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Timestamp: 2020-04-02 01:00:46
Document Index: 362734945

Matched Legal Cases: ['artículo 148', 'Artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 28', 'Artículo 57', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 8', 'Artículo 61', 'artículo 149']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 50-1, de 21/06/2013
cve: BOCG-10-A-50-1
Núm. 50-1
Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Interior. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 10 de septiembre de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
1. Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Igualmente regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquéllas o éstos. Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas funcionalmente respecto de las de seguridad pública.
8. Personal acreditado: profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollan las tareas que les asigna esta ley.
11. Centros de formación de personal de seguridad privada: establecimientos sometidos al régimen de declaración responsable para impartir en sus locales formación al personal de seguridad privada.
2. Igualmente, en la medida que resulte pertinente en cada caso, se aplicarán a los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, a los usuarios de los servicios de seguridad privada, a los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad, a los profesores de centros de formación, a las empresas prestadoras de servicios de seguridad informática, a las centrales receptoras de alarmas de uso propio y a los centros de formación de personal de seguridad privada.
3. Las entidades públicas o privadas podrán constituir, previa autorización, centrales receptoras de alarmas de uso propio para la recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma que reciban de los sistemas de seguridad instalados en bienes inmuebles o muebles de su titularidad, sin que puedan dar, a través de las mismas, ningún tipo de servicio de seguridad a terceros.
a) Las de información o de control en los accesos a instalaciones, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el acceso de personas o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio, así como la ejecución de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en las puertas o en el interior de inmuebles, locales públicos o edificios particulares por porteros, conserjes y personal auxiliar análogo.
4. Los prestadores de servicios de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, no conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada.
Artículo 7. Actividades excluidas
3. La comunicación de contratos de servicios de investigación privada no contendrá datos de carácter personal.
1. Serán objeto de inscripción de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones o acreditaciones, las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados, el personal de seguridad privada, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, así como las sanciones impuestas en materia de seguridad privada y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada. Igualmente, habrán de inscribirse en dicho Registro las comunicaciones de los contratos de seguridad privada y sus modificaciones.
2. En los registros de las comunidades autónomas se inscribirán de oficio los datos que resulten necesarios para las actuaciones de control y gestión en el ámbito de sus respectivas competencias.
3. En el referido Registro Nacional, además de la información correspondiente a las empresas de seguridad privada que en el mismo se inscriban, se incorporará la relativa a las empresas de seguridad privada inscritas en los registros de las comunidades autónomas con competencia en la materia. Igualmente se anotarán los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
4. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los órganos competentes de las mencionadas comunidades autónomas deberán comunicar al Registro Nacional de Seguridad Privada los datos de las inscripciones y anotaciones que efectúen sobre las empresas de seguridad privada que inscriban, así como sus modificaciones y cancelaciones.
5. Las autoridades responsables del Registro Nacional y de los registros autonómicos establecerán los mecanismos de colaboración necesarios para permitir su interconexión e interoperabilidad, la determinación coordinada de los sistemas de numeración de las empresas de seguridad privada y el acceso a la información registral contenida en los mismos, para el ejercicio de sus respectivas competencias.
6. Dichos registros serán públicos exclusivamente en cuanto a los asientos referentes a la denominación o razón social, de las empresas o despachos de detectives, domicilio, número de identificación fiscal y actividades en relación con las cuales están autorizados para prestar servicios de seguridad privada.
a) La autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones cuya competencia no haya sido asumida por las comunidades autónomas.
b) La autorización, en todo caso, de los despachos de detectives privados y de sus sucursales, así como su inspección y sanción cuando no sea competencia de las comunidades autónomas.
c) La habilitación e inhabilitación del personal de seguridad privada, y la determinación del armamento, documentación, uniformidad, distintivos y medios de defensa de dicho personal, así como la acreditación, en todo caso, de los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad.
f) La autorización de los servicios de protección personal, así como su inspección y sanción, cuando no sea competencia de las comunidades autónomas, y de aquellas actividades y servicios transfronterizos de seguridad que puedan prestarse por las empresas y el personal de seguridad privada.
g) La autorización y, en su caso, inspección y sanción de los servicios de seguridad privada y de centrales de alarma de uso propio que se presten en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada.
j) El control de comprobación sobre el mantenimiento de los requisitos y cumplimiento de las obligaciones de las empresas de seguridad autorizadas por la Administración General del Estado y que tengan su sede o delegaciones en comunidades autónomas con competencia en la materia, así como de los despachos de detectives y sus sucursales.
a) La autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones que tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio.
1. El Ministerio del Interior adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
2. Además de estas actividades, las empresas de seguridad privada podrán realizar las actividades compatibles a las que se refiere el artículo 6 y dedicarse a la formación, actualización y especialización del personal de seguridad privada, perteneciente o no a sus plantillas, en cuyo caso deberán crear centros de formación, previa presentación de declaración responsable ajustada a lo dispuesto en el artículo 29.4, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
1. Para la autorización o, en su caso, presentación de declaración responsable, la posterior inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico y el desarrollo
de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos generales:
c) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos adecuados que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se determinen reglamentariamente, en función de la naturaleza de las actividades para las que soliciten la autorización o se presente la declaración responsable, y de las características de los servicios que se prestan en relación con tales actividades. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas, habrán de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento. Igualmente, los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad privada deberán disponer de la correspondiente acreditación expedida por el Ministerio del Interior, conforme a lo que reglamentariamente se establezca.
f) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, salvo que se hubieran cancelado sus antecedentes penales. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.
g) No haber sido condenadas por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.
6. Las empresas de seguridad privada no españolas, autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de inscribirse
obligatoriamente en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, además de, en su caso, en el de la comunidad autónoma a cuyo territorio limiten su ámbito de actuación, a cuyo efecto deberán acreditar su condición de empresas de seguridad privada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, en la forma que se determine reglamentariamente.
e) Presentar cada año al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente un informe sobre sus actividades y el resumen de las cuentas anuales, debidamente auditadas cuando sea preceptivo, con la información y datos que reglamentariamente se determinen. En ningún caso dicha memoria contendrá datos de carácter personal.
e) No haber sido administrador de hecho o de derecho o apoderado general, en los diez años anteriores, en una empresa que haya sido declarada en concurso calificado como culpable, o condenada mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.
a) Tener por objeto exclusivo de su actividad profesional la realización de los servicios de, de investigación privada a que se refiere el artículo 48.1.
b) En el caso de personas jurídicas, estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil o en el registro público correspondiente.
5. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para la apertura de los despachos de detectives producirá el cierre de los mismos y la cancelación de oficio de su inscripción en el Registro Nacional.
i) Presentar al Ministerio del Interior una memoria anual de actividades del año precedente, con la información que se determine reglamentariamente, que no podrá contener datos de carácter personal sobre contratantes o investigados.
3. La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General de la Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades que corresponderá a la Dirección General de la Guardia Civil
a) Para los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, guardas de caza y guardapescas marítimos, en la obtención de la certificación acreditativa correspondiente, expedida por un centro de formación autorizado por el Ministerio del Interior, o de los correspondientes certificados de profesionalidad de vigilancia y seguridad privada y guarderío rural y marítimo, que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o del título de formación profesional que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En estos dos últimos casos no se exigirá la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a que se refiere el artículo 28.1.i).
3. En relación con lo dispuesto en el apartado 1, la formación previa del personal comprendido en su párrafo a) que no posea la titulación correspondiente de formación profesional, o los certificados de profesionalidad, así como su actualización y especialización se llevará a cabo en los centros de formación de seguridad privada autorizados y por profesores acreditados por el Ministerio del Interior.
3. El ejercicio de las funciones correspondientes a los detectives privados no será compatible con las funciones del resto del personal de seguridad privada, ni con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administración Pública
d) Los de vigilancia y protección perimetral en centros penitenciarios y centros de internamiento de extranjeros, así como en establecimientos militares y otros edificios o instalaciones de organismos públicos que, por sus características, lo requieran, incluyendo las infraestructuras críticas.
e) Los servicios de verificación personal de alarmas.
2. Reglamentariamente se determinarán aquellos supuestos en los que, valoradas circunstancias tales como localización, valor de los objetos a proteger, concentración del riesgo, peligrosidad, nocturnidad u otras de análoga significación, los servicios de seguridad privada podrán prestarse portando armas de fuego.
c) Los desplazamientos excepcionales al exterior de los inmuebles objeto de protección para la realización de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad.
3. En cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección por parte de los vigilantes de seguridad:
1. Los servicios de videovigilancia, a cargo de vigilantes de seguridad o, en su caso, de guardas rurales, consisten en el ejercicio de la vigilancia de seguridad y control de personas y bienes, a través de sistemas de cámaras o videocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos, con la exclusiva finalidad de prevenir infracciones, evitar accesos no autorizados o daños o menoscabo a las personas o bienes objeto de protección. Las referencias a cámaras o videocámaras se entienden hechas también a cualquier medio técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas.
5. El ejercicio de los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones podrá ser denegado por quien custodie las imágenes y sonidos, en función de los peligros que pudieran derivarse para la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.
