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Timestamp: 2018-11-21 16:43:46
Document Index: 320410603

Matched Legal Cases: ['artículo 180', 'artículo 267', 'artículo 29', 'artículo 357', 'artículo 180', 'artículo 29', 'artículo 267', 'artículo 29', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 348', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 180', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 180', 'artículo 267', 'artículo 180', 'artículo 27', 'artículo 5']

﻿ Auto 33994 de marzo 25 de 2009
AUTO 33994 DE 25 DE MARZO DE 2009
CONTENIDO:RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA DECISIÓN INTERLOCUTORIA. NO PROCEDE CONTRA LOS AUTOS DICTADOS POR LAS SALAS DEL CONSEJO DE ESTADO, CUANDO A TRAVÉS DE ÉSTOS SE RESUELVE LA APELACIÓN RESPECTO DE PROVIDENCIAS QUE APRUEBAN O IMPRUEBAN CONCILIACIONES JUDICIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONCILIACIÓN JUDICIAL, APELACIÓN DEL AUTO INTERLOCUTORIO, TRÁMITE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
Auto 33994 de marzo 25 de 2009
Ref.: 180012331000200400005 02 (33.994)
Actor: Héctor Echeverry Correa y otra
Bogotá, D.C., marzo veinticinco de dos mil nueve.
Procede la Sala a rechazar, por improcedente, el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 13 de diciembre de 2007, por medio del cual la Sección Tercera de esta corporación resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el día 7 de marzo de 2007.
1. Mediante escrito presentado el 12 de diciembre de 2003, el señor Héctor Echeverry Correa y la señora Emma Lara de Martínez, actuando a través de apoderado judicial, formularon acción de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se le declare administrativamente responsable de los perjuicios causados por la ocupación, de manera permanente, del Aeropuerto Oliverio Lara Borrero del cual los actores dicen ser propietarios del 25% y de la carretera Pajaco-Puerto Lara, servidumbre legal de tránsito del referido aeropuerto.
2. Mediante auto de marzo 7 de 2007, el tribunal a quo aprobó una conciliación judicial celebrada entre las partes; contra esa decisión el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por esta sección del Consejo de Estado a través de auto de diciembre 13 de 2007, en el sentido de revocar el auto impugnado y, en consecuencia, improbar la acuerdo conciliatorio celebrado por las partes en primera instancia (fls. 254 a 266, cdno. ppal.). La anterior decisión fue notificada el 22 de abril de 2008 (fl. 266, vto. cdno. ppal.).
3. Contra la providencia dictada por la Sala, la parte actora interpuso recurso de reposición el día 25 de abril de 2008 (fls. 270 a 276, cdno. ppal.).
4. Mediante auto de enero 19 de 2009, la magistrada ponente dispuso la remisión del expediente al magistrado que ahora elabora la presente providencia, toda vez que el proyecto de auto por ella elaborado no obtuvo la mayoría de votos exigida en el ordenamiento jurídico para su aprobación (fl. 279, cdno. ppal.).
Se procede entonces, mediante la presente decisión y en atención al criterio mayoritario de la Sala, a rechazar el recurso de reposición interpuesto por los actores contra el auto por medio del cual se resolvió el recurso de apelación formulado contra el auto que aprobó la conciliación judicial en primera instancia.
En relación con el recurso de reposición, el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, dispone:
“El recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicta el ponente y contra los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, o por los tribunales, o por el juez, cuando no sean susceptibles de apelación.
Si bien el Código Contencioso Administrativo previó el recurso de reposición frente a los autos interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, dicho estatuto no estableció la procedencia en relación con la materia que resuelven, motivo por el cual en atención al criterio según el cual los recursos se consagran tanto en virtud de la clase de providencia, de su naturaleza, del juez que la dicte, de la instancia del proceso como de la materia de la decisión, la Sala rechazará el presente recurso.
En este sentido la Sala, de manera reiterada, ha señalado (1) :
“En efecto, los recursos están consagrados legalmente en consideración a:
La materia de la providencia: niegue la apelación, rechace la demanda, decide la reposición, resuelve la solicitud de nulidad, resuelve sobre la liquidación de la condena, etc.
Tratándose del recurso de reposición el Código Contencioso Administrativo se limitó a regularlo en consideración a la clase de providencia: auto; a la naturaleza y autoría del auto: trámite de ponente, interlocutorio de Sala; la instancia del proceso: dictado por el tribunal o juez cuando no sea susceptible de apelación. Y no reguló lo relativo a la procedencia del recurso por la materia de la providencia”.
En atención a que el Código Contencioso Administrativo no estableció la procedencia del recurso de reposición frente a los autos dictados por las salas del Consejo de Estado, cuando a través de estos se resuelva la apelación respecto de providencias que aprueban o imprueban conciliaciones judiciales, es decir en razón a la materia de los mismos, considera la Sala que al presente caso le resulta aplicable aquello que para esta clase de situaciones y asuntos regula el Código de Procedimiento Civil, en virtud de la remisión expresa consagrada en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.
