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Timestamp: 2020-01-23 19:37:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 1448', 'artículo 984', 'artículo 113', 'artículo 1698', 'artículo 2294', 'artículo 694', 'artículo 495', 'artículo 314', 'artículo 574', 'Artículo 1708', 'Artículo 1709', 'artículo 1', 'artículo 365', 'artículo 56', 'artículo 405', 'artículo 350', 'artículo 188', 'Artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 1701', 'artículo 1004', 'artículo 214', 'Artículo 27', 'artículo 429', 'artículo 1706', 'artículo 35', 'artículo 30', 'artículo 251', 'artículo 1562', 'artículo 1699', 'artículo 71', 'artículo 93', 'artículo 71', 'artículo 3', 'artículo 30', 'artículo 92']

Índice resumen 5 introduccióN 6 preámbulo 9 la desmaterialización de los actos 9 - Página 41
6 ROMEO Casabona, Carlos María. Poder informático y seguridad jurídica. Madrid, España, Editorial Fundesco, 1987, p.120.
7 ESPINOZA C., Sergio. Títulos de crédito. Parte general. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Comercial, Central de Apuntes, 1984, p.3 y ss.
8 PAZ-ARES, Cándido. “La desincorporación de los títulos-valor”. En: Revista de derecho mercantil, Madrid, España, Nº 219, enero-marzo 1996, pp.7 y ss.
9 REYES Soto, Nelsón. "El derecho, la ciencia jurídica y la justicia ante el cambio social". En: Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XIII 1989-1990, Chile, s/e, 1990, p.19.
10 PAILLÁS Peña, Enrique. Estudios de derecho probatorio. Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1991, p.41.
11 CARNELUTTI, Francisco. Sistema de derecho procesal civil. Buenos Aires, Argentina, Editorial Hispanoamericana, 1944, tomo II, p.414.
12 CHIOVENDA, Giusseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Madrid, España, Editorial Revista de Derecho Privado, 1954, v. III, p.265.
13 ESPASA CALPE S.A. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. [CD-ROM]. Versión para IBM/PC, España, edición electrónica, 1995, versión 21.1.0, 1 disco compacto. Requisitos del sistema: IBM/PC o compatible; 4 Mb de memoria RAM; 5 Mb libres en disco duro; Microsoft Windows 3.1x, 9x o NT; Lector CD-ROM. Diseñadores: José Antonio Millán y Rafael Millán.
14 ALSINA, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Buenos Aires, Argentina, Editorial Ediar, segunda edición, 1958, tomo III, p. 393.
15 SILVA Melero, Valentín. La prueba procesal. Madrid, España, Editorial Revista de Derecho Privado, 1963, tomo I, p.249.
16 DE CASSO Y ROMERO, Ignacio y otros. Diccionario de derecho privado. Barcelona, España, Editorial Labor, 1954, p.1613.
17 COUTURE, Eduardo. Vocabulario jurídico. Montevideo, Uruguay, Editorial Martín Bianchi Altuna, 1960, p.251.
18 PELOSI, Carlos A. El documento notarial. Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea, 1987, p.62.
19 En este sentido, v. PELOSI, Carlos A., Ibid., p.35.
20 SILVA Melero, Valentín. Loc.cit., pp.248-249.
21 En nuestro Código Civil, el término “representación” se emplea a propósito del efecto especial de las actuaciones que una persona debidamente autorizada realiza a nombre de otra (artículo 1448), así como de la ficción legal que surge en la sucesión intestada, cuando el padre o madre de una persona no quiere o no puede suceder (artículo 984).
22 Citado por SILVA Melero, Valentín. Ídem, p.253.
23 CANALES Nettle, Patricia. El valor probatorio de los documentos electrónicos en la legislación chilena. Santiago de Chile, Serie Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, Año V, Nº120, Noviembre 1995, p.9.
24 CARRASCOSA López, Valentín y otros. El derecho de la prueba y la informática. Ob.Cit., p.48 y 61.
25 BEATO Víbora, Manuel. “Aproximación al concepto penal de documento electrónico” en: XII Encuentros sobre Informática y Derecho, 1998-1999, Universidad Pontifica Comillas, Madrid, España, Editorial Aranzadi, 1999, p.273 y ss.
26 DÍAZ Uribe, Hugo. De la prueba documental en los procesos civil y penal chileno. Concepción, Chile, Editorial Librotec, s/f, p.29.
27 ALESSANDRI Rodríguez, Arturo. Derecho civil .Teoría de las obligaciones. Santiago de Chile, Editorial Jurídica Ediar-Cono Sur, 1988, p.500.
28 ALSINA, Hugo. Ibídem.
29 CLARO Solar, Luis. Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1979, t.XII, p.670.
30 MATURANA Miquel, Cristián. Los medios de prueba. Central de Apuntes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Mayo de 1996, p.8. Similar explicación se encuentra en: RODRÍGUEZ Papic, Ignacio. Juicio ordinario de mayor cuantía. Santiago de Chile, Editorial Jurídica, quinta edición actualizada por el profesor Maturana, 1995, p.107 y ss.
31 El artículo 113 bis. del Código de Procedimiento Penal, señala que “Podrán admitirse como pruebas películas cinematográficas fotografías, fonografías, y otros sistemas de reproducción de la imagen y del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe. Estos medios podrán servir de base a presunciones o indicios”.
32 QUEZADA Meléndez, José. Tratado de derecho procesal penal. Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1994, p.351.
33 CARNELUTTI, Francisco. Ídem. p.416.
34 DÍAZ Uribe, Hugo. Ídem., p.52.
35 El documento más antiguo de que se tiene conocimiento corresponde a la prehistoria: data de la época cuaternaria o Edad de Piedra y corresponde al arte paleolítico. Se trata de frescos o pinturas rupestres dispersas por múltiples lugares desde la península Ibérica y el norte de África hasta Siberia, con una notable concentración de restos en Europa occidental, oriental y central. Las más antiguas datan de hace 30.000 a 32.000 años. Curiosamente, la prehistoria está definida como el período de la vida de la humanidad anterior a todo documento escrito.
36 SILVA Melero, Valentín. Ídem., p.240.
37 Durante el período de las legis actiones existen las pruebas escritas referidas a libros de cuentas familiares como el codex rationum domesticarum, el codex rationum mensae o argentariae. Durante el período formulario, la prueba escrita es obligatoria en ciertos contratos (obligatio quae contrahitur litteris).
38 DEVIS Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá, Colombia, Editorial Biblioteca Jurídica Diké, 1987, tomo II, p.499.
39 SILVA Melero, Valentín. Ídem., p.242.
40 BONNIER, Eduardo. Tratado de las pruebas en derecho civil y en derecho penal. Madrid, España, Editorial Hijos de Reus, cuarta edición, 1913, tomo I, p.231.
41 ALESSANDRI Rodríguez, Arturo. Op. cit., p.518.
42 Los artículos 306 al 309 versan sobre los documentos que prueban el estado civil de las personas. Este último y el artículo 1698 inciso 2º se refieren a los documentos “auténticos”. El artículo 2294 se refiere a los documentos justificativos en la agencia oficiosa. El artículo 694 habla de documentos o minutas que no se guardan en el registro o protocolo de una oficina pública. El artículo 495 se refiere a los recibos de documentos que debe dar el curador especial. El artículo 314 trata acerca de los documentos que fijan la edad de una persona. El artículo 574 inciso 2º se refiere a los documentos y papeles no comprendidos en los muebles de una casa.
43 BORGES, Jorge Luis. El Libro en Borges, oral. Buenos Aires, Argentina, Editorial Emecé-Belgrano, 1979, p.13.
44 ALSINA, Hugo. Ob.cit., pp. 396-397.
45 Con todo, la reforma a nuestro sistema procesal penal promete rescatar el desarrollo verbal del juicio.
46 Artículo 1708. No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Artículo 1709 inciso primero. Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias.
47 Citados por DÍAZ Uribe, Hugo. Ídem., p.33.
48 ESPASA CALPE S.A. Ob.cit.
49 El Libro Tercero del Código de Comercio, De La Navegación y El Comercio Marítimos, fue sustituido por el artículo 1º de la Ley Nº 18.680, publicada en el D.O. el 11 de enero de 1988.
