Source: https://www.scribd.com/document/22872854/Indemnizacion-derivada-de-accidente-de-trabajo-y-dano-moral-LOPCYMAT
Timestamp: 2019-11-20 01:38:22
Document Index: 323661631

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 168', 'artículo 175', 'Artículo 130', 'Artículo 1', 'artículo 176']

Indemnización derivada de accidente de trabajo y daño moral. (LOPCYMAT) | Derecho laboral | Apelación
al no haber demostrado el actor que el accidente se derivó como consecuencia directa de la conducta del empleador; del expediente se constata que el accidente devino de un hecho imprevisible para el patrono, como fue el movimiento del camión que llevó consigo la tensión de la soga sujetada por el actor, y que produjo la amputación del dedo pulgar de éste. Siendo así, al haber ocurrido el accidente por un hecho imprevisto, y no como producto de la falta de corrección de condiciones inseguras previamente advertidas por el patrono, deben declararse improcedentes las indemnizaciones reclamadas por el trabajador, contenidas en la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (responsabilidad subjetiva).
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Consejos Prácticos Sobre Que Hacer en Caso de Accidentes y Factores Que Influyen.
Indemnización derivada de accidente de trabajo y daño moral.
[ LOPCYMAT ]
Subjetiva pero si
objetiva Indización
En el juicio que por indemnización derivada de accidente de trabajo y daño moral, sigue el ciudadano LUIS
RAFAEL NÚÑEZ PADRÓN, representado judicialmente por los abogados Enrique Saer Viso, Jofre Salvador Sánchez Núñez y
Orlando José Marquina Núñez, contra la sociedad mercantil PROAGRO, C.A., representada judicialmente por los abogados
Emilio Pittier, Pedro Quintero, Alcira Padrón, Marbella Arana, María Odriozola, Luis Alfredo Araque, Ricardo Henríquez,
Manuel Reyna, Pedro Sosa, María Aneas, Emilio Pittier Octavio, Ingrid García, Claudia Cifuentes, Pedro Planchart, Gabriel
Ruán, Elina Pou, Blas Rivero, Roshermari Vargas, María Arrese-Igor, María Montiel, Carolina Puppio, Gonzalo Ponte-Dávila,
Alfredo Almandoz, Mariana Rendón, Simón Jurado-Blanco, Carmen Puppio, José A. Eliaz, Marta Martini, María Reyes,
Darina Borjas, Frederick Cabrera, Sabrina Velandia, Angie Escalona, Nathaly Damea, Luis Araque Toledo, Leopoldo Brandt,
Jorge Luciani, Adriana Ruggiero, Marlyn Chávez, Lorena Coll, Manuel Reyna, William Branz y Ana Gómez; el Juzgado
Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante sentencia publicada en fecha 31
de mayo de 2007, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte
demandada, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte actora y parcialmente
con lugar la demanda, modificando el fallo proferido en fecha 27 de abril de 2007, por el Juzgado Segundo de Primera
Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, el cual declaró parcialmente con lugar la demanda.
Contra la referida decisión de Alzada, la representación judicial de la parte actora anunció recurso de casación,
el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación.
Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta en fecha 12 de julio de 2007,
designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.
Concluida la sustanciación del presente recurso de casación con el cumplimiento de las formalidades legales,
en la audiencia oral, pública y contradictoria celebrada el día martes 15 de abril de 2008, la Sala dictó sentencia de manera
inmediata declarándose con lugar el recurso extraordinario interpuesto. En tal sentido, se procede en esta oportunidad a
reproducir y publicar el fallo según lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, en los términos siguientes:
Por razones de orden metodológico, esta Sala altera el orden de las denuncias planteadas y pasa a resolver la
última de ellas:
De conformidad con lo previsto en el numeral 3, del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se
denuncia la “falta, error, falsedad y manifiesta ilogicidad en la motivación de la sentencia recurrida”.
