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Timestamp: 2019-01-17 17:44:58
Document Index: 381512735

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 57', 'artículo 57', 'artículo 78', 'artículo 95', 'artículo 57', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 57']

﻿ SENTENCIA C-116 DE FEBRERO 24 DE 1999
SENTENCIA C-116 DE 24 DE FEBRERO DE 1999
CONTENIDO:PUBLICIDAD DE LOS MÉDICOS. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 23 DE 1981 "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS EN MATERIA DE ÉTICA MÉDICA".
TEMAS ESPECÍFICOS:MÉDICO, ÉTICA MÉDICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:328 DE ABRIL DE 1999, PÁG.635
•Sentencia C-116 de febrero 24 de 1999
PUBLICIDAD DE LOS MÉDICOS
INEXEQUIBLE UNA LIMITACIÓN
EXTRACTOS: «Se transcribe el texto de la disposición acusada, subrayándose lo que constituye materia del ejercicio de la acción.
“Ley 23 de 1981
ART. 57.—La mención de títulos académicos, honoríficos, científicos, o de cargos desempeñados, solamente podrá hacerse en publicaciones de carácter científico”.
Como se ha señalado en los antecedentes, la demanda que ocupa la atención de la Corte, se dirige contra el artículo 57 de la Ley 23 de 1981 (Código de Ética Médica), según el cual la posibilidad de los médicos de hacer mención de sus títulos académicos, honoríficos, científicos o de cargos desempeñados por los mismos se limita a las publicaciones exclusivamente de carácter científico.
La anterior prohibición ha sido demandada por los actores, por cuanto consideran que establece una restricción para los profesionales de la medicina que les genera una situación de desigualdad frente a los demás profesionales, quebrantando sus derechos de expresión y de información, así como al trabajo en igualdad de oportunidades, con claro desconocimiento de los artículos 13, 20 y 25 de la Carta Política.
Por consiguiente, la controversia constitucional planteada en el presente asunto, exige resolver acerca de si la limitación impuesta a los médicos de mencionar sus títulos académicos, honoríficos, científicos o de cargos desempeñados, únicamente en publicaciones científicas, constituye un desarrollo del principio ético que rige dicha profesión, aceptable a la luz del ordenamiento superior vigente, y si sus alcances son razonables y proporcionados a los fines propuestos o, por el contrario, configuran un exceso que quebranta las libertades y derechos relativos a esa profesión y de las personas que la ejercen.
3. La regulación jurídica de conductas éticas referidas al ejercicio de la medicina.
Constituye un presupuesto esencial del ejercicio de cualquier profesión liberal, su realización de conformidad con las normas generales de la ética, condicionamiento que para la Corte “... no debe estimarse como una indebida injerencia en el fuero interno de las personas con menoscabo de su moral personal. Lo que sucede es que la ética o moral profesional tienen como soporte la conducta individual, conducta que vincula la protección del interés comunitario”(1). Por ello, la medicina, como profesión liberal que es, comprende para su cumplimiento el problema ético de su ejercicio, acorde con la finalidad que con ella misma se pretende y con el deseo y satisfacción personal que cada profesional busca con su desempeño.
(1) Sentencia C-060 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
Así pues, debe tenerse en cuenta que el propósito esencial de la medicina son los seres humanos, contemplados desde una perspectiva integral que abarca tanto el aspecto espiritual como el material, en la medida en que dicha ciencia se encamina a promover, preservar y recuperar su salud, a través de acciones que los protejan de las enfermedades y dolencias que puedan llegar a padecer, a fin de liberarlos del sufrimiento causado, apaciguando su dolor y, de esta manera, garantizar una protección del valor supremo de la vida y de la existencia en condiciones dignas, así como de su integridad personal e intimidad, mediante la creación de un bienestar general que les permita desarrollarse en forma individual, según la propia perspectiva de vida.
De lo anterior se desprende que, adicional al ámbito de acción concerniente a la relación particular que se traba entre el paciente, su familia y el médico, los alcances de su práctica presentan un interés general para la comunidad, en la medida en que entraña un riesgo social inherente a la preservación y mejoramiento de la especie humana, especialmente desde un aspecto cualitativo.
