Source: http://www.drleyes.com/page/resoluciones/documento/1/62/Suprema-Corte/Principios-Nuevo-Codigo-del-Menor/
Timestamp: 2013-05-21 18:19:31
Document Index: 26220364

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 141', 'Artículo 8', 'artículo 40', 'artículo 62', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 40', 'artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 8', 'e contrario', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 14', 'in fine', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 37', 'e contrario', 'artículo 40', 'artículo 10', 'artículo 37', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 14']

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Resolución No. 699-2004
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segunda Sustituta de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 27 de mayo del 2004, años 161° de la Independencia y 141° de la Restauración, dicta en Cámara de Consejo, la siguiente resolución: Visto los artículos 3, 4, 8, 9, 10, 46, 47, 67, 100 y 102 de la Constitución de la República; Visto el artículo 29, inciso 2 de la Ley 821 sobre Organización Judicial, del 1927; Visto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de abril de 1948; Visto la Declaración Universal de Derechos Humanos, de fecha 10 de diciembre de 1948; Visto la Declaración de los Derechos del Niño, de fecha 20 de noviembre de 1959; Visto los artículos 8, 9, 10, 14, 14.1, 14.2, 14.3.a, 14.3.c, 14.5, 14.7 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Congreso Nacional mediante Resolución No.684 de fecha 27 de Octubre de 1977, publicada en la Gaceta Oficial No.9451 del 12 de noviembre de 1977; Visto los artículos 1.1, 1.2, 4.5, 5.2, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.h, 8.4, 9, 11, 14.1, 19, 24, 25, 33 y 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, de fecha 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución No.739 de fecha el 25 de diciembre de 1977, publicada en la Gaceta Oficial No.9460 del 11 de febrero de 1978; Visto el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de fecha 18 de diciembre de 1979, aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución No.582 de fecha 25 de junio de 1982, publicada en la Gaceta Oficial No.9588 del 25 de junio de 1982; Visto las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), de fecha 29 de noviembre de 1985; Visto los artículos 1, 2, 3, 4, 12, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de fecha 20 de noviembre de 1989, aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución No.8-91 de fecha 23 de marzo de 1991, publicada en la Gaceta Oficial No.9805 del 15 de abril de 1991; Visto las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) de fecha 14 de diciembre de 1990; Visto las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio), de fecha 14 de diciembre de 1990; Visto las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, de fecha 14 de diciembre de 1990; Visto la Ley Orgánica No. 25/91, de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 15 de octubre del 1991, modificada por la Ley No. 156-97, del 10 de julio del 1997; Visto el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 19 de Febrero del 1999; Visto la Resolución sobre Hábeas Corpus, No.2532-99, de fecha 29 de diciembre de 1999, dictada por la Suprema Corte de Justicia; Visto el artículo 4 del Código Civil de la República Dominicana; Visto el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana; Visto la Opinión Consultiva OC-17/2002, de fecha 28 de agosto de 2002, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Visto la Resolución sobre Defensa Judicial, No. 512-2000, de fecha 19 de Abril del 2002, dictada por la Suprema Corte de Justicia; Visto la Resolución sobre Medidas Anticipadas a la Vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, No. 1920-2003, de fecha 13 de noviembre del 2003, dictada por la Suprema Corte de Justicia. Atendido, que en un Estado constitucional y democrático de derecho, el reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales constituye la esencia de la democracia; Atendido, que estos derechos se fundamentan en los atributos de la persona humana inherentes a su dignidad, reconocidos por el sistema constitucional; Atendido, que la Constitución asume estos derechos al establecer en su Artículo 8 que: “Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos”, enunciándose de este modo el conjunto de garantías mínimas que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de las personas cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial; Atendido, que el Estado debe garantizar que toda persona sea juzgada por los órganos jurisdiccionales competentes, sometida a un procedimiento preestablecido y a un tratamiento digno, evitando todo procedimiento o tratamiento arbitrario e irrazonable; Atendido, que la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 40.3.a) dispone, dentro de las medidas que tomarán los Estados Partes para promover el establecimiento de leyes y procedimientos: “El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales”, reconociéndose así un principio de inimputabilidad para el grupo etáreo que demarca la niñez, con categoría de principio fundamental, limitando la responsabilidad penal a las personas adolescentes. Atendido, que el Estado debe perseguir las infracciones cometidas por las personas adolescentes dando cumplimiento a su obligación de garantizar el orden público, así como el derecho a la justicia de las víctimas, a las que se les reconoce la potestad de reclamarla ante los tribunales especializados, que no es más que el derecho a la tutela judicial efectiva, contenido en los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Atendido, que forman parte de nuestro derecho interno el conjunto de garantías mínimas reconocidas en nuestra Constitución, así como la normativa supranacional conformada por los tratados y convenciones internacionales que reconocen derechos fundamentales; Atendido, que mediante instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 19 de febrero de 1999, el Estado dominicano acepta y declara que reconoce como obligatorio de pleno derecho y sin convención especial, conforme al artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de dicha Convención; Atendido, que, en consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado dominicano y, por ende, para el Poder Judicial, no sólo