1. Los servicios de gestión de alarmas, a cargo de vigilantes de seguridad, consistirán en la recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, relativas a la seguridad y protección de personas y bienes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
4. En la prestación de los servicios de investigación, los detectives privados no podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
2. El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente podrá ordenar la adopción de medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.
4. Igualmente podrá ordenarse la adopción de medidas de seguridad cuando se considere necesaria su implantación en empresas, entidades u organismos públicos.
3. A los efectos anteriormente indicados, las empresas, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada, así como los establecimientos obligados a contratar servicios de seguridad privada, los centros de formación y los usuarios que contraten dichos servicios, habrán de facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el acceso a sus instalaciones y medios a efectos de inspección, así como a la información contenida en los contratos de seguridad, en los informes de investigación y en los libros-registros, en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determine.
c) El cese de los servicios de seguridad cuando se constate que están siendo prestados por empresas o despachos de detectives, no autorizadas o que no hubieran presentado la declaración responsable, o por personal no habilitado o acreditado para el ejercicio legal de los mismos.
f) La retirada de la tarjeta de identificación profesional al personal de seguridad privada cuando resulten detenidos por su implicación en la comisión de hechos delictivos.
2. Estas medidas habrán de ser ratificadas, modificadas o revocadas en el plazo máximo de quince días. En todo caso quedarán sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento sancionador o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Artículo 57. Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, de sus representantes legales y de los despachos de detectives privados.
Las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes legales y los despachos de detectives privados podrán incurrir en las siguientes infracciones:
a) La prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización o, en su caso, sin haber realizado la declaración responsable previstas en el artículo 18.1 y 3 para la prestación de los servicios de que se trate.
c) La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4, sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos o laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad o investigación hubieran sido encargados, o cualquier otra forma de quebrantamiento del deber de reserva, cuando no sean constitutivas de delito; salvo que sean constitutivas infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal
j) La ausencia de las medidas de seguridad obligatorias, por parte de las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones y sucursales
l) El incumplimiento de los requisitos que impone a las empresas de seguridad el artículo 19.1, 2 y 3.
d) La retención de la documentación profesional del personal de seguridad privada.
e) La prestación de servicios de seguridad privada sin comunicar los correspondientes contratos al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente, o en los casos en que la comunicación se haya producido con posterioridad al inicio del servicio.
i) La falta de presentación al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente del certificado acreditativo de la vigencia del contrato de seguro, aval o seguro de caución en los términos establecidos en el artículo 19.1d) y e) y 24.2 e) y f), así como la no presentación del informe de actividades y el resumen de la cuenta anual a los que se refiere el artículo 21.1.e), o la no presentación de la memoria a la que se refiere el artículo 25.1.i)
j) La comunicación de una o más falsas alarmas por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa
q) El deficiente funcionamiento, por parte de las empresas de seguridad privada y despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones o sucursales, de las medidas de seguridad obligatorias, así como el incumplimiento de las revisiones obligatorias de las mismas
u) La comisión de una tercera infracción leve en el período de dos años.
El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros, técnicos y profesores acreditados, podrán incurrir en las siguientes infracciones:
c) La falta de reserva debida sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones o la utilización de medios materiales o técnicos detal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones cuando no constituyan delito.
g) La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4 sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos y laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad estén encargados, en el caso de que no sean constitutivas de delito; salvo que sean constitutivas infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal
b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en empresas de seguridad privada, cuando resulte preceptivo.
ñ) La comisión de una tercera infracción leve en el período de dos años
a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles.
Los usuarios contratantes de servicios de seguridad privada y los centros de formación de personal de seguridad privada podrán incurrir en las siguientes infracciones:
c) El incumplimiento, por parte de los centros de formación, de los requisitos y condiciones exigidos en la declaración responsable, o impartir cursos sin haberla presentado
h) La contratación o utilización a sabiendas de personas carentes de la habilitación o acreditación necesarias para la prestación de servicios de seguridad
i) La comisión de una tercera infracción grave en el período de dos años
a) La contratación o utilización a sabiendas de personal carente de la habilitación o certificación específica necesaria para el desarrollo de funciones de seguridad e investigación privada.
d) La no comunicación de las incidencias detectadas y confirmadas en su centro de control de la seguridad de la información y las comunicaciones cuando sea preceptivo.
i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de dos años
Artículo 61. Sanciones a las empresas de seguridad privada, sus representantes legales y los despachos de detectives privados.
2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no sehaya previsto plazo para satisfacerla, la autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta días hábiles, pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.
Quienes a la entrada en vigor de esta ley estuvieran desempeñando su actividad en centrales receptoras de alarmas, podrán continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener ninguna habilitación específica.
1. Queda derogada la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.