Source: https://www.slideshare.net/ninanor2003/anteproyecto-fundamentos
Timestamp: 2018-04-21 22:25:34
Document Index: 211074803

Matched Legal Cases: ['artículo 495', 'artículo 16', 'artículo1', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 4', 'artículo 20', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 395', 'artículo 21', 'artículo 2322', 'artículo 2311', 'artículo 75', 'artículo 2312']

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1. ANTEPROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN FUNDAMENTOS 2012
2. 1 FUNDAMENTOS DEL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN La Comision integrada por los Doctores Ricardo Luis Lorenzetti, comoPresidente y Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci,cumpliendo con los objetivos y plazos señalados por el decreto presidencial191/2011 presentamos el "Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación"y sus Fundamentos, en los que se detalla tanto el método como los principiosque inspiran nuestro trabajo. Queremos dejar constancia de nuestro especial agradecimiento al Dr.Miguel Federico De Lorenzo, a quien hemos designado como Secretario de lacomisión. Asimismo, ha sido inestimable la participación de todos los que hancolaborado con nuestra labor, cuyos nombres constan en el anexo a la presente. Finalmente, queremos manifestar el honor que ha significado para nosotrosbrindar este servicio de tan alta significación para los intereses de la República.INDICEI. ASPECTOS VALORATIVOSII. METODOIII. TITULO PRELIMINARLIBRO PRIMERO. DE LA PARTE GENERAL. Título I. Persona humana Título II. Persona jurídica Título III. De los bienes Título IV. Hechos y actos jurídicos Título V. De la transmisión de los derechosLIBRO SEGUNDO. DE LAS RELACIONES DE FAMILIA Título I. Matrimonio
3. 2 Título II. Régimen patrimonial del matrimonio Título III. Uniones convivenciales Título IV. Del parentesco Título V. Filiación Título VI. Adopción Título VII. De la responsabilidad parental Título VIII. Procesos de familiaLIBRO TERCERO. DE LOS DERECHOS PERSONALESTítulo I. De las obligaciones en generalTítulo II. De los contratos en generalTítulo III. De los contratos de consumoTítulo IV. De los contratos en particularTítulo V. De otras fuentes de las obligacionesLIBRO CUARTO. DE LOS DERECHOS REALESTítulo I. De las disposiciones generalesTítulo II. De la posesión y la tenencia.Título III. Del dominio.Título IV. Del condominio.Título V. De la Propiedad comunitaria indígena.Título VI. De la Propiedad horizontal.Título VII. De los conjuntos inmobiliarios.Título VIII. Del tiempo compartido.Título IX. De los cementerios privados.Título X. De la superficie.Título XI. Del usufructo.Título XII. Del uso.
4. 3Título XIII. De la habitación.Título XIV. De las servidumbres.Título XV. De los derechos reales de garantíaTítulo XVI. De las acciones posesorias y las acciones realesLIBRO QUINTO.DE LA TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR CAUSA DEMUERTE.Título I. DE LAS SUCESIONES.Título II. DE LA ACEPTACION Y LA RENUNCIA DE LA HERENCIA.Título III. CESION DE HERENCIATítulo IV. DE LA PETICION DE HERENCIA.Título V. DE LA RESPONSABILIDAD DE HEREDEROS Y LEGATARIOS.LIQUIDACIÓN DEL PASIVO.Título VI. DEL ESTADO DE INDIVISION.Título VII. DEL PROCESO SUCESORIO.Título VII. DE LA PARTICIÓNTítulo IX. DE LAS SUCESIONES INTESTADAS.Título X. DE LA PORCIÓN LEGITIMATítulo XI. DE LAS SUCECIONES TESTAMENTARIASLIBRO SEXTO.DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS DERECHOSPERSONALES Y REALESTítulo I. De la prescripción y de la caducidadTítulo II. De los privilegiosTítulo III. Del derecho de retenciónTítulo IV. Disposiciones de derecho internacional privadoREFORMAS AL TEXTO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
5. 4I. ASPECTOS VALORATIVOS Hay aspectos valorativos que caracterizan el anteproyecto quepresentamos, que podemos resumir en los siguientes principios: • Código con identidad cultural latinoamericana . Existe una concepción orientada a integrar el bloque cultural latinoamericano. Este es un cambio relevante, toda vez que la historia revela la extraordinaria influencia de la tradición romana e hispánica, y luego francesa, a partir de la codificación. El Código Civil Francés, sancionado por ley del 21 de marzo de 1804, influyó con sus criterios a Europa –Italia (1865), Portugal (1867), España (1889)-, y América (Quebec [1866] , Louisiana [1870]), Perú (1852), Chile (1857), Argentina (1871) y Brasil (1917). Esta tradición ha sido muy importante durante toda la historia del derecho argentino y la hemos respetado en sus aspectos esenciales. Sin embargo, también hemos incorporado nociones propias de la cultura latinoamericana así como una serie de criterios que se consideran comunes a la región. • Constitucionalización del derecho privado . La mayoría de los Códigos existentes se basan en una división tajante entre el derecho público y privado. En nuestro anteproyecto, en cambio, tomamos muy en cuenta los tratados en general, en particular los de derechos humanos, y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En este aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, y establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. Esta decisión se ve claramente en casi todos los campos: la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos. Puede afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado.
6. 5• Código de la igualdad. Los textos vigentes regulan los derechos de los ciudadanos sobre la base de una igualdad abstracta, asumiendo la neutralidad respecto de las asignaciones previas del mercado. En nuestra posición, se busca la igualdad real, desarrollando una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables.• Código basado en un paradigma no discriminatorio. En la tradición histórica, el sujeto de derechos privados ha sido el hombre. Hemos cambiado este paradigma para concebirlo en términos igualitarios, sin discriminaciones basadas en el sexo, la religión, el origen o su riqueza. En los textos proyectados aparecen la mujer, el niño, las personas con capacidades diferentes, el consumidor, las comunidades originarias, y muchos otros que no habían tenido una recepción sistemática hasta el momento.• Código de los derechos individuales y colectivos. En su mayoría, los códigos del derecho privado comparado regulan sólo los derechos individuales. El anteproyecto que presentamos da una importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva, en consonancia con la Constitución Argentina y de modo coordinado con la brasileña. Esto tiene un impacto significativo en el modo de relacionamiento con los recursos naturales.• En materia de bienes, la mayoría de los códigos decimonónicos han quedado desactualizados. En efecto, aparecieron bienes que, siendo de la persona, no tienen un valor económico, aunque sí una utilidad, como sucede con el cuerpo, órganos, genes, etc. La relación exclusiva entre los bienes y la persona también ha mudado y aparecen las comunidades, como ocurre con los pueblos originarios. Finalmente, los conflictos ambientales, se refieren a bienes que son mencionados en el código como del dominio público, pero la Constitución y la ley ambiental los considera colectivos, y no solamente de propiedad del Estado. Todo ello requiere una concepción mas amplia, que ha sido receptada en el proyecto.
7. 6 • Código para una sociedad multicultural. En materia de familia se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no se pueden ignorar. En ese sentido, se incorporan normas relativas a la filiación que tienen en cuenta la fecundación in vitro; en el régimen legal de las personas menores de edad también se receptan muchas novedades como consecuencia de los tratados internacionales; en materia de matrimonio, se regulan los efectos del sistema igualitario ya receptado por el legislador y la posibilidad de optar por un régimen patrimonial; también se regulan las uniones convivenciales, fenómeno social cada vez más frecuente en la Argentina. Ello no significa promover determinadas conductas o una decisión valorativa respecto de algunas de ellas. De lo que se trata es de regular una serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista, en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender. • Código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. En tanto se trata de la unificación del derecho civil y comercial, también se han adoptado decisiones para promover la seguridad jurídica en las transacciones mercantiles. Por eso se regulan contratos de distribución, bancarios, financieros, fideicomisos, régimen contable de los comerciantes y muchos otros temas. Para esos fines se ha tenido en cuenta la legislación internacional y el aporte de numerosos especialistas. Estos valores y principios están muy presentes en nuestra propuestalegislativa y ausentes de manera sistemática en una gran mayoría de los Códigosde otros países, lo cual le confiere una singularidad cultural remarcable.II. METODO 1. Aspectos vinculados a la elaboración del anteproyecto 1.1. Amplia participación y discusión de la doctrina
8. 7 Para la redacción de este anteproyecto se utilizó un método ampliamenteparticipativo, como nunca antes de se había hecho. Hemos tenido a la vista los antecedentes más significativos del Derechocomparado, la doctrina de los autores nacionales y extranjeros con mayor prestigioacadémico, la opinión de los congresos de juristas, y los criterios de lajurisprudencia. Hemos utilizado los siguientes proyectos de reformas anteriores: • El de 1926 preparado por Juan Antonio Bibiloni. • El de 1954, redactado bajo la dirección de Jorge Joaquín Llambías. • El de Unificación de la Legislación Civil y Comercial, proveniente de la Cámara de Diputados de la Nación (año 1987) • El de la denominada Comisión Federal de la Cámara de Diputados de la Nación de 1993. • El preparado por la Comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 468/92. • El Proyecto de 1998, preparado por la Comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 685/95. Esta base fue enriquecida por numerosos trabajos críticos de la doctrina ydecisiones jurisprudenciales que también se consideraron. La comisión comenzó su trabajo de manera inmediata a su designación, yse convocó a una amplia participación en dos niveles: a) se permitió que el público en general hiciera propuestas hasta un plazodeterminado, y todas ellas fueron motivo de análisis y discusión. b) se formaron grupos de trabajo para permitir una amplia participación detodos los especialistas del país y varios del área latinoamericana. Mediante estosgrupos de labor se ha tenido en cuenta la opinión de más de setenta juristasrepresentativos de todas las tendencias y todas las regiones del país. A medida que la comisión fue avanzando con la redacción de las partesgenerales, las distribuyó para que todos opinaran. Una vez recibidas lasobservaciones, se volvió a discutir.
