Source: http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2018/03/
Timestamp: 2018-03-23 16:49:11
Document Index: 398445724

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 159', 'Artículo 24', 'Artículo 27', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 2']

Conflictus Legum: 1/03/18 - 1/04/18
"Workshop sobre Problemas Prácticos de la Nacionalidad en las Relaciones Jurídico-Familiares" (Universidad de Granada, 6 de abril)
Jurisprudencia - UBER presta un servicio en el ámbito de los transportes sujeto a la autorización exigida en la LOTT
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia de 25 enero 2018, Rec. 313/2016: Naturaleza de la actividad de intermediación o conexión de usuarios y servicios a través de plataformas digitales realizada por UBER. Posibilidad de enmarcarla en el ámbito de la normativa de transportes -que exige el previo título habilitante para su ejercicio-. Posibilidad, también, de considerarla incluida en el ámbito de la Directiva de Servicios, en la que la premisa de partida es el libre establecimiento y la libre prestación de servicios. La respuesta viene dada por la STJUE de 20.12.2017 (asunto C-434/15), en la que se declara ha de calificarse de “servicio en el ámbito de los transportes” y, por tanto, excluida del ámbito de aplicación del art. 56 TFUE, de la Directiva 2006/123, de servicios en el mercado interior, y de la Directiva 2000/31, de determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información. No habiéndose adoptado por la UE normas sobre los servicios de transporte urbano no colectivo y los servicios indisolublemente vinculados a ellos, como el servicio controvertido, la norma aplicable es la LOTT, y, por tanto, la actividad de UBER está sujeta a la autorización exigida en su art. 42.1.
Nº de Recurso: 313/2016
Iustel - Diario Del Derecho, 23 marzo 2018, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 120/2018 - ECLI: ES:TS:2018:120]
Etiquetas: D.Público, Internet, Jurisprudencia
-Decisión (UE) 2018/492 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018, por la que se modifica el anexo del Convenio monetario entre la Unión Europea y la República de San Marino.
Nota: Véase el Convenio monetario entre la Unión Europea y la República de San Marino, cuyos anexos se modifican mediante el presenta acto, así como la entrada de este blog del día 26.4.2012.
-Decisión (UE) 2018/493 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018, por la que se modifica el anexo del Acuerdo monetario entre la Unión Europea y el Principado de Andorra.
-Decisión (UE) 2018/494 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018, por la que se actualiza el anexo A del Acuerdo monetario entre la Unión Europea y el Principado de Mónaco.
Nota: Mediante el presente acto se modifica el Anexo A del Acuerdo, en el que se contienen los actos de la Unión relativos a la actividad y la reglamentación prudencial de las entidades de crédito y a la prevención de los riesgos sistémicos en los sistemas de pago y de liquidación de valores. Véase el Acuerdo monetario entre la Unión Europea y el Principado de Mónaco, así como la entrada de este blog del día 13.10.2012.
-Decisión (UE) 2018/495 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018, por la que se modifica el anexo del Convenio monetario entre la Unión Europea y el Estado de la Ciudad del Vaticano.
[DOUE L81, de 23.3.2018]
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (22.3.2018)
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MELCHIOR WATHELET, presentadas el 22 de marzo de 2018, en los asuntos acumulados C‑47/17 (X) y C‑48/17 (X): [Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Haarlem, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Reglamento (CE) n.º 1560/2003 — Artículo 5, apartado 2 — Petición de toma a cargo o de readmisión de un solicitante de asilo — Respuesta negativa del Estado miembro requerido — Solicitud de reexamen — Plazo de respuesta — Inobservancia — Consecuencias.
"– Si bien el Estado miembro requerido debe esforzarse en responder en un plazo de dos semanas a la solicitud de reexamen contemplada en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.º 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 343/2003 del Consejo, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, no tiene obligación jurídica de responder en ese plazo. Además, el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.º 1560/2003 no atribuye ninguna consecuencia jurídica a la falta de respuesta a una solicitud de reexamen en dicho plazo.
– El plazo máximo de un mes establecido en el artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, no es aplicable en el marco del procedimiento de reexamen establecido en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.º 1560/2003.
– El Estado miembro requerido debe esforzarse en responder a una solicitud de reexamen con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.º 1560/2003 en un plazo de dos semanas y, en cualquier caso, en un plazo razonable. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar, en cada caso concreto, después de haber apreciado todas las circunstancias pertinentes, si el tiempo que ha tardado en contestar el Estado miembro requerido ha sido razonable.
– Dado que el artículo 22, apartados 1 y 6, y el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013 no definen los efectos jurídicos de una respuesta negativa del Estado miembro requerido a una petición de toma a cargo o de readmisión, el Estado miembro requirente no se convierte automáticamente, en ese momento, en responsable del examen de una solicitud de protección internacional. Siempre que se cumplan los plazos imperativos establecidos en los artículos 21 y 23 del Reglamento n.º 604/2013, el Estado miembro requirente puede volver a presentar una nueva petición de toma a cargo o de readmisión ante un Estado miembro diferente del primer Estado miembro requerido, petición que podría, en su caso, desembocar en la responsabilidad para ese último Estado miembro de examinar la solicitud de protección internacional. Tras una respuesta negativa a una petición de toma a cargo o de readmisión en los plazos establecidos en el artículo 22, apartados 1 y 6, y en el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013, si el Estado miembro requerido mediante una solicitud de reexamen con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.º 1560/2003 acepta expresamente en un plazo razonable la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional, será responsable de dicho examen y deberá informar de ello a la persona interesada lo antes posible. En cambio, si el Estado miembro requerido no responde a la solicitud de reexamen en un plazo razonable o si se niega a aceptar la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional, el Estado miembro requirente será responsable de dicho examen y deberá informar de esa circunstancia a la persona interesada lo antes posible."
