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Timestamp: 2018-09-25 23:52:19
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Matched Legal Cases: ['Artículo 66', 'Artículo 321', 'artículo 14', 'artículo 66', 'Artículo 66', 'Artículo 321']

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El derecho a la propiedad en tanto y en cuanto cumplan con su función ambiental, conjuntamente, con el desarrollo de actividades productivas ambientalmente ejercidas, constituye el eje transversal de nuestro ordenamiento jurídico – constitucional para la consecución del desarrollo humano sostenible y sustentable, establecidos en los principios de la Declaración de Río de 1992, o lo que lo mismo, para la consecución del *buen vivir*. La armonía entre el derecho a la propiedad con el desarrollo de actividades productivas ambientalmente ejercidas, nos da como resultado la función ambiental de la propiedad reconocida en el marco constitucional, caso contrario, nos llevaría a decir, que el derecho a la propiedad no cumple con su función ambiental.
La diferencia asumida entre las cosas y los bienes, siempre tuvieron una significación económica. Si los objetos tenían una relevancia económica, se las consideraba bienes, caso contrario, se las consideraba cosas. La valía de los objetos representaba la utilidad económica de los mismos, y no su utilidad ambiental. El derecho, como sinónimo de ley, representada por su principal órgano productor normativo, es decir, los órganos legislativos, representaban y protegían esos intereses económicos, inmersos en los intereses sociales existentes en momentos históricos determinados, sin tomar en consideración su utilidad ambiental. Habían nacido los derechos patrimoniales y el orden jurídico que protegía esos intereses sociales imperantes, era el Código Civil.
Palabras claves: bien, cosa, interés, objeto, patrimonio
The right to own property as long as they fulfill their environmental function, together with the development of environmentally exercised productive activities, is the transverse axis of our legal system – constitutional for achieving sustainable and sustainable human development, established in principles of the Rio Declaration of 1992, or what the same, to achieve the * good life *. The harmony between the right to property with the development of environmentally productive activities exercised, gives results in environmental function of property recognized in the constitutional framework, otherwise, would lead us to say that the right to property does not meet environmental function.
The difference between assumed and real things, always had an economic significance. If objects had an economic significance, they were considered property, otherwise things were considered. The worth of the objects represented the economic utility of the same, and no environmental utility. The right, as a synonym of law, represented by its main regulatory organ producer, ie, legislative bodies, represented and protected those immersed in existing social interests in certain historical moments, without regard to its environmental profit economic interests. They were born the economic rights and the legal system that protected those prevailing social interests, was the Civil Code.
Keywords: good, thing, interest, object, property
La propiedad sobre los objetos – bienes que tenían relevancia económica, pero no relevancia ambiental, tiene su origen desde que el ser humano manifestó su voluntad de decir *esto es mío*, básicamente, desde que el ser humano tuvo una actitud sedentaria. La evolución de la propiedad ha ido evolucionando, conforme ha ido evolucionando el ser humano, y en esa evolución, los parámetros y las características de la propiedad también evolucionaron, desde los más amplios y sin limitaciones, hasta la actualidad, rígidos y con limitaciones, como la función social y la función ambiental.
Uno de los elementos claves en el constitucionalismo moderno, además de la centralidad de los principios y de los derechos, es haber conseguido la centralidad y transversalidad del ambiente en el derecho, generando lo que se conoce como *constituciones ecológicas*, dando oportunidad a la creación de nuevas formas de sentir, pensar y actuar con relación a nuestro ambiente, y por ende, construyendo la función ambiental de la propiedad, en virtud del cual, el derecho a la propiedad, solamente es válida en tanto y en cuanto no perjudique al ambiente. La ambientalidad de la propiedad aspira a que el derecho a la propiedad se encuentre acompañada de una responsabilidad intrageneracional e intergeneracional, es decir, con nuestras generaciones presentes y futuras.
