Source: http://espanito.com/voto-razonado-del-juez-ventura-robles.html
Timestamp: 2018-02-19 15:51:07
Document Index: 182262477

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 1']

Voto Razonado del Juez Ventura Robles
1. He concurrido con mucha satisfacción con mi voto a la aprobación de la presente sentencia, por unanimidad, en el caso relativo a la Comunidad indígena Sawhoyomaxa vs Paraguay, porque se produjo un cambio sustancial de criterio en la mayoría de la Corte, que en un caso idéntico, el de la Comunidad indígena Yakye Axa vs Paraguay, no declararon violado el artículo 4.1 de la Convención en perjuicio de los miembros de dicha Comunidad que fallecieron como consecuencia de las condiciones de vida a las que estaban sometidos, lo que si hicieron en el presente caso al declararse violado el artículo 4.1 (Derecho a la vida), en relación con los artículos 1.1 (Obligación de respetar los derechos) y 19 (Derechos del niño), todos ellos de la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio de las víctimas fallecidas.
2. Es significativo este cambio de criterio de la Corte ya que se trata de dos casos idénticos. Lo único que diferencia el caso de la Comunidad Yakye Axa al de la Comunidad Sawhoyamaxa es el nombre de las víctimas, ya que todo lo demás es igual. Dos comunidades indígenas, los Yakye Axa y los Sawhoyamaxa, que demandan al mismo Estado Paraguayo la devolución de sus tierras ancestrales; ambas comunidades indígenas se originaron al separarse de una rama común: los Chanawatsan; ambas comunidades se encuentran ubicadas en la ruta que une a Pozo Colorado con Concepción, en el Departamento del Presidente Hayes; ambas comunidades fueron declaradas en estado de emergencia mediante el Decreto Ejecutivo numero 3789/99 de fecha 23 de junio de 1999 como consecuencia de las precarias condiciones de vida que han soportado y que siguen soportando, cuya consecuencia ha sido, entre otras, la pérdida de vidas humanas, especialmente de niños.
3. El no reconocimiento de la responsabilidad objetiva del Estado, cómo razón suficiente para declararlo responsable por la muerte de diez seres humanos en el caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay por parte de la mayoría de los jueces de la Corte Interamericana, produjo que el Juez Cançado Trindade y el suscrito emitiéramos un voto disidente conjunto responsabilizando al Estado por la violación del artículo 4.1 de la Convención Americana. Lo mismo hizo en otro voto disidente el Juez Abreu Burelli.
4. En ese caso, la mayoría de los jueces de la Corte no encontró que existiera un nexo causal que permitiera imputar al Estado paraguayo la muerte de diez miembros, en su mayoría niños, de la comunidad indígena de Yakye Axa, cuando dicho nexo de causalidad solamente se podía encontrar en las pobres condiciones de vida atribuibles al Estado, al no resolver prontamente el reclamo de la Comunidad Yakye Axa de su tierra ancestral, y al no atender con eficiencia el abastecimiento de agua, alimento y medicina a dicha Comunidad, de acuerdo a lo ordenado por el Decreto No. 3789 que la declaró en emergencia.
5. En dicho caso, la carga de la prueba debió de haberse revertido y el Estado probar que no le cabía responsabilidad por la muerte de esas personas, estableciendo otro nexo de causalidad, con otras causas específicas que lo eximieran de toda responsabilidad.
6. Esta tesis, de la necesidad de la reversión de la prueba para exonerar al Estado de responsabilidad, fue tímidamente señalada por la Corte en el presente caso en el párrafo 176 de su sentencia:
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que los hechos narrados en los párrafos anteriores, que no fueron controvertidos específicamente por el Estado, y sobre los cuales no presentó ninguna prueba concreta en contrario, confirman lo señalado por el perito Balmaceda en el sentido de que “los pocos [enfermos de la Comunidad] que pudieron llegar hasta un profesional médico o un centro asistencia lo hicieron en forma tardía o fueron tratados muy deficientemente o mejor dicho en forma denigrante para la condición humana”. Por ello, el Tribunal considera que tales muertes son atribuibles al Estado.
7. La misma situación del caso Yakye Axa se ha presentado en el caso de la Comunidad Sawhoyomaxa. La no devolución de las tierras ancestrales oportunamente, la no entrega a la comunidad de agua, alimentos y medicinas por parte del Estado, y la falta de atención médica oportuna e integral ha ocasionado en este caso la muerte de las siguientes personas (párr. 178): NN Galarza, Rosana López, Eduardo Cáceres, Eulalio Cáceres, Esteban González Aponte, NN González Aponte, NN Yegros, Jenny Toledo, Guido Ruiz Díaz, NN González, Luis Torres Chávez, Diego Andrés Ayala, Francisca Brítez, Silvia Adela Chávez, Esteban Jorge Alvarenga, Arnaldo Galarza y Fátima Galarza.
8. Si se analiza los casos particulares de cada una de estas muertes, encontramos que las enfermedades de Rosana López, Esteban González, NN Yegros, Guido Ruiz Díaz, Luis Torres Chávez, Francisca Brítez y Diego Andrés Ayala no fueron tratadas (párr. 172). Tales personas simplemente fallecieron en la Comunidad. El Estado no ha presentado ninguna evidencia que demuestre lo contrario, pese a los requerimientos del Tribunal (párrs. 55 y 57). Consecuentemente, dichas muertes debieron ser atribuidas a la falta de prevención adecuada y adopción de suficientes medidas positivas por parte del Estado, el que estaba al tanto de la situación de la Comunidad y era razonable esperar que actuara.
9. Asimismo, a pesar de la extrema pobreza algunas personas acudieron a centros de salud y recibieron cierto tipo de atención médica, pero ésta fue insuficiente, a destiempo o no integral. Los recién nacidos NN Galarza y NN González, ambos enfermos de tétano, fueron dados de alta por sus respectivos tratantes, ya que “nada se podía hacer” por ellos. Fallecieron en la Comunidad “con la rigidez característica de los enfermos de tétano”. Los hermanos Eduardo y Eulalio Cáceres perecieron de pulmonía. El primero de ellos fue internado en el hospital de Concepción, pero no recibió medicamentos porque “la madre no pudo comprar[los]”. Falleció en el hospital a los ocho días de internado. Luego de la muerte de Eduardo, “le piden a la madre que retire a Eulalio si no va a comprar los medicamentos y expiden el alta hospitalario”. Seis días después Eulalio pereció en la Comunidad. La niñas González Aponte y Jenny Toledo fueron dadas de alta del centro médico en el que se encontraban, “sin mucha mejoría”, la primera, y “sin ninguna medicación”, la segunda. La niña González Aponte falleció 8 días después de enterocolitis/deshidratación, mientras que Jenny, quien aparentemente estaba en buenas condiciones, recayó en la enfermedad y “no hubo oportunidad de llevarla nuevamente” al hospital. Murió de deshidratación. El recién nacido Esteban Jorge Alvarenga, quien sufría de disnea e insuficiencia respiratoria, pudo ser llevado al hospital de Concepción, pero no fue hospitalizado. La tratante entregó una receta médica, “que por los escasos recursos de la madre fue imposible que los adquiriera, falleciendo unos días después”. La recién nacida Silvia Adela Chávez fue atendida por una “comitiva médica” que no le proporcionó medicamentos y recomendó a la madre que los fuese a buscar en un “Registro Sanitario”. Un mes después la niña falleció. La madre de los hermanos Arnaldo y Fátima Galarza, señora Belén Galarza, tuvo hemorragia post-parto por más de quince días, por lo que fue internada en un hospital junto con Arnaldo y Fátima, quienes presentaban “un cuadro de desnutrición”, pues no habían ingerido alimento “por lo menos una semana”. Arnaldo nunca recuperó sus fuerzas y falleció. Fátima, aún cuando mostró cierta mejoría, falleció un mes después que su hermano.
10. La razón, o las razones para determinar la responsabilidad internacional del Estado en el caso de la Comunidad Sawhoyomaxa se encuentra explícitamente señalada por la propia Corte en el caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (caso de los “Niños de la Calle” Sentencia sobre el fondo, 19 de noviembre de 1999, párr. 144), citado en el voto conjunto que di con el Juez Cançado Trindade en el Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, y que cito a continuación:
El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.
11. Esa interpretación del derecho a la vida, consagrada por el artículo 4 de la Convención Americana, que la Corte dio en el famoso caso de los “Niños de la Calle”, no era restrictivo, como sí lo fue en el caso Yakye Axa. Nunca deben darse interpretaciones restrictivas del derecho a la vida, ya que, tal como lo ha dicho la Corte en otros casos1, es el derecho básico y fundamental, sin el cual no se puede gozar de los demás derechos que protege la Convención Americana. La falta, por parte del Estado de no tomar medidas positivas para garantizar la vida de los miembros de la Comunidad Sawhoyomaxa origina, en mi criterio, una violación del artículo 4.1 y 1.1 de la Convención. En otras palabras, la falta de debida diligencia del Estado para evitar que se dieran las condiciones de carencia de tierra, agua, alimentos y medicinas, así como la inadecuada o inexistente atención médica, que produjeron las muertes, causa en este caso que se produzca la responsabilidad internacional del Estado, y puede atribuírsele las muertes de los miembros de la Comunidad Sawhoyomaxa.
12. El dictamen pericial del Doctor Pablo Balmaceda que fue presentado al Tribunal mediante declaración rendida ante fedatario público (affidávit), es más que elocuente:
Para empezar debemos dejar claro que la [C]omunidad no cuenta con fuente de agua potable. La fuente de agua de mayor fiabilidad puede ser las aguas recogidas durante las lluvias, pero por falta de capacidad de almacenamiento siempre es muy reducida. La principal fuente de agua son los tajamares que se encuentran dentro de las tierras alambradas que ellos reclaman como suyas, por lo tanto deben ingresar a propiedad privada para poder acceder al líquido vital. Estos tajamares no tienen ninguna protección contra animales, sus aguas son utilizadas tanto para el consumo humano como para el aseo personal. Las aguas de lluvia que arrastran todo tipo de desecho van a parar a estos tajamares. El ingreso a la propiedad está expresamente prohibido por sus actuales detentadores. En el mes de noviembre del 2002 recibieron un tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros de capacidad que e[ra] abastecida por los camiones tanques del Centro Nacional de Emergencias con agua traída de algún tajamar, o sea agua no potabilizada. En el mes de enero del 2003 recibieron otro tanque de fibra de vidrio de gran capacidad. Actualmente[,] uno de estos tanques está roto ya que fue depositado de manera inadecuada. El otro se encuentra sin utilizar. Hace varios meses el agua no es proveíd[a] y nuevamente pasaron a depender del acarreo del agua desde los tajamares cercanos.
Las 24 chozas que componen la [C]omunidad están construidas principalmente de Karanda’y[,] palma de la región del Chaco[…] Cuando se dice karanda’y se refiere al tronco de esta palma, generalmente cortado por la mitad en forma longitudinal. Para construir el techo quitan la parte interior del tronco formando una canaleta. Varias chozas completan las paredes o techos con pedazos de plástico o cualquier material de desecho, otros tenían parte de su techo con chapas de zinc[,] y las que fueron reconstruidas últimamente tienen techo de totora. Ninguna de las chozas tiene pisos, todas tienen piso de tierra que no están apisonadas[,] sólo algunas están sobreelevadas con relación al terreno. Varias de ellas están divididas precariamente en dos ambientes. El fuego para cocinar lo realizan al aire libre fuera de las chozas, cuando llueve la deben realizar dentro de la única izba que poseen[…] Se debe aclarar que todas las construcciones descriptas están precariamente construidas, las paredes con grandes rendijas, los techos con goteras, si tienen puertas se cierran con mucha dificultad si es que […] logran cerrarlas.
Los datos recogidos confirman las observaciones que penosamente se soportan al visitar la [C]omunidad. Poca cosa se puede decir acerca de las contundentes cifras que tenemos a la vista. La [C]omunidad entera se encuentra viviendo por muchos años en la precariedad absoluta, en chozas que ni por si acaso podemos llamar vivienda, en un hacinamiento indescriptible, sin ni un sola excreta, que merezca ser llamada así en toda la [C]omunidad, sin agua potable, ni siquiera hay agua suficiente para las más elementales necesidades básicas. No tienen la más remota posibilidad de desarrollar sus vidas de acuerdo a las pautas tradicionales de los Enxet, la caza, la recolección y el cultivo a pequeña escala. Además[,] el Estado se encuentra ausente, no existe ni representantes de las autoridades policiales, judiciales ni las asistenciales, como las de salud. Como podemos constatar en los fallecimientos de la gran mayoría[,] fallecieron sin asistencia médica. Los pocos que pudieron llegar hasta un profesional médico o un centro asistencial lo hicieron en forma tardía o fueron tratados muy deficientemente o mejor dicho en forma denigrante para la condición humana. En ocasión de la última visita (07.01.06) se podía constatar, a primera vista, el deterioro de las viviendas con respecto a visitas anteriores, el aula que sirve de escuela está totalmente ladeada a punto de derrumbarse. Nada había cambiado salvo para los que fallecieron y sus familiares a causa de la desidia del Estado paraguayo. Ante esto sólo puedo decir que: La [C]omunidad Sawhoyamaxa se encuentra en la indigencia total” (resaltado del original)
13. Un hecho agravante en este caso es que las condiciones de vida de la Comunidad Sawhoyamaxa afectan tanto su identidad personal como cultural. El hecho que señalé en mi voto razonado en el caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador,2 de que la desaparición de tales niñas violaba su derecho a la identidad personal y cultural, es todavía más evidente en este caso de la Comunidad Sawhoyomaxa, en que la identidad de sus miembros y su cultura está íntimamente ligada a la tierra, todo lo cual determina su sistema de vida y sus creencias. El haber tenido que abandonar sus tierras ancestrales y el no poder cazar, pescar o recolectar frutos, es un nexo de causalidad directo sobre la pérdida de su identidad personal y cultural.
14. Como conclusión en relación con la violación del artículo 4.1 en relación con los artículos 1.1 y 19 de la Convención Americana, la Corte expreso:
Por todo lo anterior, la Corte declara que el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 de la misma, por cuanto no ha adoptado las medidas positivas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa. La Corte considera que las muertes de 18 niños miembros de la Comunidad, a saber: NN Galarza, Rosana López, Eduardo Cáceres, Eulalio Cáceres, Esteban González Aponte, NN González Aponte, NN Yegros, Jenny Toledo, Guido Ruiz Díaz, NN González, Diego Andrés Ayala, Francisca Britez, Silvia Adela Chávez, Esteban Jorge Alvarenga, Derlis Armando Torres, Juan Ramón González, Arnaldo Galarza y Fátima Galarza (supra párrs. 73.74), les son atribuibles, precisamente por la falta de prevención, lo que constituye además una violación del artículo 19 de la Convención. Asimismo, la Corte declara que el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por la muerte del señor Luis Torres Chávez, quien falleció por enterocolitis, sin ningún tipo de atención médica (supra párr. 73.74).
15. Al dictar por unanimidad la sentencia en el caso de la Comunidad Sawhoyamaxa, la Corte Interamericana rectificó una sentencia – Caso de la Comunidad indígena Yakye Axa – en la cual había prevalecido una interpretación restrictiva del derecho a la vida y retomó el camino, señalado en sentencias anteriores, específicamente el Caso de los Niños de la Calle3, en que la interpretación amplia de la violación de los derechos humanos, especialmente a la vida, señalaba siempre el rumbo de las sentencias del Tribunal. Y así ha debido ser siempre.
1 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 120; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, párr. 152; Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 110, y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.
2 Voto Disidente del Juez Ventura Robles, Caso de las Hermanas Serrano Cruz. vs. El Salvador. Sentencia de 01 de marzo de 2005.
3Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999.