Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-180-de-marzo-8-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920421b6ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-26 13:35:00
Document Index: 28193803

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 194', 'artículo 57', 'artículo 150', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 194', 'artículo 130', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 152', 'artículo 152', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 153', 'artículo 194', 'artículo 57', 'artículo 150', 'artículo 2', 'artículo 194', 'artículo 57', 'artículo 365', 'artículo 230', 'artículo 241', 'artículo 243', 'artículo 150', 'artículo 130', 'artículo 38', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA C-180 DE MARZO 8 DE 2006
SENTENCIA C-180 DE 08 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:LA DEROGATORIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. NO SIGNIFICA LA DESAPARICIÓN DEL MECANISMO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA, PUES DICHA FUNCIÓN DEBE SER CUMPLIDA POR CADA UNA DE LAS SECCIONES DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 954 DE 2005.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE IGUALDAD, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RECURSO EXTRAORDINARIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:414 DE JUNIO DE 2006, PG.1082
Sentencia C-180 de marzo 8 de 2006
Sentencia C-180 de 2006
Ref.: Expediente D-5975
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º y 3º de la Ley 954 de 2005.
Demandante: Andrés Felipe Ramírez Gallego
Bogotá, D.C., ocho de marzo de dos mil seis.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Andrés Felipe Ramírez Gallego presentó demanda contra los artículos 2º y 3º de la Ley 954 de 2005, por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia.
A continuación se transcriben las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.893 de 28 de abril de 2005:
“ART. 2º—Recurso extraordinario de súplica. Derógase el artículo 194, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, del Código Contencioso Administrativo.
ART. 3º—Salas especiales transitorias de decisión. Adiciónase un artículo nuevo transitorio en la sección segunda, del capítulo tercero, del título XXXIII, del libro cuarto del Código Contencioso Administrativo, referente al recurso de súplica, el cual quedará así:
El demandante considera violados el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 13, 29, 31, 40, 83, 85, 86, 93, 94, 95, 103, 113, 114, 116, 150, 152, 236, 237, 238, 241.4, 242 y 243 de la Constitución Política, con los siguientes fundamentos:
Afirma que las normas demandadas, al eliminar el recurso extraordinario de súplica en la jurisdicción contencioso administrativa, como medio de unificación de la jurisprudencia, vulneran el principio de igualdad, porque se dan casos en que las secciones de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado tienen jurisprudencias dispares sobre los temas jurídicos y según la Constitución la aplicación del derecho debe ser igual para todas las personas. Agrega que dichas disposiciones no respetan la unidad del ordenamiento jurídico, sobre la base del contenido de la Constitución.
Expresa que se viola el derecho a la administración de justicia porque los jueces pueden negarlo por vía de interpretación de las normas jurídicas y sin un debido control de los superiores. Añade que al privar a las personas del recurso extraordinario y de la posibilidad de controvertir las sentencias mediante el mismo, se viola el debido proceso, así como también el principio de la confianza legítima en la adopción de decisiones por parte de las autoridades públicas, en cuanto la respuesta de estas debe ser la misma en situaciones iguales.
Sostiene que se quebranta el principio de seguridad jurídica, ya que no puede existir esta en un Estado donde cada día se profieran sentencias disímiles sobre un mismo punto de derecho y que una decisión que ha sido adoptada una vez no puede abandonarse sin un motivo para ello.
Aduce que por afectar el recurso extraordinario de súplica los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, y modificar las competencias de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, el Congreso transgredió el principio de reserva de ley estatutaria previsto en los artículos 152 y 153 de la Constitución.
Indica que “es importante señalar que lo que se busca con el recurso como muchos pudieran pensar es un manejo racional del principio de seguridad jurídica, no para que la jurisprudencia quede estática, sino simplemente para que el administrado tenga reglas claras, precisas, previas y relativamente estables de interpretación. Es mantener una interpretación hasta que el pleno del consejo mediante un procedimiento un poco más complejo la cambie o que las secciones haciendo un uso adecuado del precedente, distingan su caso del anterior o modifiquen la jurisprudencia (...)”.
