Source: https://botanaabogados.es/blog/
Timestamp: 2019-03-22 03:50:49
Document Index: 250766683

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 37', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 83', 'artículo 1']

Blog - Botana Abogados
Respuesta motivada del seguro tras un accidente
Publicado el 16 febrero, 2019 17 febrero, 2019 por Botana Abogados
¿Qué es la respuesta motivada tras un accidente de tráfico?
Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación ha procedido a la modificación del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en su Artículo 7. Denominado Obligaciones del asegurador y del perjudicado, la cual establece como obligaciones de la entidad aseguradora ante un accidente de tráfico de vehículos a motor el dar una oferta motivada (que ya ha sido objeto de otro de nuestros artículos) o en caso de una respuesta motivada.
En la respuesta motivada el asegurador NO traslada una oferta económica
Al igual que la oferta motivada contiene una comunicación del asegurador trasladando una cuantificación del daño y ofreciendo el pago sin condicionamiento alguno de su importe, en la respuesta motivada el asegurador hace justo todo lo contrario, es decir, responde al peticionario pero sin trasladar una oferta económica.
Requisitos de la respuesta motivada
En el supuesto de que el asegurador realice una respuesta motivada y para que esta surta efecto, respecto de enervar la mora del asegurador al pago de intereses moratorios, de acuerdo a la Ley 35/2015, se debe ajustar a los siguientes requisitos:
La respuesta debe dar respuesta a la reclamación, pudiendo alegar que no está determinada la responsabilidad. O que no es posible cuantificar el daño, o negar la responsabilidad, negar la causalidad entre el accidente y la reclamación, etc. Ahora bien la respuesta debe siempre especificar y razonar suficientemente la causa del rehúse que como veis puede ser total, parcial, o diferir en el tiempo el realizar una oferta motivada.
Cuando el motivo alegado sea la dilatación en el tiempo del proceso de curación del perjudicado y no fuera posible determinar el alcance total de las secuelas padecidas a causa del accidente o porque, por cualquier motivo, no se pudiera cuantificar plenamente el daño, la respuesta motivada del seguro deberá contener cuando menos referencia a los pagos a cuenta o pagos parciales anticipados a cuenta de la indemnización resultante final. Atendiendo a la naturaleza y entidad de los daños y el compromiso del asegurador de presentar oferta motivada de indemnización tan pronto como se hayan cuantificado los daños y, hasta ese momento, de informar motivadamente de la situación del siniestro cada dos meses desde el envío de la respuesta. Así mismo la respuesta ha de desglosar y detallar, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga, incluyendo el informe médico definitivo, que acrediten las razones de la entidad aseguradora para no dar una oferta motivada.
Al igual que en la oferta motivada los ofrecimientos parciales, o a cuenta que se realicen incluirá una mención a que no requiere aceptación o rechazo expreso por el perjudicado, ni afecta al ejercicio de cualesquiera acciones que puedan corresponderle para hacer valer sus derechos.
Normalmente las Cías. aseguradoras cuando emiten una respuesta motivada se limitan a enviar el escrito cumpliendo formalmente los alegatos de rehúse o aplazamiento en el tiempo reseñados. Ahora bien no suelen aportar los documentos que poseen, y así mismo las cuantificaciones para ofrecimientos parciales no responden a la realidad de los informes médicos que poseen. O incluso adoptan posturas pasivas ante el lesionado requiriéndole para que le aporte documentación médica cuando las entidades aseguradoras pueden apoyarse en medios de conocimiento como es el seguimiento médico al que la víctima no puede negarse.
Así pues cuando una Cía. aseguradora nos remita una respuesta motivada sin acompañar la documentación en la que se basa o adoptando una postura pasiva, no tendrá derecho a la enervación de la mora del asegurador y no tendrá el beneficio de no abonar intereses moratorios. Así mismo si la información y ofrecimientos parciales económicos remitidos no concuerdan con el contenido del conocimiento que la misma tiene o podría tener a medio de la contratación de servicios de seguimiento médico, tampoco tendrá derecho a la enervación de la mora.
La Ley 35/2015 no otorga a las aseguradoras un relajo en sus obligaciones de hacer cuando tiene conocimiento de la existencia de un siniestro. Las aseguradoras han de tener una actitud activa para alcanzar la enervación la mora que ha de ser expresamente objeto de pronunciamiento por juzgador. No basta con que se limiten a cubrir trámites administrativos formales.
Si usted está afectado por una respuesta motivada, debe tener muy claras las respuestas a estas 5 cuestiones:
Qué hacer si la aseguradora se niega al pago
Qué hacer si la aseguradora no acepta la responsabilidad
Qué hacer si la aseguradora rechaza la responsabilidad del siniestro
Intereses moratorios: efectos de la respuesta motivada del seguro
Qué hacer si la aseguradora no se hace cargo del siniestro
En cualquier caso es muy recomendable que todos estos trámites y comunicaciones se hagan siempre supervisados y dirigidos por un despacho profesional de abogados especializado en Derecho de Seguros, y experto en baremación y valoración del daño personal.
La oferta motivada en accidentes de tráfico
Publicado el 21 octubre, 2018 17 febrero, 2019 por Botana Abogados
He recibido una oferta motivada tras un accidente de tráfico ¿Cómo debo actuar?
Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación ha procedido a la modificación del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en su Artículo 7. Establece las Obligaciones del asegurador y del perjudicado.
Obligaciones impuestas al asegurador
La Ley impone al asegurador que, en el ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho.
Esta obligación la tiene el asegurador siempre; excepto cunado pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. No se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.
Obligaciones impuestas al perjudicado
Tras un accidente de tráfico el perjudicado deberá hacer en el plazo de un año una Reclamación Previa, de la cual hablaremos cumplidamente en otro artículo.
Presentación de oferta motivada por el asegurador
Así en el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en los bienes, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos que luego especificaremos.
Si la reclamación hubiera sido rechazada, el asegurador dará una respuesta motivada que ha de cumplir unos requisitos específicos para que sea eficaz y que será objeto de toro estudio por nuestra parte.
Para la emisión de la oferta motivada o en su caso la respuesta motivada el asegurador, a su costa, podrá solicitar previamente los informes periciales privados que considere pertinentes, que deberá efectuar por servicios propios o concertados, si considera que la documentación aportada por el lesionado es insuficiente para la cuantificación del daño.
Así pues en el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en los bienes, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos siguientes para que sea válida a los efectos enervatorios de la mora del asegurador:
La Oferta motivada para causar los efectos pretendidos por el asegurador responsable debe contener de acuerdo a la Ley 35/2015:
“a) Una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros.
b) Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el Título IV y el Anexo a la ley 35/2015
c) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el informe médico definitivo, e identificará aquéllos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo
d) Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.”
Aceptación en pago y aceptación a cuenta
Pues bien, recibida esta oferta motivada, el perjudicado puede aceptarla en pago, finiquitando así la reclamación, o puede aceptarla a cuenta, lo que implica que puede acceder a esa indemnización y continuar reclamando la cantidad que considere oportuna.
En cualquiera de los dos casos la entidad aseguradora no abonará intereses de la cantidad ofrecida en pago y que haga llegar al perjudicado ya la acepte en pago o la acepte a cuenta.
Si el perjudicado no acepta la cantidad ni en pago, ni a cuenta, dicha cantidad ofrecida en forma sigue enervando la mora del asegurador la cual no vendrá obligada a abonar intereses por dichas cantidades.
Si la cantidad ofrecida, no reúne los requisitos formales indicados el perjudicado podrá aceptarlo a cuenta pero la aseguradora deberá abonar los intereses de demora igualmente calculados desde la fecha del siniestro hasta la fecha del ingreso, y podrá continuar su reclamación por el exceso que considere oportuno.
Si usted está afectado, como perjudicado, por una oferta motivada, debe tener muy claras las respuestas a estas 4 cuestiones:
¿Qué es una oferta motivada?
¿Qué debo hacer cuando recibo una oferta motivada?
¿Por qué una compañía de seguros envía una oferta motivada?
¿Cuáles son los requisitos para que una oferta motivada surta sus efectos?
Colaboración de la víctima no culpable en un accidente de tráfico con los servicios médicos de la compañía culpable
Publicado el 13 octubre, 2018 13 octubre, 2018 por Botana Abogados
Soy víctima no culpable en un accidente de tráfico ¿Estoy obligado a aceptar que los servicios médicos de la compañía culpable me examinen?
Antecedentes y reforma de la norma
Desde que Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación por la cual se ha procedido a la modificación del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, la norma en su Artículo 37, establece la necesidad de informe médico y deberes recíprocos de colaboración.
Para la determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de realizarse mediante informe médico ajustado a las reglas del nuevo sistema impuesto por la Ley 35/2015 para los accidente ocurridos a partir del 1 de enero del año 2016.
Es recomendable la colaboración de la víctima no culpable
Este precepto legal impone al lesionado deber de prestar, desde la producción del daño, la colaboración necesaria para que los servicios médicos designados por cuenta del eventual responsable lo reconozcan y sigan el curso evolutivo de sus lesiones.
El incumplimiento de este deber constituye causa no imputable a la entidad aseguradora a los efectos de la regla 8.ª del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, relativa al devengo de intereses moratorios. Esto significa que si el lesionado no permite el reconocimiento, y no presta esa colaboración, la entidad aseguradora podrá no incurrir en mora, es decir que no devengará los intereses sobre la indemnización que corresponda a la víctima, estos son los intereses del artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguros.
Consecuencias de la no colaboración de la víctima en un accidente de tráfico con los servicios médicos de la compañía culpable
Así pues el lesionado se puede negar a prestar esa colaboración pero asume que puede no percibir los intereses correspondientes.
Así pues un juez nunca podrá obligar a que una víctima sea reconocida por un médico de la compañía responsable, ni por ningún otro médico no designado por la víctima, pero eso no impide que al tiempo de dictar sentencia el Juzgador tenga en cuenta esa falta de colaboración, afectando tanto a la convicción del juzgador sobre la versión de la víctima en cuanto a su estado real, como a la enervación de la mora del asegurador, eximiéndole del pago de los intereses sancionadores del artículo 20.4 de la L.C.S.
Límites impuestos a los servicios médicos de la compañía culpable
De acceder la víctima al reconocimiento de los servicios médicos, este tiene el derecho, y el médico tiene la obligación de proporcionar tanto a la entidad aseguradora como al lesionado el informe médico definitivo que permita valorar las secuelas, las lesiones temporales y todas sus consecuencias personales.
Aunque la Ley no lo dice de forma expresa, la colaboración de la víctima y el reconocimiento médico no permite que puedan realizarse a medio de pruebas invasivas, entendiendo como tales todas aquellas que impliquen radiación, infiltración o cualquier otro acto quirúrgico. Se ha de entender por colaboración, la disposición del lesionado a permitir el reconocimiento médico no invasivo hasta que el lesionado alcance la estabilización lesional a criterio de ese concreto médico valorador contratado por la Compañía aseguradora, al margen de que los médicos asistenciales de la víctima son plenamente libres de no coincidir con ese criterio y continuar con tratamiento destinado a la curación.
Es recomendable que la víctima no culpable en un accidente de tráfico preste colaboración con los servicios médicos
Así pues no es aconsejable no aceptar esa petición de examen médico, el cual se ha de producir antes, no después de que la compañía aseguradora haya emitido la oferta motivada. Emitida esta, la aseguradora ya no tiene derecho a exigir el examen, ya que la posterior negativa de la víctima ya no debe verse perjudicada por su posterior negativa, (al menos mientras los tribunales no se pronuncien con otra interpretación que difiera de la lateralidad y sistemática de la norma).
¿Cómo debe la víctima de un accidente de tráfico gestionar el requerimiento de los servicios médicos de la compañía culpable?
Exija que toda comunicación, o solicitud u oferta que una compañía de seguro le traslade o le requiera, sea siempre por escrito. No admita comunicaciones telefónicas al respecto. Así mismo las respuestas también es preferible que sean por escrito cuando aceptemos la solicitud de la entidad aseguradora. Exija al médico valorador de la Cía. aseguradora copia del informe que emitan, pues su no entrega es sancionable.
Si usted ha sido lesionado o víctima, no culpable, en accidente de tráfico, debe tener muy claras las respuestas a estas 4 cuestiones:
¿Por qué la compañía culpable o responsable tiene derecho a que sus servicios médicos examinen a la víctima?
¿Por qué la víctima tiene que colaborar con la aseguradora culpable o responsable del causante de la lesión corporal?
¿Debe el lesionado autorizar dicha revisión médica?
¿Qué pasa si no se autoriza la revisión médica?
En cualquier caso si es muy recomendable que todos estos trámites y comunicaciones se hagan siempre supervisados y dirigidos por un Despacho profesional de abogados especializado en Derecho de Seguros, y experto en baremación y valoración del daño personal.
Publicado el 11 marzo, 2018 11 marzo, 2018 por Botana Abogados
Cómo actuar ante la negligencia del abogado
Cuando acudimos a un abogado para que reclame o nos defienda de una reclamación, acudimos en busca de un profesional que nos ampare, que nos dé seguridad en sus consejos y en su forma de estudiar y tratar nuestro problema, pero ¿qué ocurre cuando ese profesional frustra esa confianza y se frustra nuestra esperanza o nos causa un daño directo?
Sobre la responsabilidad de los Abogados la más reciente jurisprudencia ha establecido las bases y requisitos que se exigen para que nazca la responsabilidad de los abogados y el subsiguiente o no deber de indemnizar.
Se establece cuáles son las obligaciones del abogado, reseñando que la carga del prueba de la imprudencia corresponde al demandante, la proporcionalidad de la indemnización al daño producido, ya sea al tratase de una mera expectativa de la pretensión que da lugar una satisfacción por daño moral, o en caso de un daño cierto y liquido producido por la incorrección profesional y la exoneración si el resultado adverso es derivado fundamentalmente del debate jurídico o procedente de agentes externos.
La Sentencia más representativa en la materia es la STS de 14 de julio de 2010 la cual dispone que “A) La responsabilidad civil profesional del abogado exige la concurrencia de los siguientes requisitos:
1.-El incumplimiento de los deberes profesionales del abogado
Los deberes se ciñen al respeto de la lex artis [reglas del oficio], esto es, de las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. A título meramente ejemplificativo se destacan: informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos (STS de 14 de julio de 2005).
2.-La carga sobre la prueba del incumplimiento.
La carga de la prueba de la falta de diligencia en la prestación profesional, del nexo de causalidad con el daño producido, y de la existencia y del alcance de este corresponde a la parte que demanda la indemnización por incumplimiento contractual (SSTS de 14 de julio de 2005, RC n.º 971/1999, 21 de junio de 2007, RC n.º 4486/2000).
3.- Fijación de la indemnización equivalente al daño sufrido o proporcional a la pérdida de oportunidades por negligencia del abogado
Dado, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, el daño deba calificarse como:
Daño patrimonial si la acción frustrada tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico, lo que implica, que para valorar la procedencia de la acción de responsabilidad, se ha de realizar un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción frustrada (pues puede concurrir un daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades: SSTS de 26 de enero de 1999 ,8 de febrero de 2000 ,8 de abril de 2003 y30 de mayo de 2006 ).
Daño por pérdida de oportunidades, el cual es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado.
La responsabilidad por pérdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas (STS de 27 de julio de 2006). Debe apreciarse, una disminución notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte suficiente para ser configurada como un daño que debe ser resarcido en el marco de la responsabilidad contractual.
En definitiva que el tribunal ha de examinar si la reclamación era estimable o solo una pretensión, así si la reclamación era estimable, da lugar a la indemnización por el daño económico causado y si era una mera pretensión dará lugar a una indemnización por daño moral.
4.- Existencia del nexo de causalidad el incumplimiento de los deberes profesionales por un abogado
El nexo de causalidad debe existir entre el incumplimiento de los deberes profesionales y el daño producido, y solo se da si este último es imputable objetivamente, con arreglo a los principios que pueden extraerse del ordenamiento jurídico, al abogado.
El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del abogado exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta, como regla general, la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá, entre otros factores, de haberse logrado la convicción del juzgador (SSTS de 14 de julio de 2005 ,14 de diciembre de 2005 ,30 de marzo de 2006 ,30 de marzo de 2006, RC n.º 2001/1999 ,26 de febrero de 2007, RC n.º 715/2000 , entre otras).
Se descartar la responsabilidad civil del abogado cuando concurren elementos ajenos suficientes para desvirtuar la influencia de su conducta en el resultado dañoso, como la dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posición defendida, la intervención de terceros o la falta de acierto no susceptible de ser corregida por medios procesales de la actuación judicial (STS 23 de julio de 2008, RC n.º 98/2002).
5.- Fijación de la indemnización equivalente al daño sufrido o proporcional a la pérdida de oportunidades por negligencia del abogado
La responsabilidad del abogado abarca tanto el daño económico causado si se acredita su nexo causal, salvo que la realizando un juicio razonable de la pretensión, se alcance la convicción de que la reclamación no hubiere sido estimada, en cuyo caso no habrá indemnización por daño patrimonial, si bien si habrá indemnización por daño moral que corresponde al daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades, que puede ser el originado por la frustración de acciones procesales.
No es necesario que se demuestre la existencia de una relación de certeza absoluta sobre la influencia causal en el resultado del proceso del incumplimiento de sus obligaciones por parte del abogado.
Así los tribunales al respecto establecen:
“El daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidades, cuando los criterios de imputación autorizan a estimarla, exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas (STS de 27 de julio de 2006)”.
La STS de 30 de abril de 2010 indica que: “No puede, (…), confundirse la valoración discrecional de la compensación (que corresponde al daño moral) con el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción (que corresponde al daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades, que puede ser el originado por la frustración de acciones procesales: SSTS de 20 de mayo de 1996, RC n.º 3091/1992 ,26 de enero de 1999 ,8 de febrero de 2000 ,8 de abril de 2003 ,30 de mayo de 2006 ,28 de febrero de 2008, RC n.º 110/2002 ,3 de julio de 2008, RC n.º 98/2002 ,23 de octubre.”
Y sigue diciendo el “daño moral efectivo, siempre que deba imputarse jurídicamente a su causante, debe ser objeto de compensación, aunque sea en una cuantía mínima, la valoración de la pérdida de oportunidades de carácter pecuniario abre un abanico que abarca desde la fijación de una indemnización equivalente al importe económico del bien o derecho reclamado, en el caso de que hubiera sido razonablemente segura la estimación de la acción, hasta la negación de toda indemnización en el caso de que un juicio razonable incline a pensar que la acción era manifiestamente infundada o presentaba obstáculos imposibles de superar y, en consecuencia, nunca hubiera podido prosperar en condiciones de normal previsibilidad, pues en este caso el daño patrimonial debe considerarse inexistente.”
Si necesita clarificar una situación legal relacionada con algunas de estas situaciones:
¿Mi abogado ha hecho lo que se esperaba de él?
¿Cuál es el tratamiento que dan los Tribunales a la negligencia profesional del abogado?
¿Cuándo incurre en negligencia el abogado?
Cómo tramitar una demanda contra un abogado por negligencia
¿Cuándo prescribe una mala praxis de un abogado?
¿Qué indemnización procede por la negligencia profesional del abogado?
No dude en contactar con Botana Abogados
Más información sobre negligencias profesionales
Reclamación por defectos de construcción en vivienda nueva
Publicado el 15 febrero, 2018 15 febrero, 2018 por Botana Abogados
Comprar una vivienda supone para la mayoría de los ciudadanos un esfuerzo importante. Si además al poco tiempo de su adquisición surgen defectos y vicios de construcción la preocupación se dispara. Y si para colmo, vemos que el constructor no responde a nuestras demandas no sentimos indefensos y apesadumbrados.
Qué hacer ante un caso de problemas de construcción en una vivienda comprada
En España el proceso de la edificación y responsabilidades de sus operadores, viene regulado en diferentes normas, si bien la norma esencial que nos guiará es la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la cual regula el proceso de edificación, con bastante detalle, partiendo la referida norma del interés general. El proceso de edificación, por su directa incidencia en la configuración de los espacios, implica siempre un compromiso de funcionalidad, economía, armonía y equilibrio medioambiental de evidente relevancia desde el punto de vista del interés general; así se contempla en la Directiva 85/384/CEE de la Unión Europea (LA LEY 1438/1985), cuando declara que «la creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público».
Ante la demanda de calidad por la sociedad, el legislador de 1999, elaboró la Ley de Ordenación de la Edificación (LA LEY 4217/1999), la cual establece los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios de tal forma que la garantía para proteger a los usuarios se asiente no sólo en los requisitos técnicos de lo construido sino también en el establecimiento de un seguro de daños o de caución.
Si bien, este artículo se va a centrar en las obligaciones que corresponden a los diferentes operadores del proceso directo de edificación, dejando para otras ocasiones el estudio más pormenorizado de otros aspectos como el seguro de caución, etc.
En una vivienda nueva quién responde por los defectos de construcción detectados
Al efecto indicar que la Ley regula la responsabilidad civil de los diferentes agentes por daños materiales en el edificio que se exigirá de forma personal e individualizada, tanto por actos propios, como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la Ley, se deba responder.
Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán por los vicios o defectos del edificio
Responderán las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos que se indicarán, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
c) Durante un año: El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año, la cual será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder, así directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.
También responderá, cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, así será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición que el mismo pueda realizar.
El constructor responderá, así mismo, directamente de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él, sin perjuicio de la repetición a que le corresponda sobre los proveedores.
La responsabilidad del promotor en un edificio con defectos de construcción
El promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
La responsabilidad del promotor se extiende a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.
¿Cuál es La responsabilidad del proyectista?
La responsabilidad el proyectista se deriva aunque el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, dado que los mismos responden solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud.
La responsabilidad del director de obra y del director de ejecución en una obra con vicios o defectos de construcción
Lo primero reseñar que la dirección de obra es contratada a un arquitecto superior y la ejecución de obra puede ser contratada a un aparejador.
Exención de la responsabilidad de los operadores de la edificación
Las responsabilidades a que se refiere se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil (LA LEY 1/1889) y demás legislación aplicable a la compraventa.
reclamación por defectos de construcción
¿En qué plazo puedo ejercer la acción de reclamación por defectos de construcción?
En cuanto a los plazos en los que podemos exigir la responsabilidad se establecen en períodos de uno, tres y diez años, en función de los diversos daños que puedan aparecer en los edificios.
El constructor, durante el primer año, ha de responder por los daños materiales derivados de una deficiente ejecución.Todos los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, durante tres años, responderán por los daños materiales en el edificio causados por vicios o defectos que afecten a la habitabilidad. Responderán durante diez años, por los que resulten de vicios o defectos que afecten a la seguridad estructural del edificio.Las acciones para exigir responsabilidades prescriben en el plazo de dos años, al igual que las de repetición contra los agentes presuntamente responsables. Existen formularios de
Responsabilidad decenal por daños materiales causados por vicios o defectos que afecten a los elementos estructurales
Llamamos responsabilidad decenal a la garantía de diez años contra los daños materiales causados por vicios o defectos que afecten a los elementos estructurales, y que estará garantizado por el llamado seguro decenal, el cual será exigible a partir de la entrada en vigor de la Ley de edificación para los edificios cuyo destino principal sea el de vivienda.
Las acciones para ejercer la reclamación por defectos de construcción y la responsabilidad por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.
Si necesita realizar cualquier consulta sobre alguno de estos temas llámenos sin compromiso:
Mi piso nuevo tiene defectos ¿A quién reclamo por los defectos del piso que he comprado?
Cuánto tiempo tengo para reclamar por defectos en la construcción de la vivienda
Contra quien reclamo por los vicios o defectos de edificación en el piso
Botana Bogados expertos en DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN
Accidente con un vehículo con remolque ¿Cómo actuar? ¿Frente a quién?
Publicado el 18 diciembre, 2017 6 enero, 2018 por Botana Abogados
Accidente con un vehículo con remolque
En la circulación vial, se producen infinidad de situaciones de responsabilidad civil extracontractual que a la hora de que la víctima no culpable ejerza sus derechos de reclamación frente al responsable, le generan desasosiego, pues se encuentra con que frente así se encuentra una pluralidad de titulares, conductores y aseguradoras, que confluyen en un mismo conjunto de vehículos. O que entre dos elementos que conforman una unidad de circulación se causan daños entre sí.
No comprendemos porqué las aseguradoras, rehúsan el pago en estos siniestros entre vehículos con remolque alegando que si la culpa fue del elemento tractor o si fue del elemento remolcado, o de la carga caída, o porque el golpe lo dio el remolque y no la cabeza tractora, o viceversa.
O porque los daños han ocurrido entre los diferentes componentes de la unidad mixta de circulación.
Muchos profesionales del Derecho desconocen, dado que no es materia de estudio universitario, cómo resolver estas situaciones y siempre acuden a la vía jurisdiccional para solventar tales reclamaciones, postulando el principio de solidaridad entre los distintos partícipes de la titularidad del vehículo causante al estar integrado por un conjunto de vehículos, o dicho de otra forma Unidades Mixtas de circulación, lo cual es una forma de resolver, pero ¿acaso es la más beneficiosa, rápida y eficaz para el cliente?
Conocer la materia que regula estas situaciones evita saturar a los tribunales y genera satisfacción y una mayor rapidez en la resolución de siniestros por parte de los profesionales que intervienen acudiendo a la vía de la mediación civil y conociendo con quién, de todos los interlocutores del conjunto de vehículos, se ha de entablar la negociación, mediación, arbitraje, o incluso a frente a cuál de ellos se ha de dirigir la reclamación extrajudicial, al margen del ejercicio jurisdiccional del principio de solidaridad y resolver el reparto de responsabilidades dentro de la individualización del daño.
Comisión Técnica de Seguros de Automóviles de UNESPA
Desde el 1 de enero de 1987 las entidades aseguradoras pertenecientes a la Comisión Técnica de Seguros de Automóviles de UNESPA a la cual se han adherido la casi totalidad de entidades aseguradoras en España, han suscrito el Convenio entre entidades aseguradoras de automóviles para la liquidación de los siniestros de responsabilidad civil ocasionados por vehículos mixtos, cuyos componentes aseguren entidades distintas.
Este Convenio de Unidades Mixtas de circulación va destinado a liquidar los siniestros relativos a vehículos integrados por un tractor o cabeza tractora y un semirremolque o uno o más remolques, cuando los elementos que lo integran están asegurados en entidades distintas.
Se considera que todo vehículo mixto, en la práctica, es un solo riesgo o unidad de circulación, lo que comporta que a los efectos prácticos todos los seguros concurren a un solo riesgo como unidad y no como partes individualizadas.
Se entiende por vehículo mixto el integrado por un tractor o cabeza tractora y un semirremolque o uno o varios remolques, sean cuales fueren sus respectivas características, clase de uso y naturaleza de la carga transportada
Así jurídicamente hemos de considerar que el conjunto de los seguros de responsabilidad civil establecidos sobre los componentes del vehículo mixto constituye, de hecho, un coaseguro y la solución de los siniestros se encauzara sobre los principios de reparto que caracterizan esa fórmula de aseguramiento
Aplicando todo lo dicho hasta ahora,
¿A qué casos se aplica este sistema de resolución de siniestros de accidente con un vehículo con remolque?
Se resolverán por este sistema:
Las reclamaciones relativas a los daños que puedan ocasionarse entre sí los distintos componentes del vehículo mixto con motivo de la circulación como tal o de las maniobras de enganche y
Las reclamaciones de terceros usuarios causados por cualquier parte o elemento de la unidad mixta.
¿Qué condiciones se han de dar para aplicar el sistema?
Es condición básica que todos los elementos componentes del vehículo mixto estén cubiertos, para el riesgo de circulación, por pólizas del Ramo de Responsabilidad Civil Automóviles.
¿Cuál es el límite de la cobertura de los seguros que conforman el Seguro de la Unidad Mixta?
Cada asegurador, en un accidente con un vehículo con remolque, responderá de su participación en un siniestro, hasta el límite de la garantía que tenga contratada.
No se podrá oponer ningún asegurador a su contribución en un siniestro más que si demuestra documentalmente al otro u otros aseguradores que su cobertura sobre el componente que asegure carece de validez.
¿Cómo se reparte el daño entre las aseguradoras culpables?
Desde el 1 de Junio de 1997, la totalidad del costo repartible del siniestro se asumirá en la proporción del 70% por la aseguradora de la cabeza tractora, y un 30% por la aseguradora del remolque.
Así pues en el caso de un accidente con un vehículo con remolque ¿a qué aseguradora he de dirigirme?
A cualquiera de ella, o a ambas, si bien lo preferible en términos de eficacia es dirigirse frente a la que asegure la cabeza tractora, dado que de acuerdo al Convenio el asegurador obligado directamente con él o con los perjudicados, tramitará y liquidará el siniestro con total iniciativa e independencia, sin perjuicio de que si lo considera oportuno consulte con el otro u otros aseguradores afectados o solicite la colaboración de los mismos.
¿Qué ocurre cuando el titular de uno de los componentes de la Unidad Mixta de circulación, no ha dado parte de declaración de accidente con un vehículo con remolque?
La falta de declaración del accidente, por quién esté obligado a ello, a su entidad aseguradora no exime a ésta de las obligaciones derivadas del conjunto de vehículos que conforman la Unidad Mixta, por lo cual dicha entidad habrá de cumplir como si le hubiere sido declarado, e instrumentará su expediente con la información documental que le faciliten el otro u otros aseguradores implicados en el siniestro, o por sus propios medios.
En el caso de daños entre los elementos de un vehículo mixto el titular del componente dañado, al margen de si la culpa es o no de un determinado conductor y otra causa y dentro delos términos de la coberturas de cada póliza.
En el caso de un tercero ajeno a la Unidad Mixta causante del daño, el titular del bien dañado o la víctima personal en caso de lesiones.
Si tras la lectura de este artículo le queda alguna duda sobre esta temática:
Colisioné con un camión con remolque, ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Frente a quién?
Tuve un accidente de tráfico con un tractor con remolque, ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Frente a quién?
Choqué con un turismo con caravana, ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Frente a quién?
Circulaba con un remolque de otra persona o entidad y me causó daños, ¿cómo hago?
¿Cómo se ha de resolver un accidente de circulación de daños materiales y/o corporales ocurrido entre un vehículo que arrastra un remolque de dos propietarios y dos aseguradoras diferentes entre sus los elementos que lo componen o en su caso con otro vehículo a motor?
No dude en ponerse en contacto con Botana Abogados
Siniestro total sin culpa ¿Qué derechos tengo?
Publicado el 19 octubre, 2017 27 octubre, 2017 por Botana Abogados
¿Qué derecho tengo cuando mi vehículo es declarado siniestro total sin culpa del conductor?
¿Qué es un siniestro total de coche?
Vamos a aclarar este concepto: estamos ante esta situación cuando exista una diferencia notable y/o desproporcionada entre el coste de reparación y el valor venal del vehículo, matizando que se considera diferencia notable cuando el valor de reparación supere en más del doble el valor venal del vehículo.
Existen varia líneas de pensamiento para resolver este problema del resarcimiento del vehículo declarado siniestro total por daños causados por un tercero culpable, siendo esta una pregunta muy habitual en los despachos de abogados excluyendo los vehículos de más de cincuenta años que merecen otro tratamiento.
Existe la línea del pensamiento del que padece la pérdida total, “teórica”, del vehículo. Si una persona tiene un turismo que le da libertad de movimiento, que es su instrumento para trabajar, que para otros es un objeto que conlleva una carga afectiva, y que además aunque con años, a esta persona le representa una satisfacción personal, profesional, o incluso una forma de ocio, le digan que no lo puede reparar ya que resulta antieconómica su reparación y que en consecuencia es pérdida total.
El daño moral en el siniestro total
¿Pérdida total para quién, si su pérdida no ha sido su culpa?
Resulta evidente que todo objeto es reparable, al margen de su coste, y por ello el concepto de siniestro total resulta difícil de ser asumido por el conductor no culpable. Esta víctima de la negligencia de un tercero, ¿por qué ha de soportar esa pérdida? Pues bien, el tema a pesar de estar muy debatido en la doctrina legal, sigue despertando desasosiego entre los perjudicados.
La respuesta de cómo resolver ese resarcimiento “integro”, viene dado desde el punto de vista del Derecho, en tanto y en cuanto un vehículo representa un patrimonio, y su pérdida representa una pérdida patrimonial y un daño moral por las molestias que genera esa reposición del servicio. Dentro del concepto de daño moral la doctrina legal, o sea, nuestros Tribunales, tratan de compensar ese afecto, esa conservación como nuevo de un vehículo, esos vicios que pueda tener el vehículo de sustitución, esas molestias de tener que buscar otro vehículo.
Al efecto las aseguradoras, ante un siniestro total, y al margen de actitudes de ciertas aseguradoras en cada caso, han asumido el compromiso derivado de la adhesión a los Convenios, y por ello se han comprometido a trasladar ofertas motivas de acuerdo el criterio orientativo adoptado por la Dirección General de Seguros (criterio SOVM nº 6 “siniestro total y valor venal en la cobertura de daños a terceros”), según el cual, cuando exista una diferencia notable y/o desproporcionada entre el coste de reparación y el valor venal del vehículo, la aseguradora debería resarcir el valor de mercado del vehículo, entendido el mismo, como el valor del vehículo en el estado en que se encuentre en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro (incluyendo tasas e impuestos), según precios de compra de general aceptación en el mercado, aumentando el valor venal en una determinada proporción establecida caso a caso, con el fin de incorporar la valoración de los elementos que integran el valor de uso en el sentido de la utilidad que proporcionaba el vehículo dañado. Esto se ha acordado siguiendo la jurisprudencia establecida por la Sentencia del Tribunal Supremo nº 101/2010, de 1 de julio de 2010).
¿Cuándo se considera un coche o vehículo siniestro total?
Cuando el valor de la reparación excede con mucho el valor venal
Ahora bien, esa doctrina ha venido siendo interpretada por las Audiencias Provinciales, también mal llamada jurisprudencia menor, estableciendo matices de gran importancia sobre la doctrina emanada de las Sentencias del Tribunal Supremo, antes reseñadas, así las Audiencias Provinciales, para resolver la cuestión del resarcimiento de los vehículos declarados siniestros total, han venido indicando casi con unanimidad, que ha de tenerse en cuenta diferentes supuestos, cuando la reparación no va a realizarse, o en los supuestos en que el valor de reparación sea manifiestamente desproporcionado o excede con mucho al valor venal, y por tanto la indemnización no puede venir configurada por el valor de reparación -por cuanto ello supondría para el causante del daño un sacrificio desmedido que sobrepasaría el ámbito de su deber de reponer y reparar, y para el perjudicado implicaría, la obtención de un beneficio injustificado, bien por obtener un importe superior al valor del objeto del que se desprendió, bien por la recuperación de la cosa en un estado o situación y con un valor económico mejorado respecto del que tenía en el momento de producirse el daño-. Pero tampoco esa indemnización puede venir configurada por el mero valor venal del vehículo, ya que con ello no podría el perjudicado, ni reparar el vehículo, ni hacerse con un Vehículo de características semejantes en el mercado de ocasión.
Así se entiende por parte de la jurisprudencia que debe entenderse que el valor de reparación es manifiestamente desproporcionado al valor venal, siempre que suponga un porcentaje de desviación superior al 100% del valor venal, ya que en tales casos más que ante una reparación del vehículo, se estaría en presencia de una auténtica reconstrucción del mismo.
Ahora bien otra parte de la Jurisprudencia menor, establece que el valor es desproporcionado cuando el valor de reparación supera el doble del valor venal, así pues la expresión manifiesta desproporción se ha de ponderar en esa duplicidad.
Otra parte de la doctrina jurisprudencial ha entendido que en estos supuestos en los que el valor de reparación es manifiestamente desproporcionado al valor venal, la determinación del cuantum indemnizatorio ha de hacerse de modo equitativo, de modo que resulte superior al simple valor de mercado e inferior a su coste de reparación.
Siniestro total y valor venal, doctrina jurisprudencial
Partiendo de tales postulados la doctrina legal ha venido de forma reiterada en sentar las siguientes conclusiones
.- Cuando la diferencia entre el valor de reparación y el Valor Venal del vehículo, no supera el 100% de este último valor, y se justifique que el vehículo ha sido reparado o, al menos que existe voluntad de repararlo, aplicando a tal fin la suma concedida, la indemnización habrá de establecerse con arreglo al importe de reparación del vehículo.
.- Cuando la diferencia entre el valor de reparación y el valor venal del vehículo, sea superior al 100% de este último valor, o aun no siéndolo no exista intención, ni voluntad -firme y suficientemente acreditada- de reparar el vehículo, la indemnización habrá de establecerse:
a/ Cuando el vehículo no va a ser reparado: Incrementando el valor venal del vehículo en un porcentaje -variable según los casos, pero nunca inferior al 20%-, a fin de aproximar el importe indemnizatorio a una cantidad suficiente para que el perjudicado pueda obtener o adquirir un vehículo de iguales características y antigüedad.
b/ Cuando el vehículo va a ser reparado: Reduciendo el importe de reparación en un porcentaje -también variable según las circunstancias del caso-, y que sea representativo de la mejora experimentada por el vehículo al ser sustituidas las piezas usadas por otras nuevas.
Así cuando el valor de reparación no supere el doble del valor de reparación, se ha de considerar que al no superar esa proporción el vehículo se ha de considerar reparable y por tanto no es un siniestro total.
Como nota final y para no llevarse a engaño, se ha de matizar que el concepto de siniestro total que determina la responsabilidad extracontractual, no tiene por qué coincidir con este mismo concepto fijado en los contratos de seguros a todo riesgo, en tales casos se ha de estar a lo pactado por las partes, sin perjuicio de que la diferencia no satisfecha por la propia aseguradora, se pueda reclamar al responsable culpable de acuerdo a los criterios antes expuestos.
Convenios de Indemnización Directa de daños materiales en accidentes de tráfico
Publicado el 5 octubre, 2017 6 octubre, 2017 por Botana Abogados
Estas son preguntas habituales cuando se produce un accidente de tráfico con daños materiales:
1 ¿Quién debe pagar si yo no soy el culpable?
2 ¿Qué ocurre con los daños de mi vehículo en un accidente de tráfico?
3 ¿Quién valora los daños de mi vehículo en un accidente de tráfico?
4 ¿Qué son los Convenios de Indemnización Directa de las aseguradoras en accidentes de tráfico?
Todos pensamos que la Compañía de Seguros del responsable se hará cargo o que nuestra compañía ponga en marcha toda su maquinaria con el objetivo de reclamar las indemnizaciones a las que deba hacer frente el responsable y que están recogidas en la póliza de seguros, tanto al propio asegurado y su vehículo como a terceras personas perjudicadas.
En lenguaje coloquial, las cosas no son como parecen, salvo en contadas excepciones.
Convenios de Indemnización Directa de daños materiales en accidentes de coche
En realidad ante colisiones de dos vehículos de diferentes Compañías Aseguradoras, rige en su tramitación el Convenio de Indemnización Directa Español (CIDE) desde el 1º de Enero de 1.988, y su Acuerdo Suplementario (ASCIDE) desde el 1º de Mayo de 1.990, que en su origen se crearon con la pretensión de promover la rápida indemnización a los asegurados no responsables, mejorar la calidad de servicio y la imagen del sector asegurador, aumentando el grado de eficacia, simplificando y agilizando el trámite de los siniestros, y a tal fin se ha creado el Sistema CICOS (abreviatura de “Centro Informático de Compensación de Siniestros), para la tramitación electrónica, o telemática de los referidos Convenios.
Desde la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, incorpora la Disposición Final Novena, que modifica el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 8/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (LRCSCVM), se incorpora a todos los operadores la obligación de adherirse a los Convenios de Indemnización Directa de daños materiales.
Principios básicos de aplicación de los Convenios de Indemnización Directa de daños materiales en accidentes de tráfico
El Convenio se fundamenta en criterios objetivos de imputación pero que no prejuzgan culpas ni responsabilidades, tratándose de meros mecanismos de resolución de controversias a nivel interno entre entidades, siendo sus PRINCIPIOS BÁSICOS:
Que las entidades aseguradoras divulguen entre sus asegurados la conveniencia para éstos de la utilización del Parte Europeo de Accidente o/y de su equivalente electrónico para dispositivos móviles (APP iDEA).
Máximo automatismo en la tramitación, liquidación y pago de los siniestros, directamente al asegurado no responsable del accidente.
Evitar reclamaciones entre entidades aseguradoras, tanto amistosas como judiciales.
Compensación automática, por la entidad aseguradora obligada al pago, de los siniestros satisfechos en su nombre por la otra.
Resolución extrajudicial por la Comisión de Control y Seguimiento del Convenio de las posibles discrepancias sobre siniestros comunes.
Condiciones para que proceda aplicar el Convenio de Indemnización Directa de daños materiales en accidentes de tráfico
El Convenio se aplicará a todos los siniestros que sean comunicados y tramitados mediante:
DECLARACIÓN AMISTOSA DE ACCIDENTE (DAA), promovida por UNESPA (Copyright 1972 by E.A.), debidamente cumplimentada y firmada por los dos conductores intervinientes o…
DECLARACIÓN ELECTRÓNICA DE ACCIDENTE, promovida por UNESPA, equivalente electrónico para dispositivos móviles (App iDEA).
DECLARACIÓN CONVENCIONAL DE ACCIDENTE DE AUTOMÓVILES, que contenga información necesaria para la tramitación del siniestro por este convenio.
Será condición indispensable para la aplicación del presente Convenio, que los dos vehículos intervinientes estén amparados por el Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria.
Las entidades aseguradoras renuncian expresamente a cualquier otro convenio o sistema de tramitación entre ellas, salvo para aquellos siniestros no amparados por este Convenio.
Quedan excluidos de la aplicación del Convenio de Indemnización Directa de daños materiales en accidentes de tráfico:
Los daños a los vehículos, cuando no exista colisión
Los daños, cuando en el accidente intervengan más de dos vehículos.
Cualesquiera otros daños materiales ajenos a los propios del vehículo o perjuicios originados en el accidente.
Las exclusiones de cobertura de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
Los daños corporales.
¿Quién valora los daños materiales de tu vehículo y quién los paga?
La aseguradora de tu vehículo se convierte en tu contraria.
La valoración de los daños materiales del vehículo la realiza cada aseguradora sobre su asegurado, siendo a cargo de la aseguradora los honorarios y gastos que origine la peritación.
La aseguradora del perjudicado debe informar a su asegurado que actúa en nombre y por cuenta de la entidad responsable del siniestro, y que se subroga en la posición de la entidad aseguradora del responsable. En definitiva que la aseguradora de tu vehículo se convierte en tu contraria. De acuerdo a la normativa del Convenio en relación con la indemnización al perjudicado la aseguradora no culpable, o sea la tuya, debe evitar la judicialización de la liquidación del siniestro, resolviendo los daños con su asegurado de forma plenamente satisfactoria de acuerdo con las indemnizaciones a que tienen derecho los perjudicados sin culpa. Pero en realidad, este traslado de responsabilidad de pago suele producir, en no pocos casos, conflictos de interés entre el asegurado perjudicado y su propia aseguradora, pues evidentemente cuanto menos abone a su asegurado mayor rentabilidad tendrá.
La lealtad debida entre aseguradora y asegurado
Los Convenios funcionan si tu aseguradora es leal con el asegurado y busca la finalidad del Convenio y no aprovechar el mismo para hacer negocio.
Los Convenios funcionan aunque tu aseguradora no sea leal con el asegurado, cuando los daños materiales son de importe inferior al módulo económico que la aseguradora culpable abona a tu aseguradora con cargo a ese traslado de responsabilidad, pues siempre gana dinero, o al menos no pierden, y el riesgo de la contienda judicial es un incentivo para que acepten ofrecer indemnizaciones ajustadas a la posible condena de la Compañía responsable, pues en caso de que la Sentencia le dé la razón al perjudicado han de soportar todos los gastos de valor de daños, costes judiciales e intereses, que genere el incumplimiento de la obligación que asumen por el Convenio, debiendo reembolsar a la aseguradora culpable y condenada todo el gasto.
Cuando la lealtad contractual no se cumple
Ahora bien, cuando tu aseguradora, por la razón que sea no alcanza acuerdo y a pesar de los riesgos asume el riesgo de la reclamación judicial, muchas de ellas entran, en un comportamiento que va en contra del contrato de seguro, pues te niegan copia de la peritación, y han traslado a la compañía responsable, datos y posturas que pueden perjudicar al asegurado en la reclamación judicial, aquellas cosas que le cuentas a tu aseguradora que no le contarías a tu enemigo. Esos comportamientos en Botana Abogados pensamos que van en contra de la lealtad contractual, no vienen siendo reconocidos por los tribunales, por cuanto que la vulneración del traslado de datos, y la falta de colaboración de una Compañía que no es parte en el litigio, dado que es tu propia aseguradora, no pueden ser objeto de pronunciamiento por los tribuales y se habría de acudir a otro procedimiento distinto del de reclamación extrajudicial, para pedir resarcimiento por ese comportamiento, lo que por economía del perjudicado usuario, no ocurre casi nunca por no decir nunca.
Una nueva vía, aún no explorada en los tribunales
Ahora bien, dado que la regulación actual, a partir del año 2016 ha realizado una mención expresa de subrogación de la aseguradora no culpable en la responsabilidad de la aseguradora culpable en la aplicación del Convenio, ha abierto una vía, aún no explorada en los tribunales, para poder llamar a ambas aseguradoras a la Litis, (una por ser la culpable, y otras por subrogación contractual en su responsabilidad), si bien es cierto que aún, dada esta novedad normativa, y que el Convenio no tiene valor de Ley, y se queda con la naturaleza del mero contrato entre aseguradoras, en el que los particulares perjudicados no son parte, vuelve a representar un problema jurídico que queda a la incertidumbre de lo que los tribunales vayan resolviendo a medida que se formulen demandas con estas estructuras de legitimación solidaria amparadas en la Disposición Final Novena de la Ley 20/2015, de 14 de julio.
Publicado el 11 septiembre, 2017 30 noviembre, 2017 por Botana Abogados
¿Quién debe abonar los gastos médicos en un accidente de tráfico destinados a la curación tras un accidente de vehículos a motor?
Tras un accidente de circulación, con heridos, de repente nos vemos sorprendidos por una factura de gastos sanitarios que recibimos del centro médico en que nos ingresaron, el cual nos reclama los mismos y no sabemos cómo actuar.
En otras ocasiones, nos dan de alta en el servicio de urgencias y luego, no sabemos quién va a tratar nuestras dolencias ni quien lo va a costear.
Pues bien, todo esto está regulado en nuestro ordenamiento jurídico a medio de normas de ámbito estatal y a medio de Convenios firmados entre los centros asistenciales Privados y los Públicos a cargo de las Compañías aseguradoras, que para los años 2017 a 2020 se ha firmado el 3 de mayo de 2017 y tiene validez para todos los siniestro ocurridos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 (para los años anteriores existen igualmente convenios firmados aunque con pequeñas variaciones).
Convenios de Asistencia Sanitaria en accidentes de tráfico
El convenio regula las relaciones entre las aseguradoras que lo han suscrito y los centros asistenciales para la gestión de la asistencia sanitaria prestada en el ámbito de la sanidad pública y privada, a lesionados por hechos de la circulación. Establece además los precios de los servicios de dichas prestaciones por un periodo de máximo de dos años desde la primera asistencia prestada en el sector público, salvo que se produzca la estabilización antes del referido plazo.
Se aplicará a todas las prestaciones sanitarias realizadas a los lesionados por hechos de la circulación ocasionados por vehículos a motor que estén obligados a suscribir un contrato de seguro de Responsabilidad Civil derivada de la Circulación de Vehículos de Motor. Serán de aplicación tanto al seguro obligatorio, voluntario y complementario a los mismos.
Las obligadas al pago son las Compañías de Seguro que hayan suscribo el Seguro Obligatorio de Automóviles y/o el voluntario, con uno de los vehículos implicados en el accidente de circulación al margen de la culpa en la causa del mismo y al Consorcio de Compensación de Seguros.
La obligación de pago de los gastos médicos en un accidente de tráfico se regula atendiendo a la modalidad del accidente, y siempre a cargo de las Aseguradoras, no teniendo la víctima, como regla general, que soportar gasto alguno.
Siniestros en que intervenga un único vehículo
Siniestros en que participe más de un vehículo
En estos siniestros se abonarán por cada Entidad Aseguradora las prestaciones sanitarias correspondientes a las víctimas ocupantes del vehículo que aseguren y las del conductor respectivo.
Se plantea una excepción cuando se trate de vehículos no asegurados o robados, en los que el Consorcio de Compensación de Seguros no asumirá los gastos del conductor en ningún caso, ni tampoco los de las víctimas que ocuparan voluntariamente estos vehículos siempre que pruebe que conocían la circunstancia de robo o no aseguramiento.
Lesiones a terceros no usuarios de los vehículos intervinientes
Si algún vehículo se encontrase cubierto por más de un Seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria, la Entidad Aseguradora que hubiese abonado las prestaciones sanitarias podrá reclamar a la otra u otras adheridas la parte proporciona l en relación con el número de pólizas vigentes. La entidad obligada al pago frente al prestador del servicio será la requerida por éste.
La obligación de pago por gastos médicos en un accidente de tráfico
El artículo 83 de la Ley General de Sanidad establece que los Servicios de Salud tendrán derecho a reclamar, del tercero responsable, el coste de los servicios prestados en los supuestos de seguros obligatorios, pero el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de Octubre, requiere la previa determinación del responsable para que nazca la obligación de resarcir los daños causados.
Así pues para simplificar el ejercicio de los Derechos y Obligaciones derivadas de ambas normas, UNESPA, los SERVICIOS DE SALUD DE LAS CORRESPONDIENTES ADMISNITRACIONES SANITARIAS y el CONSORCIO DE POMPENSACIÓN DE SEGUROS adoptaron un acuerdo para determinar el obligado al pago de forma objetiva, sustituyendo la controversia entre ambas normas referidas.
En consecuencia, la obligación de pago de las aseguradoras deviene por haber suscrito el Convenio, e incluso respecto de aquellas aseguradoras que no lo han suscrito. En estos casos, el pago de las prestaciones que les hubiesen correspondido a las entidades no adheridas, podrá ser reclamado a las entidades aseguradoras adheridas, las cuales dispondrán de un plazo de 60 días desde la recepción del parte de asistencia para comunicar al centro sanitario la aceptación o rechazo del pago.
En el supuesto de no contestación por la entidad aseguradora adherida en el plazo indicado, se procederá mediante el sistema CAS a efectuar el pago automático, de los lesionados intervinientes en el siniestro.
Por el Convenio de asistencia sanitaria el Consorcio de Compensación de Seguros y las Entidades Aseguradoras adheridas renuncian a la reclamación de las cantidades abonadas en virtud de este Convenio excepto en los siguientes casos:
Gastos del conductor de motocicleta, ciclomotor o vehículo lo asimilable en siniestros con participación de dos vehículos de los que uno de ellos sea de tercera categoría.
Siniestros en que participen vehículos asegurados en Entidades declarada en concurso o que, siendo insolventes, su liquidación sea intervenida o encomendada al Consorcio de Compensación de Seguros. En estos casos el Consorcio de Compensación de Seguros asumirá las obligaciones pendientes de aquellas.
¿Qué ha de hacer la víctima para que el sistema creado al amparo de los Convenios de Asistencia Sanitaria en accidentes de tráfico le proteja y no verse de repente excluido?
Qué hacer tras un accidente de tráfico para obtener toda la asistencia sanitaria
Lo primero, es que la asistencia sanitaria sea prestada en Centros Concertados Públicos, o Privados, que en este momento son la gran mayoría de los existentes, hasta el final de su tratamiento pro curación.
Lo segundo, es rellenar el impreso que habrá a su disposición en los centros sanitarios, donde se han de reseñar los datos personales y se pone de manifestó el hecho de accidente de circulación, así como la identificación de las aseguradoras de los vehículos que han intervenido, al menos una.
Lo tercero, y que es lo más importante, es no salirse del marco asistencial de dichos centros concertados, a medio de clínicas privadas, médicos privados, clínicas o médicos aconsejados por las aseguradoras. El tratamiento ha de ser pautado y seguido siempre por un Centro Concertado en El Convenio, y todo ello al margen de permitir a las aseguradoras que con médicos de seguimiento puedan verificar la realidad de la lesión y el tratamiento, dado que esto, no es un acto asistencial destinado a la curación, es un acto pre-procesal de la contienda futura, lo cual es extensible a las mutuas de accidentes por ser los siniestros de tráfico in itinere (de camino o de regreso del trabajo o durante las horas laborales por causas profesionales), tampoco estas pueden obligar al accidentado a acudir a sus centros asistenciales o de rehabilitación no elegidos por el lesionado o víctima, sin perjuicio del derecho de hacer la labor de supervisión del avance y estado del lesionado.
La víctima puede a elegir el Centro Asistencial Concertado que desee
Tanto desde la primera asistencia hasta el alta por curación tras el proceso de rehabilitación, y el alta por curación que le vincula solo es el de los médico asistenciales que han llevado su tratamiento hasta la curación.
Si nos comportamos así, no debemos perder el sueño mientras nos curamos de un accidente de circulación de vehículos o motos.
Publicado el 12 abril, 2017 15 abril, 2017 por Botana Abogados
El objetivo de este artículo es informar y poner de manifiesto que no se puede predicar la presunción de nulidad en general de las Cláusulas Suelos, ya que cada caso es diferente a otro aún partiendo de contratos emitidos por una misma entidad, y que la valoración de la transparencia que podrá dar lugar a la anulabilidad de una cláusula suelo se valorará caso a caso por los tribunales.
El día 9 de marzo de 2017 se ha dictado por la Sala 1ª del Tribunal Supremo la Sentencia nº 171/2017 por la cual se pone en cuestión la creencia popular de que todas las cláusulas suelo son nulas de pleno derecho de acuerdo a la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 en base a lo dispuesto sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, creencia que se ha hecho famosa con causa en la repercusión publicitaria que han tenido las resoluciones dictadas sobre el alcance del control de transparencia, emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), principalmente en la STJUE de 30 de abril de 2014 (caso Kàsler) y en las más recientes SSTJUE de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez Naranjo) y 26 de enero de 2017 (caso Gutiérrez García).
Lo cierto es que esta Sentencia del Tribunal Supremo no viene a cuestionar los fundamentos que han dado lugar a las resoluciones del TJUE, ahora bien, si viene a aportar luz sobre qué cláusulas y en qué circunstancias se han de considerar nulas y es importante para el acervo popular conocer que ni es fácil, ni sencillo, ni que el reclamar la nulidad de estas cláusulas no conlleve riesgos, ni costes, pues no todas las cláusulas suelo son a priori nulas.
Para que una Cláusula Suelo o cualquier otra cláusula contractual no pueda considerarse nula, requiere no solo que la misma deba estar redactada de manera clara y comprensible gramaticalmente, sino que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto de la cláusula, de forma que ese consumidor pueda evaluar (autonomía de la voluntad) basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas de la misma.
Así el carácter abusivo, de una cláusula contractual relativa a la definición del objeto principal del contrato, pasa por la ausencia de una información suficiente por parte del banco de la existencia de la cláusula suelo y de sus consecuencias en el caso en que bajara el tipo de referencia más allá de aquel límite y que la inclusión de tal cláusula en el contrato se pueda considerar sorpresiva, oculta entre una profusión de cláusulas financieras, lo que provoca una alteración subrepticia del precio del crédito, sobre el que los prestatarios creían haber dado su consentimiento a partir de la información proporcionada por el banco en la fase precontractual. Teniendo especial relevancia la intervención del Notario a la hora de prestar el consentimiento, pues el mismo es fedatario de que ambas partes comprenden lo que firman, así como las comunicaciones documentadas previas al contrato, y la intervención o no de intermediarios y asesores.
La cláusula cumple los requisitos de transparencia exigidos en la medida en que, como declara la sentencia 241/2013 de 9 de mayo, «la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago, y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato».
Lo verdaderamente relevante es que en cada caso pueden concurrir unas circunstancias propias cuya acreditación ponga de manifiesto el cumplimiento o incumplimiento de la exigencia de transparencia.
En conclusión, no se puede predicar la presunción de nulidad en general de las Cláusulas Suelos y que la valoración de la transparencia se valorará caso a caso y de acuerdo a la prueba propuesta, admitida y practicada, por lo que no caben demandas colectivas en esta materia, y subrayar, como en el caso enjuiciado por el Tribunal Supremo, que sí existen riesgos para el consumidor que reclama, pues las costas de las tres instancias como ha ocurrido en el caso analizado, representan un importante riesgo que se ha de considerar siempre.
Categorías Elegir categoría Accidentes de trafico Cláusulas Suelo Derecho de la Construcción Negligencia del abogado Quién paga los gastos sanitarios de un accidente de tráfico Seguros accidentes Sin categoría
Praza Roxa, nº 6, 2º D
botana.abogados@hotmail.com