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Timestamp: 2018-04-25 00:45:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 4027', 'artículo 56', 'artículo 278', 'artículo 72', 'artículo 56', 'artículo 3963', 'artículo 56', 'artículo 3962', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 278', 'artículo 56', 'artículo 4027', 'artículo 4027']

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PRESCRIPCIÓN FISCAL EN LOS CONCURSOS Y LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL CASO “FILCROSA” por Marcelo Villoldo
OTRA VEZ SOBRE LA PRESCRIPCIÓN FISCAL EN LOS CONCURSOS Y LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL CASO “FILCROSA”
J. MARCELO VILLOLDO
El autor sintetiza, a partir de la aplicación de la doctrina del caso “Filcrosa”, el tema de la prescripción concursal y añade la jurisprudencia referida al tema.
El fallo dictado por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con fecha 4 de abril de 2005, viene a reconocer -una vez más- el plazo de prescripción quinquenal con el que cuentan las Provincias y los Municipios para reclamar el cobro de impuestos y tasas cuya recaudación tienen a su cargo, el cual surge de aplicar los artículos 3951 y 4027, inciso 3), del Código Civil.
2. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO
En los presentes autos, la sindicatura del concurso solicitó que se declare prescripto el crédito de la Municipalidad de La Matanza, por aplicación del artículo 56 de la ley de concursos y quiebras y del artículo 4027, inciso 3), del Código Civil. Puso de resalto la limitación de las Provincias para legislar sobre aspectos que corresponden a la legislación nacional.
Por su lado, la incidentista adujo que no correspondía la aplicación del artículo 56 de la ley de concursos y quiebras, fundando su postura en que la ley orgánica de las Municipalidades, en su artículo 278, fijó un plazo de prescripción de las acciones en cinco años, contados desde la fecha en la que debieron pagarse. Agregó que esta norma se complementa con el artículo 72 de la ordenanza fiscal, que establece un plazo especial para la prescripción de deudas que se liquiden mediante declaración tributaria.
El Juez a quo declaró prescripta la deuda reclamada, con fundamento en la doctrina emanada del Máximo Tribunal en la causa “Filcrosa”(1), en la cual se reconoció que la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional.(2)
La Sala D de la Cámara Comercial confirmó la sentencia de primera instancia, con cita del caso “Filcrosa”. Al respecto, sostuvo que “…expresó el más Alto Tribunal que las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a lo dispuesto por el Código Civil eran inválidas…”, sentenciando que “…resulta indiscutible, máxime a la luz de lo resuelto por el más Alto Tribunal, la imperatividad de las normas generales sobre prescripción que dispone el Código Civil, insusceptibles de ser modificadas por normas de rango sustancialmente inferior a una ley de la Nación”.
Respecto del intento -frustrado- de la incidentista de eludir la aplicación del artículo 56 de la ley de concursos y quiebras, la Cámara rechazó los agravios, al considerar que la misma había intentado extender el plazo de prescripción mediante interpretaciones forzadas de conceptos incorporados a “ejercicios fiscales”.
3. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO PARA OPONER LA PRESCRIPCIÓN EN EL CONCURSO PREVENTIVO
A través del presente fallo, se reconoce la legitimación del síndico concursal para oponer la excepción de prescripción de un crédito cuando el plazo ha transcurrido en el momento en el que el pretenso acreedor solicita la verificación de su crédito en el concurso preventivo del contribuyente.
Se ha discutido si el síndico se encuentra alcanzado por la frase “todos los interesados en hacer valer la prescripción”, a la que hace referencia el artículo 3963 del Código Civil.
En otra oportunidad, hemos analizado el tema(3), destacando que la doctrina es encontrada. Aquellos que están a favor de que el síndico la oponga, centran sus fundamentos en que la sindicatura ejerce un férreo control de la composición del pasivo, no debiendo permitir la conformación de deudas prescriptas que, indudablemente, afectan a la “pars conditio creditorum”.
En cambio, los tratadistas que se inclinan por la negativa se basan en que el síndico no es titular de ningún derecho subjetivo afectado, no es parte ni es interesado, limitando su función a la de un mero órgano imparcial.
