Source: https://www.santiagoabeigon.es/tratamiento-de-datos-de-la-parte-contraria-por-abogados-y-procuradores/
Timestamp: 2018-11-22 10:16:42
Document Index: 283030658

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 197', 'artículo 199', 'artículo 10']

Santiago Abeigón Vidal | Tratamiento de Datos de la Parte Contraria por Abogados y Procuradores.
Cómo va lo mío?
Sede Xunta
Inicio > Penal > Tratamiento de Datos de la Parte Contraria por Abogados y Procuradores.
Tratamiento de Datos de la Parte Contraria por Abogados y Procuradores.
22 noviembre 2013 Penal, Privacidad y Protección de Datos Santiago Abeigón Vidal
Consideraciones desde el punto de vista de la protección de datos y desde la vertiente penal.
Criterio de la Agencia Española de Protección de Datos.
La vertiente penal: el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Responsabilidad de abogado y procurador.
¿Es válida la obtención furtiva o “con astucia” de los datos?
Estos días ha saltado a los medios de comunicación, y rebotado por las redes sociales, la noticia de una sentencia de la Audiencia Nacional sobre el tratamiento de datos personales de la parte contraria por los abogados en los siguientes términos:
Veamos cuál es el supuesto de hecho concreto al que se refiere esa sentencia.
Se trata de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de octubre de 2013, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
En su fundamento de derecho primero describe los hechos concretos que son objeto de examen:
<<La expresada resolución tiene por causa la denuncia presentada por doña Reyes ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se manifiesta que el abogado denunciado, don Cecilio, que lo era de doña Coral y doña Florencia, en relación con la herencia de su madre fallecida y respecto de la que la denunciante había sido albacea testamentario, en el curso de un procedimiento judicial, relativo a la nulidad del testamento de la fallecida ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de los de Madrid, puso en conocimiento del Juez mediante escrito de conclusiones que tenía conocimiento (de) que “Reyes es titular de cuentas y activos en la sucursal del paseo de la Castellana nº 157 de La Caixa D´estalvis y Pensions de Barcelona junto con el citado Gabriel“. Tales manifestaciones tuvieron lugar tras haber declarado como testigo la denunciante en dicho proceso civil y haber negado esta tener cuentas corrientes o activos compartidos con el director del pleito, don Gabriel >>.
El abogado se limitó a poner de manifiesto al juzgado, en su escrito de conclusiones, ciertos datos bancarios, genéricos en todo caso, de la denunciante, para poner de manifiesto su creencia de que ésta había intervenido como testigo en un proceso civil con interés en el asunto, pese a haberlo negado, lo que podría incidir en la valoración de su testimonio en un proceso donde aquél intervenía como letrado. No se aportó tampoco elemento de prueba alguno que permitiera concluir que la información facilitada al Juez por el abogado denunciado constara en sus ficheros, ni tan siquiera que los tuviera o que procediera de ficheros de datos personales, en el sentido en que se definen en el articulo 3.b) de la LOPD.
Por lo demás, la Sentencia recuerda que: <<el artículo 11.2 de la LOPD, exime de la necesidad de consentimiento del titular de los datos personales, su comunicación a los Jueces, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas. pues tal previsión constituye uno de los límites del derecho de protección de datos que nos concierne y justifica el legítimo destino que el denunciado dio a la información>>.
<<De modo que tal comunicación de datos al Juez no requería consentimiento de su titular, resultando ser éste el único destino conocido dado a los datos bancarios de la denunciante por el denunciado, para el que no requería su incorporación a fichero alguno de que fuera responsable. A tal efecto, resulta intrascendente que la comunicación de los datos al Juez se hiciera en forma verbal o por escrito en el seno del procedimiento judicial, pues en ambos casos se hallaría bajo la cobertura del precepto legal citado>>.
Por todo ello, la Audiencia Nacional confirmó la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que acordó no incoar actuaciones inspectoras y no iniciar procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas.
El criterio de la Agencia Española de Protección de Datos.
La posición de la AEPD sobre la materia se recoge ya en su Informe del año 2000 sobre “Tratamiento por Abogados y Procuradores de los datos de las partes en un proceso”.
