Source: http://autoridadcontrapoder.blogspot.com/2008/05/
Timestamp: 2018-03-22 00:31:36
Document Index: 200441837

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 80', 'artículo 6', 'artículo 87', 'artículo 128', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 6', 'artículo 27', 'artículo 105', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 39', 'artículo 41', 'artículo 40', 'artículo 115', 'artículo 39', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 39', 'artículo 39', 'Artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 15', 'e contrario', 'artículo 26', 'artículo 26']

Autoridad contra Poder: mayo 2008
Rompiendo el hilo por lo más delgado se nos dijo que “ La mitología nacionalista nos impide hablar del petróleo y de Pemex como lo que son: una materia prima y una empresa - en realidad- un organismo descentralizado”(1).Se nos instó además "a pensar esta reforma libremente sin supuestas ataduras constitucionales que en realidad no atan a nadie” . (2)
Palabras acordes para quien insiste en abordar los problemas de nuestro país como una novela con hechos contados a modo. En este tenor manejarse con un criterio utilitarista siempre será muy cómodo ; al final nunca existe el compromiso con nada ni con nadie. Si la constitución es un texto que compendia mitos nacionales lo es en todo y no cada una de sus partes de manera aislada , entonces el andamiaje institucional por el que tantas veces se han rasgado las vestiduras al exigir respeto a su integridad , sería parte de ésta historia maravillosa o narración ficticia que consigna en sus paginas nuestra carta magna.
- Qué bueno- que se habló sin tapujos , ahora sabemos que el régimen de Estado y de Gobierno , la soberanía , las garantías a la libre expresión y asociación , la calidad de ciudadano mexicano y sus prerrogativas, la organización económica , los derechos laborales , las garantías procesales y la división de poderes son mitos que nos cohesionan , pues la titularidad y el manejo exclusivo del petróleo forma parte de las asignaturas reguladas por la constitución mexicana y de ninguna forma sería un tema que pudiera abstraerse del conjunto.
Entiendo ahora en qué se funda la reticencia a una consulta ciudadana . La consulta en los términos del artículo 26 nuestra constitución es un mecanismo de participación de varios sectores sociales que recoge sus aspiraciones y demandas. Enrique Sánchez Bringas decía que una de las seis condiciones de la democracia era la autoridad legítima y vigorosa “ La democracia es la antítesis de la autarquia y de la anarquía , todo régimen democrático supone la presencia de vigorosos órganos de poder público y que sus titulares dispongan de capacidad ética que les imponga el respeto a las instituciones constitucionales “ (3) . Otro mito más en la lista.
(1) AGUILAR CAMÍN, Héctor,ponencia , “Los principios que deberían regir la Reforma Energética” , 15 de mayo de 2008
(3) SÁNCHEZ BRINGAS , Enrique , Derecho Constitucional, 5ª edición , Porrúa ,México , 2000 , pag 349.
ECOS DE XICOTÉNCATL 9
¿ Quién en su sano juicio les creería a los senadores del revolucionario institucional Francisco Labastida , Manlio Fabio Beltrónes y al panista Santiago Creel que los debates sobre la reforma energética ya estaban planeados tan pronto se presentara ésta al congreso ?
¿ Acaso ya se les olvidó a los priístas que fueron ellos los que apuraron al ejecutivo federal para envirar su iniciativa a los legisladores , so pretexto de la tensión política que se estaba generando al dilatar su presentación ?
Hago estas preguntas retóricas porque resulta ofensivo que ahora un grupo de senadores (entre ellos los mencionados ) al percatarse de las opiniones tan encontradas entre los expertos que han acudido al edificio de Xicoténcatl número 9 a dar su punto de vista entorno al proyecto privatizador calderonista , digan que los foros de debate eran parte de la agenda legislativa para la discusión del tema petrolero .
Era bastante claro que al apremiar al ejecutivo para enviar la reforma energética al congreso , lo que se buscaba era dar celeridad a su aprobación y evitar así que los movimientos políticos y ciudadanos que defienden la titularidad del Estado sobre la industria petrolera tuvieran tiempo para organizarse y realizar acciones para detener su curso. Sólo es cuestión de revisar las declaraciones a la prensa de diversos legisladores que daban por hecho que la reforma petrolera saldría para el segundo periodo ordinario de sesiones del año dos de la LX Legislatura , presunción que resultó admitir prueba en contrario . Los debates vinieron a frenar su propósito y ahora dicen con hipocresía que todo estaba fríamente calculado. La necesidad de discutir el tema a profundidad el tiempo que fuera necesario era una prioridad para el Frente Amplio Progresista (FAP) impulsada también por el Gobierno Legítimo
No voy a caer en el terreno de la ingenuidad pensando que el solo hecho debatir va a detener al Gobierno Federal en su intención de abrir al capital privado extranjero y nacional la petroquímica básica de México , yo soy de los que afirman que una iniciativa de este tipo con tanta trascendencia y en donde están en juego los intereses de los principales grupos de poder del país , no hubiese sido presentada sin la existencia de un acuerdo previo para su aprobación . Ojalá me equivoque.
Hay que decir que el asunto ya se complicó y bastante . Los especialistas en derecho que han acudido al senado a exponer sus argumentos señalando las contravenciones a la constitución que contienen las iniciativas del poder ejecutivo en la materia que se discute en este momento , se han basado en elementos objetivos y estos no son otros que los propios de cualquier norma jurídica : su obligatoriedad , impersonalidad y abstracción también aplicables al texto constitucional ; en ello no hay cabida al matiz político.
En el tercero y cuarto foro de entre las voces que se han pronunciado a favor de las reformas hay algunas que curándose en salud han dicho que es necesario rectificar y hacer algunas modificaciones al proyecto pues podrían dar origen a problemas sobre su interpretación al ser consideras inconstitucionales , otros más prefirieron llamarlas de manera eufemística perfectibles .
¿ Qué va a suceder entonces , si aún advirtiendo a los legisladores sobre las violaciones a la norma suprema de nuestro país contenidas en la reforma energética de Felipe Calderón se insiste en aprobarlas? .
O todavía peor ¿ Cual será el resultado de estas iniciativas , si por sacarlas a delante a cualquier precio deciden enmendarlas , parchando , quitando y poniendo ?
Si estuviéramos hablando en términos culinarios aquello resultaría un bodrio.
4to FORO DE DEBATE ( PRIMERA PARTE)
El Cuarto Foro de debate “Análisis Constitucional de la Iniciativa de Reforma Energética” se celebró el pasado jueves 22 de mayo y por segunda ocasión los invitados a exponer y a debatir fueron juristas . Asistieron como ponentes a la sesión los Doctores : Raúl Carrancá y Rivas , Miguel Carbonel, Sergio García Ramírez, Luis Javier Garrido , Sergio López Ayllón, José Elías Romero Apis , José Roldán Xopa y el Licenciado Fauzi Hamdan .
Es uso y costumbre dentro de la práctica de los debates en general : el establecimiento de los tiempos en el uso de la palabra, la determinación de el número de réplicas que se efectuarán , y en ocasiones el conocimiento por antelación de la posición que guardan los participantes respecto al tema a debatir , es decir , a favor o en contra. A título particular debo expresar que me causó sorpresa la intervención del Doctor Sergio García Ramírez , pues al margen de su trayectoria académica y de investigación la cual no podría ser objeto de discusión alguna , él siempre ha guardado cierta relación con el poder. Fue en los tiempos en los que el Partido Revolucionario Institucional tenía el control sobre los tres poderes de la unión cuando el Doctor tuvo su participación más activa. En circunstancia similar se encuentra el Doctor José Elías Romero Apis .
Por eso hubiera pensado que la exposición del Doctor García Ramírez se apegaría más a la postura que han asumido los legisladores priístas en el tema energético y no como resultó , advirtiendo la inconstitucionalidad de las reformas presentadas por FCH.
Considero interesante transcribir algunos de los argumentos que el Doctor Sergio García Ramírez utilizó para dejar en claro ante la presencia de académicos , senadores y diputados que el proyecto privatizador de PEMEX que propone modificaciones a la legislación secundaria contraria el espíritu e intención nuestra Constitución Política . Si se desea consultar la versión estenográfica completa del cuarto debate ésta pude ser consultada el siguiente enlace : CUARTO FORO EN EL SENADO
La deliberación debe ilustrar con objetividad. Por eso conviene abandonar la idea de que no existe otra ruta que la marcada en los proyectos y que fuera de ella está el abismo, y no podemos afirmar que con esta reforma el estado será capaz, como dice la exposición de motivos sobre la Ley Reglamentaria, de garantizar el acceso a todos los mexicanos, a la salud y la educación, la seguridad, el combate a la pobreza y el apoyo a los proyectos sociales, construir la infraestructura que el país requiere y revertir el deterioro del ambiente. Si creyéramos en esa oferta milagrosa, habría que aprobar ahora mismo la reforma y lo demás se nos daría por añadidura.
El texto vigente de la Constitución no es una escritura infranqueable, pero no podemos revisar las decisiones constitucionales en otros peldaños del orden normativo.
La constitucionalidad de una ley secundaria interesa a la Suprema Corte. Pero también al Poder Legislativo y a más de cien millones de mexicanos que confiamos en la supremacía constitucional y estamos legitimados para opinar y requerir.
Hoy no se plantea una Reforma Constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. El impulso que hoy alienta ciertas alteraciones en la legislación secundaria pudiera ser el anuncio de otros mayores. Se dice en ambos lados de todas las fronteras de la República: las territoriales y las otras.
La interpretación de la Ley suprema se sujeta a al análisis histórico que recoge la actividad variable de los factores económicos, sociales y políticos; este método es llave maestra en materia de interpretación, ha escrito Tena Ramírez. ¿Sería posible trazar una línea infranqueable entre interpretación jurídica y selección política, cuando queremos interpretar jurídicamente una Constitución Política? ¿Cómo hacer interpretaciones constitucionales sin incurrir en opciones políticas, si la Constitución es política codificada y programa político?
En el dictamen sobre el artículo 27 presentado al Constituyente de 17 apareció la reserva, en favor de la nación, del petróleo o cualquier otro carburo de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso. Fue el origen del texto adoptado. Hecha la expropiación, el Presidente Cárdenas sugirió al Congreso una reforma que precaviera, dijo él, frente a problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país. Que sea el Estado, agregó, el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera. Se anunciaba el desarrollo natural del impulso puesto en 1917: ni contradicción ni rectificación.
El tema del petróleo volvió en 1959. El Constituyente fijó el alcance de las facultades y restricciones que entraña la decisión política fundamental en el régimen del petróleo. Tampoco hubo contradicción o rectificación; sólo movimiento natural y consecuente.
La Cámara de Diputados puso en blanco y negro el sentido genuino del artículo 27: “Debe asentarse de una vez que sólo la nación podrá llevar a cabo la explotación, en los términos que señale la Ley Reglamentaria”. Esta alude a la forma en que la nación explotará esos productos, no al propósito de que la transfiera. En nombre de los dictaminadores, el diputado Enrique Sada, miembro de la comisión afirmó: “La Comisión no aceptará jamás que se abra la puerta, para que cuando se hable del petróleo nacional, se pueda dejar a la discusión del poder público la celebración de contratos”.
La Reforma de 83 acogió definiciones sobre el quehacer del Estado y el sentido del desarrollo nacional. El Congreso contribuyó al itinerario constitucional. Cambió el texto a fin de señalar claramente que el gobierno federal mantendrá siempre la propiedad y el control sobre los organismos con que cuenta para atender las áreas estratégicas de la economía.
El repaso histórico acredita que las normas supremas han puesto en manos de la nación, a través del Estado, la explotación del petróleo. Explotación del petróleo es aprovechamiento integral de la industria. La Constitución no introdujo salvedades.
Si una ley secundaria corrige la ley suprema quedaría en riesgo todo el orden constitucional reconsiderado por quien lo reglamenta, que podría vaciar las fórmulas constitucionales. Bastaría con tener el control de la oportunidad, una mayoría simple podría dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes.
En rigor, lo que se privatiza es una porción del área estratégica, mencionado en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional. Es la secuencia del proceso de reducción que ha sufrido el Estado. Aquello es indudable, tanto si nos atenemos al hecho de que el Estado deja de ejercer ciertas funciones, como si reinterpretamos el precepto constitucional y reelaboramos sus consecuencias para reducir el alcance de la exclusividad estatal a modo para el siglo XXI.
Privatizar es extraer de la competencia exclusiva del Estado, los bienes, las funciones o las “decisiones” de la industria del petróleo.
Si PEMEX es pilar de la nación conviene que esta retenga con racionalidad el control de su pilar. El proyecto remite a la propia empresa poderes que la desembarazarían de trámites prolijos he imprimirían un paso ligero a la gestión.
