Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-2639-2003-16-03-2006-54391
Timestamp: 2018-08-17 22:57:16
Document Index: 3143542

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 27', 'artículo 60', 'artículo 63', 'artículo 105', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 27', 'artículo 27']

Resolución de TEAC, 00/2639/2003, 16-03-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2639/2003 de 16 de Marzo de 2006
Núm. Resolución: 00/2639/2003
Como la finalidad de la Reserva para Inversiones en Canarias es incentivar la reinversión de los beneficios obtenidos en nuevas actividades productivas sitas en Canarias, sólo los beneficios procedentes de la titularidad de activos que estén relacionados con el desarrollo en Canarias de actividades económicas, empresariales o profesionales, deberán beneficiarse de la aplicación de la misma. No debe extenderse dicho régimen a los beneficios que procediendo de la mera titularidad de activos, no estén relacionados con el desarrollo de las mencionadas actividades económicas, como ocurre en el caso concreto con una parte de los beneficios obtenidos en la compra y venta de determinados activos financieros y de los intereses generados por inversiones de Deuda Pública. Es correcta la regularización inspectora que no ha excluido la totalidad del beneficio sino únicamente la parte que deriva del saldo mínimo que permanece constantemente invertido, admitiéndose que el beneficio restante puede tener su origen en una colocación temporal de excedentes de tesorería de la actividad empresarial y, por tanto, ser apto para dotar la reserva para inversiones en Canarias.
En la villa de Madrid, a 16 de marzo de 2006 vista la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad ..., S.A., y en su nombre y representación por Don ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acto administrativo de liquidación tributaria del Inspector Regional Adjunto de la Delegación de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de fecha 26 de mayo de 2003, relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000, y cuantía, 420.521,17 €.
PRIMERO.- Con fecha 17 de octubre de 2002 se incoó a la hoy reclamante el acta de comprobado y conforme (A.06) número 70626266 por el concepto y períodos de referencia. Mediante acuerdo de fecha 12 de noviembre de 2002 el Inspector Jefe ordenó que se completaran las actuaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 60.2 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. Terminadas las actuaciones complementarias, se procedió a incoar el acta de disconformidad (A.02) número 70676944, de fecha 20 de marzo de 2003, que sustituye a la anterior en todos sus términos. En ella se hace constar que el obligado tributario, acogiéndose al beneficio fiscal de la Reserva para Inversiones en Canarias, regulado en el artículo 27 de la Ley 19/1994, redujo la base imponible de los ejercicios comprobados en los siguientes importes:
Ejercicio 1997: 447.729.855 ptas (2.690.910,62 €)
Ejercicio 1998: 624.354.793 ptas (3.752.447,88 €)
Ejercicio 1999: 850.593.000 ptas (5.112.166,89 €)
Ejercicio 2000: 1.636.830.000 ptas (9.837.546,43 €)
Analizado el beneficio contable de cada ejercicio, se ha comprobado que una parte del mismo tiene un claro carácter financiero y no puede considerarse generado por un establecimiento situado en Canarias, por lo que debe ser excluido de la base que se toma como referencia para el cálculo de la reserva para inversiones en Canarias. Y no habiendo efectuado el sujeto pasivo esta exclusión, se comprueba que las dotaciones realizadas a la reserva para inversiones exceden del límite legal en los siguientes importes:
Ejercicio 1997: 65.252.212 ptas (392.173,69 €)
Ejercicio 1998: 48.129.632 ptas (289.264,91 €)
Ejercicio 1999: 29.010.174 ptas (174.354,66 €)
Ejercicio 2000: 21.851.847 ptas (131.332,25 €)
SEGUNDO.- Se adjunta al acta el preceptivo informe ampliatorio en el que se detallan los beneficios de carácter financiero obtenidos por la entidad que, a juicio del actuario, deben excluirse de la base para la dotación de la reserva para inversiones en Canarias y que se desglosan del siguiente modo: resultados de operaciones de compra y venta de determinados activos financieros (Letras del Tesoro, Eurodepósitos, Bonos del Estado, otros títulos de la Deuda Pública, etc.) que no pueden considerarse procedentes de la colocación temporal de excedentes de tesorería; intereses de la deuda pública de la Comunidad Canaria suscrita para materializar la RIC y el antiguo Fondo de Previsión para Inversiones; intereses de un préstamo ajeno a la actividad empresarial concedido a la entidad ... intereses de bonos del Cabildo de ... suscritos para materializar la RIC; y beneficio por venta de participaciones de una sociedad mercantil. Según la Comisión para el Análisis de los Problemas de la Aplicación de la RIC, en su informe de diciembre de 2000, el beneficio susceptible de destinarse a la RIC debe ser únicamente el típico de una operación mercantil y que "las actividades de mera tenencia de patrimonio, tanto material como financiero y, en este último caso, tanto si se trata de la gestión de títulos valores con finalidad puramente inversora como si el fin perseguido es el control de las entidades participadas, deben excluirse del ámbito de la RIC". Igualmente, la Dirección General de Tributos, ha manifestado que deben quedar fuera de la base de cálculo del importe máximo de la RIC los beneficios que procedan de la mera titularidad de activos que no estén relacionados con el desarrollo de actividades económicas, criterio que ha sido también confirmado por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ...
TERCERO.- Presentadas alegaciones por la entidad, la Inspectora Regional Adjunta dictó, en fecha 26 de mayo de 2003, liquidación tributaria en la que se confirma la propuesta contenida en el acta, resultando una deuda de 420.521,17 €, integrada por una cuota de 345.493,93 € e intereses de demora de 75.027,24 €. Este acuerdo fue notificado a la obligada tributaria el 2 de junio de 2003.
CUARTO.- Disconforme con el mismo, la entidad interpuso el 19 de junio siguiente reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central. Puesto de manifiesto el expediente, se han formulado las siguientes alegaciones: 1º) Invalidez del acta: el acuerdo de practicar actuaciones complementarias se adoptó el 12 de noviembre de 2002, por lo que las actuaciones debieron concluir en el plazo máximo de tres meses, esto es, el 12 de febrero de 2003. Y dado que el acta se firmó el 20 de marzo de 2003 debe entenderse caducado el procedimiento, careciendo el acta de disconformidad de base legal para su emisión, por lo que resulta nula de pleno derecho. 2º) Vulneración de los principios inspiradores de la Reserva para inversiones en Canarias que se contempla como un incentivo fiscal para las empresas que realicen inversiones reactivadoras de la economía de las islas, sin que en ningún momento se prevea su aplicación en función del origen de los beneficios obtenidos, que pueden provenir de cualquier fuente (ordinarios, extraordinarios, financieros...). 3º) Incongruencia en los argumentos de la Inspección al delimitar los resultados financieros: así, los importes que la Inspección considera como "inversiones financieras que no son propias de un establecimiento mercantil" no llegan ni siquiera a cubrir la RIC pendiente de invertir al final de cada ejercicio, por lo que no puede negarse que son recursos necesarios para afrontar inversiones futuras. 4º) Imposibilidad de acceso a las resoluciones del TEAR de ... en que se fundamenta la liquidación, lo que ha producido indefensión a la obligada tributaria al no poder conocer los criterios en los que se basan estas resoluciones y, por tanto, la liquidación practicada.
PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo las cuestiones a resolver las siguientes: 1º) Si el acta incoada es nula de pleno derecho por haberse superado el plazo máximo de duración de las actuaciones complementarias; 2º) Si se ha producido indefensión al interesado en el curso del procedimiento inspector; y 3º) Procedencia de la reducción de la base imponible practicada por la entidad en concepto de dotación a la reserva para inversiones en Canarias.
SEGUNDO.- Se alega, en primer lugar, la nulidad del acta de disconformidad por haberse superado el plazo de tres meses previsto por el artículo 60.2 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos para completar las actuaciones practicadas. Tal pretensión no puede ser aceptada por este Tribunal, no estando previsto en la normativa tributaria la nulidad de pleno derecho del acta como consecuencia de la superación del plazo de tres meses para completar actuaciones. Este efecto ni siquiera está previsto en las normas que regulan el procedimiento administrativo común, de aplicación supletoria al procedimiento tributario, y así, el artículo 63.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que: "La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo", lo que no sucede en este caso, por lo que la superación del plazo previsto para completar las actuaciones habrá de calificarse como una mera irregularidad no invalidante. De otro lado, considerando que dicho plazo no tiene el carácter de determinante o condicionante del derecho, no es un plazo de caducidad, ni es circunstancial con aquél, resolutorio ni preclusivo, ya que el retraso no impide la consiguiente actuación administrativa ni ha perjudicado en absoluto al interesado, y teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria: "la inobservación de plazos para la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autoriza a los sujetos pasivos para reclamar en queja...", en el presente supuesto sólo cabrá la reclamación en queja referida a los respectivos actos administrativos.
Cuestión distinta es, si como consecuencia del desarrollo de las actuaciones complementarias se ha superado el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras previsto en el artículo 29 de la Ley 1/1998 y en el artículo 31 del R.D. 939/1986, de 25 de abril. Y en este sentido se comprueba que el inicio de las actuaciones se notificó al obligado tributario el 28 de mayo de 2002 y que el acuerdo de liquidación se dictó el 26 de mayo de 2003, existiendo dilaciones imputables al contribuyente por un período de 27 días hasta la fecha del acta, por lo que tampoco se habrían producido los efectos señalados en el artículo 29.3 de la Ley 1/1998 y en el artículo 31.quater del R.D. 939/1986.
TERCERO.- Debe asimismo rechazarse que se haya producido indefensión a la entidad por el hecho de que la misma no haya podido obtener copias de las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... que se citan en el informe ampliatorio al acta y en el acuerdo de liquidación, pues se trata de una circunstancia que es ajena al propio procedimiento inspector, en el cual se han observado todos los trámites reglamentariamente previstos y, en particular, los referentes a la audiencia al interesado y puesta de manifiesto del expediente. Pero, además, se comprueba que tanto en el informe ampliatorio al acta como en el acuerdo de liquidación se ha motivado y fundamentado adecuadamente el criterio seguido por la Inspección en relación con la dotación máxima admisible a la reserva para inversiones en Canarias, mencionándose, en apoyo de la postura que se defiende, las resoluciones del TEAR de ... a que se refiere la reclamante, las cuales son parcialmente transcritas en ambos documentos.
CUARTO.- Entrando ya en la cuestión de fondo, alega la interesada que la reserva para inversiones en Canarias es un incentivo fiscal para las empresas que realicen inversiones reactivadoras de la economía de las islas, sin que en ningún momento se prevea su aplicación en función del origen de los beneficios obtenidos, que pueden provenir de cualquier fuente (ordinarios, extraordinarios, financieros...). Debe resolverse, en consecuencia, si la totalidad del beneficio obtenido por la entidad puede acogerse a la reserva para inversiones en Canarias o si, por el contrario, procede la exclusión de los resultados financieros que efectúa la Inspección.
El artículo 27.1 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, permitía a las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas el Impuesto sobre Sociedades la "reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo", añadiendo en su apartado segundo que: "La reducción a que se refiere el apartado anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90 por 100 de la parte de beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias...".
A la vista de este precepto lo primero que debe destacarse es que, en contra de lo que sostiene la reclamante, la norma no alude a todo beneficio, sino sólo a aquél que proviene de "establecimientos situados en Canarias", es decir, aquél que deriva de un conjunto organizado de elementos patrimoniales y personales dispuestos y efectivamente utilizados para la realización, con cierta autonomía de gestión, de una explotación económica cuya actividad suponga la colocación de un bien o de un servicio en el mercado. Desde esta perspectiva, la norma excluye el beneficio generado por la mera titularidad o tenencia de elementos patrimoniales aislados, no ligados directamente a la actividad de un establecimiento mercantil. A la misma conclusión se llega si se tiene en cuenta que la finalidad de norma es estimular la realización en Canarias de actividades que fomenten la riqueza y el desarrollo económico de las islas, por lo que únicamente deben beneficiarse de esta medida las ganancias obtenidas en la realización de actividades empresariales, y no los beneficios que procedan de la simple titularidad de activos no relacionados con el desarrollo de dichas actividades.
