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Timestamp: 2018-08-17 12:43:57
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 171']

UNIDAD II - Universidad salesiana de bolivia
LOS SISTEMAS DE DOMINIO DE LAS MINAS
Sistema de accesión
Sistema de la ocupación
Sistema de “res nullius”
Sistema dominial regalista o patrimonial
PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A LA CONCESIÓN
CARACTERÍSTICAS Y FORMA DE LA CONCESIÓN MINERA.
LA CONCESIÓN Y LOS DERECHOS QUE OTORGA A SU TITULAR
EL DOMINIO ORIGINARIO DE LAS SUSTANCIAS MINERALES. SU CONCESIÓN.
S U M A R I O:
Los sistemas de dominio de las minas.-Principios generales relativos a la concesión.: (Arts. 1 al 5) Dominio originario.- Concesiones.- sometimiento a las leyes.- Formación de la concesión.- Unidad de medida Arts. 5 al 9).- La concesión y los derechos que otorga a su titular (Arts. 10 al 15)
LOS SISTEMAS DE DOMINIO DE LAS MINAS.- Saber a quién pertenece originariamente la propiedad de las minas, tiene mucha importancia en el campo del Derecho Minero, especialmente en el campo práctico; es así, que en relación a este aspecto han sido formulados varios principios jurídicos, analizados por los tratadistas del Derecho Minero y designados con el nombre de sistemas. Según el principio o sistema que se adopte en materia de dominio de las minas, en la legislación de un determinado país, serán también diversas las consecuencias que resulten, puesto que éste determinará las características y modalidades sobre la Ley en éste tema que servirán para satisfacer mejor las necesidades económicas y jurídicas.
Es así que, de acuerdo con un análisis de la legislación comparada y antecedentes de la doctrina , observamos que la mayoría de los autores se inclinan por designar estos sistemas en los siguientes :
Sistema de accesión, conocido también con el nombre de sistema de la unidad de dominio, fue sustentado por el tratadista Dunoyer y aplicado con mayor fuerza en Inglaterra y algunos estados de Norte América; según el cual las minas pertenecen al propietario del suelo.
Este sistema debe su nombre al concepto de considerar como consecuencia o accesorios del suelo. El dueño del suelo es quién tiene el dominio de las minas radicadas en su propiedad, debido al principio jurídico de que, “lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal ( Qui Dóminus, Soli dominun est coeli et inferorum); es decir, el que tiene dominio del suelo, lo es del cielo y del subsuelo. Ya este sistema ha sido desechado de la mayoría de las legislaciones aunque, se tiene referencias de que Inglaterra y algunos de los estados que fueron sus colonias aún lo mantienen.
Sistema de la ocupación, doctrina sustentada por Turgot , según el cual la propiedad de las minas debe corresponder o pertenecer a los descubridores de ellas, a título de primeros ocupantes.
A través de este sistema se otorga la propiedad de las minas al primer ocupante, se considera el hecho de que la mina no pertenece ni al dueño del suelo ni al Estado, sino al primero que se hace dueño de ella, quién la trabaja, es el dueño de la mina; el dueño de la superficie, de ninguna manera podía ser respetado como dueño del subsuelo. Un ocupante podía ser reemplazado por otro, no había ninguna legalidad, esta situación se debía al hecho de que ese ocupante podía tener la mina por azahar sin buscarla, se sabe que en Francia tuvo vigencia por mucho tiempo, sin embargo dio malos resultados.
Sistema de “res nullius”, Doctrina sostenida por Dalloz, que considera a las minas aún no concedidas, como cosas que no pertenecen a nadie y deben corresponder al descubridor de ellas.
Aquí, el Estado es un simple tutor y que tenía o podía conceder a quién tenía mayores perspectivas de explotar las minas, que represente un mayor beneficio para la colectividad. Este sistema tuvo su vigencia en aquella época en que el Estado se confundía con la corona. Las consecuencias eran el determinar filosóficamente que las minas no existían antes de ser descubiertas, eran res nullíus. Estas minas no eran consideradas como bienes, sino cuando surgían con la explotación.
La propiedad minera era considerada de carácter público, no particular, había que pagar una indemnización, impuestos, esto no significaba el hecho de pagar una obligación al Estado, sino una sociedad con el Estado. Fue criticado porque solo daba oportunidad a personas que podían explotar las minas con mayores ventajas y relativa facilidad y no así a los que debían comenzar desde abajo. También se criticaba manifestando que si el Estado no era propietario, cómo podía hacer concesiones, existiendo por lo tanto una contradicción en este aspecto.
Sistema dominial regalista o patrimonial, doctrina sostenida por la mayoría de los autores y aplicadas en la generalidad de los estados, según el cual las minas son propiedad del Estado, a título del llamado derecho eminente, por lo que puede manejarlos a su antojo , puede explotarlos, otorgar a personas e instituciones , puede trabajar por sí o por interpósita persona .
El dominial regalismo significa: El dominio es esencialmente la característica del derecho propietario; jus utendi, jus fuendi y jus abutendi, en cambio regalismo significa que dentro de la actividad de un Estado los frutos pueden ser repartidos de manera igualitaria.
Nuestro país por la ley 1777 de 17 de marzo de 1997 que pone en vigencia el Código de minería actual implícitamente por la interpretación y aplicación de varias de sus disposiciones, reconoce el sistema dominial regalista , este instrumento legal en su Art. 1° , sin referirse concretamente al sistema adoptado, establece con la mayor amplitud que “Pertenecen al dominio originario del Estado todas las sustancias minerales en estado natural, cualesquiera sea su procedencia y forma de presentación, hállense en el interior o en la superficie de la tierra”
Además, este mismo precepto es ampliado la C.P.E. en su Art.136 que establece que son de dominio originario del Estado, además de las sustancias minerales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento; agrega en el punto II que será la Ley quién establezca las condiciones de éste dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares.
La Nueva Constitución aprobada en 25 de Enero de 2009 ratifica estos conceptos en su Art, 349 inc.I cuando dice:” Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”, agregando en el Art 348 inc. II) “Siendo estos de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país”.
PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A LA CONCESIÓN.- Conocemos que la principal característica de la propiedad minera es el auto donde radica la concesión; es decir, auto adjudicatario, título ejecutorial.
Sin embargo, cabe hacer antes una diferenciación entre suelo y subsuelo que son considerados como dos cosas distintas; así, el suelo que comprende la superficie propiamente dicha, y además el espesor a que haya llegado el trabajo de su propietario, ya sea por el cultivo o por cimentación para edificación, o yá sea con cualquier otro objetivo distinto al de la minería; en cambio el subsuelo se extiende desde donde el suelo termina hasta el centro de la tierra.
El suelo y el subsuelo, constituyen en un mismo terreno, dos propiedades distintas, aunque aquél y este pertenezcan a un mismo propietario. En la propiedad suelo, la unidad de medida es el metro cuadrado, en cambio en la concesión minera la unidad de medida es la cuadrícula, que planimétricamente equivale a un cuadrado de 500 metros por lado.
En cuanto a quién es el responsable de otorgar la concesión minera, encontramos que es el poder Ejecutivo, quién a través de los Superintendentes de minas en el respectivo ámbito de su jurisdicción el que otorga este derecho tanto a los nacionales como extranjeros, sean estos personas naturales o jurídicas.
Artículo 2º. El Estado a través del Poder Ejecutivo, otorgará concesiones mineras a las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, que las soliciten ante el Superintendente de Minas de la jurisdicción, conforme a las normas del presente Código.
Pero, todos los concesionarios sean nacionales o extranjeros sin excepción alguna deben someterse al ordenamiento jurídico nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Art.3° del Código de Minería que dice: “Las personas individuales o colectivas que realicen actividades mineras quedan sometidas a las leyes del país, siendo extranjeras, se tiene por renunciada toda reclamación diplomática sobre cualquier materia relativa a dichas actividades”.
La C.P. E. En referencia a éste precepto legal en su Art. 24 establece que: “las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas” .el Art. 25 de este mismo precepto, prohíbe a las empresas y súbditos extranjeros adquirir o poseer por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, dentro de los 50 Kms. De las fronteras internacionales, excepto el caso de necesidad nacional declarada por Ley expresa.
La Nueva Constitución en sus Art. 262 (I y II) y el 320 igualmente en sus parágrafos I Y II ratifican estos conceptos casi sin ninguna variación cuando manifiestan:” Art.262 inc.I Constituye Zona de seguridad fronteriza los 50 Km. A partir de la línea de frontera. Ninguna persona extranjera, individualmente o en sociedad podrá adquirir propiedad en este espacio, directa o indirectamente, ni poseer por ningún título, aguas, suelo ni subsuelo, excepto en el caso de necesidad estatal declarada por ley expresa aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La propiedad o la posesión afectadas en caso de incumplimiento de ésta prohibición pasaran a beneficio del Estado, sin ninguna indemnización”. II. La zona de seguridad fronteriza estará sujeta a un régimen jurídico, económico, administrativo y de seguridad especial, orientada a promover y priorizar su desarrollo, y a garantizar la integridad del Estado”
Art. 320 Inc. II.”Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable”.
CARACTERÍSTICAS Y FORMA DE LA CONCESIÓN MINERA.- Respecto de las características de la concesión minera, manifestemos que prácticamente ésta se convierte en una verdadera propiedad absoluta y real sujeta en su conservación y extinción a las modalidades dispuestas o establecidas por el Código de Minería, cual es por ejemplo el pago de patentes para evitar su reversión al dominio del Estado por caducidad. Dicha norma en su Art.4° manifiesta: “La concesión minera constituye un derecho real distinto al de la propiedad del predio en que se encuentra, aunque aquélla y éste pertenezcan a la misma persona. Es un bien inmueble, transferible y transmisible por sucesión hereditaria. Puede constituirse sobre ella hipoteca, y ser objeto de cualquier contrato que no contraríe las disposiciones del presente Código”.
Aclaremos sin embargo que este artículo por sentencia constitucional Nº 32/ 2006; quedó abrogado y la nueva constitución en su Art. 370 (I) al respecto dice:” El estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas por Ley”, y el Atr.371 (I) de la NCPE concretamente al respecto señala:”Las áreas de explotación minera otorgadas por contrato son intransferibles, inembargables e intransferibles por sucesión hereditaria”.
La forma de una concesión minera esta determinada por el Artículo 5º. Del Código que manifiesta: “La concesión minera está formada por una cuadrícula o por dos o más cuadriculas colindantes al menos por un lado, cuya extensión no podrá exceder las 2500 cuadrículas”.
La unidad de medida de una concesión minera esta determinada por lo prescrito en el Artículo 6° que a la letra dice: “La cuadrícula es la unidad de medida de la concesión minera. Tiene la forma de un volumen piramidal invertido, cuyo vértice inferior es el centro de la tierra y su límite exterior la superficie del suelo correspondiente planimétricamente a un cuadrado de quinientos metros por lado con una extensión total de veinticinco hectáreas. Sus vértices superficiales están determinados mediante coordenadas de la Proyección Universal y Transversa de. Mercator (UTM), referidas al Sistema Geodésico Mundial (WGS-84).
Dicha cuadrícula minera está medida y orientada de Norte a Sur y registrada en el Cuadriculado Minero Nacional, elaborado conjuntamente entre el Instituto Geográfico Militar y el Servicio Geológico y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN).
Recordemos que esta unidad de medida sustituye a la pertenencia que equivalía a una hectárea, en tanto que una cuadrícula equivale a 25 hectáreas, sin embargo ambas tienen la misma figura, vale decir un volumen piramidal invertido, cuyo vértice es el centro de la tierra y su límite exterior la superficie del suelo en que se encuentra, cuyos vértices superficiales están determinados mediante coordenadas de la Proyección Universal y Transversa de Mercator (UTM.); la cuadrícula minera lleva un código identificador y sus cuatro vértices tienen coordenadas precisas que permiten su ubicación exacta dentro del territorio, como la base para el ordenamiento integral del Catastro Minero. La UTM., es la forma de representar la cartografía de zonas en planos con medidas en metros, determinándose la orientación del terreno o de los vértices del perímetro de la concesión; esto referido al sistema geodésico mundial, que a través de la geodesia, es decir del estudio de la forma y dimensiones del globo terrestre representa la tierra en plano, en cartas o mapas geográficos.
La identificación de las cuadrículas guarda plena relación con la elaboración del Catastro Minero Nacional, elaborado por el Instituto Geográfico Militar en coordinación servicio técnico de minas; las cartas son hojas individuales con nombres vinculados generalmente a la región que abarcan y con una numeración individual de fácil determinación. Prácticamente esta carta es la referencia fundamental para las concesiones mineras que no solo deben señalar las cuadrículas solicitadas en relación al número de la carta nacional, sino incluso en la carta y cartas que correspondan; la concesión minera debe estar graficada, este procedimiento facilita la creación del sistema matricial de cuadrícula minera y naturalmente la creación del Catastro Nacional que establecerá en forma inequívoca las zonas francas y las zonas ya concedidas del territorio nacional, todo lo anterior esta contenido en el Art. 7° que expresa:” Cada cuadrícula minera se identifica por el número de la respectiva hoja de la Carta Geográfica Nacional, escala 1:50.000 elaborada por el Instituto Geográfico Militar y por un Sistema Matricial de Cuadrícula Minera establecido por el SERGEOTECMIN”
Respecto de las cuadrículas irregulares, el Artículo 8°. Manifiesta que: “Sólo en áreas de las fronteras internacionales y en las franjas de traslado de las zonas 19, 20 y 21 de la Proyección Universal y Transversa de Mercator (UTM), puede constituirse concesión minera cuyas cuadrículas sean menores a veinticinco hectáreas y no tengan forma cuadrada”.
A manera de aclaración indiquemos que el globo terrestre se encuentra dividido en forma vertical cada seis grados, y Bolivia se encuentra ubicada en las zonas 19, 20 y 21, la división entre cada una de ellas se llama traslapo, las cuadrículas que se encuentran en estas zonas no son cuadrículas completas, esto debido a la forma de la tierra.
La forma de división de las cuadrículas están contenidas en el Artículo 9° que dice: “La cuadrícula no es susceptible de división material.”
“La concesión minera de solo una cuadrícula admite únicamente la división porcentual en partes accionarias”.
La concesión minera de dos o más cuadrículas es divisible materialmente por cuadrículas. Cada cuadrícula resultante de la división subsiste con individualidad propia, mantiene la prioridad de la concesión original y debe precisarse mediante las coordenadas U.T.M. de cada uno de sus vértices. Esta división se hará por escritura pública inscrita necesariamente en el Registro Minero a cargo del Servicio Técnico de Minas. Sólo después de cumplidos estos requisitos puede inscribirse el instrumento en el Registro de Derechos Reales.
LA CONCESIÓN Y LOS DERECHOS QUE OTORGA A SU TITULAR.- Sin lugar a dudas, en la actualidad se puede decir que los derechos otorgados a los concesionarios mineros revisten un carácter de integralidad; ya que con el solo requisito del pago de patentes su titular puede realizar sin limitación todas las actividades inherentes a la industria minera, es decir desde la prospección hasta la comercialización, incluidos los desmontes, escorias, relaves y otros residuos, respetando los derechos que se habrían logrado con anterioridad. Además estos derechos se hacen extensivos a quines ejercen posesión legal en virtud de una relación contractual, esto es por disposición expresa de la voluntad de las partes.
Todo lo anteriormente manifestado, lo tenemos expresado en el Artículo 10º del código de Minería que señala: “La concesión minera otorga a su titular y con la condición del pago de patentes, el derecho real y exclusivo de realizar por tiempo indefinido actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de todas las substancias minerales que se encuentren en ella, incluidos los desmontes, escorias, relaves y cualesquier otros residuos mineros o metalúrgicos, respetando derechos preconstituidos. Se obtiene por concesión del Estado y se adquiere por actos jurídicos entre vivos y por causa de muerte, conforme a la ley civil.”
“Los derechos y obligaciones establecidos por este Código para los concesionarios mineros quedan extendidos a quienes ejerzan posesión legal en virtud de relación contractual”. Asimismo este Art. En su última parte por disposición de la nueva constitución tendrá que ser modificado conforme a lo dispuesto en los artículos 371 que en su parágrafo I señala.” Las áreas de explotación minera otorgadas por contrato son intransferibles, inembargables e intransferibles por sucesión hereditaria”.
Recordemos que de acuerdo con el anterior Código, otra de las formas de adquirir todos los derechos sobre una concesión minera era a través de la Usucapión cumpliendo con todos los requisitos que establecía la Ley Civil, este aspecto trajo consigo una infinidad de controversias. Hoy el nuevo Código seguramente para evitar mayores conflictos, primero reduce las causas de caducidad y nulidad, otorgando con ello mayor seguridad jurídica al concesionario y señalar en forma clara que una concesión minera no se adquiere por Usucapión; sin embargo, permite esta figura como excepción después de que su titular haya obtenido el título ejecutorial y el interesado en adquirirla por esta vía cumpla con todos los requisitos señalados por la Ley Civil. Todo ello de conformidad con el artículo 11 que a la letra dice:” Las concesiones mineras no se adquieren por usucapión, excepto después de expedido el título ejecutorial y con arreglo a la ley civil”.
Luego otra innovación del nuevo código, es precisamente el hecho de que una concesión minera hoy pueda ser objeto de anotación preventiva, de embargo y de secuestro judicial, favoreciendo con ello a todos los interesados en la industria minera, toda vez que esta medida, lograda la concesión les abre la posibilidad de obtener financiamiento para el desarrollo de sus actividades, igualmente brinda garantía a quienes otorgan el financiamiento al darles la posibilidad de un embargo y secuestro judicial en caso de incumplimiento de obligaciones de los beneficiarios. Todo ello esta contenido en el Artículo 12º. “La concesión minera, sus productos, equipos e instalaciones, son susceptibles de anotación preventiva, de embargo y de secuestro judicial, según corresponda”.
Otro de los derechos a que hace referencia el código, es el de prioridad para la obtención de una concesión minera y que se lo obtiene al sólo presentar la solicitud, esto significa que quién presenta primero una petición adquiere derecho de prioridad para su obtención en relación a otros que habrían solicitado posteriormente, por ello es importante que se obtenga el cargo en el memorial de solicitud correspondiente donde reza el año, día y hora exacta, lo que en definitiva demostrará quién tendrá ese derecho preferente. Esto esta contenido en el artículo 13º: “ La prioridad en la presentación de la solicitud otorga derecho preferente para obtener la concesión minera”.
Están excluidas en el nuevo código las disposiciones relativas a el petróleo, los hidrocarburos y las aguas minero medicinales por entenderse de que están regidas por disposiciones especiales o específicas. Sin embargo es preciso señalar de que por tratarse la minería de una industria de interés social, el caso de las aguas de dominio público y privado son objeto de un tratamiento especial para su uso en esta industria; es el artículo 14. en el que están contenidas estas disposiciones : Art. 14º. Se excluyen de las disposiciones de este Código, el petróleo, los demás hidrocarburos y las aguas minero medicinales, que se rigen por leyes especiales.
Finalmente, el Artículo 15º en adecuación de la Legislación minera al precepto constitucional señala: “Los preceptos del artículo 171º de la Constitución Política del Estado y las disposiciones pertinentes del convenio No 169 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Ley No 1257 de II de julio de 1991 son aplicables al sector minero”.
Para mayor claridad transcribimos el texto del Art. 171. la C.P.E. que señala: I. “Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la Ley los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional y especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones”.
II. “El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos; y
III. “Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado”
Como se podrá observar, la Ley reconoce y protege los derechos de los pueblos originarios, garantiza el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales en forma prioritaria, asignándoles incluso la facultad de ejercer funciones de administración y aplicación de sus propias normas como solución alternativa de los conflictos que se suscitaren en esta materia, de acuerdo con sus propias costumbres a condición de que no se contrarié los preceptos constitucionales y demás Leyes.
Respecto del convenio 169 de 1991 con la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), es importante también hacer referencia de las disposiciones pertinentes relacionadas con la materia que nos ocupa, las cuales las encontramos en la parte II, Art.13 relativas a las tierras que señala:
1.- Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera y en particular, los aspectos colectivos de esa relación.
2.- La utilización del término “tierra”, deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.
Todo lo anterior naturalmente tiende a reconocer los derechos jurídicos de las tierras ocupadas por los pueblos originarios, todo en concordancia con el texto constitucional de referencia
Al respecto, el nuevo texto constitucional en su Título II capítulo IV referido a los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, ratifica y amplia todos los conceptos anteriormente comentados.
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