Source: https://de.scribd.com/document/352107172/Proceso-Competencial-Anexo-de-Sentencia
Timestamp: 2019-04-25 20:49:58
Document Index: 415459845

Matched Legal Cases: ['artículo 186', 'artículo 186', 'artículo 186', 'artículo 24', 'artículo 118', 'artículo 24', 'artículo 38', 'artículo 186', 'artículo 186', 'artículo 78', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 186', 'artículo 38', 'artículo 186', 'artículo 118', 'artículo 8', 'artículo 186', 'artículo 110', 'artículo 112', 'artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 78', 'artículo 44', 'artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 44', 'artículo 84', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 137', 'artículo 109', 'artículo 139', 'artículo 118', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 118', 'artículo 4', 'artículo 77', 'artículo 4', 'artículo 45', 'artículo 82', 'artículo 43', 'artículo 138', 'artículo 45', 'artículo 43', 'artículo 138', 'artículo 77', 'artículo 79', 'artículo 113', 'artículo 186', 'artículo 145', 'artículo 113', 'artículo 139', 'artículo 70', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 4', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 186', 'artículo 118', 'artículo 38', 'artículo 8', 'artículo 22']

PROCESO COMPETENCIAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1 Manual Adm Presup Rtq
Expediente d 9127
SISTEMA NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NATA.docx
DS215_2013EF
° 00002-2013-PCC/TC
No obstante, compartir los puntos resolutivos de la sentencia suscrita por la mayoría,
debo expresar los siguientes fundamentos complementarios.
Con fecha 14 de mayo de 2013, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en
representación del Poder Ejecutivo interpone demanda de conflicto competencial contra el
Poder Judicial, solicitando que se declare la nulidad de: a) laResolución Administrativa N.º
235-2012-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y publicada en el
diario oficial El Peruano el 29 de noviembre de 2012; b) la sentencia ampliatoria contenida
en la Resolución Nº 91, de fecha 14 de marzo de 2013, emitida por el Quinto Juzgado
Constitucional de Lima en el Exp. N.º 6582-2009; y c) la Resolución N.º 95, de fecha 22 de
abril de 2013, que dispone la actuación parcial inmediata de la Resolución Nº 91, ambas
emitidas en el proceso de cumplimiento seguido por la Asociación de Magistrados del Perú
contra el Poder Judicial.
Se alega la afectación de la competencia del Poder Ejecutivo sobre la administración de
la hacienda pública efectuada por la actuación jurisdiccional del Poder Judicial y que ésta
se concreta con la Resolución N.º 91 y por conexidad también se produce con la Resolución
N.º 95, en tanto que estas resoluciones vulneran su competencia de cumplir y hacer cumplir
la Constitución y las leyes, así como la referida a la administración de la hacienda pública
respecto a la materia presupuestaria, pues la potestad de destinar y transferir recursos del
Tesoro Público o de la Reserva de Contingencia para nivelar las remuneraciones de los
magistrados forma parte de la competencia de la administración de la hacienda pública,
cuyo titular es el Poder Ejecutivo y es ejercida a través del Ministerio de Economía y
El demandante solicita que el Tribunal Constitucional emita un fallo que garantice las
competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración de los fondos públicos, ya
que el Poder Judicial a través de actuaciones administrativas y jurisdiccionales ha afectado
su competencia de administrar la hacienda pública.
El Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial
contesta la demanda señalando que se pretende desconocer la calidad de cosa juzgada de la
sentencia ampliatoria de fecha 14 de marzo de 2013, que no fue impugnada y quedó
consentida. Indica que mediante dicha resolución se señaló que el uso de una parte de los
recursos de la reserva de contingencia no altera la Ley Anual del Presupuesto ni contraviene
el principio de legalidad presupuestaria; por el contrario, su uso para homologar las
remuneraciones de los jueces se justifica en la medida en que se trata de gastos que por su
naturaleza y coyuntura no pudieron ser previstos en el Presupuesto del Poder Judicial. Es
más, en dicha sentencia se reconoce que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la
competencia de administrar la hacienda pública, y esa es la razón por la que se le incorporó
al proceso para que brinde las facilidades a efectos de que el Poder Judicial cumpla con
nivelar las remuneraciones de los jueces con cargo a la reserva de contingencia. Agrega,
que el Tribunal Constitucional ha establecido que los recursos para el pago de las
obligaciones dinerarias impuestas al Estado mediante resoluciones judiciales puede
provenir no sólo del pliego presupuestal donde se generó la deuda sino también de las
partidas presupuestarias comunes a todos los pliegos.
1. Antes de entrar a analizar la procedencia de la pretensión y la fundabilidad de sus
alegatos, es necesario resolver los pedidos de incorporación al proceso que obran en
Tenemos así que diversos jueces han solicitado ser incorporados al presente proceso
como litisconsortes facultativos y que la Procuraduría Especializada en Materia
Constitucional ha solicitado que el Congreso de la República sea incorporado como
2. Con relación a los pedidos de intervención litisconsorcial facultativa, considero que
éste resulta improcedente debido a que los solicitantes no tienen legitimidad activa ni
pasiva para ser parte en un proceso competencial y porque en el proceso de autos no
está en controversia la violación de un interés o derecho subjetivo, sino determinar el
poder a que corresponde la competencia controvertida.
3. En cuanto al pedido de que el Congreso de la República sea incorporado como
partícipe, considero que éste también es improcedente por cuanto en el presente proceso
no está controversia alguna de sus competencias constitucionales y porque su
incorporación no ha sido solicitada por el propio Congreso de la República.
§. Procedencia de la pretensión
4. La demanda tiene por finalidad que se declare la nulidad de: a) la Resolución
Administrativa N.º 235-2012-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial y publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de noviembre de 2012;b) la
sentencia ampliatoria contenida en la Resolución Nº 91, de fecha 14 de marzo de 2013,
emitida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima en el Exp. N.º 6582-2009; y c) la
Resolución N.º 95, de fecha 22 de abril de 2013, que dispone la actuación parcial
inmediata de la Resolución Nº 91, ambas emitidas en el proceso de cumplimiento
seguido por la Asociación de Magistrados del Perú contra el Poder Judicial.
Asimismo, se solicita que se emita un fallo que garantice las competencias del Poder
Ejecutivo en materia de administración de los fondos públicos.
5. Para analizar la pretensión consistente en que se declare la nulidad de las
Resoluciones N.os 91 y 95, conviene recordar que en la STC 00001-2010-CC/TC el
Tribunal precisó que “en ningún caso la alegación de la existencia de un vicio de
validez constitucional sustantivo en el acto de un órgano constitucional puede dar lugar
a la procedencia de una demanda de conflicto competencial”.
En el presente caso, se alega que las resoluciones judiciales mencionadas vulneran “los
procedimientos establecidos para la elaboración del presupuesto, previst[o]s de forma
clara en las leyes de desarrollo constitucional sobre la administración de los recursos
El alegato transcrito demuestra que a las Resoluciones N.os 91 y 95 se le atribuye un
vicio de validez sustantivo y no competencial, razón por la cual este extremo de la
demanda es improcedente por cuanto el presente proceso no es la vía idónea para
analizar el vicio de validez imputado. Lo mismo no sucede con la Resolución
Administrativa N.º 235-2012-CE-PJ, razón por lo que cabe emitir un pronunciamiento
§. Análisis de la competencia controvertida
6. La Resolución Administrativa N.º 235-2012-CE-PJ resuelve lo siguiente:
Artículo Primero.- Nivelar, en cumplimiento del mandato judicial dictado por el
Quinto Juzgado Especializado Constitucional de Lima, las remuneraciones de
los Jueces Superiores, Jueces Especializados y Mixtos, y Jueces de Paz Letrados de
toda la República, aplicando los porcentajes contemplados en el artículo 186°,
inciso 5, literal b), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Artículo Segundo.- Requerir al Ministerio de Economía y Finanzas para que
proceda a asignar y transferir los recursos adicionales del Tesoro Público, para el
cumplimiento efectivo de las escalas remunerativas ﬁjadas en la presente resolución,
en aplicación de la sentencia dictada en el proceso constitucional de cumplimiento
seguido ante el Quinto Juzgado Especializado Constitucional de Lima, y que tiene
Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia General del Poder Judicial, proceda a
incluir los montos señalados en el artículo primero de la presente resolución en la
formulación del presupuesto institucional para los siguientes ejercicios
Artículo Cuarto.- Poner en conocimiento del señor Juez del Quinto Juzgado
Especializado Constitucional de Lima lo dispuesto en la presente resolución, a
efectos de determinar el cumplimiento de lo ordenado por el referido órgano
7. En la demanda se alega “que lo establecido en esta resolución administrativa vulnera
[las] competencias [del Poder Ejecutivo] sobre hacienda pública, y que además su
expedición supone un ejercicio indebido de las competencias otorgadas al Consejo
resulta patente y manifiesto el incumplimiento de satisfacción del derecho reconocido en el artículo 186°. pues han transcurrido más de 20 años desde que se publicó el Decreto Supremo N. En el caso del derecho a un ingreso equitativo y suficiente de los jueces el artículo 186°.º 017-93-JUS y hasta la fecha los jueces no perciben el ingreso que por ley les corresponde. sino que está desarrollado en el Texto Único Ordenando de la Ley Orgánica del Poder Judicial. omisión que genera un estado de cosas inconstitucionales que no puede subsistir ni permitirse. por lo que no puede considerarse que el cuadro aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el artículo primero de la Resolución Administrativa N. por lo que debe ser respetado y cumplido no solo por el Poder Ejecutivo sino también por el Poder Judicial. estimo pertinente recordar que el derecho a un ingreso equitativa y suficiente de los jueces no solo se encuentra reconocido en el artículo 24º de la Constitución. razón por la cual considero que el cuadro aprobado por el artículo primero de la Resolución Administrativa N. situación que no solo afecta su derecho a un ingreso equitativo y suficiente. Lo dicho hasta ahora no significa que la satisfacción del derecho a un ingreso que por ley les corresponde desconozca la competencia prevista en el inciso 17) del artículo 118º de la Constitución. dispone que los jueces tienen derecho a percibir un ingreso acorde con su función. Ejecutivo del Poder Judicial”. no se encuentra la de establecer el monto de la remuneración de los magistrados”. pues “entre ellas. Para estos fines se toma en cuenta que los ingresos de los Jueces Superiores es del 90% del total que perciban los Jueces de la Corte Suprema. En buena cuenta. Es más. cuyo texto dice que corresponde al Presidente de la República . el de los Jueces Especializados y Mixtos es del 80%. y el de los Jueces de Paz Letrados es del 70%. el monto de la remuneración de los jueces se encuentra determinado en el Texto Único Ordenando de la Ley Orgánica del Poder Judicial. literal b) del Texto Único Ordenando de la Ley Orgánica del Poder Judicial forma parte del bloque de constitucionalidad del artículo 24° de la Constitución. referidos estos porcentajes al haber total de los Jueces de la Corte Suprema. sino que también es contraria al mandato previsto en el artículo 38º de la Constitución que impone la obligación de “respetar. literal b) del Texto Único Ordenando de la Ley Orgánica del Poder Judicial. cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. Al respecto. su artículo 186°. Resulta evidente que en estos 20 años ningún Gobierno ha tenido la intención de satisfacer el derecho que por ley les corresponde a los jueces.º 235-2012-CE-PJ exceda sus competencias. inciso 5. pues ello atenta y daña la esencia del Estado Constitucional cuyo fin es el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. 8. 10.º 235-2012-CE-PJ no afecta ni menoscaba las competencias del Poder Ejecutivo. dignidad y jerarquía. inciso 5. literal b). 9. inciso 5. En este sentido.
