Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-238-de-abril-9-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f8ae5569e82501b2e0430a01015101b2&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-11-22 14:05:21
Document Index: 328402831

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﻿ Sentencia C-238 de abril 9 de 2014
SENTENCIA C-238 DE 09 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:EXEQUIBLE EL ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LA INDIA PARA EVITAR DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SU LEY APROBATORIA (LEY 1668 DEL 2013). EN SU OPINIÓN, ESTE INSTRUMENTO INTERNACIONAL SE AJUSTA A LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. POR CUANTO, DE UNA PARTE, SE HAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PROCEDIMENTALES EXIGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY PARA INTEGRAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNOY DE OTRA, LOS OBJETIVOS Y EL CONTENIDO DEL ACUERDO SOMETIDO A CONTROL CONSTITUCIONAL, QUE COMO QUEDÓ DICHO, BUSCA FACILITAR A LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS LOS INSTRUMENTOS QUE LES PERMITAN NO SER SUJETOS DE DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA POR PARTE DE AMBOS ESTADOS, SE AVIENEN SIN DIFICULTAD AL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS SUPERIORES APLICABLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:APROBACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EVASIÓN TRIBUTARIA
Sentencia C-238 de abril 9 de 2014
Ref.: Expediente LAT 422
Revisión de la Ley 1668 de julio 16 de 2013, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘Protocolo’”, suscritos en Nueva Delhi en mayo 13 de 2011.
Bogotá, D. C., nueve de abril de dos mil catorce.
«II. Texto de la norma revisada
ART 1º—Personas comprendidas.
ART. 2º—Impuestos comprendidos.
b) en la India, el impuesto sobre la renta, incluyendo cualquier cargo sobre el mismo; (en adelante denominado el “impuesto indio”).
ART. 3º—Definiciones generales.
(ii) toda persona jurídica, sociedad de personas —partnership— o asociación constituida conforme a la legislación vigente en un Estado contratante;
ART. 4º—Residente.
ART. 5º—Establecimiento permanente.
b) la prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios de consultoría, a través de empleados u otro personal encomendados por la empresa para ese fin, pero sólo cuando las actividades de esa naturaleza (para el mismo proyecto o un proyecto relacionado) continúen en el país durante un periodo o periodos que en total sumen más de seis meses, dentro de un período cualquiera de 12 meses
ART. 6º—Rentas de bienes inmuebles.
ART. 7º—Utilidades empresariales.
ART. 8º—Transporte marítimo y aéreo.
3. Las utilidades obtenidas por una empresa de transporte, que es residente de un Estado contratante, por el uso, mantenimiento o arrendamiento de contenedores (incluyendo remolques y otro equipo para el transporte de contenedores), utilizados para transportar bienes o mercancías en tráfico internacional, que es complementario o accesorio a la explotación de sus buques o aeronaves en el tráfico internacional sólo puede someterse a imposición en ese Estado contratante, a menos que los contenedores sean utilizados únicamente dentro del otro Estado contratante.
ART. 9º—Empresas asociadas.
2. Cuando un Estado contratante incluya en las utilidades de una empresa de ese Estado —y, en consecuencia, grave—, las de una empresa del otro Estado que ya han sido gravadas por este segundo Estado, y estas utilidades así incluidas son las que habrían sido realizadas por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esas utilidades. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones de este acuerdo y las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.
ART. 10.—Dividendos.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7º o del artículo 14, según proceda.
ART. 11.—Intereses.
5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7º o del artículo 14, según proceda.
ART. 12.—Regalías y remuneraciones por servicios técnicos.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2, no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías o de las remuneraciones por servicios técnicos, residente de un Estado contratante, realiza en el Estado contratante del que proceden las regalías o las remuneraciones por servicios técnicos una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías o las remuneraciones por servicios técnicos está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7º o del artículo 14, según proceda.
ART. 13.—Ganancias de capital.
