Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/80/3
Timestamp: 2017-03-27 00:53:41
Document Index: 76175635

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 47', 'artículo 149', 'artículo 11', 'artículo 39', 'artículo 47', 'artículo 22', 'artículo 47', 'artículo 4', 'artículo 27', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 44', 'Artículo 7', 'artículo 42', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'artículo 28', 'artículo 25']

00025768. La Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con el artículo 61.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, tiene competencia exclusiva en materia de servicios sociales. Por su parte el artículo 47.1.3.ª del texto estatutario señala asimismo, como competencia exclusiva, las potestades de control, inspección y sanción en los ámbitos materiales de competencia de la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, contempla, en su artículo 11, la participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, correspondiéndoles, entre otras, las funciones de inspeccionar y, en su caso, sancionar los incumplimientos sobre requisitos y estándares de calidad de los centros y servicios y respecto de los derechos de las personas beneficiarias. Asimismo la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en su artículo 39, establece que las Administraciones Públicas desarrollarán actuaciones de vigilancia del cumplimiento de dicha Ley y ejercerán las potestades sancionadoras conforme a lo previsto en el Título III de la misma. Dicho Título contiene las normas sobre infracciones y sanciones vinculadas a las condiciones básicas de garantía de los derechos de las personas en situación de dependencia, estableciendo en el artículo 47.1 que las Comunidades Autónomas desarrollarán el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la misma, añadiendo en el apartado 2 del mismo artículo, que corresponderá a cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, la incoación e instrucción de los expedientes sancionadores, así como la imposición de las correspondientes sanciones.
En desarrollo de la citada Ley se dicta en Andalucía el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración. En el artículo 22 del citado Decreto 168/2007, de 12 de junio, se establece que la Administración de la Junta de Andalucía, a través de los órganos competentes en cada caso, velará por la correcta aplicación o utilización de los fondos públicos, prestaciones, servicios y cuantos beneficios se deriven del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El objeto del presente Decreto es dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 47.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, desarrollando el cuadro de infracciones y sanciones previsto en la misma, a la vez que se establecen, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los órganos competentes para acordar la iniciación de los procedimientos sancionadores, su resolución e imposición de las correspondientes sanciones. De esta forma, se avanza en Andalucía en la defensa de los derechos y en la protección de las personas en situación de dependencia, a la vez que se refuerzan los mecanismos de prevención y lucha contra situaciones que supongan una alteración del orden social establecido.
Para el desarrollo del cuadro de infracciones, junto al contenido del Título III de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se ha prestado especial atención a lo dispuesto en el artículo 4, referido a los derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia. Finalmente, se ha considerado conveniente, en aras de una mayor precisión, modificar a través de la disposición final primera, el Decreto 396/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, en dos aspectos puntuales. El primero de ellos referido a su ámbito de actuación y, el segundo, de adición en las atribuciones del personal inspector. En su virtud, en el ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de abril de 2013,
El presente Decreto tiene por objeto desarrollar el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así como establecer los órganos competentes para acordar la iniciación de los procedimientos sancionadores, su resolución e imposición de las correspondientes sanciones. Artículo 2. Definición.
Artículo 3. Clasificación de las infracciones.
Artículo 4. Infracciones leves.
a) Respecto a los derechos de las personas en situación de dependencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4, 43 y 44 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 1.º Las acciones u omisiones, en la atención y utilización de los servicios o recursos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que supongan una discriminación a las personas en situación de dependencia, por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
2.º Las acciones u omisiones que impliquen trato humillante o vejatorio o que atenten contra la dignidad o la intimidad de las personas en situación de dependencia. 3.º Generar daños o situaciones de riesgo para la integridad física o psíquica de las personas en situación de dependencia.
4.º Vulnerar el derecho a que sea respetada la confidencialidad en la recogida y tratamiento de los datos de las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 5.º Impedir o dificultar el derecho a recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y continuada relacionada con su situación de dependencia.
8.º Realizar actuaciones que dificulten o impidan el derecho a decidir libremente sobre el ingreso en un centro residencial, la permanencia en el mismo por voluntad propia o cesar en la utilización de los servicios. 9.º Dificultar o impedir el ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales, en caso de internamientos involuntarios.
11.º Dificultar o impedir el ejercicio de acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 12.º Dificultar o impedir el derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
b) Respecto a las obligaciones de las personas en situación de dependencia en relación con la Administración y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, son infracciones graves: 1.º Aplicar las prestaciones económicas a finalidades distintas a aquellas para las que se otorgan, y recibir ayudas, en especie o económicas, incompatibles con las prestaciones establecidas en la Ley 39/2006, 14 de diciembre. 2.º Proporcionar datos falsos a la Administración Pública competente en el proceso de valoración de la situación de dependencia.