Las normas citadas evidencian que al Poder Judicial no le compete administrar la reserva de contingencia. es de conocimiento público que las sentencias estimativas de los procesos de cumplimiento que ordenan la ejecución del mandato previsto en el artículo 186°. Sobre el particular. Asimismo. y que conforme al artículo 78° de la Constitución le compete al Presidente de la República enviar al Congreso de la República el proyecto de Ley de Presupuesto. 12. es indudable que la competencia de administrar la hacienda pública le corresponde al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial. la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas en su artículo 5° señala. el mismo .° 29818 que en su artículo único dispone: Constitúyese una comisión conformada por representantes del Poder Judicial y del Ministerio de Economía y Finanzas. administrar la hacienda pública.° 28411 dispone que “Las Leyes de Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva de Contingencia que constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. por cuanto su administración es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo que es ejercida a través del Ministerio de Economía y Finanzas. El importe del crédito presupuestario global no será menor al uno por ciento (1%) de los ingresos correspondientes a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios que financia la Ley de Presupuesto del Sector Público”. debidamente financiado. el Anexo del Decreto Supremo N. por cuanto mediante esta resolución el Poder Judicial no está presentando un proyecto de Ley de Presupuesto ante el Congreso de la República. ni está modificando. destinada a financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los Presupuestos de los Pliegos. Entonces. pues ello únicamente le compete al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. dirigir y controlar el presupuesto. entre otras cosas. literal b) del Texto Único Ordenando de la Ley Orgánica del Poder Judicial originaron que se emita la Ley N. que le corresponde planear. En efecto.º 235-2012-CE-PJ que resuelve requerir al Ministerio de Economía y Finanzas para que proceda a asignar y transferir los recursos adicionales del Tesoro Público para el cumplimiento efectivo de las escalas remunerativas de los jueces no desconoce ni menoscaba las competencias indicadas del Presidente de la República. a fin de evaluar la situación de los ingresos de los jueces a que hace referencia el artículo 1 de la Ley 29718. del ordenamiento de dichos ingresos. De otra parte. El artículo segundo de la Resolución Administrativa N. inciso 5. 11.º 129-2013-EF demuestra que el Ministerio de Economía y Finanzas es el órgano que mediante resoluciones ministeriales o decretos supremos dispone la transferencia de partidas de la reserva de contingencia y la modifica presupuestariamente. En la demanda también se alega que no es competencia del Poder Judicial administrar la reserva de contingencia. transfiriendo o aprobando partidas presupuestarias. cabe indicar que el artículo 44° de la Ley N. con el objeto de proponer un proyecto de ley dentro de ciento ochenta (180) días calendario.
87 millones anuales” y que dicho monto “será financiado con cargo al presupuesto institucional del Poder Judicial sin irrogar gasto al Tesoro Público”.º 235-2012-CE-PJ no le ordena que se disponga la reserva de contingencia. En consecuencia se exhorta al Congreso de la República a que atienda el proyecto de ley consensuado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial con carácter de urgencia. Esto es aceptado por el Ministerio de Economía y Finanzas. ante el requerimiento de las partes implicadas en este proceso. La vacatio a que se hace referencia en el párrafo anterior vence el 20 de diciembre del presente año. como dicho proyecto de ley nunca se aprobó los S/. por lo que resulta legítimo que dicho monto le sea depositado ante el requerimiento efectuado por el Poder Judicial. es decir el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. el Poder Judicial dispone que la homologación de las remuneraciones de los jueces se efectué con el fondo de reserva de contingencia. sino que quedaron en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido dicho plazo sin que se llegue a un acuerdo aprobado por ambas partes y plasmado en una ley. sino que en realidad le está solicitando que le deposite los S/. a efectos de que se logre arribar a un consenso entre ambos poderes del Estado con relación a la forma cómo debe llevarse adelante la homologación de los jueces del Poder Judicial (porcentajes homologatorios. 87 millones que le corresponde y que no le fueron dados porque el proyecto de ley citado no fue aprobado por el Congreso de la República. Lo transcrito evidencia que los S/. estimo prudente establecer una vacatio en la ejecución de la presente sentencia. es decir. sin embargo. sino. etc. 13. por cuanto los S/. En estricto.). en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público (Subrayado agregado). No obstante. 87 millones fueron depositados en dicha reserva. Dicha comisión consensuó y elaboró un proyecto de ley que ordena los ingresos de los jueces. En la exposición de motivos de dicho proyecto de ley se consigna que su implementación tiene “un costo estimado de alrededor de S/. y teniendo en cuenta el impacto presupuestal de la presente decisión. Este consenso debe concretarse en la emisión de una ley que establezca los marcos normativos para dicha homologación. el Poder Judicial cuando le requiere al Ministerio de Economía y Finanzas que proceda a asignar y transferir los recursos a través de la Resolución Administrativa N. En cumplimiento de dicha ley se instaló la Comisión conformada por representantes del Poder Judicial y del Ministerio de Economía y Finanzas. a los que deben ser destinados. Por esta razón. antes bien son fondos propios de la homologación de los jueces. conceptos remunerativos. 87 millones destinados a la homologación de las remuneraciones de los jueces se encuentran debidamente financiados y forman parte del presupuesto del Poder Judicial. no irrogan gasto alguno al Tesoro Público. que será aplicable de manera progresiva y ordenada. se evidencia que dichos fondos no forman parte de una naturaleza contingencial. Consecuentemente. 87 millones no fueron transferidos al presupuesto del Poder Judicial. entiendo que la homologación debe iniciarse .
la homologación dispuesta por el artículo 186. Por lo que ningún poder del Estado. sin cumplir a la fecha la aludida sentencia demuestra una cuestionable actitud en la ejecución del mandato contenido en ella. el cual conforme lo estableció el Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente 3919-2010-PC/TC (fundamento jurídico 10). indica que corresponde al Presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. de la Ley 29158. 87 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas tenía previsto para la implementación de la homologación. pero no excluyente. como lo ha afirmado en la demanda. 15.S. órgano constitucional o particular puede afectar esta atribución constitucional” (fundamento 32 de la STC 0006-2006-PCC/TC). En efecto. al Poder Ejecutivo. el Tribunal Constitucional ha señalado que “Es verdad que la Constitución ha establecido que todos tenemos el deber de respetar. cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación (artículo 38). y no sobre la base de la remuneración. debo ser enfático en señalar que el Poder Ejecutivo debe. .S. En el supuesto que no se llegue a un acuerdo y tenga que iniciarse el proceso de ejecución de la presente sentencia. Ley Orgánica del Poder Judicial.1. es el constituido por el artículo 186. máxime si él. viabilizar que en el Presupuesto General de la República se incluya el cumplimiento de la sentencia de vista contenida en la resolución del 10 de agosto de 2011. en función del ingreso y no de la remuneración como monto referencial para la homologación. la que deberá continuar su ejecución en base a los parámetros establecidos en la presente sentencia. sino de ingreso total. Es decir. En síntesis.a. destinando para el efecto los S/. Debe exigírsele el cumplimiento de una norma que lleva más de veinte años sin ser acatada. Nº 017-93-JUS. pero es igualmente cierto que la atribución constitucional de hacer cumplir las leyes es una facultad que la Constitución le ha reservado de manera exclusiva. a través de las carteras correspondientes. recaída en el expediente 6582-2009. El artículo 118. automáticamente. En consecuencia. este Tribunal debe precisar que el marco normativo aplicable para dicha homologación. al ser una de las responsabilidades específicas de su rol como jefe de Estado (fundamento 2 de la STC 1277-1999-AA/TC). la homologación no se efectúa sobre la base del concepto de remuneración. inciso 5. es decir. inciso 5. reiterado en el artículo 8. sobre todo tomando en cuenta que el Poder Ejecutivo tiene como principal obligación “cumplir y hacer cumplir las leyes”. como reflejo de su titularidad en la administración de la hacienda pública. El hecho de que sea este poder quien promueva la presente demanda. dispone que la homologación se efectúa sobre la base del total de los ingresos de lo que percibe un Vocal de la Corte Suprema. se efectúa sobre la base del total de ingresos de un Vocal de la Corte Suprema. literal b) del D. al margen de lo que la Ley establezca sobre la remuneración que percibe un magistrado del Poder Judicial. 14. Nº 017-93-JUS.1 de la Constitución. literal b) del D. tiene la rectoría en materia presupuestaria. Ley Orgánica del Poder Judicial. Orgánica del Poder Ejecutivo.
conceptos remunerativos. 7. 17. 3. de conformidad con la interpretación efectuada en el fundamento 13. debe asumir sus responsabilidades conforme a los artículos 119 y 123 de la Constitución. DISPONER que el marco normativo aplicable a la homologación de los jueces es el contenido en el artículo 186.os 91 y 95. en lo referente a la asignación de los recursos para la homologación en el presente año fiscal. de manera especial. Este consenso debe concretarse en la emisión de una ley que establezca los marcos normativos para dicha homologación. DISPONER la vacatio de la presente sentencia hasta el 20 de diciembre del presente año. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo que se solicita que se declare que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas es el poder competente para administrar la hacienda pública. encaminados a diferir el proceso de nivelación. 4. el Poder Ejecutivo.16. inciso 5. para que el proceso de nivelación se ejecute. 5. Ley Orgánica del Poder Judicial. literal b) del D. a efectos de que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial lleguen a un acuerdo con relación a la forma cómo debe llevarse adelante la homologación de los jueces del Poder Judicial (porcentajes homologatorios. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que se solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa N. Por lo anterior. DISPONER que el Poder Ejecutivo cumpla lo dispuesto en el fundamento 13. etc.º 235-2012-CE-PJ. . éstas serán asumidas por este Colegiado como una muestra de resistencia a los mandatos del máximo ente jurisdiccional. 6. corresponde declarar la extinción de la medida cautelar concedida mediante la Resolución de fecha 21 de mayo de 2013. EXHORTAR al Congreso de la República a que atienda el proyecto de ley consensuado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial con carácter de urgencia. especialmente el MEF. en consecuencia.S. así como la reserva de contingencia. disponiendo lo que fuere conveniente a través de las carteras comprometidas. 2.). mi voto es por: 1. Finalmente. En caso de que interpusieran nuevas demandas. a través de la Presidencia del Consejo de Ministros. Declarar IMPROCEDENTE las solicitudes de intervención litisconsorcial facultativa y de incorporación como partícipe. por cuanto no se ha estimado la pretensión de declarar la nulidad de la resolución administrativa citada y las Resoluciones N. a la cual deberá ajustarse todo proceso judicial en trámite o en etapa de ejecución de sentencia. Asimismo. En consecuencia. el Consejo de Ministros está compelido a no autorizar nuevos procesos por parte de cualquiera de los ministerios. Nº 017-93-JUS.
Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que se solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones N. ETO CRUZ .os 91 y 95. SS. 9.8. Declarar la EXTINCIÓN de la medida cautelar concedida mediante la Resolución de fecha 21 de mayo de 2013.
al Congreso de la República. emito el presente voto singular por las razones que a continuación expongo: 1. el conflicto producido es uno ‘por menoscabo de atribuciones constitucionales en sentido estricto’. El Código Procesal Constitucional establece que “El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales (…) adopta decisiones (…) afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro (…)” (artículo 110). Como están en juego atribuciones. es pertinente desarrollar dos niveles de análisis. diversas personas solicitaron al Tribunal Constitucional que al amparo de los artículos 54 del Código Procesal Constitucional y 94 del Código Procesal Civil. N.EXP. en la medida que en el presente caso la verificación de la alegada afectación de las competencias del Poder Ejecutivo por parte del Poder Judicial debe ser analizada teniendo en cuenta las competencias de todos los órganos que intervienen en el procedimiento de formulación del Presupuesto. en calidad de partícipe. Con fecha 31 de mayo de 2013. Posteriormente. respecto de la parte demandada (Poder . A.4 de la STC 0013-2003-CC/TC). Para definir si es correcto lo afirmado por el accionante. en calidad de litisconsorte facultativo. las posibilidades jurídicas de actuación que la Constitución y las leyes orgánicas que la desarrollan confieren a los poderes y órganos constitucionales (fundamento 10. el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional solicitó al Tribunal Constitucional incorporar al proceso de autos. se admita su intervención litisconsorcial. CUESTIONES PROCESALES PREVIAS 2. es decir. toda vez que el Poder Judicial habría realizado actuaciones administrativas y jurisdiccionales que afectarían atribuciones correspondientes al Poder Ejecutivo. atendiendo a su competencia respecto a la aprobación del Presupuesto General de la República. 3.° 00002-2013-PCC/TC LIMA PODER EJECUTIVO VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI Con el debido respeto por la opinión de nuestros colegas magistrados.
antes de decidir la aceptación o no de los pedidos realizados. doña Elvira María ÁlvarezOlazábal. Pedido realizado con fecha 8 de julio de 2013. Pedido realizado con fecha 23 de agosto de 2013. se observa que el pedido no ha sido realizado por el propio interesado sino por una de las partes. doña Liliana Amalia Chávez Berríos. a pedido del demandante. en sus calidades de magistrados. Las solicitudes fueron las siguientes: . en sus calidades de magistrados. y que en su oportunidad se declare improcedente la demanda. por don Jaime David Abanto Torres. siendo para ello. por doña Milagros Álvarez Echarri. razón por la cual es preciso en la presente resolución analizar. De otro . adecuado utilizar las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil. a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad (…)”. doña María del Pilar Tupiño Salinas. Teniendo en cuenta que no puede equipararse la naturaleza de ambos procesos. corresponde decretar si las figuras de los partícipes y litisconsortes facultativos pueden ser transpoladas de uno a otro en los mismos términos. al referirse al proceso de conflicto competencial. en su calidad de magistrado. don Julio César Rodríguez Rodríguez. don Henry Antonio Huerta Sáenz. doña Rosa María Cabello Arce y doña Hilda Sancarranco Cáceda. en cuanto sea aplicable. doña Rose Mary Parra Rivera y doña Cristina Amparo Sánchez Tejada. doña Nancy Elizabeth Eyzaguirre Garate. doña Aracely Denyse Baca Cabrera. don Juan Carlos Valera Málaga. . en primer lugar. doña Rosario Alfaro Lanchipa. Al respecto. 4. en virtud del artículo IX del Título Preliminar de este último. Judicial) en el presente proceso. por doña Ana Patricia Lau Deza. Pedido realizado con fecha 23 de agosto de 2013. . doña Graciela Esther Llanos Chávez. doña María Rosario Niño Palomino. Tomando en consideración que en el proceso competencial de autos el demandante (Presidente de la República) cuestiona concretas resoluciones del demandado (Poder Judicial). doña Silvia Ysabel Núñez Riva. 5. doña Juana María Torreblanca Núñez. la conveniencia de su reconocimiento para los procesos de conflicto competencial. que “(…) El procedimiento se sujeta. doña Luz Elena Jaúregui Basombrío. se debe estudiar si es posible incorporar en el proceso al Congreso de la República en calidad de partícipe. aparte del Código Procesal Constitucional. El artículo 112 del Código Procesal Constitucional establece. por don Miguel Ángel Benito Rivera Gamboa. don Ronald Mixán Álvarez. don Germán Alejandro Aguirre Salinas. La intervención de personas distintas a las partes como litisconsorte facultativo ha sido admitida ad hoc para los procesos de inconstitucionalidad. don Carlos Alfredo Escobar Antezano.
haciéndose necesaria. La cuestión central del presente conflicto competencial tiene que ver con la administración de la hacienda pública -el tesoro público en general y la reserva de contingencia en especial-. Bajo este postulado. por lo tanto. B-1. provisión odotación presupuestaria que ayuda al gobierno estatal a afrontar los requerimientos de eventuales gastos y que sirve para mantener el nivel de realismo del presupuesto público puesto que incorpora la incertidumbre como parte de sus cálculos. por ende. tales personas no podrían ser litisconsortes porque no tienen la calidad de partes del proceso. solicitan su incorporación al proceso de conflicto competencial de autos como litisconsortes facultativos. existen gastos o necesidades que pueden suceder o no suceder. debiendo rechazarse la solicitud presentada por el Procurador Público Constitucional. por la Ley Anual de Presupuesto. cuya atención o financiación debido a esas características no pueden ser programadas en los presupuestos de los pliegos inicialmente aprobados. instrumento legal de gestión mediante el cual el Estado periódicamente programa sus actividades y proyectos en atención a la política general del gobierno. no se ha justificado convenientemente por qué podría ayudar a la mejor interpretación constitucional en la discusión competencial materia del presente proceso. por lo que corresponde definir esta última. Sin embargo. la creación de reservas que tengan por finalidad la de cubrirlos. es decir. lado. 25 solicitantes. el Tribunal Constitucional estima que no existen razones de relevancia o trascendencia que justifiquen la incorporación del Congreso de la República como partícipe. se rige por la ley de la materia. En el ámbito de la planificación y proyección de la administración económica y financiera del Estado. manifestada a través de sus políticas . DETERMINACIÓN DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA 8. que se desempeñan individualmente como jueces del Poder Judicial. Que. B-1. en tres pedidos distintos. considero que debe rechazarse tal pedido de incorporación al proceso de autos.a. B. aparece la reserva de contingencia. La reserva de contingencia es parte del Presupuesto de la República y. La Reserva de la Contingencia en la Ley Anual de Presupuesto 9. ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES RELATIVAS A LA RESERVA DE CONTINGENCIA 7. Por estas consideraciones. 6. de otro lado. Por dichas consideraciones.
y en función a los ingresos que se perciben en dicho período que financian dichos gastos. como máximo.1 de la aludida Ley 28411). Ley Orgánica del MEF). pueden contraer las entidades durante el año fiscal. 11. exclusivamente. su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. El presupuesto público ergo constituye una proyección cuantificada de las obligaciones de gastos que se deben atender en el año fiscal respectivo que se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. o la que resulte de las modificaciones presupuestarias aprobadas conforme a ley (artículo 26. Dentro de las Leyes de Presupuesto del Sector Público. es el propio MEF quien tiene intervención directa en la formulación del presupuesto. Un presupuesto comprende tanto los gastos que. nacionales y sectoriales. a la finalidad para la que haya sido autorizado en los presupuestos. previa actuación de la Dirección General de Presupuesto Público integrante del Viceministerio de Hacienda (artículo 14 del Decreto Legislativo 183. Es así como la reserva de contingencia se postula como un crédito presupuestario que exige exclusividad en función del objetivo para el que han sido autorizados. como las metas de resultados a alcanzar y las metas de productos a lograrse (artículo 9 de la Ley 28411. es el presidente de la República quien posee la iniciativa legislativa (artículo 78 de la Constitución). 10. en el cual la asignación equitativa de los recursos públicos. Así lo define el artículo 44 de la Ley 28411. en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones. donde está inserta la reserva de contingencia. 80. General del Sistema Nacional de Presupuesto. General del Sistema Nacional de Presupuesto). El artículo 77 de la Constitución indica que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. Es decir. destinada a financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los Presupuestos de los Pliegos. previsto en los artículos 78. 12. Sobre la base del principio de competencia.2 de la STC 0004-2004-CC/TC). 160 y 162 de la Constitución. . Así. 13. Un crédito presupuestario se destina. se consideran una Reserva de Contingencia que constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. en función a los créditos presupuestarios autorizados que dan cobertura a tales gastos. se delimita la esfera de actuación y funciones de las instituciones del Estado en el inicio del proceso de elaboración del presupuesto que culmina con la promulgación de la Ley de Presupuesto (fundamento 9. 79. si bien es aprobada por el Congreso de la República.
Su producción responde fundamentalmente a causas ocasionales. según el cual debe . sujeta a la Ley Anual de Presupuesto. sino más bien la de atender los gastos o necesidades imprevistas que reúnan determinadas características. Es la única forma de cumplir con el principio presupuestal de exactitud.se trata de una provisión presupuestaria cuya única finalidad es financiar o solventar determinados gastos o necesidades que por sus características especiales no pueden ser programados en los Presupuestos de los Pliegos inicialmente aprobados. Por tanto. no definidos en el Presupuesto de la República. así como de la condición de crédito presupuestario.B-1. Como el Presupuesto de la República define cómo ha de estar compuesta la reserva de contingencia. dicha reserva está destinada a hacer frente a ‘gastos o necesidades contingentes’. Por tal razón. 17. Un gasto a financiar es contingente si puede suceder o no. Contenido de la Reserva de Contingencia 14. que hacen que tales gastos no puedan establecerse en los presupuestos de los pliegos. toda vez que -como se ha señalado. considero que no es admisible que el monto de la reserva de contingencia sea discrecional. Como su mismo nombre lo expresa. queda claro que la reserva de contingencia no puede ser utilizada para financiar los gastos o necesidades conocidas. De lo expuesto. cuyo contenido normativo en el presupuesto anual fluye de la interpretación sistemática de la Constitución. 16. sino que debe especificarse en la Ley Anual de Presupuesto. 15. Es así como la naturaleza de esta dotación presupuestaria permite calificar al hecho de la provisión de una reserva para solventar determinados gastos o necesidades contingentes como una verdadera obligación estatal. previsto en el artículo 77 de la Constitución. recurrentes o frecuentes o los gastos que pudieron o debieron preverse y planificarse con la antelación suficiente para ser incorporados en los presupuestos de los pliegos. El marco normativo que con mayor claridad desarrolla qué incluye la reserva de contingencia se encuentra en el artículo 44 de la Ley 28411. la determinación de los recursos que lo integran y el uso de los mismos están sujetos a condiciones que provienen de su naturaleza misma en función de su finalidad. General del Sistema Nacional de Presupuesto. su finalidad en estricto no puede ser atender la implementación de la política general del gobierno expresada a través de las políticas nacionales y sectoriales.b. determinando las condiciones claras y estrictas para su uso. para el cual tal reserva está “(…) destinada a financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los Presupuestos de los Pliegos (…)”. 18. fortuitas o accidentales.
Asimismo. La reserva de contingencia puede incluir situaciones de distinta naturaleza. se considerará que únicamente estará afectando a la reserva indeterminada. básicamente en el punto 18. debe estar dividida en dos grandes rubros. por tanto.imf. En efecto.a través del Manual de Transparencia Fiscal. constituyéndose en la descripción cabal de las funciones y servicios que efectuará el órgano ejecutivo en su condición de responsable de la administración” (fundamento 9. siempre con la base constitucional correspondiente. La reserva de contingencia no supone ni puede suponer una dotación presupuestaria para la atención de un catálogo o lista en blanco de gastos. 21. diferenciados. sin embargo. Es verdad que no es posible conocer todos los supuestos posibles de gastos o necesidades contingentes. Es lo que se denomina la previsión legal de los imprevistos. sino que le es exigible una descripción en la mayor medida posible de los mismos. tomando en cuenta su carácter propio y disímil: la reserva indeterminada y la reserva determinable. la exigencia de la previsión legal queda cumplida si se realiza la descripción de los supuestos determinables que constituyen gastos o necesidades contingentes y se deja mayor discrecionalidad a los indeterminados. Si la Ley Anual de Presupuesto no definiese qué tipo de reserva está reconociendo.org/external/np/fad/trans/spa/manuals. Reserva indeterminada .6 de la STC 0004-2004-CC/TC).c. 20. expedido por la Dirección General de Presupuesto Público y dirigido al Viceministro de Hacienda. del 2007 (http://www. A modo de ejemplo. de fecha 6 de mayo de 2013. parece lógico sostener que los gastos o necesidades con cargo a dicha reserva también estén señalados en dicha ley.04. consignarse “(…) la totalidad de los recursos y gastos fiscales en atención al verdadero y real rendimiento de las fuentes de percepción de renta estatal.pdf). La reserva de contingencia. se debe utilizar lo que el MEF ha desarrollado a través del Informe 038-2013-EF/50. se ha servido de lo trabajado por el Fondo Monetario Internacional – FMI -en tanto institución internacional entre cuyos fines se encuentra aminorar el desequilibrio de sus balanzas de pagos y del cual el Perú es miembro. y a fin de no incurrir en arbitrariedad. los gastos o necesidades a ser cubiertos con cargo a la reserva de contingencia deben estar señalados en la Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal. dentro de la ley presupuestaria. B-1. Y es que si el presupuesto público se ejecuta en función a la Ley Anual de Presupuesto. Composición de la Reserva de Contingencia 19.
desastres naturales o situaciones de calamidad pública. En este caso el monto que se establezca en la Reserva de Contingencia sólo puede ser referencial. su magnitud y el monto que ésta costaría al erario nacional. Su reconocimiento se sustenta en que es una obligación del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. como contenido natural. Por factores fiscales 28.1 de la Constitución). Las contingencias indeterminadas se podrían presentar de dos formas: las provenientes de factores naturales y las relativas a factores fiscales. Las contingencias provenientes de factores naturales se encuentran reflejadas en situaciones como catástrofes. General del Sistema Nacional de Presupuesto). que corresponde con exclusividad al Banco Central de Reserva (artículo 84 de la Constitución). 27. Más allá de la labor monetaria. Se presenta cuando se desea la atención de situaciones que no han podido ser previstas. y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación (artículo 44 de la Constitución). el importe del crédito presupuestario global de ésta de parte de la reserva de contingencia no puede ser menor al 1% de los ingresos correspondientes a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios que financia la Ley de Presupuesto del Sector Público (artículo 44 de la Ley 28411. cual es prever los posibles efectos económicos y sociales de los programas de ingresos y gastos fiscales durante un ejercicio presupuestal (fundamento 7. bajo la clase de situaciones de emergencia extraordinaria. en tanto se desconoce si sucederá o no la calamidad. proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Por factores naturales 26. aquellas reservas cuyo evento y el monto que éste representa es completamente indeterminado. Es así como a través de este tipo de reserva se podrían contrarrestar las variaciones en los supuestos clave empleados en los pronósticos . Por la categoría de los bienes constitucionales que están protegiendo. 23. que muchas veces devienen en declaratorias de estados de emergencia (artículo 137. Al no poder estar sustentado en base objetiva alguna. La propiedad intrínseca de la reserva de contingencia indica que dentro de ellas deben incluirse. a través de la reserva de contingencia también se podría hacer frente a una recesión económica grave que impida que el Presupuesto de la República pueda cumplir uno de sus objetivos. 25. 24.c de la STC 0004-2004-CC/TC). no puede ser desglosado en el Presupuesto de la República. 29. sino sólo señalado de manera global.22.
35. La atención inmediata y oportuna de tales gastos o necesidades con cargo a los recursos de la reserva de contingencia posibilita dejar de lado todo procedimiento burocrático que resultase adverso para enfrentar la mencionada situación judicial o política que se produzca. En efecto.04. sustentado y especificado en la Ley Anual de Presupuesto. de la Constitución). No tendría validez constitucional si no se especifica la justificación de esta asignación presupuestal. se incorporan en ésta como parte de una contingencia. Reserva determinable 30. qué magnitud tendrán o si van a hacerse efectivas. 31. Por factores políticos 34. pero que no existe seguridad total que puedan suceder. Las contingencias determinables se presentan de dos maneras: por factores políticos o legislativos y por factores judiciales. el monto de la reserva determinable que se establezca tiene que estar debidamente justificado. el complejo íter legislativo de un proyecto de ley que amerita gasto hace que la dación de la ley o incluso la implementación de la misma pueda culminar cuando el Presupuesto ya fue sancionado (artículo 109. 32. macroeconómicos (como el aumento o disminución de un punto porcentual de la inflación) o de gastos presupuestarios (como la incertidumbre acerca de la magnitud de compromisos específicos de gasto que podrían variar en un año fiscal). 33. con la determinación de las partidas a las cuales se destinaría la reserva. pero que se pueden prever al momento en que se está aprobando ésta. . Son aquellas reservas que sirven para atender eventos que sí se han podido prever. por ejemplo a través de un crédito presupuestario suplementario. tal como lo formula el propio MEF en el mencionado Informe 038-2013-EF/50. Esto está en correlación directa con las partidas que no se han incluido en el presupuesto público porque no se sabe con certeza cuándo quedarán asentadas. ss. Tiene el atributo esencial de evitar situaciones próximas a ser asumidas como gasto público pero que como no pueden estar establecidas en los pliegos correspondientes dentro de la Ley Anual de Presupuesto. A diferencia de la reserva indeterminada. como generalmente ocurre. Las contingencias provenientes de factores políticos se exhiben como gastos cuya asignación a los pliegos están a la espera de la formalización de procedimientos o reglamentos por parte de los sectores responsables de implementar la política.
cuya ejecución como cualquier otro crédito presupuestario está sujeta a la Ley Anual de Presupuesto. cuando el juez solicite al pliego correspondiente el cumplimiento de una determinada sentencia de alto impacto económico. . el artículo 139. 39. ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA 40. a través de un proyecto de ley a punto de ser aprobado. tal como lo recomienda el FMI. Tal como se verá más adelante. así como en caso se prevea un cambio remunerativo. pero.Por factores judiciales 36. La reserva de contingencia. 37.2. que se condice con la efectividad de las resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. existe una forma específica de pago de las sentencias judiciales. Entonces. lo cual implicaría una técnica avanzada del sometimiento a la Constitución -específicamente. 38. según se ha precisado supra. este tipo de reserva serviría en caso de advertirse un fuerte desembolso de dinero que no podría ser cubierto con la partida presupuestaria de cada pliego destinado al cumplimiento de sentencias. forma parte del Presupuesto Público. B-2. El reconocimiento de este tipo de reserva de contingencia está en correlación directa con el derecho a la ejecución de sentencias. Entonces. dentro de los pasivos contingentes también deberían preverse las posibles deudas derivadas de litigios contra el Estado que tienen que ser ejecutadas en el siguiente ejercicio presupuestal. también correspondería comprenderse dentro de ella si ya salió una sentencia con calidad de cosa juzgada que verse sobre el mismo tema y aún no se solicita su ejecución. En la misma lógica de la contingencia por factores políticos. por ejemplo de los profesores. la partida presupuestaria debe incluirse en la reserva de contingencia. que concretamente debe estar ubicado dentro del presupuesto institucional del MEF. en tanto crédito presupuestario. Esta inclusión de la reserva de contingencia en el presupuesto del MEF hace que se entienda que su administración compete al Poder Ejecutivo.del Poder Ejecutivo a la hora de formular el Presupuesto General de la República y del Poder Legislativo al momento de aprobarlo. el titular del pliego debe solicitar con carácter de urgente al MEF los fondos previstos en la reserva de contingencia para que se le transfiera con prontitud.
