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Timestamp: 2016-10-28 06:22:25
Document Index: 362002792

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 37', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 42', 'artículo 174']

DE LA EXTENSIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL DECLARADO RESPONSABLE TRIBUTARIO Y DE LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN PUEDAN OPONERSE CUESTIONES RELATIVAS A LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS. COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TSJA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2015 (JUR2015167547).- | Lealtadis Abogados
DE LA EXTENSIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL DECLARADO RESPONSABLE TRIBUTARIO Y DE LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN PUEDAN OPONERSE CUESTIONES RELATIVAS A LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS. COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TSJA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2015 (JUR\2015\167547).- 29 abril, 2016 | 0
DE LA EXTENSIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL DECLARADO RESPONSABLE TRIBUTARIO Y DE LA POSIBILIDAD DE QUE EN EL EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN PUEDAN OPONERSE CUESTIONES RELATIVAS A LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS. COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TSJA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2015 (JUR\2015\167547).-
Partiendo de la base de lo dispuesto al efecto en el artículo 174.5 de la Ley General Tributaria en el que se establece con carácter general que “En el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación”, a menudo, sin embargo, se suscita la controversia acerca de la posibilidad que tiene el responsable subsidiario o solidario de plantear en sede judicial, a través del correspondiente recurso contencioso administrativo, cualquier posible defecto invalidante de la deuda o liquidación que se le deriva por la Administración Tributaria.
En muchas ocasiones, los Tribunales que conocen de dichos recursos niegan esa posibilidad en unos casos, mientras que, en otros, la limitan de tal manera que, en la práctica, el planteamiento argumental resulta estéril para el responsable al que se le ha derivado la deuda fallida del deudor principal.
Así, hay Sentencias como las del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de marzo de 2016, recurso 1710/2010, en las que se llega a decir que:
“(…) por elementales razones de seguridad, lo que no se puede obtener por esta vía es la posibilidad de atacar sin límites una liquidación que haya ganado firmeza, lo contrario supondría que, por ejemplo, el responsable subsidiario pudiera negar la conformidad prestada por el deudor principal en un acta”.
Con independencia de que a nosotros nos resulte erróneo este planteamiento realizado por la Sala citada, es el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero esta vez su sede de Sevilla, el que enmienda este razonamiento en Sentencias como la de 3 de febrero de 2015 (JUR\2015\167547), precisamente admitiendo la posibilidad de entrar a conocer la validez de un acta de conformidad prestada por el deudor principal, ejemplo que ponía la sentencia anterior como imposible argumento para el responsable subsidiario. La Sala de Sevilla es clara a este respecto pues señala que:
“Reconocido por tanto el derecho a hacer valer cualesquiera motivos de oposición a las liquidaciones de las que trae causa la declaración de responsabilidad subsidiaria hay que concluir, en primer lugar, que el art. 1218 LEC, al determinar las atribuciones del Síndico, legitima a éste para que ostente la representación de la sociedad y, por consiguiente, se entienda con él la Inspección de los Tributos.
Cuestión distinta es la de si el Síndico de la quiebra se encuentra facultado para la firma de Actas de conformidad.”
Como vemos, el Tribunal, no sólo permite al responsable subsidiario esgrimir cualquier motivo de oposición en relación con la liquidación que se le ha derivado, sino que, además, y en particular, lo permite respecto a la validez o no de un Acta de Conformidad que, finalmente, la declara nula y, por ende procede a declarar la nulidad del acuerdo de derivación en estos términos:
“Nada puede oponerse a la que la Inspección llevara a cabo sus actuaciones considerando al Síndico como representante de la sociedad declarada en quiebra, pero lo que no resulta jurídicamente viable es que las liquidaciones de las que trae causa la declaración de responsabilidad subsidiaria recurrida deriven de un Acta de conformidad suscrita por el Síndico ni que ha sido puesta en conocimiento de la Junta de Acreedores y que no ha contado con el beneplácito de la misma, reconociéndose de este modo un crédito con omisión de las exigencias para ello. De aquí que el acuerdo objeto del presente proceso deba considerarse nulo al serlo igualmente las liquidaciones tributarias de las que deriva, sin necesidad de examen del resto de los motivos de impugnación hechos valer por el demandante.”
Otros Tribunales Superiores de Justicia, entre ellos el de Baleares, sustenta la misma doctrina acerca de la posibilidad de entrar a conocer de cuantas cuestiones esgrima el responsable derivado respecto a la deuda principal. Es el caso de la Sentencia de T.S.J. Baleares 290/2013 de 27 de marzo:
“Por tanto, el artículo 174 de la Ley 58/2003, General Tributaria permite al declarado como responsable impugnar no solo el presupuesto habilitante para la derivación sino también las liquidaciones practicadas al deudor principal y que son objeto de la derivación de responsabilidad, sin el limitado alcance que pretende el Abogado del Estado. En efecto, y tal y como ya se ha encargado de poner de manifiesto la doctrina científica más autorizada, aún cuando se utilice distinta terminología, la disposición legal contenida en el art. 174.5 LG, en su redacción de 2003, la cual disponía: “en el recurso o reclamación contra el acuerdo de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o reclamación” viene a ser coincidente con su antecesor artículo 37.4 LGT 63 (que concedía al responsable, desde el momento de notificación de la liquidación derivada, “todos los derechos del deudor principal”); ello en la medida en que, al habilitarse en el artículo 174.5 LGT 03 la posibilidad de impugnación, no sólo del presupuesto de hecho habilitante, sino también de las liquidaciones, debe entenderse que los motivos de impugnación de las mismas son los propios e idénticos que los que podría hacer valer el deudor principal. Situación ésta que se mantiene con la redacción dada por la Ley 36/2006. (…)En su virtud, procede entrar a conocer de las totalidad de las alegaciones efectuadas por el responsable contra las liquidaciones cuya responsabilidad se le derivada.”
El Tribunal Supremo, con algunas excepciones, ha admitido, con carácter general -y aunque no sea de forma expresa-, la posibilidad que aquí defendemos. Es el caso de, entre otras, la Sentencia del TS de 25 de octubre de 2013, Recurso 4180/2011, Roj:STS 5145/2013, en la que, como consecuencia de la falta de eficacia interruptiva de las actuaciones inspectoras seguidas al deudor principal, declara la prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda y a sancionar al deudor principal y, por consiguiente, la prescripción del derecho de la Administración a exigir la deuda al responsable subsidiario.
La Sentencia del TS para unificación de doctrina de 28 de abril de 2014 declara que:
“Es cierto, como señala la parte recurrente, el sujeto declarado responsable, puede impugnar los acuerdos de liquidación y de imposición de sanciones que se le derivan. Y es reiterada jurisprudencia de este Alto Tribunal que el acto administrativo de derivación de responsabilidad constituye un requisito de procedibilidad, a partir del cual el responsable adquiere los derechos del sujeto pasivo y puede impugnar, por tanto, la liquidación o la propia declaración de responsabilidad, tal como resulta del artículo 174.5 LGT y del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTS 25 de febrero de 2012, rec. de cas. 4915/2007, y 25 de octubre de 2013, rec. de cas. 4180/2011), con la excepción que representa el artículo 42.2 LGT respecto a la responsabilidad derivada de ciertas conductas obstativas de la acción recaudatoria (Leyes 36/2006 y 7/2012).”
Estamos de acuerdo con otras opiniones bien fundadas[1], como las de Caba Tena, en que “el art. 174.5 LGT, debe interpretarse en el sentido de que el responsable (solidario o subsidiario) puede combatir tanto el acto de derivación como la propia liquidación en que tiene origen, porque la derivación es un procedimiento autónomo al que le es de aplicación las normas comunes, en las que el trámite de audiencia (art. 174.3 y 4) es esencial y no excluye el poder alegar y aportar todo tipo de pruebas. Y es que dicho acto tiene el carácter de liquidación autónoma, motivo por el cual impide el precepto que se produzca una extensión de los efectos de los recursos entre el responsable derivado y el deudor principal, lo que no resultaría posible si se tratase de la misma liquidación; pero en modo alguno convierte en inatacables las liquidaciones base de la derivación de responsabilidad, ya que ello vulneraría el derecho a una defensa contradictoria”.
En igual sentido se pronuncia Castellanos Torres[2] cuando señala que “el artículo 174.5 de la nueva LGT ha venido a limitar los efectos de los recursos que puede interponer el responsable frente a la derivación de responsabilidad. De un lado, el precepto señala que esta clase de obligados tributarios, pueden impugnar la declaración por cualquier clase de motivos, ya afecten a la realización o no del presupuesto de hecho de la responsabilidad, ya se refieran a la legalidad de la liquidación practicada. (….) De otro lado se matiza, sin embargo, que una eventual anulación de la liquidación como consecuencia de recurso interpuesto por el responsable, no aprovecha al obligado principal si este dejo firme el acto administrativo originario”.
Por otra parte, es esclarecedora y determinante la Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 39/2010, de 19 de julio de 2010, que concede el amparo solicitado en relación con la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía núm. 378/2006, de 30 de junio de 2006, recurso contencioso-administrativo núm. 3027-1999; precisamente se trata de la misma Sala a cuya sentencia nos hemos referido más arriba y que negaba la posibilidad de defensa que aquí se argumenta y que, por lo que se ve, continúa errando en el mismo sentido.
En Tribunal Constitucional afirma en la citada Sentencia lo siguiente:
“No cabe duda de que la negativa del órgano judicial de entrar a conocer sobre los vicios que la entidad actora imputaba a las deudas que eran objeto de derivación, sobre la base, según apunta, de la conocida teoría general del Derecho relativa a la naturaleza de los actos administrativos firmes y sus efectos jurídicos (firmeza que le atribuye a los actos de liquidación de las deudas contraídas por la deudora principal), que sólo conferiría a la entidad recurrente el derecho a cuestionar la validez del acto de declarativo de la responsabilidad solidaria y del procedimiento seguido a estos efectos, pero no el contenido de unas liquidaciones que debía haberlas impugnado el deudor principal en el momento de su notificación, sólo puede calificarse como manifiestamente irrazonable, no sólo por haber convertido la aplicación de la legalidad en una mera apariencia, sino por haber obstaculizado de manera desproporcionada, sin fundamento legal que lo justifique, el derecho del recurrente en amparo de acceso a la jurisdicción con la finalidad de que el órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre el fondo de la cuestión a él sometida.”
Respecto al argumento defendido en muchos casos por la Administración y en este caso concreto también, de que la firmeza del acto de liquidación de la deuda del deudor principal impide su revisión por el responsable derivado, el Constitucional es claro:
“La teoría a la que apela el órgano judicial para justificar su decisión de no entrar a conocer de las quejas de la parte actora, relativa a las consecuencias de la firmeza de los actos administrativos no impugnados en tiempo y forma, puede predicarse de quien con su actitud consintió con los mismos, pero en modo alguno se puede trasladar a quien, por el incumplimiento del deudor principal, se ve colocado en su lugar y compelido al pago. Si la carga del responsable es concurrir al pago de la deuda de un tercero por las especiales circunstancias que, de acuerdo con las leyes, le unen a él y le obligan a colocarse en su lugar, no es dado añadirle la carga, a modo de retribución por una conducta ilícita, de no poder reaccionar, con todos los medios a su alcance, frente a los actos que se le derivan y cuya responsabilidad se le exige”. La mencionada Sentencia del TC declara finalmente que “En suma, la negativa del órgano judicial de entrar a conocer sobre las cuestiones que la parte actora planteaba en relación con la deuda que se le derivaba, ha vulnerado su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y, por lo tanto, a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE (…)”. En el mismo sentido la Sentencia del TC 140/2010, de 21 de diciembre de 2010.
Tras todas estas consideraciones, entendemos que la posibilidad de esgrimir por el declarado responsable (subsidiario o solidario) cualquier tipo de motivos referidos a la liquidación del deudor principal resulta incuestionable.
Federico Vivas Puig.-
Departamento de Derecho Administrativo/ Fiscal
1. Caba Tena, Antonio, “Impugnación de la deuda tributaria por el responsable derivado”, Lageltoday.com, 22 de febrero de 2012.
2. Castellanos Torres, José Antonio; “El procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria”, Revistas upcomillas.es
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