Source: http://www.franciscosantana.net/2017/06/admision-de-accion-por-intereses_2.html
Timestamp: 2020-07-11 22:58:55
Document Index: 376753661

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 88', 'artículo 178', 'artículo 88', 'artículo 178', 'artículo 147', 'artículo 150', 'artículo 153', 'artículo 29', 'artículo 31']

Admisión de acción por intereses colectivos y difusos ejercida contra el Alcalde del Municipio IRIBARREN del estado LARA. Se dicta amparo cautelar. (Sala Constitucional)
En el escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala, la parte actora alegó:
Que, son habitantes del Municipio Iribarren del Estado Lara y que han sido víctimas de la “barbarie terrorista” por hechos de violencia y “terrorismo” en sus comunidades, acciones que han sido promovidas y ejecutadas, en su decir, por grupos de manifestantes de la mal llamada “protesta pacífica”, los cuales se han dado a la tarea de obstruir las vías públicas, arrojando y quemando basura, destruyendo el alumbrado público, la propiedad privada, impidiendo el flujo de las mercancías que abastecen los comercios con productos de primera necesidad, impidiendo igualmente que los niños asistan al colegio generando el incumplimiento del cronograma escolar, dañando el patrimonio público del Municipio y por ende del Estado Venezolano, imposibilitando a las personas que viven en el Municipio de trasladarse desde sus viviendas a los sitios donde trabajan o estudian, para hacer compras de alimentos, recibir atención médica, afectando a la población en general, a los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes, a los servidores que prestan atención en los centros de salud, clínicas y ambulatorios y demás dependencias que suministran servicios públicos, los cuales no pueden llegar a cumplir su jornada laboral, afectando incluso el traslado de alimentos y demás mercancías para su Municipio y demás estados del País, siendo que dicho Municipio Iribarren en algunos casos es paso obligatorio para el tránsito de los vehículos y camiones que van al centro o hacia el occidente del País.
Que, con “la mirada cómplice” del ciudadano Alcalde y algunos Concejales, los vándalos opositores mantienen en anarquía el referido Municipio, colocando barricadas y alcabalas, paseándose libremente por las calles encapuchados y amenazando a todos los ciudadanos que no expresen su apoyo a las acciones terroristas que han venido ejecutando, afectando de manera categórica y preocupante a los niños, niñas y adolescentes que residen en el mencionado Municipio Iribarren y demás zonas circunvecinas, porque sienten terror de salir a cualquier lugar.
Que, en virtud de lo anterior, han acudido ante varias instituciones del Estado a los fines de solicitar la atención de esa serie de hechos que afectan sobremanera el desarrollo diario de las actividades que se realizan en dicho Municipio, por la violencia que se ha generado y que han sido del conocimiento general, públicas, notorias y comunicacionales.
Que, en atención a tales hechos, los demandantes indicaron que como miembros del Concejo Municipal han realizado varios exhortos acreditados en actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, mediante los cuales se ha solicitado al ciudadano Alfredo Antonio Ramos Acosta, Alcalde del Municipio Iribarren, que en ejercicio de las funciones que le corresponde como máxima autoridad del Municipio, se sirviera adoptar las medidas que estuvieran a su alcance, de conformidad con la normativa vigente, para evitar que las mal llamadas manifestaciones pacíficas continúen ejerciendo acciones violentas que van en detrimento de los derechos fundamentales que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que, entre los hechos que han tenido mayor trascendencia, se mencionan los siguientes:
1) En la avenida principal del sector El Ujano, Sector Este de la ciudad de Barquisimeto, constantemente permanece una barricada de escombros y basura que son colocados por personas residentes en la Urbanización Las Trinitarias y demás sectores, existiendo una situación de anarquía.
2) La destrucción del ambiente por la tala y quema indiscriminada de los árboles que forman parte del ornato de la ciudad; daños contra el sistema eléctrico al derribar postes y usarlos para trancar la vía; el daño a la infraestructura de instituciones del estado, como por ejemplo el incendio de la sede de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) y los vehículos que usan para cumplir la función; los daños a la sede de Farmapatria, de la infraestructura del Instituto Nacional de Tierras (INTI), de la Oficina de la Misión Nevado (que la quemaron completa) y era la única unidad móvil del País; ataques a la sede de la Corporación de Lara (CORPOPLARA); daños al sistema de transporte (TRANSBARCA), vehículos y paradas; ataque a la infraestructura de las siguientes instituciones: Porcinos El Alba, Corporación Venezolana de Azúcar (CVA-AZUCAR), la sede de la Carrera de Comunicación Social y Estudios Superiores de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), y el día 04 de mayo de 2017, en contra de los habitantes de los urbanismos y otras instituciones.
3) Daños a locales comerciales privados, como por ejemplo, los daños causados a la farmacia SAAS, ubicada en la avenida Vargas, esquina Carrera 25.
4) El inminente peligro y temor fundado de posibles ataques o destrucción de la tubería de gas que tiene su centro matriz en el puente El Ujano, ubicado al lado de la Universidad Fermín Toro, Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, Escuela de Derecho del Estado Lara.
Asimismo, los demandantes señalaron que las acciones antes referidas conllevan a una violación generalizada de los derechos humanos, en especial a los habitantes de las Parroquias Santa Rosa, Catedral, Concepción, Juan de Villegas, Cují, Tamaca y Unión y que en general son afectados los y las ciudadanas que por las arterias viales del citado Municipio ameritan transitar.
Que, el ciudadano Alcalde del Municipio Iribarren, Alfredo Antonio Ramos Acosta, ha promovido tales hechos con los constantes llamados que ha realizado por los medios de comunicación y las redes sociales, colaborando o financiando las mismas, tal como ha sido público y notorio, pues ha incitado y materializado tales hechos, como por ejemplo el llamado a salir a las calles “que elevo (sic) dentro del recinto de la Cámara Municipal en la sesión Ordinaria N° 26 de fecha 27-04-17”, así como también, con el hecho que los camiones del aseo urbano se han utilizado para descargar la basura recogida para trancar las avenidas centrales, obstaculizando el tráfico y generando desespero en las comunidades “situación que se puede observar en el video que aportamos como prueba”.
Que, igualmente ha insistido en llamar al desconocimiento del Gobierno Nacional legítimamente constituido o elegido, en actitud hostil, incitando de cualquier forma con su aptitud a que se monten barricadas en las calles de la ciudad, causando caos en algunas zonas de la ciudad, llegando incluso los adeptos del ciudadano Alcalde, al extremo de atentar contra la estabilidad, la integridad física y la vida de la población civil y militar, colocar guayas en la vía, así como, atacar con objetos y sustancias incendiarias las instalaciones públicas y privadas que hacen vida en la comunidad, afectando el sano desenvolvimiento de la sociedad civil, el comercio, el transporte y las actividades estudiantiles a todo nivel educativo.
Que, sobre la base de las anteriores consideraciones, era inminente destacar que el Municipio Iribarren ha venido sufriendo días aciagos por los hechos que atentan contra la paz y la tranquilidad que merecen los venezolanos y venezolanas, y de los cuales, el Alcalde es responsable por su conducta omisiva, así como, de la violación del artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los demás derechos inherentes al ser humano, y por los cuales acuden a este Alto Tribunal, a solicitar la protección integral debida.
Que, voceros y voceras de distintos Consejos Comunales, comunas y asociaciones sociales civiles, han denunciado y manifestado ante la presidencia del Consejo Municipal, los hechos narrados, así como han denunciado la no participación de la policía municipal en garantizar el libre tránsito en diferentes zonas de la ciudad, así como, la conducta omisiva por parte de cincuenta y cuatro (54) dependencias de la Alcaldía del Municipio Iribarren, entes municipales con competencia en aseo urbano y ambiente, salud, así como los bomberos, y el Consejo de Protección del Niños, Niña y Adolescente del Municipio Iribarren, los cuales, en su decir, tienen competencia para evitar la vulneración de los derechos que se mencionaron precedentemente y que son objeto de la presente demanda.
Que, el Alcalde del Municipio Iribarren ha incumplido el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en relación a las atribuciones en cuanto a garantizar la prestación de los servicios públicos, ya que los ciudadanos y ciudadanas que habitan en dicho Municipio han tenido que asumir por cuenta propia el removido de las barricadas para así garantizar el restablecimiento del orden para el libre tránsito, y en algunas ocasiones con el apoyo de la Guardia Nacional.
Que, la Alcaldía del Municipio Iribarren no está prestando acciones de protección en ejercicio de las competencias que le atañen, en lo que tiene que ver con la seguridad y la colaboración entre autoridades dependientes del Ejecutivo Municipal, como la empresa municipal de infraestructura y conservación del ambiente (EMICA), aseo urbano, cuerpo de bomberos y policía municipal.
Que, en ese sentido, los demandantes señalaron que se encontraban afectados por la violación de los artículos 26, 27, 50, 51, 55, 75, 78, 80, 81, 83, 112, 127, 131, 137, 139, 141 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de los artículos 1, 2, 3, 5, 56, 75, 76, 84, 88 numerales 1, 2, 15, 21 y 24; 90, 92 y 95 numerales 13, 20 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Que, la situación de obstaculización y restricción de la circulación de personas y vehículos en algunas vías, así como otras situaciones violentas se han mantenido sin que se evidencien acciones por parte del Alcalde del Municipio Iribarren, ciudadano Alfredo Antonio Ramos Acosta, y del Director de la Policía de ese Municipio, tendientes a controlar tal situación.
Por último, los demandantes solicitaron que la presente acción sea admitida y, en consecuencia, se ordene al ciudadano Alfredo Antonio Ramos Acosta, Alcalde del Municipio Iribarren, lo siguiente:
1.- Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el derecho al libre tránsito de las personas y vehículos en la jurisdicción del Municipio Iribarren.
3.- Cumpla con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas del Municipio Iribarren.
4.- Ejerza la protección de los vecinos y habitantes del Municipio Iribarren, impidiendo actos y/o acciones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
5.- Ejerza la protección a la primera y segunda infancia, y a la adolescencia para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 y 178 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
7.- Gire las instrucciones necesarias en los respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.
Corresponde a la Sala determinar su competencia para el conocimiento de la presente demanda intentada por los ciudadanos supra mencionados, en la que invoca la protección de intereses colectivos y difusos respecto al Alcalde del Municipio Iribarren del estado Lara, ciudadano Alfredo Antonio Ramos Acosta, y por la cual se denuncia el incumplimiento por parte del mencionado alcalde del artículo 178 de la Constitución y la violación de los derechos contenidos en los artículos 26, 27, 50, 51, 55, 75, 78, 80, 81, 83, 112, 127, 137, 139, 141 y 256 eiusdem, y del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
En ese sentido, se observa que los hechos relatados en el escrito presentado y que motivan la presente demanda consisten en el supuesto incumplimiento por parte del Alcalde del Municipio Iribarren del estado Lara del artículo 178, numerales 2, 4, 5, 6 y 7 de la Constitución, al aparentemente permitir que personas en esa localidad coloquen obstáculos en la vía pública y quemen objetos, lo cual, según se denuncia, atenta contra los derechos constitucionales al libre tránsito, al trabajo, a la educación, a la salud, al medio ambiente y a la seguridad personal.
En este sentido, se observa que la presente demanda intentada, los hechos que relata y su pretensión –tanto cautelar como de fondo– afecta a un sector poblacional determinado e identificable como son las personas que habitan, laboran o circulan por el Municipio Iribarren del Estado Lara. Por tanto, con base a tales características la presente demanda debe calificarse como aquellas dirigidas a la protección de intereses colectivos y, así se declara.
Esta Sala observa que el escrito contentivo de la presente demanda de protección de derechos colectivos cumple con los extremos exigidos por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que la demanda resulta admisible en tanto que no se evidencia, prima facie, la existencia de causal de inadmisibilidad alguna a las que se refiere el artículo 150 eiusdem. En consecuencia, esta Sala admite la presente demanda. Así se decide.
