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Timestamp: 2019-10-21 03:28:37
Document Index: 387932744

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 113', 'artículo 72', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'ARTÍCULO 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 29', 'Artículo 33', 'artículo 29', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'artículo 9', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 45', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'artículo 57', 'artículo 40', 'artículo 12']

ING. IGNACIO LOYOLA VERA - DOCUMENTOP.COM
Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Landa de. Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín y Tequisquiapan.
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ING. IGNACIO LOYOLA VERA Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, a los habitantes del mismo, sabed que:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 FRACCIONES XXXI Y XXXIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERETARO ARTEGA, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, Y CONSIDERANDO Que la norma jurídica tiene por objeto regular la convivencia pacífica de los seres humanos integrantes de una comunidad, cuya observancia no queda sujeta al arbitrio de cada individuo, sino que es encomendada a la autoridad, por ello, la ley también debe aplicarse a los conflictos que surjan en la relación entre la autoridad y sus gobernados. Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo surge como respuesta a la necesidad de una sociedad anhelante del estado de derecho, como medio de control jurisdiccional de la Administración Pública, quien tiene el imperativo de fundar y motivar todos sus actos, pues ante estos órganos se dirimen auténticos litigios o controversias, cuya desiderata es la aplicación de la justicia a favor de los particulares. Que a estos Tribunales se les encomienda la tarea de revisar los actos por la autoridad administrativa, analizando su legalidad, así como sancionando a aquellos servidores públicos que hubieren traspasado los límites de su competencia en perjuicio del gobernado y dejando sin efectos jurídicos aquellos actos emitidos en contravención de la ley. Que dada la importante tarea hasta el momento desarrollada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en el Estado, resulta imperioso consolidar su ámbito competencial, reforzar su plena jurisdicción, ampliar su capacidad de respuesta y garantizar a la sociedad el acceso oportuno y expedito a la justicia administrativa. Que atendiendo al contenido del artículo 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, que señala que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo “...tendrá la organización, jurisdicción y competencia que le atribuya la Ley que apruebe la Legislatura”, y reconociendo que, si bien es cierto, mediante reforma publicada el 15 de septiembre del año 2000, la Constitución Local concedió al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la facultad revisora de las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, también es verdad, que tal disposición carece de vigencia en virtud de su artículo Sexto Transitorio. Así pues, dado el propio texto constitucional, se faculta a la Legislatura del Estado para que provea al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la estructura que requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones. Que a fin de lograr lo anterior, es menester proponer un texto legislativo que procure superar los actuales problemas técnicos y procesales que existen en la legislación vigente, creando una ley clara y depurada que colme las actuales lagunas legales y que sea acorde con los principios jurídicos de la materia. Que la propuesta que ahora se aborda se estima como la más viable para alcanzar el objetivo fijado, además de que plantea una franca modernización estructural en su organización, la cual redundará en una mejor administración de justicia para el gobernado, mientras se logre la modificación al texto constitucional que permita la integración de una Sala Colegiada.
Que de esta manera, al forjarse una nueva Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que define con mayor exactitud la organización y competencia del Tribunal, que crea Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que conocerán de los asuntos en una primera instancia y contempla una Sala Unitaria que resolverá como órgano revisor en una segunda instancia, con la estructura actual de un Magistrado Propietario, ciertamente y sin lugar a dudas, se responde mejor a las necesidades de la sociedad queretana. Que atendiendo a todo lo anterior, esta Quincuagésima Tercera Legislatura expide la siguiente: “LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO” TÍTULO PRIMERO OBJETO DE LA LEY Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 72 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga. Artículo 2.- Esta ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, de los órganos que lo conforman y de los auxiliares de la justicia contencioso-administrativa en el Estado. TÍTULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA Artículo 3.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, es un organismo autónomo e independiente de cualquier autoridad administrativa y ejercerá por si el presupuesto que le asigne la Legislatura, dotado de plena jurisdicción en todo el territorio estatal, con el imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones y con sede en la ciudad de Santiago de Querétaro. Artículo 4.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se integra por los siguientes órganos: I. II. III. IV.
La Sala Unitaria; Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo; y La Oficialía Mayor; y Defensoría de Oficio.
Artículo 5.- El Tribunal tendrá la siguiente competencia: I. II. III.
Ejercer su función jurisdiccional administrativa de manera pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita; Ajustar sus actos, procedimientos y resoluciones a las leyes, solicitando en su caso, el apoyo de las autoridades estatales, municipales y federales; Diligenciar exhortos, requisitorias y despachos en materia contenciosoadministrativa que les envíen los jueces de otras entidades federativas y de otras instancias jurisdiccionales, que se ajusten a la ley;
Proporcionar a las autoridades competentes los datos e informes que soliciten de acuerdo a la ley; Auxiliar a las demás autoridades en los términos que determine la ley; y Las demás que señalen los ordenamientos legales aplicables.
TÍTULO TERCERO DE LA ORGANIZACIÓN CAPÍTULO I DE LA SALA UNITARIA Artículo 6.- La Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo residirá en la ciudad de Santiago de Querétaro. Artículo 7.- La Sala Unitaria se compondrá de un Magistrado Propietario y por lo menos dos Supernumerarios, quienes serán electos por la Legislatura del Estado de Querétaro, si satisfacen los siguientes requisitos: I. II. III. IV.
Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos y máximo 60 el día de la elección o reelección en su caso; Contar con Título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional legalmente expedidos, con una antigüedad mínima de diez años al día de la elección; Ser de reconocida honradez y no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal por más de un año. Empero, si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, independientemente de cual haya sido la pena; Haber residido en el Estado de Querétaro, durante los dos últimos años anteriores al día de su elección; y No haber ocupado el cargo de Secretario de Estado o su equivalente, Procurador General de Justicia o Diputado Local, durante el año previo al día de su elección.
