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Timestamp: 2017-09-25 11:39:48
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C-003/17
CONTRATOS ESTATALES DE MÍNIMA CUANTÍA. TRÁMITE, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OBJETO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2, numeral 5 (parcial) de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Aducen los actores que la norma demandada, al ordenar la realización del procedimiento de mínima cuantía “independientemente de su objeto”, determina, en consideración del presupuesto oficial estimado de la contratación, la inaplicación del procedimiento propio del concurso de méritos y la contratación directa. La carencia de certeza, especificidad y pertinencia de los cargos de inconstitucionalidad formulados contra un segmento del mecanismo de escogencia del contratista en los procesos de contratación estatal de mínima cuantía, no permitió a la Corte proferir una decisión de fondo. En consecuencia, se declaró INHIBIDA de emitir pronunciamiento alguno, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
C-006/17
LEY DE VÍCTIMAS. CONDENAS EN SUBSIDIARIEDAD EN CASO DE INSOLVENCIA DEL VICTIMARIO. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Adujo el demandante que al dictar la norma acusada el Legislador incurrió en violación al principio y derecho a la igualdad, debido a que estableció un límite al deber de reparación del Estado a las víctimas de la violencia por los graves daños en el marco del conflicto armado, en la medida que definió su obligación de concurrir, cuando los bienes del victimario son insuficientes, hasta un monto equivalente al de la indemnización administrativa prevista en el artículo 132 de la misma Ley. Afirma, que este límite no existía antes de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, así que el Congreso estableció un trato diferencial injustificado entre las víctimas que recibieron una indemnización estatal antes de que se profiriera la ley mencionada y las víctimas que actualmente persiguen la satisfacción de ese derecho, bajo sus mandatos. Frente al incumplimiento de los requisitos mínimos de claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia de los cargos de inconstitucionalidad formulados, la Corte se INHIBE de emitir una decisión de fondo por la ineptitud sustantiva de la demanda.
Magistrada sustanciadora: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
C-007/17
Magistrada sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
C-008/17
MONUMENTO A CRISTO REY. RECONOCIMIENTO A LA IMPORTANCIA RELIGIOSA Y CULTURAL DE ESTE MONUMENTO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1754 de 2015, por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento a Cristo Rey del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones. Los demandantes alegan que los artículos 1 y 3 (parcial) de la precitada ley vulnera el principio de laicidad del Estado, al igual que los derechos a la igualdad y libertad religiosa, pues implican la identificación estatal con una religión específica mediante la autorización de la financiación de su promoción, protección, conservación, desarrollo y restauración, con recursos públicos. Lo anterior, porque el monumento no puede tomarse como una manifestación cultural, ya que es el reflejo de una expresión religiosa concreta. Tras constatar que en el presente caso se configura la cosa juzgada constitucional, la Corte decide ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-570/16.
C-031/17
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente. SENTENCIA. I. ANTECEDENTES. En desarrollo de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, la ciudadana Yenny Estepa Hurtado presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23 de la Ley 1740 de 2014, “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”. En Auto del 22 de abril de 2016, el Magistrado Sustanciador resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. De igual manera dispuso comunicar la iniciación del presente proceso de inconstitucionalidad al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), a la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional y/o Tecnológica (ACIET), y a las Facultades de Derecho de las siguientes Universidades: Rosario, Externado, Libre, del Norte y Nariño, para que, si lo consideraban conveniente, intervinieran impugnando o defendiendo la disposición acusada.
C-032/17
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previo cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente. SENTENCIA. I. ANTECEDENTES. En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Javier Cortázar Mora, interpuso acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 1 (parcial) de la Ley 155 de 1959 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas, por considerar que violaba el artículo 29 de la Constitución, que establece el derecho fundamental al debido proceso. La Corte Constitucional mediante auto del 14 de junio de 2016 resolvió inadmitir la demanda presentada por el ciudadano, por considerar que el accionante había satisfecho el requisito argumental de claridad, pero que no satisfacía los requisitos concurrentes de especificidad, pertinencia, suficiencia y certeza. En este sentido el auto dispuso la inadmisión, concediéndole al accionante un término de tres días para que corrigiera su demanda. El 21 de junio de 2016 el demandante allegó a la Corte Constitucional un escrito de corrección de la demanda, reiterando que solicitaba la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones demandadas, por considerarlas violatorias del artículo 29 de la Constitución, específicamente, de los principios de legalidad y tipicidad como componentes del debido proceso, procediendo así a satisfacer el estándar argumental que le había sido requerido mediante el auto de inadmisión.
C-041-17
DELITOS CONTRA LOS ANIMALES. CONDUCTAS QUE CAUSAN GRAVE MENOSCABO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LOS ANIMALES. Demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 5 (parcial) de la Ley 1774 de 2016, por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. En una de las demandas se aduce que la expresión “menoscaben gravemente” vulnera los artículos 29 y 93 de la Constitución, así como el artículo 9º del Pacto de San José (Ley 16 de 1972), al desconocer el principio de legalidad. Lo anterior, por la presunta indeterminación insuperable de lo acusado, al dejar que los jueces decidan a su arbitrio cuando se causa una lesión a un animal, cuando no existe una tabla de graduación que permita su determinación. En la otra, se aduce que la norma impugnada desconoce el deber constitucional de protección animal, su calidad de seres sintientes y la indefensión en que se encuentran, aún bajo el principio de diversidad cultural. Se analizaron los siguientes temas: 1º. El principio de legalidad en sentido estricto. 2º. La Constitución ecológica . El valor intrínseco de la naturaleza, su entorno y la interacción del humano con ella. 3º. Los animales como merecedores de protección constitucional e internación. 4º. La protección a los animales a partir de deberes morales y solidarios y, 5º. La evolución de la ley y la jurisprudencia constitucional hacia mayores ámbitos de protección para con los animales. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión “menoscaben gravemente” contenida en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo 339A al Código Penal y, la INEXEQUIBILIDAD del parágrafo 3º del precitado artículo, por incurrir el Legislador en un déficit de protección constitucional hacia los animales. Se difiere los efectos de esta decisión por el término de dos años, para que el Congreso de la República adapte la legislación a la jurisprudencia constitucional.
Referencia: expedientes D-11443 y D-11467.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 (parcial) de la Ley 1774 de 2016, “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”.
C-042/17
DISCAPACIDAD MENTAL. SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE CALIFICAR ESTA SITUACIÓN O CONDICIÓN COMO UN SUFRIMIENTO O PADECIMIENTO. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º, 8º, 10, 12, 14, 15, 16 y 32 (todos parciales) y el artículo 17 en su totalidad, de la Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. El demandante considera que los apartes objeto de acusación contravienen el pluralismo como principio característico del Estado Social de Derecho, el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, el derecho social, económico y cultural a que se diseñe y ejecute una política dirigida a promover la integración de las personas con discapacidad, el derecho al respeto a la identidad en materia educativa, el derecho a la promoción y fomento del acceso a la cultura por parte del Estado y, el deber de interpretar los derechos contenidos en los artículos 1, 13, 47, 68 y 70 de la Carta. La Corte determinó que los vocablos empleados en varias disposiciones de la ley 1306 de 2009 deben ser entendidos en el contexto de protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad mental que se busca en la misma, con una función meramente referencial y desprovistos de un significado negativo o discriminatorio. Se declara EXEQUIBLE el artículo 17 demandado, al igual que las expresiones “afectado”, “padece”, “sufre”, “sufriendo”, “sufran”. “sufren”, “sufre” y “padezcan”, igualmente acusados.
