Source: https://boc-cantabria.vlex.es/vid/ley-cantabria-9-2018-754857085
Timestamp: 2019-07-21 08:37:10
Document Index: 312709134

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 76', 'artículo49', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 49', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 112', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 47', 'Artículo 64', 'Artículo 68', 'Artículo 70', 'Artículo 73', 'artículo 41', 'artículo 71', 'artículo 27']

Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad. - BOC. Boletín Oficial de Cantabria - Legislación - VLEX 754857085
TÍTULO I. Garantía de derechos. - arts. 7 a 11
TÍTULO II. Medidas de garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
CAPÍTULO I. Medidas en el ámbito de la salud. - arts. 12 y 13
CAPÍTULO II. Medidas en el ámbito de la educación. - arts. 14 a 16
CAPÍTULO III. Medidas en el ámbito del empleo. - arts. 17 a 24
CAPÍTULO IV. Medidas en el ámbito de la protección social. - arts. 25 a 31
CAPÍTULO V. Medidas en el ámbito de la cultura, el turismo, el ocio y el deporte. - arts. 32 a 36
CAPÍTULO VI. Medidas en el acceso a la justicia. - arts. 37 a 41
CAPÍTULO VII. MEDIDAS FISCALES. - arts. 42 y 43
TÍTULO III. Accesibilidad universal y vida independiente.
CAPÍTULO I. Accesibilidad universal. - art. 44
CAPÍTULO II. Condiciones de accesibilidad. - arts. 45 a 56
TÍTULO IV. La lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral. - arts. 57 a 64
TÍTULO V. Planificación, formación, investigación y participación. - arts. 65 a 71
TÍTULO VI. Del régimen sancionador. - arts. 72 a 76
TÍTULO IV. - arts. 57 a 64
TÍTULO V. - arts. 65 a 71
TÍTULO VI. - arts. 72 a 76
Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personascon Discapacidad.
TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales. Artículos 1 a 76
Artículo 5 Corresponsabilidad de las Administraciones públicas y colaboración con la iniciativa social.
Artículo 6 Informe de Impacto de Discapacidad.
TÍTULO I Garantía de derechos. Artículos 7 a 11
Artículo 7 Garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
Artículo 8 Autonomía de las personas con discapacidad.
Artículo 9 Corresponsabilidad de las personas con discapacidad y de sus familias.
Artículo 10 Promoción del derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación.
Artículo 11 Informe sobre impacto por razón de discapacidad.
TÍTULO II Medidas de garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Artículos 12 a 43
CAPÍTULO I Medidas en el ámbito de la salud. Artículos 12 y 13
Artículo 12 Protección del derecho a la salud.
Artículo 13 Medidas en el ámbito de la salud.
CVE-2018-11349
CAPÍTULO II Medidas en el ámbito de la educación. Artículos 14 a 16
Artículo 14 Protección del derecho a la educación.
Artículo 15 Medidas en el ámbito de la educación.
Artículo 16 Medidas en el ámbito de la educación universitaria.
CAPÍTULO III Medidas en el ámbito del empleo. Artículos 17 a 24
Artículo 17 Protección del derecho al trabajo.
Artículo 18 Medidas de formación para el empleo.
Artículo 19 Orientación y apoyo para el empleo.
Artículo 20 Medidas de empleo público.
Artículo 21 Medidas del sector privado.
Artículo 22 Cláusulas sociales en la contratación pública.
Artículo 23 Contratos reservados.
Artículo 24 Salud y seguridad en el trabajo.
CAPÍTULO IV Medidas en el ámbito de la protección social. Artículos 25 a 31
Artículo 25 Derecho a la protección social.
Artículo 26 Medidas de acceso a los servicios sociales.
Artículo 27 Apoyo a las familias y personas cuidadoras.
Artículo 28 Medidas en la prestación de servicios sociales.
Artículo 29 La calidad de los servicios.
Artículo 30 Orientación sobre productos de apoyo y accesibilidad.
Artículo 31 Calificación y reconocimiento de la situación de discapacidad.
CAPÍTULO V Medidas en el ámbito de la cultura, el turismo, el ocio y el deporte. Artículos 32 a 36
Artículo 32 Derecho a la igualdad en el acceso a la cultura, el turismo, el ocio y el deporte.
Artículo 33 Medidas en el ámbito de la cultura.
Artículo 34 Medidas en el ámbito del deporte.
Artículo 35 Medidas en el ámbito del turismo.
Artículo 36 Acceso y disfrute de la naturaleza y de la educación medioambiental.
CAPÍTULO VI Medidas en el acceso a la justicia. Artículos 37 a 41
Artículo 37 Acceso a la Administración de justicia.
Artículo 38 Medidas en el ámbito del acceso a la Administración de Justicia.
Artículo 39 Turno de oficio.
Artículo 40 Medidas de defensa y protección jurídica.
Artículo 41 Arbitraje.
CAPÍTULO VII MEDIDAS FISCALES. Artículos 42 y 43
Artículo 42 La protección fiscal.
Artículo 43 Medidas en materia de protección fiscal.
TÍTULO III Accesibilidad universal y vida independiente. Artículos 44 a 56
CAPÍTULO I Accesibilidad universal. Artículo 44
Artículo 44 La protección del derecho a la vida independiente, la accesibilidad universal yel diseño para todas las personas.
CAPÍTULO II Condiciones de accesibilidad. Artículos 45 a 56
Artículo 45 Condiciones de accesibilidad.
Artículo 46 Accesibilidad en el entorno y utilización de espacios públicos.
Artículo 47 Aparcamientos reservados.
Artículo 48 Tarjeta de estacionamiento.
Artículo 49 Accesibilidad en la edificación.
Artículo 50 Medidas para garantizar la accesibilidad en la vivienda.
Artículo 51 Accesibilidad en el transporte.
Artículo 52 Accesibilidad en la comunicación, sociedad de la información y medios de comunicación social.
Artículo 53 Apoyos a la comunicación y comprensión de las personas con discapacidad.
Artículo 54 Acceso a bienes y servicios a disposición del público.
Artículo 55 Gestión de la accesibilidad universal y el diseño para todos en las administraciones públicas.
Artículo 56 Relaciones con las administraciones públicas.
TÍTULO IV La lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral. Artículos 57 a 64
Artículo 57 Derecho al aprendizaje y uso de la lengua de signos española y de la lenguaoral a través de los medios de apoyo a la comunicación oral.
Artículo 58 Aprendizaje en la enseñanza reglada.
Artículo 59 Aprendizaje en la formación no reglada.
Artículo 60 Acceso a los bienes y servicios a disposición del público.
Artículo 61 Transportes.
Artículo 62 Relaciones con las Administraciones públicas.
Artículo 63 Participación política.
Artículo 64 Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.
TÍTULO V Planificación, formación, investigación y participación. Artículos 65 a 71
Artículo 65 Planificación de políticas públicas.
Artículo 66 Información sobre discapacidad.
Artículo 67 Evaluación de las políticas públicas de atención a las personas con discapacidad.
Artículo 68 Formación en discapacidad
Artículo 69 Fomento de la investigación.
Artículo 70 Participación de la iniciativa social
Artículo 71 Órganos de participación institucional
El Consejo Autonómico de las Personascon Discapacidad.
TÍTULO VI Del régimen sancionador. Artículos 72 a 76
Artículo 76 Recaudación e informe de sanciones.
Disposición adicional primera Financiación de los centros y servicios para personas condiscapacidad.
Disposición adicional segunda Acompañamiento de perros de asistencia.
Disposición adicional tercera Sistema arbitral.
Disposición adicional cuarta Lectura Fácil.
Disposición adicional quinta Leyes de Presupuestos.
Disposición adicional sexta Plan estratégico de accesibilidad.
Disposición final primera Adaptación de la normativa de Cantabria.
Disposición final segunda Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad.
Disposición final tercera Modificación de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, deDerechos y Servicios Sociales.
Disposición final cuarta Habilitación al Gobierno de Cantabria.
Los derechos de las personas se basan en la dignidad humana y ésta es igual para todasellas. Las desventajas que experimentan las personas con discapacidad surgen de la interacción entre sus características personales y el entorno en el que se mueven. Por tanto, serán laspersonas e instituciones responsables de los entornos las que tengan la obligación de hacerlosaccesibles para que las personas con discapacidad puedan ejercitar sus derechos en igualdadde condiciones que el resto de ciudadanos y ciudadanas.
El modelo actual en la consideración de las personas con discapacidad que está tomandocarta de naturaleza en el ordenamiento jurídico de los Estados y de las Organizaciones internacionales, es el que adopta la Convención Internacional sobre los Derechos de las personascon discapacidad de la Organización de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006 (en adelante CIDPD), primer instrumento internacional que aborda de forma específica y con carácter
vinculante el objetivo de "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones deigualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personascon discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".
La CIDPD considera la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de lainteracción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entornoque evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con lasdemás. Por tanto, el problema ya no se aborda exclusivamente desde la limitación que produce la deficiencia orgánica o funcional, sino en el obstáculo que la sociedad pone a la plenainclusión.
Sobre estas premisas, la CIDPD es expresión de un novedoso paradigma en la consideración de las personas con discapacidad y plantea el cambio de un modelo estrictamente médicoy asistencial en la atención, a uno basado en el reconocimiento de los derechos humanos en elque las personas con discapacidad tengan la capacidad de lograr su pleno desarrollo, medianteel ejercicio de sus derechos sociales, culturales, civiles y políticos. De este modo, promueve laplena inclusión en los diferentes ámbitos de la sociedad, tales como la accesibilidad, la libertadde movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación.
España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo por Instrumento de ratificación dela Jefatura del Estado en 2007, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de abril de2008, entrando en vigor el 3 de mayo de ese mismo año, momento a partir del cual formaparte del ordenamiento jurídico.
En España, los distintos modelos de concepción de la discapacidad que se han apuntadohan inspirado en mayor o menor medida las normas que se han ido sucediendo tras la aprobación de la Constitución, y que han ido evolucionando desde la concesión de prestaciones parasuplir determinadas carencias hasta el verdadero reconocimiento de derechos que contienenlos textos legales recientemente promulgados tanto en la esfera estatal como autonómica.
La Constitución española de 1978 contiene un mandato a los poderes públicos en el artículo49: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación eintegración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atenciónespecializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechosque este Título otorga a todos los ciudadanos". Se trata de un principio rector de la políticasocial y económica, es decir dispone una serie de políticas asistenciales dirigidas a las personas con discapacidad adoptadas por los poderes públicos, pero que sin que esto constituya laconfiguración de un derecho subjetivo.
En todo caso, es importante subrayar como el propio precepto se refiere al resto de derechosreconocidos en la Constitución como propios de las personas con discapacidad. En definitiva,todo el Título Primero se dirige también a las personas con discapacidad, y singularmente elartículo 10.1, referido a la dignidad humana y el artículo 14, referido al derecho a la igualdad.
Por otro lado, establece el artículo 10.2 que "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad conla Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobrelas mismas materias ratificados por España". En este sentido, el artículo 49 debe ser interpretado tomando como referencia la CIDPD, con lo que es posible hacer una interpretación delprecepto tomando como referencia el modelo social.
Por último, en lo que hace referencia al fundamento constitucional, el artículo 9.2, segúnel cual "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y laigualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover losobstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", es el principal anclaje y la base de laigualdad de oportunidades, y a su vez del marco para la defensa jurídica de los derechos delas personas con discapacidad.
