Source: https://boja.vlex.es/vid/ley-7-2017-27-700116257
Timestamp: 2019-03-24 13:37:45
Document Index: 30549500

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'artículo 83', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 48', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 48', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 49', 'artículo 6', 'artículo 138', 'artículo 78', 'Artículo 40', 'Artículo 44', 'Artículo 47', 'artículo 35', 'artículo 6']

Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. - BOJA. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Legislación - VLEX 700116257
Fecha de Entrada en Vigor: 5 de Enero de 2019
TÍTULO II. Derechos y obligaciones. - arts. 6 a 9
CAPÍTULO I. Disposiciones comunes. - arts. 10 a 17
CAPÍTULO II. Procesos de deliberación participativa. - arts. 18 a 22
CAPÍTULO III. Participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos. - arts. 23 y 24
CAPÍTULO IV. Procesos de participación ciudadana mediante consultas populares. - arts. 25 y 26
CAPÍTULO V. Procesos de participación ciudadana en la proposición de políticas públicas y elaboración de normas. - arts. 27 a 30
CAPÍTULO VI. Procesos de participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y en la prestación de los servicios públicos de la Junta de Andalucía. - arts. 31 y 32
Sección 1ª. Disposiciones generales. - arts. 33 a 43
Sección 2ª. Consultas participativas autonómicas. - arts. 44 a 47
Sección 3ª. Consultas participativas locales. - arts. 48 a 50
TÍTULO IV. Medidas de fomento de la participación ciudadana. - arts. 51 a 60
CAPÍTULO I. Organización en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales. - arts. 61 a 63
CAPÍTULO II. Organización en las Administraciones locales andaluzas. - art. 64
TÍTULO VI. Sistema público de participación digital. - arts. 65 y 66
TÍTULO IV. - arts. 51 a 60
TÍTULO VI. - arts. 65 y 66
Artículo 5 Órganos y mecanismos de participación existentes de las entidades locales.
TÍTULO II Derechos y obligaciones. Artículos 6 a 9
Artículo 6 El derecho a la participación ciudadana.
Artículo 7 Participación de los andaluces y andaluzas en el exterior.
Artículo 8 Otros derechos en los procesos de participación ciudadana.
Artículo 9 Obligaciones de las Administraciones públicas andaluzas respecto a la participación ciudadana.
TÍTULO III Procesos de participación ciudadana. Artículos 10 a 50
CAPÍTULO I Disposiciones comunes. Artículos 10 a 17
Artículo 11 Consideraciones generales básicas.
Artículo 12 Procesos de participación ciudadana.
Artículo 13 Objeto de los procesos de participación ciudadana.
Artículo 14 Inicio de los procesos de participación ciudadana.
Artículo 15 Períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de procesos de participación ciudadana.
Artículo 16 Eficacia de los procesos de participación ciudadana.
Artículo 17 Procesos de participación ciudadana en el ámbito local.
CAPÍTULO II Procesos de deliberación participativa. Artículos 18 a 22
Artículo 18 Definición y ámbito.
Artículo 19 Inicio de los procesos de deliberación participativa.
Artículo 20 Tramitación de la iniciativa ciudadana para realizar procesos de deliberación participativa.
Artículo 21 Acuerdo Básico Participativo.
Artículo 22 Desarrollo del proceso de deliberación participativa.
CAPÍTULO III Participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos. Artículos 23 y 24
Artículo 23 Procesos de participación ciudadana en la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Artículo 24 Procesos de presupuestos participativos de las entidades locales.
CAPÍTULO IV Procesos de participación ciudadana mediante consultas populares. Artículos 25 y 26
Artículo 25 Consultas populares.
Artículo 26 Instrumentos de consulta popular.
CAPÍTULO V Procesos de participación ciudadana en la proposición de políticas públicas y elaboración de normas. Artículos 27 a 30
Artículo 27 Iniciativa ciudadana para proponer políticas públicas.
Artículo 28 Participación en los procesos de elaboración de leyes y reglamentos en la Administración de la Junta de Andalucía a través de sugerencias.
Artículo 29 Propuestas de iniciativas reglamentarias.
Artículo 30 Participación en los procesos de elaboración de ordenanzas locales.
CAPÍTULO VI Procesos de participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y en la prestación de los servicios públicos de la Junta de Andalucía. Artículos 31 y 32
Artículo 31 Participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Artículo 32 Participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos.
CAPÍTULO VII Régimen de las consultas participativas autonómicas y locales. Artículos 33 a 50
Sección 1ª Disposiciones generales. Artículos 33 a 43
Artículo 35 Participación en las consultas participativas.
Artículo 36 Sistema de votación.
Artículo 37 Asuntos objeto de consulta participativa.
Artículo 38 Asuntos excluidos de la consulta participativa.
Artículo 39 Vinculación de la consulta participativa.
Artículo 41 Períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de la consulta participativa.
Artículo 42 Registro de consultas participativas.
Artículo 43 Iniciativa para la convocatoria de consultas participativas.
Sección 2ª Consultas participativas autonómicas. Artículos 44 a 47
Artículo 44 Iniciativa institucional para la convocatoria de consultas participativas autonómicas.
