Source: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-ro-et.do?clang=es&mtContentRequested=1
Timestamp: 2019-08-24 06:48:50
Document Index: 76601542

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 21', 'artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 22', 'artículo 16', 'artículo 4']

Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Rumania
El artículo 35 de la Constitución rumana regula el derecho a un entorno saludable http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35
El artículo 35 de la Constitución garantiza el desarrollo de todo un bloque de legislación medioambiental sana a fin de lograr un entorno equilibrado y, bien conservado. Los principios y el marco general se establecen por el Decreto de urgencia nº 195/2005 sobre la protección del medio ambiente, aprobado por la Ley nº 265/2006, en su versión modificada.
La Constitución también establece normas para las personas físicas y jurídicas: estarán obligados a proteger y mejorar el medio ambiente.
El artículo 21, dedicado al acceso a la justicia de la Constitución se desprende lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a recurrir ante los tribunales para la defensa de sus derechos e intereses legítimos de las libertades.
El ejercicio de este derecho no estará limitada por la ley
Todas las partes tienen derecho a un juicio justo y una solución en un plazo razonable
Competencias especiales administrativas es optativa y gratuita.
La interpretación de los dos artículos antes citados llega a la conclusión de que tienen acceso a la justicia en relación con la protección del medio ambiente y que tal derecho no puede verse limitado.
De conformidad con el ordenamiento jurídico rumano, la Constitución es el acto jurídico que se recogen en la parte superior de la pirámide. Todas las demás leyes han de ser coherentes con las disposiciones de la Constitución.
El derecho constitucional a disfrutar del medio ambiente pueden invocarse directamente ante los tribunales. Sin embargo, existen leyes desarrollar el Derecho de medio ambiente. Por el contrario, a veces los órganos jurisdiccionales y los órganos administrativos no aplicará la constitución en solitario y señala que se trata de un acto de carácter general que no puede ser aplicado por sí solos.
Según el artículo 11, párrafo 2, de la Constitución, los tratados ratificados por el Parlamento pasan a formar parte de la legislación nacional. Esto significa que puede invocar directamente los acuerdos internacionales. Toda la información procedente de la pregunta 3 es aplicable.
La Convención de Aarhus es un Tratado internacional para los derechos humanos. Según el artículo 11 de la Constitución forman parte del Derecho nacional. Con arreglo al art. 20, si existe alguna discrepancia entre los Tratados sobre los derechos fundamentales, como es el Convenio de Aarhus y la legislación nacional, entonces se aplica el Tratado internacional, salvo que el Derecho nacional disponga de las disposiciones más favorables.
Cuando haya sido ratificado, el derecho internacional influye directamente en la legislación nacional, lo que puede hacer que los interesados tengan derecho a invocarla directamente o en colaboración con otros actos normativos que podrán detallar el marco de aplicación, si es el caso, y la imposición de la obligación a los tribunales u organismos administrativos para tener en cuenta sus disposiciones. El Convenio de Aarhus fue ratificado mediante la Ley nº 86/2000.
Rumanía cuenta con tres niveles de competencia tanto en los asuntos civiles y penales:
188 Varias sedes judiciales, que conozcan de un asunto en cada condado como el primer tribunal
Que son los tribunales en cada condado — 42 asuntos en casación, Consejero
Tribunales de Apelación, 15, la tramitación de expedientes en segunda apelación
Tribunal Supremo de Casación y Justicia — Competencias especiales
Hay algunas excepciones en los tribunales de primera instancia, el Tribunal de la función pública, el Tribunal de apelación o incluso el Alto Tribunal de Casación y Justicia, y los casos en que solo se dispone de una doble instancia, el órgano jurisdiccional de instancia y un recurso de casación.
El proceso está organizada con ocasión de los citados tribunales.
Cada tribunal, excepto las sedes judiciales, tiene diferentes secciones, como:
Sección Civil, audiencia solo asuntos civiles,
Vista solo de lo penal, asuntos penales,
Sección administrativa, audiencia solo los casos derivados del Derecho administrativo, etc.
No existen tribunales especializados en asuntos ambientales. Por lo general, estos casos se inicie en la sección administrativa del Tribunal y ante la sección administrativa del Tribunal de recurso de casación. El tercer nivel de competencia, el segundo recurso no concurren en el presente asunto. Cuando el acto administrativo haya sido expedido por una autoridad central, el primer tribunal será el tribunal de apelación y segunda, el Tribunal Superior de Casación y Justicia.
Los asuntos medioambientales deben resolverse no solo en las secciones de los tribunales administrativos, sino también en otras secciones, siempre que el objeto del litigio no es un acto administrativo.
No existe la posibilidad de búsqueda del foro más favorable. Competencias del Tribunal son vinculantes y claramente.
En los casos con tres niveles de competencia, existen dos vías de recurso:
PRIMERO.- que representa un segundo enjuiciamiento del asunto y que suspenda la decisión del primer juez;
En segundo lugar, son escasos los motivos que pueden invocarse o no suspender las decisiones anteriores en general, con algunas excepciones previstas por la ley.
En los casos con un doble grado de jurisdicción, en el procedimiento administrativo, en el recurso interpuesto ante el Tribunal tiene la posibilidad de analizar el caso en todos los aspectos. En tales casos, el recurso suspende la decisión del primer juez.
En el Derecho penal, el primer y segundo supuestos son recursos ordinarios y la Decisión podrá ser exigible cuando se convierte en firme, de conformidad con la legislación.
Los recursos extraordinarios son:
«El recurso de anulación» no se dirigen a un nuevo juicio, sino corregir algunos errores manifiestos, procesal o material;
«La revisión», sino que tiene por objeto comprobar nuevamente el caso cuando se encontraron algunas pruebas nuevas, tales como: un juez fue condenado por delitos relacionados con el caso, o algunos nuevos elementos y que no puedan ser detectados durante el proceso inicial, o una nueva decisión del Tribunal, dictada el mismo problema, entre las mismas partes, etc.
