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Timestamp: 2014-10-25 05:29:45
Document Index: 131001556

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'DE LEGE FERENDA']

Tesis & Monografías: Tesis: prueba ilícita en el proceso penal
Tesis: prueba ilícita en el proceso penal
Criterios para la determinación de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruanaTESISpara optar el grado académico de Magíster en Derecho con mención en Ciencias PenalesAUTORHamilton Castro Trigoso2008CONCLUSIONES FINALES1.- Debido al insuficiente conocimiento respecto de la prueba ilícita, en losprocesos penales conocidos por el subsistema de juzgamiento de delitos deterrorismo los operadores procesales no han desarrollado suficientementecriterios para la admisión o exclusión en el proceso del material probatorio queafecta derechos fundamentales de los procesados.2.- La doctrina nacional y el Tribunal Constitucional no han desarrollado demanera orgánica criterios respecto de la prueba ilícita. Sin embargo, en lasentencia del caso “Rafael García Mendoza contra SERPOST S.A. (1058-2004-AA/TC) ha fijado dos cuestiones fundamentales: primero, que la actividadprobatoria y el descubrimiento de la verdad no pueden lograrse a cualquier precio,pues en tal cometido es exigible el respeto y observancia de los límitesestablecidos por la Constitución, es decir, los derechos fundamentales, y,segundo, que la prueba obtenida con vulneración de los derechos fundamentalesno puede ser utilizada para incriminar a una persona y, por tanto, carece deefectos legales. Este fallo es hasta ahora el más importante pronunciamiento denuestro Tribunal Constitucional, el mismo que podría marcar el inicio de undesarrollo más orgánico y sistemático de la cuestión a nivel de la jurisprudenciaconstitucional en nuestro país. En el mismo sentido, en la doctrina se aprecia uncreciente interés por la problemática de la prueba ilícita.3.- Las excepciones a la regla de exclusión aplicables por los juzgadores debenser expresamente reguladas por el legislador, por ser ello más adecuado anuestra realidad jurídico – procesal, en tanto que el principio de proporcionalidadpodrá ser aplicado en el caso concreto cuando la prueba haya sido regularmenteobtenida y el juzgador tenga que optar entre valores o bienes constitucionalmenteprotegidos, de igual o superior rango.4.- En un número significativo de casos conocidos por la Sala Penal EspecialNacional de Terrorismo se ha alegado vulneración de derechos fundamentales en la obtención de fuentes de prueba, lo que se corrobora con una alta incidencia decasos en los que los operadores procesales han tenido la necesidad de recurrir acriterios concernientes a la prueba ilícita.5.- De la interpretación de los conceptos de debido proceso y tutela jurisdiccionalefectiva, consagrados en el artículo 139.3 de la Constitución, se deriva la vigenciade un derecho fundamental a la prueba. A igual resultado puede arribarseconsiderando el derecho fundamental a la presunción de inocencia previsto en elartículo 2.24, literal e) de la Constitución. En efecto, se concibe al derecho a laprueba o derecho a probar como un componente del derecho genérico al debidoproceso y a la tutela judicial efectiva. De igual modo, se plantea que, si todapersona sometida a proceso es presumiblemente inocente hasta no sercondenada firmemente, entonces debe aceptarse que el único modo de destruir oenervar esa presunción de inocencia, es a través del ejercicio del derecho aproducir una actividad probatoria suficiente.6.- La gran importancia de la prueba en el proceso penal deriva de considerar quela prueba es fuente de conocimiento y de convicción para el juzgador, de talmanera que sin actividad probatoria sería inimaginable un proceso penal justo yracional, en la medida en que no se podría destruir o enervar la presunción deinocencia de la que goza el imputado, ni tampoco aplicar la ley penal sustantivacomo expresión del ius puniendi.7.- Prueba ilícita es aquella que ha sido obtenida con lesión de derechosfundamentales y, en esencia, se constituye en un límite para el principio generalde averiguación de la verdad en el proceso. Para el caso del Perú, los derechosfundamentales susceptibles de ser vulnerados por la prueba ilícita son losconsagrados en el Capítulo I del Título I de la Constitución, pero teniéndose encuenta lo prescrito por la propia Constitución en su artículo 3° que incluye a losdemás derechos no enumerados que ella garantiza, otros de naturaleza análoga olos que deriven de la dignidad humana, del Estado de Derecho, entre otros.8.- En nuestro país, en atención a la fórmula abierta del artículo 3° de laConstitución, es posible sostener que la vulneración de derechos fundamentales de índole procesal, tales como la defensa técnica, a no declarar contra si mismo ocontra ciertos parientes, etc, acarrea necesariamente la exclusión de la prueba asíobtenida o admitida. En todo caso, los operadores deberán evitar convertir a laprescripción del artículo 3° constitucional en una especie de cajón de sastre quetermine desnaturalizando la racionalidad de la regla de exclusión y afectandoindebidamente el principio de averiguación de la verdad.9.- Prueba directa en el ámbito de las prohibiciones probatorias es aquella cuyaconcreta causa es la afectación de un derecho fundamental. Así ha sido recogidapor el artículo VIII.2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004. Encambio, prueba derivada o refleja es aquella en si misma lícita pero que tiene suorigen mediato en otra que ha sido obtenida vulnerando derechos fundamentales.10.- La prueba ilícitamente obtenida no debe generar efecto o consecuenciaalguna en la formación de la convicción o certeza del juzgador sobre los hechos oenunciados del proceso.11.- Es posible establecer diferencias entre nulidad y exclusión probatoria. Lanulidad está referida siempre a actos procesales. En cambio, la exclusiónprobatoria tiene un alcance mucho más amplio pues comprende también yprincipalmente la realidad extraprocesal de las fuentes de prueba. Asimismo, nodebe perderse de vista que la exclusión probatoria deriva de la posiciónpreeminente ocupada por los derechos fundamentales dentro del ordenamientojurídico; mientras que esta trascendencia iusfundamental o constitucional no estánecesariamente presente en la regulación de la nulidad procesal. En tal sentido,en materia de nulidades rige el principio de taxatividad, lo que no sucedetratándose de la exclusión probatoria cuya fuerza vinculante y aplicabilidaddimana de la Constitución y de la inviolabilidad de los derechos fundamentales,por lo que no es necesario que la regla de exclusión esté expresamente previstaen el ordenamiento.12.- Si bien es admisible que, en general, deba esperarse o acaso desearse quela aplicación de la regla de exclusión disuada a la policía y a los demás órganosde la persecución penal de la comisión de futuros actos lesionantes de derechos fundamentales en la actividad de obtención de fuentes de prueba; sin embargo,en nuestro sistema la principal finalidad de la exclusión probatoria es servir degarantía de la preeminencia e inviolabilidad de los derechos fundamentales.13.- En el derecho y jurisprudencia comparadas, especialmente laestadounidense, alemana y española, se ha perfilado el desarrollo de una serie deexcepciones a la regla de exclusión, siendo las principales la fuente independiente(independent source doctrine), el descubrimiento inevitable (inevitable discovery),la doctrina de la buena fe (good faith exception), el principio de proporcionalidad,la doctrina del purged taint o del nexo causal atenuado, la infracción constitucionalbeneficiosa para el imputado o prueba ilícita in bonam partem, la destrucción de lamentira del imputado, la teoría del riesgo, la renuncia del interesado, la plain viewdoctrine y los campos abiertos y la doctrina de la eficacia de la prueba ilícita paraterceros o la infracción constitucional ajena.14.- Teniendo en cuenta el desarrollo de nuestra investigación, las excepcionesque podrían ser admitidas en nuestro sistema sin mayor problema son: la fuenteindependiente (que no es propiamente una excepción), la infracción constitucionalbeneficiosa para el imputado o prueba ilícita in bonam partem, la teoría del riesgopara grabaciones o filmaciones consentidas por uno de los interlocutores, asícomo la grabación de conversaciones telefónicas propias y algunos supuestos dela plain view doctrine y los campos abiertos; igualmente el principio deproporcionalidad y ponderación siempre y cuando la prueba haya sidoregularmente obtenida pero el legislador ha excluido su valoración de modoexpreso o se produzca una colisión con otros valores o bienes protegidosconstitucionalmente, de igual o superior rango.RECOMENDACIONES1.- Implementar cursos de capacitación en el interior del Poder Judicial, MinisterioPúblico y Colegios de Abogados con la finalidad de formar a sus miembros en elconocimiento y manejo de las categorías concernientes a la prueba ilícita,incluyendo los actuales desarrollos de la doctrina y jurisprudencia comparadas,sin perjuicio de enfatizar la importancia de tener siempre en cuenta que laaplicación de dichos criterios requiere considerar nuestra particular realidadjurídico – procesal.2.- Modificar el numeral 2) del artículo VIII del Título Preliminar del CódigoProcesal Penal de 2004 con la finalidad de posibilitar la regulación taxativa de lafuente independiente, la infracción constitucional beneficiosa para el imputado oprueba ilícita in bonam partem, la teoría del riesgo para grabaciones o filmacionesconsentidas por uno de los interlocutores, así como la grabación deconversaciones telefónicas propias y algunos supuestos de la plain view doctriney los campos abiertos; igualmente el principio de proporcionalidad y ponderación.PROPUESTA DE LEGE FERENDAEl artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004tiene el siguiente texto:Art. VIII. Legitimidad de la prueba1.- Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado alproceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo.2.- Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, conviolación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona.3.- La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida afavor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.Teniendo en cuenta la segunda recomendación, proponemos el siguientetexto para el numeral 2) del artículo VIII del Título Preliminar del Código ProcesalPenal de 2004:2.- Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, conviolación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, amenos que se trate de infracción constitucional beneficiosa para el imputado.2.1.- En la valoración de la prueba los jueces podrán también considerarlos siguientes criterios: la fuente independiente, la teoría del riesgo paragrabaciones o filmaciones propias o consentidas por uno de los interlocutores, laplan view doctrine y los campos abiertos y el principio de proporcionalidad, eneste último caso siempre que la prueba haya sido regularmente obtenida y sehubiese producido conflicto entre bienes o valores constitucionalmente protegidos,de igual o superior rango.Fuente:http://www.cybertesis.edu.pe/
Anónimo29 de enero de 2012, 18:17¿ existe algún país que regule las excepciones a la regla de exclusión de la prueba?ResponderEliminarAsesor26 de febrero de 2012, 10:16Gracias por sus comentarios.Para solicitar información de nuestros servicios puede escribir a: infolimaperu@gmail.comPara solicitar asesoría en línea para un tema específico puede escribir a: asesoriaonline@hotmail.comResponderEliminarAñadir comentarioCargar más...