Source: http://www.scribd.com/doc/92575240/Delitos-Contra-La-Seguridad-Vial-Reflexiones-Juridicas
Timestamp: 2014-12-27 00:31:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 379', 'artículo 379', 'artículo 384', 'artículo 379', 'artículo 9', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo9', 'artículo 379', 'artículo 379']

P. 1Delitos Contra La Seguridad Vial Reflexiones JuridicasDelitos Contra La Seguridad Vial Reflexiones JuridicasRatings: (0)|Views: 226
|Likes: 0Published by Ilune GorbeaMore info:Categories:Types, Business/Law, Court FilingsPublished by: Ilune Gorbea on May 06, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/92575240/Delitos-Contra-La-Seguridad-Vial-Reflexiones-Juridicas05/06/2012pdftextoriginal JUNIO 2008
a Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre,por la que se modifica la Ley Orgánica10/1995, de 23 de noviembre, del CódigoPenal en materia de seguridad vial, sustituyela rúbrica del Capítulo IV, del Título XVII, delLibro II que hasta entonces venía siendo "delitos contra laseguridad del tráfico", por otra "delitos contra la seguridadvial" y modifica entre otros, los artículos 379 a 385 delCódigo Penal. Dicha reforma ha creado nuevos delitos con-tra la seguridad vial, dos de ellos aparecen regulados porprimera vez en un Código Penal español (artículo 379.1 einciso segundo del artículo 379.2 CP) y el tercero previstoen el artículo 384 CPtiene un precedente en el antiguo régi-men
. El análisis de los tres nuevos delitos creados por estareforma penal, nos lleva a plantearnos desde un punto de vista jurídico, algunos problemas prácticos en la aplicación delos mismos, derivados de la necesidad de llevar a cabo unaprecisión terminológica e intentar dar una respuesta ade-cuada que pueda servir a los agentes de la Policía Judicialencargados de la vigilancia del tráfico y de la seguridad vial,así como a los Jueces y Tribunales en la aplicación de los nue-vos ilícitos penales.Los problemas que vamos a analizar tienen su origen enla interpretación de los términos extrapenales con los que seconstruyen los nuevos tipos penales, para llegar a obtenerunos términos precisos y acordes con el ordenamiento jurí-dico que desarrollaremos en tres partes. En esta primeraparte titulada "Los nuevos delitos contra la seguridad vial (I)",nuestras reflexiones se dirigen a la conducta delictiva con-sistente en la conducción de vehículo de motor o ciclomo-tor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora envía urbana en ochenta kilómetros o en vía interurbana a lareglamentariamente establecida (art. 379.1 CP). Más con-cretamente trataremos por un lado de averiguar si la velo-cidad a que se refiere el artículo 379.1 CPes la velocidad real,la aproximada entendida como la medida por medio de loscinemómetros que disponen las FFCC de seguridad u otravelocidad corregida al alza, es decir la aproximada incre-mentada en los márgenes de error permitidos en esos apa-ratos.La interpretación y aplicación de estos nuevos tipos pena-les en materia de seguridad vial pueden generar descon-fianza, problemas o dudas razonables, tanto a los ciudada-nos, sujetos activos de los mismos, como a los operadores jurídicos que deben de aplicarlos, bien sea a los miembrosde las FFCC de Seguridad, o bien a los Jueces y Tribuna-les, ya que en definitiva estos últimos son quienes decidenlo que es conforme a derecho. De cualquier manera estascuestiones son de interés para todos ya que todos participa-mos y estamos afectados de una u otra manera en el fenó-meno de la circulación y la seguridad vial.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SEGURIDADJURÍDICA Como cuestión previa, antes de comenzar el análisis pre-tendido, consideramos de interés exponer en que consistenlos principios de legalidad y seguridad jurídica y en quemedida los mismos podrían verse afectados si los agentesde la Policía Judicial encargados de la vigilancia del tráficoy seguridad vial y los Jueces y Tribunales aplican los nue-vos preceptos penales de una forma sistemática o automá-tica.El principio de legalidad consiste en la sumisión delDerecho penal a la ley, de modo que nadie puede ser casti-gado sino por hechos definidos como delito o falta en unaley anterior a su perpetración, ni imponerse penas distintasa las contenidas en dicha ley. Dicho principio fue formuladopor Feuerbach, a principios del pasado siglo y en España fueproclamado por primera vez en la Constitución de 1812 ydesde entonces se ha mantenido en las Constituciones de1837, 1869 y 1931. Anivel internacional dicho principioestá consagrado tanto en el Pacto Internacional de Dere-chos Civiles y Políticos de 16-12-1966 (Pacto de NuevaYork de 1966) como en el Convenio para la Protección delos Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4-11-50 (Convenio de Roma de 1950).El artículo 9.3 de la Constitución de 1878 garantiza laseguridad jurídica y el principio de legalidad. Nuestra CartaMagna dedica además otro artículo al principio de legalidaden el artículo 25.1 CE que establece que «Nadie puede sercondenado por acciones u omisiones que en el momentode producirse constituyan delito o infracción administra-tiva, según la legislación vigente en aquel momento». Enmateria penal la LO 10/95, de 23 de noviembre, del CódigoPenal, comienza con la declaración base del principio delegalidad (
nullun crimen sine lege
) que viene establecido enel artículo 1 señalando que «No será castigada ningunaacción u omisión que no esté prevista como delito o falta porLey anterior a su perpetración». Dicha garantía criminal secompleta con la garantía penal (
), con-sagrada en el artículo 2 y con la garantía jurisdiccional y deejecución previstas en los números 1 y 2 del artículo 3.La STC 89/1993, de 12 de marzo declaró por un lado que«el principio de legalidad penal supone una doble garantía,cifrada, respectivamente en la exigencia de que la acción puni-tiva del Estado tenga a la ley- a la ley formal- como presu-
NUEVOS DELITOSCONTRA LA SEGURIDAD VIAL
Reflexiones sobre los márgenes de error permitidos en los cinemómetros, tras lareforma penal en materia de seguridad vial por la LO 15/2007, de 30 de noviembre.