El Magistrado Supernumerario siguiente en número, integrará la Sala Unitaria cuando sustituya al Magistrado Propietario y desempeñará sus funciones conforme a la ley. Artículo 8.- La Sala Unitaria tendrá un Secretario de Acuerdos, los Secretarios Proyectistas. Actuarios y el personal que requieran sus funciones, de acuerdo a su presupuesto. Artículo 9.- El Magistrado Propietario no podrá abstenerse de conocer de algún asunto sino cuando tenga impedimento legal, en cuyo caso llamará al Magistrado Supernumerario siguiente en número, quien resolverá de plano la procedencia del impedimento. En caso de procedencia el Magistrado Supernumerario conocerá del asunto y lo resolverá en los términos de la legislación de la materia. Artículo 10.- Todos los autos y resoluciones que dicte la Sala Unitaria, deberán ser firmados por el Magistrado y el Secretario de Acuerdos. Artículo 11.- Son obligaciones y facultades del Magistrado Propietario de la Sala Unitaria:
XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI.
Representar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en toda clase de actos jurídicos y ceremonias oficiales y delegar dicha representación en personas cuando le fuere imposible asistir; Conocer de los recursos de revisión y de reposición; Preservar la independencia y autonomía de los órganos del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Estado en el desempeño de sus funciones; Llevar la correspondencia oficial del Tribunal, a través de la Oficialía Mayor; Expedir el reglamento interior del Tribunal; Dirimir los conflictos que surjan entre los órganos del Tribunal; Nombrar al Oficial Mayor; Nombrar a los Oficiales de Partes en donde se requiera; Determinar la adscripción de los jueces a los distritos judiciales, de conformidad con la ley; Resolver las recusaciones y excusas de los jueces; Conocer y resolver cualquier otro asunto de la competencia del Tribunal, cuyo conocimiento no corresponda expresamente a los Juzgados o a los otros órganos; Presentar a la Legislatura, en el mes de septiembre de cada año, un informe por escrito sobre el estado que guarde la impartición de la justicia contenciosoadministrativa en la Entidad; Establecer los criterios generales y las medidas conducentes al interior del Tribunal para el mejoramiento de la impartición de la justicia contenciosoadministrativa en el estado; Conocer de los juicios de responsabilidad que se sigan contra los servidores públicos del Tribunal; Pedir al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal y reparadora del daño, en los casos en que se derive la probable comisión de delitos por actos de autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; Acordar la afectación de bienes, que por destino deban quedar para el suministro del servicio público de administración de justicia y cuya incorporación al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Estado se dé a través de cualquier acto jurídico; Determinar sobre el aumento o disminución del número de juzgados, así como su organización y funcionamiento; creación o supresión de plazas de servidores públicos de la administración de justicia contencioso-administrativa; Determinar la adscripción, de acuerdo con las necesidades del servicio, de los jueces y personal de los juzgados; dar curso a las renuncias que presenten y determinar el cese de jueces en los casos y procedimientos previstos en la ley; Conceder licencias a los jueces, hasta por quince días y a los demás funcionarios y empleados hasta por noventa días, sin goce de sueldo; Establecer las bases y convocar al procedimiento de selección para cubrir las plazas vacantes del Tribunal de conformidad con lo establecido por esta ley y en el reglamento interior, así como establecer las previsiones para su sustitución en casos de ausencia temporal o absoluta, en los términos del servicio civil de carrera; Conocer del destino y manejo de los recursos del Tribunal y recomendar las providencias necesarias para su eficiente manejo; Aprobar el proyecto del presupuesto de egresos del Tribunal y acordar su puntual distribución, conforme a las partidas establecidas al efecto; Proponer de manera anual la aprobación de las listas de personas que deban ejercer cargos de peritos y otros auxiliares de la impartición de justicia contencioso-administrativa; Supervisar el funcionamiento de juzgados y órganos del tribunal; Convocar, presidir, dirigir los debates y conservar el orden en las reuniones; Tramitar todos los asuntos jurisdiccionales de su competencia;
XXVII. XXVIII. XXIX. XXX.
XXXVIII. XXXIX. XL. XLI.
Proponer a los titulares de los órganos del Tribunal, para su observación, al anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Tribunal; Remitir al Juez correspondiente los exhortos y despachos, de acuerdo con el turno que al efecto se lleve; Designar los funcionarios que suplan las faltas temporales de todo el personal del Tribunal; Celebrar convenios con los tribunales de lo contencioso-administrativo de otras entidades federativas, con dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada, con instituciones de enseñanza superior, de investigación jurídica o con cualquier otro organismo, para lograr la superación profesional y académica del personal del Tribunal; Resolver las quejas de los interesados sobre las faltas que ocurran en el despacho de los negocios, tanto de la competencia de la Sala Unitaria como el resto del los órganos del Tribunal, iniciando los procedimientos, correctivos pertinentes y dictando las providencias necesarias para su corrección o remedio conforme a la ley; Firmar en unión del secretario de acuerdos las actas y resoluciones de la Sala Unitaria; Ordenar que se registren en el libro respectivo las cédulas profesionales de los abogados; Imponer correcciones disciplinarias a las partes y abogados postulantes, cuando dirigiéndose al Tribunal, falten al respeto a la investidura de sus servidores públicos, o a sus personas; Rendir los informes justificados en los amparos que se promuevan en contra de las resoluciones de la Sala Unitaria; Disponer, cuando lo estime conveniente, sean visitados los juzgados de lo contencioso-administrativo en el Estado, nombrando para que practique la visita al funcionario que considere pertinente; Visitar u ordenar que sean visitadas los separos y cárceles administrativas de la entidad y municipales para cerciorarse si las sanciones administrativas son debidamente impuestas y cumplimentadas; si los detenidos o sancionados reciben buen trato, si las condiciones higiénicas de sus instalaciones son buenas y si se encuentran detenidas personas que no hayan sido arrestadas en los términos y con las formalidades de ley; Vigilar el cumplimiento de las garantías jurisdiccionales de autonomía, independencia, imparcialidad y libertad para juzgar de los jueces de lo contencioso-administrativo del Estado; Establecer y divulgar a través de un órgano informativo periódico sus resoluciones; Disponer en el presupuesto de Egresos del Tribunal, de una partida presupuestal suficiente para becas que tengan por objeto la superación del personal; y Ejercer las facultades que le sean conferidas en el Reglamento Interior del Tribunal, que no contravengan o excedan lo dispuesto en la presente Ley. CAPITULO II DE LOS MAGISTRADOS
Artículo 12.- El Magistrado Propietario de la Sala Unitaria durará en el ejercicio de su cargo cuatro años. Al término de este tiempo, podrá ser ratificado por la Legislatura del Estado hasta por dos ocasiones, por un periodo de cuatro años cada uno.