Aduce el recurrente -entre otros aspectos-, que lo afirmado por el Juez Superior referido al supuesto
conocimiento que poseía el trabajador acerca de todos los riesgos de su labor, debido a que le fue entregado un manual de
reglas básicas de higiene y seguridad industrial y que por lo tanto no deviene ningún tipo de responsabilidad, salvo la
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Indemnización derivada de accidente de trabajo y daño moral. [ LOPCYMAT ]
objetiva, resulta ilógico, toda vez que el día del accidente el trabajador fue cambiado de puesto, asignándosele una nueva
labor -distinta a la habitual-, y no se le indicaron los posibles riesgos que esta tarea traería consigo, ni se le suministraron
Del estudio exhaustivo de las actas del expediente, evidencia la Sala que el día en que el trabajador sufrió el
infortunio de trabajo, le había sido ordenado, por parte del patrono, el cumplimiento de una labor distinta a la efectuada de
Ciertamente, al ciudadano Luis Núñez, quien se desempeña como obrero, y cuya labor consiste en “recoger las
aves muertas, pollos, y llevarlos al crematorio situado en la misma granja e incinerarlos”, le fue ordenado en fecha 1° de
julio de 2005, ayudar en la descarga de un camión contentivo de alimento (en las instalaciones de la demandada), ello en
virtud de no asistir ese día la persona encargada de realizar tal labor. Así pues, cuando el trabajador se encontraba
descargando el alimento, asía en su mano derecha una soga, la cual se tensó, debido al movimiento imprevisto del camión,
ocasionando al trabajador una lesión en el dedo pulgar, que se tradujo en la amputación del mencionado dedo.
Ahora, si bien es cierto que el accidente de trabajo -tal y como afirma la recurrida- se debió a un hecho
imprevisible para el patrono, esto es, el movimiento repentino del camión y la tensión de la soga que sostenía el trabajador,
lo cual no hace procedente las indemnizaciones previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo, también resulta cierto que el trabajador fue cambiado de su lugar de trabajo, punto éste de relevante
importancia para la estimación del daño moral, y que según se desprende del estudio de las actas, el Juez de Alzada le restó
total consideración en la sentencia recurrida.
Se asevera que el punto omitido resulta relevante a los efectos del daño moral, pues, el patrono al asignarle
una nueva labor al trabajador arriesgó la condición de éste, y no obstante, -según se evidencia de las actas- no le informó
los riesgos de tal labor ni le proveyó los debidos implementos de seguridad.
De esta manera, se observa que el Juez de Alzada no motivó adecuadamente la sentencia recurrida, al no
haber hecho mención al cambio de labor que le fue ordenado al trabajador el día en que sufrió el infortunio de trabajo, lo
cual, si bien no implica la responsabilidad subjetiva del patrono, influye de manera trascendental en la estimación del daño
moral. Así se decide.
En razón a lo antes expuesto, se denota procedente la presente delación, resultando innecesario el estudio de
la denuncia restante; por consiguiente, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación judicial
de la parte actora, y de conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Sala
pasa a resolver el mérito de la controversia, bajo las consideraciones que se explanarán en los acápites siguientes.
Alega el actor, ciudadano Luis Rafael Núñez, que se desempeña como obrero en la Granja Merecure, propiedad de
la sociedad mercantil PROAGRO, C.A., labor que empezó a ejecutar en fecha 18 de enero de 1989, y que continúa
ejerciendo en la actualidad.
Indica, que el día 1° de julio del año 2005, se le ordenó ayudar en la descarga de un camión de alimentos, labor
ésta que no se corresponde con las funciones que debe ejercer, sin embargo, procedió a realizar la tarea encomendada, sin
que le fuesen advertidos los riesgos de tal actividad ni se le suministraran los debidos implementos de seguridad.
Seguidamente, al encontrarse descargando el alimento, específicamente, sosteniendo la “jirafa” o “sinfín” que extrae el
cereal del camión, el vehículo en cuestión aceleró, enredándose en sus cauchos un mecate, el cual era sostenido por el
actor en su mano derecha, y lo cual provocó que el mismo se tensara y originara la amputación del dedo pulgar derecho del
trabajador demandante.
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De seguida, el trabajador fue trasladado a un centro médico asistencial, en el cual le brindaron los primeros
auxilios, siendo sometido, posteriormente, a una intervención quirúrgica en la que se procedió a reconstruirle el muñón de
Como consecuencia del accidente, el actor aduce haber sufrido una amputación traumática en el dedo pulgar
derecho, lo cual le produjo una incapacidad para agarre completo y pérdida de movimiento de pinza en la mano derecha, su
mano dominante. Igualmente, señala haber padecido de graves secuelas psicológicas.
Así pues, con fundamento en lo antes expuesto, solicita le sean acordadas las indemnizaciones contenidas en los
artículos 129 y 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, de fecha 26 de julio del
año 2005, y los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil de Venezuela; en base a ello, estima la presente demanda en la suma
de un mil setenta y tres millones novecientos doce mil quinientos bolívares sin céntimos (Bs. 1.073.912.500,00),
discriminados de la siguiente manera:
 Artículo 130, numeral 2 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Bs.
