Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2001/abr/DictaLeyIndigena.html
Timestamp: 2019-04-24 13:58:52
Document Index: 237090041

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 18', 'artículo 115', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 88']

Gaceta Parlamentaria, Camara de Diputados
En consecuencia, es indispensable identificar las motivaciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales que ha tenido el Poder Revisor de la Constitución para legislar constitucionalmente en materia de protección de la cultura y los derechos indígenas, entre las cuales identificamos las siguientes: 2.1 La discriminación, marginación y explotación de que han sido víctimas los indígenas, sus comunidades y sus pueblos desde la conquista de México;
2.2 La necesidad de reconocer que deben ser armónicas y paralelas las dos vertientes de atención a la cultura y a los derechos indígenas: la vertiente de asimilación a una cultura mestiza, y la vertiente de respeto a la conservación de su cultura, su lengua y sus usos y costumbres; y 2.3 El reconocimiento de su plenitud de derechos como mexicanos, reconociendo las diferencias que los distinguen y les dan identidad dentro de la comunidad nacional.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales, y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Diputados: Héctor Sánchez López (voto en contra por la forma y fondo en que se llevó a cabo el procedimiento del contenido del Dictamen), Presidente, PRD; Bonifacio Castillo Cruz (rúbrica en contra por contener Voto Particular), Secretario, PRD; Vitálico Cándido Coheto Martínez (abstención), Secretario, PRI; José Feliciano Moo y Can (rúbrica a favor), Secretario, PRI; Pablo de Jesús Arnaud Carreño (rúbrica a favor), Secretario, PAN; Nicolás Lorenzo Alvarez Martínez (rúbrica a favor), Gumercindo Alvarez Sotelo (rúbrica a favor), Nelly Campos Quiroz (rúbrica a favor). Félix Castellanos Hernández, Nicasia García Domínguez; Augusto Gómez Villanueva (rúbrica a favor), Roger Antonio González Herrera (rúbrica a favor), Beatriz Guadalupe Grande López (rúbrica a favor), Santiago Guerrero Gutiérrez (abstención), José María Guillén Torres (rúbrica a favor), Auldárico Hernández Gerónimo, Justino Hernández Hilaria (rúbrica a favor), Francisco Ezequiel Jurado Contreras (rúbrica a favor), Santiago López Hernández (rúbrica a favor), Miguel Angel de Jesús Mantilla Martínez (rúbrica a favor), Celia Martínez Bárcenas (rúbrica a favor), Hermilio Monroy Pérez, José Melitón Morales Sánchez (rúbrica a favor), Manuel Winstano Orozco Garza (rúbrica a favor), Griselda Ramírez Guzmán (rúbrica a favor), Carlos Raymundo Toledo (rúbrica a favor), Francisco Ríos Alarcón (rúbrica a favor), Luis Miguel Santibáñez García (rúbrica a favor), Julio César Vidal Pérez, Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica a favor).
QUE PRESENTA EL DIPUTADO HECTOR SANCHEZ LOPEZ, AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ASUNTOS INDIGENAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS AL ARTICULO 1; SE REFORMA EL ARTICULO 2; SE DEROGA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 4; Y SE ADICIONA UN SEXTO PARRAFO AL ARTICULO 18 Y UN ULTIMO PARRAFO A LA FRACCION TERCERA DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL DIPUTADO HÉCTOR SÁNCHEZ LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA AL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El día de hoy las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas aprobaron por mayoría las reformas a los artículos 1º; 2º; 4º; 18 y 115 constitucional en materia de pueblos indígenas.
El 5 de diciembre del 2000 el presidente de la República Vicente Fox Quezada turnó a la Cámara de Senadores la Iniciativa de Ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) por el que se reformaban y adicionaban los artículos 4º; 18; 53; 73; 115 y 116.
En la sesión del 7 de diciembre de 2000, la presidencia de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales; Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos dicha Iniciativa con el fin de elaborar el dictamen correspondiente.
En su sesión del día 25 de abril de 2001, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por mayoría el Dictamen que las Comisiones citadas presentaron, mediante el cual se reformaron los artículos lº; 2º; 4º; 18 y 115 constitucionales.
En la sesión del 26 de abril del 2001 la Cámara de Diputados recibió y turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1º; se reforma el artículo 2º; se deroga el párrafo primero del artículo 4º y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos, con el propósito de elaborar el dictamen correspondiente.
En esta misma fecha, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales violando los artículos cuarto, quinto y undécimo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, sin tomar en consideración a la Comisión de Asuntos Indígenas citó a reunión de Comisiones Unidas, integrándose la Subcomisión Dictaminadora.
El Presidente de la Comisión que preside no citó en ningún momento a la Subcomisión Dictaminadora o por lo menos, a quien esto suscribe. De hecho, este Proyecto de Dictamen ni siquiera pudo ser analizado de manera responsable por los integrantes de ambas comisiones, quedando este órgano legislativo como un simple apéndice del Senado de la República.
El Senado de la República durante más de cuatro meses analizó y discutió la Iniciativa presentada por el presidente de la República, Vicente Fox Quezada el pasado 5 de diciembre, Iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación, y con la que estuvieron de acuerdo todos los partidos políticos con representación en esta Comisión.
En el Dictamen que hoy se nos presenta se modificó de manera radical la Iniciativa elaborada por la Cocopa y se incumple con esto el compromiso de avanzar en el proceso de pacificación y terminar con el conflicto armado iniciado el primero de enero de 1994.
Después de que durante más de tres años se encontraba suspendido el diálogo entre las partes en conflicto, cuando había luces de esperanza por avanzar en el proceso de paz, después de que esta Cámara de Diputados de manera responsable, contribuyó a que se abriera la puerta de la paz, estamos hoy con esta Iniciativa, de aprobarse en sus términos cerrando toda posibilidad de reinicio de diálogo y cancelando la oportunidad histórica de reconocer los derechos y cultura de nuestros pueblos indígenas.
Este Dictamen que hoy se nos presenta incumple con el compromiso de reiniciar el diálogo y tener una paz con justicia y dignidad. No es que esta Cámara de Diputados se constituya en una oficina de partes del Poder Ejecutivo; era un compromiso y una responsabilidad que la Iniciativa presentada por éste, fuera aprobada en sus términos porque en su oportunidad fue elaborada por los legisladores de los partidos políticos con representación en el Congreso.
Este Dictamen en materia indígena que nos remite el Senado de la República no refleja los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en el ámbito internacional, como lo es el convenio 169 de la OIT, firmado por el Gobierno Federal y ratificado por el Senado de la República en 1991; con ello lejos de avanzar se advierte un claro retroceso.
Incumple con los preceptos plasmados en la Iniciativa presentado por el Presidente Vicente Fox y elaborada por la Cocopa, y mucho menos refleja los Acuerdos de San Andrés, de por sí acotados por dicha Iniciativa; y como consecuencia, en nada contribuye para la paz justa y digna en Chiapas y con los pueblos indígenas del país.
Los responsables de la redacción de este Dictamen, se obstinaron en reducir los derechos indígenas y en poner candados en todo lo que se había avanzado en la redacción de la Iniciativa presentada por el Presidente de la República.
Este Dictamen hecha tierra sobre los acuerdos firmados por el Gobierno Federal con el EZLN, en lo que se refiere a "la creación de un nuevo marco jurídico que establezca una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, con base en el reconocimiento de su derecho a la libre determinación... en un marco de autonomía". En dicho Acuerdo se reconoce que la autonomía "es la expresión concreta del ejercicio de la libre determinación expresada en un marco que se conforma como parte del Estado Nacional. Los pueblos indígenas, señala el Acuerdo, podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus manera de organizarse política, social, económica y culturalmente. Dentro del nuevo marco constitucional de autonomía se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos en que la hagan valer, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, conforme a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa.
"Resulta pertinente, prosigue el acuerdo, reconocer, como demanda fundamental de los pueblos indígenas, su derecho a la autonomía, en tanto colectividades con cultura diferente y con aptitud para decidir sus asuntos fundamentales en el marco del Estado Nacional. Este reconocimiento tiene su base en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Senado de la República" (Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedimiento, págs. 21 y 22).
Lejos de consagrar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía como expresión de su libre determinación en nuestra Carta Magna, se remite ese reconocimiento a las "constituciones y leyes de las entidades federativas" (Art. 2º, cuarto párrafo del Dictamen); disminuyendo así la estatura del poder soberano del Congreso de la Unión que debería establecer un techo jurídico que sirviera de base para la autonomía, como ejercicio de la libre determinación, de los pueblos indios.
Más aún, se desconoce que la autonomía es la capacidad de un grupo humano de darse sus propias normas de vida. Para que esa autonomía sea efectiva es necesario que su estatuto jurídico sea elaborado por el propio sujeto autónomo y no por un órgano externo como, en este caso, lo son las entidades federativas. En este Dictamen se insiste en la subordinación indígena que mucho se aleja de la demanda de los pueblos indígenas de nuestro país.
También se dejó de lado el derecho de los pueblos indígenas de "acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios" (Art. 4º, fracción V, párrafo de Cocopa) y poniendo en grave riesgo la continuación del diálogo para la paz, puesto que este tema está considerado en una de las tres mesas pendientes (Bienestar y Desarrollo, ver pág. 29 de los Acuerdo de San Andrés).
Como corolario del apartado A, del artículo 2º propuesto, al final de su último párrafo se reconoce a las comunidades indígenas como entidades de interés público", con lo cual se insiste en una nociva actitud paternalista; pues si ese reconocimiento respetara la letra de la Iniciativa del actual Presidente de la República, como entidad de derecho público, los pueblos indígenas se constituirían en la estructura organizativa del Estado, y no entidades que el Estado debe proteger. De esa manera, no se reconoce la importancia que tiene la integridad de los pueblos indígenas en una nación pluricultural, y se insiste en verlos con una mirada de menosprecio y una mentalidad de coloniaje.
En los contenidos de las fracciones que componen el apartado B, se sigue con el viejo esquema indigenista, y se advierte, de manera peligrosa, que al conceder facultades a la Federación, los estados y los municipios para establecer las "instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar las vigencia de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades" y se faculta en un supuesto apoyo a las "actividades productivas y el desarrollo sustentable" realizar "acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productivo a los sistemas de abasto y comercialización", no benefician a las comunidades y pueblos indígenas, sino que los colocan en una situación de indefensión.
Este Dictamen que se aprueba el día de hoy, es un Dictamen para la guerra y no para la paz, basta leer la Quinta Declaración de la Selva Lacandona, en la que se establece claramente que "una Iniciativa de reforma en materia de derechos y cultura indígena no debe ser unilateral, debe incorporar los Acuerdos de San Andrés y reconocer los así los aspectos fundamentales de las demandas de los pueblos indios: autonomía, territorialidad, pueblos indios, sistemas normativos". En los Acuerdos se reconoce el derecho a la autonomía indígena y el territorio, conforme al convenio 169 de la OIT, pero se desconoce en los hechos con la Iniciativa firmada.
En el apartado A, fracción II, del artículo 2º que se propone se desconoce lo establecido en el artículo 4, fracción II, de la Ley de la Cocopa, en el que se establece que la sus procedimientos juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado; en tanto que en esta que se aprueba se establece que "la Ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes".
Por estos considerandos y más que son imposibles de señalar en virtud del procedimiento y la rapidez con la que se dictaminó la Iniciativa en comento, con fundamento en el artículo 88 de del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos presento el siguiente voto particular en contra del Dictamen multicitado.
Diputado Héctor Sánchez López (rúbrica)
Nota: Versión acorde con el texto corregido a mano por el diputado suscribiente.