La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) es la primera Ley general de ámbito estatal que desarrolla el artículo 49 de la Constitución. Esta Leyconsidera persona con discapacidad a "toda aquella persona cuyas posibilidades de integracióneducativa, laboral o social se encuentren reducidas como consecuencia de una deficiencia,previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicaso sensoriales". El contenido de la Ley abarcaba la concesión de una serie de prestaciones desanidad, educación, prestaciones sociales, beneficios fiscales y disposiciones sobre movilidady barreras arquitectónicas, pero sustancialmente de integración laboral.
Posteriormente, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades y nodiscriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, (LIONDAU), supusoun impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad, centrándoseespecialmente en dos estrategias de intervención: la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal, completándose este marco normativo por medio de la Ley 49/2007, de26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materiade igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas condiscapacidad.
Tras la publicación de la CIDPD, se aprobó la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptaciónnormativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,que supuso un cambio significativo en la visión de la discapacidad, al superar definitivamentela perspectiva asistencial de las personas con discapacidad en pro de una concepción másadaptada a la realidad actual, basada en los derechos humanos.
La regulación fragmentada de la materia se superó mediante el Real Decreto Legislativo1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General dederechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que llevó a cabo la refundición en un único texto legal que regulariza, aclara y armoniza la LISMI, la LIONDAU y la Ley49/2007, de 26 de diciembre.
En la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Estatuto de Autonomía contiene una disposición de garantía de derechos y de participación social sin individualizarla en las personascon discapacidad, que se manifiesta en el artículo 5.2: "Corresponde a las instituciones de laComunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, promover las condiciones para quela libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación detodos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social."
En Cantabria, hasta la fecha, no se ha formulado una disposición legal que reconozca deforma general derechos a las personas con discapacidad, pero sí que se hacen reconocimientosen diversas normas sectoriales, bien en las que se han promulgado en cumplimiento de competencias exclusivas, o por medio de desarrollo legislativo de normas aprobadas por el Estadocon carácter básico. Así se hace en las principales disposiciones legales de orden social.
Tal es el caso del ámbito sanitario, en el que la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, dispone que "La asistencia sanitaria se prestará deforma integrada a través de programas orientados a la prevención de las enfermedades, sudetección temprana y su curación, a la rehabilitación, a la educación sanitaria y a la promociónde estilos de vida saludables".
Más explícita es en la esfera educativa, la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación deCantabria, que contempla como línea prioritaria de actuación en su artículo 3, la atención a ladiversidad del alumnado, potenciando una perspectiva intercultural en la educación y la atención y apoyo al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como el desarrollode actuaciones relacionadas con la compensación de las desigualdades en educación.
En la esfera de los servicios sociales, el artículo 5 de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 demarzo, de Derechos y Servicios Sociales, establece el derecho al reconocimiento de la situación
de discapacidad y a los derechos derivados de la misma, en los términos establecidos en lalegislación vigente, así como el derecho a acceder al sistema de servicios sociales, sin discriminación por razón de edad, lugar de nacimiento, etnia, sexo, orientación sexual, estado civil,situación familiar, enfermedad, discapacidad física, intelectual o sensorial.
Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Convención y del Texto Refundido de la Ley dederechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se pone de manifiesto laconveniencia de promulgar una Ley que, atendiendo a los principios de la Convención, y conuniformidad de criterios, formule en un texto único una regulación transversal que abarque lasdistintas áreas de las políticas públicas que inciden directamente en la vida de las personas.Disponer de un texto único permitirá una regulación armonizada que se corresponde con lafórmula legislativa seguida en el ámbito estatal. Se pretende favorecer la intervención integral,posibilitando la coordinación de todas las actuaciones que desarrollen las administraciones yentidades vinculadas, en los diversos ámbitos sectoriales, bajo la inspiración de unos principios, criterios y objetivos comunes.
De esta forma se integrará más adecuadamente la regulación autonómica de los derechosde las personas con discapacidad con la regulación de la Convención y su enfoque de la cuestión de la discapacidad como una cuestión de garantía integral de los derechos fundamentalesde las personas con discapacidad.
En la elaboración del anteproyecto de esta Ley se ha seguido un proceso colaborativo yparticipativo en el que, además de los órganos de la Administración autonómica con responsabilidad en áreas en que pueden verse afectadas las personas con discapacidad, ha resultadodeterminante la intervención de la delegación en Cantabria del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Cantabria.
El título preliminar contiene las disposiciones generales, que se refieren a la delimitacióndel marco normativo, definiendo el objeto, el ámbito y los principios. En el artículo 1 establececomo primer objeto la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con relación al resto de ciudadanos y ciudadanas y la garantía de la efectividad de susderechos y libertades fundamentales, así como los deberes de las personas con discapacidad,siendo también objeto de la Ley la eliminación de cualquier forma de discriminación.
El título I trata de la garantía de los derechos, atribuyendo esta obligación de garantía a lospoderes públicos. El derecho que figura en primer lugar es el derecho a la autonomía personal y ala vida independiente, y a recibir los apoyos necesarios para que esto sea viable. Este derecho seenfatiza en el artículo 7, que especifica el derecho de las personas con discapacidad a la toma dedecisiones en los asuntos que les afecten, con la necesaria información y los apoyos oportunos.
En el título II se establecen las medidas de garantía de los derechos por áreas de actuaciónde la Administración. La sistemática que se sigue es común a todos los capítulos, consistenteen reflejar la obligación genérica de establecer la protección de los derechos en el ámbito quese trate, y posteriormente determinar las concretas medidas de acción positiva de cada uno delos ámbitos de actuación, algunas de las cuales ya previstas en el ámbito regulador sectorial.
En el capítulo I se contienen las medidas en el ámbito de la salud, previéndose medidaspara hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades, con referencia específica a lasmedidas que habrá de adoptar el Sistema Sanitario Público de Cantabria en lo referente a laprevención de la discapacidad, a la salud sexual y reproductiva, y a la prevención del maltrato.Se hace, asimismo, una especial referencia a la atención temprana, previéndose la coordinación de los sistemas de salud, de servicios sociales y de educación.
En el capítulo II se sistematizan las medidas en el ámbito educativo, entre las que cabedestacar la evaluación para determinar las necesidades de apoyos educativos, la promoción dela adaptación curricular y la flexibilización del tiempo de permanencia en las etapas educativas,así como la promoción de la formación del profesorado en materia de discapacidad. Se incluyen también medidas de adaptación y formación en discapacidad en el ámbito universitario.
En el capítulo III, de medidas en el ámbito del empleo, merece destacarse la mención alas adaptaciones y apoyo en los procesos selectivos y las reservas de empleo, estableciendoconvocatorias y pruebas específicas para personas con discapacidad. En este capítulo se hacensendas referencias a la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, que obedece a las directrices en materia de contratación efectuadas por la Directiva Europea sobrecontratación Pública 2014/24/UE, y a los contratos reservados a favor de centros especialesde empleo o de empresa de inserción, incorporando la obligación contenida en la disposiciónadicional cuarta de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la quese transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y delConsejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
El capítulo IV establece las medidas en al ámbito de la protección social, incluyendo en lafinalidad de los servicios sociales destinados a las personas con discapacidad, la referencia a lapromoción de su autonomía personal y su inclusión en la comunidad, así como a su bienestary calidad de vida, y además el reconocimiento del derecho a que los servicios y prestacionessociales respondan a sus necesidades de apoyo singularizadas para poder desarrollar sus proyectos de vida.
El capítulo V contiene las medidas que afectan al acceso a la cultura, el turismo, el ocio y eldeporte, centrándose en aspectos de participación de las personas con discapacidad para cuyoobjeto habrán de promoverse espacios y servicios accesibles.
En el capítulo VI, entre las medidas de acceso a la Justicia, se resalta el objetivo de comunicación de los actos judiciales de forma comprensible, previendo diversos mecanismos paraello, y la promoción de un turno de oficio especializado para personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.
Para finalizar este título, el capítulo VII incluye las medidas en el ámbito de la fiscalidad,conteniendo un mandato de considerar a las personas con discapacidad y a sus ascendientesy descendientes en disposiciones que contengan bonificaciones fiscales.
El título III contiene la regulación de accesibilidad universal y vida independiente. En estetítulo se establecen una serie de disposiciones que sustituyen a la regulación que se conteníaen la Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, cuyas disposiciones han quedado desfasadas trasla aprobación de la normativa básica contenida en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de laspersonas con discapacidad y de su inclusión social, y su normativa de desarrollo, que asimismoestá siendo regulada con carácter básico.
El contenido de esta Ley en materia de accesibilidad, al contrario que sucedía con la anteriorde 1996, que se limitaba a la eliminación de barreras de tipo físico, se atiene a los criterios deaccesibilidad universal y de diseño para todas las personas.
El título IV trata de la lengua de signos española y el apoyo a la comunicación oral y contiene una serie de disposiciones que posibilitan que las personas accedan a la formación enlengua de signos y a su utilización en diversos ámbitos. Cabe hacer especial mención a lasdisposiciones en el ámbito educativo, relativas al aprendizaje de la lengua de signos, y a laoferta de modelos educativos bilingües, o bien a las que establecen medidas para la utilizaciónde la lengua de signos en servicios a disposición del público o en las relaciones con las administraciones públicas. En los mismos términos y ámbitos se prevé la promoción de los mediosde apoyo a la comunicación oral, en tanto que la persona tiene la libertad de elección del mediode comunicación con el resto de la comunidad.
El título V incluye medidas en materia de planificación, formación, investigación y participación, de forma que las necesidades de las personas con discapacidad se tengan en cuenta en la
formulación de políticas públicas, y que alcancen la difusión necesaria a través de medidas deinformación y de formación para que los poderes públicos y la sociedad civil tomen concienciay se impliquen en la consecución de la igualdad de oportunidades para todas las personas.
Por último, el título VI contiene el régimen sancionador, que hace una remisión al régimenestablecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se apruebael Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de suinclusión social, habida cuenta del carácter básico de esta disposición. Asimismo, se establecenlas competencias para la resolución de los procedimientos sancionadores.
Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con respectoal resto de ciudadanos y ciudadanas y la efectividad de sus derechos y libertades fundamentales, orientando la actuación de los poderes públicos de Cantabria a la atención y promoción desu bienestar, calidad de vida, autonomía personal y pleno desarrollo personal y social.
Eliminar, corregir y, en su caso, sancionar toda forma de discriminación de las personaspor razón de su discapacidad en los sectores público y privado, e impulsar medidas de acciónpositiva para garantizar la inclusión social.
Asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas
de atención a las personas con discapacidad.
Establecer, en el marco de la normativa básica estatal, medidas de accesibilidad y diseñopara todas las personas, así como de garantía del uso de la lengua de signos española y de lalengua oral a través del uso de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personascon dificultades auditivas.
Establecer, en el marco de la normativa básica estatal, el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades y nodiscriminación de las personas con discapacidad.
Esta Ley será de aplicación, en el marco de la normativa básica estatal, en el territorio dela Comunidad Autónoma de Cantabria, a todas las personas y entidades, y en especial a lassiguientes:
A las personas con discapacidad, a sus familias, sus tutores y a sus representantes legales, así como a las personas con riesgo de adquirir una discapacidad, en aplicación de lasacciones de prevención previstas en esta Ley y en su normativa de desarrollo.
A todas las actuaciones que desarrollen las administraciones y entidades públicas deCantabria en los distintos ámbitos de la acción pública incluidos en esta ley.
A las entidades privadas, con especial mención a los medios de comunicación, en elmarco de sus relaciones con las personas con discapacidad.
Sin perjuicio de los principios que se contemplan con carácter específico a lo largo de estaLey, las políticas públicas se basan en los siguientes principios generales, formulados por laConvención sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la Organización de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006:
El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomarlas propias decisiones, y la independencia de las personas;
El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como partede la diversidad y la condición humanas;
A efectos de esta Ley, los términos que en la misma se utilizan se entenderán empleadosen el sentido siguiente:
Personas con discapacidad: Todas aquellas que tengan diversidades físicas, mentales,intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demáspersonas. Además, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33por ciento, en los términos que establece la normativa estatal sobre derechos de las personascon discapacidad y de su inclusión social.
Calidad de vida: bienestar físico, material y emocional, así como satisfacción de la persona con discapacidad, de acuerdo con su sistema de valores y en relación con sus expectativas, objetivos y preferencias personales.
Atención integral: los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a quelas personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal,y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, y su inclusión y participación plena en la comunidad en todos los ámbitos de la vida.
Medidas de acción positiva: Son aquellas de carácter específico consistentes en evitaro compensar las desventajas derivadas de la discapacidad, y destinadas a acelerar o lograrla igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en todos losámbitos de la vida, y en especial, en la vida política, económica, social, educativa, laboral ycultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.
Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con discapacidadcuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de opor razón de su discapacidad.
Discriminación indirecta: Existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio opráctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionaruna desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los mediospara la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
Discriminación por asociación: existe cuando una persona o grupo en que se integraes objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón dediscapacidad.
Sostenibilidad financiera: La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes yfuturos, dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.
Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: es el principio en virtud delcual las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan únicamentea planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para las personas condiscapacidad, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta sus necesidades ydemandas.
Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes,productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, paraser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la manera más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de"diseño universal o diseño para todas las personas", y se entiende sin perjuicio de los ajustesrazonables que deban adoptarse.
Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que se concibeno proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal formaque puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidadde adaptación ni diseño especializado. El "diseño universal o diseño para todas las personas"no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad,cuando lo necesiten.
Cadena de accesibilidad: conjunto de elementos y acciones intervinientes en el acceso ydisfrute de un bien o servicio que permiten que la interacción de la persona con el entorno, sedesarrolle de forma continuada y sin rupturas en todos sus niveles, físico, informativo, comunicativo y cognitivo a lo largo de todo el proceso.
Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas delambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en uncaso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación ypara garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condicionescon las demás, de todos los derechos.
Lengua de signos española: lengua de carácter visual, espacial, gestual y manual encuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales, utilizadatradicionalmente como lengua por las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera signantes.
Medios de apoyo a la comunicación oral: son aquellos códigos y medios de comunicación,así como los recursos tecnológicos y ayudas técnicas usadas por las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, o con cualquier otra discapacidad que requiera de talesapoyos, que facilitan el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral, favoreciendouna comunicación con el entorno más plena.
Educación bilingüe: proyecto educativo en el que el proceso de enseñanza-aprendizajese lleva a cabo en un entorno en el que coexisten dos o más lenguas que se utilizan comolenguas vehiculares. En el caso de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, en Cantabria, se referirá a la lengua castellana y a la lengua de signos española.
La Administración Autonómica y, en su caso, las entidades que integran su sector público, con la participación y colaboración del resto de poderes públicos competentes en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad, realizarán las actuaciones precisas parala prevención de la discapacidad y para garantizar, en los términos establecidos en esta Ley, alas personas con discapacidad y a sus familias una respuesta adecuada a sus necesidades, a lolargo de su vida, de modo coherente y complementario entre todos los servicios o prestacionesque reciban.
Las Administraciones públicas colaborarán con las entidades privadas de iniciativa socialdel ámbito de la discapacidad y, en su caso, con aquellas entidades que desempeñen funciones de carácter tutelar, al objeto de adoptar las medidas necesarias que posibiliten el plenodesarrollo, inclusión, participación y toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida de laspersonas con discapacidad.
La responsabilidad y la financiación de las actuaciones encaminadas a la garantía de losderechos de las personas con discapacidad corresponderán a cada Administración pública enfunción de sus competencias.
Todos los anteproyectos de Ley, disposiciones de carácter general y planes que se sometana la aprobación del Gobierno de Cantabria y afecten a las personas con discapacidad, deberánincorporar un informe sobre impacto por razón de discapacidad que analice los posibles efectosnegativos y positivos sobre las personas con discapacidad y establezca medidas que desarrollos el derecho a la igualdad de trato.
Los poderes públicos garantizarán el pleno ejercicio en igualdad de condiciones de todoslos derechos y libertades de las personas con discapacidad, en especial los siguientes:
Derecho a la autonomía personal y a recibir los apoyos necesarios para tener una vidaindependiente.
Derecho a la igualdad de oportunidades respecto al resto de la ciudadanía en todos losámbitos.
Derecho de acceso a la salud, educación, servicios sociales y en general a todos los servicios públicos, en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía.
Derecho a acceder a los equipamientos, asistencia y servicios de soporte necesarios,basados en la promoción y desarrollo de capacidades.
Derecho a una evaluación clínica precisa y precoz, así como a una atención especializadadesde el diagnóstico.
Derecho a los servicios de habilitación y rehabilitación para alcanzar la inclusión y la participación plena en todos los aspectos de la vida, a la edad más temprana posible y conformea una evaluación interdisciplinar de sus necesidades y capacidades.
Derecho a que las intervenciones terapéuticas y la atención en los ámbitos sanitario,educativo y social, se desarrollen garantizando el derecho de igualdad de todas las personas,salvaguardando su dignidad inherente, y la plena inclusión.
Derecho a participar en la gestión de los servicios existentes destinados a su bienestar.
Derecho de participación y a la inclusión plena y efectiva en la sociedad y en la vida política y pública en igualdad de condiciones.
Derecho a que las organizaciones de personas con discapacidad y de sus familias seanconsultadas sobre los asuntos que afecten a las personas con discapacidad.
En la garantía de estos derechos se prestará especial atención a las personas con discapacidad que presenten mayores necesidades de apoyo por la gravedad de su discapacidad, porconstituir un grupo con mayor riesgo de exclusión.
Los poderes públicos garantizarán una atención personalizada a las personas con discapacidad atendiendo a las circunstancias específicas de la discapacidad que presenten.
Las medidas de garantía de los derechos habrán de respetar que las personas con discapacidad tomen las decisiones que afecten a su vida con libertad y autonomía.
Para la toma de decisiones con autonomía, la información que se proporcione a las personas con discapacidad habrá de facilitarse de forma comprensible, acorde a sus circunstancias,y en un formato accesible.
En todo caso, se deberán tener en cuenta las circunstancias personales y la capacidadpara tomar decisiones de las personas con discapacidad y se asegurará la prestación de apoyopara la toma de decisiones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica aplicable, las personas condiscapacidad, y en su caso, sus familiares o quienes les representen, tendrán los siguientesdeberes:
Participar activamente en la consecución de los objetivos de mejora de calidad de vidaque se determinen en los servicios o prestaciones que las administraciones pongan a su disposición.
Destinar íntegramente a la satisfacción de sus necesidades de atención y apoyo especializado e inclusión social, todas las prestaciones de protección social percibidas.
Las personas representantes legales de las personas con discapacidad que tienen su capacidad de obrar modificada judicialmente y que estuviesen recibiendo apoyo especializado através de cualquier servicio o prestación, tienen la obligación de colaborar con la entidad prestadora del servicio para garantizar la consecución del objetivo de mejora de su calidad de vida.
La Administración Autonómica, en el ámbito de sus competencias, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad,adoptará en los ámbitos a que se refiere esta Ley, medidas contra la discriminación directa,indirecta y por asociación, medidas de acción positiva, de fomento y de defensa de las personas con discapacidad, en los términos previstos en el Titulo II del Texto Refundido de la LeyGeneral de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Podrán adoptarse medidas de acción positiva adicionales en los ámbitos en los que seevidencie un mayor grado de discriminación o una situación de mayor desigualdad o de mayores necesidades de apoyo para el ejercicio de la autonomía para la toma de decisiones,especialmente en zonas rurales.
En las medidas que se adopten se tendrá especial consideración a la situación de mayorvulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad que puedan encontrarse en situacionesde mayor discriminación o violencia.
Todos los anteproyectos de Ley, disposiciones de carácter general y planes que se sometana la aprobación del Gobierno de Cantabria y afecten a las personas con discapacidad, deberánincorporar un informe sobre impacto por razón de discapacidad que analice los posibles efectosnegativos y positivos sobre las personas con discapacidad, y establezca medidas que desarrollen el derecho de igualdad de trato.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria adoptará las medidas necesarias y establecerá las actuaciones específicas para garantizar el derecho a la protección de lasalud de las personas con discapacidad, a través de la promoción de su salud y bienestar, laprevención de situaciones de discapacidad o su agravamiento, facilitando el acceso a todas lasprestaciones sanitarias, en el marco del régimen jurídico aplicable al ejercicio del derecho a laprotección de la salud de la ciudadanía por el Servicio Cántabro de Salud.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, además de lo previsto enlas normas sanitarias vigentes, impulsará, dotándolo de financiación suficiente, las medidasnecesarias para garantizar a las personas con discapacidad:
El acceso a los servicios sanitarios en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos yciudadanas.
La accesibilidad y la calidad en la atención en el sistema sanitario, eliminando las barreras arquitectónicas, cognitivas y de comunicación, y procurando la adaptación de los instrumentos de diagnóstico y tratamiento a las necesidades específicas de cada persona.
El respeto de la autonomía de las personas con discapacidad en la toma de decisionessobre su salud.
El Sistema Sanitario Público de Cantabria desarrollará, dotándolo de financiación suficiente y en el marco jurídico aplicable a la Cartera de Servicios y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, programas y actuaciones específicos dirigidos a las personas con discapacidaden los ámbitos de:
La prevención de la discapacidad, a través de actuaciones de prevención prenatal enmujeres embarazadas, programas y campañas de vacunación, aplicación de programas de detección precoz y diagnóstico neonatal y atención en el desarrollo saludable durante la infanciacon respeto a alteraciones que puedan producir discapacidad.
La atención temprana a los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o en riesgo depadecerlos, mediante actuación coordinada de los sistemas de salud, de servicios sociales y deeducación, con el fin de proporcionar información, prevención, detección precoz, diagnóstico,tratamiento, orientación y apoyo familiar.
La salud sexual y reproductiva, fomentando la divulgación y el acceso a la orientación, laplanificación familiar y el asesoramiento genético en grupos de riesgo.
La detección de situaciones de maltrato de las personas con discapacidad.
Se establecerán los medios necesarios, dotándolo de financiación suficiente, para asegurar una atención adecuada en zonas rurales.
El Sistema Sanitario Público de Cantabria, en el marco del Plan de Formación del personal de instituciones sanitarias de Cantabria, garantizará la formación al personal sanitario enmateria de discapacidad.
Asimismo, se establecerán protocolos de comunicación de diagnósticos y tratamientos ymanuales de buenas prácticas en la atención a las personas con discapacidad y a sus familias,con el fin de que la información sea adaptada a la persona según sus necesidades y situaciónde discapacidad.
El Sistema Sanitario Público de Cantabria establecerá las medidas necesarias para quelas personas con discapacidad accedan efectivamente al diagnóstico, tratamiento médico, farmacológico, quirúrgico, psicológico o rehabilitador, que atienda las necesidades específicas delas distintas discapacidades, en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos y ciudadanascon derecho a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
Se prestará especial atención a las prestaciones de salud bucodental, de atención hospitalaria domiciliaria, de material ortoprotésico, de rehabilitación en patologías crónicas, de atención temprana y de atención pediátrica, en el marco de la Cartera de servicios aplicable en elServicio Cántabro de Salud.
Se promoverá la coordinación entre los diferentes niveles de atención sanitaria con el finde asegurar el intercambio de información y la continuidad en la atención de las personas condiscapacidad.
Se facilitarán, según las reglas que rigen la prestación asistencial del Servicio Cántabrode Salud, las derivaciones a otras comunidades autónomas cuando no haya la especialidadrequerida en Cantabria.
