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Timestamp: 2018-03-24 17:55:49
Document Index: 326002579

Matched Legal Cases: ['in fine', 'Artículo 15', 'Artículo 385', 'Artículo 40', 'Artículo 106', 'Artículo 217', 'Artículo 171', 'artículo 234', 'artículo 162', 'artículo 171', 'artículo 217', 'artículo 223', 'artículo 83', 'artículo 222', 'artículo 83', 'artículo 222', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 222', 'artículo 137', 'artículo 222', 'Artículo 203', 'artículo 205']

ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 1.703/17
JUICIO: "UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN C/ RESOLUCIÓN DENEGATORIA FICTA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA".
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, integrando la Sala Penal Dres. SINDULFO BLANCO, MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI y el Magistrado CARMELO A. CASTIGLIONI, por ante mí la Secretaria Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 198 de fecha 29 de julio de 2016 del Tribunal de Cuestas Primera Sala.
En caso contrario ¿se halla ajustada a derecho?
Practicado el Sorteo de Ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BLANCO, BAJAC Y CASTIGLIONI.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL DOCTOR SINDULFO BLANCO PROSIGUIO DICIENDO: En estos autos tanto la parte actora como la parte demandada interpusieron el Recurso de Nulidad. El Abogado Luis Puente, representante de la parte actora, desistió expresamente el Recurso de Nulidad incoado, por lo que se lo debe tener por abdicado del mismo.
El Abogado Fiscal César Mongelós fundamenta el Recurso de Nulidad sosteniendo la falta de pronunciamiento sobre la extemporaneidad de la demanda sostenida por esa representación ministerial, pues indica que en ninguna parte del fallo recurrido el Magistrado Preopinante se refirió a las argumentaciones vertidas por esa representación en el escrito de contestación de demanda, que guardan vinculación con la extemporaneidad de las demanda promovida por la parte actora que la omisión afecta notoriamente el interés jurídico de esa representación en el sentido de que, desde el momento en que el segundo Magistrado opinante se apoyó en la decisión del primera, quedaron descartados los argumentos técnicos sobre los cuales se trabo la litis en la sustanciación del presente juicio, incurriéndose de esta manera en la falta de fundamentación que anula el Acuerdo y Sentencia impugnado.
Prosigue diciendo que el mismo vicio procesal se puede advertir en el Acuerdo y Sentencia recurrido, donde, el Magistrado Preopinante prácticamente omitió analizar la cuestión de fondo, que se basó únicamente en la petición formulada por la parte actora descartando los fundamentos de esa representación fiscal que no fueron considerados en el análisis de los hechos y que el tribunal vulnero de esta manera el principio de igualdad de las partes consagrado en el Art. 15 inc. f) numeral 3 del Código Procesal Civil, así como el Art. 159 inc. d) del cuerpo legal mencionado.
Respecto a este recurso, concluye diciendo que la violación de los deberes dé mantener la igualdad de las partes y de fundar las resoluciones en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes, de resolver siempre según la ley procesal, principios consagrados en el Art. 15 incs. b), c) y f), numeral 3 del Código Procesal Civil, conforme se ha referido’ más arriba, acarrea la nulidad del Acuerdo y Sentencia N° 198 de fecha 29 de julio de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala.
Seguidamente corresponde el estudio de los fundamentos del recurso de nulidad expuestos por la demanda, que se resumen en la omisión de la consideración de la legación de extemporaneidad de la demanda y en la falta de fundamentación de la decisión del sobre el fondo de la cuestión, que de comprobarse implicaría la nulidad de la sentencia recurrida en virtud a lo dispuesto en el Art. 15 del Código Procesal Civil, que copiado en la parte pertinente dice "Deberes: Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial: ...b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad; ...d) pronunciarse necesaria y únicamente sobre lo que sea objeto de petición, salvo disposiciones especiales (...) la infracción de los deberes enunciados en los incisos b), c), d) y e) de este artículo, causara la nulidad de las resoluciones y actuaciones".
En estricta aplicación de lo dispuesto en el Art. 15 del Código Procesal Civil, tenemos que el juez no debe apartarse de los términos en que ha quedado trabada la Litis en relación procesal; es decir debe resolverse conforme thema decidendum, so pena de nulidad. El respeto a la congruencia reclama que todas las pretensiones deducidas por la accionante, como así también la totalidad de las cuestiones llevadas a la controversia por la demandada, deban ser ponderadas y resueltas por el juzgador. Así mismo, la violación del deber de motivación suficiente, coherente y racional de la sentencia amerita la declaración de nulidad.
En el Acuerdo y Sentencia N°198 de fecha 29 de julio de 2016, el Magistrado Preopinante expreso en su voto -al cual se adhirió el tercer opinante- que el Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda, al momento de contestar la demanda, manifestó que la parte actora promovió demanda contencioso administrativa contra una resolución denegatoria ficta, considerando que no se cita, así como tampoco se advierten resoluciones en concreto, y que conforme manifestaciones del representante de la Administración Tributaria esta ha otorgado parcialmente lo solicitado por el contribuyente, autorizando la devolución del monto de Gs. 773.093.824 (Guaraníes setecientos setenta y tres millones noventa y tres mil ochocientos veinticuatro) de acuerdo a la transcripción contenida en la Nota DACCF/DCFF/C N° 135 de fecha 11 de marzo de 2015 del Departamento de Crédito y Franquicias Fiscales de la Dirección de Asistencia al Contribuyente y Créditos Fiscales.
En cuanto a la falta de agotamiento- de la instancia alegada por la parte demandada, el Preopinante resolvió en el sentido de: "sobre la extemporaneidad de la presente demanda aludida pro la parte demandada, debo referir que la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", peticiono a la Administración Tributaría la devolución del IVA por pago indebido, correspondiente a varios períodos y ante la falta de pronunciamiento de la administración positiva o negativamente contra el Recurso de Reconsideración interpuesto por la universidad, la actora promovió la presente demanda contra la resolución denegaría ficta correctamente".
Asimismo, en cuanto al fondo de la cuestión, en resumen el Tribunal determinó que se avizora un reconocimiento de los hechos por parte de la demandada, por lo que concluyo que la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción tiene derecho a la devolución del Impuesto al Valor Agregado individualizado en el presente expediente, que fue pagado en forma indebida y que conforme a lo que dispone en el punto 4) de la Ley N° 125/91, que hace referencia a las entidades sin fines de lucro, debe procederse a la repetición de pago debido del IVA.
