Source: http://berredo.blogspot.com/2005/12/
Timestamp: 2017-11-20 17:02:58
Document Index: 74081237

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 141', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 76', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 440', 'artículo 9', 'artículo 730', 'artículo 440', 'artículo 158', 'artículo 191', 'artículo 192', 'artículo 193', 'artículo 11', 'artículo 440', 'artículo 196', 'artículo 440', 'artículo 187', 'artículo 437', 'artículo 442', 'artículo 441', 'artículo 545', 'artículo 546', 'artículo 441', 'artículo 545', 'artículo 440', 'artículo 24', 'artículo 545', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 438', 'artículo 543', 'artículo 545', 'artículo 545', 'artículo 546', 'Artículo 33', 'Artículo 184', 'Artículo 187', 'Artículo 542']

Berretum: diciembre 2005
2.Actos, potestades administrativas y autoridad pública, ejercidos por una sociedad mercantil
Entiendo que una Sociedad Anónima no puede ejercer potestades administrativas en materia de funcionarios públicos; afirmación que debo basar en lo siguiente:
Como es sabido, Correos y Telégrafos, S. A. ha dejado de ser Administración Pública desde su constitución como Sociedad Anónima en el año 2001.
La Sociedad Anónima está ejerciendo, entre otras potestades administrativas, las potestades disciplinarias de los funcionarios públicos, sin haberse creado los órganos que se determinen por el Gobierno.
La Ley 14/2000 en su artículo 58.8.2 dice: “Todas las restantes facultades, derechos y obligaciones, respecto del personal funcionario y que con arreglo a este artículo presten servicios para la –Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima-, corresponderán exclusivamente a esta sociedad, que ejercerá dichas facultades a través de los órganos que se determinen. Especialmente corresponderá a los órganos competentes de la Sociedad Estatal el ejercicio de las funciones relativas a la organización, sistema de puestos, condiciones de trabajo y las previstas en la normativa reguladora del Régimen disciplinario con la sola excepción establecida en el artículo anterior”.
La solución que han adoptado en la Sociedad Anónima, para justificar la inexistencia de los “órganos que se determinen” (y que están sin determinar) ha sido la de otorgar poderes notariales, en los que, asombrosamente y de manera inadmisible se conceden poderes a través de Notario, otorgándose potestades administrativas y competencias en materia de personal funcionario, poderes que se trasmiten de manera descendente desde la cumbre (es de suponer en base a la Ley de sociedades anónimas, artículo 141), pero de todo punto contrario a la Ley pues, una Sociedad Anónima no puede poseer competencias en materia de Derecho Administrativo, reservado a la Administraciones Públicas.
La Ley prohíbe delegar potestades que son adquiridas por delegación (artículo 13.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), “delegata potestas delegari non potest”, no puede por tanto el Presidente de Correos, delegar potestades administrativas que hubiera podido recibir por delegación, pero tampoco es este el caso pues ninguna Ley ha otorgado competencias ni al Presidente ni a la Sociedad Anónima como tal, sino que como queda dicho será "a través de los órganos que se determinen”. El artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada, dice: “Las delegaciones de competencias y su revocación, deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma, o en el de la provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste; ahora bien, Correos, S.A. no es Administración y los órganos administrativos al efecto no fueron creados, tampoco se ha publicado en momento alguno en el BOE, ninguna delegación de funciones por ningún órgano de la Administración, al respecto.
Lo grave es que a mi entender, aún en el supuesto de que la empresa pudiera disponer de tales potestades (cuestión que considero imposible en el actual sistema), tampoco el Presidente podría recibir potestades administrativas de la propia Sociedad Anónima como tal, pues la misma tiene prohibido ejercer autoridad pública (Disposición adicional duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Sociedades mercantiles estatales, modificada por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, BOE núm. 264, de 4 de noviembre cuyo texto definitivo quedó del siguiente tenor:
1.- Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.
2.- Las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyo capital sea en su totalidad de titularidad, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o de sus Organismos Públicos, se regirán por el título VII de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación).
Queda así por tanto, sin efecto cualquier facultad que implique el ejercicio de autoridad pública (potestades administrativas sobre todo en materia de funcionarios civiles del Estado), máxime si también se tiene en cuenta que el artículo 58 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que autorizó la creación de la Sociedad Anónima Correos y Telégrafos, en ningún sitio dice que las potestades en materia de funcionarios, entre ellas las disciplinarias, deba ejercerlas una persona jurídica sometida al derecho privado, tan solo dice a través de los órganos que se determinen, sin duda habrá de ser un órgano administrativo y sus titulares cumplirán los requisitos legales de los titulares de los órganos administrativos. Tales órganos no se han determinado por el Gobierno.
Entiendo que no puede, la Sociedad Anónima Correos y Telégrafos ejercer tales potestades, por ello considero que sus actos son nulos de pleno derecho, al ser dictados por órgano incompetente, sobre todo en materia de régimen disciplinario.
