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Timestamp: 2019-09-16 12:03:26
Document Index: 267124648

Matched Legal Cases: ['artículo 63', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 27', 'artículo 63', 'artículo 27']

Resolución de la corte interamericana de derechos humanos1 de 13 de febrero de 2017 medidas provisionales respecto de brasil asunto del instituto penal plácido de sá carvalho
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ASUNTO DEL INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO
El escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) de 23 de enero de 2017 y sus anexos, mediante los cuales sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) una solicitud de medidas provisionales, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y 27 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), con el propósito de que el Tribunal requiera a la República Federativa de Brasil (en adelante “Brasil” o “el Estado”) que adopte sin dilación las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (en adelante también “IPPSC”), así como de cualquier persona que se encuentre en dicho establecimiento, ubicado en el Complejo Penitenciario de Gericinó, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.
El 30 de marzo de 2016 la Defensoría Pública de Río de Janeiro (en adelante “los representantes”) presentó a la Comisión Interamericana una petición, conjuntamente con una solicitud de medidas cautelares. El 13 de mayo de 2016 la Comisión solicitó información al Estado, y posteriormente el 15 de junio de 2016 concedió una prórroga de 15 días, no obstante el Estado no presentó ninguna información. El 19 de julio de 2016 la Comisión adoptó medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en dicho establecimiento carcelario mediante Resolución No. 39/2016.
Brasil no presentó información a la Comisión sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las medidas cautelares. El 5 de diciembre de 2016 los representantes informaron sobre la falta de adopción de medidas por parte del Estado e indicaron la necesidad de solicitar medidas provisionales a la Corte.
Mediante comunicación de 23 de enero de 2017, los representantes reiteraron ante la Comisión la necesidad de adopción de medidas provisionales y reportaron nuevas muertes ocurridas en diciembre de 2016 y enero de 2017.
Los argumentos de la Comisión para fundamentar su solicitud de medidas provisionales, entre los cuales señaló que:
Situación Crítica de hacinamiento
El 23 de enero de 2017 el IPPSC tenía capacidad para 1.699 internos y albergaba a 3.454 personas, representando un hacinamiento de 198%. En 2014, 2.850 personas estaban detenidas en ese centro penitenciario. En el mes de noviembre de 2014, la cifra aumentó a 3.144 detenidos. Para inicios del año 2016, había 3.478 detenidos. En diciembre de 2016, se registraban 3.367 personas.
En virtud de la sobrepoblación los detenidos permanecen más de 14 horas del día en sus celdas, y más de la mitad de las personas duermen en el suelo, unas pegadas a las otras. Si por la noche necesitan ir al baño, caminan por encima de sus compañeros, o usan bolsas plásticas. La Defensoría Pública y el Ministerio Público señalaron al Estado la necesidad de reducir la sobrepoblación. Sin embargo el pedido no fue atendido, sino que la situación se agudizó. Además del aumento poblacional, no se han adoptado medidas paliativas.
Acceso a la salud y salubridad
Desde 2012 habría serias deficiencias en materia de salud. Hay una consistente falta de tratamiento médico adecuado y la falta de atención a los internos del Instituto pone en riesgo su integridad personal. Con frecuencia los internos son trasladados tardíamente a un hospital.
Desde 2012 hay falta de personal médico suficiente. Actualmente el IPPSC dispondría de 1 médico, 2 enfermeros, 3 auxiliares y 1 asistente social; además, el Centro no cuenta con personal de psiquiatría permanentemente. Habría también escasez de medicamentos.
Los alojamientos de los pabellones contarían con un solo espacio destinado a la higiene personal, sin división entre ese espacio y las celdas. En general no habría retretes sino agujeros en el suelo. Los restos de comida se almacenan en el baño, provocando la aparición de ratas, chinches, garrapatas y otras plagas. El piso donde duerme una gran cantidad de los detenidos está lleno de animales e insectos.
Además, debido al alto índice de hacinamiento, la cantidad de agua disponible para consumo humano se ve reducida drásticamente. Esta situación genera aumento de tensión entre los detenidos. Los detenidos almacenan agua en bolsas plásticas y otros contenedores no apropiados.
El crítico hacinamiento ocasiona propagación de enfermedades contagiosas, de la piel y otras patologías. Además, la propagación de epidemias como dengue, zika y chikungunya en Brasil, y las condiciones de detención suponen un riesgo constante e inminente de contagio de enfermedades graves. En 2016 la mayoría de los detenidos presentaban enfermedades como tuberculosis y patologías de piel. Además, no hay previsiones necesarias para separar a personas con enfermedades infectocontagiosas del resto de la población carcelaria.
Entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2016, 13 personas fallecieron en el IPPSC. La información más reciente aportada ante la Comisión indica que para principios del mes de diciembre de 2016, habían fallecido en total 27 personas, y que en total se registraron 32 muertes en el 2016. Asimismo, los representantes han informado que durante los primeros días del mes de enero de 2017 se registraron otras 4 muertes. El IPPSC tiene 7.37% de la población carcelaria del estado de Rio de Janeiro, pero concentra 12.66% de las muertes. En al menos 7 casos, los detenidos fallecieron el mismo día en que fueron transferidos a los centros asistenciales o casi enseguida, con un uno o dos días de diferencia.
El IPPSC tiene un número reducido de agentes de seguridad, lo que genera una situación de riesgo en virtud del hacinamiento y tensiones internas.
A modo de información la Comisión destacó la falta de alimentación adecuada, la filtración del agua de la lluvia al interior de las celdas, el cableado eléctrico expuesto con riesgo de incendio, y la falta de entradas de aire y luz natural que generan un calor extremo y sofocante en el interior de las celdas.
La Comisión Interamericana solicitó a la Corte, con base en el artículo 63.2 de la Convención y 27 del Reglamento, que ordene al Estado adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad en el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Asimismo, la Comisión consideró prioritaria la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar que no se produzcan más muertes ni afectaciones a la integridad personal de los propuestos beneficiarios, y que las condiciones de detención y seguridad en el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho sean las adecuadas a fin de evitar situaciones incompatibles con el respeto a la dignidad humana. Específicamente, la Comisión solicitó que la Corte requiera al Estado desplegar todos los esfuerzos necesarios, en su condición especial de garante de los derechos de las personas bajo su custodia, para: i) lograr un control efectivo del centro penitenciario en estricto apego a los derechos humanos de las personas privadas de libertad; ii) eliminar los altos índices de hacinamiento; iii) asegurar el acceso de servicios de salud a personas que padecen de enfermedades graves; iv) evitar la propagación de enfermedades contagiosas entre los internos; y v) asegurar condiciones de detención compatibles con el respeto a la dignidad humana y de conformidad con los estándares internacionales en la materia, que tengan en cuenta los indicadores referidos en cuanto a infraestructura, instalaciones de salubridad e higiene, acceso a agua potable, entre otras.
Además, la Comisión consideró prioritario que se dote al centro penitenciario de personal de custodia capacitado, suficiente, y con todos los medios necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones en pleno respeto y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El 10 de febrero de 2017 el Estado presentó ante la Corte sus observaciones e informaciones respecto de la solicitud de la Comisión, entre otras cosas, el Estado indicó lo siguiente:
El servicio de energía eléctrica no ha registrado inconvenientes;
En la atención de salud, el Instituto dispone de un ambulatorio con un enfermero, tres técnicos de enfermería y un dentista. Además, hay un hospital 24 horas por día, así como una Unidad de Atención para casos de emergencia dentro del Complejo Penitenciario de Gericinó;
Dos asistentes sociales prestan atención a los internos regularmente. El Instituto también cuenta con tres psicólogas y una pasante de psicología quienes realizan atendimientos individuales o en grupo;
La Defensoría Pública realiza tres visitas por semana;
El 15 de agosto de 2016 fueron comprados 200 colchones nuevos. El 19 de octubre fue concluido el proceso de compra de camisas blancas y bermudas; el 2 de diciembre, de materiales de higiene personal y, el 8 de diciembre, de colchones adicionales;
Respecto a la superpoblación, está en funcionamiento un Comité Colegiado, compuesto por el Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro, la Secretaría de Administración Penitenciaria de Rio de Janeiro, el Ministerio Público de Rio de Janeiro, la Fiscalía de Justicia de Ejecución Penal, la Defensoría Pública General de Rio de Janeiro, el Núcleo del Sistema Carcelario, el Núcleo de Defensa de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados de Brasil y el Consejo Penitenciario de Rio de Janeiro, con la colaboración del Juzgado de Ejecución Penal. Dicho Comité está desarrollando un Plan de Reducción de la Superpoblación del Sistema Carcelario Fluminense. Dicho Plan tiene como objetivo “ajustar excesos o desvíos de ejecución y garantizar la salida de presos de acuerdo a metas, filtros de control y criterios sistematizados”;
La política gubernamental adoptada en relación con el Instituto no ha sido realizar traslados puntuales de presos, pues esa medida produciría un efecto momentáneo, pero el problema continuaría. Para que la superpoblación sea resuelta de manera eficaz y definitiva, es necesario, entre otras medidas, reevaluar la aplicación de criterios orientadores de distribución de presos en las unidades carcelarias y adoptar una acción conjunta coordinada entre varias instituciones;
Respecto a la infraestructura, se encuentran en curso procesos administrativos para la reforma general de los cinco pabellones del Instituto, con el objetivo de mejorar la circulación de aire y la entrada de luz solar en las celdas, la propuesta de construcción de un “módulo Galería”, y la construcción de una celda de espera con capacidad para 200 internos. Otros tres procesos administrativos se refieren al mantenimiento del sistema de combate a incendios;
El Estado no cuestiona la relevancia de la ejecución de esos proyectos, pero no dispone de presupuesto suficiente porque actualmente el gobierno del Estado de Rio de Janeiro pasa por una grave crisis presupuestaria, y
Las circunstancias indicadas por los representantes como supuestamente equivalentes a situaciones de extrema gravedad y urgencia, en realidad han sido tratadas por las autoridades competentes, a fin de garantizar condiciones dignas de vivienda para los detenidos. Así, los requisitos necesarios para la adopción de las medidas provisionales no fueron comprobados.
Brasil es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 25 de septiembre de 1992 y, de acuerdo con el artículo 62 de la misma, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998.
El artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, en “casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá, en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, a solicitud de la Comisión, ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes. Esta disposición está a su vez regulada en el artículo 27 del Reglamento de la Corte.
La presente solicitud de medidas provisionales no se origina en un caso en conocimiento de la Corte, sino en el marco de un caso contencioso en trámite ante la Comisión desde el 30 de marzo de 2016 y de medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana el 19 de julio de 2016.
El estándar de apreciación prima facie en un asunto y la aplicación de presunciones ante las necesidades de protección han llevado a la Corte a ordenar medidas en distintas ocasiones tratándose de situaciones carcelarias3. Si bien al ordenar medidas provisionales esta Corte ha considerado en algunos casos indispensable individualizar a las personas que corren peligro de sufrir daños irreparables a efectos de otorgarles medidas de protección4, en otras oportunidades el Tribunal ha ordenado la protección de una pluralidad de personas que no han sido previamente nominadas, pero que sí son identificables y determinables y que se encuentran en una situación de grave peligro en razón de su pertenencia a un grupo o comunidad5, tales como personas privadas de libertad en un centro de detención6. En el presente asunto, la Comisión Interamericana solicitó a este Tribunal que ordene la protección de todas las personas que se encuentren privadas de libertad en el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, ubicado en el Complejo Penitenciario de Gericinó, en Rio de Janeiro.
La Corte ha considerado necesario aclarar que, en vista del carácter tutelar de las medidas provisionales, excepcionalmente, es posible que las ordene, aun cuando no exista propiamente un caso contencioso en el Sistema Interamericano, en situaciones que, prima facie, puedan tener como resultado una afectación grave e inminente de derechos humanos. Para ello, se debe hacer una valoración del problema planteado, la efectividad de las acciones estatales frente a la situación descrita y el grado de desprotección en que quedarían las personas sobre quienes se solicitan medidas en caso de que éstas no sean adoptadas. Para lograr este objetivo es necesario que la Comisión Interamericana presente una motivación suficiente que abarque los criterios señalados y que el Estado no demuestre en forma clara y suficiente la efectividad de determinadas medidas que haya adoptado en el fuero interno7.
El artículo 63.2 de la Convención exige que para que la Corte pueda disponer de medidas provisionales deben concurrir tres condiciones: i) “extrema gravedad”; ii) “urgencia”, y iii) que se trate de “evitar daños irreparables a las personas”. Estas tres condiciones son coexistentes y deben estar presentes en toda situación en la que se solicite la intervención del Tribunal8.
En cuanto a la gravedad, para efectos de la adopción de medidas provisionales, la Convención requiere que aquélla sea “extrema”, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado. El carácter urgente implica que el riesgo o amenaza involucrados sean inminentes, lo cual requiere que la respuesta para remediarlos sea inmediata. Finalmente, en cuanto al daño irreparable, debe existir una probabilidad razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables9.
Ante esta solicitud de medidas provisionales corresponde al Tribunal definir si se encuentran cumplidos dichos requisitos y considerar únicamente las obligaciones de carácter procesal del Estado como parte de la Convención Americana. Asimismo, como lo señala su jurisprudencia constante, ante una solicitud de medidas provisionales, la Corte no puede considerar el fondo de ningún argumento que no sea de aquellos que se relacionan estrictamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a las personas. Cualquier otro asunto sólo puede ser puesto en conocimiento de la Corte en un caso contencioso10.
Al respecto, la Corte toma nota de las medidas adoptadas por el Estado para intentar garantizar mejores condiciones de habitabilidad y atención de salud para los internos presentes en el Instituto Plácido de Sá Carvalho (supra Visto 8). Por otra parte, la Corte también hace notar que el Estado no presentó ninguna información a la Comisión Interamericana, a pesar de diversas solicitudes y de la adopción de medidas cautelares el 19 de julio de 2016.
Sin perjuicio de lo anterior, llama la atención de la Corte que en su escrito de 10 de febrero de 2017 el Estado no se haya referido a las decenas de muertes ocurridas en ese centro penitenciario en el año 2016 y a los otros 4 fallecimientos en los primeros días de enero de 2017.
En ese sentido, la Corte observa que, de la información aportada por la Comisión y la completa falta de información de parte del Estado, es posible concluir que más de 30 internos han muerto desde enero de 2016 hasta la presente fecha. Atendiendo lo anterior, la Corte nota que existe una situación de riesgo extremadamente grave, urgente y de posible daño irreparable a los derechos a la vida e integridad personal de los internos del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, derivada de las condiciones en las que se encuentran dentro del centro penitenciario y que fueron descritas supra. En particular, la extrema gravedad de la situación de riesgo se evidencia con la ocurrencia de decenas muertes, cuyas causas no han sido informadas por el Estado y pueden haber sido derivadas de la situación de hacinamiento e insalubridad de los pabellones, así como de la alegada atención de salud deficiente.
La necesidad de evitar daños irreparables a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad en el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho resulta de que, no obstante la adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana en julio de 2016, por lo menos 23 personas murieron entre esa fecha y enero de 2017. En el período entre enero de 2016 y enero de 2017, fallecieron 36 personas. De modo que la urgencia de la adopción de medidas provisionales es justificada porque la vida y la integridad personal de los internos se encuentran en riesgo, frente a la posibilidad de sufrir un daño irreparable.
Como ya señaló la Corte en otras ocasiones, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad y de abstenerse, bajo cualquier circunstancia, de actuar de manera tal que se vulneren estos derechos. En este sentido, las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, incluyen la adopción de las medidas que puedan favorecer al mantenimiento de un clima de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad entre sí, evitar la presencia de armas dentro de los establecimientos en poder de los internos, reducir el hacinamiento, procurar las condiciones de detención mínimas compatibles con su dignidad, y proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro penitenciario11. Además, dadas las características de los centros de detención, el Estado debe proteger a los reclusos de la violencia que, en la ausencia de control estatal, pueda ocurrir entre los privados de libertad12.
En consecuencia, la Corte Interamericana considera que resulta necesaria la protección de dichas personas a través de la adopción inmediata de medidas provisionales por parte del Estado, a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana, a fin de evitar hechos de violencia en el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, así como los daños a la integridad física, psíquica y moral de las personas privadas de libertad en dicho establecimiento.
Adicionalmente, es oportuno recordar que esta Corte ha considerado que el Estado se encuentra en una posición especial de garante con respecto a las personas privadas de libertad en razón de que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas. Asimismo, la Corte ha señalado que independientemente de la existencia de medidas provisionales específicas, el Estado se encuentra especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en circunstancias de privación de libertad13.
En las circunstancias del presente asunto, a efectos de dar eficacia a las presentes medidas provisionales, el Estado debe erradicar concretamente los riesgos de muerte no natural y de atentados contra la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en el centro penitenciario, para lo cual las medidas que se adopten deben incluir aquellas orientadas directamente a proteger los derechos a la vida e integridad de los beneficiarios14.
Por último, el Tribunal considera imprescindible que el Comité Colegiado mencionado en el Visto 8 supra, presente a la Corte el “Plan de Reducción de la Superpoblación del Sistema Carcelario Fluminense” a más tardar el 31 de marzo de 2017. Dicho Plan debe incluir medidas para enfrentar la situación de hacinamiento y superpoblación del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Por otra parte, dentro del mismo plazo, el Estado debe presentar información sobre: a) todas las muertes ocurridas desde enero de 2016 y las medidas adoptadas para determinar sus causas y eventuales responsabilidades; b) las medidas adoptadas para ejercer el control efectivo del centro penitenciario, sobre todo la presencia de personal de custodia capacitado en número suficiente; c) asegurar el acceso de servicios de salud a personas que padecen de enfermedades graves; d) evitar la propagación de enfermedades contagiosas entre los internos, y e) asegurar condiciones de detención compatibles con el respeto a la dignidad humana y de conformidad con los estándares internacionales en la materia.
Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal estima pertinente admitir la solicitud de medidas provisionales y requerir al Estado que informe a la Corte sobre la implementación de dichas medidas en los términos del punto resolutivo tercero de la presente Resolución.
La adopción de estas medidas provisionales no prejuzga la responsabilidad estatal por los hechos informados.
Requerir al Estado que adopte de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de todas las personas privadas de libertad en el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.
Requerir al Estado que mantenga a los representantes de los beneficiarios informados sobre las medidas adoptadas para cumplir con la presente medida provisional.
Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 31 de marzo de 2017 sobre las medidas provisionales adoptadas de conformidad con esta decisión. Con posterioridad, el Estado deberá presentar un informe periódico a cada tres meses con las medidas adoptadas de conformidad con esta decisión.
Solicitar a los representantes de los beneficiarios que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe requerido en el punto resolutivo anterior dentro de un plazo de cuatro semanas, contado a partir de la recepción del referido informe estatal.
Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente las observaciones que estime pertinentes al informe estatal requerido en el punto resolutivo tercero y a las correspondientes observaciones de los representantes de los beneficiarios dentro de un plazo de dos semanas, contado a partir de la transmisión de las referidas observaciones de los representantes.
Disponer que, de conformidad con el artículo 27.8 de su Reglamento, a la mayor brevedad posible, una delegación de la Corte Interamericana realice una visita al Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, en Brasil, con el fin de obtener de forma directa información pertinente de las partes para supervisar el cumplimiento de las medidas provisionales, previo consentimiento y coordinación con la República Federativa de Brasil.
Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes de los beneficiarios.
Resolución de 13 de febrero de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Asunto del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.
Eduardo Vio Grossi Humberto Sierra Porto
1 El Juez Roberto F. Caldas no participó en el conocimiento y deliberación de la presente Resolución.
2 Cfr. Caso del Periódico “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, Considerando cuarto, y Asunto José Luis Galdámez Álvarez y otros. Medidas Provisionales respecto Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, Considerando segundo.
3 Cfr. Caso Raxcacó Reyes y otros. Medidas Provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la Corte de 30 de agosto de 2004, Considerando décimo, y Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región de Costa Caribe Norte. Medidas Provisionales respecto Nicaragua. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, Considerando décimo octavo.
4 Cfr. Caso de Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana. Medidas Provisionales respecto de República Dominicana. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de agosto de 2000, Considerando octavo, y Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región de Costa Caribe Norte. Medidas Provisionales respecto Nicaragua. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2016, Considerando décimo quinto.
5 Cfr., inter alia, Asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000, Considerando séptimo, y Asunto del Complejo Penitenciario de Curado. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, Considerando trigésimo octavo.
6 Cfr., inter alia, Asunto de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, Considerando noveno, y Asunto del Complejo Penitenciario de Curado, Considerando quinto.
7 Cfr. Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, Solicitud de medidas provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de febrero de 2008, Considerando noveno, y Asunto del Complejo Penitenciario de Curado. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, Considerando trigésimo segundo.
8 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros. Medidas provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2009, Considerando décimo cuarto, y Asunto Gladys Lanza Ochoa. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, Considerando segundo.
9 Cfr. Asuntos Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare), Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), e Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2009, Considerando tercero, y Asunto Gladys Lanza Ochoa. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, Considerando segundo.
10 Cfr. Asunto James y otros. Medidas Provisionales respecto de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de agosto de 1998, Considerando sexto, y Asunto Gladys Lanza Ochoa. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, Considerando octavo.
11 Cfr. Asunto del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana). Solicitud de Medidas Provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2007, Considerando undécimo, y Asunto del Complejo Penitenciario de Curado. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, Considerando vigésimo octavo.
12 Cfr. Asunto de las personas privadas de libertad de la Penitenciaria "Dr. Sebastião Martins Silveira" en Araraquara, São Paulo. Solicitud de Medidas Provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de septiembre de 2006, Considerando décimo sexto, y Asunto del Complejo Penitenciario de Curado. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de octubre de 2015, Considerando vigésimo cuarto.
13 Cfr. Asunto de las Penitenciarías de Mendoza. Medidas Provisionales respecto de Argentina. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2007, Considerando décimo, y Asunto José Luis Galdámez Álvarez y otros. Medidas Provisionales respecto Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, Considerando trigésimo segundo.
14 Cfr. Asuntos de determinados centros penitenciarios de Venezuela, Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana). Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de 13 de febrero de 2013, Considerando décimo quinto, y Asunto del Complejo Penitenciario de Curado. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, Considerando sexagésimo cuarto.