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Timestamp: 2019-01-18 22:33:15
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 154', 'artículo 86', 'artículo 29', 'artículo 154', 'artículo 15', 'artículo 153', 'artículo 86', 'artículo 153', 'artículo 86', 'artículo 29', 'artículo 154']

﻿ Sentencia 2010-00635 de junio 11 de 2014
SENTENCIA 2010-00635 DE 11 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. LOS ALTOS NIVELES DE CONGESTIÓN DE LOS DESPACHOS NO SON EXCUSA PARA FALLAR ACCIONES DE TUTELA FUERA DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS LEGALMENTE. SALTARSE EL TÉRMINO DE 10 DÍAS PARA RESOLVER, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 29 DEL DECRETO 2591 DE 1991, SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA, RESULTA CONTRARIO AL ARTÍCULO 154 DE LA LEY 270 DE 1996, CUYO NUMERAL 3° PROHÍBE NEGAR INJUSTIFICADAMENTE ASUNTOS O SERVICIOS A CARGO DE LOS OPERADORES. EL TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE LA ACCIÓN DE AMPARO LE IMPONE AL JUEZ POSPONER CUALQUIER OTRO ASUNTO, SALVO CASOS DE HÁBEAS CORPUS, EN ARAS DE RESOLVER UN RECURSO QUE REQUIERE DE LA MAYOR CELERIDAD. EN ESTE CASO, NO SOLO SE EVIDENCIA LA MORA, SINO NIVELES DE EVACUACIÓN POR DEBAJO DEL PROMEDIO DE PARTE DEL INVESTIGADOASÍ, PESE A LA CONGESTIÓN DE LA QUE TAMPOCO SE ESCAPA ESE DESPACHO, NO SE VISLUMBRA QUE OTRAS OCUPACIONES LE HAYAN IMPEDIDO AL PROCESADO FALLAR DENTRO DEL PLAZO REGULAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PROCESO DISCIPLINARIO, SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ABOGADO, CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia 2010-00635 de junio 11 de 2014
Radicación 130011102000201000635 01
Registro proyecto: 9 de junio de 2014
Aprobado según acta 45 de 11 de junio de 2014
Referencia: Consulta funcionario
Denunciado: Arnedys Payares Pérez, Juez 2º Civil del Circuito Magangué
Denunciante: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar - Sala Jurisdiccional Disciplinaria
Primera instancia: Suspensión por seis meses
Prescripción: 20 de agosto de 2014
Conforme las atribuciones conferidas por los articulo 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, esta Sala es competente para revisar, en grado jurisdiccional de consulta, las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura del país.
En este proceso se investiga al Dr. Arnedys José Payares Pérez, Juez 2º Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), quien se identifica con la cédula de ciudadanía 4008329. Este funcionario judicial tiene los siguientes antecedentes disciplinarios:
— Suspensión por 12 meses confirmada por esta misma corporación en providencia del 09 de febrero de 2010.
— Una segunda que lo inhabilita por 10 años y cuya decisión fue confirmada también en segunda instancia en providencia del 16 de febrero de 2011.
La Sala encuentra que la primera instancia se desarrolló de modo desordenado, sin que se observe una planeación metodológica de la cual se advierta que tuviera claro y en concreto qué hechos iba a investigar y a juzgar. Esto por cuanto, a pesar de que se declaró la ruptura de la unidad procesal para que por separado se investigaran los dos hechos sorprendidos en el acta de visita del 20 de mayo de 2010, la mayor parte de las pruebas recaudadas se refieren al hecho investigado en el expediente iniciado con ocasión de la ruptura de la unidad procesal, es decir por el evento de haberse sorprendido a la señorita Cindy Asencio Martínez, presuntamente laborando en ese juzgado cuando no tenía ningún vínculo laboral con ese despacho ni con ningún otro adscrito a la Rama Judicial(9), actuación esa que terminó con el archivo de las diligencias mediante pronunciamiento del 30 de agosto de 2013, conforme lo certificó el doctor Orlando Díaz Atehortúa, Magistrado de la Sala de instancia.
Solo en las postrimerías de la actuación se percató la Sala Juzgadora de esa situación y por auto del 30 de mayo de 2011, se trató de reorientar la actuación hacia la búsqueda probatoria relacionada con los hechos derivados de la presunta mora ya citada; solo en ese momento se solicitaron estadísticas, novedades reportadas por el juez disciplinado, cuadros de calificación de eficiencia, en fin, elementos probatorios que pudieran determinar si efectivamente la falta imputada se ejecutó sin justificación alguna.
Pese a que se ofició a diversas autoridades, en aras a obtener la documentación mencionada, no se obtuvo respuesta alguna por parte de dichas entidades, sin que la Sala hubiera insistido en su práctica, es decir, la única actividad probatoria que se adelantó, estuvo dirigida a determinar la responsabilidad respecto del otro hecho ya mencionado y que fuera investigado en un expediente separado.
Esa anomalía ya la había advertido la Sala previo a resolver el grado jurisdiccional de consulta, por ende mediante auto del 10 de abril de 2014, se le solicitó a la Sala de instancia se aclararan los hechos objeto de este proceso y otros aspectos confusos, no obstante que mediante oficio del 29 de abril de 2014, se da respuesta a nuestro requerimiento, empero nuevamente se incurre en la misma confusión y se da razón del otro expediente, es decir del derivado de la compulsa de copias y cuyo radicado es el 13001110200210-494, allegándose copia de una providencia mediante la cual se ordenó el archivo de esa actuación sin que nada le hubiera aclarado a ésta Sala sobre lo requerido.
De ahí que en aras a dar claridad al trámite procesal y obtener elementos de juicio que permitieran solventar la decisión de segunda instancia, se procedió mediante auto del 22 de mayo de 2014 a obtener las correspondientes estadísticas del Juzgado 2º Civil del Circuito de Magangué, durante el periodo comprendido entre los meses de mayo a agosto de 2009, las que inmediatamente fueron incorporadas al proceso(10), lográndose con ello obtener los elementos de juicio echados de menos, para que la decisión en sede de segunda instancia, se profiera con prueba legal, regular y oportunamente allegada al plenario.
Dicho lo anterior, pasa entonces la Sala a analizar la legalidad de la decisión consultada, junto con los elementos probatorios allegados al expediente, aclarando nuevamente que en esta sede la competencia del ad quem es absoluta y le está permitido abordar diversos elementos no contenidos en la decisión de primera instancia.
Así las cosas, lo primero que se debe analizar es el elemento objetivo de la conducta, fundado tanto en la materialidad de la infracción disciplinaria, junto con el juicio de tipicidad correspondiente. Lo anterior, ampliamente se satisface; en primer lugar, analizando los hechos que dieron lugar a la presente actuación, y al respecto, debe recordarse que la misma se origina en el acta de visita para evaluación del factor organización del trabajo adelantada por el doctor Iván Eduardo Latorre Gamboa Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar los día 20 y 21 de mayo de 2010(11), al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué Bolívar, cuyo titular para entonces era el doctor Arnedys Payares Pérez.
En lo que interesa a la presente decisión, dentro de los hallazgos evidenciados en dicha visita, el funcionario a cargo de la misma, al escoger al azar el trámite de un proceso de tutela para el correspondiente control de términos procesales, halló en el radicado 00126 de 2009, tutela interpuesta por la señora Lilia Inés Benítez de Miranda, contra la ESE, Hospital San Juan de Dios de Magangué en Liquidación, que sin aparente justificación, se habían rebozado en forma exagerada los términos para proferir el correspondiente fallo de primera instancia, pues la acción constitucional en comento fue presentada el 4 de junio de 2009 y fallada solo hasta el 20 de agosto del mismo año, es decir, tardó 66 días en adoptar la decisión correspondiente, en claro desconocimiento del inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Nacional, en armonía con el inciso 1º del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, que preceptúa que el fallo de tutela debe proferirse “dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud”.
El anterior marco normativo, armonizado con los hechos objeto de censura, permiten evidenciar la clara contradicción entre el comportamiento juzgado con el expreso mandato legal anteriormente referido, lo que sin duda tipifica la prohibición descrita en el numeral 3º artículo 154 de la Ley 270 de 1996, es decir, “retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados”.
En ese orden, la conducta deviene como típica, pues como se ve, en ella se reúnen todos los ingredientes objetivos y subjetivos que le dan estructura.
Además de lo anterior, tal conducta emerge como antijurídica, pues sin duda alguna, tan desbordada mora no aparece como razonable y de acuerdo con los medios de prueba aportados, no se acredita justificación alguna que derive en la existencia de una causal excluyente de responsabilidad.
Las estadísticas aportadas demuestran que durante el periodo en el que subsistió la mora objeto de esta actuación, el despacho judicial en cuestión, tenía un inventario de 602 procesos y como gestión durante el periodo se reportan 184 autos interlocutorios, 195 autos de sustanciación y 21 sentencias. Ahora bien, en el mismo período solo se tramitaron 5 tutelas, incluyendo la que fue objeto de revisión por parte de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.
Si bien el juzgado en cuestión presentaba un alto grado de congestión, no difiere con la congestión que presentan otros despachos judiciales de los distintos distritos judiciales del país, es más, si se analiza a espacio, y de manera comparativa con todos los juzgados de la misma especialidad de otros distritos judiciales, se encuentra por debajo del promedio de congestión.
Tampoco la gestión ejecutada por ese despacho judicial durante el periodo investigado, denota ni siquiera una mediana evacuación de fondo de los asuntos que se encontraban pendientes por resolver y un número de 21 sentencias en algo más de 60 días, constituye una cifra baja con relación al número de procesos que tenía ese despacho, emitiendo tan solo 10 sentencias en promedio mensualmente.
El panorama anteriormente analizado, permite deducir que fueron la desidia, la ineficacia y la ineficiencia, los que mediaron en el desbordamiento de los términos para resolver la tutela en cuestión, siendo inexplicable por demás, que en 66 días durante los cuales se fallaron apenas 5 tutelas no se hubieran cumplido con los términos perentorios e improrrogables, que son propios de esta acción Constitucional.
Ahora, del análisis de las piezas procesales que se incorporaron al proceso y que corresponden a la acción de tutela, radicado 200900126, tampoco se observa que la misma comporte un denso grado de dificultad que le hubiera implicado al funcionario sancionado, un arduo y extenso estudio jurídico que le hubiera ocupado con dedicación exclusiva los 66 días que utilizó para resolverla, si se aprecia el fallo que obra a los folios 15 a 17 de la actuación, las consideraciones de esa decisión solo abarcó un folio de análisis jurídico y siete cortos párrafos para denegar una acción de tutela que se evidenciaba como improcedente.
De otro lado, aunque el despacho tuviese una alta carga procesal y que su titular hubiera evidenciado ingentes esfuerzos por reducirla, ello tampoco justificaría la mora denunciada, en razón a que conforme el artículo 15 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un trámite preferencial, lo que implica que ésta será sustanciada “con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de hábeas corpus”, debiendo aclarar que durante ese periodo el despacho en comento no evacuó ni un solo hábeas corpus. Lo anterior denota que el funcionario sancionado omitió los claros mandatos constitucionales y legales que le imponían la obligación ineludible de tramitar la tutela en mención dentro de los 10 días siguientes a su presentación, dejando de lado el trámite de cualquier otro asunto hasta tanto no profiriera la sentencia de tutela.
En consideración a lo anterior, no cabe duda alguna que el funcionario sancionado, sin justificación alguna omitió los deberes consagrados en los numerales 1º y 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, que le imponían las obligaciones de:
2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”
Sobre el tema vale advertir que la tutela en los términos del artículo 86 de la Constitución Nacional, se estableció como un “procedimiento preferente y sumario, tendiente a procurar la protección inmediata de derechos fundamentales, cuyo desarrollo está sometido, consecuentemente, a los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia (D. 2591/91, art. 3º)(12)”, preceptos éstos de obligatoria sujeción para los funcionarios judiciales que investidos como Jueces Constitucionales, tienen la función de mantener incólumes los derechos fundamentales de las personas cuando se vean afectados por acción y omisión de una autoridad pública o de un particular. La esencia de los criterios de prevalente y sumario, propios de la acción de tutela, se desvanecerían y quedarían sin sentido constitucional, si espontánea y graciosamente los jueces constitucionales a su arbitrio dispusieran de los términos judiciales para la resolución del mecanismo constitucional, corriéndose el riesgo que la inminencia del daño próximo a sufrir el derecho fundamental atacado, se concrete por la falta de acción judicial oportuna, eficaz y cierta que ponga bajo protección el derecho fundamental cuya defensa se reclama.
De suerte que, la injustificada dilación para resolver un fallo de tutela, salvo situaciones extremas y realmente acreditadas, no puede equipararse en ningún modo con la mora en la adopción de decisiones judiciales en cualesquiera otro asunto judicial, pues prima siempre el deber superior de proteger el derecho fundamental atacado, por encima aún de las obligatorias labores que a diario asumen los jueces dentro del ámbito ordinario de su competencia legal.
Por ende la exagerada mora aquí cuestionada, no se compadece con todos los axiomas que orientan el trámite de la acción de tutela, quedando en evidencia el daño antijurídico que desde lo formal y lo sustancial causó el comportamiento enrostrado.
Con relación a la culpabilidad, el juicio de reproche procede en atención a que el sujeto disciplinado es imputable, sin que se hubiera demostrado algo diferente en el proceso y la imputación subjetiva fundada en la culpa por el claro apartamiento al deber objetivo de cuidado que le implicaba al servidor judicial sancionado, teniendo la posibilidad jurídica de un comportamiento diferente al que se le enrostró.
De otro lado, al revisar el expediente, salvo las aclaraciones que se hicieron al inicio de estas consideraciones, no encuentra la sala que se le hubieran afectado garantías procesales al enjuiciado, se procuró proveerle su defensa técnica, tuvo la posibilidad de notificarse de las decisiones proferidas al interior del trámite, teniendo la posibilidad de recurrirlas, prefiriendo la inactividad procesal como una clara estrategia defensiva.
La sanción impuesta está acorde con los criterios dispuestos en los artículos 43, 44 numeral 3º, 46 y 47, todos de la Ley 734 de 2002, ponderación que se efectuó conforme la gravedad de la conducta, el daño ofrendado, la calidad del sujeto disciplinado, junto con los antecedentes disciplinarios que ostenta, pues como obra en el caratulario, ha sido sancionado con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas y otras sanciones que se le han impuesto por otros comportamientos disciplinarios(13).
En razón a lo anterior, y por las razones expuestas en el cuerpo motivo de esta sentencia, se confirma el fallo consultado.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de agosto de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar(14), por medio de la cual declaró disciplinariamente responsable al doctor ARNEDYS JOSÉ PAYARES PÉREZ en su condición de juez 2º Civil del Circuito de Magangué (Bol.) e imponerle la sanción de SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE SU CARGO POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES, tras hallarlo responsable del incumplimiento del deber consagrado en los numerales 1º y 2º y del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo normado en el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política y con el inciso 1º del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en armonía con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996. Por las razones expuestas en precedencia.
2. Dado que el funcionario sancionado ya no se desempeña como Juez de la República, la sanción se convierte en multa, de conformidad con lo dispuesto en la ley, lo cual implica que será sancionado con MULTA de SEIS MESES DEL SALARIO DEVENGADO en el año 2009, fecha en que ocurrieron los hechos; acorde con las motivaciones plasmadas en ésta providencia, en virtud de lo dispuesto en las anteriores consideraciones.
3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen, para lo de Ley.
7 Folio 110, cuaderno 1ª instancia
8 Folio 1, cuaderno 2ª instancia
9 Folio 53 a 60, cuaderno 1ª instancia.
10 Folios 86 a 96, cuaderno 2ª instancia.
11 Folios 2 a 8, c.o.
12 Corte Constitucional, auto 004 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
13 Folio 9 y 10, cuaderno 2ª instancia.
14 Sala dual conformada por los magistrados Orlando Díaz Atehortúa (ponente) y Gladys Zuluaga Giraldo.