Referencia: Expediente D-11480
Magistrado Ponente: AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá D. C., primero (1) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
C-043/17
DISCAPACIDAD MENTAL. SE DEMANDA LA CALIFICACIÓN COMO DISCAPACITADO UTILIZADA EN LA NORMA ACUSADA Y SE SOLICITA SEA REEMPLAZADA POR EL VOCABLO “PERSONA”. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25 (parcial) de la Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. Los demandantes consideran que la expresión “del discapacitado” contenida en la norma acusada contraría lo dispuesto en los artículos 1º y 13 Superiores, en lo que corresponde al respeto de la dignidad humana y al principio-derecho a la igualdad, así como de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial, su artículo 4º. Aducen, que dicha expresión contiene un lenguaje excluyente, además de resultar discriminatoria y tener una carga negativa, ya que califica una característica de la persona e implica un trato peyorativo que atenta contra la dignidad humana de las personas en situación de discapacidad. Fundamenta sus consideraciones en la Sentencia C-458/15, en la cual se declaró la exequibilidad condicionada de varias expresiones que hacían referencia a personas con algún tipo de discapacidad, precisamente en razón de los términos del lenguaje allí utilizados y de sus implicaciones. La Corte profiere una sentencia modulada, aclarando que ello no implica la invasión de la libertad de configuración del legislador o el quebrantamiento del principio de la división de poderes públicos, puesto que no está construyendo una disposición legal nueva sino que simplemente está adecuándola para que ésta armonice con el sentido de la institución jurídica que desarrolla y resulte coherente con las demás sobre la materia presentes en el ordenamiento jurídico, incluso en el mismo Estatuto y con el objetivo mismo del artículo en su conjunto y, simultáneamente respetuosa de las normas constitucionales pertinentes. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 25 demandado, en el entendido que la expresión “del discapacitado” deberá reemplazarse por la expresión “de la persona en situación de discapacidad”.
C-044/17
1. Juan Carlos Lancheros Gámez, actuando en nombre propio, instauró demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 95 de la Ley 1753 de 2015. El texto normativo se transcribe a continuación:
Referencia: expediente D-11433
Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
C-045/17
COMPETENCIA ARBITRAL. LOS ÁRBITROS Y AMIGABLES COMPONEDORES NO TIENEN COMPETENCIA SOBRE LA LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS EN EJERCICIO DE FACULTADES EXCEPCIONALES. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 literal c) de la Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias. Para el actor, la norma acusada vulnera el artículo 13 de la Constitución, en tanto introduce una discriminación irrazonable y sin fundamento objetivo para los contratos relacionados con la infraestructura de transporte, al imponerles un régimen arbitral diferente al de los demás contratos celebrados con cualquier entidad pública o particulares que desempeñen funciones públicas. Concluye la Corte, que la acción pública se circunscribe a aducir una supuesta diferencia de regulación en dos normas con base en interpretaciones de las mismas, las cuales carecen de certeza y suficiencia. Igualmente concluye, que el actor no expone las razones para sustentar por qué ese presunto trato diferente resulta discriminatorio y contrario a la Carta. Con base en lo anterior, la Sala se declara INHIBIDA para emitir fallo de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 820 (parcial) y 1221 (parcial) del Código Civil (Ley 57 de 1887)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente. SENTENCIA. Dentro del proceso de revisión del “TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS” adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York el 24 de septiembre de 2013, y la Ley 1782 del 20 de mayo de 2016, por medio de la cual fue aprobado. I. ANTECEDENTES. 1. Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 23 de mayo de 2016 (Fl. 1 cuaderno principal), dentro del término constitucional, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia autenticada de la Ley 1782 de 2016, para efectos de su revisión constitucional. 2. El Magistrado Sustanciador mediante auto del 17 de junio de 2016 (Fls. 26 y 27 del cuaderno principal), avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Una vez recibidas éstas, mediante auto de 14 de julio de 2016 (Fl. 79 del cuaderno principal), se ordenó continuar el trámite del control de constitucionalidad y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rinda el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, a los Ministros del Interior, de Justicia y del Derecho, de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, al igual que al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la Nación.
Referencia: expediente LAT-441
Bogotá, DC., primero (1º) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
DELITOS CONTRA LOS ANIMALES. MENOSCABO INJUSTIFICADO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LOS MISMOS. Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “injustificada”, contenida en el artículo 30 literal c) de la Ley 1774 de 2016, por medio de la cual se modifica el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. Los actores aducen que la expresión demandada resulta contraria a la Constitución Política y, por integración, al Bloque de Constitucionalidad y a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, al permitir que se entienda que existen actos de violencia y crueldad justificados contra los animales. Para la Corte la demanda carece de los requisitos necesarios para pronunciarse de fondo sobre la censura, dado que incumple los criterios de especificidad y suficiencia. El primero, porque los actores utilizaron como parámetro de constitucionalidad un instrumento que no integra el ordenamiento superior vía bloque de constitucionalidad, como es la Declaración Universal de Derechos de los Animales. Ello, en la medida en que ese documento no involucra el reconocimiento y protección de derechos humanos, al menos en forma directa. A su vez, porque prescindieron de la referencia de alguna disposición de la Carta Política que contuviera la norma presuntamente quebrantada por el enunciado legal cuestionado, es decir, el principio de protección animal. El segundo, porque la demanda no genera duda sobre la inconstitucionalidad de la expresión atacada, al errar en la identificación de la norma superior quebrantada y omitir señalar la disposición de la Carta Política presuntamente desconocida por el enunciado censurado. La Sala Plena se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
SU049/17
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados María Victoria Calle Correa –Presidenta–, Aquiles Arrieta Gómez(e) Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Alberto Rojas Ríos, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, y Luis Ernesto Vargas Silva, en uso de sus facultades constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA. En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Treinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, el 8 de julio de 2014 y, en segunda instancia, por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín, el 14 de agosto de 2014, 1 en el proceso de tutela que inició el señor Ángel María Echavarría Oquendo contra la empresa Inciviles S.A. En sesión del 11 de marzo de 2015, y con fundamento en el artículo 54A del Reglamento vigente para ese entonces, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió asumir el conocimiento de este proceso con el fin de unificar su jurisprudencia sobre el tema. Mediante auto del 19 de marzo de 2015, se suspendieron los términos de dicho proceso hasta que la Sala Plena adoptara la decisión correspondiente. DEMANDA Y SOLICITUD. El señor Ángel María Echavarría Oquendo, de 73 años de edad, se desempeñaba como conductor de vehículos de carga para la firma Inciviles S.A., con un contrato de prestación de servicios. Inciviles S.A. terminó unilateralmente el vínculo sin autorización previa del inspector de trabajo, en un momento en el cual se encontraba incapacitado como consecuencia de un accidente de origen profesional que le ocasionó una lesión completa del músculo supraespinoso, ubicado en su hombro izquierdo, y que le dificultaba realizar sus labores desde hacía algún tiempo. Instauró acción de tutela por considerar vulnerado su derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada.
SU050/17
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente. SENTENCIA. Dentro del trámite de revisión de las sentencias proferidas en el asunto de la referencia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015) y por la Sección Quinta de la misma Corporación el diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015). I. ANTECEDENTES. 1. Hechos. 1.1. Mediante resolución No 002 del 15 de enero de 1979 el Instituto Universitario de Cundinamarca (hoy Universidad de Cundinamarca) nombró a la señora Leonor Castiblanco Arévalo en el cargo de “profesora tiempo completo” de esa institución educativa. 1.2. Posteriormente, la Gobernación de Cundinamarca a través del Decreto 941 del 8 de abril de 1980 nombró a la señora Leonor Castiblanco Arévalo en el siguiente cargo: “profesora 2ª cat. Norm. Dpal Girardot Mercedes de Egurrola”. 1.3. Afirmó la accionante, que desempeñó el cargo de profesora en ambos planteles educativos pero en distintas jornadas académicas. Expresó, que durante su vinculación laboral, alcanzó el grado 14 del escalafón docente.
