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Timestamp: 2020-01-18 17:57:06
Document Index: 267132562

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 40', 'artículo 23', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 33', 'artículo 39', 'artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 39', 'artículo 42', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 51', 'artículo 85', 'artículo 88', 'artículo 51', 'artículo 41', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 43', 'artículo 19', 'artículo 42', 'artículo 37', 'artículo 43', 'artículo 42', 'artículo 19', 'artículo 42']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 813, de 30/06/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 813
- Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. (Número de expediente 121/000107.) ... (Página2)
- Proyecto de ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía. (Número de expediente 121/000108.) ... (Página2)
- Proyecto de ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía. (Número de expediente 121/000108.) ... (Página10)
Se abre la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. (Número de expediente 121/000107.)
- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DE PERSONAL DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. (Número de expediente 121/000108.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, aunque tenemos una hora de inicio de esta Comisión un poco imprecisa -porque dijimos veinte minutos o media hora después de que se terminara el Pleno-, como veo que están la mayoría de los portavoces, podemos iniciar esta sesión.
Como conocen sus señorías por el orden el día, tenemos cuatro puntos: ratificación de las ponencias y dictamen de los proyectos de ley a los que ahora me referiré. Antes de empezar con el contenido de la reunión yo diría que no vamos a votar antes de las dos y cuarenta y cinco. Son dos leyes, una un poco más corta que la otra, pero me parece que en menos tiempo no sería posible votar. Si fuera posible hacerlo antes y estuviéramos en condiciones de votar, lo haríamos, pero para tener un cálculo aproximado creo que por ahí estaría la hora de la votación.
En primer lugar vamos a ratificar las ponencias de las dos leyes, la ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y la ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, esta segunda con competencia legislativa plena. Si estamos de acuerdo, ratificaríamos las ponencias por asentimiento de la Comisión. (Asentimiento.) Quedan ratificadas por asentimiento.
La señora PRESIDENTA: Entramos en el debate del contenido del dictamen de la ponencia. Creo que es más práctico que votemos las dos leyes cuando hayamos hecho los dos debates. Es decir, haremos un debate tras otro y luego votaremos la orgánica y la otra. Lo digo por no separar las dos votaciones y que sean todas seguidas. ¿Les parece bien? (Asentimiento.) Lo haremos así.
Pasamos al dictamen del proyecto de ley orgánica, que efectuaremos conforme al reglamento y al precedente que ya hay en la Comisión, agrupando la defensa de las enmiendas a todos los artículos por grupo parlamentario enmendante, a lo que seguirá, como es habitual, un turno en contra o, si se solicita, turno de fijación de posiciones del resto de grupos. Si hubiese transaccionales a este dictamen, escritas o in voce, que en este momento no lo sé, estaría bien que nos las hicieran llegar a la Mesa de la Comisión antes del final del debate.
Entramos en las enmiendas de los grupos. Como no veo a los portavoces del Grupo Mixto, vamos a pasar el turno, aunque si más tarde se incorporan a la Comisión les daríamos la palabra. Tiene la palabra el señor Llamazares para defender las enmiendas que permanecen vivas al dictamen.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En relación con el proyecto de ley orgánica de derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía, queremos destacar en primer lugar que el proyecto viene ya con un grado importante de acuerdo, no hemos tenido diferencias insalvables respecto al proyecto presentado por el Gobierno y, como ha ocurrido en otras normas relativas a las fuerzas de seguridad, incluso a la defensa, existe un alto nivel de consenso también por parte de los grupos parlamentarios en el trabajo de ponencia que queremos destacar en esta Comisión. Creemos que este trabajo de ponencia ha mejorado de forma importante el texto y consideramos que se ha acercado a las posiciones de nuestro grupo. Por ello nos sentimos más identificados todavía con este proyecto de ley de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, y hemos mantenido solamente un puñado de enmiendas fundamentalmente para mantener nuestra defensa de las enmiendas ante esta Comisión.
Únicamente quisiera hablar de la enmienda número 19, que es la enmienda eterna, de la que hemos discutido en la ponencia y que mantenemos. Es la relativa a las circunstancias
psicofísicas. Hay algo que decimos en medicina que es que, igual que en leyes ignorar la ley no exime de su cumplimiento, también ignorar la enfermedad no significa no sufrirla, puede uno ignorarla pero igualmente progresa. En ese sentido, pretender que en el Cuerpo Nacional de Policía no existe enfermedad psíquica o que esa enfermedad psíquica automáticamente significa que ya no estás en el Cuerpo Nacional de Policía es ignorar que el 10 por ciento de la población, con uno u otro grado, tiene ese tipo de enfermedades; por tanto, es desconocer en este caso la enfermedad, que no exime de padecerla. Así, nos hubiera gustado que cuando se trata de este tema se considere al mismo nivel la enfermedad física que la enfermedad psíquica. Da la impresión de que también en ese ámbito seguimos teniendo esa división -que pertenece más a otra época de la medicina- entre lo físico y lo psíquico. En este caso creemos que podría haberse solucionado el problema tratándolo en su conjunto, como lo trata la Organización Mundial de la Salud o como lo tratan la mayor parte de las organizaciones, sean estas civiles o no. No ha sido posible llegar a un acuerdo, y mantenemos esa enmienda porque nos parece adecuada y creemos además que, en definitiva, cuando alguien tenga que hacer el reglamento de esta cuestión va a tener que hacerlo teniendo en cuenta los problemas psíquicos. En el debate de la ponencia recordé la novela negra, recordé a Mankell. Hay algunas lagunas que tiene Mankell no sé en cuáles de sus novelas, pero no significa que no esté apto para el servicio, aunque tampoco esas lagunas deben ser obviadas ni ignoradas. Entre una cosa y otra creemos que hay un término medio y hemos propuesto que se tuviera en cuenta en el texto, no ha sido así y por eso hemos mantenido alguna enmienda.
Quiero resaltar que tanto Esquerra Republicana como nosotros hemos retirado gran parte de nuestras enmiendas -Esquerra Republicana todas-, nosotros hemos mantenido las enmiendas 18, 19, 22, 23, 29 y 30, pero si a lo largo del debate hay mayores aproximaciones no tenemos ningún problema en que finalmente tampoco ni siquiera estas enmiendas se voten. Aunque nos gustaría que la enmienda 18 o 19 -sobre el número tenemos un debate entre nosotros, pero creo que es la 19- se vote finalmente porque creemos que es un tema relevante.
Termino. En todo caso, este nos parece un buen texto. Creemos que además es aún mejor por el hecho de que viene bastante acordado entre las organizaciones y el ministerio y además ha provocado en el seno de la ponencia un alto grado de consenso, por lo que estamos muy satisfechos del trabajo realizado y votaremos favorablemente el dictamen y en general nos atenemos a los acuerdos y a los acercamientos que ha habido en el trámite de ponencia.
La señora PRESIDENTA: Entiendo pues que quedan vivas las enmiendas números 18, 19, 22, 23, 29 y 30.
No veo al portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor LLAMAZARES TRIGO: He dado por retiradas sus enmiendas.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, ya le he oído, por lo tanto no le corresponde ya este turno.
Le correspondería el turno al portavoz del PNV, que tampoco está en la sala. Por lo tanto, le doy la palabra -si no tienen inconveniente, porque luego volveremos atrás- a la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Como he hecho también en otras ocasiones, quiero poner singularmente en valor el trabajo que esta Comisión ha realizado en ponencia. Suscribo las palabras del señor Llamazares al respecto. Creo que el trabajo ha sido provechoso, ha sido fecundo, ha sido un trabajo de acercamiento. Quiero agradecer especialmente el trabajo de los portavoces socialistas, José Manuel Bar y Carlos González Serna, porque han estado en todo momento dispuestos a tener las discusiones tan amplias como ha sido posible para que los grupos parlamentarios pudiéramos tener un acercamiento en estas dos leyes -en esta ley que estamos viendo y en la que veremos a continuación-. Quiero, cómo no, agradecer el trabajo de nuestra letrada, doña Rosa Ripollés, sin la cual y sin cuyos consejos y cuyo trabajo sería mucho más farragosa y difícil nuestra tarea.
Dicho lo cual, coincido también con el señor Llamazares en que esta era una ley que entró en la Cámara ya como una ley buena, era una ley consensuada con las organizaciones policiales, era una ley además necesaria para de alguna manera aunar la dispersión normativa que había al respecto. Creo también que gracias a este buen trabajo que se ha ido realizando -y el que se puede realizar en los trámites que quedan todavía hasta su aprobación definitiva- es una ley que se mejora con las aportaciones de todos los grupos en función de las explicaciones y peticiones que tuvimos ocasión de escuchar de los representantes de la organizaciones policiales.
Nosotros habíamos presentado a esta ley de derechos y deberes quince enmiendas de las cuales quedan vivas cinco. Retiraré casi todas ellas en ese trámite y voy a mantener vivas dos para la votación. Las enmiendas números 1 y 2, que yo entendía que también estaban vivas, creo que ya las había retirado porque lo que planteábamos es que se introdujera en la ley el carácter supletorio del EBEP para todo el régimen de personal de la Policía, y esto ya queda recogido en la otra ley. Por lo tanto, en lo que sea menester las doy también por retiradas. Nosotros planteamos un grueso de enmiendas al artículo 2, que habla de los derechos, concretamente ocho enmiendas. Nuestra enmienda número 3, que seguía viva, proponía que la antigüedad figurara como un mérito más, como un mérito autónomo. Tuvimos un largo debate en la ponencia y, puesto que por un lado hay una equiparación general con el EBEP en cuyo artículo 1.3.b) se recogen solo la igualdad, el mérito y la capacidad sin hacer referencia a la antigüedad como
un mérito singular o aislado porque el mismo se entiende incluido dentro del mérito, y como, por otro lado, se alude también específicamente a la antigüedad al contemplar -allí sí- el derecho a la movilidad, entendemos que el espíritu de nuestra enmienda de que se tuviera en cuenta la antigüedad queda recogido y por eso retiramos esta enmienda número 3. Consideramos también que quedan parcialmente recogidas nuestras enmiendas números 4 y 5, y así en el texto actual del artículo 2.h) se recoge que, además de tener derecho a la ocupación de un puesto de trabajo adecuado a partir de los 58 años, se recoja también este derecho cuando se declare la incapacidad física parcial del funcionario.
El señor Llamazares ha aludido ya al extenso debate sobre si la incapacidad debía ser solo por cuestiones físicas o también por cuestiones psíquicas. Nuestro grupo parlamentario había presentado una enmienda al respecto, pero después de este debate entendemos las razones que se dan sobre que este es un cuerpo armado y por lo tanto, aun teniendo en cuenta que en posteriores trámites podemos seguir ahondando en este debate, en principio no nos parecía mal que se recogiera solo la incapacidad física, sin que ello impida seguir debatiendo acerca de este tema. He comentado esta cuestión con alguna de las organizaciones policiales y comprenden también los argumentos que se dan para no recoger de entrada las situaciones de incapacidad parcial psíquica. Por lo tanto, procedo a retirar la enmienda número 5, que todavía tenía viva.
Respecto a la enmienda número 6, que alude a la defensa y asistencia jurídica, entendemos que se admite nuestra enmienda en sus propios términos, y por lo tanto la señora letrada ya dirá si se procede a votar o si queda retirada y subsumida en alguna otra. También entendemos transaccionadas nuestras enmiendas números 8, relativa a la adopción de medidas de conciliación, y 9, recogida en el nuevo texto del artículo 21, que sería el derecho a participar en la consecución de los objetivos atribuidos en la unidad donde preste el funcionario sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. Consideramos también recogido el artículo 10, que se traduce en un punto 3 nuevo en dicho artículo mediante el cual el Gobierno se obliga a promover la consideración social de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en el ejercicio de sus funciones atendiendo a la dignidad del servicio policial. Procedo, por tanto, a retirar la enmienda número 8, habiendo retirado ya en trámites anteriores las números 9 y 10.
En relación con este artículo número 2, nos queda viva una enmienda, la número 7. ¿Qué se pretende en esta enmienda? Se pretende extender a la pareja de hecho los derechos reconocidos ya a los cónyuges en cuanto a permisos y licencias parentales previstos para la Función pública en la Administración General del Estado. Hemos debatido largamente en la ponencia, y la objeción que se nos pone es que al no haber un cuerpo legislativo estatal que regule las parejas de hecho es muy difícil concretar y acreditar su existencia. Es un argumento que podemos entender, pero nos cuesta su comprensión cuando esta objeción no se ha puesto en otras muchas legislaciones estatales en las que sí se reconoce claramente esta figura. Aludo a las siguientes legislaciones. En el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hay una equiparación de la pareja de hecho en lo que se refiere a la pensión de viudedad. Cuando se hace esta regulación tampoco existe esta ley estatal de parejas de hecho. En la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 12, cuando alude al desistimiento y vencimiento en caso de matrimonio o convivencia del arrendatario, se hace referencia también a que lo dispuesto en los apartados anteriores sea de aplicación a la persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad, es decir, a la pareja de hecho. Pongo también como referencia de que se recoge en una ley estatal el alargamiento de la protección a las parejas de hecho la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del asilo y de la protección subsidiaria, una ley que se tramitó y aprobó en esta Comisión, en cuyo artículo 40, al hablar de la extensión familiar del derecho de asilo o de la protección subsidiaria, se alarga también el derecho de asilo al cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad y convivencia, es decir, pareja de hecho. Otra ley estatal, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su artículo 23, sobre las circunstancias atenuantes o agravantes, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, se menciona al cónyuge, pero también a la persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad. También otra ley estatal, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la que cuando habla de familiares reagrupables en su artículo 17 se menciona, además de al cónyuge, a las parejas de hecho. Finalmente, la pasada semana o la anterior tramitamos en esta misma Comisión la Ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, que en su artículo 17, cuando habla de resarcimiento por fallecimiento se amplía, además de al cónyuge de la persona fallecida, a la persona que hubiera convivido con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad, etcétera. Por tanto, en todas estas disposiciones estatales, no existiendo una ley de parejas de hecho a nivel estatal, sí se contempla a la pareja de hecho. Nos parece que la enmienda es coherente porque en todas las leyes que se vienen modificando se equipara la pareja de hecho al cónyuge, por lo que no entendemos que en la Ley de Policía no pueda ser así. Por tanto, mantenemos viva esta enmienda.
Mantenemos también la enmienda número 11, que contempla el derecho a la afiliación a los comúnmente llamados sindicatos de clase, porque así es en todos los países de la Unión Europea y también en Cataluña en el caso de los Mossos d'Esquadra. Consideramos igualmente transaccionadas y, por tanto, retiradas la
enmienda 13, que se traduce en los apartados 4, 5 y 6 nuevos del artículo 3, aludiendo a los derechos de representación, negociación colectiva e información, y la enmienda 15, en función de lo cual en cuanto a la responsabilidad y asistencia jurídica la Administración se compromete a concertar un seguro de responsabilidad civil para cubrir indemnizaciones derivadas de las actuaciones profesionales o con ocasión de servicio por parte de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. No sé si esta estaba retirada, pero en todo caso procedo a retirarla por considerarla transaccionada.
La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, queda claro de su intervención que quedan vivas las enmiendas de su grupo número 7 y número 11.
La señora PIGEM I PALMÉS: Exactamente, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Vamos a seguir en orden, aunque se haya alterado un poco. Tiene la palabra el señor Olabarría. Luego daré un breve turno a los que en realidad han perdido su turno, pero que lo van a tener, como es lógico.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Discúlpeme, señora presidenta, pero por la dimensión de mi grupo parlamentario tenemos que atender siempre simultáneamente a más de una Comisión. En esta ocasión había un nombramiento y no podíamos excusar nuestra presencia.
Respecto al proyecto de ley orgánica de derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía, no renuncio a hacer una glosa de las últimas palabras de la señora Pigem en relación con las parejas de hecho. Ha aludido a la amplia relación de normas en las que se reconoce y se positiviza esta institución de derecho civil y quizá se le ha olvidado comentar que el propio Código Civil ha sido ya reformado a efectos del reconocimiento expreso de esta figura. Pero no solo el Código Civil, sino también la Ley 40/2007, en relación con las pensiones y particularmente con la pensión de viudedad, no solo reconoce el derecho a la pensión de viudedad de las parejas de hecho inscritas en los registros que a estos efectos están ya constituidos, sino incluso a cualquier pareja de hecho que sin estar inscrita en ningún registro pueda probar fehacientemente la convivencia que les configura como tal.
En relación con la posibilidad de sindicación a los que se denominan, en una terminología o nomenclatura quizá ya un tanto periclitada, cuando menos en el ámbito laboral, sindicatos de clase, hay que decir que la mayoría de los ertzainas están afiliados a sindicatos de esta naturaleza. No sé si se les puede seguir denominado de esta manera. Es más, se está produciendo un fenómeno social, que es objeto de estudio por los laboralistas, por los catedráticos, por la doctrina científica, el mundo del derecho del trabajo, consistente en algo llamativo, y es que los sindicatos de clase están más nutridos por funcionarios públicos y menos por trabajadores dependientes, y al revés. Son fenomenologías con las que estamos conviviendo en los últimos tiempos que tienen ya fundamentos muy complejos y que no corresponden a lo que estamos debatiendo aquí.
A nosotros nos queda ya solo la primera parte de la enmienda 65 al artículo 2 de este proyecto de ley, señora presidenta, que es una invocación de naturaleza más filosófica que de derecho material o de derecho positivo. Nosotros siempre hemos pretendido o entendido que la configuración estatutaria administrativa de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tiene que converger en relación con la prevista para los funcionarios ordinarios, sobre todo configurada por el Estatuto del empleado público. Está recogida parcialmente, con una excepción que nos parece pertinente, en un segundo párrafo que fue incorporado por una enmienda del Grupo Socialista, en virtud de la cual hay especialidades en relación con la convergencia absoluta o que impide una convergencia absoluta entre los derechos reconocidos a los funcionarios públicos ordinarios o con carácter general en el Estatuto del empleado público y los derechos que deben reconocerse, lógica y legítimamente, a quienes ejercen funciones vinculadas a la seguridad pública y además la ejercen mediante el ejercicio del poder coercitivo del Estado o asumiendo materialmente el poder coercitivo del Estado y la posesión o la utilización de armas como un instrumento, entre otros, para el ejercicio de esta. Hay especialidades que han sido bien recogidas y, por tanto, ya le adelanto, señora presidenta, que en relación con este proyecto de ley orgánica retiramos esta primera parte de la enmienda 65 número 1 y no vamos a mantener viva ninguna de las enmiendas que presentamos originariamente, por una razón fácil de comprender: los propios sindicatos policiales u organizaciones asociativas que representan al Cuerpo Nacional de Policía nos han manifestado su satisfacción con el contenido material de esta ley. No vamos a ser -permítame la expresión- más papistas que el Papa e ir más allá de lo que desean los concernidos, cuya actividad va a ser regulada por esta ley. Por tanto, retiramos todas las enmiendas y particularmente esta, que era la única que quedaba viva, porque me parece recordar que la número 68 de mi grupo ya estaba subsumida en el artículo 14 número 3 del informe de la ponencia. Perdone, señora presidenta, pero no sé, al no estar al inicio de la Comisión, si es esta solo la que estamos debatiendo o las dos. ¿Solo esta? (Asentimiento.) Entonces doy ya por concluida mi intervención.
La señora PRESIDENTA: Ese hubiera podido ser otro método de debate, pero hemos decidido que se hace así.
Pasamos ahora al turno de la señora Díez, a la que le rogaría un turno breve para la defensa de sus enmiendas.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Intervendré brevísimamente porque se saltó mi turno y porque puedo hacerlo así por el contenido de las enmiendas que se mantienen vivas. Anuncio de entrada que acepto las transaccionales
ofrecidas sobre la enmienda número 46, sobre la enmienda número 48 y sobre la enmienda número 51. Como la 50 había sido retirada, se mantienen vivas, por tanto, la enmienda 47 y la enmienda 49. La enmienda 49 está directamente relacionada con la enmienda 138, de régimen de personal, y por tanto la defenderé en ese apartado para hacer más breve esta intervención. Me corresponde en este momento defender el mantenimiento de la enmienda 47, que introduce en el artículo 2.k) una referencia entre las cuestiones por las que no han de ser discriminados los miembros del Cuerpo Nacional de Policía la afiliación a un grupo sindical, que está bastante en relación con la reflexión que le he escuchado a la señora Pigem que tiene que ver con su enmienda número 11. Realmente en toda la ley no hay ninguna referencia a la afiliación a los sindicatos llamados de clase. Por ello, en el apartado k) introducimos entre las cuestiones por las que no se puede producir discriminación la afiliación a un grupo sindical. A nuestro juicio, es importante que aparezca en esta ley esta referencia, pues lo que abunda no daña. Se puede decir que esto ya lo reconoce la Constitución, y, efectivamente, la Constitución reconoce en su artículo 28.1 el derecho de todos los ciudadanos a afiliarse a un sindicato, si bien también establece las condiciones en las que se podrá ejercer dentro de la policía, pero donde estamos hablando de las cuestiones por las que no pueda discriminarse a un miembro del Cuerpo Nacional de Policía me parece importante que aparezca expresamente, entre ellas, la afiliación a un grupo sindical. Es por eso por lo que mantenemos y someteremos a votación esta enmienda.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Esta es una ley orgánica y, como tal, necesariamente tiene que estar avocada a Pleno. Por tanto, en esta Comisión haré una intervención breve que justifique las enmiendas que mantenemos vivas y que justifique también el apoyo que mi grupo va a dar al conjunto del dictamen en esta ley de derechos y deberes, y dejaré algunas reflexiones más políticas para la intervención en el Pleno, que quizá sea lo más apropiado después de un debate intenso de tres días y dada la hora a la que celebramos esta Comisión.
Ineludiblemente tengo que sumarme a los agradecimientos que ya se han hecho, en primer lugar a la letrada de la Comisión, Rosa Ripollés, que creo que aporta una gran solvencia jurídica a nuestra tarea legislativa, que ha hecho gala de una cierta paciencia manteniendo abierto casi hasta la mañana de hoy el dictamen de la Comisión y que además ha hecho aportaciones técnicas que sin duda han mejorado el contenido de la ley. Quiero mostrar, en segundo lugar, un agradecimiento expreso a los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía. Es justo reconocer que buena parte de las enmiendas presentadas por varios de los grupos están motivadas por demandas realizadas por los sindicatos, para empezar, en las comparecencias que tuvieron lugar en esta Comisión al inicio de la tramitación parlamentaria. Creo que nuestra obligación es siempre escucharles, aunque no siempre y no en todas sus demandas podamos darles satisfacción. En tercer lugar, quiero mostrar también un agradecimiento expreso a la totalidad de los grupos que han participado activamente en la ponencia y de forma destacada a los portavoces del grupo parlamentario mayoritario, que han tenido una gran receptividad a una buena parte de las enmiendas presentadas. La ponencia ha tenido un espíritu constructivo, con una voluntad por parte de todos sus miembros no solo de diálogo, que se nos presupone, sino también de acuerdo. Creo -lo ha dicho algún otro portavoz- que se ha producido una mejora importante del texto que nos remitió el Gobierno, y lo más importante es que hemos logrado alcanzar un acuerdo en una materia como los derechos y deberes de un colectivo como el Cuerpo Nacional de Policía, que sin duda es un acuerdo casi obligado, pero en todo caso mi grupo muestra su satisfacción por ese nivel de consenso alcanzado.
En el debate de la ponencia el texto se ha enriquecido y mejorado y, lo que para mí es más importante, se han asegurado algunos nuevos derechos que se conceden a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y, en buena lógica, me voy a centrar en aquellos que entiendo que se han incorporado a través de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario. En primer lugar, me gustaría destacar la introducción, que no venía en el texto inicial, del principio de antigüedad, al menos en lo que se refiere a la movilidad de los funcionarios, que me parece que es un principio básico en una organización como la del Cuerpo Nacional de Policía. En segundo lugar, me gustaría destacar el derecho a ocupar un puesto de trabajo adecuado, no solo a partir de una determinada edad, como figuraba en el texto inicial, sino también atendiendo a las condiciones físicas del funcionario, que entiendo que es otra aportación importante. En tercer lugar, destacaría la obligatoriedad que fijamos en esta ley a establecer compensaciones por el exceso de horas trabajadas para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, en el bien entendido de que esta es una enmienda que hemos derivado a la Ley de régimen de personal, pero que parte de una enmienda realizada por mi grupo a la Ley de derechos y deberes. Hemos incluido el derecho a participar en los objetivos y a ser informados por sus superiores de las tareas a desarrollar por los policías, en lo que entiendo es una configuración de una organización policial moderna y que implica el compromiso, pero también el derecho a ser informados de todos sus miembros. Hemos incorporado también el derecho de las organizaciones sindicales a disponer de locales, a través de una enmienda de mi grupo, y a que ese derecho se circunscriba a las organizaciones sindicales representativas, que creo que es donde debe existir ese derecho. Hemos incluido también el deber de obedecer las órdenes, por supuesto, pero que esas órdenes sean recibidas solo de las autoridades o mandos de que dependan
y no de cualquier superior jerárquico, como figuraba en el proyecto inicial. Hemos mejorado y clarificado la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado en actos derivados de actuaciones profesionales o con ocasión del servicio de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, no a través de una enmienda de mi grupo sino a través de una enmienda transaccionada por todos los grupos. Hemos incluido un seguro de responsabilidad civil que, estoy seguro, va a dar más seguridad patrimonial y jurídica en las actuaciones de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Y hemos incorporado también, nuevamente de forma diferida a la Ley de régimen de personal, pero a través de una enmienda presentada en este texto, el carácter supletorio del Estatuto básico del empleado público, que tampoco figuraba en la redacción inicial del proyecto de ley. Por tanto, ha habido algunas enmiendas que tienen un contenido real, que no son meras correcciones técnicas y que amplían los derechos y las garantías de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Nosotros mantenemos solo cuatro enmiendas vivas que, como he anunciado, no condicionan el voto positivo al conjunto del proyecto de ley por parte de mi grupo, pero que sí nos parecen importantes y me gustaría que, al menos en alguna de ellas, pudiéramos obtener el respaldo de otros grupos parlamentarios para poder incorporarlas al texto de la ley. En primer lugar, la enmienda 33 en la que planteamos el mantenimiento de la antigüedad como un criterio que no solamente tiene que ver con la movilidad -me he congratulado de que eso se haya reconocido ya en el texto de la ley-, sino también en el desarrollo de la carrera profesional del policía. Esto lo defendemos por dos razones: En primer lugar, porque eso es así, porque esa es la realidad, porque de alguna forma el legislador tiene que dar amparo a la realidad que existe, y la realidad es que determinados ascensos en determinadas escalas se producen con un sistema de antigüedad selectiva. Y en segundo lugar, porque en un cuerpo de la naturaleza del Cuerpo Nacional de Policía, un cuerpo armado, un cuerpo jerarquizado, un cuerpo uniformado, la antigüedad es un criterio que, en absoluto, debe ser único y, me atrevo a decir, preeminente pero que, sin duda, debe ser tomado en consideración. De hecho, así lo hacemos, como en el caso de la movilidad.
En la enmienda 37 defendemos otro principio básico en un cuerpo de esta naturaleza, que es el principio de jerarquía, el derecho a no estar mandado por un inferior. Ese es un derecho que está reconocido por los propios tribunales, que han anulado varios de los últimos concursos de vacantes que se habían producido para los comisarios y comisarios principales, sobre todo por no atender a este principio básico de jerarquía. Además -insisto-, creo que en un cuerpo como el Cuerpo Nacional de Policía, armado, uniformado romper este principio de jerarquía, rompe de alguna forma una norma básica en el funcionamiento del cuerpo. Por eso nos parecería importante reconocerlo como tal en la ley de derechos y deberes.
En tercer lugar, la enmienda número 38 se refiere a un clásico de mi grupo parlamentario, que es la reclamación de un derecho a unas retribuciones justas -creo que ahí estamos todos de acuerdo- y unas condiciones profesionales con criterios homologables a las del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Quiero recordar a los grupos de la Cámara que en este sentido tenemos ya una enmienda aprobada, a raíz de una proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió, que pedía una equiparación de otra situación que a todos nos parece injusta: las muy distintas condiciones de pase a la situación de reserva o jubilación por parte de las distintas policías. Ahí todos los grupos entendimos que es bueno que exista un proceso, una voluntad de equiparación allí donde no haya causa justificativa para que exista una diferenciación. La realidad -y yo creo que también todos los grupos de la Cámara lo compartimos- es que existe en estos momentos una discriminación salarial -que además, y lamentablemente, se ha incrementado de forma muy sustancial en los últimos años- de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con respecto al resto de policías autonómicas y también locales. Mi grupo había planteado -y creo además que así ha sido reconocido- una formulación prudente que tampoco diera lugar a una inmediatez o al reconocimiento de un derecho objetivo que pudiera poner dificultades a la Administración, empezando por los propios policías y siguiendo por todos los grupos de esta Cámara, en un momento en que tenemos una situación económica que es la que es y nos permite muy pocas alegrías en materia retributiva. Pero estamos ante una cuestión no tanto de dinero como de principios. Creo que sería muy bueno que en esta ley se reconociera este principio de igualdad entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en nuestro país y que la mayoría o la totalidad de los grupos de la Cámara mandáramos el mensaje de que esa situación la intentaremos abordar, en la medida en que lo permita la situación económica de nuestro país, en el plazo que nos sea posible.
Por último, la enmienda número 44 se refiere a la representación en el consejo de las escalas, en este caso de las plazas de facultativos y técnicos que existen en el catálogo del Cuerpo Nacional de Policía. Hay varios grupos, como bien saben, que presentan enmiendas para la creación de una escala específica, de una escala nueva, lo cual le daría un acceso inmediato al consejo. Mi grupo, en aras de simplificar una gestión de personal siempre compleja, no va a apoyar la creación de una escala específica para facultativos y técnicos, pero nos parece que una opción intermedia entre la situación actual y la no creación de la escala es buscar una formulación que le permita un acceso, o por lo menos una representación, en el consejo de la Policía. Es verdad que hablamos de un colectivo limitado, pero entiendo también que es un colectivo muy importante para el funcionamiento de un cuerpo cada vez más tecnificado como es el Cuerpo Nacional de Policía y además este número de funcionarios puede perfectamente crecer en
los próximos años. Tenemos algún otro colectivo que tampoco es muy numeroso y sin embargo, se le da opción, a través de la formación de su escala propia, a acceder al consejo de la Policía.
Concluyo ya, señora presidente, diciendo que el propio preámbulo de esta ley reconoce que tiene pocas novedades. La principal novedad que aportaba el texto que nos remitía el Gobierno era el reconocimiento de la negociación colectiva, pero esto no quiere decir que se le quite ningún valor a la ley. Yo creo que dar un rango adecuado al reconocimiento de estos derechos y de estos deberes a través de una ley orgánica, y hacer el esfuerzo de síntesis, de simplificación, de clarificación que se hace en el texto legal merecían por sí solos la iniciativa y también el apoyo, al menos, de mi grupo parlamentario y entiendo que el de todos los representados en esta Cámara. A través del trámite parlamentario se han incorporado algunos derechos añadidos, y eso me parece muy positivo. Para mi grupo es un gran honor, una enorme satisfacción el haber participado y contribuido a votar hoy unas pequeñas conquistas -a veces no tan pequeñas- en materia de derechos para un Cuerpo Nacional de Policía con el que toda la sociedad española tiene una deuda por la eficaz defensa de la seguridad, de los derechos y de las libertades de todos los ciudadanos que realiza todos y cada uno de los días del año.
La señora PRESIDENTA: Entiendo, pues, que, tal como usted ha dicho y defendido, quedan vivas las enmiendas número 33, 37, 38 y 44. (Asentimiento.)
Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor González Serna para un turno de fijación de posiciones.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Señora presidenta, intentaré ser breve pero, al mismo tiempo, intentaré dar respuesta, si no a todas, a la inmensa mayoría de las cuestiones que han planteado los grupos parlamentarios presentes.
La señora PRESIDENTA: Tiene diez minutos.
El señor GONZÁLEZ SERNA: En primer lugar, quiero empezar, como todos ellos, agradeciendo el trabajo que se ha realizado en la ponencia; el trabajo de todos los portavoces de los grupos sin excepción: del señor Llamazares, de la señora Pigem, de la señora Díez, del señor Olabarría, que en este momento no está, del señor Cosidó, por supuesto que también, incluso del señor Tardà con el cual, aunque no hemos trabajado en la ponencia, sí que hemos tenido la posibilidad de trabajar en lo que podríamos llamar los aledaños de la ponencia. Este era un buen proyecto de ley, lo hemos reconocido todos; un proyecto que venía con un alto grado de consenso entre el ministerio y el conjunto de los sindicatos y, gracias al trabajo y a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, ahora es un proyecto mucho mejor. Es mucho mejor gracias a esa voluntad de acuerdo, gracias a ese trabajo constructivo que hemos desarrollado y que, al final, permite conseguir el objetivo que el grupo parlamentario se había propuesto al comienzo de la tramitación de este proyecto, y es que esta ley sea una ley de todos, que sea una ley de todos los grupos parlamentarios. Un dato ilustrativo es que de las sesenta y ocho enmiendas que fueron presentadas por el conjunto de los grupos parlamentarios han llegado vivas a este trámite, han llegado vivas a la Comisión, escasamente catorce, si mis datos no son erróneos, lo que significa que al consenso inicial hemos sido capaces de aportar un alto grado de consenso, en torno a un 80 por ciento. En este capítulo previo de agradecimientos no quiero dejar de agradecer a la letrada, la señora Ripollés, el gran trabajo que también ha realizado, su minuciosidad, su paciencia con los grupos, especialmente con el nuestro, con el Grupo Parlamentario Socialista, y sobre todo la calidad técnica de sus aportaciones. Muchas gracias, por tanto, a los grupos parlamentarios y muchas gracias a la letrada.
Voy a hacer un repaso lo más breve posible a las cuestiones planteadas. Empiezo con las enmiendas de CiU. Me gustaría destacar -como ya hizo mi grupo en la ponencia- la enmienda número 7, relativa a la equiparación entre los cónyuges y las parejas de hecho ante los supuestos de enfermedad. En esta enmienda hemos trabajado bastante, es una enmienda que hemos debatido bastante. El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con la pretensión que subyace en la enmienda presentada por CiU pero, como ya dijimos y queremos subrayar en la Comisión, sin un marco normativo preciso que establezca el concepto jurídico de pareja de hecho, se chocaría con graves dificultades prácticas para su aplicación y desarrollo en el Cuerpo Nacional de Policía. Es cierto -y no se lo niego a la señora Pigem, tiene toda la razón- que la equiparación entre las parejas de hecho y los cónyuges se está produciendo; hay una penetración constante en nuestro ordenamiento jurídico. Ella ha hecho una relación minuciosa, exhaustiva y muy interesante de cómo esa equiparación está penetrando en nuestro ordenamiento jurídico, pero también es cierto que son supuestos de una naturaleza distinta y que estamos hablando -como hemos comentado en alguna ocasión en los debates de la ponencia- de un cuerpo con aproximadamente 70.000 miembros, con unas dificultades para la gestión de personal importantes y que requiere de un marco jurídico preciso que posibilite la aplicación de esa equiparación. Ante su ausencia, solo podemos decir, como anunciaba anteriormente, que estamos de acuerdo con la pretensión -lo sabe la señora Pigem-, pero que no podemos aceptar la enmienda.
Su enmienda viva número 11, que es de contenido muy similar a la enmienda 22 del señor Llamazares, de Izquierda Unida, y que en su intervención la señora Díez también ha conectado con su enmienda 47, es la relativa a lo que podríamos llamar el derecho a afiliarse libremente a cualquier sindicato con las únicas limitaciones de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Quiero subrayar que el Grupo Parlamentario Socialista tampoco está en
desacuerdo con la pretensión de esta enmienda o, formulado en positivo, está de acuerdo con la pretensión de esta enmienda. No tenemos absolutamente nada en contra. Eso sí, hay dos modelos, el de la libre afiliación a cualquier sindicato, que propugnan en este caso la señora Pigem por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Llamazares y también la señora Díez por Unión, Progreso y Democracia, del Grupo Mixto, o el modelo vigente y el modelo que, a su vez, se reafirma en el artículo 2 de la ley orgánica de derechos y deberes, que representa la afiliación a organizaciones sindicales formadas exclusivamente por miembros del propio cuerpo.
Si ustedes nos preguntaran a los miembros del Grupo Socialista por nuestras preferencias y simpatías, le repito que estamos más cerca del modelo de libertad de afiliación. Pero lo cierto es que el modelo que suscita consenso en el Cuerpo Nacional de Policía es el que es, y sirvan de ejemplo las propias palabras pronunciadas en el seno de esta Cámara por el secretario general del SUP, organización mayoritaria, que defendía el modelo de libertad de afiliación y sus preferencias, pero añadía que esta no es una demanda mayoritaria en el colectivo, ni mucho menos. Cito literalmente sus palabras. Nosotros, como grupo parlamentario que apoya al Gobierno y como grupo que está impulsando las negociaciones y la tramitación de esta ley, tenemos que optar y pronunciarnos a favor de la opción que genera más consenso dentro del Cuerpo Nacional de Policía, de la opción que no genera problemas y esa es, oídos todos los sindicatos, la que viene en el proyecto de ley, en el artículo 2. En consecuencia, anunciamos que no podremos aceptar, como ya saben ustedes, las enmiendas del Grupo Mixto, de Izquierda Unida y de Convergència i Unió. Voy a referirme también a los aspectos planteados por el señor Llamazares en sus enmiendas. Le agradecemos el esfuerzo de entendimiento que ha realizado para encontrar el consenso. Ya no sé si es la enmienda 18 o la 19, pero sabemos exactamente de qué hablamos. Es la 19 -según me apunta la señora letrada-, relativa al derecho a un puesto de trabajo y sobre la que, como el señor Llamazares decía, hemos debatido y trabajado mucho en el seno de la ponencia. Quiero recordarle nuestro argumento principal, señor Llamazares. La función policial es extraordinariamente compleja y delicada. En palabras de la propia Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Cuerpo Nacional de Policía ejerce el monopolio del uso institucionalizado de la coacción jurídica y por ello y para ello están obligados a portar armas. Entre sus principios está proteger la vida y la integridad de las personas y actuar con energía y decisión cuando las circunstancias lo requieran. Y para cumplir con estos principios, para cumplir con su función y con su cometido constitucional se exige un imprescindible equilibrio psicológico. Yo sé que usted sabe mucho más que yo de estas cuestiones por su profesión pero, como hemos podido comentar, cuando se diagnostica una enfermedad psicológica, cuando hay una incapacidad parcial con motivos psicológicos, lo más prudente y lo más cauto en un cuerpo con casi 70.000 miembros es no correr riesgos. No correr riesgos, señor Llamazares, no significa ignorar la enfermedad, como usted planteaba; no significa ignorar la enfermedad y dejar de lado al miembro del Cuerpo Nacional de Policía que pueda padecerla. En esos supuestos entran en juego los distintos mecanismos de protección social existentes. No se ignora por lo tanto pero la prudencia necesaria en la gestión de los recursos humanos -recursos humanos que tienen un cometido tan importante- exige esa cautela a la que hacía referencia. Pondré el ejemplo con el que hemos trabajado en la ponencia: no es lo mismo recolocar a un funcionario que ha podido perder una extremidad en el curso de un accidente de trabajo; no es lo mismo recolocar dentro del Cuerpo Nacional de Policía a un funcionario que padece esa patología que a uno que padece patologías psicológicas como, ansiedad, fobias, psicopatías, paranoias, etcétera. Ese es nuestro planteamiento, que creemos que es sensato y nos lleva a no poder aceptar esa enmienda de la que tanto hemos hablado.
En cuanto a las enmiendas del señor Cosidó, del Grupo Parlamentario Popular, comenzaré por el mismo orden en que él las planteaba. Sobre la enmienda 33, relacionada con la antigüedad, hemos trabajado mucho. La progresión profesional y la promoción interna tienen que inspirarse en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; creo que en eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Es lo que dice nuestra Constitución, es lo que dice el Estatuto Básico del Empleado Público. A nuestro modo de ver, la antigüedad no puede ser un criterio autónomo e independiente, que esté situado en el mismo plano que los principios constitucionales a los que hacía referencia, que son esenciales en el sistema de la carrera administrativa en nuestro modelo de función pública. Este planteamiento lo pueden hacer los sindicatos, lo pueden intentar defender los sindicatos, pero es comprensible que los grupos políticos intentemos que no predomine. Señor Cosidó, lo mejor para el Cuerpo Nacional de Policía a nuestro modo de ver es que el ascenso, la progresión profesional, se base fundamental y esencialmente en el mérito y en la capacidad en condiciones de igualdad. La carrera profesional, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, el progreso profesional, ha de producirse con arreglo a los principios de mérito y capacidad. Situar en el mismo plano la antigüedad, el mero transcurso del tiempo sin más, puede ser peligroso porque puede jugar en detrimento de la necesaria eficacia. El ascenso por lo tanto no puede estar basado en el mero automatismo de la antigüedad porque, queramos o no, estar más tiempo en un puesto de trabajo no acredita absolutamente nada; son los principios de mérito y capacidad en condiciones de igualdad los que realmente deben inspirar la progresión profesional y el ascenso dentro del Cuerpo Nacional de Policía, si bien, como usted decía y como hemos acordado en los trabajos de la ponencia, para otros aspectos, como la movilidad, desde luego aceptamos que la antigüedad tenga un peso específico.
Sobre la enmienda 37, planteaba el señor Cosidó la cuestión relativa al principio de jerarquía. Ya hemos trabajado sobre esta cuestión también. Quiero recordarle al señor Cosidó, portavoz del Grupo Popular, que ya está contenido el principio de jerarquía en la propia ley de régimen de personal que posteriormente debatiremos, concretamente en el artículo 2.3. En consecuencia, entendemos que ese planteamiento al que usted hacía referencia en buena medida ya está contemplado en este conjunto normativo en el que estamos trabajando esta mañana. La enmienda 38, de contenido y finalidad muy semejantes a la enmienda 49 del Grupo Mixto, de la señora Díez, es complicada, porque la parte de su discurso relativa a las retribuciones justas del Cuerpo Nacional de Policía no se puede negar, es absolutamente innegable. ¿Quién va a decir que no -desde luego el Grupo Parlamentario Socialista no lo hará- a un planteamiento genérico de retribuir de forma justa y adecuada a quienes son los encargados de esa misión constitucional tan valiosa de proteger la libertad de los ciudadanos y garantizar sus derechos y deberes? En cuanto a ese enfoque no podemos decir que no, estamos absolutamente de acuerdo. Otra cuestión es la segunda parte de su discurso, la discriminación salarial, que tampoco es novedoso en esta Cámara. Señor Cosidó, respetuosa y amablemente, nosotros consideramos que discriminación salarial no, desigualdad salarial sí. Hay desigualdad salarial, eso es absolutamente innegable, pero el término discriminación creemos que no es el apropiado. El Gobierno, con el apoyo de este grupo parlamentario, ha trabajado precisamente con intensidad no solo a lo largo de esta legislatura, sino también de la anterior, para intentar reducir la brecha, la desigualdad salarial existente entre los distintos operadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso es una cosa y otra es lo que se plantea en las enmiendas a las que estamos haciendo referencia, en las que -se quiera o no, se revista o no del discurso de la prudencia- se habla de homologar. Homologar, señor Cosidó, significa equiparar, y equiparar al mismo tiempo significa también poner en plano de igualdad, poner en relación de igualdad. Cuando en su enmienda se está hablando de homologación, cuando se está utilizando el verbo homologar, se está diciendo igualar las condiciones salariales de todos los operadores que están dedicados a la seguridad en España. Igualar las retribuciones entre cuerpos policiales -ruego a la señora Díez que me disculpe, porque usted había dicho que iba a plantear el debate en el curso de la próxima ley, y tengo que referirme forzosamente a usted- dependientes de administraciones distintas no es que sea difícil, es absolutamente imposible en un Estado como el nuestro, fuertemente descentralizado, en un Estado en el que las comunidades autónomas tienen un alto grado de autonomía. Cada administración tiene su ámbito competencial y su grado de autonomía a la hora de fijar las retribuciones; Navarra, País Vasco y Cataluña disponen de competencias para retribuir a sus policías autonómicas con arreglo a los criterios que consideren oportunos. Digamos dos cosas. Creemos que es absolutamente inviable intentar cercenar esta facultad que tienen las comunidades autónomas, y dicho en sentido contrario es también inviable que sea el Estado -si no es inviable es complejo de entender desde la perspectiva política- quien vaya a remolque -permítanme la expresión- de las políticas retributivas y salariales que se puedan desarrollar en cualquier comunidad autónoma de las que tienen policía propia. Por lo tanto, no parece que la pretensión que subyace dentro de la enmienda del Grupo Popular sea propia de un Estado autonómico, de un Estado fuertemente descentralizado. Por esas razones nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, por la razón fundamentalmente de que contienen una pretensión de imposible cumplimiento no vamos a poder apoyarla como ustedes saben.
La señora PRESIDENTA: Señor González Serna, le rogaría que fuera terminando.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Treinta segundos para referirme a la enmienda 47 de la señora Díez, por cortesía y porque aunque es una cuestión sobre la que ya hemos hablado reproduzco los argumentos que exponía en referencia a la enmienda número 11 de la señora Pigem. No podemos aceptarla y le agradecemos como al resto de grupos el esfuerzo realizado por mejorar esta ley y por consensuar las enmiendas planteadas inicialmente.
La señora PRESIDENTA: Hemos finalizado este punto que, como hemos quedado, se votará con posterioridad.
La señora PRESIDENTA: Pasamos al dictamen con competencia legislativa plena del proyecto de ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de la Policía. Para la defensa de las enmiendas que mantiene al proyecto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Efectivamente, mantenemos vivas para el proyecto de ley 24 enmiendas para su discusión ahora en Comisión; de las 41 que presentamos inicialmente han sido transadas nueve y retiradas ocho. Tienen ustedes la relación, aunque luego la podemos comprobar con la letrada por si no coincide con la suya en cuanto al resto de enmiendas que mantenemos vivas que, como les digo, son 24. Las quiero agrupar para defenderlas en tres bloques, aparte de otras dos que defenderé por separado. Un grupo de enmiendas,
de la 105 a la 111 y además la 137 -que son ocho-, tiene que ver con nomenclaturas y escalas; otro grupo, la 112, 126 y 127, tiene que ver con el ejercicio de funciones no atribuidas; otro grupo, 117, 119 a 123 más la 136 -o sea siete-, tiene que ver con la promoción y ascenso; y defenderé por separado la 125 y la 138, que es de la que estábamos hablando ahora y que tiene que ver con la 49 de la ley orgánica que acabamos de debatir.
En el primer grupo de enmiendas que tiene que ver con las escalas -que son ocho-, en la primera de ellas, la 105 -de ahí se derivan las demás, por tanto explicaré exclusivamente esta porque las demás tienen coherencia con ella-, al artículo 9, apartado 1, letra c), lo que planteamos es la supresión de la primera escala en esa letra c), subinspector jefe. Lo hacemos porque creemos que la creación de esta nueva escala no se entiende si no es para contentar a los sindicatos, ya que muchos subinspectores se van a beneficiar de esta medida. A nuestro juicio la escala ejecutiva, la escala más descuidada de todas las del Cuerpo Nacional de Policía, tiene inspectores e investigadores que van a cobrar menos que esos subinspectores jefes, que aparecen como una novedad en esta ley. Hay unos inspectores que tienen plaza en el catálogo como investigadores, por poner un ejemplo, y que aun así tienen que tomar una responsabilidad que no se les paga, tienen que tomar decisiones a veces trascendentales en sustitución de sus jefes, quienes además ahora les adelantan por el carril derecho, pues todos conocemos que esta escala ha sido durante años la que más beneficios ha recibido de la dirección. ¿Qué nuevas funciones se le van a adjudicar a esta nueva categoría? Ninguna, tal como se ve en el artículo 12. ¿Qué necesidad operativa existe para esta nueva categoría? Ninguna que haya podido apreciar. ¿Para qué sirve? Salvo para que cobren más, como les acabo de explicar, no encuentro ninguna otra operatividad. Entiendo que el portavoz del Grupo Socialista -con quien he hablado y a quien le agradezco particularmente que me haya dado todos los argumentos tratando de establecer un consenso mayor que el que ya ha conseguido- explicará que esto es lo que más consenso tiene, y que si se toca eso se descuadra todo. Ha sido un argumento que ha utilizado ahora mismo el portavoz del Grupo Socialista, y realmente es importante en la política. Lo entiendo como tal, pero no puedo renunciar a plantear la defensa de unas escalas y una distribución que me parece mucho más justa; como tampoco estoy aquí representando a los sindicatos tengo que defender una posición al margen de que otra diferente sea la que suponga mayor consenso entre los sindicatos en este momento. Por tanto, doy por defendido ese grupo de enmiendas con esta explicación de la enmienda 105, porque las demás, como les digo, tienen coherencia con esta misma reflexión.
El segundo grupo, que tiene que ver con el ejercicio de funciones no atribuidas, son las enmiendas 112, 126 y 127. La enmienda 112 es una enmienda al artículo 12, apartado 1. Se habla de que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía vienen obligados a realizar las funciones, tareas, responsabilidades que demande la ejecución de los servicios de carácter policial. Nosotros añadimos que cuando se adscriban a otra categoría deberá ser en casos excepcionales y debidamente motivados por un tiempo mínimo imprescindible que nunca excederá de los tres meses. Es verdad que hay una transaccional que incorpora una parte y que deja fuera la limitación expresa de los tres meses. Se ha producido un acercamiento, pero nos parece que hay que insistir y mantener esa cautela expresa sobre que ese tiempo mínimo esté acotado, porque el tiempo mínimo es una cosa tan discutible que para unos puede ser tres meses, para otros seis o para otros que se quede en dos años en el sitio, porque les parezca mínimo pero no esté en modo alguno reglado.
En cuanto a otro grupo, promoción y ascenso -enmiendas 117 y de la 119 a la 123 y la 136-, argumentaré la enmienda número 117 que es al artículo 33, apartado 1, en el que nosotros introducimos una precisión. Aquí se dice que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen derecho a la promoción y acceso gradual y progresivo a las diferentes escalas y categorías profesionales... Me resulta extraño que no nos hayan aceptado esta enmienda, porque nosotros, aparte de decir que tienen derecho a la promoción, introducimos los términos horizontal y vertical. Lo hacemos porque así es cómo está previsto en el Estatuto de la Función Pública; lo que recogemos aquí es la literalidad de ese artículo del Estatuto de la Función Pública. Le pedimos al Grupo Socialista que reflexione sobre esto o que me dé una explicación que verdaderamente me convenza de que no hace falta establecer esta cautela. Por tanto, daría por defendidas ese grupo de siete enmiendas, todas relacionadas con la promoción y el ascenso.
Finalmente quiero defender las enmiendas 125 y 138. La enmienda 125, al artículo 39, apartado 5, es de adición a ese apartado en el que se habla del procedimiento de libre designación y se explica que consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente. A ese procedimiento de libre designación que aquí está descrito nosotros le incorporamos un párrafo final que dice: Solo se atribuirá como puestos de libre designación los correspondientes a los niveles 28 y 30 que se encuentren debidamente motivados en el correspondiente catálogo de puestos de trabajo. Es decir que limitamos la libre designación a los puestos 28 y 30. Esta enmienda la he debatido ya con el portavoz del Grupo Socialista, por tanto no tengo mucha esperanza de convencerle en este trámite de Comisión. Voy a insistir en un argumento. No lo hacemos porque se nos haya ocurrido así, sino en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2010, en coherencia con ella, por no rebajar lo que dice. Como recordarán sus señorías, esta sentencia, que confirmó la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, limitó los cargos de libre designación en la Policía Nacional a los puestos de jefe superior, comisario general y subdirector, y estableció que el resto fueran adjudicados por concurso. Se trata pues de cumplir esta sentencia, que es moderna, de aplicación y de ponerlo en la ley sencillamente, para que
no tuvieran que estar recurriendo quienes creyeran que se habían vulnerado sus derechos o esta sentencia. Es un auto del Supremo que no admite el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anulaba el sistema de provisión de puestos de libre designación que se aprobó en el año 2007 precisamente al entender que este debe tener un carácter excepcional -lo dice textualmente la sentencia- y solo debe afectar a los cargos directivos y de confianza. En el catálogo de puestos de trabajo de 2007 -este recurrido- se establecían como cargos de libre designación muchos puestos ocupados por policías de la escala básica como personal de escolta o seguridad para las altas instituciones del Estado, los encargados de proteger a las mujeres maltratadas o los agentes de la unidad de asuntos internos. Con esta resolución del Supremo que he citado se dio la razón a varios sindicatos que lo recurrieron y, sobre todo, se estableció un criterio muy restrictivo para los cargos de libre designación, que no solamente se debe cumplir sino que se debe recoger en la ley por seguridad jurídica y para evitar que se esté litigando todo el tiempo. Está resuelto, cumplámoslo y digamos además a la hora de establecer esta libre designación a quienes está limitado.
Por último, en cuanto al contenido de la enmienda número 138 -de la que ya el portavoz del Grupo Socialista ha hablado en el anterior proyecto de ley orgánica y que someramente quiero defender por primera vez, puesto que antes no lo hice, entendiendo todos los argumentos que ha planteado el ponente del Grupo Socialista y con la misma comprensión que espero de él-, ya sé que esta es una cuestión complicada no solamente en términos económicos; podríamos tener una dificultad para equiparar salarialmente a personas que asumen la misma responsabilidad en el desarrollo de su tarea ante los ciudadanos. Podría entender las dificultades económicas y los plazos para hacerlo, pero sé que es complicada desde el punto de vista que aquí se ha planteado. Decía el portavoz del Grupo Socialista que no se puede pedir al Estado que vaya por detrás, que vaya homologándose a lo que otras instituciones establecen para sus policías autónomas o municipales; aquí estamos hablando de autónomas pero a veces quienes están mejor pagados son los policías municipales. Por otra parte -señora presidenta, voy terminando pero ya que antes no la defendí quisiera hacerlo en este momento-, yo no estoy hablando solo de derechos económicos, estamos hablando de derechos sociales en su conjunto. Esa discriminación, que usted decía que no se produce, se da no solo en términos económicos, porque en términos económicos podríamos hablar de igualdad. Discriminación es más que términos económicos; abarca muchos aspectos -ustedes lo saben bien-, desde los propios utensilios para hacer su tarea que tienen unos y otros hasta las horas que libran y la capacidad que tienen para combinar su vida profesional y la familiar, o el salario. No es solamente lo económico, son muchas condiciones que no están tan homologadas como lo está la prestación del servicio, la tarea que desarrollan. Ese es un problema que tenemos. ¿Que es difícil de resolver? Claro, pero la política está para resolver los problemas, no solo para decir qué problemas más gordos tenemos pero no sabemos cómo resolverlos o para aceptar que no los podemos resolver. Aquí tenemos un problema, no tratamos bien, desde el punto de vista del reconocimiento a sus derechos sociales y económicos, a los policías, que es de lo que estamos hablando ahora. ¿Que hemos mejorado mucho? Claro. ¿Que se hace un esfuerzo? Naturalmente, pero estamos en una situación en la que no los tratamos con justicia, porque la justicia comparativa existe y es imposible no mirar el entorno. Si se estuviera aislado estaría muy bien, pero se vive en un entorno, en una determinada sociedad, y es imposible no mirar al entorno porque lo hacemos permanentemente. Cada debate que tenemos en el Parlamento cuando aprobamos una ley nos referimos a otra que ya se aprobó o a alguna que está aplicándose en un país europeo o en una parte del nuestro, por tanto el entorno se mira. Si hay que mirarlo, también hay que hacerlo para esto. No hay por qué ir por detrás, la política también está para establecer consensos. Si reunimos en la comisión -no sé cómo se llama- interterritorial, o cómo sea, a los consejeros de toda España porque tenemos que unificar un criterio respecto de cantidad de cosas, por qué no unificar un criterio en esto; por qué no comprometernos todos a tratar igual a quienes desarrollan la misma tarea o muy parecida. No se trata de ir por detrás sino de establecer un principio, un criterio político para tratar de la misma manera a quienes desarrollan una misma función. Si somos capaces de aceptar que en Europa se establezca, por hablar de otro tema, un semestre europeo que controla, vigila y hace que se cumplan criterios en todos los Estados miembros, en este caso de carácter económico y fiscal, por qué no establecer eso mismo para nuestros funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, sobre todo si estamos de acuerdo en la reflexión política. Si no estuviéramos de acuerdo, si dijéramos que no estamos de acuerdo en que tiene que ser así porque la Ertzaintza tiene que ganar más y tiene que tener mayores derechos sociales, o los Mossos d´Esquadra o los policías municipales de Sabadell, por poner un ejemplo, sería lógico. Como estamos de acuerdo en que debemos caminar en esta dirección y equipararlos para tratarles con justicia, porque tratar con igualdad es tratar con justicia, caminemos. Estamos tratando injustamente, porque situaciones de igualdad se tratan de forma diferente. Trabajemos en esa dirección, establezcámoslo. Es muy difícil, lo sé, pero no es imposible, porque la política no es el arte de lo posible...
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... sino de hacer posible -termino presidenta- lo que es necesario. Por eso mantenemos esta enmienda viva para someterla hoy a votación y, naturalmente, para someterla a su debate y
votación en Pleno en la parte que tiene que ver con la ley orgánica.
La señora PRESIDENTA: Cuando vayamos a hacer la votación lo repasaremos, pero yo tengo tres bloques de sus enmiendas y dos separadamente, que suman 24 enmiendas vivas. Luego las repasaremos una por una.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En relación con la ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, estamos ante un proyecto en nuestra opinión importante, complementario de la anterior de derechos y deberes, pero diferente. En el primero nos encontrábamos en el terreno de los principios y aquí estamos en el más resbaladizo de la organización del personal. En ese sentido, el consenso que había desde el punto de vista de los agentes en la ley anterior no se ve de la misma manera en esta, y probablemente esos distintos enfoques que tienen los sindicatos de esta segunda ley en función de su orientación también lo tengamos los parlamentarios. No es necesario que seamos correas de transmisión, y ya lo hemos discutido antes, respecto a los sindicatos dentro del Cuerpo Nacional de Policía, pero tenemos concepciones que pueden ser homólogas y similares a las que pueden tener también distintas concepciones dentro del movimiento sindical. Ahí existe un debate de fondo sobre la segunda actividad, que ha atravesado el debate de esta ponencia, y nosotros nos alineamos con los que se denominan sindicatos progresistas del Cuerpo Nacional de Policía, y en esta materia actuaremos de manera consecuente.
Hemos retirado una serie de enmiendas, porque las hemos tratado también en la ley de régimen disciplinario, la 29, 49 y 50 -nos parece que lo que abunda no daña, pero en este caso están bastante resueltas y acordadas en esta ley-. También hemos retirado las enmiendas 40, 46, 47 y 51, porque se han producido transacciones en relación con estas materias que nos han parecido convincentes, por ejemplo sobre el acceso a la categoría superior, retribuciones, garantías, años de servicio, etcétera.
Me gustaría comentar a la señora Díez algo en cuanto a las retribuciones. En esta comunidad en un mismo servicio, para una misma actividad, hay personas que tienen diferencias abismales de salarios; en esta comunidad, en el mismo servicio y con la misma actividad. El planteamiento general me parece bien, pero siempre que no se remita únicamente a: comunidad autónoma asimilada a desigualdad necesaria. No es así, lo vuelvo a repetir, en términos de salud pública. Somos mucho más desiguales desde el punto de vista social que desde el punto de vista territorial, y eso se puede demostrar en esperanza de vida incluso en este país. Luego, no sigamos con el raca raca que, en mi opinión, lo que hace es distraer la atención de lo fundamental. Creo que es muy importante la igualdad; creo que tiene que producirse, si es posible, una convergencia de salarios, pero comentaba la señora Díez que en esta comunidad autónoma, en un mismo centro de servicios, con la misma actividad, hay diferencias salariales abismales con compañeros que están trabajando en el mismo despacho, con la misma actividad o mayor. Creo que ese tema tiene más que ver con una orientación general de la Función pública, en este caso no solamente del Cuerpo Nacional de Policía, que con una determinada concepción territorial que, como ha dicho usted antes, incluso en la Comunidad de Madrid es fundamentalmente la Policía local del Ayuntamiento de Madrid, que tiene una diferencia que ya quisiera para sí el Cuerpo Nacional de Policía o algunas policías autónomas. Eso es así. Por lo tanto, quería hacer únicamente esa matización.
Hemos retirado también las enmiendas relativas a la creación de la escala facultativa técnica que teníamos presentadas, las 30, 31 y 32, pero hemos mantenido otras enmiendas porque nos parece que es un debate que todavía queda abierto; queda abierto el debate del acceso -nosotros preferimos ese modelo- por una sola vía al Cuerpo Nacional de Policía y, por tanto, mantenemos las enmiendas 35 y 38. También queda abierto el debate sobre la evaluación del desempeño, tenemos reticencias con respecto a varios artículos que abordan este tema en el proyecto de ley. Por otra parte, también mantenemos las enmiendas 34, 37 y 39. La 34 tiene que ver con la responsabilidad de organización a nivel territorial y, por tanto, un nuevo elemento de posible arbitrariedad. Las enmiendas 37 y 39 tienen que ver con la participación de los sindicatos, tanto en la formación como en los procesos selectivos, la representación de los propios policías a través de los sindicatos. Estas son las enmiendas que nosotros mantenemos vivas.
También quiero resaltar la importancia del trabajo de la ponencia, el trabajo de los portavoces, en concreto del Grupo Parlamentario Socialista, y también el trabajo de la letrada. Nosotros también tenemos una valoración positiva y votaremos favorablemente el dictamen. Queda un tema que no sé cómo lo vamos a articular, el tema de la edad de acceso, el tope en la edad de acceso. Hay una sentencia que rompe con su regulación a través de reglamento y obliga a una regulación por ley. Nosotros no vamos a plantearlo, vamos a dejar en manos del grupo parlamentario que apoya al Gobierno y, en consecuencia, también en manos del Gobierno esa propuesta, pero nos parece que es necesario ampliar esa edad que hasta ahora estaba en los 30 años, porque también para otras cosas cambia la expectativa de vida, no solamente, como últimamente está apareciendo este Congreso para mal, porque parece que el hecho de que tengamos más expectativa de vida solo puede traer recortes. En este caso que haya más expectativa de vida o también de mejor situación física durante la vida, debe traer como consecuencia ampliar un poco más ese tope de edad para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía.
La señora PRESIDENTA: Entiendo igualmente que las enmiendas de Esquerra quedan todas retiradas, ¿no?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Exactamente.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender sus enmiendas por el Grupo Vasco el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Doy por reproducido el capítulo de agradecimientos que se han convertido en esta Comisión en una suerte de ritual de agradecimientos a los demás portavoces, agradecimientos a la Presidencia y a la letrada, evidentemente. Está incrustado en el acervo de esta Comisión, pero además por méritos propios.
Señora presidenta, quiero indicar que el señor Llamazares ha hecho una doble reflexión muy interesante, en mi opinión, que son las diferencias retributivas, pero él las ha vinculado mucho a la Policía local, a las policías municipales. Este es un tema recurrente al que algún día este Congreso de los Diputados, estas Cortes Generales tienen que enfrentarse, no solo por el agravio comparativo en materia retributiva, sino por la diferente forma de entender la función policial, la asunción del poder coercitivo del Estado entre policías formadas, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas con competencias íntegras en seguridad ciudadana, policías integrales, porque -y no voy a hacer perífrasis ni eufemismos de ningún tipo- las policías locales, y soy un apologeta de la autonomía municipal, no son policías locales en muchos municipios del Estado español, sino que son guardias pretorianas del alcalde. La semana pasada compareció la Defensora del Pueblo en funciones, la señora Cava, y nos comentó que en el índice de actuaciones desviadas de la legalidad, que la policía en el ejercicio de sus funciones ordinarias tiene que cumplir, particularmente en materia de detenciones arbitrarias o ilegales y malos tratos, la Policía local en este momento está a la cabeza de esta perversión o de esta patología. Alguien, y con el respeto a un valor sacrosanto que está constitucionalizado, tiene que enfrentarse a la problemática de las policías locales, sobre todo a las policías locales designadas con criterios absolutamente discrecionales, en muchos casos por muchos alcaldes, y que funcionan como genuinas guardias pretorianas de los mismos. Yo he visto personalmente detenciones ilegales que he denunciado en policías locales en municipios que no es menester citar; situación que, por cierto, continúa en plena vigencia en prácticas perversas y aberrantes en materia policial en ese mismo municipio en sus propios términos desde que observé las primeras conductas desviadas.
El señor Llamazares ha comentado también otra cosa importante que es que aquí no somos correa de transmisión de ningún sindicato. Cualquiera puede presumir con facilidad que yo no he pertenecido nunca a ningún sindicato policial o del Cuerpo Nacional de Policía. Pertenezco a otro, y con dudas. Al margen de esta circunstancia, señora presidenta, quiero indicarle que nosotros tenemos la obligación, como representantes de la soberanía popular, de escuchar a las organizaciones que vertebran desde una determinada perspectiva posicionamientos en relación con sus derechos y deberes y sus condiciones profesionales, a los sindicatos, a la función de los sindicatos, que está constitucionalizada también. A los sindicatos en la Constitución española se les atribuye el ejercicio de funciones privadas, públicas y cuasi públicas, a través de la noción de mayor representatividad sindical. Y aquellos que son más representativos en esta asimilación, más o menos simbólica, casi real ya, que está haciendo entre el sindicalismo ordinario y las asociaciones policiales, en lo atinente a la defensa de sus intereses profesionales, en donde ya se asigna también a los sindicatos policiales el ejercicio de facultades ultra vires, que es lo que caracteriza al sindicalismo, potestades que van más allá de la pura representación privada de sus asociados y la representación del colectivo en su totalidad, que es lo que hacen los sindicatos ordinarios, cosa que nos parece bien en materia policial también, tenemos la obligación de escuchar a los sindicatos. Y lo que antes comentábamos en la ley anterior; a los sindicatos les parece bien esta ley, luego difícilmente nosotros podemos hacer afirmaciones que vayan más allá de aquello que satisface a los colectivos sindicales, aunque en esta ley sí hay más matices, y el señor Llamazares también con pertinencia lo comentaba.
Nosotros tenemos algunas cuestiones relativas a contingencias o circunstancias muy vinculadas a la estructura corporativa, desde los mecanismos de acceso al funcionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, y particularmente mantenemos vivas algunas enmiendas y me gustaría destacar la 163 relativa a la rehabilitación. Como sabe la señora presidenta, he pertenecido al Consejo General del Poder Judicial y he conocido rehabilitaciones de jueces que han cometido delitos graves. Si a un juez o a un magistrado que ha cometido un delito grave se le puede rehabilitar, es difícil sostener que a un policía no se le puede rehabilitar aunque haya cometido un delito. Las circunstancias están previstas en los términos de nuestra enmienda. Por tanto, yo invito a una reflexión complementaria. No está mal el precepto originario que nosotros enmendamos, pero entendemos que el nuestro, nuestra enmienda 163, establece mecanismos más claros de rehabilitación de personas que han perdido la condición de policías por haber cometido un delito circunstancialmente y que pueden ser objeto de rehabilitación, siempre con carácter restrictivo, como pretendidamente debería ocurrir con los jueces, aunque luego en la práctica con los jueces no es así, con los policías sí.
En relación con otras enmiendas que mantenemos, estamos hablando de requerimientos que forman parte del derecho administrativo y de los procedimientos de acceso, siempre con esta búsqueda de la convergencia al Estatuto del empleado público en todos los ámbitos, respeto al cumplimiento de la accesibilidad universal y diseño en convocatorias para todas las personas que padezcan algún tipo de discapacidad. Es un requerimiento que dimana no solo de la propia Constitución sino de la Convención de Naciones Unidas para las personas afectas por discapacidad, respecto de las cuales no se podría establecer ex ante en las convocatorias para
los concursos ningún tipo de límites siempre que sea compatible con el ejercicio de la función. Me estoy refiriendo a la enmienda 167.
La enmienda 168, también en relación con los procedimientos de acceso, pretende remover cualquier impedimento que haga referencia a la orientación sexual de los que pretendan acceder a un puesto de trabajo de los vinculados al Cuerpo Nacional de Policía. La enmienda 169 propone que las convocatorias de acceso a los puestos de trabajo objeto de la convocatoria en cuestión deben estar relacionadas con los requisitos proporcionales y adecuados a las funciones o tareas que de ese puesto de trabajo han de dimanar posteriormente. Hay un problema delicado. Pediría al Grupo Socialista una reflexión específica en la enmienda 170 de mi grupo relativa a la consideración de la antigüedad. No sé si tiene que ser con conjunción copulativa o sin conjunción copulativa, señora presidenta. Con ese y o con un o, que también es una conjunción copulativa, tendría que formar parte del elenco de méritos para el acceso a un puesto de trabajo. Sobre esta cuestión yo agradecería alguna respuesta razonable. En todo caso, tampoco es que el precepto enmendado nos genere particulares reservas mentales o reticencia.
En cuanto a la 171, con relación a los puestos de libre designación, a mí se me escapa -aunque sé que hay muchas prevenciones sobre esta cuestión- que la extrema confidencialidad de las tareas que se han de realizar en un puesto de libre designación no sean objeto de consideración específica. Todos sabemos que en la policía la confidencialidad es un valor intrínseco al desempeño de determinadas tareas, sin la cual esa tarea no se podría realizar eficientemente. La extrema confidencialidad debe consignarse como una de las características que legitiman para un puesto de libre designación. En este ámbito tenemos pocas cosas más que decir, salvo el viejo problema -que no sé cuando lo vamos a resolver, esperemos que en este trámite parlamentario- de la segunda actividad. Nosotros entendemos que podrán optar a pasar a segunda actividad, sin destino y a petición propia, cuando se hayan complementado veinticinco años de servicios efectivos y en función de los cupos que por categorías fije anualmente el Ministerio del Interior. Este tema de la segunda actividad es delicado, señora presidenta, lo reconozco. Entendemos que esta propuesta mantiene los distintos equilibrios que hay que intentar articular con relación a la propia definición y a la propia legitimación para acceder a una segunda actividad de esta naturaleza. En todo caso, cautelarmente mantenemos la enmienda número 175. No obstante lo cual, como ha habido aproximaciones en ponencia que prácticamente dicen, si no lo mismo, parecido a lo que nosotros estamos comentando, con toda probabilidad y tras escuchar al portavoz socialista, mi grupo parlamentario estaría en condiciones de retirar la práctica totalidad de las enmiendas que en este momento he defendido.
La señora PRESIDENTA: Ahora sí entendemos más su intervención, porque algunas de las enmiendas que usted ha defendido ya habían sido retiradas en ponencia. Ya entiendo el sentido de la defensa conjunta de sus enmiendas.
Tiene la palabra por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Yo quiero aquí reiterar también en un primer capítulo los agradecimientos y siento discrepar de mi compañero y amigo Emilio Olabarría. Para mí no es una cuestión de ritual, de alguna manera esta Comisión tiene a bien trabajar intensamente las ponencias, lo cual permite, tras un trabajo riguroso, llegar a acuerdos que se plasman en una mejora de las leyes con las aportaciones de todos, y no es tanto un ritual, porque hay veces que no decimos estas cosas porque las ponencias se han realizado de otra manera. Por tanto, yo creo que en esta es de justicia poner en valor este trabajo de la ponencia, que ha sido extenso, que ha sido intenso además, y agradecer el trabajo singularmente de los portavoces socialistas, en este caso y por lo que a esta ley respecta del señor Bar, pero también la de todos los otros ponentes, que hemos estado durante largas horas intentando aproximar posiciones, en lo que era ya un trabajo de perfeccionamiento, por decirlo de alguna manera, o de mejora de una ley que por todas las organizaciones sindicales de la policía -y ahí sí que suscribo totalmente las palabras que ha dicho Emilio Olabarría- se nos había hecho llegar que era una ley consensuada, que era una ley necesaria, pero efectivamente -y aquí aludo a las palabras de Gaspar Llamazares- a la que nos vamos aproximando en lo que es la cotidianeidad del desempeño de las funciones. Lógicamente hay matices y hay reivindicaciones, a las que hemos intentado dar cabida en su máxima amplitud, pero realmente no se ha podido decir que sí a todas, en unas ocasiones por unas contenciones económicas que son fáciles de entender en este momento, y en otras de carácter organizativo, y ahí hemos ido acercando posiciones.
Mi grupo parlamentario está satisfecho del acogimiento que han tenido las enmiendas que presentamos, y presentamos bastantes, presentamos veintiséis enmiendas. De estas hemos ido retirando a lo largo del trámite parlamentario bastantes de ellas, tantas como veintiuna, y nos quedan vivas cuatro enmiendas: la 5, la 6, la 7 y también la número 11. Las enmiendas 5, 6 y 7 se refieren al artículo número 9 cuando trata de las distintas escalas y categorías y se basan en que, a juicio de mi grupo parlamentario, sí quisimos acoger la petición de la creación de una escala especializada para facultativos y técnicos. No hay ningún avance en el proyecto de ley en las condiciones de trabajo y derechos de estos profesionales, puesto que no se les reconoce como miembros de pleno derecho del Cuerpo Nacional de Policía. En consecuencia, no tienen derecho al pase a la situación de segunda actividad sin destino a la misma edad que los miembros de escalas, ni tampoco gozan de la misma carrera profesional. Por el contrario, existen sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional, que recogen que este personal es miembro de pleno derecho del Cuerpo Nacional de Policía, aunque no pertenezca a ninguna de las escalas actuales. Por otra parte, la Policía de la Generalitat de Catalunya, los Mossos d'Esquadra, sí tienen reguladas estas escalas facultativa y técnica. Por tanto, nosotros hemos asumido esta petición, que hemos plasmado, como digo, en las enmiendas números 5, 6 y 7 que mantenemos vivas.
Asimismo, mantenemos viva la enmienda número 11, que es una enmienda al artículo 19 que tiene un carácter también, en cuanto a los requisitos para ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía, de respeto a las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Lo que solicitamos es que los requisitos en cada proceso de selección deban ser objetivamente proporcionados y adecuados a las funciones o tareas objeto de desempeño. Esto lo hacemos en cumplimiento de la Directiva 2000/78/CE y su trasposición en la Ley 62/2003, así como de aquellas otras normas que prohíben la discriminación por razón de discapacidad, puesto que resulta necesario eliminar cualquier criterio de exclusión que no sea objetivamente proporcionado con las funciones a desempeñar. Por eso, mantenemos también esta enmienda que, con las otras tres que he comentado, son las únicas que se mantienen vivas.
Quiero, no obstante, poner en valor, de una manera global, las mejoras que el texto ha tenido con las sesiones de la ponencia y en función de las cuales mi grupo ha retirado el resto de las enmiendas, bien porque algunas se han asumido en forma literal, otras en forma transaccionada y otras, por qué no decirlo, porque esta ponente ha sido convencida por los argumentos de otros portavoces de que no era conveniente, no era oportuno o no se podían realizar en un momento concreto las propuestas que nosotros hacíamos a través de nuestras enmiendas. Quiero señalar como mejora la aplicación supletoria del Estatuto básico del empleado público, tal como aparece en la disposición adicional primera del texto de la ponencia. Tengo también que señalar que se recoge, al tratar quizá un tema más emblemático que cuantitativo, pero creo que es importante resaltarlo, la posibilidad de que cuando se vista el uniforme para los funcionarios jubilados, que puedan también incorporar la placa emblema, que era algo que se había venido solicitando reiteradamente. También quiero señalar que en el artículo 12 se recoge expresamente que la asignación de funciones distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen tenga una limitación, y que esta limitación sea en supuestos debidamente motivados y por el tiempo mínimo imprescindible. Creo que con ello se recogen los requisitos que se venían marcando en distintas sentencias a las que se ha aludido por portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. También me gustaría señalar como mejora al artículo 39 que, al tratar de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, se incorpora la antigüedad como principio para proveer los mismos. Asimismo, se incorpora en dicho artículo que en el procedimiento de libre designación se deba tener en cuenta que los candidatos deben reunir los requisitos de capacidad y de mérito, como no podía ser de otra manera.
Cuando nos referimos al artículo 42, que alude a la comisión de servicio, ha habido dos mejoras a dicho artículo. La primera, cuando se incorpora una limitación de tiempo cuando se habla de la adscripción en comisión de servicio con carácter forzoso. La señora Díez señalaba que consideraba necesario que en la ley hubiera una limitación de tiempo, puesto que no había ninguna. Se aludía a la limitación de tiempo cuando era la adscripción en comisión de servicio de carácter voluntario, que la ley decía que era un año prorrogable por otro, pero no se decía nada en las de carácter forzoso. Era cierto que algunos grupos habíamos propuesto que fuera tres meses prorrogables por otros tres, pero, después de una negociación con los distintos grupos, el texto de la ley recoge que sea de seis meses, prorrogables un máximo de otros seis. De esta manera se llega a un punto de acuerdo intermedio entre que no hubiera nada y entre lo que se proponía, que quizá era un tiempo demasiado corto. También en este artículo, y como una segunda introducción, se incluye que, en cuanto a retribuciones, primen siempre las más elevadas, las superiores entre las del puesto de origen y las del puesto que realmente se está desempeñando.
También debemos señalar como mejora la introducida en el artículo 45, que recoge el espíritu de nuestra enmienda número 16, consistente en prever normativamente como garantía para los casos de cese de puestos de libre designación, de revocación de los obtenidos por concurso específico por supresión del puesto de trabajo, el que el afectado sea adscrito provisionalmente a un puesto no inferior en dos niveles al de su grado personal consolidado y que sea en el ámbito territorial de la jefatura superior que corresponda. De esta manera se supera la redacción original del proyecto en la que podía ser adscrito a cualquier plantilla sin distinción de grados y en cualquier parte del territorio del Estado. Había una petición para circunscribir que la movilidad fuera más razonable que este mapa tan amplio.
Me gustaría señalar también como muy importante las mejoras que se han introducido al artículo 46 y al nuevo artículo 51 bis que recogen también las enmiendas 17 y 18 de mi Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, porque se incluye una nueva situación administrativa que es el servicio en otras administraciones públicas. Tal como se recoge ya en el artículo 85.1.c) del EBEP, de esta manera se equiparan los derechos de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía al resto de funcionarios de la Administración General del Estado. Hay que tener en cuenta que existen unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a otras comunidades autónomas, por ejemplo a Cataluña, y si son transferidas a estas, deben tener garantizados todos sus derechos de acuerdo con el artículo 88 del EBEP, tal como ahora se prevé específicamente en este nuevo artículo 51 bis.
Por último, quiero señalar la mejora que con respecto a la segunda actividad se contempla en el artículo 41, en el que se añade la previsión de que se pueda pasar a la
segunda actividad sin destino voluntariamente, a petición propia, cuando además de la edad, que ya se señalaba en el proyecto, se hayan completado treinta años de servicios efectivos, con la limitación de los cupos que por categoría se fijen por el Ministerio del Interior. Yo creo que estas mejoras han sido bien celebradas. Ciertamente, quedan algunos temas pendientes, entre otros la edad de acceso. Estamos a la espera de que por parte del Grupo Parlamentario Socialista se haga una propuesta al respecto, puesto que ahora en el proyecto, tal y como ha quedado, no se recoge ningún límite de edad, y tal como se dijo en la sentencia reciente del Tribunal Supremo, no es que no se pudiera poner un límite de edad, sino que tenía que venir normado, en una norma con rango de ley, y por lo tanto estamos pendientes de que se nos pueda hacer alguna propuesta para ver si se puede llegar a un acuerdo en este sentido.
Por lo demás, finalizo mi intervención diciendo que creo que el proyecto es un buen proyecto. Es un proyecto que llegó ya consensuado y, como se ha dicho hoy aquí, que ha sido mejorado a lo largo del trámite parlamentario y que nuestro grupo sin más va a votar favorablemente. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, entiendo que quedan vivas sus enmiendas 5, 6, 7 y 11.
La señora PIGEM I PALMÉS: Efectivamente, señora presidenta.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta, para una cuestión de orden. Me tengo que ausentar por tener que atender a otro tipo de responsabilidades y como le había comentado en el curso de mi intervención, doy por retiradas todas las enmiendas que quedaban vivas de mi grupo en relación con este proyecto. Espero que esto no provoque ninguna perturbación ni quebranto a ningún otro grupo parlamentario.
La señora PRESIDENTA: En absoluto, señor Olabarría; creo que incluso será bueno para la Comisión. Muchas gracias.
Tiene la palabra para defender sus enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señora presidenta, más allá de la liturgia parlamentaria a la que nos invocaba el señor Olabarría, yo querría reiterar también los agradecimientos que hacía en la anterior ley. En primer lugar a la letrada, doña Rosa Ripollés; en segundo lugar a las aportaciones que nos hicieron llegar a través de sus comparecencias y a través de textos escritos los sindicatos policiales, y también al resto de los grupos parlamentarios, reproduciendo el espíritu y la voluntad de diálogo y de acuerdo que había destacado en la ley anterior. Además, me gustaría personalizar ese agradecimiento de forma muy directa en el ponente de Grupo Parlamentario Socialista, don José Manuel Bar. Yo no he tenido la experiencia, pero no debe ser fácil ser un diputado que apoya al Gobierno, porque el margen de maniobra muchas veces es muy estrecho. Pero sin duda, él ha hecho un esfuerzo por acercar posiciones, por buscar acuerdos, y ha revalorizado una tarea legislativa que, insisto, cuando uno está apoyando a un Gobierno, no siempre es fácil. Pero creo que él la ha puesto en valor y eso es muy de agradecer.
Yo tengo que anunciar antes que nada que mi grupo se va a abstener en la votación final al dictamen de esta ley. Es una abstención que se hace desde el reconocimiento al trabajo realizado por la ponencia, que mi grupo valora de manera muy positiva. Es más, puedo decir con toda claridad que si lo que hubiéramos tenido que votar fuera el texto remitido inicialmente por el Gobierno, lo más probable es que mi grupo hubiera emitido un voto negativo. Pero a través del trabajo y de las mejoras que se han introducido en la ponencia, nos hemos movido hacia un voto de abstención. Creo que hemos mejorado el proyecto. En nuestra opinión, no lo suficiente, porque si no lo hubiéramos votado afirmativamente; pero sin duda algo hemos mejorado y mi grupo ha tratado con lealtad de contribuir a algunas de esas mejoras.
La abstención se justifica básicamente por tres argumentos, que paso a exponer. En primer lugar, por coherencia política. Ustedes saben, todos los grupos parlamentarios de la Cámara, que mi grupo ha sido muy crítico con la política de personal llevada a cabo por el Ministerio del Interior en esta legislatura y particularmente con la política de personal que se ha llevado a cabo en el Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros hemos denunciado reiteradamente, tanto en el Pleno como en esta Comisión cuando hemos tenido ocasión, el abuso de la libre designación, el incumplimiento de las sentencias judiciales, la discrecionalidad en la concesión de condecoraciones; en definitiva, un proceso de politización de la policía que nos resultaba muy peligroso. Es cierto que a través de esta ley se hace el esfuerzo de llevar a un marco normativo y a una clarificación algunos elementos de control que pueden contribuir a evitar esa politización, pero nuevamente entendemos que de forma no suficiente. A nosotros nos hubiera gustado haber ido un poco más lejos. Lo he repetido muchas veces, creo que una policía profesional e independiente está en la esencia de todo Estado de derecho y es esencial para el funcionamiento de la democracia. Me parece que en esta ley introducimos algunas salvaguardas, pero me queda la sensación de que podíamos haber ido un poco más allá.
El segundo motivo por el que vamos a abstenernos es porque tenemos una discrepancia sobre el que a mi entender es el punto esencial de la ley que nos remitió el Gobierno, que era la modificación del pase de edad a la reserva. Esta ley, como ocurría con la anterior de derechos y deberes, en realidad no introduce excesivas modificaciones sobre la situación existente, y nuevamente sin que eso le quite valor a la misma. La principal novedad es que ampliaba el servicio activo en la policía
hasta los 65 años, bien entendido que con carácter voluntario. Yo he de confesar -lo he hecho reiteradamente desde el inicio de la tramitación con toda honestidad- que no estoy de acuerdo con esa medida. He dicho varias veces en la ponencia, y lo vuelvo a reiterar para que quede constancia en el "Diario de Sesiones", que no veo policías de 64 años persiguiendo delincuentes por la calle. Reconozco que el trabajo policial ha tenido una evolución, sin ninguna duda, y que por fortuna la esperanza de vida de los españoles ha aumentado, pero creo que el servicio policial lleva aparejados de forma inherente unos principios de peligrosidad y de penosidad de los que es muy difícil sustraerse, especialmente los policías que prestan servicio en la calle, que son la inmensa mayoría de los policías. No hay demasiados estudios, pero los que se han hecho en el Reino Unido señalan que la profesión de policía, después de la de minero, es la que supone un mayor grado de estrés profesional. Según estudios realizados por la Federación de Policías Locales, uno de cada dos policías ha tenido en los dos últimos años algún tipo de accidente de trabajo y uno de cada cuatro alguna lesión o enfermedad que ha tenido que ver con su trabajo.
Me preocupa además que este aumento tan radical de la edad, pasando desde los 60 años actualmente vigentes a los 65 -viniendo de los 56 que se habían establecido hace no demasiados años como límite para el paso a la situación de reserva-, se produzca en un momento en el que el Gobierno prácticamente ha reducido a la mínima expresión las convocatorias de oferta de empleo público y que, insisto, este aumento tan radical, hasta los 65 años de edad para pasar a situación de reserva, pueda ser utilizado como coartada para mantener esa congelación en la oferta de empleo público en los próximos años. No conozco además -y me consta que la letrada nos remitió ayer un informe al respecto, pero no he podido consultarlo- por la información de que dispongo otra policía en la Unión Europea que mantenga un periodo de actividad para sus policías hasta los 65 años.
La ley elimina además la posibilidad de la segunda actividad con destino, que a nosotros nos parecía que era una muy buena solución para definir cuáles son aquellos puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal mayor de 60 años con más garantías en la situación a la que vamos ahora. Y también mantiene una diferencia salarial creciente en los últimos años -y en nuestra opinión excesiva- entre el servicio activo y la situación de segunda actividad, lo cual de facto lo que está provocando es que haya una práctica obligatoriedad por razón salarial de mantenerse en el servicio activo, como estamos viendo por las estadísticas de lo que está ocurriendo en el Cuerpo Nacional de Policía.
Por último, mi grupo ha tratado de proponer fórmulas intermedias, fórmulas abiertas que aumentaran la edad máxima en el servicio activo porque entendíamos que había razones objetivas que así lo posibilitaban; que buscaran también mantener esta situación de segunda actividad con destino, y que mejoraran las condiciones con carácter general de la segunda actividad para no hacerla casi casi inexistente. La posición del Gobierno en este punto -que no en todos los demás- ha sido prácticamente inflexible, traía un modelo cerrado y además creo que muy condicionado por los propios pactos a los que había llegado y, por tanto, no ha habido posibilidad de acuerdo. Creo que el Gobierno va a tener mayoría para sacar adelante este modelo pero a nosotros no ha terminado de convencernos plenamente y ese es el segundo argumento por el que justificamos nuestra abstención.
En tercer lugar -si se quiere es un argumento de menor entidad que los dos primeros pero quiero mencionarlo también-, a nosotros nos hubiera gustado una tramitación conjunta de la ley de personal del Cuerpo Nacional de Policía y de la ley de personal de la Guardia Civil. Como bien saben ustedes, el Gobierno tiene un mandato legal a través de la Ley de la Carrera Militar para haber remitido a esta Cámara a lo largo de esta legislatura una ley de personal de la Guardia Civil, y además hay un compromiso político del ministro, que ha reiterado desde su primera comparecencia en esta Comisión y en otras ocasiones, de remisión de esta ley de personal de la Guardia Civil a la Cámara. No lo ha hecho y para nosotros este doble incumplimiento, legal y político, es un argumento más que nos mueve a la abstención.
Las discrepancias que el grupo parlamentario mantenía con el texto inicialmente remitido por el Gobierno se ponen en evidencia en las cuarenta y dos enmiendas que mi grupo presentó al proyecto de ley. He de reconocer que más de la mitad -veinticinco de ellas- han sido admitidas en sus propios términos o a través de transacciones que en nuestra opinión recogían el sentido de lo que el Grupo Parlamentario Popular estaba proponiendo. Por tanto, podemos darnos por muy satisfechos del grado de receptividad que han tenido nuestras enmiendas. Lamentablemente, como les decía antes, en algunos de los aspectos sustanciales de la ley no ha sido posible el acuerdo y eso justifica nuestra abstención.
En todo caso, y a riesgo de repetir algunas de las cuestiones que eran coincidentes con algún otro grupo parlamentario pero que se han incorporado a través de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, me gustaría destacar algunas de ellas, pidiendo disculpas por la hora que es pero también teniendo en consideración que esta es una ley en la que la Comisión tiene competencia legislativa plena y por lo tanto no tenemos más oportunidad de posicionarnos sobre ella que la de esta Comisión. A propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en el artículo 2 del título preliminar se incorpora el principio de jerarquía y en el artículo 3 el carácter supletorio del Estatuto básico de la Función pública. Me parece que son dos aportaciones sustanciales. En el artículo 5.3 se incorpora también una enmienda de mi grupo que propone que el delito deba ser doloso cuando la Administración no acepte la renuncia de un policía que tenga abierto juicio oral. En el artículo 7 se permite que los policías jubilados utilicen la placa-emblema en actos institucionales y solemnes -es
verdad que con una transacción que lo ha limitado para que no se produzcan abusos en la utilización de la placa por policías en situación de reserva-. El artículo 12 incorpora la enmienda de mi grupo que propone que cuando se asignen funciones a un policía distintas a las que le corresponden al puesto de trabajo que desempeñe deben estar debidamente motivadas, por el tiempo mínimo imprescindible y evitando cualquier tipo de arbitrariedad, mejorando además con nuestra enmienda la calidad técnica del texto. En el escalafón, a través de la enmienda 62 de mi grupo se añade que se tenga en cuenta el número de promoción obtenido en el acceso a la categoría pertinente. En el título III, en lo relativo a uniformes, distintivos y armamentos, se incorpora también la enmienda 63 de mi grupo sobre capacitación y formación continua en el armamento de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que es una materia especialmente sensible. Los procesos de formación de los policías, de los que se ocupa el título V, también han sido sustancialmente mejorados a través de enmiendas que han sido incorporadas en su totalidad al texto que hoy votamos aquí. Respecto a la promoción interna dentro del cuerpo, a los casos de servicio activo se añaden los de servicios especiales en puestos de interés policial, que también podrán acceder a la promoción interna de las escalas o categorías superiores a través del concurso-oposición o de antigüedad selectiva. En el título VII, sobre provisión de puestos de trabajo, la antigüedad se tendrá en cuenta en la provisión de puestos y el concurso general de méritos será el procedimiento normal de provisión, así como la forma de obtener el puesto de trabajo al ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía. También gracias a una enmienda de mi grupo parlamentario se incluye el expediente de remoción para la pérdida definitiva del puesto de trabajo obtenido por concurso específico de méritos, ya que es un requisito obligatorio en el ordenamiento jurídico y supone una mayor garantía. La enmienda 73, que ha sido incorporada en sus propios términos, establece la adscripción provisional a un puesto de trabajo, con las limitaciones que se recogen en el Reglamento de provisión del año 1989, y la posibilidad de cubrir puestos con carácter provisional solo se puede hacer en los casos de remoción, cese o supresión de un puesto de trabajo o por reingreso en el servicio activo de los funcionarios sin reserva de puesto de trabajo o por razón de servicio de carácter urgente. Respecto a la adscripción forzosa, se incorpora una enmienda que establece la posibilidad de adscribir por necesidades del servicio a un funcionario a un puesto de trabajo situado en otra localidad hasta un plazo de seis meses prorrogables por otros seis, y no de dos años como preveía el proyecto inicial. Además, se han incorporado las garantías retributivas en estos casos a propuesta de nuestro grupo, aumentando las garantías en caso de ceses de puestos de libre designación. También se ha incorporado en sus propios términos la enmienda 78 como artículo 43 bis.9, sobre movilidad por razones de salud. En el título VIII se ha admitido la enmienda 79, que añade una nueva letra f) que contempla los servicios en otras administraciones públicas, y la número 82, que dice que esta nueva situación se regirá por el Estatuto básico de la Función pública. Respecto a la situación de segunda actividad, se ha incorporado la propuesta de mi grupo sobre la base del paso a esta situación cuando se tuvieran treinta años de servicio cumplido, aunque mantenemos una discrepancia sobre la posibilidad de existencia de cupos. Se ha admitido también una disposición adicional tercera sobre la reforma del cuadro de exclusiones médicas, que el Gobierno tiene que revisar necesariamente en el plazo de un año. También se incorpora una disposición adicional primera como apartado segundo dando carácter supletorio al Estatuto básico de la Función pública. Por último, la disposición transitoria segunda incorpora la posibilidad de que los policías que un año antes de la entrada en vigor de la ley hubiesen pasado a la situación de segunda actividad puedan acogerse nuevamente al servicio activo.
Insito, cuando hablaba de satisfacción por el trabajo realizado no lo hacía como una mera cuestión ritual, sino porque realmente creo que hemos hecho un buen trabajo. Considero que nuestras aportaciones van a mejorar las condiciones profesionales en las que se desenvuelven miles de policías nacionales, que es lo mínimo que podíamos hacer dado el servicio tan esencial para nuestra seguridad que estos funcionarios públicos prestan a la sociedad española. Sin embargo, hay un bloque, si no cuento mal, de dieciséis enmiendas que mi grupo mantiene vivas, sobre las que no hemos podido alcanzar acuerdo. A algunas de ellas ya me he referido cuando hablaba de cuáles habían impedido que pudiéramos llegar a un pleno consenso en torno a esta ley. Quiero destacar, aunque sea de manera muy breve y evitando explicarlas -están publicadas y las hemos debatido hasta la saciedad en la ponencia- cuáles son. Me refiero a las enmiendas números 68, 71, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 95 y 98. Insisto, algunas se refieren a cuestiones técnicas. En todo caso, se lo dí por escrito a la señora letrada y por tanto tiene nota de todas ellas. Otras tienen que ver con contenidos que mi grupo considera lo suficientemente sustanciales como para no poder dar nuestro total respaldo a este proyecto de ley.
Para finalizar, señora presidenta, quiero reiterar nuestra satisfacción por el trabajo realizado que, desde una posición inicial de rechazo, nos ha permitido ir a una posición de abstención. Lamento no haber podido alcanzar un acuerdo pleno, algo que siempre es bueno cuando hablamos de dar estabilidad a la carrera de muchos miles de funcionarios. Reitero que mi grupo mantendrá hasta el último momento una posición flexible y una voluntad de acuerdo. No sé si en el Senado tendrán más habilidad o más capacidad de la que hemos tenido en el Congreso para buscar ese punto final de acuerdo. En todo caso, quiero que entiendan que nuestra abstención tiene un claro doble significado: por un lado, significa apoyar todas y cada de las mejoras que introduce la ley para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía -en algunos de los casos, como he descrito, nos sentimos
incluso protagonistas de esas mejoras- y, por otro lado, mantener una reserva para poder introducir en el futuro alguna modificación que nos permita alcanzar ese nivel de profesionalidad, independencia y eficacia en el Cuerpo Nacional de Policía sin sentirnos constreñidos por un voto favorable en este momento, ya en el final de esta legislatura que agoniza. Por tanto, no quiero que interpreten nuestro voto como una oposición a esta ley, sino como un apoyo matizado a la misma que nos permita disponer de un margen de maniobra para que si los españoles tienen a bien modificar la situación de mayorías que se vive en este momento en la Cámara pueda ser introducida alguna modificación en la misma.
La señora PRESIDENTA: Señor Cosidó, para clarificar, entiendo que permanecen vivas sus enmiendas 68, 71, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 95 y 98.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: También la 97.
La señora PRESIDENTA: La 97 no la había oído, pero se incluye.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Sí, la 97 y la 76.
La señora PRESIDENTA: La 76 también.
Tiene la palabra ahora para un turno de posición sobre las enmiendas el portavoz del Grupo Socialista, el señor Bar Cendón.
El señor BAR CENDÓN: Señorías, el proyecto de ley que hoy tramitamos originariamente constituía, junto a la Ley orgánica de deberes y derechos que se vio antes que esta, un mismo cuerpo legal. Son mucho más razones de técnica legislativa las que han llevado a optar por una desagregación en dos leyes más específicas, pero no por ello dejan de ser perfectamente complementarias. Entiendo -permítame que se lo diga, señor Cosidó- que no es muy fácil entender la aprobación de una sin la aprobación de la otra. En este caso estamos hablando de una ley que pretende establecer de forma completa y sistemática un régimen estatutario especial para el Cuerpo Nacional de Policía, corrigiendo tres carencias mantenidas desde la promulgación de la Ley Orgánica 2/1986, es decir, desde hace veinticinco años. Esas tres carencias se pueden resumir en: primero, el desfase de una buena parte de la normativa que venía regulando diversos aspectos del régimen estatutario -tal es el caso de la jubilación, la edad de acceso, la regulación de la segunda actividad-; segundo, la escasez de normativa de rango legal adecuado, puesto que la ley orgánica citada tenía una pretensión más amplia y en consecuencia se refería muy someramente a la regulación del estatuto particular, debiéndose aplicar supletoriamente otro, el EBEP, que no se adecuaba siempre a la especificidad del Cuerpo Nacional de Policía, y, tercero, la propia dispersión de normas y de reglamentos que, como consecuencia de lo anterior, venían dictándose casi ad hoc y que han sido incluso motivo de sentencias anulatorias por no gozar del debido amparo en ley -después veremos lo de la edad de acceso-, como son procesos selectivos, provisión de puestos de trabajo, régimen jurídico, ordenación, relaciones de personal, etcétera.
Señorías, me gustaría poner en valor antes de pasar al debate de las enmiendas alguno de los elementos que lógicamente no pueden leerse en la literalidad del texto pero que se recogen implícitamente en cada uno de sus artículos. Y lo digo porque cualquier enmendante debiera tomarlo también en cuenta. En primer lugar, estamos trabajando con un texto muy esperado y que da respuesta a muchos de los anhelos corporativos de ese gran colectivo de agentes que conforman hoy por hoy el Cuerpo Nacional de Policía. En segundo lugar, que recoge el resultado de las larguísimas negociaciones con las organizaciones sindicales, que le dieron en términos generales su aprobación, como pudimos comprobar en su día aquí en sus comparecencias. Y, en tercer lugar, que allí donde había modelos o posiciones contrapuestas se optó siempre por el más ecuánime, por el punto de consenso intermedio. Además, donde no fue posible la equidistancia predominó el modelo que fue mayoritariamente refrendado en las últimas elecciones al Consejo de Policía, no hace mucho, sin que además por ello hubiese una oposición enfática de los discrepantes. Por ello, la ponencia trabajó -debiera introducir aquí, como ustedes han hecho, los agradecimientos, sobre todo por el clima y la productividad del trabajo de la ponencia; establecimos una dinámica mucho más colaborativa que competitiva, el I win, you win, el win-win, que se ha notado bastante en las mejoras- con todo mimo y prudencia, porque cualquier cambio podría tener la consecuencia de alterar el equilibrio alcanzado, sobre todo con los sindicatos.
La señora PRESIDENTA: Me llega mucho murmullo. ¿Podrían bajar un poco el tono, por favor?
El señor BAR CENDÓN: Gracias, señora presidenta.
Se mantuvieron hasta ocho reuniones de ponencia e innumerables contactos bilaterales, como ustedes saben, y el resultado es un texto que ha mejorado mucho -todo ustedes lo han señalado- con las aportaciones de todos. De hecho, creo que no hay ningún grupo que no haya podido incorporar alguna aportación propia. Me gustaría destacar algunos ejemplos, que no pueden ser todos, porque partíamos de 178 enmiendas, de las cuales llegan hoy aquí menos de una tercera parte. Muchas son aportaciones concurrentes de varios grupos y las voy a citar aquí aleatoriamente. Por ejemplo, en el caso de Convergència i Unió destacaría la nueva situación administrativa del servicio en otras administraciones, el acceso hasta los 35 años, enmienda que ahora repescaremos y presentaremos in voce, o la figura del expediente de remoción. En el caso de Izquierda Unida y Esquerra Republicana, la introducción de garantías, entre otras las retributivas, que deben darse en determinadas situaciones administrativas o en el momento de la reincorporación
a la situación ordinaria en comisiones de servicios, supresiones de puestos de trabajo o la posibilidad transitoria del reingreso desde la segunda actividad. Del Grupo Popular destacaría -creo que también son muy importantes y numerosas las aportaciones- el principio de jerarquía a través de la enmienda 57, aportaciones en relación con la provisión de puestos de trabajo, en movilidad por razones de salud, en límites y motivación para acordar el paso a determinadas situaciones o nombramientos, aunque finalmente no ha sido posible el acuerdo en el tema de la segunda actividad. Del Grupo Nacionalista Vasco, del PNV -no está ya, pero quiero que conste en el "Diario de Sesiones"-, destacaría intervenciones bastante clarificadoras en la aplicación supletoria de la legislación vigente para el resto de los funcionarios o la introducción del compromiso de modificar las causas de exclusión para el acceso al Cuerpo Nacional de Policía. Y a Unión, Progreso y Democracia, también con numerosas enmiendas -ha retirado solo una escasa cuarta parte-, hay que reconocerle como aportación el tema de la obligatoriedad, de dotar de medios para el correcto desempeño de la labor policial, la antigüedad como criterio, la aplicabilidad del EBEP, etcétera.
Por tanto, creo sinceramente que todos los portavoces, letrada incluida, han hecho un esfuerzo personal importante por alcanzar un acuerdo unánime. Sé que tampoco dudan de nuestro esfuerzo. Si al final no lo conseguimos al cien por cien, sé que habrá faltado muy poco. Como dice mi amigo Fernández Toxo, quizá nos han faltado quince minutos. Bien pensado, a lo mejor más que faltar lo que hizo fue sobrar, porque sobró un poco de coyuntura política, porque si esta ley hubiera venido hace tres meses quizá el resultado de la votación sería mejor. Aun así, casi setenta enmiendas han sido aceptadas o transaccionadas. Voy a repasar someramente algunas de las que se han defendido aquí en las intervenciones anteriores y que no nos fue posible aceptar.
Voy a empezar, si ustedes me lo permiten, por la presentación in voce de dos enmiendas. Una se refiere a la edad máxima de incorporación al Cuerpo Nacional de Policía y afectaría al artículo 19, que en el apartado 1. b) dice: Tener cumplidos los 18 años y, para los aspirantes a la escala básica, no superar los 35 años. Es decir, que pasaríamos de 30 a 35 años solo en el caso de la escala básica y no habría límite alguno en las demás. Lo que decía la sentencia del Tribunal Supremo que hemos debatido bastante en ponencia es que el límite de edad que se puso en una convocatoria de concurso no estaba amparado en ley. Ese era el motivo de la anulación de la convocatoria, que se rescató hace unos días sin límite de edad. A partir de ahora, si ustedes deciden aceptarlo, la escala básica tendría ese tope de 35 años, ya que la escala básica también implica algunas funciones que requieren un esfuerzo físico que a lo mejor no requieren otras. Por tanto, en las otras no habría límite. La segunda enmienda in voce se refiere a la supresión del apartado 2 del artículo 42, que habla de la incorporación desde comisiones de servicio. Esto es a petición, si no recuerdo mal, de dos grupos, del Grupo Popular y de Convergència i Unió, que entendían que había una exhaustividad excesiva en los plazos para la incorporación y que eso se podía llevar a desarrollo reglamentario. Hago llegar a la Mesa el texto de las dos enmiendas para que se puedan repartir entre los demás grupos.
Repasando lo que ustedes han dicho en sus intervenciones, resulta que de veintiséis enmiendas que presentó Convergència i Unió quedan vivas solamente cuatro -de las que tres se refieren a la escala facultativa y técnica-, a las cuales no vamos a poder votar favorablemente. Y quería decirles lo siguiente. Yo sé que en Cataluña ustedes lo tiene reconocido en la organización de los Mossos d'Esquadra, lo que ocurre es que aquí el problema es distinto. Como ustedes saben, tenemos problemas, digamos, de orden cuantitativo y de orden cualitativo. En cuanto al orden cuantitativo, estamos hablando de una pequeñísima cantidad de efectivos, estamos hablando de unos 200 funcionarios, 200 personas, 200 contratados públicos frente a los 70.000 que significa el Cuerpo Nacional de Policía. Parece bastante desproporcionado crear una escala solo para ellos. Esto es de orden cuantitativo, pero, como decía, también hay un problema de naturaleza cualitativa. El Cuerpo Nacional de Policía tiene funciones diferentes a los Mossos. Tiene competencias mucho más amplias. El Cuerpo Nacional de Policía está constituido según la Ley 2/1986 por funcionarios que tienen atribuidos poderes coercitivos en materia de seguridad, de protección ciudadana y de represión de los delitos. Es como se le define. Los facultativos y técnicos son, desde este punto de vista, algo de naturaleza diferente, son recursos humanos de apoyo cuya regulación estaría más en la Ley 30 o en el EBEP que como empleados públicos ordinarios. No creo que sea la situación exacta que se produce con los Mossos d'Esquadra ni tampoco con la Ertzaintza. En cuanto a la adaptabilidad de las pruebas a las funciones, el problema estriba en que cuando se ingresa en el Cuerpo Nacional de Policía no se prevé un acceso a funciones específicas parciales, sino que se prevé el acceso al propio Cuerpo Nacional de Policía y a la generalidad de las tareas y competencias que debe tener la policía. Por tanto, nosotros entendemos que las pruebas sí están adaptadas, pero están adaptadas a la generalidad de las funciones y competencias que se atribuyen a la Policía Nacional. No hay apartes de funciones específicas en ese sentido.
Con respecto a las enmiendas de Izquierda Unida-Esquerra -lo primero darle las gracias también como he hecho con el resto- quedan vivas siete enmiendas. Sé que para un grupo pequeño es difícil asistir puntual y regularmente a las reuniones de ponencia, y quiero agradecerle ese esfuerzo y la voluntad de acuerdo. En la enmienda 34 se refiere a la competencia de los responsables territoriales. Le voy a poner a usted un ejemplo que creo que le sonará por su profesión -entrecomillas- civil, fuera de aquí, fuera de la casa. En un hospital los recursos se mueven, por ejemplo,
los médicos que hacen guardias, etcétera; es decir, desde la propia dirección del hospital se están moviendo esos recursos. En las comisarías ocurre exactamente lo mismo. Puede usted tener médicos con determinadas especialidades, cirujanos, etcétera, como puede tener también especialistas en las comisarías en explosivos, en drogas, etcétera, pero dentro de esa comisaría esos recursos se mueven, por tanto, usted a los responsables territoriales no les puede eliminar esa capacidad de mover esos recursos. El ejemplo es muy similar al de un hospital donde hay gente con distintas especialidades, pero hay guardias a hacer, etcétera.
Respecto al ingreso por la escala baja, vuelvo otra vez al ejemplo del hospital, no se puede ingresar solo por una vía en el Cuerpo Nacional de Policía porque la naturaleza de las funciones también son distintas. Lo he hablado, por ejemplo, con el SUP que lo defiende con más ahínco. Yo entiendo que en un hospital los médicos no entran como celadores, pasan después a ATS y después se hacen médicos. Eso no lo veo así. Se accede directamente a una serie de escalas y, a través de ellas, a categorías. En cuanto a la participación en sindicatos y oposiciones no hemos puesto nada distinto a lo de EBEP. Es decir, los sindicatos tienen participación, pero tienen la participación regulada en EBEP en los procesos selectivos y también organizan cursos. Lo que no podemos hacer es homologar cursos que requieren unas determinadas acreditaciones, una cierta oficialidad con los cursos formativos, que son formativos, pero no de cara a las acreditaciones que organizan los sindicatos y que muchas veces están también para su propia recogida de recursos y financiación, como todos sabemos, y no es malo.
Las enmiendas 41 y 43 me sorprenden porque creo que es progresista que, poco a poco, en la Administración General del Estado y en todos los servicios públicos vayamos introduciendo la evolución de la eficacia de esos recursos y del rendimiento de los que forman parte de él. Yo creo que es un ejercicio de transparencia de cara a la ciudadanía y de optimización de recursos, por tanto, la evaluación del desempeño creo que es uno de los elementos modernizadores de nuestra Administración y no debiéramos quedarnos sin ella. De las 42 enmiendas del Grupo Popular que quedan vivas 16, después de aceptar las transaccionales...
La señora PRESIDENTA: Señor Bar Cendón, ya comprendo que es importante y que son muchas enmiendas, pero le rogaría que fuera lo más breve posible.
El señor BAR CENDÓN: Intentaré cumplir, señora presidenta; pero es que se nos pidió que fuéramos poco a poco porque eran muchas enmiendas, la cosa era muy compleja y también por la cortesía parlamentaria de contestar a los portavoces. Intentaré cumplir. ¿Cuantos minutos me da usted?
La señora PRESIDENTA: Le ruego que sea lo más breve posible.
El señor BAR CENDÓN: Procuraré no abusar porque creo que todos tenemos hambre.
Las enmiendas del Grupo Popular las voy a intentar agrupar. En lo sustancial las discrepancias se refieren a la segunda actividad y a la jubilación forzosa. Saben sus señorías que tenemos dos modelos diferentes. Entendemos, así lo comparten la mayoría de los representantes sindicales, que el modelo vigente está completamente desfasado porque se hizo para otros tiempos y para otra composición del Cuerpo Nacional de Policía. Por eso vamos a introducir la jubilación forzosa a los 65 años. No hay pase forzoso sino únicamente voluntario a la segunda actividad a los 58-62 y con treinta años de servicios, salvo el caso de insuficiencia psicofísica que en este caso sí sería obligatorio. Antes de aparcar -los propios sindicatos lo llaman así- a unos funcionarios con segundas actividades con destino de modo insatisfactorio para ellos mismos, el artículo 37.3 ya prevé una solución mucho más digna que la de la segunda actividad con destino actual. Dice: El derecho a la ocupación de un puesto de trabajo adecuado a partir de los 58 años de edad o cuando se declare una incapacidad física parcial se realizará de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. Es decir, se prevé que dada la penosidad de algunas tareas habrá funcionarios que a los 50 años lleguen, no para jubilarse, no para que se les incapacite pero sí para que dentro de esa comisaría se ajusten sus funciones o sus tareas a la edad que tienen. Eso es algo que se viene haciendo además habitualmente en todas las comisarías de España. Además, ahora que está en discusión la edad de jubilación cualquier otra fórmula sería altamente discriminatoria con el resto de funcionarios.
Muy rápidamente. Nos habla en la enmienda 68 de poner un plazo que no debiera ser inferior a ocho años para la promoción. Nosotros preferimos llevar ese plazo a desarrollo reglamentario. ¿Por qué? Porque no todas las promociones tienen el mismo tamaño. Hemos tenido promociones muy amplias cuando hemos podido porque además era necesario reforzar las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía pero también tenemos, cuando las razones económicas lo aconsejan o cuando la Policía está ya más ampliamente dotada, promociones más pequeñas. Si nosotros ponemos ese límite -yo sé que los comisarios están especialmente interesados en ello- llegaría un momento en que estaríamos invirtiendo la pirámide y muy probablemente tendríamos más tenientes que cabos o más generales que sargentos.
La enmienda 71 está transaccionada ya. Yo le pediría que nos aceptase esa transacción porque creo que es completamente satisfactoria. En cuanto a la enmienda 87 que pide el cien por cien de retribuciones cuando se pasa a la segunda actividad o se incapacita por razón de servicio, creo que sería un coladero enorme. (El señor Cosidó Gutiérrez: Está retirada, esta subsumida.) ¡Ah! Está retirada. De acuerdo. Me quedo simplemente con dos: el
cómputo del tiempo en servicios especiales para pasar a segunda actividad. Eso lo dice el EBEP, no hace falta que lo diga aquí. En servicios especiales, no en servicios en cualquier otra Administración pública y cualquier tipo de servicios; en servicios especiales, sí; en los otros no, no podría ser. En la enmienda 95 nos piden algo que nosotros compartimos, pero este no es el ámbito de aplicación que tiene esta ley. Esta ley habla de Policía Nacional, no de Guardia Civil. Le voy a hacer una propuesta. Podemos presentar, incluso conjuntamente, una proposición no de ley con carácter inmediato que suscribimos -ya digo, conjuntamente- en la que instamos al Gobierno a que presente en un plazo de tres meses el reglamento mencionado, referido a la Guardia Civil. Estaríamos dispuestos a firmarlo conjuntamente, pero entendemos que no cabe en esta ley porque estamos hablando de otra cosa distinta que es el Cuerpo Nacional de Policía.
Para acabar, señora Díez, perdone usted porque me van a reñir más y no le puedo contestar a todo, pero le voy a decir que una cosa es adscripción provisional a determinadas funciones, que está en el artículo 43 y que tiene un límite de seis meses; otra cosa distinta son las comisiones de servicios forzosas, que están reguladas en el artículo 42 y que también tienen una limitación a seis meses; y otra cosa muy distinta es cómo se asignan funciones a determinados servicios dentro de una comisaría. Se le ha puesto a eso el tiempo imprescindible. ¿Por qué? Porque si alcanzasen tres meses ya no sería esa situación. Ese tiempo imprescindible jamás va a alcanzar los tres meses que usted propone; es el tiempo imprescindible que puede ser una semana, dos meses. Yo creo que el tiempo imprescindible es la mejor definición. Perdóneme usted pero no puedo alargarme más. Les pido por tanto que retiren las enmiendas que tienen presentadas. (Aplausos.-Risas.)
La señora PRESIDENTA: ¿Hay alguna retirada más de enmiendas o alguna otra cosa que decir sobre las enmiendas? (Denegaciones.)
Vamos a pasar a las votaciones si los grupos están en condiciones de votar. Siguiendo el orden del debate, vamos a empezar por la votación del dictamen del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. En primer lugar, votamos las enmiendas que han quedado vivas de la señora Díez: la 47 y la 49. ¿Juntas? (Denegaciones.) Votamos la enmienda número 47.
Enmienda número 49 del mismo grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 20.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. Señor Llamazares, ¿se votan todas juntas? (Asentimiento.)
Enmiendas del Grupo Parlamentario de CiU. Se ha pedido votación separada. Enmienda número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 18.
Enmienda número 11 de CiU.
Por último, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Pasamos a votar el dictamen, como es lógico, con los artículos, las enmiendas incorporadas y la exposición de motivos.
El plazo para votos particulares que se quieran mantener es de cuarenta y ocho horas, por lo tanto, termina el sábado a las catorce horas, y presumiblemente esta ley se verá si entra en el orden del día del próximo Pleno, el día 14 de julio, si así se aprueba.
La señora PRESIDENTA: Votamos el dictamen de la Comisión del proyecto de ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía.
Votamos, en primer lugar, las dos enmiendas transaccionales o in voce que han sido presentadas. ¿Conjunta o separadamente?
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Separadamente.
La señora PRESIDENTA: Votamos la primera que afecta al artículo 19 de la ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, tres; abstenciones, 16.
Votamos la segunda enmienda in voce que es al artículo 42.
Pasamos a las enmiendas de los grupos.
Enmiendas del Grupo Mixto. Señora Díez, ¿votamos los tres grupos o todas juntas?
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Todas juntas.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: A mí me da igual. Si no os voy a hacer cambiar de criterio, me da igual. (Risas.)
La señora PRESIDENTA: Votamos todas las enmiendas vivas del Grupo Mixto, de la señora Díez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 20.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. Señor Llamazares, ¿juntas? (Asentimiento.)
A continuación, votamos las cuatro enmiendas del Grupo Catalán todas juntas.
Votamos las del Grupo Popular que hemos relatado anteriormente, que habían quedado todas vivas todas juntas.
Por último, votamos el dictamen con las enmiendas in voce, con todo el articulado y con la exposición de motivos.
Este dictamen pasa al Senado.
Asimismo, me quiero sumar, antes de que levantemos la sesión, al capítulo de agradecimientos a todas las señoras y todos los señores diputados de esta Comisión, especialmente a los ponentes de estos proyectos de ley y, por supuesto, a los funcionarios de la Comisión, especialmente a la letrada, y a todos los que nos acompañan que hacen que sea fácil hacer el trabajo que tenemos encomendado.
Se levanta la sesión, esperemos que hasta el próximo periodo de sesiones.