Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0331_ES.html
Timestamp: 2020-03-29 16:21:19
Document Index: 375269639

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 258', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 258', 'artículo 298', 'artículo 41', 'artículo 43', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 41', 'artículo 228', 'artículo 24', 'artículo 43', 'artículo 41', 'artículo 33']

INFORME sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015
Procedimiento : 2016/2150(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0331/2016
298k 61k
sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015
– Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015,
– Visto el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Visto el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Visto el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, aprobado por el Parlamento Europeo el 6 de septiembre de 2001,
– Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A8-0331/2016),
A. Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2015 fue transmitido oficialmente al Presidente del Parlamento Europeo el 3 de mayo de 2016, y que la defensora del pueblo, Emily O’Reilly, presentó el Informe a la Comisión de Peticiones en Bruselas el 20 de junio de 2016;
B. Considerando que en el artículo 15 del TFUE se dispone que, a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura;
C. Considerando que el artículo 24 del TFUE prevé el principio de que todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo instituido en virtud de lo dispuesto en el artículo 228;
D. Considerando que el artículo 228 del TFUE faculta al Defensor del Pueblo Europeo para recibir reclamaciones relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales;
E. Considerando que en el artículo 258 del TFUE se contempla el papel de la Comisión como guardiana de los Tratados; y que el hecho de que esta no asuma o se abstenga de asumir esta responsabilidad podría considerarse como un caso de mala administración;
F. Considerando que, de conformidad con el artículo 298 del TFUE, las instituciones, órganos y organismos de la Unión «se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente», y considerando que el mismo artículo ofrece la posibilidad de adoptar, para este fin, legislación derivada específica, en forma de reglamentos, aplicable a todos los ámbitos de la administración de la Unión;
G. Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales dispone que «toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos de modo imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»;
H. Considerando que el artículo 43 de la Carta afirma que «todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales»;
I. Considerando que la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, instituida en virtud del Tratado de Maastricht, celebró su vigésimo aniversario en 2015, habiendo tramitado, desde 2005, 48 840 reclamaciones;
J. Considerando que el 83 % de los ciudadanos europeos están al tanto de que un ciudadano de la Unión tiene derecho a presentar una reclamación a la Comisión, al Parlamento Europeo o al Defensor del Pueblo Europeo, según el Eurobarómetro Flash sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión de octubre de 2015;
K. Considerando que el Defensor del Pueblo Europeo entiende por mala administración una administración deficiente o errónea, que tiene lugar cuando una institución o un órgano público no actúa conforme a la legalidad, o a una norma o un principio a los que ha de atenerse obligatoriamente, no respeta los principios de buena administración o vulnera los derechos humanos;
L. Considerando que con el Código de Buena Conducta Administrativa se aspira a impedir que se produzcan casos de mala administración; y que la utilidad de ese instrumento es limitada debido a su carácter no vinculante;
M. Considerando que la opacidad respecto de los expedientes con grandes repercusiones para el modelo socioeconómico de la Unión, y a menudo también con considerables implicaciones en los ámbitos de la salud pública y el medio ambiente, tiende a generar desconfianza entre los ciudadanos y la opinión pública en general;
N. Considerando que la intervención de los denunciantes es crucial para descubrir casos de mala administración y, en ocasiones, incluso de corrupción política; que estos casos deterioran seriamente la calidad de nuestra democracia; que es habitual que los denunciantes afronten serias dificultades posteriormente y que se vean con demasiada frecuencia expuestos a consecuencias personales negativas en muchos planos, no solo en el ámbito profesional sino incluso en el penal; y que, a falta de nuevas salvaguardias, esas conocidas experiencias del pasado podrían llegar a disuadir a otras personas de seguir en el futuro la senda ética de la denuncia de irregularidades;
