Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-00260-de-abril-30-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c15c5a1007e10114e0430a0101510114&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-20 09:32:26
Document Index: 170472505

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 71', 'artículo 87', 'Artículo 87', 'artículo 86', 'artículo 77', 'artículo 88', 'Artículo 88', 'artículo 1614', 'Artículo 216', 'artículo 48', 'artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 35']

﻿ Sentencia 2000-00260 de abril 30 de 2012
SENTENCIA 2000-00260 DE 30 DE ABRIL DE 2012
CONTENIDO:PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. CUANDO UNA PERSONA INGRESA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN BUEN ESTADO DE SALUD DEBE DEJAR EL SERVICIO EN CONDICIONES SIMILARES. POR ESO, EXISTE LA OBLIGACIÓN DE REPARACIÓN A CARGO DEL ESTADO FRENTE A LOS DAÑOS CAUSADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR, SERVICIO MILITAR, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Sentencia 2000-00260 de abril 30 de 2012
Actor: Esneider Rodríguez y otros.
Demandados: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Asunto: Acción de reparación directa (apelación).
Bogotá, treinta de abril de dos mil doce.
La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda es de $ 206’807.040, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Esneider Rodríguez, supera la exigida para el efecto por aquella norma(1); y la acción no se encuentra caducada(2).
Valga señalar, previamente que el acervo probatorio sólo está conformado por pruebas documentales aportadas por las partes en la demanda y su contestación.
33.1. Según el acta de junta médica laboral del Ejército 3034 (fls. 10-12, cdno. 1), el soldado Esneider Rodríguez sufrió una incapacidad relativa permanente no apta para el servicio militar, producida por lesión en la pierna derecha consistente en una fractura abierta de fémur, pérdida sustancial ósea por causa del servicio y una afectación visual por astigmatismo ambliopía bilateral OD 20/100 corrige 20/70 no causada por el servicio, lo que le produjo secuelas físicas y a su salud que redujeron su capacidad laboral en un 53.21%. Los apartes del acta relacionados con el daño sufrido por el soldado Rodríguez son los siguientes:
“Acta de junta médica laboral 3034 unidad Birna fecha 08-07-98,
Nombre SL Rodríguez Esneider.
Le determinan incapacidad relativa y permanente no apto para actividad militar.
Le produce una disminución a la actividad laboral del cincuenta y tres punto veintiún por ciento (53.21%).
Imputabilidad del servicio: lesión 1) Sí, INF. 030 ocurrió en el servicio como consecuencia de heridas causadas por el enemigo en mantenimiento del orden público.
Lesión 2) afectación determinada en el servicio, pero no por causa ni razón del mismo
De acuerdo con el artículo 21 Decreto 94 del 11 enero de 1989 le corresponde por:
1 a) numeral 1-191 índice siete (7)
1 b) numeral 10-0004 literal (b) índice cinco (5) (por asimilación)
1 c) numeral 1-76 literal (a) índice 2.
2) numeral 6º – 053 índice ocho.
Afección por evaluar: herida por arma de fuego el 16 de febrero /97
Signos síntomas: dolor muslo derecho incapacidad funcional deformidad anatómica.
RX muestra fractura con pérdida de sustancia ósea sobre infectado.
Diagnóstico: fractura abierta fémur derecho con pérdida de sustancias óseas sobreinfectado.
Estilogia: Traumático
Tratamiento verificados: lavados desbridamiento trasplante óseo fisioterapia.
Estado actual: presenta acortamiento de 2 cms MID con pérdida de los últimos 100c. de flexión de rodilla derecha.
Conducta a seguir: ninguna plantilla de 1 cm.
Fdo. Med. Satizabal Azuero Carlos.
Oftalmología: OD 20/100 que corrige 20/70
OI 20/100 que corrige 20/70
Fdo. dr. Carlos Gómez Oftalmólogo
Antecedentes – Lesiones – Afectaciones – Secuelas:
1) herida por arma de fuego con fractura abierta fémur perdida sustancial ósea, tratado con tutor e injertos de piel que dejan como secuelas, a) limitación movimientos flexión de rodilla derecha, b) cicatrices dolorosas muslo derecho, c) acortamiento 2 cmts miembro inferior derecho.
2) Astigmatismo ambliopía bilateral OD 20/100 que corrige 20/70 ambos ojos.
(…)” (fl. 10-13, cdno. 1).
3.2. Está acreditado el vínculo de parentesco existente entre el señor Esneider Rodríguez y los demás demandantes, así: la señora Olivia Marleny Rodríguez Serrato demostró ser su madre, (registro civil de nacimiento de aquél fl. 13, cdno. 1), y Eyder Olaya Rodríguez demostró ser su hermano, (registro civil de nacimiento, donde figura como hijo de la señora Olivia Marleny Rodríguez Serrato fls. 14, cdno. 1).
La jurisprudencia de esta corporación ha inferido el daño moral en los parientes hasta el 2° grado de consanguinidad del que ha sufrido lesiones corporales graves, de tal manera que demostrada la calidad de padres, hijos, hermanos, abuelos, se está frente a un hecho indicador que permite inferir que el daño causado a sus parientes en esos grados de consanguinidad, les causa dolor moral; igual inferencia se ha predicado en relación con cónyuges y compañeros (ras) permanentes(3).