De lo expuesto, además de todo el considerando del Acuerdo y Sentencia N°198/2016, se desprende que el Tribunal así analizo la pretensión de la parte demanda, pues estudio la extemporaneidad de la demanda alegada por la accionada y además, fundamento la decisión de hacer lugar parcialmente a la presente demanda. Por lo tanto la sentencia recurrida no fue dictada en violación al Artículo 15 del Código Procesal Civil, como afirma el nulidicente.
Por otro lado, de la lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten su declaración de nulidad de oficio en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Es mi Voto.
A SU TURNO EL DOCTOR MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI y EL DOCTOR CARMELO A. CASTIGLIONI DIJERON: Que con relación a este punto, por las manifestaciones y argumentaciones expuestas por el preopinante se adhieren al voto en la materia debatida.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DOCTOR SINBULFO BLANCO PROSIGUIO DICIENDO: Por el Acuerdo y Sentencia N°198 de fecha 29 de julio de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, se resolvió: "1.- HACER LUAGAR PARCIALMENTE, a la presente demanda contencioso administrativa que promovió el representante convencional de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, contra la resolución denegatoria ficta dictado por la Subsecretaría de Estado de Tributación, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; 2.- REVOCAR el acto administrativo impugnado; 3.- ORDENAR la devolución del pago indebido de IVA Crédito Fiscal de Gs. 516.237.366 (Guaraníes quinientos dieciséis millones, doscientos treinta y siete mil, trescientos sesenta y seis); 4.- IMPONER costas en el orden causado; 5. - NOTIFICAR de oficio en virtud a lo dispuesto en el Artículo 385 del C.P.C.; 6.- ANOTAR, registrar y comunicar a la Excma. Corte Suprema de Justicia."
ARGUMENTOS DE LAS PARTES AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA
A fs. 196/203 el Abogado Luis Puente expresa agravios argumentando que la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción ha solicitado que se proceda a la devolución en libre disponibilidad de la suma reclamada, que asciende a Guaraníes Un Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Millones Trescientos Treinta y Un Mil, Ciento Noventa (Gs. 1.289.331.190) y la liquidación y percepción de los accesorio legales (intereses y multas), desde el día del pago del impuesto abonado indebidamente y que sin embargo, se puede apreciar que todo esto no ha sido tomado en cuenta por el Excmo. Tribunal de Cuentas, simplemente omitió analizar estos hechos, agraviando de tal manera a su representada por de haber seguido puntualmente con las exigencias y previsiones legales lo correcto hubiera sido que se avoque a analizar si el monto solicitado (Gs. 1.289.331.190) era correcto o no, luego sobre esta base determinar si correspondía o no su repetición, posterior a esto calcular los accesorios legales.
Prosigue diciendo que al omitir todo el proceso de razonamiento legal, lo que en la práctica sucedió es que el Tribunal inferior admitió el pago parcial a cuenta del impuesto y no de los accesorios legales, con lo cual simplemente se desvirtuó el orden legal y se perjudico a la Universidad Católica, pues no es lo mismo calcular los accesorios legales sobre Gs. 1.289.331.190 que sobre Gs. 516.237.366.
Afirma que aunque teóricamente existe una aceptación por parte de la SET por el monto de Gs. 773.093.824, realmente nunca se ha procedido a devolver dicha suma, ya que en los papeles existe el reconocimiento, aceptación y la intención de devolver parcialmente pero realmente hasta la fecha no se ha acreditado y en consecuencia no ha operado la supuesta devolución, con lo cual una vez más dicha técnica dilatoria para no devolver, a pesar de su expreso reconocimiento administrativo, constituye un agravio mas para la Universidad Católica que de esta manera vio como su base imponible (monto reclamado) es erosionada por la supuesta devolución que realmente no aconteció y, sin embargo, se lo toma como un hecho firme y cierto, para disminuir la base del cálculo de los accesorios legales por un lado, y por el otro ignorando la exigencia legal se lo considera como pago a cuanta del capital y no de los accesorios legales (intereses y multas) que debería corresponder al cálculo general sobre el monto solicitado.
El Abogado Fiscal Cesar Mongelós, contesta agravios de la parte actora a fs. 220/224, expresando que la Administración ha otorgado parcialmente lo solicitado por el contribuyente, cuyo monto total asciende a la suma de Guaraníes setecientos setenta y tres millones noventa y tres mil ochocientos veinticuatro (Gs. 773.093.824), de acuerdo a la transcripción contenida en la Nota DACCF/DCFF/C N° 135 del 11 de marzo de 2015, originaria en el Departamento de Créditos y Franquicias Fiscales de la Dirección de Asistencia al Contribuyente y Créditos Fiscales, y que si el monto de Gs. 773.093.824 ya fue reconocido y devuelto por la administración, es absurda la teoría del apelante en el sentido de que el Tribunal omitió su pronunciamiento sobre el total de los montos solicitados.
Sostiene que el accionante pretende que se le devuelva por la judicial lo que ya solicito y ya se le concedió por vía administrativa y sumar a esto los accesorios legales, pretensión que carece de sustento legal y no se compadece con la realidad de los hechos, habida cuenta que al actor solamente le corresponde discutir sobre los montos que efectivamente no fueron devueltos, con exclusión de los que fueron reconocidos y devueltos por la Administración.
El Abogado Fiscal indica que el fallo cuestionado, al hacer mención a un reconocimiento de hechos atribuidos a la parte demandada, hace una mezcla innecesaria de eventos, siendo que en realidad se dejaron en claro los montos que no corresponden en devolución, con la especificación de los motivos por los cuales la Administración rechazo las devoluciones, que dichos cuestionamientos tuvieron su origen en la Administración Tributaria y fueron ratificados en sede judicial, por lo que la resolución en crisis se apoya en reconocimiento de los hechos, siendo que en realidad, el reconocimiento de les hechos - devolución de créditos tributarios solicitados por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción se produce simultáneamente con la ratificación de la actuación administrativa en el sentido de rechazar los créditos cuestionados basados en la verificación técnica realizada en el Departamento de Créditos y Franquicias Fiscales de la SET.
Refiere que en cuanto a la carga de probar que los comprobantes arrimados por el contribuyente reúnen los requisitos establecidas por las reglamentaciones vigentes para ser considerados como respaldo del crédito fiscal, el Magistrado disidente en el fallo objeto de revisión, si clarifico que ello es responsabilidad del que afirma la existencia del hecho a tenor de lo dispuesto en el Art. 249 del Código Procesal Civil y que los actos de la Administración tienen presunción de legitimidad en los términos del Art. 196 de la Ley N° 125/91, y que esta opinión otorga validez a la actuación administrada en lo que respecta al análisis de los créditos que serán devueltos al contribuyente que lo solicita, porque de lo contrario, no tendría sentido la tarea de la verificación técnica.
Responde la apelación de la parte demandada diciendo que el procedimiento de pago regulado en la Ley N°125/91 no pretende el reconocimiento de la deuda, sino su pago, que en este caso, aunque se pueda considerar que existió dicho reconocimiento, este monto nunca ha sido devuelto al contribuyente. Por lo tanto, de la forma en que ha resuelto el a quo, ha procedido a extinguir la obligación de la SET a devolver esa diferencia de Gs. 773.093.824.
Señala que distinta hubiese sido la cuestión sí el Tribunal hubiere resuelto el reconocimiento o allanamiento a la devolución de Gs. 773.093.824 y al mismo tiempo reconocido el derecho a la devolución por pago indebido de la diferencia de Gs. 519.824.923 y que existe una gran diferencia entre el reconocimiento de la deuda, en este caso el reconocimiento de un pago indebido y su devolución o pago, pues el reconocimiento de la deuda es una manifestación efectuada por un deudor a un acreedor, respecto de la existencia de una deuda del primero a favor del segundo; que por dicho reconocimiento de la deuda el deudor no solo acepta de forma pura y simple la deuda, sino que ratifica la aceptación de la relación obligacional previa de la que nació esa deuda, y que por su parte el pago es el modo natural de extinguir una obligación por el cumplimiento de lo debido, ya sea que consiste en dar, hacer o no hacer, ya que el pago extingue totalmente su vinculo obligacional, con accesorios y garantías.
Sintetiza su escrito diciendo que el a quo debió hacer resuelto el reconocimiento de la suma Gs. 773.093.824 y por otro lado, hacer lugar a la repetición por pago indebido de la suma de Gs. 519.824.823 y de esta forma disponer la devolución de la suma de Gs. 1.289.331.190 por pago indebido del IVA, mas sus accesorios legales, recargos y multas hasta la fecha del honramiento efectivo de la devolución o pago de lo debido, con costas a la perdidosa.
ANALISIS JURIDICO DEL CASO
El fondo de la cuestión consiste en determinar si el Acuerdo y Sentencia N° 198 de fecha 29 de julio de 2016, - apelado por ambas partes- ha sido dictado conforme a derecho. Mediante la sentencia el Tribunal de Cuentas Primera Sala resolvió hacer lugar parcialmente a la presente demanda, revocando el acto administrativo impugnado y ordenando la devolución del pago indebido del IVA crédito fiscal de Gs. Gs. 516.237.366 (Guaraníes quinientos dieciséis millones, doscientos treinta y siete mil, trescientos sesenta y seis).
En cuanto a la apelación de la parte actora, realizando un estudio del presente expediente tenemos que la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción a través de su representante promovió demanda contencioso administrativa en contra de una resolución denegatoria ficta, reclamando la repetición por pago indebido del Impuesto al Valor Agregado de Gs. 1.289.331.190 (Guaraníes Un Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Millones Trescientos Treinta y Un Mil, Ciento Noventa), correspondiente en total a los periodos fiscales julio a setiembre de 2012, octubre a diciembre de 2012 y enero a marzo de 2013.
El tribunal concluyo en la sentencia recurrida que la Administración había reconocido en su contestación de demanda que corresponde la devolución del monto de Gs, 773.093.824 (Guaraníes setecientos setenta y tres millones noventa y tres mil ochocientos veinticuatro) , motivo por el cual resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda y ordenar la devolución de la diferencia restante, de Gs. 516.237.366 (Guaraníes quinientos dieciséis millones, doscientos treinta y siete mil, trescientos sesenta y seis.
Como primer punto, corresponde mencionar que la actora promovió demandada contencioso-administrativa contra una resolución ficta de la Subsecretaría de Estado de Tributación, recaída en relación a la solicitud de repetición por pago indebido del Impuesto al Valor Agregado, por el monto total de Gs. 1.289.331.190.
La resolución denegatoria ficta resulta una garantía de rango constitucional, que deriva de la inacción de las autoridades administrativas ante el derecho de reclamo que asiste a todo justiciable, conforme al mandato del Artículo 40 de la Constitución Nacional. Dicha garantía es conjunción de la obligatoriedad que pesa sobre los agentes públicos a emitir respuesta ante el planteamiento formulado por los administrados, lo que no es cosa distinta al cumplimiento del deber, igualmente estipulado en el Artículo 106 de la Constitución Nacional, lo que carecería de pertinencia de no ver respuesta oportuna. En tal sentido, en estos autos no existe constancia alguna de que la Subsecretaría de Tributación se haya expedido en resolución administrativa expresa respecto a la solicitud realizada por la contribuyente, razón por la cual se configuro la delegación tácito de la repetición del monto de Gs. 1.289.331.190.
Por otra parte, desde ya se advierte una contradicción en la parte resolutiva del Acuerdo y Sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas que por una parte revocada el acto administrativo impugnado (la resolución denegatoria ficta de la solicitud de repetición del monto de Gs. 1.289.331.190)y por otra parte ordena la devolución del monto de Gs. 516.237.366 (Guaraníes quinientos dieciséis millones, doscientos treinta y siete mil, trescientos sesenta y seis), haciendo lugar parcialmente a la demanda. Si bien es cierto que en el considerando se mencionó que existió un reconocimiento por parte de la administración en su contestación de la demanda de que a la actora le corresponde percibir el monto de Gs. 773.093.824, el tribunal debía necesariamente pronunciarse en la parte resolutiva en el sentido de que correspondía disponer la repetición de este monto, ya que formaba parte de la pretensión de la actora.
