Source: http://indemnizacionglobal.blogspot.com/2013/05/
Timestamp: 2019-06-19 22:15:01
Document Index: 210210722

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 10']

INDEMNIZACION GLOBAL: mayo 2013
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LAS OPERACIONES DE CIRUGIA ESTETICA
REQUISITOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES Y PRUEBA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LAS OPERACIONES DE CIRUGIA ESTETICA:
1º) CONCEPTO LEGAL: La Ley 41/2.002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define al consentimiento informado en su artículo 3 como" la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades, después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud".
En relación con el consentimiento informado, como se indica en la STS de 4 de octubre de 2.007," La jurisprudencia de esta Sala -Sentencias de 10 de mayo de 2006 y 6 de julio de 2007, entre las más recientes- ha puesto de relieve "la importancia de cumplir este deber de información del paciente en cuanto integra una de las obligaciones asumidas por los médicos, y el requisito previo a todo consentimiento, constituyendo un presupuesto y elemento esencial de la lex artis para llevar a cabo la actividad médica -SSTS de 2 de octubre de 1997; 29 de mayo y 23 de julio de 2003; 21 de diciembre de 2005, entre otras-. Como tal, forma parte de toda actuación asistencial y está incluido dentro de la obligación de medios asumida por el médico -SSTS 25 de abril de 1994; 2 de octubre de 1997 y 24 de mayo de 1999-. Se trata de que el paciente participe en la toma de decisiones que afectan a su salud y de que a través de la información que se le proporciona pueda ponderar la posibilidad de sustraerse a una determinada intervención quirúrgica, de contrastar el pronóstico con otros facultativos y de ponerla en su caso a cargo de un Centro o especialistas distintos de quienes le informan de las circunstancias relacionadas con la misma".
2º) Sobre el particular la STS de 21 de diciembre de 2.006 indica que "el consentimiento informado es presupuesto y elemento esencial de la lex artis y como tal forma parte de toda actuación asistencial (SSTS 29 de mayo; 23 de julio de 2003; 21 de diciembre 2005), constituyendo una exigencia ética y legalmente exigible a los miembros de la profesión médica, antes con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y ahora, con más precisión, con la ley 41/2002, de 14 de noviembre de la autonomía del paciente, en la que se contempla como derecho básico a la dignidad de la persona y autonomía de su voluntad. Es un acto que debe hacerse efectivo con tiempo y dedicación suficiente y que obliga tanto al médico responsable del paciente, como a los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial, como uno más de los que integran la actuación médica o asistencial, a fin de que pueda adoptar la solución que más interesa a su salud. Y hacerlo de una forma comprensible y adecuada a sus necesidades, para permitirle hacerse cargo o valorar las posibles consecuencias que pudieran derivarse de la intervención sobre su particular estado, y en su vista elegir, rechazar o demorar una determinada terapia por razón de sus riesgos e incluso acudir a un especialista o centro distinto.
Es razón por la que en ningún caso el consentimiento prestado mediante documentos impresos carentes de todo rasgo informativo adecuado sirve para conformar debida ni correcta información (SSTS 27 de abril 2001; 29 de mayo 2003). Son documentos ética y legalmente inválidos que se limitan a obtener la firma del paciente pues aun cuando pudieran proporcionarle alguna información, no es la que interesa y exige la norma como razonable para que conozca la trascendencia y alcance de su patología, la finalidad de la terapia propuesta, con los riesgos típicos del procedimiento, los que resultan de su estado y otras posibles alternativas terapéuticas. Es, en definitiva, una información básica y personalizada, y no un simple trámite administrativo, en la que también el paciente adquiere una participación activa, para, en virtud de la misma, consentir o negar la intervención (STS 15 de noviembre de 2006)."
3º) El deber de información en la medicina voluntaria como información objetiva, veraz, completa y asequible, no solo comprende las posibilidades de fracaso de la intervención, es decir, el pronóstico sobre la probabilidad del resultado, sino que también se debe advertir de cualesquiera secuelas, riesgos, complicaciones o resultados adversos que se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, y con independencia de su frecuencia y de que la intervención se desarrolle con plena corrección técnica. Por lo tanto debe advertirse de la posibilidad de dichos eventos aunque sean remotos, poco probables o se produzcan excepcionalmente, y ello tanto más si el evento es previsible, no debe confundirse previsible con frecuente (S. 12 enero 2001); no es la obtención del resultado sino una complicación severa, o agravación del estado estético. La información de riesgos previsibles es independiente de su probabilidad, o porcentaje de casos, y sólo quedan excluidos los desconocidos por la ciencia médica en el momento de la intervención.
4º) En la sentencia dela Sala de lo Civil del TS de 3 de febrero de 2.003 se indica que Aceptando la teoría de que se trata o puede tratarse en tales casos de una obligación de resultado, o asimilable a ella, la consecuencia es:
a) La información tiene que ser mucho más completa.
b) Hay que explicar las consecuencias previsibles con mucha mayor minuciosidad, precisión y exactitud.
c) Debe hacerse un informe claro y completo de los riesgos descartables, y cuáles no lo son, para que la persona que solicite la intervención -o los representantes legales en su caso- puedan hacer declaración expresa de que asumen los riesgos -inevitables- que se le hayan explicado claramente.
d) Y que, por tanto, el documento tipo o estándar para hacer constar el consentimiento no puede estar prefijado, pues en cada caso ha de ser confeccionado por el responsable de la intervención, siendo aconsejable acompañar un dossier explicativo de todos los riesgos, y su evaluación estadística. Cuando se trata de esa cirugía satisfactiva estética o preventiva, es defendible que dentro de la relación negocial del contrato asistencial esa información se manifieste en plenitud, por cuanto la inexistencia de esa situación hace que en el seno de las relaciones previas entre el cirujano y el cliente se planteen con todo su rigor y sin reserva alguna, las circunstancias ilustrativas de lo que va a acontecer; así, por lo que respecta al profesional, en caso alguno eludirá ninguna circunstancia que pudiera frustrar el objetivo deseado por el cliente, el deber de informar está integrado en las obligaciones del médico, como inherente a las propias exigencias de la odontología médica y la lex artis. En el caso de una intervención quirúrgica estética, el grado de precisión de la información del médico ha de ser mucho mayor que el requerido en una operación totalmente imprescindible para sacar la vida del paciente".
Es evidente, incluso para una persona no entendida en Medicina, que toda intervención quirúrgica, aunque se trate de cirugía estética, entraña unos riesgos, siquiera sean éstos en términos estadísticos, poco frecuentes. Por ello, antes de tales intervenciones el facultativo, debe informar con claridad tanto del presumible resultado beneficioso para la estética del paciente, como de los posibles riesgos que asume, en este caso sería el de que una posible patología en el proceso cicatricial, no sólo impidiere obtener el resultado apetecido, sino empeorar la situación existente. En tales condiciones el paciente, con conocimientos de las ventajas y riesgos que asume, puede prestar el oportuno consentimiento conforme al artículo 10 de la Ley General de Sanidad.
5º) La Ley 41/2.002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Existe relación entre consentimiento informado o falta o inadecuada prestación del mismo con la negligencia médica, y en relación con tal consentimiento es ya de indicar como Ley 41/2002 de 14 noviembre, no la Ley General de Sanidad de 1966 que como tal se alude por el demandado en el que como consentimiento informado se presenta, derogada en este particular por la citada 41/2002 "básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica", cita de texto derogado en que se ampara que ya se presenta relevante en cuanto al escaso interés que en su relación se presta, y ya la vigente Ley 41/2002 en su art 3 relativo a definiciones legales, da como tal del consentimiento informado: "la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud" y de la historia clínica: "el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial", conteniendo también la de Información clínica como: "todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla".
En su artículo 8 la Ley 41/2002 de 14 noviembre, pasa a hacer regulación del consentimiento, recogiendo: "1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el art. 4, haya valorado las opciones propias del caso.
5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento".
El art. 9 contiene una serie de límites que no son del caso, mas si conviene en atención a la remisión que hace el art. 8 a la información del art. 4, recoger como éste señala: "1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle."
El art. 10 en cuanto a las condiciones de la información y consentimiento por escrito señala que: "1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente:
2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del paciente."
6º) OBLIGACION LEGAL DEL MEDICO: Del precedente acervo legislativo cabe extraer, como sintetiza la AP de Barcelona en S. 12 de marzo de 2010, que la información debe comprender como mínimo, la finalidad y naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias", debiendo ser "verdadera" y comunicarse al enfermo "de forma comprensible y adecuada a sus necesidades" a fin de ayudarle "a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad".
En concreto, obliga al facultativo, antes de recabar el consentimiento escrito, a proporcionar información sobre: a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad; b) Los riesgos relacionados con las concretas circunstancias personales o profesionales del paciente; c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención y, d) Las contraindicaciones.
Teniendo declarado la jurisprudencia que la práctica del consentimiento informado debe incluirse también dentro del deber general de diligencia asociado al estricto cumplimiento de la "lex artis ad hoc" propio de la profesión médica, así se recoge en la jurisprudencia SST 24-4-1995, 13-4-1999, precisando las de 2-10- 1997 y 26-9-2000, 21 de diciembre de 2006, 30 de junio de 2009, que su vulneración constituye en sí misma un daño, el derivado de la "pérdida de oportunidad" según expresión de la STS de 10 de mayo de 2006, que se trata de un elemento esencial de la lex artis ad hoc o núcleo esencial del contrato de arrendamiento de servicios médico, y añadimos, además de constituir una obligación legal expresamente impuesta por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, procedente parece hacer cita de la STS de 10 de mayo de 2006, en cuanto señala como la Jurisprudencia ha puesto de relieve la importancia de cumplir este deber de información del paciente en cuanto integra una de las obligaciones asumidas por los médicos, y es requisito previo a todo consentimiento , constituyendo un presupuesto y elemento esencial de la lex artis para llevar a cabo la actividad médica ( SSTS de 2 de octubre de 1997, 29 de mayo y 23 de julio de 2003 y 21 de diciembre 2005, entre otras). Como tal, forma parte de toda actuación asistencial y está incluido dentro de la obligación de medios asumida por el médico ( SSTS 25 de abril de 1994; 2 de octubre de 1997 y 24 de mayo de 1999), en definitiva que el consentimiento informado, entendido en los términos expuesto, es un presupuesto y elemento integrante de la lex artis, cuyo incumplimiento puede ser causa de responsabilidad cuando se materializan los riesgos típicos de los que el paciente no ha sido informado.
Efectivamente, la ausencia o deficiencia del consentimiento informado constituye título suficiente de imputación de responsabilidad al lesionar y restringir el poder de autodeterminación de la persona.
7º) Siguiendo en el orden de consideraciones generales es de señalar unas previas en orden o en relación con el consentimiento informado, ahora definido como "la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades, después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud", y lo hacemos indicando que a su través se pretende la iluminación y el esclarecimiento, por la información del médico, para que el enfermo pueda escoger en libertad dentro de las opciones posibles que la ciencia médica le ofrece al respecto e incluso la de no someterse a ningún tratamiento, ni intervención, no supone un mero formalismo, sino que encuentra fundamento y apoyo en la misma Constitución Española, en la exaltación de la dignidad de la persona que se consagra en su artículo 10.1, pero sobre todo, en la libertad, de que se ocupan el art. 1.1 reconociendo la autonomía del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se presenten de acuerdo con sus Propios intereses y preferencias -- sentencia del Tribunal Constitucional 132/1989, de 18 Jun.- en el artículo 9.2, en el 10,1 y además en los Pactos Internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 Dic. 1948, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, principalmente en su Preámbulo y artículos 12, 18 a 20, 25, 28 y 29, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de Roma de 4 Nov. 1950, en sus artículos 3, 4, 5, 8 y 9 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 Dic. 1966, en sus artículos 1, 3, 5, 8, 9 y 10.
Viniendo el consentimiento informado a constituir un derecho humano fundamental, precisamente una de las últimas aportaciones realizada en la teoría de los derechos humanos, consecuencia necesaria o explicación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia. Derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuerpo, indicando la STS de 21 de octubre de 2005, que si bien la necesidad del mismo se acrecienta en los supuestos de medicina satisfactiva o voluntaria, destaca que el deber de información médica, se funda en el derecho del paciente a conocer los eventuales riesgos para poderlos valorar y con base en tal información (conocimiento) prestar su consentimiento o desistir de la operación, en ejercicio de su derecho a la libertad personal de decisión o derecho de autodeterminación sobre la salud y persona que es la finalidad perseguida por la norma; la información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
8º) LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA OBTENCION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO: La carga de la prueba de obtención del consentimiento informado corresponde al médico (entre otras, STS de 25 de abril de 1.994, 31 de julio de 1.996, 28 de diciembre de 1.998, 26 de septiembre de 2.000, 12 de enero de 2.001).
Por último en este orden de consideraciones generales de señalar es como la doctrina y la jurisprudencia mantienen la consideración de que es al médico a quien corresponde la carga de la prueba de haber obtenido el consentimiento informado previo del paciente (SSTS de 25 de abril de 1994, 31 de julio de 1996, 28 de diciembre de 1998, 19 de abril de 1999, 26 de septiembre de 2000 y 12 de enero de 2001, entre otras). En palabras de la STS de 29 de julio de 2008, "La información incluye el diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas, con sus riesgos y beneficios". Ha de ser puntual, correcta, veraz, leal, continuada, precisa y personalizada y no un simple trámite administrativo. Y, puesto que su finalidad es que el enfermo participe en la toma de decisiones que afectan a su salud (artículo 10.1 CE), se ha de integrar con datos al alcance de su comprensión, de manera que a través de ellos y con cabal conocimiento (consciente, libre y completo) pueda ponderar la posibilidad de sustraerse o demorar una determinada terapia por razón de sus riesgos, de contrastar el pronóstico con otros facultativos o de acudir a un especialista o centro distintos ( SSTS de 4 de octubre y 28 de noviembre de 2007).
Publicado por Pedro Torres Romero en 9:35 No hay comentarios:
Etiquetas: Despacho de abogados especializado en reclamación de negligencias medicas por falta o defecto del consentimiento informado.
LOS FONDOS INTERNACIONALES DE INDEMNIZACION DE DAÑOS DEBIDOS A LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS (FIDAC)
1º) Los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a lacontaminación por hidrocarburos (FIDAC) facilitan indemnización económica en relación a los daños ocasionados por la contaminación por hidrocarburos que se producen en sus Estados Miembros, resultantes de los derrames de hidrocarburos persistentes procedentes de petroleros.
Desde su constitución, el Fondo de 1992 y el precedente Fondo de 1971 han intervenido en 145 siniestros de diferente magnitud en todo el mundo. En la gran mayoría de los casos, todas las reclamaciones se han resuelto extrajudicialmente. Hasta la fecha no han ocurrido siniestros que afecten al Fondo Complementario.
2º) Gestión de reclamaciones: La principal función de los FIDAC es pagar indemnización a todo aquel que haya sufrido daños debidos a la contaminación por hidrocarburos en un Estado Miembro, que no pueda obtener una indemnización íntegra por dichos daños en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil pertinente. Los demandantes pueden ser particulares, asociaciones, compañías, organizaciones privadas u organismos públicos, incluidos Estados y autoridades locales.
3º) Transacción de reclamaciones: En la gran mayoría de los casos las reclamaciones se acuerdan extrajudicialmente. El Director está autorizado a acordar reclamaciones y pagar indemnizaciones hasta niveles predeterminados. No obstante, para los siniestros que suponen reclamaciones de mayor cuantía o en los que una reclamación específica da lugar a una cuestión de principio no decidida previamente por los órganos rectores, el Director requiere la aprobación del órgano rector pertinente del Fondo en cuestión.
4º) Admisibilidad de las reclamaciones de indemnización: Para tener derecho a una indemnización, los daños deben haber sido debidos a la contaminación por hidrocarburos y deben haber causado una pérdida económica cuantificable. El demandante debe poder demostrar la cuantía de su pérdida o daños presentando registros contables u otras pruebas apropiadas.
En términos generales, un siniestro de contaminación por hidrocarburos puede dar lugar a reclamaciones por daños de cinco tipos:
· Costes de las operaciones de limpieza en el mar y en tierra.
· Pérdidas económicas de pescadores o de aquellos que se dedican a la maricultura.
· Pérdidas económicas en el sector del turismo.
· Costes de restauración del medio ambiente
.En virtud de sus Convenios, los Fondos están obligados a garantizar que todos los demandantes reciben el mismo trato. Por consiguiente, si el importe total de las reclamaciones reconocidas excede la cantidad total de indemnización disponible en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil y el Convenio del Fondo, cada demandante recibirá la misma proporción de la pérdida. Cuando exista el riesgo de que se presente una situación de este tipo, es posible que los Fondos tengan que limitar los pagos de indemnización a un porcentaje de las pérdidas para asegurar que todos los demandantes reciben el mismo trato. El nivel de pagos podrá incrementarse en un futuro si se reduce la incertidumbre respecto del importe total de las reclamaciones reconocidas. Un efecto importante de la creación del Fondo Complementario es que en prácticamente todos los casos debería ser posible pagar desde un principio indemnizaciones del 100 % del importe de los daños acordados entre el Fondo y el demandante por daños debidos a contaminación en los Estados Miembros del Fondo Complementario.
Las reclamaciones se evalúan siguiendo los criterios establecidos por los gobiernos de los Estados Miembros. Dichos criterios, que también se aplican a las reclamaciones presentadas ante el Fondo Complementario, figuran en el Manual de Reclamaciones del Fondo de 1992, que es una guía práctica sobre cómo presentar reclamaciones de indemnización.
Los Fondos, normalmente en colaboración con el asegurador del propietario del buque, emplean peritos para supervisar las operaciones de limpieza, investigar el fundamento técnico de las reclamaciones y efectuar evaluaciones independientes de las pérdidas.
5º) Los demandantes, en última instancia, perderán su derecho a una indemnización en virtud del Convenio del Fondo de 1992 a menos que interpongan una acción judicial contra el Fondo de 1992 dentro de un plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que se haya producido el daño, o notifiquen formalmente al Fondo de 1992 de que han entablado una acción judicial contra el propietario del buque o su asegurador dentro del plazo de tres años. Del mismo modo, en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992, los demandantes perderán su derecho a ser indemnizados por el propietario del buque y su asegurador a menos que interpongan una acción judicial contra los mismos dentro de un plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que se haya producido el daño. Si bien un daño puede hacerse evidente cierto tiempo después de que se haya producido un siniestro, en ambos casos la acción judicial debe entablarse dentro de los seis años siguientes a la fecha del siniestro.
Publicado por Pedro Torres Romero en 15:15 No hay comentarios:
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INDEMNIZACIONES POR TIEMPO DE PRISION EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS O BATALLONES DISCIPLINARIOS EN LA POSGUERRA
Indemnizaciones por tiempo de prisión en establecimientos penitenciarios, o en Batallones Disciplinarios en la posguerra española.
A tenor de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990,Disposición Adicional Decimoctava.
Quienes hubieran sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios, o en Batallones Disciplinarios en cualquiera de sus modalidades, durante tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, y tengan cumplida la edad de 60 años el 31 de diciembre de 1990. Tendrán derecho:
1º) A una indemnización consistente en una prestación de pago único, cuya cuantía se determina en función de los años de prisión, según la siguiente escala:
a) Tres o más años de prisión: 6.010,12 euros.
b) Por cada tres años completos adicionales: 1.202,02 euros.
2º) A una indemnización por fallecimiento, de 9.616,18 euros el cónyuge supérstite de quien, habiendo sufrido privación de libertad por tiempo inferior a tres años como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, hubiese sido condenado por ellos a pena de muerte efectivamente ejecutada y no haya visto reconocida en su favor, por esta circunstancia, pensión o indemnización con cargo a alguno de los sistemas públicos de protección social.
El plazo para solicitar las indemnizaciones por tiempos de prisión finalizará el 31 de diciembre de 2013.
Publicado por Pedro Torres Romero en 12:06 No hay comentarios:
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