Al respecto la Sala, en auto de fecha 16 de junio de 2005, Expediente 17091, indicó:
“Con fundamento en todo lo anterior la Sala concluye que lo regulado en el Código de Procedimiento Civil respecto de la improcedencia de la reposición de autos que resuelven la apelación o queja es aplicable al proceso contencioso administrativo porque:
— Se trata de una norma que regula la improcedencia de los recursos con fundamento en la materia de estos, lo que constituye un aspecto especial y concreto respecto del cual guarda silencio el Código Contencioso Administrativo.
— No atenta contra el derecho de defensa porque la parte tuvo oportunidad de exponer al juez ad quem los fundamentos de su impugnación o las razones de la defensa de la decisión recurrida y, con ello, consumó esa facultad”.
De este modo, el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil prevé la improcedencia de todo recurso respecto de los autos dictados por las salas de decisión “que decidan la apelación o queja, o una acumulación de procesos, o un conflicto de competencias”, de tal manera que si bien dicha norma no alude expresamente al auto que aprueba conciliaciones judiciales, sí excluyó, por la materia, el recurso de reposición y todos los demás, respecto de los autos proferidos por las salas que decidan la apelación o la queja, en los cuales quedan claramente comprendidos los que decidan sobre la procedencia, o no, de librar mandamiento ejecutivo por una suma líquida de dinero.
De otro lado, el inciso segundo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, restringe la competencia del superior al trámite y decisión de los recursos de apelación frente a los autos dictados en primera instancia, por manera que no le está dada la facultad al ad quem para ocuparse de conocer y decidir sobre aspectos distintos a los señalados en dicha norma, entre los cuales queda incluido el estudio y resolución de recursos distintos al de apelación, como es el caso del recurso de reposición, el cual sería interpuesto posteriormente frente a la providencia que previamente ha decidido, precisamente, los únicos recursos de los cuales el superior puede ocuparse, es decir el de apelación y el de queja.
En tal medida, la reposición del auto que resuelve la apelación atenta contra los límites impuestos al juez de segunda instancia, pues cabe recordar que el juez competente para adelantar el proceso es, en principio, el juez de primera instancia; el juez de segunda instancia únicamente está facultado para resolver la alzada, a cuyo efecto solo puede pronunciarse respecto de la materia apelada, razón por la cual se excluye la posibilidad de que, una vez resuelta la segunda instancia, la parte inconforme con la decisión provoque nuevas decisiones por virtud de un recurso de reposición.
En relación con este mismo aspecto, tanto las demás secciones como la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, han señalado:
— Sección Primera:
“Frente a la providencia que resuelve un recurso de apelación no procede ningún recurso ordinario, pues ello equivaldría a reconocer una cadena indefinida de recursos. Si bien el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo al tratar lo referente al recurso de reposición determina que es procedente contra los autos interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, ello debe predicarse de aquellas providencias que se dictan en única instancia, pues frente a los de primera solo es procedente “cuando no sean susceptibles de apelación”, debido a que de esta manera se garantiza el derecho de los administrados a impugnar las decisiones judiciales y, obviamente, a que el juez haga un reestudio de ellas” (2) .
En este mismo sentido, esta sección ha dicho:
De tal manera que el recurso interpuesto a la luz del precepto antes mencionado resulta a todas luces improcedente, y así habrá de declararse en la parte resolutiva de esta providencia” (3) .
— Sección Segunda:
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, contra el auto que decide la apelación “no procede recurso alguno”. Por lo tanto el recurso interpuesto habrá de rechazarse” (4) .
Así mismo, esa sección señaló:
“Cabe mencionar que aunque en algunos procesos similares se admitió el recurso de reposición, un estudio más detenido de las normas de procedimiento llevan a la Sala a una decisión distinta, rectificando así su anterior jurisprudencia” (5) .
— Sección Cuarta:
“No obstante que la providencia recurrida fue proferida por la Sala y es de naturaleza interlocutoria, contra la misma no procede ningún recurso, pues mediante ella se resolvió un recurso de apelación en el cual tuvo la oportunidad la parte actora de controvertir la decisión de primera instancia, garantizándose de esta forma el debido proceso y el derecho de defensa” (6) .
— Sección Quinta:
“Pero la procedencia de ese recurso respecto de los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado solo resulta aplicable respecto de aquellos que se dicten dentro de procesos asignados a su conocimiento en única instancia” (7) .
Del mismo modo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación, ha considerado:
“La Sala procederá a rechazar por improcedente dicho recurso de reposición, toda vez que se interpone contra una decisión que pone fin al incidente a que dio origen el recurso de queja formulado por el actor contra providencias por medio de las cuales la Sección Quinta del Consejo de Estado denegó la procedencia de otros recursos. El Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso por la remisión que hace el de lo contencioso administrativo, con el fin de evitar la cadena de recursos sobre recursos, establece en su artículo 29 que contra los autos que decidan la apelación o queja no procede recurso alguno” (8) .
Con base en las consideraciones que se han dejado expuestas y los antecedentes jurisprudenciales que además les sirven de sustento, la Sala rechazará, por improcedente, el recurso de reposición interpuesto contra el auto proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 13 de diciembre de 2007, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el auto proferido el 7 de marzo de ese mismo año, a través del cual el Tribunal Administrativo del Caquetá aprobó la conciliación judicial celebrado entre las partes.
RECHAZAR, por improcedente, el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por esta sección del Consejo de Estado, 13 de diciembre de 2007.
Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra—Ruth Stella Correa Palacio, con salvamento de voto—Mauricio Fajardo Gomez—Enrique Gil Botero—Myriam Guerrero de Escobar.
(1) Autos de agosto 17 de 2006, Expediente 24475; de 19 de julio de 2007, Expediente 30.005; de marzo 28 de 2007, Expediente 28.241; de septiembre 4 de 2008, Expediente 33.879.
(2) Auto proferido el 11 de abril de 1991, Expediente 1660; actor: José Manjares Fontalvo.
(3) Auto proferido el 25 de septiembre de 1997; Expediente 4620, actor: Patricia Manotas.
(4) Auto proferido el 10 de septiembre de 1998, Expediente 1033 de 1998; actor: Jaime Alfonso.
(5) Martínez Riaño. Providencia reiterada en los autos de la sección, de fechas 10 de agosto de 2000; Expediente 1931-99; 14 de septiembre de 2000; Expediente 505-99; 24 de mayo de 2002; Expediente 3167-2000.
(6) Auto proferido el 3 de julio de 2003, Expediente 13352; actor: Corstorphine Ltda.
(7) Auto del 26 de abril de 2001, Expediente 285; actor: Alberto Rivera.
(8) Auto del 12 de septiembre de 1995; Expediente Q 024; actor: Ricardo Agudelo Sedano.
Con todo el respeto y consideración que me merece la Sala, me aparto de la decisión contenida en auto de 25 de marzo de 2009, a través del cual se rechazó por improcedente el recurso de reposición propuesto por la demandante en contra del auto de 13 de diciembre de 2007 proferido por esta misma Sala para decidir el recurso de apelación contra la providencia de 7 de marzo de 2007, del Tribunal Administrativo del Caquetá.
Mi discrepancia con la decisión de la que me separo estriba en el hecho de que entiendo la procedencia del recurso de reposición contra cualquier decisión interlocutoria proferida por las salas, secciones o subsecciones del Consejo de Estado.
La interpretación que se hace en la decisión de la que me separo sobre la improcedencia del recurso de reposición contra las providencias a través de los cuales se deciden las apelaciones de autos, restringe la procedencia de la reposición solo a los autos proferidos por el Consejo de Estado en “única instancia”, cuando la norma no tiene esa limitante y el intérprete no puede crearla (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus).
Concluyo del contenido del artículo 180 del Código Contencioso Administrativo (modificado por L. 446/98, art. 57) que regula íntegramente, con claridad y precisión meridianas, el tema de la procedencia del recurso de reposición en el proceso contencioso administrativo, en los siguientes términos:
“En cuanto a la oportunidad y trámite se aplicarán los artículos 348, incisos 2º y 3º del 349 del Código de Procedimiento Civil”.
Que de esta norma se deduce la procedencia del recurso de reposición, contra las siguientes providencias:
1. Aquellas proferidas por los tribunales, en única instancia, y frente a las siguientes decisiones:
1.1. Las de mero trámite que dicta el ponente.
1.2. Las interlocutorias dictadas por las secciones de los tribunales, o por los tribunales en pleno cuando no están divididos.
2. Aquellas proferidas por los tribunales en primera instancia, y frente a las siguientes decisiones:
2.1. Las de mero trámite proferidas por el ponente.
2.2. Las interlocutorias dictadas por las secciones o por los tribunales, cuando no sean susceptibles de apelación.
3. Aquellas proferidas por el Consejo de Estado en única instancia, frente a las siguientes decisiones:
3.1. Las de mero trámite proferidas por el ponente.
3.2. Las interlocutorias proferidas por las salas del Consejo de Estado.
4. Aquellas proferidas por el Consejo de Estado en segunda instancia, frente a las siguientes decisiones:
4.1. Las de mero trámite proferidas por el ponente.
4.2. Las interlocutorias proferidas por las salas del Consejo de Estado.
En consonancia con lo anterior encuentro que dentro de las providencias proferidas por el Consejo de Estado y que son pasibles de este recurso, se encuentran tanto aquellas proferidas en única instancia por las secciones del Consejo de Estado (que integran las salas), como aquellas proferidas por esas mismas secciones en segunda instancia, al desatar los recursos de apelación contra autos proferidos por los tribunales.