Muchas cosas han cambiado en la vida del país, enhorabuena, otras no debieran cambiar, no debiera modificarse la voluntad de sortear el imperio de las circunstancias y dejar a salvo la continuidad en el ejercicio de nuestras decisiones soberanas.
Hay muestras formidables de esta determinación. Recordaré una, que viene a la mente cuanto se examinan temas de esta naturaleza: “Un ilustre mexicano advirtió en una hora infinitamente más oscura que esta, que no se debía tomar ninguna decisión que privara a las generaciones futras de la posibilidad de reivindicar su derecho”. Si erramos al abrir una puerta, una puerta don Raúl, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizás no podremos cerrarla mañana, y no se trata solamente de una puerta para la inversión en cierta actividad industrial, por eso me parece válido, y de ninguna manera sentimental o retórico mencionar aquí la advertencia a la que me acabo de referir, expresada en Chihuahua el 26 de enero de 1865, mientras su autor recorría con la República a cuestas algo peor que el desierto, no estaba perdiendo el tiempo.
Ha transcurrido un siglo y medio desde entonces y quizás ha flaqueado la memoria, pero no ha variado la necesidad de imaginar alternativas que dejen a salvo el derecho de los mexicanos.
DOCTOR RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS:
Señores senadores, señores diputados; estimable público.
Asisto al Senado de la República como profesor universitario, como jurista, como abogado. En estas condiciones mi guía es mi verdad y mi escudo creo que es la razón. El asunto que nos ocupa, desde mi punto de vista como jurista y como ciudadano, como universitario, creo que es prioritaria y fundamentalmente de derecho, es un asunto donde la constitucionalidad está de por medio.
Al margen de la bondad, generosidad, aspecto positivo que puedan tener en opinión de algunos las iniciativas enviadas por el Presidente de la República, hay que atender fundamentalmente al hecho de si son viables y posibles dentro del entorno y contorno constitucional que rige a la República. En este sentido, pues me permito presentarles el símil de una puerta. Quiero abrir una puerta para entrar en un determinado espacio, tal vez esté convencido de que debo abrirla, convencido honestamente y tal vez con razones muy sólidas; pero la pregunta fundamental es si puedo abrir esa puerta y si hay una prohibición expresa de abrirla no podría yo abrirla; y la segunda pregunta es si a pesar de la prohibición debo abrirla, tengo que abrirla, independientemente de mi voluntad de abrirla.
El símil me parece ilustrativo porque hay un artículo que es el 27 de la Constitución que en su párrafo sexto dice que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevar a cabo la explotación de sus productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva.
El Presidente de la República ha enviado diversas iniciativas, una de ellas concerniente a la ley reglamentaria, a una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Y yo sostengo, como abogado, como jurista, que el artículo sexto de esta Ley Reglamentaria viola flagrantemente la Constitución y, por ende, es anticonstitucional.
Dice en lo conducente el artículo 6° que ustedes conocen perfectamente: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requieren, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros, etc. Esto es lo fundamental. E insisto, desde mi punto de vista, es absolutamente violatorio de la Constitución. Se ha alegado en contra que hay mecanismos de interpretación que le conceden a una ley reglamentaria los instrumentos necesarios para poder ir develando el sentido, la "racio-legis", el fondo, el contenido constitucional.
Por mi parte estoy absolutamente en desacuerdo. Más adelante, si los debates lo permiten, daré una información técnica que me parece convincente en especie. Estoy totalmente en desacuerdo con esos puntos de vista, porque creo que una ley reglamentaria debe reglamentar, pero nunca tiene por qué ni posibilidades constitucionales ni jurídicas de rebasar, de superar el mandato de la norma constitucional.
Sobre esta base y consultando el texto supremo, pues he indagado en algunos artículos, los he leído con atención, el 80, el 71, el 87 y, desde luego, el título Cuarto de nuestra Constitución que atañe a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimoniales del Estado. Y me encuentro con lo siguiente que me ha servido para hilvanar, si cabe la expresión, mi punto de vista, mis razonamientos. El artículo 80 de la Constitución prescribe con absoluta claridad que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el depositario del ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión.
Si lo lee un ciudadano común y corriente, además de un abogado, un universitario, menuda cosa, ser el depositario del ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión. El 71 de la Carta Magna dice que el Presidente tiene el derecho de iniciar leyes o decretos, se le concede este derecho. Pero yo veo una diferencia muy clara entre tener un derecho y ejercer ese derecho. Tengo el derecho de circular libremente en el territorio de la república; tengo el derecho de adoptar la religión, la fe que mejor me convenga, etc., pero una cosa es tener ese derecho -digamos- inmanente en mi per se, va el término, y otra ejercerlo.
Al ejercerlo yo estoy convencido y sobre todo en el caso de las iniciativas, ser realista se lleva a cabo un acto de autoridad. Este acto de autoridad, el ejercicio del derecho tiene dos vertientes, me parece. Ajustarse a la Constitución que nos rige o bien no ajustarse a la Constitución que nos rige, contrariable. Como he manifestado desde mi punto de vista el artículo 6° de la Ley Reglamentaria que me he referido, se opone abiertamente al mandato constitucional. El artículo 87, por su parte, prescribe la protesta que presta o prestará el Presidente al tomar posesión de su alto cargo, la cual se divide -me parece- en dos partes. Su compromiso solemne y constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes que de ella derivan, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República, velar en todo por el bien y prosperidad de la unión.
Y la segunda parte donde solicita al prestar protesta que se le demande un posible incumplimiento del compromiso solemnísimo y constitucional que está adquiriendo. Sobre esta base y considerando la responsabilidad del servidor público, de un servidor público, y recordando que el artículo 128 de la Constitución ordena que todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, me voy al Título Cuarto, artículo 108 y siguientes de nuestra Carta Magna, porque curioso de la solución que pueda dar el derecho a una violación constitucional de un muy alto servidor público, quiero entender y apreciar qué fórmulas permite la Constitución para iniciar lo correspondiente de acuerdo con el Derecho.
Y este título comienza con un artículo 108 que dice que “…para los efectos de las responsabilidades a que alude el mismo, se refutarán como servidores públicos, entre otros, a los representantes de elección popular”. Entonces, lector del texto, me digo, bueno, el Presidente es un representante, sin duda, de elección popular. Pero en la segunda parte del 108, aparece algo sorprendente, que a mi me parece y siempre me ha parecido altamente criticable, la excepción que establece el Constituyente o la Constitución. El Presidente durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Es una excepción claramente establecida en el texto supremo.