C-077-17
ZONAS DE INTERÉS DE DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO Y SOCIAL, ZIDRES. Demanda de inconstitucionalidad contra varios apartes de la Ley 1776 de 2016, por la cual se crean y se desarrollas las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social –ZIDRES-. En dos demandas presentadas de manera independiente los actores presentaron cargos fundados en vicios de procedimiento y en vicios materiales o de fondo. En cuanto a los primeros s se adujo simultaneidad de las sesiones adelantadas en la Comisión Quinta y Plenaria de la Cámara de Representantes, omisión de votación nominal y pública de la modificación al título del proyecto de Ley 223/15 y, ausencia de consulta previa. Respecto a los cargos por vicios materiales se alegó el carácter regresivo de la ley en la configuración del régimen de baldíos; violación del derecho de acceso a la propiedad y reserva de ley en materia de adjudicación de baldíos; vulneración de la libertad de asociación y al territorio, trasgresión de los principios de descentralización y autonomía territorial; violación al principio de interés general y libre ejercicio de la potestad legislativa y; infracción del derecho de acceso a la propiedad de los campesinos. La Corte concluyó que la creación legal y la regulación de las Zonas de Interés de desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) no requería de la realización de una consulta previa a las comunidades étnicas. No obstante consideró, que la identificación, delimitación y aprobación de estas zonas debe estar precedida de un proceso de información, concertación y coordinación con los Concejos Municipales de los entes territoriales. Determinó igualmente, que este modelo de desarrollo no desconoce el principio de progresividad de los derechos sociales, ni el derecho de asociación. Sin embargo, decidió declarar INEXEQUIBLES algunas de las medidas adoptadas por la ley 1776 de 2016, por vulnerar el derecho de acceso a la propiedad agraria.
Referencia: Expedientes D- 11275 y D-11276
Actores: Rocío del Pilar Peña Huertas y Otros (D-11275), e Iván Cepeda Castro y Otros (D-11276).
C-078/17
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, quien la preside, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Aquiles Arrieta Gómez, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA. I. ANTECEDENTES. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241.1 de la Constitución Política, el ciudadano Eduin De la Rosa Quessep presentó ante esta Corporación demanda contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 797 de 2003, “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”, por vulnerar los artículos 1º, 2º y 48 de la Carta.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos, en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente. SENTENCIA. I. ANTECEDENTES. 1. Los ciudadanos Miguel Santiago Guevara Araos, Julián Hernando Barragán Pedraza y Pedro Daniel Contreras Jordán instauraron acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la Ley 1482 de 2011 (modificado por el artículo 3º de la Ley 1752 de 2015), “Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones.” El texto de la norma acusada es el siguiente: LEY 1482 DE 2011. (noviembre 30). Diario Oficial No. 48.270 de 1 de diciembre de 2011. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA. DECRETA: […] Artículo 4o. El Código Penal tendrá un artículo 134B del siguiente tenor: Artículo 134B. Hostigamiento. El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor.
Sentencia C-091/17
Referencia: Expediente D-11506
Demandantes: Miguel Santiago Guevara Araos, Julián Hernando Barragán Pedraza y Pedro Daniel Contreras Jordán.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la Ley 1482 de 2011 (modificado por el artículo 3º de la Ley 1752 de 2015), “Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones.”
C-092/17
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto ley 2067 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA. I. ANTECEDENTES. 1.- En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Fredy Hernando Jiménez y Juan Pablo Sierra Zambrano, presentaron ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 83 (parcial) del Decreto Ley 407 de 1994 “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, por considerar que vulnera el artículo 130 de la Constitución. Los actores alegaron que la competencia que la norma otorga a la Junta de Carrera Penitenciaria para administrar y vigilar la carrera penitenciaria en lo relacionado con cursos, concursos y ascensos al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC), desconoce las atribuciones que la Carta le ha dado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) en el artículo130 de la C.P1. Señalan que aunque la Corte Constitucional analizó los fragmentos acusados en la Sentencia C-507 de 1995, se configuró el fenómeno de la cosa juzgada aparente porque no estudió la violación ahora alegada.
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. DEFINICIÓN. RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIÓN PRORROGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 8 (parcial) del Decreto 2090 de 2003, por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. Así mismo, contra el artículo 1º del Decreto 2655 de 2014, por el cual se amplía la vigencia del régimen de pensiones especiales para las actividades de alto riesgo previstas en el Decreto 2090 de 2003. El demandante considera que los preceptos normativos acusados contravienen los artículos 1, 2, 4, 11, 13, 25, 29, 48, 53, 241-5 y 150-10 de la Carta, por cuanto no incluye la aviación civil como actividad sujeta a las reglas pensionales especiales para las actividades de alto riesgo y, restringió la vigencia temporal de este régimen especial. La Corte considera que el límite establecido para tener derecho a pensiones especiales por actividades de alto riesgo no desconoce el Acto Legislativo 1º de 2005, ni tampoco derechos adquiridos o expectativas legítimas, en la medida en que el Constituyente no estableció una vigencia indefinida de dicho régimen especial. La Sala decide INHIBIRSE de emitir pronunciamiento sobre la exequibilidad de los artículos 1 y 2 del Decreto 2090 de 2003, por la ineptitud sustantiva de la demanda. Igualmente, declarar la EXEQUIBILIDAD de los incisos 1 y 3 del artículo 8 ibídem, por los cargos analizados.
C-094/17
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente, SENTENCIA. I. ANTECEDENTES. El ciudadano Luis Alfredo Macías Mesa, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentó demanda contra los artículos 2° (parcial) y 26° (parcial) del Acto Legislativo No. 02 de 2015 “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones” por considerar que su trámite en el Congreso de la República vulneró los principios constitucionales de consecutividad e identidad flexible, contenidos en los artículo 157, 160, 375 de la Carta (primer cargo) y por vulnerar también los principios de igualdad contenido en el artículo 13 superior (segundo Cargo) y violación de la confianza legítima contenida en el artículo 83 de la Carta (tercer cargo)1. Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
Sentencia C-094/17
Referencia: expediente D-11539
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo No. 02 de 2015 “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”.
Actor: Luis Alfredo Macías Mesa
C-095/17
I. ANTECEDENTES. En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Carta Política, el ciudadano Seifar Andrés Arce Arbeláez demanda la inconstitucionalidad del numeral 6º (parcial) del artículo 420 del Código General del Proceso, por la supuesta vulneración del artículo 228 Superior. 1. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA. A continuación se transcribe el texto de la norma, se subraya y resalta en negrilla el aparte demandado: LEY 1564 DE 2012. (julio 12). Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. PROCESO MONITORIO. ARTÍCULO 420. CONTENIDO DE LA DEMANDA. El proceso monitorio se promoverá por medio de demanda que contendrá: 1. La designación del juez a quien se dirige. 2. El nombre y domicilio del demandante y del demandado y, en su caso, de sus representantes y apoderados.
C-096/17
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el artículo 241.5 de la Constitución, una vez cumplidos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente. SENTENCIA. I. ANTECEDENTES. En ejercicio de la Acción Pública consagrada en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, los ciudadanos Inyrida Jaimes Martínez y Hugo Duarte Fonseca demandan la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 91 (parcial) de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Mediante providencia del 19 de julio de 2016, el Magistrado sustanciador dispuso: inadmitir la demanda contra el artículo demandado al constatar que no se reunían los requisitos exigidos por el Decreto 2067 de 1991, en tanto que, el concepto de la violación esgrimido carecía de especificidad y pertinencia en ambos cargos. En esa medida, concedió a los actores el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación del auto, para que procedieran a corregir la demanda.
