Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A037-07.htm
Timestamp: 2017-11-20 20:50:36
Document Index: 66469088

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 148', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 28', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 1']

A037-07
Auto 037/07
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Aplicación Decreto 1382/00
ACCION DE TUTELA CONTRA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL HOY ACCION SOCIAL Y OTRAS AUTORIDADES DE DIFERENTE NIVEL-Competencia del Tribunal Superior
Referencia: expediente ICC-1061
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito de Cartagena de Indias y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena –Sala Civil Familia- en la tutela promovida por la ciudadana María Cielo Camacho González contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y otros
Provee la Corte Constitucional en relación con el Conflicto de Competencia suscitado entre el Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito de Cartagena de Indias y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena –Sala Civil Familia- en la tutela promovida por la ciudadana María Cielo Camacho González contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y otros.
1.- La ciudadana María Cielo Camacho González interpuso acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -antes Red de Solidaridad Social-[1] y otros, ante los Juzgados Civiles del Circuito de Cartagena -Reparto-, por considerar que se le vulneran sus derechos fundamentales a la vida (art. 11 C.P.), a la igualdad (art. 13 C.P.) al trabajo (art. 25 C.P.), a la familia (art. 42 C.P.), a la seguridad social (art. 48 C.P.), entre otros.
Como fundamento de la demanda la señora María Cielo Camacho González aduce que presentó su declaración como desplazada el dieciocho (18) de febrero de 2005 ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Cartagena de Indias, siendo remitida al Minuto de Dios con el fin de que allí se le brindara la ayuda humanitaria de emergencias que requería en ese momento.
Explica que el 9 de septiembre de 2006 presentó un derecho de petición mediante el cual solicitó le fuera prestada más ayuda económica y se le otorgara un subsidio para vivienda, sin embargo, hasta el momento la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional no ha respondido a sus peticiones, ni le ha brindado la ayuda socio-económica que requiere con urgencia.
De otra parte, hace énfasis en que es una mujer viuda, cabeza de familia, de avanzada edad, que ha trabajado toda su vida en el campo, y en consecuencia, no cuenta con el conocimiento necesario ni las aptitudes para buscar oportunidades laborales en la ciudad, y mucho menos en su condición de desplazada por la violencia.
2.- Mediante auto del once (11) de octubre de 2006, el Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito de Cartagena de Indias a quien por reparto, correspondió conocer del asunto, se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela y decidió rechazarla, en consideración a que ésta se interpone “contra varias entidades, gran parte de ellas, del orden nacional y que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Estado, otras de carácter Departamental y otras de orden Distrital, siendo competentes para el conocimiento de la misma los Tribunales Superiores del Distrito Judicial”, de conformidad con lo previsto en el inciso 5° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
En otras palabras, explica que al estar en la “parte accionada” varios Ministerios, que son organismos de carácter nacional, y entidades del orden departamental y distrital, de acuerdo con la jerarquía de las entidades la competencia recae sobre los Magistrados de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena.
En consecuencia, rechazó la demanda de tutela y ordenó remitir las diligencias a la Oficina Judicial con el fin de que allí fuera efectuado el trámite de reparto correspondiente entre los distintos Magistrados de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.[2]
3.- Efectuado el reparto de la acción de tutela entre los Magistrados de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, correspondió conocer del asunto a la Magistrada Betty Fortich Pérez, que mediante providencia fechada el dieciocho (18) de octubre de 2006, declaró que el Tribunal es incompetente para conocer de la referida acción, dado que “atendiendo la naturaleza jurídica de la accionada Acción Social (anteriormente Red de Solidaridad Social) que es un establecimiento público del orden nacional que hace parte del sector descentralizado, adscrito a la Presidencia de la República, creado por la Ley 368 de 1997, con autonomía administrativa y con personería jurídica, surge la falta de competencia del Tribunal para conocer la acción constitucional en primera instancia, por estarle atribuida la misma a los Jueces del Circuito o con categoría de tales”.
Por consiguiente, decidió remitir nuevamente las diligencias al Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito de Cartagena de Indias, por considerar que era el Despacho Judicial competente para conocer de la acción de tutela, y en ese sentido advirtió a dicho Juzgado que no “hay necesidad de vincular” como accionados a la Presidencia de la República, ni a los Ministerios relacionados por el accionante, “pues no se concretan las infracciones cometidas por dichos entes y porque la ayuda y atención que reclama la actora debe canalizarse a través de la entidad encargada de dichas acciones”.
4.- Devueltas las diligencias al Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito de Cartagena de Indias, mediante auto del veintiséis (26) de octubre de 2006, ese Despacho Judicial señaló lo siguiente “atendida la declaratoria de incompetencia manifestada por la H.M. del la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Justicia de Cartagena, debe tenerse en cuenta que este Juzgado mediante proveído de fecha octubre 11 de 2006, declaró igualmente su incompetencia para conocer la presente acción de tutela ‘por ser gran parte (sic) de las entidades accionadas, de orden nacional siendo que según lo estipulado en el inc. último, num. 1° del art. 1° del Decreto 1382 de 2000, por medio de la cual se establecen las reglas para el reparto de las acciones de tutela, su conocimiento les corresponde en primera instancia a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, razón por la cual se ordenó enviar el expediente a la Oficina Judicial, para el reparto a los H.M. de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Justicia de Cartagena”.
Así mismo, se reiteró que la razón que motivo la declaratoria de incompetencia del Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito de Cartagena, se debió a que al estar vinculados varios Ministerios y entidades del orden departamental y distrital, su competencia recae de acuerdo a la jerarquía de las entidades a los Magistrados de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, además no se comparte el criterio según el cual el Tribunal “entra a determinar en un momento dado, contra qué entidades debe ser dirigida la acción, contrariando (…) el sentir y el querer de la accionante, al momento de dirigir la petición, excepciones estas que deben ser propuestas por las mismas entidades accionadas, al momento de efectuar los descargos correspondientes y no por el fallador”.
A lo anterior se suma que, si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena consideraba que era incompetente para conocer de la acción de tutela promovida por la ciudadana María Cielo Camacho González contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y otros, debió proponer el conflicto negativo de competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, lo cual no hizo.
1.- De conformidad con la normatividad vigente, que ha sido analizada en diversos pronunciamientos emitidos por esta Corporación,[3] es claro que en materia de conflictos de competencia -bien sea negativo o positivo-, su resolución estará a cargo del correspondiente superior jerárquico común de los juzgados o tribunales entre quienes se suscite la colisión.[4] Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que su competencia para resolver lo atinente a los referidos conflictos es residual, ello quiere decir que solamente dirimirá el conflicto siempre que éste se suscite entre jueces o tribunales que no tienen superior jerárquico común, pues en caso contrario, corresponderá al superior jerárquico definir de conformidad con los criterios legales, cuál de sus subalternos habrá de ejercer la competencia.[5]
2.- Aunado a lo anterior, esta Corporación en lo atinente a la resolución de conflictos en sede de tutela, ha señalado en su jurisprudencia que al hacer una interpretación sistemática de los artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 son competentes para conocer de la acción de tutela “a prevención” los jueces o tribunales del lugar en donde ocurrió la amenaza o vulneración a los derechos fundamentales.[6]
3.- De otra parte, cabe recordar que luego de expedido el Decreto 1382 del doce (12) de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República y según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación mediante Auto ICC-118 del veintiséis (26) de septiembre de 2000, reiterado en numerosas oportunidades,[7] lo inaplicó en virtud de la primacía que al ordenamiento Superior ha de darse sobre las normas de rango inferior y además, por la manifiesta incompatibilidad de las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado con la Constitución Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma.
1.- En el presente caso se somete a consideración de la Corte Constitucional un conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito de Cartagena de Indias y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Civil Familia- en la tutela promovida por la ciudadana María Cielo Camacho González contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -antes Red de Solidaridad Social- y otros, en razón de la aplicación de lo previsto en los incisos 1° y 5° del numeral 1º del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 “por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”.
Sobre el particular cabe advertir, que la Corte en reiterada jurisprudencia[8] ha sostenido que en aquellos casos en que se demanda a la Red de Solidaridad Social -hoy Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-[9] y a otras autoridades que pertenecen a diferentes niveles dentro de la administración pública, en consideración a la naturaleza jurídica de las autoridades del orden nacional, la competencia corresponderá a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, conforme a lo establecido en las reglas de reparto previstas en los incisos 1° y 5° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.[10]
En efecto, en el Auto 137 de 2004,[11] esta Corporación señaló lo siguiente:
“5. Analizada la situación planteada, observa la Corte que la acción de tutela se encuentra dirigida no solo contra la Red de Solidaridad Social, FONVIVIENDA, Gobernación del Tolima y la Alcaldía Municipal de Ibagué entidades del sector descentralizado por servicios del orden Nacional y autoridades del orden departamental y municipal, sino también contra el Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo que indica que, por tratarse de una acción dirigida contra autoridades públicas del orden Nacional de conformidad con el artículo 1°, numeral 1°, inciso 1° del Decreto 1382 de 2000, la competencia corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a los Tribunales Administrativos o el Consejo Seccional de la Judicatura, sin que sea posible desde el primer Auto, aseverar que no prosperara contra las autoridades Nacionales mencionadas.”[12] (negrilla fuera de texto).
4.- Ahora bien, no se puede olvidar que la Corte ha fijado un criterio según el cual la resolución de los conflictos de competencia debe atender dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución Política y del establecimiento de la acción de tutela, a saber, i) la eficacia de los derechos fundamentales -art. 2-, para lo cual es necesario atender al postulado de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, y, ii) la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela -art. 86-, entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de ese tipo especial de derechos constitucionales.[13]
5.- De esta manera, si bien la demanda de tutela fue dirigida inicialmente a los Jueces Civiles del Circuito del Distrito Judicial de Cartagena, y repartida, específicamente al Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito de Cartagena de Indias, las reglas de reparto que se deben aplicar en el caso concreto, son las previstas en los incisos 1° y 5° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, pues como quedó establecido la acción fue interpuesta contra autoridades de diferente nivel, algunas de ellas del orden nacional, por lo que en razón de la competencia el Despacho Judicial encargado de tramitarla y decidirla debe ser el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
6.- Así las cosas, la Corte estima que en el presente asunto la colisión de competencias entre el Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito de Cartagena de Indias y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Civil Familia- es inexistente, o en otras palabras, es simplemente aparente,[14] puesto que como ya se estableció la controversia procesal suscitada y que generó la remisión del expediente de la referencia a esta Corporación, tuvo su razón de ser en la inobservancia de las reglas que informan el reparto y trámite de la acción de tutela,[15] cuando se les instó para que avocaran el conocimiento de la misma.
En virtud de lo anterior, la Sala Plena considerando que una vez efectuado el reparto correspondiente, del asunto entró a conocer la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, se ordenará remitir a ese Despacho Judicial el expediente de la acción de tutela promovida por la ciudadana María Cielo Camacho González contra la Agencia Presidencial para la Acción Social -antes Red de Solidaridad Social- y la Cooperación Internacional y otros, para que la tramite y decida en forma inmediata.
Primero.- Por Secretaría General REMÍTASE el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por la ciudadana María Cielo Camacho González contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -antes Red de Solidaridad Social- y otros, a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para que ésta asuma en forma inmediata el conocimiento del referido amparo constitucional, y en consecuencia adelante la correspondiente actuación judicial sin más dilaciones.
Salvamento de voto al Auto 037/07
Peticionario: MARIA CIELO CAMACHO GONZALEZ
[1] Ley 387 de 1997.
[2] A folio 129 del Expediente consta copia del oficio mediante el cual se remitió la acción de tutela a la Jefe de Coordinación de Servicios Judiciales y Administrativos con el fin de que fuera repartida entre los Tribunales del Distrito Judicial de San Andrés Isla.
[3] Sobre el particular, se pueden consultar, entre otros, los Autos A-123 de 2002, A-034 de 2003, A-088 de 2004, A-061A, A-070, A-079 y A-080 de 2005.
[4] Ley 270 de 1996, artículo 17 y s.s. y Código de Procedimiento Civil, artículo 28.
[5] Ver entre otros, el ICC –853 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil y el ICC- 676 de 2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis, y consultar en el particular el Auto No. 071 de 2006 –ICC 979- M.P. Jaime Córdoba Triviño en el que se señaló lo siguiente:
[6] En el auto A-137 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte dijo:
“En este tipo de casos la Corte Constitucional ha fijado la regla jurisprudencial[6] según la cual el criterio que deben aplicar los jueces o tribunales antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional y plantear innecesariamente colisiones de competencia, es la elección que haya efectuado el accionante. Lo anterior, a partir de la interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a todo persona reclamar “ante los jueces - a prevención” la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
[7] Al respecto ver el Auto 074 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño y Auto 084 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Al respecto se pueden consultar entre otros, los siguientes Autos-ICC, A-081 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, A-078 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, A-076 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, A-071 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño, A-069 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, A-216 de 2003 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, A-083 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, A-075 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, A-043 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, A-018 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, A-300 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y A-298 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9] De conformidad con lo previsto en el Decreto 2467 de 2005, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, es un establecimiento público, del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Tiene como domicilio principal la ciudad de Bogotá, pudiendo desarrollar igualmente sus competencias en el ámbito nacional.
[10] Sobre el particular se pueden consultar entre otros, el Auto A-062 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en donde la Corte sostuvo lo siguiente:
“en virtud de las circunstancias actuales, en acatamiento a lo resuelto en la sentencia aludida, ahora dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 1º, numeral 1º, inciso primero del Decreto 1382 de 2000, por cuanto esta acción de tutela fue interpuesta, no solo contra la Red de Solidaridad Social, entidad del sector descentralizado por servicios del orden Nacional, sino también contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Presidente de la Republica, lo que indica que, por tratarse de una acción dirigida contra autoridades publicas del orden Nacional, la competencia corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a los Tribunales Administrativos o el Consejo Seccional de la Judicatura, sin que pueda en el primer auto y para provocar el conflicto de competencia aseverar que no prosperara contra las autoridades Nacionales mencionadas.” (negrilla fuera de texto).
[12] Así mismo, en relación con el particular, se puede consultar el reciente Auto A-005 de 2007 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[13] Corte Constitucional, Auto 072 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En esa oportunidad esta Corporación señaló además lo siguiente:
[14] Sobre el particular, se pueden consultar entre otros los Autos 105 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, 051 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y 107 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[15] Al respecto ver el Auto ICC-998 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.