Source: http://cidh.org/annualrep/2002sp/Chile11715.htm
Timestamp: 2019-02-22 12:34:30
Document Index: 31354393

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 49', 'artículo 19']

Chile 11.715 - sol. amistosa
PETICIÓN 11.715
1. El 30 de diciembre de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una comunicación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (“CEJIL”) en la cual se imputa responsabilidad internacional a la República de Chile (“el Estado” o “el Estado chileno”) por las violaciones en perjuicio de Juan Manuel Contreras San Martín, Víctor Eduardo Osses Conejeros y José Alfredo Soto Ruz, quienes estuvieron privados de su libertad por más de cinco años debido a un error judicial y luego se les negó la indemnización que reclamaron. Las tres personas fueron detenidas por el homicidio de una mujer y alegan que la policía los sometió a maltratos físicos y presiones psicológicas hasta obtener su confesión. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la Convención Americana”): integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8); y derecho a la indemnización por error judicial (artículo 10).
2. Las partes firmaron el documento denominado "Propuesta de la CIDH sobre solución amistosa" el 6 de octubre de 1998. Con base en dicho documento el Estado propuso y dio cumplimiento a una serie de medidas concretas, con la anuencia de las víctimas. En el presente informe, aprobado de acuerdo al artículo 49 de la Convención Americana, la CIDH resume los hechos denunciados, refleja el acuerdo logrado por las partes y decide la publicación del informe.
4. El 22 de junio de 1998, la CIDH se puso a disposición de las partes con el objeto de lograr una solución amistosa del caso. El 6 de octubre de 1998 se realizó una reunión con las partes en la sede de la Comisión Interamericana, ocasión en la cual se suscribió el documento "Propuesta de la CIDH de solución amistosa". En dicho acto, la Comisión Interamericana fijó un plazo de 30 días para que las partes formalizaran un acuerdo para solucionar el asunto.
5. El Estado chileno solicitó prórroga para presentar su propuesta el 6 de noviembre de 1998, que la CIDH concedió el 18 de noviembre del mismo año por 30 días. El 3 de marzo de 1999 se celebró una audiencia sobre el asunto en la sede de la Comisión Interamericana. A solicitud del Estado, se concedió una nueva prórroga el 20 de mayo de 1999 por 45 días. Los peticionarios enviaron una comunicación el 6 de octubre de 1999 para urgir el trámite del asunto. Finalmente, el 27 de octubre de 2000 el Estado hizo llegar a la Comisión una "propuesta definitiva de solución amistosa".
11. El 28 de marzo de 1994, el tribunal dictó la sentencia en la que José Alfredo Soto Ruz y Juan Manuel Contreras San Martín fueron condenados a diez años de prisión por homicidio calificado, y Víctor Eduardo Osses Conejeros a cinco años de prisión por el mismo delito. La defensa apeló el 30 de marzo de 1994 a la Corte de Apelaciones de Talca, que declaró su absolución y ordenó la liberación inmediata de los tres condenados en sentencia de 19 de enero de 1995.[1]
12. El 18 de junio de 1995 la defensa presentó ante la Corte Suprema de Chile una solicitud para que declarara que la sentencia que los condenó en primera instancia fue injustificadamente errónea y arbitraria, con el fin de obtener una indemnización por error judicial, conforme al artículo 19 de la Constitución de dicho país.[2] A pesar del informe favorable del Fiscal, el 27 de junio de 1996 la Corte Suprema denegó la solicitud con el argumento de que el error no fue injustificado y que tales indemnizaciones solamente proceden cuando se acredita la inocencia de los condenados, no cuando no se condena por falta de elementos de prueba.
14. En su "propuesta definitiva", el Estado ofreció las siguientes medidas de reparación:
17. El Estado reiteró su intención de desagraviar a las víctimas mediante un acto "debidamente difundido por los medios de comunicación" que se llevaría a cabo una vez que la Comisión Interamericana aprobara las medidas propuestas de solución amistosa. Con relación a las reformas legislativas, el Estado señaló que el futuro proyecto de Ley sobre Acciones Constitucionales a ser elaborado por el Ministerio de Justicia propondría una modificación a la norma constitucional sobre indemnización por error judicial. Consideró el Estado que la realización de tales estudios constituye cumplimiento con los términos de la "Propuesta de la CIDH de solución amistosa" firmada por las partes.
18. Los peticionarios expresaron en su comunicación de 11 de enero de 2001 que las presuntas víctimas estaban conformes con las pensiones otorgadas.[3] En cuanto a las medidas reparatorias de carácter simbólico, señalaron la necesidad de que el gobierno manifieste su intención de pagar una inserción en los medios de comunicación radial, escritos y televisivos de mayor audiencia nacional y regional. Sobre las reformas legislativas, se mostraron disconformes con la falta de pronunciamiento del Estado respecto de la necesidad de realizar un estudio de la normativa nacional para hacer efectivo el derecho a la indemnización por error judicial.
19. Posteriormente, el Estado chileno informó acerca del avance en el cumplimiento del segundo de los puntos de su propuesta arriba referida, e indicó que el “desagravio moral y público de los afectados” se llevaría a cabo próximamente.[4] Con base en ello, solicitó que la CIDH adoptara el informe de solución amistosa sobre el asunto.
20. En cuanto a las observaciones de los peticionarios mencionadas más arriba, el Estado chileno destaca que la pensión de gracia vitalicia fue otorgada el 31 de enero de 2000, por lo cual las presuntas víctimas ya se estaban beneficiando más de un año de dicha reparación económica. Agrega que “la pensión por gracia vitalicia tiene la característica de ser una medida extraordinaria, por ley, y cuyos efectos se prolongarán por todo el tiempo que los beneficiarios estén vivos” y que les permite “cubrir satisfactoriamente sus gastos de manutención y los de su núcleo familiar”.[5] Destaca además la importancia otorgada al acto de desagravio que realizará el gobierno regional. Finalmente, el Estado considera que los estudios desarrollados en el Ministerio de Justicia para reformar las normas vigentes en materia de error judicial se ajustan al espíritu de la propuesta firmada ante la Comisión Interamericana el 6 de octubre de 1998.
21. En respuesta a una comunicación de la Comisión Interamericana, el Estado chileno destacó la aceptación de la propuesta de solución amistosa por los peticionarios e hizo otras consideraciones adicionales sobre el acto público de desagravio de los señores Contreras San Martín, Osses Conejeros y Soto Ruz. Con respecto a la reforma legislativa bajo análisis en el Ministerio de Justicia, el Estado manifestó que le parecía pertinente establecer un plazo razonable para que “informe sobre el estado de avance de los estudios mencionados, cuyo inicio y desarrollo encuentran su fundamento en la voluntad de dar cumplimiento a la propuesta de solución amistosa formulada y aceptada”.[6]
Queremos que a partir de hoy, ustedes comiencen una nueva vida, que miren hacia adelante con optimismo y superen los problemas del pasado para enfrentar los conflictos que se generarán en el futuro[7]
23. José Alfredo Soto Ruz dijo en la ocasión que los tres estaban presentes “con la frente en alto, con dignidad, gozando de la libertad que nunca debimos perder…nadie nos puede devolver hoy día los abrazos y las sonrisas que perdimos”. El señor Soto Ruz agradeció a su familia y amigos, y también al Gobierno por haber reconocido el error de la justicia y por restituir públicamente su honra, en un acto “verdaderamente histórico”.
[1] Al respecto, los peticionarios manifiestan:
[2] El numeral 7(i) de dicha disposición constitucional establece:
[3] Los peticionarios aceptaron la voluntad de las presuntas víctimas, quienes habían manifestado su satisfacción con el monto que les fue adjudicado. Sin embargo, los peticionarios estiman que los montos ofrecidos, equivalentes a tres sueldos mínimos, “resultan del todo insuficientes comparado con las violaciones sufridas por los señores Contreras, Soto y Osses”.
[4] El Estado chileno informó:
A fines del mes de septiembre pasado, la Intendencia Regional de Maule contactó a la oficina regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, para el objetivo indicado, obteniéndose que el “Programa Anual de Becas 2000 de la Corporación de Capacitación y Empleo” de la Sociedad de Fomento Fabril, financiara el costo de los cursos de capacitación a que optaran los señores Juan Manuel Contreras San Martín, Víctor Eduardo Osses Conejeros y José Alfredo Soto Ruz.
Las tres personas afectadas eligieron el curso de electricidad realizado por el Instituto de Estudios Contables y Tributarios Ltda., institución acreditada ante el SENCE, que se dictó entre los días 23 de octubre y 7 de noviembre recién pasado, teniendo un cien por ciento de asistencia y demostrando “gran espíritu de superación y respeto con el personal docente y administrativo” según lo certificó el Director Ejecutivo del citado Instituto y que consta del documento que se adjunta. Actualmente se desempeñan en un trabajo estable.
[5] Comunicación del Estado de 9 de abril de 2001, pág. 2.
[6] Comunicación del Estado chileno de 27 de septiembre de 2001, pág. 3.
[7] Gobierno pidió perdón a jóvenes de La Calchona, comunicado de la Intendencia de la Región del Maule de 22 de noviembre de 2001.