Source: https://fernandogarciasais.wordpress.com/2014/03/
Timestamp: 2020-01-28 23:42:37
Document Index: 78589434

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 73', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 584', 'in fine', 'artículo 584', 'artículo 615', 'artículo 616', 'artículo 620', 'artículo 585', 'artículo 1', 'artículo 587', 'artículo 588', 'artículo 591', 'in fine', 'artículo 611', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 578', 'artículo 2', 'artículo 588', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 2']

marzo 2014 – FERNANDO GARCÍA SAIS Notario Público 210 Mazatlán, Sinaloa, México
¿En qué consiste el engaño publicitario?
marzo 31, 2014 marzo 31, 2014 Dr. en Derecho Fernando García Sais, Notario Público 210 de Sinaloa, Licenciado en Derecho por el ITAM y Doctor en Derecho por la UNAM.
Ciudad de México | Sábado 07 de febrero de 2009Fernando García Sais | El Universal
Cuando el ciudadano es visto como un “consumidor” de bienes y servicios en el mercado, entran en juego la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Profeco; cuando es un gobernado que adquiere bienes regulados por la Ley General de Salud, se aplica dicha ley y su reglamento en materia de publicidad a través de la Cofepris. Por último, cuando el ciudadano es un “usuario” de servicios financieros, se aplica la Ley para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros cuya aplicación compete a la Condusef.
Pero ¿qué es la “publicidad engañosa”? En términos amplios, es la información falsa o bien la información que induce a error. Se compone de dos elementos: la falsedad y la inducción al error. De ambos, la nota trascendental la aporta la “inducción al error”; es decir, la aptitud para engañar. Si la publicidad contiene información que no corresponde con la realidad (falsedad) pero no induce al error, no se puede decir que sea publicidad engañosa, por falta de aptitud para engañar.
Sin embargo, si la publicidad contiene elementos informativos que sí tengan aptitud para engañar, irremediablemente será engañosa. Ello con independencia de si la información contenida en el mensaje comercial es verdadera o falsa. Una publicidad que diga “puras verdades” puede inducir a error al destinatario de la misma tanto como una publicidad que diga “puras mentiras”, siendo el dato relevante el de la inducción al error.
De lo anterior deriva la importancia que tiene el elemento “destinatario de la publicidad”.
¿Quién es el destinatario de la publicidad? Es el grupo a quien, en abstracto, va dirigida la comunicación comercial. El consumidor o grupo de consumidores que adquiera el bien o servicio del que se trate será el consumidor en concreto. Se trata de encontrar dentro de cada grupo al “consumidor medio”, a aquel consumidor medianamente atento, razonable y perspicaz, tarea por demás complicada. El consumidor medio es el representante de un estándar promedio que atribuye un determinado contenido al mensaje publicitario: si para el consumidor medio es engañoso, seguramente para los demás consumidores del grupo lo será.
La publicidad tiene como fuente la necesidad del empresario de vender sus productos y servicios, de posicionarlos en el mercado. La publicidad es una manera de promoción, de acercar los productos a los consumidores para que éstos los compren.
Pero no todos los consumidores compran, buscan o quieren lo mismo. Dependiendo de la edad, el sexo, los gustos, la moda, los consumidores se pueden agrupar en segmentos de mercado. Así, hay tantos tipos de grupos de consumidores como productos y servicios en el mercado. A esa pluralidad se debe que los parámetros para analizar si una publicidad es engañosa no sea tarea sencilla: primero se debe determinar con rotunda precisión al destinatario de la publicidad para posteriormente indagar si existe inducción al error.
En España y otros países de la Unión Europea, una vez que se identifica al grupo destinatario de la publicidad se elabora una serie de estudios sobre opiniones, aficiones y comportamiento humanos mediante sondeos de opinión (estudios demoscópicos) para aplicar el llamado “examen de la veracidad” a la publicidad enjuiciada y llegar a sí a la conformación del criterio del consumidor medio.
En la indagación de la existencia de la inducción a error se tienen que tener presente las especiales peculiaridades del destinatario de la publicidad. No es lo mismo el grado de inducción al error de publicidad para adultos que la publicidad dirigida a un público senil, infantil o a menores de edad. De la misma manera, no es lo mismo la alta vulnerabilidad de un destinatario con alguna dolencia física (obesidad, calvicie, diabetes, trastornos sexuales) que la normal o escasa vulnerabilidad de un destinatario sano o sin dichos padecimientos.
Así, el estudio de la publicidad que se dirige a ese “sector vulnerable de la población” (niños, ancianos, enfermos) debe atender a dicha peculiaridad: no es posible aplicar a dicho supuesto la regla que se aplica para publicidad dirigida adultos.
Todos sabemos que detrás de la publicidad existe un marcado componente de persuasión. Pero ¿hasta qué punto la persuasión se convierte en engaño? La respuesta vendrá dada tras analizar los elementos a que nos hemos referido.
Por ejemplo, en el lenguaje publicitario es lugar común hallar una estrategia conocida como “dolo bueno”, táctica apegada y permitida por las leyes. El dolo bueno en la publicidad se manifiesta cuando el comerciante introduce declaraciones subjetivas (en textos, diálogos, sonidos, imágenes) sin afán de engañar a nadie, y con la intención de ensalzar el bien o servicio. Frases como “la bebida más sabrosa de México”, “somos los mejores”, “el vehículo de la marca X es tan rápido que parece avión” constituyen manifestaciones del dolo bueno, que no son aptas para engañar.
Muchas veces el dolo bueno no es más que la sana creatividad publicitaria, la parte del anuncio que el empresario quiere posicionar en la mente de su consumidor. El dolo bueno involucra, siempre, afirmaciones de índole personal, que no pretenden ser declaraciones objetivas, dotadas de los rasgos del discurso científico (generalidad y comprobabilidad, principalmente).
Ahora bien, debemos replantear la interpretación y los límites del dolo bueno cuando estemos en presencia de publicidad dirigida a niños, ancianos y enfermos, que por tratarse de población vulnerable pueden tener una limitación para procesar la información que a manera de dolo bueno se les proporciona en una determinada publicidad. Lo que para un adulto es un caso claro de dolo bueno, para un infante puede, muy seguramente, no serlo.
Además de la utilización del dolo bueno, los anunciantes han explorado otros caminos: la manipulación de los menores de edad a través del empleo de personajes populares, reales o ficticios; la publicidad de promociones y ofertas en las que se sitúa al premio o al incentivo por encima del producto promocionado; o el nag factor, técnica con la que se bombardea al niño con mensajes para que insista a sus padres hasta el hostigamiento y la adquisición de un producto.
Obviamente, dichas prácticas obedecen a conductas premeditadas de los empresarios, quienes abusan de la buena fe y de la credulidad que ese grupo vulnerable de la población (niños, ancianos y enfermos) presta a los mensajes publicitarios.
No obstante que en México hay instituciones oficiales encargadas de velar por los derechos e intereses de la población consumidora y que se cuenta con procedimientos idóneos para suspender y corregir la publicidad engañosa, tras un ligero escrutinio a la publicidad que se difunde por televisión, radio, internet, prensa escrita y publicidad de exteriores, observamos cierto grado de displicencia de los anunciantes por apegarse a la norma.
Mientras en otros países (España, Alemania, Francia, EU y Canadá) el estudio de los casos de publicidad engañosa no culmina con la declaración de si existió o no inducción al error o engaño, sino que el Estado persigue penalmente al empresario defraudador y busca que pague la indemnización civil que corresponda a los consumidores por los daños causados por incumplir promesas publicitarias, en México continuamos estancados por el poder y chantaje de las grandes empresas, quienes controlan la aplicación de las leyes.
Afortunadamente, en México las leyes han previsto una serie de principios y de normas que dan cobijo a las preocupaciones en la materia. Desafortunadamente, la falta de aplicación de tales principios y normas invita a los anunciantes a incumplir con las leyes. Corresponde a la sociedad civil organizada servir como un verdadero contrapeso de los grupos de interés para avanzar en los cambios que los ciudadanos nos merecemos.
Autor del libro ‘Derecho de los consumidores a la información: una aproximación a la publicidad engañosa en México’, Porrúa-ITAM, México, 2007
Falsos consumidores. Analizando la noción del consumidor.
El reconocimiento de los derechos de los
consumidores y su defensa se elevó a rango
constitucional, por adición al artículo 28
Constitucional, publicada el 3 de febrero de 1983, en
los siguientes términos: “[l]a ley protegerá a los
consumidores y propiciará su organización para el
mejor cuidado de sus intereses”.
SUMARIO: 1. Elementos constitutivos de la relación de consumo. 2. El concepto
de consumidor en la Ley Federal de Protección del Consumidor. 2.1. El
consumidor intermedio. 3. La protección indirecta a “no consumidores”. 4. Los
usuarios de servicios financieros. 4.1 Aplicación de la LFPC a los usuarios de
1. Elementos constitutivos de la relación de consumo
La aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) requiere de la
existencia de dos cualidades intersubjetivas en relación con un acto o hecho
jurídico: (i) la presencia de una persona –física o moral— que, por los actos
jurídicos o materiales que realiza, pueda ser calificada de “consumidor” y (ii) la de
su correlativo, caracterizado por una persona –física o moral— que sea susceptible
de ser calificada de “proveedor”.
Únicamente cuando ambos, consumidor y proveedor, coinciden estaremos en
presencia de una relación de consumo y, por ende, regulada y tutelada por la
La existencia de una relación de consumo puede ser de diversa naturaleza,
según aparezca o se dé en un momento previo a la contratación, durante la
contratación o con posterioridad a la contratación. Así, se habla de actos
precontractuales, contractuales y poscontractuales.
A guisa de ejemplo, entre los actos precontractuales está, por ejemplo, la
publicidad comercial; entre los contractuales, la regulación de cláusulas abusivas y
contratos de adhesión, y poscontractualmente, el régimen de garantías sobre
Inclusive, existen relaciones de consumo sin la necesidad de actos
precontractuales, como son todos aquellos casos de extracontractualidad en los que
existe un deber legal para los proveedores. Ejemplos de estos son la protección
contra actos de discriminación, la tutela frente a registros personales y la defensa
en materia de habeas data.
2. El concepto de consumidor en la Ley Federal de Protección del
En México, el legislador ha bifurcado la regulación de los consumidores y de los
usuarios de servicios financieros en dos leyes de naturaleza mercantil y, por lo
tanto, de carácter federal.1
El 22 de diciembre 1992 se promulgó la actual LFPC, la que en su artículo 2,
fracción I, definió al consumidor como: “la persona física o moral que adquiere,
realiza o disfruta como destinatario final, bienes, productos o servicios”.
Tras la definición, inmediatamente después, la ley excluye de dicha
calificación jurídica a: “No es consumidor quien adquiera, almacene, utilice o
consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción,
transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros”.
1 La facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia encuentra fundamento tanto en el
artículo 73, fracción X (comercio y servicios financieros) como en el propio artículo 28 constitucional
(“[l]a ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus
intereses). Cierto es que el Derecho de los Consumidores recoge principios y, sobre todo,
excepciones a normas del Derecho Civil.
Una característica relevante del consumidor en la LFPC en 1992 era la de
constituirse en “destinatario final” del bien o servicio objeto del contrato.
El significado de “destinatario final” para la LFPC venía dado por exclusión,
según se lee en la segunda parte de la fracción I, antes transcrita. Es decir, si el bien
o servicio adquirido sería incorporado por el consumidor –parcial o totalmente, la
ley no distingue— en un proceso de producción, transformación, comercialización
o prestación de servicios a terceros, se niega el carácter de destinatario final al
consumidor y, por ende, el carácter mismo de consumidor. Sólo los consumidores
son consumidores.
