Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/058/030.html
Timestamp: 2020-05-26 20:38:40
Document Index: 208035422

Matched Legal Cases: ['artículo 143', 'artículo 1', 'artículo 142', 'artículo 138', 'artículo 32', 'artículo 194', 'artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 131', 'artículo 28']

BOC - 2007/058. Miércoles 21 de Marzo de 2007 - 1050
BOC Nº 058. Miércoles 21 de Marzo de 2007 - 1050
1050 - ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, relativo a notificación de Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41690-O-05.
Providencia de 2 de marzo de 2007 del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF- 41690-O-05.
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 25 de septiembre de 2906, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41690-O-05.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. José Javier Morales Martín en nombre y representación de la entidad mercantil Atlantic Distribution Networks, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la Resolución dictada por el Sr. Director Insular de Transportes de fecha 9 de junio de 2006 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora 20 de julio de 2004, 20,30, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula SE-2106-DV, del que es titular Atlantic Distribution Networks, S.L. por circular transportando 800 kg de papel industrial y una carretilla de mercancías para descargar palés (150 kg), desde Santa Cruz a Las Chafiras, careciendo el vehículo de autorización administrativa por tenerla caducada desde el 30 de junio de 2005, realizando un sp con tarjeta mpc. Presenta el vehículo distintivos mdl y placa en la parte posterior del mismo sp. se le recoge la tarjeta de ttes. para remitirla al Cabildo.
Resultando: que el día 3 de mayo de 2006 se publicó la incoación del expediente sancionador nº TF-41690-O-2005 en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma nº 84/2006.
Resultando: que por el Sr. Director Insular de Transportes se dictó resolución, que se impugna, de fecha 9 de junio de 2006 que venía a sancionar a Atlantic Distribution Networks, S.L. con multa que ascendía a 400,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 142.25 y 141.13, en relación con la LOTT, artículos 47 y 103 LOTT, artículos 41 y 158 ROTT y en ase al artículo 143.1.C) Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Notificándose dicha Resolución en fecha 21 de junio de 2006.
Resultando:	que con fecha 28 de junio de 2006, D. José Javier Morales Martín, en nombre y representación de Atlantic Distribution Networks, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que se les retira la tarjeta de transporte alegando que hacían transporte público, cosa que no es cierta, posteriormente, ha vencido la tarjeta, pero no tenían conocimiento, pues la tarjeta de transporte fue concedida en agosto de 2004 y el vencimiento fue en mayo de 2005 (menos de un año). Que ya han procedido a renovarla antes de que les llegara la notificación, aportando como fundamento a sus argumentaciones copias simples de solicitud de autorización administrativa de transportes privado complementario de mercancías para el vehículo denunciado con fecha de registro de entrada en el Cabildo Insular de Tenerife el 17 de mayo de 2006, y documento de fecha 14 de mayo de 2006 exponiendo como actividad a realizar con la mencionada tarjeta de transporte comercio al mayor de papel.
Considerando: que el artículo 1 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 47 y 103.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 41.1 y 158 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para el supuesto de los transportes privados complementarios de mercancías en vehículos ligeros, constituyendo su incumplimiento, en el supuesto de vehículo ligero, una infracción leve a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículo 142.25, en relación con el artº. 141.13 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo SE-2106-DV realizaba en el momento de ser denunciado un transporte privado complementario de mercancías en vehículo ligero sin autorización de transportes y sin acreditar la reunión del conjunto de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habida cuenta que en el momento de la denuncia, y desde el 1 de julio de 2005 la autorización adscrita al vehículo figuraba, en la base de datos informática del Área de Transportes del Cabildo Insular de Tenerife, de baja por falta de visado; habiendo incurrido la entidad expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por agente de la Sector de Tráfico de la Guardia Civil, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 y 3 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, sin que lo argumentado por la recurrente constituya causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada consignada en el artículo 194.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, habida cuenta que el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, reside en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y en la diligencia debida en su actuación.
Considerando: en relación a las argumentaciones esgrimidas por el recurrente relativas a la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido, así, la infracción cometida por el sujeto expedientado es considerada por los artículos 141.13, en relación con el 142.25 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres como de carácter leve, encontrándose la cuantía de la sanción impuesta, por su comisión, dentro de los límites fijados por el artículo 143.1.c) para este tipo de infracciones, al tratarse de una infracción que afecta a la ordenación de la competencia en el sector del transporte de mercancías, provocando competencia desleal, y ánimo defraudador implícito en el hecho de realizar transportes sin estar autorizado para ello; señalando, por demás, que la proporcionalidad es principio informador y de aplicación general a la actividad administrativa, como así es reconocido en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.r) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. José Javier Morales Martín, en nombre y representación de la entidad mercantil Atlantic Distribution Networks, S.L. confirmando la Resolución del Sr. Director Insular de Transportes, de fecha 9 de junio de 2006, que determinó la imposición de una sanción de cuatrocientos (400,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos."
Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el recargo correspondiente, y en su caso, los intereses de demora, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.