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Timestamp: 2019-03-18 13:31:32
Document Index: 221047839

Matched Legal Cases: ['artículo 576', 'artículo 576', 'artículo 1', 'artículo 784', 'artículo\n785', 'artículo 784', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 367', 'artículo 11', 'artículo 432']

STS 360/2014, 21 de Abril de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 511595790
Número de Recurso: 1016/2013
Número de Resolución: 360/2014
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. FALSEDAD DOCUMENTAL. Es claro que el fin fraudulento con el que fueron emitidas las facturas llevaba implícito el dolo falsario sin necesidad de que se aporten especiales argumentos probatorios sobre el sustrato psíquico del conocimiento y voluntad de la conducta documental falsa. Es más, el hecho de que fueran descritos como documentos simulados y la función fraudulenta con que iban a utilizarse las facturas solo permiten concluir que los dos acusados eran conscientes de su falsedad cuando las confeccionaron. Se estima parcialmente la casación.
Sentencia Nº: 360/2014
RECURSO CASACION Nº : 1016/2013
Fecha Sentencia : 21/04/2014 Ponente Excmo. Sr. D. : Alberto Jorge Barreiro
Secretaría de Sala : Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río Escrito por : HPP
- Los dos acusados (Decano y catedrático de la Facultad de Medicina del País Vasco y catedrática de la misma facultad) fueron condenados por un Tribunal de Jurado como coautores de un delito de falsedad continuado en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos a la penas de cinco años y tres meses de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.
- Transformación del procedimiento abreviado en uno del Tribunal del Jurado sin retroacción a la fase de la audiencia preliminar prevista en el art. 30 de la LOTJ , prosiguiéndose la sustanciación del proceso directamente por el trámite del art. 35. No se vulnera el derecho a la defensa ni el derecho a un proceso con todas las garantías, a tenor de las circunstancias concretas del caso.
- No vulnera el TSJ la naturaleza del recurso de apelación por haber aplicado el art. 849.2º de la LECr .
- Denegaciones probatorias del Magistrado-Presidente que no vulneran el derecho de defensa de los acusados.
- Denegación de la existencia de error en los acusados con respecto a la condición pública de los caudales sustraídos en el marco de la Universidad. Impugnación del veredicto por no haber sido propuesta la prueba del dolo como proposición desfavorable en el objeto del veredicto y sí como favorable a través del error. Falta de motivación por el Jurado de la inexistencia del error, omisión que es suplida por el Presidente del Tribunal.
- Concurrencia del elemento objetivo-normativo del tipo penal "caudal o efecto público". Los elementos descriptivos y normativos de los tipos penales. Dentro de los elementos normativos: jurídicos, sociales y ético-sociales. Solo los sociales y ético-sociales pueden ser sometidos a la decisión del Jurado. El elemento normativo "caudal o efecto público" es un elemento jurídico y por tanto no debió ser sometido a la decisión del Jurado. Ha de ser, pues, resuelto por el Tribunal profesional y no por el colegio de jueces legos. En este caso concurre la condición de públicos de los caudales sustraídos, en contra de lo que se alega en los escritos de recurso.
- Falta de la formulación de proposiciones al Jurado relativas al sustrato fáctico del dolo falsario. Consecuencias en el caso enjuiciado.
- Confección por los acusados de facturas falsas correspondientes a sociedades mercantiles de las que son administradores de derecho o de hecho. Se deja sin efecto la condena por el delito continuado de falsedad de funcionario público en el ejercicio de sus funciones, y se condena en casación a los acusados por el delito continuado de falsedad en documento mercantil
ajena al ejercicio específico de su función.
- Atenuante de dilaciones indebidas. Formulación incorrecta de la proposición asertiva al Jurado. Tampoco han sido correctas las instrucciones o explicaciones que se le impartieron al Jurado sobre la atenuante. La respuesta negativa del Jurado carece de motivación. El tiempo de tramitación del procedimiento desde su inicio hasta que se dictó la sentencia ha sido de 12 años. Al ser un dato sumamente relevante para la aplicación de la atenuante debió ser propuesto de oficio al Jurado en el objeto del veredicto ( art. 52.1.g LOTJ ), instruyéndole de la incuestionabilidad del hecho procesal. El Jurado ha de decidir sobre la base fáctica de la atenuante de dilaciones indebidas, pero no sobre sus aspectos jurídicos: complejidad de cada proceso; el plazo medio que suele durar un procedimiento por una clase de delitos concretos; cuándo la dilación se debe al órgano judicial o a cada una de las partes; cuándo un procedimiento está realmente paralizado o se halla simplemente pendiente de un trámite; cuándo el plazo de un proceso puede considerarse palmariamente irrazonable, etc. Se aprecia en casación la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada al tratarse de una cuestión jurídica ajena a la competencia del Jurado y hallarnos ante un supuesto de plazo palmariamente irrazonable que de por sí constituye una dilación indebida. Se reducen las penas a tres años de prisión y seis años de inhabilitación absoluta.
Nº: 1016 / 2013
Vista: 20/03/2014
Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación interpuesto por Belinda Nieves y Nemesio Onesimo representados por el Procurador Sr. García San Miguel y Orueta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Penal de fecha 14 de marzo de 2013 . Han intervenido el Ministerio Fiscal y como parte recurrida la Universidad del País Vasco, representada por la procuradora Sra. Leiva Cavero y la Asociación Vasca Garbi ETA Zuri representada por la Procuradora Sra. Rodríguez Herranz. Ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro.
- El Juzgado de instrucción número 4 de Getxo instruyó procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado con el número 1/09 por delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, contra Belinda Nieves y Nemesio Onesimo , y una vez abierto el juicio oral, lo remitió a la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Segunda en la que vista la causa por el Tribunal del Jurado num. 2/2010, el Magistrado Presidente en fecha 19 de octubre de 2012, dictó sentencia que fue recurrida en apelación ante el el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que dictó en el Rollo de Apelación 30/12 sentencia con fecha 14 de marzo de 2013 , con los siguientes antecedentes de hecho:
"Primero. En el Rollo del Tribunal Jurado núm. 2/2010, seguido en la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia e instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 4 de los de Getxo, contra D Belinda Nieves y D. Nemesio Onesimo , por un presunto delito de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos, se dictó sentencia, el día 19 de octubre de 2012, de acuerdo con el veredicto del Jurado, en la que se declaran probados los hechos que siguen a continuación:
" Nemesio Onesimo y Belinda Nieves eran, en la época a la que se refieren los presentes hechos, Decano de la Facultad de Medicina y Odontología y Catedrático del Departamento de Estomatología, y Directora del Departamento de Estomatología de la misma Universidad, respectivamente, y pareja de hecho. Puestos en todos los casos de común acuerdo:
1º.-En el recurso contencioso administrativo seguido contra el nombramiento de Belinda Nieves como Catedrática, por causa de ser el Presidente del Tribunal de la Oposición su pareja sentimental y socio mercantil, negociaron con algunos recurrentes con el fin de lograr su desistimiento.
Uno de ellos, Inocencio Oscar , exigió como condición para su desistimiento, que no supusiera un coste económico para él, y que, por tanto, le fueran abonados los honorarios de su letrada.
Los acusados aceptaron dicha exigencia y dispusieron el pago a la letrada Sabina Leocadia , de 1.298,19 euros, desde la Unidad de Gasto Autorizado (en adelante durante toda la sentencia UGA) B0230, que se nutría con dinero de la Universidad del País Vasco, y cuya responsabilidad les incumbía a ambos acusados. Los gastos fueron abonados en fecha dos de septiembre de 1998, ignorando la perceptora del dinero y el propio Inocencio Oscar que se trataba de dinero de la Universidad.
2°. Sin que mediara interés alguno para la Universidad, y con finalidad de guardar determinados materiales y enseres, ya almacenados en dependencias de la misma, contrataron con Hilario Bienvenido , el depósito de dicho material en el caserío de su propiedad, en la CALLE000 , n° NUM000 , de Erandio, sin que conste el uso que de dichos enseres o materiales se pretendía, pero en todo caso, sacándolos de las dependencias universitarias.
No consta, a efectos de este procedimiento, que Hilario Bienvenido tuviera conocimiento exacto de que no era la Universidad del País Vasco la que contrataba, a pesar de que aceptaba de ella los pagos de las cantidades establecidas con los acusados, en conceptos ajenos al presunto contrato, en unos casos, por razón de "honorarios' o en otros casos, por el concepto de "departamento" o "colaboración curso post-grado" La cantidad total pagada a Hilario Bienvenido por estos hechos, hasta que la Universidad detectó los mismos, asciende a 9.360'38 euros, siendo realizado el pago desde las UGAS B98273, B98281, B0314, 39272 y 39621, que se nutrían con dinero de la Universidad del País Vasco de las que ambos eran titulares, aunque la negociación concreta de los términos del contrato fue realizada por el acusado Sr. Nemesio Onesimo .
Al cesar los pagos que recibía de los acusados, Hilario Bienvenido , presentó demanda contra la Universidad del País Vasco, en reclamación de otra cantidad de 7.813 euros por rentas impagadas por dicho depósito. En sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil dos, del Juzgado de 1ª Instancia de Getxo , dictada en los autos 298/01, confirmada por sentencia de fecha dieciocho de junio de dos mil tres, de la Sección V de la Audiencia Provincial de Vizcaya , se desestimó la demanda interpuesta. En dichas resoluciones se negó la buena fe del demandante que justificare que la Universidad del País Vasco quedara obligada al cumplimiento de contrato verbal alguno, contrato cuya existencia se alegaba basándose en la apariencia de representación de la Universidad del País Vasco, que el acusado Sr. Nemesio Onesimo había manifestado en su actuación.
El material indebidamente sacado de la Universidad del País Vasco, no consta tasado, no habiendo sido posible determinar, dado el tiempo transcurrido, qué tipo de material era, o si se trataba de material nuevo o en desuso, o si se encontraba depositado en dependencias universitarias provisionalmente o con carácter definitivo, razón por la cual el perjuicio derivado de estos hechos se centre en las cantidades indebidamente abonadas al Sr. Hilario Bienvenido .
En concreto, en el primero de los convenios mencionados (factores de riesgo con patología cardio-vascular) los reactivos necesarios para los análisis de sangre los proveía la empresa IZASA y se entregaban en las dependencias de la Consejería de Interior UTAP de Getxo, pero fueron pagados por el Departamento de Estomatología con cargo a su UGA orgánica (00095), de la que era titular la acusada Doña Belinda Nieves , Directora del Departamento. El importe de los reactivos entregados en dicho local alcanza la suma de 22.945'17 euros, gastos que al ser cargados al Departamento, redujeron el gasto de la UGA del Convenio, incrementando de este modo el importe de beneficio que los acusados obtuvieron de este convenio.
4°. Belinda Nieves , en la fecha en que era responsable del Departamento de Estomatología, y Nemesio Onesimo Decano de la Facultad, autorizaron pagos de material de laboratorio facturados por/a empresa Abbot científica SA por importe de 2.048.985 pts. (12.294'40 euros), con cargo a la UGA orgánica del Departamento (00095). Este material fue entregado a
Francisco Leopoldo en la avenida Zumalacárregui 30 de Baracaldo, y en el apartado de correos 699 de Leioa. Dicho material fue entregado para fines particulares del mencionado Francisco Leopoldo , sin justificación ni autorización de la Universidad para destinar tales cantidades a dichos fines.
5º. En el convenio de Análisis bucodental en sus modalidades de diagnóstico y prevención, acordado con la Consejería de Interior, las radiografías panorámicas que se realizaban a los agentes, se llevaban a cabo con los equipos y materiales de la Clínica Odontológica de la Facultad de Medicina, sin que se abonase el precio público fijado por la Clínica para cada radiografía que en el período 95/96 era de 19'53 euros, al cambio actual. El equipo era manejado por Gregorio Augusto y Arcadio Isidoro , personal contratado administrativamente por la UPV para prestar servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Clínica.
La cantidad no abonada asciende a la cifra de 11.700'46 euros, resultante de multiplicar 626 radiografías panorámicas por 19'53 euros/ unidad, siendo la finalidad de tal actuación reducir los gastos aplicables a la ejecución del convenio, para mantener y elevar la cantidad que, derivada de tal convenio, aplicaron los acusados a sus respectivas nóminas, detrayéndolo del patrimonio público.
Dichas sociedades eran las siguientes: ORALSAN S.L. Constituida por los acusados en enero de 1992. Objeto social: la elaboración, fabricación o distribución de productos dentales y sanitarios, explotación de clínicas dentales o de salud, estética y belleza, y docencia relacionada con el área de salud. Domicilio social: calle Pas d' Arro, 23 A
1 2. Vielha Mijar. Lleida. Administrador, la acusada Belinda Nieves . Liquidada en el año 2000.
Los acusados a través de la sociedad Oralsan S.L. eran titulares de una clínica dental privada sita en la calle Alameda Urquijo, nº 50, 1° de Bilbao, donde prestaban sus servicios como odontólogos diferentes titulados relacionados académica o personalmente con los acusados. En la TGSS fueron afiliados por dicha sociedad, Joaquina Sofia 149 días, Belinda Nieves , 53 días, Ofelia Claudia , 2572 días, Elena Joaquina , 149 días. Según el Colegio Oficial de Odontólogos, organismo a quien no le constaba la titularidad de la clínica, trabajaron en dicha consulta, el Doctor Ricardo Hugo hasta septiembre de 1999, Fidela Graciela , en octubre de 1999, Joaquina Sofia desde enero de 2000. Dicha sociedad, presentó facturas de material propio de la consulta emitidas por Ekident.
ORALFORMA S.L. Constituida por los acusados en marzo de 1993. Administrador único, la acusada. Objeto social, la elaboración y distribución de productos dentales y sanitarios, la explotación de clínicas dentales o de salud, estética y belleza y la docencia relacionada con el área de salud. Domicilio social: calle Pintor Peiro, n° 5,3° de Valencia, inmueble propiedad de la empresa Geico S.A. General de Inmuebles y Construcciones, alquilado por la acusada en noviembre de 1992, por tiempo de seis meses, y cuando menos, desde 1997 a febrero de 2000 alquilado, por dicha sociedad a otros particulares entre los que se encuentran, Lucia Gracia , Raimundo Isaac , Amador Moises . Disuelta y liquidada en el año 2000, adjudicándose la acusada el inmovilizado material de la sociedad, constituido por una mitad indivisa del piso séptimo del n° 18 de la calle Pintor Peiro. Valencia.
ANÁLISIS CORRECTO S.L. Constituida por los acusados en octubre de 1998. Objeto social, la analítica, elaboración y fabricación de productos relacionados con la salud, estética, belleza y docencia, así como realizar estudios de laboratorio y tratamiento de datos. Domicilio social, en calle Manuel de Falla,9, 5 4 Barcelona, inmueble propiedad de la acusada Belinda Nieves .
INSTRUCCIÓN Y LABORATORIO S.L. Constituida por los acusados en noviembre de 1998. Objeto social, la preparación y distribución de material sanitario y cosmético. La formación y asistencias socio-sanitaria y aquellos estudios relacionados con el área socio-sanitaria y medioambiental. Domicilio social: calle Canet, Barcelona, 37 11, inmueble propiedad de Sabino Segundo . Administrador, la acusada, Belinda Nieves .
- En las cuatro figura como Administradora la Sra. Belinda Nieves .
-Ninguna cumplía anualmente las obligaciones mercantiles y tributarias exigidas, haciéndolo todas ellas retroactivamente después de la denuncia presentada en julio año 2000, de la que deriva el presente escrito.
-Las citadas sociedades tenían como único cliente a la Universidad del País Vasco.
-Ninguna tenía personal a su servicio, excepto ORALSAN S.L., titular en su día de una Clínica dental en Bilbao c/ Alda. Urquijo n° 50-1º.
-Estas sociedades apenas tenían gastos y los pocos que tenían se correspondían a los gastos corrientes de la vivienda donde estaban domiciliados como el agua, luz, comunidad de propietarios, etc.
-Ninguno de los gastos acreditados correspondía a material médico o de laboratorio, salvo en el caso de ORALSAN S.L., que en la época en que fue titular de la clínica dental consumía materiales propios de esa actividad sanitaria.
Los acusados, a través de estas sociedades, emitieron cuando menos 34 facturas, simulando la realización de servicios que no hicieron, por un importe total de 110.837'49 euros, conforme a la siguiente relación e importes en pts. (excluído el IVA):
EMPRESA IMPORTE CONCEPTO
ORALSAN 515.000 Analíticas en trabajadores del sector de alimentación de patógenos nasales ungueales y entéricos
ORALSAN 622.000 Analíticas en trabajadores de IgA, IgG, IgM y de albúmina
ORALSAN 593.000 Determinaciones de colesterol LDL, HDL y Apo B en pacientes intervenidos con L. Clavatum y ensayos previos en pacientes
ORALSAN 680.000 Determinación en trabajadores (sobrecarga laboal) de LDH y CK, Ferritina y transferrina, triguiceridos, albumina, GOT y GPT
ORALSAN 675.000 Analíticas de M.tuberculosis y resistencia a los antibióticos, Candida albicans, y beta 2 microgublina en un colectivo de drogodependientes
ORALSAN 657.943 Análisis de muestras y tratamientos de datos en industrias de disolventes orgánicos y de forma
ORALSAN 643.925 Análisis medio ambientales
ORALSAN 706.000 Encuestas en deportistas y población general con aplicación del test de Adams forward-bending
ORALSAN 720.000 Encuestas GHQ y determinaciones capacidad buffer
ORALSAN 251.500 Analíticas en trabajadores con ligero grado de deficiencia mental
ORALSAN 203.000 Anaiíticas en sangre VHB+
ORALSAN 592.500 Control de muestras de saliva tras el uso de A1203 3CH y Nux moschata 15 CH
ORALFORMA 600.000 Encuestas epidemiológicas en tercera edad
ORALFORMA 572.000 Encuestas sobre alimentación y caries, fotocopias y encuadernaciones
ORALFORMA 550.000 Análisis variabilidad de parámetros bioquímicos en relación a la obesidad
ORALFORMA 760.000 Análisis de recuento de colonias de S.mutans y lactobacillus
ORALFORMA 710.000 Analíticas en salivas de deportistas y personas sedentarias
ORALFORMA 600.000 Encuestas en población laboral y analíticas
ORALFORMA 570.000 Determinaciones tras un programa de intervención en salud oral de microorganismos orales predictores de patología oral
ORALFORMA 725.000 Encuestas y exploración en embarazadas
ORALFORMA 214.000 Analíticas en población laboral con déficit psíquico
ORALFORMA 230.000 Análisis y valoración en población laboral alcohólica y no alcohólica
ORALFORMA 311.000 Determinación en frotis vaginal y analisis serológico
ORALFORMA 532.000 Detenninaciones MetaHb en Pob. Laboral y gastos de fotocopias
LABINSTRU 317.757 Determinaciones de Iga salivar y fotocopias
LABINSTRU 420.560 Encuestas de trabajo y determinación de flujo salivar, valoraciones capacidad bufer tampon, determinaciones de pH y determinaciones de acido sialico
LABINSTRU 633.000 Encuestas intervención con Aconitum Napellus en población trabajadora
LABINSTRU 584.000 Deteminaciones de tasas de proteínas, amilasas, analíticas de capacidad bufer tampón y determinaciones de pH
ANACO 450.000 Analíticas parásitos en heces
ANACO 700.237 Muestras e identificación de microorganismos patógenos
ANACO 294.392 Encuestas patología columna vertebral
ANACO 587.600 Detenninaciones de lisozima y ticcianato
ANACO 492.000 Determinaciones de CT, c-HDL, c-HDL2, c-HDL3, CLDL, TG, Lp
"La mayoría de las facturas se pagaron por los acusados con cargo a las siguientes UGAS, de las que eran cotitulares; 61.358 (Salud Laboral) 13 facturas, 98281 (Valoración daño bucodental) 2 facturas, 98273 (Valoración y Baremación del Daño Corporal) 6 facturas, 62133 (Programa de salud oral y prevención-Convenio Consejería de Interior) 3 facturas, B0314 (Master de Homeopatía y salud) 2 facturas y 98290 (Master de dirección y gestión).
Segundo. En el Fallo de la sentencia apelada se consigna:
"Condeno a Nemesio Onesimo y a Belinda Nieves , como autores responsables de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas, a cada uno de ellos, de cinco años y tres meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de nueve años; inhabilitación especial para el derecho pasivo durante el tiempo de la condena; a que indemnicen, conjunta y solidariamente, en concepto de responsabilidad civil a la Universidad del País Vasco en 168.436'09 euros, con los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y al abono por mitades partes de las costas procesales causadas."
Tercero. La sentencia fue notificada a las partes y por la representación procesal de los dos condenados se interpuso recurso de apelación ante la Sección 2ª de la Iltma. Audiencia Provincial de Bizkaia para ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de conformidad con lo establecido en el art. 846 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Cuarto. Una vez emplazadas las partes, se personaron ante esta Sala de lo Penal, el Procurador el Procurador (sic) D. Germán Ors Simón en representación de la apelante Dª Belinda Nieves ; el Procurador D. Alberto Arenaza Artabe en representación del apelante D. Nemesio Onesimo ; el Procurador D. Germán Apalategui Carasa, en representación de la apelada Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea; la Procuradora Dª Paula Basterreche Arcocha, en representación de la "Asociación Vasca Garbi eta Zuri" y el Ministerio Fiscal.
Quinto. Recibidas que fueron las actuaciones, se señaló para la celebración de la vista del recurso, el día 12 de febrero de 2013 a las
10:00 horas de su mañana, formándose Sala para el conocimiento del recurso y de sus eventuales incidentes por tres Magistrados, y haciéndose entrega de copia de las actuaciones a los Magistrados para su instrucción.
Sexto. La vista se ha celebrado en el día y hora señalado, con asistencia de las partes, solicitándose por los Letrados recurrente la estimación de los recursos y la revocación de la sentencia en la forma y por los motivos expuestos en sus escritos de Apelación.
- El Tribunal de apelación dictó el siguiente pronunciamiento:
"Desestimamos los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de Dª Belinda Nieves y D. Nemesio Onesimo contra la Sentencia de 19 de octubre de 2012, dictada en el ámbito de la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado en el Rollo n° 2/2010 , por el delito de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos.
-Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por los acusados Belinda Nieves y Nemesio Onesimo , que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
-La representación de los acusados basa sus recursos en los siguientes motivos de casación:
Belinda Nieves : PRIMERO.-Al amparo del art. 852 LECr ., así como del art. 5.4 LOPJ , por vulneración del derecho fundamental al debido proceso, y a la vez del derecho fundamental a la defensa ( art. 24 CE ). SEGUNDO.-Al amparo del art. 852 LECr ., así como del art. 5.4 LOPJ , por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva concretado en el derecho al procedimiento con todas las garantías, por haberse dictado la sentencia de apelación de modo que hace surgir dudas sobre la imparcialidad del TSJ en el modo de resolver el recurso. TERCERO.-Al amparo del art. 852 LECr , así como del art. 5.4 LOPJ , por vulneración del derecho fundamental al procedimiento con todas las garantías, por denegación de medios de prueba pertinentes, causante de una efectiva y material situación de indefensión. CUARTO.-Al amparo del art. 852 LECr ., así como del art. 5.4 LOPJ , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, asimismo vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. QUINTO.-Al amparo del art. 850.1º LECr ., por quebrantamiento de forma, por denegación de diligencias de prueba necesarias y pertinentes, que fueron propuestas en tiempo y forma. SEXTO.-Al amparo del art. 849.1º LECr ., por infracción de ley, aplicación indebida de los delitos del art. 390.2 y 432.1 CP remisión parcial. SÉPTIMO.-Al amparo del art. 852 LECr ., así como del art. 5.4 LOPJ , por vulneración del derecho fundamental al proceso sin dilaciones indebidas en relación con el deber de motivación de las resoluciones judiciales y con el derecho fundamental a la legalidad penal ( art. 24 y 25 CE ).
Nemesio Onesimo : PRIMERO.-Al amparo del art. 5.4 LOPJ y del art. 852 LECr ., por vulneración del art. 24.2 de la CE , al haberse producido condena a pesar de que no ha sido desvirtuada la presunción de inocencia. SEGUNDO.-Al amparo del art.
5.4 LOPJ y del art. 852 de la LECr , por vulneración del art. 24.2 de la CE al haberse producido condena a pesar de que no ha sido desvirtuada la presunción de inocencia. TERCERO.-Al amparo del art. 851.3 de la LECr , por no haber sido resueltos todos los puntos objeto de defensa en el recurso de apelación. CUARTO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ y del art. 852 LECr ., por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, recogido en el art. 24.2 de la CE . QUINTO.-Al amparo del art. 5.4 LOPJ y del art. 852 LECr . por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, recogido en el art. 24.2 de la CE , dada la incorrecta valoración de la prueba. SEXTO.-Al amparo del art. 5.4 LOPJ y del art. 852 LECr ., por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el art. 24.1
de la CE, del derecho a un proceso con todas las garantías y mediatamente a la presunción de inocencia. SÉPTIMO.-Por infracción de ley al amparo del num. 1 del art. 849 de la LECr ., por aplicación indebida de los arts. 27 y 28 del CP , sobre autoría y participación. OCTAVO.-Al amparo del art.
5.4 de la LOPJ y del art. 852 LECr ., por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, recogido en el art. 24.2 de la CE . NOVENO.-Al amparo del art. 5.4 LOPJ y del art. 852 LECr , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, recogido en el art. 24.2 de la CE . DÉCIMO.-Al amparo del art. 849.1 de la LECr ., por aplicación indebida del art. 390.1 del CP , al haberse producido condena por delito de falsedad documental cometida por funcionario público. UNDÉCIMO.-Por infracción de ley al amparo del num. 1 del art. 849 LECr ., por inaplicación indebida del art. 14 del CP . DÉCIMOSEGUNDO.-Al amparo del art. 5.4 LOPJ y del art. 852 LEC ., por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el art. 24.1 de la CP , del derecho a un proceso con todas las garantías, recogido en el art. 24.2 de la CP . y medianamente, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. DECIMOTERCERO.-Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECr ., por indebida aplicación de los art. 59 , 61 y 63 de la Ley de Tribunal de Jurado . DECIMOCUARTO.-Al amparo del art. 5.4 LOPJ y del art. 852 LECr ., por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, recogidos respectivamente en los art. 24.1 y 24.2 de la constitución , dada la manifiesta ausencia de motivación del veredicto del jurado. DECIMOQUINTO.-Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECr ., por indebida inaplicación del art. 21.6 en relación con el art. 66.1.2º, ambos del CP ,
-Instruidas las partes presentaron escritos la Procuradora Sra. Leiva Cavero en nombre y representación de la Universidad del País Vasco, UPV/EHU y la Procuradora Sra. Rodríguez Herranz en nombre y representación de la Asociación Vasca GARBI ET ZURI impugnando respectivamente los recursos interpuesto por los acusado; el Ministerio Fiscal impugnó todos y cada uno de los motivos de los recursos interpuestos; la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de la vista cuando por turno correspondiera.
-Hecho el señalamiento, ha tenido lugar la vista prevenida el día 20 de marzo, con la asistencia, como recurrentes los letrados Jesús María Silva Sánchez en defensa de Belinda Nieves e Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno en defensa de Nemesio Onesimo que informan sobre los motivos del recurso; como recurridos, José Ignacio Sufrate Simón en defensa de la Asociación Vasca Garbi ETA Zuri y Miguel María Ladislao Alonso Belza en defensa de la Universidad del País Vasco UPV/EHU que solicitan la desestimación del recurso y el Fiscal que se ratifica en el informe.
PRELIMINAR . El Magistrado-Presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya dictó sentencia el 19 de octubre de 2012 , en la que condenó a Nemesio Onesimo y a Belinda Nieves , como autores responsables de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas, a cada uno de ellos, de cinco años y tres meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de nueve años; inhabilitación especial para el derecho pasivo (sic) durante el tiempo de la condena; a que indemnicen, conjunta y solidariamente, en concepto de responsabilidad civil a la Universidad del País Vasco en 168.436'09 euros, con los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y al abono por mitad de las costas procesales causadas.
Contra la referida condena recurrieron en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, los dos acusados: Nemesio Onesimo y Belinda Nieves . El 14 de marzo de 2013 dictó sentencia ese Tribunal desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de los acusados contra la sentencia de 19 de octubre de 2012, pronunciada por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial de Vizcaya , con imposición a las partes recurrentes de las costas causadas.
A) Recurso de Belinda Nieves
1. En el primer motivo denuncia la recurrente, con sustento procesal en los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa ( art. 24.2 CE ).
Arguye la defensa de la recurrente que cuando la Audiencia Provincial de Vizcaya acordó por auto de 27 de julio de 2009 su incompetencia para conocer de la causa y que se prosiguiera la tramitación del procedimiento por los trámites de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), al mismo tiempo que reponía el proceso al trámite inmediatamente anterior a la designación de un Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado ( art. 35 de la LOTJ ), omitió retrotraer el proceso al momento anterior a la audiencia preliminar, privando así a las partes de efectuar las alegaciones y de proponer las diligencias de investigación que en esa vista oral permiten los arts. 30 y ss. de la LOTJ , dando de este modo por bueno lo ya acordado sobre la apertura del juicio oral mediante los trámites del procedimiento abreviado, con lo cual se privaba a las defensas de unos trámites específicos de esa Ley y se entraba directamente en la fase intermedia del procedimiento del Tribunal del Jurado sin cumplimentar debidamente las normas de la fase de instrucción.
Pues bien, lo primero que se aprecia en la exposición del presente motivo es que suscita una cuestión que no ha sido específicamente planteada ante el Tribunal Superior de Justicia, ya que la defensa no solicitó la nulidad del procedimiento por la razón que ahora esgrime, de ahí que la sentencia de apelación no haya entrado a dirimirla. Se está, pues, ante una impugnación per saltum , mediante la cual la defensa de la recurrente formula exnovo ante esta Sala una pretensión que no había sido postulada ante el Tribunal de apelación.
A este respecto, es importante subrayar que la sentencia objeto del recurso de casación es, precisamente, la dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad correspondiente, y por ello no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación; o dicho de otro modo: el marco de la disidencia en el recurso de casación queda limitado por lo que fue objeto del recurso de apelación, y, por tanto, lo que quedó fuera del ámbito de la apelación no puede ser objeto del recurso de casación, en la medida que ello supondría obviar la existencia del previo control efectuado en la apelación. El control casacional se construye sobre lo que fue objeto del recurso de apelación, no pudiéndose introducir motivos absolutamente novedosos que no se pudieron analizar y resolver en la apelación ( SSTS 302/2013, de 27-3 ; 658/2013, de 18-7 ; y 688/2013, de 30-9 , entre otras).
El segundo motivo lo dedica la recurrente, también por el cauce procesal de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , a denunciar la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva del derecho a un proceso con todas las garantías, por haberse generado dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Superior de Justicia a tenor del "modo de resolver el recurso".
Alega la defensa de la acusada que las dudas sobre la imparcialidad del Tribunal de apelación le surgen debido al uso que hace del control o revisión de la apreciación de la prueba que valoró el Tribunal del Jurado. Discrepa en concreto de que la Sala de instancia argumente en diferentes ocasiones con el art. 849.2º de la LECr . cuando valora la prueba documental, y ello porque viene a operar con los criterios restrictivos de un recurso extraordinario de casación cuando en realidad está ejercitando el control propio de un recurso de apelación.
La debilidad del argumento surge ya al examinar la forma de proponerlo, pues la parte se limita a exponer que le "surgen dudas", como si la opinión o el sentimiento subjetivo de duda o desconfianza fuera suficiente para anular un juicio por falta de imparcialidad de un Tribunal. Las impresiones personales o la suspicacia de una parte no pueden dar lugar a la nulidad de un juicio por falta de imparcialidad del órgano sentenciador. Cualquier cuestionamiento de la imparcialidad de un Tribunal precisa para configurar una causa de nulidad del juicio una base objetiva rigurosa y seria, no siendo suficiente con una mera desconfianza por impresiones personales de una de las partes interesadas en el proceso.
El único argumento que en este caso alega la parte recurrente es el uso que ha hecho la Sala de instancia en sus razonamientos probatorios del art. 849.2º de la LECr ., circunstancia que conduce a la defensa a entender que el Tribunal se ha salido indebidamente del raíl del recurso de apelación y se ha introducido de forma incorrecta en el de la casación.
Se olvida con ello de que el recurso de apelación que regula el art. 846 bis c) de la LECr . es un medio de impugnación que, según ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia, poco tiene que ver con un recurso ordinario de apelación, pues presenta una naturaleza y un alcance tan restringido que ha sido equiparado a una casación, al compartir ambos una naturaleza extraordinaria. Es más, hay quien ha llegado a considerarlo como un cauce impugnatorio todavía más estrecho que el que alberga la propia casación. En cualquier caso, parece claro que el control de la supervisión de la valoración de la prueba que se asigna al Tribunal Superior de Justicia con respecto a la sentencia del Tribunal del Jurado no es superior al que se le atribuye a un Tribunal de Casación.
Por lo demás, según se recuerda en la sentencia de esta Sala 323/2013, de 23 de abril , reproduciendo la 1179/2004, de 15 de octubre , en principio, no existe obstáculo alguno para considerar que los motivos de casación, tanto por infracción de ley como por quebrantamiento de forma, puedan ser considerados como posibles vulneraciones de preceptos constitucionales, susceptibles de alegación ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia [( art. 846 bis c), apartado b) LECr .]. Así, por ejemplo, la denegación de alguna diligencia de prueba, o la falta de citación de alguna parte, o la negativa a que un testigo conteste determinada pregunta, o los supuestos en que la sentencia no resuelva sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación o de la defensa, etc., pueden ser consideradas tanto vicios "in procedendo" o "in iudicando" ( arts. 850 y 851 LECr .) como vulneración de derechos y preceptos constitucionales, como son el derecho a la tutela judicial efectiva, la proscripción de toda posible indefensión, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, etc. ( art. 24 CE ). Nada se opone, pues, a que los posibles errores en la valoración de la prueba a que se refiere el art. 849.2º de la LECr . sean alegables, en cuanto posibles motivos de apelación en este tipo de procesos, como infracciones de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos [ art. 846 bis c), apartado b) LECr .] "
En el motivo tercero se invoca, al amparo de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , la vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, por denegación de pruebas pertinentes causante de una efectiva y material situación de indefensión.
La primera denegación de prueba de la que se queja la parte recurrente es la relativa a la acreditación documental de que la acusada dejó de cobrar el complemento como directora y coordinadora del título propio de postgrado con el que se daba cobertura al pago de la suma de 1.298,19 euros a la letrada Sabina Leocadia , pago que se efectuó con dinero de la Universidad del País Vasco (UPV), en concreto del correspondiente a la Unidad de Gasto Autorizado (UGA) B0230.
Frente a esa queja formulada en su momento en vía de apelación, responde el Tribunal Superior de Justicia en el fundamento tercero de su sentencia que el medio de prueba debía tenerse, en todo caso, como objetivamente inidóneo para la acreditación de los hechos relevantes integrantes del tema objeto de prueba señalado. Y ello, en la medida en que el aludido negocio jurídico de compensación ( artículo 1.195 del Código Civil ) resultaba jurídicamente imposible de establecer entre la acusada y la entidad pública UPV/EHU, pues ambas personas, física y jurídica, no aparecen en los hechos justiciables que definen el tema de prueba como recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra; de manera distinta, la acusada aparece como acreedora de la UPV en relación con determinados devengos retributivos, y como deudora, por razón de un negocio privado, de una cantidad en concepto de honorarios profesionales de la que es recíprocamente acreedora la Letrada Sabina Leocadia ; y en modo alguno la UPV. Lo que privaba -termina diciendo la sentencia recurrida- de todo carácter de prueba causal al documento de constancia, cuya elaboración por la UPV se requería por la acusada.
La segunda denegación probatoria que cuestiona la recurrente se refiere al hecho probado cuarto de la sentencia recurrida: la entrega de material de laboratorio por Abbot Científica a costa de la Universidad del País Vasco a Francisco Leopoldo para fines particulares de este, entrega que se habría producido por orden de los acusados, que eran los que disponían de los fondos del departamento correspondiente.
La defensa de la acusada alega que se le denegó la prueba documental con la que pretendía acreditar que la actividad de Francisco Leopoldo estaba relacionada con su adscripción al Departamento de Estomatología en su condición de doctorando, recibiendo el material con motivo de esa actividad universitaria. Afirma la parte recurrente que los documentos números 2.26 y 2.33 estaban relacionados con la justificación de tales datos exculpatorios.
Sobre este particular argumenta el Tribunal Superior que, en su momento, y en el trámite del artículo 784.2 de la LECr ., estaba a disposición de la parte solicitar del órgano judicial que recabara la "remisión" de documentos pero no su elaboración exnovo como prueba preconstituida. Así como que, en materia de prueba de documentos, las facultades conferidas al Ministerio Fiscal y a las partes por el artículo
785.1 de la LECr. se circunscriben a la "incorporación" a la causa de los que obren en su poder. Sin embargo, apartándose de la previsión procesal, la defensa de la acusada interesó, de forma no pertinente, la realización por las respectivas organizaciones administrativas del Tribunal Vasco de Cuentas y de la UPV de complejos actos de instrucción dirigidos a la elaboración como prueba preconstituida de sendos documentos de constancia sobre los que no se había deducido solicitud alguna durante los nueve años en los que se desarrolló la instrucción del procedimiento abreviado.
Por consiguiente, el Tribunal de apelación argumentó sobre la correcta denegación de una prueba que no se ajustaba a los cauces procesales que se preveían en un determinado momento del proceso y que, además, había sido omitida por la defensa durante nueve años de instrucción. A tales argumentos añade la representación de la Universidad del País Vasco que el referido Francisco Leopoldo tenía inscrita una tesis que nunca llegó a defender.
El tercer medio de prueba cuya denegación impugna la defensa del acusado atañe al hecho sexto de la sentencia recurrida, que dice lo siguiente: " los acusados emitieron facturas simulando servicios que no se realizaron, como investigaciones y estudios para la realización de trabajos utilizados en la docencia, que según el informe pericial de la Doctora Barbara Nuria , como directora de Ética de la Investigación y de la Práctica Docente del Vicerrectorado de Investigación del País Vasco, considera que el formato que presentan los trabajos no responde a ninguno de los habituales en el ámbito científico y que no reúne los requisitos profesionales adecuados a los modelos de un proyecto de investigación ".
Y en lo que respecta al informe pericial que se solicitó del Decanato de la Facultad de Medicina y Odontología en relación con la calidad técnico-científica y la utilidad docente de los referidos trabajos, obtuvo la acusada pertinente respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia cuando este argumentó que la calificación de la proposición de prueba como extemporánea en la resolución dictada por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado resultaba razonable, atendiendo para ello al criterio de la posibilidad de practicar la prueba pericial propuesta en el lapso de tiempo disponible entre la fecha de adopción de la resolución, 8 de junio de 2012, y la de 17 de septiembre del mismo año, señalada para la formación del Tribunal del Jurado y el comienzo de las sesiones del juicio oral. Añadiendo que la invocación por la parte apelante de la normativa aplicable al procedimiento abreviado en el momento de proposición de la prueba ( artículo 784.2 de la LECr .) no alteraba la anterior conclusión, toda vez que el precepto habilita a la parte defensora para que por el órgano judicial "se cite a peritos", en tanto que por la parte lo que se proponía era la realización de un dictamen pericial por el titular de un determinado órgano académico.
1. El cuarto motivo lo dedica la defensa, bajo la cobertura procesal de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , a denunciar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y también el derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva de la falta de motivación de las resoluciones judiciales.
Y en lo que respecta al delito de falsedad, arguye la defensa que ni siquiera fue sometida a la decisión del Jurado la existencia del sustrato fáctico del dolo falsario, o sea, que la acusada conociera que estuviera realizando una conducta falsificadora subsumible en el art. 390 del C. Penal .
Siguiendo el orden establecido en el escrito de recurso, analizaremos primero la falta de motivación del elemento subjetivo del dolo correspondiente al delito de malversación de caudales públicos por el que fue condenada la recurrente.
Aduce la defensa, en primer lugar, que el objeto del veredicto fue redactado de forma defectuosa en lo relativo al sustrato de la imputación subjetiva (conocimiento como presupuesto del dolo), pues no fue incluido en el hecho principal una formulación positiva del hecho psíquico subyacente a la imputación dolosa, con lo que tal hecho -dice la parte recurrente- no fue sometido al juicio del Jurado como hecho desfavorable, infringiéndose así la doctrina de esta Sala referente a que el hecho principal ha de contener todos los datos de hecho sin los cuales no podría tenerse por aplicable el tipo penal imputado ( SSTS 1385/2011, de 22-12 ; y 144/2013, de 29-1 ).
En la misma dirección y con similares argumentos ha de dirimirse la impugnación relativa a la constatación del dolo falsario . En este caso la defensa denuncia que el dolo no solo no aparece motivado en la sentencia, sino que además ni siquiera se pronunció sobre el mismo el Jurado, ya que el elemento subjetivo del delito continuado de falsedad ni siquiera fue objeto del veredicto.
En el motivo quinto invoca la parte recurrente, por el cauce procesal del art. 850.1º de la LECr ., el quebrantamiento de forma consistente en la denegación de las diligencias de prueba pertinentes y necesarias, que fueron propuestas en tiempo y forma.
1. En el motivo sexto invoca la defensa, con sustento procesal en el art. 849.1º de la LECr ., la aplicación indebida de los arts.
390.2 y 432.1 del C. Penal .
Acto seguido cuestiona la parte recurrente la condena por el delito del art. 390.2 del C. Penal , argumentando que la acusada fue condenada por el delito de falsedad documental cometida por funcionario público cuando las facturas no fueron emitidas en tal condición, sino que se trató de facturas mercantiles que ni constituyen documentos públicos ni fueron confeccionadas por funcionario en el ejercicio de sus funciones.
En lo que se refiere a la sentencia del Tribunal del Jurado, que a su vez ha sido ratificada en apelación por la del Tribunal Superior de Justicia, se aprecia que en el fundamento jurídico segundo tipifica los hechos como un delito continuado de falsedad en documento público previsto en el art.
390.2 del C. Penal, especificando que se está ante un supuesto en que se castiga a un funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, comete falsedad simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. Y al explicar el elemento objetivo del delito falsario se argumenta que las facturas emitidas por los acusados a través de las cuatro sociedades ("Oralsan", "Oralforma", "Análisis Correcto" e "Instrucción y Laboratorio") faltaban a la verdad sobre los servicios que se decían prestados. Y a continuación se incide en el carácter continuado del delito debido a la pluralidad de acciones realizadas y al aprovechamiento de la misma ocasión ( art. 74.1 del C. Penal ).
Con posterioridad, y en el fundamento relativo a la individualización judicial de la pena (fundamento quinto), si bien el Tribunal del Jurado sigue operando con el tipo penal del art. 390, es decir, con la falsedad de funcionario público en el ejercicio de su función, ya comienza a incurrir en cierta equivocidad cuando arguye que se está ante una falsedad en "documento mercantil u oficial", aunque hace el cálculo punitivo con la pena de tres a seis años de prisión del art. 390 del C. Penal . Y la incertidumbre y confusión alcanzan su culmen en la redacción del fallo, al condenar a los acusados como autores responsables de un delito continuado de "falsedad en documento mercantil" en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.
Planteada y resuelta en tales términos por el Tribunal del Jurado y el Tribunal Superior de Justicia la tipificación de la conducta falsaria de los acusados , ha de entenderse que la contradicción que se percibe entre la fundamentación jurídica y el fallo de la sentencia del Tribunal del Jurado, que ha sido después asumida tácitamente por la sentencia del Tribunal Superior, ha de ser solventada en el sentido de que realmente se está ante un delito continuado de falsedad en documento mercantil, tal como se especifica formalmente en el fallo de la sentencia del Tribunal del Jurado, y no ante un delito continuado de falsedad en documento oficial ejecutado por funcionario público en el ejercicio de sus funciones ( art. 390 del C. Penal ).
En efecto, en la sentencia de esta Sala 1149/2009, de 26 de octubre , se afirma que para apreciar la falsedad de funcionario público prevista en el art. 390.1 del C. Penal se requiere que la cometa el funcionario "en el ejercicio de sus funciones", de modo que el documento objeto de la falsificación sea alguno de aquellos en los que el funcionario actúa con competencia para su confección , es decir, ejercitando realmente sus funciones, sin que baste con un aprovechamiento de la mera condición funcionarial del falseador para considerar integrado ese elemento del tipo. Y cita después otras sentencias de esta Sala que han sostenido el mismo criterio.
Así, la nº 720/2005, de 15 de junio, en la que se dice: " Esta Sala, en sentencias como la núm. 572/2002, de 2-4 , ha indicado que el sujeto activo de este delito de falsedad documental del art. 390 ha de ser un funcionario
o autoridad; pero ello no basta para poder actuar como tal en este delito especial, pues se requiere que ese funcionario, al realizar alguna de las falsedades que aparecen enumeradas a continuación, actúe en el ejercicio de sus funciones, expresión ahora más precisa que ha venido a sustituir a la de 'abusando de su oficio' contenida en el paralelo art. 302 del CP anterior. Con esto el legislador ha trasladado al texto del CP actual lo que venía siendo doctrina constante de esta Sala, que excluía la aplicación de ese art. 302 para aplicar el 303 con la agravante genérica 10ª del art. 10 CP anterior (ahora art. 392 y agravante 7ª del art. 22), cuando el delito se había cometido por el funcionario como tal funcionario, pero sin haber actuado dentro del estricto ámbito de competencias que por el cargo concreto le estuvieran asignadas".
Y en la misma línea se pronuncia la STS 1/2004, de 12 de enero , en la que se insiste en que "el tipo penal contemplado en el art. 390 del Código Penal se refiere a la autoridad o funcionario público que cometiere en un documento público, oficial o mercantil, alguna de las conductas descritas en el mismo; pero siempre que ello tuviere lugar 'en el ejercicio de sus funciones'; cuestión igualmente discutible y sobre la cual hemos tenido ocasión de declarar que, para la aplicación del citado precepto, 'no es suficiente con la condición de funcionario público del sujeto activo, sino que es exigible además que este actúe... en el área de sus funciones específicas '; de tal modo que, aun tratándose de una autoridad o funcionario público, si su actuación falsaria no se refiere específicamente a tales funciones y únicamente se ha aprovechado de su condición de autoridad o funcionario, 'para acceder en forma irregular al documento en cuestión', el hecho deberá ser calificado con arreglo al art. 392 del mismo Código (falsedad cometida en documento oficial por particular), concurriendo la agravante del prevalimiento del carácter público del culpable ( art. 22. 7ª CP )".
Al centrarnos ya en el caso concreto , se aprecia que las facturas falsas cuya coautoría se atribuye a los acusados no han sido confeccionadas dentro del cometido estricto de la función pública que desempeñaban en la Universidad del País Vasco, sino como administradores de derecho o de hecho de las cuatro sociedades tantas veces referidas. Y es que el ámbito propio de tales facturas y el motivo de su emisión era confeccionar unos documentos societarios que aparentaran que las entidades que administraban los acusados habían prestado unos determinados servicios a la Universidad, y en concreto a los departamentos que ellos dirigían.
En la sentencia recurrida, la del Tribunal Superior de Justicia, tal como se dijo supra , cuando se suscitaron en apelación las cuestiones jurídicas que se acaban de tratar se respondió para rechazar la tesis de la defensa que " los acusados, con una mano preparan la factura en calidad de representantes de las sociedades mercantiles; y, con la otra mano, realizan el pago de su calidad de gestores responsables de las UGAs. Por lo que la condición de funcionarios y la actuación en el ejercicio de sus funciones públicas como responsables de las UGAs, resultaba imprescindible para la comisión del delito medial de falsificación en documento público".
Por lo que, aun siendo cierto que esas falsificaciones resultaban imprescindibles para ejecutar la conducta malversadora, ello no significa que la instrumentación de las facturas convierta a estos documentos mercantiles en documentos oficiales o públicos. Máxime cuando en ningún momento de las sentencias del Tribunal del Jurado ni del Tribunal Superior se hace referencia alguna a los documentos oficiales o públicos por destino
o incorporación, doctrina que por lo demás, como es sabido, ha devenido inaplicable en la práctica, excepto en supuestos excepcionales. Y desde luego tampoco la acción de confeccionar unas facturas falsas correspondientes a unas sociedades mercantiles puede ser calificada como la acción propia de un funcionario público en el ejercicio específico de sus funciones.
Visto lo que antecede, le asiste la razón a la parte recurrente cuando cuestiona la fundamentación jurídica de la sentencia del Tribunal del Jurado, puesto que este sostiene la condena de los dos acusados por falsedad documental con los argumentos jurídicos y la pena propios del delito falsario de funcionario previsto en el art. 390 del C. Penal , cuando lo correcto era operar con el delito continuado de falsedad en documento mercantil previsto en los arts. 392 y 74 del C. Penal , que a su vez han de ponerse en relación con el art. 390.1.2º del mismo texto legal .
1. En el motivo séptimo alega la recurrente, con cita procesal de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , la vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas , en relación con el deber de motivación de las resoluciones judiciales y con el derecho fundamental a la legalidad penal ( art. 24 y 25 CE ).
En la sentencia recurrida, el Tribunal Superior de Justicia argumenta para ratificar la inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas que el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado se atuvo a lo prescrito en el art. 70.1 de la LOTJ , cumplimentado lo que decidió el Jurado en el veredicto al desestimar por cinco votos frente a cuatro la proposición asertiva relacionada con la atenuante de dilaciones indebidas.
" En la tramitación de la causa se ha incurrido en numerosos periodos de inactividad, no imputables a la actuación de la defensa del acusado, que comportan un total de siete años y siete meses. Tales periodos son los siguientes:
- Del 12-4-2010 al 3-5-2011 (1 año y 1 mes) ".
La "dilación indebida" es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional -derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable-, y reaccional -traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas-. En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y las consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de estos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto, atendiendo para ello al interés social derivado de la gravedad del delito cometido, al mismo tiempo que han de ponderarse los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado ( SSTEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España ; 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España ; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España ; SSTC 237/2001 , 177/2004 , 153/2005 y 38/2008 ; y SSTS 1733/2003, de 27-12 ; 858/2004, de 1-7 ; 1293/2005, de 9-11 ; 535/2006, de 3-5 ; 705/2006, de 28-6 ; 892/2008, de 26-12 ; 40/2009, de 28-1 ; 202/2009, de 3-3 ; 271/2010, de 30-3 ; 470/2010, de 20-5 ; y 484/2012, de 12-6 , entre otras).
También tiene establecido esta Sala que son dos los aspectos que han de tenerse en consideración a la hora de interpretar esta atenuante. Por un lado, la existencia de un "plazo razonable", a que se refiere el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable», y por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su art. 24.2 . En realidad, son conceptos confluyentes en la idea de un enjuiciamiento sin demora, pero difieren en sus parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 91/2010, de 15-2 ; 269/2010, de 30-3 ; 338/2010, de 16-4 ; 877/2011, de 21-7 ; y 207/2012, de 12-3 ).
La doctrina jurisprudencial sostiene que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena (la pérdida de bienes o derechos derivada del proceso penal) y el mal causado por la conducta delictiva ( SSTC 177/2004 y 153/2005 ). Por lo tanto, esa pérdida de derechos debe determinar la reducción proporcional de la gravedad de la pena adecuada a la gravedad de la culpabilidad, porque ya ha operado como un equivalente funcional de la pena respecto a la que corresponde por el grado de culpabilidad. Ahora bien, que ello sea así no significa, sin embargo, como precisa la doctrina, que el transcurso del tiempo comporte una extinción, ni siquiera en parte, de la culpabilidad, pues esta es un elemento del delito que como tal concurre en el momento de su comisión y el paso del tiempo no comporta, por lo tanto, que disminuya o se extinga ( SSTS 987/2011, de 15-10 ; 330/2012, de 14-5 ; y 484/2012, de 12-6 ).
Y en cuanto a las causas del retraso a ponderar para la aplicación de la atenuante, la jurisprudencia ha señalado que "ni las deficiencias organizativas ni el exceso de trabajo pueden justificar, frente al perjudicado, una dilación indebida" ( SSTS 1086/2007 ; 912/2010 ; y 1264/2011 , entre otras; STEDH 20-3-2012, caso Serrano Contreras c. España ).
Por último, y en lo que concierne al cómputo del plazo razonable, comienza a correr cuando una persona es imputada formalmente y finaliza con la sentencia que pone fin a la causa ( SSTEDH de 17 de diciembre de 2004, caso Pedersen y Baadsagaard c. Dinamarca ; 13 de noviembre de 2008, caso Ommer c. Alemania ; y 11 de febrero de 2010, caso Malet c. Francia ; y SSTS 106/2009, de 4-2 ; 326/2012, de 26-4 ; 440/2012, de 25-5 ; y 70/2013, de 21-1 ).
Al trasladar al caso enjuiciado los criterios jurisprudenciales que se acaban de reseñar, surge, como interrogante previa al análisis de fondo de la pretensión atenuadora de la pena, una primera cuestión relacionada con la negativa del Jurado a la proposición que se le formuló sobre los plazos durante los que estuvo paralizado el procedimiento, pues el Jurado rechazó por cinco votos contra cuatro la proposición favorable que integraba el presupuesto de la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.
Ahora bien, es importante resaltar que el Magistrado-Presidente añadió otro razonamiento en su sentencia que adquiere suma relevancia en el caso concreto. Nos referimos a cuando afirma que "no obstante, el tiempo transcurrido será tenido en cuenta a los efectos de la imposición de la pena, tal como se razonará". Y en el momento de fundamentar la individualización judicial de la pena, en el fundamento quinto de la sentencia, argumenta que procede imponer la pena mínima " porque aunque no se ha acreditado la base de hecho por (sic) las dilaciones indebidas, ciertamente se han producidos (sic) periodos de inactividad injustificados, y la distancia temporal con respecto a los hechos es sumamente elevada ".
La segunda conclusión que se infiere de todos los hechos y argumentos que se han venido exponiendo es que todo lo relativo al tema de la atenuante de dilaciones indebidas evidencia ciertas irregularidades procesales que debieron ser evitadas por el Magistrado-Presidente, tanto a la hora de confeccionar el objeto del veredicto como en el momento de explicarlo al Tribunal. Las irregularidades, según se expondrá a continuación, obedecen a la indebida distribución de las cuestiones fácticas y jurídicas en la formulación y explicación del objeto del veredicto, y también a la inaplicación del art. 52.1.g de la LOTJ .
Esta Sala recuerda y subraya en la sentencia 323/2013, de 23-4 , con cita de otros precedentes jurisprudenciales anteriores ( SSTS 721/1999, de 6-5 ; 439/2000, de 26-7 ; 1618/2000, de 19-10 ; 1276/2004, de 11-11 ; y 1145/2006, de 23-11 ) que la función del Jurado consiste muy específicamente en pronunciarse sobre hechos, incluso los de carácter subjetivo, concretamente sobre si deben considerarse o no probados y si el acusado participó y en qué forma en ellos. El veredicto de culpabilidad se limita a declarar al acusado culpable "por su participación en los hechos" que se han declarado previamente probados, sin que pueda añadir nada a la calificación o valoración de los mismos que no esté en el previo relato fáctico. Este ya debe contener todos los elementos necesarios para que el Magistrado-Presidente pueda subsumirlos jurídicamente en la calificación correcta, incluidos, en su caso, los elementos subjetivos del tipo así como todos los datos objetivos que hayan permitido inducir dichos elementos subjetivos. Ello no supone, sin embargo, encomendar a los Jurados legos pronunciamientos sobre cuestiones jurídicas que corresponden al Magistrado-Presidente, técnicamente preparado para resolverlas. El objeto del veredicto no debe incluir ninguna proposición que contenga una calificación jurídica.
En el presente caso, resultando de suma relevancia el plazo total de duración del proceso, que se había extendido por un periodo de nada menos que 12 años, debió incluirse de oficio en el objeto del veredicto la proposición sobre ese hecho dentro del apartado correspondiente a la circunstancia modificativa de la responsabilidad ( art. 52.1.g de la LOTJ ), puesto que el Magistrado-Presidente sabía que se trataba de un hecho relevante para el objeto del veredicto, según consta en los propios razonamientos de la sentencia relativos a la individualización de la pena.
Es más, una vez incluido de oficio en el objeto del veredicto el hecho favorable de la duración total del proceso, en las instrucciones posteriores al Jurado con motivo de la explicación que impone el art. 54 de la LOTJ , al tratarse aquel de un dato empíricamente incuestionable, en cuanto que ninguna de las partes podía poner en duda el tiempo concreto de duración del proceso, debió instruirle el Presidente al Jurado acerca de que ese hecho resultaba incuestionable, pues siempre debe facilitarse la labor de los jueces legos poniéndoles en su conocimiento, previa información a las partes, aquellos hechos que constan en la causa con una evidencia palmaria y que nadie puede discutir.
Tales cuestiones tienen, sin embargo, un claro carácter jurídico y no fáctico. En efecto, todo lo relativo al concepto de dilación indebida y al plazo razonable de un proceso precisa operar con una serie de conocimientos jurídicos que no los tiene un juez lego. Este no conoce cuál es la complejidad de cada proceso, ni cuál es el plazo medio que suele durar un procedimiento por una clase de delitos concretos, ni cuándo la dilación se debe al órgano judicial o a cada una de las partes, ni cuándo un procedimiento está realmente paralizado o se halla simplemente pendiente de un trámite, ni cuándo el plazo de un proceso puede considerarse palmariamente irrazonable, ni si una dilación es ordinaria o extraordinaria. Todos estos elementos tienen unas indiscutibles connotaciones jurídicas cuyo conocimiento requiere de una importante experiencia en el mundo del derecho.
Por consiguiente, tales cuestiones no deben ser sometidas a la ponderación del Jurado, ni procede que se le imparta en el curso de la explicación del objeto del veredicto una lección docente sobre cuándo una dilación es indebida o un plazo irrazonable. Y no solo porque estaría fuera de lugar y sería imposible que en diez minutos los miembros del Jurado adquirieran los conocimientos imprescindibles sobre la materia, sino porque se trata de aspectos claramente jurídicos de la atenuante de dilaciones indebidas que corresponde conocer y dirimir únicamente al Presidente del Tribunal del Jurado. El Magistrado-Presidente debe limitarse a someter a la decisión del Jurado los aspectos simplemente fácticos de las dilaciones y plazos, para lo cual tiene que operar con los criterios jurídicos de la dilación indebida que permitan filtrar o seleccionar los hechos relevantes de la atenuante, de modo que en el caso de que el Jurado declare ciertas las proposiciones asertivas, estas resulten subsumibles en el art. 21.6ª del C. Penal .
Situados en la presente tesitura, y asumiendo que se debió plantear al Jurado una proposición relativa a la certeza del tiempo total invertido en el procedimiento y que, en cambio, no debió informárseles sobre la aplicación de criterios jurídicos que los jueces legos no tenían que conocer ni operar tampoco con ellos, al mismo tiempo que debió exigírseles que motivaran la razón por la que respondían negativamente a la proposición que se les planteó sobre los plazos de paralización, nos resta ahora por dirimir las consecuencias que se derivan de la incongruencia que concurre entre lo argumentado por el Magistrado-Presidente en la fundamentación de la individualización de la pena y lo que decidió en su momento el Jurado.
A tal efecto, hemos de partir del dato incontestable de que el proceso duró prácticamente 12 años, factor con el que también viene a operar el Magistrado-Presidente en su sentencia. Y sentado lo anterior, también debe admitirse que vulneraría de pleno el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable» ( artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales) y el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas ( art. 24 CE ) si se anulara ahora el proceso celebrado ante el Tribunal del Jurado para que se tramitara otro en el que se le formulara a los jueces legos la proposición relativa a si el proceso se inició en el año 2000 y se celebró la vista oral en el año 2012, puesto que se trata de una proposición que tiene una respuesta obvia.
Pues bien, esta Sala tiene establecido en resoluciones precedentes que la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse unas veces en la condición de simple y otras en la de especialmente cualificada, atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del art. 21.6ª del C. Penal . Y así se consideraron plazos irrazonables: nueve años de duración del proceso penal ( SSTS 655/2003, de 8 de mayo ; y 506/2002, de 21 de marzo ); ocho años ( STS 291/2003, de 3 de marzo ); 7 años ( SSTS 91/2010, de 15-2 ; 235/2010, de 1-2 ; 338/2010, de 16-4 ; y 590/2010, de 2-6 ); 5 años y medio ( STS 551/2008, de 29 de septiembre ); y 5 años ( SSTS 271/2010, de 30-3 ; y 470/2010, de 20-5 ).
De otra parte, en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias 291/2003, de 3 de marzo (ocho años de duración del proceso); 655/2003, de 8 de mayo ( 9 años de tramitación); 506/2002, de 21 de marzo ( 9 años); 39/2007, de 15 de enero (10 años); 896/2008, de 12 de diciembre (15 años de duración); 132/2008, de 12 de febrero (16 años); 440/2012, de 25 de mayo (diez años ); 805/2012, de 9 octubre (10 años ); y 37/2013, de 30 de enero (ocho años ).
Según ya se advirtió anteriormente, el Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena (la pérdida de bienes o derechos derivada del proceso penal) y el mal causado por la conducta delictiva ( SSTC 177/2004 y 153/2005 ). Pues bien, en un caso como el presente en que el plazo estrictamente irrazonable ha alcanzado una extensión de unos siete años, ya que se ha doblado con holgura el plazo razonable de los cinco años de duración del proceso alcanzando un total de unos 12 años, es claro que ha de operarse con la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.
Por lo cual, ya sea aplicando directamente la atenuante del art. 21.6ª del C. Penal , o ya por la vía analógica al poner en relación el referido precepto con el art. 21.7ª del C. Penal y el art. 6 del Convenio Europeo , lo cierto es que sí se dan en el presente caso los presupuestos de una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada por incumplimiento del plazo razonable de tramitación de un proceso como el que ahora se dilucida y en los términos exacerbados que se han ido exponiendo. Sin que sea preciso, obviamente, concretar además del plazo irrazonable cuáles fueron los periodos correspondientes a las paralizaciones indebidas del proceso, ya que el propio plazo irrazonable, por su extraordinaria extensión, ya integra de por sí una dilación indebida de suma gravedad para los derechos fundamentales de los acusados.
B) Recurso de Nemesio Onesimo
1. En el motivo primero invoca, al amparo de lo dispuesto en los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ), debido a que la documentación traída al proceso fue incautada y seleccionada a su voluntad por la acusación particular de la forma que consideró conveniente sin posibilidad de control por la defensa, mientras que a esta -dice la parte recurrente- se le impidió traer al proceso la que pretendía utilizar en su defensa.
De otra parte, impugna la denegación de pruebas en que incurrió el auto de hechos justiciables, denegación que se refería mayoritariamente a numerosas certificaciones que tendría que extender la UPV relativa a materias y temas relacionados con el juicio. La prueba, fundamentalmente documental, fue rechazada por tratarse de documentos que debieron ser aportados o solicitados durante la fase de instrucción. Y también hizo especial referencia la defensa a la pericia a practicar por Casiano Jose y Arturo Borja , de quienes se requería que emitiesen un dictamen sobre el llamado "Informe de Auditoría Interna" evacuado por los peritos Justino Fermin y Pelayo Lazaro adscritos a la UPV.
Las cuestiones que se suscitan en el motivo primero fueron ya examinadas y resueltas en sentido negativo en la sentencia de apelación dictada por el Tribunal Superior de Justicia , respondiendo de forma unitaria a los recursos de los dos acusados en lo que respecta a la forma de aportar la prueba documental y a la selección previa que hizo de la misma la acusación particular.
El Tribunal de apelación desestimó la impugnación de la defensa aplicando los mismos criterios recogidos en el auto dictado por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado con fecha de 7 de febrero de 2012. Recordó la aplicación que hace esta Sala del Tribunal Supremo de los arts. 326 , 569 , 584 y 586 de la LECr . para las inspecciones oculares y la recogida y conservación de vestigios o pruebas materiales de la perpetración del delito perseguido por el Juez Instructor, y para la práctica de las diligencias de entrada y registro y la detención y apertura de correspondencia escrita y telegráfica. Y estimó que las garantías procesales que se contemplaban en esas normas no eran aplicables en el presente caso, ya que aquí se trató de una actuación acordada por la resolución del Rector de la UPV de 30 de marzo de 2.000, actuación que se documenta en el acta de la misma fecha, suscrita por el Gerente de la UPV, el Vicerrector y el Vicegerente de Campus de Bizkaia que obra unida a los folios 1146 a 1152 de las actuaciones.
Tal argumentación del Tribunal Superior ha de tenerse por reproducida en este caso, al no aportarse argumentos consistentes que la desdigan o desvirtúen. Y lo mismo debe afirmarse sobre los razonamientos relativos a la actuación de identificación y copia documental e informática recogidos en la sentencia ahora recurrida, dado que esta Sala comparte el criterio de que no resultaban de aplicación en esa recogida de documentación por las autoridades universitarias de la UPV de las garantías constitucionales a que se refiere la parte recurrente, al tratarse de la realización de una conducta previa de parte consistente en acopiar los documentos que tenía a su disposición para presentarlos ante el Juez instructor con el fin de que constaran en la investigación judicial que se iba a practicar, sin que pueda afirmarse, como hace ahora la parte recurrente, que la recogida de información referida a documentos y bienes de la titularidad de la propia UPV constituya una incautación de bienes que puedan considerarse como efectos judiciales en el orden penal ya que no se cumple, tal como se dice en la sentencia recurrida, con el requisito legal de su obtención en el curso de un procedimiento penal ( artículo 367 bis LECr .), dada la forma, el momento y los sujetos que seleccionaron la documentación.
En lo que atañe a la denegación de diligencias de prueba por parte del Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, debemos, en primer lugar, dar por reproducido lo que se ha argumentado en el fundamento de derecho primero de esta sentencia con respecto al recurso de la coacusada, toda vez que muchas de las cuestiones allí suscitadas coinciden con las impugnaciones del actual recurrente.
Y así, respecto a la prueba pericial propuesta sobre el denominado "Informe de Auditoría Interna" evacuado por los peritos Justino Fermin y Pelayo Lazaro adscritos a la Universidad del País Vasco, al margen de lo reseñado en el fundamento primero de esta sentencia sobre la extemporaneidad de las pruebas periciales en el procedimiento abreviado, tampoco se trataba de una prueba pertinente al tener como objetivo la práctica de una contrapericia sobre un informe pericial que se había aportado a la causa el 25 de abril de 2003, esto es, cinco años antes del escrito de calificación provisional de la defensa, tiempo claramente suficiente para que la parte recurrente hubiera aportado una prueba pericial autónoma en orden a cuestionar la de la acusación particular.
La Sala de instancia denegó la necesidad de la prueba documental consistente en quince documentos que se citan específicamente en la sentencia recurrida, en concreto: la autorización mediante firma de órdenes de pago por parte del profesor Nemesio Onesimo , desde 1995; ingresos generados por las retenciones o cuotas de la UGA 62133 de los convenios; cuenta a la que se transfirieron o depositaron las citadas cantidades; relación individualizada de dichas cantidades para cada uno de los años 1995 a 2000; destino dado, durante los años 1998 y 1999, al dinero proveniente del convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; cuantificación de los ingresos por cuotas o retenciones percibidos por la UPV por la impartición de ocho cursos de postgrado; cantidades remanentes en las diversas UGAs a la fecha de 7 de marzo de 2000, así como a la finalización de la docencia de la última edición de los cursos de postgrado; superación por los acusados del número de horas autorizado en los cursos de formación continuada, master y especialista; relación de profesores de plantilla cuyos ingresos se realizaron en la UGA 62133; conocimiento sobre el apartado de la nómina "Cursos/proyectos" que incluye el dinero ingresado por la docencia y dirección de cursos de postgrado y de los ingresos por Convenio; el conocimiento sobre si el acusado durante los años 1990 a 1996 llevó a cabo labores de dirección administrativa o clínica en la llamada "Clínica Estomatológica"; y el conocimiento sobre las cantidades abonadas al acusado a través de nómina, de forma individualizada para cada año desde 1990 hasta 1996, por las labores de dirección administrativa o clínica en la "Clínica Estomatológica".
