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Timestamp: 2019-01-24 13:30:16
Document Index: 102592221

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 122', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 122', 'artículo 2', 'artículo 122', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 122', 'artículo 11', 'artículo 4']

﻿ SENTENCIA C-341 DE MAYO 24 DE 2017
SENTENCIA C-341 DE 24 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:INCOMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA CONOCER ACERCA DE DEMANDAS DIRIGIDAS EN CONTRA DE OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS. AL RESPECTO, SE CONSIDERA QUE: (I) NO ES METODOLÓGICAMENTE POSIBLE EL EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD EN ESTOS CASOS POR LA CARENCIA DE NORMA SUSCEPTIBLE DE CONTROL, (II) ES INDISPENSABLE QUE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD RECAIGA SOBRE UN TEXTO REAL Y NO SIMPLEMENTE DEDUCIDO POR EL ACTOR O IMPLÍCITO, (III) LA DECLARACIÓN DE INEXEQUIBILIDAD TOTAL O PARCIAL DE UNA DISPOSICIÓN LEGISLATIVA REQUIERE PREVIAMENTE DEFINIR SI EXISTE UNA OPOSICIÓN DEFINITIVA Y VERIFICABLE ENTRE LO QUE DISPONE EL PRECEPTO ACUSADO Y LO QUE MANDA LA CONSTITUCIÓN. SE AGREGA QUE, LA AUSENCIA DE REGULACIÓN DE UNA DETERMINADA MATERIA NO NECESARIAMENTE PUEDE SER OBJETO DE REPROCHE CONSTITUCIONAL, YA QUE LOS SILENCIOS DEL LEGISLADOR EN DETERMINADOS CASOS SON EXPRESIONES DE SU VOLUNTAD. POR LO ANTERIOR, SE PRESENTA UNA INHIBICIÓN PARA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, CUANDO SE CUESTIONA LA VALIDEZ DE UN FALLO EMITIDO EN SEDE DE CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD, ANTES QUE EL CONTENIDO DE UNA NORMA DE RANGO LEGAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, SENTENCIA INHIBITORIA, VALIDEZ DE LA SENTENCIA, INEPTITUD DE LA DEMANDA, OMISIÓN LEGISLATIVA, OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA
Sentencia C-341 de mayo 24 de 2017
Ref.: Expediente D-11719
“ARTÍCULO 122. ABORTO. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.
2.1. Los argumentos planteados por el demandante.
a) Que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo.
b) Que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta.
“Es claro que la ponderación de derechos que se hace frente a las causales de procedencia del aborto sin sanción penal, puede o no ser igual en las primeras semanas de gestación a la ponderación que se hace en un tiempo cercano al nacimiento; es decir, que en cada etapa del embarazo puede presentarse una ponderación de derechos diferente y una más dependiendo de la causal que se invoque, esto debe estar definido expresamente por la ley al momento de ponderar derechos, debiendo establecerse si el interés del Estado en la protección de la vida del que está por nacer se debe incrementar o no en una etapa cercana al nacimiento, esta ausencia de ponderación de derechos hace que la noma demanda sea inconstitucional por omisión legislativa relativa al violar el artículo 11 de la Constitución Política y el numeral 1º del artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues se hacía necesario que fuera Ley la que ponderare los derechos constitucionales del nasciturus en las situaciones límite como cuando se solicita el aborto legal en una edad gestacional cercana al nacimiento, que es precisamente lo que se cuestiona en esta demanda, ponderación que debe hacer la ley pero que en el presente caso, obviamente no pudo hacerlo porque la despenalización de aborto en tres casos especiales se dio vía demanda de inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, sin que la ley pudiera expresarse concretamente sobre si debe o no existir un tiempo para la práctica del aborto en los casos despenalizados por la Sentencia C-355 de 2006”.
c) Que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente.
d) Que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma.
Agrega que le corresponde al legislador entrar a regular el tema de los plazos “de forma puntual y específica”, tomando en cuenta que las ponderaciones deberán tener en consideración el tiempo de gestación. Lo anterior, por cuanto, en su concepto, no son iguales las situaciones en las que se encuentran el nasciturus, en las primeras semanas del embarazo –caso en el cual la ponderación de derechos de éste cede a favor de la madre–, con aquel que se encuentra muy próximo al nacimiento. Esa ponderación de derechos, según el demandante, debe realizarla el legislador, “y nunca podrá quedar al arbitrio del intérprete ni mucho menos puede existir un vacío al respecto”. En otras palabras, debe ser la ley la que defina “la procedencia o no del aborto en edad gestacional cercana al nacimiento”, so pena de violar el derecho a la vida.
e) Que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.
2.2. Requisitos que debe cumplir un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa. Reiteración de jurisprudencia.
La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada sobre esta exigencia, en el sentido de advertir que si bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a mayores rigorismos y debe prevalecer la informalidad(4), deben existir requisitos y contenidos mínimos en la demanda que permitan a la Corte Constitucional la realización satisfactoria del examen de constitucionalidad, es decir, el libelo acusatorio debe ser susceptible de generar una verdadera controversia constitucional.
Por ello, esta corporación ha interpretado el alcance de las condiciones materiales que debe cumplir la demanda de inconstitucionalidad y ha sistematizado, sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, que los cargos formulados por la demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes(5). Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no solo estar formulada en forma completa, sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada (suficiencia).
Así las cosas, los cargos son claros si permiten comprender el concepto de violación que se pretende alegar. Para que dicha comprensión se presente por parte del juez de constitucionalidad, no solo es forzoso que la argumentación tenga un hilo conductor, sino que quien la lea –en este caso la Corte Constitucional– distinga con facilidad las ideas expuestas y que los razonamientos sean sencillamente comprensibles.