1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6º situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
ART. 14.—Servicios personales independientes.
b) si la persona permanece en el otro Estado contratante por un periodo o periodos que en total sumen o que excedan de 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses que comience o termine durante el año gravable considerado; en tal caso, únicamente pueden someterse a imposición en ese otro Estado la parte de las rentas obtenidas de las actividades desempeñadas en ese otro Estado.
ART. 15.—Servicios personales dependientes.
a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un periodo o periodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier periodo de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado, y
ART. 16.—Remuneraciones en calidad de consejero.
ART. 17.—Artistas y deportistas.
ART. 18.—Pensiones.
ART. 19.—Funciones públicas.
ART. 20.—Profesores, maestros e investigadores escolares.
ART. 21.—Estudiantes.
2. Los beneficios del presente artículo se extenderán solamente por un periodo de tiempo que sea razonable o que normalmente se requiera para completar la educación o formación, pero en ningún caso una persona natural tendrá a los beneficios de este artículo por más de seis años consecutivos, a partir de la fecha de llegada por primera vez a ese otro Estado.
ART. 22.—Otras rentas.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de la propiedad inmobiliaria en el sentido del apartado 2 del artículo 6º, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro Estado contratante una actividad o un negocio por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, o realiza en ese otro Estado servicios personales independientes desde una base fija situada allí, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7º o artículo 14, según proceda.
ART. 23.—Métodos para eliminar la doble imposición.
ART. 24.—No discriminación.
1. Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante las disposiciones del artículo 1º, la presente disposición es también aplicable a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los Estados contratantes.
2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante no serán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. Estas disposiciones no deberán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares. Esta disposición no puede interpretarse en el sentido de impedir a un Estado contratante gravar las utilidades de un establecimiento permanente que una sociedad del otro Estado contratante tenga en el Estado mencionado en primer lugar a una tarifa fiscal que sea mayor a la impuesta sobre las utilidades de una sociedad similar del Estado contratante mencionado en primer lugar, ni en conflicto con las disposiciones del apartado 3 del artículo 7º.
3. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9º, del apartado 7 del artículo 11 o del apartado 6 de) artículo 12, los intereses, las regaifas (sic) o demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante son deducibles, para determinar las utilidades sujetas a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del Estado mencionado en primer lugar.
5. Las disposiciones de este artículo aplicarán a los impuestos referidos en el artículo 2º.
ART. 25.—Procedimiento de acuerdo mutuo.
ART. 26.—Intercambio de información.
1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la información (incluyendo documentos o copias certificadas de documentos cuando así se requiera) que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el presente acuerdo, o para administrar o exigir lo dispuesto en la legislación interna de los Estados contratantes relativa a los impuestos de toda dase y naturaleza percibidos por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o locales o entidades territoriales, en la medida en que la imposición prevista en el mismo no sea contraria al acuerdo. El intercambio de información no está limitado por los artículos 1º y 2º.
ART. 27.—Asistencia en la recaudación de impuestos.
1. Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de sus créditos tributarios. Esta asistencia no está limitada por los artículos 1º y 2º. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo el modo de aplicación de este artículo.
ART. 28.—Limitación de beneficios.
ART. 29.—Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares.
ART. 30. Entrada en vigor.
ART. 31.—Denuncia.
HECHO en Nueva Delhi el día 13 del mes de mayo de 2011, cada uno en inglés, español e hindi, (sic) siendo los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de interpretación, el texto en inglés prevalecerá.
(Fdo.) Sudhir Chandra
Presidente Consejo de Impuestos Directos —CBDT—
1. Con referencia al apartado 3 del artículo 5º, se entiende que para efectos del cálculo de los límites de tiempo a los que se hace referencia en ese apartado, dichas actividades desarrolladas por una empresa relacionada con otra empresa en el sentido del artículo 9º se sumarán al periodo durante el cual la empresa desarrolle las actividades, siempre y cuando las actividades de ambas empresas sean idénticas o sustancialmente análogas para el mismo proyecto o uno relacionado.
