Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-00162-de-marzo-20-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fb2d947d3453025ee0430a010151025e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 06:57:31
Document Index: 150269644

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 348', 'artículo 2', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 8', 'artículo 172', 'artículo 125', 'artículo 50', 'artículo 172', 'artículo 8', 'artículo 172', 'artículo 8', 'artículo 22', 'e contrario', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 69', 'artículo 173', 'artículo 172', 'artículo 8', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 173', 'artículo 131', 'artículo 175', 'artículo 135', 'artículo 26', 'artículo 56', 'Artículo 5', 'Artículo 18', 'Artículo 7', 'Artículo 169']

﻿ Sentencia 2008-00162 de marzo 20 de 2014
SENTENCIA 2008-00162 DE 20 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:CALIFICACIÓN INSATISFACTORIA COMO CAUSAL DE RETIRO. SE RECUERDA QUE LA LEY 270 DE 1996, ESTATUTARIA DE LA JUSTICIA, ESTABLECE LA EVALUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEFINIENDO COMO UNA CAUSAL DE RETIRO LA CALIFICACIÓN INSATISFACTORIA. ASÍ, LA CALIFICACIÓN DE SERVICIOS ES UNA HERRAMIENTA QUE LE PERMITE A LOS SUPERIORES VERIFICAR Y CONTROLAR EL RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO Y CALIDAD DEL TRABAJO, TODA VEZ QUE LA CARRERA DEBE MANTENER UN ALTO NIVEL EN SUS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PARA CUMPLIR ASÍ CON LOS FINES DE LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA, LO QUE CONDUCE INDEFECTIBLEMENTE A LA PERMANENCIA O RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, ATENDIENDO AL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. POR OTRO LADO, LA CALIFICACIÓN ES UN ACTO PREPARATORIO O DE TRÁMITE PORQUE LLEVA A TOMAR DECISIONES AL NOMINADOR RESPECTO DEL SUBALTERNO, ESTO ES, SI CONTINÚA AL SERVICIO O DEBE RETIRARLO, PERO NO POR ELLO NO ES SUSCEPTIBLE DE SER REVISADO POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA AL SER CAUSA DEL ACTO DEFINITIVO DE INSUBSISTENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CAUSALES DE RETIRO DE EMPLEOS PÚBLICOS, SERVIDOR PÚBLICO DE LA RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CALIFICACIÓN, LEY DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Sentencia 2008-00162 de marzo 20 de 2014
Ref.: Expediente 270012331000200800162 02
Numero interno 0591-10
Actor: Diocles Darío peña Copete
Resolución sin número de 7 de diciembre de 2005(18), expedida por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por medio de la cual calificó insatisfactoriamente los servicios prestados por el actor como Magistrado de la Sala Jurisdiccional del Chocó, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004 y por lo tanto decide excluirlo de la carrera judicial (fl. 26, Cdno. 1). Establece:
“Calificación integral de servicios.
Factor Calidad 27.50
Factor eficiencia y rendimiento 07.14
Factor organización trabajo 18.00
Calificación Integral: 53 Insatisfactoria
La motivación de los factores calidad y organización del trabajo está contenida en cada uno de los formularios diligenciados por el Superior Funcional y por esta Sala.
El rendimiento esperado para la Sala Jurisdiccional Disciplinaria... fue de 990 procesos, por el período comprendido entre...
La calificación del factor eficiencia o rendimiento se calculó con base en el índice de rendimiento obtenido por el funcionario...así: Carga Efectiva de 281 procesos – Egreso efectivo de 88 procesos, logrando durante los dos años un índice de evacuación del 31.31% y, en consecuencia le corresponderían 8.14 puntos en el factor eficiencia o rendimiento.
Sin embargo, para la asignación del puntaje de este factor, esta Sala debe tener en cuenta... que se practicó vigilancia judicial administrativa al despacho del doctor Peña Copete,... determinándose que en el trámite del proceso disciplinario Nº 2003-00018 se presentaron actuaciones y omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia.
Así las cosas, según lo establecido en el artículo 8º del Acuerdo 088 citado, esta Sala dispone la disminución de un (1) punto en la evaluación del factor eficiencia o rendimiento...
Teniendo en cuenta que conforme a la carga efectiva, el egreso efectivo y el índice de evacuación registrado en el despacho del funcionario calificado, le corresponderían 8.14 puntos, esta Sala procede a descontar un (1) punto para asignarle 7.14 puntos...
La calificación insatisfactoria de servicios de los funcionarios judiciales conlleva la exclusión de la carrera judicial (L. 270/96, art. 173), decisiones que deben proferirse en el mismo acto administrativo (Ac. 1392/2002, art. 8º).
PRIMERO: Calificar insatisfactoriamente los servicios prestados...
SEGUNDO: Excluir de la Carrera Judicial al doctor Diocles Darío Peña Copete del cargo de magistrado de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, al cual se encuentra vinculado por dicho régimen.
TERCERO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición para ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Resolución PSAR07-18 de 1º de febrero de 2007(19), proferida por el mismo funcionario, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición modificando la resolución anterior asignándole 29.74 puntos en el factor calidad y 9.89 puntos en el factor eficiencia-rendimiento (fls. 30-47, cdno. 1). Señaló, entre otras que:
“... para salvaguardar el debido proceso en el trámite de la calificación del recurrente, consideró necesario que la sala jurisdiccional disciplinaria del ... procediera a realizar la calificación de los procesos relacionados en el Oficio 517 ibídem, que corresponden a providencias proferidas dentro del período de evaluación y fueron de conocimiento del superior funcional dentro del mismo...
Así las cosas, la calificación del factor calidad del doctor Peña Copete debe corresponder a la suma de los puntajes asignados a los procesos que se relacionan a continuación, para un total de veintiún (21) fichas del factor calidad y un consolidado de 29.74 puntos:
De acuerdo con lo señalado, la calificación del factor calidad del doctor Peña Copete, habrá de modificarse de 27.50 a 29.74 puntos.
Por su parte, el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, establece que el auto que decide la reposición, no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.