INCREMENTO DE PENAS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 (parcial) de la Ley 890 de 2014, por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. Para el demandante, la norma que incrementa en forma general los marcos punitivos de todos los tipos penales previstos en la parte especial del Código Penal es contraria al principio de proporcionalidad de las penas, toda vez que para el efecto no mediaron estudios técnicos, jurídicos, estadísticos, cuantitativos y económicos necesarios para presentar alternativas reales, eficientes y profundas, ni criterios valorativos relacionados con la protección de los derechos humanos. Para él, dicho incremento solo ha contribuido a hacer más crítico el problema de hacinamiento carcelario, lo que se traduce en graves violaciones a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de los reclusos, con lo cual se desconocen los límites constitucionales impuestos al legislador a la hora de definir las sanciones y su monto. Para la Corte, el incremento general de las penas en la tercera parte del mínimo y en la mitad del máximo no desconoce el principio de proporcionalidad en abstracto, toda vez que preserva los espacios de maniobra para que el juez pueda aplicar una pena que atienda e incorpore las especificidades del caso concreto. Precisa, que ese incremento obedece a los lineamientos de política criminal trazados en el Acto Legislativo 3 de 2002, dirigidos a fortalecer el sistema de investigación para desvertebrar organizaciones criminales a través de mecanismos de colaboración. La Sala decide ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-193/05 respecto del cargo por violación del principio de Ley Estatutaria y, declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión acusada, por el cargo analizado.
SEMANA SANTA POPAYÁN. SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA Y EL FESTIVAL DE MÚSICA RELIGIOSA DE POPAYÁN. PARTIDAS PRESUPUESTALES. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 4 (parcial) de la Ley 891 de 2004, por la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones. La Corte reitera que las procesiones de semana santa y el festival de música religiosa en Popayán son esencialmente prácticas culturales con arraigo y tradición en la región y en el país. Precisa que válidamente puede ser promovida de diversas formas, entre ellas, con el apoyo del presupuesto público, sin que con ello se vulneren los principios de igualdad y neutralidad religiosa. La Sala Plena dispone ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-567/16 y, en consecuencia, declarar exequible el artículo 4º de la Ley 891/04. Así mismo, declara exequible el artículo 1º. Ibídem.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA. I. ANTECEDENTES: En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Christian Eduardo Castillo Cadena y Sandra Bibiana Jiménez Ojeda formularon demanda de inconstitucionalidad contra la palabra “pobres” contenida en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000, por la supuesta vulneración: (i) del Preámbulo y los artículos 2, 4, 13 constitucionales; y (ii) los artículos 2, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mediante providencia del veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis (2016), el despacho del Magistrado Sustanciador consideró que la demanda formulada contra la expresión “pobres” contenida en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 por supuesta vulneración del Preámbulo y los artículos 2, 4, 13 constitucionales, así como los preceptos 2, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incumplió los requisitos fijados en la ley y la jurisprudencia para estudiar las demandas de inconstitucionalidad. Ello sucedió, porque los censores no desarrollaron el concepto de violación sobre el segmento cuestionado. En realidad, se limitaron a señalar que el aparte demandado establecía una discriminación, conclusión que queda descartada con una simple lectura de enunciado legal atacado. Ante esa situación, se otorgaron tres (3) días hábiles para corregir el escrito introductorio del libelo.
FIESTAS DE SAN PACHO EN QUIBDO. DECLARACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN FRANCISCO EN QUIBDÓ. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º de la Ley 993 de 2005, por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación a las fiestas patronales de San Francisco de Asís, en el municipio de Quibdó, en el Departamento del Chocó y se dictan otras disposiciones. Consideran las demandantes que el precepto legal acusado es contrario a los artículos 1, 7 y 9 de la Constitución al desconocer el principio de neutralidad en materia religiosa, así como los mandatos de diversidad y pluralismo que identifican al Estado colombiano. La Corte determinó que la autorización al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, para contribuir al fomento, protección, conservación, divulgación y financiación de las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el Quibdó, no vulnera los principios de neutralidad, diversidad y pluralismo en que se funda el Estado colombiano. Se declara la EXEQUIBILIDAD de la norma acusada.
CONSEJO NACIONAL DISCIPLINA JUDICIAL. SUPRESIÓN DE LA SALA DISCIPLINARIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015, por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones. La demandante considera que los preceptos objeto de censura sustituyen la Constitución Política de 1991. Puntualmente presenta los siguientes cargos: 1º. Exceso de las facultades del Congreso para reformar la Constitución. 2º. Supuesta creación de un denominado “híbrido inconstitucional” y sustitución de la Carta por afectación de la organización del Estado en cuanto a la estructura de la Rama Judicial y, 3º. Sustitución de la Constitución por afectación a la autonomía e independencia de la Rama Judicial. La Corte decidió ESTARSE A LO RESUELTO tanto en la Sentencia C-373/16, en cuanto a la declaración de exequibilidad del artículo 19 y del inciso primero del artículo 26 del Acto Legislativo 02/15, por el cargo de violación al principio de unidad de materia, y en la Sentencia C-285/16, en relación con los incisos segundo y sexto del artículo 26 ibídem, que fueron declarados inexequibles. La Sala también decidió INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto de los artículos 14, 17, 19 y 26, por los cargos de exceso en el poder de reforma, por la ineptitud sustantiva de la demanda frente a los mismos.
Demandante: Paulina Canosa Suárez
Asunto: Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones.”
C-113/17
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente. SENTENCIA. I. ANTECEDENTES. 1. En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, los ciudadanos Katherine Alejandra Velasco Landazabal y Alexis Parra Rodríguez demandaron el artículo 32 (parcial) de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, por considerar que la expresión “las buenas costumbres” desconoce los artículos 2, 16, 20, 38, 44 y 45 de la Constitución. Mediante auto del dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis (2016) se admitió la acción, y se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Senado de la República; a los Ministerios de Justicia y del Derecho, y de Educación; al Defensor del Pueblo; a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF; a la Directora Ejecutiva de Colombia Diversa; a los Decanos de las facultades de Derecho de las universidades Sergio Arboleda, del Norte, de Antioquia, Externado de Colombia y del Rosario; y, a la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. De igual modo se ordenó correr traslado al Ministerio Público y fijar en lista el proceso para efectos de las intervenciones ciudadanas (artículos 242 y 244 de la C.P. y 7, 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991).
C-114/17
MODIFICACIÓN DEL NOMBRE. POR UNA SOLA VEZ SE PUEDE SUSTITUIR, CORREGIR O ADICIONAR EL NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 (parcial) del Decreto Ley 999 de 1988, subrogatorio del artículo 94 del Decreto Ley 1260 de 1970. Consideran las demandantes que el texto normativo impugnado, según el cual la modificación notarial del nombre mediante el otorgamiento de escritura pública es posible por una vez, constituye una vulneración de las normas constitucionales que reconocen el derecho a la personalidad jurídica y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Corte considera que la disposición demandada persigue un propósito constitucional imperioso, resulta efectivamente conducente para alcanzarlo y puede considerarse necesario. No obstante, concluye que la restricción examinada es desproporcionada en sentido estricto, cuando la modificación del nombre por más de una vez pueda considerarse como urgente desde una perspectiva iusfundamental. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONDA de la expresión “por una sola vez”, en el entendido de que tal restricción no será aplicable en aquellos eventos en que exista una justificación constitucional, clara y suficiente.
Sentencia C-114/17
Expediente: D-11581
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 (parcial) del Decreto Ley 999 de 1988, subrogatorio del artículo 94 del Decreto Ley 1260 de 1970.
FORMALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO. DISEÑO Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO Y CRÉDITO ORIENTADOS A EMPRESAS DEL SECTOR RURAL Y URBANO CREADAS POR JÓVENES MENORES DE 28 AÑOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3, literal a (parcial) de la Ley 1429 de 2010, Ley de Formalización y Generación del Empleo. Consideran las actoras que limitar las medidas de fomento destinadas a la creación de empresa por parte de jóvenes técnicos por competencias laborales, técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, a la población menor de 28 años que reúna dichas condiciones, contraría disposiciones constitucionales y del bloque de constitucionalidad que propenden por la prosperidad general. Indican igualmente que resulta violatorio de los derechos a la igualdad y al trabajo y al principio de progresividad. Concluye la Corte que la focalización de los programas de desarrollo empresarial para jóvenes menores de 28 años constituye una medida razonable que tiene finalidades constitucionalmente legítimas y un instrumento idóneo y adecuado para su consecución. EXEQUIBLE.
TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN. LOS OPERADORES DEBEN GARANTIZAR SIN COSTO ALGUNO A LOS SUSCRIPTORES LA RECEPCIÓN DE CANALES COLOMBIANOS DE TELEVISIÓN ABIERTA. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, por la cual se reforman las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y se dictan otras disposiciones en materia de Televisión. El demandante solicita declarar la exequibilidad condicionada de la norma acusada, de manera que se interprete en el sentido de que “prohíbe a los canales colombianos de televisión abierta condicionar, al pago de una contraprestación económica, su consentimiento para que los operadores de televisión por suscripción retransmitan la señal de televisión abierta”. Como fundamento, planteó la existencia de una interpretación inconstitucional de la disposición acusada por parte de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que considera hace parte del “derecho viviente” y por tanto, susceptible de ser cuestionada por violar la Constitución. La Corte concluye que no es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica planteada, por cuanto la demanda no cumple con el requisito de certeza dispuesto por la jurisprudencia contra una interpretación proferida por una autoridad administrativa, la cual alude al señalamiento de la disposición legal acusada y a cuál es el contenido o “norma” derivada del precepto acusado, que a juicio del actor, se aparta de la normatividad constitucional. En consecuencia, la Sala se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
C-160-17
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO. ADSCRIPCIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Revisión de constitucionalidad del Decreto Ley 2204 de 2016, por el cual se cambia la adscripción de la Agencia de Renovación del Territorio. El referido Decreto fue expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Al revisar la constitucionalidad de la norma objeto de control, la Corte evaluó el cumplimiento de los requisitos de competencia material, conexidad, finalidad y estricta necesidad. La Sala concluyó que los primeros requerimientos se cumplieron, más no el relacionado con el criterio de estricta necesidad que supone comprobar que la vía extraordinaria utilizada tenga efectivamente una justificación estricta por parte del Presidente de la República. Precisó, que la norma no expuso una motivación mínima, real y suficiente acerca de la necesidad del uso de las facultades extraordinarias establecidas en el artículo 1º del Acto 1 de 2016. Es decir, que no indica porqué resultaba necesario utilizar este camino y porqué las vías ordinaria y legislativa extraordinaria no eran idóneas para realizar la modificación de la adscripción de la Agencia de Renovación del Territorio, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. INEXEQUIBLE.
Expediente RDL-001
Asunto: Revisión de constitucionalidad del Decreto Ley 2204 de 2016 “Por el cual se cambia la adscripción de la Agencia de Renovación del Territorio”
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
ZONAS DE RESERVA CAMPESINA. ÁREAS DE UBICACIÓN TEMPORAL EN PROCESO DE PAZ. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3º (parcial) del artículo 1º de la Ley 1779 de 2016 y los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 (parciales) de la ley 160 de 1994. El demandante considera que los preceptos objeto de censura contravienen lo dispuesto en varios artículos de la Constitución Política, toda vez que el Gobierno Nacional se atribuye la facultad de ubicar las zonas temporales de los miembros de organizaciones al margen de la ley en cualquier parte del territorio nacional, desconociendo que dichas facultades constitucionales son exclusivas de los Concejos Municipales, en virtud de la descentralización y autonomía prevista por el Constituyente para las entidades territoriales. La Corte se INHIBE de emitir un fallo de mérito, debido a la carencia de certeza y suficiencia de los cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra la regulación de la ubicación de los voceros e integrantes de grupos armados al margen de la ley en un proceso de paz y aquellas relativas al procedimiento para la regulación de las zonas de reserva campesina y procesos de colonización
PLANTA GLOBALIZADA PROCURADURÍA. ATRIBUCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL PARA DISTRIBUIR LOS CARGOS DE PROCURADOR JUDICIAL, ASESOR Y SUSTANCIADOR DE ESTA PLANTA. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 (parciales) del Decreto Ley 2247 de 2011, por el cual se modifica la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación. El demandante aduce que las disposiciones normativas acusadas vulneran el artículo 150, numerales 7 y 10, de la Constitución Política, porque la norma habilitante no le otorgó competencia al Presidente de la República para alterar de forma definitiva la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, ni para adscribir los cargos a la planta de personal globalizada y tampoco, para permitir su distribución de acuerdo con la estructura interna de la entidad. Precisó, que las facultades sólo permitían una modificación temporal durante el tiempo que funcione la justicia transicional, esto es, los diez años de vigencia de la Ley 1448 de 2011. La Corte declara INEXEQUIBLE la expresión “de carácter permanente” del artículo 1º del Decreto 2247 de 2011 y la sustituye por la frase “por 10 años, sin perjuicio de lo que pueda determinar el legislador”. Igualmente, declara EXEQUIBLES las expresiones “la planta de personal globalizada” y “estructura interna de la entidad”, contenidas en el artículo 2º ibídem
Magistrada ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. DE LAS LEYES, ACTOS LEGISLATIVOS Y DECRETOS-LEYES EXPEDIDOS POR VÍA RÁPIDA Y FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONFERIDAS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2016 Revisión de constitucionalidad del Decreto-Ley 121 de 2017, por el cual se adiciona un capítulo transitorio del Decreto 2067 de 1991. Se concluye que, el procedimiento especial establecido por el Presidente de la República para que la Corte ejerza el control de constitucionalidad de las leyes, actos legislativos y decretos leyes expedidos para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se ajusta a la Constitución, salvo en lo concerniente al término del que dispone la Sala Plena de la Corporación para decidir sobre la constitucionalidad de estas normas. Se declara EXEQUIBLE, por su aspecto procedimental, el Decreto Ley 121 de 2017. Igualmente se declaran EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 4 y ultimo del Capítulo X transitorio del Decreto 2067 de 1991, en los términos en que fue adicionado por el Decreto Ley en mención. También se declara EXEQUIBLE el artículo 3º. Del Capítulo X del Decreto 2067 de 1991, en los términos en que fue adicionado por el Decreto Ley 121 de 2017, salvo la expresión “equivalente al tiempo que faltare para que se cumplan dos (2) meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto sometido a control”, contenida en el numeral 8º de dicho precepto, y su parágrafo, que se declaran INEXEQUIBLES
MOVILIDAD EN LAS CIUDADES. REGLAMENTACIÓN DE LA MODALIDAD INDIVIDUAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LUJO DE PASAJEROS. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 6º (parcial) del artículo 32 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, todos por un nuevo país. El actor considera que los fragmentos acusados contravienen los artículos 13, 24, 25, 47, 189-11, 333 (incisos 1y 4) y 334 de la Constitución. La Corte concluye que los cargos formulados carecen de la certeza, especificidad y suficiencia requeridas para abordar un estudio de fondo y proferir un fallo de mérito sobre la presunta omisión legislativa relativa en la que habría incurrido el Legislador al ordenar al Gobierno la reglamentación del servicio de lujo dentro de la modalidad individual de pasajeros. La Sala se declara INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
DISPOSICION TESTAMENTARIA SIN VALIDEZ. A FAVOR DE SIRVIENTES ASALARIADOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1119 de la Ley 57 de 1887, sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional. Para las demandantes la expresión “sirvientes asalariados” contenida en la disposición acusada, resulta contraria a los principios de dignidad humana y a la prohibición de discriminación sobre los cuales se funda el Estado Social de Derecho. La Corte considera que la frase impugnada, la cual se utiliza con el fin de denominar una relación de subordinación laboral entre el notario y sus trabajadores, interfiere abiertamente con el principio de dignidad humana y prohibición de discriminación consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. Se concluye, que no es constitucionalmente admisible mantener la expresión sirvientes en una norma del Código Civil, para denominar a los trabajadores dentro de una relación laboral. INEXEQUIBLE.
