Source: https://www.scribd.com/document/200176455/DECRETO-PRESIDENCIAL-016-ANALISIS
Timestamp: 2019-01-17 17:24:11
Document Index: 305887952

Matched Legal Cases: ['artículo 96', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 96', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 16']

DECRETO PRESIDENCIAL 016 ANALISIS
Uploaded by Isabelita Espin
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Artículos Decreto PRESIDENCIAL No.
016 Analisis "Se terminó con la expresión de la soberanía popular"
Escrito por Segundo Paredes. Posted in Lucha social en la prensa
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La sociedad históricamente ha tenido diversas formas de organización, muchas de ellas agrupan a la gente por sus aspiraciones y necesidades, otras por su creencia social, económica, cultural, étnica, política, deportiva, educativa, electoral, identidad sexual, género, religión; y, todas las demás que hayan o puedan existir en el contexto del movimiento social cuyos fines y objetivos se consideren lícitos, legales y/o legítimos.
Cada sector poblacional que se ha agrupado en una organización social ha definido en el ámbito jurídico como se han de considerar: organización de derecho u organización de hecho. De derecho todas aquellas que han decidido registrarse en algún ministerio o entidad del Estado autorizado para el efecto y para lo cual han reunido los requisitos de Ley desde su constitución hasta la documentación correspondiente; mientras que quienes decidieron conformarse como una organización de hecho son las que se originan en función de un interés común que les moviliza y no registran su identidad en las instituciones estatales, pero que son reconocidas por la población de su incidencia en sus respectivos territorios e incluso por las autoridades a nivel local, nacional e internacional.
El decreto presidencial inicia por desconocer la capacidad de autodeterminación organizativa de la sociedad incluso violentando el mismo artículo 96 de la carta magna en la que dice “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación (…); organizaciones que podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión, (…)”.
El artículo 3 de este decreto define a las organizaciones sociales como: “… conjunto de formas organizativas de la sociedad, a través de las cuales las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación humana organizada, coordinada y estable (…) y se regula por normas establecidas para el cumplimiento de sus propósitos.
Aparentemente el artículo es correcto hasta cuando se manifiesta que “se regula por normas establecidas”, dícese entonces que las normas establecidas serían las formuladas en el presente reglamento que más adelante en el Articulo 5.- identifica cuales son los Tipos de Organizaciones señalando que son: 1. Corporaciones, 2. Fundaciones, 3. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras y, una incorporación en la que entra en juego el rol intervencionista y manipulador del gobierno, 4. “ORGANIZACIONES CON FINES DE GESTION Y CONTROL SOCIAL, CONSTITUIDAS POR INSTITUCIONES O FUNCIONES DEL ESTADO.
El mismo decreto en la Transitoria Sexta, párrafo segundo manifiesta “Aquellas organizaciones que no hayan obtenido el registro no podrán operar en el país”. Esta disposición aparenta ser inofensiva, pero en realidad tiene algunos alcances que deben ser despejados en el análisis socio político de esta tácita eliminación de la “Soberanía Popular”.
Prácticamente eliminó la organización de hecho de la sociedad, ya no se pueden constituir los comités de Padres de Familia, ya no se pueden conformar comités barriales, comunitarios o sociales emergentes que promuevan el BIEN COMÚN frente a los permanentes atentados con políticas implementadas desde el poder o por incumplimiento de una u otra obra por parte de las autoridades.
Lo más grave es que al determinar “… no podrán operar”, para un buen entendedor se pone de manifiesto la CRIMINALIZACION DE LA ORGANIZACIÓN DE HECHO, claro
esto tiene concordancia con el artículo 3 del mismo reglamento en el que se manifiesta “…objetivos lícitos de las organizaciones”, entendido como el cumplimiento de la Ley, lo que implicaría que al no ser “lícito” deberán ser enjuiciadas civil / penalmente por infringir la Ley. Se entiende entonces porque también se ha formulado el nuevo Código Penal en el que se judicializa la lucha social, es decir toda la superestructura jurídica se va concatenando en función del interés del poder, incluso atentando en contra de lo consagrado en la Constitución del Ecuador que hoy es un estorbo para ese “transitorio poder”.
El numeral 4 del artículo 5 define como un “tipo de organización” a las “ORGANIZACIONES CON FINES DE GESTION Y CONTROL SOCIAL, CONSTITUIDAS POR INSTITUCIONES O FUNCIONES DEL ESTADO”. Acaso están diciendo con este artículo que ahora una función de las funciones del Estado, valga la redundancia, es dedicarse a constituir organizaciones sociales; también lo que sugiere es que “Al Poder” le interesa crear las organizaciones que favorezcan sus postulados, ideología, política o actividades que ejecute o que actúen en contraposición a sectores y organizaciones sociales que cuestionan políticas de autoritarismo u ocultamiento de la corrupción. Constituye una metedura de mano al movimiento social en su conjunto porque prácticamente el régimen, cualquiera que fuese, incidirá en la organización del movimiento social.
Un segundo aspecto tiene que ver con la misma disposición constitucional en su artículo 96 en el que al reconocer todas las formas de organización de la sociedad establece también en la parte pertinente que uno de los roles de estas es: “… incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos…”. Sin embargo en el decreto 16 que expide el reglamento de Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas habla en distintas partes de este cuerpo de dos temas concretos:
Uno tiene que ver lo señalado en el artículo 26, numeral 7, de las Causales de Disolución que textualmente señala en una parte: “Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral,…”. Sin duda presentar e inscribir candidatas y candidatos a cualquier dignidad, hacer promoción electoral a través de los medios de comunicación, vallas, pancartas, mítines y todas las formas permitidas por la ley les corresponde a los partidos y movimiento políticos, nadie discute aquello, el tema está en ¿cuáles son los indicadores o aspectos que se considerarán como “intervención en política partidista”?, esto quedaría a
discreción de la Secretaría de Gestión Política, cuyo gobierno surgió de un proceso electoral y por tanto representan a un movimiento político identificado como partido político así no sea esa su declaración estatutaria.
Por el mismo sentido es manifiesto que todo ser humano, individual o colectivamente tiene necesidades y aspiraciones, busca la forma de resolverlas y satisfacerlas, una de ellas es precisamente el incluir en sus debates y discusiones las propuestas programáticas de los partidos y movimientos políticos y definir cuál es la mejor opción para sí y para sus integrantes; esto implica adoptar o asumir una posición política frente a uno u otro proceso electoral, incluso en unos casos hasta la posición de varias organizaciones fue respaldar abiertamente al actual régimen pero con su viraje en la política económica y social decidieron no respaldarlo más. Es decir, el gobierno que responde a un partido político disolvería bajo sus criterios a las organizaciones por supuesto proselitismo partidista, se constituiría organizaciones sociales desde distintas funciones del Estado y estas en los comicios electorales futuros simplemente tendrían la anuencia del régimen como organizaciones apéndices que respaldan su política, entre tanto las organizaciones sociales, principalmente de izquierda y revolucionarias, serian sacadas del escenario por cualquier argumento que justifique para el gobierno su disolución.
El segundo aspecto del numeral 7 del artículo 26 de este decreto, en su segunda parte como causal de disolución, señala: “Dedicarse a actividades (…), de injerencia en políticas públicas QUE ATENTEN CONTRA LA SEGURIDAD INTERNA (…) DEL ESTADO…”. Pregunta: ¿Cuáles (o que) son los aspectos considerados como injerencia que atenten contra la seguridad interna? Queda a discreción de quien tiene “Todos los Poderes”, pues para él la injerencia puede constituir en el que una organización manifieste, por ejemplo, su rechazo a la focalización del subsidio al gas de uso domestico y la consecuente elevación del valor de compra, cosa curiosa solo la escasez incide en la estabilidad social a nivel nacional, peor el incremento del precio. Se ajusta a lo dicho anteriormente, con la reforma al código penal se criminaliza la acción social, el régimen declara que la oposición de la gente a la focalización del gas y elevación de su costo es injerencia en la política pública y afecta a la seguridad interna y por tanto, en “aplicación de la ley”, la organización social es disuelta con las respectivas implicaciones judiciales.
En donde quedó la capacidad de las organizaciones sociales de incidir en las decisiones y políticas públicas y el control social como lo dispone la Constitución si de antemano en este reglamento se termina con la expresión de la soberanía popular, ahora con ello toda política pública: incremento de pasajes, costos de los combustibles, impuestos, reducción de derechos ciudadanos a la salud, educación, vivienda, movilidad y los actos de
corrupción gubernamental, entre otras carecerán de la intervención ciudadana para impedir su aplicación.
Las sociedades han desarrollado múltiples formas organizativas como instrumentos de expresión y opinión social: el debate, el discurso, la asamblea, el mitin, la marcha, la paralización, la huelga, la protesta desde todos los espacios incluido “la calle”, este decreto interviene en ello argumentando como causal de disolución cuando una organización social se dedica a actividades que “afecten la paz pública”. Preguntas ¿Qué es PAZ PUBLICA?, ¿Cuales son o serán los criterios para identificar qué actividad altera la paz pública?. Ellos tienen “todos los poderes”, derrumban la posibilidad de queja, exigencia u oposición a las políticas arbitrarias, impositivas y de discriminación que acostumbran a implementarlas, es más no se podría hacer expresiones de combate social a la corrupción porque tiene quien la defienda, o al menos así lo han demostrado en casos sonados que duermen el sueño de los justos mientras sus autores están de “shopping” en las potencias extranjeras con el dinero de las y los ecuatorianos.
Por último y no menos importante, prácticamente con el decreto convertirían en “INSTITUCION PESQUISA” a la entidad responsable del registro de las organizaciones, ya que entre varios artículos, para no escribirlos textualmente sino identificarlos esencialmente, se dispone y norma por ejemplo que el sistema informe a los Ministerios cuando las organizaciones incumplan sus objetivos u obligaciones para que “adopten los correctivos”; este decreto, en el mismo aspecto, sostiene que el sistema puede reportar la gestión de la organización y los incumplimientos de la misma a través de informes, reportes u otros actos para que las instituciones reguladoras puedan contar con información, es decir que han de designar personas encargadas de todo el tiempo estar vigilando que hacen o dejan de hacer las organizaciones sociales.
Dispone que las organizaciones sociales entreguen toda la documentación e información en forma completa y clara, incluyendo la que se genere a futuro producto del funcionamiento de la acción organizativa, es decir quieren que proporcionen información para su análisis y posible disolución, de acuerdo a lo manifiesto en el párrafo anterior incluso convirtiendo en “informantes” a las mismas organizaciones. Pueden también disolver la organización acusándola de falsedad o adulteración de la información proporcionada, ellos determinarán cuando es verás o falsa.
Es más grande la “caretucada” cuando se plantea que el Sistema promueva procesos de
acompañamiento a las organizaciones sociales para facilitar su fortalecimiento y participación en asuntos de interés público y apoyar la creación de nuevas organizaciones, brindar asesoramiento, capacitación, es decir quiere pesquisar desde adentro, intervenir desde adentro tal cual práctica de la “Inteligencia Americana” y su central.
Un aspecto adicional en este punto es la disposición transitoria sexta, en el primer párrafo que manifiesta textualmente “previo a la inclusión de las organizaciones civiles (…) estas deberán sustentar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas; y no hallarse incursas en ninguna de las causales de disolución previstas en este reglamento. Hagamos un “recorderis” de lo dicho antes: ¿quién determina si se cumplieron o no con los fines y objetivos? Pues quienes conforman el Sistema de Registro. Uno de los causales de disolución, según este reglamento, es “desarrollar actividades de política partidista, de injerencia en políticas públicas que atenten contra le seguridad interna o externa del Estado o, que afecten la paz pública”. Esta es una disposición ilegal en toda la extensión de la palabra, pues no se puede normar, regular o legislar retroactivamente porque lo que están diciendo es que si una organización ha participado en procesos electorales, que si lo han hecho, o que han desarrollado paralizaciones en las que han considerado que se ha “alterado la paz social” no serán registradas y por tanto perderían su calidad jurídica y con la disposición transitoria párrafo segundo del impedimento de operar a quienes no tienen registro las criminalizaría.
Adicionalmente de lo señalado en los párrafos anteriores hay que necesariamente mencionar el artículo 16 de este decreto que manifiesta: “Las organizaciones con fines de gestión o control social constituidas por instituciones o funciones del Estado, tales como veedurías ciudadanas, observatorios, etc., deberán observar, en lo que fuere aplicable, las disposiciones de este reglamento como norma supletoria”. Hay una intromisión tácita, ahora ya no solo con directrices políticas sino hasta normativas, a las responsabilidades que le corresponden por Constitución (artículos 207 al 210 de la constitución, deberes y atribuciones) y por la Ley de Participación Ciudadana y Control Social (artículos 79, de los observatorios y 86 de la regulación de veedurías) al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Debe quedar claro que las veedurías u observatorios no tienen la misma concepción o figura estructural de las demás organizaciones sociales.
Así también las veedurías, observatorios u otros mecanismos de participación y control social que están regulados por el Consejo de Participación Ciudadana y la respectiva legislación no pueden asumir como suyas normas dispuestas en este reglamento para su funcionamiento, ni siquiera como norma supletoria, porque sencillamente se estaría
aceptando la intervención de una función del Estado sobre otra y a su vez sugiere la “utilización” del poder como mecanismo de presión, chantaje o sanción a quienes hayan formado una veeduría, por ejemplo, seguimiento a un proceso no transparente del régimen o un observatorio a la política pública del gobierno, en la que fácilmente la Secretaría de Gestión Política encargada del Sistema de Organizaciones propuesto declare bajo “sus consideraciones” disuelta una de estas estructuras, las ilegalice y por tanto sean sus integrantes enjuiciados, ya que recordemos la actual justicia no juzga “hechos” sino a personas.
Con este decreto se estaría cerrando el círculo de la criminalización de la acción social y ciudadana, todo el canto de la soberanía popular queda en lo escrito, redactado y consagrado en la Constitución pero violentado y no garantizado en la práctica, deslegitimar la organización social oponente, crítica, de izquierda, revolucionaria, transformadora al parecer es el alcance más importante de este decreto, no importa si es que hay que retroceder el tiempo para destruir las organizaciones bajo la máxima de “acabar con el oponente a como dé lugar y por todos los medios” aunque lo que, personalmente, inscribo con mucha antelación y desde hoy es que “con esta modificación a la superestructura lo que está haciendo el régimen transitorio de gobierno es cavando su propia tumba”, y no quedará de otra a la organización social el hacer prevalecer su derecho de la acción de hecho a través de la resistencia y todas las formas de organización y mecanismos de expresión garantizados por la Constitución y la conciencia histórica.
Soc. giraldofaustorodrigo@gmail.com
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