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Timestamp: 2019-07-24 00:38:10
Document Index: 261016113

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 35', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 84', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 4']

Publicado en BOPV núm. 34 de 18 de Febrero de 2008 y BOE núm. 212 de 03 de Septiembre de 2011
Vigencia desde 19 de Febrero de 2008. Esta revisión vigente desde 01 de Mayo de 2012
Artículo 3 Distribución competencial
Artículo 4 Servicios y programas públicos de mediación familiar
Artículo 5 Conflictos objeto de mediación familiar
Artículo 6 Naturaleza de los acuerdos de mediación familiar
Artículo 7 Naturaleza de la mediación
Artículo 8 Principios rectores de la mediación familiar
Artículo 9 De las personas mediadoras
Artículo 10 Consejo Asesor de la Mediación Familiar
Artículo 11 Colegios profesionales
Artículo 12 Derechos de la persona mediadora
Artículo 14 Incompatibilidades de la persona mediadora
Artículo 15 Derechos de las partes
Artículo 16 Obligaciones de las partes
Artículo 17 Registro de Personas Mediadoras
Artículo 18 Requisitos previos
Artículo 19 Inicio del procedimiento
Artículo 20 Procedimiento para la designación de la persona mediadora
Artículo 21 Reunión inicial
Artículo 22 Actas de mediación familiar
Artículo 24 Finalización del procedimiento de mediación familiar
Artículo 25 Disposiciones de carácter general
Artículo 26 Tipos de infracciones
Artículo 30 Reincidencia
Artículo 31 Responsabilidad
Artículo 32 Tipos de sanciones
Artículo 35 Régimen de prescripciones
Artículo 37 Órgano competente para resolver
Artículo 38 Registro y publicidad de sanciones
Número 1 del artículo 2 redactado por el artículo centésimo decimotercero de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril). Número 3 del artículo 2 introducido por el artículo centésimo decimocuarto de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril). Apartado final del artículo 4 introducido por el artículo centésimo decimoquinto de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril). Número 1 del artículo 9 redactado por el artículo centésimo decimosexto de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril). Número 1 del artículo 17 redactado por el artículo centésimo decimoséptimo de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril). Letra e) del artículo 29 suprimida por el artículo centésimo decimoctavo de Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril). Letra p) del artículo 29 suprimida por el artículo centésimo decimoctavo de Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril).
Estos procedimientos se inscriben plenamente en el contexto de mejora de acceso a la justicia, pretendiendo fundamentalmente la optimización de los recursos. Desempeñan un papel complementario y/o alternativo en relación a los procedimientos jurisdiccionales, en la medida en que se adaptan mejor a algunos conflictos, porque favorecen el diálogo entre las partes. Deben por ello ser desarrollados con la calidad que merecen los asuntos que se tratan. Estas afirmaciones quedan recogidas en la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los estados miembros sobre las Medidas para Prevenir y Reducir la Carga de Trabajo Excesiva en los Tribunales R (86) 12.
La Recomendación de la Comisión Europea de 4 de abril de 2001, relativa a los Principios Aplicables a los Órganos Extrajudiciales de Resolución Consensual de Litigios en Materia de Consumo, la Recomendación del Comité de Ministros a los estados miembros R (98) 1, sobre la Mediación Familiar, y el denominado Libro Verde de 19 de abril de 2002 sobre las Modalidades Alternativas de Solución de Conflictos en el Ámbito de Derecho Civil y Mercantil, conciben la mediación como un instrumento al servicio de la paz social. Las partes emprenden un camino de aproximación en el que desempeñan un papel activo, al tratar de descubrir la solución que más les conviene. Una ver resuelto el conflicto, este enfoque consensual incrementa para las partes la posibilidad de mantenimiento de las relaciones. Estas recomendaciones, a pesar de su carácter informativo, sientan las bases del régimen jurídico de la mediación, que por sus características de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad abre nuevas vías como medio de recomposición ágil y flexible de discordias y, así, posibilita solventar, con soluciones apropiadas, la problemática que en el ámbito de las relaciones familiares surge con motivo del conflicto.