Esa especial connotación humanística que entraña el ejercicio de la medicina, hace que a la vez, su realización deba estar ajustada a los más altos niveles de competitividad técnica y científica, mediante actuaciones que demuestren un profesionalismo serio, idóneo y responsable, concretadas en formas de comportamiento específico y concordante con el propósito esencial.
Así las cosas, en dicha actuación, los profesionales de la medicina, al igual que los de otras disciplinas, se debaten entre la decisión correcta de cómo actuar en lo que consideran la mejor manera posible, con referencia a un marco general de posibilidades de comportamiento que les permitirán ajustar su conducta a preceptos previa y comúnmente convenidos, según lo esperado de ellos y de sus resultados.
De ahí que el proceder de los médicos no pueda escapar a las expectativas que la comunidad tenga en su resultados, como tampoco del deseo de excelencia que cada profesional pretenda en su desempeño y, en consecuencia, deban estar sometidos a unos preceptos éticos especiales para su ejercicio, provenientes de la conciencia general y la exigencia social. De manera pues que, existe una justificación sustentada en el bien común, para demandar un comportamiento ético en el ejercicio de la medicina con referencia en el cual se deberá realizar la profesión de médico, como la Corte lo manifestó en la sentencia C-259 de 1995(2).
“Es entendido que la ética aplicada al ejercicio de la medicina nunca puede relativizar la vida humana como supremo valor moral y jurídico de la persona. Aunque el comportamiento ético es uno solo, desde luego debe observarse que este puede dar lugar a múltiples aplicaciones y manifestaciones en el ejercicio de las profesiones, y para el caso concreto de la actividad médica, bien por acción o por omisión.
Dicho comportamiento ético en el ejercicio profesional y particularmente en el campo de la medicina, requiere naturalmente de una autorregulación de acuerdo con principios de aceptación universal que son aplicables con mayor vigor al ejercicio de una profesión humanitaria como lo es la medicina, con el fin de que los profesionales mantengan al servicio de las personas sus conocimientos tendientes a prevenir actuaciones que no estén encaminadas al bienestar de la comunidad y de sus pacientes, para que se proceda con la mayor rectitud, honestidad e idoneidad en la práctica médica”.
Ahora bien, las reglas éticas aplicables a una determinada profesión pueden llegar a convertirse en normas jurídicas de imperativo cumplimiento. Esto ocurrió en relación con la ciencia médica, cuando una serie de preceptos de esa naturaleza fueron finalmente recogidos por la legislación vigente, a través de la Ley 23 de 1981, con el pertinente deber jurídico de acatamiento, so pena de la imposición de las correlativas sanciones por faltas a la denominada “ética médica”. De esta forma, dichos mandamientos trascendieron el reproche social y el cumplimiento como obligación moral, para convertirse en patrones de conducta exigibles en forma coercitiva y con autoridad, por organismo preestablecidos, entre ellos los denominados tribunales ético profesionales, en la forma de amonestaciones privadas, censura, suspensiones o exclusión en el ejercicio de la profesión, conformando un régimen disciplinario, sin olvidar que también su desconocimiento puede dar lugar a sanciones de carácter penal y civil.
Es evidente, que la imposición normativa de una conducta ética a los profesionales de la ciencia médica, llega a restringir algunas de sus libertades y derechos, con garantía superior y a involucrar aspectos atinentes a su fuero interno. En el caso que ocupa la atención de la Corte, es de gran interés observar el alcance de esas limitaciones frente a la posibilidad de dar a conocer su actividad profesional y servicios, en forma pública, como se verá en seguida.