Si se ratificara el nombramiento, el Magistrado sólo podrá ser removido, mediante resolución que declare su responsabilidad política en los términos del Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga. Ninguna persona podrá ocupar el cargo de Magistrado Propietario en forma consecutiva, ni discontinua, por más de doce años. Al vencimiento de dicho plazo o antes si el Magistrado llega a la edad de setenta años, cesará en sus funciones y tendrá derecho a un haber por concepto de retiro. Artículo 13.- Los Magistrados, después de su elección, sea como propietarios o como supernumerarios, deberán rendir la protesta de Ley ante la Legislatura o ante la Comisión Permanente, cuando aquella no se encuentre en periodo ordinario de sesiones. Artículo 14.- El cargo de Magistrado no es renunciable, sino por causa grave calificada por la Legislatura. El Magistrado podrá solicitar licencia por 15 días con goce de sueldo, con causa justificada que previamente calificará la Legislatura. La remuneración que perciban no podrá ser disminuida bajo ninguna circunstancia. Artículo 15. Los Magistrados del Tribunal deberán mantener el orden y exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos bien por parte del personal de los juzgados o de los litigantes y personas que acuden ante ellos, pudiendo aplicar las correcciones disciplinarias que correspondan. Artículo 16. Cuando algún negocio se inhiban los magistrados propietarios y supernumerarios en número tal que no quede restante para integrar la Sala Unitaria, se llamará por número al juez de lo contencioso-administrativo que no haya conocido del juicio de origen. CAPÍTULO III DE LOS SUPERNUMERARIOS Artículo 17.- Son facultades y obligaciones de los Magistrados Supernumerarios: I.
Desempeñar en el orden en que sean llamados, el despacho de los asuntos de la Sala Unitaria del Tribunal, en las faltas temporales o absolutas del Magistrado Propietario, hasta en tanto la Legislatura designe al nuevo magistrado propietario; Conocer, en el orden en que sean llamados, de los negocios en que el Magistrado Propietario se inhiba por impedimento, recusación o excusa; y Acudir sin demora al llamado de la Legislatura en caso de falta absoluta del Magistrado Propietario de la Sala Unitaria.
ARTÍCULO 18. Cuando los Magistrados Supernumerarios suplan las faltas absolutas o temporales del Propietario, tendrán las mismas facultades y obligaciones que corresponden a éste, y gozarán de su misma retribución económica por el tiempo que dure la suplencia. CAPÍTULO IV DE LOS JUZGADOS Artículo 19. Para la adscripción territorial de los jueces de primera instancia, el Estado se divide en dos Distritos Judiciales.
Los Distritos Judiciales comprenden los siguientes municipios, siendo el primero de los mencionados su cabecera: I. II.
El de Querétaro: Los municipios de Querétaro, Corregidora, Colón, El Marqués, Huimilpan, Pedro Escobedo y Tolimán; y El de Cadereyta: Los municipios de Cadereyta de Montes, San Juan del Río, Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín y Tequisquiapan.
Artículo 20. La Sala Unitaria del Tribunal determinará el número de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en los distritos judiciales, atendiendo a la demanda de la ciudadanía y a las posibilidades del presupuesto. Cuando en un distrito judicial exista más de un juzgado, se designará por orden numérico. Artículo 21.- Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo son competentes para: I. II. III. IV.
Desahogar los procedimientos que sean de su competencia, en los términos de la Ley procesal de la materia; Practicar las diligencias que les encomiende la Sala Unitaria a nombre del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Estado; Vigilar que el personal de su adscripción desempeñe debidamente sus funciones y procurar que se cumplan con las disposiciones administrativas que dicte la Sala Unitaria de conformidad con las leyes de la materia; Mantener el orden y exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos ya por parte del personal a sus órdenes o de los litigantes y personas que acudan a los juzgados y aplicar correcciones disciplinarias y medidas de apremio a todo aquel que infrinja esta disposición. Si la infracción llegase a constituir delito, se levantará acta y se presentará la denuncia o querella correspondiente ante el Ministerio Público; Vigilar que el manejo de los fondos que provengan de fianzas o depósitos hechos en el juzgado se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones emitidas por la Sala Unitaria del Tribunal, así como dictar las medidas que estime necesarias para asegurar la protección de esos valores; Atender al interesado que desee tratarle asuntos relacionados con los negocios en los que sean parte y se ventilen en el juzgado; Ordenar la remisión al Archivo General del Tribunal de los expedientes concluidos y en los que haya operado la caducidad; Vigilar que se lleven adecuadamente los libros de registro; y Las demás que le correspondan conforme a la ley.
Artículo 22. Los Juzgados, de conformidad con lo que señale el Presupuesto de Egresos, tendrán para el despacho de los negocios el personal siguientes: I. II. III. IV.
Un juez; El número de Secretarios de Acuerdos y Secretarios Proyectistas que determine la Sala Unitaria del Tribunal, tomando en consideración el volumen de asuntos judiciales que se tramiten en cada distrito; El número de Actuarios que el volumen de negocios justifique, a juicio la Sala Unitaria del Tribunal; Los mecanógrafos que determine la Sala Unitaria del Tribunal;
El personal administrativo que se requiera a solicitud justificada del titular del juzgado; y Sólo en caso de ser necesario, los pasantes de derecho y meritorios que discrecionalmente considere pertinentes el titular del juzgado respectivo, debiéndose llevar en este caso registro de su trabajo para los efectos del servicio social. CAPÍTULO V DE LOS JUECES
Artículo 23. Los Jueces de lo Contencioso-Administrativo se elegirán por concurso de acuerdo a lo dispuesto en las bases de la convocatoria que se expida, la cual deberá contemplar los lineamientos del servicio civil de carrera. Podrán ser removidos por la Sala Unitaria, cuando incurran en alguna responsabilidad que afecte el buen desempeño de sus labores. Artículo 24. Los Jueces de lo Contencioso-Administrativo del Estado gozarán de independencia en el ejercicio de sus funciones y percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida. Artículo 25. Para ser Juez se requiere: I. II. III. IV. V. VI.
Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Ser mayor de 30 años de edad; Tener título de Licenciado en Derecho y Cedula Profesional, legalmente expedidos; No haber sido condenado por delito intencional; Ser de reconocida honradez y capacidad profesional; y Haber satisfecho los requisitos de la Convocatoria que expida la Sala Unitaria del Tribunal.
Artículo 26. Los Jueces de lo Contencioso-Administrativo actuarán ante su secretario de acuerdos o en su defecto ante el secretario proyectistas o a falta de ambos, ante dos testigos de asistencia que el propio juez nombrará y que laboren en el juzgado. Artículo 27. En los distritos en donde hubiere más de un Juez de lo ContenciosoAdministrativo, si uno de ellos dejara de conocer por impedimento, recusación o excusa, conocerá del asunto el de la misma categoría que le siga en número. Si el que faltare fuere el último, será sustituido por el que en orden numérico sea el primero y así sucesivamente. Si el único juez o todos los jueces de un distrito estuvieren impedidos, conocerá del asunto el juez del distrito más próximo en distancia y si en éste hubiere varios, el primero en número. Artículo 28. En caso de faltas temporales del titular, en los distritos en los que sólo hubiere un juzgado, se hará cargo del despacho el secretario de acuerdos del juzgado respectivo, actuando con el secretario proyectista en funciones de secretario de acuerdos, o testigos de asistencia, absteniéndose de pronunciar sentencia alguna. Cuando la falta temporal exceda de cinco días hábiles, el Magistrado Propietario dictará las medidas necesarias para designar titular interino que ejerza las funciones del titular. CAPÍTULO VII DE LA DEFENSORIA DE OFICIO Artículo 29.- El Titular contará con una Defensoría de Oficio, cuyo objeto será proporcionar la asesoría y defensa necesaria en materia administrativa a las personas que lo soliciten por
carecer de un defensor particular y demuestren no estar en condiciones de retribuir los servicios de un abogado postulante. Artículo 30. Para el desarrollo de sus funciones, la Defensoría de Oficio contará con el siguiente personal: I. II. III.
Un Coordinador; Un Cuerpo de Defensores; y El personal administrativo que permita al presupuesto del Tribunal.
Artículo 31. Para pertenecer a la Defensoría de Oficio se requiere: I. II. III. IV. V.
Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Ser mayor de 25 años de edad; Ser Licenciado en Derecho con título y cédula profesional legalmente expedidos; Ser de reconocida honradez y capacidad profesional; Haber satisfecho los requisitos de la convocatoria que expida la Sala Unitaria del Tribunal, respetando los lineamientos del servicio civil de carrera.
Artículo 32. Son obligaciones y facultades del Coordinador de la Defensoría de Oficio, las siguientes: I. II. III. IV. V.
Dictar las providencias necesarias para que la Defensoría a su cargo cumpla con los objetivos y fines a que se refiere el artículo 29 de la presente ley. Señalar a los Defensores a su cargo, la adscripción en la que desempeñarán sus funciones, acorde a las necesidades del Tribunal; Informar a la Sala Unitaria las anomalías que surjan durante los procedimientos; Solicitar a la Sala Unitaria la imposición de sanciones a los Defensores de Oficio que lo ameriten, por un inadecuado desarrollo de sus funciones; y Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables.
Artículo 33. Son obligaciones y facultades del Defensor de Oficio: I. II.
Brindar orientación y asesoría oportuna al público que lo requiera en los términos del artículo 29 de la presente ley, de manera permanente, gratuita, imparcial y objetiva de los asuntos competencia del Tribunal; Promover las demandas, quejas y denuncias que sean competencia del Tribunal, asesorando jurídicamente y con el carácter de mandatario judicial, a los ciudadanos de escasos recursos económicos que así lo soliciten en forma gratuita y eficiente; y Celebrar convenios de coordinación con los defensores de oficio de los Municipios del Estado, a efecto de brindar todas las facilidades necesarias para que hagan llegar sus quejas, demandas y denuncias competencia del Tribunal, con la oportunidad debida y reuniendo los requisitos técnico-jurídicos exigidos por la ley y en beneficio de todos los habitantes del Estado. CAPÍTULO VIII DE LOS SECRETARIOS, Y ACTUARIOS
Artículo 34. Para ser Secretario de Acuerdos, Secretario Proyectista o Actuario, deberán satisfacerse los siguientes requisitos: I. II.
Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; Ser Licenciado en Derecho con título y cédula profesionales legalmente expedidos;
Ser de reconocida honradez y capacidad profesional. Haber satisfecho los requisitos de la convocatoria que expida la Sala Unitaria del Tribunal, respetando los lineamientos del ejercicio civil de carrera. TÍTULO CUARTO DE LA COMPETENCIA, FACULTADES Y OBLIGACIONES
Artículo 35. Son obligaciones y facultades de los Secretarios de Acuerdos las siguientes: I. II. III. IV.