En el presente caso, la Inspección ha puesto de manifiesto que una parte del beneficio obtenido por la entidad no deriva del ejercicio propio de su actividad empresarial. Se trata, en concreto, de una parte de los beneficios financieros constituidos, fundamentalmente, por los resultados obtenidos en la compra y la venta de determinados activos financieros. Y, efectivamente, como bien indica la Inspección, se comprueba que estos beneficios ni derivan de activos afectos y necesarios para el ejercicio de una actividad empresarial entendida en los términos expuestos, ni pueden considerarse procedentes de la colocación temporal de excedentes de tesorería. Así, aunque transcurren períodos inferiores al año entre las operaciones de compra y venta, existen unos saldos mínimos bancarios que permanecen invertidos en estos activos financieros por períodos superiores al año, lo que les asemeja a inversiones financieras a largo plazo. Ha de matizarse que la Inspección no ha excluido la totalidad del beneficio originado por este tipo de inversiones, sino únicamente, la parte que deriva de ese saldo mínimo que permanece constantemente invertido, admitiéndose que el beneficio restante puede tener su origen en una colocación temporal de excedentes de tesorería de la actividad empresarial y, por tanto, ser apto para dotar la reserva para inversiones en Canarias, proceder que este Tribunal considera ajustado a derecho.
Lo mismo cabe decir en relación con los intereses generados por inversiones en Deuda Pública en la que se materializa la reserva para inversiones dotada en ejercicios anteriores, los intereses de un préstamo ajeno a la actividad empresarial y el beneficio obtenido por la venta de participaciones de una sociedad mercantil, pues tampoco cabe considerarlos beneficios derivados de un establecimiento en el sentido ya expuesto.
En cuanto a la incongruencia en los argumentos de la Inspección que alega la reclamante, ha de indicarse que el hecho de que el importe de las inversiones financieras que la Inspección no considera propias de un establecimiento mercantil sea inferior a la cuantía de la reserva para inversiones en Canarias pendiente de invertir al final de cada ejercicio, no demuestra, como se pretende, que sean "recursos que, según las necesidades propias de cada sector, sea adecuado mantener para afrontar inversiones futuras", por lo que no deberían excluirse los rendimientos derivados de las mismas de la base para la dotación de la reserva para inversiones. Una cosa es que el artículo 27 de la Ley 19/1994 imponga obligaciones de inversión de la RIC para poder disfrutar del beneficio fiscal en ella previsto, regulando el tipo de inversiones en las que puede materializarse esta reserva al objeto de que sirvan efectivamente para promover actividades dinamizadoras de la economía canaria, y otra, es identificar las cuantías dotadas a la RIC con los fondos que cualquier empresa en funcionamiento ha de mantener para poder continuar su actividad en el futuro, ya que la colocación de estos últimos, según se argumenta en el informe ampliatorio, sí podrían tener la consideración de inversiones ligadas a un establecimiento.
Por todo lo expuesto, procede confirmar la regularización efectuada en la que se han excluido de la base de cálculo del importe máximo de dotación de la reserva para inversiones en Canarias, los beneficios financieros que proceden de la mera titularidad de activos no relacionados con el desarrollo de una actividad económica. Este mismo criterio se ha mantenido en resoluciones anteriores, como la de 2 de febrero de 2006 (R.G.: 717/04).
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, vista la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad ..., S.A., y en su nombre y representación por Don ..., contra el acto administrativo de liquidación tributaria del Inspector Regional Adjunto de la Delegación de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de fecha 26 de mayo de 2003, relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000, ACUERDA: Desestimar la reclamación interpuesta y confirmar el acuerdo impugnado.
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 418/2009, 05-12-2012
Orden: Administrativo Fecha: 05/12/2012 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Atienza Rodriguez, Felisa Num. Recurso: 418/2009
Orden: Administrativo Fecha: 03/02/2014 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez De Velasco, Joaquin Huelin Num. Recurso: 285/2011
Resolución de TEAC, 00/844/2004, 16-03-2006
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 16/03/2006 Núm. Resolución: 00/844/2004