Source: http://www.sanewspaper.com/mexico/scjn-y-la-cndh-violan-derechos-humanos-de-periodista-en-huelga-de-hambre-2/
Timestamp: 2017-10-20 15:52:38
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SCJN y la CNDH violan Derechos Humanos de Periodista en Huelga de Hambre – San Antonio Newspaper
Feb 12, 2016 by Rodolfo Macias	in Mexico
¿Por qué Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, decidió violar la constitución federal y no coordinarse con el gobierno federal para no violar los Derechos Humanos en la manifestación de la Huelga de hambre?
La CNDH fue notificada en tiempo y forma del inicio de la Huelga de Hambre en las instalaciones de la SCJN así como la CDHDF de la Ciudad de México y las autoridades federales, desde el pasado 23 de diciembre del 2015. En Viernes Febrero 5, 2016, se reinició la manifestación pacífica y ordenada de la Huelga de Hambre y por instrucciones del Presidente Ministro Luis María Aguilar, los oficiales de seguridad han sido omisos y han violado los derechos humanos del manifestante desde el primer día, en otra ocasión fue empujado y con el intento de no dejarlo entrar a oficialía de partes; posteriormente otro oficial no le permitía pasar a utilizar el sanitario. Rodolfo Macías Cabrera les ha presentado varios escritos casi todos los días desde el cinco de febrero y a la fecha ninguno ha sido respondido.
Finalmente el jueves, once de febrero, el Ministro Presidente Luis María Aguilar envió a dos funcionarios a dialogar con el manifestante en huelga de hambre, su representante, el licenciado Francisco Barradas Vista, acompañado del C. Miguel González Cortez le advirtieron al manifestante que no podía la SCJN darle respuestas a sus peticiones debido a la visita del Titular del Vaticano y que tampoco podría utilizar el sanitario de la SCJN porque no es público.
¿Qué pasa con la CNDH, la CDHDF, CNDH Gral. Lázaro Cárdenas? ¿Por qué no asisten al manifestante en Huelga de Hambre en la SCJN y permiten que esta viole sus derechos humanos?
Se anexa texto integro presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su RECOMENDACIÓN GENERAL No. 24, Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, presentado en la Ciudad de México el pasado 8 de febrero de 2016
1. En el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Asimismo, se establece la obligación del Estado de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”. Esto conlleva que todos los órganos del Estado, en el marco de las atribuciones que le son conferidas por la ley, están obligados a implementar programas tendentes a prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente respetados.
2. En el artículo 6°, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se decreta, como atribución de este Organismo Nacional, “proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos”. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se expide la presente Recomendación General.
5. Las agresiones a periodistas, además de constituir una afectación a la esfera jurídica del agraviado, representan una afrenta a la sociedad en su conjunto. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no sólo tiende a la realización personal, sino a la consolidación de una sociedad democrática1. Aunado a ello, es de reconocerse en el ejercicio de este derecho un instrumento esencial para el
ejercicio de otros derechos y libertades fundamentales. En este sentido, la importancia de lograr la plena vigencia de la libertad de expresión trasciende al individuo que hace suyo este derecho e impacta a la sociedad en general.
6. El derecho a la libre expresión, además de ser un derecho inalienable a todas las personas, es también un requisito indispensable para la realización de una sociedad democrática. La libre expresión guarda una estrecha relación con los derechos colectivos de recibir información y opiniones sobre los más diversos temas; por lo que garantizar la libertad, la pluralidad y la apertura que ello conlleva constituye una obligación impostergable del Estado mexicano.2
7. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado enérgico a la federación y a las entidades federativas para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación. De esta manera, no sólo se estará garantizando al gremio periodístico el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, sino que también se estará contribuyendo a la consolidación de una sociedad democrática, participativa y tolerante. Es así como la presente Recomendación General pretende, más allá de señalar deficiencias, contribuir a generar una mayor conciencia respecto de la trascendencia que el goce pleno al derecho a la libertad de expresión conlleva para la sociedad mexicana.
10. Esta Comisión Nacional ha dado puntual seguimiento a las condiciones en las que se desenvuelve el gremio periodístico, a través de la Recomendación General número 173, del 19 de agosto de 2009, y la Recomendación General número 204, del 15 de agosto de 2013. Si bien estos pronunciamientos han buscado incidir en la política pública de los Estados y de la federación en materia de protección a la libertad de expresión, las cifras muestran que lejos de disminuir, los ataques a periodistas y a medios de comunicación se han acentuado en los últimos años, según se aprecia en la siguiente gráfica.
11. La perspectiva histórica respecto del registro de quejas atendidas por este Organismo Nacional en relación con agravios a periodistas y medios de comunicación, deja en evidencia un incremento en el número de quejas atendidas durante los últimos años. Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, esta Comisión Nacional registró un total de 12 homicidios en contra de periodistas y comunicadores.
13. Aunado al aumento significativo de la cuantía de homicidios, se advierte que las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública no han logrado inhibir los ilícitos cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación, tales como desapariciones, lesiones, amenazas, intimidación y atentados a medios de comunicación. A ello se suma la ineficaz actuación de las autoridades procuradoras de justicia, las cuales no han logrado esclarecer los diversos hechos delictivos de los que resultan víctimas los integrantes del gremio periodístico. De esta forma, ya sea por acción u omisión, tanto las autoridades encargadas de prevenir el delito como las responsables de investigarlo han fallado en su cometido.
15. Derivado del aumento en el número de agresiones suscitadas en contra de periodistas posteriores a la emisión de la Recomendación General 20, “Sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite un nuevo pronunciamiento con el propósito de ayudar a generar y dotar de políticas públicas para revertir la situación que viven periodistas y comunicadores.
18. En ese sentido, del 1° de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015, se han integrado en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos un total de 1049 expedientes de queja relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio, y en los que las agresiones por parte de autoridades y la ineficacia en el desarrollo de las investigaciones ministeriales resultan ser una constante.
21. De los homicidios en contra de periodistas, del 1° de enero de 2000 al 31 de enero de 2016, se han documentado por este Organismo Nacional 109 casos.
24. En Veracruz, por ejemplo, se cometieron en 2014 más de tres homicidios en promedio cada día, y es el Estado en el que más periodistas fueron asesinados, con 16 homicidios contabilizados desde 2005. Es también la tercera entidad con más secuestros, con 239 casos del 1° de enero de 2014 al 31 de agosto de 2015.5
Los altos índices de delincuencia y una deficiente labor de prevención del delito propiciaron la vulnerabilidad de periodistas y medios de comunicación.
