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Timestamp: 2017-09-19 22:13:59
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Matched Legal Cases: ['artículo 319', 'artículo 317', 'artículo 319', 'artículo 612', 'artículo 401', 'artículo 404', 'artículo 394', 'artículo 394']

S JPI 7/10/2010
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Juzgado de Primera Instancia N°. 2 de Badajoz, Sentencia de 7 Oct. 2010, Proc. 813/2010
Nº de Recurso: 813/2010
Diario La Ley, Nº 7506, Sección La Sentencia del día, 10 de Noviembre de 2010, Año XXXI, Editorial LA LEY
LA LEY 161949/2010
Tenencia compartida del perro común por los miembros de la ex pareja
UNIÓN NO MATRIMONIAL. Ruptura de la convivencia. Tenencia compartida de perro encontrado constante la relación. Copropiedad sobre el animal. Constitución por los convivientes de una comunidad de bienes. Acreditación de los hechos concluyentes demostrativos de la existencia de tal comunidad por los elementos de juicio proporcionados por sentencia dictada en procedimiento entre los mismos litigantes. Siendo ambos dueños del perro, y tratándose éste de un bien esencialmente indivisible, se acoge la solución propugnada por la actora de la tenencia compartida al no haberse instado por ninguno de los condóminos la otra alternativa posible, relativa a la extinción de la comunidad mediante la entrega del animal a uno de ellos y la consiguiente compensación del otro. Establecimiento de una tenencia temporal del perro por períodos de 6 meses, comenzando el primer plazo de disfrute por la demandante al haber sido quien últimamente se ha visto privada de la posesión.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Badajoz estima la demanda planteada contra la ex pareja y acuerda la tenencia compartida del perro copropiedad de los litigantes, estableciendo que el animal permanezca en compañía de uno y otro durante períodos sucesivos de seis meses, iniciando la demandante el primer plazo de disfrute.
El Ilmo. Sr. Don Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Badajoz y su partido judicial, ha visto los presentes autos de juicio verbal registrados con el número 813/2010 y seguidos ante este Juzgado a iniciativa de doña [...], que ha comparecido representada por el procurador don José Antonio Mallén Pascual y asistida por el letrado don Carlos Franco Domínguez, contra don [...], que ha comparecido personalmente y defendido por el abogado don Miguel Ángel Hernández Rodríguez.
PRIMERO. El 11 de mayo de 2010, por doña [...], se presentó en el Decanato de los Juzgados de Badajoz demanda de juicio verbal contra don [...] pidiendo lo siguiente: que se acuerde la tenencia compartida del perro copropiedad de los litigantes, estableciéndose iguales períodos de tiempo los que permanezca el perro en compañía de uno y otro, con expresa imposición en costas.
SEGUNDO. Turnada a este Juzgado la anterior demanda, por diligencia de ordenación de 25 de mayo, se requirió al procurador de turno para que compareciera en el Juzgado con el fin de ser apoderado por su cliente ante la Secretaria, trámite que fue cumplimentado. Por decreto de 27 de mayo, se admitió a trámite la demanda y se señaló el juicio para el 5 de julio. El 1 de julio el demandado pidió la suspensión por enfermedad, a lo cual se accedió. Por diligencia de ordenación de 5 de julio, se señaló nueva fecha para la vista.
TERCERO. El 27 de septiembre tuvo lugar el juicio. Asistieron ambas partes y se intentó sin éxito la conciliación. Tras efectuarse alegaciones, se recibió el pleito a prueba. Se propuso prueba documental y testifical. Admitidas las pruebas, declararon doña Clara y doña Irene. Tras ello se declararon los autos vistos para sentencia. La vista se grabó en soporte informático.
CUARTO. El presente asunto versa sobre la propiedad y tenencia de un perro.
PRIMERO. Doña [...] y don [...] han estado conviviendo juntos durante unos nueve años, entre 1996 y 2005.
SEGUNDO. En el año 2001, doña [...] y don [...] pasaron a poseer y compartir un perro abandonado.
TERCERO. Hasta 2009, doña [...] y don [...] han venido compartiendo el perro. Desde mayo de 2009, sin embargo, don [...] se ha quedado con la posesión exclusiva del perro.
En primer lugar, como recoge la sentencia Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010 (LA LEY 865/2010), conviene recordar que la unión de hecho, matrimonio de hecho o convivencia «more uxorio» es la convivencia con análoga afectividad a la matrimonial, sin la celebración formal del matrimonio, que no es antijurídica, sino extrajurídica y produce o puede producir efectos personales, económicos o de filiación.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas la sentencia de 19 de octubre de 2006 (LA LEY 119510/2006), ha rechazado la posibilidad de aplicar normas que están fundadas sobre el matrimonio a situaciones de convivencia «more uxorio», no apreciando analogía entre una y otra situación por cuanto en el matrimonio existe una relación jurídica entre ambos cónyuges que efectivamente los vincula con recíprocos derechos y obligaciones, y por el contrario ninguna obligación pesa sobre los convivientes que en uso de su libertad optaron por ese tipo de unión, no sujetándose a los variados y numerosos derechos y deberes que configuran el estado civil de los casados ligados por los efectos de su propio consentimiento manifestado públicamente ante la sociedad con las formalidades y requisitos que la Ley exige y previene en el momento de contraer matrimonio.
Las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de mayo (LA LEY 53293/2008) y 30 de octubre 2008 (LA LEY 226007/2008), así como las de 22 de febrero (LA LEY 19111/2006) y de 19 de octubre de 2006 (LA LEY 119510/2006), para admitir la naturaleza común del patrimonio, exigen la concurrencia de «facta concludentia», hechos que evidencien la inequívoca voluntad de los convivientes de formar un patrimonio común, pues los bienes adquiridos durante la convivencia no se hacen, por ese mero hecho, comunes a los convivientes, sino que pertenecen a quien los ha adquirido, salvo que, de forma expresa o por medio de hechos concluyentes se evidencie el carácter común de los mismos.
Por doña [...] se propugna la posesión compartida de un perro y su expareja opone que se trata de un bien privativo. La demanda debe prosperar.
Los llamados «hechos concluyentes», demostrativos de esa voluntad, han quedado básicamente acreditados con la aportación de la sentencia de 4 de febrero de 2009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Badajoz. Dicha sentencia hace prueba en los términos del artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, como documento público. Como recuerda el Tribunal Supremo (por todas, la sentencia de 12 de junio de 2009 (LA LEY 99161/2009)), el artículo 317.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cataloga como documentos públicos, a efectos de prueba en el proceso, a las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales. El carácter público del documento se produce, en ese caso, por la intervención en los mismos de funcionarios públicos, que ostentan legalmente el atributo de la «fe pública», concretamente la «fe pública judicial», cuales son los Secretarios Judiciales, que les confiere el poder de acreditar con su firma la autenticidad del documento que intervengan. Y como quiera que, según el artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los documentos públicos tienen un valor tasado, es decir, hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, no puede sino concluirse que los elementos de juicio proporcionados por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Badajoz son determinantes aquí. Concretamente, en dicha sentencia ya se hizo constar que la hoy actora y el demandado fueron pareja de hecho durante nueve años y que no sólo tenían una comunidad de vida sino también otra de bienes. Es más, en dicha sentencia se llegó a la conclusión de que lejos de distinguirse claramente sus patrimonios, tenían una confusión de los mismos.
Con estos antecedentes, en la medida en que el perro objeto del litigio fue encontrado en 2001, constante la convivencia, ha de entenderse que ese perro pasó a ser de los dos. Y buena prueba de la titularidad compartida son la existencia de dos cartillas veterinarias, una a nombre de ella y otra a nombre de él. Esta duplicidad de cartillas, como ha corroborado en juicio la veterinaria doña [...] (testigo, no se olvide, llamada a propuesta del propio demandado) es factible.
También las fotografías aportadas con la demanda ponen de manifiesto la posesión compartida del perro. Y esta última circunstancia no es irrelevante, puesto que, conforme al ya citado artículo 612.3 del Código Civil, el propietario de animales amansados podrá reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro, y pasado dicho término pertenecerán al que los haya cogido y conservado. Conservación en la que indudablemente participó doña [...], sin que, por lo demás, ni siquiera se haya probado en juicio que fuera don [...] la persona que supuestamente en Mérida se encontró abandonado al perro. Pero es que, aun cuando esta última hipótesis fuera cierta, nada cambiaría las cosas, pues, como ya se ha expuesto, fue voluntad inequívoca de los hoy litigante la de hacer comunes los bienes adquiridos durante la duración de su unión de hecho.
Llegados a este punto, siendo entonces doña [...] y don [...] copropietarios del perro en litigio, la solución propugnada de la tenencia compartida es correcta. Estamos ante un bien, el perro, indudable y esencialmente indivisible (artículo 401 del Código Civil). Las opciones entonces serían la adjudicación del perro a uno de los dueños, con deber de indemnizar al otro (artículo 404 del Código Civil), o el disfrute compartido (artículo 394 del Código Civil). Como quiera que aquí no se ha instado por ninguno de los condueños del perro la primera posibilidad, es decir, la extinción de la comunidad mediante la entrega del animal a uno de ellos y la consiguiente compensación al otro, sólo cabe la alternativa de regular el disfrute del animal.
Pues bien, como ese disfrute, por razones obvias, no puede ser conjunto, lo procedente es establecer una tenencia temporal del perro. Períodos de tiempo que han de ser iguales para doña [...] y don [...]. De forma ponderada, se acuerda entonces fijar que el perro esté cada seis meses en poder de cada uno, comenzándose el primer plazo de disfrute por doña [...] habida cuenta de que es quien se ha visto últimamente privada de la tenencia.
De conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, se imponen a don [...].
Primero. Estimo la demanda planteada y acuerdo la tenencia compartida del perro copropiedad de doña [...] y don [...], estableciendo que dicho perro permanezca en compañía de uno y otro durante períodos sucesivos de seis meses, iniciando doña [...] el primer plazo de disfrute.
Segundo. Condeno a don [...] a al pago de las costas.
Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, recurso que en su caso se anunciará en este juzgado dentro del plazo máximo de cinco días contados a partir de la notificación de esta sentencia y previa acreditación de la constitución en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de un depósito de cincuenta euros, con el apercibimiento de que, de no observarse dicho requisito, no se admitirá a trámite el recurso.
Líbrese testimonio de esta sentencia a los autos de su razón e incorpórese el original al Libro de Sentencias.
Así, por ésta, mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el señor Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Badajoz.