16.875,00 (salario diario), multiplicado por 365 (días), y a su vez multiplicado por 7 (años) = Bs. 43.115.625,00.
 Art. 130, penúltimo aparte, eiusdem: Bs. 16.875,00 (salario diario), multiplicado por 365 (días), a su vez
multiplicado por 5 (años) = Bs. 30.796.875,00.
 Daño moral (Artículo 1.185 y 1.196 del Código Civil): Bs.1.000.000.000, 00.
La demandada, por su parte, en el escrito de contestación reconoció la relación laboral, desde el 18 de enero de
1989, hasta la actualidad; asimismo, admitió la ocurrencia del accidente en fecha 1° de julio del año 2005, y adujo haber
realizado el pago íntegro del tratamiento médico, el cual ascendió a la cantidad de cinco millones doscientos treinta y seis
mil novecientos cinco bolívares (Bs. 5.236.905,00).
Igualmente, procedió a negar que el trabajador padezca una incapacidad absoluta y permanente, pues, lo cierto -
según la accionada- es que padece una incapacidad parcial y permanente para realizar actividades que impliquen agarre
completo con la mano derecha.
Además, rechazó la versión del accidente narrada por el trabajador en el escrito libelar, y aduce como verdadera la
versión otorgada por el actor al funcionario del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en el informe
complementario del accidente de trabajo, la cual es del siguiente tenor: “el día 01/07/2005 me encontraba ayudando al
camionero (…) procedí a montarme en la parte externa del camión para llevar o sujetar el sinfín con un mecate el cual tenía
sujeto a mi mano derecha, el mecate arrastraba el piso, en un instante la morocha del camión pisó el mecate y éste se
templó por lo cual el mecate me cortó el dedo pulgar de la mano derecha.”. En este sentido, agregó la accionada, que de la
declaración precedente se aprecia la participación imprudente del trabajador, lo cual conllevó a un riesgo no previsible para
Finalmente, adujo que la empresa no incurrió en negligencia grave, ni existe nexo causal entre el accidente de
trabajo y la conducta desplegada por ella.
Explanados los alegatos de las partes, se advierte que la litis se circunscribe en determinar si el accidente de
trabajo ocurrido, se originó como consecuencia directa del incumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, o por el
contrario, se debió a un hecho imprevisible para el patrono.
Ahora bien, en esta fase del análisis la Sala acoge y ratifica los fundamentos esgrimidos por la Alzada, referidos a la
aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, del año 1985; así como la
improcedencia de las indemnizaciones derivadas del texto normativo antes señalado, por no haberse demostrado la
ocurrencia del hecho ilícito.
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En cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, del 18 de
julio de 1985, de las actas se advierte que fue aceptada -por ambas partes- la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo,
entiéndase 1° de julio del año 2005.
Ahora, si bien es cierto que la demanda fue introducida en fecha 19 de diciembre de 2005, encontrándose en
vigencia la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, de fecha 26 de julio de 2005, en
sujeción al principio de irretroactividad de la ley, en el presente caso debe aplicarse la ley que se encontraba vigente al
momento de ocurrir el accidente (1° de julio de 2005), la cual era la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, del año 1985, tal y como fue establecido por la Alzada. Así se decide.
En cuanto a la improcedencia de las indemnizaciones contenidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (1985), al no haber demostrado el actor que el accidente se derivó como consecuencia directa
de la conducta del empleador; del expediente se constata que el accidente devino de un hecho imprevisible para el
patrono, como fue el movimiento del camión que llevó consigo la tensión de la soga sujetada por el actor, y que produjo la
amputación del dedo pulgar de éste. Siendo así, al haber ocurrido el accidente por un hecho imprevisto, y no como
producto de la falta de corrección de condiciones inseguras previamente advertidas por el patrono, deben declararse
improcedentes las indemnizaciones reclamadas por el trabajador, contenidas en la Ley de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo (responsabilidad subjetiva).
Se ratifica, igualmente, lo señalado por la Alzada con respecto al surgimiento de la responsabilidad objetiva
del patrono, al tratarse de un accidente ocurrido mientras el actor desempeñaba labores en su lugar de trabajo, lo cual trae
consigo la procedencia de la indemnización por daño moral peticionada. Así se decide.