De tales argumentos. coherente con lo estipulado en el artículo 118. y es ejercida a través del Viceministro de Hacienda. y en concreto.2. ningún otro poder del Estado puede interferir en el cumplimiento de dicha atribución. dirigir y controlar los asuntos relativos. Esta atribución constitucional que consiste en el estudio y evaluación del conjunto de las decisiones económicas sobre los ingresos y gastos consignados en el Presupuesto Público anual responde y se viabiliza a través de la política general del gobierno.1 de la Ley 29158. la administración de la reserva de contingencia. la atribución constitucional de la administración de la hacienda pública. que señala que le corresponde planear. corresponde única y exclusivamente al Poder Ejecutivo. la que debe ser ejercida según las reglas de responsabilidad y transparencia fijadas por ley (artículo 8. 42.3 de la Constitución. y por ello. entre otros.17 de la Constitución). concretamente a cargo de cada uno de los ministerios (artículo 22 de la referida Ley 29158. está a cargo del Poder Ejecutivo.B-2. a propósito del conflicto competencial planteado. Atribución constitucional del Poder Ejecutivo de la administración de la reserva de contingencia 41. el MEF aparece como el ente rector de la administración económica y financiera del Sector Público. al presupuesto. Esta atribución se deriva del artículo 5 del Decreto Legislativo 183.1 de la Ley 28112. en función de las políticas nacionales y sectoriales. de la Ley 29158. Orgánica del Poder Ejecutivo). conclusión similar a la que se arriba a partir de la lectura del texto del artículo 5. Ley Orgánica del MEF. las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. Orgánica del Poder Ejecutivo). En efecto. supervisión y ejecución es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. Es al Presidente de la República a quien le corresponde la función de administrar la hacienda pública (artículo 118. . Si la administración de la hacienda pública que supone el estudio y análisis de los ingresos y gastos del Presupuesto Público -dentro del cual se integra la reserva de contingencia-. el artículo 4. expresada a través de las políticas nacionales y sectoriales.d. Cualquier actuación o resolución que genere menoscabo en dicha atribución automáticamente deviene en inconstitucional. 43.a. según el cual la autoridad central de los sistemas conformantes de la administración financiera del Sector Público es el MEF. Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Orgánica del Poder Ejecutivo señala que es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales. cuyo diseño.
dejan de ser contingentes en el ejercicio fiscal siguiente. tal como ocurriese con la Ley 29070. Asimismo. STC 0090-2004-AA/TC) debe ser exigido en la administración de la reserva de contingencia por parte del Poder Ejecutivo a través del MEF. es preciso señalar aquí que los gastos o necesidades que no fueron atendidos en el ejercicio fiscal en el que se produjeron. A partir de la exigencia del principio de razonabilidad. que establece que la ejecución responde a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas. la utilización de la reserva de contingencia está supeditada a la autorización previa a través de un Decreto Supremo. sobre la base de la clasificación expuesta supra. como límite a la discrecionalidad (Vid. no es admisible en aras del respeto de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo de administración de la reserva de contingencia que el Congreso de la República haya emitido leyes para disponer de la reserva de contingencia. Exigencia de razonabilidad de la administración de la reserva de contingencia por parte del Poder Ejecutivo 45. 46. con la indicación precisa del gasto o necesidad a atender. es necesario que el MEF administre convenientemente cada uno de los dos tipos de reserva de contingencia antes desarrollados. Según éste. General del Sistema Nacional de Presupuesto señala que “Las Transferencias o Habilitaciones que se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas (…)”. Tal pretensión está en correlación directa con lo establecido en el artículo 77 de la Constitución. El criterio de razonabilidad. debe dotarse a todo trámite de la máxima dinámica posible. específicamente a través de su artículo 4. a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable.b. En congruencia con lo señalado. debiendo ser incorporados en los presupuestos de los pliego respectivos. B-2.44. tomando en cuenta la urgencia de la intervención pública es preciso que la transferencia de fondos la realice con celeridad. 47. sin que ello releve a las autoridades del respeto a sus funciones o vulnere el ordenamiento (interpretación mutatis mutandis del fundamento 12 de la STC 1966-2005- PHC/TC). Respecto de la reserva indeterminada . así como la justificación suficiente de su uso en función a su finalidad. El artículo 45 de la Ley 28411. Por esta razón. Asimismo. evitando actuaciones que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos.
50. un principio básico de su administración por parte del Poder Ejecutivo se encuentra en la prudencia en el uso de dichos recursos. Control del ejercicio de la atribución del Poder Ejecutivo en la administración de la reserva de contingencia 54. Como no está determinado a qué suceso debe destinarse el 1% de los ingresos correspondientes a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios que financia la Ley de Presupuesto del Sector Público destinada a la reserva indeterminada. 49. sea necesario comprometer el equilibrio fiscal y la unidad presupuestaria a través del endeudamiento. en caso de producirse un desastre natural. 53. donde tendrá que especificar cuál es el monto exacto de la contingencia de naturaleza legislativa o judicial que se incluirá en la reserva de contingencia que sea aprobada por el Congreso de la República dentro de la Ley Anual de Presupuesto. al no existir los recursos suficientes para cubrir los gastos o necesidades imprevistas. En tal sentido.c. el MEF deba transferir los fondos previstos para cubrirlo. siguiendo lo estipulado en el artículo 82 de la Constitución. en el caso de la determinable la labor del MEF comienza con la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto. a fin de evitar el escenario en el que. 52. B-2. Sin embargo. la aprobación y promulgación de créditos presupuestarios suplementarios. Definido el monto de cada uno de los gastos incluidos como parte de la reserva de contingencia. es su responsabilidad que ni bien se apruebe la norma con rango de ley o se solicite la ejecución de la sentencia al pliego presupuestario correspondiente y éste se lo comunique. sino que también podrían vulnerarse -por ejemplo. tampoco sería admisible destinar recursos de la reserva de contingencia a gastos que al momento en que se aprobó la Ley Anual de Presupuesto no se podían prever.los derechos fundamentales de la persona. Respecto de la reserva determinable 51. puesto que no sólo podría verse entorpecida la eficaz respuesta del Estado ante un gasto imprevisto. Ante todo. caben dos opciones adicionales que considero como válidas a fin de . Tal uso responsable queda satisfecho si se realiza una administración sensata y equilibrada de los mismos. Una situación como la descrita indudablemente tendría graves consecuencias en la administración de la hacienda pública. A diferencia de la reserva indeterminada. el control de la utilización correcta de la reserva de contingencia por parte del MEF recae en la Contraloría General de la República.48. entre otros.
04). bonificación diferencial para el personal de salud de las zonas alejadas y de frontera. Sin embargo. . Siguiendo la finalidad de los recursos de la reserva de contingencia. viabilizar el mejor control del cumplimiento de la atribución constitucional de administración de la reserva de contingencia: . reforma de la carrera pública magisterial. e incremento de pensiones del Decreto Ley N° 20530. La lógica del MEF de cómo utilizar la reserva de contingencia se trasluce en su proyección para el Año Fiscal 2013. se autorizó la transferencia de partidas por S/. 55. concretamente referida al uso de los recursos de la reserva de contingencia. preparados por el mismo MEF. 29. entre otros” (Exposición de motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. destinada a financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades públicas (…) para el funcionamiento de entidades nuevas.408. seguro oncológico.Mediante el Decreto Supremo 148-2011-EF. con relación al uso de los recursos de dicha reserva a efectos de constatar si se ha utilizado de manera adecuada y con prudencia exigida o no.Asimismo. de fecha 26 de julio de 2011. tomando en cuenta el constante abuso de las reservas de contingencia (numerales 171 y 174 del Manual de Transparencia Fiscal). 5 273 millones. es pertinente resaltar que el Fondo Monetario Internacional. a través del MEF.A efectos de propiciar la mayor transparencia en el gasto público. por parte de cualquier ciudadano. haya formulado la preparación deinformes auditados. con relación a este crédito suplementario global señaló que “Se prevé en la Reserva de Contingencia la suma de S/. para que el Poder Legislativo y el público conozcan en qué se utilizaron tales reservas (numeral 74 del Manual de Transparencia Fiscal). referidos al uso de los recursos de la reserva de contingencia: .781. además de la publicación de la disposición normativa en el diario oficial El Peruano. corresponde analizar la práctica realizada por el Poder Ejecutivo. resulta aconsejable por parte del MEF la creación de una base de datos on line y la implementación de la misma de manera tal que permita el acceso inmediato a la información económica y financiera pública. expuesto en el mencionado Informe 038-2013-EF/50. se presentan diversos decretos supremos publicados en el diario oficial El Peruano en los ejercicios fiscales 2011 al 2013.00 para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de urbanismo y . del servicio civil y para la política salarial de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas. así como las limitaciones en el uso de los mismos. contrapartida de proyectos de inversión. elaborado por el MEF. a manera de ejemplo.
se autorizó la transferencia de partidas por S/. mediante el Decreto Supremo 306-2012-EF.00 para financiar el pago del diferencial remunerativo de 586 docentes nombrados en el nivel I de la Carrera Pública Magisterial y con encargaturas de función directiva y/o jerárquica. no puede ser contingente al 2011. incluso analizado en la STC 0014-2011-PI/TC.Mediante el Decreto Supremo 094-2013-EF. de fecha 17 de mayo de 2013.787. destinados a financiar la implementación progresiva de las compensaciones y entregas económicas de los profesionales de la salud en el marco del Decreto Legislativo 1153. 4. mediante el Decreto Supremo 149-2011- EF.000. se autorizó la transferencia de partidas por S/. Distrito.340. de fecha 21 de setiembre de 2013. Además.625. Provincia y Región Arequipa dañados por las intensas lluvias y flujo torrencial ocurrido el 08 de febrero de 2013’.248. 519. los que reconocía la Ley 24029. se autorizó la transferencia de partidas por S/. 2. 26.548. 3.591. A su vez.00 a favor del Ministerio de Salud.00 para atender el pago de los beneficios por asignación por cumplir 20.00 para atender el Proyecto de Inversión Pública de Emergencia denominado ‘Rehabilitación de 02 salas de operaciones en el Hospital Goyeneche. se autorizó la transferencia de partidas por S/. sus Organismos Públicos y Gobiernos Regionales. de fecha 26 de julio de 2011. 25 o 30 años de servicios a que se refiere el régimen del Decreto Legislativo 276. mediante el Decreto Supremo 240-2013-EF. En ambos casos por más altruista o benéfico que puedan ser los fines en el uso de la reserva de contingencia para la financiación de gastos como consecuencia del sismo ocurrido en el año 2007. se autorizó la transferencia de partidas por S/. de fecha 29 de diciembre de 2012. . así como los que se reconocen para otros regímenes especiales a cargo del Estado. del Profesorado.364. mediante el Decreto Supremo 150-2011-EF. de fecha 24 de diciembre de 2012. así como para financiar la elaboración del expediente técnico y estudio definitivo del proyecto ‘Construcción e implementación de un Centro de Atención y Rehabilitación para el personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas’. Asimismo. Por último.751. mediante el Decreto Supremo 302- 2012-EF. año en que fueron dados los mencionados decretos supremos. De otro lado.00 para financiar la implementación de las Universidades Nacionales de Frontera e Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. . de fecha 26 de julio de 2011.000.119. 133. se autorizó la transferencia de partidas por S/.00 para atender el cumplimiento de las funciones de la Unidad Ejecutora 014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 2007. saneamiento en el departamento de Ica como consecuencia del sismo ocurrido en el 2007.