la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales, creados como medios de protección, conforme el artículo 33 de ésta, que le atribuye competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes; Atendido, que nuestra Carta Magna establece una forma de incorporación del derecho internacional a nuestro derecho positivo y le otorga jerarquía conforme al bien jurídico tutelado, cuando dispone en su artículo 3: “(...) La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado,...” y en el artículo 10: “La enumeración contenida en los artículos 8 y 9 no es limitativa, y por consiguiente, no excluye otros derechos y deberes de igual naturaleza.”; Atendido, que nuestro país tiene un sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional local, tanto la dictada mediante el control difuso como por el concentrado y, b) la internacional, formada por los pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuente normativa de carácter vinculante que en su conjunto integran lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad, al cual está sujeta la validez formal y material de toda legislación adjetiva o secundaria; Atendido, que las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad obligan a los jueces a observarlas como fuente primaria de sus decisiones, realizando, aún de oficio, la determinación de la validez constitucional de los actos y de las reglas sometidas a su consideración y decisión, a fin de asegurar la supremacía de los principios y normas que conforman el debido proceso de ley; Atendido, que el bloque de constitucionalidad encierra garantías orgánicas y garantías de carácter procesal que tutelan los derechos, la forma, el tiempo y la oportunidad para la realización de las actuaciones ante los tribunales; Atendido, que los principios procesales que estructuran la forma de impartir justicia derivan directamente de la Constitución por ser el instrumento contentivo de los derechos fundamentales de la persona; que en esta perspectiva, el derecho penal juvenil, tanto sustantivo como procesal, garantiza la protección de la persona adolescente frente al poder punitivo del Estado, lo que implica la aplicación constante del derecho constitucional al caso de que se trate; Atendido, que la Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento jurídico de derechos humanos de carácter vinculante por haber sido ratificada por el Estado dominicano; que este instrumento constituye la llamada Carta Magna de los niños, niñas y adolescentes reconociéndolos como sujetos de derechos, definiendo el modelo de responsabilidad penal y estableciendo principios y derechos fundamentales a favor de esa población, que se integran a la Constitución y deben ser respetados y garantizados por los operadores de la justicia; Atendido, que el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño consagra que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; que, por otra parte el artículo 4 establece que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”; Atendido, que la denominada Doctrina de la Protección Integral de los derechos de la infancia se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño y, además, en un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter internacional que evidencian un salto cualitativo fundamental en la consideración social de la persona menor de edad como sujeto de derechos y en la forma de impartir justicia, como son: a) las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); b) las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) y; c) las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; Atendido, que estos últimos instrumentos precedentemente citados representan la expresión de acuerdos de la comunidad internacional aplicables en el diseño de las políticas de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas; que, aun no estando ratificados por el Estado dominicano, por contener derechos fundamentales, garantías sustantivas y procesales, son aplicables por mandato del precitado artículo 10 de nuestra Constitución; Atendido, que la Doctrina de la Protección Integral tutela los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, garantiza, en el caso de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal, una justicia que respeta los derechos procesales consagrados para todas las personas y los derechos especiales a que son acreedores por tratarse de seres humanos en formación y desarrollo; Atendido, que la responsabilidad de la persona adolescente infractora de la ley penal y la reacción coactiva del Estado frente a su conducta delictiva debe ser comprendida en el marco de la protección integral, sobre la base del sentido y los límites de la sanción impuesta por el Estado, clasificándose los principios intrínsecos de una mínima intervención penal estatal en dos grupos: 1. Principios de limitación formal y funcional, que comprenden aspectos como la legalidad de la sanción, irretroactividad de la ley, garantías individuales a la persona adolescente procesada, proporcionalidad de la sanción con el daño social causado por la infracción, idoneidad de la medida o estudio de los efectos socialmente útiles que cabe esperar de la sanción. 2. Principios generales de limitación personal o limitativos de responsabilidad penal, que comprenden la imputación: atribución personal en la que la sanción solo puede ser aplicada a la persona autora de la acción punitiva y, responsabilidad por el hecho: solo puede aplicarse sanción por la responsabilidad del hecho especifico que ha sido juzgado, nunca sobre la base de la ‘peligrosidad social’ del sujeto. Atendido, que la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás normativa internacional, el Código Penal y las leyes especiales de carácter penal, conforman el entorno de referencia para determinar si una persona adolescente es responsable del hecho infraccional que se le atribuye; Atendido, que la respuesta estatal frente al acto infraccional no sólo se manifiesta en la clase y modalidad de la sanción sino también en la estructuración del proceso, cuyo fin, no es determinar la verdad a toda costa, sino también garantizar a la persona adolescente imputada que se pueda defender de la acusación en condiciones justas; Atendido, que a tal realidad no puede estar ajeno el proceso penal juvenil, que integra, en esencia, el debido proceso consagrado en la Constitución cuando considera, refiriéndose a los derechos fundamentales o individuales de la persona humana que “Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa” (Art. 8, numeral 2, literal j), principio que, además, se encuentra consagrado en el artículo 40.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al establecer una serie de garantías y derechos que deben ser respetados frente al alegato de que una persona adolescente ha infringido las leyes penales; Atendido, que existen otros instrumentos internacionales adoptados por el Estado dominicano que consagran este principio y que son igualmente aplicables en virtud de las disposiciones de los Artículos 3 y 10 de la Constitución, por su carácter vinculante, como son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 8 y 10; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 14; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 18; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, artículo 8, entre otros; Atendido, que el debido proceso de ley debe ser respetado y garantizado a toda persona adolescente que se le imputa la comisión de un acto infraccional, como derecho que resulta por ser un atributo de la persona humana; que, cuando en determinados casos el debido proceso resulte contrario al principio del interés superior, el juez puede atenuarlo, resultando imperativo para éste la fundamentación de su decisión con la clara identificación del alcance que tiene la invocación del principio del interés superior como límite a la discrecionalidad; Atendido, que un estudio de los límites y de los alcances de los principios básicos o fundamentales contenidos en la Constitución y la normativa supranacional vigente revela que el debido proceso de ley en nuestro país, está conformado, entre otros, por los siguientes principios fundamentales: 1. Principio del juicio previo; 2. Principio del juez natural o regular; 3. La imparcialidad y la independencia; 4. La legalidad de la sanción y del proceso; 5. El plazo razonable; 6. El principio de única persecución o ‘non bis in idem’; 7. Garantía de respeto a la dignidad de la persona; 8. Igualdad ante la ley; 9. Derecho a no declarar en contra de sí mismo o de no autoincriminación; 10. La presunción de inocencia; 11. Igualdad entre las partes en el proceso; 12. Estatuto de libertad; 13. Personalidad de la persecución; 14. El derecho a la defensa; 15. Formulación precisa de cargos; 16. El derecho al recurso efectivo; 17. La separación de funciones; 18. La obligación de decidir; 19. Motivación de decisiones, 20. Legalidad de la prueba; 21. Derecho a la defensa o asistencia técnica; principios estos que, aunque contribuyen en gran medida, no alcanzan a determinar la especificidad del derecho penal juvenil; Atendido, que, como se ha expresado precedentemente, en el proceso ante la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, en materia penal juvenil, además de los principios fundamentales generales del proceso, que han sido enunciados anteriormente y detallados en la Resolución 1920-2003, dictada por esta Suprema Corte de Justicia, son aplicables al proceso penal de las personas adolescentes una serie de principios fundamentales, derechos y garantías derivados de los instrumentos que conforman la doctrina de la protección integral, que, sin ser limitativos, sustentan de manera principal el derecho y la justicia penal juvenil y forman parte del bloque de la constitucionalidad, tales como 1. Principio del interés superior. El principio del interés superior tiene su origen en la Declaración de los Derechos del Niño del año 1959, instrumento éste que en su Principio 2 establece: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. Este principio constituye una premisa fundamental de todo proceso relativo a la niñez y adolescencia consagrado de igual manera en el precitado artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que expresa: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” Recogido de esa manera en la Convención, este principio crea la base para la interpretación y aplicación de la normativa referente a los niños, niñas y adolescentes y establece líneas de acción concretas para todas las instancias, con el fin de poner un límite a la discrecionalidad de las decisiones. Este principio regulador de la normativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las personas menores de edad y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha opinado, mediante su Opinión Consultiva OC-17/2002, en la No.2: “Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.” Siguiendo estas directrices, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia dictada el 23 de julio del 2003, definió este principio expresando que: “(...) el interés superior del niño, consagrado como norma fundamental por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, tiene su origen en la doctrina universal de los derechos humanos, y como tal, es un principio garantista de estos derechos; que los niños, niñas y adolescentes como personas humanas en desarrollo, tienen iguales derechos que todas las demás personas y por consiguiente, es preciso regular los conflictos jurídicos derivados de su incumplimiento, ...; que el interés superior del niño permite resolver conflictos de derecho recurriendo a la ponderación de los derechos en conflicto, y en este sentido, siempre habrá que adoptarse aquella medida que le asegure al máximo la satisfacción de los derechos que sea posible y su menor restricción y riesgo”. El principio del interés superior debe regir todo proceso de justicia penal de la persona adolescente y garantizar un debido proceso adecuado a su edad y madurez. De manera que, como establecen los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, un trato justo dentro del sistema de justicia penal juvenil debe comenzar con el reconocimiento básico de que la persona adolescente imputada de haber infringido la ley tiene derecho a una protección especial y a las debidas garantías procesales. Este principio implica la individualización de la persona adolescente con una precisa determinación de sus características y necesidades personales, de manera que, tanto los actos procesales como las medidas y sanciones impuestas, sean ajustados a tales características y necesidades. La forma de tratar a la persona adolescente durante el proceso judicial que se le siga puede ser un factor crítico al momento de su reintegración en la familia, escuela y comunidad. Su reinserción en la sociedad sería afectada si son ignoradas sus condiciones personales al aplicar medidas cautelares o sanciones. De lo anteriormente expresado se aprecia un conflicto en el proceso penal juvenil, teniendo, de una parte, el interés en el descubrimiento de la verdad material y la realización del ‘ius puniendi’ y, de otra, el interés superior de la persona adolescente, lo que implica que se debe juzgar el hecho sin prescindir de la valoración de su personalidad. Se trata de un derecho penal de hecho en el que prima el principio de culpabilidad, pero sin caer en el extremo mecanicista de interrumpir el proceso de recuperación de la persona adolescente, debiendo tenerse en cuenta que, surgido un conflicto entre el ‘ius puniendi’ y el interés superior de la persona adolescente, éste último se antepone. 2. Protección integral y respeto a los derechos de la persona adolescente imputada. Protección integral significa protección de derechos, es decir, la satisfacción de los derechos individuales, políticos, sociales, económicos y culturales de que es titular toda persona menor de edad por su condición de persona, los cuales deben ser respetados y garantizados por la familia, la sociedad y el Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el antes citado documento, en su número 8, ha opinado: “Que la verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño.” De igual manera, en el No.10 ha opinado: “Que en los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelven derechos de los niños se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal. Esto abarca las reglas correspondientes a juez natural –competente, independiente e imparcial-, doble instancia, presunción de inocencia, contradicción y audiencia y defensa, atendiendo las particularidades que se derivan de la situación específica en que se encuentran los niños y que se proyectan razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención personal de dichos procedimientos y las medidas de protección que sea indispensable adoptar en el desarrollo de éstos.” Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), en la número 7 establece: “En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior.” La antes enunciada regla hace hincapié en algunos aspectos importantes que representan elementos fundamentales de todo juicio imparcial y justo que son internacionalmente reconocidos en los instrumentos de derechos humanos vigentes y vinculantes. La Convención sobre los Derechos del Niño asume una posición garantista de los derechos de la persona adolescente imputada; el proceso penal pierde su carácter esencial de mero instrumento de aplicación del derecho sustantivo para convertirse en una forma de realización de las normas constitucionales de garantía, al disponer el mencionado instrumento, en el numeral 1 del artículo 40, que: “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.” El principio de respeto a los derechos de la persona adolescente imputada es abarcador, se refiere a todo derecho de la persona adolescente, tanto sustantivo como procesal. Existe consenso doctrinal que esto ocurre ante la potenciación de nuevos derechos, como la defensa del desarrollo integral de la persona adolescente, elevado por la Convención sobre los Derechos del Niño al rango de garantía fundamental. Estos derechos son individuales, en el sentido tradicional del concepto y difusos o populares por pertenecer a un número indeterminado de personas. Este principio es imperativo del respeto a las garantías procesales, tales como: la presunción de inocencia, Art. 40 2. b) i.; el derecho a que se le notifique la acusación, Art. 40 2. b) ii.; derecho a no ser obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, Art. 40 2. b) iv.; derecho a la asistencia letrada, Art. 37 d) y 40 2. b) iii.; derecho a la presencia de los padres o tutores, Art. 40 2. b) ii.; derecho a la confrontación con los testigos y a interrogarlos, Art. 40 2. b) iv.; derecho a recurrir la decisión jurisdiccional ante una autoridad superior, Arts. 37 d) y 40 2. b) v.; derecho al respeto de su vida privada, Art. 40 2. b) vii., derechos que se encuentran consagrados, además, en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3. Derecho a una justicia especializada. El órgano jurisdiccional para conocer las imputaciones de las personas adolescentes debe asumir la función de garantía y pureza procesal, por lo que el proceso penal ante los tribunales de niños, niñas y adolescentes debe disponer de todas las garantías derivadas del ordenamiento jurídico interno, matizado por el reconocimiento de la particular condición de las personas adolescentes, debiendo reunir esta justicia especializada todos los requisitos que son esenciales a la jurisdicción, entre ellos juez natural, independiente e imparcial, que garantice y actúe en función de tercero respecto del sujeto que formula la imputación y de la persona adolescente imputada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la citada Opinión Consultiva, en la No.11, es de opinión: “Que los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de una conducta delictuosa deben quedar sujetos a órganos jurisdiccionales distintos de los correspondientes a los mayores de edad. Las características de la intervenciónn que el Estado debe tener en el caso de los menores infractores deben reflejarse en la integración y el funcionamiento de estos tribunales, así como en la naturaleza de las medidas que ellos pueden adoptar.” El artículo 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño destaca con capital importancia la obligatoriedad de que la administración de justicia penal juvenil debe adecuarse a las especiales circunstancias de la población adolescente. En términos generales y conforme a la precitada Convención, la administración de justicia de adolescentes tendrá por objeto: a) responder a las diversas necesidades de las personas adolescentes en conflicto con las leyes penales y, al mismo tiempo, proteger sus derechos básicos; b) satisfacer las necesidades de la sociedad y, c) respetar cabalmente y con justicia, en todas las etapas del proceso, las garantías fundamentales procesales. 4. Principio de presunción de minoridad. Integrado al principio de protección integral, se reconoce una presunción de minoridad frente a la falta de medios que prueben la edad real del imputado cuando por sus características particulares sea dudoso su establecimiento. Este principio está fundamentado en los objetivos que persigue el sistema de administración de justicia penal de adolescentes, que, conforme a la Regla 5 de Beijing hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a las personas adolescentes imputadas será en todo momento proporcionada a sus circunstancias personales y al delito. El principio de presunción de minoridad forma parte de la política penal que el Estado debe garantizar al segmento de la población adolescente del que se tenga duda de su edad y tiene como objetivo evitar que personas adolescentes acusadas de infringir la ley penal que carezcan de registros o documentos que permitan establecerla con exactitud, puedan ser enviadas a la jurisdicción ordinaria. La aplicación del principio de presunción de minoridad coadyuvará a evitar que las personas adolescentes que se encuentren en esa situación se vean expuestas a los posibles rigores y estigmatizaciones que provocaría el juicio ante un tribunal penal de adultos. La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 40.3, compromete a los Estados Partes a establecer leyes, procedimientos, autoridades e instituciones especificas para las personas menores de edad de quienes se alegue han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, estando orientada la observancia de la presunción de minoridad a evitar la violación a esa previsión legal. 5. Principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad del proceso y el conocimiento de los casos a puertas cerradas se establece como limitación al principio de publicidad, con la finalidad de proteger la identidad de la persona adolescente imputada en respeto de su derecho a la intimidad y para facilitar su reinserción social. En este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de la manera siguiente: “Cuando se trata de procedimientos en los que se examinan cuestiones relativas a menores de edad, que trascienden en la vida de éstos, procede fijar ciertas limitaciones al amplio principio de publicidad que rige en otros casos, no por lo que toca al acceso de las partes a las pruebas y resoluciones, sino en lo que atañe a la observación pública de los actos procesales. Estos límites atienden al interés superior del niño, en la medida en que lo preservan de apreciaciones, juicios o estigmatizaciones que pueden gravitar sobre su vida futura. Al respecto, la Corte Europea ha señalado, aludiendo al artículo 40.2.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, que “a los niños acusados de crímenes debe respetárseles totalmente su privacidad en todas la etapas del proceso”. Asimismo, el Consejo de Europa ordenó a los Estados Partes revisar y cambiar la legislación con el objeto de hacer respetar la privacidad del niño. En un sentido similar la Regla 8.1 de Beijing establece que debe respetarse la privacidad del joven en todas las etapas del proceso.” El principio de confidencialidad se impone al principio de publicidad procesal del derecho penal de adultos; está llamado a limitar la publicidad del debate por las consecuencias negativas y estigmatizantes que pueden significar para las personas adolescentes. Así lo consigna el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.1, parte ‘in fine’, cuando al referirse a la necesidad de publicidad de las sentencias, hace excepción respecto a los casos en el que el interés de menores de edad exija lo contrario. En virtud de este principio, en las audiencias en los tribunales de niños, niñas y adolescentes, el acceso estará limitado a las personas estrictamente necesarias para el conocimiento de las mismas; este entorno estará reservado al juez, el ministerio público, el abogado apoderado de la defensa, la persona adolescente imputada, los padres o personas responsables de quienes dependa la persona adolescente, la víctima o su abogado, si estuviere constituida en parte civil, los miembros del equipo técnico u otros profesionales, si se considerare necesaria su presencia, el personal auxiliar del tribunal, así como los testigos que deban comparecer. 6. Derecho de participación. La Convención sobre los Derechos del Niño, al tiempo que crea las bases para el reconocimiento pleno de los derechos de las personas menores de edad, establece mecanismos para la protección de esos derechos. El artículo 12 les garantiza el derecho a expresar su opinión y les permite participar de manera activa en los procesos que le conciernen, en función de que su edad y madurez psíquica lo permita, como su participación en procesos judiciales, civiles o penales, en los que se encuentren involucrados derechos que les son inherentes. En tal sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que: “bajo esta misma perspectiva, y específicamente con respecto a determinados procesos judiciales, la Observación General 13 relativa al artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, sobre la igualdad de todas las personas en el derecho a ser oídas públicamente por un tribunal competente, señaló que dicha norma se aplica tanto a tribunales ordinarios como especiales, y determinó que los “menores deben disfrutar por lo menos de las mismas garantías y protección que se conceden a los adultos en el artículo 14.” El derecho de participación, en el derecho penal juvenil, es una garantía procesal fundamental consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40. 2. b) ii., que establece la obligación de garantizar a la persona adolescente acusada de violar las leyes penales “que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él...”, agregando el citado artículo, en el inciso iv. del mismo literal, la garantía de ser oído en juicio, más no obligado a declarar, contradecir las pruebas, interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargos y presentar testigos de descargo, derecho de recurrir la decisión que se adopte en la causa que se le sigue, otorgándole a la persona adolescente una participación activa en todas las fases del proceso, que deberá ser tutelada por los jueces en función de su interés superior. 7. Respeto del procedimiento especial. La autonomía de una rama del derecho requiere la concurrencia de distintos elementos e instituciones que, reflejando la especialidad de objeto y método, aparecen en el espectro jurídico con particularidades distintivas. La observancia del carácter instrumental del derecho procesal no es un fin en sí misma, sino que sirve de medio para que se observe el derecho sustancial. En el campo del derecho de niñez y adolescencia, área del derecho signada por las particularidades del sujeto al cual se refiere, encuentra un reflejo esta autonomía con el funcionamiento de tribunales especializados, integrado por jueces que aplican un procedimiento diferenciado, con finalidad propia y donde rigen principios acordes a la naturaleza del sujeto y particularidades de su persona. La Convención sobre los Derechos del Niño recoge el criterio de procedimiento especializado en su artículo 40.3, precitado, al expresar que “los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales....”. La administración de justicia penal de adolescentes deberá tomar en cuenta los objetivos sociales, las exigencias del bien común, los derechos individuales y colectivos y la condición particular de esa población, en un marco de respeto de las garantías fundamentales y los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y la legislación procesal penal. 8. Principio de celeridad procesal. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su artículo 8.1 establece el plazo razonable como uno de los elementos del debido proceso, de igual modo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos prescribe en su artículo 14.3 literal c) el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, principios estos que son asumidos por la justicia penal de adolescentes mediante la Regla 20 de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) al establecer que: “Todos los casos se tramitarán desde el comienzo de manera expedita y sin demoras innecesarias.” Es un derecho de los niños, niñas y adolescentes el que los conflictos en que se encuentren envueltos, de familia o penales, tengan solución dentro de parámetros razonables de tiempo que establezca la ley y que, en efecto, se produzca de manera equitativa y efectiva; la justicia pronta y cumplida es consubstancial con la celeridad procesal. Los procesos seguidos a las personas adolescentes en conflicto con la ley penal deben ser conocidos de forma expedita, sin detrimento del debido proceso ni menoscabo de su dignidad. De no cumplirse con el principio de celeridad, peligrarían cualesquiera efectos positivos que el procedimiento y la decisión pudieran acarrear. 9. Excepcionalidad de la privación de libertad. Las leyes penales juveniles adecuadas a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los instrumentos que conforman la doctrina de la protección integral se caracterizan por el establecimiento de una amplia gama de sanciones con una finalidad educativa, entre las que se encuentran: las ordenes de orientación y supervisión, las sanciones socioeducativas y las privativas de libertad. Tanto la medida cautelar como la sanción que implique privación de libertad deben ser ordenadas excepcionalmente de conformidad a lo previsto en el artículo 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece: “(…)La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. El literal c) del mismo artículo dispone que: “(...)En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales”. El artículo 40.4 de la Convención establece que: “Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como la infracción”. De igual manera, la Regla 19 de Beijing establece el carácter excepcional de la privación de libertad y su utilización en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible. La Regla 1.1 de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad afirma que la reclusión de una persona adolescente en un establecimiento deberá ser siempre una medida de último recurso y por el período necesario y limitarse a casos excepcionales. El artículo 10.2. b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la separación de las personas adolescentes de los adultos en los centros de privación de libertad, previsión que está contenida, además, en el artículo 37 c) de la Convención sobre los Derechos del Niño. A los fines de la justicia penal juvenil, joven adulto es toda persona que haya alcanzado la mayoría de edad cumpliendo una sanción impuesta e igualmente las personas que sean sancionadas después de haber cumplido la mayoridad por delitos cometidos mientras eran menores de edad. 10. Formación integral y reinserción social. El estado de derecho no significa sancionar a los individuos que lo violan, sino también asegurar que los derechos humanos de esos individuos sean totalmente respetados. En el proceso penal, el sujeto procesal adolescente está expuesto a estigmatización y agresiones deformantes que pueden constituir un obstáculo para su reinserción social, lo cual contraviene el principio de protección integral. En este proceso debe existir una vigilancia constante de las distintas fases y actos de procedimiento, a fin de no acentuar la situación adversa por la que atraviesa la persona imputada, evitar la estigmatización y victimización, fomentando su educación y desarrollo humano. La protección integral abarca todos los derechos que son inherentes a las personas menores de edad, lo que significa que la persona adolescente, así como el joven adulto sancionado por la jurisdicción de niños, niñas y adolescente con la privación de su libertad, deberá estar en un centro especializado de atención integral donde sean cubiertas todas sus necesidades y garantizados sus derechos, como alimentación, salud, educación, formación y otros, basado en el fomento de su dignidad, mediante el desarrollo de programas tendentes a su reinserción social. La Regla 26.1 de Beijing establece que: “La capacitación y el tratamiento de los menores confinados en establecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar su cuidado y protección, así como su educación y formación profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad.” De igual manera, la Regla 26.2 especifica el tipo de asistencia necesaria -social, educacional, profesional, sicológica, médica y física- que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad, en interés de su sano desarrollo. La Regla 38 de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad establece que: “Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir un enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en la sociedad.” En el mismo sentido, la Regla 42 dispone que: “Todo menor tendrá derecho a recibir formación para ejercer una profesión que lo prepare para un futuro empleo.” La Regla 79 del instrumento antes citado establece que: “Todos los menores deberán beneficiarse de medidas concebidas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la educación o el trabajo después de ser puestos en libertad.” Atendido, que partiendo del contexto jurídico integrado por las garantías, principios y derechos fundamentales que se han descrito, que constituyen la base de sustentación y son inmanentes para el cabal cumplimiento del debido proceso, cuya observación y respeto resultan imprescindibles para una adecuada administración de justicia de adolescentes por las particulares características y la vulnerabilidad de la población a que va dirigida, procede fijar, mediante la presente Resolución, los criterios que armonicen el proceso y la práctica vigentes en los tribunales de niños, niñas y adolescentes en atribuciones penales, con el ordenamiento jurídico constitucional; Atendido, que no existen normas relativas a la disposición física de los tribunales de niños, niñas y adolescentes; que esta carencia deja abandonada a la discrecionalidad del juzgador la ubicación de las partes en la sala de audiencias en los procesos penales juveniles; que la colocación de las partes se debe corresponder con las necesidades de la actuación de los procesos judiciales conforme a la idea del debido proceso, debiendo permitir la debida comunicación de las partes con sus abogados durante la vista de la causa para que no se disminuyan las posibilidades de la asistencia técnica y el libre ejercicio del derecho a la defensa, colocándole en un plano de equilibrio con respecto al ministerio público y a la parte civil constituida, si la hubiere; que esta realidad crea la necesidad de que se establezca una forma de distribución equitativa y adecuada a las exigencias del proceso concebido en la Constitución y en las leyes vigentes; Atendido, que el proceso penal juvenil permite que el juez entreviste a la persona adolescente imputada con fines informativos cuando es llevada a su presencia por el ministerio público; que la ley no ha establecido formalidades mínimas que orienten a las partes sobre sus derechos en esta etapa del proceso, ni el procedimiento a seguir en la misma; que estando facultado para dictar medidas cautelares, entre las que se encuentra la privación provisional de libertad, se hace necesario establecer, en esta fase previa al juicio de fondo, un procedimiento rodeado de las garantías inherentes al debido proceso que limite la discrecionalidad del juez, otorgando a las partes el beneficio de la oralidad y la contradictoriedad para dirimir situaciones como la aplicación de medidas cautelares, la ordenanza de medidas tendentes a recabar y aportar pruebas, fijación de audiencia y citación de partes, lo que redundará en una disminución considerable de la duración de los procesos; Atendido, que en esta diligencia procesal o audiencia de entrevista y medidas cautelares es imprescindible la presencia del representante del ministerio público, quien presentará a la persona adolescente imputada ante el juez, detallará de manera sumaria las pruebas e indicios que justifican la actuación procesal y solicitará medida cautelar, si lo considerare pertinente; que en la vista podrá estar presente el denunciante o querellante y la parte civil constituida, si la hubiere; que esta vista se celebrará en forma oral y contradictoria, garantizando a la persona adolescente procesada la asistencia de un abogado encargado de su defensa y la presencia de sus padres o responsables; Atendido, que toda persona adolescente que haya sido privada provisionalmente de su libertad tiene el derecho de impugnar la decisión por ante el tribunal de superior jerarquía; que el recurso que se interponga con motivo de la imposición de la medida cautelar privativa de libertad no será suspensivo del procedimiento que se siga en el tribunal de primer grado; Atendido, que siendo un mandato constitucional que toda persona privada de su libertad sea sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad, plazo que para las personas adolescentes la ley reduce a veinticuatro horas, el ministerio público tiene a su cargo presentar, dentro de este último plazo, ante el juez de niños, niñas y adolescentes en atribuciones penales, para la audiencia de entrevista y medidas cautelares, a toda persona adolescente que haya sido apresada o limitada en su libertad de tránsito con motivo de la investigación de un acto delictuoso, debiendo presentar los elementos e indicios de prueba que justifiquen la investigación y avalen la adopción de las medidas cautelares que proponga al juez apoderado, decisiones que deberán ser tomadas por el juez; Atendido, que en el sistema judicial las garantías procesales son fuente de sustentación y los roles de los actores del proceso deben estar claramente definidos e individualizados para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa; que por -tanto, un sistema penal acusatorio le atribuye al juez la función de órgano decisorio como tercero imparcial e independiente, no pudiendo inmiscuirse en atribuciones propias de otros actores, como la iniciativa en la acción penal mediante apoderamiento de oficio, o actividad probatoria que es del monopolio exclusivo de las partes, o de impulso procesal, a excepción de la facultad de salvar las dilaciones que resulten perniciosas para la concreción del debido proceso y garantía del interés superior, actuación ésta que debe estar fundamentada en derecho y debidamente motivada; Atendido, que la obligación del Estado de garantizar el derecho de defensa ha sido consagrada en la Constitución de la República en su artículo 8. 2, j); que la Convención sobre los Derechos del Niño, en interés de dotar a la persona adolescente procesada de las herramientas necesarias para que ejerza este derecho, pone a cargo de los Estados Partes la obligación de asegurar que, en el proceso que se le sigue, la persona adolescente contará con asistencia jurídica para la preparación y presentación de su defensa (Art. 40.2. b) iii.); que desde el momento en que la persona adolescente es sindicada como presunta autora de un hecho delictivo y se pone en movimiento la acción pública, se hace necesario que cuente con la adecuada asesoría y asistencia jurídica que le garantice el derecho de defensa en todas las fases del procedimiento que se le siga; Atendido, que de conformidad con el numeral 2 del artículo 29 de la Ley de Organización Judicial No.821 de 1927, entre las facultades de la Suprema Corte de Justicia se encuentra la de “determinar el procedimiento judicial que deberá observarse en los casos ocurrentes, cuando no esté establecido en la ley, o resolver cualquier punto que para tal procedimiento sea necesario”; que el literal h) del artículo 14 de la Ley Orgánica No.25 del 1991 de la Suprema Corte de Justicia, dispone la facultad de la Suprema Corte de Justicia para el “trazado del procedimiento a seguir en todos los casos en que la ley no lo establezca”; Atendido, que en vista de todo lo anterior y con la finalidad de asegurar una buena administración de justicia penal de adolescentes y hacer efectivo el cumplimiento de las garantías consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, esta Corte adopta las normas prácticas de funcionamiento pertinentes, encaminadas a lograr que los procesos penales juveniles sean llevados a cabo conforme a los principios, normas y valores del bloque de constitucionalidad, al tiempo que reconoce, como un deber a su cargo, asegurar el cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico vigente; Por tanto, la Suprema Corte de Justicia,
PRIMERO: Reconoce y asume los siguientes principios fundamentales: 1. Principio del interés superior; 2. Protección integral y respeto a los derechos de la persona adolescente imputada; 3. Derecho a justicia especializada; 4. Principio de presunción de minoridad; 5. Principio de confidencialidad; 6. Derecho de participación; 7. Respeto del procedimiento especial; 8. Principio de celeridad procesal; 9. Excepcionalidad de la privación de libertad; 10. Principio de formación integral y reinserción social; 11. Principio del juicio previo; 12. Principio del juez natural o regular; 13. La imparcialidad y la independencia; 14. La legalidad de la sanción y del proceso; 15. El plazo razonable; 16. El principio de única persecución o ‘non bis in ídem’; 17. Garantía de respeto a la dignidad de la persona; 18. Igualdad ante la ley; 19. Derecho a no declarar en contra de sí mismo o de no auto incriminación; 20. La presunción de inocencia; 21. Igualdad entre las partes en el proceso; 22. Estatuto de libertad; 23. Personalidad de la persecución; 24. El derecho a la defensa; 25. Formulación precisa de cargos; 26. El derecho al recurso efectivo; 27. La separación de funciones; 28. La obligación de decidir; 29. Motivación de decisiones; 30. Legalidad de la prueba; 31. Derecho a la defensa o asistencia técnica; tal como han sido descritos precedentemente en esta Resolución y en la número 1920-2003 como parte integrante del debido proceso y dispone su aplicación inmediata en todos los tribunales de niños, niñas y adolescentes del país; SEGUNDO: Dispone que las áreas físicas en las salas de audiencias de todos los tribunales de niños, niñas y adolescentes, se organicen, conforme a la distribución dispuesta en el ordinal segundo de la Resolución 1920-2003, de la siguiente manera: dos mesas al frente del asiento del o de los jueces, colocadas en un mismo plano y a distancia razonable de la mesa donde tiene su asiento el juez, con la finalidad de que a la izquierda del o los jueces esté sentada la persona adolescente procesada con uno de sus padres o representantes, junto a su defensor; a la derecha, el ministerio público y la parte agraviada junto a su abogado, permitiendo la comunicación permanente de los abogados con la persona a quien asisten, resguardando así la igualdad de todos ante la ley y los tribunales. La mesa del o los jueces, que estará al mismo nivel que la de las partes, tendrá un espacio para la secretaria. A un lado de la mesa se habilitará un lugar para que se siente el testigo y declarante al momento de ser interrogado, dispuestos de tal manera que permita el contacto visual permanente de éstos con todos los actores del proceso durante su exposición; TERCERO: Instruye a todos los jueces en atribuciones penales juveniles a los fines de que la entrevista que realizan a la persona adolescente imputada cuando es presentada la primera vez por el ministerio público, se realice en una audiencia en la que la persona adolescente procesada estará asistida de un defensor de su elección o el juez solicitara la presencia de un defensor judicial para que le asista, en la cual se examinarán y dictarán, si se considerare necesario, las medidas cautelares pertinentes y se ordenarán las medidas previas de instrucción que resulten factibles al momento de la audiencia para el conocimiento del fondo del proceso. La vista de la audiencia será oral y contradictoria; en esta audiencia de entrevista y medidas cautelares deberá estar presente la persona adolescente procesada, su abogado apoderado y el ministerio público; podrán asistir los padres o representantes de la persona adolescente procesada y la víctima y/o su abogado apoderado, si lo hubiere; ordenadas o no las medidas cautelares, el juez fijará, por la misma decisión, la audiencia para el conocimiento del fondo en el más breve plazo dejando citadas a las partes presentes. Reconoce y acoge, como derecho fundamental, el derecho a recurrir la decisión cuando en la audiencia de entrevista y medidas cautelares el juez ordene, como medida cautelar, la privación provisional de libertad. La decisión que se dicte podrá ser objeto de los recursos establecidos por la ley; CUARTO: Dispone que en todas las fases del proceso, la persona adolescente, desde el momento que es sindicada como presunta autora de un acto infraccional, contará con la asistencia de un abogado, sea de su elección o el juez solicitara la presencia de un defensor judicial, a los fines que se encargue de preparar y presentar su defensa; QUINTO: Dispone que en la fase de juicio en los tribunales de niños, niñas y adolescentes las partes interrogarán de modo directo a los deponentes, garantizando el derecho a la igualdad entre las partes. El juez que presida la audiencia orientará a quien practique el interrogatorio sobre la forma de hacer el mismo, advirtiéndole, además, que no le está permitido hacer preguntas a la persona adolescente procesada de forma sugestiva, capciosa, impertinente o con respuestas inducidas. Jorge A. Subero Isa Rafael Luciano Pichardo Eglys Margarita Esmurdoc Hugo Álvarez Valencia Juan Luperón Vásquez Margarita A. Tavares Julio Ibarra Ríos Enilda Reyes Pérez Dulce Ma. Rodríguez de Goris Julio Aníbal Suárez Víctor J. Castellanos Estrella Ana Rosa Bergés Dreyfous Edgar Hernández Mejía Darío O. Fernández Espinal Pedro Romero Confesor José E. Hernández Machado La presente resolución ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, el mismo día, mes y año en ella expresados, lo que yo, Secretaria General, certifico.- Grimilda Acosta de Subero, Secretaria Suprema Corte de Justicia Descargar Buscar
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