Sin embargo, esta Sala de Casación Social, no comparte la estimación del daño moral realizada por la Juez Superior,
pues, como antes se indicó, no se tomó en consideración que el trabajador se encontraba ejecutando una labor distinta a la
habitual, por órdenes directas de su empleador, y sin que se le informaran los riesgos ni se le entregaran los implementos
de seguridad respectivos. Aunado a ello, considera la Sala, además, que la cantidad acordada por la Alzada resulta
insignificante, si se toma en consideración las necesidades que debe cubrir el trabajador hoy día.
Conforme a lo anterior, de seguida se realizará una nueva estimación del daño moral, acatando el criterio
sentado por la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, según el cual todo sentenciador tiene que, necesariamente,
sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, para luego calificarlos y proceder a la aplicación de la ley y de la
equidad, tomando en consideración los parámetros dictados en la sentencia Nº 144, de fecha 7 de marzo de 2002.
Así pues, en cuanto a la entidad o importancia del daño, tanto físico como psíquico: Se constata que el
trabajador sufrió, como consecuencia del accidente de trabajo, la amputación del dedo pulgar de su mano derecha, lo cual
le impide realizar actividades que impliquen agarre completo con dicha mano. Además, se verifica que el trabajador acude
a sesiones psiquiátricas, debido al estrés post traumático, derivado del accidente en cuestión.
Con respecto al grado de culpabilidad: Quedó demostrada la responsabilidad objetiva de la empresa
demandada, más no así la responsabilidad subjetiva. Sin embargo, constituye un hecho relevante, el que el trabajador haya
sido cambiado de su puesto de trabajo, asignándosele una nueva tarea, distinta a la anterior, sin que se le proveyera de los
implementos de seguridad ni se le advirtieran los riesgos de tal labor.
Con respecto a la conducta de la víctima: No se desprende de autos que el trabajador haya realizado algún
acto tendiente a generar el accidente. Hecho de la Victima
Con respecto al grado de educación y cultura del demandante, así como a su posición social y económica: Se
observa que el trabajador se desempeña como obrero no calificado, cuyo nivel de instrucción -según adujo- es de
educación media aprobada (Bachiller), devengando un salario mínimo por la labor ejecutada para la demandada. Además,
mencionó vivir con otros familiares siendo el sostén económico principal de su familia.
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Con relación, a la capacidad económica de la accionada: Según lo expuesto por el patrono en la ficha de
declaración de accidentes, forma “A”, se evidencia que la empresa PROAGRO, C.A., cuenta con un número de 538
trabajadores, cuyo capital asciende a la cantidad tres mil seiscientos setenta y seis millones de bolívares (Bs.
3.676.000.000,00 ó Bs.F. 3.676.000,00), lo cual, evidentemente, indica que posee la solvencia económica suficiente para
responder a sus trabajadores por este tipo de infortunios.
En cuanto a los posibles atenuantes: Se verifica que la empresa demandada atendió oportunamente al
trabajador, cubriendo todos los gastos médicos derivados del infortunio de trabajo.
De esta manera, del análisis precedente y a los fines de indemnizar al trabajador por el daño moral sufrido, la Sala,
por razones de equidad, estima que constituye una suma justa la cantidad de sesenta mil bolívares fuertes (Bs.F.
Finalmente, se acuerda la indexación judicial sobre el monto ordenado a pagar por concepto de
indemnización de daño moral, a partir el momento en que expire el lapso que la ley prevé para el cumplimiento voluntario
de la sentencia, sin que la parte demandada haya efectuado el pago; la indexación judicial a que se hace referencia será
calculada mediante una experticia complementaria del fallo realizada por un solo experto designado por el Juez de
Sustanciación, Mediación y Ejecución competente, tomando en cuenta los índices de inflación que determine el Banco
Central de Venezuela. Así se decide.
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR, el recurso de casación ejercido por la representación judicial
de la parte actora, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del
Estado Carabobo, en fecha 31 de mayo de 2007; 2) se ANULA el fallo recurrido, con excepción de los puntos que fueron
ratificados en la presente decisión y; 3) se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por indemnización
derivada de accidente de trabajo y daño moral incoara el ciudadano Luis Rafael Núñez Padrón, contra la sociedad mercantil
No firma la presente decisión la Magistrada CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, toda vez que no estuvo
presente en la audiencia por razones justificadas.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los fines consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de
origen antes mencionado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia,
en Caracas a l o s v e in ti d ó s (22 ) d í as d e l m e s d e a b ril d e d o s mi l och o . Años: 198° de la Independencia y 149°
ODRÍGUEZ NOGUERA
R.C. N° AA60-S-2007-1395
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