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Timestamp: 2020-02-18 14:41:10
Document Index: 270688735

Matched Legal Cases: ['artículo 122', 'artículo 7', 'artículo 149', 'artículo 9', 'artículo 120', 'artículo 149', 'artículo 141', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 11', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'artículo 45', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 149']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2002-6467
Documento consolidado BOE-A-2002-6467
Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.
«BOE» núm. 82, de 05/04/2002.
BOE-A-2002-6467
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/04/04/5/con
Texto inicial publicado el 05/04/2002
TEXTO CONSOLIDADO: «Texto inicial publicado el 05/04/2002»
Con posterioridad surgen numerosas disposiciones (Reales Órdenes de 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849 y 8 de octubre de 1856) que completan la Real Orden de creación de estos boletines oficiales, atribuyendo a los entonces Jefes Políticos la responsabilidad de la edición de los mismos, siendo los órganos decisorios para la inserción de los correspondientes textos, atribuciones éstas que obedecían a su configuración como agentes estatales de comunicación y control de las provincias y de las autoridades locales, a quienes trasladaban las disposiciones dictadas por el Gobierno, verificando su obligado cumplimiento.
La disposición adicional quinta de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, dio una nueva redacción al artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, añadiéndose un nuevo párrafo a dicho artículo, donde se establece que "Las Diputaciones Provinciales seguirán editando y publicando el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares". Con este precepto se resolvió el problema económico planteado a las Diputaciones a la hora de hacer frente a los gastos ocasionados por la prestación de este servicio, si bien seguía sin existir una regulación específica del régimen jurídico de estos boletines.
Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó el 13 de diciembre de 2000 una Proposición no de Ley, en la que "insta al Gobierno a que, tras los oportunos estudios y consultas, se proceda a dictar la normativa adecuada del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia. Entre otros aspectos, esta nueva normativa preverá la posibilidad de que aquellas Comunidades Autónomas, en que así lo acuerden sus respectivos Parlamentos, puedan unificar en una sola publicación oficial los Boletines Oficiales de las Provincias de su territorio con el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el respectivo Gobierno autonómico y los entes locales de su ámbito territorial".
Así, se configura expresamente al Boletín Oficial de la Provincia como un servicio público de ámbito provincial, competencia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión. Al tratarse de una atribución competencial, es necesaria una norma con rango de Ley por imperativo del artículo 7.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, donde se establece que las competencias propias de las entidades locales territoriales sólo podrán determinarse por Ley.
Por último, la Ley se dicta al amparo de las competencias reconocidas al Estado en el artículo 149.1.18.a de la Constitución, por tratarse de una base del régimen jurídico administrativo que garantiza un tratamiento común a todos los ciudadanos, en relación con el artículo 9.3 de la Constitución (principio de publicidad de las normas), a lo que hay que añadir, en el presente caso, la relación existente con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, recogido en el artículo 120.1 de la Constitución.
En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 8 de la sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, señala, por un lado, que la publicación de los actos jurídicos emanados de las Corporaciones Locales en los Boletines Oficiales de las Provincias ha de considerarse una decisión básica incardinable en la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.18.a de la Constitución, pues exige un tratamiento común y uniforme en todo el territorio del Estado que sólo puede garantizar el legislador estatal, y, por otro lado, que la publicación de anuncios y acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia resulta plenamente acorde con la dimensión constitucional que a ésta atribuye el artículo 141 de la Constitución, en su doble condición de agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, entre las que hay que incluir las de las propias Corporaciones Locales en que se organiza territorialmente este último.
Cada Diputación Provincial regulará el modo y forma de gestión del Boletín, su edición, distribución y venta.
A tal efecto, deberá aprobar la oportuna ordenanza reguladora del servicio, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares.
Artículo 5. Lengua de publicación.
Este artículo entra en vigor según lo establecido en la disposición transitoria 2.
Artículo 6. Obligación de publicar.
1. Las Diputaciones Provinciales están obligadas a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia cuantas disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos de las distintas Administraciones públicas y de la Administración de Justicia deban ser insertados en el mismo en virtud de disposición legal o reglamentaria, así como otros actos o anuncios que aquéllas les remitan, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de esta Ley.
La orden de inserción corresponde al órgano competente de la correspondiente Administración anunciante, y será cumplimentada por la Diputación Provincial siempre que cumpla los requisitos establecidos en la presente Ley.
Artículo 7. Publicación de los originales.
2. La publicación de los originales se realizará por orden cronológico de presentación, que sólo podrá ser alterado cuando la publicación sea declarada urgente por el órgano remitente en la orden de inserción, o cuando el volumen del texto a publicar así lo exija, respetándose en todo caso el plazo máximo establecido en el apartado siguiente.
3. La publicación deberá ser realizada en el plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al pago de la tasa correspondiente, si éste procediera, o, en su defecto, de la recepción de la orden de inserción. En caso de publicación urgente, dicho plazo se reducirá a 6 días hábiles.
4. Los originales que se envíen al Boletín Oficial de la Provincia tendrán carácter reservado. No podrá facilitarse información alguna acerca de los mismos, salvo autorización expresa del órgano remitente.
5. Si algún texto aparece publicado con erratas que alteren o modifiquen su contenido, será reproducido inmediatamente en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas correcciones.
Artículo 9. Incorporación de medios técnicos.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Diputaciones Provinciales impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la prestación del servicio del Boletín Oficial de la Provincia, debiendo quedar en todo caso garantizada la autenticidad de los documentos insertados.
Artículo 10. Consulta del Boletín.
Régimen económico del Boletín Oficial de la Provincia
Artículo 11. Tasa de publicación.
1. La publicación de los textos en el Boletín Oficial de la Provincia estará sujeta al previo pago de la tasa provincial, de acuerdo con lo que establezca la ordenanza reguladora aprobada por la correspondiente Diputación Provincial.
2. Estarán exentos del pago de la tasa:
a) La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción obligatoria.
b) Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio.
3. Se exceptúan de la exención a que se refiere el apartado anterior las siguientes publicaciones:
a) Los anuncios publicados a instancia de particulares.
b) Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislación específica.
c) Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
d) Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
f) Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.
g) Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria.
Las ordenanzas reguladoras de las tasas podrán prever la posibilidad de suscripción de convenios de colaboración interadministrativa mediante los cuales se arbitren sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas por publicación de textos, en cuyo caso no será de aplicación lo previsto en el artículo anterior.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 55.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 4.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas prestarán, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que la Administración provincial pueda precisar para el mantenimiento y modernización del Boletín Oficial de la Provincia.
1. Los Parlamentos de las Comunidades Autónomas podrán, a propuesta del Gobierno autonómico, y previa aceptación de la Diputación Provincial, acordar la integración del Boletín Oficial de la Provincia en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva, en cuyo caso se regulará por la normativa autonómica, siendo en todo caso de aplicación lo previsto en los artículos 1 ; 4 ; 5; 6, apartado 1; y 7, apartados 1, 4 y 5, de la presente Ley.
2. En los casos en que se acuerde esta integración, el Boletín Oficial de cada una de las Provincias contará con una sección independiente identificada con su nombre o bien deberá señalarse claramente en el encabezamiento del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva que éste incluye los correspondientes Boletines Oficiales de las Provincias, a fin de garantizar la publicidad de sus contenidos.
La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma uniprovincial, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.
La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Comunidad Foral, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de la citada publicación.
La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada a las Diputaciones Forales, correspondiendo a éstas establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.
La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Ciudad, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.
[Bloque 26: #dfunica]
La presente Ley constituye legislación básica, dictada al amparo del artículo 149.1.18.a de la Constitución.