Cuando se requiera atención sanitaria y de servicios sociales de carácter simultáneo osucesivo, las Administraciones responsables promoverán las actuaciones de coordinación entrelos distintos profesionales que atiendan a la persona con discapacidad, con el fin de facilitarla continuidad en la prestación de cuidados que se consideren más adecuados a su situaciónpersonal a la vez que se hace un uso eficiente de los recursos públicos.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria garantizará el acceso a unaeducación inclusiva y de calidad a las personas con discapacidad, así como la atención educativa específica a las necesidades del alumnado, con el fin de asegurar:
El pleno desarrollo personal, emocional, intelectual y social, para la mejora de la calidadde vida, la autonomía personal, la participación y el desarrollo en su entorno familiar y comunitario.
Su efectiva inclusión social, a través del proceso educativo que asegurará una transición adecuada entre las distintas etapas y niveles educativos, incluyendo las enseñanzas deformación profesional, con la finalidad de alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades ydisponer de las habilidades y competencias necesarias para su inserción socio-laboral.
La escolarización del alumnado con discapacidad se regirá por los principios de inclusión,no discriminación e igualdad efectiva en el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas cuando se considere necesario, propiciando que el alumnado con discapacidad desarrolletodas sus potencialidades.
La modalidad de la escolarización garantizará el acceso del alumnado a un centro ordinario con los apoyos necesarios, de acuerdo a lo que figure en el dictamen de escolarizacióncorrespondiente. Se garantizará que la familia pueda optar por un centro de educación especial, en los casos excepcionales en que se requiera esta escolarización para poder ofrecer larespuesta educativa más adecuada, tanto en la modalidad especifica como en la modalidadcombinada.
A los efectos de la escolarización del alumnado con discapacidad, la administración educativa llevará a cabo, de acuerdo con la normativa aplicable, la identificación y valoración desus necesidades educativas, así como la evaluación continua de sus logros y progresos.
Se adoptarán las medidas oportunas para que las familias del alumnado con discapacidadreciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que lesayude en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Garantizar la accesibilidad en el entorno educativo para adaptarse a las necesidades delalumnado.
Facilitar el acceso al sistema educativo asegurando los medios, apoyos y recursos acordes a las necesidades personales del alumnado, que permitan su permanencia y promociónen el sistema educativo, durante el tiempo que requiera según los tiempos de flexibilizaciónestipulados.
Proceder a la evaluación psicopedagógica tendente a determinar las necesidades específicas de apoyo educativo de cada alumno, que sirva de fundamento para la toma de decisionesrelativas a la escolarización, orientación educativa y adaptaciones curriculares en todas lasetapas educativas. Los dictámenes de escolarización en que se plasma la evaluación y los informes psicopedagógicos habrán de ser flexibles y revisables, de forma que se garantice quela solución propuesta se ajusta a las necesidades actuales del alumno o alumna.
Garantizar la atención temprana a los niños y niñas, hasta los seis años, con trastornosen su desarrollo o en riesgo de padecerlos, con el fin de proporcionar información, prevención,detección precoz, diagnóstico, tratamiento, orientación y apoyo familiar de forma coordinadacon los sistemas de salud y servicios sociales, en los términos que establezca la normativaaplicable en materia de educación
Promover la adaptación curricular para atender a las necesidades educativas que presenta el alumnado a lo largo de su escolaridad, incluyendo programas educativos complementarios centrados en la adquisición de habilidades necesarias para su autonomía en la vidadiaria.
Flexibilizar el tiempo máximo de permanencia en las etapas educativas especialmente enla formación profesional.
Desarrollar, en todas las etapas educativas, programas encaminados a prevenir y evitarel absentismo y el abandono escolar temprano del alumnado con discapacidad.
Adoptar medidas que favorezcan la socialización y dinamización en los recreos y tiempode ocio, así como en las actividades extraescolares y complementarias, especialmente en elcomedor y en el transporte escolar, con el fin de facilitar la inclusión y no discriminación delalumnado con discapacidad en cualquier ciclo educativo.
Proporcionar formación de forma periódica al profesorado en materia de comunicaciónpara garantizar una adecuada atención a toda la diversidad del alumnado, así como en metodologías de apoyo que favorezcan el desarrollo de habilidades y el aprendizaje del alumnadode necesidades educativas especiales.
Promover la enseñanza permanente de las personas adultas con discapacidad, proporcionando los apoyos necesarios en esta etapa de formación, pudiendo colaborar para esteobjetivo con las entidades representativas del sector de la discapacidad.
Garantizar la participación de las familias en la evaluación de las necesidades psicopedagógicas del alumnado con discapacidad y en los procesos de transición entre etapas educativas.
Adoptar medidas para que personas expertas de entidades representativas del sectorde la discapacidad puedan asesorar sobre las necesidades educativas derivadas de la misma,a petición de las familias, y de acuerdo con la propuesta de colaboración que mantengan lacorrespondiente entidad y la Administración educativa.
Las universidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán adoptar medidaspara promover que todas las personas que integran la comunidad universitaria que presentennecesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad dispongan de los medios,apoyos y recursos que aseguren la igualdad de oportunidades en relación con las demás per-
sonas que forman parte de la comunidad universitaria. Especialmente, garantizarán a las personas con discapacidad su acceso, permanencia y promoción en las enseñanzas universitarias,así como su plena participación en la vida académica, en todos los espacios y ámbitos queconforman las diferentes instancias universitarias, para garantizar la igualdad de condicionescon el resto del alumnado.
Para los fines señalados en el apartado 1, se adoptarán medidas en el ámbito universitario dirigidas a:
Garantizar las adaptaciones arquitectónicas, de la información y de la comunicación,proporcionando los medios, dispositivos y apoyos precisos, con los ajustes razonables quesean necesarios.
Incorporar a los planes de estudio de los grados universitarios alguna disciplina transversal que tenga por objeto el conocimiento de los derechos y necesidades específicas de laspersonas con discapacidad.
Potenciar la formación en atención a las necesidades específicas derivadas de los distintos tipos de discapacidad, en el marco de los convenios que la consejería competente establezca con la Universidad de Cantabria y con otras universidades, entidades e institucionespara la organización de la formación requerida para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas, a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre,de Educación de Cantabria.
Fomentar la formación, concienciación y sensibilización del profesorado y alumnado enrelación con los derechos de las personas con discapacidad y de los apoyos necesarios para elejercicio de dichos derechos.
Promover la coordinación con los equipos de orientación escolares, para facilitar orientación y acompañamiento para el futuro acceso a la universidad del alumnado con discapacidad.
Incorporar la materia relativa a la accesibilidad y diseño universal en el curriculum formativo de todos los profesionales que están relacionados con el diseño y desarrollo de entornos,servicios, bienes y productos para permitir que todas las personas puedan gozar plenamentede sus derechos y libertades en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida.
Las universidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en plazo de un año desdela entrada en vigor de la presente Ley, crearán un órgano específico que tendrá encomendadola coordinación de todas las actuaciones que afecten a las personas con discapacidad que integran la comunidad universitaria desde una perspectiva trasversal. Dicho organismo que tendrágarantizada estructura propia, deberá adoptar las medidas necesarias para que las actuacionesa nivel de formación, investigación y servicios relacionados con estudiantes, personal docentee investigador y personal de administración y servicios con discapacidad, respondan a los finesy principios de actuación previstos en este proyecto de Ley.
Las universidades de la comunidad autónoma adoptarán las medidas necesarias parapromover la participación de los estudiantes con discapacidad en programas nacionales o internacionales de movilidad.
Incorporar contenidos formativos relativos a al accesibilidad y diseño universal en asignaturas de los grados educativos de todos los futuros profesionales que están relacionados conel diseño y desarrollo de entornos, servicios, bienes y productos para permitir que todas laspersonas puedan gozar plenamente de sus derechos y libertades en igualdad de condicionesen todos los ámbitos de la vida.
El Gobierno de Cantabria, en el ámbito de sus competencias, velará por el cumplimientode la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad en el empleo, enla formación y promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. A tales efectos, llevará
a cabo políticas de formación profesional y de empleo, y adoptará medidas de acción positivadestinadas a impulsar su acceso al mercado laboral, teniendo en cuanta la situación específicade las mujeres.
Las políticas de empleo, en el marco de la normativa aplicable en este ámbito, tendráncomo uno de sus objetivos prioritarios aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad y de las personas con capacidad intelectualde grado límite que no alcancen un grado de discapacidad del treinta y tres por ciento, en lostérminos que establezca la normativa estatal a estos efectos, así como mejorar la calidad delempleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación yavanzando en su igualdad efectiva en este ámbito. En este sentido, fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral, y promoverán los apoyosnecesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
El diseño y aplicación de las políticas a que se refiere este artículo requerirá la participación de las administraciones públicas competentes en la materia, los agentes sociales y económicos más representativos y las entidades representativas de las personas con discapacidady de sus familias.
Los informes de capacidades del Centro de Evaluación, Valoración y Orientación de Cantabria incorporarán un código asociado al tipo de discapacidad únicamente identificable por laadministración responsable y competente para asignar la subvención que corresponde por eltipo de discapacidad y grado, sin necesidad de que las personas deban entregar el dictamentécnico facultativo.
En el diseño de la oferta de formación profesional para el empleo, la Administración dela Comunidad Autónoma de Cantabria tendrá en cuenta las necesidades de las personas condiscapacidad, de acuerdo a los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación yaccesibilidad universal.
La consejería competente en materia de educación fomentará que la formación profesional de carácter dual se adapte a las necesidades específicas de apoyo al alumnado con discapacidad, desarrolle sus habilidades y posibilite su inclusión en el mercado laboral.
Se garantizará que en las acciones formativas vinculadas a la obtención de certificadosde profesionalidad se dispongan los apoyos y mejoras necesarios para la efectiva incorporaciónde las personas con discapacidad.
En el marco de la legislación laboral el organismo competente en materia de empleopromoverá que las empresas dispongan la creación de becas de prácticas para personas condiscapacidad.
La Administración de la Comunidad Autónoma orientará a las personas con discapacidadsobre los recursos existentes para posibilitar su inserción laboral mediante los procesos quese consideren más adecuados para su acceso al empleo, bien con la elaboración de itinerariosindividuales y personalizados para el empleo o de otras actuaciones que prevea la legislaciónvigente sobre empleo
La consejería competente en materia de empleo fomentará los servicios de empleo conapoyo conforme a lo que se disponga en la legislación estatal.
La Administración de la Comunidad Autónoma informará y orientará a las empresassobre la contratación de personas con discapacidad, tanto en los procesos de selección y lasposteriores adaptaciones del puesto de trabajo.
En las ofertas de empleo público, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria establecerá al menos las cuotas de reserva para personas con discapacidad que se
determinen en la normativa básica estatal, siempre que las personas aspirantes superen losprocesos selectivos que se establezcan y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con eldesempeño de las tareas.
Los órganos responsables de la organización de las pruebas de acceso de la ofertapública de empleo de las administraciones públicas de Cantabria, llevarán a cabo las adaptaciones y apoyos necesarios en función de las circunstancias personales de las personas condiscapacidad que participen en dichas pruebas.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria facilitará el acceso a laspersonas con discapacidad al empleo público mediante la reserva de empleo, estableciendoconvocatorias y pruebas específicas para las personas con discapacidad.
Para garantizar el empleo público en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía,las administraciones públicas llevarán a cabo las adaptaciones y los apoyos necesarios de lospuestos de trabajo de las personas con discapacidad en función de sus circunstancias personales.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria establecerá las medidasnecesarias para alcanzar en su plantilla de personal y en el de sus empresas públicas, el porcentaje de personas con discapacidad determinado por el Estado sobre el total de personastrabajadoras.
Las empresas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad en el ámbitolaboral, proporcionando las adaptaciones y los apoyos necesarios a cada persona para el desempeño de su puesto de trabajo, en los términos previstos en la legislación vigente.
La Administración de la Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias paragarantizar el cumplimiento de las cuotas de contratación de personas trabajadoras con discapacidad exigidas a las empresas en la legislación vigente, actuando de forma coordinada conla Inspección de Trabajo.
La Administración de la Comunidad Autónoma establecerá medidas de fomento con el finde promover la contratación de personas con discapacidad, el fomento de la contratación indefinida, y la mejora de las condiciones laborales de las mismas, así como para las adaptacionesde los puestos de trabajo que sean necesarias.
El Gobierno acordará los términos para la incorporación en los contratos públicos quedetermine, cuando la naturaleza de éstos lo permita, de cláusulas sociales que otorguen preferencia a las empresas que establezcan mejoras sobre las exigencias legales de contrataciónde personas con discapacidad.
En la contratación pública se establecerán medidas de control que aseguren el cumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias de las cláusulas establecidas en los contratosde forma que se asegure la igualdad de oportunidad de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones directas o indirectas en razón de la discapacidad.
El Gobierno fijará porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismosa Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas en laLey 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco deprogramas de empleo protegido, siempre que el porcentaje de trabajadores con discapacidado en situación de exclusión social de dichos centros, empresas y programas sea el previsto ensu normativa de referencia y, al menos el treinta por ciento. En todo caso, será necesario quelos contratos reservados se adecuen al objeto social y a las peculiaridades de estas entidades.
Los anuncios de licitación de los contratos objeto de esta reserva deberán mencionarexpresamente la presente disposición.
El Consejo de Gobierno determinará, asimismo, las condiciones y áreas de actividad adecuadas al cumplimiento de los objetivos contemplados en la presente disposición.
La Administración pública competente adoptará las medidas dirigidas a asegurar que laspersonas trabajadoras con discapacidad desarrollen su actividad laboral en condiciones de trabajo seguras y saludables, teniendo en cuenta sus especiales circunstancias en la evaluaciónde los riesgos laborables de cada puesto de trabajo.
No se podrá impedir a las personas con discapacidad el acceso a un puesto de trabajoalegando motivos de prevención de riesgos laborales cuando los riesgos existentes puedancorregirse con los ajustes razonables necesarios.
Las Administraciones públicas de Cantabria competentes en materia de servicios socialesvelarán por el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en igualdad de condiciones con el resto de laciudadanía, para la atención de sus necesidades personales, la promoción de su autonomíapersonal y su inclusión en la comunidad, incrementando así su bienestar y calidad de vida entodas las etapas de su vida.
Las personas con discapacidad y sus familias tendrán derecho a que los servicios y prestaciones sociales respondan a sus necesidades de apoyo singularizadas para poder desarrollarsus proyectos de vida.
Los servicios sociales dirigidos a las personas con discapacidad, se fundamentarán en losprincipios establecidos en la normativa de Cantabria de Derechos y Servicios Sociales, en loscriterios determinados en la normativa estatal de Garantía de los Derechos de las personas condiscapacidad, y en los siguientes:
Asegurar una atención personalizada mediante la valoración, planificación e intervenciónindividualizada, en función de los intereses y necesidades de la persona con discapacidad.
Procurar una atención integral a las personas con discapacidad y a sus familias.
Contribuir a hacer efectiva la máxima autonomía personal y vida independiente de laspersonas con discapacidad y su inclusión y participación en la comunidad.
Favorecer la permanencia de las personas con discapacidad en su entorno habitual deconvivencia, priorizando los servicios próximos a los entornos habituales de convivencia.
La accesibilidad y el diseño universal en las prestaciones de servicios sociales.
La atención a la diversidad de la población con discapacidad, teniendo en cuenta enparticular las condiciones de edad, tipo de discapacidad, situación de dependencia, riesgo osituación de exclusión social, de necesidades de apoyo para el ejercicio de la autonomía o parala toma libre de decisiones, o la residencia en las zonas rurales.
Garantizar la participación de las personas con discapacidad y de sus familias en la tomade decisiones con respecto a los servicios y prestaciones que se les asignen.
Garantizar la participación de las personas con discapacidad y sus familias y las entidades que los representan en la planificación, desarrollo, y evaluación de los servicios sociales.
Promover la coordinación de los servicios sociales con los servicios públicos de salud, educación, empleo, vivienda, justicia y de aquellos otros que puedan confluir en áreas concretasde la intervención social.
La Administración de la Comunidad de Cantabria llevará a cabo las medidas necesariaspara asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios y prestaciones de lacartera de servicios sociales a las personas con discapacidad.
Las Administraciones públicas establecerán los medios necesarios para que las personascon discapacidad y sus familias reciban información y orientación accesible y comprensible,adaptada a las diferentes situaciones personales con el fin de facilitar la toma de decisiones enrelación a su proyecto vital.
El acceso a los servicios y prestaciones deberá estar basado fundamentalmente en laconveniencia o adecuación de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales a lasnecesidades de la persona, para lo cual se asegurará una valoración previa por parte de unequipo profesional.
Se procurará la mayor compatibilidad de servicios de modo que la persona pueda acceder a los adecuados para promover su autonomía e inclusión social y se garantizará que laparticipación económica del coste de los servicios nunca sea un impedimento para el uso delos mismos.
Para el acceso a cualquier recurso de servicios sociales se promoverá cuando resultelegalmente procedente el previo consentimiento de la persona interesada, para lo cual se establecerán los apoyos y asistencias apropiadas con arreglo a la discapacidad, edad y madurezde la persona, para garantizar la toma de decisiones.
En la planificación y diseño de los servicios se promoverán apoyos o adaptaciones complementarias que faciliten el acceso a las prestaciones a personas con determinadas discapacidades.
En el marco de los servicios sociales, se promoverán medidas de apoyo a las familias y alas personas cuidadoras de las personas con discapacidad, que, entre otras actuaciones, incluirán programas destinados a la información, orientación, formación, apoyo psicológico, prestación económica por cuidados en el entorno, descanso y autocuidado de la persona cuidadora.
En la puesta en marcha de las medidas de apoyo a las familias determinadas en el apartado 1, se priorizarán aquellos programas que son prestados por las organizaciones representativas del sector de la discapacidad.
Se promoverá la prestación de servicios de intervención familiar con el fin de reforzar lascapacidades de la familia para enfrentarse de manera eficaz a las situaciones derivadas de ladiscapacidad y minimizar los factores de estrés que pueden influir negativamente en la familiay en la persona con discapacidad.
Se promoverán medidas de respiro para las unidades familiares, con el fin de apoyar enla sobrecarga de dichas familias en el cuidado y apoyo de las personas con discapacidad.
La atención a las personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria sellevará a cabo mediante las prestaciones establecidas en el artículo 27 de la Ley de Cantabria2/2007 de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales y las incluidas en el Texto Refundidode la Ley General de derechos de las personas con discapacidad.
Con carácter específico para las personas con discapacidad, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria establecerá medidas dirigidas a fomentar:
La prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal, así como eldesarrollo de las prestaciones y servicios de atención adecuados.
Ayudas económicas para financiar los productos de apoyo necesarios para favorecer lainclusión de las personas con discapacidad.
La orientación de los centros de servicios sociales que atienden a personas con discapacidad hacia la dinamización social y participación en la comunidad.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria garantizará por medio delos centros ocupacionales, la prestación de servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social para las personas con discapacidad con el objeto de lograr su máximo desarrollopersonal y, en los casos en que fuera posible, su preparación y capacitación para el acceso alempleo.
La atención prestada a las personas con discapacidad por el Sistema Público de ServiciosSociales se basará en un modelo de atención centrada en la persona desde un enfoque comunitario, con el fin de promover el desarrollo al máximo de su autonomía, el control de su propioproyecto de vida y el mayor nivel posible de calidad de vida a través de una atención prestadapreferentemente en su entorno habitual.
En la planificación, desarrollo y puesta en funcionamiento de servicios sociales se tendrán en consideración las necesidades derivadas de cada etapa del ciclo vital de las personascon discapacidad.
Para asegurar una prestación de servicios sociales de calidad se promoverá la formaciónperiódica y específica de los profesionales de los servicios sociales en la atención a las personascon discapacidad.
Se promoverá la innovación y la utilización de las tecnologías de la información y de lacomunicación para proporcionar mejores y más diversos apoyos en la prestación de los servicios.
La consejería competente en materia de servicios sociales, para mejorar la autonomíapersonal y la accesibilidad en el entorno de las personas con discapacidad, adoptará medidasdirigidas a facilitar información y orientación sobre productos de apoyo.
Asimismo, proporcionará información y asesoramiento a las personas con discapacidada sus familias y a entidades públicas o privadas sobre accesibilidad en la vivienda, en centrosu otros edificios de uso público y desarrollará actuaciones que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a productos de apoyo, mediante el préstamo de los mismos o de ayudaseconómicas destinadas a su financiación.
La calificación del reconocimiento de la situación de discapacidad se llevará a cabo porla Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de acuerdo con lo establecido porla legislación aplicable.
La competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento, declaración y calificacióndel grado de discapacidad corresponderá a la consejería competente en materia de serviciossociales.
Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar, en condiciones deigualdad y de no discriminación, de bienes y servicios accesibles que se pongan a disposición
del público en el ámbito cultural, el turismo, la actividad física, el ocio y el deporte y en lasactividades recreativas o de mero esparcimiento incluidas tanto las áreas recreativas como losparques infantiles
Las iniciativas relacionadas con las actividades de cultura, turismo, deporte y recreativasde las personas con discapacidad se llevarán a cabo atendiendo a sus necesidades individuales, siendo preferente su inclusión en las actuaciones destinadas a toda la población, con independencia de las medidas específicas que pudieran establecerse.
Se garantizará la formación en prestación de apoyos a las personas con discapacidad delpersonal encargado de realizar actividades de ocio, turismo y cultura ofertadas por las entidades públicas, teniendo en cuenta especialmente lo referente al trato personal, a las medidasde seguridad, emergencia y accesibilidad.
En las páginas Web y otros medios de información del sector público que difundan cualquier tipo de actividad cultural, de turismo y deporte habrá de especificarse si las instalacioneso la actividad son accesibles.
Los poderes públicos de Cantabria, en el ámbito de sus competencias, llevarán a cabo lasactuaciones precisas para promover el acceso de todas las personas a la cultura, tanto desdeel punto de vista de la asistencia y disfrute de manifestaciones culturales, como desde la participación activa en la vida cultural, desarrollando medidas dirigidas a:
Favorecer el acceso de las personas con discapacidad al material cultural, cine, teatroy otras actividades culturales, promoviendo que los formatos sean accesibles y teniendo enconsideración para esta accesibilidad todos los tipos de discapacidad.
Facilitar el acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o actividades culturales, a monumentos y a lugares de importancia cultural, siempre que no lo impida la configuración natural del espacio.
Hacer accesible la información y la comunicación en los entornos culturales, artísticos yde ocio. La información de las actividades escrita o gráfica que se ofrezca en el propio entornoy en otros puntos de las ciudades o ámbitos en que se desarrollen se ofrecerá en formato delectura fácil, códigos QR u otros que faciliten su comprensión por personas con discapacidad.
Favorecer el desarrollo del potencial artístico, creativo e intelectual de las personas condiscapacidad fomentando actividades a las que puedan incorporarse personas con discapacidad, y en las que exista personal especialmente formado en apoyos a la discapacidad. Seprocurará acomodar la oferta a todas las franjas de edad.
