Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/laudo-en-derecho-medardo-serna-vallejo-vs-caja-de?documento=laudosccb&contexto=laudosccb_759ff23c035870fee0430a01015170fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-27 06:25:29
Document Index: 197334860

Matched Legal Cases: ['artículo 669', 'artículo 671', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 71', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 38', 'artículo 45', 'artículo 1602', 'artículo 1602', 'artículo 13', 'artículo 671', 'artículo 1602', 'artículo 38', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 16', 'artículo 115', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 71', 'artículo 14', 'artículo 51', 'artículo 14', 'artículo 68', 'artículo 115', 'artículo 14', 'artículo 1324', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 71', 'artículo 11', 'artículo 177', 'artículo 239', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 188', 'artículo 34', 'artículo 75', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 176', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 11', 'artículo 392', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 177', 'artículo 188', 'artículo 188', 'artículo 177']

﻿ LAUDO EN DERECHO MEDARDO SERNA VALLEJO VS CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL CASUR. ABRIL 15 DE 1985
LAUDO EN DERECHO DE 15 DE ABRIL DE 1985
CONTENIDO:• Los contratos administrativos pueden definirse como contratos de adhesión, en donde el contratista se limita a la firma y a la aceptación de las condiciones impuestas por la entidad contratante, estas se presumen ajustadas a la ley. • El principio de legalidad establece que ninguna autoridad de la República puede actuar de tal forma que su actuación constituya un desconocimiento al mandato de legal, esto implica, un sometimiento de la administración a las normas jurídicas, para eliminar así todo peligro de arbitrariedad. • Equilibrio económico del contrato: Cuando se celebra un contrato con la administración y las condiciones de cantidad, modo, tiempo, lugar, que definen la índole de la prestación, varían ya sea por causa imputable o no de la administración, pero traen consigo un menoscabo del interés del contratista, este tiene derecho a que los perjuicios ocasionados sean atenuados. Cuando el equilibrio económico del contrato se rompe, es equitativo reestablecerlo puesto que, había sido tomado como un elemento determinante del contrato. • La corrección monetaria es una figura que busca actualizar la cuantía de la reparación económica que se ordene, entendiendo por tal cualquier ajuste o pago adicional por concepto de honorariospor ello su valor debe tomarse por el que corresponda en el momento de la sentencia.
ÁRBITROS:Víctor Domínguez Gómez (presidente), Miguel Antonio Cárdenas, Miguel Botia Posse
DEMANDANTE:Medardo Serna Vallejo
DEMANDADO:Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional "Casur".
TEMAS GENÉRICOS:Derecho administrativoderecho civil
NORMAS ANALIZADAS:Código de Comercio: arts. 16, 177 Código Civil: art. 16 Constitución Nacional: art. 2º Decreto 150 de 1976: arts. 23, 34 Decreto 3154 de 1980: art. 15 Ley 153 de 1887: arts. 2º, 7º
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Casur,
Medardo Serna Vallejo
Abril 15 de 1985
En la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a once (11) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), ante mí, Mario Torres Valderrama, notario treinta y seis (36) de este círculo, se otorgó la escritura pública de protocolización del tribunal arbitral Medardo Serna Vallejo – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Casur. Contrato 007 y 009 de 1980 y adicionales, que se consigna en los siguientes términos: Comparecencia. Comparecieron los doctores Víctor Domínguez Gómez, de estado civil viudo y sociedad conyugal disuelta y liquidada, y Martha Elena Chavarro, de estado civil soltera, ambos mayores de edad y vecinos de Bogotá, identificados como aparece al pie de su firma y dijeron: Primero. Que comparecen, el primero en su carácter de presidente, y la segunda en su condición de secretaria del tribunal arbitral constituido para dirimir el diferendo surgido entre el doctor Medardo Serna Vallejo, de una parte, y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, “Casur” por la otra, en los contratos administrativos 007 y 009 de 1980 y sus anexos, celebrados por las partes nombradas. El primero, “Para el proyecto definitivo y dirección arquitectónica para la construcción del edificio que servirá como segunda torre del Hotel Hilton International, de Bogotá, etc.; el segundo, “Para la elaboración de los diseños y cálculos estructurales para la construcción del edificio que servirá como segunda torre del Hotel Hilton International de Bogotá”, que la Caja construirá en el lote de su propiedad, situado en las calles 32 y 33 entre carreras 6-B y 7 de Bogotá. Segundo. Que en el carácter expresado, y en obedecimiento a lo dispuesto por el ordinal décimo sexto (16) de la parte resolutiva del laudo arbitral de fecha abril quince (15) de mil novecientos ochenta y cinco (1985) y su providencia aclaratoria de abril diecinueve (19) del mismo año y cuya ejecutoria se produjo el veintitrés (23) del mismo mes a las seis de la tarde (6:00 p.m.), proceden a efectuar la protocolización del expediente. Advierten que contra el laudo y su providencia aclaratoria no se presentó recurso alguno. Igualmente protocolizan las comunicaciones dirigidas a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Casur, y a la Procuraduría General de la Nación, dispuestas por el ordinal décimo quinto (15) del laudo, en observancia a lo previsto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. Tercero. El expediente se presenta para su protocolización, de conformidad con la relación que enseguida se incorpora, sin perjuicio de la disposición que la notaría tome para su mejor ordenamiento.
Cuaderno uno. Demanda: Foliado así: Desde A-1 hasta A-76. Anexos. Tomo I: incluye los anexos marcados desde 1 hasta 5. Y su foliación desde A-77 hasta A-228. Anexos. Tomo II: Incluye los anexos marcados desde 6 hasta 21. Y su foliación desde A-229 hasta A-406. Anexos. Tomo III: Incluye los anexos desde el 22 hasta el 52. Y su foliación desde A-407 hasta a-536. Anexos. Tomo IV: Incluye los anexos desde el 53 hasta el 96. Y su foliación desde A-537 hasta A-687.
Expediente, cuaderno 1 (original): desde el folio 1 hasta el folio 388. Expediente, cuaderno 2 (continuación del 1 original) del folio 389 al folio 718. Expediente, cuaderno 3 original: del folio 719 al folio 964. Expediente, cuaderno 4 original: desde el folio 965 al folio 1339. Expediente, cuaderno 5 (original continuación del 1) del folio 1340 al folio 1566 (dictamen de los peritos arquitectos). Expediente, cuaderno 6 (original continuación 1): del folio 1567 hasta el folio 1797 (dictamen peritos arquitectos).
Como integrantes del cuaderno 6 anterior, por cuanto contiene anexos del dictamen pericial de los arquitectos, se protocolizan los siguientes: Cuaderno (6) A. Cuaderno 6 original (continuación anexos dictamen peritos arquitectos) desde el folio 1798 al folio 1997. Cuaderno (6) B. Cuaderno 6 original (continuación anexos dictamen peritos arquitectos) desde el folio 1998 al folio 2018. Cuaderno (6) C. cuaderno 6 original (continuación anexos dictamen peritos arquitectos) desde el folio 2019 hasta el folio 2030. Expediente, cuaderno 7 (original) continuación del cuaderno 1. Folios numerados del 2031 al 2435. Sin embargo, los folios 2062 a 2201, incorporados teóricamente en la anterior foliación, están separados en un cuaderno especial que contiene “aclaración al dictamen de los peritos arquitectos”, y que está marcado así: Expediente, cuaderno 7A. Foliado del 2062 al 2201. Expediente cuaderno 8. Original: del folio 2436 al folio 2606. El folio 2500 contiene la explicación que remite a las cuentas y comprobantes del tribunal (cdno. 9). Los dos últimos folios contienen los duplicados de las remisorias de copias, en obedecimiento a lo dispuesto por el ordinal 15 de la parte resolutiva del laudo, con la firma de recibo de sus destinatarios. En este cuaderno el folio 2500 es simplemente explicativo. Expediente, cuaderno 9: Foliado desde C-1 hasta C-91. El último comprobante incorporado es el correspondiente a la protocolización del proceso, expedido por esta notaría. Y la rendición de cuentas del último presidente. Se protocolizan igualmente los siguientes documentos: Tres (3) juegos de planos distinguidos y numerados así: Planos primer proyecto, aprobados el 31 de octubre de 1980, cuya foliación va desde el 1 al 32, es decir, 32 planos. Planos del anteproyecto, aprobados en julio de 1980, foliados del 33 al 52, es decir, 20 planos. Planos del proyecto, aprobado en septiembre 22 de 1981, numerados del 53 al 92, es decir, 40 planos. En total se protocolizan noventa y dos (92) planos. Además se protocoliza un casete japonés, Maxell, con las siguientes leyendas: en su lado A, “Discusión propuestas reliquidación contrato doctor Serna Vallejo”, y en su lado B, “enero 20 de 1983 3:30 horas.” (hasta aquí la minuta presentada). Otorgamiento y autorización. Leído el presente instrumento por los comparecientes, lo aprobaron y firman conmigo el notario que doy fe. Derechos notariales: Decreto 1772 de 1979 $ 173.104. El presente instrumento se extendió en las hojas de papel notarial AB 02945498 y AB 02945499. —Entrelíneas: en folio 2 frente “la”, sí vale. Así se firma—. Otrosí: también se protocoliza el anexo 10 “Manual de especificaciones” Hotel Hilton International Bogotá. Segunda torre. Así se firma. Doy fe.
Audiencia de fallo del Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Casur, y el arquitecto Medardo Serna Vallejo
Contratos 007 y 009 de 1980 y sus adicionales
En la ciudad de Bogotá, D.E., a quince (15) de abril de mil novecientos ochenta y cinco (1985), dentro de la hora de las nueve de la mañana (9 a.m.), fecha y hora señaladas en reunión anterior, acta 63, para celebrar la audiencia de fallo del Tribunal de Arbitramento, constituido para dirimir en derecho la controversia suscitada entre el arquitecto Medardo Serna Vallejo, de una parte, y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Casur, por la otra, por razón de los contratos 007 y 009 de 1980 y sus adicionales, celebrados entre ellos; se reunieron en la sede del tribunal, carrera 28A 49A-47 apto. 101, los doctores Víctor Domínguez Gómez, árbitro presidente, Miguel Antonio Cárdenas V., y Miguel Botia Posse, árbitros, y la suscrita secretaria, con el objeto de celebrar la audiencia de fallo. Asistieron los doctores Medardo Serna Vallejo, a su propio nombre, y Eduardo Fonseca Prada, apoderado de Casur. Abierta la sesión, procede el tribunal a dictar el laudo que pone término a este proceso arbitral, el cual se pronuncia en derecho en cumplimiento de las cláusulas vigésimas de ambos contratos y se profiere dentro del término que para el presente proceso convinieron las partes según consta en acta 52 de audiencia celebrada el día 27 de febrero último, todo de conformidad con las reglas previstas por el artículo 669 del Código de Procedimiento Civil. El laudo, que es leído en voz alta por la secretaria, como lo previene el artículo 671-6 del Código de Procedimiento Civil, es el siguiente:
Bogotá, D.E., abril quince (15) de mil novecientos ochenta y cinco (1985).
Agotado el trámite legal procede el tribunal a proferir, en derecho, el laudo que pone término al proceso seguido, de una parte por el arquitecto Medardo Serna Vallejo, en su condición de abogado identificado con la c.c. 70048 de Bogotá, y por la otra por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Casur, establecimiento público nacional creado y reglamentado por los decretos 417 y 3075 de 1956 y reestructurado mediante decretos 2343 de 1971, posteriormente por el Decreto 2003 de 1984, con domicilio en Bogotá y adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, representado en este proceso por el doctor Eduardo Fonseca Prada, según poder otorgado por el representante legal del establecimiento.
a) Peticiones de la demanda
En escrito presentado por el doctor Medardo Serna Vallejo ante la secretaría del tribunal el día 15 de diciembre de 1983, concretó el actor las peticiones formuladas ante el tribunal, presentando separadamente las relativas a cada uno de los contratos 007 y 009 de 1980, así:
Contrato 007 de 1980 y sus adicionales
1. Que se establezca si el contrato 007 de 1980, que se perfeccionará en el año de 1987 al entregar la obra terminada, debe liquidarse con base en el Decreto 2846 de 1975 y el Decreto Ley 150 de 1976, vigentes a la firma del contrato o de acuerdo con el Decreto Ley 150 de 1976 y su Decreto Reglamentario 3154 de 1980 sobre tarifas, vigente al momento de celebrarse los adendos 1 y 2 del contrato 007 de 1980.
2. Que se establezca y ordene el pago de honorarios, de acuerdo con los valores reales y totales invertidos por la Caja en la construcción y dotación de la “segunda torre Hotel Hilton” y los valores totales invertidos en la integración, remodelación y acondicionamiento de la torre actual, de acuerdo con el contrato 007 de 1980 y al tenor del artículo 11 del Decreto 3154 de 1980, reglamentario del Decreto Ley 150 de 1976, con exclusión del valor del lote y los honorarios del arquitecto y del calculista.
3. Que se establezca el reajuste final por dirección arquitectónica.
4. Que se tenga en cuenta el dictamen de los peritos al dictar la sentencia, de acuerdo con el cuestionario (nums. 1º al 12 del acápite de pruebas), absuelto por los peritos arquitectos.
5. Que se fije un plazo máximo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la sentencia del honorable tribunal debidamente ejecutoriada, para el pago de las sumas a cargo de la Caja.
6. Que pasados los treinta (30) días, si no se efectúa el pago de lo debido se ordene el pago de intereses de ley y la correspondiente corrección monetaria, durante el tiempo de mora en el pago.
7. Que se ordene a la Caja el pago de veinticinco millones seiscientos doce mil ciento diez y seis pesos moneda corriente ($ 25.612.116) por la liquidación provisional correcta de honorarios de arquitectura causados desde octubre 30 de 1980, más sus intereses y su correspondiente corrección monetaria.
8. Que se establezca la nulidad de las actas 02 de 1982 de abril 29 de 1982 y 022 de 1983 (anexos 92 y 93) de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía y su correspondiente liquidación de honorarios del contrato 007 de 1980 (anexo 19).
9. Que se establezca el valor de los honorarios causados hasta la fecha y la base o pautas que deben tenerse en cuenta para la liquidación de honorarios que se causarán en futuro próximo en desarrollo del contrato 09/80(sic) y sus adendos, el valor de sus intereses de mora y la corrección monetaria.
10. Que se condene en costas y agencias en derecho a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía.
11. Que se declare la inaplicabilidad de algunas de las cláusulas contractuales a fin de dar paso a las liquidaciones solicitadas (pág. 16 y ss.).
12. Subsidiariamente, solicita el actor la aplicación correcta de los índices de Camacol para efectos de la liquidación provisional, pues la liquidación definitiva solicita se haga sobre el costo real y definitivo de la obra (pág. 24).
Contrato 009 de 1980 y sus adicionales
1. Que se establezca que el contrato 009 de 1980, que se concluirá o perfeccionará a finales de 1984, debe liquidarse de acuerdo con el costo real y definitivo de la estructura, según las nuevas áreas del proyecto estructural y las modificaciones al proyecto original ordenadas por la entidad contratante.
2. Que se establezca que el proyecto estructural para la segunda torre Hotel Bogotá Hilton, debe liquidarse como categoría “B”, de acuerdo con los decretos 609 de 1976 y 3285 de 1979.
3. Que se decrete la nulidad de la cláusula sexta del contrato, sobre liquidación y pago de honorarios.
4. Que se establezca sobre qué base debe liquidarse la supervigilancia estructural y las pautas que serán aplicables en la liquidación.
5. Que se ordene, si no se efectúa el pago de lo debido, el reconocimiento de intereses de mora y pago de la corrección monetaria.
6. Que se establezca el valor real de los trabajos extras ejecutados en beneficio de la Caja, de acuerdo al dictamen pericial y las pautas a seguir en adelante para el pago de futuras modificaciones y de trabajos extras.
7. Que se establezca y ordene el pago de las siguientes sumas:
a) Saldo de honorarios causados por pagar, con sus intereses de mora y corrección monetaria desde octubre 30 de 1981 fecha de entrega de cálculos y proyecto estructural hasta marzo 2 de 1982, fecha de recibo de parte de los honorarios.
b) El saldo de honorarios a cargo de la Caja, con sus respectivos intereses de mora y corrección monetaria desde octubre 30 de 1981 hasta la fecha en que la Caja pague la acreencia en favor del contratista.
8. Que se ordene que los saldos a cargo de la Caja y a favor del contratista se paguen en el término de treinta días, contados a partir de la fecha de la sentencia del honorable tribunal, debidamente ejecutoriada.
9. Que se ordene a la Caja el pago de cincuenta y dos millones novecientos veintiún mil treinta y seis pesos con cincuenta y cinco centavos moneda corriente ($ 52.921.036.55) saldo causado desde diciembre 11 de 1980 (anexo 79) correspondiente a la liquidación de honorarios de acuerdo con el contrato 009 de 1980 y lo establecido por la ley.