El Tribunal Constitucional tiene establecida una consolidada y reiterada doctrina en la que, entre otras cosas, afirma que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, práctica, valoración, etc.) causa por sí misma indefensión constitucionalmente relevante, pues la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE únicamente cubre aquellos supuestos en que la prueba es decisiva en términos de defensa, de modo que, de haberse practicado la prueba omitida o si se hubiese practicado correctamente la admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta. El recurrente ha de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otro lado, ha de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; solo en tal caso (comprobado que el fallo del proceso a quo pudo, tal vez, haber sido otro si la prueba se hubiera practicado) podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo pide amparo ( SSTC 165/2004 ; 77/2007 ; 208/2007 ; 121/2009 ; 89/2010 ; 2/2011 ; y 14/2011 , entre otras).
En el motivo segundo , con cita procesal de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , se denuncia la vulneración del art. 24.2 de la Constitución por haber sido condenado el acusado sin que se desvirtuara su presunción de inocencia . Estima la defensa que no concurre una valoración probatoria acreditativa de su participación en los hechos, tildando la que figura en la sentencia de arbitraria o manifiestamente errónea.
Por último, se hace preciso traer a colación que esta Sala ha dictado numerosas sentencias en relación con la motivación de los veredictos de los jurados en las que se han venido plasmando cuáles son los baremos exigibles a los jueces legos. Y así, se tiene dicho que tratándose de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado no puede exigirse a los ciudadanos que integran el Jurado de hechos y de culpabilidad el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que puede exigirse a un Juez profesional y experimentado, y por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado solo requiere (art. 61. d ) «una sucinta explicación de las razones...» que han tomado en consideración los ciudadanos jurados como elementos de convicción para declarar probados los hechos y la participación en ellos del acusado, razones que deberán ser complementadas, cuando sea necesario y de forma congruente con lo expresado por el Jurado, por el Magistrado-Presidente en tanto en cuanto pertenece al Tribunal y ha contemplado atentamente el desarrollo del juicio, motivando la sentencia de conformidad con el art. 70.2 de la LOTJ ( SSTS 960/2000, de 29-5 ; 1240/2000, de 11-9 ; 591/2001, de 9-4 ; y 300/2012, de 3-5 , entre otras).
La motivación es contextual. Se parte de un marco constituido por la prueba desplegada y el debate realizado en el que hay cosas indiscutibles
o no controvertidas, otras que pueden suponerse, puntos claros y otros menos.... El Jurado no ha de citar todas las pruebas practicadas y valoradas, ni se le exige que interrelacione íntegramente unas con otras tejiendo una red completa y tupida. En una motivación contextual hay sobrentendidos, evidencias, obviedades... de cuya mención puede prescindirse. La motivación ha de focalizarse en lo controvertido, en lo nuclear ( STS 72/2014, de 29-1 ).
En el motivo tercero , por la vía del art. 851.3º de la LECr ., se alega el quebrantamiento de forma consistente en no haber resuelto el Tribunal Superior de Justicia todos los puntos objeto del recurso de apelación. En concreto, se alega que quedó sin resolver el motivo sexto del recurso de apelación que formuló la defensa ante el Tribunal de instancia.
El motivo sexto del recurso de apelación del acusado se centró en impugnar la denegación de la diligencia de prueba consistente en que se requiriera a la UPV que, previa realización de las comprobaciones pertinentes, certificara si el ahora recurrente había intervenido en el pago a la abogada Sabina Leocadia , ya que tanto la coacusada como la letrada que recibió el dinero sostenían que la orden de transferencia contra la cuenta de la UGA la había dado aquella y no el acusado.
Lo primero que procede argumentar al respecto, desde una perspectiva estrictamente procesal, es que esta Sala ha recordado en diferentes ocasiones la incidencia que en la reivindicación casacional del defecto de quebrantamiento de forma previsto en el art. 851.3º de la LECr . puede llegar a alcanzar la reforma operada por la LO 19/2003, de 23 de diciembre, que ha ensanchado la funcionalidad histórica asociada al recurso de aclaración de sentencia ( SSTS 933/2010, de 27-10 ; 1094/2010, de 10-12 ; y 545/2012, de 22-6 , entre otras).
Y en lo que respecta al fondo de la cuestión suscitada, la defensa reitera la petición de la práctica de la referida prueba documental (certificación de la UPV) con el fin de constatar que no puede ser condenado el acusado como coautor del primer episodio fáctico malversador, al no ser él quien dio la orden de transferencia del dinero para que fueran abonados los honorarios a la letrada Sabina Leocadia .
Los acusados aceptaron dicha exigencia y dispusieron el pago a la letrada Sabina Leocadia , de 1.298,19 euros, desde la Unidad de Gasto Autorizado (en adelante durante toda la sentencia UGA) B0230, que se nutría con dinero de la Universidad del País Vasco, y cuya responsabilidad les incumbía a ambos acusados. Los gastos fueron abonados en fecha dos de septiembre de 1998, ignorando la perceptora del dinero y el propio Inocencio Oscar que se trataba de dinero de la Universidad".
Por consiguiente, a tenor de los hechos que se acaban de transcribir, resulta diáfano que el Jurado ha declarado probado que en la ejecución de ese primer episodio del "factum", a cuya impugnación va encaminada la prueba documental solicitada y denegada, ambos acusados actuaron de común acuerdo con el fin de solventar el problema surgido con la anulación de la oposición en la que la acusada había sido nombrada catedrática del departamento al que pertenecían los fondos malversados. De modo que fueron ambos los que negociaron el desistimiento de los demandantes que habían impugnado en vía judicial la oposición y fueron ambos los que decidieron solventar el problema pagando a la letrada con fondos de la Universidad de cuya UGA eran cotitulares.
Así las cosas, carece de relevancia para constatar la coautoría del recurrente que la orden de transferencia del dinero la suscribiera la acusada
o el acusado, ya que ambos tomaron la decisión y acordaron materializar el hecho delictivo. Y lo que es todavía más trascendente, los dos tenían la titularidad de la partida de fondos utilizada para abonar los honorarios de la letrada. Y como es sabido, el art. 432.1 del C. Penal castiga penalmente tanto al que sustrajere como al que asintiera a que otro sustraiga, resultando a efectos penales irrelevante para el fallo de la sentencia que la orden de transferencia contra la UGA la diera la acusada o su compañero.
1. En el motivo cuarto alega la defensa, con apoyo procesal en los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , la vulneración del derecho a la presunción de inocencia previsto en el art. 24.2 de la Constitución debido a la arbitraria valoración de la prueba, arbitrariedad que resulta incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva .
Centrados, pues, en el análisis del ámbito procesal del motivo , conviene advertir de entrada, tal como anticipamos en el fundamento cuarto de esta sentencia, al que ahora nos remitimos, que el elemento objetivo "caudal o efecto público " que recoge el art. 432.1 es un elemento normativo del tipo penal.
En cambio, los elementos normativos de los tipos penales se refieren a una realidad determinada por una norma jurídica, social o ético-social. Por lo cual, suelen subdividirse los elementos normativos en jurídicos y sociales.
Lo mismo debe decirse en lo que atañe a la información que el Magistrado-Presidente proporcionó al Jurado al practicar el trámite previsto en el art. 54 de la LOTJ . Aquí el Presidente del Tribunal informó al Jurado, según consta en el acta, al referirse al delito de malversación de caudales públicos, y en concreto al carácter público o privado de los caudales, lo siguiente:
" No hay discusión en nuestro caso de que los acusados eran funcionarios. Lo que se discute sobre todo es que el dinero sea de la Universidad y, por lo tanto, público. Las acusaciones entienden que pertenece al 100% a la Universidad y que, por tanto, es público en todo caso. Las defensas consideran que no es público, en el caso de los convenios, masters y cursos de posgrado, administrados con UGAS transitorias, más que el 10% que la Universidad se queda para el sostenimiento de los servicios centrales. El 90% restante, lo que va a parar al Instituto adscrito que ejecutó los convenios o que realiza los masters o cursos de postgrado (Instituto de Epidemiología y Enfermedades Cardiovasculares), es para el Instituto, de naturaleza privada, que lo administra a su voluntad, al que pertenece el dinero, que no tiene que dar cuenta a la Universidad, y que decide el destino caso de haber remanentes tras realizar el curso".
"Si esto fuera así - prosiguió el Magistrado-Presidente explicando el objeto del veredicto -, si las tesis de las defensas es cierta, entonces el dinero no sería de la Universidad, no sería público".
"Parece que los términos de este debate son jurídicos, pero es solo apariencia - advirtió el Magistrado-Presidente en las instrucciones al Jurado -. Tal como se les pregunta, se trata de dilucidar si son fondos pertenecientes a la Universidad o si no lo son".
"Verán que en las proposiciones del objeto del veredicto sobre el particular de la naturaleza pública o privada de los bienes, solo se hace mención a las tesis de la acusación. Esto es debido a que la ley obliga a evitar que las proposiciones sean contradictorias. No se puede preguntar si el 100% era público y, a la vez, si no lo era. No es una preferencia del Magistrado Presidente sino una ordenación de la Ley. Pero entonces, cuando decidan si es público o no, deberán tener en cuenta las dos versiones, de la acusación y de la defensa, aunque no se pregunte expresamente. Al decidir que una tesis es cierta, deciden que la contraria no lo es. Y deberán expresarlo razonadamente ".
Aclarado lo anterior, es ahora el momento de examinar la cuestión sustantiva relativa a la naturaleza de los caudales sustraídos por los acusados, con respecto a la cual la sentencia del Tribunal del Jurado argumentó que eran públicos en virtud de la prueba pericial emitida por Justino Fermin y Pelayo Lazaro , así como por lo declarado por el testigo Rosendo Benjamin ; además, reseñó el Jurado que el dinero ingresaba en las cuentas de la Universidad del País Vasco y que el CIF contra el que se emiten las facturas es siempre el de la Universidad.
La tesis que formula la parte recurrente centra sus alegaciones en argumentar que los fondos son mayoritariamente privados y no públicos porque el Instituto de Epidemiología y Prevención de Enfermedades Vasculares es un Instituto "adscrito" a la UPV, siendo este Instituto el que ofreció diversos cursos y convenios para cuya gestión se articularon unas UGAs (Unidad de Gastos Aurorizados) que recibieron los fondos obtenidos. La condición de Instituto "adscrito" es distinta -matiza la defensa- de lo que es un Instituto "propio", ya que aquellos no se hayan integrados en la Universidad y estos sí, por lo que los últimos han de ser financiados por los presupuestos de la Universidad. En cambio, los "adscritos" dependen de órganos privados o públicos que establecen un convenio con la Universidad en el que se fijan las normas de colaboración.
Así ha quedado acreditado en la vista oral del juicio por las pruebas que se especifican en la sentencia del Tribunal del Jurado. En concreto, los peritos Justino Fermin y Pelayo Lazaro manifestaron en el plenario que los fondos de las UGAs eran incuestionablemente fondos públicos, pues se refieren a actividades universitarias y las desarrolla la Universidad. Ello viene avalado por los controles del Tribunal de Cuentas, de las auditorías y del propio Consejo de Gobierno de la Universidad.
De otra parte, la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, vigente en el momento de los hechos y que ha sido citada por los peritos en el plenario, preceptúa que "Los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a través de los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de cursos de especialización. Los Estatutos de las Universidades establecerán el procedimiento para la autorización de dichos contratos y los criterios para la afectación de los bienes e ingresos obtenidos" ( art. 11). Este precepto ha de ponerse en relación con el art. 54, que dispone que el presupuesto de las Universidades contendrá en su estado de ingresos -además de otros conceptos- los ingresos derivados de los contratos a los que hace referencia el artículo 11 de la presente Ley .
Y en lo que respecta al testigo Rosendo Benjamin , cuyo testimonio de cargo es destacado por el Jurado en la motivación del veredicto, también resultó clarificador con respecto a la condición de los fondos públicos. Esa persona, que fue Rector de la Universidad a partir del mes de marzo del año 2000 y que fue quien presentó la denuncia por los hechos enjuiciados, manifestó en cuanto a los cursos y convenios que el 10% de los ingresos era destinado a los gastos generales y el 90% restante forma parte del presupuesto y gasto de la Universidad. Incidió en que a partir de la firma de un convenio los ingresos correspondientes al mismo tienen carácter de dinero público, pues es para realizar una actividad de la Universidad pública. También advirtió que el cien por cien del dinero que ingresa una UGA es dinero público, y de ese dinero un 10% es un canon que estatutariamente está destinado a los servicios generales, pero todo es dinero público.
La jurisprudencia de esta Sala considera que el artículo 432 del Código Penal sanciona a la autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro sustrajere los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones. Sustraer ha de ser interpretado como apropiación sin ánimo de reintegro ( SSTS 172/2006, de 22-2 ; y 132/2010, de 18-2 ), equivalente a separar, extraer, quitar o despojar los caudales o efectos, apartándolos de su destino o desviándolos de las necesidades del servicio para hacerlos propios ( STS 749/2008, de 24-11 ). En definitiva, se trata de conductas en las que la autoridad o el funcionario que tiene a su cargo los caudales por razón de sus funciones, lejos de destinarlos al cumplimiento de las previstas atenciones públicas, los separa de las mismas, y extrayéndolos del control público, con ánimo de lucro los incorpora a su patrimonio haciéndolos propios, o consiente que otro lo haga ( STS 429/2012, de 21-5 ).
El motivo quinto lo dedica el recurrente a invocar, al amparo de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia , aduciendo para ello la existencia de contradicción en la valoración de la prueba.
En el motivo sexto , bajo la cobertura una vez más de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , denuncia la defensa del acusado la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva , a un proceso con todas las garantías y al derecho a la presunción de inocencia .
En el motivo séptimo alega el acusado, por el cauce procesal del art. 849.1º de la LECr ., la aplicación indebida de los arts. 27 y 28 del C. Penal sobre autoría y participación , al entender que se ha infringido la doctrina de esta Sala sobre participación delictiva, derivando ello en la condena del acusado como coautor de los hechos enjuiciados.
Lo primero que se aprecia en la alegación exculpatoria del recurrente es que se aparta totalmente de la vía anunciada en el rótulo procesal de su impugnación. Y es que formula el motivo por la vía de la infracción de ley y lo que hace realmente es volver a cuestionar los hechos probados, obviando que esta Sala tiene declarado de forma insistente y reiterada que el cauce procesal de la infracción de Ley ( art. 849.1º LECr .) impone que se respeten en su integridad los hechos que se declaran probados en la resolución recurrida, de modo que cualquier modificación, alteración, supresión o cuestionamiento de la narración fáctica desencadena la inadmisión del motivo ( art. 884.3 de LECr .) y en trámite de sentencia su desestimación ( SSTS 283/2002, de 12-2 ; 892/2007, de 29-10 ; 373/2008, de 24-6 ; 89/2008, de 11-2 ; 114/2009, de 11-2 ; y 384/2012, de 4-5 , entre otras).
En el motivo octavo , con cita procesal de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , se invoca la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia , al estimar que no concurre prueba de cargo acreditativa de la coautoría del acusado en lo que respecta al episodio fáctico segundo de los hechos probados.
"Sin que mediara interés alguno para la Universidad, y con finalidad de guardar determinados materiales y enseres, ya almacenados en dependencias de la misma, contrataron con Hilario Bienvenido , el depósito de dicho material en el caserío de su propiedad, en la CALLE000 , n° NUM000 , de Erandio, sin que conste el uso que de dichos enseres o materiales se pretendía, pero en todo caso, sacándolos de las dependencias universitarias.
Las alegaciones de la defensa sobre la presunción de inocencia con respecto a los hechos que se acaban de transcribir nos obligan a verificar si se han practicado en la instancia, con contradicción de partes, pruebas de cargo válidas y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos integrantes del delito y la intervención del acusado en su ejecución; pruebas que, además, tienen que haber sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a las reglas de la lógica, constando siempre en la resolución debidamente motivado el resultado de esa valoración; todo ello conforme a las exigencias que viene imponiendo de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC 137/2005 , 300/2005 , 328/2006 , 117/2007 , 111/2008 y 25/2011 , entre otras).
En el motivo noveno , con cita procesal de los arts. 852 de la LECr . y 5.4 de la LOPJ , se invoca la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia , al estimar que no concurre prueba de cargo acreditativa de la coautoría del acusado en lo que respecta al episodio fáctico cuarto de los hechos probados.
"4°. Belinda Nieves , en la fecha en que era responsable del Departamento de Estomatología, y Nemesio Onesimo Decano de la Facultad, autorizaron pagos de material de laboratorio facturados por/a empresa Abbot científica SA por importe de 2.048.985 pts. (12.294'40 euros), con cargo a la UGA orgánica del Departamento (00095). Este material fue entregado a
En la motivación de la prueba de los hechos que se acaban de transcribir se argumenta en la sentencia del Tribunal del Jurado que se ha incumplido toda la normativa de contratación y compras de la UPV, dada la falta de comunicación al servicio de compras, y que tampoco consta acta de la recepción de la mercancía, en la que ha de figurar el lugar, día y hora, así como el número de serie del equipo entregado. Además, señala la sentencia, el material ni siquiera pasó por la Universidad, pues se entregó directamente en las dependencias de USOA y fue recibido por Francisco Leopoldo . Tampoco consta ningún convenio ni proyecto que respalde una actividad realizada fuera de la Universidad.
Frente a ello alega la parte recurrente que Francisco Leopoldo preparaba la parte clínica de su tesis en la Fundación Usoa y por ello le fue remitido allí el material, y que ha quedado probado según el Jurado que había un presupuesto para sufragar los materiales necesarios para desarrollar las tesis doctorales.
Lo cierto y real es que ni consta probado que el departamento correspondiente de la Universidad hubiera tramitado la asignación de material al referido doctorando, ni que la entrega llegara a realizarse con los fines que autoriza la Universidad, ni que siquiera ese proyecto de tesis se llevara a la práctica. De hecho, y tal como expusimos en el fundamento tercero de esta sentencia, la acusación particular alegó que Francisco Leopoldo nunca llegó a defender su tesis doctoral, y la defensa de los acusados no presentó documento alguno que verificara lo contrario.
En el motivo décimo , por la vía del art. 849.1º de la LECr ., se impugna la aplicación del art. 390. 1 del C. Penal , y en concreto la condena por falsedad de funcionario público , al considerar la parte recurrente que no concurren los elementos objetivos del referido tipo penal.
La subsunción del delito de falsedad en la modalidad de falsificación de funcionario ha sido tratada ya en profundidad en el fundamento sexto de esta sentencia, estimándose sustancialmente la tesis jurídica de la parte recurrente, en el sentido de estimar que no nos hallamos ante un delito de funcionario público en el ejercicio de sus funciones, sino ante el tipo penal del art. 392 del C. Penal . Damos, pues, por reproducido lo que allí se dijo, no incurriendo así en reiteraciones innecesarias.
En el motivo undécimo , y por el iter procesal del art. 849.1º de la LECr ., se le reprocha al Tribunal de instancia no haber aplicado el art. 14 del C. Penal , al no acoger la existencia de error por parte del acusado con respecto al carácter público de los fondos que integran el delito de malversación.
Los motivos duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto se refieren todos ellos al cuestionamiento de la inaplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por la sentencia recurrida y por la del Tribunal del Jurado.
A tenor de lo razonado en los fundamentos precedentes, se estiman parcialmente los recursos de ambos acusados, con declaración de oficio de las costas de esta instancia ( art. 901 LECr .).
ESTIMAMOS PARCIALMENTE LOS RECURSOS DE CASACIÓN por infracción de ley interpuestos por las representaciones de los acusados Belinda Nieves y Nemesio Onesimo contra la sentencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 14 de marzo de 2013 , dictada en la causa seguida por los delitos continuados de falsedad documental y malversación de caudales públicos, en concurso medial, sentencia que desestimó la dictada por el Tribunal del Jurado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya, el 19 de octubre de 2012 . Ambas resoluciones quedan parcialmente anuladas, con declaración de oficio de las costas causadas en esta instancia.
Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Alberto Jorge Barreiro Carlos Granados Pérez
SEGUNDA SENTENCIA Nº: 360/2014
En la causa Ley Orgánica del Tribunal del Jurado nº 1/09, del Juzgado de instrucción número 4 de Gexo, seguida por delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos contra Belinda Nieves , hijo de Juan Lazaro y Trinidad Sandra , nacida en Barcelona el NUM001 de 1955, con DNI NUM002 y Nemesio Onesimo , nacido el NUM003 de 1949, con DNI NUM004 , la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Segunda dictó sentencia en el Rollo 2/10 en fecha 19 de octubre de 2012 que fue apelada; el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el Rollo de Apelación 30/12 dictó sentencia en fecha 14 de marzo de 2013 en la que se desestimaba el recurso; ambas sentencias han sido casadas y anuladas por la dictada en el día de la fecha por esta sala integrada como se expresa. Ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro.
En virtud de lo razonado en la sentencia de casación, y más en concreto en el fundamento sexto, procede, en primer lugar, sustituir la condena de los acusados como coautores del delito continuado de falsedad de funcionario público en el ejercicio de sus funciones, previsto en los arts. 390.1.2 º y 74 del C. Penal , por la de coautores de un delito de falsedad en documento mercantil ajena al ejercicio de su función, previsto en los arts. 392 , 390.1.2 º y 74 del C. Penal .
En cuanto a la individualización judicial de la pena , ha de partirse de los marcos legales establecidos para ambos delitos con la aplicación de la referida atenuante . El delito continuado de falsedad en documento mercantil comprende una pena que abarca desde un mínimo de 10 meses y 15 días hasta un máximo de 21 meses de prisión; y una multa de 4 meses y 15 días a 9 meses. Y el delito de malversación de caudales públicos tiene una horquilla punitiva que va desde un mínimo de dos años y tres meses hasta un máximo de cuatro años y seis meses de prisión; y una pena de inhabilitación absoluta de 4 a 8 años.
Se modifica la condena impuesta a los acusados Belinda Nieves y Nemesio Onesimo , y se les condena en esta instancia como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil ajena al ejercicio de su función , en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos , con la aplicación en ambos casos de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas , a las penas, para cada uno de ellos, de tres años de prisión , con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación absoluta durante un periodo de seis años .
STS 271/2010, 30 de Marzo de 2010 (Apropiación indebida)
STS 166/2014, 28 de Febrero de 2014 (Malversacion de fondos publicos)
ATC 26/1990, 16 de Enero de 1990
SAP Barcelona 65/2008, 11 de Febrero de 2008
ATS 1681/2016, 24 de Noviembre de 2016