- El capítulo I recoge las disposiciones generales referidas al objeto de la norma, su ámbito de aplicación, la distribución competencial entre las diversas administraciones concurrentes, los servicios y programas públicos de mediación familiar, los conflictos objeto de la mediación familiar, la naturaleza de los acuerdos adoptados en un proceso de mediación familiar y los principios rectores de la misma.
- El capítulo II regula las características necesarias para ser persona mediadora, señalando los requisitos que deben cumplir las personas que trabajen en mediación. Crea el Consejo Asesor de la Mediación Familiar y refiere la participación de los colegios profesionales.
- El capítulo III regula los derechos, obligaciones e incompatibilidades de las personas mediadoras, así como los derechos y obligaciones de las partes sometidas a la mediación.
- El capítulo IV regula el Registro de Personas Mediadoras.
- El capítulo V recoge los aspectos procedimentales propios de la mediación: su inicio, el desarrollo de las reuniones iniciales, la cumplimentación de actas y la duración de la mediación.
- El capítulo VI describe el régimen de infracciones y sanciones en que puede incurrir la persona mediadora.
1.- La presente ley tiene por objeto la regulación de la mediación familiar y de las actuaciones de las personas que trabajan en ella, contemplando el derecho a la mediación familiar y el deber de existencia de servicios de mediación familiar integral.
2.- La mediación familiar es un procedimiento voluntario en el que uno o más profesionales con cualificación en mediación, imparciales y sin poder decisorio, ayudan y orientan a las partes en cuanto al procedimiento dialogado necesario para encontrar soluciones aceptables que permitan concluir su conflicto familiar.
3.- Se entiende por una mediación familiar integral la actuación coordinada con el resto de servicios del sistema de servicios sociales y con otros sistemas de protección social, en todos los ámbitos necesarios para la atención de conflictos entre los miembros de una familia o grupo de convivencia.
1.- La presente Ley es de aplicación a las actuaciones profesionales de mediación familiar que se desarrollen total o parcialmente en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco por personas mediadoras inscritas en el Registro de Personas Mediadoras de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Número 1 del artículo 2 redactado por el artículo centésimo decimotercero de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2012
2.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las actuaciones citadas únicamente podrán acogerse a los servicios o programas públicos de mediación familiar cuando al menos una de las personas que se encuentre en situación de conflicto familiar esté empadronada en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3.- Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley las actuaciones profesionales de mediación familiar desarrolladas por personas no inscritas en el Registro de Personas Mediadoras de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Número 3 del artículo 2 introducido por el artículo centésimo decimocuarto de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2012
1.- El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de mediación familiar ostentará en dicha materia las siguientes competencias:
h) Elaborará un estudio anual estadístico relativo a las inscripciones, anotaciones y cancelaciones producidas en el Registro de Personas Mediadoras, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este estudio se remitirá al Parlamento con periodicidad anual.
2.- Las entidades locales y forales ostentarán en materia de mediación familiar las siguientes competencias:
1.- El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de mediación familiar creará y mantendrá servicios públicos integrales gratuitos de mediación familiar, que responderán a la demanda existente en esta materia y que priorizarán en cuanto a su acceso a las personas que sean derivadas desde otros servicios sociales o la Administración de Justicia. Dichos servicios, que son declarados de acción directa a los efectos del artículo 9.2 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, serán desarrollados reglamentariamente. Además de la función de atención en materia de mediación familiar, tendrán como funciones, entre otras, las de investigación y difusión de la mediación familiar, así como la coordinación de los restantes servicios y programas de mediación familiar del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.- Las diputaciones forales y los ayuntamientos podrán crear y mantener a su vez servicios y/o programas públicos gratuitos o sociales de mediación familiar específicos, que igualmente serán objeto de desarrollo reglamentario por el Gobierno Vasco. 3.- Así mismo, estas administraciones fomentarán los programas y servicios de mediación familiar integral y de iniciativa social en el ámbito de sus competencias y como se desarrolle reglamentariamente.
