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Timestamp: 2019-03-24 11:30:25
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Matched Legal Cases: ['Artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 12', 'Artículo 1', 'Artículo 30']

TRABAJOS DE DERECHO BOLIVIA Consultora Académica Virtual. La cual brinda una asesoría en la realización de trabajos académicos ya sea para Pre y Post-Grado. En el presente blog podrás encontrar artículos académicos que podrá ser de gran ayuda a los lectores que quieran expandir más su conocimiento acerca de la rama del Derecho.
El emperador León, en una ley publicada el año 468, mandó que en ningún tribunal pudiese ser abogado el que no fuese católico.[1]​
Las costumbres se conservaron sencillas y austeras en Roma, en tanto que las dignidades y los empleos fueron la recompensa de los talentos y el favor del pueblo un título para obtenerlos, los abogados desempeñaron su profesión de la manera más honorífica y mostraron el mayor desinterés, pero cuando los servicios prestados gratuitamente a la patria dejaron de ser medios para adquirir los honores y las distinciones, entonces pasaron a ser hombres mercenarios. El tribuno Cincius se empeñó en vano para que los abogados volviesen a ejercer su facultad con la delicadeza y desinterés que en tiempos antiguos. Augusto se había creído intimidarles con una pena que ellos supieron eludir y todos sus sucesores no pudieron hacer más que coartar muy poco su avaricia.
Claudio prohibió que pudiesen exigir más de diez sestercios por una causa. En tiempos de Plinio el Joven, la mayor parte de los abogados vendían su ministerio y a la gloria, en otros tiempos el único precio de un empleo tan noble, habían sustituido un vil interés. El emperador Trajano, para contener este desorden, expidió un decreto por el que mandaba a todos los que tuviesen pleitos que jurasen no haber dado, prometido, ni hecho prometer cosa alguna a aquel que se había encargado de su causa. Y terminado el pleito, solo permitía dar o gratificar hasta la cantidad de diez mil sestercios.[2]
Calpurnia, según otros Calfurnia, casada con César, fue causa de que se prohibiese ya antiguamente el que las mujeres pudiesen presentarse en el foro a ejercer la abogacía. Esta mujer de genio travieso habiendo perdido una causa que ella defendía, se irritó de tal manera contra los jueces que se levantó los vestidos en medio del tribunal e hizo una acción impúdica en desprecio de los jueces. Otros dicen que lo que obligó a privar que las mujeres pudiesen dedicarse a la jurisprudencia fue los grandes gritos que daba aquella mujer sabia pero desvergonzada, con los que aturdía a los jueces[3].
Todo esto cambió con la caída del Imperio Romano, que trajo una degradación y pérdida de las profesiones legales, entre ellas, la abogacía. La ley anterior se perdió, y hasta 1140 no había profesionales de la ley como tales, y mucho menos letrados o jueces.
Las prácticas anteriores se perdieron, y sólo se conservaban manuscritos en distintos monasterios. A principios de la Edad Media, por tanto, la abogacía dejó de existir.
Posteriormente, surgieron individuos que estudiaron derecho canónico, con ánimo de servir en la Iglesia Católica como curas o sacerdotes. Sin embargo, entre 1190 y 1230, hubo un giro crucial en el enfoque con respecto a la profesión, y se sabe que algunos individuos se volvieron “abogados”, sin afiliarse a ningún colegio o institución (dado que no existían como tales por el momento), pero cobrando cuotas por defender a las partes en los juicios[4].
La regularización empezó el año siguiente, en 1231, cuando en Francia dos concilios ordenaron que quien fuera a ejercer la profesión de la abogacía se adscribiera a la institución pertinente, y debían hacer un juramento ante los obispos de su región, a fin de estandarizar y regularizar a los abogados, que por aquel entonces se adherían al derecho canónico.
En 1237, un juramento similar se instauró en Londres, y en la misma década, este sistema se extendió por Sicilia. A finales del 1250, éste era el estándar en Europa, desencadenando un proceso de regularización que afectaría a todo Occidente. Así, en 1275, el Concilio de Lyon II, se decidió que todo tribunal canónico debía someterse a juramento ante la autoridad religiosa local.
