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Timestamp: 2016-02-09 05:32:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 80', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 80', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 7']

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REAJUSTES FERROVIARIOS
por marianito68 » Jue Abr 10, 2008 4:19 pm Hola Foro, alguien sabe si dentro de los jubilados pertenecientes a la actividad de la Unión Ferroviaria, existe algun convenio entre ese gremio y la Anses donde hayan acordado un tope minimo y maximo en los haberes.La pregunta apunta a que apareció un cliente ferroviario que gana lo mismo que otro que detentaba en actividad un cargo mucho mas bajo y que en consecuencia tenia un sueldo mucho mas alto, y sin embargo ambos cobran alrededor de $ 1.100.Si alguien tiene info. muchas gracias.Mariano
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Re: REAJUSTES FERROVIARIOS
por MARIA21 » Jue Abr 10, 2008 9:17 pm Hola:Si. El personal de la Actividad Ferroviaria y Afines por Resoluciòn 406/89 tiene un haber mìnimo ferroviario determinado que surge de aplicar un coeficiente del 1.7 ( no estoy segura, o bien 1,5) al haber mìnimo. En este momento es de 1113,50Tenés que remitirte a Res. 406/89 MTSS , y Resoluciòn 33/06 SSSsaludosMaria21
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por marianito68 » Mar Abr 15, 2008 5:46 pm Gracias Maria, te agradezco el dato.
por Solo Derecho » Mar Feb 09, 2016 2:31 am Solo Derecho
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por ales2023 » Mar May 27, 2008 3:54 pm alguien me puede mandar la 406/89 y el dec 662/81 para hacer un reajuste ferroviario?
ales2023
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por ELSA » Sab May 31, 2008 11:54 am ales2023 escribió:alguien me puede mandar la 406/89 y el dec 662/81 para hacer un reajuste ferroviario?te mando modelo Buenos Aires, de de 2007.-SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRACION SOCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.S / D.- REF: EXPTE No. D.N.I. No. CUIT. No. - BENEFICIARIO No. TITULAR: Don ………………….constituyendo domicilio legal en la calle ……………….. de Capital Federal, (Estudio Dras. Fernández), titular de la jubilación Beneficio No. …………………., otorgada por el expediente No. ……………….. , se dirige al Sr. Director y respetuosamente dice: I.-) REAJUSTE DE HABER JUBILATORIO: Que viene a solicitar el reajuste del haber jubilatorio correspondiente, y asimismo se haga efectivo pago como concepto separado el suplemento que perciben los pasivos de acuerdo a las Resoluciones 406/89 y 33/2006 debidamente actualizado, por las siguientes consideraciones que pasa a exponer .- a.-) Que, se desempeño, a las ordenes de FERROCARRILES ARGENTINOS – LINEA MITRE. – como empleado en la categoría JEFE OFICINA 1RA.- habiendo ingresado con fecha 30 de abril de 1965 hasta el 17 de marzo de 1987, es decir con una antigüedad de casi 22 años- b.-) Que en la actualidad percibe en concepto de jubilación la suma bruta de $ 1.013,55 (pesos mil trece con cincuenta y cinco centavo) y una suma neta de $ 999,30 (pesos novecientos noventa y nueve con treinta centavos.), representa actualmente el 34% del sueldo en actividad, que resulta por demás confiscatoria a la luz de la doctrina y jurisprudencia del fuero.- c.-) Al rogante de acuerdo al expediente 996/15807172/11, por acta No. 669, con fecha 06 de enero de 1988, se le otorga el beneficio 02-0-0928821-0-1, jubilación extraordinaria por invalidez, EX-CAJA DEL ESTADO y SERVICIOS PUBLICOS (FERROVIARIA), bajo el amparo de la ley 18.037.- c.-) Conforme el certificado de haberes de la persona que detenta su cargo y antigüedad en la empleadora, el sueldo en actividad es de $ 2984.- ( pesos dos mil novecientos noventa y cuatro.- d.-) Si bien la Ley 24.463 impide hacer una comparativa con el sueldo en actividad, no puede evitarse efectuar dicha evaluación pues es el único referente valido e impedir su utilización es una decisión arbitraria e inconstitucional ya que se jubiló al amparo de ley 18.037 que establecieron un sistema de movilidad relacionado con las remuneraciones y cuya incorrecta aplicación determino como ha ido evolucionando tanto el Índice de Peón Industrial, Costo de Vida y Salario de Encuesta y dicha evolución no ha sido trasladada a los Haberes Jubilatorios y en desmedro de los mismos.- e.-) Ha dicho nuestro mas Alto Tribunal que: “es descalificable un sistema de movilidad que se traduzca en un desequilibrio de la razonable proporcionalidad que debe existir entre la situación del jubilado y la que resultaría de continuar el afiliado en actividad en grado del que pudiera ser confiscatoria o de injusta desproporción” (CS 10 de mayo de 1983, Farina Teresa Carmen , fallos 305-611).- f.-) Por otra parte, es similar la doctrina que informa los fallos de nuestro Tribunal Supremo, con su actual composición, dado que, “tal modificación debe entenderse limitada a las hipótesis en que dicho alcance no produzca menoscabo al patrimonio del jubilado, ni que modifique de manera sustancial la situación que hubiera mantenido de continuar en actividad” (CS agosto 30-1984, revista La Ley del 3-4-85, Pág. 3 en autos :”Bueza, Tomas s/Instituto de Previsión Social de la Ciudad de Buenos Aires” ).- g.-) Por lo tanto, peticiona que el reajuste que solicita sea aplicado de conformidad a la ley vigente al momento de cesar en el servicio como expresamente lo ha reconocido la SCJN en autos “Mango Horacio s/Jubilación” (23-5-89) ED 133-815 y “López Mercedes Guridi de s/ Pensión” 26-09-89 Fallos 312:753 y 1832 respectivamente y mas recientemente en autos “Celote Bonorino de Cirigliano c/Caja de Estado y Servicio Públicos” 22-12-93 DT 1994 B-1231 en donde se estableció que “cuando en la practica se desvirtúa los objetivos del sistema provisional y altera la naturaleza sustitutiva del haber en relación al nivel alcanzado por la afiliada durante su actividad laboral resulta del caso señalar que la ley vigente a la fecha del cese de servicio previa el método apropiado para subsanar el gravamen que sufrió la prestación, por lo que utilización de un aparte extraña en el caso, justifica descalificar el fallo por invocación de la doctrina de la arbitrariedad (Fallo 311:515).- h.-) Esta doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede ni debe ser alterada como ocurrió en la causa “Chocobar Sixto c/ Caja del Personal del Estado y Servicios Públicos” (26-12-96), donde evidentes razones políticas otorgaron un irrisorio 13,78% de incremento desde abril 91 a marzo 95, olvidando que los jueces deben ocuparse de hacer cumplir las leyes y proteger a los habitantes de normas inconstitucionales, mientras que el Poder Ejecutivo entre otras cosas, de encontrar los medios para hacer efectivos los falles judiciales, evitando violar derechos adquiridos en virtud de normas previsionales y constitucionales (arts. 14 bis.) y cuyo mas claro exponente es la falta de movilidad a partir de marzo de 1995.- i.-) Asimismo y a forma de mayor abundamiento se destaca que se ha dictado la Resolución 33 del 5 de abril de 2006 de Secretaría de Seguridad Social, en Declárase incluidos en los alcances del Decreto Nº 662/81 y de la Resolución MTSS Nº 406/89 y normas complementarias y modificatorias, al personal que se hubiera jubilado o se jubilare en la actividad ferroviaria, y a sus derechohabientes. Por el que se considera que el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictó la Resolución Nº 406/89 determinando que al haber mínimo de las prestaciones jubilatorias y de pensión acordadas o a acordar al personal que se hubiera jubilado o se jubilare en la actividad ferroviaria y afines, encuadradas en el ámbito de representación personal de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos, Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos, la Fraternidad Sociedad del Personal Ferroviario de Locomotoras o Unión Ferroviaria y acredite una antigüedad de diez años continuos o discontinuos en dicha actividad, y sus causahabientes, se les aplicará el coeficiente 2,00.