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Timestamp: 2017-01-17 13:03:43
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Keily Clarissa Silva Herrera
CASO_FETRATEL
CASO CLASE N° 10 - DR. FRANCISCO ROJAS RODRIGUEZ.
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CASO FETRATEL
IDENTIFICACIóN DE LA PROVIDENCIA
Tribunal Constitucional, Sentencia N.° 1124-2001, Lima, 11 de julio del 2001
DEMANDANTE: Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú (FETRATEL).
DEMANDADO: Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Perú Holding S.A.
El 29 de mayo del 2000, se interpone la acción de amparo contra las empresas Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Perú Holding S.A. En virtud de la aplicación de un Plan de Despido Masivo contenido en un Resumen Ejecutivo elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos de Telefónica del Perú S.A.A. Acompañan como anexo una lista de setenta y siete trabajadores, en la que se encuentra una relación del personal a ser "desvinculado" de ésta.
Contestan la demanda Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Perú Holding S.A. Telefónica del Perú S.A.A. señala que no se conoce la autoría del "resumen ejecutivo", dado que es un documento sin firma, lo mismo que la relación del personal a ser "desvinculado". Indica también que, incluso suponiendo que el primer documento haya sido efectivamente elaborado por ella, sólo contiene "propuestas" y no una decisión adoptada. Telefónica Perú Holding S.A propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado.
3. El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, el 17 de julio del 2000, declaró infundada la excepcion propuesta y fundada la demanda, considerando que se demuestra la amenaza de violación a los derechos constitucionales de los accionantes.
4. La recurrida revoca en parte la apelada, declarando fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado Telefónica Perú Holding S.A. Declarando improcedente la acción de amparo, considerando :
la calidad de medio probatorio del "resumen ejecutivo", indicando que, si fuese un documento que ella elaboró, se habría obtenido ilícitamente, puesto que tiene el carácter de "confidencial". Añade que en el caso concreto no está acreditada la amenaza, porque "el cese de trabajadores debió anunciarse en el mes de abril del dos mil, antes de inciarse la presente acción, hecho que no se ha contravenido en autos".
FUNDAMENTOS (PETITORIO DE LA DEMANDA):
El objeto de la demanda es que las demandadas "se abstengan de amenazar y vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores afiliados a [sus] sindicatos, en virtud de la aplicación de un ilegal Plan de Despido masivo, contenido en un Resumen Ejecutivo elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos
Si bien la demanda inicialmente se sustentaba en la amenaza de despido de los demandantes, desde la fecha de inicio del presente proceso hasta la fecha se ha producido, sucesivamente, el despido de numerosos trabajadores. Por este motivo, no tiene objeto centrar el análisis en el resumen ejecutivo como amenaza, por lo que se procederá a evaluar el acto mismo de despido.
3. No es competencia de este Tribunal Constitucional, ni materia propia de un proceso constitucional como el amparo, analizar si el acto cuestionado se ha efectuado en términos o no de la ley correspondiente, competencia propia de los juzgados competentes en materia laboral.
4. Se examina la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado propuesta por Telefónica Perú Holding S.A. Así, el Tribunal considera que ante la amenaza de ceses masivos de los trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A. y en representación de estos, no existe relación material con la empresa Telefónica Perú Holding S.A., dado que esta última no es la entidad empleadora.
Reside en determinar si el acto de despido cuestionado resulta lesivo o no de los derechos fundamentales alegados por los demandantes.:
la libertad de sindicación el derecho al trabajo
Telefónica del Perú S.A.A. ha procedido al despido sobre la base de lo establecido en el artículo 34º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N.° 003-97-TR
El Tribunal expresó que la libre sindicalización es un derecho reconocido a nivel constitucional y por los instrumentos internacionales de derechos humanos, por tanto, su promoción y protección es responsabilidad del Estado. La Constitución reconoce la libertad sindical en su artículo 28º, inciso 1. El aspecto orgánico de la libertad de sindicación se halla reconocido expresamente en el artículo 2º del Convenio N.° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, consiste en "el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, (...)". Por otra parte, según el artículo 1º, inciso 2), literal "b", la protección del trabajador contra todo acto que menoscabe la libertad de sindicación se extiende también "despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales
. En el presente caso, las personas que fueron despedidas por Telefónica del Perú S.A.A., son miembros del sindicato.
Por esta razón, el acto cuestionado lesiona el citado derecho constitucional en la medida que significa atribuir consecuencias perjudiciales en los derechos de los trabajadores por la sola circunstancia de su condición de afiliado a uno de los mencionados sindicatos
El contenido esencial del derecho al trabajo, regulado en el artículo 22º de la Constitución, implica dos aspectos: Por una parte el de acceder a un puesto de trabajo y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Además, el artículo 27º de la Constitución establece que la ley otorgará “adecuada protección frente al despido arbitrario”. El segundo párrafo del artículo citado 34°, establece que frente a un despido arbitrario corresponde una indemnización "como única reparación". No prevé la posibilidad de reincorporación. Impone sólo una tutela indemnizatoria. Dicha disposición es incompatible con la Constitución, a juicio de este Tribunal, por las siguientes razones:
El artículo 34º, segundo párrafo, es incompatible con el derecho al trabajo. Uno de los aspectos del contenido esencial del derecho al trabajo es la proscripción del despido salvo por causa justa, el artículo 34º, segundo párrafo, al habilitar el despido incausado o arbitrario al empleador, vacía totalmente el contenido de este derecho constitucional.
Ese desequilibrio absoluto resulta contrario a nuestra Constitución del trabajo que se infiere de las propias normas constitucionales tuitivas del trabajador (irrenunciabilidad de derechos, pro operario y los contenidos en el artículo 23º de la Constitución).
La forma de protección no puede ser sino retrotraer el estado de cosas al momento de cometido el acto viciado de inconstitucionalidad, por eso la restitución es una consecuencia consustancial a un acto nulo. La indemnización será una forma de restitución complementaria o sustitutoria si así lo determinara libremente el trabajador, pero no la reparación de un acto inválido por inconstitucional.
El control difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del Juez al que el artículo 138º de la Constitución habilita en cuanto mecanismo para preservar el principio de supremacía constitucional y, en general, el principio de jerarquía de las normas, enunciado en el artículo 51º de nuestra norma fundamental.
Su ejercicio no es un acto simple, requiriéndose, para que él sea válido, la verificación en cada caso de los siguientes presupuestos:
Que en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional
Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia
Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con la Constitución
En el presente caso, se cumplen los tres presupuestos: El acto de despido realizado por el empleador se sustenta en la norma contenida en el citado artículo 34º (segundo párrafo)
La constitucionalidad o no de esta norma es relevante para la resolución del proceso debido a que los despidos tienen como fundamento el artículo 34º (segundo párrafo).
El hecho de que no es posible interpretar el citado artículo de conformidad con la Constitución, pues resulta evidentemente inconstitucional, En el presente caso, al haber efectuado Telefónica del Perú S.A.A. los despidos de acuerdo con un dispositivo inconstitucional como el citado artículo 34º, segundo párrafo, dichos actos resultan nulos.
« confirmando en parte la recurrida en el extremo que declaró FUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar propuesta; y, la REVOCA en el extremo que declaró improcedente la demanda, reformándola declara FUNDADA la acción de amparo e inaplicable el artículo 34º, segundo párrafo, del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N.° 003-97-TR; ordena la reincorporación al trabajo de las personas afiliadas a los sindicatos demandantes que fueron despedidas por Telefónica del Perú S.A.A. y dispone que dicha empresa se abstenga de continuar con el ejercicio de lo establecido por el citado artículo 34º por su incompatibilidad con la Constitución, respecto de los afiliados que continúan trabajando. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.»
bitrario corresponde una indemnización "como única reparación". No prevé la posibilidad de reincorporación. Impone sólo una tutela indemnizatoria. Dicha disposición es incompatible con la Constitución, a juicio de este Tribunal, por las siguientes razones:
Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de habe