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Timestamp: 2017-12-18 02:20:01
Document Index: 311526347

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 42', 'Artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 37', 'Artículo 42', 'Artículo 44']

José Carlos Santos Rico
1 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ANTONIO KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA Planteamiento del problema Las personas con discapacidad conforman una de las minorías más desfavorecidas y discriminadas del mundo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas firmada y ratificada por México en 2007 y la cual entró en vigor en 2008, señala en su primer artículo que este grupo de la población incluye a las personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 650 millones de personas presentan una u otra forma de discapacidad. Si a esta cifra se agregan los familiares cercanos, el número de personas directamente involucradas con la discapacidad asciende a dos mil millones de habitantes, lo que representa casi un tercio de la población mundial. De este número, más de las dos terceras partes viven en países en desarrollo. Sólo el 2% de los niños con discapacidad del mundo en desarrollo recibe algún tipo de educación o rehabilitación. En todo el mundo es directo y fuerte el vínculo que existe entre la discapacidad, por un lado, y la pobreza y la exclusión social, por el otro. En los últimos 50 años, la transición demográfica y epidemiológica de la población ha contribuido a incrementar el número de personas con discapacidad ya que en promedio las personas pasan en ocho años con alguna discapacidad, es decir más del 10% de su vida. La principal barrera que padecen las personas con discapacidad son los impedimentos sociales, económicos y/o arquitectónicos que dificultan su plena integración. Por años, este sector se ha enfrentado a limitaciones y desventajas para acceder a la educación, al empleo, a la protección social, a la salud, a la cultura, a los medios de transporte, a la información, a la vida política, así como a otros derechos básicos como formar una familia, disfrutar de la sexualidad, ejercer el derecho al voto o disfrutar de la vida social. En México, según el Informe Inicial en torno a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a pesar de que se han realizado diversos esfuerzos para medir la prevalencia de la discapacidad aún se desconoce la verdadera dimensión y comportamiento históricos de este indicador. Por ejemplo, el Censo General de Población y Vivienda realizado en el año 2000, señaló una prevalencia de discapacidad de 1.84% en la población total del país, mientras que la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño realizada en 2003 por la Secretaría de Salud, reveló que aproximadamente el 9% presentaba algún grado de dificultad en los dominios de movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales y dolor y función social, por lo cual se estimó que el número de personas con discapacidad podría llegar a ser de alrededor de 9.7 millones en todo el país. Por su parte, el Censo de Población y Vivienda 2010 identificó a 5 millones 739 mil 270 personas con alguna dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana, lo que representa el 5.1 % de la población total del país. El Censo 2010 permitió establecer el porcentaje de la población con alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria por cada grupo de edad. Así, se observa la mayor prevalencia de esta condición entre personas adultas de 60 y más años (26.2%). Le siguen los adultos de 30 a 59 años (4.8%), los jóvenes entre 15 y 29 años (1.9%) y los niños de 0 a 14 años (1.6%). También reveló que en el grupo de la población con algún grado de dificultad para realizar actividades, el 39.4% señaló que la causa fue alguna enfermedad, 23.1% la edad avanzada, 16.3% el nacimiento y 14.9% algún accidente. El Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, , afirma que en nuestro país la mayoría de la población con discapacidad es víctima de discriminación y a menudo se encuentra al
2 margen del ejercicio de sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, más del 60% de la población con discapacidad se encuentra en los dos quintiles más bajos de ingreso de los hogares del país, lo que muestra la grave vulnerabilidad de este grupo. Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Observatorio Ciudadano por la Discapacidad en México, revelan que el 94.4% de las y los mexicanos con discapacidad en México son discriminados y tienen limitaciones para acceder en igualdad de condiciones a derechos básicos que garantizan un pleno desarrollo y la satisfacción de diversas necesidades. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 revelo que los tres problemas que más señalan las personas con discapacidad son el desempleo, la discriminación y el no ser autosuficientes; se mencionan en menor medida los problemas relacionados con la salud, la carencia de espacios públicos adecuados y el respeto a sus derechos. Cuatro de cada diez personas con discapacidad refieren que familiares distintos a sus padres son la fuente de donde proviene la mayor parte de sus ingresos. La segunda fuente de ingresos es el trabajo propio. En tercer lugar aparecen las pensiones, y sólo uno de cada diez expresó que sus ingresos provienen de sus padres. A pesar de que nuestro país forma parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que en la última década se han implementado acciones y medidas legislativas y administrativas para asegurar y promover, sin discriminación, el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad; la discriminación por motivo de discapacidad y el acceso limitado a los servicios básicos en este país continúan siendo fenómenos que tienen gran presencia dentro de la sociedad mexicana. Argumentación El compromiso de armonizar el marco jurídico nacional con la Convención y caminar hacia una sociedad más justa y protectora de los derechos de las personas con discapacidad ha obligado al Estado Mexicano a realizar importantes esfuerzos para otorgar atención a las personas con discapacidad. El 10 de junio de 2005 fue publicada la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual fue sustituida en mayo pasado por la reciente Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que atribuye al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) el establecimiento de una política de Estado en la materia con el fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas discapacitadas y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. De acuerdo con la Ley y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo , una de las atribuciones del CONADIS es la elaboración y coordinación del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, (PRONADDIS), instrumento único que atiende las recomendaciones de la Convención, reconoce los avances obtenidos en el país en esta materia y reorienta las estrategias para transitar hacia un modelo social centrado en el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Uno de los avances más significativos es que además de la salud, la educación, el trabajo, la asistencia social y la accesibilidad, el PRONADDIS incorporó por primera vez ámbitos que no habían sido considerados en el pasado, como la perspectiva de género. En este sentido, y dado que del total de las personas que se identificaron en el Censo 2010 con alguna dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana la presencia de mujeres es mayor por un 2.2%, es decir, de los 5 millones 739 mil 270 personas discapacitadas que hay en México, 2,808,136 son hombres (48.9%) y 2,931,134 son mujeres (51.1%); uno de los objetivos específicos ha sido el de propiciar un cambio de cultura en la población general para favorecer el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con enfoque de género.
3 Al pertenecer a dos grupos en situación de vulnerabilidad, las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble discriminación y a múltiples barreras que dificultan el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Diversos estudios revelan que las mujeres y las niñas con discapacidad presentan mayores niveles de desempleo, salarios inferiores, menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a programas y servicios y un mayor riesgo de padecer abuso sexual y físico. Por ello, aunque las mujeres tienen mayor esperanza de vida, también tienen mayor probabilidad de adquirir alguna discapacidad durante la vejez. Por tal motivo, las intervenciones relacionadas con temas de discapacidad, deben incluir una dimensión de género para poder atender las necesidades particulares tanto de hombres como de mujeres, y de esta forma avanzar en la igualdad de trato y participación de las mujeres con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Transversalizar la perspectiva de género significa transformar la manera en que opera la Administración Pública Federal para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, el Cuaderno de Trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres titulado Perspectiva de Género en los Programas e Informes de la Administración Pública Federal recomienda trabajar en dos vertientes: por un lado, realizar acciones que incidan en la construcción de una cultura institucional en cuya práctica cotidiana se observe la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y por otro, incorporar esta categoría de análisis en la planeación estratégica, de manera tal que desde el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, en este caso en materia discapacidad, se garantice un impacto positivo en beneficio de las mujeres. Hace tan sólo unos meses el Instituto Nacional de las Mujeres y la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados firmaron un convenio de colaboración para promover la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo del Poder Legislativo Federal, así como en las políticas públicas y en los programas del Gobierno Federal. Asimismo, acordaron establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública nacional y proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres. En este sentido, y en congruencia con los objetivos planteados por esta Cámara y por el Gobierno Federal en materia de igualdad trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en el Grupo Parlamentaria Nueva Alianza consideramos indispensable que en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se considere a la perspectiva de género dentro de los objetivos del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de tal manera que tenga entre sus fines el de impulsar programas y acciones, con perspectiva de género, para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. De igual forma, es importante que dentro de las atribuciones del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad se incluya la de promover la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en las políticas, acciones, estrategias y programas de desarrollo e inclusión para generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad así como que la o el Titular del Instituto Nacional de las Mujeres forme parte de la Junta de Gobierno del Consejo. Asimismo y dado que el Consejo es el organismo rector en México de establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, y tiene reconocimiento nacional e internacional por su liderazgo, innovación y experiencia, es necesario que actué como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado con el fin de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada (o) Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
4 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Único. Se reforman la fracción II del artículo 6, la fracción IV del 37 y el artículo 44 y se adicionan una fracción XXII al artículo 2 y dos fracciones XVII Y XVIII al artículo 42, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I. a XXI. XXII. Perspectiva de Género. Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor e igualdad de derechos y oportunidades para acceder al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad y participar equitativamente en los ámbitos de toma de decisiones. XXIII. Política Pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley; XXIV. a XXIX. Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes: II. Instruir a las dependencias y entidades del Gobierno Federal a que instrumenten acciones en favor de la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad y su inclusión social y económica en el marco de las políticas públicas; Artículo 37. El Sistema tendrá los siguientes objetivos: I. a III IV. Impulsar programas y acciones, con perspectiva de género, para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad; Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones: I. a XV. XVI. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes que el Estado Mexicano presentará ante los organismos internacionales, sobre la aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de discapacidad; XVII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores
5 social y privado con el fin de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. XVIII. Promover la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en las políticas, acciones, estrategias y programas de desarrollo e inclusión para generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, y XIX. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo y demás disposiciones aplicables Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva. Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades: I. a VII. VIII. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, IX. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y X. Instituto Nacional de las Mujeres Artículos Transitorios Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 23 de noviembre de Diputado Jorge Kahwagi Macari (rúbrica)