puesto inexcusable y en la necesaria predeterminación nor-mativa, junto a ello, de las conductas y penas a través deuna tipificación precisa dotada de la suficiente concreción delas conductas incorporadas al tipo, imperativos que puedensintetizarse mediante la fórmula
lex scripta, praevia et certa
(por todas SSTC 133/1987, 150/1989 y 127/1990)» y por otroque el legislador penal debe conformar sus preceptos «detal modo que de ellos se desprenda con la máxima claridadposible cuál es la conducta prohibida o la acción ordenada»(SSTC 159/1986, de 12-12) de modo que serán contrariosa lo dispuesto en el artículo 25.1 CE «los tipos formuladosen forma tan abierta que su aplicación o inaplicación dependade una decisión prácticamente libre y arbitraria, en el sentidoestricto de la palabra, de los Jueces y Tribunales» (STC105/1988, de 8-6).Para resolver la cuestión planteada conviene significar enprimer término que la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metro-logía, que estableció el régimen jurídico de la actividadmetrológica en España, fue desarrollada posteriormente pordiversas normas, entre las que se encuentra el Real Decreto889/2006, de 21 de julio, por el que se reguló el controlmetrológico del Estado sobre instrumentos de medida; esteReal Decreto transpuso al Derecho interno la Directiva2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31de marzo de 2004, abordando además el desarrollo de las fasesde control metrológico correspondientes a la verificaciónperiódica y después de reparación, fases que no se regula-ban en la normativa comunitaria.En esta primera parte el respeto del principio de legali-dad previsto en el artículo 25.1 de la CE y la necesidad dela existencia de seguridad jurídica garantizada en el artículo9.3 de la CE, nos lleva a analizar e interpretar el término"velocidad" utilizado en el art. 379.1 CPpara fijarlo consuficiente precisión. Así mismo, en esta reflexión tratare-mos de buscar una solución adecuada y respetuosa con elordenamiento jurídico en evitación de que dichos princi-pios puedan quedar lesionados de forma automática o sis-temática por los operadores jurídicos, si se parte de un con-cepto de dicho término falso, erróneo o equivocado.
VELOCIDAD REAL, APROXIMADA OCORREGIDA AL ALZA El artículo 379.1 del Código Penal tipifica «El que condu- jere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad supe-rior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochentakilómetros por hora en vía interurbana a la permitida regla-mentariamente, será castigado con la pena de prisión de tresa seis meses o a la de multa de seis a doce meses y trabajosen beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventadías, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a con-ducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superiora uno y hasta cuatro años». Dicho precepto no tiene prece-dente alguno en los códigos penales españoles. Aunque antesde la reciente reforma se castigaba el exceso de velocidaddeterminado como infracción administrativa grave o muygrave, en vía penal no era así, dado que el exceso de velo-cidad desproporcionado iba unido inseparablemente a laconducción temeraria (art. 381.1 CPderogado). Nunca sehabía construido un tipo penal basado exclusivamente enel exceso de velocidad determinado y cuantificado especí-ficamente, sin tener en consideración otras circunstancias oelementos que intervienen en el fenómeno de la circulación.Hasta ahora con carácter general los Jueces y Tribunales envía contencioso administrativa han tenido en cuenta los már-genes de error permitidos para los cinemómetros en el pro-ceso de graduación de la sanción administrativa por infrac-ción de exceso de velocidad
. En vía penal no encontramospronunciamientos judiciales sobre este particular, dado queno existía este tipo penal específico con carácter autónomo.En esta reforma el legislador ha tenido en cuenta los lími-tes de velocidad generales y específicos establecidos regla-mentariamente en función de los tres elementos que inter-vienen en la circulación, es decir la vía, el vehículo y el fac-tor humano, de tal manera que la comisión de este ilícitopenal está en correspondencia con la velocidad reglamentariaque le sea de aplicación en el momento de su comisión,según el tipo de conductor, vehículo conducido y la vía porla que se circula. No ocurre lo mismo con la conducciónque exceda de la tasa de alcoholemia determinada, dado queel límite penalmente establecido de tasa de alcohol es igualpara todos los conductores, sin distinguir entre conductoresen general, profesionales o noveles
. El precepto penal ana-lizado es un delito de peligro abstracto que define la conductapunible con suficiente precisión y objetividad, ofreciendo apriori seguridad jurídica a los operadores jurídicos, aunqueello podría provocar un cierto automatismo en su aplica-ción, dado que no parece ofrecer casi margen de apreciacióno de interpretación teleológica del tipo. También es unanorma penal en blanco y su aplicación exige recurrir a lanormativa extrapenal, dado que dicha conducta típica estáconstruida con términos definidos en la legislación admi-nistrativa en materia de seguridad vial
.Los agentes de la Policía Judicial encargados de la vigi-lancia del tráfico y la seguridad vial deben necesariamentemedir la velocidad por medio de los cinemómetros autori-zados por el Estado, con el certificado de verificación vigente,ya que sin esta prueba de medición que representa el cine-mómetro, una condena por el art. 379.1 CPresulta casiimpensable, lo cual exige ser muy rigurosos y precisos en sumedición. Por ello planteamos averiguar a que velocidad serefiere el artículo 379.1 CP, es decir si debe ser la velocidadreal o la velocidad aproximada medida por dichos aparatoso tal vez otra velocidad. En el caso de que el legislador nose refiriera a la velocidad aproximada, resultaría lógico quese creen dudas sobre si se habría incurrido o no en realidaden dicho ilícito penal, puesto que el precepto penal establecesuperar unos límites de velocidad cuantitativamente preci-sos y tasados.La Orden ITC/3699/2006, de 22 de noviembre, regula elcontrol metrológico del Estado de los instrumentos desti-nados a medir la velocidad de circulación de vehículo amotor. Aunque dichos aparatos gozan de bastante precisiónofreciendo gran confianza a todos, dicha norma reglamen-taria establece unos errores máximos permitidos en estos
instrumentos de medida. Se distingue por un lado entre loserrores de los cinemómetros fijos o estáticos y de los cine-mómetros móviles y por otro, entre los que han sido objetode verificación periódica y de los que han sido verificadosdespués de reparación o modificación. Dichos márgenes deerror son muy pequeños, pero lo suficientemente significa-tivos como para que la velocidad medida por dichos apara-tos ofrezca dudas sobre su correspondencia con la velocidadreal. Ahora bien respecto de la medición de la velocidad, lodeseable (deber ser) sería que la velocidad medida fuera lareal y no la aproximada, pero la realidad (ser) es otra distinta.Los errores máximos permitidos que constan en dichanorma reglamentaria se reproducen a continuación: a) En exa-men de modelo, verificación de producto, verificación des-pués de reparación o modificación.Asimismo de conformidad con la Instrucción 06/C dela Dirección General de Tráfico de 22 de junio de 2006,sobre la entrada en vigor del sistema del permiso y licen-cia de conducción por puntos, nos lleva a hacer dudar delautomatismo que arriba hemos apuntado y que podría pro-ducirse. Dicha norma reglamentaria fija en el anexo IVlaexención de multa y el sobreseimiento de los expedientesadministrativos sancionadores cuando el conductor excedade la velocidad reglamentariamente establecida en los tra-mos que se indican a continuación. Desde el tramo com-prendido entre 30 a 100 km/hora queda exenta de multa sise excede la velocidad en 10 km/hora a partir de la limita-ción correspondiente dentro de ese marco. Si el límite develocidad establecido es de 110 km/hora se ignoran 11km/hora más y finalmente si el límite es de 120 km/horano habrá sanción hasta 132 km/hora, por tanto se ignora unexceso de velocidad de 12 km/hora porque no se puede pro-bar de forma definitiva la velocidad real sin margen deerror. Ahora bien si algún día se consigue técnicamentemedir la velocidad real, sin error alguno, estos márgenesal no existir, carecerían de relevancia jurídica alguna y portanto no deberían tenerse en consideración.Si los Agentes de la Autoridad y los Jueces o Tribuna-les tuvieran en cuenta de forma estricta los límites fijadosen dicho precepto (art. 3791.1 CP) sin considerar los már-genes de error mencionados, ello podría ocasionar por unlado, la sistemática detención cada vez que el cinemóme-tro mide la velocidad aproximada y por otro, el posteriorcastigo penal, casi sin que aparentemente fuera necesarioejercer arbitrio judicial alguno en conductas que podrían noser constitutivas de delitos, sino de meras infraccionesadministrativas muy graves, de tal manera que podríanestar lesionando el principio de legalidad, creándose deuna situación de verdadera inseguridad jurídica. Sinembargo, en absoluto ni siquiera en este supuesto queda-ría excluido el arbitrio judicial en la medida en que Jueces