Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-00658-de-octubre-7-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_94a334a4bd51603ee0430a010151603e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-16 03:52:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 711', 'artículo 711', 'artículo 485', 'artículo 711', 'artículo 437', 'artículo 12', 'artículo 437', 'artículo 437', 'artículo 771', 'artículo 617', 'artículo 771', 'artículo 771', 'artículo 5', 'artículo 771', 'artículo 617', 'artículo 259', 'artículo 646', 'artículo 252', 'artículo 5', 'artículo 771', 'artículo 260', 'artículo 214', 'artículo 169', 'artículo 177', 'artículo 647', 'artículo 11', 'artículo 683']

﻿ Sentencia 2006-00658 de octubre 7 de 2010
SENTENCIA 2006-00658 DE 07 DE OCTUBRE DE 2010
CONTENIDO:REITERACIÓN. PROCEDENCIA DE LOS IMPUESTOS DESCONTABLES POR CONTRATOS CELEBRADOS CON EXTRANJEROS. LA DISCRIMINACIÓN DEL IVA EN LOS CONTRATOS NO ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DE LOS IMPUESTOS DESCONTABLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:SOCIEDAD EXTRANJERA, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE POR COMPRA A PROVEEDOR
Sentencia 2006-00658 de octubre 7 de 2010
Rad.: 250002327000200600658 01
Número interno: 16635
Drummond Ltda. (NIT 800021308-5) contra la DIAN
Corresponde a la Sala examinar la legalidad de los actos por los cuales la Administración de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá rechazó impuestos descontables por servicios gravados, originados en retenciones practicadas a proveedores no domiciliados ni residentes en Colombia, durante el segundo bimestre de 2002, por $47.683.000.
El recurso de apelación involucra el análisis de los siguientes aspectos: i) la violación del principio de congruencia de la sentencia respecto de lo que consideró el a quo en relación con la correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión; ii) el derecho al descuento del IVA retenido respecto de las operaciones de prestación de servicios con sociedades extranjeras no domiciliadas ni residentes en Colombia, no soportadas en contratos; y, iii) la diferencia de criterios que invocó la demanda para la exoneración de la sanción por inexactitud que le impusieron los actos acusados.
Para abordar el primer punto, comienza la Sala por aclarar que el principio de congruencia de la sentencia en los juicios tramitados ante esta jurisdicción, se estructura a partir de los artículos 137 (num. 4) y 170 del Código Contencioso Administrativo, y 305 del Código de Procedimiento Civil.
Dicho marco normativo describe el mencionado principio en dos acepciones fundamentales: como armonía entre la parte motiva y la resolutiva del fallo (congruencia interna), y como conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en la contestación (congruencia externa).
La congruencia, así concebida, persigue la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa del demandado, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda.
En dicho contexto, además, surgen los conceptos de fallo ultra y extrapetita, como decisiones que van más allá de lo pedido, ya sea porque se otorgan cosas adicionales a las solicitadas en la demanda (sentencia ultrapetita), o porque se reconoce algo que no se solicitó (sentencia extrapetita).
Conforme con esta perspectiva, el aspecto discutido por el apelante no constituye violación al principio de congruencia, porque el examen que hizo el fallo apelado sobre la falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión, no solo fue apto para desestimar dicho argumento y negar la solicitud de nulidad en lo que a él refería, manteniendo la concordancia entre la parte motiva y resolutiva del fallo; sino que atendió las pretensiones de la demanda, sin ir más allá de las mismas, independientemente del alcance que haya dado a los cargos en que las fundamentó y del sentido en que los haya resuelto.
El texto de la sentencia apelada (pág. 17, párr. 1) demuestra que el tribunal sí consideró la violación del principio de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión, aunque en una forma que no comparte la apelante. Se entiende, por tanto, que el recurso cuestiona el análisis del cargo propiamente dicho, y de acuerdo con ello proveerá la Sala, como sigue:
El artículo 711 del estatuto tributario señaló:
“La liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere”.
