Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S43-05.html
Timestamp: 2015-04-21 06:37:20
Document Index: 367769544

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 29', 'artículo 12', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 11']

Cristián Daniel Sahli Vera y otros v. Chile, Caso 12.219, Informe No. 43/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 43/05
6.Los peticionarios alegan que las presuntas víctimas al cumplir 18 años de edad, de conformidad con la legislación vigente en el Estado chileno, se encuentran bajo la obligación de cumplir con el servicio militar obligatorio. Los peticionarios sostienen que en el mes de diciembre de 1998, con anterioridad a la confección por parte del Estado de la lista de los ciudadanos que deben cumplir con el servicio militar, la cual se publica en el mes de marzo de cada año, las presuntas víctimas presentaron solicitudes individuales ante la oficina de Partes del Departamento de Reclutamiento de la Dirección General de Movilización del Estado de Chile, en las cuales expresaban su objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y a su participación en dicho servicio militar. 7.Los peticionaron manifiestan que las presuntas víctimas nunca recibieron respuesta a las solicitudes presentadas y que, pese a la expresa objeción de conciencia, sus nombres fueron incluidos en el llamamiento ordinario y obligatorio a rendir el servicio militar. Asimismo, los tres jóvenes fueron citados a presentarse los días 18 y 19 de marzo de 1998 a las 8.00 a.m., para así dar curso regular al cumplimiento de esa obligación. 8.En relación con el requisito de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, los peticionarios señalan que los peticionarios presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a favor de su derecho de libertad de conciencia contenido en el artículo 19(6) de la Constitución Política de la República de Chile. El 22 de marzo de 1999, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró la inadmisibilidad del recurso de protección. Los peticionarios presentaron un recurso de reposición contra esta decisión que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 29 de marzo de 1999. 9.Los peticionarios sostienen que el Estado de Chile ha incurrido en la violación de los derechos y garantías contenidos en los artículos 12 y 11 en conexión con los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, en perjuicio de los señores Cristian Daniel Salhí Vera, Claudio Salvador Fabricio Basso Miranda y Javier Andrés Garate Neidhardt.
36. En el sistema interamericano, hasta ahora no se ha dictaminado en casos sobre la cuestión de la objeción de conciencia y la Comisión sólo ha hecho referencia a la cuestión fuera del contexto de las peticiones individuales.[27] Dado que las Naciones Unidas y el sistema europeo han debido interpretar disposiciones similares de sus respectivos instrumentos de derechos humanos, un breve examen de su jurisprudencia puede servir de orientación en este caso. 37. La Convención Americana no crea y ni siquiera menciona expresamente el derecho de “objeción de conciencia”, el alegado derecho a no ser obligado a cumplir, por razones de conciencia, las imposiciones de la ley. El término “objetores de conciencia” sólo aparece una vez en la Convención Americana. En el artículo 12, que establece el derecho a la libertad de conciencia y religión, no se hace mención explícita al término “objeción de conciencia”, sino que se hace referencia al mismo en el artículo que define el trabajo forzado u obligatorio.[28] El artículo 6 de la Convención Americana define el derecho a ser libre de la esclavitud o de la servidumbre involuntaria, y el artículo 6(3)(b), siguiendo el Convenio Nº 29 de la OIT sobre la misma materia, expresamente excluye de la definición de trabajo forzado o compulsivo el “servicio militar y, en los países que reconocen a los objetores de conciencia, el servicio nacional que la ley prevea en lugar del servicio militar.” (subrayado del autor).
53. Los disidentes en Foin concluyeron que el servicio más prolongado para los objetores de conciencia se basaba en criterios razonables y objetivos y no equivalía a discriminación.[52] Los disidentes indicaron que el otorgamiento de la condición de objetor de conciencia, que sigue quedando a opción del Estado (dado el renvoi al artículo 8), requiere fundamentos de conciencia y que la mera oposición al servicio militar sería “inaceptable”.[53] 54. En Westerman c. Países Bajos (682/1996), uno de los casos pilotos considerados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la materia, el peticionario procuró ser reconocido como objetor de conciencia pero fue rechazado por las autoridades holandesas. Pese a sus objeciones, fue reclutado en el servicio militar, tras lo cual se rehusó a cumplir tareas militares, lo que lo hizo responsable y fue acusado penalmente. Al comienzo del servicio militar, se le ordenó vestir el uniforme, a lo que se negó, y se negó a todo tipo de servicio militar, por razones de conciencia. Fue juzgado y condenado por ser un “objetor total”, por negarse a todo tipo de servicio militar. La “negativa total” a cumplir el servicio militar era delito cuando así actuó, de acuerdo con el antiguo Código Penal Militar y de acuerdo con el nuevo Código Militar. El Estado argumentó que el Pacto no precluye la institución del servicio militar obligatorio y la cuestión de si el Estado reconoce las objeciones de conciencia al servicio militar queda expresamente en manos de los propios Estados.[54]
66. En 1983, el Parlamento Europeo aprobó su primera resolución sobre el tema, en la que señalaba que “la protección de la libertad de conciencia implica el derecho a negarse a cumplir el servicio militar armado y a retirarse de dicho servicio por razones de conciencia” y se afirmaba que “ningún tribunal ni comisión puede penetrar la conciencia de un individuo y que, por tanto, en la gran mayoría de los casos, debe bastar una declaración que establezca los motivos de la persona para que obtenga la condición de objetor de conciencia.”[71] 67. El 9 de abril de 1987, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la Recomendación No. R(87)(8) que establecía el derecho a un servicio sustitutivo en los Estados que tenían servicio militar obligatorio:
74. El 18 de abril de 1991, la Sala Tercera de la Suprema Corte Administrativa celebró audiencia y el 25 de mayo de 1991 decidió referir el caso al plenario de la Corte debido a las importantes cuestiones que el mismo planteaba. La propia opinión de la Sala era que la persona que no estaba calificada para la designación en el servicio civil no podía ser designada como contador público. De acuerdo con la ley (el Código del Servicio Civil) ninguna persona condenada por un delito grave podía ser designada en la administración pública.[78] El 11 de noviembre de 1994, el plenario de la Corte sostuvo que el Directorio había actuado conforme a la ley y el caso fue devuelto a la Sala Tercera para examinar las cuestiones pendientes. El 28 de junio, la Sala Tercera rechazó un pedido del Sr. Thlimmenos de revisión judicial considerando que “su no designación por el Directorio no se relacionaba con sus creencias religiosas, sino con el hecho de que había cometido un delito penal.” [79] 75. Por ley promulgada en 1997, los objetores de conciencia que hubieran sido condenados por insubordinación en el pasado tenían la posibilidad de solicitar el reconocimiento de esa condición retroactivamente, con lo que se eliminaría su condena del prontuario correspondiente.[80] Las solicitudes de ese reconocimiento retroactivo debían presentarse dentro de los tres meses a partir del 1 de enero de 1998; el peticionario no supo de esta posibilidad y no se presentó.[81] La Corte Europea observó que, aunque el peticionario hubiera dejado pasar el plazo, su reivindicación de que no prestó servicios en las fuerzas armadas por sus creencias religiosas tendría que ser examinada por la Comisión, la cual habría asesorado al Ministro de Defensa Nacional sobre si debía reconocerlo o no como objetor de conciencia[82] y que la comisión no estaba obligada a reconocer a las personas como objetores de conciencia, sino que tenía discrecionalidad.[83]
96. En los países que no prevén la condición de objetor de conciencia en su legislación, los órganos internacionales de derechos humanos han concluido que no ha habido violación del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión. El sistema europeo se ha negado a reconocer un derecho a la condición de objetor de conciencia dentro del contexto más amplio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 9) debido a la referencia explícita a los “objetores de conciencia” en el artículo que exceptúa al servicio militar o al servicio sustitutivo de la definición de trabajo forzado o compulsivo (artículo 4(3) de la Convención Europea).[100] Análogamente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha negado a reconocer un derecho a la condición de objetor de conciencia en los países que no reconocen dicha condición, dentro del derecho a la libertad de conciencia (artículo 18), debido a la referencia explícita a los “objetores de conciencia” en el artículo 8, que prohíbe el trabajo forzado o compulsivo, en los “países en que los objetores de conciencia son reconocidos”, dejando, también en este caso, la puerta abierta para que el Estado opte o no por reconocer la condición de objetor de conciencia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido el derecho a la condición de objetor de conciencia como derivado del derecho a la libertad de conciencia en los países que han reconocido el derecho en su legislación, pero ha dejado en manos de las autoridades nacionales la determinación de si debe otorgarse o no a una persona la condición de objetor de conciencia, pese a la redacción del Comentario General 22, que establece que “no habrá diferenciación entre los objetores de conciencia sobre la base del carácter de sus creencias particulares”. 97. La Comisión no ve razón alguna para apartarse de esta jurisprudencia coherente y constante de los órganos internacionales de derechos humanos, que deriva de una interpretación con sentido común del significado claro y normal del texto de los respectivos instrumentos. La Comisión lee el artículo 12 (el derecho a la libertad de conciencia) conjuntamente con el artículo 6(3)(b) de la Convención Americana interpretando que reconocen expresamente el derecho a la condición de objetor de conciencia en los países en que dicha condición está reconocida en su legislación interna. En Chile, la condición de objetor de conciencia no está reconocida en las leyes nacionales, por lo cual el Estado argumenta convincentemente que no está obligado a otorgarla, dado que el artículo 12 de la Convención autoriza expresamente al Estado a limitar el ámbito del derecho por razones de seguridad nacional, habiendo así, por tanto, procedido. 98. En sus observaciones finales del 30 de enero de 2004, los peticionarios sostienen que el artículo 29(a) de la Convención Americana impide que los Estados partes interpreten una disposición de la Convención –en este caso, específicamente, la limitación dispuesta en el artículo 12(3)- como equivalente a impedir el goce del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o a restringirlos más que lo admitido en la Convención”.[101]
101. El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho de las personas a la privacidad y a la vida privada: Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 102. Los peticionarios consideran que se ha llevado a cabo una incursión arbitraria en la vida privada de las presuntas víctimas, en el marco del derecho contenido en el artículo 11 de la Convención Americana, ya que “el derecho a la privacidad constituye un espacio de autonomía moral dentro del cual cada individuo puede desarrollar, sin ser objeto de injerencias arbitrarias, todas aquella cuestiones que sean una manifestación de tal autonomía decisional y que representen su particular identidad personal”.[103]
[8] Denuncia, supra, nota 3. [9] Id.
[16] Respuesta del Estado del 16 de abril de 2003. [17] Id.
[35] Muhonen c. Finlandia, supra nota 33, párr. 11.2. [36] L.T.K. c. Finlandia (185/1984).
[38] J.P. c Canadá (446/1991) párr. 4.1. [39] Id. párr. 4.2
[61] Id. [62] Id. Los disidentes eran P. Bhagwati, L. Henkin, C. Medina, F. Pocar, M. Scheinin y Solari Yrigoyen.
[73] Com. Eur. D. H., Fadini c. Suiza, E.H.R.R. CD 13. App. Nos. 17003/90 y 18206/91. [74] Corte Eur. D. H., Manoussakis y otros c. Grecia, Sentencia del 26 de septiembre de 1996.