9. 8 Puede decirse que la elaboración del anteproyecto tuvo una amplísimaparticipación de los especialistas y de la comunidad. Asimismo, hubo un procesomuy dinámico de discusión con los distintos grupos, de manera de aprovechar almáximo la inteligencia colectiva. Queremos agradecer especialmente la colaboración desinteresada detodas las personas que se nombran en el anexo a la presente ya que, sin ellos, nohubiera sido posible presentar este trabajo. 1.2. Consensos y decisiones valorativas La amplia participación y discusión por parte de toda la doctrina hace quetengamos en cuenta todas las opiniones. Naturalmente no es posible adoptarlas atodas, pero han sido materia de debate para admitirlas o no sobre la base dedecisiones razonables y fundadas. Este procedimiento hace que el anteproyecto tenga dos caracteresimportantes: • La mayoría de los artículos expresan un alto grado de consenso existente en la comunidad • En aquellos supuestos controvertidos, se tomaron decisiones que no estuvieron orientadas por nuestras impresiones personales, sino por los valores representados en el bloque de constitucionalidad y las decisiones legislativas o jurisprudenciales ya adoptadas en nuestro país. 1.3. El método del anteproyecto El anteproyecto unifica los códigos civil y comercial, aspecto sobre el cualhay una amplia coincidencia en la doctrina jurídica argentina. Se ordenado un título preliminar y luego una parte general para todo elCódigo, así como partes generales para diversas instituciones que regula. En esteaspecto, se sigue la opinión de muchos autores, entre ellos, Freitas, quienintrodujo en su proyecto para Brasil una parte general. En esta tesis cabecomputar todos los proyectos de reforma integral realizados en el país: elAnteproyecto de Reformas de Bibiloni de 1926, el Proyecto de 1936, elAnteproyecto de 1954, y el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 y el de 1998.
10. 9 Por unanimidad hemos decidido no incluir notas, como lo decidiera tambiénel anteProyecto de 1998 y por las mismas razones. En cuanto a las definiciones, hemos tratado de incluir solo aquellas quetienen efecto normativo y no meramente didáctico, en consonancia con la opiniónde Vélez Sarsfield, primer codificador, expresada en la nota al artículo 495 delCódigo Civil. La comisión ha puesto una especial dedicación para que la redacción de lasnormas sea lo más clara posible, a fin de facilitar su entendimiento por parte de losprofesionales y de las personas que no lo son. Por esta razón, se han evitado lasremisiones, el uso de vocablos alejados del uso ordinario, las frases demasiadoextensas que importan dificultades de lectura. Hemos tratado de conservar, en loposible, las palabras ya conocidas y utilizadas por la doctrina y jurisprudencia. Sinembargo, hay numerosos cambios sociales, científicos, culturales, económicos,que demandan el uso de palabras ajenas al lenguaje jurídico. Por estas razoneses que ha sido inevitable recurrir a nuevas expresiones para reflejar nuevosfenómenos. También se ha puesto énfasis en la gramática, y en especial, se ha tratadode usar el tiempo presente en la redacción de todo el articulado, porque es el quemás se adapta a la buscada claridad expositiva. 1.4. El Código y la normas En la estructura interna del Código se ha respetado el orden de partesgenerales que se ha usado en el Proyecto de 1998, el que, a su vez, tiene su baseen otras experiencias anteriores. Las partes generales permiten la utilización deconceptos normativos que luego se especifican, así como una lectura más sencillade todo el sistema. El Código se relaciona con otras normas ya existentes en el sistema, y elloha demandado un esfuerzo importante a fin de lograr la mayor coherencia posible,sobre todo teniendo en cuenta que esas leyes contienen reglas, frases y vocablosdisímiles.
11. 10 Como consecuencia de la constitucionalización del derecho privado hay unimportante contenido de normas de orden público en áreas relevantes. Es interesante señalar la función del derecho supletorio como modelo. Enmateria contractual, por ejemplo, se describen reglas que pueden ser dejadas delado por las partes, pero que cumplen la función de aportar una guía que, si esseguida, disminuye los costos de transacción y la litigiosidad. El vínculo del Código con otros microsistemas normativos autosuficienteses respetuoso. Es decir, se ha tratado de no modificar otras leyes, excepto queello fuera absolutamente necesario. Es inevitable una reforma parcial de la ley dedefensa de consumidores, a fin de ajustar sus términos a lo que la doctrina haseñalado como defectuoso o insuficiente. También ha sido inevitable una reformaparcial a la ley de sociedades, para incorporar la sociedad unipersonal y otrosaspectos también sugeridos por la doctrina. En otros casos se incorporan las leyescon escasas modificaciones, como ocurre, por ejemplo, con las fundaciones y elleasing. Finalmente, en otros, no hay ninguna modificación, como sucede con laley de seguros o de concursos y quiebras.III. TITULO PRELIMINAR 1. Razones de la existencia de un título preliminar: Una primera cuestión a decidir es la necesidad de incluir un título preliminaren el Código. Su aceptación se ha basado en una tradición histórica y en el presupuestode que el Código es el centro del ordenamiento jurídico referido al derecho privadoy por lo tanto, allí deben consignarse las reglas generales de todo el sistema. Esta idea ha sido ampliamente cuestionada en la actualidad, puesto que ladescodificación es un fenómeno incontrastable. Desde este punto de vista, seríaadmisible una respuesta negativa, y es por eso que algunos códigos, como elbrasileño, no contienen un título preliminar. Desde otra perspectiva, es necesario que los operadores jurídicos tenganguías para decidir en un sistema de fuentes complejo, en el que, frecuentemente,
12. 11debe recurrirse a un dialogo de fuentes, y a la utilización no sólo de reglas, sinotambién de principios y valores. En nuestro sistema jurídico no hay un dispositivo que fije reglas generalesrespecto de las fuentes ni en relación a la interpretación. La regulación completa de las fuentes es un tema que hoy se analiza en elderecho constitucional, porque tiene la amplitud necesaria para comprender desdelos tratados internacionales hasta la reglamentación administrativa. En el derechoprivado, en cambio, se pueden regular las fuentes desde el punto de vista de ladecisión del juez, estableciendo, como dijimos, reglas para la decisión judicial. De modo que, en este plano, la respuesta sería positiva y así loproponemos.Hay que considerar que, si se introducen reglas respecto de las fuentes y lainterpretación, se debe valorar su coordinación con otros microsistemas. Ello esasí porque, sea cual fuere el grado de centralidad que se le reconozca al Código,una norma de este tipo tiene un efecto expansivo indudable. La Corte Suprema deJusticia de la Nación ha dicho que “…la regla de interpretación prevista en elartículo 16 excede los límites del derecho privado, puesto que los trasciende y seproyecta como un principio general vigente en todo el orden jurídico interno"(Fallos, 312:957). Por esta razón, entendemos que debe distinguirse entre el derecho comosistema y la ley, que es una fuente, principal, pero no única. En este sentido, esmuy útil mencionar las fuentes del derecho, y fijar algunas reglas mínimas deinterpretación, porque creemos que de ese modo se promueve la seguridadjurídica y la apertura del sistema a soluciones más justas que derivan de laarmonización de reglas, principios y valores. Con referencia a la ley, hay queestablecer normas respecto de su obligatoriedad con relación al espacio y altiempo, sus efectos en el campo del derecho internacional privado, que no tienenotra sede que la que consideramos. Tradicionalmente, el título preliminar ha sido considerado solamente paraestos fines, es decir, la definición de fuentes y reglas de interpretación. El Código
13. 12Civil español contiene un título preliminar dedicado a “las normas jurídicas, suaplicación y eficacia”, con capítulos dedicados a las fuentes del derecho, laaplicación de las normas jurídicas, eficacia general, y normas de derechointernacional privado. En nuestro anteproyecto proponemos darle una amplitud mayor, incluyendoreglas para el ejercicio de los derechos, cuyo destinatario no es el juez, sino losciudadanos, y nociones generales sobre los bienes individuales y colectivos, quele dan al código un sentido general en materia valorativa, como lo explicamos másadelante. Finalmente, no debemos dejar de considerar que los programas de lasfacultades de derecho argentinas tienen, habitualmente, una parte general cuyocontenido es coherente con el que proponemos. Por esta razón, nos inclinamos por la regulación de un título preliminar que,sin tener pretensiones de ordenar de modo cerrado todo el sistema, incluya loscontenidos referidos, conforme a las precisiones que desarrollamos seguidamente. 2. Objeto de regulación: ley y derecho El Código Civil incluyó el título I “de las leyes”. Por nuestra parte, proponemos distinguir normativamente el derecho de laley. Una identificación entre ambos no es admisible en el estadio actual de laevolución jurídico-filosófica. La concepción que recogemos tiene antecedentes enotros Códigos, como, por ejemplo, el italiano, que se refiere a las fuentes (artículo1), mencionando a la ley, los reglamentos y los usos, a los que luego define en susefectos y relaciones jerárquicas (art 2, 3, 4). En el capítulo segundo (art 10) regulala aplicación de la ley (art 11), su eficacia en el tiempo, y la interpretación (art 12).Por esta razón, sugerimos incluir un titulo “Del Derecho” y luego otro referido a laley como fuente principal. 3. El título preliminar como núcleo de significaciones. Una de las funciones que puede cumplir un título preliminar es la de aportaralgunas reglas que confieren una significación general a todo el Código. De estemodo, el sistema adquiere un núcleo que lo caracteriza y que sirve de marco de
14. 13comprensión de una gran cantidad de cuestiones de interpretación y deintegración de lagunas. No se trata de una parte general al modo en que fuerapensado en la pandectística alemana, sino del diseño de unas líneas de baseenfocadas en la argumentación jurídica razonable dentro de un sistema dederecho basado en principios y reglas. Desde esta perspectiva, el título preliminar amplía su contenido a otrascuestiones, como lo proponemos seguidamente: Del Derecho: se incorporan directivas referidas a la obligación de decidir,las fuentes y reglas de interpretación De las leyes: se regula la ley como fuente formal principal: obligatoriedad dela ley, leyes transitorias, el modo en que se cuentan los intervalos del derecho, Del ejercicio de los derechos subjetivos: se contemplan principios referidosal ejercicio de los derechos subjetivos, dirigidos al ciudadano: buena fe, abuso delos derechos, fraude a la ley, renuncia de la ley, ignorancia o error de la ley. De los derechos y los bienes: se especifica el campo regulatorio del códigoen la materia. En cuanto a los textos, se prefiere incluir pocos artículos para mantener unaregulación austera que permita el desarrollo jurisprudencial. Seguidamente examinamos más detenidamente estas cuestiones 4. Del Derecho. El propósito de este capítulo no es dar una definición del Derecho ni de susfuentes, lo que sería impropio de un Código, sino fijar reglas claras para ladecisión. En tal sentido, se propone que se consideren las fuentes, así comoestablecer el requisito de la razonabilidad de las decisiones como un estándar decontrol de la decisión judicial. El Código Civil dispone la obligación de juzgar (artículo 15) y las directivasen caso de insuficiencia de la ley (artículo 16). Los proyectos de 1987 y de 1993se limitaron a reformar el artículo 16. El Proyecto de 1998 regula el deber deresolver, y los usos y costumbres (Arts 5 y 6). Nuestra propuesta se basa en las siguientes consideraciones:
