Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A096-08.htm
Timestamp: 2017-11-23 20:24:28
Document Index: 67432340

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 41', 'artículo 86', 'artículo 93', 'artículo 86']

A096-08
Auto 096/08
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO
ACCION DE TUTELA-Competencia a prevención según Decreto 2591/91 difiere del Decreto 1382/00 que establece reglas de simple reparto
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO-Contraria los principios que informan el trámite de la acción de tutela y la administración de justicia
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-Autoridad pública del orden nacional
ACCION DE TUTELA DE PADRE CABEZA DE FAMILIA EXTRABAJADOR DE TELECOM CONTRA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-Competencia de Tribunal administrativo
Referencia: expediente ICC-1218
Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena.
Acción de tutela promovida por Guillermo Rodríguez Ramos contra el Presidente de la República.
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil ocho (2008).
l. El señor Guillermo Rodríguez Ramos, presentó a través de apoderada judicial, el 2 de noviembre de 2007, acción de tutela contra el Presidente de la República por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, así como los derechos de sus menores hijos y la protección especial que como padre cabeza de familia el tutelado no le ha prodigado en su condición de extrabajador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones "TELECOM" en liquidación.
2. La acción radicada en la Oficina Judicial de Cartagena, fue repartida al Tribunal Administrativo de Bolívar el cual mediante auto del 13 de noviembre de 2007, consideró que de los hechos del escrito de tutela la presunta violación de los derechos invocados corresponde a la citada empresa "TELECOM" en liquidación y no al Presidente de la República.
3. En dicha providencia, después de invocar el inciso segundo del artículo 1 del Decreto reglamentario 1382 de 2000, el Tribunal Administrativo de Bolívar se declaró incompetente para conocer de la solicitud de protección constitucional, razón por la cual remitió la actuación nuevamente a la Oficina Judicial para que fuera repartida entre los Juzgados del Circuito de Cartagena.
4. Cumplido lo anterior, el expediente le fue asignado al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, el cual mediante auto del 27 de noviembre de 2007, consideró que lo que se pretende con la tutela es que "el gobierno nacional adopte las medidas necesarias para el establecimiento de políticas y mecanismos dirigidos a la creación de entidades que le permitan ejercer sus derechos a la preferencia y prevalencia como jefe cabeza de familia en virtud de la terminación de su vínculo como empleado de Telecom"[1] . En aplicación del Decreto reglamentario 1382 de 2000 se declaró incompetente dado que, a su juicio, conforme a dicho precepto era el Tribunal Administrativo al que correspondía conocer de la acción incoada.
5. Por lo anterior, ordenó remitir la actuación a la Corte Constitucional para que determine el despacho judicial que debe conocer de la solicitud de protección constitucional.
El asunto de la referencia versa sobre la aparente colisión que se generó entre el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, en consideración al errado entendimiento que se dio al Decreto reglamentario 1382 de 2000.
Aplicado lo anterior al asunto procedimental que se presenta en esta oportunidad, la Sala Plena considera contrario a los principios que informan el trámite de la acción de tutela (art. 3 Decreto 2591/91) y los propios de la administración de justicia (arts. 2, 4, 7 y 9 Ley 270/96) que el Tribunal Administrativo de Bolívar se haya declarado incompetente para asumir el conocimiento de un reclamo de protección constitucional aduciendo un enunciado normativo que no regula la competencia en materia de tutela. En el mismo sentido, debe cuestionarse, por infundada, la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena.
De otra parte, la Sala constata que la acción de tutela de la referencia fue interpuesta contra la Presidencia de la República cuya naturaleza jurídica es la de una autoridad pública del orden nacional[4] por lo que la regla de reparto aplicable, para el asunto de la referencia, era la contenida en el numeral 1 del artículo 1° del Decreto reglamentario 1382 de 2000 según el cual "las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.” (Resaltado fuera de texto)
No obstante, la claridad de esta regla de reparto, el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió in limine, tener como demandado a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, cuando esa indicación no fue hecha por el tutelante.
Frente a dicha decisión la Corte reitera[5], que ni a dicho Tribunal Administrativo ni a cualquier otro juez o corporación que ejerza jurisdicción constitucional[6] corresponde determinar a priori contra quienes se dirige la acción de tutela, puesto que si bien es posible que todas las entidades o los particulares indicados en la solicitud de amparo constitucional no sean responsables de la amenaza o vulneración de los derechos, también lo es que durante el trámite de la acción se advierta que es necesario vincular a otros no indicados por el accionante (Art. 13 Decreto 2591/91).[7] Además, la designación que éste hace de los tutelados, no constituye, por regla general, factor de competencia, salvo en el caso previsto en el inciso final del artículo 37 íbídem. De allí que los funcionarios judiciales que integran la jurisdicción constitucional no pueden soslayar que al tutelante le asiste derecho para dirigir la acción ante el juez o corporación de su elección.[8]
De esta manera, conforme lo ha precisado esta Corte[10], si el Presidente de la República, autoridad contra la que el señor Rodríguez Ramos interpuso la acción de tutela es o no responsable de la vulneración de sus derechos fundamentales es un asunto que, precisamente, deberá ser resuelto al momento de adoptar el fallo con el cual habrá de concluir el trámite de instancia, por la autoridad judicial a la cual se repartió el escrito de tutela conforme a las reglas del Decreto reglamentario 1382 de 2000, en este caso, al Tribunal Administrativo de Bolívar.
Finalmente, en observancia del principio que surge del artículo 41 Superior, por razones de pedagogía constitucional, se dispondrá que esta providencia sea comunicada a los despachos judiciales en colisión para prevenir la ocurrencia de casos violatorios de la Carta Política[11], como el del accionante, en el que a pesar de haber transcurrido más de cinco (5) meses de haber interpuesto su acción de tutela, a la fecha, no existe pronunciamiento de fondo sobre el particular y todo por el desconocimiento de los funcionarios judiciales de las reglas constitucionales[12] como jurisprudenciales que, sobre el Decreto reglamentario 1382 de 2000, ha fijado esta Corporación, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional.
Primero.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Bolívar, que de forma inmediata, asuma el conocimiento de la solicitud de protección constitucional de la referencia conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Segundo.-. Por Secretaría General, comuníquese a los despachos judiciales en colisión, la decisión adoptada en esta providencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 096 DE 2008
Referencia: ICC-1218
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena.
[1] Folio 69 del expediente.
[3] En el Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que "(...) el Decreto 1382 de 2000 no es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un proceso de acción de tutela. El momento procesal en que las normas del Decreto 1382 de ?000 son aplicables es cuando se va efectuar el trámite administrativo de reparto de procesos de acción de tutela entre los diferentes competentes.”
[11] Los funcionarios que ejercen jurisdicción constitucional al adoptar cualquier decisión dentro del trámite de una solicitud de amparo no pueden soslayar que Colombia se obligó mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) a "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción" (art. 1­1) y que dentro de esos derechos se encuentra el que tiene toda persona a "un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución" (art. 25-1). En estas condiciones los jueces y corporaciones que conocen de acciones de tutela, deben actuar conforme a las prescripciones de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano (artículo 93 Superior) cuyo incumplimiento (art. 121 ídem) puede generar eventualmente responsabilidad internacional.
[12] De conformidad con el artículo 86 Superior "En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución."