Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/IA1996CapII.htm
Timestamp: 2017-10-23 04:10:24
Document Index: 180038004

Matched Legal Cases: ['Artículo 34', 'artículo 62', 'artículo 29', 'artículo 63', 'artículo 29', 'artículo 63', 'artículo 29', 'artículo 5', 'Artículo 29', 'Artículo 63']

Annual Report 1996 Capitulo II
Este informe trata de las actividades que llevó a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 1996. Se mencionan también las actividades realizadas a principios del año 1997 que, por su importancia, la CIDH considera útil llevar a conocimiento de los Estados miembros de la Organización en esta oportunidad.
La CIDH celebró su 911 Período Ordinario de Sesiones entre el 21 de febrero y el 8 de marzo de 1996; su 921 Período Extraordinario de Sesiones entre el 29 de abril y el 3 de mayo de 1996; su 931 Período Ordinario de Sesiones entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre de 1996 y su 941 Período Extraordinario de Sesiones el 6 de diciembre de 1996.
a. 911 Período Ordinario de Sesiones
En este período de sesiones se incorporaron los nuevos miembros elegidos para el período 1996-1999: Profesor Carlos Ayala Corao; Profesor Robert Kogod Goldman y doctor Jean Joseph Exumé; así como el Embajador Alvaro Tirado Mejía, quien fue reelecto como miembro de la Comisión para un nuevo período.
Todos los miembros de la Comisión asistieron a esta sesión y eligieron una nueva Junta Ejecutiva. El Profesor Claudio Grossman, Decano de la Facultad de Derecho del Colegio de Leyes Washington de la American University, de Washington D.C., chileno, fue elegido Presidente de la Comisión. El Embajador John S. Donaldson, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago fue elegido Primer Vicepresidente y Carlos Ayala Corao, venezolano, Profesor de Derechos Internacional de las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, fue elegido Segundo Vicepresidente.
El Secretario General de la OEA, en consulta con los miembros de la Comisión, nombró como nuevo Secretario Ejecutivo de ésta al Embajador Jorge E. Taiana, distinguido diplomático argentino, en reemplazo de la Embajadora Edith Márquez Rodríguez.
Durante esta sesión, la Representante Permanente de Honduras, Embajadora Marlene Villela de Talbott informó que el 7 de febrero de 1996 el señor Presidente de la República Dr. Carlos Roberto Reina, dando cabal cumplimiento a las obligaciones del Estado de Honduras derivadas de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, hizo entrega del complemento pendiente de las indemnizaciones. Cabe señalar que el doctor Reina fue uno de los primeros jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el cumplimiento por parte de su Gobierno de las primeras sentencias dictadas por la Corte por las cuales se responsabilizó a un Estado por violación de los derechos humanos, constituye un paso histórico para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
La Comisión rindió homenaje al brillante jurista venezolano doctor Andrés Aguilar, quien falleció recientemente y era miembro de la Corte Internacional de Justicia. El doctor Aguilar fue Presidente de la Comisión y miembro de ésta entre 1972 y 1985. La Comisión decidió publicar un libro con el objeto de honrar las contribuciones del doctor Aguilar en el campo de los derechos humanos.
Durante esta sesión, la Comisión celebró 40 audiencias con la participación de representantes de gobiernos, individuos y organizaciones de defensa de los derechos humanos, quienes expresaron sus puntos de vista acerca de la situación de los derechos humanos en el hemisferio, y argumentaron en favor de los casos planteados por ellos ante la Comisión.
La Comisión aprobó su informe anual, a ser presentado a la Asamblea General de la OEA que habría de celebrarse en junio en Panamá. Decidió incluir un informe sobre las condiciones existentes en los centros de detención y penitenciarías de varios países del continente. Con tal objeto, la Comisión aceptó la invitación cursada por el Gobierno de Venezuela para llevar a cabo una visita a fin de inspeccionar centros de detención de ese país y aceptó una invitación similar para visitar penitenciarías de los Estados Unidos.
Tras el depósito el 28 de febrero de 1996, de los respectivos instrumentos de ratificación por parte de Argentina y Panamá, el 28 de febrero de 1996 a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ésta entró en vigor el 28 de marzo de 1996.
La Comisión decidió convocar a una reunión de especialistas a fin de comparar las experiencias de otros sistemas de protección de los derechos humanos con las del sistema interamericano, con el objeto de definir los aspectos en los que éste puede mejorarse, en particular en lo que atañe al trámite de los casos individuales, las visitas in loco, su sistema de relatores sobre temas específicos y las actividades de promoción. Se resolvió llevar a cabo esta reunión a fin de año en Washington, D.C.
La Comisión se reunió con el señor Francis Deng, Representante Permanente Especial del Secretario General de la ONU encargado de la situación de las personas desplazadas en el ámbito interno de sus países. La Comisión, ante la grave situación de las personas desplazadas en varios países del continente, nombró al profesor Goldman como relator para este tema. La Comisión, asimismo, nombró al embajador John S. Donaldson y al doctor Jean Joseph Exumé como relatores de un estudio sobre "Condiciones de detención en las Américas", y al Embajador Alvaro Tirado Mejía como Relator del tema sobre trabajadores migratorios. En lo concerniente a los pueblos indígenas, la Comisión nombró al Profesor Carlos Ayala y al Embajador John S.
Donaldson, relatores para este tema, y dispuso que el profesor Claudio Grossman siga siendo el relator del tema de los derechos de la mujer.
b. 921 Período Extraordinario de Sesiones
Todos los miembros de la Comisión asistieron a la 921 Período Extraordinario de Sesiones y dieron la bienvenida al nuevo Secretario Ejecutivo, embajador Jorge E. Taiana, distinguido diplomático argentino. Durante esta sesión, la Comisión envió una nota al Presidente del Paraguay expresando su satisfacción ante el hecho de que la reciente crisis suscitada en el Paraguay, que estuvo a punto de desestabilizar al Gobierno democrático, hubiera sido resuelta pacíficamente, señalando que esto había constituido un paso trascendental en el proceso de consolidación de la democracia en ese país.
La Comisión también remitió una nota al Secretario General de la Organización manifestando su solidaridad ante el secuestro de su hermano y condenando ese acto criminal. Asimismo, le ofreció la asistencia que se considerase apropiada.
La Comisión se reunió con el Secretario General para tratar la reunión de especialistas sobre el futuro del sistema regional de protección y promoción de los derechos humanos y fijó la realización de este seminario para los días 2 al 4 de diciembre de 1996.
La Comisión también se reunió con la Representante Permanente de México ante la OEA, embajadora Carmen Moreno de Del Cueto, para intercambiar opiniones sobre los preparativos para la visita de la Comisión a ese país, programada para el mes de julio.
Durante esta sesión, la Comisión decidió intensificar el proceso de consultas en torno al proyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y decidió, asimismo, enviar a todos los Estados miembros un cuestionario relativo a la situación de la mujer en las Américas. La Comisión también resolvió iniciar la consideración del problema de los trabajadores migrantes en el hemisferio, con el propósito de preparar un informe.
c. 931 Período Ordinario de Sesiones
Todos los miembros de la Comisión asistieron al 931 Período Ordinario de Sesiones. La Comisión celebró 63 audiencias y consideró 38 informes sobre casos individuales, así como varias solicitudes de medidas precautorias, respondiendo de esta manera a las necesidades crecientes del sistema de protección de los derechos humanos.
La Comisión observó complacida, en el curso de estas audiencias, los resultados positivos de la nueva tendencia a buscar la solución amistosa de los casos. En este sentido, la Comisión elogió la actitud positiva de los Gobiernos de Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay.
Durante esta sesión, la Comisión analizó los progresos logrados en las consultas en torno al proyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se realizaron reuniones en Canadá, Estados Unidos y México y se acordó celebrar nuevas reuniones para continuar las consultas. La Comisión también analizó los progresos logrados en relación con su informe sobre los casos de discriminación contra la mujer, que ha de basarse en la información suministrada en respuesta a su cuestionario.
Con respecto al estudio que la Comisión está preparando sobre las condiciones de detención en las Américas, se consideró la información obtenida durante la visita a Venezuela y se aceptó una invitación del Gobierno de los Estados Unidos para visitar a los "Marielitos" alojados en las prisiones de Louisiana, en diciembre de 1996.
Durante esta sesión, la Comisión rindió homenaje a Fernando Volio Jiménez, distinguido jurista costarricense que falleció el 21 de mayo de 1996, y que fue miembro de la CIDH por espacio de tres años.
La Comisión también decidió empezar a compilar información para su estudio sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus familias en el hemisferio.
Durante esta sesión, la Comisión se reunió con los doctores Kisanga, Umozurike y Dankwa, miembros de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con quienes tuvo oportunidad de intercambiar opiniones acerca de la experiencia de ambos órganos.
La Comisión inició el análisis de la información obtenida durante sus visitas a México y Brasil.
En relación con el proceso de reforma constitucional en El Salvador, encaminado a extender la aplicación de la pena de muerte a los culpables de ciertos delitos a los que antes no se aplicaba, la Comisión decidió enviar una nota al Gobierno, expresando su preocupación al respecto, señalando que de aprobarse esta ampliación, El Salvador estaría infringiendo sus obligaciones internacionales estipuladas en la Convención Americana. Finalmente, la Comisión aprobó el informe sobre el Ecuador, que se enviaría al Gobierno de ese país.
d. 941 Período Extraordinario de Sesiones
Durante esta sesión, la Comisión aprobó los informes relativos a varios casos pendientes, decidió acerca del posible envío de ciertos casos a la Corte y decidió que otros debían archivarse.
2. VIGÉSIMO SEXTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
La Comisión asistió al vigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General que tuvo lugar en la Ciudad de Panamá. La representación del órgano estuvo integrada por el Presidente, decano Claudio Grossman, el Primer Vicepresidente, embajador John S. Donaldson, y el Segundo Vicepresidente, profesor Carlos Ayala Corao, asistidos por el Secretario Ejecutivo, embajadora Jorge E. Taiana y los dos secretarios ejecutivos adjuntos, doctor Domingo Acevedo y doctor David Padilla.
La Asamblea adoptó numerosas resoluciones, entre ellas la AG/RES. 1390 (XXVI‑0/96), propuesta por el Gobierno de Nicaragua y titulada "Reiteración de la solicitud de comentarios y observaciones a la propuesta de enmienda al Artículo 34 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", conforme a la cual el número de miembros de la Comisión aumentaría de siete a once. Con respecto al informe anual de la CIDH, la Asamblea adoptó la siguiente resolución:
celebrada el 7 de junio de 1996)
VISTO el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CP/doc.2731/96) y la presentación que hizo del mismo el Presidente de la Comisión, así como las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (AG/doc.3336/96 rev.1); y
Que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos han proclamado en su Carta constitutiva, como uno de sus principios el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo;
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile en 1959, tiene como función principal, de acuerdo con la Carta de la OEA, promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia;
Que se debe garantizar a la mujer el ejercicio, en términos de igualdad, de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en condiciones de vida libres de discriminación y de violencia;
Que la protección internacional de los derechos humanos reviste naturaleza coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados miembros y tiene como fundamento los atributos de la persona humana;
Que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la mejor garantía para la plena vigencia de los derechos humanos; y
Que existe una creciente y saludable tendencia en los Estados miembros de incorporar en sus ordenamientos jurídicos internos los preceptos de los tratados internacionales de derechos humanos, en especial los de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
1. Tomar nota del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CP/doc.2731/96).
2. Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que continúe promoviendo la observancia y defensa de los derechos humanos, tal como éstos han sido reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Reconocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el trabajo realizado para proteger y promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el Hemisferio y exhortar a los Estados miembros a que continúen prestando su colaboración y apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la doten de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus deberes.
4. Exhortar a los gobiernos de los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos, incorporen la enseñanza de los derechos humanos en sus diferentes niveles educativos, recomendando su más amplia difusión.
5. Recibir las observaciones y recomendaciones que presentó el Consejo Permanente para consideración de la Asamblea General y transmitirlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la presente resolución.
6. Tomar nota de los comentarios y observaciones formulados por los gobiernos de los Estados miembros sobre el informe anual y las medidas que aquellos están adoptando para fortalecer la promoción, observancia y defensa de los derechos humanos.
7. Tomar nota de los progresos alcanzados en la efectiva observancia de los derechos humanos en la región, en especial de las medidas que están adoptando los Estados miembros para fortalecer la promoción, observancia y defensa de los derechos humanos en sus respectivos países, y expresar a la vez su preocupación por la subsistencia de situaciones que afectan la plena vigencia de los derechos humanos.
8. Exhortar a los Estados miembros que aún no lo hubieren hecho a que firmen, ratifiquen o adhieran, según el caso, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", y a los demás instrumentos interamericanos de promoción y protección de los derechos humanos.
9. Recomendar a los Estados miembros que consideren la posibilidad de aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme al artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
10. Instar a los Estados miembros a que den especial impulso, a través de sus legislaciones, a la tarea de eliminar toda clase de discriminación contra la mujer, como forma de protección de sus derechos humanos.
11. Instar a los Estados miembros a que garanticen y den especial vigilancia a la protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, los menores en condiciones de riesgo, los refugiados, las personas con discapacidad, los trabajadores migrantes y sus familias, los detenidos y prisioneros, las poblaciones minoradas o minoritarias y las víctimas de discriminación racial, e instarlos a crear condiciones que promuevan la armonía y tolerancia entre ellos y todos los sectores de la sociedad y exhortar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que siga prestando especial atención a estos temas.
12. Reiterar las recomendaciones efectuadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución AG/RES.1112 (XXI‑0/91) para que siga incluyendo en su informe anual las actividades que realiza en materia de promoción y difusión de los derechos humanos en los Estados miembros.
13. Encomendar al Consejo Permanente que realice una evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos con miras a iniciar un proceso que permita su perfeccionamiento, incluida la posibilidad de reformar los instrumentos jurídicos correspondientes y los métodos y procedimientos de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual solicitará la colaboración de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que informe a la Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones.
14. Exhortar a los Estados miembros a que continúen cooperando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la realización de visitas in loco, en atención a su importancia para la protección y promoción de los derechos humanos, y expresar su satisfacción con aquellos Estados que han invitado a la Comisión.
16. Recomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe considerando con carácter prioritario el tema de la adopción de las medidas necesarias para remediar las condiciones de los detenidos en espera de juicio y de la sobrepoblación de las cárceles y que informe al respecto al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
17. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe informando sobre las acciones realizadas en torno a las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente transmitidas por la Asamblea General.
18. Exhortar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que siga otorgando especial importancia al diálogo con los Estados miembros en relación con los progresos alcanzados y las dificultades que han existido para la observancia de los derechos humanos.
19. Condenar enérgicamente todas las formas de racismo, discriminación racial o religiosa, xenofobia e intolerancia, e instar a los Estados miembros a que adopten medidas eficaces para promover la tolerancia y eliminar toda conducta racista y discriminatoria.
20. Recomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que incluya en su próximo informe anual una evaluación sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus familias en el Hemisferio.
21. Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que establezca un diálogo con los gobiernos de los Estados miembros, así como con organizaciones y comunidades indígenas, el Instituto Indigenista Interamericano y juristas especializados, con el fin de que el proyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refleje las preocupaciones de esos sectores así como la labor de las Naciones Unidas en torno a este tema.
a. Visita a México
Desde el 15 al 24 de julio de 1996, por invitación del Gobierno de México, la Comisión visitó ese país a fin de observar la situación de los derechos humanos en México. Esta fue la primera visita de la Comisión a México en toda su historia.
Los siete miembros de la Comisión participaron en esta misión, a saber: decano Claudio Grossman (Presidente), embajador John S. Donaldson (Primer Vicepresidente), Profesor Carlos Ayala Corao (Segundo Vicepresidente), doctor Oscar Luján Fappiano, embajador Alvaro Tirado Mejía, doctor Jean Joseph Exumé y profesor Robert Goldman. También participaron en la misión el embajador Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo, los dos secretarios ejecutivos adjuntos, doctores Domingo Acevedo y David Padilla, el doctor Osvaldo Kreimer y el doctor Ibrahim García, abogado de la Comisión a cargo de los asuntos de México. La asistencia administrativa estuvo a cargo de las señoras Rosario McIntyre, Martha Keller y Tania Hernández.
La Comisión se reunió, entre otras autoridades, con el Presidente de México, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, y con otros altos funcionarios del Gobierno mexicano así como con representantes del Congreso de la Unión y miembros del Poder Judicial. Viajó a Chiapas, Guerrero y Baja California, y también asistió a un seminario sobre "Migración y derechos humanos" en el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana.
Gracias a la información obtenida y al examen general que hizo la Comisión de la situación de los derechos humanos en México, fue posible realizar una evaluación global.
b. Proyecto sobre prisiones - Visita a los Estados Unidos
El 26 de abril de 1996, por invitación del Gobierno de los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la penitenciaría federal sita en Allenwood, Pennsylvania, a fin de evaluar las condiciones de detención en ese establecimiento.
La delegación especial de la CIDH se integró con el embajador John S. Donaldson, Primer Vicepresidente y con los miembros embajador Alvaro Tirado Mejía y doctor Jean Joseph Exumé. Completaron la delegación el doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, la doctora Relinda Eddie, abogada de la Comisión a cargo de los asuntos de los Estados Unidos, los funcionarios de la Secretaría señor Henry Mac-Donald y señora Tania Hernández, y los intérpretes, señor Michel Valeur y señora Miriam Deutsch.
La Comisión recibió información de los reclusos acerca de las condiciones generales de detención, la disponibilidad de instalaciones y servicios médicos, los alojamientos, las oportunidades educacionales ofrecidas en la institución, los programas recreativos y vocacionales, los arreglos para la revisión anual de la detención para los reclusos después de dictada sentencia, la disponibilidad de asistencia legal, las dificultades para los familiares residentes en lugares distantes para viajar y visitar a los reclusos, y los métodos de disciplina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también visitó, por invitación del Gobierno de los Estados Unidos, a otros "Marielitos" (prisioneros cubanos) recluidos en varios establecimientos penales de Louisiana. El grupo de trabajo sobre prisiones y condiciones en las prisiones en las Américas visitó las prisiones de Avoyelles Parish, en Marksville, y Orleans Parish, en Nueva Orleans, ambas en el Estado de Louisiana, del 9 al 12 de diciembre de 1996.
El grupo de trabajo estuvo integrado por el embajador John S. Donaldson, Primer Vicepresidente de la Comisión y los miembros de ésta embajador Alvaro Tirado Mejía y doctor Jean Joseph Exumé. Los miembros contaron con la asistencia del doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, la doctora Relinda Eddie, abogada de la Comisión a cargo de los asuntos de los Estados Unidos y la doctora Bertha Santoscoy. La asistencia administrativa estuvo a cargo de la señora Tania Hernández.
Los aspectos tratados fueron los mismos que se consideró con los "Marielitos" visitados antes en las instalaciones de Allenwood, Pennsylvania.
La Comisión preparará un informe completo sobre sus visitas a Lompoc, California; Leavenworth, Texas; y Allenwood, Pennsylvania.
c. Proyecto sobre prisiones - Visita a Venezuela
Desde el 13 al 17 de mayo de 1996, por invitación del Gobierno de Venezuela, la Comisión visitó ese país a fin de observar la situación existente en las prisiones.
El grupo de trabajo sobre prisiones y condiciones en las prisiones está compuesto por el Primer Vicepresidente, embajador John S. Donaldson, y el doctor Jean Joseph Exumé. También participaron en la misión el doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, el doctor Milton Castillo, abogado de la Comisión a cargo de los asuntos de Venezuela, la doctora Bertha Santoscoy y la doctora Relinda Eddie. La asistencia administrativa estuvo a cargo de la señora Tania Hernández y la señora Blanca Cáceres.
Esta fue la primera visita de la Comisión a Venezuela en toda su historia. El grupo de trabajo se reunió con autoridades del Gobierno, representantes del Congreso y del Poder Judicial, representantes de organizaciones no gubernamentales y especialistas en el sistema de prisiones, así como con prisioneros y familiares de éstos.
Los integrantes de la misión se dividieron en dos grupos. El primero visitó el Retén e Internado Judicial de Catia (Caracas), el Internado Judicial Capital "El Rodeo" (Estado de Miranda), el Centro de Atención Inmediata a los Menores "Carolina Uslar" (Caracas) y la Penitenciaría de Carabobo (Estado de Carabobo). El segundo grupo visitó la Prisión Nacional de Maracaibo "Sabaneta" (Estado de Zulia).
El grupo de trabajo se reunió con el Presidente de Venezuela, doctor Rafael Caldera, el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Miguel Angel Burelli, el Ministro Secretario de la Presidencia, doctor Asdrúbal Aguiar, el Ministro de Justicia, doctor Henrique Meier y con la Presidenta de la Suprema Corte, doctora Cecilia Sosa, entre otros.
El intenso trabajo de observación que llevó a cabo el grupo durante esta visita y los numerosos contactos que estableció en su transcurso, le permitieron obtener una visión global de la situación, que es compleja y delicada. El grupo de trabajo usará la valiosa información que pudo reunir durante su visita para el informe que ha de preparar acerca de las prisiones y las condiciones de las prisiones en el hemisferio.
d. Misión especial a la República Dominicana
Del 14 al 17 de marzo de 1996 una delegación especial de la Comisión, integrada por el Decano Claudio Grossman, Presidente de la CIDH y la doctora Bertha Santoscoy, abogada a cargo de los asuntos de la República Dominicana, se trasladó a ese país con el objeto de investigar el caso 10.832, del señor Luis Lizardo Cabrera.
En el transcurso de esa visita la delegación de la Comisión se entrevistó con el Ministro y Viceministro de Relaciones Exteriores, con representantes del poder judicial, así como con miembros de la Policía y del Sistema Penitenciario de la República Dominicana.
Además, la delegación de la Comisión se trasladó a la prisión "Najayo" y se entrevistó en privado con el señor Luis Lizardo Cabrera. Posteriormente dialogó con la esposa del señor Cabrera y con sus representantes.
e. Misión especial a la República Argentina
Del 2 al 8 de julio de 1996, se trasladó a la República Argentina una misión de la CIDH conformada por el Profesor Robert K. Goldman y el abogado Mario López Garelli, con el objeto, entre otros, de impulsar y consolidar el proceso de solución amistosa en el caso N1 11.217 (Paulo C. Guardatti), así como en el caso Garrido y Baigorria, que se tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las actividades realizadas por esta misión incluyeron reunieron con autoridades del Gobierno Federal, del Gobierno de la provincia de Mendoza, y con representantes de las víctimas en esos casos, lo que incluyó un viaje a la provincia antes mencionada.
La misión celebró asimismo varias reuniones de trabajo con representantes de las víctimas de otros casos en trámite en la Comisión, con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y otras autoridades nacionales vinculadas a la CIDH.
f. Misión especial a Guatemala
El doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CIDH, realizó un viaje especial a Guatemala, donde permaneció desde el 28 de diciembre de 1996 hasta el 11 de enero de 1997, para representar a la Comisión en la celebración del logro de los Acuerdos Guatemaltecos de Paz en Ciudad de Guatemala.
4. MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ACORDADAS Y VIGENTES EN 1996
La Comisión ha decidido incluir en el presente capítulo un informe especial sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comisión a los Estados miembros de la Organización, por iniciativa propia o a petición de parte, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 de su Reglamento, en los casos que era necesario evitar daños irreparables a las personas cuyas vidas e integridad personal se hallaban gravemente amenazadas. [1]/
Se incluyen también, las medidas provisionales acordadas por la Corte a solicitud de la Comisión en situaciones de extrema gravedad y urgencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Convención Americana. [2]/
Las medidas cautelares se presentan en el mismo orden en el que fueron admitidas a trámite por la Comisión; nombre de la persona o personas en cuyo favor se solicitaron; resumen de los hechos que configuraron el reclamo; derechos de las personas expuestas a grave e inminente peligro; número del caso, si lo hay; fecha en que la Comisión solicitó las indicadas medidas, y nombre del Estado al que fueron requeridas. Las Medidas Provisionales se consignan también en el mismo orden de su presentación e incluyen nombre de la persona o personas en cuyo favor se solicitan; resumen de los hechos y de los derechos expuestos a peligro grave e inminente; día en que la Comisión decidió someter la situación a la consideración de la Corte; nombre del Estado donde ocurren los hechos, y fecha en que la Corte adoptó decisión al respecto.
Con fecha 24 de enero de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de México la adopción de medidas cautelares a fin de garantizar la vida e integridad personal de la Sra. Virginia Galeana García, testigo presencial del caso N1 11.520 de Aguas Blancas, quien se hallaba grave e inminentemente amenaza de muerte. La solicitud de dichas medidas fue extensiva en favor de los demás testigos presenciales del indicado caso y de sus familiares. El 7 de febrero de 1996, el Estado de México envió respuesta sobre la mencionada solicitud.
b. Medidas Provisionales acordadas o extendidas por la Corte en 1996
Con fecha 2 de febrero de 1996, se requirió a la Comisión solicitar medidas provisionales ante la Corte Interamericana en favor del señor Arnoldo Alemán Lacayo, entonces candidato a la Presidencia de la República de Nicaragua por la Alianza Liberal, quien había sido víctima de un atentado contra su vida el día 25 de enero de 1996, del que salió felizmente ileso, pero en el que perdió la vida uno de sus escoltas, quedando otros gravemente heridos. El mismo 2 de febrero, la Comisión solicitó a la Corte las indicadas medidas y asimismo el 2 de febrero fueron otorgadas por la Corte amparando la solicitud de la Comisión. Estas medidas fueron levantadas el día 10 de enero de 1997, al tomar posesión del Cargo de Presidente de la República de Nicaragua el señor Arnoldo Alemán Lacayo.
Durante el año 1996, la Comisión solicitó que la Corte dictara o prorrogara medidas provisionales para proteger la vida e integridad física de varias personas en relación con cuatro casos sobre Guatemala. (Vease la sección 5, siguiente). Tales medidas fueron solicitadas el 12 de abril de 1996 para proteger a varios testigos y otras personas involucradas en el seguimiento de los procedimientos legales sobre el asesinato de los pastores Serech y Saquic (Caso 11.570), las cuales se hallaban amenazadas gravemente. Por resolución del 28 de junio de 1996, la Corte ratificó las medidas provisionales dictadas por su Presidente el 24 de abril de 1996, en favor de Blanca Margarita Valiente de Similox, Vitalino Similox Salazar, Sotero Similox, María Francisca Ventura Sican, Lucio Martínez, Maximiliano Solís, Bartolo Solís, Julio Solís Hernández, María Magdalena Sunún González, Héctor Solís, José Solís, Gregoria Gómez, Juan García, Eliseo Calel y Víctor Tuctuc.
Con fecha 22 de noviembre de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de su Reglamento, la adopción de medidas cautelares en favor de Alirio Félix, Josué Giraldo, Teresa Mosquera, Islena Rey Rodríguez, Hna. Nohemy Palencia, Monseñor Alfonso Cabezas y Gonzalo Zárate, miembros del Comité Cívico del Departamento del Meta, entidad que venía siendo objeto de constantes amenazas y ataques en contra de sus miembros, particularmente en contra de las personas antes citadas.
Dicha solicitud fue reiterada el 13 de octubre de 1996. Habiendo ocurrido el 29 de octubre de 1996 el asesinato del señor Josué Giraldo y considerando que las medidas adoptadas habían resultado insuficientes, la Comisión solicitó a la Corte, al amparo de lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Convención, la adopción de medidas provisionales en favor de las indicadas personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de resolución del 28 de octubre de 1996, decidió requerir al Estado de Colombia que adoptara dichas medidas.
El 16 de abril de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado del Perú, de conformidad con lo que prevé el artículo 29 de su Reglamento, la adopción de medidas cautelares a fin de que se deje sin efecto el agravamiento injustificado de las condiciones de detención de la señora María Elena Loayza Tamayo, en virtud de que dicho agravamiento es violatorio de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por las Naciones Unidas. Al no rectificarse la medida adoptada por el Estado de Perú, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana la adopción de medidas provisionales. La Corte, mediante Resolución de 13 de septiembre de 1996, requirió al Estado del Perú inter alia, que modifique la situación en que se encuentra encarcelada la señora María Elena Loayza Tamayo, con el propósito de que esa situación se adecúe a lo previsto en el artículo 5 de la Convención Americana.
5. ACTIVIDADES DE LA CIDH EN RELACIÓN CON LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
El 29 de mayo de 1995 la Comisión presentó a la Corte el caso 11.009, relativo a la desaparición de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, que fueron detenidos por la policía en la provincia de Mendoza, en 1990. El Gobierno argentino aceptó los hechos denunciados y las consecuencias legales de ellos derivadas.
El 11 de febrero de 1996 la Corte celebró una audiencia pública para tratar el caso. El Embajador John S. Donaldson actuó en esa ocasión como delegado de la Comisión, con la asistencia del Secretario Ejecutivo Adjunto, doctor Domingo Acevedo. En su sentencia del 2 de febrero de 1996 la Corte, al tomar nota de la aceptación por parte de la Argentina de los hechos articulados en la solicitud y su aceptación de las responsabilidades derivadas de ellos, dispuso por unanimidad otorgar a las partes un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de la sentencia, para llegar a un acuerdo sobre reparaciones. La Corte se reservó la facultad de examinar y aprobar dicho acuerdo y, en caso de que no se llegara a alguno, continuar sus procedimientos en relación con las reparaciones.
La Comisión se puso a disposición de las partes interesadas con objeto de llegar a una solución amistosa del caso 11.009. Las partes convinieron en crear una comisión investigadora ad hoc compuesta por cinco abogados, a saber: dos escogidos por la Provincia de Mendoza, dos escogidos por los peticionarios y uno seleccionado por el Gobierno de la Argentina. La comisión investigadora llegó a la conclusión de que las víctimas habían sido secuestradas y torturadas por la policía, tal como se manifestó en la denuncia. Las partes también acordaron el establecimiento de un tribunal integrado por jueces seleccionados por el Consejo de Magistrados de Mendoza, que emitió un dictamen en relación con las reparaciones. En una carta dirigida a la Corte, la Comisión expresó su acuerdo con los términos de la solución. Sin embargo, debido a que todavía no se ha dado cumplimiento a las recomendaciones del comité investigador ad hoc, la Comisión indicó a la Corte que no consideraría la solución completa mientras ello no tenga lugar e instó al Gobierno de Argentina a publicar y diseminar el informe del Comité.
En su próximo período de sesiones (enero‑febrero de 1997) la Corte considerará si el acuerdo de las partes es suficiente o si debe continuar actuando en el caso, en lo que atañe a las reparaciones.
En su XX sesión especial, el 7 de septiembre de 1996, la Corte escuchó los argumentos orales de la Comisión y del Gobierno de Colombia acerca de las reparaciones en el Caso Caballero Delgado y Santana. El profesor Robert Goldman actuó en esa ocasión como delegado de la Comisión, con la asistencia del doctor Manuel Velasco Clark, abogado de la Comisión encargado de los asuntos de Colombia. El 8 de diciembre de 1995 la Corte dictaminó que el Gobierno de Colombia debía pagar a las familias de las víctimas una indemnización justa, cuyo monto sería fijado por la Corte. Ésta anunció que dará a conocer su pronunciamiento en la materia el 31 de enero de 1997.
a. El 22 de diciembre de 1995 la Comisión sometió a la Corte el caso Suárez Rosero. La demanda se refiere a los sucesos acaecidos el 23 de junio de 1992, cuando agentes del Estado del Ecuador arrestaron, según se alegó, en forma ilegal y arbitraria, al señor Rafael Iván Suárez Romero, a quien mantuvieron incomunicado por espacio de 36 días. La demanda también señala que el señor Suárez Rosero permaneció en detención preventiva por un período de tiempo no razonable, que el Estado no proveyó recursos judiciales efectivos y que violó las garantías judiciales a que tiene derecho el solicitante. El Gobierno no presentó objeciones preliminares en este caso y la Corte ha fijado una audiencia sobre los méritos para el 19 de abril de 1997.
b. El 20 de marzo de 1996, la Comisión sometió a la Corte el caso Benavides. La demanda se refiere a los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 1985, cuando agentes del Estado del Ecuador arrestaron, según se alegó, en forma ilegal y arbitraria, a la señora Consuelo Benavides, a quien mantuvieron incomunicada por espacio de una semana, aproximadamente, torturaron y, finalmente, dieron muerte. La solicitud afirma, asimismo, que el Estado del Ecuador negó a la señora Benavides acceso al amparo judicial y denegó a sus familiares recursos judiciales eficaces. En este caso también, el Gobierno del Ecuador no presentó objeciones preliminares. La Corte aún no ha fijado fecha para una audiencia sobre los méritos.
El delegado de la Comisión en el caso Suárez Rosero es el doctor Oscar Luján Fappiano, con la asistencia de la doctora Elizabeth Abi-Mershed. Los delegados de la Comisión en el caso Benavides son el profesor Robert Goldman y el doctor Oscar Luján Fappiano, con la asistencia de la doctora Elizabeth Abi-Mershed.
a. En el Caso Paniagua Morales y otros la Corte, en su sentencia del 25 de enero de 1996, rechazó las objeciones preliminares interpuestas por el Gobierno de Guatemala (reputando extemporánea y legalmente inválida la solicitud de la Comisión). Los delegados de la Comisión en este caso son el decano Grossman y el embajador Jean Joseph Exumé, con la asistencia de la doctora Elizabeth Abi-Mershed.
b. En el caso Blake la Corte celebró una audiencia pública el 28 de enero de 1996 para considerar las objeciones preliminares. La Comisión fue representada por su Presidente, el decano Grossman, con la asistencia del Secretario Ejecutivo Adjunto, doctor Domingo Acevedo. La solicitud se refiere a los hechos ocurridos el 28 de marzo de 1985 cuando agentes del Estado de Guatemala secuestraron, según se alegó, en forma ilegal y arbitraria, al señor Nicholas Chapman Blake y al señor Grifitth Davis, cuya desaparición forzosa consumaron posteriormente. La solicitud sostiene que Guatemala no proveyó recursos judiciales eficaces y obstruyó continuamente la aplicación de justicia con objeto de ocultar la desaparición del señor Blake.
En su sentencia del 2 de julio de 1996, la Corte consideró que la objeción preliminar por falta de competencia de la Corte, interpuesta por el Estado de Guatemala, se encuentra bien fundada en parte y se declaró carente de jurisdicción para pronunciarse sobre la responsabilidad imputada a Guatemala en cuanto a la detención y la muerte del señor Blake, porque los hechos ocurrieron antes de que Guatemala aceptara la jurisdicción obligatoria de la Corte. No obstante, también decidió continuar ocupándose del caso con respecto a los hechos acaecidos después de esa fecha (1987).
a. Durante su XXXIII Período Ordinario de Sesiones la Corte consideró los informes de la Comisión y del Gobierno de Guatemala acerca de las medidas provisionales dictadas en los casos Colotenango y Carpio Nicolle, ambos pendientes ante la Comisión. Mediante resolución del 10 de septiembre de 1996, la Corte decidió extender las medidas provisionales por otros seis meses, en ambos casos. El delegado de la Comisión para los dos casos es el decano Claudio Grossman, asistido por la doctora Elizabeth Abi-Mershed, el abogado encargado de Guatemala.
b. Mediante resolución del 27 de junio de 1996, la Corte ratificó las medidas provisionales dictadas por el Presidente de la Corte en el caso Vogt. El padre Daniel Joseph Vogt es un sacerdote católico que ha sido blanco de numerosas amenazas de muerte y atentados contra su vida. En la audiencia sobre las medidas provisionales la Comisión fue representada por el doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, con la asistencia de la doctora Denise Gilman.
c. Mediante resolución del 28 de junio de 1996, la Corte ratificó las medidas provisionales dictadas por el Presidente de la Corte en el caso Serech y Saquic. Los solicitantes son familiares de las personas que han participado activamente en la investigación del asesinato de los pastores kakchiqueles Pascual Serech y Manuel Saquic Vásquez, que habían sido blanco de las amenazas y los ataques de patrullas civiles y antiguos comisionados militares en la zona. En la audiencia sobre las medidas provisionales la Comisión fue representada por el doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, con la asistencia de la doctora Denise Gilman.
Casos en etapa inicial
El 30 de agosto de 1996 la Comisión sometió a consideración de la Corte el caso Bámaca, para cuyo trámite los delegados de la Comisión son el decano Claudio Grossman y el doctor Carlos Ayala, asistidos por la doctora Denise Gilman. La solicitud se refiere a los sucesos ocurridos el 12 de marzo de 1992, cuando miembros de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, según se denunció, capturaron al señor Efraín Bámaca Velásquez después de un enfrentamiento armado y lo llevaron vivo a instalaciones de las Fuerzas Armadas en las que fue torturado y, finalmente, asesinado. La Comisión solicita que la Corte declare que Guatemala violó la Convención Americana para Prevenir y Castigar la Tortura, que debe investigarse los hechos y sancionarse a los responsables, informar a los familiares más próximos del señor Bámaca acerca del paradero de sus restos y devolverlos, reformarse el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Guatemala y pagar una indemnización justa a los familiares de las víctimas, así como el costo del procedimiento.
Conforme a su sentencia del 27 de enero de 1995, la Corte declaró que posee jurisdicción para entender en el caso Genie Lacayo salvo en lo atinente a la compatibilidad de los decretos 591 y 600 de Nicaragua con la Convención. La Corte también desestimó todas las objeciones preliminares, salvo la de no agotamiento de los recursos del fuero interno que se resolverá con los méritos del caso. Consideró que las objeciones del Gobierno concernientes al carácter obligatorio de las recomendaciones de la Comisión no constituyen objeciones preliminares, sino más bien cuestiones sobre los méritos. La Corte resolvió seguir entendiendo en el caso.
Durante su 20a. sesión ordinaria, la Comisión presentó el testimonio de testigos en el caso. La audiencia pública tuvo lugar el 5 de septiembre de 1996 y por no hallarse presentes todos los testigos, la Corte debe decidir si requiere el testimonio de los ausentes o procede directamente a dictar sentencia. Los delegados de la Comisión son los embajadores Alvaro Tirado Mejía y Carlos Ayala Corao, con la asistencia del Secretario Ejecutivo Adjunto, doctor Domingo Acevedo y del doctor Milton Castillo, abogado de la Comisión encargado de los asuntos de Nicaragua.
El 27 de enero de 1996 la Corte escuchó los alegatos orales en la fase de reparaciones del caso Neira Alegría. Actúa como delegado de la Comisión en este caso el doctor Oscar Luján Fappiano, asistido por el Secretario Ejecutivo Adjunto, doctor Domingo Acevedo.
Mediante sentencia del 19 de septiembre de 1996, la Corte estableció que el monto aproximado de la indemnización total que ha de pagar el Estado peruano a los familiares asciende a US$154.000. La Corte ordenó al Estado la creación de fondos fiduciarios, la continuación de la investigación sobre los hechos y la aplicación de sanciones a los responsables. Decidió, asimismo, supervisar el cumplimiento de la orden sobre reparaciones y no accedió a fijar las costas y costos que solicitó la Comisión.
a. En su pronunciamiento del 30 de enero de 1996 la Corte decidió, por unanimidad, rechazar las excepciones preliminares interpuestas por el Gobierno del Perú en el caso Castillo Páez (por no agotamiento de los recursos del fuero interno e inadmisibilidad de la solicitud) y continuar entendiendo en los méritos del caso. No se programó la realización de audiencias a este respecto durante 1996. Los delegados de la Comisión son el doctor Carlos Ayala Corao y el embajador Alvaro Tirado Mejía, asistidos por el Secretario Ejecutivo Adjunto, doctor Domingo Acevedo.
b. En su sentencia de 31 de enero de 1996 sobre el caso Loayza Tamayo, la Corte decidió rechazar las excepciones preliminares interpuestas por el Gobierno del Perú (por no agotamiento de los recursos internos) y continuar entendiendo en el fondo de la cuestión planteada en el caso. Este caso fue sometido a la Corte el 12 de enero de 1995 por privación arbitraria de la libertad, tortura, tratamiento cruel, inhumano y degradante, y denegación de protección judicial y debido proceso. Actúa como delegado de la Comisión en este caso el doctor Oscar Luján Fappiano, asistido por el Secretario Ejecutivo Adjunto, doctor Domingo E. Acevedo.
a. El 8 de agosto de 1996 se sometió a la Corte el caso Cantoral Benavides. Conforme a la solicitud inicial, el señor Luis Alberto Cantoral Benavides fue privado ilegalmente de su libertad y sometido a tratamiento cruel, inhumano y degradante. El delegado de la Comisión en este caso es el doctor Carlos Ayala Corao, asistido por el Secretario Ejecutivo Adjunto, doctor Domingo Acevedo.
b. El 8 de agosto de 1996 se sometió a la Corte el caso Durand y Ugarte, que se refiere a los hechos ocurridos los días 14 y 15 de febrero de 1986, cuando según la solicitud, Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera fueron detenidos bajo la sospecha de haber participado en actividades terroristas y fueron alojados en la prisión San Juan Bautista (El Frontón). En junio de 1986 ocurrió un motín en esa penitenciaría y desde entonces se ignora el paradero del señor Durand Ugarte y el señor Ugarte Rivera. No obstante, el 17 de julio de 1987, el Sexto Tribunal Correccional de Lima dictaminó que eran inocentes y ordenó su libertad inmediata. El delegado de la Comisión en este caso es el embajador John S. Donaldson, asistido por el Secretario Ejecutivo Adjunto, doctor Domingo Acevedo.
El 27 de enero de 1996 la Corte celebró una audiencia pública y escuchó los argumentos de la Comisión y del Gobierno de Venezuela con respecto a la etapa de reparaciones en el caso El Amparo. Los delegados de la Comisión en este caso son el doctor Oscar Luján Fappiano y el decano Claudio Grossman, asistidos por el doctor Milton Castillo, abogado de la Comisión encargado de los asuntos de Venezuela.
Mediante sentencia del 14 de septiembre de 1996, la Corte estableció que el monto aproximado de la indemnización total que ha de pagar el Estado venezolano a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes a que se refiere el caso asciende a US$722.000. La Corte ordenó al Estado la creación de fondos fiduciarios, la continuación de la investigación sobre los hechos y la aplicación de sanciones a los responsables. Decidió, asimismo, supervisar el cumplimiento de la orden sobre reparaciones y no adoptó decisión sobre los costos.
6. SEMINARIO SOBRE DERECHOS HUMANOS
Del 2 al 4 de diciembre de 1996 se llevó a cabo un seminario sobre derechos humanos en el que participaron los jueces de la Corte, Representantes de los Estados miembros y otros usuarios del sistema así como autoridades en la materia provenientes de organizaciones no gubernamentales, entidades académicas, jueces, legisladores, y representantes de otras organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Unidad Europea.
El seminario, organizado y patrocinado por la Comisión, se llevó a cabo con el objeto de tratar cuestiones importantes para el futuro del sistema regional, enriqueciendo de esta forma el diálogo entre los interesados, en fortalecer ese sistema.
Alrededor de 170 personas asistieron al seminario de tres días de duración, cuyos paneles trataron estos temas: Panel 1: Estructura del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Evaluación y problemas. Panel 2: Casos individuales - Admisibilidad. Panel 3: Casos individuales ‑ Trámite. Panel 4: Otras áreas de competencia de la Comisión. Panel 5: El derecho interno y el sistema regional. Panel 6: Corte Interamericana - Jurisdicción contenciosa y de asesoramiento. Panel 7: Nuevos problemas. El Secretario General, asimismo, presentó un importante documento titulado "Hacia una nueva visión del sistema interamericano de derechos humanos".
a. La Comisión Interamericana de Mujeres, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos copatrocinaron una conferencia titulada "La mujer, los derechos humanos y el sistema interamericano: Una agenda para la acción", que tuvo lugar el 29 de marzo de 1996. Entre los temas considerados figuraron la violencia contra la mujer, la discriminación, el derecho a la participación política y los pasos que debe darse para atender las prioridades fijadas en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, que tuvo lugar en Pequín en 1995.
b. Asimismo, desde que la Comisión aprobó el proyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en septiembre de 1995, comenzó un proceso de amplias consultas directas con gobiernos y organizaciones indígenas. El proyecto fue presentado por la Comisión en Arequipa, Perú; en Panamá; en el Congreso General Kuna, en Canadá; en reuniones especiales sobre el tema celebradas en Montreal y en Ottawa; en Guatemala (marzo de 1996); en el Simposio sobre Soberanía celebrado en Tulsa, Oklahoma, y en otras partes.
Representantes de más de cien organizaciones indígenas del Canadá y de los Estados Unidos prepararon una propuesta para revisar el documento en Denver, Colorado, en mayo de 1996. Posteriormente, con la cooperación del Fondo Indígena, el Instituto Indigenista Interamericano y la Unidad para la Promoción de la Democracia, se llevaron a cabo consultas nacionales con una amplia representación de organizaciones indígenas en once países de América Central y América del Sur, cuyos resultados se analizaron en dos reuniones regionales de consulta, celebradas en noviembre de 1996 en Guatemala (para América Central, México y el Caribe) y en Quito (para América del Sur). Al término de esta etapa, se analizó el proyecto en el Foro Indígena de las Américas (que tuvo lugar en México, en diciembre de 1996), organizado por el Instituto Indigenista Interamericano. Como resultado de esas respuestas, la Comisión proyecta revisar el proyecto durante su próximo período ordinario de sesiones (febrero de 1997).
c. La Comisión, en un comunicado de prensa difundido el 13 de noviembre de 1996, deploró la situación de sesenta soldados del ejército colombiano que fueron secuestrados y cuyo paradero se desconoce, reclamando su liberación por razones humanitarias. En otro comunicado de prensa, emitido el 18 de diciembre de 1996, la Comisión deploró la toma de centenares de rehenes por un grupo armado del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la embajada de Japón en Lima, y reclamó su liberación.
d. Del 10 al 14 de diciembre de 1996, el doctor Oscar Luján Fappiano con dos funcionarios de la Secretaría Ejecutiva se trasladaron a la ciudad de Lima, en cumplimiento de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para participar en el interrogatorio de siete (7) testigos en un caso que se tramita ante la referida Corte.
e. A mediados de enero del corriente año el Presidente de la Comisión con el abogado encargado de los asuntos de Paraguay se trasladó a la ciudad de Asunción a efectos de participar en la solución amistosa de tres casos en trámite.
f. Los días 30 y 31 de enero se llevó cabo un seminario en la ciudad de Brasilia sobre promoción de derechos humanos. Este evento, organizado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia del Brasil, con la colaboración de la CIDH, contó con 160 participantes entre los que se encontraban jueces, fiscales, miembros de la fuerzas de seguridad, profesores de derecho y estudiantes del Brasil y de los demás estados de América del Sur.
g. Entre el 9 y 15 de febrero de 1997 viajó a Colombia una delegación de la Comisión para analizar, a solicitud de las partes interesadas, el estado de los procedimientos de solución amistosa en varios casos en trámite. La Delegación de la Comisión estuvo integrada por el profesor Robert Goldman, el Secretario Ejecutivo Embajador Jorge E. Taiana, y la abogada Denise Gilman. Los miembros de la Delegación se entrevistaron con funcionarios del Gobierno y con los peticionarios y representantes de las víctimas a fin de avanzar, dentro del más breve plazo posible, en el proceso de solución amistosa de los casos. La Comisión desea expresar su complacencia por el apoyo que recibió de parte del Gobierno de Colombia durante esta visita de trabajo.
h. Con la realización de la Reunión Técnica de Revisión del proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 1997, la CIDH completó un programa de consultas directas, a nivel nacional y de carácter regionales con gobiernos, organizaciones indígenas y expertos, respecto al proyecto de Declaración que se halla en preparación. Tal como se informa en el Capítulo IV del presente Informe, la CIDH, con la cooperación de otras entidades de la OEA, concretó dieciséis consultas indígenas nacionales (en todos los países de Centro y Norteamérica, y ocho países de Sudamérica); cinco reuniones de consulta indígena multinacionales y regionales, y finalmente la reunión técnica celebrada el 31 de enero y el 2 de febrero del corriente año.
En esta Reunión Técnica se revisaron todas las respuestas y conclusiones de reuniones anteriores y, sobre esa base, se preparó una propuesta de revisión del proyecto aprobado anteriormente por la Comisión. Participaron en la reunión los relatores, Profesor Carlos Ayala Corao y Embajador John Donaldson, sí como otros expertos en derecho indígena e internacional contratados, junto con el especialista encargado del tema en la Secretaría Ejecutiva. Para este programa de consultas, la CIDH contó con asistencia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo.
[1]/ Artículo 29 Medidas Cautelares 1. La Comisión podrá a iniciativa propia o a petición de parte, tomar cualquier acción que considere necesaria para el desempeño de sus funciones. 2. En casos urgentes, o cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Comisión podrá pedir que sean tomadas medidas cautelares para evitar que se consume el daño irreparable, en el caso de ser verdaderos los hechos denunciados. 3. Si la Comisión no está reunida, el Presidente, o a falta de éste, uno de los Vicepresidentes, consultará por medio de la Secretaría con los demás miembros sobre la aplicación de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 anteriores. Si no fuera posible hacer la consulta en tiempo útil, el Presidente tomará la decisión, en nombre de la Comisión y la comunicará inmediatamente a sus miembros. 4. El pedido de tales medidas y su adopción no prejuzgarán la materia de la decisión final.
[2]/ Artículo 63 Medidas Provisionales 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.