Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-138-de-enero-31-de-2014?documento=legcol&contexto=legcol_f2e1e63c59d5003ae0430a010151003a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-13 01:09:54
Document Index: 372305989

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 79', 'artículo 80', 'artículo 202', 'artículo 205', 'artículo 202', 'artículo 202', 'artículo 204', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 31', 'artículo 10', 'artículo 28', 'artículo 61', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 61', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 204', 'artículo 1', 'artículo 204', 'artículo 2', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 61', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 34', 'artículo 210', 'artículo 42', 'artículo 338', 'artículo 61', 'artículo 33', 'artículo 61', 'artículo 4']

﻿ RESOLUCIÓN 138 DE ENERO 31 DE 2014
RESOLUCIÓN 138 DE 31 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. REALINDERA LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ, DECLARADA EN EL ACUERDO 30 DE 1976 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INDERENA, APROBADO POR RESOLUCIÓN EJECUTIVA 76 DE 1977 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN 755 DE 2012. NOTA: LOS ANEXOS A LA PRESENTE RESOLUCIÓN PUEDEN SER CONSULTADOS EN EL DIARIO OFICIAL 49062 DE FEBRERO 12 DE 2014.
RESOLUCIÓN 138 DE 2014
“Por la cual se realindera la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá y se toman otras determinaciones”.
(Nota: Modificado en lo pertinente los anexos 1 y 2 por la Resolución 456 de 2014 artículo 2° del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
Que el artículo 8º de la Constitución Política señala que: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”;
Que por su parte, el artículo 79 ibídem establece que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”;
Que el artículo 80 de la Constitución Política dispone que: “el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”;
Que el Convenio sobre diversidad biológica, aprobado por la Ley 165 de 1994, define como obligaciones del Estado, entre otras: i) la formulación de directrices para el establecimiento y ordenación de áreas protegidas o áreas donde se adopten medidas especiales para conservar la diversidad biológica; ii) Promover la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; iii) Procurar el establecimiento de condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes; y iv) Reglamentar u ordenar los procesos y categorías de actividades pertinentes, cuando se haya determinado un efecto adverso importante para la diversidad biológica;
Que el artículo 202 del citado decreto, señaló que las áreas forestales podrán ser productoras, protectoras y protectoras-productoras;
Que a su vez, el artículo 205 ibídem, dispone que: “se entiende por área forestal protectora-productora la zona de propiedad pública o privada que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger los recursos naturales renovables y que, además puede ser objeto de actividades de producción sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto protector”;
Que frente a este tipo de áreas de reservas forestales es pertinente señalar que el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 modificatorio del artículo 202 del Decreto-Ley 2811 de 1974, determinó únicamente como áreas de reservas forestales las protectoras y las productoras, situación que debe ser observada por las autoridades ambientales para futuras declaratorias de áreas de reserva forestales, pero que no afecta de manera alguna las declaratorias anteriores a la vigencia de la norma modificatoria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 153 de 1887 y el Código Civil;
Que así mismo, el parágrafo 3º del artículo 204 de la citada ley prescribe que: “Las áreas de reserva forestal establecidas por el artículo 1º de la Ley 2ª de 1959 y las demás áreas de reserva forestal nacionales, únicamente podrán ser objeto de realinderación, sustracción, zonificación, ordenamiento, recategorización, incorporación, integración y definición del régimen de usos, por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la entidad que haga sus veces con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales y con la colaboración del ministerio respectivo según el área de interés de que se trate”;
Que el artículo 2º del Acuerdo 30 de 1976 de la junta directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, aprobado mediante la Resolución Ejecutiva 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura, declaró como: “Área de reserva forestal protectora-productora la cuenca alta del río Bogotá, aguas arriba de la cota superior del Salto de Tequendama, con excepción de las tierras que están por debajo de la cota 2.650 y tengan una pendiente inferior al 100%, y de las definidas por el artículo 1º de este acuerdo y por el perímetro urbano y sanitario de la ciudad de Bogotá”;
Que el parágrafo 2º del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 dispuso que: “El Ministerio del Medio Ambiente, ejercerá en adelante las demás funciones que, en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, venían desempeñando el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena”;
Que de conformidad con la citada ley, es competencia de este ministerio reservar, alinderar y sustraer las reservas forestales nacionales, y reglamentar su uso y funcionamiento;
Que conforme al artículo 31 numeral 16 ibídem, a las corporaciones autónomas regionales les corresponde administrar las reservas forestales nacionales en el área de su jurisdicción;
