Source: http://cij-uaz.net/lez/htm/603.htm
Timestamp: 2019-03-20 17:12:39
Document Index: 124635941

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'in fine', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 73', 'Artículo 73', 'artículo 138', 'Artículo 138', 'artículo 124', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 124', 'artículo 113', 'artículo 36', 'artículo 138', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 138', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 123', 'artículo 65', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 123', 'artículo 116', 'artículo 123', 'artículo 116', 'artículo 123', 'artículo 56', 'in fine', 'artículo 40']

Primero. En sesión ordinaria del 21 de marzo de 2017, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que presentó el Diputado Arturo López de Lara Díaz, con fundamento en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 45 y 48 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 97 fracción III y 104, de su Reglamento General.
Segundo. En esa misma fecha, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa referida fue turnada mediante memorándum #0530 a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.
Tercero. El diputado proponente justificó su iniciativa en la siguiente
La corrupción es, sin duda, uno de los males más severos que enfrentamos en la actualidad. Sus consecuencias son catastróficas: en el peor de los casos, la corrupción puede costar vidas, en los casos menos graves, cuesta la salud, el desarrollo, la riqueza de un pueblo. La corrupción debilita la democracia, socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, compromete el estado de derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados e impacta terriblemente en la calidad de vida, especialmente en la de los más pobres, pues reduce la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos.
La corrupción, también se traduce en acceso limitado y selectivo a la justicia. Cuando hay corrupción en el sistema judicial, los delitos pueden quedar impunes o puede llevar a inocentes a la cárcel. Cuando hay corrupción en los cuerpos policiales, los procesos de investigación se distorsionan y crean un vacío del estado de derecho.
En los procesos de compra gubernamentales, la corrupción crea distorsiones en el proceso de toma de decisiones y en el funcionamiento del mercado y la libre competencia. Esto puede ocurrir en diferentes niveles, desde el soborno relacionado con los procesos de compras gubernamentales hasta el favoritismo en el diseño de políticas públicas. La OECD ha estimado que la corrupción eleva hasta en un 25% los costos de las compras públicas. Por otro lado, la corrupción en los procesos de adquisiciones gubernamentales puede traducirse en productos, servicios e infraestructura de mala calidad.
Para las empresas, la corrupción impide el crecimiento, eleva los costos, socava la libre competencia, limita las inversiones de largo plazo y distorsiona las prioridades de desarrollo.
En México, se ha vuelto común enterarnos de casos como los que Transparencia Internacional denomina La Gran Corrupción1, es decir, casos de abuso del más alto nivel de poder para el beneficio de unos cuantos a costa de la mayoría y que causan daño a los individuos y a la sociedad y que con frecuencia quedan impunes. Como ejemplo tenemos que se ha vuelto práctica frecuente la creación de empresas fantasma por parte de servidores públicos del más alto nivel para realizar operaciones simuladas y enriquecerse de manera ilegal. Hasta donde sabemos por reportes públicos, al menos ocho Ex-Gobernadores están siendo investigados por la PGR por casos de corrupción.
El artículo 39 de la Constitución Política de nuestro país comienza diciendo: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.” Sin embargo, parece que muchos entendieron “para beneficio de unos cuantos” o “para beneficio del gobernador en turno y sus proveedores favoritos”.
Pero la corrupción no se da únicamente en los más altos niveles. Enfrentamos también muchos casos de la denominada Pequeña Corrupción2: El abuso cotidiano del poder por parte de funcionarios públicos de niveles bajo y medio en sus interacciones con los ciudadanos, que frecuentemente tratan de acceder a bienes o servicios básicos como salud o educación, en trámites administrativos y acceso a la justicia. De acuerdo con datos del INEGI3, en el 2015 ocurrieron casi cinco millones de actos de Pequeña Corrupción en el país. Destacan especialmente en este ámbito, el Contacto de ciudadanos con elementos de seguridad pública y Trámites ante el Ministerio Público que, solamente en 2015, sumaron dos millones de casos de corrupción.
A la luz de lo anterior, bien justificado está decir que la corrupción es un mal que ha invadido nuestras instituciones públicas en todos sus niveles y que es un problema generalizado. Lo anterior nos ha planteado, como nación, la imperiosa necesidad de tomar medidas radicales para combatirla y erradicarla.
Así pues, organizaciones sin fines de lucro, órganos empresariales; y los ciudadanos, unidos en una sola voz, decidimos poner un alto a la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones: Soborno, Peculado, Apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por funcionarios públicos, Tráfico de Influencias, Abuso de funciones, Enriquecimiento ilícito, Obstrucción de la justicia, Colusión, Nepotismo, Conspiración para cometer actos de corrupción; y cualquier otra conducta que pueda ser catalogada como acto de corrupción y emprender una nueva etapa en la vida del país en la que el servicio público sea siempre sinónimo de honorabilidad, responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas; y de aplicación irrestricta de la ley.
En consecuencia, el 27 de Mayo de 2015 se promulgó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante la cuál se crea el Sistema Nacional Anticorrupción: una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
El Sistema Nacional Anticorrupción sienta las bases para superar las grandes deficiencias fundamentales del entramado jurídico e institucional; ya que atiende la fragmentación de políticas y el desarrollo de un enfoque de integridad más completo y coherente; previene “brechas en la implementación” de políticas públicas mejorando la coordinación en; y entre, los niveles de gobierno; fortalece los mecanismos de investigación y sanción de infracciones a la integridad por parte de servidores públicos y empresas, bajo jurisdicciones tanto administrativas como penales y refuerza la supervisión mediante mayor transparencia, atribuciones de auditoría ampliadas y la mayor participación de la sociedad civil.
Además de la propia reforma constitucional que da vida el Sistema Nacional Anticorrupción, contamos con un antecedente internacional que nos obliga a prevenir y combatir la corrupción. La Organización de Naciones Unidas aprobó en su Asamblea General el 31 de octubre de 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que compromete a los Estados Parte a adoptar medidas preventivas, de combate y de sanción a los actos de corrupción en los ámbitos público y privado.
El 20 de Julio de 2004, México se convirtió en el segundo país en ratificar la Convención, misma que entró en vigor hasta el 2007 cuando alcanzó las 30 ratificaciones necesarias. Actualmente 181 países la han ratificado.
Tras la reforma del 2015, nuestra carta magna establece en su artículo 113 que “Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.”
En este sentido, esta Legislatura del Estado aprobó el 21 de Diciembre de 2016 las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Zacatecas a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Federal y configurar así el Sistema Estatal Anticorrupción.
De igual forma el 18 de Julio de 2016 el ejecutivo Federal promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece:
La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana; y
El Segundo Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que dentro del año siguiente a su entrada en vigor, las Legislaturas de las entidades federativas, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en la misma. Así pues estamos a menos de cinco meses de que concluya el plazo para realizar éstas indispensables adecuaciones.
Cuarto. En sesión ordinaria del 11 de mayo de 2017, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que presentó el titular del Ejecutivo del Estado, L. C. Alejandro Tello Cristerna, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción II y 72 de la Constitución Política del Estado; 2 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 46 fracción II y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Quinto. En esa misma fecha, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa referida fue turnada mediante memorándum #0716 a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.
Sexto. El proponente justificó su iniciativa en la siguiente
El Estado Mexicano vive una transformación política e institucional de gran impacto. Pertenecemos a una generación que se ha visto obligada a reformar la concepción de la vida pública del país, a raíz de la falta de un ejercicio ético y honesto del servicio público que ha trasgredido de manera significativa a la sociedad, generando impacto en el sector económico, social, cultural y político.
En virtud de lo anterior, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las cuales se estableció en nuestro país el Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que queda definido en el artículo 113 de nuestra Carta Magna:
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley; y
f) Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.”
Como se observa, el Constituyente Permanente ordenó que cada Entidad Federativa instituyera su propio sistema local de combate a la corrupción, apegándose a los principios que se señalan en este mismo artículo, así como en la Ley General que para tal efecto expediría el Congreso de la Unión, como se refiere en el artículo 73, fracción XXIV Constitucional a saber:
“Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:
Con fundamento en lo anterior, el 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Por lo que respecta al primer instrumento legal, el dictamen legislativo sostiene que: “El Sistema Nacional Anticorrupción fue concebido por el Constituyente Permanente como el parteaguas en los esquemas de coordinación para combatir la corrupción y eficientar la prestación del servicio público. Se pensó como la piedra angular que vendría a dar plena efectividad a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, a través de la coordinación entre los diferentes órdenes e instancias gubernamentales; y por supuesto, con una amplia participación de la sociedad civil.”
Así, en la Ley General de dicho Sistema se establecen: “las directrices básicas que definan los esquemas de coordinación para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción. Por otra parte, se instituyen las bases y principios de una política nacional a partir del fomento de la cultura de la legalidad e integridad en el servicio público.”
Luego, en el cuerpo normativo de esta Ley General del Sistema, se establece que dicho Sistema se integrará por:
III. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización; y
Lo anterior, resulta importante en virtud de que, si los Sistemas Locales de combate a la corrupción son parte integrante del Sistema Nacional, esto significa que deberán de ser homogéneos, funcionales y sentados sobre bases generales comunes.
Por ello, en el Capítulo V de nombre De los Sistemas Locales, respetando la autonomía de las entidades federativas; y al mismo tiempo, atendiendo a la naturaleza de norma general de esta ley, se establece que las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas Locales conforme a las siguientes bases:
II. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan;
III. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana; y
IV. Sus integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en la ley y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana.
Ahora bien, en el Régimen Transitorio del Decreto en mención se estableció en el artículo Segundo que, dentro del año siguiente de su entrada en vigor, misma que se verificó al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir el 19 de julio de 2016, las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de sus competencias, deberán expedir las leyes y adecuar las disposiciones normativas correspondientes.
En consecuencia, corresponde a esta administración la actualización y perfeccionamiento del quehacer de las instituciones públicas mediante la homologación de la normatividad estatal en materia del ejercicio ético y honesto del servicio público.
Por lo que a fin de dar cumplimiento al artículo séptimo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015 el suscrito, en ejercicio de las facultades que me confieren la Constitución Política del Estado de Zacatecas presenté una iniciativa con proyecto de decreto a la LXII Legislatura del Estado para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; con la finalidad de promover y fortalecer las medidas de prevención y combate eficaz y eficiente de la corrupción, así como facilitar y promover la cooperación entre los diferentes órganos de gobierno para la generación de mayores estándares de integridad pública y combate de la corrupción, a través de la modernización de la transparencia, incluyendo la participación de los ciudadanos.
Dicha iniciativa, una vez analizada y discutida fue resuelta en sentido positivo por lo que la Legislatura del Estado tuvo a bien aprobar el Decreto 128 por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de combate a la corrupción, publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado el 22 de marzo del 2017. Específicamente en su artículo 138 se crea el sistema local, a saber:
“Artículo 138…
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular del órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Estado, por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y del titular del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como por un representante del Tribunal Superior de Justicia y otro del Comité de Participación Ciudadana;
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.
Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas. Para este efecto deberán observar las metodologías que emita el Sistema Nacional Anticorrupción.”
Acorde a lo anterior, se desprende que nuestra Carta Magna y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción contemplan disposiciones que contienen las bases para la instauración de un Sistema Estatal Anticorrupción, que nuestra constitución local recogió en la reforma publicada en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado el pasado 22 de marzo del año en curso.
En ese sentido, el artículo 124 de la constitución federal establece que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias”. Así como el artículo 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión…”
Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia VII/2007, correspondiente a la novena época y publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el tomo XXV en abril de 2007 con el rubro: Leyes generales. Interpretación del artículo 133 Constitucional, señala que, las leyes a las que se refiere el artículo 133 constitucional no corresponden a las federales, sino que se trata de leyes generales que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran el Estado Mexicano, siendo esto, una excepción a lo establecido por el artículo 124 constitucional. Por lo que, deben ser aplicadas por las autoridades federales, locales y municipales.
Aunado a ello, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción señala como sujetos obligados en su aplicación, a los entes públicos integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de los cuales se encuentran los sistemas locales, por lo que, los lineamientos mínimos que al efecto emita el sistema en comento, deben seguirse en el ámbito local.
En razón de lo anterior, la presente iniciativa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se integra de la siguiente manera:
Capítulo II. Principios que rigen el servicio público.
Capítulo III. Objeto del Sistema Estatal Anticorrupción.
Capítulo IV. Comité Coordinador.
Capítulo V. Informe anual y recomendaciones del Comité Coordinador.
Capítulo VI. Comité de Participación Ciudadana.
Capítulo VII. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Capítulo VIII. Sistema Estatal de Fiscalización.
Capítulo IX. Plataforma Digital Estatal.
Como se señaló en párrafos anteriores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 113 dispone que: “Las entidades federativas establecerán sus sistemas locales anticorrupción…”.
Asimismo, el artículo séptimo transitorio contempla que los sistemas anticorrupción locales se deberán conformar de acuerdo a las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales, las cuales, de conformidad con el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción deberán desarrollar su integración, atribuciones y funcionamiento.
En cuanto a la integración del Sistema Estatal Anticorrupción, el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas contempla diversas autoridades competentes en combate a la corrupción, responsabilidades administrativas, fiscalización y transparencia como a continuación se señala:
1. Auditoría Superior del Estado;
2. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
3. Órgano interno de control del Poder Ejecutivo;
4. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas;
5. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas;
6. Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y
7. Comité de Participación Ciudadana.
En ese sentido, se plantea como sujetos obligados en la aplicación de la ley, a los entes públicos que integran el Sistema Estatal, considerando a estos los siguientes:
Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal
Cualquier ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos anteriores
Como objeto se establece, el de la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción; y los mecanismos de coordinación entre sus integrantes, siguiendo los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción.
En ese tenor, la Real Academia Española (RAE) define el concepto de integración como: “acción y efecto de integrar o integrarse”, para lo cual, se entiende por integrar, según la misma fuente: “Dicho de diversas personas o cosas: Constituir un todo”.
En cuanto al concepto de organización, señala: “Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines”.
El de funcionamiento se define como: “acción y efecto de funcionar”, entendiéndose por este último, “ejecutar las funciones que le son propias”.
De lo anterior, si bien es cierto, cada una de las autoridades señaladas tiene funciones definidas en nuestra constitución y leyes aplicables, es imprescindible que se señalen las bases conforme a las cuales, el sistema marchará para que, en torno al fin perseguido – combate a la corrupción -, al formar parte de un sistema conjunten sus esfuerzos, acciones y competencias en un mismo sentido y de manera coordinada para emitir criterios en la materia, fortalecer nuestras instituciones, el uso adecuado del recurso público, la rendición de cuentas, la actuación ética de los servidores públicos y la confianza de la ciudadanía.
Ahora bien, para el cumplimiento del objeto señalado, se establecen diversos objetivos particulares, en donde además de la regulación del Sistema, de los mecanismos para la coordinación entre sus integrantes y la forma en la que funcionará, se prevé la formulación de mecanismos para la implementación de acciones de prevención, control y disuasión de hechos de corrupción.
Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los estados cuentan con la obligación de implementar la política pública nacional que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que, es preciso que la ley tenga como uno de sus objetivos impulsar dicha política.
Entorno a lo anterior, si bien es cierto, el sistema nacional emitirá una política pública que todos los estados deberán implementar, los estados también cuentan con la facultad de emitir políticas públicas, acorde a los lineamientos que aquél defina, por lo que, se plantea como objetivo, definir los mecanismos de coordinación entre las autoridades estales y municipales para la generación de políticas en materia de combate a la corrupción.
Además, de acuerdo a la forma en la que se integra el sistema local, es objetivo de la ley establecer la organización y funcionamiento del Comité Coordinador, así como la del Comité Coordinador; y el procedimiento para la constitución de éste.
Asimismo, se señalan como objetivos de la ley, emitir los mecanismos para la promoción de la cultura de ética en los servidores públicos, de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en el servicio público.
Como objetivo también se prevé la sistematización de la información que los integrantes del sistema generen a nivel municipal y estatal, así como la instauración de un Sistema Estatal de Fiscalización.
Finalmente, considera las recomendaciones que pudiera emitir el Comité Coordinador del Sistema, los informes y políticas a que se encuentra obligado.
Como ya quedó precisado, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción señala los lineamientos mínimos que los sistemas locales
deben seguir, en razón de que son sujetos obligados en la aplicación de dicha ley.
A su vez, la Ley General de Responsabilidades señala en su artículo 2, como objeto de la ley: “Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos que rigen la actuación de los Servidores Públicos;
Luego, el artículo 3, fracción XXV del mismo ordenamiento define como servidores públicos, a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local.
Por su parte, el artículo 7 establece los principios que los servidores públicos deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, dentro de los cuales, se señalan los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
El mismo artículo se menciona que, los principios anteriores deben ser observados mediante ciertas directrices para lograr su efectiva aplicación, las cuales se detallan a continuación:
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad; y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;
Es por ello que, los servidores públicos deberán apegarse en su actuación a los principios acordes a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Asimismo, para el adecuado funcionamiento de los entes públicos, deberán contar con condiciones estructurales y normativas que les permitan cumplir en materia de responsabilidades administrativas.
Objeto del Sistema Estatal Anticorrupción
Como ya se precisó, el Sistema Estatal Anticorrupción es una instancia de coordinación, que se encuentra integrado por distintos órganos, quienes tienen facultades específicas que van encaminadas al combate a la corrupción.
Por tal razón, se plantea como objeto del sistema local, establecer las políticas, mecanismos y procedimientos que permitan la coordinación entre las autoridades señaladas, para llevar a cabo acciones que permitan el efectivo combate a la corrupción.
Asimismo, será el encargado de articular y evaluar la política pública del estado y municipios, a través de su Comité Coordinador.
El Sistema Estatal Anticorrupción, para su funcionamiento, estará integrado por los siguientes órganos:
El Comité Coordinador, es una instancia integrada por autoridades competentes en fiscalización, combate a la corrupción, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidades administrativas.
Es el encargado de establecer las pautas para el diseño de una política pública que deberán atender tanto las autoridades estatales, como las municipales, a efecto de que la labor conjunta que realicen vaya en un mismo sentido.
Además, tomando en consideración que la política pública nacional debe ser implementada por todos los Estados que integran el país, es que se le dota de facultades para impulsar dicha política siguiendo los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción.
En ese sentido, para su correcto funcionamiento deberá emitir un programa anual de trabajo y establecer los mecanismos para la coordinación entre sus integrantes.
Como se señaló, al ser la facultada para emitir los mecanismos para el diseño y promoción de políticas públicas en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, es preciso que cuente con facultades, además, de evaluar su implementación para asegurarse que estará siendo atendida por quienes se encuentran obligados.
Para tal efecto, será necesario que apruebe la metodología de evaluación, que contenga indicadores que permitan medir la aplicación de la política pública. Dicha metodología deberá ser una propuesta de la Secretaría Ejecutiva.
También para darle seguimiento puntual al cumplimiento de la política pública, podrá requerir toda la información que crea conveniente a los entes públicos obligados.
Asimismo, en caso de que considere necesario, podrá realizar los ajustes o modificaciones que crean pertinentes, lo cual abonará al perfeccionamiento de las políticas que se emitan.
Deberá emitir los mecanismos para la coordinación entre las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, poniendo especial atención en las causas que generen los hechos de corrupción.
Las actividades que realice, deberán ser públicas, a través de un informe que deberá rendir de manera anual, en donde se incorporará el avance y resultados de la implementación de política pública.
Por otro lado, como resultado de las evaluaciones que realice, podrá emitir a quienes son considerados como entes públicos, las recomendaciones que crea pertinentes, las cuales no serán vinculantes.
Otra de las funciones que se plantean, es la determinación de mecanismos para sistematizar la información que los entes públicos desde sus ámbitos de competencia generen.
En ese sentido, deberá establecer una plataforma en donde se conjunten los sistemas individuales que de acuerdo a cada materia se determinen.
Para contar con mayores elementos en el desarrollo de sus funciones, podrá celebrar instrumentos jurídicos de coordinación y colaboración. Además podrá participar en mecanismos de cooperación con el ámbito nacional e internacional, a fin de allegarse de mayores elementos y experiencias para su funcionamiento.
Tal como lo señala el artículo 138 de nuestra constitución local, los integrantes del comité serán: los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas; los Presidentes del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Comité Ciudadano; y el Representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.
Además, atendiendo a lo señalado por el artículo 36, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, contará con una Presidencia, la cual deberá corresponder Consejo de Participación Ciudadana.
Quien contará con las siguientes atribuciones:
I. Presidir las sesiones del Comité Coordinador;
VIII. Presentar al Comité Coordinador, para su aprobación y publicación, el proyecto de informe anual de avances y resultados;
IX. Presentar las recomendaciones en materia de combate a la corrupción al Comité Coordinador para su aprobación; y
La forma en la que trabajarán, será a través de sesiones ordinarias o extraordinarias, en donde deberán estar presentes la mayoría de sus integrantes; y las votaciones se harán de igual manera por la mayoría de estos con el voto de calidad del Presidente.
Para allegarse de mayores elementos, podrán invitar previa aprobación, a organización de la sociedad civil o ciudadanos destacados en la materia.
Informe anual y recomendaciones del Comité Coordinador
El Comité Coordinador desarrollado en el apartado anterior, tiene entre sus obligaciones y facultades, informar respecto de sus actividades y reportar los avances y resultados en la implementación de la política pública en materia de combate a la corrupción.
Es por ello, que es necesario desarrollar la forma en la que se emitirá dicho informe.
El informe deberá dar cuenta de lo siguiente:
Costos potenciales generados
Resultados de las recomendaciones emitidas
Resultados de la implementación de las políticas públicas
Actividades que llevó a cabo
Informe que entregue la Auditoría Superior del Estado y órganos internos de control de los entes públicos del porcentaje de los procedimientos en desarrollo y culminados
Anexos consistentes en los informes señalados en el punto anterior
1. Una vez concluido el periodo anual del Presidente, tendrán 60 días para la publicación y rendición del informe ante los Poderes del Estado.
2. El Secretario Técnico presentará anteproyecto a la Comisión Ejecutiva.
3. La Comisión Ejecutiva lo remitirá al Presidente del Comité Coordinador.
4. El Presidente del Comité Coordinador lo someterá a aprobación de dicho Comité.
Además de lo anterior, es facultad del Comité Coordinador la emisión de recomendaciones no vinculantes a los entes públicos de la siguiente manera:
Características de las recomendaciones
Deberán ser públicas
Enfocadas a garantizar la adopción de medidas efectivas dirigidas al fortalecimiento institucional
Dirigidas a mejorar el desempeño del control interno.
Enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas y demás acciones que estime convenientes
Aprobación: deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Comité Coordinador y notificadas a quien se dirigen dentro de los 10 días hábiles siguientes a su aprobación.
1. La autoridad a quien se dirigen las recomendaciones, deberá dar respuesta aceptándolas o negándolas dentro de los 15 días posteriores a su notificación.
2. En caso de aceptar las recomendaciones, deberá informar las acciones para dar cumplimiento.
3. El Comité Coordinador podrá dar vista al superior jerárquico de quien recibió las notificaciones en los siguientes casos:
a) Las medidas de atención no estén debidamente justificadas.
b) Cuando omita dar respuesta a las recomendaciones.
c) Cuando no se ejecuten las acciones enteradas al Comité.
El Comité de Participación Ciudadana es una instancia que coadyuvará con el Comité Coordinador en el cumplimiento de sus atribuciones. Además, deberá ser un vínculo con las organizaciones de la sociedad civil.
Su integración será de acuerdo a lo siguiente:
Serán 5 ciudadanos
Se renovarán de manera escalonada
Podrán ser removidos por las mismas causas que se señalan para el caso de particulares vinculados con faltas administrativas graves
Ciudadanos de probidad y prestigio
Ciudadanos destacados en transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción
De acuerdo a lo señalado por el artículo 36, fracción VII de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los requisitos que deberán cumplir quienes integren el Comité de Participación Ciudadana, deberán ser al menos los señalados en el artículo en mención, los cuales coinciden con los señalados para el cargo de Secretario Técnico perteneciente a la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Técnica.
En ese sentido, los requisitos que se exigen en la iniciativa, son acorde a los establecidos en el precepto jurídico en mención.
Además, para garantizar su imparcialidad en las funciones que desempeñen, no podrán tener ningún otro empleo que les impida el libre ejercicio de sus funciones.
Para la selección de quienes formarán parte del Comité, deberá seguirse el siguiente procedimiento:
a) La Legislatura integrará una comisión de selección, quienes durarán 3 años en su encargo, sin posibilidad de participar para ser parte del Comité dentro de los 6 años siguientes a la conclusión de su encargo y los cuales serán electos a propuesta de instituciones de educación superior y de investigación, así como por las organizaciones de la sociedad civil con conocimiento en las materias.
b) La Comisión de Selección deberá emitir convocatoria con los requisitos y metodología del procedimiento.
El Comité contará con una presidencia que se rotará anualmente, atendiendo a la antigüedad, en caso de ausencias se elegirá a quien le hubiera correspondido el año inmediato siguiente.
La Secretaría Ejecutiva es un órgano público descentralizado, que fungirá como apoyo técnico en las atribuciones del Comité Coordinador, para proveerle los insumos necesarios para su funcionamiento, estará presidido por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva.
En cuanto a las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores, será mediante el régimen laboral establecido en el apartado B del artículo 123 constitucional, que regula las relaciones entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores.
Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 65, fracción XIX de la constitución local, que señala como facultades y obligaciones de la Legislatura del Estado:
Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis XXXIII/2016, correspondiente a la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en noviembre de 2016:
“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)].
En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en la jurisprudencia indicada, así como todas aquellas en donde se hubiere sostenido un criterio similar, al estimar que la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de“(…)
En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en la jurisprudencia indicada, así como todas aquellas en donde se hubiere sostenido un criterio similar, al estimar que la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de órgano DE GOBIERNO
Éste estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana y las facultades con las que contará, deberán ser las que señalen la ley que regule la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la administración pública estatal.
Es la encargada de generar los insumos técnicos necesarios para el Comité Coordinador, sometiendo a su aprobación, las propuestas que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. Estará integrada por una Secretaría Técnica y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, excepto su presidente.
Dentro de sus atribuciones, se señalan las de proponer las políticas integrales en materia de combate a la corrupción, la metodología de evaluación al cumplimiento de las políticas, los informes de las evaluaciones que el Secretario Técnico someta a consideración respecto a la implementación de las políticas, mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y municipales en la materia, el informe anual y las recomendaciones no vinculantes.
Además, podrá emitir los exhortos que considere necesarios a los integrantes del Comité Coordinador.
El titular de la Secretaría Técnica será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará tres años en su encargo, sin posibilidad de ser reelecto. Será el secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno.
Si bien la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción contempla un Sistema Nacional de Fiscalización, es preciso que la información de las autoridades competentes en la materia, realicen acciones de coordinación encaminadas al fortalecimiento de la fiscalización y rendición de cuentas.
Por ello, se contempla un sistema estatal integrado por la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública del Estado, los órganos internos de control de los municipios y de los organismos constitucionales autónomos.
Para el cumplimiento del objeto del Sistema, consistente en llevar a cabo acciones de coordinación para el intercambio de experiencias, ideas e información, se deberá crear un sistema electrónico en el que se sistematice la información de sus integrantes.
El Sistema contará con un órgano rector que estará presidido de manera dual por la Auditoría y la Secretaría, quienes diseñarán las políticas públicas en materia de fiscalización, los mecanismos de coordinación entre sus integrantes y para el suministro de información.
Como se señala en el desarrollo de la iniciativa de ley, se prevén diversos sistemas electrónicos que deben integrarse de manera conjunta en una Plataforma, la cual tendrá como uno de sus fines, dotar de información al Comité Coordinador para el planteamiento de las políticas públicas.
Las bases que deberán seguirse, serán emitidas por el Comité Coordinador y en cuanto a su administración, la llevará a cabo la Secretaría Ejecutiva.
Se prevé, de manera enunciativa, por lo menos la incorporación de 6 sistemas:
III. Sistema de servidores públicos y particulares sancionados;
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal y del Sistema de Fiscalización;
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; y
El sistema estatal deberá en todo momento proporcionar todas las medidas necesarias para la seguridad de la plataforma y de la información que se incorpore.
Materia de las iniciativas. Emitir la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
Con fundamento en el artículo 56 de nuestra Ley Orgánica, los integrantes de esta Comisión consideramos pertinente acumular las iniciativas que se han referido, toda vez que proponen la creación del mismo ordenamiento legal y su contenido y estructura son similares.
Primero. Competencia. Esta Comisión de Seguridad Pública y Justicia fue la competente para estudiar y analizar las iniciativas para emitir la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, presentadas por el diputado Arturo López de Lara Díaz y el titular del Ejecutivo del Estado, L. C. Alejandro Tello Cristerna, así como para emitir el dictamen correspondiente; de conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124, fracción XII, 125, fracción I; y 139 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.
Segundo. Antecedentes. A principios de la década de los 90, diversas empresas contemplaban en sus declaraciones de impuestos gastos de negocios, los cuales estaban conformados por deducciones en el cálculo de la utilidad gravable de las empresas y negocios, este tipo de gastos hacen referencia a gastos de promoción; agasajos, viajes, comisiones, gastos personales, etc.
Este tipo de gastos institucionalizados se otorgaban a las autoridades a cambio de favorecer proyectos a pesar de que las empresas no cumplieran con los requisitos, lo que frenaba el financiamiento de proyectos de desarrollo a nivel mundial, principalmente en las regiones más desfavorecidas.
Peter Eigen, Gerente de Programas del Banco Mundial en África y América Latina de 1988 a 1991, observó de primera mano el impacto de la corrupción, por lo que decidió retirarse y fundar, junto a otros compañeros, la Asociación Transparencia Internacional.
Transparencia Internacional constituye el primer esfuerzo de orden mundial en contra de la corrupción y el soborno; desde su fundación en 1993, se ha mantenido como una organización apartidista, no gubernamental y sin fines de lucro, con el principal objetivo de mantener en la agenda política internacional el combate a la corrupción.
Si bien el objetivo principal fue el de un impacto global, en 1994 empiezan a constituirse capítulos nacionales, los primeros en Dinamarca, Ecuador, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos, es así, como diversas organizaciones no gubernamentales empiezan a sumarse para conjuntar esfuerzos y ubicar el tema de la corrupción en las agendas nacionales e internacionales. Es en 1995 que se publica por primera vez el Índice de Percepción de la Corrupción, en el cual se consideraban solamente 45, actualmente más de 100 países conforman Transparencia Internacional.
La Convención Interamericana contra la Corrupción constituye la primera herramienta jurídica a nivel internacional en su tipo, entró en vigor el 6 de marzo de 1997, avalada en Caracas, Venezuela, por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 29 de marzo de 1996.
Este primer esfuerzo reconoce el alcance de la corrupción y, por lo tanto, formuló un instrumento legal para establecer la cooperación y las herramientas necesarias para combatirla.
Los acuerdos de esta Convención obligan a los países miembros a efectuar las siguientes actividades:
- Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
- Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
La Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), firmada el 21 de noviembre de 1997, establece las medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan, den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Busca prevenir la realización de actos de cohecho en transacciones comerciales entre los países, esta convención define el delito, la base jurisdiccional, las disposiciones secundarias y la organización de la cooperación mutua entre los estados miembros en asuntos de apoyo y extradición.
Finalmente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Mérida, en diciembre de 2003, entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, actualmente, se integra por 126 Estados miembros, México entre ellos; y sus objetivos son los siguientes: establecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes; además, introduce el tratamiento sobre los fondos recuperados en actos de corrupción por terceros países y obliga su reincorporación a los países donde se originó la sustracción.
Las mencionadas convenciones hacen hincapié en que el combate efectivo contra la corrupción depende del trabajo coordinado de todos los países miembros, el enfoque de combate multidisciplinario y la homologación de las reglas jurídicas.
Actualmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha convertido en líder en el tema del combate a la corrupción, considera que la corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas.
México como país miembro de las organizaciones mencionadas; y como firmante de los convenios internacionales en la materia, se encuentra obligado a contribuir en tres vertientes: como beneficiario de cooperación técnica, como proveedor de cooperación a países con menos desarrollo y como benefactor compartido.
Transparencia Mexicana surge a principios de 1999, por iniciativa de un grupo de mexicanos pertenecientes a la sociedad civil, ámbito empresarial y académico, quienes preocupados por los problemas de corrupción globales, particularmente, los de nuestro país, deciden crear una organización no gubernamental con el fin de incidir en el problema de la corrupción desde una perspectiva integral, a través de la transformación de políticas públicas y la generación de cambios concretos en el marco institucional en México.
De las aportaciones más importantes de las organizaciones no gubernamentales preocupadas por el tema de la corrupción en nuestro país, se encuentran las mediciones bajo los criterios internacionales, es así, que en 2001 se realiza y publica el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) herramienta analítica que permite en un mismo instrumento medir experiencias y percepciones de los hogares acerca de la corrupción, la encuesta contempla por primera vez actos de corrupción en la gestión o recepción de 38 servicios públicos de cada una de las 32 entidades federativas del país.
Entre los hallazgos más relevantes de 2001 podemos señalar los siguientes: la encuesta registró casi 214 millones de actos de corrupción, el costo promedio de las “mordidas” fue de $109.50 por hogar, lo que representa más de 23 400 millones de pesos anuales en pagos de mordidas por servicio público a los hogares. Distrito Federal, Estado de México, Guerrero y Puebla se ubican como los estados con mayor nivel de corrupción.5
Este ejercicio se replicaría en 2003 disminuyendo dos puntos la percepción de la corrupción de los mexicanos (10.5 en 2001 contra 8.5 en 2003); en 2005 la percepción aumenta y se ubica en 10.1, 2007 y 2010 arrojan resultados similares, generando así un punto de referencia para el análisis de la problemática y el diseño de políticas públicas.
Cabe destacar que nuestro estado se ha mantenido estable con una percepción de 6.2 en 2001, presentando una leve mejoría en 2003 y 2005, para repuntar nuevamente en 2007 y 2010, lo que ubica a nuestra entidad en el lugar número 8 de 32, con una percepción de 6.2 siempre por debajo de la media nacional.
Existen cuatro mecanismos centrales para la rendición de cuentas: inicialmente, los mecanismos de transparencia, que permiten el flujo de datos entre las organizaciones y las partes interesadas; igualmente importantes son los mecanismos participativos, que hacen posible que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones; posteriormente, los mecanismos de evaluación, que hacen posible que se valoren actividades, rendimientos, resultados e impactos y, finalmente, los mecanismos de reclamo y compensación (reparación), que permiten inquirir respecto del desempeño de las organizaciones y sancionar las fallas.
Este extenso esfuerzo comienza con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, posteriormente, el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, con la consolidación de un sistema nacional de transparencia y las bases para la creación de organismos locales autónomos del 7 de febrero de 2014.
El 27 de mayo de 2015, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, además de crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entendido como un conjunto organizado de instituciones y normas jurídicas con el objetivo fundamental de detectar irregularidades y sancionar a quienes las cometan.
Tercero. Combate a la corrupción. Los legisladores que integraron la Comisión de dictamen estuvieron convencidos de que hablar de corrupción tiene una doble vertiente: una ética y otra jurídico-política.
A partir de ello, consideramos que cualquier medida de carácter legal incidirá, sin duda, en una modificación de conductas individuales y procesos administrativos, elementos indispensables para la consolidación de los esfuerzos en el combate a la corrupción.
Conforme a lo señalado, consideramos que el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción; y el Sistema Estatal, obedecen a ese doble aspecto, pues con base en las disposiciones que integran las iniciativas que se estudian se constituye un modelo para vigilar; y corregir, conductas individuales que afectan, necesariamente, el ejercicio de la función pública.
Sobre el particular, el Maestro García Maynez exponía lo siguiente sobre la diferencia entre las normas morales y las jurídicas:
La unilateralidad de las reglas éticas se hace consistir en que frente al sujeto a quien obligan no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones.6
Conscientes de las diferencias entre ambas disciplinas, consideramos que las iniciativas tienen, indudablemente, un trasfondo moral, toda vez que la corrupción implica una descomposición de la conducta humana, lo que trae como consecuencia una alteración en la prestación de los servicios públicos.
Es decir, la corrupción afecta tanto al individuo en su fuero interno como a la organización social, virtud a ello, la trascendencia de las iniciativas que hoy se dictaminan de manera positiva.
En ese sentido, debemos expresar que han sido varios los intentos por establecer un sistema de combate a la corrupción; tal vez, el más recordado es el establecido en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), quien después de los excesos del gobernante anterior, impulsó reformas para combatir la corrupción con base en su lema de campaña: la Renovación Moral.
Sin embargo, las promesas formuladas no pasaron de buenas intenciones, pues si bien es cierto se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), con el objetivo de sancionar conductas irregulares de los servidores públicos, también lo es que su dependencia del Poder Ejecutivo impidió a esta Secretaría cumplir cabalmente con sus objetivos en la materia.
En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), la SECOGEF se convirtió en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) y en el de Vicente Fox (2000-2006) en Secretaría de la Función Pública.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, debemos señalar que la dependencia de esa Secretaría respecto del Poder Ejecutivo afecta el cumplimiento de sus funciones, toda vez que estaba sujeta a las determinaciones e intereses del Presidente.
Gabriel Zaid, escritor y ensayista, daba cuenta de ese obstáculo para la consolidación del combate a la corrupción:
La creación de la Contraloría tampoco cambia nada, porque aumenta el control desde la presidencia, en vez de iniciar el control sobre la presidencia. Distinto hubiera sido crearla como instrumento de control bajo los cien diputados de oposición. Según la Constitución, la primera función de los diputados es precisamente controlar el gasto del ejecutivo. Pero la Constitución no es el supremo contrato político de México. Por encima está un contrato premoderno, que rige el reparto del poder, aunque (por su misma naturaleza) no puede reconocerse, publicarse, ni tener vigencia oficial.7
Conforme a ello, resulta un avance fundamental el hecho de que en la reforma constitucional por la cual se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, del 27 de mayo de 2015, se haya determinado la facultad de la Cámara de Senadores de ratificar el nombramiento que haga el Presidente de la República del Secretario responsable del control interno del gobierno, esto es, el Secretario de la Función Pública.
Similar facultad se ha asignado a esta Soberanía Popular en la reforma a nuestra Constitución local, del 22 de marzo de 2017, por la cual se estableció el Sistema Estatal Anticorrupción.
Los integrantes de las Comisiones consideraron que las modificaciones referidas constituyen un cambio fundamental en la estructura gubernamental; y por supuesto, en el combate a la corrupción, toda vez que el titular de la Secretaría responsable del control interno del Poder Ejecutivo, Federal y Estatal, deberá ser ratificado por el Poder Legislativo.
De la misma forma, debemos resaltar que ambas reformas constitucionales establecen condiciones para consolidar y fortalecer los avances en el combate a la corrupción, toda vez que se estructura un verdadero Sistema, enfocado a ese objetivo.
En ese sentido, las iniciativas de ley que se dictaminaron de manera positiva ordenan y organizan, en sus disposiciones, la estructura del Sistema Estatal Anticorrupción.
Debemos señalar, también, que un avance fundamental lo constituye la creación de los Comités de Participación Ciudadana, órganos integrantes del Sistema que tendrán funciones de vigilancia y verificación.
Lo anterior es de trascendencia, toda vez que la función pública, sus actividades y procesos, se habían convertido en un espacio de secrecía, cuyo acceso estaba vedado a la ciudadanía y, en consecuencia, se facilitaba la comisión de conductas irregulares y actos de corrupción.
En tal contexto, debemos señalar que los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas han establecido las condiciones para que cualquier actividad desarrollada por los entes públicos sea conocida por la sociedad, por lo que ya existen cimientos que vienen a ser fortalecidos por los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción.
Estamos convencidos de que la participación ciudadana es un elemento esencial e indispensable para la consolidación de cualquier esfuerzo en esta materia.
Ello en virtud de que, en última instancia, son los ciudadanos, la sociedad civil, la que resiente los efectos de las prácticas indebidas en el servicio público.
El Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas debe ser complementado a través de reglas que posibiliten la sanción de conductas indebidas y autoridades facultadas para aplicarlas; de acuerdo con ello, estamos convencidos que los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción vienen a cumplir con tal objetivo.
La ciudadanía ha dejado de ser un ente pasivo que solo espera, estático, la satisfacción de sus necesidades más apremiantes, se ha convertido en un grupo organizado que exige el respeto de sus derechos y, de las autoridades, el estricto cumplimiento de la ley.
La corrupción afecta todos los espacios de la vida pública e impide, sin duda, un desarrollo adecuado del país; sobre este aspecto, Edna Jaime, Eréndira Avendaño y Mariana García señalan lo siguiente:
El combate a la corrupción se ha convertido en una de las principales exigencias en la agenda pública de las naciones que se consideran democráticas. La corrupción y las conductas sociales vinculadas a esta erosionan el entramado social, debilitan el desempeño gubernamental y amenazan la consolidación y la estabilidad de las instituciones democráticas. El fenómeno de la corrupción genera altos costos económicos que se traducen en la ineficiencia e ineficacia de las políticas públicas, así como en la pérdida de oportunidades de desarrollo de los países.8
Como se ha visto, la corrupción es una práctica que nos afecta a todos, gobernados y autoridades; virtud a ello, consideramos que las creaciones de los Sistemas Anticorrupción establecen las bases para atender de manera integral el problema.
En tal sentido, debemos ser precisos al señalar que la corrupción es un problema presente en todos los países del mundo, en mayor o menor grado, la diferencia son los mecanismos e instituciones a través de los cuales se atiende y soluciona tal fenómeno.
La corrupción no forma parte del código genético de ninguna nación; en nuestro país se han diseñado instituciones que han tenido como objetivo terminar con prácticas irregulares, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, instrumentos como el Servicio Profesional de Carrera –que impide el acceso a puestos laborales de “recomendados” sin perfil–, son muestra de tales esfuerzos.
Sin embargo, la falta de coordinación entre tales instituciones ha impedido el cumplimiento de su objetivo principal; virtud a ello, estamos convencidos que el Sistema Estatal Anticorrupción viene a subsanar ese vacío y, a través de él, se habrán de cohesionar y trabajar de manera coordinada las instituciones y mecanismos cuyo objetivo es, precisamente, el combate a la corrupción.
En el dictamen de la Cámara de Diputados, del 25 de febrero de 2015, relativo a la reforma constitucional en materia de anticorrupción, los legisladores federales expresaron lo siguiente:
…Transparencia Internacional presentó a finales de 2014 los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2014, que incluyó 175 países, entre ellos al nuestro. Del total de países incluidos en el Índice, más de las dos terceras partes obtuvieron una puntuación inferior a 50 puntos, en una escala de 0 –percepción de altos niveles de corrupción– a 100 puntos –percepción de bajos niveles de corrupción–. En este índice de 2014, México obtuvo una calificación de 35 puntos, lo que nos ubica en la posición 103, junto con Bolivia, Moldavia y Níger. El país con menor percepción de corrupción es Dinamarca con una calificación de 92 puntos, mientras que entre los que son percibidos con mayor corrupción se encuentran Corea del Norte y Somalia, con una calificación de 8 puntos.9
Resulta claro, entonces, la necesidad urgente de establecer las normas jurídicas que consoliden los esfuerzos en la materia; nuestros países debe transitar a un modelo de administración pública eficaz y eficiente, integrada por servidores públicos que cumplan estrictamente con el marco legal vigente y, en caso contrario, sean sujetos de los procedimientos de responsabilidad administrativa, por conducto de los órganos administrativos y jurisdiccionales creados expresamente para ello.
Virtud a lo anterior, los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción generan la estructura necesaria para lograr los objetivos citados y propiciar la coordinación entre los poderes públicos y los organismos responsables de tareas en la materia; además, como ya lo hemos señalado, se crea el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo objetivo es, de acuerdo con las iniciativas en estudio
…coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador y ser la instancia de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal.
De igual manera, estamos convencidos de que cualquier esfuerzo en materia del combate a la corrupción es un avance fundamental en la consolidación de nuestro sistema democrático y en la recuperación de la confianza ciudadana en sus autoridades.
Cuarto. Coordinación entre los esquemas de transparencia y combate a la corrupción. En México, la corrupción representa un lastre que impide el desarrollo social, económico , político, cultural y democrático de nuestro país, ante esta situación, el Estado mexicano, en las últimas décadas, ha establecido distintas estrategias para hacer frente a este fenómeno social.
En octubre del 2016, la revista “El Economista”, detalló 20 datos que reflejan los efectos de la corrupción en nuestro país. Entre los puntos de mayor impacto podemos destacar los siguientes:
- México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar 95 de 168 países, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. México no solo retrocedió en este listado, sino que cayó drásticamente al pasar del lugar 72 al 95 en siete años.
- India, China, Brasil y Sudáfrica, países que pertenecen al bloque de los BRICS, tienen un menor nivel de percepción de corrupción. El análisis histórico del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre 1995 y el 2015, refleja que Brasil, China e India han aumentado su calificación en 11, 16, 11 puntos, respectivamente. México se ha mantenido prácticamente estancado al aumentar tan solo cuatro puntos en 21 años.
- Hay evidencia de que los países con los peores resultados en la prueba PISA 2012 en matemáticas, Lectura y Ciencias, aplicada a un total de 65 países, tienden a obtener las peores calificaciones en percepción de la corrupción. En el caso de México, se puede observar que su baja posición en los resultados de la prueba PISA, coincide con su baja puntuación en el IPC 2015.
- Para más de 90% de los mexicanos la corrupción constituye un problema y para casi el 80% es un problema serio, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2013, elaborado por Transparencia Internacional. La encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, elaborado por el INEGI, coloca a la corrupción en segundo lugar entre los problemas más importantes para los mexicanos, con 50.9% de las menciones, sólo después de la inseguridad y antes que el desempleo y la pobreza.
- Los recursos destinados al combate a la corrupción en México, contrastan con la calificación del IPC en los últimos años. Entre 2004 y el 2016, el presupuesto destinado a las instituciones que promueven el combate a la corrupción se incrementó 94%; sin embargo, la calificación en el IPC de nuestro país quedó prácticamente intacta de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre otras dependencias.”10
Ante tal escenario, en febrero del 2014 y en mayo del 2015, el Constituyente Permanente reformó la Constitución Federal para crear el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, respectivamente, transformaciones jurídicas que surgen con objetivos afines para combatir a la corrupción en México y propiciar la rendición de cuentas.
Ambos Sistemas, por su naturaleza, representan una oportunidad para hacer frente a la denominada institucionalidad fallida, por medio de la coordinación y colaboración de autoridades, que sustenten su actuación en principios, políticas, criterios y métodos; y abonen a una mayor eficacia en la lucha contra la actuación ilícita en el servicio público.
Dado lo anterior, se observa que existe una plena convergencia entre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Un punto transversal de la sinergia entre ambos sistemas, se relaciona con la elaboración de datos estadísticos. Al respecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, podría servir como enlace para aportar al Sistema Nacional Anticorrupción, la información estadística que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genere respecto de los indicadores de la corrupción en el Estado mexicano, lo que permitiría acceder a insumos informativos valiosos para el combate a la corrupción; y con ello, se crearían instrumentos con los que se podrán observar las distintas variables que propician entornos de corrupción.
Un elemento más de concurrencia, atañe a la conectividad entre las plataformas electrónicas de información y comunicación entre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional de Transparencia cuenta con la Plataforma Nacional, que sirve como herramienta digital para que los sujetos obligados de todo el país, cumplan con las obligaciones relacionadas con el derecho de acceso a la información pública y la apertura informativa gubernamental, además, el referido sistema, sirve como medio de enlace entre las distintas autoridades que lo integran.
Por su parte, el Sistema Nacional Anticorrupción contará con la Plataforma Digital Nacional, instrumento tecnológico conformado por el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses; el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados; el Sistema Nacional de Fiscalización; el directorio de servidores públicos que participan en contrataciones públicas; y las denuncias públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción.
En consecuencia, es importante que ambas plataformas nacionales se vinculen a fin de que los datos generados en cada una sean aprovechados por los integrantes de ambos cuerpos colegiados, en el cumplimiento de sus tareas sustantivas para combatir el fenómeno social de la corrupción.
Otro punto de gran importancia, radica en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se instituirá como el vínculo entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Archivo General de la Nación, en donde, este último, podrá abonar al fortalecimiento en la gestión y administración de documentos, indispensables para el combate a la corrupción, pues reduce la posibilidad de alterarlos, desaparecerlos, falsificarlos o mutilarlos, lo que permitirá a las instituciones investigar los eventuales actos ilícitos en el servicio público.
Lo anterior resultará en una tarea constante, virtud a que en la Iniciativa de Ley General de Archivos, se señala que el Archivo General de Nación, debe incidir favorablemente en la rendición de cuentas e, incluso, entablar relación con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia.
Por último, los organismos garantes de cada en entidad federativa, forman parte indispensable del Sistema Nacional de Transparencia, por tanto, el flujo de información relevante, debe ser suministrada al Sistema Nacional Anticorrupción para la prevención o investigación de posibles actos de corrupción. Será indispensable, informar sobre aspectos que eventualmente pudieran indicar algún tipo de riesgo.
A manera de ejemplo: solicitudes recurrentes acerca de licitaciones, contrataciones y compras, o bien, los datos sobre reiterados actos de incumplimiento de las obligaciones de transparencia relacionadas con la aplicación de recursos públicos.
Para obtener resultados óptimos, tanto del Sistema Nacional de Transparencia y como del Sistema Nacional Anticorrupción, en su correlación ante el combate a la corrupción, deberá permear la suma de voluntad política y, sobre todo, la participación informada, además de crítica, de la sociedad civil, con el fin de buscar el correcto funcionamientos de las instituciones gubernamentales.
Se ha comentado en este dictamen que la corrupción tiene una doble consecuencia: una moral y otra jurídica; de acuerdo con ello, estamos convencidos de la importancia que el cambio de conductas individuales incidirá, necesariamente, en la modificación de estructuras irregulares.
La corrupción se ha asentado en procedimientos opacos y secretos; el Sistema de Transparencia ha obligado a los entes públicos a transparentar, válgase la redundancia, sus actividades; sin embargo, para complementar tales esfuerzos era necesario generar un sistema que responsabilizará a los servidores públicos de sus conductas irregulares y aplicará las sanciones correspondientes.
El Sistema Estatal Anticorrupción viene a cubrir el vacío legal existente, a través de instituciones y mecanismos tendentes a eficientar el servicio público y sancionar a los servidores públicos que incurren en conductas ilícitas.
Ambos Sistemas se complementen, se influyen y enriquecen recíprocamente; y ambos tienen como fin último la consolidación de nuestro sistema democrático, partiendo de la definición de Democracia contenida en el artículo tercero de nuestra Carta Magna:
Estamos convencidos, entonces, de que la democracia es una forma de vida y de que el Sistema Anticorrupción posibilitará, sin duda, el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano.
Quinto. Modificaciones a las iniciativas. La finalidad de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción es generar mecanismos de coordinación entre instituciones que permitan el combate al fenómeno de la corrupción, problemática que ha lesionado gravemente nuestro sistema político.
Con la implementación de este Sistema deben aprobarse, además, reformas a otros ordenamientos, las cuales consolidarán el marco legal del Sistema Estatal Anticorrupción; las iniciativas que hoy se aprueban de manera positiva son el instrumento operativo para la coordinación de diversos ordenamientos e instituciones encaminadas al mismo fin.
Esta Ley habrá de establecer las bases de la organización, coordinación y operación del Sistema con la finalidad de definir competencias y atribuciones para diseñar, evaluar y erradicar la corrupción en el estado.
La propuesta que se presenta de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, consta de 72 artículos normativos y seis transitorios, los cuales se encuentran distribuidos en cuatro Títulos: el Primero, contiene las Disposiciones Generales, con dos capítulos; el Título Segundo se denomina Sistema Estatal Anticorrupción, integrado por cuatro capítulos, es importante mencionar que el capítulo cuatro se subdivide en tres secciones que se utilizan cuando la materia es extensa y requiere divisiones, pero no resulta suficiente para rebasar el contenido de un capítulo11, pues aquí se legisla sobre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; el Tercer Título contiene el Sistema Estatal de Fiscalización, con dos capítulos; y el Título Cuarto, llamado Informe Anual y Recomendaciones del Comité Coordinador, integrado con un solo capítulo.
Cabe destacar, que para la dictaminación del ordenamiento, se tomaron en cuenta, tanto la iniciativa presentada en el mes de marzo por el diputado Arturo López de Lara Díaz y la elevada a la consideración del Pleno en el mes de mayo por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Ambas iniciativas, con sus salvedades y características propias, recogen en su esencia y espíritu el contenido de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ello de acuerdo al principio de equivalencia que debe prevalecer y que constituye la piedra angular del referido Sistema.
Por ejemplo, la iniciativa del diputado López de Lara mantiene una estructura coherente, misma que a través de títulos y capítulos desarrolla con un alto grado de precisión, los temas contenidos en su propuesta de iniciativa. Por su parte, la iniciativa del Ejecutivo planteaba una estructuración divergente desarrollada solamente en capítulos. Por ello, al momento de ponderar ambos instrumentos legislativos, se determinó elaborar el dictamen tomando la propuesta del diputado Arturo López de Lara Díaz.
En cuanto a lo relativo a los órganos gubernamentales y ciudadanos que se plantean crear, ambas mantienen una gran similitud; ya que en ellas se propone crear el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, la Comisión Ejecutiva y el Sistema Estatal de Fiscalización, manteniendo una variación en la denominación de los mismos y cambios casi imperceptibles en las atribuciones.
En síntesis, a criterio de esta Asamblea Popular, las iniciativas sometidas a nuestra consideración, en términos generales, tienen plena concordancia con la supracitada Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con lo cual aprobamos las mismas y sentamos bases sólidas para que nuestro Sistema Estatal Anticorrupción sea el instrumento que ayude a disminuir y en un futuro a desterrar las nocivas y reprobables conductas y hechos de corrupción.
Sexto. En Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 29 de junio del presente año, el Diputado Arturo López de Lara Díaz, en la etapa de discusión en lo particular, presentó una reserva al artículo 40 respecto del Dictamen presentado por la Comisión de Seguridad Pública, relativo a la Iniciativa de Ley presentada, la cual fue aprobada y se inserta en los términos propuestos.
Artículo primero. La presente Ley es de orden público y observancia general en el Estado de Zacatecas, tiene por objeto regular la integración, atribuciones, organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción; establecer los mecanismos de coordinación entre los tribunales, organismos, órganos y autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección, disuasión y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y demás leyes aplicables.
I. Desarrollar la integración, atribuciones y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción;
II. Establecer los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos estatales y municipales de combate a la corrupción, fiscalización y control de recursos públicos;
III. Establecer los mecanismos para la prevención, control y disuasión de hechos de corrupción y faltas administrativas, conforme a las bases previstas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
IV. Implementar la política pública nacional que emita el Sistema Nacional, así como para el diseño y generación de políticas públicas integrales en materia de combate a la corrupción, fiscalización y control de recursos públicos;
V. Establecer los mecanismos que definan la coordinación de las autoridades estatales y municipales competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, con apego a los principios, directrices y bases que para tal efecto señale la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las que emita, en su caso, el Sistema Nacional;
VI. Establecer los mecanismos para la organización y funcionamiento del Comité Coordinador y para la coordinación entre sus integrantes, así como las atribuciones, estructura y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, con base en lo señalado por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
VII. Establecer los mecanismos y procedimientos para la integración, atribuciones y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana, tomando como base lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
VIII. Establecer las políticas para la promoción de una cultura de integridad en el servicio público, de la rendición de cuentas, de transparencia, de fiscalización y del control de los recursos públicos;
IX. Establecer los lineamientos para la elaboración de políticas públicas y acciones permanentes encaminadas a asegurar en el servicio público un comportamiento ético y de responsabilidad; y determinar los principios básicos conforme a los cuales se deberán desempeñar los servidores públicos, con base en lo previsto por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones del Sistema Nacional;
X. Establecer los lineamientos para el Sistema Estatal de Fiscalización;
XI. Determinar mecanismos de suministros, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones estatales y municipales competentes en materia de fiscalización, control de recursos, combate a la corrupción y faltas administrativas;
XII. Establecer los lineamientos para la emisión de recomendaciones e informes del Sistema Estatal, en función de lo ordenado por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y
XIII. Establecer los procedimientos para el seguimiento de las recomendaciones, informes y políticas que emita el Sistema Estatal.
Art. 3° Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
II. Comisión Ejecutiva: Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;
III. Comisión de Selección: Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción;
IV. Constitución del Estado: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas;
VI. Días: días hábiles;
VII. Entes Públicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, la Fiscalía General de Justicia del Estado, los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualesquiera de los poderes y órganos públicos citados, tanto estatales como municipales;
VIII. Informe anual: Informe público anual de avances y resultados;
IX. Ley General Anticorrupción: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
X. Ley General de Responsabilidades: Ley General de Responsabilidades Administrativas;
XI. Plataforma Estatal: Plataforma Digital Estatal;
XII. Plataforma Nacional: Plataforma Digital Nacional;
XIII. Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;
XIV. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva perteneciente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;
XV. Sistema Estatal: Sistema Estatal Anticorrupción;
XVI. Sistema de Fiscalización: Sistema Estatal de Fiscalización; y
XVII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional Anticorrupción.
Art. 4° Son sujetos de la presente Ley, los entes públicos que integran el Sistema Estatal.
Art. 5° Los servidores públicos del Estado desempeñarán sus funciones con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.
Para la efectiva aplicación de dichos principios los servidores públicos deberán observar las directrices que la Ley General de Responsabilidades y demás disposiciones que en la materia se establezcan.
Art. 6° Los Entes Públicos deberán crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan su adecuado funcionamiento, así como la actuación ética y responsable de cada servidor público, atendiendo a lo señalado por la Ley General de Responsabilidades y demás disposiciones.
Art. 7° El Sistema Estatal tiene por objeto establecer las políticas públicas, mecanismos, principios y procedimientos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es articular y evaluar la política pública en la materia.
Art. 8° El Sistema Estatal se integrará por:
III. El Comité Rector del Sistema de Fiscalización; y
IV. Los Municipios, quienes concurrirán a través de sus representantes.
Art. 9° El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción, así como impulsar en el Estado la implementación de la política emitida por el Sistema Nacional.
Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador deberán ser implementadas por todos los Entes Públicos. La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a su implementación.
Art. 10. El Comité Coordinador tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
II. El establecimiento de mecanismos para la efectiva coordinación de sus integrantes;
III. Impulsar en el Estado la implementación de la política pública que emita el Sistema Nacional;
IV. El diseño, aprobación y promoción de políticas públicas integrales estatales y municipales en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos; su evaluación periódica, ajuste y modificación;
V. Aprobar la metodología para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, que contenga indicadores, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva;
VI. Conocer los resultados de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en ellos, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas públicas integrales;
VII. Requerir información a los Entes Públicos respecto del cumplimiento de la política pública estatal; así como recabar datos, observaciones y propuestas necesarias para su evaluación, revisión o modificación de acuerdo con los indicadores generados para tales efectos;
VIII. La determinación e instrumentación de los mecanismos y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
IX. Rendir un informe público anual de avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia, ante los titulares de los Poderes del Estado;
X. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los Entes Públicos y darles el seguimiento correspondiente, a efecto de garantizar la adopción de medidas oportunas, dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno;
XI. La determinación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen los Entes Públicos en materia de fiscalización, control de recursos, combate a la corrupción y responsabilidades administrativas;
XII. Establecer una Plataforma Estatal que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información de los Entes Públicos y disponer las medidas necesarias para que accedan a la información de los sistemas que forman parte de la Plataforma Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones;
XIII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación para el cumplimiento del objeto del Sistema; y
XIV. Las demás que le confiera la presente Ley.
Art. 11. Son integrantes del Comité Coordinador:
I. El titular de la Auditoría;
II. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
III. El titular del órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Estado;
IV. El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas;
V. El Presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
VI. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana; y
VII. Un representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.
Art. 12. La Presidencia del Comité Coordinador la ostentará el presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien durará un año en el encargo, el cual será rotativo entre sus miembros.
Art. 13. Son facultades y obligaciones del Presidente del Comité Coordinador:
IX. Presentar las recomendaciones, en materia de combate a la corrupción, al Comité Coordinador para su aprobación; y
Art. 14. El Comité Coordinador sesionará de forma ordinaria cada tres meses. El Secretario Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria cuantas veces sea necesario, a petición del Presidente del Comité Coordinador o previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho Comité.
Para que puedan llevarse a cabo las sesiones del Comité es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes.
Art. 15. El Comité Coordinador podrá invitar, con la aprobación mayoritaria de sus integrantes, a reuniones de trabajo a los representantes de los órganos internos de control de los Entes Públicos, así como a organizaciones de la sociedad civil, academia y ciudadanos destacados en la materia, que le permitan allegarse de mayores elementos para la toma de sus decisiones.
Art. 16. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes del Comité Coordinador.
El Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate; de la misma forma, sus integrantes podrán emitir voto particular, concurrente o disidente de los asuntos que se aprueben en el seno del mismo.
Art. 17. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador y ser la instancia de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal.
Art. 18. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Para su conformación, se procurará la igualdad de género.
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de ser reelectos y serán renovados de manera escalonada. Sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la Ley General de Responsabilidades, en su apartado relativo a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.
Art. 19. Para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano zacatecano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;
II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción;
III. Tener más de treinta y cinco años de edad al día de la designación;
IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de nivel licenciatura;
V. Gozar de buena reputación y no haber recibido condena por algún delito;
VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de forma previa a su nombramiento;
VII. No haber sido registrado a alguna candidatura, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;
X. No ser Gobernador del Estado, Magistrado, titular o subsecretario de dependencias y entidades de la administración pública en sus tres niveles de gobierno, Fiscal General o Fiscal Especializado, a menos que se haya separado de su cargo un año antes del día de su designación.
Art. 20. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no tendrán ninguna relación laboral, en virtud de su encargo, con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma y su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.
No podrán ocupar durante el tiempo de su gestión ningún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidades que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades y la propia del Estado.
Con relación al párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, resguardo de información y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial.
Art. 21. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:
I. La Legislatura del Estado constituirá una Comisión de Selección, que estará integrada por cinco ciudadanos, por un periodo de tres años, conforme a las siguientes bases:
a) Emitirá una convocatoria dirigida a instituciones de educación superior y de investigación en el Estado, a efecto de que presenten propuestas de candidatos para elegir tres integrantes de la Comisión de Selección, acompañando a dichas propuestas los documentos que acrediten el perfil señalado en la convocatoria, dentro de la cual se considerará que cuenten con experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción; y
b) Emitirá una convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de transparencia, de rendición de cuentas o combate a la corrupción, para que presenten sus propuestas para la elección de dos miembros de la Comisión de Selección, en los mismos términos del inciso anterior.
Con base en las propuestas que se presenten de acuerdo con lo anterior, la Legislatura del Estado elegirá a los integrantes de la Comisión de Selección.
Los miembros de la Comisión de Selección no podrán ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana dentro de los seis años siguientes a la disolución de la Comisión y durante el ejercicio de su cargo no recibirán retribución económica alguna.
II. Una vez constituida la Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria para la designación de los miembros del Comité de Participación Ciudadana.
La convocatoria deberá contener la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana; y considerar al menos lo siguiente:
b) Hacer pública la lista de los aspirantes;
f) El plazo en que se deberá realizar la designación, que se llevará en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.
En caso de que se generen vacantes, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá exceder de noventa días y el ciudadano que resulte electo, desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.
Art. 22. La Presidencia del Comité de Participación Ciudadana se rotará anualmente entre sus integrantes, atendiendo a la antigüedad que tengan en éste.
En caso de ausencia del Presidente del Comité de Participación Ciudadana, ocupará el cargo aquél integrante a quien correspondería su ejercicio el periodo siguiente.
Art. 23. El Comité de Participación Ciudadana sesionará, previa convocatoria de su Presidente o a petición de la mayoría de sus integrantes, cuantas veces sea necesario. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus miembros y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Art. 24. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Aprobar sus normas internas;
III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa de trabajo, el cual deberá ser público;
VII. Presentar proyectos y propuestas al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para la mejora de mecanismos, instrumentos y lineamientos de:
a) Coordinación interinstitucional en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
b) Operación de la Plataforma Estatal;
c) Suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que las instancias estatales y municipales competentes generen en las materias reguladas por esta Ley; y
d) Operación del sistema electrónico de denuncias y quejas de faltas administrativas y hechos de corrupción;
IX. Llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno;
X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal, así como al impulso en el estado respecto de la implementación de la política nacional;
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Auditoría;
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, al proyecto de informe anual del Comité Coordinador;
Art. 25. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
II. Representar al Comité ante el Comité Coordinador;
IV. Garantizar el seguimiento de los temas dentro de los cuales tiene atribuciones.
Art. 26. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate.
Art. 27. La Secretaría Ejecutiva es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, que tendrá su sede en la capital del Estado o su zona conurbada. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines.
Art. 28. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
Art. 29. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano de gobierno y una Comisión Ejecutiva.
Art. 30. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por:
I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno del Estado para el desempeño de sus funciones;
Las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores, se regirán por el Art. 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Servicio Civil del Estado.
Art. 31. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control y su titular se elegirá en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.
II. Contrataciones derivadas de las leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y asociaciones público privadas;
III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; y
IV. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva.
La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control no podrán realizar auditorías o investigaciones en aspectos distintos a los señalados expresamente en este artículo.
Art. 32. El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva estará conformado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana.
El órgano de gobierno celebrará, por lo menos, cuatro sesiones ordinarias por año, además de las extraordinarias que se consideren necesarias para el desahogo de los asuntos de su competencia. Las sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano.
Para poder sesionar válidamente, requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Podrán participar con voz, pero sin voto, aquellas personas que el órgano de gobierno decida invitar, que le permitan allegarse de mayores elementos para la toma de sus decisiones.
Art. 33. El órgano de gobierno tendrá las atribuciones indelegables que, de forma general, se establezcan en la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales.
Asimismo, tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada de tres votos, al Secretario Técnico.
Art. 34. El Secretario Técnico ejercerá la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades y obligaciones que la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales le confiera a los directores generales.
Art. 35. La Comisión Ejecutiva estará integrada por:
II. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción de su Presidente.
Art. 36. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará y someterá a su aprobación las siguientes propuestas:
I. Las políticas públicas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos;
V. Los mecanismos para la efectiva coordinación de las autoridades estatales y municipales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;
VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la aplicación de las políticas y programas en la materia; y
VII. Las recomendaciones que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, así como el informe de seguimiento que contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas recomendaciones.
Art. 37. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán convocadas por el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas, con el fin de allegarse de mayores elementos para sus determinaciones.
Art. 38. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva.
Art. 39. La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través del Secretario Técnico.
Art. 40. El titular de la Secretaría Técnica será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de la mayoría de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Durará tres años en su encargo, sin posibilidad de ser reelecto.
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno someterá al Comité de Participación Ciudadana una terna de personas que cumplan los requisitos para ser designado como Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley.
Art. 41. El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, por causa justificada a juicio del órgano de gobierno por la votación señalada en el Art. anterior, o bien, en los siguientes casos:
Art. 42. Para ser designado Secretario Técnico se deberán satisfacer los mismos requisitos que esta Ley exige para ser miembro del Comité de Participación de Ciudadana.
Art. 43. Corresponde al Secretario Técnico, además de las funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva, las siguientes facultades y obligaciones:
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo correspondiente de ellos, en términos de las disposiciones aplicables;
V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo sobre las políticas integrales a que se refiere esta Ley y, una vez aprobadas, realizarlas;
VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva y de la Comisión Ejecutiva;
X. Administrar la Plataforma Estatal que establezca el Comité Coordinador, en términos de esta Ley y asegurar su acceso a los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva;
XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política estatal; y
XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas dirigidas al Comité Coordinador. Podrá solicitar la información que estime pertinente, de oficio o a solicitud de los miembros de la Comisión.
Art. 44. El Sistema Estatal de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que promuevan el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Art. 45. Son integrantes del Sistema de Fiscalización:
I. La Auditoría;
II. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado;
III. Los órganos de control interno de los Municipios; y
IV. Los órganos de control interno de los organismos constitucionales autónomos.
Art. 46. Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el Art. anterior los integrantes del Sistema de Fiscalización deberán:
I. Crear un sistema electrónico que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos estatales y municipales, mediante la construcción de un modelo de coordinación entre el Sistema Estatal y el Sistema de Fiscalización; y
II. Informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos estatales y municipales.
Todos los entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo momento a los Sistemas Estatal y Nacional, en los términos que establezcan la Ley General Anticorrupción y esta Ley, en la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos estatales y municipales.
Art. 47. El Sistema de Fiscalización contará con un Comité Rector del Sistema de Fiscalización conformado por la Auditoría, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado y siete miembros rotatorios de entre los órganos internos de control de los Municipios, que serán elegidos por periodos de dos años, por consenso de la Secretaría y la Auditoría.
El Comité Rector del Sistema de Fiscalización será presidido de manera dual por el Auditor Superior del Estado y el titular de la Secretaría de la Función Pública, o por los representantes que de manera respectiva designen para estos efectos.
Art. 48. Para el ejercicio de las facultades del Sistema de Fiscalización en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, el Comité Rector del Sistema de Fiscalización ejecutará las siguientes acciones:
II. La instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del Sistema de Fiscalización; y
Art. 49. El Comité Rector del Sistema de Fiscalización emitirá las normas que regulen su funcionamiento.
Art. 50. El Comité Rector del Sistema de Fiscalización podrá invitar a participar en actividades específicas del Sistema de Fiscalización a los órganos internos de control, así como a cualquier otra instancia que realice funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos.
Art. 51. Los integrantes del Sistema de Fiscalización deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.
Asimismo, el Sistema de Fiscalización promoverá entre sus miembros la homologación y aplicación de las normas profesionales aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización.
Art. 52. Conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional de Fiscalización para la mejora institucional en materia de fiscalización, las reglas específicas contenidas en los códigos de ética y demás lineamientos de conducta, los integrantes del Sistema de Fiscalización aprobarán e implementarán las medidas para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización.
Para tal fin, el Sistema de Fiscalización fomentará el establecimiento de un programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización.
Art. 53. El Sistema de Fiscalización propiciará el intercambio de información que coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones.
Art. 54. Los integrantes del Sistema de Fiscalización en el ámbito de sus respectivas atribuciones:
I. Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización, para que contribuyan a la elaboración de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada;
II. Revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen propuestas de mejora que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción; y
III. Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
Art. 55. Para el fortalecimiento del Sistema de Fiscalización, sus integrantes atenderán las siguientes directrices:
III. Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo;
IV. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos; y
V. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental y los resultados de la fiscalización.
Art. 56. Los integrantes del Sistema de Fiscalización celebrarán reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario, a convocatoria de la presidencia, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y demás legislación aplicable y para ello, podrán valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes.
Art. 57. La Plataforma Estatal tiene por objeto integrar y conectar los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información de las autoridades competentes en materia de esta Ley.
El Comité Coordinador, con base en la información de la Plataforma Estatal, establecerá políticas integrales, metodologías de medición y los indicadores necesarios para su evaluación.
Art. 58. Para el funcionamiento de la Plataforma Estatal, el Comité Coordinador emitirá los mecanismos que permitan cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y aquélla que regule las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Art. 59. La Plataforma Estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través de su Secretario Técnico, en los términos de esta Ley.
Art. 60. La Plataforma Estatal estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Estatal y contará, al menos, con los siguientes sistemas estatales electrónicos:
Art. 61. Los integrantes del Sistema Estatal promoverán la publicación de la información contenida en la plataforma, en formato de datos abiertos, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y las demás leyes aplicables.
Art. 62. Los Sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, operarán en los términos de la Ley General de Responsabilidades y demás normas aplicables en la materia.
Art. 63. El Sistema estatal de servidores públicos y particulares sancionados tiene como finalidad que las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, queden inscritas dentro del mismo y su consulta deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera.
Art. 64. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos, o en calidad de prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley General de Responsabilidades y demás normas aplicables.
Los registros de las sanciones por faltas administrativas no graves, quedarán únicamente registradas para efectos de verificación de reincidencias.
Art. 65. El Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal y del Sistema de Fiscalización será la herramienta digital que permita centralizar la información de todos los órganos integrantes de los mismos.
Deberá contemplar, al menos, los programas anuales de auditorías de los órganos de fiscalización, los informes públicos en términos de las disposiciones legales aplicables, así como la base de datos que permita el adecuado intercambio de información entre los miembros del Sistema de Fiscalización.
El funcionamiento del sistema de información a que hace alusión el presente Art., se sujetará a los mecanismos que emita el Comité Coordinador respecto a la Plataforma Estatal.
Art. 66. El Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción será establecido de acuerdo a lo que determine el Comité Coordinador y será implementado por las autoridades competentes.
Art. 67. El informe anual de avances y resultados que rinda el Comité Coordinador deberá dar cuenta, al menos, de las acciones de combate a la corrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de las recomendaciones emitidas. Para tal efecto, deberán apegarse a la metodología que emita el Sistema Nacional.
Art. 68. Para la elaboración del informe anual de avances y resultados, los integrantes del Comité Coordinador deberán entregar al Secretario Técnico las recomendaciones emitidas y demás información que éste estime necesaria.
Además, la Auditoría y los órganos internos de control de los Entes Públicos presentarán un informe detallado del porcentaje de los procedimientos que se encuentren en desarrollo y los que culminaron con una sanción firme, informando el monto o, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe que el Secretario Técnico solicite, mismos que habrán de ser incluidos como anexos al informe definitivo.
Art. 69. Concluido el periodo anual de la Presidencia, el Secretario Técnico presentará ante la Comisión Ejecutiva un anteproyecto de informe anual de avances y resultados para su revisión, quien habrá de enviarlo al Presidente del Comité Coordinador.
Una vez recibido el proyecto de informe público anual de avances y resultados por el Presidente del Comité Coordinador, éste lo someterá para su aprobación ante los integrantes del Comité Coordinador de forma inmediata, quienes podrán emitir votos particulares o concurrentes que deberán ser incluidos en el informe.
El informe público anual deberá ser aprobado, publicado y remitido a los Poderes Públicos del Estado a más tardar sesenta días posteriores a la conclusión del periodo anual de la presidencia.
Art. 70. Derivado del informe, el Comité Coordinador podrá emitir recomendaciones no vinculantes a los Entes Públicos, las cuales deberán ser públicas y de carácter institucional; y estarán enfocadas a garantizar la adopción de medidas efectivas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno, el fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas y demás acciones que estime convenientes.
Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Comité Coordinador y serán notificadas a las autoridades a las que se dirigen dentro de los diez días hábiles posteriores a su aprobación.
Art. 71. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda de quince días a partir de su recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas.
En caso de aceptarlas, deberán informar las acciones concretas que se tomarán para darles cumplimiento y los plazos en los que se llevará a cabo su acatamiento.
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité Coordinador.
Art. 72. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención no están debidamente justificadas por la autoridad recomendada, cuando ésta sea omisa en la respuesta a que se refiere el Art. anterior, o bien, no ejecute las acciones enteradas al Comité, éste deberá dar vista al superior jerárquico de dicha autoridad.
Art. 2° Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Legislatura del Estado deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección.
Art. 3° La Comisión de Selección, dentro de los sesenta días posteriores a su instalación, nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en los términos siguientes:
a) Un integrante que durará en su encargo un año, a quien corresponderá la presidencia del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador.
b) Un integrante que durará en su encargo dos años.
c) Un integrante que durará en su encargo tres años.
d) Un integrante que durará en su encargo cuatro años.
Art. 4° La sesión de instalación del Comité Coordinador se llevará a cabo dentro del plazo de treinta días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad el Comité de Participación Ciudadana.
Hasta en tanto se constituya la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Procuraduría General de Justicia del Estado participará de la integración del Comité Coordinador.
Art. 5° La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones a más tardar a los sesenta días siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador.
Para tal efecto, el Ejecutivo del Estado y la Legislatura deberán proveer los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 y subsecuentes.
Art. 6° Dentro de los sesenta días posteriores a la instalación del Comité Coordinador, deberá instalarse el pleno del Sistema de Fiscalización y su Comité Rector del Sistema de Fiscalización, en los términos de este Decreto.
Art. 7° Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, se publicará en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva.
Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil diecisiete. Diputada presidenta. Julia Arcelia Olguín Serna, Diputadas secretarias. Ma. Guadalupe González Martínez e Iris Aguirre Borrego. Rúbricas
Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los catorce días del mes de julio del año dos mil diecisiete. Gobernador del Estado de Zacatecas. Alejandro Tello Cristerna. Secretaria General de Gobierno. Fabiola Gilda Torres Rodríguez. Rúbricas.
176 56 15-julio-2017 16-julio-2017 LXII
201 73 13-septiembre-2017 14-septiembre-2017 LXII
Se reforma el artículo segundo transitorio
211 91 15-noviembre-2017 16-noviembre-2017 LXII