15. 14 4. 1. Las fuentes: Los casos deben ser resueltos conforme a un sistema de fuentes. Se destaca en primer lugar a la ley, porque de lo contrario, aparecensentencias que no aplican la ley, o se apartan de ella sin declarar suinconstitucionalidad, siendo ésta una decisión “contra legem” que originalitigiosidad innecesaria. La aplicación de la ley significa delimitar el supuesto dehecho y subsumirlo en la norma, es decir una deducción. De todos modos, queda clara y explícita en la norma que la interpretacióndebe recurrir a todo el sistema de fuentes. Así, se alude a la necesidad deprocurar interpretar la ley conforme con la Constitución Nacional y los tratados enque el país sea parte, que impone la regla de no declarar la invalidez de unadisposición legislativa si ésta puede ser interpretada cuando menos en dossentidos posibles, siendo uno de ellos conforme con la Constitución. Constituyeacendrado principio cardinal de interpretación, que el juez debe tratar de preservarla ley y no destruirla. Ello implica la exigencia de no pronunciarse por lainconstitucionalidad de una ley que pueda ser interpretada en armonía con laConstitución, criterio que constituye una restricción al quehacer judicial,reiteradamente recordado por la CSJN cuando dice que la declaración deinconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico por lo que sólo serápronunciada siempre que no haya forma alguna de integrar la norma a fin de sucoincidencia con la Carta Magna (Fallos 288:325; 290:83; 292:190; 301:962;324:3345, 4404; 325:645, entre otros). Proponemos regular el valor de la costumbre contemplando los casos enque la ley se refiere a ella o en ausencia de regulación. 4.2. Reglas de interpretación Se propone incorporar un artículo relacionado con reglas de interpretación,a fin de aportar coherencia con el sistema de fuentes. De conformidad con lo que señala la mayoría de la doctrina, la decisiónjurídica comienza por las palabras de la ley. También, incluimos sus finalidades,
16. 15con lo cual dejamos de lado la referencia a la intención del legislador. De esemodo la tarea no se limita a la intención histórica u originalista, sino que se permiteuna consideración de las finalidades objetivas del texto en el momento de suaplicación. Se mencionan las leyes análogas, que tradicionalmente han sido tratadascomo fuente y aquí se las incluye como criterios de interpretación, para darlibertad al Juez en los diferentes casos. Ello tiene particular importancia ensupuestos en los que pueda haber discrepancias entre la ley análoga y lacostumbre, como sucede en el ámbito de los contratos comerciales. Se hace una referencia al ordenamiento jurídico, lo que permite superar lalimitación derivada de una interpretación meramente exegética y dar facultades aljuez para recurrir a las fuentes disponibles en todo el sistema. Ello es conformecon la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuantoafirma que la interpretación debe partir de las palabras de la ley, pero debe serarmónica, conformando una norma con el contenido de las demás, pues susdistintas partes forman una unidad coherente y que, en la inteligencia de suscláusulas debe cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto. También deben tenerse en cuenta los conceptos jurídicos indeterminadosque surgen de los principios y valores, los cuales no sólo tienen un caráctersupletorio, sino que son normas de integración y de control axiológico. Estasolución es coherente con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de laNación que reiteradamente ha hecho uso de los principios que informan elordenamiento y ha descalificado decisiones manifiestamente contraria a valoresjurídicos. No consideramos conveniente hacer una enumeración de principios nide valores, por su carácter dinámico. Con relación a los tratados internacionales, cabe señalar que todos los queha suscripto el país y resultan obligatorios, deben ser tenidos en cuenta paradecidir un caso. Esa es la función que tienen como fuente de derecho referida enel artículo primero. Pero además, cuando se interpreta una norma, tienen especial
17. 16relevancia los tratados de derechos humanos, porque tienen un contenidovalorativo que se considera relevante para el sistema. Esta es la función quetienen en materia hermenéutica a la que se refiere el artículo segundo. 4.3. Obligación de decidir razonablemente Finalmente se regula la obligación de decidir que está dirigida a los jueces,conforme con la tradición en nuestro código civil. Se agrega que la decisión debeser razonable, es decir, fundada, lo cual se ajusta a lo que surge de la doctrina dela arbitrariedad de sentencias. Esta disposición se aplica extensivamente a todoslos que deben decidir casos con obligación de fundarlos. 5. De la ley: 5.1. De la obligatoriedad de la ley. El Titulo I del Proyecto de 1998 dispone: “ARTÍCULO 1°.- Extensión. Lasleyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, seanciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio delo dispuesto en leyes especiales. ARTÍCULO 2°.- Existencia y vigencia. Las leyesrigen después del octavo día de su publicación, o desde el día que ellasdeterminen”. No hay objeciones a este texto, excepto en lo referente a la publicación, quedebería ser “oficial”. 5.2. Del modo de contar los intervalos del derecho. El título IV del Proyecto de 1998 contiene los siguientes artículos: Artículo9°.- Día. Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. Artículo 10.-Plazo de días. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, quedaéste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Artículo 11.- Plazode meses o años. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha.Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial delcómputo, se entiende que el plazo expira el último del mes. Artículo 12.- Plazo dehoras. En los plazos fijados en horas, a contar desde una determinada, queda éstaexcluida del cómputo, el cual debe empezar desde la siguiente. Artículo 13.-
18. 17Vencimiento del plazo. Los plazos vencen a la hora veinticuatro (24) del día delvencimiento respectivo. Si el vencimiento se produce en un día inhábil, seentiende prorrogado al día hábil siguiente. Si se trata de un acto que no puedecumplirse hasta la hora veinticuatro (24) por encontrarse cerradas las respectivasoficinas judiciales o administrativas, se considera prorrogado hasta las dos (2)primeras horas hábiles siguientes. Artículo 14. - Cómputo. El cómputo civil de losplazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o nolaborables. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe deotro modo. En los fundamentos se dice: “En el cuanto al modo de contar los intervalosde tiempo se mantienen las soluciones vigentes con una expresión más precisa; yse incorpora una regla que alude al plazo de gracia, institución típica del derechoprocesal que se pretende trasvasar al derecho de fondo; de modo que cualquieracto que deba cumplirse hasta las veinticuatro horas de cierto día y no puede ellohacerse por encontrarse cerradas las oficinas judiciales o administrativas, seconsidera prorrogado hasta las dos primeras horas hábiles siguientes”. En general, este título no ha merecido mayores críticas, excepto en lacuestión referida al plazo de gracia que, como el propio proyecto lo dice, es unacuestión procesal. Teniendo en cuenta que, además de no ser derecho de fondo,este aspecto puede variar según las provincias y los temas regulatorios,proponemos su eliminación, dejando que cada ordenamiento procesal se ocupede resolverlo, como sucede actualmente, excepto lo dispuesto en materia deprescripción, en tanto, en ese ámbito, resulta necesario dar una solución armónicaen todo el territorio nacional. 5.3. Derecho transitorio. El título II del Proyecto de 1998 regula el derecho transitorio de la siguientemanera: Artículo 4°.- Temporalidad. A partir de su entrada en vigencia, las leyesse aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicasexistentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvodisposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso
19. 18puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratosen curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias. No ha merecido mayores críticas. Hemos conservado esta regla, perohemos aclarado que las leyes se aplican a las consecuencias pero no a lasrelaciones, de acuerdo con lo que sostiene la doctrina mayoritaria. 5.4. Invocabilidad del error de derecho El Código Civil dispone (artículo 20) que la ignorancia de las leyes no sirvede excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley. El Proyecto de 1998 dispone: Artículo 7°.- Vigencia de la ley. Ignorancia oerror de derecho. Las leyes son vinculantes desde su entrada en vigencia, y laignorancia o el error acerca de ellas no sirven de excusa salvo, con relación a lasleyes civiles, en los siguientes casos: a) Si la ley autoriza la excusa. b) Si la leyestablece que se debe dar un aviso o comunicación previos, a personadeterminada o al público, haciendo saber sus disposiciones, y ese aviso ocomunicación no ha sido dado”. Esta disposición examinada conjuntamente con el articulo 2 del proyectopuede dar lugar a confusiones. De acuerdo con ello las leyes vinculan desde suentrada en vigencia, pero no requieren la publicación en el boletín oficial. Unimportante sector de la doctrina ha criticado esta redacción porque puede hacerconfundir las leyes no publicadas con las leyes secretas y por eso correspondesalvar la omisión. Por estas razones proponemos mantener el principio básico del sistemaque consiste en que la ley se presume conocida. Resta considerar la situación de los sectores vulnerables por su situaciónsocial, económica o cultural, en los que, muchas veces, resulta justificableeximirlos del conocimiento presuntivo de la ley supletoria. Sin embargo, laComisión considera que una regla general de este tipo en el título preliminarpodría tener una expansión muy amplia en su aplicación que podría deteriorarseriamente el presupuesto básico. Por otra parte, no se advierten casos que no
20. 19puedan ser solucionados por medio de las diversas normas que existen en elsistema para la tutela de los vulnerables. 6. Del ejercicio de los derechos 6.1. Su regulación como principios generales: Los dos primeros títulos “Del Derecho” y “De la ley” contienen guíasdirigidas a los jueces y juezas. El titulo referido al ejercicio de los derechos tienepor destinatario principal a los ciudadanos. Las cláusulas generales relativas a la buena fe, el abuso, el fraude, y otrastuvieron un proceso histórico de generalización creciente. Primero fueronutilizados en obligaciones, contratos y derechos reales específicos, luego seextendió su aplicación a las obligaciones, los contratos, los derechos reales, defamilia y de sucesiones en general, y finalmente fueron adoptados como principiosgenerales en todo el derecho privado. Esta calificación como principios generales que ha sido ampliamentereceptada en la jurisprudencia, no se condice con la ubicación metodológica en elCódigo Civil, que sigue siendo específica y sectorial. Por esta razón se propone incluirlos en el título preliminar. De esta manera consideramos que se están suministrando pautasgenerales para el ejercicio de los derechos que tienen una importanciafundamental para dar una orientación a todo el código. En esta decisión nos diferenciamos del Proyecto de 1998. En este último,se introduce en el título preliminar una norma referida al fraude a la ley,independizándolo del fraude a los acreedores y elevándolo al rango de unacategoría general. La disposición dice “Artículo 8°.- Fraude a la ley. El actorespecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultadosustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se consideraotorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la normaimperativa que se trata de eludir”. Luego, en el título IX contempla los arts. 395,396, 397, 398 en los que se trata la buena fe, el abuso del derecho, la posicióndominante y las sanciones conminatorias.
