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Timestamp: 2018-02-20 11:34:25
Document Index: 375405971

Matched Legal Cases: ['Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 110', 'Artículo112', 'Artículo113', 'Artículo114', 'Artículo115', 'Artículo117', 'artículo 116', 'artículo 116', 'Artículo109', 'Artículo 111', 'Artículo 116', 'artículo 4', 'Artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 42', 'artículo 116', 'artículo 27', 'Artículo 107', 'Artículo 55', 'Artículo 10', 'Artículo 64', 'Artículo 108', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 110', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 107', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'artículo 25', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 26', 'Artículo 117', 'Artículo 109', 'artículo 75', 'artículo 6']

Futuro simple: 5 B. Los centros docentes
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Autonomía”[v], “Participación”[vi], “Responsabilidad docente”[vii] y “Evaluación”[viii] son principios-“guía” de cuatro de los seis títulos analizados en esta serie de artículos. La tabla distribuye su contenido en función de la organización dada por las leyes educativas. La LODE[ix], vigente en parte de su articulado, aborda tres de ellos; la LOGSE, desde la complementariedad con la LODE, los integra como “factores de calidad”; la LOPEG[x] excluye los centros docentes e incorpora la evaluación y la inspección; la LOCE integra lo dicho por la LOGSE y la LOPEG y modifica en parte la LODE; y, por último, la LOE y con ella la LOMCE mantiene la ruta de la LOCE y añade el título de los Recursos.
LOMCE QUINCE B. Los centros docentes. Los propietarios.
Cuando jesús arrojó del templo
a los estupefactos mercaderes
los defenestrados juraron vengarse
durante casi dos milenios se reunieron
en roma en parís en wall street
en Londres en la meca de las Malvinas
se entrenaron disparando dardos…
con paciencia batracia los mercaderes
esperaron al vicario apropiado y entonces
y con la imprescindible bendición papal
expulsaron del templo a jesús nazareno
Mario Benedetti (1995). Mercaderes[xi]. Re/creaciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita
7. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.
La Constitución de 1978 da cobertura legal a la titularidad privada siempre que respete los principios constitucionales y a su financiación, al establecer la gratuidad de la enseñanza básica y la ayuda de los poderes públicos. Su desarrollo lo aborda la LODE cuyo contenido se mantiene vigente salvo en las modificaciones establecidas por el resto de las leyes.
La LODE distribuye el Título Primero. “De los centros docentes” en tres capítulos (I. Disposiciones generales; II. Centros públicos; y III. Centros privados) y la LOE lo amplía a cuatro siguiendo el mismo criterio de la LOCE. Además, utiliza los distintos tipos de Disposiciones para el desarrollo de diferentes aspectos[xii]. El Título IV. Centros docentes se configura, por tanto, en cuatro capítulos y once artículos tal y como recoge el cuadro.
La LOMCE mantiene tres artículos del Capítulo I. “Principios generales”, el régimen jurídico (Artículo 107), la clasificación (Artículo 108) y la accesibilidad de los centros (Artículo 110); dos del Capítulo II. “Centros públicos”, los medios materiales y humanos (Artículo112) y las bibliotecas escolares (Artículo113); los dos artículos del Capítulo III. “Centros privados”, la denominación (Artículo114) y el carácter propio (Artículo115); y uno del Capítulo IV. “Centros privados concertados”, el módulo de conciertos (Artículo117).
Y modifica, los artículos 109. Programación de la red de centros (punto cincuenta y tres); 111. Denominación de los centros públicos (punto cincuenta y cuatro, añade 111.bis); y artículo 116. Conciertos (punto cincuenta y cinco). Los cambios son limitados aunque aumentan en la última versión pues incluyen el 75% de los capítulos y 27% de los artículos. La anterior versión únicamente modificaba el artículo 116. Conciertos (punto cuarenta y dos).
Además cambia la Disposición adicional decimocuarta para actualizar las modalidades de bachillerato que son objeto de autorización (aparece en ambas versiones como adicional primera sin referencia numérica), la Disposición transitoria décima. Modificación de los conciertos (la primera versión reescribe el redactado del punto tres en el sesenta y cinco y la segunda lo suprime en el ochenta y tres) y desaparecen las Disposiciones transitorias[xiii].
¿Qué cambios introduce en la Programación de la red de centros (Artículo109)? ¿Qué mantiene y añade en la denominación de los Centros públicos (Artículo 111)? ¿Qué modifica de los Conciertos (Artículo 116)? ¿Qué razones tienen aquellos que consideran que la Ley favorece a los concertados[xiv] y a la inversión privada[xv]? ¿Y todos aquellos que consideran insuficiente su trato?[xvi] ¿Es cierto que convierte a los centros en un producto más del mercado?[xvii], etc.
El artículo busca respuestas a estas u otras preguntas mediante el análisis dinámico de lo “dicho”, las intenciones[xviii], el articulado y lo “hecho”, las medidas puestas en marcha.
Los principios, la competencia y la tipología de los centros docentes.
Tipología según la titularidad
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, la propia LOE y otras disposiciones son el referente normativo de los centros docentes[xix]. La LODE sustituye la clasificación por su titularidad de los centros docentes en “estatales” y “no estatales” de la LGE[xx] por la de “públicos” y “privados”, añadiendo el calificativo de “concertados” a los que son financiados con fondos públicos[xxi]. La LOCE deroga y redacta su propio artículo[xxii] y la LOE[xxiii] lo reescribe y complementa sin modificar la tipología para dejar constancia de:
La diferencia entre privados y privados acogidos al régimen de conciertos y la pertenencia al Registro de centros de la Administración educativa (3).
El carácter de servicio público de la educación de los centros públicos y privados concertados (4).
La obligación de orientar la actividad a los principios y fines de la educación de la Ley (5).
El derecho de los padres o tutores, de acuerdo con el artículo 4 de la LODE a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos (6).
Siguen vigentes artículos de la LODE relacionados con los centros docentes españoles en el extranjero[xxiv], el citado registro[xxv], el cumplimiento de unos requisitos mínimos[xxvi] y su competencia para tomar decisiones en una serie de campos.[xxvii]
Además de los contenidos considerados como requisitos mínimos por la LODE (titulación académica del profesorado, relación numérica alumno-profesor, instalaciones docentes y deportivas y número de puestos escolares), la LOE incluye la accesibilidad para evitar la no discriminación[xxviii]y, en el caso de los centros públicos, la dotación de medios materiales y humanos[xxix] y de bibliotecas escolares[xxx].
La competencia de regular la organización de todos los centros docentes, con la excepción de los centros docentes públicos en el exterior propia del gobierno, es de las Comunidades Autónomas[xxxi]. También les corresponde, en el caso de los centros públicos, la creación y supresión[xxxii], el respeto a la Constitución[xxxiii] y el principio de participación de la comunidad educativa.[xxxiv]
En cuanto a los centros privados, CAPÍTULO III, la LOE permite elegir su denominación siempre que no induzca a confusión con los públicos[xxxv]; definir su carácter propio que, siempre, ha de ser comunicado por el titular a la comunidad educativa[xxxvi]; y, para su desarrollo, regular “su régimen interno, seleccionar su profesorado de acuerdo con la titulación exigida por la legislación vigente, elaborar el proyecto educativo, organizar la jornada en función de las necesidades sociales y educativas de sus alumnos, ampliar el horario lectivo de áreas o materias, determinar el procedimiento de admisión de alumnos, establecer las normas de convivencia y definir su régimen económico»[xxxvii]. Se mantienen vigentes los artículos de la LODE relacionados con los requisitos que han de cumplir los titulares[xxxviii], el citado carácter propio[xxxix], la autorización de su apertura[xl] y la definición del régimen interior[xli].
Y en los privados concertados, CAPÍTULO IV, la LOE fija el módulo de los conciertos para asegurar el principio de gratuidad[xlii]y establece su revisión.[xliii]
Todos estos contenidos los asume la LOMCE sin mayor problema porque garantizan el estatus establecido para los centros de titularidad privada.
El primero: la planificación de la oferta
En la programación de la red de centros[xliv], el punto cincuenta y tres de la versión de diciembre, la LOMCE introduce modificaciones que no estaban en la versión anterior.
Mantiene el “criterio de armonizar” en la programación de la oferta de plazas gratuitas:
Las exigencias derivadas de la obligación de garantizar el derecho de todos a la educación,
Y los derechos individuales de alumnos, padres y tutores.
Y la necesidad de tener en cuenta,
Las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo como garantía de la calidad de la enseñanza.
Los cambios se producen cuando añaden a la consideración de la “oferta existente de centros públicos y privados concertados”, el matiz de:
“Y la demanda social[xlv]”.
Y cuando se pasa de la garantía de “plazas públicas suficientes” especialmente en las zonas de nueva población” a:
“La garantía de plazas suficientes.”
La consideración de la demanda social y la respuesta gratuita desde cualquier tipo de centro son variables que favorecen a la escuela privada concertada.
El segundo: el control del rebaño digital
La LOMCE asume el redactado del Artículo 111. “Denominación de los centros públicos” en el que la denominación está asociada a la tradición y al tipo de enseñanzas que imparten[xlvi] mientras añade un artículo 111.bis (punto cincuenta y cuatro[xlvii]) para asumir como competencia del Estado, oídas las Comunidades Autónomas, el asegurar la “interoperatividad” de los sistemas informáticos (…“en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos”).
Compete, por tanto, al gobierno:
1. Determinar las especificaciones técnicas básicas de los sistemas utilizados en la gestión académica y administrativa y como soporte para el aprendizaje …
2. Facilitar el acceso a los entornos virtuales de aprendizaje (de los centros docentes sostenidos con fondos públicos) de los planes educativos específicos diseñados por los docentes y de los alumnos desde cualquier sitio y en cualquier momento.
Establecer, previa consulta a las Comunidades Autónomas, formatos… en el ámbito de los contenidos educativos digitales públicos para que se usen en cualquier plataforma tecnológica. En este sentido se compromete a:
Ofrecer plataformas digitales y tecnológicas … que incorporen recursos seleccionados de acuerdo con parámetros de calidad metodológica, adopción de estándares abiertos y disponibilidad de fuentes que faciliten su difusión, adaptación, reutilización y redistribución y serán reconocidos como tales.
6. Elaborar un marco común de referencia de competencia digital docente que oriente la formación permanente del profesorado y facilite el desarrollo de una cultura digital en el aula.”
5. Promover el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros, de las TIC en el aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje.
La incorporación de este bis, una vez resueltas las dudas de donde ubicarlo, concreta la prioridad establecida en la exposición de motivos[xlviii] y, desde la “interoperatividad”, asegura el control del gobierno de todos los sistemas informáticos utilizados en la gestión y en el aprendizaje. De ser cierto el interés por estimular las TIC, hubiera bastado con incluir los puntos dos y cinco del artículo.
Y el tercero: los conciertos
La tercera modificación aborda directamente la herramienta que garantiza el acceso a los fondos públicos. La LOMCE presenta un redactado alternativo (punto cincuenta y cinco) al actual artículo 116.”Conciertos”, cuando en el anterior borrador se limitaba a modificar el apartado seis (punto cuarenta dos). ¿Cuáles son esos cambios?
De los siete apartados, el nuevo redactado copia íntegramente el contenido del 2 (preferencia a los que atienden poblaciones desfavorecidas, realicen experiencias de interés pedagógico y sean cooperativas), 4 (contenido del mismo en cuanto a derechos y obligaciones y a la competencia de las Administraciones educativas), 5 (la referencia a varios centros de un mismo titular) y 7 (el carácter singular de los conciertos en las enseñanzas postobligatorias); y modifica los tres restantes.
En el apartado 1, mantiene “Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta Ley y satisfagan necesidades de escolarización, en el marco de lo dispuesto en los artículos 108 y 109, podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos. Los centros que accedan al régimen de concertación educativa deberán formalizar con la Administración educativa que proceda el correspondiente concierto”.
Y añade, al finalizar el primer punto:
…sin que la elección de centro por razón de su carácter propio pueda representar para las familias, alumnos y centros un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto….
En el 3, deja el contenido inicial:
“Corresponde al Gobierno establecer los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos. Estos aspectos se referirán al cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación y en las normas que le sean de aplicación de la presente Ley, a la tramitación de la solicitud, la duración máxima del concierto y las causas de extinción, a las obligaciones de la titularidad del centro concertado y de la Administración educativa, al sometimiento del concierto al derecho administrativo, a las singularidades del régimen del profesorado sin relación laboral, a la constitución del Consejo Escolar del centro al que se otorga el concierto y a la designación del director”.
Y añade el párrafo:
Y en el seis, sustituye el concierto singular de los PCPI por el concierto de carácter general de los ciclos de Formación Profesional Básica sin establecer la condición de que impartan la Educación secundaria obligatoria.[xlix]
6.Las Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferente, los ciclos de Formación Profesional Básica que, conforme a lo previsto en la presente ley orgánica, los centros privados concertados impartan a su alumnado. Dichos conciertos tendrán carácter general.
Además suprime (punto ochenta y tres) el apartado 3 de la Disposición transitoria décima. Modificación de los conciertos (el punto sesenta y cinco de la versión de septiembre, para sustituir los PCPI por los citados ciclos), y mantiene el apartado uno para dar continuidad al concierto de las enseñanzas obligatorias y de la educación infantil (su prioridad quedaba establecida en la Disposición transitoria decimosexta).
La continuidad de una parte de los contenidos asegura el concierto de las enseñanzas no obligatorias y las modificaciones, evitan el uso del “carácter propio” como argumento para denunciarlo, aseguran la estabilidad durante, al menos, seis y cuatro años, en cada caso, y garantizan el concierto de los ciclos de Formación profesional básica como parte de la enseñanza obligatoria.
Mantiene la LOMCE, por tanto, la cohabitación de las escuelas pública y privada, el carácter singular de la privada y la financiación con fondos públicos de una parte de las mismas.
Modifica tres artículos, para:
Incorporar la demanda social como principio a considerar en la planificación junto a los ya existentes (economía, eficacia, derecho a la educación, equilibrio en el reparto del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo).
Garantizar la suficiencia de la oferta sin cerrarla a los centros públicos.
Asegurar el control del gobierno sobre las herramientas TIC y su uso en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
Dar continuidad y estabilidad[l] a los conciertos incluyendo aquellos cuyo carácter propio plantea dudas (se nos ocurre pensar en los colegios diferenciados de chicas).
Asegurar el carácter general de los conciertos de los ciclos de la Formación profesional básica.
Estos cambios parecen satisfacer parcialmente las expectativas de aquellos que consideraban insuficiente el anterior borrador[li]. Este es el caso de nuestro Consejero Marín[lii]. Otros, sin embargo, se muestran menos complacientes y demandan que se incluya una renovación automática sin límites temporales[liii] y se de prioridad absoluta de la libertad de elección de los padres frente al resto de criterios.[liv] El malestar, tal y como recoge la prensa, es evidente en todos aquellos que consideran que favorece a los centros concertados[lv] y a la inversión privada.[lvi]
Los cambios realizados, incorporar la demanda social y garantizar la respuesta sin tener en cuenta el criterio de titularidad, unidos a la publicación de un ranking de centros con los resultados de las evaluaciones de diagnóstico y finales[lvii], convierten a la educación en un producto más del mercado. Y en él, los centros privados tiene un margen de crecimiento muy amplio.
Según el mapa que recientemente publicaba El País[lviii], a partir de los datos del MECyD correspondientes al curso 2010-2011, el 26% del alumnado está escolarizado en centros privados concertados. Por encima de ese promedio están el País Vasco (49%); Navarra (35%); Baleares y Rioja (30%); Madrid, Cataluña, Castilla y León y Cantabria (29%); en el promedio o cerca de él, Aragón (26%), Comunidad Valenciana (25%) y Asturias (24%); y por debajo, Galicia y Murcia (23%), Ceuta (22%), Andalucía (21%), Extremadura (18%), Canarias (16%) y Melilla y Castilla-La Mancha (14%).
Se trata, por tanto, de un mercado atractivo cuando se tienen asegurados los ingresos con las subvenciones del Estado. El mercado (la ley de la oferta y la demanda) y el beneficio del empresario son estímulos para el crecimiento coherentes con el ideario del partido del gobierno. También lo es, en vez de actuar el propio Estado como empresario, desviar los fondos públicos (dinero de todos) a incentivar la inversión privada y sufragar los gastos cuando se produce el fracaso. La nacionalización de la banca con pérdidas y la venta de la sanidad son dos claros ejemplos.
El diseño del nuevo ecosistema de relaciones entre la escuela pública y privada parece claro, Se trata de:
Reducir la inversión en la escuela pública para limitar su calidad y su competitividad en el mercado
Ampliar las ratios para aumentar el número de usuarios posibles y así poder utilizar la demanda social como criterio para ampliar los conciertos.
Incluir a los centros privados concertados dentro de la oferta suficiente para ampliar y cubrir la demanda.
Eliminar la “cercanía a los centros” como criterio para definir la escolarización y primar la elección de los padres (en muchos casos, bastaría con aumentar el peso de la escolarización de hermanos en el centro para invertir las relaciones)
Concentrar la población en los centros con demanda y eliminar paulativamene el resto…
Podemos seguir hasta el infinito, la cuenta sale siempre que se parte del criterio, que no compartimos, de considerar a la escuela pública como de inferior “calidad” que la privada. Unos y otros comparten la infravaloración de la escuela pública especialmente porque utilizan como referente de juicio el ranking de los resultados académicos. Ese ranking que algunos rechazan pero que encanta a todos. Cuestión diferente es utilizar como criterio de comparación, el gasto que para el Estado suponen las unidades de los centros públicos y concertados. Para algunos, los que identifican calidad con rentabilidad, no hay color: la escuela privada concertada es más rentable.
Otras cuestiones son relevantes a la hora de analizar y valorar los cambios propuestos en la LOMCE para, cuanto menos, asegurar y mejorar el estatus de la escuela privada.
En primer lugar, ¿se cumple el criterio de reparto equilibrado del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo?; en segundo lugar, ¿es compatible este criterio con la prioridad de la distancia y el derecho de los padres a elegir los centros? Y, por último, ¿respetan los conciertos rigurosamente los requisitos mínimos? ¿Y los principios constitucionales?
Es un secreto a voces que la aspiración a un reparto equilibrado del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo no es más que una mentira dudosamente piadosa. Su ejecución exige la detección temprana (¿es posible identificar las necesidades educativas antes de la escolarización más allá del alumnado con necesidades educativas especiales?) y la supresión de la prioridad de la cercanía. Ciertamente siempre consideramos que este criterio de reparto, en coherencia con la distribución de los grupos sociales en el territorio de los pueblos y ciudades, confirma las desigualdades y convierte algunos centros docentes en verdaderos ghettos.
¿Existe un criterio mejor? No. La solución pasa por dotar a estos centros docentes de los recursos para hacer creíble el discurso de la Equidad en la educación. Pero no es esta la solución prevista, mejor ajustar las plantillas o cerrar estos centros por la falta demanda.
Cuestión diferente es el cumplimiento de los requisitos mínimos y el respeto a los principios constitucionales. La rigurosa revisión de las condiciones de los centros permitiría denunciar algunos de los conciertos y, junto a la supresión de los Conciertos en las enseñanzas postobligatorias (bastaría con sustituir la disposición transitoria), reducir el gasto público. Tampoco esta es una solución que les place. Mejor modificar los requisitos mínimos de los centros y asegurar, a la inversa, que la Ley no puede discriminar a los que discriminan con su ideario.
“Gratuidad, obligatoriedad, libertad de creación de centros y ayuda de los poderes públicos” son principios constitucionales que aseguran el actual sistema.
¿Es posible cambiar el marco? Hoy se plantea la necesidad de modificar la Constitución de 1978 (nacida del consenso en un momento en el que los partidos políticos y, sobre todo, la sociedad civil estaba secuestrada por el miedo a un retroceso) desde distintos ángulos: sucesión, estado centralizado o federal, nuevos derechos…¿Por qué modificar el artículo 27? Puestos a ello, defendemos una escuela pública universal, no asociada a la titularidad y con los mismas prebendas para decidir que tiene la escuela privada.
Por último, y en relación a la prioridad de las TIC, ¿debe ser el gobierno el guardián de la interoperatividad? No procede, es innecesario (se puede hacer “entre iguales”), insensato (“poner vallas al campo no es posible)” y empobrecedor (limita la creatividad, la innovación y la propia oferta). Por otra parte, llama la atención que un gobierno partidario del libre mercado ponga en marcha prácticas tan “mercantilistas”.
Leonard Cohen (1980) 110. La energía de los esclavos[lix].
[iii] http://www.educacion.gob.es/horizontales/ministerio/campanas/lomce.html (versión de 25/9/2012).
[xi] Inventario 3. Seix Barral, 2006.
[xii] Adicionales: decimocuarta. Centros autorizados para impartir modalidad de CCNN y la salud y tecnología; Vigesimocuarta. Incorporación de créditos en los presupuestos generales para la gratuidad del segundo ciclo de la educación infantil; Vigesimoséptima. Revisión del módulo de conciertos; Vigésimo novena. Fijación del importe de los módulos; y Trigésima. Integración de centros en la red de centros de titularidad pública Y Finales, Primera. Modificación de la LODE.
[xiii] Transitorias: Novena. Adaptación de los centros; Décima. Modificación de los conciertos; Decimosexta. Prioridad en los conciertos de educación infantil; y Decimoctava. Adaptación de normativa de conciertos.
[xv] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/29/actualidad/1354213473_863026.html
[xvi] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/29/actualidad/1351510194_283912.html
[xviii] Ver, Futuro simple I. “Con el primer párrafo basta…”.
[xix] . Artículo 107. Régimen jurídico. Puntos 1 y 2. “En relación con los centros integrados y de referencia nacional de formación profesional se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en las normas que la desarrollen”.
[xx] Artículo 55, Capítulo I, Título II.
[xxi] Artículo 10.
[xxii] Artículo 64.
[xxiii] Artículo 108.
[xxiv] Artículo 12.
“1. Los centros docentes españoles en el extranjero tendrán una estructura y un régimen singularizados a fin de acomodarlos a las exigencias del medio y a lo que, en su caso, dispongan los convenios internacionales.
2. Sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales o, en su defecto, del principio de reciprocidad, los centros extranjeros en España se ajustarán a lo que el Gobierno determine reglamentariamente”.
[xxv] Artículo 13.
“Todos los centros docentes tendrán una denominación específica y se inscribirán en un registro público dependiente de la Administración educativa competente, que deberá dar traslado de los asientos registrales al Ministerio de Educación y Ciencia, en el plazo máximo de un mes. No podrán emplearse por parte de los centros identificaciones diferentes a las que figuren en la correspondiente inscripción registral”.
[xxvi] Artículo 14.
“1. Todos los centros docentes deberán reunir unos requisitos mínimos para impartir las enseñanzas con garantía de calidad. El Gobierno establecerá reglamentariamente dichos requisitos mínimos.
2. Los requisitos mínimos se referirán a titulación académica del profesorado, relación numérica alumno-profesor, instalaciones docentes y deportivas y número de puestos escolares”.
[xxvii] Artículo 15.
“En la medida en que no constituya discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa, y dentro de los límites fijados por las leyes, los centros tendrán autonomía para establecer materias optativas, adaptar los programas a las características del medio en que estén insertos, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades culturales escolares y extraescolares”.
[xxviii] Artículo 110. Accesibilidad.
[xxix] Artículo 112. Medios materiales y humanos.
[xxx] Artículo 113. Bibliotecas escolares.
[xxxi] Artículo 107. Puntos 3, 4 y 5.
[xxxii] LODE, Artículo 17.
“La creación y supresión de centro públicos se efectuará por el Gobierno o por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias”.
[xxxiii] Artículo 18.
[xxxiv] Artículo 19.
[xxxv] Artículo 114. Denominación
[xxxvi] Artículo 115. Carácter propio de los centros privados.
[xxxvii] Modificado por la LOE. Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 6. El artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, tendrá la siguiente redacción…
[xxxviii] Artículo 21.
d) Las personas jurídicas en las que las personas incluidas en los apartados anteriores desempeñen cargos rectores o sean titulares del 20 por ciento o más del capital
[xxxix] Artículo 22.
[xl] Artículo 23.
[xli] Artículo 26.
[xlii] Artículo 117. Módulos de concierto.
1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros privados concertados…se establecerá en los presupuestos de las Administraciones correspondientes.
2. … el importe del módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las Comunidades Autónomas, no pudiendo en éstos ser inferior al que se establezca en los primeros… 3. En el módulo, … , se diferenciarán:
[xliii] Disposición adicional vigesimoséptima. Revisión de los módulos de conciertos.
[xliv] Artículo 109.
[xlv] La LOCE lo recogía en el artículo 75.5 “…Las Administraciones educativas tendrán en cuenta la demanda social de las plazas escolares en los centros”.
[xlvi] “1. Los centros públicos que ofrecen educación infantil se denominarán escuelas infantiles, los que ofrecen educación primaria, colegios de educación primaria, los que ofrecen educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, institutos de educación secundaria.
5. Corresponde a las Administraciones educativas determinar la denominación de aquellos centros públicos que ofrezcan enseñanzas agrupadas de manera distinta a las definidas en los puntos anteriores, el citado carácter propio”.
[xlvii] El borrador anterior lo incluía como 122.bis en el capítulo II del Título V. Punto cuarenta y cinco.
[xlviii] Apartado IX.
[xlix] El punto cuarenta y dos de la versión de septiembre la mantenía.
[l] Duración mínima. La normativa básica de conciertos tiene más de 25 años. El real decreto sobre su reglamento, de 1985, dice en su artículo 6: “El concierto educativo tendrá una duración de cuatro años”.
[li] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/29/actualidad/1351510194_283912.html.
[lii] El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha defendido hoy la necesidad de que la nueva Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) “nazca con el máximo consenso y garantice que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades y exigencias educativas se viva donde se viva”. Así lo ha manifestado en el Foro Educación Garantía de Crecimiento celebrado en Toledo, al que ha asistido el ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert. Allí, Marín ha asegurado, que la LOMCE “está muy bien diseñada, por lo que cuenta con nuestro apoyo”. El titular de Educación ha manifestado que la nueva ley debe introducir “conceptos como el de como libertad y demanda social”. Para ello ha puesto como ejemplo el impulso que se ha dado en Castilla-La Mancha a la “zonificación única por localidad, lo que permitirá a los padres elegir el centro que deseen dentro de su municipio”.
[liii] Patronales mayoritarias del sector: la de centros católicos FERE-CECA y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).
[liv] Demanda de la Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar y de la CONFAPA.
[lv] Ceapa. Colectivo Lorenzo Luzuriaga, etc.
[lvi] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/29/actualidad/1354213473_863026.html
[lvii] http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/06/actualidad/1354824563_821177.html
[lviii] Ceapa. Colectivo Lorenzo Luzuriaga, etc.
[lix] Visor, 2006.