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Timestamp: 2019-02-21 20:38:49
Document Index: 402098042

Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 129', 'artículo 195', 'Artículo 18', 'artículo 73', 'artículo 66', 'Artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 35']

Republica de costa rica respuesta al cuestionario mesicic / oea – 2da ronda noviembre de 2006 - Página 29
4.3 Mecanismos de consulta
4.4 Mecanismos para estimular una participación activa en la gestión pública
d) Fortalecer los mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de manera tal que el mismo no pueda ser negado por causales diferentes a las que determine la ley o con base en criterios diferentes a los que en ella se establezcan. Previendo con ese fin, entre otros aspectos los siguientes: i) procedimientos para la recepción de solicitudes y para responder a éstas oportunamente; ii) requisitos de admisibilidad y la consecuencia si no cumple con ellos; iii) razones por las cuales puede rechazarse una solicitud; iv) forma de comunicación al administrado; v) recursos expeditos y especializados que posibiliten, en vía administrativa recurrir la decisión del servidor público que indebidamente niegue el acceso a la información que se le solicita; y vi) aumento en el número de las sanciones existentes, a fin de cubrir un espectro más amplio de supuestos que podrían entorpecer, retardar o imposibilitar el ejercicio de este derecho y que envuelvan la conducta del servidor público.
Avance realizado d.4.2.1. A Falta de marco jurídico expreso, el tema lo ha venido delineando el máximo contralor constitucional de nuestro país. La Sala Constitucional, por medio de las sentencias que resuelven recursos de amparo, ha determinado los alcances de este principio. Cabe recordar que las resoluciones de la Sala Constitucional son de acatamiento obligatorio “erga omnes”. Los ciudadanos concretizan su derecho de acceso de información por medio de este recurso, el cual se establece contra cualquier violación de derechos fundamentales (excepto el de la libertad personal que se protege por el recurso de habeas corpus).
e) Continuar fortaleciendo y ampliando los sistemas de información que operan a través de las distintas páginas creadas por las instituciones públicas en Internet, como un medio eficaz de divulgar el quehacer de la gestión estatal. Al respecto, el Comité reconoce el amplio espectro de recursos informáticos que impulsa la República de Costa Rica que permiten el acceso a una amplia información pública.
Avance realizado: e.4.2.1 Se ha creado nuevas fuentes de información por medio de páginas de Internet de los órganos de control interno y se ha mejorado sustancialmente la páginas de instituciones del Estado ya existentes entre las que cabe destacar la página del servicio civil, la cual brinda información sobre los concursos abiertos para la contratación de personas, los resultados de dichos concursos y permite realizar consultas por esta vía. La página electrónica de la Dirección de Servicio Civil, cuenta con una nueva presentación, el propósito es ofrecer a los usuarios información ágil, rápida y precisa sobre la institución. La idea es que los usuarios encuentren aplicaciones orientadas a satisfacer sus necesidades. Asimismo, permite dar un primer paso en la implementación de las políticas de gobierno digital, impulsada por la Administración; en virtud de que, por medio de estos instrumentos, se busca una mayor transparencia en el accionar institucional y con ello se fortalece la democracia. La página es www.sercivil.go.cr
También merece mención la página de la Defensoría de los Habitantes, misma que brinda información sobre la administración de los recursos públicos en diferentes instituciones como ingresos, egresos, presupuestos y salarios de 11 instituciones del Estado.Su dirección electrónica es www.dhr.go.cr
La Sala Segunda de la Corte Suprema de justicia, Sala Constitucional, www.poder-judicial.go.cr y la Contraloría General de la República: www.cgr.go.cr. También la Procuraduría General de la República en su afán de asumir un papel más activo en la modernización del Estado Costarricense, ha fortalecido el sistema Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI), por medio de su página web: www.pgr.go.cr, página que tiene a disposición de cualquier usuario, módulos de normativa, mediante el cual se puede consultar la legislación vigente, sus reformas y modificaciones así como los pronunciamientos y jurisprudencia que ha generado cada normativa y el módulo de Asuntos Constitucionales, así como el servicio de envío de jurisprudencia vía electrónica y un resumen del Diario Oficial La Gaceta.
4.2.2	Tomar nota con complacencia de la labor que realiza la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de los dispositivos procesales del amparo como remedio judicial abierto, dinámico y efectivo dirigido a custodiar, entre otros, el derecho al libre acceso a la información pública.
Complementar los mecanismos de consulta vigentes, estableciendo, cuando corresponda, procedimientos que otorguen mayores oportunidades de realizar consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales. Para cumplir con esta recomendación, la República de Costa Rica podría considerar las siguientes medidas:
a) Crear mayores espacios, en el marco de la Asamblea Legislativa, que posibiliten a la sociedad civil tener una mayor oportunidad de expresar su opinión durante el proceso de discusión y aprobación de leyes; contemplando la obligatoriedad de brindar estos espacios de participación cuando se discutan materias cuya importancia o sensibilidad aconseje esa participación; y procurando, con ello, no afectar el adecuado balance que debe existir entre la necesidad de fomentar esa participación y la importancia de no incidir negativamente en la eficiencia del órgano legislativo.
Avance realizado: a.4.3 La oficina de iniciativa popular fue creada por la Asamblea Legislativa, con el objetivo de ofrecer mayores espacios de participación a la ciudadanía, procurando con ello acercar a los habitantes al primer Poder de la República. Esta oficina recibe sugerencias, propuestas y anteproyectos de ley de parte de cualquier persona, incluyendo menores de edad; estas propuestas son puestas en conocimiento de los diputados para que aquellas que resulten de interés sean acogidas para su trámite.
Para incentivar el uso de esta oficina se ha opuesto a disposición de la ciudadanía el número telefónico gratuito 800- 674-6466, por medio del cual puede ser utilizado para presentar las iniciativas u obtener información, así como la página web: www.asamblea.go.cr/iniciativa/iniciativatv.htm
Cada año esta herramienta es utilizada con mayor frecuencia por los habitantes de la República, para participar activamente en la toma de decisiones.
El gráfico que se presenta a continuación muestra el comportamiento de dicha oficina.
Este gráfico muestra los diferentes medios por los cuales se interponen las iniciativas ciudadanas, siendo la más utilizada la vía electrónica.
Además, resulta importante recalcar que en el plenario de la Asamblea Legislativa existen dos áreas destinadas una al público en general que desee asistir al proceso de formación, discusión y aprobación de las leyes; en los que se puede manifestar libremente y otra a los medios de comunicación. Con el fin de hacer más transparente el proceso de formación de las leyes.
b) Considerar la aplicación de instrumentos de consulta a nivel nacional, similares a los contemplados en el Régimen Municipal, incluyendo, la posibilidad de que dichos instrumentos puedan ser convocados, tanto a nivel local como nacional, por iniciativa popular, en las materias que la república de Costa Rica puedan ser útiles.
Avance realizado: b.4.3. Mediante Ley N° 8281 se reforma los artículos 105, 123, primer párrafo del artículo 124, último párrafo del artículo 129, primer inciso del artículo 195 y se adiciona los artículos 102 y 195 de la Constitución Política indicando que: “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional.
El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa”.
La Ley de Iniciativa Popular N° 8491 de nueve de marzo del dos mil seis, viene a regular la reforma constitucional estableciendo - en lo que interesa- que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, organizados de hecho o de derecho, interesados en someter al conocimiento de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley o una forma parcial a la Constitución Política, depositarán en la Asamblea Legislativa el correspondiente proyecto de ley, con las respectivas hojas, en las que se ha recolectado el porcentaje indicado supra. La Asamblea ordenará publicarlo en La Gaceta, a cargo del Estado; La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brindará asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los proyectos, así como en los procedimientos por seguir, a los ciudadanos interesados en ejercer el derecho de iniciativa popular de conformidad con esta Ley. Asimismo, la Defensoría de los Habitantes ofrecerá estos servicios a la ciudadanía, por medio de sus oficinas en todo el país.
c) Considerar la posibilidad de aplicar instrumentos de consulta, con características similares a los ya contemplados en áreas específicas, tales como el medio ambiente y la planificación urbana, en otras materias o desarrollar otros mecanismos idóneos que permitan efectuar estas consultas en otras áreas, adicionales a aquellas en las cuales ya están contempladas.
Avance realizado: c.4.3. El Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, establece – en lo que interesa- “Artículo 18.—Serán causas automáticas de pérdida de la credencial de alcalde municipal: a) Perder un requisito o el adolecer de un impedimento, según los artículos 15 y 16 de este código….c) Ser declarado, por sentencia judicial firme, inhabilitado para ejercer cargos públicos. d) Incurrir en alguna de las causales previstas en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.(Así reformado el inciso anterior por el artículo 66 de la Ley N° 8422 del 6 de octubre del 2004)e) Cometer cualquier acción sancionada por la ley con la perdida el cargo para funcionarios de elección popular….
Artículo 19.—Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser firmada al menos por la tercera parte del total de los regidores y aprobada por el mínimo de tres cuartas partes de los regidores integrantes, se convocará a los electores del cantón respectivo a un plebiscito, donde se decidirá destituir o no al alcalde municipal. Tal decisión no podrá ser vetada.
Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal, deberán sumar al menos dos tercios de los emitidos en el plebiscito, el cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del total de los electores inscritos en el cantón….
Si el resultado de la consulta fuere la destitución del funcionario, el Tribunal Supremo de Elecciones repondrá al alcalde propietario, según el artículo 14 de este código, por el resto del período. …”
Como se puede extraer de este articulado, tanto a los electores como al mismo consejo se les brinda la posibilidad de convocar a plebiscito para la remoción del alcalde municipal, que se convierte en una herramienta útil de control a la gestión Municipal, lo anterior toma relevancia si se considera que, al menos 23 entes municipales tienen competencia territorial en la administración de la Zona Marítimo Terrestre, lo cual se ha llegado a considerar como un componente del medio ambiente, además, el tema de la planificación urbana indudablemente es una competencia reconocida a las municipalidades.
d) En el marco constitucional y legal vigente, considerar la posibilidad de formular normativa específica que promueva la creación y reconocimiento de instancias representativas de organizaciones e instituciones de la sociedad civil a nivel municipal, con facultades para conocer y proponer determinadas políticas públicas, estableciendo igualmente el derecho a conocer y acceder a la información que corresponda.
Avance realizado: d.4.3 Dentro del marco constitucional y legal vigente se reitera lo indicado en el punto b.4.3, además de conformidad con el artículo 35 y 41 del Código Municipal las Sesiones del Concejo deben señalarse y publicarse previamente en el Diario oficial La Gaceta. Las sesiones del Concejo son públicas y el Concejo deberá reglamentar la intervención y formalidad de los particulares.
e) En el marco del ordenamiento jurídico vigente, considerar la posibilidad de formular una normativa específica que incorpore, articule y reconozca a comunidades civiles urbanas (juntas o comités vecinales) con las atribuciones y derechos de presentar iniciativas y demandas de obras y servicios de obras municipales de impacto vecinal.
Avance realizado: e.4.3 Reiteramos lo indicado en los puntos b.4.3 y d.4.3
4.4.1 Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública. Para cumplir con esta recomendación, la República de Costa Rica podría considerar las siguientes medidas:
a) Establecer mecanismos, adicionales a los ya vigentes, que fortalezcan la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión pública y especialmente en los esfuerzos para prevenir la corrupción, y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización.
Avance realizado: a.4.4.1 Además de lo indicado en los puntos anteriores, se fortaleció la denuncia ciudadana por medio de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su reglamento, tal y como se indicó en su oportunidad.
b) Determinar que el resultado que se derive del ejercicio de esos mecanismos, pueda ser considerado necesariamente como insumo vital en el proceso de toma de decisiones.
Avance realizado: b.4.4.1 Costa Rica como un país democrático y representativo de la voluntad popular ha hecho esfuerzos tendientes a ampliar los grados de participación ciudadana en la toma de decisiones, y la ciudadanía ha respondido a esas inquietudes tal y como claramente quedó demostrado en los gráficos presentados en el avance a.4.3.. Siendo que el primer poder de la República es de elección popular y los diputados por antonomasia la voz del pueblo, es indudable considerar que tales opiniones son un insumo vital y fortalecen la transparencia en la labor legislativa.
c) Continuar promoviendo y fortaleciendo programas que tengan objetivos similares a los de la Oficina de Iniciativa Popular, creada por el órgano legislativo.
d)Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, así como también a los funcionarios y empleados públicos para utilizar tales mecanismos.
Avance realizado: d.4.3 La Procuraduría de la Ética Pública formuló el Plan Estratégico Operativo (PAO) para el periodo 2007- 2010, en el que se proponen proyectos de capacitación dirigidos tanto a los funcionarios públicos como para la sociedad civil, con el objetivo de estimular la participación en la gestión pública.
Entre los proyectos de capacitación que se desean implementar se encuentra la elaboración y distribución de guías en formato electrónico, en la que se desarrollen los principios éticos que rigen el ejercicio de la función pública, para que sean utilizadas por los departamentos de Recursos Humanos de la Administración Pública como una guía al momento de la inducción del personal. Considerando también la creación de instrumentos audiovisuales que faciliten y promuevan la aprehensión de dichas disposiciones.
Otro proyecto de capacitación que se pretende se inicie en los primeros meses del año 2007, es el dar a conocer los trámites o servicios que los particulares pueden obtener de la Administración Pública. Esta iniciativa pretende, que al tener los ciudadanos conocimiento de los servicios que brinda la Administración, se mejore su eficacia, pertinencia y utilidad, para lograr mayor celeridad y funcionalidad en la realización de los mismos; demostrando que la cercanía y la buena comunicación entre la administración y los ciudadanos/usuarios favorecen la gestión gubernamental.
También está en proyecto, en conjunto con la Universidad de Costa Rica, y el apoyo de la Vicepresidencia de la República, la creación del Observatorio de la Corrupción, con lo cual se está coordinando como una instancia dentro la Procuraduría de la Ética Pública que contribuya a generar acciones en los ámbitos público y privado orientadas a la prevención, detección y erradicación de la corrupción paralelas a la actuación ética y la transparencia necesarias en el ejercicio de la función pública.
El objetivo a cumplir es que el Observatorio ofrezca información de carácter puntual, recopilada por estudios e investigaciones específicas que hasta la fecha no se ha logrado concretar en el país.
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