en una sociedad transparente, habremos de tomar la cautela de sustituir el coste de adquisición contable por el llamado valor de adquisición y titularidad, consistente en la suma del valor de adquisición y los beneficios no distribuidos imputados a los socios.
Por lo que se refiere a las reducciones de capital, en cuanto a los ejercicios 1994 y 1995, el artículo 15.2 de la Ley 61/1978 parece dejar claro su tratamiento fiscal para el socio al señalar que "cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta minorará el valor neto contable de los valores afectados, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar tributará como rendimiento del capital mobiliario".
Es decir, las reducciones de capital no generan renta (ni positiva ni negativa) en el socio sino que simplemente minoran el valor de adquisición, y una vez anulado, el exceso sí tributaría.
Por lo que respecta a los períodos en que resulta de aplicación la Ley 43/1995, el artículo 10 de la misma en su apartado 1 dispone "La base imponible estará constituida por el importe de la renta en el período impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores".
El apartado 3 del mismo precepto añade "En el régimen de estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas".
El artículo 15 de la misma ley se refiere a las reducciones de capital en dos apartados: en el apartado 4 establece que "En la reducción de capital con devolución de aportaciones se integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor normal de mercado de los elementos recibidos sobre el valor contable de la participación".
En el apartado 8 prevé que "La reducción de capital cuya finalidad sea diferente de la devolución de aportaciones no determinará para los socios rentas, positivas o negativas, integrables en la base imponible".
En una primera aproximación a estos dos apartados del artículo 15 se suscitan las siguientes consideraciones:
Ha de observarse que ninguno de los preceptos establece distinción alguna en función del mecanismo concreto a través del que la reducción se lleve a cabo -disminución del nominal o amortización de acciones-.
Puede afirmarse que el apartado 8 establece que en las reducciones de capital, exceptuando las producidas con devolución de aportaciones, no determina para los socios renta alguna ni positiva ni negativa. Se alinea así la nueva LIS con el criterio antes reproducido de la Ley 61/78 y con el asimismo asumido por la Ley del IRPF.
En el apartado 4 asume una excepción a este principio, previendo en el supuesto reducción de capital con devolución de aportaciones que sí haya una incidencia en la base imponible, en la medida en que el exceso del valor de mercado de los bienes recibidos sobre el valor contable de la participación ha de integrarse como renta en la base del Impuesto. La norma fiscal parece pretender que esa "neutralidad" fiscal de las reducciones de capital no ampare supuestos en los que el socio reciba bienes cuyo de valor de mercado exceda del valor de la participación, generando para el socio un auténtico beneficio que quede sin tributar.
Ha de resaltarse la diferente dicción utilizada por la norma que en la reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios prevé que se integrará en la base "el exceso", mientras que en la disolución de entidades y separación de socios se computará la diferencia -es decir, positiva o negativa- entre el valor normal de mercado de lo recibido y el valor contable de la participación anulada. Es significativo que el legislador, pudiendo haber dicho lo mismo en ambos casos, no lo haya hecho.
La literalidad del apartado 4 parece excluir del mismo el supuesto de reducción en el que la devolución se produce no en especie sino en numerario; ello tiene lógica toda vez que en estos supuestos no es precisa la cautela del legislador de que se atribuyan bienes cuyo valor de mercado exceda de lo aportado; y si lo que ocurre es que el metálico devuelto excede de lo aportado, ello discurrirá por la vía de distribución de beneficios.
Dicho lo anterior se suscita inmediatamente la cuestión de dónde queda incluido el supuesto de reducción de capital con devolución de numerario. De interpretarse que el legislador fiscal ha pretendido como principio general la inexistencia de renta fiscal en los casos de reducción de capital, salvando la excepción antedicha de devolución de aportaciones en especie, en cuyo caso prevé la integración en la base de las potenciales rentas positivas -exceso de lo recibido sobre el valor de la participación-, habría de concluirse que en la reducción de capital con devolución de numerario a los socios, el esquema se reproduciría, reduciéndose el valor de la participación en el importe del efectivo entregado a los socios; y este, en principio, salvo supuestos excepcionales de devaluación de la moneda, etc, no plantea ningún problema de valoración de mercado.
Subsiste, sin embargo, la cuestión de si en este supuesto se puede admitir desde el punto de vista tributario una pérdida, como pretende el reclamante en el supuesto analizado y rechaza la Inspección y el Tribunal Regional.