Artículo 45 Iniciativa ciudadana para las consultas participativas autonómicas.
Artículo 46 Convocatoria de la consulta participativa autonómica.
Sección 3ª Consultas participativas locales. Artículos 48 a 50
Artículo 48 Iniciativa para las consultas participativas locales.
Artículo 49 Competencia para convocar la consulta participativa local.
Artículo 50 Limitaciones a la realización de consultas participativas locales.
TÍTULO IV Medidas de fomento de la participación ciudadana. Artículos 51 a 60
Artículo 51 De las medidas de fomento para la participación ciudadana.
Artículo 52 Programas de formación para la ciudadanía.
Artículo 53 Programas de formación para el personal al servicio de las Administraciones públicas.
Artículo 54 Medidas de participación de la infancia.
Artículo 55 Medidas de fomento en los centros educativos.
Artículo 56 Medidas de sensibilización y difusión.
Artículo 57 Medidas de apoyo para la participación.
Artículo 58 Medidas para la accesibilidad.
Artículo 59 Convenios de colaboración con entidades de participación ciudadana.
Artículo 60 Convenios de colaboración con entes locales.
TÍTULO V Organización administrativa de la participación ciudadana. Artículos 61 a 64
CAPÍTULO I Organización en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales. Artículos 61 a 63
Artículo 61 Coordinación administrativa general.
Artículo 62 Coordinación operativa.
Artículo 63 Unidades de participación ciudadana.
CAPÍTULO II Organización en las Administraciones locales andaluzas. Artículo 64
Artículo 64 Participación ciudadana en las Administraciones locales andaluzas.
TÍTULO VI Sistema público de participación digital. Artículos 65 y 66
Artículo 65 Sistema público de participación digital.
Artículo 66 Colaboración administrativa para la puesta en marcha del sistema público de participación digital.
Disposición adicional única Financiación de la promoción de la participación en Andalucía.
Disposición final segunda Reglamentos locales de participación ciudadana.
El derecho a promover y presentar iniciativas legislativas ante el Parlamento de Andalucía y a participar en la elaboración de las leyes, directamente o por medio de entidades asociativas, en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento.
El derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Junta de Andalucía o por los ayuntamientos, en los términos que establezcan las leyes.
El derecho a participar activamente en la vida pública andaluza, para lo cual se establecerán los mecanismos necesarios de información, comunicación y recepción de propuestas.
Promover e impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, instaurando la cultura participativa en el funcionamiento de las Administraciones públicas andaluzas.
Favorecer la mayor eficacia de la acción política y administrativa a través de la construcción colectiva, de forma que la elaboración de las políticas públicas y la valoración de los resultados alcanzados se beneficien de la riqueza que representan los conocimientos y experiencias de la ciudadanía.
Mejorar y fortalecer la comunicación entre la acción de gobierno y la ciudadanía.
Facilitar a las personas y a las entidades de participación ciudadana el ejercicio de la iniciativa para la propuesta de políticas públicas o de procesos de deliberación participativa.
Establecer mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas a través de la evaluación de las políticas públicas, en la prestación de los servicios públicos, así como en el conocimiento de la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos públicos.
Fomentar especialmente la participación social de las mujeres, de las personas menores de edad, de las personas mayores y de los colectivos en situación de vulnerabilidad.
Difundir la cultura y los hábitos participativos poniendo en marcha estrategias de sensibilización y formación desde la infancia.
Fortalecer la vertebración de la sociedad civil a través de las diversas formas de participación asociada como factor esencial de reconocimiento del derecho a la participación ciudadana.
Favorecer la colaboración entre la Administración autonómica y la local en el fomento de la participación ciudadana y en la realización de procesos de participación en sus actividades de gobierno y administración, preferentemente a través de los convenios de cooperación previstos en el artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
El ámbito de aplicación de la presente ley se refiere al ejercicio de las competencias de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales de Andalucía.
La Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus órganos superiores de gobierno.
Las entidades que integran la Administración local andaluza, incluidos sus órganos de gobierno.
Universalidad, en cuya virtud el derecho de participación debe ser aplicable al conjunto de la ciudadanía, teniendo en cuenta la diversidad territorial, social y económica existente en Andalucía.
Transversalidad, en cuya virtud el derecho de participación de la ciudadanía se integrará en todos los niveles del ámbito de aplicación de esta ley como eje transversal de actuación.
Transparencia, en cuya virtud toda la información pública es accesible conforme a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y está al servicio de la participación ciudadana de forma proactiva.
Veracidad, en cuya virtud la información pública ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia, conforme establece la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Gobernanza democrática, en cuya virtud la acción de gobierno es ejercida desde una perspectiva global, integradora de mecanismos, procesos y reglas que permiten la interacción entre la ciudadanía y los órganos de gobierno de las Administraciones públicas andaluzas para la toma de decisiones.
Buena fe, en cuya virtud la ciudadanía ejercitará los derechos reconocidos en esta ley conforme a las exigencias de la buena fe como comportamiento leal conforme a la percepción social de cada momento, exigencias a las que igualmente deberá someterse la actuación de las Administraciones públicas.
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad en los procesos de participación ciudadana que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
TÍTULO II Artículos 6 a 9
La participación ciudadana podrá ser ejercida, en los términos recogidos en esta ley, directamente o a través de las entidades de participación ciudadana.
A efectos de esta ley, tienen la consideración de entidades de participación ciudadana:
Las entidades privadas sin ánimo de lucro que:
Estén válidamente constituidas, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.
Su actuación se desarrolle en el ámbito del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tengan entre sus fines u objetivos, de acuerdo con sus estatutos o norma de creación, la participación ciudadana, o bien la materia objeto del proceso participativo de que se trate.
Las entidades representativas de intereses colectivos cuyo ámbito de actuación se desarrolle en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente, cuya actuación se desarrolle en el ámbito del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, debiendo designarse una comisión y un representante de la misma. Las personas agrupadas, las que formen parte de la Comisión y el representante deberán acreditar su personalidad y el cumplimiento de los requisitos del apartado 1, así como la determinación de intereses, identificación, fines y objetivos concretos respecto al proceso participativo de que se trate, su carácter circunstancial o temporal, en su caso, y el resto de los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Las organizaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales y demás entidades representativas de intereses colectivos.
La iniciativa para promover la realización de procesos de participación ciudadana en los supuestos y en los términos recogidos en esta ley.
La posibilidad de recabar la colaboración de las Administraciones públicas de Andalucía en los procesos de participación ciudadana, que podrá consistir en todas las contempladas en la legislación y en las condiciones que esta determine.
Que se publique la información relativa a los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía de forma gratuita, comprensible y accesible durante todo el proceso participativo.
Todas las personas y entidades a que se refiere el artículo 6 tendrán a su disposición la información pública sobre la materia objeto de los procedimientos de participación ciudadana, de acuerdo con lo regulado en los títulos II y III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, respecto a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.
Integrar la participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones para que esta pueda ser ejercida tanto individual como colectivamente, de forma real, efectiva, presencial o telemática.
Potenciar, fomentar y garantizar el acceso a una efectiva participación ciudadana, a través de la adaptación de las estructuras administrativas y facilitando el acceso a los colectivos más vulnerables.
Establecer los medios pertinentes para la promoción del ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana a través de tecnologías de la información y comunicación (TIC), especialmente a través de la configuración de espacios interactivos en sus sedes electrónicas, portales o páginas web, así como mediante la promoción de sistemas de votación y encuesta de carácter electrónico.
Fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito de aquellos colectivos sociales que tienen más dificultades en ello y disponer de cauces alternativos que garanticen el ejercicio de su derecho a la participación.
Impulsar la suscripción de convenios y acuerdos con otras Administraciones públicas y entidades públicas o privadas, especialmente con organizaciones no gubernamentales y entidades de voluntariado, en los términos previstos en la legislación aplicable.
Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en los procesos de participación ciudadana objeto de esta ley.
Establecer cauces de publicidad y fomento de la participación ciudadana con el fin de que esta sea efectiva y conocida.
En los procesos de participación ciudadana de las entidades locales se garantizará, en todo caso, el principio de autonomía local.
Todos los procesos de participación ciudadana establecidos en la presente ley, con independencia de su tipología u objeto conforme a lo establecido en los artículos 12 y 13, deberán ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y respetarán las competencias atribuidas a las diferentes Administraciones públicas por dicho mantenimiento.
Proposición, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas con singular impacto o relevancia.
La elaboración de instrumentos de planificación para la determinación de políticas.
La priorización sobre aspectos puntuales del gasto.
La elaboración de leyes y reglamentos.
La prestación, seguimiento y evaluación de los servicios públicos.
Entre la convocatoria de elecciones a Cortes Generales y la constitución de las nuevas Cámaras.
Entre la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía y 90 días posteriores a la toma de posesión del nuevo presidente o presidenta de la Junta de Andalucía.
Entre la convocatoria y la celebración de un referéndum de los previstos en la normativa vigente cuando este afecte al ámbito territorial del proceso de participación ciudadana.
Los procesos de participación ciudadana regulados en la presente ley no alterarán ni supondrán menoscabo de las potestades y competencias del correspondiente ámbito de gobierno, autonómico o local, en la adopción de las decisiones que les corresponden. En caso de no iniciarse o no concluirse el proceso participativo, la Administración competente deberá justificar o motivar las causas.
En caso de que los resultados derivados de los procesos participativos que se pongan en marcha al amparo de esta ley no sean asumidos total o parcialmente, el órgano competente para adoptar la decisión estará obligado a motivarla.
Los procesos de participación ciudadana previstos en esta ley complementan aquellos expresamente previstos en las normas generales y sectoriales, las cuales deberán aplicarse con el alcance y efectos establecidos en cada caso.
El cumplimiento de esta ley será directamente exigible para hacer efectivos los derechos en ella reconocidos, aunque su omisión o infracción no afectará, en ningún caso, a la validez y eficacia del acto o decisión en cuyo procedimiento se prevea.
Los procesos de deliberación participativa se realizarán inmediatamente después del inicio del procedimiento de decisión o de formulación y adopción de una política pública. Su inicio requerirá acuerdo expreso del centro directivo competente por razón de la materia o del presidente de la entidad local a la que afecte la iniciativa por razón de la materia o del órgano competente de la entidad local a la que afecte la iniciativa.
De forma excepcional, también podrán realizarse procesos de deliberación participativa en fases sucesivas del procedimiento cuando la política pública a adoptar haya adquirido durante su tramitación una trascendencia imprevista en el momento inicial o cuando las características de la misma se hayan transformado de forma sustancial.
La iniciativa ciudadana para solicitar la realización de un proceso de deliberación participativa en el ámbito autonómico requerirá el apoyo de un mínimo de 20.000 firmas válidas entre aquellas personas físicas con derecho a participación ciudadana recogidas en el artículo 6. En el ámbito local el ejercicio de la iniciativa ciudadana requerirá el número de firmas válidas que se establezca en los respectivos reglamentos de participación ciudadana, que podrán tener como referencia lo establecido en el artículo 48.3, no pudiendo exceder en ningún caso el mínimo establecido para el ámbito autonómico.
Las personas o entidades de participación ciudadana a que se refiere el artículo 6, que tendrán la condición de promotoras, dirigirán su solicitud al órgano a que se refiere el artículo 19.1. Dicha solicitud deberá incluir al menos una breve descripción del asunto objeto del proceso de deliberación participativa propuesto y un cauce de comunicación que preferentemente será a través de un procedimiento telemático.
Reglamentariamente se regularán los requisitos que deban cumplir las solicitudes de iniciativas ciudadanas, así como el procedimiento y conclusión de los procesos de deliberación participativa. Igualmente se regulará la necesaria difusión del proceso a las personas y entidades con intereses específicos, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
El Acuerdo Básico Participativo se adoptará por el órgano competente para iniciar el proceso, una vez acordado el inicio del proceso de deliberación participativa, y su contenido se ajustará a lo previsto en el apartado siguiente.
En el Acuerdo Básico Participativo se determinarán, como mínimo, los siguientes extremos:
El tipo de proceso de participación ciudadana.
El asunto o asuntos objeto de deliberación, concretado en una propuesta o proyecto inicial.
El órgano de la Administración competente responsable de la coordinación del proceso.
La duración máxima del período de deliberación, que en ningún caso podrá exceder de cuatro meses desde la publicación de su apertura en el boletín oficial correspondiente, excepto en aquellos supuestos de especial complejidad en los que se podrá ampliar a seis meses de forma motivada.
Las vías o medios de información de la apertura y desarrollo del proceso.
Una vez aprobado el Acuerdo Básico Participativo, se hará público en la sede electrónica, portal o página web del órgano competente para acordar el inicio del proceso y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o boletín oficial de la provincia. El anuncio en la sede electrónica, portal o página web incluirá el texto íntegro del Acuerdo Básico Participativo. Las Administraciones públicas de Andalucía podrán utilizar cualesquiera otros instrumentos a fin de garantizar los principios de accesibilidad y no discriminación tecnológica.
Una vez concluida la deliberación participativa, el centro directivo competente por razón de la materia o el órgano competente elaborará un informe final sobre el proceso, que contendrá las conclusiones alcanzadas y una valoración de la deliberación efectuada. Dicho informe se publicará en la sede electrónica, portal o página web, así como en los boletines oficiales si se considera oportuno.
Las consejerías dentro de su ámbito competencial podrán establecer procesos de participación ciudadana que contribuyan a la priorización sobre aspectos puntuales del gasto cuya incorporación se prevea efectuar en sus anteproyectos de estados de gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, con la finalidad de incrementar y mejorar el grado de participación de la ciudadanía.
Los procesos de participación ciudadana a los que se refiere el apartado anterior se desarrollarán reglamentariamente, de acuerdo con los principios establecidos en el capítulo II del presente título, sin perjuicio de las particularidades relativas al procedimiento de elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Las entidades locales, conforme a sus competencias y atribuciones, podrán iniciar procesos de participación ciudadana, como presupuestos participativos, para llevar a cabo una priorización sobre aspectos determinados de sus presupuestos.
La Junta de Andalucía fomentará la promoción y difusión de procesos de presupuestos participativos con base en los principios de universalidad y autorreglamentación.
La Junta de Andalucía colaborará en el impulso y promoción de los presupuestos participativos desarrollados por las entidades locales, a través de acciones positivas, información, formación y sensibilización.
Encuestas: se realizan mediante técnicas demoscópicas adecuadas a la naturaleza o características del asunto, con el objeto de conocer la opinión de la ciudadanía.
Audiencias públicas: en el ámbito de esta ley, son un instrumento de consulta en el que, mediante un procedimiento oral y público, las Administraciones públicas posibilitan a las personas, entidades, organizaciones y agentes sociales relacionados o directamente afectados por una política pública ser escuchados antes de adoptar una decisión sobre el asunto que les afecta.
Foros de participación: son espacios de debate, creados por iniciativa de la Administración pública, que tienen por objeto debatir y reflexionar sobre los efectos de una política pública, así como elaborar análisis valorativos de los efectos reales de dichas políticas en la ciudadanía.