De igual modo, fue apareciendo paralelamente un derecho civil, cuyo desarrollo fue más rápido en Inglaterra, y que también se sometió a una estandarización que acabó llegando a toda Europa. En 1280 surgieron los primeros colegios, además de numerosas reformas legales concernientes a abogados: los letrados estaban obligados a defender sólo a una de las partes, no podían apelar a ninguna ley falsa de manera intencionada, y debían adscribirse a un meticuloso proceso de admisión en sus respectivos colegios.
Posteriormente, la jurisdicción Francesa tendría una larga influencia, conservándose la estructura de los juramentos en el sistema adoptado por el Cantón de Ginebra en 1816. La estela de la ley de la Edad Media es larga, pero también se incluye gran parte del Derecho Romano que se pudo rescatar de los manuscritos de los monasterios, lo que influyó en la figura del abogado en gran medida[5].
Hoy día, la profesión de la abogacía no ha cambiado demasiado con respecto a la historia de los abogados, a las bases asentadas a lo largo de la Historia. Incluso a día de hoy existe en algunas jurisdicciones la figura del procurador, que, trabajando con el letrado, representa al justiciable.
Esto es especialmente aparente en España, siendo aquella figura una en proceso de desaparición, pero que ha permanecido durante mucho tiempo inexpricablemente integrada en la Justicia española.
Por esta permanencia de nuestra herencia en materia legal resulta interesante ver qué ha cambiado y qué no durante la historia de la abogacía.
En 1681 se fundó la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, donde se habían formado y profesionalizado los primeros abogados que tuvieron la importante responsabilidad de consolidar la Independencia de la República en 1825. Sustento histórico por demás preponderante que hace honor al profesional abogado, para que el Congreso Nacional Extraordinario de Colegios de Abogados de Bolivia, realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en septiembre del 1982, haya instituido el día 13 de octubre, como el "Día del Abogado Boliviano".
Como la historia es la narración de sucesos acaecidos en el tiempo, permítaseme en esta ocasión, recordar un pasaje que se aproxima a la mente. Con el fin de precautelar la idoneidad y dignificación profesional, erradicar la indocumentación y la impostura de personas que sin ser abogados fungían como tales, el Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro de entonces, por la carencia de un registro profesional de abogados, mediante Resolución de Directorio N° 01/87 de 2 de febrero de 1987, dispuso el registro de todos los abogados del departamento, en un libro especial de matrículas, donde conste las referencias personales más importantes del profesional, y la otorgación paralela de carnets profesionales numerados con seis dígitos, para el ejercicio de la actividad legal en el distrito de Oruro; loable labor que subsiste hasta nuestros días[6].
Para el suscrito fue un honor el haberle encomendado el trabajo de llenado manuscrito en los dos primeros libros de matrículas y de los carnets de profesionales abogados. Asimismo con anterioridad a estas dos actividades registrales, para dar cumplimiento al Art. 14 de la ley de la Abogacía, se le encomendó esbozar el diseño del escudo del I. Colegio Departamental de Abogados de Oruro, el que después de varios ensayos y borradores, con mucho entusiasmo y modesto empeño, logró plasmarlo en realidad; símbolo que denota emprender vuelo mediante el incesante estudio, hacia cumbres de perfeccionamiento en el respeto a la dignidad humana y sus derechos, que la balanza se incline siempre a la aplicación de la equidad y la justicia. Pines o insignias que hoy orgullosos ostentan nuestros estimados colegas en su diario vivir.
Con estas labores, sin pensar que así fueran, había contribuido a la reorganización y documentación de la institución colegiada que hoy nos cobija, a la cual con merecido orgullo pertenecemos todos los profesionales abogados, que aún creemos en el retorno de una verdadera libertad de expresión, después de que coyunturales vientos de cambio trajeran olas premeditadamente intencionadas, pretendiendo despojar de su institucionalidad a los Colegios de Abogados de Bolivia.
