Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20034812
Timestamp: 2019-12-14 12:36:39
Document Index: 273160319

Matched Legal Cases: ['Artículo 35', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 93', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 157', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 93', 'artículo 13', 'artículo 100', 'artículo 13', 'artículo 100', 'artículo 4', 'artículo 58', 'artículo 61', 'artículo 15', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 100', 'artículo 40', 'artículo 16', 'artículo 38', 'artículo 100', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 48', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 100', 'artículo 24', 'artículo 22', 'artículo 93', 'artículo 29', 'artículo 13', 'artículo 31', 'artículo 38', 'artículo 100', 'artículo 32', 'artículo 96', 'artículo 1', 'artículo 96', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 96', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 8']

C-622 de 2013
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020034812CC-SENTENCIAC622201310/09/2013CC-SENTENCIA_C_622__2013_10/09/2013200348122013Sentencia C-622/13 (Bogotá DC, 10 de septiembre de 2013) Referencia : Expediente LAT - 400
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVOLAT 400CONSTITUCIONALIDADRevisión de Constitucionalidad: de la Ley 1588 del 19 de noviembre de 2012, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apatridia adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.Identificadores20020034813true53477Versión original20034813Identificadores
Norma demandada: Revisión de Constitucionalidad: de la Ley 1588 del 19 de noviembre de 2012, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apatridia adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.
SentenciaC-622/13
Revisiónde Constitucionalidad: de la Ley 1588 del 19 de noviembre de 2012 "Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apatridia adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961"
Magistradoponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
Los textos de la"Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apátrida adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961" y su Ley aprobatoria 1588 de noviembre 19 de 2012, se incorporan como Anexos de esta sentencia.
La"Convención sobre el Estatuto de los Apátridas" tiene por objeto el establecimiento de un marco jurídico que regule la situación de los apátridas, para que no sean sujetos de discriminación y por ende puedan hacer ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. De igual forma manifestó que la "Convención para reducir los casos de apátrida" tiene como finalidad evitar la apatridia, garantizando el derecho a la nacionalidad, en consideración a los factores de nacimiento, residencia, transmisión hereditaria y en aplicación a los principios de igualdad, no discriminación, protección de minorías e integridad territorial.
Debe la Corte declarar la exequibilidad de la "Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apátrida adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961"y su ley aprobatoria, por los siguientes motivos: i) el trámite legislativo, cumplió con todos los requisitos Constitucionales y legales exigidos para las leyes aprobatorias de tratados y ii) se ajustan a la normatividad Constitucional al coincidir con la manifestación del respeto de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por nuestro Estado.
Señalan que la "Convención sobre el Estatuto de las Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apátrida adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961" y la Ley 1588 de 2012, mediante la cual fueron aprobadas, deben ser declaradas exequibles ya que si bien el Estado colombiano no puede suprimir los casos de apatridia, es indispensable que se adopten medidas legislativas que permitan hacer efectivos los derechos de las personas que no tienen ciudadanía y que son más propensas a que sus derechos sean vulnerados.
2.1. El control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los aprueban, presenta unas características singulares, al ser:"(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto Constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano."
3.2. Sobre este punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito del 16 enero de 2013 manifestó que la etapa de negociación de laConvención sobre el Estatuto de los Apátridas fue adoptada el 28 de septiembre de 1954 en el marco de la Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Por su parte, Convención para reducir los casos de Apatridia fue adoptada por la misma Conferencia en 1961 en cumplimiento de la Resolución 896 (IX) del 4 de diciembre de 1954, expedida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
3.3. En cuanto a la etapa de celebración, advirtió que la"Convención sobre el Estatuto de los Apátridas", de conformidad con el numeral primero de su Artículo 35, capítulo VI, estuvo abierta para firma en la sede de las Naciones Unidas hasta el 31 de diciembre de 1955 y que el señor ex presidente de la República, Misael Pastrana Borrero, firmó la precitada Convención Ad referéndum, en fecha 30 de diciembre de 1954, en su condición de Delegado ante el Consejo Económico de las Naciones Unidas.
De conformidad con la Convención de Viena, la"firma "ad referéndum" de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su Estado la confirma" (art. 12.2.b.). En este sentido, para manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por el tratado, se hace necesario el trámite de aprobación legislativa ante el Congreso de la República, el examen de exequibilidad de la Corte Constitucional y el posterior depósito del instrumento de ratificación respectivo (art 16 Convención de Viena).
3.4. En cuanto a la"Convención para reducir los casos de apatridia" de conformidad con su artículo 16 los Estados que durante el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 1961 y el 31 de mayo de 1962, no la hubieren suscrito, podrán constituirse en parte, depositando un instrumento de adhesión. A 31 de mayo de 1962, Colombia no había suscrito la convención, por lo que solo le es posible adherir a la misma, y en consecuencia deberá surtirse en trámite de aprobación interna.
La jurisprudencia de esta Corte ha indicado que"la Carta Política propugna por un modelo de Estado que se reconoce como culturalmente heterogéneo y que, por ende, está interesado en la preservación de esas comunidades diferenciadas, a través de la implementación de herramientas jurídicas que garanticen su identidad como minoría étnica y cultural, organizadas y reguladas mediante sus prácticas tradicionales"[3] y una de esas herramientas es, la participación de estas comunidades en las decisiones que las afectan ya que asegura que en la implementación de las políticas públicas se tome en cuenta su punto de vista respecto de la afectación que éstas podrían tener frente de su identidad, lo que además otorga legitimidad democrática a las medidas adoptadas[4].
El mandato de consulta previa tiene su fundamento constitucional en el artículo 6[5], ordinal a, del Convenio 169 "Sobre Pueblos indígenas y Tribales" de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[6], tratado internacional que, según jurisprudencia constitucional reiterada[7], hace parte de bloque de constitucionalidad, según las prescripciones del artículo 93 de la Constitución, de donde surge un derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa y un correlativo deber estatal de adelantarla.
Con referencia a la titularidad del derecho a la consulta previa, la jurisprudencia constitucional ha estimado que ella http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-915-10.htm - _ftn10reside no sólo en las comunidades indígenas sino también en las afrodescendientes; frente al ámbito temático, ha precisado que ésta se debe llevar a cabo respecto decualquier aspecto que afecte directamente a la comunidad étnica[8] y en cuanto al tipo de tipo de medidas que deben ser consultadas previamente con las comunidades étnicas, la Corte ha acudido nuevamente al texto del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, para señalar que son no solamente las medidas administrativas sino también las legislativashttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-915-10.htm - _ftn14, y dentro de estas últimas ha incluido las leyes aprobatorias de los tratados internacionales e incluso las reformas constitucionales[9].
