Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sc16608-2015-2001-00585-de-diciembre-7-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_226d22fd306b41f480daf13f4f3f9d9f&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 21:29:57
Document Index: 70975957

Matched Legal Cases: ['artículo 248', 'artículo 374', 'artículo 195', 'artículo 196', 'artículo 285', 'artículo 210', 'artículo 208', 'artículo 273', 'artículo 375', 'artículo 19']

﻿ Sentencia SC16608-2015 de diciembre 7 de 2015
SENTENCIA SC16608-2015 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:EL INDICIO ES EL MEDIO DE PRUEBA MÁS EFICAZ PARA ACREDITAR LA SIMULACIÓN. ASÍ SE REITERA, AL AFIRMAR QUE SI BIEN LA DEMOSTRACIÓN DEL ACTO DE SIMULACIÓN SE RIGE, SEGÚN LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA, POR EL PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA, DEBIDO AL ACTUAR CAUTELOSO O CON SIGILO DE LAS PARTES EN LA CONCRECIÓN DE TALES ACUERDOS, EL MEDIO DE PRUEBA QUE CON MAYOR EFICACIA PERMITE DESENTRAÑAR SU VERDADERA INTENCIÓN ES EL INDICIO. SEGÚN SE EXPLICA, DICHO MEDIO DE CONVICCIÓN SE CARACTERIZA PORQUE A PARTIR DE DETERMINADO HECHO PLENAMENTE DEMOSTRADO EN EL PROCESO, Y MEDIANTE UNA OPERACIÓN INTELECTIVA APOYADA EN LAS REGLAS DE LA EXPERIENCIA, SE ESTABLECE UN SUPUESTO FÁCTICO DESCONOCIDO, PARA LO CUAL DEBEN APRECIARSE EN CONJUNTO LOS VARIOS INDICIOS, TOMANDO EN CUENTA LA GRAVEDAD, CONCORDANCIA, CONVERGENCIA Y SU RELACIÓN CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DE JUICIO INCORPORADOS AL PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SIMULACIÓN, PRUEBA DE LA SIMULACIÓN, PRINCIPIO DE LIBERTAD DE LA PRUEBA, LIBERTAD DE LA PRUEBA, INDICIO, APRECIACIÓN DEL INDICIO, PRUEBA DE INDICIO
Sentencia SC16608-2015 de diciembre 7 de 2015
SC16608-2015
Rad.:11001-31-03-035-2001-00585-02
(Aprobado en sesión de oct. 20/2015)
Bogotá D.C., siete de diciembre de dos mil quince.
1. En razón de aludir la problemática planteada en el reproche con aspectos probatorios de la simulación contractual, es pertinente mencionar que por dicho fenómeno se entiende el fingimiento de las partes en cuanto al negocio jurídico exteriorizado, siendo “absoluta” cuando los intervinientes en el acto no tuvieron la intención o voluntad de concretar ningún acuerdo verdadero, tendiente a la producción de efectos jurídicos, de tal manera que el convenio mostrado solo es aparente, en tanto es “relativa” en el evento de tener como objetivo o propósito los contratantes el de ocultar con la falsa declaración, un acuerdo genuinamente concluido, pero disfrazado ante terceros, ya sea en cuanto a su naturaleza, sus condiciones particulares o respecto de la identidad de las partes (CSJ SC, feb. 23/2006, Rad. 15508).
La acreditación del acto de simulación se rige, según la jurisprudencia y la doctrina, por el principio de libertad probatoria, pero coinciden en señalar que debido al actuar cauteloso o con sigilo de las partes en la concreción de tales acuerdos, el medio de prueba que con mayor eficacia permite desentrañar su verdadera intención, es el indicio.
Dicho medio de convicción se caracteriza porque a partir de determinado hecho plenamente demostrado en el proceso, y mediante una operación intelectiva apoyada en las reglas de la experiencia, se establece un supuesto fáctico desconocido, para lo cual deben apreciarse en conjunto los varios indicios, tomando en cuenta la gravedad, concordancia, convergencia y su relación con los demás elementos de juicio incorporados al proceso (CPC, arts. 248 y 250).