Se parte como hecho conocido, del parentesco debidamente acreditado en el primero y segundo grados de consanguinidad, y de las reglas de la experiencia que enseñan que entre los familiares más cercanos se crean vínculos de amor y afecto, y que la pérdida, lesión o enfermedad de uno de ellos causa grave afectación a los demás, lo que permite inferir el dolor moral que les produjo el daño sufrido por su pariente.
5. De la calidad de conscripto.
5.1. Se acreditó en el expediente que el señor Esneider Rodríguez era soldado regular. Así consta en la resolución expedida por el subjefe del Estado mayor del Ejército, en la que se señala:
“…Que el soldado regular Rodríguez Esneider, le fue practicada acta de junta médico laboral 3034 del 8 de julio de 1998” (fl. 149, cdno. 2).
5.2. El artículo 13 de la Ley 48 de 1993, mediante la cual se reglamentó el servicio de reclutamiento y movilización, define claramente que existen varias modalidades en la prestación del servicio militar obligatorio: (i) como soldado regular, con un tiempo de servicio de 18 a 24 meses; (ii) como soldado bachiller o auxiliar de policía, durante 12 meses; y (iii) como soldado campesino, entre 12 a 18 meses.
De igual forma, el Decreto 2048 de 1993, reglamentario de dicha ley, preceptúa en el artículo 8º que el servicio militar obligatorio podrá prestarse en los distintos cuerpos armados que componen la fuerza pública, entre otras en calidad de “soldado regular”.
La Sala, en jurisprudencia que ahora se reitera(4), ha tenido ya la oportunidad de precisar que el soldado regular se encuentra vinculado con el Ejército Nacional en calidad de conscripto:
“5.2. Está acreditado que el soldado Hermes Antonio Marín Pinzón al momento de la ocurrencia de los hechos se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, como se señaló anteriormente con la Certificación de 14 de julio de 1997 suscrita por el jefe de soldados del departamento de personal del Comando del Ejército, en la que se consignó que el soldado Marín Pinzón ostentaba para la época de los hechos el “Grado: soldado regular”.
“Respecto de la diferencia existente entre los soldados que prestan el servicio militar obligatorio y los soldados voluntarios o profesionales, la Sala ya se ha pronunciado en los siguientes términos:
‘(…) Para la Sala es claro que la Ley 48 de 1993(1), mediante la cual se reglamentó el servicio de reclutamiento y movilización define claramente que existen varias modalidades en la prestación del servicio militar obligatorio:
‘El deber constitucional que se enuncia en relación con los conscriptos está contenido en los artículos 216 a 227 Capítulo VII del Título VII, cánones que después de referirse a la conformación, finalidad y regulación de la Fuerza Pública como cuerpo no deliberante, prevé que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones patrias y defiere a la ley la determinación de las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas para la prestación del mismo. La Ley 48 de 1993(2) reglamentó el Servicio de Reclutamiento y Movilización, y señaló como finalidad y funciones, la planeación, dirección, organización y control sobre la definición de la situación militar de los colombianos y la integración a la sociedad en su conjunto en defensa de la soberanía nacional, entre otros (arts. 4º y 9º); estableció, de una parte, la obligación de todo varón colombiano de definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, e inscribirse para definir tal situación, dentro del lapso del año anterior en que lleguen a la misma (arts. 10 y 14), y, de otra, las modalidades para atender la obligación de prestación del servicio militar obligatorio; así: como soldado regular: de 18 a 24 meses, soldado bachiller, de 12 meses, auxiliar de policía bachiller, 12 meses, y de soldado campesino, de 12 hasta 18 meses (art. 13).
“En síntesis, al ostentar el soldado Marín Pinzón el grado de “Soldado Regular”, de conformidad con lo señalado anteriormente, queda demostrado que para el momento de los hechos se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, por lo que no se le puede dar un tratamiento similar al del soldado voluntario o profesional (resalta la Sala)”.
De conformidad con lo expuesto, en el proceso se tiene acreditado que el señor Esneider Rodríguez, para el momento de los hechos, tenía la calidad de conscripto, toda vez que según las pruebas reseñadas, ostentaba el grado de soldado regular, esto es, una de las modalidades en las cuales de conformidad con el artículo 8 la Ley 48 de 1993, se presta el servicio militar obligatorio.
6. El hecho causante del daño.
Según la demanda el daño sufrido por el señor Esneider Rodríguez proviene de la afectación a su integridad que sufrió durante la jornada militar producto de pesados ejercicios de instrucción, así como del desarrollo de operativos, conforme a la incapacidad determinada en la junta médica laboral del Ejército, la afectación que padece, es de dos daños que este presenta, esto es, la lesión en su pierna derecha y la afectación visual. Se pasará a determinar si todos los daños son imputables a la demandada.