Artículo 18 de la Ley nº 554/2004 sobre el procedimiento judicial administrativo demuestra que también disponen de casación y algunos derechos de modificación.
El Tribunal podrá:
Decidir que el acto administrativo sea anulado total o parcialmente;
Obligar a la autoridad que emita un nuevo acto administrativo, a un documento o ejecutar un determinado procedimiento administrativo;
Decidir si los procedimientos administrativos que se hicieron para expedir el acto administrativo de juicio, sean o no lícitos;
Decidir sobre la indemnización por daños y perjuicios, si así lo solicita la parte demandante.
En relación con un contrato administrativo, el Tribunal puede:
Decidir la anulación total o parcialmente;
Obligar a la autoridad para firmar el contrato si el demandante tiene derecho a ese contrato;
Imponer determinadas obligaciones para las partes;
Sustituir el consentimiento de una de las partes, si el interés general así lo solicita;
Decidir sobre daños y perjuicios morales y materiales;
La Ley de protección medioambiental, Decreto no 195/2005, art. 5, establece que cualquier persona tiene derecho a recurrir a los tribunales o las autoridades administrativas para hacer frente a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano, sin necesidad de demostrar que se ha vulnerado un derecho. Las ONG medioambientales también tienen capacidad procesal ante los tribunales en los asuntos ambientales.
No existen otras disposiciones que regulen el Derecho medioambiental. El procedimiento judicial se rige por el Código de procedimiento civil.
El Tribunal de Justicia nunca podría actuar de oficio en Rumanía. No obstante, los órganos jurisdiccionales pueden preguntar al Tribunal de Justicia Europeo para una cuestión prejudicial
La FOIA, 544/2001 estipula que
Si no está satisfecho con la respuesta recibida o no recibió una respuesta a la solicitud de información, puede presentar una reclamación administrativa ante la autoridad pública y pedir que el empleado público responsable de la respuesta incorrecta o falta de respuesta, ser sancionado;
Puede pedir al Tribunal que obligue a la autoridad que revele la información solicitada y recibir una indemnización por perjuicio moral. En la práctica, los daños y perjuicios son muy difíciles de probar y, por lo tanto, son muy raramente obtenidos.
El acto normativo que regula la información ambiental es la Decisión gubernamental nº 878/2005 relativa al acceso del público a la información medioambiental. Este acto legislativo haya finalizado, siempre que la aparición de situaciones que no están reguladas en particular a la información medioambiental, lo dispuesto en la Ley nº 544/2001 sobre el acceso a la información pública.
El artículo 15, apartado 3, del Decreto gubernamental nº 878/2005 establece si la solicitud de información medioambiental es rechazada también debe justificar las razones de hacerlo y proporcionar información sobre el acceso a la justicia.
La solicitud de información puede ser oral o por escrito.
Si usted solicitara la información oral, a continuación, siempre que la información pueda facilitarse lo recibirá inmediatamente. En caso contrario, se le pedirá que presente por escrito una solicitud.
Debes recibir la respuesta a la solicitud por escrito en un plazo de 10 días. Debes recibir una denegación de información, motivada en un plazo de 5 días. Si la información que usted ha solicitado es demasiado complicado, en 10 días, se le remitirá una carta informándole sobre esta situación y la prórroga del plazo a 30 días.
La información medioambiental se facilitará al solicitante, de conformidad con los plazos, lo antes posible y en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de recepción por la autoridad pública. Si la complejidad o el volumen de la información solicitada es tan elevado que el plazo de un mes no se respeta, se amplíe a dos meses a partir de la recepción de la solicitud de la autoridad pública. En tales casos, se deberá informar a los interesados lo antes posible y en todo caso antes de la expiración del plazo de un mes, sobre la ampliación del plazo de respuesta, prórroga y las razones.
Si no está satisfecho con la respuesta recibida, puedes:
Presentar una reclamación administrativa del jefe de la autoridad pública en un plazo de 30 días desde que usted recibió la respuesta o desde el momento en que hubiera recibido la respuesta (después de 10 días). La autoridad pública debe organizar una comisión, que analizará la situación y enviará una respuesta en el plazo de 15 días;
Se puede pedir al Tribunal que obligue a la autoridad pública para ofrecerle la información y también solicitar daños y perjuicios en un plazo de 30 días desde que usted recibió la respuesta o abusivos, dado que la respuesta debía haberse recibido (después de 10 días).
Si la información está clasificada, el Tribunal no tendrá acceso a la información, salvo que el juez haya una autorización del registro nacional de información clasificada. Si la información no está clasificada tenga pleno acceso al Tribunal de Justicia. —. La información confidencial puede también estar establecido en los contratos. En este caso, el Tribunal no tendrá acceso a la información confidencial.
Si los tribunales comprobarán que la información es pública y no está clasificada, el Tribunal puede ordenar la comunicación de la información. Si la información está clasificada, el Tribunal no podrá acceder a la información en un juicio a hacerlo. Puede invocar la excepción de la clasificación ilegal, así como otro expediente a otro juez estarán formadas y autorizadas por el registro nacional (oficina de información clasificada) se logrará solucionar este asunto, ensayo o iniciar otra pregunta para la desclasificación o para la anulación de la clasificación. En estos casos, los jueces nacionales autorizadas por la Oficina del Registro para la información clasificada deberá juzgar el asunto.
No se puede recurrir contra una decisión administrativa ante un órgano administrativo superior. Solo pueden ser impugnadas judicialmente desde el envío de una reclamación administrativa ante la institución que haya tomado la decisión administrativa que no les gusta.