Cuando se resuelve en el sentido de hacer lugar parcialmente a la demanda, significa que el resultado del juicio es parcialmente favorable a ambos litigantes. No obstante, en este caso prospero totalmente la pretensión de la actora, ya que según el voto en mayoría contenido en el considerando del Acuerdo y Sentencia N°198/2016 a la actora le correspondía percibir tanto el monto de Gs. 773.093.824 reconocido por la demandada como la diferencia entre lo solicitado y el monto citado, es decir Gs. 516.237.366. Con esto tenemos que en realidad se hizo lugar a la demanda promovida por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
Se observa asimismo el error en que incurrió el Tribunal al imponer las costas en el orden causado de conformidad al Art. 195 del Código Procesal Civil, que dispone que en el caso de vencimiento parcial y mutuo las. cosas deban ser compensadas o distribuidas por el Juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. En efecto, al prosperar totalmente la pretensión de la actora correspondía que las costas sean impuestas a la perdidosa, de conformidad al principio general contenido en el Art. 192 del C.P.C., de que la parte vencida en juicio debe pagar todos los gastos de la contraria (sistema objetivo de imposición de costas).
Las costas constituyen el resarcimiento acordado por la Ley al vencedor para compensarlo por los gastos en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional el reconocimiento de su derecho, esta es la razón por la cual deben ser reembolsadas. En el caso de autos la demandada dio lugar a la reclamación de la actora al denegar tácitamente en sede administrativa la repetición del monto de Gs. 1.289.331.190; en consecuencia, no podía beneficiado con la exoneración de costas aun cuando ocurrió un reconocimiento en la contestación de la demanda en relación a parte del monto peticionado por la actora.
Pasando al estudio de la procedencia de la procedencia de la repetición por pago indebido del Impuesto al Valor Agregado, tenemos que la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción presento como fundamento de su solicitud de repetición de Acuerdo y Sentencia N° 763 de fecha 08 de agosto de 2007, por el cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de -Justicia resolvió hacer lugar a la acción interpuesta por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y, en consecuencia, declaro inaplicable en relación al accionante el último párrafo del numeral 4 del Art. 83 de la Ley N° 2421/04 que copiado dice: "Las exoneraciones previstas en los incisos a), b) y c) del presente numeral no son de aplicación a la importación y la compra local de bienes así como a la contratación de servicio que realicen las entidades mencionadas precedentemente, quedando sometidas a las obligaciones tributarias del importador o del adquiriente".
Entre los fundamentos del citado Acuerdo y Sentencia de la Sala Constitucional quedo sentado que de la simple lectura del último párrafo del artículo impugnado, en cuanto no extiende la obligación del IVA a la importación, compra local de bienes y contratación de servicios de las entidades previstas en los incisos a), b) y c), entre las que se encontrarla la UNIVERSIDAD CATÓLICA corno entidad terciaria y universitaria reconocida por Ley de la Nación, se constata una limitación a la "inmunidad tributaría", consagrada en forma amplia y absoluta en el tacto del artículo constitucional.
Igualmente, en el fallo mencionado la Sala Constitucional deja constancia expresa del mecanismo administrativo a ser utilizado para que en forma correcta y coherente se configure la exoneración fiscal sin el menoscabo o agravio que pudiere que pudiera resultar su aplicación a otros contribuyentes, estipulando que la exoneración a favor de la Universidad se hará realidad una vez que, abonado en su oportunidad del importe del IVA, solicite la repetición de lo pagado ante la autoridad administrativa que reconocerá, en definitiva, el carácter subjetivo de la exoneración retornando el monto abonado en concepto de IVA, tal como lo dispone el procedimiento regulado en la Ley (Art. 217 a 222 de la Ley N° 125/91). Se estableció que la calidad de sujeto exonerado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción otorga la suficiente legitimación activa a la misma para requerir la repetición de lo pagado en concepto de importes abonados.
El pago indebido de un impuesto se presenta cuando se paga algo que la ley no exige, es decir, cuando no hay un sustento legal para dicho pago. Cuando esta situación se configura, el contribuyente tiene la posibilidad de exigir al Estado que le reintegre dichos valores abonados indebidamente, de conformidad al Artículo 217 de la Ley N° 125/91 que establece: "Repetición de pago. El pago indebido o en exceso de tributos, intereses o recargos y multas, dará lugar a repetición...". En este caso en estudio, se configuro el pago indebido del impuesto al valor agregado durante los periodos fiscales reclamados en función a la inconstitucionalidad y la consiguiente inaplicabilidad en relación a la accionante del último párrafo del numeral 4) del Art. 83 de la Ley N°2421/04, ya que además resulta impensable que un sujeto exento del pago del impuesto sea el que finalmente soporte tal carga tributaria, ya que de ser así no existiría el incentivo fiscal del cual son sujetos las universidades.
De los fundamentos expuestos se desprende que es procedente la repetición por pago indebido del impuesto del Valor Agregado solicitada por la actora, por el monto de Guaraníes Un Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Millones Trescientos Treinta y Un Mil, Ciento Noventa (Gs. 1.289.331.190) correspondiente a la obligación IVA de los períodos fiscales julio a septiembre de 2012, octubre a diciembre de 2012 y enero a marzo de 2013, de la forma solicitada por la actora más los accesorios legales (multas e intereses). Para la liquidación del interés fijado en el Artículo 171 de la Ley N° 125/91 deberá calcularse desde el día siguiente del vencimiento del plazo que tenía el contribuyente perceptor de IVA débito, es decir el proveedor de mercaderías y servicios de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, de ingresar el tributo a las arcas estatales; porque dicho impuesto tiene la características de qué el hecho imponible se configura por cada operación instantánea, aislada, eventual, pero el ingreso del gravamen, por razones administrativas, se realiza cada fin del mes siguiente y conforme al calendario perpetuo, calculándose (recargos o intereses) hasta la extinción de la obligación según dispone el Art. 171 de la Ley N° 125/91.
Se concluye entonces que corresponde revocar el Acuerdo y Sentencia N° 198 de fecha 29 de julio de 2016, y en consecuencia, revocar el acto administrativo impugnado y disponer que el Ministerio de Hacienda proceda a repetir a favor de la actora lo pagado indebidamente del Impuesto al Valor Agregado por el monto de Guaraníes Un Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Millones Trescientos Treinta y Un Mil, Ciento Noventa (Gs. 1.289.331.190) correspondiente a la obligación IVA de los periodos fiscales julio a setiembre 2012, octubre a diciembre 2012 y enero a marzo 2013, además de las multas y de los intereses calculados conforme a lo establecido por esta Sala Penal.
