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Timestamp: 2017-07-25 12:55:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 44', 'artículo 41', 'artículo 60']

Decreto 51/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de la Viña y del Vino de Castilla y León. TÍTULO VII. Régimen sancionador.
CAPÍTULO IAutoridades de control y la inspección
Autoridades de control A los efectos de lo dispuesto en la normativa de ordenación del sector vitivinícola, se consideran autoridades de control en esta Comunidad Autónoma las siguientes:
a) La Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria en materia de vinicultura.
b) La Dirección General de Producción Agropecuaria en materia de viticultura.
c) La Dirección General de Política Agraria Comunitaria en materia de regulación del mercado vitivinícola.
d) El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en cuanto a las funciones y actuaciones realizadas por los órganos de gestión de los v.c.p.r.d, los órganos de control de naturaleza pública y las entidades privadas de certificación.
Competencias de inspección 1. La inspección de las infracciones en materia de vitivinicultura contempladas en la Ley 24/2003, en la normativa comunitaria y su normativa de desarrollo y en la Ley 8/2005, corresponderá a los centros directivos a los que se refiere el artículo anterior en las materias en él indicadas que podrán llevarla a cabo a través de los Servicios Territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 siguientes.
2. A los órganos de control de naturaleza pública corresponderá la inspección de los operadores inscritos en su nivel de protección en lo que afecte al cumplimiento de su reglamento específico y los acuerdos del consejo regulador.
3. En el ejercicio de sus funciones de control e inspección, el personal de las administraciones públicas que tenga atribuidas las funciones de inspección y los veedores de los órganos de control de naturaleza pública, tendrán el carácter de agentes de la autoridad y podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los términos previstos por la normativa aplicable.
4. Los inspectores y veedores a los que se refiere al apartado anterior podrán, en el ejercicio de su función inspectora, acceder tanto a las parcelas vitícolas, locales e instalaciones y bodegas como a la documentación industrial, mercantil y contable de los inspeccionados cuando lo consideren necesario en el curso de sus actuaciones, que tendrán carácter confidencial.
5. Los inspectores y veedores están obligados a cumplir el deber de secreto profesional. El incumplimiento de este deber dará lugar a la aplicación del régimen disciplinario correspondiente.
Actas de inspección 1. Los inspectores y veedores levantarán acta por duplicado de cada una de las inspecciones realizadas, en la que harán constar los datos identificativos del inspeccionado y los datos relativos a la explotación, bodega o entidad inspeccionada, los hechos constatados, en especial los que puedan servir de base al correspondiente procedimiento sancionador, a la tipificación de la infracción y a la graduación de la sanción, así como los datos identificativos de los firmantes del acta o de las personas que estén presentes en la inspección.
2. Al acta se adjuntarán, los documentos retenidos temporalmente que serán debidamente relacionados y diligenciados.
3. Suscribirán el acta, el inspector o veedor y el titular de la explotación, bodega o entidad objeto de inspección o, en su caso, su representante legal o responsable. En defecto de los anteriores, cualquier trabajador. El inspector o el veedor les entregará una copia del acta de inspección.
Cuando las personas anteriormente citadas se negasen a intervenir en el acta, así se hará constar en la misma.
4. Las partes firmantes podrán reflejar en el acta cuantos datos relativos a la inspección o al objeto de la misma estimen oportunos.
Los hechos constatados en las actas tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios interesados.
5. Las comprobaciones efectuadas por los agentes del cuerpo específico de la Comisión al que se refiere el artículo 72.3 del Reglamento (CE) 1493/1999, por los agentes de los organismos competentes del resto de las Comunidades Autónomas o de los Estados miembros, en el marco de los procedimientos de asistencia mutua de autoridades de control, tendrán igual valor probatorio que las realizadas por los agentes de los órganos competentes designados en Castilla y León.
Obligaciones de los inspeccionados 1. Los inspeccionados están obligados a colaborar en la inspección, consintiéndola y facilitándola y permitiendo que se tomen muestras o que se practiquen otro tipo de controles sobre los viñedos, instalaciones, documentación, productos y mercancías.
2. Asimismo están obligados a proporcionar cuantos datos o informaciones les sean solicitados por los inspectores o veedores para llevar a cabo sus funciones de investigación y comprobación permitiendo que se obtenga copia o reproducción de la documentación solicitada.
Acceso a parcelas, instalaciones y locales 1. El titular de las parcelas, instalaciones de producción, almacenaje y transformación de los productos vitivinícolas, deberá facilitar el acceso a las mismas así como a los medios utilizados para el transporte de dichos productos y a los locales en los que se realice su comercialización. En el supuesto de entradas domiciliarias se requerirá el consentimiento del titular responsable y, en su defecto, resolución judicial.
2. Cuando haya existido oposición al acceso a las parcelas, los locales o instalaciones, o se corra el riesgo de tal oposición, la autoridad competente podrá solicitar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los términos previstos en la normativa aplicable.
3. En el caso de los medios de transporte, si se plantease oposición a su inspección, el inspector o veedor del organismo de control podrá ordenar su inmovilización y proceder al precinto de su carga hasta obtener la oportuna autorización judicial.
Toma de muestras 1. Cuando el inspector o veedor lo estime conveniente podrá tomar muestras del producto o productos objeto de inspección.
2. De la toma de muestras realizada se levantará acta que ha de cumplir los requisitos establecidos para las actas de inspección.
3. Cada muestra estará compuesta por tres ejemplares homogéneos de la cantidad o volumen adecuados para practicar las determinaciones necesarias, que serán acondicionados, precintados y etiquetados, de manera que con estas formalidades y con las firmas de los intervinientes estampadas sobre cada ejemplar se garantice la identidad de las muestras con su contenido durante todo el tiempo de su conservación.
El depósito de los ejemplares se hará de la siguiente forma:
- Si la bodega o instalación inspeccionadas fuesen de titularidad del elaborador, almacenista, embotellador o persona cuyo nombre o razón social figure en la etiqueta, una de las unidades de la muestra quedará en su poder, bajo depósito, junto con una copia del acta, con la obligación de conservarla en perfecto estado para su posterior utilización en prueba contradictoria si fuese necesario.La destrucción, desaparición o deterioro de dicho ejemplar de la muestra se presumirá maliciosa salvo prueba en contrario.
Los otros dos ejemplares de la muestra quedarán en poder de la inspección, que remitirá uno al laboratorio que haya de realizar el análisis inicial y otro lo conservará en perfecto estado.
Del mismo modo se procederá cuando el objeto de la inspección sea una explotación vitícola quedando una de las muestras en poder de su titular en las condiciones señaladas.
- Si la instalación inspeccionada perteneciese a un distribuidor del producto investigado, quedará en su poder una copia del acta, retirándose por parte de la inspección los tres ejemplares de la muestra, poniéndose uno de ellos a disposición del elaborador, almacenista, embotellador, persona cuyo nombre o razón social figure en la etiqueta, o persona debidamente autorizada que los represente, para que la aporte en el supuesto de que desee realizar una prueba contradictoria; los otros dos ejemplares de la muestra quedarán en poder de la inspección, que remitirá uno al laboratorio que haya de realizar el análisis inicial y otro lo conservará en perfecto estado.
Análisis 1. Las pruebas analíticas se realizarán en laboratorios acreditados y, en su caso, oficiales de acuerdo con la normativa vigente, empleando para el análisis los métodos acreditados y, en su defecto, los recomendados.
2. El laboratorio realizará el análisis a la vista de la muestra remitida y la documentación de acompañamiento, y remitirá con la mayor brevedad posible los resultados analíticos, así como, en el supuesto de que se le solicite, un informe técnico calificativo de la muestra analizada.
3. Cuando del resultado del análisis se deduzcan infracciones a la normativa vigente, se reenviará a la inspección remitente para que ésta, a la vista del resultado, proponga al órgano competente la incoación del procedimiento sancionador.
Si el expedientado no aceptara el resultado del análisis, sin perjuicio de que por cualquier medio de prueba acredite lo que convenga a su derecho, podrá solicitar al instructor del expediente la realización de un análisis contradictorio, aportando la muestra en su poder de acuerdo con una de las dos posibilidades siguientes:
- Designando, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del pliego de cargos, perito de parte para la realización del citado análisis contradictorio en el mismo laboratorio que practicó el análisis inicial, siguiendo las mismas técnicas empleadas por éste y en presencia del técnico que certificó dicho análisis o persona designada por el mismo. A tal fin, el instructor del expediente o el propio laboratorio comunicará al interesado fecha y hora.
- Justificando ante el instructor, en el plazo de ocho días hábiles contados a partir de la notificación del pliego de cargos, que el ejemplar de muestra correspondiente ha sido presentado en un laboratorio de los previstos en el primer apartado para que un técnico designado por dicho laboratorio realice el análisis contradictorio, utilizando las mismas técnicas empleadas en el análisis inicial. El resultado analítico y, en su caso, el informe técnico complementario deberán ser remitidos al instructor del expediente en el plazo de un mes desde la notificación del pliego de cargos, entendiéndose que, transcurrido dicho plazo sin haberse practicado el análisis y haberlo comunicado al instructor, el expedientado desiste de su derecho.
4. En caso de desacuerdo entre el resultado del análisis inicial y el contradictorio, el instructor designará otro laboratorio acreditado, el cual, utilizando la tercera muestra y a la vista de los resultados de los anteriores análisis, realizará un análisis dirimente y definitivo.
5. Los gastos generados por el análisis inicial correrán a cargo de la Administración; los generados por la realización del análisis contradictorio serán sufragados por quien lo promueva y los generados por la realización del análisis dirimente correrán a cargo del expedientado, excepto en el supuesto de que los resultados del dirimente supongan una rectificación de los del análisis inicial, en cuyo caso ambos serán sufragados por la Administración.
El impago del importe de los análisis inicial y dirimente, cuando sean de cargo del expedientado dará lugar a que se libre la oportuna certificación de apremio para su cobro con arreglo al reglamento general de recaudación.
CAPÍTULO IIInfracciones en materia vitivinícola
Infracciones leves 1. En uso de las atribuciones conferidas a la Consejería de Agricultura y Ganadería en esta materia, se considera especificación de la infracción leve prevista en el artículo 38.1 ñ) de la Ley 24/2003, la reposición anual de marras superior al cinco por ciento del número de cepas útiles en una plantación de más de cinco años, sin autorización previa de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
b) No comunicar cualquier variación que afecte a los datos suministrados en el momento de la inscripción en los registros, cuando no haya transcurrido más de un mes desde que haya acabado el plazo fijado en la normativa que regule el nivel de protección.
c) Cualquier otra infracción de la norma reguladora del nivel de protección o de los acuerdos de su órgano de gestión que establezcan obligaciones adicionales a las generales de cualquier vitivinicultor en materia de declaraciones, contabilidad vitivinícola específica, documentos de acompañamiento y otros documentos de control.
Infracciones graves 1. En uso de las atribuciones conferidas a la Consejería de Agricultura y Ganadería en esta materia, se consideran especificaciones de las infracciones graves previstas en el artículo 39.1 a), b) y c) de la Ley 24/2003, las siguientes:
a) La falta de contabilidad vitivinícola específica, documentos de acompañamiento o declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos, así como los errores, inexactitudes u omisiones en ellos que afecten a las características de los productos o mercancías consignados.
b) Las inexactitudes o errores en la contabilidad vitivinícola específica, los documentos de acompañamiento o declaraciones relativas a uvas, vinos y mostos cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la real supere un quince por ciento de esta última.
c) La falta de actualización de la contabilidad vitivinícola específica cuando haya transcurrido más de un mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado.
a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean precisos en los registros del nivel de protección correspondiente, cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta supere al cinco por ciento de dicha diferencia.
g) La elaboración y comercialización de un v.e.c.p.r.d. mediante la utilización de vino base procedente de instalaciones no inscritas en el nivel de protección correspondiente, así como la de un v.c.p.r.d. a partir de uvas, mostos o vino procedente de viñedos no inscritos en el nivel de protección correspondiente.
Infracciones muy graves 1. En uso de las atribuciones conferidas a la Consejería de Agricultura y Ganadería en esta materia, se considera especificación de la infracción muy grave prevista en el artículo 40.1 b) de la Ley 24/2003, la falta de introducción en las etiquetas de los vinos obligados a ello de la indicación «no reconocido como vino de pago» o «marca registrada con anterioridad al 7 de julio de 2005», según proceda.
2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de protección, constituirán infracciones muy graves:
a) El uso de los nombres protegidos en productos a los que expresamente se les haya negado, así como las infracciones de los artículos 18.2 y 18.3 de la Ley 24/2003.
b) La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas, contraetiquetas, precintas y otros elementos de identificación propios del v.c.p.r.d., así como la falsificación de los mismos, siempre que esto no sea constitutivo de delito o falta.
CAPÍTULO IIISobre las sanciones y el procedimiento sancionador
Graduación de las sanciones 1. Para la determinación concreta de la sanción a imponer se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo 44 de la Ley 24/2003. Se considera un indicio de la existencia de intencionalidad o de simple negligencia a que se refiere la letra a) del apartado 1 de dicho artículo, el incumplimiento de los requerimientos que desde la Consejería de Agricultura y Ganadería o el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León hayan realizado al infractor.
2. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente cuando los hechos constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida de ayudas o subvenciones, en proporción a la efectiva pérdida o retirada de éstas.
3. La resolución administrativa que recaiga en el procedimiento sancionador deberá explicitar los criterios que se hayan tenido en cuenta para la graduación de la sanción.
4. En todo caso, en la graduación de la sanción que recaiga deberá asegurarse que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida.
Concurrencia de infracciones Si los hechos constitutivos de la infracción fueran susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos tipificadores de infracciones y la comisión de una de las infracciones es medio necesario para la comisión de las demás, será aplicable el precepto que tipifique la infracción penada con sanción más grave, teniendo en cuenta, en todo caso, los criterios de graduación de las sanciones.
Órganos de incoación e instrucción del procedimiento sancionador La competencia para incoar e instruir los procedimientos sancionadores por la comisión de las infracciones tipificadas en la Ley 24/2003 y en la Ley 8/2005 corresponderá:
a) Al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia en que se hubiera detectado la posible infracción tanto si la inspección se llevó a cabo por los centros directivos de la Consejería de Agricultura y Ganadería como si la realizó el Servicio Territorial o el Departamento Territorial, en su caso.
b) Al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en las materias a que se refiere el artículo 41 p) de la Ley 8/2005.
c) A los órganos de control de naturaleza pública cuando el presunto infractor sea un operador inscrito en su consejo regulador.
Resolución de los expedientes sancionadores La resolución de los expedientes sancionadores corresponderá:
Asimismo, corresponde al Director General de Industrialización y Modernización Agraria la resolución de los expedientes sancionadores en las materias cuya inspección corresponde al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León según establece el artículo 60 de este reglamento si la sanción la sanción se impone por la comisión de una falta grave.