La reclamación administrativa es gratuita. Está regulado por la Ley 554/2004 sobre el procedimiento judicial administrativo. Cualquier persona que considere que sus derechos o intereses fue vulnerado por la decisión tiene derecho a presentar una reclamación administrativa ante la autoridad que dictó el acto administrativo o su cuerpo superior, si existe. La solicitud debe presentarse en un plazo de 30 días a partir del momento en que se tuvo conocimiento del acto administrativo
6 meses a partir del momento en que tenga conocimiento de un acto administrativo si estaba dirigida y de que se trate de otra persona;
Si su caso se refiere a un contrato administrativo, de 6 meses, ya que el contrato se había expedido, modificado, ya que una de las obligaciones del contrato se aplicarían, desde la fecha en que el contrato hubiese expirado, o desde que tuvo conocimiento de que uno de lo estipulado en el contrato no es clara;
Las decisiones administrativas adoptadas en primera instancia pueden ser recurridas directamente ante los tribunales solo en las jurisdicciones administrativas especiales. En los asuntos medioambientales no existen tribunales especializados.
La reclamación administrativa sea obligatoria con algunas excepciones:
Si se presentó una solicitud relativa a un derecho de su propio país o un interés legítimo a la autoridad y no ha obtenido respuesta en un plazo de 30 días o se han rechazado;
Si es usted atacar un acto normativo;
Si es usted atacar un Decreto o de una Ordenanza gubernamental de emergencia;
Excepciones de ilegalidad;
Si es usted o representar al prefecto, el Defensor del Pueblo, el ministerio público, la Agencia Nacional de funcionarios públicos;
Los recursos judiciales incluye un control de fondo y de procedimiento. Para las cuestiones técnicas, el juez puede disponer de un informe técnico y técnicos elaborados por un perito. El informe técnico/experiencia tiene el mismo valor que otro material de prueba o indicios para sus investigaciones.
Los tribunales pueden revisar cualquier acto administrativo, incluidos los planes de ordenación territorial, los planes de zonificación, permisos medioambientales, etc.
No existen normas especiales para los asuntos relacionados con el medio ambiente. Todos ellos son regulares con el procedimiento administrativo común ante los tribunales:
Toda persona tiene capacidad procesal ante los tribunales con arreglo a la Ley de protección del medio ambiente y Decreto 195/2005. Si es usted una persona física tiene que justificar un interés en proseguir con el caso. Si usted es una ONG de protección de los derechos humanos o del medio ambiente, entonces solamente se le presume a justificar un interés público legítimo;
Reclamación administrativa sea obligatoria:
En relación con los gastos administrativos, los actos normativos, como los planes de ocupación de terrenos, u otras, como las decisiones/resoluciones del condado, del Gobierno, etc. La reclamación administrativa puede hacerse en cualquier momento;
Si es usted el beneficiario del acto hay que enviar el en un plazo de 30 días desde el momento en que el acto fue remitido a los interesados;
Si es usted un tercero, debe enviar la reclamación administrativa en 6 mes desde el momento en que el acto fue remitido a los interesados,
El órgano jurisdiccional competente es el de su sede o la sede de la autoridad, puede elegir cuál de ellas;
Puede demostrar sus alegaciones con documentos, interrogatorios, testigos, policía judicial especializados; Usted puede solicitar, y el Tribunal decidirá qué pruebas es relevante en el presente caso.
El Tribunal de Justicia no debe examinar la legalidad en cuanto al fondo de los actos, sino también la ley prevé tal posibilidad; depende totalmente de la comprensión del juez sobre el caso;
Si vas a ir en contra de un certificado urbanístico, el Tribunal puede desestimar la demanda por la jurisprudencia de los tribunales rumanos no es unánime sobre este tema;
Las decisiones de examen de la EIA [1] pueden atacarse al Tribunal de Justicia en las mismas condiciones antes mencionadas.#1 No existen reglamentos específicos.
Los tribunales pueden examinar las decisiones de examen en las mismas condiciones que se mencionan en los capítulos anteriores.
En el momento de la selección y la delimitación del campo incluidos en las decisiones en Rumanía son, en realidad, un único y mismo acto, como la selección y la delimitación se realiza de la misma fase.
Los recursos judiciales incluye un control de fondo y de procedimiento. Para las cuestiones técnicas, el juez podrá solicitar un informe técnico y técnicos elaborados por un perito judicial. El informe técnico/experiencia tiene el mismo valor que otro material de prueba o indicios para sus investigaciones.
La participación en la fase de consulta pública no constituye un requisito para comparecer ante los tribunales.
Medidas cautelares está regulada por los artículos 14 y 15 de la Ley 554/2004 sobre el procedimiento administrativo ante el Tribunal. Las medidas cautelares pueden interponerse ante los tribunales inmediatamente inmediatamente después de la reclamación se envía a la autoridad pública, o junto con la demanda principal. Para que se le conceda, hay dos requisitos que deben cumplirse:
Tener un caso bien documentado
Demostrar un daño inminente
No existen normas especiales para las decisiones PCIC [2] o autorizaciones.#2 El análisis se realizará el mismo trato que a cualquier otro acto administrativo
Las mismas normas se aplican a la PCIC permanente acto administrativo, al igual que cualquier otro acto.
Los mismos requisitos se aplicarán a las medidas cautelares en los procedimientos de EIA y PCIC como cualquier otro acto de la administración.
En los procedimientos civiles, cualquier persona puede acudir a los tribunales contra particulares o personas jurídicas sustantivas solicitando que su derecho a un medio ambiente saludable y equilibrada deberán respetar. De conformidad con el artículo 5 quinquies de la Ordenanza gubernamental de emergencia nº 195/2005 — Ley de protección medioambiental, «toda persona tiene derecho a dirigirse a las autoridades administrativas o judiciales cualquier cuestión medioambiental, directamente o a través de las ONG medioambientales, con independencia de una vulneración de un derecho». Así, puede pedir cualquier acto u omisión que garantizaría el respeto de su derecho a un medio ambiente saludable y equilibrada, como se indica en la Constitución rumana, aunque no sufrió ningún perjuicio directamente. No obstante, si sus derechos se vea afectada, con arreglo al artículo 5 sexies), tiene derecho a una indemnización.