Pero estudiando el mismo texto en los párrafos subsecuentes, me informo, me entero de que por ejemplo el gobernador de un estado de menor jerarquía política y jurídica que el Presidente, me parece que esto es innegable, es responsable o podrá serlo y digamos los magistrados de los tribunales de Justicia Locales, los diputados a las legislaturas locales. Por violación, está la Constitución y a las leyes federales, pero el Presidente no puede serlo. Siento que es algo de llamar poderosamente la atención. Se ha hablado de vacíos constitucionales, se ha hablado de lagunas, etc., que hay que llenar, que hay que corregir, sí, pero hay algo fundamental.
Yo siento que dentro del orden de la interpretación jurídica, la teleológica o finalista, nos debe indicar, es el instrumento adecuado para indicarnos que persigue, qué quiere, qué busca la Constitución. ¿Realmente pretenderá esto? ¿La impunidad, la inmunidad del titular del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión?
Paso al 109 del texto Supremo, y en su párrafo I, en su fracción I, leo que se impondrán mediante juicio político, yo indagando qué se puede hacer si un servidor público de altísimo nivel vulnera la Constitución. Y dice: “Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el 110 a los servidores públicos, señalados en el mismo precepto”, las sanciones correspondientes. Me voy al 110 y el Presidente, sin duda, no es sujeto de juicio político. Evidentemente no lo es. Por lo tanto, no podrá ser en los términos del 109 responsable cuando en el ejercicio de sus funciones incurra en actos u omisiones, como dice la Constitución, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Yo respeto la opinión de todo el mundo. Esa es la clave para vivir y coexistir en nuestra universidad. Pero a mi como ciudadano, como estudiante, como estudioso del Derecho esto me sorprende enormemente. Y considero que no es posible desde ningún punto de vista que recurriendo, me reservo otros métodos de interpretación si son de interés de la Asamblea, para más adelante, pero no es posible recurriendo, repito, a la interpretación teolológica o finalista arribar o llegar a la conclusión de que el texto supremo, el constituyente, quien lo hizo, quienes lo hicieron, desean, expresan, manifiestan, ordenan que el Presidente, en un caso de este tipo sea inmune. Me parece totalmente inconcebible, es un punto de vista, por supuesto personal de un servidor de usted.
Yo insisto en que el artículo 6º de la Ley Reglamentaria propuesto por las iniciativas de que se trata es una especie que verdadero Caballo de Troya en el cuerpo normativo del artículo 27, y que pretende vulnerar tal artículo llegando al extremo, me parece a mí de la violación anticonstitucional, porque las iniciativas enviadas ya implican un acto de autoridad, al margen de que el honorable Congreso de la Unión apruebe o no apruebe, haga modificaciones o no haga modificaciones, ya implican un acto de autoridad que conlleva en mi opinión una responsabilidad.
En tal virtud, y atendiéndolas con el mayor respeto, porque nuestro compromiso es mayúsculo con la República y con el Senado, yo no comparto las tesis de que las disposiciones constitucionales vigentes en materia de petróleo admiten diversas variantes en la reglamentación secundaria que derivan del margen de interpretación que corresponde al legislador, y no lo comparto, porque el único intérprete auténtico es el juez y en el extremo la Corte, El legislador no interpreta, legisla, y mucho menos está facultado en mi opinión para definir en leyes reglamentarias lo que me parece o parecería una barbaridad, hasta dónde llega el dominio directo de la nación sobre el petróleo y los demás hidrocarburos, en el extremo será o sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad perfectamente planeada, establecida en el artículo 105 de la Carta Magna.
Hacer lo anterior, lo que se pretende o pretende, algunos lo sugieren, que lo he visto con el mayor espíritu de análisis y de honestidad capaz mi persona, sería darle al Legisladores facultades reservadas a un tribunal constitucional o de control constitucional y lo mismo pasa con el desacierto de sostener que los legisladores tienen la facultad de definir qué se entiende por explotación para los efectos del artículo 27. Yo no admito esto, nada más faltaba o faltaría que se añadiera lo anterior, que los legisladores pueden emitir jurisprudencia.
Este es mi punto de vista, que presento en principio en esta primera intervención ante los señores senadores y entiendo que buscando la posible responsabilidad de un alto servidor, como lo es el Presidente, no es lógico entender que carezca de responsabilidad si incurre, en mi opinión ha incurrido, bien sé que en la opinión que respeto de otras personas, de otros juristas no ha incurrido en ello, se incurre en una flagrante violación constitucional.
Pero lo que a mí como profesor, como abogado, como jurista, hasta este momento de mi vida me sorprende y me alarma es que la Constitución de mi República de mi país, partiendo de la base, por supuesto del presupuesto de que hubiese una violación constitucional, que yo creo que la hay, declare, manifieste que el Presidente es inmune, y más me sorprende que se diga que en leyes reglamentarias pueden rebasar a la Constitución, es verdad que el texto supremo, por ejemplo, lo acabamos de leer en el 27 o lo acabo de leer, dice: “… en los términos que señale la Ley Reglamentaria”. Pero me parecería una locura suponer o pensar que esos términos, pueden, no digamos rebasar a la Constitución, ni siquiera pueden igualarla, la Ley Reglamentaria está para reglamentar, es lo que yo considero, es lo que yo pienso y pongo en manos del Honorable Senado de la República como la aportación de un jurista, de un abogado, de un universitario. Muchísimas gracias.
DERECHO DE RÉPLICA. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LLEVAR ACABO LA CONSULTA POPULAR
“DEBATE EN EL SENADO DE LAS REFORMAS PETROLERAS”
El Senado de la República –por conducto de su Junta de Coordinación Política-, me hizo el inmerecido honor de invitarme a asistir como expositor al Foro de Debate sobre la Reforma Energética , dentro del tema: “Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”, que se llevó a cabo el día de ayer.
Los periódicos del día de hoy resaltan que en mi exposición insistí que, previa a la discusión parlamentaria, las iniciativas tienen que consultarse al pueblo, en los términos ordenados por el artículo 26 constitucional.
Ha habido más incrédulos que opositores a lo que opiné. Tengo derecho a la réplica.
Intentaré fundamentar en la Constitución Política mi contundente afirmación de que el intento de reconstruir la industria petrolera, no mediante una iniciativa que permitiera evaluar su posible reestructuración, sino mediante reformas o expedición de leyes ordinarias, no se ciñe a lo ordenado por los artículos 27 y 28, principalmente. Enuncio los fundamentos constitucionales de mi aserto:
a) El artículo 39 constitucional establece que la soberanía nacional reside en el pueblo. El dispositivo no se contradice por el contenido del artículo 41, que indica que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y –en su caso- por los Poderes de los Estados, ya que el pueblo no regala –ni podría hacerlo aunque quisiera- su soberanía nacional, sino simplemente acredita representantes para ejercer con efectividad tal poder soberano. Como ocurre entre las personas, éstas pueden nombrar a un mandatario que las auxilie, aunque retienen siempre sus derechos. En conclusión: la soberanía mexicana siempre y en todo momento está en manos del pueblo.
Creo es perfectamente entendible que no puede confundirse al pueblo –que es el soberano- con el Estado y sus poderes constituidos, que son sus servidores. El Estado tiene poderes públicos pero todo dentro de otros, cuya totalidad forman una República (artículo 40) los cuales se enuncian como Estados libres que basan su soberanía también en el pueblo (artículo 115).
El pueblo (artículo 39) es el único que tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Conforma su soberanía.
b) Sólo se encarga constitucionalmente al Estado la rectoría del desarrollo nacional (artículo 25), para que con ella se garantice el que se fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático, se fomente el crecimiento económico, se incremente el empleo y se obtenga así una más justa distribución de la riqueza; y también que, en su momento se logre el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
c) Es textual que el cuarto párrafo del artículo 25 precisa que el sector público tiene a su cargo la atención de las áreas estratégicas (entre las cuales el artículo 28 enumera el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad), pero subraya que ese encargo es exclusivo del sector público, y no de cualquier otro sector. Es algo totalmente distinto lo dispuesto por el párrafo quinto del mismo artículo 28 para las áreas prioritarias del desarrollo, en las cuales el Estado no lo lleva a cabo (en cumplimiento de su rectoría) en forma exclusiva, siempre puede hacerlo por sí o en unión de los sectores social y privado.
La cita es textual y recomiendo se relea por los escépticos, porque no creo que pueda entenderse sino de acuerdo con su textualidad.
Las áreas estratégicas son exclusivas; las áreas estratégicas permiten (según la Constitución) que el Estado participe de su manejo con los sectores social y privado.
d) Entiendo como obvio que proponer que un área estratégica (petróleo), permita –aunque sea en una parte microscópica- la intervención del sector privado, es contradecir a la Constitución. En el lenguaje judicial y forense a esa valoración se le denomina anticonstitucionalidad.
e) Es posible que quepa una duda, en un momento dado, y que de muy buena fe el Ejecutivo pudiera proponer una o varias leyes, y crea que sí puede intervenir en el manejo de una área estratégica (perfectamente identificada), y llegara a suponer que el Estado sí puede invitar al sector privado, y el Poder Legislativo comparta la misma duda. ¡Qué hacer en esos casos?
f) La Constitución en el tercer párrafo del artículo 26 apartado A), textualmente prevé: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”.
g) Creo está sobreentendido que el área estratégica llamada petróleo, es una de las que están incluidas en el primer párrafo del apartado A) del 26, que impone al Estado el deber de llevar a cabo la organización de un sistema de planeación democrática para el desarrollo del país, al cual según el tercer párrafo del 25 pueden concurrir el sector público, el social y el privado.
h) Concluir que las iniciativas que está empezando a analizar el Senado, deben en todo caso someterse a una consulta popular, no es un dislate indigerible porque el pueblo es el único soberano, y se está manejando –en las iniciativas- una área estratégica, y ésta (la del petróleo) es la industria número uno de México, y posiblemente de toda Iberoamérica.
i) Un último comentario propuesto en forma de interrogantes:
¿Hay alguna razón pertinente para oponerse a que las iniciativas que afectan a la industria petrolera sean consultadas al pueblo? ¿Aun suponiendo que el opositor tuviera criterios opuestos a los aquí expuestos, habría alguna razón social para alegar con razonamientos leguleyos que la consulta no se debe dar; que es impertinente?
DOCTOR ARNALDO CORDOVA
Gracias, señor senador Labastida; señoras y señores legisladores; señoras y señores.
Yo quisiera reiterar algo que ya aquí cuando vino a hablar David Ibarra, puso en el centro del debate. Esta reforma energética no debió haberse presentado antes de que se presentara una reforma Hacendaria. Porque cada vez está más claro que esta llamada “Reforma Energética”, que es solo “reforma petrolera”, es un sustituto de aquellas reformas: la reforma fiscal que desde hace años debió haberse hecho en este país.
¿Qué es lo que nos propone esta reforma energética?
De nuevo seguir usando a PEMEX como el proveedor de las finanzas públicas, como lo dijo aquí David Ibarra. No se busca. Está claro que no se busca la modernización de la industria ni de la compañía nacional. Es un problema de finanzas públicas. Y se está planteando un problema de finanzas públicas sin plantear una reforma Hacendaria. Esto es lo más grave del asunto. Deberíamos estar discutiendo aquí problemas relativos al ingreso fiscal de la Federación, no esto. Además esto, como ya lo dijo mi amigo Jaime Cárdenas, no tiene ningún fundamento en la Constitución.
Señores legisladores, yo también fui legislador chiquito, ¿no? Fui Diputado en la LII Legislatura y eso ya hace mucho tiempo. Sé lo que un legislador tiene que hacer cuando se elabora una ley, lo primero que tenemos que hacer como legisladores es buscar el fundamento constitucional de esa ley. No hay ley que no pueda, que no deba obligadamente fundarse en una institución de la Constitución. No puede ser.
Si una ley no se funda en la Constitución, es inconstitucional. Los juristas no confundimos inconstitucional con anticonstitucional. Una constitución que va en contra de la letra y del espíritu de la Constitución, es anticonstitucional. Estas iniciativas son anticonstitucionales por todas las razones que se han dicho. Aquí la víctima de este debate ha sido el artículo 27. Dicen que no lo entienden, dicen que es poco claro, dicen que no dice lo que quiere decir y dicen un montón de tonterías que a mi me hacen concluir solo una cosa: O no saben leer o no saben español o no saben derecho o nos quieren engañar. No puedo creer que no sepan leer ni puedo creer ni puedo creer que no sepan Derecho. De lo que se trata aquí es de que nos están enseñando. ¿Qué es lo que nos les parece claro en el 27?
Ya estoy debatiendo yo desde hace muchas semanas el tema. Y cada vez que alguien me dice: Es que el 27 no es claro. ¡Dime dónde no es claro! ¡Dime en qué concepto no es claro! Que me digan un concepto, una palabra, lo que sea.
El maestro Eduardo García Maynes, en los años 50’s publicó dos obras, que todos los estudiantes de Derecho deberían seguir leyendo. Una fue el acto jurídico, lógica del acto jurídico que publicó en 1959. Y la otra obra fue: Lógica del juicio jurídico.
Toda ley está hecha de palabras, opio. Toda ley está hecha de actos jurídicos. ¿Qué es el acto jurídico? El acto jurídico es la definición de un tópico. Que me digan cuál tópico jurídico del 27 no les es claro para aclarárselos. El juicio jurídico es una conexión de conceptos. Y lo decía muy bien Zaldívar: Una interpretación basada en las palabras, no es interpretación. La Constitución no se interpreta por sus palabras ni puede interpretarse por sus palabras. Sería un ejercicio inútil.
A la Constitución tampoco se le puede interpretar por sus actos, lo digo por los actos que definen, que la integran. No. La Constitución tenemos que entender la base de juicios jurídicos, a base de conectar todos los conceptos, todas las palabras que la integran. Eso es interpretar. Y el maestro Juventino Castro lo acaba de decir. No entienden el 27, ya lo han dicho por ahí. No entienden qué es su uso, no entienden qué es explotación y no entienden qué es producto. Bueno, pues no sé. Me dan ganas de volverlos a mandar a la escuela.
En la escuela los que son abogados debieron haber aprendido uso. Uso es un derecho real. Un derecho real que quiere decir utilizar una cosa ajena de otro, no es nada más como dice mi querido amigo Becerra: Servirse de algo.
Cuando yo estoy usando mi casa, no estoy usando realmente. Estoy ejerciendo mi derecho de propiedad que en la doctrina tradicional es uso, abuso y fruto, bueno.
¿Qué es lo que no entienden de la Constitución cuando habla de aprovechamiento?
En la constitución, aprovechamiento es una expresión jurídica que es diferente de la que es típica del derecho común para que se lo sepan, aprovechamiento en la Constitución, y cualquier juez federal se lo diría, quiere decir usufructo, aprovechamiento del derecho común es el fruto de multas, de exacciones por incumplimiento de derechos y otras cosas. Bien, qué no entienden lo que es explotación, explotación, fíjense bien cómo razonan, explotación la están confundiendo con el producto, para ellos es un solo concepto, no, el producto es el resultado de un proceso productivo.
La explotación, podría decirse que el producto se goza, pero haber, díganme, ¿dónde acaba el producto cuando se extrae el petróleo o cuanto se refina el petróleo y se sacan gasolinas y eso? Pues no, acaba hasta que se consuma el proceso de venta del producto, así es, qué otra cosa le parece que está poco clara en el 27, dice mi querido amigo Arturo Zaldivar, que hay un contenido ideológico y una carga histórica en el 27.
¡Lógico! Miren ustedes, muchas veces hasta en las escuelas de derecho se confunde lo que es la Constitución, se cree que la Constitución es una Ley como cualquier otra, la Constitución, señoras y señores, no es una Ley Jurídica, cómo se llama nuestra Constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución, señoras y señores es un pacto político, no es una ley, cada artículo de la Constitución contiene una institución en las que se deben fundar las leyes, no son artículos jurídicos, la Constitución es un pacto, el pacto del pueblo mexicano que dio lugar al estado, la Constitución es nuestro contrato social, se dice que no se le puede preguntar al pueblo porque no hay una ley de plebiscito y de referéndum, ya el maestro doctamente se ha referido al contenido del párrafo 3 del 26, sí se puede hacer, basta una Ley reglamentaria, ¿qué es lo que impide que hagamos una ley de plebiscito y una ley de referéndum?
Nada, se puede fundar en el artículo 39, y el artículo 39 dice que la soberanía nacional reside en el pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de darse el régimen que le convenga, ¿qué más hay? ¿Qué más se les hace incomprensible de un artículo que para mí es el más claro que hay en la Constitución si se quiere? Luego ya mi amigo Jaime Cárdenas había señalado, haber cómo le va a hacer la Suprema Corte de Justicia, les voy a leer la reserva 603.3 del Tratado de Libre Comercio, los que hicieron las iniciativas estas, se les pasó de noche el Tratado de Libre Comercio, antes quiero decirles, y el maestro Juventino Castro, creo que fue actor en esto, en 1999, maestro, en octubre más o menos, la Corte produjo una tesis por la cual establece una jerarquía que es diferente del 103, la jerarquía aparente del 103 es Constitución, leyes y tratados, pero en realidad lo que hace la Constitución no es una jerarquía, sino establece primero el área doméstica que es la Constitución y sus leyes y luego el área externa que es la de los tratados.
Esa tesis del 99 nos dice que la nueva jerarquía debe ser esta Constitución, Tratado y Leyes, ¿por qué? La Constitución y las leyes son del ámbito doméstico, los tratados son un compromiso que el Estado mexicano hace con otros y no pueden estar sometidos a los vaivenes de la legislación común, no señor, más bien la legislación común debe acomodarse al ordenamiento de los tratados.
Se los voy a leer, “Reservas”, quiere decir que el Gobierno Mexicano al negociar el Tratado de Libre Comercio se reservó estas áreas, se las voy a leer: “Una, el estado mexicano se reserva para sí, incluyendo la inversión y prestación de servicios las siguientes actividades estratégicas:
a) Exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural,
b) refinación o procesamiento de petróleo crudo y gas natural, y producción de gas artificial,
c) petroquímicos básicos y sus insumos y ductos;
d) comercio exterior, transporte, almacenamiento y distribución, hasta
e) incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes: petróleo crudo, gas natural y artificial, bienes cubiertos por este capítulo obtenidos en la refinación o del procesamiento de petróleo crudo y gas natural y petroquímicos básicos.
¿En qué brete van a meter si aprueban estas iniciativas a la Corte?, para que tengan de nuevo que ponerse a pensar cuál es la jerarquía de vida entre Constitución, Tratados y leyes.
Ese asunto de los contratos, debieron haber pensado, debieron haber pensado los que dicen que ya hay contratos, como bien lo acaba de decir Aguilar Camín, que no sé por qué lo invitaron, no sabe nada de esto, pero lo trajeron como experto, bueno.
Dice, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, hablando de contratos, pues precisamente está hablando de contratos de riesgo, no está hablando de cualquier contrato, los contratos de riesgo se otorgan, los contratos normales, comunes se negocian, se contratan, se acuerdan, cuál es el problema, la Constitución en su letra de 1960 sólo prohíbe los contratos de riesgo que son los que se otorgan. Luego, hubo por ahí otra cosita que se dijo hace días, que era privatización ¿qué es privatización? Parece que privatización es vender todo, o sea, la bañera y el niño junto con el agua sucia, pero privatización, se puede vender al niño, se puede vender el agua sucia, lo que no se puede vender es la bañera porque ya nos quedamos sin nada, cualquier cosa se puede vender ¿Qué es lo que se privatiza?
Vieron lo que dice el Tratado de Libre Comercio, es exactamente lo que dice la Constitución. Si se permite construir y tener en propiedad ductos o construir y tener en propiedad refinadoras, pues se está privatizando. Luego dicen cándidamente: No, es que no es privatizar, no se puede privatizar algo que no existe, es asociación, pues si va a venir un privado se construye su refinería y luego yo le voy a proveer de petróleo.
¿Pero cómo le van hacer con la letra de la Constitución, no se pueden tener refinerías en manos privadas? ¿Cómo le van hacer? Bueno, pues haber cómo le hacen.
Señores legisladores, nosotros los que nos oponemos a las iniciativas de Ley de la Industria Petrolera que ha presentado el gobierno también deseamos la modernización de Pemex. La queremos como una empresa nacional que tenga suficientes recursos para desarrollarse así misma y apoyar el desarrollo integral de México. La queremos con su Instituto Mexicano del Petróleo bien abastecido de recursos para que nos vuelva a dar tecnología de punta, en lugar de andar comprándola en el extranjero. La queremos libre de la corrupción a la que las iniciativas, como ya lo decían, no hace mención alguna. La queremos libre del sindicato mafioso que sangra a la empresa sin ningún beneficio para los trabajadores. No queremos ya otra vez la vergüenza de los Pemexgate.
Abogamos porque la iniciativa privada contribuya activamente al desarrollo de nuestra industria petrolera, porque la iniciativa privada es necesaria; pero no queremos que la iniciativa privada, como resultado de estas leyes, obtenga ventajas ilegales y, peor, anticonstitucionales. No somos teólogos ni pontífices del petróleo, hasta ahora me entero de que el petróleo es un Dios. Ni ideólogos de un trasnochado credo nacionalista, ni hacemos junto a la llamada mitología del 27, ni creemos que seamos reaccionarios santanistas, alemanistas ni porfiristas, somos ciudadanos que creemos simplemente que debemos emprender una nueva etapa en la que impidamos que los únicos beneficiarios de nuestros desarrollo sigan siendo los dueños de la riqueza.
Si permitimos eso pondremos en grave riesgo la paz social tan limitada que tenemos, como lo decía el maestro, y sobre todo nuestro enclenque régimen democrático. Hemos planteado nuestros argumentos en los pocos foros que se nos han dejado, algún periódico que ejerce la libertad de prensa, y las calles y las plazas de las ciudades, no se atiende a lo que decimos, sólo se nos dice que estamos defendiendo el pasado.
Mucho me temo que esto acabe en un diálogo de sordos, y creo que ya lo estamos viendo.
Señor senador Labastida, muchas gracias.
DOCTOR JUVENTINO CASTRO Y CASTRO:
Señores Senadores ; respetable audiencia :
Se me ha solicitado que analice específicamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las Iniciativas que se dice contienen una reforma energética.
Dada la estrechez del tiempo que se me ha concedido para exponer con atingencia mis criterios, de mi ponencia original resumo argumentaciones y rasuro conclusiones, aunque aclaro que ya con antelación he entregado a la Secretaría de esta Junta de Coordinación el documento original completo.
Para cumplir puntualmente con sus cuestionamientos, regreso a este Senado de la República, quien en 1995 generosamente me recibió, me escuchó y juzgó de mis aptitudes para ser nombrado Ministro de nuestra Corte Suprema de Justicia. Vuelvo al Recinto en donde una vez aceptada mi designación se me invitó a protestar que al impartir justicia siempre ajustaría mis desempeños y vigilaría la de los demás, a los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora expreso ante ustedes mis opiniones inspiradas siempre por la norma suprema, a la cual prometí sujetarme siempre. Desde mis lejanos tiempos de estudiante mis maestros me inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: Sobre la Constitución, nada. Contra la Constitución, nadie. Por ello me he llenado de estupor escuchar en este Recinto que se le califique de mitología nacionalista.
Nuestro texto supremo es algo más que un conjunto de mitos, es el basamento de la identidad mexicana. Así en su Artículo 2 nos reconoce como una nación pluricultural. El texto ordena, por razones históricas que la educación que imparta el Estado sea laica y alejada de cualquier doctrina religiosa.
En los primeros 29 artículos relacionados con el 103 y 107 toma vivencia el garantismo mexicano y establece como verdadero protector de los derechos humanos al juicio de amparo. En el 39 no solo se titulariza a la soberanía nacional en el pueblo, sino algo más interesante. Que el poder público siempre deriva del pueblo, y solo es válido si este poder público beneficia al pueblo y no a una porción ávida de poder individual.
En los Artículos Constitucionales del 25 al 28 es en donde se contiene la especial doctrina mexicana respecto a la propiedad pública, privada y social y las reglas ineludibles para actuar dentro de la economía competitiva, se establece con firmeza la preeminencia del interés social colectivo sobre el particular individual.
Sobresalen en esta elaborada reestructuración, el mandato constitucional que crea las llamadas áreas estratégicas, que no admiten concesiones o permisos de intervención a favor del sector privado o del social. Y las áreas prioritarias que sí permiten y autorizan estos complementarios auxilios y perfeccionamientos.
En materia de áreas estratégicas a su cabeza se coloca al petróleo y a la electricidad. Los textos constitucionales concretos al respecto los han escuchado ustedes hasta la saciedad y no les daré lectura una vez más.
En lo que infortunadamente no me parece que estemos de acuerdo y que finalmente solo puede resolverse mediante su poder soberano, es si los mandatos constitucionales son poesía celestial o por el contrario son normatividad obligatoria formalmente dictada por el bien del pueblo.
Mi opinión final la refiero en las siguientes conclusiones que respetuosamente pongo a su ilustrada consideración:
Uno, considero destacable el proyecto modificatorio de las iniciativas que la reestructuración no se haya propuesto mediante un intento de modificación directa de la Constitución Política. Lo digo no tanto por los fundamentos que ya he expresado, sino porque es de mi total convicción que si se hubiere intentado modificar a la Constitución en estas cuestiones y se pretendiera en substitución algo contrario al espíritu profundo de lo que hasta la fecha hemos implementado, ciertamente pondríamos en peligro la paz social del país.
Extremo el análisis. Nuestra Carta Magna constituye lo que se conoce como una Constitución rígida, pues es un documento al más alto nivel que no puede modificarse de la manera en que se autoriza tratándose de las leyes ordinarias en las cuales para su puesta en vigor, basta que se voten positivamente bajo una simple mayoría legislativa. Solamente se puede modificar a la Constitución Mexicana interviniendo obligadamente en el proceso de votación dos clases de poderes: el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados soberanos. A esta combinación política le llamamos poder renovador de la Constitución.
Por ello, con gran respeto, creo que el Ejecutivo ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución. Ello no se puede legalmente decretar, si no que todo el peso de decretamiento debe estar en la Constitución.
Segundo.- El hecho de reconocerse que PEMEX funciona defectuosamente, obliga a tomar determinaciones que permitan recuperar su funcionalidad. Ello independientemente de que la des mejoría de la empresa tenga como origen unas maniobras políticas malintencionadas o solamente se deba a una incompetencia técnica, administrativa y financiera de sus directivos actuales y de los pasados.
Tercero.- Cualquier Reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, en mi opinión debe ser considerada como inconstitucional.
A mi parecer, las reformas deben ser consideradas así porque de aprobarse, tal y como se proponen, se estaría autorizando que PEMEX maneje a la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, sino involucrando en alguna forma para su manejo al sector privado.
Cuarto.- Es evidente que existe un intencionado propósito de introducir con función sobre lo estructurado por la Constitución para las áreas prioritarias y lo decretado y exclusivamente para las áreas estratégicas.
El cuarto párrafo del artículo 27 dice: …”corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, incluyendo el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos”.
Lo instrumenta el cuarto párrafo del 25: …”el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalen en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución”.
Este artículo a su vez, en su párrafo quinto, ordena de qué manera se debe manejar “el estado, estoy citando, contará con los organismos que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo; y en las actividades de carácter prioritario donde de acuerdo con las leyes participa el Estado por sí o con los sectores social y privado”.
Como se puede fácilmente constatar, el manejo de las áreas estratégicas se ordena como exclusivo y directo del estado, y los sectores social y privado puede auxiliarlo, pero únicamente en tratándose de las áreas prioritarias, son dos mundos, dos enfrentamientos, dos sistemas.
En esto coincidimos con la posición judío cristiana: “este es el árbol del bien y del mal, de sus frutos nunca te aprovecharás”.
Quinto.- Debemos conjeturar sobre lo que realmente se intentó normal al sugerir se autorice en los términos del artículo 15 de la propuesta nueva Ley Orgánica de Petróleos que el organismo y sus subsidiarias puedan celebrar con cualquier persona toda clase de actos, convenios o contratos e igualmente suscribir títulos de crédito.
Es un hecho que PEMEX ha celebrado contratos para adquirir vehículos de tierra de mar y del espacio; y es obvio también que el organismo ha tenido necesidad de celebrar contratos para adquirir maquinaria, refacciones o cualquier otro tipo de artículos o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de una empresa petrolera.
PEMEX igualmente celebra contratos para la publicidad de la empresa. Por lo tanto, y para que quede bien clara mi personal opinión, creo que si ahora se autorizan los llamados contratos de riesgo o compromisos parecidos, lo que sí aparece como necesario sería vigilar y fiscalizar que ellos no legitime bajo esta nueva disposición lo que tan irresponsablemente se ha venido haciendo con los contratos de servicios múltiples, los cuales permiten intervenir al sector privado en las áreas estratégicas del petróleo y de la electricidad.
Sexto.- La iniciativa propone a la expedición de bonos ciudadanos, para permitir, se afirma, un mejor desempeño de PEMEX. Resulta al menos exótico, pero siempre contrario a la intención constitucional, que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que efectivamente tiene PEMEX, en vez de ordenar se reinviertan en una parte proporcional y aceptable de las utilidades de la empresa misma, expida bonos en calidad de créditos para manejar una empresa que debería de ser exitosa, dada su propia naturaleza.
Séptimo.- Un especial e importantísima anotación final respecto al manejo constitucional de la normatividad que se refiere a las riquezas naturales de nuestro subsuelo. Para introducirlos al tema me permito transcribir textualmente la primera parte del párrafo tercero del artículo 26, en el cual dice: …”la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.
Para entender a cabalidad lo anterior, presido a ustedes que el artículo 26 constitucional reconoce en el Estado la obligación de formular el plan de desarrollo nacional; pero se añade que el propio Estado es quien debe formular dicha planeación, recogiendo de los sectores sociales, dice la norma en sus términos textuales, las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al desarrollo.
Por ello se entiende por qué en tales reestructuraciones sociales se contempla una participación del pueblo hecha mediante una consulta directa a él.
Es mi convicción y así lo expreso con toda lealtad ante ustedes que las actuales iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal forzosamente requieren para su aprobación consulta previa a la soberanía popular, porque es ella la titular exclusiva de las riquezas del subsuelo. Y así esa soberanía popular pueda expresar auténticamente su padecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo Federal que normarán la resolución final.
Octavo.- Vista la anterior conclusión, lo única que quedaría por resolver es si la consulta popular ordenada constitucionalmente por el tercer párrafo del 26 debe hacerse antes de discutirse parlamentariamente la ley o en su caso después de que se hubiere aprobado las modificaciones en las leyes ordinarias.
Si la consulta se lleva a cabo después de ser votadas las leyes, ello constituiría un verdadero referendo que constitucionalmente es inexistente y, por lo tanto, inapropiado; y no una consulta popular que se practique antes de votar las leyes, dando así al pueblo la posibilidad real de opinar si es el deseo de su soberanía el que se dicten las normas consultadas, las normas al manejo del petróleo; o bien, se desechen las iniciativas.
La sugerencia final de esta bien intencionada y sincero análisis que he expresado ante ustedes, es que para mi resulta forzoso y elegible en forma adecuada el manejo tanto de los recursos naturales como y principalmente de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión definitiva de que el aprovechamiento de sus recursos naturales del subsuelo nunca deben quedar en las manos ni en el control de intereses privados. Y cómo deben llevarse a cabo la consulta popular que resulta obligada constitucionalmente.
No me queda más que agradecer su atención y una vez más la gentileza de su invitación para escuchar mis modestos puntos de vista sobre las recientes reformas que tanto interesan a un país. Muchas gracias.