2. Acerca de la temática en cuestión, esta corporación en Sentencia SC-7274, proferida el 10 de junio de 2015 (Rad. 1996-24325-01), reiteró y sostuvo lo siguiente:
(…) como las circunstancias que rodean esas negociaciones, generalmente no son conocidas, sino que se mantienen ocultas en el ámbito privado de los contratantes, es de esperarse que no se hayan dejado mayores vestigios de su existencia; de ahí la dificultad de demostrarlas mediante probanzas directas. No obstante, las máximas de la experiencia constituyen un mecanismo eficaz e irreemplazable a fin de determinar la presencia de ese negocio secreto.
(…) En ese orden, es la prueba indiciaria, sin lugar a dudas, uno de los medios más valiosos para descubrir la irrealidad del acto simulado y la verdadera intención de los negociantes, del cual el artículo 248 de la normatividad adjetiva estatuye que “para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso” y por su parte el 250 de la misma obra señala que su apreciación debe hacerse en conjunto, teniendo en consideración su “gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso”.
Así las cosas, es a través de la inferencia indiciaria como el sentenciador puede, a partir de hechos debidamente comprobados y valorados como signos, arribar a conclusiones que no podrían jamás revelarse de no ser por la mediación del razonamiento deductivo. De ahí que a este tipo de prueba se le llame también circunstancial o indirecta, pues el juez no tiene ningún contacto sensible (empírico) con el hecho desconocido, pero sí con otros que únicamente el entendimiento humano puede ligar con el primero.
Son entonces los testimonios, declaraciones, confesiones, documentos, o cualquier otro tipo de prueba directa, valorados en conjunto, los que permitirán arribar —por medio de la inferencia indiciaria— al hecho desconocido pero cognoscible que quedó en la estricta intimidad de los contrayentes por su propia voluntad.
La doctrina menciona como indicios que contribuyen a la demostración de la simulación, entre otros, los siguientes:
“Causa o motivo para simular-falta de necesidad de enajenar o gravar-venta de todo el patrimonio o de lo mejor-relaciones parentales, amistosas o de dependencia-falta de medios económicos del adquirente-ausencia de movimientos en las cuentas corrientes bancarias-precio bajo-precio no entregado de presente-precio diferido o a plazos-no justificación del destino dado al precio-persistencia del enajenante en la posesión-tiempo sospechoso del negocio-ocultación del negocio-falsificaciones, captaciones de voluntad, otras maniobras torticeras-documentación sospechosa-precauciones sospechosas-falta de equivalencia en el juego de prestaciones y contraprestaciones-dejadez-pasividad del cómplice-intervención preponderante del simulador-falta de contradocumento-intentos de arreglo amistoso-conducta procesal de las partes, etc.”(2).
Sin embargo, para que tengan eficacia tales “indicios”, se hace necesario revelar su estructuración, en el sentido de precisar el “hecho indicador”, el cual debe hallarse demostrado, como también la reflexión o elaboración intelectual que permita determinar el “hecho desconocido”.
3. Al examinar la acusación respecto de los elementos de convicción supuestamente dejados de apreciar o inadecuadamente estimados por el tribunal que eventualmente podrían permitir una lectura distinta de los hechos, se advierte que el casacionista no cumplió con la carga argumentativa que condujera a evidenciar el entendimiento arbitrario o ilógico de las probanzas sustento de la decisión impugnada, y por consiguiente, quedó sin acreditar el “error de hecho” en que se apoyó ese reproche.
La configuración del yerro fáctico y la prosperidad de la acusación de conformidad con el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, requiere que el equívoco tenga el carácter de manifiesto o protuberante amén de trascendente, y ser demostrado en el recurso.
Según el reiterado y uniforme criterio de la Sala, memorado entre otros, en fallo CSJ SC, 31 de agosto de 1995, radicado 4507, al valorar la probanza se incurre en ese tipo de desacierto en los siguientes eventos:
“(…) cuando el sentenciador no ve la que obra en el proceso, o supone la que no existe, hipótesis que comprenden la desfiguración de la prueba, bien porque se le agregó algo que le es extraño o porque se le cercena su real contenido, requiriéndose, además, que la conclusión resulte contraria a la realidad fáctica que exterioriza la prueba y que el yerro cometido sea trascendente, vale decir, que incida en la decisión.
(…) “aparece cuando el juez tiene por demostrado un acontecimiento con base en una prueba que, en realidad, no obra dentro del proceso (error por suposición). O cuando el juez niega la existencia del hecho, no obstante haberse incorporado al proceso la prueba tendiente a establecerlo (error por preterición). Variante de la primera forma de error es aquella que se da cuando el juez le hace decir a un determinado medio probatorio lo que éste, de hecho, no representa (suposición por adición). Y la segunda es la advertible cuando el juez, sin ignorar la existencia del medio probatorio, recorta o mutila su contenido (preterición por cercenamiento)” (…)”.
Resulta ilustrativo memorar que el juzgador ad quem descartó la simulación cuya declaración se solicitó, esencialmente al deducir el “pago del precio” con base en la “promesa de compraventa” entre las partes ajustada, y en recibos suscritos por el actor, en los cuales se consigna la entrega de ganado vacuno por el “comprador” al “vendedor”, como también de dinero en efectivo, operación esta última reflejada a su vez en transacciones financieras atinentes a consignaciones efectuadas por el “adquirente” en cuenta corriente del “tradente”.
La mencionada “promesa de compraventa” que se aportó en copia autenticada con la contestación de la demanda, según consta en dicho documento, fue celebrada el 14 de diciembre de 1999 entre el demandante en calidad de “promitente vendedor”, y el accionado en condición de “promitente comprador”, habiéndose estipulado la cantidad de $730.000.000, como precio total de las fincas objeto de la negociación.
Dicho valor sería pagado de la siguiente manera:
La suma de ciento cincuenta millones de pesos ($105.000.000 (sic) representados en ciento cincuenta (150) novillas cebú blancas a la firma de la presente promesa de compraventa (…) en calidad de arras imputables al precio de la compraventa; a la firma de la escritura la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000) discriminados así: cinco millones de pesos m/cte. ($5.000.000) en efectivo y tres (3) cheques de gerencia de Conavi Bancolombia así: un cheque por veinte millones de pesos m/cte. ($20.000.000), un cheque por treinta millones de pesos m/cte. ($30.000.000) y un cheque por cinco millones de pesos ($5.000.000)(3). Y el saldo o sea la suma de quinientos sesenta y cinco millones de pesos ($565.000.000) m/cte. así: cuarenta millones de pesos ($40.000.000) cancelados en tres (3) letras de cambio así: una por veinte millones de pesos ($20.000.000) m/cte., una letra de diez millones de pesos ($10.000.000) m/cte. y la tercera por la suma de diez millones de pesos ($10.000.000). La suma de quinientos veinticinco millones de pesos ($525.000.000) garantizados con quince (15) pagarés a favor de Luis Alberto Rojas, cada uno por la suma de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000) con fechas de vencimiento mensual a partir del día 15 de febrero del año 2000 hasta el día 15 de abril del año 2001. El promitente vendedor manifiesta aceptar el pago de dichas sumas en dinero efectivo y/o ganado(4).
En cuanto a los recibos incorporados, aparece el expedido por el “vendedor” haciendo constar la entrega por el “comprador” de ciento cincuenta (150) novillas blancas de raza cebú, y el relativo al pago de sesenta millones ($60.000.000), conforme lo contemplado en el referido convenio preparatorio de la compraventa, ambos instrumentos con autenticación de la firma de su autor en notaría el 22 de diciembre de 1999(5).
Se allegaron, también formularios de retiro de dineros en la entidad financiera Conavi, el 21 de diciembre de 1999, en tres cheques a la orden de Luis Alberto Rojas Castañeda con “cruce sencillo” por $20.000.000, $5.000.000 y $30.000.000, y uno por $5.000.000 “para cobrar por ventanilla”, instrumentos consignados al día siguiente en la cuenta de aquel en Bancolombia, y la última cantidad depositada en dinero efectivo, transacciones que aparecen reportadas en los extractos y certificaciones remitidas por dichas entidades(6).
Igualmente, obra copia autenticada del documento de 19 de febrero de 2001, expedido por Luis Alberto Rojas Castañeda, manifestando haber recibido de Mauricio González-Rubio “la suma de quinientos setenta y cuatro millones seiscientos treinta y seis mil setecientos cuarenta pesos m/cte. ($574.636.740) durante el período de tiempo comprendido entre el mes de febrero del año 2000 y febrero del año 2001, representados así: cuatrocientos noventa millones de pesos ($490.000.000) en semovientes ganados, es decir, entre novillos(as), vacas y ternerajes. Y, la suma de ochenta y cuatro millones seiscientos treinta y seis mil setecientos cuarenta pesos m/cte. ($84.636.740) representados en los cheques número 198325, 198326, 198327, 198328, 198329, 198330, cada uno de ellos girados al señor Raúl Gaitán, por valor de $7.500.000, para un total de $45.000.000 con fecha 19-12-00. Del Bancolombia-Conavi 19101291911, cheque 0087493 girado a favor de Helga Kleine de S. por la cantidad de $6.600.000, calendado con fecha 15-05-00. Bancolombia-Conavi 19101291911, cheque 0087556 girado a Luis Alberto Rojas C., por la suma de $17.976.740, fechado 29-05-00. Del Bancolombia-Conavi 19101291911. Y, el cheque 747114 girado al señor Anastasio Ortegón, el día 06-06-2000. Los anteriores títulos valores fueron recibidos y ordenados por mí, en cuanto a cuantía y beneficiario se refiere. Cancelándome así, Mauricio González-Rubio parte del precio acordado en la compraventa relacionada con los predios”(7) (fl. 223, cdno. 1).
4. Con el fin de darle respuesta a los reproches sustento de la acusación, entra la Sala a examinar el fondo de los mismos.
4.1. En ese sentido, se verifica que el recurrente deduce la “falta de capacidad económica” del adquirente de la pericia sobre las declaraciones de renta y patrimonio del “comprador”, correspondientes a los años 1997 a 2001; como también de los testimonios de Jorge Alexander Nieto Rodríguez y Bernardo Augusto Vásquez Herrera, pero increpa solo de manera genérica la desestimación del dictamen, manifestando que se “deshecha sin razón jurídica”, y en actitud “totalmente olímpica y sin sustento legal”, omitiendo desplegar una adecuada labor argumentativa a fin de desvirtuar las razones del tribunal para desestimar las citadas probanzas, y de esa manera poner al descubierto que resultaba desfasado entender o dar por acreditada la realización del pago del precio de las fincas objeto de las compraventas cuestionadas.
En cuanto a las versiones de los prenombrados deponentes, las cuales se abstuvo de apreciar el juzgador al advertir que aquellos no tuvieron “pleno conocimiento acerca de la negociación adelantada con el señor Mauricio González-Rubio Gaitán”, cabe acotar, que no obstante resaltar el casacionista aspectos de la dependencia económica del demandado con relación a su padrastro Luis Alberto Rojas Castañeda, los testigos no precisaron hasta cuándo esa situación persistió, y pareciera que se refirieron solo a la época de su niñez y adolescencia, porque el primero de los nombrados menciona que “era un muchacho estudiante, se le daba lo de las onces”, y el segundo manifiesta que lo conoció cuando “era un estudiante (…) el trato que tenía Luis Alberto con él era como de otro hijo”.
Además, la circunstancia misma de hallarse probado que a partir de 1997, el “comprador” accionado se convirtió en contribuyente, al presentar declaración de renta y patrimonio por esa anualidad, y el hecho de que en diciembre de 1998, aparezca realizando algunas operaciones financieras ante Findesarrollo S.A., en virtud de las cuales le fueron girados cuatro cheques por valor total de $217.347.575, cancelándole unos certificados de depósito a término (fls. 233-237, cdno. 1), se erigen como contra-evidencias, haciéndole perder consistencia al indicio planteado en la acusación.
Las revelaciones del actor contenidas en el interrogatorio de parte sobre la situación de “dependencia económica” de su hijastro, ninguna contribución aportan al propósito de acreditar la carencia de recursos económicos de este, debido a que en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, tales manifestaciones no constituyen confesión, en virtud de no versar sobre hechos generadores de consecuencias jurídicas adversas a los intereses del absolvente, o favorables a su contraparte.
Y los aspectos resaltados por el recurrente de lo expresado en la declaración de parte de Clara Patricia Gaitán Mesa, aunque pueden apreciarse como testimonio de tercero conforme al artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, dado que intervino en el proceso como litisconsorte facultativo, no se relacionan con la “capacidad económica” del “comprador”, pues ella aludió al hecho de no haber recibido valor alguno del precio de enajenación de los inmuebles, y los señalamientos en cuanto a que se trataba de una “mujer sagaz”, y conocedora como abogada de sus derechos, razón por la cual no iba a permitir la afectación de los mismos, en principio, carecen de relevancia en la demostración del indicio en cuestión, además porque se omite la argumentación para construirlo.
7.2. Sobre el supuesto fáctico estructurado a partir de la confianza originada en las relaciones familiares entre vendedor, comprador, y la madre de este, de quien se dijo que además de haber actuado como asesora, tuvo la condición de compañera permanente y luego esposa del demandante, aunque podría evidenciar la existencia de un ambiente propicio para concertar negocios aparentes, al igual que un escenario adecuado para el otorgamiento de “documentos firmados en blanco”, se advierte la ausencia de medios confirmatorios de la versión del impugnante, atinente a la entrega a su esposa de aquella especie de instrumentos.
De la misma manera se observa que contradicen la hipótesis reseñada, los recibos suscritos por el “vendedor” sobre la cancelación de dinero en efectivo y la entrega de ganado vacuno por parte del “comprador”, habiendo autenticado la firma en algunos de ellos ante notario.
También podría tener el carácter de contra-evidencia, lo declarado por Jesús Enrique Daza Molina, quien comenzó a laborar al servicio de Luis Alberto Rojas, en 1998, en la actividad de administración de sus fincas, e informó que Mauricio González-Rubio le dio el dinero para el registro de las escrituras públicas, y que “[el] señor Luis Alberto Rojas le hizo entrega al doctor Mauricio y le hizo entrega normal, él me dijo que le iba a entregar esas fincas”, y también expresó que “[después] de la fecha de entrega, ni volvió, no lo volví a ver más, y todo lo manejaba Mauricio González”; además al referirse a la pregunta de si el adquirente había cancelado el precio de las ventas con dinero o con bienes, aseveró que “Mauricio mandó un ganado para hacer entrega de una plata que debía de unas fincas, el ganado lo mandó para Puerto Berrio que es Magdalena Medio, el ganado lo mandó para Luis Alberto Rojas para unas fincas que tiene Luis Alberto Rojas en el Magdalena Medio”(8).
Igualmente lo dicho por la testigo Laid Gamboa Barbosa, al haber manifestado que a “[su] esposo Jesús Daza Molina, lo contrataron los esposos don Luis Alberto Rojas y Clara Patricia Gaitán Meza para que les administrara las fincas. Mi esposo estuvo con don Luis Alberto hasta el dos mil, hasta ahí nos entendimos con don Luis Alberto nosotros nunca más volvimos a saber de don Luis, de ahí en adelante nos hemos entendido con el doctor Mauricio González y la doctora Clara Patricia Gaitán”, y acerca de la reunión en enero de 2000, para la entrega de los inmuebles, indicó que don Luis Alberto había manifestado que “él le entrega a don Mauricio los predios porque les vendió, que todo en adelante era con los doctores Mauricio y Clara Patricia”, agregando que “nosotros en la actualidad seguimos administrando esos predios”; habiendo también mencionado el pago por Mauricio González-Rubio, para el registro de las escrituras, y que a partir de la fecha de entrega de las fincas los gastos de administración los ha asumido “[el] doctor Mauricio González y la doctora Clara Patricia [para] todo lo que tiene que ver con las fincas”(9).
María del Pilar Mondragón Orozco informó haber conocido los predios de Luis Alberto Rojas, por dedicarse al transporte de ganado, enterándose “por medio de Moisés Daza, que dicho señor había vendido estas propiedades y que a partir de 2000 nos teníamos que entender con los nuevos dueños, que era el señor Mauricio González-Rubio”, habiendo estado presente el día de la entrega, e indicó que a pesar de no tener conocimiento del precio de la venta, “(…) del pago sé que se transportó ganado de las fincas mencionadas para Cimitarra Santander, dicho ganado supe por el administrador de la finca que iba en pago de una deuda que saldaba el señor Mauricio, por la venta de la finca”(10) (fls. 254-255, cdno. 1 cont).
Germán Segundo Vega Redondo dijo haber conocido en 1998 a los esposos Rojas Gaitán y a Mauricio González-Rubio, y al preguntársele sobre la enajenación de las fincas, expresó: “(…) lo que sucedió fue que las vendió, porque él vino en enero del año 2000 y reunió los obreros de la finca con el administrador para pagar lo que debía, porque él había vendido la finca y había liquidado a la vez la sociedad con doña Patricia”, informando adicionalmente: “(…) lo que sí sé es que él vendió las fincas porque él mismo lo dijo y dijo además que desde esa fecha en adelante los patrones serían don Mauricio González y doña Patricia (…)”; además refirió que “[para] mí y los que estábamos en la reunión, fue una venta real y efectiva, y sé que se despachó mucho ganado y según el administrador ese ganado se lo estaba suministrando la señora Patricia a Mauricio para que pagara la deuda de las fincas, no sé si antes de eso el señor Mauricio tenía bienes o no, solo sé que vi salir mucho ganado y que lo llevaba Mauricio para Cimitarra Santander, para acabar de pagar las fincas que le había comprado a don Luis, esos camiones eran de La Paz y otros que no conozco, eso fue en el 2000 y a mediados del 2001, recuerdo que me dijo el administrador que eran como cuatrocientos y pico de reces”(11) (fls. 260-261, cdno. 1 cont).