Los cargos deben ser suficientes, esto consiste en que “despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.(6)
El tercer elemento que ha evidenciado la Corte en el análisis del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, es la exigencia que se le hace al demandante en el sentido de señalar las razones por las cuales considera que la Corte Constitucional es competente para conocer la demanda. En este punto es necesario tener en cuenta que “la apreciación del cumplimiento de esta condición ha de ser flexible, puesto que “cuando en el libelo demandatorio se advierta la ausencia de ciertas formalidades o su incorrecta aplicación, lo razonable es determinar si esas circunstancias le impiden a la Corte apreciar la cuestión que se le plantea, por cuanto, si tales carencias o errores no desvirtúan ‘la esencia de la acción de inconstitucionalidad’ o no impiden que la Corte determine con precisión la pretensión del demandante, se impone la admisión de la demanda”.(7)
Al respecto, esta corporación ha sostenido que la omisión legislativa relativa tiene lugar cuando el legislador regula una materia, pero no lo hace de manera integral, como quiera que “no cobija a todos los destinatarios que deberían quedar incluidos en la regulación o porque deja de regular algún supuesto que, en atención a los contenidos superiores del ordenamiento, tendría que formar parte de la disciplina legal de la materia”.(8)
Adicionalmente, para su configuración se requiere que el legislador haya incumplido un deber expresamente impuesto por el Constituyente, pues como lo ha señalado esta corporación, sin deber no puede haber omisión(9). Se trata, entonces, de una regulación que deja por fuera “otros supuestos análogos”(10) que debieron haber sido incluidos, a fin de que la misma armonizara con el texto superior; o que dicha condición jurídica, aun habiendo sido incluida, resulta insuficiente o incompleta frente a situaciones que también han debido integrarse a sus presupuestos fácticos.
De manera genérica la jurisprudencia ha previsto que la omisión legislativa relativa supone dos condiciones, a saber: “i) El juicio de inexequibilidad requiere la concurrencia de una norma frente a la cual se predique la omisión; y (ii) la misma debe excluir un ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica que a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permita concluir que su consagración normativa resulta esencial e indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta Fundamental(11)”.(12)
Por regla general, cuando se trata de una omisión legislativa relativa, el remedio para la inconstitucionalidad advertida no es la declaratoria de inexequibilidad de la disposición que dejó por fuera de sus efectos jurídicos el elemento que se echa de menos, sino neutralizar dicho efecto contrario a la Constitución mediante la incorporación de un significado ajustado a los mandatos constitucionales. Así, “como en la omisión legislativa relativa hay un acto positivo del legislador que regula una materia específica, la Corte procede a integrar el vacío a partir de la Constitución”.(13)
De otro lado, la Corte ha declarado su incompetencia para conocer acerca de demandas dirigidas en contra de omisiones legislativas absolutas. Para ello se ha sustentado en considerar que “(i) no es metodológicamente posible el examen de constitucionalidad en estos casos por la carencia de norma susceptible de control(14), (ii) es indispensable que la demanda de inconstitucionalidad recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito, (iii) la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición legislativa requiere previamente definir si existe una oposición definitiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución(15). Finalmente, la ausencia de regulación de una determinada materia no necesariamente puede ser objeto de reproche constitucional, ya que los silencios del legislador en determinados casos son expresiones de su voluntad”.(16)
El ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero demanda la inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por la supuesta vulneración del artículo 11 superior, en consonancia con el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, debido a la ocurrencia de una supuesta omisión legislativa relativa.
1. La demanda ciudadana. El ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero demandó la inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por la supuesta vulneración del artículo 11 superior, en consonancia con el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, debido a la ocurrencia de una supuesta omisión legislativa relativa, consistente en que la referida norma legal no fija unos plazos encaminados a limitar la procedencia de la práctica de un aborto en función de la etapa en que se encuentre la gestante, en especial, durante el último trimestre, es decir, cuando el feto es viable extrauterinamente.
3. III. Decisión
4 Corte Constitucional, auto del 29 de julio de 1997, Expediente D-1718.
5 Ver, entre otras, las sentencias C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001.
6 Respecto de los requisitos mínimos que deben tener los cargos véase las siguientes Sentencias de esta corporación: C-918 de 2002, C-150, C-332 y C-569, estas últimas de 2003.
7 Corte Constitucional, Auto 024 de 1998.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-891A de 2006.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1996.
11 Véase, sentencias C-543 de 1996, C-427 de 2000, C-1549 de 2000, C-185 de 2002, C-311 de 2003 y C-875 de 2005.
12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-423/06.
13 Cfr. Sentencia C-1064 de 2001.
14 En la Sentencia C-543 de 1996 sostuvo este tribunal: “Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad es evaluar si el legislador al actuar ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación no hay acto que comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta”.
15 Sentencia C-504 de 1995. En el mismo sentido sostuvo en la Sentencia C-146 de 1998: “(…) son inconstitucionales por omisión aquellas normas legales que por no comprender todo el universo de las hipótesis de hecho idénticas a la regulada, resultan ser contrarias al principio de igualdad. Pero la omisión legislativa pura o total, no es objeto del debate en el proceso de inexequibilidad, puesto que este consiste, esencialmente, en un juicio de comparación entre dos normas de distinto rango para derivar su conformidad o discrepancia. Luego el vacío legislativo absoluto no puede ser enjuiciado en razón de la carencia de objeto en uno de uno de los extremos de comparación”.
16 Sentencia C-038/06, fundamento jurídico 6. Critério reiterado en sentencia C-831 de 2007.