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Timestamp: 2016-10-22 07:12:21
Document Index: 176009583

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 14', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 13', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 1', 'Artículo 13', 'artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 25']

INSTRUMENTO de ratificación del Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Paraguay, hecho 'ad referendum' en Asunción el 26 de junio de 1999
INSTRUMENTO de ratificación del Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Paraguay, hecho "ad referendum" en Asunción el 26 de junio de 1999	INSTRUMENTO de ratificación del Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Paraguay, hecho "ad referendum" en Asunción el 26 de junio de 1999 Mis Leyes
INSTRUMENTO de ratificación del Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Paraguay, hecho "ad referendum" en Asunción el 26 de junio de 1999 Estado	:
JEFATURA DEL ESTADO	CAPÍTULO I Disposiciones generalesArtículo 1. Ámbito de aplicación.	1. El presente Convenio tiene por finalidad la asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre las autoridades competentes de las Partes.Artículo 2. Doble incriminación.Artículo 3. Alcance de la asistencia.Artículo 4. Autoridades centrales.Artículo 5. Autoridades competentes para la solicitud	de asistencia.	Las solicitudes transmitidas por una Autoridad central de conformidad con el presente Convenio se basarán en requerimientos de asistencia de autoridades judiciales de la Parte requirente que sean competentes para el enjuiciamiento o la investigación de delitos.CAPÍTULO II Ejecución de las solicitudesArtículo 7. Forma y contenido de la solicitud.Artículo 8. Ley aplicable.Artículo 9. Limitaciones en el empleo de la información.Artículo 10. Información sobre el trámite de la solicitud.Artículo 11. Gastos.CAPÍTULO III Formas de asistenciaArtículo 12. Notificaciones.Artículo 13. Entrega y devolución de documentos oficiales.Artículo 14. Asistencia en la Parte requerida.Artículo 15. Asistencia en la Parte requirente.Artículo 16. Comparecencia de personas detenidas.Artículo 17. Garantía temporal.Artículo 19. Otras medidas de cooperación.Artículo 20. Custodia y disposición de bienes.Artículo 21. Responsabilidad.Artículo 22. Autenticación de documentos y certifica-	dos.Artículo 23. Solución de controversias.CAPÍTULO IV Disposiciones finalesArtículo 24. Compatibilidad con otros Tratados, Acuerdos u otras formas de cooperación.	1. La asistencia establecida en el presente Convenio no impedirá que cada una de las Partes preste asistenciaa la otra al amparo de los previsto en otros instrumentos internacionales vigentes entre ellas.	2. Este Convenio no impedirá a las Partes la posibilidad de desarrollar otras formas de cooperación de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.Artículo 25. Entrada en vigor y duración.
INSTRUMENTO de ratificación del Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Paraguay, hecho "ad referendum" en Asunción el 26 de junio de 1999.
Por cuanto el día 26 de junio de 1999, el Plenipotenciario de España firmó en Asunción, juntamente con el Plenipotenciario de la República de Paraguay, nombrados ambos en buena y debida forma al efecto, el Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Paraguay,
Vistos y examinados los venticinco artículos del Convenio,
Dado en Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil u no.
CONVENIO DE COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PARAGUAY
El Reino de España y la República del Paraguay, en adelante las Partes;
Deseosos de adelantar acciones de control y represión del delito en todas sus manifestaciones a través de la coordinación de acciones y ejecución de programas concretos;
2. Las dos Partes se comprometen a prestarse mutuamente, según las disposiciones del presente Convenio, la asistencia judicial más amplia posible, en todos los procedimientos referentes a delitos cuya represión sea, en el momento en que se solicita la asistencia, de la competencia de las autoridades judiciales de la Parte Requirente. 3. El presente Convenio no faculta a las autoridades o a los particulares de la Parte Requirente a realizar en el territorio de la Parte Requerida funciones que, según las leyes internas, estén reservadas a sus autoridades, salvo en el caso previsto en el artículo 14, párrafo 3. 4. Este Convenio no se aplicará a:
a) La detención de personas con el fin de que sean extraditadas, ni a las solicitudes de extradición; b) La ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas condenadas con el objeto de que cumplan sentencia penal; c) La asistencia a particulares o terceros Estados.
Artículo 2. Doble incriminación.