Favorecer y difundir actividades culturales que contribuyan a concienciar y sensibilizara la sociedad sobre los derechos y las aportaciones de las personas con discapacidad a la sociedad.
Los poderes públicos de Cantabria, adoptarán medidas que fomenten el desarrollo personaly la inclusión social de las personas con discapacidad a través de la práctica deportiva, asícomo la asistencia y disfrute de eventos deportivos, a través, entre otras, de las siguientesmedidas:
Velar por que las instalaciones deportivas estén adaptadas de acuerdo con criterios deaccesibilidad universal y diseño para todas las personas.
Garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso, en igualdad de condiciones, a la realización de actividades físicas y deportivas, incluidas las que se realicen en elámbito escolar, estableciendo la práctica del deporte diferenciado solamente cuando sea imprescindible por el tipo de discapacidad.
Promover la inclusión de las personas con discapacidad en las federaciones deportivas enigualdad de condiciones con cualquier otra persona.
El plan director de instalaciones deportivas de Cantabria tendrá en cuenta el criterio departicipación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas en igualdad decondiciones.
Se procurará que las personas con discapacidad que asistan a manifestaciones deportivas dispongan de asistencia no solo en el acceso al recinto, sino durante su permanencia en elmismo, especialmente si se presentara alguna situación de emergencia.
Apoyar y promocionar el deporte paralímpico.
Se promoverá que el personal que tenga trato con el público en instalaciones y centrosdeportivos reciba formación en materia de atención a personas con discapacidad.
Los poderes públicos de Cantabria desarrollarán actuaciones dirigidas a facilitar el accesoy disfrute de las personas con discapacidad a la oferta turística y de ocio en igualdad de condiciones que las demás personas.
Las instalaciones y actividades turísticas y de ocio promovidas por las administracionespúblicas se diseñarán con criterio de accesibilidad, en la medida en que resulte compatible conlas mismas, en los términos establecidos en la legislación específica. Igualmente será accesiblela información que se ofrezca de la oferta turística.
Los galardones e instrumentos de reconocimiento de calidad que concedan, fomenten,subvencionen o propongan las Administraciones públicas de Cantabria tendrán en consideración el cumplimiento de criterios de accesibilidad universal.
Las Administraciones públicas, en colaboración con las asociaciones o entidades privadas que actúen en este ámbito, desarrollarán programas y actuaciones dirigidos a facilitar elacceso y disfrute de la naturaleza y la educación medioambiental a las personas con discapacidad, mediante dispositivos y espacios adaptados al efecto.
En las páginas web y otros medios de información que difundan las rutas y sendas naturales habrán de especificarse si son accesibles.
La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá la igualdad de oportunidadesefectiva en el acceso a la Administración de Justicia mediante medidas que aseguren la accesibilidad.
La consejería competente en materia de Justicia promoverá que:
Todas las sedes judiciales e instalaciones públicas a las que sea preciso acceder para elejercicio de acciones judiciales cuenten con las condiciones de accesibilidad y diseño universal.
Los actos judiciales y prejudiciales se comuniquen de manera comprensible a las personas con discapacidad afectadas por los mismos, bien por medio de la intervención de intérpretes de lengua de signos, de medios de apoyo a la comunicación oral o de cualquier otro medioadecuado, o bien por la intervención de personas con conocimientos técnicos que faciliten lacomprensión de los actos y resoluciones judiciales.
Los medios de información, tanto personal como la que se dirija al público en general,incluido el diseño de páginas web, sean accesibles. Como norma general toda la informaciónoral o auditiva tendrá su correspondencia visual.
La Administración autonómica garantizará planes de formación para las personas trabajadoras de la Administración de Justicia en materia de derechos de las personas con discapacidad y de prestación de apoyos a las mismas.
Se promoverá, en las condiciones establecidas en la normativa estatal sobre asistencia jurídica gratuita, la creación de un turno de oficio especializado de atención a personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa aplicable, para su representación y defensa en juicioen los asuntos directamente relacionados con la discapacidad.
Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria adoptarán las medidasnecesarias para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos,con especial atención a aquellas cuya capacidad de obrar esté modificada judicialmente, o enproceso de modificación.
Se asegurará la tutela o, en su caso, el ejercicio de otras figuras de guarda y protección,a través del organismo público competente, en relación con las personas adultas cuya capacidad de obrar esté modificada judicialmente y en situación de desamparo, de acuerdo con lasdisposiciones del Código Civil.
La consejería competente, en colaboración con los órganos jurisdiccionales, adoptará lasmedidas necesarias para asegurar que la función tutelar se desarrolle en interés de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía personal, posibilitando su pleno desarrollo,inclusión, incorporación y participación plena en todos los ámbitos de la vida en comunidad, asícomo promoviendo o manteniendo la máxima habilitación y, en su caso, recuperación posiblede sus capacidades.
La Administración de la Comunidad de Cantabria dotará de los medios y recursos necesarios para garantizar la aplicación del sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razónde discapacidad.
Reglamentariamente, se establecerá la forma de aplicación del sistema arbitral, que contará con la participación de las entidades representativas de las personas con discapacidad ysus familias y de los demás sectores afectados.
Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias en materia tributaria, adoptaránpolíticas de apoyo dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias que contribuyan apaliar los sobrecostes ocasionados por su discapacidad en los términos que establezca la legislación específica.
Las normas reguladoras de la imposición fiscal de la Comunidad Autónoma de Cantabriaque contengan bonificaciones fiscales en favor de colectivos de personas físicas deberán teneren cuenta en todo caso a las siguientes personas:
Las personas ascendientes, descendientes, cónyuge, y hermanos y hermana a cargo condiscapacidad.
Las personas que realicen donaciones a entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo específico sea la atención directa a las personas con discapacidad de la Comunidad Autónomade Cantabria.
Las Administraciones públicas de Cantabria promoverán las medidas de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas con el fin de garantizar el derecho de las personascon discapacidad a vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los ámbitossociales.
Lo dispuesto en el apartado anterior, se llevará a cabo de acuerdo con el marco de actuación previsto en este Título, y en el Capítulo V, del Título I, del Texto Refundido de la Leygeneral de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como dela normativa reguladora de las condiciones básicas de accesibilidad, y demás normativa dedesarrollo aplicable.
En la configuración de la accesibilidad de bienes, servicios, espacios y equipamientos, serespetará la continuidad de la cadena de accesibilidad, de forma que la progresión entre lassecuencias del proceso de utilización del bien o servicio se realice en la forma descrita en elartículo 4, letra l).
Para la planificación, elaboración, y puesta en marcha de planes de accesibilidad de laComunidad Autónoma de Cantabria y de los Ayuntamientos, se contará con la participación delas organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria promoverá la accesibilidaduniversal, estableciendo las condiciones de accesibilidad y no discriminación que deben cumplirlos diferentes entornos, la información y comunicación y los bienes y servicios para que permitan su uso por el mayor número de personas con independencia de cuales sean sus capacidades funcionales y garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Lo expuesto en el apartado anterior se llevará a cabo sin perjuicio de los aspectos enrelación a la accesibilidad contemplada en otros ámbitos de atención recogidos en diferentescapítulos de esta norma.
De conformidad con lo que establezca la normativa básica estatal, las vías públicas ydemás espacios de uso común del entorno urbano, así como sus respectivos equipamientos comunitarios, instalaciones de servicios públicos y mobiliario urbano, cumplirán las condicionesnecesarias para facilitar el acceso y utilización por todas las personas, con independencia desus capacidades y limitaciones en su movilidad, en su percepción y comprensión de entorno.
Los elementos de urbanización y de mobiliario urbano no podrán originar obstáculos queimpidan la libertad de movimientos de las personas.
Los instrumentos de planeamiento urbanístico, en particular los estudios de detalle y losproyectos de urbanización y de ejecución de obras, garantizarán debidamente la accesibilidadde los elementos de urbanización y de mobiliario urbano incluidos en su ámbito, y no seránaprobados ni otorgadas las correspondientes licencias si no se cumplen las condiciones requeridas de accesibilidad universal.
Los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán garantizar la reserva de plazas de aparcamiento para las personas con discapacidad que tengan reconocidamovilidad reducida, conforme a la normativa aplicable, por cuyo cumplimiento velará la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Los Ayuntamientos deberán regular las condiciones y el procedimiento para hacer efectivo el derecho a la reserva de plaza de aparcamiento en lugar próximo al domicilio o puestode trabajo de las personas con movilidad reducida siempre y cuando se justifique la necesidadde dicha plaza.
Las Administraciones públicas impulsarán medidas coordinadas de control que facilitenel uso adecuado de estas plazas de aparcamiento.
Las Administraciones públicas garantizarán la reserva de plazas de aparcamiento para laspersonas con discapacidad junto a los organismos públicos.
Las Administraciones públicas velarán por la correcta utilización de las plazas reservadastanto en el ámbito público como en el privado.
Se proveerán plazas reservadas para personas con discapacidad en todos aquellos espacios que puedan tener gran afluencia de público: espectáculos, eventos deportivos, playasaccesibles o similares.
De conformidad con la normativa básica estatal, las personas con discapacidad y movilidad reducida tendrán derecho a la tarjeta de estacionamiento para hacer uso del derecho aestacionar el vehículo en que se desplacen en las plazas reservadas determinadas en el artículo 47.
La Comunidad Autónoma de Cantabria determinará reglamentariamente, de conformidad con la normativa básica estatal, los titulares del derecho, el ámbito de aplicación, lascondiciones de uso, los derechos de los titulares y las limitaciones de uso, así como el procedimiento para la obtención de la tarjeta de estacionamiento.
El Gobierno de Cantabria adoptará las medidas necesarias para que en todos los edificiosde titularidad pública y privada que presten servicios a la ciudadanía se garantice a todas laspersonas la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios, de acuerdoa la normativa existente.
Los proyectos de edificación y ejecución de las obras de nueva planta garantizarán debidamente la accesibilidad de los elementos de edificación incluidos en su ámbito, y no seránaprobadas las correspondientes licencias si no se cumplen las condiciones requeridas de accesibilidad universal.
Las edificaciones ya existentes podrán adaptarse mediante ajustes razonables para facilitar la accesibilidad de los elementos de edificación incluidos en su ámbito.
Se promoverá la incorporación en los planes de prevención y evacuación de centros oestablecimientos donde sea habitual la concentración de personas, de protocolos específicosde actuación en relación a los distintos tipos y grados de capacidad funcional de las personas.
Las Administraciones públicas de Cantabria adoptarán medidas de promoción, reserva yacceso preferente a las personas con discapacidad y unidades familiares con alguna personaintegrante con discapacidad a una vivienda protegida.
En los proyectos de viviendas de promoción pública se establecerá una garantía adicionaldel incremento del porcentaje de reserva de viviendas para personas con discapacidad sobre elestablecido en la normativa básica estatal del total de las viviendas promovidas. En todo caso,estas viviendas tendrán las características constructivas y de diseño adecuadas para garantizarel acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad.
La Comunidad Autónoma de Cantabria adoptará medidas dirigidas a facilitar la realización de obras e instalaciones de adaptación necesarias en las viviendas y en los elementos yservicios comunes de los edificios, aplicando, en su caso, medidas de fomento y demás instrumentos previstos en la normativa vigente sobre vivienda y en la normativa sobre reserva ysituación de viviendas protegidas para personas con discapacidad.
Los planes autonómicos en materia de rehabilitación de viviendas contemplarán accionesencaminadas a favorecer la accesibilidad en las viviendas o edificios.
La accesibilidad en el transporte englobará tanto el acceso a las infraestructuras y a losmedios de transporte como la utilización de los medios durante todo el trayecto.
Las Administraciones de la Comunidad de Cantabria competentes en materia de transporte velarán por el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los transportes públicos desde la entrada en vigor de la presente ley.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria garantizará medidas de accesibilidad, tanto en el acceso a los medios de transporte como en su utilización durante todoel trayecto. Se garantizará asimismo que tanto la información general, como el proceso decompra de títulos de transporte, sea accesible a las personas con dificultades visuales, auditivas, o de cualquier otra naturaleza.
La información ofrecida por cualquier entidad pública o privada sobre medios de transporte en los medios de comunicación, en las páginas web o en otras formas de difusión, ha depresentarse en formato accesible.
Se promoverá la formación periódica y específica en apoyo a personas con discapacidad,de las personas responsables de la atención a los usuarios de transporte en el ámbito autonómico de la Comunidad Autonómica de Cantabria.
La Administración autonómica de Cantabria, de acuerdo con sus competencias en lamateria, fomentará medidas que permitan el acceso y el uso a las personas con discapacidadde los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de los medios decomunicación social, promoviendo la utilización de diferentes soportes para facilitar el acceso ala información a las personas con dificultades visuales, auditivas, o de cualquier otro carácter.
Se garantizará la formación periódica del personal responsable de la gestión de contenidos de las páginas web de la Administración autonómica o de sus entidades dependientes enmateria de accesibilidad en la comunicación.
Las Administraciones públicas de Cantabria promoverán, en el marco de la normativaestatal y autonómica aplicable, las medidas necesarias para que las personas con discapacidaddispongan de medios para garantizar su acceso a la información y la comunicación.
Dichas medidas se concretarán a través de programas específicos, tanto con carácterpresencial como a través de las tecnologías de la información y la comunicación para la comprensión accesible de las personas con discapacidad. Se orientarán a:
Posibilitar el aprendizaje, conocimiento y utilización de la lengua de signos entre las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en los términos que establece el título IV.
Impulsar el aprendizaje, conocimiento y utilización de medios, dispositivos y elementosde apoyo a la comunicación oral y sistemas de información y comunicación alternativos.
Garantizar el derecho a la comunicación a las personas cuyas alteraciones neuromotorasles impiden la comunicación oral y gestual, aun cuando tienen capacidad para comunicarsea través de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y de apoyos o intérpretesexpertos en la utilización de dichos sistemas.
Fomentar la utilización del Braille, formatos de lectura fácil, subtítulos, información visualy auditiva, códigos QR, sistemas intuitivos de navegación, dispositivos de apoyo a la audición,señalética que facilite la comprensión y la orientación y otros medios de comunicación aumentativos y alternativos apropiados.
La Administración pública de Cantabria adoptará las medidas oportunas para garantizarla igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal a las personasen la utilización de bienes y servicios ofertados a los ciudadanos y ciudadanas, tanto por lasentidades públicas como privadas.
En ningún caso se excluirán del acceso a bienes y servicios de las entidades públicas yprivadas a disposición de público, a las personas con discapacidad. Cuando no se pueda evitaralgún tipo de limitación se adoptarán las medidas necesarias de accesibilidad y adaptación quesean más adecuadas de acuerdo con las técnicas disponibles en cada momento.
La Comunidad Autónoma de Cantabria determinará reglamentariamente las actuacionesy obligaciones a que estarán sujetas las Administraciones públicas de la misma, así como lasentidades del sector público dependiente de éstas, con el fin de garantizar la accesibilidad universal en todos los servicios públicos de su competencia.
Las Administraciones públicas de Cantabria dispondrán las medidas oportunas para asegurar la accesibilidad universal y la no discriminación de las personas con discapacidad en susrelaciones con la Administración.
Las oficinas de atención a la ciudadanía observarán las exigencias de accesibilidad universal que permitan a las personas con discapacidad acceder a sus servicios en igualdad decondiciones que el resto de la población, para lo cual las exigencias técnicas de accesibilidad yla prestación de servicios de información y comunicación se ajustarán al menos a los nivelesde accesibilidad establecidos reglamentariamente para la Administración General del Estado.
Se incorporarán en la formación del personal encargado de los servicios de atención directa a la ciudadanía, cursos periódicos y específicos sobre la atención a personas con distintosgrados de discapacidad.
Se impulsará la información y la atención de las Administraciones públicas a través demedios electrónicos accesibles, para dar una información y gestión que no exija desplazamientos y que los medios que se utilicen estén al alcance de la ciudadanía.
Se velará por el cumplimiento de los niveles de accesibilidad exigidos a las páginas webde las Administraciones públicas en la normativa estatal sobre las condiciones básicas para elacceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionadoscon la sociedad de la información y medios de comunicación social.
Se fomentará el empleo adecuado y actualizado de la terminología en materia de discapacidad utilizada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lasactuaciones y documentos que elaboren las administraciones públicas.
TÍTULO IV Artículos 57 a 64
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria adoptará las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias, para garantizar el derecho de las personas sordas,con discapacidad auditiva y sordociegas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lengua designos española, así como de la lengua oral a través de los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, de conformidad con lo establecido en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, porla que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a lacomunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Las medidas para fomentar el aprendizaje de la lengua de signos y de la lengua oral através de los medios de apoyo a la comunicación oral se desarrollarán tanto en la formaciónreglada como en la no reglada.
Se promoverán medidas en favor de las personas sordas, con discapacidad auditiva ysordociegas para el uso de la lengua de signos española o de la lengua oral a través de losmedios de apoyo a la comunicación oral en los siguientes ámbitos:
La consejería competente en materia de educación dispondrá los recursos necesariospara facilitar en aquellos centros donde haya escolarizado un/a alumno/a sordo/a, de conformidad con lo establecido en la legislación educativa vigente, el aprendizaje de la lengua designos española y de la lengua oral a través de los medios de apoyo a la comunicación oral,al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y con sordoceguera que opte por dichos aprendizajes.
En los centros que se determinen, se ofertarán modelos educativos bilingües, que seránde libre elección por el alumnado sordo, con discapacidad auditiva o con sordoceguera o, porsus padres, madres o representantes legales, en el caso de ser menores de edad o estar ensituación de incapacidad.
Los planes de estudios podrán incluir, en los centros que se determinen, como asignatura optativa, el aprendizaje de la lengua de signos española para el conjunto del alumnado,facilitando de esta manera la inclusión social de la población sorda, con discapacidad auditivay con sordoceguera usuaria de la lengua de signos española y fomentando valores de igualdady respeto a la diversidad lingüística y cultural.
Se implantarán programas de formación para el profesorado que atiende al alumnadosordo, con discapacidad auditiva o con sordoceguera, o que desee formarse en la lengua designos española y en medios de apoyo a la comunicación oral.
La Universidad de Cantabria promoverá que en la formación del profesorado se incluyala lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral en los planes deestudio de los másteres pedagógicos para impartir educación secundaria y en las facultadesde ciencias de la educación.
En la formación para el empleo y demás formación no reglada, se potenciará la cooperación con las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, sus familias y lasentidades asociativas del sector en la realización de cursos de formación para el aprendizajede la lengua de signos española y de la lengua oral a través del uso de los medios de apoyo ala comunicación oral, así como en la edición de materiales didácticos.
Las Administraciones públicas, los agentes económicos y sociales, centros colaboradores y demás entidades promoverán la accesibilidad en la comunicación de las personas condiscapacidad auditiva usuarias de la lengua de signos española y de las usuarias de la lenguaoral en sus ofertas de formación para el empleo y demás formación no reglada, a través dela correspondiente provisión de recursos humanos, medios materiales, didácticos y técnicosadaptados a sus necesidades.
Se potenciará, por parte de la Administración competente, la oferta de cursos de actualización profesional relacionados con puestos de trabajo en los que se emplea la lengua designos española o los medios de apoyo a la comunicación oral.
La Administración autonómica de Cantabria garantizará el acceso a la formación en lengua de signos española y en medios de apoyo a la comunicación oral de los empleados públicosde la Comunidad Autónoma de Cantabria, de sus entidades instrumentales y de las entidadeslocales, especialmente del personal relacionado con puestos de atención al público y atenciónciudadana, así como en materia de seguridad y emergencias.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y los agentes sociales y económicos, como medida de inclusión de las personas con discapacidad auditiva, sensibilizaránsobre la heterogeneidad comunicativa y las necesidades existentes y garantizarán la formaciónen lengua de signos española y en el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral.
Para que las personas con discapacidad auditiva y sordociegas puedan acceder a losbienes y servicios a disposición del público se promoverán medidas conforme a lo dispuesto eneste artículo para cada ámbito de actuación.
Las Administraciones educativas en el ámbito de sus competencias llevarán a cabo lassiguientes medidas:
Facilitar a las personas usuarias de la lengua de signos española su utilización comolengua vehicular de la enseñanza en los centros educativos donde se encuentre escolarizado elalumno. Asimismo, facilitarán a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas,usuarias de la lengua oral, su utilización a través de los medios de apoyo a la comunicaciónoral en los centros educativos que se determinen.
Promover la prestación de servicios de intérpretes en lenguas de signos españolas paralas personas usuarias de éstas en los centros que se determinen y de los medios de apoyo a lacomunicación oral por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuariasde la comunicación oral en los centros que se determinen.
Las Universidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de los serviciosde atención al alumnado en situación de discapacidad, promoverán programas e iniciativasespecíficas de atención al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego, con el objetivo de facilitarle asesoramiento y medidas de apoyo.
La Administración sanitaria adoptará las siguientes medidas:
Prestar servicios de intérpretes en lengua de signos española, en el caso de que así sesolicite previamente, para las personas usuarias que lo necesiten.
Proporcionar los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas usuarias quelos necesiten en aquellos centros sanitarios en que reciban atención.
Adoptar las medidas necesarias para que las campañas informativas y preventivas en materia de salud sean accesibles, por medio de la utilización de la lengua de signos española, o mediante la incorporación de la subtitulación y de otros recursos de apoyo a la comunicación oral.
La Administración competente en formación y empleo, sin perjuicio de lo establecido enla Sección 3.a del Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidasfiscales, administrativas y del orden social, que regula las medidas en materia de igualdad detrato y no discriminación en el trabajo, adoptará las siguientes medidas:
Garantizar la formación en lengua de signos española para las personas trabajadorasde las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo, así como la formación sobre atención a laspersonas con discapacidad auditiva que se comunican en lengua oral o en lengua de signosespañola.
El establecimiento en las pruebas selectivas de acceso al empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con la disposición de los recursos humanosy materiales, tales como intérpretes de lengua de signos española, tecnologías asistidas ymedios de apoyo a la comunicación oral que se precisen para la realización de las mismas.
La garantía de la accesibilidad en los procesos de ingreso, a través de las medidas delapartado anterior, en las Administraciones locales, las entidades instrumentales de cualquierade las administraciones públicas y la Universidad de Cantabria.
Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria competentesen materia de cultura, turismo, ocio y deporte, prestarán servicios de intérpretes de lenguade signos española, en los casos en que se solicite previamente para las personas usuariasde la misma, así como el establecimiento de medios de apoyo a la comunicación oral, en losteatros, museos de titularidad o gestión pública y en las actividades culturales, deportivas, derecreación y de ocio.
Las Administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales promoveránla adaptación de sus servicios a las necesidades de las personas usuarias con discapacidadauditiva, mediante la implantación de las siguientes medidas:
La formación en lengua de signos española y en el uso de medios de apoyo a la comunicación oral del personal de los centros de servicios sociales de atención primaria, de los centrosde valoración y orientación de personas con discapacidad y de los servicios de valoración de lasituación de dependencia.