25. Con base en información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 1° de enero de 2014 al 31 de agosto de 2015, Guerrero y Chihuahua ocupan el segundo y tercer lugar nacional, en homicidios dolosos. En Tamaulipas ocurren tres de cada diez secuestros del país, convirtiéndose en el Estado con la mayor cuantía de ilícitos de este tipo, con 779 casos registrados durante el periodo referido.6 El común denominador en estas entidades federativas es un contexto de inseguridad y violencia.
26. El caso de Oaxaca, envuelto en un conflicto social vigente desde hace ya algunas décadas, pone de manifiesto un ejemplo más de incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores. Al encontrarse desarrollando su labor periodística, éstos resultan víctimas de
amenazas y agresiones directas no sólo por parte de la delincuencia organizada, sino también por autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno e, incluso, por parte de grupos civiles organizados.
27. Además de los homicidios, se advierte también la comisión de otros ilícitos que constituyen mecanismos de censura. Este Organismo Nacional ha registrado de 2005 a 2015 la desaparición de 20 periodistas, y 48 atentados en contra de medios de comunicación de 2006 a 2015, todo ello ha acontecido en 25 de las 32 entidades federativas.
28. Inicialmente los periodistas asesinados eran hombres. En los últimos años esta situación ha cambiado radicalmente. En fechas recientes, las mujeres periodistas comenzaron a ser blanco de amenazas y ejecuciones de manera creciente, sobre todo a partir de 2010, año en que se triplicaron las agresiones respecto al año anterior. CIMAC (agencia de noticias con especial interés en temas de género) señala algunas claves para entender este fenómeno y sus alcances. En el documento Violencia contra las mujeres periodistas en México 2010-2011, detalla minuciosamente la naturaleza de las agresiones y establece la metodología para entender las razones por las que los periodistas, hombres y mujeres, están siendo agredidos.8
32. El Estado mexicano ha adquirido responsabilidad en el ámbito internacional en materia de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, ya que ha suscrito, entre otros documentos, la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, de 1979, ratificada por México en 1981; la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing 1995 y su Plataforma de Acción, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, ratificada por México en diciembre de 1998.
34. La CmIDH ha manifestado su preocupación ante la situación de las mujeres periodistas y los riesgos diferenciados que enfrentan por el ejercicio de la profesión en las Américas, de manera particular ha sostenido “la poca atención dada hasta ahora al fenómeno y los obstáculos evidenciados para su denuncia y comprensión”9.
36. Un dato más que refleja las condiciones de inseguridad en que se encuentran los integrantes del medio periodístico consiste en que de 2010 a 2015, en 47 ocasiones este Organismo Nacional ha solicitado a diferentes autoridades la implementación de medidas precautorias ante la noticia de una probable agresión, cuando ésta se considera grave y sin necesidad de que estén comprobados los
hechos u omisiones atribuidos a la autoridad o servidores públicos presuntamente responsables, constituyendo razón suficiente que, de ser ciertos los mismos, resulte difícil o imposible la reparación del daño causado o la restitución al agraviado en el goce de sus derechos humanos.10
41. Resulta imprescindible que se adopte, además de una estrategia de protección, una política pública general de prevención. La Organización de las Naciones Unidas publicó el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, donde se prevé que “la promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas causas profundas de la violencia contra los periodistas”.11
42. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CmIDH ha destacado que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. También ha señalado que esta obligación resulta particularmente importante en países en los que existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades saben que existe un riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos.12
43. La Relatoría Interamericana identifica diversos “deberes” de prevención en favor de periodistas y comunicadores que el Estado mexicano debe adoptar.
44. El primero consiste en adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas.13 Ello significa que una de las maneras en que la violencia puede ser prevenida es a través de que las mismas autoridades asuman como una responsabilidad y un compromiso el respeto de los periodistas y los medios de comunicación, por lo que además de expresar públicamente que su trabajo es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, deben abstenerse de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios a un mayor riesgo de actos de violencia.
46. Una segunda medida propuesta por la CmIDH consiste en instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los periodistas y medios.14 La Relatoría Especial menciona que la debida capacitación a las fuerzas de seguridad del Estado sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática constituye un paso importante para prevenir la violencia contra los periodistas.
47. Sobre el particular, los Relatores Especiales sobre libertad de expresión, no sólo de la CmIDH sino también de la ONU, de Europa, y de la Comisión Africana de Derechos Humanos, emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron que se debería brindar capacitación adecuada sobre delitos contra la libertad de expresión, incluidos aquellos relacionados específicamente con cuestiones de género, dirigidos a los encargados de aplicar la ley.15
48. En tercer lugar se refiere, por parte de la CmIDH, el deber de los Estados de respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.16 La Relatoría menciona que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece claramente que todo comunicador social tiene derecho a la protección de sus fuentes y apuntes, por lo que es obligación del Estado hacer realidad esa protección.
49. Un cuarto deber del Estado es mantener estadísticas precisas sobre la violencia contra periodistas.17 De esa manera es posible comprender la magnitud y la modalidad de los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, lo cual resulta ser una condición fundamental para poder implementar políticas efectivas de prevención, como por ejemplo, el diseño de mapas de riesgo confiables.
51. Destaca también lo señalado por la CmIDH respecto a que “el diseño y mantenimiento actualizado de estadísticas e indicadores confiables sobre los diferentes factores que propician hechos violentos o delictivos constituye una herramienta insustituible para la implementación de un adecuado proceso de planificación estratégica, que representa una pieza clave de cualquier política pública”.18
52. Finalmente, el deber del Estado de sancionar la violencia contra los periodistas ha sido también referido por la Relatoría Especial de la CmIDH. Ello implica que para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcionada al daño cometido.19
54. Las medidas referidas por la Relatoría Especial para la libertad de expresión constituyen sugerencias que debieran ser atendidas para que los Estados asuman su deber de proteger a los periodistas y medios de comunicación con base en estándares internacionales relacionados con la protección de la libertad de
56. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 11 de junio de 2011, simboliza un cambio esencial en el modo en que se abordan los derechos humanos en México, reconociéndose en el artículo 1° de manera formal y plena la vigencia y aplicación de los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos.
58. El artículo 6° constitucional, párrafo primero, reconoce como derecho humano la libre expresión de las ideas, la cual no puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; asimismo, el artículo 7°, primer párrafo, prevé la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, por lo que ninguna ley o autoridad pueden establecer la previa censura, ni coartar la libertad de imprenta.
60. En los puntos 1°, 4°, 5°, 6°, 7° y 9°, de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión20, se prevé que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa. La libertad de expresión no es una concesión del Estado sino un derecho humano mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información, por lo que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, debe estar prohibida. De igual forma, delitos como el homicidio, secuestro, desaparición, intimidación o amenaza cometidos contra los miembros del gremio periodístico, así como la afectación material de las instalaciones de los medios de comunicación, como consecuencia de su actividad, se consideran violaciones a sus derechos fundamentales que restringen la libertad de expresión.
64. En los artículos 1°, 7° y 8°, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como 1°, 8° y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se prevén los deberes del Estado para con los gobernados, así como sus derechos a las garantías y protección judicial.
66. El Estado, para cumplir satisfactoriamente con tal deber, se encuentra obligado, de conformidad con el artículo 1°, tercer párrafo de la Constitución General, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; asimismo, ante posibles violaciones, estos deberes se traducen en la obligación de investigarlas, con la finalidad de identificar a los responsables, imponer las sanciones correspondientes y asegurar a la víctima la adecuada reparación del daño.
71. Por su parte, la Ley General de Víctimas 21 regula la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos de las víctimas del delito. En su artículo 1°, párrafo cuarto, se establece que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. De esta forma, se busca restituir el daño ocasionado a las víctimas a través de su derecho a recibir una atención expedita por parte del Estado, que incluye una mayor protección en caso de sufrir daños físicos o morales, así como apoyo por conceptos tales como pérdida de oportunidades, tratamientos médicos y terapéuticos, lucro cesante, asesoría jurídica, entre otros.
72. El derecho a la integridad y la seguridad personal, por otra parte, se encuentra establecido en preceptos de instrumentos internacionales y regionales, entre los que destacan los artículos 7°, 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1, 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3°, 5°, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2° del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y 1.2 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 22
73. La Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 23 tiene, entre otros objetivos, establecer la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, para desarrollar, implementar y operar las medidas de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, las cuales estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar agresiones potenciales a los integrantes del sector periodístico.
75. El ejercicio de la libertad de expresión en México enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años. Así lo han puesto de relieve diversos documentos de organismos internacionales como el Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010 de la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se menciona que el goce de la libertad de expresión en nuestro país enfrenta graves y diversos obstáculos, entre los que destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, así como la impunidad generalizada en esos casos.24
76. Agrega que las amenazas y hostigamientos son una característica regular del ejercicio del periodismo, principalmente del periodismo local que cubre temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública, entre otros. A esto se suma que muchas de las agresiones contra periodistas locales no se
denuncian formalmente por la falta de confianza en la gestión de las respectivas autoridades, por lo que desde el año 2000 México es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.25
82. Respecto del caso de V87, fue localizado sin vida el 23 de enero de 2014, cuando se encontraba en su domicilio en Chilpancingo, Guerrero. De la información que ha proporcionado la Fiscalía General de esa entidad se advierte que si bien se han practicado diligencias en la indagatoria correspondiente, a más de dos años de que se inició la misma aún no se han recabado los elementos para su determinación.
85. En el caso de V91, reportero en Oaxaca y Veracruz, fue privado de la vida el 11 de agosto de 2014 por un hombre que tocó a la puerta de su domicilio, ubicado en la primera entidad federativa en cita, preguntando por un coche que el periodista tenía en venta, siendo que al salir le disparó en varias ocasiones con un arma de fuego; los hechos son investigados por la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Oaxaca, ésta llegó a determinar la probable responsabilidad de una persona del sexo masculino, por lo que solicitó al Juez competente la orden de aprehensión respectiva, la cual le fue negada, apelando tal resolución; no obstante, esa autoridad ministerial no informó a esta Comisión Nacional que se hubiese practicado alguna otra diligencia para el debido esclarecimiento de los hechos con posterioridad a ello. Por lo que hace a la indagatoria radicada en la PGR por los mismos hechos, ésta después de más de un año de integración fue remitida a la Procuraduría local antes referida.
86. V93, locutor en el Estado de Tamaulipas, fue “levantado” en hechos atribuidos a integrantes del crimen organizado, siendo encontrado su cuerpo sin vida el 25 de agosto de 2014, en Reynosa, Tamaulipas; la Procuraduría General de Justicia del Estado inició una investigación por estos hechos, por su parte la Delegación de PGR en esa entidad radicó la averiguación previa correspondiente la cual se encuentra en integración.
89. La Comisión Nacional advierte la constante inactividad en el actuar de diversas autoridades, tanto antes como después de que se suscitaron los hechos en los que resultara desaparecido y asesinado el periodista; tal es el caso de una deficiente política de prevención del delito, una reacción tardía ante la emergencia y una ineficaz investigación de todas las líneas del caso. Igualmente, se observa que tanto el gobierno del Estado de Veracruz, a través del Secretario de Seguridad Pública, como el Presidente Municipal de Medellín e integrantes de la Policía de esa localidad, estaban al tanto de la situación de grave violencia y actividad del crimen organizado en la zona, sin haber actuado en consecuencia, tolerando la ocurrencia de éstos, aun cuando era de su conocimiento la denuncia activa que sobre los mismos realizaba la víctima a través de su medio de comunicación y por su activismo social en su comunidad, incluso el 15 de diciembre de 2014, dichas autoridades establecieron un acuerdo con pobladores de Medellín y específicamente de la colonia donde habitaba el periodista, comprometiéndose a reforzar la vigilancia, la labor de prevención, de combate al delito y la atención de emergencias, pero nada de lo comprometido sustantivamente funcionó el 2 de enero de 2015, lo que facilitó las condiciones para su agresión.
90. A esto se suman omisiones en la investigación ministerial del caso, como son: la falta de diligencias oportunas para la localización del agraviado, así como para la identificación y búsqueda de los responsables que incluyera la elaboración de retratos hablados, el cateo de domicilios o identificación de números telefónicos relevantes; la inexistencia o falta de operación de los sistemas de video vigilancia operados por la SSP, claves para rastrear a los responsables en diversos puntos identificables en la investigación, lo que incluye la identificación de los responsables de estas tareas y su procesamiento respectivo.
91. Cabe hacer mención que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE), inició la indagatoria correspondiente por los mismos hechos en donde antes de investiga los actos cometidos en agravio de V98, se avocó a cuestionar su labor como periodista; además, esta Comisión Nacional solicitó a dicha instancia atrajera el caso, a lo que esa autoridad argumentó que no contaba con elementos para ello, no obstante que en el caso se actualizaban al menos seis de los nueve supuestos previstos en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.
102.V116 el 27 de octubre de 2014, fue agredido junto con sus compañeros y camarógrafos por un grupo de sujetos armados, cuando se dirigían a las fosas clandestinas encontradas en Cocula, Guerrero. Sobre estos hechos incluso circula un video en redes sociales, en el que se observa a los sujetos armados bajar de un vehículo y acercarse al automóvil en el que se transportaban los periodistas, golpeando con un arma el cristal; posteriormente, la Secretaría de Gobernación informó a través de un comunicado que en los hechos citados estuvieron involucrados elementos de las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal que realizaban sus tareas de manera encubierta; asimismo, de la información recabada por esta Comisión Nacional se advierte que éstos fueron los agresores.
104.V117, reportero en San Luis Potosí, el 6 de septiembre de 2015 resultó agredido en un operativo realizado por elementos de la Procuraduría General de la República, en el que participaron también policías municipales del Ayuntamiento de Tamuin, lo anterior mientras intentaba cubrir una nota periodística relacionada con la detención de dos individuos detenidos en la plaza principal de esa localidad, ubicada en la Huasteca Potosina. En este caso, los servidores públicos intimidaron y golpearon al periodista aun cuando éste se identificó y a pesar de que varias personas que presenciaron los hechos referían públicamente que el agraviado era periodista. No obstante que la autoridad negó su participación en estos hechos, esta Comisión Nacional recabó diversos testimonios que confirman lo descrito por el agraviado.
105.V118, periodista en Iguala, Guerrero cuando acudió a documentar un enfrentamiento entre Policía Federal y civiles en esa ciudad el 2 de agosto de 2015, fue interpelado por un elemento de la Policía Federal División Gendarmería, quien sin razón justificada lo agredió tratando de despojarlo de su teléfono celular con el que había tomado fotos y videos de los hechos suscitados; no obstante que éste se acreditó como periodista, otros dos elementos de la Policía Federal incitaban a su compañero para que le quitara su teléfono celular.
108. Resulta necesario precisar que los agentes agresores pueden ser tanto servidores públicos como particulares con algún interés en incidir en la línea informativa que abordan los comunicadores o impedir o condicionar el flujo de diversa información que consideran sensible.
109. En los casos de agresiones efectuadas por particulares, la responsabilidad del Estado deviene de la omisión o deficiencia en la investigación de los hechos, tal es el caso de V119 quien el 10 de junio de 2014 fue agredido por parte de integrantes de grupos autodenominados “anarquistas”, en la investigación de los hechos se advierte dilación en la integración de la averiguación previa por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como lo son la falta de diligencias oportunas para la localización de los responsables de agredir al quejoso. Asimismo, la autoridad ministerial no se avoca a localizar y tomar declaración de los demás ofendidos.
111. En el caso de V121, directora de un portal de noticias en Veracruz, se advierten deficiencias en la integración de las indagatorias que con motivo de las denuncias que dicha comunicadora ha presentado integran la Fiscalía General del Estado de Veracruz y FEADLE. De manera recurrente, la agraviada ha sido objeto de intimidación y persecución por parte de agentes vinculados a funcionarios de gobierno que se ven afectados por su línea editorial, por lo que ha recurrido a las instancias procuradoras de justicia federal y estatal, siendo que los procedimientos que se siguen ante ambas instancias presentan dilaciones y se ha omitido realizar diversas diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados
115. En relación con hechos de amenazas e intimidación, se han documentado casos como los de V12226, V123, V124, V125 y otros integrantes del periódico que dirige; así como de V126.
118. Por lo que respecta al caso de V125 e integrantes del periódico que dirige, el primero de los hechos se registró el 4 de febrero de 2015 cuando un chofer de ese medio se dirigía por la autopista de cuota Reynosa-Matamoros y fue detenido por civiles armados, ordenándole que se bajara de la camioneta, habiéndolo despojado de sus pertenencias y de las llaves del vehículo, además de amenazarlo de muerte.
120.V126 el 25 de noviembre de 2015 recibió un sobre amarillo sin remitente, que fue enviado desde una oficina del Servicio Postal Mexicano y contenía una foto impresa, tomada de su semblanza que aparece en el medio El Universal, en la cual escribieron diversas ofensas además de amenazarla de muerte.
127. De la evidencia recabada por esta Comisión Nacional durante la investigación del primero de los casos, se advierte que V127, a fin de realizar sus labores como reportero de la sección policial en Reynosa, Tamaulipas, el 28 de julio de 2014 se presentó en las oficinas de la Policía Estatal Acreditable dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa en esa entidad federativa, para recabar información que difundir a través del citado
medio. Al percatarse que había mucho movimiento debido al ingreso a dicho inmueble de un convoy conformado por 5 vehículos automotores de esa corporación incluyendo un camión, el cual no se encontraba balizado, decidió tomar fotografías de tales sucesos, no obstante, el personal policial que se encontraba ahí le impidió que siguiera realizando su actividad, posteriormente argumentaron que los agredió motivo por el cual, arbitrariamente, lo detuvieron y presentaron ante el agente del Ministerio Público quien le atribuyó que lesionó a un servidor público de esa instancia, por lo que fue consignado al Juzgado Penal en esa localidad, en donde se le sigue proceso penal, lo que inhibió la realización de su trabajo.
128. V128, reportero de un grupo radiofónico en el Estado de Veracruz, el 1 de mayo de 2015, fue detenido por elementos de la Policía Naval, al estar documentando el desfile conmemorativo del día del trabajo que se realizaba en el Puerto de Veracruz; a pesar de que el agraviado señaló que su presencia en el lugar de los hechos se relacionaba con su actividad como periodista y que ofreció mostrar su identificación a quienes lo interrogaron, dichos servidores públicos lo esposaron al tubo de la “batea” de una camioneta y lo llevaron a las instalaciones de la Policía Naval en un lugar conocido como “Playa Linda”. Al llegar a las oficinas de la Policía Naval, los elementos de esa corporación le retiraron las esposas y le dijeron que lo iban a regresar al mismo sitio donde había sido detenido. Posteriormente fue puesto en libertad.
129. Esta Comisión Nacional se allego de suficientes elementos en la integración del caso, incluido un video que fue difundido en la red social YouTube, que permiten evidenciar que la detención de V128 fue realizada de manera arbitraria, ya que éste solo se encontraba realizando su trabajo.
130. En relación con el caso de V129, éste fue detenido el 12 de julio de 2015 por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México al realizar su labor periodística en las inmediaciones del penal de máxima seguridad del
Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, ante quienes en todo momento se identificó como periodista; no obstante, fue traslado a las instalaciones de la autoridad ministerial donde permaneció incomunicado por un lapso de seis horas, momento en el que se le informó que se le acusaba de usurpación de funciones, por ostentarse como Policía Federal, ya que una de las credenciales que utilizó para acreditarse como reportero fue expedida por la extinta Secretaría de Seguridad Pública en la que se hace mención al diario para el que labora; posteriormente, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, quien determinó su libertad.
132. Al respecto, los Relatores de la ONU y la OEA han señalado conjuntamente que el derecho a la libertad de expresión se ve favorecido cuando los Estados protegen la privacidad de las comunicaciones digitales, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos.27
133. La ciberseguridad se refiere al resguardo de los sistemas y datos informáticos. Por ejemplo, cuando un sitio de internet es objeto de ataques de los llamados Denial of Service Attacks (DoS), o los que se llevan a cabo por medio de virus o gusanos informáticos dirigidos a los equipos de los emisores, entre otros, se está ante agresiones informáticas que pueden estar dirigidas a personas en particular o a medios de comunicación, y que pueden ser enormemente disruptivas para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, razón por la cual el Estado está obligado a investigar estos ataques.28
135. De conformidad con la organización Freedom House, este tipo de agresiones contra la ciberseguridad en México se incrementaron en 2012 cuando fueron atacados diversos portales de medios de comunicación, y continuaron en 2014 cuando se cometieron ataques cibernéticos contra diversos medios que los dejaron sin funcionamiento de manera temporal.29
136. La garantía a la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación,30 por lo que las conductas que atentan contra este derecho y que son cometidas contra los periodistas, así como los ataques cibernéticos contra las páginas electrónicas o redes sociales de los medios de comunicación deben ser investigadas y sancionadas.
137. Por otra parte, integrantes del semanario MC51 manifestaron que dicha publicación ha sido clonada en su versión impresa y digital en diversas ocasiones, además de que una versión apócrifa del semanario ha sido publicada a través de la cuenta de Twitter de un servidor de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo. Respecto de tales hechos, esta Comisión Nacional se allegó de diversas constancias documentales que confirman que la portada apócrifa del número 548 de dicho semanario efectivamente fue difundida en esa red social por el referido servidor público.
140. De los 176 casos descritos, de acuerdo con la información que proporcionaron la Procuraduría General de la República, así como las Procuradurías y Fiscalías en las entidades federativas, 106 indagatorias se encuentran en trámite. Resulta alarmante advertir que 45 de éstas se encuentran en integración desde hace 5 años o más, alcanzando hasta 15 años en uno de los casos, asimismo, en la mayoría de los casos se observa que si bien las autoridades ministeriales realizan diversas diligencias, estas no resultan del todo idóneas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los probables responsables de los mismos, ni el motivo y las causas que ocasionaron la agresión.
145. Respecto de los casos de homicidios de periodistas, de la información obtenida se tiene que en 37 casos las autoridades ministeriales consignaron las averiguaciones previas respectivas ordenando el archivo definitivo de 2 de los casos y en 17 procesos penales (16%) el juez de la causa dictó sentencia, siendo que en 3 se sobreseyó la causa penal, quedando aún sin sentencia 17 de éstos, lo que sumado a los 70 casos sin consignar implica un 82% como índice de
impunidad en el caso de homicidios:
146. En relación con los asuntos de presuntas desapariciones de periodistas se advierte que de los 20 casos registrados por la Comisión Nacional, tan solo en 1 caso las autoridades ministeriales consignaron la averiguación previa respectiva y no se ha dictado sentencia, lo que arroja un 100% de índice de impunidad:
147. En lo que respecta a hechos de atentados contra instalaciones de medios de comunicación, la información con la que se cuenta es de 48 casos, de los que las autoridades ministeriales reportaron que consignaron sólo 4 averiguaciones previas en cuyos procesos no se ha dictado sentencia, ordenando el archivo definitivo de 3 de los casos, los cuales sumados a los 42 casos sin consignar, implican un 100%
de índice de impunidad:
148. En relación con la razonabilidad del plazo de las investigaciones, la CmIDH concluyó que cuando este es incumplido se incurre en responsabilidad internacional por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial contemplados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con la obligación general prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento.
149. Lo anterior lo estableció al determinar el caso de Pedro Peredo Valderrama, concluyendo que “la obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos no puede ser delegada ni renunciada por un Estado, sobre todo cuando su sistema procesal le atribuye el monopolio de la acción penal. Este es el caso de México, cuya legislación interna
confía el ejercicio de la acción penal exclusivamente al Estado.” 31
150. Asimismo, estableció que el Estado mexicano faltó a su deber de proporcionar un recurso sencillo y efectivo, que permitiera investigar la violación del derecho a la vida del señor Peredo Valderrama “con las debidas garantías, y dentro de un plazo razonable”.32
152. En la anterior cifra no se contienen las 18 indagatorias que fueron iniciadas en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP)33 y continuadas por la FEADLE, así como aquéllas que posterior a su remisión por incompetencia hubieran sido devueltas a ésta última por las procuradurías general de justicia de las entidades federativas o por las instancias judiciales en los casos de las consignaciones.
155. Lo anterior refleja que de los 762 casos iniciados por esa instancia, el 28% de investigaciones permanecen sin determinación y en el 12% se ejerció acción penal, sin contar con información sobre en cuales casos se dictó sentencia, ya que este dato no fue proporcionado por la FEADLE.
156. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión informó que, de conformidad a la adición del párrafo segundo a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución34 y las consecuentes modificaciones a diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal35, mediante el cual se otorgó al Ministerio Público de la Federación la facultad de atracción para conocer y perseguir los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta y tengan ciertas características descritas en la norma, ha ejercido tal facultad en 43 casos.
157. Esta Comisión Nacional se pronunció respecto a la necesidad de dicha reforma en la Recomendación General número 17, en la que estableció que “la discrecionalidad en relación con la facultad de atracción que le fue conferida a dicha Fiscalía debe regularse con mayor precisión en cuanto a sus alcances, ya que la falta de criterios definidos al respecto propicia que se seleccionen los casos o se retrasen algunas investigaciones, por lo que resulta incompetente para iniciar las investigaciones en un alto porcentaje de los casos que conoce…”, de esta manera, una vez efectuada la reforma, el artículo 10, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de que las víctimas se inconformen ante el Procurador General de la República, en caso de obtener una negativa en su solicitud de atracción del caso por parte del agente del Ministerio Público de la Federación. Cabe indicar la necesidad de que se aplique la ley en sus términos y se generen protocolos y lineamientos de actuación bien definidos para facilitar al representante social de la federación el ejercicio de esta facultad en beneficio de las víctimas, en los casos que se cumplan los supuestos fijados por la norma en la materia.
161. Así lo ha reconocido la Corte Interamericana al expresar que la impunidad se institucionaliza ante “la falta en su conjunto de investigaciones, persecución y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.36 Cuando el delito no es castigado, acaba siendo recurrente.
162. La Corte Interamericana también ha sostenido que “es deber del Estado investigar los delitos de manera efectiva, sin que se pueda estar satisfecho cuando la investigación no produce un resultado tangible, cuando no se emprende con seriedad y compromiso real, quedando en una simple formalidad para tratar de justificar el cumplimiento del deber; por ello, las responsabilidades del Estado
demandan ser asumidas por éste como deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses personales, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima u ofendidos o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad, lo cual cobra valor con independencia de la calidad que ostente el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, por ejemplo a los particulares”.37
165. La responsabilidad del Estado Mexicano al no contar con un sistema de procuración de justicia eficaz que permita castigar a los agresores de periodistas y
comunicadores genera una situación de impunidad. Esto se ve reflejado en la posición que ocupa nuestro país en el ranking de impunidad respecto de periodistas asesinados del Comité para la Protección de los Periodistas, el cual ubica a México en el séptimo lugar.38
167. Especialmente preocupante resulta la falta de Fiscalías o Unidades investigadoras en las entidades federativas en las que se advierte una mayor incidencia de agresiones en contra de periodistas y comunicadores. Por mencionar algunos, en los estados de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, donde tienen lugar más de 4 de cada 10 homicidios de periodistas en nuestro país, no se cuenta con agencias investigadoras especializadas en materia de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión39, por lo que debe promoverse su creación.
169. La Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ordenó la creación de un mecanismo de protección específico y común para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Con este fundamento se creó el “Mecanismo para la Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, que tiene como objetivo garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
171. La máxima instancia en la toma de decisiones de dicho Mecanismo es la Junta de Gobierno la cual está conformada por 9 miembros permanentes: un representante de la Secretaría de Gobernación (quien la preside); un representante de la Procuraduría General de la República; un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; un representante de la Secretaría de Seguridad Púbica; un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y 4 representantes del Consejo Consultivo; así como invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia Nacional de Gobernadores, del Poder Judicial de la Federación, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
172. El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y está integrado por 9 consejeros, en cuya integración la Ley prevé un equilibrio entre
personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
173. No obstante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo, esta no es ajena a la preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil respecto de sus deficiencias, e incluso ha recibido quejas en contra de la Coordinación Ejecutiva Nacional, así como de algunas Unidades del mismo; en tales casos se ha solicitado la información respectiva de la que se advierten omisiones en agravio de V130, V131 y V132.
176. Al inicio de la operación del Mecanismo la autoridad argumentó en algunos casos carecer de recursos humanos, materiales y tecnológicos para atender la solicitud de medidas cautelares, lo que no la exime del cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 1º; párrafos primero, segundo y tercero, y 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 25,
26, 31, 38 de la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91 y 96 de su Reglamento.
180. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el deber de prevención al que se encuentran sujetos, en términos generales, los Estados, se compone de tres elementos que han de ser concurrentes: a) el conocimiento de la situación de riesgo real e inmediato; b) un individuo o grupo de individuos
determinado que se encuentre sometido a tal situación, y c) posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.40
181. La Corte Interamericana distingue, tratándose del deber de prevención, dos momentos en que debe ser analizado: a) cuando el contexto de vulnerabilidad de un grupo de víctimas indeterminado representa un riesgo acentuado que impone al Estado una responsabilidad reforzada de protegerlas, y b) cuando el Estado tiene conocimiento del riesgo real e inminente al que las víctimas se encuentran sometidas y, por tanto, éstas son determinadas o identificadas. La Corte Interamericana concluyó que la ausencia de una política orientada a la prevención, la persecución y sanción de delitos, implica una falta a su deber de prevención general; asimismo, que la actuación del Estado trasciende a su responsabilidad internacional en el análisis del segundo momento, cuando está en conocimiento de un riesgo real e inminente y concurren los tres elementos anteriormente señalados.41
182. La CmIDH, en su informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, estableció que los Estados miembros deben dar adecuado cumplimiento a sus obligaciones positivas respecto a los derechos comprometidos en esta materia, transformando el contenido de estas orientaciones en un marco normativo institucional, a la vez que disponiendo las asignaciones presupuestales indispensables para hacer viables las respuestas operativas a las víctimas de la violencia y el delito, destacando, entre otros aspectos, el marco normativo y las prácticas institucionales que deben tener en cuenta las necesidades de capacitación del personal policial, judicial, de salud y de los servicios sociales oficiales; la existencia de protocolos de intervención comunes a todas las áreas del Estado involucradas y el funcionamiento de una infraestructura apropiada.42
183. Cabe destacar lo señalado por la CmIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el más reciente informe en relación con la labor del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el que se menciona la importancia de “(…)tomar todas las medidas necesarias para […] garantizar que los estudios de riesgo y la implementación de las medidas urgentes, de prevención y de protección sean realizados de manera adecuada, en los plazos previstos en la ley…”.43
185. En consecuencia, además de no generar la autoridad el documento de otorgamiento de medidas al que se refiere el artículo 8944 del Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, omite también informarles sobre los elementos considerados para fijar las medidas cautelares, incumpliendo con la obligación que tiene toda autoridad de fundamentar sus resoluciones en los preceptos legales sustantivos y adjetivos, así como de exponer mediante una serie de razonamientos lógico-jurídicos los motivos por los cuales se emitió el acto de autoridad.
186. La fundamentación y motivación de las determinaciones que se tomen por el Mecanismo o sus Unidades no deben limitarse a los documentos internos del mismo, a las actas de la sesiones de la Junta de Gobierno o a la documentación generada por las Unidades respectivas, sino que éstas deben expresarse en las notificaciones que se realicen tanto a los peticionarios como a las autoridades involucradas en la implementación de las medidas de protección, debiendo incorporar los instrumentos y la jurisprudencia internacional que resulten aplicables, con la finalidad de cumplir con los estándares internacionales de protección.
190. El artículo 90 del Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, prevé que la elaboración del estudio de evaluación de riesgo se realizará con la participación y opinión de la persona beneficiaria, lo que impone a los servidores públicos del mecanismo la obligación de fijar las condiciones necesarias para propiciar dicha participación, estableciendo los criterios necesarios para que se de en los plazos previstos por la normatividad.
193. Los Convenios de Cooperación contemplan acciones conjuntas para facilitar la operación eficaz y eficiente del Mecanismo, a través del intercambio de información, el seguimiento puntual de medidas, el estudio de estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección, así como la promoción de reformas y adiciones a la
legislación para mejorar la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
198. El hostigamiento jurídico, consiste en el emprendimiento de acciones legales contra los periodistas y/o comunicadores, como medio de intimidación, por las críticas que han hecho a personas que participan en la vida política del país, y aun va más allá de los agentes de Estado, puesto que se incluye a particulares que bajo la protección y aquiescencia del Estado tratan de coartar la libertad de expresión mediante dicho medio indirecto.
199. La CmIDH ha enfatizado que la utilización de mecanismos penales, tales como las normas sobre difamación, calumnia e injuria, para proteger la honra y reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer cargos públicos, vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana, ya que no hay un interés social imperativo que la justifique; resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público.45 Además, existen otros medios menos restrictivos para que las personas involucradas en asuntos de interés público puedan defender su reputación frente a ataques infundados. Tales medios son, en primer lugar, el aumento del debate democrático, al cual los funcionarios públicos tienen amplio acceso; si ello fuera insuficiente para reparar un daño causado de mala fe, podría acudirse, en segundo lugar, al derecho de réplica o a la vía civil, aplicando el estándar de la real malicia.46
200. En el mismo sentido, la Corte Interamericana señala expresamente que la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple al establecer una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y a través de la promulgación de leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formar opinión y expresarla.47
201. Los instrumentos internacionales también se han ocupado en señalar la necesidad de despenalizar los delitos de opinión, los cuales limitan la libertad de expresión al castigar las expresiones que pudieran ofender a los funcionarios públicos. La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala en el principio 10 que “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”.
202. Por otra parte, la consideración sobre los efectos que las sanciones penales pueden tener sobre los comunicadores sociales y la necesidad de despenalizar las críticas a funcionarios públicos y a personas que se involucran voluntariamente en asuntos de interés público ha sido determinante en las decisiones de los órganos del sistema interamericano, como lo muestran los casos Canese48 y Herrera Ulloa.49
203. Como se puede observar, de acuerdo con las normas internacionales y jurisprudencia más avanzada, la vía civil es el camino compatible con los estándares democráticos internacionales para sancionar los posibles abusos de la libertad de expresión. Pero no basta, tampoco, sancionar a través de cualquier tipo de responsabilidad civil, sino que debe existir proporcionalidad en las sanciones; es
decir, se debe cuidar que las sanciones civiles no sean desproporcionadas de tal forma que tengan el efecto inhibidor que se busca evitar al prohibir la sanción penal.
204. En conclusión, se debe tener la mayor prudencia cuando las medidas o sanciones impuestas por las autoridades puedan disuadir a la prensa o a los autores a participar en la discusión de cuestiones que presentan un interés general legítimo. Si se trata de una sanción penal, la naturaleza y gravedad de la pena impuesta son elementos a tener en cuenta cuando se trata de apreciar la proporcionalidad de la injerencia, y cuando se trata de una sanción pecuniaria, se debe considerar que toda decisión que conceda daños y perjuicios debe ser proporcional a la afectación causada a la reputación. Desde luego, si no correspondía su imposición, se quiebra la exigencia de proporcionalidad.50
205. En México la despenalización federal de los denominados delitos de prensa o delitos contra el honor se produjo cuando se derogaron, mediante reforma legal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de abril de 2007, los delitos de calumnia, difamación e injuria, previstos en los artículos 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Penal Federal; además, se adicionaron los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil Federal, relativos al daño moral, que fijan las responsabilidades por los daños causados al honor de las personas.
206. A partir de estas reformas se dio una importante tendencia en las distintas entidades federativas a despenalizar dichas conductas. A la fecha 23 de ellas han derogado por completo de sus legislaciones penales los delitos contra el honor: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México.
210. Por otra parte, se reconoce el avance que significó el que fueran derogados los artículos 1º y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta,51 tutelándose el derecho a la libre expresión y el derecho a la privacidad, al honor y a la buena reputación de las personas, acorde con las garantías plasmadas en nuestra Constitución Política y en armonía con las reformas al Código Penal Federal que derogaron los artículos
350 al 363. El artículo 1° de la Ley sobre Delitos de Imprenta tipificaba las conductas que constituyeran ataques a la vida privada y que se consideraban un exceso al ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 31 del mencionado ordenamiento establecía las sanciones correspondientes a las conductas descritas, que iban desde la multa a la pena de prisión.
213. En palabras de la propia Comisión Interamericana: “…si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica (…) el uso de tales poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con la libertad de expresión y pensamiento consagrada en el artículo 13 y con el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida”.52
214. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el marco de su competencia, ha promovido los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas tanto a nivel federal como local en la materia; asimismo ha documentado violaciones al derecho a la libertad de expresión por medios indirectos como el hostigamiento
jurídico, emitiendo las recomendaciones pertinentes al respecto.
215. La CNDH se ha pronunciado sobre este tipo de medios indirectos en la Recomendación 49/2007, en la que se acreditó que servidores públicos del Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, violentaron el derecho a la libertad de expresión del director general de la revista Contrapunto, quienes el día 18 de noviembre de 2006 lo detuvieron durante un evento del presidente municipal, mientras repartía ejemplares de la revista que contenía acusaciones de corrupción pública y lo inculparon de faltas administrativas. En la Recomendación se mencionó que el actuar de los servidores públicos tuvo como consecuencia la aplicación de medios indirectos para limitar la libertad de expresión, a través de mecanismos aparentemente legales con los que se intentó evitar que se difundiera o publicara información de diversa índole.
216. Este Organismo Nacional también documentó el caso de V133, quien con motivo de su labor periodística fue objeto de acción penal en su contra por el delito de sabotaje y no tuvo derecho a la libertad provisional bajo caución, lo que fue objeto de pronunciamiento de esta Comisión Nacional en la Recomendación
13/2015, en la que advirtió que el ejercicio de la libertad de expresión del comunicador, sumado a lo endeble de las pruebas para demostrar que cometió dicho delito, acredita una relación de incidencia entre el ejercicio de ese derecho y el hecho de que se encontrara privado de la libertad, por lo que constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de expresión.
217. Este caso debe analizarse en consonancia con la necesidad de eliminar cualquier limitación a la libertad de expresión desde el ámbito del derecho penal, sin que ello signifique que el Estado eventualmente pueda utilizar este último recurso para regular una forma de expresión. Pero también, como lo ha señalado la Corte Interamericana, el uso del derecho penal para limitar la libertad de expresión debe ser una medida excepcional que debe analizarse con cautela, considerando la extrema gravedad de la conducta desplegada por un periodista o medio de comunicación, el dolo con que actúo, las características del daño
injustamente causado y otros que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales.53
219. Sobre el particular, la CmIDH ha señalado que “la parcialidad o desviación de poder por parte de los jueces debe ser probada en forma consistente, en particular, cuando actúan dentro de la competencia que les asigna la ley (…)”. En ese sentido, debe existir prueba concreta directa en orden a establecer si procedimientos formalmente válidos no fueron utilizados como recursos legítimos de administración de justicia sino como mecanismos para cumplir con finalidades no declaradas, que no eran evidentes a primera vista.54
221. Para evitar que se utilice el sistema judicial como un medio para restringir la libertad de expresión, se debe exigir que las resoluciones de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia estén debidamente motivadas, quedando claro cuál es el razonamiento y fundamentación de su resolución. Como ha señalado la CmIDH, el deber de motivación es una de las garantías incluidas en
artículo 8.1 de la Convención Americana para salvaguardar el derecho a un debido proceso. El mencionado organismo internacional ha precisado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una concusión y constituye un derecho a que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos o intereses de las personas estén debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Dicho deber es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.55
222. En nuestro país, la prohibición de la censura previa se encuentra en el segundo párrafo del artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece claramente que “ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más limites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.
224. En el mismo sentido, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prohibición de la censura implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad; máxime que la regla general según la cual el ejercicio de la libre expresión y de la libertad de imprenta sólo puede someterse a responsabilidades ulteriores y no a controles a priori, se ha convertido, de hecho, en uno de los criterios indicativos del grado de democracia de los sistemas de gobierno.56
225. El tema de la censura y las restricciones preventivas ha sido objeto de interpretación por la CmIDH, en el Informe número 11/96, “Caso Martorell”, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-5/85 sobre colegiación obligatoria de periodistas, en el caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile,57 también conocido como “La última tentación de Cristo”, cuando se prohibió la exhibición de la película, en el caso Humberto Palamara Iribarne vs. Chile,58 cuando pretendió publicar el libro “Ética y el servicio de inteligencia”, pero se incautó el material de imprenta, se eliminó el texto de su computadora personal y fue condenado por el delito de desacato, y en el caso Kimel vs. Argentina,59 cuando se sancionó con cárcel al historiador, periodista, escritor e investigador que publicó el libro “La masacre de San Patricio” relacionado con hechos ocurridos durante la dictadura en Argentina.
A la Gobernadora y Gobernadores de los Estados, así como al Jefe de
QUINTA.– Se lleven a cabo las gestiones necesarias para la creación de Fiscalías o Unidades especializadas en la persecución de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión en aquellas entidades en las que se advierte una alta incidencia delictiva en contra de periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
PRIMERA.– Garantizar la seguridad de los periodistas y comunicadores, conforme se definen en el párrafo noveno de esta Recomendación General, en eventos públicos que por su propia naturaleza impliquen la presencia de medios de comunicación, debiendo prever las medidas y protocolos necesarios para reaccionar en casos de que se susciten agresiones en contra de éstos.
SEGUNDA.– Capacitar en materia de derechos humanos y libertad de expresión al personal a su cargo que por su función pudiera tener contacto constante con periodistas o comunicadores, a efecto de garantizar que sus actuaciones respeten los derechos de los periodistas en el ejercicio de su profesión.
SEGUNDA.– Se genere y haga del dominio público, a través de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un reporte semestral respecto del monitoreo nacional de las agresiones que sufren los periodistas, comunicadores y medios de comunicación en México, identificando a través de un semáforo de riesgo aquellas entidades con mayor incidencia, así como el tipo de agresiones más recurrentes en esos estados.
TERCERA.– Garantizar oportunas, suficientes y adecuadas medidas de protección en favor de las personas beneficiarias, evitando la dilación en su instauración, para evitar poner en riesgo su seguridad e integridad personal.
CUARTA.– Dar continuidad a la capacitación que en materia de evaluación de riesgo se ha proporcionado al personal de la Coordinación Ejecutiva Nacional del
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como procurar su estabilidad laboral a fin de evitar la frecuente rotación del mismo.
PRIMERA.– Garantizar la seguridad de los periodistas y comunicadores en eventos públicos que por su propia naturaleza impliquen la presencia de medios de comunicación, debiendo prever las medidas y protocolos necesarios para reaccionar en casos de que se susciten agresiones en contra de éstos.
TERCERA.– Impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos y libertad de expresión a los servidores públicos de los municipios y delegaciones que, por sus atribuciones, tengan contacto con periodistas, comunicadores o medios de comunicación, conforme se definen en el párrafo noveno de esta Recomendación General.
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