La asistencia se prestará aun cuando el hecho por el cual se procede en la Parte requirente no sea considerado como delito por la ley de la Parte requerida. No obstante, para la ejecución de las inspecciones judiciales, requisas, registros y medidas cautelares o definitivas sobre bienes, la asistencia se prestará solamente si la legislación de la Parte requerida prevé como delito el hecho por el cual se procede en la Parte requirente.
a) Notificación de actos procesales; b) Recepción y producción o práctica de pruebas, tales como testimonios y declaraciones, peritajes e inspecciones de personas, bienes y lugares; c) Localización e identificación de personas; d) Notificación de personas y peritos para comparecer voluntariamente a fin de prestar declaración o testimonio en la Parte requirente e) Traslado de personas detenidas a efectos de comparecer como testigos en la Parte requirente o con otros propósitos expresamente indicados en la solicitud, de conformidad con el presente Convenio; f) Medidas cautelares sobre bienes; g) Cumplimiento de otras solicitudes respecto de bienes, incluyendo la eventual transferencia del valor de los bienes decomisados de manera definitiva; h) Entrega de documentos y otros objetos de prueba; i) Cualquier otra forma de asistencia de conformidad con los fines de este Convenio siempre y cuando no sea incompatible con las leyes del Estado requerido.
2. Por el Reino de España la Autoridad central será el Ministerio de Justicia. Por la República del Paraguay la Autoridad central será el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Las Partes podrán, mediante Canje de Notas, comunicar las modificaciones en la designación de las Autoridades centrales,
Artículo 5. Autoridades competentes para la solicitud
Las solicitudes transmitidas por una Autoridad central de conformidad con el presente Convenio se basarán en requerimientos de asistencia de autoridades judiciales de la Parte requirente que sean competentes para el enjuiciamiento o la investigación de delitos.
Artículo 6. Denegación de asistencia.
b) La solicitud se refiera a delitos considerados por la Parte requerida como delitos políticos o conexos a dichos delitos;
d) La Parte requerida considere que la solicitud atenta contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de su país;
f) La investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra forma de discriminación;
g) La solicitud tenga por objeto un registro y embargo, un decomiso o un secuestro, cuando los hechos que dan lugar a la investigación no constituyan un delito en la legislación de la Parte requerida.
2. Si la Parte requerida deniega la asistencia, deberá informarlo ala Parte requirente por intermedio de su Autoridad central, y las razones en que se funda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.1.b).
CAPÍTULO II Ejecución de las solicitudes
a) Identificación de la autoridad competente de la Parte requirente, de la que emana el documento o resolución;
b) Descripción del caso y la naturaleza del procedimiento judicial, incluyendo los delitos a que se refiere;
d) El objeto y el motivo de la solicitud de las medidas;
f) Identidad de las personas sujetas a procedimiento judicial, indicando su nacionalidad y domicilio, en la medida de lo posible.
b) La descripción exacta del lugar a inspeccionar y la identificación y domicilio de la persona sometida a examen, así como los bienes objeto de una medida cautelar o definitiva;
d) La descripción de la forma y procedimientos especiales en que se deberá cumplir la solicitud, si así fuesen requeridos;
Artículo 9. Limitaciones en el empleo de la información.
Salvo autorización previa de la Parte requerida, la Parte requirente solamente podrá emplear la información o la prueba obtenida en virtud del presente Convenio en la investigación o procedimiento indicado en la solicitud.
Artículo 10. Información sobre el trámite de la solicitud.
3. Cuando no sea posible cumplir la solicitud, en todo o en parte, la Autoridad central de la Parte requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad central de la Parte requirente e informará las razones por las cuales no fue posible su cumplimiento, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 13.1.b).
La Parte requerida se encargará de los gastos de diligenciamiento de la solicitud. Los honorarios, así como los gastos de viaje y de estancia a reembolsar al perito o al testigo, serán a cargo de la Parte requirente, y serán acordados según los índices previstos en los reglamentos en vigor en el país donde la audiencia tenga lugar. Asimismo, la Parte requirente pagará los gastos extraordinarios que sean consecuencia del empleo de formas o procedimientos especiales y los gastos de traslado de las personas indicadas en el artículo 1 5.
CAPÍTULO III Formas de asistencia
Artículo 13. Entrega y devolución de documentos oficiales.
b) Podrá proporcionar copia de documentos e informaciones a las que no tenga acceso el público, en las mismas condiciones en las cuales esos documentos se pondrían a disposición de sus propias autoridades. Si la asistencia prevista en este párrafo es denegada, la autoridad competente de la Parte requerida no estará obligada a expresar los motivos de denegación.
1. Toda persona que se encuentre en el territorio de la Parte requerida y a la que se le solicite rendir testimonio o peritaje, presentar documentos, antecedentes o elementos de prueba en virtud de este Convenio, deberá comparecer de conformidad con la legislación de la Parte requerida, ante la autoridad competente. El testigo o perito que no concurriera, no podrá ser sometido por la Parte requerida a sanciones o medidas coercitivas que sobrepasen a las previstas en su legislación.
