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Timestamp: 2017-01-18 12:55:15
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⭐La versión impresa de este informe será publicado próximamente por la Editorial Fontamara.
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María Nieves Correa Ruiz
1 2 Universidad Nacional de Lanús Centro de Derechos Humanos Equipo de investigación: Pablo Ceriani Cernadas Coordinador Víctor Abramovich Consultor Académico Emelina Alonso Gisela Cardozo Diego Morales Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova Equipo de investigación: Fermina Rodríguez Velasco - Coordinadora María de Lourdes Rosas Aguilar Melissa Angélica Vértiz Hernández En la fase de elaboración del informe se sumaron los aportes de: Paola García Rey Natalia Lippmann Mazzaglia Alejandro Morlachetti Ana Paula Penchaszadeh Los equipos del Centro de Derechos Humanos de la UNLa y del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova han participado en la revisión de todos los capítulos. Corrección y edición: María Capurro Robles Traducciones al inglés: Valerie Gobeil y Marinka Yossiffon Fotos: Luis Enrique Aguilar Arte de tapa: Fátima Ocampo Tapachula y Lanús, septiembre de 2012 La versión impresa de este informe será publicado próximamente por la Editorial Fontamara. La Fundación Ford ha financiado la investigación y la elaboración del informe.3 AGRADECIMIENTOS La investigación desarrollada en el marco del proyecto Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes en la frontera México-Guatemala, así como esta publicación, han sido posibles gracias a la colaboración de numerosas personas e instituciones a quienes queremos agradecer su generosidad, dedicación y el apoyo. Especialmente agradecemos a cada niño, niña y adolescente con quien hemos dialogado, que han tenido la paciencia de escuchar, han compartido sus historias de vida, experiencias, necesidades, deseos, sueños e inquietudes a pesar de la condición en la que se encontraban. La opinión de cada niño y niña ha sido un aporte fundamental para esa investigación. Desde la elaboración del proyecto hasta las últimas correcciones de este Informe, hemos contado con la permanente y comprometida asistencia de Diego Lorente (Conserjería en Proyectos, PCS). Su amplia experiencia en el tema y en la región fue esencial, a partir de precisos y desinteresados consejos, para ir encaminando la investigación en la dirección adecuada y en diálogo con actores clave. Agradecemos también a Edoardo Bazzaco y Fabían Sánchez, de I(dh)eas, por su acompañamiento y recomendaciones; a Jorge Schiavon de Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), por sus consejos y su voluntad de trabajar en alianzas; a Diego de la Mora y Renata Terrazas de Fundar y Manuel Mora Macbeth del National Security Archive por el asesoramiento y colaboración en el trabajo de búsqueda de información; a Karla Gallo de UNICEF México por su permanente y valiosísimo apoyo; a Gabriel Pérez Duperou, por las gestiones ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación (SEGOB); a Alma Meneses de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), a Margarita Griesbach de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI A.C) y Mónica González Contró (Instituto de Investigaciones Jurídica, UNAM), por sus valiosos aportes en temas de derechos de infancia en México. Queremos agradecer también a representantes de organismos públicos y agencias internacionales con quienes hemos podido concretar las entrevistas programadas en la investigación: Gabriela García Treviño Baigts, Dora Ordoñez Bustos y Rafael Estrada Michel del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Sistema Nacional DIF); Oliver Bush y Juan Carlos Calleros Alarcón del INM; Fernando Protti Alvarado del ACNUR; Karla Gallo y Alison Sutton de UNICEF; Katya M. Somohano Silva y María Luisa García Hernández de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); Víctor Manuel Rojas Ruiz de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Nélson Cuéllar Hernández, Cónsul de El Salvador en Tapachula; Zulma Lucrecia Vargas García, Vicecónsul de Guatemala en Tapachula; Alex Saltos Montero, Vicecónsul de Ecuador en Tapachula; Roger Jerónimo Morales Velásquez del Consulado de Nicaragua en Tapachula; Jesús Natael Zúñiga San Martín, coordinador de Albergues DIF Chiapas; Ury Marsey López Armenta del Centro de Atención para Niños, Niñas y Jóvenes Migrantes del Sistema DIF Chiapas (Centro Día); Xavier Sánchez Galindo del Albergue Misión México, dando amor, vida y esperanza A.C.; Norma Hernández Martínez4 del Albergue Niños del Futuro El Buen Samaritano A.C.; André Padilla Osorio del Albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y Migrante A.C.; Ángel Milton Ordoñez Rodríguez de la Dirección de Atención al Migrante del Ayuntamiento; Rosario del Carmen Marroquín Mariscal de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA); Alfonso Enrique Méndez Rojas de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Inmigrantes; Hans Hatmark del ACNUR, Tapachula; Blanca Fonseca, miembro de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones; María de la Paz López del Albergue Nuestras Raíces; Juan Jacobo del Movimiento Tzuk Kim Pop; y Norma Alicia, Victoria del Carmen y Esther Polanco de la Casa de la Mujer. Además queremos agradecer los valiosos aportes y comentarios de las organizaciones que asistieron al evento en el cual se abordaron los contenidos del informe de avance. Ellas son Appleseed México, CIDE, CNDH, Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Fundar, Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI), Instituto de Estudios y Divulgación Sobre Migración A.C (INEDIM), REDIM, RIRIKI Intervención Social A.C, Sin Fronteras IAP y UNICEF México. Agradecemos muy especialmente los comentarios al informe de avance enviados por Elba Coria Marquez, de la Coalición de Internacional contra la Detención, Hélène Le Goff, coordinadora de la Unidad para la Trata de Personas, Niñez Migrante y Género de OIM México, Karla Gallo, Diego Lorente, Gabriela Morales, del Centro de Derechos Humanos del Migrante, Nancy Pérez, coordinadora de Sin Fronteras IAP y Fabienne Venet Rebiffé, directora general del Instituto de Estudios y Divulgación Sobre Migración A.C. Les agradecemos el tiempo dedicado a la lectura del informe y los valiosos aportes y comentarios, que nos han ayudado revisar nuestras reflexiones, profundizar algunas miradas y corregir errores. Agradecemos a Magdalena Cervantes Alcayde y Luis Miguel Cano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ayudarnos a reflexionar sobre los contenidos de este informe. Queremos también transmitir nuestro agradecimiento a aquellas organizaciones que se tomaron el tiempo para contestar la encuesta enviada por correo electrónico: Red MIGRES, Salvadoreños del Mundo, Casa Alianza, Foro Nacional para las Migraciones (FONAMIH), Centro de Reintegración Familiar de Menores Albergue del Desierto (CRFMAD), Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. (CODEHUTAB), Frontera con Justicia, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla (IDHIE de la UIP), Instituto Madre Asunta A.C., Comité de Derechos Humanos Fr. Pedro Lorenzo de la Nada A.C., Un mundo una nación, Consejería de Proyectos PCS, Infancia Común A.C., Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos ODISEA, y Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG). Agradecemos también a Luis Enrique Aguilar por las fotografías, y a Rodolfo Vázquez y la Editorial Fontamara por el apoyo para la publicación de la versión final de este informe. Por último, queremos agradecer muy especialmente a la Fundación Ford, en particular a Mario Bronfman y Kim Krasevac, por su confianza desde los inicios de la propuesta de investigación, y el apoyo y5 acompañamiento permanente durante el desarrollo de este trabajo.6 SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH) Conferencia Regional de Migración (CRM) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) Convención sobre los Derechos del Niño (CDN o "la Convención") Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH) Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) Diario Oficial de la Federación (DOF) Procedimiento de Determinación del Interés Superior del Niño (DIS o procedimiento DIS ) Estación Migratoria (EM) Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI) Estados Unidos de América (EU) Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) Instituto Nacional de Migración (INM) Ley General de Población (LGP) Módulo de Atención para Menores Migrantes en las Estaciones Migratorias (MAEM) Niños, niñas y adolescentes (NNA) Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) Procuración General de la República (PGR) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Secretaría de Educación Pública (SEP) Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)7 PRESENTACIÓN A lo largo de dieciocho meses, los equipos de trabajo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. (CDH Fray Matías) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (CDHUNLa), hemos realizado conjuntamente una serie de actividades destinadas a examinar la situación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes en la frontera de México y Guatemala. 1 En particular, la investigación se concentró en el impacto que tienen dos de los principales mecanismos de la política migratoria mexicana en la actualidad cuando se trata de NNA migrantes que residen en México o atraviesan el territorio de este país: la detención, (denominada formalmente aseguramiento, alojamiento o presentación) y la repatriación o expulsión (llamada devolución o retorno asistido). La situación de los derechos humanos de las personas migrantes en el contexto de la frontera entre México y Guatemala ha concitado la atención de distintos actores, en especial durante la ultima década. Informes de organizaciones no gubernamentales 2 y de organismos nacionales e internacionales que supervisan la situación de los derechos humanos 3, han puesto en evidencia, en reiteradas ocasiones, la existencia de prácticas y políticas que no se ajustan plenamente a los estándares internacionales de derechos humanos. Incluso algunos informes elaborados por el propio Estado mexicano dan cuenta de los numerosos desafíos que persisten en materia de los derechos de las personas migrantes en la frontera sur del país. 4 A su vez, en todos los informes mencionados, así como en otros elaborados específicamente sobre la cuestión de la niñez, 5 se observa una necesidad creciente de desarrollar iniciativas dirigidas a atender de manera particular los derechos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes que migran, o intentan hacerlo, a través del segmento que dicha frontera tiene en la región del Soconusco, Estado de Chiapas. Se trata de una región 1 En este informe nos referiremos a niñez migrante para hacer referencia a los niños, niñas y adolescentes extranjeros que residen o transitan por México. En caso de que aludamos a la situación de los niños y niñas mexicanas que migran hacia el norte, lo aclararemos oportunamente. 2 Entre otros, cabe mencionar los informes realizados por Amnistía Internacional (2010), CDH Fray Matías de Córdova (2008), la Federación Internacional de Derechos Humanos (2008), el Grupo Guatemala-México Migración y Desarrollo (2008 y 2009), I(dh)eas (2011) y Sin Fronteras (2005 y 2007). 3 Ver, entre otros, los informes sobre México elaborados por el Relator de Naciones Unidas para los derechos de las personas migrantes (2009), el Relator sobre migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2003), o el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (2006 y 2011). En las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también puede constatarse una visibilidad creciente de la situación en la frontera sur. 4 Ver en este sentido el segundo informe periódico presentado por México ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (Gobierno de México, 2010). 5 CRS, Catholic Relief Services (2010), INCEDES y Sin Fronteras (2008), OIM, Organización Internacional para las Migraciones (2010), PCS, Conserjería en Proyectos (2008). 18 estratégica de las migraciones en y hacia un país que, como México, se caracteriza por ser de origen, tránsito y destino de migrantes. La gran mayoría de estos NNA viajan no acompañados. Ellos, así como los que migran junto a sus padres, o con uno de ellos, lo hacen como consecuencia de diferentes causas subjetivas y objetivas que determinan la migración de miles de niños y niñas centroamericanas que anualmente se trasladan a México y a Estados Unidos de América (EU). La reagrupación familiar en destino, la búsqueda de oportunidades laborales y educativas, o la urgencia de escapar de situaciones de abuso o abandono familiar, de violencia social o institucional, se encuentran entre los principales factores determinantes de la migración. Las causas objetivas, en su mayoría, resultan de la combinación de una serie de elementos estructurales presentes tanto en el país de origen, como en los de tránsito y destino. Un ejemplo de este último tipo de motivación es la creciente demanda del mercado informal de trabajo. Cuando estas motivaciones enfrentan políticas migratorias restrictivas, la migración se concreta, en muchos casos, por vías irregulares. La información existente indica que los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus padres, sobre todo cuando han ingresado de manera irregular o se encuentran sin autorización de residencia, sufren de manera particular las restricciones a sus derechos emanadas de políticas, normativas o prácticas que no se condicen con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente los que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). El reforzamiento de los mecanismos de control migratorio, por su parte, ha profundizado la situación de alta vulnerabilidad en que se encuentran estos niños/as y los riesgos de la migración, que puede derivar en hechos de abuso, violencia y explotación, o en daños graves a su integridad física o su vida. Entre las problemáticas y desafíos que los informes han señalado más reiteradamente en relación con los derechos de la niñez migrante en esta área fronteriza, es preciso mencionar los siguientes: ausencia de una perspectiva de niñez en la política migratoria aplicada en la frontera sur; una legislación desfasada e inadecuada a las características de la migración en esa frontera; discrecionalidad administrativa y falta de coordinación entre organismos públicos; obstáculos en el acceso a la información, en especial para la sociedad civil, y falencias en la producción de información adecuada; falta de mecanismos nacionales y bilaterales que aseguren el interés superior del niño en los dispositivos de control migratorio; procedimientos de detención y repatriación carentes de garantías básicas de debido proceso; abusos y extorsiones a migrantes, incluidos niños y niñas, por parte de redes delincuenciales, en ocasiones coludidas con autoridades federales, estatales o municipales; e incremento de la trata de niños y niñas migrantes, con fines de explotación laboral y sexual. 29 En este escenario, la iniciativa del CDH Fray Matías y el CDHUNLa parte de la necesidad de continuar y profundizar la indagación sobre la situación de la niñez migrante en la frontera sur. En particular, precisamente a raíz de los informes producidos por diversas instituciones en los últimos años, se constató que era necesario efectuar una investigación más exhaustiva que permitiera identificar con mayor precisión todos los elementos normativos, institucionales, prácticos que conforman las políticas aplicadas a la niñez migrante en el contexto de la frontera sur. La información recogida con anterioridad al inicio de este proyecto, aun siendo abundante y cada vez más detallada, indicaba que era preciso recurrir a una serie variada y complementaria de fuentes de información, con el propósito de contar con una mirada más comprehensiva sobre esa política, su diseño y contenido, así como sobre su aplicación y, especialmente, su impacto en los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes. Asimismo, la literatura existente sobre este tema señalaba la necesidad de evaluar con mayor detalle los dos mecanismos principales que México diseñó en respuesta al creciente fenómeno de la niñez migrante que reside y circula en su territorio: la detención y la repatriación. A diferencia de otros aspectos que habían sido estudiados con profundidad como la trata de NNA en Tapachula (Casillas, 2006; OIM, 2010), los procedimientos de control migratorio aplicados a la niñez habían tenido una atención menos exhaustiva. Esta indagación se diseñó teniendo en cuenta además la oportunidad que significó no sólo la creciente presencia y visibilidad de la niñez migrante en México, sino también la creación, por parte del gobierno mexicano entre los años 2006 y 2012-, de mecanismos como los Oficiales de Protección de la Infancia (OPI) y los Módulos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en las estaciones migratorias, y la creación de la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes. Estas iniciativas, que coadyuvaron a colocar el tema de la niñez en un lugar más relevante en la agenda sobre política migratoria, deben analizarse con el objetivo de valorar en qué medida han significado un avance en el trato a NNA migrantes en la frontera sur, particularmente en el marco de medidas de detención y repatriación. La investigación que aquí se presenta se enmarca en un proyecto de trabajo concebido para contribuir al diseño e implementación de políticas y prácticas respetuosas de los derechos de la niñez migrante en el contexto de la frontera sur. A través de una diversidad de acciones de recolección y análisis de información, que condujeron a la elaboración de este informe, se trata de promover la efectiva aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos de la niñez en el marco de las políticas migratorias y de infancia en México. Aunque el análisis se ha centrado en prácticas que se implementan en los planos local y estatal (Tapachula y Chiapas), el desarrollo de la investigación ha tenido un marco más amplio, 310 observando las políticas a nivel federal, así como en los países de origen, en Estados Unidos de América y en el plano regional. La investigación se diseñó a partir de las siguientes líneas de acción: a) evaluar la situación de los derechos humanos de la niñez en el contexto de la migración en la frontera entre México y Guatemala; b) fortalecer en los organismos gubernamentales, federales y estatales, y en organizaciones de la sociedad civil, el conocimiento sobre de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la niñez en el contexto de la migración; c) identificar, a la luz de esos estándares, las principales falencias y contradicciones que afectan los derechos de NNA migrantes detenidos en la Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI) o Albergue Temporal para Menores Migrantes del DIF estatal en Tapachula, y luego repatriados a su país de origen; y d) elaborar una serie de recomendaciones dirigidas a todos los actores concernidos, con la finalidad de avanzar en la aplicación de esos estándares en las políticas, normativas y prácticas que conciernen a esta temática. En definitiva, el objetivo de esta iniciativa es, con miras a no duplicar esfuerzos y acciones, coadyuvar al trabajo que han venido realizando numerosas instituciones sociales en los últimos años, complementando esos diagnósticos con algunas herramientas teóricas y empíricas que contribuyan a elevar los niveles de protección y garantía de los derechos de la niñez migrante en la región. Por ello, junto con la investigación que se presenta en este informe, ambas instituciones se encuentran desarrollando una serie de actividades que, en articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, están orientadas a la búsqueda de los consensos y los cambios necesarios para adecuar el trato que se da a la niñez migrante, a las obligaciones en materia de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración. El contenido de este informe En el primer capítulo se describe la metodología de investigación utilizada, el objeto de análisis y los obstáculos encontrados para acceder a la información. La investigación se desarrolló a partir de diversas herramientas de acceso, recopilación y análisis de información, y geográficamente se concentró en la frontera sur (México-Guatemala). En los capítulos de esta sección se explica por qué esta frontera, y en particular la ciudad de Tapachula, posee una relevancia paradigmática para analizar la migración de NNA desde Centroamérica hacia México y EU, así como las políticas y prácticas diseñadas para responder a este fenómeno. El otro capítulo de la primera sección está dedicado a describir diferentes aspectos de la migración de niños, niñas y adolescentes centroamericanos hacia o a través de la región del Soconusco. Se analizan cuestiones como las causas de la migración, sus múltiples motivaciones 411 y objetivos, las condiciones en que se produce, los lugares de destino, entre otros factores. El objetivo de este capítulo es exponer la diversidad que caracteriza al grupo poblacional de NNA migrantes que luego son detenidos y repatriados desde México. Visibilizar esta heterogeneidad contribuye a identificar las falencias de las respuestas que las políticas y las prácticas dan a este fenómeno, usualmente caracterizadas por una mirada homogénea que no tiene en cuenta esa diversidad, y que conduce a la vulneración permanente de derechos de NNA. La segunda sección contiene tres capítulos que intentan brindar un panorama sobre las políticas públicas aplicadas por México, y en menor medida por los países de origen y a nivel regional, en materia de niñez migrante. El primer capítulo describe algunos de los aspectos que, en nuestra opinión, caracterizan las políticas migratorias y las políticas de infancia en México, así como los niveles de articulación entre ambas. En contra de lo que prescriben las obligaciones en materia de derechos de NNA, las políticas migratorias prevalecen sobre las de infancia. El segundo capítulo examina la normativa vigente a nivel nacional y regional. A partir del marco constitucional, se analizan las leyes de migración, infancia y de refugiados y protección complementaria. Se examinan los principales aspectos positivos y negativos de la normativa, así como los cambios adoptados durante el desarrollo de esta investigación, con un énfasis especial en las cuestiones más estrechamente vinculadas con la detención y repatriación de NNA. El último capítulo de esta sección examina una temática que de manera transversal impacta tanto en la política migratoria como en la política de infancia, y particularmente en la situación de la niñez migrante. Nos referimos a las políticas públicas en materia de producción y acceso a la información, así como los mecanismos de transparencia que funcionan, o no, en relación con esas temáticas. En este sentido, junto con el análisis de las medidas adoptadas por México para la producción de datos cuantitativos o cualitativos sobre NNA migrantes, sobre qué información se produce y/o difunde, se examinan los obstáculos encontrados a lo largo de la investigación. Estas trabas, de diversa índole y que afectan de manera particular el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, contradicen lo que debiera ser una política de protección de la infancia basada en una perspectiva de derechos. Los criterios en que se basan algunas decisiones revelan el imperativo de cumplir con objetivos de la política de control migratorio y, sin argumentos que lo sustenten, con prioridades de seguridad nacional. La tercera sección de este informe está diseñada sobre la base de la información empírica obtenida mediante conversaciones informales mantenidas con NNA detenidos en la EMSXXI y el Albergue Temporal para Menores Migrantes del DIF estatal en Tapachula. A partir de esta información de primera mano, y de lo que han provisto otras fuentes pedidos de 512 informes, entrevistas a funcionarios y organizaciones de la sociedad civil, esta sección tiene como objetivo describir en qué consisten las prácticas de detención y repatriación de NNA migrantes, así como su impacto concreto en los derechos y garantías de esos niños y niñas y adolescentes. Los capítulos de esta sección están, por ello, divididos temáticamente según el o los derechos que resultan afectados por esas prácticas. El primero describe la inexistencia de un procedimiento dirigido a garantizar que el principio del interés superior del niño sea, como exige la CDN, el criterio determinante en cualquier medida o decisión que pueda impactar en los derechos de NNA. Tanto cuando se trata de niños y niñas migrantes que están con sus padres, o uno de ellos, como de NNA no acompañados, las decisiones y el procedimiento para la toma de esas decisiones, revela el rol secundario que se asigna el principio de interés superior del niño, en contra de lo que exige la legislación vigente. El capítulo siguiente da cuenta de la aplicación sistemática y generalizada del mecanismo de detención de NNA migrantes. También de la ausencia de medidas alternativas a la detención y, entre otros aspectos, de las condiciones inapropiadas en que se encuentran los niños y niñas en la EMSXXI. Diversos testimonios recogidos en la estación migratoria y el albergue dependiente del DIF, prueban el impacto concreto de algunas normas que legitiman la detención de NNA migrantes y revelan prácticas opuestas de manera flagrante a la propia Ley de Migración. El tercer capítulo de esta sección analiza detenidamente la ausencia de garantías básicas de debido proceso en el marco de los procedimientos de detención y repatriación de NNA migrantes. Además de las falencias que en esta materia presenta la Ley de Migración una cuestión que se examina en el capítulo sobre la normativa vigente, este capítulo muestra cómo la privación de libertad y el retorno de NNA se deciden a través de mecanismos administrativos que carecen de los componentes más elementales de un debido proceso. A modo de ejemplo, se describe cómo la garantía de asistencia jurídica reconocida en tratados internacionales y en la propia Constitución Política, así como en normativas específicas del Instituto Nacional de Migración (INM) y en convenios entre el INM y el DIF Chiapas, no tiene vigencia alguna en el marco de estos procedimientos. El capítulo siguiente está dedicado de manera específica al derecho al asilo. En base a las conversaciones informales con NNA solicitantes de asilo, y apelando a información complementaria recogida en el marco de la investigación, se examina cómo el derecho al asilo encuentra diversos obstáculos que, en ocasiones, ponen en serio riesgo su realización. La ausencia de garantías procesales, la situación de privación de libertad de estos NNA, la falta de información periódica y adecuada sobre el procedimiento, entre otros aspectos, conducen a 613 que muchos NNA opten por desistir de su petición y solicitar su repatriación, aun cuando ello pudiera derivar en algún riesgo para su vida o integridad física. El capítulo que cierra esta sección observa otra cara de los procedimientos de detención y repatriación de NNA migrantes. Nos referimos a las prácticas de asistencia consular que los países de origen implementan para asistir a los NNA en el marco de esos procesos. Sin perjuicio de las diferencias existentes en cada uno de estos países, los testimonios de los NNA y el análisis de los programas y políticas implementadas por El Salvador, Guatemala y Honduras a través de sus representaciones consulares en Tapachula, revelan que existen importantes tareas pendientes para lograr la adecuación de las prácticas de asistencia consular a las obligaciones que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño. El informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas a diversas instituciones, en particular a organismos gubernamentales mexicanos, pero también de los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, así como a otros actores públicos y de la sociedad civil. Estas recomendaciones, como la propia investigación, tienen como objetivo contribuir a los procesos políticos en curso diálogos, debates, propuestas, cambios que deberían conducir al diseño de políticas públicas y prácticas institucionales que mejoren progresivamente los niveles de protección de los derechos de las personas migrantes, y los NNA en particular, a través de enfoques integrales basados en los principios y fines definidos por el derecho internacional de los derechos humanos y por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 714 RESUMEN EJECUTIVO El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús desarrollaron, entre agosto de 2010 y diciembre de 2011, una investigación dirigida a examinar la situación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes en la frontera entre México y Guatemala. La investigación se concentró en analizar cómo impactan los principales mecanismos de control migratorio aplicados por México en los derechos de esta población. Estos mecanismos son la detención (aseguramiento, alojamiento o presentación) y la repatriación (devolución o retorno) hacia sus países de origen. En concreto, el propósito de esta iniciativa fue identificar avances, deficiencias y desafíos pendientes en esta materia, a través del análisis de la legislación, las políticas públicas y su implementación. La investigación se focalizó en la frontera entre México y Guatemala, que por sus características, posee una relevancia paradigmática para el análisis de los flujos migratorios en el territorio mexicano. Ello al menos por dos motivos. En primer lugar, porque en esta área se registra una presencia sostenida de dos tipos de flujos de niños y niñas migrantes: los que migran para trabajar en el Estado de Chiapas y los que transitan por esta frontera con el objetivo ulterior de llegar a Estados Unidos de América (EU). En segundo término, porque en esta frontera se pueden observar con claridad los efectos que tiene la política de México sobre NNA migrantes, ya que en esta región se concentra un número importante de dispositivos de control migratorio y, en particular, se detiene a prácticamente todos los NNA migrantes en situación migratoria irregular que son identificados a lo largo del territorio mexicano. En efecto, luego de su detención en cualquier punto del país, estos NNA son conducidos a centros establecidos en la ciudad de Tapachula, como paso previo a su repatriación. El relevamiento de la información se concretó a través de diversos mecanismos: a) entrevistas a funcionarios públicos, académicos, representantes de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales; b) pedidos de información pública a través de los procedimientos existentes ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI); c) consultas a organizaciones sociales de México y países centroamericanos, a través de un cuestionario online; d) búsqueda en bases de datos normativas y de jurisprudencia; e) monitoreo de la Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI) y del Albergue Temporal para Menores Migrantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chiapas en Tapachula; f) conversaciones informales- con NNA migrantes detenidos; f) recopilación y sistematización 115 de informes y publicaciones elaboradas por diversos actores clave en el tema; g) relevamiento de decisiones de organismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos relativas a la situación de las personas migrantes y NNA en general, y en México en particular; y h) revisión y análisis de estadísticas oficiales sobre NNA migrantes. Caracterización de los niños, niñas y adolescentes migrantes en la frontera sur Diversas investigaciones realizadas en la última década por especialistas de distintas disciplinas y los casos relevados en este proyecto, permiten esbozar una categorización de los NNA migrantes que son conducidos a la EMSXXI o al Albergue del DIF estatal y, eventualmente, repatriados a sus países de origen. a) Numerosos informes dan cuenta de la presencia de NNA centroamericanos en Chiapas y particularmente en la ciudad de Tapachula y las áreas agrícolas de la región del Soconusco. También señalan su participación en el trabajo del hogar, en el área de servicios, la venta ambulante, entre otros espacios, y la problemática de niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual. El creciente número de NNA migrantes en el comercio informal y el trabajo agrícola (fincas de café, plantaciones de frutas, etc.) ha sido ampliamente destacada en diversas investigaciones. La presencia de NNA migrantes en la zona se debe, por un lado, al histórico flujo migratorio hacia la región, en especial desde Guatemala, que se inicia a finales del siglo XIX, y por otro lado, a la profundización del propio fenómeno de la niñez migrante, tanto en la región como a nivel global, que también se ha verificado en las migraciones de las últimas décadas hacia el Soconusco. La información recabada durante nuestra investigación, especialmente en la EMSXXI y en uno de los países de origen (Guatemala), y los informes elaborados por otras instituciones, han permitido constatar que un número considerable de los NNA repatriados residía en Chiapas. Es decir, no se encontraban en tránsito por el territorio mexicano con destino final Estados Unidos. Algunas fuentes de información señalan, por su parte, que cerca de un 50 por ciento de los NNA guatemaltecos repatriados desde Tapachula en 2010, se encontraba trabajando y/o residiendo en Chiapas al momento de su detención por el Instituto Nacional de Migración (INM). b) El otro grupo de NNA migrantes cuantitativamente importante en la región está conformado por quienes se encuentran en tránsito hacia EU. Según las estadísticas oficiales, esta migración tuvo su nivel más alto en 2005, luego mermó, y desde 2009 se ha estabilizado. La cantidad de niños, niñas y adolescentes migrantes también se acrecentó considerablemente 216 en la primera década de este siglo. Si bien destacan que ese número se ha reducido un poco en el último lustro, algunos informes indican que durante 2011 la cantidad de NNA no acompañados que tienen como destino final EU, se ha incrementado, una tendencia que se diferencia de la evolución del volumen general de migrantes hacia ese país. Las causas de esta migración no difieren, en general, de las que empujan a migrar a millones de personas en otras regiones: la privación de derechos fundamentales y oportunidades básicas en los países o regiones de origen sobresale entre los principales factores determinantes de la migración. Ahora bien, en el caso de NNA no acompañados, hay que agregar otros factores de igual relevancia, como la necesidad de concretar la reunificación familiar, la demanda de mano de obra barata de sectores informales y precarios del mercado laboral, y la violencia familiar, social o institucional en los países de origen. Estas causas, junto con políticas y leyes migratorias cada vez más restrictivas, contribuyen a la proliferación de vías irregulares para la migración de estos niños/as, generalmente en condiciones de elevada vulnerabilidad. La reagrupación familiar, que ocupa un lugar importante entre los objetivos que impulsan la migración de NNA no acompañados, responde, por un lado, a la ausencia de programas de regularización en EU, situación que impide a quienes ya viven en ese país, iniciar un proceso de reunificación familiar. Además, las limitaciones que la irregularidad impone a las visitas periódicas de familiares en el país de origen (por el temor a no poder reingresar a EU) dificultan una circularidad migratoria regular. Por otra parte, son importantes los obstáculos y demoras que caracterizan los procesos de reunificación familiar iniciados por adultos que ya poseen un permiso de residencia. c) Entre la población de NNA detenidos en la frontera sur puede identificarse un tercer grupo conformado por aquellos/as que resultan afectados por distintas situaciones de violencia. El abuso, el maltrato y la violencia intrafamiliar, o el abandono, urgen a muchos NNA a migrar. También migran hacia México muchos adolescentes de países centroamericanos que buscan asilo en ese país, ante la violencia y la persecución sufrida a manos de maras o pandillas. Por su parte, el incremento de las redes de trata de personas (que se aprovechan de la vulnerabilidad generada por las circunstancias antes mencionadas) afecta especialmente a NNA que migran engañados y son víctimas de la explotación laboral y sexual. En los casos relevados en la EMSXXI en el marco de esta investigación, hemos verificado todas y cada una de estas circunstancias: niños, niñas y adolescentes que migran hacia Estados Unidos o hacia otros estados de México para reunificarse con sus padres a quienes no veían desde hacía muchos años; otros/as que migran junto a sus padres, madres o 317 ambos; NNA que residían en Tapachula y fueron detenidos tras una verificación migratoria en su lugar de trabajo; NNA migrando hacia el norte en búsqueda de oportunidades laborales y educativas; niñas víctimas de redes de trata de personas; niños y niñas que solicitan asilo como consecuencia de la violencia sufrida en su país de origen. Obstáculos a la investigación Durante el desarrollo de esta investigación hemos encontrado obstáculos para acceder a distintas fuentes de información, en particular para ingresar a la EMSXXI para realizar entrevistas y conocer la situación de los NNA allí detenidos. Al solicitar autorización para hacer las visitas, y luego de algunos meses de la solicitud formal, el INM informó que se debía cumplir con una serie de condiciones. En el intercambio de cartas que generó el pedido, quedó en evidencia un preocupante desconocimiento de los estándares que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), especialmente en cuanto a considerar a los niños y niñas como sujetos de derechos, con capacidad de decisión y discernimiento. En función del principio de autonomía progresiva, el ejercicio de estas capacidades debe garantizarse de manera creciente según la edad y madurez de cada persona. Entre los requisitos exigidos, el INM indicó que, cuando se tratara de niños no acompañados, debíamos contar con una autorización expresa del representante consular para cada uno de los casos. El INM señaló que los cónsules son los representantes legales o tutores de los niños y niñas no acompañados. Frente a la imposición de este requisito, y advirtiendo su fundamentación, presentamos diversos argumentos sobre la errónea interpretación que se estaba haciendo de la función de asistencia consular. Reseñamos los derechos de estos NNA a un tutor y a la asistencia jurídica, y destacamos que la obligación de garantizarlos es del país en cuya jurisdicción se encuentran los niños. Sin embargo, el INM mantuvo de forma inamovible su posición legalmente equívoca de exigir autorizaciones por escrito de las autoridades consulares en cada caso individual. Entre otros motivos, alegaron la incapacidad natural y legal de los menores de 18 años con base en el Código Civil mexicano, incompatible con la letra y el espíritu de la CDN, y la necesidad de evitar la revictimización de NNA migrantes que se encuentran en una situación vulnerable. Por el contrario, sostuvimos, tal vulnerabilidad se agrava por la circunstancia de estar privados de la libertad, sin la posibilidad de ejercer garantías mínimas de debido proceso. Las restricciones impuestas a organizaciones de la sociedad civil para prestarles asistencia, o incluso para entrevistarlos, profundizan el aislamiento y la vulneración de derechos. 418 Esta situación nos impidió implementar la metodología de recolección de información por medio de las entrevistas que habían sido diseñadas especialmente en el marco de esta investigación. Sin embargo, el CDH Fray Matías de Córdova fue autorizado a ingresar a la EMSXXI a partir de agosto de 2011, para realizar únicamente actividades de información y promoción de los derechos humanos de los migrantes. 1 Esta habilitación se aprovechó para conversar informalmente, en el marco de actividades de difusión de derechos, con adolescentes detenidos en el Módulo de Atención para Menores Migrantes en las Estaciones Migratorias (MAEM) y demás áreas de la estación, lo cual nos permitió conocer su situación, estado anímico, los motivos por los que migraban, la forma en que habían sido detenidos y las condiciones en que se concretaba la privación de libertad. Sin embargo, a partir de diciembre de 2011, las profesionales del Fray Matías enfrentaron obstáculos y restricciones adicionales para realizar su trabajo. Luego de un cambio de autoridades en la EMSXXI, se prohibió el acceso al MAEM (a cargo del DIF) y a otras áreas donde se encuentra la población allí detenida (comedor, dormitorios, etc.). Desde entonces se habilitaron únicamente reuniones con los NNA en oficinas del personal del Instituto y usualmente con presencia impuesta de alguna autoridad. Esta situación ha provocado prácticamente la suspensión de las conversaciones informales con esos niños y niñas. Este tipo de obstáculos, similares a los que han enfrentado otras organizaciones con anterioridad, no responde a circunstancias ni decisiones aisladas, a errores o malas interpretaciones, sino a estructuras y prácticas burocráticas instaladas. Diez problemas sobre políticas de migración e infancia en México El análisis de las políticas migratorias y de infancia, y su implementación, así como de la situación concreta de los NNA migrantes que son detenidos en México y luego repatriados, permite esbozar los siguientes diez nudos problemáticos. Estas cuestiones indican la diversidad de desafíos pendientes en México y a nivel regional, y de ellos se derivan una serie de efectos negativos en los derechos humanos de esos niños y niñas que migran hacia o a través del territorio mexicano. 1 Sin embargo, en la solicitud para ingresar a la estación migratoria, el CDH Fray Matías había pedido el ingreso no sólo para actividades de difusión y formación en derechos, sino también para asesoramiento legal y defensa de los derechos humanos de la población migrante allí detenida. 519 1. La política migratoria en México está caracterizada por una serie de contradicciones o ambivalencias entre aspectos positivos y negativos, en términos de reconocimiento normativo y ejercicio efectivo de derechos de la población migrante. Tanto la legislación como los discursos, los programas diseñados por el poder ejecutivo y las prácticas que los implementan, contienen numerosas contradicciones. Por un lado, se reconocen derechos de las personas migrantes, y por el otro, se legitima un trato que vulneran los principios, estándares y obligaciones internacionales y constitucionales que consagran esos derechos. 2. En los últimos años el Estado ha desarrollado diversos mecanismos relativos a NNA migrantes. Aunque algunas de estas iniciativas significan un avance considerable frente a la invisibilidad que antes tenía este fenómeno, aún restan importantes y numerosos desafíos pendientes para cimentar una política de migración e infancia que esté orientada por el principio de protección integral de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre esas iniciativas cabe mencionar la creación de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) y de los MAEM, ambas adoptadas en el seno de la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre NNA no Acompañados y Mujeres Migrantes. Estas medidas, en el contexto político en el que se han desarrollado, enfrentan dos problemas de fondo que determinan su escaso impacto en la protección de los derechos de esos NNA. En primer lugar, la primacía de los objetivos de la política migratoria por sobre la política de protección integral de la infancia. De ahí la función clave de los mecanismos de control y sanción de la migración irregular, en una política migratoria enmarcada en criterios de seguridad nacional. Ello no sólo implica que los OPI no tengan facultad alguna para indicar o decidir las medidas a adoptar en cada caso en el interés superior de cada niño o niña, sino también que el rol del DIF en ese contexto sea claramente secundario y funcional a las decisiones del INM, es decir, a los fines de la política migratoria. En segundo lugar, la inexistencia de un órgano rector encargado de la política integral de protección de la infancia cuyo mandato esté centrado en la plena implementación de la CDN en todo el territorio, incluyendo el trato a NNA migrantes. A ello se debe sumar el enfoque tutelar y asistencial que caracteriza al Sistema Nacional DIF, que se corrobora por las limitaciones de la atención que brinda a niños, niñas y adolescentes en el marco de los procedimientos de detención y repatriación. 620 3. La nueva Ley de Migración incorpora principios de la Convención que colocan a México en una posición de avanzada en materia de regulación normativa sobre derechos de NNA migrantes. Este marco normativo se ve a su vez fortalecido por la reforma en derechos humanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Sin embargo, en la nueva ley migratoria también se identifican cláusulas y lagunas que limitan o contradicen ese postulado, especialmente en lo relativo a derechos y garantías claves en el contexto de la migración irregular de niños, niñas y adolescentes. Esta ley, siguiendo la reforma constitucional, reconoce el interés superior del niño como el criterio que debe guiar cualquier medida o decisión que pueda afectar los derechos de niños, niñas y adolescentes. También incluye el reconocimiento de derechos a todas las personas migrantes por ejemplo, al debido proceso, y ciertos mecanismos de protección especial a NNA migrantes, en particular de los no acompañados, como el deber impuesto al INM de canalizarlos de manera inmediata al DIF, y la obligación de diseñar, a través de la reglamentación, un Procedimiento de Determinación del Interés Superior del Niño (DIS). Ahora bien, la misma ley legitima la detención de NNA migrantes al regular las condiciones que deberían tener en las estaciones migratorias, al no prohibir expresamente su privación de la libertad por razones administrativas tal como obliga la Constitución mexicana y al no regular cómo debe realizarse la canalización al DIF y cuáles serían las condiciones de los centros a cargo del DIF. Asimismo, la ley ha omitido incluir garantías procesales básicas en casos de niños/as no acompañados, como el derecho a un tutor. Finalmente, cabe mencionar que las propuestas de reglamentación no han modificado o atenuado estos problemas, y la regulación del procedimiento DIS presenta serias carencias y falencias. 4. Desde la aprobación de la Ley de Migración han entrado en vigor numerosas disposiciones relativas a los derechos de NNA migrantes. Pese a ello, las prácticas de detención y repatriación de niños y niñas implican serias contradicciones con derechos y garantías reconocidos en la Convención, en la CPEUM, en la propia Ley de Migración y otras normativas. Tanto los procedimientos que determinan la detención y repatriación de NNA migrantes, como las decisiones en sí mismas quién la adopta, con qué fundamentos, etc., no se han modificado en aspecto alguno desde que entró en vigor la ley migratoria. Sólo a modo de ejemplo, es preciso señalar la inexistencia de medidas que den cumplimiento a la obligación de canalizar de manera inmediata a los NNA al DIF, o la ausencia de programas o servicios dirigidos a asegurar el derecho a la asistencia jurídica gratuita en esos 7 Mostrar más
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