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Timestamp: 2018-09-23 03:43:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 26', 'Artículo 8', 'artículo 42', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 7', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 42', 'Artículo 14', 'artículo 53', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 6', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 25', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 12', 'Artículo 25', 'artículo 19', 'Artículo 26', 'artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30']

Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria. TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES (Vigente hasta el 09 de Mayo de 2008).
1. El presente Decreto regula los presupuestos, criterios y requisitos para el acceso a las ayudas públicas en las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo, con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma; fija los precios máximos de venta y renta de todas las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Cantabria y establece el desarrollo, tramitación y resolución de la financiación establecida en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
2. Este Decreto será de aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de vigencia del Convenio suscrito el 30 de noviembre de 2005, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aplicación del Plan Estatal 2005 - 2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 15, de 23 de enero 2006.
1. Familia. La unidad familiar tal y como resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. Compradores. Son compradores de las viviendas las personas físicas o jurídicas, los adjudicatarios miembros de cooperativas o de comunidades de propietarios, a partir del momento en que se les adjudique la propiedad de una vivienda individualizada y los promotores individuales de viviendas protegidas de nueva construcción para uso propio, a partir del momento de la obtención de la calificación definitiva de su vivienda.
Asimismo, se entenderán como compradores, las entidades jurídicas sin ánimo de lucro que adquieran las viviendas para arrendar o para cederlas a personas físicas que cumplan las condiciones generales de acceso a las viviendas protegidas.
3. Promotores. Son promotores, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, individual o colectivamente, impulsen, programen y financien, con recursos propios o ajenos, la ejecución de las actuaciones protegidas relativas a la construcción de nuevas viviendas, a la adquisición de viviendas usadas para su cesión en arrendamiento, a la rehabilitación de edificios y viviendas o a la urbanización de suelo.
4. Actuaciones protegidas. Son las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de vivienda de las personas y familias a las que se destina el Plan Estatal 2005-2008, que pueden recibir las ayudas establecidas en el mismo, así como las ayudas autonómicas previstas en el presente Decreto.
Son las medidas y los recursos, financieros o de otro tipo, que tanto la Administración General del Estado como la Administración Autonómica de Cantabria destinan al cumplimiento del objeto de este Decreto, que podrán ser:
d) La fijación de aranceles notariales y registrales reducidos para la transmisión de las viviendas protegidas previstas en el Plan Estatal 2005-2008.
b) Las ayudas económicas estatales y autonómicas directas mediante la aportación de recursos presupuestarios estatales, en forma de subsidios de préstamos, subvenciones y ayudas.
Las ayudas previstas en este Decreto son independientes de los beneficios fiscales que pudieran corresponder a los destinatarios de aquéllas.
6. Ingresos familiares. Es el montante de ingresos que se toma como referencia para poder ser beneficiario de las viviendas y ayudas del Plan 2005-2008 y para determinar su cuantía.
7. Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es el indicador definido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, que se considera unidad de medida para la determinación de la cuantía de los ingresos familiares, en su cómputo anual, incluyendo dos pagas extras.
8. Calificación de una actuación como protegida. Es el acto administrativo emanado de Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en virtud del cual se declara la protección de las actuaciones reguladas en este Decreto.
9. Viviendas protegidas. Se entenderá por viviendas de protección oficial o viviendas protegidas las así calificadas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura que cumplan los requisitos establecidos en este Decreto.
Las viviendas protegidas podrán destinarse a la venta o al arrendamiento, y han de constituir necesariamente el alojamiento habitual y permanente de sus ocupantes.
Las viviendas protegidas para venta podrán calificarse o declararse en función de los ingresos de los solicitantes, de régimen especial, de régimen general y de precio concertado.
Igualmente, las viviendas protegidas para arrendamiento podrán calificarse de renta básica y de renta concertada.
10. Viviendas usadas. Son las viviendas libres o protegidas cuya adquisición, en segunda o posterior transmisión, se considera protegida previo el cumplimiento de determinadas condiciones, y cuyo precio de venta, en siguientes transmisiones, o de renta, si es que se ocupan en régimen de arrendamiento, está limitado durante los plazos establecidos en este Decreto.
11. Precio Básico Nacional. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el Precio Básico Nacional se define como la cuantía en euros por metro cuadrado de superficie útil, que sirve como referencia para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y renta de las viviendas objeto de las ayudas previstas en este Decreto.
12. Ámbitos territoriales de precio máximo superior. Son aquellas zonas que sean así declaradas por el Ministerio de Vivienda, a propuesta de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en consideración a la existencia de especiales dificultades de acceso a la vivienda, como consecuencia de sus elevados precios medios comparativos con los de venta de las viviendas libres. Pueden integrar diversos municipios, o bien municipios aislados o, incluso, ámbitos intraurbanos de un municipio.
13. Colectivos especiales
A los efectos del presente Decreto tendrán la consideración de colectivos especiales los siguientes:
a) Jóvenes. Se considerarán jóvenes a los adquirentes, adjudicatarios, arrendatarios y promotores para uso propio, cuando el destinatario que aporte la totalidad o la parte principal de los ingresos familiares no tenga una edad superior a los 35 años en el momento de solicitar las ayudas.
b) Familia numerosa. Se entenderá por familias numerosas las consideradas como tales en el artículo segundo de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
c) Familias desfavorecidas y en situación de riesgo o exclusión social. Se considerarán como tales aquéllas en las que se den situaciones de desprotección y riesgo.
Se considerarán situaciones de riesgo, aquéllas en las que existan carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas. La situación de las familias en riesgo o exclusión social se acreditará mediante certificación de los Servicios Sociales competentes.
d) Familias monoparentales. Se considerarán familias monoparentales las formadas únicamente por el padre o la madre y los hijos.
e) Víctimas de la violencia de género. Tendrán esta consideración de víctimas de la violencia de género aquellas mujeres que hayan sufrido actos de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
f) Víctimas del terrorismo. Serán consideradas como tales las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana.
g) Personas mayores de 65 años.
h) Personas discapacitadas. Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 %. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 % los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
La acreditación del grado de minusvalía se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Tendrán la consideración especial de personas discapacitadas con dificultad de movilidad aquellas que así lo tengan reconocido en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1.971/1999, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
Artículo 3 Número de actuaciones protegidas
Los objetivos inicialmente definidos en el Convenio suscrito el 30 de noviembre de 2005, entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aplicación del Plan Estatal 2005 - 2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, podrán verse modificados a lo largo de la vigencia del convenio en los supuestos previstos en la cláusula primera del mismo. En consecuencia la financiación precisa para el cumplimiento de los objetivos, podrá ser modificada o incrementada para ajustarse a los nuevos objetivos que puedan establecerse.
Artículo 4 Financiación de actuaciones protegidas
1. Las actuaciones protegidas reguladas en el presente Decreto se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 04.05.261A.484 «Ayudas a inquilinos para pagos de rentas de viviendas», 04.05.261A.771 «Promotores de viviendas. Adquisición y habilitación de suelo y promoción de viviendas de protección oficial», y 04.05.261A.781 «Adquisición y rehabilitación de viviendas y edificios», de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.
2. Para las anualidades sucesivas las aplicaciones presupuestarias serán las que figuren en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
1. Corresponde a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, la tramitación y resolución de los expedientes que tengan por objeto la calificación de actuaciones protegibles.
2. El Gobierno de Cantabria será el órgano competente, previa consignación presupuestaria para este fin, para conceder subvenciones cuyo importe supere los límites que a tal efecto establezcan las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En los demás supuestos, será órgano competente el Consejero de Obras Públicas y Vivienda para la concesión de subvenciones incluidas en los Planes de Vivienda y Suelo.
Artículo 6 Beneficiarios de las ayudas del Plan
Podrán ser beneficiarios de las ayudas, las familias y personas que tengan establecido su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Cantabria y que cumplan los requisitos previstos en este Decreto relativos a los niveles de ingresos familiares y a otras circunstancias personales, exigibles en general y para cada tipo de actuación protegida.
Artículo 7 Actuaciones protegidas y condiciones de acceso a las mismas
1. Se consideran dentro del ámbito de aplicación del presente Decreto las siguientes actuaciones protegidas:
a) La promoción de viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a la venta, el arrendamiento, o el uso propio, incluidas las promovidas en régimen de derecho de superficie o de concesión administrativa.
b) La promoción, en régimen de cofinanciación, de las viviendas calificadas o declaradas como viviendas protegidas de promoción pública para alquilar.
c) La compra de las viviendas de nueva construcción para venta, indicadas en el apartado a), así como la adquisición de viviendas usadas, para su tenencia en régimen de propiedad.
d) El apoyo a quienes pongan en arrendamiento viviendas usadas y libres, propias, o a quienes las adquieran para tal finalidad.
e) El apoyo económico a los inquilinos de las viviendas arrendadas.
f) La rehabilitación de áreas en proceso de degradación y de centros históricos; y la rehabilitación aislada de edificios y viviendas, incluyendo el parque residencial propiedad de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de otros entes públicos territoriales.
g) La urbanización de suelo, incluyendo, en su caso, su adquisición onerosa, destinado preferentemente a la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción, para su inmediata calificación.
h) La promoción de la mejora de la calidad y de la sostenibilidad de la edificación y del parque residencial existente.
i) El fomento a la instalación de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria centralizados.
2. Las condiciones de acceso a las ayudas establecidas en el presente Decreto, relativas a la obligación de fijar la residencia habitual y permanente y el domicilio fiscal en la vivienda a la que se accede, así como la de ocupar la vivienda en un plazo máximo de tres meses y posteriormente de forma ininterrumpida, serán requisitos necesarios para cualquier tipo de actuación protegida, ampliándose las facultades de control e inspección de la Administración para verificar la efectiva ocupación de la vivienda por sus titulares o beneficiarios, tal y como se dispone en los artículos 19 y 25 de este Decreto.
3. Los matrimonios o parejas de hecho deberán fijar como domicilio conyugal o de convivencia la vivienda protegida a la que haya accedido cualquiera de los cónyuges o miembros de la pareja, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de este Decreto. En caso contrario, o si ambos cuentan con vivienda protegida, deberán comunicar esta circunstancia a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura para que pueda apreciar, en su caso, la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 26.2 de este Decreto.
Artículo 8 Duración del régimen de protección de las viviendas protegidas y limitación del precio de las viviendas usadas
1. Las viviendas sujetas a regímenes de protección oficial que se acojan a las medidas de financiación establecidas en este Decreto tendrán un régimen de protección, sin posibilidad de descalificación voluntaria, que se extenderá a toda la vida útil de la vivienda, considerando como tal un período de 30 años, contado desde su calificación definitiva. Las viviendas protegidas de precio concertado tendrán un régimen de protección, sin posibilidad de descalificación voluntaria, que se extenderá a un período de 15 años desde su calificación definitiva.
2. La ayuda para la adquisición protegida de las viviendas usadas en propiedad definidas en el artículo 42 del presente Decreto, implicará que los precios de venta en las siguientes transmisiones de aquéllas estarán limitados a los precios máximos, determinados conforme a lo establecido en este Decreto, durante un período de 15 años desde la fecha de adquisición.
Artículo 9 Áreas Geográficas
1. La Comunidad Autónoma de Cantabria constituye un área geográfica a efectos del cálculo del precio máximo de venta de las viviendas protegidas reguladas en el presente Decreto.
2. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, mediante Orden, podrá crear áreas geográficas homogéneas en atención a los distintos factores locales que intervienen en la formación del precio de la vivienda. Del mismo modo, fijará los distintos coeficientes correctores a aplicar, en cada caso, al precio básico para determinar los precios máximos de venta y renta de dichas áreas.
Artículo 10 Precios máximos de venta y renta de viviendas protegidas
1. Los precios máximos de venta y renta de las viviendas protegidas serán los resultantes de aplicar unos determinados coeficientes sobre el precio básico que se establezca a nivel nacional por metro cuadrado de superficie útil.
2. Todos los precios y rentas máximos de las viviendas acogidas a este Decreto serán automáticamente revisados, en función de las alteraciones de la cuantía del precio básico.
3. En el precio máximo estarán incluidas las cantidades por las obras o modificaciones del proyecto objeto de calificación provisional que se exijan por las ordenanzas o normativa básica, previa autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
4. El Precio Básico Autonómico, aplicable a las viviendas acogidas al Decreto 31/2004, de 1 de abril, por el que se establece el Régimen de Viviendas de Protección Pública en régimen autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Régimen de Subvenciones, se fija exactamente en la misma cuantía establecida para el Precio Básico Nacional y también se entenderá automáticamente revisado en cuanto a su fijación, en función de las alteraciones periódicas experimentadas por el Precio Básico Nacional, previstas en el párrafo segundo de este artículo.
5. Asimismo, y con independencia de lo previsto en el párrafo anterior, el Precio Básico Autonómico podrá ser revisado en cualquier momento, mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para adaptarlo a las necesidades coyunturales de la región.
6. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, que figurará en la calificación provisional de las viviendas de protección oficial de régimen especial que se construyan en la Comunidad Autónoma, será el resultado de aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,40.
7. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, que figurará en la calificación provisional de las viviendas protegidas de precio general dependiendo del área geográfica donde se ubiquen será el resultante de aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,60 para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Cantabria
8. El precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, que figurará en la calificación provisional de las viviendas protegidas de precio concertado será el resultado de aplicar al precio básico nacional el coeficiente multiplicativo cifrado en 1,80.
9. El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil en segundas y posteriores transmisiones de las viviendas protegidas de promoción privada acogidas al Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, será el máximo que corresponda a las viviendas protegidas del mismo régimen que se califiquen provisionalmente en la fecha en que tenga lugar el contrato de compraventa, en el correspondiente área geográfica y ámbito territorial.
10. Para las segundas o sucesivas transmisiones, incluidas las adjudicaciones por subasta judicial, de los propietarios o adjudicatarios de viviendas calificadas como de régimen especial se requerirá la autorización previa de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, lo que será objeto de calificación por los registradores de la propiedad. La posibilidad de disposición "inter vivos" de este tipo de viviendas en segunda o posteriores trasmisiones queda condicionada, en todo caso, al ejercicio de la facultad de adquisición preferente o de recuperar la vivienda contemplada en los artículos 28 y 29 de este Decreto.
11. En el término municipal de Santander, al estar declarado como ámbito territorial de precio máximo superior del grupo C, se incrementa el precio máximo de venta de todas las viviendas acogidas a este Decreto, hasta un 15 por 100, para las viviendas protegidas de nueva construcción, y hasta un 20 por 100, para las viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión.
Artículo 10 redactado por el número primero del artículo único del D [CANTABRIA] 44/2008, 24 abril, de modificación parcial del Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria («B.O.C.» 8 mayo).
Artículo 11 Cómputo de los ingresos familiares
1. Los ingresos familiares a que se refiere este Decreto, se determinarán de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes y se referirán a la unidad familiar tal y como resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. El momento a tener en cuenta respecto al cómputo de los ingresos familiares será el referido a la fecha de solicitud de las ayudas y para el caso en el que no se hayan solicitado ayudas se atenderá al momento de la fecha del contrato o al de la fecha de presentación del mismo para su visado si hubiera transcurrido más de un mes desde la fecha del contrato.
3. El cálculo de los ingresos familiares se computará del modo siguiente:
c) Se establecen para toda la Comunidad Autónoma de Cantabria los coeficientes multiplicativos correctores siguientes en función del número de miembros de la unidad familiar.
Nº miembros unidad familiar Coeficiente corrector
4. En caso de que algún miembro de la unidad familiar esté afectado con minusvalía, en las condiciones establecidas en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el coeficiente corrector aplicable será el del tramo siguiente al que le hubiera correspondido.
5. Se establece para toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, en virtud de lo establecido en el artículo 7.2.c).3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, un coeficiente multiplicativo corrector de 1,00.
Artículo 11 redactado por el número segundo del artículo único del D [CANTABRIA] 44/2008, 24 abril, de modificación parcial del Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria («B.O.C.» 8 mayo).
Artículo 12 Ayudas financieras a la vivienda
b) Ayudas económicas directas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que pueden ser:
2. Para que sean satisfechas las ayudas económicas directas será preciso que la Dirección General de Vivienda y Arquitectura haya reconocido el cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a dichas ayudas, dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos en este Decreto, y según lo acordado en los correspondientes convenios de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cantabria.
3. La suma de las ayudas directas, junto con el préstamo convenido, en su caso, no podrán superar el precio, coste o presupuesto protegido, según corresponda, de las actuaciones protegidas.
4. Para las ayudas previstas en el presente artículo se tomará como referencia la fecha de presentación de la solicitud de ayudas ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
Artículo 13 Solicitudes y documentación
1. Las solicitudes de ayuda se formalizarán obligatoriamente en los modelos oficiales que se establezcan, pudiendo ser requerida al interesado, de acuerdo con las peculiaridades de cada caso, la documentación que fuera necesaria para su presentación en el plazo de 10 días hábiles, apercibiéndole de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Igualmente el solicitante podrá acompañar cuantos documentos considere convenientes en prueba de su mejor derecho a la ayuda que solicita.
3. El plazo máximo de solicitud de préstamos convenidos será de seis meses desde la fecha del contrato de compraventa o adjudicación.
4. El plazo máximo de solicitud de las subvenciones y ayudas, será de seis meses desde la fecha del contrato o de la escritura de compraventa o adjudicación.
Artículo 14 Instrucción y resolución del procedimiento de concesión de subvenciones
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones incluidas en Planes de Vivienda y Suelo corresponderá a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, que asimismo, gestionará su abono.
2. Dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos en este Decreto, en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y según lo acordado en el Convenio suscrito entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales el director general de Vivienda y Arquitectura dictará resolución de reconocimiento del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habiliten para acceder a las ayudas financieras.
3. Una vez comprobado por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos en la Resolución señalada en el apartado anterior, ésta elevará al órgano competente la propuesta de concesión de la subvención que en cada caso proceda.
4. En el caso de subvenciones a personas arrendatarias, una vez finalizada la instrucción del procedimiento, el Director General de Vivienda y Arquitectura elevará al órgano competente la propuesta de concesión de la subvención que proceda.
5. Las propuestas de concesión de subvenciones irán acompañadas de la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, y con la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y, en su caso, de la resolución a que hace referencia el apartado 2 de este artículo.
1. Si la normativa aplicable a cada tipo de subvención prevé que el solicitante justifique con anterioridad a la concesión de la subvención el cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a las mismas, se expedirá un documento contable de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación con solicitud de ordenación del pago al Consejero de Economía y Hacienda, junto con la resolución administrativa por la que se concede la subvención.
2. En el caso de que la normativa reguladora del Plan de Vivienda aplicable a cada tipo de subvención prevea que la justificación del cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para proceder al pago de las mismas, se realice con posterioridad a la concesión de la subvención, se expedirá un documento contable de autorización y compromiso de gasto por la parte que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento contable de autorización y compromiso de gasto de ejercicios posteriores, junto con la resolución administrativa por la que se concede la subvención. Cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la resolución de concesión, o en el momento establecido en las normas reguladoras, se expedirá un documento contable de reconocimiento de la obligación con solicitud de ordenación del pago al consejero de Economía y Hacienda.
Asimismo, una vez concedida la subvención regulada en el párrafo anterior, el pago de la misma podrá instrumentarse a través de la empresa pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria S. L. como entidad colaboradora, actuando ésta en nombre y por cuenta del órgano concedente, al objeto de que entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios, los cuales en ningún caso se considerarán integrantes de su patrimonio. A tal fin, se formalizará un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y dicha entidad colaboradora, en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.
3. La fiscalización de las propuestas de resolución de concesión de subvenciones se realizará de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente.
4. La acreditación por el beneficiario de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, y con la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberá realizarse con anterioridad a la propuesta de concesión de la subvención. Igualmente no podrá ser beneficiario quien no se encuentre al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, y con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
6. El importe de la subvención a que se refiere el artículo 53 del presente Decreto podrá ser anticipado, previo informe del director general de Vivienda y Arquitectura, y conforme con las disponibilidades presupuestarias, debiendo cumplir las siguientes condiciones:
a) Presentación de aval u otros medios de garantía aceptados por el ordenamiento jurídico que garanticen la devolución de los importes, en el caso de que la citada subvención no alcance los objetivos para los que ha sido establecida en el plazo de tiempo determinado.
b) Obtención de calificación provisional como viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas protegidas de precio general.
c) Presentación de copia simple de la escritura del préstamo cualificado.
1. La concesión de las subvenciones a las que se refiere esta norma, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria con carácter trimestral, en el mes siguiente al cumplimento del trimestre, con expresión del Plan de Vivienda al que se acogen, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
2. No será necesaria la publicación, citada en el párrafo anterior, para aquellas subvenciones concedidas, individualmente consideradas, de cuantía inferior a 3.000,00 euros.
Artículo 17 Silencio administrativo
Transcurridos seis meses desde la presentación de las solicitudes de ayudas reguladas en el presente Decreto sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderán desestimadas por silencio administrativo.
Artículo 18 Visado de contratos
Antes de ser elevados a escritura pública los contratos de compraventa de viviendas protegidas deberán obtener el correspondiente visado de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
Artículo 19 Facultades de inspección
La Dirección General de Vivienda y Arquitectura ejercerá las facultades de inspección sobre las actuaciones protegidas con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y de los compromisos de los beneficiarios de las mismas. Estas facultades se extenderán a actuaciones de colaboración, si fuere necesario, con otras Administraciones y Registros Públicos, y en particular con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, los Centros de Gestión Catastral y el Registro de la Propiedad. A estos efectos, se constituirá una Comisión de seguimiento.
Artículo 20 Autorización a la Administración de solicitud de información
En la solicitud de ayudas financieras a la vivienda deberá constar autorización, a los efectos del artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, para que la Dirección General de Vivienda y Arquitectura pueda solicitar la información de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración que se establezca con la Administración Tributaria o con otras Administraciones Públicas competentes.
Si no se otorgara expresamente dicha autorización, se deberá aportar la acreditación de tales extremos.
Artículo 21 Préstamos convenidos
Los promotores de vivienda estarán obligados a obtener la financiación cualificada mediante préstamo al Promotor en el plazo máximo de seis meses de la obtención de la Calificación Provisional. Transcurrido dicho plazo la Calificación Provisional podrá quedar sin efecto mediante resolución motivada del director general de Vivienda y Arquitectura, previa audiencia del interesado.
Artículo 22 Subsidiación de los préstamos convenidos
La subsidiación de préstamos tendrá efectividad a partir de la fecha de la escritura de formalización del préstamo convenido, o de la subrogación en él por parte del destinatario de la subsidiación, una vez obtenida la preceptiva autorización y, en su caso, el reconocimiento previo del derecho a la subsidiación, por parte de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
La efectividad de la subsidiación de préstamos convenidos, cuando éstos hubieran sido formalizados antes de la autorización o reconocimiento administrativo del derecho, requerirá la resolución expresa de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, y se iniciará durante el quinquenio reconocido, a partir de la fecha de recepción por parte del Ministerio de Vivienda de dicha resolución.
Artículo 23 Condiciones generales para acceder a las ayudas financieras a la vivienda
1. Las actuaciones para las que se solicita ayuda financiera a la vivienda han de ser calificadas como protegidas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y las viviendas objeto de dichas actuaciones han de dedicarse a residencia habitual y permanente de sus destinatarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de este Decreto respecto a la cesión temporal de viviendas.
2. Los precios máximos de venta, adjudicación o renta de las viviendas no pueden exceder, según los casos, de los que se establecen en este Decreto. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, serán nulas las cláusulas y estipulaciones que establezcan precios y rentas superiores a los máximos autorizados en la normativa aplicable para las viviendas de protección oficial y a éstos se deberán reconducir.
3. Las superficies útiles máximas de las viviendas, sin perjuicio de lo establecido para las actuaciones de rehabilitación y arrendamiento, no pueden exceder de la siguiente extensión:
Cuando se trate de viviendas protegidas adaptadas para personas con discapacidad, con movilidad reducida permanente, podrá sobrepasarse dicho límite, hasta un máximo del 20 por 100 de superficie útil.
Los promotores podrán incluir, en cada promoción, para su adquisición por familias numerosas, hasta un 5 por 100 de viviendas con una superficie útil que no exceda de 120 metros cuadrados.
Los promotores que hagan uso de esta reserva tendrán, a efectos informativos, que hacer público el anuncio del destino de este tipo de viviendas en toda la publicidad que realicen de la promoción y podrán solicitar su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde se ubique la vivienda.
Asimismo, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura comunicará a los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento en que se ubique la promoción, la existencia de estas viviendas.
4. La protección pública se podrá extender a otros elementos diferentes de la vivienda, pero vinculados en proyecto y registralmente a ella como garajes y trasteros. En estos casos sólo serán computables en la proporción que expresamente se indique en este Decreto para acogerse a cada tipo de ayuda.
Artículo 23 redactado por el número tercero del artículo único del D [CANTABRIA] 44/2008, 24 abril, de modificación parcial del Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria («B.O.C.» 8 mayo).
Artículo 24 Compradores que acceden por primera vez a la vivienda en propiedad
Podrán acogerse al sistema de ayudas para el primer acceso a la vivienda en propiedad, los compradores cuyos ingresos familiares, corregidos según establece el artículo 11, no excedan de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y que no tengan ni hubieran tenido vivienda en propiedad, o que teniéndola, o habiéndola tenido, sus titulares no dispongan del derecho de uso o disfrute de la misma o el valor de la vivienda se ajuste al determinado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
Artículo 25 Destino y ocupación de las viviendas. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer
1. Las viviendas promovidas o rehabilitadas para uso propio y las adquiridas, sea para uso propio o para su cesión en régimen de arrendamiento, se destinarán a residencia habitual y permanente del propietario o, en su caso, del inquilino, fijando en él su domicilio fiscal y deberán ser ocupadas por los mismos dentro del plazo de tres meses.
2. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura podrá autorizar excepcionalmente la prórroga de este plazo debidamente justificada por razones de tipo laboral o familiar.
3. La residencia habitual y permanente en la vivienda se acreditará con la certificación municipal de empadronamiento y la acreditación del domicilio fiscal correspondiente.
A estos efectos se observará expresamente que su titular se comprometa a establecer en la vivienda su domicilio habitual y permanente, acreditando necesariamente su residencia efectiva.
4. Cuando del ejercicio de las facultades de inspección contempladas en el artículo 19 de este Decreto, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura detecte un posible incumplimiento del requisito legal de destino de la vivienda a residencia habitual y permanente, se practicarán las correspondientes actuaciones de comprobación.
Una vez notificado al interesado la apertura de dichas actuaciones se le dará un plazo de un mes para que aporte los medios probatorios que estime pertinente para acreditar la efectiva ocupación de la vivienda. Para el caso de que el interesado no acredite la ocupación efectiva de la vivienda se procederá a la apertura del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que le puedan corresponder. En los casos de viviendas protegidas de régimen especial no cabrá la posibilidad de la descalificación como sanción.
5. Las viviendas protegidas, así como las viviendas usadas adquiridas para su cesión en régimen de arrendamiento, podrán cederse temporalmente a víctimas de la violencia de género, personas que se encuentren en situaciones de emergencia social, así como a los afectados por actuaciones de remodelación o rehabilitación efectuadas por los organismos públicos en barrios o zonas siempre que de las mismas se derive la necesidad de proceder a realojamientos temporales de toda o parte de la población correspondiente. En estos supuestos, se estará a las normas y procedimientos que se establezcan respecto a la cesión temporal de las viviendas.
6. Los compradores de viviendas acogidas a este Decreto, no podrán transmitirlas ínter vivos ni ceder su uso por ningún título, durante el plazo de diez años desde la fecha de la formalización en escritura pública de la adquisición, debiendo hacerse constar expresamente dicha limitación en la escritura pública de compraventa y en el Registro de la Propiedad.
Artículo 26 Excepciones a las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer
1. La prohibición de transmitir o de ceder el uso de las viviendas podrá dejarse sin efecto en el caso de subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo, mediante autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura. Si se hubieran obtenido ayudas financieras, se requerirá la previa cancelación del préstamo y el reintegro de las ayudas económicas recibidas, más los intereses legales producidos desde el momento de la percepción. En cualquier caso, el nuevo adjudicatario no podrá trasmitir, a su vez, la vivienda a un precio superior al máximo autorizado.
2. También podrá dejarse sin efecto la prohibición de transmitir o de ceder el uso de las viviendas, por necesidad de cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda, o cuando concurran otros motivos justificados, siempre que medie autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y se respeten los procedimientos establecidos por ésta. Igualmente, si se hubiera obtenido ayuda financiera, se requerirá la previa cancelación del préstamo y el reintegro de las ayudas económicas recibidas, a la Administración concedente, en su caso, más los intereses legales producidos desde el momento de la percepción.
3. Asimismo, la prohibición de transmitir o de ceder el uso de las viviendas podrá dejarse sin efecto, mediante autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, cuando se trate de cualquiera de los siguientes supuestos:
4. Una vez transcurridos diez años desde la formalización de la compraventa, la transmisión ínter vivos o la cesión del uso de la vivienda a que se refiere este artículo, conllevará la pérdida de la condición de convenido del préstamo, en su caso, pudiendo la entidad concedente decidir su resolución.
5. La prohibición de disponer y las limitaciones establecidas, tanto en este artículo como en el artículo 25, se harán constar expresamente en las Escrituras Públicas de compraventa, de adjudicación o de declaración de obra nueva en el supuesto de promoción individual para uso propio, y se adjuntará a dichas escrituras públicas, una copia testimoniada o compulsada de la calificación definitiva de la vivienda, o, en su caso, en la Escritura Pública de formalización del préstamo hipotecario. En ambos supuestos, dichas prohibición y limitaciones se inscribirán en el Registro de la Propiedad, donde se harán constar por medio de nota marginal.
6. A los efectos del oportuno control administrativo cuando se eleve el contrato de compraventa a escritura pública se deberá depositar copia de la misma, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, en el plazo de dos meses desde dicha inscripción.
7. Los Registradores de la Propiedad comunicarán a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura los datos de las escrituras que suspendan o denieguen relativas a estas viviendas, cuando ello implique un cambio de uso o transmisión antes del vencimiento de los plazos referidos en los apartados anteriores.
Artículo 27 Registro Público de Demandantes de Vivienda
1. La venta y adjudicación de las viviendas acogidas a este Decreto habrá de efectuarse a demandantes debidamente inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda, según los procedimientos regulados en este artículo y en la normativa que lo desarrolle, que, en todo caso, deberán garantizar los principios de igualdad, publicidad, concurrencia, así como eliminar cualquier tipo de fraude en las primeras y posteriores transmisiones.
2. Se crea en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura el Registro Público de Demandantes de Vivienda como registro voluntario y gratuito de naturaleza puramente administrativa. Los datos que obran en este Registro carecen de efectos sustantivos civiles o mercantiles, no sirven para atribuir derechos «erga omnes» al solicitante inscrito ni prejuzgan, en caso alguno, cuestiones que se substancien en la jurisdicción civil sobre cumplimiento o incumplimiento de contratos.
3. El Registro Público de Demandantes de Vivienda constará de dos secciones diferenciadas, aunque compatibles:
a) La Sección 1ª. Demandantes de vivienda en régimen de propiedad
b) La Sección 2ª. Demandantes de vivienda en régimen de arrendamiento.
Este Registro no se hace extensible a lo dispuesto en el Título I, sobre acceso de los ciudadanos a viviendas en arrendamiento, ni tampoco a las medidas previstas en el Capítulo II del Título III para fomentar el arrendamiento del parque residencial desocupado.
4. La finalidad de este Registro consiste en la eficaz identificación del solicitante o potencial beneficiario de actuaciones protegidas y de todas las circunstancias económicas, personales y familiares de éste, así como la actualización de las mismas.
5. Los datos contenidos en este Registro permitirán la efectiva constatación de todas las necesidades reales de la demanda de actuaciones protegidas en Cantabria, del tipo de acceso a la vivienda requerido y su distribución geográfica, permitiendo orientar todas las actuaciones protegidas desarrolladas por el Gobierno a lograr su satisfacción.
6. Los datos de los solicitantes de actuaciones protegidas contenidos en este Registro Público de Demandantes de Vivienda serán aportados por los propios interesados mediante declaración responsable en la que se comprometen a actualizar o comunicar cualquier cambio en las circunstancias económicas, personales y familiares que se facilitan inicialmente.
7. La solicitud de inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda implicará la prestación del consentimiento de la persona solicitante para que la Dirección General de Vivienda y Arquitectura pueda recabar la información que fuera legalmente pertinente a los efectos de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. La comprobación de la veracidad de los datos objeto de registro podrá hacerse, en cualquier momento, a través de inspecciones técnicas realizadas por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y a través de las funciones coadyuvantes de los registros y archivos informatizados de las distintas Administraciones Públicas, órganos judiciales y registros civiles y mercantiles con los que se relaciona. Las personas que se encuentren inscritas en el Registro podrán solicitar su baja en cualquier momento y ésta se producirá necesariamente, cuando hayan conseguido el acceso en propiedad a la Vivienda.
8. El ejercicio de las facultades de inspección de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura contempladas en este Decreto se extenderá a los datos consignados en este Registro. La detección o constatación de cualquier aportación de datos falsos o no actualizados al Registro conllevará necesariamente la pérdida de la condición de beneficiario de las actuaciones protegidas contempladas en este Decreto.
9. Este Registro se utilizará también con fines estadísticos, y cualesquiera otros que requiera el desarrollo, cumplimiento y control de la relación jurídico-administrativa o el funcionamiento interno del correspondiente servicio administrativo.
10. La Dirección General de Vivienda y Arquitectura se dirigirá siempre en sus relaciones jurídico-administrativas a quien conste como solicitante o demandante de actuaciones protegidas en este Registro. También ofrece este Registro una cierta publicidad formal a los promotores, constructores, vendedores y arrendadores que conforman la oferta de las viviendas y a quienes acrediten ostentar un interés legítimo y directo, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
11. Este Registro, que se constituirá al amparo de las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, será objeto de desarrollo reglamentario para regular su organización y funcionamiento.
Véase O [CANTABRIA] OBR/7/2010, 10 mayo, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Demandantes de Viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.C.» 28 mayo). Véase O [CANTABRIA] OBR/8/2006, 27 diciembre, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.C.» 10 enero 2007).
Artículo 28 Derechos de tanteo y retracto
1. En virtud de lo establecido en el articulo 13 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene sobre las viviendas calificadas como protegidas en este Decreto, con destino a su venta, derechos preferentes de tanteo y retracto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establecen derechos de tanteo y de retracto a favor de las siguientes entidades cuando las viviendas se promuevan por ellas:
a) Otras Administraciones de carácter territorial establecidas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) Las entidades públicas designadas por la Comunidad Autónoma de Cantabria.
c) Las sociedades mercantiles de capital íntegramente público.
e) (sic) Las agencias o sociedades públicas de alquiler legalmente creadas.
2. Estos derechos de adquisición preferente podrán ejercitarse dentro de los 120 días naturales, contados respectivamente desde el siguiente a aquel en que se notifique de forma fehaciente la decisión de transmitir o desde el día siguiente al que se hubiese conocido o tenido noticia de la transmisión. Tales derechos se harán constar expresamente en los contratos de compraventa que suscriban los promotores con los adquirentes beneficiarios de los préstamos convenidos y deberá ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad.
3. Cuando las viviendas se promuevan por las entidades relacionadas en el apartado 1 del presente artículo, se reflejará expresamente en el contrato un derecho de retracto convencional a favor del ente titular de la promoción que le facultará a recuperar la vivienda cuando, tras el oportuno expediente sancionador, se compruebe y verifique que concurre la circunstancia de vivienda desocupada.
4. La facultad de tanteo y retracto será ejercitable por un plazo de diez años, desde la fecha de la escritura pública de primera transmisión o desde la fecha de calificación definitiva para las viviendas unifamiliares promovidas para uso propio, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1.507 y siguientes del Código Civil.
5. Ejercido el derecho de retracto convencional se deberá disponer de nuevo de la vivienda a favor de demandantes de dicho tipo de viviendas inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda, una vez verificados todos los datos que en él figuran.
Artículo 29 Transmisión de las viviendas protegidas
1. Sin perjuicio de los derechos de tanteo y retracto a cuyo ejercicio faculta el artículo anterior, para las segundas o sucesivas transmisiones «inter vivos», incluidas las adjudicaciones por subasta judicial, de los propietarios o adjudicatarios de viviendas protegidas contempladas en el presente Decreto se requerirá la autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, lo que será objeto de calificación por los Registradores de la Propiedad.
2. Se deberá consignar expresamente en los contratos, junto con la reserva del ejercicio de los derechos de adquisición preferente, que el precio de venta no podrá sobrepasar el máximo oficial.
3. A los efectos del oportuno control administrativo los Registradores de la Propiedad comunicarán a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura los datos de las escrituras que suspendan o denieguen relativas a estas viviendas, cuando implique una falta de autorización de las referidas en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 30 Efectos del incumplimiento
El incumplimiento de las condiciones establecidas en cada caso y de cualesquiera otros requisitos exigidos en este Decreto para cada una de las actuaciones protegidas objeto de ayudas a la vivienda, incluyendo la no obtención de la calificación definitiva de las actuaciones, conllevará, en todo caso, además de las sanciones que correspondan, de conformidad con la naturaleza de la infracción cometida, y según la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, la pérdida, en su caso, de la condición de préstamo convenido y la interrupción de la subsidiación otorgada, así como el reintegro de las cantidades satisfechas en concepto de ayudas a la vivienda, incrementadas con los intereses de demora desde su percepción.