La prestación del servicio de intérprete de lengua de signos española para personas condiscapacidad auditiva, previa solicitud de la persona interesada, en las relaciones con los servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma, y la promoción de otros mediosde apoyo a la comunicación oral.
En las estaciones de transporte público que sean competencia de la Comunidad Autónoma o de la Administración local, y que se determinen reglamentariamente con criterios objetivos, en razón de la relevancia del tráfico de viajeros y viajeras, se promoverá la prestaciónde servicios de intérpretes de lengua de signos española de carácter presencial o medianteteleinterpretación, y de medios de apoyo a la comunicación oral en los puntos de informacióny atención al público.
Se promoverá que la edición o difusión de instrucciones sobre derechos y deberes, normas de funcionamiento o de seguridad en el transporte se realice también, siempre que seaposible, en lengua de signos española y a través de medios de apoyo a la comunicación oral.
Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, garantizaránla prestación de servicios de intérprete de lengua de signos española en los casos en que sesolicite previamente, así como otros medios de apoyo a la comunicación oral, al objeto depermitir las relaciones de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas con lasadministraciones públicas.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la consejeríacompetente en materia de provisión de medios materiales y personales al servicio de la Ad-
ministración de Justicia, promoverá las condiciones adecuadas para la disposición de serviciosde intérpretes de lengua de signos española y de medios de apoyo a la comunicación oral, conobjeto de hacer accesible a las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera,la comunicación en los procesos judiciales y extrajudiciales de todos los órdenes jurisdiccionales en los que éstas intervengan, en aplicación de lo dispuesto en las leyes procesales vigentesen cada materia.
El Parlamento de Cantabria y las entidades locales promoverán la interpretación en lenguade signos española y la existencia y el empleo de los medios de apoyo a la comunicación oraly la subtitulación, en aquellas reuniones plenarias de carácter público y en cualesquiera otrasde interés general en que así se determine, cuando haya participación de personas sordas, condiscapacidad auditiva y con sordoceguera y lo soliciten previamente.
Artículo 64 Medios de comunicación social, comunicaciones electrónicas y sociedad de lainformación.
Las Administraciones públicas promoverán que los medios de comunicación social, deconformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas,con discapacidad auditiva y con sordoceguera, usuarias de la lengua de signos española y dela lengua oral.
Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que las campañas de publicidad institucional y los distintos soportes audiovisuales en los que éstas se pongan a disposición del público sean accesibles a las personas mencionadas en el apartado 1.
Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las comunicacioneselectrónicas en lenguas de signos españolas, así como a través de medios de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación.
Las páginas y portales de Internet de titularidades públicas o financiadas con fondospúblicos se adaptarán a los estándares establecidos en cada momento por las autoridadescompetentes para lograr su accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva ysordociegas.
Cuando las Administraciones públicas promuevan o subvencionen congresos, jornadas,simposios y seminarios en los que participen personas sordas, con discapacidad auditiva ysordociegas, facilitarán su accesibilidad mediante la prestación de servicios de intérpretes enlengua de signos española, o mediante la utilización de medios de apoyo a la comunicación oralprevia solicitud de los interesados.
TÍTULO V Artículos 65 a 71
En los planes de la Comunidad Autónoma, tanto estratégicos como operativos que diseñela Administración autonómica de Cantabria para la formulación de sus políticas públicas encualquier ámbito de competencia, se tendrán en cuenta las necesidades de las personas condiscapacidad en su diversidad, incluyéndose disposiciones encaminadas a fomentar la accesibilidad universal y asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
En la elaboración de los planes que afecten a las personas con discapacidad, se contarácon la participación de las entidades representativas de éstas, de los agentes económicos ysociales y demás instituciones con implicación en la promoción y atención de las personas condiscapacidad y sus familias.
Las consejerías del Gobierno de Cantabria fomentarán la elaboración y puesta en marchade guías de buenas prácticas en materia de atención a las personas con discapacidad y a susfamilias en sus respectivos ámbitos competenciales.
La Administración Autonómica de Cantabria recopilará y ordenará la información existente en materia de discapacidad en todas sus bases de datos y le dará el tratamiento estadístico adecuado que haga posible su utilización para formular y aplicar políticas públicas enmateria de discapacidad.
Se fomentará la inclusión de indicadores relativos al colectivo de personas con discapacidad desagregados por tipo y grado de discapacidad en los diferentes estudios y estadísticasque elabora periódicamente el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se habilitará un espacio dentro del Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria enel que se publicará de manera regular toda la información relativa a la discapacidad en Cantabria en todos los ámbitos que se recogen en la presente ley.
Las políticas públicas desarrolladas por la Administración autonómica para la atenciónde las personas con discapacidad en Cantabria se evaluarán de acuerdo con indicadores decalidad de vida de estas personas.
Cada consejería de la Administración autonómica responsable del desarrollo de medidasde apoyo a las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos deberán desarrollar procedimientos de seguimiento y evaluación de sus objetivos con la finalidad de mejorar la calidadde vida de las mismas.
Los sistemas de gestión y calidad de la Administración de la Comunidad Autónoma deCantabria incluirán indicadores que permitan evaluar el nivel de accesibilidad universal de losservicios públicos.
Artículo 68 Formación en discapacidad.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria desarrollará acciones de formación relacionadas con la discapacidad, dirigidas al personal de la Administración autonómicapara la realización de un apoyo cualificado a las personas con discapacidad y sus familias.
Las Administraciones y entidades públicas de Cantabria fomentarán la innovación e investigación aplicada al desarrollo de entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen los principios de inclusión, accesibilidad universal, diseño para todas las personas y vidaindependiente en favor de las personas con discapacidad.
Se establecerán medidas encaminadas a fomentar la investigación e innovación en prevención de las situaciones de discapacidad y mejora de la calidad de vida de las personas condiscapacidad.
Artículo 70 Participación de la iniciativa social.
Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria garantizarán laparticipación de las personas con discapacidad y sus familias en la planificación, ejecución,seguimiento y evaluación de todas las políticas que les afecten, a través de las entidades yasociaciones que les representen.
Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria promoverán eldesarrollo y participación del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y susfamilias facilitando los recursos necesarios para ello.
Las organizaciones y asociaciones en que se integren las personas con discapacidad ysus familias serán consultadas en la toma de decisiones en los asuntos que específicamenteles afecten.
Se crea el Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad como órgano colegiadocon funciones consultivas para la participación de las personas con discapacidad, el seguimiento y la promoción de la aplicación de la normativa sobre los derechos de las personas condiscapacidad en Cantabria.
El Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad se adscribirá a la consejeríacompetente en materia de política social. Reglamentariamente se establecerán los órganos oentidades que formarán parte del mismo además de las entidades representativas de las personas con discapacidad y sus familias, que sean de ámbito autonómico y estén declaradas deutilidad pública.
TÍTULO VI Artículos 72 a 76
El régimen sancionador aplicable en el ámbito de esta Ley será el establecido en los Capítulos I y II del Título III del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que seaprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad yde su inclusión social, y en este título.
Artículo 73 Infracciones y sanciones.
Las infracciones previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, porel que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la Sección2ª del Título III de la citada norma.
El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en titulo IV de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses desde el acuerdo deiniciación hasta la notificación expresa de la resolución.
En cualquier momento del procedimiento sancionador cuando los órganos competentesestimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, acordándose la suspensión del procedimiento por el órganocompetente para su iniciación hasta que recaiga resolución judicial.
También procederá la suspensión del procedimiento hasta que recaiga resolución judicialcuando se tenga conocimiento de que se está desarrollando un proceso penal y se considereque existe identidad de sujeto, hecho y fundamento.
A los efectos de esta Ley, la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadoracorresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando las conductas infractoras se produzcan dentro de su ámbito territorial y no se proyecten en un ámbitoterritorial superior al de la Comunidad Autónoma.
El órgano competente para iniciar el procedimiento será la persona titular de la consejería en cuyo ámbito competencial se cometa la infracción.
Será órgano competente para imponer las sanciones previstas en este Título:
El titular de la consejería en cuyo ámbito competencial se cometa la infracción, cuandose trate de sanciones por la comisión de infracciones leves o graves.
El Gobierno cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones muy graves.
En el supuesto de acumulación de infracciones leves y/o graves con muy graves en unmismo procedimiento, será competente para la imposición de todas las sanciones el Gobierno.
La recaudación realizada a través de las sanciones impuestas según lo recogido en esteTítulo, será destinado en su integridad a aplicar las medidas incluidas en esta Ley.
Con carácter bianual el Gobierno de Cantabria remitirá al Parlamento de Cantabria uninforme sobre las infracciones y sanciones impuestas en el ámbito de la Comunidad Autónomade Cantabria.
Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, conforme al principiode sostenibilidad financiera, y en el marco de la normativa sobre estabilidad presupuestaria,especificarán los créditos destinados a:
Financiar los centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
Contribuir al desarrollo y mejora de las actuaciones que realicen las entidades locales deCantabria en beneficio de las personas con discapacidad, en los términos establecidos por lalegislación básica del Estado y conforme a los criterios de ordenación y planificación de recursos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Promover las actuaciones que realicen las entidades privadas de iniciativa social dirigidasa la atención de las personas con discapacidad.
Acompañamiento de perros de asistencia
El acceso al entorno de personas con discapacidad que precisan el acompañamiento deperros de asistencia se regirá por su normativa específica.
La puesta en funcionamiento del sistema arbitral previsto en el artículo 41 se produciráuna vez implantado aquel a nivel estatal.
En el plazo de un año desde dicha implantación, el Gobierno de Cantabria, previa audiencia de los sectores interesados y las organizaciones más representativas de las personas condiscapacidad y sus familias, establecerá mediante Decreto este sistema arbitral.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley el Gobierno deCantabria procederá a la publicación de una edición de la misma en Lectura Fácil.
Una vez aprobadas las normas de desarrollo de la presente Ley y en el plazo máximo deseis meses desde la entrada en vigor de las mismas el Gobierno de Cantabria procederá a lapublicación una edición de las mismas en Lectura Fácil.
El Gobierno de Cantabria consignará en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales dela Comunidad Autónoma de Cantabria para 2019 y en los ejercicios sucesivos, las partidasnecesarias para garantizar el íntegro cumplimiento de la presente ley.
En plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de Cantabriaelaborará y remitirá al Parlamento, un plan estratégico de accesibilidad universal e inclusiónde la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de las empresas y fundacionespúblicas, organismos y entidades de toda clase de esta dependientes.
Se deroga la Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barrerasarquitectónicas urbanísticas y de la comunicación, y cuantas disposiciones de igual o inferiorrango se opongan a lo establecido en esta ley.
Adaptación de la normativa de Cantabria
Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley se aprobarála norma que establezca la composición, funcionamiento y puesta en marcha del Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad creado en el artículo 71 de la presente Ley.
Se modifica el ordinal 14.º del artículo 27.1.a) de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 demarzo, de Derechos y Servicios Sociales que quedará redactado en los siguientes términos:
14.º Servicio de atención domiciliaria y valoración de las personas en situación de dependencia. Es un servicio prestado con la finalidad de valorar la situación de dependencia y deofrecer asesoramiento y atención en domicilio tanto a la persona en situación de dependenciacomo a la persona cuidadora principal. El servicio será prestado en colaboración por el ServicioCántabro de Salud y por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, teniendo carácter garantizado y gratuito.
Habilitación al Gobierno de Cantabria
Se faculta al Gobierno de Cantabria para dictar cuantas disposiciones sean necesarias parala aplicación y desarrollo de esta Ley.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial deCantabria.
Palacio del Gobierno de Cantabria, 21 de diciembre de 2018.
2018/11349
DECRETO 87/2017, de 7 de septiembre, por el que se regula la estructura y organización de la Oficina Judicial en Galicia.