7.3. Como puede apreciarse, los nombrados testigos coincidieron en afirmar circunstancias indicativas de haberse producido la entrega material de las fincas, como también del transporte de ganado hacia la región donde el actor tenía varios predios, mencionándose como finalidad de esa actividad, la de cancelarle el precio de venta, hecho que coincide con lo reseñado en el documento de 19 de febrero de 2001, suscrito por el señor Rojas Castañeda, en cuanto certifica haber recibido semovientes vacunos como parte de pago. Por consiguiente, tales evidencias robustecen las inferencias del juzgador ad quem y debilitan la censura, en cuanto contribuyen a descartar la hipótesis de que los negocios impugnados correspondan a ventas aparentes.
La causa dada a conocer en la sustentación del cargo, como motivo para la simulación, constituye un planteamiento sin fuerza demostrativa, porque a pesar de afirmarse que las ventas impugnadas se formalizaron al haber sido convencido el demandante por su asesora jurídica, compañera y luego esposa, de transferir los aludidos inmuebles, dado que “el Gobierno le iba a imponer sanciones y multas porque tenía muchos bienes que no estaban respaldados en la DIAN y que además se ahorraría pago de impuestos al liquidarse la sociedad patrimonial que se iba a liquidar”, es evidente que el casacionista omitió explicitar una base fáctica acerca de las circunstancias patrimoniales o tributarias justificativas de la aludida recomendación.
En tal sentido, ha debido suministrarse información, por ejemplo, si en años gravables anteriores a los convenios, se dejaron de declarar elementos del activo patrimonial, o si había incurrido en irregularidades que ameritaran alguna sanción tributaria, o la manera como se pretendía obtener reducción de impuestos relativos a la liquidación de la sociedad patrimonial, etc.; aspectos estos que permitirían evaluar la potencialidad del hecho para lograr la persuasión del accionante en la ejecución de los actos recomendados, a pesar de la confianza que pudiera reinar en el grupo familiar.
Igualmente, se observa que el aludido supuesto no guarda plena coincidencia con lo manifestado en los hechos de la demanda, porque si bien en esta se hizo referencia al traspaso de las fincas para “evitar el pago de mayores impuestos como consecuencia de la liquidación de la sociedad marital de hecho”, y también como una “condición para que la madre del presunto comprador se aviniera a contraer matrimonio civil con aquel, como en efecto ocurrió”, en la sustentación del cargo se menciona con mayor énfasis que lo pretendido con el acto de disposición de los predios, era evitar sanciones tributarias; luego, entonces, no se ha generado claridad suficiente sobre la causa para realizar la transferencia del dominio de las fincas, por tanto, la aducida por el recurrente pierde credibilidad.
Y aunque el testigo Samuel Nieto Rodríguez, citado para reforzar el “indicio”, declaró que se trató de “unas escrituras de confianza a Mauricio Gaitán”, porque “[la] doctora Patricia le propuso a don Luis Alberto que para disminuir el incremento patrimonial de él y no le afectara la declaración de renta, le hiciera las escrituras a nombre de Mauricio Gaitán”, también dijo “(…) [no haber participado] nunca en la elaboración de escrituras, yo las vi y manejé siempre copias de escrituras de él. Yo veía los documentos pero acompañarlos no, acompañarlos a hacer las escrituras no”; se aprecia entra en contradicción, al sostener “que hubo una negociación que se hizo como por setecientos millones de pesos ($700.000.000). Sé que le entregó la finca a ellos, y que les entregó la finca, que haya habido entrega o que yo haya estado allá, no puedo atestiguar eso”(12), aspecto este último del cual podría inferirse que reconoció la existencia de unos acuerdos verdaderos.
