Source: http://amparo-garantias-y-derechos-humanos.coedi.edu.mx/2013/02/la-ley-general-de-victimas-entra-en.html
Timestamp: 2017-07-24 16:45:36
Document Index: 262512557

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 70', 'Artículo 70', 'artículo 133', 'Artículo 133', 'artículo 152', 'Artículo 152', 'artículo 71', 'artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 28']

AMPARO-GARANTIAS-Y-DERECHOS-HUMANOS: La Ley General de Víctimas entra en vigor y modifica efectos de las sentencias así como la suspensión en los juicios de amparo
La Ley General de Víctimas entra en vigor y modifica efectos de las sentencias así como la suspensión en los juicios de amparo
El 8 de febrero de 2013 se cumplen los 30 días previstos en el artículo primero transitorio de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, por lo que entró en vigor y, por consecuencia, sus disposiciones son plena y directamente aplicables.
En virtud de establecer el modelo de reparación de las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y tomando en cuenta que, de acuerdo con los artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo es un medio jurisdiccional de protección de derechos y humanos y, por tanto, de reparación de sus violaciones, lo que es congruente con la obligación establecida en el artículo 1° Constitucional para todas las autoridades nacionales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, debe concluirse que, cuando en un juicio de amparo se declare que ha existido violación a los derechos humanos de la parte quejosa, la sentencia de amparo deberá ordenar las medidas de reparación de dichas violaciones en términos de la Ley General de Víctimas, por lo que el efecto de la sentencia que concede el amparo ya no debe ser solamente la de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, dado que ello no agota la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos.
Al respecto, el último párrafo del artículo 1° de la Ley General de Víctimas dispone:
"[...] La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante [...]"
Además, el artículo 2°, fracción II, de la Ley General de Víctimas establece:
"2. El objeto de esta Ley es:
[...] II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral [...]"
El artículo 13 de la Ley General de Víctimas define lo que, independientemente de lo que establezcan otras leyes, comprende el concepto de reparación integral de las violaciones a los derechos humanos:
"Artículo 13. Adicionalmente a lo señalado en las leyes aplicables, la reparación integral comprende:
VII. El pago de los tratamientos médicos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, así como los gastos de transporte, alojamiento o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio si la víctima reside en municipio o delegación distinto al del enjuiciamiento."
Por lo que el efecto tradicional de la sentencia de amparo de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación sólo cumple la fracción I del artículo 13, pero no agota los demás elementos previstos en las otras fracciones.
Además, los artículos 30 y 31 de la Ley General de Víctimas prevén:
"Artículo 30. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición."
"Artículo 31. Para los efectos de la presente Ley se entenderá que:
Las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición contempladas en esta Ley proceden, según sea el caso, tanto para las víctimas que individualmente han sufrido la lesión de sus bienes jurídicos o de sus derechos humanos como para las víctimas que han sufrido colectivamente esas lesiones."
También deben tenerse en cuenta los elementos que, como mínimo, deben incluir las medidas de compensación conforme al artículo 70 de la ley:
"Artículo 70. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial.
V. Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales."
Por otra parte, el artículo 133 de la Ley General de Víctimas establece obligaciones expresas para Ministros, Magistrados y Jueces:
DE LOS MINISTROS, MAGISTRADOS Y JUECES
Artículo 133. Corresponde a los ministros, magistrados y jueces, en el ámbito de su competencia:
XI. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y la causa no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia."
La fracción II del citado precepto modifica las reglas tradicionales para resolver, por ejemplo, sobre la suspensión en el juicio de amparo puesto que ahora es obligación de los Ministros, Magistrados y Jueces dictar las medidas necesarias para evitar la continuación de las violaciones a derechos humanos, por lo que deberán proveer sobre la suspensión en forma oficiosa independientemente del derecho de la parte quejosa a solicitar la suspensión.
Además, las medidas que deben dictarse no deben limitarse a mantener el estado de las cosas en el estado en que se encuentren sino que deben ser medidas correctivas que impidan la continuación de las violaciones a los derechos humanos, lo que implica que el tribunal de amparo tiene una mayor libertad para determinar qué medidas son necesarias para lograr ese fin.
La obligación de escuchar implica el derecho de la víctima a tener audiencia personal antes del dictado de su sentencia; en el amparo indirecto no hay problema porque en la audiencia constitucional puede tener contacto directo con el Juez de Distrito o con el Magistrado Unitario de Circuito que conozca del juicio.
Sin embargo, en amparo directo deberá cuidarse de hacer saber a la parte quejosa que puede acudir al tribunal para ser escuchada antes de que se celebre la sesión de resolución, lo que plantea la interrogante de si tal acto de escucha deberá ser colegiado o podrá acudir la víctima individualmente con cada Magistrado; al respecto y tomando en cuenta que debe evitarse, en lo posible, la revictimización en caso de violaciones a los derechos humanos, considero que lo más congruente con el modelo de protección a tales derechos es que la audiencia de escucha se realice en forma colegiada.
Debe tenerse presente que el derecho de la víctima a ser escuchada directamente no debe considerarse de ejercicio obligatorio, por lo que sólo deberá realizarse cuando la víctima lo solicite acudiendo al tribunal.
Por otra parte, la Ley General de Víctimas prevé también la existencia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con cuyos recursos se pagarán las prestaciones económicas que formen parte de la reparación integral y conforme al artículo 152 de la propia ley, para tener acceso a los recursos del fondo, la víctima deberá presentar su solicitud acompañada de la sentencia que instruya tal acceso, lo que implica que también es obligación de los tribunales de amparo, cuando dicten sentencia que declare la existencia de una violación a los derechos humanos, instruir el referido acceso de la víctima a los recursos del fondo; el precepto citado es como sigue:
"Artículo 152. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante las autoridades, organismos públicos autónomos de protección de los derechos humanos o particulares facultados en esta Ley para el ingreso al Sistema, acompañada de la sentencia, resolución, recomendación, informe o dictamen, en los términos del artículo 71 de la presente Ley, que instruya tal acceso o con acuerdo de la Comisión Ejecutiva de acuerdo a los procedimientos por ella establecidos.
Quien reciba la solicitud deberá acercar la misma a la Comisión Ejecutiva o comisión estatal en un plazo que no podrá exceder los dos días."
El artículo 28 de la Ley General de Víctimas también establece la obligación de todos los órganos del Estado (incluidos los tribunales) de conservar los archivos que tengan relación con violaciones a derechos humanos, por lo que ya no deberán destruirse los expedientes de amparo cuando se envíen al archivo puesto que éstos, por definición constitucional (artículos 103 y 107) tienen relación con tales violaciones; el artículo 28 citado establece:
"Artículo 28. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos.
En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad nacional excepto que, en circunstancias excepcionales, la restricción se encuentre previamente establecida en la Ley, la autoridad haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objeto de revisión por la autoridad competente, a la vez que puede ser sujeta a examen judicial independiente."
PARA CONSULTAR EL TEXTO COMPLETO DE LA LEY DE VÍCTIMAS PUEDE HACER CLICK EN LOS SIGUIENTES VÍNCULOS:
Publicación en el Diario Oficial de la Federación de 9 de enero de 2013.
Archivo en formato Word en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.