C-192-17
Referencia: Expediente D-11695
Actores: Sebastián Enrique Maldonado Goyeneche y Dary Liliana Becerra Martínez
INGRESO A INMUEBLE SIN ORDEN ESCRITA. EVENTOS EN LOS QUE LA POLICÍA PUEDE PENETRAR EN LOS DOMICILIOS SIN ESA ORDEN. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 163 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Los demandantes consideran que la norma acusada al permitir a la Policía penetrar en domicilios, sin que sea necesario un mandamiento judicial escrito y previo, en las hipótesis allí consagradas, desconoce el artículo 28 de la Constitución Política relativo a la reserva judicial en la materia. También alegan trasgresión del artículo 32 Superior, que sólo excepciona el requisito de orden judicial cuando se trate de capturar a una persona en estado de flagrancia. Así mismo, del 250 de la Carta que exige de la Fiscalía el cumplimiento de deberes previos, y en algunos casos posteriores, frente al juez con función de control de garantías para la adopción de medidas tales como la privación de la libertad, los registros y los allanamientos. La Corte declara EXEQUIBLES el enunciado y los numerales 1 al 6 del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos examinados. Igualmente, declara EXEQUIBLE CONDICIONADO los apartes demandados del parágrafo 1 del artículo 163 ibídem, en el entendido de que el cumplimiento de las garantías allí previstas no excluye la realización de un control judicial posterior de la actuación policial. Por último, la Corte Exhortó al Congreso de la República para que en un término no superior al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, antes del 20 de junio de 2019, expida una ley que defina: a). la jurisdicción y el juez competente para realizar el control posterior y rogado del acceso al domicilio sin orden judicial previa por parte de autoridades administrativas, los términos y condiciones para solicitarlo y para su realización. b). los aspectos procesales del control y c). los poderes del juez en la materia. Precisa, que en el caso en el que al vencimiento del plazo previsto dicha ley no haya sido promulgada, el control judicial del acceso al domicilio sin orden judicial previa deberá ser realizado, previa solicitud del interesado, por el juez de control de garantías.
C-213/17 RECURSO DE CASACIÓN. CUANTÍA PARA RECURRIR. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 338 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Los demandantes aducen que la norma cuestionada desconoce los artículos 2, 13, 89, 229 y 235 de la Constitución, al fijar como decisión de procedencia del recurso de casación, cuando las pretensiones son esencialmente económicas, que el valor actual de la resolución desfavorable del recurrente sea superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Corte considera que la casación no constituye un recurso que tenga por objeto la activación de una instancia, sino que se trata de un medio extraordinario de impugnación al que históricamente y también en la actualidad, se anudan objetivos de importancia constitucional. De ahí, que no sea posible considerar contrarias a la Carta aquellas medidas que, sin anular la configuración básica del recurso, pretendan optimizar la realización de sus diferentes fines. EXEQUIBLE.
LEY 1794 DE 2016. APROBATORIA DEL ACUERDO MARCO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA, RELATIVO A LAS CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. La Corte recuerda que el control de constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias se caracteriza por ser 1º. Previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción Presidencial. 2º. Automático, pues debe ser enviado a la Corte Constitucional por el Presidente de la República, dentro de los 6 días siguientes a la sanción gubernamental. 3º. Integral, puesto que el análisis de constitucionalidad se realiza sobre aspectos formales y materiales de la ley y el tratado. 4º. Tiene fuerza de cosa juzgada absoluta. 5º. Es un requisito sine qua non para la ratificación del Acuerdo; y 6º. Tiene una función preventiva, en tanto que su finalidad es garantizar la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano. Luego de verificar que se cumplieron las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las diferente fases de revisión, se declara la EXEQUIBILIDAD tanto de la Ley 1794 de 2016, como del Acuerdo Internacional por ella aprobado.
Referencia: D-11799
Actores: Rhonald Saavedra Martínez y Yeimy Alejandra Sandoval Veloza
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 1637 (parcial) del Código Civil Colombiano
INFRACCIONES AMBIENTALES PREVISTAS EN ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS DE AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. El actor considera que el segmento normativo acusado contraviene el artículo 29 de la Constitución, al dejar de manera abierta en manos de los actos administrativos de la autoridad ambiental, la facultad de crear infracciones administrativas. En su criterio, esta es una competencia que solo corresponde al legislador y, por tanto, resulta contraria a los principios de legalidad y tipicidad, al igual que a la reserva de ley. La Corte considera que la expresión “y los actos administrativos de la autoridad ambiental competente” no desconoce el artículo 29 Superior y, por tanto, la declara EXEQUIBLE.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5° (parcial) de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”
Magistrado Ponente: IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO.
ZONAS DE INTERÉS RURAL, ZIDRES. ESTÍMULOS E INCENTIVOS EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LOS PROFESIONALES CON MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ÁREAS AFINES AL SECTOR AGROPECUARIO Y AGRÍCOLA, Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 4 (parcial) del artículo 7 de la Ley 1776 de 2016, por la cual se crean y desarrollan las zonas de interés rural, económico y social Zidres. Las demandantes sostienen que el apartado normativo acusado vulnera el principio-derecho a la igualdad, al permitir que sólo los profesionales con maestría y doctorado de áreas afines al sector agropecuario y agrario accedan a los incentivos y estímulos creados para los proyectos productivos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en desarrollo de las Zidres. También alegan que el trato diferenciado que establece la norma no está justificado y que no tiene en cuenta que los profesionales en áreas agropecuarias y agrícolas tienen las habilidades suficientes para desarrollar proyectos productivos, y por tanto para acceder a los incentivos previstos en la referida norma. La Corte constató que la disposición impugnada tiene como finalidad la vinculación de los profesionales de los más altos niveles de formación académica a los proyectos productivos, pero en especial a los proyectos de innovación y desarrollo que se pretenden implementar en los territorios Zidres. Por lo tanto consideró que la medida lejos de generar una problemática constitucional por exigir títulos de idoneidad a ciertos profesionales, desarrolla integralmente varios fines constitucionalmente valiosos y que hacen parte de la esfera de competencia del legislador. Concluyó, que través de la vinculación de profesionales altamente calificados, la norma pretende fortalecer el sector agrícola a través del fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación agraria, sin excluir la posibilidad de que los profesionales sin título de maestría o doctorado presenten proyectos productivos, o de investigación y desarrollo, debido a que el artículo 3º de la Ley 1776 de 2016 habilita a las personas naturales, para el efecto. Consecuentemente con lo anterior, se declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión demandada.
CAUSAL DE LIBERTAD. COMO CONSECUENCIA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 (parcial) de la Ley 1786 de 2016, por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015. Los actores consideran que la norma acusada incurre en una omisión legislativa relativa que contraviene los artículos 13, 29 y 228 de la Constitución Política. Aducen, que de acuerdo con dicho numeral, si iniciado el juicio oral han transcurrido 150 días sin que se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente, el acusado bajo detención preventiva debe ser puesto en libertad. Consideran, que la disposición omite hacer mención a los acusados, también privados de la libertad y amparados por la presunción de inocencia, que aguardan la decisión de segunda instancia. En su criterio, esta exclusión genera un trato desigualitario y violatorio del derecho a la libertad y al debido proceso sin dilaciones injustificadas. La Corte considera que el legislador no incurrió en omisión alguna y por ello declara la EXEQUIBILIDAD de la norma demandada.
INFRACCIONES AMBIENTALES. EN PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON COMPORTAMIENTOS QUE AFECTEN EL AMBIENTE, EL PATRIMONIO ECOLÓGICO Y LA SALUD PÚBLICA, SE PRESUME LA CULPA O EL DOLO DEL INFRACTOR. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Los demandantes alegan que las presunciones de dolo y culpa contempladas en la norma cuestionada desconocen los artículos 29 y 83 de la Constitución, los cuales contemplan que se presume la inocencia en toda actuación judicial y administrativa, al igual que la buena fe de los particulares en las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas. La Sala Plena considera que la norma bajo examen no genera una afectación desproporcionada al beneficio obtenido. A su juicio, la presunción de dolo y culpa que se analiza, la cual resulta de la lógica y la experiencia, tiene naturaleza iuris tantum. Es decir, que se trata de un traslado de la carga probatoria que no limita las posibilidades de defensa del investigado, quien dispone de libertad probatoria para demostrar que en la realización del acto imputado, actuó con ausencia de culpabilidad. Se trata de una medida proporcionada ya que requiere la previa demostración, por parte de la entidad pública, de la tipicidad e imputabilidad del comportamiento, respecto de la persona investigada. Con esta distribución razonable de las cargas probatorias, el legislador otorga a las autoridades administrativas correspondientes un instrumento adecuado para la protección de intereses superiores vinculados con el orden público, necesario para la convivencia pacífica, tales como el medio ambiente y la salud pública. Se declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 220 de la Ley 1801/2016, salvo la expresión “a quién le corresponda probar que no está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente”, que se declara inexequible.
CIRUGÍA ESTÉTICA. PROHIBICIÓN PARA LOS MENORES DE EDAD Y DE PUBLICIDAD DE ESTOS PROCEDIMIENTOS CON MODELOS MENORES DE EDAD Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 5 (parcial) de la Ley 1799 de 2016. El actor considera que la prohibición de realizar procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos en niños, niñas y adolescentes, inclusive con el consentimiento de los padres, viola sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, como consecuencia de limitar su capacidad y desconocer el ejercicio de su autodeterminación, especialmente de los púberes, para construir su identidad y tomar decisiones acerca de su aspecto. Respecto al artículo 5º demandado, aduce que el legislador introdujo unas prohibiciones injustificadas para que los púberes puedan ejercer su derecho fundamental al trabajo, que no tiene sustento constitucional y legal, puesto que son diferentes a las exigidas en el artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia. La Corte declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONDA del artículo 3° de la Ley 1799/16, en el entendido de que la prohibición allí prevista no se aplica a los adolescentes mayores de 14 años que tengan la capacidad evolutiva para participar con quienes tienen la patria potestad, en la decisión acerca de los riesgos que se asumen con ese tipo de procedimientos y en cumplimiento del consentimiento informado y cualificado. El condicionamiento respondió a que la Sala Plena consideró que la norma violaba el derecho de las niñas, niños y adolescentes entre los 14 y 18 años, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, alno permitir que, de acuerdo con sus capacidades evolutivas, participarán con sus padres en decisiones que atañen su identidad personal, su cuerpo y su salud. Respecto a los incisos 2º y 3º del artículo 5º ibídem, la Corporación decidió declararlos EXEQUIBLES, por considerar que, aunque la medida genera una distinción en un grupo comparable, los niños entre 15 y 18 años que trabajan como modelos de campañas estéticas y los que tienen empleos diferentes, la restricción publicitaria es razonable, pues busca dos fines que no solo no están prohibidos, sino que son constitucionalmente imperiosos, los cuales son, desincentivar una práctica que puede poner la salud de los menores de edad bajo un riesgo innecesario y, eliminar estereotipos de género negativos acerca de la belleza. Adicionalmente, por tratarse de una medida que es adecuada a sus finalidades.
Sentencia C-246/17
Referencia: Expediente D-11620
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículo 3º y 5º (parcial) de la Ley 1799 de 2016
Demandante: Efraín Armando López Amarís
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017).
DESIGNACION DE HIJOS LEGÍTIMOS COMPRENDE A LOS HIJOS NACIDOS DE LEGÍTIMO MATRIMONIO Y A LOS HIJOS LEGITIMADOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 246 (parcial) del Código Civil. Consideran los demandantes que los preceptos acusados vulneran lo dispuesto en los artículos 13, 15, 16, 42 y 44 de la Constitución Política, por cuanto el legislador creó clases de hijos en razón de su origen, lo cual es contrario a las disposiciones constitucionales que definen la igualdad entre éstos. La Corte decidió declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
C-248/17
C-253/17
FONDO NACIONAL DE REGALÍAS EN LIQUIDACIÓN. DISPOSICIÓN DE SALDOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRIGIDOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ. Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 248 de 2017, por el cual se dictan disposiciones sobre el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En relación con los requisitos formales para la expedición del Decreto Ley analizado, consideró la Corte que los mismos se cumplieron a cabalidad. Respecto al cumplimiento de los límites materiales, esto es, la conexidad objetiva y suficiente, el juicio de finalidad y el requisito de necesidad estricta entre el contenido de la disposición revisada y el Acuerdo Final, encontró la Sala que el Decreto Ley tiene dos contenidos esenciales que merecían ser analizados de manera independiente. El primero, que dispone la utilización de los saldos del portafolio del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación –FNR-L-, para la financiación de proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final, los cuales serán ejecutados por las autoridades competentes y con respeto de las normas presupuestales vigentes. El segundo, que tiene por objeto establecer un mecanismo de amortización para el pago de las obligaciones que tienen las entidades territoriales con el FNR-L, consistente en que los excedentes que tengan dichos entes con el FONPET, es decir, aquellos excedentes del pasivo pensional, pasen automáticamente al portafolio del FNR-L, hasta la totalidad del valor de la obligación que informe dicho Fondo, con el fin de nutrir de recursos el portafolio del que provendrá la financiación de proyectos para la implementación del Acuerdo. Para la Corporación el primer contenido es compatible con la Carta, lo que no sucede con el segundo, en tanto no supera el requisito de necesidad estricta, particularmente en lo que concierne a la imperiosa necesidad de acudir a la vía extraordinaria para desarrollar normativamente lo atinente al medio de consecución de recursos para la implementación del Acuerdo, máxime cuando la norma conlleva la injerencia indebida de la autonomía de los entes territoriales. Se declaran EXEQUIBLES el inciso primero del artículo 1º y el artículo 2º del Decreto Ley 248 de 2017 e INEXEQUIBLES los incisos segundo y tercero, así como el parágrafo del artículo 1º. Ibídem.
Sentencia C-253/17
Expediente: RDL-004
Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 248 del 14 de febrero de 2017 “por el cual se dictan disposiciones sobre el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017)
INFRACCIÓN AMBIENTAL. INHABILITACIÓN DE BIENES EMPLEADOS PARA ACTIVIDADES ILÍCITAS QUE ATENTEN CONTRA LOS RECURSOS NATURALES. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 191 de la Ley 1801 de 2016, por medio de la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. El demandante considera que la norma acusada prevé una excepción al régimen de responsabilidad estatal. Aduce, que esa excepción a la posibilidad de imputar daños antijurídicos al Estado, cuando éstos sean causados por la facultad de inutilizar bienes que se usen en actividades ilícitas en contra del ambiente, desconoce que en muchos casos los agentes de policía pueden incurrir en actuaciones que generan cargas que no son soportables por los ciudadanos. Por ello, considera que limitar la posibilidad de buscar una reparación por tales daños, contraviene abiertamente el artículo 90 Superior. La Corte considera que la excepción consagrada en la norma demanda presenta un problema de compatibilidad con el artículo 90 de la Constitución, pues con ella el Legislador limita la cláusula general de responsabilidad y los derechos de los ciudadanos derivados de ella. Es decir, que con ella se impide “ex ante” a las personas reclamar por la eventual causación de daños antijurídicos ante la jurisdicción contenciosa administrativa y exponer ante la autoridad competente los motivos por los cuales se piensa que el daño causado debe o no ser indemnizado. INEXEQUIBLE.