Que conforme al numeral 1º del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, las determinantes ambientales relacionadas con la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, constituyen normas de superior jerarquía y deberán tenerse en cuenta no solo en la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, sino también en la revisión de sus diferentes componentes, al tenor de lo consagrado en el artículo 28 de dicha ley;
Que por su parte, el artículo 61 de la Ley 99 declaró la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal;
Que el artículo 33 de la Ley 388 de 1997 señala que la categoría de suelo rural está constituida por los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas;
Que así mismo, el artículo 34 de la precitada ley señala que la categoría de suelo suburbano está constituida por las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994;
Que respecto a la declaratoria consagrada en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 la Corte Constitucional en la Sentencia C-534 de 1996 manifestó que: “En el caso de los municipios de Cundinamarca y de la Sabana de Bogotá, las políticas y definiciones de carácter general se imponen con carácter especial a la facultad reglamentaria de los respectivos concejos municipales, pero no la anulan, dado que los recursos naturales de esos municipios, por sus características, constituyen recursos de interés ecológico nacional, que exigen una protección especial en cuanto bienes constitutivos del patrimonio nacional, cuyo uso compromete el presente y el futuro de la Nación entera, lo que amerita una acción coordinada y dirigida por parte del Estado, tendiente a preservarlos y salvaguardarlos, que impida que la actividad normativa reglamentaria que tienen a su cargo las entidades territoriales, se surta de manera aislada y contradictoria, y de lugar ‘al nacimiento de un ordenamiento de tal naturaleza que desborde el centro de autoridad’”;
Que el artículo 5º del Decreto 2372 de 2010 estableció como objetivos generales de conservación, los propósitos nacionales de conservación de la naturaleza, especialmente la diversidad biológica, que se pueden alcanzar mediante diversas estrategias que aportan a su logro. Las acciones que contribuyen a conseguir estos objetivos constituyen una prioridad nacional y una tarea conjunta en la que deben concurrir, desde sus propios ámbitos de competencias o de acción, el Estado y los particulares. Los objetivos generales de conservación del país son: a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; b) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; c) Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza;
Que de acuerdo con el numeral 14 del artículo 2º del Decreto-Ley 3570 de 2011, son funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de las señaladas en la Constitución Política y las leyes 99 de 1993 y 489 de 1998, “… declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal nacionales, reglamentar su uso y funcionamiento”, facultad asignada al despacho del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en virtud del numeral 8º del artículo 6º del mencionado decreto-ley;
Que a través de la Resolución 511 de 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció el procedimiento para la realinderación de la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá tanto para el suelo urbano como para el suelo rural, teniendo en cuenta que al momento de la expedición del Acuerdo 30, existían en su interior, áreas clasificadas hoy como suelo urbano, de expansión urbana, así como equipamientos básicos y de saneamiento ambiental localizados en el suelo rural que se encuentran asociados al desarrollo de esas áreas urbanas, lo que genera problemas en el manejo y administración de la misma, por parte de las corporaciones autónomas regionales competentes, razones por las cuales se consideró necesario realizar los estudios exigidos por la ley, con el fin de determinar las áreas que deben mantenerse bajo esta categoría y aquellas que no se encuentran en consonancia con el régimen de usos previsto para esta reserva;
Que los artículos 2º y 4º de la resolución en comento, determinaron que el proceso de realinderación de la reserva forestal, se efectuaría en dos (2) etapas;
Que la primera etapa de realinderación está referida al suelo urbano, de expansión urbana y las áreas ocupadas por infraestructuras y equipamientos básicos y de saneamiento ambiental, ubicadas en suelo rural asociados a los suelos urbanos y de expansión, de los municipios ubicados al interior de la reserva forestal que hayan sido concertados con la corporación autónoma regional respectiva y aprobados a través del correspondiente plan de ordenamiento territorial;
Que la segunda etapa, referida al suelo rural, estaba supeditada a la elaboración de un estudio técnico, económico, social y ambiental a cargo de las respectivas corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en el área de la reserva forestal;
Que no obstante lo anterior, en los casos en que los municipios no hubieran agotado la primera etapa de la realinderación, la mencionada resolución en el parágrafo del artículo 3º consagró que: “El realinderamiento de la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá en los municipios que no alleguen la información solicitada en el numeral 1º del presente artículo en las condiciones, con las características y en el plazo allí establecido, quedará supeditada a los resultados del estudio de que trata el artículo 4º de la presente resolución, en concordancia con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011”;
