Source: http://temasdederechoucv.es.tl/LO-TSJ.htm
Timestamp: 2017-08-21 19:25:54
Document Index: 304057691

Matched Legal Cases: ['artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 163', 'artículo 203', 'artículo 209', 'artículo 221', 'artículo 203', 'artículo 163', 'artículo 262', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 163', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 203', 'Artículo 163', 'artículo 203', 'artículo 203']

Derecho UCV - LO TSJ
LO TSJ
Mediante escrito presentado el 12 de agosto de 2003, los ciudadanos VESTALIA SAMPEDRO DE ARAUJO, RAFAEL OCTAVIO RIVERO, ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ y PEDRO CASTILLO, venezolanos y titulares de las cédulas de identidad números 3.287.657, 2.724.650, 1.421.877 y 3.892.820, en ese orden, actuando en su condición de Diputados a la Asamblea Nacional, asistidos por el abogado Dionicio Scott Loyo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 66.281, acudieron ante esta Sala Constitucional a solicitar la interpretación del artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio”.
1.- Indican los peticionarios que, según lo dispuesto por la Sala Constitucional en su decisión n° 2573/2002, del 16.10, la citada norma constitucional prevé cuatro modalidades de ley orgánica, y que tal regulación, al no dejar discrecionalidad alguna a la Asamblea Nacional para calificar con dicho rango a cualquier texto legal, supone una superación de la normativa contenida en la derogada Constitución de 1961 al respecto, que permitía al antiguo Congreso de la República investir con el carácter de orgánica a cualquier ley que aprobase cuando así lo decidiera la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara al iniciarse en ellas el respectivo proyecto de ley.
2.- Señalan que en dicho fallo (2573/2002, del 16.10), la Sala Constitucional, visto el carácter legítimo de la organicidad conferida por el Congreso de la República a la entonces vigente Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1999, se percató de que, conforme al nuevo régimen constitucional, el legislador nacional no podía ad libitum otorgar a la cualquier ley carácter orgánico, pero que dicha situación traía como consecuencia la imposibilidad de derogar leyes orgánicas dictadas bajo la vigencia de la Constitución de 1961 por medio de leyes que no podían ser investidas con tal carácter, lo cual hacía necesario “templar” el principio derogatorio y permitir a la Asamblea Nacional que leyes ordinarias derogatorias de leyes orgánicas preconstitucionales.
3.- Advierten que no obstante tal relajación del principio derogatorio, a fin de permitir la continuidad entre un régimen constitucional y otro, la Sala Constitucional declaró que, en todo caso, es necesario que la ley ordinaria dictada bajo la vigencia de la Constitución de 1999 derogatoria de una ley orgánica dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho texto Constitucional, sea aprobada por la mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, por ser ello requisito exigido por la Norma Fundamental para que opere la derogatoria de la ley orgánica preconstitucional, siendo en tales casos necesario la discusión del respectivo proyecto de ley se inicie con el voto favorable de dos tercios de los integrantes de la Asamblea Nacional, a saber, una mayoría superior a la que era requerida por la Constitución de 1961 para iniciar la discusión de la ley orgánica.
4.- Denuncian que en la actualidad se pretende derogar la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, “ley preconstitucional que no se encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 203 de la Constitución”, por lo que partiendo del reconocimiento de la legitimidad del carácter orgánico que tiene atribuido dicho texto legal al haber sido dictado bajo la vigencia de la Constitución de 1961, es aplicable en dicho procedimiento el criterio contenido en la decisión n° 2573/2002, del 16.10, conforme al cual es necesario que la discusión del respectivo proyecto de ley se inicie con el voto favorable de las dos terceras partes (mayoría calificada) de los miembros de la Asamblea Nacional, para que pueda producir válidamente el efecto derogatorio respecto de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
5.- Consideran que la afirmación anterior no resulta desvirtuada por el hecho de que la ley que pretende derogar la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia se denomine Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, “y que no requiere por tanto de una mayoría de los dos tercios para su sanción en virtud del artículo 203 de la Constitución”, ya que de acuerdo a lo establecido en la sentencia n° 2573/2002, del 16.10 de la Sala Constitucional, se requiere el voto de dos tercios de los integrantes de la Asamblea para iniciar la discusión del respectivo proyecto de ley.
6.- Proponen que, de acuerdo al sentido que atribuyen a la norma contenida en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se declare que para derogar la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia es requerido el voto favorable de la mayoría de dos tercios de los Diputados que integran el Órgano Legislativo Nacional al momento de dar inicio a la discusión de la ley con la cual se pretenda lograr dicha derogatoria, con independencia de si dicho texto legal es orgánico por denominación de la propia Constitución.
7.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad, sostienen que la legitimación para solicitar la presente interpretación constitucional derivan del interés jurídico actual, legítimo, fundado en una situación jurídica concreta y específica, que como Diputados a la Asamblea Nacional, tienen en conocer, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 constitucional, cuál es la mayoría parlamentaria requerida para votar válidamente por la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que es el proyecto de ley por medio del cual se pretende derogar la vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, debido a la incertidumbre que existe en la actualidad respecto de dicho aspecto, ante la ausencia de un pronunciamiento previo y expreso de la Sala Constitucional al respecto. Por último aclararon, que la petición formulada no procuraba obtener por anticipado un pronunciamiento acerca de la constitucionalidad del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sino solamente una declaración judicial de cuál es la mayoría exigida por la Norma Constitucional para aprobarla.
En el presente caso, los ciudadanos los ciudadanos Vestalia Sampedro de Araujo, Rafael Octavio Rivero, Alberto Jordán Hernández y Pedro Castillo, actuando en su condición de Diputados a la Asamblea Nacional, solicitaron la interpretación del artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al objeto de que esta Sala Constitucional aclare si conforme a dicha norma se requiere el voto favorable de dos tercios de los Diputados que integran la Asamblea Nacional para dar inicio a la discusión del proyecto de ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que derogaría la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, con independencia de si el carácter orgánico es por denominación constitucional.
1.- En su decisión n° 1971/2001, del 16.10, esta Sala Constitucional señaló que el artículo 203 de la Constitución de 1999 modificó el régimen constitucional para la producción por parte del legislador nacional de normas o leyes con carácter orgánico, al (i) suprimir la libertad que el derogado Texto Constitucional de 1961 confería en su artículo 163 al Órgano Legislativo Nacional para que invistiera, con el voto favorable de una mayoría calificada y, supuestamente, según su apreciación de la importancia del ámbito regulado, a determinados textos legales con el carácter de preceptos orgánicos, junto a los así calificados en forma expresa por la Norma Constitucional, y (ii) adoptar un criterio material para delimitar los supuestos en que la actual Asamblea Nacional puede, mediante una mayoría calificada, atribuir el carácter orgánico a determinadas normas legales, todo ello en atención a la función que dichas disposiciones ocupan en el ordenamiento jurídico, a saber, la de regular una materia específica, vinculada con derechos constitucionales, la organización de las ramas del Poder Público o con la producción de otras normas, en forma preferente a la ley ordinaria que pueda ser dictada respecto de esa misma materia por el Órgano Legislativo Nacional, todo ello a fin de impedir la modificación constante de dicho régimen y no concertada de dichas normas orgánicas, en perjuicio de la estabilidad de las instituciones o del efectivo ejercicio de los derechos protegidos constitucionalmente.
En armonía con lo expuesto, y al objeto de profundizar en el basamento o razón de ser de la norma orgánica, más allá de su comprensión por la dogmática jurídica, en decisión n° 1723/2002, del 31.07, esta Sala Constitucional indicó con claridad que la naturaleza orgánica de la ley también surge, aparte de los criterios de división lógica apuntados anteriormente, del contraste con las leyes ordinarias, pues mientras las primeras (normas orgánicas) están asociadas a determinadas materias o cumplen un determinado fin técnico, respecto de las segundas (normas ordinarias) el legislador dispone de un amplio poder de configuración; en el mismo sentido, para la calificación de las primeras se exige una mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes en el proceso legislativo (artículo 203 constitucional), mientras que las normas o leyes ordinarias pueden ser aprobadas válidamente por mayoría de votos (artículo 209 constitucional), siempre y cuando se cumpla con el quórum exigido por la misma Norma Fundamental (artículo 221).
Para dejar en evidencia la importancia del tópico examinado, a saber, la justificación de las leyes orgánicas en el ordenamiento jurídico venezolano, la Sala acogió lo expresado por la dogmática constitucional española, de acuerdo con la cual “...es claro que el propósito perseguido por el constituyente (al consagrar la figura de la ley orgánica) no fue otro que el dotar a ciertas materias de un mayor apoyo parlamentario –con respecto a las habituales exigencias de mayoría simple– dotándolas también con ello de una mayor estabilidad. Con la exigencia de mayoría absoluta (en el ordenamiento constitucional español) en tales casos se venía a prolongar en alguna medida el espíritu de consenso que había presidido la elaboración de la Constitución, proyectándola sobre una serie de materias” (cfr. Juan Pemán Gavín, “Las Leyes Orgánicas: concepto y posición en el sistema de fuentes del derecho”, en Estudios sobre la Constitución Española, Libro Homenaje a Eduardo García de Enterría, Tomo I, Madrid, Civitas, 1991, p. 139).
En tal sentido, razonó esta Sala que, desde un punto de vista positivo, debe tenerse presente que el instituto de la ley orgánica está reservado a materias de especial trascendencia, tales como: a) las relativas al funcionamiento de los órganos de más alto rango de las diferentes ramas en que se divide el Poder Público [Fuerza Armada Nacional (art. 41), Distritos Metropolitanos (art. 172), Administración Pública Nacional (art. 236.20.), Procuraduría General de la República (art. 247), Tribunal Supremo de Justicia (art. 262), Poder Ciudadano (art. 273), Poder Electoral (art. 292) y Consejo de Defensa de la Nación (art. 323)]; b) a la organización del territorio y la armonización interterritorial: [fronteras (art. 15), división político-territorial (art. 16), ordenación del territorio (art. 128), organización municipal (art. 169), límites a los emolumentos de los funcionarios públicos (art. 147)] c) a la industria y finanzas públicas [actividad petrolera (art. 302), crédito público (art. 312), administración económica y financiera del Estado (art. 313)]; d) desarrollo de los derechos constitucionales [los comprendidos en el Título III de la Constitución, lo relativo a los refugiados (Disposición Transitoria Cuarta)]; y e) protección del orden constitucional [jurisdicción constitucional (art. 336.11), estados de excepción (art. 338)].
Ahora bien, según explicó esta Sala Constitucional en la oportunidad indicada (sentencia n° 1723/2002, del 31.07, ratificada en la n° 2573/2002, del 16.10) tales principios (democrático, de participación y pluralismo político) son fundamentales, ya que, al ser normativos en el sentido de vincular la actuación del propio Órgano Legislativo Nacional, allanan el camino para el encuentro de “coexistencias posibles, es decir un compromiso de las posibilidades y no un proyecto rígidamente ordenador que pueda asumirse como un a priori de la política con fuerza propia, de arriba hacia abajo. Sólo así podremos tener constituciones abiertas, constituciones que permitan, dentro de los límites constitucionales, tanto la espontaneidad de la vida social como la competición para asumir la dirección política, condiciones ambas para la supervivencia de una sociedad pluralista y democrática. Será la política constitucional que derive de las adhesiones y de los abandonos del pluralismo, y no la Constitución (o el uso impropio de las leyes orgánicas, agrega esta Sala) la que podrá determinar los resultados constitucionales históricos concretos” (cfr. Gustavo Zagrebelsky, El Derecho Dúctil, Madrid, Trotta, 1997, p. 97).
En efecto, a partir de la observación de que las normas dictadas con base en el actual artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tienen el efecto de impedir que por leyes ordinarias o especiales se deroguen disposiciones referidas a la organización de ciertos poderes o a las formalidades que deben reunir determinadas leyes, se ha indicado que las normas o leyes orgánicas poseen las siguientes características: a) son preceptos relativos a los órganos creadores del derecho y al procedimiento que han de seguir éstos para emitir declaraciones de voluntad imputables al Estado (cfr. H. Nawiasky, Teoría General del Estado, Madrid, Rialp, 1962, trad. de José Zafra Valverde, p. 162), debido a ello, las normas orgánicas se distinguen de las normas materiales o primarias, en lenguaje hartiano, pues mientras éstas dicen cómo se han de comportar los sujetos de derechos para evitar la sanción, aquellas expresan quién determina y cómo se determina el modo en que los sujetos de derecho han de obrar para evitar las sanciones; b) son facultativas o permisivas en tanto disposiciones relativas a los presupuestos para el nacimiento de las normas jurídicas materiales, en tal sentido, algunos autores llaman a las normas orgánicas normas de competencia (C. E. Alchourrón y E. Bulygin, Introducción a la Metodología de las Ciencias Jurídicas, Buenos Aires, Astrea, 1974, pp. 119 y 120), por oposición a las normas de conducta, y otros las denominan derecho constitucional lato sensu, al asimilarlas a las normas que conforman la parte orgánica de la Constitución dedicada a la organización del Estado (cfr. H. Nawiasky, op. cit., pp. 166); c) son formales, al igual que las procedimentales y las procesales, en relación con las normas materiales o de conducta, ya que regulan el ejercicio de un poder, es decir, la potestad de producir un efecto jurídico, pero, a diferencia de estas últimas, aquellas establecen las condiciones bajo las cuales pueden surgir nuevas normas materiales; d) son premisa lógica de las normas de conducta o materiales, en el sentido de que los órganos han de existir previamente para que el derecho pueda ser estatuido, de allí que se afirme que las normas orgánicas son normas jurídicas parciales, carentes de autonomía, limitadas únicamente a fijar los presupuestos para el nacimiento de normas materiales o de conducta generales o individualizadas, sin que ello permita confundirlas con las llamadas normas programáticas (cfr. H. Nawiasky, op. cit., pp. 165).
Como expresamente señaló esta Sala en su citada decisión n° 2573/2002, del 16.10, la Constitución de la República Bolivariana eliminó la “categoría” de leyes orgánicas por envestidura parlamentaria prevista en el artículo 163 de la Constitución de 1961 (que de cualquier modo no debió ser interpretada como la posibilidad para el antiguo Congreso de la República de investir de organicidad a las leyes que le parecieran importantes, sino sólo a las leyes referidas a la organización de ciertos poderes o a las formalidades que debían reunir determinadas leyes) y limitó a cuatro categorías inequívocas determinables los tipos de leyes orgánicas (las que así denomine la Constitución, las que se dicten para organizar los poderes públicos, para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirven de marco normativo a otras leyes) con lo cual no hizo sino ratificar las ideas expresadas por la filosofía del derecho al explicar que la prohibición para el legislador nacional de derogar total o parcialmente mediante leyes especiales u ordinarias, aprobadas por una mayoría absoluta, las normas contenidas en leyes orgánicas, aprobadas por una mayoría calificada, obedecía al reconocimiento por la propia Norma Constitucional de la naturaleza de normas constitucionales lato sensu de tales preceptos orgánicos, no por tener rango superior a la ley ordinaria en el sistema de fuentes, sino por su preeminencia lógica e indispensable para la construcción del resto del ordenamiento jurídico.
2. En el caso del texto legal rector del funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia que integra esta Sala, es la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la que en su artículo 262 lo inviste del carácter orgánico, por tal motivo, y sin que ello suponga en modo alguno contradecir el análisis político-constitucional contenido en el presente fallo y la teoría general expuesta sobre la naturaleza y posición de la norma orgánica, el artículo 203 constitucional establece en su primer aparte que en el caso del mencionado texto legal, así como en todos los demás casos de leyes orgánicas por denominación constitucional, no es necesario para su admisión (inicio de su discusión) el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los integrantes presentes al momento de iniciarse la discusión del proyecto de ley del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto tal condición de validez (presupuesto) para el procedimiento legislativo, de acuerdo a lo indicado en las sentencias de esta Sala Constitucional aludidas en la presente decisión, sólo existe para el caso de aquellas leyes que no estén expresamente investidas del carácter orgánico por la propia Norma Fundamental, las cuales, a su vez, están sujetos al control previo de la constitucionalidad de dicho carácter que ejerce esta Sala Constitucional, con base en el segundo aparte del mismo artículo 203 eiusdem.