4. Si la persona referida en el párrafo 1 alega inmunidad, privilegio o incapacidad según la legislación de la Parte requerida, esto será resuelto por la autoridad competente de la Parte requerida antes del cumplimiento de la solicitud, y se comunicará ala Parte requirente a través de la Autoridad central.
5. Los documentos, antecedentes y elementos de prueba entregados por los declarantes u obtenidos como resultado de su declaración o en ocasión de la misma, serán enviados ala Parte requirente junto con la declaración.
1. Cuando la Parte requirente solicite la presencia de una persona en su territorio para rendir testimonio u ofrecer información o declaración, la Parte requerida invitará al declarante o perito a comparecer ante la autoridad competente de la Parte requirente.
1. A solicitud de la Parte requirente, y siempre que la Parte requerida acceda, podrá procederse a trasladar temporalmente ala Parte requirente, con el objeto de que presten testimonio o asistencia en investigaciones, a las personas detenidas en territorio de la Parte requerida, siempre que consientan en ello.
5. Cuando la Parte requerida comunique ala Parte requirente que la persona trasladada ya no necesita permanecer detenida, esa persona será puesta en libertad y será sometida al régimen general establecido en el artículo 15 del presente Convenio.
7. Cuando una Parte solicite a la otra, de conformidad con el presente Convenio, el traslado de una persona de su nacionalidad y su ordenamiento jurídico interno impida la entrega a cualquier título de sus nacionales, deberá informar el contenido de dichas disposiciones a la otra Parte.
Artículo 17. Garantía temporal.
1. La comparecencia de una persona que consienta en rendir testimonio o prestar asistencia, según lo dispuesto en los artículos 15 y 16, estará condicionada a que la Parte requirente conceda una garantía temporal por la cual ésta no podrá, mientras se encuentre la persona en su territorio:
a) Detener o juzgar a la persona por delitos anteriores ala salida del territorio de la Parte requerida;
2. La garantía temporal cesará cuando la persona prolongue voluntariamente su estancia en el territorio de la Parte requirente por más de diez días, a partir del momento en que su presencia no sea necesaria en ese Estado, de conformidad con lo comunicado a la Parte requerida, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.
a) "Producto del delito" significa bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito o su valor equivalente.
c) Si fuera posible, descripción de los bienes respecto de los cuales se pretende efectuar la medida y su valor comercial, y la relación de éstos con la persona contra la que se inició;
6. La autoridad competente de la Parte requerida podrá disponer un termino razonable que limite la duración de la medida solicitada, según las circunstancias.
7. Las autoridades competentes de cada una de las Partes informarán con prontitud sobre el ejercicio de cualquier recurso o de una decisión adoptada respecto de la medida cautelar solicitada o adoptada.
Artículo 19. Otras medidas de cooperación.
Las Partes, de conformidad con su legislación interna, podrán prestarse cooperación en el cumplimiento de medidas definitivas sobre bienes vinculados ala comisión de un hecho ilícito en cualquiera de las Partes.
Artículo 20. Custodia y disposición de bienes.
1. La responsabilidad por daños que pudieran derivarse de los actos de sus autoridades en la ejecución de este Convenio, serán regidos por la legislación interna de cada Parte.
Artículo 22. Autenticación de documentos y certifica-
Los documentos provenientes de una de las Partes, que deban ser presentados en el territorio de la otra Parte, que se tramiten por intermedio de las Autoridades centrales, no requerirán de autenticación o cualquier otra formalidad análoga.
Artículo 24. Compatibilidad con otros Tratados, Acuerdos u otras formas de cooperación.
1. La asistencia establecida en el presente Convenio no impedirá que cada una de las Partes preste asistencia
a la otra al amparo de los previsto en otros instrumentos internacionales vigentes entre ellas.
Artículo 25. Entrada en vigor y duración.
1. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes después del canje de los Instrumentos de ratificación.
Suscrito en Asunción, el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en idioma español, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.
Por el Reino de España A.R., Por la República del Paraguay,
Fernando Villalonga Campos,	Miguel Abdón Saguier
Secretario de Estado de Cooperación Ministro de Relaciones Exteriores
El presente Convenio entra en vigor el 1 de mayo de 2001, primer día del segundo mes después del canje
de los Instrumentos de ratificación, según se establece en su artículo 25.1.
Madrid, 9 de abril de 2001.-El Secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Núñez Montesinos.
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