Dar fe de los acuerdos y resoluciones dictados por el magistrado o juez; Practicar las diligencias que el magistrado o juez le encomiende; Autorizar las notificaciones que se hagan a los interesados de las resoluciones dictadas por el magistrado o juez; Dar cuenta diariamente al magistrado o juez dentro de las veinticuatro horas siguientes de la presentación, de los escritos y promociones en los negocios que sean de la competencia de aquellos y con los oficios y demás documentos que se reciban; Recibir los escritos que se les presenten, asentando al calce la razón del día y hora de su presentación, precisando las hojas que contengan y los documentos anexos, teniendo a su cargo y responsabilidad el reloj checador o sello de recepción de documentos, en el caso de no existir oficialía de partes; Cuidar los libros, expedientes, documentos, muebles y demás objetos que se encuentren en el juzgado bajo su responsabilidad. El mismo cuidado deberán observar tratándose de títulos, valores, fianzas, certificados de depósito y numerario exhibidos por las partes que deberán guardar en el secreto del juzgado en el que actúen; el numerario lo remitirá a la Sala Unitaria del Tribunal para su guarda, llevando para tal efecto un libro en el que se asiente la fecha en que se hagan los depósitos, nombre del depositante y beneficiario y el importe de ellos así como la fecha de devolución a sus propietarios, quiénes deberán firmar el libro como constancia de recibo; Remitir al Archivo General del Tribunal los expedientes que fueron concluidos por sentencia definitiva, por caducidad de la instancia o en los casos que señale la ley; Expedir y autorizar certificaciones de constancias de los expediente a su cuidado; Coordinar y dirigir el trabajo de los empleados de la Sala o Juzgado de acuerdo a los lineamientos recibidos por el magistrado o juez; Dar cuenta inmediata al magistrado o juez de escritos que por su importancia no consientan dilación en su trámite; y Las demás atribuciones que le señalen las leyes.
Artículo 36. Son obligaciones y facultades del Secretario Proyectista las siguientes: I. II. III. IV.
Suplir las faltas del secretario de acuerdos; Realizar los proyectos de sentencias que el magistrado o juez le encomiende; Formular por escrito al magistrado o juez las observaciones y recomendaciones pertinentes respecto de los proyectos de sentencias que se le encomienden; y Auxiliar al juez en las diligencias y actuaciones que lo requieran.
Artículo 37. Son obligaciones y atribuciones de los Actuarios: I. II.
Tendrán fe pública, a efecto de practicar con la diligencia y precisión debidas, las notificaciones y actuaciones que les sean ordenadas en los asuntos competencia del Tribunal; En caso necesario, sustituir en sus funciones a los Secretarios proyectistas del Tribunal;
Concurrir diariamente a prestar sus servicios en los horarios de trabajo estrictamente señalados; Recibir de los secretarios de acuerdos los expedientes de notificaciones personales o de diligencias que deban llevarse a cabo fuera del recinto oficial, asentándose constancia de ello; Hacer las notificaciones personales y practicar las diligencias decretadas, devolviendo oportunamente los expedientes; Emplear los medios de apremio que se decreten para cumplir el cometido; y Las demás que le señalen las leyes y reglamentos. TÍTULO QUINTO DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CAPÍTULO I DE LA OFICIALÍA MAYOR
Artículo 38. El Tribunal contará con una Oficialía Mayor, cuyo objeto será el suministro oportuno y suficiente de los recursos humanos, materiales, económicos, técnicos, de análisis e investigación que se requieran por su buen funcionamiento, previa autorización del magistrado de la Sala Unitaria. Artículo 39. Para ser Oficial Mayor del Tribunal se requiere: I. II. III. IV.
Ser mexicano; Tener título y cedula profesionales legalmente expedido de Licenciado en Derecho, Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas u otro equivalente a juicio de titular de la Sala Unitaria; Ser de reconocida solvencia moral, capacidad y experiencia profesional; y No haber sido condenado por delito intencional.
Artículo 40. Corresponde al Oficial Mayor del Tribunal: I.
Encargarse de todo lo relativo a los recursos humanos del tribunal, tales como contratación, control, capacitación, adiestramiento y aplicación de medidas correctivas y disciplinarias a trabajadores, de conformidad con el servicio civil de carrera; Formar el expediente individual de los servidores públicos del Tribunal, vigilando que se cumpla la puntualidad, asistencia y eficacia en sus labores; Tramitar los nombramientos, jubilaciones, renuncias, licencias y destituciones de los trabajadores del Tribunal; Aplicar el Reglamento Interior de Trabajo; Organizar y controlar los servicios de mantenimiento y seguridad de los muebles e inmuebles en que tengan su sede los órganos del Tribunal; Realizar las contrataciones de bienes y servicios que se requieran para el adecuado funcionamiento del Tribunal, en términos de la Ley de Adquisiciones del estado; Llevar el inventario de los bienes del Tribunal; Adoptar las medidas necesarias para el eficiente manejo administrativo y financiero que requiera el Tribunal; Cumplir con las normas comúnmente aceptadas relativas a la aplicación de los sistemas de registro y contabilidad del Tribunal, debiendo homologarse a los sistemas de verificación existentes en la Entidad Superior de Fiscalización del Estado.
XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV.
Coadyuvar en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos que corresponda al Tribunal; Realizar el ejercicio presupuestal que le corresponda al Tribunal, formulando mensualmente los respectivos estados financieros, aplicando los pagos conforme a los programas y partidas estrictamente aprobadas; Proporcionar el soporte técnico necesario en materia de informática jurídica, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electrónicos; Coordinar la prestación de los demás servicios administrativos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal tales como el abastecimiento conveniente y oportuno de los recursos humanos, materiales o económicos que el personal del tribunal requiera para la realización adecuada de sus funciones; Imponer a los servidores públicos del Tribunal, previa garantía de audiencia y defensa, las sanciones que procedan conforme a la ley y que no estén encomendadas expresamente a otras autoridades; Proponer a la Sala Unitaria para su nombramiento, a los servidores públicos que no requieran concurso de ingreso al Tribunal; Proveer constante y periódicamente la impartición de cursos de capacitación y especialización a los funcionarios del Tribunal, para fortalecer los principios del servicio civil de carrera; Organizar, dirigir y coordinar los servicios de intendencia, mantenimiento, seguridad y vigilancia de los inmuebles, muebles y útiles de trabajo del Tribunal; Coordinar el servicio de correspondencia del Tribunal; Vigilar que se realice la declaración patrimonial de los servidores públicos del Tribunal, conforme a la ley de la materia; Pedir al titular de la Sala Unitaria la información, opiniones y directrices que requiera para el mejor desempeño de sus funciones; Programar, coordinar y realizar actividades recreativas, deportivas, culturales y de integración para los trabajadores del Tribunal, previa autorización del titular de la Sala Unitaria; Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos del Tribunal y administrativos de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos del Tribunal; Vigilar la debida salvaguarda y conservación del dinero, bienes, y valores que sean consignados al Tribunal; Informar trimestralmente por escrito a la Sala Unitaria del Tribunal de sus actividades; y Las demás que le confiera la Ley.
