Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/59556
Timestamp: 2019-10-18 14:29:37
Document Index: 152770994

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 1', 'Artículo 1']

Gaceta: LXIII/1PPO-65/59556
La suscrita, SenadoraANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
El próximo 06 de diciembre de 2015, tendrán lugar en Venezuela las elecciones parlamentarias para renovar los 167 escaños que conformarán la Asamblea Nacional durante el período constitucional comprendido entre el 5 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2021.
Estas elecciones se llevarán a cabo en un contexto de polarización política y confrontación social que no tiene precedentes en América Latina. A las legítimas preocupaciones nacionales e internacionales sobre la situación económica y la vigencia de los derechos humanos y las libertades democráticas en Venezuela, debemos agregar el reciente asesinato de Luis Manuel Díaz, dirigente opositor de Acción Democrática, quien junto a Liliian Tintori, esposa de Leopoldo López, participaba en un acto político masivo.
Ante esta compleja y preocupante situación, Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha hecho un llamado a favor de la paz para poner fin a la violencia en Venezuela, garantizando la igualdad de derechos,la justicia electoral y la sanción a los responsables del crimen político perpetrado en contra de Luis Manuel Díaz.
En el mismo sentido, es oportuno recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, han manifestado su profunda preocupación ante el deterioro del derecho a la libertad de expresión en el país y la situación de riesgo en la que se encuentran los medios de comunicación y periodistas críticos en Venezuela, lo que sin duda constituye una situación aún más delicada en el contexto político actual y, particularmente, en el marco del proceso electoral.
La jurisprudencia interamericana ha concluido en reiteradas oportunidades que la libertad de expresión otorga el derecho a investigar y difundir por esa vía hechos de interés público; y que en una sociedad democrática, la prensa tiene derecho a informar libremente sobre las actividades estatales y a criticar al gobierno.
La CIDH también ha indicado que el uso del derecho penal – principal poder coercitivo del Estado – para sancionar, reprimir, inhibir aquellas expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público, es incompatible con la Convención Americana.
En particular, “la amenaza o la imposición de una pena de encarcelamiento con fundamento en leyes de desacato y de difamación criminal puede resultar en un efecto silenciador que afecta no solamente a los y las comunicadoras, sino a toda la sociedad”.
Respecto del temor a una sanción civil desproporcionada, la CIDH ha indicado que “puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia o, como en el presente caso, publica información sobre un funcionario público, con el resultado evidente de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público”.
La CIDH y su Relatoría Especial consideran que en el marco de un año electoral, frente a la reducción del pluralismo informativo y la disminución de medios de comunicación independientes, resulta urgente que cese el hostigamiento verbal y judicial que restringen el libre flujo de ideas y opiniones.
En este contexto, el conjunto de actos estatales dirigidos a cercar a los medios de comunicación con una línea informativa independiente o crítica con el gobierno resultan de especial preocupación para la CIDH y, a su vez, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información que se encuentra disposición del público en Venezuela de cara a las elecciones que se realizarán en unos días.
En este sentido, la CIDH ha hecho un llamado al Estado de Venezuela a apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión, de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer, sin intervenciones indebidas, el derecho pleno a la libertad de expresión, así como su derecho al debido proceso.
No está de más recordar que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Todo lo anterior ha llevado a que el pasado 29 de noviembre de 2015, al menos setenta intelectuales y artistas firmaran un manifiesto denominado Por la Libertad en Venezuela en el que solicitan al Gobierno de este país que respete los derechos humanos, la libertad de expresión y el resultado de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 6 de diciembre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).
Asimismo, la Carta Interamericana suscrita por los Estados Unidos Mexicanos y por la República Bolivariana de Venezuela, establecen en su artículo 1 que:
Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Las elecciones en cada país son únicas, y reflejan las características políticas e históricas de los distintos países. Si bien no hay un único sistema electoral que se adapte por igual a todos los países, el proceso electoral debe adherirse a obligaciones y compromisos contenidos en instrumentos internacionales.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
PRIMERO.- El Senado de la República se suma al llamado del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor de la paz en Venezuela; y hace votos para que las elecciones del próximo 06 de diciembre se celebren en condiciones pacíficas y democráticas.
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que mantenga informada a esta soberanía sobre la existencia y el desarrollo de una investigación imparcial que permita a las autoridades competentes identificar a las personas responsables del asesinato de Luis Manuel Díaz, dirigente político del Partido Acción Democrática.
H. Cámara de Senadores a los 01 días del mes de diciembre de 2015.