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Timestamp: 2017-04-25 02:33:54
Document Index: 163996572

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 8', 'artículo 22', 'Artículo 89', 'Artículo 150', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 14']

DH1999Cap11 by Programa Estado de la Nación - issuu
La Cumbre de Presidentes centroamericanos
de Esquipulas II, celebrada en 1987, y en la cual
se aprobó el procedimiento para establecer la paz
firme y duradera en Centroamérica1, es el punto
de arranque de los esfuerzos institucionales de
integración regional de finales del siglo XX. Esquipulas II contribuyó decisivamente a la normalización de las relaciones económicas y políticas en el istmo, al hacer posible su gradual
pacificación2, facilitar su estabilización política y
la transición democrática de los países gobernados, hasta entonces, por gobierno autoritarios.
Al promediar la década de los 80, producto
de la combinación de sucesivas crisis económicas
y políticas en Centroamérica, las instituciones de
integración surgidas en el período de 1950 a
1970, tales como la ODECA, el CMCA y la SIECA, entre otras, prácticamente habían colapsado3.
En efecto, estas instituciones sufrieron el retiro
de muchos cuadros técnicos, paralizaron casi todas sus acciones, e incluso varios países iniciaron
políticas de reforma económica, auspiciados por
organismos financieros internacionales, sin consideraciones regionales y sin consultas con las
instituciones de integración formal o realmente
existentes (CEPAL, 1990)4.
La reactivación de los esfuerzos institucionales,
a finales de la década anterior, rápidamente dio paso a una nueva ronda de integración centroamericana en los años 90. Primero, la creación del Sistema de Integración Centroamericano (SICA)
implicó una reforma de la institucionalidad heredada de los años 60. Segundo, la suscripción de
la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), por los gobiernos del istmo, estableció una
agenda de largo plazo para la integración regional. Tercero, una significativa ampliación de la
normativa regional (tratados y acuerdos centroamericanos) expandió las actividades de las instituciones de integración hacia ámbitos tradicionalmente considerados como propios de cada
país, tales como asuntos ambientales y de equidad social. Cuarto, en la actualidad nuevos actores gubernamentales y no gubernamentales participan en lo que fue tradicionalmente un ámbito
reservado a los gobiernos. Por una parte, Panamá, Belice y República Dominicana se convierten
en socios activos del esquema de integración;
por otra, las instituciones regionales abren mecanismos de consulta con las organizaciones de la
sociedad civil (véase Capítulo 13).
Los esfuerzos institucionales de la nueva ronda de integración centroamericana se distinguen
claramente de las rondas previas. Si se comparan
con los reiterados esfuerzos unionistas del siglo
XIX, pueden apreciarse dos diferencias importantes. Primero, la unión política centroamericana no es vista hoy como el requisito sine qua non
para la integración. Segundo, en la actualidad los
esfuerzos institucionales procuran la integración
regional mediante la creación de una zona de paz
y desarrollo y no la constitución, por medios militares, de una república regional. Cabe mencionar
que el axioma de la identidad entre integración
creamos instituciones
y luego las tiramos al
Y ACADÉMICO, COSTA RICA
regional y unionismo fue progresivamente abandonado en el curso de la primera mitad del presente siglo (Cuadros 11.1 y 11.2).
Con respecto a su antecedente inmediato, el
Mercado Común Centroamericano (MCCA) de
los años 50 y 60, la ronda actual de integración
tiene cuatro diferencias importantes. Primero, y
no por obvio menos importante, hoy en día la integración regional se hace entre regímenes democráticos y con mecanismos de consulta con la
sociedad civil regional.5 Segundo, la estrategia
escogida es la del regionalismo abierto, acorde
con las políticas de apertura comercial y promo-
ción de exportaciones seguidas por los países del
área, en contraste con la creación de un mercado
regional protegido, la opción escogida cuatro décadas atrás por los gobiernos, basadas en una estrategia de sustitución de importaciones. Tercero, la agenda de la integración regional es hoy
distinta y más amplia. Los países han definido
una visión de desarrollo de largo plazo, la ALIDES, en la cual los aspectos sociales y ambientales tienen una gran importancia. Se trata, al menos en su enunciado, de una integración de fines
y no únicamente de medios, como la del MCCA.
Cuarto, ha involucrado un mayor número de
Centroamérica: cronología de la tensión entre el unionismo
y el antiunionismo durante el siglo XIX
Guatemala decidió unirse al imperio mexicano de Iturbide.
La separación de México se produjo al mismo tiempo que el establecimiento de la Federación Centroamericana y de una
Constitución Política Federal.
En el caso de Costa Rica, el auge económico del café incrementó el localismo y el separatismo. El país se separó de la
Federación, al igual que El Salvador.
Francisco Morazán tomó el poder en Guatemala e instaló el gobierno federal.
Rafael Carrera (jefe de Estado conservador de Guatemala, opositor de Morazán) tomó la ciudad de Guatemala
y disolvió definitivamente la Federación. Permaneció como presidente de ese país hasta 1865.
El jefe de Estado de Costa Rica, Braulio Carrillo, decretó la separación definitiva de Costa Rica de la Federación.
El general Morazán intentó retomar su proyecto desde Costa Rica, derrotó a Carrillo y fue nombrado Jefe Supremo Provisional
de Estado (abril-setiembre). Un levantamiento terminó con su captura y fusilamiento el 15 de setiembre, en San José.
Se firmó del Pacto de Chinandega en el que Nicaragua, Honduras y El Salvador conformaron la Confederación Centroamericana;
Guatemala y Costa Rica no enviaron delegados a esta reunión. Por primera vez se contempló la creación de una corte suprema
de justicia centroamericana.
Se firmó la Dieta de Nacaome entre Nicaragua, Honduras y El Salvador; se conformó la Representación Nacional
de Centroamérica; Guatemala y Costa Rica se mantuvieron aislados.
1851-1852 Otras dos Dietas fueron suscritas en Chinandega y en Honduras, ninguna fue instalada en la práctica.
1866-1857 La campaña contra los planes del filibustero Willian Walker se dio desde todas las naciones centroamericanas.
El presidente salvadoreño Gerardo Barrios realizó varios intentos para reorganizar la Federación; firmó un acuerdo
con Nicaragua en 1862.
Fusión de Honduras y el Salvador con el apoyo de los Estados Unidos.
En Guatemala, Justo Rufino Barrios decretó la Unión Centroamericana, autonombrándose Supremo Jefe Militar en ejercicio del
mando absoluto de Centroamérica. Solamente Honduras apoyó la inciativa, los demás países se aliaron en su contra y fue
derrotado y muerto en un enfrentamiento militar.
En el marco del Tratado de Paz, Amistad y Alianza Defensiva entre Guatemala, El Salvador y Honduras se firmó el Pacto de Unión
Provisional de los Estados de Centroamérica, bajo el nombre de República de Centroamérica.
1892-1893 Se constituyó, con excepción de Costa Rica, la Dieta de Centroamérica.
Se firmó entre Honduras, El Salvador y Nicaragua el Pacto de Amapala, que creó la República Mayor de Centroamérica;
posteriormente Costa Rica y Guatemala firmaron el tratado de unión política y se constituyó la República de Centroamérica.
Se elaboró una Constitución Federal que regiría a los Estados Unidos de Centroamérica, pero Costa Rica y Guatemala no la
Fuente: Elaboración propia con base en Chamorro y Nájera, 1996; Hernández, 1994; Herrarte, 1955; Lizano y Bonilla, 1998.
actores estatales y de organizaciones civiles en el
proceso; los primeros por la ampliación de los
mecanismos de cooperación entre los países vecinos del área y los segundos, incluidos mediante la creación del Consejo Consultivo del SICA.
Al filo del nuevo milenio, las instituciones de
la integración regional enfrentan grandes desafíos. Algunos son nuevos, producto de la normativa regional emergente, que impone una multiplicidad de objetivos y áreas de actividad difícil
de manejar. La participación de la sociedad civil
regional en el proceso de integración supone un
reto pluralista para las instituciones de integración. Otros retos, sin embargo, son crónicos, y se
relacionan con la debilidad histórica de las instituciones regionales y su limitada capacidad de
ejecución vis a vis los acuerdos gubernamentales,
así como con la falta de disciplina de los países
para mantener los acuerdos.