4. El uso ético de las publicaciones para el anuncio de servicios profesionales.
Sea lo primero destacar que, de conformidad con el artículo 78 de la Carta Política, el legislador cuenta con la autorización expresa para regular el control de la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen y prestan a la comunidad, así como de la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Según ese mismo canon constitucional, son responsables, en los términos legalmente establecidos, quienes en la producción y comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
De lo anterior, se puede colegir que, el legislador tiene la facultad de expedir reglamentaciones que determinen la forma en que la información de los servicios profesionales debe ser públicamente ofrecida, a través de regulaciones que pueden estar apoyadas en consideraciones éticas, a fin de impedir un perjuicio en el ejercicio mismo de la profesión y la afectación del interés de la comunidad en la realización de esa actividad.
Al respecto, esta corporación, en la sentencia C-355 de 1994(3), referida a una situación constitucional similar a la que se examina, se pronunció acerca de la utilización de la publicidad por los profesionales de la odontología para dar a conocer sus servicios, sentando algunos criterios que resultan importantes para la decisión que la corporación deberá adoptar en esta providencia, razón por la cual se citarán varios de sus apartes.
(3) M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
En efecto, en dicha ocasión, la Corte señaló que la publicidad y la propaganda permiten promocionar los servicios profesionales sin que esto configure una “ofensa a la ética”; por el contrario, se precisó que las mismas representan una forma de “misión social” que da lugar a un proceso informativo dirigido a que los potenciales usuarios obtengan una adecuada ilustración acerca de las personas que ofrecen sus servicios profesionales y las condiciones en que lo hacen, permitiendo efectuar una correcta selección, según las necesidades del requirente, como se expone a continuación:
“2.1. La propaganda, es decir, la actividad destinada a dar a conocer al público un bien o servicio con el fin de atraer adeptos, compradores, espectadores o usuarios, o crear simpatizantes, a través de cualquier medio de divulgación, y la publicidad, esto es, la propagación de noticias o anuncios de carácter comercial o profesional con el propósito indicado, no constituyen por si solas una ofensa a la ética, pues de ser así, estarían proscritas en el ejercicio de los menesteres propios de las acciones connaturales al medio político, social, económico y cultural.
La propaganda y la publicidad como difusión a través de medios de expresión que impresionen los sentidos(4) pueden llevarse a cabo con el propósito de ensalzar la bondad o excelencia de un artículo o de un servicio. Referidas al profesional en general, indudablemente cumplen una misión social como es la de informar a la comunidad y a cada persona en particular sobre las cualidades o atributos que ciertos profesionales poseen, a efecto de que puedan seleccionar, cuando lo requieran, a quien juzguen como el más capacitado, responsable y recto en el ejercicio de la correspondiente actividad”.
(4) Por ejemplo la radiotelefonía, la televisión, la prensa, los discursos, los carteles, los letreros luminosos y las exposiciones.
Igualmente, se hizo mención del control estatal al cual debe estar sujeta la publicidad de las profesiones, a fin de evitar abusos y sancionar las eventuales faltas a la ética que con la misma se puedan cometer, en cuanto pueden configurar una competencia desleal y una forma de afectar los derechos ajenos, resaltándose la situación de los profesionales de la salud, como se observa en seguida:
“2.2. Como no se descarta el uso indebido, antiético o distorsionado de la propaganda y la publicidad, es apenas natural que el Estado ejerza un control sobre los anuncios o comunicaciones, para precaver o sancionar las faltas contra la ética y los derechos de los demás como sería, en las profesiones de la salud, el hecho de censurar los tratamientos efectuados por otros colegas o utilizar prácticas de competencia desleal o descalificar a éstos en cualquier sentido, o abusar de los medios de comunicación, o atentar contra la propiedad intelectual; por consiguiente, cualquier conducta inescrupulosa del profesional que comporte una propaganda o publicidad indebidas y pueda configurar o propiciar una competencia desleal, es susceptible de ser tipificada y sancionada por el legislador como una falta a la ética”. (Subraya la Sala).
Otro aspecto para destacar del mencionado fallo, tiene que ver con la posibilidad de que los profesionales puedan servirse de medios de información, como la publicidad y la propaganda, con el propósito de promover sus servicios, en ejercicio de la libertad de expresión que les asiste, salvo que exista una justificación seria, razonable y proporcionada a la finalidad que permita restringir su ejercicio y siempre y cuando no se excedan “... los límites de la ética o entronicen la competencia profesional desleal y puedan consecuencialmente configurar un abuso del derecho, contrario a la preceptiva del numeral 1º del artículo 95 de la C.P., la cual señala entre de los deberes de las personas “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.