En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la parte demandada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 203 inc. a) y el Art. 205 del Código Procesal Civil.
Con relación al recurso de apelación interpuesto por la parte demanda contra el Acuerdo y Sentencia N°198 de fecha 29 de julio de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, el estudio del mismo deviene inocuo teniendo en cuanta la forma en que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Es mi voto.
A SU TURNO EL MINISTRO MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, DIJO: En lo que respecta a la apelación del Acuerdo y Sentencia N°198 de fecha 29 de julio de 2016, manifestó cuento sigue:
Dicha resolución fue apelada por ambas partes; la actora Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, representada por el Abogado C. Luis Puente, quien en su escrito de expresión de agravios, expuso: "...la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción ha solicitado la repetición de pago por varios períodos fiscales totalizando el monto del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO la suma de Guaraníes Un Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Millones Trescientos Treinta y Un Mil, Ciento Noventa (Gs, 1.289.331.190) que la Administración Tributaria al no resolver en tiempo y forma acorde con lo establecido en el artículo 234 de la Ley N° 125/91, y que en su último párrafo dice: "...si no se dictare resolución en el término señalado se entenderá que hay denegatoria tacita de recurso. La interposición de este recurso debe ser en todo caso previo al recurso administrativo de apelación (figura derogada por la Ley N° 2421/04) y suspende la ejecución o cumplimiento del acto recurrido...", simplemente denegó la repetición. No existe otra interpretación posible al margen de ello. Por imperio legal, al plantearse el recurso de consideración ya no corresponde RESOLVER fuera de ello, y la Administración Tributaria resolvió tácitamente por denegar la repetición, en consecuencia persiste el derecho de solicitar la repetición del monto solicitado, que constituye el punto principal de la litis, por consiguiente, el proceso se debe dilucidar sobre el total solicitado dentro de los plazos legales y acorde con los procedimientos de rigor y esto es así, por cuanto que intento posterior debe ser analizado de acuerdo a las previsiones legales; por tanto... en tal sentido traemos a colación que la Ley N°125/91 en su artículo 162° dispone lo relacionado a la imputación de pago, al establecer con toda claridad que: "...los pagos parciales se imputaran en el siguiente orden: primero a intereses o recargos, luego al tributo y por ultimo a las multas..." la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción ha solicitado: a) se procesa a la devolución en libre disponibilidad, de la suma reclamada que asciende a Guaraníes Un Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Millones Trescientos Treinta y Un Mil, Ciento Noventa (Gs. 1.289.331.190) y b) la Liquidación y percepción de los Accesorios Legales (intereses y multas), desde el día del pago del Impuesto abanado indebidamente, conforme estipulado en las Normas Tributarias Vigentes por haber el fisco caído en mora en el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 171° Ley N°125/91), así como por hacer gala del ejercicio indebido del derecho y leyes tributarias vigentes (punto 9 del PETITORIO DE LA DEMANDA), sin embargo, se puede apreciar que todo esto, no ha sido tomado en cuenta por el Excmo. TRIBUNAL DE CUENTAS, simplemente omitió analizar estos hechos, agraviando de tal manera a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, pues de haber seguido puntualmente con las exigencias y previsiones legales citadas, lo correcto hubiera sido que se avoque a analizar si el monto solicitado en Guaraníes Un Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Millones Trescientos Treinta y Un Mil, Ciento Noventa (Gs. 1.289.331.190), era correcto o no, luego sobre esta base determinar si correspondía o no su repetición, posterior a esto calcular los accesorios legales y finalmente precisar que, siguiendo el orden de imputación legas de los supuestos abonos parciales reconocidos por la Subsecretaría de Estado de Tributación sean impuestos en el orden establecido, pero, al omitir todo este proceso, del razonamiento legal, lo que en la práctica sucedió es que, el tribunal inferior admitió el pago parcial a cuenta del impuesto y no de los accesorios legales, con lo cual simplemente se desvirtuó el orden legal y por supuesto se perjudico a la universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción..; se agravia además, con la imposición de costas en el orden causado.
En oportunidad de contestar la expresión de agravios presentada por la actora, el Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda Cesar R. Mongelós Valenzuela, expreso: "...se constata que la administración ha otorgado parcialmente lo solicitado por el contribuyente, cuyo monto total asciende a la suma de GUARANÍES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO (Gs. 773.093.824), de acuerdo a la transcripción contenida en la Nota DACCF/DCFF/C. N°135 de 11 de marzo de 2015, originada en el Departamento de Crédito y Franquicias Fiscales de Dirección de Asistencia al Contribuyente y Créditos Fiscales. Si la Nota DACCF/DCFF/C. N°135 de 11 de marzo de 2015 nunca fue cuestionada por la parte actora, mal puede pretender desconocer que la suma de GUARANÍES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO (Gs. 773.093.824) es parte del monto cuya devolución solicito la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Si el monto aludido ya fue reconocido, solicitado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y devuelto por la Administración, es absurda la teoría del apelante en el sentido de que el Tribunal omitió su pronunciamiento sobre el total de los montos solicitados. Pero no es ninguna torpeza la pretensión del accionante, considerando que el mismo sostiene que "... no es lo mismo calcular los accesorios legales sobre Gs. 1.289.331.190 que sobre Gs. 516.237.366... es decir, pretende que se le devuelva por la vía judicial lo que solícito y ya se le concedió por la vía administrativa y, sumar a esto los accesorios legales, pretensión que carece de sustento legal, y no se compadece con la realidad de los hechos, habida cuenta que al actor solamente le corresponde discutir sobre los montos que efectivamente no fueron devueltos, con exclusión de los que fueron reconocidos y devueltos por la Administración".