Mediante escrito presentado el 12 de octubre de 2005, el ciudadano Fernando Gómez Mejía, obrando en nombre del Ministerio del Interior y de Justicia, solicita a la Corte que declare exequibles las normas demandadas, argumentando lo siguiente:
Expone que con fundamento en la cláusula de competencia general del Congreso de la República para la expedición de las leyes, consagrada en el artículo 150 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 ibídem, específicamente con base en lo previsto en el numeral 2º del primer artículo, en virtud del cual corresponde a aquella corporación expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones, la Corte Constitucional ha expresado numerosas veces que el legislador tiene libertad de configuración para crear y modificar los procesos y actuaciones judiciales, en sus diversos aspectos, siempre y cuando respete los derechos, garantías, principios y valores contemplados en la misma Constitución y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
2. Intervención de la facultad de derecho de la Universidad Santiago de Cali.
Por medio de escrito recibido del 11 de octubre de 2005, la ciudadana Beatriz Delgado Motoa, actuando en representación de la facultad de derecho de la Universidad Santiago de Cali, coadyuva la petición del demandante, con las siguientes razones:
Señala en forma general la historia del recurso extraordinario de súplica en la jurisdicción contencioso administrativa dentro del ordenamiento jurídico colombiano y afirma que el mismo tiene no solo la finalidad de la salvaguarda del orden jurídico sino también la de unificar la jurisprudencia, tal como sucede con el recurso de casación en la jurisdicción ordinaria. Agrega que tradicionalmente se ha sostenido que a través de dicho recurso se busca que las secciones no terminen manejando la jurisprudencia, cada una por su lado, como si se tratara de otros tantos consejos de Estado.
— El 19 de octubre de 2005, escrito presentado por el ciudadano Germán Rodríguez Villamizar, obrando en nombre del Consejo de Estado.
— El 24 de octubre de 2005, escrito firmado por el ciudadano Edgardo José Maestre Sánchez, actuando en representación de la facultad de derecho, ciencias políticas y sociales de la Universidad Popular del Cesar.
Mediante Concepto 3985 rendido el 8 de noviembre de 2005, el Procurador General de la Nación (E), Carlos Arturo Gómez Pavajeau, solicita a la Corte que: i) se declare inhibida para hacer pronunciamiento de fondo en relación con la supuesta violación de las normas constitucionales en que incurrió el legislador con la expedición del artículo 3º de la Ley 954 de 2005, por ineptitud sustantiva de la demanda; ii) estarse a lo que se disponga en las sentencias que se profieran dentro del trámite de los expedientes D-5822 y D-5965 que cursan en la Corte Constitucional frente a los cargos formulados contra el artículo 2º de la Ley 954 de 2005.
Subsidiariamente pide a la Corte que: i) declare exequible el artículo 2º de la Ley 954 de 2005; ii) declare inexequible la expresión “que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tengan proferido el respectivo auto admisorio”, contenida en el artículo 3º de la Ley 954 de 2005.
Plantea que, a pesar del esfuerzo del demandante para demostrar los cargos, no existe una acusación concreta contra el artículo 3º de la Ley 954 de 2005 que crea las salas especiales transitorias de decisión y les asigna funciones en relación con el recurso extraordinario de súplica, excluyendo de tal competencia los recursos presentados y aún no admitidos, razón por la cual, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se impone, en relación con dicha norma, una decisión inhibitoria.
Alega que, igualmente, la demanda presentada, aunque con sustento distinto de los cargos, es en esencia igual a las que dieron lugar a los conceptos emitidos por la Procuraduría General de la Nación dentro del trámite de los expedientes radicados bajo los números D-5822 D-5965 y persigue un mismo objeto, por lo cual en esta oportunidad se reitera, en lo pertinente, la posición del Ministerio Público, con las modificaciones y adiciones propias del cargo referido al logro de la seguridad jurídica a través de unificación jurisprudencial en la jurisdicción contencioso administrativa.