Artículo 41. La Oficialía Mayor procurará que las diligencias que deban verificarse en las instalaciones de los órganos del Tribunal no obstaculicen el trabajo de los mismos. CAPÍTULO II DE LA OFICIALIA DE PARTES Artículo 42. Los distritos judiciales que posean más de un juzgado deberán contar con una Oficialía de Partes, con sede en la cabecera del mismo distrito, cuya estructura y organización se determinará en el Reglamento Interior del Tribunal. Artículo 43. Son facultades de la Oficialía de Partes: I.
Recibir, sellar y firmar de recibido los escritos, promociones y demandas que se presenten. El Oficial de Partes tendrá fe pública para el sólo efecto de la recepción de documentos;
Turnar por orden los documentos de que trata la fracción anterior al Juzgado que corresponda para su trámite legal respectivo. En la Sala Unitaria el turno lo llevará el magistrado propietario, para efecto del trámite de exhortos, cartas rogatorias o cualesquiera diligencias similares; Ejecutar los procedimientos informáticos que sean implementados para el eficaz funcionamiento de la Oficialía; y Recibir promociones fuera del horario normal de labores, debiendo contener el sello y la firma de su recepción.
Artículo 44. En los Distritos Judiciales en donde no exista Oficialía de Partes, todos los escritos y promociones, deberán presentarse precisamente en las oficinas que alberguen el juzgado, en días y horas hábiles. En horas inhábiles las promociones y escritos se presentarán en el domicilio del Secretario de Acuerdos siempre que se trate de promociones de término o de escritos que por su importancia no consientan dilación, en cuyo caso el Secretario deberá dar cuenta inmediata a su juez quien tomará las medidas que estime pertinentes para evitar perjuicio alguno al particular, pudiéndole, inclusive, conceder la suspensión del acto reclamado si presume la existencia de su buen derecho. CAPÍTULO III DE LOS AUXILIARES Artículo 45. El Tribunal contará con los siguientes auxiliares: I. II. III.
Los peritos e intérpretes; Los organismos públicos y privados a quienes la ley les confiera tal carácter; y Todos los ciudadanos.
Artículo 46. Los profesionales y técnicos en cualquier ciencia, arte u oficio que presten sus servicios en la Administración Pública del Estado, están obligados a cooperar con las funciones del Tribunal, dictaminando los asuntos que se les encomienden relacionados con el área de su conocimiento. Artículo 47. El Titular del Ejecutivo está obligado a garantizar y facilitar en forma pronta, completa y eficiente, el ejercicio de las funciones de auxilio a la administración de Justicia. TÍTULO QUINTO DE LOS IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS Artículo 48. Los Magistrados y Jueces del Tribunal de lo Contencioso- Administrativo estarán impedidos para conocer en los siguientes casos: I. II.
Tengan interés personal y directo en el negocio; Tengan parentesco consanguíneo, afín o civil con alguna de las partes, o de sus patronos o representantes en línea recta sin limitación de grado y en línea transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y del segundo grado por afinidad; Haber sido abogado patrono o apoderado en el mismo negocio; Tener amistad estrecha o animadversión con alguna de las partes, de sus abogados patronos o de sus representantes; Haber intervenido con cualquier carácter en la emisión del acto impugnado; Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, de sus representantes y patronos o amenazar de cualquier modo a ellos;
Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que diere o costeare alguno de los interesados o vivir en familia con alguno de ellos; Haber presentado el funcionario o su cónyuge, querella o denuncia en contra de alguno de los interesados, representantes o de sus abogados patronos; Tener relación de negocios jurídicos con alguna de las partes; y Encontrarse en alguna situación análoga que pueda afectar su imparcialidad.
Artículo 49. Los peritos estarán impedidos para dictaminar en los casos en que, respecto a su persona se actualice alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior. Artículo 50. Los Magistrados, Jueces y peritos, tienen el deber de excusarse del conocimiento del negocio en que ocurra alguna de las causales de impedimento anteriormente señaladas, expresando concretamente y por escrito en qué consiste y razones por las que se considera se vería afectada su imparcialidad. Artículo 51. Manifestada por el interesado la causa de impedimento, se procederá en términos del artículo 9. TÍTULO SEXTO DE LAS CAUSAS DE RESPONSABILIDAD CAPÍTULO I DE LAS FALTAS OFICIALES
Artículo 52. Los Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdos y todos los funcionarios y empleados del Tribunal Contencioso Administrativo son responsables de las acciones u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones y están sujetos a las disposiciones del Título Séptimo de la Constitución Política del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, el Código Penal y de esta ley. Artículo 53. Son facultades oficiales de los Magistrados y Jueces: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
No dictar resolución dentro del plazo legal, sin causa justificada; Actuar en los negocios en que estuvieren impedidos por las causas previstas en el artículo 45 de esta ley. Hacer uso de los medios de apremio sin causa justificada para ello; No concurrir al desempeño de sus labores oficiales durante las horas reglamentarias, salvo que exista justificación; Ordenar a los funcionarios y empleados del tribunal el desempeño de labores ajenas a las funciones oficiales; Recibir donativos de cualquier naturaleza de los litigantes; Anticipar su criterio a las partes del juicio, respecto de las cuestiones litigiosas o de los acuerdos que deban ser reservados; Alterar o modificar las actuaciones y resoluciones una vez publicadas o desahogada la diligencia; Revocar sus propios acuerdos o resoluciones que afecten a alguna de las partes, sin mediar recurso legal de alguna de ellas, así como incumplir, de manera reiterada, con las formalidades del procedimiento; Dirigirse en forma irrespetuosa o atentar contra la dignidad persona de los usuarios del servicio de justicia; Faltar a más de una audiencia sin causa justificada; y
Las demás que señale la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y el Reglamento Interior.
Artículo 54. Constituye falta oficial de los Secretarios de Acuerdos: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.