El Ministerio de Fomento, no contesta a las preguntas de si los actos administrativos puede desempeñarlos Correos y Telégrafos, S.A., limitándose a remitirnos al artículo 58 de la Ley 14/2000 citada, el cual como queda dicho, habla de "a través de los órganos que se determinen" y que no se han determinado.
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1.graduado social (I)
Puente de Rande en Vigo
1 El Graduado Social como asesor y consejero
2 Como docente
3 Los principios fundamentales de la profesión.
4 El ejercicio de la profesión
5 El ejerciente libre.
6 El ejerciente de empresa.
7 La representación por graduado social.
8 La representación técnica.
9 La actuación del graduado ante los Juzgados y Tribunales.
10 Como funcionario público
1. El Graduado Social como asesor y consejero
El Graduado Social es el técnico en materias sociales, laborales y fiscales que, en posesión del título oficial correspondiente obtenido al finalizar sus estudios universitarios de la carrera de graduado social, graduado social diplomado o diplomado en relaciones laborales, se dedica de forma habitual y mediante retribución:
Al estudio, asesoramiento, representación y gestión, sin necesidad de apoderamiento especial, en todos cuantos asuntos laborales, sociales y fiscales les sean encomendados por o ante la Unión Europea, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones provinciales o locales, la Seguridad Social, las entidades y las empresas públicas o privadas y los particulares.
La representación en los procedimientos laborales y de Seguridad Social.
A cuantas otras funciones le atribuyan las leyes o disposiciones de carácter general.
Los graduados sociales podrán ser designados árbitros en materia de reclamaciones electorales, en las elecciones a delegados de personal y miembros de los Comités de Empresa. El auto a dictar por el graduado social en calidad de árbitro habrá de resolverse en derecho (artículo 76 del ET).
2. Como docente
El graduado social en el ámbito de la docencia pública puede acceder a los cuerpos y escalas docentes como Profesor Técnico de Formación Profesional del grupo B y como Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad de Formación y Orientación Laboral del grupo A.
Asimismo, puede impartir docencia en la Universidad tanto práctica como teórica en diplomaturas y licenciaturas dentro de las enseñanzas de primer ciclo universitario y pueden también acceder a la condición de Profesores Asociados bajo el requisito de ser especialistas de reconocida competencia, acreditada a través del ejercicio profesional fuera de la Universidad.
En el ámbito de la docencia privada, las mismas especialidades y categorías por analogía con las que se imparten en la enseñanza pública y además en academias que se dedican a la preparación de ayuda al estudio o para la preparación del acceso a la función pública en aquellas materias propias del derecho del trabajo y de la Seguridad Social, la negociación colectiva, migraciones, autónomos, organización y derecho administrativo, salud laboral, etc.
Ni que decir tiene, la buena acogida que puede tener un graduado social en los sindicatos, asociaciones profesionales y empresariales y, cooperativas; en materia tanto para impartir cursos como para la programación y organización de los mismos en todas las materias aludidas así como en materia de derecho sindical, de sociedades o de cooperativismo.
3. Los principios fundamentales de la profesión
Independencia, honestidad, dignidad, interés del cliente, secreto profesional, incompatibilidades, función social, inmunidad.
La independencia del graduad social en el ejercicio de su profesión, que debe realizarla sin estar sometido a ninguna presión, principalmente de aquella que pudiera proceder de sus propios intereses o influencias exteriores, constituye la garantía de que los intereses del cliente serán defendidos con objetividad.
La honestidad, el graduado debe ser moralmente integro, veraz, leal y diligente en el desempeño de su función.
La Dignidad, el graduado debe actuar conforme a las normas de honor y dignidad de la profesión.
El interés del cliente, el graduado social debe defender con diligencia los intereses de su cliente, incluso cuando éstos resulten contrapuestos a los suyos propios, a los de un colega o aquéllos de la profesión en general.
El secreto profesional, el graduado social tiene el derecho y el deber de guardar secreto profesional de todos los hechos y noticias que conozca por razón de su actuación profesional.
Incompatibilidades, el graduado debe respetar el régimen de incompatibilidades vigente en cada momento para el ejercicio de la profesión.
Función social, el graduado social debe tener presente en todo momento el carácter de su cometido como servicio a la sociedad.
La Inmunidad, del graduado social en sus actuaciones ante la Administración de Justicia ampara su libertad de expresión y el derecho a la defensa, que deberán ser ejercidos de forma responsable.
4. El ejercicio de la profesión
El graduado social podrá ejercer las funciones que le corresponden y que le son propias en régimen de profesión libre, de relación laboral al servicio de una sola empresa, entidad u organismo, o bien de relación administrativa.
Corresponde la denominación y función de graduado social, a los titulados que de acuerdo con los estatutos colegiales, se hayan incorporado a su Colegio y que ejerzan, de acuerdo con su ordenamiento jurídico profesional, el asesoramiento, consejo técnico jurídico y la representación en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, de las partes que les confíen el patrocinio de sus derechos y obligaciones.
Debería entenderse que existe ejercicio profesional como graduado social cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes:
*Aceptación, firma o desempeño de actos propios de la profesión.
*Anuncio u ofrecimiento público de servicios profesionales, como informes, estudios, asesoramiento, representación y gestiones propias de la actividad de graduado social.
