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Timestamp: 2017-08-23 07:56:37
Document Index: 222517195

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 41', 'artículo 71', 'artículo 41', 'artículo 115', 'e contrario', 'artículo 41']

Gaceta: LXIII/2PPO-37/66897
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y IV del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Definitivamente del siglo XVIII a la fecha la situación de las mujeres ha cambiado, aún que esto no signifiquen mejoras radicales y sustantivas.
El debate en torno a la igualdad política y la exclusión de las mujeres del pacto social que dio origen al Estado moderno, motivó la conformación de un movimiento social internacional, conocido como sufragismo, que constituyó la contraofensiva de las mujeres al monopolio masculino del espacio público y privado.
El sufragismo constituyó la primera acción colectiva organizada de las mujeres a fin de exigir su estatus de ciudadanas y cobró auge a fines del siglo XIX y la primera mitad del XX. La exigencia central de este movimiento social fue el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, además del derecho a la educación y al trabajo remunerado, de acuerdo a los principios de la Ilustración en torno a la individualidad, la autonomía como sujetos y la igualdad.
El sufragismo se constituyó como una movilización cívica para reivindicar la igualdad política entre mujeres y hombres, bajo la premisa de fortalecer los procesos de individuación de las mujeres y de participación directa en la toma de decisiones.
En México los primeros antecedentes datan de 1923 en Yucatán, donde fue reconocido el voto tanto municipal como estatal en 1923, con tres mujeres electas para diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además Rosa Torre fue electa para regidora en el ayuntamiento de Mérida. En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925 pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925.
Diez años después, el 17 de febrero de 1947 durante la presidencia de Miguel Alemán se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la Constitución que concedía a las mujeres el derecho de votar pero sólo en las elecciones municipales. Esta medida se consideró como un gran avance ya que les daba un lugar a las mujeres en la vida política del país aunque fuera uno muy restringido.
Finalmente, el 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular.
No obstante el reconocimiento de este derecho, la desigualdad en la participación política de las mujeres ha motivado a cuestionarnos el carácter representativo de los gobiernos, así como la necesidad de implementar mecanismos que garanticen a mujeres y hombres las mismas oportunidades de participar en la política de forma efectiva y equilibrada.
Este impulso internacional motivó la puesta en marcha de políticas de equidad, también conocidas como de la diferenciación para la igualdad [*] , cuyo objetivo es disminuir y, paulatinamente, cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres a través del fortalecimiento de la ciudadanía femenina, a fin de avanzar hacia la igualdad de género.
Es decir, para poder avanzar realmente hacia una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres es necesario que se comprenda que el punto de partida de unas y otros es asimétrico. Es decir, mujeres y hombres no cuentan con las mismas oportunidades por causas socialmente construidas y, por ende, la aplicación de “reglas neutrales” conduce a resultados desiguales, de ahí la necesidad de implementar acciones afirmativas concretas en beneficio de las mujeres.
En este sentido, las cuotas de género constituyeron una medida concreta que buscaba dar respuesta al desequilibrio de género en los órganos de toma de decisiones, es decir, con su implementación se pretendió garantizar la efectiva integración de estas a las instancias de poder público, a través de la observancia de porcentajes mínimos de participación femenina en dichos espacios.
Hoy en día, gracias al aumento cuantitativo de las mujeres en los espacios políticos, como país, nos hemos visto en la necesidad de realizar un cambio, ahora cualitativo, en los modos de hacer política, construyendo una nueva cultura política [*] , la democracia paritaria.
La necesidad de implementar la democracia paritaria se basa en que la limitada participación de las mujeres en los niveles decisorios obstaculiza el desarrollo humano, al no incorporarse las demandas e intereses de las mujeres en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la sociedad, por lo que en respuesta a ello, en el año 2014 se aprobó la reforma política más importante a nivel nacional, la cual incluía la paridad de género en la postulación a cargos de elección popular en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en los congresos locales, siendo omisos en dicha reforma respecto de la integración de los Ayuntamientos, paradójicamente contrario a los inicios del voto de la mujer en México. Recordemos que fue justamente en las elecciones municipales en donde en primera instancia se reconoció este derecho de las mujeres.
Si bien el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales en materia electoral han emitido lineamientos para procurar la paridad de género en la postulación a cargos de elección popular en todos los niveles de gobierno, sabemos también que este criterio queda al arbitrio de quienes detentan el poder político, mayoritariamente hombres, y es justamente por ello que se plantea la necesidad de garantizar la participación política de las mujeres en sus comunidades de manera igualitaria que los varones, aún y cuando dichos municipios se rijan por sus sistemas normativos internos.
La iniciativa que hoy pongo a su consideración busca reducir de manera efectiva el papel de las mujeres de simplemente aceptar o validar las determinaciones adoptadas con antelación por un grupo, lo cual implica una práctica discriminatoria prohibida por el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos; y por ende, plantea el reconocimiento de los derechos del sector más amplio e la población: las mujeres.
Asimismo, con la aprobación de la reforma que hoy planteo se pretende abolir una cultura política autoritaria y masculina; democratizar el interior de las instituciones del Estado; visibilizar los problemas y obstáculos que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones respecto a los hombres; la consolidación de una masa crítica de mujeres en puestos de toma de decisiones y autoridad a fin de transformar la cultura política. [*]
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I y IV del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales, y concejales y concejalas de los ayuntamientos. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, los cuales deberán garantizar la paridad de género, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.
Dado en el Salón de Sesiones a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil dieciséis.
[*] Camacho, R. (1997). Las cuotas Mínimas de Participación de las Mujeres: Un mecanismo de acción afirmativa. San José, Costa Rica: Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia.
[*] Femenías, M. L. (2007) Cuotas, ¿un cambio hacia la paridad?, en Sierra Á. y M. Del Pino Eds. Democracia paritaria. (Aportaciones para un debate), Barcelona: Laertes.
[*] Domínguez, E. (2004). Mujeres, ciudadanía y participación política en México. Gotemburgo, Suecia: Red Haina / Instituto Iberoamericano / Universidad de Gotemburgo.
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