Atendida la falta de mención expresa del supuesto que nos interesa, podría abordarse la respuesta desde una doble perspectiva: si se considera que las normas que contemplan la reducción de capital en el citado artículo 15 de la Ley 43/1995 pretenden sentar un principio general de no reconocer renta positiva ni negativa en estos supuestos, salvo el caso de que el valor de lo recibido exceda sobre el valor contable de la participación, habría de darse una respuesta negativa, entendiendo que no cabe computar una renta negativa en el caso que nos ocupa. Esta vía interpretativa resultaría coherente con el criterio que la Ley del IRPF sigue y con el que se sustentaba explícitamente en la anterior LIS, 61/1978.
De enfocarse la cuestión desde otra perspectiva, es decir, considerando que, al no contemplar el artículo 15 el supuesto específico de la reducción de capital con devolución de numerario, la norma fiscal no ha previsto especialidad alguna en los términos del artículo 10.3 antes trascrito, ha de estarse al resultado contable. A este respecto, tampoco el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/1990, regula explícitamente la operación en cuestión.
Ante estas circunstancias, el artículo 148 de la misma Ley 43/1995, relativo a las facultades de la Administración para determinar la base imponible, prevé: "A los solos efectos de determinar la base imponible, la Administración Tributaria podrá determinar el resultado contable, aplicando las normas a que se refiere el artículo 10.3 de esta Ley".
Pues bien, a este respecto es de destacar en el caso aquí planteado que la participación de la interesada en la sociedad que lleva a cabo las reducciones de capital se mantiene a lo largo de los años considerados, hasta la final disolución de la participada; por consiguiente, minorándose el valor contable de su participación societaria en los importes reintegrados, no experimenta pérdida alguna, por lo que han de rechazarse las computadas por la reclamante con ocasión de las referidas reducciones de capital; y ello a diferencia de lo que finalmente acaezca en la disolución, en la que, en el presente caso, la Inspección computa una pérdida fiscalmente deducible en el ejercicio 1998.
En síntesis, pues, por ambas vías interpretativas se alcanza la conclusión de que en las operaciones contempladas, siempre y cuando el socio afectado mantenga su participación en la sociedad, el importe de lo percibido reduce el coste por el que tiene contabilizada dicha cartera pero no procede computar una renta negativa.
CUARTO.- Por lo que se refiere a la disolución, de la conjunción de los apartados 6 y 9 del artículo 15 de la Ley 43/1995, se desprende que la renta para el socio consecuencia de la disolución de la entidad transparente participada vendrá dada por la diferencia entre la cuota de liquidación y el valor de adquisición y titularidad.
De acuerdo con todo lo anterior, la rentas fiscales obtenidas por el socio en cada una de las operaciones son las siguientes:
Variación valor Valor Valor Renta
Adquisición Adquisición transmisión
Adquisición + 179.200.000 179.200.000
Imputación BI 94 +29.943.355 209.143.355
Dividendo 94 -29.943.200 179.200.155
1ª reducción -190.000 179.010.155 190.000 0
Imputación BI 95 +38.672.844 217.682.999
Dividendo 95 -38.672.780 179.010.219
2ª reducción -240.000 178.770.219 240.000 0
Imputación BI 96 +14.581.932 193.352.151
Dividendo 96 -14.581.925 178.770.226
3ª reducción -90.000 178.680.226 90.000 0
Imputación BI 97 +55.579.627 234.259.853
Dividendo 97 -55.579.200 178.680.653
4ª reducción -390.000 178.290.653 390.000 0
Imputación BI 98 +19.589.991 197.880644
Dividendo 98 -20.157.095 177.723.549
Disolución 177.723.549 752.204 -176.971.345
En consecuencia, las cuatro reducciones de capital realizadas por Y, S.L. no han generado renta alguna ni positiva ni negativa a integrar en la base imponible de su socio X, S. L. Dado que éste sí ha contabilizado pérdidas por dichas operaciones y se las ha deducido fiscalmente, son correctos los ajustes positivos practicados por la Inspección. Por lo que se refiere a la disolución, la misma ha generado en el socio una renta negativa o pérdida de 176.971.345 pts., siendo igualmente correcto el ajuste negativo que por dicho importe realiza la Inspección.
QUINTO.- Las conclusiones a las que llega este Tribunal no se ven desvirtuadas en ningún caso por las alegaciones formuladas por la reclamante en su recurso de alzada:
1ª. Señala ésta que los ajustes de la Inspección constituyen una interpretación tendenciosa del Impuesto sobre Sociedades para impedir que el socio primero de Y, S.L. y luego de X, S.L. se beneficie de los coeficientes de abatimiento del I.R.P.F. por la aportación no dineraria. No cabe hablar, sin embargo, de interpretación tendenciosa del Impuesto sobre Sociedades, sino de correcta aplicación del tratamiento fiscal en el socio de las operaciones de reducción de capital y disolución, sin que se haya negado en ningún caso el acogimiento a los coeficientes de abatimiento.
