Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-6636-de-abril-22-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041caaff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 02:56:47
Document Index: 79112453

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 90', 'artículo 254', 'artículo 115', 'artículo 35', 'artículo 174', 'artículo 115']

﻿ Sentencia 6636 de abril 22 de 2002
SENTENCIA 6636 DE 22 DE ABRIL DE 2002
CONTENIDO:COPIA AUTENTICADA. CONDICIONES PARA QUE TENGA MÉRITO PROBATORIO. SE REQUIEREN CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN DE LA ORDEN DEL JUEZ Y LA AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIO.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:367 DE JULIO DE 2002, PG.1446
Sentencia 6636 de abril 22 de 2002
Ref.: Expediente 6636
COPIAS DE PROVIDENCIAS JUDICIALES
REQUISITOS PARA QUE TENGAN MÉRITO PROBATORIO
EXTRACTOS: «Se deciden los recursos extraordinarios de casación interpuestos por Lucy Janeth Solano de Castillo, Allison y Catherine Castillo Solano, así como por Cristian Steve Castillo Navas, representado por Eva Marlyn Navas Sánchez, respecto de la sentencia proferida el 19 de diciembre de 1995 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, en el proceso ordinario promovido contra los recurrentes por Pierre Alexánder Vidal, representado por su madre Liliana Marlene Vidal Sarmiento.
1. Los citados demandados, como cónyuge supérstite y herederos del señor Belalcázar Castillo Franco, fueron convocados por el referido demandante a un proceso ordinario, para que se declarara que éste es hijo extramatrimonial de aquél y, como tal, heredero del mismo, con derecho a participar en la sucesión de su padre, cuya herencia reclama en la proporción que le corresponda conforme a la ley.
2. Para soportar sus pretensiones invocó, en resumen, los siguientes hechos:
a) El señor Belalcázar Castillo Franco contrajo matrimonio por los ritos católicos con Lucy Janeth Solano de Castillo el 1º de julio de 1972, matrimonio este cuya sociedad conyugal fue disuelta mediante sentencia de separación de cuerpos proferida el 4 de octubre de 1977 por el Tribunal Superior de Bogotá, liquidada luego conforme aparece en la escritura pública Nº 6436 de 26 de noviembre de 1979, otorgada por la notaría primera de la ciudad.
b) Desde los primeros días del año de 1987, el señor Castillo inició una relación de carácter afectivo y estable con Liliana Marlene Vidal Sarmiento, que los condujo a vivir como pareja bajo el mismo techo, en la calle 116 Nº 36-29, apartamento 105 de Bogotá, unión en la que fue procreado el menor Pierre Alexánder Vidal nacido en esta ciudad el 15 de marzo de 1990.
c) El señor Castillo, enterado del embarazo de Liliana, le prodigó especiales cuidados “como si fuera su cónyuge”, “hasta el día 26 de enero de 1990”, fecha en que aquél falleció (fls. 8 y 9, cdno. 1) sin alcanzar a conocer a su hijo.
3. Admitida la demanda, de ella se dio traslado a los demandados. El menor Cristian Steve Castillo, a través de su representante legal y por apoderado judicial, le dio contestación manifestando que no se oponía a las pretensiones, si se probaban los hechos, los demás demandados se opusieron a las súplicas y formularon la excepción de caducidad de los efectos patrimoniales de la acción.
4. El Juzgado Diecinueve de Familia de Bogotá, agotada la tramitación previa para el efecto, le puso fin a la primera instancia mediante sentencia dictada el 29 de febrero de 1996, en la que acogió las pretensiones de la parte demandante.
5. Apelado el fallo por los demandados, fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala de Familia, mediante sentencia de 19 de diciembre de 1996.
Tras recordar que la causal invocada para obtener la declaración de paternidad extramatrimonial, era la prevista en el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, alusiva a la existencia de relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre para la época de la concepción del hijo, acometió el fallador el análisis de las pruebas recaudadas y, con ese propósito, sintetizó las declaraciones de Olga Beatriz Ariza Monje, Ricardo Ariza Monje, Édgar Eduardo Sánchez Alzate, Simón Castillo Franco, Rosa Amelia Castillo Franco, Gilberto Rojas Luna y José Alejandro Silva Granados, con soporte en las cuales concluyó que estaba demostrado que el señor Belalcázar Castillo y la madre del menor demandante, se trataron como pareja, vivieron juntos y se presentaron como “marido y mujer ante sus conocidos”, situación que perduró desde 1987 hasta la muerte de aquél, acaecida el 26 de enero de 1990 (fl. 31, cdno. 9).