*Percepción de retribuciones u honorarios por los trabajos enunciados en el apartado anterior.
*Cualquier manifestación o hecho que permita atribuir el propósito de ejercer la profesión de graduado social.
El graduado social deberá realizar las funciones propias de la profesión con dedicación y responsabilidad directa.
Los graduados sociales no podrán prestar su título ni contratarse como tales para figurar al frente de servicios propios de la competencia en despacho o empresas dedicadas a la prestación de servicios a terceros, salvo que exista una asociación de profesionales, conservando cada uno su título y su nombre.
5. El ejerciente libre
El artículo séptimo del Real Decreto de 16 de Diciembre de 1977 (BOE del 3 de Febrero de 1978- rectificado en el del 25) por el que se aprobaron los Estatutos de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, dice textualmente:
Los graduados sociales en ejercicio deberán realizar las funciones propias de la profesión bajo su sólo nombre y apellidos y con dedicación y responsabilidad directa del Graduado. Se podrá permitir la asociación con otros Graduados Sociales para la mejor organización y especialización de las actividades. Los Graduados Sociales no podrán prestar su título ni contratarse para figurar al frente de los servicios propios de su competencia en despachos o empresas dedicadas a la prestación de actividades a terceros, entre las que se encuentran las propias del Graduado Social, salvo que exista asociación de profesionales, conservando cada uno su título y nombre.
El graduado social ejercerá su profesión en régimen de libre competencia y, sin perjuicio de la legislación general y específica aplicable en la ordenación sustantiva propia de la profesión, estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal.
En el ejercicio libre de su profesión el graduado social, deberá causar alta en el régimen especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (D. 2551/1971, O.M. 10.04.72 efectos de 1.10.71)
También los graduados sociales en el ejercicio libre de la profesión podrán auxiliarse por empleados contratados por los mismos, que estarán sujetos a los derechos y obligaciones señalados por la normativa vigente.
La publicidad que realicen los graduados sociales, según su propio código deontológico (BOE de 15 de enero de 2001), deberá someterse a lo dispuesto en la normativa aplicable, en especial en la Ley General de Publicidad y, en todo caso, deberá respetar las siguientes normas:
La publicidad habrá de ser de carácter informativo y no persuasiva.
No contendrá comparaciones con otros profesionales, sean o no graduados sociales.
No contendrá referencias a ventaja en el coste de los servicios.
Deberá indicar su carácter de publicidad.
Cualquier mensaje publicitario deberá ser sometido a previa autorización de la Junta de Gobierno del Colegio o Consejo correspondiente en función del ámbito territorial al que vaya dirigido.
6. El ejerciente de empresa
Es ejerciente de empresa, el graduado social al servicio de una sola empresa mediante relación laboral con la misma, y siempre que tal contratación sea precisamente en su calidad de graduado social y no incluya el asesoramiento a terceros. Se asimilan a los ejercientes de empresa aquellos graduados sociales que presten sus servicios en calidad de funcionarios de organismos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio o cualquier otro en que hayan ingresado por razón del título de graduado social o diplomado en relaciones laborales y les haya sido exigido el mismo para obtener el cargo, y siempre que la función a realizar sea la especifica de graduado social.
Los graduados sociales, podrán asesorar a gremios, entidades, sindicatos, asociaciones, corporaciones, federaciones y agrupaciones tanto de trabajadores como empresarios, siempre y cuando sus servicios no los presten a los miembros de la entidad, sino a la junta directiva de la misma para su mejor actuación colegiada en defensa de los intereses propios de toda asociación como tales miembros.
Los ejercientes de empresa tendrán la categoría de titulados de grado medio, cotizando por el número 2 (Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados) de la tarifa de bases de cotización a la Seguridad Social.
La Orden de 25 de septiembre de 1971 (BOE de 2 de octubre), regula la situación de los graduados sociales por cuenta ajena y dice textualmente en sus artículos 1, 2, 3 y 4:
Artículo 1º.- Los Graduados Sociales que, a tenor del correspondiente contrato de trabajo desempeñen en las Empresas actividades profesionales correspondientes a su título, expedido por el Ministerio de Trabajo (hoy Universidades), tendrán la calificación laboral de técnicos de Grado Medio, y disfrutarán de los niveles y beneficios económicos que las disposiciones vigentes reconozcan a los mismos en las actividades propias de la Empresa en la que se hallen encuadrados como tales titulados.
Artículo 2º.- A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, se consideran funciones propias de los Graduados Sociales, las señaladas en el artículo primero del Reglamento de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 28 de agosto de 1.970, y en la Orden de 13 de marzo de 1.961.
Artículo 3º.- A efectos de la correspondiente base de cotización por Seguridad Social y Formación profesional, los Graduados Sociales a que afecta la presente Orden se considerarán incluidos en la tarifa número 2, Peritos y Ayudantes titulados.
Artículo 4º.- El incumplimiento de la presente Orden dará lugar a la aplicación de las medidas previstas en las disposiciones vigentes y, concretamente a las establecidas como sanción por infracción de las normas laborales.
Los graduados sociales ejercientes de empresa, deberán estar colegiados en tal modalidad en el Colegio Oficial correspondiente.
(Orden del Ministerio de Trabajo de 13 de marzo de 1.961 BOE del 27)
7. La representación por graduado social.
Las funciones representativas de los graduados sociales no han estado exentas de discrepancias, desde la equiparación ambigua regulada por la anterior Ley Orgánica de Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio, en la que se vino a establecer la representación por graduado social en su artículo 440.3 “en los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación podrá ser ostentada por graduado social colegiado” (…no cabe desoír las voces que se levantan contra la existencia de la Procuraduría o contra, al menos, su monopolio representativo y, en todo caso, contra el arcaico bastanteo del poder. La nueva Ley, en línea de simplificar las cosas al respecto, permite generalizadamente el apoderamiento apud-acta; y en el proceso laboral, la representación por graduado social colegiado ya prevista en la LPL.) . Son de destacar como muestra de tal discrepancia, dos resoluciones una, es la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de febrero de 1992 otra, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 3 de octubre de 1991, que no coinciden en su examen de la función de los graduados sociales en el proceso laboral.
Así para el TSJ de Madrid el que la parte acuda a juicio personalmente no impide que otorgue su representación a graduado social. Entiende que a pesar de que el artículo 9 del Estatuto General de la Abogacía establezca –corresponde a la Abogacía de forma exclusiva y excluyente la protección de todos los intereses que sean susceptibles de defensa jurídica” tal precepto estatutario “cede” ante lo preceptuado en los artículos 18 y 21.1 LPL en los procesos de trabajo, no siendo obstáculo para que el graduado social sirva de “portavoz a su asistido en el acto del juicio, actuación para la que no es necesaria la asistencia de letrado”.
Para el TSJ del País Vasco, existían dudas sobre la posibilidad de que concurran conjuntamente el representante y el representado, sosteniendo que la representación que puede concederse al graduado social “no implica una defensa ni asistencia” ni es posible “una defensa estricta en términos distintos de los de su propia profesión de graduado social, ya que la asistencia en los Juzgados y Tribunales es privativa de los Abogados”, “la asistencia en un juicio no puede ser otra que la jurídica y de ellas están excluidos los graduados sociales, y no solo por la exclusividad de los Abogados, sino porque el propio Estatuto de los graduados sociales no lo contempla”; el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la representación por graduado social es un acompañamiento similar a la del artículo 730 de la LEC en los juicios verbales para hablar en nombre de la parte “no tiene otra virtualidad que hablar en nombre del compareciente en el acto del juicio y tomar parte en los demás actos procesales” Asimismo, por Auto del Juzgado de lo Social núm. 25 de Barcelona de 11 de febrero de 1992 (R.º 139/91) se analiza la intervención de graduado social en el recurso de suplicación y se examina la posibilidad de admitir el escrito de impugnación que lleva su firma, por ello se transcriben aquí íntegramente los Fundamentos de Derecho: Único.- El recurrente cita como preceptos legales infringidos los artículos 18.1 y 187 y ss. LPL, en relación con el artículo 440.1 y 3, y 238.1 LOPJ, así como los artículos 9.2, 14 y 24.1 y 2 CE, aduciendo que el artículo 158 LPL de 1980 (RDLeg. 521/1990 de 27 de abril). A la vista de las alegaciones del actor y teniendo en cuenta que el artículo 191.1 LPL vigente permite que el recurso sea anunciado por la parte, el Abogado o su representante, y que si bien el artículo 192.1 se refiere al Letrado designado, el artículo 193 en cambio no incluye expresamente dentro de los requisitos formales la firma de Letrado tal como establecía expresamente la Ley procesal anterior, cabe interpretar las normas aludidas en el sentido de permitir la firma de Graduado Social, realizando una interpretación amplia y flexible del precepto y en tanto no exista jurisprudencia que interprete de forma distinta la materia referida, habida cuenta de que el artículo 11 LOPJ obliga a resolver las pretensiones, salvo que los requisitos sean insubsanables y teniendo en cuenta también el carácter no formalista que expresamente el Legislador ha querido otorgar al procedimiento laboral, plasmado en la Exposición de Motivos de la Ley de Bases que dice: “…Desde el momento en que el proceso laboral sirve intereses vitales para un elevado número de ciudadanos, su regulación ha de prescindir de formalismos innecesarios, asegurando así la mayor accesibilidad a la justicia. Tales son los criterios que informan la Ley y que informan las bases 10.1 (subsanación y convalidación de actos procesales), 17.3 (deber del Juez de admitir a las partes los defectos u omisiones de la demanda), 19.2 (medios de prueba), y 31.1 (tramitación de los recursos de suplicación y casación, con subsanación de los defectos corregibles)”. La base trigésimo primera no hace referencia expresa a la firma de Letrado. A mayor abundamiento hay que tener en cuenta que los Graduados Sociales de acuerdo con el artículo 440.3 LOPJ y 18.1 LPL, pueden asumir la representación del actor, pero es práctica usual y consentida por los Juzgados que asuman asimismo la labor de asistencia y defensa técnica de las partes, correspondiendo a la Sala de lo Social del TSJ apreciar los defectos insubsanables del recurso de acuerdo con el artículo 196 LPL, si sosteniendo mejor criterio fueran apreciadas.
Acuerdo: Estimar el recurso de reposición interpuesto por Doña…, parte actora, frente a providencia de fecha 14 de noviembre de 1991, y reponer la resolución referida en el sentido de tener por impugnado el recurso de suplicación, elévese a la Sala de lo Social del TSJ Catalunya la presente pieza separada para su unión al procedimiento principal.
Lo manda y firma Doña…, Magistrado-Jueza titular del Juzgado de lo Social núm. 25 de los de esta ciudad y su provincia, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
La reforma de la LOPJ 6/1985, de 1 de julio que operó la Ley Orgánica 16/1994, de 9 de noviembre, da una nueva redacción al artículo 440.3, quizás en un intento de clarificar la posición de los graduados sociales, clarificación que diría yo tímida; así la nueva redacción decía: “En los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación podrá ser ostentada por graduado social colegiado, al que serán de aplicación las obligaciones inherentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto en su ordenamiento jurídico profesional, en el presente título y especialmente en los artículos 187, 437.2 y 442 de esta Ley” Se hace necesario aquí un análisis del contenido de los artículos que expresamente son de aplicación al graduado social, ello pese a que le es de aplicación todo el título II; así, el artículo 187 alude a que los Graduados Sociales usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango. Asimismo, en estrados, se sentarán a la misma altura que los demás profesionales y autoridades intervinientes en el pleito; el artículo 437.2 establece el deber de guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser los graduados obligados a declarar sobre los mismos y; el artículo 442 alude a la responsabilidad civil, penal y disciplinaria; si bien se hace necesario destacar que la LO 16/1994 no consideró de aplicación a los graduados el artículo 441 que establecía la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa y asistencia de abogados, en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes.
8. La representación técnica. Concepto. El debate. derse adores"e cita "l libro VII de la citada LOPJ, art
El artículo 545.3 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial incorpora un nuevo concepto a las funciones del graduado, así al sustantivo representación añade un calificativo “técnica” lo que para algunos especialistas no puede ser otra cosa que un reconocimiento definitivo de la especialización profesional que el graduado desempeña en todo proceso laboral y de Seguridad Social, pero en el sentido de que mantiene sus competencias del sustantivo representación procesal, por cuanto le es de aplicación al graduado social todo el título II del libro VI (De los Abogados y Procuradores… “y de los graduados sociales”) y especialmente los artículos 187, 542.3 y 546 y al lado de tal representación sustantivo, se añade la especialización con un calificativo “técnica”, lo que sin lugar a dudas confirma definitivamente la función que vienen realizando ante los juzgados y tribunales, la representación de la parte y la prestación de ayuda técnica el patrocinio. A diferencia de la regulación anterior, Ley Orgánica 16/1994, de 9 de noviembre, que no incluía entre los artículos aplicables a los graduados el 441 el cual hacía mención a la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa y asistencia de abogados, en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes, ahora si se incluye integro el artículo 546, entre los que especialmente son de aplicación a los graduados sociales, el cual en su punto 1, hace mención a las obligaciones del artículo 441 del anterior texto citado.
Entiendo yo que, no obstante la defensa propia de los abogados y la representación de los procuradores, son los graduados sociales, en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, quienes ostentan la asistencia técnica, entendida esta como la dirección, defensa técnica y auxilio profesional, con respeto pleno a las funciones de los demás profesionales. Es esta facultad de los graduados sociales, una función de defensa técnica asumiendo la representación cualificada en su calidad de asesores técnicos jurídicos en materia laboral, social, migraciones, empleo y Seguridad Social.
Para el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, máximo órgano institucional de los graduados sociales, la representación técnica es la facultad que ostentan los graduados sociales colegiados, en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, representando y dirigiendo técnicamente el proceso laboral, ratificando la demanda y contestando a la misma, proponiendo, practicando y resumiendo la prueba y, en definitiva, ejercitando plenamente ante los Juzgados y Tribunales que conocen de la materia laboral y Seguridad Social los derechos y obligaciones de quien les ha confiado su defensa , definición que ha sido avalada por juristas de reconocido prestigio que apoyaron esta definición y que se transcriben: Don Juan Francisco García Sánchez, magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo, Don Manuel Iglesias Cabero, magistrado emérito de la Sala IV del T.S., Don Mariano Sampedro Corral, magistrado de la Sala IV del T.S., Don Luis Gil Suárez, presidente de la Sala IV del T.S., Don Enrique López López, vocal portavoz del CGPJ, Don Enrique Míguez Alvarellos, vocal del CGPJ, Don Germán Barreiro González director de la Escuela de RR.LL de la Universidad de León, Don Miguel Rodríguez-Piñero Royo, director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva, Don Antonio V. Sempere Navarro, director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, Don Rafael Alcázar Crevillén, asesor jurídico del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España (CGCOGE), Don Enrique Arnaldo Alcubilla, asesor jurídico del CGCOGSE y Don Ramón Entrena Cuesta, asesor jurídico del CGCOGSE
Se hace necesario desmenuzar cada una de las palabras del conjunto “representación técnica” para poder llegar a un concepto más concreto del mismo.
Así analizando la expresión “representación” encontramos su definición por la Real Academia Española de la Lengua como acción y efecto de representar.
ACCIÓN de "actio" que viene del agere (actuar) en el proceso. Derecho a acudir a un juez o tribunal recabando de él la tutela de un derecho o interés.
EFECTO = fin para que se hace algo.
REPRESENTAR = sustituir a alguien... informar, declarar o referir (dar a conocer un hecho)
Analizando la expresión “técnica”, la define la Real Academia como perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes.
Otras acepciones de la propia Real Academia son: 2.- adj. Dicho de una palabra o de una expresión: Empleada exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc.
3.- m.y f. Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte.
5.- f. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.
6.- f. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos
TECHNE = (para Alicia Olabuenaga García) Este concepto significa tanto la actividad especializada como el conjunto de reglas para triunfar en el terreno de la acción, solo puede concebirse en el marco de la "POLITEIA". La división del trabajo y la especialización técnica funda la Politeia griega.
Para Aristóteles, la techne aparece con todos los rasgos de un saber ligado a las formas de conocimiento racional y emparentada con la ciencia, ligadas a la inteligencia (médico, ingeniero...) diferenciada de la productiva que tendría más que ver con la "poiesis", con la repetición rutinaria instalada en la tradición.
Es aquí por tanto, técnica lo relativo a la aplicación de la ciencia social y del trabajo, conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve la ciencia del trabajo y, referido al graduado social, este sería el profesional que posee los conocimientos especiales de tal ciencia y del conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve la misma, haciendo uso de la pericia o habilidad para usar esos procedimientos y recursos. Ningún otro titulado universitario recibe tanta carga lectiva en materia laboral y de derecho del trabajo y de la Seguridad Social como los graduados sociales diplomados y los diplomados en relaciones laborales, titulaciones que facultan para el acceso a la profesión de graduado social.
Concretando, "representación técnica" como actuación profesional en los procedimientos laborales y de Seguridad Social de los graduados sociales (informar, declarar o referir -dar a conocer un hecho-, con especialización técnica y al mismo tiempo, también poder sustituir, en su caso, a la parte, haciendo sus veces, -funciones también propias del "cognitor" y del "procurator", juntas-), esto es el graduado "praesentis"
El debate no se ha dejado esperar y así han surgido de inmediato numerosas manifestaciones a favor y en contra de la idoneidad de la nueva calificación, de si el cambio es a mejor o a peor, de si es más conveniente la asistencia junto a la representación.
Bien es cierto y hay que decirlo, que la expresión representación técnica, no resulta del todo suficiente para ninguno de los intervinientes en el debate abierto pues, incluso los precursores de tal calificativo expresan en su informe: “…en relación a la enmiendas que el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España tenía intención de formular al texto del artículo 545 del Proyecto de Modificación de la LOPJ (correspondiente al contenido del artículo 440 de vigente LO), he manifestado con anterioridad que resultaba muy difícil conseguir la aquiescencia del Consejo General de la Abogacía Española a la pretensión de que la función reconocida a los graduados sociales en los procesos laborales y de la Seguridad Social no fuera sólo la de ostentar la representación de la parte sino también la “defensa”. La función de defensa, en sentido estricto, y en relación con el artículo 24.2 de la Constitución Española, está vinculada al ejercicio de la abogacía, por lo que resultaría muy difícil se reconociera al graduado social, aunque fuera en esos procesos laborales y de la Seguridad Social. Ante esta situación, (entiendo, por tanto, por –defensa-, en sentido estricto, el conjunto de actividades profesionales realizadas por el abogado en ejercicio, en el ámbito de un proceso, para hacer valer las pretensiones de la parte a la que asiste), y dado que la simple facultad de representar procesalmente a la parte en los procesos laborales y de Seguridad Social no describía eficazmente la función realizada por el graduado social ante los Tribunales del Orden Social, puesto que no sólo consiste en actuar en nombre del representado, (máxime en una Jurisdicción en la que la Ley de Procedimiento Laboral permite que la representación se confiera a cualquier persona), sino asistirle en Derecho, propuse tratar de que no sólo se hablara en el artículo 545 del Proyecto de que -en los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación podrá ser ostentada por graduado social colegiado-, sino que se añadiera a la representación la expresión de –y asesoramiento técnico-, o, abreviadamente, se sustituyera la expresión –representación- por la de –representación técnica-. En definitiva, tanto se utilice la expresión –representación y asesoramiento técnico- o –representación y asistencia técnica-, como la abreviada –representación técnica-, se trata de indicar que la profesión del graduado social no se limita a actuar en nombre y representación de la parte en un proceso laboral o de Seguridad Social, sino también brindarle sus conocimientos en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social para, en ese ámbito procesal, ayudarle a que sus pretensiones se vean satisfechas” ; en otro informe: “¿Por qué definir la representación técnica? ¿Por qué adjetivar la función de representación de los graduados sociales? ¿Por qué no definir como asistencia técnica su función? En adelante, expondremos las razones que aconsejan mantener el concepto de representación de los graduados sociales en la Jurisdicción Social, pero calificándola como técnica. Primero.- La reserva constitucional de la defensa y asistencia a los letrados excluye que se confiera alguna de estas funciones, y, en concreto, la de asistencia a otros profesionales. Aun cuando es facultativa para determinados procesos y, así, para los laborales, la Ley de Procedimiento Laboral excluye definir como defensa o asistencia la intervención de otros profesionales. Es decir, aunque los graduados sociales asuman la función de asistencia técnica en los procesos laborales, la Ley de Procedimiento Laboral la define como representación, que no excluye, por supuesto, la asistencia. (… …) Cuarto.- …la adjetivación de la representación en los procesos laborales y de Seguridad Social como técnica supone el reconocimiento de la realidad de las cosas. Los graduados sociales asumen una función de representación cualificada no sólo como mandatarios sino como asesores técnicos, no únicamente en el plano técnico-jurídico, pero también en este. Por ello, la adición de la palabra –técnica- para calificar su función de representación resulta un cualitativo progreso para esta profesión en el ámbito de los procesos laborales y de Seguridad Social, y ello, lógicamente, sin perjuicio de otras reformas sustantivas que han de acometerse, y, entre ellas, en el ámbito del recurso de suplicación.” . Ambos informe consideran positiva la calificación de técnica para la representación que ostentan los graduados sociales, si bien hacen hincapié en que aunque no se diga se trata realmente de la asistencia y del asesoramiento en calidad de técnicos; en definitiva, el verdadero problema ha sido sin duda la negativa del Consejo General de la Abogacía a admitir plasmado en texto legal que la función de los graduados sociales, verdaderos especialistas en Derecho laboral, es la de asistencia y defensa de la parte.
Otro autor, con motivo de la Sentencia de 29 de enero de 2004 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, por el que se declaró la nulidad de los artículos 3.3, 17.3 y 4, e inciso final del artículo 24.1b) del Estatuto General de los Procuradores de España; alude a que tal sentencia en lo que a la anulación del artículo 3.3 del Estatuto se refiere, resulta oportuna, tan solo a dos semanas de la aprobación de la modificación de la LOPJ, para ser tenida en cuenta por los graduados sociales, toda vez que con la redacción de la anterior LOPJ, 16/1994, de 9 de noviembre, en su artículo 438 referido a los procuradores y 440 a los graduados sociales, se confería a ambas profesiones exclusivamente la pura representación procesal, como exactamente lo hace el actual artículo 543.1 de la nueva LOPJ, 19/2003, de 23 de diciembre, respecto de los procuradores pero, no así con los graduados sociales cuyas facultades vienen reguladas en el artículo 545.3 con la denominación de representación técnica en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, no se trata de la representación, pura y llanamente procesal propia de los procuradores, se trata de una representación procesal técnica, el autor dice que dicha representación técnica no se encuentra definida en la ley, lo que permite afirmar que la representación técnica de los graduados sociales abarca todas aquellas funciones de defensa que expresamente no estén reservadas por la ley al abogado. Entiende asimismo el autor que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que de haber sido anterior a la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, mucho debería haber preocupado a los graduados sociales. “Pero ahora la representación técnica, que va más allá de la mera postulación, está protegida por la ley, por lo que nada puede recurrir quien vea en ella una merma de las facultades del abogado de lo social o de lo laboral” .
Hay quien realiza un análisis de la representación técnica, afirmando que lleva implícita la asistencia técnica, en base a las propias formulaciones de los grupos parlamentarios, cita el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) núm. 146, de fecha 14.10.2003 donde dice, empieza la formación jurídica del significado y alcance de la denominada “representación técnica”, los grupos parlamentarios Convergencia i Unió Democrática de Catalunya en el Senado, grupo Parlamentario Socialista; grupo Entesa Catalana de Progres, coinciden todos en la sugerencia dada por el Consejo General del Poder Judicial, en el sentido de que se precise en dicho precepto que “en los procedimientos laborales y de Seguridad Social los graduados sociales no sólo podrán ostentar la representación, sino también asumir la asistencia técnica de las partes”
9. La actuación del graduado ante los Juzgados y Tribunales
En el procedimiento el Estado, a través del Juez, da satisfacción mediante el proceso a las pretensiones de protección jurídica que ante él se formulan. En los procedimientos laborales y de Seguridad Social, la parte si así lo quiere, puede otorgar la representación técnica procesal a un graduado social que le patrocine (le ayude con especialización además de representarle); la parte que le ha designado, es para el graduado su representado y su patrocinado. Los graduados sociales, son los titulados que más derecho del trabajo y de la Seguridad Social estudian en la universidad española y, en consecuencia son profesionales que posee los conocimientos especiales de la técnica y de la ciencia jurídica laboral; son ius-laboralistas, pues se dedican al ejercicio de la profesión jurídica laboral y al estudio de tal ciencia. La representación procesal del graduado social, puede suponer el acompañamiento o no de la parte que le ha confiado el patrocinio de sus derechos y obligaciones al objeto de satisfacer sus pretensiones.
