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Timestamp: 2016-12-05 08:28:32
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Matched Legal Cases: ['artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 16', 'artículo 83', 'artículo 49', 'artículo 241', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 625', 'Artículo 625', 'artículo 211', 'Artículo 211', 'artículo 10', 'artículo 211', 'Artículo 211', 'artículo 8', 'artículo 26', 'artículo 78', 'artículo 79', 'artículo 82', 'artículo 86', 'artículo 365', 'artículo 366', 'artículo 206', 'artículo 150', 'artículo 228', 'artículo 91', 'artículo 11', 'artículo 91', 'artículo 140']

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[Sentencia C-0157-13] – Constitucionalidad Ley 1564 de 2012 artículo 206 – Código general del proceso
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Actor: Jhon Armando Gartner López. Demanda de inconstitucionalidad: Ley 1564 de 2012, artículo 206, Parágrafo único.
Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.
El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento. El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 2. Demanda: pretensión y razones de inconstitucionalidad.
2.1. Principio de proporcionalidad de la sanción. Se vulnera al prever una consecuencia jurídica excesiva, como es la de una condena equivalente al cinco por ciento de lo pretendido, para la persona que presenta una demanda cuyas pretensiones se niegan por falta de demostración de los perjuicios. Y se afirma que la sanción es excesiva por cuanto el mero hecho de presentar una demanda de estas características y, con ella, dar origen a un proceso judicial, es una “actuación procesal que implícitamente no perjudica ni a la contraparte ni mucho menos a terceros dentro de la relación jurídico procesal”. Agrega que el exceso es más notorio cuando se aprecia que la sanción se aplica también a aquellos casos cuya cuantía sea muy baja e incluso “irrisoria”. 2.2. El principio de la buena fe. Se afecta en la medida en que la norma demandada se basa en la desconfianza respecto de la conducta de los demandantes, a quienes se impone una serie de requisitos formales excesivos, al punto de atemorizar de manera injustificada, a quien no duda en calificar como “la parte más débil dentro de la relación procesal”.
2.3. Acceso a la justicia y el debido proceso. Al castigar de forma desproporcionada el incumplimiento de una serie de meros requisitos formales; valga decir, que la sanción fijada como consecuencia “de una simple afirmación subjetiva que depende más de un formalismo procesal, que de un derecho sustancial propiamente dicho”, amedrenta a las personas para acceder a la justicia y desconoce su derecho a un debido proceso. En la demanda también se alude al principio de reparación integral de los daños, que se trae a cuento, con base en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
3.1. Ministerio de Justicia y del Derecho: exequibilidad. 3.1.1. Dice que el Código General del Proceso busca adecuar las normas procesales a la Constitución de 1991 y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Al repasar la exposición de motivos de este código y su proceso de formación, destaca que uno de sus propósitos centrales es el de fortalecer la efectividad del juramento estimatorio.
3.2.1. Apunta que la institución del juramento estimatorio se funda en el principio de buena fe reconocido en el artículo 83 de la Carta, conforme al cual deben actuar tanto los particulares como las autoridades, al punto de que se llega a presumir en las gestiones que los primeros lleven ante las segundas. 3.2.2. Destaca que el proceso judicial no es ajeno al principio de la buena fe, pues dentro de él las personas deben abstenerse de conductas como mentir, engañar o manipular a los demás sujetos procesales o al juez. La conducta de magnificar el objeto del reclamo ante la justicia, de manera “desleal y torticera”, se inscribe dentro de estas conductas. 3.2.3. Precisa que la norma demandada reconoce al juramento estimatorio el valor de medio de prueba, de tal suerte que si no se desvirtúa en el proceso, basta la afirmación del interesado para dar por probada tanto la existencia como la cuantía de los perjuicios. Ante tal circunstancia, el que el juramento no corresponda a la realidad, bien sea porque los prejuicios no existen o bien sea porque su cuantía es mucho menor a la real, denota un incumplimiento del deber constitucional y legal de quien hace el juramento.