Dictamina que en materia de recursos la Corte Constitucional ha dicho que, salvo las limitaciones impuestas en materia penal cuando existe sentencia condenatoria y en materia de tutela, el legislador puede establecer los recursos que proceden en cada jurisdicción. Así, como la Constitución no establece la obligatoriedad de un recurso determinado ante la jurisdicción contencioso administrativa, se amplía para el legislador el margen de libertad configurativa de las normas que los consagran, siendo permitida su inclusión o exclusión en el ordenamiento jurídico bajo el criterio de razonabilidad.
Afirma que para las personas que habían presentado oportunamente el recurso extraordinario de súplica bajo la vigencia del artículo 194 del Código Contencioso Administrativo y la decisión sobre su admisión no se había producido al comenzar la vigencia de la citada ley, resulta válida, desde el punto de vista de la doctrina constitucional, la garantía de la expectativa cierta, de conformidad con el principio de la confianza legítima, de suerte que debía ordenarse la tramitación y resolución del recurso interpuesto, lo cual negó el legislador. En consecuencia, existe violación del derecho al debido proceso y de dicho principio.
Por otra parte, aduce que según el criterio de la Corte Constitucional, que comparte, no todos los asuntos inherentes a la administración de justicia deben ser regulados por ley estatutaria, pues la reserva de esta en dicha materia se circunscribe a las regulaciones que se refieren a la estructura general y los principios sustanciales y procesales que han de guiar a los jueces de la República en su función de dirimir los conflictos sometidos a su conocimiento.
Sostiene que si bien los recursos extraordinarios contribuyen a la unificación de la jurisprudencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el de súplica no es el único instrumento con que se cuenta para ese fin, ya que en virtud de lo dispuesto por el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado asume los asuntos que por su importancia jurídica o su trascendencia social le sean enviados por las secciones y, de igual manera, puede asumir cualquier asunto que se encuentre para fallo en cualquiera de las secciones de dicha corporación.
Consideración preliminar. Declaración de inhibición en relación con la demanda contra el artículo 3º de la Ley 954 de 2005, por ineptitud sustantiva de la demanda
2. Como lo afirma el señor Procurador General de la Nación (E) en su concepto, en la demanda no se formulan cargos de inconstitucionalidad contra el artículo 3º de la Ley 954 de 2005, en virtud del cual se crearon en el Consejo de Estado unas salas especiales transitorias de decisión, encargadas de decidir los recursos extraordinarios de súplica que, a la fecha de entrada en vigencia de la misma ley, tuvieran proferido el respectivo auto admisorio, y se señalaron su integración, funcionamiento y vigencia.
Por esta razón, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, que señala los requisitos de las demandas de inconstitucionalidad, y en la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, esta corporación se declarará inhibida para proferir decisión de mérito respecto de la demanda contra dicha disposición, por ineptitud sustantiva de la demanda.
3. Corresponde a la Corte establecer si el artículo 2º de la Ley 954 de 2005, al suprimir el recurso extraordinario de súplica en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como medio de unificación de la jurisprudencia: i) quebrantó la reserva de ley estatutaria (C.P., art. 152); ii) vulneró los derechos a la igualdad, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y los principios de unidad del ordenamiento jurídico, seguridad jurídica y confianza legítima.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución, mediante las leyes estatutarias el Congreso de la República regulará, entre otras materias, la administración de justicia (lit. b).
“(...) para la Corte, una ley estatutaria encargada de regular la administración de justicia, como lo dispone el literal b) del artículo 152 superior, debe ocuparse esencialmente sobre la estructura general de la administración de justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se someten a su conocimiento.
“De conformidad con lo anterior, esta corporación entiende que el legislador goza, en principio, de la autonomía suficiente para definir cuáles aspectos del derecho deben hacer parte de este tipo de leyes. Sin embargo, debe señalarse que esa habilitación no incluye la facultad de consagrar asuntos o materias propias de los códigos de procedimiento, responsabilidad esta que se debe asumir con base en lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 150 superior, es decir, a través de las leyes ordinarias. Con todo, debe reconocerse que no es asunto sencillo establecer una diferenciación clara y contundente respecto de las materias que deben ocuparse uno y otro tipo de leyes. Así, pues, resulta claro que, al igual que ocurre para el caso de las leyes estatutarias que regulan los derechos fundamentales (art. 152, lit. A), no todo aspecto que de una forma u otra se relacione con la administración de justicia debe necesariamente hacer parte de una ley estatutaria. De ser ello así, entonces resultaría nugatoria la atribución del numeral 2º del artículo 150 y, en consecuencia, cualquier código que en la actualidad regule el ordenamiento jurídico, o cualquier modificación que en la materia se realice, deberá someterse al trámite previsto en el artículo 153 de la Carta.