No dar cuenta, dentro del término de ley, de documentos dirigidos al Tribunal; Negarse a acatar las órdenes de sus superiores relacionadas con las funciones que desempeñe; No diligenciar las resoluciones judiciales, en términos de ley; No entregar oportunamente a los Actuarios los expedientes para su diligenciación; Omitir realizar a las partes las notificaciones personales que procedan, cuando éstas concurran al Tribunal; No publicar la lista de acuerdos en términos del Reglamento Interior del Tribunal; No mostrar a las partes cuando lo soliciten, los expedientes; excepto que exista causa legal justificada; No mostrar a las partes inmediatamente que lo soliciten, los acuerdos que se hayan publicado en la lista del día, salvo que exista causa legal justificada; No enviar al archivo los expedientes cuya remisión sea forzosa conforme con la ley; Dirigirse en forma irrespetuosa o atentar contra la dignidad personal de los usuarios del servicio de justicia y de los servidores públicos del Tribunal; Dar trámite a demandas notoriamente improcedentes; Desahogar cualquier medio probatorio después de celebrada la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia; y Las demás que señale la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y el Reglamento Interior.
Artículo 55. Son faltas oficiales de los Defensores de Oficio: I. II. III. IV. V. VI. VII.
No brindar oportunamente la orientación y asesoría que les sea solicitada; No promover las demandas, quejas y denuncias que sean competencia del Tribunal; Faltar al desempeño de sus labores en la adscripción que les corresponda; Demorar el trámite de los asuntos que le sean encomendados, sin justificación; Abandonar o negarse a tomar la defensa de los asuntos que le fueran encomendados, sin causa justificada; Solicitar o recibir dádivas por los servicios que gratuitamente deban prestar; y Las demás que señale la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Reglamento Interior.
Artículo 56. Son faltas oficiales de los Secretarios Proyectistas las siguientes: I. II. III. IV.
Negarse a suplir las faltas temporales de los Secretarios de Acuerdos, sin causa justificada; No realizar en tiempo los proyectos de sentencia que se le encomienden; Negarse a auxiliar en el desahogo de diligencias oficiales, cuando la carga de trabajo lo requiera, sin causa justificada; y Las demás que señale la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Reglamento Interior.
Artículo 57. Son faltas oficiales de los Actuarios las siguientes: I. II.
No hacer con la debida oportunidad las notificaciones personales ni llevar a cabo las diligencias que le sean ordenadas; Retardar indebida o maliciosamente, las notificaciones que deban efectuarse fuera del Tribunal;
Dar preferencia a alguno o algunos de los litigantes en perjuicio de otros, por cualquier causa, en la diligencia de sus asuntos; Hacer notificaciones, citaciones o emplazamientos a las partes por cédula o instructivo en lugar distinto al designado en autos o sin cerciorarse de su exacto domicilio; No devolver los expedientes a la Secretaría de Acuerdos en un plazo no mayor de veinticuatro horas posteriores a su recepción; Dirigirse en forma irrespetuosa o atentar contra la dignidad personal de los usuarios del servicio de justicia y de los Servidores Públicos del Tribunal; Asentar en el acta situaciones con parcialidad o que no ocurrieron durante el desahogo de una diligencia, y Las demás que señale la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Reglamento Interior.
Artículo 58. Son faltas oficiales de los empleados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo las siguientes: I. II. III. IV.
No ocurrir a las horas reglamentarias del desempeño de sus labores; No despachar oportunamente los oficios o llevar a cabo las diligencias y trabajos que se les encomienden; Dirigirse en forma irrespetuosa o atentar contra la dignidad personal de los usuarios, superiores y demás trabajadores del Tribunal; y Las demás que señale la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Reglamento Interior. CAPÍTULO II DE LAS SANCIONES
Artículo 59. Las faltas oficiales en que incurran los servidores públicos del Tribunal, serán sancionadas en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro y el Reglamento Interior, registrándose en el expediente personal del servidor público de que se trate. CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECIONES DISCIPLINARIAS Artículo 60. Las quejas por faltas oficiales deberán formularse por escrito, con expresión del nombre y domicilio del quejoso, haciéndose relación clara y sucinta de los hechos y ofreciendo las pruebas que se estime pertinentes para acreditar su dicho. Artículo 61. Con el escrito de queja se formará inmediatamente el expediente respectivo, anotándose el día y hora en que se reciba a efecto que se tramite el procedimiento ante el magistrado de la Sala Unitaria. Recibida la queja, el magistrado de la Sala Unitaria correrá traslado con ella al Servidor Público correspondiente para que, en el plazo de tres días hábiles, dé contestación a la misma y ofrezca pruebas en caso necesario. Transcurrido dicho plazo, y habiéndose o no presentado la contestación por el funcionario público, citará personalmente a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, con efectos de citación para sentencia, diligencia que deberá desahogarse dentro de los diez días siguientes, y una vez realizada, el magistrado de la Sala Unitaria declarará visto el trámite y dictará la resolución correspondiente.
Cuando se trate de faltas cometidas por el Magistrado propietario de la Sala Unitaria, el procedimiento respectivo se tramitará por el Magistrado supernumerario que le siga en turno. Artículo 62. Tienen acción para denunciar las faltas de los funcionarios y empleados administrativos: I. II. III.
Las partes y sus abogados patronos; El Magistrado de la Sala Unitaria y los Jueces de lo Contencioso-Administrativo; y Cualquier particular que resulte afectado con motivo de las acciones u omisiones de los servidores públicos del Tribunal en ejercicio de sus funciones.
