Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/5257
Timestamp: 2020-06-03 14:51:23
Document Index: 283732903

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 30', 'artículo 80', 'Artículo 50']

HJ System - Decision: SENTENCIA 252/2004
SENTENCIA 252/2004, de 20 de diciembre
ECLI:ES:TC:2004:252
En el recurso de amparo núm. 985-2003, promovido por don Juan Marcos Doucet Dejoie, representado por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Villasante García y asistido por el Abogado don Juan María Sanz Bravo, contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 de enero 2003 en el que se declara la inadmisibilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 18 de febrero de 2002, desestimatoria del recurso de suplicación núm. 26-2002 interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Lugo sobre reclamación por cese, por violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción. Han intervenido don Argimiro Vázquez Guillén, Procurador de los Tribunales y del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), asistido por la Letrada doña María Isabel Novo Castro, así como el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 21 de febrero de 2003 don José Manuel Villasante García, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Juan Marcos Doucet Dejoie, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento de la Sentencia
a) El actor era personal sanitario facultativo y venía prestando servicios para el SERGAS como médico especialista en cardiología, mediante nombramiento como personal interino en plaza vacante, reconociéndosele una antigüedad de 1 de enero de 1990.
b) Como consecuencia de la imposición de una sanción disciplinaria de suspensión, inició el cumplimiento de la misma en dos fases: entre el 1 de enero de 1999 y el 2 de marzo de 2000 y el resto entre el 15 de mayo y el 12 de septiembre de 2000. Cuando comenzó el cumplimiento de la segunda parte de la sanción se procedió a nombrar como nuevo facultativo interino en dicha plaza a don José D. Santiago Viqueira quien, en fecha 30 de junio de 2000, solicitó se declarase inexistente el derecho a reserva de plaza del ahora recurrente, dictándose Resolución estimatoria el 11 de septiembre de 2000 por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia por entender que su contratación debía ser de "interinidad en plaza vacante" y no así de sustitución, porque la sanción impuesta implicaba la inexistencia de un derecho de reserva habida cuenta de la normativa funcionarial de aplicación supletoria al personal estatutario.
c) Tras el cumplimiento de la sanción de suspensión, al reincorporarse a su puesto el ahora recurrente, en su condición de afectado le comunican el 13 de septiembre de 2000 Resolución del Director General de la División de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia de 11 del mismo mes de septiembre, por la que le adjuntan la Resolución anterior consecuencia de la reclamación previa interpuesta por el Sr. Santiago Viqueira y donde se le manifiesta que "de sus pronunciamientos" se "desprende la pérdida de su puesto de trabajo derivada de la sanción firme de suspensión de empleo y sueldo que le fue impuesta", por lo que se le hace saber su desvinculación del Centro y la extinción del nombramiento de interino en plaza vacante que tenía con la institución. En dicha resolución se señalaba que contra la misma cabía la interposición de demanda ante el orden jurisdiccional social en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación de la resolución administrativa.
d) Contra la anterior Resolución el ahora recurrente interpuso recurso de alzada el 25 de septiembre de 2000. En dicho escrito solicitaba la nulidad de pleno derecho de la Resolución por incompetencia manifiesta del Director Gerente, por inexistencia absoluta del procedimiento legal establecido para proceder a la extinción de una relación estatutaria (donde entre los supuestos extintivos no se encuentra el de la finalización de una sanción), por desviación de poder y lesión de los derechos fundamentales contenidos en los arts. 14 y 24 CE, solicitando se declarase la nulidad de la extinción de su nombramiento, así como que se ordenara el reingreso en su puesto de trabajo con abono de haberes.
e) Transcurrido el plazo de un mes sin que recayera resolución (que finalmente fue dictada el 8 de noviembre, donde se le hacía saber que su reclamación no podía considerarse un recurso de alzada por lo que le se daba carácter de reclamación administrativa previa a la jurisdicción social), siguiendo el ofrecimiento expreso de impugnación y competencia hecho por la Administración el ahora demandante de amparo procedió el 13 de noviembre de 2000 a interponer demanda en el orden social frente al SERGAS y don José Santiago Viqueira solicitando la declaración de nulidad del cese, el abono de haberes, así como el derecho a la reserva de plaza.
f) Por providencia de 17 de noviembre de 2000 el Juzgado de lo Social núm. 3 convocó a las partes para conciliación y juicio. El día siguiente el SERGAS interpuso escrito ante dicho Juzgado para hacerle saber que por dicho Servicio de Salud se había promovido conflicto de competencia por inhibitoria ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, por entender que era ese el orden el competente, solicitando la suspensión de la tramitación. El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo dictó oficio inhibitorio, por lo que el Juzgado de lo Social suspendió los actos de conciliación y juicio (providencia de 18 de diciembre de 2000).
g) Por providencia de 24 de abril de 2001 el Juzgado de lo Social ordenó que se procediera al archivo provisional de lo actuado en tanto las partes no instaran su continuación o se produjese la caducidad de la instancia. Contra esta providencia el demandante de amparo interpuso escrito poniendo en conocimiento del Juzgado de lo Social que se había dictado Auto del Juzgado Contencioso-Administrativo de 7 de febrero de 2001 declarando no haber lugar al requerimiento del SERGAS por corresponder el conocimiento del asunto al Juzgado de lo Social indicando, no obstante, que no era firme por haber sido recurrido por el SERGAS. El recurso de apelación interpuesto contra dicho Auto fue finalmente desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por Sentencia de 2 de octubre de 2001.
h) Tras recibir las resoluciones pertinentes del orden contencioso- administrativo, por Auto de 16 de octubre de 2001 el Juzgado de lo Social núm. 3 de Lugo se declaró competente para el conocimiento de dicho asunto citando nuevamente para juicio. En el acto del juicio el SERGAS excepcionó la incompetencia del orden jurisdiccional social y don José Santiago Viqueira la caducidad de la acción, siendo desestimada la primera pero estimada la segunda en Sentencia del Juzgado de lo Social de 14 de noviembre de 2001 al considerar el Juzgado que la acción ejercitada era la de despido y que había caducado por haber transcurrido el plazo de veinte días.
i) Contra esta Sentencia interpuso el ahora demandante de amparo recurso de suplicación que fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 18 de febrero 2002 que confirma la aplicación del plazo de caducidad previsto para la acción de despido.
j) Se interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina que fue inadmitido por Auto del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2003 por falta de contradicción por entender no sólo que en la Sentencia de contraste no se había producido la suspensión de empleo y sueldo disciplinaria que daba lugar a las actuaciones en el caso de la recurrida, sino que "el debate en el caso de la recurrida ha girado en torno a la caducidad de la acción de despido como consecuencia de las actuaciones incoadas a raíz de la sanción y de la sustitución del actor por otro trabajador cuya reclamación frente al Servicio de Salud fue estimada, dando lugar al cese del recurrente, lo que en absoluto concurre en la de contraste donde el núcleo del debate fue cual debía ser el cauce para reclamar contra los ceses del personal sanitario facultativo estatutario con nombramiento eventual que haya ocupado plaza vacante, aspecto este respecto en el que si existen posturas divergentes entre las Sentencias sometidas a contraste y que permitiría el juicio comparativo si no fuera por los restantes elementos diferentes presentes".
3. Contra estas resoluciones se acude en amparo por vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción (artículo 24.1 CE).
4. Por diligencia de ordenación de 20 de marzo 2003, de conformidad con lo estipulado en el art. 50.5 LOTC, se concedió al recurrente un plazo de diez días para que aportara copia de las resoluciones así como de los escritos de formalización del recurso de suplicación y casación interpuestos, apercibiéndole que de no verificarlo se procedería al archivo de las actuaciones. Subsanación producida por el recurrente mediante escrito registrado el 3 de abril de 2003
5. Por providencia de 22 de abril de 2004, la Sección Tercera de este Tribunal, de conformidad con el art. 50.3 LOTC, acordó conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formularan alegaciones en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda (artículo 50.1.c LOTC), así como requerir al Procurador don José Manuel Villasante García a fin de que en el mismo plazo acreditase su representación mediante presentación de escritura de poder original apercibiéndole de que de no verificarlo se procedería al archivo de las actuaciones de conformidad con el artículo 50.5 LOTC.
6. El 11 de mayo de 2004 el Ministerio Fiscal registró escrito en este Tribunal en el que interesaba la admisión del recurso planteado. Tras precisar que carece de contenido constitucional el reproche que la demanda de amparo imputa al Auto del Tribunal Supremo porque la inadmisión del recurso de unificación de doctrina no puede tacharse de rigorista, pues exclusivamente se sustenta en la falta de identidad de las Sentencias sometidas a contraste, manifiesta que la demanda debe admitirse porque ha sido la errónea indicación por parte de la Administración demandada al dictar su resolución en vía administrativa la que ha provocado la caducidad de la demanda y en supuestos semejantes (SSTC 193/1992 y 194/1992, 228/1999 y 214/2002) se han estimado los amparos por vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva.
7. El 18 de mayo de 2004 se registraba escrito en este Tribunal en el que el recurrente se ratificaba en la demanda inicialmente interpuesta.
8. El 20 de mayo de 2004 don José Manuel Villasante García, Procurador del recurrente de amparo solicitaba a este Tribunal que se le aceptara la renuncia a la representación de su representado, solicitando que la misma se pusiera en conocimiento del mismo a fin de que designara nuevo Procurador en el plazo de ocho días, así como que transcurrido dicho plazo se le tuviera automáticamente cesado en todo caso. Por providencia de la Sección Tercera de 27 de mayo 2004 se acordó que se uniera a las actuaciones dicho escrito concediéndole un plazo de diez días para que acreditase que había dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30.1.2 de la Ley 1/2000, 7 de enero, de enjuiciamiento civil, de aplicación supletoria conforme al establecido en el artículo 80 LOTC, poniendo en conocimiento de dicho Procurador que no es posible el abandono de la representación de su poderdante en tanto no acredite en los autos la renuncia del mismo y se le tenga por renunciante. Transcurrido el plazo sin acreditarlo, continuó la tramitación del presente recurso de amparo.
9. Por providencia de 22 de julio 2004 la Sala Segunda acordó conocer del presente recurso de amparo y admitir la demanda presentada y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a fin de que, en plazo no superior a diez días, remitieran certificación de las actuaciones correspondientes al recurso de casación número 1502-2002 y recurso de suplicación núm. 26-2002, respectivamente. Asimismo se acordaba dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 3 de Lugo para que en el mismo plazo remitiese certificación de las actuaciones correspondientes a los autos núm. 793-2001, instándole igualmente al emplazamiento previo de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción de la parte demandante en amparo, para que pudieran comparecer en el presente recurso amparo en el plazo de diez días.
10. Por diligencia de ordenación de 7 de octubre de 2004 se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador don Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), acordándose entender con el mismo la sucesivas actuaciones si en el plazo de diez días acreditaba su representación. Asimismo se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que, dentro del mismo, presentasen las alegaciones que estimaran pertinentes conforme determina el art. 52.1 LOTC.
11. Por escrito registrado el 10 de noviembre de 2004 en este Tribunal el Servicio Gallego de Salud interesó la inadmisión del recurso de amparo planteado. En dicho escrito se alega que es de aplicación el art. 50 d) LOTC por ser numerosas las Sentencias del Tribunal Constitucional que han desestimado el amparo interpuesto contra un Auto de inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina en el que no se cumplen los requisitos exigidos para recurrir (con cita de las SSTC 192/1998 y 162/1998) y que además, la demanda no cumple el art. 49.2 LOTC al no acompañar certificación de la resolución recaída en el procedimiento judicial. En todo caso, rechaza que sea posible extender los efectos del amparo a la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia como se solicita en el suplico de la demanda, así como que puedan considerarse válidos los argumentos contenidos en la demanda de amparo relativos al cómputo de la acción de despido y a los antecedentes fácticos al exceder de la competencia de este Tribunal.
12. El 11 de noviembre de 2004 el Ministerio Fiscal registró escrito interesando la estimación del presente recurso amparo por cuanto el presente supuesto puede reconducirse a aquellos otros en los que el Tribunal Constitucional ha estimado la demanda de amparo por ser la caducidad de la acción declarada consecuencia de una errónea indicación por parte de la Administración demandada al dictar una resolución en vía administrativa.
13. Por providencia de 16 de diciembre 2004, se acordó para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año.
1. El demandante de amparo imputa a las decisiones impugnadas la vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva. Por un lado denuncia la vulneración del art. 24.1 CE, en su vertiente de acceso al recurso, por considerar que el Auto de inadmisión del Tribunal Supremo realiza una interpretación rigorista al reconocer expresamente el problema de fondo planteado y la disparidad de criterios mantenidos pero no considerar existente, sin embargo, la contradicción requerida y no entrar a resolver sobre el fondo del recurso. Por otro lado considera que se vulnera el mismo precepto, pero en su vertiente de acceso a la jurisdicción al ser la caducidad declarada por las resoluciones judiciales consecuencia del error al que le indujo la resolución dictada por la propia Administración, quien, por ello, no puede después beneficiarse de su conducta.
2. En primer lugar debemos comenzar examinando los óbices procesales alegados por el Servicio Gallego de Salud (en adelante, SERGAS) por cuanto, de confirmarse, ello determinará la inadmisión del recurso en este momento procesal de acuerdo con lo establecido en el art. 51 LOTC, sin que a ello obste el hecho de que la demanda de amparo fuese admitida a trámite en su día, ya que los defectos insubsanables de que pueda estar afectada la demanda de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitida a trámite, pudiendo abordarse por este Tribunal, incluso de oficio, el examen de los presupuestos de procedibilidad de la demanda de amparo en fase de Sentencia para llegar, en su caso, y si tales defectos son apreciados, a la declaración de inadmisión del recurso o del motivo del recurso afectado por dichos defectos (por todas, recogiendo doctrina precedente, STC 85/2004, de 10 de mayo, FJ 2).
3. Despejados los óbices procesales, debemos examinar la vulneración del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva que se dice producida tanto en su vertiente del acceso a los recursos como en el acceso a la jurisdicción. Para ello baste con recordar nuestra reiterada doctrina en relación con el distinto control constitucional que este Tribunal puede realizar según se trate del acceso a la jurisdicción o del acceso al recurso.
4. Proyectada esta doctrina al caso que ahora se enjuicia debemos afirmar que ninguna vulneración constitucional se aprecia en el Auto del Tribunal Supremo de inadmisión del recurso de unificación de doctrina interpuesto por el recurrente.
5. Resta, por ello, proceder al examen de la queja principal contenida en la demanda de amparo consistente en la vulneración del art. 24.1 CE por no dictarse una resolución sobre el fondo del asunto como consecuencia de haberse apreciado judicialmente la existencia de una caducidad de la acción cuando la misma fue provocada por la propia Administración y que, finalmente, tan sólo a ella beneficia.
6. La aplicación de esta consolidada doctrina al supuesto aquí planteado ha de conducirnos a la estimación de la demanda de amparo, pues no es posible entender que la denegación de un primer pronunciamiento judicial de fondo sobre las pretensiones ejercitadas por el demandante en el proceso social no haya vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Estimar el recurso presentado por don Juan Marcos Doucet Dejoie y, en consecuencia:
1º Declarar que ha sido vulnerado el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia garantizado por el art. 24.1 CE.
2º Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar nulas la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 18 de febrero de 2002 y la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Lugo de 14 de noviembre de 2001, retrotrayendo el procedimiento al momento anterior al de la primera de tales resoluciones para que dicte una nueva Sentencia respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Type and record number Recurso de amparo 985-2003
Promovido por don Juan Marcos Doucet Dejoie frente al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y de un Juzgado de lo Social de Lugo sobre cese en su plaza de médico interino.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda social por caducidad, al haber transcurrido el plazo legal, a pesar de haber sido interpuesta dentro del plazo indicado erróneamente por la Administración (STC 193/1992).
Resulta vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva la decisión judicial de apreciar una excepción de caducidad, cuando la presentación de la demanda fuera del plazo legalmente previsto tiene su origen en una indicación errónea de plazos de la Administración, que no puede beneficiarse de aquel error [FJ 5]
El recurrente en amparo presentó demanda ante la jurisdicción social en el plazo que en la resolución que impugnaba se le indicaba [FJ 6]
La Administración es la que impide que los órganos judiciales examinaran el fondo de la cuestión debatida como consecuencia de su errónea indicación sobre el plazo para presentar la demanda [FJ 6].
No reúne las condiciones de razonabilidad y proporcionalidad la decisión judicial que aprecia una excepción de caducidad cuando la presentación de la demanda fuera del plazo legalmente previsto tiene su origen en una indicación errónea de plazos de la Administración [FJ 4].
La caducidad es una cuestión de legalidad ordinaria, de modo que su excepcional revisión en sede constitucional es por haberse realizado un cómputo manifiestamente erróneo, o se haya apreciado la caducidad sin razonamiento o con razonamiento arbitrario o irrazonable [FJ 5].
El derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas es un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 8/1998, 108/2000) [FJ 5].
Tiene mayor intensidad con que se proyecta el principio pro actione cuando lo que está en juego es la obtención de una primera decisión judicial [FJ 5].
Artículo 50.5, f. 2
Interdicción de aprovecharse de actos torpesInterdicción de aprovecharse de actos torpes, f. 5
Notificación administrativa defectuosaNotificación administrativa defectuosa, ff. 5, 6
Apreciación irrazonable de la caducidadApreciación irrazonable de la caducidad, f. 6
Indicación de plazos erróneaIndicación de plazos errónea, ff. 5, 6
Indicación de recursosIndicación de recursos, Efectos, ff. 5, 6