Así pues, como este acto administrativo... contiene puntos nuevos... procede el recurso de reposición en (sic) contra esta decisión, pero única y exclusivamente en cuanto a la impugnación otorgada en el factor calidad de los mencionados procesos.
Conforme a lo señalado, se colige que el despacho del doctor Diocles Darío Peña Copete entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, tuvo una carga efectiva total de 266 procesos, no obstante, como se explicó ... dicho funcionario laboró efectivamente 441 días hábiles ... por ende ... se debe considerar su carga efectiva proporcional, así: ...
Luego entonces, la carga efectiva proporcional que tuvo corresponde a 257.81 procesos.
Como el índice de rendimiento base para la calificación del factor eficiencia o rendimiento logrado por el doctor Peña Copete, durante el período 2003 y 2004, fue de 0.4189, aplicada la respectiva fórmula matemática, esto es, (IR)*26, le corresponderían 10.89 puntos en el citado factor...
De acuerdo con lo señalado, la calificación del factor eficiencia del doctor Peña Copete habrá de modificarse de 7.14 a 9.89 puntos.
En cuanto al argumento del recurrente respecto a la carencia de impresora... dado que esta Sala Administrativa tuvo en cuenta dicha situación y calificó este factor con el máximo posible, esto es, 18 puntos, no hay lugar a modificarlo.
En consecuencia, la calificación... mediante acto administrativo de 7 de diciembre de 2005, debe modificarse de 27.50 a 29.74 puntos en el factor calidad y de 7.14 a 9.89 puntos en el factor eficiencia o rendimiento, para una calificación integral de 58 puntos, por aproximación, la cual sigue siendo insatisfactoria”.
Resolución PSAR08-03 de 21 de enero de 2008(20), por la cual el Presidente de la entidad resuelve el recurso de reposición modificando la resolución de 7 de diciembre de 2005 asignándole 10.89 puntos en el factor eficiencia-rendimiento y 29.84 puntos en el factor calidad y confirmando el artículo 2 de la misma en cuanto a excluir del escalafón de carrera judicial al actor (fls. 50-68, cdno. 1).
Acuerdo 40 de 14 de mayo de 2008(21) por la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior retiró del servicio al actor a partir del 1 de junio de 2008, en cumplimiento del último inciso del artículo 172 de la Ley 270 de 1996 (fl. 71, cdno. 1) así:
Que en cumplimiento del artículo 172 de la ley estatutaria de administración judicial y del artículo 8º del Acuerdo 1392 de 2002 y así como el numeral cuarto de la Resolución PSAR08-03 del pasado 21 de enero el doctor Jorge Mario Rivadeneira Mora, director de carrera judicial, informa a esta Sala, sobre la calificación integral insatisfactoria del doctor Diocles Darío Peña Copete, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, período 2003-2004.
Que de conformidad con lo decidido en Sesión de Sala 051 de la fecha, los Honorables Magistrados decidieron retirar del servicio al doctor Diocles Darío Peña Copete, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, en cumplimiento del último inciso del artículo 172 de la Ley 270/96.
ART. 1º—Retirar de servicio al doctor Diocles Darío Peña Copete, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, a partir del 1º de junio de 2008.
ART. 2º—Nombrar a la doctora Maria Dolores Ramírez Mosquera, identificada... como magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó.
El jefe del área administrativa del consejo seccional de la judicatura a folio 72 del cuaderno 1, certificó que el actor prestó sus servicios a la rama judicial desde el 13 de mayo de 1985 hasta el 31 de mayo de 2008, como Juez en diferentes juzgados de Quibdó.
Fue inscrito en carrera judicial mediante la Resolución 606 de 10 de noviembre de 1998 con vigencia a partir del 12 de julio de 1996, por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura(22) (fl. 75, cdno. 1)(23).
Se le realizaron calificaciones de servicios a través de formularios, período 2003-2004, los cuales para el factor calidad, obtuvo un puntaje de (fls. 232-252 cdno. pruebas 3):
Nº radicado Puntaje Fecha evaluación Observaciones
2000000-92-01 29 18/05/2005 Proceso contra funcionario judicial con dilatado trámite y aceptable recaudo probatorio. Sentencia adecuada.
20010002 27 20/10/2004 Providencia bien redactada, correcta ortografía y buen manejo del lenguaje. Hubo mora objetiva en el trámite.
00136-2001 31 12/05/2004 Providencia bien redactada, correcta ortografía, suficiente material probatorio para decidir.
2002-00061 40 09/11/2005 Hubo razonable manejo de términos, comprensión problema jurídico y se aportó la prueba necesaria para decidir.
2002-00010 36 09/11/2005 Manejo términos y conducción del debate probatorio razonable. No práctica de diligencia por Magistrado. Se comprendió el tema y el caudal probatorio pero faltó mayor discusión pues se concluyó muy somero.
2002-00130 32 09/11/2005 Falto valoración probatoria para decidir. Conducción del debate probatorio y diligencias adecuados. Excedió los límites para la indagación (2 años).
2002-00008 23 09/11/2005 Los términos fueron muy largos, La decisión no se sabe si responde al objeto de la causal que originó prescripción
2002-00028 21 09/11/2005 No se comprendió el tema a debatir. Los términos fueron muy largos.
2002-00096 19 09/11/2005 Indagación preliminar duro un año. Escaso material probatorio. Decisión con escaso rigor jurídico.
2002-00144 17 09/11/2005 Los términos rebasaron los límites. No se comprendió el tema y estuvo 2 años sin actividad. Se declaró la nulidad del proceso.
2001-00015 36 Sin fecha Evidente dilación del trámite por su complejidad. Pasó 3 años desde que se avocó el conocimiento y el fallo.
2000-0013-00 33 25/09/2006 Se cumplieron algunos términos pero se necesitaron pruebas en segunda instancia para adoptar fallo pertinente. Faltó fundamentar la decisión.
2000-00091-00 38.67 25/09/2006 Providencia bien redactada, correcta ortografía, presentación intachable, bien fundamentada. Se incumplieron los términos.
2002-00016-00 38 25/09/2006 Providencia bien redactada, correcta ortografía, presentación intachable, bien fundamentada. Se incumplieron los términos.
1999-0099 35 09/11/2006 De las pruebas se prefirió la fácil comprensión del tema.
2001-0037 27 09/11/2006 Indebido manejo del material probatorio.
2001-00069 33 09/11/2006 Tardanza en el trámite del proceso y pretermitió una importante etapa procesal demostrando falta de destreza.
2001-00080 30 09/11/2006 Adecuada decisión pero los términos no se cumplieron. La redacción, presentación y ortografía son suficientes.
2004-0003 36 09/11/2006 Adecuado manejo de la tutela. La redacción, presentación y ortografía son suficientes.
2001-00067-01 21 15/12/2006 Defectuosa dirección pretermitiendo los términos. Problema jurídico insuficiente.
2003-00010 22 05/11/2003 Deficiente precisión y concreción de los hechos. Sentencia no acorde con lo pretendido
Contra estas calificaciones el actor dirigió varios escritos al Presidente de la Sala Administrativa, solicitando, entre otras, le concediera una cita para reevaluar los procesos (fl. 77); se tuvieran en cuenta solo los procesos que habían surtido la segunda instancia (fl. 78); no se le podía nombrar reemplazo pues no se le había notificado la decisión de retiro ni se le habían contestado los escritos por él presentado (fl. 87); las inconformidades con la expedición del Acuerdo 40 de 2008, por el cual es retirado del servicio, solicitando sea debidamente motivada (fl. 88); y que se permita agotar la vía gubernativa contra este último acto (fl. 96). El director de la Unidad Administrativa de Carrera Judicial le da respuestas a estos oficios, adjuntando el expediente administrativo que sirvió de base a su calificación, e informándole que con las resoluciones 18 de 2007 y 3 de 2008 ya le fueron resueltas sus inquietudes quedando agotada la vía gubernativa (fl. 85); y la secretaria jurídica del Consejo Superior le responde sobre el nombramiento de su reemplazo, que debe estarse a lo resulto en la sesión 51 de mayo de 2008 donde quedó establecido el agotamiento de la vía gubernativa a través de la Resolución PSAR08-03 de 21 de enero de 2008; y le reitera en la contestación a los demás oficios, que debe estarse a lo ya resuelto (fls. 94 y 95)(24).
En el anexo 1, obran copias del listado de los procesos terminados que fueron remitidos por el actor a la Unidad Administrativa de Carrera Judicial con fecha 26 de agosto de 2005 (fls. 30-36); al igual que una relación expedida por el consejo seccional de la judicatura de 28 de marzo de 2006, donde hace una relación de los expedientes sustanciados por el despacho del demandante, que habían sido remitidos en apelación a la sala disciplinaria del Consejo Superior (fl. 40, anexo 2).
En el anexo 1 obran copias del proceso seguido por el director de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial en el que le solicitó al actor una relación de los asuntos terminados entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004 para su respectiva calificación (fl. 29). La respuesta del demandante con el listado adjunto, obra a folio 36 del mismo anexo. El mismo funcionario de la Unidad seleccionó 7 procesos al azar, folio 37, y solicitó al actor el envío de ellos. Posteriormente, este funcionario mediante Oficio dirigido al Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, le solicitó la calificación de ellos y el envío nuevamente de los formularios para consolidar la evaluación integral del evaluado (fl. 40, mismo anexo); los cuales fueron reenviados en oficios obrantes de folios 42 a 49. Posteriormente se produce la calificación a través de Resolución de 7 de diciembre de 2005 demandada.
Debe resolver la Sala de un lado, si el retiro de la carrera judicial por calificación insatisfactoria del señor Diocles Darío Peña Copete como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, está viciado de nulidad por la indebida actuación del Consejo Superior de la Judicatura al violar el debido proceso en el trámite de la evaluación; y de otro, si la calificación insatisfactoria fue objeto de desviación de poder y falsa motivación al proferirse el Acuerdo 40 de 2002.
Cuestiones antecedentes
Previo a plantear la estructura para resolver la controversia, la Sala debe analizar el cuestionamiento recurrente del actor relativo la naturaleza de las calificaciones de servicios sobre las cuales considera que el a quo no ha debido declararse inhibido para resolverlas. En ese sentido, la Sala debe satisfacer el interrogante ¿De cuál es la naturaleza de la calificación de servicios? para concluir si es o no un acto demandable ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Por mandato del artículo 125 de la Constitución Política, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, de libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los que la ley determine.
Señala igualmente esta disposición, que tanto el ingreso a los cargos de carrera como el ascenso estará condicionado al cumplimiento de los requisitos que fije la ley con el fin de determinar los méritos y calidades de los aspirantes y que el retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, entre otras causas.
Para la rama judicial la Ley Estatutaria de la Justicia o Ley 270 de 1996, es la norma reguladora de la carrera judicial. Se establece allí como parte de la misma, la evaluación de los funcionarios y empleados definiendo como una causal de retiro la calificación insatisfactoria. Define respecto de los primeros, que debe hacerse por la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura y que los superiores funcionales del calificado deben remitir conforme al reglamento, el resultado de la evaluación del factor calidad, el cual servirá de base para la calificación integral. Esta evaluación se hará para los Magistrados de los Tribunales cada dos años.
En ese orden de ideas, la calificación de servicios es una herramienta que le permite a los superiores verificar y controlar el rendimiento, comportamiento y calidad del trabajo, toda vez que la carrera debe mantener un alto nivel en sus funcionarios y empleados para cumplir así con los fines de la justicia y la democracia, lo que conduce indefectiblemente a la permanencia o retiro del servidor público, atendiendo al resultado de la evaluación.
Dentro de ese marco, la calificación es un acto preparatorio o de trámite(25) porque lleva a tomar decisiones al nominador respecto del subalterno, esto es, si continúa al servicio o debe retirarlo. Entonces, como es evidente, la evaluación no define la situación del funcionario o empleado, pero si se constituye en su causa o motivación y por ello conforme a la definición del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo al no poner fin a una actuación administrativa —porque luego viene el acto de insubsistencia—, es un acto de trámite.
Sin embargo, lo dicho no implica que se quede sin control judicial, porque al ser la calificación del servicio la motivación o la causa del retiro, el juez deberá valorarlas para definir la validez e idoneidad del acto de retiro de acuerdo a los cuestionamientos del calificado, con la diferencia de que no será objeto de resolución directa de la decisión del juez, toda vez que ella responde solamente al acto definitivo, esto es, la insubsistencia, pero la nulidad del acto controlable conducirá al decaimiento automático de las mismas. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión inhibitoria sobre los actos de calificación de 7 de diciembre de 2005 y las resoluciones PSARR07-18 de 1º de febrero de 2007 y PSAR08-3 de 21 de enero de 2008 proferidas por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al no ser controlables por la jurisdicción.
Ahora bien, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los cargos de nulidad propuestos dentro del marco legal que le corresponde esto es: la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 1392 de 2002. Como metodología se utilizará el esquema que presenta el actor para demostrar la causal del debido proceso y las demás causales alegadas.
Marco legal del caso
El Acuerdo 40 de 14 de mayo de 2008 fue expedido por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con fundamento en el artículo 172 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el artículo 8º del Acuerdo 1392 de 2002, en virtud de la calificación correspondiente al periodo 2003-2004.
El artículo 172 citado dispone:
“ART. 172.—Evaluación de funcionarios. Los funcionarios de carrera serán evaluados por la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura. Los superiores funcionales del calificado, remitirán de conformidad con el reglamento, el resultado de la evaluación del factor calidad, el cual servirá de base para la calificación integral.
La evaluación de los Jueces se llevará a cabo anualmente y la de los magistrados de los tribunales cada dos años. La calificación insatisfactoria en firme dará lugar al retiro del funcionario. Contra esta decisión proceden los recursos de la vía gubernativa”.
El artículo 8º del Acuerdo 1392 señala sobre los efectos de la calificación insatisfactoria lo siguiente:
En principio puede advertir la Sala, que los fundamentos legales citados en el acto que ordenó retirar del servicio al actor son coherentes con los antecedentes que motivaron la decisión, esto es, está fundada en las normas que permiten retirar a un funcionario luego de haber obtenido una calificación insatisfactoria.
Veamos ahora los cargos alegados:
—Violación al debido proceso
Se resolverán conforme a la síntesis que hizo la Sala en el resumen de antecedentes y que son concordantes con los planteados por el actor:
1. Según el artículo 22 del Acuerdo 1392 de 2002, la relación y selección de los procesos al azar debía realizarla la Sala Administrativa y no el Director de la Unidad de Administración de Carrera Judicial como se hizo porque no era el competente para ello. La norma en cita prevé:
“ART. 22.—En el evento en que al final del período a calificar los funcionarios no tengan un mínimo de diez (10) formularios de evaluación, ni la proporción indicada en el artículo anterior, se procederá de la siguiente forma:
PAR.—Para completar el número mínimo de que trata el presente artículo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura realizarán la correspondiente calificación del factor calidad, previa selección, al azar, de los procesos que se encuentren en dichas corporaciones”.
En el acervo probatorio se encuentra para probar la afirmación del actor, el Oficio CJOF105-2043 suscrito por el Director de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial (fl. 29 del anexo 1) de fecha 12 de agosto de 2005, en donde solicitó la relación de los asuntos terminados durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, la cual fue respondida por el ex funcionario el 26 del mismo mes y año (fls. 30-36).
Si bien las pruebas demuestran que la afirmación del demandante es cierta, ello no constituye per se violación al debido proceso o incompetencia del funcionario, habida cuenta que el Acuerdo 251 de 2 de diciembre de 1996 “Por medio del cual se estructura la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; se señalan sus funciones, se crea su planta de personal y se dictan otras disposiciones.”, le otorgó dentro de las funciones a esa dependencia, la facultad de coordinar y asesorar los procesos de evaluación, además de apoyar la coordinación y el desarrollo de las actividades tendientes a realizar la evaluación integral de los servidores de la rama judicial(26) . Lo cual indica, que contrario a lo planteado por el actor, la actividad surtida por la Dirección de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial es inherente a su ejercicio funcional y por ende cumplió con su deber al apoyar a la Sala en el trámite correspondiente, razón por la cual el cargo no prospera.
2. El artículo 21 ídem, señala que de los 10 procesos para llevar a cabo la calificación del factor calidad, 6 deben corresponder a procesos con sentencias o decisión que resuelvan de fondo el asunto, pero la selección que se hizo no cumplió con esta regla. Luego concreta el actor en el recurso de apelación, porque no cita sus radicados, que solo 3 de ellos cumplían esta condición, ya que de los 7 seleccionados al azar ninguno correspondía a sentencias y en la relación estaban clasificados los autos y las sentencias.
“ART. 21.—La calificación de este factor deberá comprender un mínimo de diez (10) procesos y cuando menos seis (6) de estos deberán corresponder a procesos con sentencia o decisión que resuelva de fondo el asunto en la respectiva instancia.
Este artículo está ubicado en el capítulo VI que corresponde al factor de calidad, que se fundamenta en el análisis técnico y jurídico de procesos con providencias proferidas dentro del período, que sean objeto de recursos ordinarios, o extraordinarios y del grado jurisdiccional de consulta(27). Este factor se origina en lo dispuesto en la Ley 270 de 1996 que establece en el artículo 7º, que, la administración de justicia debe ser eficiente y que los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley. A su vez los artículos 172 y 175 ídem, advierten que los funcionarios de carrera deben ser evaluados por las Salas Administrativas del Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura, para lo cual los superiores funcionales del calificado remitirán el resultado de la evaluación del factor calidad, el cual sirve de base para la calificación integral.
Para resolver este cuestionamiento es necesario revisar los antecedentes de la selección de los procesos a calificar. Dentro de las pruebas allegadas se encuentra que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria como superior funcional calificó el factor calidad en 3 procesos cuyos radicados son: 270011102000-2000000-92-01 con un puntaje de 29 puntos, calificado el 18-05-2005 (fl. 24); 20010002 con un puntaje de 27 puntos calificado el 20-10-2004 (fl. 23); 00136-2001 con un puntaje de 31 puntos (fl. 22) de fecha 12-05-2004.
El 12 de julio de 2005 la Unidad Administrativa de Carrera Judicial le envió un oficio a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en aplicación del parágrafo del artículo 22 del Acuerdo 1392 de 2002, para realizar la escogencia al azar de los procesos de los funcionarios calificados a efectos de completar los 10 mínimos exigidos por la norma.
Como respuesta a lo anterior, el Director de la Unidad le pidió al actor vía fax una relación de los procesos terminados en el lapso comprendido entre el 1º de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2004. En los términos solicitados el magistrado Diocles Darío Peña envió la relación el 26 de agosto de 2005 con Oficio 1291.
No obstante lo anterior, con base en la selección al azar calificaron 7 procesos más que responden a los radicados: 2002-0144; 2002-0008; 2002-0096; 2004-0028; 200-0061; 2002-0010; 2002-0130; que arrojan para el factor de calidad un puntaje de 27.50 puntos y un consolidado de 53 puntos, decisión que fue recurrida por el calificado.
Como sustento en la alzada alegó, que no se le debió haber aplicado el artículo 22 ídem, porque él había enviado una relación suficiente de procesos, 6 del 2003 y 7 de 2004.
Ante esta situación, la Sala administrativa(28) para salvaguardar el debido proceso mediante auto de 19 julio de 2006 consideró necesario que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria realizara la calificación de los procesos relacionados por el actor en el Oficio 517 de 28 de marzo de 2006, que responde a los siguientes radicados: 2001-00015 de 2004; 2000-0013; 200000091 de 2003; 2002-0016 de 2004; 1999-0099; 2001-0037 de 2003; 2001-0069 de 2004; 2001-0080; 2004-003; 200100067 de 2004; 2003-0010, como en efecto lo hizo.
De esta génesis concluye la Sala, que cualquier inconsistencia que se hubiera surtido en la selección de los procesos a calificar en aplicación del artículo 22 ídem, fue subsanada en aplicación del debido proceso para continuar con la calificación de los expedientes cuya relación había remitido el actor. En estas condiciones y dado que se purgó el trámite de selección, no hay cargo reprochable en esta instancia.
3. Los procesos fueron asignados a un solo magistrado para su evaluación cuando debió realizarse el correspondiente reparto, como está dispuesto en el artículo 16 inciso 2º del citado acuerdo que dice:
“ART. 16.—La calificación de este factor será realizada por el superior funcional, simultáneamente con la decisión de la instancia o recurso.
En caso de que este sea colegiado, se efectuará por la sala plena de la respectiva corporación, a instancia de la sala, sección especializada o subsección, si la hubiere. El ponente, simultáneamente con la elaboración del proyecto de decisión, diligenciará el formulario de evaluación del factor calidad y lo someterá a consideración en la misma sesión en que sea discutido.
Las decisiones de la sala, sección o subsección serán sometida a la aprobación de la sala plena, al menos bimensualmente.
Para cada proceso se utilizará un formulario, cuyos originales deberán ser enviados semestralmente a la Sala Administrativa de los consejos superior o seccionales de la judicatura, por un medio que garantice su seguridad”.
De la norma en cita no puede derivarse la conclusión a la que llega el actor. La regulación indica primero que: el factor calidad debe realizarse por el superior funcional, en este caso es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como en efecto lo hizo. Segundo, si el superior es colegiado, se debe designar un ponente y ello se realizó de esa manera, es así como los 3 primeros procesos fueron calificados por los magistrados: Temístocles Ortega Narváez y Rubén Darío Henao Orozco y los 7 restantes por Jorge Alonso Flechas Díaz(29), sin que ello implique una violación o irregularidad, toda vez, que surtieron el trámite como está dispuesto en la norma en cita. No encuentra la Sala ninguna violación en la actuación del calificador por el hecho de que un magistrado haya conocido 7 procesos, dado que allí no se advierte que deba tener un mínimo o un máximo para la revisión correspondiente y no demostró una regla que así lo dispusiera por tanto, el cargo será negado.
4. Falló la aplicación de los artículos 16 y 21 del Acuerdo 1392/2002, según los cuales con el número suficiente de procesos que había enviado al superior de instancia era que se debía hacer la nueva calificación, en su caso por el contrario, se incluyeron los procesos ya estudiados con todos los defectos que ellos habían comportado, frustrando la calificación que en la realidad debió obtener.
De los artículos 16 y 21 del referido acuerdo se puede inferir sin contradicción, que hay un presupuesto cuantitativo que cumplir dado que se exige un número mínimo de procesos para evaluación, lo cual es razonable porque le confiere a quien hace el análisis un marco conceptual suficiente sobre el calificado, sin embargo, el que se utilice un número mayor de elementos —procesos— para analizar el factor de calidad no va en contravía de la norma ni del funcionario, el resultado es particular y subjetivo y no se puede generalizar. Lo que es claro por simple deducción matemática es que ante un mayor número de expedientes calificables hay mayores posibilidades de obtener un mejor resultado y lo mismo puede predicarse desde el punto de vista del evaluador, toda vez que frente a un espectro más amplio puede formarse un criterio más ajustado a la realidad laboral.
Lo dicho se hace evidente en el acervo probatorio, toda vez que se encontró una respuesta enviada por la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial a los Magistrados del Chocó dentro del radicado de la tutela 2008-00045, en la que se allegó una tabla(30) que demostró que por lo menos 18 funcionarios tuvieron veinte o más formularios calificados por el factor de calidad, algunos hasta llegar a 48 y solo uno de ellos tuvo calificación insatisfactoria.
En virtud de lo dicho, ante la inexistencia legal de un número máximo de procesos a evaluar no puede aducirse que hay una violación normativa en el caso bajo estudio al incluir en la calificación más de 10 procesos, por el contrario, a mayor número de evaluación se privilegian principios de la administración de justicia como la eficiencia(31), idoneidad, calidad(32) y rendimiento.
Un análisis diferente indultaría al actor en un examen objetivo de su trabajo para seleccionar solo lo que le pueda favorecer generando un desequilibrio frente a otros calificados que pudieran tener una situación fáctica similar, razón por la cual no hay lugar a la prosperidad del cargo.
5. No se dio respuesta a todas las solicitudes contenidas en el escrito de impugnación contra la Resolución PSAR-07-18 de 1º de febrero de 2007.
6. En el expediente administrativo no aparecen los documentos que presentó para resolver el recurso de reposición contra la Resolución PSAR-07-18 de 1º de febrero de 2008.
Como los dos cargos hacen alusión al mismo escrito de reposición y a su decisión, se resolverán conjuntamente.
En el texto de la demanda para concretar este tópico manifiesta que, en lo que tiene que ver con los formatos de calificación no se tiene en cuenta lo establecido en la ley procesal civil (arts. 302 a 305), penal (art. 171) y Ley Estatutaria (arts. 169 y 179). Sobre este aspecto la Resolución PSAR07-18 de 1º de febrero de 2007, le responde que las evaluaciones se realizan conforme a los artículos 55, 172 y 175 de la Ley 270 de 1996 y los artículos 16 y 18 del Acuerdo 1392 de 2002, parámetros estos que se aplican a todos los funcionarios de carrera a los que se les hace la evaluación.
Debe anotar la Sala, que la respuesta al requerimiento se ajusta a las normas legales vigente para efectos de la evaluación —Decreto 1392/2002— y que si el actor pretendía solicitar su inaplicación por ilegalidad o inconstitucionalidad debió solicitarlo dentro de las pretensiones de nulidad de la demanda y además presentar la carga jurídica para justificar la petición mediante un análisis que confrontara las normas que consideraba ilegales para concluir porqué debe dejar de aplicarse la norma general, toda vez que sobre ella se erige el principio de legalidad, por consiguiente no hay lugar a la prosperidad del cargo.
Alega también para sustentar la violación al debido proceso en este numeral, que en el recurso horizontal surtido contra la Resolución PSAR-07-18 de 1º de febrero no se dio respuesta a su inquietud de que no debieron ser objeto de evaluación en el periodo a calificar 2003-2004, los radicados 0136-2001 y 270011102000220000009201, como así lo hizo saber la Sala Disciplinaria Seccional mediante Oficio 103 de 30 de junio de 2006(33).
Respecto del radicado 20000009201 expuso que, se profirió sentencia de primera instancia el 23 de septiembre de 2004 y el superior el 18 de mayo de 2005, en donde decretó la terminación y archivo.
La Sala respondió a este requerimiento en el Acuerdo PSAR -07-18 de 2007 que las sentencias citadas si fueron pronunciadas dentro del periodo bajo el conocimiento del superior funcional en virtud del recurso ordinario o extraordinario como lo exige la norma reglamentaria.
Encuentra la Sala en el caudal probatorio que la calificación(34) a este radicado se surtió el 18 de mayo de 2005 y según la certificación de la Secretaria General del Consejo Superior de la Judicatura del Chocó ese mismo día se procuró la segunda instancia. No encuentra la Sala según lo reseñado el obstáculo para que ese proceso no fuera objeto de calificación dado que el artículo 18 del Decreto 1392/2002 exige que la providencia a calificar se haya proferido dentro del periodo —en este caso 2003-2004— y de otro lado, que haya sido objeto de recurso, lo cual se cumple indefectiblemente en este caso, toda vez que la sentencia de 1º instancia se dictó el 23 de septiembre de 2004.
Respecto del radicado 2001-00136 dice el actor y la certificación referida, que se profirió sentencia de 1ª instancia el 20 de agosto de 2003, luego fue nulitada el 12 de mayo de 2004 para dictarse nuevamente sentencia el 21 de febrero de 2005.
Las pruebas indican que la evaluación de este proceso se adelantó el 12 de mayo de 2004(35), es decir, el mismo día en que se declaró la nulidad de la decisión, lo que significa, que no estaba en firme. Ahora, en razón a que se surtían procedimientos diversos y concomitantes —uno administrativo y uno judicial—, la calificación de la sentencia cumplía las condiciones exigidas para tenerse como una decisión proferida dentro del periodo a calificar.
No obstante lo anterior, si descartamos este formulario y le restamos a la calificación a los 21 formularios calificados como lo pretende el demandante, la situación no cambia al punto de enervar sus pretensiones, por el contrario, lo desfavorece al restársele .6 décimas, veamos:
1 2000000-92-01 29 puntos
2 20010002 27 puntos
3 00136-2001 -31
4 2002-00061 40
5 2002-00010 36
6 2002-00130 32
7 2002-00008 23
8 2002-00028 21
9 2002-00096 19
10 2002-00144 17
11 2001-00015 36
12 2000-0013-00 33
13 2000-00091-00 38.67
14 2002-00016-00 38
15 1999-0099 35
16 2001-0037 27
17 2001-00069 33
18 2001-00080 30
19 2004-0003 36
20 2001-00067-01 21
21 2003-00010 22
Calificación consolidada 29.68
Puntaje anterior incluyendo el Nº 0136-2001 29.74
Este resultado y el análisis realizado da lugar a rechazar el cargo impetrado.
En lo atinente al punto 6 de violación al debido proceso, señala el actor que en el expediente administrativo no aparecen los documentos que presentó para resolver el recurso de reposición contra la Resolución PSAR-07-18 de 1º de febrero de 2008.
En la decisión del recurso de reposición visible en la Resolución PSAR 08-3 de 21 de enero de 2008(36) sobre este tópico se dice que: “... allegó algunos documentos tendientes a certificar la información estadística, los cuales no fueron tenidos en cuenta, por cuanto toda la información requerida para desatar el recurso respecto al factor eficiencia o rendimiento, fue recopilada en la inspección practicada al despacho judicial del recurrente el 14, 15 y 16 de julio de 2006, y además, se aprecia que algunos fueron allegados extemporáneamente, como es el caso de los tomos empastados (oficio 1049/2006, jul. 12) y otros respecto al factor calidad obran dentro del expediente”.
Sobre este aspecto el actor no expone en la demanda porque la inexistencia o la falta de análisis de estos documentos viola el debido proceso, sino que se limita de manera general a realizar esta afirmación no la detalla ni divide, y por el contrario la razón que expone el calificador es razonable, toda vez que explica que no tuvo en cuenta unos documentos porque se habían recopilado en la inspección judicial que le fue practicada dentro de este trámite y de otros porque fueron allegados extemporáneamente, por manera que el cargo es impróspero.
7. Al realizar la notificación personal de la calificación de servicios de 7 de diciembre de 2005 a través de comisionado, no se le dio a conocer el expediente administrativo que se formó con ocasión de su evaluación de servicios para ejercer el derecho de defensa en forma adecuada.
A folio 29 del cuaderno de pruebas # 2, se encuentra la notificación personal efectuada a Diocles Darío Peña Copete el día 27 de marzo de 2006 en donde se dejó constancia de la entrega de la copia auténtica de la calificación integral de servicios y los formularios de evaluación de los factores calidad y organización del trabajo.
Mediante oficio de 7 de abril de 2008(37) el demandante requirió al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que se le anexaran los actos preparatorios que hacían parte de su calificación de servicios.
El 17 de abril de 2008 con oficio CJOFI 08-835(38) se le adjuntó la documentación que sirvió de base para su calificación, en 268 folios.
Es evidente que no le fueron anexados los antecedentes administrativos de la calificación en el momento de la notificación, pero también lo es, que ante su solicitud le fueron entregados, lo que permitió que ejerciera su derecho a la defensa con el pleno conocimiento de los mismos, razón por la cual no se vulneró el debido proceso.
8. No se resolvió en debida forma la solicitud de revocatoria directa oficiosa que se hizo mediante escrito de 7 de abril de 2008.
En el expediente se encuentra que la solicitud de revocatoria directa fue resuelta en la Resolución de 21 de enero de 2008, en donde hace las siguientes precisiones:
— La vía gubernativa difiere de la revocatoria directa por cuanto la primera es la figura jurídica mediante la cual se permite a los particulares impugnar ante la propia administración los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas para que se aclare, modifique o revoque la decisión, para con ello agotar la vía gubernativa y acudir a la jurisdicción.
— Por su parte, la revocatoria directa es la facultad atribuida al funcionario que expidió el acto o a su superior inmediato para que de oficio o a solicitud de parte revoque un acto administrativo contrario a la constitución o la ley o las demás causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.
— De acuerdo a lo anterior se deduce que las figuras son excluyentes, por lo tanto al haber agotado el actor la vía gubernativa se torna improcedente el conocimiento de la revocatoria directa.
El análisis y la decisión de la Sala Administrativa sobre las dos figuras es la adecuada conforme a lo estipulado en los artículos 69 a 74 del Código Contencioso Administrativo, es decir, que al haberse tramitado los recursos de vía gubernativa no era procedente la revocatoria directa conforme a su solicitud por ser excluyente, razón por la cual el cargo no prospera.
9. Desviación de poder por falta de motivación: argumentó el demandante que no se motivó el Acuerdo 40 de 14 de mayo de 2008 y tampoco le permitió el agotamiento de la vía gubernativa a través de los recursos pertinentes que es obligatoria conforme al artículo 173 de la ley estatutaria de la justicia.
Revisado el Acuerdo 40 de 14 de mayo de 2008 que corresponde al acto demandado, se encuentra que contiene en la parte considerativa una motivación legal y una fáctica.
La primera referida al artículo 172 de la ley estatutaria, que hace relación a la evaluación de los funcionarios y el artículo 8º del Acuerdo 1392 de 2002, que prevé los efectos de la calificación insatisfactoria. De otro lado, se soportó en el numeral 4º de la Resolución PSAR08-3 de 21 de enero de 2008, acto que resolvió un recurso de reposición interpuesto por Diocles Dario Peña, el cual entre otras decisiones modificó la calificación por el factor de eficiencia o rendimiento para asignarle 10.89 puntos y 29.84 en el factor de calidad y mantuvo los otros puntajes para un total de 59 puntos por aproximación, determinada como insatisfactoria. En el numeral segundo, confirmó la exclusión del actor del escalafón de carrera judicial como magistrado de la Sala Seccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó.
También hace parte de la motivación del Acuerdo 40 de 2008, lo decido en Sesión 051 de 2008 en donde los Magistrados decidieron retirar del servicio al doctor Diocles Darío Peña Copete, en cumplimiento del último inciso del artículo 172 de la Ley 270 de 1996.
Todo lo anterior indica que el acto sí estuvo motivado. En efecto, la carga argumentativa de la decisión está plasmada en los actos de calificación, los recursos de reposición y en lo decidido en el Acta 051/08, una vez se anuncia que la calificación integral del doctor Diocles Darío Peña Copete es insatisfactoria y ha quedado en firme. La decisión adquirió firmeza el 4 de abril de 2008 dado que ese día se notificó la Resolución PASAR08-3, que resolvió el segundo recurso de reposición.
El artículo 172 del la Ley 270 de 1996 hace alusión al trámite de vía gubernativa frente a la calificación integral insatisfactoria de servicios y el 173 ídem, dispone que la exclusión de la carrera judicial de los funcionarios y empleados se produce por las causales genéricas de retiro del servicio y la evaluación no satisfactoria. El párrafo precisa que, el retiro de la carrera judicial lleva consigo el retiro del servicio(39). Dentro del marco expuesto puede concluirse, que el Acuerdo 40 es la decisión administrativa que finaliza la actuación, concreta la decisión y la hace ejecutable, por eso es de comuníquese y cúmplase.
Por otra parte, el demandante cuestiona también, que no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 173 de la ley estatutaria que obliga a que el acto motivado que ordena el retiro de la carrera judicial y por ende del servicio, sea susceptible de los recursos de la vía gubernativa.
El Acuerdo 40 de mayo de 14 de 2008, fue expedido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en su calidad de nominador conforme a numeral 6º del artículo 131 y 175 de la Ley 270 de 1996, de contera que le compete la expedición del acto administrativo de retiro del servicio derivado de la calificación insatisfactoria y de la consecuente exclusión de la carrera judicial, actuación que debe comunicar a la Sala Administrativa en virtud de lo previsto en el numeral 4º del artículo 175 ídem, para lo de su competencia.
Ahora bien, el cuestionado acuerdo en efecto no concedió la posibilidad de agotar la vía gubernativa habida cuenta que ordenó su comunicación y cumplimiento. Esta manifestación administrativa trae como consecuencia jurídica que el interesado pueda acudir directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa para controvertir la decisión sin acudir a los recursos gubernativos tal y como lo dispone el inciso 3º del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, sin que ello constituya una causal de nulidad, en consecuencia este cargo se desecha.
Sobre las observaciones hechas a la calificación del factor eficiencia y rendimiento, debe indicarse que el tantas veces mencionado Decreto 1392 de 2002, en el artículo 26 y siguientes regula que este factor se evaluará durante el período correspondiente a partir de la carga y el egreso efectivos.
El cuestionamiento del demandante se dirige a que se anexaron pruebas en relación con ese factor que no aparecen en el expediente, que con este mismo factor se evaluó “la falta de fotocopiadora” sin tener en cuenta la fuerza mayor alegada y que no se tuvieron en cuenta diferentes aspectos de la actividad judicial.
Revisado el expediente probatorio, encuentra la Sala que ante los argumentos impugnatorios del calificado, se dio aplicación al artículo 56 del Código Contenciodo Administrativo que permitía la práctica de pruebas por lo cual la Sala Administrativa decretó mediante auto de 24 de mayo de 2006(40) una inspección judicial al despacho que se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de junio de ese año(41), con el fin de establecer el inventario de procesos inicial, la carga y los egresos efectivos durante el lapso a calificar.
El resultado para calificar este ítem se consolidó en la Resolución PSAR07-18 de 1º de febrero de 2007, que arrojó un total de 108 egresos efectivos y una carga efectiva proporcional de 257, de ello se descontaron los asuntos que no solucionaban los definitivamente el conflicto, como los autos que decretaban las nulidades de las investigaciones disciplinarias, extinciones, formulación de pliegos de cargos, resoluciones de recursos contra el auto de pruebas, y tampoco fueron tenidos en cuenta otros documentos que estaban en tomos empastados porque fueron extemporáneos toda vez que se hicieron llegar con Oficio 1049 de 12 de julio del referido año y además de dejó claro como se dijo en otro acápite de esta providencia, que no eran indicadores idóneos de acuerdo a la reglamentación sobre este factor.
De otro lado se observa que se contabilizaron los días efectivamente laborados, es decir, se descontaron los permisos, su tiempo como capacitador y otras contingencias, de manera que no encuentra la Sala que haya violación del debido proceso, ni falsa motivación en la evaluación de este factor, por ende, el cargo será denegado.
Finalmente debe concluirse, que no se demostró que la administración haya actuado por motivos diferentes al buen servicio, o con motivos ocultos o furtivos, las razones de sus decisiones quedaron expresas en los diferentes actos y pudieron ser controvertidos por el calificado, de hecho se observa que fue una causa abierta para el ex funcionario como debe ser por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
CONFÍRMESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 29 de octubre de 2009 por medio de la cual se declaró inhibida para conocer de la pretensión de calificación insatisfactoria contenida en el acto de 7 de diciembre de 2005 y las resoluciones PSAR07-18 de 1º de febrero de 2007 y PSAR08-03 de 21 de enero de 2008 que resolvieron los recursos de reposición; y negó las súplicas de la demanda instauradas por el señor Diocles Darío Peña Copete contra La Nación, rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura.
(18) Notificado el 27 de marzo de 2006.
(19) Notificada el 23 de marzo de 2007 (fl. 49).
(20) Notificada el 4 de abril de 2008.
(21) Comunicado mediante oficio de 19 de mayo de 2008, folio 70.
(22) En cumplimiento de la sentencia de 4 de junio de 1998, proferida por el Consejo de Estado donde ordena inscribir en carrera judicial al señor Diocles Darío Peña Copete en el cargo de Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Departamento del Chocó, con retroactividad al 12 de julio de 1996, fecha en la que hizo la solicitud correspondiente.
(23) Notificado por oficio de 21 de diciembre de 1998, folio 74.
(24) Todos los folios en el cuaderno 1.
(25) Esta calificación ha sido sostenido reiteradamente por la jurisprudencia de la Sección Segunda. Al respecto consultar entre otras, Radicación 14543. Actor: Carlos Alberto Mendoza Guerra. Demandado: Departamento del Cesar. M.P. Alberto Arango Mantilla.
(26) Artículo 5º numeral 4º: “Coordinar con las demás dependencias de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el diseño y aplicación de los procesos de evaluación y suministrar a la Sala los resultados finales de la misma”.
Numeral 6 ídem: “Asesorar y apoyar la coordinación y el desarrollo de las actividades tendientes a realizar la evaluación integral de los servidores de la rama judicial...”.
(27) Artículo 18 Acuerdo 1392 de 2002.
(28) Resolución PSAR07-18 de 1º de febrero de 2007.
(29) Fl. 49 anexo 1.
(30) Fl. 348 anexo # 4.
(31) Artículo 7º Ley 270 de 1996.
(32) Artículo 169 ídem.
(33) En el oficio citado la Secretaria General del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó le informó al Director de la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial que en el radicado 2000-0009201, se profirió sentencia de primera instancia el 23 de septiembre de 2004 y el Superior el 18 de mayo de 2005 en donde decreta la terminación y archivo. Respecto del radicado 2001-000136, se profirió sentencia de primera instancia el 12 del 20 de agosto de 2003, la cual fue nulitada en segunda instancia el 12 de mayo 2004 y nuevamente proferida en primera instancia el 21 de febrero de 2005. (fl. 123 del anexo 1).
(34) Fl. 232 cuaderno de pruebas 3.
(35) Fl. 234 del cuaderno de pruebas 3.
(36) Fl. 65 cuaderno de pruebas # 2.
(37) Folio 78 cuaderno de pruebas # 2.
(38) Fl. 85 del cuaderno de pruebas # 2.
(39) La Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996 declaró exequible ese artículo y advirtió que era lógico pensar que el retiro de la carrera judicial implica el retiro del servicio, siempre y cuando se garantice con un debido proceso el derecho de defensa.
(40) Fl. 132-134 del cuaderno anexo 1.
(41) Fls. 72- 73 del cuaderno anexo 1.