Tal previsión del constituyente (de excluir el requisito agravado de admisión por el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional del procedimiento de discusión y sanción de las leyes orgánicas por calificación constitucional), en criterio de esta Sala, se justifica por el hecho de que en los casos de leyes orgánicas investidas con tal carácter por la propia Norma Constitucional no es necesario lograr el acuerdo o consenso político de los miembros del Órgano Legislativo Nacional en la etapa de admisión del respectivo proyecto de ley (que, lógicamente, es previa a la sanción del respectivo proyecto), dado que el mismo se entiende adoptado por el órgano depositario del poder constituyente que reside en el pueblo, al momento de sancionar el propio Texto Constitucional. Cosa distinta ocurre con las demás normas o leyes orgánicas cuyo carácter derive de la investidura que la Asamblea Nacional (al considerarla subsumible en algunos de los supuestos del artículo 203 constitucional) le confiera al momento de decidir su admisión, ya que en tales casos sí es menester el acuerdo o consenso político, expresado por el voto favorable de la dos terceras partes de los integrantes de la Cámara, al momento de admitir el proyecto de ley en particular, siendo en tal exigencia –la mayoría calificada exigida para la admisión de las leyes orgánicas no calificadas como tales por la Constitución- donde radica el cambio entre el procedimiento agravado establecido en el artículo 163 de la Constitución de 1961 y el establecido en el artículo 203 de la Constitución de 1999.
3.- En cuanto a la mayoría parlamentaria requerida para que la Asamblea Nacional sancione una ley orgánica que derogará otra ley orgánica, debe observarse que el tantas mencionado artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no establece en su primer aparte en forma expresa que para sancionar una ley orgánica que pretenda o no modificar total o parcialmente (que implicaría derogación) una ley orgánica vigente, se requerirá el voto favorable de una mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, ya que sólo establece, como se indicó supra, una mayoría calificada para la admisión del proyecto de ley orgánica, excepto cuando tal rango sea consecuencia de una calificación de la propia Constitución. No obstante lo anterior, pudiera existir duda en cuanto al sentido que debe atribuirse al acápite incluido en el mismo primer aparte de la norma examinada (artículo 203), de acuerdo con el cual “Esta votación calificada (de dos terceras partes) se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas”, ya sea que se interprete el término “modificación” en sentido amplio, como cualquier reforma parcial o total (derogación) de una norma orgánica vigente, o en sentido restringido, únicamente como reforma parcial de una ley orgánica vigente.
Ahora bien, considera esta Sala, sobre la base de un argumento a rubrica (aquél que permite atribuir significado a una norma en función del título o rúbrica que encabeza al grupo de artículos en el que aquél se encuentra, cfr. Jesús Lima Torrado, en Teoría y Práctica en la Aplicación e Interpretación del Derecho, Madrid, Colex, 1999, p. 121) de la norma objeto de la presente solicitud, y con fundamento en el análisis político-constitucional contenido en la presente decisión respecto de la razón de ser las leyes orgánicas y en la explicación iusfilosófica sobre el carácter constitucional lato sensu de las mismas vistas las relaciones que mantiene con otras categorías de normas que integran el ordenamiento jurídico, que cuando el acápite contenido en el primer aparte del artículo 203 de la Constitución de 1999 establece en forma expresa que la mayoría calificada de las dos terceras (2/3) partes “se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas”, quiere decir, en observancia del principio del paralelismo de las formas, que dicha mayoría calificada de las dos terceras (2/3) partes debe también ser cumplida por la Asamblea Nacional al momento de admitir un proyecto de ley orgánica, no calificado con tal rango por la Constitución, que pretenda modificar total o parcialmente una ley orgánica vigente. En otras palabras, que todo proyecto de reforma total o parcial de una ley orgánica investida con tal rango por el Órgano Legislativo Nacional en virtud de la pretensión que se tiene de regular con ella algún derecho constitucional, de organizar algún poder público o de que sirva de marco normativo a otras leyes, debe ser admitido por la Asamblea Nacional con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley.
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara RESUELTA en los términos expuestos en el presente fallo, la solicitud de interpretación constitucional presentada por los ciudadanos Vestalia Sampedro de Araujo, Rafael Octavio Rivero, Alberto Jordán Hernández y Pedro Castillo, actuando en su condición de Diputados a la Asamblea Nacional, respecto del sentido y alcance del artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
...gistrado Pedro Rafael Rondón Haaz discrepa de la mayoría sentenciadora respecto del fallo que antecede por las siguientes razones:
“..., la calificación de una ley como orgánica tiene, en nuestro ordenamiento jurídico, una significación importante, que viene determinada por su influencia dentro del sistema de jerarquía de las leyes en relación con un área específica, por ello, la inclusión de la expresión orgánica en su denominación revela mucho más que un nombre, pues con éste se alude al carácter o naturaleza relevante de una determinada norma dentro de aquel sistema.” (Subrayado añadido).