Sobre el particular, es conveniente señalar que, si bien las restricciones legales a las cuales puede verse sometido un derecho fundamental son admisibles en virtud de la inexistencia de derechos ilimitados dentro del ordenamiento superior y para la protección de otros derechos, libertades, bienes e intereses constitucionalmente relevantes, sus alcances no pueden llegar a afectar el núcleo esencial del derecho en cuestión, ni dar lugar a regulaciones irrazonables o desproporcionadas, en forma tal que hagan nugatoria su efectividad(5).
(5) Ver la Sentencia C-157 de 1998. Ms.Ps. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
De manera que, la protección al núcleo esencial de dicha libertad de expresión de los profesionales para promover sus servicios en forma pública, constituye una cortapisa a las restricciones a las que dicho ejercicio se pueda ver sometido, ya que bajo ninguna justificación el mismo puede verse afectado, ni siquiera bajo consideraciones de tipo ético profesional, a punto tal que se le impida a su titular hacer uso y gozar del propio derecho.
Con base en las consideraciones expuestas, entra la Corte a resolver sobre el asunto sometido a su decisión.
5. Ponderación del fin legítimo que se persigue con la prohibición, frente a la limitación de derechos fundamentales.
En el presente asunto, la disposición demandada —artículo 57 de la Ley 23 de 1981— forma parte de un conjunto de normas relativas a la ética del ejercicio de la profesión médica, con cuya expedición se pretendió actualizar las normas imperantes en dicha materia frente a la realidad científica y social vigente, haciendo prevalecer la dignidad y los fueros de la persona humana(6).
(6) Exposición de motivos del proyecto de ley presentado al Congreso por el Ministerio de Salud. Historia de la leyes, legislatura de 1981. Tomo I, pág. 520.
En este sentido, el denominado código de ética médica —Ley 23 de 1981—, dentro de los distintos aspectos que regula, consagró de una parte, lo que considera ha de ser y se espera de la práctica profesional de la medicina, y de otra, lo relativo al control del ejercicio de esa profesión, en cuanto a los órganos que lo ejercen y el régimen disciplinario aplicable.
Para el caso específico, en lo referente a la publicidad que se permite emplear a los profesionales de este ramo de la ciencia para anunciarse y obtener clientela, tema desarrollado en el capítulo VI del título II, se exige un comportamiento ético en el uso de los métodos publicitarios de información (art. 55), de lo cual se deriva que la mención de títulos académicos, honoríficos, científicos, o de cargos desempeñados, solamente pueda hacerse en publicaciones de carácter científico (art. 57).
La censura a dicho contenido normativo formulada por los actores en su libelo, de inmediato plantea un interrogante que debe ser resuelto a partir de las consideraciones ya presentadas, sobre los alcances de la libertad de expresión y el derecho a informar, predicados de todas las profesiones liberales, con especial atención a las características propias que presenta la profesión médica.
Así pues, se tiene que la publicidad es un medio de divulgación de información legítimo, con amplia aceptación social, cuya utilización habitual no envuelve per se una actuación antiética ni contraria al interés general. El cuestionamiento ético que pudiere en un momento dado llegar a adjudicársele, puede provenir más bien, de un exceso en su uso con abuso de su finalidad, cuando, por ejemplo, se distorsiona la información que se emite hacia el público en general, con fines netamente individuales e injustificados.
En el campo de la publicidad profesional, aplicada a la ciencia médica, aquella permite que se cumpla la “misión social” de dar a conocer a la comunidad las bondades y virtudes del servicio médico que se intenta promover en todo su contenido, así como de las condiciones personales y de tipo académico, profesional y científico de quien lo presta, lo cual implica que puede estar sujeta a los respectivos controles estatales legalmente establecidos, siempre que su sustento sea serio, razonable y proporcionado al fin que con la medida se pretende. Esto, por cuanto la medicina, como ciencia que es al servicio de la humanidad, envuelve altos propósitos humanitarios que repercuten en el perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de la calidad de vida, objetivo que reproduce el artículo 1º de la Ley 23 de 1981, en el entendido de que su ejercicio conlleva un riesgo social que permite dicha regulación (C.P., art. 26).
Sin embargo, como ya se enunció, no se puede perder de vista que el ejercicio de la profesión médica comprende, además del interés general relacionado con el bienestar de las personas en condiciones de vida digna y saludable y de la consecución de una comunidad sana, el referente al interés particular del médico, en relación con su crecimiento y desarrollo personal y económico a través del ejercicio profesional, lo que hace de la publicidad una forma de satisfacer esa perspectiva interna, compatible con el propósito esencial y general de la medicina.
Entonces, ¿en qué forma pueden conciliarse la necesidad de un comportamiento ético para satisfacer un interés general y las expectativas personales del ejercicio de una profesión frente al uso de la publicidad de los servicios del médico? La respuesta debe partir del análisis de la justificación que soporta la prohibición de la disposición acusada, en las condiciones ya enunciadas.
De la exposición de motivos del código de ética médica(7) se deduce que el motivo para establecer la forma en que se puede hacer publicidad médica, a fin de ofrecer los servicios profesionales de una manera ética, consiste en amparar “... la seriedad que debe conllevar el ejercicio de la ciencia médica redundando en esta forma en beneficio de la sociedad”. En consecuencia, la justificación que se aduce surge de un fundamento serio y razonable, si se tiene en cuenta que el bien jurídico protegido con la restricción que se analiza, es el de la seguridad y certeza en la información que sobre los servicios profesionales se difunda en la población respecto de quienes se encargan del cuidado de la salud, la integridad personal y, por ende, la vida, a fin de otorgar confianza sobre el ejercicio idóneo de la ciencia médica.
(7) Historia de las leyes, legislatura de 1981. Tomo I, pág. 521.
No obstante lo anterior, en relación con la proporcionalidad de la prohibición en juicio frente a la finalidad propuesta en la regulación legal que la contiene, el estudio debe ser más estricto y de él se derivan reparos frente al efecto que la medida produce en las libertades y derechos fundamentales del destinatario de la norma.
En efecto, debe recordarse que “el núcleo esencial de un derecho fundamental es resguardado indirectamente por el principio constitucional de ponderación del fin legítimo a alcanzar frente a la limitación del derecho fundamental, mediante la prohibición de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio”(8). En ese sentido, la corporación está llamada, en ejercicio del control constitucional a su cargo, a verificar “... los virtuales excesos del poder constituido o, en otras palabras, las limitaciones arbitrarias, innecesarias, inútiles o desproporcionadas de los derechos fundamentales”(9).
(8) Sentencia T-426 de 1992, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(9) Sentencia C-350 de 1997, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
En ese orden de ideas, se tiene, de un lado, que el fin legítimo perseguido por el precepto demandado es garantizar seriedad en el ejercicio de la ciencia médica, en beneficio de la sociedad, mediante el uso adecuado de la publicidad de los servicios de los profesionales de la medicina; de otro, que la limitación que se produce con dicha disposición repercute sustancialmente en la libertad de los médicos de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así como de informar sobre sus servicios en cualquier medio de publicidad, al igual que en el derecho que como profesionales tienen a realizar su actividad en igualdad de condiciones y oportunidades, frente a profesionales de otras ramas de la ciencia (C.P., arts. 13, 20, 25 y 53). De igual manera, se desconoce el derecho de los ciudadanos a ser informados de manera lo más completa posible sobre los servicios médicos ofrecidos por sus profesionales, para así poder escoger entre las diversas posibilidades que brinda la oferta de la actividad médica (L. 23/81, art. 4º).
Como se puede colegir, al comparar dichos presupuestos, la finalidad esperada con la disposición legal que se examina, no se compadece con la magnitud del alcance de la limitación que por la misma asumen los médicos en algunas de sus libertades y derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, por lo cual resulta desproporcionada. Más aún, si se repara en dos situaciones adicionales: la primera, que las publicaciones médicas de tipo científico además de ser muy reducidas en el país, tienen una circulación restringida a este grupo de profesionales; la segunda, que a través de controles legales al uso de la publicidad en general, con la correspondiente definición de faltas a la ética médica y de sus respectivas sanciones de orden disciplinario, civil o penal, puede lograrse la finalidad que sustenta la norma, como lo es el de impedir un uso indebido de la publicidad para promocionar los servicios médico profesionales, evitando un perjuicio en la competencia leal que debe existir entre miembros de una misma profesión y en los intereses generales que atañe su ejercicio.
Similares criterios fueron adoptados por la Corte en la sentencia C-355 de 1994, varias veces aludida en esta providencia, cuando respecto de los odontólogos, también profesionales de la salud, se determinó que el condicionamiento al uso de la publicidad en general, para promover sus servicios, en forma similar a la que hoy se estudia, constituye una limitación a sus derechos, que va más allá de lo razonable, excediendo la finalidad que con la norma en ese momento acusada se pretendía (L. 35/89, art. 50) y llevando a la corporación a pronunciarse en contra de la constitucionalidad de la misma, con base en estos argumentos:
“La Corte encuentra que la normatividad de tipo ético contenida en el artículo 50 y en los apartes acusados del artículo 51 de la Ley 35 de 1989, en cuanto a modo de principio general censuran cualquier tipo o forma de publicidad o propaganda que el odontólogo realice para darse a conocer profesionalmente, y consideran a aquellas como aspectos negativos que disminuyen el aprecio público hacia dicha profesión, atentan contra los derechos a la autonomía y a la libertad que tiene toda persona de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. En efecto, la observancia de las referidas normas implica un condicionamiento al ejercicio de los referidos derechos, e indirectamente de la profesión odontológica, más allá de lo razonable y excediendo la finalidad que deben perseguir las normas de la estirpe que se analiza, cual es de que no se utilice la publicidad en forma indebida, con menoscabo de los derechos de otros profesionales dedicados a la misma rama, e igualmente, en detrimento de los intereses de la comunidad que mediante la recepción de una información equivocada, exagerada y distorsionada, puede formarse un juicio u opinión inexacto sobre las calidades del profesional de la odontología”.
A lo anterior, queda por agregar lo siguiente: sustentar la defensa de la constitucionalidad de la norma sub examine en el hecho de que se puede hacer un uso indebido de la publicidad por parte de los galenos al difundir sus servicios, por los engaños que allí pudieren producirse —como lo sostienen algunos intervinientes— constituye, además de una discriminación inaceptable a la luz de nuestro ordenamiento constitucional para un grupo de profesionales, el desconocimiento del principio de la buena fe durante el ejercicio profesional médico, el cual rige para todas las profesiones y, en especial, en la medicina, dado el alto componente axiológico que comporta la misma y que, por consiguiente, acompaña a sus profesionales en el ejercicio de su labor, lo que hace que de producirse una actuación antiética en ese sentido, la misma resulte ser fruto de la excepción y no de la generalidad.
En consecuencia, en defensa del derecho que les asiste a los profesionales médicos a informar ciertos aspectos relevantes a su ejercicio profesional, de interés social, y a la comunidad de recibir dicha información, mediante el uso de una publicidad legítima y amplia, en un plano de igualdad con otros profesionales, bajo los controles legales correspondientes que permitan proteger ese interés general inherente al ejercicio de la ciencia médica, la Corte declarará la inexequibilidad de la disposición acusada en la parte resolutiva de esta providencia, por encontrarla violatoria de mandatos superiores, en particular, los artículos 13, 20 y 25 de la Constitución Política.
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 57 de la Ley 23 de 1981 “por la cual se dictan normas en materia de ética médica”.
(Sentencia C-116 de febrero 24 de 1999. Magistrada Ponente: Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez).