Source: http://html.rincondelvago.com/derecho-ambiental-mexicano_2.html
Timestamp: 2017-08-21 21:57:02
Document Index: 3829679

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 125', 'artículo 101', 'artículo 270', 'artículo 8', 'artículo 235', 'artículo 20', 'Artículo 4', 'Artículo 4']

Debe entenderse como "difuso" el grupo humano que coparticipa en el interés, y no tanto el interés mismo, que se puede percibir como concreto.
Ejemplo de intereses difusos, o mejor dicho, de "pertenencia difusa", son: derecho a un medio ambiente adecuado, a la salud, a la utilización racional de los recursos naturales, a la seguridad de consumidores y usuarios, al patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, etc.
Entre los titulares de un interés difuso no existe relación jurídica alguna (consumidores), la cual sí existe entre los titulares de un interés colectivo, ya sea por vinculación directa (estudiantes) o jurídica (sindicatos).
La diferencia tiende a atenuarse porque diversos sectores sociales, cada vez en mayor número, comienzan a organizarse jurídicamente con el fin de realizar una defensa efectiva de estos intereses.
MODELOS DE TUTELA DE INTERESES DIFUSOS
1.- Atribuir a un fiscal la legitimación procesal.
La Constitución de Brasil confiere a un fiscal la función de promover la "acción civil pública de responsabilidad" para la protección del patrimonio público, del medio ambiente y de otros intereses difusos.
2.- Creación de órganos públicos especializados.
En Suecia existe un ombudsman de los consumidores (1970) y en Estados Unidos una Consumer Product Safety Commission (1973).
3.- Habilitación legal a personas u organismos privados.
En Francia la action collective permite a ciertas asociaciones instar al juez civil o penal para que resuelva el cese de actividades ilícitas atentatorias contra intereses difusos. Por ejemplo, en materia derechos del consumidor, que ordene la eliminación de cláusulas contractuales vejatorias (Ley Royer, 1973).
En Estados Unidos la class action presupone la existencia de un elevado número de titulares de pretensiones jurídicas individuales, posibilitando el tratamiento procesal unitario y simultáneo de todas ellas, a través de la intervención en el juicio de un único exponente del grupo (Federal Rules of Civil Procedure, 1938).
En Brasil el mandado de segurança colectivo permite a los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, a las organizaciones sindicales, entidades de clase o asociaciones legalmente constituidas, defender los derechos constitucionales de sus miembros o asociados.
4.- Acción popular.
Permite que toda persona pueda litigar para la tutela de intereses difusos. Existen sanciones en el caso de acciones frívolas.
La Constitución de Portugal confiere a cualquier ciudadano, personalmente o por medio de asociaciones de defensa, un derecho de acción popular en materia de salud pública, degradación del medio ambiente, de la calidad de vida o del patrimonio cultural.
Mauro Cappelletti sostiene que la solución más eficaz es la combinación de los distintos modelos.
Siguiendo esta línea, Francisco Fernández Segado considera que la efectiva tutela de los intereses difusos debe integrar procesalmente desde la acción pública del fiscal hasta la creación de órganos administrativos especializados, pasando por la habilitación legal tanto de individuos como asociaciones privadas y, en último término, implementando el recurso a la acción popular.
TUTELA DE INTERESES DIFUSOS, ARGENTINA
La Constitución de la Provincia de Córdoba “garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado, la legitimación para obtener de las autoridades la protección de los intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole, (…)” reconocidos en ella (artículo 53).
CASO KATTAN, ALBERTO vs. PODER EJECUTIVO NACIONAL
En Sentencia de fecha 10 de mayo de 1983, la Corte Suprema argentina otorgó el amparo solicitado por un grupo de particulares contra el Poder Ejecutivo, respecto a su autorización para que empresas japonesas capturaran catorce delfines en aguas de jurisdicción nacional.
“Están habilitados para iniciar una acción de amparo aquellos que lo hacen a título personal o en representación de sus familias, cuando la finalidad que persiguen es el mantenimiento del equilibrio ecológico, garantía ésta que se encuentra implícita en el art. 33 de la Constitución Nacional (...).
Todo ser humano posee un derecho subjetivo a ejercer las acciones tendentes a la protección del equilibrio ecológico (...).
En efecto, la destrucción, modificación o alteración de un ecosistema interesa a cada individuo, y defender su hábitat constituye una necesidad o conveniencia de quien sufre el menoscabo, con independencia de que otros miembros de la comunidad no lo comprendan así y soporten los perjuicios sin intentar su defensa.”
TUTELA DE INTERESES DIFUSOS, BRASIL
El mandado de segurança es el principal medio de impugnación de los actos del poder público en Brasil, ya que permite proteger los derechos constitucionales del individuo, con la sola exclusión de la libertad personal, tutelado por el habeas corpus.
La Constitución señala que se concederá mandado de segurança para proteger derecho líquido y cierto no tutelado por habeas corpus, cuando el responsable de la ilegalidad o del abuso de poder fueren autoridades públicas o agentes de personas jurídicas en el ejercicio de atribuciones del poder público (artículo 5, inciso LXIX).
Siguiendo a la jurisprudencia brasileña, derecho "líquido y cierto" es el que se presenta como manifiesto en su existencia, delimitado en su extensión y apto para ser ejercido. En otras palabras, ha de tratarse de un derecho expreso en una norma legal que reúna todos los requisitos y condiciones de aplicación.
La Constitución también señala que quedan legitimados para la interposición de un mandado de segurança colectivo: a) un partido político con representación en el Congreso Nacional, y b) una organización sindical, entidad de clase o asociación legalmente constituida y en funcionamiento desde al menos un año, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados (artículo 5, inciso LXX).
De lo anterior se desprenden dos elementos: uno institucional que atribuye legitimación procesal a asociaciones para la defensa de los intereses de sus miembros, y otro objetivo que establece el empleo de este mandado para la defensa de intereses colectivos.
En consecuencia, se puede inferir que aquellas asociaciones que tengan, entre sus fines institucionales, la protección de intereses difusos, estarán investidas de legitimación para instar judicialmente la tutela del interés de que se trate.
Conforme a la Constitución, cualquier ciudadano está legitimado para interponer una acción popular (açao popular), dirigida a anular un acto lesivo del patrimonio público, del medio ambiente y del patrimonio histórico y cultural, quedando el actor exento de toda costa judicial, salvo que se compruebe la existencia de mala fe (artículo 5, inciso LXXXIII).
Asimismo, la "acción civil pública de responsabilidad" puede interponerse ante el juez del lugar en que presuntamente se haya producido el daño al medio ambiente, al consumidor o a bienes o derechos de valor artístico, estético, histórico y turístico. Esta acción puede presentarse por diversas entidades públicas y por asociaciones privadas, cuando éstas últimas incluyan entre sus fines institucionales la protección de los referidos intereses.
TUTELA DE INTERESES DIFUSOS, ESPAÑA
La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos para el ejercicio de la acción popular (artículo 125).
El Tribunal Constitucional ha sostenido la constitucionalidad de la legitimación procesal de los ciudadanos para la defensa de los intereses comunes, de idéntica manera que si se tratase de intereses propios: “Puede afirmarse que cuando un miembro de la sociedad defiende un interés común sostiene simultáneamente un interés personal, o, si se quiere desde otra perspectiva, que la única forma de defender el interés personal es sostener el interés común.”
En materia penal, "todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley" (artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
La Ley del Patrimonio Histórico Español declara pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales contencioso-administrativos la defensa de los bienes integrantes del patrimonio histórico (artículo 8.2).
La Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana califica como pública la acción para exigir la observancia de la legislación urbanística y de los planes, programas, proyectos, normas y ordenanzas (artículo 235.1).
La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios atribuye un derecho de representación a las asociaciones que tengan como finalidad la defensa de los intereses de aquéllos (artículo 20). Estas asociaciones, que pueden llegar a ser declaradas de utilidad pública, estarán exentas de pagar costas judiciales en aquellos casos en que los derechos guarden relación directa con productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.
TUTELA DE INTERESES DIFUSOS, ESTADOS UNIDOS
El Federal Rules of Civil Procedure (1938 con reformas en 1966), señala que una acción será admisible como class action cuando:
a) el número de los componentes del grupo sea tan elevado que no permita la intervención en juicio de todos sus miembros;
b) exista una cuestión de hecho y de derecho común a todo el grupo;
c) las demandas y excepciones de las partes correspondan a las que todo el grupo podría proponer; y
d) las partes representen de forma correcta y adecuada los intereses del grupo.
El recurso a una class action no requiere de la existencia de una asociación legalmente preconstituida. Uno o varios miembros del grupo que el juez considere "adecuadamente representativos", pueden ser autorizados para litigar por el conjunto del grupo.
TUTELA DE INTERESES DIFUSOS, MÉXICO
Artículo 4.- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, (…) y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.
Artículo 4.- Son partes en el juicio de amparo:
I. El quejoso, titular de un derecho o de un interés legítimo, siempre que el acto reclamado viole las garantías o los derechos previstos en el artículo primero y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su propia situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (…)