“Lo expuesto no significa que, de manera automática, cualquier asunto que se incluya en el presente proyecto de ley que de una forma u otra se relacione con procedimientos legales deba retirarse del ordenamiento jurídico. Esa decisión dependerá del análisis de cada caso en particular, esto es, de una labor de concretización que adelantará la Corte para definir, a la luz de la Constitución, si en cada uno de los eventos que se analicen se amerita o no que la ley estatutaria se ocupe de regular aspectos que, en primera instancia, son de naturaleza procesal.
“Las consideraciones precedentes sirven, además, de fundamento para advertir la inconveniencia de permitir al legislador regular aspectos propios de ley procesal en una ley estatutaria, pues es sabido que el trámite de este tipo de normatividad reviste características especiales —aprobación en una sola legislatura, votación mayoritaria de los miembros del Congreso, revisión previa de la Corte Constitucional—, las cuales naturalmente no se compatibilizan con la facultad que le asiste al legislador para expedir o modificar códigos a través de mecanismos eficaces —es decir, mediante el trámite ordinario—, en los eventos en que las necesidades del país así lo ameriten. Permitir lo contrario sería tanto como admitir la petrificación de las normas procesales y la consecuente imposibilidad de contar con una administración de justicia seria, responsable, eficaz y diligente” (1) .
Se observa que la norma demandada no regula la estructura de la administración de justicia ni los principios generales para su funcionamiento y solo suprime el recurso extraordinario de súplica previsto en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, lo cual es materia propia de la ley ordinaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 2º, de la Constitución, en virtud del cual al Congreso de la República por medio de leyes corresponde expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.
5. El actor considera que el artículo 2º de la Ley 954 de 2005, al derogar expresamente el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, que consagraba el recurso extraordinario de súplica en la jurisdicción de lo contencioso administrativo como medio de unificación de la jurisprudencia, vulneró los derechos a la igualdad, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y los principios de unidad del ordenamiento jurídico, seguridad jurídica y confianza legítima.
6. La disposición derogada regulaba el citado recurso en los siguientes términos:
Se nota que la causal única de este recurso era parcialmente igual a una de las causales de casación, que consiste en ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial, directa o indirectamente, esto último por errores (de hecho o de derecho) en la apreciación de las pruebas de los hechos (art. 368, CPC, modificado por el art. 1º, num. 183 del Decreto-Ley 2282 de 1989; art. 87 del CPT, modificado por el art. 60 del Decreto 528 de 1964; art. 207 Ley 600 de 2000).
Es oportuno señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación tiene por fin primordial unificar la jurisprudencia nacional y proveer a la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos; además procura reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida.
7. Según lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución, “los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.
Cabe señalar que las decisiones de la Corte Constitucional en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad consagrado en el artículo 241 superior producen efectos erga omnes, es decir, tienen carácter vinculante u obligatorio para todas las personas, por la naturaleza y finalidad de dicho control, y, así mismo, tienen el valor de cosa juzgada constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 ibídem.
Tales efectos en materia constitucional comprenden no solo la decisión misma contenida en la parte resolutiva de la sentencia, sino también las razones jurídicas contenidas en la parte motiva de esta última que estén relacionadas directa e indivisiblemente con aquella (ratio decidendi). A este respecto la Corte Constitucional ha señalado:
“Segundo, gozan de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender este sin la alusión a aquellos.
“Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia” (2) .
8. Esta corporación ha manifestado numerosas veces que con fundamento en lo previsto en los artículos 29, 114, 150 y 228 de la Constitución el legislador tiene una libertad de configuración amplia en materia de procedimientos judiciales, siempre y cuando respete los valores y principios constitucionales y los derechos y garantías fundamentales y obre también con un criterio de razonabilidad y proporcionalidad. En este sentido ha indicado:
“Conforme lo ha sostenido la Corte en reiterada jurisprudencia (3) , en virtud de la cláusula general de competencia contemplada en los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución, corresponde al legislador configurar la totalidad de los procedimientos y regímenes aplicables en las actuaciones judiciales y administrativas. Para el ejercicio de dicha competencia goza de un amplio margen de autonomía y libertad de configuración política que lo legitima para evaluar y definir con independencia las etapas, características, formas, plazos, términos, y en general lo relativo a las condiciones de acceso, trámite y conclusión de esas actuaciones (4) .
“Paralelamente, también ha enfatizado la Corte que tal autonomía legislativa, pese a su amplitud y flexibilidad, no puede tornarse en absoluta; ella se encuentra condicionada por precisos límites. Así, en materia de configuración del sistema judicial, esos límites se materializan en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que deben asistir esas regulaciones, de forma tal que con ellas se permita un ejercicio útil de las garantías y principios constitucionales, para el aseguramiento efectivo de los derechos consagrados en la Constitución.
“Aun la introducción de ciertas restricciones, o tratamientos diferenciados encuentran el aval constitucional cuando resultan razonables, o persiguen un fin auspiciado por la propia Carta, y cuando además las medidas adoptadas resultan proporcionadas a ese fin constitucionalmente lícito” (5) .
“El legislador goza de libertad de configuración en lo referente al establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades. Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso —reposición, apelación, u otro— tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos —positivos y negativos— que deben darse para su ejercicio (6) .
“Corresponde al Congreso fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que deben cumplir. Sin embargo, en esta labor el legislador tiene ciertos límites, representados fundamentalmente en su obligación de atender los principios y fines del Estado y de velar por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos” (7)(8) .
9. La unificación de la jurisprudencia por parte de los altos tribunales tiene un papel muy importante en la interpretación y la aplicación de las disposiciones jurídicas por parte de los jueces, en cuanto garantiza los principios de seguridad jurídica y de igualdad de las personas.
“Con este proyecto se busca, de una parte, poner en vigencia inmediata la repartición de competencias que la Ley 446 determinó entre los tribunales administrativos y el Consejo de Estado a fin de que lleguen en segunda instancia a este último solo aquellos asuntos que por su cuantía así lo ameriten de acuerdo con los criterios ya señalados por el legislador desde 1998. Y, de otra, establecer el mecanismo adecuado para que la Sala Plena Contencioso Administrativa evacue el trabajo que se ha venido acumulando en relación con los recursos de súplica interpuestos, cuya decisión se ha venido desplazando por las competencias prioritarias que la Constitución le asignó, y se evite en el futuro la repetición de esta situación que dificulta y obstaculiza el normal funcionamiento de la corporación.
“Este proyecto tiene la virtud de facilitar la descongestión del Consejo de Estado, aplicando criterios ya definidos por el legislador, sin que se genere ningún costo adicional en su funcionamiento, pues es de todos conocida la difícil situación económica y fiscal del país que impediría la adopción de medidas que impliquen un mayor costo.
“Actualmente figuran enlistados 1179 recursos extraordinarios de súplica, interpuestos contra los fallos proferidos por las cinco secciones que integran la Sala, aparte de las solicitudes de pérdida de investidura de congresistas, impedimentos de magistrados de los tribunales administrativos, recursos extraordinarios de revisión, conflictos de competencias entre los tribunales administrativos, conflictos de competencias entre autoridades que ejercen funciones administrativas, y asuntos que, por importancia jurídica, remiten las secciones, todo lo cual implica que la resolución de los recursos existentes, de seguir la situación como hasta ahora, demorará varios años.
“Este problema, aunado al continuo crecimiento de la interposición de recursos extraordinarios y de los demás procesos, justifican la urgencia en la adopción de medidas inmediatas que permitan disminuir el volumen de asuntos que, hoy, son de conocimiento de la Sala Plena. De lo contrario, la evacuación de la mayor parte de los procesos contencioso administrativos se hará muy dispendiosa, lo cual atenta contra los principios de celeridad y eficacia que deben orientar la administración de justicia, en el entendido de que, si bien la Constitución impone a los encargados de administrar el cumplimiento pronto y efectivo de sus deberes, para el juez resulta imposible ajustarse a los términos procesales, teniendo en cuenta la responsabilidad que significan sus decisiones tanto en la definición misma de la controversia como en la adopción de derroteros jurisprudenciales.
“Por ello, en este proyecto se proponen fórmulas como la eliminación del recurso extraordinario de súplica —cuya ineficacia práctica está ampliamente demostrada y, en cambio, ha servido para crear una grave congestión en la Sala—, el traslado de competencias, en ocasiones, a la Sala de Consulta y Servicio Civil, y en otras, a las diferentes secciones; y la integración de salas especiales transitorias, dentro de la Sala Plena, encargadas de decidir los recursos existentes. Estas alternativas son descritas a continuación.
“Las estadísticas que se anexan a esta exposición de motivos demuestran una verdad irrefutable: la inutilidad del recurso extraordinario de súplica, si se tiene en cuenta que la casi totalidad de los recursos fallados hasta la fecha ha confirmado los fallos recurridos. Ello produce, en cambio, una congestión innecesaria de trabajo en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
“Ante la perspectiva de agotar el referido recurso, las partes lo intentan considerando su ejercicio como un deber —para algunos como etapa obligada— y un derecho, en el cual plantean un debate propio de las instancias.
“Si bien el recurso está previsto como una revisión del trabajo de la Sección Especializada de la Sala Plena, por parte de quienes no son especialistas en el tema, no puede equipararse al recurso extraordinario de casación, pues en este la Corte Suprema de Justicia revisa las sentencias de los tribunales superiores de Distrito Judicial, en tanto que el recurso extraordinario de súplica genera una revisión de la sentencia por quienes son pares del fallador” (9) .
La Sala debe señalar, por una parte, que el mecanismo de unificación de la jurisprudencia no desaparece con la decisión legislativa adoptada, ya que en adelante dicha función deberá ser cumplida por cada una de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el ejercicio de sus funciones propias, lo cual se justifica por su carácter especializado de conformidad con el reglamento de dicha corporación (10) , y, por otra parte, que los motivos tenidos en cuenta por el legislador son constitucionalmente legítimos y se ciñen a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que, a pesar de la medida adoptada, subsiste la posibilidad de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conozca de determinados asuntos y unifique por esa vía la jurisprudencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 38 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual “a solicitud del Ministerio Público, o de oficio, las secciones podrán remitir a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asuntos que se encuentren para fallo y que por su importancia jurídica o trascendencia social ameriten ser decididos por esta. La Sala Plena decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto.
“Igualmente, la Sala Plena podrá asumir directamente el conocimiento de los asuntos que se encuentren para fallo en cualquiera de las secciones”.
1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1233 de 2005, que declaró EXEQUIBLE el segmento normativo “que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tengan proferido el respectivo auto admisorio”, contenido en el artículo 3º, transitorio, de la Ley 954 de 2005.
2. DECLARARSE INHIBIDA para proferir decisión de mérito respecto de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º de la Ley 954 de 2005, en la parte no revisada en la Sentencia C-1233 de 2005, por ineptitud sustantiva de la demanda.
3. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 954 de 2005, por los cargos analizados en esta sentencia.
Magistrados: Manuel José Cepeda Espinosa, Presidente— Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil (ausente con permiso)—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Antonio Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.
(1) Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En el mismo sentido, sentencias C-114 de 1999 y C-662 de 2000, entre otras.
(3) Cfr, sentencias C-561 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-965 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-878 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-803 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-373 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, y C-537 de1993, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(4) Cfr. C-965 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(5) Sentencia C-880 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(6) Sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000, C-803 de 2000, entre otras.
(7) Sentencia C-728 de 2000.
(8) Sentencia C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; salvamento de voto de Álvaro Tafur Galvis.
(9) Proyecto de Ley 194 de 2004 Senado, Gaceta del Congreso Nº 76 de marzo 18 de 2004.
(10) Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 58 de 1999, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado y que contiene el reglamento de dicha corporación, “cada sección ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado de acuerdo con la ley” (art. 11).