- Que, asimismo, la resolución aludida en el párrafo precedente, establece que el desempeño como personal de las asociaciones sindicales mencionadas en el mismo, se considera actividad afín con la ferroviaria y que la exigencia de antigüedad mínima allí establecida, no será exigible al personal de la actividad ferroviaria y afines, que a la fecha de esta resolución tuviere acordada jubilación, ni a sus causahabientes. Asimismo la Gerencia Asuntos Jurídicos de ANSES emitió una primera opinión sobre la exigencia o no del cese en la actividad ferroviaria como condición necesaria para otorgar el derecho a la percepción de los suplementos creados por el Decreto Nº 662/81 y por la Resolución MTySS Nº 406/89 a través del Dictamen Nº 28.234 del 16 de febrero de 2005. por el que sostiene que: " ... Conforme la normativa descripta no se observa la imposición del requisito del cese en la actividad ferroviaria y afines para la aplicación del coeficiente para determinar el haber mínimo de las prestaciones jubilatorias y de pensión acordadas en el régimen de la ex - Caja Ferroviaria. Solamente se prevé los requisitos de haberse jubilado en dicho régimen y de acreditar una antigüedad de diez (10) años o más, prestados en forma continua o discontinua en dicha actividad, para su aplicación...". Que para reafirmar la postura adoptada, el Servicio Jurídico Permanente de ANSES expresa en el mencionado dictamen que: ...lo prescripto por el artículo 1º de la Resolución MTySS Nº 406/89, cuando se refiere al hecho de las prestaciones acordadas o a acordar al personal que se hubiera jubilado o se jubilare en la actividad ferroviaria y afines, y acredite una antigüedad de 10 años continuos o discontinuos en dicha actividad quiere hacer uso al concepto de "caja otorgante" prescripto en el artículo 80 de la Ley Nº 18.037...".- Que no obstante ello, el mencionado Servicio Jurídico modificó el criterio sustentado en el dictamen señalado, mediante su similar Nº 29.482 del 19 de julio de 2005, afirmando que: " ...Efectuado un nuevo análisis de la cuestión, a la luz de los elementos acompañados con posterioridad a la emisión del dictamen mencionado, surge que en esta oportunidad se ha evaluado la Resolución Nº 43/81 de la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos que determina los casos a los cuales se aplicaría el Decreto Nº 662/81...". Que al respecto, el nuevo dictamen cita los artículos 3º y 4º de la mentada Resolución Nº 43/81 los cuales expresan: "Artículo 3º.- A los efectos de la aplicación del Decreto Nº 662/81, se deben considerar amparados en sus disposiciones los ex - afiliados que a la fecha de cese en la actividad ferroviaria para acogerse a los beneficios jubilatorios o acuerdo de pensión en caso de fallecimiento, revisten o hubieran revistado como "Personal de Conducción de Locomotoras", esto es, haberse desempeñado como "maquinistas" o "conductores". Artículo 4º.- Inclúyese en los términos del artículo anterior a los "inspectores" e "instructores de locomotoras" como así también a los "agentes de enlace", siempre que con anterioridad a alcanzar esta última jerarquía, acrediten la condición señalada en la última parte del artículo anterior." Que la Secretaría de Seguridad Social, en uso de las facultades otorgadas por la última parte del artículo 2º del Decreto Nº 662/81 y por el artículo 3º de la Resolución MTySS Nº 406/89, fije un criterio de interpretación unívoco en la materia.- La Secretaría de Seguridad Social comparte el primero de los criterios sustentados por el Servicio Jurídico Permanente de ANSES, por cuanto el mismo se ajusta a la realidad de los hechos acaecidos luego de haberse llevado a cabo en la REPUBLICA ARGENTINA la reforma del Estado instrumentada a través de la Ley Nº 23.696 y sus complementarias, que implicó la privatización de la Empresas de Servicios Públicos Estatales, incluyendo entre ellas, a Ferrocarriles Argentinos. Y continua concluyendo: “atendiendo a razones de estricta justicia, debe razonablemente considerarse también incluidos en los alcances del Decreto Nº 662/81 y de la Resolución MTySS Nº 406/89, y de las respectivas disposiciones complementarias y modificatorias, al personal que se hubiera jubilado o se jubilare en la actividad ferroviaria, y a sus derechohabientes, que hubiera cumplido una antigüedad de (10) diez años continuos o discontinuos en dicha actividad, aunque el cese definitivo se hubiera configurado en otras tareas dependientes o autónomas.- Que tal como manifestó el Servicio Jurídico Permanente de ANSES mediante el Dictamen Nº 28.234, la antigüedad señalada en el considerando anterior resulta aplicable para las jubilaciones y pensiones otorgadas o a otorgar por aplicación de la Ley Nº 18.037 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en concordancia con el principio de "caja otorgante" consagrado por el artículo 80 de dicha ley que rigió en el ámbito temporal de su vigencia, mientras que a partir del 13 de octubre de 1993, fecha de entrada en vigor del artículo 168 de la Ley Nº 24.241, la antigüedad exigida para el otorgamiento del suplemento de haber mínimo ferroviario en las respectivas prestaciones previsionales, debe ajustarse al principio de "caja otorgante" que determina la misma, por lo que el beneficiario debió haber prestado la mayor cantidad de años de servicios con aporte en la actividad ferroviaria.” Es asi que el Art. 2º Resolución 33 del 5 de abril de 2006 expresa “ Déjese establecido que la antigüedad señalada en el artículo anterior resulta aplicable para las jubilaciones y pensiones otorgadas o a otorgar por aplicación de la Ley Nº 18.037 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en concordancia con el principio de "caja otorgante" que regía en el ámbito temporal de su vigencia, mientras que a partir del 13 de octubre de 1993, fecha de entrada en vigor del artículo 168 de la Ley Nº 24.241, la antigüedad exigida para el otorgamiento del suplemento del haber mínimo ferroviario en las respectivas prestaciones previsionales, se ajustará al principio de "caja otorgante" que exige la misma, es decir, haber prestado la mayor cantidad de años de servicios con aporte en la actividad ferroviaria. j.-) “ La necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos, es consecuencia del carácter integral que reconoce la Ley Suprema a todos los beneficios de la Seguridad Social y de la intima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas d naturaleza provisional, que son financiadas primordialmente con los aportes efectuados durante el servicio. Los derechos a una retribución justa y a un salario mínimo vital y móvil – dirigidos a garantizar alimentación y vivienda, educación, asistencia sanitaria y , en definitiva, una vida digna,- encuentra su correlato en las jubilaciones y pensiones móviles que deben ser garantizadas a los trabajadores cuando entran en pasividad” Fallo CSJN. 17/5/2005 - S. 2758, XXXVIII “Sánchez Maria del Carmen c/ANSES S/ Reajustes” II.-) INCONSTITUCIONALIDAD.- - Deja planteada la inconstitucionalidad de los sistemas de movilidad previstos por las leyes , Art. 1,7,9, 11 y 16 de la ley 24.463; el Art. 49, 53 y 55 de la ley 18037 y a todo evento las leyes 23.982, 24.130 y 3.952, y 24.241 ya que las mismas tienden a supeditar las movilidades e incluso el pago de los beneficios, al “monto de los créditos presupuestarios, expresamente comprometidos para su financiamiento por la respectiva ley de preexpuesto”, desvirtuando totalmente la base jurisprudencial y doctrinaria hasta aquí expuesta y viola el principio constitucional de la movilidad de las prestaciones ( C.N. art. 14bis.) y las deja supeditadas al poder político de turno. - Si aceptamos que la MOVILIDAD es un DERECHO SUBJETIVO, PROTEGIDO POR LA CONSTITUCION NACIONAL en los arts. 14 bsi y 17 de carácter alimentario con contenido económico, lo cual NUNCA FUE NEGADO POR LA DEMANDA, podremos concluir en la INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1, 7 Y 11 de la ley 24.463.- El artículo 1º, punto 1 y 3 de la ley 24.463 establece: "...Los sistemas públicos de previsión de carácter nacional son sistemas de reparto asistido, basado en el principio de solidaridad....El Estado Nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones de dichos sistemas, hasta el monto de los créditos presupuestarios expresamente comprometidos para su financiamiento por la respectiva ley de presupuesto..." Asimismo, el punto 4 de dicho artículo dispone: “Los recursos de dichos sistemas son inembargables.” Este artículo pretende limitar la obligación constitucional que tiene el Estado, de otorgar a los beneficios de la seguridad social, el carácter de integral, subordinando el pago de las prestaciones a los créditos presupuestados, y comprometidos en la respectiva por la ley de presupuestos. La Ley 24463 importa un total y lamentable retroceso. Mucho le costó a nuestra jurisprudencia elaborar la ahora pacífica doctrina de la “justiciabilidad del Estado”. La dilación “sine die” del cumplimiento de la sentencia ante la imposibilidad de poder hacer efectivas las medidas que aseguren el cumplimiento de la manda judicial, implica, tal como dijo el Alto Tribunal en la causa “Ercolano c/Lantieri (sentencia del 28.04.1992), una privación al derecho de propiedad. Con idéntico argumento se puede sostener que los arts. 2, 3, y 5 de la ley 24.463 se oponen a lo prescripto por la Carta Magna, transgrediendo principios constitucionales. El artículo 7 de la ley 24.463 establece la movilidad de las prestaciones, diferenciándose tres períodos: 1) Hasta el 01/04/91: no considera el Indice de Nivel General de las Remuneraciones de los meses de febrero y marzo del año 1991, vulnerando lo prescripto por los arts. 14 bis y 17 de la Carta Magna; 2) Entre el 01/04/91 y 29/03/95: en este lapso regía para la movilidad de las prestaciones en un principio el art. 53 de la ley 18.037 y luego el art. 160 y 32 de la ley 24.241.- La ley no se puede aplicar retroactivamente respecto de haberes correspondientes a peridoto anteriores a su entrada en vigencia ya que en este articulo determina que las prestaciones…”se ajustaran según las disposiciones oportunamente aprobadas por el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social de la Nacion y por Organismos de su dependencia…”.- 3) desde la sanción de la ley -30/03/95-, momento en que subordina la movilidad a la ley de presupuesto, y califica al sistema como de reparto asistido, en su art. 2, junto con la derogación del art. 160 de la ley 24.241, que consigue la eliminación retroactiva de una movilidad devengada por los haberes previsionales desde el 01/07/94 al 31/12/94; despojando al derecho de movilidad de todo contenido y garantía. La Secretaria de Seguridad Social solo estaba dispuesta a cumplir con la movilidad del AMPO en la medida que no variara la prestación y ocurrió entonces que, en lugar de volcar a la masa de haberes previsionales, la mayor recaudación, se prefirió derogar el sistema, produciéndose una nueva confiscación ante una movilidad denegada y ganada, ya que en el periodo 1/7/94 al 31/12/94 con un AMPO de $ 72 implicaba un 14,29 % de incremento en los haberes respecto de su valor anterior de $ 63.- Se solicita se declare la inconstitucionalidad del punto 1 del Art. 11 de la Ley 24.463 por considerar que la derogación retroactiva del Art. 160 de la Ley 24.241 impide la aplicación del a Resolución SSS 126/95 que implicaba un incremento en los haberes por la que su derogación resulta manifiestamente confiscatoria. El artículo 7, apartado 2, último párrafo, determina que “en ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos”, oponiéndose a lo sostenido por la Corte como uno de los principios básicos del sistema previsional argentino, el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, como recepción de la naturaleza sustitutiva del haber del pasivo, que tiene raigambre constitucional en nuestro ordenamiento jurídico en la materia (G. Bidart Campos, Derecho Constitucional, pág. 392), y que ha sido claramente ratificado en el reciente fallo de la Corte (Fallo Sánchez María del Carmen de fecha 17.05.2005). - Se desprende que no existe derecho adquirido alguno pues se remite la determinación de la movilidad de una ley futura, por lo que la Ley 24.463 tiene el mismo rango normativo que la Ley de Presupuesto. - La norma no deja de catalogarse como una “Ley Sentencia” ya que PRETENDE CON SU SANCION RESOLVER LOS CASOS JUDICIALES EN TRAMITE Y JUSTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS YA SENTENCIADOS.- Esto constituye una clara vulneración de la división de poderes, dejando en evidencia una vez mas que existe un solo poder que ejerce tres funciones.- En síntesis el Art. 160 de la ley 24.463 ha sido la última norma que hacia efectivo el derecho de nuestro mandante, a la movilidad, esto sumado a una serie de artículos-mandatos de cumplimiento futuro e incierto, coloca a los pasivos en la MAS ABSOLUTA INSEGURIDAD JURIDICA. Debemos destacar que la Seguridad Social se creo con el objeto de prestar cobertura a una contingencia y vemos que a través de las leyes y decretos que se fueron dictado a través del tiempo en vez de cubrirlo, renace para ellos la misma contingencia por la cual se les otorgó la jubilación pues IGNORAN EL MONTO DE SUS INGRESOS EN LA VEJEZ, no existiendo parámetro para determinar la movilidad por lo cual existe una indeterminación del importe del futuro haber, quedando en la más absoluta discrecionalidad del Estado.- Planteo la inconstitucionalidad, a los Art. 1, 7 y 11 de la Ley 24.463.- El Art. 9 de la Ley 24.463 ratifica los llamados “topes máximos Jubilatorios” justificando su existencia en el principio de solidaridad que debe regir el sistema.- Con este principio nadie podría oponerse, sin embargo no es el tope de haberes máximos el que esta en juego, sino considerar cada caso en particular, con el haber que resultaría de la ausencia de topes (haber técnico), si comparando la brecha entre uno y otro es considerable, no puede dejar de considerse confiscatorio el procedimiento. Todo activo cualquier haya sido las categorías en que aporto, el sistema, tomando como base la misma, ahora no puede desconocerla para determinar su haber. Solicito planteo la inconstitucionalidad de la norma referida, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar el pago y no limitarlo cual es la intención.- Inconstitucionalidad del art. 49 de la ley 18.037:.Toda vez que, conforme quedará demostrado con la producción de la prueba ofrecida, en la propia determinación del haber inicial de mi mandante, se verificó una notable desproporción entre ésta y la remuneración que ella hubiera percibido de haber continuado en actividad. En la resolución, el A.N.S.e.S. afirma que la S.S.S. 28/92 produjo la recomposición del cálculo del haber inicial y que por lo tanto queda sin fundamento la impugnación al sistema de cálculo del haber inicial. Nada más falaz, la resolución mencionada, como V.S. podrá comprobar una vez producida la prueba ofrecida, no recompuso los haberes jubilatorios de mi mandante, simplemente modificó los índices de corrección utilizados por el Organismo Previsional. Así lo sostiene la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL en pleno: "...el desfasaje de los haberes provisionales continúa siendo con posterioridad al 01/04/91, un hecho tan público y notorio como antes..." Sala III, causa N° 22.141/92, sentencia definitiva N° 29.339 de septiembre de 1992, "Aban de López, Dominga e/Caja Nac. de Prev. para el Pers. del Estado y Serv. Públicos s/Reajuste por movilidad".Queda plasmado así, de modo manifiesto, el agravio a los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. Ello conforme a la clarísima doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema in re "CAMAROTA, Veder" (fallos: 294:83), seguida desde entonces en forma invariable: "La jubilación constituye la prolongación después de la cesación regular y definitiva de la actividad social laboral del individuo, de la remuneración, como débito de la comunidad por el servicio que él ha prestado. En consecuencia, el principio básico que se privilegia es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de la actividad".La afirmación por parte del A.N.S.e.S. de que no tiene sustento legal ni constitucional la impugnación al sistema de cálculo del haber inicial, demuestra que la misma desconoce la jurisprudencia unánime de las tres Salas que integran la Cámara Federal de la Seguridad Social {ex Cámara Nacional de Apelaciones de La Seguridad) y obviamente la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. b.-) Inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 18.037 (t.o. 1976): La desproporción inicial, se agrava, mes a mes mediante la aplicación del sistema de movilidad que establece esta ley en el art. del epígrafe. Aunque el Organismo Previsional tampoco cumplió con la ley vigente, ya que no respetó siquiera los incrementos generales de las remuneraciones a los que alude el art. 53. El sistema de coeficientes utilizado no contempla, en absoluto, la realidad económica. Y así la brecha entre las remuneraciones de actividad y los haberes jubilatorios de mi mandante se fue ampliando más y más con el correr del tiempo, como V.S. podrá apreciar una vez producida la prueba. También en este caso, la Corte ha tenido ocasión de expedirse declarando la inconstitucionalidad del régimen de movilidad por contrario a los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, en innumerables precedentes, entre otros "GALLEGOS María Nélida Frediani de, s/Jubilación", (Sentencia G 278-XIX del 15 de marzo de 1983) e "IBAÑEZ, A. Bernabé", (Fallo 307:2376 del 10 de diciembre de 1985).En la resolución objeto de la presente demanda, el organismo previsional sostiene que en relación con el cuestionamiento que se efectúa respecto de la movilidad implementado en e! art. 53, a partir de la sanción de la Ley de convertibilidad N° 23.928, se han suprimido los mecanismos de actualización monetaria o repotenciación de créditos no devengándose nuevos ajustes a partir del 1 de abril de 1991.Lo afirmado precedentemente carece de todo sustento jurídico, la entrada en vigencia de la ley 23.928, de desindexación de la economía, no afecta la vigencia de las pautas establecidas por la ley 18.037 para la determinación de los haberes mensuales de las prestaciones previsionales. Así lo vienen sosteniendo innumerables fallos de la C.N.A.S.S., para mencionar uno de ellos: "Coceres de Sardón, María C/Caja Nac. Prev. Estado s/reajuste por movilidad", Sala III, del 31-7-91, el cual además establece que " --corresponde ratificar la declaración de inconstitucionalidad de dichas pautas, la que se mantiene aún con posterioridad al 1°/4/91, fecha en que comienza la desindexación. --" La resolución S.S.S. 28/92, 37/92, como V.E. podrá comprobar una vez producida la prueba ofrecida, no recompuso los haberes jubilatorios de mi mandante, simplemente modificó los índices de corrección utilizados por la Caja, que ni siquiera cumple con las variaciones del nivel general de las remuneraciones a que se refiere el art. 49, aquí cuestionado.La inconstitucionalidad de una norma legal representa, de por sí, el grado más alto de ilegitimidad; y, claro está, el más peligroso. La ley tiene, por derecho propio, la máxima presunción de legitimidad y, consecuentemente, cuando este máximo exponente de la licitud es, él mismo, espurio, nos hallamos ante el más letal peligro de total descalabro de la. vida comunitaria. Es claro, que, en el caso que nos ocupa, estamos ante normativas legales -cambio de sistema de movilidad- que no pueden tener cabida dentro del ordenamiento jurídico. Ello así, porque no tienen legitimidad de fondo, desde que, a través de ellas -o mejor, por imperio de ellas- se perpetró y sigue perpetrando una inequívoca y continua confiscación de haberes previsionales.Este sistema de movilidad que, inexorable y necesariamente, conduce a la confiscación, a la desproporción más odiosa y al liso y llano desconocimiento de los más elementales derechos que la Constitución Nacional asegura, resulta de la aplicación del art. 53 de la ley 18.037 (t.o. 1976).El art. 14 nuevo de la ley Suprema, en lo pertinente, expresa: "El Estado otorgará losbeneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable ... Enespecial la ley establecerá ..., jubilaciones y pensiones móviles". Si bien es cierto que no semenciona ningún sistema de movilidad en particular, es indudable que, cualquiera que éstesea, debe ser "integral" y no, obviamente, "confiscatorio" y lesivo de la garantía depropiedad consagrada en el art. 17 de la Constitución. Es así que, la "integralidad" e "irrenunciabilidad" que coadyuvan en el sostenimiento del derecho de mi parte, conducen a considerar que la acabada satisfacción de todos sus créditos, sólo importa restaurar su derecho de propiedad, groseramente vulnerado por aplicación de los inconstitucionales preceptos.No obstante lo señalado precedentemente en cuanto al análisis realizado por la demandada respecto de la ley 23.928, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reciente fallo del 17 de mayo de 2005 "SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN ;/ANSeS s/Reajustes varios" S. 2758.XXXVIII, R.O. dijo en el Considerando 7° "Que la ley 18.037 se hallaba plenamente vigente a la fecha de la sanción de la referida ley 23.928 y solo fue derogada por la ley 24.241, de creación del sistema integrado de jubilaciones y Pensiones, con el límite fijado en su art. 160, que mantenía las formulas de movilidad de : as prestaciones reguladas por las leyes anteriores. No surge ni expresa ni tácitamente del régimen de convertibilidad que haya tenido en miras modificar la reglamentación del art. 14 bis de la Constitución Nacional, por lo que esta Corte considera que una comprensión sistemática y dinámica del ordenamiento jurídico aplicable no admite otra solución que sea del cabal cumplimiento del método específico de movilidad establecido por el legislador". Continúa en el Considerando 8° diciendo "Que ..... no existe fundamento válido que justifique retacear los ajustes que debían ser trasladados a los haberes de los jubilados en la forma prevista en el art. 53 de la ley 18.037, que fue mantenida por el art. 160 de la ley 24.241 para las prestaciones otorgadas o que correspondiera otorgar por aquel régimen previsional, hasta su derogación por la ley 24.463." y finalmente en el Considerando 9 finaliza estableciendo "Que por tales razones y las demás expresadas en las disidencias ' de los Jueces Petracchi, Belluscio, Bossert y Fayt en la referida causa "Chocobar, Sixto ' Celestino" corresponde revocar la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios y mantener el ajuste por movilidad hasta el 30 de marzo de 1995 según las variaciones registradas en el índice nivel general de las remuneraciones a que remitía el art. 53 de la ley 18.037..." c.- ) Inconstitucionalidad del tope máximo: El art. 55, en el texto ordenado por el art. 3° de la ley 23.568, es inconstitucional por cuánto no sólo dispone una limitación a las prestaciones, en pugna con la debida proporcionalidad reconocida por toda jurisprudencia citada, sino que además, en el nuevo texto, se ordena la actualización del haber máximo según lo normado por el art. 53, del que me agraviara en V.2. C.N.A.S.S., Sala II, sent. N° 416 del 10. de abril de 1990 "RONDAN, Isidra Bernardina el Caja Nac. Prev. de la Ind. Com. y Act. Civiles para mencionar algún fallo ya que la jurisprudencia de las tres Salas de la C.F.A.S.S. y la Corte Suprema de Justicia son unánimes al respecto. II.-) RESERVA DEL CASO FEDERAL.- - Que de no prosperar dicho reclamo, deja desde ya formal y expresamente planteado el CASO FEDERAL, para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, por violación de las garantías establecidas en los arts. 14 bis, 17, y 18 de la Constitución Nacional.- III.-) PETITORIO.- - Por las razones expuestas pido:a.-) Se haga lugar al reajuste del haber, en relación con el sueldo que, por entonces percibía, como así también se haga efectivo pago como concepto separado el suplemento que perciben los pasivos de acuerdo a las Resoluciones 406/89 y 33/2006, todo ello con sus correspondientes actualizaciones monetarias y la retroactividad correspondiente, como así también se haga lugar .-b.-) Se tenga por acreditada la confiscatoria desproporción y se aplique en la especie los antecedentes de doctrina judicial existente y mencionada ut-supra.-c.-) Oportunamente se abone las diferencias de haberes con intereses hasta el efectivo pago como se solicita en el punto a.-) , se incorpore el aumento y el suplemento solicitado a los haberes futuros.d.-) Se tenga presente la reserva del Caso Federal.- - A la espera de una pronta y favorable resolución, saludo al Señor Director, muy atentamente.-SE ACOMPAÑA : FOTOCOPIA DOCUMENTO CERTIFICADO DE HABER ACTUALIZADO FOTOCOPIAS ULTIMOS RECIBOS DE HABERES FOTOCOPIA DEL CARNET DE JUBILACIÓN PODER ANSES. TELEX . CREDENCIAL
por Eliana » Jue Nov 26, 2009 4:00 pm les hago una consulta? es necesario que saque turno? porq entre las opciones q tiene la web anses no me parece q pueda encuadrarlo? tenia entendido por un colega que lo hacia sin turno web directamente en sector beneficiarios? saludos!
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por ariel armando » Jue Nov 26, 2009 11:06 pm Hola Eliana. Tenés que sacar turno eligiendo la opción de reajuste caso badaro o Error en la liquidación, cuando ingreses el reclamo por beneficiarios te lo recaratulan al expediente. Saludos.
Mensajes: 5401Registrado: Jue Abr 03, 2008 11:01 amUbicación: Provincia de Córdoba.
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por Eliana » Vie Nov 27, 2009 10:12 pm ok mil gracias! ya tenia un reajuste resuelto definitivo por caso badaro me la voy a jugar por error en la liquidacion! mil gracias Ariel Armando!
por Uchi » Mar Jun 07, 2011 7:42 pm Estimados: tengo una persona jubilada por ley 26425, en el año 2005-Me fije en la certi y su actividad desde 1998 a 2005 es de señalero decreto 1851/73. La anterior le figura como servicios comunes-trabajo para Trasnporte Metropolitano General Rosa Sa.Puedo utilizar este reclamo? para el reajuste? puedo pedir que cobre la minima ferroviario o no tiene nada que ver? Es decir la que prevee decreto 662/81, resol 406/89 y 33/2006??Gracias!