4.- (sic) Las actuaciones de mediación familiar de los servicios y programas públicos de mediación familiar se desarrollarán de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley y por personas mediadoras inscritas en el Registro de Personas Mediadoras de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Apartado final del artículo 4 introducido por el artículo centésimo decimoquinto de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2012
1.- Las cuestiones que pueden someterse a mediación familiar y los acuerdos que se adopten se han de referir a los conflictos surgidos entre las personas unidas con vínculo conyugal o familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, adopción o afinidad, así como entre las que constituyan pareja de hecho o grupo convivencial, siempre que todos los conflictos citados en este precepto versen sobre materias de Derecho privado respecto a las cuales el ordenamiento jurídico vigente en cada momento reconozca a las personas interesadas la libre disponibilidad o, en su caso, la posibilidad de ser homologadas judicialmente.
A los efectos de esta ley, se considerará unidad convivencial a las personas unidas por una relación permanente análoga a la conyugal que deberá ser acreditada fehacientemente, así como a las personas que, no estando unidas entre sí por alguno de los vínculos previstos anteriormente, viven juntas en una misma vivienda o alojamiento durante un periodo de tiempo continuado igual o superior a un año, debido a situaciones de necesidad constatables por los servicios sociales.
2.- Entre otros podrán someterse a mediación:
3.- En el supuesto en el que las personas adoptadas deseen ejercer su derecho al acceso a la información de su filiación biológica, podrán acceder a un procedimiento confidencial de mediación conforme se señala en el artículo 84 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.
4.- Quedan excluidos de la mediación familiar los casos en los que exista violencia o maltrato sobre la pareja, hijos o cualquier miembro de la unidad familiar, o cualesquiera otras actuaciones que puedan ser constitutivas de ilícito penal.
1.- Los acuerdos de mediación que se adopten en resolución de un conflicto familiar producirán los efectos que les reconozca la legislación aplicable, siempre que cumplan todos los requisitos de validez y eficacia que aquélla imponga.
2.- Los acuerdos que se adopten deberán dar prioridad al interés superior y al bienestar de los hijos e hijas menores de edad o de las personas incapacitadas o dependientes.
1.- La mediación es una actuación basada en la autonomía de la voluntad, en la medida en que son las partes en conflicto las que tienen que demandar, por su libre iniciativa, la actuación mediadora, pudiendo, una vez iniciada la misma, manifestar en cualquier momento su desistimiento.
2.- La actividad mediadora tendrá por objeto ayudar a las partes a que encuentren una solución dialogada que ponga fin a su conflicto familiar. Las personas profesionales mediadoras, al amparo de esa habilitación, también podrán declarar la finalización anticipada de sus funciones, ante la imposibilidad de llegar a una solución pactada del conflicto o ante situaciones que así lo aconsejen.
3.- La mediación podrá promoverse y concertarse antes de la iniciación de las actuaciones judiciales o durante el desarrollo de las mismas, con conocimiento del juez o jueza en este último supuesto.
4.- Así mismo, la naturaleza de la mediación se ajustará a lo contenido en la presente ley.
Los jueces, si lo estiman conveniente, podrán informar a las partes en conflicto del sistema de mediación, y, si las partes así lo deciden, durante ese periodo quedará en suspenso el proceso judicial.