Además, de lo manifestado por los deponentes Jesús Enrique Daza Molina, su esposa Laid Gamboa Barbosa, María del Pilar Mondragón Orozco y Germán Segundo Vega Redondo, podría interpretarse que la venta de las fincas obedeció al propósito de don Luis Alberto Rojas de alejarse de la región donde se encontraban ubicadas, pues aquellos informaron que después de la entrega a Mauricio González-Rubio, nunca más volvió a esos lugares, y eso lo podría corroborar también el hecho de que en la partición de los bienes de la sociedad patrimonial formada con Clara Patricia Gaitán, no le fue adjudicado ningún predio en la aludida zona territorial, según se desprende de la escritura pública 3584 de 30 de diciembre de 1999.
7.4. En cuanto a la enajenación en bloque de los siete predios, en consideración al abultado patrimonio del demandante, en parte representado por veintiocho inmuebles, según se desprende de la información vertida en el escrito introductorio del proceso, no alcanza significativo valor probatorio acerca del fingimiento de las compraventas, ya que solo habría dispuesto de una cuarta parte de sus propiedades, y en todo caso, se omitió la argumentación pertinente a fin de exteriorizar el poder demostrativo del reseñado acontecimiento en el contexto de la simulación reclamada.
Respecto del elemento de juicio que se pretende estructurar a partir de la conducta procesal del demandado, relacionada con la no aducción de los originales de los documentos alusivos a la promesa de compraventa y recibos de pago suscritos por el accionante, a efectos de practicar sobre ellos “dictamen grafológico”, aunque conforme al artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, la renuencia a exhibirlos procedía apreciarla como indicio, para el caso, ninguna consecuencia probatoria de allí podría originarse, al haberse omitido explicitar el “hecho indicador” que se creyó acreditado.
Asimismo, la actitud atribuida a la demandada Clara Patricia Gaitán, de haberse mostrado evasiva a responder en el interrogatorio que se le formuló, no obstante los efectos contemplados para ese comportamiento en el artículo 210 del citado ordenamiento procesal, relativos a la confesión ficta o a la configuración de un “indicio grave”, no es factible el reconocimiento de estos, al haberse pretermitido el cumplimiento de las reglas contempladas en los incisos 7º y 8º del artículo 208 ibídem, pues se advierte la ausencia de constancia en el acta sobre la amonestación del juez a la interrogada con el propósito de que respondiera, o lo hiciera explícitamente, además de haberla prevenido “sobre los efectos de su renuencia”.
7.5. En lo concerniente al hecho relacionado con “la premura o rapidez en la realización de los negocios”, a pesar de ser cierto que entre la celebración de la “promesa de compraventa”, y el contrato prometido solo transcurrieron ocho días, y pasada una semana desde este último acto, se realizó la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, conformada por la unión marital entre Luis Alberto Rojas Castañeda y Clara Patricia Gaitán Mesa, faltó generar la argumentación tendiente a evidenciar la incidencia del reseñado supuesto fáctico en la demostración de la simulación.
Sobre la crítica de la censura por tomar en cuenta el tribunal para fundar la decisión, la circunstancia de la absolución a los accionados en el juicio penal contra ellos adelantado por el delito de estafa agravada, apoyada en que ninguna incidencia podía tener para la controversia la cosa juzgada penal en el proceso civil, porque en este “se examina la estructura del negocio jurídico de compraventa, si tuvo o no causa y si se dio o no el precio”, tal señalamiento no evidencia la incursión en error fáctico, porque el hecho de la exoneración de responsabilidad penal, sí puede sugerir o mostrar que los negocios jurídicos impugnados no fueron utilizados como medio para perpetrar el delito investigado, lo cual podría reforzar la idea de corresponder a contratos verdaderos.
En cuanto al cuestionamiento fundado en que el sentenciador se apoyó en las conclusiones de la investigación tributaria adelantada por la DIAN en contra de Mauricio González-Rubio, relativas a que “el contribuyente no solo cumplió con informar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de sus pasivos y activos, sino que aportó prueba idónea para soportarlos, investigación en la que se hizo un amplio estudio específicamente en lo atinente con la negociación y otorgamiento de los instrumentos públicos cuestionados”; si bien es cierto no mencionan —como lo dice el recurrente— que “Mauricio González-Rubio Gaitán le debiera dineros al demandante y que este tuviese en sus declaraciones de renta una cuenta por cobrar a cargo del primero”, el planteamiento del ad quem encuentra justificación, ya que se estimó adecuada la información reportada en las declaraciones de renta y patrimonio por el contribuyente, hecho este que podría indicar no haber sido usada la presentación de aquellos instrumentos como una estrategia para ocultar la simulación reclamada.
La crítica basada en el señalamiento de haberle dado un alcance equivocado a la promesa de venta y a los recibos de donde el juzgador infirió la realidad del negocio, no se desarrolló sino que pretendió estructurarse con simples afirmaciones genéricas, en cuanto el recurrente manifestó que “confirman su apariencia”, y que “fueron parte de la treta”, sin entrar a controvertir las deducciones que obtuvo el sentenciador de tales instrumentos y que expuso como fundamento de su decisión.
7.6. En relación con los reparos por haber hallado el juez colegiado, una contradicción en lo manifestado por el actor en la réplica a las excepciones de mérito y en el interrogatorio de parte, ha de observarse que esa inferencia se soportó en la “autenticidad que emana de los documentos privados allegados (…), como lo son el mismo contrato de promesa y los recibos de pago”, de ahí que no sea admisible la acreditación del error fáctico argumentando simplemente que “[el] demandante siempre sostuvo que le dejaba documentos firmados en blanco a su compañera y que por lo tanto admitía que la firma que aparecía en los documentos podía ser la suya, pero que el contenido de dichos documentos lo desconocía”, además, porque este último argumento es contrario a la regla probatoria consagrada en la parte final del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la cual “[el] reconocimiento de la firma hará presumir cierto el contenido”.
Y lo dicho por Jorge Alexander Nieto, citado como apoyo del señalado cuestionamiento, jurídicamente no tiene eficacia para probar el hecho invocado por el impugnante, porque el testigo aludió a su trato personal y la manera como él cumplía sus labores al servicio del señor Rojas Castañeda, y si bien manifestó que este era “una persona muy confiada”, porque inclusive le entregaba cheques en blanco para realizar pagos y hacer compras, ello no demerita el valor probatorio otorgado por el juzgador a las probanzas documentales en mención, o al menos, el recurrente no explicó por qué habría de optarse por ese criterio, y si con la reseñada reflexión, se buscaba ambientar la idea de que el actor tenía por costumbre entregar “documentos firmados en blanco”, como dijo hacerlo con su cónyuge, tal comportamiento enfrenta como contra-evidencia lo declarado por Jesús Enrique Daza Molina, administrador de sus fincas, quien lo catalogó de ser “un hombre correcto, era un hombre desconfiado jodido que no se dejaba robar de nadie y era un buen negociante”.
Respecto a los reproches frente a la consideración del tribunal acerca de la experiencia y las habilidades del demandante en el mundo de los negocios, de las cuales dedujo que “no podía ser sujeto pasible de engaño en materia contractual”, se advierte que el censor se limita a calificarla de equivocada, por haber visto “un contrato donde no existe”, ya que si hubiera sido verdadero, no se le habría engañado, y reiteró que se presentó el fingimiento de las ventas “por el temor que su esposa le inculcó sobre sanciones tributarias y por la confianza que tenía en ella y en su hijastro realizó las escrituras simuladas o de confianza”, frente a lo cual cabría señalar, que aunque tal aseveración pudiera ser cierta, no tiene trascendencia, porque el soporte axial de la decisión para desestimar la simulación, esencialmente se apoya en la verificación de que hubo pago del precio, aspecto no controvertido de manera adecuada.
8. Son suficientes los razonamientos expuestos, para determinar el fracaso del cargo.
Conforme al inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 19 de la ley 1395 de 2010, habrá de imponerse al impugnante el pago de las costas procesales en el trámite de la impugnación extraordinaria, y para la tasación de las agencias en derecho, se tomará en cuenta la réplica oportuna de los accionados a la demanda de casación.
1. NO CASAR la sentencia de 26 de noviembre de 2012 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso referenciado.
2. Condenar en costas al recurrente en el trámite de la impugnación extraordinaria. Por secretaría practíquese la liquidación, incluyéndose la cantidad de seis millones de pesos ($6.000.000) como agencias en derecho.
2 Muñoz Sabaté, Luis. La Prueba de la simulación. 2a Ed., Bogotá: Temis; 1980, págs. 219-221.
3 Consignados en la cuenta corriente del demandante.
4 Folios 216 a 220, cuaderno 1.
5 Folios 221-222 y 224-226.
6 Folios 408-411 y 419-445.
7 Folio 223.
8 Folios 248-250.
9 Folios 251-252.
10 Folios 254-255.
11 Folios 260-261.
12 Folios 154-156.