Source: http://www.normamorandini.com.ar/?p=3989
Timestamp: 2015-10-08 16:17:08
Document Index: 312251222

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 24', 'artículo 25', 'in fine', 'in fine', 'artículo 41', 'artículo 45', 'artículo 161', 'artículo 57']

Pedido de informes sobre la aplicación de la “ley de medios” en materia de licencias | NORMA MORANDINI
Comisión bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiosvisual | Comisiones
La H. Cámara de Senadores de la Nación solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de los organismos que corresponda sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los términos de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en materia de multiplicidad y transferencia de licencias:
1. Indique si la operación de la venta del paquete accionario del Grupo Hadad -perteneciente al empresario Daniel Hadad- al Grupo Indalo -un holding de empresas propiedad del Sr. Cristóbal López- contó con la autorización previa correspondiente por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para habilitar la transferencia de la licencia del canal de noticias C5N y de las radios Vale FM 97.5, TKM FM 103.7, Mega FM 98.3, Pop FM 101.5 y Radio 10 AM 710. En caso afirmativo, remita la documentación respaldatoria en base a la cual se ha autorizado dicha transferencia. En caso de no haber autorizado la operación, señale qué medidas se adoptarán a fin de regularizar la situación y sancionar a quienes hayan incumplido las condiciones establecidas por la normativa vigente.
2. Remita los registros de las licencias correspondientes a:
a) las emisoras de radiodifusión televisiva abierta:
- LS 84 TV Canal 11 Televisión Federal S.A. (TELEFE);
- LS 86 TV Canal 2 América;
- Canal 5 (Rosario);
- Canal 2 (Río Gallegos);
- Canal 5 (Río Gallegos);
- Canal 10 (Río Gallegos);
b) a las emisoras de radiodifusión sonora:
- Metro FM 95.1;
- Blue FM 100.7;
- Rock & Pop FM 95.9;
- Libertad FM 99.1;
- Belgrano AM 950;
- Splendid AM 990;
- Estación del Carmen FM (El Calafate); y
- El Calafate FM (El Calafate).
c) las licenciatarias de radiodifusión televisiva por suscripción:
- Telecentro; y
- Supercanal.
d) los titulares del registro de las señales audiovisuales:
- Canal 26;
- Telemax; y
- América 24.
Explicite los datos que permitan identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones y sanciones.
3. En qué casos ha requerido la AFSCA opinión fundada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de acuerdo a lo establecido por la Resolución AFSCA 297/2010 desde su entrada en vigor.
4. En qué plazo estará disponible el mecanismo de consulta pública vía Internet del Registro Público de Licencias y Autorizaciones, tal como lo dispone el artículo 57º de la LSCA.
La Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) sancionada en el año 2009 y que reemplaza a la anterior Ley Nº 22.285 de Radiodifusión de 1980 dispone entre sus objetivos principales los de regular los servicios de comunicación audiovisual en el territorio nacional y desarrollar mecanismos destinados a “la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”, haciendo especial hincapié en la necesidad de promover “la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su prestación”.
Cabe destacar que a diferencia de las telecomunicaciones, que se encuentran sujetas a las reglas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) por medio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la LSCA se inscribe en el marco general de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales adoptada también por la Unión Europea. Como se afirma en la Directiva 65/2007/CE, “en sus Resoluciones de 1 de diciembre de 2005 y 4 de abril de 2006, relativas a la Ronda de Doha y la Conferencia Ministerial de la OMC respectivamente, el Parlamento Europeo exigió que los servicios públicos básicos, tales como los servicios audiovisuales, se excluyan de la liberalización en el marco de la Ronda de negociación relativa al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). En su Resolución de 27 de abril de 2006, el Parlamento Europeo brinda su apoyo a la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y afirma, en particular, que ‘las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial’. La Decisión 2006/515/CE del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativa a la celebración de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales aprobó en nombre de la Comunidad dicha Convención de la UNESCO. La Convención entró en vigor el 18 de marzo de 2007. La presente Directiva respeta los principios de dicha Convención”.
Es, entonces, con miras a cumplir con el objetivo de fomentar el estándar de una plataforma jurídica destinada a la promoción de la diversidad y el pluralismo -y, también, por razones de multiplicación de tipos de soporte y de modos de expresión por vías electrónicas-, que la normativa prevé una serie de medidas orientadas a la desconcentración de la propiedad y de los contenidos de interés relevante, mediante un mecanismo de control cruzado de la concentración que se apoya en la cantidad y característica de las licencias, por una parte, y la inserción en el mercad total, por la otra.
Este mecanismo se pone particularmente de manifiesto en los artículos 24º, 25º, 41º, 45º y 161º de la LSCA:
En primer lugar, los artículos 24º y 25º establecen las condiciones de admisibilidad que las personas físicas y de existencia ideal, respectivamente, deben cumplir para ser adjudicatarios de una licencia de servicios de comunicación audiovisual. En su inciso i -aún sin reglamentar-, el artículo 24º incluye una cláusula que impide ser titulares de licencias de radiodifusión a los directores o administradores de una persona jurídica, o a los accionistas que posean el diez por ciento (10%) o más de las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal. Asimismo, el artículo 25º, en su inciso d) -aún sin reglamentar-, considera que no podrán ser titulares de licencias de radiodifusión quien sea titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal. El artículo extiende dicha prohibición, en su inciso b) al establecer que tampoco podrán ser titulares quienes tengan “vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras. En el caso de las personas de existencia ideal sin fines de lucro, sus directivos y consejeros no deberán tener vinculación directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, nacionales o extranjeras del sector privado comercial. Para el cumplimiento de este requisito deberá acreditarse que el origen de los fondos de la persona de existencia ideal sin fines de lucro no se encuentra vinculado directa o indirectamente a empresas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, nacionales o extranjeras del sector privado comercial”; y, en su inciso c), al firmar que “no podrán ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de la persona jurídica licenciataria”. Sin embargo, la norma aclara que “las condiciones establecidas en los incisos b) y c) no serán aplicables cuando según tratados internacionales en los que la Nación sea parte se establezca reciprocidad efectiva en la actividad de servicios de comunicación audiovisual”.
Es preciso, en vistas a lo anteriormente reseñado, despejar toda duda en torno a la titularidad de la licencia correspondiente a las emisoras de radiodifusión televisiva abierta LS 84 TV Canal 11 Televisión Federal S.A. (TELEFE) y Canal 5 (Rosario).
El artículo 41º, sobre transferencia de licencias, establece la intransferibilidad de las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual -a partir de abril de 2010-, puesto que, en tanto es el Estado nacional quien concursa dichas licencias, las mismas no pueden ser sometidas a operaciones de compra-venta. Sin embargo, la norma considera que “excepcionalmente se autoriza la transferencia de acciones o cuotas partes de las licencias luego de cinco (5) años de transcurrido el plazo de la licencia y cuando tal operación fuera necesaria para la continuidad del servicio, respetando que se mantenga en los titulares de origen más del cincuenta por ciento (50%) del capital suscripto o por suscribirse y que represente más del cincuenta por ciento (50%) de la voluntad social. La misma estará sujeta a la previa comprobación por la autoridad de aplicación que deberá expedirse por resolución fundada sobre la autorización o rechazo de la transferencia solicitada teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos solicitados para su adjudicación y el mantenimiento de las condiciones que motivaron la adjudicación. La realización de transferencias sin la correspondiente y previa aprobación será sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta…”.
Este artículo fue reglamentado por el Decreto 1225/2010, el cual instituye que la AFSCA podrá autorizar transferencias de acciones o cuotas partes en proporciones mayores a las establecidas, únicamente cuando los titulares de origen se encuentren alcanzados por los supuestos previstos en los artículos 51º y 52º -fallecimiento del titular y recomposición societaria, respectivamente-. Asimismo, considera que “los organismos competentes deberán solicitar copia certificada del acto administrativo emanado de la AFSCA que autoriza la transferencia de acciones o cuotas parte o la emisión de acciones, bonos, debentures, títulos o cualquier tipo de obligaciones negociables o la constitución de fideicomisos sobre sus acciones. La inscripción realizada en incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será nula, sin perjuicio perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder al funcionario que la autorice”.
En otras palabras, la LSCA permite a la AFSCA aprobar, con carácter excepcional y tras las evaluaciones de rigor, las transferencias de hasta un cuarenta y nueve, nueve por ciento (49,9 %) de las acciones o cuotas partes de las licencias. Sin embargo, esta situación no es aplicable al caso de la operación de la venta del cien por ciento (100 %) del paquete accionario del Grupo Hadad -perteneciente al empresario Daniel Hadad- al Grupo Indalo -un holding de empresas del cual Cristóbal López es el propietario- y que incluye las licencias correspondientes al canal de noticias C5N y a las radios Vale FM 97.5, TKM FM 103.7, Mega FM 98.3, Pop FM 101.5 y Radio 10 AM 710.
Por su parte, el artículo 45º -parcialmente reglamentado-, que versa sobre multiplicidad de licencias, considera que con el objetivo de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local deben establecerse limitaciones a la concentración de licencias. Es en base a este principio que considera que, en el orden local, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites: “a) Hasta una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM); b) Una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) o hasta dos (2) licencias cuando existan más de ocho (8) licencias en el área primaria de servicio; c) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta; d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión por suscripción. En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres (3) licencias”. Respecto de la titularidad de las señales, el mismo artículo estipula que “a) Para los prestadores consignados en el apartado 1, subapartado “b”, se permitirá la titularidad del registro de una (1) señal de servicios audiovisuales; b) Los prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de registro de señales, con excepción de la señal de generación propia”.