La persona mediadora sólo podrá contravenir este principio en los casos previstos a este respecto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
DE LOS AGENTES Y LAS AGENTES DE MEDIACIÓN FAMILIAR
1.- Para ejercer la mediación familiar en los términos previstos en esta ley será precisa la inscripción en el Registro de Personas Mediadoras. Para obtener dicha inscripción, además de acreditar titulación universitaria o título de grado en Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social o Educación Social, o la titulación que en el desarrollo reglamentario de esta ley por el Gobierno Vasco se equipare a ellas por el contenido de su formación, será imprescindible demostrar una preparación específica, suficiente y continua en mediación familiar
Número 1 del artículo 9 redactado por el artículo centésimo decimosexto de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2012
2.- La preparación citada en el apartado anterior, que también habrá de ser desarrollada reglamentariamente por el Gobierno Vasco, deberá incluir en todo caso un curso teórico-práctico en mediación de una duración mínima de 200 horas. Este curso comprenderá entre sus materias aspectos relativos al Derecho de familia y a la psicología de la familia y de sus componentes como personas individuales, y contenidos sobre aspectos psicosociales de la familia, mediación en general y conflictos.
Véase D [PAÍS VASCO] 246/2012, 21 noviembre, del Registro de Personas Mediadoras y de la preparación en mediación familiar requerida para la inscripción («B.O.P.V.» 3 diciembre).
1.- Con el fin de facilitar asesoramiento en esta materia se crea el Consejo Asesor de la Mediación Familiar, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de mediación familiar.
2.- El citado consejo estará compuesto por representantes de las administraciones públicas, colegios profesionales, universidades, organizaciones representativas del ámbito de la mediación familiar y la atención profesional en conflictos entre miembros de una familia, y por cuantas personas profesionales vinculadas a esta área se consideren necesarias para la realización de las funciones de asesoramiento.
3.- El Consejo Asesor de Mediación Familiar tendrá las siguientes funciones:
Véase D [PAÍS VASCO] 84/2009, 21 abril, del Consejo Asesor de la Mediación Familiar («B.O.P.V.» 6 mayo).
1.- Los colegios profesionales colaborarán con el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de mediación familiar y formarán parte del Consejo Asesor de la Mediación Familiar en la forma en que se determine reglamentariamente.
2.- Podrán poseer y gestionar su propio registro de personas mediadoras, aunque todas las personas que se inscriban en él deberán constar previamente inscritas en el Registro de Personas Mediadoras del Gobierno Vasco.
3.- Con el objetivo de desarrollar la mediación familiar en niveles de calidad, los colegios profesionales colaborarán y actuarán de forma coordinada con el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de mediación familiar, registrando a las personas mediadoras pertenecientes a dicho colegio profesional que así lo solicitaran y comunicando periódicamente, siempre que sean requeridos por el citado departamento, tanto las altas como las modificaciones que sufra la información contenida en dicho registro colegial.
4.- Lo dispuesto en este artículo se llevará a cabo cumpliendo con los preceptos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
1.- La persona mediadora tiene derecho a obtener el adecuado respeto a sus actuaciones y a actuar con libertad e independencia en el ejercicio de su actividad.
2.- Si lo estimara conveniente, la persona mediadora podrá proponer, en calidad de consultoras, la presencia de otras personas que tengan relación con la causa u objeto de la mediación, debiendo someter esta participación, así como las tarifas correspondientes a la misma, a la previa aceptación de las partes. Estas personas quedarán sujetas a los mismos principios recogidos en el artículo 8 de esta ley.
3.- La persona mediadora tiene plena libertad para negarse a acometer las labores de mediación, en cuyo caso deberá justificar claramente y por escrito las razones de dicha renuncia.
1.- Las personas mediadoras familiares en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados siguientes de este artículo deberán abstenerse de intervenir en los procedimientos de mediación y deberán comunicarlo de inmediato a la dirección del Gobierno Vasco competente en la materia, que resolverá lo que proceda.
2.- Son causas de abstención:
c) Tener vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con alguna de las partes intervinientes en la mediación, o con sus asesores o asesoras, representantes legales o mandatarios o mandatarias, así como compartir el despacho profesional o estar asociado con estos o estas para el asesoramiento, la representación o el mandato.
3.- En el supuesto de que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 y la persona mediadora no decline su designación, cualquiera de las partes puede, en cualquier momento del proceso, recusar su designación mediante escrito motivado en el que se haga constar la causa o causas de la recusación. La recusación será resuelta, oída la persona mediadora, por la persona titular de la dirección competente en la materia.
4.- Durante el transcurso de la mediación, o una vez finalizada ésta, la persona mediadora no podrá atender a las partes en una actuación profesional diferente a la de mediación para tratar el mismo asunto, salvo que las partes expresamente lo acepten y constituyan supuestos excepcionales que deberán autorizarse previamente por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de mediación familiar.
1.- Acceder a la mediación familiar en los términos establecidos legalmente.
2.- Elegir un mediador entre los inscritos en el registro.
3.- Desistir del procedimiento de mediación familiar en cualquiera de sus fases.
4.- Manifestar en cualquier momento del procedimiento su desacuerdo con la persona mediadora y rechazar su intervención. En este supuesto, podrán convenir la designación de un nuevo o nueva profesional.
5.- Conocer, con carácter previo al inicio de la mediación, el coste máximo de la misma.
6.- Disponer, durante todo el proceso de mediación, del asesoramiento ajeno a la persona mediadora que estimen conveniente.
DEL REGISTRO DE PERSONAS MEDIADORAS
1.- Se crea el Registro de Personas Mediadoras, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de mediación familiar
Número 1 del artículo 17 redactado por el artículo centésimo decimoséptimo de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2012
2.- Su composición, funciones, procedimiento de inscripción y emisión de certificaciones se determinarán reglamentariamente.
3.- El órgano competente para la gestión del Registro de Personas Mediadoras recogerá las solicitudes de acceso al mismo y las evaluará siguiendo los criterios que, previo asesoramiento del Consejo Asesor de la Mediación Familiar, determine el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de mediación familiar, procediendo a inscribir a quienes hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 9. Una vez realizada la inscripción, el registro expedirá el correspondiente certificado.
4.- A efectos de información a la ciudadanía, el órgano citado en el apartado anterior dispondrá de un listado de las personas y de los programas y servicios públicos en materia de mediación familiar.
1.- Sin perjuicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el procedimiento de mediación familiar podrá iniciarse antes del comienzo de un proceso judicial, en el curso de éste o una vez concluido por resolución judicial firme.
2.- Si las partes acuden al procedimiento de mediación familiar una vez iniciado un proceso judicial, habrán de acreditar ante la persona mediadora, personalmente o a través de sus representantes, la suspensión de dicho proceso por mutuo acuerdo. Terminado el procedimiento de mediación, corresponderá a las partes, en los términos previstos en la legislación procesal, comunicar al juzgado el resultado del mismo.
3.- El inicio del procedimiento de mediación familiar queda condicionado a que hayan transcurrido como mínimo seis meses desde que se diera por acabada una mediación anterior sobre el mismo objeto o ésta se hubiera intentado sin acuerdo. Esta condición dejará de aplicarse cuando la persona mediadora que vaya a conocer el asunto aprecie circunstancias sobrevenidas que aconsejen una nueva mediación, en particular si así pudiera evitarse un grave perjuicio para las hijas e hijos menores, o mayores con discapacidad, o personas dependientes.
1.- La mediación se iniciará mediante solicitud por escrito:
2.- Si existiera algún motivo de incompatibilidad entre las partes y la persona mediadora, según lo establecido en el artículo 14, ésta deberá declinar la designación o su continuidad como mediador, salvo aceptación por escrito de todas las partes implicadas, siempre que no se trate del incumplimiento de los principios rectores contenidos en el artículo 8.
1.- Una vez designada la persona mediadora, ésta citará a las partes a una reunión en la que se abordarán al menos las siguientes cuestiones:
2.- Las partes se reunirán a lo largo de todo el proceso con la persona mediadora respetando la periodicidad que se hubiera pactado en la reunión inicial.
1.- De la reunión inicial de mediación la persona mediadora levantará acta, haciéndose constar en ella el lugar y la fecha de celebración, los participantes en la misma, el objeto de la mediación, y la aceptación de los principios y las obligaciones de la mediación. Este documento deberá ser firmado por las partes como prueba de entendimiento y aceptación de las condiciones de la mediación. La persona mediadora librará una copia firmada a cada una de las partes, conservando el original en el archivo del expediente.
2.- La persona mediadora levantará acta de la sesión final de la mediación, incluyendo el número total de sesiones realizadas y haciendo constar también el lugar y la fecha de celebración, los participantes en la misma y los acuerdos totales o parciales que se hubieran alcanzado o, en su caso, la inexistencia de acuerdo. Se librará una copia firmada a cada una de las partes, conservándose el original en el archivo del expediente. Este documento tendrá carácter confidencial en los términos expresados en el artículo 8.b. No obstante, el acta de mediación podrá utilizarse por cualquiera de las personas afectadas por la mediación en el caso de hacer valer dicho acuerdo ante los tribunales u otras instituciones y administraciones.
1.- La finalización del procedimiento de mediación puede producirse por decisión de cualquiera de las partes en conflicto o por la persona mediadora, quien podrá dar por finalizada la mediación, comunicándoselo a las partes, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
2.- En aquellos casos en los que el resultado de la mediación pueda producir efectos en un procedimiento judicial, la persona mediadora entregará a las partes implicadas un certificado, en el que hará constar la fecha del inicio y finalización del procedimiento y si han alcanzado o no algún acuerdo, sin especificar ningún otro dato.
1.- Constituyen infracciones administrativas, en las materias reguladas en esta ley, las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes.
3.- El plazo máximo para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador será de seis meses desde la fecha de inicio. Sobrepasado dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en la forma y en los términos previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, por la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
f) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas leves en un periodo de un año.
Letra e) del artículo 29 suprimida por el artículo centésimo decimoctavo de Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2012
Letra p) del artículo 29 suprimida por el artículo centésimo decimoctavo de Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2012
b) En el caso de las infracciones graves, suspensión temporal para poder actuar como persona mediadora por un periodo de entre tres y doce meses.
c) En el caso de infracciones muy graves, suspensión temporal para poder actuar como persona mediadora por un periodo de entre un año y un día y tres años, y podrá imponerse la suspensión definitiva atendiendo a la gravedad de la infracción o a la reincidencia.
1.- Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano administrativo competente para resolverlo podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
2.- No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a las personas interesadas.
1.- El plazo de prescripción de las infracciones administrativas en las materias previstas en la presente ley será el siguiente:
En todos los casos el plazo comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en el que la infracción se hubiera cometido.
2.- El plazo de prescripción de las sanciones impuestas al amparo de la presente ley será el siguiente:
En todos los casos el plazo comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en el que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción, o desde que se quebrase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
1.- En el Registro de Personas Mediadoras existirá una sección correspondiente a sanciones, en la que se anotarán las resoluciones firmes que por las diversas clases de infracciones hayan sido adoptadas.
2.- El Registro de Personas Mediadoras cancelará la anotación de las sanciones en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Los servicios y/o programas públicos y sociales de mediación familiar que se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor de la presente ley podrán continuar cumpliendo las tareas que ejercían hasta ese momento, durante un periodo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. A la finalización de dicho plazo, en cambio, habrán de adaptarse al artículo 4 de la forma en que quede establecido reglamentariamente, según lo recogido en la disposición final primera.
1.- La organización, desarrollo y funcionamiento del Registro de Personas Mediadoras del Consejo Asesor de la Mediación Familiar se establecerán reglamentariamente en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
2.- La regulación de los aspectos materiales y funcionales de los servicios de mediación familiar públicos y privados se realizará reglamentariamente en el plazo de un año desde la promulgación de la presente ley.