Nos enrolamos en la postura que considera al síndico legitimado para oponer la prescripción de la acción. Ello, a los fines de lograr una adecuada conformación del pasivo concursal. Debe oponerla aun cuando el deudor renuncie a hacerlo(4), incluso -agregamos- si éste no introduce la cuestión de la prescripción y se limita a discutir el pago del crédito.(5)
La oportunidad en la que el síndico debe oponer la prescripción dependerá de la vía de insinuación elegida por el acreedor: en caso de la verificación tempestiva, lo será en oportunidad de presentar el informe individual; en caso de verificación tardía, deberá hacerlo al emitir el dictamen que contempla el artículo 56 de la ley de concursos y quiebras. En cambio, en el incidente de revisión, el funcionario debió oponerla en el informe individual, ya que si no lo hiciera en esa oportunidad, no podrá hacerlo luego en el eventual incidente que se promueva(6). Tal como lo establece el artículo 3962 del Código Civil, la prescripción será opuesta por el síndico concursal “…en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla”.
En virtud de lo expuesto, el funcionario concursal debe velar por la exacta composición del pasivo concursal, evitando la aplicación de normas locales que establezcan una prescripción mayor que la establecida por las normas de fondo, debiendo -en su caso- oponer la prescripción del crédito con base en los fundamentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Filcrosa”, de manera de lograr una jurisprudencia unánime y pacífica(7), y evitando el dictado de fallos encontrados según cual fuere el Tribunal que los resuelva.
4. LA DOCTRINA DEL CASO “FILCROSA” Y LA APLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN QUINQUENAL
El fallo en comentario viene a ratificar la línea jurisprudencial instalada en forma mayoritaria aun antes del caso “Filcrosa” -ratificada con posterioridad al mismo-, según la cual la delegación de facultades efectuada por las Provincias a la Nación tuvo como finalidad asegurar la uniformidad de la legislación de fondo, de manera tal que exista una ley común para todo el pueblo de la Nación, y que la facultad de establecer tributos y tasas por parte de las Provincias y los Municipios no incluya la facultad de fijar el término de su prescripción.(8)
El fundamento de esta jurisprudencia tiene dos ejes bien claros y opuestos a la vez:
i) El primero, se basa en la facultad del Congreso Nacional de dictar los Códigos de Fondo [art. 75, inc. 12), CN], la cual comprende la de establecer las formalidades que sean necesarias para concretar los derechos que reglamenta, y entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre los modos de extinción de las obligaciones, a los fines de establecer en todo el país un régimen único de extinción de las mismas.
ii) El segundo es consecuencia del primero -y, a la vez, se excluye con el mismo-: la facultad de establecer tributos por parte de las Provincias y de los Municipios no incluye la facultad de fijar el término de su prescripción, facultad que fuera delegada a la Nación (cfr. arts. 121 y 126, CN).
A su vez, la aplicación de la prescripción establecida por el derecho de fondo tiene otro fuerte y sólido argumento: el plazo de prescripción de cinco años es lo suficientemente amplio como para permitirle al Organismo Recaudador detectar la mora del contribuyente, e iniciar las acciones pertinentes con una finalidad inmediata de interrumpir el plazo de prescripción liberatoria y con una finalidad mediata consistente en la percepción del tributo adeudado.
Se exige de los Fiscos Provinciales y Municipales una razonable diligencia, tendiente a proteger la renta pública, diligencia que puede ensancharse hasta un plazo de cinco años para perseguir el cobro de lo que es debido por el contribuyente, plazo éste que es más que suficiente para que los Organismos Recaudadores puedan detectar la mora en las obligaciones y perseguir el cobro de las mismas. Reclamar la aplicación de un mayor plazo de prescripción atentaría contra la seguridad económica del deudor, resultando los trastornos económicos, a los que alude la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Filcrosa”, directamente proporcionales con la desidia de la Provincia o del Municipio.
El problema radica en la discrecionalidad con la que puede manejar cada Fisco Provincial y Municipal su propio régimen tributario, incidiendo directamente en el contribuyente, en muchos casos en forma negativa. Si dichos Fiscos actuaran con celeridad y eficiencia, no estaríamos discutiendo sobre el tema y no cuestionarían la aplicación de un plazo de prescripción quinquenal.