Y como principal exponente de la abogacía boliviana es el jurista
[1] REQUENA, MARIO SEPÚLVEDA; REQUENA, Mª TERESA SEPÚLVEDA (10 de mayo de 2015). FORMACIÓN PARA LETRADOS COMO ESPECIALISTAS EN PATOLOGÍA DE EDIFICIACIÓN. Mario Sepúlveda Requena. Consultado el 3 de abril de 2017.
[2] Brewer Carias, Allan R.: La formación del abogado y los problemas del ejercicio de la abogacía
[3] Osorio, Ángel, El Alma de la Toga, 4ta edición, editorial Losada, Buenos Aires, Argentina, 1940.
[4] Desclos, Jean. Una moral para la vida, en Curso de Ética Profesional Jurídica, San José, 2005.
[5] Lega, Carlo. Deontología de la profesión de abogado, en Curso de Ética Profesional Jurídica, San José, 2005.
[6] Bethell, Leslie. Historia de América Latina: América Latina independiente (1820-1870). (Barcelona: Ed. Crítica. 1991).
Publicado por Trabajos de Derecho Bolivia en 12:32
La palabra jurisconsulto, según la real academia, le es atribuida a la persona dedicada al estudio, interpretación y aplicación del derecho. Es decir es un individuo experto, letrado, instruido y conocedor en las ciencias de las leyes, que se dedica a escribir sobre esta rama.
Publicado por Trabajos de Derecho Bolivia en 8:14
LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA
El acceso a la justicia es el derecho que tiene toda mujer que ha sufrido un hecho de violencia en contra de su vida, integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o de cualquier otra naturaleza a acudir ante las autoridades judiciales o administrativas para denunciar la violencia sufrida; recibir protección inmediata; se investiguen los hechos hasta identificar a los responsables; se los juzgue y sancione; y que se repare integralmente el daño sufrido por la mujer en situación de violencia.
Este derecho constituye un elemento central de las obligaciones de los Estados, en particular el estándar de debida diligencia parte del supuesto de que los Estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguran a las mujeres víctimas de la violencia el acceso a los mecanismos de justicia penal y de justicia restaurativa cuando sus derechos humanos son vulnerados.
Sin embargo, las limitaciones y obstáculos de acceso a la justicia, que se caracterizan por una respuesta poco efectiva en muchos de los casos, lejos de lograr el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables han contribuido a perpetuar la impunidad, tal como señala la CIDH, en varios países en las Américas “existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva. La impunidad de estas violaciones de derechos perpetúa la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de la justicia. Estas deficiencias se traducen en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no corresponden a la prevalencia del problema”.
Con relación al derecho a la vida y la integridad, la CPE prohíbe la tortura y reconoce el derecho a no sufrir violencia, en particular las mujeres, señalando como una obligación del Estado prevenir, sancionar y eliminar la violencia de género.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”.
Estas disposiciones, al hacer énfasis en la violencia que viven en particular las mujeres, están reconociendo a la misma como una vulneración que las afecta de forma desproporcionada, dado que la misma se ha naturalizado en un contexto colonial y patriarcal en el que se ha desarrollado nuestra sociedad.
En este marco constitucional, el 9 de marzo de 2013 se promulga la Ley N° 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, que tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.
Publicado por Trabajos de Derecho Bolivia en 13:28
El concepto principal de gobierno es la autoridad gobernante de una unidad política, que tiene por objeto tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, como regular una sociedad política y ejercer autoridad. El tamaño del gobierno variará de acuerdo con el tamaño del Estado, y puede ser local, regional y nacional.
El gobierno es el más alto nivel de dirección y de administración ejecutiva, generalmente reconocido como el liderazgo de un Estado o de una nación, y el gobierno está compuesto por los directores ejecutivos del Estado, como el presidente o el primer ministro, y por los ministros.
La creación de un sistema de auto-protección social que sea autofinanciable, seguro a largo plazo, sin corrupción y de muy buena calidad para y con todas las personas que viven en el Estado, es la misión y el objetivo del gobierno de una nación. Existen diferentes áreas importantes en la sociedad que el gobierno debe asegurar, como la salud, el trabajo, la educación, el sustento y la vivienda.
La clase obrera y el movimiento campesino constituyen la memoria política de la resistencia y la victoria popular.
Por ese tiempo, la política exterior estadounidense utilizaba las dictaduras, la doctrina de seguridad nacional y el Plan Cóndor como los mecanismos de control militar en América Latina, con visos a la implementación del neoliberalismo, tal como lo denuncia Noemi Klein en “La doctrina del shock”.
Pinochet fue el primer gobierno que, después de asesinar a Salvador Allende, impuso las políticas de ajuste con ferocidad genocida; Videla en Argentina no quedó atrás; Stroessner en Paraguay fue la pesadilla más tenebrosa que ha conocido el pueblo hermano y duró 35 años.
Para Bolivia, el 10 de octubre no sólo representa la consolidación de las elecciones de 1980, sino el cierre definitivo de un largo periodo de oscuridad militarista, autoritarismo, corrupción y narcotráfico. Por ello la fiesta popular del 10 de octubre de 1982 contó con, al menos, 20.000 obreros y campesinos en la Plaza de San Francisco de Chuquiawu Marka.
La recuperación de la democracia (1982), las jornadas de marzo (1985), la elección de Víctor Paz Estenssoro (1985), la Marcha por la Vida (1986), el preludio indio en la Central Obrera Boliviana (COB), el triple empate y el MIR (1989), la reforma del Estado (1991), la Marcha por el Territorio y la Dignidad (1991), la guerrilla urbana (1991-92), Sánchez de Lozada presidente, etc.
La guerra del agua (2001), las elecciones de 2002 y el Goni, febrero negro y la guerra del gas (2003), los interinatos de Carlos Mesa (2003-2004) y Rodríguez Veltzé (2004-2005), el referéndum del gas (2004), la elección de Evo Morales, primer presidente indígena con el 52% (2005), el referéndum aprobatorio y dirimitorio (2009), la promulgación de la nueva constitución, etc.
Las elecciones 2009 y Evo Morales con el 64% y, finalmente, el anuncio del Plan Patriótico 2025 constituyen hitos que hablan por sí solos de los desplazamientos normativos, narrativos, institucionales, económicos y culturales de la democracia en Bolivia.
Bolivia, América Latina toda, vive una hora histórica, son tiempos donde la dignidad se pone por encima del desprecio, donde la solidaridad se pone por encima del sálvese quien pueda. La democracia en Bolivia ha dejado de ser un asunto de elites para ser asunto de pueblos, ya no es nacional, es plurinacional. Ya no es sólo para votar, sino para botar a los flojos, mentirosos o racistas[1].
La democracia en Bolivia ya no es una pesadilla neoliberal, sino la realidad de un sueño llamado gobierno del pueblo, desde el pueblo, con el pueblo. La democracia en Bolivia es de los invisibles e invisibilizados; despreciados y depreciados entran en la historia y en la revolucionan, a mano y sin permiso. La democracia en Bolivia ha decidido descolonizarse, hacerse indígena y popular.[2]
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, ¡intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro-bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
Bolivia oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia, es un país sin litoral marítimo situado en el centro-oeste de América del Sur que cuenta con una población de cerca de 10,5 millones de habitantes.^ Limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú. Comprende distintos espacios geográficos como la Cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazonia y el Chaco, siendo así uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo.
Políticamente, Bolivia se constituye como un Estado plurinacional, descentralizado y con autonomías. Se divide en nueve departamentos. Sucre es la capital y sede del órgano judicial, mientras que La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. Santa Cruz de la Sierra es el principal centro económico del país. En el territorio boliviano se desarrollaron civilizaciones antiguas, como Tiwanaku y la Cultura Hidráulica de las Lomas. Los imperios Inca y español conquistaron el territorio hasta que el país se independizó de este último en 1825. Bolivia, al haber heredado las tradiciones del mestizaje colonial y las culturas precolombinas, es un país multiétnico y pluricultural, rico en la mezcla de tradiciones y folclore de habitantes mestizos, indígenas, blancos descendientes de criollos, afrobolivianos, y en menor proporción, de emigrantes europeos y asiáticos.