Las cosas y los bienes.-
Anteriormente, las leyes no admitían ningún derecho que tenga por objeto a la naturaleza, al ambiente y al desarrollo humano, solamente reconocían y defendían bienes materiales, en tanto y en cuanto, establecían poderes de los seres humanos sobre dichos bienes. Los bienes de la naturaleza, por sí mismos, por su valor intrínseco y eco sistémico, no eran reconocidos ni protegidos por el derecho. Sobre los bienes inmateriales existió un relativo desarrollo, en virtud, de que ya formaban parte de la mayoría de los ordenamientos jurídicos mundiales, la protección de la honra, intimidad, imagen personal, etc., porque las leyes no admitían ningún derecho que tenga por finalidad al ser humano, por sí mismo. (Vodanovic, 1995. Tercera edición.)[1]
Tradicionalmente, entre los diversos autores, se ha mantenido la idea, que la diferencia entre bienes y cosas, radicaba, principalmente, que los bienes tenían una utilidad para el hombre, susceptible de apropiación, y por ende, con una función económica, consistente en hacer producir, circular y distribuir la riqueza.
El derecho tenía que estar al servicio y a disposición de esta categoría tripartita de los bienes: utilidad, apropiación y función económica, y en tal virtud, toda persona que hubiera atentado contra ese estado de cosas, se lo consideraba “fuera de la ley”. Los bienes al servicio de la economía. Contrario sensu, las demás, eran cosas. (Vodanovic, 1995. Tercera edición.)[2] La doctrina es concurrente, en diferenciar “cosa” y “bien”. (Vieira, 1974.)[3]
La relevancia jurídica de los bienes, sobre las cosas, se originaba, principalmente, de la apropiación. Es decir, si algo era útil para el hombre, si algo tenía una función económica para el hombre, ese algo era sujeto de apropiación, ejerciendo el derecho a la propiedad privada, sin importar su calificación a favor del ambiente. (Planiol, 1997.)[4] Pero no nos alarmemos, para Ulpiano, el hombre, para vivir, necesitaba ser “propietario” y “poseedor” de bienes jurídicos y económicos. (Pescio, 1958, segunda ediciòn.)[5] Toda utilidad del hombre se relacionaba, exclusivamente, con el dinero y el valor de cambio, y los derechos comenzaron a representar eso, una simple utilidad susceptible de ser calorada económicamente. (Camus, 1941, segunda ediciòn.)[6] En igual sentido. (Petit, 1971.)[7]
Es por este motivo, que las cosas no le interesaban al derecho ni al jurista. Lo que le interesaba al derecho y al jurista eran los bienes, porque eran útiles, tenían función económica y eran sujetos de apropiación. (Carriòn, 1982)[8]
III.- Propiedad.- Origen, evolución y características:
En la conquista antropocéntrica más radical, sublime, extenso y complejo conseguida por el ser humano a través de su paso por la tierra, constituyendo un derecho real, es decir, un derecho que tiene sobre la cosa, a su favor, confiriéndole al ser humano poder soberano sobre la misma, contra todos y sobre todos, con la finalidad de satisfacer sus necesidades, resumiéndose en el aforismo romano “Dominium est amplissimum quod cotera in se complecetur” (El derecho de propiedad es tan amplio que abarca todos los demás derechos), es el que le da a la persona el poder para tener una cosa. (Carriòn, 1982)[9] Igual referencia la tenemos en (Pescio, 1958, segunda ediciòn.)[10] Pero no solamente la propiedad otorga el derecho a su titular sobre la cosa, sino también, lo que produce esa cosa. (Vodanovic, 1995. Tercera edición)[11]
Consideramos, que la propiedad, es un producto, básicamente, filosófico, histórico y jurídico, producto del proceso evolutivo del ser humano, individual y colectivamente considerado, muy ligado a su historia, a sus virtudes y defectos. (Camus, 1941, segunda ediciòn)[12] Entre las caracterìsticas de la propiedad, tenemos:
El carácter absoluto, donde podemos decir que tiene dos vertientes: por un lado, el carácter absoluto hace relación a las facultades del propietario, pero dentro de un marco, ese marco se encuentra determinado por la ley y por el derecho ajeno. Por otro lado, el carácter absoluto hace relación a las facultades del propietario como “actos de soberanía” para usar, gozar y disponer de la cosa, a su arbitrio. (Vodanovic, 1995. Tercera edición)[13] Similar referencia tenemos en (Vieira, 1974)[14]. La jurisprudencia colombiana nos indica la nueva tendencia sobre el derecho de la propiedad, concibiéndola como relativo, supeditado al interés público y al interés ambiental, debido a la solidaridad. (Corte Constitucional de la República de Colombia., 1997)[15]
El carácter exclusivo, que implica que solamente admite a un titular el uso, goce y disposición de la cosa, sin que exista la posibilidad de pretensiones de un tercero sobre la misma cosa, con excepción, de la propiedad que puede pertenecer a dos o más personas. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que no pueda coexistir el derecho real de dominio, junto con otros derechos reales, como el de hipoteca, usufructo, etc (Vodanovic, 1995. Tercera edición)[16] Similar referencia tenemos en (Vieira, 1974)[17]
El carácter perpetuo, que se encuentra relacionada con la existencia misma de la cosa, ya que el dominio puede durar tanto cuanto la cosa, pudiendo subsistir independientemente de él. (Vodanovic, 1995. Tercera edición)[18] Es decir, que el derecho de propiedad es, en principio, indefinido, porque no tiene plazo de vencimiento, y relativo porque se encuentra sujeta a condiciones de orden natural y jurídico que se encuentren imperantes en una sociedad. (Vieira, 1974)[19]
El carácter Efectivo, es decir, el hecho de que debe ser efectivo, es decir, la propiedad debe de servir para algo, debe de ser productivo, debe de obtenerse un beneficio, para lograr la consecución del desarrollo humano sostenible y sustentable, ya que no se puede concebir, en la actualidad, una propiedad sin que tenga una utilidad para el ser humano. (Londoño, 2004.)[20] En esto consiste, una de las funciones màs importantes de la propiedad, su funciòn social.
IV.- ANÁLISIS LEGAL.
Función ambiental de la propiedad privada.-
Nuestro ordenamiento constitucional es muy sabio al declarar la función ambiental de la propiedad privada, en las siguientes disposiciones, a saber:
Artículo 66, numeral 26. (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008)[21]
El Artículo 321. (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008)[22]
El respeto y cuidado del ambiente establecido en nuestra Constitución, trae consigo un principio de solidaridad, que tiene dos ramificaciones, y que serían los siguientes:
Solidaridad vertical o intergeneracional.- Relacionado con nuestras futuras generaciones, en virtud del cual, nuestros hijos también tengan el mismo derecho de utilizar en forma sostenible y sustentable, los recursos naturales
Solidaridad horizontal o intrageneracional.- Relacionada con nuestras actuales generaciones, que se podría identificar en la solidaridad entre ricos y pobres de una misma generación.
Tradicionalmente, el principio de solidaridad en materia ambiental se encontraba dirigido hacia nuestras futuras generaciones. En la actualidad el principio de solidaridad ha sido extendido, adicionalmente, hacia las actuales generaciones. La solidaridad horizontal no consiste en que los individuos o Estados pobres del mundo consuman en igual proporción que los individuos o Estados ricos, porque si los muchos pobres en el mundo consumieran lo que consumen los pocos ricos del mundo, hace bastante tiempo que ya no tendríamos planeta habitable.
La solidaridad consiste en que los individuos o Estados ricos disminuyan o cambien sus modalidades de producción, comercio y consumo, y que los individuos o Estados pobres del mundo aumenten su capacidad de producción y consumo sostenible y sustentable. Cualquier fórmula extraña, distinta a la hemos establecido se iría contra el ambiente. Por tal motivo, consideramos, que la responsabilidad de salvaguardar al ambiente no recaiga exclusivamente en los individuos o Estados pobres, sino también, en los individuos o Estados ricos.
Este tema se encuentra relacionado con todas las funciones que ha tenido la propiedad privada en todas las épocas: La función individualista absoluta, la función social y la función ambiental. La función social de la propiedad representa la exteriorización del principio de solidaridad, un principio que implica una estrecha relación del ser humano para con el ser humano. Es decir, una relación Ser humano – Ser humano. La función ambiental de la propiedad es más amplia, más profunda y más compleja que la función social de la propiedad, ya que implica, adicionalmente, una responsabilidad generacional. Todas las Constituciones se dirigen hacia la ecologizaciòn de la propiedad, principio que implicaría, una estrecha relación entre el Ser humano con la naturaleza y con nuestras futuras generaciones. (Ser humano – Naturaleza – Futuras generaciones).
Uno de los grandes inconvenientes que se han suscitado en las diferentes conferencias internacionales sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, es la conciliación entre propiedad privada, libertad y la protección del ambiente, conciliación que se encuentra siendo materializada por las Constituciones modernas. El ambiente en general, incluido el ambiente humano, no puede formar parte para el ejercicio del derecho a la libertad de todos los hombres, sino que forma parte para ejercer el derecho a la participación de todos a los bienes finitos del ambiente y que pertenecen a todos.
La actividad productiva y desarrollista anteriormente descrita, presupone el uso de bienes ambientales, los mismos, que no forman parte del patrimonio del productor desarrollista y que tampoco se encuentran asignados a él bajo ninguna figura jurídica, como propiedad, comodato, etc. El suelo, el agua, el aire, así como, todos los elementos de la naturaleza, pertenecen a toda la humanidad, y no pueden ser utilizados por nadie, en forma absoluta, privilegiada y a su libre criterio, los bienes ambientales ajenos. La utilización de dichos bienes ambientales ajenos, constituye un derecho de participación, y no simplemente, un ejercicio del derecho a la libertad individual.
El derecho a la libertad de participar de los bienes de terceros o de los bienes de toda la humanidad, y más allá, de sus propios bienes, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la libertad de contratación, etc, se encuentran garantizados por nuestra Constitución, solamente en la medida en que no afecte al derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la salud humana, ya que se encuentra enmarcado bajo un régimen de derecho público y no bajo un régimen de derecho privado.
Los elementos de la naturaleza son bienes naturales finitos, que no se encuentran bajo el régimen de la propiedad privada, y por ende, no pueden ser privatizados. El uso de los elementos de la naturaleza, se enmarca bajo un régimen fáctico y no bajo un régimen jurídico.
El derecho a la libertad de participación de los bienes ambientales finitos produce relaciones jurídicas de participación entre todos los actores del planeta. La limitación al derecho de la libertad de participación de los bienes ambientales finitos, pueden acarrear discordias, como los hechos que debería reformarse todo nuestro ordenamiento jurídico interno, principalmente, nuestro Código Civil, que mantiene un carácter privatista o que se produciría una disminución en el ejercicio de algunos derechos constitucionales. La prohibición de realizar algunas conductas que puedan afectar a los bienes ambientales finitos, se encuentra sujeta al equilibrio existente entre el derecho a la libertad individual y el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La justificación para limitar el derecho a la libertad individual, y por ende, para prohibir algunas conductas depredadoras del ambiente, es la defensa y tutela de un bien jurídico superior para toda la humanidad, como es la vida, en todas sus formas y manifestaciones, correspondiéndole al Estado, la defensa de la propiedad privada, no solamente, de la propiedad privada particular, sino también, de la propiedad privada humana, perteneciente a toda la humanidad.
La función social de la propiedad establecida en la Constitución de la República del Ecuador, incluye un principio, en virtud del cual, debe tomarse en consideración al tercero no propietario, quien también requiere del uso del bien objeto de la propiedad para asegurar su libertad y su desarrollo humano sostenible y sustentable, por tal motivo, la Constitución obliga a los ciudadanos a mantener un equilibrio justo y ponderado entre el propietario y el tercero no propietario, ya que el beneficio o perjuicio unilateral de cualquiera de las partes, no se encontraría en armonía con el espíritu constitucional de una propiedad sujeta a una función social.
Las facultades del propietario privado particular, solamente se encuentran garantizadas en la medida en que se armonicen con los derechos de los demás no propietarios privados particulares, es decir, que el ambiente es considerado como una limitación jurídica de la propiedad privada particular, o si lo queremos decir mejor, como una determinación del contenido de la propiedad.