50 Ley Nº 19.506 publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de julio de 1997.
51 VIDAL Domínguez, Ignacio. El estudio de los títulos de dominio. Santiago, Chile, Editorial La Ley, 2ª ed., 1993, p.93 y ss.
52 DÍAZ Uribe, Hugo. Ídem. p.33.
53 Ley Nº 17.336 publicada en el Diario Oficial de 02 de octubre de 1970, artículo quinto letra o, sustituida por Ley Nº 18.957, de 05 de marzo de 1990.
54 CARNELUTTI, Francesco. “Estudios sobre la suscripción”, En: Estudios de derecho procesal, Buenos Aires, Editorial Ediciones Jurídicas Europa-América, 1952, vol. I, p. 573 y ss.
55 PELOSI, Carlos A. Ob.Cit., p.72.
56 ESPASA CALPE S.A. Ob.cit.
58 CARNELUTTI, Francesco. “Estudios sobre la suscripción”. Ibídem.
59 CARNELUTTI, Francesco. Ibídem.
60 No ha de ser confundida con la razón o “firma social” que, según la definición del artículo 365 del Código de Comercio, es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de algunos de ellos, con la agregación de estas palabras: y compañía.
61 MORALES Ávila, Carlos Enrique. La Firma. Memoria de prueba, U. de Chile, Imprenta La República, 1938, p.3.
62 MORALES Ávila, Carlos Enrique. Ibid., p.4.
63 Otros ejemplos que utilizan la forma verbal “rubricar” está en los arts. 1029 y 1045 del Código Civil, también sobre testamentos; en el artículo 56 Nº3 del Código de Comercio, a propósito de la obligación de rubricar al margen de los asientos cuyo registro no sea llenado personalmente por el corredor en sus libros; en el artículo 405 del Código Orgánico de Tribunales cuando señala que “las escrituras serán rubricadas y selladas en todas sus fojas por el notario”.
64 VODANOVIC, Antonio. Derecho civil parte preliminar y parte general. Basado en las explicaciones de los profesores A.Alessandri y M.Somarriva. Santiago de Chile, Editorial Ediar-Conosur Ltda, tomo II, 1991, Nº1182, p.132 y ss.
65 BARROS Bourié, Enrique. Acto Jurídico, edición expresamente autorizada por el profesor para el Curso sobre “Clínica de Contratos”. Santiago de Chile, Central de Apuntes de la Universidad de Chile, año 1996, p.21.
66 VODANOVIC, Antonio. Loc.Cit., p.133. Se cita a Trabucchi y Passarelli.
67 VIAL Del Río, Víctor. Teoría General del Acto Jurídico. Santiago, Universidad Católica de Chile, segunda edición, 1991, p.28. Cita expresamente a Santoro Passarelli.
68 VODANOVIC, Antonio. Ibid., p.134.
69 CORTE DE APELACIONES. Santiago, 21 de diciembre de 1987, “Republic National Bank, New York con Aguirre, Manuel”, s/rol. En: Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. LXXXIV, sección segunda, p.135 (considerando quinto, p.136).
70 SOLER, Sebastián. Derecho penal argentino, Buenos Aires, Editorial Tea, 1963, t.IV, pp.335-335. Citado en: PELOSI, Carlos A., Ob.Cit., “firma en blanco”, p.66.
71 Observaciones de Giacomo P. Augenti. En: CARNELUTTI. La Prueba Civil. Buenos Aires, Argentina, Editorial Depalma, 1982, Segunda Edición, p. 226.
72 V. supra nota 31.
73 A modo ejemplar, en el Código Civil: artículos 103, 191 inc.4º, 698, 1400, 1716, 1723 inc.2º, 1801 inc.2º, 1811, 2027, 2269, 2409; En el Código de Comercio: arts. 350, 493, 659, 868; En el Código de Procedimiento Civil: arts. 6 Nº1, 659 inc.2º, 854.
74 En este sentido, v. VODANOVIC, Antonio. Ob.Cit., Nº1430, p.300 y ss.
75 CANALES Nettle, Patricia. Op. cit., p.10.
76 CORTE SUPREMA, 03 de noviembre de 1920, “Cerda con Lyon”, s/rol. En: Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. XIX, sección primera, p.500 y ss.
77 Véanse los arts. 350 y 352 Nº3 del Código de Procedimiento Civil y art. 187, 188 y 480 del Código de Procedimiento Penal.
78 CORTE SUPREMA, 27 de abril de 1976, “Banco Nacional del Trabajo con Compañía Frutera Chilena Chilefrut S.A.”, Rol 11789. En: Revista de Fallos del Mes, Nº209, sentencia tercera, p.37 (considerando cuarto, p.39).
79 FIGUEROA Yávar, Juan Agustín. “Medios de prueba no contemplados en nuestra legislación civil”. En: DUNLOP Rudolffi, Sergio (coordinador). Nuevas orientaciones de la prueba. Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1981, p.102.
80 MORALES Ávila, Carlos Enrique. Ob.cit., p.1.
81 V. supra nota 31.
82 El artículo 350 del Código de Procedimiento Civil señala que “Podrá pedirse el cotejo de letras siempre que se niegue por la parte a quien perjudique o se ponga en duda la autenticidad de un documento privado o la de cualquier documento público que carezca de matriz” (inciso primero) y el artículo 188 del Código de Procedimiento Penal dice que “Si se negare o pusiere en duda la autenticidad de un instrumento privado, el juez nombrará dos peritos calígrafos para que cotejen la letra o firma del documento con la de otro que sea realmente de la persona a quien se atribuya”.
83 MOLINA Nuñez, Rubén. La firma manuscrita. Importancia y problemática. Santiago de Chile, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., 1996, Capítulo IV, p. 126 y ss.
84 MOLINA Nuñez, Rubén. Ibid., p. 181.
85 MOLINA Nuñez, Rubén. Loc.cit., “Reconocimiento dinámico de la firma”, p.193.
86 En este sentido: CARNELUTTI, Francesco. Ibídem. Allí se define la suscripción es “la escritura del propio nombre que una persona extiende al pie de un documento”.
87 FIGUEROA Yávar, Juan Agustín. Ibídem.
88 CORTE DE APELACIONES. Santiago, 09 de julio de 1945, “Sánchez con Inza”, s/rol. En: Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XLII, segunda parte, sección segunda, p.36.
89 Artículo 13 del D.F.L. 707 del Ministerio de Justicia sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, publicado en el D.O. de fecha 07 de octubre de 1982.
90 La Ley Nº18.092 permite que en lugar de la firma, toda persona pueda estampar su impresión digital, siempre que lo haga ante un Notario o ante un Oficial del Registro Civil (artículo 9º). Además, la firma del suscriptor, así como del endosante del título “podrá estamparse por otros procedimientos que se autoricen en el reglamento, en los casos y con las formalidades que en él se establezcan” (artículos 17 y 104).
91 Conforme al artículo 30 de la L.O.C. del Banco Central, el último acuerdo que establece este procedimiento se publicó en el D.O. con fecha 02 de diciembre de 1998. Valga la pena aclarar que el método de estampado de la rúbrica en el billete es secreto.
92 V. Autoacordado de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 07 de septiembre de 2000, sobre instrucciones específicas para el cumplimiento de los artículos 405 y 409 del Código Orgánico de Tribunales.
93 MOLINA Nuñez, Rubén. Ob.cit., p.193.
94 CARRASCOSA López, Valentín y otros. El derecho de la prueba y la informática. Ob.cit., p.50.
95 El artículo 1701 inciso primero del Código Civil expresa que “la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal: esta cláusula no tendrá efecto alguno”.
96 CORTE SUPREMA. 29 de noviembre de 1937, “Compañía de Seguros La Alemana con González”, s/rol. En: Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XXXV, segunda parte, sección primera, p.225; Gaceta de los Tribunales, año 1937, sentencia Nº 95, segundo semestre.
97 CARRASCOSA, Valentín y otros. El derecho de la prueba y la informática. Ibídem.
98 CARNELUTTI, Francesco. “Estudios sobre la suscripción”. Ob.Cit., pp.579-590.
99 SILVA Melero, Valentín. Ob.Cit., p.265.
100 CORTE SUPREMA. 08 de julio de 1919, “Labbé con Correa”, s/rol. Doctrina citada por el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, tomo VI del Código Civil. Editorial Jurídica de Chile, Santiago,1997, p.368; Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. XVII, sección primera, p.293.
101 Excepcionalmente, hay actos jurídicos no susceptibles de representación. A modo de ejemplo, podemos mencionar el artículo 1004 del Código Civil que señala que “la facultad de testar es indelegable” y el artículo 214 del Código del Trabajo que ordena: “la afiliación a un sindicato es voluntaria, personal e indelegable”.
102 Artículo 27 de la Ley Nº18.175, publicada en el D.O. de 28 de octubre de 1982.
103 PELOSI, Carlos A. Ob.Cit., p.67.
104 CARNELUTTI, Francisco. “Estudios sobre la suscripción”, Loc. Cit. pp.570-590.
105 CORTE DE APELACIONES. Valdivia, 04 de mayo de 1934, “Compañía de Seguros La Alemana con Armando González”, s/rol. En: Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, tomo II del Código de Procedimiento Civil. Editorial Jurídica de Chile, tercera edición, 1999, p.133; Gaceta de los Tribunales, 1934, primer semestre, sentencia Nº 99, p.505.
106 Por ejemplo, el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil autoriza el uso de la prueba testimonial, apreciada según las reglas de la sana crítica, para establecer la falta de autenticidad de una escritura pública.
107 CARRASCOSA López, Valentín y otros. La contratación informática en el nuevo horizonte contractual. Granada, España, Editorial Comares, tercera edición, 2000, p.58.
108 DEL PESO Navarro, Emilio. Citado en: CARRASCOSA López, Valentín y otros. La contratación informática ... Ibídem.
109 Al respecto, véase: ALBARRACÍN, Mario Daniel y otros. Introducción a la Informática. Santiago de Chile, Editorial Mc Graw-Hill, 1996, p.1 y ss.
110 HEREDERO Higueras, Manuel. “Valor Probatorio de los documentos electrónicos”, en: Encuentros sobre informática y derecho 1990-1991, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España, Editorial Aranzadi, 1992, p.19.
111 MONTAGUD Castelló, Enrique. “Eficacia jurídica de la firma electrónica”.
En: MATEU de Ros, Rafael y CENDOYA Méndez de Vigo, Juan Manuel (coordinadores). Internet y Derecho. Contratación electrónica y firma digital. Navarra, España, Editorial Aranzadi S.A., 2000 (primera reimpresión de enero de 2001), p.263.
112 MARIÑANSKY, Flora. Las nuevas tecnologías y la crisis del documento en soporte papel. Argentina, Revista del notariado, Nº 817, 1989, p.485. Citado por RUIZ Astete, Fernando Mauricio. El documento electrónico frente al derecho civil y financiero. Memoria de prueba, Universidad de Concepción, Chile, 1994, p.42.
113 DESCHKA, Fridolin. El documento electrónico. Argentina, Revista Internacional del Notariado, Nº 87, vol. 42, 1991, p. 364. Citado por RUIZ Astete, Fernando Mauricio. Ibídem.
114 GIANNANTONIO, Ettore. “El Valor Jurídico Del Documento Electrónico”.
En: ALTMARK, Daniel Ricardo. Informática y Derecho, Aportes de Doctrina Internacional. Buenos Aires, Argentina, Editorial Depalma, 1987, p. 96.
115 DAVARA Rodríguez, Miguel Ángel. Manual de Derecho Informático. Pamplona, España, Editorial Aranzadi, 1997, p.350.
116 BARRIUSO Ruiz, Carlos. La contratación electrónica. Madrid, España, Editorial Dykinson, 1998, p. 319.
117 V. supra la clasificación de los documentos en este mismo capítulo.
118 Las consecuencias jurídicas de un documento devienen, muchas veces, con independencia de la voluntad de su autor. Así, conforme al artículo 1706 del Código Civil “El instrumento público o privado hace fe entre las partes aun en lo meramente enunciativo, con tal que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato”. El Código de comercio, por ejemplo, autoriza el valor probatorio de libros mercantiles carentes de una declaración de voluntad, al menos, explícita (artículo 35). Otro tanto ocurre en materia impositiva (artículos 16 y siguientes del Código Tributario).
119 Artículo segundo letra a del Decreto Nº 81 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, publicado en el Diario Oficial de fecha 26 de junio de 1999, que regula el uso de la firma digital y los documentos electrónicos en la Administración del Estado.
120 Por Ley 18.845 de 03 de noviembre de 1989 se estableció el sistema de microcopia o micrograbación de documentos; y mediante el Ministerio de Justicia se reguló por D.F.L. Nº 4 de 31 de octubre de 1991 - publicado en el D.O. el 30 de diciembre de ese año – el registro, método de microcopia y micrograbado y destrucción de los originales, entre otras materias a que alude el art. 9º de la citada ley.
121 GIANNANTONIO, Ettore. Ibid., p.98.
122 DAVARA Rodríguez, Miguel Ángel. Ibídem.
123 Se trata del artículo 30 de la Ley Nº24.624, y de su reglamentación aprobada por Decisión Administrativa Nº43/96 del Jefe de Gabinete de Ministros, que establecen las normas tendientes a otorgar valor jurídico y probatorio a la documentación producida o reproducida en soporte digital, que se incorpore al Archivo General de la Administración de la Nación argentina.
124 Según Giannantonio, “el computador no se limitará a documentar una voluntad externa, sino que determinará el contenido de tal voluntad; el lenguaje electrónico no constituye simple documentación de una voluntad ya expresada en las formas tradicionales, sino que constituye la forma entendida como elemento expresivo necesario de tal voluntad, la manifestación exterior necesaria de la regulación de intereses”. Op. cit., p.95.
125 Al respecto, véase: SAXBY, Stephen (Editor). Encyclopedia of information technology law. Ob.Cit., Vol.1, p. 1019 y ss. “The design characteristics of information technology”.
126 El problema de la consideración legal entre originales y copias implica que esta previsión debiera alcanzar al documento primitivo. En todo caso, este problema será tratado en un capítulo posterior.
127 GIANNANTONIO, Ettore. Op. cit., p.98 y ss.
128 CALVO C., Gonzalo. “Sistemas de apreciación de la prueba”. En: DUNLOP Rudolffi, Sergio. Nuevas orientaciones de la prueba. Cit., p.142.
129 CALVO C., Gonzalo. Ibídem.
130 Fuera de nuestro país existe, además, una tercera posición: la llamada doctrina discrecional, que propugna que la enumeración legal debe ser meramente referencial, al aceptar como general la posibilidad del concurso de los nuevos medios de prueba, no ya para asimilarlos a los existentes, sino que para abrir un amplio campo opcional para que las nuevas técnicas puedan, en definitiva, admitirse y revelarse dentro del proceso. La legislación de Colombia ha recogido esta doctrina en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil al establecer que "son documentos los escritos, impresos, planos dibujos, fotografías, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares".
131 FIGUEROA Yávar, Juan Agustín. Ídem., p.82.
133 CALVO C., Gonzalo. Loc.cit., pp. 137-138.
134 RODRIGUEZ Grez, Pablo. Teoría de la interpretación jurídica, Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1990, pp. 104-105.
135 PAILLÁS Peña, Enrique. Ob.cit., p.133.
136 CERDA Fernández, C. Iuris Dictio, Santiago de Chile, Jurídica, 1992, pp. 227-233.
137 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. Buenos Aires, Argentina, Editorial Depalma, 1993, p.262.
138 CANALES Nettle, Patricia. El valor probatorio de los documentos electrónicos en la legislación chilena. Cit., p.13.
139 Mediante Decreto de Hacienda Nº298 de ocho de julio de 1999 se aprobó un Reglamento de la Ordenanza de Aduanas sobre presentación y entrega de mercancías, cuyos artículos 5º y 6º establecen que el Director Nacional de Aduanas está facultado para dictar las instrucciones necesarias para la presentación a la Aduana de los Manifiestos de Carga por vía electrónica.
140 Véase la Resolución Nº1515 de 23 de marzo de 1995 del Servicio de Impuestos Internos, cuyo texto actualizado se contiene en circular Nº20 de 16 de abril de 1996 del mismo Servicio, sobre instrucciones relativas a la utilización de un sistema electrónico para la emisión, transmisión y recepción de documentos tributarios por los contribuyentes.
141 Consideramos que la forma, en la especie, dice relación con el ofrecimiento de la prueba por medios informáticos, siempre que no sea posible aportarla materialmente al proceso mediante su transcripción en soporte papel. Lo mismo ocurrirá si el D.E. no está en posesión de las partes, en cuyo caso, si el juez determinare su exhibición, se hará una comprobación in situ de los dispositivos generadores del D.E. en el establecimiento u oficinas en donde se encuentren, conforme lo establecen los artículos 403 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
142 DEVIS Echandía, Hernando. Compendio de pruebas judiciales. Cit., p.507.
143 CARRASCOSA López, Valentín y otros. El derecho de la prueba y la informática. Cit., pp. 71-72.
144 Decimos restar y no negar, puesto que en materia contractual hemos de atender al principio de la utilidad contenido en el artículo 1562 del Código Civil, en cuya virtud, “el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”. Quizás, se habla de “preacuerdos” para rescatar el valor del acto, en la hipótesis de su nulidad total o parcial, o para validar el acto sustantivo principal, previo consenso entre los interesados.
145 V. supra la noción, especie y clasificación de los D.E.
146 GIANNANTONIO, Ettore. Ídem., p.111.
147 Sistema de escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos.
148 En algunos países se exige que la información sea inteligible al momento de requerirla. Tal es el caso de la Electronic Transaction Act de Singapur de 10 de julio de 1998, que básicamente define “registro” como la información inscrita, almacenada o fijada de cualquier modo en un soporte material o que es almacenada en un medio electrónico o de otro tipo y es recuperable de manera inteligible.
149 Tecnológicamente, hoy en día es habitual la utilización de medios ópticos CD-ROM de escritura (CD-R), en que la reproducción se puede verificar mediante una sesión de grabación “a pista cerrada”. Esto significa que este soporte, una vez almacenada la información, no aceptará alteración alguna, para quedar, en el hecho, inservible para almacenar cualquier otro tipo de información en forma posterior y lo más importante: a partir de entonces, no se podrá borrar lo documentado.
150 Considerando cuarto del D.S. Nº81, publicado en el D.O. con fecha 26 de Junio de 1999.
151 CORTE DE APELACIONES. Santiago, 12 de agosto de 1942, “Chadwick con Ferrocarriles del Estado”, s/rol. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XL, segunda parte, sección segunda, p.33.
152 CORTE SUPREMA. 29 de agosto de 1939, “Ramos con Banco de Chile”, s/rol. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XXXVII, segunda parte, sección primera, p.252.
153 Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Código Civil, artículo 1699 inciso primero.
154 ALESSANDRI y otros, Derecho Civil Parte Preliminar y Parte General. Santiago de Chile, Jurídica Ediar Conosur Ltda., 1990, tomo I, p. 430.
155 Al respecto, la Ley Nº19.628 establece el derecho de toda persona a exigir del responsable de un banco de datos (sea una institución privada o pública), que sus datos de carácter personal sean modificados en caso de ser erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, además, de exigir que se eliminen, en caso de que su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos.
156 V. supra capítulo I, título 4.7.
157 Citada por RUIZ Astete, Fernando Mauricio. Idem., p.145.
158 JIJENA Leiva, Renato. Comercio, derecho, firma y documentos digitales o electrónicos. Análisis del Boletín Nº2348-07, sobre “los documentos electrónicos”. Informe preparado para los trabajos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Honorable Senado de la República, en respuesta al Oficio L-Nº52/99; Santiago-Valparaíso, Chile, Julio de 1999, pp.37-38.
159 El artículo 71 dispone que “el Director Nacional de Aduanas podrá autorizar que la formalización de las destinaciones aduaneras se efectúe por medio de un sistema de transmisión electrónica de datos”, en virtud del DFL N°2 de 12 de Noviembre de 1997 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza de Aduanas, publicado en el D.O. de 21 de julio de 1998.
160 Jijena plantea que la declaración de importación formalizada electrónicamente o el mensaje CUSDEC es el equivalente legal de la declaración de importación en soporte papel, y porque son equivalentes, puede hacerse valer en un proceso judicial y tendrá el mismo mérito probatorio que las actuales declaraciones timbradas. Primero, porque la primera parte del artículo tercero del Decreto Nº1015, abocado a la definición de los términos empleados en el Reglamento, señala que por formalización mediante un sistema electrónico se entenderán dos operaciones copulativas: la “transmisión” y la “recepción” en los sistemas del Servicio de Aduanas de aquellos mensajes estructurados que contengan todos los datos que sean exigibles para la confección de las distintas destinaciones aduaneras; tal es el caso del mensaje CUSDEC; y segundo, porque perentoriamente, la segunda parte del artículo tercero establece que la formalización vía EDI o los mensajes electrónicos estructurados que posean las características indicadas “constituirán el documento declaración aduanera a que se refiere el inciso primero del artículo 93 de la Ordenanza”. El autor concluye que se trata de otro caso en que el derecho positivo se crea formalmente un “instrumento público electrónico”, cuyos fundamentos legales son el inciso segundo del actual artículo 71 complementado y desarrollado reglamentariamente por el Decreto Nº1015. Incluso más, agrega que el mensaje CUSDEC o el “documento magnético” estandarizado que se envía a los Agentes una vez validado, aprobado, numerado y firmado electrónicamente por el Servicio Nacional de Aduanas posee las características propias de los instrumentos públicos.
161 En este sentido: CERVELLÓ Grande, José María y FERNÁNDEZ, Ignacio. “La prueba y el documento electrónico”. En: MATEU de Ros, Rafael y CENDOYA Méndez de Vigo, Juan Manuel (coordinadores). Internet y Derecho. Contratación electrónica y firma digital. Navarra, España, Editorial Aranzadi S.A., 2000 (primera reimpresión de enero de 2001), p.393.
162 HAJNA Rifo, Eduardo. Derecho e Informática. En: Gaceta Jurídica, Santiago de Chile, Jurídica Conosur, Nº48, junio de 1984, p.23, “Valor probatorio de los datos informáticos”.
163 BARRIUSO Ruiz, Carlos. La contratación electrónica. Ob. cit, p.235.
164 V. CARNELUTTI, Francesco. Estudios sobre la suscripción. Ob.cit., p.573.
165 Así por ejemplo, conforme a la letra f) del artículo 3° de la Resolución Nº1515 de Abril de 1995, las facturas electrónicas sólo existen legalmente cuando en forma posterior a su tramitación se imprime en un formulario previamente timbrado un documento que registre el total de las operaciones telemáticas realizadas durante un mes. Lo mismo ocurre con el citado artículo 30 del Código Tributario, el que luego de permitir que las declaraciones se presenten por medios distintos al papel que puedan leerse tecnológicamente, desde 1997 establece que la impresión en papel que efectúe el Servicio de los informes o declaraciones presentadas en los referidos medios tendrá el valor probatorio de un instrumento privado emanado de la persona bajo cuya firma electrónica... se presente. La situación se repite, por último, cuando en 1998 se incorpora un artículo 92 bis al Código Tributario en relación a la mantención o archivo de los documentos contables, al establecer que la Dirección esta facultada para disponer el archivo en medios distintos al papel que puedan leerse tecnológicamente, tanto para el órgano fiscalizador como para los contribuyentes, y agrega que la impresión en papel de dichos documentos tendrá el valor probatorio de instrumento público o privado según sea la naturaleza del original. En: JIJENA Leiva, Renato. Comercio, derecho, firma y documentos digitales o electrónicos. Ob. Cit., pp.36-37.
166 CORTE SUPREMA. 15 de abril de 1992, "González Pirce, María Teresa", Rol 18445. En: Revista Fallos del Mes, Nº401, pp.144-146.
167 DAVARA Rodríguez, Miguel Ángel. Ob.cit., p.371.
168 V. glosario al final.
169 CARRASCOSA López, Valentín y otros. La contratación Informática... p.73.
170 ESPASA CALPE S.A. Ob.cit.
171 V. supra título 2 sobre “firmas electrónicas y criptografía”.
172 DAVARA Rodríguez, Miguel Ángel. Ob.cit., p.366.
173 PÉREZ Pereira, María. Hacia la seguridad en el comercio electrónico [en línea]. Revista Electrónica de Derecho Informático, Nº11, Junio de 1999 [citado 01 diciembre 1999]. Disponible en Internet: