Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/38010
Timestamp: 2019-10-18 18:58:29
Document Index: 85477768

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'ARTÍCULO 50', 'artículo 47', 'Artículo 47', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 6']

Gaceta: LXII/1PPO-51/38010
Propone reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para homologar estos ordenamientos a la reforma constitucional, en los casos en que las autoridades y las y los funcionarios públicos que no acepten o cumplan una recomendación de la CNDH, ésta pueda dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente a fin de que las Comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, al tenor de la siguiente:
El 10 de junio de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Se trata de una de las reformas más importante y trascendentes no sólo para nuestro marco constitucional, sino que además con ésta se sientan las bases para dotar de un mayor ámbito de protección de los derechos fundamentales de las y los mexicanos.
Sin duda estamos ante una reforma estructural que contiene un cambio de fondo en la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. En su parte sustantiva la reforma incorpora principios del derecho internacional por lo que todas las autoridades tienen ahora la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Se establece además el principio de interpretación pro persona, por lo que los tribunales al interpretar la norma deberán pronunciarse por aquella que brinde mayor protección a un derecho fundamental.
Se implementa la clausula para la protección en los casos de asilo y refugio y establece una serie de derechos que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos no pueden ser suspendidos y se respeta el derecho de audiencia de extranjeros en caso de expulsión del territorio nacional.
Asimismo se le otorgan facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos.
Una de las partes más importantes de esta reforma tiene que ver con el incumplimiento de las recomendaciones de la CNDH. La reforma señala que: “Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”.
Como podemos observar, se trata de una reforma que otorga al Senado de la República y en su caso, a la Comisión Permanente mecanismos de control político en el caso de incumplimiento por parte de las y los servidores públicos sobre las recomendaciones que emita la CNDH.
Habrá que recordar que hasta antes de la reforma constitucional de junio de 2011, no han existido los mecanismos de control político por parte del Poder Legislativo para todas aquellas conductas omisas, evasivas e incluso irresponsables por parte de las y los servidores públicos que son señalados en las recomendaciones de la CNDH y que no le dan el debido cumplimiento, o lo más grave solo las aceptan de manera formal, o en ocasiones llegan al extremo de denostar al organismo promoviendo en su contra descalificaciones.
Muestra de ello se consigna en el Informe de actividades de la CNDH, el cual señala que para el año 2011 se emitieron 95 recomendaciones dirigidas a 58 autoridades, en 141 ocasiones.
De este universo ocho no fueron aceptadas por las siguientes autoridades:
H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravos; H. ayuntamiento de Benito Juárez Quintana Roo; Congreso del Estado de Guerrero; H. Ayuntamiento de Juanacatlàn Metlaltònoc, Guerrero; Secretario de Seguridad Pública Federal; Secretaria de Salud y la Comisión Nacional del Agua.
En este rubro destaca la negativa recurrente de la Comisión Nacional del Agua, que en el año 2010 no aceptó la Recomendación 12/2010, relativa a la descarga de residuos químicos al Río Santiago, en Jalisco, que provocó la muerte de un menor, y en 2011 no aceptó las Recomendaciones 54/2011, sobre el caso de las descargas de aguas residuales provenientes del drenaje del municipio de Jonuta, Tabasco, al Río Usumacinta y la contaminación en la zona, y la 61/2011, sobre las inundaciones en Tabasco en 2010, que lastimaron a miles de víctimas[1].
Destaca de este informe el creciente número de quejas relativas a cateos ilegales llevados a cabo por elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio de las labores de seguridad pública.
En agosto de 2011 la CNDH emitió una Recomendación General sobre la Práctica de Cateos Ilegales, en la que se enfatiza la necesidad inmediata de erradicar las referidas actuaciones y urge a las autoridades responsables a que se sometan al imperio de la ley, sean garantes de la observancia del debido proceso y del respeto a los derechos de libertad, intimidad y privacidad. Dicha Recomendación General concluyó con siete recomendaciones, tendentes a fortalecer el marco normativo aplicable, brindar seguridad jurídica a las y los gobernados, capacitar y evaluar periódicamente a los policías y fuerzas armadas, así como difundir a la población el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y los requisitos constitucionales para realizar una orden de cateo.
Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración del Senado de la República tiene por objeto establecer reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para homologar estos ordenamientos a la reforma constitucional, en los casos en que las autoridades y las y los funcionarios públicos que no acepten o cumplan una recomendación de la CNDH, ésta pueda dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente a fin de que las Comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa;
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un artículo 50 bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 50 BIS. En los casos en que los funcionarios de la Administración Pública Federal, Centralizada o Paraestatal no acepten o cumplan una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta podrá dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente a fin de que las Comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa;
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XXI del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:
XXI.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan. Para los efectos de no aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción XIX del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 8º . Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
XIX: Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentos que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también el contenido de los informes y datos que se le hubieren proporcionado. Para los efectos de no aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma la Fracción V del artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue:
V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley. En los casos en que las autoridades no acepten o cumplan una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta podrá dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente a fin de que las Comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa;
[1] Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.