Bajo este supuesto, consideró probada la existencia de relaciones sexuales entre Liliana Marlene Vidal Sarmiento y Belalcázar Castillo Franco para la época de la concepción del menor aludido, habida cuenta que éste nació el 15 de marzo de 1990.
Con respecto a la prueba antropoheredobiológica a que se refiere el artículo 7º de la Ley 75 de 1968, manifestó el tribunal que ella “no se llevó a cabo por acto que no es imputable a la parte actora, tal como se desprende de las informaciones dadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a folios 276, 277, 280 y 281” (fl. 31, cdno. 9).
En relación con los efectos patrimoniales de la sentencia con respecto a los demandados, el tribunal, luego de hacer un recuento de la actuación surtida para la notificación del auto admisorio de la demanda a aquéllos, señaló que “por parte del demandante no hubo negligencia para buscar la notificación de los demandados”; y expresó que si bien era verdad que hubo de decretarse una nulidad por indebido emplazamiento, ello “obedeció a la irregular actividad del juzgado que no elaboró el edicto en debida forma”, así como al comportamiento procesal de algunos de los demandados, lo que significa que la notificación de ese auto más allá del plazo establecido para el efecto por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil “no puede atribuirse a descuido, desidia, o falta de preocupación” del actor, por lo que la sentencia favorable a éste ha de surtir plenos efectos patrimoniales contra los demandados (fls. 33 a 34, cdno. 9).
1. Más allá del lapsus calami en que se incurrió en la denominación del yerro atribuido al tribunal, el cual, como se verá, no es de hecho sino de derecho, tal y como se desarrolló y demostró por el casacionista, lo que resulta claro es que el ad quem, ciertamente, incurrió en un error de contemplación jurídica de los documentos por medio de los cuales se pretendió acreditar la calidad de herederos bajo la cual fueron citados al proceso los demandados, circunstancia que torna próspera la acusación.
En efecto, es claro que la calidad de heredero —que no se puede confundir con el estado civil de la persona—, se puede acreditar con “copia, debidamente registrada, del testamento correspondiente si su vocación es testamentaria, o bien con copia de las respectivas actas del estado civil o eclesiásticas, según el caso“, lo mismo que con “copia, del auto en que se haya hecho tal reconocimiento dentro del juicio de sucesión respectivo” (se resalta; CXXXVI, págs. 178 y 179), lo que encuentra fundamento en “la potísima razón de que para que el juez hiciera ese pronunciamiento, previamente debía obrar en autos la copia del testamento o de las actas del estado civil respectivas y aparecer que el asignatario ha aceptado” (CLII, pág. 343. Cfme: XXXIII, pág. 207; LXXI, págs. 102 y 104; LXVIII, pág. 79 y CXVII, pág. 151).
Sin embargo, para que la copia de la providencia que reconoció a un heredero en el proceso de sucesión, tenga mérito probatorio, es necesario que cumpla las formalidades establecidas en la ley, específicamente que se encuentre autenticada, calidad que, tratándose de actuaciones judiciales, únicamente se puede predicar si el juez las ha ordenado previamente y, en cumplimiento de ello, el secretario las autoriza con su firma.
En efecto, de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, “las copias tendrán el mismo valor probatorio del original,..., 1º Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada”, norma que guarda concordancia con el numeral 7º del artículo 115 del mismo estatuto, a cuyo tenor, “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario” (se resalta).
Se trata, entonces de un acto mixto o, si se quiere, de naturaleza compleja, habida cuenta que la autenticación de la copia de un documento que obre en un expediente judicial, reclama la participación del juez, en orden a posibilitar —mediante providencia previa— que la copia sea expedida con tal carácter, así como del secretario del respectivo juzgado, quien cumple la función de “extender la diligencia de autenticación directamente o utilizando un sello”, precisando “que el contenido del documento corresponde exactamente al que tuvo a la vista”, según lo establece el artículo 35 del Decreto 2148 de 1983, tras lo cual procederá a suscribirla con firma autógrafa, que es en lo que consiste la autorización propiamente dicha.