Casi un tercio de las instituciones
regionales fue creado en la presente década
La presente década es, junto con la de 19511960, un período de creación de instituciones
regionales cuya acción moldea el curso de la integración centroamericana. En efecto, durante
ambas décadas fueron constituidas más del 50%
de las instituciones existentes (Cuadro 11.3).
En el primer período se crearon organismos
muy relacionados con los objetivos del MCCA,
como la Secretaría General del Tratado de Integración Económica (SIECA), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, la
Navegación Aérea (COCESNA) y el Banco
sistemática y precisa
FUNCIONARIO ORGANISMO
Centroamérica: cronología de intentos integracionistas
Se firmó el Pacto de Corinto (excepto Guatemala) como un mecanismo de solución de
Se suscribió el Acuerdo Marblehead, en el que los países centroamericanos se comprometieron a
firmar, en un año, el Tratado General Centroamericano. En San José se ratificó el Pacto de
Corinto y se propuso la creación de una Oficina Internacional Centroamericana y de un Instituto
Pedagógico Centroamericano, con sedes en Guatemala y Costa Rica, respectivamente.
Se creó la Corte Suprema de Justicia Centroamericana, que sólo duraría diez años.
Se fundó el Partido Unionista, que sostenía la tesis de que las burocracias nacionales habían
propiciado la disolución de la región y, por tanto, la unión sólo podía alcanzarse mediante un
movimiento popular basado en la educación.
El Pacto de la Unión Centroamericana fue firmado por todos los países (excepto Nicaragua); se
convocó una Asamblea Nacional Constituyente y tres países aprobaron la Constitución Federal.
Firma del Pacto de Washington, que incluyó once convenios centroamericanos y una declaración,
así como la creación de una nueva corte de justicia.
Nicaragua, Guatemala y Honduras firmaron el Tratado de Confraternidad Centromericana,
renunciando a la guerra y a la violencia como forma de resolver los conflictos y reconociendo la
unión política como la suprema aspiración de todos los pueblos. Solamente Nicaragua lo ratificó.
1944 hasta
los años 50 El presidente Juan José Arévalo, de Guatemala, presentó el Plan Progresivo de Unidad
Centroamericana, que no tuvo acogida en el resto de los países
Fuente: Elaboración propia con base en Chamorro y Nájera, 1996; Hernández, 1994; Herrarte, 1955; Lizano y
Bonilla, 1998.
"Hay una exagerada
regional, muchos
satélites del SICA con
poca capacidad"
GREMIAL, HONDURAS
(BCIE), entre otros. En un menor número, también fueron creados organismos de cooperación
en las áreas política y social, como la Asociación
Centroamericana de Cooperación Intermunicipal y la entidad política de la integración regional, la Organización de Estados de Centroamérica
Las instituciones de integración regional surgidas en los años 50 y 60 sufrieron un impasse
con el estallido de la crisis económica y política
de finales de los 70. Pocas entidades fueron creadas en los veinte años que van de 1971 a 1990;
sin embargo, cabe anotar que se trataba de entidades especializadas, como la Coordinadora
Educativa y Cultural de Centroamérica (CECC),
la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COMCATRAM) o la Comisión Centroamericana para el Ambiente y Desarrollo (CCAD).
En la presente década, los esfuerzos gubernamentales por la integración retoman fuerza bajo
el marco jurídico e institucional planteado en el
Protocolo de Tegucigalpa, que creó el SICA y que
entró en funcionamiento en 1993, conservando
gran parte de la estructura de la antigua ODECA.
Así, puede encontrarse instancias tales como las
reuniones de presidentes, las reuniones de
ministros de los distintos ramos, una secretaría
general con comisiones de asuntos económicos,
sociales, culturales, jurídicos y administrativos, así
como la mayoría de las organizaciones regionales
creadas en las décadas anteriores.
El nuevo impulso de creación de instituciones se asienta sobre la institucionalidad anterior,
especialmente las entidades económicas, pero
tiene características propias. En primer lugar, cabe mencionar la concentración de las nuevas instituciones en el área ambiental, como la CCAD y
CEPREDENAC, que fueron fundadas a finales de
los años 80, pero empezaron a funcionar después de 1990 y, en el área política, la Corte Centroamericana de Justicia y la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la
Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Así,
sólo dos de las once instituciones del área económicas fueron establecidas en los años 90, en
comparación con tres de la siete instituciones
Las instituciones fundamentales de la integración regional
en los años 60: ODECA y MCCA
“En el nuevo esquema
institucionales. Este
debiera ser un tiempo
competir”
CONSULTOR DE ORGANISMO
GREMIAL, NICARAGUA”
a ODECA se creó el 14 de octubre de 1951, por
medio de la Carta de San Salvador. Su objetivo fue
promover y acelerar la recíproca cooperación económica, social y técnica de los cinco Estados centroamericanos. Se creó con ella la Corte de Justicia Centroamericana y el Consejo Económico (De Guttry,
1993). Cuarenta años después, esta carta sirvió de base para la creación del SICA (Protocolo de Tegucigalpa
a la Carta de la ODECA).
Por su parte, el Mercado Común Centroamericano fue creado por la resolución Nº 9 de 1951, de
la CEPAL; al año siguiente se conformó el Comité
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CEE). El CEE estaba integrado por los ministros
de economía de la región, quienes trabajaron en la elaboración de un acuerdo de libre comercio, el cual se
concretó en 1959 con la firma del Tratado Multilateral
de Libre Comercio e Integración Económica. Complementariamente, se firmó el Tratado General de Integración Económica en 1960; Costa Rica no firmó su
adhesión hasta 1962. Este Tratado se encuentra vigente en la actualidad, con las modificaciones hechas en el
Protocolo, en octubre de 1993.
En el modelo institucional de los años 60 la integración política le correspondía a la ODECA, pero
su funcionamiento era mínimo, dada la inestabilidad política que aún se mantenía en la región. En
el aspecto económico se vieron más avances: la Nomenclatura Arancelaria Unificada Centroamericana
(NAUCA), el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el
crecimiento sostenido del intercambio regional. Este mayor dinamismo en el área económica que en
los demás ámbitos de la integración, también característico de la década actual, fue una de las causas
que motivó la reforma de la ODECA en su momento, y la del SICA, en 1997.
Fuente: Fernández Shaw, 1955 y CEPAL, 1990.
Creación de organismos regionales por décadas y temas. 1950-1998
Fuente: Elaboración propia con datos de Fernández, 1965 y BID/CEPAL, 1998.
l Tratado Constitutivo del PARLACEN fue ratificado
por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua
y Panamá y empezó a funcionar oficialmente el 28
de octubre de 1991. Su objetivo es constituir un órgano regional de planteamiento, análisis y recomendación
sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común. Su creación, a mediados de los
años 80, ilustra cómo las bases y las motivaciones de la
ronda actual de integración fueron principalmente de
carácter político, dirigidas a fortalecer los espacios de
encuentro regional en la búsqueda de la paz.
El PARLACEN está integrado por veinte diputados titulares y viente suplentes, de cada uno de los cinco países, elegidos en procesos electorales directos y universales (de
acuerdo con lo estipulado en las leyes nacionales), que deben realizarse tres meses antes del vencimiento del período
de cinco años. Cuenta con una Junta Directiva, la Asamblea
Plenaria y trece comisiones parlamentarias permanentes.
políticas y tres de las cuatro ambientales con la
anotación ya indicada (Cuadro 11.3).
Con el establecimiento del SICA se agrupó a
un gran número de instancias regionales, unas
que datan de los años 50 y otras de muy reciente creación, que no fueron pensadas originalmente en el mismo contexto, ni bajo el mismo
concepto de integración. La naturaleza del SICA
es una novedad. Los artículos 8 a 11 del Protocolo de Tegucigalpa estipulan la creación de un
sistema institucional, no de una organización o
conjunto de organizaciones con mandatos independientes. Al introducir el concepto de “sistema”,
Su creación impulsó la revisión de la institucionalidad
regional; sin embargo, uno de los problemas que se le
ha señalado es la desvinculación con el resto de los organismos del SICA, precisamente por ser anterior a estos y no tener una normativa común que lo relacione
con ellos o haga obligatorias las consultas interinstitucionales.
La cooperación a nivel legislativo, con participación
de todos los países, también se encuentra en otras instancias al margen del PARLACEN. Ejemplo de ello son,
el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos, el Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos y la Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Ambiente
"¿De que me sirve a
mí, ciudadano de
Centroamérica, el
PARLACEN y la Corte Centroamericana
de Justicia, si hay países que la cuestionan?
que estas instituciones
contribuyan a la democracia?"
NO GUBERNAMENTAL DE PRO-
Fuente: Acuña y Nowalski, 1990.a
MOCIÓN DEL DESARROLLO,
se hizo énfasis en la interrelación entre las diferentes instancias encargadas, para lograr un funcionamiento coherente y coordinado. Esta vinculación fue reforzada posteriormente con la
suscripción de la ALIDES, que contempla la economía, la cultura, el ambiente, la política y lo social como dimensiones interdependientes e
igualmente importantes para el desarrollo.
El surgimiento de una nueva agenda regional
En los primeros años posteriores a Esquipulas I
y II, los presidentes centroamericanos privilegiaron
“Los acuerdos
política que se ha
venido modificando y
consolidando. En ese
sentido, la integración
formal ha avanzado”
DESARROLLO, EL SALVADOR
los temas políticos en el proceso de acercamiento y reactivación de la integración regional. Ciertamente, ello respondía a la búsqueda de soluciones políticas a los conflictos militares pero
también, en parte, a la influencia de la comunidad internacional6. También cabe mencionar el
aporte de la sociedad civil, organizada en grupos
de apoyo a las poblaciones desplazadas, reinserción de excombatientes, defensa de los derechos
humanos, organizaciones de desarrollo e investigación y ayuda humanitaria (Morales y Cranshaw, 1997).
De 1986 a 1990, las cumbres presidenciales
propiciaron foros regionales que permitieron la
recuperación de la confianza mutua, el diálogo y
la cooperación. Progresivamente, surgieron temas de carácter económico pues, evidentemente,
la pacificación duradera requería acciones para la
recuperación económica de los países. En la
Cumbre de Antigua, Guatemala, en junio de
1990, se creó el Plan de Acción Económica para
Centroamérica (PAECA) que incluyó como mandato, además de las medidas de corte comercial
y económico, un análisis y estudio de los instrumentos jurídicos e institucionales de la integración, con el fin de crear un nuevo marco jurídico e institucional. El compromiso consistió,
entre otros aspectos, en “reestructurar, fortalecer
y reactivar el proceso de integración, así como
los Organismos Regionales Centroamericanos,
adecuando o rediseñando su marco jurídico e
institucional para imprimir renovado dinamismo
y facilitar la modernización productiva que emprenden los países centroamericanos, que aspiran a la conformación y consolidación de la
Comunidad Económica del Istmo Centroamericano”.
En octubre de 1993, en Guatemala, los presidentes centroamericanos firmaron el Protocolo al
Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Este busca consolidar la integración como mecanismo de desarrollo, con base en
los principios de “solidaridad, reciprocidad y
equidad” y adecuarla a las condiciones de un entorno más competitivo y abierto al mercado internacional.
Con este marco institucional, el paso siguiente fue la elaboración de una agenda centroamericana que orientara la acción de las diversas entidades de integración. De acuerdo con Ricardo
Sol, Secretario General del CSUCA:
La ALIDES hace posible que, por primera vez en
la historia de nuestros pueblos, un documento oficial asocie el desarrollo económico al logro de la
calidad de vida en armonía con la naturaleza. Esto posibilita concebir al ser humano como centro y
sujeto del desarrollo, teniendo como correlato
rtículo 3. El Sistema de la Integración Centroamericana tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para
constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia
Artículo 4 (resumido). Para la realización de los
propósitos citados, el SICA y sus miembros procederán
de acuerdo con los principios fundamentales siguientes:
a. Tutela, respeto y promoción de los derechos humanos.
b. Paz, democracia, desarrollo y libertad son un todo
c. La identidad centroamericana como manifestación
activa de los intereses regionales.
d. La solidaridad centroamericana como la expresión
de la profunda interdependencia, origen y destino
e. Gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económica.
Artículo 8. El presente Protocolo modifica la estructura institucional de Centroamérica, regulada anteriormente como ODECA, y a ella estarán vinculados los órganos e instituciones de integración, los que gozarán
de autonomía funcional en el marco de una necesaria
y coherente coordinación intersectorial que asegure la
ejecución eficiente y el seguimiento constante de las
decisiones emanadas de las reuniones de presidentes.
El funcionamiento de la estructura institucional deberá
garantizar el desarrollo equilibrado y armónico de los
sectores económico, social, cultural y político.
Fuente: XI Cumbre Presidencial, Centroamericana, diciembre de 1996.
necesario el crecimiento económico con equidad
social y la transformación de los métodos de producción así como los patrones de consumo, en función de asegurar condiciones que permitan conservar el equilibrio ecológico y dar soporte vital de
largo plazo a la región.
La suscripción de ALIDES, de acatamiento
obligatorio para las instituciones del SICA y para
de cada gobierno, señalaría un nuevo rumbo para el desarrollo y la integración del istmo. Los
contenidos de la ALIDES fueron sometidos a
consultas con diversos organismos de los gobiernos y la sociedad civil, e incluyeron temas distintos a los económicos y políticos, como la integración en la actividad turística, la conservación del
medio ambiente, la integración cultural y social.
Más recientemente, fue abordado el tema de la
vulnerabilidad común de la región ante los desastres naturales.
En los años 90 ocurre una significativa
ampliación de la normativa regional
El derecho comunitario en Centroamérica
tiene una tradición histórica importante. Sólo en
la segunda mitad de este siglo se cuenta con
aproximadamente 63 instrumentos jurídicos de
carácter regional7, con alcances en temas tan diversos como la protección de la propiedad industrial, la homogenización de señales viales, las
aduanas y la integración social.
A partir de la creación del SICA se ha desarrollado, y en algunos casos reactivado, numerosos acuerdos, tratados, convenios y declaraciones, que constituyen un amplio marco jurídico e
institucional regional, mediante el cual se desarrollan las relaciones entre los gobiernos centroamericanos. Más del 45% de los tratados y convenios suscritos fue acordado en la presente década
(Cuadro 11.4). En los últimos años, se han
"Los gobiernos no
regional, cada país
ara la ALIDES, el concepto de desarrollo sostenible es un proceso de
cambio progresivo en la calidad de
vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad
social y la transformación de los métodos de
producción y de los patrones de consumo, y
que se sustenta en el equilibrio ecológico y el
soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural
regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana,
en convivencia pacífica y en armonía con la
naturaleza, sin comprometer y garantizando
Los principios de la Alianza son:
◗ El respeto a la vida en todas sus manifestaciones.
◗ El mejoramiento de la calidad de vida humana.
◗ El respeto y aprovechamiento de la vitalidad y diversidad de la tierra de manera sostenible.
◗ La promoción de la paz y la democracia
como formas básicas de convivencia.
◗ El respeto a la pluriculturalidad y diversidad
étnica de la región.
◗ El logro de mayores grados de integración
económica entre los países de la región y de
estos con el resto del mundo.
◗ La responsabilidad intergeneracional con el
◗ Hacer del istmo una región de paz, libertad,
democracia y desarrollo, a través de la promoción del cambio de actitudes personales y
sociales que aseguren la construcción de un
modelo de desarrollo sostenible en lo político, económico, social, cultural y ambiental, en
el marco de la Agenda 21.
◗ El manejo integral sostenible de los territorios, para garantizar la conservación de la
biodiversidad de la región para beneficio de
las y los centroamericanos y el de la humanidad.
◗ Transmitir a la comunidad internacional los alcances de la Alianza, así como la importancia y
los beneficios comunes que se deriven del apoyo a este modelo centroamericano sostenible.
◗ Fomentar condiciones que fortalezcan permanentemente la capacidad y participación
de la sociedad para mejorar la calidad de vida presente y futura.
Algunos compromisos de la ALIDES en materia económica son:
◗ Impulsar la armonización y coordinación de
las políticas macroeconómicas y sectoriales
◗ Extender y profundizar el adiestramiento de
los recursos humanos, con el objeto de incorporar grandes segmentos de la población a
procesos productivos competitivos.
◗ Insertar de manera eficiente a Centroamérica en la economía mundial.
◗ Impulsar procesos productivos sostenibles,
que estimulen la producción sin deterioro del
◗ Promover un programa de reconversión industrial dentro de los postulados de la ALIDES
◗ Reconstruir, rehabilitar y modernizar la infraestrucutra regional, especialmente en
transporte, energía y telecomunicaciones.
Fuente: SICA, 1994
“Existe un divorcio
reales de integración
incorporado temas propios del concepto de desarrollo sostenible y han aumentado los convenios para la protección del medio ambiente, el
mejoramiento del intercambio comercial y la institucionalidad regional, como es el caso por
ejemplo, del Tratado de Integración Social Centroamericana, el Tratado Centroamericano de Telecomunicaciones, el Convenio para la Protección de la Propiedad Privada y el Tercer
Protocolo al Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.
En el área política, destaca el tratamiento del
tema de seguridad democrática como una de las
prioridades regionales. Centroamérica cuenta a
la fecha con un Tratado Marco de Seguridad Democrática, ratificado por cuatro países, que es
una referencia importante para procesos de integración regional entre otros países de América
Latina. Además, se han suscrito varios tratados y
convenios que refuerzan las acciones conjuntas
contra la delincuencia y el crimen organizado8,
reconocidos como fenómenos que afectan a todas las naciones del área.
Los instrumentos suscritos a partir de 1995 son:
◗ Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana.
◗ Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos
◗ Convenio Constitutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía.
◗ Tratado Centroamericano para la Recuperación
y Devolución de Vehículos Robados, Hurtados,
Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente.
◗ Convenio Constitutivo de la Comisión Perma-
nente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas (CCP).
El aumento en el número de instrumentos jurídicos regionales está acompañado por una mayor cantidad de declaraciones presidenciales,
planes, agendas de trabajo y otros acuerdos que
no necesariamente están sometidos a la ratificación de los congresos nacionales, ni representan
normas de acatamiento obligatorio para los gobiernos, pero que sí reflejan las discusiones de
las reuniones presidenciales. Desde la Cumbre de
Esquipulas I, en 1986, hasta la firma de ALIDES en
1994, se contabilizan alrededor de sesenta documentos de este tipo, resultado de aproximadamente tres cumbres presidenciales por año. Existen
aproximadamente 2,500 acuerdos, entre resoluciones, mandatos, decisiones presidenciales y declaraciones de intención, de los cuales se ha ejecutado un porcentaje mínimo9 (Trejos, 1997).
Un recuento realizado por el SICA sobre el
número de acuerdos tomados en las trece cumbres presidenciales celebradas durante los años
90 (de la VII a la XIX), revela que 72 de los 707
acuerdos no tienen especificado el organismo
responsable de su ejecución. Sin contar aquellos
que son de carácter declarativo, es decir, que no
suponen la necesidad de un ejecutor, resulta que
un 14%, uno de cada siete acuerdos presidenciales tomados en la presente década, no tiene especificación de responsable10.
Centroamérica: tratados y convenios aprobados,
por décadas, según tema. 1951-1998
1951-1960 a/
1991-1998 b/
a/Para esta década la información se tomó de Fernández, 1965.
b/La actualización 1996-1998 se tomó de SICA, 1999.
Fuente: Elaboración propia con datos de CSUCA/ SICA, 1996; Fernández, 1965 y SICA, 1999.
Centroamérica: número de reuniones presidenciales, participantes y resultados
Declaracionesa/
Instrumentos jurídicos b/
8 e/
a/ El término declaraciones se refiere a acuerdos, agendas, planes y otros documentos de declaración de intenciones.
b/ Instrumentos jurídicos: documentos que tienen un carácter de obligatoriedad y son vinculantes para los firmantes, tales como los protocolos,
resoluciones y convenios. De aquí se aproxima el “resultado” de las reuniones.
c/ En algunas reuniones participó Panamá.
d/ En algunas reuniones participaron Belice y Estados Unidos.
e/ En algunas reuniones participaron Belice, República Dominicana y Estados Unidos.
f/ En algunas reuniones participaron Belice y México.
Fuente: Elaboración propia con datos de SICA, 1999.
Una institución con historia: la Corte Centroamericana de Justicia
a idea de una corte de justicia centroamericana se expuso por primera vez en el
Pacto de Chinandega, de 1842.
Sin embargo, no fue sino hasta 1907 que,
en la reunión de presidentes centroamericanos realizada en Washington, se creó la Corte Centroamericana de Justicia, cuya vigencia
fue de diez años. Su principal logro lo alcanzó en 1908, al solucionar pacíficamente un
conflicto entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Tres acontecimientos fueron socavando
la legitimidad de la Corte: el derrocamiento
del presidente nicargüense Zelaya, la revuelta
provocada por la fuerte influencia ejercida por
Estados Unidos sobre el presidente de la Cor-
te, Adolfo Díaz, y, por último, el Pacto BryanChamorro, firmado entre Estados Unidos y Nicaragua.
El Protocolo de Tegucigalpa volvió a establecer la Corte, con sede en Nicaragua. El
convenio fue firmado por los seis Presidentes
en 1992, pero solamente lo han ratificado El
Salvador, Honduras y Nicaragua. En él se
establece que la Corte es el órgano encargado
de garantizar el respeto en la interpretación y
ejecución del Protocolo, sus instrumentos
complementarios y actos derivados del mismo.
Entre las amplias facultades que se establecen en su estatuto, la Corte podría resolver
algunos casos de conflictos entre poderes u
órganos fundamentales de los Estados nacionales. Esto provocó la declaratoria de inconstitucionalidad del estatuto en Costa Rica.
Además, el artículo 22g dice que la Corte podrá conocer los asuntos que someta a su consideración, directa e individualmente, cualquier afectado por los acuerdos del órgano u
otro organismo del SICA, lo que significa un
acceso universal y directo de cualquier centroamericano. Asimismo, se le otorga la facultad de conocer los incumplimientos de los
acuerdos de los organismos del SICA.
Fuente: Herrarte, 1955; SICA, 1998.
Diferencias con las rondas anteriores
de la integración es más diversa
“El calificativo de
integración “real”
tiene que ser utilizado
porque si se dice que
una integración es
real, se supone que
hay otra que no lo es,
o que es meramente
formal. Pero resulta
formal también es
real, no puede
ignorarse.”
Contrario a la estrategia del Mercado Común
Centroaméricano de los años 50 y 60, una de las
novedades del Protocolo al Tratado General de
Integración Económica es el llamado regionalismo abierto (véase Capítulos 2 y 5). Es decir, se
busca la vinculación externa del istmo, ya sea de
manera conjunta (regional), o individual, por
medio de acuerdos bilaterales. La adopción del
regionalismo abierto fue muy influenciada por
las negociaciones de la Ronda de Uruguay sobre
Aranceles y Comercio, que obliga a los países a
adoptar ciertas medidas para el intercambio comercial. Cabe recordar que el Protocolo establece una agenda para reinstaurar un arancel externo común, con un “techo” del 20% (véase
Sin embargo, quizá el hecho más significativo desde el punto de vista institucional es la ampliación de la agenda de integración. En contraste con el predominio de los asuntos comerciales
en los años 60, la integración de los 90 introduce asuntos como democratización, pobreza, paz,
seguridad; otros temas son reconocidos como
problemas y, a la vez, desafíos comunes que pueden convertirse en fuente de progreso o retroceso para la integración.
Hasta ahora, los temas de las cumbres presidenciales son los que han ido definiendo la agenda común. La ALIDES sería, teóricamente, la
agenda centroamericana de temas. En las declaraciones y acuerdos se mezclan diferentes formas
de concebir la integración; temas y objetivos de
amplio alcance y de largo plazo con otras acciones puntuales. La agenda centroamericana oficial, como resultado, tiene un carácter disperso y
hetereogéneo, características que por sí no son
negativas, sólo en el tanto que sobrepasan la capacidad institucional de verificación y seguimiento.
Después de la reforma aprobada en 1997, los
representantes de alto nivel de los gobiernos centroamericanos proponen una agenda común que
contenga los objetivos de ALIDES y dos características básicas: a) que sus objetivos sean diversos, en el tanto unos sean de integración y otros
de cooperación entre los países y b) que permita
diferentes grados de compromiso, en actividades
puntuales y para enfrentar en conjunto determinadas temáticas (Sojo, 1997).
Paralelamente, como se apreciará en el capí-
tulo dedicado a los esfuerzos de la sociedad civil
en la integración (véase Capítulo 13), diversos
grupos están trabajando regionalmente en la
construcción de sus propias agendas comunes,
mediante redes y organizaciones. Estas iniciativas de concertación, pese a todas las limitaciones
que se le puedan señalar, son valiosas para complementar la agenda institucional, al promover
espacios de encuentro, capacitación, intercambio
de experiencias y rendición de cuentas de los gobiernos y del SICA.
Nuevos países participan
en la integración regional
El número de actores se ha incrementado
(Cuadro 11.5). Hasta 1990, los intentos de
integración eran protagonizados por los cinco
países históricamente considerados como
centroamericanos: Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En la
suscripción del Protocolo de Tegucigalpa y otras
reuniones anteriores empezó a participar Panamá;
dos años más tarde se acercó al proceso Belice,
especialmente en calidad de observador en los foros
regionales. Y, más recientemente, varios convenios
firmados por Centroamérica en bloque han
involucrado a países de fuera de la región, como
civil en la institucionalidad regional
Un aspecto innovador en la concepción del
SICA es la creación del Comité Consultivo, en el
cual participan organismos regionales y nacionales representantes de la sociedad civil. La inclusión de la sociedad civil en el proceso constituye
el punto de diferenciación más importante de la
actual ronda de integración, con respecto a los
esfuerzos del pasado (véase Capítulo 13).
El Comité Consultivo está integrado por
los sectores empresarial, laboral, académico y
otras fuerzas vivas del istmo centroamericano,
representativas de los sectores económicos,
sociales y culturales, comprometidos con el
esfuerzo de integración ístmica. Este Comité
tiene como función asesorar a la Secretaría
General sobre la política de la organización en
el desarrollo de los programas que lleva cabo.
Es importante resaltar que este órgano,
aunque fue creado con el Protocolo de Tegucigalpa en 1991, no se constituyó hasta el 2 de
noviembre de 1995 y, a la fecha, no tiene aprobado un reglamento definitivo de actuación
(Escuela de Formación Sindical en Centroamérica, 1997).
Sin dejar de lado los problemas que pueda tener el Consejo Consultivo, constituye, en la opinión mayoritaria de los sectores que lo integran,
un avance cualitativo con respecto a anteriores
iniciativas de integración.
Menor ratificación de
la nueva normativa regional por los países
Las normas centroamericanas pasan por varios estadios antes de su ratificación y vigencia
plena. Por lo general, su fuente son las cumbres
o reuniones presidenciales y ministeriales, donde
deben ser firmadas por todos los presidentes o
ministros del ramo; posteriormente son ratificadas en los congresos, de acuerdo con los porcentajes de votación que establecen las leyes nacionales y, por último, son depositadas en la
Secretaría General del SICA. Cada tratado o convenio establece los requisitos para su vigencia
plena; usualmente requieren el depósito de, al
menos, tres países de la región.
Uno de las problemas actuales del proceso de
integración es el escaso número de instrumentos
jurídicos que han sido ratificados por todos los
países. Aunque ello no afecta necesariamente la
entrada en vigencia de la normativa, sí puede implicar ciertas dificultades de los países para aco-
gerse, en la práctica, al nuevo instrumento jurídico. En la década de los 50, de los siete tratados
suscritos, seis fueron ratificados por todos los
países, es decir, más del 85%. Sin embargo, en
los años 60 la ratificación de tratados por parte
de las cinco naciones disminuyó sensiblemente,
pues sólo seis de los veinte suscritos en esa década lograron esa condición (30%). En la presente
década, si bien la producción de instrumentos
jurídicos ha sido mayor, solamente seis de las
veintinueve normativas suscritas han sido ratificadas totalmente, es decir, un porcentaje de ratificación de apenas el 20.7%11.
Del comportamiento de los países en cuanto a
la aprobación en sus respectivos parlamentos de
los compromisos suscritos a nivel regional, destacan cuatro resultados interesantes (Cuadro 11.7):
◗ Los tiempos para la ratificación de tratados, en
general, tienden a aumentar en la presente década para todos los países con respecto a décadas
◗ Los países que mantienen un comportamiento
más estable son Nicaragua y El Salvador. Los
tiempos de Honduras, aunque relativamente bajos, corresponden a un bajo número de acuerdos
◗ Los extremos de duración son Nicaragua, el
más rápido, y Costa Rica, el más lento.
◗ Finalmente, sólo 31 instrumentos jurídicos
Centroamérica: instrumentos jurídicos suscritos y ratificados,
por país y por década. 1951-1998
1951-1960ª/
1991-1998b/
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá c/
con ratificación
de los 5 países
década d/
a/ Para esta década la información se tomó de Fernández, 1965.
b/ Actualización 1996-1998 se tomó de SICA, 1999.
c/ Panamá se incluye a partir de los años 90.
d/ Promedio de tratados ratificados por países.
Fuente: Elaboración propia con datos de CSUCA/ SICA, 1996.
Centroamérica: duración promedio de ratificación de tratados, por décadas. 1951-1998
1951-1960a/
Duración promedio por país (en meses)
a/ La información para esta década se tomó de Fernández, 1965.
Fuente: SICA, 1999; CSUCA/ SICA, 1996; Shaw, 1965.a
tienen vigencia en la actualidad, algunos porque
fueron derogados y otros porque no se han cumplido las ratificaciones requeridas.
de la integración institucional
“La integración actual
reitera el vicio de la
exclusión social, se
limita a la integración
comercial, Más bien
la idea debiera ser
cómo integrar lo
social a lo económico”
La reactivación de la institucionalidad regional iniciada con Esquipulas II generó un espacio
de interacción política inexistente hasta entonces
entre los gobiernos y las sociedades del área. Este espacio fue decisivo para los procesos de pacificación; luego, apoyó la democratización de las
sociedades centroamericanas y ahora se enfrenta
al desafío de contribuir eficazmente a paliar la
devastación causada por el huracán Mitch.
Ciertamente, la recuperación de mecanismos
de diálogo intergubernamental y la consolidación
de Centroamérica como un área de paz y de
intercambio comercial y democracia, son los
impactos más visibles del esquema integracionista
de la década actual.
El comportamiento del comercio intracentroamericano es, como ha sido señalado en capítulos
anteriores, una muestra del dinamismo de la integración regional. El intercambio comercial entre
1990 y 1996 pasó de 650 millones de dólares a
1,600 millones, crecimiento comparable con las
tasas de principios de la década del 40 (Trejos,
1997). Solamente cuatro productos no gozan del
régimen de libre comercio: café, azúcar, alcohol y
Lamentablemente, no existen estudios que
evalúen con precisión los impactos del SICA en
sus diversas áreas de actividad. No obstante, es
posible identificar aquellas actividades en las
cuales las entidades regionales exhiben progresos
importantes en la ejecución de acciones concertadas para el istmo.
La Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD) es la entidad regional más relevante en esta materia. A ella se le ha encargado
el cumplimiento de los compromisos ambientales de la ALIDES y de otros acuerdos regionales
En agosto de 1992, en la Cumbre de Guácimo, se estableció el Programa de Acciones Concretas para el Desarrollo Sostenible. En la siguiente reunión, la Cumbre Ecológica
Centroamericana en Managua, Nicaragua, en octubre de ese mismo año, se firmó la ALIDES y los
Compromisos en materia de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Así, Centroamérica se convirtió en la primera región del mundo con un
planteamiento de desarrollo sostenible. El tema
ambiental en la región empezó a tomar una relevancia que nunca antes había tenido y permitió
la atracción de recursos de la cooperación internacional para ejecutar proyectos en esta área.
Posteriormente, en 1995, se acordó el Plan Básico de Acción 1996, segunda etapa de ALIDES.
De acuerdo con la CCAD (1998), los
convenios centroamericanos más relevantes en
materia ambiental son:
◗ Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Areas Silvestres Prioritarias
en América Central, 1992.
◗ Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos Tóxicos, 1992.
◗ Convenio Regional de Bosques y Convenio Regional sobre Cambio Climático, 1993.
◗ Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el
Desarrollo de Plantaciones Forestales, 1993.
◗ TUXTLA II, 1996.
◗ Declaración Conjunta Centroamérica-USA
(CONCAUSA), 1994.
◗ Proyecto Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA) para la puesta en marcha de los
compromisos de CONCAUSA, 1995.
En un notable esfuerzo de síntesis y recopilación de información, la CCAD publicó en 1998
el documento Estado del Ambiente y los Recursos
Naturales en Centroamérica, de consulta obligatoria para los interesados en los aspectos ambientales, pues contiene datos regionales actualizados
sobre temas como asentamientos humanos, uso
de la tierra, recursos hídricos y biodiversidad
(véase Capítulo 4).
El Corredor Biológico Mesoamericano muestra los esfuerzos para poner en marcha una política regional de conservación de los recursos naturales. Es una estrategia de ordenamiento
territorial que integra la mayor parte del remanente de bosques a lo largo del litorial caribeño
de la región (Shathan, 1998). En esta iniciativa
participa el Sistema Centroamericano de Areas
Protegidas (CCAP). Cabe señalar que se han generado controversias con varios de los pueblos
indígenas asentados en áreas incluidas en el Corredor.
En la década de los 90, la prevención y mitigación de los efectos de los desastres naturales se
constituyó en un área de trabajo de la institucionalidad regional. Sin embargo, antes del huracán
Mitch, este área era poco apreciada por los gobiernos nacionales y las sociedades centroamericanas.
Pese a estas circunstancias, los esfuerzos regionales para la prevención y mitigación de desastres naturales han tenido un importante desarrollo en los últimos años, gracias al trabajo del
los Desastres Naturales en América Central (CE-
PREDENAC)12. Esta institución cuenta con proyectos como el Plan Regional de Reducción de
Desastres/FISCA y el Centro Red; este último
promueve mecanismos de intercambio de información entre instituciones de cada país como
por ejemplo, las comisiones nacionales de emergencia y centros académicos especializados en
sismología, vulcanología, gobiernos y la Secretaría General de CEPREDENAC en Panamá (véase
Áreas técnicas y especializadas
Por medio de instituciones regionales, secretarías ad hoc intergubernamentales y otros órganos, la institucionalidad regional está trabajando
en áreas especializadas, que han logrado a través
de los años avances relevantes en sus campos específicos. Este es el caso del Consejo Monetario
Centroamericano (CMC)13, integrado por los
presidentes de los bancos centrales de Centroamérica, con resultados positivos en la recopilación y sistematización de estadísticas económicas
confiables y actuales, y en la construcción de una
base de datos, modelos macroeconómicos, e indicadores, así como en el área de investigación y
También se puede citar el Consejo de Electrificación de América Central (CEAC) conformado
por los presidentes y gerentes de las empresas estatales de generación eléctrica, que actualmente
está desarrollando dos iniciativas muy importantes: el Sistema de Interconexión Eléctrica de los
Países de América Central (SIEPAC) y el Proyecto
de Interconexión G-3 (México, Colombia,
Venezuela y los países centroamericanos). El área
de integración en telecomunicaciones, encargada
desde hace treinta años a la Comisión Técnica
Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA)14,
también cuenta con proyectos de relevancia para
el mejoramiento y aumento de velocidad en la
red de telecomunicaciones de Centroamérica,
rutas alternas para la protección y confiabilidad
de la red, propuesta para la creación de una normativa regional armonizada para telecomunicaciones y estudios de factibilidad para la instalación de cables submarinos.
aranceles y aduanas intrarregionales
Los asuntos económicos y comerciales son el
tema más visible en la actual ronda de integración. La estrategia de regionalismo abierto aplicada en los años 90 ha incentivado múltiples
acercamientos de la región con otros países, en la
búsqueda de mejores términos para el intercambio de bienes. Sin embargo, pese al mandato de
la ALIDES, de promover “las reformas económicas e institucionales para negociar conjuntamente un tratado de libre comercio e inversiones con
los demás países del hemisferio” (ALIDES,
1998), estos han utilizado negociaciones bilaterales o multilaterales (Recuadro 11.6).
Integración Económica y Desarrollo Regional
(COMRIEDRE) ha establecido plazos para la
aplicación de una política regional en materia
arancelaria, que recientemente han sido ampliados hasta el año 2005 (véase Capítulo 6). También las autoridades migratorias han dado pasos
importantes en materia de registros migratorios
(véase Capítulo 14). No obstante, el logro de la
armonización de políticas en campos como inversión extranjera, normas de trabajo, intercambio de servicios y coordinación de política monetaria es, todavía, un reto pendiente (véase
Capítulos 5 y 12).
Relaciones externas de Centroamérica
a República Dominicana participa como
observador en varios foros regionales
desde 1995. En 1998, los países centroamericanos firmaron con esa nación un tratado
de libre comercio cuyos detalles aún se están
A partir de la vigencia del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, mejorar las
relaciones comerciales de Centroamérica con
México era una necesidad, pues ese país es
una puerta de entrada para productos centroamericanos con destino a Estados Unidos y
Canadá. Costa Rica y México firmaron un tratado de libre comercio; El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran en una etapa
avanzada de negociación y Nicaragua, después de un impasse, también va por ese camino. En el diálogo de Tuxtla, México y Centroamérica definieron una agenda de cooperación
en temas ambientales, económicos y comerciales.
Con los Estados Unidos, las naciones centroamericanas firmaron la Declaración Conjunta Centroamérica-Estados Unidos (CONCA-USA), básicamente en materia de
cooperación ambiental. Las dos visitas del
presidente Clinton a la región, en mayo de
1997 y en febrero de 1998, permitieron ampliar la agenda de cooperación. Sin embargo,
la región no ha logrado establecer un tratado
de libre comercio con su más grande socio comercial. Por ahora, los países centroamericanos seguirán exportando a Estados Unidos según el tratamiento establecido en la Iniciativa
para la Cuenca del Caribe (ICC).
En 1995, los presidentes centroamericanos
se reunieron con el Primer Ministro de Canadá y, en mayo de 1996, suscribieron la Declaración Conjunta entre Centroamérica y Canadá, en la cual se comprometieron a eliminar
las barreras al comercio y mejorar la confianza de los inversionistas. Desde entonces los
cancilleres centroamericanos se han reunido
en tres ocasiones con su homólogo de Canadá para dar seguimiento a los acuerdos tomados. Debido al interés de la región por ingresar al Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, Canadá se visualiza como un socio
muy importante. Además, este país se perfila
como uno de los líderes del proceso de negociaciones del ALCA.
Las relaciones con Chile se han dinamizado
en los últimos años. Sin embargo, las propuestas de un tratado de libre comercio entre Centroamérica y Chile no se han concretado. En
1996, los presidentes de Centroamérica, Chile
y Belice firmaron una declaración conjunta para avanzar hacia un acercamiento entre el
MERCOSUR y el MCCA.
En años recientes, Centroamérica ha ampliado el espectro de sus negociaciones conjuntas. Así, la visita del Primer Ministro de
Japón a Centroamérica, en 1996, marcó el inicio de un diálogo político de alto nivel con ese
país. Para los japoneses, este acercamiento
tiene connotaciones político-estratégicas,
pues abre una oportunidad de aumentar las
incursiones centroamericanas en ese mercado
y atraer inversionistas asiáticos a la región. En
el mismo año, el Presidente de Corea visitó
Guatemala y se reunió con las delegaciones
centroamericanas; ambas partes acordaron
fundar un foro de diálogo y cooperación. Por
otro lado, todos los países centroamericanos
mantienen relaciones diplomáticas con la República de China en Taiwán; esto le ha producido a la región un promedio de diez millones
de dólares anuales en programas de cooperación no reembolsabes durante los últimos seis
años (Solís, 1998). Un ejemplo del destino de
estos fondos es el proyecto Modernización de
los Puestos Fronterizos Terrestres de Centroamérica.
Finalmente, los contactos con la Unión Europea (UE) han sido, desde la década anterior,
muy frecuentes. En el marco del Diálogo de
San José, establecido en 1984, la UE y los gobiernos han estrechado sus relaciones políticas y comerciales. La cooperación europea
contribuyó ampliamente a los procesos de paz
y democratización del área, y desde entonces,
la Unión Europea es el mayor donante para
Centroamérica. Los aspectos en los que se
centrarían la cooperación y los esfuerzos conjuntos al final de esta década son: apertura
comercial, lucha contra la narcoactividad, fortalecimiento institucional de los procesos de
integración, educación y medio ambiente.
Centroamérica está incluida entre los países
que gozan del régimen especial del Sistema
Generalizado de Preferencias de la UE para la
exportación de sus productos. Sin embargo, en
la actualidad existe un diferendo importante
por el acceso bananero al mercado europeo.
Fuente: SIECA, 1996; Solís, 1998.
El proceso de reforma en el SICA
acordaron una revisión del funcionamiento del
SICA15, la cual fue encomendada al BID y a la
CEPAL. Varios factores pueden explicar este
acuerdo. Primero, el rápido aumento en el número de entidades de integración regional durante la presente década, un 33% respecto a las
entidades existentes hasta 1989; la creciente
complejidad de los esfuerzos de coordinación y
el gasto institucional. Segundo, la dispersión de
las sedes de estas entidades regionales en los diversos países planteaba dificultades operativas.
Tercero, las relaciones institucionales entre la Secretaría General del SICA y varias de las entidades regionales creadas antes de 1989 debían ser
precisadas. Finalmente, la gestión de una normativa de la integración regional que se expandió
durante la década de los 90 a nuevos temas, requería el fortalecimiento del SICA.
En 1997, el BID y la CEPAL rindieron su informe ante la XIX Cumbre, celebrada en Panamá, con recomendaciones específicas para una
reforma institucional del SICA (CEPAL/BID,
1997). Estas fueron, en general, acogidas por los
mandatarios, especialmente las referentes a la
reunión de las secretarías técnicas de integración
bajo el amparo de la Secretaría General, con sede única en San Salvador, la racionalización del
gasto y cambios en el Parlamento Centroamericano y en la Corte Centroamericana de Justicia.
Según la Secretaría General del SICA, la puesta
en marcha de esta reforma institucional supone el
cumplimiento de tres requisitos (Leal, 1998):
◗ En el ámbito institucional, una reingeniería que
haga más eficaz y eficiente el funcionamiento de
los organismos de la integración y, a la vez, reduzca sus costos de operación.
◗ En cuanto a la normativa regional, se requeriría un instrumento jurídico único, que reúna los
diversos protocolos, tratados y convenios en un
◗ En el tema de financiamiento, crear un mecanismo de coordinación de la cooperación internacional, para evitar la dispersión y duplicación
Se han logrado algunos progresos en la
ejecución de la reforma institucional del SICA
(Recuadro 11.7). No obstante, la velocidad ha
sido menor a la prevista inicialmente. Por una
parte, el traslado de instituciones a un solo país
ha implicado nuevas negociaciones con los actuales países sede. Por otra, la integración de un
sistema institucional a partir de decenas de entidades de integración regional, con mandatos,
RECUADRO 11.7
Avances de la reforma institucional del SICA
n el área normativa, se ha elaborado el borrador
de un tratado único que incorpora en un solo texto los principales instrumentos jurídicos de la integración, tales como el Protocolo de Tegucigalpa, el
Tratado General de Integración Económica, el Convenio
de Creación de la CCAD y el Tratado de Integración Social. Se tiene prevista una reunión intersectorial de ministros de relaciones exteriores y de integración económica, para acordar la vigencia del tratado único, según
la última propuesta de los secretarios generales de
SICA y SIECA.
En el área institucional se han producido acuerdos
de cooperación funcional con el Consejo de Ministros
de Integración Social, Medio Ambiente y Turismo, para
el traslado de operaciones a la Secretaría General en
San Salvador, de conformidad con el mandato del 4 de
febrero de 1998. Actualmente funcionan la Secretaría
General, la Dirección General de Medio Ambiente, la
Dirección General Social y la Dirección Turística. Otras
entidades que están en proceso de traslado son el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), el Comité
Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable
y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (CAPRE) y la Comisión Centroamericana
Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP).
También hay progreso en las reformas del PARLACEN
y de la Corte Centroamericana de Justicia. En el primer caso, el Protocolo de Reforma al Tratado Constitutivo del PARLACEN fue aprobado por los gobiernos y
por el PARLACEN. En cuanto a la Corte, el Protocolo de
Reforma ya se elaboró y se encuentra en espera de
aprobación. Siguiendo las recomendaciones del proceso de reforma, la Corte está fortaleciendo los procedimientos de arbitraje comercial en la región.
Fuente: Herdocia, 1999.
"Los presidentes,
recurren al escenario
de la integración para
fortalecer su imagen"
DESARROLLO, GUATEMALA
historia y recursos muy diversos, ha resultado un
proceso complejo de resolver en un plazo corto.
Las diferencias entre los gobiernos en cuanto a la
gradualidad y los fines de la integración también
han repercutido en la reforma del SICA. Aún es
temprano para valorar una transformación tan
profunda, que afecta a tantas instituciones y se
enfrenta a una compleja situación centroamericana. Los desafíos de la región no son pocos y
exigen que la reforma se traduzca en soluciones,
que únicamente en algunos años será posible
Desafíos institucionales de la integración
El establecimiento del SICA y la adopción de
la ALIDES constituyen una plataforma estratégica para los esfuerzos institucionales de integración. En efecto, la ALIDES proporciona un norte
al proceso integracionista y el SICA provee el
marco institucional para su concreción. Sin embargo, las instituciones del SICA enfrentan una
compleja agenda regional, el seguimiento a más
de 2,500 acuerdos presidenciales, y posee medios técnicos y financieros reducidos. La Secretaría General del SICA, en particular, debe coordinar la acción de más de cuarenta instituciones de
integración, con diversas competencias y recursos, algunas de las cuales, como el BCIE o la SIECA, tienen una capacidad técnica y financiera
Surgen, así, algunas interrogantes: ¿Cómo ordenar los esfuerzos institucionales de integración? ¿Cómo hacer que la ALIDES se convierta
en una herramienta eficaz para la acción de las
decenas de instituciones regionales? ¿Cómo traducir los acuerdos presidenciales en acciones
concretas? ¿Cómo ampliar la repercusión de las
acciones de la institucionalidad? ¿Cómo crear
una institucionalidad eficaz y duradera?
encuentran, sólo parcialmente, en las mismas
instituciones regionales. A lo largo de la década,
diversos autores han criticado el funcionamiento
del SICA y la prioridad de los asuntos
comerciales y económicos en la actual ronda
integracionista, a pesar de las declaraciones
contrarias16 . Además, el SICA heredó una
estructura de organismos con distintas
personerías jurídicas, funciones traslapadas y
una fuerte presión surgida de los acuerdos
aprobados por las cumbres presidenciales. De
ahí la importancia de la reforma institucional del
SICA acordada por los presidentes en 1997, pues
señala la necesidad de racionalizar los recursos,
optimizar las capacidades institucionales y reforzar los mecanismos de coordinación del SICA.
No obstante, el curso posterior de los acontecimientos genera dudas sobre la voluntad política
para ejecutar la reforma en el corto plazo, pues la
reforma avanza lentamente. Recientemente se
han planteado críticas sobre la pertinencia misma de la reforma.
Otra parte de la respuesta se encuentra en los
mismos gobiernos centroamericanos. La experiencia de los años 90 refleja la capacidad de los
poderes ejecutivos del istmo para suscribir
acuerdos, pero su menor entusiasmo para ejecutarlos y para convencer a los otros poderes de Estado y a la opinión pública de sus respectivos
países sobre la conveniencia de la integración regional. Un ejemplo de lo anterior la constituye la
ALIDES. Su ejecución nacional necesita el funcionamiento de los Consejos Nacionales de Desarrollo Sostenible (CONADES) en los países del
istmo17; sin embargo, no en todos los países existe, o funciona adecuadamente, un CONADES
para este fin, ni está clara su relación con el SICA
(véase Capítulo 13). En una situación similar se
encuentran muchos acuerdos de integración,
con normativa o mandatos aprobados, pero sin
instituciones capaces de acompañar los procesos.
Además, los gobiernos centroamericanos
parecieran dudar sobre cuánta institucionalidad
regional están dispuestos a sufragar y cuánta
autonomía desean concederle a las entidades de
integración, particularmente a la Secretaría
Finalmente, en la actual ronda de integración, parte del futuro de las instituciones depende de la participación de la sociedad civil. Esta
última no sólo es fuente de demandas para las
instituciones, sino también un fundamento importante para la legitimidad social y política, y,
por qué no, para la permanencia de los acuerdos.
En efecto, la participación social puede arraigar
la institucionalidad regional en las sociedades del
istmo. Un rasgo innovador de esta ronda ha sido
una cauta apertura de las instituciones a la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, éstas reclaman mayores espacios (véase Capítulo 13).
Un gran desafío para las instituciones de
integración regional es el desarrollo de la
rendición de cuentas. Por una parte, existe una
escasa y asistemática información en las
sociedades acerca del proceso de integración.
Esto impide un seguimiento de la labor de la
institucionalidad regional. En el mejor de los
casos, los políticos y técnicos centroamericanos
conocen superficialmente las declaraciones de la
cumbres presidenciales. Las acciones de las instituciones regionales rara vez salen a la luz pública. Esta falta de información alimenta, en ocasiones, posiciones nacionalistas. Por otra parte, las
instituciones regionales no poseen un sistema
eficaz y permanente para la rendición de cuentas, tanto política, como legal y administrativa,
más allá de los informes y memorias periódicas.
¿Cuáles son los logros obtenidos? ¿Cuáles son los
obstáculos enfrentados? ¿Cómo se dispuso de los
recursos financieros? Un ejercicio sistemático de
rendición de cuentas acercaría las instituciones a
las sociedades centroamericanas, introduciría
mayores elementos democráticos en el proceso
integracionista y permitiría aplicar gradualmente
correctivos para garantizar la permanencia y eficiencia de las instituciones.
Así, las y los centroamericanos evitarían repetir una constante en su historia: el comportamiento pendular entre una gran ilusión integracionista y una dramática desilusión. La ventaja,
esta vez, es que se cuenta con una institucionalidad regional más madura, depositaria de una visión de desarrollo sostenible y con mayores vínculos con las sociedades y gobiernos del istmo.
RECUADRO 11.8
La integración centroamericana en las constituciones políticas
Tres de las siete constituciones políticas de las naciones centroamericanas hacen referencia explícita al proceso de integración regional.
Constitución Política de El Salvador, 1982
Artículo 89.- El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con las centroamericanas. La integración podría efectuarse mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de un organismo con
funciones supranacionales. También propiciará la reconstrucción total o parcial de la República de Centroamérica, en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía de respeto a los principios democráticos y republicanos y de los derechos individuales y sociales de sus habitantes. El proyecto y bases de la unión se someterán
Constitución Política de Guatemala, 1985
Artículo 150.- De la comunidad centroamericana. Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana,
mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás Estados que formaron la Federación
de Centroamérica; deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la
unión política o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad.
Artículo 5.-Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la reconstrucción de la gran Patria Centroamericana.
Artículo 8.- El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación centroamericana.
Artículo 9.- Nicaragua defiende firmemente la unidad centroamericana, apoya y promueve todos los esfuerzos
para lograr la integración política y económica y la cooperación en América Central, así como los esfuerzos por
establecer y preservar la paz en la región. Nicaragua aspira a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, inspirada en los ideales de Bolívar y Sandino. En consecuencia, participará con los demás países centroamericanos y latinoamericanos en la creación o elección de los organismos necesarios para tales fines. Este principio
se regulará por la legislación y los tratados respectivos.
9 En el trabajo citado se hace un recuento detallado de todos los numerales de las partes resolutivas de las declaraciones presidenciales emana-
1 Esta iniciativa materializa las intenciones expresadas en Esquipulas I y
das de las cumbres, sin hacer ninguna discriminación entre los diferentes
su correspondiente plan operativo (Carpio, 1998).
2 Como resultado del proceso de Esquipulas, Nicaragua y El Salvador pu-
10 Esta información se extrajo del cuadro “Estadísticas de acuerdos y de-
dieron finalizar el enfrentamiento armado e iniciar una etapa de apertura
claraciones adoptadas en las reuniones de presidentes centroamericanos
de espacios políticos hacia la democracia. El conflicto bélico en Guatema-
celebradas en la década de los 90”, preparado por la Secretaría General
la se resolvió más recientemente, mediante los Acuerdos de Paz Firme y
del SICA para el Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible.
Duradera entre la URGN y el gobierno, firmados en México en 1996. Aún
es temprano para evaluar los resultados de su implementación.
11 Veáse trabajo de Susana Bodeheiner sobre los procedimientos en cada
país para aprobar tratados internacionales.
3 En la década de los 60 se constituyó el Tratado General de Integración
Económica Centroamericana (1960), que dio paso a la creación del Mer-
12 Nowalski, 1998. Además puede consultarse el sitio www.sinfo.net/ce-
cado Común Centroamericano. Ese tratado previó la formación de institu-
predenac/.
ciones regionales con el propósito de estructurar y luego consolidar el
marco institucional de la zona comercial. Elementos fundamentales del
13 El Consejo Monetario Centroamericano fue fundado en 1974, en el
modelo de industrialización fueron el Arancel Externo Común que adoptó
marco del Acuerdo Monetario Centroamericano y su Reglamento General.
el MCCA en 1963, el libre intercambio de bienes industriales entre los paí-
Para mayor información se recomienda www.cmca.ac.cr
ses y el establecimiento de un régimen de incentivos fiscales para las industrias y de pagos entre los países (CEPAL, 1990).
14 Tanto COMTELCA como CEAC tienen su sede en Tegucigalpa.
4 Para más detalle sobre la crisis económica véase SIECA, 1987; Bulmer-
15 XVI Cumbre de Presidentes de Centroamérica, San Salvador, 30 de
Thomas, 1996; BCIE, 1989.
marzo de 1995. Artículo 14: “Acordamos solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por medio del Grupo Consultivo Regional de Cen-
5 La literatura en materia de relaciones internacionales ha demostrado
troamérica (GCR-CA) que, en coordinación con la Comisión Económica pa-
que, hasta la fecha, las democracias no se enfrentan entre sí, aunque lo
ra América Latina (CEPAL), efectúen como esfuerzo complementario de las
hacen, y con especial virulencia, con regímenes autoritarios.
acciones que realizan, una evaluación de la gestión operativa de los órganos e instituciones de la integración centroamericana para proceder a su
6 La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 12 de mayo de 1988,
modernización...”
avaló el Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica
(PEC), mediante resolución 42/231. Este programa se encargó de contri-
16 Este tipo de análisis crítico se encuentra en De la Ossa, 1993; Solís,
buir técnica y económicamente a la realización de las metas de pacifica-
1994; Morales y Cranshaw, 1997; CEPAL/BID, 1997.
ción del proceso de Esquipulas. El auge del proyecto de integración también estaba influenciado por intentos semejantes en diversas partes del
17 Los Consejos Nacionales para el Desarrollo Sostenible (CONADES o
mundo (Unión Europea, CARICOM, MERCOSUR).
CND) fueron recomendados en el Plan de Acción de la Cumbre de Río, en
1992. Se trata de un mecanismo que reúne a diferentes grupos dentro de
7 Recuento realizado con base en SICA/CSUCA; Fernández Shaw y Cuadro
una sociedad para apoyar y promover la implementación de estrategias y
de Instrumentos Jurídicos de la Integración Centroamericana.
políticas de desarrollo sostenible, según se concibe en la Agenda 21. Más
información en: Consejo de la Tierra. Preguntas más frecuentes sobre los
8 Un listado con mayor detalle puede encontrarse en SICA. Cuadro de Instrumentos Jurídicos sobre Seguridad y Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Marzo de 1999.
Consejos Nacionales de Desarrollo Sostenible.
para la integración regional.
Investigadora: Evelyn Villarreal, del equipo técnico del
proyecto Estado de la Región.
Apoyo del SICA en la etapa de recolección de la
información y lectura del documento, particularmente de
Mauricio Herdocia y Pablo Pastor.
DH1999Cap11
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/region_001/DH1999Cap11.pdf