Consulta Vinculante - Fiscalidad de los pagos percibidos por los autores investigadores cuando la titularidad de las investigaciones o invenciones pertenece a su Universidad
Consulta Vinculante V3273-17, de 21 de diciembre de 2017 de la Subdireccion General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones. Rendimientos que la universidad satisface a su personal por colaborar en proyectos de investigación. Análisis de la normativa reguladora de los grupos de investigación y de la participación económica de los autores o inventores en los resultados de la misma. En el supuesto los rendimientos que se satisfagan por la labor referida, solamente pueden tener la calificación de rendimientos del trabajo. La determinación del tipo de retención aplicable se realizará de acuerdo con la regla general existente para los rendimientos del trabajo, el que resulte según el art. 80.1,1º RIRPF, lo que comporta la determinación del importe de la retención conforme con el procedimiento general regulado en su art. 82 RIRPF.
Jurisprudencia - Denegada a la madre custodia el cambio de residencia de los hijos
Audiencia Provincial de Asturias, Sección 6ª, Sentencia 390/2017 de 1 Dic. 2017, Rec. 325/2017: Parejas de hecho. Medidas relativas a hijos menores de edad. Guarda y custodia. Denegación de autorización para traslado de la madre custodia -azafata de vuelo- con los menores a otra ciudad por motivos laborales. Principio del interés del menor. Prueba psicosocial, valoración. Se acredita que ambos padres son aptos e idóneos para el cuidado de los hijos, los cuales presentan un desarrollo evolutivo normalizado y una adecuada adaptación en el ámbito socio-familiar y escolar, por lo que se desaconseja su cambio de lugar de residencia, cuando la madre tiene opción de obtener reducción de jornada. Régimen de visita. Establecimiento de un régimen adecuado a las circunstancias laborales de la progenitora custodia, pasando los hijos a convivir con el padre durante los días en los que la madre tiene que ausentarse de su domicilio. Alimentos. Fijación de la cuantía conforme al criterio de la proporcionalidad, en atención a la capacidad económica y situación laboral de los progenitores, así como a las necesidades habituales de los hijos.
Ponente: Gutiérrez García, Marta María.
Nº de Sentencia: 390/2017
Nº de Recurso: 325/2017
Diario La Ley, Nº 9164, Sección La Sentencia del día, 22 de Marzo de 2018
ECLI: ES:APO:2017:3378
Etiquetas: D.Familia, Jurisprudencia, Reglamento Bruselas II
Caridad JORQUERA JORQUERA, Matrona
Diario La Ley, Nº 9164, Sección Tribuna, 22 de Marzo de 2018
El debate sobre la legalización o no de la gestación subrogada ha llegado a España. Aunque sólo un partido político lo llevaba en la última campaña electoral, qué duda cabe que el aumento de niños españoles gestados fuera de nuestro país por el método conocido popularmente como «vientre de alquiler» ha propiciado un prematuro debate sobre si esta práctica debería legalizarse o no en nuestro país.
-Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador de la propiedad de San Miguel de Abona, por la que acuerda suspender la práctica de inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
Nota: El objeto de este recurso es determinar si debe exigirse en una sucesión sujeta a Derecho británico (Inglaterra y Gales) el acompañamiento de la resolución judicial, expedida por el Probate Service no contenciosa y más próxima, en el Derecho español, con las consiguientes adaptaciones, a un acto de jurisdicción voluntaria, conocida por probate (Grant of Representation), cuando la sucesión se abre con posterioridad al 17.8.2015 (fecha de aplicación del Reglamento de Sucesiones), habida cuenta de la existencia de un testamento previo a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012 (RSucs), en el que se establecía heredera de conformidad con su ley personal, a su esposa, «en todos los bienes muebles e inmuebles existentes en territorio español», título sucesorio en España según resulta de la certificación del Registro de Actos de Última Voluntad español.
El Registrador considera –si bien citando errónea la legislación vigente al referirse al Código Civil español, arts. 9.8 y 12.6, y no al RSucs– que no existe professio iuris y que la ley sucesoria aplicable es la británica, por lo que será necesario acompañar al título presentado, en primer lugar, la resolución judicial conocida como probate, dictada en favor de ejecutor testamentario designado por tal cargo en testamento otorgado por el causante, o en ausencia de tal designación testamentaria, resolución judicial en el procedimiento que corresponda por la que se proceda al nombramiento de un administrador de la herencia; y, en segundo lugar, certificado expedido por el ejecutor testamentario o administrador de la herencia según corresponda, que acredite la cualidad de herederos de los otorgantes del título que se inscribe (Grant of Probate o Letter of Administration).
Por su parte, el notario estima que la legislación inglesa no considera el «probate» como título sucesorio sino que lo es el testamento privado ante testigos. El «probate» no determina «quién es el heredero designado por el testador, sino quién es el ejecutor testamentario, acredita o mejor dicho, viene a confirmar la designación hecha por el testador».
La primera cuestión a tratar es la determinación de la ley aplicable a esta sucesión mortis causa internacional. Las herencias abiertas desde el día 17.8.2015, en que entró en aplicación el RSucs se rigen por esta norma en las materias que incluye en su ámbito de aplicación (perímetro positivo en los arts. 1.1, primer inciso, y 23, y negativo arts. 1.1, segundo inciso, y 1.2). Como regla general, la ley aplicable a la sucesión mortis causa de causante es la Ley del país de su última residencia habitual (art. 21.1). Sin embargo, esta regla general cede cuando el causante ha elegido como ley aplicable a su sucesión mortis causa, su ley nacional (art. 22), caso en el que existe una sustitución normativa en favor de la designada en la professio iuris.
