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Timestamp: 2019-06-20 01:57:27
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Que es el derecho penal esclavista | Wiki Derecho
Que es el derecho penal esclavista
28 diciembre, 2016 DerechoConcepto de derecho penal esclavista, Criticas al normativismo jurídico, Derecho penal esclavista, Derecho penal esclavista concepto, Derecho penal español, Fabricacion de la delincuencia en el derecho penal, La fabricación de la delincuencia en derecho, Teoría general del derecho penalwiki
D. Y SOCRelaciones:
El D.Constituye 1factor o 1aspecto +de la vida soc.
Estoqiere decir qel D.No e sólo un conjunto de normas qcomo tal es 1especie de isla en 1soc determinada. El D. Se produce en cada soc concreta xlos grupos y fuerzas qde manera desigual operan en eya,xtanto es parte de esa soc en cuanto se encuentra en relación con los de+ factores socs.Las relaciones qse dan entre el D. Y el resto de los factores sociales(econ, polít, culturales, etc.) son de interdependencia. De ahí qse afirme qel D. Ha de entenderse desde la referencia al marco soc en el qaparece y en el qse proyecta. Las normas, en particular, y el d, globalmente considerado surgen, en principio,pa dar respuesta,pa regular y ofrecer 1tratamiento jurídico regulado a diversas situaciones socs y,xotro lado, cuando se aplican dichas normas tienen lugar 1serie de efectos soc qpueden coincidir o no con las expectativas que tenía el legislador al producir la norma.
Ni el D. Es independiente de los fenómenos soc, ni constituye 1variable absolutamente dependiente de la sociedad, de modo qnorma jurídica y norma soc sean intercambiables. Ciertamente el D. Se proyecta sobre zonas amplísimas de la realidad soc, pero no se identifica en todas sus dimensiones con eyas y con todos los comportamientos qen eyas se dan, sino qregula algunos de esos comportamientos, y al hacerlo,tmb interviene en los procesos de cambio de los diferentes factores sociales. De lo qse trata es de poner de manifiesto la condición soc de los fenómenos jurídicos,sobre to cuando podemos constatar, d1lado,qel D. Arranca de diferentes realidades socs, y de otro lado, qla producción o modificación de normas jurídicas cuando se aplican tiene efectos soc.
2. D y cambio soc :
Pa qse pueda hablar de cambio soc ha de producirse 1alteración en los modos de conducta establecidos en1 soc. Xtanto ay cambio soc cuando se modifica la estructura soc. La relación entre d.Y cambio soc se puede abordar desde diversas perspectivas:
A) el impacto del cambio soc en el D:
Este proceso se refiere a la adecuación de las normas jurídicas a los cambios soc qcaracterizan a las soc modernas. Se trata de observar si la evolución del D refleja un cambio soc +amplio. Este aspecto de la cuestión hace referencia a la efectividad dlas normas. La efectividad de 1norma es el grado de realización, en la práctica soc, de las reglas enunciadas xel D. El problema del cambio soc tmb está vinculado con el problema dla eficacia soc de las normas jurídicas que, por otro lado, algunos autores consideran la cuestión decisiva dlas relaciones entre D. Y soc. La noción de eficacia soc indica los efectos o las consecuencias qproducen las normas jurídicas, consecuencias que en parte se encuentran preestablecidas en las propias normas, pero que están condicionadas xlos hechos externos a esas normas.Xtanto, el planteamiento de las relaciones entre cambio de modelos normativos y cambios soc exige tener en cuenta el modelo de la adecuación o no entre los efectos previstos xlas normas ylos efectos qrealmente éstas despliegan.1de los ejemp +evidentes de cambios en la regulación jurídica producidos xcambios soc previos se perciben claramente en el D. Del trabajo, y en consecuencia, en toda la regulación penal dlos delitos contra los ds. De los trabajadores. Si la norma no tiene los efectos previstos o en un momento determinado deja de tenerlos puede ser un indicador dq es preciso introducir cambios en el sist. Jurídico, paq pueda ser eficaz, y en este caso, estos cambios vienen a ser consecuencia de cambios socs. Los cambios pueden producirse xqse da una nueva legislación,pero tmb es posible qel D. Se adapte a las nuevas circunstancias sociales sin modificar su estructura o su forma, ya qlos conceptos jurídicos pueen permanecer inalterados en su forma pero pueden cambiar en su función a través de su interpretación y aplicación.
B)La influencia del cambio jurídico en el cambio soc:
En este sentido se habla del D. Como factor o elemento qse anticipa a los cambios soc. El D. Es 1producto soc, pero tanto en el proceso dsu creación como 1vez creado adqiere 1relativa autonomía qposibilita su incidencia en la realidad soc dqse trate. Si la creación y aplicación del d. No fuera + q1 mero reflejo mecánico dlas relaciones soc no podríamos ablar de ningún tipo de influencia propia y específica del D. Sobre la soc, éste no haría +qasegurar o consolidar los cambios soc previos.
DERECHO Y OTROS ÓRDENES NORMATIVOS:
Una de las dimensiones del Derecho es la normativa. Esto nos remite a la existencia de órdenes normativos y nos lleva a preguntarnos qué son los órdenes normativos, qué son las normas.
A este respecto puede decirse que las normas se caracterizan porque no son expresión de lo que es o acontece, sino de lo que debe ser o acontecer. En esto se diferencian las normas de las leyes de la naturaleza que son enunciados referentes al ser y que expresiones del principio de causalidad necesaria que rige en este ámbito, en cuya virtud la relación causa-efecto en el orden natural se produce de manera inexorable. Pero las normas, en cuanto expresión de un deber ser, se diferencian también de las leyes sociológicas, económicas, históricas, etc… que son también enunciados acerca de lo que es, de lo que acontece, aunque no ya referido a los fenómenos naturales, sino a los fenómenos culturales y humanos.
Las normas en cuanto a que establecen algo que debe ser y no algo que inexorablemente tenga que ser, comportan siempre la posibilidad de su violación, de su incumplimiento. Las normas tienen por objeto comportamientos humanos, decisiones y actos humanos a los que es inherente la libertad, la posibilidad de elección. Toda norma está formulada sobre el presupuesto esencial de la libertad de los destinatarios para cumplirla o no. Precisamente porque en el mundo real puede no cumplirse lo que la norma establece, por eso la norma tiene sentido como tal norma, dirigida a personas libres. Si lo que la norma establece se realizase siempre y necesariamente, de modo forzoso, entonces la norma perdería su carácter de norma, de deber ser y se convertiría en una ley fáctica.
En conexión con lo anterior, y a diferencia de las leyes naturales, y también de las sociológicas, económicas, históricas, etc…que solo valen en cuanto se cumplen, la validez de las normas es independiente de su cumplimiento o incumplimiento. Aunque sea violada la norma continúa siendo válida. No porque una persona mate a otra deja de tener validez la norma jurídica que prohíbe matar.
1. Derecho y usos sociales
Los usos sociales son un conjunto de prácticas, pautas y reglas de comportamiento generalmente admitidas en una sociedad o en algunos de sus sectores y que afectan a númerosísimos aspectos de nuestra vida. Dentro de los usos sociales se suele distinguir entre los normativos y los no normativos. Estos consisten en prácticas mayoritarias pero sin que se le atribuya un carácter vinculante, normativo, obligatoria, y sin que, por consiguiente, la conducta que se aparta de esa práctica provoque una reacción social adversa, esto es, sin que el grupo ejerza presión sobre quienes actúan de modo distinto. Lo usos sociales normativos, o usos sociales en sentido estricto, se caracterizan por revestir una cierta obligatoriedad o vinculatoriedad social y porque el grupo social ejerce una presión para obtener su cumplimiento, determinando su inobservancia una reacción social adversa que puede ir desde la mera reprobación social hasta la marginación del grupo.
En este sentido los usos sociales normativos presentan dos importantes semejanzas con el Derecho: su obligatoriedad social y estar provistos de coacción externa. La diferencia radica, sin embargo, en la institucionalización de la sanción. En efecto, en el ámbito del Derecho existen ciertos órganos específicamente creados para tal fin por el ordenamiento jurídico y especialmente encargados de disponer la aplicación de sanciones o de aplicarlas efectivamente, mientras que la sanción de las normas sociales no está institucionalizada. Las sanciones sociales presentan un carácter difuso, informal, desorganizado. Paralelamente frente a la ambigüedad y vaguedad de las normas sociales, el Derecho se caracteriza por una mayor certeza, base precisamente de la seguridad jurídica.
2. Derecho y moral
El problema de las relaciones entre Derecho y moral estriba en la búsqueda de los elementos necesarios para distinguir el Derecho de la moral, para no confundir ambos conceptos, para establecer entre ellos una diferenciación clara, pero sin escindirlos, sin separar radicalmente el Derecho de la moral. En consonancia con ello examinaremos en primer lugar los rasgos diferenciales entre el Derecho y la mora, y después nos referiremos a las conexiones entre Derecho y moral.
