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Timestamp: 2019-10-18 08:57:18
Document Index: 389280646

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Ejecutoria num. 4a./J. 13/94 de Suprema Corte de Justicia, Cuarta Sala - Jurisprudencia - VLEX 26831943
Número de Resolución: 4a./J. 13/94
Fecha de Publicación: 1 de Abril de 1994
CONTRADICCION DE TESIS 42/92. ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto por los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que la formula el quejoso I.S.R. en el juicio de amparo directo número 6065/92, cuya ejecutoria forma parte de la misma.
Corresponde a continuación verificar si existe la contradicción de tesis denunciada.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 6065/92 promovido por I.S.R. y L.L.F., en la parte que interesa, para negar el amparo, expuso las consideraciones siguientes:
"Ahora bien, en dichos términos, conforme lo estableció la emisora del acto reclamado, la litis se reduciría a un punto de derecho, pero aun así los accionistas tenían a su cargo la fatiga procesal a efecto de precisar las diferencias habidas a su favor, ello como presupuesto de la pretensión, lo cual no acataron, pues en modo alguno concretaron lo que recibían del Instituto Mexicano del Seguro Social, para poder determinar la autoridad del conocimiento, si lo cubierto por la contraparte cumplía o no con la exigencia legal, y con absoluta independencia de la forma en que se hubiera producido la excepción de la patronal; deviniendo aplicables las Jurisprudencias 20 y 29, visibles respectivamente en las páginas 31 y 51, de la Segunda Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: 'ACCION, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA, y ACCION, PROCEDENCIA DE LA OBLIGACION DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.'.
Finalmente, debe especificarse que conforme al contenido de la norma en que se basó la pretensión de I.S.R. y L.L.F., resulta que la ahora tercero perjudicado no se encuentra constreñida a otorgar el total del jornal mínimo bancario, pues éste como pensión jubilatoria, se conforma también con la suma cubierta por el Instituto Mexicano del Seguro Social, reconociendo tales personas que su demandante debía de hacer los ajustes necesarios con ésta, con lo cual se reconoce tal aspecto; resultando así infundado el señalamiento, en el sentido que con los documentos que agregaron a la contienda, se demostraba que la compañía no cumplía su obligación, pues sólo corresponden a lo entregado por esta parte, sin la precisión de lo otorgado también por la institución de salud.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 2551/92 promovido por M.D.T., concedió la protección de la Justicia Federal, apoyándose, esencialmente, en las siguientes consideraciones:
De lo anterior se colige, que tanto el reglamento de trabajo citado, como el contrato colectivo, prevén que el monto mensual de la pensión vitalicia de retiro en ningún caso será inferior al salario mínimo que rija en la empresa, por tanto, al ser una prestación de carácter extralegal debe estarse en los términos de lo pactado. Luego entonces, si el actor con la documental que obra a foja 30 de los autos, demostró que a la fecha de presentación de la demanda venía percibiendo la cantidad de trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos mensuales por concepto de la jubilación reclamada, y no la cantidad de quinientos cuarenta y dos mil novecientos treinta y siete pesos que fue el salario mínimo bancario vigente en esa época (fojas 54 y 55), resulta claro que la demandada no dio cumplimiento a las disposiciones contractuales ya mencionadas, por tanto, la Junta debió decretar la procedencia de la acción intentada por el demandante; y condenar al pago de las prestaciones inherentes a la misma. Así las cosas, el laudo es violatorio de los artículos 11 y 16 constitucionales.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 7352/92 promovido por V.M.T.S. y otros, concedió la protección de la Justicia Federal, con apoyo esencialmente, en las siguientes consideraciones.
"Como se ve, asiste razón a los quejosos en cuanto afirman que la Junta dictó un laudo incongruente al considerar que el patrón debió precisar y demostrar la pensión que cada uno de los actores percibía del Instituto Mexicano del Seguro Social y no obstante que no lo hizo, absolverlo de cubrirles las pensiones reclamadas conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 27 del Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, es decir, a otorgarles la nivelación de las mismas hasta el monto que corresponde al salario mínimo, estimando que procedía condenar a dicha empresa 'a precisar qué cantidad percibía cada actor por parte del IMSS, y también acreditarlo ...', lo que evidentemente representa una total incongruencia en virtud de que no habiendo demostrado el demandado sus excepciones y defensas, es claro que procedía condenar a La Continental Seguros, S.A., a la nivelación y pago de las pensiones de jubilación, así como de las diferencias reclamadas en los incisos a), b) y c) del escrito inicial de demanda, tanto más que éstos demostraron que percibían una cantidad inferior al salario mínimo bancario. De ahí que al hacerlo así, el laudo sea violatorio de los artículos 841 y 842 de la ley laboral. En las condiciones apuntadas y al ser el laudo reclamado violatorio de garantías, procede conceder el amparo y protección constitucional solicitados para el efecto de que la Junta dicte otro en el que considere procedente el ajuste de las pensiones reclamadas sobre la base del salario mínimo bancario, y con base en ello, resuelva lo que procede .
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 9303/88 promovido por C.M.V., concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por las siguientes razones:
Lo resuelto por la responsable es incorrecto, pues si los actores reclamaron la nivelación, otorgamiento y pago de su pensión de acuerdo a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 27 del reglamento aludido, el cual dispone: 'El monto de la pensión mensual no será en ningún caso inferior al salario mínimo bancario que rija en la zona respectiva, para lo cual cada vez que éstos se modifiquen se harán los ajustes correspondientes', es esta disposición la que debe prevalecer sobre cualquier plan de jubilaciones que la empresa, unilateralmente haya elaborado, pues en todo caso cualquier plan que se elabore debe quedar sujeto a lo dispuesto en el reglamento multicitado, cuestión que se ve corroborada con el oficio girado por el director de crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el treinta de mayo de mil novecientos setenta y cuatro por el cual se le comunica a la demandada que debe acatar la resolución dictada por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en el sentido de que deberán ajustar las pensiones que otorguen al salario mínimo bancario en cumplimiento al artículo 27 aludido. En este orden de ideas y al haberse violado en perjuicio del quejoso los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y por ende las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14 y 16 es procedente conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado, y sin perjuicio de reiterar la absolución en lo relativo al pago de dos meses de gratificación, considere que es procedente condenar a la demandada al pago y otorgamiento de la pensión por jubilación con un monto equivalente al salario mínimo bancario; asimismo que procede el pago de las diferencias de pensión reclamadas, debiendo tomar en cuenta para su cálculo las excepciones opuestas y, de acuerdo a las consideraciones de esta ejecutoria resuelva lo que en derecho proceda.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 578/92 promovido por G.C.G. y M.G.H., concedió la protección de la Justicia Federal, apoyándose en las siguientes consideraciones:
"Ahora bien, este tribunal considera que la Junta responsable al resolver respecto a las reclamaciones hechas por los actores -nivelación, otorgamiento y pago correcto de su pensión jubilatoria, y diferencias que se han generado y que se generen en su favor-, incorrectamente determinó que a fin de observar si existían diferencias de pago de pensión jubilatoria a favor de los demandantes, entre la cantidad de trescientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y siete pesos mensuales que recibían en lugar de quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos que les corresponde, por ser esta suma el salario mínimo bancario vigente, debería abrirse incidente de liquidación, para observar la suma que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga como pensión, al establecer el artículo 27 del Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares que la pensión de los actores se integra por dos conceptos, con el pago que la demandada cubre al trabajador y la percepción que por esa misma prestación le cubre el aludido instituto. Se sostiene lo anterior, toda vez que, según criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicado a página 337, del Tomo correspondiente a precedentes de la Cuarta Sala 1969-1986, bajo el rubro: INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES, JUBILACION DE TRABAJADORES DE LAS. MONTO DE LA PENSION.-El Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares contiene dos disposiciones relativas al monto de las pensiones que deben ser cubiertas, tanto por la institución aseguradora como por la institución patronal, previniendo que si la suma de las dos pensiones rebasa el salario del trabajador al momento de ser jubilado, pueden hacerse los ajustes necesarios para que la cantidad total no rebase el salario en los términos del reglamento; pero es igualmente cierto que el artículo 27 establece en favor de los trabajadores una garantía mínima para los efectos del monto de la pensión mensual que en su caso corresponda pagar al patrón, en el sentido que dicha pensión no será en ningún caso inferior al salario mínimo bancario aplicable, la pensión a que se refiere el artículo 27 del Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares disposición en la cual los actores fundaron su reclamo, y que debe ser cubierta por la patronal en favor de los trabajadores, no será en ningún caso inferior al salario mínimo bancario vigente; por tanto, la Junta responsable debió condenar a la demandada a cubrir a los actores, la diferencia entre trescientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y siete pesos que les otorgaba como pensión y la suma de quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos que constituye el emolumento mínimo en cita y que les corresponde, en los términos reclamados por los demandantes, independientemente de la cantidad que por algún concepto el Instituto Mexicano del Seguro Social les esté cubriendo, más las diferencias por aumentos a esa prestación que se hubiesen generado y se sigan generando hasta el cumplimiento del laudo, y al no haberlo hecho así, es indudable que el laudo impugnado, viola en perjuicio de los quejosos las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la que debe concedérseles el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo impugnado y en su lugar dicte uno nuevo en el que sujetándose a los lineamientos de la presente ejecutoria, condene a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas por los actores."
Es pertinente establecer que en el presente asunto no existe contradicción de tesis entre los criterios que sostuvieron los Tribunales Colegiados Primero y Quinto en Materia Laboral del Primer Circuito.
Al interpretar los artículos 107 fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que dichos preceptos regulan la contradicción de "tesis" sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y que por tesis debe entenderse la posición, que manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el juzgador en la solución de un negocio jurídico.
De igual modo, el propio tribunal ha estimado que para que exista materia sobre la cual pronunciarse esto es, para que se pueda dilucidar cuál tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicción, debe existir cuando menos formalmente oposición de criterios jurídicos respecto de una misma situación jurídica controvertida; asimismo, para que se surta la procedencia de la contradicción, la oposición debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, pues precisamente esas consideraciones constituyen las tesis sustentadas por los órganos jurisdiccionales.
Finalmente, la determinación que se adopte al resolver la contradicción debe precisar el criterio que en el futuro deberá prevalecer con el carácter de tesis jurisprudencial, sin afectar las situaciones jurídicas concretas resultantes de las sentencias opuestas.
De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la contradicción de tesis se requiere la concurrencia de los siguientes supuestos.
a). Que al resolver los negocios jurídicos los respectivos Tribunales Colegiados examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
b). Que respecto de esas cuestiones los citados órganos jurisdiccionales adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
c). Que la discrepancia de criterios se presente en las consideraciones jurídicas de la sentencia respectiva.
d). Que la discrepancia de criterios provenga del examen de los mismos elementos de las cuestiones.
De las ejecutorias en cuestión se advierte, que tanto el Primero como el Quinto Tribunal Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, abordaron el tema consistente en el pago de la pensión jubilatoria mensual por las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Sin embargo, no se surte en su integridad la hipótesis aludida para que proceda la contradicción, en razón de lo que enseguida se expondrá
En efecto, por lo que se refiere al supuesto del inciso a), relativo a que al resolverse los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales, en el caso se está en presencia de este supuesto, en virtud de que tanto el Primero como el Quinto Tribunal Colegiado en sus respectivas ejecutorias examinaron el mismo tema, consistente en la forma en que deben pagar la pensión mensual vitalicia de retiro las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
En relación con el inciso b), referente a que los Tribunales Colegiados adopten posiciones y criterios jurídicos discrepantes, se está en presencia de este supuesto, ya que el Primer Tribunal Colegiado llegó a la conclusión de que en la pensión vitalicia de retiro mensual debe pagarse el total del salario mínimo bancario vigente, independientemente de cualquier otra cantidad que por tal concepto otorgue el Instituto Mexicano del Seguro Social; en cambio, el Quinto Tribunal Colegiado llegó a la conclusión de que las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares no están necesariamente obligadas, al otorgar la pensión vitalicia de retiro mensual, a pagar el total del salario mínimo bancario vigente.
En relación con el inciso c), relativo a que la discrepancia de criterios se presente en las consideraciones jurídicas en las sentencias respectivas, se está en presencia de este supuesto, en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado en su consideración esencial expresa que el aludido reglamento de trabajo y el contrato colectivo de trabajo que rige en la empresa, prevén que el monto mensual de la pensión vitalicia de retiro en ningún caso será inferior al salario mínimo que rija en la empresa, independientemente de la cantidad que por tal concepto otorgue el Instituto Mexicano del Seguro Social; y, por ser una prestación de carácter extralegal deberá estarse a los términos pactados, en cambio, el Quinto Tribunal Colegiado, en su consideración esencial expresa que conforme al párrafo segundo del artículo 27 del reglamento de trabajo de referencia, la empresa no se encontraba constreñida a otorgar el total del jornal mínimo bancario, porque éste como pensión jubilatoria, se conformaba también con la suma cubierta por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sin embargo, en relación con el inciso d), relativo a que la discrepancia de criterio provenga del examen de los mismos elementos de las cuestiones, en el caso no se está en presencia de este supuesto, pues si bien resultan contradictorios los criterios que se refieren a la forma en que debe de integrarse el pago de la pensión vitalicia de retiro mensual, provienen del examen de distintos elementos de las cuestiones, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado considera que el multicitado reglamento de trabajo, y el contrato colectivo de trabajo que rige en la empresa prevén la conformación del monto mensual de la pensión vitalicia de retiro, esto es, se funda, tanto en el reglamento como en el contrato colectivo de trabajo; en cambio, el Quinto Tribunal Colegiado al considerar que conforme al contenido del párrafo segundo del artículo 27 del reglamento de trabajo multicitado, la empresa demandada no se encontraba constreñida a otorgar el total del jornal mínimo bancario, porque la pensión jubilatoria se conformaba también con la suma cubierta por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se funda únicamente en el reglamento de trabajo aludido; es decir, concluyeron en criterios discrepantes pero fundados en elementos distintos, que rigen la situación jurídica analizada.
Es aplicable al caso la tesis número XXVI/91, aprobada por esta S. por unanimidad de cinco votos, en sesión privada del día nueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, cuyo texto dice lo siguiente:
CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a). Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c). Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En consecuencia, al haber sustentado los Tribunales Colegiados Primero y Quinto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, criterios divergentes acerca de cuestiones jurídicas, pero derivados del examen de elementos distintos, no se configura la contradicción de tesis denunciada.
Del examen de las constancias antes mencionadas, se desprende que en las ejecutorias en cuestión, los Tribunales Colegiados, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto en Materia de Trabajo delPrimer Circuito abordaron el tema relativo a la conformación del pago de la pensión mensual por jubilación de los empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, con fundamento en el artículo 27, párrafo segundo, del Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Igualmente, se advierte que son opuestas las conclusiones alcanzadas por los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al examinar esta cuestión, pues mientras el Quinto Tribunal Colegiado consideró que las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, no están obligadas, necesariamente, a otorgar la pensión mensual vitalicia de retiro con base en el total del salario mínimo bancario vigente en la zona respectiva, por que dicha pensión mensual se conforma también con la cantidad cubierta por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por su parte los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero y Cuarto consideraron que las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares deben pagar la pensión mensual vitalicia de retiro con base en el total del salario mínimo bancario, independientemente de la suma que por tal concepto otorgue el Instituto Mexicano del Seguro Social.
En consecuencia, queda así definida la contradicción de tesis.
Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
En efecto, el artículo 27 del Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, establece:
"En caso de que la suma de las pensiones anuales a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y de las instituciones y organizaciones, exceda del sueldo fijo diario percibido por el empleado durante el último año más el aguinaldo completo, éstas deberán ajustar la pensión que es a su cargo, en la cantidad necesaria, para que no exceda de dichas percepciones.
El monto de la pensión mensual no será en ningún caso inferior al salario mínimo bancario que rija en la zona respectiva, para lo cual cada vez que éstos se modifiquen se harán los ajustes correspondientes.
Ahora bien, el primer párrafo del precepto antes transcrito, presupone la existencia de las pensiones anuales a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, por lo que es indispensable resaltar su origen.
Al respecto, el Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, en sus artículos 25 y 26, establece lo siguiente:
"ARTICULO 25. Los empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, o sus familiares a que se refiere la Ley del Seguro Social, en su caso, gozarán en los términos de dicha ley, de los beneficios correspondientes a los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, incluyendo el relativo a la dote matrimonial, a que se contrae el artículo 90 de la misma, así como de los correspondientes al seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que no cubran directamente las propias instituciones y organizaciones, en los términos del artículo 23, los cuales le serán otorgados por el Instituto Mexicano del Seguro Social."
"Además, en los casos de incapacidad por enfermedad profesional o accidentes de trabajo e invalidez, si el siniestro se realiza estando el empleado al servicio de la institución u organización respectiva, gozará de un 50% más de los beneficios que en dinero establece la Ley del Seguro Social, en las condiciones y términos fijados por ésta."
"ARTICULO 26. En adición a las prestaciones anteriores, todo empleado en servicio, al llegar a los 55 años de edad teniendo 35 años de servicio o 60 años de edad, cualquiera que sea su antigüedad, tendrá derecho a una pensión vitalicia de retiro.
"El monto de esta pensión se determinará considerando un 2.5 por cada año de servicio que el empleado haya prestado a la institución, aplicando el porcentaje así obtenido sobre el promedio del último quinquenio de los sueldos fijos percibidos por el empleado de la institución y organización, más el aguinaldo anual completo.
Las instituciones y organizaciones constituirán en cada año las reservas matemáticas correspondientes a los beneficios de la pensión a que se refiere el presente artículo.
Queda claro que de conformidad con los preceptos transcritos, un empleado de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, tiene derecho al seguro de vejez que otorga la Ley del Seguro Social y a la pensión vitalicia de retiro que otorga el Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Es indispensable precisar que el párrafo primero del artículo 27 del reglamento aludido, se refiere al máximo del monto de la pensión anual, que otorgan tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social y las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, así como la facultad que otorga a éstos de ajustar la pensión a su cargo para que no rebase la percepción a que se refiere.
En cambio, el párrafo segundo del propio artículo 27 se refiere al mínimo del monto de la pensión mensual vitalicia de retiro, así como a la obligación de ajustarla cada vez que se modifique el salario mínimo bancario.
Por consiguiente, resulta necesario un análisis armónico de los artículos 26 y 27 del propio reglamento, ya que el primero establece el derecho a la pensión vitalicia de retiro de los empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, como la determinación del monto que ha de pagarse por concepto de la citada pensión.
Ahora bien, si el artículo 26 del reglamento de referencia establece la obligación de pagar la pensión vitalicia de retiro y también la mecánica para determinar su monto, en tanto que, la hipótesis del párrafo segundo del artículo 27 del propio reglamento, relativa a que el monto de la pensión mensual no será en ningún caso inferior al salario mínimo bancario que rija en la zona respectiva, para lo cual cada vez que éstos se modifiquen se harán los ajustes correspondientes, no dispone expresamente que en caso de que la suma de las pensiones mensuales a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares sea inferior al salario mínimo bancario que rija en la zona respectiva deberán ajustarse en la cantidad necesaria para que no sea inferior a dicha percepción, como así lo dispone en el párrafo primero para las pensiones anuales; no obstante esa circunstancia, es dable determinar que la pensión mensual se rige también por la mecánica de ajuste instituida para las pensiones anuales, en virtud de la coexistencia de los artículos 26 y 27 del reglamento aludido. Permite también advertir que la determinación del monto de la pensión mensual vitalicia de retiro se rige por los requisitos que establece el artículo 26 del reglamento que se examina, ya que los propios requisitos conducen a fijar un monto distinto de la pensión mensual para el beneficiario que ha cumplido 55 años de edad con 35 años de servicio, que para el beneficiario que ha cumplido 60 años de edad cualquiera que sea su antigüedad. Esto, en razón de que la aplicación del porcentaje de 2.5 que establece por cada año de servicio sobre el promedio del último quinquenio de los sueldos fijos percibidos por el beneficiario, más el aguinaldo anual completo, tendrá como resultado un monto de la pensión distinto para cada categoría de beneficiarios, pues necesariamente arrojará un monto mayor de la pensión cuanto mayor sea el número de años de servicios. Por consiguiente, para que la suma de las pensiones anuales de que se trata no exceda de la percepción establecida y para que la suma de las pensiones mensuales no sea inferior al salario mínimo bancario que rija en la zona respectiva, ambos casos deberán regirse por el sistema de ajuste que dispone el artículo 27 del citado reglamento.
Debe rechazarse toda interpretación que conduzca a lo absurdo, como sería el aceptar, que un empleado jubilado percibiera mensualmente por pensión, una suma superior al sueldo fijo diario que percibía durante el último año, más el aguinaldo, o bien en otra hipótesis, el que percibiera un monto mensual inferior al jornal mínimo bancario, contrariando lo expresamente pactado en el tantas veces mencionado artículo 27 del reglamento.
En este orden de ideas, necesario es concluir que si la suma de las pensiones mensuales que otorgan tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, es inferior al salario mínimo bancario que rija en la zona respectiva, deberán ajustarse por las instituciones para que no sea inferior. En sentido opuesto no corresponde a las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, pagar indefectiblemente la pensión vitalicia de retiro mensual con un monto que tenga como base el salario mínimo que rija en la zona respectiva, si del resultado del ajuste de la suma de las pensiones que otorgan, con la que concede el Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta un monto superior al sueldo fijo diario percibido por el empleado durante el último año, más el aguinaldo completo.
Por consiguiente se estima que debe prevalecer en esencia, con el carácter de jurisprudencia obligatoria en los términos precisados en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 6065/92, de acuerdo a la tesis jurisprudencial que a continuación se formula.
INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES. CONFORMACION DE LA PENSION MENSUAL VITALICIA DE RETIRO PARA EMPLEADOS DE LAS.-De los artículos 26 y 27 del Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, se deduce que el importe de la pensión jubilatoria a que tienen derecho los empleados de dichas instituciones, se conforma con la cantidad cubierta por el mismo concepto por el Instituto Mexicano del Seguro Social, más la pensión vitalicia de retiro que otorgan dichas instituciones, en virtud de que se establece un sistema de ajuste que, por una parte, limita la pensión que es a cargo de las instituciones a la cantidad necesaria para que la suma de las dos pensiones anuales no exceda de la cantidad correspondiente que tome como base el sueldo fijo diario percibido por el empleado durante el último año, más el aguinaldo completo; y por la otra, si la suma de las dos pensiones mensuales es menor al salario mínimo bancario que rija en la zona respectiva, obliga a las instituciones auxiliares a adicionar la cantidad necesaria para que en su totalidad no sea inferior a ese mínimo.
Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo se resuelve:
No existe contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados Primero y Quinto en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
En cuanto a la contradicción con los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero y Cuarto, debe prevalecer en esencia, la tesis sostenida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 6065/92, en términos de la tesis jurisprudencial definida en esta resolución.
N.; remítase la tesis jurisprudencial al Pleno, a las S. y a los Tribunales Colegiados que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta; envíese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados de los que derivó la contradicción y en su oportunidad, archívese el expediente.
Así por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: I.M.C., F.L.C., J.D.R., C.G.V. y J.A.L.D., lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el C. Ministro C.G.V..
Firman el C. Presidente, Ministro ponente, demás Ministros y la secretaria de Acuerdos de la Sala que autoriza y da fe.