“... los requisitos establecidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para darle carácter orgánico a un proyecto de ley deben necesariamente estar presentes de forma cabal, concurrente, pues, si fuere de otro modo, se dejaría sin contenido las normas que los establecen y no se daría cumplimiento a los objetivos del constituyente al erigir tales dificultades y al relacionar dichos instrumentos normativos con materias o fines determinados de especial impacto, (...), las cuales requieren de mayores niveles de discusión, participación, deliberación y consensos, así como mayor estabilidad y permanencia en el tiempo, que las dirigidas a normar ámbitos donde, al no estar comprometidas relaciones o situaciones jurídicas tan delicadas, es necesario mayor flexibilidad y rapidez para su progresiva y oportuna modificación o reforma.” (Subrayado añadido).
“..., desde un punto de vista positivo, debe tenerse presente que el instituto de la ley orgánica está reservado a materias de especial trascendencia, tales como: a) las relativas al funcionamiento de los órganos de más alto rango de las diferentes ramas en que se divide el Poder Público (...), Tribunal Supremo de Justicia (art. 262), (...).
Y desde un punto de vista negativo, que la previsión constitucional de normas o leyes orgánicas responde al orden democrático estatuido por el pueblo en la Carta Fundamental, que constituye el cimiento del sistema político venezolano, vinculado inexorablemente a los principios democrático, de la participación y del pluralismo político (artículos 2, 6 y 62 constitucionales), los cuales exigen que en el seno de los órganos legislativos sea el juego de las mayorías (simples, absolutas o calificadas según sea la materia objeto de la regulación) el que fije discrecionalmente los criterios político-normativos en función de la convivencia social, política y económica, ...”. (Subrayado añadido).
“Tal previsión del constituyente (de excluir del requisito agravado de admisión por el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional del procedimiento de discusión y sanción de las leyes orgánicas por calificación constitucional), en criterio de esta Sala, se justifica por el hecho de que en los casos de leyes orgánicas investidas con tal carácter por la propia Norma Constitucional no es necesario lograr el acuerdo o consenso político de los miembros del Órgano Legislativo Nacional en la etapa de admisión del respectivo proyecto de ley (que, lógicamente, es previa a la sanción del respectivo proyecto), dado que el mismo se entiende adoptado por el órgano depositario del poder constituyente que reside en el pueblo, al momento de sancionar el propio Texto Constitucional.” (Subrayado añadido).
“..., cuando el acápite contenido en el primer aparte del artículo 203 de la Constitución de 1999 establece en forma expresa que la mayoría calificada de las dos terceras (2/3) partes ‘se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas’, quiere decir, en observancia del principio del paralelismo de las formas, que dicha mayoría calificada de las dos terceras (2/3) partes debe también ser cumplida por la Asamblea Nacional al momento de admitir un proyecto de ley orgánica, no calificado con tal rango por la constitución, que pretenda modificar total o parcialmente una ley orgánica vigente. En otras palabras, que todo proyecto de reforma total o parcial de una ley orgánica investida con tal rango por el Órgano Legislativo Nacional en virtud de la pretensión que se tiene de (...) organizar algún poder público (...), debe ser admitido por la Asamblea Nacional con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley.” (Destacado añadido).
“..., ya que si para admitir un proyecto de ley orgánica que no reformará o derogará una ley orgánica vigente es necesaria, según la Constitución vigente, dicha mayoría calificada de dos terceras (2/3) partes, con mayor razón lo será para admitir un proyecto de ley orgánica que modificará de forma parcial o total una ley orgánica vigente, por ser ésta, además, la única forma de cumplir con el ya mencionado principio del paralelismo de las formas.” (Destacado añadido).
“..., según el acápite del primer aparte del artículo 203, sólo con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los integrantes es posible admitir un proyecto de ley orgánica, no calificado así por la Constitución, que pretenda reformar total o parcialmente una ley orgánica,...”.
“... que, conforme al artículo 203 de la Constitución vigente, no es necesario el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para dar inicio a la discusión de proyectos de leyes orgánicas investidas de tal carácter por calificación constitucional que pretendan modificar leyes orgánicas vigentes, ...” (Subrayado añadido).
“Partiendo de que esa ley orgánica [la del la Corte Suprema de Justicia] es plenamente legítima, pues se adaptó a las exigencias constitucionales vigentes para el momento de su sanción, debe aplicarse el criterio apuntado de que para su derogatoria es necesaria una mayoría calificada de dos tercios de los diputados al momento de iniciarse su discusión.
En conclusión, para poder derogar la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia se requiere de la mayoría de dos tercios de los diputados para el momento de iniciarse la discusión de la ley que efectivamente pretenda derogarla, con independencia de si esa ley es orgánica por mandato de la Constitución...”. (Subrayado añadido).
“... bajo la vigencia de la Constitución de 1961, la concepción de las leyes como orgánicas obedecía a parámetros distintos a los adoptados por la Constitución de 1999. En este sentido, podían considerase tales, además de las que así denominara esa Constitución, las que hubiesen sido investidas con tal carácter por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara al iniciarse en ellas el respectivo proyecto de ley (Artículo 163). (...).
Quien suscribe, Magistrado ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA, salva su voto por disentir del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora, al estimar que no puede concluirse en que “advertido el silencio en la norma contenida en el referido artículo 203, respecto de la mayoría parlamentaria requerida para la sanción de cualquier ley orgánica (...) declara que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 209 de la Norma Fundamental y 120 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (normativa de rango inferior a la Constitución, por cierto en la que se apoya el fallo para hacer una interpretación constitucional) será necesaria la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional presentes en la respectiva sesión para la sanción (...) cualquiera sea su categoría (?)” (el destacado y el contenido de los paréntesis son del magistrado disidente, ello porque llama la atención el empleo del concepto, pues pareciera que sólo por razones didácticas es recomendable hablar de categoría cuando se hace referencia a las leyes orgánicas, porque ellas en sí constituyen una única categoría dentro de las leyes, siendo que a los fines de su aplicación o dentro del sistema de fuentes no puede hablarse de categorías de las leyes orgánicas).
Igualmente, se comparte, y por ello se estima que no les asiste la razón a los solicitantes, lo expuesto en la ponencia bajo el número 2, en el sentido de que, en el caso de la Ley Orgánica que regirá el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia y en los demás casos de leyes orgánicas por denominación constitucional, “no es necesario para su admisión (inicio de su discusión) el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los integrantes presentes al momento de iniciarse la discusión del proyecto de ley del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto tal condición de validez para el procedimiento legislativo..., sólo existe para el caso de aquellas leyes que no estén expresamente investidas del carácter orgánico por la propia Norma Fundamental ...”; proposición normativa que, naturalmente, se desprende de manera clara y evidente del contenido del artículo 203 de la Constitución, cuando expresa
Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. ...”
“Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas”.
Con humildad puede aceptarse como válido lo expuesto por los miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales que, mediante comunicado publicado en el diario “El Universal”, el 18 de agosto de 2003, suscrito por Gustavo Planchart Manrique, Alfredo Morles Hernández, Gonzalo Pérez Luciani, Boris Bunimov Parra, Carlos Leáñez Sievert, Tatiana de Maekelt, José Luis Aguilar Gorrondona, Alberto Arteaga Sánchez, Allan R. Brewer Carías, Josefina Calcaño de Temeltas, Tomás E. Carrillo Batalla, Luis Cova Arria, Ramón Escobar Salón, Enrique Lagrange, Francisco López Herrera, José Melich Orsini, Luis Ingnacio Mendoza, Isidro Morales Paúl, José Muci-Abraham, Pedro Nikken, José S. Núñez Aristimuño, José Andrés Octavio, James Otis Rodner, Emilio Pittier Sucre, Jesús Ramón Quintero, Arístides Rengel Romberg, Gabriel Ruan Santos, manifestaron su opinión en relación con el proyecto de “Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”, advirtiendo acerca de los vicios de inconstitucionalidad que afectaban a dicho proyecto y el propósito que lo inspiraba. En este sentido, expresaron lo siguiente: