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Timestamp: 2018-07-21 01:43:36
Document Index: 415084750

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'in fine', 'artículo 9', 'artículo 517', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 518', 'artículo 372', 'artículo 388', 'artículo 558', 'artículo 386', 'artículo 386', 'Artículo 382', 'Artículo 385', 'artículo 95', 'artículo 95']

Central de Trabajadores/as ASI Venezuela: 11/05/13
Solicitud del Movimiento Sindical de Venezuela a la Ministra del Trabajo María Cristina Iglesias
UNIDAD DE ACCION SINDICAL VENEZOLANA
Derecho de Petición sobre Información relativa al
Autónomo por la Defensa del Empleo, el Salario y la Seguridad Social (FADESSS), coalición de organizaciones, directivos y corrientes sindicales que representan intereses colectivos de la clase trabajadora; Pablo Zambrano, titular de la cédula de identidad No. 6.218.378, actuando a nombre propio y en mi carácter de integrante del Movimiento de Sindicatos de Base (MOSBASE), coalición de organizaciones, directivos y corrientes sindicales representativas de los intereses colectivos de la clase trabajadora; Carlos Infante Stengel, titular de la cédula de identidad No. 2.967.051 y Caridad Rondón, titular de la cédula de identidad No. 5.330.105, actuando en nombre propio y en nuestro respectivo carácter de Presidente y Directora de Educación y del Departamento de la Mujer de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA); Marino Alvarado, titular de la Cédula de Identidad No. V-23.690.917, actuando en nombre propio y en representación de la Asociación Civil Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Organización No Gubernamental, debidamente constituida, cuyo objeto es la promoción y defensa de los Derechos Humanos, particularmente los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), desarrollando dentro de este mandato acciones dirigidas a la exigibilidad de los derechos humanos garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; todos y todas venezolanos y venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, nos dirigimos a Usted a fin de exponer y solicitar lo siguiente:
Nuestra legitimación se desprende del derecho a interponer la presente petición conforme a lo previsto en los artículos 51, 132 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en tanto lo hacemos en ejercicio de la contraloría social, como forma de participación en el control democrático del Poder Público, de conformidad con el artículo 62 de la Constitución que establece:
“Todos los ciudadanos y ciudadanas tiene derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos.
PROVEA es una asociación civil sin fines de lucro cuya acta constitutiva está debidamente protocolizada ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, el 08 de noviembre de 1988, bajo el Nº 19, Tomo 8, Protocolo Primero, cuya última reforma quedó registrada ante la citada Oficina Subalterna el 21 de febrero de 1996, bajo el Nº 14 del Tomo 8, Protocolo Primero. El objeto principal de PROVEA es educar y defender los derechos humanos, muy especialmente los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
Esta actuación de PROVEA ha sido reconocida por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia del 26 de mayo de 2005, (Caso: ASOCIACIÓN DE VECINOS URBANIZACIÓN YULESCA I), en la cual estableció lo siguiente:
En tal sentido, dicha organización busca promover, mantener y desarrollar programas en defensa, enseñanza y expansión de los derechos humanos, para orientar a los individuos en sectores organizados a clamar -dado el caso-, el respeto o restablecimiento de los derechos inherentes a la persona humana cuando consideren que le están siendo vulnerados.
La presente solicitud se encuentra amparada en el derecho constitucional de petición consagrado en los artículos 51 y 143, concatenados con los artículos 2, 95, 123 y 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, No. 87 Sobre Libertad Sindical.
Mediante Gaceta Oficial Nº 40.146 de fecha 12/04/2013, usted, Ciudadana Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, dictó la Resolución Nº 8.248, invocando lo previsto en el artículo 517 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (en lo sucesivo LOTTT), y creó el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, estableciendo que esta instancia tendría como sede principal la ciudad de Caracas, Distrito Capital y que además, mantendría salas de registro en las sedes indicadas en el artículo 1 de la mencionada Resolución. Es decir, en las Inspectorías del Trabajo.
En el artículo 5, la mencionada Resolución le atribuyó como competencias al Director o Directora del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, las indicadas en el artículo 518 de la LOTTT. Ello ha traído como consecuencia que las Inspectorías del Trabajo le remitan a la abogada Sheila Yubiry Romero González, Directora del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, la documentación inherente al funcionamiento y existencia de las organizaciones sindicales del país, independientemente del ámbito de actuación que tengan los sindicatos. Esta funcionaria fue designada según Resolución de su Despacho No. 8254 del 16 de abril de 2013, escasos días después de crearse el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales.
Además implica, que federaciones y sindicatos regionales y nacionales, y centrales o confederaciones, deban hacer sus trámites legales ante una misma unidad. Nos referimos al derecho a la sindicalización de millones de seres humanos del país. Lo anteriormente señalado se traduce en haberle atribuido mediante su Resolución del 12/04/2013, a una (1) persona en el país (Director o Directora del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales), la facultad de conocer y decidir de manera específica sobre los aspectos siguientes:
3. Registrar la rendición de cuentas anual sobre la administración de los fondos sindicales por parte de la junta directiva de la organización sindical conforme a la ley.
6. Cerrar el registro de un sindicato por disolución acordada por sus afiliados y afiliadas conforme a la ley y los estatutos o por decisión de los tribunales del trabajo.
Según la Resolución dictada por su Despacho, las Inspectorías del Trabajo deberían conocer y resolver sobre las solicitudes de registro de sindicatos de trabajadores, cuyo ámbito territorial de actuación sea local o estatal conforme al artículo 372 de la LOTTT. Así lo indica al afirmar además que los Sindicatos de trabajadores, debidamente registrados, cuyo ámbito territorial de actuación sea local o estadal, deben acudir y realizar en las Inspectorías, los trámites vinculados con las obligaciones establecidas en el artículo 388 de la LOTTT. No obstante, esto no es lo que sucede.
En el caso de las solicitudes de registro de sindicatos de trabajadores cuyo ámbito territorial de actuación sea regional o nacional, de las federaciones sindicales y de las centrales o confederaciones sindicales, la Resolución establece que se atenderán y tramitarán en la sede principal del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. También se remiten a esa unidad el trámite de las organizaciones debidamente registradas y cuyo ámbito territorial de actuación sea regional o nacional, así como la gestión de las federaciones sindicales y de las centrales o confederaciones sindicales, a objeto de efectúen la gestiones relativas a lo dispuesto en los artículos 388, 428 y 429 de la LOTTT.
Como es del conocimiento de ese Despacho, el artículo 558 de la LOTTT, que contiene la disposición transitoria cuarta, establece en su numeral primero, que el Registro de Organizaciones Sindicales entraría en funcionamiento el día primero de enero del 2013. No obstante, la resolución emitida por ese Ministerio, contentiva de la creación de esta instancia, fue publicada en Gaceta Oficial del 12 de Abril del año 2013.
Por su parte, el numeral segundo de la señalada disposición transitoria cuarta de la LOTTT, otorga un término hasta el 31-12-2013 para que todas las Organizaciones Sindicales adecuen sus Estatutos a la Ley Orgánica del Trabajo. Ello significa que existe al menos, un lapso de tres (3) meses, contados entre el 01-01-2013 y el 12-04-2013, durante el cual no hubo instancia alguna para procesar lo relativo al registro ordenado en el artículo 386 de la LOTTT. Ello ocasiona severos perjuicios a las organizaciones sindicales, máxime cuando están expuestas a lapsos fatales para el cumplimiento de trámites, debido a la inactividad u omisión de la autoridad administrativa del trabajo.
La ambigüedad de la situación vinculada a las atribuciones de la sede principal y de las sedes estatales del Registro, ha generado un verdadero caos que tiende a profundizarse próximamente, cuando entre en vigencia la disposición transitoria cuarta numeral segundo de la LOTTT, desde el punto de vista de la celeridad, de la transparencia de los procedimientos y del encarecimiento de las actuaciones sindicales, ya que trabajadores, trabajadoras e integrantes de juntas directivas de organizaciones sindicales de pequeñas o medianas empresas, territorialmente ubicadas a cientos de kilómetros de Caracas, deben trasladarse hasta la Capital para realizar infinidad de diligencias, con el consiguiente gasto que ello implica.
Además la alta concentración de trabajo en una sola unidad en toda Venezuela, carente de personal numéricamente adecuado, ha generado la emisión de actos administrativos en serie, que indiscriminadamente niegan el registro de organizaciones que cumplen sus requisitos, violando de esta forma la libertad sindical.[1]
La señalada Resolución dispone que conforme a lo establecido en el artículo 386 de la LOTTT, el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales debe informar al solicitante sobre cualquier error u omisión en su solicitud, dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la misma y que en caso de no existir errores u omisiones, procederá al registro de lo solicitado. Ello no ocurre de esta forma, prueba de lo cual está representado por el descontento que se presenta en la base de los sindicatos que intentan discutir colectivamente sus convenios colectivos y se ven obstruidos en el ejercicio de sus derechos, por la falta de celeridad de este Registro Nacional y los errores en los que incurre esta unidad al no tener una fluida y oportuna relación informativa con las Inspectorías de los estados del interior del país.
Ello deriva en la necesidad de tener que interponer recursos judiciales, como se vienen intentando ante los órganos de administración de justicia, por ejemplo en el caso del estado Miranda.
En el estado Táchira hay 859 Sindicatos con Boleta de inscripción Sindical desde 1958 hasta el año 2013. Al crearse el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, se eliminaron las salas de Sindicatos de la Inspectoría del Trabajo y los Expedientes fueron remitidos a esta nueva instancia en su sede principal. Por tal motivo surgen interrogantes vinculadas al ejercicio de la libertad sindical y a lo que -en materia laboral- se denominan derechos adquiridos:
¨ Si el Registro otorgará inscripción a todas las nuevas Organizaciones Sindicales, los requisitos de constitución no pueden ser retroactivos, estableciendo nuevas condiciones y reglas, cuando ya se tiene Boleta y personería Jurídica con efectos frente a terceros, debido a que existen convenciones colectivas vigentes y derechos subjetivos y legítimos.
¨ Siguiendo el ejemplo de Táchira, encontramos que a la fecha de redactar el presente escrito, de los 859 Sindicatos con Boleta de inscripción, sólo un (1) Sindicato, muy nuevo, recién constituido, está registrado en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y 80 Organizaciones Sindicales, les han recibido parte de los recaudos, pero no cumplen con todo lo exigido por el Registro ya que a la mayoría les falta realizar las Elecciones Sindicales.
¨ Por otro lado, la Reforma Estatutaria exigida por la LOTTT solo puede ser realizada, luego de las elecciones. Las elecciones están en muchos casos retardadas porque el propio Consejo Nacional Electoral no ha procedido a autorizar el cronograma respectivo.
¨ La pregunta obligada sería la siguiente: las restantes 858 Organizaciones Sindicales del estado Táchira sometidas a la revisión del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales en cuanto a sus rendiciones de cuentas e informes de finanzas, nóminas de afiliados, estatutos, procesos electorales y hasta el contenido y forma de las actas de asamblea, ¿son susceptibles de la abstención de registro según los supuestos invocados en la Resolución publicada en Abril 2013?
¨ En tal eventualidad, ¿quedarán disueltas administrativamente?
¨ ¿Sus directivas no podrán representar a su base afiliada, aún teniendo Boleta de Inscripción emitida antes de Mayo del año 2012?
En el caso del sector público, para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 382 de la LOTTT en concordancia con el Artículo 385, relativo a la nómina, destacamos la limitante existente con respecto a la emisión de este documento por parte del ente empleador, que es el mismo Estado, a través de la oficina de recursos humanos de los diferentes organismos en los que se desempeña el personal afiliado a las organizaciones sindicales.
Anteriormente e incluso en la actualidad, pero en algunos casos de Organizaciones Sindicales del sector privado, el Ministerio del Trabajo requiere la nómina a la entidad de trabajo (Patrono). La diferencia respecto al sector público estriba en que además de que la nómina la entrega el ente de adscripción del afiliado o afiliada a un sindicato, para su remisión al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, la nómina debe contar con una versión digital y otro ejemplar en formato físico, debidamente firmada por la persona afiliada al sindicato.
Ello agrega procedimientos engorrosos, no dependientes de las organizaciones sindicales, que lesionan la libertad de organizarse para la defensa de sus intereses de clase, que es el fin de los sindicatos. De otra parte, carece de sentido práctico la solicitud de firma autógrafa de la nómina, cuando se trata de personas afiliadas por años a una misma organización sindical. Ello encarece la función sindical pues la organización debe disponer de recursos financieros y bastante tiempo para recabar tales firmas.
En materia comicial, es imprescindible señalar que si bien la LOTTT flexibiliza algunos requisitos vinculados a la actuación del Consejo Nacional Electoral en la organización de las elecciones sindicales, no es menos cierto que este órgano está en mora para convocar procesos en muchas organizaciones, en un alto porcentaje de las solicitudes que le han sido presentadas.
Un hecho que nos motiva a solicitar información específica y concreta respecto a las garantías que ese Ministerio debe otorgar al ejercicio de la libertad sindical en el país, deriva de la historia reciente de prácticas antisindicales en Venezuela, lamentablemente auspiciada y/o consentida por la autoridad del trabajo, como se ha denunciado en el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo.
Ejemplo de esta afirmación está representado por la situación que se vive en la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela y la exclusión de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria Autónoma (C-CURA) de las discusiones contractuales en la industria petrolera, durante ya dos (2) procesos de negociación. Este antecedente, entre tantos otros, deviene en innegable mención dentro de la motivación que hoy le presentamos, y es su vinculación con la inusitada celeridad con que actúa la Dirección del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales para declarar la mora electoral, en casos donde la base de los trabajadores y trabajadoras de un sindicato la solicita y se trata de organizaciones aparentemente afectas al oficialismo, como ocurriera en el estado Carabobo, con un sindicato de una empresa de helados.[2]
Si bien es cumplimiento del deber la eficacia administrativa, no es menos cierto que su existencia en unos casos, en detrimento de otras solicitudes, se convierte en discriminación, cuando no en expresión de obstrucción al derecho a la justicia, ya que la autoridad del trabajo es parte de la institucionalidad del Estado que tiene el deber de garantizar el libre ejercicio de la libertad sindical y ello, sin distingos.
Ciudadana Ministra, tenemos un fundado temor por la pérdida de la autonomía de las organizaciones sindicales en Venezuela, a través de procedimientos como los contenidos en la Resolución tantas veces mencionada, que viabilizan una clara injerencia gubernamental en los procesos organizativos y decisorios, propios de los sindicatos en tanto estos espacios de lucha de la clase trabajadora, dada la amplia discrecionalidad con la que puede actuar la autoridad del trabajo para otorgar el registro o abstenerse de registrar sindicatos, juntas directivas, informes financieros, entre otros.
Hacemos de su conocimiento nuestra preocupación ante el posible y quizás inminente desconocimiento de un importante y significativo número de organizaciones sindicales en el país, por parte de patronos del sector Público y Privado, al hacerse también inminente –por razones de tiempo- la imposibilidad de satisfacer los requisitos exigidos por la Resolución que ha dictado el Despacho a su cargo, y que deben ser tramitados en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales.
La abstención de registro, facilitará la violación, incumplimiento y dilación en la discusión de convenciones colectivas. La razón de ser del sindicalismo es el logro de la mejora colectiva en las condiciones de trabajo, a través de instrumentos como la convención colectiva. Si ello no es posible porque el Estado interviene y proscribe los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras quedan en manos del gobierno…
Dispone la Resolución que tanto se ha invocado, que el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, posee lapsos para advertir a las personas solicitantes, si hubiese errores u omisiones, y que el solicitante tendrá un lapso máximo de treinta días para subsanarlos. Igualmente, establece que si el solicitante presenta las subsanaciones dentro el lapso indicado, el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales debe dar respuesta en un lapso máximo de treinta días. Finalmente, indica que si los errores u omisiones fueron subsanados correctamente se procederá al registro de lo solicitado, y en caso contrario, el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales se abstendrá de registrar la solicitud.
En este último sentido se centra una de las mayores preocupaciones del movimiento sindical organizado en Venezuela: si una organización está registrada, incluso hace muchos años, décadas quizá; si ha realizado su proceso electoral y requiere, conforme a la LOTTT, que esta oficina de Registro le emita un acto administrativo contentivo de una suerte de certificación de cumplimiento, bien porque sea requerido por el patrono o por la misma autoridad del trabajo, para dar curso, por ejemplo, a un pliego de peticiones con carácter conciliatorio (convención colectiva), y resulta que el Registro no opera de manera oportuna y diligente o peor aún, emite un acto administrativo indicando erróneamente que la organización sindical no reúne las condiciones para ser “registrada”, motivo por el cual la directora del Registro se “abstiene”, la consecuencia es que la organización sindical pasa a un estado de proscripción, aún de manera temporal. Esta circunstancia constituye una violación a lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el convenio 87 de libertad sindical.
En materia de informes financieros, llamamos su atención en el sentido de que no observamos coherencia en los lapsos, toda vez que si el ejercicio económico culminó por ejemplo el 31 de diciembre de 2012 y el mecanismo de aprobación del informa se correspondía con los estatutos vigente al 2012, difícilmente es viable la aprobación de la asamblea general, sobre todo en los casos de sindicatos nacionales.
Por otra parte, los períodos de gestión financiera de las organizaciones sindicales son diversos, terminando algunos el 31 de diciembre, pero otros pueden hacerlo conforme al cierre del ejercicio fiscal de las entidades de trabajo (patronos), máxime si se manejan beneficios contractuales vinculados a la distribución de las utilidades en el sector privado o en las empresas del Estado que se rigen por estos mecanismos.
Para la clase trabajadora organizada en el movimiento sindical, no es opción el espacio judicial. De allí nuestro rechazo a la permanente remisión que hace la Resolución al uso de vías administrativas o judiciales. Ello por cuanto la Sala Político Administrativa y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y en general, los diversos órganos de la administración de justicia, a lo largo y ancho del territorio nacional, por la vía de diferentes juicios, especialmente en la jurisdicción contencioso administrativa, penales y hasta en tribunales de municipio, se inmiscuye en las decisiones sindicales. Tal es el caso de Galletera Carabobo.
Lamentablemente, muchos tribunales del trabajo están siendo utilizados por las entidades patronales para cercenar el derecho de los trabajadores, tanto en su esfera individual como en el ámbito colectivo. Pero también es impostergable denunciar que hay un importante número de casos laborales ventilados en estos órganos de la administración de justicia, donde lo que está presente es el retardo procesal, la limitación de acceso a la justicia, y la impunidad.
Las pocas pero generalmente traumáticas experiencias del sindicalismo venezolano en arbitrajes, demuestran que el derecho colectivo tiene otros caminos. Denunciamos que las reiteradas legislaciones patrias, incluyendo las más recientes, que amparan el derecho laboral individual y debilitan el derecho colectivo del trabajo, no le generan confianza a la clase trabajadora en el entramado administrativo o judicial del Estado, máxime cuando las cifras sobre estudios en materia de conflictividad social en el país, deterioro del poder adquisitivo del salario, inflación y lucha por el acceso de la clase trabajadora a una vida decente y digna, indican que la huelga, la manifestación pacífica y la protesta son convertidas en delito por parte de jueces que deciden encarcelar sindicalistas y perdonar delincuentes que azotan al país, incluso desde las cárceles.
Muchas han sido las opiniones que hacia la gestión del Ministerio del Trabajo en Venezuela y hacia la gestión de las autoridades del Estado venezolano, se han vertido desde el Comité de Libertad Sindical y desde la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Lamentablemente, estas recomendaciones han sido desestimadas, prosiguiendo la violación a convenios internacionales que amparan la libertad sindical en el planeta o los incumplimientos a las obligaciones asumidas por el Estado en esta materia.
En este sentido, deseamos finalmente que el presente derecho de petición sea considerado por su Despacho con la responsabilidad necesaria, antes que se cometa una de las mayores injusticias contra la libertad sindical y contra la clase trabajadora venezolana, de las que se tenga conocimiento en la historia laboral del presente siglo.
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos que nos informe por escrito, conforme a lo previsto en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los particulares siguientes:
PRIMERO: visto el contenido de la Resolución Nº 8.248, dictada por ese Ministerio y publicada en Gaceta Oficial No. 40.146 de fecha 12 de abril de 2013, cuáles son y en qué consisten las medidas adoptadas por ese Despacho a su digno cargo, para garantizar la libertad sindical en el país, en atención a lo dispuesto en la sección tercera del título séptimo de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, denominada De las Organizaciones Sindicales, específicamente en lo relativo al ámbito territorial de actuación de los sindicatos.
SEGUNDO: visto el contenido de la Resolución Nº 8.248, dictada por ese Ministerio y publicada en Gaceta Oficial No. 40.146 de fecha 12 de abril de 2013, cuáles son y en qué consisten las medidas adoptadas por ese Despacho a su cargo, para garantizar la libertad sindical en el país, considerando lo dispuesto en la sección cuarta del título séptimo de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, denominada Del Registro de las Organizaciones Sindicales, que establece la jurisdicción de esa instancia para conocer y decidir sobre un nuevo procedimiento para continuar ejerciendo la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras, y en el caso de las nuevas organizaciones, para acceder a la personería jurídica.
[1] Véase el caso de la solicitud No. 2013-00019, registro de proyecto de organización sindical: Sindicato Único de Obreros y Empleados del Instituto Médico La Floresta, auto del 28 de mayo de 2013.
[2] Sentencia en el caso del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD DE TRABAJO SERVIQUIM C.A. (SINTRAENTRASERVIQUIM), constituido el 19 de enero de 2013, ubicada en la carretera nacional Santa Teresa del Tuy, San Francisco de Yare, kilometro 1, jurisdicción del Municipio Autónomo Simón Bolívar del Estado Bolivariano de Miranda.- http://miranda.tsj.gov.ve/DECISIONES/2013/OCTUBRE/1864-1--0105-13.HTML. Véase también la respuesta a la solicitud Nro. 415, Motivo: Mora Electoral, Expediente Nro.: 069-1946-02-00048 Auto emitido en el caso de la Organización Sindical denominada: SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DEL DISTRITO PUERTO CABELLO, documentación en la cual solicitan se declare la MORA ELECTORAL a la junta directiva actual del sindicato. Así mismo, el caso del SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS REVOLUCIONARIAS Y SOCIALISTAS DE LA ENTIDAD DE TRABAJO HELADOS EDMAR C.A. ESTADO CARABOBO, (SINDUNTRES – HEEDMAR)
Publicado por Central ASI Venezuela en 13:48 No hay comentarios:
SUTISS plantea huelga indefinida ante reclamos desatendidos por CVG
La protesta de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) se trasladó de la avenida Guayana, cerrada durante dos días consecutivos, a las áreas internas en donde este sábado se consolidó un paro general indefinido, convocado por las primeras fichas del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss).
Algunas áreas productivas como Palanquillas y Planchones, Laminación y tren de Barras y Alambrón se habían paralizado desde el jueves por ausencia de personal. Este sábado, el presidente de Sutiss, José Luis Hernández, junto a otros trabajadores recorrieron las áreas para sumar voluntades a la lucha. Así, se paralizaron las operaciones de la Línea B de Planta de Pellas, entre otras áreas.
Pese a que la fractura de las corrientes es evidente respecto a la unión lograda durante el paro de 20 días, la paralización de las áreas medulares ha sido confirmada por los trabajadores.
Un miliciano vestido de juez quiso venir a criminalizar la protesta, reivindico que ésta es una lucha de los trabajadores, no tenemos otra vía que la protesta pacífica”
En pleno vencimiento del periodo sindical, que en efecto culmina hoy, el presidente de Sutiss se juega tal vez una de sus últimas cartas luego de haber tomado el riesgo de encender la calle con el cierre de la avenida Guayana.
El respaldo a sus acciones determinará, en parte, una respuesta satisfactoria a los reclamos de corrección de la hoja de cálculo salarial y aprobación de la nueva fórmula para la estimación de la bonificación de fin de año; pero eso sólo se descifrará a partir de este lunes.
“El presidente de la CVG viene ejerciendo una manipulación con un grupo de la junta directiva que no quiere que a los sidoristas se les apruebe lo establecido en el acta del 8 de octubre, 14 de octubre y 16 de octubre que establece la aplicación inmediata de la hoja de cálculo en la cual se detectaron errores en 16 conceptos y se demostró una deuda superior a los 73 mil bolívares”, insistió Hernández, al señalar que el amparo constitucional admitido el viernes por solicitud de la Corporación Venezolana de Guayana “no es más que el resultado de la presión de sectores burocráticos que están enquistados en Guayana y que les corresponde defender sus intereses por el cupo de cabilla, madera y diamante”.
“Osorio tiene una campaña para distraer a Guayana por su negligencia porque después de haber firmado tres actas ha cumplido sólo con el pago de un anticipo a medias a su conveniencia, se incumplió con la aplicación de la prima diurna”, dijo. “No creemos en Osorio ni la CVG, para nosotros la CVG se convirtió en un mercader del templo donde se matan por la negociación de los minerales para cobrar su comisión”, reiteró.
El intempestivo cierre de la avenida Guayana le costó el viernes a Sutiss la admisión del amparo constitucional por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar en contra de Hernández; el secretario general, Julio López; y el dirigente José Rodríguez, por la violación del libre tránsito y la libertad económica, a propósito de la tranca de la arteria vial.
El recurso legal se sumó a las fuertes descalificaciones que en contra de Hernández profirió el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el paro de 20 días cuando lo llamó “anarcosindicalista” y solicitó a la Fiscalía General de la República actuar.
Las acciones emprendidas por el presidente de Sutiss no han recibido el apoyo del resto de los grupos. El trabajador de Laminación en Caliente, Jorge Machuca, considera que en esta oportunidad también hay apoyo al paro. “Ni José Luis Hernández ni Julio López condujeron al movimiento a la calle, fueron los trabajadores que lo decidieron”.
Machuca criticó la solicitud de amparo constitucional por parte de la CVG que motivó el cese de la protesta este viernes. “Un miliciano vestido de juez quiso venir a criminalizar la protesta, reivindico que ésta es una lucha de los trabajadores, no tenemos otra vía que la protesta pacífica”.
“Nosotros no estamos jugando a que el general Osorio mande a la Guardia, como él cree, estamos jugando a que mande una comisión que dé respuesta a los reclamos de los trabajadores”, dijo, en cuanto a la corrección y aplicación de la hoja de cálculo salarial y la aprobación de la nueva fórmula para el cálculo de las utilidades, que será el centro de la cláusula 8 del nuevo contrato colectivo pero que esperan sea de aplicación inmediata y les permita obtener una mejor bonificación de fin de año.
El trabajador Rederick Leiva sostuvo que en la protesta de este viernes, en la avenida Guayana, los trabajadores permitieron el paso de vehículos cada 20 minutos, por lo cual rechazó que se quiera hacer ver la acción como una tranca total de la ciudad. “Estamos reclamando nuestros derechos como trabajadores sidoristas y de forma pacífica”, dijo.
El trabajador de la siderúrgica, Carlos Ramírez, consideró vital esperar hasta el lunes para determinar el apoyo al paro. Lo que sí salta a la vista, coincidió, es la división del movimiento sindical con grupos con agendas distintas.
“No se ve un apoyo rotundo y eso pudiera ser fatal para el movimiento. Ahora si no pagaran las utilidades de acuerdo con la fórmula propuesta por la mesa técnica, eso despertaría un apoyo rotundo a Sutiss, porque nadie aguanta cobrar utilidades este año con el mismo monto del año pasado”.
El trabajador Cruz Hernández, de Tendencia Clasista, exhortó a los trabajadores a estar alertas y mantenerse de brazos caídos en las áreas de trabajo. “No queremos que nos roben y saqueen nuestro salario porque es de nuestros hijos y de nuestras familias, si no resuelven van a conocer nuestra rebeldía e irreverencia y a todos los trabajadores los llamamos a estar unidos y alertas ante cualquier intento de meter preso algunos de nuestros líderes alerta y mantenerse en las áreas de brazos caídos para evitar el sabotaje de algunas corrientes esquiroles”.
Los sidoristas han insistido en que la estatal puede cubrir los pagos por retroactivos con la venta de productos siderúrgicos y materiales en stock.
El presidente de la CVG, Carlos Osorio, ha sido de la idea de que los recursos para las industrias de Guayana han tenido que salir del extinto Fondo de Eficiencia Socialista, un mea culpa del ahogo financiero de las estatales del hierro, el aluminio y el acero.
¿Qué exigen los sidoristas?
El acta firmada el 8 de octubre, que permitió el cese del paro de 20 días, establecía varios puntos de los cuales sólo uno se ha cumplido. Los acuerdos de esa acta ratificados en dos actas posteriores, de acuerdo con Sutiss, se mencionan a continuación.
I. Instalación de una mesa técnica laboral, corrección, aplicación inmediata y retroactivo de los conceptos de la hoja de cálculo tales como jornada efectiva diaria/semanal –desde mayo de 2008-; tiempo de viaje –desde junio de 2009-; vacaciones y bono vacacional –desde mayo de 2008- y la revisión del resto de los conceptos que la conforman. De este punto sólo se logró la instalación de la mesa con la participación de 35 técnicos que han evaluado la hoja de cálculo y detectado errores, que hasta ahora no se han corregido.
II. Pago del retroactivo del tabulador desde marzo de 2011. No se ha cumplido.
III. Aplicación de la prima diurna para el resto de los trabajadores (fijos de día, incluyendo a la nómina de conducción, rotativos, y a los trabajadores de la fábrica de tubos), y su retroactivo en los casos que proceda, “evaluado y determinado en la comisión técnica salarial”. No se ha cumplido.
IV. Continuidad de la mesa de negociación del contrato colectivo en las instalaciones de Sidor, siendo prioridad la discusión y aprobación de la cláusula N° 8 –Participación de utilidades-. “Una vez reiniciada la mesa de negociación del contrato colectivo esta cláusula tendrá prioridad sobre el resto de las cláusulas que faltan por discutir, para su aplicación inmediata”, establece el acta, pero no se ha cumplido aún. El presidente de la CVG asegura que las fórmulas propuestas por la mesa técnica resultan en el pago de más de 260 días de utilidades, lo cual rechaza.
V. Pago de un anticipo de Bs. 40 mil “por concepto de pasivos laborales aquí en reclamo según la antigüedad del trabajador, pagaderos en dos partes”. La primera parte de Bs. 25 mil fue cancelada el 30 de octubre de 2013 y la segunda parte por los Bs. 15 mil restantes será cancelada el 16 de diciembre. “El resto de la deuda según los casos serán otorgados en cronograma de pago que se derive de la mesa técnica salarial”. El acta establece el pago por antigüedad, pero los trabajadores insisten en que posterior al 8 de octubre se acordó cancelar los Bs. 25 mil completos a los trabajadores con más de ocho meses en la empresa. (María Ramírez Cabello, Nueva Prensa de Guayana, 03.11.13)
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