4.1. GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA
La preocupación por el tema de la gobernabilidad no ha estado necesariamente asociada a la afirmación de las prácticas democráticas. Durante los decenios de los sesenta y los setenta, las primeras aproximaciones al tema de la gobernabilidad pusieron énfasis en el «grado de gobierno», refiriéndose a la posibilidad y a la capacidad de ejercer el poder político con eficiencia, más que en la «forma de gobierno», entendida como la vigencia de un régimen político democrático o dictatorial. En algunos casos se ha llegado a contraponer las nociones de democracia y gobernabilidad, arguyendo que las prácticas, normas y formas democráticas dificultan la introducción de re- formas económicas, sociales y políticas que pudieran afectar los intereses de los grupos de poder.
Sin embargo, la experiencia histórica ha demostrado que no existe esta supuesta contradicción entre eficiencia en el ejercicio del poder y democracia. Por el contrario, la participación popular, el diálogo y la formación de consensos se han vuelto indispensables para el ejercicio eficiente y eficaz del poder político. Las contribuciones recientes a los temas de la gobernabilidad y el buen gobierno destacan la importancia de las instituciones democráticas. La democracia moderna es concebida no sólo como un fin en sí mismo, sino también como un medio para alcanzar los objetivos económicos y sociales.
La difusión del concepto de gobernabilidad democrática ha sido acompañada por una ampliación de su ámbito de aplicación. A partir de una concepción restringida a la eficacia gubernamental en el manejo de los asuntos económicos, se pasó a una concepción más amplia que incorporó el tema de la capacidad del Estado, constituido como Estado de derecho, para integrar y conducir a la sociedad en su conjunto. Posteriormente, a principios de los noventa, se extendió aún más el ámbito del concepto de gobernabilidad y se puso mayor énfasis en su carácter democrático, para la cual se tomó en cuenta los procesos de participación y formación de consensos que surgen en la sociedad civil, los cuales hacen al Estado más representativo y permiten que el gobierno pueda asumir y cumplir mejor sus funciones básicas.
Por otra parte, los avances tecnológicos en telecomunicaciones, en procesamiento de la información y en medios de comunicación de masas han alterado profundamente los procesos a través de los cuales se ejercen el poder político y la autoridad, sobre todo en los países industrializados. Nuevas tecnologías permiten a los ciudadanos un mayor acceso a la información que antes concentraba el gobierno, las redes electrónicas proporcionan nuevas formas de comunicación a los líderes políticos y los grupos organizados de ciudadanos, y la expansión de la televisión ha cambiado la manera en que se desarrollan los procesos electorales y se maneja la imagen de los políticos y gobernantes. Estos avances tecnológicos han transformado la naturaleza y el funcionamiento de las democracias representativas en el mundo industrializado. Fueron instrumentales en la desaparición de los regímenes totalitarios en Europa Oriental y en la antigua Unión Soviética y están creando un clima más abierto y transparente para el ejercicio de la política en la mayoría de los países en desarrollo.
Durante el decenio de los noventa se puede apreciar una convergencia de preocupaciones por los temas de gobernabilidad y buen gobierno en los países industrializados, en los países en desarrollo y en los organismos internacionales. Más aún, luego de la caída del Muro de Berlín y del fin de la Guerra Fría, estos temas se asocian en forma cada vez más estrecha con el funcionamiento de los sistemas democráticos y el pleno ejercicio de las libertades políticas, y se orientan hacia el logro de objetivos de desarrollo social y económico. De múltiples maneras y en una gran diversidad de situaciones, al finalizar el siglo 20 la humanidad está explorando nuevos caminos para hacer que el buen gobierno y la gobernabilidad democrática se extiendan por todo el planeta.
4.2. GOBERNABILIDAD Y ORDEN GLOBAL FRACTURADO
Los acelerados y desiguales procesos de globalización económica, ambiental, cultural y tecnológica están dando lugar a la emergencia de un orden global fracturado; un orden que se extiende por todo el planeta, pero que no integra a las personas sino que las diferencia; un orden que pone a la mayoría de los habitantes del mundo en contacto los unos con los otros, pero que al mismo tiempo mantiene profundas brechas y fisuras entre ellos. En este nuevo orden global se ha vuelto imperativo prestar atención a los problemas de gobernabilidad que sobrepasan fronteras nacionales. Cuestiones como la reforma del sistema monetario internacional, la regulación de flujos financieros internacionales, el control de la contaminación ambiental y el calentamiento del planeta, las migraciones masivas y el aumento de los refugiados, entre muchas otras, están en la agenda de problemas de gobernabilidad que escapan al ámbito de acción de los estados considerados individualmente, y hacen necesaria la cooperación entre ellos. En última instancia, esto requiere de la voluntad de renunciar a la soberanía en muchos de los ámbitos que tradicionalmente han estado bajo el control individual de cada Estado.
4.3. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
Directa y participativa, por medio del referendo la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
4.3.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos[3].
Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre si.
4.3.2. LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
El Sistema de Gobierno se define según lo establecido en el Artículo 11 de la
Constitución Política de 2009:
Artículo 11. I. Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
Bolivia se organiza y así muestra su democracia con la separación e independencia de los órganos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
Compuesto por el Presidente (Jefe de Estado), el Vicepresidente y los Ministros de Estado. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por sufragio universal y tienen un período de mandato de cinco años. Ambos pueden ser reelegidos por una sola vez de departamentales, regionales y municipales.
La Asamblea Legislativa Plurinacional es presidida por el Vicepresidente de Estado. Está compuesta por dos cámaras: la Cámara de Senadores con 36 miembros (cuatro representantes de cada departamento) y la Cámara de Diputados con 130 miembros (la mitad elegida por votación directa y la otra mitad elegida de forma indirecta en la lista encabezada por el candidato a Presidente). Su facultad es la de aprobar y sancionar leves. La Constitución prevé diputaciones especiales para los pueblos indígenas.
4.3.3. INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS
Bolivia se organiza territorialmente en departamentos (9), provincias (112), municipios (327), territorios indígena originario campesinos y cantones (1.384)[4].
Conformado por varias provincias o municipios con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales. Se constituye por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo administrativa y fiscalizadora en el ámbito regional. Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino P Autogobierno de pueblos indígenas en territorios ancestrales que actualmente habitan.
4.3.4. INSTITUCIONES PÚBLICAS AUTARQUICAS
Están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del Órgano Ejecutivo.
Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país.
La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley.
Las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio de la Ministra o del Ministro de Defensa y en lo técnico, del Comandante en Jefe.
La Policía Boliviana,
Como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado.
Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley[5].
4.3.5. SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.
La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo.
Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas mixtas.
El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo.
4.3.6. EDUCACIÓN
Bolivia vive una transformación económica, social, producto de este cambio un nuevo modelo educativo que tiene como modelo educativo inspirado en el trabajo comunitario productivo de Warisata, esta implementación se da mediante la ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez.
En la nueva configuración los aspectos que resaltan son la educación obligatoria desde el nivel inicial, primario (6 años) y secundario (6 años). Y dentro el curriculum se enfatiza lo productivo.
Como se ha podido apreciar en la presente exposición, es viable sostener que los órganos constitucionales autónomos están a la par de los Poderes de la Unión porque, al igual que éstos, han sido creados por el Constituyente Permanente para desarrollar una función primaria que le ha sido encomendada de manera preferente, esto los convierte en órganos originarios del Estado Boliviano.
Acerca de la naturaleza jurídica de los órganos constitucionales, y la democracia juntamente con la gobernabilidad las cosas, podemos calificarlos como entes a los que las Constitución atribuye un conjunto de competencias a través de los cuales el Estado ejerce su poder, independientemente de las tres funciones tradicionales. Es una entidad atípica que aunque forma parte del Estado y no se encuentra sujeta a los controles propios de la administración pública[6].
Por lo anterior, si entendemos a los organismos constitucionales y democrático como aquellos que existen independientemente.
DECRETO SUPREMO N° 0304
a) Definir la naturaleza jurídica, dependencia y tuición de las unidades desconcentradas e instituciones descentralizadas.
b) Normar la delegación y transferencia de atribuciones de las Ministras o Ministros de Estado a las unidades desconcentradas y a las instituciones descentralizadas, respectivamente.
c) Disponer la transición de las instituciones públicas desconcentradas y descentralizadas a la naturaleza, estructura y características, definidas en la presente norma para las unidades desconcentradas e instituciones descentralizadas.
El estudio de la naturaleza del gobierno de un Estado nos adentra en un tema realmente apasionante. Refiere a qué entendemos por Estado, cuál es su origen, elementos, estructura, etc.
Como sabemos el origen del Estado, como lo conocemos actualmente, es relativamente reciente. Sin embargo se podía hablar, en la antigüedad, de ciudades Estados. En esta afirmación observamos la evolución del Estado, que se transforma, que se reforma, y que acompaña el querer del pueblo[7]
Más allá de los elementos señalados, existen determinadas características que surgen de los mismos, los que se relacionan a través de una relación de autoridad y subordinación entre sus integrantes a) el ejercicio monopólico de la violencia por quienes son titulares de la autoridad; b) la existencia de un orden jurídico; c) relativa permanencia.
El Estado es, entonces, una organización creada por el pacto de los hombres y que, posteriormente, desarrolla la sociedad. En ese sentido, luego del acuerdo, necesario porque el hombre necesita vivir en sociedad de conformidad con su evolución, es un ente social organizado e institucionalizado. Su fin es el bien común mediante la regularización coercitiva y, eventualmente, coactiva, del hombre por normas jurídicas dictadas por los órganos competentes creados por el Poder Constituyente que deben seguir, o adaptarse a la ley natural del Creador
4.5. EFECTOS
Bolivia, a través de las reformas constitucionales de 1994 y de 2004, se consagró la vigencia de un Estado Social y Democrático de Derecho. En este sentido, es importante considerar que, según la doctrina constitucional, el Estado democrático entraña distintas características del régimen político:
d) la democracia como principio de convivencia, que significa la formación de todos y cada uno de los ciudadanos en un espíritu de respeto y tolerancia. Entonces, el principio de Estado Democrático implica hacer un énfasis en la democracia, entendida como el gobierno del pueblo, donde la titularidad del poder político descansa en el soberano, es decir, en el pueblo y no en el gobernante, quien ejerce el poder por delegación conferida por el pueblo a través del voto directo e igual, bajo el sistema de representación proporcional establecido en la misma Constitución.
El principio democrático implica mejor distribución del poder político y una apuesta por lo diverso, como negación de todo totalitarismo a nivel étnico, cultural, ideológico, político o regional[8].
Esta configuración democrática del Estado boliviano se ha visto reflejada en el régimen de gobierno adoptado a través de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante referendo constitucional en 2009, que en su artículo 11, parágrafo I, establece que: “Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”.
5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
El Artículo 11 se constituye en una novedad del constitucionalismo boliviano, al ser la primera vez que se instaura como forma de gobierno la democracia, participativa, representativa y comunitaria. En los anteriores textos constitucionales se asumía como única forma de gobierno a la democracia representativa.
El artículo 12 tiene antecedentes en el constitucionalismo boliviano, en tanto todos los textos constitucionales anteriores establecen una cláusula de separación de poderes, empero la denominación de órganos es una novedad en el constitucionalismo boliviano, así como la especificación de las funciones estatales de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado. El establecimiento de cuatro órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral) implica una modificación en la tradición constitucional, pues generalmente se reconocían sólo los primeros tres, este elemento retoma un antecedente histórico, el texto constitucional de 1826, que incluía el Poder Electoral entre los poderes del Estado.
El establecimiento de una forma de gobierno democrática, participativa, representativa y comunitaria, es sin duda algo novedoso en la vigente Constitución, ya que a partir de este artículo se inaugura una forma de gobierno que responde a la propia realidad social y cultural boliviana, a su desarrollo civilizatorio, que responde a las diferentes cosmovisiones y visiones de país presentes en la sociedad, lo que tiene que ser leído e interpretado a partir del Artículo 1 de la Constitución, cuando señala que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, entre otros, obedece por lo tanto al reconocimiento de una sociedad profundamente plural, compleja y diversa en distintas dimensiones.
Asimismo, al instituir una forma de gobierno que reconozca y legalice la práctica de distintas formas de democracia se descentra el concepto de democracia moderna, representativa y liberal que había primado en todas las anteriores Constituciones y se da paso a que el concepto de democracia se entienda desde su potencialidad y práctica plural, la deja de comprender solamente desde una única visión y la retoma como un significante flotante que acepta la diversidad de interpretaciones y prácticas y que se reinterpreta constantemente, a partir de diferentes tradiciones, de diferentes momentos históricos y prácticas culturales que la convocan, lo que permite entender a las democracias en plural.[9]
Al reconocer un sistema de gobierno construido sobre la base de la pluralidad de democracias, se recupera la soberanía en su verdadera dimensión, una soberanía popular que no es homogénea para resolver asuntos políticos ni para designar la representación política y por lo tanto, a partir de la vigente Constitución, se constituye en la participación directa, representativa y comunitaria del pueblo.
Las distintas formas de la democracia, representativa, directa y comunitaria. La democracia retorna al devenir de la acción política y a la forma primordial de deliberación: la asamblea. Se rompe entonces el monopolio de la clase política, politizando el ejercicio mismo en todos los ámbitos de la gestión social. La democracia ya no es de pocos sino de todos. Los muchos ejercen su mayoría en dialéctica con las minorías, dialéctica donde se pone en escena la trama de los intereses y las perspectivas, lugar donde se da la ocasión de la síntesis política.
Por lo que la forma de gobierno a partir de distintos tipos de democracias, por uno u otro lado incluye a todos, ya sea mediante democracia representativa, con la elección de representantes mediante el voto universal, directo y secreto; mediante democracia directa y participativa a través de mecanismos como el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa; o a través de la democracia comunitaria, que incluye a un importante sector de la población que había mantenido sus prácticas comunitarias desde antes de la colonia en la clandestinidad y que a partir de la vigente Constitución y su libre determinación se les reconoce numerosos derechos relacionados a la preservación de su identidad cultural (Artículo 30).
No solamente se reconocen distintos tipos de democracia, sino que se sostiene que éstas deben ser ejercidas con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Lo que significa un alto grado de inclusión a un importante sector de la sociedad boliviana y que por muchos años no había estado debidamente representado, las mujeres.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL – Bolivia
DIEZ LOZA, LUIS: Sistema de derechos fundamentales, Bolivia, Cbba. 2003
FLORES DAPKEVICIUS, RUBÉN: Tratado de Derecho Constitucional , Tomo II, Bolivia, Santa Cruz 2010
FLORES - DAPKEVICIUS, Rubén: Amparo, Hábeas Corpus y Habeas Data, B de F, Bolivia, Santa Cruz 2011, 3ra edición
GIMENO SENDRA, VICENTE Y GARBERI LLOBREGAT, JOSE: Los procesos de amparo, Colex, Bolivia 1994
LOSANO, MARIO: "Curso de Informática Jurídica", Tecnos, 1987.
NINO, CARLOS: Fundamentos de Derecho Constitucional, Astrea, Bs. As. 1992
NÚÑEZ PONCE, JULIO:, constitucional Bolivia 1996
SÁNCHEZ VIAMONTE CARLOS: Manual de Derecho Constitucional. Kapelusz, Buenos Aires 1946.
[1] Democracia en Bolivia: Entre memoria política e historia constitucional - La Gaceta Jurídica / Idón Chivi Vargas
[2] Democracia en Bolivia: Entre memoria política e historia constitucional - La Gaceta Jurídica / Idón Chivi Vargas
[3] DE ESTEBAN, JORGE: Tratado de Derecho Constitucional, Servicios publicaciones facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España 1998 Pg. 56
[4] NÚÑEZ PONCE, JULIO:, constitucional Bolivia 1996 Pg. 168
[5] NÚÑEZ PONCE, JULIO:, constitucional Bolivia 1996 Pg. 86
[6] DIEZ LOZA, LUIS: Sistema de derechos fundamentales, Bolivia, Cbba. 2003 Pg. 79
[8] Cfr. Sentencia Constitucional Nº 0075/2005, de 13 de octubre de 2005
[9] Centro de Estudios Constitucionales, 2012).
Publicado por Trabajos de Derecho Bolivia en 11:42
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