O. Considerando que en 2014 el índice de cumplimiento de las decisiones o recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo fue del 90 %, lo que representa un aumento de diez puntos porcentuales con respecto a 2013;
P. Considerando que, en lo que respecta a las investigaciones iniciadas por el Defensor del Pueblo en 2015, cabe destacar los siguientes asuntos clave: transparencia en las instituciones de la Unión, consideraciones éticas, participación pública en la toma de decisiones de la Unión, normas de competencia de la Unión y derechos fundamentales;
Q. Considerando que la Comisión de Peticiones es un miembro activo de la Red Europea de Defensores del Pueblo; que, como tal, recibió 42 reclamaciones del Defensor del Pueblo Europeo para que las tramitase como peticiones;
1. Aprueba el Informe anual correspondiente a 2015 presentado por el Defensor del Pueblo Europeo;
2. Felicita a la Emily O’Reilly por su excelente labor y su infatigable empeño por mejorar la calidad del servicio que la Administración europea presta a los ciudadanos; reconoce la importancia de la transparencia, como elemento clave para generar confianza, y de una buena administración, como pone de relieve el elevado porcentaje de reclamaciones recibidas en relación con la transparencia (22,4 %), superior al de cualquier otro asunto; reconoce el papel de las investigaciones estratégicas para garantizar la buena administración y apoya las que la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo ha llevado a cabo en este ámbito hasta el momento;
3. Acoge con satisfacción los esfuerzos continuados del Defensor del Pueblo Europeo para aumentar la transparencia en las negociaciones sobre la ATCI mediante la presentación a la Comisión de propuestas a tal fin; celebra que, a raíz de ello, la Comisión haya publicado numerosos documentos relativos a la ATCI e incluido la transparencia como uno de los tres pilares de su nueva estrategia de comercio; vuelve a destacar la necesidad de una transparencia reforzada en los acuerdos internacionales, la ATCI y el AECG entre otros, como han requerido numerosos ciudadanos que se han dirigido a la Comisión de Peticiones; pide esfuerzos mayores y más amplios a este respecto para salvaguardar la confianza de los ciudadanos europeos;
4. Reconoce que el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión se basa en el principio del acceso lo más amplio posible; subraya, por lo tanto, que la transparencia y el pleno acceso a los documentos en posesión de las instituciones de la Unión deben ser la regla que garantice que los ciudadanos puedan ejercitar plenamente sus derechos democráticos; destaca que, como ya ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las excepciones a esta regla deben interpretarse adecuadamente, teniendo en cuenta la prioridad del interés público en la divulgación y en los requisitos de democracia, la implicación más estrecha de los ciudadanos en el proceso decisorio, la legitimidad de la gobernanza, la eficiencia y la responsabilidad ante los ciudadanos;
5. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que atribuyan al Defensor del Pueblo Europeo la facultad de emitir una declaración de incumplimiento del Reglamento n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, siempre que a dichos documentos no les sea aplicable el artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento; apoya la idea de que el Defensor del Pueblo esté facultado para tomar una decisión sobre la divulgación de documentos en cuestión tras investigar el incumplimiento;
6. Lamenta que la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 esté bloqueada; considera que hay que avanzar sin demora, puesto que el Reglamento ya no refleja la situación jurídica ni las prácticas institucionales actuales;
7. Reconoce la necesidad de transparencia en la toma de decisiones de la Unión, y apoya la investigación iniciada por el Defensor del Pueblo Europeo sobre las negociaciones informales entre las tres instituciones principales de la Unión (diálogos tripartitos) y la apertura de una consulta pública sobre dicho asunto; apoya la publicación de los documentos de los diálogos tripartitos, observando lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 1049/2001;
8. Lamenta que la Comisión de Investigación del Parlamento sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil (EMIS) recibiera de la Comisión una documentación parcial, elaborada de manera que no se incluyese cierta información considerada por la Comisión como no relevante; pide a la Comisión que garantice la mayor exactitud en su trabajo y la máxima transparencia en lo que respecta a la documentación facilitada, cumpliendo plenamente el principio de cooperación sincera de modo que se asegure que la Comisión EMIS pueda ejercer plena y efectivamente sus competencias de investigación;