Ello tiene una explicación de origen económico. El concepto jurídico de
consumidor dado por la LFPC abreva de lo que para los economistas es el “valor
de uso” (en oposición al “valor de cambio”), entendido como la capacidad que
tiene un bien o servicio para satisfacer, por sí mismo, una necesidad.2
Posteriormente, el 4 de febrero de 2004, se publicaron en el DOF diversas
reformas a la LFPC, entre las cuales le tocó al propio artículo 2, fracción I, una
sustantiva modificación para quedar de la siguiente manera:
I.- Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario
final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral
que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de
producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los
casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley.
Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en procesos de
producción o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer las acciones a que se refieren los referidos
preceptos cuando estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para
el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente y conforme a los requisitos
que se establezcan en el Reglamento de esta ley.
Con la reforma que se comenta, la noción de consumidor final o consumidor
como destinatario final no varía. Empero, se elimina de la dicción del artículo 2,
fracción I, la exclusión de la noción de consumidor a “quien adquiera, almacene,
utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de
producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros”.
2 Si un consumidor adquiere el valor de uso de un teléfono celular, significa que con dicho teléfono
celular no generará más valor, en el sentido productivo. Si el mismo consumidor adquiere el
teléfono celular para emplearlo en la generación de más valor, v.g., integrarlo en un proceso
productivo (hacer llamadas con clientes), no estará siendo un consumidor en términos jurídicos, o si
se quiere, en términos de la LFPC.
La eliminación, de dicha exclusión (“no es consumidor quien adquiera […] con
objeto de integrarlos en procesos de producción […]”), no conlleva ni a ampliar el
carácter de consumidor a cualquier contratante (pues de ser así, se acabarían los
contratos mercantiles en los que la finalidad del contrato conllevaba siempre un
elemento de especulación comercial) ni, consecuentemente, a no calificar
jurídicamente si la adquisición es con la intención de constituirse en destinatario
2.1 El consumidor intermedio
Lo que sí resulta novedoso es la incorporación en 2004 en el texto de la LFPC de
una figura peculiar de contratantes que, sin ser –en puridad— destinatarios finales,
gozan de protección como si fueran consumidores.
Se trata de los llamados por la doctrina científica “consumidores
intermedios”. Es decir, de aquellas personas, físicas o morales, que realizan el acto
de adquisición del bien o servicio, no para constituirse respecto de dichos bienes o
servicios como destinatarios finales, sino para integrarlos en un “proceso de
producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros”,
reintroduciéndolos a la cadena productiva y, en consecuencia, al mercado (noción
de “valor de cambio”).
Cierto es que no cualquier persona ni por cualquier transacción puede ser
considerada consumidor intermedio. La LFPC impone la necesidad de acreditar
ciertos elementos objetivos, tanto si se trata de personas físicas como de personas
morales. Por otro lado, el artículo 2, fracción I, señala meridianamente que en los
casos de consumidores intermedios, únicamente será “para los casos a que se refieren
los artículos 99 y 117 de esta ley”.3
3 Con independencia de que considero una aberración jurídica el desvanecimiento de la noción de
consumidor al incluir al consumidor intermedio, pues desvirtúa la naturaleza de la disciplina del
Derecho del Consumidor, sustrae de la competencia mercantil contratos que son eminentemente
mercantiles, y coloca a verdaderos comerciantes en una posición de superioridad frente a sus
proveedores, al subsidiarles el procedimiento de queja/arbitraje, cuando deberían estar ventilando
sus diferencias contractuales en los tribunales judiciales, constituye un yerro injustificable el abrirles
la puerta procesal hacia el vacío de la tuición que dan los derechos sustantivos de los consumidores.
El artículo 99 de la LFPC se refiere medularmente al procedimiento para interposición de
reclamaciones de consumo (quejas), mientras que el 117 regula el llamado procedimiento arbitral.
Es de precisarse, y llama profundamente la atención, que la tuición otorgada por la LFPC al
consumidor intermedio se limite al aspecto adjetivo (presentación de reclamaciones y
procedimiento arbitral). Es decir, la LFPC únicamente les abre la puerta de la Profeco para que en
su calidad de receptor de quejas, amigable componedor y, eventualmente, si las partes lo solicitan,
de árbitro, conozca de las reclamaciones de consumo, aunque no se dispense ninguno de los
derechos sustantivos que el resto de los consumidores gozan. ¿¡Entonces, son o no consumidores¡?
Los requisitos establecidos en el artículo 99 ex LFPC para la recepción de
quejas de los consumidores intermedios son:
1. Para personas físicas:
a. Que el monto de la operación motivo de la reclamación no exceda de
$367,119.57 4
2. Para personas morales:
$367,119.57 5
b. Que estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la
Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente, y
c. Dicha acreditación se satisface con la documentación o constancia que
emita la autoridad competente en términos de la Ley para el Desarrollo de
la Competitividad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa y de la Ley
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, sus
respectivos reglamentos y los acuerdos o criterios emitidos por la
Secretaría de Economía o, en su defecto, con la expedida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social.6
Por su parte, el artículo 117 ex LPFC, contiene el requisito que los
consumidores intermedios, tanto personas físicas como morales, deben satisfacer
para que la Profeco actúe como árbitro: que el monto de lo reclamado no exceda de
$367,119.59.7
Salta a la vista que para la procedencia de las reclamaciones de consumo se
exija como elemento objetivo un tope referido al “monto de la operación motivo de la
reclamación”, mientras que para el arbitraje de consumo, el tope se refiera al “monto de lo reclamado”. O una de dos: el redactor de las reformas cometió un desliz o no
acudió a sus clases de Derecho de las Obligaciones.
Es impensable, por lo demás, que un receptor de quejas de Profeco pueda sustanciar un
procedimiento de tal naturaleza aplicando, procesalmente, las normas adjetivas de la LFPC y,
sustantivamente, los derechos y obligaciones previstos en las leyes mercantiles a que estén sujetos
los actos jurídicos de que tenga conocimiento.
4 Monto de operación actualizado mediante DOF de fechas 21-12-2004, 22-12-2005, 19-12-2006, 21-
12-2007, 17-12-2008.
5 Monto de operación actualizado mediante DOF 21-12-2004, 22-12-2005, 19-12-2006, 21-12-2007, 17-
6 Véase el Reglamento de la LFPC.
7 Monto de operación actualizado DOF 21-12-2004, 22-12-2005, 19-12-2006, 21-12-2007, 17-12-2008.
El monto de la operación se refiere al quantum del contrato, a la
contraprestación pactada. El monto de lo reclamado se refiere a la indemnización
que surge con motivo del incumplimiento de la obligación pactada.
Por ello, sostengo que no tiene sentido que para tramitar una queja se tope de
acuerdo con el valor del contrato (“monto de la operación motivo de la reclamación”) y
para tramitar un arbitraje el interés se dirija al monto reclamado.8
3. La protección indirecta a “no consumidores”
Hasta aquí me he referido al concepto de consumidor tal cual está reconocido en la
LFPC. Toca ahora referirme al beneficio indirecto que reciben muchos “no
consumidores” a consecuencia de las políticas públicas, sobre todo las de índole
prevencionista en materia de protección al consumidor.
En efecto, la masificación de las relaciones de consumo conduce a que la
aplicación de las normas y principios derivados de la LFPC irroguen sus efectos no
sólo a los consumidores. Ello se debe, principalmente, a la naturaleza colectiva y
difusa de los derechos de los consumidores.
Por ejemplo, la regulación de la publicidad engañosa, surte efectos
preventivos no sólo respecto de aquellos individuos o personas morales que
puedan constituirse en destinatarios finales. Dichos efectos desbordan al
consumidor y abarcan a cualquier persona. De la misma manera, cuando la
autoridad administrativa ordena la suspensión de una publicidad engañosa, dicha
orden irradia efectos sobre todos y cada uno de los televisores de todos y cada uno
de los consumidores, así como de los no consumidores.
Lo mismo acontece tratándose de regulación de cláusulas abusivas, de
prácticas comerciales, de garantías, etc., aunque nada obsta para que en la práctica
los proveedores discriminen y utilicen dos tipos de contratos de adhesión: uno
para los consumidores y otro para los no consumidores, situación que encontraría un argumento de índole operativo: el alto costo que implica el estudio del carácter
de consumidor en el momento precontractual, en el que la celeridad comercial se
impone. De ahí, que muchos no consumidores se vean beneficiados indirectamente
de las normas de protección al consumidor (una especie de free-riders), sobre todo
las que son de naturaleza extracontractual.
8 El artículo 117 admite la posibilidad de los llamados “arbitrajes directos”, es decir, arbitrajes sin
queja previa, lo que en el caso conduce a un absurdo: si presentas una queja como consumidor
intermedio, puedes pretender una indemnización de un peso, pero si el monto del contrato excede
el límite objetivo vigente (hoy de $367,119.59), la queja no será admitida. Al mismo tiempo, si
celebraste un contrato por millones de dólares, será procedente el arbitraje, siempre y cuando no
reclames más de $367,119.59.
Cuestión distinta acontece en el momento reactivo. Es previsible y razonable
que un proveedor impugne la competencia de la Profeco para conocer de una
reclamación interpuesta por un no consumidor, a pesar de que tenga celebrado un
contrato en el que se le otorguen derechos de consumidor, pues estamos en
presencia de un derecho excepcional que solamente puede ser aplicado a quienes
reúnan las cualidades que el ordenamiento jurídico dispone. De la misma manera,
si el pleito se ventila ante tribunales federales, el supuesto proveedor, en realidad
un contratante más, podrá impugnar la aplicación de la LFPC, alegando en su
lugar la aplicabilidad del Derecho Mercantil y Civil.
4. Los usuarios de servicios financieros
Ahora bien, el artículo 5 de la LFPC excluye del ámbito de su aplicación, entre
otros, a “los servicios regulados por las leyes financieras […]”, por lo que, los usuarios
de servicios financieros gozan de la protección que concede la Ley de Protección y
Defensa al Usuario de Servicios Financieros (“LPDUSF”).
La LPDUSF vigente es la publicada en el DOF el 18 de enero de 1999, y tiene
por objeto, de acuerdo con su artículo 1, “la protección y defensa de los derechos e
intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones
públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como regular la
organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas
Para dicha ley, “usuario” es, según se lee en su artículo 2, fracción I, “la
persona que contrata, utiliza o por cualquier otra causa tenga algún derecho frente a la
Institución Financiera como resultado de la operación o servicio prestado”.
Aquí brinca una sustancial diferencia entre consumidor (para la LFPC) y
usuario (para la LPDUSF): mientras que para la LFPC se requiere ser “destinatario
final” del bien o servicio objeto de la contratación, para la LPDUSF, basta ser
persona contratante con una Institución Financiera, sin interesar si la contratación
se da en el entorno de una relación comercial por parte del usuario, pues como
comenté anteriormente, no es lo mismo contratar para adquirir el valor de uso que
el valor de cambio. No es lo mismo contratar un seguro de responsabilidad civil derivada de la conducción de un vehículo destinado a un uso familiar que de un
vehículo destinado a repartir productos de una empresa.
Por otra parte, merece la pena detenerse en la exclusión que hace el artículo 5
de la LFPC, y que se constriñe a “los servicios regulados por las leyes financieras”,
conforme a lo cual, la LFPC será aplicable como norma general a los usuarios de
servicios financieros, salvo que el servicio en concreto esté regulado por alguna ley
financiera, ejercicio de identificación que desborda el objeto de este ensayo.