Así, por lo que se refiere al consentimiento, la Agencia concluye que:
<<…si bien ninguna disposición con rango de Ley establece expresamente la posibilidad del tratamiento por abogados y procuradores de los datos referidos al oponente de su cliente en el seno de un determinado proceso judicial, es evidente que dicha posibilidad trae causa directa de una norma de rango constitucional, reguladora además de uno de los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados por la Constitución, y desarrollado por las leyes reguladoras de cada uno de los Órdenes Jurisdiccionales, en los preceptos referidos a la representación y defensa de las partes, por lo que existirá, desde el punto de vista de la Agencia, una habilitación legal para el tratamiento de los datos, que trae su cobertura del propio artículo 24 de la Constitución y sus normas de desarrollo>>.
En cuanto al deber de información a que se refiere el art. 5 LOPD, esto es, si el abogado o procurador se encuentra o no obligado a informar a los oponentes de su cliente de la existencia de un fichero o tratamiento, su responsable, su finalidad, la posibilidad de que los afectados ejerciten los derechos que la Ley les atribuye y los destinatarios de los datos, para la Agencia prevalece el derecho de defensa sobre el derecho a la protección de datos, razonando así:
<<Ello se funda en que la comunicación a los afectados de las informaciones de que los abogados o procuradores puedan disponer, procedentes de sus clientes, podrían perjudicar, como ya se indicó, el adecuado ejercicio por el propio interesado de las facultades vinculadas con su derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales (al quedar en conocimiento de la otra parte los datos que pudieran ser aportados a juicio en defensa de su derecho)>>.
Resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos.
Este criterio ha sido reiterado y se ha mantenido invariable, entre otras, en las siguientes resoluciones:
–Resolución de 2 de diciembre de 2004, Expediente Nº TD/00239/2004, que desestima la reclamación efectuada por una persona contra la abogada de su ex cónyuge sobre tutela de los derechos de acceso y cancelación.
Adicionalmente, la Agencia señala que <<se aprecia una conexión directa con el derecho fundamental al secreto profesional que, conforme a los preceptos antes transcritos de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, les habilita para no facilitar información “de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre los mismos”>>.
Igualmente, tiene interés esta resolución por recordar a los abogados y procuradores que tienen el deber de atender y, por tanto, contestar las solicitudes de ejercicio de derechos formuladas por parte de los afectados, sin perjuicio de su posible denegación, señalando en este caso que <<no procede la cancelación ni el acceso a los datos solicitados por el afectado, dada la limitación impuesta por el artículo 24 de la C.E. conforme a lo anteriormente razonado>>.
–Resolución de 10 de enero de 2005, Expediente Nº E/00373/2004, que en otro supuesto de tratamiento de datos de la contraparte archiva la denuncia contra un abogado por tratar datos personales sin consentimiento, por cuanto dicho letrado trataba los datos del afectado en calidad de abogado defensor de la entidad demandada por aquél en un procedimiento judicial.
–Resolución de 12 de mayo de 2005, Expediente Nº E/00238/2004, de archivo de actuaciones, que tiene interés por cuanto aplica la doctrina sobre abogados y procuradores por analogía al caso de ejercicio del derecho de defensa por un Notario en la tramitación de una queja presentada contra el mismo ante el Colegio de Notarios, queja que podría haber derivado en un expediente sancionador.
–Resolución de 3 de marzo de 2008, Expediente Nº: E/00862/2006, por la que se acuerda el archivo de actuaciones en un supuesto de aportación de recibos de salarios junto con la contestación a la demanda en un proceso contencioso-administrativo.
La vertiente penal: el delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Existen otros supuestos en los que el abogado también realiza un tratamiento de datos personales de la parte contraria, en el ejercicio del derecho de defensa y con destino a un órgano jurisdiccional, pero que por su origen o el modo de obtención de tales datos, su utilización y aportación al proceso puede ser constitutiva de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2000, confirma la sentencia que condenó a la acusada como autora responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.1 CP, al considerarse probado que aquélla, que se hallaba separada de su marido por sentencia judicial, con quien mantenía malas relaciones, recogió y abrió una carta remitida a éste por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y tras comprobar que en la misma constaba una notificación de revalorización de la pensión del marido, procedió la acusada a quedársela y a aportarla como documental en la demanda de alimentos presentada contra el esposo ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Quart de Poblet.
Posible responsabilidad penal del abogado y del procurador.
