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Timestamp: 2017-05-29 19:35:45
Document Index: 19452848

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 86', 'artículo 53', 'artículo 11', 'artículo 86', 'artículo 53', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 102', 'artículo 34', 'artículo\n14', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 32', 'artículo 139']

www.diariolaley.esAño XXXIV • Número 7994 • Jueves, 3 de enero de 2013WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. no se identifica necesariamente con las opiniones y criterios vertidos en los trabajos publicados.TribunaDoctrinaJurisprudenciaLos permisos de
salida penitenciarios.
Unificación de doctrinaLas servidumbres en
Cataluña: algunos
misteriosInaplicación analógica
a los arrendamientos de
locales de lo previsto
para los de vivienda51016TRIBUNAsumarioLA LEY 19007/2012Implicaciones jurídicas en la aplicación del Real
Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre,
de medidas urgentes para reforzar la protección
a los deudores hipotecariosImplicaciones jurídicas
del Real Decreto Ley
27/2012, de 15
José Manuel RUIZ-RICO
RUIZ y Yolanda DE
LUCCHI LÓPEZ-TAPIA
HERNANZJosé Manuel RUIZ-RICO RUIZ
Catedrático de Derecho Civil Universidad de Málaga. AbogadoYolanda DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA
Profesora titular de Derecho Procesal Universidad de MálagaEl presente artículo analiza las repercusiones
jurídicas del reciente RDL 27/2012,
destacando la falta total de previsión
del legislador sobre las consecuencias
jurídicas de su decisión de suspender
durante dos años los desalojos de viviendas
ejecutadas judicialmente. Señaladamente,
no se ha reflexionado sobre su posible
inconstitucionalidad, al ordenar una privación
del uso del inmueble a su adjudicatario,
una vez convertido en dueño. Por otro lado,
ha dejado en el aire el tipo de procesos
en los que sería aplicable esa medida, lo
que obligará a una interpretación judicial
orientada a su extensión a procesos distintos
del de ejecución hipotecaria. Tampoco ha
profundizado en los sujetos beneficiarios
de dicha medida, pudiendo darse casos
especiales de compleja solución. Finalmente,
no se da respuesta a la situación en la que
quedaría jurídicamente el ocupante del
inmueble durante ese tiempo, ni tampoco a
los diversos y variados problemas procesales
que se derivan de esa suspensión, cuestiones
todas que son analizadas y desarrolladas en
este trabajo.I. INTRODUCCIÓNParece que nuestro Gobierno tenía mala conciencia
después de haber publicado el inútil e insustancial
RDL 6/2012, de 9 de marzo, el denominado Código
de Buenas Prácticas Bancarias, que resultó ser meramente
orientativo y que ha tenido escasa repercusión en el sector
al que iba dirigida. Esa mala conciencia ha dado seguramente
lugar a este nuevo RDL 27/2012, de 15 de noviembre, en el
cual ahora se bascula hacia el extremo opuesto, dictándose
unas normas absolutamente imperativas, sin reparar en las
consecuencias jurídicas que pueden reportar a todas las partes
afectadas en el problema.Tribuna10Jurisprudencia
Inaplicación analógica
a los arrendamientos
de lo previsto para
los de viviendaVaya por delante nuestra honda preocupación por la situación que atraviesa nuestro país como consecuencia de las
ejecuciones hipotecarias que dejan a miles de familias en
situación de exclusión social. Sin embargo, la solución no pasa
por decretos leyes urgentes al azar, sin un previo análisis de
las implicaciones jurídicas que toda solución legislativa conlleva. Es de todos conocido que, lo que nace del legislador con
vocación de «provisional», acaba convirtiéndose en definitivo,
precisamente por la dificultad intrínseca de legislar en épocas
de complicado alcance del consenso político.Tribunal SupremoPor ello, las siguientes notas son simplemente reflexiones
realizadas en un plazo exacto de tres días, los mismos tres
días de que han dispuesto los asesores del Gobierno español en su negociación con los miembros del partido de
la oposición parlamentaria, antes de dar luz verde al RDLPonente: Maurandi
Guillén, Nicolás Antonio.Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es5Doctrina
en Cataluña: algunos
Pablo RODRÍGUEZPALMERO SEUMA116lasentenciadeldía
laboralmente a la mujer:
aplicación en caso de empate
de méritos723 de enero de 2013
www.diariolaley.es27/2012 —estamos seguros de que
han dispuesto de más tiempo—. Y, sin
embargo, no se han planteado ni uno
solo de todo este amplio listado de
cuestiones y problemas al que ahora
nos vamos a referir, y que razonablemente deberían haberse cuestionado,
de haberse sentado a pensar seriamente lo que hacían.II. SUSPENSIÓN
El principal mandato contenido en este
Real Decreto Ley es la suspensión ope
legis durante dos años del lanzamiento
del inmueble de quienes han dejado
de ser propietarios de su vivienda, por
haber pasado a serlo el acreedor hipotecario —en principio, la entidad
financiera correspondiente— tras la
adjudicación de la misma en el procedimiento de ejecución hipotecaria, sin
que se haya dispuesto ningún tipo de
indemnización o justiprecio a favor de
Llama la atención a cualquier estudioso de Derecho privado que, mediante
este Real Decreto Ley, un Gobierno como el español haya entrado de forma
tan radical en cuestiones sumamente
delicadas desde el punto de vista jurídico como el derecho de propiedad
privada y la privación de las facultades
inherentes al dominio de los inmuebles, sin derecho a expropiación.
Porque eso es lo que realmente ha
sucedido; quien haya resultado adjudicatario de una vivienda —la vivienda habitual del ejecutado— tras
la celebración de subasta en el procedimiento de ejecución hipotecaria,
esto es, quien ya se haya convertido en
nuevo propietario de la vivienda —lo
que acontece, como es sabido, con la
expedición del testimonio del decreto de adjudicación—, va a ser privado
del uso y disfrute del inmueble durante
al menos dos años, por mandato del
legislador —aquí, el Gobierno como
autor del Real Decreto Ley—, y no va
a tener derecho a una indemnización
o justiprecio por la privación de esa
facultad de uso y disfrute.
Como es evidente, se está afectando
de lleno al mandato contenido en el
art. 33.3 CE, que exige siempre un justiprecio por la privación del dominio o
de las facultades de uso y disfrute del
propietario, aparte de un procedimiento para ello. Así pues, por ese solo motivo, el RDL 27/2012 es directamente
contrario a la Constitución, además
de generar una inseguridad jurídica
contraria a lo deseado por sus autores, indudablemente preocupados por
ofrecer esa misma seguridad jurídicaa los inversores externos en nuestro
mercado hipotecario.III. ÁMBITO DE APLICACIÓN:
La norma no parece dejar claro cuál es
el ámbito de aplicación de la suspensión, por cuanto se refiere a procesos
de ejecución hipotecarios, judiciales o
Dentro del ámbito judicial, el calificativo
hipotecario pudiera dar a entender que
se está refiriendo únicamente a procesos
tramitados con arreglo a los arts. 681 y
ss. LEC, lo que dejaría fuera del ámbito
de aplicación de las posibles suspensiones de lanzamientos en adjudicaciones
de viviendas habituales que se hubieran
producido en procesos de ejecución ordinaria —de hecho, las propias entidades
financieras han recurrido a este último
a veces, para evitar en teoría algunos
de los inconvenientes de la ejecución
hipotecaria, como puede ser el de la
existencia de una tasación previa del
inmueble—.
En esta interpretación restrictiva podría
quedar fuera también la posible reclamación de la deuda a través del proceso
monitorio, mediante el cual también se
puede conseguir el efecto de adjudicación.
Sin embargo, atendiendo a la propia
exposición de motivos del Real Decreto
Ley, que establece que las suspensiones
afectarán a cualquier proceso judicial o
extrajudicial, una interpretación teleológica del mismo nos obliga a pensar que
el ámbito de aplicación se extiende a
todos los procesos de ejecución, hipotecarios u ordinarios, o a ejecuciones derivadas de monitorios, siempre que se esté
ejecutando una garantía hipotecaria.
Ahora bien, quedan fuera del ámbito
de aplicación de la medida las adjudicaciones de inmuebles en ejecuciones
de préstamos de otro tipo, por ejemplo,
pólizas de préstamos impagadas, cuando la situación que se genera con dicha
adjudicación es la misma: privación de la
vivienda habitual de la familia con escasos ingresos económicos.IV. SUJETOS IMPLICADOS:
ACREEDOR ADJUDICATARIO
Aún más grave es la inconsciencia de los
redactores del RDL 27/2012 en cuanto
a los sujetos que hipotéticamente se
van a ver afectados por esta medida de
suspensión. Y es que, si uno examina la
normativa contenida en éste, se percata
de que esa prohibición del lanzamiento durante dos años —que, insistimos,resulta ser una prohibición legal de uso
y disfrute de la propiedad por parte de
su nuevo dueño, adjudicatario de la
misma— no solo afecta a las entidades
financieras, las cuales, como sabemos
por los medios de comunicación, se han
manifestado recientemente al unísono a
favor de suspender los lanzamientos, por
lo que debemos suponerlas conformes
con esta nueva normativa —aunque nos
consta que lo que se ha ordenado por
éstas a sus asesores no coincide plenamente con el contenido del Real Decreto
Ley—; sino que también afecta a otros
sujetos, concretamente a aquellos particulares o sociedades que, no siendo entidades financieras de las autorizadas en la
Ley del Mercado Hipotecario, hayan sido
acreedores hipotecarios de particulares,
con hipoteca inscrita a su favor en el Registro y hayan resultado ser finalmente
adjudicatarios con todas las de la Ley de
la vivienda ejecutada. Fíjese bien que la
norma habla de simplemente de «acreedor» a quien se le hubiese adjudicado el
Estos particulares de los que hablamos podrán ser muchos o pocos en la
práctica, pero existen, son beneficiarios
de una hipoteca inscrita a su favor, y
entidades financieras a ejecutar su hipoteca. Pues bien, en caso de que, al día
de la entrada en vigor de la norma, aún
no hayan tomado posesión del inmueble adjudicado, se van a ver privados
durante dos años de su derecho de uso
y disfrute de un inmueble que ya es de
su propiedad o que lo va a ser en breve
cuando concluya la subasta y se adjudiquen el inmueble, y no tendrán derecho
a obtener indemnización alguna por esa
privación «legal».
Por otro lado, la referencia al acreedor
adjudicatario como único sujeto afectado por la limitación legal plantea la duda de qué sucede si en la subasta en la
que participó solo el acreedor ejecutante éste se hubiera reservado la facultad
de ceder el remate a tercero, dentro de
un plazo corto de tiempo, y finalmente
el banco hubiera encontrado ese cesionario de remate —sabemos que en la
actualidad es poco habitual, dada la situación del mercado inmobiliario, pero
desde luego no imposible—: ¿afectaría
también al cesionario de remate la suspensión prevista en el Decreto Ley?
No hay posibilidad de responder ni
con base en la letra ni con base en un
presunto espíritu de la Ley, que es muy
difícil de hallar —ya que realmente no
lo hay—. Parecería lo más lógico que sí
le afectara, en cuanto que este tercero
ha pasado a ocupar la misma posición
que el acreedor ejecutante, teniendo
en cuenta además que este último en
realidad ha sido el adjudicatario, solo
que la Ley Procesal facilita una —nue-va— transmisión inmediata a favor del
tercero cesionario en el mismo procedimiento, sin necesidad de constancia
registral de la adquisición intermedia
del acreedor ejecutante.
Ahora bien, esa afectación o vinculación
no tendría que ser la misma que la del
banco, que es a quien la norma sitúa como destinatario de su mandato imperativo de suspensión —es decir, de desposesión o «prohibición de poseer»—.
Seguramente, este tercero cesionario, a
pesar de ocupar la misma posición que
el banco, debería poder disfrutar, si no
físicamente del inmueble, dado que le
alcanzaría la referida prohibición de toma de posesión —entendida esta como
medida adoptada en beneficio del ejecutado propietario, cuyo interés sería el
más digno de protección, en este hipotético conflicto de intereses—, sí al menos
debería poder obtener una renta por el
uso ajeno durante los dos años que no
puede disfrutar del inmueble ya de su
propiedad. La norma no prevé este efecto, pero parecería lógico considerar que
el beneficio legal concedido al ejecutado
no puede ir más allá de lo razonable.
Aparte de la cuestión de cómo se fijaría la cuantía de esa renta, se plantea
otra duda más trascendental, y es qué
sucedería si ese cesionario no consigue
cobrar esa renta del ejecutado ocupante de la vivienda: ¿podría repercutir en el propio banco el daño sufrido,
por haberle cedido el remate sobre el
inmueble sin posibilidad alguna de disfrute, ni siquiera económico, mediante
el cobro de una renta? A nuestro juicio,
y dentro de lo absurdo que nos parecen
las situaciones que puede generar esa
nueva normativa, habría que responder
que sí, dado que entre el banco adjudicatario inicial, y ese cesionario de remate habría seguramente un contrato
o acuerdo de cesión, del que derivaría
una responsabilidad contractual del cedente, salvo que otra cosa se hubiera
acordado, lógicamente.
A las mismas o similares conclusiones
habría que llegar si pensamos en el caso
de que el inmueble pase a manos de un
tercero que no sea el banco adjudicatario. No se olvide que la suspensión
del lanzamiento prevista en la norma,
si la vivienda ya ha pasado a ser de propiedad de la entidad adjudicataria —lo
que sucede con el testimonio del decreto de adjudicación, como ya hemos
dicho—, no supone en modo alguno
una prohibición legal de disponer; en el
Real Decreto Ley nada se dice acerca
de una prohibición del adjudicatario de
enajenar, ni directa ni indirectamente.
Por lo tanto, si el adjudicatario decidiese enajenar o transmitir el inmueble a
un tercero, en la forma que sea —por
ejemplo, podría valer como transmisión3 de enero de 20133
www.diariolaley.esde activos inmobiliarios al denominado
«banco malo»—, ese tercer adquirente sí estaría vinculado respecto de la
prohibición de lanzamiento, incluso
aunque no constase en el Registro de
la Propiedad, dado que no sería tercero
de buena fe ex art. 34 LH. Habría una
publicidad legal de la prohibición, conjugada seguramente con la publicidad
registral del procedimiento de ejecución hipotecario mismo. En cambio,
dado que la Ley nada aclara al efecto,
no estaría vinculado en cuanto a la posibilidad de reclamar al ocupante una
renta por el tiempo en que subsista esa
ocupación de la vivienda —no habría
una justa causa basada en la gratuidad,
respecto de ese tercer adquirente—, y
además podría repercutirle todos aquellos gastos inherentes al uso y disfrute,
e incluso a la propiedad de inmueble,
como analizaremos más adelante.V. SUJETOS IMPLICADOS:
El término deudor hipotecario suscita
igualmente la duda, tampoco resuelta
por el Real Decreto Ley, de qué sucede
si no era este sujeto el que ocupaba la
vivienda, sino un tercero que en su momento autorizó la hipoteca del inmueble —v. gr., el llamado fiador real, que
normalmente será un pariente próximo
del deudor hipotecario—. Es este hipotecante no deudor un sujeto que puede ser técnicamente calificado como
«deudor» también, en su condición de
fiador —con responsabilidad limitada—,
junto con el prestatario principal. Cabe
recordar que socialmente este fenómeno viene siendo muy conocido; esto es,
el padre o madre del deudor que, en apoyo de su hijo, autoriza la constitución de
hipoteca sobre su vivienda habitual, en
garantía de la deuda contraída por éste,
aunque el hijo no viva en dicha vivienda.
¿Le es también aplicable la suspensión
del lanzamiento? Todo parece indicar
que la respuesta debería ser afirmativa,pero desde luego sería forzando el texto
legal, quien sin duda piensa solo en el
prestatario que sea dueño de la vivienda
Por otro lado, ¿quid del supuesto en
que la finca hipotecada hubiera sido
transmitida a un tercer adquirente
—el llamado tercer poseedor de la finca
hipotecada—. Éste no es técnicamente
deudor, por lo que no puede ser identificado con el deudor prestatario ni con
el fiador real. Por tanto, no se le aplicarían los mismos parámetros que a los
Ahora bien, ese sujeto —tercer adquirente— podría estar —y así sucederá
frecuentemente— utilizando el inmueble como vivienda habitual, por lo que
debería ser expresamente protegido
como tal, de modo que el ejecutante
no pueda desalojarlo en el plazo de
dos años, aun cuando haya sido también demandado en el procedimiento
de ejecución hipotecario, junto con el
deudor principal —tal como exige el
art. 685.1 LEC—.
No obstante, quizá quepa distinguir.
Así, si el tercer adquirente se convirtió
en dueño de la finca hipotecada antes
de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, parece lógico defender que
le alcanza la suspensión, por cuanto
adquirió el inmueble de buena fe, ocupando la misma posición que el anterior
propietario. De esta manera, debería
equipararse su posición a la del deudor
protegido por esta normativa.
En cambio, si la adquisición se produjo
después de la entrada en vigor de esta
normativa, pero antes de plantearse el
desalojo tras la adjudicación, ya debería saber de la posible aplicación de la
suspensión legal de dos años, a través
de la publicidad general del propio
Real Decreto Ley en el BOE, aun cuando no constase inscrita en el Registro
la suspensión —lo que sabemos no esviable—. Por tanto, podría haber adquirido de mala fe y fraudulentamente;
esto es, con intención de beneficiarse
de las mismas condiciones que se le
otorgan al deudor hipotecario. Parece
que, en consecuencia, su posición en
estos supuestos se equipararía a la de
los ocupantes no dueños, a la que nos
referimos a continuación, a los efectos
de denegarle o concederle protección.No obstante, en el caso de que fueran
ocupantes legales —y así lo demostrasen—, hubiesen actuado de buena fe,
y se tratase de verdadera vivienda habitual de los mismos, cabría la duda de
si les podría alcanzar el beneficio legal
de la conservación a su favor del derecho de uso y disfrute durante dos años
de suspensión, en tanto cumpliesen las
demás condiciones legales.Justamente, si los ocupantes no son los
antiguos propietarios, sino otros sujetos
a quienes estos últimos cedieron —legal o ilegalmente— la posesión de la
vivienda, ¿se verán beneficiados por
las ventajas de la norma, en tanto en
cuanto cumplan los parámetros para
acogerse a ese beneficio legal? No parece que el legislador se haya planteado
esta posibilidad, y, sin embargo, los que
hemos tenido contacto con ejecuciones
hipotecarias sabemos que es un fenómeno relativamente frecuente encontrarse con otros ocupantes a quienes
los ejecutados habían cedido el uso de
la vivienda, la cual habría pasado a ser
en teoría su vivienda habitual.Todas estas hipotéticas situaciones generan un problema añadido: si admitimos que pueden serle de aplicación
la medida de suspensión en las condiciones antes descritas, ¿cómo serían de
aplicación los criterios determinantes
de la especial vulnerabilidad del deudor, teniendo en cuenta que ambos sujetos pueden haber sido demandados
conjuntamente en los procedimientos
de ejecución hipotecaria, ex art. 685.1
LEC? ¿A qué unidad familiar nos referimos, a la del prestatario deudor, o a
la del fiador o tercer adquirente, o a la
formada por uno y otro, y las personas
que dependen de ellos? La norma en
este punto resulta absolutamente defectuosa e insuficiente.En principio, todo indica que no pueden ser considerados beneficiarios del
mandato legal de suspensión, ya que de
la lectura del art. 1.1 y 2 RDL 27/2012,
se puede deducir, cuando habla a veces del «deudor hipotecario» o del
«deudor», que se ha querido excluir
a estos otros sujetos. Por lo demás, lo
razonable es que se pretenda proteger
a quien, siendo deudor hipotecario, se
vea afectado por un futuro e inminente desalojo del inmueble considerado
su propia vivienda habitual, lo que
excluiría automáticamente a los ocupantes no deudores. Es sabido que con
frecuencia los acuerdos de cesión de la
vivienda a estos ocupantes no propietarios pueden encerrar en su interior
una clara finalidad fraudulenta, por lo
que deben ser mirados con disfavor por
parte del juez en la aplicación de este
Real Decreto Ley.La respuesta debería ser la de atender
a la unidad familiar de aquél de los dos
sujetos citados —prestatario deudor o
hipotecante no deudor— que ocupe el
inmueble como su vivienda habitual.
Y si son ambos los que conviven bajo
el mismo techo, aunque uno de ellos
lo haya hecho sobrevenidamente, como a veces ocurre, por un cambio en
su situación económica que le haya
obligado a retornar a la vivienda de sus
padres o familiares, los Tribunales deberán juzgar en la forma más benévola
para hacer efectiva la protección de los
afectados, tanto en lo concerniente a
las condiciones de la unidad familiar como en cuanto al nivel de renta exigido.
Dejamos para otro momento las cuestiones que suscita la selección de deudores a los que deban serle de aplica-Disfrute de MÁS tiempo libreDictaLaw®El primer y único sistema integrado de reconocimiento de voz para juristas
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www.diariolaley.esción la medida de suspensión, toda vez
que ha sido objeto de numerosas críticas por parte de las diferentes plataformas de afectados por las hipotecas.VI. SITUACIÓN POSESORIA
Tampoco encontramos en la nueva normativa ninguna aclaración de la situación posesoria en la que se encontrará
el ocupante —ya no propietario— de
la vivienda, durante el plazo de esos
dos años, y en el periodo posterior a la
conclusión del mismo. Por ejemplo, impedir el lanzamiento durante dos años
¿implica dotar a los ocupantes del inmueble de un título posesorio legítimo,
o son simples detentadores sin derecho
alguno a poseer? ¿Serán una suerte de
precaristas del inmueble adjudicado al
banco, con lo que eso supone desde el
punto de vista legal y práctico? ¿Supone esa prohibición legal de expulsar al
ocupante que éste ostentará un derecho
a poseer ejercitable frente a terceros, a
través de acciones posesorias, o incluso
a través de una acción publiciana —no
ya reivindicatoria, al haber dejado de
ser propietario—? Son preguntas que
el Real Decreto Ley deja sin respuesta.
Otra cuestión dejada al azar por la
nueva normativa está referida a los
gastos inherentes al uso del inmueble,
ya que la propiedad ha pasado a manos
del acreedor hipotecario tras la adjudicación. Estamos haciendo referencia
a gastos de comunidad, o pagos del
Impuesto de Bienes Inmuebles de las
anualidades durante las cuales esté en
suspenso el lanzamiento. A nuestro juicio, deberían ser abonados por los ocupantes del inmueble, ya que la norma
no prevé otorgar un título gratuito a los
mismos para justificar la continuidad en
el uso de la vivienda, sin pagar los gastos inherentes a ese uso, debiendo incluso correr con el Impuesto de Bienes
Inmuebles, a pesar de haber dejado de
Y es necesario plantearse respecto de
estos gastos, si los bancos y entidades
financieras considerarán oportuno proceder o no a la inscripción registral de
su derecho, mientras no pasen los dos
años, sobre todo por la consecuencias
que esa inscripción va a traerles frente a
terceros —ya sea Hacienda, o la propia
comunidad de propietarios, respecto de
los gastos de comunidad ordinarios o
extraordinarios, cuyo devengo se atribuye ob rem a quien sea propietario
del inmueble en cada momento—. De
todos modos, en tanto la propiedad
se haya traspasado mediante el testimonio del decreto de adjudicación, el
banco habrá pasado a ser nuevo dueño,
y debería correr con todos esos gastos
frente a dichos terceros, al menos encuanto los mismos hayan tenido conocimiento de ese cambio de titularidad.
La cuestión sería si el banco adjudicatario podría o no repercutirlos a continuación en el ejecutado ocupante de
la vivienda. La respuesta creemos que
debe ser afirmativa.En realidad, si bien se piensa, sí podría
ser viable ese desalojo a través de estas acciones típicamente dominicales,
al menos en teoría, en la medida en que
la norma se refiere solo a la suspensión
del lanzamiento dentro del cauce del
proceso de ejecución hipotecaria, lo
que no impediría en principio
una demanda de juicio declarativo solicitando el desalojo.
Pero no tendría mucha lógica
aquí son de capital importancia
que se permitiera por esa vía lo
que ha quedado excluido de la
para una efectiva protección
primera, del procedimiento de
del deudor hipotecario que,
ejecución hipotecaria.como bien dispone el título
del Real Decreto Ley, ha sido
la máxima aspiración del
Gobierno a la hora de legislar
en esta materiaVII. PRESCRIPCIÓN
Nos preguntamos en este momento por
los efectos de la suspensión del lanzamiento en el ámbito de la prescripción o
la caducidad de acciones. Una vez más,
nada se dice en la norma. Respecto de
la prescripción adquisitiva, piénsese,
por ejemplo, que, tras los dos años de
suspensión, sigue el anterior propietario
ocupando el inmueble, lo cual será bastante probable en muchos casos; ¿esos
dos años se computarían a efectos de
un hipotético plazo de usucapión? ¿Lo
serían como posesión con justo título
y buena fe? ¿Dejaría de serlo a partir
del tercer año? Parece que no podrían
ser computados, al faltarles la posesión
en concepto de dueño, tras la adjudicación, debiendo ser considerados igualmente como poseedores de mala fe a
efectos usucapión ordinaria, al conocer
—o deber conocer— la existencia de
la adjudicación, ya que la misma se les
deberá haber notificado —en última
instancia, mediante edictos—.
Respecto de la prescripción extintiva
de las acciones, los dos años de prohibición de lanzamiento, ¿suponen una
interrupción o suspensión de los plazos
prescriptivos para iniciar el banco adjudicatario una acción reivindicatoria o
meramente declarativa frente a los anteriores propietarios? Téngase en cuenta que ya antes de la entrada en vigor
del Real Decreto Ley es muy posible que
los ejecutados sigan siendo ocupantes
del inmueble, aunque ya sin título para
ello, al haberse producido previamente
la adjudicación a favor del banco. Podría
defenderse, por razón de tutela judicial
efectiva de los acreedores hipotecarios,
que los plazos no empiezan a correr, o
que, habiéndolo hecho, quedan en suspenso durante esos dos años, al no ser
viable legalmente el desalojo.Tratándose de plazos de caducidad, donde en teoría como
sabemos no cabe la interrupción ni la suspensión, ¿también
quedaría en suspenso ese plazo? Piénsese por ejemplo, en
posibles acciones de nulidad
contractual —del préstamo hipotecario
mismo, por ejemplo—. Todo indica que
también debería ser así, pero no hubiera
estado de más que la norma se hubiera
pronunciado sobre éste y los anteriores
extremos.VIII. SOLICITUD
Examinamos ahora la concreta actuación de los Juzgados y Tribunales —o
los notarios, en el procedimiento extrajudicial— en los trámites previstos
por el Real Decreto Ley para acordar la
suspensión del lanzamiento. El momento procesal oportuno para solicitar por
parte del deudor dicha suspensión es
desde que se inicia el proceso de ejecución y siempre antes de la ejecución
del lanzamiento, tal y como establece el
art. 2 del texto legal. Esta previsión no
nos impide plantearnos los siguientes
a) ¿Se podría decretar la suspensión de
oficio por el juez, aunque no se haya
solicitado ni esté personado el deudor
ejecutado? La respuesta en este caso
está clara: es una solicitud a instancia
de parte únicamente. No obstante, no
se nos indica si esa solicitud exigirá la
previa personación, mediante abogado
y procurador, con el consiguiente coste, o si, no habiéndose personado con
anterioridad en las fases anteriores a la
toma de posesión, podría simplemente presentar un escrito por su propia
cuenta adjuntando la documentación
necesaria. Atendiendo a la naturaleza
protectora de la norma, debe entenderse, lógicamente, que bastaría únicamente con la presentación de un
escrito.b) En caso de personarse el deudor, y
presentarse escrito formal aportando la
documentación correspondiente, ¿debería el Juzgado abrir una fase o periodo
para que el ejecutante, en su caso, pueda oponerse a dicha solicitud —por no
reunir las condiciones—, o alegar lo que
estimara conveniente? No hay prevista audiencia a la parte contraria por la
norma, lo cual no impide, en cualquier
caso, que el juez pudiera dar traslado
de la solicitud a la misma a fin de que
alegase lo que a su derecho conviniese.
Se legisla, una vez más, en cuestiones
procesales, omitiéndose trámites absolutamente imprescindibles en todo tipo
c) En los desalojos que estén a punto
de llevarse a la práctica en estos momentos, en cuanto se haya señalado
ya fecha para su ejecución, ¿se podría
pedir por el deudor una suspensión de
dicha actuación, y la fijación de un plazo para presentar al juez o el notario
la documentación —puede que no sea
fácil conseguirla—? Todo parece indicar que debería ser así.
d) ¿Dispone el juez de un amplio arbitrio para aplicar las condiciones exigidas, para utilizar la analogía en supuestos próximos, o en casos bastante
sangrantes que han podido ser excluidos? No parece ser ese el espíritu de la
norma, por cuanto el carácter objetivo
de las circunstancias está perfectamente definido.
f) En caso de negativa del juez, ¿de qué
recursos se valdría el deudor contra la
resolución de aquél denegándola —que
entendemos debería ser un auto, aunque tampoco establece nada el Real
Decreto Ley—? Si fuera contraria a las
pretensiones del ejecutante, ¿podría
éste impugnarla?
Debería ser de aplicación en este caso
el art. 562 LEC, relativo a las impugnaciones de infracciones legales durante
el curso de la ejecución, que establece
expresamente la posibilidad de recurrir
en reposición o mediante la interposición de un escrito dirigido al Tribunal.
Estaría vedada la apelación, puesto que
así lo dispone el citado precepto, ya que
reserva este tipo de recurso para los supuestos en que expresamente se prevea
g) ¿Tendría efecto de cosa juzgada esa
resolución, o podría replantearse como
cuestión a resolver en un ulterior proceso declarativo, en el que se cuestionase
el fondo del asunto? Parece igualmente
defendible esta última posibilidad, sobre todo si la fórmula finalmente utilizada por los Tribunales en la aplicación
del art. 2 del Real Decreto Ley pudiese
afectar al derecho de defensa del deudor hipotecario.3 de enero de 20135
www.diariolaley.esh) El Real Decreto Ley únicamente establece como medida la suspensión del
lanzamiento, por lo que en el caso que
la adjudicación del bien hipotecado al
acreedor no cubriera por completo la
deuda hipotecaria; ¿podría seguir reclamándose el resto de la misma por la vía
de una ejecución ordinaria, tal y como
establece el art. 579 LEC? Entendemos
que nada en el Real Decreto Ley cierra
es vía y, aunque puede que el Gobierno haya considerado como altamente
improbable esa posibilidad, dadas las
duras condiciones establecidas para el
acceso a la suspensión del lanzamiento, que harían infructuosa una ejecución por el resto, no olvidemos que la
suspensión se mantiene durante dos
años, en los que las condiciones económicas del deudor pueden mejorar y
alentar al acreedor a perseguir el resto
de la deuda por la citada vía. Confiemos
en que, en estos dos años durante los
que se hayan empezado a decretar las
suspensiones de los lanzamientos, el
Gobierno pueda alcanzar el objetivo al
que se ha comprometido de reformar
los trámites de la ejecución hipotecaria
en este sentido.IX. DEVENGO DE INTERESES
Un tema final de gran relevancia es el
relativo al devengo o no de intereses
moratorios en el periodo de dos años
de duración de la suspensión del lanzamiento.
Frente a quienes se han manifestado
ya acerca de que los referidos intereses
siguen devengándose, creemos que deben hacerse algunas matizaciones, las
cuales son simple remisión a las reglas
Por lo pronto, respecto de la suma en
que el banco finalmente se haya adjudicado el inmueble —el 60% del valor de
tasación, u otro posible—, entendemos
que ya no se pueden devengar intereses
a partir de la fecha misma de la subasta —con adjudicación del inmueble a
favor del acreedor—, incluso aunque
el decreto de adjudicación y la expedición de su testimonio sea de fecha
posterior. Entendemos que el hecho de
que se suspenda el lanzamiento durante dos años no afecta a la satisfacción
del acreedor, aunque sea satisfacción
parcial de su crédito, ya que la misma
se habrá producido con la adjudicación
del inmueble en el correspondiente valor. En este sentido, el hecho de que el
Real Decreto Ley no diga nada es señal inequívoca de que los autores del
mismo no se plantean esa posibilidad.
Por supuesto, dichos intereses —en la
cuantía que corresponda, según la lici-tud o ilicitud de la cláusula que los establezca— sí se habrán devengado sin
problema hasta la fecha de la subasta
Por otro lado, siguiendo de nuevo las
reglas generales, y respecto del resto
de deuda no cubierto con la adjudicación, entendemos que la suspensión del
lanzamiento no afecta al devengo de intereses moratorios respecto de la parte
del principal que no haya sido cubierto
con el valor de la adjudicación, durante
los dos años que dure esa suspensión.
En cambio, respecto de los intereses
moratorios devengados y no pagados,
y los que se pudieran hipotéticamente
devengar a partir del inicio del periodo
de suspensión, y respecto de las costas,
Respecto de los intereses moratorios
devengados antes o durante la tramitación del procedimiento, incluso tras la
suspensión del lanzamiento, en la medida en que sigan devengándose porque
quede por pagar parte del principal, no
devengarán nuevos intereses, mientras
no sean reclamados específicamente, en
aplicación si se quiere del art. 1109 CC,
que, por tratarse de intereses anatocísticos, exigen una específica reclamación
judicial para su devengo —«desde que
son judicialmente reclamados…», reza
la norma—. En este sentido, no creemos que sirva como fecha de inicio de
esos intereses de intereses el escrito de
solicitud por el acreedor de la liquidación de intereses y la tasación de costas, mientras no se interponga nueva
demanda de ejecución por el resto de
conformidad con el art. 579 LEC. Esta
posibilidad no queda vedada por la suspensión prevista en el Real Decreto Ley,
que se refiere solo al lanzamiento, pero
no a la facultad de instar ejecución por
el resto no cubierto, por lo que, a partir de entonces, ese resto, formado por
capital e intereses, o solo por intereses,
puede perfectamente devengar nuevos
intereses, en la cuantía legal (arg. ex art.
1109 CC).
Lo anterior sería aplicable también a
las costas judiciales, cuya cuantía, ya
fijada mediante Decreto del secretario,
tampoco devengará intereses de demora —legales— mientras no haya sido
reclamada específicamente.
Todas las cuestiones planteadas aquí son
de capital importancia, a nuestro juicio,
para una efectiva protección del deudor
hipotecario que, como bien dispone el
título del Real Decreto Ley, ha sido la
máxima aspiración del Gobierno a la hora de legislar en esta materia. Las lagunas
reseñadas dificultarán sobremanera la
dispensación de esa protección por parte de nuestros Juzgados y Tribunales. ■Tribuna
Unificación de doctrinaLA LEY 18994/2012Los permisos de salida
Jurista del Cuerpo Superior
de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
Profesor de Derecho Penitenciario
en la Escuela de Práctica Jurídica de ValladolidLa dilatación en el tiempo de la resolución de recursos en
el ámbito penitenciario hace que la situación del penado
pueda haber sufrido importantes modificaciones cuando se
sustancian los sucesivos recursos judiciales. Recientemente el
Tribunal Supremo ha fijado el criterio a seguir en la resolución
de los recursos de apelación contra autos del Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria, estableciendo una regla general,
pero admitiendo algunas excepciones.
I. INTRODUCCIÓNEntre la decisión de la Junta de
Tratamiento de un establecimiento penitenciario que
acuerda la denegación de un permiso de
salida a un interno y el auto del juez o
Tribunal sentenciador que resuelve definitivamente la cuestión, al conocer del
recurso de apelación contra la decisión
previamente adoptada por el juez de
vigilancia penitenciaria, puede mediar
un tiempo suficiente para que las circunstancias tenidas presentes por el órgano administrativo hayan sufrido sustanciales modificaciones, circunstancia
que lleva a plantearse si el órgano judicial debe tenerlas en consideración o
resolver sobre la base de las tenidas en
consideración en el momento de la primera decisión. Esta disyuntiva ha sido
analizada, con ocasión de la concesión
de un permiso de salida, por el Tribunal
Supremo en sentencia de 27 de abril de
2012, cuyo contenido es el objeto del
presente artículo.II. LA UNIFICACIÓN
El recurso de casación para la unificación de doctrina penitenciaria se
encuentra regulado en la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica delLos textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.esPoder Judicial. Fue introducido por la LO
5/2003, de 27 de mayo (BOE n.º 127,
de 28 de mayo de 2003), que modificó
El recurso puede interponerse contra los
autos de las Audiencias Provinciales y,
en su caso, de la Audiencia Nacional,
que resuelvan recursos de apelación,
que no sean susceptibles de casación
ordinaria. Están legitimados para interponerlo el Ministerio Fiscal y el letrado
del penado y corresponde su resolución
a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sustanciándose conforme a lo
prevenido en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para el recurso de casación
ordinario con las particularidades que
de su finalidad se deriven. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo resolviendo estos recursos en ningún caso
afectarán a las situaciones jurídicas
creadas por las sentencias precedentes
a la impugnada.
Sobre este recurso se pronunció el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo mediante acuerdo de 22 de julio
de 2004, estableciendo como requisitos
a) La identidad del supuesto legal de
b) La identidad de la norma jurídica
aplicada.63 de enero de 2013
www.diariolaley.esejecución de penas y régimen penitenciario puedan producirse, dado que los
recursos contra las resoluciones adoptadas por los diferentes Juzgados de
d) La relevancia de la contradicción para
Vigilancia Penitenciaria son resueltos
la decisión de la resolución recurrida.
bien por los Juzgados o Tribunales sentenciadores (apartaEl recurso de apelación
do segundo de la disposición
adicional quinta), bien por las
debe versar sobre el mismo
audiencias provinciales en cuobjeto que lo hubiera sido
ya demarcación se ubique el
de la resolución apelada,
pues, de otro modo, el juicio
(apartado tercero de la dispocorrespondiente no sería el
sición adicional quinta), lo que
dificulta pueda fijarse un mispropio de la segunda instancia
mo criterio interpretativo.
y tampoco el Tribunal
c) La contradicción entre las diversas
interpretaciones de dicha norma.competente operaría como un
órgano de esta naturaleza
Como el Pleno del Tribunal señalaba
en su acuerdo, el recurso de casación
para la unificación de la doctrina en el
ámbito penitenciario no es una tercera
instancia, han de respetarse siempre
los presupuestos fácticos fijados por el
Tribunal a quo y no cabe apreciar contradicción en la aplicación de la norma
cuando ello dependa de comportamientos individualizados, informes o
diagnósticos personales ni cuando las
decisiones judiciales respeten el margen
de discrecionalidad que la propia norma
establezca o permita.
En esta línea, la STS 1097/2004, de 30
de septiembre, resolvió no haber lugar
al recurso de casación para la unificación de doctrina en relación a un caso
de denegación de permiso de salida «ya
que la discrepancia en las decisiones
adoptadas no lo es por consecuencia de
la aplicación de doctrinas diversas, sino
fruto de unas circunstancias personales
diferentes, suficientemente valoradas
y explicadas en cada una de las resoluciones, siendo claro que por esta vía
no puede convertirse este recurso de
casación para la unificación de doctrina,
como anteriormente expusimos, en una
tercera instancia».
La introducción de este recurso en el
ámbito penitenciario permite la revisión
de criterios dispares que en materia deEl carácter restrictivo con que
se plantea el recurso hace que
no hayan sido muchas las sentencias en las que el Tribunal
Supremo haya estimado el recurso presentado.III. LOS PERMISOS
La legislación penitenciaria ha previsto
un doble procedimiento para la concesión de permisos a internos, estableciendo un procedimiento ordinario para
la concesión de todo tipo de permisos,
tanto ordinarios como extraordinarios,
y un procedimiento de urgencia en el
art. 161.4 que se limita exclusivamente
a los permisos de salida extraordinarios.
Centrándonos en el procedimiento ordinario, el mismo puede resumirse en
— Petición del interno (art. 160 RP).
— Informe del Equipo Técnico, de carácter preceptivo y no vinculante (arts.
156 y 160 RP).
— Acuerdo de concesión por la Junta
de Tratamiento (art. 161 RP).
— Autorización por la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios (art. 161
RP) o por el juez de vigilancia penitenciaria [art. 76.2.i) LOGP].Esquema autorización permisos
TIPO DE INTERNOSTIPO PERMISOQUIÉN AUTORIZAPreventivosPEAutoridad judicial de quien
dependaPenados sin clasificarPEMás de dos días: JVPPuede ocurrir que el permiso solicitado
no llegue a materializarse, bien porque la Junta de Tratamiento acuerde
su denegación, o bien porque una vez
concedido no sea autorizado, abriéndose la posibilidad a su impugnación que
tendrá pequeños matices en función de
que se trate de acuerdos de denegación
de resoluciones de no autorización y, en
este segundo, de quien las haya dictado:
— No concesión del permiso por la
Junta de Tratamiento: el interno podrá
acudir en queja ante el juez de vigilancia al amparo de lo establecido en el
art. 76.2.g) LOGP, o en su caso ante el
juez central de vigilancia penitenciaria,
conforme a lo previsto en el art. 94.4
LOPJ. Contra la resolución que adopte
el órgano judicial podrá interponerse
recurso de reforma (tanto por el interno como por el Ministerio Fiscal),
al amparo de lo establecido en la disposición adicional quinta de la LOPJ.
Contra el auto que resuelva el recurso
de reforma tanto el interno como el
Ministerio Fiscal podrán interponer
recurso de apelación, recurso del que
conocerá el Tribunal sentenciador, o,
cuando fueran varias las penas impuestas, el Juzgado o Tribunal que hubiera
dictado la pena privativa de libertad
más grave o al que hubiera dictado la
última cuando fueran de igual gravedad, o a la Audiencia Nacional cuando
quien haya dictado la resolución sea el
juez central de vigilancia penitenciaria.
— No autorización por el juez de vigilancia: contra la resolución del juez de
vigilancia en la que no se autorice el
permiso de salida previamente concedido por la Junta de Tratamiento, tanto el Ministerio Fiscal como el interno
podrán interponer recurso de reforma,
tal y como establece la disposición adicional quinta de la LOPJ. Contra el auto
por el que se resuelva el recurso cabe la
posibilidad de interposición de recurso
de apelación en los términos y con la
problemática antes indicada.
— No autorización por el centro directivo: en este caso el interno podría acudir en queja ante el juez de vigilancia
penitenciaria al amparo de lo establecido en el art. 76.2.g) LOGP (o en su caso
ante el juez central de vigilancia penitenciaria, conforme a lo previsto en el
art. 94.4 LOPJ). Contra la resolución que
adopte el juez cabría la interposición de
recurso de reforma y posteriormente de
apelación en los términos antes vistos.No superior a dos días: CD
Penados clasificados en primer PE
gradoAutorización expresa JVPPenados clasificados en segun- PE
do grado
POMás de dos días: JVPPenados clasificados en tercer PE
POCDNo superior a dos días: CDIV. CIRCUNSTANCIAS
El item procesal anteriormente descrito que puede seguirse con ocasiónde una denegación o una no autorización de un permiso de salida puede
dilatarse en el tiempo, variando sustancialmente las circunstancias que
se dan en el caso en el momento que
Junta de Tratamiento, juez de vigilancia penitenciaria o juez o Tribunal
sentenciador tienen que resolver.
Y sobre esta circunstancia se ha
pronunciado recientemente la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, en
sentencia 308/2012, de 27 de abril,
dictada en recurso de casación para
la unificación de doctrina interpuesto
contra auto de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Primera.
En abril de 2011 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de A Coruña
dictó resolución por la que denegaba un permiso de salida a un interno, decisión que ratificó el día 29
de abril desestimando el recurso de
reforma interpuesto. Casi seis meses
después, el 11 de octubre de 2011, la
Audiencia Provincial estimaba el recurso de apelación interpuesto por el
interno, revocando la resolución del
y concediendo el permiso solicitado, tomando en consideración que
«aunque lo motivado por el Juzgado
de Vigilancia el 29 de abril de 2011
se atenía exactamente al estado del
expediente y a las circunstancias del
penado…, dos elementos modifican
esa situación e influyen a la hora de
revisar el decreto denegatorio: a) el
hecho de que las 3/4 partes de la
condena de prisión de dos años y
ocho días estén cumplidas desde el
26 de septiembre de 2011, con proximidad del cierre ejecutorio (28 de
marzo de 2012); b) el dato decisivo
de que el propio Juzgado haya concedido al apelante un permiso ordinario de salida el pasado 11 de agosto
(resolución firme el 24 de agosto de
2011). Así las cosas, están sobre la
mesa las pautas de preparación para
la vida en libertad y de depósito de
confianza, y lo procedente es estimar
lo interesado en el documento apelatorio de 12 de julio».
La resolución de la Audiencia Provincial fue recurrida en casación para la
unificación de doctrina por el Ministerio Fiscal, ya que el criterio de decisión
adoptado contradecía el sostenido por
diversos Tribunales, citando los autos
de 14 de junio de 2007 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca,
11 de abril de 2008 de la Audiencia
Provincial de Valladolid y 6 de mayo de
2009 de la Audiencia Provincial de Cádiz, que resolvieron teniendo en cuenta la información que constaba en el
expediente administrativo del interno
en el momento de dictarse el acuerdo
administrativo que motivó los recursos3 de enero de 20137
www.diariolaley.esTS Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Secc. 7, S 17 Jul. 2012Consulte los textos íntegros enlasentenciadeldíawww.diariolaley.esTribunal SupremoPonente: Maurandi Guillén, Nicolás Antonio.LA LEY 105946/2012Medidas que favorecen
de méritosprimero ante el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria y posteriormente ante la
Para el Tribunal Supremo está fuera de
duda que, desde un punto de vista legal y de dogmática procesal, el recurso
de apelación, por principio, debe versar
sobre el mismo objeto que lo hubiera
sido de la resolución apelada, pues, de
otro modo, el juicio correspondiente
no sería, en rigor, el propio de la segunda instancia y tampoco el Tribunal
competente operaría como un órgano
de esta naturaleza, siendo esta la regla
que debe regir con carácter general.
Sin embargo, entiende la Sala Segunda que es también evidente que un régimen procesal de vigilancia penitenciaria, para ser funcional a su objeto y
al propio cometido constitucional del
tratamiento de los internos en centros penitenciarios, necesita adecuarse con razonable flexibilidad al ritmo
de éste, para no volverse, paradójicamente, contra su objeto.
Por ello dice que, aun debiendo prevalecer por norma la lógica propia de la
apelación convencional, no debe perderse de vista que el juez de vigilancia,
como también la Audiencia Provincial,
juzgan sobre la regularidad formal del
acto administrativo, pero, al mismo
tiempo, están incidiendo en la ejecución de una sentencia condenatoria,
esto es, «haciendo ejecutar lo juzgado»
(art. 117.3 CE), lo que, excepcionalmente, puede reclamar la consideración de
incidencias sobrevenidas en la evolución del interno, de las que no cupieraprescindir en el caso concreto, so pena
de hacer inútil, por extemporánea o sin
objeto, la decisión. Para ello será preciso que, a la incuestionable importancia
de la circunstancia emergente que haga imprescindible su examen, se una la
posibilidad de abordarla contando con
todos los datos relevantes al respecto,
porque se hayan aportado o, incluso,
porque se reclamen. Además, por razón de garantía de todos los derechos
en presencia, ese examen tendrá que
hacerse en el respeto del principio de
contradicción, esto es, con audiencia
de todas las partes implicadas. En su
argumentación hace referencia a que
la propia LECrim., al tratar del recurso
de apelación contra las sentencias del
juez de lo penal en el procedimiento
abreviado (art. 790.3) permite someter
al órgano de la segunda instancia elementos de juicio que no pudieron ser
tratados en la primera, supuesto que
guarda, a juicio del Tribunal, patente
analogía con el recurso de casación que
se sustancia.
Con estos razonamientos el Tribunal
concluye estimando el recurso de casación interpuesto, estableciendo como regla que en la resolución de los
recursos de apelación contra autos del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria deberá estarse a los datos o circunstancias sometidos a su consideración, sin
perjuicio de que, excepcionalmente, de
haberse producido durante el trámite
del recurso incidencias propias del tratamiento del interno que fueran relevantes para la decisión, éstas puedan
ser examinadas contradictoriamente
y tenidas en cuenta para dictarla. ■RESUMEN DEL FALLO:
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia
del TSJ Extremadura, que declaró conforme a Derecho la resolución, por la que se
anunció concurso abierto para la contratación de unas obras y que incluía un criterio
de adjudicación del concurso denominado «igualdad», que otorgaba puntuaciones
en atención al porcentaje de personal femenino fijo en la empresa.
Art. 14 CE (LA LEY 2500/1978); arts. 33 y 34 LO 3/2007 de 22 Mar (igualdad efectiva
de mujeres y hombres) (LA LEY 2543/2007); disp. adic. 6 LCSP (LA LEY 10868/2007);
disp. adic. 8 LRJAP-PAC (LA LEY 3279/1992); art. 86 TR LCAP (LA LEY 2206/2000).sumario
ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.—Discrepancia con el criterio
de adjudicación del concurso denominado «igualdad», que otorgaba
puntuaciones en atención al porcentaje de personal femenino fijo en
A la polémica puntuación concedida por el porcentaje de personal femenino fijo en la empresa —el concurso administrativo de obras impugnado en
autos tiene como criterio de adjudicación el de «igualdad», que otorgaba
puntuaciones en atención al porcentaje de personal femenino fijo en la empresa— no se le atribuye el valor de constituir un criterio más de adjudicación
que juegue de manera acumulativa con los demás, sino el de ser un elemento
para otorgar una preferencia en la adjudicación solamente en el caso de que,
con la aplicación de los criterios objetivos que deben regir en la adjudicación,
se produzca una situación de igualdad o empate entre dos o más ofertas
o proposiciones. La sentencia del tribunal de instancia declara válida esa
puntuación correspondiente al personal femenino fijo en la empresa si se
utiliza con posterioridad a la aplicación de los criterios objetivos que deben
decidir la adjudicación, una vez advertida la igualdad en esos criterios y como
preferencia para decidir el empate producido. Por lo que hace a las administraciones públicas, el objetivo o meta de la igualdad de hombres y mujeres
podrá ser perseguido en la totalidad de sus actividades, esto es, cualquiera
que sea el instrumento formal en que estas se manifiesten —procedimiento,
acto o contrato—, cualquiera que sea su contenido —regulador, de servicio
público, fomento, policía, etc.— y cualquiera que sea la materia sectorial a
que esté referida. Circunscribir la política de igualdad en materia de contratación únicamente al instrumento o mecanismo jurídico de las condiciones de
ejecución resulta, en principio, contrario a esa transversalidad que con tanta
amplitud se define en la LO 3/2007 de 22 Mar (igualdad efectiva de mujeres
y hombres) (LA LEY. 2543/2007); pues lo que dicha transversalidad demanda
es que, dentro de ese ámbito de la contratación, la igualdad de hombres y
mujeres pueda ser perseguida a través de todos los instrumentos jurídicos
que la legislación de contratos regula. Las anteriores consideraciones impiden sostener que la posibilidad de aplicar políticas de igualdad de hombresLos textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es83 de enero de 2013
www.diariolaley.esy mujeres sólo es posible en la fase de ejecución y a través del instrumento
jurídico de las condiciones especiales de ejecución del contrato. El art. 34.1
LO 3/2007 contempla la posibilidad de incluir en los contratos de la administración general del Estado medidas de promoción de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres como «condiciones de ejecución». La aplicación de
medidas de igualdad como condición de ejecución es una de las posibilidades
existentes para la implantación de tales medidas y no la única; y cuando se
opte por dicha posibilidad habrá de hacerse de acuerdo con lo que dispone
la legislación de contratos del sector público en lo relativo a los requisitos
para su establecimiento, como es su indicación en el anuncio de licitación,
y al régimen de su incumplimiento. La aplicación de preferencias en la adjudicación para medidas de naturaleza social está prevista en otras normas de
la legislación de contratos —lo estaba para las empresas que incluyeran en
su plantilla trabajadores minusválidos en la disp. adic. 8 LRJAP-PAC (LA LEY.
3279/1992) y disp. adic. 6 LCSP (LA LEY. 10868/2007)—.FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El proceso de instancia fue promovido por la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, mediante un recurso contencioso-administrativo
dirigido contra la resolución de 12 de diciembre de 2007 de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura que anunció concurso abierto para la contratación
de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales [EDAR] en Navamoral
En su demanda combatió que entre los criterios de adjudicación del concurso se
incluyera uno, denominado ”igualdad”, que otorgaba puntuaciones en atención al
”porcentaje de personal femenino fijo en la empresa”.
El anterior recurso jurisdiccional fue desestimado por la sentencia que es objeto
del actual recurso de casación, que también ha sido interpuesto por la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN.
SEGUNDO.- La sentencia de instancia delimitó el litigio señalando que la entidad
demandante dirigió estos reproches al controvertido criterio de adjudicación: que
no era objetivo; tampoco tenía relación con el objeto del contrato (la construcción
de una EDAR; y chocaba con los criterios jurídicos comunitarios e incluso con los
sociales a los que se refiere la Ley de Contratos del Sector Público.ámbitos, introduciendo las correspondientes modificaciones en todas las leyes estatales afectadas por la regulación del principio de igualdad real.
En consecuencia se sigue el criterio de adjudicación no a la mejor oferta económica
sino a la más ventajosa para los intereses generales, determinando el Legislador que
dentro de los mismos cabe primar a empresas que en su plantilla existan mujeres
desempeñando funciones laborales».
TERCERO.- El recurso de casación de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN invoca en su apoyo cuatro motivos, deducidos todos ellos por el cauce
de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley reguladora de esta jurisdicción contenciosoadministrativa (LJCA), pues así se dice expresamente en los tres primeros y resulta
en el cuarto de su desarrollo argumental.
· El primer motivo denuncia la infracción del artículo 86 Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio [TR/LCAP], y del artículo 53 de la Directiva
2004/18 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre
obras, suministro y servicios.
La idea central invocada en apoyo de este motivo es que la sentencia de Extremadura ha desmontado todos los pilares del derecho contractual administrativo por
estas tres razones: admite para la adjudicación un criterio objetivo; elimina las fases
de licitación, adjudicación y ejecución; y acepta como criterio válido el representado
por la fórmula más ventajosa para los intereses generales.
Se dice que así lo hace a cuando declara que
”carecería de sentido realizar una diferenciación entre fases de licitación, adjudicación
o ejecución”.
Y también cuando realiza esta otra afirmación:
”se sigue el criterio de adjudicación no a la mejor oferta económica sino a la más
ventajosa para los intereses generales, determinando el Legislador que dentro de los
mismos cabe primar a empresas que en su plantilla existan mujeres desempeñando
funciones laborales”.
Esa idea central se desarrolla con unos argumentos que, en esencia, son éstos:También declaró que la parte actora había subrayado la necesidad de diferenciar
las distintas fases contractuales de licitación, adjudicación y ejecución.
Luego, cuando abordó la cuestión principal del litigio, afirmó que habían de tenerse
en cuenta, por su trascendencia para dicha cuestión, los artículos 33 y 34 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo , de igualdad efectiva de hombres y mujeres, y
transcribió el contenido de estos preceptos.
Afirmó seguidamente que esos preceptos habían de ser puestos en conexión con
el artículo 11 “y concordantes” de esa misma Ley , y añadió lo siguiente:
«Así pues, una interpretación conjunta de los preceptos, conlleva a entender que con
la finalidad de igualar laboralmente a hombres y mujeres, el Legislador ha querido
introducir una serie de medidas de “discriminación positiva” que favorezcan la incorporación laboral y profesional de la mujer, dando un mandato a las Administraciones
en tal sentido. Pero incluso en el ámbito Comunitario, deben ser traídas a colación
las Directivas 2002/73, 76/207 o la 2004/113.
En consecuencia los preceptos referidos, deben ser interpretados literal y teleológicamente, por ello en el ámbito contractual administrativo, carecería de sentido
realizar una diferenciación entre fases de licitación, adjudicación o ejecución. Lo
que se pretende es primar en un grado razonable a aquellos contratistas que hayan
incorporado a su plantilla a mujeres. Eso no choca con el resto de criterios, que en
este supuesto enjuiciado, la Administración ha tenido en consideración y a los que
otorga mayor puntuación, como son la proposición económica, viabilidad técnica,
seguridad, etc. Estas medidas pueden favorecer laboralmente a la mujer, en caso de
igualdad de méritos entre candidatos, pero no si falta este requisito, en cuyo caso el
trato distinto sí es contrario a la igualdad (Sentencias Kalanke y Marshall). En consecuencia la legislación contractual-administrativa, no puede aislarse de esta ley
orgánica, ley transversal, en el sentido de que irradia los principios de igualdad real
y no discriminación, sobre todos los ámbitos de la vida política, jurídica y social, y
contiene medidas dirigidas a la actuación de los poderes públicos en muy diversos(1) que ese polémico criterio del ”porcentaje de personal femenino fijo en la empresa” no es un criterio de adjudicación objetivo sino subjetivo, por lo que la
sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 86 del TR/LCAP sobre que en los
pliegos se establecerán los criterios objetivos que habrán de servir a la adjudicación
(y se cita lo que declaró la sentencia de esta Sala de 24 de septiembre de 2008,
casación 4793/2006), sobre la naturaleza objetiva de los criterios que enumera
ese precepto legal);
(2) que ese controvertido criterio tampoco se encuentra ligado al objeto del contrato, como exige el artículo 53 de la Directiva 2004/18/CEE; y
(3) que ese discutido criterio sería similar al contenido en la declaración de efectivos
personales medios anuales de la empresa y estaría por ello dirigido a verificar la
aptitud solvencia del contratante, por lo que su apreciación no procedería en la
fase de adjudicación sino en la de selección.
· El segundo motivo señala la infracción de los artículos 15 y siguientes del antes
citado TR/LCAP y de la doctrina contenida en la sentencia de 20 de septiembre de
1988 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -TJCE-(asunto C-31/87
DENTJES BV).
Para sostenerlo se subraya que el precepto legal y la jurisprudencia que aquí se
citan como vulnerados diferencian distintas fases en la contratación y los criterios
que han de ponderarse en cada una de ellas, pues los criterios de valoración de la
solvencia operan en la fase de selección del contratista, los criterios objetivos de
elección de las ofertas rigen en la fase de adjudicación y los criterios de fomento
de políticas medioambientales y sociales pueden aplicarse en la fase de ejecución
como condición exigible en la misma.
Y se afirma que, frente a la posición de la sentencia recurrida contraria diferenciar esas tres distintas fases, los criterios de ejecución no pueden ser utilizados3 de enero de 20139
www.diariolaley.escomo criterios de selección del contratista ni como criterios de adjudicación
· El tercer motivo reprocha la infracción de los artículos 11 , 33 y 34 de la Ley
Orgánica 3/2007 , para la igualdad efectiva de hombres y mujeres [LOI].
De nuevo se aduce como razón principal de este reproche esta declaración de la
sentencia de instancia:
Y sobre esa base se le imputan estos cinco incumplimientos de esos preceptos de
la LO 3/2007 cuya esencia se puede resumir en lo siguiente:
1.- Frente a no necesidad de la diferenciación de las fases de contratación que la
sentencia proclama, el artículo 33 limita la aplicación de las políticas de igualdad
en la contratación al ámbito de la ejecución.
2.- Una consecuencia o complemento de lo anterior es que ese artículo 33 no es
de aplicación a la fases de licitación y adjudicación, porque el instrumento elegido
para promoción de la igualdad entre hombres y mujeres es el del establecimiento
de condiciones especiales en relación con la ejecución; y se señala que en esa línea
se mueve el artículo 102 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público [LCSP ] cuando prevé la posibilidad de establecer condiciones de
ejecución referidas a consideraciones de tipo social.
3.- A pesar de la transversalidad que predica para la LOI, la Sala de Extremadura, se
olvida del carácter especial que tiene la legislación de contratos del sector público
y de la necesidad de acudir a ella en lo que dispone sobre la necesidad de aplicar
tales medidas como condiciones de ejecución y sobre la indicación de las mismas
en el anuncio de licitación y en el pliego.
4.- La sentencia equipara erróneamente un “criterio de preferencia” con “un criterio
de adjudicación”, pues no tiene en cuenta que esos criterios de preferencia son
posteriores y subsidiarios al previo análisis que se haya efectuado con los criterios
de adjudicación objetivos (se cita la disposición adicional octava del TR/LCAP .
5.- El artículo 34 es únicamente aplicable a la Administración General del Estado
· El cuarto motivo censura la invocación que la sentencia recurrida hace para apoyar su decisión tanto de las Directivas 76/207/CEE, 2002/73/CE y 2004/113/CEE
como de las sentencias del TJCE de 17 de octubre de 1995 (asunto C - 450/1993
Kalanke) y 11 de noviembre de 1997 (asunto 409/1995 Marschall).
Se viene a decir que esas Directivas y sentencias del TJCE descartan la aplicación
automática de las medidas de discriminación positiva, por lo que ”sólo cabe en la
adjudicación de los contratos de las proposiciones que igualen en sus términos a las
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base
a la adjudicación “; y se añade ”Lo que no ha ocurrido en la licitación objeto litis”.Esto significa, lo haya expresado la sentencia “a quo” con mayor o menor fortuna, que a la polémica puntuación concedida por el porcentaje de personal
femenino fijo en la empresa no se le atribuye el valor de constituir un criterio
más de adjudicación que juegue de manera acumulativa con los demás, sino el
de ser un elemento para otorgar una preferencia en la adjudicación solamente
en el caso de que, con la aplicación de los criterios objetivos que deben regir
en la adjudicación, se produzca una situación de igualdad o empate entre dos o
más ofertas o proposiciones.
Dicho de otra forma, la sentencia de Extremadura declara válida esa puntuación
correspondiente al personal femenino fijo en la empresa si se utiliza con posterioridad a la aplicación de los criterios objetivos que deben decidir la adjudicación,
una vez advertida la igualdad en esos criterios y como preferencia para decidir el
empate producido.
Y siendo ese el criterio de la sentencia recurrida, según resulta de esa declaración
suya literal y de su lectura global, no cabe compartir todos esos reproches de que no
respetó los criterios objetivos relacionados con el objeto del contrato y confundió
criterios de adjudicación y preferencia que se le han dirigido con la finalidad de
apoyar los motivos de casación primero, segundo y tercero.
SEXTO.- La respuesta a la tercera cuestión de las que antes fueron han enunciadas
aconseja realizar las consideraciones previas que continúan.
· La primera es que la igualdad de mujeres y hombres es una aplicación del derecho
a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo que proclama el artículo
14 CE; y, en relación con ese derecho, el texto constitucional (artículo 9.3) dirige
a los Poderes Públicos este enérgico mandato: ”promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
· La segunda es que, según resulta de su Exposición de Motivos, la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de hombres y mujeres, viene a cumplir
el mandato constitucional a que acaba de hacerse referencia.
Lo hace desde la siguiente constatación de la realidad, también expresada en esa
” El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género,
la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor
desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación
entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva,
entre mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros», en palabras escritas por John Stuart
Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos
instrumentos jurídicos.(a) si la sentencia recurrida ha infringido el principio de objetividad que, respecto de
los criterios de adjudicación de la contratación pública, consagran esos preceptos
del TR/LCAP y de la Directiva 2004/18 CE;Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los
obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva
de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres,
pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española, que
contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo”.(b) si ha confundido criterios de preferencia y criterios de adjudicación en lo que
hace a la aplicación de la política de igualdad de trato de mujeres y hombres; y· La tercera es la dimensión transversal de la igualdad, expresamente afirmada en
esa Exposición de Motivos y definida así en el artículo 15:(c) si la aplicación de esa política en la contratación administrativa es únicamente
procedente a través del instrumento de las condiciones especiales de ejecución,
por resultar así de lo establecido en los artículos 32 y 33 de la LO 3/2007 [LOI ] y
102 de la Ley 30/2007 [LCSP].” El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará,
con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en
todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”.CUARTO.- El planteamiento de la actual casación que ha quedado expuesto revela
que las cuestiones que aquí ha de resolver esta Sala son éstas:QUINTO.- Entrando ya en el análisis de las dos primeras cuestiones, lo primero
que debe subrayarse es que la sentencia recurrida realiza esta concreta declaración
(puesta en negrita en la transcripción de la sentencia que antes se hizo): ”Estas
medidas pueden favorecer laboralmente a la mujer, en caso de igualdad de méritos
entre candidatos”.La cual pone de manifiesto que, por lo que hace a las Administraciones públicas,
el objetivo o meta de la igualdad de hombres y mujeres podrá ser perseguido en
la totalidad de sus actividades, esto es, cualquiera que sea el instrumento formal
en que estas se manifiesten (procedimiento, acto o contrato), cualquiera que seaLos textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es103 de enero de 2013
www.diariolaley.essu contenido (regulador, de servicio público, fomento, policía, etc. y cualquiera que
sea la materia sectorial a que esté referida.
La cuarta y última consideración es que, según deriva de todo lo anterior,
circunscribir la política de igualdad en materia de contratación únicamente al
instrumento o mecanismo jurídico de las condiciones de ejecución resulta, en
principio, contrario a esa transversalidad que con tanta amplitud se define en
la LO 3/2007 [LOI]; pues lo que dicha transversalidad demanda es que, dentro
de ese ámbito de la contratación, la igualdad de hombres y mujeres pueda ser
perseguida a través de todos los instrumentos jurídicos que la legislación de
contratos regula.
SÉPTIMO.- Las anteriores consideraciones impiden dar una respuesta favorable
al tercer motivo de casación y a la tesis que en él se pretende sostenerse de
que la posibilidad de aplicar políticas de igualdad de hombres y mujeres sólo
es posible en ,la fase de ejecución y a través del instrumento jurídico de las
A ellas debe añadirse que la lectura conjunta de los artículos 33 y 34 de la LO
3/2007 [LOI ] no permite, respecto del primero de ambos, la interpretación que
sugiere el recurso por lo siguiente:
a) El artículo 33 tiene carácter básico, aplicable a todas las Administraciones
públicas, mientras que el artículo 34 es sólo aplicable a los ”Contratos de la
Administración General del Estado”.
b) El artículo 34, en su apartado 1, contempla la posibilidad de incluir, en los
contratos de la Administración General del Estado, medidas de promoción de
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como ”condiciones de ejecución”;
y en su apartado 2 dispone:
”Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos
de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento
de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan con las directrices del
apartado anterior, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de
base a la adjudicación y respetando, en todo caso, la prelación establecida en el
apartado primero de la disposición adicional octava del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio “.
c) La tesis del recurso comportaría admitir una contradicción entre ambos preceptos, pues el primero limitaría, para todas las Administraciones públicas, la
posibilidad de aplicar las medidas de igualdad tan sólo a que las establecieran
como medidas de ejecución del contrato; mientras que el segundo permitiría
al Estado establecerlas también como criterio de preferencia para decidir la
ejecución entre proposiciones iguales desde criterios objetivos.
d) Esa contradicción resulta inadmisible y la forma de eludirla es interpretar
ese artículo 32 de la LOI en estos términos: que la aplicación de medidas de
igualdad como condición de ejecución es una de las posibilidades existentes
para la implantación de tales medidas y no la única; y que cuando se opte por
dicha posibilidad habrá de hacerse de acuerdo con lo que dispone la legislación
de contratos del sector público en lo relativo a los requisitos para su establecimiento (como es su indicación en el anuncio de licitación) y al régimen de
e) Por otro lado, la aplicación de preferencias en la adjudicación para medidas
de naturaleza social está prevista en otras normas de la legislación de contratos:
lo estaba para las empresas que incluyeran en su plantilla trabajadores minusválidos en la disposición adicional octava del TR/LCAP; y la misma posibilidad
se ha mantenido en la disposición adicional sexta de la Ley 30/2007-LCSP-.
OCTAVO.- Procede, de conformidad con todo lo antes razonado, declarar no
haber lugar al recurso de casación y, en cuanto a las costas, imponerlas a la
parte recurrente por no ser de apreciar circunstancias que justifiquen apartarse
de la regla general del artículo 139.2 LJCA de 1998). (...) ■Doctrina
misteriosLA LEY 18989/2012Las servidumbres en Cataluña:
Pablo RODRÍGUEZ-PALMERO SEUMA
RODRÍGUEZ-PALMERO AbogadosEste artículo analiza algunos de los aspectos más
controvertidos que el Código Civil de Cataluña contiene
—de modo distinto, e incluso opuesto, al Código Civil
español— en la regulación de las servidumbres, a las que la
generalidad de la doctrina otorga una calurosa bienvenida.
Reconociendo los logros de tal regulación, no se comparte tal
actitud: algunas anunciadas novedades resultan no ser tales,
y otros aspectos se consideran discutibles o sencillamente
I. BREVE MENCIÓN
LEGISLATIVACon carácter previo a la exposición de algunos de los
de la regulación de las servidumbres
contenida en el libro V del Código Civil
de Cataluña (en adelante, CCC), consignaremos una breve referencia a sus
Tal labor resulta no únicamente interesante desde un punto de vista
científico, sino necesaria para enfocar
adecuadamente el régimen actual, aun
admitiendo que el argumento histórico
—entendido como la coherencia entre
cierta regulación y sus antecedentes—
presenta un valor limitado: como puede
comprenderse, es posible que tal coherencia quede constatada y, al tiempo,
se considere que determinada solución
legislativa no resulta adecuada.
Pues bien, tradicionalmente, las servidumbres estuvieron reguladas en Cataluña por el Derecho romano. Si bien es
cierto que con frecuencia se ha invocado
la existencia de una normativa propia,
las denominadas Ordenacions de Sanctacilia (posteriormente incorporadas a las
Constitucions), la mayoría de la doctrina
advierte que la regulación ahí contenida se refería a limitaciones legales del
dominio o relaciones de vecindad, no
al derecho de servidumbre en sentido
estricto (1). Tal confusión de categorías
jurídicas persistió con posterioridad, del
mismo modo que, como es sabido, con-tagió también al Código Civil español
(«CC»): arts. 549 y siguientes.
Más adelante, las servidumbres aparecieron reguladas en la Compilación de
Derecho Civil de Cataluña de 21 de julio
de 1960 (posteriormente recogida en
el texto refundido de 20 de marzo de
1984, que ninguna alteración introdujo
en esta materia). Sin embargo, dado que
esta normativa reflejó la parte considerada vigente de las citadas Ordenacions
de Sanctacilia, arrastró la confusión de
categorías antes denunciada.
Tal fenómeno obliga a consignar una somera referencia a la diferencia entre la
servidumbre —de un lado— y la limitación legal del dominio —de otro lado—:
mientras la primera es un derecho real
en cosa ajena requerido de específica
constitución (bien por negocio jurídico,
bien por resolución judicial o administrativa), las limitaciones legales del dominio
constituyen restricciones que, por directa imposición de la Ley —no requerida
de un adicional acto de constitución—,
afectan al contenido ordinario del derecho de propiedad. Se trata de una
categoría jurídica extremadamente frecuente en la actualidad, en especial por
influencia del Derecho Administrativo,
que impone al propietario la carga de soportar cierta actividad, o la prohibición
de llevar a cabo actuaciones para las que
caso contrario estaría facultado.
A diferencia de las servidumbres, las limitaciones legales del dominio se desenvuelven al margen del Registro de la
Propiedad, de forma que afectan a cual-3 de enero de 201311
www.diariolaley.esquier adquirente, aunque éste reúna las
condiciones previstas en el art. 34 de la
Ley Hipotecaria («LH»). Por ello, el art.
37 LH recoge, como ejemplo de acción
que afecta a cualquier tercero, la resultante del ejercicio del retracto legal.
Específicamente en relación a las limitaciones legales restrictivas del poder
de disposición, debe recordarse el art.
26 LH, que dice: «las prohibiciones de
disponer o enajenar se harán constar en
el Registro de la Propiedad y producirán efecto con arreglo a las siguientes
normas: 1.ª las establecidas por la Ley
que, sin expresa declaración judicial o
administrativa, tengan plena eficacia
jurídica, no necesitarán inscripción separada y especial, y surtirán sus efectos
como limitaciones legales del dominio».cho real al momento de la transmisión
de una de ellas, excepto que el propietario lo manifestase de forma expresa.Por lo demás, de la regulación contenida
en la Compilación destaca la enumeración de una serie de servidumbres no
susceptibles de usucapión, ni siquiera inmemorial, norma de la que derivaba que
—con tales excepciones— las servidumbres sí eran susceptibles de usucapión.
Tal régimen debía complementarse con
el art. 343.2, que establecía que las servidumbres discontinuas podían adquirirse
mediante usucapión inmemorial.i) El mantenimiento de la admisión de la
servidumbre de propietario, así como de la
regla por la que, caso de que el propietario
transmitiese una de las fincas entre las que
existiese signo aparente de servidumbre,
este derecho solo se constituiría en caso
que así fuera expresamente declarado.Tras el reconocimiento de la competencia de las Comunidades Autónomas
para la conservación, modificación y
desarrollo de sus derechos civiles (art.
149.1.8 CE), las servidumbres merecieron una regulación mucho más detallada en la Ley 13/1990, de la Acción
Negatoria, Inmisiones, Servidumbres y
Relaciones de Vecindad —en lo sucesivo, «Ley 13/1990»—.
De esta Ley resultan especialmente relevantes los siguientes aspectos:
i) Regulaba una figura tradicionalmente
admitida en la tradición jurídica catalana: la denominada servidumbre de propietario, esto es, la constituida por una
sola persona entre dos fincas de su titularidad, en discordancia con el principio
nemini res sua servit y a diferencia de lo
previsto en el art. 530.1 CC (precepto, a
su vez, procedente del 637 CC francés):
«la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio
de otro perteneciente a distinto dueño».
En coherencia con ello, se preveía la
subsistencia de la servidumbre cuando
ambas fincas —dominante y sirviente—, originariamente titularidad de
diferentes personas, deviniesen propiedad de una sola (a diferencia de lo
prevenido en el art. 546.1 CC).
ii) Contrariamente a lo previsto en el art.
541 CC, se decía que la existencia de signo aparente de servidumbre entre dos
fincas pertenecientes a la misma persona no sería título para crear aquel dere-iii) Se establecía el principio general de
que todas las servidumbres podían ser
adquiridas mediante usucapión, a través de la posesión pública, pacífica e
ininterrumpida durante treinta años.
Más tarde —probablemente, con demasiada rapidez—, la materia fue regulada por la Ley 22/2001, de regulación
de los Derechos de Superficie, de Servidumbre y de Adquisición Voluntaria
o Preferente («Ley 22/2001»).
En relación con las materias objeto de
este artículo, se preveía:ii) Cambiando radicalmente la norma
anterior, se impuso que ninguna servidumbre podía ser adquirida mediante
La regulación actual de las servidumbres aparece contenida en el libro V
CCC (Ley 5/2006, de 10 de mayo); concretamente, en el art. 566.1 a 566.13.
Desde luego, el objetivo de este trabajo
no es llevar a cabo una exposición sistemática de tal regulación. De modo bien
distinto, centraremos nuestra atención en
tres aspectos de aquélla, que consideramos especialmente interesantes y regulados (justificadamente o no) de modo
opuesto al CC; tales aspectos son: la admisión de la servidumbre de propietario,
la general negación de la constitución de
la servidumbre por destino del padre de
familia, y la imposibilidad de adquirir las
servidumbres mediante usucapión.
Adelantando la conclusión que nos merece cada una de esas figuras, podemos
hablar de una falsa novedad (el efecto
propio de la servidumbre de propietario
estaba ya reconocido en el ámbito del
CC), otra que presenta un fundamento
discutible (del reconocimiento de la
servidumbre de propietario no se deriva inexorablemente la negación de la
constitución tácita del art. 541 CC), y
una última en cuyo soporte se invocan
razones sencillamente inaceptables.II. LA ADMISIÓN
Como se ha adelantado, el CCC admite la generalmente conocida comoservidumbre de propietario, que es la
impuesta por quien simultáneamente
reúne la condición de propietario de la
finca dominante y de la sirviente. Dice
el art. 566.3.1 CCC: «el propietario o
propietaria de más de una finca puede
constituir entre éstas las servidumbres
que considere convenientes».
La divergencia del precepto con el art.
530 CC pudiera dar pie a pensar que
nos hallamos ante una figura desencadenante de enormes diferencias con el
CC. No es así: como destaca la totalidad
de la doctrina, mientras las dos fincas
permanezcan en el patrimonio del
constituyente de la servidumbre, ésta
se halla meramente latente, y carece
de efectividad. Mejor dicho: durante
ese periodo de tiempo, las facultades
derivadas de la servidumbre quedan
absorbidas por el derecho de propiedad que esa misma persona mantiene
sobre ambos predios; de este modo, si,
por ejemplo, el dueño de una finca sin
acceso a la vía pública atraviesa otra
de su propiedad, no lo hace legitimado
por el derecho de servidumbre, sino con
base en el (más amplio, y absorbente de
aquél) derecho de propiedad.
PUIG FERRIOL y ROCA TRÍAS afirman
que la posibilidad de establecer servidumbres de propietario implica una
modernización del Derecho catalán,
pues ofrece soluciones adecuadas en
casos de parcelaciones, urbanizaciones
y, especialmente, respecto de la propiedad horizontal: en relación con ésta,
porque permite que, cuando la totalidad del inmueble pertenece al promotor, este agente pueda ya establecer las
servidumbres que permitan el correcto
funcionamiento del complejo cuando
exista pluralidad de propietarios (2).
Así entendida, la figura guarda íntima
relación con la servidumbre sobre finca
o utilidades futuras: el hecho de que la
servidumbre de propietario se halle latente mientras no aparezca otro propietario determina que tal aparición opere
como conditio iuris para la efectividad
del derecho, efecto idéntico al que tiene lugar en la servidumbre constituida
sobre un bien aún inexistente; dice el
art. 566.2.3 CCC (de modo semejante
al art. 1029 CC italiano): «las servidumbres cuyo contenido consista en
una utilidad futura, entre las cuales se
incluyen las referidas a la construcción
o derribo de inmuebles, se considerarán
constituidas bajo condición».
No obstante, debe advertirse que en
modo alguno nos hallamos ante una
figura innovadora ni modernizadora,
pues lo cierto es que los efectos propios de la servidumbre de propietario
se encontraban ya pacíficamente reconocidos con anterioridad en el ámbito
del CC. Concretamente, en el seno de laLos textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.esprehorizontalidad, en el que se permitía
que el propietario único de un conjunto
inmobiliario previese las servidumbres
que tuviera por convenientes, entendiéndose que aquéllas únicamente
adquirirían efectividad (precisamente
mediante el mecanismo de la condición suspensiva) al momento en que
surgiese un segundo propietario. Así lo
reconoció la famosa Resolución de la
Notariado de 21 de octubre de 1980
(LA LEY 173/1980), que, planteándose como obstáculos la prohibición de
la servidumbre de propietario y el art.
541 CC —posteriormente analizado—, resolvió el supuesto como sigue:
«QUINTO.- Que el primer obstáculo
que podría oponerse a la servidumbre
que se pretende inscribir sería el derivado del principio romano nulli res
sua servit que aparece recogido en el
art. 530 del Código Civil al exigir que
pertenezcan a distinto dueño las fincas dominante y sirviente, por lo que
al no haber más que un solo propietario faltaría el requisito fundamental
requerido en este precepto legal, pero
este obstáculo resulta salvado al constituirse las servidumbres discutidas bajo
la condición suspensiva de que nazcan
cuando un tercero adquiere alguna de
las fincas registrales que van a ir surgiendo de la principal, por permitir su
inscripción los arts. 9.2 de la Ley y 51.6
de su Reglamento. SEXTO.- Que el segundo obstáculo nacido del contenido
del art. 541 CC hace referencia a la falta
de signo físico aparente entre las fincas,
dada la inexistencia de las edificaciones que además no están ni siquiera
proyectadas, y en efecto esto es así y
más adelante se examinará, pero aparte
de que al igual que en el supuesto del
considerando anterior se han establecido las indicadas servidumbres bajo la
condición suspensiva de que se realice
la correspondiente construcción, hay
que señalar que este precepto (…) no
excluye la posibilidad de su ampliación
a otros casos, y que, en consecuencia, al
igual que sucedió con la tradición real,
que fue progresivamente espiritualizada y así el art. 1462 CC establece que la
escritura pública equivale a la entrega,
pueda ahora dadas las nuevas situaciones planteadas por el urbanismo
entender que también puede ese signo
aparente crearse en forma documental
en la propia escritura pública, y a través
de su inscripción en los libros registrales darlo a conocer a terceros, quienes
al adquirir todo o parte del inmueble o
inmuebles dan lugar a que se cumpla la
condición que originará el nacimiento
de la mencionada servidumbre».
De hecho, la resolución se hacía ya eco de
la conveniencia de que estas servidumbres accediesen al Registro de la Propiedad, a través de la figura de la condición
suspensiva, para otorgar protección a123 de enero de 2013
www.diariolaley.esOPINIÓNEl presente artículo analiza algunas de las cuestiones más discutibles de
la actual regulación catalana
de las servidumbres, y critica
aquellos aspectos considerados irrazonables o, al menos,
no suficientemente razonados.
La histórica abundancia de
regímenes legislativos de las
servidumbres (entre la Compilación y el Código Civil catalán
han mediado dos leyes adicionales), resulta en ocasiones
esclarecedor y en ocasiones
perturbador para la comprensión de la actual regulación. En
efecto: mientras en ocasiones
la existencia de antecedentes
de cierta solución legislativa
otorga coherencia a las especialidades del Derecho catalán,
en otras los súbitos cambios en
el rumbo del legislador resultan
desconcertantes, en especial
cuando se producen sin facilitar
la menor explicación sobre las
razones que han sido sopesadas
El autor reconoce que parte de
sus críticas pueden tener origen en el previo conocimiento
del Código Civil español, del
que, aun inconscientemente,
se parte al abordar el estudio
del Derecho catalán. No obstante, tal eventual vicio (sin
duda compartido con la práctica totalidad de la comunidad
jurídica) no justifica otro a menudo detectado en la doctrina
catalana: la frecuente ausencia
de toda crítica a las soluciones
legislativas adoptadas, pareciendo en ocasiones limitarse
a acumular argumentos para
justificar la bondad de aquéllas
—en primer lugar—, y sus ventajas en relación con el Código
Civil español, a menudo presentado como superado —en
segundo lugar—.
Tratando de ofrecer una visión
más crítica de la regulación de
las servidumbres en Cataluña,
son objeto de análisis tres aspectos que se consideran especialmente interesantes: la
admisión de la servidumbre de
propietario, la general negación de la constitución de servidumbre por destino del padre
de familia, y la prohibición de
usucapir cualquier tipo de servidumbre.los adquirentes. Puede leerse, al final del
fundamento de Derecho primero: «(…)
y de ahí que deban tener acceso a los
libros registrales, pues con ello se logra
la protección de los futuros adquirentes
de apartamentos, pisos o locales, al no
poderse variar sin su consentimiento la
situación jurídica creada a través de la regulación hecha, así como el conocimiento
por los terceros del régimen a que se sujetará la proyectada edificación y de lo que
ha de constituir el estatuto jurídico del
complejo inmobiliario a realizar».
De modo semejante se pronunció, poco
después, la Resolución del órgano directivo de 5 de noviembre de 1982 (LA
LEY 351/1982), especialmente reveladora de la necesidad de conceder a los
adquirentes la mencionada protección
registral: «SEGUNDO.- Que la difusión
que ha adquirido la compra de viviendas
o locales en propiedad no ya solo en edificios construidos, sino en gran medida
también cuando éstos se encuentran
todavía en construcción o incluso meramente proyectados, origina una intrincada red de relaciones jurídicas dada la
complejidad de los elementos que intervienen, que empieza ya a manifestarse
en la fase que la doctrina conoce con la
denominación de prehorizontalidad (…),
que trata de resolver aquellas cuestiones
que la práctica jurídica ha planteado con
el fin de alcanzar soluciones que garanticen el cumplimiento de las obligaciones
pactadas a través de los medios adecuados. TERCERO.- Que esta situación de
prehorizontalidad que aparece centrada
esencialmente en el solar como realidad
tangible y en el edificio en construcción
o simplemente en proyecto conlleva
un gran interés para los adquirentes de
departamentos o locales, futuros cotitulares del edificio en cuanto que en
esta fase se determina el propio objeto
adquirido con sus características físicas y
límites, los derechos sobre el mismo así
como el régimen estatutario que regulará la futura comunidad, o la fijación de la
cuota de participación que corresponda
a cada piso o local e igualmente —dato
sumamente importante— la responsabilidad hipotecaria ya distribuida por
cada finca independiente de las que van
a existir en el edificio en caso de haberse
constituido garantía real por los créditos percibidos para la construcción, y
todas estas circunstancias —aparte de
otras no señaladas— permanecerán sin
la suficiente publicidad, con los riesgos
que ello comporta, si no pudieren tener
acceso al Registro de la Propiedad, que
es la institución adecuada para darles a
conocer a los terceros, lo que lógicamente ha de tener lugar, si no existe norma
legal que lo impida, a través del título
constitutivo del régimen de propiedad
horizontal. CUARTO.- Que sin entrar en
el examen del supuesto de constitución
de régimen de propiedad horizontal en
edificio proyectado, por exceder delcontenido de este recurso, es indudable
que el art. 8 de la Ley Hipotecaria en su
mismo número 4 establece como regla
general el acceso a los libros registrales
de los títulos constitutivos de propiedad
horizontal en los casos en que la construcción del edificio esté no solo concluida, sino por lo menos comenzada, con
lo que nuestra Ley trata de atender las
exigencias indicadas en el considerando
anterior y atemperarse a lo que constituye el objeto primordial del Registro de la
Propiedad de salvaguardar los derechos
de los terceros. QUINTO.- Que la incógnita que podría presentarse con respecto a la determinación del momento en
que se entienda que la construcción ha
comenzado, aparece despejada en los
propios términos gramaticales empleados por la Ley, y al contener la escritura calificada la declaración de que en
el solar ha comenzado la construcción
del edificio no se observa obstáculo que
impida el acceso al Registro del título
constitutivo, así como que una vez inscrito este título, puedan inscribirse como
fincas independientes los pisos o locales
del edificio conforme a lo ordenado en
el núm. 5 del mismo art. 8 de la Ley Hipotecaria».propietario y la posibilidad analizada
en este apartado: la constitución por
destino del padre de familia determina
que la existencia de un signo aparente
de servidumbre entre dos fincas, pertenecientes a la misma persona, provoque
el nacimiento de aquel derecho una vez
desaparezca la titularidad única, mientras que la servidumbre de propietario
permite que una persona establezca
servidumbres entre dos fincas de su
propiedad, la cual se mantendrá latente mientras no aparezca un segundo
propietario.De acuerdo con lo expuesto, la importancia que quiere concederse a la posibilidad recogida en el CCC debe, al menos,
relativizarse: atendido que la servidumbre de propietario se halla meramente
latente mientras las fincas permanezcan
en el patrimonio de aquél, la figura había sido ya admitida, con la finalidad de
otorgar publicidad registral en beneficio
de los terceros adquirentes.Pues bien, aceptando expresamente
el CCC la servidumbre de propietario,
rechaza la constitución tácita por destino del padre de familia. Dice el art.
566.3.2 CCC: «la servidumbre sobre una
finca propia publicada únicamente por
la existencia de un signo aparente, si se
enajena la finca dominante o la sirviente, solo subsiste si se establece expresamente en el acto de enajenación». Por
tanto, el Derecho catalán se muestra
también aquí opuesto al CC, cuyo art.
541 afirma: «la existencia de un signo
aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de
ambas, se considerará si se enajenare
una como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no
ser que al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas se exprese lo
contrario en el título de enajenación de
cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento
de la escritura». En el mismo sentido,
los arts. 692 a 694 del Código francés
y el 1062 del Código italiano.Finalmente, debe mencionarse que los
autores diferencian dos tipos de servidumbre de propietario: la originaria,
que se produce cuando, al momento
de la constitución de aquélla, las fincas
dominante y sirviente pertenecen a la
misma persona (caso en el que nos hemos centrado hasta el momento), y la
sobrevenida, que se produce cuando,
perteneciendo las fincas a diferentes
personas, más adelante pasan a ser titularidad de una sola (3). Respecto de
este segundo caso, dice el art. 566.3.3
CCC: «la servidumbre no se extingue por
el solo hecho de que llegue a reunirse en
una sola persona la propiedad de las fincas dominante y sirviente, pero el único
titular de ambas fincas puede extinguirla
y obtener su cancelación en el Registro
de la Propiedad, sin perjuicio de terceras
personas».En primer lugar, debe denunciarse el
error gramatical en que incurren ambos preceptos acerca del momento
del nacimiento de la servidumbre: hablando el CCC de subsistencia, y el CC
de continuación, dan a entender que
aquélla existía con anterioridad a la
transmisión, cuando ello no es así. No
habiéndose constituido expresamente
servidumbre de propietario (en el ámbito del Derecho catalán), y no admitiéndose siquiera dicha figura (en el marco
del CC), es obvio que la servidumbre
solo nace, en su caso, cuando se produce la enajenación. Así lo denuncian
ya, en el ámbito del CC, DÍEZ-PICAZO
y GULLÓN: «no es que la servidumbre
continúe, sino que se crea ex novo con
base en la situación preexistente entre
las dos fincas establecidas por el propietario» (4).III. EL NACIMIENTO
POR DESTINO DEL PADRE
A modo introductorio, debe advertirse
de la relación entre la servidumbre deDicho ello, nos centraremos en el origen y fundamento de la norma del CCC,
algo que requiere una referencia a la
evolución histórica del Derecho catalán.
La posibilidad de que la servidumbre
se cree, existiendo signo aparente y sin
necesidad de declaración de voluntad,3 de enero de 201313
www.diariolaley.espor la transmisión de una de las fincas
de la misma persona, se remonta al
Digesto, que disponía que cuando el
paterfamilias dejaba los bienes a sus
descendientes, mencionando que debían recibirlos en el estado que tenían
cuando él estaba en vida, de haber establecido una relación de vasallaje entre
dos fincas debía interpretarse que nacía
una servidumbre.del precepto, lo que igualmente hizo,
esta vez directamente, la sentencia
de 15 de marzo de 1977 dictada por
la Sala Primera de la extinta Audiencia
Territorial. Finalmente, ya más cerca de
nuestros días, ha resuelto la cuestión
en sentido afirmativo la sentencia del
Tribunal Supremo de 31 de enero de
1990 “(sentencia citada de 3 de febrero
de 2000)”».Por tanto, inicialmente esta posibilidad
era excepcional, y limitada al ámbito
familiar. No obstante, con el paso del
tiempo obtuvo también aplicación a
otros supuestos, así como en los casos
de disposición inter vivos.A continuación, la sentencia centra la
cuestión resaltando la necesidad de
preguntarse (i) si el Derecho catalán
presentaba o no una verdadera laguna
en esta materia, y (ii) si la aplicación
del art. 541 CC era conforme a los
principios generales del ordenamiento catalán. Así enfocado el debate, la
sentencia argumenta que, si bien la
redacción originaria del art. 1.2 de la
Compilación podía dar pie a pensar
que existía una verdadera laguna legal,
a integrar por el CC («para interpretar
los preceptos de esta Compilación se
tomará en consideración la tradición
jurídica catalana, encarnada en las antiguas leyes, las costumbres y la doctrina
de la que derivan»), la disposición final
3.ª introducida por el texto refundido
de 19 de julio de 1984 («conforme a
lo que dispone el art. 1 de esta Compilación, sin perjuicio de las normas de
directa aplicación general, en lo que no
prevén las disposiciones del Derecho Civil de Cataluña rigen supletoriamente
los preceptos del Código Civil y de las
otras leyes estatales de carácter civil,
en la medida en que no se opongan
a aquellas disposiciones o a los otros
principios generales que informan el ordenamiento jurídico catalán») permitió
entender que, antes de acudir al CC, el
Derecho catalán debía integrarse con su
tradición y principios generales.El debate relativo a la vigencia en Cataluña del art. 541 CC se extendió durante décadas. Con anterioridad a la
Compilación, la doctrina estaba dividida
al respecto. Por su parte, los Tribunales,
que inicialmente aplicaron con regularidad aquel precepto (especialmente
clara resultó la sentencia del Tribunal
Supremo de 31 de enero de 1990, que
ratificó su vigencia), más adelante
fueron optando por la tesis opuesta:
militan en favor de la inaplicabilidad,
entre otras, las sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 3 de
febrero de 2000 (LA LEY 29981/2000),
18 y 22 de septiembre y 2 de octubre de 2003 (LA LEY 143918/2003,
145131/2003 y 154364/2003, respectivamente) y 13 de octubre de 2005 (LA
LEY 198374/2005).
Especialmente descriptiva es la citada
sentencia de 2 de octubre de 2003, en
cuyo análisis merece la pena, por tanto,
detenerse. Comienza resumiendo, en
su fundamento de Derecho cuarto, la
evolución y estado del debate, en los
siguientes términos: «al amparo del recurso las partes han centrado su discusión, como se decía, en la aplicación en
Cataluña del art. 541 CC (…). El tema
venía siendo controvertido de antaño,
sin que existiera una unánime —siquiera mayoritaria— línea doctrinal o
jurisprudencial clara en favor de alguna
de las posiciones. Tampoco esta Sala
había tenido ocasión de pronunciarse
al respecto, pues, como se expresaba
en nuestra sentencia de 3 de febrero
de 2000: «esta Sala no ha llegado a
posicionarse en forma contundente,
marginando el tema las sentencias que
se citan, de 5 de febrero de 1990 y de
9 de noviembre de 1992». Si nuestra
doctrina no era unánime, tampoco lo
era la jurisprudencia: «El Tribunal Supremo, de antiguo, había aplicado con
reiteración el precepto en Cataluña
(sentencias de 31 de marzo de 1902,
20 de mayo de 1911 y 28 de diciembre
de 1914), hasta llegar a la sentencia de
10 de diciembre de 1976 que, indirectamente, mediante confirmación de la
de instancia, optó por la inaplicabilidadPues bien, un pormenorizado estudio de
la evolución histórica sobre el régimen
de constitución de las servidumbres
permite a la sentencia concluir que la
ausencia de una previsión similar a la
contenida en el art. 541 CC fue voluntariamente querida en Derecho catalán,
de modo que no nos hallábamos ante
una laguna susceptible de provocar la
aplicación del CC. Dice la sentencia:
«en conclusión, habrá de analizarse
ahora si la institución de las servidumbres por destino del padre de familia
responde a la tradición jurídica catalana
o, por el contrario, ésta la desconoce
y voluntariamente no ha sido regulada en la Compilación. Consultados los
textos romanos y los comentarios de
los romanistas puede llegarse a unas
conclusiones serias: el Derecho romano
clásico conocía varios modos de adquisición de las servidumbres: 1.- Modos
voluntarios, negocios inter vivos (mancipatio e in iure cessio, admitiendo ambos la deductio, en los fundos in solo
italico; y los pactionibus atque stipula-tionibus en los fundos in provinciali soli)
y negocios mortis causa (testamento).
2.- Modos judiciales, mediante la adiudicatio. 3.- Modos temporales, mediante el ejercicio de la prescripción, tanto
adquisitiva ordinaria como inmemorial.
Pues bien, solo en el Derecho justinianeo se encuentran textos aislados que
hablan de una constitución tácita de
servidumbres, lo que sucede cuando el
propietario de dos fundos destina, con
signos visibles, uno de ellos al servicio
del otro, entendiéndose entonces constituida la servidumbre por el hecho de
dejar de pertenecer ambos predios al
mismo propietario. Los glosadores y
la doctrina actual son contestes al
afirmar que el Derecho justinianeo
parece admitir, en casos esporádicos
más que en línea general, este modo
de constituir las servidumbres que los
modernos llamamos por destino del
padre de familia (…). La unanimidad
se da también cuando se apunta a Bartolo como el que fijó definitivamente
los principios generales de esta forma
tácita de constituir las servidumbres.
El Derecho catalán acepta y asume,
en general, los principios clásicos romanos, pero con su lógica adaptación,
sobre todo en materia de servidumbres
urbanas, por la distinta concepción de
las edificaciones en Roma y Cataluña.
En lo relativo a los modos de adquirir
las servidumbres, el sentir romano se
completa con la doctrina del Usatge
Omnes Causae, Ordinacions de Santacilia (…) y el Recognoverunt Proceres.
Pero la institución que ahora se analiza
no pasa por estos textos, sino que se incorpora directamente a los Códigos de
orientación napoleónica (entre ellos el
español) por mor de su aparición en las
Costumbres de París y de Orleans. En
efecto, ni en el Proyecto de Apéndice de
Durán i Bas, ni en el Proyecto de 1930,
ni en el Proyecto de Compilación ni en
esta misma se halla referencia alguna a
la institución. Antes bien, como se decía en la repetida sentencia anterior de
esta Sala, no se adivina en el proceso de
elaboración de la Compilación una idea
similar a la del Código Civil, dado que
el Derecho catalán tiene una normativa
completa y diferenciada en materia de
servidumbres que se rige por principios
opuestos a la constitución tácita o presunta de aquéllas».
En consecuencia, la sentencia concluye
que con anterioridad a la Ley 13/1990
(que puso expresamente fin al debate,
pues consagró la inadmisibilidad de la
constitución por destino del padre de
familia) no cabía admitir en Cataluña
este modo de creación de la servidumbre, que además considera contrario a
la seguridad jurídica y a la presunción
de libertad del derecho de propiedad.
Puede leerse: «no cabe más que repetir ya lo que la anterior —y citada
repetidamente— sentencia concluía:Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.esque constituiría una incoherencia de
nuestro sistema legislativo admitir en
el lapso temporal anterior a la Llei de
1990 la servidumbre por destino del
padre de familia, ya que no es justificable que en el único periodo en que
no existe regulación expresa se optase
por una solución que no se infiere de los
antecedentes históricos ni se ajusta a la
regulación escrita posterior. Solución,
ya para terminar, que en absoluto se
compadece con el dinamismo inmobiliario actual, que deriva en soluciones
injustas y discriminatorias (obedientes
solo a una antigua configuración de la
propiedad en mano única) y en el anquilosamiento de un derecho que, en
principio, se presume libre».
He aquí expuesta, brevemente, la evolución sobre esta materia. No obstante,
del estado actual de la doctrina llama
poderosamente la atención la escasísima atención que presta a algo bien
distinto: la valoración de la bondad o
no de la solución legislativa adoptada
Únicamente PUIG FERRIOL y ROCA
TRÍAS se asoman a la cuestión, vinculando el debate sobre la vigencia del art.
541 CC a la admisión de la servidumbre
de propietario, en el siguiente modo:
mientras ésta no estuvo expresamente
reconocida en el Derecho catalán, tenía sentido el debate sobre la aplicación
de la norma del CC; no obstante, una
vez expresamente consagrada la servidumbre de propietario —primero, en el
art. 7 de la Ley 13/1990; más tarde, en
el art. 8 de la Ley 22/2001—, aquella
controversia perdió su razón de ser (5).
Si bien los autores no desarrollan su argumento, parecen querer significar que,
aceptada la servidumbre de propietario,
que permite que una misma persona
establezca servidumbres (presenten o
no signo aparente) entre fincas de su
propiedad, presenta una importancia
menor la posibilidad de entender que
tal derecho real, que pudiera juzgarse
imposible mientras existiera un solo
propietario, pudiera nacer al momento
de la transmisión. Parece pues entenderse que, libre el propietario único de
crear las servidumbres que tenga por
conveniente —mediante constitución
expresa—, deviene innecesario «corregir» la imposibilidad de establecer servidumbres sobre fincas propias entendiendo que aquéllas nacen al aparecer
un segundo propietario —constitución
tácita—.
No obstante, la combinación legislativa
constituida por la admisión de la servidumbre de propietario y el rechazo
a la constitución por destino del padre
de familia obliga a revelar la siguiente
paradoja: mediante la primera categoría, el Derecho Catalán otorga máxima143 de enero de 2013
www.diariolaley.esfacilidad para que la servidumbre nazca (aun latente) antes de aparecer un
segundo propietario; no obstante, hace
extremadamente difícil que, cuando no
ha sido expresamente constituida —lo
que puede suceder con frecuencia—,
pueda nacer al transmitirse una de las
fincas, pues esto solo sucederá cuando
el transmitente así lo manifieste. Dicho
de otro modo, no se comprende —especialmente, por cuanto no se facilita la
más mínima explicación al respecto—
que el CCC otorgue tanta facilidad para
crear servidumbres por un propietario
único y que, sin embargo, haga tan difícil la constitución cuando, sin mediar
aquella constitución, concurre la misma realidad objetiva: una relación de
vasallaje entre dos fincas. Parece que
el legislador catalán entiende que esta
segunda posibilidad resulta contradictoria con la primera, cuando no existe
ninguna razón de peso para no considerarla complementaria.
De otro lado, deben consignarse ciertas
observaciones respecto de la interpretación y aplicación del art. 566.3.2 CCC:
a) En relación con el concepto de signo aparente, PUIG FERRIOL y ROCA
TRÍAS entienden que debe entenderse
equivalente al de servidumbre aparente, concepto para cuya determinación
puede acudirse al art. 283.8 a contrario
de la Compilación, que consideraba
servidumbre no aparente aquélla no
fácilmente visible desde el interior de
la finca (6).
De acuerdo con la generalidad de la
doctrina, también existe signo aparente cuando la servidumbre consta en el
Registro de la Propiedad. No obstante,
como acertadamente advierten algunos
autores —por ejemplo, GINER GARGALLO y CLAVELL HERNÁNDEZ (7)—, en
esa hipótesis la servidumbre nacerá por
una causa que opera al margen de la
norma analizada: por aplicación de los
arts. 32 y 34 de la Ley Hipotecaria.
b) Respecto de la declaración de voluntad necesaria para que la servidumbre
subsista (rectius: se constituya), si bien
el precepto requiere que sea expresa,
que el mismo efecto debe producirse
cuando, callando el disponente, el adquirente conoce la existencia del signo
aparente, de acuerdo con el principio
de la buena fe (8).
c) Un supuesto especial es aquel en que
la transmisión consta en documento privado posteriormente elevado a público,
pues puede originar dudas acerca del momento en que debe producirse la declaración de constitución de la servidumbre.
La doctrina es prácticamente unánime
al manifestar que debe estarse al mo-mento del otorgamiento del documento privado, pues la posterior elevación
a público no implica una nueva declaración de voluntad.de usucapión, con la singularidad prevista en al art. 343.2 (las servidumbres
discontinuas solo podían adquirirse por
usucapión inmemorial).d) Por último, el tenor del precepto (que
habla de enajenación) crea dudas sobre
su aplicabilidad a actos de naturaleza
discutida: muy particularmente, a las
divisiones de comunidades o a las particiones hereditarias, tradicionalmente
considerados actos de determinación o
especificación por parte de un sector de
la doctrina.Tal postura respecto de la naturaleza
de los supuestos relacionados en el art.
283 de la Compilación ha sido reflejada
en algunas resoluciones judiciales; dice,
por ejemplo, la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 5 de
febrero de 1990 (LA LEY 1697-JF/0000):
«es obvio que este precepto no ha sido infringido en el caso de autos, por
cuanto el mismo no hace referencia
a ninguna servidumbre stricto sensu o
limitación, sino a lo que en la doctrina
moderna se denominan límites, pues en
tanto éstos integran el régimen normal
u ordinario de la propiedad, las limitaciones o servidumbres lo modifican o
derogan».Sin embargo, la mayoría de los autores
—por ejemplo, DEL POZO CARRASCOSA (9), y GINER GARGALLO y CLAVELL
HERNÁNDEZ (10)— prescinde de la naturaleza del acto, y admite la aplicación
de la figura a tales hipótesis.
Asimismo, parecen aquí aplicables otras
vías por las que, según estudió con detalle BONET CORREA (11), el Tribunal
Supremo fue paulatinamente aumentando el ámbito del art. 541 CC: por
ejemplo, considerándolo aplicable a los
casos en que: (i) nos hallamos ante una
sola finca, y el signo aparente concurre
entre diferentes partes de aquélla, o (ii)
el signo aparente no ha sido establecido
por el transmitente, sino por anteriores
propietarios.IV. LA IMPOSIBILIDAD
DE USUCAPIR LAS
Afirma el art. 566.2.4 CCC, de un modo
que no puede ser más categórico: «ninguna servidumbre puede adquirirse por
usucapión».
Al igual que en el apartado anterior, se
impone una referencia a la evolución
del Derecho catalán, para tratar de
localizar el origen y fundamento de la
El Derecho romano admitió una amplia
usucapión de las servidumbres.
Respecto del régimen contenido en la
Compilación, tradicionalmente se entendió que establecía un sistema mixto: al enumerar ciertas servidumbres no
susceptibles de usucapión, ni siquiera
inmemorial (art. 283), reconocía la
posibilidad de adquirir de ese modo el
resto de servidumbres. No obstante,
debe recordarse que actualmente la
mayoría de la doctrina entiende que
las situaciones contempladas en aquel
precepto no constituían servidumbres
en sentido estricto, sino limitaciones
legales del dominio o relaciones de vecindad. De esta tesis se deduce que la
Compilación entendía que la totalidad
de las servidumbres quedaban abarcadas por la regla general de posibilidadPosteriormente, la Ley 13/1990 anunció: «la adquisición de las servidumbres por usucapión tendrá lugar mediante la posesión, pública, pacífica e
ininterrumpida, en concepto de titular del derecho de servidumbre, por
un periodo de treinta años» (art. 11).
Evidentemente, la importancia de esta norma depende de la interpretación
que se otorgue al régimen previsto en
la Compilación: de considerarse mixto
—algunas servidumbres eran susceptibles de usucapión; otras no—, introducía un importante cambio legislativo,
huérfano de la menor explicación; de
partirse del entendimiento de que de
la norma anterior se derivaba la posibilidad de usucapir todas las servidumbres —tesis que aquí se defiende—, se
concedía simple continuidad a aquel
Finalmente, la Ley 22/2001 estableció:
«ninguna servidumbre puede adquirirse
per usucapión» (art. 7.4). A pesar de que
en este momento sí se produjo, indiscutiblemente, un cambio copernicano en
la materia, no encontramos pista alguna
que nos permita escrutar el motivo que
la justificó. La exposición de motivos de
la Ley se limitó a manifestar, de un modo
que no puede ser más lacónico: «como
novedad, ninguna servidumbre se puede
adquirir por usucapión. Queda eliminada, pues, la usucapión como mecanismo
de adquisición de las servidumbres».
A modo de recopilación, la evolución
de esta materia ha sido, por tanto, la
a) De entenderse que las figuras contempladas en el art. 283 de la Compilación eran auténticas servidumbres: (i)
un sistema mixto, por el que algunas
eran susceptibles de usucapión, y otras
no (Compilación) (ii) un cambio legislativo consistente en admitir la usucapión
de la totalidad de las servidumbres (Ley13/1990) (iii) una nueva y radical corrección legislativa, por la que se vedó
la posibilidad de usucapir servidumbre
alguna (Ley 22/2001), y (iv) el mantenimiento de tal régimen en el CCC.
b) Caso de considerarse, no obstante,
que los supuestos del art. 283 de la
Compilación eran, en puridad, limitaciones legales del dominio o relaciones
de vecindad, la evolución legislativa
sería: (i) la general admisión de que las
servidumbres podían adquirirse mediante usucapión (Compilación) (ii) el
mantenimiento de la misma regla (Ley
13/1990) (iii) la súbita prohibición de
usucapir cualquier servidumbre (Ley
22/2001), y iv) la continuidad de tal
régimen en el CCC.
Tan errática evolución legislativa ha
sido reflejada en numerosas resoluciones judiciales; dice, por ejemplo,
el auto de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 19 de enero de 2007 (LA
LEY 84731/2007, que incluso añade
una mención al régimen anterior a la
Compilación): «(…) puede hablarse de
cuatro etapas en la regulación civil catalana sobre la posibilidad de usucapir
la servidumbre urbana de paso: 1.- la
anterior a la Compilación, en que la
servidumbre no puede adquirirse por
usucapión, en aplicación de lo dispuesto
en la Ordinacions de Sanctacilia, nombre usual de las Consuetuts de la ciutat
de Barcelona sobre servituts de las casas
e honors, conjunto de setenta disposiciones relativas a policía urbana y servidumbres de este carácter y rústicas,
formada por el erudito Sanctacilia en el
siglo XIV, con un ámbito de vigencia reducido a la propia Barcelona, aunque se
extendió luego consuetudinariamente a
toda Cataluña, excepto Tortosa, siendo
incluidas en las Recopilaciones generales de este territorio (t. II, l. IV de la 3.ª
impresa en 1704); 2.- la Compilación
del Derecho Civil Especial de Cataluña,
aprobada por Ley 40/1960, de 21 de
julio, que en su art. 283 enumera una
serie de servidumbres, algunas de las
cuales hoy se incluyen en las relaciones
de vecindad, que no pueden adquirirse
por usucapión, ni tan siquiera inmemorial, concretamente en su núm. 7 la
urbana de paso por hueco de pared que
lo proporcione sobre la vía pública o pasaje particular y de una casa a otra por
medio de puentes, arcos, entablados u
otros medios aptos; 3.- la Ley 13/1990,
de 9 de julio, de la Acción Negatoria, las
Inmisiones, las Servidumbres, y las Relaciones de Vecindad, que deroga expresamente el art. 283 de la Compilación, y
que en sus arts. 6 y 11 permite la adquisición de la servidumbres por usucapión
mediante la posesión pública, pacífica, e
ininterrumpida, en concepto de titular,
por un periodo de treinta años; y 4.- la
Ley 22/2001, de 31 de diciembre, de
Regulación de los Derechos de Super-3 de enero de 201315
www.diariolaley.esficie, de Servidumbre, y de Adquisición
Voluntaria o Preferente, que en su art.
7.4 vuelve al sistema anterior, conforme a la tradición jurídica catalana, y declara que ninguna servidumbre puede
adquirirse por usucapión».Por último, PUIG BLANES y SOSPEDRA
NAVAS añaden que la norma es coherente con la tradición jurídica catalana,
pues únicamente la Ley 13/1990 admitió la general usucapibilidad de las servidumbres (14).Pues bien, se impone localizar el especial fundamento de la norma impeditiva de usucapión de las servidumbres,
por cuanto constituye una excepción a
la regla general de usucapibilidad de los
derechos reales posesorios.Como se ha anticipado, ni una sola crítica se localiza, hasta el punto de parecer
que los autores ni siquiera se planteen
que la solución legislativa no sea la más
adecuada de las imaginables.Las posturas mantenidas por la doctrina son ciertamente sorprendentes: no
tanto por no localizarse un fundamento
razonable de la norma, sino, muy principalmente, por no detectarse siquiera la
más leve valoración crítica de aquélla.
Parece que, considerando correcta la solución legislativa adoptada, los autores
se limitan a aportar diversas y variadas
razones para justificarla, pluralidad de
explicaciones que, lejos de fortalecer la
sensatez de la norma, la diluyen: como
veremos a continuación, aisladamente
consideradas, ninguna de ellas resiste la
más elemental de las críticas.
Algunos autores han justificado la norma en la necesidad de eliminar dudas
en el tráfico jurídico, argumento al que
añaden que aquélla es respetuosa con
el derecho de propiedad y evita las dificultades de prueba existentes en las
controversias relativas a la usucapión
de estos derechos reales.
De forma semejante, DEL POZO CARRASCOSA manifiesta que, siendo la
seguridad jurídica el fundamento de la
usucapión, cuando esta institución entra
en relación con las servidumbres produce el efecto contrario: crea incertezas y
dificultades, lo que justifica esta excepción a la posibilidad de usucapir (12).
La misma opinión manifiestan GINER
GARGALLO y CLAVELL HERNÁNDEZ, a
la que añaden la dificultad de diferenciar entre auténtica posesión y actos
simplemente tolerados, inhábiles para
dar lugar a la usucapión (13).NOTAS
(1) José PELLA y FORGAS, «Tratado de las
relaciones y servidumbres entre las fincas»,
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º
482, enero-febrero 1971.
(2) Lluís PUIG FERRIOL y Encarna ROCA TRÍAS,
«Institucions del Dret Civil de Catalunya»,
volumen IV, «Drets reals», Editorial Tirant lo
Blanch, Valencia, 2007, pág. 654.No obstante (al margen de una mal
entendida seguridad jurídica: vedada
una posibilidad, desaparece cualquier
controversia con ella relacionada), a
mi juicio ninguno de los argumentos
expuestos justifica el precepto comentado. En esencia, porque, si el fundamento de la usucapión es la protección
de la seguridad jurídica, de modo que el
disfrute de cierto derecho real conlleva
el reconocimiento de tal situación por
el Derecho, tal fundamento se mantiene perfectamente vigente en relación
con las servidumbres.
Cosa distinta es que la apreciación de
los requisitos necesarios para la consumación de la usucapión sea dificultosa.
No obstante, tal dificultad —por cierto,
no exclusiva de la servidumbre, sino común a todos los derechos reales en cosa
ajena— no puede ser solucionada por
el legislador negando de raíz la posibilidad de usucapir. De modo bien distinto,
debe corresponder a los Tribunales resolver, en cada caso particular, sobre la
existencia o no de los requisitos necesarios para la usucapión; y, si esta prueba resulta dificultosa, previsiblemente
dará lugar a abundantes sentencias
desestimatorias en la apreciación de tal
modo de adquirir la propiedad. Pero la
dificultad de apreciar cierto fenómeno
jurídico en ningún caso puede legitimar
la negativa de la posibilidad misma. Es
más: precisamente lo que se califica como dificultoso (la prueba de la usucapión) debiera constituir el instrumento
más útil para resolver la mayoría de los
casos que sobre esta materia pudieran
plantearse.«Derecho de cosas y Derecho inmobiliario
registral», Editorial Tecnos, Madrid, 1977,
pág. 439.
(5) Lluís PUIG FERRIOL y Encarna ROCA
TRÍAS, ob. cit., pág. 657.
(6) Lluís PUIG FERRIOL y Encarna ROCA
TRÍAS, ob. cit., pág. 658.(3) Iván MATEO BORGE, «La servidumbre
de propietario», Editorial Marcial Pons,
Madrid, 2000.(7) Antonio GINER GARGALLO y Vicente
CLAVELL HERNÁNDEZ, «Derechos reales.
Comentarios al libro V del Código Civil de
Cataluña», Editorial Bosch, Barcelona,
2008.(4) Luis DÍEZ-PICAZO y Antonio GULLÓN,
«Sistema de Derecho Civil», volumen III,(8) Lluís PUIG FERRIOL y Encarna ROCA
TRÍAS, ob. cit., pág. 659.Por tanto, la cuestión afecta, en realidad, al régimen general de la usucapión,
no a las especialidades que ésta pueda
presentar en relación con las servidumbres. Y es que, al manifestarse que la
prueba de la usucapión de las servidumbres resulta en extremo compleja, no
se está sino revelando la dificultad de
constatar la concurrencia de una posesión pública, pacífica e ininterrumpida.de parecer que la solución actual principalmente pretende poner fin a las
dudas creadas por el propio legislador,
o responde a la voluntad de alejarse
del complejo régimen previsto en los
arts. 537 a 540 CC (si bien su inicial
lectura parece limitar la usucapión
a las servidumbres continuas y aparentes, la cuestión no es en absoluto
pacífica).Por lo demás, algunas de las opiniones
mencionadas en defensa de la imposibilidad de usucapir las servidumbres
merecen comentario específico:Por último, debe mencionarse que la
diversidad de regímenes habidos sobre la materia ha creado importantes
problemas de Derecho Transitorio. En
la actualidad, DEL POZO CARRASCOSA afirma que el problema ha dejado
de existir, dado que, por prolongado
que haya sido el tiempo en que una
persona haya poseído, incluso bajo regímenes permisivos de la usucapión,
ésta no podrá consumarse, de acuerdo
con la disposición transitoria 16.ª del
libro V CCC: «las servidumbres constituidas antes de la entrada en vigor del
presente libro se rigen por las normas
del mismo a partir de su entrada en
vigor» (15).1) La que afirma que la solución adoptada por el CCC es más respetuosa con
el derecho de propiedad: de acuerdo
con semejante lógica, la imposibilidad
de usucapir cualquier derecho real sería todavía más respetuoso con aquel
derecho, algo al parecer considerado
beneficioso para la paz social.
2) También requiere mención la postura de DEL POZO CARRASCOSA, quien,
para defender la innecesariedad de la
traditio en la constitución de la servidumbre, aduce que este derecho real
no tiene carácter posesorio.
No obstante, en lugar de reiterar tal
alegato para justificar la imposibilidad
de usucapión (la posesión es presupuesto de la usucapión), el autor vierte aquí
argumentos nítidamente diferenciados,
algo que causa evidente sorpresa.
3) También especial crítica merece la
manifestación de que la solución legislativa es coherente con la tradición catalana, pues no es cierto que únicamente la Ley 13/1990 estableciese la regla
general de posibilidad de usucapión.
Como hemos visto, también lo hizo la
Compilación, considerando que los supuestos cuya usucapión se negaba no
constituían verdaderas servidumbres.
Por tanto, la evolución del Derecho
catalán sobre esta materia solo puede
calificarse de errática, hasta el punto(9) Pedro DEL POZO CARRASCOSA,
Antoni VAQUER ALOY y Esteve BOSCH
CAPDEVILA, «Derecho Civil de Cataluña.
Derechos reales», Editorial Marcial Pons,
Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2010,
págs. 375 y 376.
(10) Antonio GINER GARGALLO y Vicente
CLAVELL HERNÁNDEZ GINER i CLAVELL,
ob. cit., pág. 1.563.
(11) Antonio BONET CORREA, «La
adquisición tácita de servidumbre
por signo aparente. Examen de la
jurisprudencia 1970-1983», Anuario de
Derecho Civil, 1984, pág. 1.187.Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.esLlevando a cabo una interpretación
diferente de la citada disposición (que
considera referida a las servidumbres ya
creadas, no a las que se hallen en proceso de usucapión) PUIG FERRIOL y ROCA
TRÍAS diferencian como sigue (16):
— Si la usucapión estaba consumada
22/2001, se aplicará el Derecho anterior.
— Si, en ese mismo momento, se estaba todavía ejerciendo una posesión
ad usucapionem, la servidumbre ya no
podrá adquirirse.
— Caso de haberse iniciado, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
13/1990, la posesión de una servidumbre que, de acuerdo con la Compilación,
no podía adquirirse por usucapión, parece que no debería computarse ese
periodo anterior al reconocimiento de
la posibilidad de usucapir. ■(12) Pedro del POZO CARRASCOSA, Antoni
VAQUER ALOY y Esteve BOSCH CAPDEVILA,
ob. cit., pág. 373.
(13) Antonio GINER GARGALLO y Vicente
CLAVELL HERNÁNDEZ, ob. cit., pág. 1.559.
(14) Francisco DE PAULA PUIG BLANES y
Francisco José SOSPEDRA NAVAS, «Comentarios
al Código Civil de Cataluña», tomo II, Editorial
Civitas, Madrid, 2011, pág. 914.
(15) Pedro del POZO CARRASCOSA, Antoni
ob. cit., pág. 374.
(16) Lluís PUIG FERRIOL y Encarna ROCA
TRÍAS, ob. cit., págs. 661 y 662.163 de enero de 2013
www.diariolaley.esConsulte los textos íntegros enwww.diariolaley.esTribunal Supremo
TS Sala Primera, de lo Civil, S 20 Jul. 2012
Ponente: Seijas Quintana, José Antonio.LA LEY 105581/2012Inaplicación analógica
a los arrendamientos de locales
los de vivienda
El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda de reclamación de cantidad
en concepto de incremento de la renta arrendaticia derivado de las fusiones de la
arrendataria con otras sociedades de su grupo. La AP Madrid revocó la sentencia del
Juzgado y estimó parcialmente la demanda. El Tribunal Supremo estima el recurso
de casación formulado por la arrendadora, casa la sentencia recurrida y estima íntegramente la demanda.
Arts. 18.3 y 32 LAU 1994 (LA LEY 4106/1994).sumario
ARRENDAMIENTOS URBANOS.—De local de negocio.—Incremento de
la renta como consecuencia de las fusiones efectuadas por la arrendataria con otras entidades de su grupo.laleydigitalEl contrato que suscribieron las partes es de arrendamiento de local de
negocio y no de vivienda, y no se está ante un supuesto de actualización
de la renta sino ante el derecho del arrendador a percibir por disposición
legal una elevación o incremento de la renta pactada y en vigor como
consecuencia de las fusiones efectuadas por la arrendataria con otras entidades de su grupo, como así resulta del contrato y de la propia ley —art.
32 LAU 1994 (LA LEY. 4106/1994)—, lo que impide utilizar la analogía
para aplicar una normativa prevista para un caso tan concreto, como es
el de la renta de vivienda, a un arrendamiento de local de negocio que
las partes excluyeron de su ámbito material. La naturaleza de los efectos
que la fusión provoca en la relación arrendaticia se producen desde el
momento en que tuvo lugar, al margen de que fuera o no conocida por la
sociedad arrendadora. El incremento de la renta no está sujeto al arbitrio
de una de las partes, supone un derecho establecido a favor del arrendador —«tendrá derecho», dice el art. 32 LAU 1994—, cuyo ejercicio es
determinante para la elevación de la renta desde el momento en que se
produjeron los hechos determinantes de tal incremento, que no es otro
que el de la inscripción de cada una de las fusiones en el registro, que tiene
a estos efectos eficacia constitutiva, como así se pidió en la demanda,
siempre que no haya prescrito la acción correspondiente, haya pacto en
contrario o el arrendador hubiera renunciado a ella o a las cantidades que
se hubieren devengado desde el momento en que aquella fuera exigible,
lo que no sucede en este caso. El arrendatario conocía, tanto porque así
se deduce del contrato, como de la propia ley a cuya aplicación supletoria
se remitieron las partes, el derecho del arrendador a incrementar la renta
y a hacerlo desde el cumplimiento de los hechos que determinaron la
elevación, por lo que desde ese momento debió realizar las previsiones
económicas oportunas para poder adaptarse a esta nueva situación, sin
que la actuación del arrendador suponga en forma alguna la aplicación
retroactiva de la norma y, sí por el contrario, un beneficio para el arrendatario que no comunicó las fusiones y que no sufrió en su momento el
incremento que legalmente podía haberle aplicado el arrendador. ■exactamente
en materia deNUEVOresponsabilidadcivil
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