Artículo 63. El magistrado de la Sala Unitaria y los jueces de lo contencioso-administrativo, vigilarán que se respeten los derechos, autonomía e independencia de los funcionarios del Tribunal. Artículo 64. Los trabajadores del Tribunal estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo, empleo o comisión excepto los cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos que no interfieran su buen desempeño, así como para ejercer su profesión salvo en causa propia, y ningún Servidor Público podrá cobrar o recibir cantidad alguna ni en dinero ni en especie de los litigantes por ningún concepto relacionado a los servicios prestados, ya que en caso contrario, serán destituidos del cargo. TÍTULO SÉPTIMO DE LOS TRABAJADORES CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Artículo 65. En el Tribunal no podrá haber servidores públicos que sean cónyuges o parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad y segundo por afinidad, ni que tengan parentesco civil directo. Artículo 66. Las relaciones laborales de los empleados de base del Tribunal, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios. Artículo 67. Todos los empleados del Tribunal deberán guardar secreto respecto de los expedientes, acuerdos y diligencias que se lleven al cabo. La violación de dicho precepto ocasionará la destitución del servidor público. Artículo 68. La suspensión de labores y los períodos vacacionales del Tribunal, tendrán lugar los días que señale el calendario oficial para los trabajadores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contenido en el Reglamento Interior. Antes de iniciar un periodo de vacaciones, el Magistrado Propietario de la Sala Unitaria designará Magistrado Supernumerario para que provea y tramite durante el receso, los asuntos competencia del Tribunal y dicte las providencias cautelares que sean de notoria urgencia, quedando a su cargo la guardia de los secretarios, actuarios y personal administrativo que sea necesario. CAPÍTULO II DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA
Artículo 69. El ingreso, la formación, actualización, promoción y permanencia de los servidores públicos del Tribunal, se hará mediante el sistema de servicio civil de carrera a que se refiere el presente Capítulo, el cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad. Artículo 70. El servicio civil de carrera comprende las siguientes categorías: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Magistrado de lo Contencioso-Administrativo; Juez de lo Contencioso-Administrativo; Secretario de Acuerdos de la Sala Unitaria; Secretario Proyectista de la Sala Unitaria; Defensor de Oficio; Secretario de Acuerdos de Juzgado; Secretario Proyectista de Juzgado; Actuario de la Sala Unitaria; Actuario de Juzgado.
Artículo 71. El ingreso y promoción para las categorías que conforman el servicio civil de carrera, se realizará mediante concursos de oposición, de acuerdo a las reglas que para tal efecto establezca el Reglamento Interior del Tribunal, los cuales serán ejecutados por la Comisión del Servicio Civil de Carrera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Artículo 72. La Comisión se integrará por el Oficial Mayor, el Secretario de Acuerdos de la Sala Unitaria, un Juez de lo Contencioso-Administrativo, un Secretario de Acuerdos de Juzgado y un Secretario Proyectista de Juzgado, quienes no podrán pertenecer a un mismo distrito judicial. La presidencia de la Comisión se determinará por insaculación. El presidente tendrá voto de calidad. Artículo 73. La comisión del Servicio Civil de Carrera del Tribunal es la encargada de evaluar y determinar las admisiones y promociones del personal que integra el Servicio Civil de Carrera, con base en las entrevistas y evaluaciones curricular, psicológica y de conocimientos. Artículo 74. Cualquier situación no prevista en esta ley o en el reglamento, que pudiese afectar el buen desarrollo de los exámenes, será resuelta de plano por el presidente de la comisión. TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. ARTÍCULO SEGUNDO. Los bienes muebles con que cuenta actualmente el Tribunal Contencioso-Administrativo en el Estado, pasarán a formar parte de su patrimonio, los que se desincorporarán del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. ARTÍCULO TERCERO. Tanto el remanente no ejercido de la partida presupuestal del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para el ejercicio fiscal 2003, como la suficiencia contemplada en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, serán utilizados para el funcionamiento de la Sala Unitaria del Tribunal, así como para la instalación de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en los distritos judiciales de Querétaro y San Juan del Río.
ARTÍCULO CUARTO. Por única vez, la elección de los Jueces de lo ContenciosoAdministrativo, se realizará dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. Para tal efecto, el Magistrado Propietario formulará propuesta de cuatro candidatos para ocupar el cargo, misma que será resuelta por la Comisión Especial que integrará un representante de la Barra Queretana Colegio de Abogados, A.C., un representante del colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, A.C., un representante del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro y un profesor designado por el Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, que imparta la materia de Derecho Administrativo. De entre los integrantes de la comisión se designará un Presidente por el método de insaculación, que contará con voto de calidad. ARTÍCULO QUINTO. Los expedientes que actualmente se encuentran en trámite y pendientes de que sea dictada la resolución definitiva, serán turnados a los Jueces de lo Contencioso Administrativo, tomando en cuenta para ello el lugar de procedencia de los asuntos y la competencia jurisdiccional que por razón de territorio corresponda a cada uno, excepto aquellos en que ya fue desahogada la etapa de pruebas y alegatos y sólo queda pendiente el dictado de la resolución. ARTÍCULO SEXTO. La presente ley abroga la ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha 23 de diciembre de 1985. DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRES. LO TENDRÁ ENTENDIDO EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y MANDARA SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
ATENTAMENTE. QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA COMISIÓN PERMANENTE EN FUNCIONES DE MESA DIRECTIVA. de conformidad con lo establecido por los artículos 43 y 44 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, en correlación con los diversos numerales 24 fracción II, 31 fracción IV, 37 fracción X, 41 fracción V, 43, 44 y 48 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro
DIP. ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE Rúbirca
DIP. ALFREDO PIÑA GONZÁLEZ VICEPRESIDENTE Rúbrica
DIP. J. GUADALUPE COSME ROSILLO GARFIAS PRIMER SECRETARIO Rúbrica
DIP. ENRIQUE CAMPO VELAZQUEZ SEGUNDO SECRETARIO Rúbrica
Ing. Ignacio Loyola Vera, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 57 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga; expido y promulgo la presente Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil tres, para su debida publicación y observancia. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. “UNIDOS POR QUERÉTARO” ING. IGNACIO LOYOLA VERA GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Rúbrica
Ley publicada en el periódico oficial del Estado “La Sombra de Arteaga” el día 29 de septiembre de 2003 (No.60). REFORMAS: Se reforma el artículo 40. Publicada el 17 de noviembre de 2006 (No.77). Se reforma el artículo 12. Publicada el 19 de octubre de 2007 (No. 62).
Informe "ING. IGNACIO LOYOLA VERA"