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha sido enfática en afirmar que la obligación de adelantar la consulta previa no surge frente a toda medida - administrativa o legislativa - que sea susceptible de afectar a las comunidades étnicas, sino únicamente frente a aquellas que puedan afectarlasdirectamente[10]. Según esta Corte, este criterio surge "no solo de la calidad de directa que se predica de la afectación que produzca una medida legislativa para que sea imperativa la consulta, sino también del hecho de la misma procede cuando se trate de aplicar las disposiciones del Convenio [según el mismo artículo 6 del Convenio 169]"[11].
Sobre este requisito de afectación directa, esta Corporación ha señalado que en el caso de las medidas legislativas, dentro de las que se incluyen las leyes aprobatorias de tratados internacionales, las leyes"que debe ser objeto de consulta son aquellas medidas susceptibles de afectar específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, y no aquellas disposiciones que se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos"[12]. En los demás asuntos legislativos, las comunidades étnicas gozarán de los mismos espacios de participación de los que disponen la generalidad de los colombianos y de aquellos creados específicamente para ellas por la Constitución, la ley y los reglamentos, pero no existirá la obligación de la consulta previa[13].
El Proyecto de Ley fue radicado en elSenado de la República, por el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, el 07 de septiembre de 2011, de conformidad con la Constitución (art 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos en el Senado de la República.
Aparecen publicadosen la Gaceta del Congreso No. 665 de septiembre 7 de 2011, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes del curso en la comisión respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).
El Proyecto de Ley 109 de 2011 Senado fueanunciado previamente en la sesión del 9 de noviembre de 2011, para ser discutido y aprobado en primer debate, el día 16 de noviembre de 2011.
Laponencia para segundo debate en el Senado fue presentada por el Senador Marco Aníbal Avirama Avirama y publicada en la Gaceta del Congreso No. 918 del 30 de noviembre de 2011.
El proyecto de ley fue discutido yaprobado en la sesión del 6 de diciembre de 2011, según consta en el Acta No. de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 38 de 2012, con un quórum deliberatorio y decisorio de 90 Senadores, con una votación unánime, según certificado expedido el 9 de enero de 2013 por el Secretario General del Senado de la República y radicado en esta Corporación el 18 de enero del 2013.
Laponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante a la Cámara Yahir Fernando Acuña Cardales y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 225 del 11 de mayo de 2012.
El Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, mediante constancia del 12 diciembre de 2012, radicado en esta Corporación el 14 de diciembre del 2012, certificó que en cumplimiento de lo ordenado por el Acto Legislativo 01 de 2003, el proyecto fueanunciado el día 30 de mayo de 2012, "para la discusión y aprobación en primer debate ...para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley", tal como consta en el Acta No. 26[14] de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 563 del 28 de agosto de 2012.
La Corte no comparte la conclusión a la que arriba el señor Procurador, puesto que la disposición Constitucional si bien exige que en unasesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, y que se convoque para su aprobación en una fecha futura, también es cierto que esa fecha puede ser prefijada y determinada, o por lo menos, determinable. Lo anterior, en la medida que el objeto del anuncio previo es el conocimiento de los proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del desarrollo del debate legislativo, la votación de un proyecto no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si se hace clara y nuevamente el anuncio o si del contexto existen elementos que permitan determinar con claridad cuando se realizará la votación.
En consecuencia, fue en esos términos en los que se produjo el anuncio de la discusión y aprobación del proyecto de ley bajo examen, toda vez que se estableció:"Anuncio de proyectos para para la discusión y aprobación...para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben Proyectos de Ley", lo que permitía deducir que si bien la fecha para su discusión y aprobación no estaba determinada como una fecha cierta, era determinable, permitiéndose así la participación de las minorías en el debate parlamentario y respectando el principio democrático.
Laponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes también fue presentada por el mismo Representante y publicada en la Gaceta del Congreso No. 594 del 6 de septiembre de 2012.
De conformidad con la certificación del 19 de marzo de 2013, expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes y radicada en esta Corporación el 21 de marzo de esa misma anualidad, el proyecto fueanunciado en la sesión Plenaria del día 25 de septiembre de 2012, según consta en el Acta No. 155 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 14 del 6 de febrero de 2013[16].
El proyecto fueaprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes, el día 26 de septiembre de 2012, por unanimidad con el voto de los 150 Representantes presentes, conforme certificación allegada por el Secretario General de la Cámara Representantes y según consta en el Acta No. 156 del 26 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 15 del 6 de febrero de 2013.
En la Gaceta del Congreso No 658 del 1 de octubre de 2012 sepublicó el texto definitivo del Proyecto Ley 170 de 2011 Cámara, 109 de 2011 Senado.
Teniendo en cuenta que el Proyecto de Ley aprobado por la plenaria del Senado establece, en su artículo primero, el año de adopción de la"Convención sobre el Estatuto de los Apátridas", adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y de la "Convención para reducir los casos de Apátrida" adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961, y que la Plenaria de la Cámara lo aprobó omitiendo en su artículo primero el año de adopción de la convención, se consideró que existía una discrepancia entre los textos aprobados por ambas cámaras y se designó una comisión accidental de conciliación.
El informe de conciliación en la Plenaria del Senado de la República fueanunciado el 30 de octubre de 2012, según consta en el Acta No. 25, publicada en la Gaceta del Congreso No. 40 del 11 de febrero de 2013[17].
En plenaria de la Cámara de Representantes, el informe de conciliación fueanunciado el 31 de octubre de 2012, según consta en el Acta No. 166, publicada en la Gaceta del Congreso No. 108 del 18 de marzo de 2013[18].
El informe de conciliación en la Plenaria del Senado de la República fueaprobado en la sesión del 31 de octubre de 2012, en la que se llamó a lista, haciéndose presentes 95 de los 101 Senadores, como consta en el Acta de Plenaria No. 26, publicada en la Gaceta del Congreso No. 41 del 11 de febrero de 2013[19], de cuyo texto se concluye que fue aprobado sin oposición y no habiéndose registrado proposición modificatoria.
En plenaria de la Cámara de Representantes, el informe de conciliación fueaprobado por unanimidad con la asistencia de 150 Representantes, en la sesión del 6 de noviembre de 2012, como consta en el Acta de Plenaria No. 167 del 6 de noviembre de 2012[20], publicada en la Gaceta del Congreso No. 25 del 8 de febrero de 2013 y conforme certificado expedido por el Secretario General de la Cámara de Representantes[21].
El Presidente de la República sancionó la ley por medio de la cual se aprueba la"Convención sobre el Estatuto de los Apátridas", adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la "Convención para reducir los casos de Apatridia", adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961, convirtiéndose en la Ley 1588 de 2012 y fue debidamente publicada en el Diario Oficial No. 48.619 de 19 de noviembre de 2012.
El proyecto de la ley"por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre el Estatuto de los Apátridas", adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la "Convención para reducir los casos de Apatridia", adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961", (i) surtió los cuatro debates de aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las publicaciones del proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos que deben existir entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras y entre Senado y Cámara de Representantes y v) su trámite no excedió dos legislaturas. Por lo anterior, la Corte concluye que no hay vicio alguno de Constitucionalidad en el trámite de este proyecto.
