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Timestamp: 2020-04-05 07:44:57
Document Index: 324339647

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 37', 'artículo 5', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 12']

Doctora en Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Argentina
En Argentina rige el decreto ley 22.278/80 en materia de regulación penal juvenil. Dicho decreto es un resabio de la última dictadura que no fue modificado pese a numerosas iniciativas legislativas que proponen sancionar sistemas o regímenes penales juveniles con estándares de derechos adecuados a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN). La no adecuación coloca al país en flagrante infracción y así fue manifestado en sucesivos informes del Comité de los Derechos del niño. Argentina también fue observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el dictado de sentencias condenatorias a prisión perpetua para quienes cometieron delitos siendo menores de edad, situación de particular gravedad, ya que la mayoría de los países de la región adecuaron sus legislaciones y fijaron topes a penas privativas de la libertad. Al fracaso legislativo, le sigue un punitivismo judicial de hecho. El objetivo del artículo es describir las claves del punitivismo a través del seguimiento de cinco fallos paradigmáticos dictados en los últimos años.
Received: 2019 July 15; Accepted: 2020 February 20
Keywords: Palabras clave sentencias, prisión, justicia, jóvenes, punitivismo.
Keywords: Palavras-chave sentenças, prisão, justiça, joven, punitivismo.
Keywords: Keywords sentences, imprisonment, justice, young, punitivism.
161. El artículo 7.3 de la Convención establece que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. La Corte ha establecido en otras oportunidades que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aún calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. Asimismo, el artículo 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los Estados deben velar por que “ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente”. Todo lo anterior implica que si los jueces deciden que es necesaria la aplicación de una sanción penal, y si ésta es privativa de la libertad, aun estando prevista por la ley, su aplicación puede ser arbitraria si no se consideran los principios básicos que rigen esta materia.165. (…) el Tribunal destaca que, de conformidad con el artículo 5.6 de la Convención Americana, “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño prevé que, cuando un niño haya sido declarado culpable por la comisión de un delito, tiene derecho a “ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. En este sentido, la medida que deba dictarse como consecuencia de la comisión de un delito debe tener como finalidad la reintegración del niño a la sociedad. Por lo tanto, la proporcionalidad de la pena guarda estrecha relación con la finalidad de la misma” (CIDH, Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, sentencia de 14 de mayo de 2013.
Artículo 4º. La imposición de pena respecto del menor a que se refiere el artículo 2º estará supeditada a los siguientes requisitos:1º) Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales.2º) Que haya cumplido dieciocho años de edad.3º) Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa.Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del requisito del inciso 2º.
¿Se encuentra acreditados los hechos en su exteriorización material?¿Está probada la participación del procesado XXX en el suceso que se ha tenido por acreditado?¿Existen eximentes?¿Existen atenuantes?¿Existen agravantes?
¿Qué calificación legal corresponde imponer al suceso que se tiene por acreditado?.¿Corresponde aplicar el instituto de la cesura y diferir el pronunciamiento en el marco del artículo 4º de la ley 22.278?Si se opta por no diferir el pronunciamiento, corresponde resolver que pronunciamiento dictar. Exención de aplicación de pena, condena o condena con reducción.
[Figure ID: gf3]
Del Voto Fundante de la sentencia del Artículo 4º: “He de meritar como agravante la reiteración de la conducta desplegada (…) la omisión de cuidados de la pequeña por los únicos que podían ejercer su custodia, la severidad de la conducta desplegada dada la situación de indefensión de la víctima (20 días de vida), la agresividad del imputado, el desprecio por la vida de su pequeña hija, la cantidad de lesiones, la gravedad de castigos físicos a los que la sometiera durante sus escasos días de vida (...) todo ello me induce a determinar que las lesiones fueron reiteradas, con continuidad en el tiempo a lo largo de la corta vida e la niña. // Del recurso de revisión de Cámara, voto del primer camarista: "quien produce lesiones de tal magnitud conoce y decide la muerte de un recién nacido" (...) No existe duda que el nocente supo, y quiso lo que hizo que no fue otra cosa que abusar, maltratar, golpear y en definitiva, matar a su hija" (Nótese como la doble negación culmina en una aseveración irrefutable).
A lo largo de todo el proceso resocializador el imputado ha desechado todas las posibilidades brindadas por las instituciones en las cuales estuvo transitando para que pueda valerse el encausado de la Causa 2 de herramientas que le permitan en el futuro no reingresar dentro del sistema penal. (…) Asimismo, en ningún momento, durante los siete años desde su detención ha demostrado ni siquiera un incipiente arrepentimiento por las consecuencias de sus actos, ni un mínimo esbozo de posicionamiento del daño irreparable causado a una familia (…) Es por todo lo expuesto, mi convicción sincera que C2 posee una evidente falta de internalización de normas de todo tipo. (…) Por otra parte, siempre el mentado C2V ha demostrado su desinterés de recibir atención psicológica en los establecimientos en los cuales se encontró alojado, tanto en los centros juveniles como en las unidades penitenciarias Finalmente, del resultado del tratamiento resocializador al que fue sometido el referido C2 no me permite contar con ningún elemento, ni siquiera el más mínimo de todos, que me puedan llegar a indicar que el referido C2 haya internalizado elementos que le permitan desarrollarse en el medio libre y que asuma una posición constructiva dentro de la sociedad (…). Por tales razones, teniendo en cuenta las modalidades de los hechos, los antecedentes del imputado, el resultado del tratamiento resocializador y la impresión directa que obtuve y habiéndolo escuchado (artículo 12 C.D.N.), estimo necesaria la aplicación de pena, e improcedente la reducción a la forma prevista para la tentativa, y mucho menos la absolución del cumplimiento de pena. (...) Mi impresión del imputado, en definitiva, es pésima, encontrándola compatible con las descripciones actitudinales y de personalidad detalladas en el punto precedente”.
fn1[1] Con Alcira Daroqui recientemente elaboramos una definición instrumental y operativa de punitivismo: “Entendemos por punitivismo toda práctica del estado ejercida por los diferentes eslabones de la cadena punitiva (legislativo; policial-fuerzas de seguridad; judicial y carcelario) que se orienta selectiva y discrecionalmente a un ejercicio arbitrario en clave de control, vigilancia, sujeción y castigo sobre determinadas poblaciones”. PROYECTO UBACYT 2020-2022 “El avance del estado penal: es despliegue del poder punitivo en el gobierno de la pobreza”.