Derecho y moral son órdenes normativos que regulan la conducta humana, en tanto que humana, es decir en cuanto actividad humana y libre. Por ello, ambos pueden considerarse englobados dentro del ámbito ético en sentido amplio, en cuanto orden regulador del comportamiento humano, que hace referencia la posibilidad de las acciones no en el plano físico o empírico, sino en el valorativo de la permisibilidad de las mismas. No obstante, entre Derecho y moral existen importantes diferencias.
El Derecho contempla las acciones humanas atendiendo a su perspectiva social, desde el punto de vista de su relevancia o trascendencia social. La moral alas contempla atendiendo primordialmente a su dimensión personal, a su valor y a su significado personal. En este sentido sigue siendo buena la distinción entre buen hombre y buen ciudadano (Aristóteles), aunque ello no signifique en modo alguno que a la moral no le interesen las acciones sociales. La diferencia es de perspectiva o de punto de vista.
No obstante, la importancia de este primer rasgo distintivo del Derecho reside en poner de manifiesto los límites de lo jurídico, en el sentido de que hay materias que son objeto de regulación por parte de la moral y en las, en cambio, el Derecho no debe intervenir por pertenecer al ámbito de la moral estrictamente privada y carecer de relevancia social. Respecto de esta esfera el Derecho debe limitarse a reconocer y garantizar a la persona una zona de liberta dentro de la cual pueda moverse sin trabas, sin injerencias por parte de los demás n de los poderes públicos.
También se suele señalar como rasgo de distinción el de la mayor exterioridad del Derecho en comparación con la mayor interioridad de la moral. Con ello de lo que se trata de subrayar es el mayor interés del Derecho por las acciones externas, mientras que a la moral le interesa primordialmente el aspecto interno de las mismas. El Derecho admite ser cumplido con cualquier ánimo, mientras que a la moral le importa también el modo como la acción se realiza, el motivo de la acción.
Se ha señalado también como rasgo distintivo del Derecho respecto de la moral el de la tipicidad. Esto consiste en que no se refiere a la persona globalmente considerada, sino en cuanto ocupa determinadas posiciones jurídicas que el Derecho regula de forma genérica y en las que puede encontrarse en diferentes momentos cualquier persona (nacional, extranjero, comprador, reo, etc.) Así, pues, la dimensión de la persona que opera en Derecho no es la persona en sí globalmente considerada, sino el llamado sujeto de Derecho, que es la persona exclusivamente considerada en su dimensión social, y en concreto, en cuanto que se encuentra en determinadas situaciones jurídico-sociales.
Puede decirse que el Derecho se diferencia también de la moral (al menos de la moral personal y de la religiosa) en que la moral en estas dimensiones es incoercible. Su cumplimiento no puede imponerse por la fuerza, ya que supone ante todo una actitud interior, una disposición de ánimo del sujeto.
La moral impone deberes y obligaciones. El Derecho impone deberes, pero también atribuye derechos subjetivos y pretensiones como correlato d elos deberes jurídicos. Cada deber jurídico que el Derecho impone a una persona tiene su correlato en el derecho de otra a exigir el cumplimiento de esa obligación.
La moral social, sin embargo, se encuentra mucho más próxima al Derecho. Al igual que el Derecho se refiere a los comportamientos sociales de la persona en sus relaciones con los demás y con la comunidad. También, y en la medida en que se expresa a través de los usos sociales, está también dotada de coacción externa, de ahí que para diferenciarla del Derecho se vuelva a recurrir al criterio de la institucionalización.
La necesidad de distinguir el Derecho de la moral no significa que no existan conexiones entre una y otro.
Aun cuando se interprete el deber jurídico como algo específico y distinto del simple deber moral, la cuestión del fundamento del deber jurídico implica consideraciones de orden moral. Frente a autores para quienes el fundamento de la obediencia alas leyes reside en la fuerza, en la existencia de coacción, otros sostienen que la obediencia las leyes descansa sobre la aceptación de sus destinatario, esto es sobre la convicción de éstos acerca de la validez, de la obligatoriedad de las normas jurídicas. No se trata de un reconocimiento individual, sino general; no se trata del reconocimiento de las normas jurídicas, sino del reconocimiento por la mayoría de los principios jurídicos fundamentales.
Frente a estas dos posturas se puede decir que ambos factores, la fuerza y el consenso, influyen realmente en la obediencia al Derecho
FUNCIONES Y FINES DEL DERECHO PENAL
El logro de la pacífica convivencia de cualquier grupo humano implica el establecimiento de un orden social, esto es, del conjunto de reglas y pautas de conducta que rigen la convivencia. El mantenimiento de ese orden social precisa, a su vez, de una serie de mecanismos dirigidos a promover y garantizar que el comportamiento de los individuos sea respetuoso con los contenidos del orden social acordado. El control social, así entendido, comprende dos niveles de actuación: el definitorial, por una parte, que implica la delimitación de los comportamiento inaceptables, bien sean desviados o criminales; y, por otra, el operacional, que comprende el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones dirigidas a detectar, manejar y/o suprimir tales comportamientos.
El control social puede ser formal o informal, según se trate de instancias y acciones públicas específicamente dispuestas para definir, individualizar, detectar, manejar y/o suprimir los comportamientos desviados, o de instancias y acciones privadas o públicas no específicamente dispuestas para tal fin. En este sentido, subraya GARCÍA-PABLOS como, hoy por hoy, no se puede prescindir de la distinción entre orden social (control social informal) y orden jurídico (control social formal), cuyos titulares respectivamente son la sociedad y el Estado. Y ello porque siempre tiene que existir una instancia superior y distinta que entre en funcionamiento cuando fracasen los mecanismos primarios de autoprotección del orden social y garantice eficazmente, en los conflictos más graves, la inviolabilidad de los valores fundamentales de la convivencia.
Es obvio que el Derecho penal refleja el contenido y el modelo del control social imperante. Subraya HASSEMER, en este sentido, como “sobre un control social represivo, poco claro, primitivo y desproporcionado no se puede construir un Derecho penal civilizado”. Pero a la vez, “un Derecho brutal embrutece el proceso sancionador de la vida cotidiana”, por lo que la influencia es mutua. El problema se plantea, pues, cuando la demanda de seguridad y de pena existente en una sociedad –y que en muchas ocasiones responde más a una construcción de los conflictos que a su realidad- se utiliza como justificación de un modelo de Derecho penal orientado principalmente a dos objetivos: lograr hacer efectivo el Derecho a la seguridad, aún a costa de la seguridad de los derechos de las minorías-; y hacer realidad las aspiraciones vindicativas del grupo social.
El fundamento del Derecho penal sería el contrato social y el fin del Derecho penal la protección de los bienes jurídicos.
I. DERECHO PENAL Y DERECHO INTERNACIONAL
El art. 96.1 CE dispone: Los tratados internacionales válidamente celebrados una vez
publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones
sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios
tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.
Fuente del DI son los tratados internacionales multilaterales que obligan a los estados que los
suscriben a adaptar sus leyes penales a las exigencias de la represión del delito a escala
Hay que distinguir Derecho Penal
Internacional de Derecho Internacional Penal.
Es el conjunto de principios de derecho que determinan el valor
territorial de las normas y leyes penales respecto a las personas y los bienes jurídicos de un
estado como miembro de la comunidad internacional.
Es el Derecho Penal relativo a los hechos que perturban el orden
público internacional y cuya estructura es puramente internacional. La existencia de este último
requiere una voluntad jurídica internacional vinculante con obligatoriedad propia y con
jurisdicción de carácter internacional ajena y por encima de la estatal
El DPI se refiere al alcance y eficacia de la ley penal de cada nacíón dentro y fuera del territorio
mientras que el DIP queda referido a los delitos y a las penas internacionales.
EL primer problema que plantea la creación de un DIP es el del poder punitivo que corresponde
exclusivamente al estado y tan solo podrá operar dentro del territorio al que esa soberanía se
Las fuentes de ese DIP deberán ser los convenios y tratados que firmen los estados haciendo
dejación de su soberanía y trasladando su poder punitivo a la organización internacional de la
que el tribunal dependería. Ahora bien problema es que solo estarían sometidos al tribunal
aquellos estados que previamente lo acepten. La soberanía popular y la vigencia universal de la
Declaración de los derechos humanos podrían ser los bienes jurídicos a proteger.
En conclusión no existe un DIP, si bien existen tratados sobre la materia que tipifican conductas
constitutivas de delitos, no hay un catalogo cerrado que recoja las reglas jurídicas de aquellas ni
un tribunal que puede juzgarlos.