En el ámbito Constitucional, el artículo 44, establece entre los derechos de los niños"...la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella,..."
c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley."
"ARTICULO 98. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley.
PARAGRAFO. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho años."
"ARTICULO 100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.
5.4.2.1. El artículo 1, que consagra la definición del término "apátrida", armoniza plenamente con la Constitución, ya que su función es delimitarlos destinatarios de la convención, establecer de manera clara las excepciones a su aplicación, - quienes ya están siendo protegidos por las Naciones Unidas, o contra quienes existan razones fundadas para considerar que han cometido ciertos delitos definidos en los instrumentos internacionales, o han incurrido en actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas - yotorgar significados específicos a los términos empleados por los instrumentos para su correcta interpretación.
Para la Corte la prohibición de discriminación en la aplicación de las disposiciones del tratado, es consonante con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, en especial, con el artículo 13 que establece que"todas las personas nacen libre e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica" y con los Tratados y Convenciones Internacionales que reconocen derechos humanos los cuales han sido ratificados por el Congreso de la República y que acorde al artículo 93 de la Constitución prevalecen en el orden interno y hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, como lo son: los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre , los artículos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
5.4.2.4. Considera la Corte que el contenido de los artículos 5 y 6 que establecen que la interpretación de la convención no puede significar el menoscabo de los derechos o beneficios otorgados por los Estados contratantes, y que señala que se entiende por la expresión"en las mismas circunstancias", para efectos de la convención, no entrañan violación de ningún postulado constitucional en tanto tienen por objeto la salvaguardar los derechos reconocidos a los apátridas previamente o por fuera de la Convención y permiten su adecuada interpretación y aplicación.
La reciprocidad en el derecho internacional público, teniendo como sujetos los Estados, hace referencia de manera esencial a la noción de "aplicación por la otra parte", es decir la aplicación reciproca de los Estados, de las condiciones otorgadas por los demás Estados y la apatridia tiene como consecuencia, el no reconocimiento de la nacionalidad, por ningún Estado.
Por lo expuesto, si bien la Constitución Política de Colombia, se refiere al principio dereciprocidad, en varias de sus disposiciones, (CP. Arts. 96, 150, 226 y 227) en materia de relaciones internacionales, dicho atributo pierde sentido frente a quienes carecen de nacionalidad y como tal, de vinculo jurídico con algún Estado frente al cual pueda aplicarse.
Por el contrario, se encuentra en consonancia con el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 constitucional que establece que "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica." y el artículo 100 que prescribe que "Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.// Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley."
"Así pues, la situación de los extranjeros admite ser comparada con la de los nacionales colombianos, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta, prima facie puede predicarse una igualdad entre unos y otros ya que el precepto superior al disponer que todas las personas tienen derecho a recibir la misma protección y trato de las autoridades, prohíbe expresamente establecer discriminaciones, entre otros motivos, por razones de origen nacional. Sin embargo, el aludido mandato no significa que el legislador esté impedido para instituir un determinado trato diferencial entre nacionales y extranjeros, si existen razones constitucionales legítimas que así lo justifiquen."[22]
Lo antes expuesto, pues a la luz de la expresión"examinar-á- con benevolencia la posibilidad", supone que el Estado contratante conserva la facultad a través de sus autoridades de examinar en cada caso concreto las condiciones particulares y determinar acorde a sus normas internas, si autoriza el establecimiento temporal o definitivo, así como si expide los documentos de viaje, quedando a salvaguarda la soberanía nacional y la libre autodeterminación del Estado Colombiano (CP. Art. 9).
Para la Corte, el artículo bajo examen, sobre el régimen jurídico de los apátridas en lo relativo a su estatuto personal, no representa contradicción con ninguna disposición de la Carta Política, en la medida que según su texto, éste se rige por las leyes del país de su domicilio y a falta de éste por el de su residencia y frente a la obligación de los Estados de respetar los derechos adquiridos que surjan del estatuto personal, están sujetos a que"se cumpla con las formalidades del Estado y que el derecho de que se trata sea de los que hubiere reconocido la legislación de tal Estado, si el interesado no se hubiere convertido en apátrida" , salvaguardándose el postulado constitucional que prevé que el régimen sobre el estado de las personas se regirá por la ley civil (CP. Arts. 42 y 58), permaneciendo indemne la autonomía del Estado Colombiano en su definición.
El artículo 100 de la Constitución establece que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos, pero que la ley por motivos de orden público, puede subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros, el inciso 2 del artículo 4 de la Constitución Política colombiana dispone que:"Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades" y el artículo 58 constitucional establece que se garantizan la propiedad privada y demás derechos adquiridos con arreglo a la ley, pero que por motivos de utilidad pública o de interés social, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa, o administrativa en los casos que el legislador determine.
Por su parte la jurisprudencia ha señalado que las diferenciaciones basadas en la nacionalidad son constitucionalmente problemáticas, en la medida en que involucran un criterio sospechoso de discriminación. En este sentido, "las restricciones de los derechos de los extranjeros son, en principio, inadmisibles por basarse en un criterio sospechoso -el origen nacional-, salvo que existan suficientes razones constitucionales que las justifiquen". Sin embargo, la Corte también ha explicado que no toda diferenciación basada en la nacionalidad debe analizarse con el mismo rasero o nivel de intensidad, por cuanto es necesario evaluar aspectos como el ámbito en el que se adopta la regulación o los derechos involucrados. A este respecto la Sentencia C-834 de 2007 precisó: "(ix)no en todos los casos el derecho de igualdad opera de la misma manera y con similar arraigo para los nacionales y los extranjeros…ello implica que cuando las autoridades debatan acerca del tratamiento que se debe brindar a los extranjeros en una situación particular, para el efecto de preservar el derecho de igualdad, habrán de determinar en primera instancia cuál es el ámbito en el que se establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permite realizar diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales…por lo tanto, la intensidad del examen de igualdad sobre casos en los que estén comprometidos los derechos de los extranjeros dependerá del tipo de derecho y de la situación concreta por analizar".
El artículo 61 de la Constitución establece que el"Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley" y la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que la propiedad intelectual es "aquella disciplina normativa a través de la cual se busca proteger y asegurar las creaciones intelectuales surgidas del esfuerzo, el trabajo o la destreza del hombre, que en todos los casos son dignas de obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica[23] , disciplina que abarca en un primer término la propiedad industrial referida a la protección de las invenciones, las marcas comerciales y de fábrica, los diseños industriales, el nombre comercial, los modelos de utilidad, la enseña y el control y represión de la competencia desleal; y en un segundo aspecto, el derecho de autor, que incluye las obras literarias, científicas y artísticas, otorgando protección a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a quienes son productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión respecto de su emisión[24].