6.1. En primer lugar, se encuentra acreditado que el señor Esneider Rodríguez en su calidad de conscripto, se encontraba en servicio activo y sufrió una herida en su pierna derecha consistente en una fractura abierta del fémur con pérdida sustancia ósea, la cual fue producida por subversivos del ELN el 16 de febrero de 1997, en desarrollo del operativo militar destructor realizado en la vereda La Horqueta departamento de Arauca. Las pruebas que dan cuenta de este hecho son las siguientes
— Informe administrativo por lesión 030 de 17 de julio de 1997 rendido por el TC Milciades Hernández, en el que se indicó:
“El día 16 de febrero de 1997 en cumplimiento de la orden de operaciones 008 destructor a la altura de la vereda la Horqueta inspección del batallón jurisdicción del municipio de Tame —Arauca en contacto armado con narco— guerrilleros pertenecientes al ELN resultó herido con un arma de fuego a la altura del muslo de la pierna derecha con fractura del fémur el SL. Rodríguez Serrato Esneyder CM 79810607 de batallón de ings. N°. 16 Gral Rafael Navas Pardo” (fl. 43, cdno . 2).
— En el mismo sentido obra el informe de heridos en combate, suscrito por el Comandante de la compañía Atacador, en el que se señaló lo siguiente:
“Me permito informar a mi Coronel Comandante del Batallón de ingenieros 16 Rafael Navas Pardo los hechos ocurridos en la operación destructor que se realizó el día 16 de febrero de 1997 en la vereda de botalón, Puente Tabla, la Horqueta donde en combate contra los narcoterroristas del frente domingo Lainz Saenz del ELN en la vereda de la Horqueta resultando herido los soldados Rodríguez Esneider con un impacto de calibre 7.62 en la pierna izquierda a la altura de la rodilla…” (fl. 40, cdno. 2).
— Acta 3034, de la junta médica laboral de la dirección de sanidad del Ejército, ya referida por la Sala, en la que se indicó que la lesión con arma de fuego en la pierna derecha del joven Esneider Rodríguez se produjo estando en servicio, por actos del enemigo, el día 16 de febrero de 1997, cuando se encontraba en mantenimiento del orden público.
De conformidad con lo anterior, se encuentra acreditado que el señor Esneider Rodríguez, quien ostentaba la calidad de soldado regular, sufrió una lesión en su pierna derecha cuando se encontraba prestando su servicio militar obligatorio.
6.2. Por otra parte en relación con la afectación visual de astigmatismo ambliopía bilateral OD 20/100 que corrige 20/70 ambos ojos que sufre el señor Esneider Rodríguez, encuentra la Sala que no está acreditado en el proceso, que se hubiera producido como consecuencia del servicio militar obligatorio.
Al respecto, la única prueba que obra en el plenario es el acta de junta médica laboral 3034 de 8 de julio de 1998, en la que se señala que la afectación de astigmatismo ambliopía bilateral OD 20/100 que corrige 20/70 ambos ojos del soldado Esneider Rodríguez fue determinada en el servicio pero no por cuenta ni razón del mismo (fl. 11 , cdno. 1).
En otros términos, se desconoce cuál fue la causa de la afectación visual del señor Rodríguez y la parte demandante no demostró que la limitación visual que éste padece, hubiera sido producto de su reclutamiento o del trato que recibió durante su permanencia en el ejército; la anterior prueba resulta necesaria pues del simple reclutamiento no se predica, ni se presume, relación causal alguna con la afección visual sufrida por el conscripto.
7. La responsabilidad de la entidad demandada.
7.1. La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el daño sufrido por el demandante, en su calidad de soldado regular, no le es imputable a la entidad demandada porque se originó en los denominados riesgos inherentes al servicio y en el mantenimiento del orden público.
En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, ha considerado la Sala que el régimen bajo el cual debe resolverse su situación es diferente del que se aplica frente a quienes voluntariamente ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS(5), porque el sometimiento de aquéllos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución impone a las personas, “derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social”(6), para “defender la independencia nacional y las instituciones públicas”(7).
Por eso, desde tiempo atrás la jurisprudencia ha considerado que cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud debe dejar el servicio en condiciones similares(8), criterio a partir del cual se estableció la obligación de reparación a cargo de la entidad demandada, frente a los daños cuya causa esté vinculada con la prestación del servicio.
Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas(9); el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos(10); pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:
“...demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada”(11).
7.2. Con fundamento en lo que resultó probado y de conformidad con las anteriores consideraciones, la sentencia de primera instancia será revocada, para proceder a indemnizar los perjuicios causados a la parte actora por la lesión sufrida en la pierna derecha por el joven Esneider Rodríguez, toda vez que dicha lesión se produjo en actos del servicio y durante el tiempo en que prestó servicio militar obligatorio en calidad de soldado regular.
Como se señaló en el acápite anterior, los daños que sufran las personas llamadas a prestar el servicio militar obligatorio, en las modalidades preceptuadas en la mencionadas normas, incluida la que corresponde al soldado regular y que ocurran durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él son imputables al Estado, porque al vincularlos de forma obligatoria al servicio, éste asume la obligación de garantizar su vida y de proteger su integridad física y síquica y, por lo tanto, es sobre quien recaen los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que se les asignen como conscriptos.
Como la lesión del soldado regular Rodríguez ocurrió en desarrollo de la operación “destructor”, en la cual sus funciones eran las propias de un conscripto, en la modalidad de soldado regular, el riesgo que tales actividades genera, el cual se concretó en la ocurrencia del daño, no puede trasladarse al ciudadano a quien obligatoriamente se le vincula al Ejército, sino que le corresponde asumirlo al Estado, por lo que resulta comprometida su responsabilidad patrimonial sin que se haya acreditado, el hecho del tercero como eximente de responsabilidad ante la ocurrencia de imprevisibilidad como elemento estructurante del mismo. Al contrario, de manera conciente se sometió al conscripto a un riesgo que era previsible cuando se le incorporó a u operativo de mantenimiento del orden público, concretamente a la operación que se denominó “Destructor”, ejecutada el 16 de febrero de 1997, en la vereda de la Horqueta.
De conformidad con lo expuesto, se considera que el daño reclamado en la demanda consistente en la herida sufrida en la pierna derecha es imputable a la Nación -Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, porque el joven Esneider Rodríguez fue lesionado mientras prestaba el servicio militar obligatorio y como consecuencia de los riesgos, propios de una operación militar, a que fue sometido por el Estado al vincularlo obligatoriamente al Ejército Nacional.
A igual conclusión no se puede llegar en relación con la afectación visual del señor Rodríguez, debido a que no se demostró que hubiera sido ocasionada por causa o en razón del servicio; por el contrario el acta 3034 emitida por la junta médica laboral, indicó que tal afectación aunque se determinó dentro del servicio no se produjo por causa o con ocasión de este.
Cabe resaltar además, que la indemnización que en esta sentencia se reconoce a los demandantes se produce al margen de los beneficios económicos que por mandato legal le correspondan por haber sufrido el daño durante el tiempo en que se hallaba prestando el servicio militar obligatorio, habida consideración de que éstos no tienen carácter indemnizatorio, por cuanto los mismos se otorgan al margen de que el daño sea o no imputable al Estado.
8. Precisión sobre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral imputable al Estado.
Toda vez que en el acta 3034 emitida por la junta médica laboral el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 53.21% que sufre el señor Esneider Rodríguez, corresponde al resultado de sumar todas las afectaciones que le fueron determinadas, esto es las sumas por la lesión sufrida en la pierna derecha y la afectación visual, en aras de precisar a qué porcentaje de disminución laboral corresponde el daño imputable al Ejército, se pasará a determinarlo según las reglas previstas en el Decreto 94 de 1989.
El artículo 21 del Decreto 094 de 1989, establece que la finalidad de la Junta Médico - Laboral Militar es la de llegar a un diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y secuelas valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices, en ese orden, una vez realizada la valoración del paciente e identificadas las lesiones, se determina a que índice corresponde cada una, para poder determinar el porcentaje de disminución laboral; tal como ocurrió en el presente asunto:
“Imputabilidad del servicio: lesión 1) Sí, INF. 030 ocurrió en el servicio como consecuencia de heridas causadas por el enemigo en mantenimiento del orden público.
a) numeral 1-191 índice siete (7)
b) numeral 10-0004 literal (b) índice cinco (5) (por asimilación)
c) numeral 1-76 literal (a) índice 2
2) numeral 6 – 053 índice ocho
1) herida por arma de fuego con fractura abierta fémur perdida sustancial ósea, tratado con tutor e injertos de piel que dejan como secuelas, a) limitación movimientos flexión de rodilla derecha, b) cicatrices dolorosas muslo derecho,
c) acortamiento 2 cmt miembro inferior derecho.
2) Astigmatismo ambliopía bilateral OD 20/100 que corrige 20/70 ambos ojos” (subrayas fuera de texto).
En ese orden dado que según el acta 3034 de 8 de julio de 1998 la afectación física de la primera lesión por: a) limitación movimientos flexión de rodilla derecha, b) cicatrices dolorosas muslo derecho, c) acortamiento 2 cmt miembro inferior derecho, corresponde a una calificación de 1 a) numeral 1-191 índice siete (7);1 b) numeral 10-0004 literal (b) índice cinco (5) (por asimilación); 1 c) numeral 1-76 literal (a) índice 2 respectivamente, y que dicha incapacidad es la que resulta imputable al Ejército, se procederá a determinar según el referido decreto, el porcentaje de disminución laboral a que equivale cada índice, y la suma de dichos porcentajes será la que se tome para realizar la liquidación corresponde a la indemnización de perjuicios a título de lucro cesante.
Cabe precisar con fundamento en el Decreto 094/89 que: (i) El artículo 71 señala los grupos de lesiones y afecciones que producen disminución de la capacidad laboral dentro de los que se encuentra afectación a huesos y articulaciones entre otros (ii) Que los artículos 77 y siguientes establecen los grados de incapacidad, de donde se determinan los índices para realizar el cálculo de la disminución laboral, (iii) Que el artículo 87 establece el cuadro del porcentaje de disminución laboral teniendo en cuenta la relación entre índice definido y edad de la víctima como se observa a continuación:
“Artículo 87. Adopción de tablas. Para los efectos de las disposiciones del presente Decreto, adóptanse las siguientes tablas de valoración capacidades.
Tabla a de evaluación de incapacidades
Porcentaje de disminución de la capacidad laboral
más 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 34 30 a 34
25 a 24 21 a 24 Hast 20
1 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
2 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
3 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
4 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
5 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5
6 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 15.0 16.0 17.0
7 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 17.0 18.0 19.5 20.5
8 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 24.0
9 19.0 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.5
10 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.5
11 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.5 32.5 34.0 35.5 37.0
12 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.5 37.5 39.0 40.5 42.5
13 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 42.0 43.0 44.5 46.0 48.0
14 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 48.0 49.0 50.5 52.0 54.0
15 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.5 55.5 57.0 58.5 60.5
16 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.5 62.5 64.0 66.0 68.0
17 66.0 65.0 66.5 67.0 67.5 68.0 69.0 70.0 72.0 75.0 78.0
18 74.0 74.0 74.5 75.5 75.5 76.0 77.0 78.0 80.0 85.0 90.0
19 82.5 82.5 83.0 83.5 84.0 85.0 86.5 88.0 90.0 95.0 100.0
20 91.5 91.5 92.0 92.5 93.5 95.0 96.5 98.0 100.0 100.0 100.0
21 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Se aplica para determinar la disminución de la capacidad laboral de acuerdo con el índice de lesión y la edad de la persona , para obtener el porcentaje de disminución de capacidad, se busca en la columna “índice de lesión” el fijado por la sanidad militar o de la policía posteriormente y teniendo en cuenta la edad de la persona para la época en que fue calificada la lesión se ubica en la columna correspondiente a los diferentes grupos de edades, el punto de donde se encuentren las prolongaciones horizontales del índice y vertical de la edad indican el porcentaje de disminución de capacidad laboral”.
En ese orden dado que el acta 3034 del 8 de julio de 1998, estableció los indicies de cada lesión y que en el presente asunto se encuentra probado que la víctima tenía 19 años al momento en que se le causó la mencionada lesión, el porcentaje de cada uno de los índices según el cuadro anterior es de:
a) Numeral 1-191 índice siete (7) (Lesiones o afecciones que produzcan alteración de la función de una rodilla….. D. 94/89art. 77, ) corresponde a 20.5 de disminución laboral.
b) Numeral 10-0004 literal (b) índice cinco (5) (por asimilación) (Cicatrices no quirúrgicas de cualquier localización y no susceptibles de corrección, grado medio, artículo 86 del decreto), corresponde a 13.5 de disminución laboral.
c) Numeral 1-76 literal (a) índice 2 (Lesiones o afecciones que produzcan asimetría longitudinal de los miembros inferiores en dos (2) centímetros artículo 77 decreto) corresponde a 10.5 de disminución laboral.
Cuando se trata de varios índices que generan varías disminuciones laborales, el artículo 88 del decreto en mención establece la fórmula para sumarlos así:
“Artículo 88. Disminución capacidad laboral con varios índices. Cuando se pretende concurrencia de varios índices, debe aplicarse la siguiente fórmula:
DLT = DL1 + DL2 + DL3 ….+ DLn
DL1 = Disminución total de la capacidad laboral
DL1 = Disminución laboral 1
DL2 = Disminución laboral 2
DL3 = Disminución laboral 3
Aplicada al presente asunto tenemos:
DLT= 20.5 + 10.73 + 7.22 = 38.45
En síntesis la pérdida de capacidad laboral que sufrió el señor Esneider Rodríguez como consecuencia de la herida que sufrió en la pierna derecha es de 38.45%, porcentaje con el cual se hará la liquidación en el presente asunto.
Como se señaló antes, tanto la víctima del hecho, como su madre y hermano sufrieron perjuicio moral con las lesiones padecidas por el primero.
Se solicitó en la demanda una indemnización equivalente a 1.000 gramos de oro en favor de cada uno de los demandantes. Para el reconocimiento de esta indemnización la cual la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual fijó en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes el valor del perjuicio moral, en los eventos de mayor intensidad.
En consideración a la intensidad de la lesión padecida por la víctima, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se reconocerá al señor Esneider Rodríguez una indemnización equivalente a 60 salarios mínimos mensuales; a su madre Olivia Marleny Rodriguez Serrato, el equivalente a 40 salarios mínimos mensuales y a su hermano Eyder Olaya Rodríguez, el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales para cada uno(12).
De conformidad con el artículo 1614 del Código Civil el daño emergente consiste en la “pérdida misma de los elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo”, en otras palabras aquellos egresos que haya tenido que realizar el demandante y que son consecuencia directa y cierta de la conducta del Estado, que en este caso, es el responsable del daño antijurídico reclamado en la demanda.
La parte actora a quién corresponde la carga de demostrar la configuración de dicho perjuicio, no allegó al proceso las pruebas que permitieran a la Sala concluir que, como consecuencia de las lesiones del señor Esneider Rodríguez, le correspondió a él, o a sus familiares, con su propio patrimonio, realizar algún tipo de gasto o egreso o que haya sufrido un deterioro, reducción o merma del mismo por la pérdida de los activos que lo componen, razón por la cual la Sala negará la pretensión formulada.
Está acreditado que al momento de sufrir el accidente, el señor Esneider Rodríguez realizaba una actividad económica lucrativa, toda vez que se desempañaba como soldado regular del Ejército Nacional, de la cual recibía una bonificación de $ 200.630, suma que actualizada a la fecha de esta sentencia —557.260—, resulta inferior al salario minino vigente —$ 566.700—, razón por la cual se tomará este último, incrementado en un 25% correspondiente a las prestaciones sociales. Por lo tanto, se tendrá en cuenta como base de liquidación el salario que equivale a $ 708.375
Aplicada esa suma al porcentaje de incapacidad determinado, esto es el 38.5%, se obtiene como suma base para la liquidación del lucro cesante la suma de $ 272.725.
Período a indemnizar: comprende aquel desde cuando fue retirado del servicio —8 de julio de 1998— y la vida probable, esto es por 55.87 años, porque para esa fecha contaba con 20 años, según se constata en su registro civil de nacimiento, al cual ya se hizo referencia.
Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 272.725
n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha de los hechos ( 8 de julio de 1998) hasta la fecha de la sentencia, esto es, 165 meses.
Que abarca desde la fecha de la sentencia hasta la vida probable, esto es, resultado de 383.2 meses
Total lucro cesante en favor del lesionado Vargas Castañeda: $ 68’811.994.64+ $ 51’219.386,38.=$ 120’031.381
6.3.1. En la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios fisiológico, a favor del señor Esneider Rodríguez por la suma de 2000 gramos oro.
La Sala ha considerado que en tratándose de lesiones que producen alteraciones físicas, las personas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el daño moral, categoría de perjuicio que ha sido denominada por la jurisprudencia de la Sala como daño a la salud(13).
En el presente asunto, según ya se demostró, la lesión sufrida por el señor Esneider Rodríguez imputable al Ejército le produjo una incapacidad laboral del 38.5%, circunstancia que demuestra el daño a la salud que padece.
De conformidad con lo anterior y con fundamento en los montos de las indemnizaciones reconocidas por esta corporación en otras oportunidades(14) y en atención a las particularidades del caso, la Sala estima la indemnización por daño a la salud en favor del señor Esneider Rodríguez en 40 SMLMV salarios mínimos legales mensuales vigentes.
6.3.2. En la demanda de forma separada se solicitó el reconocimiento de 2000 gramos oro por concepto de perjuicios a la alteración de condiciones de existencia; al respecto la Sala no accederá al reconocimiento de dicho perjuicio, debido a que tal como se ha sostenido en sentencia de la Sala Plena de esta sección(15) el reconocimiento del daño a la salud por una lesión impide la procedencia del reconocimiento al perjuicio por la alteración a las condiciones materiales de existencia por este mismo hecho, toda vez que aquel perjuicio se encuentra incluido dentro de éste último.
REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el 1º de marzo de 2001, y en su lugar se dispones:
1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional de los perjuicios ocasionados a los señores Esneider Rodriguez, Olivia Marley Rodríguez Serrato y Eider Olaya Rodríguez, con ocasión de las lesiones que se le causaron al señor Esneider Rodriguez, mientras se encontraba prestando servicio militar obligatorio.
2. Como consecuencia de lo anterior, SE CONDENA a la Nación– Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a pagar indemnización de perjuicios así:
(i) En favor del señor Esneider Rodríguez: a) la suma de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales; b) cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes por daño a la salud; y c) la suma de ciento veinte millones treinta y un mil trescientos ochenta y un pesos ($ 120’031.381), a título de lucro cesante.
(ii) Para la señora Olivia Marley Rodríguez Serrato la suma de cuarenta (40) SMLMV por concepto de perjuicios morales
(iii) Para Eyder Olaya Rodríguez, la suma de veinte (20) SMLMV por concepto de perjuicios morales.
4. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año de 2000 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 26.390.000. la competencia en segundo instancia del presente asunto, también fue analizada mediante auto de 22 de agosto de 2002 C.P. Germán Rodríguez Villamizar, mediante el cual se resolvió el recurso de queja interpuesto por la parte demandante.
(2) La sala en materia de conscriptos ha considerado que el término para intentar la acción de reparación directa, se cuenta a partir de la notificación del acta de la junta médica laboral que determina la incapacidad, fecha en la que se tiene certeza de la magnitud del daño causado; a no ser que se tenga certeza de ese aspecto con anterioridad; al respecto ver auto del 12 de mayo de 2010, Sección Tercera C.P. Mauricio Fajardo Gómez exp. 31582; auto de 5 de diciembre de 2011, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, exp. 41844.
En el presente caso si bien se tiene certeza del momento de la ocurrencia de uno los hechos generadores de los daños sufridos por el señor Esneider Rodríguez – 16 de febrero de 1997 -, de las pruebas obrantes en el proceso, también está acreditado que el demandante sólo tuvo conocimiento de la dimensión de los daños que ha resistido a partir de la calificación realizada por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército, el día 8 de julio de 1998, fecha en la que le fue notificada el acta (fl. 11, cdno. 1); razón por la cual la caducidad de la presente acción debe contarse desde este momento.
