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Timestamp: 2018-01-23 18:09:55
Document Index: 220876906

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 140', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 53', 'artículo 161', 'artículo 16']

Libertad Religiosa [9486] | Derecho Constitucional II (UAB) | Unybook
Libertad Religiosa (2014)
Libertad religiosa 1. La faceta positiva y la negativa de la libertad religiosa.
La libertad religiosa en la Constitución Española queda expresamente recogida en el artículo 16, sumado a la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
Libertad ideológica y religiosa 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
En el primer artículo, el estado Español como estado social y democrático de derecho (art. 1.1 CE) garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos, por lo tanto esto deriva en la faceta positiva de esta libertad, pues ningún individuo puede ser tratado de manera desigual o peyorativa a causa de su religión y tiene el derecho de manifestarla públicamente; la práctica de cualquier religión queda protegida por este precepto constitucional y el hecho de no respetarlo constituiría una violación de los derechos fundamentales.
Cabe añadir que España es un estado aconfesional según el artículo 16.3, es decir, no se adhiere y no reconoce como oficial ninguna religión en concreto aunque pueda tener acuerdo con ciertas instituciones religiosas, la Iglesia Católica en este caso. Puesto que queda recogido en este precepto constitucional, ninguna religión puede ser considerada la verdadera o la legítima en territorio español, ya que todas pueden practicarse libremente; no existe una jerarquía religiosa y ningún individuo puede ser obligado a ser creyente de una doctrina determinada.
Por otro lado, la faceta negativa de la libertad religiosa estaría formada por las prácticas religiosas que topasen directamente con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Un individuo puede ser practicante de una determinada religión, y si ésta 1 exige el seguimiento de unas conductas o de unos código contrarios a la norma suprema o al orden público protegido por la ley (estado de legalidad normal), deberán ser prohibidos o declarados inconstitucionales a pesar de la libertad religiosa.
2. La dimensión externa e interna de la libertad religiosa.
Dimensión externa. La dimensión externa hace referencia al hecho de manifestar públicamente a qué religión uno pertenece, hacerlo visible a los otros ciudadanos sin ser coaccionado por los poderes públicos (inmunidad de coacción). Asimismo, formar parte de un colectivo religioso, sería una manifestación pública. El Código Penal sanciona como delito la acción de, provocar al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos referentes a la religión o creencias (510. 1 CP) e impedir el legítimo ejercicio de la libertad de reunión lícita (514. 4 CP). De la misma manera prevé penas para las asociaciones ilícitas, como pueden ser las asociaciones que promuevan el odio o la violencia contra personas, asociaciones o grupos por razón de su religión (515. 5º y 517 CP). También sanciona a los que impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los acto propios de las creencias que profesen o asistirá los mismos (522. 1º CP), y a los que profanen ceremonias o sitios sagrados (524 CP).
Dimensión interna. La dimensión interna hace referencia a la creencia individual, al hecho de pertenecer a una religión pero no necesariamente manifestar dicha práctica en público; forma parte de la esfera individual de cada sujeto, artículo 16.2 CE.
3. Exigencias constitucionales para la posible limitación de la libertad religiosa ¿puede una ordenanza municipal establecer la prohibición de acceder o permanecer en los edificios o dependencias municipales portando velo islámico integral? Un reglamento es un acto normativo sin valor de ley dictado por el poder ejecutivo. Se encuentra subordinado a la ley y a cualquier otra norma con una posición jerárquica superior. El poder ejecutivo de los entes locales es el Ayuntamiento, el cual tiene atribuida la potestad reglamentaria según el principio de autonomía, artículo 140 CE.
2 La función principal de los reglamentos es desarrollar las leyes cuando éstas lo indiquen de forma expresa, y tal y como he mencionado anteriormente, tienen unos límites a respetar: no vulnerar el contenido de las leyes o de cualquier norma con rango de ley, y cabe añadir, que un reglamento nunca podrá imponer delitos o faltas, infracciones administrativas ni establecer penas o sanciones , así como tampoco podrá imponer tributos, tasas, o cualquier otra prestación equiparable de carácter personal o patrimonial.
Debido al principio de autonomía, un ente local tiene la potestad reglamentaria para dictar reglamentos que desarrollen leyes con el fin de ejercer las competencias que tienen atribuidas. Mediante el uso de dicho principio, el Ayuntamiento de Lleida aprobó en el pasado año 2010 una Ordenanza Municipal que introducía modificaciones respecto a la entrada y estada de dependencias municipales: “La normativa reguladora del uso de servicios en edificios y equipamientos municipales podrá limitar o prohibir acceder o permanecer a las personas que lleven velo integral, pasamontañas, casco integral u otros vestidos u accesorios que impidan o dificulten la identificación.
Los edificios y equipamientos municipales de los cuales habla la ley son cívicos, locales sociales de barrio, centros culturales, bibliotecas, polideportivos, piscinas, mercados municipales, guarderías y las sedes administrativas del Ayuntamiento, asimismo también afecta al transporte público; es decir, a todos los ámbitos de la vida pública de una persona.
La controversia de este caso radica en si el Ayuntamiento de Lleida, tiene o no competencia para dictar la Ordenanza Municipal que restringe la libertad religiosa de los ciudadanos.
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se estimó que una ordenanza municipal puede regular materias accesorias de derechos fundamentales, y sobre todo concernientes a las manifestaciones de la convivencia o vida colectiva dentro del término municipal (STC 132/89, 101/91 o 77/85), por consiguiente no se estaría quebrantando el derecho a la libertad religiosa del artículo 16. Cabe añadir que la misma sentencia niega que se haya vulnerado el artículo 14 CE correspondiente a la libertad, ya que afirma que no afecta a la igualdad entre hombres y mujeres, sino a la seguridad ciudadana, ya que el hecho de que una mujer vaya con el rostro cubierto, impide su 3 identificación. Si bien es cierto, de la manera en que se indica en la sentencia del recurso de casación, si dicha mujer se identifica ante las autoridades, continuaría sin poder entrar en las dependencias municipales; por lo tanto dicho razonamiento carece de soporte jurídico.
En la fallo dictado por el Tribunal Supremo, se revoca la sentencia previa, pues el TS alega que el Ayuntamiento en cuestión no tiene competencia para dictar tal ordenanza, y sí que vulnera con tal norma los artículos 14 y 16 CE.
Según el Fiscal del TS, es necesario diferenciar entre lo que es regulación de "aspectos accesorios, accidentales o circunstanciales" del derecho fundamental, en la que el objeto directo de la regulación sean elementos del derecho fundamental o de su ejercicio, y lo que sea regulación de materias propias de los títulos competenciales de los Ayuntamientos, que, en su caso, puedan incidir en el ejercicio del derecho fundamental, aunque no tengan por objeto la regulación directa de aspectos del derecho fundamental.
Si se autorizase a los entes locales regular aspectos accesorios de los derechos fundamentales, se estaría violando el artículo 53.1 CE: Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos.
Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1.El hecho de que los derechos fundamentales y todo lo que concierne a éstos tenga que ser regulado mediante ley, supone una reserva de ley la cual excluye al reglamento la posible regulación.
No obstante, ya que la mayoría de actos normativos dictados por el poder ejecutivo afectarían de manera indirecta a algún derecho fundamental recogido en el Título I de la Constitución, se permite al reglamento incidir en dichos derechos siempre y cuando no los regule ni los modifique de manera directa, tal y como se ha hecho en la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Lleida.
La prohibición del velo íntegro en las dependencias municipales vulnera de forma directa el artículo 16 de la Constitución y lo regula sin que haya una ley estatal o autonómica que permita al reglamento hacerlo, asimismo, la Ordenanza Municipal 4 prevé una serie de sanciones que quedan al margen de la competencia de los reglamentos, pues las sanciones e infracciones están dentro del ámbito vetado y esta regulación supone una discriminación basada en prejuicios sociales de “seguridad” del ciudadano.
En síntesis, esta Ordenanza Municipal dictada por el Ayuntamiento de Lleida no tiene competencia para regular materias que afecten a los derechos fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución Española, y por ese mismo motivo, el TS revocó la sentencia del TSJ de Cataluña.
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