Acorde con lo antes expuesto, considera esta Corporación que examinado el contenido material del artículo bajo examen, éste resulta acorde con los objetivos de protección de la propiedad intelectual, consagrada en la Constitución Política (Art. 61), en tanto estableceque corresponderá al país en que el apátrida resida habitualmente, la protección de la propiedad intelectual e industrial, en igualdad de condiciones a la concedida a sus nacionales y que en cualquier otro Estado contratante se le dará la misma protección concedida en él a los nacionales del país en que tenga su residencia habitual, las cuales como se indicó anteriormente se rigen por las legislación interna sobre la materia y en una gran medida por instrumentos internacionales[25].
5.4.3.4. El artículo 15º sobre el"Derecho de Asociación", que señala que los Estados contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en su territorio, un trato tan favorable como sea posible y no menos favorable que el otorgado a los extranjeros, en materia de asociaciones no Políticas, ni lucrativas y sindicatos, se ajusta a la Carta Política, en especial a lo prescrito en el artículo 38 que señala que "se garantiza el derecho de asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad" y el artículo 39 que consagra el derecho de los trabajadores y empleadores de constituir sindicatos y asociaciones sin la intervención del Estado, derechos que disfrutarán los extranjeros, en igualdad de condiciones que los nacionales, excepto cuando por razones claras y manifiestas de orden público deban restringirse (CP. Art. 100).
"La facultad concedida al legislador por el constituyente con relación a los extranjeros no es ilimitada. Incluso en aquellos casos en que existen razones de orden público claras y manifiestas que demandan la restricción de ciertos derechos de los extranjeros, hay límites básicos atinentes al respeto de toda persona como sujeto digno. La jurisprudencia constitucional ha señalado que si bien el artículo 100 de la Constitución autoriza al legislador a subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros, por razones de orden público, tales restricciones "no son absolutas, pues aquéllas encuentran su límite en la dignidad del ser humano y en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales." Así, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha subordinado la aplicación de las reglas jurídicas migratorias (de orden público) a la protección de valores constitucionales imperiosos como la protección de los derechos de los niños y el derecho a tener una familia, siempre y cuando sea una razón real y no meramente estratégica."
Debe resaltarse que las asociaciones a las que se refiere el artículo bajo examen son"no Políticas", toda vez que conforme al artículo 40 de la Constitución, para gozar del derecho a participar, conformar y ejercer el control político, se requiere ser ciudadano colombiano - ser nacional colombiano y tener la edad establecida en la ley -.
5.4.3.5. El artículo 16 de la convención, que prescribe que los apátridas tendrán derecho al acceso a los tribunales de justicia del país donde residan y recibirán el mismo trato que el brindado a los nacionales, en cuanto al acceso a los tribunales, la asistencia social y la exención de la cautio judicatum solvi o caución judicial, y que encontrándose en otro Estado, recibirán el mismo trato que recibiría un nacional del país en el cual tenga su residencia habitual, es respetuoso de los postulados Constitucionales relativos al derecho al acceso a la justicia, que prescriben que "cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas" y la garantía del "derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia" consagrados en los artículos 92 y 229, garantías que son aplicables a los apátridas sin distinción de su origen nacional (CP. Art. 100).
5.4.4.1. Los artículos 17 y 18 de la Convención estipulan que a los apátridas que residan legalmente en el país, se les concederá igualdad de trato que a los extranjeros en general, en relación con el derecho al empleo remunerado,al trabajo por cuenta propia, a establecer compañías comerciales e industrialesy que examinarán con benevolencia la asimilación de los derechos de los apátridas y de los nacionales.
Sobre el derecho al trabajo, el Constituyente lo definió como un derecho y una obligación social, el cual se encuentra protegido por el Estado y señaló que "toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas" y sobre la facultad de asociación, en el artículo 38 indicó que "se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades de las personas en sociedad".
La sentencia C- 208 de 1995, señaló:
"El legislador, por razones de orden público, como lo prevé el artículo 100 de la Constitución, y particularmente por motivos sociales y económicos vinculados al mantenimiento del orden público económico, puede establecer, en casos especiales, restricciones al trabajo de los extranjeros, en determinadas ocupaciones y profesiones. Piénsese, por ejemplo, en las leyes que se dicten para asegurar el pleno empleo de los colombianos."
En consecuencia, considera la Corte que las disposiciones contenidas en los artículos 17 y 18 de la Convención, se adecuan a los postulados de la Carta Política en razón de que el compromiso que adquiere el Estado Colombiano se circunscribe a otorgar a los apátridas, el mismo tratamiento que brinda a los extranjeros y a examinar con benevolencia la asimilación de sus derechos con los nacionales y por cuanto la Constituciónno prescribe tratamientos distintos para los nacionales y los extranjeros, en lo referente al derecho al trabajo y a la libertad de asociación. Sin embargo, como se anotó anteriormente, ello no obsta para que el legislador en ejercicio de sus competencias, lo establezca.
5.4.4.2. No encuentra reparo alguno de constitucionalidad sobre el contenido del artículo 19º sobre el ejercicio de profesiones liberales, que indica que los Estados contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en su territorio y que posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes, el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros, en la medida quese exige que el apátrida cuente con los diplomas correspondientes y a su vez, que estos estén reconocidos por las autoridades competentes (CP. Arts. 4, 26 y 100).
5.4.5.1. Para la Sala, el contenido de los artículos 20 y 23 de la Convención, sobre"Racionamiento" y "Asistencia pública", respectivamente, que indican que los Estados contratantes darán a los apátridas el mismo trato que a los nacionales, cuando la población deba someterse a racionamiento y frente a las labores de asistencia y socorro públicos, son acordes con la Carta Política, en especial con los principios del Estado colombiano, que se fundan en el respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general (CP. Art. 1), la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como el deber de las autoridades de proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado (CP. Art. 2).
5.4.5.2. No encuentra esta Corporación, reparo alguno sobre la constitucionalidad del artículo 22 sobre"Educación pública", de la Convención, que señala que los Estados contratantes brindaran a los apátridas el mismo trato que a los nacionales en materia de enseñanza elemental, en razón de ser un derecho que se considera fundamental en virtud de estar dirigida a los menores de edad (C.P. Arts. 44, 67 y 356), quienes dada su debilidad manifiesta, gozan de especial protección constitucional en cuanto a su formación, desarrollo, y la prevalencia de sus derechos frente a los de los demás.
"El derecho a la educación está contemplado en nuestra Constitución como un derecho social, económico y cultural. Estos derechos también son denominados de mera prestación y su efectividad depende altamente de la voluntad política de los gobernantes. Sin embargo, en virtud de la naturaleza programática de la que gozan, los Estados han asumido el compromiso de avanzar en la protección de dichos derechos y otorgarles plena eficacia. De esta manera se progresa en la realización de su contenido material y se supera el límite de las meras intenciones.