3.3. Universidad Externado de Colombia: exequibilidad. 3.3.1. Resalta que el legislador tiene un amplio margen de configuración para regular los procesos judiciales. Dentro de este margen no es irrazonable prever una sanción en caso de que la conducta del actor sea la de promover procesos en los cuales se pretendan sumas exorbitantes, sin soporte, justificación o fundamento. Y no lo es, porque los actores deben ser ponderados, prudentes y certeros a la hora de estructurar sus pretensiones, a fin de darle seriedad a su demanda y a la contienda judicial.
3.4.3. Señala como relevante el precedente contenido en la Sentencia C-203 de 2011, en la cual la Corte declaró inexequible la expresión “no reúne los requisitos, o”, contenida en el inciso 3 del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010. Para llegar a esta conclusión, la Corte consideró que sancionar la conducta de no presentar una demanda de casación en materia laboral con el lleno de los requisitos, con la declaración de desierto del recurso y con una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales al apoderado judicial, era contrario a la Carta, ya que “el ejercicio antitécnico de las facultades procesales, no puede convertirse en un hecho reputado como ilícito, merecedor de sanciones de cualquier índole”. 3.5. Xiomara Marcela Romero Carvajal y Juan Ignacio Guerra: inhibición o, en su defecto, exequibilidad condicionada.
3.5.2. La ineptitud de la demanda se presenta porque ésta: (i) no es clara, en tanto existen “secciones que son oscuras en su redacción o absolutamente generales”; (ii) carece de certeza, en la medida en que no examina el supuesto de hecho objeto de reproche y, por el contrario, sostiene que el artículo se ocupa de la debida o indebida estimación de los perjuicios, no obstante que la disposición se refiere a la falta de prueba de los mismos; y (iii) la acusación no consigue presentar un argumento que resulte relevante desde una perspectiva constitucional y, en consecuencia, carece de suficiencia. 3.5.3. De manera subsidiaria se solicita que se declare la exequibilidad de la norma demandada, bajo el entendido de que sólo procede la sanción cuando “quien realizó el juramento estimatorio no discriminó cada uno de los conceptos de la estimación y es renuente a la práctica de pruebas solicitadas por la contraparte y decretadas por el juez y/o las decretadas de manera oficiosa por el juez”.
4. Concepto del Procurador General de la Nación: inhibición. 4.1. Estima que la demanda no cumple con los mínimos argumentativos de claridad y certeza, requeridos para que la Corte pueda pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad de la norma demandada.
4.3. Precisa que la circunstancia de no demostrar la existencia de perjuicios, que es previa y fundamental para demostrar su cuantía, puede deberse al menos a dos hipótesis: o bien a que los perjuicios no se causaron o bien a que no se satisfizo la carga de la prueba. 4.4. Si es lo primero, el obrar del actor es temerario, descomedido y reprochable. 4.5. Si es lo segundo, caben dos sub hipótesis, a saber: que la carga de la prueba no se satisfizo por el obrar desatinado o negligente del autor en el proceso, o que la carga de la prueba no se satisfizo porque los medios de prueba idóneos para satisfacerla se extinguieron o desaparecieron. En la primera sub hipótesis la conducta del actor es inadmisible e injustificable. En la segunda sub hipótesis, que admite variantes como la muerte de un testigo, o la destrucción de un documento, etc., habría que establecer si dicha extinción o desaparición ocurrió ante de iniciar el proceso, pues de ser así, la conducta de promoverlo a pesar de todo, es también reprochable. 4.6. Por lo tanto, las hipótesis que pueden dar cuenta de la circunstancia de no haber demostrado los perjuicios ponen en evidencia el descuido e irresponsabilidad del actor, y en algunos casos su dolo. En este contexto, “existe una razón suficiente para la sanción que prevé el parágrafo demandado, dado el desgaste injustificado que la conducta culpable del demandante genera al demandado, a los terceros que intervengan en el proceso y a la propia administración de justicia”.