Si el objeto de la reclamación es un acto administrativo que haya sido expedido o si han sido emitidos (omisión), entonces el asunto se tramitará por los tribunales administrativos, y también deberá presentar su reclamación contra el organismo administrativo, junto con el beneficiario del acto administrativo. No obstante, en los procedimientos administrativos, que también tendrían que demostrar que se ha producido una infracción de sus derechos sustantivos — Criterio del interés legítimo. No tendrá capacidad procesal ante los tribunales si usted solo podrá invocar la protección general de los derechos humanos o del medio ambiente — interés público legítimo. Solo las ONG (incluidas las organizaciones sociales también asociaciones y fundaciones) puede invocar ante los tribunales una infracción de legítimo interés público.
Los tribunales administrativos también asuntos contra organismos públicos con arreglo a la Ley no 554/2004 sobre el procedimiento judicial administrativo. Con arreglo al art. 1 de esta Ley, cualquier persona puede presentar una queja en los tribunales contra un organismo administrativo si un legítimo interés público o privado o un derecho sustantivo se vio perjudicada por un acto administrativo que ha sido expedido por dicha autoridad, por no resolver una solicitud en el tiempo, de acuerdo con los plazos indicados en los distintos ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, una respuesta a una petición debe presentarse en un plazo de 30 días. Si considera haber sufrido algún perjuicio también puede pedir una indemnización.
Según el artículo 8 de la misma Ley, si considera que:
sus intereses legítimos o se han violado tus derechos jurídicos administrativos mediante un acto unilateral,
No está usted satisfecho con la respuesta a la reclamación o si no ha recibido respuesta alguna a la reclamación,
su solicitud no se haya resuelto en el plazo prescrito por la ley
El órgano de administración se negó a resolver su solicitud
el organismo administrativo se niega a ejecutar una operación de carácter administrativo que es necesario para el ejercicio o la protección de su derecho o interés legítimo puede solicitar al Tribunal de Justicia que:
La anulación total o parcial del acto administrativo
Los remedios previstos para el perjuicio que considera haber sufrido
Si usted es una ONG puede pedir al Tribunal todos mencionados anteriormente, siempre que la protección de un interés legítimo.
Si no es así, se puede alegar el interés legítimo únicamente si la violación de los intereses legítimos públicos es una consecuencia lógica de la pérdida de valor del derecho privado sustantivo o del interés legítimo.
Las autoridades competentes en asuntos de responsabilidad medioambiental son:
La Agencia de protección del medio ambiente de distrito (artículo 6 de la Ordenanza gubernamental de emergencia nº 68/2007, que transpone la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad medioambiental);
La guardia nacional de protección ambiental (art. 9 de la Ordenanza gubernamental de emergencia nº 68/2007) que tiene la facultad de controlar y dar las multas a los que violan la legislación en materia de medio ambiente;
De conformidad con el artículo 20 de la Ordenanza gubernamental de emergencia 68/2007, cualquier persona afectada o potencialmente afectados por un daño ambiental, o considera que un derecho o interés legítimo se haya visto afectado, puede:
enviar observaciones a la guardia nacional de protección ambiental
solicitar a la Agencia de protección del medio ambiente de distrito que tome medidas de conformidad con la Ordenanza gubernamental de emergencia nº 68/2007
Con arreglo al artículo 20.2, se considera que las ONG de medio ambiente» los derechos e intereses legítimos que les hayan sido violados, y pueden abordar, en cualquier situación, las citadas autoridades.
Las decisiones son actos administrativos y están siendo juzgados por tribunales administrativos de acuerdo con las normas generales recogidas en la Ley nº 554/2004 sobre el procedimiento judicial administrativo (artículo 25 de la Ordenanza gubernamental de emergencia nº 68/2007). Puede presentar una reclamación contra la decisión de la Autoridad en un plazo de 30 días o acto ante el Tribunal contra la falta de respuesta a su solicitud de acción. Si no recibe respuesta a la reclamación administrativa o la respuesta no es satisfactoria, puede pedir al Tribunal que revise la decisión en un plazo de 6 meses a partir de la omisión o la recepción de la respuesta negativa.
La decisión de la autoridad puede impugnarse ante los tribunales, como ya se ha explicado, con arreglo a la Ley 554/2004 sobre el procedimiento judicial administrativo. Además, según el artículo 5 de la Ordenanza gubernamental de emergencia 195/2005 relativa a la protección del medio ambiente, cualquier persona puede acudir a los tribunales contra daños medioambientales y pedir al Tribunal de Justicia que emprenda medidas contra el responsable de la contaminación.
El Defensor del Pueblo no tiene competencias específicas en materia de medio ambiente. Tiene competencias en la defensa de los derechos y las libertades de los individuos. El Defensor del Pueblo puede, entre otras cosas:
Resolver las quejas remitidas por los ciudadanos;
emitirá dictámenes a instancia del Tribunal Constitucional;
Iniciar un procedimiento ante el Tribunal administrativo de conformidad con la Ley no 554/2004 sobre los procedimientos judiciales administrativos (véase el próximo párrafo);
Interponer un recurso en interés de la ley ante el Tribunal Supremo de Casación y Justicia;
Presentar informes al Parlamento. Los informes pueden recomendar modificaciones de la legislación;
Presentar informes al Parlamento o al primer ministro si, en el transcurso de su investigación, se encuentra la legislación que infringe el Estado de Derecho;
Según el Derecho administrativo tiene capacidad procesal ante los tribunales, el Defensor del Pueblo Europeo contra cualquier acto administrativo ilegal, incluido el acto en materia de medio ambiente. Según el art. 1 de la Ley nº 554/2004 sobre el procedimiento judicial administrativo, el Defensor del Pueblo solo puede actuar si sea solicitada por el peticionario. Si el Defensor del Pueblo archiva el asunto ante los tribunales administrativos, puesto que el peticionario se convierta en la demandante. Si se niega, el órgano jurisdiccional anulará el caso.
Según el artículo 1, párrafo 4, de la Ley de administración fiscal el número 554/2004, está facultado para solicitar al Tribunal de Primera Instancia a anular los actos administrativos individuales unilateral que violan los derechos, intereses y los intereses legítimos de las personas que se convirtieron en partes demandantes en el asunto ante el tribunal administrativo. El ministerio público puede iniciar este caso solo con el consentimiento previo de la parte cuyo derecho, libertad o interés fue violado.
Si el fiscal considera que un interés público legítimo fue violado por un acto normativo, administrativo provocarlo, puede actuar contra ella ante el tribunal administrativo. En este caso, si el funcionamiento de un servicio público administrativo se vería gravemente perturbado, puede también solicitar la imposición de medidas cautelares.
La Fiscalía no tiene competencias especiales en materia de medio ambiente. Puede perseguir los delitos ambientales fijados por la ley.
La autoridad pública que dictó un acto administrativo puede solicitar al Tribunal de Justicia una anulación si el acto produce sus efectos ni tampoco puede ser revocada por la Autoridad. El Tribunal analizará la legalidad de los actos expedidos de acuerdo con ella, así como los efectos producidos por tales actos.
No hay acciones penales privadas en Rumanía.
De conformidad con el artículo 3, apartado 12, de la Decisión gubernamental 57/2009, por el que se regulan las atribuciones y el funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente, esta Institución garantice el control y el respeto de la legislación medioambiental, a escala nacional, de las personas físicas y jurídicas, por lo tanto, también de los órganos administrativos.
El Ministro ha hecho una Dirección de inspección y control para llevar a cabo esta tarea.
Las competencias del Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal a solicitar al Tribunal de Primera Instancia que anule los documentos administrativos ilegales se han descrito anteriormente.
El prefecto también pueden atacar ante los tribunales las decisiones administrativas adoptadas por los condados locales ejercer un control de legalidad, con carácter general, la competencia.
Describa la capacidad procesal normas aplicables para distintos tipos de procedimientos y diferentes actores. Describir de qué manera los conceptos de vulneración de un derecho y de interés suficiente, etc. se interpreta en su país.
(utilice el cuadro que figura a continuación)
Otros [3]#_ftn3
El Defensor del Pueblo y el Ministerio fiscal, autoridades públicas, como se describe en el anexo VI, punto 2.
Una autoridad pública puede actuar como cualquier persona contra los actos expedidos por otra autoridad pública en caso de que sus derechos o intereses legítimos se incumplen. No obstante los órganos administrativos apenas están ejerciendo esa facultad.
Decreto 195/2005 respecto de la protección del medio ambiente también señala que las ONG medioambientales poseen capacidad procesal ante los tribunales en los casos que tengan por objeto la protección del medio ambiente. No existen normas especiales para los diferentes niveles de protección del medio ambiente.
Las acciones judiciales en los tribunales administrativos está sujeta a las normas previstas en la Ley 554/2004, descrito anteriormente. Las personas físicas o jurídicas pueden impugnar el acto administrativo invocando el legítimo interés público, en la medida en que se trata de una consecuencia de la vulneración del derecho subjetivo o interés legítimo privados.
Otras instituciones y entes estatales gozan de capacidad procesal según se describe en el anexo VI.
Se aplicarán las mismas normas a la capacidad procesal de los particulares y ONG en los procedimientos de EIA y PCIC, tal como se describe en el epígrafe V.
Los abogados que representan los intereses de una de las partes ante el Tribunal. El abogado no es obligatoria en materia de medio ambiente o de cualquier materia, excepto las causas penales, de conformidad con la Ley de enjuiciamiento criminal. En las causas penales, incluidos los delitos ambientales, el acusado debe estar asistido por un abogado.
De acuerdo con el nuevo Código de procedimiento civil, las partes deberán estar asistida por un abogado en segunda instancia.
En Rumanía hay cada vez más los abogados están interesados en la defensa del medio ambiente, en la medida en que garantiza un tipo de popularidad y el reconocimiento público de los respectivos abogados. Esto es tan necesario reconocimiento porque cualquier tipo de publicidad de los abogados es ilegal en Rumanía.
No existen normas especiales en materia de medio ambiente. Según el artículo 13 de la Ley nº 554/2004 sobre el procedimiento judicial administrativo, el Tribunal ha de requerir a la autoridad administrativa para que presentara todos los documentos que se han tenido en cuenta al expedir el acto cuya anulación se solicita. El demandante puede presentar ninguna prueba para demostrar las alegaciones: documentos técnicos, interrogatories, poder judicial, o testigo.
En los procedimientos civiles y penales, el Tribunal de Justicia no tiene obligación de obligar al demandado a proporcionar documentos. Sin embargo, existe un reglamento de procedimiento que permita al Tribunal de Justicia a estimar que el interesado, que se negó a mostrar determinados documentos, reconoció la alegación de la otra parte, únicamente en los asuntos civiles.
Las pruebas son propuestos por las partes al inicio del procedimiento judicial, inmediatamente después de que todas las demás excepciones procesales fueron suspendidas por el Tribunal. El Tribunal puede ordenar la práctica de diligencias de prueba por su propia si considera que la verdad se puede establecer, según el papel activo del Tribunal de Justicia. No obstante, esta función solo se aplicará en materia civil, está limitado por el derecho del recurrente a deshacerse de su propio recurso en el Tribunal de Justicia. Las pruebas deben ser admitida por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia efectivamente adoptadas hasta entonces. No hay diferencia entre el procedimiento administrativo y el procedimiento civil.
Sin embargo, el procedimiento judicial civil tiene tres fases: el primer tribunal, y de dos recursos de casación. En el primero y en el primer recurso de casación ningún elemento de prueba pueden proponerse al Tribunal de Primera Instancia, y el Tribunal de Justicia solo autorizará los elementos de prueba que sean útiles para el caso. En el segundo recurso solo podrá aportar documentos justificativos. El recurso de casación solo es admisible en la limitación de los motivos especificados en el Código de procedimiento civil.