- Empero, lo anterior, no supone que la protección del derecho a la educación en la Carta se restrinja a su etapa básica y se desconozca la protección del derecho en niveles de educación superior (pregrado y postgrado)[27]. Lo que ocurre, es que dado que la Constitución Política señala como una obligación la prestación de la educación básica por parte del Estado para los menores de edad, en el caso de los mayores, el derecho al acceso a la educación como obligación de la Administración, deja de ser fundamental y adquiere un carácter esencialmente prestacional y programático[28], salvo que se trate de personas con discapacidad[29][30].http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-087-10.htm - _ftn26"
Tampoco considera la Sala que la disposición del Convenio que señala que los Estados contratantes brindarán a los apátridas"el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general" frente a la satisfacción de los derechos a la educación no elemental, el acceso a los estudios, la exención de derechos y cargas y la concesión de becas, así como la satisfacción del derecho a la vivienda, en la medida ello se encuentra directamente relacionado con las políticas públicas y los recursos disponibles, al no ser derechos fundamentales, sino derechos prestacionales y de carácter programático[31], en cuyo caso, corresponde al Estado a través de sus autoridades, definir su alcance.
Ahora bien, en lo atinente a que los Estados Contratantes concederán a los apátridas el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, en relación con el reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios expedidos en el extranjero, no encuentra la Corte que contravenga la Constitución Política, en razón de que según su artículo 26 "Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes u oficios son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social." y el artículo 4 prescribe que "Es deber de los nacionales y los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades", postulados que se aplican a nacionales y extranjeros.
5.4.5.3. Considera la Corte, que el artículo 24 que prescribe que los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en su territorio el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a la"remuneración, inclusive subsidios familiares cuando formen parte de la remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos colectivos de trabajo en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas" y las disposiciones sobre seguridad social[32] y cualquier contingencia que, conforme a las leyes o a los reglamentos nacionales, esté prevista en un plan de seguro social, es respetuosa de los postulados constitucionales sobre el derecho al trabajo y la seguridad social (CP. Arts. 25 y 48).
Lo anterior, en tanto, el artículo 25 constitucional estipula que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas y que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de la protección del Estado y el artículo 48 constitucional prevé que "La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley" derecho irrenunciable, que se garantiza a todos los habitantes. No obstante se trata de derechos que para quienes no son nacionales, no son absolutos, pues el legislador cuenta con la facultad de establecer limitaciones, sujetas a condiciones específicas y a la existencia de una justificación razonable. (CP. Arts. 13 y 100).
"Con todo, el mismo constituyente, si bien no establece un tratamiento diferenciado entre los trabajadores nacionales y los extranjeros, sí admite la posibilidad de que él sea determinado por el legislador.
"El artículo 13 consagra la obligación del Estado de tratar a todos en igualdad de condiciones. Obviamente, esta norma no significa que no se puedan formular diferenciaciones en el momento de regular los distintos ámbitos en los que se desarrolla la convivencia, sino que opera a la manera de un principio general de acción del Estado, que implica que siempre debe existir una justificación razonable para el establecimiento de tratos diferenciados. No en todos los casos el derecho de igualdad opera de la misma manera y con similar arraigo para los nacionales y los extranjeros. Ello implica que cuando las autoridades debatan acerca del tratamiento que se debe brindar a los extranjeros en una situación particular, para el efecto de preservar el derecho de igualdad, habrán de determinar en primera instancia cuál es el ámbito en el que se establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permite realizar diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales. Por lo tanto, la intensidad del examen de igualdad sobre casos en los que estén comprometidos los derechos de los extranjeros dependerá del tipo de derecho y de la situación concreta por analizar"[33]"
En lo relativo al trato que sobre seguridad social deba brindar el Estado Colombiano a los apátridas, que según el artículo bajo examen, será el mismo trato que a los nacionales,acorde a sus normas internas, y con sujeción a las limitaciones establecidas en el literal b) del artículo 24[34], relativas a la existencia de disposiciones especiales sobre derechos adquiridos o por adquirir y a subsidios del Estado para quienes no reúnan los aportes para pensión, así como las de los numerales 3 y 4 del artículo 24[35], considera la Corte necesario hacer las siguientes anotaciones.
5.4.6.1. El artículo 25 sobre "Ayuda administrativa" que consagra que los Estados contratantes brindarán la ayuda requerida por los apátridas que residan en su territorio y le expedirán los documentos que normalmente expediría a los extranjeros, los cuales remplazarán los instrumentos oficiales expedidos por sus autoridades nacionales y que los derechos a cobrar por tales servicios serán moderados y acorde a los costos que por servicios análogos, se cobran a los nacionales, es respetuoso de la Constitución Política, en especial del artículo 1 que establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, el artículo 2 que consagra que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y que las autoridades públicas están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y el artículo 100 sobre el goce de los derechos y garantías de los extranjeros.
Sobre la libertad de circulación, el artículo 24 de la Constitución establece que"Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia." y el artículo 22 del Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, que rige en Colombia con carácter vinculante y supralegal, de conformidad con lo establecido al efecto por el artículo 93 de la Constitución, señala que "1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo residir en él con sujeción a las disposiciones legales; 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio"
"La Constitución Política consagra como derecho fundamental la libertad de circulación y residencia, compuesta por (i) el derecho a circular libremente por el territorio nacional; (ii) el derecho a permanecer y residenciarse en Colombia y (iii) el derecho a entrar y salir del país (Art.24).
El derecho internacional reconoce como expresión de soberanía del Estado, su facultad para regular con cierto margen de discrecionalidad la entrada y permanencia de nacionales de otros países a su territorio, de acuerdo con políticas de seguridad, empleo, desarrollo etc.; en ese sentido, el ejercicio de la libertad de circulación y residencia de los extranjeros dentro del territorio nacional puede estar condicionada a las normas de inmigración y a que su titular "se halle legalmente en el territorio del Estado[37]."
En este sentido, si bien la disposición constitucional se refiere al derecho a la libertad de circulación, como un derecho de los colombianos, el artículo del Pacto de San José, precitado, amplia dicho derechoa "toda persona que se halle legalmente en un Estado tiene derecho acircular por el mismo residir en él...".(subrayas fuera del texto) y es claro que tanto la Constitución como el Pacto establecen que la ley puede limitar el derecho a la circulación, de manera que no es un derecho absoluto, sino un derecho sujeto a las limitaciones que imponga la ley.
5.4.6.3. A juicio de esta Corporación, las disposiciones de los artículos 27, sobre"Documentos de identidad" y 28 sobre "Documentos de viaje" no contradicen ningún postulado constitucional, en cuanto señalan el mecanismo a través del cual las personas en condiciones de apatridia pueden acceder a dichos documentos y el compromiso de los Estados Contratantes de expedirlos, con el fin de permitirles trasladarse legalmente entre los países, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público, en tanto coadyuvan a lograr la regularización de su condición jurídica y el pleno goce de los derechos humanos, permitiendo que los Estados se reserven la facultad de decidir sobre su otorgamiento.
5.4.6.4. El artículo 29 sobre"gravámenes fiscales", prevé que los Estados contratantes no impondrán ningún derecho, gravamen o impuesto de ningún tipo, distinto o superior a los que cobra a sus nacionales y que lo anterior, no impide la aplicación de las leyes y reglamentos sobre los derechos impuestos a los extranjeros, por la expedición de documentos administrativos y de identidad.
"Dígase en primer término que el Congreso, así como tiene señalada la competencia para establecer impuestos, tasas y contribuciones, goza de ella para delimitar la cobertura personal y material de las normas que los contemplan.
A juicio de la Corte, al hacerlo, el legislador colombiano no vulnera el derecho fundamental, que también tienen los extranjeros en Colombia, a la igualdad, toda vez que, como acontece con la norma acusada, la distinción introducida no equivale a una discriminación sino a la facultad de definir quiénes y en qué condiciones tributan (...) tampoco ha sido violado en este caso el artículo 13 de la Constitución. No se ha discriminado por causa de la nacionalidad, sino que se ha hecho uso de una atribución legislativa propia de la soberanía"[40].
La proposición contenida en el numeral 1. de la disposición bajo examen que señala que los Estados contratantes"no impondrán a los apátridasderecho, gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que exijan o puedan exigirse de los nacionales", es entendida por esta Corporación, no como una restricción a la soberanía del Estado reflejada en la restricción a la libertad de configuración del legislador de imponer tributos y definir sus elementos, sino como una garantía para que los Estados Parte no otorguen a los apátridas un tratamiento distinto al de los nacionales en materia de gravámenes, por su estatus jurídico; lo anterior, sin que sea ello obste para que bajo ciertas circunstancias especiales puedan establecerse condiciones diferenciadas para los nacionales y los no nacionales.
Ahora bien, frente a la proposición contenida en el numeral 2 del artículo bajo examen, que indica que "Lo dispuesto en el precedente párrafo [el 1.] no impedirá aplicar a los apátridas las leyes y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso documentos de identidad", considera la Corte no contradice la Carta Política, en tanto mantiene incólume la autonomía del Estado para aplicar las regulaciones que al efecto considere convenientes, pudiendo incluso aplicar las que existan para los extranjeros, salvaguardando la soberanía nacional y la autonomía en su autodeterminación (CP. Art. 9).
5.4.6.6. Sobre la"Expulsión", el artículo 31 prescribe que los Estados contratantes no expulsarán a ningún apátrida que se encuentre legalmente en su territorio, excepto por motivos de seguridad nacional u orden público, para lo cual le darán un plazo razonable, para gestionar su admisión legal en otro país y se efectuará mediante decisión tomada acorde a procedimientos legales, con el respeto de debido proceso (pruebas en su descargo, interponer recursos y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad competente), a no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional.
Esta Corporación en Sentencia C- 179 de 1994, con ocasión del examen de constitucionalidad del literal j del artículo 38 de la Ley 137 de 1994,"Por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia" dijo:
No les asiste razón a los intervinientes, pues si bien es cierto que los extranjeros tienen los mismos derechos "civiles" que los colombianos, es la misma Constitución en el artículo 100, la que permite que "por razones de orden público", se sometan a condiciones especiales o se les niegue el ejercicio de determinados derechos civiles y, en el caso a estudio, se trata precisamente de un estado excepcional cual es el de conmoción interior, en el que el orden público necesariamente debe estar perturbado."
En consecuencia, la disposición del Convenio bajo examen, armoniza con la Constitución Política, en tanto prescribe que por regla general los Estados contratantes no expulsarán a apátrida alguno que se encuentre legalmente en su territorio, pero les reserva la facultad de hacerlo, por motivos de seguridad nacional u orden público, acorde a los procedimiento legales y con el respeto al debido proceso (CP. Arts. 29 y 121).
5.4.6.7. La norma contenida en el artículo 32 según la cual "los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los apátridas, para lo que se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de los trámites", no contravienen disposición de orden Constitucional alguna, por el contrario va en consonancia con su artículo 96, que establece que la nacionalidad colombiana se puede adquirir por nacimiento y o por adopción, mediante la solicitud y obtención de la carta de naturalización acorde a las disposiciones legales sobre la materia.
5.5. Conclusión sobre laConvención sobre el Estatuto de los Apátridas.
5.5.1. El examen de validez formal de la"Convención sobre el Estatuto de los Apátridas" y su Ley aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válido que el Estado colombiano se vincule al tratado, mediante el depósito del instrumento de adhesión ante la autoridad del Tratado, una vez concluyan los trámites previstos en la Constitución Política y (ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
5.5.2. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones de"La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas", adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional y a la autodeterminación (CP. Art. 9), el deber del Estado de garantiza el respeto por la dignidad humana el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran (CP. Art. 2), el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, de garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales (CP. Art. 2), así como el obedecimiento de los derechos de los extranjeros (CP,. 100) y de las normas sobre la nacionalidad (CP. Art. 96), a la facultad del Presidente de la Republica de dirigir las relaciones internacionales. (CP. Art. 189.2), a la potestad de configuración legislativa en materia de contribuciones fiscales (CP. Art. 338), a la función de aprobar o improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con otros Estados (CP. Art. 150.16) y a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de la vida de todos las personas residentes en Colombia.
5.5.3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declarará exequible el contenido de la"Convención sobre el Estatuto de los Apátridas", adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, así como la Ley 1588 del 19 de noviembre de 2012 que la aprobó.
Varios instrumentos internacionales consideran la nacionalidad como un derecho y una prerrogativa de la persona. Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que "La nacionalidad, conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada como un estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo de su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil. De allí que, no obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado, la evolución cumplida en esta materia nos demuestra que el derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, en la reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos"[42]; la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, estableció que toda persona tiene derecho a una nacionalidad[43]; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 2 de mayo de 1948, prescribió que toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda[44]; en igual sentido la Convención Americana de Derechos Humanos afirma que toda persona tiene derecho a una nacionalidad[45].
Sin embargo, son los Estados quienes autónomamente regulan soberanamente este derecho esencial, conforme a su Constitución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado[46] que corresponde a cada Estado establecer la posibilidad de adquirir la nacionalidad por quien originariamente fuere extranjero, a través de normas de derecho interno. Con todo, estas regulaciones estatales no pueden vulnerar otros principios superiores de derecho internacional o hacer nugatorio el derecho en sí mismo[47]. En ese orden, la Constitución Política de Colombia ha previsto dos tipos de nacionalidad: por nacimiento[48]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-893-09.htm - _ftn22 y por adopción[49], también denominada naturalización[50]. Y ha diferenciado tres grupos de personas, con trato diferente para efectos de otorgarles la nacionalidad colombiana por adopción, siendo ellos los extranjeros,los latinoamericanos y del Caribe y los miembros de pueblos indígenas[51].