El criterio anterior se corrobora con lo que dispone el artículo 3 del
Reglamento de la LFPC publicado en el DOF el 3 de agosto de 2006, con forme al
cual la Profeco será competente “para conocer de aquellos actos que realicen las
instituciones financieras, cuando éstas provean bienes y servicios que no estén
contemplados en leyes de naturaleza financiera”.
4.1 Aplicación de la LFPC a los usuarios de servicios financieros
No obstante la relativa certidumbre de que a los usuarios de servicios financieros,
clase del género de consumidores, les aplican los derechos contenidos en la LFPC,
debido a que en materia financiera los usuarios no requieren ser destinatarios
finales se presenta la interrogante de si, para efectos de aplicación de la LFPC a un
usuario de servicios financieros, debe hacerse, por parte de Profeco o del juez que
conozca del asunto, alguna calificación jurídica respecto de si es, en términos de la
LFPC, destinatario final.
Debido al carácter general de la LFPC, prevale su aplicación para los casos no
previstos en la LPDUSF, pues la LFPC cede en su aplicación, únicamente, cuando
existan –como dice la LFPC— servicios regulados por las leyes financieras.
Tratando de responder a la problemática, soy de la idea de que la LPDUSF se
extralimitó al precisar el ámbito personal de validez de dicha norma, al incluir a
cualquier persona contratante como sujeto tutelado, cuando debió limitarse a
proteger a los usuarios finales de servicios financieros.
A partir de ello, estoy consciente de los riesgos que implica la ampliación de
la base de sujetos protegidos, pero la autoridad administrativa (Profeco) o judicial,
no deben excluir de la aplicación de la LFPC a los usuarios de servicios financieros
que no sean destinatarios finales. No encuentro norma alguna que autorice a
realizar dicha discriminación. El artículo 5 ex LFPC no lo dice. Encuentro muchas
razones de índole teórico para excluir a los usuarios no finales, pero esta solución
generaría distorsiones indeseadas por la LFPUSF, para la cual todos gozan de la
misma protección.
Legitimación y representación adecuada en las acciones colectivas (y su influencia sobre la cosa juzgada) (Revista del Instituto de la Judicatura Federal
marzo 19, 2014 julio 2, 2014 Dr. en Derecho Fernando García Sais, Notario Público 210 de Sinaloa, Licenciado en Derecho por el ITAM y Doctor en Derecho por la UNAM.
Fernando García Sais** Sumario: I. Introducción. II. Aproximación. III. Legitimación. IV. Representación adecuada. I. Introducción El acceso a la justicia en México ha dado un vuelco extraordinario, al menos en lo que se refiere al ámbito constitucional,1 en la medida en que se ha incorporado al artículo 17 un mandato al legislador para regular las acciones colectivas y determinar las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Por disposición constitucional, se asignó competencia exclusiva de dichos procedimientos colectivos a los jueces federales; i.e., a los juzgadores del Poder Judicial de la Federación.2 * Ponencia presentada el 7 de julio de 2011 en el Instituto de la Judicatura Federal en el marco del Diplomado sobre Acciones Colectivas. ** Licenciado en Derecho, itam. Estudios del Doctorado en Derecho Patrimonial, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Profesor de Derecho de los Consumidores del itam. Autor de Derecho de los consumidores a la información, Porrúa-itam, 2007 y de Derecho concursal mexicano, Porrúa, 2005. 1 Hago hincapié de que el avance se hace en el ámbito de la Carta Fundamental, ya que la iniciativa que contiene el proyecto de reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Civil Federal, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, presentada por el Senador Jesús Murillo Karam, fue objeto de un “manoseo” en la Cámara de Diputados que de aprobarse por el Presidente de la República en dichos términos, no permitirán al país transitar hacia el Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho que inspiró la reforma constitucional. Iniciativa de 7 de diciembre de 2010. 2 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010. En virtud de su Segundo Transitorio, el Congreso deberá realizar las adecuaciones legislativas en un plazo de un año que vencerá el 30 de julio de 2011. En este mes. [N. E. La reforma legislativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011]. 50 revista del instituto de la judicatura federal Como coautor de la reforma constitucional y del proyecto de reformas a la legislación secundaria presentado por el Senado, junto con destacados juristas como José Roldán Xopa (itam), Alberto Benitez Tiburcio (itam), Eduardo Ferrer MacGregor (unam), Antonio Gidi (Universidad de Houston), Jean Claude Tron Petit (Poder Judicial de la Federación), me deslindo y desconozco el eventual producto que se distancie sustancialmente del proyecto que los académicos entregamos de manera gratuita al Senado de la República.3 Por los motivos de disenso expresados, en este trabajo abordaré las instituciones procesales de la legitimación y representación adecuada, partiendo de la explicación que les ha dado la doctrina científica y la jurisprudencia comparada, evitando en la medida de los posible acudir al dictamen del Senado o al dictamen de los Diputados, pues al día de hoy existe incertidumbre respecto de cuál será el derecho positivo en la materia. En todo caso, optaré por tomar como guía el proyecto del Senado, por parecerme el más adecuado, pertinente y apegado al mandato constitucional. II. Aproximación La tutela jurisdiccional de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos (a los que en lo sucesivo me referiré para efectos de esta exposición como “derechos colectivos”) representa un cambio paradigmático del modelo del sistema de protección de derechos, que en nuestra tradición parte de la tutela del derecho individualmente considerado. Viejos principios deberán ser interpretados y ajustados a una nueva realidad: la cosa juzgada tendrá efectos erga omnes. Preguntará alguno rasgándose las vestiduras, ¿y dónde queda el principio de res inter alios iudicata aliis neque prodesse neque nocere potest que nos enseñaron en Teoría General del Proceso? Donde siempre ha estado, en el resto de los procedimientos. La res iudicata ya no será inmutable ni inatacable, pues ahora se exigirá que “la sentencia recaída en autoridad de cosa juzgada haya sido precedida por un debido proceso de carácter contencioso con adecuada oportunidad de ‘audiencia y de prueba’”.4 3 Temas como la modificación del opt-out por el opt-in, la restricción a las materias protegidas (dejando fuera todo lo que no sea consumo y medio ambiente), el pésimo manejo que se le da a la cosa juzgada, entre otros aspectos, reflejan una clara ausencia de aptitud de los diputados para cumplir de manera adecuada con el mandato constitucional. 4 Capello, Nicolas Daniel, Revisión de la cosa juzgada por falta de representación adecuada. http:// http://www.procesalsantafe2011.com/wp-content/uploads/2011/05/Capello_Nicolas_ CONSTCLyJP.pdf fernando garcía sais 51 Los precedentes en Estados Unidos han establecido como un principio el de permitir a los miembros ausentes desafiar su adecuada representación de tal manera que si la clase (grupo o colectividad) o alguno de sus miembros fueron inadecuadamente representados, la sentencia será invalidada respecto de ellos, bajo la garantía del debido proceso legal.5 Lo anterior conducirá a la aplicación del principio de “no obligatoriedad de la sentencia desfavorable” (secundum eventum litis), siempre que se haya afectado de manera trascendente al fallo, la defensa de los derechos e intereses del grupo o de la colectividad. Notarán ustedes que para explicar el tema de la legitimación y representación adecuada, sin hacerlo aún, he tenido que recurrir a la institución de la cosa juzgada. He empezado por el final. Lo que sucede es que en este tipo peculiar de litigios, la parte actora no pretende —como en los otros juicios— ganar, sino obtener una sentencia que proteja de la mejor manera los derechos colectivos violados. Ello se debe a una peculiar imposibilidad de disociación de dichos conceptos en las acciones colectivas. Siempre que pensemos en legitimación esteramos involucrando, consciente o subconscientemente, representación adecuada y cosa juzgada. Es un trinomio fundamental del proceso colectivo. En otras palabras, a partir de la consideración (ficción) de que los afectados en sus derechos sustantivos están presentes en el litigio a través de un legitimado que no eligieron, el derecho a ser oído a través de ese “portavoz” (como lo denomina Gidi), debe ser escrupulosamente vigilado durante todo el procedimiento, inclusive después del dictado de la sentencia, a efecto de garantizar el debido proceso. III. Legitimación La legitimación la hemos distinguido y bifurcado en legitimación ad procesum y legitimación ad causam. Es decir, claramente diferenciamos semánticamente entre presupuestos procesales y condiciones de la acción. Así, la legitimación ad procesum es un requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. La Segunda Sala de la Corte estableció que por legitimación procesal activa debe entenderse a “la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de 5 El mecanismo con que cuentan es el de “Collateral attack”. Vid. Klonoff, Robert H. Class Actions and Other Multi-Party Litigation, usa, Thomson/West, 2007. 52 revista del instituto de la judicatura federal que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia”.6 Y ello acontece cuando la acción es ejercitada por quien se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. Esto es, la legitimación en el proceso (ad procesum), es un presupuesto del procedimiento que se refiere o (i) a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o (ii) a la representación de quien comparece a nombre de otro.7 En la jurisprudencia se enfatiza en que “siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo”.8 Según la jurisprudencia,9 la legitimación en la causa es una condición de la acción (por oposición a presupuesto procesal), y se distingue nítidamente entre legitimación en la causa desde el punto de vista activo de la legitimación en la causa desde el punto de vista pasivo, según se hable de actor o demandado, respectivamente: […] En cambio, entre las condiciones de la acción se encuentra la legitimación en la causa, que consiste en la calidad en virtud de la que una acción o derecho puede ser ejercido, por o contra una persona en nombre propio. Así, la legitimación en la causa puede ser vista desde dos ángulos: como la identidad de la persona del actor, con aquel a quien la ley concede la acción (legitimación activa), y como la identidad de la persona del demandado, con aquella contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). La legitimación en la causa constituye una condición de la acción porque únicamente en el supuesto de que se 6 Jurisprudencia, Segunda Sala, Tesis 2a./J. 75/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, VII, enero de 1998, p. 351, rubro: “Legitimación procesal activa. Concepto”. (Registro: 196956). 7 Jurisprudencia, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, tesis VI.3o.C. J/67, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXVIII, Julio de 2008, Civil, p. 1600, rubro: “Legitimación en la causa. Sólo puede estudiarse en la sentencia definitiva”. (Registro: 169271). 8 Ídem. 9 Uso el término “jurisprudencia” en su sentido amplio, equivalente a creación de normas generales abstractas y obligatorias. fernando garcía sais 53 acredite la legitimación del actor y del demandado, tiene posibilidad de éxito la demanda, pues si falta en una o en otra parte, la demanda tiene que ser desestimada”.10 En otras palabras, “el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. La legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva.”11 1. La legitimación para demandar en las acciones colectivas12 A. Introducción En la iniciativa del Senado de 7 de diciembre de 2010, se declaró que respecto de las nuevas figuras procesales que se proponen en el nuevo procedimiento colectivo, los jueces federales tendrán la misión de cuidar que los principios de interpretación para las acciones y procedimientos colectivos sean compatibles con el espíritu de éstos. Ello implica necesariamente, dice la iniciativa, que nuestros juzgadores deberán comenzar a elaborar estándares y guías que les auxilien en su labor, pues los paradigmas procesales actuales, en muchos aspectos, serán insuficientes e incluso contrarios al espíritu de los procedimientos colectivos. Será necesario que revisen las interpretaciones en otras jurisdicciones y adaptarlos a las peculiaridades del sistema procesal mexicano.13 10 Tesis aislada, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, tesis XV.4o.16 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXII, diciembre de 2010, p. 1777, rubro: “Legitimación en la causa. Constituye una condición de la acción y no un presupuesto procesal”. (Registro 163322). 11 Jurisprudencia, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Tesis VI.3o.C. J/67, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXVIII, julio de 2008, Civil, p. 1600, rubro: “Legitimación en la causa. Sólo puede estudiarse en la sentencia definitiva”. (Registro: 169271). 12 Agradezco a Antonio Gidi haberme facilitado el material para la elaboración de este capítulo. En remembranza intitulé este capítulo de manera idéntica al suyo en Gidi, Antonio y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos, México, Porrúa, 2004, pp.107 y ss. 13 Se omitió en la iniciativa decir que es fundamental revisar la doctrina especializada, que con gusto debemos reconocer tenemos algunos exponentes mexicanos quienes desde hace años han venido impulsando este cambio procesal (como Eduardo Ferrer Mac-Gregor) así como otros académicos de otras nacionalidades que han contribuido de manera notoria (como Gidi). En esta tendencia se inscribe la senda jurisprudencial mexicana de la que abrevan algunos precedentes de los magistrados Jean Claude Tron Petit y Leonel Castillo González. 54 revista del instituto de la judicatura federal Efectivamente, para concebir adecuadamente a las acciones colectivas se necesita echar mano de nuevos conceptos, estructuras y mecanismos que permitan defender de manera apropiada los intereses que conciernen a la colectividad, dejando atrás, si se quiere, “superando” los conceptos inherentes de los procedimientos tradicionales e individualistas. B. Doctrina de Gidi De acuerdo con Gidi, y repetido por otros juristas, la cuestión de la legitimación para demandar en las acciones colectivas es un problema cronológicamente anterior al de la cosa juzgada pero también es un problema lógicamente posterior.14 Ello es así ya que derivado del hecho de que algunos (o muchos) de los interesados no hayan sido escuchados individualmente, inclusive, que no hayan participado en el procedimiento colectivo, se verán afectados por la res iudicata. Precisamente en atención a esa peculiaridad de no participar activamente en el proceso pero que la inmutabilidad de lo juzgado le afecte, implica que el legislador no restrinja los instrumentos para permitir la revisión de la sentencia a efecto de garantizar que se hayan protegido adecuadamente los intereses de la colectividad. Y dicho propósito se logrará, en parte, con las facultades de control que tengan los jueces. Pues, como ya dijimos, la propia jurisprudencia ya ha reconocido que la legitimación ad procesum debe ser revisada en cualquier momento del juicio. La otra parte corresponde a una definición de política legislativa que importa resolver los siguientes aspectos: a) A quién se le otorga b) Qué condiciones debe reunir el legitimado procesal c) Cómo controlar si es “adecuado”, apto e idóneo para la defensa de los intereses reales del grupo o de la colectividad d) Qué tipo de legitimación habrá de preverse: concurrente, disyuntiva, exclusiva. e) Facultades de supervisión durante el procedimiento f ) Quién puede supervisar al legitimado procesal En relación con el primer aspecto, diversas legislaciones y la doctrina han explorado múltiples alternativas, cada una con sus problemas y sus beneficios. 14 Op. cit., p. 107. fernando garcía sais 55 Las propuestas transitan desde considerar que debería ser la propia colectividad afectada, con la necesidad de determinar qué debe considerarse por “afectada”, en quien debería reposar la legitimación procesal, previa designación de un representante —regulando el procedimiento de designación de este representante—, pasando por buscar que la legitimación recaiga en algún cuerpo intermedio entre el Estado y los ciudadanos; esto es, en las organizaciones de la sociedad civil (asociaciones civiles, fundaciones, ong´s); o en alguna persona moral de derecho público que materialmente tenga competencia para conocer de la materia que atañe al interés colectivo en juego (Profeco, Condusef, Cofeco); u otros órganos del poder estatal que velan por los intereses de la comunidad como el Ministerio Público o el Ombudsman en materia de derechos humanos. C. Legitimación concurrente, disyuntiva y exclusiva La iniciativa distribuye entre diversos entes la legitimación procesal, creando así una legitimación concurrente. Si bien, es la propia colectividad, bien sea a través de una grupo de afectados o en una organización civil, en quien debería recaer por ser la titular también del derecho sustantivo, no se estima prudente incurrir en el riesgo de que los individuos, sin la correcta conformación y estrategia alineada de un grupo sólido, puedan ser sometidos por el poder de la contraparte. Que sea entonces no el individuo unido esporádicamente, sino a través de una entidad más permanente, la que tenga en exclusiva la legitimación, también implica convertir a esos entes en centros de poder y de opresión. Tal parece que la legitimación concurrente de varias entidades, públicas y privadas, de la mano de ciertos controles, constituye un acierto.15 Cabe precisar que además de ser concurrente, la legitimación procesal prevista es disyuntiva y exclusiva. Es disyuntiva en la medida que cualquiera de los entes co-legitimados puede interponer la acción colectiva, sin necesidad de autorización de los demás entes y sin que sea necesario —aunque pudiera ser voluntario— la formación de un litisconsorcio activo. 15 Inclusive, a lo anterior puede acompañarse la supervisión del Ministerio Público garantizándose su intervención obligatoria en todos los procedimientos colectivos para velar por la prevención de fraudes y chantajes. 56 revista del instituto de la judicatura federal Se dice que la legitimación es exclusiva porque el legislador prevé un modelo de númerus clausus, conforme al cual únicamente las entidades listadas tienen legitimación para interponer la demanda. El carácter disyuntivo se aplica entre las asociaciones, en el caso de que hubiera varias asociaciones, por ejemplo, encargadas de la tutela del consumidor. Pero también se da entre las cuatro posibilidades genéricas de legitimados. No hay preferencia entre ellos, cualquiera que la ejercite está bien. Lo que se busca es proteger al derecho violado de la mejor manera, no preferir la promoción de alguna entidad. Seguramente la que promueva primero tendrá alguna cualidad por encima de las otras. Entramos al terreno de la competencia proactiva por la defensa de los derechos colectivos, generando incentivos legislativos que la detonen. 2. Entidades de Derecho público federal En este aspecto, la iniciativa, en su artículo 584, otorga legitimación activa a las personas de derecho público federal a cargo de la protección o tutela de los derechos e intereses en materia de litigio, determinación a la que habrá que dirigirse al instrumento normativo que establezca la competencia del organismo, dependencia o entidad de que se trate.16 En el texto de la iniciativa no se observa control alguno respecto de estos entes públicos. Estaríamos en el caso de una presunción iure et de jure, por estimarse que por pertenecer a la esfera del Estado, cumplen adecuadamente su función. 3. Asociaciones civiles sin fines de lucro También tienen legitimación para demandar las asociaciones civiles legalmente constituidas y cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate la acción colectiva por proponerse. 16 Respecto de la federalización de tanto de la competencia de los jueces como de la legitimación procesal, cabe indicar que es posible encontrar una eventual violación constitucional en aquellas materias, como la ambiental y la sanitaria, que son concurrentes entre Estados y Federación. fernando garcía sais 57 A. Controles (material, registral, temporal, legalidad) Respecto de estas asociaciones civiles se introducen diversos controles. En el propio artículo 584 se establece la limitación material. Solamente las asociaciones civiles cuyo objeto social coincida con el derecho o interés objeto del litigio tendrán la posibilidad de ejercitar la acción colectiva. El otro control se ubica en el artículo 615 que establece que las asociaciones civiles deberán registrarse ante el Consejo de la Judicatura Federal. Para obtener dicho registro, el artículo 616 les exige que sus estatutos se ajusten a los requisitos del objeto social antes referidos, que tengan al menos un año de haberse constituido y que acrediten haber realizado actividades inherentes al cumplimiento de su objeto social. En relación con el requisito de la temporalidad, constituye una verdadera cláusula de ingenuidad, pues nada se garantiza por sí solo con el transcurso del tiempo. Es más, inclusive, una asociación civil puede irse enfermando con el devenir de los años, por la entrada y salida de miembros, por la falta de constante profesionalización, etc. Para mantener el registro, las asociaciones deben cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 618 y 619 que se refieren a no incurrir en conflicto de intereses, conducirse con diligencia, probidad y legalidad, utilizar los recursos del Fondo17 para los fines a que fue afecto, y entregar un informe anual al Consejo de la Judicatura Federal, respecto de sus operaciones, finanzas, uso de recursos y actividades del año inmediato anterior, a más tardar el último día hábil de abril de cada año. Finalmente, aunque parece que podría omitirse por ser obvio, hay un control implícito de legalidad consistente en verificar la legal constitución de la persona moral en cuestión. 4. Grupo de diez personas En tercer lugar, se establece dentro de ese esquema de legitimación procesal concurrente a cualquier grupo de diez miembros de la colectividad o grupo afectados. No se regula en el proyecto cómo se definirá el elemento consistente 17 El Fondo está regulado a partir del artículo 620, y se refiere al que se constituye para pagar daños y perjuicios causados a la colectividad o grupo y, subsidiariamente, para la tutela, promoción, investigación y difusión de los derechos colectivos. 58 revista del instituto de la judicatura federal en la “afectación” ni como esos diez miembros otorgarán la representación en juicio a un titular común o si comparecerán los diez.18 5. Procurador General de la República Por último, se establece que el procurador general de la República tendrá legitimación procesal activa. 6. Controles generales: asistencia legal Además de los controles particulares, como acontece con las asociaciones civiles, el artículo 585 establece que los legitimados para ejercer acciones colectivas deberán contar con asistencia legal profesional que vele por los derechos e intereses de la colectividad o grupo. Sobre este control habrá de referirse en el capítulo siguiente. IV. Representación adecuada Observamos que en los cuatro supuestos de legitimados se desplaza al individuo por un grupo organizado que debe atender no a intereses personales, sino a los intereses reales de la colectividad afectada, lo que conforma el interés de la colectividad. 1. Control legislativo y control judicial Por ello, es preciso que el legislador además del sistema de controles que existen para las asociaciones civiles (vid. supra) y el general de asistencia legal, complemente el modelo con algún instrumento que permita al juzgador analizar, revisar y tomar las medidas oportunas que conlleven a garantizar la representación adecuada (control judicial), y en el supuesto de constatar que no están o no estuvieron adecuadamente representados los intereses del grupo, sustituir al legitimado procesal o permitir una nueva acción. 18 Respecto del número de este grupo, la doctrina lo ha discutido hasta el cansancio. Si debe el sistema contener un mínimo de personas como requisito de entrada parece una limitante, pues bastaría que un interesado lo haga valer para que el juez nombrara, en su caso, a un representante adecuado. fernando garcía sais 59 La idea es, pues, permitir las condiciones para el dictado de una sentencia en el marco de un procedimiento en el que se haya tenido cuidado de que la colectividad fue adecuadamente representada en sus derechos supraindividuales, evitando así que surta efectos la cosa juzgada en el caso de una inadecuada representación. Con el control judicial se logra que, ante la falta de aptitud, idoneidad o negligencia del representante del grupo, el juez asuma una función activa y lejos de aceptar pasivamente la situación y pronunciar sentencia (como acontece en el modelo brasileño), tenga facultades para sustituir al legitimado de entre la lista cerrada de posibilidades, acudiendo a las entidades que por efecto de la presunción iuris et de iure fueron seleccionadas por el legislador como idóneas.19 Insisto, pues, en la importancia que tiene para el Derecho de que se garantice la posibilidad que tiene al actor, en convertirse en un adecuado portavoz de los intereses de la comunidad, analizando de manera constante su aptitud e idoneidad, rasgos que se exteriorizan desde la presentación de la demanda. Pero también es importante que se otorgue a las partes un rol de supervisar que en todo momento se cumpla con la adecuada representación. Pensemos en el caso del control legislativo previsto para las asociaciones civiles. ¿Bastará que tengan determinados meses de constituidas para que puedan representar adecuadamente? Responder de manera afirmativa, significaría que por ello no hay cabida para la colusión, mala fe o impericia. Recordemos que no estamos hablando de derechos individuales sino colectivos. Si por un lado, la concepción tradicional recogida en el artículo 1º del Código Procesal Civil Federal conforme a la cual sólo puede iniciar un procedimiento quien tenga interés, por el otro lado, cuando el derecho sea colectivo (difuso, colectivo o individual de incidencia colectiva) se tendrá que reconocer, como ya se ha hecho en la iniciativa, legitimación procesal a alguien para defender en juicio a través de la acción colectiva dichos intereses y derechos. Como en estos casos existe un titular del derecho subjetivo o material (colectividad, grupo o comunidad) y otro legitimado; es decir, hay una disociación entre titular de la acción colectiva que es el grupo y el legitimado, existen una serie de riesgos que pueden implicar, entre otras, una colusión entre las partes. 19 Sin que esto deje resuelta la problemática derivada de que la entidad pública realice una representación inadecuada, pues como dice Gidi: “una representación inadecuada perjudica los intereses del grupo, aunque esté cubierta de buena voluntad y de buena fe, y bendecida por el poder estatal”. Vid. Gidi, Antonio. “Representación adecuada” en op. cit., p. 146. 60 revista del instituto de la judicatura federal Esa es una preocupación latente en todos los sistemas que han adoptado a las acciones colectivas como el mecanismo para hacer valer los derechos supraindividuales y está presente también en la iniciativa del Senado. 2. Control Judicial El artículo 587 al regular los requisitos de procedencia de la acción establece los siguientes controles judiciales: a) Que los sujetos legitimados o quien preste la asistencia legal profesional, representen adecuadamente los derechos e intereses de la colectividad o grupo y no se encuentren en conflicto de interés con éstos. b) El juez a petición de cualquier interesado podrá verificar el cumplimiento de estos requisitos durante el procedimiento.20 A. Sustitución del legitimado El artículo 588 establece el control judicial de la sustitución del legitimado en los casos en que (i) dejare de haber un legitimado activo o (ii) el legitimado o el asesor legal profesional, dejare de representar adecuadamente los derechos e intereses de la colectividad o grupo. Puede dejar de haber legitimado activo por una actitud procesal (desistimiento), por abandono, o por pérdida del registro de la asociación ante el Consejo de la Judicatura Federal, lo que puede acontecer por muchas razones, tanto de las propias de la asociación como de las derivadas de la falta de cumplimiento a los requisitos que permiten su continuidad en el registro. También puede dejar de haber legitimado si, atentos a lo dispuesto en el artículo 591, segundo párrafo, el juez modifica la certificación de los requisitos de procedencia. 20 Hubiera sido conveniente que la actuación del juez hubiera quedado ex officio, pues con ello tenemos un tercer vigilante comprometido con el proceso y no como un simple espectador. Y digo tercer vigilante porque el primero es el grupo o colectividad y, el segundo, es el demandado, pues aunque parezca irracional, el sujeto legitimado pasivamente tiene interés en que se analice vigorosamente durante el juicio si se está preservando la representación adecuada, pues sólo así podrá oponer erga omnes la cosa juzgada. Al respecto, vid. Gidi, op. cit., p.149; Klonoff, op. cit., p. 52. fernando garcía sais 61 Lo anterior, a través de un incidente de sustitución del legitimado activo. De dicho procedimiento conviene rescatar su celeridad y la posibilidad de que cualquier ente legitimado genéricamente pueda acudir, estableciéndose de manera residual para el caso de que no exista interesado o no puedan asumir la representación de manera adecuada, a juicio del juez, la legitimación activa en la entidad de derecho público federal que resulte competente por la materia del derecho colectivo involucrado. También habrá sustitución si el legitimado o el asesor legal profesional, dejare de representar adecuadamente los derechos e intereses de la colectividad o grupo. Lo que se presentará cuando haya falta de aptitud, idoneidad o negligencia de cualquiera de ellos. Cabe preguntarse si el juez podrá sustituir al ente público en caso de que se demuestre cualquiera de los extremos que incidan en una eventual representación inadecuada o si dado el esquema de la presunción fuerte, no se admite esta posibilidad. B. ¿Ataque débil o ataque fuerte? Como lo dejé indicado en la nota al pie 20, la parte demandada tiene interés en que el ataque que haga el legitimado con su asesor jurídico sea lo más fuerte posible. Lo anterior no es un error ni de pensamiento ni de dicción. Tampoco es incongruente. Quizá en otro tipo de procedimientos, como en las peleas de box, lo que más le conviene a una de las partes es la debilidad del oponente. Aquí, no. Al demandado le interesa asegurarse no dejar resquicio alguno para que la colectividad afectada pueda argumentar que la cosa juzgada no les afecta debido a la inadecuada representación. Hubiera sido conveniente que, en la iniciativa, la actuación del juez hubiera quedado ex officio, pues con ello tendríamos un tercer vigilante comprometido con el proceso y no un simple espectador. En términos llanos, si el demando pierde, el grupo o colectividad gana. Si el demandado gana, tiene el riesgo de que su triunfo perezca por la inoponibilidad de la cosa juzgada. 62 revista del instituto de la judicatura federal 3. La indisponibilidad de la materia Con los controles, tanto legislativo como judicial, se pretende garantizar que los derechos colectivos hayan sido representados de manera adecuada, mediante una defensa vigorosa de los intereses del grupo, durante todas las etapas del procedimiento. Del trabajo llevado a cabo por el actor en su demanda, podemos detenernos en analizar aspectos que van desde la redacción y claridad hasta la argumentación jurídica. La precisión del tipo de derecho colectivo puesto en riesgo o dañado, la identificación de las cuestiones comunes, la identificación de los elementos probatorios que conducirían a cerciorase de que efectivamente hay una afectación y, por último, la petición de la mejor solución para proteger el derecho o interés afectado, constituyen algunos elementos respecto de los cuales la colectividad, quien posee la titularidad del derecho colectivo, tiene interés en que el representante legitimado lo haga de manera adecuada. No se exige perfección, sólo adecuación.21 Sin embargo, no sólo al grupo que participa activamente en el juicio, a través de su representante le interesa. Hay una porción de la comunidad afectada, inaudita, que también le interesará el resultado. Por tratarse de derechos colectivos, les interesa a todos. Por ello, se ha dicho en la doctrina que este tipo de derechos son indisponibles,22 por lo que no cabría siquiera una transacción judicial en tanto que se trataría de un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. En el caso mexicano, el legislador previendo una garantía adicional a los miembros del grupo, para prevenir que el representante renuncie a algún derecho, estableció la posibilidad de que la acción colectiva sea resuelta por convenio judicial (es un paso previo a que el juicio se abra a prueba) imponiendo que el juez revise de oficio que el convenio sea procedente legalmente y que los intereses de la colectividad estén protegidos debidamente. Además, previo a que el convenio se eleve a categoría de cosa juzgada, para garantizar la legalidad, se deberá dar vista a las entidades federales legitimadas procesalmente, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. 21 Así lo han hecho constar los jueces norteamericanos. En particular, en el caso Hansberry v. Lee, 311, U.S. 32 (1940) se afirmó que “requires only adequate class representatives and counsel, it does not require that the best possible plaintiffs and counsel be selected”. Vid, Klonoff, op. cit., p. 51. 22 Solamente los derechos individuales homogéneos, una vez reconocidos individual y aisladamente, podrían ser considerados disponibles. fernando garcía sais 63 4. La cosa juzgada La cosa juzgada en las acciones colectivas en defensa de intereses y derechos colectivos y difusos opera erga omnes y ultra partes. Con ello se afirma que la sentencia juzgó de manera definitiva la controversia colectiva o difusa. La misma acción colectiva, en defensa del mismo derecho colectivo, no podrá proponerse de nueva cuenta, atentos a las siguientes posibilidades terminales: a) Si la reclamación fue estimada procedente, la sentencia extenderá sus efectos, para beneficiarse de la cosa juzgada, a todos los miembros del grupo. Con esto, cualquier individuo podría acudir a solicitar una indemnización, en virtud de la habilitación otorgada en la sentencia colectiva. b) Si la reclamación fue estimada improcedente, y hubo adecuada representación, la sentencia habrá juzgado de manera definitiva la cuestión, operando la cosa juzgada respecto del infundado reclamo. Subsistirá, empero, la posibilidad de que de manera individual el que se estime afectado por el acto o hecho lo ataque a través de una acción individual. Lo que ya no se puede volver a tramitar es la pretensión grupal, pues esa ya se juzgó. c) Sin embargo, si la reclamación fue estimada improcedente, y no hubo adecuada representación que haya trascendido al resultado, la sentencia no hará cosa juzgada y se podrá proponer la misma acción. Sobre este supuesto particular nos referiremos más adelante. Como anticipé en la Aproximación (supra), la tutela jurisdiccional de los derechos colectivos representa un cambio de paradigma en el proceso. En las acciones colectivas, la cosa juzgada tiene efectos erga omnes o ultra partes, alcanzando la protección de los derechos dondequiera que, por la misma causa, hayan sido violados o estén siendo vulnerados con independencia de cuántos sean los afectados materialmente. Barbosa Moreira, autor citado por Gidi, dice al referirse a los derechos indivisibles que “la satisfacción de uno solo implica por fuerza la satisfacción de todos, asimismo como la lesión de uno constituye ipso facto la lesión de toda la colectividad”. En otras palabras, la decisión judicial afectará la esfera jurídica de todos los miembros de la colectividad, quienes son los verdaderos y únicos titulares del derecho en litigio.23 23 Gidi, Antonio, “Cosa juzgada en acciones colectivas”, en op. cit., p. 261 y ss. 64 revista del instituto de la judicatura federal La extensión a terceros de la cosa juzgada es el tema que suele plantear más críticas, dudas, anticuerpos, rechazo. Pero también es el tema en el que convergen todos los comentarios positivos y de aceptación del sistema de las acciones colectivas. Siguiendo al procesalista brasileño “si en las acciones colectivas no se autorizara la extensión de la inmutabilidad de lo juzgado a terceros, se multiplicarían innecesariamente acciones semejantes, con el mismo objetivo, con partes diferentes, pero con la misma causa de pedir y pretensiones. Esto empeoraría aún más el sistema judicial y haría inviable la efectiva prevención o reparación del daño, sin hablar de las decisiones contradictorias por todo el país […]”.24 Como dice Ada Pellegrini “es de la propia índole de las acciones colectivas la extensión de lo juzgado ultra partes o erga omnes”. Y concluye la procesalista sosteniendo que, en efecto, si con posterioridad al dictado de la sentencia, cualquier interesado tuviera que acudir a solicitar la tutela de su derecho, de nada hubiera servido la acción colectiva. Evidentemente, cuando de extensión de la sentencia hablamos, nos referimos de los efectos que tiene sobre personas que no estuvieron directamente representadas en la acción colectiva. Entonces tenemos claramente dos grupos de personas: los que lograron meterse al proceso y los que no lo hicieron (a la mejor ni se enteraron). Respecto de los primeros, lo que participaron junto con el legitimado o al menos conociendo que se estaba ventilando un juicio colectivo, y no ejercieron su derecho de salida (opt-out25) el tema no representa problema alguno. La sentencia les afectará, tanto en su beneficio como en su contra. Las inquietudes, como pueden anticipar, se presentan con el resto de los miembros de la colectividad afectada que no acudieron al procedimiento y que, con los patrones de la escuela tradicional, no tendrían por qué beneficiarse y mucho menos perjudicarse con una sentencia de un procedimiento en el cual no participaron ¡Si no fue oído y vencido! Es precisamente la falta de entendimiento de la naturaleza de los derechos colectivos lo que arroja consideraciones como la anterior. Lo que sucede es que en los procedimientos colectivos, las personas somos un mero pretexto, indispensable porque el derecho regula conductas humanas, de tal suerte 24 Ibídem, p. 263. 25 El proyecto presentado por el Senado contiene este mecanismos de opting out (opción de salirse), por considerarse que es el que tutela de mejor y más amplia manera los derechos colectivos. En oposición, con efectos mucho más limitados, el esquema del opting-in (opción de entrar), conforme al cual el que se sienta afectado tendrá que acudir al procedimiento a levantar la mano. Este último mecanismo desnaturaliza a la acción colectiva, convirtiéndola en otra cosa. fernando garcía sais 65 que al referirse a derechos colectivos, su carácter supraindividual implica necesariamente una decisión respecto del derecho mismo que se estima está siendo vulnerado. En otras palabras, la sentencia no es que esté ampliando sus efectos a “personas que no litigaron”. La sentencia está protegiendo el derecho vulnerado, sea quienes sean y cuantos sean sus titulares. En el juicio ya se acreditó que existe algún titular y, lo más importante, que existe una afectación al derecho. Luego, se justifica de manera directa su tutela, con independencia de si el titular levantó o no la mano en el juicio. De lo contrario, la tutela de los derechos colectivos quedaría en un mero deseo doctrinario o de la conciencia y la acción colectiva sería inútil. Mi tesis es que la sentencia con efectos erga omnes lo único que hace es extender sus efectos naturalmente sobre el derecho afectado, reponiéndolo o indemnizando en función del mismo a sus titulares. Es una cuestión de proporcionalidad. La sentencia tendrá la magnitud del derecho colectivo violado. Claro está que habrá de distinguir el tipo de derecho colectivo en juego. Si se trata de derechos difusos y colectivos en estricto sentido, que son de naturaleza indivisible y cuya titularidad es una colectividad de personas, determinable o indeterminada, pero relacionadas entre sí por cuestiones de hecho o de derecho, estaremos frente una sentencia que naturalmente abarca al derecho vulnerado, sea quien sea su titular. En el caso de los derechos individuales de incidencia colectiva, entendidos como aquellos de naturaleza individual de los que sean titulares los miembros de una colectividad y que, debido a su origen común, pueden reclamarse en una acción colectiva, los efectos de la sentencia abarcarán a esa colectividad. Tratándose de derechos difusos y colectivos, ello se deja ver muy claramente en las sentencias que ordenan un dejar de hacer. Por ejemplo, si se ordena la suspensión de publicidad engañosa, se ordenará la cesación para que nadie sea víctima de ella, no solamente quienes acudieron a juicio o fueron adecuadamente representados. Si se ordena a una fábrica dejar de verter desechos contaminantes sobre las aguas de un río, el agua se dejará de contaminar para todos.26 Los efectos de la sentencia alcanzan a todos aquellos miembros del grupo cuyos derechos individuales correspondan con la controversia planteada en la acción colectiva. 26 De no ser así, entonces valdría preguntarse cómo le haría un juez para limitar los efectos de su sentencia para incluir la protección sólo de quienes fungieron como parte. Es decir, se ordena a la empresa radiofónica o televisora a retirar de su programación determinado comercial engañoso, pero solamente en la señal que llegue a las siguientes personas: … No suena sensato, ¿verdad? 66 revista del instituto de la judicatura federal Habrá quien argumente que respecto de los televidentes que no hayan visto el mensaje publicitario tildado de engañoso, no hubo ninguna afectación. Sin embargo, me parece que una de las noblezas de la acción colectiva es su efecto preventivo, pues es preferible evitar daños que repararlos. En las sentencias de condena, la determinación es más difícil. Si se ordena que determinada entidad repare un daño y siendo ello imposible a través de una indemnización por naturaleza (devolviendo las cosas al estado que guardaban), deberá indemnizar por equivalente (daños y perjuicios). Y claro está que lo ideal sería que cada uno de los sujetos afectados en sus derechos colectivos recibiera el monto correspondiente. Sin embargo, dada la eventual posibilidad de que no sea así, o de que, por ejemplo, en el caso de acciones colectivas provenientes de derechos individuales algún miembro del grupo no acuda a tramitar su pago, ese dinero se irá al Fondo que en la iniciativa se prevé. Sin embargo, también en las de condena, habrá una determinación respecto de los actos o hechos que generaron el daño, prohibiéndose su repetición a efecto de salvaguardar el derecho colectivo de todos. Respecto de las sentencias desfavorables, sus efectos también son generales. Pues si el juez ya determinó que no hubo violación al derecho colectivo objeto del litigio, no lo hay para nadie. Sin embargo, el tema plantea el problema de la ausencia de adecuada representación, pues los “terceros extraños” (si se quiere para sentirnos cómodos) argumentarán que nunca tuvieron oportunidad para defender el derecho del cual son titulares. A. La no obligatoriedad de la sentencia desfavorable Toca ahora explicar qué debe entenderse por inadecuada representación para efectos de la regla de la falta de vinculatoriedad de los efectos de la cosa juzgada respecto de todos los miembros de la colectividad o grupo y, consecuente, estar en posibilidad de iniciar otra acción con idéntica pretensión. En términos de la iniciativa, las sentencias en materia de acciones colectivas valen tanto en pro como en contra, tanto si se estima procedente como improcedente. Efectivamente, la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada y vinculará a todos los miembros de la colectividad o grupo, excepto cuando se acredite plenamente que existió inadecuada representación de dicha colectividad o grupo que haya trascendido al resultado del juicio (art. 611). fernando garcía sais 67 En dicho supuesto, podrá iniciarse otra acción con idéntica pretensión en el plazo de 2 años contados desde el conocimiento de los hechos, actos u omisiones que hayan causado la inadecuada representación (art. 611, in fine). ¿Qué significa que hubo inadecuada representación? ¿Qué significa que “haya trascendido al resultado del juicio”? Por una parte se refiere el concepto a ineptitud de la parte actora para hacer valer un derecho en la medida que tal falta de aptitud se refleje en la sentencia. Si durante el juicio, ninguno de los interesados se percató de que había condiciones para la sustitución si el legitimado procesal por falta de aptitud, idoneidad o por negligencia (tanto del legitimado como del asesor legal), sería conveniente que tras el dictado de la sentencia, se subsanara la deficiencia. Así, si existía una prueba que no se señaló y que sería razonable haberla señalado, habrá ineptitud. Si no se precisa de manera cierta la colectividad afectada ni se dan parámetros que permitan determinarla, o si no se identifica de manera clara cuál es el interés o derecho colectivo que se pretende proteger, habrá ineptitud. En el apartado 3 del capítulo III, al referirnos al carácter indisponible de los derechos colectivos, mencionamos que en la actividad procesal del actor se pueden revisar aspectos tales como, inter alia, la redacción, la argumentación jurídica, la precisión del tipo de derecho colectivo puesto en riesgo o dañado, la identificación de las cuestiones comunes, la identificación de los elementos probatorios que conducirían a cerciorase de que efectivamente hay una afectación y, por último, la petición de la mejor solución para proteger el derecho o interés afectado.27 Sobre los elementos antes identificados, podemos válidamente determinar si la calidad del trabajo realizado por el legitimado y por su asesor jurídico profesional fue adecuada. No se exige perfección, sólo adecuación, siguiendo la estela marcada por el precedente citado por Klonoff de Hansberry v. Lee. Y la adecuación se logra realizando un trabajo jurídico procesal apegado que considere el estado de la ciencia jurídica, los criterios jurisprudenciales, el conocimiento del hecho o acto que vulnera el derecho colectivo, las pruebas 27 Piénsese por ejemplo el caso de que el demando deba concurrir con otros sujetos a dar cuenta en la demanda, por tratarse de actos u omisiones con responsabilidades compartidas. Si la parte actora no señala debidamente, a todos los eventuales demandados, pudiera ser el caso de una indefensión de ese grupo de demandados potenciales. Y en este caso, al demandado no ignorado sí le interesa llamar a juicio al corresponsable. Sería este quizá un caso de ineptitud del actor que daría pie a su sustitución o, en su caso, a la apertura de un nuevo procedimiento. 68 revista del instituto de la judicatura federal ofrecidas, etc., de forma similar a lo que acontece con las llamadas “obligaciones de medios” en las que el profesional no se compromete a lograr un resultado determinado sino a poner todo de su parte para que ello se dé (lex artis). Así, la doctrina ha señalado algunos indicadores de falta de aptitud, idoneidad o negligencia, de los que podemos señalar la insuficiencia de pruebas, una mala instrucción en el proceso,28 la aparición de nuevos documentos que eran ignorados o retenidos por un tercero o por el demandado, el avance científico (state of the art), el cambio de circunstancias que dieron origen al fallo, el trastocamiento de los juicios de valor políticos o morales, el error grosero y arbitrario (por ejemplo en la precisión de las cuestiones de hecho o de derecho), la desatención del orden público, y todo lo que sea una ostensible violación del derecho de defensa.29 Luego, entonces, no puede extenderse los efectos de la cosa juzgada en los casos que la reclamación fue estimada improcedente por no haber existido una adecuada representación y que dicha ausencia haya trascendido al resultado. En dicho caso, se podrá proponer la misma acción con idéntica pretensión. Al efecto, el artículo 611, segundo párrafo, de la iniciativa prevé un plazo de preclusión de 2 años, que se cuenta a partir del conocimiento de los hechos, actos u omisiones que hayan causado la inadecuada representación. No es un recurso de revisión ni una acción de nulidad. Es un nuevo juicio, al que se aplican las mismas reglas que ya hemos señalado y explicado. La pregunta es ¿cuántas veces podrá abrirse un nuevo juicio en aplicación del principio de la no obligatoriedad de la sentencia desfavorable (secundum eventum litis)? Tantas veces como sea necesario hasta que la cosa juzgada surta sus plenos efectos de acuerdo con los principios que inspiran a los juicios colectivos, respetándose el debido proceso en toda su magnitud. Cerramos así el tema, retomando el trinomio fundamental integrado por legitimación, representación adecuada y cosa juzgada, elementos inescindibles de las acciones colectivas. 28 Gidi, Antonio, op. cit., p. 275. 29 Capello, Nicolás Daniel, Revisión de la Cosa Juzgada por Falta de Representación Adecuada. http:// http://www.procesalsantafe2011.com/wp-content/uploads/2011/05/Capello_Nicolas_CONSTCLyJP.pdf
Fuente original: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/32/RIJF%20No%2032%20INTERIORES-FERNANDO%20GARC+%C3%ACA%20%2049-68%20%2006-12-2011.pdf
¿Conviene respetar al consumidor?
Del entendimiento de los conceptos y principios fundamentales en materia de protección al consumidor, depende tanto el éxito de las estrategias empresariales en la búsqueda, captación y retención de clientes como el establecimiento de pilares sólidos de confianza en el mercado, con el correspondiente desarrollo económico.
Si para el empresario individual cumplir con las normas de protección al consumidor representa algún costo, en el aspecto agregado la normativa tutelar genera beneficios sociales y económicos.Las restricciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), coinciden con el bien jurídicamente protegido que persiguen otras normas de carácter económico, como las relacionadas con el abatimiento de los monopolios y las prácticas desleales de comercio. Los derechos del consumidor no deben ser vistos como obstáculos para el empresario ni su cumplimiento los coloca en una situación de desigualdad ante la ley.
Al respecto en Jurisprudencia definida, en agosto de 2005 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, en tesis con número de registro 177527, determinó que “[…] promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, no significa que los derechos que correspondan a los proveedores estén excluidos […] y que, por ende, se trate de una norma discriminatoria […] además, porque […] deben respetarse los derechos y las obligaciones derivados de las relaciones de consumo, en las que intervienen tanto consumidores como proveedores.”
Analizado en su justa dimensión, el marco jurídico tutelar del consumidor debería tener una vocación de cumplimiento espontáneo de parte de los operadores económicos. Es decir, si el mercado está integrado por agentes racionales, es previsible que sus actos jurídicos, tanto contractuales como extracontractuales, se apeguen a la LFPC, pues si todos los proveedores la respetan, se generarán condiciones de competencia más favorables, de manera tal que solamente aquellos empresarios que no tengan la capacidad de competir en un mercado que respeta dichas normas de orden público saldrán expulsados, ya que el consumidor no los preferirá. Es decir, el que no respete las leyes del consumidor no podrá jugar ya en la misma cancha que el resto.
Para ejemplificar lo anterior, supongamos que una empresa comercializa un determinado producto al que le atribuye cualidades que no tiene y, por tanto, engaña al consumidor. Con independencia del daño que genere, económico y eventualmente de otro tipo como pudiera ser uno a la salud, ese empresario compite en la economía por la captación de un comprador en detrimento de otros operadores que no se valen de publicidad engañosa para vender. Como el dinero es un recurso escaso, ese consumidor ya no adquirirá con ese mismo dinero ningún otro bien, porque fue un recurso derrochado, sin beneficio individual para el consumidor, ni para el mercado, solo para el desleal empresario. Además, es probable que se haya producido un daño colectivo.
Respecto a la posibilidad de que la autoridad actúe para prevenir o remediar los daños colectivos, el magistrado Leonel Castillo González, en la tesis aislada de abril de 2008, con número de registro 169985, estableció que “en los artículos 21 y 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se advierte el reconocimiento de la existencia de intereses difusos o colectivos de los consumidores, tutelados a través de las acciones colectivas o de grupo, cuya legitimación corresponde, en el caso de los consumidores, a la Procuraduría Federal del Consumidor.”
Y por si eso fuera poco, el propio Magistrado Castillo González (tesis 169825) se pronunció respecto del principio de colaboración ciudadana, a efecto de que entre todos cooperemos en promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, por lo que se reconoce que la LFPC faculta a cualquier persona para denunciar ante la Profeco las violaciones a dicha ley, principio que la jurisprudencia ha hecho extensible a las autoridades del país de la siguiente manera:
“Este derecho y deber cívico de solidaridad social resulta aplicable a las autoridades, por mayoría de razón, porque éstas se encuentran constituidas, reguladas y en funcionamiento con el objeto innegable de contribuir a la realización de los fines del Estado de derecho, organizados inicialmente con el principio de división del trabajo, pero unidos por la necesidad imprescindible de colaboración total, para la satisfacción de los fines generales de carácter común”.
Entonces, con lo anterior, se confirma que el cumplimiento de la norma que protege al consumidor es de interés colectivo, no sólo le incumbe al consumidor en concreto, sino a la sociedad en general, además de que todos coincidimos en que el mercado no debe tolerar prácticas antisociales como el engaño, la imposición de cláusulas abusivas, el incumplimiento de promesas publicitarias, contractuales o de garantías, por recordar algunas.
Resulta oportuno traer a colación un criterio contenido en la tesis aislada, emitida en febrero de 2006, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el Magistrado Neófito López Ramos, con número de registro 171064, en la que el Poder Judicial de la Federación dice que:
“los derechos tutelados por la Ley Federal de Protección al Consumidor son de carácter eminentemente social que tiene como propósito evitar que la inferioridad económica de grandes grupos de consumidores les lleve a aceptar relaciones de consumo injustas; por ende, se trata de una legislación intervencionista y asistencialista de las clases más desprotegidas, bajo la premisa de garantizar la intervención del poder público en la protección de los grupos económicamente más débiles y evitar que se cometan injusticias al aplicar en las relaciones de consumo algunos preceptos de derecho privado que tienen como presupuesto la igualdad de los contratantes, principio que no existe entre proveedores y consumidores, ya que éstos constituyen el sector necesitado de protección”.
Inclusive a nivel internacional se ha gestado un movimiento por parte de organismos internacionales de los que México es parte, quienes han señalado las directrices para hacer efectiva la protección de los derechos de los consumidores. Entre ellas, está el que los gobiernos fortalezcan e implementen una política enérgica de protección al consumidor según las circunstancias económicas y sociales de cada país, principalmente, frente a los riesgos para la salud y seguridad (resolución 39/284 de la ONU).
En 1934, al analizarse la constitucionalidad del Reglamento de la Industria del Pan, la Segunda Sala de la Suprema Corte ya percibía la existencia de intereses supraindividuales que ameritaban protección e interpretó que los derechos que garantiza el artículo 28 constitucional tratan de “proteger a la sociedad y a los derechos de la colectividad” y que en vez de impedir la intervención del Estado, la exige.
Hoy, el cumplimiento de la LFPC fortalecerá nuestro Estado de Derecho, la confianza en el mercado, la actividad económica, terminará con los monopolios y con las prácticas desleales de comercio. Consumidores y proveedores tenemos un rol fundamental en la construcción del sistema económico. Sí vale la pena respetar a los consumidores
La Acción de Grupo Profeco vs Nextel 2012: el consumidor impostor
En un interesante procedimiento colectivo intentado por la Procuraduría Federal del Consumidor contra la empresa Nextel, en noviembre de 2011, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito (705/2011), resolvió absolver a la demandada en junio de 2012. Ante dicha sentencia, la Profeco apeló y el Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa del Primer Circuito (323/2012) declaró fundado el medio de impugnación y revocó la determinación. Consecuentemente tras determinar que se acreditó la conducta omisiva ilícita de Nextel, la condenó a resarcir los daños y perjuicios y a modificar sus conductas empresariales a efecto de cumplir con sus contratos.
Inconforme con dichas determinaciones, la empresa presentó un amparo directo que fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (16/2013) y se encuentra pendiente de resolución.
La legitimación en la causa y la calificación jurídica de “consumidor”
El asunto que someto a su consideración es de suma relevancia por tratarse de una cuestión relacionada con la legitimación en la causa respecto de la colectividad que la Procuraduría identificó, primero en sus quejas y posteriormente en la demanda de acción de grupo, como “consumidores”.
Lo anterior es trascendente pues en el juicio de origen (705/2011) el juez de distrito nunca analizó si efectivamente los contratantes de la empresa enjuiciada eran “consumidores” de conformidad con la definición legal del artículo 2, fracción I, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Lo que voy a comentar tiene utilidad refleja para las acciones colectivas de la reforma constitucional de 2010 y legal de 2011.
Y es que si las acciones colectivas en términos del artículo 578 del CFPC sólo pueden promoverse en materia de “relaciones de consumo” (públicas o privadas) y medio ambiente, resulta indispensable, en las primeras, analizar si en los casos particulares, individuales, existe dicha relación de consumo. Y tal ejercicio solamente puede hacerse a partir de la definición que la LFPC hace en el artículo 2, fracción I.
Es un error común determinar que cualquier contratación con una empresa es una relación de consumo.
Adicionalmente, el artículo 588 del CFPC señala, en la parte que nos interesa, como requisito de procedencia de la legitimación en la causa, precisamente, que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios públicos o privados.
Además, debemos poner atención sobre la legitimación procesal activa, la cual se amplía en las acciones colectivas (en relación con las acciones de grupo monopolizadas anteriormente por la Profeco) para que determinados entes públicos, asociaciones civiles, grupos de 30 afectados y la PGR pueden ejercitarlas.
Y debe ponerse atención ya que en juicio podría perderse la certificación si no se hace una calificación apropiada de la clase, situación que no acontecería en el caso de los entes públicos que se suponen expertos por la bendición estatal que cuentan.
Consecuentemente, la sentencia que se dicte en una acción colectiva no debe abarcar a personas que no reúnan las calidades y cualidades de consumidor en términos del marco jurídico, de lo contrario la sentencia protegería en exceso, perjudicando al sistema económico de mercado en su conjunto así como al sistema jurídico.
El asunto es de interés puesto que constituye uno de los escasos asuntos promovidos por la autoridad administrativa encargada de tutelar los derechos e intereses de los consumidores, y que tendrá repercusión en la doctrina jurisprudencial en materia de procesos colectivos relacionados con consumidores, pues la Profeco está dotada de legitimación procesal (se le otorgó en las reformas que se iniciaron en 2010 con la inclusión de la figura de las acciones colectivas en el artículo 17 de la Constitución y que culminaron con las reformas a diversas leyes federales como el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor).
La sentencia del Juzgado de Distrito
De la sentencia del Juzgado se advierte que Profeco reclamó el pago de daños y perjuicios contractuales, pues apoyó su pretensión en la circunstancia de que el proveedor incumplió con los términos y condiciones del contrato con los consumidores, por existir deficiencias en el servicio prestado, entre las que se encuentran una serie de intentos fallidos para realizar llamadas y un alto porcentaje de llamadas caídas, además de los cobros indebidos que como contraprestación exige la proveedora, aun cuando las llamadas no se realicen o concluyan por causas ajenas al usuario.
Por ello, documenta el juez que, dicha situación “llevó a los consumidores a presentar quejas ante la procuraduría actora, quien ante el crecimiento del uso de telefonía móvil y las quejas constantes de los clientes insatisfechos, detectó la existencia de una situación de abuso hacia los consumidores y al tener la obligación de impedirla, es que acude a la presente instancia”.
La calificación jurídica de los hechos
Sin embargo, un elemento que pasó inadvertido por el juzgador y, tal parece ser que, también por las partes actora y demandada: el relativo a la definición de si los contratantes de la empresa enjuiciada, eran “consumidores”, en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la jurisprudencia que interpreta dicha noción fundamental del Derecho de los Consumidores.
No todos somos consumidores
Todos somos consumidores (en potencia). En acto, no todos somos consumidores. Efectivamente, no todo contratante es un consumidor. Mucho menos, cualquiera ni todas las quejas que contratantes interpongan ante la Profeco, provienen siempre de un sujeto, persona física o moral, a la que el ordenamiento jurídico le atribuye la cualidad de ser consumidor.
Es una calificación jurídica que debe hacerse con toda seriedad, similar a lo que acontece v.g., con la de “agente económico” en materia de competencia económica (trascendencia, caso notarios públicos) o la definición del “mercado relevante”.
Lo riesgoso de no hacer ese análisis, tanto en la instancia administrativa como en la jurisdiccional, es que se terminarán asignando derechos sustantivos a grupos de personas no atribuidos o establecidos por el sistema jurídico y, las vías procesales pensadas para los consumidores serán utilizadas por falsos consumidores o para proteger a falsos consumidores.
Particularmente, en el caso de la LFPC, por tratarse de un marco jurídico excepcional, los derechos derivados de ella solamente se deben aplicar de manera estricta y restrictiva a las situaciones previstas por el legislador. Dichas situaciones parten, siempre, del supuesto de que existe una relación de consumo, integrada por dos partes: el consumidor y el proveedor.
Resulta que dichos conceptos, aunque de origen económico, son jurídicos. Con ello quiero sostener que debemos ceñirnos a la definición dada por el legislador dentro del contexto económico y, en su caso, estar a la jurisprudencia que la interpreta que aunque no es muy vasta, la que hay es nutrida de significación y de orientación a los intérpretes y aplicadores en las sedes administrativa y jurisdiccional.
Curiosamente, en la foja 2 y siguientes de su sentencia, el juez de distrito (dice que) analiza de oficio la legitimación en la causa, “con el objeto de acreditar que efectivamente existe una verdadera relación sustancial entre los individuos dada la legitimación activa y pasiva de quienes intervienen en el juicio, en razón de que sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga un interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga un interés contrario […]”, sin embargo, al analizar el material probatorio no observó si la Profeco había realizado el análisis respecto de la materialización en cada una de las quejas administrativas interpuestas del carácter de consumidor ni, en su caso, si estuvo bien hecho. Pero lo más sorprendente es que tampoco la parte demandada argumentó en dicho sentido.
Parece concluirse que para juez, actor y demandado, “consumidores” son cualquier cliente, cualquier contratante, lo que pone en riesgo el sistema mismo de protección al consumidor.
Inclusive, el juez sostiene que “la legitimación ad causam de las partes se encuentra debidamente justificada al estar demostrada la relación contractual que las vincula, pues de los hechos de la demanda y de la contestación, así como de los documentos allegados a juicio, principalmente las copias certificadas de los expedientes formados con motivo de las reclamaciones realizadas por los usuarios de telefonía móvil […] se desprende que los consumidores que representa dicha procuraduría son clientes y usuarios del servicio que presta […], vínculo contractual que de ninguna forma fue negado por la parte demandada […]”.
Sin embargo, ello no es así.
En nuestro Derecho, de conformidad con el artículo 2, fracción I, de la LFPC, es consumidor únicamente “la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final”, pudiendo también serlo el “consumidor intermedio” en los casos y restricciones ahí establecidos. Si la ley establece esa condicionante, la de constituirse en “destinatario final”, esta peculiaridad de ese tipo especial de contratantes debería quedar plenamente satisfecha para no asignarse derechos a quienes no los tienen.
Un análisis de la legitimación ad causam de oficio que dejó mucho que desear
Se confirma el error, si revisamos la sentencia del Primer Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa del Primer Circuito al resolver el Toca Civil 322/2012 y su relacionado 323/2012 en la que revocó la del juzgado de distrito y en la hoja 12 y siguiente dice “lo cual acreditó la existencia de daños y perjuicio en contra de los consumidores”, dando por sentado que efectivamente la colectividad que integró la Procuraduría Federal del Consumidor eran personas, físicas o morales, que calificaban como “consumidores”.
Llama más la atención que en la segunda instancia, el Tribunal Unitario tras analizar la legitimación ad causam la haya tenido debidamente justificada sobre la base de que estaba “demostrada la relación contractual”, pasando totalmente por alto que no toda relación contractual es de consumo. Un análisis de oficio que dejó mucho que desear. La segunda instancia fue tan mala como la primera.
Efectivamente, para aclarar el punto, si una empresa contrata con Nextel, ese contrato nunca será de consumo ni estará, por ende, regulado por la LFPC, por tratarse de un contrato entre empresarios o business to business (B2B), en cuyo caso el contrato celebrado materialmente será de suministro y queda regulado por la legislación comercial aplicable, dado que ambas partes son comerciantes.
De igual manera, si una persona física o moral destina el servicio prestado por Nextel fuera del ámbito privado o familiar, al darle un uso que impactará económicamente generando más valor, tampoco será un consumidor por no ser destinatario final.
En nuestro Derecho, un consumidor es destinatario final cuando adquiere el valor de uso, no el valor de cambio; cuando distrae el bien o servicio completamente del mercado. No se genera más valor con su uso o adquisición.
El Poder Judicial de la Federación no ha vacilado y ha fijado con contundencia la naturaleza de las normas protectoras del consumidor y cómo deben interpretarse y aplicarse.
Esta tesis del entonces magistrado Ortiz Mayagoitia es firme al distinguir entre el valor de uso y valor de cambio, entre las relaciones B2C y las relaciones B2B :
CONSUMIDOR. UNICAMENTE TIENE ESE CARACTER LA PERSONA QUE ADQUIERE UN BIEN O SERVICIO PARA SU USO. (INCOMPETENCIA DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR).
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene la calidad de consumidor “quien contrata para su utilización, la adquisición, uso o disfrute de bienes o la prestación de servicios”; de tal manera que una persona física o moral que realice la compra de bienes o servicios para obtener algún provecho pecuniario por medio del comercio, y no para su uso, no puede ser considerada como consumidor, ya que su intervención tiene lugar en una fase del procedimiento económico cuyo objetivo final es hacer llegar los bienes o servicios a quienes están destinados. Por tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor carece de competencia para resolver una controversia que no le fue planteada por un consumidor sino, en realidad, por un comerciante.
Ahora bien, para demostrar que la relación B2C debe motivarse, el siguiente precedente nos ilustra respecto de los casos en que el elemento “proveedor” no se configura, por lo que no habría aplicabilidad de la LFPC ni la competencia de la autoridad administrativa:
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. CARECE DE FACULTADES PARA CONOCER DE QUEJAS PRESENTADAS EN CONTRA DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.
El artículo 1o. de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal establece que tales instituciones son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro, que con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios. Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores (persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios) y consumidores (persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios). Por tales motivos, la mencionada procuraduría carece de facultades para conocer de quejas presentadas en contra de instituciones de asistencia privada, por presunto incumplimiento de un contrato de prenda, ya que tal actividad no tiene como finalidad la obtención de un lucro.
Por lo demás, sirve de referencia el siguiente criterio jurisdiccional:
“DERECHO DE LOS CONSUMIDORES. COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE BASE CONSTITUCIONAL TIENE UNA REGULACIÓN LEGAL, ESPECÍFICA Y PROTECTORA QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR AL RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA PARA EVITAR ABUSOS.
Los actos de comercio se rigen por el código de la materia, las demás leyes mercantiles; y, de manera supletoria, el Código Civil Federal. Por su parte, el artículo 28 constitucional establece el principio de que la ley protegerá a los consumidores. Dicho precepto es la base de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como de otros ordenamientos, cuyos propósitos son dar contenido y hacer efectivos los derechos fundamentales de los consumidores. Dicha ley es de orden público, interés social, de observancia en toda la República y cuyas disposiciones son irrenunciables; por lo que contra su observancia no puede alegarse costumbre, práctica o convenio en contrario. Dicho ordenamiento establece, entre otras, las definiciones de proveedor al igual que la de consumidor, los principios básicos de las relaciones de consumo, una serie de medidas cuya finalidad es tanto promover como proteger los derechos y cultura del consumidor; procurando la equidad y seguridad jurídica en las mencionadas relaciones de consumo. Por lo tanto, se trata de un microsistema por sus reglas protectoras específicas donde no rige de manera absoluta el principio de autonomía de la voluntad que opera de manera general en materia civil y mercantil; sino que está sujeto a normas imperativas protectoras de los derechos de los consumidores cuyo cumplimiento debe vigilar el Estado. Por lo tanto, cuando surjan conflictos entre proveedores y consumidores debe privilegiarse la aplicación de las normas protectoras cuando sean incompatibles con las normas civiles y mercantiles, con el propósito de prevenir abusos en las relaciones de consumo cuyos conflictos deba resolver la autoridad judicial en su ámbito de competencia.
Como lo referí, a pesar de que el asunto aquí descrito se generó en el marco de las entonces acciones de grupo, lo resuelto tendrá utilidad refleja para las acciones colectivas de la reforma constitucional de 2010 y legal de 2011.
Espero que el futuro de las acciones colectivas sea el más adecuado para ampliar el acceso a la justicia en México y que los entes legitimados procesalmente, sean públicos o privados, se conviertan en expertos en su manejo para garantizar su independencia y profesionalismo.
El asunto de Nextel es de interés puesto que constituye uno de los escasos asuntos promovidos por la autoridad administrativa encargada de tutelar los derechos e intereses de los consumidores, y evidencia la falta de expertise de las tres piezas fundamentales en el proceso: actor, demandado y juzgadores.
Las resoluciones en cada una de sus instancias y sus consideraciones tendrán repercusión en la doctrina jurisprudencial en materia de procesos colectivos. Esperemos que el asunto sea resuelto, ahora que la Suprema Corte lo ha atraído, cuidando este tipo de aspectos elementales de las acciones colectivas.
Por lo demás, desde la academia, foro e instituciones públicas o think tanks, habrá que profundizar en el análisis de temas sustantivos como la valoración de la noción de consumidor; si debe equipararse o no al destinatario final; si el destino debe ser exclusivo o si cabe el uso mixto; si el hecho de firmar con una empresa un contrato de adhesión nos convierte en consumidores con independencia del destino que se le dará al bien o servicio; en suma, si es de interés práctico y no sólo teórico la correcta definición y aplicación de las nociones fundamentales del Derecho del Consumidor.
Autor de Jurisprudencia del Consumidor, Ed. Tirant Lo Blanch-ITAM 2012, Derecho de los Consumidores a la Información, Ed. Porrúa-ITAM 2007 y Derecho Concursal Mexicano, Ed. Porrúa 2005. http://www.garciasais.com.mx @FerGarciaSais
Un análisis más exhaustivo sobre la noción de consumidor en la que abordo los problemas que presenta la calificación jurídica se encuentra en “García Sais, Fernando. Falsos consumidores. Revista Letras Jurídicas, Volumen 19, enero-junio de 2009, Veracruz, México.”
No me voy a referir aquí a la integración de grupos de consumidores a partir de la calificación jurídica de consumidores materiales y jurídicos. Un análisis de dicha problemática en el podcast episodio 110 http://iusanimalum.podomatic.com/
No es propósito de este artículo abordar todo el tema de la legitimación procesal o ad procesum. Remito al lector a otras obras que lo han hecho y a la mía: García Sais, Fernando. Legitimación y representación adecuada en las acciones colectivas (y su influencia sobre la cosa juzgada). Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Número 32, 2011, México.
Si tiene interés en profundizar en la doctrina jurisprudencial mexicana de la quinta a la novena épocas está disponible en mi monografía (García Sais, Fernando. Jurisprudencia del Consumidor, Ed. Tirant Lo Blanch-ITAM, 2012).
Tesis aislada, Octava Época, TCC, Registro No. 225 565. Cabe precisar que la tesis que antecede aplicó la LFPC vigente en 1990. Recordemos que en 1992 se promulgó una nueva LFPC. Su artículo 2, fracción I, expresamente excluía de la noción de consumidor a quien no se constituyera en destinatario final. En 2004, la reforma de 4 febrero, eliminó la explicación que hacía la ley de 1992 respecto de qué se entiende ser “destinatario final”. Solamente equipara al consumidor al destinatario final; esto es, mantiene la tesis de la relación B2C.
Tesis aislada, Novena Época, TCC, I.5o.A.45 A
Tesis asilada, Novena Época, TCC, Tesis I.7o.C.153 C.