De acuerdo con la disposición anterior, la declaración tributaria, y los hechos que motivan el requerimiento especial y su ampliación, constituyen el marco de análisis de la liquidación oficial de revisión, de modo que ésta debe ajustarse a aquéllos, sin desconocer o ir más allá de lo declarado, ni variar las razones expuestas como fundamentos de la propuesta de modificación que hace el requerimiento o su ampliación.
Es claro entonces que la correspondencia entre los actos administrativos referidos, se predica de los hechos que motivan la propuesta de modificación de la liquidación privada, y la efectiva realización de la misma, lo cual, como ha señalado la Sala, garantiza el derecho de defensa y de audiencia del contribuyente(1).
Examinada esta exigencia legal en el caso concreto, se observa que el supuesto fáctico de la liquidación oficial de revisión coincide con aquél que motivó la modificación propuesta en el requerimiento especial, cual es la improcedencia de los impuestos descontables declarados por retención de impuesto sobre las ventas en operaciones realizadas con no domiciliados o no residentes en Colombia, de acuerdo con los artículos 485 y 486 del estatuto tributario.
El cuestionamiento que hace el requerimiento especial sobre el carácter descontable de las retenciones practicadas, es, sin duda alguna, un fundamento de tipo jurídico no cobijado por el presupuesto de correspondencia previsto en el artículo 711 del estatuto tributario.
Más allá de ello, el requerimiento determinó la improcedencia del descuento a partir de normas como el artículo 485 del estatuto tributario, que estableció como descontable el impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales muebles y servicios, hasta el límite que resultare de aplicar al valor de la operación que conste en las respectivas facturas o documentos equivalentes, la tarifa del impuesto a la que estuvieren sujetas las operaciones correspondientes.
La invocación de ese precepto legal, sin duda alguna, abre la posibilidad de examinar el aspecto probatorio al que alude la liquidación oficial de revisión, respecto de los contratos por las operaciones celebradas con las sociedades extranjeras, como documentos equivalentes a la factura en los que debe aparecer registrado el IVA susceptible de descuento.
No existe pues divergencia en el fundamento de hecho de los aludidos actos administrativos, ni, por ende, violación del principio consagrado en el artículo 711 del estatuto tributario, pues tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial de revisión circunscribieron la discusión al carácter gravado de los servicios prestados por las sociedades extranjeras a la demandante sobre los cuales se practicó la retención en la fuente por concepto del IVA descontable cuestionado.
Sobre el segundo punto a examinar —el derecho al descuento por las retenciones originadas en las operaciones de prestación de servicios con proveedores extranjeros, no soportadas en contratos—, se observa:
De acuerdo con el numeral tercero del artículo 437-2 del estatuto tributario, quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios gravados en el territorio Nacional, a&$ctúan como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados.
Conforme con el artículo en comento, los agentes retenedores del IVA responden por las sumas que están obligados a retener; la retención se causa en el momento del pago o abono en cuenta, y debe declararse y pagarse mensualmente. Con ello, surge un nuevo concepto de “impuesto descontable”, que es el “impuesto retenido” o autorretenido, equivalente a “impuesto facturado” al responsable(2).
Esta norma fue reglamentada por el artículo 12 del Decreto 1165 de 1996(3), según el cual, “Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 437-2 del estatuto tributario, en el contrato respectivo deberá discriminarse el valor del impuesto sobre las ventas generado que será objeto de retención por parte del contratante. El contrato servirá como soporte para todos los efectos tributarios”.
La finalidad de la anterior exigencia es hacer efectivo el cumplimiento de la obligación legal de retención, prevista en el artículo 437-2 numeral 3, de modo que aquélla se practique sobre el 100% del IVA generado en la respectiva operación.
Es de anotar que, en criterio de la Sala, la falta de discriminación del IVA en los contratos de prestación de servicios suscritos con personas sin domicilio ni residencia en el país, no genera la pérdida del derecho al descuento para el contratante, en su condición de agente retenedor. Lo anterior, porque esa discriminación no es un requisito ad sustantiam actus dado que la ley no condicionó el derecho al descuento a tal exigencia; sin perjuicio de que la falta de discriminación pueda aducirse como requisito ad probationem, cuando se controvierta el valor que debió retenerse por la respectiva operación(4).
A su turno, el artículo 771-2 ibídem dispuso que para la procedencia de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requieren facturas con los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del estatuto tributario. Y que tratándose de documentos equivalentes deben cumplirse los requisitos de los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del estatuto tributario.
El Decreto 3050 de 1997 señaló que la factura o documento equivalente debe reunir como mínimo los requisitos contemplados en el artículo 771-2 del estatuto tributario, sin perjuicio de la obligación para quien los expide, de hacerlo con el lleno de los requisitos de numeración consecutiva, preimpresión y autorización previa contemplados en las normas vigentes.
Igualmente, el referido artículo 771-2 previó que ante la inexistencia de obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a impuestos descontables, debe cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca(5).
De acuerdo con los artículos 616-2 del estatuto tributario, 6º del Decreto 3050 de 1997 y 2º del Decreto 1001 de 1997, no se requiere la expedición de factura o documento equivalente en las operaciones realizadas por bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial; en las ventas efectuadas por los responsables del régimen simplificado; en las enajenaciones y arrendamientos de bienes que constituyan activos fijos para el enajenante o arrendador que sea no comerciante; en las operaciones realizadas por cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado superior, instituciones auxiliares del cooperativismo, cooperativas multiactivas e integrales, y fondos de empleados, en relación con sus actividades financieras; por responsables del régimen simplificado; por distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural comprimido, en lo referente a estos productos; por prestadores del servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, en relación con esas actividades; por quienes presten servicios de baños públicos, en relación con esta actividad; por personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria, en relación con esta actividad; y por personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos de IVA o presten servicios no gravados, siempre y cuando no sobrepasen los topes de ingresos y patrimonio exigidos a los responsables del régimen simplificado.
Las operaciones realizadas con proveedores extranjeros no hacen parte de este listado legal y reglamentario. Por el contrario, el artículo 5º (num. 2) del Decreto 3050 de 1997 previó que los contratos celebrados con extranjeros sin residencia o domicilio en el país, constituyen documentos equivalentes a las facturas, y que para la procedencia del IVA descontable se debe acreditar, adicionalmente(6), que se ha practicado la respectiva retención en la fuente.
Al examinar la legalidad de esta norma, la Sala puntualizó que la procedencia del IVA descontable exige la presentación de la factura o documento equivalente a la misma, y que, para el caso de operaciones con extranjeros sin residencia o domicilio en el país, dicho documento era el contrato celebrado con estos, porque tales operaciones generan impuesto sobre las ventas, y solo los soportes del hecho generador permiten que la administración tributaria pueda determinar la base gravable o de retención respectiva(7).
Ahora bien, conforme con el artículo 771-2 del estatuto tributario, mencionado párrafos atrás, el contrato, como documento equivalente que es, debería cumplir los requisitos de los literales b), d), e) y g) del artículo 617 ibídem; sin embargo, la Sala ha señalado que en virtud del principio de territorialidad de la ley, las personas sin residencia ni domicilio en el país no están obligadas a expedir facturas ni documentos equivalentes en los términos de la ley colombiana, pues el valor probatorio de los documentos otorgados en el exterior es el que le atribuye la ley del país donde se suscriben, siempre que se autentiquen conforme lo exige el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. En concordancia, el artículo 646 del Código de Comercio prevé que los títulos creados en el extranjero se rigen por la ley del país de origen, y gozan de presunción de autenticidad cuando se aducen como prueba, de conformidad con el inciso final del artículo 252 de la legislación procesal civil(8).
Con todo, la interpretación sistemática de las normas mencionadas permite concluir que el contrato con las personas o entidades extranjeras sin domicilio o residencia en el País, es una de las pruebas para la procedencia de los impuestos descontables, puesto que corresponde al documento equivalente a la factura en tales operaciones y sirve de sustento para respaldar aquéllos(9).
De acuerdo con lo anterior, la Sala precisó que la realidad negocial puede demostrarse a través de otros medios probatorios que le permitan a la Administración tener certeza de la operación y su cuantía. Por tanto, aunque el contrato es el medio legal idóneo para probar las operaciones con proveedores de servicios extranjeros, ello no le resta valor probatorio a otros documentos como la factura, pues el artículo 5º (num. 2) del Decreto 3050 de 1997, lo equiparó a esta última.
Así, las operaciones con no residentes o no domiciliados en Colombia que originen el derecho a reclamar impuestos descontables pueden soportarse en facturas que den certeza de dichas operaciones, independientemente de que no estén sometidas a los requisitos de la ley colombiana en virtud del principio de territorialidad.
Más allá de ello, la factura y los certificados de retención en la fuente, prueban el recaudo anticipado del IVA, independientemente de que el contrato determine la existencia del hecho generador de IVA (para el caso prestación de servicios).
Y es que, en aplicación del artículo 771-2 del estatuto tributario los contratantes de servicios con personas sin domicilio en el país, además de ser sujetos pasivos del IVA generado en dichas operaciones, están obligados a retener el 100% del gravamen porque, en su condición de agentes retenedores, son responsables del impuesto que retienen en cuanto lo recaudan, declaran y pagan. En esa calidad, tales contratantes tienen derecho a descontar los valores que liquidaron, declararon y pagaron anticipadamente.
En el sub lite, la administración rechazó el IVA descontable declarado en el segundo bimestre de 2002, por $47.683.000, originado en las retenciones practicadas respecto de las operaciones realizadas con los siguientes proveedores:
Proveedor de servicios extranjero Valor factura IVA retenido – impuesto descontable
Rail Sciences Inc. 35.604.348 5.694.413
Stewart Lubricants & Service Company 86.379.343 13.821.790
Stewart Lubricants & Service Company 75.468.824 12.075.009
Stewart Lubricants & Service Company 69.196.708 11.071.469
Ultron Incorporated 17.551.391 2.808.224
Heyl & Patterson, Inc 13.825.785 2.212.126
Total 298.026.399 47.863.032
Estas operaciones aparecen incluidas en la relación de IVA descontable del segundo bimestre de 2002 obrante en los folios 9 a 80 del cuaderno 2, y soportadas con las facturas obrantes a folios 314 a 330 del cuaderno 2.
Sin embargo, como lo advierte el tribunal, tales soportes se encuentran en idioma extranjero por lo que, en virtud del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, no pueden tenerse como prueba, dado que para ello requerían su correspondiente traducción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, intérprete oficial o traductor designado por la autoridad jurisdiccional.
Si bien a los alegatos de conclusión se adjuntó la traducción de las facturas mencionadas, no por esa circunstancia puede otorgarse mérito probatorio a las mismas, toda vez que su entrega fue inoportuna, pues pudo y debió hacerse desde cuando se presentó la demanda.
Lo anterior, porque la ineficacia probatoria de dichos soportes debido a su falta de traducción, fue un aspecto planteado desde la vía gubernativa como lo muestran los párrafos 4 y 5 de página 13 de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, y 1 a 3 de la página 14 (fls. 375 y 376, cdno. 3), y, como parte de los fundamentos del rechazo del IVA descontable, era discutible a través del libelo, sin que así se hiciera.
Al respecto la Sala ha señalado que “no es admisible que tan sólo en los alegatos de conclusión en segunda instancia la actora pretenda subsanar una omisión suya que fue puesta de presente desde la vía gubernativa y que ni siquiera corresponde a alguna de las causales previstas en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo para decretar pruebas en segunda instancia. Tampoco puede considerarse que la potestad oficiosa del juez, consagrada en el artículo 169 ibídem, tenga por objeto subsanar, mejorar o perfeccionar una prueba que alguna de las partes ha presentado de manera deficiente; su finalidad es esclarecer puntos oscuros o dudosos de la litis. Además, no debe olvidarse que conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. De manera que no puede considerarse que la facultad oficiosa del juez en materia probatoria supla el principio de la carga de la prueba”(10).
Igualmente inoportuna es la petición de tener como prueba la Resolución 31066200800001 de 22 de mayo de 2008, pues, frente al análisis jurídico y probatorio efectuado en esta providencia, dicha prueba resulta innecesaria.
De otra parte, al proceso no se allegaron las declaraciones mensuales de retención en la fuente que constaten la liquidación y el pago total de los valores retenidos a los proveedores no domiciliados en Colombia, durante el segundo bimestre de 2002. Además, el certificado de revisor fiscal aportado (fl. 329, cdno. 3) no es prueba suficiente para constatar dichos aspectos, pues, además, de que su mérito se sujeta a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad, no contiene las especificaciones y detalles que lleven al convencimiento del hecho que se pretende probar(11).
Lo anterior, unido a la ineficacia probatoria de las facturas aportadas, por las razones ya explicadas, permite concluir el incumplimiento del requisito probatorio para reconocer los impuestos descontables, ajustándose a derecho el rechazo de los mismos, como lo concluyó el a quo.
Finalmente, en cuanto a la sanción impuesta por inexactitud, aclara la Sala que, ciertamente, como lo señala el a quo, no existe diferencia de criterios porque ésta se desarrolla respecto de la aplicación del derecho aplicable, a partir de hechos y cifras declaradas veraces y completas. En el presente caso lo que hubo fue desconocimiento del derecho aplicable en materia de prueba de impuestos descontables respecto de retenciones practicadas a prestadores de servicios extranjeros, no domiciliados ni residentes en Colombia.
No obstante, considera la Sala procedente levantar la sanción, porque la administración no discutió la realidad de las operaciones que dieron origen al IVA descontable solicitado por la actora en la declaración del segundo bimestre de 2002, y soportado en las facturas de los folios 314 a 330 del cuaderno 3, ni cuestionó su efectiva liquidación, retención, declaración y pago, como tampoco su valor.
Adicionalmente, no se evidencia ninguna conducta de la contribuyente dirigida a incluir impuestos descontables inexistentes, falsos o desfigurados. El hecho de que las operaciones de prestación de servicios por parte de sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia, carecieran de prueba no implica que el descuento de IVA fuera inexistente o falso, ni que proviniera de operaciones simuladas, que son las conductas sancionadas por el artículo 647 del estatuto tributario(12).
En consecuencia, se levantará la sanción por inexactitud y, de acuerdo con ello, se liquidará nuevamente el saldo a favor de la actora por la declaración de IVA del segundo bimestre de 2002, como sigue:
Renglón Concepto Declaración privada Liquidación oficial Liquidación C. de E.
15 Impuesto generado por operaciones gravadas 6.542.000 6.542.000 6.542.000
16 Impuesto descontable por operaciones de importación 0 0 0
18 Impuesto descontable por operaciones gravadas 6.445.510.000 6.397.827.000 6.397.827.000
19 Total impuestos descontables 6.445.510.000 6.397.827.000 6.397.827.000
21 Saldo a favor por el periodo fiscal 6.438.968.000 6.391.285.000 6.391.285.000
22 Saldo a favor sin solicitud de dev. o comp. 0 0 0
24 Retenciones por IVA que le practicaron 0 0 0
Sanciones 1.870.000 78.163.000 1.870.000
26 Total saldo a favor 6.437.098.000 6.313.122.000 6.389.415.000
En este orden de ideas, se revocará la sentencia apelada para, en su lugar, anular parcialmente el acto acusado y, en consecuencia, fijar el saldo a favor en $6.389.415.000 como consecuencia del levantamiento de la sanción por inexactitud en cuantía de $76.273.000.
1. REVÓCASE la sentencia de 19 de abril de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de la sociedad Drummond Ltda, contra la Administración de Impuestos Nacionales. En su lugar, se ordena:
“1. ANÚLANSE PARCIALMENTE la Liquidación Oficial de Revisión 310642005000024 del 24 de febrero de 2005, y la Resolución 622-900.003 del 16 de diciembre de 2005, proferidas por la Administración de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá.
En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se levanta la sanción por inexactitud que dichos actos impusieron y se declara que el saldo a favor de la actora, respecto de la declaración de IVA del segundo bimestre de 2002, es de $ 6.389.415.000”.
2. Reconócese personería a los abogados Flori Elena Fierro Manzano, como apoderada de la DIAN, y César Camilo Cermeño Cristancho, como apoderado de la demandante, en los términos de los poderes que aparecen en los folios 231 y 236.
Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia, Presidente—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—William Giraldo Giraldo—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
(1) Sentencias de 12 de julio de 2007, expediente 15440, C.P. María Inés Ortíz, y 8 de julio de 2010, expediente 12741, C.P. Martha Teresa Briceño.
(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2005, expediente 14342, C.P. Ligia López Díaz.
(3) En sentencia de 23 de mayo de 1997, expedientes 7904 y 8414, C.P. Germán Ayala Mantilla, la Sala anuló parcialmente el artículo 11 del Decreto 1165 de 1996 en cuanto ordenaba que la factura para el IVA descontable cumpliera todos los requisitos de los artículos 617 y 618 del estatuto tributario. Al respecto, señaló el fallo: “Si el legislador no estableció tal consecuencia no puede la Administración, so pretexto de reglamentar la ley, introducir para efectos de la aceptación del impuesto descontable una condición no prevista en la norma de superior jerarquía cual es la de que la factura se haya expedido por parte del obligado con todos y cada uno de los requisitos previstos en la ley, y menos condicionar inexorablemente el derecho al descuento, por el impuesto causado o retenido por la operación gravada, a la existencia de la factura, como lo limita en el reglamento… Halla la Sala que al desconocerse el derecho al descuento del IVA facturado por no contener la factura los requisitos que para su expedición por parte del vendedor establece la ley, hecho no atribuible al comprador, se viola los principios de responsabilidad personal y de justicia y equidad previstos en la Constitución Política (arts. 6º y 95) y el mismo espíritu de justicia señalado en el artículo 683 del estatuto tributario. Este último en la medida que al reconocer el impuesto descontable al no darse la condición impuesta en el reglamento y no prevista en la ley, se está exigiendo al contribuyente más de aquello con que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación”.
(4) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2005, expediente 14342, C.P. Ligia López Díaz.
(5) El Decreto 3050 de 1997 [3] dispuso que en este tipo de operaciones el documento soporte es el expedido por el vendedor o por el adquirente del bien y/o servicio, y debe contener: apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad beneficiaria del pago o abono; fecha de la transacción; concepto; valor de la operación; y discriminación del impuesto generado en la operación, para el caso del impuesto sobre las ventas descontable. Tales requisitos no se aplican para la procedencia de impuestos descontables correspondientes a la retención asumida en operaciones realizadas con responsables del impuesto sobre las ventas del régimen simplificado.
(6) En sentencia de 17 de julio de 2008, expediente 15698, se negó la nulidad de la expresión “adicionalmente”, considerando la facultad del Gobierno Nacional para establecer el contrato como documento equivalente a la factura y la condición de aquél como requisito adicional no previsto en la ley.
(8) Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2005, expediente 14342, C.P. Ligia López Díaz.
(9) Sección Cuarta, sentencias de 7 de mayo de 2009, expediente 16846, 12 de febrero y 25 de marzo de 2010, expedientes 16696 y 16663, respectivamente.
(10) Sección Cuarta, sentencia de 25 de marzo de 2010, expediente 1663, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(11) Sobre los requisitos de contenido del certificado de revisor fiscal, sentencia de 19 de agosto de 2010, expediente 16750, entre otras.
(12) Sentencias de 29 de agosto de 2002, expediente 12697, 22 de febrero de 2007, expediente 15164, 7 de mayo de 2009, expediente 16846, 12 de febrero y 25 de marzo de 2010, expedientes 16696 y 16663, respectivamente.