Al igual que en la Resolución de 4.7.2016, en el supuesto planteado cabe entender que el causante ha realizado professio iuris, en su testamento autorizado en España en 2004, a doble columna en lenguas inglesa y española, en el que afirmaba que se otorgaba conforme a su ley personal (art. 21), y ello aunque manifestara, conforme a la costumbre entonces extendida, por razones prácticas ante la inexistencia de una norma internacional que unificara el régimen sucesorio internacional en los Estados miembros participantes en el Reglamento, que el testamento se limitaba «a los bienes de toda clase y derechos existentes en España».
Un elemento definidor del Reglamento es la previsibilidad y organización de la sucesión del causante (considerando 7). Por ello, y aunque no se admita en el Derecho británico como tampoco en el español anterior a la aplicación del Reglamento la professio iuris, ésta resulta aplicable en el periodo transitorio, según dispone el art. 83 y en la actualidad como dice el art. 22, siendo vinculante para las autoridades de los Estados miembros participantes en el Reglamento, que podrán por ello establecer tal elección de ley en las disposiciones de última voluntad otorgadas bajo la lex auctor. A la disposición de última voluntad le es aplicable, por tanto, el régimen transitorio del Reglamento, concretamente el art. 83.2, párrafo que debe ser interpretado en los términos expuestos.
La remisión a la ley personal del causante que implica la professio iuris supone que queda exceptuado el reenvío conforme al art. 34.2. La concreta referencia al art. 22, con omisión del art. 83.2, podría hacer dudar si la misma supone que la professio iuris tácita realizada en testamento previo no se encuentra exceptuada de reenvío, a causa de la literalidad del art. 34.2 del Reglamento Europeo de Sucesiones. Sin embargo, no cabe olvidar la remisión genérica que el art. 83.2 realiza al capítulo III, relativo a la ley aplicable, en relación a sus condiciones de ejercicio, que junto a la identidad de razón y la finalidad de la norma conduce a entender que la professio iuris transitoria también excluye el reenvío. Por lo tanto, desde la perspectiva del artículo 34 del Reglamento Europeo de Sucesiones no cabe reenvío.
Aunque no figuraba en la propuesta, finalmente a iniciativa británica, el art. 34 acepta el reenvío de primer y de segundo grado a fin de garantizar la coherencia internacional (considerando 57) de soluciones conflictuales. Esta inclusión, sin embargo, no altera el objetivo del Reglamento de que la sucesión se rija por una única ley sucesoria, para todo tipo de bienes [la sucesión como un todo, art. 23.1, primer inciso: «(…) la ley determinada en virtud de los artículos 21 o 22 regirá la totalidad de la sucesión»]. Esta perspectiva, basada en el RSucs, obviamente se limita a la aplicación en España del Reglamento y en nada incide en su aplicación, sujeta a las normas británicas de exequatur, si alcanzara la sucesión bienes en aquel territorio (art. 12 del Reglamento).
Admitida la professio iuris en período transitorio (tácita, ya que entonces no podría ser expresa, al no ser admitida por la ley española), carece de relevancia que la escritura calificada no realice una evaluación de la vida del causante a fin de establecer su residencia habitual relevante a efectos sucesorios. Pese a ello, es necesario recordar que las escrituras notariales que documenten sucesiones internacionales deben, al establecer un obligado juicio sobre la residencia del causante –cuando ésta sea la ley aplicable–, tener presente el considerando 23 del Reglamento, que constituye el elemento normativo de referencia. Por último, y excepcionalmente, pueden ser relevantes por encima de otras consideraciones los vínculos más estrechos del causante con un Estado en función de circunstancias extraordinarias (art. 21.2 y considerando 24), que permitiría considerar que es la ley aplicable a la sucesión.
La aplicación de la professio iuris tácita transitoria al supuesto hace por último irrelevante la referencia en el expositivo I del título calificado al domicilio del causante en el momento del fallecimiento. La residencia habitual del causante no tiene por qué coincidir con su domicilio tal como es entendido en nuestra legislación nacional, no siendo este un concepto relevante en el Reglamento. En efecto, la escritura notarial se remite al domicilio del causante señalando que se sitúa en Inglaterra, concretamente un expositivo de la escritura indica que el causante está domiciliado en Devon, al tiempo que el testamento, titulo sucesorio unido señala su domicile inglés en cuanto nacido en Doncaster. Por tanto, en cuanto resulta inequívoca la determinación de la ley sucesoria, fijada en la ley británica (Inglaterra y Gales) a la misma, cabe remitirse en la resolución del recurso. En efecto, la ley británica ha de entenderse que es la aplicable, al no ser posible reenvío a la ley española (art. 34.1) y no participar Reino Unido en el Reglamento (aunque no sea a día de hoy un tercer Estado).
-Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad interino de Lepe, por la que suspende un testimonio de un decreto de adjudicación recaído en procedimiento de ejecución hipotecaria.
Nota: El objeto de este recurso es determinar si es inscribible un testimonio de decreto de adjudicación dictado en el seno de un procedimiento de ejecución hipotecaria. El registrador suspendió la inscripción con una nota en la que afirmaba que la finca registral constaba inscrita en el Registro «por título de compra y conforme a su régimen legal de adquisiciones que resulte de la legislación extranjera aplicable a favor de don A.J.P. –de nacionalidad portuguesa–, siendo necesario acreditar cuál es dicho régimen a los efectos de poder calificar si el citado procedimiento de ejecución hipotecaria debe dirigirse sólo contra el citado don A.J.P., o si por el contrario, dicho procedimiento debe ir dirigido contra ambos cónyuges».
El sistema español de seguridad jurídica preventiva tiene como uno de sus pilares básicos la publicidad de la titularidad del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. De aquí que la determinación de la titularidad deba quedar reflejada en los asientos del Registro de la Propiedad. Tratándose de personas casadas, la titularidad queda afectada por la existencia convencional o legal de un régimen económico-matrimonial que determina el ejercicio y extensión del derecho. Para que dichas circunstancias puedan ser conocidas por terceros el Registro debe publicarlas y de ahí que nuestro ordenamiento exija la debida constancia de cuál sea el régimen económico-matrimonial aplicable al titular registral.
Como declaró la Resolución de 15.7.2011, tratándose de adquisiciones llevadas a cabo por personas cuyo régimen económico-matrimonial esté sujeto a una ley extranjera la regla es la misma pues la finalidad de publicar una situación jurídica cierta, de conformidad con el principio de especialidad, no se ve modificada por dicha circunstancia. La cuestión, sin embargo, es más compleja pues la determinación de cuál sea el régimen aplicable implica el conocimiento del Derecho extranjero, lo que no es obligado para los funcionarios españoles. Esta oposición entre la exigencia legal de publicar en toda su extensión el derecho adquirido y las dificultades para determinar cuál ha de ser el régimen matrimonial legalmente aplicable ha sido objeto de preocupación y a ella pretende dar respuesta el art. 92 RH. En él no se precisa la acreditación «a priori» del régimen económico-matrimonial, bastando que la inscripción se practique a favor del adquirente o adquirentes casados, haciéndose constar en la inscripción que se verificará con sujeción a su régimen matrimonial. Teniendo en cuenta, por un lado, la problemática que plantea la prueba del régimen económico matrimonial de los sujetos a legislación extranjera, y, por otro, que lo determinante en el momento de la disposición del bien será el régimen aplicable en tal preciso momento, y no el régimen vigente en el de la adquisición, el art. 92 RH aplaza tal prueba para el momento de la enajenación o gravamen posterior, inscribiéndose la adquisición con una referencia genérica al régimen aplicable, y demorando la prueba para el momento de la enajenación.
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de que la entrada en juego de un ordenamiento extranjero no supone la renuncia a la determinación de la situación jurídica publicada ni que el notario español pueda adoptar una actitud pasiva. De un lado, el art. 159 RN no hace distinción alguna, por lo que el autorizante debe indagar la situación de los otorgantes a fin de averiguar si existen capítulos o contrato matrimonial entre ellos para proceder testimoniando, en su caso, los aspectos particulares que puedan ser relevantes al efecto (Resolución de 15.6.2009). De otro, el notario español está obligado a aplicar la norma de conflicto española (art. 12.6 CCiv) y a determinar, de acuerdo a dicha norma, la ley material que resulte aplicable al régimen económico de los cónyuges. Así aunque el notario desconozca el contenido de la ley material extranjera reflejará debidamente en la comparecencia del instrumento público cuál ha de ser la norma aplicable a las relaciones patrimoniales entre cónyuges. En definitiva, no debe confundirse la falta de obligatoriedad de conocer el Derecho extranjero con el deber de determinar cuál es la legislación extranjera aplicable.
Ahora bien, en el momento en que el bien adquirido con sujeción a un régimen económico-matrimonial extranjero sea objeto de un acto de disposición no es posible mantener la indeterminación y en consecuencia debe acreditarse el contenido y la vigencia del Derecho extranjero concreto aplicable al caso. En las Resoluciones de 3.1.2003, 26.2.2008 y 15.7.2011 la DGRN puso de manifiesto el singular régimen de constancia del régimen económico-matrimonial de los cónyuges extranjeros en la inscripción de los bienes y derechos que adquieren, previsto en el art. 92 RH, que difiere el problema para el momento de la enajenación posterior, pues en tal momento es preciso el conocimiento del Derecho aplicable al caso concreto, en cuanto a las reglas que disciplinan el régimen de disposición del bien y requisitos que el mismo impone. Dicho régimen no se aplicará, según el criterio sentado en las citadas Resoluciones, si la enajenación o el gravamen se realizan contando con el consentimiento de ambos cónyuges (enajenación voluntaria), o demandando a los dos (enajenación forzosa).
En relación con la prueba del Derecho extranjero, sobre la que no existe un instrumento en vigor ni en la UE ni en la Conferencia de La Haya, pese a los intentos realizados al efecto, ha sido objeto de nueva regulación en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. Debe tenerse en cuenta que el régimen de la prueba del Derecho extranjero por órganos jurisdiccionales queda regulado en su art. 33, que no modifica ni afecta a las reglas específicas sobre aplicación extrajudicial, en particular al art. 36 RH. Conviene destacar que sus arts. 34 a 36, que establecen el régimen común de solicitudes de auxilio internacional para la información del derecho extranjero, son aplicables tanto a la aplicación del Derecho extranjero por autoridades jurisdiccionales, como por notarios y registradores. Esta ley es de carácter general pero subsidiaria a la ley especial, entre las que se encuentra la legislación hipotecaria (DA 1ª, f, LCJIMC), en cuanto sea compatible con lo dispuesto en esta ley. Pero entre sus principios inspiradores, fundados en el art. 24 de la Constitución, se encuentra un principio común, el de tutela efectiva que no sólo conduce a los tribunales de Justicia sino que deberá amparar a quien busque la tutela de los registros públicos.
La aplicación de la legislación portuguesa queda sometida necesariamente a su acreditación ante la registradora ya que, al igual que en el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (art. 281.2 LECiv), también lo ha de ser en el notarial y registral (entre otras, Resoluciones de 17.1.1955, 14.7.1965, 27.4.1999, 1.3.2005, 20.1.2011, 22.2.2012 y 31.10.2013). Es cierto, no obstante, que la DGRN ha señalado en diversas ocasiones que la aplicación del Derecho extranjero por autoridad pública que desarrolla funciones no jurisdiccionales se sujeta a reglas especiales que se apartan de la solución general contemplada en el art. 281 LECiv y que se adaptan a las particularidades inherentes al ámbito extrajudicial. En consecuencia, los preceptos mencionados son subsidiarios para el caso de que las normas especiales sobre aplicación extrajudicial del derecho extranjero no proporcionen una solución. Una de las consecuencias de este tratamiento especial es que si al registrador no le quedase acreditado de forma adecuada el contenido y vigencia del Derecho extranjero en el que se fundamenta el acto cuya inscripción se solicita, deberá suspender ésta. No cabe, en consecuencia, someter la validez del acto a lo dispuesto en el ordenamiento español, tal y como sucede en un proceso judicial.
Por otro lado, al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el art. 281.2 LECiv, según la cual no sólo es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia (entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 11.5.1989, 7.9.1990 y 25.1.1999, y Resolución de 20.1.2011). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país. Asimismo, la DGRN ha señalado en diferentes ocasiones que las autoridades públicas que desarrollan funciones no jurisdiccionales (arts. 281 LECiv, 168.4 RN y 36.2 RH), pueden realizar bajo su responsabilidad una valoración respecto de la alegación de la ley extranjera aunque no resulte probada por las partes, siempre que posea conocimiento de la misma (entre otras, Resoluciones de 14.12.1981, 5.2.2005 y 1.3.2005). La indagación sobre el contenido del ordenamiento extranjero no constituye en absoluto una obligación del registrador, o del resto de autoridades no judiciales ante las que se inste la aplicación de un ordenamiento extranjero, sino una mera facultad, que podrá ejercerse incluso aunque aquél no sea invocado por las partes. En consecuencia, como señalaron las Resoluciones de 20.1.2011 y 15.7.2011, el registrador, pese a que quien insta la inscripción no acredite el contenido del ordenamiento extranjero de acuerdo a los imperativos expuestos, podrá aplicar un Derecho extranjero si tiene conocimiento de él o indaga su contenido y vigencia. En caso contrario, deberá suspender la inscripción.
A la vista de las consideraciones precedentes y de la doctrina de la DGRN, el recurso interpuesto no puede ser estimado. En el presente caso se trata de determinar si es necesario o no haber demandado y requerido de pago a la esposa del demandado para poder inscribir un decreto de adjudicación de finca como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Según el historial registral, la finca está inscrita «a favor de don A. J. P., conforme a su régimen legal de adquisiciones, que resulte de la legislación extranjera aplicable, por título de compra, [la subrogación de don A. J. P. en la posición jurídica de deudor de la hipoteca…]», sin que conste acreditado ante el registrador el contenido y vigencia del Derecho extranjero, en este caso portugués, aplicable al régimen económico-matrimonial del titular registral y, en particular, a la capacidad y poder de disposición del mismo para realizar los actos dispositivos sobre los bienes o derechos inscritos en tal forma, y sin que esa falta de acreditación haya sido suplida por una indagación o conocimiento directo del citado Derecho extranjero por parte del registrador, lo cual como se ha indicado constituye una facultad pero no una obligación del mismo. Tampoco se ha acreditado la existencia de pacto capitular alguno que determine el concreto régimen económico-matrimonial aplicable (Resolución de 31.8.2017). En estas condiciones no puede prosperar el recurso sin riesgo de afectar al derecho de defensa del cónyuge del titular demandado.
No desvirtúa las conclusiones anteriores el hecho, alegado por el recurrente, de que previamente se haya inscrito la compraventa a favor del demandado con subrogación en la carga hipotecaria que gravaba el inmueble, pretendiendo ver en ello (en cuanto a la subrogación hipotecaria) un acto de disposición que en su momento no fue objeto de reparo por parte del registrador. Ciertamente, en la Resolución de 15.7.2011 se puso de relieve que también queda sometida a lo que establezca el ordenamiento portugués como ley aplicable a los efectos del matrimonio la posibilidad de que se trate de un negocio jurídico complejo y unitario que deba recibir el mismo trato que el que se atribuye a los supuestos de adquisición de un bien ya gravado previamente con una carga hipotecaria y que, por tanto, no fuera necesario el consentimiento concurrente del cónyuge del adquirente cualquiera sea el régimen económico del matrimonio. Pero, sin necesidad de decidir si en este caso debía haberse mantenido o no el mismo criterio sobre tal cuestión, es también cierto que el hecho de que se haya practicado la inscripción en la forma indicada en nada prejuzga acerca del poder de disposición del citado titular sobre el inmueble ejecutado según se ha razonado. Además, como afirmó la Resolución de 16.6.2014 en un supuesto similar al presente, «no es óbice que conste inscrita sólo la hipoteca por aquél, pues los asientos están bajo la salvaguarda de los tribunales (cfr. artículo 1 Ley Hipotecaria), por lo que no se puede discutir ahora si la hipoteca debió o no estar otorgada por ambos cónyuges. Ahora lo que procede es saber si la ejecución hipotecaria procede sin intervención de la esposa del hipotecante, que figura en la inscripción de la titularidad del inmueble».