II. CONSIDERACIONES	1. Competencia. La Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la disposición demandada, incorporada en la ley 1564 de 2012, atendiendo lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política. 2. Aptitud de la demanda.
Entre otras, en las Sentencias C-1052 de 2001 y C-856 de 2005, la Corte precisa el alcance de los mínimos argumentativos de claridad, certeza y suficiencia, al decir que hay claridad cuando existe un hilo conductor de la argumentación que permite comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las cuales se soporta; hay certeza cuando la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente y no en una que el autor deduce de manera subjetiva, valga decir, cuando existe una verdadera confrontación entre la norma legal y la norma constitucional; y hay suficiencia cuando la demanda tiene alcance persuasivo, esto es, cuando es capaz de despertar siquiera una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma demandada. 2.1. En cuanto a la claridad, se sostiene que la demanda tiene secciones oscuras en su redacción y que confunde la hipótesis de la inadecuada estimación de los perjuicios con la hipótesis de la falta de prueba de los mismos. Pese a que en realidad la demanda sí tiene secciones oscuras y a que suele aludir también a la hipótesis de la inadecuada estimación de los perjuicios, tanto el punto de partida de su discurso, como su desarrollo y conclusión, además de referirse a la norma demandada, contienen un hilo conductor que permite comprender su contenido y las justificaciones en las cuales se soporta, conforme pasa a verse.
La demanda parte de considerar, de manera correcta, que el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso prevé una sanción para la persona cuyas pretensiones se desestimen por no haber demostrado los perjuicios. En su desarrollo, la demanda cuestiona la sanción por considerarla excesiva y desproporcionada, frente a la conducta que la suscita, al punto de que puede afectar el acceso a la administración de justicia y el debido proceso. Y lo hace a partir de dos referentes: el principio de proporcionalidad y el principio de buena fe. 2.2. En cuanto a la certeza, se anota que la demanda censura la sanción prevista para el evento de no demostrar los perjuicios con argumentos predicables de la sanción que corresponde a una inadecuada estimación de los mismos. También se dice que la demanda asume como punto de partida una hipótesis fáctica falsa: que la actuación procesal objeto de sanción no perjudica ni a la contraparte ni a terceros. Y a partir de esta hipótesis plantea los argumentos relativos al principio de proporcionalidad y de buena fe. La demanda recae sobre el contenido real de la disposición legal demandada, pues, como se advierte en el punto anterior, no hay duda acerca de que el parágrafo demandado prevé una sanción para la persona cuyas pretensiones se desestimen por no haber demostrado los perjuicios. De la circunstancia de que la demanda se base en una hipótesis fáctica controvertible, como es la de que en el caso de que las pretensiones se nieguen por no haber demostrado los perjuicios no se perjudica ni a la contraparte ni a terceros, no se sigue que la demanda carezca de certeza. Y es que aún en el muy probable caso de que sí se cause perjuicios a la contraparte, a los terceros y a la propia administración de justicia, la precariedad de la hipótesis fáctica no afecta la certeza de la demanda sino su eventual prosperidad.
Corresponde establecer si el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso, que regula el medio de prueba del juramento estimatorio, al prever una sanción equivalente al cinco por ciento del valor pretendido, en el evento de que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, vulnera el principio de buena fe, constituye una medida excesiva que desconoce principio de proporcionalidad de la sanción y, por ende, viola el derecho a acceder a la administración de justicia y el derecho a un debido proceso. 4. El juramento estimatorio en la tradición jurídica nacional.
4.1. El juramento estimatorio es una institución añeja dentro de la tradición jurídica de la República. En la primera mitad del Siglo XX, la Ley 105 de 1931, sobre organización judicial y procedimiento civil, ya la preveía en su artículo 625, en los siguientes términos: Artículo 625.- La declaración jurada de una parte, cuando la ley autoriza a ésta para estimar, en dinero, el derecho demandado proveniente de perjuicios u otra causa, hace fe mientras esa estimación no se regule en articulación suscitada a pedimento de la otra parte en cualquier estado del juicio, antes de fallar.