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL PROFESORA MARÍA REVELLES CARRASCO
II. LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
No puede decirse que exista una justicia penal internacional. Lo que se ha hecho ha sido dar
respuesta internacional penal a determinados críMenes contra la Humanidad, en el seno de las
El origen más directo de la CPI se encuentra en los Juicios de Nuremberg y en los Juicios de
Tokio. Pese a que el primero de estos ha sido objeto de graves críticas -tanto por castigar
penalmente a personas jurídicas, como por no aplicar principios de temporalidad y
territorialidad de los delitos- fueron en conjunto considerados un gran avance en materia de
Posteriormente, en los albores de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de
Seguridad recomendó a un panel de expertos el que se explorara la posibilidad de establecer
una corte permanente de justicia en materia criminal. Sin embargo, después de largos debates, la
idea no prosperó hasta los graves acontecimientos del genocidio yugoslavo (1991 – 1995) y el
genocidio ruandés (1994).
En la ciudad de Roma se celebró una Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las
Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, en cuya acta final,
suscrita el día 17 de Julio de 1998, se establecíó la Corte Penal Internacional. Se trata entonces del
primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y
condenar los más graves críMenes, cometidos por individuos, en contra del Derecho
Internacional. Tiene su sede en La Haya (Los Países Bajos).
La Corte está compuesta de 4 órganos, 2 oficinas semi-autónomas y The Trust Fund for Victims
(TFV). Los órganos son: Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina del Fiscal y Registro. Consta
de un Presidente de la Corte (Juez) y dos vicepresidentes (Jueces), 18 jueces organizados dentro
de la División de cuestiones preliminares (escogidos según un criterio de representatividad
geográfica), la División de juicio y la División de apelaciones, el Primer Fiscal de la Corte, y la
Registrador de la Corte.
a) CríMenes
Los críMenes que puede conocer la Corte se encuentran limitados a los señalados en el artículo
5 del Estatuto de Roma, que son:
Crimen de Genocidio (art. 6): aquel que se comete contra una o más personas por que forma
parte de un grupo étnico, nacional, religioso y se haya cometido a fin de destruir total o
parcialmente ese grupo. El crimen de genocidio puede cometerse mediante: la matanza, lesiones
a la integridad física o mental, la imposición de medidas a impedir nacimientos y el traslado por
la fuerza de niños.
Crimen de lesa humanidad (art. 7): estos críMenes están reconocidos por la comunidad
internacional en general como los de mayor gravedad. A diferencia del de Genocidio, no se trata
de un solo tipo de crimen cometido de maneras diversas; sino se trata de críMenes que pueden
perfectamente individualizarse. El denominador común es el tipo de conducta, se trata de
críMenes que tuvieron lugar como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra
una población civil.
1-Asesinato
2-Exterminio
3-Esclavitud
4-Deportación
5-Encarcelamiento
6-Tortura
7-Violación
8-Prostitución forzada
9-Embarazo forzado
10-Esterilización forzada
11-Violencia sexual
12-Persecución
13-Desaparición forzada de personas
14-Apartheid
15-De otros actos inhumanos
CríMenes de Guerra (art. 8): obligar a prestar servicio en fuerzas enemigas. Denegación de un
juicio justo; de condenar o ejecutar sin garantías individuales. Deportación o traslado ilegal;
confinamiento ilegal; toma de rehenes. Ataque contra: la población civil, objetos civiles, personal
u objetos en una misión de mantenimiento de la paz o asistencia humanitaria. Causar muertes,
lesiones o daños incidentales excesivos; tratos crueles, mutilación; tortura. Ataque contra lugares
no defendidos; destruir o confiscar bienes del enemigo; saquear. Causar la muerte o lesiones a
una persona que esta fuera de combate. Utilizar de modo indebido una bandera blanca, bandera
insignia o uniforme del enemigo, de las Naciones Unidas o el uso indebido de los emblemas
distintivos de las Convenciones de Ginebra. De obligar a participar en operaciones bélicas. De
Utilizar, reclutar o alistar niños en las fuerzas armadas Emplear veneno o armas envenenadas;
gases, líquidos, materiales o dispositivos prohibidos; balas prohibidas. Ultraje contra la dignidad
de la persona; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada, violencia sexual. Someter a experimentos médicos o científicos. De causar
la muerte por inanición.
CríMenes de agresión (no definido): este tipo de críMenes todavía no se ha desarrollado y esta
en estudio. Tal vez sea el caso pueda presentar un lado político, dado que se trataría de aquellas
operaciones militares que se llevan a cabo con el propósito de control interno o sobre un
conflicto internacional. Es decir, podría ser una manera sutil de intentar limitar las operaciones
militares por motivos de defensa.
B) Principios aplicables
El funcionamiento de la Corte se rige por una serie de normas y principios que lo transforman
en un tribunal especial, sólo para conocer casos realmente particulares. Los principios aplicables
1. Complementariedad: la Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar
los hechos de competencia del tribunal.
2. Nullum crime sine lege: el crimen debe estar definido al momento de la comisión y que
sea competencia de la Corte;
3. Nulla poena sine lege: un condenado por la Corte sólo puede ser penado como ordena el
4. Irretroactividad ratione personae: nadie puede ser perseguido por la Corte por hechos o
delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia.
5. Responsabilidad penal individual: no serán objeto de la pretensión punitiva las personas
jurídicas, salvo como hecho agravante por asociación ilícita.
6. La Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de 18 años en el
momento de comisión del presunto crimen.
7. Improcedencia de cargo oficial: todos son iguales ante la Corte, aunque el acusado sea,
por ejemplo, jefe de Estado.
8. Responsabilidad por el cargo.
9. Imprescriptibilidad.
10. Responsabilidad por cumplimiento de cargo: no es eximente de responsabilidad penal.
C) Investigación y enjuiciamiento
La investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos se puede iniciar por tres formas
(art. 13):
Por remisión de un Estado Parte a la Corte de una situación particular.
Por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (donde se aplica el veto
invertido).
D) Penas y cumplimiento
Las penas que puede establecer la sentencia puede ser de prisión por un plazo no mayor de 30
años, o (por la gravedad de los críMenes) cadena perpetua, además de una multa y el decomiso
de las especies que sean de propiedad del condenado (art. 77). El cumplimiento de la pena se
puede llevar a cabo en el país sede de la Corte (Holanda) o en otro de acuerdo con los convenios
que se puedan establecer entre la Corte y otros países.
III. DERECHO PENAL Y DERECHO COMUNITARIO
1. La Uníón Europea
La Uníón Europea (UE) es una comunidad política de Derecho nacida para propiciar y acoger la
integración de los pueblos y de los Estados de Europa. Está compuesta por veintisiete Estados
europeos. Si en un principio la supraestructura “Uníón Europea” aunaba y se fundaba sobre las
tres Comunidades Europeas preexistentes (CECA, EURATOM y CEE/CE) bajo el sistema
conocido como “los tres pilares” (el comunitario CE-CECA-Euratom: ciudadanía de la Uníón,
política económica, más la PESC: política exterior y de seguridad común, más la cooperación
judicial y policial), con la entrada en vigor, el 1 de Diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa, la
Uníón Europea sucedíó por completo a las CC.EE. (con ciertas particularidades en el caso de
Euratom, que en algunos aspectos pervive) y asumíó con ello su personalidad jurídica única
como sujeto de Derecho internacional.
Cronología de la Uníón Europea
1. En 1957 Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo (conocidos como los
seis) firman de los Tratados de Roma. Son tres las comunidades: CECA, EURATOM y CEE.
2. En 1965 se firma un tratado que fusiona los ejecutivos de las tres comunidades europeas.
3. Acta Única Europea firmada en Febrero de 1986 entra en aplicación en Julio de 1987.
4. El Tratado de Maastricht firmado en Febrero de 1992, entraba en vigor en 1993. Bajo este
acuerdo, la CEE, transformada en Comunidad Europea, marca una nueva etapa en el proceso de
uníón. El tratado crea la ciudadanía europea y permite circular y residir libremente en los países
de la comunidad, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las
elecciones europeas o municipales. Se decide la creación de una moneda única europea, el Euro,
que entraría en circulación en 2002 bajo control del Banco Central Europeo.
5. En 1999 entra en vigor el Tratado de Amsterdam.
6. Dos años después se firma el Tratado de Niza, que entraría en vigor en 2003.
7. Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de Diciembre de 2009.
Instituciones de la Uníón Europea
1. El Parlamento Europeo (PE) es el parlamento de la Uníón Europea.
2. El Consejo Europeo es un organismo político de carácter predominantemente
intergubernamental, conformado por los jefes de Estado o de gobierno de los estados miembros.
3. El Consejo o Consejo de la Uníón Europea (CUE), en ocasiones llamado también Consejo de
Ministros, representa a los Gobiernos de los Estados miembros, quienes en su seno legislan para
la Uníón.
