Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=683511
Timestamp: 2019-05-21 07:53:30
Document Index: 21985352

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 3', 'artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 73', 'artículo 4', 'artículo 54', 'artículo 4', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 365', 'artículo 196', 'artículo 3', 'artículo 433', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 104']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°82
CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA POR ESPECIAL GRACIA A DEPORTISTA SEÑOR YASMANI ACOSTA FERNÁNDEZ
CREACIÓN DE MINISTERIO DE PUEBLOS INDÍGENAS
CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE REPÚBLICA DE CHILE Y REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA
AUTORIZACIÓN PARA PERMANENCIA DE TROPAS CHILENAS EN MISIÓN DE NACIONES UNIDAS EN REPÚBLICA CENTROAFRICANA
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR CHAHUÁN, SEÑORA LILY PÉREZ, Y SEÑORES BIANCHI, HARBOE Y PROKURICA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3° DEL DECRETO LEY N° 321, QUE ESTABLECE LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA LOS PENADOS, CON EL OBJETIVO DE INCLUIR EL DELITO DE ROBO CON VIOLACIÓN ENTRE LOS DELITOS DE MAYOR GRAVEDAD PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL CUMPLIMIENTO MÍNIMO DE SU CONDENA. (11.573-07)
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES BIANCHI, CHAHUÁN Y GUILLIER, CON LA QUE COMIENZAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE UTILIZACIÓN DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA Y OTRAS TECNOLOGÍAS POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES. (11.574-06)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al ciudadano cubano señor Yasmani Acosta Fernández (11.444-06) (aprobado en general y en particular)..............................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas (10.687-06) (se aprueba en general).........................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana", suscrito en Santiago, Chile, el 24 de octubre de 2016 (11.167-10) (se aprueba en general y en particular)...............................................................
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para autorizar la permanencia de tropas chilenas en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), por el plazo de doce meses (S 1.962-05) (se aprueba)..............................................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor (10.331-08) (se aprueba en general y en particular)....................................................
Concurrió, además, el Ministro de Desarrollo Social , señor Marcos Barraza Gómez.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 78ª y 79ª, ordinarias, en 9 y 10 de enero del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Veinte de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia que hizo presente para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile (boletín N° 6.191-19).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley sobre educación superior (boletín N° 10.783-04).
Con los once siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
2) El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines Nos 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
3) El que regula el empleo de plásticos desechables de un solo uso (boletín N° 10.054-12).
4) El que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.315-18).
5) El que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín N° 10.482-21).
6) El que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas (boletín N° 10.526-06).
7) El que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas (boletín N° 10.687-06).
8) El que modifica la ley N° 19.992, que otorga pensión de reparación y concede otros beneficios a favor de las personas que indica en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (boletín N° 10.883-17).
9) El que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (boletín N° 11.175-01).
10) El que moderniza la legislación bancaria (boletín N° 11.269-05).
11) El que moderniza y fortalece la Dirección del Trabajo (boletín N° 11.430-13).
Con los siete últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que reforma el Código de Aguas (boletín N° 7.543-12).
5) Proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional (boletín N° 10.372-03).
6) Proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo concerniente a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín Nº 10.739-07).
7) Proyecto de ley que modifica el Código Tributario con el objeto de establecer un plazo para informar al Servicio de Impuestos Internos las modificaciones importantes de los datos de la declaración de inicio de actividades (boletín N° 11.120-05)
--Se tienen presentes el retiro y las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el primero comunica que aprobó, con las enmiendas que indica, el proyecto de ley que elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior y establece una regulación transitoria para el año 2017 (boletín N° 11.257-04) (con urgencia calificada de "suma").
Con el segundo señala que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, para otorgar un ascenso póstumo de carácter honorífico al personal de las ramas que las conforman (boletín N° 9.992-02).
Con el tercero indica que aprobó el proyecto de ley que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (boletín N° 11.245-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y, en su caso, a la de Hacienda.
Con el cuarto comunica que aprobó el proyecto que modifica la ley N° 20.529, sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad de las educaciones parvularia, básica y media y su fiscalización, para ampliar las atribuciones del administrador provisional (boletín N° 11.266-04).
Informa solicitud, expedida en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los delitos de violación denunciados en el período que se indica.
Envía respuesta a petición de los Senadores señores Lagos, Girardi y Quintana al objeto de que el Ejecutivo presente un proyecto de ley que confiera facultades a la autoridad sanitaria y municipal para tomar medidas en caso de focos de insalubridad en espacios privados.
Responde consulta, expedida en nombre del Senador señor Ossandón, sobre datos relativos a los delitos de robo con violencia o intimidación con sustracción de vehículo motorizado ("portonazos").
Contesta requerimiento, formulado en nombre del Senador señor Lagos, en cuanto a la creación de la nueva comuna de Placilla de Peñuelas en la Región de Valparaíso.
Da cuenta, a requerimiento del Senador señor Navarro, de la situación de salud de la menor que se individualiza.
Del señor Subsecretario de Bienes Nacionales:
Adjunta datos sobre la licitación del centro de esquí de Pucón, en respuesta a consulta enviada en nombre del Senador señor García.
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio mediante el cual Su Excelencia la Presidenta de la República solicita el acuerdo del Senado para autorizar la permanencia de tropas chilenas en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), por el plazo de doce meses (boletín S 1.962-05) (con la urgencia del inciso segundo del N° 5° del artículo 53 de la Carta Fundamental).
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de discriminación e igualdad de remuneraciones de hombres y mujeres (boletín N° 9.322-13).
De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (boletín N° 11.175-01) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial (boletín N° 11.467-07) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al ciudadano cubano señor Yasmani Acosta Fernández (boletín N° 11.444-06) (con urgencia calificada de "suma").
De los Senadores señor Chahuán, señora Pérez San Martín y señores Bianchi, Harboe y Prokurica, con la que inician un proyecto que modifica el artículo 3° del decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para los penados, con el objetivo de incluir el delito de robo con violación entre los delitos de mayor gravedad para efectos del cómputo del cumplimiento mínimo de su condena (boletín Nº 11.573-07).
De los Senadores señores Bianchi, Chahuán y Guillier, con la que comienzan un proyecto de ley sobre utilización de vigilancia electrónica y otras tecnologías por parte de las municipalidades (boletín Nº 11.574-06).
Con el primero comunica que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social en materia de niñez y crea la Subsecretaría de la Niñez, dependiente de él (boletín N°10.314 -06).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
Con el segundo señala que aprobó el proyecto de ley que traspasa el establecimiento de salud de carácter experimental Hospital Padre Alberto Hurtado a la red del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y delega facultades para la modificación de las plantas de personal del mencionado Servicio (boletín N° 11.484-11) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Salud y, en su caso, a la de Hacienda.
Con el tercero comunica que aprobó el proyecto de ley que distribuye rezagos del sistema de capitalización individual (boletín N° 11.545-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y, en su caso, a la de Hacienda.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al deportista señor Yasmani Acosta Fernández, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.444-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 76ª, en 2 de enero de 2018 (se da cuenta).
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 82ª, en 17 de enero de 2018.
El objetivo que se persigue es conceder, por especial gracia, la nacionalidad chilena al ciudadano cubano señor Yasmani Acosta.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió este proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Van Rysselberghe y señores Navarro y Ossandón) en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
Dicho órgano técnico deja constancia de que, tras analizar la iniciativa y en razón de las pautas establecidas para ponderar la procedencia del otorgamiento excepcional de la nacionalidad chilena por especial gracia a extranjeros de actuación notable en beneficio de la comunidad nacional, se formó la convicción de que el señor Acosta, por su destacado aporte y entrega a nuestro país, es merecedor de ese reconocimiento.
Se hallan en las tribunas el Presidente del Comité Olímpico, don Miguel Ángel Mujica; el Presidente de la Federación Deportiva de Lucha Olímpica de Chile, don Manuel Espinoza, y el deportista señor Yasmani Acosta y su entrenador, don Néstor Almanza, a quienes saludamos.
Se trata de una iniciativa de Fácil Despacho
¿Les parece a Sus Señorías aprobarla por unanimidad?
--Por unanimidad, se aprueba en general y particular el proyecto de ley.
Señor Presidente , le pido que recabe la autorización necesaria para que la Comisión de Educación y Cultura, cuyos miembros están de acuerdo, sesione en paralelo con la Sala, pues estamos en la última fase del proyecto sobre educación superior.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.687-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 50ª, en 4 de octubre de 2017 (se da cuenta).
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 80ª, en 16 de enero de 2018.
Los objetivos principales de esta iniciativa son crear el Ministerio de Pueblos Indígenas como el órgano encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover y fortalecer los derechos de los pueblos originarios y su desarrollo económico, social y cultural, y además, transformar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en el Servicio Nacional de los Pueblos Indígenas.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Pizarro y Quinteros.
Cabe hacer presente que los artículos 1 a 11; 14; 15, números 3, 6 y 21; 17, y 19 permanentes, y el artículo tercero transitorio tienen rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 21 a 37 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
¿Podría abrirse la votación, señor Presidente , ya que se autorizó el funcionamiento simultáneo de una Comisión?
Es mejor esperar un poco, Su Señoría, para ver si tenemos el quorum correspondiente.
Señor Presidente , el proyecto sobre creación del Ministerio de Pueblos Indígenas está íntimamente ligado al que crea los Consejos y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que esta Sala aprobó en general la semana recién pasada.
Ambas iniciativas se justifican por la deuda histórica que tiene nuestro país con sus pueblos originarios.
Ambas fueron objeto de un amplio proceso de consulta indígena.
Ambas apuntan a que Chile pueda disponer de políticas públicas más pertinentes y con mayor adhesión.
El proyecto sobre creación del referido Ministerio permitirá contar con un liderazgo claro en la formulación de dichas políticas. El relativo a los Consejos de pueblos indígenas les dará mayor legitimidad a las políticas públicas establecidas.
Las dos iniciativas son necesarias, y no se entiende la una sin la otra. Por lo tanto, si aprobamos en general la atinente a los Consejos, lo propio debiéramos hacer con la que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.
Desde la recuperación de la democracia nuestra institucionalidad ha tenido un progresivo desenvolvimiento, comenzando por la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que ha cumplido un importante papel.
Sin embargo, con el tiempo, han quedado en evidencia las limitaciones de la CONADI.
Por una parte, su carácter de organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social no le ha dado la preeminencia suficiente para coordinar diferentes políticas con marcado sello intersectorial.
Ese vacío ha sido llenado de distintas maneras por los sucesivos gobiernos. Se ha designado a subsecretarios, coordinadores y delegados, pero ninguno de ellos ha tenido continuidad ni ha logrado resolver el problema.
Se requiere un ministro que pueda liderar efectivamente las políticas públicas concernientes a los pueblos originarios, con capacidad real para influir sobre las múltiples políticas sectoriales que les afectan, como las de educación, salud, vivienda, cultura y medio ambiente, entre otras.
Por otro lado, el actual Consejo Nacional de la CONADI no reúne las características requeridas para cumplir un rol representativo de nuestras etnias, tanto porque no cuenta con representantes de todos los pueblos como porque contempla también la participación de funcionarios públicos en su seno.
En definitiva, es necesario avanzar hacia un nivel superior de organización, con rango de ministerio, encargado de diseñar las políticas, y hacia un Servicio Nacional de Pueblos Indígenas, el que remplazará a la actual Corporación, el cual estará a cargo de ejecutar las políticas establecidas.
Asimismo, existirá un Comité Interministerial, cuya función principal será coordinar las diferentes políticas públicas que afectan a los pueblos indígenas.
Señor Presidente, son muy pocas las personas que niegan la deuda histórica que tienen la sociedad y el Estado chileno con sus pueblos originarios. El mismo Papa ha hecho referencia esta mañana a las injusticias de que ellos han sido objeto a lo largo de la historia.
Si queremos de verdad saldar esa deuda, debemos comenzar por entregar las herramientas necesarias: el Estado, con un Ministerio y un Servicio Nacional que aseguren el liderazgo y la pertinencia de las políticas públicas; y los propios pueblos indígenas, con un Consejo Nacional y nueve Consejos que doten de legitimidad y adhesión a dichas políticas.
Por supuesto, estas iniciativas son instrumentales y no resuelven por sí solas conflictos que se arrastran desde hace tantos años. Sin embargo, constituyen pasos necesarios para recuperar o establecer la confianza, aquella que ha sido quebrada en tantas oportunidades, pero sin la cual no podremos construir la paz y el desarrollo que se merecen los habitantes de esta tierra: ¡todos sus habitantes, de una, cinco, diez o cien generaciones!
Verdad y nuevo trato: eso nos fue delimitando, señor Presidente , las políticas públicas indispensables para atender de modo efectivo las demandas de los pueblos originarios.
Atrás quedó la CEPI. Y también va quedando atrás la CONADI, que ha cumplido un rol esencial en la relación del Estado con los pueblos indígenas. Pero tal estructura resulta muy limitada para atender las demandas de aquellos pueblos.
El proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas y el que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas son las iniciativas institucionales más relevantes sobre los derechos de los pueblos indígenas impulsadas en los últimos años.
Una institucionalidad que ofrece un camino pacífico y democrático para la resolución de un conflicto que mantiene quebrantada la paz social al menos en la Región de La Araucanía, y también en otras zonas de nuestro país, hace necesario avanzar en estas materias.
Dichas iniciativas son complementarias, y debemos evaluar la mantención de una arquitectura adecuada, simétrica y con facultades robustas, tanto en el ámbito público cuanto en la relación con los Consejos y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, para resolver los asuntos que hoy confrontan a los pueblos originarios en la sociedad.
A través del nuevo Ministerio se avanza en un órgano del Estado especializado que permite reconocer la diversidad étnica, cultural y plurinacional que nos constituye como nación.
Chile es uno de los pocos países de América Latina que no han otorgado reconocimiento constitucional a sus pueblos indígenas.