Ahora bien, a la luz de los límites a la multiplicidad de licencias impuestos por la ley, son numerosos los grupos de medios de comunicación que exceden lo establecido, entre ellos: a) el Grupo Indalo posee cinco (5) emisoras de radiodifusión sonora, tanto de amplitud modulada (AM) como de frecuencia modulada (FM), en una misma área primaria de servicio (Vale FM 97.5, TKM FM 103.7, Mega FM 98.3, Pop FM 101.5 y Radio 10 AM 710); b) el Grupo Moneta posee seis (6) emisoras de radiodifusión sonora -AM y FM- en una misma área primaria de servicio (Belgrano AM 950, Splendid AM 990, Metro FM 95.1, Blue FM 100.7, Rock & Pop FM 95.9, Libertad FM 99.1); c) el Grupo Ulloa posee dos (2) emisoras de radiodifusión sonora (Estación del Carmen FM y El Calafate FM de El Calafate) y tres (3) emisoras de radiodifusión televisiva abierta (Canales 2, 5 y 10 de Río Gallegos) en las mismas áreas primarias de servicio; d) el Grupo Pierri posee una (1) licencia de televisión por suscripción (Telecentro) y dos (2) señales de generación propia (Canales 26 y Telemax); y e) el Grupo Vila-Manzano posee una (1) licencia de televisión por suscripción (Supercanal) y una (1) emisora de radiodifusión televisiva abierta (LS 86 TV Canal 2 América).
El artículo 161º, de adecuación, explicita que los titulares de licencias de los servicios y registros que no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la LSCA, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de la ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en un plazo no mayor a un (1) año desde que la AFSCA establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que correspondan en cada caso al incumplimiento. La reglamentación de este artículo por el Decreto 1225/2010 establece los criterios bajo los cuales la AFSCA debe establecer los mecanismos de transición -contemplados en la Resolución AFSCA 297/2010- a los fines de adecuar la totalidad de los licenciatarios a lo que dispone la LSCA, a saber: adecuación voluntaria, constatación de oficio y adecuación por transferencia de licencias (mediante transferencia voluntaria o de oficio).
En estrecha relación con esta cuestión y particularmente con la constatación de oficio es necesario destacar que la Resolución AFSCA 297/2010 establece que la AFSCA podrá, en caso de considerarlo necesario, requerir opinión fundada a la autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia sobre procesos de concentración económica detectados o actos o conductas, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en el mercado del sector, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés general.
Finalmente, el artículo 57º de la LSCA instituye la obligación de la AFSCA de “establecer un mecanismo de consulta pública vía Internet” del Registro Público de Licencias y Autorizaciones que la dicha autoridad debe llevar actualizado. El mismo debe “contener los datos que permitan identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que resulten de interés para asegurar la transparencia”. Sin embargo, al día de hoy, la autoridad de aplicación de la LSCA no ha puesto a disposición de la ciudadanía el mecanismo establecido en el mentado artículo en pos de acceder a información que es claramente de carácter público.
Con el propósito, entonces, de constatar la plena observancia de los objetivos que la ley propugna resulta necesario contar con la información requerida, la cual, hasta el momento, no es de acceso público a pesar de la “obligación de información” o el “deber de garantizar el derecho de acceso a la información” que la misma normativa estipula.
En este sentido, debe considerarse lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva N° 5/1985: “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
Respecto al derecho de acceso a la información, la doctrina entiende que “un segundo abordaje de las posibilidades de conceptualización de la información parte de su consideración ya no como presupuesto de ejercicio de un derecho individual, sino de su carácter de bien público o colectivo. En este sentido, la tematización de la información no se limita a las dimensiones de tipo individual, sino que cobra un marcado carácter público o social. Funcionalmente, este carácter público o social tiende a relevar el empleo instrumental de la información no como -o no sólo como- factor de autorrealización personal, sino como mecanismo o andamiaje de control institucional, tanto frente a autoridades públicas como frente a particulares cuya situación de poder de injerencia o inducción permite la determinación de conductas de otros particulares o su misma subordinación” .
En otras palabras, el derecho de acceso a la información pública es esencial al ejercicio de una ciudadanía plena y es, por tanto, responsabilidad de quienes administran el Estado ofrecer las mayores garantías de transparencia y apego a las normas. En este caso, aquellas que fueron dictadas en nombre del pluralismo de opiniones y la desconcentración de la propiedad.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Una respuesta a Pedido de informes sobre la aplicación de la “ley de medios” en materia de licencias
Lilí Berardi dice:	14 mayo, 2012 en 23:19	Estimada Norma, hemos compartido un panel en la ciudad de Córdoba con amplias coincidencias respecto a una ley nacida para su “violación” inmediata. Represento a ARLIBA, una asociación de radiodifusores de raza que operan en el interior con una sola licencia y son periodistas que han prestado servicios a sus comunidades. Nos gustaría mucho que se incluya esta problemática en su pedido de informes o en otro que pueda elaborar en el futuro. La asfixia de los pequeños “grandes” periodistas dueños de sus medios está llevando al precipicio a un sistema federal de comunicaciones que no dependa de la pauta oficial. Muchas gracias. Lilí Berardi
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