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Timestamp: 2018-11-17 17:30:35
Document Index: 394254214

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 149']

TITULO PRELIMINAR. Normas generales. De los principios que inspiran la reforma agraria
TITULO II. De las actuaciones de la Administración Autónoma Andaluza para la Reforma Agraria
CAPITULO PRIMERO. Clases y ámbitos de actuación
CAPITULO II. De la expropiación del uso y del dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra
CAPITULO III. De los planes comarcales de mejora
CAPITULO IV. Del Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas
CAPITULO V. De la transformación de grandes zonas de interés general de la Comunidad Autónoma
SECCION 1. DE LAS TRANSFORMACIONES EN REGADIO
SECCION 2. DE LAS ZONAS DE SECANO
SECCION 3. DE LAS TRANSFORMACIONES FORESTALES
CAPITULO VI. De la concentración de explotaciones y de las permutas forzosas
SECCION 1. DE LA CONCENTRACION DE EXPLOTACIONES POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA
SECCION 2. DE LA CONCENTRACION DE EXPLOTACIONES POR INTERES PRIVADO
CAPITULO VII. De la expropiación por causa de interés social
CAPITULO VIII. De la asignación de tierras públicas
CAPITULO IX. De la adquisición de tierras por compraventa
TITULO III. Del asentamiento en las tierras públicas
CAPITULO PRIMERO. De las formas de asentamiento
CAPITULO II. De los beneficiarios de los asentamientos en las tierras públicas
Véase el artículo 13 «Supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria» del D-Ley 5/2010, 27 julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público («B.O.J.A.» 28 julio). Véase el artículo 13 «Supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria» del D-Ley 5/2010, 27 julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público («B.O.J.A.» 28 julio). Véase el artículo 13 «Supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria» del D-Ley 5/2010, 27 julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público («B.O.J.A.» 28 julio). Véase el artículo 13 «Supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria» del D-Ley 5/2010, 27 julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público («B.O.J.A.» 28 julio). Véase el artículo 13 «Supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria» del D-Ley 5/2010, 27 julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público («B.O.J.A.» 28 julio). Capítulo VIII del Título II derogado por la letra c) del número 1 de la Disposición Derogatoria Única del D-Ley 5/2010, 27 julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público («B.O.J.A.» 28 julio). Título III derogado por la letra c) del número 1 de la Disposición Derogatoria Única del D-Ley 5/2010, 27 julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público («B.O.J.A.» 28 julio).
La presente Ley se inserta dentro del cumplimiento de uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma andaluza, tal como los define el artículo 12 del Estatuto de Autonomía.
Antes de entrar en la exposición de las fórmulas normativas que se contienen en la Ley, no es ociosa una reflexión sobre el significado histórico del problema de la tierra y de la reforma agraria, así como sobre su concepción actual a la luz de las necesidades que hoy día se plantean en la agricultura andaluza.
El aprovechamiento extensivo de las grandes explotaciones y la ausencia de alternativa de empleo en otras actividades daban lugar a situaciones de paro crónico, con prolongados períodos de paro estacional, estableciendo así las bases de una economía en precario que provocaba, especialmente en ciertas coyunturas de malas cosechas, agudos problemas sociales, que daban lugar a un alto nivel de conflictividad, manifestado reiteradamente a través de movimientos huelguísticos y revueltas promovidas por las organizaciones obreras.
En el siglo XIX, y bajo la influencia de las doctrinas liberales, surgen los planteamientos desamortizadores como una de las piezas claves de la política económica de la segunda mitad de dicho siglo con objetivos de movilización de la tierra y consolidación de la Hacienda Pública. Las sucesivas desamortizaciones provocaron el cambio de manos de la propiedad de la tierra, aunque consolidaron una estructura de la propiedad con un fuerte grado de concentración, y no resolvieron la ociosidad de las tierras y el bajo grado de explotación de las grandes fincas. Por ello, a principios del siglo XX, el programa político regeneracionista aborda también el problema de la tierra y propone un modelo de transformación basado en el regadío y en la creación de una clase de pequeños agricultores. Por primera vez se une así el problema de la transformación de la estructura de la propiedad y el de la política hidráulica.
El fin de la guerra civil en 1939 acabó con la experiencia de reforma agraria y supuso la devolución a sus antiguos propietarios de las fincas expropiadas. La alternativa al tema de la reforma agraria se configura, a partir de dicha época, a través de la política de colonización basada en la transformación en regadío y posterior instalación de agricultores individuales en pequeños lotes.
Posteriormente, la evolución de la economía española y de la propia agricultura en los años cincuenta, y especialmente en la década de los sesenta, modificó notablemente la situación anterior. Durante estos años se produce un fuerte proceso de modernización, aunque no homogéneo, de la agricultura en general y de la gran explotación en particular, y a pesar de los cambios producidos por la modernización agraria, por la política de colonización y por la propia dinámica del tráfico privado de fincas, puede decirse que, en grandes rasgos, el grado de concentración de la propiedad en términos de titularidad ha permanecido básicamente inalterado, y que el ejercicio de la explotación ha supuesto importantes niveles de infrautilización de la tierra, con las consecuencias económicas y sociales descritas. Quiere ello decir que el concepto de tierra ociosa, tópico que alentó las reivindicaciones históricas de reforma agraria, tiene una lectura hoy válida, aunque distinta.
En efecto, aunque el desarrollo productivo de la agricultura andaluza ha sido notorio, la existencia de una determinada estructura de propiedad y explotación ha determinado una evidente infrautilización del recurso tierra. Así, a pesar de que una gran parte de los grandes propietarios acometieron la modernización de sus explotaciones (mecanización, mejora de la técnica de cultivo, introducción de nuevas variedades, etc.), sus estrategias empresariales han conducido a una estructura de cultivos, a un uso del suelo y a unos desequilibrios agricultura-ganadería que evidencian, entre otras cosas, un aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales de Andalucía.
En la mayoría de los casos, la estrategia empresarial de los grandes propietarios durante las últimas décadas, ha consistido en la obtención de beneficios, minimizando el riesgo y orientando la producción hacia actividades que exigieran un bajo nivel de inversión. En definitiva, el gran propietario no ha asumido, por regla general, los niveles normales de riesgo que toda actividad empresarial debe comportar, y, al no ser el esfuerzo productivo y de inversión en las últimas décadas suficiente, se ha dado lugar a la inadecuada explotación de los recursos y se ha contribuido a la agudización de los problemas sociales en Andalucía.
La crisis económica iniciada en 1973 y agravada a finales de los años setenta, con sus graves secuelas de elevado nivel de paro, no ha hecho más que acentuar la necesidad de la reforma agraria. Una reforma agraria que trata de corregir los desequilibrios y deficiencias mencionadas más arriba, actuando sobre el binomio estructura de propiedad-estructura productiva como un sistema de elementos interrelacionados.
Ahora bien, hoy una reforma agraria para Andalucía no puede plantearse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de cambio económico y social. A este respecto cabe decir que el desarrollo capitalista de la agricultura ha llevado a que la tierra no sea ya el único factor básico de la actividad agraria. Modificar la estructura de propiedad cuando sólo sobre las grandes fincas es claramente insuficiente hoy, y no tiene por qué implicar la transformación de la agricultura. Es necesario integrar la transformación de regadío y el adecuado aprovechamiento de los recursos hidráulicos, la actuación en materia de concentración de explotaciones, los estímulos para la adopción de fórmulas de agricultura asociativa, que superen los problemas de fragmentación de la propiedad, así como el aprovechamiento forestal y de restauración hidrológico-forestal, que permitan combinar los criterios de planificación productiva con los de conservación de la naturaleza y de los recursos.
Mas, por otro lado, es imprescindible no olvidar elementos de trascendental importancia y quo se sitúan fuera de la esfera de la producción.
Una Ley de Reforma Agraria que, como ésta, afecta a la estructura productiva debe enmarcarse en un conjunto más amplio de medidas y de acciones en el ámbito de la comercialización agraria, industrialización agraria, financiación, formación profesional y desarrollo cooperativista. Todas estas medidas de la que es cabecera esencial esta Ley, formarán parte de los programas de reforma agraria para Andalucía del Gobierno andaluz.
Es por tanto, la filosofía última de esta Ley de Reforma Agraria ser un medio para remover los obstáculos de carácter estructural que se oponen al adecuado desarrollo del potencial de la agricultura andaluza. Desarrollo que debe orientarse de tal modo que no entre en colisión, antes bien, que se adecúe a los criterios de ordenación general de la economía y de la política agraria de la Nación; y a lo que hay que añadir que una Ley de Reforma Agraria concebida como tal, y no como un mero programa de reforma de estructuras, transformación en regadíos, concentración parcelaria, etc., sólo tiene sentido en aquellas regiones donde se manifiesta un elevado grado de concentración de la propiedad. Tal vez uno de los errores de la reforma agraria de la República fue su intento de aplicación a todo el territorio nacional. Por ello, esta Ley encuentra su plena justificación, no sólo jurídica, sino también política en el marco del Estado de las Autonomías singularmente descrito para nuestro caso en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía.
Por lo que hace al primero, es sabido que la función social de la propiedad es un tópico jurídico de muy diversas interpretaciones y, ello no obstante, con carta de naturaleza en casi todos los Ordenamientos de nuestra área jurídico-cultural, recogido en la suprema instancia normativa que representa la Constitución de 1878. A pesar de esa posible variedad de interpretaciones, se puede decir, con práctica aceptación general que la función social de la propiedad supone la incorporación de la perspectiva del deber al derecho subjetivo, deber que modaliza su ejercicio; ejercicio que se aboca a la búsqueda de un logro social, que al mismo tiempo preserve el ámbito de poder del titular.
Las reacciones frente al incumplimiento de la función social de la propiedad de los ordenamientos modernos son una serie de medidas graduales. La primera que la Ley contempla es la expropiación forzosa, pudiendo ser en el sistema de la Ley del uso o bien de la propiedad, también de acuerdo con las modernas orientaciones en materia de propiedad, que ponen de relieve cómo lo más importante del Derecho subjetivo es el perfil del ejercicio, y no el de la titularidad pura. Más adelante habrá ocasión de decir cómo se ha instrumentado la panoplia expropiatoria, porque es clave para el entendimiento de la presente Ley.
El segundo gran principio, establecimiento y desarrollo de explotaciones agrarias rentables social y económicamente, es consecuencia también del cumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra. Es preciso exigir la realización al propietario de una actividad con rentabilidad social y económica. Dentro del conjunto de medidas graduales, es instrumento para la consecución de ello la imposición de planes de mejora a aquellos propietarios o explotadores de la tierra que no alcancen determinados niveles de actividad En esta misma línea la Ley contempla el Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas del que más tarde se volverá a hablar.
El segundo gran conjunto de la Ley es el dedicado a las normas orgánicas en el que se contienen las oportunas habilitaciones, tanto el Consejo de Gobierno como a la Consejería de Agricultura, para ejercitar las competencias que posean de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, y en función de las transferencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichas normas orgánicas crean asimismo el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, instrumento esencial para la ejecución de la política de la que es medio legal la presente norma; disposiciones orgánicas que también determinan la fórmula de participación de las organizaciones sindicales y profesionales. Se concibe tal participación con carácter consultivo y a nivel provincial, con incorporación del nivel comarcal, al ser éste el ámbito normal de actuación de la reforma agraria, como se expondrá más adelante. Por la propia naturaleza de toda la materia orgánica, una vez dibujados sus principios fundamentales, se ha deferido el resto al desarrollo reglamentario.
La tercera rúbrica de la Ley de Reforma Agraria es relativa a las diversas actuaciones de la Administración para la consecución de aquélla, actuaciones que se pueden agrupar y clasificar convencionalmente en las que inciden más directamente sobre las explotaciones singulares (aunque concebidas dentro de una planificación) y aquellas otras que tienen como objetivo más la transformación del entorno donde se mueven las singulares explotaciones, que la de estas mismas, aunque es evidente que en muchas ocasiones concurrirán ambos tipos de actuación, y que no cabe concebirlas como compartimentos estancos.
Se debe poner de relieve que el ámbito de ejecución de la Ley de Reforma Agraria es la comarca, siendo el instrumento normativo utilizado con carácter fundamental el Decreto de Actuación Comarcal de Reforma Agraria, que, reflejando los criterios generales de la Ley, es también un Decreto planificador «ad hoc» para cada comarca que persigue una reestructuración global del hábitat rural de la zona.
Dedica esta parte de la Ley atención a la regulación de los tipos expropiatorios de que se van a hacer uso en la reforma agraria de la Comunidad Autónoma andaluza. Merece resaltarse la metodología que se ha seguido para incardinar dentro de la Ley las figuras expropiatorias, pues al tiempo que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de reforma y desarrollo agrario, en los términos que indica el artículo 18.1.4º del Estatuto de Autonomía, no la tiene en los mismos términos por reservada el Estado, según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en materia de expropiación forzosa; institución que se considera imprescindible, aunque sea con carácter instrumental, para la realización de la reforma agraria.
El Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas se configura como un impuesto progresivo, como se desprende de la tarifa establecida, que oscila entre el 2 por 100 para aquellas bases imponibles que representen hasta el 30 por 100 del rendimiento óptimo y el 10,75 por 100 para aquellas bases imponibles que representen hasta el 100 por 100 de dicho rendimiento. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que los tipos que generalmente se aplicarán son los que oscilan entre el 2 y el 4,50 por 100, ya que los tipos superiores corresponden a unos grados de infrautilización que determinaran, en la mayoría de los casos, la aplicación de otras medidas previstas en la Ley y, por tanto, la exención del impuesto.
Es evidente que las actuaciones que no inciden solamente sobre expropiaciones singulares, tales como la transformación de grandes zonas repoblaciones forestales (que la Ley enfoca con un matiz alejado de planteamientos productivistas) y la concentración de explotaciones (de la que debe recordarse la novedosa regulación que va mucho más allá de la concentración parcelaria, entendida como la de parcelas en coto redondo), se encuentran amparadas por la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en agricultura, aunque se contengan las necesarias cautelas consistentes en remitiese a la legislación básica de la expropiación forzosa, la referencia a la legislación civil y el respeto a la ordenación básica de la economía, tres límites que se imponen, como es sabido, por la propia Constitución.
El último gran apartado de la Ley de Reforma Agraria hace referencia al asentamiento en las tierras públicas que estén en poder de la Administración Autonómica y que están destinadas a la reforma agraria.
La regulación de las formas jurídicas de asentamiento es clásica, utilizándose como formas de la asignación, la asignación en propiedad en arrendamiento o subarriendo, en su caso (necesariamente cuando la expropiación haya asumido la especie de arrendamiento forzoso a favor del Instituto Andaluz de Reforma Agraria), y la concesión administrativa.
Carácter de novedad importante tiene la regulación de los beneficiarios de los asentamientos en las tierras públicas, donde la Ley ha optado claramente por fomentar la constitución de explotaciones agrarias de carácter asociativo, por considerarlas más viables económicamente, más solidarias socialmente, y generadoras no solamente de bienestar económico, sino de calidad de vida y de trabajo en el sector rural.