Nuestro sistema electoral no consagra un mecanismo de representación política especial para los pueblos originarios.
No disponemos de una legislación adecuada que resguarde el patrimonio material e inmaterial y proteja los recursos naturales y la biodiversidad.
El Ministerio de Pueblos Indígenas será el órgano encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico, social y cultural, y a transformar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en el Servicio Nacional de los Pueblos Indígenas.
El referido Ministerio promoverá que los demás órganos del Estado desarrollen una acción coordinada y sistemática, con miras a implementar de un modo transversal los derechos de los pueblos indígenas en la actuación estatal y a garantizar su respeto e integridad.
El proyecto de ley faculta al Ministerio para establecer áreas de desarrollo en beneficio del progreso económico, social y cultural de los pueblos indígenas y sus comunidades. También se otorga la responsabilidad y la atribución de elaborar la política nacional indígena en términos de estudio, diseño, elaboración, monitoreo y evaluación.
Las materias cruciales del articulado dicen relación con la forma como se establece simetría entre las facultades del nuevo organismo estatal y las atribuciones aprobadas para el Consejo de Pueblo Indígena y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Mantener funciones solo consultivas o informativas de las instancias de representación en aspectos como política indígena, tierra y agua indígenas, consulta indígena y, en especial, susceptibilidad de afectación debilita la legitimidad de la nueva institucionalidad como espacio para la deliberación de los asuntos que preocupan a esas comunidades y afectan al país en diversos ámbitos, como la ejecución de proyectos públicos o privados y la conservación del patrimonio de las etnias originarias.
El texto determina que el Ministerio tendrá la facultad de recibir y analizar las solicitudes de procedencia de una consulta previa indígena efectuadas por los organismos de la Administración del Estado, y el Consejo de Pueblos emitirá una opinión.
El sistema requiere una instancia de resolución de conflictos y un procedimiento en detalle que se abordará en el reglamento, pero, sobre todo, la certidumbre de que las diferencias serán resueltas a través de la nueva institucionalidad. De otro modo, al mantenerse el vacío, las controversias seguirán radicadas en sede jurisdiccional, lo que generará incertidumbre a los órganos estatales y también en las inversiones del sector privado.
Entiendo la urgencia de legislar. Pero seamos claros: contemplar una estructura adecuada para el proceso de consulta, la declaración de susceptibilidad de afectación y la resolución de conflictos entre el Consejo de Pueblos, el Consejo Nacional y el Ministerio es un imperativo político. Ello constituye un desafío para la institucionalidad, más allá del gobierno de turno, porque la incertidumbre y la polarización de los conflictos en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas afectan nuestra convivencia social y democrática.
Claramente, la existencia del Comité Interministerial no es suficiente, en mi opinión, para legitimar el proceso de declaración de la susceptibilidad de afectación en el marco del Convenio N° 169. Se requiere una trama más compleja, que logre equilibrios entre la nueva institucionalidad del Estado y las instancias de representación.
Del mismo modo, el Consejo de Pueblos debe pronunciarse sobre la política nacional indígena. Si bien eso no será necesariamente vinculante, debe tener fuerza para que el Ejecutivo acuerde los contenidos.
Lo que estamos estableciendo, entonces, es la necesidad de que se recojan estas observaciones al tratar la Comisión las facultades del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y del Consejo de Pueblo Indígena, con motivo de la discusión particular del proyecto. Ello, para lograr que se apruebe una legislación que dé la certidumbre de que va a resolver un problema y no a generarlo.
Me parece que este es el paso más importante que el Congreso Nacional y el Ejecutivo han dado en los últimos años para considerar una estructura capaz de hacerse cargo de los temas indígenas y de conducir una solución a un conflicto que ya perdura largo tiempo.
Con entusiasmo, voto a favor de la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas.
Señor Presidente, me tocó participar un poco, al reemplazarlo a usted, en el debate de la iniciativa.
La primera reflexión que uno hace es que en nuestro país hemos experimentado un cambio importante, diría, desde el punto de vista cultural, al reconocerse compatriotas nuestros como integrantes de alguno de los pueblos indígenas que señala la ley.
Se calcula que constituyen un diez por ciento de la población. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a un millón setecientas mil personas.
Creo que el proceso mencionado, bastante sustancial en los últimos años, es producto de que el asunto ha estado en el debate a nivel nacional, por distintas razones, pero también porque se va generando conciencia en la sociedad, en su conjunto, de que se requiere un trato especial y la aceptación de la realidad de nuestros pueblos indígenas, de lo que significan nuestra historia y la conformación de nuestra población.
Ha sido una etapa bastante prolongada, en verdad. Distintas administraciones han hecho esfuerzos por generar una institucionalidad que encare la cuestión de manera amplia e integral, desde el Gobierno del Presidente Aylwin, con la creación de la CONADI, hasta el del Presidente Lagos , con la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas.
En la primera Administración de la Presidenta Bachelet y en el programa de Sebastián Piñera se plantearon medidas similares en el sentido de establecer una suerte de Consejo de Pueblos Indígenas.
Recién ahora, en el Gobierno actual, se adopta la decisión de establecer una nueva institucionalidad, mucho más robusta, que permita disponer de atribuciones para que la creación tanto del Ministerio como del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y del Consejo de Pueblo Indígena recoja la experiencia histórica de las entidades anteriores.
Los dos proyectos en la materia fueron sometidos, por supuesto, a la consulta previa de los propios pueblos indígenas en todo el territorio nacional. Ello me parece muy importante, porque esta es una de las obligaciones que asumimos a propósito del Convenio N° 169 de la OIT.
En un principio, ese instrumento internacional fue muy discutido, porque sabíamos que para algunos iba a implicar una traba, ya que se tendría que consultar en relación con cada proyecto de desarrollo, con cada realidad específica, lo que podría significar la no ejecución de uno de ellos o la imposibilidad de implementarlo como corresponde de acuerdo con las normas del mismo convenio.
Pero, en la práctica, luego de que se fuera diseñando una forma de participación, que era uno de los primeros problemas, se ha logrado llevar adelante un proceso que a la larga fortalece las propuestas -en este caso, la creación del Ministerio-, las legitima en términos de la realidad de los pueblos indígenas y de la futura institucionalidad, y permite transformarlas, por supuesto, en un instrumento al servicio del desarrollo de ellos mismos.
La consulta duró seis meses. Por la información que se nos entregó, participaron alrededor de seis mil ochocientas personas.
Como han dicho mis Honorables colegas, la Secretaría de Estado en examen será la encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, la coordinación, la evaluación de políticas, planes y programas destinados a promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico, social, político y cultural, y procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria -algo que ha estado muy acendrado en la sociedad chilena- en contra de ese sector.
¿Usted quiere interrumpirme, señor Presidente, para el efecto de la apertura de la votación?
El señor COLOMA.- Se corre el riesgo de que falte el quorum.
Puede proseguir el Senador señor Pizarro.
Como decía, entre las principales características, atribuciones o funciones del Ministerio estarán las de estudiar, diseñar, elaborar, monitorear y evaluar la política nacional indígena, con la participación de los pueblos originarios.