2ª. Argumenta igualmente la reclamante que la Inspección pospone la pérdida a un momento en que no la puede recuperar, en base a considerar los ejercicios como compartimentos estancos, dándose la circunstancia de que si todas las operaciones se hubieran realizado en un mismo ejercicio la Inspección no habría realizado modificación alguna. A lo anterior, cabe responder nuevamente que la Inspección simplemente ha aplicado a cada operación, en el momento de su realización, su régimen fiscal. No cabe hablar en consecuencia de un diferimiento caprichoso de las pérdidas. Efectivamente, si todas las operaciones se hubieran realizado en un mismo periodo impositivo, se habría producido una compensación de ajustes, pero lo cierto es que no ha sido así; las operaciones se han realizado a lo largo de varios ejercicios y pretender agrupar todos los ejercicios en uno iría en contra de las normas reguladoras del periodo impositivo y del devengo del impuesto, según las cuales, los impuestos sobre sociedades de cada uno de periodos impositivos se han de entender obligaciones tributarias independientes entre sí (con la excepción de la compensación de bases imponibles negativas).
3ª. Interpretación que hace la reclamante del artículo 15.2 de la Ley 61/1978. Entiende que el primer inciso se refiere a la reducción de capital sin devolución de aportaciones y que el segundo se ha de entender a sensu contrario: si el importe de la devolución no llega a anular el valor de la participación, el defecto debe considerarse una pérdida. Dicha interpretación es retorcida, carece de lógica y está totalmente alejada de la intención del legislador. Si el legislador hubiese querido regular en el mismo sentido el caso contrario, habría empleado una redacción mucho más sencilla, simplemente diciendo que la diferencia entre el importe de la devolución y el valor de la participación constituirá una variación de patrimonio, quedando de este modo incluidas también las pérdidas.
4ª. En todo caso, señala la interesada que para las sociedades transparentes no resulta aplicable el artículo 15.2 sino el artículo 15.7 b), el cual regula la transmisión de participaciones de sociedades transparentes. A este respecto cabe señalar que, si bien la reducción de capital para el socio podría asimilarse por analogía a una transmisión de participaciones, existiendo una regulación expresa del supuesto de reducción de capital, (aplicable a sociedades transparentes y no transparentes), es dicho precepto y no otro el que debe aplicarse.
El mismo razonamiento puede seguirse con los apartados 4 y 9 del artículo 15 de la Ley 43/1995. Con las particularidades expuestas al abordar en el fundamento cuarto las vías interpretativas de los apartados 4 y 8, relativos a la reducción de capital, que duda cabe que la modalidad de reducción de capital con devolución de aportaciones en metálico siempre estará más próxima conceptualmente a la otra modalidad de devolución de aportaciones en especie, que a la regulación general de la transmisión, como propugna la reclamante.
5ª. No puede tampoco admitirse, a juicio de este Tribunal, la deducción de las pérdidas reconduciéndolas a la calificación de dotación a la provisión por depreciación, pues ello significaría que resultados derivados de una cartera de participaciones sobre una sociedad transparente, se imputaran al socio al margen de las propias reglas del régimen de transparencia. Ya ha señalado este Tribunal que ello equivaldría económicamente a imputarse bases imponibles negativas, aspecto prohibido por la Ley (Resolución de 15-10-2004, R.G. 2260-2001, entre otras).
6ª. La reclamante invoca una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1999 que permite a una sociedad transparente deducirse una pérdida por una venta de acciones, en contra del criterio de la Inspección que señalaba que debía habérsela deducido previamente vía provisión por depreciación. En relación a esta cuestión, cabe remitirse a lo señalado en el punto anterior respecto a la no deducibilidad de la provisión por depreciación de acciones de una sociedad transparente. En el caso resuelto por la sentencia es el socio y no la sociedad participada la transparente, y en el caso presente lo relevante para negar la deducibilidad de la provisión es precisamente que la sociedad participada, Y, S.L., resulta ser transparente.
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, vista la reclamación económico-administrativa que, en segunda instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad X, S.L., y en su nombre y representación por D. ..., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 16 de septiembre de 2004, relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1994 a 1997, ACUERDA: Desestimar la reclamación interpuesta y confirmar la liquidación impugnada.
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 5799/2003, 17-09-2009
Orden: Administrativo Fecha: 17/09/2009 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martin Timon, Manuel Num. Recurso: 5799/2003
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 2238/2006, 13-01-2011
Orden: Administrativo Fecha: 13/01/2011 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martin Timon, Manuel Num. Recurso: 2238/2006
Resolución No Vinculante de DGT, 2454-97, 20-11-1997
Órgano: Sg De Tributos Fecha: 20/11/1997 Núm. Resolución: 2454-97