Que la realinderación de la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá, por parte de este ministerio, está orientada entre otros, por los siguientes principios de la gestión ambiental consagrados en el artículo 1º numerales 2º, 4º y 8º de la Ley 99 de 1993: i) La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible; ii) Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de aguas y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial y; iii) El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido;
Que este ministerio en desarrollo de la primera etapa realinderó la reserva forestal respecto a los municipios de Zipaquirá, Subachoque, Bogotá, D.C., La Calera y Guasca, basado entre otros requisitos, en el documento técnico de soporte de los planes de ordenamiento territorial, el cual para estos efectos constituye los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, establecidos en la Ley 1450 de 2011;
Que para la realinderación del suelo rural, se suscribió el Convenio Interadministrativo 34 de 2012 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio, y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, este último en calidad de ejecutor del mismo;
Que el mencionado convenio tenía como objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la elaboración de los estudios técnicos, socioeconómicos y ambientales de soporte para el proceso de realinderación y recategorización de la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá, en el marco del parágrafo 3º del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011 y el numeral 14 del artículo 2º del Decreto-Ley 3570 de 2011”, con el fin de contar con los insumos requeridos por ley para proceder a realinderar la reserva forestal;
Que en el marco del proceso de realinderación de la reserva forestal, se conformó un comité de seguimiento al proceso compuesto por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Gobernación de Cundinamarca y en el que tenían representación los municipios localizados al interior de la reserva;
Que así mismo, el estudio realizado por el Instituto Alexander Von Humboldt en el marco del convenio, fue socializado en tres (3) mesas con la participación de las administraciones municipales y, gremios de los sectores productivos, en las que se recibieron insumos por parte de dichos actores;
Que con base en los soportes técnicos generados durante el convenio y la información disponible, las corporaciones autónomas regionales de Cundinamarca y del Guavio, el Instituto Alexander Von Humboldt y este ministerio, en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 14 del artículo 2º del Decreto 3570 de 2011, elaboraron el documento técnico denominado: “Propuesta de realinderación y/o recategorización de la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá declarada mediante el artículo 2º del Acuerdo 30 de 1976 aprobado por el Ministerio de Agricultura mediante la Resolución 76 de 1977” el cual fue radicado en este Ministerio bajo el número 4120-E1-40845 del 2 de diciembre de 2013;
Que el citado documento establece que en la actualidad se mantienen áreas con cobertura vegetal en buen estado de conservación, las cuales aportan a la protección de otros recursos naturales, favoreciendo la recuperación o la rehabilitación de los bosques;
Que así mismo, identificó la superposición con áreas declaradas en las categorías parque nacional natural, reservas forestales protectoras, distritos de manejo integrado y reservas forestales protectoras productoras, que cuentan con objetivos específicos de conservación y sobre las cuales se ejercen diferentes competencias en materia de su administración y manejo, por lo cual se consideró necesario no mantener esta superposición y por consiguiente excluirlas de la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá. Estas áreas corresponden a 40.868 hectáreas aproximadamente y representan un 16.67% de la misma;
Que igualmente se identificaron áreas que atendiendo a las condiciones actuales, a los procesos de ocupación del territorio consolidados y a su no consonancia con el régimen de usos de la reserva deben ser excluidas, sin que esto ponga en riesgo el efecto protector del área que se mantiene reservada. Vale la pena señalar, que los resultados de los estudios arrojan que estas áreas no contienen valores representativos y funcionales de los objetos de conservación priorizados para esta reserva;
Que estas áreas junto a los suelos urbanos, suelos de expansión y las áreas ocupadas por infraestructuras y equipamientos básicos de saneamiento ambiental en el suelo rural asociados al suelo urbano y de expansión urbana, de los municipios, alcanzan una extensión aproximada de 110.190 hectáreas que representan un 44,94% de la reserva forestal;
Que por lo tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la presente resolución define las áreas que por sus características bióticas, físicas y socioeconómicas mantienen el efecto protector y por ende deben continuar como reserva forestal protectora productora y orientar la consolidación de una estructura ambiental en el territorio que sustente en el mediano y largo plazo el conjunto de valores ecológicos y socioeconómicos que representan para la Sabana de Bogotá, los municipios aledaños y la región;
Que aunado a lo anterior, el mencionado documento señala que dado que no se pone en riesgo el efecto protector de la reserva forestal y se respeta la destinación prioritaria que se le ha asignado a la Sabana de Bogotá, se podrán realizar al interior de la misma las siguientes actividades, señalando los correspondientes lineamientos para su desarrollo:
1. Manejo y aprovechamiento forestal.
2. Infraestructura y equipamientos básicos.
3. Agropecuaria;
Que por todo lo anterior, se hace necesario realinderar la reserva forestal protectora-productora la cuenca alta del río Bogotá, cuya nueva delimitación se adoptará sobre cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, a escala 1:100.000 con vigencia 2012, y el sistema de referencia es Magna-Sirgas con origen Bogotá;
ART. 1º—Objeto. Realinderar la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá, declarada mediante el artículo 2º del Acuerdo 30 de 1976, aprobado por la Resolución Ejecutiva 76 de 1977, la cual quedará constituida con una extensión de 94.161 hectáreas aproximadamente, y definida por los siguientes polígonos:
Sector 1: comprende un (1) polígono de 25.933 hectáreas aproximadamente, ubicado en el área rural del Distrito Capital de Bogotá y los municipios de Soacha y Sibaté.
Sector 2: comprende una serie de quince (15) polígonos, corresponde al grupo de cerros que conforman un área de 3.079 hectáreas aproximadamente en los municipios de Soacha, Bojacá, Mosquera y Madrid. Por el costado sur y sur occidental limita con el distrito regional de manejo integrado Salto del Tequendama y Cerro Manjui.
Sector 3: corresponde a dos (2) polígonos con áreas aproximadas de 1.035 y 3.047 hectáreas respectivamente, ubicados en los municipios de Zipacón y Facatativá. Dichas áreas limitan con el distrito regional de manejo integrado Salto del Tequendama y Cerro Manjui y el distrito regional de manejo integrado El Chuscal.
Sector 4: se encuentra al nororiente del sector 3 y corresponde a un (1) polígono con un área de 856 hectáreas aproximadamente ubicado en el municipio de Subachoque. Limita al costado norte con el distrito regional de manejo integrado río Subachoque y pantano de Arce.
Sector 5: al oriente del sector 4 se ubica un polígono con un (1) área de 7.487 hectáreas aproximadamente en los municipios de Madrid, Tenjo, Tabio, Subachoque y Zipaquirá.
Sector 6: al oriente del sector 5 se ubican dos (2) polígonos con un área aproximada de 2.042 hectáreas y 1.480 hectáreas respectivamente en los municipios de Cota, Tenjo, Chía, Tabio, Cajicá, y Zipaquirá.
Sector 7: al nororiente del sector 6 se ubican dos (2) polígonos con un área aproximada de 292 hectáreas y 284 hectáreas en los municipios de Sopó, Tocancipá y Zipaquirá.
Sector 8: al nororiente del sector 7 se ubican dos (2) polígonos con un área aproximada de 2.835 hectáreas y 6.523 hectáreas respectivamente ubicados en los municipios de Tocancipá, Zipaquirá, Gachancipá, Nemocón, Suesca y Cucunubá.
Sector 9: al costado nororiental del sector 8 se ubica un (1) polígono con un área aproximada de 4.008 hectáreas en los municipios de Chocontá y Villapinzón.
Sector 10: al sur del sector 9 se ubica un (1) polígono con un área aproximada de 13.629 hectáreas en los municipios de Sesquilé, Suesca, Chocontá, Guatavita y Guasca.
Sector 11: al oriente del embalse del Tominé y al occidente del sector 10 se ubican dos (2) polígonos con áreas aproximadas de 2.196 hectáreas y 194 hectáreas respectivamente en los municipios de Guasca, Guatavita y Sesquilé.
Sector 12: al occidente del sector 11 se ubica un (1) polígono con un área aproximada de 5.799 hectáreas en los municipios de Sopó, Guasca, Tocancipá, Guatavita, Gachancipá y Sesquilé.
Sector 13: comprende un (1) polígono de 25 hectáreas aproximadamente en el cerro La Conejera.
Sector 14: al suroccidente del sector 13 se ubican tres (3) polígonos que suman un área aproximada de 6.108 hectáreas en los municipios de La Calera, Chía y Sopó.
Sector 15: al sur del sector 14 se ubican tres (3) polígonos con áreas aproximadas de 373 hectáreas, 223 hectáreas y 1.541 hectáreas respectivamente en el municipio de La Calera.
Sector 16: al oriente del sector 15 se ubican dos (2) polígonos con áreas aproximadas de 589 hectáreas y 4.577 hectáreas respectivamente en los municipios de La Calera y Guasca.
La descripción de los límites de la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá, corresponde al anexo 1 y fue elaborado bajo el sistema de proyección cartográfica Magna-Sirgas con origen Bogotá.
PAR. 1º—El mapa anexo hace parte integral de la presente resolución y refleja la materialización cartográfica de los polígonos anteriormente descritos. La información cartográfica utilizada para el proceso de realinderación se basó en la cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, a escala 1:100.000 con vigencia 2012, y el sistema de referencia es Magna - Sirgas con origen Bogotá.
PAR. 2º—La cartografía oficial de la presente resolución, se adopta en formato shape.file la cual se encontrará disponible para consulta en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(Nota: Modificado en lo pertinente por la Resolución 456 de 2014 artículo 1° del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
ART. 2º—Efecto protector. En el marco de lo dispuesto en el Acuerdo 30 de 1976, aprobada por la Resolución 76 de 1977, en concordancia con el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, el efecto protector de la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá, se define como aquel que permite conservar las coberturas naturales, el paisaje agropecuario y forestal característico de la Sabana de Bogotá y el recurso hídrico superficial y subterráneo, así como establecer y mantener la conectividad de los mismos.
PAR.—Para la correcta interpretación de lo dispuesto en el presente artículo, se entiende por conservación las actividades tendientes a preservar, restaurar y usar sosteniblemente el recurso hídrico superficial o subterráneo, así como el paisaje agropecuario y forestal y las coberturas naturales presentes en la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá.
ART. 3º—Actividades. Se permite el desarrollo de las siguientes actividades:
3. Agropecuaria.
PAR. 1º—La zonificación, ordenamiento y definición del régimen de usos para el manejo y desarrollo de las actividades permitidas, estará supeditado a lo establecido en los lineamientos de la presente resolución.
PAR. 2º—Dentro de las actividades permitidas al interior de la reserva forestal, se incluyen las señaladas en el artículo 2º de la Resolución 1527 de 2012 y su desarrollo deberá atender en lo que resulte aplicable a lo dispuesto en la citada resolución.
ART. 4º—Lineamientos generales en materia forestal. Las actividades relacionadas con el manejo y aprovechamiento forestal estarán sometidas a los siguientes lineamientos:
1. Implementar lo dispuesto en la guía para la ordenación forestal que a nivel nacional establezca este ministerio.
2. Impulsar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales con especies nativas en áreas que por sus condiciones bióticas y físicas permitan el desarrollo de las mismas.
3. Implementar procesos de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación en las áreas que así lo requieran.
4. Conservar las coberturas boscosas y naturales de los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión de 100 metros, medidos a partir de su periferia; igualmente en una faja no inferior a 30 metros de ancha en cada margen, paralela al cauce de los cuerpos lóticos y lénticos sean naturales o artificiales.
5. Conservar las coberturas boscosas en zonas con riesgo de remoción en masa, licuefacción, inundación o deslizamiento, así como en pendientes superiores a 45 grados y suelos inestables.
ART. 5º—Lineamientos generales en materia de infraestructura. Las actividades de construcción y mantenimiento de infraestructura y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores rurales estarán sometidas a los siguientes lineamientos:
1. El diseño de la construcción deberá contemplar disposiciones para prevenir la intervención sobre las coberturas naturales, y en el caso de no ser posible lo anterior, el diseño deberá incorporar las medidas de mitigación y compensación respectivas. Estas disposiciones serán verificadas por la autoridad ambiental al momento de la expedición de la autorización de aprovechamiento forestal.
2. Las medidas de mitigación y compensación contempladas en el diseño de construcción, estarán orientadas a acciones de restauración, rehabilitación y recuperación de las coberturas naturales. Esta disposición será verificada por la autoridad ambiental competente.
3. El diseño de la construcción deberá incorporar actividades orientadas a evitar los impactos de las áreas donde se identifique la presencia de especies nativas de fauna y de flora silvestre.
4. El diseño de la construcción deberá integrar criterios de construcción sostenible, la utilización de materiales de bajo impacto ambiental y social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante cada una de las fases requeridas en la construcción y el mantenimiento de la misma.
5. El diseño de la construcción para las unidades prediales destinadas a uso residencial que compartan áreas o servicios complementarios de carácter privado tales como: zonas de parqueo, áreas recreativas, entre otras, deberán construirse en superficies blandas.
6. El diseño de la construcción deberá mantener la conectividad ecosistémica a través de propuestas paisajísticas orientadas a proteger los elementos naturales existentes.
7. Se deberán conservar las coberturas boscosas de los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión de 100 metros, medidos a partir de su periferia; igualmente en una faja no inferior a 30 metros de ancha en cada lado, paralela al cauce de los cuerpos lóticos y lénticos sea naturales o artificiales.
8. En los casos de construcción y mantenimiento de la infraestructura para la protección de servicios públicos, obras de riego y drenaje, captación de aguas debidamente autorizadas por la autoridad ambiental, u otros cuyas características técnicas de diseño sea estrictamente necesario intervenir la ronda hídrica, se podrá realizar construcciones a menos de treinta (30) metros de la faja paralela a lado y lado de la línea de borde del cauce permanente de los ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales, lo cual deberá estar amparado con el respectivo permiso ambiental.
9. No se podrán otorgar licencias de construcción para edificaciones que se pretendan construir en zonas con riesgo de remoción en masa, licuefacción, inundación o deslizamiento, pendientes superiores a 45 grados o suelos inestables.
10. Se deberá realizar un adecuado manejo de los residuos ordinarios productos de la actividad a desarrollar en observancia del plan de gestión integral de residuos sólidos y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2981 de 2013.
11. Se deberán implementar las medidas tendientes a evitar incendios forestales.
12. Los materiales y elementos que se constituyen como residuos de construcción, deberán ser dispuestos en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente del área de jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la Resolución 541 de 1994.
13. Proteger y mantener la cobertura vegetal protectora de los taludes de las vías de comunicación o de los canales de agua cuando dichos taludes estén dentro de la propiedad.
14. No se podrá realizar el vertimiento de aguas residuales que no cumplan con los criterios de calidad para la destinación del recurso hídrico y en el marco de cumplimiento de los respectivos permisos de vertimiento otorgados para el efecto por la autoridad ambiental competente, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 3930 de 2010, sus modificaciones y normas reglamentarias.
PAR. 1º—Las edificaciones existentes al interior de la reserva forestal la cuenca alta del río Bogotá, que estén amparadas en las normas urbanísticas podrán solicitar únicamente las licencias urbanísticas de adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural y demolición, a las que hace alusión el artículo 7º del Decreto 1469 de 2010.
PAR. 2º—Los titulares de licencias de parcelaciones y de ocupación del espacio para la localización del equipamiento que se encuentren vigentes y que hayan sido otorgadas antes de la expedición de la Resolución 755 de 2012, podrán solicitar que se les expida la correspondiente licencia de construcción con fundamento en las normas urbanísticas y reglamentaciones que sirvieron de base al momento de su expedición. No obstante lo anterior, las construcciones deberán respetar los lineamientos aquí definidos y los que se establezcan en el plan de manejo de la reserva forestal, con el ánimo de garantizar el efecto protector de la reserva.
PAR. 3º—Para el cumplimiento de los numerales 1º, 2º y 3º del presente artículo, y solo en los casos en que sea necesario, las secretarías de planeación de los municipios deberá solicitar a los titulares acreditar los permisos de aprovechamiento otorgados por la autoridad ambiental, con el ánimo de otorgar las licencias de construcción, en los casos en que haya lugar.
ART. 6º—Licencias. Los municipios no podrán, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, otorgar nuevas licencias de parcelación, ampliación y obra nueva, hasta tanto se determine en el plan de manejo de la reserva forestal las áreas, unidades mínimas de parcelación en suelo rural y las densidades para construcciones nuevas que mantengan el efecto protector de la reserva, para lo cual se realizará un estudio técnico que permita identificar el límite de cambio aceptable de la reserva forestal.
PAR. 1º—Dicho estudio deberá ser elaborado en el término de un (1) año a partir de la publicación de la presente resolución, de manera conjunta por este Ministerio, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio.
PAR. 2º—La prohibición de que trata este artículo no aplica a las nuevas construcciones de vivienda unifamiliar rural aislada.
Entiéndase por vivienda unifamiliar rural aislada el desarrollo en un lote de terreno ubicado en suelo rural, ocupado por una unidad predial destinada a uso residencial y que no puede compartir con los demás inmuebles de la zona, las áreas o servicios complementarios de carácter privado, tales como zonas de parqueo, áreas recreativas, áreas de depósito, entre otras, las cuales no se podrán constituir en bienes de uso común.
ART. 7º—Lineamientos generales en materia agropecuaria. Las actividades agropecuarias estarán sometidas a los siguientes lineamientos:
1. Garantizar que las actividades agropecuarias se realicen en áreas con condiciones biofísicas aptas para su desarrollo.
2. Incorporar el componente forestal a través de arreglos agroforestales, silvopastoriles y herramientas de manejo del paisaje, que permitan la conectividad de las coberturas presentes y el mantenimiento de las mismas.
3. Garantizar de manera gradual la reconversión de los sistemas de producción agropecuaria hacia esquemas de producción sostenible.
4. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de manejo que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general, la pérdida o degradación de los suelos.
5. La intervención de coberturas naturales para el desarrollo de nuevas actividades agropecuarias, solo se podrá realizar en caso que el régimen de uso que se adopte en el plan de manejo de la reserva lo permita.
6. Dar cumplimiento a las normas relacionadas con el uso, manejo y aplicación de agroquímicos, así como la disposición adecuada de envases y empaques vacíos de los mismos.
7. Asegurar la conservación y aislamiento de las fuentes de agua, así como el uso eficiente del recurso en las actividades agropecuarias que evite su contaminación y desperdicio.
ART. 8º—Plan de manejo. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio, en calidad de administradoras de la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá, deberán:
1. Presentar a este ministerio para su correspondiente evaluación y aprobación, en el término de dos (2) años, contados a partir de la publicación de la presente resolución, el plan de manejo de la reserva forestal que deberá contener como mínimo los componentes de: diagnóstico, ordenamiento (zonificación y régimen de usos) y estratégico (programas, proyectos y acciones estratégicas necesarias para usar sosteniblemente, preservar, rehabilitar, restaurar o recuperar los ecosistemas que hacen parte de la reserva forestal).
2. El plan de manejo deberá definir el porcentaje de cobertura natural que debe mantenerse en los predios que se encuentren al interior de la reserva, de acuerdo al régimen de usos establecido.
3. El plan de manejo deberá contener un programa de monitoreo con indicadores que como mínimo permitan determinar el estado de las coberturas de la tierra de la reserva forestal.
4. La zonificación y régimen de usos de esta reserva debe estar articulado con el ejercicio de ordenación forestal que esté adelantando la corporación autónoma regional competente.
ART. 9º—Seguimiento a la reserva forestal. En el marco de la función de administración de la reserva forestal, las corporaciones autónomas regionales deberán realizar el seguimiento de las disposiciones establecidas en la presente resolución, mediante el uso de herramientas que permitan verificar el estado de la reserva (imágenes satelitales, aerofotografías, actividades de control y vigilancia, entre otras).
PAR.—Las corporaciones deberán remitir cada año contado a partir de la publicación de la presente resolución, a la dirección de bosques, biodiversidad y servicio ecosistémicos de este ministerio, un informe en el que se contenga el resultado del seguimiento de que trata el presente artículo.
ART. 10.—Permisos y autorizaciones. El uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberá estar precedida de la obtención de los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones, a que haya lugar.
Así mismo, las corporaciones autónomas regionales y los municipios deberán tener en cuenta lo dispuesto en la presente resolución para el otorgamiento de tales permisos, sin perjuicio de las evaluaciones técnicas que deban surtirse para el efecto, en el marco de la normatividad aplicable en la materia.
ART. 11.—Determinantes ambientales. Las decisiones establecidas en la presente resolución, deberán ser incorporadas en el articulado, la cartografía y demás documentos que formen parte de los planes de ordenamiento territorial de los municipios localizados al interior de la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá.
ART. 12.—Actividades mineras. No se permitirá el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera al interior de la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 en concordancia con el artículo 210 del Decreto-Ley 2811 de 1974.
Las autoridades competentes deberán ejecutar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.
ART. 13.—Restauración de áreas afectadas por la minería. Las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en la reserva forestal, deberán:
1. Imponer planes de manejo, recuperación o restauración ambiental (PMRRA) a aquellas actividades mineras que cuenten con las respectivas autorizaciones minero-ambientales, y que producto de la realinderación continúen en el área de la reserva forestal, con el fin de restaurar o recuperar las áreas afectadas por dichas actividades y tendiendo a su cierre y abandono.
2. Exigir a los titulares de planes de manejo, recuperación o restauración ambiental (PMRRA) que producto de la realinderación continúen en el área de la reserva forestal, ajustar dicho instrumento con el fin de garantizar el efecto protector de las áreas no intervenidas, y la recuperación y restauración de las áreas intervenidas por las actividades.
PAR.—El ministerio establecerá los lineamientos adicionales a dichas actividades en el marco de garantizar el efecto protector de la reserva forestal.
ART. 14.—Anotación predial inscripción en el registro de instrumentos públicos. Este ministerio deberá solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de la presente resolución, para que en virtud del principio de colaboración armónica entre las entidades públicas remita a este ministerio, la información catastral acompañada de los registros 1 y 2 de los predios que se encuentran en dicho límite, con la finalidad de solicitar la anotación predial a las oficinas de registros de instrumentos públicos respectivas.
ART. 15.—Tasas compensatorias. Una vez sean reglamentadas las tasas compensatorias a las que hace alusión el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, en cumplimiento del mandato constitucional consignado en el artículo 338 de la Constitución Política, estas deberán ser aplicadas en el área de la reserva forestal la cuenca alta del río Bogotá.
ART. 16.—Administración de la reserva forestal. Las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en la reserva forestal, deberán establecer una instancia de coordinación que permita unificar los instrumentos de planificación de la reserva forestal y garantizar la gestión integral del área.
ART. 17.—Suelos rurales de la sabana de Bogotá. Para garantizar el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 388 de 1997, los municipios de la sabana de Bogotá y la corporaciones autónomas regionales del Guavio y Cundinamarca en los procesos de concertación de los planes o esquemas de ordenamiento territorial, deberán garantizar que los suelos rurales de la sabana de Bogotá como zona de interés ecológico nacional, sean destinados prioritariamente a usos agropecuarios y forestales. Para ello deberán definir determinantes ambientales específicas, densidades especiales de ocupación e instrumentos que garanticen una gestión adecuada del recurso hídrico, buscando con ello aportar al mantenimiento del efecto protector de la reserva.
ART. 18.—Área de interés ecológico nacional. De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, este ministerio tendrá esta reserva forestal como determinante ambiental para la definición de las áreas compatibles con la minería en la sabana de Bogotá.
ART. 19.—Otras disposiciones. Las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en la reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá, podrán ajustar las actuaciones administrativas que hayan expedido con fundamento en dicha reserva, conforme a lo expuesto en la presente resolución, en materia de las actividades que se pueden desarrollar y los lineamientos establecidos.
ART. 20.—Comunicación. Comunicar el presente acto administrativo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio, a la procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios, a los municipios de Guasca, Soacha, Zipaquirá, Villapinzón, La Calera, Guatavita, Chocontá, Subachoque, Facatativá, Sibaté, Sopó, Cogua, Tenjo, Tausa, Sesquilé, Tabio, Suesca, Nemocón, Zipacón, Chía, Gachancipá, Bojacá, Tocancipá, El Rosal, Cucunubá, Granada, Cota, Cajicá, Mosquera, Madrid, Anolaima, San Antonio del Tequendama, Chipaque, Albán, Pacho, San Francisco, La Vega, Pasca, Carmen de Carupa, Sasaima, Silvania, Machetá, Choachí y a Bogotá, D.C.; Parques Nacionales Naturales de Colombia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, Gobernación de Cundinamarca y la Agencia Nacional Minera.
ART. 21.—Por la dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos de este ministerio, realizar los actos propios de las disposiciones contenidas en el artículo precedente.
ART. 22.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, y deja sin efectos la Resolución 755 de 2012.
NOTA: Los anexos a la presente resolución pueden ser consultados en el Diario Oficial 49062 de febrero 12 de 2014.
(Nota: Modificado en lo pertinente los anexos 1 y 2 por la Resolución 223 de 2018 artículo 4° del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)