El graduado en juicio, aplica sus conocimientos técnicos en la ciencia del derecho laboral y social, responde a los ataques o dictámenes ajenos, situándose a favor de los derechos de su representado patrocinándolo, argumentando, alegando, protegiéndolo, mediando, haciendo uso del derecho, pidiendo y postulando en la controversia ante el Juez o Tribunal, realiza en definitiva la auténtica dirección técnica del pleito.
En su despacho o asesoría, el graduado aconseja a sus clientes, es un consultor especialista. Como técnico laboralista su función ante la justicia es procesal en todos los trámites del procedimiento. Es un representante técnico de la parte, a quién también de manera fáctica, protege, patrocina y representa aplicando sus conocimientos especiales de la ciencia jurídica laboral, la técnica.
En lo referente a la representación y defensa previstos en la Ley Concursal. Los graduados sociales podrán ejercer, ante los juzgados de lo Mercantil, sus facultades a favor de los trabajadores que les confíen el patrocinio y representación técnica de sus derechos y obligaciones .
En audiencia pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los graduados sociales.... junto con, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango. Asimismo, todos ellos, en estrados, se sentarán a la misma altura .
Los graduados sociales…, igual que abogados y procuradores deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos .
En relación con el artículo 545.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, le es de aplicación a los graduados sociales el artículo 546 de dicha Ley en sus tres puntos:
1: Es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de abogado, en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes.
2: Los graduados sociales…, abogados y procuradores están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda.
3: Las correcciones disciplinarias por su actuación ante los Juzgados y Tribunales se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las leyes procesales. La responsabilidad disciplinaria por su conducta profesional compete declararla a los correspondientes Colegios y Consejos conforme a sus estatutos, que deberán respetar en todo caso las garantías de la defensa de todo el procedimiento sancionador. Al respecto, se observará lo dispuesto en el titulo V del libro VII de la citada LOPJ (De las sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos y causas), artículos del 552 al 557, por lo que en aquellos artículos donde expresamente cita “abogados y procuradores” debe entenderse graduados sociales, abogados y procuradores.
Asimismo, los artículos 33 y 34 del Reglamento nº 2/2005 de honores, tratamientos y protocolo en los actos judiciales solemnes (Acuerdo de 23 de noviembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial –corrección de errores BOE nº 309 de 27.12.2005) viene a reconocer definitivamente a los graduados sociales como profesión jurídica. Ambos artículos dicen textualmente:
Artículo 33. Del uso de toga e insignias del cargo en actos judiciales solemnes y actos jurisdiccionales.
Fiscales, Secretarios, Abogados del Estado, Abogados, Procuradores y Graduados Sociales en actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados, usarán toga y, en su caso, placa y medalla. En todo acto jurisdiccional llevarán traje o vestimenta acorde con la solemnidad del acto.
6. Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogado, Procuradores y Graduados Sociales podrán usar condecoraciones en los actos protocolarios; de llevarlas en la toga, se colocarán en su lado derecho.
El graduado social, al estar en posesión del titulo universitario puede acceder a todas las oposiciones de las Administraciones Públicas según el nivel académico exigido, en la actualidad puede acceder a todos los niveles hasta el grupo B inclusive, tales como Técnicos de Hacienda; de Auditoria y Contabilidad; de Gestión de las Comunidades Autónomas; de Gestión de la Seguridad Social; de Gestión de la Administración Civil del Estado; Subinspectores de Empleo y Seguridad Social; de Gestión Procesal y Administrativa; etc. De cara al futuro habrá de estarse a la implantación de los nuevos títulos de grado a efectos de acceso a los grupos de la Administración.
Comentario de los autores de la obra “Ley Orgánica del Poder Judicial - documentación legislativa y jurisprudencial – comentarios- Siro Francisco García Pérez y Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, Magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Véase epígrafe 9. La actuación del graduado ante los Juzgados y Tribunales
Véase epígrafe 7. La representación por graduado social
Revista Puntal nº 48/febrero 2004
Puntal nº 48/febrero 2004, extracto del informe del asesor jurídico Rafael Alcázar Crevillén
Puntal nº 48/febrero 2004, extracto del informe de los asesores jurídicos Ramón Entrena Cuesta y Enrique Arnaldo Alcubilla.
Revista del Consejo General de Graduados Sociales nº 1/julio 2004. Enrique Arnaldo Alcubilla, Doctor en Derecho, asesor jurídico del Consejo General de Graduados Sociales, en su artículo “Salvados por la campana”.
Revista del Consejo General de Graduados Sociales nº 2/octubre 2004. Diego Jesús Romero Salado, Graduado Social, en su artículo “La Asistencia y Representación Técnica por Graduado Social. Génesis, cronología y justificación legislativa de una justa aspiración”
Artículo 184.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Artículo 187 en relación con el 545.3 de la LOPJ.
Artículo 542.3 en relación con el 545.3 de la LOPJ.
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