Por su parte, el Abg, Fiscal del Misterio de Hacienda Cesar R. Mongelós Valenzuela, bajo patrocinio del Abogado del Tesoro Ángel F. Benavente Ferreira, se agravia de la sentencia en los siguientes términos: "... el fallo evidencia una equivocación del Magistrado preopinante, al referirse a la existencia de un reconocimiento de los hechos por parte de la demandada, ya que en realidad, luce en el proceso que esta representación ministerial ratifico la cantidad de créditos tributarios que deberán ser devueltos por la Administración Tributaria, asi como también la cantidad de créditos fiscales cuestionados por COMPROBANTES IRREGULARES Y PROVEEDORES OMISOS E INCONSISTENTES, razón suficiente para solicitar a la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, la revocación del Acuerdo y Sentencia N° 198/16. Como la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, lo podrá corroborar, la administración Tributaría logro argumentar suficientemente los motivos por lo cual no fueron devueltos los créditos fiscales objeto de discusión, porque las documentaciones presentadas por el contribuyente registraron COMPROBANTES IRREGULARES Y PROVEEDORES OMISOS E INCONSISTENTES, Este análisis, resultado de la operación técnica ejecutada por funcionarios altamente calificados del departamento de Créditos y Franquicias Fiscales de la Dirección General de Grandes Contribuyentes, no fue considerado en el Acuerdo y Sentencia N° 198 de fecha 29 de julio de 2016 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, asi como tampoco se invocó disposición legal alguna por la cual no pueden ser aplicadas por la Administración Tributaria en el análisis de rigor, donde resulta la inobservancia por parte del contribuyente de las normativas contempladas en el Decreto N° 5.697/2010 y la Resolución N° 44/2010 entre las disposiciones reglamentarias aplicable al caso en estudio".
En oportunidad de contestar la expresión de agravios presentada por la Abogacía del Tesoro, el Abg. C. Luis Puente, en representación de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, expreso lo que sigue: "...Que, el procedimiento de repetición de pago regulado en la Ley 125/91 no pretende el reconocimiento de deuda, sino su pago; que en este caso, aunque se pueda considerar que existió dicho reconocimiento, este monto NUNCA ha sido acreditado o devuelto. Por tanto, de la forma en que ha resuelto el a quo, ha procedido a extinguir la obligación de la SET a devolver esa diferencia Guaraníes setecientos setenta y tres millones noventa y tres mil ochocientos veinticuatro (Gs. 773.093.824). Que, distinta hubiera sido la cuestión si hubiere resuelto el reconocimiento o allanamiento a la devolución de Guaraníes setecientos setenta y tres millones noventa y tres mil ochocientos veinticuatro (Gs. 773.093.824) y al mismo tiempo, reconocer el derecho a la devolución por pago indebido de la diferencia de Guaraníes diecinueve millones, ochocientos veinticuatro mil, novecientos veintitrés (Gs. 519.824.923). Que, existe una gran diferencia entre el reconocimiento de la deuda, en este caso el reconocimiento del pago indebido y su devolución o pago. El reconocimiento de la deuda, es una manifestación efectuada por un deudor a, un acreedor respecto de la existencia de una deuda del primero a favor del segundo... a quo debió haber resuelto, el reconocimiento de la suma Guaraníes y setecientos setenta y tres millones noventa y tres mil ochocientos veinticuatro (Gs. 773.093.824) y por otro lado, hacer lugar a la repetición por pago indebido de la suma de Guaraníes diecinueve millones, ochocientos" veinticuatro mil, novecientos veintitrés (Gs. 519.824.923), y de esta forma, disponer la devolución de la suma de Guaraníes Un Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Millones Trescientos Treinta y Un Mil, Ciento Noventa (Gs. 1.289.331.190) por pago indebido del IVA, mas sus accesorios legales, recargos y multas hasta la efectiva devolución o pago de lo debido. Y las costas a la perdidosa, ya que el reconocimiento parcial de la deuda no la exime de los elementos de la obligación; y en cuanto a su vínculo, el artículo 217° de la Ley No. 125/91, indica que el pago indebido o en exceso de tributos, intereses o recargos y multas, dará lugar a la repetición; por su parte, el artículo 223° de la misma ley señala..." si se acogiere la reclamación, se dispondrá también de oficio la repetición de los intereses o recargos y multas".
Yendo al examen de la cuestión debatida en autos, tenemos que la demandante la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, se vio compelida a requerir pronunciamiento judicial, a raíz de la negativa parcial de la Subsecretaría de Estado de Tributación de abonar totalmente el importe reclamado en concepto de repetición de pago indebido del IVA. En esta oportunidad, la SET reconoció parcialmente la obligación, aduciendo diversos extremos para su retaza: a) proveedores omisos, b) proveedores inconsistentes, c) comprobantes irregulares y d) diferencia de saldo.
El principio, y de manera general debemos establecer la posición jurídico ocupada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción respecto del Impuesto al Valor Agregado. Sobre el particular, es de enfatizar que la Universidad como concepto jurídico e institucional, en cuyo contexto opera la entidad reclamada ente el ad quem, tiene para mí el privilegio contemplado en el artículo 83° de la C.N., según el cual "no se gravara con impuestas fiscales y municipales... a la actividad con valor educativo...", desarrollado en este caso por una institución de nivel educacional terciario. Dicha enfática afirmación Constitucional, tiene enorme trascendencia jurídica porque si la propia Carta Magna dice y establece que "no se gravara...", significa que un el Parlamento Nacional ni el Poder Ejecutivo pueden intentar, siquiera legislar al respecto, por haber sido despojados de competencia jurídica constitucional en dicha materia. En esa línea de pensamiento también se expidió el ex Ministerio de la Corte Suprema de Justicia Dr. José Altamirano en el Acuerdo y Sentencia N° 763 de Fecha 8 de agosto de 2007, coincidente con la opinión anteriormente vertida por el Profesor Dr. Sindulfo Blanco en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y en la Gaceta Judicial, y que tiene su referente histórico en la normativa y doctrina Constitucional Brasilera.
Cuando la propia Constitución Nacional, introduce este caso de incompetencia jurídico-funcional para ambos poderes del Estado en materia tributaria, se está en presencia de la llamada "inmunidad fiscal", porque la propia Carta Magna ya regula el tratamiento a disponer sobre el caso.
En consecuencia, carece de objeto examinar acerca de la "exoneración" a la que tantas veces recurrió la parte demandada, para sustentar la pretensión del Ministerio de Hacienda, porque la inmunidad fiscal supone imposibilidad jurídica de que el Parlamento Nacional intente siquiera ocuparse del tema, mientras que la exoneración o dispensa legal es materia propia del ámbito legislativo.
