Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-238-12.htm
Timestamp: 2019-06-24 14:03:01
Document Index: 160700974

Matched Legal Cases: ['artículo 1233', 'artículo 1233', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 47', 'artículo 113', 'artículo 180', 'artículo 123']

Como quiera que el artículo 1233 del Código Civil regula un aspecto referente a la porción conyugal y alude al cónyuge sobreviviente y al cónyuge que ha fallecido, es claro que, por las razones anotadas, la inconstitucionalidad originada en la insuficiencia de la regulación y en la consecuente exclusión del compañero o compañera, de distinto sexo o del mismo sexo, también alcanza a este precepto, motivo por el cual se impone entender que en las menciones en él hechas al “cónyuge” comprenden al compañero o compañera permanente que sobrevive al causante, sea que la respectiva unión de hecho haya sido conformada por personas de distinto sexo o por personas del mismo sexo.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan Carlos Marín Quiceno demandó la expresión “cónyuge” contenida en los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil.
Enfatiza que la Corte Constitucional ha estimado que la ausencia de regulación ha generado un trato discriminatorio entre “las distintas modalidades de uniones de pareja” y precisa que la institución herencial “busca que el patrimonio de una persona, ante su muerte, pase a aquellos que le eran más cercanos, dentro de los que la legislación colombiana incluye expresamente a sus consanguíneos más allegados y a su cónyuge”.
Aduce que a la luz de la Carta no existe razón suficiente para prohibirle al miembro de la pareja que reciba la herencia de aquel con quien ha compartido la vida y la carga familiar, “independientemente de la manera como se haya conformado la pareja” e indica que en el caso del compañero permanente y de la pareja del mismo sexo está pendiente una regulación referente a los derechos herenciales, razón por la cual se discrimina a los compañeros permanentes “quienes no pueden recibir herencia cuando concurren con los padres o los hermanos del causante, mientras que el cónyuge sí tiene estos derechos, por el diferente tratamiento que en el siglo XIX se le daba a las personas que no habían contraído matrimonio.
El demandante solicita la declaración de exequibilidad condicionada de la expresión acusada, siempre y cuando se entienda que, en el caso de los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil los derechos y obligaciones que regulan, también son aplicables al compañero o compañera permanente, con independencia de la orientación sexual de la respectiva pareja y que, tratándose del artículo 1233 de la misma codificación se entienda que “la condición establecida frente al cónyuge sobreviviente para que tenga derecho a la porción conyugal al momento de fallecer el otro cónyuge, sea aplicable también frente al compañero permanente, con independencia de la orientación sexual de la respectiva pareja”.
En representación del Ministerio de Justicia y Derecho intervino la abogada Ana Beatriz Castelblanco Burgos, quien solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada de las disposiciones demandadas, en el entendido de que la expresión “cónyuge”, contenida en los artículos 1040, 1046, 1047, y 1233 del Código Civil también comprende al compañero o compañera permanente y a la pareja del mismo sexo.
Dichos ciudadanos consideran que, si bien la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil en la Sentencia C-174 de 1996, esto no constituye cosa juzgada material y formal, sino cosa juzgada relativa implícita, la cual se configura, según el Alto Tribunal, cuando: “la corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad, igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad”[1].
Según lo pusieron de manifiesto los magistrados que en aquel momento aclararon el voto, la sentencia “se limitó a considerar las diferencias relevantes entre el matrimonio y la unión marital de hecho, sin atender a las equivalencias sustanciales entre estas dos instituciones, elemento necesario para estudiar el cargo de inexequibilidad planteado por el actor”, como que, pese a las diferencias anotadas, “las dos instituciones dan origen a una familia”, por lo que los preceptos que establecen un trato diferenciado deben respetar “la identidad sustancial existente entre las dos instituciones que dan origen a cada una de dichas condiciones” [4].