Establecidas, pues, las condiciones bajo las cuales debe producirse este tipo de prueba, para que ella tenga mérito probatorio se requiere que exista constancia de que los dos actos se verificaron, esto es, tanto el relativo a la orden del juez, como el concerniente a la autorización del secretario, dada la estrecha y acerada vinculación que existe entre uno y otro. En tal sentido, la sola presencia del último, ayuna de toda referencia a la señalada actuación judicial, no permite otorgarle a una copia la calidad de autenticada, puesto que, en tal supuesto no hay forma de verificar si, efectivamente y como al unísono lo disponen los citados artículos 115 (num. 7º) y 254 (num. 1º), la reproducción de esas copias fue ordenada por el respectivo juez, quedando sin demostración no sólo la existencia de la supraindicada providencia, sino aun el hecho mismo de que ella hubiera sido expedida con anterioridad al momento en que el secretario procediera a acometer la comentada labor de autenticación, todo lo cual lleva a concluir que, en la hipótesis así planteada, de conformidad con el artículo 174 de la misma codificación, no habrá lugar a apreciar como pruebas las copias en esta forma autenticadas, máxime cuando, acorde con el propio artículo 115, numeral 5º, frente al único evento en que el secretario puede prescindir de la mencionada orden judicial, es decir, entratándose de la expedición de copias simples, éstas “no tendrán valor probatorio de ninguna clase”.
2. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, es claro que el tribunal incurrió en el error de derecho que se le endilga, como quiera que le otorgó valor probatorio a las copias de los autos de fechas marzo 7 y marzo 21 de 1990, proferidos por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso de sucesión del causante Belalcázar Castillo Franco, a través de los cuales se reconoció a Cristian Steve Castillo Navas, Allison y Catherine Castillo Solano, lo mismo que a Lucy Janeth Solano de Castillo, como herederos y cónyuge supérstite de aquél, respectivamente (fls. 21 a 23, cdno. 1), sin parar mientes en que dichas copias no pueden tenerse como autenticadas, en la medida en que no aparece constancia explícita e inequívoca de haber sido expedidas en virtud de auto proferido en ese sentido, como lo exige la ley, o, en su defecto, el auto del juez que, ex ante, así lo ordenó.
Si bien es cierto que en las copias en cuestión, el secretario del referido despacho judicial consignó que se trataba de copias auténticas y que ellas “corresponden en todo al original”, tal atestación, como se explicó, resulta insuficiente para considerar que realmente son auténticas, calidad que, en el caso de actuaciones judiciales documentadas, reclama indefectible la previa orden del juez al secretario para que las compulse con tal carácter.
Por lo expuesto, el cargo prospera, sin que a ello se oponga el hecho de que en el expediente obre el registro civil de nacimiento de la demandada Allison Castillo Solano (fl. 160, cdno. 1), dado que este documento no se decretó como prueba del proceso (fls. 224 y 225, ib.) y, en todo caso, el yerro denunciado persistiría respecto de los demás demandados.
En tal virtud, deberá casarse el fallo acusado para que la Corte, en su lugar, profiera la sentencia de reemplazo.
Con todo, antes de hacer el pronunciamiento sustitutivo, se dispondrá la práctica de unas pruebas de oficio, tal como lo autorizan los artículos 180 y 375 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas y, en sede de instancia, decreta las siguientes pruebas de oficio, para que sean practicadas en el término de veinte (20) días.
1. Téngase en cuenta la copia auténtica del registro civil del nacimiento de Allison Castillo Solano, obrante a folio 160 del cuaderno 1.
2. Ofíciese al Juzgado 20 de Familia de Bogotá, para que remita copia autenticada de los autos por medio de los cuales se reconoció a Lucy Janeth Solano de Castillo, Allison y Catherine Castillo Solano, así como a Cristian Steve Castillo Navas, como cónyuge sobreviviente y herederos del señor Belalcázar Castillo Franco, cuya sucesión se tramitó en ese despacho judicial.
3. Requiéranse a las partes para que alleguen al proceso las copias de los autos mencionados o, en su defecto, los registros civiles de matrimonio y de nacimiento de los citados demandados.
En relación con la demanda de casación que interpuso Cristian Steve Castillo Navas, condénasele en costas del recurso. Liquídense.
Sin costas en relación con la demanda de casación que prosperó.