4.2. En la segunda mitad del Siglo XX la institución del juramento estimatorio conserva sus rasgos principales. Así se lo constata al revisar el artículo 211 del Decreto 1400 de 1970, por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil, cuyo texto es el siguiente: Artículo 211. El Juramento de una parte cuando la ley la autoriza para estimar en dinero el derecho demandado, hará prueba de dicho valor mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que lo admita o en el especial que la ley señale; el juez de oficio podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.
Si la cantidad estimada excediere del doble de la que resulte en la regulación se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte, a título de multa, una suma equivalente al diez por ciento de la diferencia. 4.3. La reforma legal más próxima en el tiempo a la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, que se ocupa del juramento estimatorio, es la Ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. En su artículo 10 se dispone que el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil quedará así: Artículo 211. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.
5.1.1. Según el artículo 8, salvo las excepciones de ley, corresponde a las partes iniciar el proceso y a los jueces adelantarlos por sí mismos, al punto de responder por las demoras que les sean imputables. Por lo tanto, la carga procesal es de las partes. 5.1.2. El artículo 26 establece las reglas para determinar la cuantía. Estas reglas se basan dos criterios: el criterio general es el del valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin incluir los frutos, intereses, multas o perjuicios accesorios que se causen con posterioridad a la presentación de ésta; el criterio especial es el del valor del avalúo catastral, que se aplica en procesos de deslinde y amojonamiento, de pertenencia y saneamiento de la titulación, divisorios, de sucesión, de tenencia por arrendamiento y de servidumbres. En el proceso de tenencia por arrendamiento, el criterio es el del valor de la renta por el término del contrato y, si este fuere por término indefinido, lo será el valor de la renta de los doce meses anteriores a presentar la demanda. Por lo tanto, determinar la cuantía es una actividad sometida a reglas precisas y a criterios objetivos. 5.1.3. Entre los deberes de las partes y sus apoderados, previstos en el artículo 78, se debe destacar el deber de proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, y el deber de obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales, contenidos en los numerales 1 y 2. Así, el proceder sin lealtad y buena fe u obrar con temeridad en las pretensiones, implica el incumplir deberes.
5.1.4. De manera coherente con los deberes antedichos, en el artículo 79 se establece una serie de eventos en los cuales se presume la existencia de temeridad o mala fe. Entre estos eventos, conviene destacar que la presunción tiene lugar cuando es manifiesto que la demanda carece de fundamento legal, o cuando, a sabiendas, se alega hechos contrarios a la realidad, o cuando se emplea el proceso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. En conclusión, existen instrumentos legales idóneos para establecer la temeridad o mala fe de la conducta de los involucrados en el proceso.
5.1.5. En caso de incumplir su deber, por obrar de manera temeraria o de mala fe, tanto las partes como sus apoderados responderán por los perjuicios que causen, al tenor de lo dispuesto en los artículos 80 y 81. Esta responsabilidad existe sin perjuicio de las costas del proceso, y el juez tiene la obligación de imponer la correspondiente condena, si se trata de una parte, o multa, si se trata del apoderado, cuando encuentre demostrada la conducta. En el caso de los abogados, su proceder también debe ser puesto en conocimiento de las autoridades disciplinarias. De este modo, la responsabilidad por los perjuicios causados es diferente de las costas del proceso, y puede tener implicaciones patrimoniales para las partes y patrimoniales y disciplinarias para sus apoderados.
5.1.6. Señalar la cuantía, por la vía del juramento estimatorio, cuando sea necesario, o por la vía de su estimación razonada, es uno de los requisitos de la demanda, al tenor de lo previsto en el artículo 82, numerales 7 y 9. Este requisito no es un mero formalismo, pues guarda relación con un medio de prueba y, en todo caso, es necesario para determinar la competencia o el trámite. Por lo tanto, señalar la cuantía no es un requisito prescindible o caprichoso, sino un presupuesto necesario para el trámite del proceso.
5.1.7. Si en la demanda o en su contestación, la parte o su apoderado, o ambos, suministran información que no corresponda a la verdad, en el artículo 86 se prevé que habrá lugar a remitir las copias pertinentes para los procesos penales y disciplinarios, a imponer una multa y a condenar a una indemnización de perjuicios. Así, la falta de rigor con la veracidad de la información aportada, genera consecuencias penales, disciplinarias y patrimoniales.
5.1.8. La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra.
5.3.1. En el texto original del proyecto de ley, que aparece publicado en la Gaceta del Congreso 119 de 2011, no está el parágrafo en comento. Sin embargo, ya es visible el papel destacado que el juramento estimatorio está llamado a cumplir en asuntos como la rendición provocada de cuentas (art. 379), las mejoras (art. 412) y la regulación de perjuicios (art. 439). 5.3.2. En el informe de ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes, que aparece en la Gaceta del Congreso 745 de 2011, se da cuenta de las modificaciones del texto, entre las cuales vale la pena destacar la de combatir maniobras para presentar una estimación de las pretensiones que no se ajuste a la realidad, con miras a eludir el pago del arancel judicial.
5.3.3. El parágrafo objeto de la demanda se incorpora al artículo 206 del proyecto de ley, en el primer debate en el Senado de la República. En el informe ponencia correspondiente, que aparece en la Gaceta del Congreso 114 de 2012, se justifica la inclusión del parágrafo en la necesidad de regular la hipótesis de que las pretensiones sean desestimadas, valga decir, aquellos casos en los cuales el juramento no es fabuloso en sí mismo, sino que son las pretensiones las que son fabulosas. La razón de esta norma es, pues, “desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias”.
6. Cargo: 6.1. Concepto de inconstitucionalidad en la demanda. El actor vislumbra el alcance y el propósito de la sanción, pero censura su falta de proporcionalidad. Su línea argumentativa conduce a calificar a la sanción prevista en la norma demandada como un exceso, atribuible quizá a un formalismo desbordado, que parece estar dispuesto a sacrificar la buena fe, el acceso a la justicia y el debido proceso.
6.2.2. En el primer escenario hipotético -que corresponde al ejemplo que se da en el informe ponencia al que se alude atrás-, es evidente que la causa del fenómeno es una conducta temeraria, que puede tener importantes consecuencias en materia de responsabilidad, conforme a varias de las normas legales analizadas. 6.2.3. En el segundo escenario hipotético, en el cual los perjuicios sí existen, la falta de satisfacción de la carga de la prueba puede deberse a diversas causas. Esta diversidad permite plantear al menos dos nuevos escenarios hipotéticos: (i) los perjuicios no se demostraron porque la parte a la que correspondía la carga de la prueba obró de manera ligera, negligente y descuidada; y (ii) los perjuicios no se demostraron porque, pese a la diligencia de la parte a la que correspondía la carga de la prueba, los medios de prueba existentes y adecuados para demostrarlos, no pudieron ser puestos en conocimiento del juez. 6.2.4. Ni la norma ni la demanda se ocupan de distinguir entre los anteriores escenarios hipotéticos y, por lo tanto, parecen predicarse de todos ellos. El análisis de la Corte los tendrá en consideración, ya que no se trata de situaciones equiparables o semejantes, en especial desde el punto de vista de la culpabilidad, que es un elemento significativo y crucial al momento de analizar una sanción, como la prevista en la norma demandada.
6.3. Libre configuración del legislador en materia procesal. Reiteración de la jurisprudencia. 6.3.1. Al interpretar el artículo 150.2 de la Carta, la Corte ha puesto de presente que, con base en la competencia del Congreso de la República para “expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”, éste goza de “una amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”. En ejercicio de esta libertad puede “evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial”. 6.3.2. Al regular el procedimiento en los procesos judiciales, el Legislador asegura la efectividad de los derechos constitucionales a acceder a la justicia y a un debido proceso, consolida la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y la finalidad de los procesos y desarrolla el principio de legalidad.