Al respecto, esta Sala teniendo en consideración los alegatos de la parte accionante, observa como hecho público, notorio y comunicacional, las siguientes informaciones aparecidas en diferentes páginas informativas en internet, las cuales han sido consultadas en fecha 31 de mayo de 2017, de las cuales se desprenden hechos violentos en las manifestaciones, perturbación a la paz local, limitación al acceso a las vías públicas, y participación de niños, niñas y adolescentes en algunas de estas concentraciones. Así, se reseña:
1) https://elpitazo.com/ultimas-noticias/mas-30-detenidos-las-manifestaciones-lara/
Más de 30 detenidos durante las manifestaciones en Lara.
La jornada del lunes 10 de abril comenzó con cierre de vías principales entre Barquisimeto y Cabudare, y terminó con 30 detenidos, de ellos dos menores de edad.
“En la noche, las personas que trabajan en Barquisimeto pero viven en Cabudare, no podían pasar a sus casas debido a las barricadas”.
2) www.el-nacional.com › Sociedad › Protestas
Calles de Lara amanecieron con barricadas de manifestantes
La GNB dispersó las manifestaciones
“Varias calles y avenidas del estado Lara amanecieron con barricadas este lunes que obstaculizaron el tránsito vehicular, reportaron usuarios de Twitter.
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llegaron al sitio para disolver la protesta y abrir las calles. No obstante, luego de las 8:00 am se mantenía el congestionamiento vial, detalló el diario”.
3) notitotal.com/2017/04/17/manifestantes-en-lara-amanecieron-con-barricadas-fotos/
Este lunes manifestantes en Lara amanecieron con barricadas
“Venezuela continúa convulsionada tras una semana y media de continuas protestas, que para este lunes no parecieran minimizar ni reposar. Ya que en Lara ciudadanos amanecieron rodeados de barricadas de manifestantes que protestan contra el Gobierno nacional.
Ante la situación se ha reportado, vía Twitter, que el tránsito vehicular está obstaculizado. Según informa el portal Panorama, el cierre de las vías se ha producido en los sectores La Mendera, Valle Hondo, Las Mercedes, El Recreo, El Trigal, redoma de Agua Viva; así como en la avenida Libertador de Barquisimeto.
Gracias a las imágenes difundidas por la red social se puede ver que los manifestantes han hecho uso de objetos contundentes y quemas de caucho para cerrar las calles.
En el lugar de los hechos ya se encuentra un despliegue de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para facilitar el tránsito vehicular”.
4) http://200.11.241.67/noticias/ciudad-atendida/5127-asi-suspendan-las-garantias-continuaremos-en-la-calle.html
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer de la demanda ejercida por los ciudadanos TERESA COROMOTO LINAREZ DE RODRIGUEZ y ALEJANDRO JOSÉ NATERA, en su condición de Concejales del Municipio Iribarren del Estado Lara, actuando conjuntamente con los ciudadanos EBERTH ESCALONA GONZÁLEZ, YANYS ENRIQUE AGÜERO, JULIO CESAR VARGAS, RODRIGO APARICIO CASTILLO, JUAN JOSÉ CAMPOS TORRES, DILYMAR BRIGYTTE PERTICARARI, ELOY ULISES ROJAS ANDRADES, DANIELA DARIANNY ARCHILA JAIME y LEONARDA DEL CARMEN SAAVEDRA, residenciados en la jurisdicción del Municipio Iribarren del Estado Lara, y asistidos por el abogado ALBERTO PÉREZ, la cual se ADMITE.
Se remite el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a fin de que practique la citación, por cualquier medio, del ciudadano Alfredo Antonio Ramos Acosta, Alcalde del Municipio Iribarren del Estado Lara, respectivamente; notifique a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público y emplace por cartel a los interesados o interesadas, todo conforme a lo previsto en el artículo 153 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Se acuerda amparo constitucional cautelar y, en tal sentido, se ORDENA al ciudadano Alfredo Antonio Ramos Acosta, Alcalde del Municipio Iribarren del Estado Lara, que dentro del Municipio en el cual ejerce su competencia:
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Alcalde del Municipio Iribarren del Estado Lara, ciudadano Alfredo Antonio Ramos Acosta, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem.
Exp. N.° 17-0601
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/199529-400-1617-2017-17-0601.HTML