2. En el caso de Colombia, no obstante las disposiciones del apartado 2 del artículo 10, cuando una sociedad residente en Colombia no ha pagado el impuesto sobre la renta sobre las utilidades distribuidas a los accionistas (socios o accionistas), a causa de exenciones o porque las utilidades superan el límite máximo no gravado contenido en el artículo 49 y en el parágrafo 1º del artículo 245 del estatuto tributario de Colombia, el dividendo distribuido podrá someterse a imposición en Colombia a una tasa no superior al 15% por ciento, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un accionista (socio o accionista) residente en la India.
ART. 1º—Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Nueva Delhi, el 13 de mayo de 2011.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Nueva Delhi, el 13 de mayo de 2011, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al Estado colombiano a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Mauricio Cárdenas Santamaría”.
Según la doctrina pacíficamente sostenida por este tribunal(1), dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución, como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de estos introduciendo nuevas cláusulas, pues su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado(2). Si este es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado(3). En cuanto al examen de fondo, este consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del ordenamiento superior, para determinar si se ajustan o no a la Constitución.
2.2. Negociación y celebración del acuerdo.
En el presente caso, este instrumento fue suscrito en Nueva Delhi el 13 de mayo de 2011 por el embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de la India, Juan Alfredo Pinto Saavedra, quien tenía plenos poderes para el efecto, otorgados por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y refrendados por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar, todo lo cual se acompasa con lo dispuesto en el artículo 7º, numeral 1º, literal a) de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados(4), incorporada a la legislación del Estado colombiano mediante Ley 32 de 1985.
El Proyecto de Ley número 038 de 2013 fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar y el entonces Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverri Garzón, en julio 26 de 2012.
El texto original del acuerdo y su protocolo, junto con la respectiva exposición de motivos, aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 470 del 26 de julio de 2012, páginas 24 a 40. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1º ibídem.
Respecto de los términos de ese anuncio, la citada acta permite observar que el mismo se efectuó en la siguiente forma: “Por instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, se anuncia la discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (Art. 8º del Acto Legislativo Nº 01 de 2003)…”, después de lo cual se leyó un listado de cinco proyectos, dentro de los cuales está el número 38 de 2012 Senado. Más adelante se decidió levantar la sesión y se convocó “para el día de mañana, a partir de las 10:00 a. m.”, lo que clarificaba cuándo tendría ocurrencia esa próxima sesión(5). El acta precisó además que en esa sesión se debatirían aquellos proyectos que en la reunión próxima a concluir habían sido anunciados, como efectivamente ocurrió.
Ahora bien, la misma certificación antes referida da cuenta de que este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el 31 de octubre de 2012 y que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por los 13 senadores(6) que conforman dicha célula legislativa, según consta en el Acta Nº 15 de la sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de ese día, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 396 de junio 7 de 2013 (págs. 1 a 5).
De otro lado, esta certificación menciona que el proyecto se aprobó conforme a lo previsto en el artículo 129 del reglamento del Congreso(7), alusión a través de la cual se informa que dicha aprobación se produjo mediante votación ordinaria pero unánime, que es una de las excepciones válidas al mandato actualmente contenido en el artículo 133 superior sobre votación pública y nominal de los proyectos de ley. De esta manera, se tiene entonces que el proyecto antecedente fue válidamente tramitado por la correspondiente comisión legislativa.
En relación con el anuncio previo del proyecto, la certificación de agosto 22 de 2013, suscrita por el secretario general del Senado de la República, informa que este se produjo el 11 de diciembre de 2012, según consta en el Acta Nº 38 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 90 de marzo 13 de 2013.
Consultada la referida acta(8), se observa que el punto II se ocupó del anuncio de proyectos en los siguientes términos: “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión:…”(9), (pág. 13 de la Gaceta 90), dentro de los cuales se encontraba el que en este caso ocupa la atención de la Sala, en el puesto 13 de un total de 37 proyectos de ley.
Al concluir esa sesión, y entre otros anuncios, se informó que “se convoca para el día miércoles 12 de diciembre de 2012, a las 10:00 a. m.”, (pág. 116 de la Gaceta referida), con lo cual quedó aclarada la fecha en que se produciría el debate y votación de los proyectos anunciados (ninguna de la negrilla es del texto original).