Al ambiente le corresponde ser protegido por todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, desde la Constitución, pasando por todo el Bloque de Constitucionalidad, hasta culminar en el ordenamiento jurídico interno. Debemos de tener claro las relaciones existentes entre los derechos constitucionales de los ciudadanos, en este caso, de los propietarios privados particulares y el deber del Estado de proteger al ambiente, resultando, una nueva delimitación de los derechos constitucionales, que lo podríamos denominar derechos constitucionales ambientales, los mismos, que parten de dos vías: Desde la responsabilidad del ser humano frente al ambiente o desde el valor de la naturaleza por sí misma, es decir, como valor absoluto.
Los llamados, derechos constitucionales ambientales, constituyen una consecuencia de la función ambiental de la propiedad privada particular, ya que, la misma, se encuentra constitucionalizado. Estos derechos constituirían una protección para que los derechos constitucionales generales y las libertades individuales no tengan un mayor peso frente al interés general de la protección del ambiente. Una conducta que ponga en peligro la existencia de los seres humanos no forma parte del ámbito de protección de los derechos constitucionales.
El ámbito de protección de los derechos constitucionales se encuentra sometido a una obligación general, de carácter ambiental, y están limitados por una reserva de interés social, el cual afecta a todos los derechos constitucionales. El derecho constitucional a la propiedad se encuentra en una relación de subordinación a lo establecido en el artículo 14, (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008)[23] y artículo 66, numeral 27. (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008)[24]
En un primer momento, es decir, prima facie, no existiría una colisión de principios y derechos constitucionales, existiría una complementación, consistente en que el ejercicio del derecho a la propiedad, se garantiza y se la protege, en los términos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, y así tenemos, grandes confirmaciones de sentencias constitucionales, (Corte Constitucional de la República de Colombia., 1997. 1998)[25] y siempre relacionado con el elemento solidario. (Londoño, 2004.)[26]
Consideramos, que en materia ambiental, las normas constitucionales deben ser consideradas como un Derecho viviente, ya que, si mantenemos el criterio de que las normas constitucionales son imperativas y supremas, tenemos la obligación de actuar, cumplir y respetar dichas normas constitucionales, sin necesidad de esperar a un desarrollo progresivo que las impulse.
Tampoco esperar que la mano invisible del mercado lo resuelva*, ya que el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el respeto a la naturaleza y la lucha contra la degradación ambiental, no admite ni puede someterse a un lento proceso de espera de implementaciones de planes, programas u ordenamientos jurídicos, futuros e inciertos. (Amores, 1987)
Concienciar la protección ambiental con el contexto socio – económico y cultural de la población para que a la par de la educación ambiental se haga más aplicable y efectiva la ejecución de las normas jurídicas ambientales.
Respetar y aplicar el derecho ambiental como fuente e instrumento de la política ambiental debe estimular la función ciudadana de la gestión ambiental.
Emplear todas las instituciones que el orden jurídico pone al servicio de la tutela ambiental.
Incluir sistemáticamente la temática ambiental dentro de los pensum de estudios en las Facultades y Escuelas de Derecho.
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[1] “…aunque haya leído a un autor inglés del siglo XVII que confesaba sinceramente que jamás miraba con detención a un mono sin que tuviera luego que hacerse muy penosas reflexiones. Pues bien, las leyes de los países civilizados no admiten ningún derecho que tenga por objeto al ser humano y lastime su condición de tal; sólo reconocen los poderes que recaen sobre la persona compatible con su alto valor, como es el de patria potestad sobre los hijos, el derecho del tutor o curador sobre los pupilos…” (Vodanovic, 1995. Tercera edición.)
[2] “…Bienes serían las cosas materiales e inmateriales susceptibles de prestar utilidad al hombre y ser objeto de derecho o, en otros términos, susceptibles de apropiación efectiva o virtual por los sujetos de derecho. Por utilidad se entiende la aptitud de una cosa para satisfacer una necesidad del individuo o un interés cualquiera de éste, sea económico o no. No olvidemos, sin embargo, que la principal utilidad de los bienes tiene el primer carácter, y se refiere a la producción, circulación y distribución de la riqueza. En este sentido, los bienes satisfacen tanto los intereses individuales como los de la economía nacional. Por esta razón, las legislaciones someten a los bienes a un régimen jurídico que esté conforme con su función económica y con las exigencias de dicha economía general del país”. (Vodanovic, 1995. Tercera edición.)
