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Timestamp: 2018-02-22 09:44:16
Document Index: 382815876

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 60', 'artículo 383', 'artículo 84', 'artículo 93', 'De lege ferenda', 'artículo 81', 'artículo 87', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 81', 'artículo 87', 'artículo 4', 'de lege ferenda', 'artículo 87', 'artículo 4', 'artículo 95', 'artículo 81', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 617', 'artículo 153', 'artículo 81', 'artículo 94', 'artículo 171', 'artículo 66', 'artículo 94', 'artículo 88', 'artículo 94', 'artículo 88', 'artículo 33']

Conclusiones. Seminario: Ejecución de las Penas Privativas de Libertad - PDF
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1 Ejecución de las Penas Privativas de Libertad Conclusiones Seminario: Ejecución de las Penas Privativas de Libertad Lugar: Madrid. Servicio de Formación Continua. Trafalgar, Fecha: 24, 25 y 26 de febrero Relator: Carlos Vielba Escobar, Magistrado. Audiencia Provincial de Las Palmas
2 SUMARIO I- INTRODUCCION 1- Aproximación a la suspensión de la pena privativa de libertad 2- Aproximación a la sustitución de la pena privativa de libertad 3- Problemas materiales de ejecución 4- Incidencias en la suspensión de las penas II- EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 1- Introducción 2- Teorías absolutas 3- Teorías relativas 3.1 prevención general 3.2 prevención especial 4- Teoría mixtas eclécticas o de la unión III- SUSPENSION DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 1- Suspensión por la vía del Art Suspensión por la vía del Art. 87 IV. SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD V- ESPECIAL CONSIDERACION A LA SUSTITICION POR LA EXPULSION DEL TERRITORIO NACIONAL, Art. 89 VI- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES VII- CONCLUSIONES I- INTRODUCCION: El presente seminario versa sobre lo que entendemos es la problemática específica que encontramos los órganos sentenciadores en materia de ejecución de penas privativas de libertad. Problemas específicos tales como la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, o de la sustitución de penas privativas de libertad por otras de distinta naturaleza se vienen planteando sucesivamente en los distintos órganos sentenciadores. Sin embargo, conviene tener claro que el juez o tribunal sentenciador una vez dicta la sentencia de carácter condenatorio no se ha de desentender por completo de su ejecución, no ha de derivar o hacer recaer toda la problemática ejecutiva en los jueces de vigilancia penitenciaria, quienes, desafortunadamente, tienen acotada la competencia de manera exacerbada, pues no en vano han recabado un incremento de competencias, por ejemplo, en materia de ejecución de medidas de seguridad privativas de libertad. Una política exageradamente benévola de las distintas administraciones competentes en materia penitenciaria a nivel autonómico no deja de generar problemas de interés en la ejecución de las penas privativas de libertad. Pensemos por ejemplo en las generosas concesiones de tercer grado penitenciario a ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación irregular en nuestro país y que será objeto de examen en el transcurso de este seminario. La concesión de un tercer grado penitenciario, con lo que ello conlleva de vida en semilibertad a un ciudadano 2
3 extranjero en situación irregular en España no es sino una puerta abierta a la inejecución de penas impuestas al mismo, pues una vez fuera del establecimiento penitenciario, con o sin permiso de trabajo temporalísimo, el extranjero quebranta su condena sin regresar al medio carcelario. Es por ello, que los jueces penales debemos estar al tanto de la ejecución y tener claras nuestras competencias en esta materia. No deja de presentar problemas la cuestión del abono de la prisión preventiva a que se refiere el artículo 58 del Código Penal, pues como sabemos, el precepto permite el abono de la prisión provisional sufrido en otra causa de oficio o a petición del penado. No menos interesante es la cuestión del artículo 60 del CP, pues este permite, como sabemos, la suspensión de la pena privativa de libertad y la imposición de una medida de seguridad privativa de libertad. 1.- APROXIMACION A LA SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD: El instituto de la suspensión de la pena privativa de libertad es un privilegio que concede la Ley punitiva para supuestos claros en los que la resocialización como finalidad de la pena prima sobre la finalidad de prevención general y especial. Se trata de los llamados delincuentes primarios, aquellos que carecen de antecedentes penales y han cometido delitos de los que podemos considerar menos graves, sin que penda en la ejecución la satisfacción de responsabilidad civil. En estos supuestos, el legislador ha entendido que en aras a una correcta reinserción y resocialización del penado se prescinda del cumplimiento efectivo de la pena, la cual queda en suspenso durante el periodo de tiempo que indique el tribunal sentenciador quedando ulteriormente extinguida la pena mediante el auto de remisión definitiva de la condena. Pues bien, este instituto de la suspensión no deja de plantear problemas relativos a la suspensión a los ciudadanos extranjeros con estancia ilegal en nuestro país, o problemas relativos a la revocación de la suspensión si durante el plazo de la misma se ha cometido un nuevo delito, o se ha imputado un nuevo delito al beneficiario aún cuando no ha recaído sentencia firme por el mismo. Como todos sabemos, la suspensión es discrecional para el juez, y por lo tanto no es de concesión automática, sino que se ponderarán las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, pasando la motivación de la resolución judicial por la argumentación de considerar procedente su concesión o no en aras a una mejor resocialización del penado. Las dudas comienzan a plantearse en supuestos, por ejemplo, en los que se ha sustituido una pena de multa por prisión, toda vez que la escasa duración de la pena de privación de libertad sugiere plantearse como automática la concesión de la suspensión. Sin embargo, nada más lejos de la intención del legislador esta conclusión. De hecho, imaginemos una condena por delito contra la seguridad vial en el que se impone una pena de prisión de las previstas en el artículo 383 por ejemplo, y se plantea la suspensión de la pena. En estos casos, en principio si se carece de antecedentes penales y se ha abonado la responsabilidad civil que pudiera haberse impuesto en sentencia, se podría conceder la suspensión. Sin embargo, puede ocurrir que el reo tenga un historial delictivo que si bien no se consagra en unos antecedentes penales que habrán sido cancelados, si permitirá al juez valorar el riesgo de reiteración delictiva o la escasa importancia o rendimiento que la suspensión tendrá para la resocialización o reinserción del reo en cuestión. 3
4 Otra cuestión apuntada más arriba y que entiendo es de gran interés es la posibilidad de revocación de la suspensión si durante el plazo de la misma el sujeto delinque y sin esperar a que recaiga sentencia firme. Con apoyo en el El AAP de Sevilla de 8 de Julio de 2003, podemos colegir que cuando se comunica al Juzgado de lo Penal la circunstancia de que el beneficiario del privilegio de la suspensión ha sido detenido, o le ha sido imputada la comisión de un hecho delictivo, se puede proceder a la revocación del beneficio de la suspensión, pues si bien esta es condicional, existe una clara posibilidad de revocación amparada por la literalidad del artículo 84 del Código Penal, por circunstancias sobrevenidas, y será a criterio del Juez o Tribunal sentenciador la oportunidad o no de la revocación según se valoren las circunstancias y siempre en base a una resolución motivada como orden la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia y se deduce de la STC de 8 de octubre de De hecho, el vigente artículo 93 del Código Penal prevé la posibilidad de revocación de la libertad condicional cuando el sujeto, en el periodo de libertad condicional, delinquiere o inobservare las reglas de conducta impuestas en la resolución. 2.- APROXIMACION A LA SUSTITUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD La sustitución de penas privativas de libertad, igualmente, es un privilegio que se concede a los penados cuyas circunstancias, conducta y naturaleza del hecho delictivo cometido por los mismos, aconseja en pro de una mayor y más rápida reinserción social, su no ingreso en prisión. Y es importante esta última afirmación esto es, la finalidad de evitar el ingreso en prisión, pues el propio precepto establece que esta resolución ha de recaer antes de que se de inicio a la ejecución. De lege ferenda, sería conveniente el establecimiento procesal de un incidente previo a la ejecución de la pena en el que las partes puedan plantear todo lo que quieran plantear a efectos de ejecución, es decir, una vez firme la sentencia las partes podrían plantear en una vista la suspensión del artículo 81 o del artículo 87, o incluso la suspensión durante la tramitación de un indulto, o la sustitución. Así el juez resolvería sobre estas cuestiones en una única resolución, que sería apelable ante la Audiencia Provincial, y la ejecución se agilizaría al máximo. Especial interés revisten los supuestos que encuentran cabida en el artículo 89, ya que los supuestos de extranjeros penados plantean serios problemas, tanto a los efectos de sustitución como a efectos de obtención de un tercer grado penitenciario, por ejemplo. Y sobre esta materia del artículo 89 debemos plantearnos si es posible o no la sustitución de una pena de localización permanente impuesta a un extranjero por su expulsión del territorio nacional. Desde el punto de vista legal, exclusivamente, la sustitución de una pena de localización permanente se ajusta a lo dispuesto en el artículo 89, y ello porque se trata de una pena privativa de libertad (art. 35 del CP) y es inferior a seis años. Sin embargo, tenemos que plantearnos una cuestión que si bien no es de estricta legalidad, si es de obligado planteamiento pues se inspira en unos de los principios vigentes en materia penal, cual es, el principio de proporcionalidad de las penas. Asimismo, la jurisprudencia, como veremos, pone de manifiesto que en los casos de sustitución de una pena privativa de libertad impuesta a un extranjero que ejercía de correo de la droga, es como una licencia para delinquir pues devolverle a su país sin cumplir una pena privativa de libertad es pagar un billete de vuelta para que pueda recoger de nuevo la droga y traerla a nuestro país. 4
5 En materia de sustitución, por ejemplo, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 31 de mayo de Se trata del hecho de que el extranjero se encuentre en prisión provisional cuando se dicta sentencia firme. En estos casos el extranjero ya habrá cumplido parte de la sentencia que le condena a una pena privativa de libertad, pensemos, por ejemplo que lleva siete meses privado de libertad y es condenado a una pena de prisión de dos años, si en este caso se ordena la expulsión, se estaría procediendo a una indebida acumulación de penas, la privativa de libertad ya cumplida, y la expulsión del territorio nacional. Y es que el precepto ya lo dice, debe acordarse la sustitución siempre antes de dar inicio a la sustitución, ya que de lo contrario estaríamos acumulando dos penas de diferente naturaleza pero por un mismo hecho. Luego, ese es el espíritu de la ley. 3.- PROBLEMAS MATERIALES EN LA EJECUCIÓN. Tal vez no sea el mejor foro un seminario organizado por el Servicio de Formación del CGPJ el lugar en el que plantear las quejas por los defectos materiales con los que los jueces contamos a la hora de ejecutar una sentencia. Se ha dicho hasta la saciedad, y más aún con el desgraciado caso Mariluz, que los Juzgados deben disponer de un sistema informático que permita la interconexión de todos los órganos jurisdiccionales penales de nuestro país, de modo que cuando nos toca resolver sobre la suspensión, el ingreso en prisión, la sustitución, la libertad condicional, etc., de un penado podamos conocer su situación procesal en otros órganos, de modo que no concedamos a un penado una suspensión de su condena, por el hecho de que su hoja histórico penal está limpia, si ese penado se encuentra en busca y captura en otro juzgado, o detenido en el Juzgado de guardia de al lado. El sistema SIRAJ pretende evitar esta situación, si bien, esta finalidad deseada por los jueces no se ve cubierta en absoluto por ese sistema. La existencia de distintos sistemas informáticos incompatibles entre sí en las distintas comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, impide adoptar una resolución de tales características con seguridad INCIDENCIAS EN LA SUSPENSIÓN DE PENAS La suspensión de penas privativas de libertad no deja de plantear, como vimos, innumerables problemas. El complejo sistema de ejecución de penas privativas de libertad impuesto por nuestro Código Penal y nuestra Ley rituaria, en el que se conjugan instituciones de fomento de la reinserción con un complejo entramado procesal que dilata la ejecución de las penas que devienen, en ocasiones, ineficaces, exige un planteamiento inicial al legislador, que pasa por una reforma necesaria en esta materia. Desde que se dicta una sentencia firme en un proceso penal, hasta que se produce su archivo definitivo de la ejecutoria, como consecuencia del cumplimiento efectivo de la condena, y su remisión definitiva, existen innumerables trámites que conllevan la ineficacia de la ejecución.. Así, sabemos que se producen solicitudes de suspensión por la vía del artículo 81, una vez denegadas se produce la solicitud del artículo 87, una vez denegado se produce la solicitud de indulto total o parcial y la inherente petición de suspensión establecida por el artículo 4 del CP, y en todos estos casos, la consiguiente apelación, por lo que el día en que ha de producirse el ingreso efectivo del penado en un centro penitenciario, pueden haber pasado años desde la condena, y esto es contrario a los artículos 24 y 25 de la Constitución. 5
6 Sería, pues, necesario el establecimiento de un incidente de ejecución, de lege ferenda, que permita resolver en una única resolución, susceptible de recurso, todas las pretensiones de la parte en orden a la suspensión de la pena. A mi se me sugiere excesivamente benévola la interpretación generalizada de dos puntos que entiendo fundamentales. Uno, la interposición del recurso de apelación en un solo efecto; y otro la posibilidad de aplicar el artículo 87 aún cuando en la sentencia no existe referencia alguna a la comisión del delito a causa de la grave adicción a sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Hay un criterio interpretativo a tener en cuenta respecto del primer tema, esto es, la interposición de recurso de apelación en un solo efecto, y es el que se deduce de los términos del artículo 4 del Código Penal, en cuanto a la suspensión de la ejecución por la petición de indulto. II- EJECUCION DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 1-INTRODUCCION La función del derecho pena se inserta en lo que constituye la función general del derecho, la paz social, debiendo preguntarnos en que contribuye esta rama a la consecución de esta finalidad, dice Rodríguez Mourullo que lo hace protegiendo los bienes jurídicos fundamentales contra los ataques más intolerables, estos bienes fundamentales según Cerezo Mir pueden tener un sustrato muy distinto, un objeto psicofísico, espiritual ideal, relación social o jurídica. Se debe señalar desde un principio, que conseguir el respeto, actual y futuro a los bienes jurídicos fundamentales por parte del que ha atentado contra ellos en el pasado, es el principal objetivo del tratamiento penitenciario rehabilitador tal como lo entiende la LO GENERAL PENITENCIARIA (artc 59). Si la función del derecho penal es la protección de los bienes fundamentales, la cuestión es como conseguir esta protección. Y pasa en primer lugar por la definición de estos bienes, segundo cuales son los ataques más intolerables y por último las consecuencias que ha soportar el agresor, esto es, la correspondiente pena o medida de seguridad, siendo preciso en este punto reflexionar sobre los fines de la pena, recordando, someramente las teorías penales sobre el particular, de todos conocidas: 2- TEORÍAS ABSOLUTAS Para estas el fin de la pena es independiente, desvinculado de su efecto social, la pena no ha de surtir efecto más allá que el de la retribución, del mero resarcimiento del delito cometido., su fin es único: que no se vuelvan a producir agresiones calificadas como delitos a los bienes jurídicos esenciales. Esto es, tratan de compensar el mal causado con la comisión del delito, siendo KANT y HEGEL sus representantes más destacados Para KANT (teoría de la retribución moral) la pena es una exigencia de la justicia y sus posible efectos preventivos son ajenos a su esencia, llegando a señalar (ejemplo de la isla desierta) que la sentencia debe ejecutarse aunque la comunidad social se disuelva, puesto que es imprescindible para reestablecer el orden social desequilibrado con la comisión del delito HEGEL, aplicando la fórmula de la teoría dialéctica, considera el delito como la negación del derecho, y la pena como la negación del delito (teoría de la retribución jurídica) 6
7 3- TEORIAS RELATIVAS La síntesis de las mismas consiste en que la pena ha de surtir un claro efecto, la prevención de delitos. Por tanto la pena no es un fin en si misma, sino solo un medio para conseguir la verdadera finalidad, que no se cometan delitos. Sabido es que estas teorías preventivas se dividen en dos, prevención general y especial 3.1 prevención general Parece evidente que la reacción lógica del común de los mortales ante el hecho de que se plasme que frente a un determinado comportamiento la reacción va a ser, indefectiblemente, la imposición de un mal, no puede ser otra que tratar de evitar el mal con el que se amenaza. Habida cuenta que las normas penales, en este primer estadio, están dirigidas a todos y cada uno de los componentes del sistema social, pretenden ejercer y ejercen una determinada influencia general intimidatoria sobre la comunidad. La teoría de la prevención general fue desarrollada históricamente por FEUERBACH 3.2 prevención especial Para estas el Derecho Penal interviene en un segundo estadio, se contraen a la aplicación de la pena al que ha cometido el delito; la amenaza se concreta y cristaliza sobre el autor del hecho, operando sobre el mismo para evitar que vuelva a delinquir. Así se puede hablar de influjo intimidante individual el soportar el mal en que consiste la pena ha de ejercer un nuevo y más eficaz efecto intimidante. Inocuización también puede pretenderse que tratándose de penas privativas de libertad, mediante el encierro del culpable no vuelva a cometer delitos y finalmente Corrección se pretende corregir al delincuente para que interiorice como necesarios para la convivencia los bienes o valores esenciales, de forma que los respete en el futuro absteniéndose de volver a cometer delitos. 4- TEORIAS MIXTAS, ECLECTICAS O DE LA UNION. 3.1 Criticas a las teorías absolutas La pena entendida como un mal que se impone como resarcimiento y compensación de otro mal, si en nada pretende ayudar a la superación de aquellos, no puede ser considerada como justificada. 3.2 Criticas a las teorías relativas En primer lugar se estima que prescindir totalmente de la retribución no trae más que resultados indeseables. Si solo se trata de prevenir, a la hora de ejercer el ius puniendi no primaria la culpabilidad, sino la dimensión de su peligrosidad, considerada esta como la posibilidad de delinquir en el futuro. Este planteamiento lleva aparejadas consecuencias indeseables por más que el resultado pretendido hubiera sido en algún momento legítimo, pues para su consecución se omiten o en su caso se inician una serie de actuaciones que no se sabe cuando concluirán, y esta imprecisión final es perniciosa tanto por defecto como por exceso 7
8 3.3 Síntesis, la teoría unificadora de Roxin Parte de la base de que ninguna de las finalidades de las teorías absolutas o relativas es descartable, así, por ejemplo, no cabe arrumbar sin más los efectos pretendidos por la acción inocuizadora de tratar de evitar la perpetración o preparación de hechos delictivos, ni prescindir de su efecto intimidante para ciertas tipologías delincuenciales aparentemente bien integradas socialmente y no necesitadas, en principio, de tratamiento rehabilitador. Cuestión distinta es que, siendo imposible mantener el equilibrio entre los distintos fines, debamos decantarnos por la vertiente integradora de la prevención especial. Una de las fórmulas más extendida es la denominada teoría unificadora dialéctica que atribuye a la pena distintos fines según la fase en la que nos encontremos del ciclo penal. En la fase de criminalización de determinadas conductas a las que se anuda una sanción, predomina la prevención general En la fase de imposición de la pena al declarado culpable imperan módulo retributivos buscando la proporcionalidad de la respuesta penal a la infracción cometida Por fin en la fase de ejecución, debe prevalecer la prevención especial Por lo tanto la pena, sostiene ROXIN, sirve tanto a los fines de la prevención especial como de la general, puesto que los hechos delictivos pueden ser evitados a través de la influencia sobre el particular y también sobre la colectividad, con el único límite de la medida de la culpabilidad. Limite que se puede alcanzar si lo exige la prevención especial y no se opongan las exigencias mínimas de la prevención general, por lo que son prioritarios los objetivos de la prevención especial en su vertiente resocializadora. Eco de estas teorías mixtas se recoge en la SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 23 DE ENERO DE 2009 o EN LA SENTENCIA DE 5 DE JUNIO DE 2008 en las que se señalan que la reinserción social no es una finalidad absoluta de las penas privativas de libertad se trata de una orientación armonizable con otras finalidades de la pena.. de ahí que no cabe renunciar, sin más, a la prevención general, dentro de los límites compatibles con el principio de proporcionalidad, ni tampoco a la prevención especial frente al propio sujeto que exterioriza una comprobada tendencia al delito dice la primera de las sentencias, mientras que la segunda de forma expresa señala En el derecho penal moderno la idea de resocialización no conlleva una renuncia al principio de culpabilidad ni a la proporcionalidad de la pena con dicha culpabilidad. Incluso el artc 60 del Código Penal Alemán recoge esta idea de forma expresa III- SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Los tres objetivos antes citados se encuentran contenidos en la regulación que el Código Penal realiza tanto de la suspensión ordinaria, artc 80 y ss, especial, artc 87 y la sustitución, artc SUSPENSION POR LA VIA DE LOS ARTICULOS 80 Y 81 8
9 Como sabemos la suspensión ordinaria de los artc 80 y 81, requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: Que la pena impuesta o la suma de las impuestas no excedan de los dos años de prisión, reacción acorde con el paradigma de la adecuación de la intensidad de la respuesta a la significación antijurídica Que no exista peligrosidad criminal del sujeto, exigencia insita en la finalidad de protección a la víctima A juicio de MIR PUIG la previsión legal introducida por la LO 15/03 referente a la existencia de otros procedimientos penales como causa para denegar la suspensión puede tropezar con el principio de presunción de inocencia, señalándose, como primera crítica que estos podrían acabar en sentencia absolutoria o en sobreseimiento. Para valorar estos procedimientos debería solicitarse testimonio de su estado, teniendo un componente importante para su valoración en la existencia de escrito de acusación por el Ministerio Fiscal y auto de apertura de juicio oral, o que el acusado este o haya estado en situación de rebeldía con la consiguiente suspensión, o aquellos casos en los que los hechos probados de la sentencia que se ejecuta señala otros procedimientos con sentencia condenatoria o en los que se hubieran adoptado medidas cautelares Del mismo modo cabe valorar bajo el término de otros procedimientos, en los que a la fecha de cometer los hechos se trataba de delincuentes primarios, no lo era a la hora de decidir sobre la suspensión y también cuando haya disfrutado de suspensiones previas. El artc 94 tiene en cuenta, a la hora de valorar la habitualidad, el momento de decidir sobre la suspensión, y así lo entiende el Auto de la AP de Valencia de 14 de diciembre de 2004, si bien la Sección 1ª de dicha Audiencia, auto de 18 de febrero de 2005, señala que en el momento de decidir sobre la suspensión no se pueden tener en cuenta lo antecedentes cancelados. Respecto a la cancelación de los antecedentes hay que tener en cuenta la nueva redacción del artc 136 por la lo 15/03 respecto a la cancelación en los supuestos de haber obtenido la remisión condicional, debiendo retrotraerse el plazo al día siguiente da aquel en que hubiera quedado cumplida la pena si no se hubiera disfrutado del beneficio. Para averiguar la existencia de otros procedimientos habrá que acudir, como ed evidente, en primer lugar, al registro Central de penados y rebeldes, siendo relevante respecto de los delitos de violencia de género y en general aquellos cometidos frente a las personas del artc 173.2, se ha de acudir al Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica regulado por RD 355/04 de 5 de marzo en el que además de las penas se anotarán las medidas impuestas y los procedimientos en trámite y las sentencias no firmes Que el penado sea delincuente primario y hay satisfecho las responsabilidades civiles; elementos inherentes al paradigma de resocialización La referencia a la imposibilidad total o parcial de abono de las responsabilidades civiles, hace pensar que el legislador olvida la reparación simbólica, de esta firma se 9
10 vincula la reparación a la capacidad del condenado y se diluye la valoración del esfuerzo de este para mejorar la situación de las víctimas. El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad inferiores a dos años y de tres meses a un año para las penas leves Sobre el modo de acordar la suspensión la STC 248/2004 DE 20 DE DICIEMBRE establece la necesaria audiencia del penado o la 202/2004 que determina la necesaria motivación de la decisión 2- SUSPENSION ESPECIAL POR LA VIA DEL ARTC 87 Exige la concurrencia de los siguientes requisitos: - Que la pena impuesta no exceda de de 5 años - Que el penado carezca de peligrosidad criminal o la misma, de existir, tenga su fuente exclusiva en la dependencia a bebidas alcohólicas o drogas tóxicas - Que el hecho delictivo se hubiera cometido por causa de dicha dependencia, presentando certificación suficiente emitido por centro público o privado homologado que acredite la sumisión a tratamiento rehabilitador o se haya deshabituado., recabándose dictamen del médico forense En el caso de reincidencia el tribunal valorará la oportunidad o no de conceder la suspensión atendidas las circunstancias del hecho y del autor, procediéndose a la suspensión si la dependencia constituye el factor criminógeno decisivo, por lo que en esta suspensión no existe el paradigma de la protección a la víctima El periodo de suspensión oscila entre los 3 y los 5 años, estableciéndose, para fiscalizar la sumisión al tratamiento, la obligación de centro responsable del tratamiento de remitir información al tribunal en los plazos que se establezcan y como mínimo de forma anual. A los fines de la rehabilitación el legislador pone a disposición del juzgador las denominadas reglas de conducta de los artcs 83 a 87, consistiendo en 4 tipos: Las que tratan de crear un espacio de reducción de las oportunidades de delinquir (prohibición de residir en determinados lugares i de aproximación o comunicación con la víctima) Las que persiguen garantizar el contacto del penado con las instituciones (comparecencia ante el Tribunal o servicios de la Administración) Las que tratan de permitir la realización de hábitos o actitudes prosociales (participación en programas formativos) Las que pretenden neutralizar el factor criminógeno (la falta de abandono de tratamiento de deshabituación) En los casos de delitos relacionados con la violencia de género, se ha de condicionar en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes contenidas en las reglas 1.a, 2.a y 5ª del artc 83. Estas últimas reglas crean evidentes problemas, por cuanto que, a título de ejemplo, si impuesta una orden de alejamiento la misma ya estuviera cumplida por el abono de la medida cautelar impuesta cómo obligarle al cumplimiento de esta regla de alejamiento?, e incluso si la pena estuviera próxima a extinguir por el abono de la medid cautelar y al imponer la obligación o deber resulta que se viene a ampliar ese 10
11 tiempo. Por otro lado si en la sentencia ya se impuesto la pena de alejamiento no parece necesaria la imposición de esta obligación, puesto que su incumplimiento puede dar lugar a quebrantamiento de condena El incumplimiento de las reglas de conducta permitirá, previa audiencia de las partes, a la sustitución por otras reglas o la prórroga del plazo de suspensión, sin que pueda exceder la duración total de 5 años. En el caso de reiteración en el incumplimiento se acordará la ejecución de la pena. Sin embargo existen dos casos en los que el incumplimiento de la regla, sin ser reiterado, conlleva la revocación de la suspensión: En los delitos relacionados con la violencia de género el incumplimiento del alejamiento En el ámbito de la suspensión especial, el abandono del tratamiento. Y si finalizado el plazo de suspensión no se ha conseguido la rehabilitación se procederá al ingreso en prisión, salvo que se estime necesaria la continuación del tratamiento IV- SUSTITUCION DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Como conocemos cabe la sustitución de las penas de 1 año y excepcionalmente las inferiores a 2 años de privación de libertad por multa o trabajos en beneficio de la comunidad Esta sustitución se acordará en atención a las circunstancias personales del autor, su conducta, las del hecho y, en particular el esfuerzo reparador, salvo que se trate de reos habituales, que el artc 94 considera como tales a aquellos condenados por 3 o más delitos incluidos en el mismo capítulo en el plazo de 5 años, Para las penas superiores a un año la sustitución se basará en la frustración de los fines de reinserción social En todo caso la sustitución solo será posible con anterioridad a que inicie la ejecución, siendo difícil el acordar la sustitución cuando se estuviera cumpliendo condena por otras causas. Debiendo estimarse que se ha iniciado la ejecución una vez librado el mandamiento de prisión, aunque no se haya iniciado la ejecución propiamente dicha por estar cumpliendo otras condenas La sustitución permite la imposición de cualquiera de las reglas del artc 83, por tiempo no superior al de la pena sustituida y siempre que no se hubieran impuesto en la sentencia En el caso de delitos relacionados con la violencia de género la sustitución conllevará la fijación de las siguientes Prohibición de acudir a determinados lugares Prohibición de acercarse o comunicar a la víctima o sus familiares Sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico La sustitución también esta presidida por el paradigma de adecuación a la protección de la víctima, adecuación ala significación antijurídica del hecho y reintegración comunitaria del victimario 11
12 V- ESPECIAL CONSIDERACION DE LA SUSTITUCION DE LA PENA POR LA EXPULSION DEL TERRITRIO NACIONAL, ARTC 89 La actual redacción del citado artc le fue dada por la LO 11/03, que estableció que en las penas inferiores a 6 años de prisión impuestas a extranjeros no residentes legales, la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por un plazo de 10 años, expulsión que se ha de efectuar en la propia sentencia. Respecto de las penas superiores a 6 años la expulsión solo se podrá acodar una vez se acceda al tercer grado penitenciario se entiendan cumplidas las tres cuartas partes de la condena, teniendo en cuenta las circunstancias personales o la naturaleza del hecho para su cumplimiento en España, solicitando la expulsión el Ministerio de Fiscal. En todo caso esta expulsión se ha de materializar en los 30 días siguientes. Evidentemente esta medida, pues la reforma del artc 89 no cambia su naturaleza como medida de seguridad, ocasiona problemas, a saber Si, necesariamente se ha de acordar la medida en la sentencia, es posible que se pueda acreditar la situación de ilegalidad en el periodo de ejecución La pregunta parte del supuesto en el que la expulsión se interesa en el trámite de conclusiones provisionales, para nada dice la sentencia y no se solicita su aclaración. En este sentido el Auto de la Audiencia Provincial (1ª) de Valencia de 14 de enero de 2005 no ve obstáculo alguno Requisito de la audiencia previa La actual redacción ha silenciado este requisito, más es claro que esta audiencia se ha de producir en el juicio oral, tanto cuando la medida se adopte en la sentencia o en el trámite de ejecución, como así señala la sentencia del Tribunal supremo de 8 de julio de Audiencia que ya venía exigiendo la sentencia del Tribunal Constitucional 242/84. Incluso el CGPJ extendía esta audiencia al perjudicado Cabe la sustitución o la suspensión en estos supuestos? Esta posibilidad la excluye el texto del artc 89, no se trata de una pena privativa de libertad por lo que no es operativa la suspensión de condena El problema surge cuando acordada la sustitución esta no es posible (ej no reconocimiento como nacional del país a que se expulsa). La posición minoritaria entiende que en este caso se procederá a la ejecución de la pena privativa de libertad, con aplicación de las disposiciones generales sobre ejecución, Autos de la Audiencia Provincial de Valencia (1ª) de y Debe empezar a cumplir la pena privativa de libertad o puede permanecer en libertad? Esta cuestión la zanja la DA 17ª de la LO 11/03 al establecer que debe comenzarse a la ejecución de la condena, y queda también claro que no cabe el ingreso del extranjero en un centro de internamiento, en consecuencia ha de ingresar en un centro penitenciario. 12
13 No obstante la Policía sigue interesando la autorización de internamiento ante el Juez de Instrucción y existen penados que solicita su libertad hasta la expulsión Comenzada la ejecución se ha de entender que el tiempo permanecido en prisión se ha de abonar en la liquidación de condena Posibilidad de sustitución en los supuestos de responsabilidad personal subsidiaria y en otras penas (trabajos en beneficio de la comunidad) En principio en la sentencia no debería acordarse ya que se desconoce la situación de solvencia o no para acordar el arresto sustitutorio. Parece clarar la posibilidad de de sustituir este arresto por la expulsión, si bien con posterioridad se produjera el pago es evidente que no cabría la expulsión (sin perjuicio de que así se acordara en el procedimiento administrativo sancionador) En materia de trabajos en beneficio de la comunidad, es claro que no procede su sustitución por la expulsión y si policialmente se solicitara y administrativamente se acordara, la misma no habría de ser efectiva hasta el cumplimiento de la pena. Incidencia de la petición de indulto El artc 4 del Código se refiere a la pena y la expulsión no es una pena sino, como se dijo, una medida, y con el automatismo que impone el 89, parece que no cabe la suspensión de la expulsión cuando se hubiera solicitado el indulto. Existencia de otros procedimientos, en particular, otras ejecutorias En el caso que tuviera más de una ejecutoria y en una de ellas se hubiera acordado la suspensión, no cabría la expulsión en dicha ejecutoria, más no existe obstáculo para que en otra ejecutoria se acuerde la expulsión. Inclusive si se trata de mera expulsión administrativa Aún cuando excede del artc 89 cabe que cuando se encuentra pendiente una sentencia penal, por los mismos hechos puede procederse a la expulsión como sanción administrativa Supuestos de inviabilidad de la expulsión: Por un lado existen delitos en los que no cabe la sustitución: 312, 318 bis, 515.6, 517 y 518 Supuestos en los que la pena ya se ha comenzado a ejecutar y se haya cumplido en una parte relevante, por ejemplo en su mitad, pues supondría una sanción añadida al cumplimiento de la pena, STS y Supuestos en los que existe una importante situación de arraigo, especialmente por vínculos personales o situaciones de familiares, sts Respecto a los ciudadanos comunitarios en ocasiones se solicita la medida, lo que en principio no es viable, si bien en estos casos los propios penados acuden al mecanismo previsto por los Tratados Internacionales de solicitar el cumplimiento de la pena en su país. En este sentido se ha de citar el convenio 70 del Consejo de Europa sobre la validez internacional de las sentencias penales de , el Convenio 112 del Consejo sobre traslado de personas condenadas de y el Acuerdo relativo a la aplicación entre los estados sobre traslado de personas condenadas de y el Convenio entre los Estados Miembros sobre la ejecución de sentencias penales extranjeras 13
14 Plazo de expulsión El periodo será de 10 años para todos los supuestos lo que no permite adecuarlo a la infracción Cuestión distinta es si el extranjero es condenado, en la misma sentencia, por varios delitos, es decir, si el plazo de 10 años es común o para cada una de las condenas. Otra cuestión de interés es que el plazo se computa desde la fecha de la expulsión y no desde la resolución que lo acuerda Incumplimiento de la orden de expulsión El extranjero no podrá regresar en el plazo de 10 años, si regresara con anterioridad se procederá a su expulsión en sede gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de expulsión. Existe una omisión, ya advertida por el CGPJ, pues el artc 89 habla de intento de entrada pero nada dice cuando la misma ya se hubiera consumado, estimándose que en estos casos habrá de procederse a la ejecución de la pena sustituida con abono del periodo efectivamente cumplido de expulsión y parece aconsejable deducir testimonio por quebrantamiento VI- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE EJECUCION DE PENAS PRIVATIVAS DE PRIVATIVAS DE LIBERTAD Se debe abordar en primer lugar los problemas prácticos de la suspensión al amparo de 80 y 81 C.P Habida cuenta que se trata de una facultad discrecional se ha de abordar el tema de la peligrosidad criminal del reo para conceder o denegar el beneficio de la suspensión, incide en esta materia aquellos casos en los que los antecedentes están cancelados o han de ser considerados cancelados, o la existencia de antecedentes posteriores a los hechos que se ejecutan, la existencia de procedimientos penales abiertos, o la naturaleza y gravedad de los hechos. Sobre la peligrosidad resulta interesante el Auto de la Audiencia Provincial de La Rioja de 23 de marzo de El Juzgado de lo Penal denegó la suspensión de la ejecución de la pena de 6 meses de prisión y 10 días sustitutorios, como autor de un delito de quebrantamiento de condena y dos faltas de amenazas, con la atenuante de trastorno de personalidad, desestimando el recurso de reforma interpuesto al haber sido condenado el penado con anterioridad como autor de un delito de lesiones, sin bien por hechos anteriores a los de la presente ejecutoria,. En el recurso de apelación se interesa bien la suspensión, bien la sustitución por tratamiento ambulatorio, estimando que el apelante era delincuente primario. Entiende la Audiencia de La Rioja, que el antecedente penal ha de ser anterior al hecho en relación con el cual se resuelve sobre la suspensión de la pena privativa de 14
15 libertad, entendiéndose como antecedente anterior no solamente la ejecución del hecho previo, sino también, enjuiciamiento y sentencia firme. En este sentido la AP de Castellón 3ª en auto de 23 de septiembre de 2003 señala el requisito de la primariedad delictiva debe ser interpretado por razones de seguridad jurídica en el sentido de que la valoración del mismo debe referirse a la fecha de realización de la conducta sancionada con la pena que se trata de suspender, por lo que al decidirse haya delinquido por primera vez, debe entenderse que en el momento de cometer el delito, cuya pena se pretende suspender, no conste condena anterior al día de comisión de los hechos. En el mismo sentido la Auto de la Audiencia Provincial d Madrid 17ª de 27 de enero de Y del mismo modo la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2000, conforme a la que para que el condenado no haya delinquido por primera vez, debe existir una primera sentencia condenatoria, pues solo entonces puede decirse que ha delinquido, ya que no basta con que en el momento de cometer el delito por el que se le impuso la pena que se pretende suspender el condenado haya realizado un hecho que pueda ser delictivo, sino que es necesario que en esa fecha exista una condena anterior por delito impuesta en sentencia firme. Con base a esta doctrina entiende la Audiencia de La Rioja que no cabe entender que no concurre el requisito de primariedad delictiva. Si bien concluye que, en atención a los diferentes actos violentos ejecutados por el penado, dada la peligrosidad y perversidad del penado, reveladas a través de la repetición de diversas infracciones penales por parte del mismo. Por último y respecto a la sustitución por tratamiento ambulatorio también se descarta, pues y aún cuando en ambas sentencias condenatorias se apreció atenuante prevista en el 21.6 en relación con el 21.1 y 20.1, ninguna medida puede imponerse conforme al artículo 95 y ninguna medida se impuso en las sentencias AUTO AP MADRID 12 JUNIO 2008 Recurso de apelación frente al auto que denegó la suspensión en base a la existencia de antecedentes penales, antecedentes que el recurso considera como cancelados. Reconoce la Audiencia que, efectivamente estos antecedentes a la fecha de la comisión de lo hechos que se están ejecutando han de considerase como cancelados. Pero añade que los requisitos del artículo 81 del Código Penal son condiciones necesarias, pero no suficientes al configurarse la suspensión como un beneficio confiado al libre arbitrio del Juez o Tribunal Analizando a continuación las vicisitudes penales del recurrente, habiéndole concedido en su momento el beneficio de la suspensión por la comisión de un delito contra la seguridad en el tráfico, cometiendo idéntico delito en el plazo de suspensión. Más no podemos desconocer el tiempo transcurrido desde entonces, más de ocho años, así como el trascurrido desde la comisión de los hechos objeto de la sentencia cuya ejecución ahora nos ocupa, 13 de julio de 1999, con sentencia firme de 26 de noviembre de 2004 e inicio de ejecución el 25 de enero de 2005, no acordándose nada sobre la suspensión hasta el 14 de junio de En todo ese tiempo no consta que el penado hubiera cometido delito alguno, habiendo abonado la totalidad de las responsabilidades civiles, sin que conste incidente alguno en las ejecuciones. 15
16 A la vista de estas circunstancias concluye la Audiencia con que y prestando especial atención al tiempo trascurrido con que no cabe apreciar en la actualidad razonablemente peligrosidad criminal, entendida como pronóstico de comportamiento que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos Finaliza el auto señalando que la falta de abono de las costas procesales no puede ser invocado como hechos obstativo a la suspensión, pues no existe precepto alguno que las equipare a responsabilidad civil, sino que se constituyen como una particular condena pecuniaria de naturaleza procesal, cuyo fundamento no es el punitivo sino el resarcimiento de los gastos procesales soportados por la parte perjudicada en el proceso. Por el contrario el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla (7ª) de 28 de marzo de 2006 señala que si se han de temer en cuenta los antecedentes cancelados o cancelables en base a que: En este contexto, si una persona comete un nuevo delito cuando ha sido condenado con anterioridad, por sentencia firme, estando en ese instante vigente el antecedente penal, resulta más que evidente que no tiene la consideración de delincuente primario porque sencillamente no lo es, y de hecho la formulación legal de la condición primera del art. 81 así lo establece claramente, que el condenado haya delinquido por primera vez, esto es, que en el momento en que cometa el nuevo delito tenga la consideración de delincuente primario, de modo que debe darse al segundo inciso una interpretación finalista conforme al fundamento mismo de la institución. Más como puede ocurrir que el sujeto haya cometido en el pasado otros delitos por los que haya sido igualmente condenado, no se podrán valorar, evidentemente al tiempo de cometer ese nuevo delito, esos previos antecedentes cancelados o que debían estarlo en esa fecha. Luego, si al tiempo de resolverse la suspensión ha transcurrido un tiempo considerable que determina que la ejecución de la pena sea contraproducente porque el individuo ya está plenamente reinsertado, entrará en juego el instituto del indulto, tal y como se ha dicho. Por lo demás, piénsese en lo absurdo que sería que la sentencia apreciase una agravante de reincidencia, lo que evidentemente supone el expreso reconocimiento de que no es delincuente primario, y luego se le conceda la suspensión considerando que lo es. Pues bien, como acertadamente señala el auto objeto de recurso la pena a la que se refiere la ejecutoria del Penal 3 278/1998 se cancelaría el 18 de julio de 2002, por lo que a la fecha de la comisión del delito que ahora nos ocupa, 20 de febrero, tal antecedente no estaba cancelado n mucho menos Cuestión distinta es que al amparo de una solicitud de indulto, habida cuenta del tiempo transcurrido, pudiera pensarse en una suspensión por tal causa PRIMARIEDAD DELICTIVA con condenas posteriores y también juicios pendientes, Barcelona 2ª 20 marzo 2009 SEGUNDO.- En el caso del condenado Víctor Manuel, aunque concurren todas las circunstancias de la primariedad delictiva, la íntegra satisfacción de la responsabilidad y la no existencia de posteriores condenas por delito, sí es de apreciar una circunstancia especial pues es hecho conocido que este mismo condenado está acusado, junto con otras dos personas, en la causa Diligencias previas núm. 468/2003 procedente del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Barcelona, que se sustancia ante este mismo Tribunal por un delito continuado de prevaricación de autoridad o funcionario público, un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido 16
17 por funcionario público en concurso ideal con un delito continuado de malversación de caudales públicos, por hechos que son parecidos a los que motivaron la condena a la pena de prisión cuya suspensión pretende, con una coincidencia temporal entre unos y otros hechos pues los de la causa Diligencias previas núm. 468/2003 son de los años 1994 y Esta causa Diligencias previas núm. 468/2003 ya ha sido enjuiciada hallándose pendiente de redacción y notificación de la sentencia. Esta circunstancia no puede ser obviada por el Tribunal y no le hace merecedor del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena. No obstante, concurriendo las circunstancias exigidas en el artículo 88 del Código Penal EDL1995/16398 para la sustitución excepcional de la pena de prisión, el Tribunal acuerda sustituir la pena de un años, un mes y quince días de prisión por la pena de multa a razón de dos cuotas de multa por cada día de prisión, lo que supone un total de 820 días multa, fijándose la cuota de multa en la cantidad de doce euros, lo que importó el total de euros de multa, que el condenado podrá pagar en un solo pago o en doce plazos de 820 euros cada uno, que habrán de pagarse entre los días 1 y 10 de cada mes a partir del mes siguiente al de la notificación del presente auto al condenado. TERCERO.- En el caso del condenado Eugenio aunque concurren las circunstancias de la primariedad delictiva y de la íntegra satisfacción de la responsabilidad, le consta una condena posterior por un delito de estafa a la pena de un año y seis meses de prisión por sentencia firme de fecha 6 de noviembre de 2002 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Barcelona por hechos acaecidos en el año Entendemos que esta circunstancia revela en él una cierta peligrosidad criminal que tampoco le hace merecedor del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena. También se aprecia la concurrencia en este condenado de las circunstancias exigidas en el artículo 88 del Código Penal EDL1995/16398 para la sustitución excepcional de la pena de prisión, por lo que el Tribunal acuerda sustituir la pena de un años, un mes y quince días de prisión por la pena de multa a razón de dos cuotas de multa por cada día de prisión, lo que supone un total de 820 días multa. La cuota de multa se fija en la cantidad de tres euros, atendido que dicho condenado ha justificado que se halla en situación de desempleo, lo que importa el total de euros de multa, que el condenado podrá pagar en un solo pago o en doce plazos de 205 euros cada uno, que habrán de pagarse entre los días 1 y 10 de cada mes a partir del mes siguiente al de la notificación del presente auto al condenado. CUARTO.- En el caso del condenado Jaume. También concurren las circunstancias de la primariedad delictiva y de la íntegra satisfacción de la responsabilidad, pero le constan tres condenas posteriores por delito, de las que una es por delito de estafa y otra por delito de apropiación indebida, condenas de fechas 12 de febrero de 1997, 26 de julio de 1999 y 24 de octubre de 2000 y por hechos, ocurridos en el periodo de septiembre de 1992 a enero de 1993, en el año 1991 y en el año 1995, respectivamente. Cabe apreciar en dicho acusado peligrosidad criminal con relación a delitos económicos que no le hace merecedor del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena. Con todo, concurriendo en este condenado las circunstancias exigidas en el artículo 88 del Código Penal EDL1995/16398 para la sustitución excepcional de la pena de prisión, el Tribunal acuerda sustituir la pena de un años, un mes y quince días de prisión por la pena de multa a razón de dos cuotas de multa por cada día de prisión, lo que supone un total de 820 días multa. La cuota de multa se fija en la cantidad de diez euros, pues no le consta al Tribunal una situación económica precaria, lo que importa el total de euros de multa, que el condenado podrá pagar en un solo pago o en doce plazos, once de ellos de 684 euros y el restante de 676 eur, que habrán de pagarse entre los días 1 y 10 de cada mes a partir del mes siguiente al de la notificación del presente auto al condenado AUTO AP MADRID 9 JUNIO
18 Se deniega la suspensión por el Juzgado de ejecutorias al estimar, por un lado que no es delincuente primario y por el otro por la imposibilidad de notificarle las resoluciones judiciales, entendiendo que no es acreedor del beneficio al no encontrarse a disposición de la justicia. Entiende la Audiencia que, efectivamente los antecedentes que constan en la hoja histórico penal son cancelables, añadiendo que Un comportamiento activo del penado de intentar sustraerse a la acción de la justicia, indudablemente podría indicarnos que no resulta merecedor de tal beneficio, puesto que su resistencia a acatar las resoluciones judiciales podrías estimarse indicativa de un cierto grado de peligrosidad criminal No obstante las circunstancias concretas descartan la peligrosidad, pues el domicilio fijado a efectos de notificaciones eral el familiar, al que no se podía el penado acercar por el dictado de una orden de alejamiento, sin que conste requerimiento alguno para la fijación de nuevo domicilio y sin que, del mismo modo, conste que por el Juzgado se hayan agotado todas las posibilidades de localización del apelante. AUTO AP BARCELONA 4 FEBRERO 2009 (Peligrosidad y sustitución) Se deniega la suspensión por el Juzgado de ejecutorias en atención a la peligrosidad criminal dada su elevada trayectoria delictiva. Constando que el penado ha sido condenado por otros delitos por sentencias que adquirieron firmeza con posterioridad a los hechos que ahora se ejecutan, en concreto 2 delitos de hurto y 3 de robo con fuerza por lo que dice la Audiencia en estas circunstancias es atendida la trayectoria delictiva y peligrosidad del penado es claro que, no es posible la concesión del beneficio de la suspensión En el recurso se interesó de forma subsidiaria la sustitución por multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Parte la Audiencia de que la sustitución no es un mero automatismo legal sino que se configura como un facultad del juzgador En el caso examinado el penado ha sido condenado en numerosas ocasiones, habiendo incluso ingresado en prisión, por lo que la función resocializadora y la evitación del contacto carcelario, ya no tiene lugar, Además la voluntad reparadora tampoco consta, habida cuenta que no han sido abonadas las responsabilidades civiles, no h estado a disposición de la justicia al no haber podido ser localizado en los 3 domicilios facilitados y lo que es una premisa definitiva que impide su otorgamiento, se trata de un reo habitual AUTO AP LA RIOJA 16 MARZO 2007 El Juzgado de lo Penal suspende la ejecución de la pena de un año de prisión por delito del 153 t seis meses de prisión por delito de lesiones, habiéndose dictado otra sentencia condenatoria con posterioridad a los hechos cuya pena se suspendió, interpone recurso la acusación particular La suspensión se basa en la primariedad delictiva, decisión que es revocada por la Audiencia Provincial. Señala el auto que: Aún cuando el hecho que dio lugar a la sentencia de 16 de septiembre de 2003, anterior a la que se valora, fuese únicamente constitutivo de un 18
19 falta de lesiones del artículo 617, y el hecho que dio lugar a la sentencia de 19 de octubre de 2003 constitutivo de un delito de violencia familiar previsto en el artículo 153, sucediese el 11 de octubre de 2003, posterior al valorado en el presente procedimiento, no puede olvidarse esa actuación del penado, reveladora de peligrosidad en relación con la recurrente, que la hace merecedor del cumplimiento de las penas impuestas. En este sentido y respecto de la peligrosidad criminal del acusado, tiene que indicarse que la misma se ha de valorar en relación con las circunstancias del autor, los hechos en los que el mismo haya participado, con existencia de procedimientos de esta índole contra él, así como la peligrosidad y características de los hechos que le son imputados, en suma, para determinar la peligrosidad ha de valorarse el hecho y las circunstancias del sujeto, de modo que, de ese conjunto puede deducirse un pronóstico que revele su peligrosidad respecto de la victima (AAP MADRID 21 septiembre de 2005) Por otro lado es preciso determinar si es necesaria la AUDIENCIA DEL PENADO, que se ha de enlazar con la doctrina constitucional de proscripción de la indefensión y como materializar esta audiencia si el penado se encuentra en ignorado paradero. AUTO AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 21 DICIEMBRE DE 2008 En el recurso interpuesto frente a la denegación de la suspensión, se alega la concurrencia de los requisitos del artículo 81, así como que la sentencia no es firme al no haber sido notificado de manera personal al penado la sentencia dictada en apelación Comienza el Tribunal señalando que las sentencias dictadas en la segunda instancia son firmes desde el momento mismo de su dictado, y ello de que no se la hubiera podido notificar el encontrarse el pendo en rebeldía. Señalando a continuación que son varios los preceptos del Código Penal que requieren la audiencia del penado 80.2, 81.3, 84.2, y aunque no se establezca de forma expresa en caso de denegación de suspensión, esta audiencia constituye una exigencia constitucional ineludible que deriva directamente de la prohibición constitucional de indefensión. En el caso sometido a la consideración de la Audiencia resulta que no se ha cumplido el trámite de audiencia., puesto que tras haber permanecido en situación de rebeldía procesal desde el dictado del auto de 9 de febrero de 2007 y hasta su comparecencia voluntaria del 28 de febrero de 2007, no se la oído sobre la suspensión, siendo solo requerido para el cumplimiento de las penas accesorias y de la pena de multa, no constando el incumplimiento de las primeras y si el abono de las penas pecuniarias. No obstante lo anterior la Audiencia no concede de manera automática la suspensión, pues al no haber sido hallado en su domicilio no se garantiza la sujeción a la ejecución, por ello habrá de adoptarse alguna medida para lograr la disposición del reo y su sujeción a la ejecutoria penal, incluso aunque supongan la privación de libertad y una vez hallado y a disposición del órgano judicial en la ejecutoria, será posible que el Juzgador, analizados todos los factores de la suspensión, incluida la peligrosidad criminal, dándole la oportunidad de ser oído, con carácter previo a resolver acerca de su concesión o denegación. 19
20 La Sentencia de la AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA (4ª) DE 22 de JUNIO DE 2009, afronta varias cuestiones Por un lado, conforme al artículo 94 del Código PenaL, el condenado sí tiene la condición de delincuente habitual respecto del delito de amenazas, puesto que cometió tres delitos de esta naturaleza (uno del artículo del Código Penal y dos del artículo 171.4) dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que había de decidirse sobre la sustitución solicitada, aunque todos ellos fueran objeto de condena en una misma sentencia; cuestión que no afecta a la habitualidad, pues este concepto no se confunde con el de multirreincidencia, como patentiza la confrontación con la definición legal de éste en la regla quinta del artículo 66.1 del Código Penal. Ahora bien: si se pone en conexión el concepto legal de habitualidad del artículo 94, que no tiene un carácter genérico sino que se refiere a delitos concretos, con la referencia excluyente a los reos habituales en el artículo 88.1, interpretando ambos a la luz de la finalidad político-criminal del requisito, no puede sino concluirse que la única habitualidad que impide la sustitución es la referida precisamente al delito por cuya pena se plantea la posibilidad de sustitución; y en este caso por ninguno de los delitos de amenazas se impuso en la sentencia ejecutoriada pena privativa de libertad, que recayó exclusivamente por el delito de maltrato habitual, de modo que nada impide sustituir la pena de prisión impuesta por este último delito, aunque el recurrente tenga la calificación de delincuente habitual respecto de otro no afectado por la sustitución solicitada. Por otra parte, casi huelga decirlo aunque parezca un retruécano, el delito de maltrato habitual no está excluido de la posibilidad de sustitución por tener tal carácter de habitual; puesto que la habitualidad que a estos efectos define el artículo 94 del Código Penal EDL1995/16398 poco o nada tiene que ver con la que constituye elemento integrante del delito del artículo del Código Penal EDL1995/16398, conforme a la constante interpretación y aplicación judicial del mismo. SUSTITUCION MALTRATO, respecto de una pena De 1 año y nueve meses de prisión que deniega en base a..cuanto se lleva dicho hasta el momento parece conducir derechamente a la estimación del recurso, con la consiguiente sustitución de la pena de un año y nueve meses de prisión impuesta en la sentencia ejecutoriada por la de trabajos en beneficio de la comunidad en la misma extensión, de acuerdo con los módulos de conversión del artículo 88.1 del Código Penal. Ciertamente, en pocos casos como el que ahora se resuelve resultaría, en línea de principio, más adecuada la sustitución a su finalidad político-criminal, como último remedio para evitar el ingreso en prisión de delincuentes que no pueden acceder a otras medidas alternativas pero para los cuales el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad "habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social", en palabras precisamente del párrafo del precepto aplicable al caso de autos. Sin embargo, el que la sustitución hubiera de acordarse necesariamente por la tan aludida pena privativa de derechos plantea una dificultad adicional, y a la postre insoluble, entendemos, para la viabilidad del remedio propuesto por la defensa del condenado apelante. En efecto, no cabe olvidar que la sustitución pretendida implicaría que el condenado tuviera que cumplir 545 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, a las que se sumarían noventa y una jornadas más impuestas directamente en sentencia, lo que arrojaría la cifra total de 636 jornadas, que excede con mucho de lo que puede considerarse hacedero y razonable en relación a una pena cuya duración máxima prevista con carácter general es de 180 días, según el artículo 33.3 k) del Código Penal art.33.3 EDL 1995/16398 art.33.k EDL 1995/16398, que ya supera la duración habitual de penas de esta naturaleza en el derecho comparado. Y todavía hay que tener en cuenta que el condenado ha abonado la responsabilidad civil pero 20