5.6.1.2. Encuentra la Sala que el artículo 1 de la convención, que prescribe que todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida, determina la formas en que se concederá la nacionalidad, así como las limitaciones que los Estados pueden establecer para otorgarlas, se ajustan a la Constitución Política, en especial con el artículo 96 que prescribe que la nacionalidad colombiana se adquiere por nacimiento, "a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento;// b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y fuego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República".
5.6.1.4. El artículo 2 de la Convención establece que "Salvo prueba en contrario, se presume que un expósito [recién nacido abandonado] que ha sido hallado en el territorio de un Estado contratante ha nacido en ese territorio, de padres que poseen la nacionalidad de dicho Estado", esta conforme a la Constitución, por cuanto se trata de una presunción de hecho[52] que como lo estipula el convenio, admite prueba en contrario, no establece la obligación del Estado de concederle la nacionalidad, encontrándose por lo tanto sujeta al cumplimiento de las disposiciones nacionales sobre la materia, salvaguardándose así la soberanía nacional y la vigencia del orden jurídico (CP. Art. 96).
5.6.1.5. El artículo 3, establece que para efectos de la responsabilidad de los estados contratantes, el nacimiento a bordo de un buque o aeronave, se entiende como ocurrido en el territorio del Estado cuyo pabellón enarbolen. Sobre el particular, el Código de Comercio, en sus artículos 1437, 1793 y 1794, establece que "Toda nave matriculada en Colombia, es de nacionalidad colombiana y por tanto debe enarbolar el pabellón colombiano"; que "Se entiende por matricula el acto mediante el cual se confiere la nacionalidad colombiana a una aeronave y consiste en la inscripción de la misma en el registro aeronáutico nacional" y que "Toda aeronave matriculada en Colombia llevará como distintivo de la nacionalidad, la bandera colombiana y el grupo de signos que determine la autoridad aeronáutica", disposiciones que son aplicables a las naves y a las aeronaves civiles.
"Son nacionales colombianos
c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos."
"La nacionalidad colombiana se adquiere por nacimiento o por adopción, en las modalidades que contempla el artículo 96 de la Constitución Política, y no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.
El aludido mandato constitucional afirma perentoriamente que ningún colombiano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad, pero sí permite renunciar a ella, pudiendo el renunciante recobrarla en los términos que señale la ley."[54]
"El derecho a poseer una nacionalidad y no ser privado arbitrariamente de ella ha sido reconocido en la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre y la mayoría de los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. Tan elemental derecho por otra parte, ha sido respectado por todos los países del hemisferio, los cuales han contemplado en sus constituciones la pérdida de la nacionalidad únicamente en virtud de causales que importan una verdadera desvinculación voluntaria de la persona - manifestada implícita o explícitamente - con respecto al Estado del que es nacional."[55]
Sin embargo, cabe resaltar que la expresión dehijo natural contenida en el artículo 5 de la Convención, referida a la perdida de la nacionalidad como consecuencia del reconocimiento de filiación, es un enunciado inexistente en la legislación colombiana, el cual deberá ser interpretado como hijo nacido por fuera del matrimonio o hijo extramatrimonial.
5.6.3.1. El artículo 8 de la"Convenciónpara reducir los casos de Apatridia", que establece en su numeral 1 el principio general según el cual "los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla en apátrida", a juicio de esta Corporación, si bien constituye una limitación a la autonomía del Estado colombiano y del ejercicio de su soberanía, constituye una limitación razonable, admisible y propia de la suscripción de tratados internacionales.
5.6.5.1. Para la Corte, la creaciónpor parte de los Estados contratantes, de un organismo al que puedan acudir las personas que se crean con derecho a acogerse a la Convención, contenida en su artículo 11,es respetuosa de los postulados constitucionales relativos a la soberanía nacional, a la libre determinación de los pueblos, y a la internacionalización de las relaciones políticas, económicas y sociales, sobre bases de equidad y conveniencia nacional (CP, arts. 9 y 226), en la medida que se busca, en asociación con otros Estados, establecer estándares internacionales para la adquisición, concesión y perdida de la nacionalidad, tendientes a la protección de las personas, con el fin de que no se conviertan en apátridas, o en caso de serlo, puedan superar dicha condición.
5.6.5.3. Los artículos 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 y 21 que prescriben la resolución de controversias, la aplicación territorial de la convención, la firma, ratificación y adhesión a la misma, las condiciones para que entre en vigor y la posibilidad aunque limitada de introducir reservas y denunciarla por parte de los Estados, así como la clausula relativa a la notificación y al registro de la Convención, armonizan con la Constitución Política, al ser una expresión de la libertad y autonomía que le asiste al Estado colombiano para adherirse a la convención, proponer las reservas que se encuentren permitidas, disponer la denuncia de la misma cuando lo considere conveniente, acorde al artículo 9 Superior que determina que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
5.7.1. El examen de validez formal de la"Convención para reducir los casos de Apatridia" adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961 y su Ley aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válido que el Estado colombiano se vincule al tratado, mediante el depósito del instrumento de adhesión ante la autoridad del Tratado, una vez concluyan los trámites previstos en la Constitución Política y (ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
5.7.2. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones de "Convención para reducir los casos de Apatridia" adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961 y su Ley aprobatoria,la Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional y a la autodeterminación (CP. Art. 9), el deber del Estado garantizar el respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran (CP. Art. 2), el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, de garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales (CP. Art. 2), así como la protección de los derechos de los extranjeros (CP,. 100) y de las normas sobre la nacionalidad (CP. Art. 96), a la facultad del Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales. (CP. Art. 189.2), a la potestad de configuración legislativa en materia de contribuciones fiscales (CP. Art. 338), a la función de aprobar o improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con otros Estados (CP. Art. 150.16) y a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de la vida de todos las personas residentes en Colombia.
5.7.3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declarará exequible el contenido de la"Convención para reducir los casos de Apatridia", adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961, por cuanto se encuentra conforme a la Constitución Política.
Primero.- Declarar EXEQUIBLESla"Convención sobre el Estatuto de las Apátridas", adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la "Convención para reducir los casos de Apatridia" adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961".
Exequible LEY_1588_2012_19/11/2012
SALVAMENTODE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1588 de 2012 -"Por medio de la cual se aprueban la 'Convención sobre el estatuto de los apátridas', adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y la 'Convención para reducir los casos de Apatridia', adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961".
En la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes realizada el 30 de mayo de 2012 se anunció la votación del proyecto (que a la postre se convertiría en la Ley 1588 de 2012) "en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley". La sesión siguiente, realizada el 5 de junio, fue dedicada al control político y en la realizada con posterioridad, el 7 de junio, se llevó a cabo la votación de proyectos, entre ellos del que fue objeto de control en esta sentencia. Visto así, la tesis sostenida por la Sala Plena al desestimar la existencia del vicio de procedimiento parecería razonable, puesto que, en efecto, el proyecto fue votado en la primera sesión, con posterioridad a la fecha del anuncio, en la que se discutieron y aprobaron proyectos de ley.