Toda vez que el cliente no actúa sino representado por un procurador y defendido por un abogado, esto es, dirigido por una representación y defensa técnicas, entiendo que dichos profesionales pueden ser castigados, si no como autores, sí como cooperadores necesarios, puesto que sin su contribución no sería posible incorporar al proceso tales documentos y la información que los mismos contienen.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 10 de junio de 2013. Esta sentencia condena a la abogada por un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 199.2 CP a las penas de un año de prisión, multa de doce meses con cuota diaria de 10 € e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogada por tiempo de 2 años así como al abono de las costas de la instancia por mitad junto con su clienta, también condenada.
La acción consistió en la utilización en una vista de medidas provisionales el 24 de abril de 2001 de una determinada documentación personal y reservada del cónyuge -una multa por conducir ebrio– obtenida de manera ilícita por la esposa de éste, condenada en la misma sentencia que se recurre, señalándose en los hechos que se declaran como probados que Dña. Rosana, letrada que defendía los intereses de la citada esposa en dicho procedimiento, no había tenido intervención alguna en la obtención irregular de dicho documento, sino que con posterioridad a ello, conociendo tal circunstancia, decidió utilizarlo en la vista de medidas provisionales.
El texto de la sentencia insiste en la doctrina según la cual <<no cabe limitar la acción de divulgar secretos a los que afecten al cliente, sino a cualquier persona cuyo descubrimiento ilícito les conste, pues el abogado ostenta un específico deber de guardar sigilo respecto de este tipo de datos, impuesto por sus normas deontológicas, y muy especialmente por el actual art. 542.3 de la LOPJ>> doctrina que viene recogida por la Sentencia del Tribunal Supremo 302/2008, de 27 de mayo, que condenó por coacciones y descubrimiento y revelación de secretos a dos abogados que obtuvieron de su cliente unos correos electrónicos de contenido sexual explícito, cruzados por la hermana de su cliente con un tercero, y que fueron revelados a los abogados de esta hermana para que la convenciesen para que renunciara a la legítima que le correspondía en la herencia de su padre, con la amenaza de revelar dichos correos a su marido.
¿Obtención furtiva, desleal o “con astucia” de datos o informaciones?
Esta es otra prueba de que la seguridad jurídica en este país está fibrilando.
Se trata del supuesto contemplado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo del 2011 que absolvió al acusado del delito de descubrimiento y revelación de secretos en un supuesto en que el litigante había obtenido indebidamente una escritura en una notaría “con astucia”, dice la sentencia.
El Tribunal Supremo mantiene la condena por falsedad en certificados y en documento privado pero absuelve del delito de descubrimiento y revelación de secretos acogiendo los razonamientos del Ministerio Fiscal en los siguientes términos:
<<En este punto se objeta por el Fiscal que, la Audiencia ha puesto de relieve, con razón, que exceptuados los extremos relativos a los bienes inmuebles, sí destinados a la publicidad registral, los actos documentados como el propio documento notarial comprendían otros de los que no podría predicarse lo mismo.
Pero lo cierto es que el Fiscal apoya el motivo, aunque, razona, y razona bien: porque entiende que, en rigor, no hubo apoderamiento. Señala que se dio, sin duda, una cierta relajación de los mecanismos de control que deben funcionar en una notaría, que tendrían que haber operado con eficacia incluso frente a quien era empleado del Colegio Notarial. Pero el prevalimiento de esta calidad y ese defecto de funcionamiento, en el plano conceptual, no autorizan a hablar de apoderamiento. Un vocablo cuyo campo semántico comprende las conductas consistentes en coger o hacerse con algo mediante el empleo de fuerza. Lo que, trasladado analógicamente al terreno en que aquí se opera, implicaría vencer algún tipo de resistencia, como la impresa en la predisposición de alguna medida o cautela adoptada, precisamente, para evitar el conocimiento por otras personas de datos o informaciones que el directamente interesado buscara preservar. En este sentido, aquí el acusado habría obtenido algo con astucia, pero sin necesidad de poner en práctica una conducta calificable de apoderamiento.
Prolongando esta línea argumental y a mayores, razona el Fiscal, de un modo que debe asimismo compartirse, que no es en absoluto descartable que el acusado pudiera conocer el contenido de la escritura. Como tampoco la hipótesis de que, incluso, de haber solicitado del juez civil su incorporación al proceso matrimonial hubiera llegado a conseguirlo, por la posible trascendencia de los datos en la vertiente patrimonial de la disolución del régimen económico vigente entre los cónyuges.
En consecuencia y por todo, la ausencia de una acción a la que pueda referirse el verbo nuclear del tipo penal aplicado, hace que deba estimarse el motivo>>.
La sentencia de la que trae causa el recurso de casación es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7, nº 51/2010, de 26 de marzo.
En realidad la escritura fue obtenida mediante engaño, pues el acusado llamó a la notaría haciéndose pasar por un trabajador del Colegio Notarial manifestando que su mujer necesitaba urgentemente una escritura, consiguiendo que la trabajadora de la notaria se la remitiese primero por fax y después por correo ordinario, escritura que fue aportada como prueba en el proceso judicial.
Si el Tribunal Supremo dice que no hubo apoderamiento, entonces no hubo apoderamiento. Pero el emperador va desnudo!
Un supuesto similar al anterior:
La Agencia Española de Protección de Datos en su Resolución de 28 de octubre de 2005, Procedimiento Nº PS/00110/2005, impuso una sanción de 30.000 € por una infracción del artículo 10 de la LOPD a una entidad financiera que comunicó a la esposa datos bancarios del cónyuge, cliente de dicha entidad, sin su consentimiento y que, con posterioridad, fueron aportados por aquella como prueba en un procedimiento judicial contra él.
No cabe duda de que dicha prueba fue obtenida con violación del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal y que, como tal, es prueba de valoración prohibida y no podría surtir efecto alguno en ningún proceso (art. 11.1 LOPJ).
Pero, por otra parte, podríamos decir que aquella esposa también obtuvo los datos bancarios de su marido “con astucia”.
¿Cometió esta mujer un delito de descubrimiento y revelación de secretos al aportarlos al proceso judicial? Depende.
Todas estas consideraciones pueden servir para reflexionar acerca de la necesidad de imponer un filtro jurídico y de sentido común a esa ingente cantidad de documentación que nos entregan a veces los clientes; que hay que probar cuando se tiene la carga de la prueba, pero no de cualquier manera, sobre todo cuando la mayor parte de la prueba puede obtenerse lícitamente por otros medios.
Como hemos visto, no sólo puede resultar condenado el cliente, sino que podemos comprometer nuestra integridad profesional, nuestra libertad, nuestro patrimonio y nuestro medio de vida.
Imagen: obra del artista Honoré Daumier.
Utilización del móvil del investigado como micrófono de ambiente. Inmunidad al cifrado del teléfono pinchado. Hace unos días se publicaba en la base de datos del CENDOJ la Sentencia 373/2016, de 3 de mayo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que acaba de pronunciarse sobre un caso de escuchas (no solo) telefónicas practicadas por la policía en el marco ...
Captación y publicación en los medios de comunicación de las conversaciones entre el acusado y su abogado. Audiencias públicas judiciales y Medios de Comunicación. Confidencialidad de las comunicaciones entre el acusado y su abogado. Hace algunos años, documentándome para dar unos cursos sobre privacidad y medios de comunicación para los periodistas d...
Whatsapp como prueba y sus relaciones con la Justicia. Hoy en día, con más de mil millones de usuarios activos al mes, podría decirse que prácticamente todo el mundo utiliza Whatsapp. España es el país europeo que más lo utiliza. En el ámbito jurídico esta aplicación está generando muchísima casuística,...
Cláusulas Suelo. El Banco Sabadell no se quiere enterar. El Tribunal Supremo ha puesto en negro sobre blanco la nulidad de las cláusulas suelo por falta de transparencia. Y en esta palabra, la palabra “transparencia”, ha encontrado el Banco Sabadell una excusa para mantener una conducta unidireccional y...
Delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos, Privacidad, Protección de Datos, Secreto Profesional
SITEL. Problemas con la firma electrónica de las escuchas telefónicas.
Absolución por nulidad de la prueba de ADN
Phishing Bancario. Nos hemos puesto en las sandalias del pescador.
Prueba de ADN. La negativa del imputado a facilitar muestras biológicas de su ADN. Consecuencias Jurídicas. Doctrina del Tribunal Supremo.
Santiago Abeigón Vidal - Abogado en Pontevedra
Los contenidos propios del blog están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y visualización por parte del usuario y la recogida de estadísticas. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información consultando nuestra política de cookies.Aceptar Cookies Política de Cookies