PLEBISCITO ACUERDO FINAL DE PAZ. CONVOCATORIA, REGLAS PARA SU EJECUCIÓN Y TEXTO DE LA PREGUNTA QUE SE SOMETE A VOTACIÓN. Demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 1391 de 2016, por el cual se convoca a un plebiscito y se dictan otras disposiciones. En tres demandas se alega la existencia de vicios o irregularidades en el procedimiento que llevó a convocatoria y realización del plebiscito especial para la paz. Coinciden los actores en hacer un conjunto de cuestionamientos a la pregunta formulada por el Presidente de la República al pueblo, y presentan además otros argumentos sobre la posible existencia de vicios en el procedimiento de convocatoria y realización del mecanismo de participación. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD del Decreto cuestionado, pero hace una advertencia al Gobierno Nacional en cabeza de la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Cultura, sobre la necesidad de mantener canales de comunicación permanentes con los pueblos étnicamente diferenciados y las personas en situación de discapacidad del país, con miras a asegurar su participación en la etapa de implementación de los acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Far-EP.
HABITANTES DE LA CALLE. ATENCIÓN EN CENTROS ESPECIALES PARA PERSONAS CON ADICCIÓN A LOS PSICOTRÓPICOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3º. Del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. La demandante considera que la disposición cuestionada quebranta los artículos 1, 13, 28 y 29 de la Constitución Política, por cuanto contiene una norma que discrimina a un grupo poblacional, este es el conformado por habitantes de calle, con fundamento en estereotipos. Igualmente, porque prevé una restricción al ejercicio de los derechos a la libertad y al debido proceso, en tanto dicho traslado no está acompañado de garantías de control previo y/o posterior a la actuación de la Policía. La Sala Plena encontró acreditada la configuración de la cosa juzgada formal y absoluta, toda vez que el parágrafo demandado fue declarado inexequible mediante decisión previa de la Corporación. En consecuencia, dispuso ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-281/17.
C-332-17
IMPLEMENTACIÓN ACUERDO PAZ. INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO. Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 de 2016, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Los demandantes consideran que el Acto Legislativo acusado sustituye la Constitución Política, amenaza gravemente el equilibrio de poderes, doblega el principio del control constitucional y va en contra del principio de la rigidez constitucional. La Corte concluyó que los literales h) y j) del Acto Legislativo 1 de 2016 sustituyen la Constitución, en la medida en que desvirtúan las competencias de deliberación y de eficacia del voto de los congresistas, las cuales conforman el núcleo esencial de la función legislativa. Precisa, que estas enmiendas a la Constitución también implican un desbalance en el equilibrio e independencia entre los poderes públicos a favor del ejecutivo y en desmedro de las prerrogativas propias del Congreso en una democracia constitucional. Sostiene, que el legislativo debe conservar su competencia para introducir modificaciones a las propuestas del ejecutivo, incluso sin contar con aval gubernamental, así como para decidir si somete o no a discusión el articulado u opta por la votación en bloque de esas mismas iniciativas. Con todo, en cada una de estas actividades debe cumplirse con las reglas y principios que guían el trabajo legislativo, así como con el requisito de conexidad entre los contenidos del Acuerdo y las normas jurídicas que se deriven del proceso de implementación. La Sala Plena decidió INHIBIRSE de emitir pronunciamiento sobre el literal k) del artículo 1º, el artículo 3º y el artículo 5º del mencionado Acto, por la ineptitud de la demanda. Igual decisión adoptó respecto del artículo 4º ibídem. Así mismo resolvió, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-699/16 en relación con los cargos dirigidos contra el literal f) del artículo 1º y contra el artículo 2º del pluricitado Acto Legislativo. Por último, declaró la INEXEQUIBILIDAD de los literales h) y j) del artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2016.
Referencia: Expediente D-11.653
Asunto: Acción pública de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo No. 01 de 2016, “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Demandantes: Iván Duque Márquez y otros
Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ESTE TIPO DE CONTRATO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO, CUANDO SE TRATA DE PROYECTOS QUE REQUIEREN DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 (parcial) de la Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones. Igualmente, contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan de Nacional de Desarrollo 2014, todos por un nuevo país. El demandante considera que las expresiones acusadas vulneran los artículos 287, 298, 303, 305-2, 314 y 315 de la Constitución, todos ellos referentes a diferentes garantías constitucionales que integran la autonomía de las entidades territoriales. La Corte considera que la previsión legal que prohíbe la celebración de contratos de Asociación Público Privada (APP) en el último año de gobierno del mandatario local, no vulnera las normas constitucionales que establecen la autonomía de las entidades territoriales para gobernarse por sus autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan y gestionar sus propios asuntos. Igualmente considera, que el precepto normativo que determina que los gobiernos locales que suscriban contratos de APP no pueden retribuir al inversionista privado con derechos reales sobre inmuebles de propiedad de la entidad territorial, que no se requieran para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el proyecto, desconoce el derecho que tienen las entidades territoriales de administrar sus recursos, previsto en el artículo 287-3 de la Constitución. En consecuencia, declara la EXEQUIBILIDAD del numeral 6º del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012 y la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “del orden nacional” contenida en el parágrafo 4º del artículo 37 de la Ley 1753 de 2015.
PRESCRIPCIÓN. EL JUEZ NO PUEDE DECLARARLA DE OFICIO, SINO QUE DEBE SER ALEGADA Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 2513 del Código Civil y el artículo 282 (parcial) del Código General del Proceso. A juicio de la entidad demandante las disposiciones acusadas trasgreden el preámbulo y los artículos 1, 2, 48 y 229 de la Constitución, en cuanto no autorizan al juez para declarar oficiosamente la excepción de prescripción. La Corporación considera que la demandante no cumplió con el requisito de claridad, a lo que se sumó la ausencia de pertinencia en la construcción de la censura, pues la jurisdicción constitucional no es la sede para resolver contingencias procesales originadas en la eventual negligencia o dolo de los apoderados de las entidades estatales. Respecto al cargo por violación al principio de la tutela judicial efectiva concluye la Sala Plena, que también se evidencia la carencia de aptitud por incumplimiento de los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia. La Corte se INHIBE de emitir pronunciamiento alguno, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
JUECES DE PAZ. NI PUEDE POSTULARSE NI SER ELEGIDO JUEZ DE PAZ QUIEN HAYA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN ACUSATORIA POR CUALQUIER DELITO QUE ATENTE CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O LA JUSTICIA Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 15 de la Ley 497 de 1999, por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento. Consideran los demandantes que la inhabilidad cuestionada desconoce la presunción de inocencia como elemento integrante del debido proceso, ya que toma como referente la resolución de la acusación a pesar de que se trata de un acto del proceso penal en el que no se ha establecido la responsabilidad del sujeto. Luego de comprobar que en el presente caso operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional absoluta, en virtud de la emisión de una providencia previa de la Corporación mediante la cual se resolvió declarar inexequible la misma disposición atacada en esta oportunidad, la Sala Plena decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-176/17.
TRASLADO POR PROTECCIÓN. POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA DE PERSONAS COMPROMETIDAS EN RIÑAS, COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS O ACTIVIDADES PELIGROSAS. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. La demandante aduce que la norma cuestionada vulnera los artículos 24 y 28 de la Constitución Política, porque le otorga facultades excesivas a los agentes de policía para que ordenen el traslado de protección de una persona que está involucrada en una riña o que ha desplegado un trato agresivo o temerario. Tras verificar la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal, en virtud de la expedición de providencia previa que declaró la inexequibilidad de la misma norma ahora cuestionada, la Sala Plena de la Corporación decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-281/17.
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