5. LA PRESCRIPCIÓN CONCURSAL ES “ABREVIADA”
Una última cuestión se vincula con la prescripción concursal, regulada por el artículo 56 de la ley de concursos y quiebras. La misma tiene el siguiente régimen de cómputo en su aplicación:
a) En caso de que la prescripción originaria de la acción exceda -en su cómputo- el plazo de dos años desde la presentación en concurso del deudor, el plazo originario resultará automáticamente “abreviado” a este último.
b) En cambio, si con anterioridad a la prescripción concursal hubiera transcurrido el plazo de prescripción originario, la acción no verá extendido su plazo a los dos años de la presentación en concurso, sino que, eventualmente, prescribirá al fin del cómputo de la misma.
Ningún acreedor puede eludir la prescripción concursal pretendiendo evitar la abreviación mediante una interpretación forzada de las normas que regulan la acción, tal como intentó hacer la Municipalidad de La Matanza al sostener que no correspondía la aplicación del artículo 56 de la ley de concursos y quiebras, dado que la ley orgánica de las Municipalidades, en su artículo 278, fija un plazo de prescripción de las acciones de cinco años(9). Esta postura de la incidentista reedita la discusión sobre la prelación entre la prescripción concursal versus la prescripción fiscal.
Este tema fue arduamente debatido en el “leading case” resuelto por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Zanella San Luis SAIC c/DGI” (7/12/1999).
En el caso, los dos años desde la presentación de la empresa en concurso habían transcurrido aun antes de que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiera dictado sentencia en los autos en los que se discutían las determinaciones de oficio, origen de los créditos. El Fisco Nacional solicitó la verificación una vez dictada la sentencia a su favor.
En el mencionado fallo, el voto de la mayoría consideró “…que no resulta posible admitir la pretendida preeminencia de las normas contenidas en la ley 11683 en materia de prescripción de las acciones del Fisco para hacer efectivos sus créditos sobre lo dispuesto por el artículo 56, sexto párrafo, de la ley 24522, conforme lo entiende la demandada, toda vez que tal preeminencia no se sostiene en disposición alguna que así lo estipule y siendo que, por el contrario, aquella última norma establece -sin efectuar distinciones- que, transcurrido el plazo de dos años, ‘…prescriben las acciones del acreedor tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados, salvo que el plazo de prescripción sea menor’. En tal sentido, frente a la existencia de una norma específica y posterior -llamada a regular la situación particular sin distinciones- que ciertamente desplaza el régimen de prescripción de las acciones y de los poderes fiscales establecidos en la ley 11683…”.
En otra oportunidad, hemos sostenido que la prescripción concursal representa un medio no sólo para la determinación del pasivo concursal -con la mayor precisión posible-, sino también coadyuva a la reestructuración de la empresa, a los fines de evitar que el sacrificio llevado adelante por el deudor, al presentarse en concurso y haber atravesado exitosamente dicho proceso -logrando la conclusión del mismo-, haya sido en vano como consecuencia de la aparición de pasivos ocultos que lo lleven a la quiebra y que le impida alcanzar el dictado de la tan esperada resolución declarando el “cumplimiento del acuerdo” (art. 59, LC). Ello, aun a costa del sacrificio de los acreedores, pero sólo de aquellos que no hayan actuado con la diligencia que la ley les exige.(10)
Luego de este breve comentario, podemos concluir que la aplicación del artículo 4027, inciso 3), del Código Civil tiende a asegurar tres fines:
1. Lograr la unificación del derecho común en todo el territorio de la Nación, respecto del plazo de prescripción de los tributos y tasas recaudados por las Provincias y los Municipios.
2. Brindar seguridad a todo habitante que al inscribirse como contribuyente en cualquier jurisdicción fiscal del país, podrá hacerlo sabiendo que si el Fisco Nacional, Provincial o Municipal no persigue el cobro de los impuestos y tasas adeudados por el término de cinco años, operará la prescripción de la acción.
3. Otorgar un plazo a los Fiscos lo suficientemente amplio como para detectar las obligaciones fiscales en mora y perseguir el cobro de las mismas.
TRANSCRIPCIÓN DEL FALLO “AEROSOLES HECSPI SACIyMyS s/CONCURSO PREVENTIVO s/INCIDENTE DE REVISIÓN POR MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA” - CNCOM. - SALA D - 4/4/2005
CONCURSOS. PRESCRIPCIÓN. CÓMPUTO. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS [ART. 4027, INC. 3), CC]
En el caso, se presentan circunstancias análogas a las resueltas en la causa “Filcrosa SA”, con la sutil diferencia de que la incidentista ha intentado extender el plazo de prescripción mediante interpretaciones forzadas de conceptos incorporados a “ejercicios fiscales”.