1.º La omisión de la asistencia sanitaria y farmacéutica, o su prestación, incumpliendo los procedimientos normalizados de trabajo, los protocolos o las guías prácticas clínicas. 2.º El uso de medidas de contención no homologadas o no prescritas por el personal facultativo.
d) Respecto a las condiciones materiales y funcionales de los centros y servicios y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.e) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 1.º Incumplir las condiciones materiales y funcionales de la autorización de funcionamiento y de la acreditación de los servicios y centros de atención a las personas en situación de dependencia.
e) Respecto a las obligaciones de las personas usuarias de los centros y servicios y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.h) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 1.º Falta de respeto hacia las demás personas usuarias, el personal del centro o visitantes.
2.º Producir daños en las instalaciones o dependencias del centro. 2. Conforme dispone el artículo 44.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, también serán calificadas como infracciones graves, aquellas que comporten cualesquiera de las siguientes circunstancias:
a) La reincidencia de falta leve. Se produce reincidencia de falta leve cuando, al cometer la infracción, el sujeto hubiera sido ya sancionado por esa misma falta, o por otra de gravedad igual o mayor, durante los dos últimos años.
c) Negar el suministro de información a las Administraciones Públicas competentes, proporcionar datos falsos a las mismas o incumplir los requerimientos específicos que éstas formulen. d) Negativa absoluta a facilitar información o a prestar colaboración a los servicios de inspección.
a) Todas las infracciones definidas como graves en el artículo anterior cuando afecten gravemente a los derechos fundamentales de las personas en situación de dependencia. b) Todas las infracciones definidas como graves en el artículo anterior cuando generen un grave perjuicio para las personas en situación de dependencia o para la Administración.
Artículo 7. Responsabilidad. 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se consideran personas autoras a quienes realicen los hechos por sí mismas, conjuntamente o a través de persona interpuesta.
4. La responsabilidad por las infracciones administrativas cometidas podrá corresponder, en cada caso, a: a) Las personas físicas y jurídicas titulares o gestoras de los servicios o centros de atención a las personas en situación de dependencia.
c) Las personas cuidadoras no profesionales de las personas en situación de dependencia. d) Las personas usuarias de los centros y servicios, o beneficiarias de las prestaciones económicas de atención a la dependencia.
Artículo 9. Actuaciones previas.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, cuando existan elementos de juicio suficientes, y para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, alguna de las medidas cautelares siguientes: a) Suspensión del pago de cualquier tipo de ayuda o subvención pública obtenida de la Administración de la Junta de Andalucía.
a) Por infracción leve: - Multa de hasta 300 euros a las personas cuidadoras. - Multa de hasta 30.000 euros a las entidades titulares o gestoras de los servicios y centros y, demás responsables de la infracción y, en su caso, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones durante un plazo de dos meses.
- Pérdida de prestaciones y subvenciones durante un plazo de dos meses, para las personas beneficiarias. b) Por infracción grave: - Multa de 300 a 3.000 euros a las personas cuidadoras.
c) Por infracción muy grave: - Multa de 3.001 a 6.000 euros a las personas cuidadoras.
Artículo 12. Graduación de sanciones.
Artículo 14. Órganos competentes. 1. Los órganos competentes para acordar la iniciación de los procedimientos sancionadores serán las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Bienestar Social. 2. En el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador se establecerá el órgano que deba instruir el expediente.
c) La persona titular de la Consejería de Salud y Bienestar Social, cuando se trate de la comisión de infracciones muy graves, si bien se requerirá el acuerdo previo del Consejo de Gobierno cuando las sanciones sean de cuantía superior a 300.000 euros. Disposición transitoria única. Expedientes sancionadores en tramitación o no iniciados. 1. Los procedimientos sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de este Decreto continuarán tramitándose conforme a lo establecido en la legislación vigente en el momento en que se cometió la infracción, salvo que las disposiciones sancionadoras del presente Decreto favorezcan a la persona presunta infractora.
2. Los expedientes sancionadores iniciados tras la entrada en vigor del presente Decreto, respecto de infracciones cometidas con anterioridad a la misma, se iniciarán y tramitarán conforme a lo establecido en la legislación vigente en el momento en que se cometió la infracción, salvo que las disposiciones sancionadoras del presente Decreto favorezcan al presunto infractor. Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Modificación del Decreto 396/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.
6. Cuando las características de las tareas a realizar por el personal técnico adscrito a la Inspección de Servicios Sociales requieran de su habilitación para el ejercicio de funciones inspectoras, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 28.1.» Cuatro. Se adicionan nuevas letras y se renumera la m) del artículo 25, con el siguiente tenor:
Sevilla, 23 de abril de 2013 JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
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