También mencioné el Convenio N° 169. Una de las tareas de la Secretaría de Estado será la coordinación y colaborar con los demás órganos de la Administración para el efecto de implementarlo.
La consulta previa indígena puede transformarse en un problema si no se realiza bien. Es preciso convertirla, al revés, en una oportunidad y algo positivo. Será responsabilidad del Ministerio cooperar con otros organismos estatales y prestarles asesoría técnica en la ejecución de ese proceso.
Lo mismo dice relación con las solicitudes de procedencia de la consulta previa. La Cartera deberá recibirlas y analizarlas para los efectos de su resolución, con carácter vinculante, por parte del Comité Interministerial sobre Pueblos Indígenas.
Mi Honorable colega Tuma se explayó largamente acerca de las áreas de desarrollo para este sector de la población. Me parece que es ahí donde es preciso colocar los énfasis en cualquier política integral que vaya en beneficio de cada una de las comunidades, en el entendido de que se fortalecerán, cuidarán y mantendrán sus tradiciones más íntimas en el ámbito cultural, su lenguaje y su arte.
A mi juicio, este es un paso muy grande en una institucionalidad necesaria. Cabe reconocer que las experiencias en los últimos años no han sido suficientes para ir despejando o solucionando problemas que después se transforman en conflictos de otro tipo -de convivencia, en algunas áreas- por las distintas formas de ver lo que debe ser el tratamiento del Estado a los pueblos originarios.
Vamos a votar a favor de la idea de legislar, y en la discusión particular podremos llegar a un detalle más acabado de cómo trabajará la futura Cartera.
Señor Presidente , a mí me gustaría hacer tres comentarios, de distinta naturaleza, con relación al proyecto.
Parto por una consideración de mérito acerca de la votación general.
Recordemos que nos estamos pronunciando sobre la idea de crear el Ministerio de Pueblos Indígenas y que se hace referencia a dos instituciones nuevas. Una de ellas es la Secretaría de Estado misma, órgano encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de políticas, planes y programas destinados a promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo económico, social y cultural. La otra es el Servicio Nacional de Pueblos Indígenas, continuador de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
En cuanto a la idea de legislar, a mí me parece que se apunta en un sentido correcto. Pienso que es preciso buscar una nueva institucionalidad -esa fue la palabra usada cuando se instaló el debate- en términos de contar con respuestas diferentes para los problemas actuales de los pueblos indígenas, que reclaman mayores espacios de inclusión y políticas de Estado integrales y sistemáticas.
Lo anterior, más allá del mérito del articulado mismo, que tendrá que estudiar el Senado.
Quiero representar a mi Honorable colega Von Baer, quien en este momento se encuentra en la Comisión de Educación, por petición expresa de la Sala, para la resolución del asunto de las universidades. Me pidió que lo señalara.
Antes expuse un concepto general, que me parece importante.
El primer comentario dice relación con algunos artículos del proyecto que son susceptibles de especial mejoramiento o de profundización.
Es necesario hacerse cargo de lo que ocurre en la actualidad con los programas indígenas. Tuve la ocasión de revisar un informe de una persona que concurrió a la Comisión de Gobierno.
Cuando se plantea una institucionalidad que remplaza a la CONADI, a mí me parece especialmente importante reflexionar acerca de qué tipo de programas se aplican. De los once en materia indígena que han estado sujetos a la evaluación de la Dirección de Presupuestos, ninguno -es algo bien singular- logró la calificación de desempeño suficiente. Dos de ellos demuestran falta de resultados, en tanto que tres requirieron modificaciones mayores; dos, un rediseño sustantivo, y otro, el reemplazo íntegro.
Esta es la conclusión que ese organismo del Estado ha hecho de cómo la CONADI ha funcionado hasta ahora.
Entonces, cuando se hace referencia a una sustitución en este ámbito, a mí me parece fundamental la consideración del concepto de qué estamos haciendo y cómo podemos cambiar drásticamente de sentido con miras a una real eficiencia y utilidad en relación con el objetivo diseñado. No basta reemplazar una institución: es preciso hacerlo con una visión distinta.
Este es el primer llamado.
El segundo comentario es que normas como las del inciso tercero del artículo 4º se encuentran mal diseñadas, a mi juicio.
Ello tiene que ver, básicamente, con el concepto de territorio. Al expresar la disposición que "la Política Nacional Indígena promoverá el adecuado acceso de los miembros de los pueblos indígenas a los recursos naturales en sus territorios," -lo subrayo- "la protección de los territorios indígenas y sus derechos de aguas, y el acceso y la adecuada explotación de los territorios indígenas", creo que se equivoca en la palabra.
El punto fue objeto de una larga discusión.
El territorio tiene que ver con la soberanía nacional y Chile posee uno solo. Cuestión distinta es lo que venía en el proyecto original, que se refería a "tierras". El cambio se verificó, no por una indicación del Ejecutivo, que ni siquiera lo respaldó, sino parlamentaria, según entiendo, en la Cámara de Diputados.
Estimo que el punto señalado es relevante. De lo contrario, habría un problema serio de concepción, que a mí me parece importante precisar a esta altura.
El tercer comentario dice relación con la suerte de vértigo en la creación de instituciones: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de la Mujer, la Subsecretaría de la Niñez, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, el Servicio Nacional Forestal, el Servicio de Biodiversidad, los gobernadores regionales.
Obviamente, el aumento es significativo, lo que no siempre implica la mejor forma de resolver.
¿Me da un minuto más, señor Presidente , pues creí que eran diez?
Se requiere una reflexión, por lo tanto, que tiene que ver con el rol del Estado.
Como es evidente, hay casos en que se precisa una estructura distinta, pero uno se va dando cuenta de que, además de dos proyectos promulgados en la materia, otros seis se encuentran en trámite.
En resumen, estimo relevante la creación de una entidad diferente en el ámbito de que se trata, o una "nueva mirada", como la definiría en términos personales.
Es preciso corregir aspectos específicos en la discusión particular para que el proyecto responda a la lógica y la disciplina constitucional que se requieren. Somos parte de un país unitario, de un mismo Chile.
Por último, insisto en la reflexión acerca de la tendencia a crear y crear organismos cada vez que se presenta un problema.
Antes de continuar con la votación, propongo fijar el jueves 1° de marzo como plazo para formular indicaciones.
La señora VON BAER.- No vamos a alcanzar, señor Presidente. Conviene que sea una semana después.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, el jueves 8 de marzo.
Señor Presidente , pido a la Mesa recabar la autorización de la Sala para que se amplíe hasta el lunes 5 de marzo el término para presentar indicaciones al proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes.
Señor Presidente , escuchaba recién a un colega que se refería al tema de los territorios y señalaba que sería incorrecto, al hablar de áreas de desarrollo, darles a estas el carácter territorial.
Lo cierto es que hoy día en Chile existen nueve pueblos indígenas establecidos en la ley.
En la Región del Maule tenemos al pueblo picunche, huilliche, lafquenche, nagche. Estos son territorios con identidad muy específica, que incluso dan cuenta de una cultura muy propia. Nada tiene que ver la identidad del pueblo lafquenche, establecido hacia la costa de La Araucanía -que conoce muy bien el Senador Tuma-, en Carahue, en Puerto Saavedra, con la del pueblo pehuenche, por ejemplo, ubicado en la parte cordillerana, cerca de Argentina.
Por lo tanto, es correcto usar el concepto de "territorio" para referirse especialmente a áreas de desarrollo que están vigentes en la ley (se han creado algunas; faltan otras). Ahí tenemos el esfuerzo realizado por el Ministro Barraza en relación con Nahuelbuta, y espero que el próximo Gobierno lo potencie aún más.
Creo que es importante contar con un Ministerio -varios colegas se han referido a ello-, con un órgano rector que pueda agrupar y definir la política indígena desde una perspectiva más estratégica, más de largo plazo.
Hoy día tenemos distintos Ministerios que interactúan y algunos servicios, por supuesto, como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Pero a esta última le es imposible tener injerencia, tomar decisiones y actuar como un órgano rector con todas las atribuciones que debería tener un Ministerio. Por lo tanto, existe una permanente disputa en temas de salud, de cultura. En materia educacional, muchas veces no hay cómo abordar bien la interculturalidad; en materia de salud, se construyen establecimientos que claramente deberían tener una mirada basada en la medicina tradicional mapuche, pero que terminan siendo administrados por los municipios, como si se tratara de una atención primaria cualquiera.
Entonces, el hecho de contar con un Ministerio de Pueblos Indígenas que entienda, que se especialice en esta lógica nos va a ayudar.
En un futuro no muy lejano, nuestro país deberá tomar decisiones importantes en materia indígena, como, por ejemplo, qué va a pasar con el Convenio N° 169. ¿Se va a consultar? ¿No se va a consultar? Es bien discutible. ¿O el Gobierno tendrá que hacerse cargo, según el artículo 54, de la denuncia? (En rigor, debiera ser una renuncia, pero se llama "denuncia") ¿O se deberá prorrogar dicho Convenio?
Este es un debate que la sociedad chilena va a estar viendo. Más aún, luego de escuchar las palabras de Su Santidad, el Papa Francisco , en Temuco, quien llama a cumplir con los acuerdos y apela, explícitamente, al Estado. Porque el incumplimiento de los acuerdos es una forma de generar violencia, violencia que, por cierto, rechazamos todos, en todos los ámbitos.
En consecuencia, señor Presidente, a mi juicio este es un paso relevante que está dando el Gobierno de la Presidenta Bachelet en su fase final del mandato. Son compromisos que se hallaban establecidos y que se van materializando en virtud de una consulta efectuada entre agosto, septiembre del 2014 y enero del 2015.
La misma consulta se hizo, entiendo -usted me corrige, señor Ministro -, para el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Eso es lo que ampara el paso que estamos dando aquí. O sea, no hay una mirada antojadiza de un Gobierno que solo quiere escuchar a un grupo pequeño de interlocutores. Como decía el Senador Pizarro, más de 6 mil 800 personas fueron convocadas y participaron.
Ahora bien, siempre hay situaciones que uno puede considerar insuficientes en materia de participación. También lo decíamos en la sesión anterior en que se debatió el tema, cuando aprobamos el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos Indígenas, pues se constituye en un espacio importante de participación, donde el pueblo mapuche tiene un rol relevante por lo que representa.
Decíamos también que los datos recientes del CENSO del Instituto Nacional de Estadísticas arrojan que más del diez, del doce por ciento de la población chilena se declara perteneciente a alguno de estos pueblos originarios, que son naciones. Porque, esencialmente, un pueblo es eso: una cultura, una religiosidad, una cosmovisión propia.
Por lo tanto, este paso es fundamental.
Pero reitero -y valoro que algunos Senadores de las bancas del frente lo hayan señalado a propósito de la creación de los Consejos a que me he referido-: la modalidad de participación que estamos consagrando en estas nuevas disposiciones es insuficiente. Se requiere establecer escaños reservados para los pueblos indígenas en el Congreso.
En consecuencia, este es un paso importante. Pero espero que la reciente elección parlamentaria haya sido la última en que solo miremos una cara en materia de identidad, en lugar de mirar la diversidad más absoluta, de la cual debiéramos enriquecernos y enorgullecernos como país. Es preciso que ella se exprese en el Parlamento con la presencia de actores indígenas incorporados mediantes escaños reservados, como en Nueva Zelandia.
Señor Presidente , deseo sumarme a la conveniencia de aprobar la creación de esta institucionalidad que puede, sin lugar a dudas, colaborar en el desarrollo, en el progreso, en una mejor integración de los pueblos indígenas, que existen desde hace mucho tiempo en nuestro país.
Esta iniciativa es una manera de cumplir un compromiso antiguo. El propio Patricio Aylwin , cuando era candidato presidencial, firmó el Acuerdo de Nueva Imperial, que buscaba precisamente crear este Ministerio.
Ciertamente, crear ministerios no es algo fácil y sencillo. Aquí ha transcurrido un proceso largo en que el Gobierno, luego de las consultas realizadas, que se materializaron en el Acuerdo de San Esteban, finalmente da origen a esta nueva institucionalidad, que incluye el Consejo de Pueblos Indígenas -está en trámite en la Comisión de Gobierno- y este proyecto, que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.
Me da la impresión de que en nuestro país existe una fuerte motivación por los temas indígenas, la cual se gatilla, en buena medida, después de la firma del Convenio N° 169 de la OIT. Este ha significado una mayor presencia y una incorporación mucho más fuerte de la voz de los pueblos indígenas en las decisiones que adoptamos. A pesar de todas las dificultades de institucionalidad del sector, ha sido un ejercicio interesante, que ha generado una integración y una participación distinta de los pueblos indígenas en las decisiones nacionales o regionales que los afectan.
El reconocimiento constitucional sigue siendo un tema pendiente. Me llama la atención que un acuerdo que se adoptó en la Comisión de Constitución hace varios años y que establecía una fórmula bastante razonable para incorporar este reconocimiento no haya sido adoptado.
Tal vez el próximo Gobierno pueda asumir esa tarea y lograr una formulación adecuada que permita concretar ese reconocimiento.
Respecto del contenido de la iniciativa en examen, solo un par de comentarios.
Primero, en cuanto a la nueva institucionalidad que se propone, es justo reconocer que no se incluye una burocracia excesiva, como sí se ha visto en la creación de otros ministerios. Por ejemplo, menciono el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es de una frondosidad y de una complejidad legislativa que seguramente tendremos que revisar, porque lo probable es que carezca de la expedición suficiente para desarrollar bien sus tareas.
En este caso no ocurre eso. Por lo tanto, pareciera ser que estamos en buenas manos.
En seguida, quiero sumarme a las palabras del Senador Coloma, quien señalaba que, en algún minuto, deberemos repasar y revisar la creación de las nuevas reparticiones públicas de estos últimos tiempos, pues, en verdad, ha sido un exceso. Menciono algunos ejemplos: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, proceso que aún no culmina; el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; la Subsecretaría de la Niñez (en trámite, como vimos hoy); la Subsecretaría de Derechos Humanos; la Defensoría de la Niñez; el Servicio Nacional Forestal (en trámite); el Servicio de la Biodiversidad , y los Gobernadores Regionales.
Es decir, la estructura administrativa crece y crece, lo que genera instituciones que no siempre son las más adecuadas, más todavía si están hechas de forma aparatosa, con organizaciones exageradas y con burocracias de magnitudes desorbitadas, como ha ocurrido -ya mencionaba- en algunos casos.
Finalmente, respecto del contenido del proyecto, solo quiero sumarme a la inquietud que presenta el artículo 4, donde se señala que el acceso y adecuada explotación de los territorios indígenas forma parte de la Política Nacional Indígena.
No es pertinente hablar de "territorio indígena", toda vez que la expresión "territorio" se refiere a la integridad del territorio nacional y, por lo tanto, al ejercicio de las potestades soberanas que solamente le corresponden al Estado de Chile.
Si el concepto es "tierra", como venía originalmente en el proyecto, entendemos la idea y, por lo tanto, ahí debería circunscribirse.
Pero si la norma señala que la Política Nacional Indígena se elaborará en conjunto con los pueblos indígenas, y en particular con el Consejo de Pueblos Indígenas, la referencia a la expresión "territorio" obviamente excede sus funciones y queda del todo fuera del contexto constitucional.
En nuestro lenguaje constitucional, resulta una expresión indebida, que espero podamos revisar durante la discusión en particular del proyecto.
Por tales consideraciones, salvo ese alcance específico, voto a favor de esta iniciativa que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, más todavía considerando que hoy el Papa Francisco ha visitado La Araucanía, ha conversado con el pueblo indígena y ha formulado expresiones de reconocimiento y de fuerte necesidad de que las causas de los pueblos originarios se incorporen debidamente a nuestra legislación.
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma y Andrés Zaldívar.
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Honorable señor Guillier.
El señor BARRAZA ( Ministro de Desarrollo Social ).-
Señor Presidente , gracias por la posibilidad de intervenir al término de la votación.
En primer lugar, agradezco el pronunciamiento positivo de las Senadoras y los Senadores presentes.
Tal cual señaló el Honorable señor Pizarro , la identidad de los nueve pueblos indígenas que existen en nuestro país se ha ido vitalizando en forma progresiva: si en el pasado la población que se reconocía y se definía a sí misma como indígena era de 6 por ciento, el promedio actual es de 9 por ciento; es decir, cerca de un millón 595 mil personas, de las cuales el 80 por ciento corresponde al pueblo mapuche.
La creación del Ministerio de Pueblos Indígenas es un anhelo histórico que quedó expresado en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas y formó parte de los programas del ex Presidente Piñera y de la Presidenta Bachelet en su primer Gobierno.
Pero es en esta segunda administración de la Primera Mandataria cuando se materializa un proyecto de ley, en el entendido de cumplir los estándares que Chile ha ratificado, a propósito del Convenio N° 169 de la OIT, para la formulación de una iniciativa de este tipo. Me refiero específicamente a la consulta indígena, con las características antes mencionadas y esencialmente fundada en los principios de buena fe, pertenencia cultural, debido respeto a los métodos tradicionales de consulta a las autoridades indígenas, flexibilidad de los procesos y, por cierto, cumplimiento de las cinco etapas del decreto supremo N° 66, que materializa el instrumento internacional mencionado.
Por lo mismo, los acuerdos que emanan de la consulta indígena resultan centrales para legitimar esta iniciativa en la medida en que expresan la deliberación de los nueve pueblos indígenas.
Esta normativa no resuelve toda la problemática asociada a los pueblos originarios, entendiéndola como el incremento progresivo de los derechos culturales, económicos, sociales y especialmente políticos. Pero, como se conjuga con la creación del Consejo Nacional, los nueve Consejos de Pueblos Indígenas y la consulta indígena relativa al proyecto sobre una nueva Constitución, en parte, existe un mejoramiento y se construye, en materia de pueblos indígenas, una institucionalidad que posibilita algo central: una nueva relación entre el Estado y esos pueblos.
A propósito de las intervenciones, solo destaco que el proyecto es perfectible, mejorable. Pero quisiera connotar que permite materializar una correcta intersectorialidad, de manera tal que la política indígena no esté relegada exclusivamente a un servicio en particular y tenga expresión en los diferentes sectores de la gobernanza.
En segundo lugar, posibilita la creación de áreas de desarrollo indígena, que en estricto rigor son territorios, no tierras, donde existe una gobernanza administrativa distinta, con pertinencia cultural indígena.
También permite el diseño, ejecución y evaluación de una política indígena, con consulta al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y a los nueve Consejos de Pueblos Indígenas.
Además, perfecciona el procedimiento de consulta indígena en términos de posibilidad de afectación y crea una unidad especial en el Ministerio de Pueblos Indígenas y un procedimiento adecuado para la susceptibilidad de calificación de consulta.
Por último, confirma la importancia del Convenio N° 169 como una herramienta e instrumento que ha permitido ir mejorando el diálogo con los pueblos originarios.
Durante nuestro Gobierno se han realizado alrededor de 48 de estas consultas, entre las que se encuentran las relacionadas con proyectos como este o la instauración de una nueva Carta Fundamental. Además, destaco la que se refiere a la iniciativa para regular la residencia, permanencia y circulación de personas en Isla de Pascua, que fue discutida hace unos días en esta misma Corporación.
Este es el camino político, a nuestro entender; la alternativa que posibilita una relación con los pueblos sobre la base de un reconocimiento a su cosmovisión.
Lo anterior resulta especialmente importante cuando se quieren construir planes y programas con pertinencia cultural.
Muchas gracias por todo, señor Presidente.
Propongo a la Sala discutir los proyectos que no requieren quorum especial para su aprobación.
Sugiero que veamos el signado con el número 6.
Señor Presidente , solicito recabar la unanimidad de la Sala a fin de debatir el oficio de la Primera Mandataria mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para la permanencia de tropas chilenas en la República Centroafricana, cuestión que en las Comisiones unidas se aprobó por unanimidad.
¡Solo si lo pide el Ministro de Defensa...!
Trataremos primero la iniciativa signada con el número 6 en la tabla de hoy y después veremos la petición del Honorable señor Prokurica.
¿Y el proyecto que regula la declaración de un día feriado regional?
¡Para qué quiere más feriados...!
Podríamos hacer la discusión...
¿Somos necesarios, señor Presidente?
Se requieren sus votos para alcanzar el quorum.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, suscrito en Santiago de Chile el 24 de octubre de 2016, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.167-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Relaciones Exteriores: sesión 80ª, en 16 de enero de 2018.
El objetivo principal del proyecto de acuerdo es establecer cielos abiertos con Guyana.
La Comisión de Relaciones Exteriores lo discutió en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Chahuán, Lagos, Hernán Larraín, Letelier y Pizarro.
Podríamos iniciar el debate del informe de Comisión Mixta sobre el proyecto de ley relativo a Televisión Nacional de Chile, cuya aprobación requiere quorum calificado.
¿Por qué no vemos el oficio sobre la solicitud de permanencia de tropas chilenas en la República Centroafricana?
Se dio cuenta de él, así que podemos tratarlo.
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para autorizar la permanencia de tropas chilenas en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), por el plazo de doce meses, con la urgencia del inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.962-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 78ª, en 9 de enero de 2018.
Relaciones Exteriores: sesión 82ª, en 17 de enero de 2018.
Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, dejan constancia de los fundamentos del Gobierno para requerir el acuerdo del Senado respecto de la participación de Chile en la MINUSCA, por lo cual se solicita la autorización para la permanencia de cuatro oficiales chilenos en la República Centroafricana.
Las Comisiones unidas recibieron al Ministro de Defensa Nacional , al Subsecretario de Relaciones Exteriores subrogante y a diversos representantes de ambas Carteras de Estado. Luego de analizar los antecedentes relativos a esta materia, acordaron recomendar que se otorgue el acuerdo solicitado por Su Excelencia la Presidenta de la República , por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, Bianchi, Chahuán, Lagos, Hernán Larraín, Pérez Varela, Pizarro y Prokurica.
¿Habría acuerdo en la Sala para acoger lo solicitado?
--Se aprueba la solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República para autorizar la permanencia de tropas chilenas en la República Centroafricana.
En seguida, pasamos al asunto signado con el número 5 de la tabla, que no requiere quorum especial.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y el medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor, con informe de la Comisión de Minería y Energía.
El objetivo del proyecto es imponer a las empresas distribuidoras de energía el deber de solventar el retiro y reposición del empalme y el medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.
Señor Presidente , me corresponde informar la iniciativa de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional e iniciada en moción del Diputado señor Sergio Gahona , entre otros parlamentarios.
Con ocasión de su estudio, la Comisión recibió al propio autor de la iniciativa, así como a distintos personeros y especialistas en la materia, tales como el Ministro de Energía , señor Andrés Rebolledo ; el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía , y a los profesionales de las Divisiones de Energías Renovables y de Eficiencia Energética de dicha Secretaría de Estado, señores Christian Santana e Ignacio Santelices , respectivamente.
Esta moción, señor Presidente , surge como una respuesta legislativa a los graves daños que causan los desastres naturales que azotan periódicamente a nuestro país, como los terremotos y los aluviones registrados en la zona norte en los últimos años. En esos eventos quedan de manifiesto realidades que merman los principios de justicia que inspiran el ordenamiento jurídico nacional. Lo es, por ejemplo, el hecho de que, producido el fenómeno de la naturaleza, empresas eléctricas exijan a los damnificados solventar los elevados costos de retiro y reposición de los servicios de empalme y medidor que requieren para sus viviendas de emergencia. Esta situación, a entender de la Comisión, no es aceptable si se considera que los damnificados han perdido sus bienes y carecen de medios económicos para enfrentar la desgracia que padecen.
A favor, señor Presidente .
Señor Presidente, primero que nada, quiero felicitar al Diputado Gahona y a los demás parlamentarios que presentaron el proyecto, que viene a resolver el problema que se ha planteado en las distintas regiones donde han ocurrido desastres naturales.
Sucedió en Copiapó, Chañaral , Diego de Almagro , El Salado, Alto del Carmen y también en el sur, en donde hubo tsunamis y terremotos. Personas y familias que habían perdido todo, con el terremoto, el tsunami o el aluvión, para poder tener nuevamente energía eléctrica, debían pagar una cantidad superior a 300 mil pesos para reponer el empalme y el medidor.
Señor Presidente, me sumo a lo expresado anteriormente.
Tiene la palabra el señor Secretario , quien dará una cuenta agregada, luego de lo cual levantaré la sesión.
De Su Excelencia la Presidenta de la República , con el que inicia un proyecto que modifica el Fondo de Apoyo Regional contemplado en la ley Nº 20.387, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros (boletín Nº 11.575-15).
A la señora Ministra de Educación, para requerirle pronunciamiento en torno a PAGO DE BONO DE ZONA EXTREMA A MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE EMPRESAS CONTRATADAS POR LICITACIÓN MEDIANTE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.
Del señor DE URRESTI, señora ALLENDE y señores LETELIER, MONTES y QUINTEROS:
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, para que se formule SOLICITUD DE ANTECEDENTES A BANCO MUNDIAL ACERCA DE INFORMES DE ESTUDIOS DE ABOGADOS, CONSULTORAS Y PERSONAS NATURALES PARA ELABORACIÓN DE ÍNDICE DOING BUSINESS.
A la señora Gerenta General Ejecutiva de BancoEstado, solicitándole considerar INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO EN COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
Al señor Director del Servicio de Salud Coquimbo, pidiéndole información epidemiológica referida a CASOS Y TASA DE PACIENTES CON CÁNCER, DESAGREGADOS POR TIPO, COMUNA, SEXO, EDAD, MAYOR PREVALENCIA Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA.
A los señores Ministros de Economía, Fomento y Turismo, de Energía y del Medio Ambiente, requiriéndoles antecedentes sobre PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA EN REGIÓN DEL BIOBÍO Y EMPLEO DE AGUA DE MAR EN SUS PROCESOS DE PRODUCCIÓN.
Y al señor Alcalde de Santiago, solicitándole informar en detalle acerca de MODELO DE GESTIÓN DE TEATRO NOVEDADES y PROCESO DE REMOZAMIENTO DE PUENTE PÍO NONO.
--Se levantó la sesión a las 17:33.
El Decreto Ley N° 321 de 1925, que establece la libertad condicional para los penados y que ha sido objeto de diversas modificaciones durante su vigencia, define dicha institución "como un medio de prueba de que el delincuente condenado a una pena privativa de libertad y a quien se le concede, se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social".
En el artículo 2° de este cuerpo legal, se fijan los requisitos generales para tener derecho a la libertad condicional, a saber:
"1° Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva;
2° haber observado conducta intachable, en el establecimiento penal en que cumple su condena, según el Libro de Vida que se le llevará a cada uno;
3° Haber aprendido un oficio si hay talleres donde cumple la condena o mantener una actividad laboral y
4° Haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento, entendiéndose que no cumple este requisito el que no sepa leer y escribir"
El artículo 3° de este mismo texto normativo, prescribe a quienes se les podrá conceder la libertad condicional, dependiendo del delito por los cuales fueron condenados, especificando el tiempo de cumplimiento de privación libertad, de acuerdo a las siguientes reglas.
"A los condenados a presidio perpetuo calificado sólo se les podrá conceder la libertad condicional una vez cumplidos cuarenta años de privación de libertad efectiva. Cuando fuere rechazada la solicitud, no podrá deducirse nuevamente sino después de transcurridos dos años desde su última presentación.
A los condenados a presidio perpetuo se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos veinte años.
A los condenados por los delitos de parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación de persona menor de catorce años, infanticidio, los contemplados en el número 2 del artículo 365 bis y en los artículos 366 bis, 366 quinquies, 367, 411 quáter, 436 y 440, todos del Código Penal, homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones y elaboración o tráfico de estupefacientes, se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena.
A los condenados a más de veinte años se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos diez años de la pena, y por este solo hecho ésta quedará fijada en veinte años.
Los condenados por hurto o estafa a más de seis años, podrán obtener el mismo beneficio una vez cumplidos tres años.
Los condenados por los incisos tercero y cuarto del artículo 196 de la ley de Tránsito podrán obtener el mismo beneficio una vez cumplidos dos tercios de la condena.
A los condenados a presidio perpetuo por delitos contemplados en la ley N° 18.314, que fija la penalidad por conductas terroristas y, además condenados por delitos sancionados en otros cuerpos legales, se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional, una vez cumplidos 10 años de pena, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998, y los condenados suscriban en forma previa una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de la violencia."
Del análisis de estas normas se puede concluir que en el caso de los condenados por delitos de mayor gravedad, se puede conceder la libertad condicional, una vez que el penado haya cumplido los dos tercios de la pena, y para los demás ilícitos, se puede otorgar, con la mitad de la pena cumplida.
Sin embargo, entre los delitos graves que se enumeran en el inciso tercero del artículo 3° de esta ley, no se encuentra incluido el delito de robo con violación, previsto y sancionado en el artículo 433 N° 1 del Código Penal, que constituye indudablemente una conducta de suyo grave, toda vez que el legislador contempla una pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, al igual que el delito de robo con homicidio, que si se encuentra comprendido entre los delitos graves, para cuyo otorgamiento de libertad condicional, se requiere de dos tercios de cumplimiento de pena.
Consecuente con lo anterior, estimamos que se debe subsanar esta omisión, e incluir a dicho delito en la enumeración del artículo 3° ya citado, mediante la modificación del mismo.
Artículo único: Modifíquese el inciso tercero del artículo 3° del Decreto Ley N° 321, que establece la libertad condicional de los penados, intercalándose a continuación de la expresión "robo con homicidio", la expresión "robo con violación".
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.
El pasado mes de abril de 2017 la Municipalidad de Las Condes anunció la utilización de "drones" dentro de su plan comunal de seguridad pública.
En esta materia hay que recordar que una serie de reformas realizadas a la Ley Orgánica Constitucional de municipalidades le han entregado a las municipalidades atribuciones en materia de seguridad pública a nivel comunal tal como lo señala el artículo 4 letra j) de la ley.
Además la misma ley contempla la existencia del cargo de un Director de Seguridad Pública a nivel comunal y de un Consejo Comunal de Seguridad Pública y de la posibilidad de elaborar a nivel comunal de un plan de seguridad pública.
Pues bien el municipio de Las Condes dentro de su plan de seguridad pública decidió implementar un sistema de vigilancia mediante la utilización de drones.
Ante dicho anuncio un grupo de vecinos de la comuna interpuso un recurso de protección pues consideraban que dicha medida afectaba la ley 19.628 de protección de datos personales, en especial su artículo 20, y además significaba una vulneración a distintos derechos y garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del hogar, la libertad de expresión, la vida privada, el derecho de propiedad y el derecho de reunión.
La defensa de la Municipalidad ante dicho recurso consistió fundamentalmente en que el Consejo de la Transparencia, mediante Ord. N° 002309 de 2017, se pronunció, respecto a la implementación de dispositivos de video vigilancia, concluyendo que respecto de los municipios, en virtud de los artículos 4 letra j) y 5 letra l) de la Ley N° 18.695, una de las funciones que la ley les ha otorgado es el resguardo de la seguridad comunal y el control del orden público y, por tanto, el uso de drones en el ámbito de la seguridad pública no sería ilegal ni una infracción al artículo 20 de la ley 19.628.
En los mismos términos la Corte de Apelaciones de Santiago, desestimó que el uso de drones con fines de seguridad pública por parte de los Municipios constituya una infracción a los derechos a la libertad de expresión, ni vida privada, ni inviolabilidad así como tampoco a los derechos de propiedad ni de reunión de las personas que presentaron el recurso.
Dicha sentencia fue confirmada por la Ilustrísima Corte Suprema en causa rol número 38.527-2017 señalando en uno de sus considerandos que la implementación de una tele vigilancia no resulta atentatoria a la vida privada de los vecinos si ellos llegan a circular por los espacios públicos donde sobrevuelan los drones en atención a la forma como ha sido implementada la medida por el Municipio.
Toda esta discusión judicial, que como todos sabemos tiene solo efecto relativo para las partes que intervienen en el litigio judicial nos hace pensar en proponer una solución legislativa al tema que ha surgido y que seguramente se replicará en más comunas de nuestro país.
En este sentido creemos al igual que la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema que el delimitar el uso de los drones para el exclusivo fin de seguridad pública en espacios públicos y para el caso de delito flagrante en espacios privados abiertos, puede dar la tranquilidad a todos los habitantes de que su vida normal no se verá alterada ni amenazada por filmaciones que pudieran afectar su vida privada o la tranquilidad de vida en sus hogares ni menos su posibilidad de libre expresión.
Por otro lado el zanjar mediante una disposición legal expresa que las Municipalidades dentro de sus atribuciones de seguridad pública pueden utilizar como sistema de vigilancia los drones en espacios públicos y en espacios privados abiertos en caso de delito flagrante, le permitirán a las comunas contar con una moderna vía para resguardar de mejor forma la seguridad de sus vecinos.
En cuanto a la propuesta de este proyecto de ley es necesario aclarar ciertas materias en razón de la admisibilidad constitucional de este proyecto.
En primer lugar, mediante este proyecto de ley, no se le está entregando una facultad o atribución a un órgano que sea servicio público o entidad fiscal o semifiscal alguna, ya que los Consejos de Seguridad Publica son un órgano asesor del Alcalde y de coordinación interinstitucional, que no forma parte de la Administración Comunal, correspondiéndote incluso la participación dentro de el a dos representantes de los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil.
El carácter de órgano asesor del Alcalde y que no forma parte de la Administración municipal de este Consejo queda claro al revisar la historia de la ley 20.965 que precisamente incorporo a este Consejo en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Además de lo anterior, para no afectar las facultades que posee el alcalde en dicha materia, y que ha sido ratificada por el último fallo de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema precedentemente citados, es que la facultad que se le entrega a este Consejo, es sin perjuicio de las facultades que tiene el Alcalde sobre la materia.
Por dicho motivo es que venimos en presentar el siguiente
Artículo Único: Incorpórese la siguiente letra k) al artículo 104 E.) de la ley 18.695
k) Proponer la utilización de medios de tele vigilancia y vigilancia electrónica, tales como globos aerostáticos y drones, con el único fin de resguardar la seguridad pública en los espacios públicos y la persecución de delitos flagrantes en espacios privados abiertos, sin perjuicio de las facultades que posee el Alcalde en dicha materia.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Alejandro Guillier Álvarez