Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-945-de-2005?documento=legcol&contexto=legcol_75992042027df034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-23 18:15:04
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﻿ LEY 945 DE 2005
LEY 945 DE 17 DE FEBRERO DE 2005
CONTENIDO:SE APRUEBA EL "PROTOCOLO DE BASILEA SOBRE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS RESULTANTES DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN", CONCLUIDO EN BASILEA EL 10 DE DICIEMBRE DE 1999.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1258 DE MARZO 15 DE 2005, PG.432
“Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”, concluido en Basilea el diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.
Visto el texto del “Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”, concluido en Basilea el diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
PROYECTO DE LEY NÚMERO 205 DE 2004 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”, concluido en Basilea el diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
“Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación
Teniendopresentes sus obligaciones contraídas en virtud del convenio,
b) Por “desechos peligrosos y otros desechos” se entiende los desechos peligrosos y otros desechos contemplados en el artículo 1º del convenio;
e) Por “medidas preventivas” se entiende cualquier medida razonable tomada por cualquier persona en respuesta a un incidente con objeto de prevenir, reducir al mínimo o mitigar pérdidas o daños o sanear el medio ambiente;
i) Por “organización de integración económica regional” se entiende una organización constituida por Estados soberanos a la que sus Estados miembros han transferido su competencia respecto de las cuestiones regidas por el protocolo y que ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar, aprobar, confirmar oficialmente el protocolo o adherirse a él;
a) En relación con movimientos destinados a una de las operaciones especificadas en el anexo IV del convenio distintas de las operaciones D13, D14, D15, R12 o R13, hasta el momento en que se haya hecho notificación de la finalización de la eliminación de conformidad con el párrafo 9 del artículo 6º del convenio, o en el caso en que no se hubiese hecho esa notificación, hasta que se haya finalizado la eliminación; y
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso a), el protocolo se aplicará también a los daños especificados en los apartados i), ii) y v) del inciso c) del párrafo 2 del artículo 2º del presente protocolo que se produzcan en zonas fuera de una jurisdicción nacional;
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del protocolo, en caso de reimportaciones con arreglo al artículo 8º, o al inciso a) del párrafo 2 del artículo 9º y al párrafo 4 del artículo 9º del convenio, las disposiciones del protocolo se aplicarán hasta que los desechos peligrosos y otros desechos hayan llegado al Estado de exportación original.
b) El protocolo no se aplicará a los daños resultantes de un incidente ocurrido durante un movimiento transfronterizo de desechos contemplados en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 1º del convenio salvo que los desechos hayan sido notificados por el Estado de exportación o importación, o ambos, de conformidad con el artículo 3º del convenio y el daño causado se haya producido en una zona bajo la jurisdicción nacional de un Estado, incluido el Estado de tránsito, que haya definido esos desechos como peligrosos o así los considere siempre que se hayan cumplido los requisitos del artículo 3º del convenio. En ese caso, la responsabilidad objetiva se canalizará de conformidad con el artículo 4º del protocolo.
9. El párrafo 2 del artículo 3º no afectará la aplicación del artículo 16 a todas las partes contratantes.
1. La persona que notifica de conformidad con el artículo 6º del convenio, será responsable por daños hasta que el eliminador haya tomado posesión de los desechos peligrosos y otros desechos. A partir de ese momento el eliminador será responsable por los daños. Si el Estado de exportación es el notificador o si no se ha hecho notificación, el exportador será responsable por los daños hasta que el eliminador haya tomado posesión de los desechos peligrosos y otros desechos. En lo que respecta al inciso b) del párrafo 6, del artículo 3º del protocolo, el párrafo 5 del artículo 6º del convenio se aplicará mutatis mutandis. A partir de ese momento el eliminador será responsable por daños.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 y en relación con los desechos sujetos al inciso b) del párrafo 1 del artículo 1º del convenio que hayan sido notificados como peligrosos por el estado de importación de conformidad con el artículo 3º del convenio, pero no han sido notificadas como tales por el Estado de exportación, si el Estado de importación es el notificador, o no se ha efectuado la notificación, el importador será responsable hasta el momento en que el eliminador haya tomado posesión de los desechos. A partir de ese momento el eliminador será responsable por daños.
3. Si los desechos peligrosos y otros desechos fueran reimportados de conformidad con el artículo 8º del convenio, la persona que haya notificado será responsable por daños desde el momento en que los desechos peligrosos abandonan el sitio de eliminación, hasta el momento en que los desechos entran en posesión del exportador, si esto fuera aplicable, o del eliminador alternativo.
4. Si los desechos peligrosos y otros desechos fueran reimportados de conformidad con el inciso a) del párrafo 2 del artículo 9º o el párrafo 4 del artículo 9º del convenio, con sujeción al artículo 3º del protocolo, la persona que reimporta será responsable por daños hasta que los desechos entren en posesión del exportador, si esto es aplicable, o del eliminador alternativo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4º, toda persona será responsable por daños causados por el incumplimiento de las disposiciones para la aplicación del convenio o por sus actos u omisiones voluntarios, imprudentes o negligentes o a los que hayan contribuido ese incumplimiento o esos actos u omisiones. El presente artículo no afectará la legislación nacional de las partes contratantes que rige la responsabilidad de los servidores y agentes.
3. En caso de daños en que no sea posible diferenciar entre la contribución hecha por los desechos regulados por el protocolo y los desechos no regulados por él, se considerará que todos los daños resultantes están regulados por el protocolo.
1. Los límites financieros por concepto de responsabilidad en virtud del artículo 4º del protocolo, se especifican en el anexo B del protocolo. Esos límites no incluirán ni los intereses ni las costas adjudicadas por el tribunal competente.
2. No se establecerá un límite financiero a la responsabilidad con arreglo al artículo 5º.
Límite temporal de la responsabilidad
1. Las personas responsables con arreglo al artículo 4º establecerán y conservarán durante el período del límite temporal de la responsabilidad un seguro, bonos u otras garantías financieras que cubran su responsabilidad con arreglo al artículo 4º del protocolo por un monto que no sea inferior a los límites mínimos especificados en el párrafo 2 del anexo B. Los Estados podrán cumplir sus obligaciones con arreglo al presente párrafo mediante una declaración de autoseguro. Nada de lo previsto en este párrafo impedirá el uso de franquicias o copagos entre el asegurador y el asegurado, pero la falta de pago por parte del asegurado de cualquier franquicia o copago no representará una defensa contra la persona que ha sufrido el daño.
2. Con respecto a la responsabilidad del notificador, o exportador con arreglo al párrafo 1 del artículo 4º, o del importador con arreglo al párrafo 2 del artículo 4º, solo se utilizarán el seguro, los bonos o cualquier otra garantía financiera a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo para indemnizar los daños contemplados en el artículo 2º del protocolo.
3. La notificación a que se hace referencia en el artículo 6º del convenio deberá ir acompañada de un documento en que se estipule la cobertura de la responsabilidad del notificador o exportador con arreglo al párrafo 1 del artículo 4º o del importador con arreglo al párrafo 2 del artículo 4º del protocolo. Se presentará a las autoridades competentes del Estado de importación una prueba de la cobertura de la responsabilidad del eliminador.
4. Toda reclamación con arreglo al protocolo podrá hacerse valer directamente ante cualquier persona que proporcione el seguro, los bonos u otras garantías financieras. El asegurador o la persona que proporciona la garantía financiera tendrá derecho a exigir que la persona responsable con arreglo al artículo 4º sea convocada durante las actuaciones. Los aseguradores y las personas que proporcionan garantías financieras podrán invocar las mismas defensas que tendría derecho a invocar la persona responsable con arreglo al artículo 4º.
2. No podrá presentarse ninguna reclamación de indemnización por daños basados en la responsabilidad objetiva del notificador o del exportador responsable con arreglo al párrafo 1 del artículo 4º, o del importador responsable con arreglo al párrafo 2 del artículo 4º del protocolo sino de conformidad con el protocolo.
1. No se podrán formular reservas ni excepciones al protocolo. A los efectos del protocolo, las notificaciones efectuadas con arreglo al párrafo 1 del artículo 3º, al párrafo 6 del artículo 3º o al párrafo 5 del artículo 15 no se considerarán reservas o excepciones.
Lista de estados de tránsito a que se hace referencia en el inciso d) del párrafo 3 del artículo 3º
12. Islas Comoras
15. Islas Marshall
16. Islas Salomón
21. Micronesia (Estados Federados de)
(sic)26. Palau
24. Nueva Zelanda, en nombre de Tokelau
25. Países Bajos, en nombre Aruba y las Antillas Neerlandesas
27. Papúa Nueva Guinea
30. San Kitts y Nevis
32. Santa Lucía
33. Santo Tomás y Príncipe
1. La ley nacional determinará los límites financieros por concepto de responsabilidad en virtud del artículo 4º del protocolo.
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes ad their Disposal, concluded at Basel on 10 december 1999, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Protocole de Bâle sur la responsabilité et l''indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l''élimination de déchets dangereux, conclu à Bâle le 10 décembre 1999, dont l''original se trouve déposé auprês du Secrétaire général de l''Organisation des Nations Unies.
New York, le 3 mars 2000”.
Bogotá, D.C., 18 de septiembre de 2003.
ART. 1º—Apruébase el “Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”, concluido en Basilea, el diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”, concluido en Basilea, el diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Carolina Barco Isakson, Ministra de Relaciones Exteriores; Sandra del Rosario Suárez Pérez, Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de la República de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”, concluido en Basilea, el diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La comunidad internacional preocupada por la situación que se evidenció en la década de los ochenta en relación con el manejo inadecuado de desechos y la vulnerabilidad de los países en desarrollo frente a la llegada masiva de cargamentos de desechos provenientes de los países del norte para ser enterrados o dispersados en su territorio, inició, con el auspicio del programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre el manejo y eliminación ambientalmente racional de los desechos peligrosos. Este proceso culminó en 1989 con la adopción por más de 158 países del “Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”.
Colombia aprobó el Convenio mediante la Ley 253 de 1996; y se hizo parte del mismo a través del depósito, ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, del Instrumento de ratificación, acto que se cumplió el 31 de diciembre de 1996. La Corte Constitucional en la Sentencia C-377 del 22 de agosto de 1996, declaró la exequibilidad del Convenio de Basilea bajo la condición de que el Gobierno de Colombia formulara una declaración o manifestación, en el sentido de que el artículo 81 de la Constitución prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. En cumplimiento del fallo mencionado el Gobierno Nacional, al momento de ratificar el Convenio, formuló la siguiente declaración:
“El Gobierno de Colombia de conformidad con el artículo 26, numeral 2º del Convenio de Basilea sobre el Control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989, DECLARA que para los efectos de la aplicación de este instrumento internacional, el artículo 81 de la Constitución Política de la República prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos”.
• Reducir al mínimo los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos sujetos al convenio.
• Eliminar los desechos lo más cerca posible a su fuente generadora.
• Asegurar el estricto control de los movimientos de desechos peligrosos a través de las fronteras, así como la prevención de su tráfico ilegal.
• Prohibir los embarques de desechos peligrosos a países que carezcan de capacidad legal, administrativa y técnica para manejarlos y eliminarlos de una forma ambientalmente sana.
• Asistir a los países en desarrollo en el manejo ambientalmente sano de los desechos peligrosos que generen.
• La implementación del convenio coadyuvará a combatir el tráfico ilícito de sustancias peligrosas que tanto deterioro ambiental le generan al país, sin dejar de lado su fin último que es el proteger la salud humana y el medio ambiente de los peligros de estos desechos, bajo la premisa de que deben eliminarse de forma ambientalmente racional en el país en donde fueron generados, procurando además que el monto de generación de los mismos disminuya, y es allí donde radica la suma importancia del mismo.
Por su parte, el protocolo sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del Convenio de Basilea, fue adoptado el 10 de diciembre de 1999 por la V Sesión de la Conferencia de las partes luego de un proceso de negociación de más de diez años. El objetivo de este instrumento que requiere cincuenta ratificaciones para entrar en vigor, es establecer un régimen global de responsabilidad, así como un mecanismo para asegurar una indemnización pronta y adecuada por daños resultantes del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos, incluidos los incidentes que ocurran por el tráfico ilícito de acuerdo con la definición del convenio. Si bien el Protocolo de Basilea establece un régimen de responsabilidad objetiva como la mayoría de los instrumentos existentes en esta materia, también contempla la responsabilidad por culpa en los casos en que el daño se produce por la inobservancia de las obligaciones del convenio.
II. El texto del protocolo y su importancia
La definición del “daño” que trae el artículo 2º, literal c) del protocolo se considera muy completa, e incluye:
• La pérdida de vida o lesiones personales.
• La pérdida o daños a la propiedad.
• La pérdida de ingresos derivados directamente de un interés económico en cualquier utilización del medio ambiente, incurridos como resultado de perjuicios al medio ambiente.
• Los costos de medida de restablecimiento del medio ambiente dañado, limitado a los costos de medidas que actualmente se hayan emprendido o hayan de emprenderse.
• Y los costos de las medidas preventivas.
En el protocolo se define lo que constituyen “medidas de restablecimiento” de un medio ambiente dañado o destruido. Estas son cualesquiera medidas razonables encaminadas a evaluar, restablecer o restaurar componentes dañados o destruidos del medio ambiente (1) .
(1) Véase el artículo 2º, párrafo 2 d).
En relación con quien se considera debe responder por el daño eventual, el protocolo impone una responsabilidad objetiva a una serie de personas que refleja la índole compleja de la relación multipartes de tal movimiento y de las particularidades de las disposiciones del Convenio de Basilea (2) . Por lo tanto, se impone la responsabilidad de forma diversa al notificador, al que dispone de los desechos, al exportador, al importador y al reimportador. El notificador de un movimiento transfronterizo es responsable de los daños hasta que el que dispone de los desechos toma posesión de los mismos. De allí en adelante el que dispone de los desechos asume la responsabilidad.
(2) Véase el artículo 4º.
El exportador, por su parte, es responsable ya sea cuando el Estado sea el notificador o cuando no haya tenido lugar ninguna notificación en términos de las disposiciones del convenio. El importador es responsable respecto a los desechos indicados en el artículo 1º, párrafo 1 b) del convenio que hayan sido notificados como peligrosos por el Estado de importación de conformidad con el artículo 3º del convenio pero no por el Estado de exportación.
Tienen aplicación varias exenciones respecto a la responsabilidad objetiva impuesta en virtud del artículo 4º. Estas tienen aplicación cuando los daños son el resultado de un acto de conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección; un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable, imprevisible e irresistible; exclusivamente del cumplimiento de una disposición obligatoria de una autoridad pública del Estado donde se haya producido el daño; o exclusivamente de la conducta ilícita intencional de un tercero.
En el caso de la responsabilidad objetiva, la responsabilidad del notificador, exportador, importador y eliminador en el caso de cualquier incidente está limitada de conformidad con el número de toneladas de los envíos (3) . Las personas responsables en virtud del régimen de responsabilidad objetiva han de establecer y conservar durante el período del límite temporal de la responsabilidad, un seguro, bonos u otras garantías financieras que cubran tal responsabilidad. No hay límites financieros respecto a la responsabilidad basada en la culpabilidad.
(3) Artículo 12 y anexo B.
En cuanto a la responsabilidad basada en la culpabilidad, el artículo 5º incluye una disposición por la cual “toda persona será responsable por daños causados por el incumplimiento de las disposiciones para la aplicación del convenio o por sus actos u omisiones voluntarios, imprudentes o negligentes o a los que hayan contribuido ese incumplimiento o esos actos u omisiones”. En el protocolo se prevé que cuando la indemnización disponible no cubra los costos de los daños “se podrán tomar medidas adicionales y complementarias para garantizar una indemnización pronta y adecuada utilizando los mecanismos existentes” (art. 15). Cuando la indemnización en virtud del protocolo sea inadecuada debe recurrirse a los mecanismos financieros establecidos en virtud del artículo 14 del Convenio de Basilea. La posibilidad de que la reunión de las partes en el protocolo mejore tales mecanismos existentes o establezcan otros nuevos para prestar mejores servicios a sus objetivos está expresamente prevista. La responsabilidad está también limitada en el tiempo. Las reclamaciones de compensación deben instaurarse en un plazo de cinco años desde la fecha en la cual el reclamante supo o pudo razonablemente saber acerca de los daños; pero en ningún caso se instaurarán medidas después de diez años desde la fecha del incidente que causó los daños.
La jurisdicción sobre medidas para compensación recae en los tribunales de la parte contratante en la que se sufrieron los daños o en la que ocurrió el incidente; o en la que el demandante tiene su resistencia habitual o su centro principal de operaciones comerciales. En términos idénticos a los examinados en los otros instrumentos, se prevé en el protocolo el reconocimiento mutuo y fuerza ejecutoria de las sentencias judiciales en los territorios de todas las partes contratantes (4) .
(4) Artículo 21.
La aplicación jurisdiccional del protocolo está circunscrita en varios respectos. Como regla general, el protocolo se aplica a daños debidos a un incidente que ocurra durante el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos y su eliminación, incluido el tráfico ilícito, desde el punto en el que los desechos son cargados en el medio de transporte en una zona bajo la jurisdicción nacional de un Estado de exportación (5) . La aplicación del protocolo está reglamentada de conformidad con las diversas operaciones especificadas en el anexo 4 del convenio.
(5) Artículo 3º (1).
No obstante lo anterior, el protocolo se aplica a los daños sufridos en una zona bajo la jurisdicción nacional de una parte contratante. Sin embargo, prevé las siguientes excepciones las cuales permiten su aplicación en zonas más allá de cualquier jurisdicción nacional (6) . Las excepciones son las siguientes:
(6) Artículo 3º (3) (c y d).
a) Por muerte o lesiones corporales (art. 2.2.c.i);
b) Por daños o perjuicios materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños (art. 2.2.c.ii);
c) Por el costo de las medidas preventivas, incluida cualquier pérdida o daño causado por esas medidas (art. 2.2.c.v), y
d) El protocolo se aplicará también a los daños sufridos en una zona bajo jurisdicción nacional de un Estado de tránsito que no sea parte contratante, siempre que dicho Estado figure en el anexo “A” que haya accedido a un acuerdo multilateral o regional que esté en vigor relativo a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos 3.3. d).
Según informes de la FAO (7) existe medio millón de toneladas de desechos tóxicos dispersos en el mundo y en condiciones deficientes de almacenamiento, por lo que su potencial de contaminación del medio ambiente y de la producción agrícola, es enorme. En el caso colombiano el artículo 81 de la Constitución Nacional prohíbe la introducción de desechos tóxicos y en ese sentido los instrumentos internacionales que se comentan contribuyen a fortalecer esa prohibición.
(7) http://www.institutolibertad.cl/p_127.htm, 28/03/2002.
En ese sentido, se puede afirmar que tanto el Convenio de Basilea como su protocolo de responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación son el marco jurídico internacional que regulan el movimiento de desechos peligrosos entre Estados. El protocolo en particular responde a la pregunta de cómo abordar una situación en la que se produzca un daño dentro del marco de las actividades previstas por el convenio. Cabe anotar que actualmente se constituye en uno de los pocos, si no el único, precedente en la materia en el derecho internacional ambiental.
Consecuentemente cabe anotar, que tanto el Convenio como el Protocolo de Basilea son instrumentos marco que dejan un amplio espacio para el desarrollo, por parte de la legislación interna de cada país, de políticas, normas y directrices en materia de desechos peligrosos.
Finalmente, si bien estamos conscientes que la implementación interna de los mandatos del protocolo requiere un fortalecimiento importante de la capacidad institucional tanto en la rama judicial como en la rama ejecutiva, consideramos no obstante, que frente a la dificultad de aplicar la normatividad interna a un extranjero en caso de producirse un accidente durante el movimiento transfronterizo de desperdicios peligrosos, el protocolo se constituye en una herramienta fundamental para lograr una compensación justa, oportuna y equitativa por los eventuales daños que puedan producirse en nuestro territorio.
Por las anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, solicita al honorable Congreso Nacional aprobar el “Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”, concluido en Basilea, el diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Bogotá, D.C., 18 de septiembre de 2003