Por lo anterior, no resultaba suficiente un análisis “en bloque de la normatividad demandada”[5], criterio que fue retomado en la Sentencia C-283 de 2011 y que en la presente causa debe ser reiterado, ya que, en la medida en que no se adelantó un examen específico de la porción conyugal o de la vocación hereditaria del cónyuge a la luz de los elementos comunes al matrimonio y a la unión marital de hecho, no cabe predicar que la aproximación general realizada en la Sentencia C-174 de 1996 implique la existencia de cosa juzgada constitucional sobre estos aspectos que ahora son objeto del debate constitucional propuesto por el actor.
En estas condiciones la relación entre los compañeros permanentes no es igual a la que se establece entre los cónyuges y tampoco procede que lo sea, pues no puede celebrarse un matrimonio “a espaldas del Estado” o pretenderse la imposición de reglamentaciones contrarias al rasgo esencial de la unión marital de hecho, “que no es otro que el de ser una unión libre”[8].
Es importante destacar que la vocación hereditaria es un aspecto concreto que permite la comparación puntual propuesta en la demanda y que sus fundamentos son el parentesco y el lazo conyugal, criterios que remiten a la institución familiar, pues, conforme lo ha señalado la doctrina, “nuestro derecho aún considera, con buen acierto, a la familia como la institución merecedora de recoger los bienes de sus miembros”, en perfecta adecuación con “la tradición social y la mentalidad colombiana derivadas de circunstancias sentimentales (afecto), religiosas (creencias), sociales y jurídicas, etc.”[15].
Acerca de este particular, la Corte ha destacado que en su jurisprudencia se advierte una consideración referente a la persona del homosexual, pero también una aproximación a partir de la perspectiva del grupo situado en condición minoritaria y sometido a prejuicios, así como un acercamiento que tiene en cuenta a la pareja integrada por personas del mimo sexo[16], en la medida en que, su unión de hecho corresponde a una opción válida que comporta “una relación íntima y particular entre dos personas, fundada en el afecto, de carácter exclusivo y singular y con clara vocación de permanencia”[17].
En ejercicio de sus competencias, la Corporación le ha brindado protección a las parejas del mismo sexo y primordialmente lo ha hecho con base en los derechos, garantías u obligaciones que previamente ha reconocido a las parejas de heterosexuales que conviven en unión de hecho. Así por ejemplo, la Corte declaró exequible la Ley 54 de 1990, relativa a las uniones maritales de hecho y al régimen patrimonial de los compañeros permanentes, con las modificaciones hechas por la Ley 979 de 2005 “en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales”[18].
De igual manera, al examinar la constitucionalidad del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1181 de 2007 que, tratándose del delito de inasistencia alimentaria, ordenaba tener por compañero o compañera permanente únicamente al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, la Corporación estimó que, salvo la expresión “únicamente”, el resto del artículo era exequible, siempre y cuando se entendieran comprendidos los integrantes de las parejas del mismo sexo[21], decisión que también adoptó respecto de la constitucionalidad de un amplio conjunto de preceptos contentivos de diversas medidas de protección para familiares cercanos, al señalar que las alusiones al cónyuge y al compañero o compañera permanente incluyen, en igualdad de condiciones, a las parejas del mismo sexo[22].
A LA SENTENCIA C-238/12
Con el respeto acostumbrado, asumo pertinente manifestar que comparto las decisiones de la Corte en lo relacionado con la asimilación de las parejas homosexuales a las heterosexuales, para efectos de beneficiarse de derechos patrimoniales y referentes a la seguridad social, por ende, estoy de acuerdo con lo que la corporación resuelve en ese sentido.
Sin embargo, estimo necesario aclarar mi voto, habida cuenta que en un pronunciamiento anterior, es decir en la sentencia C-283 de 2011, a través de la cual, la Corte se refirió reconocimiento de la porción conyugal al compañero o compañera permanente que sobreviva a la pareja de otro o del mismo sexo, me aparté de lo decidido en dicho fallo, pues consideré que en esa ocasión, el demandante no realizó una integración normativa que incluyera todas las normas que regulan el régimen sucesoral, por el contrario, se limitó a formular cargos en relación con normas que solo son parte aislada de la amplia regulación existente, en desconocimiento de los precedentes de la corporación sobre la integración normativa, motivo por el cual estimé que la decisión ha debido ser inhibitoria.
CON PONENCIA DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, MEDIANTE LA CUAL DECLARÓ EXEQUIBLE, POR LOS CARGOS ANALIZADOS EN ESTA SENTENCIA, LA EXPRESIÓN "CÓNYUGE", CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 1040, 1046 Y 1047 DEL CÓDIGO CIVIL, SIEMPRE Y CUANDO SE ENTIENDA QUE ELLA COMPRENDE AL COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE DE DISTINTO SEXO O DEL MISMO SEXO QUE CONFORMÓ CON EL CAUSANTE, A QUIEN SOBREVIVE, UNA UNIÓN DE HECHO.
Problema jurídico planteado en la sentencia: ¿ La exclusión del compañero permanente, trátese de la unión de hecho de parejas heterosexuales o de la conformada por parejas del mismo sexo, vulnera los artículos Io, 2o, 5o, 13, 42 y 85 de la Constitución, porque, en su criterio, implica el desconocimiento de la dignidad humana, de la solidaridad de las personas, de la prevalencia del interés general, de la igualdad, de la vigencia de un orden justo, del deber de amparar a la familia como institución básica de la sociedad y del derecho de ser iguales ante la ley, sin discriminaciones por razones de origen familiar, derecho que, de conformidad con lo previsto en la Carta, es de aplicación inmediata?
Motivo de la Aclaración: Existe una inconstitucionalidad sobreviviente en relación con lo normado en los artículos 5, 13 y 42 de la Carta, que obliga a esta Corporación a un
pronunciamiento que elimine dicho tratamiento discriminatorio.
Aclaro el voto en la Sentencia C-238 de 2012, acogida por la mayoría de esta Sala, pues considero que, en el presente caso, la declaratoria de exequibilidad condicionada para los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil con respecto a la expresión "cónyuge ".
No se deriva de una omisión relativa por parte del legislador, toda vez que, como lo expresé en la sentencia C-238 de 2011, se presenta una inconstitucionalidad sobreviviente en relación con lo normado en los artículos 5, 13 y 42 de la Carta, que obliga a esta Corporación a un pronunciamiento que elimine dicho tratamiento discriminatorio. Complementando lo anterior, considero pertinente traer a colación varios aspectos relativos a la extensión derechos patrimoniales para los compañeros permanentes que no fueron tenidos en cuenta dentro de la ponencia.
En la sentencia referenciada, esta Corporación tuvo la oportunidad de decidir acerca de la exequibilidad de las normas del Código Civil que regulan y reconocen a favor de los cónyuges sobrevinientes la posibilidad de reclamarla "porción conyugal", toda vez que podrían ser contrarías al principio de igualdad, consagrado en los artículos 5, 13 y 42 de la Carta Política, por cuanto, dicha facultad no era reconocida los compañeros y compañeras permanentes. En dicha oportunidad, el ciudadano accionante, aseguró que determinadas disposiciones legales configuraban una eminente omisión relativa por parte del legislador, toda vez que establecían una diferenciación proscrita por la propia Constitución de 1991, en la cual se consagró como pilar del Estado Social de Derecho, el principio de igualdad, que impone al ente estatal la obligación de permitir a todos los ciudadanos de gozar los mismos derechos y cumplir iguales deberes, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, etnia, entre otras condiciones humanas, que han sido denominadas como categorías sospechosas a nivel internacional.