(3) “…Es pertinente aclarar que en las acciones de reparación directa la legitimación en la causa por activa la tiene todo aquel que alega la condición de damnificado con el hecho que se imputa al demandado, la cual no deriva de su calidad de heredero, y es la condición de damnificado la que se debe acreditar en el curso del proceso para tener derecho a la indemnización que se reclama. Asunto distinto es que en los eventos de mayor gravedad, como los daños que se generan con la muerte, las lesiones corporales graves, o la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia ha inferido el dolor moral, en relación con los parientes de grado más próximo a la víctima. En otros términos, no es la condición de pariente de la víctima la que da derecho a la indemnización por los perjuicios derivados del daño sufrido por ésta; ese derecho se reconoce cuando se acredita la existencia del perjuicio que le ha causado al demandante el daño sufrido por la víctima directa; es sólo que en los eventos de daños de mayor gravedad, que de la condición de pariente más próximo se infiere la existencia del daño, prueba indiciaria que puede ser desvirtuada con cualquier medio probatorio…” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 26 de abril de 2006, Exp. 14908, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, exp. 18.060. Sobre este tema consultar también las sentencias de 25 de febrero de 2009 M.P. Myriam Guerrero de Escobar, exp 15.793 y de 22 de julio de 2009, exp 17.515 M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(5) Ha dicho la Sala que “los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares y los agentes de policía, deben ser soportados por dichos funcionarios cuando tales daños son consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad y sólo habrá lugar a la reparación, por vía de la acción de reparación directa, cuando dichos daños se hayan producido por falla del servicio”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010 exp: 19.900 M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(6) Sentencia de la Corte Constitucional T-250 del 30 de junio de 1993.
(7) Artículo 216 de la Constitución Política.
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de octubre de 1991, M.P. Carlos Betancur Jaramillo exp: 6465, entre otras.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2005, M.P. María Elena Giraldo Gómez exp 16.205. En esta providencia la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridos por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “...la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2005, M.P. María Elena Giraldo Gómez exp. 15.445. en esta providencia dijo la Sala: “En el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado la jurisprudencia ha aplicado varios títulos jurídicos de imputación en relación a los conscriptos. Generalmente se acude al de daño especial cuando el “daño” tiene su causa en el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas. Sin embargo cuando la causa de los daños se origina en otro tipo de hechos, según estos debe aplicarse el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y el de riesgo cuando los conscriptos sufren daños con causa y por razón del servicio que provienen o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos...Ha partido de la regulación legal especial contemplada para la fuerza pública y en especial para los conscriptos, y ha concluido que cuando las pruebas son indicadoras de que los hechos ocurrieron por el riesgo a que fueron expuestos los conscriptos no se requiere realizar valoración subjetiva de conducta del demandado; que sólo es necesario demostrar: el ejercicio por parte del Estado de una actividad de riesgo en desarrollo del servicio militar prestado —o por su destinación o por su estructura—; el daño antijurídico; y el nexo de causalidad eficiente y determinante entre ese riesgo y el daño causado al conscripto; y que el demandado sólo se exonera por causa extraña, es decir por el hecho exclusivo del tercero o de la víctima y fuerza mayor”.
(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, M.P. Alier Eduardo Hernández Enriquez, Expediente 11.401.
(12) En relación con el reconocimiento de perjuicios morales en lesiones ver sentencia de 20 de octubre de 2005, exp. 14.889 CP. Ruth Stella Correa Palacio.
(13) respecto consultar la sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 14 de septiembre 2011, exp 19031, M.P. Enrique Gil Botero.
(14) En otras sentencias, como la proferida el 4 de octubre de 2007, M.P. Enrique Gil Botero, exp., (15567), la corporación reconoció una indemnización equivalente de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a una persona que sufrió una herida tal que le implicó una pérdida del 60% de su capacidad laboral. Al respecto, se pueden consultar también las sentencias de 17 de agosto de 2007, exp. 30114, M.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 4 de diciembre de 2007 exp. 17918, M.P. Enrique Gil Botero.
(15) Al respecto consultar sentencia de 14 de septiembre de 2011, expediente 38222, C.P. Enrique Gil Botero.
(iv) En consecuencia, la Corte procederá a declarar exequibles las expresiones “negocios incompatibles” y “la institución” contenidas en el numeral 45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, e inexequibles las expresiones “el buen nombre y prestigio de” contenidas en el mismo numeral, por violación de los principios de tipicidad y legalidad consagrados en el artículo 29 Superior. Expulsadas las anteriores expresiones de los preceptos examinados, el tenor del numeral 45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará: “45. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con la institución a la que pertenece”.
1. DECLARAR EXEQUIBLES las expresiones “diligencia, eficiencia e imparcialidad”, “cualquier acto u omisión”, “servicio esencial”, “abuso indebido” contenidas en el numeral 2º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002; y las expresiones “respeto, imparcialidad y rectitud” contenidas en el numeral 6º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
(2) A manera de ilustración, el profesor Reyes Echandía, expresa que el derecho penal administrativo es “el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre la Administración pública y los sujetos subordinados y cuya violación trae como consecuencia una pena. // La sanción prevista en el derecho penal administrativo se distingue de la del derecho penal ordinario o común por el órgano que la aplica; aquella es generalmente impuesta por funcionarios de la rama ejecutiva del poder público y esta, por funcionarios de la rama jurisdiccional”. (Reyes Echandía. Alfonso. Derecho Penal. Parte General. 5ª Reimpresión de la Undécima Edición. Temis. 1996. Pág. 6). En idéntico sentido, se puede consultar a Ossa Arbeláez. Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. 1º Edición. Legis. 2000. Págs. 167-170.