4. La Comisión Europea, que es la rama ejecutiva.
5. El Tribunal de Justicia de la Uníón Europea.
6. El Banco Central Europeo
2. Principios aplicables del Derecho comunitario
a) Primacía:
El Derecho emanado de las instituciones comunitarias en ejercicio de su poder
normativo prevalece sobre el Derecho nacional. Este carácter de supremacía se fundamenta en la
cesión de soberanía que los Estados miembro realizan en favor de las instituciones europeas.
B) Aplicabilidad directa:
El Derecho comunitario se integra en los ordenamientos jurídicos de
los países miembros, de manera que no necesitan de fórmula especial alguna para que sea
insertado y pase a formar parte de los distintos ordenamientos jurídicos internos.
C) Efecto directo
: Los particulares tienen derecho a invocar ante los tribunales ordinarios las
disposiciones del Derecho comunitario, e igualmente, éstas les conceden de manera directa
derechos y obligaciones. Cabe distinguir en primer lugar el llamado “efecto directo vertical”, que
es aquel que surge por la posibilidad del particular de invocar disposiciones del Derecho
comunitario ante los Estados miembro. También se ha de mencionar el “efecto directo
horizontal”, que consiste en la posibilidad de que el particular lo invoque frente a otros
particulares. Este segundo tipo cuenta con muchísimas más limitaciones
D) Posibilidad de alegación:
Casos en los que pese a no existir efecto directo en una norma
comunitaria, ésta puede ser alegada por el particular ante el juez nacional para apoyar una
E) Responsabilidad del Estado por incumplimiento
: Esta carácterística surge a raíz de la
sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de Noviembre de 1991, en el asunto Francovich y
Bonifaci. Se admite que cuando el Estado miembro incumple las obligaciones de transposición
de una Directiva comunitaria, genera una desprotección de los particulares por la ausencia de
aplicación práctica de derechos que le corresponden acorde al ordenamiento jurídico
comunitario. Esa desprotección, imputable al incumplimiento de las obligaciones del Derecho
comunitario por parte del Estado, hace surgir la responsabilidad de éste, de manera que el
particular podrá obtener una reparación, indemnización que garantiza la plena eficacia de las
normas y la plena protección de derechos.
3. Fuentes del Derecho comunitario
El Derecho originario es aquel contenido en los diversos tratados que los Estados miembros
suscriben, siendo las fuentes de mayor rango, y aquellas que posibilitan la aparición del Derecho
Los reglamentos son normas jurídicas emanadas de las instituciones europeas que
poseen efecto directo en los países miembro, y que prevalecen sobre el Derecho nacional de cada
Las directivas comunitarias son mandatos dirigidos a uno o varios países miembro,
siendo competentes para su emisión el Consejo; la Comisión; y el Consejo junto con el
Parlamento. Su rasgo más carácterístico es la ausencia de eficacia directa en los Ordenamientos a
los que va dirigida, necesitando de una transposición por parte del Estado miembro para que
entren en vigor y hagan nacer en los ciudadanos derechos y obligaciones.
Son más limitadas porque, aún teniendo carácter obligatorio, no suelen tener
carácter general, sino que se dirigen a destinatarios precisos. Se pueden comparar con los actos
administrativos en el ámbito interno.
: El dictamen es un acto normativo de carácter no vinculante que expresa un juicio o
una valoración.
: No son de obligado cumplimiento, suele proceder de la iniciativa de una
institución comunitaria y es una invitación para actuar de una determinada manera, el dictamen
suele ser emitido a consecuencia de una iniciativa externa.
4. Derecho penal comunitario
Actualmente no existe un Derecho penal comunitario, pero sí existen posibilidades de incidir
directamente en la creación de preceptos penales en el orden jurídico de cada país comunitario:
A) Creando preceptos penales en sentido estricto:
ello supondría por parte de los estados la
transferencia del ius puniendi situaciones que aun no se ha producido.
Pero si no se puede hablar de un ius puniendi positivo si puede hacerse de un ius puniendi
negativo: el principio de primacía que hace inaplicables las disposiciones nacionales contrarias
al derecho comunitario y prohíbe al legislador nacional la criminalización de conductas lícitas a
la de la legislación comunitaria.
B) Asimilación:
el principio de la asimilación, deducida por el Tribunal de Justicia Europeo en el
año 1989 en el conocido caso del maíz griego, en cuya sentencia se afirmó que a partir del art. 5
TCE, los Estados miembros tienen la obligación de perseguir un hecho dirigido contra la CE tal y
como perseguirían un hecho comparable cometido dentro de las propias fronteras y que afectase
exclusivamente a intereses nacionales. Este deber de protección nacional a favor de los intereses
de la Comunidad experimentó un gran refuerzo en el Tratado de Amsterdam a través de los
correspondientes deberes de coordinación y cooperación, en todo caso para la represión de
fraudes dirigidos contra los intereses financieros de la Comunidad. Además en el Tratado de
Maastricht de 1192, según el art. 31.D se establecía la cooperación judicial en materia penal, y
según el art. 31.E la adopción progresiva de medidas que establezcan normas mínimas relativas
a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas en los ámbitos de la delincuencia
organizada, el terrorismo y en tráfico ilícito de drogas. Por tanto la asimilación supone el reenvío
a la normativa nacional penal. Y ello conduce a que dentro de un ámbito de actuación a nivel
europeo, las normas nacionales sigan diferentes caminos, ya que la defensa de intereses
nacionales propios no es idéntica en los distintos países, con lo que conductas punibles en uno
de ellos pueden no serlo en otros, ni tampoco es equivalente las penas que a las mismas
conductas se impone.
C) Armonización:
supone la reducción de la desigualdad jurídica sin pretender una plena
homogeneización jurídica. Pretende la armonización a través de Directivas que ordenan la
creación de nuevas normas de derecho interno, con criterios compartidos que aseguren la
igualdad, necesaria para el funcionamiento mismo de las comunidades. La armonización tiene
lugar en tres pasos:
1º) Mediante la fijación de la UE de metas de reglamentación a alcanzar mediante los
instrumentos previstos para ello. Son acuerdos sobre una política criminal común.
2º) Los Estados miembros tienen que adaptar de forma correspondiente en su Derecho penal y
procesal penal nacional a esta fijación de metas. De qué manera y con qué método tenga lugar
esta adaptación, puede dejarse al criterio de las legislaciones nacionales.
3º) Tiene que comprobarse por parte de los órganos comunitarios competentes, en qué medida
se corresponden las adaptaciones nacionales a las metas previamente indicadas y en qué medida
parece estar garantizada la compatibilidad con los otros ordenamientos jurídicos.
D) Tribunal de Justicia de la Uníón Europea
Otra forma de manifestación de la capacidad comunitaria para incidir afirmar en el ámbito penal
es el Tribunal Europeo de Justicia de las CEE, fundamentalmente a partir del art. 5 Tratadlo de
Roma, que obliga a los estados miembros a adoptar las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones del tratado.
El Tribunal de Justicia de la Uníón Europea (TJUE), que tiene su sede en Luxemburgo, es una
Institución de la Uníón Europea a la que está encomendada la potestad jurisdiccional o poder
judicial en la Uníón. Su misión es interpretar y aplicar en litigio el Derecho comunitario europeo,
y se caracteriza por su naturaleza orgánica compuesta y su funcionamiento y autoridad
supranacionales. Hasta la entrada en vigor, el 1 de Diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa su
denominación era la de “Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”.
En la Institución conviven dos órganos necesarios: el Tribunal de Justicia (TJ) y un Tribunal
General (TG), creado en 1989.
Coexisten también los llamados Tribunales especializados, que
conocen en primera o única instancia de materias concretas.
Las sentencias del TJ y del TG tienen carácter vinculante en los Estados miembros. Como ya se
expuso en prontas sentencias (Costa vs. ENEL) el Tribunal de Justicia de la Uníón Europea es el
garante de un ordenamiento jurídico propio que se ve asistido y aplicado también por los
sistemas jurídicos nacionales.
A comienzos del 2007, el Tribunal estaba compuesto por 27 jueces y 8 abogados generales. Los
jueces y abogados generales son elegidos de mutuo acuerdo por los gobiernos de los países
miembro, otorgándoles un mandato prorrogable de 6 años. Cada 3 años se produce una
renovación parcial de estos miembros. Son seleccionados de entre un conjunto de expertos
juristas. El nombramiento del Presidente se produce cada 3 años, y su titular se extrae de entre
los jueces. Son los propios magistrados quienes eligen por votación al Presidente del Tribunal,
que tendrá un mandato renovable.
El Tribunal de Justicia puede recibir recursos directos o bien cuestiones prejudiciales. Respecto a
los primeros, cabe destacar la legitimación que reciben los particulares, los Estados y las propias
instituciones, de manera que cualquiera de ellos puede presentar recurso directo ante el
Tribunal. En función de quién lo presente, y de cuál sea su objeto, los recursos directos pueden
referirse al control de los órganos comunitarios, al contencioso de plena jurisdicción (procesos
autónomos) y al control de los Estados miembros.