Tampoco desvirtúa las conclusiones anteriores el hecho de que en el cuerpo de la inscripción al tiempo de identificarse al comprador se haga constar entre sus circunstancias personales las relativas a su condición de «(…) mayor de edad, casado en régimen de separación de bienes, vecino de Lisboa –Portugal– (…) de nacionalidad portuguesa (…)», pues, por un lado, lo que a los efectos del presente expediente resulta determinante no son las circunstancias personales manifestadas en la comparecencia y reflejadas en la escritura autorizada, sino la forma en que con en base en el citado título y a su calificación se practicó la inscripción, y en nuestro caso dicha inscripción, como ya se ha dicho, se practicó «a favor de don A. J. P., conforme a su régimen legal de adquisiciones, que resulte de la legislación extranjera aplicable, por título de compra (…)», es decir, sin prejuzgar si la finca le corresponde como carácter privativo o bien si la misma está sujeta a algún régimen de comunidad.
En este sentido, como ha señalado reiteradamente la DGRN (Resoluciones de 15.6.2009 y 10.3.2014), «si bien es cierto que en muchos casos no es tarea sencilla el determinar cuál es el régimen legal supletorio, es necesario que el notario, a la hora de redactar el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes –que deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico–, despliegue la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos. En tal sentido, establece el artículo 159 del Reglamento Notarial que si dicho régimen fuere el legal bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de que el notario, tras haber informado y asesorado en Derecho a los otorgantes, y con base en las manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos corno su nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos –cfr. artículos 9.2 y 16.3 del Código Civil–), concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal circunstancia –el carácter legal de dicho régimen– al recoger la manifestación de los otorgantes en el instrumento público de que se trate». Si ello es así incluso en supuestos de tráfico interno sujetos al Derecho español, con mayor motivo debe estimarse insuficiente la mera manifestación sobre el régimen económico-matrimonial del comprador, omitiendo la referencia a su carácter legal, en un supuesto como el presente en que el citado régimen está sujeto a una ley extranjera, máxime siendo así que el régimen expresado –de separación– no es el legal supletorio en Portugal (vid. arts. 1698 y 1717 de Código civil portugués).
Por todo lo anterior, la DGRN acuerda desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador.
[BOE n. 69. de 20.3.2018]
Etiquetas: BOE, D.Familia, D.Obligaciones, D.Sucesiones, DGRN, DPCI, Reglamento Sucesiones
-Asunto C-360/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de enero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Bundesrepublik Deutschland / Aziz Hasan [«Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.° 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Modalidades y plazos aplicables para la formulación de una petición de readmisión — Regreso ilegal de un nacional de un tercer país al Estado miembro que efectuó un traslado — Artículo 24 — Procedimiento de readmisión — Artículo 27 — Recurso — Alcance del control jurisdiccional — Circunstancias posteriores al traslado»]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 25.1.2018.
-Asunto C-367/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de enero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel — Bélgica) — Ejecución de una orden de detención europea emitida contra Dawid Piotrowski (Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea — Procedimientos de entrega entre Estados miembros — Motivos para la no ejecución obligatoria — Artículo 3, punto 3 — Menores — Exigencia de comprobación de la edad mínima para ser considerado responsable penalmente o apreciación en cada caso de los requisitos adicionales establecidos en el Derecho del Estado miembro de ejecución para poder enjuiciar o condenar en concreto a un menor)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 23.1.2018.
-Asunto C-473/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de enero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — F / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal «Procedimiento prejudicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 7 — Derecho al respeto de la vida privada y familiar — Directiva 2011/95/UE — Requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria — Temor a ser perseguido por razón de la orientación sexual — Artículo 4 — Valoración de hechos y circunstancias — Dictamen pericial — Exámenes psicológicos»
-Asunto C-498/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de enero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Maximilian Schrems / Facebook Ireland Limited [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n.° 44/2001 — Artículos 15 y 16 — Competencia judicial en materia de contratos celebrados por los consumidores — Concepto de «consumidor» — Cesión entre consumidores de derechos que pueden ejercerse frente a un mismo profesional]
-Asunto C-720/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 28 de diciembre de 2017 — Mohammed Bilali
Cuestión planteada: "¿Se oponen las disposiciones de Derecho de la Unión, en concreto, el artículo 19, apartado 3, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, a una disposición nacional de un Estado miembro relativa a la posibilidad de retirar el estatuto de protección subsidiaria, según la cual puede procederse a la revocación del estatuto de protección subsidiaria sin que las circunstancias que condujeron a la concesión del mismo hayan variado, sino únicamente el nivel de conocimientos que la autoridad tiene de dichas circunstancias y sin que haya sido determinante para la concesión del estatuto de protección subsidiaria una tergiversación u omisión de hechos por parte del nacional de un tercer país o apátrida?"
-Asunto C-18/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 10 de enero de 2018 — Eva Glawischnig-Piesczek / Facebook Ireland Limited
"1) ¿Se opone el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), con carácter general, a alguna de las siguientes obligaciones de un proveedor de servicios de alojamiento de datos que no haya retirado con prontitud datos ilícitos, obligaciones que consisten no sólo en retirar los datos en el sentido del artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva, sino en retirar también otros datos idénticos:
a.a. en todo el mundo?
a.b. en el Estado miembro en cuestión?
a.c. del destinatario en cuestión del servicio en todo el mundo?
a.d. del destinatario en cuestión del servicio en el Estado miembro en cuestión?
3) ¿Se aplica lo anterior también a datos similares, tan pronto como el operador tenga conocimiento de esta circunstancia?"
[DOUE C104, de 19.3.2018]
Etiquetas: D.Obligaciones, DOUE, DPCI, DPPI, Extranjería, Internet, Jurisprudencia, Reglamento Bruselas I, TJUE
-Columbia Journal of Transnational Law: vol. 56 (2018) 1; vol. 56 (2018) 2.
Summer Course on Cross-Border Debt Recovery in the EU (ERA - Trier, 2 July 2018 – 6 July 2018)
Summer Course on Cross-Border Debt Recovery in the EU
Trier, 2 July 2018 – 6 July 2018
Objective: This summer course will introduce legal practitioners to the law and practice of cross-border debt recovery within the EU and beyond.
Visit of the European Court of Justice: Participants will also have the opportunity to attend a hearing at the Court of Justice of the European Union in Luxembourg.
Who should attend? The course is aimed at legal practitioners seeking a thorough introduction to the various methods of cross-border debt recovery within the EU and beyond.
Angelika Fuchs, Head of Section ‘European Private Law’, Academy of European Law (ERA), Trier.
Sarah Garvey, Counsel, Allen & Overy, London.
Brian Hutchinson, Arbitrator, Mediator, Barrister, GBH Dispute Resolution Consultancy; Associate Professor, Sutherland School of Law, University College Dublin.
Jens Kleinschmidt, Professor of Private Law, Private International Law and Comparative Law, University of Trier.
Xandra Kramer, Professor of Private Law at the Erasmus University Rotterdam; Professor of Private International Law at Utrecht University; Deputy Judge at the District Court of Rotterdam.
Guillermo Palao Moreno, Professor of Private International Law, University of Valencia.
Stefanie Spancken, Associate, Freshfields Bruckhaus Deringer, Düsseldorf.
Maarja Torga, Consultant, Supreme Court of Estonia, Tartu.
08:45 Arrival and registration of participants
09:15 Welcome and introduction: Angelika Fuchs
I. CROSS-BORDER LITIGATION: BRUSSELS Ia AND BEYOND
Speaker: Angelika Fuchs
09:30 Jurisdiction in civil and commercial matters
Speaker: Maarja Torga
11:00 Prorogation and lis pendens
11:45 How to enforce a judgment abroad. Brussels Ia and the European Enforcement Order
14:00 WORKSHOP (with coffee & tea). Cross-border civil litigation in judicial practice
15:45 Results of the workshop and discussion
II. HOW TO OBTAIN A JUDGMENT ABROAD FASTER AND MORE EASILY
Speaker: Xandra Kramer
09:15 European Payment Order & Small Claims Procedure
11:00 WORKSHOP. Cross-border debt recovery: which path to take?
12:15 Results of the workshop and discussion
14:00 How to apply those instruments in practice?
III. SERVICE OF DOCUMENTS & TAKING OF EVIDENCE
Speaker: Stefanie Spancken
15:30 Cross-border service of documents & taking of evidence
17:30 Guided city tour of Trier
IV. VISIT TO THE COURT OF JUSTICE OF THE EU
07:00 Departure from ERA for the hearing at the CJEU
08:20 Arrival and registration at the CJEU
08:45 Briefing on a pending case
09:30 Hearing of a pending case
11:30 Presentation of the CJEU
13:00 Free afternoon in Luxembourg or Trier
V. FREEZING BANK ACCOUNTS ACROSS EUROPE
Speaker: Sarah Garvey
09:15 The European Account Preservation Order (EAPO): scope, procedure and enforcement
10:00 Case study: Freezing monies in bank accounts across Europe
VI. INTERNATIONAL CONTRACTS AND TORTS
Speaker: Guillermo Palao Moreno
11:30 International contract law
Speaker: Jens Kleinschmidt
14:00 Cross-border tort litigation
14:45 WORKSHOP (with coffee & tea). Which law applies to international contracts and torts?
16:00 Results of the workshop and discussion
18:00 Tour of the vineyards, wine-tasting and dinner
VII. MEDIATION, ADR & ODR
Speaker: Brian Hutchinson
09:30 The mediation landscape in the EU: legal framework, concepts and practice of mediation, ADR & ODR
10:30 Case study: Solving consumer disputes on the Internet
11:15 Mediation in transnational business disputes: experiences
13:00 Lunch and end of course
-Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República del Ecuador, hecho en Madrid el 18 de diciembre de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 91-1, de 16.3.2018).
-Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y la República de Uzbekistán, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 92-1, de 16.3.2018).
-Convención para reducir los casos de apatridia, hecha en Nueva York el 30 de agosto de 1961, y Declaraciones y Objeción que España desea formular (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 93-1, de 16.3.2018).
Nota: Los principios generales de esta convención son:
-Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida (art. 1.1).
-Todo hijo nacido dentro del matrimonio en el territorio de un Estado contratante cuya madre sea nacional de ese Estado, adquirirá en el momento del nacimiento la nacionalidad de dicho Estado si de otro modo sería apátrida (art. 1.3).
-Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona que de otro modo sería apátrida y que no ha podido adquirir la nacionalidad del Estado contratante en cuyo territorio ha nacido por haber pasado la edad fijada para la presentación de su solicitud o por no reunir los requisitos de residencia exigidos, si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del Estado contratante mencionado en primer término (art. 1.4).
-Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a una persona que no haya nacido en el territorio de un Estado contratante y que de otro modo sería apátrida si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del primero de esos Estados (art. 4.1).
-Si la legislación de un Estado contratante prevé la pérdida de la nacionalidad como consecuencia de un cambio de estado tal como el matrimonio, la disolución del matrimonio, la legitimación, el reconocimiento o la adopción, dicha pérdida estará subordinada a la posesión o a la adquisición de la nacionalidad de otro Estado (art. 5.1).
-Si la legislación de un Estado contratante prevé que el hecho de que una persona pierda su nacionalidad o se vea privada de ella entraña la pérdida de esa nacionalidad por el cónyuge o los hijos, la pérdida de la nacionalidad por estos últimos estará subordinada a la posesión o a la adquisición de otra nacionalidad (art. 6).
-En principio, si la legislación de un Estado contratante prevé la renuncia a la nacionalidad, dicha renuncia solo será efectiva si el interesado tiene o adquiere otra nacionalidad (art. 7.1).
-El nacional de un Estado contratante que solicite la naturalización en un país extranjero no perderá su nacionalidad a menos que adquiera o se le haya dado la seguridad de que adquirirá la nacionalidad de dicho país (art. 7.2).
-Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla en apátrida (art. 8.1).
-Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona, o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos (art. 9).
-Todo tratado entre los Estados contratantes que disponga la transferencia de un territorio incluirá disposiciones para asegurar que ninguna persona se convertirá en apátrida como resultado de dicha transferencia. A falta de tales disposiciones, el Estado contratante al que se haya cedido un territorio o que de otra manera haya adquirido un territorio concederá su nacionalidad a las personas que de otro modo se convertirían en apátridas como resultado de la transferencia o adquisición de dicho territorio (art. 10).
Por su parte, España formula las siguientes declaraciones y objeción:
-En relación con Gibraltar, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación del Tratado se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio alguno respecto de que Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización, así como que las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente internas.
-Al amparo del art. 8.3.a), España declara que se reserva el derecho a privar de la nacionalidad española a una persona cuando entre voluntariamente al servicio de las armas o ejerza cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.
-España objeta la declaración formulada por Túnez, al considerar que pretende limitar la obligación de un Estado de no privar a una persona de su nacionalidad si dicha privación conllevase la situación de apatridia en supuestos no contemplados por las excepciones del art. 8.3. La declaración restringe una de las obligaciones esenciales de la Convención en un sentido contrario a su esencia. Es pues incompatible con el objeto y el fin de la Convención. Por otro lado, la objeción no impedirá la entrada en vigor de la Convención entre España y Túnez.
Etiquetas: Cortes Generales, D.Obligaciones, DPPI, Nacionalidad
-Decisión (UE) 2018/404 del Consejo, de 13 de marzo de 2018, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior, para el período comprendido entre 2014 y 2020.
Nota: Mediante el presente acto se autoriza la firma del Acuerdo entre la UE y Suiza sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados.
[DOUE L74, de 16.3.2018]
-Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales — Informe del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) por el que se propone la exclusión de ciertos países o territorios.
-Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales — Modificaciones debidas a los compromisos recibidos de países y territorios afectados por huracanes — Adopción.
Nota: Ambas listas anteriores modifican las Conclusiones del Consejo sobre la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
Véanse las entradas de este blog del día 19.12.2018 y del día 26.1.2018.
-Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 16, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (codificación).
Véanse igualmente las listas de permisos de residencia publicados con anterioridad en DOUE C247, de 13.10.2006, p. 1; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 5; DOUE C192, de 18.8.2007, p. 11; DOUE C271, de 14.11.2007, p. 14; DOUE C57, de 1.3.2008, p. 31; DOUE C134, de 31.5.2008, p. 14.; DOUE C207, de 14.8.2008, p. 12; DOUE C331, de 21.12.2008, p. 13; DOUE C3, de 8.1.2009, p. 5; DOUE C64, de 19.3.2009, p. 15; DOUE C239, de 6.10.2009, p. 2; DOUE C298, de 8.12.2009, p. 15; DOUE C308, de 18.12.2009, p. 20; DOUE C35, de 12.2.2010, p. 5; DOUE C74, de 24.3.2010, p. 13; DOUE C82, de 30.3.2010, p. 26; DOUE C103, de 22.4.2010, p. 8; DOUE C108, de 7.4.2011, p. 6; DOUE C157, de 27.5.2011, p. 5; DOUE C201, de 8.7.2011, p. 1; DOUE C216, de 22.7.2011, p. 26; DOUE C283, de 27.9.2011, p. 7; DOUE C199, de 7.7.2012, p. 5; DOUE C214, de 20.7.2012, p. 7; DOUE C298, de 4.10.2012, p. 4; DOUE C51, de 22.2.2013, p. 6; DOUE C75, de 14.3.2013, p. 8.; DOUE C77, de 15.3.2014, p. 4; DOUE C118, de 17.4.2014, p. 9; DOUE C200, de 28.6.2014, p. 59, DOUE C304, de 9.9.2014, p. 3; DOUE C390, de 5.11.2014, p. 12; DOUE C210, de 26.6.2015, p. 5; DOUE C286, de 29.8.2015, p. 3; DOUE C151, de 28.4.2016, p. 4; DOUE C16, de 18.1.2017, p. 5; DOUE C69, de 4.3.2017, p. 6; DOUE C94, de 25.3.2017, p. 3; DOUE C297, de 8.9.2017, p. 3; DOUE C343, de 13.10.2017, p. 12.
[DOUE C100, de 16.3.2018]
(Sesiones del 4 al 7 de julio de 2016)
-Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre los refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral (2015/2321(INI))
-Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión (2015/2340(INI))
-Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2016, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (2016/2038(INI))
-Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2016, sobre la situación de las personas con albinismo en África, en particular en Malaui (2016/2807(RSP))
-Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2016, sobre Myanmar/Birmania, en particular la situación de los rohinyás (2016/2809(RSP))
-Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2015/2258(INI))
-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración (12099/2015 — C8-0143/2016 — 2015/0199(NLE))
-Guardia Europea de Fronteras y Costas
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 2007/2004, el Reglamento (CE) n.o 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (COM(2015)0671 — C8-0408/2015 — 2015/0310(COD))
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 6 de julio de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) n.o 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo.
[DOUE C101, de 16.3.2018]
Etiquetas: D.Penal, D.Persona, D.Público, DOUE, Extranjería, Fiscalidad, M.Capitales