10. Que se decrete la nulidad del acta 014 de 1981 CG y de la correspondiente liquidación (anexo 38).
11. Que se condene a la Caja en costas y agencias en derecho.
12. Que se dejen de aplicar algunas de las cláusulas del contrato y sus adicionales para dar paso a la liquidación correcta de honorarios (págs. 32 y 33).
13. Honorarios por estudios de fachadas e integración de estructuras.
II. Antecedentes y hechos
En su extenso escrito el actor relata los antecedentes y hechos básicos de su demanda por las diferencias surgidas con Casur, los cuales pueden resumirse y relatarse ordenadamente, así:
1. Medardo Serna Vallejo fue el ganador del concurso público de méritos abierto por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin de escoger el anteproyecto para la construcción de la segunda torre Hotel Bogotá Hilton.
2. Como ganador del mismo, tenía derecho a firmar el contrato para la elaboración del proyecto respectivo y para la elaboración del proyecto respectivo y para la dirección arquitectónica de la obra, el cual se concretó en el 007 de 1980.
3. Para el diseño y cálculos estructurales, la Caja de Sueldos abrió un concurso privado de méritos entre las firmas inscritas en la especialidad, habiendo sido ganador del mismo la firma de Medardo Serna Vallejo, por lo cual se suscribió el contrato 009 de 1980.
4. Como firma interventora para la ejecución y liquidación de toda la obra Hilton, de propiedad de la Caja de Sueldos de Retiro, se designó a la firma Hora Ltda.
5. Las relaciones entre la Caja y el arquitecto Serna Vallejo, fueron desde sus comienzos excelentes y de ello dan cuenta las comunicaciones dirigidas a este por la dirección de la Caja.
6. La Caja en ningún momento ha tenido la menor queja, reclamación o crítica respecto de la labor del contratista y, por el contrario, existe correspondencia tanto de la dirección de la Caja como de la interventoría en donde se comprueba la complacencia y satisfacción por los trabajos ejecutados.
7. Los contratos 007 de marzo 5 y 009 de abril 7, ambos de 1980, fueron adicionados mediante la celebración de contratos o adendos de julio 7 de 1981 y octubre 16 de 1981 el primero, y julio 6 y octubre 15 del mismo año de 1981 el segundo.
8. Para la fecha de la firma de los contratos 007 y 009 de 1980 estaban vigentes los decretos 150 de 1976, 106 de 1977 y el Reglamentario 2846 de 1975. Para la época de la firma de los adendos uno y dos de los contratos 007 y 009 de 1980, regían los decretos 150 de 1976 y el Reglamentario 3154 de noviembre 21 de 1980.
9. Hasta la fecha de la firma de los contratos 007 y 009 de 1980, los gastos por el desarrollo de los anteproyectos, asesorías internacionales, viajes, planos y maquetas, investigaciones y compromisos adquiridos ascendían a la suma de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000) que perdería si no se firmaba el contrato aceptando las onerosas condiciones para legalizar el título de ganador en el concurso.
10. Asumiendo que la Caja, como entidad oficial, estaba justa y previamente asesorada para la realización y legalización de sus contratos, en consideración a los gastos ya causados y ante las exigencias de la Caja, fue necesaria la preparación y firma sin discusión de los contratos 007 y 009 de 1980 y sus adendos.
11. Al firmar los contratos 007 y 009 de 1980 se aceptaron cláusulas lesivas para los intereses del contratista, así: en el contrato 007, las cláusulas sexta, por medio de la cual el contratista acepta hacer una rebaja del 15% sobre el valor calculado como presupuesto de la obra; décimo cuarta, sobre suspensión y terminación unilaterales del contrato por parte de la entidad contratante, sin indemnización para el contratista; Vigésimo primera sobre liquidación del contrato, según la cual se hará sobre el presupuesto detallado de la obra presentado por el contratista, al cual se aplicarán los índices de Camacol para establecer el valor de la obra a la fecha en que se aprobaron por la entidad contratante, la Hilton y la Corporación de Turismo el anteproyecto. En el contrato 009, las cláusulas quinta, parágrafo segundo, por la cual el contratista se compromete a hacer una rebaja del 15% sobre el valor total de los honorarios pactados y vigésimo primera, por la cual la liquidación del contrato se hará con base en el presupuesto detallado de la obra, al cual se aplicarán los índices de Camacol para saber el valor de la obra a la fecha en que la Caja, la Hilton y la Corporación de Turismo hubieren aprobado el anteproyecto. En la celebración de este último contrato se invocó un decreto inexistente en la legislación colombiana, el 159 de 1976. Igualmente se clasificó la obra como categoría “A”, con clara violación de las normas vigentes.
12. Todas estas cláusulas son violatorias de disposiciones legales, pero de no haberse aceptado los contratos con ellas, estos no se hubieren firmado con notorio perjuicio para el contratista.
13. En los contratos adicionales al 007 y al 009 de 1980, se incluyeron también cláusulas violatorias de la ley, así:
Contrato adicional 1 al 007 de 1980: Firmado en julio 7 de 1981; cláusula sexta, parágrafo 2º. Con esta cláusula se dio aplicación a un decreto derogado para la fecha en que se firmó, el 2846 de 1975, subrogado por el 3154 de 1980. Contrato adicional 2 al 007 de 1980: Firmado el 16 de octubre de 1981, se incluyó una rebaja del 15% sobre los honorarios liquidados con base en el presupuesto general de la obra, o sea, sobre la suma resultante de aplicar el 6.5% sobre el valor final liquidado como honorarios del proyecto y dirección arquitectónica. Contrato adicional 1 al contrato 009 de 1980: Firmado el día 6 de julio de 1981: cláusula quinta, parágrafo, en el cual se establece que la liquidación y pago de honorarios se hará con base en el presupuesto detallado de la estructura suministrado por el contratista, al cual se le deducirá la proporción correspondiente al índice de costos de la construcción para la ciudad de Bogotá, certificado por Camacol a la fecha en que hubiere sido aprobado el anteproyecto por la Caja, la Hilton y la Corporación de Turismo. Cláusula sexta, por la cual se estipuló una rebaja del 15% sobre los honorarios. Contrato adicional 2 al 009 de 1980, firmado el día 15 de octubre de 1981, cláusula cuarta, parágrafo, y décimo quinta, por las cuales se prorrogó el plazo del contrato en contra del contratista.
14. Fue necesaria la aceptación y firma del primer contrato adicional al 007 de 1980 por razones de conveniencia exclusiva de la entidad contratante, pues no había recibido aún los diseños de la firma Hilton de Nueva York para los contratistas de las instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas y sanitarias; se había introducido modificaciones notables al proyecto entregado por el contratista en octubre 30 de 1980 y por ello se aumentaron considerablemente las áreas.
15. Fue necesario aceptar la firma del segundo contrato adicional al 007 de 1980, pues para esta nueva fecha aún la Caja no había recibido los diseños de la Hilton de Nueva York para las instalaciones mencionadas; de otra parte, la Caja resolvió que debían ser incluidos en el presupuesto de la obra los costos de tales instalaciones, cuyos planos y presupuestos debían ser suministrados por los respectivos contratistas, quienes, a la vez, no los habían podido suministrar por la falta de los diseños; porque la Caja no tenía interés en recibir el presupuesto por la erogación que ello implicaba inmediatamente; porque la interventoría Hora Ltda. tenía especial interés en dificultar las labores del contratista para que este no recibiera en su oportunidad los pagos ya causados.
16. La Caja exigió la celebración de los dos contratos adicionales al 009 de 1980 porque tenía especial interés en la demora para el recibo de los trabajos contratados, a consecuencia de la errada programación de la obra, terminados desde octubre de 1980 por el contratista, y el proyecto modificado por el aumento considerable de áreas, desde octubre de 1981, alargando el plazo para el recibo de los mismos para beneficio directo de la entidad contratante con grave perjuicio del contratista, lo que causaba nuevos gastos y pagos de costosas pólizas de garantías para la legalización de estos contratos adicionales, con la inclusión de nuevas cláusulas en perjuicio directo del contratista, con violación de la ley.
Con la celebración de los contratos adicionales al 007 de 1980 la Caja se ganaba varios meses extras para el pago de los honorarios, causados y exigibles desde el mismo momento de la entrega de los planos arquitectónicos, octubre 30 de 1980 (anexos 17 y 18).
17. De conformidad con el boletín Informativo 1 de la Caja, la obra de la segunda torre Hotel Bogotá Hilton debía quedar totalmente terminada a finales de 1984 según la programación efectuada por la Caja, la cual llevaba implícita la prestación de servicios del contratista durante ese tiempo determinado. El arquitecto, por falla de la programación de la obra hecha por la Caja, tendrá que prestar sus servicios profesionales, por ahora, por cuatro años adicionales al plazo convenido inicialmente.
18. Como consecuencia de los adendos a los contratos 007 y 009 de 1980, se hizo la liquidación de honorarios con base en un presupuesto rebajado, en detrimento del contratista, liquidación que debe estimarse como provisional pues la definitiva debe hacerse a la conclusión de la obra, esto es, a la entrega de la obra terminada a completa satisfacción de la Caja, la Hilton de Nueva York y la Corporación Nacional de Turismo, recibida por la Secretaría de Obras Públicas del Distrito Especial de Bogotá.
Esta liquidación previa y provisional de honorarios fue necesario aceptarla pues de lo contrario no se hubiera pagado suma alguna.
19. El proyecto terminado fue entregado a la Caja el día 30 de octubre de 1980, según consta en acta 02 de la fecha, con doscientas setenta y dos (272) planchas totalmente terminadas, recibidas y aprobadas por el director de la Caja de la época y la Hilton.
20. En virtud de modificaciones sugeridas por la Hilton de Nueva York, fue necesario elaborar un segundo proyecto cuya aprobación final (por la última entidad que debía hacerlo) fue el día 24 de julio de 1981, proyecto entregado el día 30 de octubre de 1981, constante de trescientas veinte (320) planchas aprobadas en su totalidad por las partes interesadas. Como consecuencia de los cambios, se produjo un aumento de áreas de 21.902 m 2 .
21. La cuenta correspondiente al solo dibujo, sin incluir honorarios del contratista, la cual se cobró en el mes de octubre de 1982, ascendió a la suma de $ 4.896.000, la cual nunca se pagó a pesar de que había sido convenida con la Caja y la interventoría, quienes definieron con anterioridad que el proyecto entregado en octubre de 1980 era el definitivo y que el entregado en 1981 solo constituía reforma del primero.
22. De acuerdo con la apreciación de la Caja, los honorarios del contratista estarían causados desde el 30 de octubre de 1980, fecha de recibo de los planos, y desde esa fecha se debería el reajuste y los intereses de mora.
23. El presupuesto detallado de la obra, sin incluir el costo de las instalaciones hidráulicas, mecánicas, sanitarias, comunicación interna y eléctricas, ni el correspondiente a las obras de integración de la vieja estructura con la nueva, ni de las instalaciones fijas, ni de decoración del hotel fue terminado el día 18 de septiembre de 1981, el cual no pudo recibir oportunamente la Caja por la falta de los proyectos y presupuestos de las instalaciones especiales.
24. La Caja recibió el presupuesto varios meses después de su terminación, por conducto de la interventoría, sin la inclusión de los presupuestos de las instalaciones especiales y en las mismas condiciones en que estaba elaborado el día 18 de septiembre de 1981, con los índices de costos de agosto y septiembre de 1981.
Este presupuesto entregado es el que corresponde al presupuesto tentativo de la obra y no a costo real y definitivo de la obra.
25. La Caja no aceptó el nuevo presupuesto convenido en la cláusula séptima. El contratista sí ha suministrado con la diligencia necesaria los nuevos planos, con áreas adicionales y las modificaciones requeridas; la Caja ha eludido en esta forma, el reajuste de honorarios.
En efecto, debido al cambio de proyecto, por modificaciones importantes y aumentos considerables de las áreas de construcción y proporcionales aumentos de los presupuestos iniciales de la estructura y de acuerdo con lo determinado por la Caja y la Hilton, se solicitó autorización a la Caja para el correspondiente ajuste del presupuesto. La entidad negó tal solicitud, basándose en los requerimientos de la interventoría y sus asesores.
26. Dentro de un inicial ánimo transaccional, en agosto 27 de 1982 se remitió a la Caja una liquidación, la cual no fue admitida por la Caja; hoy no tiene interés el contratista en que se apruebe esa liquidación, pues solo tenía como motivación el deseo permanente de mantener las mejores relaciones con la entidad contratante.
Cita el demandante los decretos 150 de 1976; reglamentarios 2846 de 1975, 609 de 1976, 106 de 1977, 802 de 1979, 808 de 1979, 3285 de 1979, 475 de 1980 y 3154 de 1980; Decreto Ley 222 de 1983.
Código de Ética Profesional, Resolución 5923 de 1981 del Ministerio de Obras Públicas.
IV. Concepto de la violación
Analiza el actor diferentes aspectos bajo subtítulos, los cuales en síntesis son los siguientes:
1. El contratante, el contratista y la interventoría
Bajo este título, el actor hace una amplia comparación entre las condiciones en que se han venido desarrollando sus contratos con la Caja de Sueldos de Retiro, los criterios aplicados desde la firma de los mismos, la interpretación de las cláusulas y el tratamiento que ha recibido desde la firma del contrato respectivo la firma interventora, para concluir que “Este comportamiento de la Caja, quebranta la igualdad en el tratamiento de que deben ser objeto los particulares, por parte de la administración en materia de contratación”.
2. Naturaleza del contrato administrativo
Sostiene que los contratos administrativos pueden definirse como contratos de adhesión, en donde el contratista se limita a la firma y aceptación de las condiciones impuestas por la entidad contratante, las cuales se presumen ajustadas a la ley, pero en los cuales el contratista tiene que aceptar, para no perder en última instancia el contrato, las onerosas condiciones impuestas por la entidad contratante.
Al respecto cita la disposición contenida en la Ley 153 de 1887 según la cual las condiciones impuestas por fuera de la ley se consideran como no escritas.
Menciona al efecto, el artículo 2º de la Constitución Política, para aseverar que ninguna autoridad de la República, incluida la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional puede actuar en tal forma que su actuación constituya un desconocimiento del mandato legal. Agrega que como consecuencia, el artículo 20 ibídem, dispone que “los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución y de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación en sus funciones, o por omisión en el ejercicio de estas”. Sostiene que este principio implica un sometimiento de la administración a las normas jurídicas, para eliminar así todo peligro de arbitrariedad.
Afirma que este conjunto que forma el ordenamiento jurídico, admite una fundamental distinción entre normas de orden público y normas de orden privado, para sostener que mientras las primeras son de obligatorio cumplimiento si se encuentran vigentes, las segundas apenas una opción ofrecida al particular para su accionar en el mundo jurídico. De lo anterior concluye: el Decreto 150 de 1976 sobre contratación administrativa contiene normas de orden público y como tales no pueden ser derogadas por convenios particulares, tal como lo prevé el artículo 16 del Código Civil.
Agrega en relación con el contrato 007 de 1980 y sus adicionales, que por haber dado aplicación al Decreto 2846 de 1975, derogado a la firma de estos por el Decreto 3154 de 1980, contrarían el ordenamiento jurídico superior.
Igualmente sostiene que por haber contemplado los contratos elaborados por la administración, reducción o rebaja del 15% de los honorarios pactados por fuera de la legalidad, también se violó este principio.
Igualmente afirma el actor, que tampoco se ajusta al principio de legalidad el comportamiento de la Caja al incluir eufemísticamente en los contratos una cláusula en donde dice que “el presente contrato se regirá por la tarifas y reglamentos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (referida a la de arquitectos en el contrato 007), en todo lo que no se exprese en forma distinta en el presente contrato”, pues en la elaboración de las minutas de los contratos no puede haber especificación distinta ya que existe reglamentación sobre tarifas de los cuerpos consultivos del gobierno, ordenada en el inciso final del artículo 71 del Decreto 150 de 1976.
Finalmente, que las posibles variaciones en los honorarios no aparecieron relacionadas en el pliego de condiciones, el cual es ley para las partes y que, incluso, si hubieran aparecido no podían ser aplicables por ser contrarias al principio de legalidad.
d) La aplicación de la ley posterior
Cita, al efecto, el artículo 2º de la Ley 153 de 1887, según el cual “La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior”.
Afirma, sobre el particular, que este principio de hermenéutica jurídica es acogido por todas las legislaciones y consulta la concepción del mejoramiento progresivo del derecho, al tiempo que permite una más ajustada definición de su contenido a la realidad actual.
