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Timestamp: 2019-02-21 11:21:06
Document Index: 403248583

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 59', 'artículo 9', 'artículo 108', 'artículo 666', 'artículo 668', 'artículo 108', 'artículo 665', 'artículo 223', 'artículo 108', 'artículo 668', 'artículo 108', 'artículo 320', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 159']

Se capitalizan los intereses sobre prestaciones sociales ¿si o no?
MACK BARBOZA octubre 21, 2015 junio 7, 2017
Es curioso como la Sala de Casación Social, cambia de tanto en tanto de paradigma, es decir, podemos encontrar sentencias del mismo tribunal de la misma semana, que una día establezcan una cosa, y luego vuelvan a decidir en otro caso exactamente lo contrario y luego vuelvan al criterio inicial, en fin, a mi juicio es evidente que esto ha sembrado serias dudas sobre cual es el criterio real sostenido por la Sala, en determinado caso particular, tal es el caso de la capitalización de intereses, es decir, ¿cómo se calculan los intereses sobre prestaciones sociales?, ¿de modo simple?, ¿de modo compuesto?, pues, muchas veces la Sala de Casación Social en las experticias complementarias los ha mandado a calcular de modo simple, es decir, sin capitalizar, no obstante hace dos semanas recibí el siguiente comentario en mi canal de Youtube, de un colega llamado Cristian Montero Torres y decía lo siguiente:
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“Respecto a la capitalización de los intereses sobre prestaciones sociales, esta Sala de Casación Social determina que si los mismos no se pagan al trabajador en la oportunidad legal prevista en la norma antes referida, los intereses causados deben capitalizarse, ya que una interpretación en contrario traería en consecuencia un perjuicio patrimonial para el trabajador, tomando en consideración que éste no puede disponer de ellos, por la negligencia e incumplimiento de su patrono de acreditarlos o depositarlos mensualmente y pagarlos al trabajador al cumplir cada año de servicio; razón por la cual es el patrono quien debe asumir tal perjuicio y no el trabajador, quien se encuentra expuesto ante una evidente desigualdad económica frente a su patrono.”
Y la fuente indicada por el colega fue la siguiente sentencia:
En el juicio por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoado por los ciudadanos TERESA GUTIÉRREZ DE DOMÍNGUEZ, AURA MARINA TERESA DOMÍNGUEZ DE MÁRQUEZ Y JOSÉ DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, actuando en su condición de causahabientes del ciudadano ATAHUALPA DOMÍNGUEZ CARRASQUERO (+), representados judicialmente por la abogada Rosangel Rivera Arnal, contra la sociedad mercantil ESTUDIOS Y PROYECTOS DITECH, S.A., representada judicialmente por los abogados Gustavo Reyna, Pedro Alberto Perera Riera, Alejandro Disilvestro, Dubraska Galarraga Ponce, Aixa Añez Pichardi, Tomás Eduardo Zamora Sarabia, María Valentina Ramos Garrido, Gustavo Boccardo Cartaza, Favio Bolívar Rocca, Gabriela Arévalo Barrios, María Mercedes Vásquez Adrián, José Manuel González Gómez, Claudio Eduardo Huenufil Leal e Irina Rodríguez Torres; el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante decisión de fecha 25 de junio de 2009, declaró parcialmente con lugar la demanda.
El 26 de noviembre de 2009 se dio cuenta del asunto y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, quien con tal carácter suscribe la decisión.
La primera prueba a la que hace referencia la recurrente, es una constancia de trabajo de fecha 29 de enero de 2003, suscrita por el ciudadano Guillermo Machado Mendoza, en su carácter de Vicepresidente de la sociedad mercantil demandada (folio 57 del expediente), en la que se señala: “(…) el ciudadano Atahualpa Domínguez Carrasquero (…), trabaja para esta empresa desde el 28 de Marzo de 1974, desempeñando el cargo de Ingeniero de la empresa”.
Las pruebas restantes –folios 181, 182 y 183-, consisten también en constancias de trabajo de fechas 1º de octubre de 1997 y 17 de febrero de 1998, suscritas por el ciudadano Luis Arévalo Oberto, en su carácter de Director Ejecutivo de la demandada, y otra del 27 de septiembre de 1999, suscrita por el ciudadano Guillermo Machado Mendoza, en su carácter de Vicepresidente, en la que del mismo modo se señala que el ciudadano Atahualpa Domínguez Carrasquero, “trabaja” para la demandada desde el 28 de marzo de 1974.
(…) podemos concluir que el hecho de indicar que las constancias de trabajo traídas a los autos por la parte actora son sospechosas por no estar suscritas por algún representante del departamento de recursos humanos y además uno de los que suscribe haya demandado a la empresa Estudios y Proyectos Ditech, s.a., no es motivo suficiente para desechar las mismas y aunado a ello, esta Sentenciadora en la audiencia oral celebrada en este Juzgado Superior constató a través de los propios dichos de su representante judicial que la accionada no establece en ningún documento que las constancias de trabajo deba emitirla un empleado o departamento determinado. Aunado a ello, la legislación establece claramente los medios de ataque con los que se cuenta para anular el valor probatorio de las documentales, impugnación, desconocimientos y tacha, medios éstos de los cuales no hizo uso la demandada y mal puede darle la demandada la carga al juez con el simple señalamiento de parecerle “sospechosas” que efectúe tales juicios de valor de carácter eminentemente subjetivos sin suministrar ni medios de ataque idóneos ni otros elementos de convicción que pudieran coadyuvar a la determinación del juez de desechar una documental específica(…). Sin embargo, tal no ha sido el actuar de la demandada y en base al principio de favor, previsto en el numeral tercero del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, debe esta Sentenciadora inclinarse sobre el hecho de que la continuidad laboral ha quedado evidenciada en el presente caso, en base a las pruebas previamente analizadas, dentro de las cuales se añaden las constancias sobre las cuales recayó la apelación de la parte demandada (…) Así se decide.
Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en sus artículos 86 al 97, los principios rectores en esta materia, siendo obligación del Estado garantizar la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos del tra­bajo, considerando éste como un hecho social, protegido por el Estado y regido por los principios de: intangibilidad, progresividad, primacía de la realidad, irrenunciabilidad, indubio pro operario, entre otros.
La formalizante alega que la sentencia recurrida incurre en el vicio de indeterminación objetiva cuando establece que los intereses previstos en el literal c), del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo serán calculados por un perito que tomará en consideración las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela para cada período, así como : “la fecha en la cual será pagado este concepto, y (…) las pautas legales para cada período capitalizando los intereses…”, sin embargo, no determinó las pautas legales para realizar los cálculos, las fechas comprendidas en cada período, ni cuáles son tales períodos.
Ha dicho esta Sala de Casación Social, que la indeterminación objetiva “…debe entenderse en el sentido de que el sentenciador es tan impreciso en su fallo que hace imposible la ejecución de dicho mandato…”. (Sentencia N° 125, de fecha 24 de mayo de 2000).
En tal sentido, a los efectos de corroborar lo delatado por la parte recurrente, se verifica que la sentencia impugnada estableció: que la indemnización de antigüedad prevista en el literal a) del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, debía pagarse en los mismos términos ordenados por primera instancia, en virtud de que dicho concepto no fue objeto de apelación, y ordenó su pago por la cantidad de seis mil setecientos setenta y cinco bolívares con ochenta céntimos (Bs. 6.775.80); que la compensación por transferencia, prevista en el referido artículo, en su literal b), debía pagarse de la cantidad de dos mil novecientos cuarenta y seis bolívares (Bs. 2.946,00); que del mismo modo, los intereses previstos en el parágrafo primero del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, debían calcularse como lo ordenó la recurrida: “…A los fines del cálculo de dichos intereses, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo (…)debiendo tomar en cuenta el experto designado la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela…”.
Asimismo, confirmó lo resuelto por el Tribunal a quo en lo que respecta a la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, que comprende desde el 19 de junio de 1997, fecha de entrada en vigencia de la Ley, hasta el 5 de abril de 2007, ambas fechas inclusive, a tenor de lo dispuesto en el artículo 665 de la Ley Orgánica del Trabajo, con base en el salario integral devengado por el trabajador mes a mes, incluyendo las alícuotas de 60 días de utilidades por año – hecho que no fue desvirtuado por la demandada- y del bono vacacional conforme a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo. También, el pago de dos días adicionales por cada año de antigüedad, a calcularse con el promedio de los salarios devengados en el año correspondiente, más los intereses generados de conformidad con lo previsto en el literal “c”, del artículo 108 eiusdem.
De la revisión de la sentencia impugnada, se evidencia que la misma no incurre en el vicio que le imputa la formalización, por cuanto la recurrida sí determinó cuáles son las pautas legales que debe tomar en consideración el experto para hacer sus cálculos, esto es, para el viejo régimen estableció “(…) los intereses previstos en el parágrafo primero del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, (…) debiendo tomar en cuenta el experto designado la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela (…)”; y para el nuevo régimen dispuso “(…) los intereses generados de conformidad con lo previsto en el literal “c”, del artículo 108 de la Ley en comento (…)”, y “(…) el perito considerará las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela para cada período (…)”.
La recurrente sostiene que el error de interpretación de la norma ocurre cuando la sentencia impugnada “(…) condena sin más que tales intereses deben ser capitalizados, por el sólo hecho de que dichos intereses sean procedentes conforme a esta norma, sin tomar en consideración que la capitalización de tales intereses sólo ocurre cuando el trabajador mediante manifestación escrita, decidiere capitalizarlos (…)”.
(…) la recurrida incurrió en el vicio de suposición falsa por desnaturalización o desviación intelectual, equiparable al primer caso de suposición falsa previsto en el artículo 320 eiusdem consistente en atribuir a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, del contenido real de la planilla 1402 (sic) del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (folio 233) cuando afirma falsamente que “…los datos en ella contenidos son suministrados por el patrono al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales…” razón por la cual la recurrida desecha esa prueba promovida por Ditech, puesto que, según la recurrida, “…mal puede los herederos del trabajador fallecido tener control alguno sobre la probanza en cuestión…”. (Cursivas de la cita).
Sostiene que es falso cuando el fallo recurrido afirma que los datos contenidos en esa planilla son suministrados únicamente por el patrono al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ya que, a su decir, tales datos son suministrados por el patrono y el trabajador, pues ambos firmaron dicha planilla en la cual se indica que la fecha de ingreso del trabajador fue el día 1º de enero de 1986, “(…) lo que confirma el alegato expuesto en la contestación referido a que la segunda relación laboral se inició el 01 de enero de 1986, y no como dice la recurrida que se trato (sic) de una relación laboral continuada desde el 28 de marzo de 1974 hasta el 05 de abril de 2007”.
(…) la recurrida al desconocer el valor probatorio de esta prueba infringió así el artículo 1.363 del Código Civil por falta de aplicación, norma ésta que regula la valoración del instrumento privado, como es el caso de la planilla 1402 (sic) que es un instrumento privado reconocido de fecha cierta que adquirió con el sello de recepción estampado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en fecha 26-02-86, en virtud de lo cual la recurrida infringió también por falta de aplicación el artículo 1.369 del Código Civil, que regula la fecha cierta de los instrumentos privados, al negarle valor probatorio a la planilla 1402.
En lo que respecta a la documental cursante al folio 233, contentiva de copia de la planilla 1402 (sic), del Seguro Social, esta Sentenciadora la desecha (…), por cuanto los datos en ella contenidos son suministrados por el patrono al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por lo que mal puede (sic) los herederos del trabajador fallecido tener control alguno sobre la probanza en cuestión. Así se decide.-
(…) la recurrida, al no realizar el examen de ese cúmulo de indicios, infringió así el artículo 159 de la LOPT (sic), específicamente el precepto contenido en esa norma que establece que la sentencia debe contener los motivos de hecho de la decisión (…). La infracción delatada fue determinante de lo dispositivo en la recurrida, ya que si ésta hubiese aplicado el test de laboralidad, habría declarado que durante los períodos comprendido (sic) desde el 28 de marzo de 1974 hasta el 31 de julio de 1977 y desde el 01 de enero de 1983 hasta el 31 de diciembre de 1985, no existió relación laboral.
Aduce que la sentencia impugnada desechó las pruebas promovidas por Ditech, S.A., que cursan a los folios 220 al 232, marcadas con las letras “H”, “I” y “J”, por considerar que “…las mismas no dilucidan el controvertido planteado ante este Tribunal Superior…”, sin explicar en forma alguna por qué llegó a tal conclusión.
Sostiene que “La apreciación de estas pruebas haría modificar los dispositivos (sic) de la recurrida que condenaron a Ditech a pagar a la parte actora las cantidades por concepto de vacaciones, bono vacacional y utilidades desde el 28 de marzo de 1974 hasta el 05 de abril de 2007…”.
En este sentido, conviene hacer referencia respecto al efecto devolutivo de la apelación, por lo que esta Sala, en sentencia Nº 2469 de fecha 11 de diciembre de 2007 (caso: Edih Ramón Báez Martínez contra la sociedad mercantil Trattoria L’ancora, C.A.) estableció:
De la revisión de las actas procesales, esta Sala constata que dichas documentales fueron desechadas por el Juzgado Superior, debido a que las mismas no formaban parte del controvertido planteado ante la alzada, en aplicación del efecto devolutivo de la apelación, no obstante, el ad quem, dando cumplimiento y garantizando el principio de autosuficiencia del fallo y su adecuada ejecución, reprodujo y se pronunció respecto a todos los conceptos condenados con inclusión de aquellos que no fueron apelados y que por ende quedaron firmes con la decisión dela quo, tal y como se evidencia del capítulo VI de la recurrida denominado “DE LA CONDENA Y LOS PARÁMETROS DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO”, en la que señaló lo siguiente:
En cuanto a los conceptos relativos a vacaciones y bono vacacional, su condena se efectúa en base a los términos señalados por (sic) instancia, tomando en consideración que el último salario del trabajador fallecido ha sido la cantidad de Bs. 1.700.00; tales basamentos expuestos en la recurrida son los siguientes: “…Reclama la parte actora el pago de las Vacaciones y del Bono Vacacional, durante el tiempo que duró la relación de trabajo, es decir desde el 28 de marzo de 1974 hasta el 05 de abril de 2007, las cuales proceden en derecho dado que la demandada no demostró haber pagado correctamente dichos conceptos (…). De lo que resulte de la experticia complementaria del fallo ordenada realizar, el experto designado deberá deducir lo pagado por la demandada por concepto de bono vacacional: Bs.8.599,98 (folio 224), Bs.6.666,66 (folio 58), Bs. 56.000,00 (folio 65) y Bs.30.420 (folio 76); así como la cantidad de Bs. 13.333,35 y 17.333,35, con cargo a las vacaciones (folios 225 y 226, respectivamente del expediente)…”. Así se establece.-
De la transcripción que antecede, se evidencia que el Juzgador de alzada, al momento de condenar el pago de las vacaciones, bono vacacional y utilidades a favor del demandante, ordenó que el experto designado para realizar la experticia complementaria del fallo, debía deducir “…lo pagado por la demandada por concepto de bono vacacional: Bs.8.599,98 (folio 224),Bs.6.666,66 (folio 58), Bs. 56.000,00 (folio 65) y Bs.30.420 (folio 76); así como la cantidad de Bs. 13.333,35 y 17.333,35, con cargo a las vacaciones (folios 225 y 226, respectivamente del expediente)…”.
Al revisar el folio 58 del expediente, constata la Sala que el mismo se refiere a una prueba documental promovida por la parte actora, referente a un recibo de pago a favor del trabajador en el cual, dentro de la descripción se refleja un pago por concepto de “…BONO VACACIONAL 89/90 6,666.68”. En consecuencia, el sentenciador de alzada, ordenó deducir del bono vacacional acordado a favor del actor, lo pagado por la demandada por este concepto, por el período 1989-1990, que fue lo mismo que promovió la parte recurrente mediante la prueba documental que corre inserta al folio 223 del expediente, marcada con la letra “I”.
Respecto a las utilidades, la recurrida estableció que “…El experto designado deberá tomar en consideración el pago que por este concepto realizó la demandada en los siguientes montos y períodos: Bs. 86.017,20 (…), (folios 222, … respectivamente…)…”
(…) la recurrida hizo un análisis parcial de dicha prueba, es decir, no la examinó íntegramente en todo su contenido, toda vez que, si bien es cierto que de dicha prueba se evidencia la existencia de las referidas cotizaciones en el año de 1995, la recurrida omitió analizar la parte del texto de dicha prueba donde se refleja claramente que no existieron cotizaciones durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, lo cual prueba que durante esos años no existió prestación de servicios (…). Asimismo, la recurrida omitió analizar la parte del texto de dicha prueba donde se señala como fecha de egreso de Atahualpa Domínguez el día 15 de febrero de 1999, lo que confirma el alegato expuesto en la contestación (…).
En cuanto a la documental cursante al folio 150, marcada “E8” la cual ha sido igualmente traída a los autos por la empresa demandada quedando inserta al folio 237 (marcada “O”) relativa a impresión de “Cuenta Individual” que contiene la relación de cotizaciones ante el Seguro Social del ciudadano Atahualpa Domínguez (…), a decir de la demandada recurrente de la referida documental no sólo se evidencia que el actor estaba asegurado sino que además se demuestra con la misma cuando (sic) comienza la segunda relación de trabajo que unió a las partes, que de conformidad con lo señalado en la contestación la misma data desde el 01/01/1986 al 30/07/1994, sin embargo, esta Alzada disiente de tal señalamiento por cuanto en primer lugar existen cotizaciones en el año de 1995 (año en el que a decir de la demandada no estuvo vinculada con del ciudadano Atahualpa Domínguez) y en segundo lugar las cotizaciones ante el Instituto (sic) de los Seguros Sociales son enteradas por el patrono por lo que mal podría el trabajador (a menos que presentara una reclamación administrativa) tener control sobre tal proceder. En consecuencia, esta Sentenciadora la valora como indicio de prestación de servicios durante el año de 1995. Así se decide.-
De la transcripción que antecede, se desprende que efectivamente el Juez de Alzada, al analizar la documental referida por la recurrente, estableció que de la misma se evidencian las cotizaciones realizadas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, durante el año 1995, lo que valora como un indicio de la prestación de servicios de la parte actora durante ese año. De igual manera se evidencia de dicha prueba, que las últimas cotizaciones se realizaron hasta el año de 1999, y que en dicha prueba se refleja que la fecha de egreso del trabajador fue en fecha 15 de febrero de 1999, no haciendo la recurrida ninguna mención expresa al respecto, no obstante señaló que “…las cotizaciones ante el Instituto (sic) de los Seguros Sociales son enteradas por el patrono por lo que mal podría el trabajador (a menos que presentara una reclamación administrativa) tener control sobre tal proceder”.
En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil Estudios y Proyectos Ditech, S.A., contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 2 de noviembre de 2009; 2)CONFIRMA la sentencia recurrida.
No firma la presente decisión el Magistrado Dr. ALFONSO VALBUENA CORDERO, quien no estuvo presente en la audiencia oral por causas justificadas.
Y mi respuesta al comentario fue el siguiente “Me resulta muy interesante la Sentencia y además justa, estoy plenamente de acuerdo y esperaba que finalmente sucediera, debo decir que en este sentido las decisiones han estado saliendo un poco contradictorias, a veces si, a veces no, sin embargo esta interpretación me parece la mas adecuada en aplicación de los principios fundamentales que informan al derecho laboral, 20 puntos para ti amigo mío, aportes como estos son los que hacen interesante a este canal muchas gracias” bien saquen ustedes sus propias conclusiones y déjenme saber sus comentarios….
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