Para sustentar que no se trata de una omisión relativa legislativa, en lo concerniente a la expresión "cónyuge ", en la sentencia C-238 de 2011, se estableció que para la época en la cual fueron dictadas las disposiciones del Código Civil en la materia, el Estado y más específicamente el legislador, no tenía consagrado en su cabeza el deber de desarrollar el artículo 13 Superior, sumado al hecho de que al Congreso de la República no le era obligatorio regular la situación de los compañeros permanentes, ya que no eran sujetos de protección, como sí lo eran los cónyuges. Al respecto, es importante citar lo establecido en dicha oportunidad procesal:
"En este caso no estamos ante una omisión legislativa, como lo señala el Ministerio Público, dado que para el momento en que se dictó la regulación objeto de acusación no existía el deber para el legislador de desarrollar el artículo 13 constitucional, como tampoco se puede afirmar que se profirió una regulación incompleta o insuficiente, pues se repite, no existía la obligación por parte del legislador de regular una consecuencia jurídica[44] en relación con los compañeros permanentes, quienes no eran reconocidos constitucionalmente como sujetos de una protección similar a la de los miembros de un contrato matrimonial; se trata, más bien, de una inconstitucionalidad sobreviviente en relación con lo normado en los artículos 5, 13y 42 de la Carta...”[24]
Consecuencialmente, se reconoció que el contexto social y cultural, para la época en la cual fueron dictadas las normas que regulan el tema de la porción conyugal, hasta cierto punto legitimaban que todas las personas que no sellaran sus proyectos de vida mediante el contrato matrimonial, no debían ser equiparadas con aquellas que sí tomaran dicha decisión. Sin embargo, para esta Corporación, tal como se expresó en la sentencia objeto de aclaración, actualmente dicho panorama ha cambiado drásticamente por la adopción de la Constitución de 1991 y la notoria prevalencia de la dignidad humana, propia de todos los ciudadanos frente a la voluntad del legislador:
"En ese sentido, la Sala no encuentra ninguna razón objetiva y razonable que justifique que para acceder a lo que la legislación denomina "porción conyugal", el requisito esencial sea el vínculo matrimonial, hecho que posiblemente se justificaba para la época en que fue expedida la norma, porque el único que era reconocido en ese momento era el contrato de matrimonio. Sin embargo, hoy, la libertad de autodeterminación que se ha reconocido a todos los individuos y que expresamente nuestra Constitución reconoce, artículo 16, permite sostener que la diferencia de trato entre una y otra relación, en lo que hace al reconocimiento de esta garantía patrimonial para el supérstite sea cónyuge o compañero y/o compañera permanente, resulta contraria al artículo 13 constitucional, donde la diferencia de trato proviene de la naturaleza del vínculo con que dos personas han decido compartir y hacer realizable su proyecto de vida "[25]
De esta forma se deja en claro que, si bien la decisión de declarar las normas demandadas exequibles condicionalmente fue totalmente acertada, la determinación adoptada por la Sala con respecto a la supuesta omisión relativa por el legislador, no fue la mejor calificación jurídica que se pudo dar a la situación, toda vez que, en últimas, se trasgredió el precedente constitucional al respecto, consagrado en la sentencia C-238 de 2011.
Siguiendo la misma línea argumentativa, se hace necesario reiterar que la decisión de reconocer o no los derechos que se radican en cabeza de las parejas que ostentan la condición de cónyuges en el sentido más literal de la palabra, sean estas de igual o diferente sexo, radica en cabeza del legislador y por ende, no debería ser labor del juez constitucional, ya que es el Congreso de la República donde realmente se puede hablar de representación democrática, por cuanto es este el escenario donde se sientan a debatir los diferentes representantes de los diversos grupos sociales que conforman nuestra sociedad, que adicionalmente han sido elegidos por la ciudadanía en general, para que amplia y prolijamente debatan temas de tal relevancia como el de los derechos de las parejas del mismo sexo. Es así como, se ve que esta Corporación no cuenta con la representación democrática suficiente, puesto que, si bien sus miembros son elegidos de ternas presentadas por el Senado de la República y son integradas por el candidato del Presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, dicha representación no es equiparable con la que tiene la sociedad en el Congreso de la República, argumento que también se predica a la función deliberativa de este último órgano estatal.
Lo anteriormente enunciado, tiene sustento en diversas tesis formuladas por grandes doctrinantes jurídicos como Habermas y Elster, que estudian lo relativo a la democracia deliberativa, "según la cual en las instituciones políticas debe permitirse la acción comunicativa a través de una deliberación racional, toda vez que se permite a todos los interesados formular los mejores argumentos en procura de una decisión seguramente más justa "[26].
En igual sentido, es relevante la posición de NIÑO, en la cual se argumenta que "en una sociedad pluralista como la actual, la única forma de lograr consensos moralmente aceptables es la discusión pública que se lleva en el Parlamento. En estos términos, es la participación de los afectados en la deliberación colectiva y en la toma de decisiones, así como la aplicación de la regla de la mayoría, la que permite garantizar que éstas sean razonables y acordes con el querer mayoritario "[27].
Por último, Jeremy Waldron consideró que ante la notoria división de la comunidad política con respecto a los derechos de tipo moral de los que son titulares los ciudadanos, al igual que en su forma de ser interpretados y conciliación en cuanto a sus exigencias contrapuestas, se hace necesario acudir a un mecanismo social que permita establecer los efectos prácticas de esa controversia. Así, "el procedimiento más recomendable desde el punto de vista de una teoría liberal que propugne los valores de la autonomía y la igualdad de las personas, es el procedimiento democrático, en cabeza del Parlamento. Un procedimiento en el que todos los ciudadanos participan con su voz y con su voto, bien directamente, bien a través de representantes, y en el que se decide por mayoría "[28].
Empero, es de resaltar que: "sin desconocer que constitucionalmente le corresponde al Congreso de la República abordar y regular estos temas, máxime cuando se trata de asuntos que generan tanta sensibilidad en diversos sectores de la sociedad, como es el caso de las regulaciones relacionadas con las parejas del mismo sexo, en donde el juez constitucional ha venido evidenciado un déficit de protección y en aras de lograr la prevalencia del derecho a la igualdad y no discriminación, la Sala ha tenido que adoptar decisiones que buscan no sólo la protección de lo que se ha denominado grupos históricamente desprotegidos y discriminados, en este caso por su orientación sexual, sino la protección de su libertad de autodeterminación ante la ausencia de regulaciones por parte del órgano de representación popular, hecho que hace primordial que el legislador abra el debate, legisle y determine los derechos que deben ser reconocidos en el marco del Estado Social de Derecho que nos rige[29].
Todo lo anterior, implica el análisis por parte del órgano de presentación colombiano sobre si algunas instituciones del ordenamiento civil son o no aplicables a las uniones permanentes entre parejas de igual o diferente sexo, o si por el contrario, deben sufrir modificaciones en cuanto a su regulación, para acomodarlas a las nuevas realidades sociales y culturales. Algunos de los preceptos que deben ser analizados son: "el parentesco (artículos 50 y siguientes del Código Civil); la afinidad (artículo 47 del Código Civil); el matrimonio (artículo 113 y siguientes del Código Civil); el divorcio (artículos 154 y siguientes del Código Civil); la separación de cuerpos (artículos 164 y siguientes del Código Civil); la separación de bienes (artículos 197 y siguientes del Código Civil); las obligaciones y derechos entre los compañeros (artículos 176 y siguientes del Código Civil); segundas nupcias (artículos 164 y siguientes del Código Civil); sociedad conyugal (artículo 180 del Código Civil); el estado civil (artículo 123 del Decreto 1260 de 1970), entre otros "[30].
Con todo, es evidente que al legislador se le impone la obligación de asumir la función que constitucionalmente se le ha encomendado, para que mediante la participación de toda la sociedad, gracias a los representantes de los diferentes sectores de la población colombiana que ocupan una curul dentro del Congreso de la República, se debatan y definan asuntos de eminente importancia a este tipo de relaciones, como los tratados en esta sentencia y en muchas otras, proferidas anteriormente por esta Corporación.
De esta forma, aclaro mi voto con respecto a la ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[1] Sentencia C-783 de 2005.
[15] PEDRO LAFONT PIANETTA, Derecho de Sucesiones. Tomo I. Parte general y sucesión intestada, Bogotá, Librería ediciones del Profesional, 2006. Págs. 577 y 578.
[24] Sentencia C-238 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[25]Ib.
[27]Cfr. Carlos Niño. Fundamentos de Derecho Constitucional. Editorial Astrea. 1992.
[28]Ibíd. Jeremy Waldron, citado por VíctorFerreresComella en "Justicia constitucional y Democracia". Centro de Estudios Constitucionales. 2 Edición. 2007. Pág 175.