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Timestamp: 2019-11-22 12:34:26
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Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 770', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 545', 'Artículo 2', 'Artículo 19', 'Artículo 556']

Monográfico sobre Ley la de Mediación en España - A Mediar
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by Tomás Prieto 16/05/2019
escrito por Tomás Prieto 16/05/2019 438 visitas
Monográfico sobre la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España
Monográfico de la Ley de Mediación en España
El día 7 de julio de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Esta iniciativa obedece a la necesidad de implantar un sistema de resolución de conflictos, previo al judicial, para evitar litigios superfluos, desjudicializar ciertos asuntos que pueden resolverse fuera del ámbito de los tribunales y garantizar una mayor tutela judicial de los derechos de los ciudadanos.
Es el resultado de un largo proceso normativo,
. . .que se inicia con la Recomendación nº R (98) 1, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre la Mediación Familiar, adoptada el 21 de enero de 1998. Décadas anteriores comenzaron a gestarse técnicas de resolución de conflictos en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Francia como procedimiento o método complementario al sistema judicial. Inicialmente se desarrolló dentro el ámbito familiar al detectarse el alto coste económico que suponía la separación o divorcio, el incremento de la tensión emocional entre las partes en el proceso y la saturación de casos en los tribunales. Este interés por implementar un método complementario permitió iniciar debates en la IV Conferencia Europea sobre Derecho de Familia, celebrada en Estrasburgo en octubre de 1998.
La Recomendación de la Unión Europea,
. . .aconsejaba a los países miembros introducir, promover o reforzar la Mediación Familiar para:
a) mejorar la comunicación entre los miembros de la familia
b) reducir los conflictos entre las partes en litigio
c) dar lugar a acuerdos amistosos
d) asegurar el mantenimiento de las relaciones personales entre los padres y los hijos
e) reducir los costes económicos y sociales de la separación y del divorcio para las partes y para los Estados
f) reducir el tiempo necesario para la solución de conflictos.
El éxito de la mediación en el ámbito familiar,
. . .encuadrada dentro de las «Alternative Dispute Resolution» (ADR), o modalidades alternativas de solución de conflictos, llevó a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Quince a firmar compromisos en distintas cumbres como la de Viena en diciembre de 1998, Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, la de Lisboa en marzo de 2000 o la de Feira en junio de 2000, esta última aprobando el plan de acción eEurope 2002. Sin embargo, las ADR no eran comprendidas igualmente en todos los países de la Unión Europea. Existían distintas interpretaciones, a veces imprecisas, de los conceptos.
Para desarrollar las ADR a escala europea, y en concreto la mediación, con todas las garantías de seguridad y dentro de un marco uniforme, se pusieron en marcha los programas Grotius y Marc 2000.
Fruto de tres años de trabajo,
. . .el Comité Económico y Social Europeo aprobó, en el 395º Pleno de los días 11 y 12 de diciembre de 2002 por 91 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones, el Dictamen de 11 diciembre 2002, sobre el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil.
Este dictamen hablaba ya del fomento de las ADR dentro del ámbito civil y mercantil y su aplicación en litigios nacionales y transfronterizos como respuesta a una Europa cada vez más cercana a la vida cotidiana de los actores económicos (mercado único, moneda única) y de los ciudadanos (desplazamientos, movilidad laboral, relaciones familiares, etc.).
El Dictamen dejaba bien claro que las ADR no debían ser un medio de sustraerse a la justicia de cada Estado, una forma de separarse de la justicia. Las ADR debían seguir siendo siempre una opción consentida por cada una de las partes. Ofrecen la ventaja de proponer a las partes un procedimiento alternativo, a la vez que se preserva su derecho fundamental de recurso a la justicia.
Hasta el momento, las iniciativas de la Unión Europea,
. . .no eran vinculantes ni obligaban a los Estados miembros. Simplemente recomendaban y establecían una base unificadora para que los legisladores nacionales tuvieran un referente. Habrá que esperar a la promulgación de la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo, que Regula ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. La Directiva es una norma de la Unión Europea que obliga al Estado miembro a realizar una determinada tarea, en un plazo determinado, dejando a cada Estado la forma y los medios para desempeñarla. En este caso, el Parlamento Europeo obligaba a cada Estado miembro a instaurar procedimientos alternativos de carácter extrajudicial en asuntos civiles y mercantiles. La razón para este compromiso era el de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia donde esté garantizada la libre circulación de personas mediante la cooperación judicial en materia civil que sean necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior. Partiendo del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, se sientan las bases de lo que ha de ser la mediación en materia civil y mercantil dentro de la Unión Europea.
. . .se exigía que el Parlamento español aprobase una ley de mediación cuyo límite de plazo vencía el 21 de mayo de 2011. Durante los meses de abril hasta septiembre de 2011, la Mesa de la Cámara fue estableciendo plazos de enmiendas al Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Tras el cambio de gobierno con las Elecciones Generales de noviembre de 2011, una vez pasado el plazo exigido por la Unión Europea y centrándolo en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, el Pleno del Congreso de los Diputados ratificó con carácter de urgencia y transitoriamente el día 29 de marzo de 2012, por 309 votos a favor y 1 abstención, el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, sobre Mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Una Ley, que a la postre se ha mostrado insuficiente, y que para lo único que ha servido hasta el momento, ha sido para crear una gran burbuja de formación de dudosa calidad y crear miles y miles de titulados en mediación con las escasas 100 horas famosas. Lo que supone una inflación de profesionales mal formados, que han llegado al ámbito de la mediación, como muchos dicen: “por si acaso”. Esta inflación ha sido fomentada desde los propios Colegios Profesionles, conveertidos en Instituciones de Mediación. Craso error que el tiempo está poniendo en tela de juicio.
Evolución de la Mediación en España
Galicia: Ley 4/2001, de 31 de mayo, de Mediación Familiar de Galicia
Comunidad Valenciana: Ley 7/2001, de 26 de noviembre, de Mediación Familiar de Comunidad Valenciana (esta ley se basa en la Ley 5/1997, de 25 de junio) y Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven
Canarias: Ley 15/2003, de 8 de abril, de Mediación Familiar de Canarias y Ley 3/2005, de 23 de junio, para la modificación de la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar
Castilla-La Mancha: Ley 4/2005, de 24 de mayo, Servicio Social Especializado de Mediación Familiar de Castilla-La Mancha
Castilla y León: Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León
Islas Baleares: Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación Familiar de las Illes Balears
Madrid: Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de Madrid
Principado de Asturias: Ley 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación Familiar del Principado de Asturias
País Vasco: Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar del País Vasco
Andalucía: Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cataluña: Ley 15/2009, de 22 de julio, de Mediación Derecho Privado de Cataluña (deroga la anterior Ley 1/2001, de 15 de marzo y amplia el ámbito de aplicación de la mediación)
Islas Baleares: Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación Familiar de las Islas Baleares (esta ley deroga la anterior Ley 18/2006 , de 22 de noviembre)
Cantabria: Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de Cantabria
Aragón: Ley 9/2011, de 24 de marzo, de Mediación familiar de Aragón
Murcia, aunque no dispone de una ley de Mediación, está desarrollando desde hace años un Servicio de Mediación a través de Puntos de Encuentro Familiar y un Servicio de Mediación Intergeneracional. Exite un Borrador anteproyecto de Ley de Mediación Familiar (Documento Adobe Acrobat [.pdf] 507.4 KB)
En Navarra hubo una Proposición de Ley Foral de Mediación Familiar (se publicó en el Boletín oficial del Parlamento de Navarra, núm. 34, de 17 de abril de 2001) que finalmente no se aprobó. Actualmente está activo un Servicio de Mediación Familiar perteneciente a los Servicios Sociales de Base Municipales, regulado por el Decreto Foral por el que se regula el servicio de mediación familiar.
Al margen de la legislación autonómica, en España existían instrumentos alternativos a la vía judicial. El primer referente fue la Ley 30/1981, de 7 de julio, que hablaba del convenio regulador, en los casos de separación o divorcio, sin que tenga que intervenir un árbitro o juez en los asuntos de la ruptura matrimonial. Tras este primer paso, la Ley 15/2005, de 8 julio, que Modifica el Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modifica el artículo 770, apartado 7º estableciendo que «las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, para someterse a mediación». Y añade en su Disposición final tercera que «el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación basada en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea».
Estos cambios normativos permiten impulsar la mediación a nivel nacional, primero aprobando el Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que incorpora finalmente al derecho español la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo, que Regula ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles; y por último, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
En el Preámbulo se establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos e implantar una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja.
Actualmente son los tribunales de justicia el primer recurso ante un conflicto que se desarrolla en el ámbito privado y que en muchos casos afecta a menores. El Estado, para garantizar la tutela judicial, gasta mucho dinero en demandas o denuncias sin trascendencia que ralentizan la justicia y la encarecen. La gran mayoría de los jueces se enfrentan a montañas de casos triviales, que pueden resolverse con un poco de sentido común y diálogo, y frenan los procesos judiciales que requieren una mayor intervención de la justicia por su delicada materia.
En este sentido, no se trata de un proceso judicial alternativo. La mediación es una herramienta eficaz, una opción, para que las personas mejoren su capacidad de comunicación, aprendan a reducir los conflictos y lleguen a acuerdos amistosos, efectivos y rentables de manera autónoma, asistidos por un profesional neutral denominado mediador. Con la nueva ley se pretende que los tribunales de justicia sean el último remedio, reduciendo su intervención a aquellos casos en que las partes enfrentadas no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la situación de controversia.
En cuanto a los acuerdos llegados por las partes, aunque no suponen un laudo arbitral ni una sentencia judicial, adquieren el valor de título ejecutivo, es decir, son acuerdos que deben ser ejecutados, llevarse a cabo obligatoriamente. Si además se eleva a escritura pública, dando fe el Notario de su autenticidad, cobra más solidez y refuerza los derechos y deberes. En caso de incumplimiento, se podrá acudir directamente a los tribunales para hacer cumplir lo pactado. Además en casos de mediación familiar, el acta se debe homologar judicialmente siempre que se medie un divorcio con menores, a través de un abogado.
La novedad de esta ley, con respecto a las autonómicas, es que se aplica a todos los asuntos civiles y mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos. Quedan excluidos:
a) La mediación penal
b) La mediación con las Administraciones públicas
c) La mediación laboral y
Como ya apunté anteriormente, el Dictamen de 11 diciembre 2002, sobre el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil, hablaba de la necesidad de aplicar las ADR (modalidades alternativas de solución de conflictos) en litigios nacionales y transfronterizos como respuesta a una Europa cada vez más cercana a la vida cotidiana de los actores económicos (mercado único, moneda única) y de los ciudadanos (desplazamientos, movilidad laboral, relaciones familiares, etc.).
La libre circulación de personas y mercancías por los estados de la Unión Europea exigían una legislación más amplia. De esta manera pone fin a los problemas judiciales en caso de conflicto entre personas o empresas de distintos países. Ahora, cuando las partes estén domiciliadas o residan habitualmente en distintos Estados de la Unión Europea, pueden solucionar sus conflictos rápidamente y sin la limitación de a quién le compete. Incluso cabe mediación en conflictos transfronterizos cuando el pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado distinto, como consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes. El acuerdo puede hacerse en un día, mientras que por la vía judicial hay que respetar los plazos establecidos, lo que conlleva una dilatación de meses o años.
Por lo que respecta a la mediación en materia de consumo,
. . .que está fuera de esta ley, ¿qué ocurre si fracasa el servicio público que lleva la mediación? ¿Pueden las partes acudir a un mediador privado como en los asuntos civiles? ¿Dónde está el límite del conflicto civil y del conflicto en materia de consumo?
Esta ley establece la mayoría de los principios por los que han de regirse la mediación, aunque en algunos casos, no los menciona específicamente como tales.
a) Voluntariedad y libre disposición (artículo 6).
La mediación no es obligatoria, nace de la libre determinación de las partes. Incluso en el supuesto de iniciarse voluntariamente, si una o ambas partes desean concluir el proceso sin llegar a un acuerdo, pueden libremente darla por terminada sin que ello lleve aparejada sanción alguna.
Este artículo abre la posibilidad de incluir una cláusula en todo contrato para, en caso de controversia, comprometerse a la mediación antes de acudir a la vía judicial o a otra solución extrajudicial (arbitraje).
El problema de este artículo está en que la buena fe no se presenta y define como un principio. Aunque se hace mención en el artículo 10, junto con el principio de lealtad y respeto mutuo, no entra como concepto autónomo. El legislador debería tener presente que una mediación fracasa si una o ambas partes no actúan honestamente. La falta de buena fe supone una temeridad, una desconfianza hacia el proceso de mediación como instrumento para solucionar controversias pacíficamente.
De nada sirve acudir voluntariamente si la intención es utilizarla como arma de manipulación y desprestigio, como instrumento para obtener información que pueda utilizarse posteriormente en beneficio propio.
b) Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores (artículo 7).
El principio de igualdad de las partes supone disponer de iguales medios y oportunidades para defender sus posiciones y, de esa manera, mantener un equilibrio. La tarea del mediador será velar por ese equilibrio y asegurar que se cumplen los códigos de buena conducta: respetar los puntos de vista, permitir hablar a la otra parte sin interrupciones, no amenazar, no insultar, etc.
c) Neutralidad (artículo 8).
En consonancia con el principio anterior, el mediador debe abstenerse de toda valoración, juicio, consejo y determinación que pueda a influir en la decisión de las partes. Estas deben llegar a un acuerdo por sí mismas, libremente, sin la influencia de un tercero.
d) Confidencialidad (artículo 9).
La confidencialidad se extiende al mediador, a las partes en conflicto y demás que intervienen en el proceso (comediadotes, abogados, psicólogos, etc. que sean requeridos para asesorar).
Este es un principio fundamental ya que pretende garantizar el respeto a la vida privada de las personas. Hay que tener en cuenta que, durante las distintas fases del proceso, sobretodo en la exploración del problema y redefinición del mismo que puede tener lugar en reuniones individuales (también llamadas caucus, según Marinés Suares), las personas ponen su confianza en el mediador aportando datos relevantes que de otro modo no se atreverían a decir.
Por lo tanto, no se pueden revelar, en un proceso judicial o de arbitraje, documentos y datos obtenidos en mediación. Se exceptúan los casos en que las partes acuerden expresamente y por escrito la posibilidad de revelar información confidencial o cuando un juez de lo penal, siempre que tenga motivos para ello, solicite información mediante resolución judicial.
No obstante, el mediador no podrá desempeñar esta función cuando desarrolla otra actividad incompatible. Tal es el caso del abogado-mediador: no puede hacer mediación cuando, tras no llegar las partes a un acuerdo, decide defender a una parte en el proceso judicial contencioso; o el supuesto del psicólogo-mediador: no puede ejercer de mediador y a la vez llevar a cabo sesiones de terapia a las mismas personas.
Por lo que se refiere a la formación, el mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.
los datos personales de las partes, de manera que puedan ser perfectamente identificadas;
la designación del mediador;
el tipo de conflicto (familiar-intergeneracional, divorcio, educativo, vecinal, etc.), no hay que ceñirse a conceptos técnicos, aunque sí delimitar bien el tipo de conflicto para que la mediación no termine en divagaciones;
el proceso que se va a seguir, la duración estimada de cada sesión y el número de sesiones;
el coste de la mediación, por un lado, y los honorarios del mediador, por otro. Si es necesaria una provisión de fondos, también se reflejará.
el lugar donde se celebrará la mediación;
en caso de tratarse de una comunidad autónoma donde se hablan otros idiomas o las partes no comprendan bien el español y deciden usar otra lengua, se dejará constancia del idioma que se utilizará.
Es importante que el mediador vigile que el acuerdo sea equitativo, que no perjudique a una de las partes, ya que un acuerdo injusto, aún siendo privado, puede ser anulado por un juez.
El acuerdo debe ser firmado por las partes y se harán tantas copias como personas hayan intervenido.
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La razón de presentar las Actas es para asegurar que las partes aceptaron voluntariamente el proceso de mediación y el acuerdo es alcanzado libremente.
Es por esta razón que los Principios generales de la mediación son tan importantes, porque su respeto evita problemas posteriores.
Aunque la esencia de la mediación es llevarla a cabo físicamente, el permitir utilizar la tecnología para resolver conflictos supone un avance en este ámbito. Todo parece indicar que van a ser las ODRS (Online Dispute Resolutions) las que van a tomar el protagonismo, según se ha podido ver en el I Encuentro Latinoamericano de ODRS, el mes pasado en Buenos Aires.
Si la mediación se llevó a cabo cuando las partes estaban en un proceso judicial, el tribunal competente será el mismo.
En el supuesto de que el pacto se hubiera homologado, tal es el caso del divorcio de mutuo acuerdo en el que la sentencia judicial homologa el compromiso alcanzado en la mediación (en este caso sería el convenio regulador), será el juez que instruyó la causa.
Y para aquellos procesos de mediación iniciados a priori del orden judicial, tiene competencia para ordenar el cumplimiento de los acuerdos el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Leyes que son modificadas para adaptarlas al ámbito de la mediación
2.- Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación [1 artículo]
Artículo 2, apartado 1, letra i: «i) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.»
3.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [24 artículos]
Artículo 19, apartado 1: «1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.»
Artículo 556, apartado 1, párrafo primero: «Oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de los acuerdos de mediación.
Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que, en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.»
Disposición adicional novena: «Títulos extranjeros homologados.
Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley hubieran solicitado la homologación de su título extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que, en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que obtengan dicha homologación, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.»
Aunque esta ley ha llegado con retraso, es un paso importante en el ámbito de la mediación por cuanto aúna criterios y ofrece mayores garantías y seguridad a los mediadores en el desempeño de sus funciones. Es un modelo que da más protagonismo y control a las partes. Fomenta la participación activa, el respeto mutuo, la igualdad, la colaboración y provee de un mayor poder de decisión y compromiso.
Con este tipo de iniciativa legislativa se contribuye a mejorar y modernizar el sistema de justicia, dotándolo de calidad y garantía ante una sociedad que demanda procesos flexibles, rápidos y económicos. Es una alternativa, un instrumento de que disponen todos aquellos inmersos en un conflicto para mejorar la comunicación y las relaciones sociales, para llegar a acuerdos sólidos y duraderos y reducir tanto los costes económicos como el tiempo necesario para resolver el conflicto.
Al demostrarse no ser suficiente, nos encontramos en un momento crítico, pues de no actuar con celeridad en la implementación de estos procesos, es muy posible que las ODRs ocupen todo el protagonismo en la resolución extrajudicial de conflictos. Me remito a la Crónica del I Encuentro Latinoamericano de ODRs, arriba compartido.
Según nos aclara Gema Murciano redactora del Blog de Sepín, hay que tener en cuenta la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
En su Disposición Final Séptima se suprime el párrafo d) del apdo. 2 del art. 2 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
2.Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de esta Ley:
d) La mediación en materia de consumo«.
Luego desde noviembre de 2017 ya es posible mediar en consumo.
¡¡¡¡ Gracias Gema por tu aporte de valor !!! en Colaboración siempre se suma ¡¡¡¡
en asuntos civiles y mercantileslegislaciónley de mediaciónmonográfico
Gema 17/05/2019 - 08:44
Ojo, hay que tener en cuenta la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
Tomás Prieto 17/05/2019 - 11:42
Gracias Gema, ya lo hemos adjuntado al artículo como Nota adjunta, genial aportación. #SembrandoMediacion