Como consecuencia, sostiene que por haberse efectuado la liquidación del contrato 007 de 1980 con posterioridad a la vigencia del Decreto 3154, estos hechos deben regirse por la ley nueva, más aún si se trata de normas de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento.
5. El equilibrio económico de los contratos
En este último acápite relativo al concepto de violación, afirma que “El contratista cuando celebra su contrato con la administración, lo hace buscando obtener beneficios, que han sido calculados sobre las condiciones de cantidad, modo, o forma, lugar y tiempo que definen la índole de la prestación”.
“Cuando esas condiciones varían, sea por causas imputables a la administración pública o por causas no imputables a esta, sobrevinientes e imprevisibles al momento de contratar, trayendo consigo un menoscabo del interés del contratista, este tiene derecho a que su beneficio sea restablecido, o a que los perjuicios ocasionados sean atenuados” ...
“El equilibrio económico de los contratos puede definirse como la relación aproximada entre cargas y ventajas que el contratante (sic) ha tomado en consideración como un cálculo al momento de contratar; cuando este balance razonable se rompe, es equitativo restablecerlo, puesto que él había sido tomado como un elemento determinante del contrato”.
Agrega que en los contratos 007 y 009 de 1980, así como en sus adicionales, “la ecuación financiera del contrato se ha visto alterada por las siguientes circunstancias de hecho que se han presentado durante la ejecución de los mismos:
“1. La excesiva prolongación del tiempo de la obra por indebida programación como está debidamente probado”.
“2. Las modificaciones o adiciones a la cantidad de obra.
“3. Factores externos a los contratos mismos llevaron al gobierno a modificar las tarifas de honorarios de arquitectos establecidos por el Decreto 2846 de 1975 mediante el Decreto 3154 de 1980.
“4. Los mismos factores llevaron al gobierno a señalar, en forma legal, que la liquidación definitiva de los honorarios se cobrara “con base en el costo real de la obra”, por cuanto durante su ejecución pueden, y en nuestro tiempo necesariamente, producirse variaciones en el equilibrio económico del contrato. El legislador en el inciso 7º del artículo 11 del Decreto 3154 de 1980 consideró que la mejor forma para mantener el balance entre la obra y los honorarios del contratista era la de tomar como base par la liquidación de estos el costo real de aquella”.
Observa el tribunal que además de las argumentaciones planteadas por el actor bajo el título de concepto de la violación, a lo largo de su demanda, dentro de las peticiones, la relación de hechos y de antecedentes, incluyó argumentaciones y análisis ora jurídicos, ora de hechos, en las cuales apoya sus pretensiones.
En audiencia celebrada el día 27 de febrero de 1984, el apoderado de la Caja de Sueldos de Retiro, presentó un escrito de ampliación de cuestiones sometidas a la decisión del tribunal (acta de audiencia 4, feb. 27/84, fl. 25), peticiones que, según lo decidió el tribunal en providencia dictada el 28 del mismo mes y año (acta 5, fl. 34), aunque procesalmente presentadas en tiempo, no pueden formar parte de la controversia sometida a la decisión arbitral por cuanto tales cuestiones no fueron tratadas en la etapa previa a la constitución del tribunal, es decir, en la de arreglo directo interpartes, procedimiento expresamente convenido en las cláusulas vigésimas de los contratos 007 y 009 de 1980.
En providencia dictada por el tribunal el día 5 de marzo de 1984, se decretaron las pruebas conducentes pedidas por las partes y las que de oficio el tribunal estimó necesarias para dilucidar las controversias sometidas a su consideración (acta 6, fls. 40 y ss.).
En razón del volumen de las pruebas y las dificultades e incidentes que para su práctica tuvo que atender el tribunal, el debate probatorio se extendió en el tiempo hasta el día 16 de octubre pasado, acta 41, en la cual se declaró por el tribunal concluida la instrucción del proceso y se convocó para oír en alegaciones a las partes (fl. 2319).
VII. Alegatos de las partes
El día 26 de octubre del pasado año, acta 42, folio 2396, las partes fueron oídas por el tribunal en la presentación de sus alegatos orales, de los cuales entregaron, para que obraran en el expediente, versiones escritas.
A. Alegato de la parte actora
Utilizando el mismo esquema presentado en el libelo de demanda, el doctor Sena Vallejo, analizó individualmente las peticiones contenidas en aquel, reiteró, amplió y organizó los argumentos expuestos desde aquellas, a los cuales agregó los siguientes:
Contrato 007 de 1980
Petición A: Para la celebración del adendo 1 al contrato 011 de 1980 (celebrado con la firma interventora Hora Ltda.), la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, después de minucioso estudio jurídico, concluyó que las normas de los contratos administrativos son de orden público, obligatorias y de ejecución inmediata, no renunciables, con base en lo cual acogió el Decreto 3154 de 1980 y en su cláusula octava lo hizo aplicable en materia de tarifas.
Para sustentar, acogiendo, la tesis expuesta en el adendo 1 al contrato 011 de 1980, por la Caja, el actor hace una extensa presentación de los conceptos jurídicos que en su sentir corroboran tal decisión y concluye afirmando: “en materia de decretos, cuando rige un decreto ley como el 150 de 1976, son de obligatoria aplicabilidad los decretos reglamentarios como los 2846 de 1975 y 3154 de 1980 en la oportunidad inmediata a su respectiva expedición, derogándose también inmediatamente los decretos anteriores, si el nuevo decreto así lo estableciere”.
Petición B: En materia de plazos para el pago nada dice el Decreto 3154 de 1980, salvo la alusión a algunos anticipos o pagos regulares que deben realizarse durante la ejecución de la obra. La única precisión, aparte de la costumbre administrativa, aparece en el Decreto 808 de 1979, artículo 2º, el cual debe aplicarse por analogía, pues es conocido que la administración pública es morosa en sus pagos y la moneda colombiana es inestable, tanto que en los últimos años ha venido con una devaluación diaria de doce centavos, por lo cual el contratista tiene derecho a exigir el reconocimiento de la corrección monetaria por el tiempo de la mora y, a partir de un determinado momento, a exigir intereses para compensar la inmovilización del dinero que le pertenece. Resulta aplicable el citado decreto en virtud de la analogía, pues se refiere a contratantes del Estado, a contratos administrativos. Además, agrega, que con ello se establece un equilibrio entre el interés público y el interés profesional y económico del contratista, todo lo cual ha dado base a la teoría del equilibrio financiero de los contratos.
Contrato 009 de 1980
Al finalizar su exposición, agregó: “Las tarifas mínimas de las sociedades de arquitectos e ingenieros, aprobadas por el Gobierno Nacional, constituyen normas de orden público, irrenunciables, de ejecución inmediata, obligatorias.
B. Alegato de la Caja de Sueldos de Retiro
El apoderado de la Caja, doctor Eduardo Fonseca Prada, siguiendo el esquema de la demanda, en síntesis expresó así los argumentos y las bases de la defensa de su representada:
Petición A: Esta petición no contiene pretensión para el reconocimiento de derechos, sino de declaraciones abstractas, por lo cual no procede ningún pronunciamiento del tribunal sobre el particular.
De otra parte, la petición primera no fue planteada en la etapa de arreglo directo por lo cual, siguiendo la definición del tribunal, no adquirió competencia para pronunciarse sobre ella.
Aclara que las peticiones formuladas por el doctor Serna en sus escritos de reclamo ante la Caja apuntan hacia otro objetivo.
Petición B: Sobre esta segunda petición, manifiesta el apoderado de la Caja que el Decreto 3154 de 1980, no incluyó la dotación del edificio (mobiliario y decoración) dentro de los factores computables a efectos de establecer el costo real de la construcción, por lo cual no deben en ningún caso considerarse a efecto de la liquidación de honorarios del contratista proyectista.
De otra parte, estima que a la firma del contrato 007 de 1980 regía el Decreto 2846 de 1975, sobre las tarifas aplicables para la liquidación de honorarios, cuyo artículo 12 se aplicó íntegramente al contrato, creando un mecanismo de liquidación tentativo y, por otra parte, ordenando la liquidación final sobre el presupuesto detallado de la obra, tal como lo indica el citado decreto.
Considera, además, que las modificaciones efectuadas al contrato 007, las cuales ocurrieron en dos oportunidades, solo se hicieron con tres fines específicos: 1. Ampliar los plazos de entrega de los planos y presupuesto por parte del contratista, 2. Ampliar el área de construcción y así ampliar los pagos provisionales de acuerdo al costo tentativo de la obra, dejando a salvo o reiterando la forma de liquidar definitivamente el contrato sobre el presupuesto detallado de la obra, y 3. Para modificar el valor y oportunidad de los pagos por concepto de honorarios tentativos.
Igualmente expresa el apoderado de la Caja, que para la fecha de la firma de los contratos adicionales al 007, regía el Decreto 3154 de 1980, el cual contiene el nuevo reglamento tarifario para la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el cual vino a cambiar la base para la liquidación de los honorarios de arquitectura, sustituyendo el valor del presupuesto detallado de la obra por el costo real de a construcción. Sin embargo, agrega, que no puede prosperar la petición contenida en este acápite, es decir, la aplicación del Decreto 3154 al contrato del doctor Serna, porque:
1. No fue una cuestión o pretensión planteada previamente por el contratista en la etapa de arreglo directo; bien por el contrario, la petición estaba dirigida a que el contrato se liquidara sobre la base del presupuesto entregado y aprobado, tal como consta en las cartas de junio 9 y diciembre 15 de 1982 (anexos 39 y 45 de la demanda).
2. Por seguridad jurídica, base fundamental del derecho, en virtud de la cual se explica la necesidad del ser humano de crear normas jurídicas, criterio que el legislador consagró en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, cuando dispuso: “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”.
De esta premisa se sigue que las pretensiones del doctor Serna no pueden prosperar, porque: a) Las normas vigentes a la celebración del contrato 007 de 1980 eran el Decreto 150 de 1976 y el Decreto 2846 de 1975 sobre tarifas, reglas a las cuales se dio aplicación en el contrato; b) No se puede regir el contrato principal por las reglas vigentes a la fecha de la firma de los adicionales, pues estos no son contratos autónomos y, bien por el contrario, de conformidad con el artículo 45 del Decreto 150 de 1976, no puede modificarse el objeto del contrato por la vía de celebración de contratos adicionales. Los contratos adicionales al 007 de 1980, solamente modificaron el plazo y la estimación del valor del contrato, pero dejaron vigentes todas las demás estipulaciones contractuales contenidas en el contrato 007. Más aún, afirma el memorialista, los contratos adicionales reafirmaron la vigencia del Decreto 2846, cuando expresaron que el contrato se regiría por sus normas; c) El contrato 007 de 1980 era capaz de subsistir por sí solo; en él se establecían de modo completo las mutuas obligaciones que pactaban las partes. Los contratos adicionales tienen referida su existencia, necesariamente, al contrato principal al cual complementan o aclaran.
3. Porque la Caja pagó honorarios sobre presupuesto de construcción elaborado por el contratista, en el cual se reflejaron los costos a precios del momento. Ese valor pagado representaba un porcentaje reglamentario sobre el costo que habría tenido el edificio para la época. Los pesos que recibió el arquitecto valían más, compraban más, que lo que valdría o compraría hoy esa misma cantidad de pesos.
La segunda torre del Hotel Bogotá Hilton va costando más y costará más en términos de pesos o de cantidad de esos pesos, que lo presupuestado por el doctor Serna, en virtud del deterioro del poder adquisitivo del peso. Los honorarios del doctor Serna no sufrieron el deterioro puesto que de ellos se puso en poder al arquitecto en época pretérita.
Petición C: Afirma el memorialista que esta petición no debe prosperar porque sobre ella deben aplicarse las mismas consideraciones antes expuestas sobre inaplicabilidad del Decreto 3154 de 1980 y porque la supervisión arquitectónica es complementaria a la elaboración del proyecto y no es una labor autónoma, ni los honorarios se fijan en consideración al tiempo de ejecución de la obra, sino que son simplemente una proporción del valor del proyecto arquitectónico.
Petición D: Afirma que todas las pruebas practicadas en el proceso deben ser estimadas y consideradas por el tribunal al fallar.
Petición E: Afirma que es esta una petición condicionada a la prosperidad de las demás y que, de otra parte, no existe en la ley procesal previsto un incidente de regulación de perjuicios por condenas en abstracto proferidas por los tribunales de arbitramento, por lo cual la carga de la prueba grava al demandante durante el término de funcionamiento del tribunal. No existiendo en el proceso prueba alguna sobre cuantificación de perjuicios sufridos por el actor no podrá existir condena en concreto y, por otra parte, no pudiendo el tribunal condenar en abstracto, o a fortiori debe el tribunal absolver a la Caja.
Petición F: Sostiene que esta petición correría la suerte de las pretensiones principales.
Petición G: Dos aspectos contempla esta petición, a saber:
a) Deflactación del presupuesto según los índices de Camacol: Es una regla contenida en el texto del contrato 007, cláusula 21. El contrato adicional apenas si puntualiza o aclara lo consignado en el contrato principal. Por ello no es válido el argumento de que se incluyó en el contrato adicional una cláusula no autorizada por el arquitecto; de otra parte, es claro que todo lo consignado en un contrato responde a estipulaciones bilaterales y, por consiguiente, autorizadas por quienes los suscriben. El doctor Serna suscribió el contrato, luego autorizó su contenido. Además, si el contrato adicional no hubiere hecho manifestación alguna sobre la forma de establecer el valor de la obra, de todas maneras se aplicaría la deflactación porque ella está prescrita en el contrato principal y esta estipulación es válida y obligatoria para las partes, en virtud del precepto contenido en el artículo 1602 del Código Civil;
b) El descuento del 15% en honorarios de elaboración del presupuesto: Reclama el doctor Serna que tal descuento no se puede aplicar pues las tarifas señaladas por los reglamentos pertinentes “son los mínimos que los arquitectos pueden cobrar”. Estima el apoderado de la Caja que este reclamo no resulta viable porque: 1. El Decreto 3154 de 1980 no es aplicable al contrato 007; 2. Porque el Código de Ética Profesional invocado por el doctor Serna, podría eventualmente comprometer al arquitecto en asunto de competencia desleal pero jamás podrá tener la virtud de primar sobre el artículo 1602 del Código Civil, en razón de la jerarquía de las normas; 3. Porque el contratista es una persona natural con la libre disposición de sus bienes y ha utilizado tal facultad al acordar una cláusula como la comentada.
Sostiene el apoderado que las demás peticiones del doctor Serna sobre el contrato 007 de 1980 son ininteligibles, pero si de ellas se dedujera la pretensión de que se le pague el valor de las reformas que se hicieron a los diseños, de acuerdo con el experticio de los arquitectos, tales reformas respondían a deficiencias del proyecto, caso en el cual el costo debe ser asumido por el arquitecto, o bien representan un mayor valor del presupuesto y su pago está implícito en ese mayor valor.
Finalmente afirma, con relación a las consideraciones respecto del contrato 007 de 1980, que obran en el expediente las actas 02 de 1982 y 022 de 1983, las cuales dan fe de cómo el contratista dispuso de sus posibles derechos por las reformas del diseño, renunciando a ellos y obligándose a realizar cualquier reforma futura sin costo para la Caja. Estima que este acto dispositivo es válido.
Considera que las pretensiones del doctor Serna en relación con este contrato son dos:
1. Que se liquiden los honorarios correspondientes sobre el costo real de la obra y no sobre el presupuesto detallado de la misma.
2. Que se liquiden los honorarios sobre la base de clasificar el proyecto dentro de la categoría B y no en la A, de acuerdo con los decretos 609 de 1976 y 3285 de 1979.
En relación con la primera de las pretensiones, invoca en su favor las consideraciones hechas en los capítulos anteriores.
En relación con la segunda, considera que las partes eran libres de fijar convencionalmente la tarifa y la categoría. Sin embargo, arguye que si se llega a la conclusión de que las tarifas deben prevalecer sobre el texto del contrato, ha de decidirse, igualmente, que la liquidación debe hacerse sobre los valores del metro cuadrado de construcción de la estructura, el cual estaba fijado por el artículo 13 del mismo Decreto 609 de 1976 en $ 3.000 para la categoría B, muy inferior al precio por metro cuadrado sobre el cual se liquidaron los honorarios del contratista en virtud de las cláusulas contractuales.
Agotado el trámite procesal previsto por la ley (Sec. Quinta, libro tercero, tít. XXXIII, arts. 663 y ss. del CPC., concordantes con los arts. 2011 y ss. del C. Co.) y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el tribunal a decidir la controversia, así:
Planteadas como están las tesis y argumentaciones de las partes, el tribunal las estudiará en el orden que lógicamente permita un desenvolvimiento claro y coordinado a efectos de emitir una decisión sobre todas y cada una de las cuestiones sometidas a su consideración.