21. 20 Como se dijo, nuestra propuesta es regular principios generales en el títulopreliminar, que luego se complementan con reglas específicas existentes enmateria de obligaciones, contratos, derechos reales y otros aspectos, sin dejar deconsiderar la influencia que ello tendrá sobre las leyes especiales. 6.2. Buena fe: La “buena fe” como una cláusula general fue introducida en el Código Civilmediante la reforma de la ley 17.711 y sus resultados han sido satisfactorios yampliamente elogiados por la doctrina. En el ámbito de las reformas, el Proyectode 1998 propone: “Buena fe. Los actos jurídicos deben ser celebrados yejecutados con buena fe y lealtad. La parte que obra de mala fe debe resarcir eldaño causado (Artículo 395). La norma hace referencia al acto jurídico si bien estáinserta en el título “del ejercicio de los derechos”. Metodológicamente pareceríaque su ubicación era impropia, pues así redactada debería ir en el título de losActos Jurídicos y no del ejercicio de los derechos. Además, tratándose de unacláusula general que abarca el ejercicio de cualquier derecho o situación jurídica,sea ella derivada o no de un acto jurídico, parece más apropiado otorgarle a lamisma un enunciado normativo más amplio, comprensivo de cualquier ejercicio deun derecho. De conformidad con lo señalado, se propone que la buena fe sea reguladacomo un principio general aplicable al ejercicio de los derechos, lo que luego secomplementa con reglas específicas aplicables a distintos ámbitos. En el Proyecto de 1998 se incluye la “lealtad”, lo que puede dar lugar a unainterpretación restrictiva. En la propuesta que hacemos, al ser un principio general,se incluye tanto la buena fe, en el sentido de la exigencia de un comportamientoleal (objetiva), así como la denominada buena fe “creencia” (subjetiva), queincluye la apariencia, y por lo tanto se elimina esta expresión. 6.3. Abuso del derecho El abuso del derecho fue introducido en el código civil mediante la reformade la ley 17.711, y ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia y la
22. 21doctrina. El Proyecto de 1998 recibe la mayoría de estas observaciones mediantela siguiente propuesta: “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Seconsidera tal el que contraría los fines que ella tuvo en mira al reconocerlos, o elque excede los límites impuestos por la buena fe, la moral o las buenascostumbres. El tribunal debe ordenar lo necesario para evitar los efectos delejercicio abusivo y, según las circunstancias, procurar la reposición al estado dehecho anterior y fijar una indemnización”. Por lo dicho, se sigue, en lo sustancial, los referidos precedentes. Lascláusulas generales, por su propia morfología, se integran y consolidan su alcancelentamente a través de la tarea jurisprudencial. Esta circunstancia aconsejaconservar la redacción de las mismas, en tanto y en cuanto no existan motivosjustificados como para alterar su formulación. Las modificaciones propuestas son las siguientes: a).Definición como principio general: se lo incluye como un principiogeneral del ejercicio de los derechos en el título preliminar, lo cual es unaimportante decisión, porque cambia la tonalidad valorativa de todo el sistema, sinperjuicio de las adaptaciones en cada caso en particular. b). Abuso de derecho, de situaciones y de posición dominante en elmercado: El abuso en el ejercicio del derecho tiene una extensa tradición ennuestro país tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Esta elaboración sebasa en el ejercicio de un derecho por parte de su titular, pero no comprende otrosdos supuestos que han merecido consideración doctrinal: b.1 Las “situaciones jurídicas abusivas”: en este supuesto el abuso es elresultado del ejercicio de una pluralidad de derechos que, consideradosaisladamente, podrían no ser calificados como tales. Se crean entoncessituaciones jurídicas abusivas, cuya descripción y efectos han sido desarrolladospor la doctrina argentina. b.2. El abuso de posición dominante en el mercado: para dar coherencia alsistema, se incluye este supuesto que es diferente del ejercicio abusivo y de lasituación jurídica, lo que se hace en un texto separado.
23. 22 c) Fines del ordenamiento: se evita la referencia a los fines “pretéritos” conla expresión que se “tuvo en mira al reconocer (el derecho)”, pues el texto de unanorma no puede quedar indefinidamente vinculado a su sentido “histórico”. En sureemplazo se emplea la noción de fines del ordenamiento que evita lacontextualización histórica, posibilitando la interpretación evolutiva para juzgar sise ha hecho un uso irregular o abusivo. Esta decisión tiene una gran importancia por dos razones: • Los fines actuales del ordenamiento incluyen no sólo los sociales, sino también los ambientales, dándose así cabida a la denominada función ambiental de los derechos subjetivos. • Es coherente con las reglas de interpretación que se proponen en este título preliminar. 6.4. Abuso de posición dominante en el mercado El Proyecto de 1998 incluye dentro del capítulo referido al ejercicio de losderechos la siguiente propuesta: “Lo dispuesto en los dos (2) artículos anterioresse aplica cuando se abusare de una posición dominante en el mercado, sinperjuicio de las disposiciones especificas contempladas en las leyes especiales” Estamos de acuerdo con que el ejercicio abusivo incluye la posicióndominante, pero debe aclararse que se trata de la posición en el mercado. Elfundamento de ello es que el principio protectorio siempre presupone que alguiendomina a otro, pero las reglas a través de las cuales se aplica dicho principio depolítica legislativa son diversas y cada una tiene su fundamento específico: buenafe, abuso del derecho, etc. Si se incluyera una norma que se refiera sólo a laposición dominante, perderían sentido todas las demás y las absorbería, con ungran perjuicio general del sistema, de su adaptabilidad e ignorando la doctrina yjurisprudencia, lo cual no nos parece conveniente. Finalmente es importante resaltar la noción de abuso del derecho individualrespecto del derecho de incidencia colectiva. Esta norma ha sido ubicada en elcapítulo referido a los bienes a fin de facilitar su comprensión, porque es novedosa
24. 23en nuestro sistema. Se trata de que los derechos subjetivos tienen límites respectode los bienes colectivos, como ocurre con el desarrollo o consumo sustentable o lafunción ambiental de los derechos. 6.5. Orden público y fraude a la ley: Proponemos establecer una regla general sobre el orden público idéntica ala que contiene el Código Civil en el artículo 21. Seguidamente regulamos el fraude a la ley imperativa en los términosprevistos en el Proyecto de 1998. 6.6. Renuncia general de las leyes: En cuanto a la renuncia, es correcta la prohibición, porque de lo contrario seafectaría la obligatoriedad de la ley. También es admisible la renuncia de losefectos, pero en cuanto a los límites utilizamos una expresión más amplia,comprensiva de todo el sistema. 7. De los derechos y los bienes 7. 1. El problema legal: El Código Civil ha regulado, dentro de los derechos reales (Libro III), alpatrimonio como un atributo de la persona (nota al artículo 2322 CC), siguiendouna extensa y consolidada tradición histórica. La regla se basa en una relacióndirecta entre el sujeto individual y los bienes, así como una vinculación relevanteentre éstos últimos y su valor económico, mientras que, excepcionalmente, se daun lugar a los bienes del dominio público. Este esquema es insuficiente para solucionar conflictos actuales, que tienenlugar en la jurisprudencia. La concepción patrimonialista ha ido cambiando, y aparecieron bienes que,siendo de la persona, no tienen un valor económico, aunque sí una utilidad, comosucede con el cuerpo, órganos, genes, etc. La relación exclusiva entre los bienesy la persona también ha mudado y aparecen las comunidades, como ocurre con
25. 24los pueblos originarios. Finalmente, los conflictos ambientales, se refieren a bienesque son mencionados en el código como del dominio público, pero la Constitucióny la ley ambiental los considera colectivos, y no solamente de propiedad delEstado. Es necesario proveer principios en relación a estos temas que, por suamplitud, no pueden estar metodológicamente ubicados, exclusivamente, enmateria de derechos reales. Por eso, proponemos un capítulo del título preliminarque, con pocos textos, permita disponer de unas guías generales que luego sedesarrollarán en artículos particulares, leyes especiales y jurisprudencia. Seguidamente ampliamos estos fundamentos, dada la magnitud del cambioque se propone. 7. 2. Método: El método seguido por el Código y por el Proyecto de 1998 es un elementofundamental para desentrañar la arquitectura del sistema. El Código Civil regula este tema en el Libro Tercero, con un título I (artículos2311 y ss.) que alude a las cosas consideradas en sí mismas, desarrolla la nociónde bienes, cosas, muebles, inmuebles, fungibles, consumibles, divisibles,principales, accesorias y su enajenabilidad. En los artículos 2339 y ss. trata de lascosas en relación a las personas, los bienes públicos y privados del Estado, y losque son susceptibles de apropiación privada, los bienes municipales, de lasiglesias y de los particulares. El Proyecto de 1998 contiene un libro segundo dedicado a la parte general,que trata de la persona humana (título I), de la persona jurídica (título II), y delpatrimonio (título III). Este último contiene un capítulo I, referido al activo (bienes ycosas considerados en sí mismos y con relación a los derechos (sección primera),y a las cosas consideradas en relación a las personas (sección segunda), uncapítulo II sobre la garantía común y un capítulo III sobre la vivienda. Paranuestros fines interesa analizar el contenido del libro segundo, título III, capítulo I,sección primera y segunda, que consiste en lo siguiente:
26. 25• Bienes y cosas considerados en sí mismos y con relación a los derechos (arts. 214 a 225): definición de bienes, cosas , bienes registrables, inmuebles, muebles, cosas divisibles, principales, accesorias, consumibles, fungibles, frutos, productos, bienes fuera del comercio,• Cosas consideradas en relación a las personas (arts. 226 a 230) : definición del dominio público, dominio privado del Estado, y bienes de los particulares, De lo expuesto se desprende que el orden seguido se basa en distinguir:• La persona humana o jurídica y sus derechos individuales sobre los bienes: o Elemento subjetivo: El sujeto que se tiene en consideración es la persona humana o jurídica, pero no se tiene en cuenta a las comunidades (propiedad de los pueblos originarios), que en la Constitución actual son sujetos de derecho. o Elemento objetivo: En cuanto al objeto, se dirige a los bienes, que son susceptibles de apreciación económica. Dentro de esta categoría se distingue a los bienes materiales que son cosas y además, los que están dentro y fuera del comercio. Estas divisiones no toman en cuenta a bienes que no son susceptibles de apreciación económica, pero que presentan otro tipo de utilidades, como el cuerpo humano. Las conclusiones metodológicas son las siguientes: • Hay un grado de generalización creciente, porque en el código civil se incluyó este tema en el libro tercero sobre derechos reales y en el Proyecto de 1998 se lo trata en el libro segundo, que está dedicado a la parte general. • La propuesta de regulación del Proyecto de 1998 continúa siendo insuficiente para contemplar los nuevos conflictos, probablemente porque, al momento de su elaboración, la reforma constitucional era demasiado novedosa.
27. 26 • Sin perjuicio de mantener la regulación específica de los derechos reales, es necesario contemplar los nuevos supuestos. Esa regulación no puede ser exhaustiva, ya que, en gran medida, está en leyes especiales. El punto de equilibrio regulatorio es, entonces, una serie de pautas generales incluidas en el título preliminar Este anteproyecto propone mantener la clasificación existente en materiade derechos reales, que es tradicional, consolidada, y que se basa en derechosindividuales de las personas sobre bienes (susceptibles de valoración económica),y, al mismo tiempo, contemplar otros aspectos que ya están en la práctica social yen el sistema jurídico: • Derechos de propiedad comunitaria de los pueblos originarios • Derechos sobre el cuerpo humano y sus partes. • Derechos de incidencia colectiva La regulación de estos aspectos plantea, a su vez, cuestiones complejasrelativas a su tratamiento. 7.3. Bienes: Las nociones jurídicas de bien, cosa y patrimonio están sometidas atensiones derivadas de los cambios socioeconómicos de nuestro tiempo. En relación al bien, como dijimos, la tradición legislativa identifica a losbienes con la valoración económica. Para este fin, no es determinante si sonmateriales (cosas) o inmateriales, porque lo que interesa es que tengan valor, yeste elemento, para la letra del Código y en su interpretación para la mayoría dela doctrina es económico y no afectivo. Para aportar mayor claridad a esta cuestión habría que señalar que, desdeel punto de vista económico, los objetos pueden tener o no valor patrimonial. Sitienen valor económico, pueden a su vez, entrar en el comercio y tener precio, quesurge de la oferta y la demanda. En el Código Civil, la noción de bien está estrechamente vinculada a esteenfoque económico. Por lo tanto, si se sigue utilizando este vocablo en su sentido
28. 27técnico tradicional, no podría aplicarse a los bienes ambientales o al cuerpo opartes del cadáver. En relación a las cosas, se las define como los objetos materialessusceptibles de tener un valor (artículo 2311 CC). Desde el punto de vista físico,cosa es todo lo que existe; no sólo los objetos que pueden ser propiedad delhombre, sino también todo lo que en la naturaleza escapa a esta apropiaciónexclusiva: el mar, el aire, el sol, etc. (nota al artículo. 2311 CC). Desde el punto devista jurídico, esta noción se ha circunscripto para no abarcar toda la materialidadni la utilidad, y por ello “debemos limitar la extensión de esta palabra a todo lo quetiene un valor entre los bienes de los particulares” (nota citada). En cuanto al vocablo “patrimonio”, da lugar al distingo entre bienespatrimoniales y extrapatrimoniales. Habitualmente se considera que el patrimonioes un atributo de la persona, y está integrado por bienes, es decir, que tienen valoreconómico. Estos conceptos tienen un campo de aplicación específico que deseamosmantener por su tradición y grado de conocimiento, pero también debemosagregar otras categorías que contemplen los nuevos supuestos. 7.4. Derechos En relación a los temas que venimos considerando, conviene examinar eldistingo entre derechos individuales y colectivos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló, en “Halabi”, que “laregla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienesjurídicos individuales son ejercidos por su titular”. Es decir que la regla general sonlos derechos individuales protegidos por la constitución y el código civil, lo queincluye el derecho de dominio, condominio, etc. En el mismo precedente “Halabi” se dijo: “Los derechos de incidenciacolectiva que tienen por objeto bienes colectivos (artículo. 43 de la ConstituciónNacional) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociacionesque concentran el interés colectivo y el afectado. En estos supuestos existen doselementos de calificación que resultan prevalentes. En primer lugar, la petición
29. 28debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éstepertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusiónalguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación extraordinaria parareforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiaciónindividual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos”. En consecuencia distinguimos entre: • Derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular: se trata del patrimonio como atributo de la persona, los bienes que lo integran, y los derechos reales o creditorios. • Derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos: se refiere a aquellos que son indivisibles y de uso común, sobre los cuales no hay derechos subjetivos en sentido estricto. Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno. • Derechos individuales homogéneos: en estos supuestos una causa común afecta a una pluralidad de derechos y por lo tanto se permite un reclamo colectivo. Se diferencian de los primeros en cuanto a que se permiten procesos colectivos, como lo proponemos en materia de responsabilidad. Se distinguen de los segundos porque son derechos subjetivos individuales y no indivisibles, como el ambiente. Esta clasificación tiene un impacto decisivo en las normas referidas alpatrimonio, contratos y responsabilidad civil. 7.5. Derecho de las comunidades indígenas La Constitución de la Nación Argentina establece (artículo 75 inc. 17) entrelas facultades del Congreso, la siguiente: 17. “Reconocer la preexistencia étnica ycultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y
30. 29el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personeríajurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierrasque tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes parael desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptiblede gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a susrecursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias puedenejercer concurrentemente estas atribuciones”. Este texto consagra un nuevo tipo de propiedad que debe ser recibida enun Código Civil. Siguiendo sus lineamientos proponemos un texto que se ajusta a loseñalado por la doctrina mayoritaria, sin perjuicio de lo dispuesto en materia dederechos reales. 7. 6. El cuerpo humano Tradicionalmente se ha considerado que el cuerpo es soporte de la nociónde persona y sobre este aspecto no hay mayores discusiones. El problema jurídico surge cuando se advierte que el cuerpo humano y suspartes, tales como las piezas anatómicas, órganos, tejidos, células, genes, puedenser separados, aislados, identificados, y luego trasplantados, patentados,transferidos comercialmente. Un modo de resolver el problema es recurrir a los derechos de lapersonalidad. El derecho a la integridad personal se extiende, tanto al cuerpocomo a las piezas anatómicas una vez extraídas del cuerpo, mientras sea posiblela identificación de las mismas con dicha persona. La información sobre lasdistintas partes del cuerpo y, en especial, los genes, forman parte del derecho dela persona. Todo se incluye dentro del derecho a la autodeterminación, de lo quese deriva, además, que estos derechos están fuera del comercio. No tienen unvalor económico, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. Dentro de este modelo puede citarse el Código Civil francés (arts 16.1, 16.5incorporados por Ley 94-653 del 29/07/1994) que dispone que el cuerpo humanoes inviolable, y que sus elementos y productos no podrán ser objeto de ningún
31. 30derecho de naturaleza patrimonial, lo cual hace que sean nulos los contratos quetengan como finalidad conferirles un valor patrimonial. Una visión completamente diferente es la que considera que es posible queel cuerpo o sus partes sean objeto de derechos patrimoniales. En este esquema,es posible separar elementos que se califican como “cosas”, que tienen un precioy pueden ser patentados, transferidos y sometidos al comercio dentro de ciertoslímites. Esta concepción patrimonialista plantea problemas de todo tipo. Hayproblemas lógicos, porque el derecho de propiedad sobre una cosa lo tiene eltitular, que es inescindible de ella; la identidad cuerpo-cosa-persona es unobstáculo difícil de superar. Hay problemas éticos, porque se afecta la dignidadhumana. Hay problemas vinculados a las consecuencias que produciría unadecisión de este tipo sobre la organización de la sociedad y la economía misma,porque un grupo de empresas podría comercializar a gran escala partes humanas,genes, células, con todas las derivaciones, imposibles de calcular en estemomento. La abstención no es una respuesta válida, porque, en ausencia deregulación, la comercialización será inevitable con sus graves consecuencias. Tampoco podemos dejar de advertir el progreso experimentado por laciencia y la técnica que permite la utilización de determinadas partes del cadáverpara la salvación o cura de enfermedades de otras personas, en cuyo caso esaspartes del cuerpo adquieren un valor relevante para la salud y para la existenciadel hombre. No son bienes en el sentido jurídico del artículo 2312 C.Civil, ya queno son derechos personales ni derechos reales sobre cosa ajena. El tema surgiópalmariamente en la problemática de los trasplantes de órganos, luego con partesmucho más minúsculas del cuerpo (muestras biológicas depositadas enbiobancos, líneas celulares, células madre), pues con los adelantos de la ciencia yde la técnica, el cadáver o ciertas partes del mismo son utilizadas parainvestigación, curación, producción, etc.; así se convierten en objetos que quedanen este mundo de los vivos.
32. 31 En estos supuestos, el valor que se les dé, puede no ser pecuniario, sinoque está configurado por el interés científico, humanitario o social que lo informa. Entendemos que puede admitirse la categoría de objeto de derechos queno tienen un valor económico, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario osocial. Es preferible esta enumeración que es limitativa del concepto, a unaenunciación negativa (“bienes que no tienen un valor económico” o“extrapatrimoniales”). El valor configura un elemento de la tipicidad de la noción debien y está calificado porque es afectivo (representa algún interés no patrimonialpara su titular), terapéutico (tiene un valor para la curación de enfermedades),científico (tiene valor para la experimentación), humanitario (tiene valor para elconjunto de la humanidad), social (tiene valor para el conjunto de la sociedad). Entodos casos se trata de valores que califican la noción de bien como un elementode tipicidad. En cuanto a los caracteres hay demasiada variedad que hace necesarioremitir a la legislación especial la regulación de cada uno de los casos.LIBRO PRIMERO. DE LA PARTE GENERAL.TITULO I. PERSONA HUMANA Capitulo 1. Comienzo de la existencia El libro primero se abre con la regulación de la persona humana; ella es,conforme a la doctrina judicial de la Corte Federal, la figura central del Derecho.En seguimiento del Proyecto de 1998, que tanta influencia tiene en esteanteproyecto, se utiliza la denominación “persona humana” y se elimina ladefinición del artículo. 30 del código civil vigente.
33. 32 La norma relativa al comienzo de la persona tiene en consideración elestado actual de las técnicas de reproducción humana asistida, conforme el cual,no existe posibilidad de desarrollo de un embrión fuera del seno materno. Capitulo 2. Capacidad El anteproyecto distingue la capacidad de derecho de la capacidad deejercicio. Las modificaciones importantes se producen en esta última, a fin deadecuar el derecho positivo a la Convención Internacional de los derechos delniño y la Convención Internacional de las personas con discapacidad. De allí laflexibilidad de las normas, las permanentes referencias a nociones como “edad ygrado de madurez”, la necesidad de que las restricciones a la capacidad esténlegalmente previstas, las facultades judiciales para la determinación de esasrestricciones, la obligación del juez de oír, tener en cuenta y valorar las opinionesde estas personas, etc. En este contexto, se incorpora “el adolescente” y seelimina la categoría de menor adulto o púber, adecuando la edad a la modificaciónoperada en materia de mayoría de edad. También se mantiene la noción deincapacidad, especialmente para los actos patrimoniales, en protección de estaspersonas. El anteproyecto regula expresamente la capacidad de ejercicio de lapersona menor de edad en lo relativo al cuidado de su propio cuerpo, siguiendoreglas generales aceptadas en el ámbito de la Bioética y en el derechocomparado, que han desarrollado en forma exhaustiva la noción de “competencia”diferenciándola de la capacidad civil tradicional. La figura de la emancipación por matrimonio se mantiene para unasituación excepcional, cual es la de la persona menor de edad que celebramatrimonio con autorización judicial, eliminando las dudas generadas en ladoctrina nacional después de la sanción de la leyes 26449 y 26579, suprimiéndosede este modo la posibilidad de que personas menores de edad contraiganmatrimonio sólo con la autorización de los padres.
34. 33 El anteproyecto recepta el nuevo paradigma en materia de personasincapaces y con capacidad restringida por razones de salud, de conformidad conla ley 26657. En este sentido, establece reglas generales que deben observarseen toda decisión que limite la capacidad de ejercicio de estas personas; fijaquiénes pueden ser protegidos por estos procesos, las personas legitimadas parainiciarlos, las facultades y deberes judiciales, el régimen de la prueba; reconocenuevas figuras como las redes de apoyo, priorizando los aspectos personales,sociales y familiares de estas personas por sobre los aspectos patrimoniales a loscuales el paradigma anterior recogido por el código civil parece darles prioridad. Se incorporan expresamente normas sobre la internación para evitarabusos o extralimitaciones no infrecuentes en la práctica. Se sistematizan las normas sobre validez y nulidad de los actos celebradospor estas personas, según sean realizados con anterioridad o posterioridad a lainscripción de la sentencia. Siendo ésta una materia siempre cambiante, el anteproyecto se remite parasu complementariedad a la legislación especial. La figura de los inhabilitados se reserva para el supuesto de prodigalidad,que se regula apuntando especialmente a la protección del interés patrimonialfamiliar.Capitulo 3. Derechos y actos personalísimos Se incorpora un régimen sistemático de los derechos de la personalidad,largamente reclamado por la doctrina argentina; a ese fin se ha tomado enconsideración la incorporación a la Constitución del Derecho supranacional deDerechos Humanos, cuya reglamentación infra constitucional debe tener lugar enel Código Civil. El capítulo se abre con una declaración acerca de la dignidad de lapersona humana y se reconocen explícitamente los derechos a la intimidad, honor,imagen e identidad. Se regula el derecho a la disposición del propio cuerpo conlimitaciones fundadas en principios bioéticos.
35. 34 Están prohibidas las prácticas destinadas a alterar la constitución genéticade la descendencia, excepto las que tiendan a prevenir enfermedades genéticas ola predisposición a ellas. En este aspecto hemos aceptado sustituir el vocabloprácticas eugenésicas, que se ha utilizado con frecuencia en derecho, por laexpresión ya citada en el texto, que ha sido aconsejada por la comunidadcientífica, según consultas realizadas por la comisión. En relación a la investigación médica con seres humanos, se fijan requisitosclaros: debe ser la única alternativa frente a otras de eficacia comparable; no debeimplicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relacióncon los beneficios que se espera obtener de la investigación; debe asegurar alparticipante la atención médica pertinente, durante y finalizada la investigación;debe requerirse el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico dela persona que se sujeta a la investigación, la previa aprobación de lainvestigación por un comité de ética, y la autorización del organismo públicocorrespondiente. El consentimiento es libremente revocable. Se prevén las directivas anticipadas, las investigaciones médicas conpersonas humanas en el marco del consentimiento informado. Finalmente seestablece un régimen sobre la disposición del cadáver, siguiendo los criterios de lajurisprudencia.Capitulo 4. Nombre Se regula el nombre, actualizando la ley 18.248 vigente hasta el momentopara adecuarlas a principios constitucionales que priorizan el derecho a laidentidad, a la autonomía de la voluntad y a la igualdad. En concreto, se elimina laprohibición de aplicar prenombres extranjeros entendiéndose que, en definitiva, laelección del prenombre es una decisión de los padres en la que la injerencia delEstado debe ser lo menor posible. Se ha establecido de manera expresa laposibilidad de poner nombres indígenas, en consonancia con el respeto por lasminorías y la creencia en el carácter pedagógico de la ley. Se introducen
36. 35modificaciones sustanciales en el apellido de las personas casadas permitiendo acualquiera de los dos tomar el apellido del otro seguido o no de la preposición“de”. Con apoyo en los principios mencionados, se recepta el llamado “apellido defamilia” con la limitación de que todos los hijos deben llevar el mismo apellido; antela falta de una única solución en el derecho comparado y las críticas que cada unade ellas ha merecido, se ha optado por el azar cuando los progenitores no seponen de acuerdo, por ser ésta la solución que mejor respeta el principio deigualdad. También se flexibilizan las normas sobre modificación, dando importancia ala identidad en su faz dinámica, por lo que se amplían las posibilidades temporalesy de legitimación.Capitulo 5. Domicilio El régimen del domicilio se simplifica, eliminándose la categoría deldomicilio de origen. El domicilio es el lugar donde se reside habitualmente, peroquien tiene actividad profesional y económica lo tiene en el lugar donde ladesempeña para las obligaciones nacidas de dicha actividad.Capitulo 6 , 7 , 8 y 9. Ausencia. Presunción de fallecimiento. Fin de laexistencia de las personas. Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad Se vuelca al Código Civil el régimen de la ausencia y de la presunción defallecimiento, actualmente regulados por la ley 14.394; se ajustan algunassoluciones; se advierte un cambio importante en materia de matrimonio, siendo lasentencia de declaración causal de su disolución. Las reglas en materia de prueba del nacimiento y de la muerte han sidomodernizadas, eliminándose hipótesis superadas. Se dispone expresamente, quecuando exista ablación de órganos del cadáver la determinación de la muertequeda sujeta a la legislación especial, para poner fin a discrepancias existentes. Se regula la representación y asistencia de las personas incapaces y concapacidad restringida.
37. 36 Un artículo específico regula las diferentes maneras de actuación delMinisterio Público, de modo principal y complementario, en el ámbito judicial yextrajudicial, procurando dar fin a los debates generados en torno a lainterpretación y aplicación del artículo. 59 del código civil vigente.Capitulo 10. Representación y asistencia. Tutela y Curatela El anteproyecto mantiene la regulación de la tutela como una instituciónsubsidiaria, destinada a brindar protección al niño o adolescente que carece de unadulto responsable que asuma su crianza, sean los padres o guardadores. Lamención al guardador obedece a que el anteproyecto recepta la figura de laguarda por un tercero, sea por delegación del ejercicio de la responsabilidadparental por parte de los padres, o por disposición judicial. En este contexto, elguardador puede ser investido con las funciones que se regulan en este título parael tutor u otra persona diferente a aquél. Esta coordinación de la figura de la tutelacon la del guardador queda expresamente establecida en la disposición queinaugura el título sobre Tutela. La definición de tutela también se modifica subrayando que se trata de unafigura tendiente a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña oadolescente que no ha alcanzado la plena capacidad civil. Se escuchan las voces doctrinales y jurisprudenciales que critican que latutela sea necesariamente unipersonal. Si se trata de una figura que reemplaza lasfunciones que se derivan de la responsabilidad parental y ésta, en principio y enbeneficio del niño, es ejercida por dos personas, la tutela debe seguir este mismolineamiento, pudiendo ser ejercida de manera conjunta por dos personas. Se mantiene la posibilidad de que los padres designen el tutor de sus hijos.En este marco, se deroga el trato discriminatorio de la legislación vigente entrepadre y madre en los supuestos de posterior matrimonio de la madre. A los fines de compatibilizar la guarda con la tutela, se dispone que si lospadres han delegado el ejercicio de la responsabilidad parental en un tercero, se
38. 37presume la voluntad de que se lo nombre tutor, designación que debe serdiscernida por el juez que homologó la delegación o el del centro de vida del niño,niña o adolescente, a elección del tercero. Los padres pueden elegir, pero no pueden eximir al tutor de hacerinventario, ni autorizarlos a recibir bienes sin cumplir ese requisito, ni liberarlos derendir cuentas. Se deroga la tutela legal; el discernimiento de la tutela es siempre judicial, ycualquier persona (parientes o no) puede estar en condiciones de cumplir el rol detutor; carece, pues, de todo sentido práctico, que la ley, en abstracto y a priorirealice una enumeración. Los parientes más cercanos no son siempre laspersonas más adecuadas para el cuidado de un niño o adolescente, sea porquehay otras personas con un vínculo afectivo más sólido, sea por problemasrelativos a la edad, la salud, la situación laboral, por lo cual, es mejor que el juezevalúe sin condicionamientos, qué es lo más beneficioso para el niño oadolescente en cada situación concreta. Se mejora la redacción sobre las personas inhabilitadas o excluidas paraejercer el cargo de tutor y se incorporan excepciones a la regla de que no sepuede ser tutor de más de una persona. El anteproyecto introduce varias modificaciones y ampliaciones a la tutelaespecial. En primer término, se regula el supuesto de conflicto de intereses entrelos representados y sus representantes, especificándose que cuando elrepresentado es un adolescente puede actuar por sí, con asistencia letrada, encuyo caso el juez puede decidir incluso, que no es necesaria la designación de untutor especial. En la misma línea, se regula el supuesto de conflicto de interesesentre diversos representados de un mismo representante. Se agrega como supuesto particular la designación de tutor especialcuando existan razones de urgencia y hasta tanto se tramite la designación deltutor definitivo.
39. 38 Se introducen algunas modificaciones al proceso para el discernimiento dela tutela; así por ej., es juez competente el del lugar donde el niño o adolescentetiene su centro de vida, en consonancia con lo dispuesto por el artículo. 3 de la ley26.061 y jurisprudencia consolidada. Se establece expresamente que los actos realizados por el tutor conanterioridad al discernimiento judicial de la tutela son válidos siempre quebeneficien al niño o adolescente. Se dispone que quien ejerce la tutela es el representante legal del niño,niña o adolescente en todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial, sinperjuicio de la actuación personal del propio tutelado en ejercicio de su derecho aser oído y el progresivo reconocimiento de su capacidad otorgado por la ley oautorizado por el juez. Se pone énfasis en la responsabilidad del tutor por los daños causados porel incumplimiento de su función. Se enumeran los actos que el tutor no puede realizar, ni con autorizaciónjudicial y los que requieren de la correspondiente autorización judicial. Se amplían las facultades judiciales para autorizar inversiones seguras conlos fondos del pupilo una vez cubiertos los gastos de la tutela. También se regula lo relativo a la rendición de cuentas, actividad que debeser cumplida en forma anual. En este sentido, se mantiene el criterio seguido porel Proyecto de 1998. Atento a que se incorpora la posibilidad del ejercicio conjuntode la tutela por dos personas, la obligación de rendición de cuentas se estableceen forma individual y, por ende, su aprobación sólo libera a quien da cumplimientoa esta obligación. Se enumeran las diferentes causas de terminación de la tutela. Ante laposibilidad de ejercicio conjunto de la tutela por dos personas, se adecúa lanormativa a esta situación y por ende, sólo la muerte de ambas personas hace
40. 39terminar la tutela en forma total; de lo contrario, la tutela queda en cabeza del otroexcepto que el juez estime conveniente su cese, por motivos fundados. Se regulan causales de suspensión provisoria durante la sustanciación dela remoción definitiva. Esta novedad, tomada del Código Civil español, se funda enla necesidad de evitar que la dilación en la sustitución o cambio de tutor perjudiqueal niño o adolescente. Respecto de la curatela, el anteproyecto sigue la tendencia tradicional quemanda aplicar supletoriamente las reglas relativas a la tutela, en cuanto seacompatible; tiene en cuenta, esencialmente, las modificaciones sustanciales quese receptan en torno a la noción de incapacidad y capacidad restringida de laspersonas afectadas en su salud mental. En consonancia con este tipo de figuras de carácter protectorio, se disponeque la principal función del curador es la de cuidar la persona y los bienes delincapaz o con capacidad restringida, y tratar de que recupere su salud. A tal fin, seestablece que las rentas de los bienes de la persona protegida deben serdestinadas para tal recuperación. Se introducen modificaciones importantes respecto a quién puede ejerceresta función: se establece que es la propia persona quien puede designar,mediante una directiva anticipada, la persona o personas que ejerzan su curatelaante una eventual afectación a su salud mental. A falta de previsiones, el juezpuede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, los hijos, padreso hermanos de la persona a proteger según quien tenga mayor aptitud. Por último, se mejora la regulación del supuesto especial de que la personaprotegida tenga hijos. En este caso, el curador de la persona incapaz o concapacidad restringida, es tutor de los hijos menores de éste. Sin embargo, el juezpuede otorgar la guarda del hijo menor de edad a un tercero, designándolo tutorpara que lo represente en las cuestiones patrimoniales. De este modo, elanteproyecto coordina y compatibiliza la posibilidad de coexistencia de diferentesfiguras como ser la de curador, tutor y guardador.
41. 40TITULO II. PERSONA JURIDICACapitulo 1. Parte General Los artículos proyectados ingresan en el Título II (“De la persona jurídica”)del Libro Primero, con un capítulo para propia parte general dedicada a lapersonalidad, composición, clasificación y ley aplicable, completando con eldesarrollo de las personas jurídicas privadas. La experiencia argentina no evidencia insuficiencia de posibilidadesasociativas, sea bajo formas jurídicas personificadas o no. En tal convencimientose considera conveniente evitar una formulación de carácter residual paraestablecer que todas las personas jurídicas que no son públicas son privadas, locual en concordancia con la fuerza jurígena de la voluntad en una materia tandelicada y trascendente como el nacimiento de la personalidad jurídica, sugiereprecisamente la posibilidad de una suerte de persona jurídica innominada, uni oplurimembre, por fuera de aquellas tipificadas. Se entiende más prudente aventar una inteligencia extensiva de cuálespueden ser las personas jurídicas privadas, estimando por el contrario que lalegislación especial en vigor -adicionada con la regulación en el Códigoproyectado de las asociaciones civiles y las simples asociaciones- (a lo que seagregan las fundaciones) provee una suficiente variedad de figuras y constituyepor lo tanto una razonable reglamentación de la garantía constitucional deasociarse con fines útiles. De ahí la preferencia por una enumeración de laspersonas jurídicas privadas basada en la legislación especial pero que debedejarse abierta, ya que la personalidad jurídica es conferida por el legislador comoun recurso técnico según variables circunstancias de conveniencia o necesidadque inspiran la política legislativa y por lo tanto otras normas legales pueden crearfiguras que amplíen el catálogo de las existentes. La regulación de las personas jurídicas en la parte general de un CódigoUnificado Civil y Comercial, se circunscribe a la finalidad de establecer un sistema
42. 41también general, aplicable a todas las personas jurídicas. Sin embargo, estapuridad dogmática debe ceder a la conveniencia de incorporar las regulaciones delas asociaciones civiles, las simples asociaciones y también las fundaciones. Se establecen en esta parte los ejes de un sistema general de la personajurídica y de otros propios de una parte general sobre personas jurídicas privadas. Se incluye la definición de la persona jurídica y cómo se atribuye lapersonalidad y el claro principio de separación o de la personalidad diferenciadacon respecto a la de los miembros de la persona jurídica. Es indudable el principio de que los miembros de la persona jurídica noresponden por las obligaciones de ésta, excepto en la medida en que endeterminados supuestos la ley lo determine. Esta ley puede tanto ser la leyespecial como la ley general de concursos y quiebras. Además, en el código secontemplan otros casos de desplazamiento del principio general, a fin de tutelarsituaciones especiales como las de ciertas clases de acreedores involuntarios omanifiestamente desprovistos de cualquier poder negocial que les hubiera podidopermitir acotar los riesgos de la contratación u obtener determinadas garantías.Con ello debe preverse la posibilidad de sancionar en el plano patrimonialconductas de indebida traslación del riesgo empresarial a terceros “débiles” o quepor las circunstancias mismas del nacimiento de su derecho, no han contado conposibilidades previas de defenderse. También se prevén supuestos deresponsabilidad por apariencia creada, como cuando determinados miembros deuna persona jurídica difunden o permiten que se difunda su nombre o se utilicecualquier medio idóneo para inducir una creencia generalizada en la solvencia dela entidad basada en el supuesto respaldo patrimonial con que ella contaría. Rige además la desestimación, prescindencia, inoponibilidad, etc., de lapersonalidad jurídica, como instituto de excepción al criterio de separación odiferenciación. En la actualidad este instituto se halla expresamente contempladoen la ley 19.550 de sociedades comerciales (artículo. 54, tercer párrafo) bajo elrótulo “inoponibilidad de la personalidad jurídica”. Debe hacérselo extensivo a
43. 42cualquier persona jurídica privada ya que el abuso en su constitución, ladesvirtuación de su finalidad, tanto genérica como en la posterior dinámicafuncional, constituyen manifestaciones de una utilización desviada del recurso dela personalidad que son susceptibles de producirse en cualquier clase de personajurídica, lo cual fundamenta la previsión del instituto en un sistema general. No pasa desapercibido que tratándose de la formulación de un código dederecho privado, podría prescindirse de la referencia a personas jurídicaspúblicas. No obstante la mención de las mismas, a la cual se limita lo proyectado(la regulación en sí es propia del derecho público nacional e internacional), tienesu tradición en el Código Civil vigente y por otra parte se hacen diversasreferencias a ellas, principalmente al Estado nacional, las provincias y losmunicipios, en otras partes del mismo y será sin duda necesario repetirlo enalguna medida en el texto en proyecto; razones por las cuales se consideraapropiada la enumeración, en parte como consta en el código vigente peroagregando otras, como personas jurídicas de derecho internacional público.Asimismo la referencia a partir del Proyecto de 1998 a “las demás organizacionesconstituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya esecarácter” sirve para contemplar a las empresas del Estado y también a lasdenominadas personas jurídicas públicas no estatales, regidas por leyesespeciales (como los partidos políticos, las asociaciones sindicales y diversasentidades profesionales). Se establece un orden de prelación en la aplicación a las personas jurídicasprivadas de principios y normativas, lo que viene requerido en virtud de laexistencia de diversos ordenamientos especiales y la fuerza jurígena de lavoluntad de sus miembros en la creación y funcionamiento de las personasjurídicas. La regulación de los atributos y efectos de la personalidad jurídica, entreellos el nombre –cuya importancia ante la complejidad de las relaciones sociales
44. 43amerita algún grado de detalle en la regulación-, el domicilio y la sede social, elobjeto como determinante de la capacidad de derecho de la persona, y elpatrimonio y su función no sólo de garantía de los derechos de terceros, sino deaptitud para el cumplimiento del objeto de la persona jurídica, generalizando eneste sentido un criterio sentado por la legislación vigente sobre fundaciones ycaptando la jurisprudencia del fuero comercial de esta Capital desarrollada entorno a este tema. La fuerza jurígena de la voluntad en la creación de las personas jurídicasprivadas dentro del marco de las formas admitidas, adopta como principio que,excepto disposición en contrario, la personalidad jurídica nace con el acuerdo devoluntades. La trascendencia de la prerrogativa de crear sujetos y separar patrimoniosdada a los particulares justifica diseñar un control con suficiente amplitud. Suimportancia tampoco puede ser desconocida en el plano sociológico, ya que escomún la creencia en el medio social de que lo que ha sido inscripto en un registropúblico es válido y por eso se lo inscribió. Empero el control de legalidad debe serseparado de aquel de oportunidad, mérito o conveniencia que puede ser ejercidoen la creación y funcionamiento de determinadas personas jurídicas cuyo objeto oforma de operar (p. ej., recurriendo al ahorro público) tienen repercusión sobreintereses públicos o generales de la comunidad. La normativa general incluye otras normas comunes a cualquier tipo depersona jurídica, relativas a sus órganos de gobierno, administración,representación y fiscalización interna, derechos individuales e inderogables de losmiembros, causales de extinción o disolución y procedimiento de liquidación.Capitulo 2. Asociaciones Civiles. El asociacionismo crece en el mundo y es importante determinar cuáles sonlas exigencias básicas de estas figuras legales a los fines de dar transparencia a
45. 44su constitución y permitir el pleno ejercicio de las múltiples actividades a quepueden dar lugar. Son así relevantes las condiciones en cuanto a objetivos,regulación interna y disolución, particularmente que se determine el destino de losbienes en caso de disolución. Si bien se han dictado normas específicas paracierto tipo de asociaciones (por ej.las mutuales con la Ley 20.321 y lascooperativas con la Ley 20.337) se hace imprescindible incluir en el Código uncriterio general y básico para que los particulares puedan asociarse solidariamentey coparticipen en el cumplimiento de fines cada vez más variados. La experienciaen el país es vasta y, justamente por ello, requiere de seguridad jurídica que sedesprende de la regulación. Las asociaciones civiles se caracterizan como personas jurídicas privadasque se constituyen con un objeto de interés y utilidad general para la comunidad,del que también participan y se benefician sus miembros. Requierenindispensablemente del aporte y sostenimiento de todos o parte de sus socios. Nopueden ser la principal fuente de sus recursos la asistencia económica quereciban del Estado ni los aranceles que perciban por servicios específicos quepresten a los socios, los cuales también deben ser efectivamente accesibles enigualdad de condiciones a la comunidad en general. Su existencia comienza con el acuerdo constitutivo otorgado en la formaescrita prescripta y según sean asociaciones civiles o simples asociaciones (másflexibles, con menores controles y mayores responsabilidades para sus miembros)requieren o no autorización estatal para funcionar. Pero desde ahora, con elproyecto, tienen reconocimiento como personas jurídicas. El punto determinante de su conformación es que no pueden perseguirfines de lucro ni distribuir bienes o dinero entre sus miembros durante sufuncionamiento ni en la liquidación. Si para el cumplimiento de su objeto realizanactividades por las que obtienen algún resultado económico positivo, éste debeaplicarse a la prosecución, incremento o perfeccionamiento del desarrollo deaquel.
46. 45Capitulo 3. Fundaciones Las fundaciones están reguladas por la ley 19836 pero no pueden estarausentes del Código civil que sólo las menciona en el artículo. 33 como personasjurídicas de carácter privado. En consecuencia, la comisión proyectó unaintroducción de la temática a través de un articulado basado en el texto de lacitada ley. Ello indica que para el código todo es nuevo pero no es novedad parael sistema jurídico argentino.TITULO III. DE LOS BIENES.Capitulo 1. De los bienes con relación a las personas y los derechos deincidencia colectiva El título de los bienes se incluye en la parte general en el que se legislasobre los elementos de los derechos: sujeto, objeto y causa. Se innova respectodel código civil actual en el que la temática se circunscribe a las cosas, por lo cualse encuentra ubicada en el libro de los Derechos Reales, como elemento delderecho real y no de todo derecho cual lo es en realidad, más aún cuando esteanteproyecto no trata sólo de las cosas sino de los bienes, de percepción ycontenido más amplio, que excede largamente el criterio patrimonialista. De ahí que el primer capítulo se dedica a los bienes con relación a laspersonas y los derechos de incidencia colectiva, aspecto que constituye unaampliación novedosa. Comienza en la sección primera con el tratamiento clásico de las cosas. Eneste punto aparte de eliminar algunas categorías como los inmuebles por accesiónmoral, se hace una modificación en los conceptos de cosas fungibles yconsumibles. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, son bienesfungibles “Los muebles de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturalezasin consumirlos y aquellos en reemplazo de los cuales se admite legalmente otro
LA UNIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Y EL DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO. ...
Cuadernillo 4 Metodologia del Código Civil y Comercial
Corporación 2.0