Respecto a la cuestión prejudicial, cabe destacar que surge de un órgano jurisdiccional de algún
Estado miembro, que considera pertinente un pronunciamiento del Tribunal de Justicia acerca
de la interpretación de los Tratados, de los actos de las Instituciones comunitarias, o de los
estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo que contemplen tal posibilidad. Al
contrario que en el recurso directo, en la cuestión prejudicial se comparte la competencia con el
órgano judicial que la hubiera planteado.
IV. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (también denominado Tribunal de Estrasburgo y
Corte Europea de Derechos Humanos) es la máxima autoridad judicial para la garantía de los
derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Se trata de un tribunal
internacional ante el que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de
sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales o cualquiera de sus Protocolos adicionales, mientras se encontraba
legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya
agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una
denuncia contra dicho Estado por violación del Convenio. Este Convenio es un tratado por el
que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa (todos los Estados europeos salvo
Bielorrusia) han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales, tipificarlos, establecer el Tribunal y someterse a su jurisdicción, es decir, acatar y
ejecutar sus sentencias. La ejecución de las sentencias del Tribunal por los Estados miembros
que han sido condenados está supervisada por el Comité de Ministros, órgano decisorio del
Consejo de Europa compuesto por un representante de cada Estado miembro. No tiene ninguna
relación con la Uníón Europea.
El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Estrasburgo (Francia). Está compuesto por 47 jueces.
** El Consejo de Europa (en francés:
Conseil de l’Europe y en inglés: Council of Europe) es una
organización internacional de estados europeos constituido en el congreso del 7 de Mayo de
1948 realizado en La Haya, Países Bajos.
La relación existente entre la Constitución y el Derecho penal es innegable. LaConstitución es expresión de los principios fundamentales que inspiran unOrdenamiento jurídico. En la base de todo texto constitucional, se encuentra latenteuna concepción del Derecho que informa todas las normas que componen el sistemajurídico. Hasta la aprobación del Código Penal de 1995 son muchas las reformasparciales que ha sufrido el texto vigente en aquel momento, texto refundido de 1973,en orden a compatibilizar el mismo con la proclamación de España como un Estadosocial y democrático de Derecho
En la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre,por la que se aprobó el Código Penal actualmente vigente, se afirma: «Si se ha llegadoa definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que regulan el uso de lafuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del Código Penal en cualquiersociedad civilizada. El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen lospresupuestos de la aplicación de la forma suprema que puede revestir el podercoactivo del Estado: la pena criminal. En consecuencia, ocupa un lugar preeminenteen el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se haconsiderado como una especie de «Constitución negativa». El Código Penal ha detutelar los valores y principios básicos de la convivencia social. Cuando esos valores yprincipios cambian, debe también cambiar».También se afirma en esta Exposición de Motivos que el eje de los criterios en los quese inspira su elaboración «es el de la adaptación positiva del nuevo Código Penal a losvalores constitucionales». En este sentido, se destaca que se ha reformado el sistemade penas para intentar alcanzar los objetivos de resocialización que la propiaConstitución les asigna; la antinomia existente entre el principio de intervenciónmínima y las nuevas necesidades de tutela se intenta superar eliminando algunasfiguras obsoletas y dando acogida a nuevas formas de delincuencia; se da un especialrelieve a la protección de los derechos fundamentales y se intenta avanzar en elcumplimiento del mandato que impone a los poderes públicos la Constitución depromover la igualdad real y efectiva.La relación entre la Constitución y el Derecho penal queda además patente de unaforma expresa en la propia Exposición de Motivos, cuando al referirse a las técnicasde elaboración se señala que «tanto el Código Penal como las leyes especiales sehallan jerárquicamente subordinados a la Constitución y obligados a someterse a ella,no sólo por esa jerarquía, sino también por la existencia de un control jurisdiccional dela constitucionalidad».Pero la relación entre el Derecho penal y la Constitución no se agota en la vinculacióndel Derecho penal a los criterios constitucionales, sino que por otra parte, se acude a Derecho penal para proteger la Constitución como lo demuestra la inclusión en el CPde 1995 de un Título (XXI) dedicado a los «Delitos contra la Constitución». La inclusiónde este Título constituye una novedad del nuevo Código Penal y una de las que«justifica el habitual apelativo de Código Penal de la Democracia», reafirmándose, de esta manera, la seguridad que deben poseer los ciudadanos de que el Estado ajustasu actuación a la Constitución aprobada democráticamente.Por todo ello, se puede afirmar que el Derecho penal es la rama del Ordenamiento jurídico que se encuentra más ligada a la Constitución lo cual no es de extrañar si enemos en cuenta que es la que en mayor medida afecta al individuo.En nuestro país, al igual que ha ocurrido en Italia y a diferencia de lo sucedido enAlemania, la doctrina penal ha prestado la atención merecida a esta importanterelación entre el Derecho penal, la Constitución y el Derecho constitucional y a lacuestión de en qué medida ha influido el contenido de la norma fundamental sobre elordenamiento jurídico penal. Incluso se ha tratado de formular un «conceptoconstitucional de delito», se ha hablado de un «programa penal de la Constitución» yrecientemente se habla de un «Derecho penal constitucional», como veremosseguidamente.
Derecho penal constitucional:
egún algunos autores, tanto los principios generales de la Constitución como algunospreceptos de ésta, configuran lo que ellos denominan un «Derecho penalconstitucional». Los principios consagrados por la Constitución y con relevancia penalserían los valores superiores de libertad, igualdad, pluralismo y justicia consagradosen el artículo 1 CE, así omo los principios generales de racionalidad, proporcionalidady promoción de la libertad y de la igualdad, todos ellos proclamados en el artículo 9CE.
xaqeyo preceptos constitucionales sobre mandatos, prohibiciones y regulaciones que afectan directamente al Derecho penal, entre los que se encuentranfundamentalmente, los artículos 15, 17, 24 y 25 CE.2º) los preceptos que consagran los derechos fundamentales y que, por consiguiente,delimitan el ius puniendi, vinculando tanto al poder legislativo como al judicial. Estecatálogo de derechos fundamentales adquiere especial importancia en tanto que poruna parte constituye «el núcleo específico de legitimación del ordenamiento de bienesjurídicos del sistema penal con efectos de legitimación y límite de la intervenciónpenal» y, por otra, delimita lo punible cuando se tratade acciones típicas que sefundamentan en el ejercicio de tales derechos fundamentales.3º) Por los preceptos constitucionales que regulan de forma expresa conceptospertenecientes al sistema penal
Entre ellos se encuentran los que regulan la violabilidad y la inmunidad parlamentaria (art. 71), el principio de unidad jurisdiccional(art. 117) o la acción popular (125).4-El principio de interpretación conforme a la Constitución del ordenamiento penalvigente, plasmado en el artículo 5.1 de la LOPJ: «La Constitución es la normasuprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienesinterpretarán y aplicarán las leyes y Reglamentos según los preceptos y principiosconstitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de lasresoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, con todo tipo de procesos».Aun cuando en el seno de nuestra doctrina, la mayoría de los autores no llegan a esteextremo de hablar de Derecho penal constitucional, suelen partir de la premisa de queel Derecho penal, en tanto que sector del Ordenamiento jurídico, ha de adaptarse y hade ponerse en consonancia con el modelo de Estado social y democrático de Derechoque propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, lajusticia, la igualdad y el pluralismo político..
III. EL BIEN JURÍDICOConcepto:
En otras palabras el bien jurídico es la elevación a la categoría de “bien tutelado oprotegido por el derecho”, mediante una sanción para cualquier conducta que lesioneo amenace con lesionar este bien protegido, de esta reflexión se puede deducir que elbien jurídico, obtiene este carácter con la vigencia de una norma que lo contenga en u ámbito de protección, mas si esta norma no existiera o caducara, este no deja deexistir pero si de tener el carácter de “jurídico”.En cuanto al origen natural del bien jurídico, un sector de la doctrina entre ellosBUSTOS, sostiene que este nace desde las entrañas del mismo contrato social, comoun derecho a ser respetado y como un deber de respetarlo, y como contraparteapareció el delito como lesión a este derecho pre-existente.
Aspecto formal y material del bien jurídico:
Existen 2grandes opciones a la hora de abordar que es y para que sirve el bienjurídico, que arrancan de las perspectivas de Binding y Von Liszt, y que no hacen sinorepresentar las diferentes figuras que tiene una sociedad acerca de cómo proteger susintereses a favor de una convivencia pacifica, pero para alcanzar este fin se debíanestablecer ciertos limites, tanto a la conducta de los individuos que componendeterminada sociedad, como de quienes redactarían las normas que regularían estasconductas, este punto de encuentro, es el bien jurídico.En la concepción formal de Binding, estamos ante un bien del derecho, este, el bienjurídico, es inmanente al sistema legal, es una creación representativa del legislador,este planteamiento es coherente con una concepción formalista del Derecho, queidentifica delito con contravención de la norma. Desde esta posición se renuncia aenjuiciar y a criticar la decisión del legislador a partir del contenido del bien jurídico,estamos ante una categoría formal, por ello es importante para cumplir criterios desistematización y ordenación, pero que ha abandonado la función de potencial limite allegislador con la que fue concebida por Birnbaum. En otras palabras según la tesisformal, el bien jurídico, es producto del derecho, es una creación del derecho, y que desu no positivizacion entendemos su “no existencia”.Por otro lado Von Liszt, en cambio, propugnaba una concepción del bien jurídico,como un bien de los hombres, reconocido y protegido por el derecho; bien de loshombres que ya es valorado y determinado por su contenido en cada sociedad, encada grupo o en cada momento histórico; es decir, que es objeto de valoracionessociales previas a la decisión del legislador. Desde esta perspectiva se recuperabaclaramente la función del límite del bien jurídico a las decisiones del legislador. Esdecir que este autor considera que el bien jurídico son “intereses vitales”, intereses devida en conjunto; la formulación que Von Liszt hace de lo que es el bien jurídico, limitala “plenipotencialidad” que los criterios anteriormente señalados otorgaban allegislador, llevando la consistencia del núcleo originario del bien jurídico a una preexistenciaen el campo de lo social antes que lo positivo. Otro propulsor de esta teoría es el profesor alemán H. Welzel, quien sosténía que elbien jurídico esta ubicado por sobre la norma y por sobre el estado. Con este autor y lateoría final de la acción se vuelve a retomar el contenido trascendentalista del bienjurídico, es decir la idea de que este se encuentra en un plano superior a la norma.
Teorías del bien jurídico:
En la actualidad la discusión del concepto de bien jurídico se encuentra fuertementevinculada al ámbito de la Política Criminal, lo que implica que la doctrina se encuentresectorizada en cuanto al criterio de selección del origen del bien jurídico, para unsector es la norma constitucional la que debe actuar como ente formalizador de losbienes jurídicos, y para otros es imprescindible acudir a planteamientos sociológicos.
1º) Teoría constitucional estricta:
Es decir que la constitución establece los márgenes perfectamente reconocibles de losbienes objeto de tutela penal, ello significa una identificación directa entre bien jurídicoy valor constitucional.
2º) Teoría constitucional amplia:
Considera que el concepto de bien jurídico se debe deducir de las prescripcionesjurídicas positivas previas a la legislación penal pero obligatoria para esta, no puedeapelarse a leyes de derecho natural, solo a aquellas contenidas en la constitución.Aquí se equipara la realidad social con la realidad constitucional.
3º) Teoría sociológica:
Se caracteriza por considerar la lesión al bien jurídico como una lesión de carácterindividual, personalísima. De Toledo considera que el derecho penal ha de incidirsobre una realidad que le es previa, de la cual extrae los objetos de protecciónpunitiva, de ahí que el estado no crea mediante el derecho los intereses a tutelarpenalmente, sino que los recoge de esa realidad persistente que debe mejorar alservicio de la sociedad.
4º) Teoría funcionalista:
La soc esta pensada como un sistema de interacciones en el que la
configuración de los bienes responde a la funcionalidad o disfuncionalidad del
comportamiento, Jackobs, sostiene que la violación de una norma es socialmente
disfuncional, no debido a la lesión de determinados bienes jurídicos, sino que resulta
perturbada la propia vigencia de la norma como orientadora de comportamientos.
5º) Teoría interaccionista
Callies entiende que la tarea del derecho penal ha de verse en los roles de
comunicación en el sistema social. Debido a ello, el derecho el derecho penal
mediante la aceptación de la interacción sanciona formas de comportamiento que
cuestionan la técnica de comunicación que es central y estratégica para el sistema de
Mir Puig, considera que “…los bienes jurídicos son las condiciones necesarias de un
correcto funcionamiento de los sistemas sociales, según la observación empírica.
Sostiene también que no todo interés social de un bien jurídico ha de estar en
consonancia con la gravedad de las consecuencias propias del derecho penal.”
El bien jurídico penal:
El bien jurídico no es creado por el derecho, el bien jurídico nace de una necesidad de
protección a ciertos y cambiantes bienes inmanentes a las personas como tales, esta
protección es catalizada por el legislador al recogerlas en el texto constitucional, de la
cual existirían bienes cuya protección será cumplida por otras ramas del derecho, es
decir que no todos los bienes jurídicos contenidos en la constitución tienen una
protección penal, existen bienes jurídicos de tutela civil, laboral, administrativa, etc.
Aquellos bienes jurídicos cuya tutela solo y únicamente puede ser la tutela penal, son
los denominados bienes jurídicos penales; al determinar cuales son los bienes
jurídicos que merecen tutela penal, siempre se tendrá en cuenta el principio de tener al
derecho penal como Ultima Ratio o ultima opción para la protección de un bien jurídico
ya que este afecta otros bienes jurídicos a fin de proteger otros de mayor valor social.
De otro lado es claro que no aparece otro factor que se revele como más apto para
cumplir con la función limitadora de la acción punitiva, pues como hemos observado
solo los bienes jurídicos de mayor importancia para la convivencia social, y cuya
protección por otras ramas del derecho hagan insuficiente la prevención que cualquier
trasgresión que los afecten.
DERECHO PENAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO1. LAS SANCIONES PENALES– ANTIGUO RÉGIMEN: PENAS CORPORALES, PENA DEMUERTE, PENAS QUE SE EXTENDÍAN A LA COLECTIVIDAD,ETC.– “DE LOS DELITOS Y LAS PENA” DE BECCARIA (1763): SURGEUN MOVIMIMENTO GARANTISTA QUE ABOGA POR LAHUMANIZACIÓN DE LAS PENAS.– DERECHO PENAL: FRENTE A LAS CONDUCTAS MÁSINTOLERABLES, SOMETIDO A LÍMITES Y UTILIZACIÓNRACIONAL DE LA PENA.– CP 1995– LEY 7/2003 (CONTRARREFORMA)
En nuestro sistema jurídico se da una dualidad de sistemas represivos. Es
decir, el ius puniendi del Estado puede manifestarse por la vía judicial (penal) o
por la vía administrativa (sancionadora), el mismo bien jurídico puede ser
protegido por técnicas penales o administrativas, como por ejemplo la
seguridad del tráfico, la vida y la salud de los trabajadores, etc.
El momento actual en torno al estudio de la pena y de las otras
consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de un delito, está
caracterizado por el progresivo sometimiento a límites y a la exigencia de
racionalidad en la utilización de la pena. El derecho penal se justifica porque es
mejor que su desaparición.
Si se afirma que el Derecho Penal ha de ser un Derecho Penal mínimo,
en el sentido, de reservar su intervención sólo a los casos más graves, o frente
a las conductas socialmente más intolerables, a ello hay que añadir, que
consecuencia del mismo principio es que el Derecho Penal ha de imponer una
pena que sea justa y, solo lo será si es necesaria y adecuada a la gravedad del
hecho cometido; esto es, si es proporcional a ésta.
Se da una tendencia humanitaria que, distanciándose del Régimen antiguo,
inspira los primeros intentos codificadores, tendencia plasmada sobre todo en
la progresiva reducción de las penas inhumanas o degradantes y,
señaladamente, de la pena de muerte. Esta lectura humanizadora de la pena
tiene reflejo en el Código Penal español de 1995 por ejemplo:
– se reduce de la punición de los delitos imprudentes.
– reducción en abstracto de la cuantía de las penas que pasa de 30
– se ofrecen alternativas a la pena de prisión; se introduce la pena
de trabajos en beneficio de la comunidad.
– mayor utilización de la pena de multa, etc.
Aunque la LO 7/2003 introduce una serie de medidas que tienen una
perspectiva distinta de la mentalidad que inspiró el CP 1995, en este Código se
pretendía que la pena privativa de libertad brillará por su ausencia. Esta ley
supone una intervención más incisiva del Estado. Constituyen un paquete de
medidas que afectan a la ejecución de la pena privativa de la libertad. Algunos
– la inclusión de reglas en virtud de las cuales, para determinados
autores de una pluralidad de delitos se prevé el cumplimiento de
hasta 40 años de prisión.
– endurecimiento de las condiciones necesarias para acceder al
– -inclusión del denominado periodo de seguridad para condenados
a penas de prisión superiores a 5 años.
– endurecimiento de las condiciones para acceder a la libertad
2. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS: FUNDAMENTO DE LA OTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINIST:
– ART. 25 CE: “NADIE PUEDE SER CONDENADO OSANCIONADO POR ACCIONES U OMISIONES QUE EN ELMOMENTO DE PRODUCIRSE NO CONSTITUYAN DELITO,FALTA O INFRACCÍÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN LALEGISLACIÓN VIGENTE”.– STC 77/1983: “…CONVENIENCIA DE DOTAR DE UNA MAYOREFICACIA AL APARATO REPRESIVO Y DE UNA MAYORINMEDIACIÓN DE LA AUTORIDAD SANCIONADORA”.
Es un gran poder el que posee la Administración, dado que no sólo
sanciona sino que también ejecuta la sanción impuesta. Algo que venía siendo
considerado como contrario al principio de división de poderes y al consiguiente
monopolio represivo de los jueces. Hoy el panorama ha cambiado en cierto
modo; entre otros motivos porque la Constitución de 1978 ha legitimado el
poder represivo de la Administración.
Este poder represivo se ha venido desarrollando de forma paulatina, en
el sentido de que se ha llevado a cabo a través de más de sesenta años, ley a
ley, norma a norma, y no como fruto de una operación planificada y racional
sobre el sistema penal general. El artículo 25 de la Constitución de 1978
convalida la potestad sancionadora de la Administración al establecer que el
principio de legalidad en materia punitiva se refiere a la penal y a la
administrativa (“nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u
omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o
infracción administrativa, según la legislación vigente”).
Y también se reconoce dicha potestad en el párrafo 3º del citado artículo
25, que admite a contrario sensu, sanciones administrativas que no impliquen
privación de libertad (“la Administración civil no podrá imponer sanciones que,
directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad”). También el apoyo
constitucional se encuentra en el artículo 45.3 que, con referencia al medio
ambiente, prevé para quienes violen lo dispuesto en la legislación respectiva y
“en los términos que la Ley fije, sanciones penales o, en su caso,
administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha confirmado la legitimidad
de la potestad sancionadora de la Administración en diversos
pronunciamientos, entre los que destaca la sentencia 77/1983 que incluso se
ha arriesgado a filosofar sobre la justificación de este siempre anómalo poder:
“la conveniencia de dotar de una mayor eficacia al aparato represivo y la
conveniencia de una mayor inmediación de la autoridad sancionadora..”
• A su vez la misma sentencia ha dejado establecido las condiciones para
la imposición de las sanciones administrativas en los siguientes
• Sujeción de la potestad sancionadora al principio de legalidad.
• La interdicción de las penas privativas de libertad.
• El respeto de los derechos de defensa contenidos en el artículo 24 de la
• La subordinación de la potestad sancionadora de la Administración a la
autoridad judicial.
Hay que distinguir entre la potestad genérica que tiene la Administración
para sancionar las infracciones pertenecientes al derecho administrativo y que
someten a todos los ciudadanos, y la potestad especial que tiene la
Administración pública para sancionar a sus trabajadores, los funcionarios
2.1. POTESTAD GENÉRICA DE SANCIONAR
Potestad que tiene la Administración para sancionar las infracciones
de carácter administrativo, a la que están sometidos todos los ciudadanos.
Originariamente deber de obediencia, actualmente la protección
de bienes jurídicos.
Diferencia con la sanción penal
Al tener el mismo fundamento (la protección
de bienes jurídicos), la diferencia es cuantitativa no cualitativa.
Principio non bis in ídem:
prohíbe la doble sanción cuando exista identidad
entre sujeto, hecho y fundamento.
2.2. SITUACIONES DE SUJECIÓN ESPECIAL
A) DERECHO DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Poder sancionador interno que castiga infracciones a la relación de
servicio, y ello en cuanto el funcionario forma parte de un colectivo sometido a
Fundamento: derecho de corrección de la Administración sobre sus
trabajadores. Así, la diferencia con la sanción administrativa es cualitativa por
lo que no se vulneraría el Principio non bis in ídem en el supuesto de doble
sanción. Aunque actualmente existe una evolución: concepto de Administración
pública hacia fuera, No se trata ya de proteger el prestigio de la Administración
pública hacia dentro, sino de configurar una administración pública cuyo único
objeto es la atención a los ciudadanos. Y esto es lo mismo que protege el
derecho penal en el Título XIX: delitos contra la administración pública. Por
tanto, de esa diferencia cualitativa se ha pasado a otra de carácter cuantitativo:
el fundamento es el mismo, la protección del bien jurídico función pública.
Principio non bis in ídem: cada vez que se comete una infracción
disciplinaria no se está ante un delito: principio de tipicidad, pues es preciso
que una norma penal lo seleccione como tal conducta delictiva.
La pregunta que se suscita es si viola el principio no bis in ídem la
imposición de una sanción penal y de una sanción disciplinaria por la
realización de un mismo hecho: por ejemplo, el funcionario público, que
violando el deber de sigilo que le impone su cargo da publicidad a una
información de un particular art. 417 CP y art. 31.1 e de la Ley 30/84, de 2 de
Para contestar a esa pregunta habrá que ver si existe la triple identidad a
que hace referencia el principio examinado:
• -identidad de sujeto: sujeto activo es en ambas infracciones un mismo
funcionario público o autoridad.
• -identidad de hecho: el hecho es el mismo, es decir, se está enjuiciando
a un funcionario o autoridad que en violación de su deber de sigilo, hace
pública una información.
• -identidad de fundamento. Este es el punto en el que existe
discrepancias doctrinales y jurisprudenciales.
B) DERECHO DISCIPLINARIO EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO:
El régimen disciplinario lo constituyen las normas dictadas para
mantener la convivencia pacífica en la prisión, cuya trasgresión (formada por
las infracciones disciplinarias) conlleva la aplicación de sanciones. El art. 41
LOGP destaca como fines del régimen disciplinario garantizar la seguridad y
conseguir una convivencia ordenada. Tales fines de disciplina y seguridad no
son absolutos sino que se encuentran condicionados a la organización de la
vida comunitaria, a la protección de los bienes jurídicos de los internos y a los
objetivos del tratamiento. En este último sentido el artículo 231 RP preten pretende
que se estimule el sentido de responsabilidad y capacidad de autocontrol.
El régimen disciplinario rige para todos los internos cualquiera que sea
su situación penitenciaria, es decir preventivos o penados, y tanto dentro como
fuera del Establecimiento, sean traslados, permisos o salidas autorizadas. La
única excepción son los internos de las unidades psiquiátricas, artículo 188.4
RP, a los que no se les aplica.
La potestad sancionadora de la Administración queda sujeta con matices a los
mismos principios informadores del Derecho Penal por su naturaleza de
Derecho sancionador.
Infracciones penitenciarias
• Contenidas en el RP de 1996. Se dividen en las siguientes:
• – Faltas muy graves artículo 108
• – Faltas graves artículo 109
• – Faltas leves artículo 110
La LOGP las enumera someramente en el artículo 42.2, ampliando el
contenido de la sanción de aislamiento en sede reglamentaria art. 254.5 RP).
Las sanciones permitidas son:
– a) sanción de aislamiento hasta catorce días.
– b) aislamiento de hasta siete fines de semana.
– c) privación de permisos de salida por un tiempo no superior a dos
– d) limitación de las comunicaciones orales al mínimo de tiempo previsto
reglamentariamente, durante un mes como máximo.
– e) privación de paseos, actos recreativos comunes, en cuanto sea
compatible con la salud física y mental, hasta un mes como máximo.
– f) amonestación.
El art. 43.2 LOGP señala dos motivos para dejar en suspenso la sanción
de aislamiento: enfermedad y cuando las circunstancias lo aconsejen.
Especial consideración de la sanción de aislamiento. Problemas
La sanción de aislamiento por su importancia y gravedad es la que más
discusiones doctrinales despierta así como la que más pronunciamientos
judiciales provoca con su aplicación, por sus posibles problemas
constitucionales con el principio de legalidad y el de proporcionalidad.
En primer lugar se critica que el desarrollo de esta sanción venga en el
Reglamento y no en la Ley, ya que el aislamiento es una privación del derecho
a la libertad que debería ser regulado íntegramente por una ley orgánica, sin
embargo el Tribunal Constitucional STC 2/1987 de 21 de Enero lo permite bajo
la consideración de que la relación de sujeción especial otorga esta capacidad
normativa a la Administración.
También se ha criticado su posible vulneración con el art. 25.3 de la
Constitución que impide a la Administración imponer sanciones que impliquen
directa o indirectamente privación de libertad, lo que ha sido negado también
por el Tribunal Constitucional (STC 2/1987 de 21 de Enero) bajo la
consideración de que no se trata de una pena privativa de libertad sino de una
modificación de las condiciones de estancia en la prisión que quedan por tanto
bajo la competencia administrativa.
3. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA
STS de 29 de Mayo 1991:
“la capacidad sancionadora de la
administración debe ejercerse con estricta sujeción a los principios
constitucionales y a los principios del orden penal que son los que han de
informar el procedimiento sancionador del ordenamiento administrativo que
tiene un fondo o carácter intrínsecamente penal”.
LRJAPPAC:
en la Exposición de motivos se pone de manifiesto la
voluntad de que “ambos se sujeten a principios de básica identidad”.
* Principio de legalidad
Desde la perspectiva de la reserva legal, el empleo por el constituyente
del término “legislación” no ha creado problema en el Derecho penal, porque el
Tribunal Constitucional ha declarado que se da una reserva absoluta de ley,
que debe ser orgánica cuando se limiten derechos fundamentales. Sin
embargo, el mismo término “legislación” tiene para el Tribunal Constitucional un
distinto alcance en materia de sanciones administrativas, pues “la reserva de
ley establecida en el artículo 25.1 no puede ser tan estricta en relación con la
regulación las infracciones y sanciones administrativas como por regencia a los
tipos y sanciones en penales” (STC 42/1987, de 7 de Abril). Se entiende por
ello, que el ámbito administrativo no es necesaria esa reserva absoluta de ley,
bastando con una “cobertura legal”. Así el propio Tribunal Constitucional
emplea la expresión “necesaria cobertura de la potestad sancionadora en una
norma de rango legal”.
En definitiva, la diferencia entre el principio de reserva absoluta de ley
que opera en materia penal, y de cobertura legal aplicable a las sanciones
administrativas, es que, en el primer caso, la ley legitimadora ha de cubrir por
entero tanto la previsión de la penalidad como la descripción de la conducta
ilícita; mientras que el principio de cobertura legal de las sanciones
administrativas sólo exige cubrir con ley formal una descripción genérica de las
conductas sancionables y las clases y cuantía de las sanciones, pero con
posibilidad de remitir a la potestad reglamentaria la descripción pormenorizada
de las conductas ilícitas.
Por su parte, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el artículo 127 recoge el
principio de legalidad, estableciendo en su apartado primero que “la potestad
sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una
norma con rango de ley”.
• Principio de tipicidad
La tipicidad consiste en la descripción legal de una conducta a la que se
anudará una sanción administrativa (no caben cláusulas genéricas o abstractas
de infracción). La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común establece la tipicidad para las
infracciones (artículo 129.1: “sólo constituyen infracciones administrativas las
vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales por una ley”) y
así mismo para las sanciones (artículo 129.2: “únicamente por la comisión de
infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso,
estarán delimitada por la Ley”), al tiempo que permite la regulación
complementaria por reglamentos (artículo 129.3: “las disposiciones
reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones
al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente…”).
Y así mismo, la prohibición de la analogía (artículo 129.4: “las normas
definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación
analógica”).
• Principio de irretroactividad
Recogido en los artículos 9.3 de la Constitución y 128 de la LRJAPPAC.
Con una delimitación negativa, las disposiciones sancionadoras no pueden
aplicarse con carácter retroactivo, salvo que favorezcan al infractor; y positiva,
ya que han de aplicarse las disposiciones sancionadoras vigentes en el
momento de producirse los hechos constitutivos de la infracción, no de imponer
la sanción. La Ley también recoge el principio de irretroactividad en el artículo
128 (serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el
momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa” y
“las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto
favorezcan al presunto inculpado”).
• Principio de proporcionalidad
Entre la infracción y la sanción. Se recoge en el artículo 131 LRJAPPAC,
que señala la adecuación de la sanción aplicada a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción, prohibíéndose las sanciones innecesarias o
arbitrarias. La regla general es que la sanción pecuniaria no debe resultar más
beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas
(multas cuantiosas, mayores que en el orden penal).
Criterios de proporcionalidad, de gradación de las sanciones:
• a) Intencionalidad o reiteración.
• b) Naturaleza de los perjuicios causados.
• c) Reincidencia (comisión en el plazo de un año, de más de una
infracción de la misma naturaleza sancionada por resolución firme en vía
administrativa. STS de 24 de Octubre de 2000, “sólo será necesaria la
firmeza en vía jurisdiccional del acto sancionador previo cuando
explícitamente sea exigida por la norma, pero no cuando se exija
genéricamente la firmeza de la resolución administrativa…”.
• Principio de culpabilidad
En la versión penalista más común la culpabilidad es un juicio personal
de reprochabilidad dirigido al autor de un hecho típico y antijurídico.
LRJAPPAC no se remite al CP, que sería lo más adecuado, sino que
aborda la culpabilidad en términos muy incompletos en el artículo 130,
refiriéndose únicamente a la responsabilidad de las personas jurídicas, a la
responsabilidad civil derivada de la infracción administrativa y a la autoría
En cuanto a la intencionalidad, voluntariedad o la culpa del autor de los
hechos infraccionales, la LRAPPAC no contiene ninguna referencia. Es más, al
aludir en el artículo 130 a la “responsabilidad a título de simple inobservancia”,
la ley parece admitir una responsabilidad sin culpa. Sin embargo, no puede
admitirse, que pueda darse infracción alguna, penal o administrativa, sin el
elemento subjetivo de la culpabilidad, a título de dolo o negligencia. La
culpabilidad tiene que estar siempre presente como impone la Jurisprudencia
de los últimos años, que eleva ese requisito subjetivo a requisito esencial.
Autoría múltiple (“cuando el cumplimento de las obligaciones previstas en una
disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente”),
aplicándosele la regla de imponer la responsabilidad solidaria de las
infracciones que, en su caso, se cometan y de la sanciones que se impongan.
Es una cuestión mal resuelta, en Derecho penal la solución en estos casos de
autoría múltiple consiste en imponer una pena a cada uno de los responsables
que se consideran autores de los delitos o de las faltas, sin que sea posible la
responsabilidad solidaria, pues implicaría que las penas impuestas a los
incumplidores pudieran trasladarse a los restantes autores, incluso a uno solo.
Por otra parte, en lo que respecta a la responsabilidad de las
personas jurídicas, en Derecho penal no se admite la responsabilidad de las
personas jurídicas, societas delinquere non potest, pero sí se admite en
Derecho administrativo sancionador. El Tribunal Constitucional afirma que “la
imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona jurídica nace de la
propia naturaleza de la ficción jurídica a la que responden estos sujetos. Falta
en ellos el elemento volitivo, pero no la capacidad de infringir las normas a las
que están sometidos. Capacidad de infracción, y por ende, reprochabilidad
directa, que deriva del bien jurídico protegido por la norma que se infringe y la
necesidad de que dicha norma sea eficaz”. Como se ve, es la invocación del
principio de eficacia de la represión administrativa, que se concreta en la mayor
solvencia económica de las personas jurídicas, frente a la de sus miembros o
empleados, lo que ha determinado esta admisión.
• Principio non bis in ídem
Si bien, el principio non bis in ídem no queda recogido explícitamente en
los artículos 14 a 30 de la Constitución, el Tribunal Constitucional en sus
primeras sentencias declaró la inclusión del citado principio en el artículo 25.1
de la norma suprema. Así mismo, se recoge en el artículo 133 LRJAPPAC,
señalándose dos perspectivas. Este principio encuentra su justificación en el
principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción, pues se entiende
que sería una reacción excesiva del ordenamiento jurídico imponer al sujeto
una duplicidad de castigos.
Perspectiva material. No cabe sancionar dos veces por los mismos
hechos, ya sean sanciones penales y administrativas, ya dos sanciones
administrativas, en los casos en los que se aprecie identidad de sujeto, hecho y
Perspectiva procesal. Un mismo hecho no puede ser objeto de dos
procedimientos sancionadores distintos. Prevalencia de la vía penal y
suspensión del procedimiento sancionador, quedando la Administración
vinculada por los hechos probados en vía penal.
La STC de 16 Enero 2003 que resuelve un recurso de amparo por una
dualidad de sanciones, administrativa y penal, en materia de tráfico rodado, se
aparta de la doctrina contenida en la STC de 11 Octubre 1999. Soluciona la
cuestión planteada, permitiendo salvar la operatividad del proceso penal,
compatibilizándolo con el respeto a la prohibición de la doble incriminación, a
través de la compensación o deducción de la sanción administrativa impuesta.
Una solución que no puede considerarse lesiva, dada la inexistencia de
sanción desproporcionada, al haber sido descontada la multa. La sanción
administrativa no puede impedir a los Tribunales penales ejercer su función.
4. DIFERENCIAS ENTRE LAS SANCIONES PENALES Y LAS SANCIONES
• Las sanciones administrativas no pueden privar de libertad, las penales
• Las sanciones administrativas se imponen por un procedimiento
administrativo y las penales por uno penal.
• Los órganos que imponen unas y otras son distintos en cuanto a
estructura y a principios que informan su actuación.
• La multa como sanción administrativa es a tanto alzado, la multa como
sanción penal es proporcional o por días/multa.
• El impago de la multa administrativa no da lugar a privación de libertad,
el impago de la multa penal sí.
• La multa penal puede ser sustituida por trabajos en beneficio de la
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