En su alegato de conclusión, el apoderado de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía planteó la incompetencia del tribunal para decidir en el fondo algunas de las pretensiones contenidas en la demanda presentada ante el tribunal por el doctor Medardo Serna Vallejo. A tal fin, sostiene que en la etapa de arreglo directo no fueron sometidas por el contratista las reclamaciones que hoy pretende sobre aplicación del Decreto 3154 de 1980 al contrato 007 de 1980, invocando en apoyo de su aserto el contenido de las cartas presentadas por el contratista los días 9 de junio y 15 de diciembre de 1982.
Estima el tribunal que si bien, en el aspecto meramente de forma, la petición elevada en la demanda no fue formulada textualmente a la Caja, ella estaba implícita y regía necesariamente el estudio y solución de cada una de las reclamaciones planteadas. En efecto, para resolver las peticiones formuladas por el actor ante la Caja, era y en imprescindible el estudio, análisis y decisión sobre cuáles son las normas aplicables a los contratos 007 y 009 de 1980 y sus adicionales. No de otra manera se puede llegar a definir la forma de liquidación de los honorarios derivados de los contratos, ni el eventual derecho a reajuste de los mismos, ni la validez de las cláusulas contractuales, etc. Por tanto, no encuentra el tribunal que resulte improcedente la definición solicitada ni ajena a su competencia.
De otra parte, recuerda el tribunal que el tema fue tratado, analizado y decidido en sesión llevada a cabo el día 28 de febrero de 1984, acta 5, folios 34 y siguientes del expediente, oportunidad en la cual el tribunal llegó a la conclusión de que de conformidad con los documentos que obran en el expediente y que en el acta citada se puntualizaron, “c) ... en cuanto a las peticiones presentadas por el doctor Serna Vallejo, ellas coinciden con las cuestiones planteadas por él mismo en todas las reclamaciones que en la etapa de arreglo directo formuló ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, como se advierte en los anexos ya reclamados. Por tanto, el tribunal admite su propia competencia para conocer y decidir sobre ellas”.
Entiende, entonces, el tribunal, que ya se pronunció fundadamente sobre el particular y en la previa oportunidad que señala el artículo 671 del Código de Procedimiento Civil, no siendo, por tanto, indispensable volver sobre un tema que fue objeto de decisión en la etapa legal prevista por el artículo citado, por lo cual el tribunal y las partes deben estarse a lo allí resuelto.
2. Leyes contractuales
Sostienen las partes en controversia, tesis diametralmente opuestas:
2.1. El actor afirma que siendo los contratos 007 y 009 de 1980, administrativos, las normas que les son aplicables son de orden público, obligatorias y de ejecución inmediata, no renunciables y que, por lo mismo, el Decreto 3154 de 1980 debe aplicarse a partir de su vigencia. Para apoyar su tesis, presentó en el alegato de conclusión, una extensa argumentación partiendo de la diferenciación entre el derecho público y el derecho privado y su origen histórico; la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a propósito de la definición, interpretación y aplicación de las leyes de orden público; continuó su análisis refiriéndose a la protección del trabajo humano por el Estado, tanto respecto del trabajo dependiente como del independiente, para concluir en que la forma como el Estado colombiano ha tratado de dar protección a estos últimos es con el establecimiento de tarifas mínimas profesionales, las cuales son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, de efecto general e inmediato. Sostiene también el actor, que esas tarifas mínimas le quitan autonomía a la libre voluntad de las partes contratantes cuando son personas privadas y con mayor razón cuando se trata de contratación con entidades públicas, pues no pueden existir dos concepciones —encontradas de orden público.
Afirmó, igualmente, que el contrato administrativo está regido por el principio del equilibrio económico o financiero en virtud del cual cuando ocurran cambios en las condiciones económicas de los contratos que rompan el equilibrio que debe existir en ellos, debe restablecerse tal equilibrio a pesar de lo que la expresión de la voluntad formal diga en el contenido del contrato. Por ello, estimó que la regla del artículo 1602 del Código Civil, según la cual el contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, no es aplicable en los contratos administrativos, así como el principio del “pacta sunt servanda”, pues en estos la naturaleza propia del contrato hace desaparecer los tres principios: Carácter obligatorio de los contratos, pues en ciertas ocasiones la administración puede rescindir el contrato unilateralmente; la inmutabilidad, pues también la administración puede variar las condiciones del contrato; la igualdad de los contratantes, pues la administración tiene a su favor las cláusulas exorbitantes.
Invoca a su favor, de otra parte, la teoría de la imprevisión y del reconocimiento de los mayores costos, de la cual afirma que está implícita en todo contrato administrativo y que no requiere ser pactada por las partes y por lo mismo no puede ser objeto de renuncia por el contratista; y agrega: la duración del contrato 007 según la programación actual de la Caja es hasta el año de 1987; según las proyecciones más probables, hasta el año 2000.
Concluye el actor argumentando que: “Lo expuesto nos permite señalar la quiebra del principio de la voluntad, como rector del contrato administrativo y situar en su lugar el interés público perseguido; esta transmutación de lo subjetivo a lo objetivo debe enmarcarse dentro de un equilibrio entre el interés de la administración y el interés económico del contratista, llámese: Equilibrio financiero, imprevisión, mayores costos, etc. ...”.
Finaliza su exposición sobre el tema, alegando la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos y, en su caso, para todos los contratistas, afirmando que la Caja dio un tratamiento discriminatorio al arquitecto Medardo Serna Vallejo, frente a la conducta asumida con relación al contrato 011 de 1980 de la interventoría.
2.2. Por su parte, el apoderado de la Caja de sueldos de Retiro de la Policía sostiene, como quedó resumido anteriormente, que: a) Los contratos adicionales solo modificaron las cláusulas del contrato relativas a los plazos, áreas, valor y oportunidad de los pagos por concepto de honorarios tentativos y no los finales. b) Por expresa disposición del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, no se puede aplicar norma posterior a su celebración ni permitir que con ocasión de los contratos adicionales se modifique el objeto del contrato.
2.3. El tribunal procede a realizar el estudio jurídico, previo a la decisión de las cuestiones que le han sido planteadas en este proceso arbitral.
Los contratos 007 y 009 son contratos administrativos. Ambos fueron celebrados bajo la vigencia del Decreto Ley 150 de 1976, dictado en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 28 de 1974.
En ellos de una vez se advierten las cláusulas que caracterizan ese tipo de contratos.
Por su objeto y de conformidad con el artículo 67 de esa norma, son contratos de obras públicas, y en la subclasificación del artículo siguiente, hacen parte del grupo primero:
“Decreto Ley 150 de 1976, artículo 68. ... Primero. Para ejecución de estudios, planos, anteproyectos, proyectos, localización de obras, asesoría, coordinación o dirección técnica y programación”.
A partir de febrero 2 de 1983, el decreto anterior fue derogado por el Decreto Ley 222 de 1983, dictado en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 19 de 1982, rige a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de la vigencia de la norma derogada, respecto de los contratos que el 2 de febrero de 1983 se estuvieren tramitando. Su procedimiento continuaría acorde con las normas del Decreto Ley 150 de 1976.
El Decreto 222 de 1983 mejora notablemente la clasificación de los contratos:
En su artículo 16 clasifica los contratos administrativos, asignando su numeral 2º a los de obras públicas; en el 81 los define por el objeto, y de esas normas se concluye que, a partir de su vigencia, contratos como los que dan origen a este proceso arbitral no son ya contratos de obras públicas.
El artículo 115 de la norma que se examina define el contrato de consultoría, y en esa definición y clasificación especial quedan comprendidos el 007 y el 009, materia de estudio.
En todo lo anterior no hay más que la reiterada voluntad de la administración pública de mejorar y perfeccionar en lo posible la legislación sustantiva, no solo en materia de contratación administrativa sino, principalmente, del contrato de obras públicas, del contrato de consultoría así hoy llamado, de la actividad constructora, y también de llenar otros fines especiales y específicos a los que ya se obligó, como son la protección de las profesiones de arquitectura e ingeniería y de sus profesionales, esto último ya dentro de la obligación constitucional amplia de protección a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, (C.N., art. 16); de la específica de protección del trabajo humano, sin distinguir el trabajo asalariado del trabajo independiente, (C.N., art. 17), y la proyección y defensa de políticas de ingresos y salarios mediante la intervención del Estado por mandato de la ley (C.N., art. 32, inc. 2º).
El Congreso Nacional dictó en septiembre 30 de 1964 la Ley 4ª de ese año, “por la cual se dictan disposiciones sobre la industria de la construcción, concursos y contratos”. De su articulado solo conserva vigencia el artículo 14, por cuanto la otra materia de la ley ha sido completamente tratada en normas posteriores, la última de las cuales el Decreto Ley 222 de 1983. Pero es evidente que todas las normas sustitutivas han venido conservando el mismo espíritu y propósito de esa Ley 4ª de 1964, y la vigencia del artículo 14 citado lo confirma:
“La industria de la construcción y los estudios de ingeniería y arquitectura en todas sus ramas, son actividades útiles y necesarias para el desarrollo económico del país, por lo cual el Estado debe estimular y proteger a las personas nacionales, naturales o jurídicas, dedicadas a ellas.
PAR.—El gobierno reglamentará la forma como debe dar esta protección y estímulo y lo que debe entenderse por personas jurídicas nacionales para estos efectos”.
Limitándonos simplemente al análisis somero del Decreto Ley 150 de 1976, advertimos que sí se inspira no solo en la obligación general de orden constitucional, sino también en esta forma citada (L. 4ª/64).
El artículo 71 al imponer, a partir de determinada cuantía, la adjudicación de los contratos hoy llamados de consultoría, exclusivamente mediante concurso de méritos da esta protección al profesional y a la profesión; y al estatuir, como única forma de fijación de honorarios, que ellos estén acordes con las tarifas que establezcan las asociaciones profesionales que tengan el carácter de cuerpo consultivo del gobierno, ratifica esa voluntad y regresa a los objetivos impuestos por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1964, amén de que elimina, o al menos lo pretende, el gravísimo riesgo de la competencia por medios desleales en la contratación administrativa, defendiendo así no solo la moral de la administración, sino también la moral profesional. En la contratación administrativa a que nos referimos, la libertad de pactar las tarifas está sustituida tanto para el particular como para la administración, por las normas vigentes.
Por excepción, y en defecto de esas tarifas señaladas por asociaciones profesionales que tengan el carácter de cuerpo consultivo del gobierno, y acogidas por este, se prevén otras formas para acordar la remuneración.
El interés del gobierno en asegurar el logro de su objetivo resalta de la lectura del Decreto Reglamentario 106 de 1977. Sus normas imprimen seriedad a los registros de profesionales e interesados: proponentes, contratistas, proveedores.
En la reglamentación de los concursos de méritos, públicos y privados, prácticamente obliga a las partes, la administración pública y el contratista, a verter su contenido en los contratos, y el artículo 51 reitera la norma sobre fijación de honorarios.
Es interesante resaltar la estructura vertical de las normas protectoras de la industria de la construcción, de las profesiones de arquitectura e ingeniería y de sus profesionales, en la contratación administrativa.
De las normas constitucionales se desgaja el artículo 14 de la Ley 4ª de 1964; en ese ámbito, se integró el Decreto 1670 de 1975, luego el Decreto Ley 150 de 1976, y hoy el Decreto 222 de 1983.
Del 150 de 1976 y de la norma constitucional, nace, por decirlo así el Decreto Reglamentario 106 de 1977. Y, como es lógico, de antemano operan ya los mecanismos que originan esas tarifas obligatorias y determinan su obligatoriedad.
Normas legales han dado ya el carácter de cuerpo consultivo del gobierno a las sociedades Colombiana de Arquitectos y Colombiana de Ingenieros; esas sociedades han venido elaborando y presentando las tarifas de honorarios para ese tipo de contratos, y el gobierno, la administración pública, las acoge por medio de decretos.
Pero esas “tarifas” no pueden originarse en apreciaciones caprichosas de los cuerpos consultivos del gobierno. Constituyen en realidad un extremo en la ecuación aplicable para la obtención del valor de los contratos administrativos de consultoría, antes de obra pública. Una de sus funciones previsibles, dentro del orden necesario en la administración pública, es la de llevar a los contratos las cifras adecuadas para restablecer el equilibrio contractual o financiero de los mismos, o lo que en ese momento puede llamarse la remuneración adecuada del trabajo humano, a nivel profesional, en un sector de las profesiones liberales, concretamente arquitectura e ingeniería. Se agrega que tales tarifas son también obligatorias para los arquitectos e ingenieros afiliados a esos cuerpos consultivos del gobierno, en la contratación privada, y que la observancia de ellas, como remuneración mínima, es un imperativo de la moral profesional, si se atiende a lo estatuido por el Ministerio de Obras Públicas en la Resolución 5293 de 1981 que ha dado en llamarse “Código de Ética Profesional” y en la que la antecedieron. El tribunal advierte que no es una resolución ministerial el acto administrativo adecuado para el establecimiento de normas que sean eficaces en amplitud y profundidad, como para ser llamadas Código de Ética Profesional. Constituyen sí un compromiso de afiliados dentro del grupo al que se incorporan.
En la fecha de celebración del contrato principal 007, la norma vigente era el Decreto 2846 de 1975, y rigió hasta noviembre 21 de 1980, fecha en que lo sustituyó el Decreto 3154 de 1980. Para el contrato 009 de 1980, el decreto vigente es el 609 de 1976, complementado por los decretos 991 de 1978, 3285 de 1979 y otros que no es del caso citar en este análisis.
Tanto el Decreto Reglamentario 106 de 1977, como la norma reglamentada y los decretos ejecutivos que acogen las tarifas, se arraigan en norma de la Constitución Nacional, y con ellos se integra el gran ámbito jurídico que impone normas de obligatorio cumplimiento en la contratación administrativa de obras públicas, y en este caso, de la especie que señala el ordinal primero del artículo 68 del Decreto Ley 150 de 1976, hoy contratos de consultoría, como aparece del artículo 115 del Decreto 222 de 1983, y que son objeto de estudio.
Tenemos entonces que hay normas constitucionales precisas que imponen al Estado obligaciones concretas y que no solo hay voluntad de cumplirlas sino que explícitamente la ley ha declarado que esas actividades son de utilidad y necesarias para el desarrollo económico del país, es decir, son de utilidad pública e interés social. La conclusión es obvia:
Son normas de orden público por virtud del artículo 14 de la Ley 4ª de 1964.
Pero también ya el Consejo de Estado, ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto del carácter de las normas protectoras del trabajo humano aún en el ejercicio de profesiones liberales y de actividades comerciales (la agencia comercial). En efecto: en sentencia de noviembre 22 de 1982, Sección Tercera. Ponente doctor Jorge Dangond Flórez. Expediente 3.097, actor: Gustavo De Bedout, al decidir sobre la vigencia del artículo 1324 del Código de Comercio, y en la que se concluye que la norma es de inmediata vigencia y aplicable a los contratos de agencia en curso, dice el numeral cuatro de los considerandos:
“Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha reconocido que las normas protectoras del trabajo humano son de orden público, y, por lo mismo, de aplicación inmediata a los contratos que se encuentren en ejecución al momento de entrar a regir la norma respectiva”.
También en providencias reiteradas el Consejo de Estado se ha pronunciado en el sentido de que las condiciones ofrecidas en los concursos de méritos no pueden ser modificadas. Y en estos concursos de méritos, previos a la celebración de los contratos 007 y 009 se dice expresamente que el valor de los honorarios será el determinado por las asociaciones con carácter de cuerpo consultivo del gobierno.
Existe pues todo un complejo normativo en virtud del cual se protege el trabajo humano vinculado a la arquitectura y a la ingeniería, ya se trate de la labor independiente, ora de la dependiente. El artículo 17 de la Carta preceptúa, generalizando, que el trabajo gozará de la especial protección del Estado; el artículo 14 de la Ley 4ª de 1964 le atribuye a la industria de la construcción y a los estudios de ingeniería y arquitectura en todas sus ramas, la naturaleza de actividades de utilidad pública e interés social; el artículo 71 del Decreto 150 de 1976 y hoy el 39 del Decreto 222 de 1983, preceptúan que los honorarios que se causen en los contratos de consultoría —que no son otra cosa que estudios de arquitectura e ingeniería en ramas especializadas— deben corresponder a las tarifas adoptadas por el gobierno y que le sean presentadas por sus cuerpos consultivos, para el efecto las sociedades Colombiana de Arquitectos y Colombiana de Ingenieros. Dentro de este esquema, el Estado a través de normas de diferente jerarquía, cumple su función de protección: con fundamento en la Constitución y en la ley —tanto en sentido formal como material— sujeta a las partes a unos patrones de conducta, económicos, en abstracto. Y, mediante simples decretos ejecutivos, adopta el quantum tarifario para dar desarrollo a aquellos objetivos constitucionales y legales.
Surge de lo dicho, que no es en estricto sentido el decreto ejecutivo que adopta las tarifas, la norma legal que las hace obligatorias; el carácter imperativo de la tarifa viene de la ley (D. 150/76 y D. 222/83); su adopción por decreto es una simple cuantificación.
¿Y a qué conduce todo este análisis jurídico respecto de los contratos 007 y 009 y sus adicionales?
a) Que en la fecha de la celebración del contrato 007, de marzo 5 de 1980 las tarifas vigentes son las del Decreto 2846 de 1975;
b) Que a partir del 21 de noviembre de 1980 las tarifas son las establecidas por el Decreto 3154 de 1980 y que su aplicación es inmediata al contrato vigente, sin que ello signifique aplicación retroactiva de la norma; y a los contratos adicionales 1 y 2;
c) Que la observancia de las tarifas se puntualiza no solo en aplicar los respectivos porcentajes, sino en no acudir a mecanismos que menoscaben indebidamente las bases de su aplicación y
d) Que, por consiguiente, no pueden pactarse válidamente descuentos o reducciones ni respecto de las bases ni en cuanto a los niveles porcentuales de las tarifas.
Respecto del contrato 009 y sus adicionales 1 y 2, y en atención a que las tarifas de ingeniería no sufrieron modificación, son válidas las conclusiones indicadas para el contrato 007, en los literales c) y d).
En el análisis de la base de aplicación del porcentaje de tarifas se plantea un delicado tema, que debe examinarse, aunque por motivo distinto, para los dos contratos.
El valor inicial o el valor calculado de cada contrato resulta de multiplicar el área tentativa o área calculada por el valor atribuido a cada unidad de medida, el metro cuadrado. Para el contrato 007 cualquier disminución de alguno de los dos factores se corrige en la liquidación final puesto que el Decreto 3154 de noviembre 21 de 1980, de conformidad con el artículo 11 determina como valor de la obra, su costo real. Claro está que mientras se conoce el costo real de la obra, evento que solo se dará a la terminación de la misma y su liquidación, por defecto de conocimiento del costo real tendrá que realizarse un cálculo —previo sobre el presupuesto detallado definitivo de esta, etc., de conformidad con el mismo artículo—. Sin perjuicio de otras liquidaciones, como adelante veremos.
En el caso de este contrato hemos advertido que la liquidación tentativa expresa un área de 81.909 m 2 ; pero en los dictámenes de los arquitectos y de los ingenieros y con fundamento en las constancias del proceso, el área construida, de conformidad con la licencia de construcción sobre planos, es de 82.810 m 2 . Es decir que para cualquier efecto legal y hasta cuando se determine el costo real de la obra, el cálculo del presupuesto detallado de la obra, en materia de área, tendrá que incorporar este último metraje.
2.4. Desde ya el tribunal advierte que atendiendo el desarrollo en el tiempo del Decreto(sic) 007 de 1980 y sus adicionales 1 y 2, la aplicación del Decreto 3154 de 1980 al contrato principal no significa retroactividad de la norma, por dos razones:
a) Porque la base de liquidación final, última o definitiva del valor del contrato es su costo real, a la finalización o terminación del mismo, hecho futuro. Cualquiera otra liquidación, la que se practicará por el tribunal en este laudo con base en el presupuesto detallado de la obra, determinará un pago a buena cuenta de ese valor final del contrato, sobre costo real, y
b) Porque aunque el contrato 007 de 1980 es de marzo 5 y la vigencia del Decreto 3154 de 1980, se inicia en noviembre 21 de ese año, solo la estimación tentativa del valor del contrato constituye acto anterior a la vigencia de la norma. Las modificaciones al anteproyecto presentado en el concurso público de méritos y los subsiguientes desarrollos del mismo llevaron a la modificación de valor tentativo del contrato y de sus plazos en el adicional 1, cuya fecha es julio 7 de 1981, posterior a la vigencia del Decreto 3154 de noviembre 21 de 1980. La sola lectura de las cláusulas cuarta, quinta y sexta de este contrato adicional demuestra que que el desarrollo del contrato 007 de 1980 se ha venido cumpliendo bajo la vigencia del Decreto 3154 de noviembre de 1980, y así será hasta su liquidación final con base en el costo real de la obra. A menos que nuevas tarifas o nuevas bases de liquidación u otras variaciones sean impuestas por el Estado, en desarrollo de los mecanismos ya estudiados que determinaron la sustitución del Decreto 2846 de 1975 por el 3154 de 1980. En cuyo caso la vigencia inmediata de tal norma y su aplicación a los contratos en curso, a partir de la fecha en que empiece a regir, impondrá otros presupuestos de liquidación final y definitiva.
2.5. Respecto del contrato 009 de 1980 y sus adicionales 1 y 2, pruebas válidamente incorporadas y constancias procesales demuestran que el contrato terminó.
En efecto, como anexo 38 de la demanda obra la liquidación del contrato 009, según lo acordado en reunión de diciembre 23 de 1981, acta 14 (fl. 389) del comité de gerencia de Casur, aceptada la liquidación por el doctor Medardo Serna V.
Ciertamente que pretende pronunciamiento del tribunal sobre nulidad del acta y de su correspondiente liquidación pero, como se verá adelante, tal nulidad no será decretada, sin perjuicio de que la liquidación que practicará el tribunal aplique los criterios jurídicos ya expuestos sobre base de liquidación y categoría de obra estructural. Lo evidente es que en la liquidación final, anexo 38 de la demanda, en el cálculo de costos acoge los criterios expuestos por el doctor Serna en la reunión a la que corresponde el acta 014 citada. Y esto es lo que importa al tribunal, a fin de practicar la liquidación final del contrato con los criterios ya expuestos, dando aplicación estricta al Decreto 609 de 1976.
3. Otros criterios para la decisión
Diversos aspectos, por otra parte, deben analizarse en esta providencia como elementos indispensables del laudo, a saber:
3.1. La actitud de las partes al contratar
No aparece en parte alguna, dentro de la actuación surtida en este proceso, que las partes, o alguna de ellas, hubiere actuado de mala fe en el momento de concertar las diversas cláusulas de los contratos 007 y 009 de 1980. Luego para todos los efectos de la providencia que ponga fin a la controversia, el tribunal entenderá que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el arquitecto Serna Vallejo obraron de buena fe, con esa buena fe probidad que la doctrina y la jurisprudencia han destacado como la condición en virtud de la cual se contrata con buena intención. Por eso, además, el tribunal partirá del supuesto de que los términos contractuales que resulten violatorios de la ley, no tienen ningún antecedente doloso.
3.2. Los efectos de la violación de la ley
Si, enfrentados los aspectos contractuales que han sido considerados en esta actuación, con la tesis que ha sido sentada en capítulo precedente sobre el carácter de orden público del régimen tarifario, resultaren violatorios de la ley por contener previsiones que la contrarían, la conclusión obvia es que el tribunal asuma una actitud de restablecimiento del orden jurídico, declarando en primer término cual es la regla que debe imperar para regir la situación fáctica pertinente e imponiendo, consecuencialmente, la obligación económica que el evento amerite.
3.3. Corrección monetaria
Se sabe de sobra que esta figura se orienta a actualizar la cuantía de la reparación económica que se ordene, entendiendo por tal cualquier ajuste o pago adicional por concepto de honorarios. Por ello su valor debe tomarse por el que corresponda en la fecha del laudo, en virtud de la variación que ese monto ha podido experimentar entre la fecha en que debió hacerse el pago y la de la sentencia, actitud que exige tomar en consideración la noción de poder adquisitivo de la unidad monetaria, vinculada a la noción de devaluación.
En el proceso se cuenta con índices suministrados por el DANE y por el Banco de la República, idóneos para establecer un proceso de devaluación del peso y su cuantificación, pero solo entre diciembre de 1980 y febrero de 1984 (DANE) y diciembre de 1978 y febrero de 1984 (Banco de la República); consiguientemente, no es suficiente este elemento auxiliar para comprender la totalidad de la devaluación corrida hasta la fecha del presente laudo. Se halla pues el tribunal ante la situación que ya afrontó el Consejo de Estado y que resolvió —como habrá de resolverla este Tribunal de Arbitramento, así (Exp. 1816, Actor Lisandro Mosquera H. y Cía. Ltda.— Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, oct. 20/78):
“En este proceso no hay prueba alguna sobre la devaluación monetaria corrida entre la terminación del contrato y la fecha de esta providencia.
En cambio, es un hecho público y notorio, como que aparece en publicaciones oficiales y en la prensa diaria, que el sistema financiero de las unidades de poder adquisitivo constante, han revelado una pérdida de poder adquisitivo de la unidad monetaria, siempre superior al 18%, cifra esta que fue impuesta como máximo porcentaje de corrección monetaria, precisamente en favor de los usuarios de tal sistema de crédito y no de los ahorradores en este sistema financiero.
Por esto la Sala toma como justo y equitativo, el índice de devaluación del peso y lo liquida sobre el monto total de la suma indemnizadora, a partir del 24 de enero de 1975, fecha en que quedó agotada la vía administrativa y el 24 de septiembre de 1978.
Así resulta, entendida la variación extrínseca del perjuicio recibido, considerada en términos de poder adquisitivo en relación con la fecha de causación del perjuicio, sin que pueda confundirse con el pago de intereses que sería insostenible ante la ausencia de mora en su pago, la falta de liquidez de la obligación, de su determinación y exigibilidad”.
En este punto será necesario distinguir entre los conceptos que se reconocen como causados desde hace algún tiempo, aun desde antes de la iniciación de la contienda y aquellos que solo nacen a la vida jurídica con la fuerza vinculante que les da el presente laudo. Para los segundos, expresamente preceptúa el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo que devengan intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia y moratorios después de este término. En lo que se refiere a los primeros, la lógica interpretación de la norma citada permitiría concluir que se debe condenar a los intereses corrientes y moratorios de acuerdo con el tiempo que hubiere transcurrido desde su causación.
4. Análisis general de las pruebas
4.1. La prueba pericial
Estuvo constituida por experticios rendidos por profesionales arquitectos, ingenieros y economistas, que en su momento fueron objeto de su pertinente contradicción, lo que determinó aclaraciones, adiciones y complementaciones. De manera general para el tribunal todos estos dictámenes se caracterizan por su objetividad, fundamentación y análisis y merecen acogida, tal como se expresa en particular respecto de cada uno de ellos en los apartes de este laudo que resuelven peticiones concretas.
Sin embargo, debe el tribunal pronunciarse sobre la pericia presentada por los ingenieros Aníbal Franco Gómez y Fernando Mariño Zuleta que fue motivo de objeciones por error grave por parte del arquitecto Serna Vallejo. La objeción tuvo el trámite de rigor y se acudió a otra peritación.
Analizados los dos experticios, bien se ve cómo existe una diametral diferencia en la concepción, exposición y contenido de cada una de las pericias examinadas. Mientras la de los expertos Franco y Mariño es prácticamente inmotivada (ya que no es admisible la remisión que hacen a su primer concepto equivocadamente referido a preguntas que no les fueron formuladas) la de los peritos Arias y Duque se fundamenta en el examen de todos los medios que realmente existían a disposición de cualquier perito, tanto en el expediente como en poder de las partes.
No cabe duda de que la insuficiencia de planteamientos que respaldan el dictamen, no obstante tener los medios para arbitrarlos, abre amplio camino a la comisión de un error grave de juicio como el que le ha sido endilgado a este experticio. Aunque, como se ha indicado ya, desapareció el motivo de objeción a la primera respuesta, la equivocada calificación de categoría de la obra (independientemente de lo que ello signifique en el sentido del fallo) es serio indicio, también, de error grave. También tiene este carácter de indicio de error grave la persistente actitud de los primeros peritos consistentes en referirse —en una verdadera posición de rebeldía— a unos conceptos previamente emitidos por los mismos peritos que el tribunal expresamente y en forma reiterada ordenó tener como inexistentes.
Todo lo anterior amerita declarar fundadas las objeciones por error grave que se han analizado, con la doble y necesaria consecuencia de no ser estimada la pericia, que ceda el paso a la que se practicó como prueba de las objeciones, y restituir el monto de los honorarios percibidos en los términos del artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, en favor de la parte que los sufragó.
4.2. La prueba testimonial
Aunque abundante y prolija (fls. 207 a 293), esta probanza bien poco aporta para la determinación de situaciones fácticas que se señalaron como base de los derechos aducidos, tal vez porque la materia litigiosa no habría el camino a este medio de convicción, pero —con mayor razón y fundamentalmente— por la manera como los testigos fueron interrogados. Podrá observarse en los apartes que resuelven las peticiones en particular, que el tribunal no hace uso de los testimonios que se aportaron. Sin embargo, por razones de orden procedimental y a pesar de que su dicho no se estima para nada en el fallo, sí debe el tribunal pronunciarse sobre la tacha que, como testigos sospechosos, formuló el apoderado de la Caja en relación con los señores José Luis Rocha y Ananías Hincapié. Resulta claro que el carácter de trabajador dependiente del doctor Serna Vallejo que ostenta y ejerce el doctor Rocha, según su propio dicho, le coloca objetivamente en situación de que se dude de su imparcialidad y es igualmente claro que las manifestaciones del doctor Hincapié sobre particulares sentimientos hacia funcionarios de la Caja de Sueldos de Retiro y cierta marcada inclinación por los intereses del arquitecto Serna Vallejo, le ubican también en el terreno del testimonio no imparcial. Consiguientemente, el tribunal acepta la tacha que en relación con los mencionados testigos fue propuesta oportunamente.
4.3. La inspección judicial
Este medio probatorio, llevado a cabo en las dependencias de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía nacional, fue útil para lo que con él se perseguía. En efecto, como aparece en el acta 13 de marzo 30 de 1984, allí se llevó a cabo el cotejo de la totalidad de documentos aportados en su escrito de demanda por el arquitecto Serna, con el resultado de que la gran mayoría de los mismos de los mismos quedó autenticada por el efecto positivo del cotejo con un archivo oficial. Esta es la eficacia que el tribunal le atribuye al comentado medio probatorio.
Es copiosa y constituye el sustento básico del fallo como se advierte en cada una de las ocasiones en que el tribunal evalúa determinada petición y le da la correspondiente solución.
5. Constantes contractuales y su consideración previa a examen y decisión sobre las peticiones
5.1. Liquidaciones
En los contratos de consultoría (007 de arquitectura y 009 de ingeniería), el contrato inicial expresa lo que se llama “valor tentativo “o” inversión probable”.
Resulta él de aplicar un precio por metro cuadrado, a una extensión inicialmente calculada. Sobre ese valor se liquidan los honorarios profesionales, con los recargos o adiciones previstos para las distintas funciones anexas (presupuesto, cálculo antisísmico, etc.).
Estos valores iniciales sufren variaciones a lo largo del desarrollo de los contratos. Una de ellas es la que resulta del aumento en el área calculada de la obra. En todos los casos de aumento del valor convenido, deberá suscribirse un contrato adicional, y tantos contratos adicionales cuantos aumentos de valor de obra se presenten en la oportunidad de su legalización y con requisitos especiales. Los valores sucesivos del contrato de consultoría, resultan de aplicar las tarifas vigentes a esos nuevos valores del contrato.
Pero todos los pagos que la administración o la entidad contratante haga al profesional son buenas cuentas o abonos al resultado de una liquidación final.
En el contrato 007, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 3154 de noviembre 21 de 1980, en su artículo 11, esa liquidación final deberá hacerse sobre el costo real de la obra, es decir, a su terminación. Pero, en el desarrollo del contrato, como ya se expresó, se han venido teniendo otros valores y otras liquidaciones, y sobre ellas se han realizado unos pagos. Todo ello impuesto por la naturaleza de las cosas en el desarrollo contractual. Sin embargo la norma prevé la posibilidad “defecto” o sea falta o carencia de la base final, “costo real de la obra” que pueda ser temporal, (suspensión de la obra, dificultad y aun imposibilidad temporal de su conocimiento); o definitiva, (abandono de la obra por la administración, etc.). En tal caso la base de liquidación es “el presupuesto detallado definitivo de la obra”, elaborado según el proyecto y especificaciones entregadas por el arquitecto.
Respecto del contrato 009, se dan las mismas circunstancias señaladas para el contrato 007, y determinantes de la celebración de contratos adicionales por aumento de valor de la obra, cuya consecuencia es el aumento en el valor del contrato de asesoría.
No se ha dicho pero, de la lectura de los contratos principales y de los adicionales, resulta con plena claridad la modificación de la cláusula que señala la forma de pago convenida por los contratantes, para acoger los nuevos valores y cancelarlos, en los mismos plazos.
En el contrato 009, consultoría de ingeniería, la base final para la liquidación de los honorarios es el valor del presupuesto detallado de la obra, concepto que al menos teóricamente es diferente del concepto de costo real de la obra. Aquella es la base que el tribunal arbitral señalará como la que corresponde para efectos de la liquidación de los honorarios profesionales en este tipo de consultoría, a la finalización de la obra y terminación del contrato. Claro está que, como ya lo hemos visto, en su desarrollo el contrato 009 ha tenido un valor tentativo inicial, y un valor mayor, el que resulta del adicional 1, y de acuerdo con las constancias del proceso, un valor final, el del presupuesto detallado de la obra, incluidos todos los ítems que enumera el Decreto 609 de 1976.
5.2. “Modificaciones” y “trabajos extras”
Como ya se dijo, la obligatoriedad de los mecanismos legales mediante cuya operación se determinan las formas y cuantías de remuneración del trabajo de arquitectos e ingenieros, y aún de sociedades que se ocupan en la actividad constructiva, no puede eludirse o soslayarse en modo alguno. También los conceptos jurídicos que se incorporan a los contratos resultan determinados en su contenido, por aquellas normas.
Así, por ejemplo, sobre “modificación a los planos”, el contrato no podrá decir más ni menos de lo que dice el decreto ejecutivo, e igual cosa sucede respecto de otros conceptos como “gastos reembolsables”, “trabajos extras”, “anteproyecto”, “proyecto”, “proyecto arquitectónico”. Y esta afirmación también es válida para determinar los contenidos de conceptos más amplios: “Dirección arquitectónica”, “dirección técnica”, “presupuesto detallado de la obra”, “presupuesto detallado definitivo de la obra”, “costo real”, “presupuesto de costo real”, etc.
Cualquier duda en el contrato, remitirá a la norma aplicable. Para el tribunal, y en este aspecto de la liquidación, o pautas de liquidación de los contratos, no hay duda en los conceptos. Pero, la determinación de si una circunstancia dada constituye o no modificación o trabajo extra, tiene que fundarse en los dictámenes técnicos de los arquitectos e ingenieros, y aún de economistas, en lo que es de sus especialidades respectivas.
5.2.1. Contrato 007. La cláusula séptima del contrato principal remite para el reconocimiento y pago de las modificaciones ordenadas por Casur, el artículo 13 del Decreto 2846 de 1975. Y no hay en los contratos adicionales, previsión distinta. La vigencia inmediata del Decreto 3154 de 1980, y el artículo correspondiente que es el 12, mantiene el mismo principio:
“Si la modificación implica un mayor valor del presupuesto, se reajustarán los honorarios del arquitecto, teniendo en cuenta el nuevo presupuesto”.
El tribunal ha analizado cuidadosamente el dictamen pericial de los arquitectos. Encuentra que las modificaciones al anteproyecto presentado al concurso público de méritos, están previstas en él como obligación del ganador. Así se produjo el segundo anteproyecto, sin remuneración adicional. Sus modificaciones dieron lugar a un primer proyecto construible, y posteriores modificaciones y extensiones, a un segundo proyecto construible, el que actualmente está en desarrollo. Pero estas modificaciones determinaron una elevación en el presupuesto de la construcción. Bajo la vigencia del Decreto 2846 de 1976, el arquitecto reclamaría la remuneración más alta entre la aplicación de esa fórmula, o el cobro de los gastos que el estudio y dibujo de la modificación le ocasionara, más un 20% adicional como honorarios. Bajo la vigencia del Decreto 3154 de 1980, que rige esta relación, solo la primera fórmula subsiste. Es evidente, como resulta de los contratos adicionales y de pruebas que obran en el expediente que el presupuesto de la construcción ha sido elevado en razón de esas modificaciones y que lo será más en el futuro. Hasta la finalización de la obra, cuando el costo real sustituya el presupuesto detallado de la obra.
En este contrato se produjeron modificaciones a los planos que no representaron una elevación en el presupuesto de la construcción, y que representan para el arquitecto gastos. Son las 272 planchas de que habla la cuenta de octubre 20 de 1982 presentada por el arquitecto Serna Vallejo a Casur, y que fue rechazada por la Caja con oficio 1422 de noviembre 9 de 1982. La fundamentación de la negativa es suficiente para que el tribunal acoja la decisión que expresará en la parte resolutiva. Tanto la cuenta, como la relación de planchas de octubre 4 de 1982, como la respuesta de Casur obran como anexo 35 de la demanda, y, además, como anexo del dictamen pericial de arquitectura, a folios 2.019 y ss. del expediente. A folio 2.010, los peritos en nota de agosto de 1984, sugieren que se tome únicamente el 88.60% de la cuenta.
A folios 720 y siguientes del expediente y con fecha abril de 1983, obra un estudio de Hora Ltda., titulado “Análisis de las reclamaciones presentadas por el doctor Medardo Serna Vallejo sobre los contratos 007 y 009/80 Casur, contenidas en el oficio de fecha junio 9 de 1982”. En su encabezamiento la firma interventora copia las reclamaciones que con fecha diciembre 15 de 1982, formuló el doctor Medardo Serna para ser sometidas al tribunal arbitral.
A folio 728 se estudia la reclamación por trabajos extras de que habla la carta de octubre 20 de 1982. Propone (fl. 729) una tabla de costos para un subtotal de reembolso de gastos de $ 3.190.000, adicionando por concepto de honorarios un 20%. El total del valor de las modificaciones es de $ 3.828.000. Sin embargo, a folio 728, dice textualmente: “En fecha octubre 20 de 1982, el doctor Medardo Serna presentó una cuenta por valor de $ 4.896.000, que incluye dibujos, materiales para 272 planchas, de acuerdo con la tarifa de la SCA, parágrafo 1.5.1”. Y concluye: “A) Si el arquitecto Serna hace énfasis en su reclamación sobre este concepto, podría obtener resultado positivo a la misma”.
Para el tribunal arbitral no hay duda alguna de que la reclamación para el reconocimiento de estos trabajos extras está formulada debidamente en la carta de diciembre 15 de 1982. Pero, además, dentro del concepto general de liquidación del contrato 007 de 1980 se comprende y por su objeto, la reclamación de cualquier valor que corresponda a alguno de los conceptos del contrato. En este caso, se trata de gastos reembolsables y corresponden a un trabajo adicional o trabajo extra, que por no haber dado lugar a un incremento presupuestal, no ha sido pagado.
El tribunal reconocerá el valor de esta cuenta en la cuantía en que fue formulada, dispondrá la compensación por desvalorización monetaria e incluirá los intereses corrientes desde la fecha de su formulación. Para este último efecto, se tendrán en cuenta las distintas tasas de interés corriente que han estado vigentes de conformidad con resoluciones de la (*)NOTA: A partir del 26 de noviembre del 2005, fecha de la publicación del Decreto 4327 del 2005, se fusionan la Superintendencia Bancaria en la de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia.Superintendencia Bancaria, con alcance nacional, (4037 de jul. 24/81 y 4815 de oct. 3/84) cuyo valor probatorio resulta de la interpretación del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. En los términos del aparte 3.4 intereses, a folio 40 esta suma se adeuda desde fecha anterior al pronunciamiento del laudo arbitral lo cual explica el reconocimiento de intereses corrientes.
5.2.2. Contrato 009
También en este contrato se produjeron modificaciones en los planos. Pero esas modificaciones dieron lugar al aumento en el presupuesto de la obra. En tal caso la norma aplicable es el literal d) del romano IV del artículo 34 del Decreto 609 de marzo 31 de 1976.
Pero también se dio el caso de la ocurrencia de trabajos extras. El dictamen de los ingenieros doctores Arias y Duque Lleras, con respaldo en un memorando del doctor Doménico Parma Marré, y en otros documentos del proceso, considera que el número de planchas destruidas es de 25 y recomienda establecer una proporcionalidad con el número total de planchas, para atender a la remuneración de ese trabajo extra. El tribunal decidirá en su oportunidad sobre este punto.
6. Exámen y decisión sobre las peticiones
En el orden reseñado en el capítulo I, “Peticiones de la demanda” de este laudo, páginas 1 a 6, se ocupa ahora el tribunal de examinar la situación, aplicar los criterios que se han dejado expuestos en apartes anteriores y resolver lo pertinente.
6.1. Que se establezca si el contrato 007 de 1980, que se perfeccionará en el año de 1987 al entregar la obra terminada, debe liquidarse con base en el Decreto 2846 de 1975 y el Decreto-Ley 150 de 1976, vigentes a la firma del contrato o de acuerdo con el Decreto-Ley 150 de 1976 y su Decreto Reglamentario 3154 de 1980 sobre tarifas, vigente al momento de celebrarse los adendos 1 y 2 del contrato 007 de 1980.
El artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, al igual que el 137 del Código contencioso Administrativo, al enunciar los requisitos de la demanda señalan que debe precisarse “lo que se pretenda” o “lo que se demanda”, expresiones, que si desde el punto de vista formal aparentemente son diferentes, son exactamente iguales por su contenido o desde el punto de vista material.
Pero a su vez, uno y otro estatuto exigen que en la demanda se señalen “los hechos que sirven de fundamentos a las pretensiones” o “los hechos u omisiones que sirven de fundamento a la acción”.
Todo lo cual indica que en los conflictos interpartes de carácter civil, comercial o administrativo, las pretensiones deben referirse a una concreta “situación jurídica”, que el demandante, a través del órgano jurisdiccional o del Tribunal de Arbitramento, reclama que se declare, constituya o imponga al demandante.
Es claro que la sentencia, que es el acto con el cual el juzgador cumple la obligación originada en la demanda, debe resolver sobre el punto o cuestión que ante él se controvierta, es decir sobre las pretensiones, teniendo en cuenta los hechos y aplicando la ley que regula el caso en concreto.
Como se infiere de lo dicho, no puede constituir una pretensión la aplicación de una norma legal, salvo cuando “lo que se pretende o demanda” sea la declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma, pero entonces el juez no puede ser un Tribunal de Arbitramento, ni la acción la de responsabilidad contractual y desde luego en ese caso, mal podría hablarse de conflicto de intereses entre las partes.
Todo lo dicho permite concluir en que esta primera pretensión del actor no puede prosperar.
6.2. Que se establezca y ordene el pago de honorarios, de acuerdo con los valores reales y totales invertidos por la Caja en la construcción y dotación de la “segunda torre del Hotel Bogotá Hilton” y los valores totales invertidos en la integración, remodelación y acondicionamiento de la torre actual, de acuerdo con el contrato 007 de 1980 y al tenor del artículo 11 del Decreto 3154 de 1980, reglamentario del Decreto-Ley 150 de 1976, con exclusión del valor del lote y los honorarios del arquitecto y del calculista.
La petición corresponde exactamente, pero ya en concreto, a lo solicitado en el punto anterior. Ya expresó el tribunal que la norma reguladora del contrato 007 de 1980 y sus adicionales es el Decreto 3154 de 1980 y particularmente, en materia de honorarios, sus artículos 11, 12, 14, 15 y 16.
Consiguientemente, lo que se impone decidir es que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional debe liquidar el contrato con base en el costo real de la obra, cuando ello sea oportuno por la terminación definitiva de la misma, siguiendo las pautas o bases que para la aplicación de las tarifas y los porcentajes de estas, las normas mencionadas prescriben, tomando como categoría de la obra la que se identifica con la letra D (D. 3154/80, art. 14).
6.3. Que se establezca el reajuste final por dirección arquitectónica.
Siendo la dirección arquitectónica complemento necesario e inseparable del proyecto arquitectónico, como lo preceptúa el artículo 10 del Decreto 3154 de 1980, los honorarios que a esta labor corresponden corren la suerte de los del proyecto mismo, como quiera además que son un porcentaje (10%) de ellos. Consiguientemente y porque así lo estatuye el artículo 11 del ya citado decreto, estos honorarios se calcularán sobre el costo real de la obra desde luego cuando ello sea posible, es decir al término definitivo de la construcción.
6.4. Que se tenga en cuenta el dictamen de los peritos al dictar la sentencia, de acuerdo con el cuestionario (nums. del 1º al 12 del acápite de pbas.), absuelto por los peritos arquitectos.
Como corresponde a todo organismo fallador y en la medida en que los medios de convicción hayan sido debidamente aportados al proceso, se tendrán en cuenta como fundamento de la decisión. Pero ello no debe ordenarse en la sentencia. Simplemente así se procede, se evalúa la probanza, se critica, se acoge o se rechaza. Consiguientemente, no es del caso hacer un pronunciamiento expreso sobre esta particular petición.
6.5. Que se fije un plazo máximo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la sentencia del honorable tribunal debidamente ejecutoriada, para el pago de las sumas a cargo de la caja.
La petición corresponde a un tema ya tratado por el Código Contencioso Administrativo (art. 176) y el tribunal, con arreglo a ello, decidirá. La disposición comentada, ordena a la entidad pública que sea objeto de una condena, a llevar a cabo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la noticia que se le dé sobre la sentencia, las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo. Así, entiende el tribunal que la disposición, con categoría de ley, otorga al ente público una prerrogativa en el tiempo para acomodar sus condiciones económicas, financieras y de presupuesto para el pago de la condena y que esta prerrogativa debe ser respetada por los falladores quienes, por tanto, lo que han de ordenar no es el pago dentro de un plazo que la ley no otorga, sino la inmediata comunicación del proveído condenatorio. Esta interpretación armoniza con la consideración de que, precisamente y como compensación para el beneficiario de la condena, la misma norma del Código Contencioso Administrativo reconoce intereses corrientes sobre la suma líquida durante los primeros seis (6) meses contados a partir de la citada comunicación y moratorios por todo el período adicional. Consiguientemente, no concederá el tribunal el plazo pedido para el pago de las condenas a que haya lugar, sino se sujetará al recto entendimiento del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
6.6. Que pasados los treinta (30) días, si no se efectúa el pago de lo debido se ordene el pago de intereses de ley y la correspondiente corrección monetaria, durante el tiempo de mora en el pago.
La petición es procedente en lo que se refiere a los que en ella se denominan “intereses de ley”, como quiera que esa carga está establecida en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo tanto para el período inicial de seis (6) meses como para la mora posterior a ese período. Así habrá de decidirse pero sobre los supuestos analizados en la petición anterior en lo que respecta al tiempo o plazo que prescribe el Código Contencioso Administrativo y elimina el período de treinta (30) días a que se contrae la solicitud analizada.
En lo relativo a condena por corrección monetaria, observa el tribunal que se está pretendiendo una condena de futuro que exige evaluar una ocurrencia aún no presente y cuyo tratamiento, si a ella hubiere lugar, corresponderá a quienes en su momento deban decidir sobre la omisión de pago que es presupuesto de la solicitud. Por lo demás, si resolviere favorablemente el tribunal sobre el particular, lo estaría haciendo en abstracto porque lo que la entidad condenada deje de pagar o pague corresponde ya a su libre determinación, ora a sus dificultades financieras en un momento determinado.
6.7. Que se ordene a la Caja el pago de veinticinco millones seiscientos doce mil ciento dieciséis pesos moneda corriente ($ 25.612.116) por la liquidación provisional correcta de honorarios de arquitectura causados desde octubre 20 de 1980, más sus intereses y su correspondiente corrección monetaria.
Para analizar y decidir sobre la pretensión, debe tenerse en cuenta: a) Que en el parágrafo de la cláusula sexta del contrato, aceptó el contratista la obligación de “hacer una rebaja del 15% sobre el porcentaje calculado como valor del presupuesto general de la obra, pactado en el literal 4 de la cláusula quinta”, y b) Que en el parágrafo de la cláusula vigesimoprimera se estableció que “la liquidación del contrato se hará con base en el presupuesto detallado de la obra, al cual se le aplicarán los índices de Camacol para saber el valor de la obra a la fecha en que la Caja, Hilton y la Corporación Nacional de Turismo, aprueben el anteproyecto”.
No resultan claras para el tribunal y menos jurídicas, las disposiciones del contrato en virtud de que extralimitan la norma vigente para entonces, para la determinación de honorarios en esta clase de acuerdos como lo era el Decreto 2846 de 1975. Posiblemente a las partes las sedujo el principio de la “libertad contractual, de estirpe eminentemente jusprivatista, según el cual los contratantes pueden ceder o renunciar en todo o en parte a sus derechos, justamente por tener plena independencia para el manejo de sus intereses, dejando de lado el compromiso que implicaba la invitación a participar en el concurso de méritos y el carácter de orden público de ciertas normas, que ya se ha analizado.
Ni antes, ni ahora en vigencia del Decreto 3154 de 1980, es posible aceptar el referido descuento del 15%, ni el sistema de reducción de los honorarios del contratista a través del expediente de deflactación (ver el lit. c) del cap. “Leyes contractuales” de este laudo, pág. 34).
En el Acta 02 de 1982 y su anexo (ver anexos 92, 19 y 37 de la demanda), se realizan los descuentos o procedimientos para tal fin, determinados por la deflactación con base en los índices de Camacol y la deducción del 15% sobre los honorarios con base en el presupuesto, conducta que debe ser enmendada como a continuación se expresa:
La liquidación parcial y tentativa para un área de 82.810 metros cuadrados de los honorarios correspondientes antes de deducir la deflactación con índices de Camacol y el 15% de rebaja, asciende a la suma de $ 166.652.323 (anexo 21 de la demanda), calculada sobre un presupuesto mutuamente aceptado en sus elementos constitutivos, antes de deflactación y descuento ($ 3.382.601.650).
Los peritos economistas (fl. 957), dan la suma de $ 140.806.133 como valor de los pagos hechos por la Caja al contratista, hasta marzo 29 de 1984. Al sustraer este valor del total de honorarios que da la liquidación parcial, resultaría un neto a favor del contratista de $ 25.846.190.
Sobre el valor exacto solicitado de $ 25.612.116, inferior al del resultado expresado anteriormente, se debe calcular un reajuste, por corrección monetaria desde marzo 29 de 1984 hasta abril 15 de 1985, para lo cual se aplica la fórmula de compensación de desvalorización, reseñada y explicada en el numeral 3.3 del folio 39 de este laudo. Así, para un término de 376 días al 18% anual, se obtiene un 18.8% que significa $ 4.815.077.
En lo que se refiere a intereses, debe decirse que la suma de $ 25.612.116 a que se contrae este punto, participa de la naturaleza de los conceptos que en el aparte 3.4, página 41 de este laudo se mencionan como “aquellos que solo nacen a la vida jurídica con la fuerza vinculante que les da el presente laudo” y, por tanto, debe someterse a la expresa previsión del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
En efecto, fue necesario el asentamiento por tribunal de tesis que tocan con el fondo mismo de la contratación administrativa, contratos de consultoría en arquitectura e ingeniería, para deducir la ilegalidad de un pacto sobre descuentos y deflactación que desde su inicio y en su ejecución —antes de este fallo— se consideró válido. No se trata, por tanto, de declarar que se debía una suma de dinero de vieja data en el contrato, sino de hacer surgir desde ahora tan solo, la obligación de pago como resultado de la quiebra del pacto contractual.
6.8. Que se establezca la nulidad de las Actas 02 de 1982 de abril 29 de 1982 y 22 de 1983 (anexos 92 y 93) de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía y su correspondiente liquidación de honorarios del contrato 07 de 1980 (anexo 19).
Se observa que el acta 02 de 1982 (abril 29) contiene ciertamente un acuerdo sobre honorarios del contrato 007 de 1980, cuantificando los causados hasta la fecha de su elaboración y una forma de pago de los mismos. Esa forma de pago, así indicada, fue realmente ejecutada como se desprende de la parte pertinente del dictamen de los peritos economistas (fl. 957). El acuerdo como tal, entonces tuvo su efecto en el sentido de que se pagaron las cifras en él indicadas, en las oportunidades allí señaladas y desde este punto de vista resulta hoy intangible. Lo que queda de él, del acuerdo, para su examen por el tribunal, es solamente si la base presupuestal deflactada, descuentos y tarifas aplicados, son una buena base legal y ya se ha visto que no lo son, según los principios básicos que informan este fallo.
Desconocido así el valor del referido pacto por el tribunal y producida la liquidación que sí se acomoda al ordenamiento jurídico, lo obvio es entender que en ello está implícita una declaración de ineficacia del acta 002, y no sería, por tanto, necesario un pronunciamiento expreso sobre el particular. Pero como existe formulada una concreta pretensión sobre el punto, el tribunal hará la declaración con el alcance que surge de las consideraciones precedentes.
En lo que toca con el Acta 022 de 1983, debe observarse, para que no prospere ninguna declaración de nulidad, de una parte, que no está suscrita por el arquitecto Serna Vallejo y por tanto lo que allí se afirma como declarado por él, no le vincula, y de otro lado, que las declaraciones o acuerdos —si los hubiere— de las otras partes que sí concurrieron a su suscripción, para nada se refieren a obligaciones o derechos del arquitecto.
6.9. Que se establezca el valor de los honorarios causados hasta la fecha y la base o pautas que deben tenerse en cuenta para la liquidación de honorarios que se causarán en futuro próximo en desarrollo del contrato 09 de 1980 (sic) y sus adendos, el valor de sus intereses de mora y la corrección monetaria.
Sin mayor esfuerzo interpretativo debe entenderse que la solicitud se refiere al contrato 007 de 1980 y sus adendos y no al 09 de 1980 y sus adendos.
Si, como se ha indicado en otro lugar de este laudo, la base cuantitativa para liquidar los honorarios es, según el artículo 11 del Decreto 3154 de 1980, el costo real y definitivo de la obra, carece por completo el tribunal de fundamento económico para siquiera ensayar un cálculo de los honorarios “causados hasta la fecha”, a estas alturas del desarrollo del proceso y del desenvolvimiento de las obras. Hay evidencias en el informativo de que los contratos de cimentación y estructura ya terminaron, pero nada se sabe de su final cuantificación, ni de los desarrollos ni estado de los contratos de instalaciones especiales y acabados. Requiriéndose, como se requiere de manera indudable, la finalización de la construcción y el dato de su costo real para liquidar honorarios causados hasta la fecha, es apenas obvio que la petición que se analiza no puede prosperar. Esto sin perjuicio de lo que aparece dicho en el acápite 5. “constantes contractuales y su consideración previa a examen y decisión sobre las peticiones” (5.1) página 42 de este laudo. Ha habido liquidaciones anteriores y se han realizado pagos cuyo valor se imputará a la liquidación final. En este mismo laudo se ordena el pago de la suma de $ 25.612.116 que constituye abono a tal liquidación.
Las pautas para liquidación futura de honorarios, están señaladas en los artículos 11, 12, 14, 15 y 16 del Decreto 3154 de 1980 y a ellas se remite el tribunal y deben remitirse las partes (ver acápite 2 “leyes contractuales” 2.3, 2.4, págs. 27 y 29 a 37 de este laudo).
En lo que se refiere a intereses de mora y corrección monetaria, es obvio que no proceda condenación alguna, pues, no produciéndose la liquidación pedida que sería lo principal no hay lugar a cualquier concepto que a ella accediere. El tribunal se remite al acápite 3 “Otros criterios para la decisión” (3.3., 3.4), páginas 39 a 41 de este fallo.
6.10. Que se condene en costas y agencias en derecho a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía.
Sobre el particular, el tribunal se atendrá a lo previsto en el numeral 5º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, y —dada la prosperidad apenas parcial de las pretensiones— dispondrá que las partes asuman cada una sus propias cargas procesales.
6.11. Que se declare la inaplicabilidad de algunas de las cláusulas contractuales a fin de dar paso a las liquidaciones solicitadas (pág. 16 y ss.).
En particular se refiere la pretensión a las cláusulas quinta (valor de honorarios), sexta, parágrafo (forma de pago), novena (tarifas), vigesimoprimera, parágrafo (liquidación) del contrato principal, así como a las cláusulas quinta, parágrafo (honorarios proyecto y dirección arquitectónica), sexta, parágrafos 2º y 3º (forma de pago) del adicional 1.
Como necesario corolario de todo lo expuesto en el acápite 3. “Leyes contractuales” (fls. 29 a 36 de este laudo) y en particular del aparte 2.3, las cláusulas referenciadas han sido sustituidas por las normas legales pertinentes (D. 3154/80). Por consiguiente, no hay materia para pronunciarse sobre nulidad de las citadas cláusulas.
6.12. Subsidiariamente, solicita el actor la aplicación correcta de los índices de Camacol para efectos de la liquidación provisional, pues la liquidación definitiva solicita se haga sobre el costo real y definitivo de la obra (pág. 24). Habiendo prosperado la petición principal de la cual la que se examina sería subsidiaria, no es procedente que el tribunal se ocupe de su examen y decisión.
6.a.1. Que se establezca que el contrato 009 de 1980, que se concluirá o perfeccionará a finales de 1984, debe liquidarse de acuerdo con el costo real y definitivo de la estructura, según las nuevas áreas del proyecto estructural y las modificaciones al proyecto original —ordenadas por la entidad contratante—.
Se dijo en el aparte 2.5, página 37 —de este laudo— y se repite ahora, que el tribunal dará aplicación estricta al Decreto 609 de 1976 en lo que se refiere al contrato 009 de 1980. Lo dispuesto por el artículo 13 de dicho decreto, no requiere (ni admite) interpretación de su expreso y claro texto: “La liquidación de honorarios se efectuará con base en el presupuesto preliminar; sin embargo, de pactarse así, podrá efectuarse sobre el presupuesto de construcción”. Las nociones de “presupuesto preliminar” y “presupuesto de construcción” se describen también expresamente en la misma disposición y de ello surge con diafanidad absoluta que el concepto de “costo real y definitivo de la estructura”, mencionado en la solicitud, es bien distinto de los anotados. Por otra parte, en la cláusula vigesimoprimera, parágrafo (liquidación) se señala como base de la misma el presupuesto detallado de la obra y, en ningún caso, el costo detallado de la obra (véase acápite 5. “Constantes contractuales ...” etc. Aparte 5.1, pág. 42 de este laudo).
6.a.2. Que se establezca que el proyecto estructural para la segunda torre Hotel Hilton, debe liquidarse como categoría “B”, de acuerdo con los decretos 609 de 1976 y 3285 de 1979.
Los peritos ingenieros han indicado, en forma motivada, que la estructura de que trata el contrato analizado, es obra que, en la clasificación del Decreto 609 de 1976, y el complementario 3285 de 1979, corresponde a la categoría “B”. Las partes al contratar la ubicaron en categoría “A” y tal actitud corresponde, indudablemente. A las que en este laudo (pág. 35 lit. c)) se consideran mecanismos indebidos o ilegales. Consiguientemente el tribunal declarará en consonancia con lo aquí pedido y aplicará tal declaración en la correspondiente liquidación.
6.a.3. Que se decrete la nulidad de la cláusula sexta del contrato, sobre liquidación y pago de honorarios.
Entiende el tribunal que la censura de la cláusula contractual se refiere a la rebaja del 15% del valor total de los honorarios pactados, y tal entendimiento le conduce a concluir que la rebaja participa también de la naturaleza de pacto indebido de los descritos en el aparte de la página 35 de este fallo, carácter que impone necesariamente su calificación de nulo, por ilegal. Consiguientemente y de acuerdo con lo pedido, el tribunal declarará la nulidad de la cláusula cuestionada con el alcance anotado.
6.a.4. Que se establezca sobre qué base debe liquidarse la supervigilancia estructural y las pautas que serán aplicables en la liquidación.
El artículo 13 del Decreto 609 de 1976 puntualiza, en el aparte titulado “supervigilancia técnica”, que la base de liquidación de honorarios es el “honorario básico”. Y, como ya se expresó, el contrato señala como base para liquidar el honorario básico el presupuesto detallado de la obra, denominación que corresponde, en el citado artículo, bajo el título “honorario básico”, a presupuesto de construcción. (Ver acápite 2.5, pág. 37 de este laudo y 5.1, pág. 42).
Respecto de pautas de liquidación, el tribunal llevará a cabo la pertinente.
6.a.5. Que se ordene, si no se efectúa el pago de lo debido, el reconocimiento de intereses de mora y pago de la corrección monetaria.
En lo relativo a esta petición, el tribunal aplicará, según la decisión concreta que pronuncie sobre pago de sumas de dinero, los criterios expuestos en los apartes 3.3 “Corrección monetaria” y 3.4 “Intereses” páginas 38 a 40 de este laudo.
6.a.6. Que se establezca el valor real de los trabajos extras ejecutados en beneficio de la caja, de acuerdo al dictamen pericial y las pautas a seguir en adelante para el pago de futuras modificaciones y de trabajos extras.
Como aparece en el aparte 5.2.2 (fl. 46 de este laudo), los peritos ingenieros establecieron la ocurrencia de trabajos extras y sugirieron alguna forma de estimación de su valor. El criterio subjetivo simplemente expuesto por los peritos (fl. 2.298 del exp.) no es acogido por el tribunal, por falta de respaldo en el haz probatorio y de motivaciones objetivas. De otra parte, no obra en el expediente prueba alguna que permita avaluar o calcular el monto de los referidos trabajos.
En materia de pautas para el pago de futuras modificaciones y trabajos extras, ello podría ser procedente de aceptarse la tesis planteada en las pretensiones de que los honorarios se calculan con base en costo real y definitivo de la estructura. No siendo ello así, la liquidación que más adelante se practicará, (sobre área de 82.810 m 2 ) cerrará el camino a nuevos planteamientos sobre el tema.
6.a.7. Que se establezca y ordene el pago de las siguientes sumas:
a) Saldo de honorarios causados por pagar, con sus intereses de mora y corrección monetaria desde octubre 30 de 1981 fecha de entrega de cálculos y proyecto estructural hasta marzo 2 de 1982, fecha de recibo de parte de los honorarios, y
Como se deduce de la petición identificada más adelante (6.a.9) los conceptos aquí incluidos necesariamente —como “saldo de honorarios”— deben considerarse incorporados en la liquidación (que el contratista denomina provisional) que será objeto de examen y decisión con arreglo a los principios expuestos en esta providencia, liquidación en la cual queda resuelta esta petición.
6.a.8. Que se ordene que los saldos a cargo de la caja y a favor del contratista se paguen en el término de treinta días, contados a partir de la fecha de la sentencia del honorable tribunal, debidamente ejecutoriada.
Considera el tribunal que, para la solución de este punto, resulta plenamente aplicable lo expuesto en el acápite 6.5, página 49 de este laudo, y por tanto ello se da por reproducido en este aparte.
6.a.9 Que se ordene a la Caja el pago de cincuenta y dos millones novecientos veintiún mil treinta y seis pesos con cincuenta y cinco centavos mcte. ($ 52.921.036.55) saldo causado desde diciembre 11 de 1980 (anexo 79) correspondiente a la liquidación de honorarios de acuerdo con el contrato 09 de 1980 y lo establecido por la ley.
El presupuesto detallado de la estructura (o presupuesto de construcción) a que se refiere el contrato 09 de 1980, no fue presentado por el contratista y se deduce de autos que algunas razones le asistieron para ello, aceptadas por la entidad contratante. Para efectos de la liquidación, no estuvieron siempre las partes de acuerdo en tal presupuesto como quiera que existió entre ellas la discrepancia sobre operancia o no de la rebaja del 15% y de la deflactación. En el valor bruto del presupuesto, hubo en verdad conformidad entre las partes cuando admitieron tomar un promedio de las ofertas de los participantes en las licitaciones para cimentación y para estructura (ver anexo 38) que arrojó un total de $ 917.409.904.68. La discrepancia, se repite, radicó en la manera de aplicar la deflactación y los descuentos. De dicho presupuesto total resulta un promedio por metro cuadrado, para 81.909 metros, de $ 11.200.36.
Para el resulta razonable admitir el referido presupuesto que surge del promedio global aceptado por las partes pero llevándolo a la cifra que represente el costo presupuestado, con base en el valor unitario de $ 11.200.36, del total de área ya señalado en otro lugar de este fallo de 82.810 metros cuadrados. Así, resulta un presupuesto total de $ 927.501.811 que sin deflactación ni rebaja debe ser base de la liquidación de honorarios para la categoría “B” que es a la que corresponde el proyecto estructural como ya se ha anotado, según el Decreto 609 de 1976 y su complementario 3285 de 1979.
Sobre la base aceptada, se tendrá la siguiente liquidación:
Presupuesto, $ 927.501.811:
Honorario básico (6% del presupuesto) más $ 3.000 $ 55.653.109
Supervigilancia técnica, 40% del honorario básico $ 22.261.244
Presupuesto analítico, 10% del honorario básico $ 5.565.311
Diseño antisísmico, 30% del honorario básico $ 16.695.993
Total $ 100.175.597
Menos lo pagado efectivamente por la caja, según dictamen de peritos economistas, folio 958 del expediente $ 47. 732.314
Neto a favor del contratista $ 52.443.283
La liquidación que precede, debió efectuarse en los términos expresados si no hubiere mediado el pacto ilegal de buena fe que dio origen a cálculos diferentes cuyo último pago tuvo lugar, según dictamen de los peritos economistas (fl. 958), el día 17 de junio de 1982, desde el cual, consiguientemente debe estimarse el reajuste por corrección monetaria, aplicando la fórmula compensación de desvalorización que se detalló y explicó en el numeral 3.3 del folio 39 de este fallo. Consiguientemente para 1.018 días que transcurrieron entre la fecha indicada y la de esta providencia, al 18% anual, se obtiene un 50.9% que significa $ 22.693.631.
En cuanto a intereses, no cabe duda de que la cifra de $ 52.443.283 ha nacido a la vida jurídica solamente por razón de esta sentencia, participa de la naturaleza de los que se reseñaron en el aparte 3.4, página 41 de este laudo y debe someterse a la previsión establecida por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En efecto, no se trata de declarar que se debía una suma de dinero de vieja data en el contrato sino de hacer surgir, tan solo desde ahora, la obligación de pago como resultado de la quiebra de una cláusula contractual o de varias de ellas.
6.a.10. Que se decrete la nulidad del acta 14 de 1981 CG y de la correspondiente liquidación (anexo 38).
Aunque el texto del acta indica que el arquitecto Serna Vallejo hizo algunas exposiciones en la reunión a que ella se refiere, es lo cierto que el mencionado documento no se halla suscrito por dicho profesional y ni él mismo en diligencias procesales reconoció su contenido. No contiene, por otra parte, el documento, constancia alguna de existencia de algún anexo. Consiguientemente, advierte el tribunal que la petición de nulidad debe entenderse formulada, sin personería alguna para el efecto, por un profesional cuyos derechos y obligaciones no están válidamente vinculados al contenido del acta.
Respecto del anexo 38 de la demanda, incorporado por el arquitecto Medardo Serna, el tribunal encuentra que está titulado “liquidación contrato 09 de 1980, diseño y cálculos estructurales, en lo referente a los valores del mismo”, la expresión “y cálculos” manuscrita a lápiz sobre fotocopia ilegible. Al lado izquierdo del anexo y bajo el título “base de la liquidación” aparecen las cifras que fueron tomadas para constituirla. El literal a), cimentación, y el literal b), estructura, se toman por el promedio de propuestas presentadas como ahí aparece, para obtener un promedio base de cimentación y estructura y llegar a la cifra que se denomina “total base de liquidación”, por valor de $ 917.409.904, que es el que el tribunal ha tomado en primer término, para realizar la liquidación que sustituye la que aparece al lado derecho del anexo. La liquidación del tribunal adiciona el mayor valor por incremento de área, elimina el descuento del 15% y no aplica los índices de Camacol para deflactar el presupuesto; además aplica la tarifa que corresponde a la categoría “B” para los ítems honorario básico, estudio antisísmico, presupuesto analítico y supervigilancia técnica.
El tribunal procedió así porque en el acta 14 de 1981, que no ha sido discutida por Casur, cuyo director y subdirector general estuvieron presentes, ni por interventoría, ni por secretario que la suscribe, consta que Casur a propuesta de la doctora Inírida Ascensio Murcia encontró viable tomar como base de liquidación para señalar el presupuesto de la construcción los promedios que aparecen en el anexo 38. Este anexo, incorporado por el doctor Serna Vallejo, aparece aceptado por él, con su firma impuesta bajo la columna izquierda que contiene las bases de liquidación. Por lo demás, ni aún suponiendo que esa firma representara la aceptación de la liquidación, sus intereses económicos se efectuarían puesto que ya el tribunal ha expresado su criterio sobre cómo entiende la vigencia de las normas que señalan las tarifas y el carácter imperativo de esas normas.
Por consiguiente, el tribunal denegará la nulidad del anexo en cuanto a las bases de la liquidación; y respecto de la liquidación misma, ya sustituida en virtud de la aplicación de las imperativas, se abstendrá de pronunciarse por sustracción de materia.
6.a.11. Que se condene a la caja en costas y agencias en derecho.
Trae a este aparte el tribunal, lo considerado sobre el mismo aspecto en la petición 6.10 página 55 de este laudo.
6.a.12. Que se dejen de aplicar algunas de las cláusulas del contrato y sus adicionales para dar paso a la liquidación correcta de honorarios (págs. 32 y 33).
La no aplicabilidad que se pretende, se refiere a las cláusulas quinta, parágrafo 2º (rebaja del 15% sobre el valor total de los honorarios), vigesimoprimera, parágrafo (deflactación) del contrato principal, así como a las cláusulas quinta, parágrafo (deflactación) y sexta, parágrafo (forma de pago, rebaja del 15% del contrato adicional 001).
La simple lectura del texto de las cláusulas reseñadas, permite deducir su exacta correspondencia con los pactos o mecanismos que menoscaban las bases de aplicación de las tarifas y de descuentos o reducciones, que se señalaron en los c) y d) del folio 35 de este laudo. Por tanto, siendo ilegales, no producen efecto alguno y han de tenerse por no escritas como se solicita.
6.a.13. Honorarios por estudios de fachadas e integración de estructuras.
Encuentra el tribunal que desde la celebración del contrato 09 de 1980, cláusula segunda, numeral 3º, el contratista se obligó a efectuar “elaboración de planos y cálculos para las fachadas donde se estudiarán los sistemas a emplearse, como los materiales indicados, que garanticen una estabilidad definitiva contra las fuertes dilataciones térmicas, y desprendimientos en caso de sismos y hechos similares. Estos estudios incluyen las fachadas de la torre actual”.
Como antecedente de la cláusula transcrita, se lee en el boletín de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, anexo 11, página 11, que al ser escogido el ganador del concurso público de méritos, se tuvieron en cuenta o se hicieron resaltar los siguientes ítems: “Su excelente implantación urbana, claridad en el acceso principal del hotel, adecuada vinculación del funcionamiento público y de servicios con el edificio existente...”, necesidades o exigencias que debía satisfacer el proyecto, pues así se previó expresamente desde la expedición de las bases del concurso público de méritos (anexo 1, núms. 6º y 9º, fls. 3 y 4).
Todo lo anterior, indica con claridad, que no se trata de un trabajo extra, es decir, adicional al pactado dentro del contrato, y que por consiguiente, el esfuerzo para realizarlo estaba compensado desde el comienzo con los honorarios convenidos.
No se trata, entonces, de una modificación, alteración o variación de un trabajo realizado en otra forma de acuerdo a lo convenido, ni un trabajo no previsto. Simplemente corresponde al contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y que, por consiguiente, en manera alguna puede clasificársele como trabajo “extra” o “adicional” para remunerarlo independientemente del contrato.
Consideración final. Dado lo marginal del planteamiento, no se incluyó como parte integrante de las peticiones del arquitecto Serna Vallejo, lo relativo a su retiro, por presunta determinación de Casur, de las labores de dirección del proyecto arquitectónico y de su calidad de constructor responsable ante las autoridades distritales, que el profesional planteó oportunamente como una diferencia que habría de someterse a la decisión arbitral (anexos finales, T. I, anexos de la demanda).
Si así hubiere sido realmente —y no hay constancia alguna en el expediente sobre el particular— la ley misma ofrece la manera de manejar la situación cuando estipula que, por ese solo hecho, no podrá la entidad contratante dejar de pagar al proyectista los honorarios completos. Hay, por el contrario, plena prueba de que por esas posibles ocurrencias Casur no retuvo suma alguna al contratista por concepto de honorarios por esas precisas labores (que serían las de supervisión arquitectónica y supervigilancia del proyecto estructural). Consecuencialmente, el tribunal resolverá el punto mediante la manifestación de que la actitud atribuida a la Caja de Sueldos —que no está demostrada— no produciría mutuación alguna en el status contractual del arquitecto, por lo cual ninguna responsabilidad puede deducirse a aquella.
En mérito de las anteriores consideraciones, el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir en derecho la controversia suscitada entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el arquitecto Medardo Serna Vallejo, por razón de los contratos 007 y 009 de 1980 y sus adicionales, suscritos entre las citadas partes, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, hará la liquidación final del contrato 007 de 1980 y sus adicionales, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con la ley. Tal liquidación final tendrá como base el costo real de la construcción, siguiendo las pautas señaladas en el Decreto 3154 de 1980, en particular sus artículos 11, 12, 14, 15 y 16, o en las normas que los sustituyan o reformen.
El valor total de la liquidación, se imputará así: 90% a honorarios de anteproyectos y proyecto arquitectónico y el 10% a honorarios por supervisión arquitectónica. De dicho valor total se deducirán los pagos realizados al contratista y los que se realicen en cumplimiento de este fallo, por los mismos conceptos.
2. Condénase a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a pagar al arquitecto Medardo Serna Vallejo, las siguientes sumas:
a) La cantidad de veinticinco millones seiscientos doce mil ciento dieciséis pesos ($ 25.612.116), por concepto de honorarios causados por anteproyecto, proyecto y dirección arquitectónica a que se refiere el contrato 007 de 1980, y
b) La cantidad de cuatro millones ochocientos quince mil setenta y siete pesos (4.815.077), por concepto de corrección monetaria de la suma anterior, de marzo 29 de 1984 a abril 15 de 1985.
3. Condénase a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a pagar al arquitecto Medardo Serna Vallejo, las siguientes sumas:
a) La cantidad de cuatro millones ochocientos noventa y seis mil pesos ($ 4. 896.000), por concepto de costos y honorarios por trabajos extras llevados a cabo en desarrollo del objeto del contrato 007 de 1980 celebrado entre las mismas partes, según se indicó en el aparte 5.2.1, páginas 46 y 46 bis de este laudo;
b) La suma de dos millones ciento noventa mil novecientos sesenta pesos (2.190.960), por concepto de corrección monetaria de la suma anterior, entre el 20 de octubre de 1982 y el 15 de abril de 1985;
c) La suma de un millón setecientos cincuenta mil trescientos veinte pesos ($ 1.750.320), por concepto de intereses corrientes sobre la suma señalada en el literal a) entre el 20 de octubre de 1982 y el 15 de octubre de 1984, a la tasa del 18% anual contemplada en la Resolución 4037 del 24 de julio de 1981 de la (*)NOTA: A partir del 26 de noviembre del 2005, fecha de la publicación del Decreto 4327 del 2005, se fusionan la Superintendencia Bancaria en la de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia.Superintendencia Bancaria, norma de alcance nacional que se tiene en cuenta en los términos del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, y
d) La suma de ochocientos veintidós mil quinientos veintiocho pesos ($ 822.528), por concepto de intereses corrientes sobre la suma señalada en el literal a) anterior, entre el 16 de octubre de 1984 y el 15 de abril de 1985, a la tasa del 33.6% anual contemplada en la Resolución 4815 de 3 de octubre de 1984, norma de alcance nacional que se tiene en cuenta en los términos del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, originaria de Superintendencia Bancaria.
4. Con el alcance señalado en el numeral 6.8 de la parte motiva de este laudo, página 53, declárase la nulidad del acta 002 de abril 29 de 1982, suscrita por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el arquitecto Medardo Serna Vallejo.
5. La liquidación de honorarios que se causen en el futuro, en desarrollo del contrato 007 de 1980, se sujetará a las pautas impuestas por los artículos 11, 12, 14, 15 y 16 del Decreto 3154 de 1980.
6. Declárase que el proyecto estructural a que se refiere el contrato 09 de 1980, celebrado entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el arquitecto Medardo Serna Vallejo, corresponde a la categoría “B”, a que se refieren los decretos 609 de 1976 y 3285 de 1979, para todos los efectos de liquidación de honorarios del contratista.
7. Declárase la nulidad, con el alcance anotado en el aparte 6 a 3, página 57 de este laudo, de la cláusula sexta del contrato 09 de 1980 celebrado entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el arquitecto Medardo Serna Vallejo.
8. Condénase a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a pagar al arquitecto Medardo Serna Vallejo las siguientes sumas:
a) La cantidad de cincuenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos ochenta y tres pesos ($ 52.443.283), por concepto de saldo a su favor por liquidación final de honorarios del contrato 09 de 1980, y
b) la cantidad de veintidós millones seiscientos noventa y tres mil seiscientos treinta y un pesos ($ 22.693.631), por concepto de corrección monetaria de la suma anterior, entre el 17 de junio de 1982 y el 15 de abril de 1985.
9. Para todos los efectos legales y contractuales tiénense por no escritas y por tanto sin ningún efecto, las cláusulas quinta, parágrafo 2º, y vigésima primera, parágrafo, del contrato 009 de 1980, así como las cláusulas quinta, parágrafo y sexta, parágrafo, del contrato adicional 01 al 009 de 1980, celebrados entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el arquitecto Medardo Serna Vallejo.
10. Deniéganse las pretensiones formuladas por el arquitecto Serna Vallejo que se identifican en el capítulo I - Peticiones de la demanda, como se indica a continuación y se examinaron en los apartes de este laudo que aquí mismo se detallan:
— Nº 1, contrato 007/80 y sus adicionales examinada en el aparte 6.1, página 47 de este laudo.
— Nº 4, contrato 007/80 y sus adicionales examinada en el aparte 6.4, página 49 de esta laudo.
— Nº 5, contrato 007/80 y sus adicionales examinada en el aparte 6.5, página 49 de este laudo.
— Nº 6, contrato 007/80 y sus adicionales examinada en el aparte 6.6, página 50 de este laudo
— Nº 8, contrato 007/80 y sus adicionales únicamente en lo relativo a la nulidad del acta 22 de 1983 y su correspondiente liquidación de honorarios, examinada en el aparte 6.8, página 53 de este laudo.
— Nº 9, contrato 007/80 y sus adicionales examinada en el aparte 6.9, página. 54 de este laudo, en cuanto se pide que se establezca el valor de los honorarios causados hasta la fecha y se condene al pago de intereses de mora y corrección monetaria. En cuanto al señalamiento de pautas, estése a lo resuelto en el ordinal quinto de la parte resolutiva de este fallo.
— Nº 10, contrato 007/80 y sus adicionales. Examinada en el aparte 6.10, página 55 de este laudo.
— Nº 11, contrato 007/80 y sus adicionales. Examinada en el aparte 6.11, página 55 de este laudo.
— Nº 1, contrato 009/80 y sus adicionales examinada en el aparte 6.a.1, página 56 de este laudo.
— Nº 4, contrato 009/80 y sus adicionales. Examinada en el aparte 6.a.4, página 57 de este laudo.
— Nº 5, contrato 009/80 y sus adicionales. Examinada en el aparte 6.a.5, página 57 de este laudo.
— Nº 6, contrato 009/80 y sus adicionales. Examinada en el aparte 6.a.6, página 58 de este laudo.
— Nº 8, contrato 009/80 y sus adicionales. Examinada en el aparte 6.a.8, página 59 de este laudo.
— Nº 10, contrato 009/80 y sus adicionales. Únicamente en lo relativo a la nulidad del acta CG 14 de 1981 y la del anexo de liquidación en cuanto a las bases de la misma, examinada en el aparte 6.a.10, página 61 de este laudo.
— Nº 11, contrato 009/80 y sus adicionales. Examinada en el aparte 6.a.11, página 62 de este laudo.
— Nº 13, Contrato 009/80 y sus adicionales. Examinada en el aparte 6.a.13, página 63 de este laudo.
11. Por falta absoluta de prueba sobre la situación fáctica, no hay lugar a declaración de responsabilidad alguna de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional sobre el presunto retiro del arquitecto Serna Vallejo de las funciones de director técnico de la obra y constructor responsable, ante las autoridades distritales, que se le atribuyeron en los contratos 007 y 009 de 1980.
12. No hay lugar a decidir sobre la petición 12 (subsidiaria) —el contrato 007/80 y sus adicionales— examinada en el aparte 6.12, página 55 de este laudo, por haber prosperado la pretensión principal.
13. La petición 7 sobre el contrato 009/80 y sus adicionales, examinada en el aparte 6.a.7, página 58 de este laudo, está resuelta en la decisión tomada respecto de la petición 9, sobre el mismo contrato, examinada en el aparte 6.a.9, página 59 de este laudo (original octavo de la parte resolutiva del fallo).
14. Las sumas líquidas señaladas a cargo de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a que se refieren las resoluciones anteriores, devengarán intereses comerciales y moratorios con estricta sujeción a lo previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
15. Para los efectos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, por la secretaría del tribunal entréguese copia auténtica del presente laudo a la Dirección General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la Nación.
16. Por el presidente y el secretario del tribunal, protocolícese el expediente, incluyendo el presente laudo, en la Notaría 36 de Bogotá.
Entre líneas “costos y” página 65, ordinal tercero, Vale.
Leído el laudo anterior, como se ha indicado, y notificado en estrados a las partes, se levanta la sesión y para constancia se firma como aparece la presente acta, siendo la hora de las 12:35 de la mañana (12:35 a.m.) (sic).
Constancia: En la fecha, 15 de abril de 1985, recibí de la secretaría del Tribunal, copia del laudo proferido en este mismo día.
Eduardo Fonseca Prada