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Timestamp: 2018-03-19 02:00:31
Document Index: 361792825

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'artículo 6', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 31', 'Artículo 33', 'Artículo 4', 'Artículo 20', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 30', 'Artículo 33', 'Artículo 32', 'Artículo 9', 'Artículo 27', 'Artículo 32', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 33', 'artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 16', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 30']

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Herramientas de Promoción - PDF
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Ramona Olivera Zúñiga
1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Herramientas de Promoción
2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad CONTENIDOS Herramientas de Promoción 1. Introducción 2. Panorámica de la Convención 3. Preguntas frecuentes 4. Los centros de acción contra las minas y la Convención 5. Cómo pasa un Estado a ser Parte de la Convención y cómo puede un centro de acción contra las minas apoyar ese proceso? 6. Modelo de carta dirigida a un ministro o funcionario del gobierno en la que se insta a la firma y ratificación de la Convención 7. Modelos de cartas dirigidas a los Estados Partes de la Convención sobre la Prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción o del Protocolo V de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados que ya hayan firmado o ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 8. Presentación de las personas con discapacidad en los medios de comunicación 9. Lista de recursos y sitios web 10. Lista de organizaciones de personas con discapacidad 2
3 Introducción Las presentes herramientas han sido elaboradas para apoyar los esfuerzos que realizan los centros de acción contra las minas administrados y que son apoyados por las Naciones Unidas que promueven la ratificación e implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su Protocolo Facultativo. Las herramientas se elaboraron con la colaboración del Equipo de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas (UNMAT) y en coordinación con el Survivor Corps. Las herramientas han sido sometidas a una pequeña prueba de validación sobre el terreno. Además, han sido revisadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia cuyos insumos han sido incorporados en el documento. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se abrió para la firma el 30 de marzo de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo de La Convención es la culminación de cinco años de negociaciones y de décadas de la lucha por parte de las personas con discapacidad y organizaciones dedicadas a promover sus intereses con el fin de que la discapacidad fuera reconocida a nivel mundial como una cuestión inherente a los derechos humanos. El decidido apoyo político que se obtuvo de una amplia gama de actores contribuyó a que este instrumento haya sido el tratado de derechos humanos que se ha logrado negociar con mayor rapidez hasta la fecha. La Convención marca un cambio de paradigma en el trato que reciben las personas con discapacidad al pasar de una perspectiva médica o caritativa a la aplicación de un enfoque de derechos humanos que permite garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a las decisiones que afectan su vida y puedan participar en ellas, así como procurar la reparación de la violación de sus derechos. Hasta junio de 2008, 28 estados habían ratificado la Convención y 17 estados habían ratificado su Protocolo Facultativo. Para conocer los últimos datos sobre la ratificación de estos instrumentos, se pueden consultar las siguientes páginas electrónicas: y Los Estados Partes del Tratado sobre la Prohibición de Minas Antipersonal y del Protocolo V de la Convención sobre la Prohibición del Empleo de Ciertas Armas Convencionales tienen la obligación de brindar asistencia a los sobrevivientes de las minas terrestres y de los restos explosivos de guerra. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ofrece un marco que permite atender las necesidades de los sobrevivientes y garantizar el goce pleno de sus derechos humanos y el respeto de su dignidad inherente. La Convención sobre Municiones en Racimo recién adoptada también obliga a los futuros Estados Partes a brindar asistencia a las víctimas, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que sea aplicable, y en este sentido, dicha Convención hace referencia específica a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las presenten herramientas de promoción proporcionan al usuario y a los profesionales que trabajan sobre el terreno una visión general práctica de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y una serie de preguntas y respuestas que les permitirán exponer los fundamentos de la materia a sus colegas. Asimismo, las herramientas explican la 3
4 forma en que los Estados pueden convertirse en partes de la Convención y presentan un modelo de carta para dirigirse a los ministros de gobierno. En vista de que los medios de comunicación constituyen un aliado crucial en todo esfuerzo orientado a la defensa de intereses, se han incluido una serie de directrices de gran utilidad para facilitar las relaciones con los periodistas. Por último, se ofrece una lista de organizaciones dedicadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y una lista de recursos de gran utilidad. Esperamos que estas herramientas de promoción contribuyan a orientar sus esfuerzos para promover la ratificación de la Convención y contribuir a la implementación y supervisión de la misma. Instamos al usuario a continuar con estos esfuerzos y a mantenernos informados sobre sus avances por medio del Equipo de Actividades Relativas a las Minas en la Sede de las Naciones Unidas. Jean-Marie Guéhenno Kyung-wha Kang Secretario General Adjunto Alta Comisionada interina para los Derechos Humanos Departamento de Operaciones Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Mantenimiento de la Paz 1 julio de 2008 Presidenta, Grupo Interinstitucional de Coordinación de Actividades relativas a las Minas 1 de julio de 2008 George Okoth-Obbo Director División de Servicios de Protección Internacional Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 1 de julio de
5 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad PANORÁMICA DE LA CONVENCIÓN Preámbulo El preámbulo explica por qué es necesaria la Convención y enumera otros instrumentos de derechos humanos pertinentes y documentos normativos 1 que constituyen la base de esta Convención. Artículo 1 Propósito La Convención pretende alcanzar un objetivo específico: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Artículo 2 Definiciones Entre los términos importantes utilizados en esta Convención figuran: comunicación, lenguaje, discriminación por motivos de discapacidad, ajustes razonables, diseño universal. Artículo 3 Principios generales Los conceptos fundamentales de respeto de la dignidad inherente y la autonomía de las personas con discapacidad, la no discriminación, la participación, la inclusión, la igualdad y la accesibilidad orientan la interpretación de las obligaciones de la Convención. Artículo 4 Obligaciones generales Los Estados Partes deben, entre otros aspectos, examinar y revisar la legislación, promover bienes, servicios e instalaciones de diseño universal, así como elaborar políticas y programas para hacer efectiva la Convención y celebrar consultas en este proceso con las personas con discapacidad. Artículo 5 Igualdad y no discriminación Los Estados Partes deben prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida, lo que exige a los Estados Partes adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. Esas medidas no se consideran discriminatorias. Artículo 6 Mujeres con discapacidad Las mujeres y las niñas con discapacidad están sometidas a múltiples formas de discriminación. Los Estados Partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 1 Carta de las Naciones Unidas; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad; Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 5
6 Artículo 7 Niños con discapacidad Los Estados Partes deben actuar de acuerdo con el principio del interés superior del niño, y asegurar que todos los niños con discapacidad gocen de todos los derechos en igualdad de condiciones y el derecho del niño a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que le afecten. Artículo 8 Toma de conciencia Los Estados Partes deben promover la toma de conciencia acerca de los derechos de las personas con discapacidad, utilizando los canales de comunicación apropiados, como los medios de comunicación, los sistemas educativos, las campañas de sensibilización del público y programas de formación sobre sensibilización. Artículo 9 Accesibilidad Los Estados Partes deben velar por que los servicios de comunicación e información, el transporte, los edificios y otras estructuras estén diseñados y construidos de forma que las personas con discapacidad puedan utilizarlos, acceder a ellos o alcanzarlos. Artículo 10 Derecho a la vida Los Estados Partes deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 11 Situaciones de riesgo Los Estados Partes deben cumplir otras obligaciones legales internacionales aplicables, como el derecho internacional humanitario que regula la protección de la población civil durante los conflictos. En caso de conflicto armado o de desastre natural, los Estados Partes deben adoptar todas las medidas adicionales posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad. Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley - Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, entre otros aspectos, para adoptar decisiones, heredar bienes o tener acceso a préstamos bancarios. En ciertas circunstancias, el Estado tiene la obligación de prestar apoyo y asistencia a las personas con discapacidad en la adopción de decisiones y el ejercicio de su capacidad jurídica. Artículo 13 Acceso a la justicia Los Estados Partes realizarán ajustes apropiados para asegurar que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que las demás como participantes en todos los procedimientos judiciales. Los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Artículo 14 Libertad y seguridad de la persona Las personas con discapacidad disfrutarán del mismo nivel de protección frente a las amenazas contra los derechos humanos, como la privación de libertad arbitraria, los daños físicos y la privación de alimentos. Cualquier privación de libertad ha de ser conforme a la ley y la existencia de una discapacidad no justifica en ningún caso una privación de la libertad. Las personas con discapacidad serán tratadas de conformidad con la Convención, incluida la realización de ajustes razonables. 6
7 Artículo 15 Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Los Estados Partes deben impedir que las personas con discapacidad sean objeto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención prohíbe los experimentos médicos o científicos involuntarios. Artículo 16 Protección contra la explotación, la violencia y el abuso Los Estados Partes deben proteger a las personas con discapacidad contra los abusos económicos, físicos y mentales. Si se producen esos abusos, los Estados Partes deben tomar todas las medidas pertinentes para promover la recuperación y, cuando proceda, perseguir y enjuiciar esos abusos. Artículo 17 Protección de la integridad de la persona Los Estados Partes deben proteger la integridad mental y física de la persona. Artículo 18 Libertad de desplazamiento y nacionalidad Las personas con discapacidad tienen derecho, en igualdad de condiciones con las demás, a adquirir una nacionalidad, atravesar fronteras y cambiar de nacionalidad. Los niños con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos. Artículo 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad Los Estados Partes deben velar por que las personas con discapacidad puedan vivir de forma autónoma en la comunidad y sean incluidas en ésta con las mismas oportunidades de acceso a las instalaciones y los servicios comunitarios. Artículo 20 Movilidad personal Los Estados Partes deben adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, y facilitar su acceso a dispositivos de asistencia, tecnologías de apoyo y ayudas para la movilidad, formas de asistencia humana y animal, y capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad, y ponerlos a su disposición a un costo asequible. Artículo 21 Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información Los Estados Partes deben garantizar que las personas con discapacidad puedan expresar sus opiniones, creencias y sentimientos por medio de todas las formas de comunicación. Esta obligación se extiende también al suministro de información por medios y en formatos accesibles. Artículo 22 Respeto de la privacidad Las personas con discapacidad tienen derecho a la vida privada y su privacidad debe ser reconocida y protegida. Artículo 23 Respeto del hogar y la familia Las personas con discapacidad tienen derecho a escoger dónde, cómo y con quién vivir, así como el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro. 7
8 Artículo 24 Educación Los Estados Partes deben velar por que las personas con discapacidad tengan acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un proceso de aprendizaje durante toda la vida, que incluya el acceso a instituciones de enseñanza primaria, secundaria, terciaria y profesional. Ello comprende facilitar el acceso a modos de comunicación alternativos, realizando ajustes razonables y capacitando a profesionales en la educación de personas con discapacidad. Artículo 25 Salud Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a una atención de salud de la misma calidad y a los mismos servicios de salud que los demás, y los Estados Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para velar por que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. La atención de salud se prestará sobre la base de un consentimiento libre e informado. Artículo 26 Habilitación y rehabilitación Los Estados Partes deben velar por que las personas con discapacidad puedan lograr la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida y lograr la máxima capacidad física, mental, social y vocacional. Artículo 27 Trabajo y empleo Los Estados Partes deben promover el ejercicio del derecho al trabajo y adoptar medidas pertinentes, entre otras cosas, para promover el empleo en el sector privado y velar por que se realicen ajustes razonables en el lugar de trabajo. Los Estados Partes deben emplear a personas con discapacidad en el sector público. Artículo 28 Nivel de vida adecuado y protección social Los Estados Partes deben asegurar que las personas con discapacidad y sus familias tengan acceso a alimentos, vivienda, vestido y agua potable; que las personas con discapacidad tengan acceso en condiciones de igualdad a la red pública de protección social, es decir, a vivienda pública, beneficios de jubilación, programas de protección social y de reducción de la pobreza, y que las personas con discapacidad y sus familias que vivan en situaciones de pobreza tengan acceso a la asistencia del Estado para sufragar los gastos relacionados con su discapacidad. Artículo 29 Participación en la vida política y pública Los Estados Partes deben adoptar todas las medidas posibles para facilitar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades públicas y cívicas, como el derecho a votar, a ser elegidas o a participar en organizaciones políticas. Artículo 30 Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso en igualdad de condiciones a actividades recreativas, de descanso, de esparcimiento y deportivas. Los Estados Partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la disponibilidad de actividades culturales como el cine, el teatro, los museos y los monumentos en formatos accesibles (por ejemplo, lengua de signos, Braille, subtítulos). Los Estados Partes también deben tomar todas las medidas pertinentes para que las actividades culturales se realicen en lugares accesibles para las personas con discapacidad. 8
9 Artículo 31 Recopilación de datos y estadísticas Los Estados Partes deben recopilar datos relacionados con la discapacidad que les permitan aplicar la Convención. El proceso de acopio de información debe respetar los principios éticos de la confidencialidad y las normas de derechos humanos. Artículo 32 Cooperación internacional La cooperación bilateral y multilateral es indispensable para asegurar la debida aplicación de la Convención, inclusive el fomento de la capacidad, la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos, y la asistencia técnica y económica. Artículo 33 Aplicación y seguimiento nacionales Para promover y supervisar la Convención, los Estados Partes deben: 1) designar uno o más mecanismos de coordinación de las cuestiones relativas a la discapacidad en el Gobierno a fin de facilitar la aplicación de la Convención; 2) establecer un mecanismo de coordinación que facilite la adopción de medidas en diferentes sectores y a diferentes niveles, y 3) designar o establecer un mecanismo de supervisión independiente, como una comisión de derechos humanos o un defensor. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad, deben ser incluidas en el proceso de seguimiento. Artículo 34 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - Un Comité conformado por 12 expertos independientes supervisará la aplicación de la Convención. (El número de expertos aumentará a 18 cuando se obtengan otras 60 ratificaciones.) Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, los cuales tomarán en consideración una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización y ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad. Artículo 35 Informes presentados por los Estados Partes Los Estados Partes deben presentar informes periódicos al Comité sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir las obligaciones de la Convención. El primer informe se presentará en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que se trate; posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro años. Artículo 36 Consideración de los informes El Comité considerará todos los informes y hará al Estado Parte sugerencias y recomendaciones al respecto. Tanto los informes como las sugerencias del Comité tendrán amplia difusión pública. Cuando un Estado Parte se demore considerablemente en la presentación de un informe, el Comité podrá formular recomendaciones basadas en otra información confiable. Artículo 37 Cooperación entre los Estados Partes y el Comité El Comité ayudará a los Estados Partes a buscar medios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la Convención, incluso mediante la cooperación internacional. 9
10 Artículo 38 Relación del Comité con otros órganos El Comité podrá invitar a organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas a estar representados o a presentar informes sobre la aplicación de disposiciones que se encuentren dentro del ámbito de su mandato. El Comité también podrá invitar a los organismos especializados y a organizaciones de la sociedad civil a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención. Artículo 39 Informe del Comité - El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre sus actividades. Artículo 40 Conferencia de los Estados Partes Los Estados Partes de la Convención se reunirán periódicamente, al menos cada dos años. La primera Conferencia se celebrará a los seis meses de la entrada en vigor de la Convención. Artículo 41 Depositario - El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de las ratificaciones. Artículo 42 Firma La Convención está abierta a la firma desde el 30 de marzo de Artículo 43 Consentimiento en obligarse La Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración después de su entrada en vigor. Artículo 44 Organizaciones regionales de integración Las organizaciones constituidas por Estados soberanos de una región determinada que hayan transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la Convención podrán ser partes en la Convención. Un ejemplo de organización de este tipo es la Comunidad Europea. Artículo 45 Entrada en vigor La Convención pasa a formar parte del derecho internacional el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación. Una vez que la Convención haya entrado en vigor, un Estado pasa a ser parte de la Convención a los 30 días de haber depositado su propio instrumento de ratificación. Artículo 46 Reservas - No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la Convención. Artículo 47 Enmiendas La Convención podrá ser enmendada si dos tercios de los Estados Partes están de acuerdo al respecto. Artículo 48 Denuncia Los Estados pueden decidir dejar de ser partes de la Convención mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. Artículo 49 Formato accesible - El texto de la Convención se difundirá en formatos accesibles, como el Braille. 10
11 Artículo 50 Textos auténticos Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la Convención serán igualmente auténticos. Protocolo Facultativo El Protocolo Facultativo establece un mecanismo de denuncias individuales y un mecanismo de investigación. En relación con el mecanismo de denuncias individuales, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene competencia para recibir peticiones o denuncias de personas de un Estado Parte de la Convención y el Protocolo Facultativo que aleguen que el Estado ha infringido sus obligaciones en virtud de la Convención. Luego el Comité puede decidir sobre la admisibilidad de la denuncia y hará llegar sus sugerencias y recomendaciones si concluyese que se ha producido una violación. Además, el Comité está facultado para realizar investigaciones, que pueden incluir una visita al territorio si el Estado está de acuerdo, cuando exista información fiable de violaciones graves o sistemáticas por el Estado Parte. Los Estados deben ser partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para poder ser partes del Protocolo Facultativo. 11
12 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Preguntas frecuentes Qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? La Convención es un tratado internacional que articula los derechos de las personas con discapacidad. Específicamente, los Estados que pasan a ser parte de la Convención acuerdan promover, proteger y asegurar el pleno goce, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. La Convención marca un cambio de paradigma en los enfoques de la discapacidad, al pasar de un modelo en el que las personas con discapacidad son tratadas como objeto de tratamiento médico, caridad y protección social a un modelo en el que las personas con discapacidad son reconocidas como titulares de derechos humanos, desempeñan un papel activo en las decisiones que influyen en su vida, y son capacitadas para reivindicar sus derechos. Este enfoque considera que las barreras de la sociedad, como los obstáculos físicos y las actitudes negativas, a que se enfrentan las personas con discapacidad son los principales obstáculos para el pleno goce de los derechos humanos. Por qué se necesita? Aunque todos los tratados internacionales de derechos humanos se extienden a las personas con discapacidad, este gran grupo de personas sigue siendo objeto de discriminación y a menudo no se respetan sus derechos humanos en condiciones de igualdad con los demás. Esta Convención: define de manera explícita y aplica los principios de derechos humanos existentes a las personas con discapacidad; ofrece un fundamento de autoridad y de acuerdo internacional para la creación de leyes y políticas internas; establece mecanismos nacionales e internacionales para vigilar de manera más efectiva los derechos de las personas con discapacidad, incluida la presentación de informes periódicos sobre la aplicación de la Convención y las Conferencias de los Estados Partes; reconoce las circunstancias especialmente vulnerables de los niños y de las mujeres con discapacidad. 12
13 Qué derechos se incluyen? La Convención es de naturaleza integral y los Estados Partes están obligados a garantizar y promover la plena realización de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con discapacidad. Los derechos civiles y políticos son derechos que una persona puede ejercer en su calidad de ciudadano, como el derecho al voto, el derecho a participar en las decisiones del Gobierno, el derecho a un juicio justo y el derecho a gozar de la misma protección de la ley que los demás. Los derechos culturales protegen el disfrute por parte de una persona de su propia cultura. Los derechos sociales protegen y promueven a la persona respecto a sus derechos como miembro de la sociedad, como el derecho a la educación y el derecho a la salud. Los derechos económicos protegen y promueven los derechos en el ámbito de la seguridad y la independencia económicas de la persona, como el derecho al trabajo. Quién puede firmar y ratificar la Convención? Cualquier Estado puede ratificar la Convención de conformidad con su legislación interna pertinente sobre la adhesión a tratados. Las organizaciones regionales de integración también pueden ratificar la Convención. Una organización regional de integración está compuesta por Estados soberanos de una región determinada que han transferido competencias respecto de las cuestiones regidas por la Convención. Por ejemplo, la Unión Europea tiene competencias en la esfera de la lucha contra la discriminación, incluida la discriminación contra las personas con discapacidad, y es signataria de la Convención. Las referencias a los "Estados Partes" en la Convención también se aplican a las organizaciones regionales de integración que son parte de la Convención. Qué países han ratificado la Convención y cuándo entrará en vigor? Hasta junio de 2008, 28 Estados habían ratificado la Convención y 17 el Protocolo Facultativo. Ambos instrumentos entraron en vigor el 3 de mayo de 2008, 30 días después de que quedaran depositadas ante el Secretario General las primeras 20 ratificaciones de la Convención y 10 ratificaciones del Protocolo Facultativo. Sólo los Estados que han ratificado la Convención están obligados a cumplir con ella. Un Estado pasa a ser parte de la Convención a los 30 días de depositar su propio instrumento de ratificación o de adhesión. Cómo se harán cumplir las obligaciones contenidas en la Convención? La Convención combina la presentación de informes periódicos característica de la supervisión de los tratados de derechos humanos con una Conferencia de Estados Partes que se reunirá periódicamente para examinar cualquier cuestión relativa a la implementación. 13
14 La Convención establece un órgano internacional de supervisión constituido por 12 expertos. Cuando el número de Estados Partes llegue a 60, el número de miembros aumentará hasta 18 expertos. Todas las partes de la Convención, incluidas las organizaciones regionales de integración, deben presentar un informe completo en un plazo de dos años desde el momento en que pasan a ser partes. Los Estados Partes deberán presentar informes ulteriores cada cuatro años. El Comité celebrará audiencias, recibirá insumos de otras entidades y emitirá conclusiones y recomendaciones sobre el progreso alcanzado por la parte que presenta el informe. Los Estados Partes deben designar uno o más puntos focales dentro del Gobierno para las cuestiones relativas a la implementación de la Convención, y considerar la posibilidad de crear un mecanismo de coordinación que facilite las actividades relacionadas con la implementación de la Convención en diferentes sectores y niveles del gobierno. Los Estados Partes deben incluir a personas con discapacidad en sus mecanismos nacionales de implementación y supervisión. Los Estados Partes también deben establecer o designar un marco independiente en forma de institución nacional de derechos humanos encargada de promover, proteger y supervisar la implementación de la Convención. Los Estados pueden designar a una comisión de derechos humanos ya existente o a un defensor para asumir esa función o establecer una institución independiente de ese tipo relacionada específicamente con la Convención. Los Estados Partes están obligados a involucrar a la sociedad civil, en particular a las personas con discapacidad y sus organizaciones, en todos los procesos relacionados con la Convención, incluidos los mecanismos de supervisión. Además, los Estados Partes se reunirán periódicamente (al menos cada dos años) en una Conferencia de Estados Partes en la que se examinarán cuestiones relativas a la implementación de la Convención. Quiénes son los miembros del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Los miembros del Comité aún no han sido designados. Los miembros del Comité deberán: desempeñar sus funciones a título personal; ser personas de gran integridad moral; tener reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la Convención. 14
15 El Comité deberá también: incluir a expertos con discapacidad; reflejar una distribución geográfica equitativa; tener representación de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos; tener una representación de género equilibrada. Qué es el Protocolo Facultativo? El Protocolo Facultativo otorga al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la autoridad para examinar denuncias individuales de todas las violaciones de los derechos consagrados en la Convención, cuando la persona haya agotado las vías de recurso en el plano nacional. Los Estados Partes de la Convención deben firmar y ratificar el Protocolo Facultativo por separado, y deben ser parte de la Convención para poder hacerlo. Como se ha señalado anteriormente, en junio de 2008 había 17 Estados Partes del Protocolo Facultativo, que entró en vigor el 3 de mayo de
16 Los Centros de Acción contra las Minas y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Qué es significativo acerca de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)? Los instrumentos internacionales de derechos humanos promueven y protegen los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Sin embargo, estas personas se ven privadas diariamente de sus derechos y libertades fundamentales. La CDPD no establece nuevos derechos humanos sino que aclara las obligaciones jurídicas que tienen los Estados de respetar y velar por el goce de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. La Convención define ciertos aspectos, como la accesibilidad, la inclusión, la participación y la no discriminación, en la medida en que se aplican en el contexto de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar que puedan disfrutar de sus derechos humanos. Se utilizan términos como ajuste razonable y diseño universal para aclarar la manera en que se deben cumplir determinadas obligaciones. La CDPD implica una mejora de los mecanismos de vigilancia de los tratados internacionales de derechos humanos no sólo por medio de la creación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, encargado de vigilar la implementación y examinar los informes periódicos recibidos de los Estados Partes, sino también mediante la convocatoria a reuniones periódicas de los Estados Partes para examinar la implementación. La Convención también describe las medidas que los Estados Partes deben adoptar para implementar y vigilar el cumplimiento de la Convención en el plano nacional y reconoce la importancia que tienen la cooperación y la asistencia internacionales para apoyar los esfuerzos nacionales. Qué deben hacer los centros de acción contra las minas para apoyar la CDPD? Involucrar a las autoridades nacionales y la sociedad civil para promover la ratificación e implementación de la Convención. Velar por que las políticas o programas de asistencia para las víctimas que reciben apoyo del centro de acción contra las minas sean conformes con las disposiciones de la Convención. Velar por que el centro de acción contra las minas sea accesible para las personas con discapacidad y procurar que la información pública que distribuye el centro sea accesible para las personas con discapacidad. Procurar que los datos sobre víctimas y la información sobre servicios para los supervivientes de minas y restos de explosivos de guerra estén al alcance de los órganos o de las personas responsables de la vigilancia y la información sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Convención, incluidas las organizaciones de la sociedad civil. 16
17 Cómo complementa la CDPD otras políticas o normas de asistencia para las víctimas pertinentes para la acción contra las minas? La asistencia para las víctimas es uno de los aspectos de la acción contra las minas. El Equipo de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas lleva a cabo actividades de asistencia para las víctimas de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la Política Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Actividades de Acción contra las Minas y la Estrategia Interinstitucional de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas Se orienta por un marco jurídico conformado por los instrumentos internacionales pertinentes que prohíben o regulan el uso de minas terrestres y se ocupan de los restos explosivos de guerra, los instrumentos del derecho internacional humanitario sobre las normas de la guerra y la protección de las personas civiles, así como los instrumentos del Derecho de los Derechos Humanos que protegen y promueven los derechos de los supervivientes y otras personas afectadas por las minas y los restos explosivos de guerra. El párrafo 3 del artículo 6 de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal (CPMA) obliga a cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo a proporcionar asistencia para el cuidado y la rehabilitación de las víctimas de minas, y su reintegración social y económica. En la Conferencia de Examen de Nairobi de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, celebrada en 2005, los Estados Partes adoptaron una serie de compromisos políticos que profundizaban en las obligaciones jurídicamente vinculantes en materia de asistencia a las víctimas. Esos compromisos están contemplados en el Plan de Acción de Nairobi. En particular, los Estados Partes reconocieron que la asistencia a las víctimas es una cuestión de derechos humanos. El párrafo 2 del artículo 8 del Protocolo V de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales establece disposiciones para la atención y rehabilitación, así como para la reintegración social y económica de las víctimas de los restos explosivos de guerra. La Política Interinstitucional afirma que las Naciones Unidas están dispuestas a colaborar en la ejecución de programas que aborden las necesidades de las víctimas de minas terrestres y restos explosivos de guerra, preferiblemente como parte de programas nacionales que se ocupen de las necesidades de todas las personas con discapacidad. En el cuadro que se presenta a continuación se reflejan las actividades pertinentes realizadas por el Equipo de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas. El objetivo estratégico 3 de la Estrategia Interinstitucional de Acción contra las Minas aboga por la integración de las necesidades de acción contra las minas en los planes y presupuestos nacionales para el desarrollo y la reconstrucción en al menos 15 países, y señala actividades que ayuden a las autoridades nacionales a brindar asistencia a las víctimas de minas y restos explosivos de guerra dentro de marcos más amplios relacionados con la discapacidad. 17
18 La CDPD ofrece el marco y la guía que se requieren para la implementación de la política, la estrategia, las normas y las actividades mencionadas anteriormente. En el cuadro que se presenta a continuación se ilustra la relación que existe entre las actividades de asistencia a las víctimas del Equipo de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas, el marco de asistencia en la acción contra las minas y las disposiciones de la CDPD. Actividad de asistencia a las víctimas Iniciativas de promoción Promover la ratificación y la implementación de la CDPD. Crear conciencia mediante la promoción de actitudes positivas e incluyentes hacia las personas con discapacidad en los mensajes educativos sobre el riesgo de minas. Recopilación de datos Disponer de datos exactos y apropiados es la clave para planificar y brindar de manera efectiva asistencia a las víctimas de minas. Los centros de acción contra las minas deben procurar aumentar los esfuerzos de promoción mediante el suministro de datos pertinentes sobre los supervivientes de minas y, una vez ratificada la CDPD, mediante la colaboración con los Estados Partes en la preparación de informes periódicos sobre la aplicación de la Convención. Aumento de las capacidades nacionales La asistencia a las víctimas procura abordar las necesidades y los derechos de las víctimas de minas y restos explosivos de guerra dentro de los marcos nacionales de discapacidad, para lo cual se coordinan esfuerzos con los ministerios pertinentes para aumentar las capacidades nacionales para procurar la atención de emergencia y la atención médica continua, la rehabilitación física y las prótesis, el apoyo psicológico y la rehabilitación social, así como la educación y la reintegración económica para todas las personas con discapacidad. Marco de asistencia de acción contra las minas Política Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Actividades de Acción contra las Minas: Promover instrumentos internacionales que fomenten los derechos humanos de los supervivientes de minas y restos explosivos de guerra. Estrategia Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Actividades de Acción contra las Minas : Promover el aumento de recursos y apoyo para las personas con discapacidad, incluidos los supervivientes de minas terrestres y restos explosivos de guerra. Política Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Actividades de Acción contra las Minas: Apoyar la elaboración de un sistema integral para la recopilación de datos de víctimas mediante sistemas estandarizados de vigilancia de las víctimas; coordinar o ayudar en el análisis de datos sobre víctimas; velar por que los datos sobre las víctimas sean compartidos con los socios pertinentes y estén disponibles para informar sobre los esfuerzos destinados a prestar servicios a los supervivientes de minas y restos explosivos de guerra. Estrategia Interinstitucional de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas : Proporcionar a los organismos nacionales de planificación datos sobre actividades de acción contra las minas y otros tipos pertinentes de asistencia necesarios para la planificación y la preparación del presupuesto multisectorial. Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal - Plan de Acción de Nairobi, Acción número 34: Desarrollar o aumentar las capacidades nacionales de recopilación de datos sobre las víctimas de minas Resolución 62/99 de la Asamblea General sobre asistencia para las actividades relativas con las minas: Brindar asistencia a los países afectados por las minas y por los restos explosivos de guerra para el establecimiento y el desarrollo de las capacidades nacionales de acción contra las minas. Política Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Actividades de Acción contra las Minas: Promover y apoyar el desarrollo de iniciativas de asistencia a las víctimas con el ministerio de salud pública; ayudar a los gobiernos a incorporar la reintegración socioeconómica de los supervivientes de minas terrestres y restos explosivos de guerra en los planes, presupuestos y programas nacionales de desarrollo y recuperación; brindar asistencia técnica o movilizar recursos para los programas de asistencia a las víctimas. Estrategia Interinstitucional de las Naciones Unidas para las Actividades de Acción contra las Minas : Apoyar los esfuerzos por garantizar los derechos de los supervivientes de minas terrestres y restos explosivos de guerra en el contexto de los programas y los recursos nacionales para las personas con discapacidad. CDPD Artículo 8 Toma de conciencia Artículo 31 Recopilación de datos y estadísticas Artículo 33 Aplicación y seguimiento nacionales Artículo 4 Obligaciones Generales Artículo 20 Movilidad personal Artículo 25 Salud Artículo 26 Habilitación y rehabilitación Artículo 27 Trabajo y empleo Artículo 30 Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 18
19 Cooperación y asistencia internacionales Los centros de acción contra las minas deben fomentar la incorporación de las necesidades y los derechos de los supervivientes de minas en los programas de desarrollo internacional e instar a los actores internacionales a incorporar de forma transversal los derechos de las personas con discapacidad en su planificación del desarrollo. Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal - Plan de Acción de Nairobi, Acción número 33: Garantizar que los marcos jurídicos y políticos en el plano nacional respondan de manera efectiva a las necesidades y los derechos humanos fundamentales de las víctimas de las minas Acción Nº 29: Establecer y aumentar los servicios de atención de salud necesarios para responder a las necesidades médicas inmediatas y urgentes de las víctimas de minas Acción Nº 30: Aumento de las capacidades nacionales para la rehabilitación física Acción Nº 31: Desarrollar las capacidades para atender las necesidades de apoyo psicológico y social de las víctimas de minas Acción Nº 32: Apoyo activo a la reintegración socioeconómica de las víctimas de minas Resolución 62/99 de la Asamblea General sobre Asistencia para las actividades relativas a las minas: Alienta a los Estados afectados a que incorporen de manera proactiva y transversal las necesidades en materia de actividades relativas a las minas y de asistencia a las víctimas en los planes y procesos de desarrollo a fin de garantizar que las prioridades de desarrollo incluyan actividades relativas a las minas y que estas actividades cuenten con un financiamiento previsible. Estrategia interinstitucional de las Naciones Unidas para las actividades de acción contra las minas : Promover en los foros internacionales la inclusión de las actividades relativas a las minas en la política internacional de desarrollo y en las directrices de planificación. Promover el aumento de los recursos y el apoyo para las personas con discapacidad, incluidos los supervivientes de minas y restos explosivos de guerra. esparcimiento y el deporte Artículo 33 Aplicación y seguimiento nacionales Artículo 32 Cooperación Internacional Accesibilidad Los centros de actividades relativas a las minas deben velar por que los servicios de comunicaciones e información y los edificios que utilizan sean diseñados y construidos de forma que puedan ser utilizados, accedidos y alcanzados por las personas con discapacidad. Además, los centros deben examinar las prácticas de empleo y adoptar las medidas que sean necesarias para promover las oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad. Inclusión de las personas con discapacidad Los centros de acción contra las minas deben velar por que los supervivientes de las minas y los restos explosivos de guerra sean incluidos y participen de forma activa en las decisiones que influyen en sus vidas. Los supervivientes deben tomar parte en la elaboración, implementación Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas de Apoyo a la CDPD Declaración conjunta de compromiso con la Convención Proyecto actualizado: 25 de febrero de 2008: Las Naciones Unidas deben proporcionar a las personas con discapacidad, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, la asistencia necesaria y ajustes razonables para el acceso a las instalaciones, los programas y la información de las Naciones Unidas. La eliminación de barreras y el aumento de la accesibilidad son componentes cruciales de los ajustes razonables. Los miembros del Grupo de Apoyo Interinstitucional trabajarán dentro de su departamento, organización o fondo para recomendar enfoques que apoyen los ajustes razonables para atender las necesidades de funcionarios, consultores, visitantes y delegados, en todos sus instalaciones del mundo. Los miembros del Grupo velarán por que en cada uno de sus organismos se realicen ajustes razonables en cuanto a la contratación, el sitio web, los materiales, las instalaciones y otros aspectos. Cada organismo consultará con personas con discapacidad durante el proceso de propuesta e implementación de los cambios necesarios para realizar ajustes razonables. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Se trata de la capacidad, folleto escrito para los niños con el fin de presentarles la CDPD e informar sobre la inclusión de todos los niños en la enseñanza, el deporte y otras actividades. Disponible en español, francés e inglés. Artículo 9 Accesibilidad Artículo 27 Trabajo y empleo Artículo 32 Cooperación internacional Artículo 3 Principios generales Artículo 4 Obligaciones generales Artículo 33 Aplicación y seguimiento nacionales 19
20 y evaluación de programas de asistencia a las víctimas. Asimismo, deben involucrar a los supervivientes de minas en los esfuerzos de promoción informándoles de las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales que trabajan en cuestiones relacionadas con la discapacidad en su país. Programación sensible a las cuestiones de género Los centros de acción las minas deben velar por que los programas de asistencia para las víctimas beneficien a todos los miembros de la comunidad y tomen en consideración las diferentes necesidades de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. Programación sensible a los Niños Los niños son particularmente vulnerables a las minas y los restos explosivos de guerra de diferentes maneras. De los niños mutilados que sobreviven a un accidente, son pocos los que obtienen prótesis que se adapten al crecimiento de sus miembros mutilados. La lesión afectará psicológicamente a los niños y dificultará la escolaridad y la participación en la comunidad. Por consiguiente, es indispensable que los centros de acción contra las minas velen por que los programas de asistencia a las víctimas y otras actividades de promoción conexas contemplen las necesidades de los niños y promuevan sus derechos. Directrices en materia de género para los programas de acción contra las minas: Velar por que todos los miembros de la comunidad heridos en accidentes con minas o restos explosivos de guerra tengan acceso en condiciones de igualdad a la atención de emergencia y a la atención continua. Velar por que las distintas repercusiones económicas, sociales y psicológicas de los accidentes con minas y restos de explosivos de guerra en hombres, mujeres, niños y niñas se tomen en cuenta en la planificación e implementación de los programas de asistencia a las víctimas. Velar por que hombres y mujeres tengan el mismo acceso a la asistencia para las víctimas y a las oportunidades de empleo. Directrices programáticas de la UNICEF para las oficinas en los países, abril de 2007: La UNICEF utiliza el término discapacidad de acuerdo con la definición contenida en el artículo 1 de la CDPD. El enfoque de la discapacidad de la UNICEF se basa en el modelo social de discapacidad, enfocado en las barreras que opone el entorno a las personas con deficiencias, más que en sus deficiencias físicas, incluidas las actitudes y los prejuicios de la sociedad, las políticas y las prácticas de los Gobiernos y las estructuras de los sistemas de salud, bienestar social y educación. De esta manera, la inclusión no consiste en insertar a las personas con discapacidad en las estructuras existentes, sino en transformar los sistemas para que se incluyan a todas las personas. Las comunidades incluyentes adoptan medidas para apoyar a todos los niños en el hogar, en la escuela y en sus comunidades. Cuando existen barreras, las comunidades incluyentes transforman la manera en que están organizadas para atender las necesidades de todos los niños. La labor de la UNICEF en relación con las minas terrestres también promueve el deporte para prevenir la discapacidad y para promover la inclusión en condiciones de igualdad de los niños y las niñas que tienen alguna discapacidad. Artículo 6 Mujeres con discapacidad Artículo 7 Niños y niñas con discapacidad Artículo 16 Protección contra la explotación, la violencia y el abuso Artículo 23 Respeto del hogar y de la familia Artículo 24 Educación Artículo 30 Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte El cuadro que se presenta a continuación indica las obligaciones en materia de derechos humanos que tiene cada país afectado por minas y restos explosivos de guerra y el estado de firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. *Para consultar el estado de firma y ratificación de la CDPD, se recomienda visitar la página =12&pid=166 20