6.3.3. En ejercicio de su competencia constitucional, según el recuento que se hace en la Sentencia C-738 de 2006 y que se reitera en la Sentencia C-203 de 2011, el legislador puede: (i) fijar las etapas de los procesos y establecer los términos y las formalidades que se deben cumplir; (ii) definir las competencias entre los entes u órganos del Estado, cuando no las haya establecido la Constitución de manera explícita; (iii) regular los medios de prueba; (iv) definir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, los poderes y deberes del juez, y las exigencias aplicables a los terceros, sea para asegurar la celeridad y eficacia del proceso, sea para proteger a las partes o intervinientes, o sea para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a éstos; (v) establecer los recursos y medios de defensa disponibles contra los actos de las autoridades. 6.3.4. De los anteriores puntos, revisten especial importancia para este caso el tercero y el cuarto. 6.3.4.1. En materia de medios de prueba, el legislador puede regular el ejercicio de presentar y solicitar pruebas; el ejercicio de controvertir las pruebas que se presenten; la publicidad de la prueba, para garantizar su posible contradicción; la regularidad de la prueba, es decir, la obtención de ésta conforme al debido proceso; el decreto y práctica de pruebas de oficio, cuando sea necesario para asegurar la realización y efectividad de los derechos; y la valoración de los medios de prueba por el juez.
6.3.4.2. En materia de deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, el legislador puede establecer requisitos, señalar plazos u oportunidades para cumplirlos, y fijar consecuencias jurídicas en caso de que no se cumplan en su correspondiente oportunidad. 6.3.5. Si bien el Legislador goza de una amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, ésta está sujeta a unos límites, dados por los valores, los principios y las reglas constitucionales. La competencia del Congreso de la República y, con ella, el principio democrático, debe examinarse a la luz de otros principios, como el de primacía del derecho sustancial, el de la buena fe y el de imparcialidad, y con algunos derechos como el de acceder a la administración de justicia y a un debido proceso. 6.3.6. Para establecer si el ejercicio de la Libertad del legislador desborda los límites a los cuales se encuentra sometida, la Corte ha decantado una serie de criterios. En la Sentencia C-227 de 2009, se los precisa así:
En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.). 6.3.7. Es menester, entonces, que en todo caso exista un principio de razón suficiente que justifique el mandato contenido en la norma legal. La existencia de este principio de razón suficiente debe establecerse a partir de un juicio de proporcionalidad y razonabilidad, conforme a los criterios antedichos. 6.3.8. A modo de ejemplo, se trae la Sentencia C-227 de 2009, en la cual la Corte estudia la exequibilidad del numeral 3 del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003. La norma demandada preveía la ineficacia de la prescripción y la operancia de la caducidad, cuando la nulidad del proceso comprendiera la notificación del auto admisorio de la demanda. El primer cargo estudiado era el de que la norma representa un límite desproporcionado al derecho de acceder a la justicia. Los cargos restantes aludían al principio de prevalencia del derecho sustancial y al derecho a la igualdad.
6.3.8.2. Allí también se recuerda que la ley puede asignar a las personas unas cargas para el ejercicio de sus derechos en el ámbito procesal, y se precisa que éstas “son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables”.
6.3..8.4. En su análisis la Corte encuentra que la norma es adecuada respecto con el demandante que abandona o descuida las cargas que le corresponde asumir, pero no lo es respecto del demandante diligente, a cuya conducta no se puede atribuir la declaración de nulidad, ya que esta puede ocurrir por otras causas, pues el error en la selección de la jurisdicción o de el juez competente puede ser resultado de factores que escapan a su control, como es el caso de “las incongruencias de todo el engranaje jurídico, o las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales existentes en materia de competencia y jurisdicción”. 6.3.8.5. En vista de la anterior circunstancia, la Corte encuentra que la redacción indiscriminada y genérica de la norma demandada termina por imponer una carga y, por ende, una sanción por no satisfacerla, “al demandante diligente que ha ejercido su acción en tiempo y que no ha dado lugar a la declaratoria de nulidad”. Por tanto, concluye que en este escenario hipotético la norma resulta desproporcionada respecto del acceso a la justicia. Esta conclusión se plasma en la siguiente decisión:
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el numeral 3° del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por la Ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a las causales de nulidad previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, “en el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad sólo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante”. 6.4. El caso concreto.
6.4.1.1. Ya que la norma demandada se refiere a las sanciones impuestas por la falta de demostración de los perjuicios y no por su sobreestimación, corresponde proseguir con el análisis de su finalidad en este preciso contexto. Así, pues, la Corte encuentra que la finalidad de desestimular la presentación de pretensiones temerarias no es contraria a la Carta. Y no lo es, porque presentar este tipo de pretensiones no puede hallar cobijo ni en el principio de la buena fe, que defrauda y anula, ni en los derechos a acceder a la justicia y a un debido proceso. 6.4.1.2. La temeridad y la mala fe van en clara contravía de la probidad y la buena fe en las que se inspira y funda en Código General del Proceso. Las conductas temerarias, de cuya comisión hay una evidencia objetiva, como es la decisión judicial de negar las pretensiones por falta de demostración de perjuicios, no pueden ampararse en la presunción de buena fe. Y no lo pueden hacer porque en la práctica, el obrar temerario y de mala fe desvirtúa la presunción.
6.4.1.3. Además, el obrar con temeridad y mala fe desconoce las cargas procesales de las partes, sus deberes en el trámite del proceso, se enmarca dentro de las presunciones de temeridad y mala fe y compromete la responsabilidad de las partes y de sus apoderados.
6.4.2. En segundo lugar, corresponde establecer si la norma demandada es potencialmente adecuada para cumplir con la finalidad antedicha. El prever una sanción especial, de carácter patrimonial, para el evento en que las pretensiones sean negadas por no haberse demostrado los perjuicios, es un dispositivo normativo que, junto a las previsiones contenidas, entre otros, en los artículos 78, 79, 80, 81 y 86, sí puede ser potencialmente adecuada para desestimular la presentación de pretensiones temerarias. 6.4.2.1. La existencia de un completo régimen de responsabilidad, aplicable a las partes y a sus apoderados, cuando su conducta se aleje de la probidad y de la buena fe, del cual la norma demandada hace parte, contribuye a depurar el proceso judicial, pues tiene la capacidad potencial de desestimular, por la vía de la responsabilidad y de las sanciones, el obrar descuidado y descomedido que asume el proceso como una apuesta abierta, en el cual el azar, y no la justicia, debe ser la guía.
6.4.3. Corresponde, por último, establecer si hay una proporcionalidad en la relación entre la finalidad que justifica la norma y la norma misma, valga decir, si esta última no es manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada. 6.4.3.1. Observa la Corte que la norma demandada en este proceso comparte con la examinada en el caso anterior la característica de estar redactada de manera indiscriminada y genérica, en la medida en que no hace distinción alguna respecto de las causas por las cuales se puede producir la decisión judicial de negar las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. Dada la particular redacción de la norma, que parece ir más allá de la finalidad que la justifica, al prever la sanción sin considerar la causa de la decisión judicial de negar las pretensiones por no haberse demostrado los perjuicios, conviene reiterar lo siguiente: El primer escenario hipotético: los perjuicios no se demostraron porque no existieron, se ajusta de manera estricta a la finalidad de la norma, e incluso coincide con el ejemplo que se dio al exponerla en el informe ponencia para primer debate en el Senado de la República. El segundo escenario hipotético: los perjuicios no se demostraron porque no se satisfizo la carga de la prueba, daba lugar a plantear dos sub escenarios hipotéticos: los perjuicios no se demostraron por el obrar culpable de la parte a la que le correspondía hacerlo y los perjuicios no se demostraron pese al obrar exento de culpa de la parte a la cual le correspondía hacerlo.
6.4.3.2. Si la carga de la prueba no se satisface por el obrar descuidado, negligente y ligero de la parte sobre la cual recae, valga decir, por su obrar culpable, al punto de que en el proceso no se logra establecer ni la existencia ni la cuantía de los perjuicios, aunque sea posible que sí hayan existido en la realidad, de esta situación deben seguirse consecuencias para la parte responsable. La principal consecuencia es la negación de sus pretensiones, con lo ello lleva aparejado. Pero merced a su propia culpa, tampoco es irrazonable o desproporcionado que se aplique la sanción prevista en la norma demandada. Y es que someter a otras personas y a la administración de justicia a lo que implica un proceso judicial, para obrar en él de manera descuidada, descomedida y, en suma, culpable, no es una conducta que pueda hallar amparo en el principio de la buena fe, o en los derechos a acceder a la justicia o a un debido proceso. 6.4.3.3. No obstante, si la carga de la prueba no se satisface pese al obrar diligente y esmerado de la parte sobre la cual recae, valga decir, por circunstancias o razones ajenas a su voluntad y que no dependen de ella, como puede ser la ocurrencia de alguna de las contingencias a las que están sometidos los medios de prueba, es necesario hacer otro tipo de consideración. Y es que algunos medios de prueba como el testimonio están sometidos a virtualidades como la muerte del testigo, caso en el cual la prueba se torna imposible; otros medios de prueba, como los documentos, están sometidos a la precariedad del soporte que los contiene, y a los riesgos propios de éste, como el fuego, el agua, la mutilación, el extravío, etc.
En el segundo evento, es evidente que se está ante la fatalidad de los hechos, valga decir, ante un fenómeno que escapa al control de la parte o a su voluntad, y que puede ocurrir a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado. En este escenario hipotético la sanción prevista en la norma demandada sí resulta desproporcionada y, por tanto, vulnera el principio de buena fe y los derechos a acceder a la administración de justicia y a un debido proceso, pues castiga a una persona por un resultado en cuya causación no media culpa alguna de su parte. Dado que esta interpretación de la norma es posible, la Corte emitirá una sentencia condicionada. 7. Razón de la decisión.
7.1. Síntesis. La Corte ratificó que el Legislador goza de una amplia libertad de configuración en materia de procedimientos; recordó los límites a los que está sujeta esta libertad; admitió que dentro de estos límites, el legislador puede imponer a la partes cargas para ejercer sus derechos y acceder a la administración de justicia; analizó, a partir de escenarios hipotéticos, las posibles causas de que se profiera una decisión que niegue las pretensiones por no haberse demostrado los perjuicios. En el análisis precedente, encontró que existe un escenario hipotético, relativo a una interpretación posible de la norma en el cual se podría sancionar a la parte pese a que su obrar haya sido diligente, cuando la decisión de negar las pretensiones obedece a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado, lo cual resulta desproporcionado. Estima la Corte que, pese a esta circunstancia, la norma no resulta desproporcionada en los restantes escenarios hipotéticos, por lo cual optó por proferir una decisión de exequibilidad condicionada. Al aplicar los parámetros dados la Sentencia C-662 de 2004, empleados también en la Sentencia C-227 de 2009, para establecer si la norma demandada preveía una sanción excesiva o desproporcionada, la Corte pudo establecer que la finalidad de desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias es acorde con el ordenamiento constitucional; que esta norma es potencialmente adecuada para cumplir dicha finalidad; y que sólo en uno de los escenarios hipotéticos planteados -en el de que la causa de no satisfacer la carga de la prueba sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado-, la sanción resulta excesiva o desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los derechos a acceder a la justicia y a un debido proceso.
Ausente con permiso ALEXEI JULIO ESTRADA