[3] “Ha sido tradicional en la doctrina y jurisprudencia la equivalencia conceptual de los términos “cosa” y “bien”. Empero, entre ambos existe una diferenciación lógica, por cuanto “bien” es una calificación específica de “cosa”, que es el género. De modo, que puede afirmarse, que todo “bien” jurídico es una “cosa”, pero no toda “cosa” es un “bien” jurídico. De otra parte, la tendencia moderna en esta materia, ubica al concepto “cosa” en una órbita de simple objetividad, sin relevancia jurídica inmediata, al paso que, la denominación “bien”, corresponde a una indicación jurídica – formal del derecho que, sobre un objeto, se predica de una persona”. (Vieira, 1974.)
[4] “Las cosas se consideran bienes, jurídicamente, no sólo cuando son útiles al hombre, sino cuando son susceptibles de apropiación: el mar, el aire atmosférico, el Sol, son cosas indispensables para la vida terrestre, sin embargo, no son bienes porque no pueden ser objeto de apropiación en provecho de un particular, de una ciudad o de una nación. Por el contrario, los campos cultivados, las casas, un estanque, las máquinas o los muebles usuales sí son bienes”. (Planiol, 1997.)
[5] “Se denominan bienes las cosas que sirven a las necesidades de la vida humana, en tal sentido, Ulpiano dijo: “Naturaliter bona ex eo dicuntur quod beant, hoc est beatos faciunt; beare est prodesse”. Para vivir el hombre necesita ser propietario y poseedor de bienes jurídicos y económicos…” (Pescio, 1958, segunda ediciòn.)
[6] “El concepto de cosa, comprende todo lo que puede ser objeto de derechos patrimoniales, es decir, tiene un sentido eminentemente económico, representado para el hombre un beneficio valorable en dinero y susceptible de cambio”. (Camus, 1941, segunda ediciòn.)
[7] “Según ciertos autores, los romanos distinguieron al principio con expresiones diferentes las cosas necesarias a la existencia material de la familia y las que formaban el superfluo o la riqueza. Las unas se componían de animales dedicados al cultivo, de los esclavos y de la casa habitación con su jardín: esto era la familia; los otros, comprendían los rebaños, las recolecciones, la moneda y las joyas; esto era la pecunia”. (Petit, 1971.)
[8] “Las cosas no interesan al jurista sino en cuanto puedan dar al hombre alguna utilidad y sean aptas para integrar el acervo patrimonial de una persona”. (Carriòn, 1982)
[9] “El dominio es, de todos los derechos reales, el que le da a la persona el poder más amplio que pueda tener sobre una cosa. Es el derecho fundamental, la piedra angular de todo el desarrollo jurídico de este mundo, que nos sirve de medio para la satisfacción de las exigencias humanas”. (Carriòn, 1982)
[10] “El derecho real por excelencia y el más completo puesto que atribuye a su titular, al dueño, el máximo de poder que se puede tener sobre una cosa confiriéndole una soberanía que se dice plena, absoluta, exclusiva, perpetua, etc”. (Pescio, 1958, segunda ediciòn.)
[11] “La propiedad es el derecho que confiere al sujeto el poder más amplio sobre una cosa, en principio, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar”. (Vodanovic, 1995. Tercera edición)
[12] “La propiedad es un hecho humano de venerada tradición jurídica, íntimamente ligado a la historia de la civilización. Tan pronto como se organiza un pueblo surge ineludiblemente el derecho de propiedad, pudiendo señalarse perfectamente su trayectoria a través de los siglos, desde su concepto absoluto, que caracteriza los tiempos más remotos, hasta estos instantes históricos, en que se intenta desarraigar el sentido individualista…” (Camus, 1941, segunda ediciòn)
[13] “La concepción de que el dominio importa un poder arbitrario, ilimitado, una potestad que permite al dueño hacer o no hacer en lo suyo cuanto le plazca, según los solos dictados de su voluntad o arbitrio, siempre se ha considerado exagerada”. (Vodanovic, 1995. Tercera edición)
[14] “Que el propietario esté revestido del poder jurídico de ejercer, sobre el objeto que constituye su derecho, facultades que le son posibles, como el uso y disposición, es una idea tan antigua como moderna. Si alguna vez el derecho de dominio tuvo un carácter absoluto, al menos, como formulación teórica, fue durante el imperio de los postulados de la revolución francesa, en cuya célebre declaración de principios, se consagró la propiedad como algo “inviolable y sagrado”. (Vieira, 1974)
[15] “…atendiendo al sentido y alcance del art. 59 de la Constitución, la adquisición y el ejercicio de la propiedad privada puede ser susceptible de una serie de condicionamientos y cargas impuestos por el Estado, en razón de que la propiedad no se concibe como un derecho absoluto sino relativo, lo cual se deriva del principio constitucional solidarista de que la propiedad es una función social que implica obligaciones”. (Corte Constitucional de la República de Colombia., 1997)
[16] “…la exclusividad no obsta a que puedan existir sobre la cosa otros derechos reales, junto al de propiedad, sin que éste, por tal hecho, se desnaturalice. En este caso, sólo ocurre que los otros derechos reales, que está obligado a respetar el propietario, limitan la libertad de acción de éste”. (Vodanovic, 1995. Tercera edición)
[17] “La facultad de que goza el titular del dominio para oponerse a pretensión alguna por parte de terceros, en el goce y disfrute de su derecho, en otras palabras, la atribución al titular del derecho es privativa, excluye la concurrencia simultánea de otro dueño, con la plenitud de poderes sobre el mismo bien”. (Vieira, 1974)
[18] “El dominio es perpetuo en cuanto no está sujeto a limitación de tiempo y puede durar tanto cuanto la cosa; En sí mismo no lleva una razón de caducidad, y subsiste independientemente del ejercicio que se pueda hacer de él”. (Vodanovic, 1995. Tercera edición)
[19] “Con este carácter, se quiere decir, que el derecho de propiedad es, en principio, indefinido y por tanto excluye modalidad alguna que sujete o interrumpa su existencia jurídica. Se afirma que, en principio, por cuanto la perpetuidad del dominio es relativa a condiciones de orden natural y a eventos de índole jurídica”. (Vieira, 1974)
[20] “Es natural que frente a una complejidad de las relaciones sociales se de paso a una disminución de las concepciones puramente individualista de la propiedad, y en nombre de la comunidad y del interés común se establezcan restricciones a la propiedad. Sin embargo, ello no puede quitarle su razón de ser, cual es el de su productividad para el propietario. Es decir, el derecho de propiedad también requiere ser efectivo, y ello no se garantiza con un mero reconocimiento formal, sino que debe ser sustancial”. (Londoño, 2004.)
[21] Artículo 66, numeral 26. “Se reconoce y garantizará a las personas: 26.- El Derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental.” (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008)
[22] Artículo 321. “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”. (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008)
[23] “Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008)
[24] “Art. 66, Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 27.- El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008)
[25] “En la época actual, se ha producido una ecologizaciòn de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no solo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos que aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios”. (Corte Constitucional de la República de Colombia. 1998)
[26] “La solidaridad requiere asumir la lógica de la acción colectiva, esto es, asumir también como propios los intereses del grupo, es decir, de lo público, lo que es de todos, y esa titularidad común acarrea asimismo el deber de contribuir, de actuar positivamente para su eficaz garantía, en la medida en que se trata de una responsabilidad de todos y cada uno: si se piensa, por ejemplo, en el patrimonio cultural, en el medio ambiente, es cuando nos encontramos precisamente en lo que Valsak llamaba derechos de la solidaridad, los que tienen su origen en la concepción de la vida en comunidad y cuya efectividad solo es posible mediante una conjunción de esfuerzos, no a través de la mera reciprocidad”. (Londoño, 2004.)
Alcívar Trejo, Carlos,Calderón Cisneros, Juan T. y Cuadrado, Mery: "La función ambiental frente a la propiedad privada y su aplicación actual en la legislación ecuatoriana" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, agosto 2014, en http://caribeña.eumed.net/legislacion-ecuatoriana/