(11) Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, ver también la Sentencia C-417 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(18) Este criterio se ha reiterado en las sentencias C-417 de 1993, C-341 de 1996, C-181 de 2002, C-948 de 2002, C-504 de 2007, C-796 de 2004, C-028 de 2006, y C-504 de 2007, entre otras.
(26) Así, por ejemplo, lo reconoció el Tribunal Supremo de España, en sentencia del 26 de septiembre de 1973, en cuanto señaló: “el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa presupone la existencia de una infracción para lo cual es indispensable que los hechos imputados se encuentren precisamente calificados como faltas en la legislación aplicable, porque en materia administrativa, como en la penal, rige el principio de la legalidad, según el cual sólo cabe castigar un hecho cuando esté concretamente definido el sancionado y tenga marcada a la vez la penalidad”. Nieto. Alejandro. Op.Cit. Pág. 252.
(49) Ver sentencias C-127 de 1993 y C-599 de 1999. M.P Alejandro Martínez Caballero.
(50) Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(51) Sentencia T-1093 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(52) Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(53) Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, reiterado en la Sentencia C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(55) Sentencia C-818 de 2005, ver también la Sentencia C-371 de 2002.
(56) Véase Sentencia C-371 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(57) Al respecto puede consultarse la Sentencia C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, mediante la cual la Corte analizó la constitucionalidad de la expresión “maniobras peligrosas e irresponsables” consagrada en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Así mismo, ver también la Sentencia C-406 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en donde la Corte estudió algunas atribuciones de la Superintendencia de Valores para imponer medidas correccionales a las instituciones financieras. Ver igualmente la Sentencia C- 762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Perez.
(58) Sentencia C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, reiterado en la Sentencia C-406 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(59) Ver las sentencias C-124 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería y C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(60) Véase la Sentencia C-406 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Sentencia C-921 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentaría, la Sentencia C-475 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y la Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
(61) Ver sentencias C-350 de 2009 y C-762 de 2009.
(62) Así en las sentencias C-350 de 2009 y C-762 de 2009, se hace una relación de la jurisprudencia posterior al año 1994, en donde se han declarado expresiones de normas disciplinarias como inexequibles por vulnerar el principio de legalidad, al no ser expresiones determinables. En la Sentencia C-010 de 2000 la Corte declaró como inconstitucionales las normas que permitían a las autoridades silenciar o discriminar programas radiales por ser “contrarios al decoro y al buen gusto”; en la Sentencia C-567 de 2000, la Corte al salvaguardar la libertad sindical, así como también el pluralismo y la autonomía, declaró inexequible la disposición legal que autorizaba negar la inscripción de un sindicato porque sus estatutos eran contrarios a las “buenas costumbres”; en la Sentencia C-373 de 2002, se declaró la inconstitucionalidad de una norma que inhabilitaba para concursar para el cargo de notario a aquellas personas que hubieran sido sancionadas disciplinariamente por causa de ‘la embriaguez habitual, la práctica de juegos prohibidos, el uso de estupefacientes, el amancebamiento, la concurrencia a lugares indecorosos, el homosexualismo, el abandono del hogar y, en general, un mal comportamiento social’, o hubieran sido sancionados por ‘ejercer directa o indirectamente actividades incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna forma atenten contra su dignidad’. Así mismo, en la Sentencia C-098 de 2003, la Corte declaró contrarias a la Carta un conjunto de conductas tipificadas como faltas disciplinarias del abogado, por considerar que las mismas no estaban relacionadas con el propio hacer profesional, sino que atendían sustancialmente al comportamiento personal del abogado, que corresponde a su ámbito privado. Y en la Sentencia C-570 de 2004, se declararon inexequibles disposiciones que señalaban con falta disciplinaria comportamientos descritos a través de conceptos jurídicos indeterminados como “máximo respeto”, “actos de injusticia”, “conductas contra la moral”, pues aunque en derecho disciplinario resultan admisibles y eventualmente deseables tipos abiertos, o descripciones de conductas y faltas construidas a partir de conceptos jurídicos indeterminados que puedan actualizarse conforme el desarrollo y evolución de la profesión y su ejercicio, en todo caso la ley no ofrecía elementos adicionales que permitieran su concreción de modo racionalmente previsible.
(63) Ver sentencias tales como la C-393 de 2006, C-507 de 2006, C-107 de 2004 y C-948 de 2002, entre otras.
(64) Véase, Sentencia C-1076 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(65) La Corte se refirió en la Sentencia C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, a la constitucionalidad de la norma contenida en el numeral 10 del artículo 34, y el numeral 18 del artículo 35, de la Ley 1015 de 2006, que establecían como faltas disciplinarias, el incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito (gravísima), o como contravención (grave), “que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen la credibilidad, el respeto o el prestigio de la Institución, cuando se encuentren en situaciones administrativas tales como: franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio o en hospitalización”. En ese caso la Corte decidió la inexequibilidad de las expresiones “que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen, la credibilidad, el respeto o el prestigio de la institución” por violación de los principios de tipicidad y de legalidad.
(66) Al respecto ver igualmente la Sentencia C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.