9. Secunda al Defensor del Pueblo Europeo en su decisión de hacer más transparentes los trabajos del Banco Central Europeo y de estos mantengan un nivel elevado de gobernanza, especialmente en tanto que miembro de la Troika y la Cuadriga encargado de supervisar los programas de consolidación presupuestaria en los países de la Unión; acoge con satisfacción la decisión del BCE de publicar listas de las reuniones de su Comité Ejecutivo; apoya los nuevos principios rectores sobre la actividad de conferenciante y el establecimiento de un «período de silencio» respecto de la información sensible para los mercados antes de las reuniones del Consejo de Gobierno;
10. Pone de relieve la posición del BCE por su doble condición de autoridad monetaria y miembro de la Troika y la Cuadriga, e insta al Defensor del Pueblo Europeo a que salvaguarde los intereses de la buena administración en una de las autoridades financieras más importantes de Europa;
11. Pide una mayor transparencia en las reuniones del Eurogrupo, más allá de las medidas ya adoptadas por su presidente tras una intervención del Defensor del Pueblo Europeo;
12. Aprueba que el Defensor del Pueblo haya iniciado una investigación sobre la composición y la transparencia de la labor de los grupos de expertos de la Comisión; toma nota de los esfuerzos de la Comisión para abrir estos grupos al control público y señala que hacen falta medidas adicionales para garantizar la máxima transparencia; reitera su petición al Consejo, incluidos sus órganos preparatorios, para que se adhiera al registro de grupos de interés lo antes posible y para que mejore la transparencia de su trabajo;
13. Respalda los esfuerzos del Defensor del Pueblo para lograr que la representación de intereses sea más transparente; lamenta la reticencia de la Comisión a publicar información detallada sobre las reuniones con los grupos de presión de la industria tabacalera; insta a la Comisión a que dote a sus trabajos de una transparencia plena, de modo que los ciudadanos confíen más en su labor;
14. Pide a la Comisión que facilite el acceso público a toda la información sobre la influencia de los grupos de interés de forma gratuita, totalmente comprensible y a través de una única base de datos en línea centralizada;
15. Pide a la Comisión que presente en el transcurso de 2017 una propuesta de registro de grupos de interés totalmente obligatorio y legalmente vinculante a fin de eliminar todas las escapatorias y de hacer totalmente obligatoria la inscripción de todos los representantes de grupos de interés en dicho registro;
16. Apoya los esfuerzos por aplicar las orientaciones sobre la transparencia de los grupos de interés, que afectarían no solo a las instituciones de la Unión, sino también a las administraciones nacionales;
17. Observa la preocupación que suscita en los ciudadanos la tramitación por parte de la Comisión de las denuncias por infracción; destaca que el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, incluye la obligación de formular una motivación suficiente en aquellos casos en que la Comisión decide no abrir un procedimiento de infracción ante el TJUE; acoge con satisfacción la investigación estratégica emprendida por el Defensor del Pueblo Europeo en relación con los problemas sistémicos detectados en el proyecto EU Pilot;
18. Celebra la apertura por el Defensor del Pueblo Europeo de una investigación (Asunto OI/5/2016/AB) sobre el tratamiento que reserva la Comisión a las denuncias de infracción en el ámbito de los procedimientos EU Pilot en su función de guardiana de los Tratados; recuerda las solicitudes anteriores formuladas por la Comisión de Peticiones acerca de las garantías de acceso a los documentos relacionados con EU Pilot y los procedimientos de infracción, ya que las peticiones suscitan con frecuencia la apertura de dichos procedimientos;
19. Acoge con satisfacción que el Defensor del Pueblo Europeo prosiga sus investigaciones sobre los casos de «puertas giratorias» registrados en la Comisión; reconoce que, como resultado de estas investigaciones, la Comisión ha facilitado más información sobre los nombres de los altos funcionarios que han cesado de su puesto en la Comisión para trabajar en el sector privado; aboga por que los nombres y otros datos relativos a estas personas se publiquen con mayor frecuencia; confía en que otras instituciones y agencias europeas hagan lo propio; acoge con satisfacción que la Comisión esté dispuesta a publicar información relativa a la ocupación de los antiguos comisarios tras finalizar su mandato; se muestra profundamente preocupado ante la contratación del expresidente de la Comisión, Sr. Barroso, como asesor y presidente no ejecutivo de Goldman Sachs International;
20. Recuerda que el conflicto de intereses tiene un alcance más amplio que el de los casos de «puertas giratorias»; pone de relieve que para conseguir una buena administración y garantizar la credibilidad de la toma de decisiones políticas y técnicas es crucial abordar todas las fuentes de conflicto de intereses; considera que se debe prestar especial atención a la designación de cargos en las instituciones, agencias y órganos de la Unión, aplicando elevados niveles de exigencia y medidas concretas que eliminen todas las dudas sobre posibles conflictos de intereses;
21. Se felicita por que en 2015 todas las instituciones de la Unión introdujeran normas internas con respecto a la protección de los denunciantes en virtud de los artículos 22 bis a 22 quater del Estatuto de los funcionarios, alentando así una denuncia de irregularidades reglamentada; señala que la protección de los denunciantes frente a las represalias podría ser más eficaz; pide, a tal fin, que se adopten unas normas comunes que alienten la denuncia de irregularidades y se introduzcan unas garantías y salvaguardias mínimas para los denunciantes;
22. Pide que se elabore una directiva sobre la denuncia de irregularidades por la que se establezcan los procedimientos y canales apropiados para denunciar todo tipo de mala administración, así como las garantías y salvaguardias legales mínimas adecuadas a todos los niveles para las personas implicadas;
23. Acoge con satisfacción la introducción de un mecanismo de presentación de reclamaciones sobre posibles vulneraciones de los derechos fundamentales en Frontex, a raíz de una investigación en curso del Defensor del Pueblo sobre las prácticas empleadas por Frontex y los Estados miembros en los retornos forzosos de migrantes irregulares; celebra la inclusión del mismo mecanismo en el nuevo Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas;
24. Felicita al Defensor del Pueblo Europeo por la investigación del cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la hora de ejecutar las acciones financiadas con fondos europeos, como los proyectos que ingresan en instituciones a las personas con discapacidad en lugar de integrarlas en la sociedad; insta al Defensor del Pueblo Europeo a proseguir dichas investigaciones con miras a velar por la transparencia y el valor añadido de los proyectos;
25. Acoge con satisfacción la cooperación entre el Defensor del Pueblo Europeo y el Parlamento Europeo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular al pedir la plena aplicación de la Convención a escala de la Unión y que se le asignen los recursos financieros suficientes; reafirma su pleno apoyo a la aplicación de la Convención y pide a la Comisión y a los Estados miembros que promulguen su plena aplicación a escala de la Unión;
26. Apoya los esfuerzos del Defensor del Pueblo Europeo para tratar los casos de discriminación, los derechos de los grupos minoritarios y los derechos de las personas mayores en el marco del seminario de la Red Europea de Defensores del Pueblo titulado Defensores del pueblo contra la discriminación;
27. Apoya los esfuerzos del Defensor del Pueblo Europeo para garantizar la imparcialidad en el proceso decisorio de la Comisión en materia de competencia;
28. Reconoce que el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración de las políticas de la Unión es ahora más importante que nunca; acoge con satisfacción las directrices propuestas para la mejora del funcionamiento de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), en particular en lo que respecta a la consistencia de la argumentación de la Comisión para rechazar las ICE; reconoce, sin embargo, que hay déficits significativos que deben abordarse y solucionarse para que las ICE sean más eficaces; afirma que con una mayor inclusión de los ciudadanos en la definición de las políticas de la Unión aumentará la credibilidad de las instituciones europeas;
29. Toma nota con satisfacción del continuo diálogo y de las estrechas relaciones que el Defensor del Pueblo mantiene con una amplia variedad de instituciones de la Unión, incluido el Parlamento Europeo, y con otros órganos, a fin de velar por la cooperación y la cohesión administrativas; encomia asimismo los esfuerzos del Defensor del Pueblo por garantizar una comunicación continua y abierta con la Comisión de Peticiones;
30. Reconoce la necesidad de que las agencias de la Unión respeten las mismas normas de transparencia, rendición de cuentas y ética que las demás instituciones; toma nota con satisfacción de la importante labor realizada por el Defensor del Pueblo Europeo en varias agencias en distintos lugares de la Unión; apoya la propuesta presentada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) para que las entidades registradas tengan que demostrar que han hecho todo lo posible para evitar los ensayos con animales y aportar información sobre la manera de evitar ensayos con animales;
31. Apoya las recomendaciones del Defensor del Pueblo según las cuales la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria debe revisar sus normas y procedimientos en materia de conflictos de interés para garantizar la participación ciudadana y unas consultas públicas adecuadas;
32. Recuerda que el Defensor del Pueblo también tiene la capacidad y, por lo tanto, la obligación de controlar la labor del Parlamento en el marco de su cometido de garantizar una buena administración para los ciudadanos de la Unión;
33. Pide una actualización eficaz del Código de Buena Conducta Administrativa mediante la aprobación de un reglamento vinculante sobre este asunto durante la presente legislatura;
34. Pide al Defensor del Pueblo Europeo que añada a sus futuros informes anuales una clasificación de las denuncias al margen del mandato de su Oficina, que ofrecería a los diputados al Parlamento Europeo una visión general de los problemas que afectan a los ciudadanos de la Unión;
35. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el Informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a los defensores del pueblo u otros órganos competentes análogos de los Estados miembros.
La defensora del pueblo europea, la Sra. Emily O’Reilly, presentó su Informe anual 2015 al Presidente Martin Schulz el 3 de mayo de 2016. Además, presentó dicho Informe a la Comisión de Peticiones del Parlamento en su reunión del 20 de junio de 2016.
En el informe se presentan, en el mismo formato atractivo que en el informe de 2014, los asuntos más destacados y se proporciona información detallada sobre las iniciativas y acciones emprendidas por el Defensor del Pueblo Europeo, el uso de redes sociales para la difusión de sus actividades y las acciones correspondientes de las instituciones europeas. Va acompañado de estadísticas informativas y detalladas sobre prácticamente los mismos ámbitos que el año anterior, lo que permite comparar los datos directamente y con facilidad. Por desgracia, el informe se publicó en el sitio web del Defensor del Pueblo Europeo únicamente en inglés, lo que limita el número de lectores que pueden acceder a él hasta que el resto de versiones lingüísticas estén disponibles.
El artículo 228 del TFUE define el mandato del Defensor del Pueblo Europeo y faculta a su Oficina para recibir reclamaciones relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
El derecho a presentar una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo está recogido en el artículo 24 del TUE y en el artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este derecho es asimismo uno de los derechos fundamentales que la ciudadanía de la Unión confiere a los ciudadanos de los Estados miembros.
El Defensor del Pueblo ayuda a los ciudadanos, las empresas y las asociaciones que se enfrentan a problemas de mala administración de una institución de la Unión. La mala administración se define como «una administración deficiente o errónea, que tiene lugar cuando una institución no actúa conforme a la legalidad, no respeta los principios de buena administración o vulnera los derechos humanos». Al mismo tiempo, el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales reconoce la buena administración como un derecho de los ciudadanos de la Unión, lo que genera obligaciones que incumben tanto a la Administración de la Unión como a las administraciones nacionales.
En 2015 la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo atendió los casos de 17 033 ciudadanos europeos, de los cuales 13 966 (81,99 %) se resolvieron mediante el asesoramiento disponible a través de la guía interactiva del sitio web del Defensor del Pueblo Europeo, 2 077 (12,99 %) fueron tramitados como reclamaciones y 1 060 (6,22 %) correspondieron a solicitudes de información gestionadas por los servicios del Defensor del Pueblo Europeo. El número de ciudadanos que recibieron ayuda en 2015 fue considerablemente menor que el año anterior (23 072 en 2014, lo que supone una disminución del 26,17 %); se presentó el mismo número de reclamaciones, aunque el número de reclamaciones como porcentaje del total de casos aumentó en 2015 (12,19 %) con respecto a 2014 (9,01 %).
Al margen de su labor de ayuda a los ciudadanos, el Defensor del Pueblo Europeo sirve al interés público prestando asistencia a las instituciones de la Unión para que mejoren la calidad del servicio que proporcionan. El Defensor del Pueblo, además de investigar reclamaciones, puede abrir investigaciones por iniciativa propia.
En el año de referencia inició 261 investigaciones a partir de reclamaciones y 17 investigaciones por iniciativa propia, y concluyó 261 investigaciones basadas en reclamaciones así como 16 investigaciones realizadas por iniciativa propia. Ocho de estas últimas fueron iniciativas estratégicas sobre temas de especial relevancia, como la transparencia en relación con la ATCI, la denuncia de irregularidades, la Iniciativa Ciudadana Europea, los derechos fundamentales en la política de cohesión de la Unión y los retornos forzosos llevados a cabo por Frontex. Cabe señalar también la apertura de seis iniciativas estratégicas (iniciativas para dar seguimiento a temas relevantes sin iniciar una investigación al respecto), como las relativas a la transparencia del BCE, a las actividades de los excomisarios posteriores al ejercicio de su cargo, y al Fondo de Asilo, Migración e Integración.
En relación con el país de origen de las reclamaciones, España, con 322 reclamaciones, es el país en el que más reclamaciones se presentaron, seguida de Alemania (234), Polonia (172), Bélgica (179) y el Reino Unido (146). No obstante, el número de reclamaciones presentadas en un Estado miembro no es proporcional al número de investigaciones abiertas. Así, por ejemplo, las cifras correspondientes a 2015 muestran que las 149 reclamaciones de Bélgica dieron lugar a 35 investigaciones, mientras que las 323 reclamaciones de España solo dieron lugar a que se iniciaran 27 investigaciones.
En cuanto a las instituciones a las que se refieren las investigaciones del Defensor del Pueblo, la Comisión Europea ha sido objeto de investigación en más de la mitad de los casos (55,6 %), seguida por las agencias de la Unión (11,5 %). La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) se sitúa claramente en tercer lugar (10 %); el siguiente puesto lo ocupan otros organismos de la Unión, contra los que se reclamó en un 9,2 % de los casos, y en el quinto puesto aparece el Parlamento Europeo, objeto de un 8 % de las reclamaciones. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ocupan los dos últimos puestos, con un 4,6 % y un 1,9 % respectivamente. Las instituciones objeto de investigación no han variado respecto a 2014, aunque sí lo ha hecho su clasificación: en 2015 el Parlamento Europeo dio lugar a más investigaciones que el SEAE.
Los tres principales ámbitos objeto de investigación en 2015 fueron las solicitudes de información y acceso a documentos (es decir, asuntos relacionados con la transparencia) y los temas institucionales y de elaboración de políticas, seguidos de cerca por el papel de la Comisión como guardiana de los Tratados. Los tres fueron objeto de un número similar de investigaciones. Otros asuntos tratados, por orden de importancia, fueron los concursos y procedimientos de selección, la Administración y el Estatuto de los funcionarios y, por último, la adjudicación de contratos y subvenciones. En 2014 se investigaron los mismos asuntos; no obstante, varió el número de investigaciones referidas a cada ámbito, siendo las investigaciones relativas a temas institucionales y elaboración de políticas menos frecuentes que las referidas a la Comisión como guardiana de los Tratados.
En 2015, el Defensor del Pueblo intervino en relación con 1 946 reclamaciones. En 971 casos, sus servicios ofrecieron asesoramiento o transfirieron el asunto (por ejemplo, a algún miembro de la Red Europea de Defensores del Pueblo o a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo), en 726 casos se informó al denunciante de que no era posible ofrecer más asesoramiento, y en 249 casos se inició una investigación.
El capítulo 11 del Informe anual describe brevemente los procedimientos que sigue el Defensor del Pueblo Europeo al tramitar los asuntos. Las investigaciones forman parte de sus actividades; sin embargo, su tarea principal es la tramitación de reclamaciones, que se presentan siempre por escrito, en papel o por vía electrónica. Las reclamaciones no comprendidas en el mandato del Defensor del Pueblo son transmitidas a la autoridad competente o a otro servicio que pueda ser de ayuda. Las reclamaciones que no cumplen los criterios de admisibilidad son rechazadas, aunque el Defensor del Pueblo dirige un escrito de justificación al denunciante y le sugiere una vía de recurso alternativa. Cuando abre una investigación a raíz de una reclamación, el Defensor considera en primer lugar si la reclamación puede resolverse de manera rápida. Si ello no es posible, procede a una investigación completa, que puede concluir en una propuesta de solución o en un proyecto de recomendación de una posible vía para subsanar el caso de mala administración. Por último, si no se consigue alcanzar una solución, puede formular una observación crítica.
A finales de 2015, el Defensor del Pueblo Europeo inició una revisión de los procedimientos mencionados con la intención de mejorar su eficacia y lograr un mayor impacto. Se espera con impaciencia la introducción de los procedimientos revisados en 2016, una vez concluidas las consultas con el Parlamento Europeo.
En 145 investigaciones concluidas por el Defensor del Pueblo en 2015 (un 52,3 % del total), el asunto objeto de la reclamación fue resuelto por la institución correspondiente o se acordó una solución amistosa. En 79 asuntos (28,5 %) no se constataron prácticas de mala administración, en 59 asuntos (19,5 %) no se consideró justificado continuar la investigación y en 30 asuntos (10,8 %) sí que se detectó mala administración. En 6 asuntos (un 2,2 %) se adoptaron otras medidas. En comparación con el año anterior, cabe destacar el aumento significativo del porcentaje de reclamaciones resueltas (en comparación con el 33,3 % de 2014), así como el mayor número de asuntos en los que no se constató mala administración (con respecto al 19,0 % de 2014). Al mismo tiempo, los asuntos en los que no se consideró justificado continuar la investigación disminuyeron drásticamente (con respecto al 40,8 % de 2014).
En los casos en los que detecta mala administración, el Defensor del Pueblo Europeo puede concluir la investigación mediante una observación crítica o un proyecto de recomendación.
Una observación crítica se formula en los casos en que ya no es posible que la institución elimine el caso de mala administración, cuando la mala administración no tiene incidencia general o en caso de que no se requiera un seguimiento por parte del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo también puede formular una observación crítica cuando considere que un proyecto de recomendación no sería eficaz o en los casos en que la institución de que se trate no acepte un proyecto de recomendación, pero el caso de mala administración no justifique la elaboración de un informe especial para el Parlamento. No obstante, una observación crítica sirve para confirmar al denunciante que su reclamación estaba justificada e indica claramente su error a la institución en cuestión para ayudarle a evitar tales acciones en el futuro.
Otro instrumento al que el Defensor del Pueblo recurre cuando, al tratar un asunto, identifica una oportunidad para mejorar la gestión administrativa son las observaciones complementarias. Estas no tienen por objeto criticar a la institución de que se trate, sino que se deben tomar como orientación y asesoramiento sobre cómo puede mejorar la institución la calidad de sus servicios.
Un proyecto de recomendación se elabora en los casos en los que la institución en cuestión puede eliminar una práctica de mala administración o en los casos en los que la mala administración es grave o tiene implicaciones generales. En el caso de que se elabore un proyecto de recomendación, la institución en cuestión está obligada en virtud del Tratado a enviar un dictamen detallado al Defensor del Pueblo en un plazo de tres meses.
Si una institución, órgano u organismo de la Unión no responde satisfactoriamente a un proyecto de recomendación, el Defensor del Pueblo puede remitir un informe especial al Parlamento Europeo. Un informe especial del Defensor del Pueblo constituye el último recurso de esta institución y el último paso que puede dar en el examen de un asunto. A partir de este punto, corresponde al Parlamento decidir sobre las medidas adicionales, tales como la elaboración de una resolución. Los informes especiales se presentan a la Comisión de Peticiones, que es la comisión competente para las relaciones con el Defensor del Pueblo.
En 2015, el Defensor del Pueblo dirigió observaciones críticas a instituciones en 19 casos. En 11 casos se formularon proyectos de recomendación que fueron aceptados, en parte o en su totalidad, por la institución correspondiente.
El Defensor del Pueblo Europeo colabora estrechamente con sus homólogos de los Estados miembros. Esta cooperación discurre en el marco de la Red Europea de Defensores del Pueblo, que incluye a los defensores del pueblo nacionales y regionales, a las comisiones de peticiones y órganos similares de los Estados miembros de la Unión Europea, los países candidatos a la adhesión a la Unión y otros países del Espacio Económico Europeo o el espacio Schengen. La Comisión de Peticiones del Parlamento es miembro de pleno derecho de la Red, que integra actualmente 94 oficinas de 36 países.
El año 2015 marcó un hito para la Red, ya que el Defensor del Pueblo Europeo emprendió una reforma de la misma con el fin de hacerla más visible y pertinente para los ciudadanos europeos. Excepto para tratar los asuntos que exceden de las competencias del Defensor del Pueblo (en 2015 se registraron 512 asuntos de ese tipo, de los cuales 470 fueron transmitidos a otros defensores y 42 a la Comisión de Peticiones), para lo que ya existe un procedimiento establecido, los miembros de la Red tienen ahora la oportunidad de entablar una cooperación reforzada, en concreto para llevar a cabo investigaciones paralelamente al Defensor del Pueblo (como en el caso de los retornos forzados de migrantes ilegales), tratar asuntos particulares (como la investigación relativa al Fondo de Asilo, Migración e Integración) y consultarse unos a otros en relación con temas más amplios (por ejemplo, en relación con la transparencia de la representación de intereses con el objetivo de elaborar directrices al respecto destinadas a las administraciones nacionales y a la Administración de la Unión). Los miembros de la Red tienen previsto asimismo celebrar un seminario anual sobre temas clave, así como mejorar los procedimientos internos de transmisión a las instituciones competentes de las consultas nacionales formuladas a la Red en materia de Derecho europeo. La reunión anual de la Red se celebró en Varsovia en abril de 2015 y versó sobre asuntos relativos a la discriminación.
En el artículo 33, apartado 2, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), se prevé la creación de un marco de la Unión destinado a promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención. Son miembros de dicho marco el Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión de Peticiones del Parlamento y su Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Agencia de los Derechos Fundamentales, la Comisión Europea (que ha expresado su intención de retirarse del marco) y el Foro Europeo de la Discapacidad. El cometido del Defensor del Pueblo Europeo es proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar que la administración de la Unión sea consciente de sus responsabilidades con respecto a estos derechos. Las personas que crean que una institución de la Unión no actúa de conformidad con la CDPD tienen el derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo para obtener reparación. En estos momentos está en curso una reforma del marco, tras su revisión por el Comité de expertos de la CDPD de las Naciones Unidas; el Defensor del Pueblo Europeo participa activamente en esta reforma.
El presupuesto del Defensor del Pueblo constituye una sección independiente del presupuesto de la Unión. En 2015, el presupuesto del Defensor del Pueblo ascendió a 10 346 105 EUR.
La Comisión de Peticiones está tomando nota de los progresos en las investigaciones e iniciativas estratégicas iniciadas por el Defensor del Pueblo Europeo, tanto en las iniciadas en 2015 y prorrogadas al año siguiente como en las que siguen abiertas a efectos de seguimiento de los logros anteriores. Entre ellas se encuentran las relativas a la transparencia de los diálogos tripartitos y la divulgación de documentos, el aumento de la transparencia de las actividades el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea y la prevención de posibles conflictos de intereses de los consejeros especiales. Acogemos con satisfacción los esfuerzos del Defensor del Pueblo Europeo por dotar de transparencia a varias instituciones y organismos de la Unión cuyas decisiones tienen repercusiones en la vida de los ciudadanos europeos, ya sea porque adoptan decisiones relativas a asuntos económicos y monetarios (como el Eurogrupo), ya porque ofrecen a los Estados miembros financiación sujeta a condiciones y memorandos de entendimiento muy severos (como el Mecanismo Europeo de Estabilidad).