En el procedimiento administrativo no es solo el primer juez y de un recurso de casación. En el marco del recurso de casación solo puede admitirse como prueba los documentos, pero el Tribunal de Justicia puede analizar el caso en todos los aspectos, para compensar la falta de recurso en el presente procedimiento.
Los expertos judiciales proporcionan asesoramiento judicial. La tasa es pagada por la parte que solicite el asesoramiento. Las partes pueden pedir al Tribunal que le permita a sus propios expertos que participarán en el peritaje realizado por el perito. El Tribunal también puede ordenar que la experiencia es realizado por un instituto o laboratorio especializado.
Si nadie en la lista de peritos judiciales ha solicitado la especialidad del caso, el Tribunal puede ordenar una conocida personalidad o científico en el ámbito necesario de conocimientos especializados, como profesor de la Universidad. Estas disposiciones están regulados por el Código de procedimiento civil.
Por lo que se refiere a las conclusiones del experto técnico, el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta las presentes conclusiones. No obstante, el Tribunal de Justicia puede no tener en cuenta los conocimientos, si así se hizo en violación de las normas de procedimiento relativas a la experiencia jurídica o si las conclusiones contradicen el objeto del litigio.
No existen diferencias en el procedimiento administrativo y el procedimiento civil y no existen disposiciones especiales en materia de medio ambiente en lo que respecta a la competencia judicial.
La principal norma es que no hay un efecto de supresión en cualquier circunstancia. En todos los casos, el Tribunal debe ser competente para emitir una orden de reparación. Los efectos de la ley serán suspendidos solo si la medida cautelar es admitido por el Tribunal de Justicia. El recurso contra la decisión del Tribunal de conceder la medida cautelar no suspende la ejecución de la presente Decisión.
Procedimientos relativos a la expropiación de la resolución administrativa es ejecutadas inmediatamente. El derecho de propiedad se transfieren del propietario privado al Estado mediante un acto administrativo unilateral inmediatamente después de que el dinero que ofrece el expropriator consignadas en una cuenta bancaria (el propietario privado puede recibir el dinero solo si no tiene la posibilidad de emprender acciones legales contra los expropriator solicitar más dinero). La imposición de una medida cautelar con el objeto de suspender esta transferencia es inadmisible según la Ley de expropiaciones número 255/2010.
Otros actos administrativos también producen efectos independientemente de un recurso de anulación ante el Tribunal. El único efecto suspensivo viene facilitada por las medidas cautelares.
Es posible tanto la imposición de medidas cautelares en los procedimientos administrativos, así como el Código de procedimiento civil.
La imposición de medidas cautelares en los procedimientos administrativos que se refiere exclusivamente a la suspensión de la ejecución de un acto administrativo unilateral.
En el marco de un procedimiento civil el juez puede conceder una medida cautelar para garantizar la protección de un derecho, para evitar un daño inminente, y eliminar los obstáculos de una ejecución de una orden judicial. La acción de cesación se presentan únicamente en los asuntos urgentes y únicamente por un período limitado de tiempo.
Según el artículo 14 de la Ley 554/2004 sobre el procedimiento judicial administrativo, puede solicitar la imposición de medidas cautelares inmediatamente después de presentar la reclamación administrativa a la autoridad pública de la que emana el acto, antes de presentar ante el Tribunal de Justicia la solicitud de la anulación del acto.
Según el artículo 15 de la Ley 554/2004 sobre el procedimiento judicial administrativo, las medidas cautelares pueden ser también ha solicitado, junto con la solicitud de anulación o por medio de una solicitud separada, que podrá presentarse hasta que el Tribunal de Primera Instancia adoptó una decisión sobre la anulación del acto.
Para que se le conceda, tendrás que demostrar que la solicitud está justificada y que sin la medida cautelar que sufriría un daño inminente.
La imposición de medidas cautelares en los procesos civiles se concede en caso de urgencia y durante un período de tiempo limitado, como se describe más arriba.
Tanto en el procedimiento administrativo y procedimiento civil un recurso podrá interponerse por escrito en un plazo de 5 días a partir de la decisión del Tribunal de Justicia.
¿Cuáles son las categorías de costes que debe afrontar un demandante al recurrir a la justicia en asuntos ambientales? (5-10 frases)
Las categorías de costes son:
Los honorarios del Tribunal
Los costes de la otra Parte con arreglo al principio «quien pierde, paga»
Ofrecer una estimación de la tasa judicial (tasa para el inicio de un caso al Tribunal, en distintos tipos de procedimientos) y tasa de recurso aplicable en su país. (3-5 frases)
Los honorarios de los tribunales están regulados por el Decreto de emergencia 80/2013.
La tasa por tribunales administrativos varía aproximadamente entre 11 (50 RON) y 66 (300 RON).
Las tasas por Tribunal Civil se establece con arreglo al valor del litigio. Son varios los criterios dados por determinados valores establecidos por ley.
Si la cuantía del asunto es de 111 EUR (500 RON), la tasa judicial es del 8 %, pero no inferior a 4 EUR (20 RON)
Si la cuantía del asunto está comprendido entre 111.1 (501 RON) y de 1111 (5000 RON), los honorarios del Tribunal es de 8 (40 RON) más el 7 % del importe superior a 111 EUR (500 RON);
Si se sitúa entre 1111 (5000 RON) y 5555 (25000 RON), los honorarios del Tribunal es de 78 (355 RON) más el 5 % del importe superior a 1 111 EUR (5000 RON);
si está comprendido entre 5555 y 1 (25001 RON) y 11111 (50000 RON), los honorarios del Tribunal es de 301 (1355 RON) más el 3 % del importe superior a 5 555 EUR (25000 RON)
si está comprendido entre 11111 y 1 (50001 RON) y 55555 (250000 RON) la cuota del Tribunal es de 467 (2105 RON) más el 2 % del importe superior a 11 111 EUR (50000 RON)
superior a 55 555 EUR (250000 RON) — 1356 (6105 RON) más el 1 % del importe superior a 55 555 EUR (250000 RON)
La tasa de recurso como segundo grado de jurisdicción es la mitad de la tasa en el primer órgano jurisdiccional, pero no inferior a 4 (20 RON):
La tasa de recurso como tercer grado de competencia la tarifa es de 22 EUR (100 RON) por motivos de casación regulado en el art. 488 apartado 1, puntos 7 a 1 del nuevo Código de procedimiento civil. Si los motivos relativos a la aplicación del Derecho material en los casos que pueden valorarse en dinero, la tasa del Tribunal es del 50 % del importe pagado en el primer órgano jurisdiccional pero no inferiores a 22 EUR (100 RON). Para los casos que no pueden valorarse en dinero los honorarios del Tribunal es de 22 (100 RON).
Si el recurso se interpone contra una decisión del Tribunal de Justicia sobre:
suspensión de los procesos judiciales, la tarifa es de 4 EUR (20 RON)
Anulación del juicio porque la tasa del Tribunal no se abonó, u otros casos en que el caso no se enjuicie, los honorarios del Tribunal es de 11 (50 RON).
Ofrecer una estimación de los honorarios de expertos, honorarios de abogados y otras categorías de tasas típico en materia de medio ambiente. (10 frases)
Sin embargo, no existe ningún criterio para calcular un canon de un experto o de un abogado. Una tasa por un experto era de alrededor de 2 000 EUR y un canon por un abogado que no trabajan para ONG medioambientales, es, como mínimo, de 1 000 EUR.
Son muy pocos los abogados trabajan en organizaciones no gubernamentales para que la asistencia jurídica es muy difícil.
¿Cuál es el coste de las medidas cautelares o provisionales? Es un depósito o garantía en concepto de daños y perjuicios necesaria? (3 frases)
La tasa de solicitar medidas cautelares ante un tribunal de la jurisdicción civil es de 4 (20 RON), si no se valoran en dinero. Si así fuera, la tasa judicial se valoran en dinero, la tarifa es de 11 EUR si el valor se ha establecido en 444 (2000 RON) y 44 (200 RON) si el valor calculado es superior a 444 EUR (2000 RON). Hay ningún depósito necesarios.
La imposición de medidas cautelares en los tribunales administrativos, no se menciona, por lo que debe aplicarse el art. 27 que hace referencia a otros casos que no pueden valorarse en dinero. En tales casos, los honorarios del Tribunal es de 4 (20 RON).
¿El principio «quien pierde, paga» prevalecer? ¿cómo es aplicado por los órganos jurisdiccionales? ¿Cuáles son las excepciones a esta regla no se aplica? (5-10 frases)
El principio de «quien pierde, paga» se aplica cada vez que la otra parte solicita que los gastos que había de apoyo durante el juicio. Si la otra Parte no solicitar este tipo de costes, el principio no es aplicable. El Tribunal de Justicia también puede compensar los gastos si solo una parte de su solicitud fue aceptada y el resto fue rechazado. En este caso, el Tribunal de Justicia podría compensar los gastos, de manera que una de las partes pagará la parte restante o nada si la suma total podría compensar.
Los tribunales pueden otorgar exenciones del pago de las costas procesales, derechos, tasas judiciales, tributación de las costas, etc. en materia de medio ambiente? ¿Cuáles son las causas de esta situación? (10 frases)
La justicia gratuita se concede de acuerdo con el Decreto de Emergencia nº 51/2008, aplicable únicamente en materia civil, de:
Los honorarios de un abogado;
Honorarios de un perito, intérprete;
Los honorarios del ejecutor judicial;
Los honorarios del Tribunal — Exenciones, reducciones, aplazamientos, retrasos;
El importe máximo que podrá concederse en concepto de asistencia jurídica gratuita en un año puede ser igual a 10 como mínimo los salarios brutos establecidos en el año en que se presente la solicitud de asistencia jurídica gratuita.
Puede concederse el beneficio de justicia gratuita si su resultado neto medio por familia en los dos últimos meses desde la solicitud de asistencia jurídica gratuita se encuentra bajo 300ron aproximado (70 EUR). En este caso, los gastos estarán cubiertos íntegramente por el Estado.
Si el volumen de los ingresos es de alrededor de 145, los cánones serían del 50 % apoyado por el Estado.
La Ordenanza gubernamental de emergencia nº 80/2013 introdujo la posibilidad de que las personas jurídicas pueden beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita para los honorarios del Tribunal (exenciones, de reducciones, los aplazamientos de los retrasos), siempre que:
los honorarios del Tribunal es superior al 10 % de la media de ingresos netos para los últimos 3 meses de actividad;
la entidad jurídica está en disolución y liquidación o las mercancías son objeto de decomiso;
El Tribunal de Justicia, al analizar la situación económica y financiera general, considera que la cuantía de la tasa judicial afecta negativamente a la actividad de la persona jurídica;
Dependiendo del tipo de decisión, existen diferentes plazos prescritos por la ley. Debe facilitarse una respuesta en el plazo de 30 días a una petición de un órgano de administración o de una reclamación administrativa. El acto administrativo se expedirá en un plazo de 30 días. Si la Autoridad ha tomado ninguna decisión en este plazo, el acto se considera tácitamente expedido por la Autoridad. La presente regla no se aplicará a los permisos medioambientales. No hay plazos para la expedición de los permisos. Permiso de EIA, si el beneficiario del proyecto no aportar toda la información necesaria para expedir el permiso medioambiental en dos años desde que se realizó la solicitud, la solicitud de autorización medioambiental serán rechazadas.
No se contemplan sanciones contra los órganos administrativos por adoptar decisiones con retraso prescritas por la ley.
De conformidad con el artículo 22 de la Ley 544/2001, el órgano jurisdiccional puede obligar a la autoridad pública o entidad a facilitar la información solicitada y a pagar una indemnización por daños y perjuicios.
No existen disposiciones especiales relativas a los plazos de los procedimientos judiciales en materia ambiental.
La imposición de medidas cautelares en los tribunales administrativos pueden ser juzgados por el Tribunal de Primera Instancia entre dos meses y un año y otro de recurso de dos meses y un año. La Ley especifica que tales casos son urgentes y deben ser juzgadas con urgencia.
La imposición de medidas cautelares ante un tribunal de la jurisdicción civil ha de ser juzgadas con urgencia. La decisión deberá presentarse en 24 horas y la resolución escrita deberá darse dentro de 48 horas desde que se dictó la resolución.
Una solicitud de anulación en primera instancia puede adoptar, al menos, dos años, y las mismas para el recurso de casación. Comunicar la decisión por escrito a la parte que requiere mucho tiempo. Hasta que esto se les comunica, ningún recurso de casación podrá interponerse.
Después de la investigación judicial, la entrega de la decisión puede demorarse durante 7 días, en varias ocasiones. No existe ninguna reglamentación sobre cuántas veces el Tribunal de Justicia puede aplazar la ejecución de la Decisión. La resolución escrita deberá entregarse a las partes en un plazo de 30 días. Este término es únicamente una recomendación para los jueces.
No hay ningún plazo para que el Tribunal de Justicia pueda dictar sentencia.
No se contemplan sanciones contra los tribunales por adoptar decisiones con retraso prescritas por la ley. Esto puede contabilizarse para la evaluación de los jueces en caso de que se demuestre que no tenían ningún motivo razonable de respeto de las condiciones existentes en el mismo. La responsabilidad disciplinaria de los jueces.
Las licencias medioambientales y los actos administrativos pueden impugnarse ante los tribunales administrativos después de su emisión. Toda vez que el público es una tercera parte en estos procedimientos, el público puede presentar la reclamación administrativa en el plazo de 6 meses a partir del momento en que el público aprende sobre la existencia del acto. La reclamación puede presentarse al Tribunal en 6 mes desde la respuesta de la autoridad administrativa fue recibida o hubiera recibido.
La información en materia de medio ambiente no está bien estructurado. En el sitio web de la Agencia de protección del medio ambiente no es información organizadas en cada proyecto pero por grandes categorías: los informes medioambientales, permisos medioambientales, avisos públicos, etc., de modo que si desea recabar información de un proyecto se puede utilizar en todas las categorías de documentos pertenecientes a cientos de otros proyectos. Que convierte a la información en materia de medio ambiente, muy difíciles de identificar. Bien organizada no existen bases de datos con los proyectos en curso de evaluación o que han sido evaluadas en los años anteriores. A continuación figura el sitio Internet de todos los organismos de protección del medio ambiente en el país: http://www.anpm.ro/
No existe una resolución alternativa de litigios (ADR) en Rumanía, accesible para el público en asuntos ambientales. Sin embargo, la Ley 192/2006 sobre mediación pueda ser aplicable.
La mediación se rige por la Ley 192/2006 y la Ley 115/2012. A partir de 2012 de octubre de 12, en materia civil, mercantil o penal (la protección de los consumidores, el Derecho de familia, relaciones de vecindad civil, responsabilidad profesional, los casos cuyo valor sea inferior a 11 111 EUR y, en materia penal por infracciones que se investigan únicamente en caso de reclamación previa), la información sobre las ventajas de la mediación es obligatorio.
Lucha contra la discriminación está regulado por el Decreto nº 137/2000.
De no existir cláusulas antidiscriminatorias en las normas de procedimiento, pero los ciudadanos que hablen rumano no tienen derecho a un intérprete y a la traducción de los documentos.
El artículo 16 de la Constitución rumana, y artículo 4, apartado 1, de la Ley 303/2004 obliga a los jueces y fiscales de distrito para garantizar la igualdad ante la ley y garantizar la igualdad de trato de todos los participantes en el procedimiento judicial, independientemente de su estatuto.
El intérprete ha de ser admitida por el Tribunal de Justicia, si una parte no puede hablar en rumano. El demandado tiene derecho, en los asuntos penales, a utilizar su lengua materna.
La parte que se proponga utilizar determinados documentos para probar las alegaciones formuladas ante el Tribunal debe cubrir las necesidades de traducción. La traducción ha de realizarse en rumano para el Tribunal y la lengua de la otra Parte.
El Gobierno apoya estos gastos en los asuntos medioambientales de acuerdo con el Decreto de emergencia 51/2008. de asistencia jurídica gratuita
En las causas penales, las partes que no hable o entienda rumanos tienen derecho, de forma gratuita, a que tome nota del expediente, que se dirija al Tribunal y a presentar las conclusiones ante el Tribunal de Justicia, por medio de un intérprete.
ANEXO XVI. Asuntos transfronterizos
No existen normas procesales específicas para los asuntos que implican problemas ambientales en otros países. Si la población de un país vecino quiere entablar un procedimiento en Rumanía, un organismo administrativo o una sociedad, los ciudadanos deben aplicar la normativa rumana sobre el procedimiento. Rumania ratificó el Convenio de Espoo, de modo que el procedimiento regulado por el Convenio de Espoo se aplicarán a los proyectos y planes que entran en Espoo y Protocolo de evaluación ambiental estratégica.
En la legislación rumana pues puede considerarse como público interesado.
El Reglamento de legitimación fue descrito en el anexo IV, V, VII.
En conclusión si es usted un particular o una ONG tengan capacidad procesal a ir a los tribunales rumanos contra los daños medioambientales, como público interesado. Por lo que se refiere a la asistencia jurídica gratuita si es usted ciudadano de la UE, usted puede formular tales peticiones. Con arreglo a la Ordenanza gubernamental de emergencia 51/2008, a excepción de la asistencia jurídica gratuita descrito en el anexo XII, los ciudadanos de la UE también pueden solicitar asistencia jurídica gratuita a:
Los gastos de intérpretes;
Las traducciones de los documentos;
Viajar a Rumanía si su presencia es obligatoria;
En relación con la legitimación de medidas provisionales y medidas cautelares, que se describen en los apartados anteriores. No existen otras disposiciones especiales del derecho.
[1] Evaluación del impacto ambiental