Que, en lo medular, la cuestión a ser resuelta por este tribunal, se resume: en la devolución parcial de créditos fiscales generados en la compra de bienes y servicios en virtud a la "inmunidad" fiscal de las Universidades; por su parte, la Administración no niega el derecho a la devolución, pero la condiciona, alegando inconsistencia documental e incumplimiento reglamentario.
Que, la controversia entre las parte se encuentra resumida en los párrafos anteriores; la actora solicita devolución de créditos fiscales abonados indebidamente en la compra de bienes y servicios afectados a su actividad "Educativa y de Promoción al deporte", debido a que constitucionalmente se le dispensa su pago, a manera de intimidad fiscal; por su parte, la administración, sin negar la calidad de entidad exenta, rechaza parcialmente el monto solicitado, efectuando un reconocimiento fragmentado; pero, supeditando su efectiva devolución a procedimiento ajenos a los regulados en la Ley No. 125/91, especialmente en su artículo 222°.
Que, hay que recordar lo dispuesto por el Art. 217° de la Ley N° 125/91 que dispone: "Repetición de pago - El Pago indebido o en exceso de tributos, intereses, recargos y multas, dará lugar a repetición. La devolución de tributos autorizada por leyes o reglamentos, a título de incentivo, franquicia, tributaria o exoneración, estará regida por la ley o el reglamento que la conceda y solo supletoriamente se someterá al presente procedimiento. Los pagos a cuenta o anticipos excesivos serán devueltos de oficio o de acuerdo a las normas pertinentes." La citada norma establece tres supuestos: 1) pago indebido, 2) devolución de incentivos fiscales y 3) pagos en exceso.
En el presente caso, dada la inmunidad fiscal de la actora, se trata de un caso de repetición de pago indebido. A este respecto, el pago supone el cumplimiento de una obligación, en el caso de la obligación tributaria, el pago corresponde a los sujetos obligados; para el caso particular, la Universidad no es un sujeto obligado por el IVA pero dada la mecánica del impuesto; efectivamente, es el comprador el que lo paga, al encontrarse incluido en el precio; ante esta operativa, aunque la Universidad se encontraba excusada del pago, no le quedó otra opción que la de soportar dicha carga y es ante la carencia de otro método para evitar esa imposición, se recurre subsidiariamente a la figura de la repetición de pago, vía esta que fuera admitida como procedente para la devolución en el Acuerdo y Sentencia N°763 de fecha 08 de agosto de 2007, por el cual la Sala Constitucional de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, declarara la inconstitucionalidad del artículo 83° numeral 4) incisos a) y c), a favor de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
Valga la aclaración anterior ya que, en varios punto s de sus postulantes, la Abogacía del Tesoro confunde la figura de la repetición de pago con la de la devolución; incluso, en ocasiones se refiere al procedimiento del art. 88° de la Ley No. 125/91 (TA) cuando que, la vía correcta es la establecido en los artículos 217° al 222° del mismo cuerpo legal.
Todo pago supone la existencia de un deuda, al no existir esta, se produce una especie de enriquecimiento ilícito, ya que la entrega del dinero carece de razón jurídica y debe ser restituida.
Queda claro, entonces, que la devolución que se practica a favor de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, no es del crédito fiscal del IVA, sino en concepto de pago indebido en cada una de las facturas abonadas por la misma en sus compras de bienes o en las prestaciones de servicios recibidos. Ante este panorama, la Administración debe limitarse a cuantificar el monto en concepto de IVA abonado en cada factura por la Universidad y proceder inmediatamente a su devolución de conformidad al artículo 222° de la Ley No. 125/91, dado el carácter de procedimiento legal establecido para hacer efectivo el beneficio impositivo.
Cualquiera sea el fundamento de la Administración Tributaria, para el rechazo parcial de la devolución del pago indebido del IVA soportado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, este carece de sustento, sin importar de que se trate de comprobantes irregulares, inválidos, o proveedores omisos o inconsistentes; lo relevante es que la Universidad no debió soportar la carga, por lo que se constituye en un pago indebido "per se" en cada factura; y, en el procedimiento de devolución del pago indebido no deben juzgarse cuestiones formales o irregularidades sustanciales, - ello se debe tramitar por la vía del procedimiento para la aplicación de sanciones. Por ende, cualquier pago de tributo efectuado debe ser devuelto de inmediato, la comisión de infracciones debe juzgarse .por separado a quien corresponda conforme cada caso en particular.
De lo expresado, surge con meridiana claridad el derecho, invocado por la parte reclamante de la devolución, sin que pueda condicionarse tal repetición a tramites ajenos al procedimiento de repetición, ni al hecho de que la administración tributaria pueda o no recuperar de terceros el importe respectivo porque resulta impropio al poder público pretender desplazar sobre un inocente la culpa propia o ajena.
Con respecto a pretender la Administración Tributaria limitarse a realizar una mera tarea de fiscalización para que posteriormente el contribuyente, deba impulsar una suerte de procedimiento de ejecución par la Vía del Decreto No. 850/13, implica una mutación arbitraria del procedimiento establecido en la Ley; lo contrario sería admitir que por la vía reglamentaria (decretos), se modifiquen las leyes promulgadas por el Parlamento Nacional. De hecho, el Decreto No. 850/13 no se contradice con el trámite de repetición de pago, sino que es la interpretación dada por la Subsecretaría de Estado de Tributación en la que pretende ampliar el alcance real, de lo expresamente determinando en la propia Ley Impositiva vigente en su Art. 222° (Ley N°125/91)... "el presupuesto General de la Nación deberá prever los fondos para la devolución de los tributos. La imprevisión no impedirá la devolución, la que deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la resolución firme que haga lugar a la devolución" (las negritas son de nuestro bagaje).
En primer lugar, el Decreto No. 850/13 se refiere a casos en los que existan sentencias firmes y ejecutoriadas provenientes de obligaciones diversas del Estado (indemnizaciones varías, contratos incumplidos diversos, pagos de Honorarios Profesionales, etc.) en ningún modo establece que el pedido de devolución por pagos indebidos y/o en excesos por Impuestos reclamados en sede administrativa y confirmados dichos pedidos, según resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas, deban para el cumplimiento de las condenas correspondientes recurrir a algún trámite reglamentario, por la sencilla razón que los mismos irían en contra de lo expresamente restablecido en el Art. 222° de la Ley Tributaria vigente citado en el párrafo anterior; y es más, conforme los usos y costumbres implementados y utilizados por la Subsecretaria de Estado de Tributación en el cumplimiento de las condenas judiciales, ha procedido a la utilización de la figura jurídica de la compensación, conforme a lo establecido en el Art. 163° de la Ley N° 2421/04. Lo que realmente determina (Decreto N°850/13), es que el Ministerio de Hacienda debe prever con antelación los procedimientos presupuestarios para pagos de los reclamos realizados judicialmente; una buena medida sería, la de recomendar una previsión presupuestaria a partir de notificada la demanda, para que cuando la sentencia quede firme y ejecutoriada, las devoluciones se efectúen en los plazos legales establecidos.
Finalmente sobre la cuestión tratada en los últimos parágrafos, vale la pena traer a colación cuando sigue: a) el proceso administrativo de devolución de los tributos abonados indebidamente fue interpuesto bajo expediente N° 20143021614 de fecha 13/8/14 y b) la carta Magna Paraguaya determina en su articulado 83° último párrafo:... "la ley reglamentara estas exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo para la introducción al país de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigación científica y tecnológica, así como para su difusión en el país y en el extranjero". Corolario; mediante medios burocráticos la administración tributaria difiere en el tiempo, el cumplimiento de los fallos forenses, dejando de lado el espíritu de lo claramente establecido en la Constitución Nacional y las normas vigentes en la materia, en lo que respecta al honramiento a las Devoluciones de Impuestos Abonados Indebidamente y a los "eventuales estímulos" para potenciar las actividades educativas en la República del Paraguay.
El Decreto N° 850/13, en su artículo 2° dispone: "Instrúyase al Ministerio de Hacienda para que implemente todos los procedimientos administrativos tendientes a la programación, inclusión o modificación presupuestaria necesarios, para cancelar los créditos reclamados por las Entidades mencionadas en el Artículo 1° de este Decreto, incluidos los accesorios legales de conformidad a las disposiciones legales vigentes en materia de Administración Financiera del Estado". De esta forma se complementa el Articula 222° de la Ley 125/91, que en su último párrafo señala: ... "el presupuesto General de la Nación deberá prever los fondos para la devolución de tributos. La imprevisión no impedirá la devolución, la que deberá realzarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la resolución firme que haga lugar a la devolución".
Conforme a lo anterior, el Ministerio de Hacienda debe efectuar una previsión presupuestaria a fin de contar con fondos suficientes para hacer frente a las devoluciones dispuestas en sede administrativa y/o judiciales, en los términos del artículo 222° (Ley N°125/91); por su parte, el Decreto N° 850/13 advierte que en casos que la devolución en sede administrativa no haya sido admitida y posteriormente sean reclamados judicialmente logrando sentencia favorable, también deberá contarse con fondos para su devolución; de esta forma, se evita la imprevisión que conforme a la norma legal, no constituye impedimento para la devolución.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la C.N., que determina el orden de prelación de las leyes expresa: "DE LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCION La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intenta cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución."
Finalmente, por Rango Constitucional y las argumentaciones precedentemente citadas y expuestas entendemos que debe darse cumplimiento, a lo determinado en el artículo 222°, de la ley Tributario vigente en lo que respecta: "...La devolución deberá hacerse en dinero, salvo que procediere la compensación con deudas tributarias, de acuerdo con lo previsto en esta ley. El Presupuesto General de Gastos de la Nación deberá prever los fondos para la devolución de tributos. La imprevisión no impedirá la devolución, la que deberá realizarse dentro de los treinta días (30) días siguientes a la fecha de la resolución firme que haga lugar a la devolución."
En consecuencia lo reclamado es jurídicamente procedente, debiendo revocarse al Acuerdo y Sentencia N°198/2016 del Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Resultando procedente otorgar la devolución de la totalidad de monto solicitado más los accesorios legales correspondientes y efectuarse los cálculos de intereses, desde el día siguiente del vencimiento del plazo que tenía aquel contribuyente perceptor del IVA débito, es decir, el proveedor de mercaderías y servicios de la Universidad Católica Nuestra Señora de la. Asunción, de oblar el tributo retenido, porque dicho impuesto, tiene la característica de que el hecho imponible sé configura por cada operación instantánea, aislada eventual, pero que el ingreso del gravamen, por razones administrativas, se realiza cada fin de mes y conforme al calendario tributario vigente.
Por los fundamentos expresados, corresponde revocar la resolución apelada y en cuanto a las costas, imponerlas a la vencida, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 203 inc. b) y al artículo 205 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
A SU TURNO EL DOCTOR CARMELO A. CASTIGLIONI MANIFESTO: Que, por las manifestaciones y argumentaciones expuestas por el Excmo. Sr. Ministro MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, se adhiere al voto del mismo, en la, materia debatida.
Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante mí que certifico quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden la
1) TENER POR DESISTIDO, el recurso de Nulidad interpuesto por la parte actora.
2) NO HACER LUGAR al recurso de Nulidad interpuesto por la parte demandada.
3) HACER LUGAR al recurso de Apelación interpuesto por la representación legal de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, y en consecuencia;
4) REVOCAR, el Acuerdo y Sentencia N° 198 de fecha 29 de julio de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas - Primera Sala, y por tanto REVOCAR el acto administrativo impugnado y DISPONER que la Subsecretaría de Estado de Tributación (Ministerio de Hacienda) procesa a repetir a favor de la actora lo pagado indebidamente del Impuesto al Valor Agregado por el monto de Guaraníes Un Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Millones Trescientos Treinta y Un Mil, Ciento Noventa (Gs. 1.289.331.190), correspondientes a la obligación IVA de los periodos fiscales desde julio del año 2012 hasta marzo del año 2013, además de las multas y de los intereses calculados conforme a lo establecido por la Sala Penal, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. Debiendo implementarse el cumplimiento de la condena judicial dentro de los treinta (30) días a la fecha de quedar firme y ejecutoriado el presente Acuerdo y Sentencia.
5) IMPONER las costas a la parte demandada.
6) ANOTAR registrar y notificar.
Dr. Carmelo Castiglioni. Miembro
Abog. Pablo Cáceres. Secretario