Lo cierto es que resulta indiscutible, máxime a la luz de lo resuelto por el más Alto Tribunal, la imperatividad de las normas generales sobre prescripción que dispone el Código Civil, insusceptibles de ser modificadas por normas de rango sustancialmente inferior a una ley de la Nación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de abril de 2005
1. La incidentista apeló contra el decreto de fojas 439/41, en cuanto reputó prescriptas las obligaciones tributarias reclamadas por vía de revisión (fs. 443; memorial en fs. 446/8, contestado en fs. 450 por la sindicatura).
2. Esta Sala ha tenido la oportunidad de dictar resolución en los autos citados como precedente [”Filcrosa SA” - CSJN - 30/9/2003 (fs. 367/81)].
Allí fue dicho que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció preeminencia al plazo de prescripción establecido en el artículo 4027, inciso 3), del Código Civil, que prevé un período de cinco años al efecto.
Así, expresó el más Alto Tribunal que las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a lo dispuesto por el Código Civil eran inválidas (fs. 367 vta., ap. 5, de esas actuaciones).
En el caso, se presentan circunstancias análogas a las resueltas en esa oportunidad, con la sutil diferencia de que la incidentista ha intentado extender el plazo de prescripción mediante interpretaciones forzadas de conceptos incorporados a “ejercicios fiscales”.
Lo cierto es que resulta indiscutible, máxime a la luz de lo resuelto por el más Alto Tribunal, la imperatividad de las normas generales sobre prescripción que dispone el Código Civil, insusceptibles de ser modificadas por normas de rango sustancialmente inferior a una ley de la Nación [arg. L. 12076 (fs. 446 vta.)].
3. Por lo expuesto, CONFÍRMASE la sentencia apelada. CONFÍRMASE en lo demás la resolución apelada.
Costas de Alzada por su orden, atento el modo en el que ha sido resuelta la cuestión.
Devuélvase sin más trámite, confiándose al Magistrado de Primera Instancia proveer las diligencias ulteriores [art. 36, inc. 1), CProc.] y las notificaciones pertinentes.
Actúan los suscriptos de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones 177/2004, 251/2004 y 472/2004 del Consejo de la Magistratura, y por los acuerdos del 30 de junio de 2004 y del 15 de diciembre de 2004 de esta Cámara.
María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero - Felipe M. Cuartero
S.PC.067.1.q1
[1:] Ver autos “Filcrosa SA s/quiebra s/incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda” - CSJN - 30/9/2003
S.PC.067.1.q2
[2:] Resolución dictada por el Juzgado Comercial Nº 15 - Secretaría Nº 29 - 18/6/2004
S.PC.067.1.q3
[3:] Ver Villoldo, J. Marcelo: “La prescripción fiscal, el concurso del contribuyente y la facultad del síndico para oponer la prescripción. Con especial referencia a la preeminencia entre las disposiciones locales y el ordenamiento de fondo respecto de la prescripción de tributos provinciales y municipales” (artículo que saldrá publicado en el Anuario de Derecho Concursal - Ed. Ad-Hoc - Bs. As. - T. 3)
S.PC.067.1.q4
[4:] Ver Casadío Martínez, Claudio A.: “Insinuación al pasivo concursal” - Ed. Astrea - Bs. As. - 2001 - pág. 86. En los autos “Spell SA s/concurso preventivo”, la sindicatura aconsejó la declaración de inadmisibilidad de un crédito con causa en la tasa de publicidad y propaganda, y en la tasa de inspección de comercio e industria reclamado por la Municipalidad de San Isidro, en virtud de encontrarse prescriptas por aplicación del art. 4027, inc. 3), CC. El Juzgado Comercial Nº 5, Secretaría Nº 10, con fecha 16/12/2003, dictó la resolución verificatoria de los créditos, declarando la inadmisibilidad de dicho crédito
S.PC.067.1.q5
[5:] El Juez a quo tuvo por prescripta la deuda reclamada por la Municipalidad de La Matanza, con prescindencia del análisis del pago aducido por la convocatoria
S.PC.067.1.q6
[6:] Ver Casadío Martínez, Claudio A.: “Prescripción concursal: legitimación para oponerla y declaración de oficio” - ED - 12/7/2005
S.PC.067.1.q7
[7:] En idéntico sentido se han expedido los siguientes Tribunales:
* CNCom. - Sala C - 26/11/2004, “Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires s/incidente de verificación de crédito en The Carpet Clearing Company SA s/quiebra”.
* CNCom. - Sala C - 3/9/2004, “Remet SA s/concurso preventivo s/incidente de verificación por Municipalidad de La Matanza”.
* CNCom. - Sala C - 15/10/1999, “Puigmarti y Compañía SACIF s/quiebra s/incidente de revisión por Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires”.
* CNCom. - Sala D - 22/3/1995, “Frigorífico y Matadero La Foresta SCA s/concurso preventivo s/incidente de verificación de crédito por Municipalidad de La Matanza”. En el caso, se sostuvo que “dentro de las atribuciones reservadas para los Estados Constituyentes de la Nación, parece comprendida la de imposición fiscal en su área territorial. Esa facultad no se agota con la creación de la gabela, sino que conlleva capacidad para establecer los medios tendientes a la efectividad de la carga impositiva, pues de otro modo la facultad reservada devendría impotente”.
* CCiv., Com. y Garantías en lo Penal de Necochea - 3/8/2004, “Maralex SA c/Alaniz, Roberto y/o quien resulte propietario”. En el caso, se determinó que la contribución por mejoras participa de la naturaleza de los tributos y, por lo tanto, el plazo extintivo es de 5 años, previsto en el art. 4027, inc. 3), CC, como plazo de prescripción para los vencimientos periódicos. Se estableció que el plazo de prescripción aplicable, respecto de la contribución por mejoras, se rige por las normas locales.
* CCiv. y Com. de Azul - Sala I - 28/3/2003, “Municipalidad de Tandil c/Guerra, Rubén O. y otra”. En estos autos, se sostuvo que es aplicable el plazo de prescripción quinquenal para el cobro de tasas de contribuciones por mejoras, previsto en el art. 278, ley orgánica de las Municipalidades, y no el decenal, previsto en el art. 61, ordenanza fiscal de la Municipalidad de Tandil, toda vez que, sin perjuicio de las facultades municipales para establecer impuestos y tasas, y respetando las competencias provinciales, aquella ley legisla con toda precisión lo relativo a la prescripción de los impuestos y tasas municipales, y el Municipio carece de facultades para legislar de manera distinta.
* C1a. CC de Bahía Blanca - Sala I - 24/8/1999, “Provincia de Buenos Aires en Oustry, Jorge L. y otra s/concurso preventivo”. En el caso, se sostuvo que la facultad reservada por las Provincias de determinar hechos imponibles y establecer tributos sobre esa base no comprende la potestad de regular otros aspectos que hacen a la obligación fiscal y que pertenecen a la regulación general de las obligaciones, como el plazo de la prescripción de las mismas. En consecuencia, se declaró la inconstitucionalidad del art. 119, CF Prov. de Buenos Aires, en tanto contraría lo dispuesto por el art. 4027, CC.
* C1a. CC de Mar del Plata - Sala I - 25/9/1996, “Provincia de Buenos Aires c/Gispert, Roberto V.”. En el presente fallo, se resolvió que no se considera aplicable, a los fines de la prescripción de las cuotas del impuesto inmobiliario, las normas del Código Fiscal de la Prov. de Buenos Aires, sino las normas del Código Civil, y específicamente a este respecto, lo dispuesto por el art. 4027, inc. 3), de dicho cuerpo legal. Para así resolver, tuvo en cuenta que a los Estados Particulares les está vedado fijar plazos de prescripción, ya que es una facultad exclusiva de la Nación, por ser la prescripción un medio de extinguir obligaciones (art. 3947, CC).
* CCrim., Correc., Civ., Com., Familia y Trabajo de Deán Funes - 30/6/1995, “Provincia de Córdoba c/Roldán, Esteban A. e Hijos SA”. En este caso, el Tribunal puso de resalto que los aspectos inherentes a la obligación (pago, novación, transacción y prescripción), que derivan del hecho tributario, deben regirse necesariamente por el Código Civil, ya que los poderes reservados por las Provincias no alcanzan para establecer principios básicos distintos.
* CCiv., Com. y Cont. Adm. de Río Cuarto - 2/11/1993, “Provincia de Córdoba c/Llosa, Federico”. En estos autos, se destacó que la potestad tributaria que las Provincias se han reservado como fundamental instrumento de su autonomía financiera no puede extenderse al instituto de la prescripción liberatoria, cuya normativa plasmada en la ley sustantiva debe ser aplicada uniformemente como ley de orden público.
* TSJ de Córdoba - 29/5/1996, “Provincia de Córdoba c/Llosa, Federico”. El Superior Tribunal de Justicia de la Prov. de Córdoba puso de resalto, entre otras cosas, que el verdadero fundamento de la prescripción es mantener el orden social. Por ello, no es admisible que una norma de inferior jerarquía que el Código Civil pueda regular sobre esta materia, lo que obliga al Órgano Jurisdiccional a aplicar la de rango superior.
* TSJ de Córdoba - 3/3/2004, “Bristol Myers Squibb Argentina SA c/Municipalidad de Río Cuarto”. En el caso, se declaró la prescripción de las obligaciones determinadas por la Dirección General de Rentas en concepto de “contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios”, por exceder el plazo quinquenal establecido en el art. 4027, inc. 3), CC.
* SCJ de Tucumán - 28/11/1945: “La prescripción de cinco años, estatuida para lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más cortos (art. 4027), es aplicable a las tasas municipales, en vista de la forma normal en la que ellas se cobran según las ordenanzas respectivas” (fallo citado por Kemelmajer de Carlucci, en su voto en los autos “Castro y Compañía SRL c/Provincia de Mendoza”, que se cita a continuación).
* SCJ de Mendoza - Sala I - 22/3/2000, “Castro y Compañía SRL c/Provincia de Mendoza”
S.PC.067.1.q8
[8:] En una posición contraria, en la causa “Castro y Compañía SRL c/Provincia de Mendoza” (JA - 2000 - T. IV - pág. 322 y ss.), la Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Mendoza reconoció que “la Provincia, en principio, tiene facultad para crear un impuesto y fijar los plazos de prescripción, siempre que en el caso concreto ellos guarden razonabilidad y no contraríen la unificación del derecho común, creando un verdadero caos legislativo”. En nuestra opinión, el resultado es el mismo: ningún Fisco Nacional o Provincial en todo el país podrá gozar de un plazo de prescripción para perseguir el cobro de los tributos locales superior al fijado por el Código Civil. Arribamos a esta conclusión, tanto privándole de la regulación de la prescripción como estableciendo un tope a través del derecho común
S.PC.067.1.q9
[9:] El Juez puede y debe aplicar al caso el plazo de prescripción que legalmente cuadre, aunque fuera distinto del invocado, por cuanto debe aplicar la norma legal que corresponda en virtud del principio “iura novit curia” -en el caso en comentario, la aplicación del art. 56, LC- (ver Casadío Martínez, Claudio A.: “Prescripción concursal: legitimación para oponerla y declaración de oficio” - ED - 12/7/2005)
S.PC.067.1.q10
[10:] Ver Villoldo, J. Marcelo: “Tres cuestiones conflictivas en la verificación de créditos fiscales a la luz de la jurisprudencia reciente” - ERREPAR - DTE - Nº 295 - octubre/2004 - T. XXV (www.errepar.com)
rafael dijo 19 Febrero 2009 at 11:36 am
pregunto:que pasa con la prescripcion cuando esta decretada la quiebra y la fallida tiene verificado un credito la afip desde el año 1999 y el proceso todavia esta dando vueltas, porquer todos habla de cuando inician el proceso concursal y del proceso con sentencia que sucede? eso se deberia comentar algun fallo.-
Antulio Colombo dijo 3 Octubre 2010 at 10:31 am
En el caso de deudas del Impuesto Inmobiliario de San Luis, que estan en Juicio, pero no han notificado la demanda.
Se puede pedir la prescricion de los meses anteriores a los 5 años, contados desde hoy, vale decir 3-10-05?
« Incidente de revisión. Fianza otorgada por una sociedad a través de su administrador. Actos de los administradores notoriamente extraños al objeto social.
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10 Enero 2008 a las 11pm