La conclusión anterior surge del contenido del artículo 180 del Código Contencioso Administrativo que no circunscribe a los juicios de única instancia adelantados en el Consejo de Estado, la procedencia del recurso de reposición contra los autos interlocutorios proferidos por sus salas.
Por otra parte no encuentro aplicable al proceso contencioso administrativo el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, modificado 168 del Decreto 2282 de 1989, que reitera lo establecido por el artículo 29 eiusdem para excluir en el estatuto procesal civil, el recurso de reposición contra los autos proferidos por las salas “que decidan la apelación o queja” en los siguientes términos:
“El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto, excepto cuando este se haya dictado en una audiencia o diligencia, caso en el cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto.
“El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.
“Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación para los efectos de los artículos 309 y 311, dentro del término de su ejecutoria”.
Y no es aplicable porque cuando el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo remite al Código de Procedimiento Civil, solo lo hace en relación con lo aspectos de “oportunidad y trámite”, como que la remisión es expresamente a los incisos 2º y 3º del artículo 348, o lo que es igual, no lo hace respecto del último inciso de ese artículo que expresamente impide la reposición contra los autos que dicten las salas de decisión.
Basta, pues, atenerse a lo ordenado en las dos normas transcritas, para advertir inmediatamente que existe un manejo legal diferente del tema en la normativa procesal civil, de aquel que le ha dado el Código Contencioso Administrativo. En efecto, mientras en la codificación procesal civil la reposición solo procede contra los autos de ponente, en el Código Contencioso Administrativo además de este evento, procede también contra todos los interlocutorios proferidos por las salas del Consejo de Estado, sin distinción alguna.
Para abundar en razones cabe precisar que el artículo 348 de la normatividad procesal civil citada, no es aplicable en su integridad al proceso que se adelanta ante la jurisdicción contencioso administrativa, habida cuenta de que el tema de la procedencia del recurso de reposición está íntegramente regulado por el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, sin que se esté en presencia de vacío que justifique la remisión al Código de Procedimiento Civil.
De manera que si la regulación del recurso de reposición en cuanto a su procedencia está integramente agotada en el Código Contencioso Administrativo, no resulta viable acudir a la remisión establecida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo que dispone que en los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.
Y no podrá argumentarse razones de pérdida de competencia, que sirven de fundamento a las reglas contenidas en los artículos 29 y 348 del estatuto procesal civil, cuando la norma especial del artículo 180 del Código Contencioso Administrativo permite la procedencia del recurso sin las limitaciones del Código de Procedimiento Civil. No se olvide que de conformidad con las reglas de interpretación del derecho colombiano consignadas en el capítulo IV del título preliminar del Código Civil (1) , en particular el elemento gramatical previsto en el artículo 27 del Código Civil, cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu (2) . En estos casos, como lo advirtió recientemente la Sala, la relación del juez con la norma es tan solo de cumplimiento, de modo que él carece de la discrecionalidad propia del proceso interpretativo: le está vedado sustituir un mandato categórico por su apreciación subjetiva (3) . En una palabra, frente a la claridad de un texto legal de referencia la relación del juez con el mismo es tan solo de cumplimiento, o si se quiere de aplicación, en cuyo caso el juez no está autorizado legalmente para desobedecer su mandato (4) . Adicionalmente, según una regla universal, recogida por nuestro ordenamiento en el artículo 5º de la Ley 57 de 1887, las leyes especiales prevalecen sobre las generales (lex specialis derogat generalis).
(1) Que adopta los criterios tradicionales de Savigny (gramatical, lógico, histórico y sistemático).
(2) Alessandri Rodríguez a este respecto señala: “el pensamiento se exterioriza con palabras; si aquel se hace visible claramente en estas, debe estarse al tenor literal de la ley. Lo contrario equivaldría a suponer que el legislador no sabe manifestar sus ideas, que es incapaz de escoger las palabras reveladoras de su pensamiento; en resumen, que no sabe expresarse. Y esto es inconcebible en quien hace leyes” (Alessandri Rodríguez, Arturo y Somarriva Undurraga, Manuel, Curso de derecho civil, 3ª ed., vol. 1, t. 1, Santiago, Ed. Nascimento, 1961, pág. 137).
(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de noviembre de 2004, Expediente 25560.
(4) Hernández Marín, Rafael. Interpretación, subsunción y aplicación del derecho, Marcial Pons, Madrid, 1999, pág. 238 y siguientes.