presupuestaria.Mediante el Decreto Supremo 019-2013-EF. en ejercicio de su atribución constitucional de la administración de la hacienda pública. tesorería. financiera. a través del MEF. así como para los acondicionamientos requeridos. del 11 de setiembre de 2013. de razonabilidad dado que algunos de ellos tratan de gastos recurrentes o frecuentes -y no eventuales o accidentales- que bien pudieron ser previstos y/o planificados con la antelación suficiente en los presupuestos de los pliegos para los respectivos años fiscales. razón por la cual se le exige un uso razonable. Las normas expuestas demuestran una administración inadecuada de la reserva de contingencia por parte del MEF toda vez que la atención de los gastos que implican el mejoramiento de las remuneraciones.266.400. se autorizó la transferencia de partidas por S/. . bajo las responsabilidades de ley. entre otros. a través del MEF. contabilidad. Como no hay duda alguna acerca de que el Poder Ejecutivo. y por lo tanto tiene atribución exclusiva en materia fiscal. sobre todos los niveles del gobierno. no parecen satisfacer el requisito de contingencia en los términos expuestos supra. por tanto. 56. Los ejemplos expuestos.00 para atender la adquisición de inmuebles para las sedes de los Consulados de las ciudades de Barcelona. competiéndole con exclusividad la ejecución del presupuesto público -y concretamente la ejecución de la reserva de contingencia-. Así las cosas. de fecha 7 de febrero de 2013. considero que el Poder Ejecutivo. demostrándose el arbitrario uso que el MEF le puede dar. 57. 42. es el órgano rector del Sector Economía y Finanzas del Estado. La utilización de la reserva de contingencia no cumple ninguno de los requisitos que debería cumplir. endeudamiento. EXAMEN DEL MENOSCABO DE ATRIBUCIONES 58. C. sin control alguno. . la creación e implementación de instituciones educativas. advierten que muchos de los gastos o necesidades cubiertos a partir de la reserva de contingencia no han reunido el requisito de contingencia o. el pago de ciertos beneficios laborales. el Poder Judicial no tendría capacidad para decidir sobre el destino de dicha reserva. Milán y Buenos Aires. entre otros. no ha efectuado en la mayoría de las ocasiones un uso adecuado de la reserva de contingencia.
el artículo 43 de la Constitución reconoce el principio de separación de poderes. el principio de la separación del poder. por tanto. ANÁLISIS DEL MENOSCABO DE ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO POR PARTE DEL PODER JUDICIAL 59.2). en el sentido que establece una separación tajante y sin relaciones entre los distintos poderes del Estado. por un lado. potestad asignada por voluntad popular. 62. por otro. El Poder Judicial ejerce. Esto explica el hecho de que si bien la Constitución establece que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones (artículo 138. salvo los de paz (fundamento 14 al 16 de la STC 0006-2006-CC/TC). como coordinación y cooperación entre ellos. quienes lo ejerzan lo deben hacer con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen (artículo 45 de la Norma Suprema). dimana de ella también la prescripción de que el Poder Judicial no ha de turbar ilegítimamente el ejercicio de las atribuciones de otros poderes del Estado. Por el contrario. como control y balance entre los poderes del Estado -checks and balances ofpowers. Bajo este postulado. a través de sus órganos jerárquicos. como todo poder del Estado. reconocido en el artículo 43 de la Constitución. su potestad de administrar justicia dentro de un marco de respeto de los derechos fundamentales. Ni siquiera el . 61. Así pues. el Poder Judicial debe respetar. pues como se dijo supra. 60. El artículo 138 de la Constitución estipula que la potestad de administrar justicia es ejercida por el Poder Judicial.1 de la Constitución)-por ser una atribución que corresponde única y exclusivamente al Poder Ejecutivo. esto es.y. exige que se le conciba. a través del MEF. el Poder Judicial no puede dictar disposiciones o resoluciones que se encuentren en abierta contradicción con las disposiciones establecidas en la Constitución y con los intereses nacionales. Este principio no debe ser entendido en su concepción clásica. aun cuando los jueces no sean elegidos directamente por medio de sufragio directo.C-1. Es así como el ejercicio del poder por parte de los jueces debe realizarse según los límites precisados por la Constitución o las normas que la desarrollan. Pero por más que este poder emane del pueblo. de los principios y valores constitucionales y de las atribuciones de otros poderes u órganos constitucionales del Estado. pero que éste implica necesariamente un deber de cooperación entre los demás poderes. De lo señalado se colige que nadie puede entrometerse en la administración de la hacienda pública y de la reserva de contingencia -en función del presupuesto público aprobado para cada año fiscal (artículo 77 y 118. mediante el cual garantiza una división de funciones estatales.
“(…) anula las disposiciones. resoluciones o actos viciados de incompetencia (…)”. La actuación administrativa del Poder Judicial está sustentada en la Resolución Administrativa 235-2012-CE-PJ. Congreso de la República puede tener iniciativa para crear e incrementar el gasto público sin previa coordinación con el Poder Ejecutivo. ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SUPUESTAMENTE VICIADA DE INCOMPETENCIA 65. . y la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es así como de lo que se trata en esta parte de la sentencia es de verificar cuál o cuáles son las actuaciones del Poder Judicial que estarían afectando las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo referidas a la administración de la hacienda pública. de fecha 22 de mayo de 2012. 63. de fecha 27 de noviembre del 2012. expedida en la etapa de ejecución en un proceso de cumplimiento. cuya inobservancia constituye la violación del artículo 79 de la Constitución. aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Como tal atribución constitucional no puede ser compartida con otro poder del Estado. Según el artículo 113 del Código Procesal Constitucional. A entender del demandante. Cuando lo hace está ejerciendo atribuciones en menoscabo de las asignadas al Poder Ejecutivo.b. aparte de determinar los poderes o entes estatales a que corresponden las atribuciones controvertidas. y corresponde definir si tal pedido puede estimarse o no. 64. queda claro que el Poder Judicial carece de las atribuciones constitucionales para disponer u ordenar el uso de los recursos de la reserva de contingencia. ya sea a través de resoluciones administrativas o jurisdiccionales. del Decreto Supremo 017-93-JUS. que declaró fundada la demanda de cumplimiento interpuesta por la Asociación Nacional de Magistrados contra el Poder Judicial. que a su vez requiere el cumplimiento de la sentencia de fecha 10 de agosto de 2011. Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. por lo que es fundada la demanda interpuesta. aplicando los porcentajes contemplados en el artículo 186. la sentencia en un proceso de conflicto competencial. C-2. Esta resolución administrativa tiene por finalidad nivelar las remuneraciones de los jueces superiores.5. con relación a la materia presupuestaria. jueces especializados y mixtos y jueces de paz letrados de la República. y publicada el 29 de noviembre de 2012 en el diario oficial El Peruano. deberían anularse una resolución administrativa y dos jurisdiccionales. en cumplimiento de la Resolución 43.
interpretado en el fundamento 41 de la STC 0004-2004-CC/TC). lo real y concreto es que en el presente caso. a través del pliego del Poder Judicial. pese a haber sido emitida antes de su formulación.El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial también pudo haber presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley de crédito suplementario a fin de cubrir la mencionada necesidad y asimismo tuvo a su disposición solicitar. El Poder Judicial. el Consejo Ejecutivo pudo incluir. dentro de los cauces legales presupuestales correspondientes. tuvo a su disposición otros mecanismos para que. pueda solicitar el cumplimiento de una sentencia judicial.En vista que el Poder Judicial tiene la atribución de presentar su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo. sin que lo pueda modificar. una partida específica en el proyecto de Ley Anual de Presupuesto del año 2013 a fin de que dé cumplimiento a la sentencia. para su integración al proyecto general de presupuesto cuando se formule ante el Congreso (artículo 145 de la Constitución. sin que ninguno de ellos fuese utilizado. se ha señalado que podría incluirse dentro de la reserva de contingencia una partida especial destinada al pago de sentencias judiciales. 67. en aplicación de la sentencia dictada en el proceso constitucional de cumplimiento seguido ante el Quinto Juzgado Constitucional y que tiene autoridad de cosa juzgada” (Artículo Segundo de la Resolución Administrativa 235-2012-CE- PJ) vulnera la atribución constitucional del Poder Ejecutivo de administrar la hacienda pública y la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. proponer o coordinar con el Poder Ejecutivo el . . para el cumplimiento efectivo de las escalas remunerativas fijadas en la presente resolución. demandando un fuerte desembolso de dinero de parte del Estado. toda vez que el Poder Judicial no está en capacidad de exigir al MEF le transfiera fondos por más que haya una sentencia que deba ser cumplida. Congruente con lo afirmado supra. en coordinación con el Poder Ejecutivo. la decisión del Poder Judicial de “REQUERIR al Ministerio de Economía y Finanzas para que proceda a asignar y transferir los recursos adicionales del Tesoro Público. no hubo una previsión para incluir como contingencia dentro del Presupuesto de la República del año 2013 la ejecución de la sentencia de fecha 10 de agosto de 2011. un item específico dentro de la reserva de contingencia que esté referido al cumplimiento de sentencias. Si bien supra. en tanto forma de contingencia determinable. como parte de su iniciativa presupuestaria. Por tanto. 68. en el ámbito administrativo. . así como se hace actualmente con los proyectos de ley que aún no concluyen su íterparlamentario. también debería habilitarse en la aprobación de la Ley de Presupuesto.66.
en la parte pertinente. aparte de incorporar al proceso al MEF. uso de los fondos del Tesoro Público a efectos de cumplir la mencionada sentencia. ordena “REQUERIR al Ministerio de Economía y Finanzas para que cumpla con entregar fondos dinerarios al Poder Judicial del fondo de reserva de contingencia. de fecha 22 de abril de 2013. Tomando en cuenta que el efecto de una demanda de conflicto competencial declarada fundada debe implicar la anulación de las resoluciones emitidas viciadas de incompetencia. a afectos de nivelar inmediatamente las remuneraciones de los Magistrados del Poder Judicial para el período año 2013 (…)” (punto ii). En la primera de ellas (Resolución 91). y en la Resolución 95. debe establecerse las consecuencias que deben seguir a la constatación de la vulneración. C-3. CARLOS ADRIAN LINARES PEÑALOZA. en el plazo de 05 días.a. aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. a mi entender. de fecha 14 de marzo de 2013. especialmente cuando están revestidas de la autoridad de cosa juzgada. la Resolución 95. tiene un vicio de incompetencia y por lo tanto debe ser anulada. ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SUPUESTAMENTE VICIADAS DE INCOMPETENCIA 70. C-3. expedida en la etapa de ejecución por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima en el proceso de cumplimiento seguido por la Asociación Nacional de Magistrados contra el Poder Judicial (Expediente 6582-2009). cumpla con entregar fondos dinerarios al Poder Judicial del fondo de reserva de contingencia a efectos de nivelar inmediatamente las remuneraciones de los Magistrados del Poder Judicial para el período del año 2013” (punto 1). 69. Las actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial están sustentadas en la sentencia ampliatoria contenida en la Resolución 91. mediante la cual se dispone la actuación parcial inmediata de la sentencia ampliatoria. decide “DECLARAR fundada la solicitud de actuación parcial inmediata de sentencia ampliatoria. en consecuencia: ORDENO al DIRECTOR GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. máxime si el artículo 113 del Código Procesal Constitucional establece con claridad que la sentencia en un proceso de conflicto competencial “(…) Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las . corresponde analizar el caso específico de las resoluciones jurisdiccionales. La capacidad de anular sentencias con calidad de cosa juzgada 71. de fecha 27 de noviembre del 2012. Por ello. el Artículo Segundo de la Resolución Administrativa 235-2012-CE-PJ. Por lo antes expuesto. A su vez.
pero no protege cualquier pronunciamiento sino uno emitido de conformidad con el orden objetivo de valores. judicial o administrativa. con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales. resoluciones judiciales o administrativas o cualquier otro documento. competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones. y no el análisis de la naturaleza del proceso o procedimiento en el que tuvo lugar ni mucho menos la naturaleza de la disposición. si ello desnaturalizaría el proceso competencial. A la misma conclusión se puede llegar a partir de una actividad interpretativa sistemática de los artículos 110. Entonces. que se haya dictaminado sobre el fondo de la controversia jurídica (fundamento 2 de la RTC 0547-2010-PHC/TC). según la Constitución. la declaratoria de su nulidad. o en su caso. resoluciones o actos viciados de incompetencia (…)”. y prima facie no en sí misma la disposición o resolución. 72. resoluciones o actos viciados de incompetencia.2). resolución u otro documento que lo contiene. No obstante ello. 73. 111 y 113 del Código Procesal Constitucional. que lo contiene. A fin de que opere la institución de la cosa juzgada es necesario cumplir dos requisitos: que se trate de una decisión final. y de acuerdo con la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las . y. La finalidad del proceso competencial es analizar la constitucionalidad de la decisión o actuación que se aduce afecta las competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes confieren a otro. En efecto. El problema surge a la hora de determinar si la actuación jurisdiccional del Poder Judicial expresada en una resolución judicial puede ser anulada a través del proceso competencial. 74. como en el presente caso. según los cuales el proceso competencial procede cuando se adopta decisiones o se omite actuaciones afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes que lo desarrollan confieren a otro para que mediante sentencia se declare la nulidad de tales disposiciones. en el conflicto competencial lo que interesa es el análisis constitucional de la naturaleza o entidad de la decisión o actuación que propicia el conflicto de competencias o atribuciones en sede del poder estatal. y asumiendo que esto fuera posible. si la decisión o actuación está contenida en una resolución judicial. El sentido interpretativo que se deriva de estas disposiciones legales es que las decisiones o actuaciones que propician el conflicto de competencias -o atribuciones. ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada (artículo 139.podrían estar contenidas en disposiciones. lo que correspondería prima facie es disponer su suspensión.
la realización de test de proporcionalidad para determinar qué medida tomar en el caso sometido a análisis. Se impone. cuando en el marco de un proceso de conflicto competencial. de fecha 10 de agosto de 2011.b. el Tribunal Constitucional tiene el deber de analizar en cada caso. que pretenden ser anuladas. si puede anular una sentencia viciada de incompetencia y a la vez protegida por la autoridad de la cosa juzgada. tomando en cuenta el efecto que tiene su decisión bajo las claves del respeto del principio de competencia como también del principio de seguridad jurídica. General del Sistema Nacional de Presupuesto). sino también de las partidas . si es que el gasto o necesidad no tiene la condición de contingencia determinable en los términos expuestos supra. tal como se explicará infra. La capacidad de anular resoluciones de ejecución de sentencias con calidad de cosa juzgada 76. Incluso. 78. por lo que no puede ser asimilable su situación al de las sentencias con calidad de cosa juzgada. C-3. la misma que no puede ser materia de disposición por parte del Poder Judicial a través de la ejecución de una sentencia. Tomando en cuenta la naturaleza de la cosa juzgada. normas con rango de ley y de sus precedentes vinculantes (fundamento 70 de la STC 0006-2006-PCC/TC). sino resoluciones relativas a su ejecución. por más que el Tribunal Constitucional haya señalado que los recursos para el pago de las obligaciones dinerarias impuestas al Estado mediante resoluciones judiciales puede provenir no sólo del Pliego Presupuestal donde se generó la deuda. mal hace el juez de ejecución ordenar al Poder Ejecutivo la utilización de la reserva de contingencia para el cumplimiento del mandato de la sentencia constitucional recaída en el proceso de cumplimiento. Analizadas ambas resoluciones se puede observar que se encuentran desconociendo la atribución constitucional del Poder Ejecución de administrar los recursos del tesoro público y de la reserva de contingencia. el punto ii de la Resolución 91 y el punto 1 de la Resolución 95. Asimismo. en el actual marco normativo presupuestario se prohíbe afectar la reserva de contingencia para efectuar el pago de las obligaciones dinerarias impuestas al Estado (artículo 70. se busque anular una sentencia que cuente con dicha calidad. 75. 77. Esta decisión. bajo un alto grado de fundamentación. Regresando al caso concreto. Debido a esta limitación legal expresa.1 de la Ley 28411. por tanto. no son en estricto sentencias. de ninguna forma implica el desconocimiento del mandato establecido en la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.
81.2). toda vez que es preciso reafirmar la exigencia de nivelación remunerativa de los jueces. gr.). al vulnerar la atribución constitucional del Poder Ejecutivo de administrar la hacienda pública y la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.) no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional.c. pues la administración económica y financiera de la hacienda pública. si hubiere lugar a . especialmente en lo relativo a la disposición de los fondos de la reserva de contingencia. por su propio carácter. pues una decisión en contrario constituiría la afectación a la cosa juzgada. etc. a través de dos resoluciones de ejecución de sentencia el uso de los recursos de la reserva de contingencia. corresponde única y exclusivamente al Poder Ejecutivo. sea repuesta en su derecho y compensada. Implica una parte inseparable de la exigencia de su efectividad. En conclusión. sobre todo tomando en consideración la prohibición señalada. ya que. el Tribunal Constitucional precisó en su momento que este derecho “(. y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela. y que no se agota allí. por demostrar un vicio de incompetencia por parte del Poder Judicial. 79. C-3. corresponde anular el punto ii de la Resolución 91 y el punto 1 de la Resolución 95. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales forma parte del derecho a la tutela procesal efectiva (artículo 139. Asumido que el Poder Judicial carece de la atribución constitucional para exigir. La exigencia de ejecución de sentencias con calidad de cosa juzgada que implique la entrega de dinero por el Estado 80. considero oportuno analizar los mecanismos que tienen los justiciables para efectuar el cobro de sumas de dinero contra el Estado ordenado en sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.. derecho a un proceso que dure un plazo razonable. a través de la sentencia favorable.3 de la Constitución. tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (v. tal cobro no puede ser exigido de forma conminatoria desde la reserva de contingencia por parte del juez. cuyo reconocimiento está inscrito en la Constitución cuando señala que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada ni retardar su ejecución (artículo 139. El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla. artículo 4 del Código Procesal Constitucional). por constituir un exceso en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.. ordenada mediante sentencia. presupuestarias comunes a todos los pliegos (fundamento 40 de la STC 0015-2001-AI/TC). disponer o requerir. Al respecto.
por el daño sufrido” (fundamento 11 de la STC 0015-2001-AI/TC y otros). como sucede con todos los derechos fundamentales. 82. en concreto. Si bien no es posible vaciarle de contenido. y en concreto. tampoco es admisible disponer la ejecución de resoluciones judiciales de tal forma que quede comprometida la administración de la hacienda pública. En ese sentido. ello. el derecho a la exigibilidad que produce una resolución judicial con calidad de cosa juzgada (efectividad). El procedimiento de ejecución de sentencias con calidad de cosa juzgada que implique la entrega de dinero por el Estado 85. Por ello. el principio de legalidad presupuestaria del gasto público y el equilibrio entre los ingresos y los egresos del Estado. cuando ese vencido en juicio sea el Estado. sino también está sujeto a condiciones. Se precisa de un procedimiento orientado a permitir la ejecución de las resoluciones judiciales -que incluye las sentencias dictadas en los procesos . al impedir la ejecución de las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada. en la medida en que éstas tengan una justificación constitucional” (fundamento 15 de la STC 0015-2001-AI/TC y otros). tomando en cuenta al sujeto procesal vencido en juicio y. no es uno absoluto. a pesar de que las resoluciones emitidas en etapa de ejecución están viciadas de incompetencia en algunos de sus extremos. queda por determinar cuál es el procedimiento adecuado para la ejecución de las sentencias que imponen obligaciones pecuniarias al Estado de tal modo que no se suprima o desnaturalice su contenido esencial. 83. pues de lo contrario se estaría menoscabando el derecho a la tutela procesal efectiva de quien resulta vencedor en un proceso judicial contra el Estado. Sin embargo. el legislador pueda establecer ciertos límites o restricciones al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales firmes. el Tribunal Constitucional tiene dicho que “[es] legítimo que. fundamento 2 de la STC 1334-2002-AA/TC). Con lo anterior. Urge para ello emplear un mecanismo idóneo para garantizar la eficacia simultánea de los derechos y principios constitucionales en juego. debe cumplirse en sus propios términos y sin que se modifique su contenido o se altere su sentido. las que deberán tomarse sin alterar su contenido (entre muchas. Quien esté llamado a ejecutar un mandato judicial tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y oportunas destinadas a dar estricto cumplimiento de la sentencia. queda claro que la ejecución de las resoluciones judiciales resulta exigible también con relación a los fallos que imponen obligaciones pecuniarias al Estado. la sentencia del 10 de agosto de 2011. recaída en el Expediente 6582-2009. Vistas así las cosas. límites o restricciones en su ejercicio.d. 84. C-3.
89. queda claro que el . Ley 27584. la reserva de contingencia y los gastos vinculados al pago de remuneraciones. La específica prohibición del uso de la reserva de contingencia para la cobertura de deudas provenientes de sentencias judiciales se encuentra justificada únicamente en los casos en los que ellas no fueran establecidas como una contingencia determinable. Los pagos deben ser atendidos por cada entidad. En situaciones tales. 88. General del Sistema Nacional de Presupuesto. en los términos explicados supra. 86. existan transferencias dinerarias de un pliego a otro con el propósito de honrar las deudas respectivas” (fundamento 41 de la STC 0015-2001-AI/TC y otros). las reglas por las que debe regirse el pago de sumas de dinero por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. son las siguientes: Responsable de atender el pago 87. Ello. según sea necesario. sólo para los que se deriven de un proceso contencioso administrativo. Vid. incluidas las supranacionales. En tal sentido.sin perturbar la administración de la hacienda pública (para todo fallo que imponga al Estado una obligación de dar suma de dinero. Lo que supone que la reserva de contingencia sí puede ser utilizada si los pasivos contingentes no pueden ser cubiertos con la partida presupuestaria asignada a cada entidad para el cumplimiento de sentencias y siempre que los gastos hayan sido considerados como contingencias determinables en la Ley Anual de Presupuesto. pensiones y servicio de tesorería y de deuda (artículo 70. Tal regla no excluye que las deudas estatales -previa coordinación con el MEF. tampoco desvirtúa la posibilidad de que. y en estricta observancia del principio de legalidad presupuestal. Sin embargo.3 de la Ley 28411).1 de la Ley 28411). General del Sistema Nacional de Presupuesto). afectándose hasta el 5% o hasta un mínimo de 3%. del Proceso Contencioso Administrativo). constitucionales que imponen obligaciones pecuniarias al Estado. Ley 28411. con cargo a su respectiva cuenta bancaria (artículo 70. de los montos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA (artículo 70. previa aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. no solamente pueden provenir del Pliego Presupuestal en donde se generó la deuda. sino también de partidas presupuestales comunes a todos los pliegos. Vid. desde luego.puedan ser cumplidas con otras partidas presupuestarias.1 de la Ley 28411. toda vez que es razonable que “los fondos para cubrir las deudas estatales surgidas de resoluciones judiciales. el financiamiento no puede provenir de los fondos públicos correspondientes a las fuentes de financiamiento Donaciones y Transferencias y Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Externo.
no lo cumple” (fundamento 15 de la STC 1797-2010-PA/TC).deben justificar razonablemente la imposibilidad de honrar la deuda de forma inmediata. Bien entendidas las cosas implican que la obligación estatal de atender tales deudas surge en el ejercicio presupuestario de cuando se emita la sentencia. tampoco es válido que si el pago de una sentencia judicial corresponda a más de un pliego presupuestario. en caso sucediese un pago con varias entidades involucradas. sino también afectar gravemente a la efectividad del sistema jurídico nacional (esfera objetiva). la entidad responsable y/o el MEF -en tanto ente rector presupuestal. 92. De lo señalado. desde la perspectiva de una adecuada y oportuna protección de los derechos fundamentales. Si bien el plazo máximo excepcional resulta razonable y. los requerimientos de pago pueden atenderse con cargo a los presupuestos aprobados dentro de los cinco años fiscales subsiguientes (artículo 70. no significa que el Estado debe encontrarse próximo o haber cumplido los cinco años para recién ahí satisfacer la deuda. a pesar de haberlo ganado. Plazo de pago 91. a partir del día siguiente de la notificación de la misma o de la correspondiente resolución de ejecución. al final. por ende. ya sea usando los fondos previstos en el PIA o mediante la inclusión de una partida especial dentro de la reserva de contingencia.5 de la Ley 28411). porque el incumplimiento de un mandato judicial puede afectar “no solo a quien es la parte vencedora en el proceso (esfera subjetiva). constitucional (fundamento 55 de la STC 0015-2001- AI/TC y otros). 94. quien está obligado a cumplir con el mandato resultante. 90. Por tal razón. incurren en responsabilidad todos los funcionarios que se opongan al pago o que pongan trabas en la ejecución de la sentencia correspondiente. pues de qué serviría pasar por un largo y muchas veces tedioso proceso si. Asimismo. . Sin embargo. 93. Sólo si se presentara el explicado supuesto de excepción. el mandato de ésta no pueda cumplirse en vista de una supuesta ausencia de coordinación institucional. debe realizarse dentro de un plazo razonable del proceso en general y dentro de un plazo razonable de la fase o etapa de ejecución en particular. requerimiento jurisdiccional ha de ser gestionado por cada entidad o pliego respectivo ante el MEF. en los casos en que se excedan las posibilidades de pago de las deudas (superen los fondos públicos del presupuesto anual destinado a dicho fin). la regla general es que las sentencias deben ser cumplidas inmediatamente. La realización material de la decisión judicial que se logra mediante el cumplimiento de la misma en sus propios términos. Ello es así.
expedida con un mandato similar. ésta exige que las autoridades responsables se comprometan con el acatamiento de la sentencia que ordena el cumplimiento del artículo 186. Asimismo. como reflejo de su titularidad en la administración de la hacienda pública. Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. como lo ha afirmado en la demanda. pero es igualmente cierto que la atribución constitucional de hacer cumplir las leyes es una facultad que la Constitución le ha reservado de manera exclusiva.5. C-3. sin cumplir a la fecha la aludida sentencia -ni tampoco la STC 3919-2010-PC/TC. tales como las autoridades del Poder Judicial para incluir dicho pago en su pliego presupuestal del año que corresponda. . de fecha 10 de agosto de 2011 95. caso contrario. sobre todo tomando en cuenta que elPoder Ejecutivo tiene como principal obligación acatarla.b del Decreto Supremo 017-93-JUS.demuestra una cuestionable actitud en la ejecución del mandato contenido en ellas. Por lo que ningún poder del Estado.a. 96. tiene la rectoría en materia presupuestaria. incurrirán en responsabilidad. En efecto. de la Ley 29158. al ser una de las responsabilidades específicas de su rol como jefe de Estado (fundamento 2 de la STC 1277-1999-AA/TC). El artículo 118.1. indica que corresponde al Presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Debe exigírsele el cumplimiento de una norma que lleva más de veinte años sin ser acatada. explicando con claridad las causas que motivan la ejecución diferida de la sentencia.e. máxime si él. al Poder Ejecutivo. cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación (artículo 38). La necesidad de ejecutar la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. recaída en el Expediente 6582-2009. promoviendo todas las acciones necesarias a efectos de que la nivelación de las remuneraciones no demore más del tiempo aquí establecido. órgano constitucional o particular puede afectar esta atribución constitucional” (fundamento 32 de la STC 0006-2006-PCC/TC). el Tribunal Constitucional señaló que “Es verdad que la Constitución ha establecido que todos tenemos el deber de respetar. pero no excluyente. En el caso de la ejecución de la sentencia de vista contenida en la resolución del 10 de agosto de 2011. 97.1 de la Constitución. El hecho de que sea este poder quien promueva la presente demanda. Orgánica del Poder Ejecutivo. reiterado en el artículo 8. el Poder Ejecutivo debe viabilizar que en el presupuesto del año siguiente se prevea el cumplimiento de la sentencia mencionada.
a través de la Presidencia del Consejo de Ministros. Declarar NULO el Artículo Segundo de la Resolución Administrativa 235- 2012-CE-PJ. para que el proceso de nivelación se ejecute inmediatamente. especialmente el MEF. y sólo excepcionalmente -y debidamente justificado-. se debe emplazar al Poder Ejecutivo. expedida por el mismo Juzgado al ordenar al Director General del Ministerio de Economía y Finanzas para que en el plazo de 5 días. En consecuencia: 1. conforme al artículo 22 del Código Procesal Constitucional. encaminados a diferir el proceso de nivelación. y. ordenando las correspondientes medidas de coerción y apercibimiento. ORDENAR a los poderes públicos a que. de manera especial. aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. por requerir al Ministerio de Economía y Finanzas que proceda a asignar y transferir los recursos adicionales del Tesoro Público para el cumplimiento de la nivelación de las remuneraciones de los jueces superiores. de fecha 27 de noviembre del 2012. del 14 de marzo de 2013. expedida en vía de ejecución por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima. del 22 de abril de 2013. Por las razones expuestas mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de conflicto competencial al haberse determinado el menoscabo de atribuciones por parte del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. En caso de que interpusieran nuevas demandas. bajo . en lo relativo a la administración de la hacienda pública y al cumplimiento de la Constitución y las leyes. cumplan de manera inmediata el mandato establecido en la sentencia de fecha 10 de agosto de 2011 emitida dentro del Expediente 6582-2009. Asimismo. según sus atribuciones. especializados y mixtos y de paz letrados de la República. al requerir al Ministerio de Economía y Finanzas para que cumpla con entregar fondos al Poder Judicial de la reserva de contingencia a afectos de nivelar las remuneraciones de los jueces para el período año 2013. NULO el punto 1 de la Resolución 95. NULO el punto ii de la sentencia ampliatoria contenida en la Resolución 91. según reglas desarrolladas supra. éstas debieran ser asumidas por el Tribunal Constitucional como una muestra de resistencia a los mandatos del máximo ente jurisdiccional y serían rechazadas de plano. cumpla con entregar fondos dinerarios al Poder Judicial del fondo de reserva de contingencia a efectos de nivelar las remuneraciones de los Magistrados del Poder Judicial para el período del año 2013.98. el Consejo de Ministros está compelido a no autorizar nuevos procesos por parte de cualquiera de los ministerios. Por lo anterior. puede ampliarse el plazo. disponiendo lo que fuere conveniente a través de las carteras comprometidas. 2. a que asuma sus responsabilidades conforme a los artículos 119 y 123 de la Constitución.
doña Nancy Elizabeth Eyzaguirre Garate. doña María del Pilar Tupiño Salinas. doña Aracely Denyse Baca Cabrera. doña Rose Mary Parra Rivera y doña Cristina Amparo Sánchez Tejada. doña Juana María TorreblancaNúñez. debe emplazársele para que. don Ronald Mixán Álvarez. doña Rosario Alfaro Lanchipa. ampliar el plazo. 4. doña María Rosario Niño Palomino. doña Elvira María Álvarez Olazábal. EMPLAZAR al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar una administración de la reserva de contingencia -indeterminada o determinable-. doña Graciela Esther Llanos Chávez. Sr. don Juan Carlos Valera Málaga. 3. expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima o. doña Rosa María Cabello Arce y doña Hilda Sancarranco Caceda. según lo señalado en la presente sentencia. don Germán Alejandro Aguirre Salinas. don Henry Antonio Huerta Sáenz. de acuerdo al criterio de razonabilidad y regido por el principio de celeridad. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud para que se incorpore al proceso al Congreso de la República. doña Liliana Amalia Chávez Berríos. doña Silvia Ysabel Núñez Riva. don Carlos Alfredo Escobar Antezano. disponga lo conveniente para que se cumpla inmediatamente el mandato judicial expresado en la sentencia de fecha 10 de agosto de 2011. a don Jaime David Abanto Torres. en caso logre justificarlo. y a doña Ana Patricia Lau Deza. doña Luz ElenaJaúregui Basombrío. bajo responsabilidad. don Julio César Rodríguez Rodríguez. a través de la Presidencia del Consejo de Ministros. URVIOLA HANI . En el caso específico del Poder Ejecutivo. y que no autorice nuevos procesos encaminados a diferir el cumplimiento de la mencionada sentencia. doña Milagros Álvarez Echarri. responsabilidad. don Miguel Ángel Benito Rivera Gamboa.
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