Paneles ciudadanos: son espacios de información que se crean por la Administración pública con carácter temporal y que tienen por finalidad responder a las consultas planteadas por esta sobre cualquier asunto de interés público y, en especial, sobre las expectativas de futuro de la ciudadanía.
Jurados ciudadanos: son grupos creados por la Administración pública que tienen como finalidad analizar los efectos de una determinada acción, proyecto o programa llevado a cabo por la misma.
Las consultas participativas, reguladas en el capítulo VII del presente título.
Las personas o entidades de participación ciudadana previstas en el artículo 6 podrán proponer políticas públicas en el ámbito de competencias correspondientes a la Comunidad Autónoma y a las entidades locales andaluzas.
La iniciativa ciudadana para proponer una política pública en el ámbito autonómico requerirá el apoyo de un mínimo de 20.000 firmas entre aquellas personas físicas con derecho a participación ciudadana recogidas en el artículo 6. En el ámbito local, el ejercicio de la iniciativa ciudadana requerirá el número de firmas válidas que se establezca en los respectivos reglamentos de participación ciudadana, que podrán tener como referencia lo establecido en el artículo 48.3, no pudiendo exceder en ningún caso el mínimo establecido para el ámbito autonómico.
Los requisitos y procedimiento del proceso de participación ciudadana en la proposición de políticas públicas se determinarán reglamentariamente.
La participación ciudadana en los procesos de elaboración de leyes y reglamentos en la Administración de la Junta se realizará en los supuestos, en los términos y con las excepciones previstas en la legislación básica estatal. El derecho de participación podrá ser ejercido por las personas y entidades de participación ciudadana a que se refiere el artículo 6.
A tales efectos, con carácter previo al inicio del procedimiento de elaboración de una ley o reglamento, se hará pública la iniciativa, al menos, en la sección del portal de la Junta de Andalucía donde se encuentre disponible la información objeto de publicidad activa, desarrollándose la participación en este caso por medio de la sede electrónica, portal o página web de la consejería correspondiente. Igualmente deberán articularse los procesos de comunicación dirigidos de forma expresa a las organizaciones o entidades representativas de intereses colectivos afectados por la normativa.
Las personas y entidades de participación ciudadana previstas en el artículo 6 tienen derecho a presentar a la Administración de la Junta de Andalucía, en las materias de su competencia, propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario, a excepción de las disposiciones de carácter organizativo del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.
Los requisitos y el procedimiento de las propuestas se determinarán reglamentariamente.
El órgano competente de la Administración local podrá acordar la realización de procesos de participación ciudadana para la elaboración de los anteproyectos de ordenanzas y reglamentos locales.
En los procesos señalados anteriormente podrán ejercer su derecho a la participación las personas previstas en el artículo 6.
Las entidades locales fomentarán la participación, en dichos procesos de elaboración de ordenanzas y reglamentos, de aquellos colectivos más directamente afectados por el contenido de las mismas.
Finalizado el proceso de participación ciudadana, la aprobación de la correspondiente ordenanza o reglamento se hará según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Las personas y entidades de participación ciudadana previstas en el artículo 6 podrán participar en el seguimiento de las políticas públicas de la Junta de Andalucía a través de los correspondientes órganos colegiados sectoriales de participación ciudadana. A estos efectos, las personas titulares de los órganos directivos competentes para la ejecución de las políticas públicas presentarán un informe explicativo del estado de las mismas, con el contenido y la periodicidad que se determinen reglamentariamente o, en su defecto, que se determinen por los citados órganos. Los mecanismos de participación directa en el seguimiento de las políticas públicas se establecerán reglamentariamente. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de difusión y publicidad previstas en la Ley 1/2014, de 24 de junio.
La evaluación de las políticas públicas de la Administración de la Junta de Andalucía se realizará en el marco de la ley que regule la organización y funcionamiento del sistema de evaluación de las políticas públicas, conforme a lo previsto en el artículo 138 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Este capítulo tiene por objeto la regulación de las consultas participativas autonómicas y locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Quedan excluidas de la presente ley las consultas reguladas por la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía.
A los efectos de esta ley, se entiende por consulta participativa, autonómica o local, el instrumento de participación ciudadana que tiene por objeto el conocimiento de la opinión de un determinado sector o colectivo de la población, mediante un sistema de votación de contenido no referendario, sobre asuntos de interés público que le afecten.
La consulta participativa podrá ser autonómica o local. La consulta participativa autonómica tiene por objeto cuestiones relativas a materias de la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La consulta participativa local tiene por objeto cuestiones relativas a materias de la competencia de las entidades locales andaluzas. En estas se atenderá a lo establecido en el capítulo IV, título V, relativo a «Información y participación ciudadanas», contenido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Cuando la consulta popular local fuera de carácter general, el municipio solicitará la preceptiva autorización al Gobierno de la nación, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica reguladora de las bases del régimen local.
Las consultas participativas reguladas en esta ley son de naturaleza consultiva y no vinculante.
En todas las consultas reguladas en este capítulo, cuando el órgano competente del gobierno autonómico o local se apartara o asumiera el resultado de un proceso de consulta, deberá motivar expresamente cuáles son las razones o intereses públicos que le conducen a seguir o no los resultados del citado proceso en el plazo máximo de 30 días, contados desde la finalización del proceso de consulta. La motivación deberá publicarse, al menos, en la sede electrónica, portal o página web del órgano que ostenta la iniciativa para la convocatoria de la consulta y en los boletines oficiales si se considera oportuno.
Artículo 40 Ámbito territorial.
En las consultas participativas de carácter autonómico, el ámbito territorial será la Comunidad Autónoma o ámbito territorial inferior al que se puede referir, en su caso, la consulta.
En las consultas participativas locales convocadas por diputaciones provinciales, el ámbito territorial será la provincia o ámbito territorial superior al municipal e inferior al provincial al que se pueda referir, en su caso, la consulta.
En las consultas participativas locales convocadas por los ayuntamientos, el ámbito territorial será el término municipal o ámbito territorial inferior. Podrán convocarse consultas de ámbito inferior al municipio, bien de distrito, cuando se trate de municipios de gran población, bien en el ámbito de una entidad de gestión descentralizada o de un ente desconcentrado, conforme a lo que se establece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Entre la convocatoria de elecciones a las Cortes Generales y la constitución de las nuevas Cámaras.
Entre la convocatoria y la celebración de un referéndum de los previstos en la normativa vigente cuando este afecte al ámbito territorial de la consulta participativa.
Además, las consultas participativas locales no podrán ser convocadas ni tener lugar durante el período que media entre la convocatoria de las elecciones municipales y 90 días posteriores a la toma de posesión del nuevo gobierno municipal.
La Administración de la Junta de Andalucía establecerá un registro de consultas participativas, adscrito al centro directivo competente en materia de participación ciudadana, que tendrá por objeto la inscripción de las consultas realizadas o promovidas al amparo de esta ley.
Reglamentariamente se establecerá el funcionamiento del Registro de consultas participativas de Andalucía.
Las consultas participativas tanto autonómicas como locales reguladas en este capítulo podrán ser de iniciativa institucional o de iniciativa ciudadana, del sector o colectivo de la población que tenga interés directo en el tema objeto de consulta.
La iniciativa será objeto de informe por los órganos competentes por razón de la materia. Asimismo, el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminará, una vez promovida la iniciativa, la adecuación al ordenamiento jurídico de la propuesta que constituya el objeto de la iniciativa, así como sobre el cumplimiento de las exigencias contenidas en la presente ley.
Sección 2ª Consultas participativas autonómicas
Artículo 44 Iniciativa institucional para las consultas participativas autonómicas.
El presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía.
El diez por ciento de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus respectivos plenos, debiendo representar en conjunto a un mínimo de 500.000 habitantes de la población empadronada mayor de 16 años. La iniciativa deberá proceder de al menos un ayuntamiento de cada provincia de Andalucía.
La competencia para convocar consultas participativas autonómicas corresponde al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, previo acuerdo del Consejo de Gobierno. Cuando la iniciativa sea ejercida por el presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, dará cuenta al Consejo de Gobierno.
La convocatoria de la consulta participativa se efectuará por medio de decreto de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía y deberá realizarse en el plazo de 45 días desde que haya sido acordada por el Consejo de Gobierno.
El decreto de convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con al menos 45 días de antelación a la fecha prevista para el inicio de la votación. En los cinco días siguientes a la publicación se hará público en la sede electrónica, portal o página web de la Administración pública autonómica convocante y en, al menos, uno de los medios de comunicación de mayor difusión del ámbito territorial correspondiente.
Artículo 47 Limitaciones a la realización de consultas participativas autonómicas.
Atendiendo a la complejidad que conlleva la realización de consultas participativas autonómicas, reglamentariamente se determinará el número de las que puedan realizarse cada año en función del asunto y colectivo al que vaya dirigida la consulta, con un límite máximo de tres consultas anuales.
No se podrán promover otras consultas sobre el mismo objeto hasta transcurridos dos años a contar desde la celebración de la consulta o desde la inadmisión de la iniciativa.
Sección 3ª Consultas participativas locales
La iniciativa institucional para las consultas participativas locales corresponde a la corporación local mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, a propuesta del presidente o la presidenta de la entidad local, de al menos dos grupos políticos con representación en los plenos municipales o provinciales, según el caso, o de al menos un tercio de los miembros de la respectiva corporación.
En el caso de iniciativa ciudadana, la convocatoria de una consulta participativa local deberá ser promovida por personas físicas o jurídicas con interés, individual o colectivo, en la materia que motive la consulta, que incida en la vida ordinaria del colectivo con derecho a participar, mediante el número mínimo de firmas a que se refiere este artículo.
La iniciativa ciudadana para solicitar la convocatoria de una consulta popular local requerirá de, al menos, el apoyo de un número de firmas válidas entre aquellos que tuvieran derecho a participar según el tipo de consulta conforme al artículo 35, de acuerdo con los siguientes tramos de población:
En municipios de hasta 5.000 habitantes empadronados, el 10 por ciento de los mismos.
En los municipios de 5.001 a 50.000 habitantes empadronados, 500 más el 7 por ciento de los habitantes que excedan de 5.000.
En los municipios de 50.001 a 100.000 habitantes empadronados, 3.650 más el 5 por ciento de los que excedan de 50.000.
En los municipios de más de 100.000 habitantes empadronados, 6.150 más el 3 por ciento de los que excedan de 100.000, con el límite máximo de 30.000 firmas.
En las consultas participativas que se pretendan celebrar en el territorio provincial o en un ámbito acotado de su territorio, se deberá acreditar al menos un número de firmas que alcance los porcentajes y cifras anteriores, teniendo como base la población de las personas empadronadas en los municipios correspondientes.
Si la consulta de la entidad local se realizara en un ámbito territorial acotado, el número de firmas se determinará por medio del Reglamento u Ordenanza de Participación Ciudadana que apruebe cada entidad local, no pudiéndose establecer mínimos para el ejercicio de esta iniciativa que sean superiores al 10 por ciento de los vecinos a consultar.
Cada entidad local determinará, por medio de Reglamento u Ordenanza de Participación Ciudadana o, en su defecto, por Acuerdo del órgano plenario correspondiente, el procedimiento para recogida de firmas, plazos, presentación, identificación, recuento, validación y demás aspectos relativos a esta materia, de acuerdo con la presente ley y sin perjuicio de lo previsto en normativa básica de régimen local.
La competencia para convocar consultas participativas locales es de la alcaldía del municipio o, en su caso, del presidente o presidenta de la diputación provincial correspondiente previo acuerdo motivado adoptado por mayoría absoluta del pleno de la entidad local.
La convocatoria de la consulta participativa se efectuará por medio de decreto de la alcaldía del municipio o, en su caso, de la persona titular de la presidencia de la diputación provincial, y deberá realizarse en el plazo de 45 días desde que haya sido acordada por el pleno de la entidad local.
El decreto de convocatoria se publicará en el boletín oficial de la provincia correspondiente, con al menos treinta días de antelación a la fecha prevista para el inicio de la votación, así como íntegramente en el tablón de anuncios de la corporación local convocante y, en su caso, en su sede electrónica, portal o página web, en el plazo de cinco días, contados a partir de la publicación en el boletín correspondiente.
Atendiendo a la complejidad que conlleva la realización de consultas participativas locales reglamentariamente se determinará el número de las que puedan realizarse cada año en función del asunto y colectivo al que vaya dirigida la consulta.
TÍTULO IV Artículos 51 a 60
Las Administraciones públicas andaluzas y sus órganos de gobierno pondrán en marcha o consolidarán las medidas de fomento que permitan el desarrollo de una cultura participativa en el conjunto de la sociedad andaluza, entidades e instituciones que garanticen la accesibilidad de los distintos cauces de participación a todas las personas de Andalucía.
La Administración de la Junta de Andalucía pondrá en marcha una estrategia de formación para el conjunto de la sociedad andaluza, las entidades y las instituciones públicas a través de los medios de formación existentes y del impulso de nuevos programas de formación.
Los programas de formación para la ciudadanía tendrán como objetivo principal:
Divulgar el régimen de participación ciudadana previsto en esta ley.
Formar a la ciudadanía y entidades de participación ciudadana en la utilización de los instrumentos y mecanismos de participación recogidos en esta ley.
Formar a las entidades de participación ciudadana en su gestión interna con la finalidad de cumplir las obligaciones previstas en esta ley.
Formar a las entidades de participación ciudadana en el uso de las nuevas tecnologías, así como en el uso de los medios materiales y económicos de los que disponen para una mayor eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.
Los programas de formación para la ciudadanía se planificarán integrando el principio de igualdad de género de forma transversal, como un principio fundamental en los procesos de participación ciudadana.
La Administración de la Junta de Andalucía pondrá en marcha o consolidará, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, cursos para formar al personal a su servicio en técnicas y gestión de procesos de participación, dar a conocer las obligaciones de los poderes públicos respecto a la participación ciudadana y proporcionar cualificación en los procesos e instrumentos de participación regulados en esta ley.
Las Administraciones locales de Andalucía, en relación con el personal a su servicio, podrán poner en marcha o consolidar la formación, para lo que podrán utilizar las correspondientes fórmulas de colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública.
Las Administraciones públicas andaluzas y sus órganos de gobierno fomentarán la participación ciudadana en el sistema educativo en todos los niveles.
Las Administraciones públicas andaluzas promoverán la participación de la infancia a través de la puesta en marcha de órganos de participación compuestos por niños y niñas.
La Administración de la Junta de Andalucía, a través del Observatorio de la Infancia de Andalucía, elaborará encuestas o mecanismos de seguimiento de las opiniones y el bienestar subjetivo de los niños, niñas y adolescentes, que permita a los responsables públicos identificar problemas y expectativas a los que se enfrenta la población infantil.
Las Administraciones públicas andaluzas y sus órganos de gobierno promoverán o consolidarán:
Campañas de sensibilización y difusión: se desarrollarán campañas informativas de amplia difusión con el objetivo de aumentar la cultura participativa en todos los niveles de la sociedad andaluza, a través de todos los medios disponibles y, especialmente, mediante el uso de las nuevas tecnologías, sede electrónica, portal o página web y los medios de comunicación públicos de su titularidad.
La participación en los medios de comunicación públicos de ámbito autonómico, así como en los medios de comunicación comunitarios, de acuerdo con los mecanismos e instrumentos contemplados en el actual marco normativo.
Las Administraciones públicas andaluzas promoverán medidas que faciliten la colaboración de los medios de comunicación comunitarios, cualquiera que sea su titularidad, en la difusión de los procesos de participación ciudadana.
Los poderes públicos andaluces promoverán la elaboración de códigos de buenas prácticas de participación ciudadana que propicien una ciudadanía responsable, democrática e implicada en los asuntos públicos.
Los poderes públicos andaluces habilitarán espacios TIC en dependencias públicas a fin de garantizar y fomentar el proceso de la participación ciudadana y el acceso de la población más vulnerable a la participación telemática.
Las Administraciones públicas andaluzas, a través de la consejería competente por razón de la materia, o de la diputación provincial o del ayuntamiento respectivo, procurarán medidas de apoyo a las entidades de participación ciudadana a través de la firma de convenios de colaboración, para la promoción, difusión, formación y aprendizaje en temas de participación.
El apoyo podrá concretarse por cualquier medio de los previstos en la legislación vigente.
La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de participación ciudadana, impulsará la firma de convenios de colaboración con las entidades locales andaluzas para el fomento de la participación ciudadana en el ámbito de competencia e interés de estas. Los convenios podrán suscribirse tanto con las entidades locales andaluzas como con las asociaciones en que se integren.
La Administración de la Junta de Andalucía pondrá a disposición del personal al servicio de las entidades locales los programas de formación que imparta para su propio personal, mediante los convenios de colaboración correspondientes entre los órganos con competencias en materia de formación de personal.
En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, la coordinación general en materia de participación ciudadana será ejercida por la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.
Dicha comisión contará con una secretaría que servirá de soporte para la preparación de los trabajos y como oficina administrativa para la relación con las unidades de participación ciudadana.
La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras establecerá la planificación directiva en materia de participación ciudadana, podrá dictar instrucciones y fijar criterios, tanto respecto a la implementación de la participación como en relación con el seguimiento de la planificación operativa que se desarrolle en materia de participación por cada una de las consejerías, para ellas y sus entidades instrumentales.
La promoción con carácter transversal de los derechos de la ciudadanía y el fomento e impulso de la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas corresponde a la persona titular del centro directivo competente en materia de participación ciudadana de la Junta de Andalucía.
Con base en dichas competencias, ejercerá las siguientes funciones:
Fomentar la participación y las estrategias para el desarrollo de la cultura participativa.
Promover la relación con las entidades de participación ciudadana.
Facilitar el asesoramiento en los distintos procesos participativos.
Desarrollar programas formativos en materia de participación ciudadana.
Favorecer la cultura participativa en los centros educativos en coordinación con la consejería competente en materia de educación.
Favorecer la cultura participativa durante la infancia y la adolescencia en coordinación con la consejería competente en materia de infancia.
Coordinar los mecanismos y estrategias de participación ciudadana implementados por las diferentes consejerías y agencias al objeto de contribuir a la gestión del conocimiento en esta materia, así como la difusión de buenas prácticas de participación.
Cualesquiera otras funciones que coadyuven al correcto desarrollo de los procesos de participación ciudadana.
En cada consejería existirá una unidad de participación ciudadana cuyas funciones se asignarán a una unidad con nivel orgánico mínimo de servicio que, a estos efectos, actuará bajo la dependencia de la viceconsejería con el fin de impulsar la participación ciudadana en el ámbito de la consejería y sus entidades instrumentales y facilitar la aplicación en ese ámbito de los criterios e instrucciones que se establezcan.
Por decreto del Consejo de Gobierno se regulará el funcionamiento de las unidades de participación ciudadana.
TÍTULO VI Artículos 65 y 66
La Administración de la Junta de Andalucía creará un sistema público de participación digital para la puesta en marcha de los procesos contenidos en esta ley.
El centro directivo competente en materia de dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al gobierno abierto asumirá las funciones, con carácter transversal para la Administración de la Junta de Andalucía, de dirección técnica y desarrollo de las plataformas de participación ciudadana basadas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) necesarias para la materialización del derecho a la participación ciudadana, en el marco de lo establecido en la presente ley.
Dicho sistema contará con el desarrollo de una plataforma de participación, en software libre, provista de herramientas y funcionalidades que cubran las necesidades informativas de deliberación, de voto y de seguimiento de las iniciativas a las que dé soporte.
El método de autenticación garantizará que cada persona usuaria registrada corresponda efectivamente con algunos de los sujetos previstos en el artículo 6, asegurando el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El portal de la Junta de Andalucía será el punto de acceso general a las plataformas web de participación ciudadana.
El centro directivo proponente del proceso participativo asumirá la gestión del propio proceso en cualquiera de las plataformas de participación desarrolladas de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.
La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el acceso al sistema público de participación digital en edificios y dependencias públicas, contando con unidades móviles a fin de acercar a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones el uso de estos instrumentos de participación.
Orden ECI/358/2007, de 30 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación basadas en Fuentes Abiertas.