La certificación de agosto 21 de 2013, suscrita por la Secretaría General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes informa que el anuncio de votación de este proyecto tuvo lugar el 24 de abril de 2013, según consta en la página 28 del Acta Nº 01 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 454 de junio 27 de 2013. El mismo documento da cuenta de que este proyecto fue aprobado en primer debate el día 30 abril de 2013 en votación ordinaria y por unanimidad de los presentes, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1431 de 2011, y que el quórum decisorio estuvo integrado por 17 de los 19 representantes que conforman esa célula legislativa, según consta en el Acta Nº 29 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 626 de agosto 16 de 2013, páginas 13 a 17.
También en este caso, encuentra la Sala que el anuncio efectuado tuvo las características necesarias para amparar válidamente la votación realizada el martes 30 del mismo mes y año. Ello por cuanto, de una parte, aquel se hizo en términos suficientemente claros y explícitos al hablar de “Anuncio de proyectos de ley”, así como del propósito de “dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo Nº 01 de 2003”, proyectos que serían discutidos y votados en la próxima sesión de la Comisión:…”, enunciándose en segundo lugar el proyecto de ley aprobatoria que aquí se analiza, lo que debió permitir a los asistentes entender claramente que se trataba de dar cumplimiento al requisito establecido en el último inciso del artículo 160 superior. Y de otra, porque al haberse hecho referencia a la próxima sesión, y haberse citado al concluir la reunión para “el próximo martes 30 de abril a las 10:00 a. m.” se permitió a los escuchas enterarse claramente cuando tendría lugar el debate y votación anunciados (pág. 28 de la Gaceta referida, ninguna de la negrilla es del texto original).
En relación con el anuncio del proyecto previo a esta última votación, la certificación de agosto 21 de 2013, suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes, informa que este se produjo el día 18 de junio de 2013, según consta en el Acta Nº 215 de la fecha, publicada en la Gaceta Nº 751 de septiembre 20 de 2013, páginas 121 y 122.
En lo atinente a los términos del anuncio, en esa acta se observa (págs. 121-122) que la Subsecretaria General de la Cámara expresó: “Señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión del día 19 de junio del 2013”, y que a continuación, dentro de la lista de proyectos relacionados se encontraba el “Proyecto 229 de 2012 Cámara, 038 de 2012 Senado”. También, que al concluir la sesión en la cual se efectuó el anuncio, expresó la Presidencia “… simplemente para reconfirmar el anuncio de todos los proyectos. Se cita entonces para el día de mañana 19 de junio a las 8 de la mañana”, con lo que en concordancia con el anuncio antes efectuado, se precisó cuándo se realizaría la sesión en que se debatirían y votarían esos proyectos, tal como en efecto ocurrió, al cumplirse la sesión del miércoles 19 de junio de 2013. Por todo ello, observa la Corte que en este paso se dio exacto y cabal cumplimiento al requisito establecido en el inciso final del artículo 160 de la Carta Política.
De otra parte, de acuerdo con la misma certificación y con el contenido del Acta Nº 216 de la Cámara de Representantes, publicada en la Gaceta Nº 757 de 23 de septiembre de 2013 (págs. 139 y 140), este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por los asistentes a la sesión del día 19 de junio de 2013, en la cual se hicieron presentes 159 representantes.
2.5. Conclusiónsobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales aplicables al trámite legislativo surtido por este proyecto:
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas por el proyecto de ley 038 de 2012 - Senado / 229 de 2012 Cámara, que vino a convertirse en Ley 1668 de 2013, se observa lo siguiente:
3.1. Objetivo y aspectos generales.
Con estos propósitos, diversos entes internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la International Fiscal Association IFA y el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, entre otros, han unido esfuerzos para promocionar la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales de este tipo (comúnmente llamados ADT), a fin de buscar armonizar las legislaciones de los distintos Estados en torno a la unificación de principios generales sobre tributación en materia de comercio internacional y de políticas uniformes para evitar la evasión fiscal.
En esta línea, Colombia ratificó la Decisión 578 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente desde mayo de 2004 y contentiva del “Régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal”. De igual manera pueden destacarse los acuerdos que con este mismo objetivo se han firmado con diversos países, cuyas leyes aprobatorias han sido todas revisadas y declaradas exequibles por este tribunal. Así, se encuentran hoy vigentes en el ordenamiento nacional acuerdos para evitar la doble imposición (ADT) con Brasil (L. 71/93, Sent. C-249/94), España (L. 1082/2006, Sent. C-383/2009), Chile (L. 1261/2008, Sent. C-577/2009), Suiza (L. 1344/2009, Sent. C-460/2010), Canadá (L. 1459/2011, Sent. C-295/2012) y México (L. 1568/2012, Sent. C-221/2013).
Desde esta perspectiva, reitera la Corte que el tratado cuya constitucionalidad se revisa es un mecanismo válido para el cumplimiento de los fines del Estado colombiano y se enmarca sin dificultad dentro de los objetivos que el texto superior le asigna al manejo de las relaciones internacionales y a la suscripción de tratados con otros Estados y/o organismos de derecho internacional (cfr. arts. 9º, 150 num. 16, 189 num. 2º, 224 y 226 de la Constitución Política).
De otra parte, frente a la restricción contenida en el artículo 294 constitucional de conformidad con la cual “La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales” es pertinente señalar que, en general este tratado se ocupa del “impuesto sobre la renta y complementarios”, que en el derecho colombiano ha sido tradicionalmente un impuesto de propiedad de la Nación(10). Sin embargo, más adelante se efectuará una consideración especial frente al contenido del numeral 1º del artículo 2º del acuerdo, en cuanto la expresión “o por sus subdivisiones políticas o entidades locales o territoriales”, pues, prima facie, podría existir oposición frente al citado artículo 294 constitucional.
También es pertinente resaltar que si bien la evitación de la doble imposición puede implicar el reconocimiento como descuento o deducción por parte de las autoridades tributarias colombianas de lo cancelado por iguales conceptos a las autoridades de la República de la India, lo que en ciertos casos puede traducirse en menores recaudos totales para el tesoro colombiano, esta posibilidad ha sido incorporada al derecho interno mediante una norma de carácter legal como lo es la Ley 1668 de 2013. Por ello es del caso concluir que ha sido adoptada por el órgano competente (art. 338), habiendo además sido estudiada por iniciativa del Gobierno Nacional (art. 154 ibíd.), todo lo cual cumple, de manera simultánea, con las prescripciones constitucionales pertinentes, tanto en materia tributaria, como en lo relativo a su carácter de tratado internacional.
3.2. Contenido particular del tratado que se revisa.
El acuerdo objeto de revisión consta de 31 artículos distribuidos en cinco apartes o capítulos (aunque no se usa esta denominación), a saber: I. Ámbito de aplicación del acuerdo (arts. 1º y 2º); II. Definiciones (arts. 3º a 5º); III. Imposición de las rentas (arts. 6º a 22), IV. Eliminación de la doble imposición (art. 23), y V. Disposiciones especiales (arts. 24 a 31). Por su parte, el Protocolo anexo al final, contiene en total cuatro estipulaciones de carácter interpretativo que hacen precisiones frente a varias de las cláusulas del acuerdo.
3.3. La exequibilidad de las disposiciones de este tratado.
Los artículos 1º a 5º de este acuerdo, que a continuación se analizan, se ocupan de determinar y delimitar el campo de aplicación del mismo. Las disposiciones iniciales de este acuerdo tienen el siguiente contenido:
El artículo 1º establece que este acuerdo se aplicará a las personas residentes en uno o ambos de los Estados contratantes, lo que se ve complementado con el contenido del artículo 4º en el que se establecen reglas claras y precisas para determinar quiénes deben considerarse residentes de uno u otro Estado.
De manera concordante, el artículo 2º explica y detalla a cuáles de los impuestos existentes en la legislación tributaria de los Estados signatarios se aplicará el acuerdo, que son aquellos que en la terminología aplicable en ambos países se conocen de manera genérica como impuestos sobre la renta. La norma agrega en su parte final que este acuerdo se aplicará también a los nuevos impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha del mismo en cada Estado signatario.
El artículo 3º contiene las definiciones de términos o expresiones de uso corriente a lo largo del texto contractual, tales como Colombia, India, Estado contratante, persona, sociedad, empresa, empresa de un Estado contratante, tráfico internacional, autoridad competente, nacional, impuesto y ejercicio fiscal, y establece que toda expresión o término no identificado expresamente en este artículo, tendrá el significado atribuido, preferentemente, por la legislación fiscal del estado relativa a los impuestos que son objeto del tratado.
Por su parte, el artículo 5º define y establece detalladas reglas en torno al término establecimiento permanente, que es análogo aunque más amplio, que el de establecimiento de comercio, de uso corriente y larga tradición en el derecho colombiano(11). Este término junto con el de residente, son usados de manera recurrente a lo largo del texto de este acuerdo para construir las distintas reglas sobre su aplicación, especialmente lo relativo a en qué lugar deben cumplirse de manera preferente las obligaciones tributarias que un determinado negocio genere y que en principio se refieran a ambos Estados.
En relación con todas estas normas (arts. 1º a 5º del acuerdo), además de resaltar su necesidad y pertinencia, se observa que ninguna de ellas, ni las definiciones allí contenidas incluye elementos que contraríen de manera alguna la preceptiva constitucional colombiana. Por ello, puede decirse desde ya que esta corporación considera exequibles las disposiciones de los apartes I y II del referido acuerdo.
El aparte III sobre imposición de las rentas, contiene prolijas y detalladas reglas en relación con el territorio y la forma en que serán gravados los beneficios provenientes de cada uno de los siguientes temas: rentas de bienes inmuebles (art. 6º), utilidades empresariales (art. 7º), transporte marítimo y aéreo (art. 8º), empresas asociadas (art. 9º), dividendos (art. 10), intereses (art. 11), regalías y remuneraciones por servicios técnicos (art. 12), ganancias de capital (art. 13), servicios personales independientes (art. 14), servicios personales dependientes (art. 15), remuneración devengada en calidad de consejero (art. 16), artistas y deportistas (art. 17), pensiones (art. 18), funciones públicas (art. 19), profesores, maestros e investigadores escolares (art. 20), estudiantes (art. 21) y otras rentas (art. 22).
Además de ello, frente a los artículos 10 y 12, el Protocolo inserto al final del acuerdo contiene dos notas aclaratorias: la primera, que es la número 2 de aquel texto, está relacionada con el artículo 10 y estipula que, en el caso de Colombia, según los artículos 49 y 245 (par. 1º) del estatuto tributario, cuando una sociedad residente en el país no ha pagado el impuesto de renta sobre las utilidades distribuidas a los accionistas, a causa de exenciones o porque las utilidades superan el límite máximo no gravable, el dividendo distribuido podrá someterse a imposición en Colombia a una tasa no superior al 15%, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un accionista residente en la India.
Así, en lo que respecta a la exequibilidad de estas reglas (arts. 6º a 22 del acuerdo y las estipulaciones número 2 y 3 del protocolo), habiéndose determinado previamente que el propósito de este tratado internacional se ajusta a la Constitución, la Corte tampoco tiene reparo alguno en relación con ellas.
El artículo 27 contiene los mecanismos a partir de los cuales los Estados firmantes de este convenio se comprometen a prestarse mutua colaboración en el cobro o recaudo de los créditos tributarios a su favor, compromiso que no se limita a los temas y/o los sujetos a que se refieren sus artículos 1º y 2º, sino que podrá extenderse a todas las materias tributarias.
3.4. La exequibilidad del numeral 1º del artículo 2º.
Como se anunció en precedencia, el contenido del numeral 1º del artículo 2º del presente acuerdo merece una consideración particular, debido a que como lo advirtieron algunas de las intervinientes(12), al menos prima facie, su contenido podría resultar problemático al confrontarlo con el artículo 294 superior, que establece una prohibición expresa frente a la posibilidad de que la ley conceda exenciones o privilegios en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales.
El contenido preciso del mencionado numeral, que apenas excepcionalmente aparece en este tipo de tratados internacionales(13), indica que “el presente acuerdo se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados contratantes o por sus subdivisiones políticas o entidades locales o territoriales, cualquiera que sea el sistema de exacción”.
A este respecto, observa la Sala Plena que en la actualidad la aplicación del Acuerdo entre las Repúblicas de la India y Colombia se circunscribe(14), en lo que a esta última concierne, al impuesto sobre la renta y complementarios(15), el cual ha tenido siempre como titular del recaudo a la Nación. Por ello, resulta diáfano que la aplicación de este acuerdo dentro de ese específico marco no infringe el artículo 294 de la Carta Política, por lo cual este numeral resulta exequible.
Ahora bien, es cierto que del texto del numeral 4º del prenombrado artículo 2º, se desprende que este pacto “se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo”. Esta previsión plantea entonces la fortuita posibilidad de que si en el futuro, y durante la vigencia de este acuerdo, el Congreso de la República faculta mediante ley a las asambleas departamentales y/o a los concejos municipales a crear un impuesto sobre la renta de carácter local, lo que dentro del marco del texto superior vigente podría suceder(16), los respectivos entes territoriales podrían resultar afectados, en cuanto el impuesto que a su favor deba liquidarse pudiere verse reducido al contabilizar, dentro del marco de este acuerdo, lo pagado a las autoridades homólogas de la India.
1. DECLARAR exequible el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “protocolo”, suscritos en Nueva Delhi en mayo 13 de 2011.
2. DECLARAR exequible la Ley 1668 de julio 16 de 2013, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y su protocolo”, suscritos en Nueva Delhi en mayo 13 de 2011.
(1) Ver Sentencia C-468 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación, entre otras en las sentencias C-682 de 1996 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-924 de 2000 (M. P. Carlos Gaviria Díaz) y C-718 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
(2) Según lo dispuesto en el artículo 204 del reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la República, artículo 154, Const.) y en el reglamento sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios internacionales (L. 5ª/92, art. 217).
(3) Ver artículo 19 de la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados.
(4) “7. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:
a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o …”.
(5) La Corte ha resaltado que la fecha para la cual se hace el anuncio debe ser determinada, pero ha aceptado que esta sea determinable. Cfr. sobre este aspecto, entre otras, las sentencias C-644 de 2004 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), C-780 de 2004 (M. P. Jaime Córdoba Triviño); C-1040 de 2005 (Ms. Ps. Cepeda Espinosa, Escobar Gil, Monroy Cabra, Sierra Porto, Tafur Galvis y Vargas Hernández); C-576, C-649 y C-863 de 2006 (las tres últimas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), y los autos A-089 de 2005 (M. P. Manuel José Cepeda E.), A-311 de 2006 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y A-013 de 2007 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).
(6) La certificación indica: “En relación al quórum se informa que este quedó integrado por los trece (13) senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma…”.
(7) Cuyo texto vigente corresponde al artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
(8) Gaceta 90 del 13 de marzo de 2013.
(9) Página 13 de la referida Gaceta 90.
(10) De manera ininterrumpida desde la Ley 56 de 1918 “Por la cual se establece el impuesto sobre la renta”.
(11) Artículo 515 del Código de Comercio (D. 410/71).
(12) Ver el punto 5 en las páginas 34 y 35 de esta providencia.
(13) Entre los tratados bilaterales celebrados por Colombia en años recientes, a los cuales se hizo referencia en el punto 3.1 de estas consideraciones, solamente los suscritos con el Reino de España y con la Confederación Suiza, aprobados mediante leyes 1082 de 2006 y 1344 de 2009 respectivamente, contiene una cláusula análoga, en ambos casos precisamente en el numeral 1º del artículo 2º.
(14) Según el literal a) del numeral 3º del artículo 2º del acuerdo que se revisa.
(15) Regulado por el artículo 5º y siguientes del estatuto tributario colombiano.
(16) Cfr. artículos 300 numeral 4º y 313 numeral 4º de la Constitución Política.