[5]"1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (…)".
[14] "Cuarto. Anuncio de Proyectos de ley para la discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003, para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben Proyectos de Ley.
Primero. Proyecto de ley número 170 de 2011 Cámara, 109 de 2011 Senado, por medio dela cual se aprueba ¿la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas¿ adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y la ¿Convención para Reducir los Casos de Apátridas ¿adoptados en Nueva York el 30 de agosto de 1961.
Ponencia Primer Debate Cámara: Gaceta del Congreso número 225 de 2012."
[15]Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
ILlamado a lista y verificación del quórum
IIAprobación del Orden del Día
IIIDebate de control político
IVNegocios Sustanciados por Presidencia
VLo que propongan los honorables Representantes.
Yo les propongo a ustedes modificar el orden del día, en el sentido de que primero, aprovechando que tenemos el quórum, tratemos el tema de las proposiciones, ¿les parece
En consideración la proposición de modificar el orden del día, poniendo en primer lugar las proposiciones, se abre la discusión, continúa, anuncio que va a cerrarse queda cerrada, lo aprueba la Comisión
Ha sido aprobado el orden del día con la modificación propuesta por el señor Presidente en el sentido que las proposiciones, siguen inmediatamente a la aprobación del orden del día."
[16] "Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día miércoles 26 de septiembre del 2012 o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de Ley o Actos Legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 en su artículo 8. (...)
Proyecto de ley numero 170 de 2011 Cámara, 109 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de Apatridia, adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.(...)"
[17]Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima Sesión.//Señor Presidente, para la próxima Sesión Plenaria del día de mañana (...) Proyecto de ley número 109 de 2011 Senado, 170 de 2011 Cámara, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York. (...).
[19] "(...) Por Secretaría se informa que se ha constituido quórum deliberatorio.
Proyecto de ley número 109 de 2011 Senado, 170 de 2011 Cámara,por medio de la cual se aprueba la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatridia, adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.
Por Secretaría se da lectura al Informe de Mediación que acordaron las Comisiones designadas por los Presidentes de ambas Corporaciones, para conciliar las discrepancias surgidas en la aprobación del Proyecto de ley número 109 de 2011 Senado, 170 de 2011 Cámara.por medio de la cual se aprueba la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la convención para reducir los casos de apatridia, adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria el Informe de Conciliación leído y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación. Aprobado 31 de octubre de 2012."
[20]"En consideración el informe de conciliación del Proyecto de ley numero 170 de 2011 Cámara, 109 de 2012 Senado, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Aprueba la Cámara el informe de conciliación //L Secretaria General Informa, doctora Luz Marina Daza Ramírez: //Sí es aprobado señor Presidente."
[21] "En sesión Plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 6 de noviembre de 2012, que consta en el Acta No. 167, se hicieron presentes ciento cincuenta (159) Honorables Representantes a la Cámara, fue considerado y aprobado por unanimidad."
[25]Ley 23 de 1982 "Sobre derechos de autor", la Ley 44 de 1993 "por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944, la Decisión 351 de 1993 del Acuerdo de Cartagena, la Ley 565 de 2000 "Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor(WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembrede mil novecientos noventa y seis (1996)", la Ley 1403 de 2010 "Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o "Ley Fanny Mikey", la Ley 1520 de 2012 "Por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del "Acuerdo de Promoción Comercial", suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su "Protocolo Modificatorio, en el Marco de la Política de Comercio Exterior e Integración Económica."
[27]Al respecto, es preciso mencionar que la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos ha garantizado el derecho a la educación de carácter superior. Al respecto pueden revisarse entre otras, las sentencia T-483 de 2004, T-1128 de 2004, T-920 de 2003, T-380 de 2003, T-395 de 1997 y T-172 de 1993.
[28]Sentencia T-295 del 2004.
[29]Sentencia T- 487 de 2007.
[30]Sentencia T-192 del 2007.
[31]Sentencia T-295 del 2004.
[33]Sentencia C-768 de 1995.
[34] "i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición; ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia prescriban disposiciones especiales concernientes a los beneficios o partes de ellos pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan las condiciones de aportación prescritas para la concesión de una pensión normal"
[35] "los Estados Contratantes harán extensivos a los apátridas los beneficios de los acuerdos que hayan concluido o concluyan entre sí, sobre la conservación de los derechos adquiridos y los derechos en vías de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos respectivos"
[37] Artículos 22 de la Convención Americanasobre Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Humanos de la ONU señala al respecto que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos "no reconoce a los extranjeros un derecho a entrar en el territorio de un Estado Parte y a permanecer en él", en tanto que corresponde a cada Estado, en ejercicio de su soberanía, decidir quienes ingresan a su territorio.
[42] Opinión Consultiva OC-4 DE 1984. Corte Interamericana de Derechos Humanos." Propuesta de modificación a la Constitución de Costa Rica "
[50]Sentencia C-915 de 2001. " …los diferentes Estados, donde por supuesto se incluye el nuestro, han reconocido dos modos esenciales de adquirirla: Uno originario o por nacimiento, toma en cuenta los principios de ius sanguini (derecho por la sangre), ius domicili (derecho por el domicilio) y de ius soli (derecho por el suelo); el otro, derivado o por adopción, se adquiere según criterios de cada Estado, que obedecen especialmente a factores como la residencia, el parentesco con nacionales (matrimonio), la aceptación de un trabajo o la prestación de algún servicio, entre otros"
[52] Art. 66 Código Civil: "Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.// Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal.//Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la misma ley rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias.// Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias."
[56] El anuncio previo se realiza de la siguiente manera (Gaceta 653 de 2012, páginas 33 y 34): "Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí señor Presidente. Cuarto. Negocios sustanciados por presidencia, señor Presidentehay un anuncio para realizar. none Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco: Hagámoslo señora Secretaria. none Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí señor. ¿Para cuándo se anuncia señor Presidente none Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco: Se cita para el día jueves a las 0.05 a.m. none Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Se anuncian para el día jueves a las 0. 05 minutos de la mañana. none Proyecto de ley 239 de 2012 Cámara, 212 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones", adoptada por la Conferencia Negociadora en París República Francesa el 21 de noviembre de 1997. Presentado por la Ministra de Relaciones Exteriores doctora María Ángela Holguín Cuéllar y el Ministro de Justicia doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero. none Así se hará señor Presidente para pasado mañana, jueves 7 de junio de 2012, a las 0.05 horas a. m. none Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco: Señora Secretaria continúe, ¿hay algún otro punto en el Orden del Día none Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: No señor ya se agotó el Orden del Día. none Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco: Agotado el Orden del Día se levanta la sesión y se cita para mañana a las 0.05 horas de la mañana. none Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez
Arias: Así se hará señor Presidente. none Se levanta la sesión a las 12:10 m." (subrayas añadidas)