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Timestamp: 2019-07-18 01:00:33
Document Index: 320939036

Matched Legal Cases: ['artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'Artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'Artículo 105', 'artículo 95', 'artículo 260', 'artículo 104']

C-620 de 2004
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020034675CC-SENTENCIAC620200430/06/2004CC-SENTENCIA_C_620__2004_30/06/2004200346752004SENTENCIA C-620/04 ACTO ADMINISTRATIVO -Concepto ACTO ADMINISTRATIVO DE CARACTER GENERAL Y ACTO ADMINISTRATIVO DE CARACTER PARTICULAR- Distinción según la jurisprudencia y la doctrina /ACTO ADMINISTRATIVO- Individualización/ ACTO ADMINISTRATIVOGENERAL- Referencia en la práctica a alguna pocas personas o a ninguna/ ACTO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL- Referencia a muchas personas concretamente identificadas la jurisprudencia y la doctrina han diferenciado los llamados Actos Administrativos de carácter general y los Actos Administrativos de carácter particular. A través de los primeros, se conocen aquellos actos administrativos en los que los supuestos normativos aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta, y no singular y concreta, y por lo tanto versados a una pluralidad indeterminada de personas; es decir, a todas aquellas que se encuentren comprendidas en tales parámetros. Por el contrario, los segundos, son aquellos actos administrativos de contenido particular y concreto, que producen situaciones y crean efectos individualmente considerados. No obstante lo anterior, la indeterminación no se relaciona únicamente en punto del número de receptores de la decisión administrativa, sino que igualmente estos aparezcan individualizados. En otras palabras, "puede existir un acto general referido, en la práctica, sólo a algunas pocas personas o a ninguna y viceversa, un acto individual referido a muchas personas concretamente identificadas". JURADO DE VOTACION- Naturaleza jurídica del acto de nombramiento El nombramiento de los jurados de votación, es un acto administrativo mediante el cual la administración pública selecciona, de un espectro amplio de ciudadanos; aquellos que deberán cumplir con el deber constitucional de apoyar, como jurados de votación, los procesos electorales. En consecuencia, el acto administrativo de nombramiento de jurados de votación, tiene el carácter de particular y concreto. Lo anterior, debido a que dicho acto establece unos deberes claros y específicos en materia electoral, en cabeza de ciudadanos perfectamente individualizados y determinados. En este orden de ideas, este acto administrativo describe notoriamente los ciudadanos hacia los cuales va dirigido, predeterminándoles el deber de ser jurados de votación. Por ende, es un acto administrativo de carácter particular y concreto. Así las cosas, puede afirmarse que es "un acto individual referido a muchas personas concretamente identificadas". PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTENIDO PARTICULAR Y CONCRETO ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTENIDO PARTICULAR Y CONCRETO- Notificación PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA- Significado y objetivo El principio de publicidad que recae sobre la administración pública es uno de los pilares que sustentan cualquier Estado Democrático Constitucional. Así las cosas, este principio consiste en que las actuaciones administrativas en general puedan ser conocidas por cualquier persona, y con mayor énfasis cuando se traten de actos de la administración que lo afecten de manera directa. La Corte Constitucional ha afirmado en varias ocasiones, que los objetivos que se buscan con el principio de publicidad respecto de los actos administrativos son dos; el primero determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contienen el respectivo acto y el segundo garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados para el efecto. ACTO ADMINISTRATIVO DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO -Notificación personal PUBLICIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO- Imposición de deberes y obligaciones PUBLICIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO- Notificación personal como principio general El principio general en cuanto a la publicidad de los actos administrativos de carácter particular, es su notificación personal. Lo anterior, con el propósito de que se haga oponible dicho acto al ciudadano o a los ciudadanos, destinatarios de este. PUBLICIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO- Excepción al principio general de notificación personal Si bien es cierto, el principio general en materia de publicidad, de los actos administrativos de carácter particular y concreto es la notificación personal; existen casos en los cuales el ordenamiento jurídico ha establecido un tipo de notificación diferente para dichos actos. Notificación esta que es la excepción a la regla. ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO DE JURADO DE VOTACION- Carácter, sui generis por la cantidad de destinatarios que posee ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO DE JURADO DE VOTACION- Excepción a regla general de notificación atendiendo la especialidad ACTO ADMINISTRATIVO DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO- Establecimiento de deberes constitucionales para los ciudadanos y sanciones DEBERES CONSTITUCIONALES- Conocimiento previo para procedencia de sanción por incumplimiento JURADO DE VOTACION- Mecanismo de notificación principal y accesorio LUGAR PUBLICO- Alcance del concepto ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO DE JURADO DE VOTACION- Mecanismo de notificación El acto administrativo de nombramiento de jurados de votación, es un acto administrativo de carácter particular y concreto sui generis; que aunque está dirigido a una multiplicidad de ciudadanos; están estos perfectamente individualizados y especificados. Por consiguiente, el proceso de notificación es excepcional en comparación con el proceso de notificación personal, típico de este tipo de actos. Así las cosas, encuentra esta Corte que el mecanismo de fijación o publicación de la listas, es proporcional y razonable, en punto de la cantidad de receptores que dicho acto administrativo tiene. Lo antecedente, apareja de suyo la constitucionalidad del mecanismo de notificación. No obstante lo aludido, esta Corporación condicionará la exequibilidad del aparte demandado del artículo que consagra "y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva" en el entendido que el concepto lugar público se refiere a aquel sitio de amplio conocimiento para la ciudadanía, señalado con anterioridad a la fijación de la lista de jurados de votación, de fácil y extenso acceso, de común afluencia y que en concurrencia con las anteriores; permita que los ciudadanos seleccionados como jurados de votación conozcan, con la antelación indicada en el mismo precepto jurídico, su deber constitucional. Referencia: expediente D-4992
Hernán Darío Velásquez GómezCONSTITUCIONALIDADJaime Araújo RenteríaDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 105( parcial ) del Decreto 2241 de 1986D4992Identificadores20020034676true53298Versión original20034676Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 105( parcial ) del Decreto 2241 de 1986
la jurisprudencia y la doctrina han diferenciado los llamados Actos Administrativos de carácter general y los Actos Administrativos de carácter particular. A través de los primeros, se conocen aquellos actos administrativos en los que los supuestos normativos aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta, y no singular y concreta, y por lo tanto versados a una pluralidad indeterminada de personas; es decir, a todas aquellas que se encuentren comprendidas en tales parámetros. Por el contrario, los segundos, son aquellos actos administrativos de contenido particular y concreto, que producen situaciones y crean efectos individualmente considerados. No obstante lo anterior, la indeterminación no se relaciona únicamente en punto del número de receptores de la decisión administrativa, sino que igualmente estos aparezcan individualizados. En otras palabras, "puede existir un acto general referido, en la práctica, sólo a algunas pocas personas o a ninguna y viceversa, un acto individual referido a muchas personas concretamente identificadas".
El nombramiento de los jurados de votación, es un acto administrativo mediante el cual la administración pública selecciona, de un espectro amplio de ciudadanos; aquellos que deberán cumplir con el deber constitucional de apoyar, como jurados de votación, los procesos electorales. En consecuencia, el acto administrativo de nombramiento de jurados de votación, tiene el carácter de particular y concreto. Lo anterior, debido a que dicho acto establece unos deberes claros y específicos en materia electoral, en cabeza de ciudadanos perfectamente individualizados y determinados. En este orden de ideas, este acto administrativo describe notoriamente los ciudadanos hacia los cuales va dirigido, predeterminándoles el deber de ser jurados de votación. Por ende, es un acto administrativo de carácter particular y concreto. Así las cosas, puede afirmarse que es "un acto individual referido a muchas personas concretamente identificadas".
El acto administrativo de nombramiento de jurados de votación, es un acto administrativo de carácter particular y concreto sui generis; que aunque está dirigido a una multiplicidad de ciudadanos; están estos perfectamente individualizados y especificados. Por consiguiente, el proceso de notificación es excepcional en comparación con el proceso de notificación personal, típico de este tipo de actos. Así las cosas, encuentra esta Corte que el mecanismo de fijación o publicación de la listas, es proporcional y razonable, en punto de la cantidad de receptores que dicho acto administrativo tiene. Lo antecedente, apareja de suyo la constitucionalidad del mecanismo de notificación. No obstante lo aludido, esta Corporación condicionará la exequibilidad del aparte demandado del artículo que consagra "y la notificación de tales nombramientosse entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva" en el entendido que el concepto lugar público se refiere aaquel sitio de amplio conocimiento para la ciudadanía, señalado con anterioridad a la fijación de la lista de jurados de votación, de fácil y extenso acceso, de común afluencia y que en concurrencia con las anteriores; permita que los ciudadanos seleccionados como jurados de votación conozcan, con la antelación indicada en el mismo precepto jurídico, su deber constitucional.
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil cuatro (2004).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Hernán Darío Velásquez Gómez presentó demanda contra el artículo 105 (parcial) del Decreto 2241 de 1986.
Artículo 105. El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación,y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva, que hará el Registrador del Estado Civil o su Delegado diez ( 10 ) días calendario antes de la votación.
Señala el demandante, que ese tipo de informaciones por parte del Estado, pueden ser variadas, siempre y cuando sean " razonablemente admisibles ". Es decir, la comunicación al ciudadano, del deber adquirido; debe ser en forma tal que el ciudadano tenga efectivo conocimiento que este se le ha asignado; es decir, ser jurado de votación.
IV-INTERVENCIONES
La ciudadana Ana Lucía Gutiérrez Guingue, actuando como apoderada de este Ministerio, interviene para defender la constitucionalidad del artículo 105 ( parcial ) del decreto ley 2241 de 1986 demandado. Sus argumentos se resumen así:
Así las cosas, a efectos de realizar el correspondiente examen, la Corte se concentrará en los siguientes temas: (i ) Naturaleza jurídica del acto de nombramiento de jurado de votación ( ii ) Notificación de dicho acto, ( iii) el caso concreto.
1. Naturaleza Jurídica del Acto de Nombramiento de Jurados de Votación.
Se ha entendido por acto administrativo"La declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria"[1]
En otras palabras, "puede existir un acto general referido, en la práctica, sólo a algunas pocas personas o a ninguna y viceversa ,un acto individual referido a muchas personas concretamente identificadas"[2]
Pues bien, el nombramiento de los jurados de votación, es un acto administrativo mediante el cual la administración pública selecciona, de un espectro amplio de ciudadanos; aquellos que deberán cumplir con el deber constitucional de apoyar, como jurados de votación, los procesos electorales.[3]
(i). las normas Constitucionales y legales que sustentan la posibilidad por parte de la administración pública de nombrar jurados de votación, (ii) las sanciones a que se verán sujetos los ciudadanos que no cumplan con el deber constitucional ya señalado, ( iii ) las causales de exoneración específicas para el no desempeño de la labor referida, ( iv ) el nombramiento de los ciudadanos seleccionados, para tal efecto se individualizan indicando sus apellidos, sus nombres, el número de la cédula de ciudadanía y la mesa electoral a la que fueron asignados. [4]
En este orden de ideas, este acto administrativo describe notoriamente los ciudadanos hacia los cuales va dirigido, predeterminándoles el deber de ser jurados de votación. Por ende, es un acto administrativo de carácter particular y concreto. Así las cosas, puede afirmarse que es "un acto individual referido a muchas personas concretamente identificadas".
1.El Principio de Publicidad en los Actos Administrativos de contenido particular y concreto.
El principio de publicidad que recae sobre la administración pública es uno de los pilares que sustentan cualquier Estado Democrático Constitucional[5]. Así las cosas, este principio consiste en que las actuaciones administrativas en general puedan ser conocidas por cualquier persona, y con mayor énfasis cuando se traten de actos de la administración que lo afecten de manera directa[6].
La Corte Constitucional ha afirmado en varias ocasiones, que los objetivos que se buscan con el principio de publicidad respecto de los actos administrativos son dos; el primero determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contienen el respectivo acto y el segundo garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados para el efecto.[7]
Así las cosas, para garantizar estos objetivos aludidos, el Código Contencioso Administrativo[8] estableció el mecanismo de notificación personal a través del cual se hiciere presente el principio de publicidad, en los actos administrativos de carácter particular.
"Los actos administrativos, por disposición del legislador, admiten dos formas concretas de publicidad, su publicación en el diario oficial, gaceta o cualquier otro medio oficial de divulgación, si se trata de contenidos abstractos u objetivos, esto es impersonales, yla notificación, si se trata de contenidos subjetivos y concretos que afectan a un individuo en particular, o a varios, identificables y determinables como tales, lo anterior por cuanto la publicidad se ha establecido como una garantía jurídica con la cual se pretende proteger a los administrados, brindándoles a éstos certeza y seguridad en las relaciones jurídicas que emanan de su expedición. En cuanto a los actos administrativos subjetivos, cuya acción de nulidad tenga caducidad, ellos deberán ser debidamente publicitados"[9]
"La omisión o la irregularidad de la publicidad de los actos administrativos, y la notificación personal es una forma de ella, no afecta o no incide sobre la validez de los mismos, puesto que se trata de un trámite o diligencia externa y posterior a la formación o al nacimiento de ellos.Afecta sí su eficacia u oponibilidad frente a los administrados cuando le impone deberes u obligaciones, o establece restricciones a sus derechos; y, en consecuencia, de ejecutarse sin la previa notificación y firmeza, puede dar paso a una vía de hecho, que en tal caso sería atacable ... "[10] ( negrilla fuera del texto )
En conclusión, elprincipio general en cuanto a la publicidad de los actos administrativos de carácter particular, es su notificación personal. Lo anterior, con el propósito de que se haga oponible dicho acto al ciudadano o a los ciudadanos, destinatarios de este.
2.2. La notificación del acto de nombramiento de los jurados de votación.La excepción.
Así las cosas, el legislador extraordinario señaló una excepción al principio general de notificación personal de los actos administrativos de carácter personal y concreto. Dicha excepción consiste en que la notificación de este acto particular se llevará a cabo a través de una notificación no personal sino que se "entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva."
En otras palabras, este acto administrativo particular y concreto, puede establecer deberes constitucionales a miles de personas -el caso de las grandes ciudades - perfectamente determinadas e individualizadas. Lo que produce, que sea un acto administrativo particular y concreto, pero ademássui generis, por la cantidad de destinatarios que posee.
En concordancia con aquello, el legislador extraordinario, estableció un sistema que no fuera altamente dispendioso para la administración pública - que hubiera consistido en realizar una notificación personal a cada jurado seleccionado[11] - y optó por realizar una notificación que se entendería efectuada con la fijación o publicación de la lista de jurados seleccionados, en un lugar público.
De lo anterior se desprende entonces, que el acto de nombramiento de jurados de votación es un Acto Administrativo. Que por el hecho de estar dirigido a una gran cantidad de ciudadanos, debidamente especificados e individualizados; adquiere la característica de ser un Acto Administrativo de carácter particular y concreto. Que la publicidad de éste es unaexcepción al principio general de notificación personal de este tipo de actos administrativos, debido a la abundancia de ciudadanos a los que va dirigidos.
Pues bien, el conocimiento del ciudadano del deber constitucional de ejercer como jurado de votación- en desarrollo delprincipio de publicidad - se presenta con la observación de las listas de seleccionados cuya publicación o fijación se dará en un lugar público. Mecanismo de notificación designado excepcionalmente para este tipo especial de actos administrativos de carácter particular.
Así las cosas, encuentra esta Corte, que dicho dispositivo de notificación muy por el contrario de lo afirmado por el demandante; es razonable y proporcional, y por ende ajustado a la Constitución. Lo anotado, debido a que el acto administrativo a notificar essui generis - por la cantidad de personas a comunicar - dentro de aquellos de carácter particular y concreto; lo que produce que el mecanismo sea proporcional y razonable en punto de la cantidad de específicos destinatarios.
De otra parte, entrará esta Corporación a establecer si la fijación o publicación de las listas mencionadas en unlugar público, atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos que han sido seleccionados para desempeñarse como jurados de votación.
Enprimer lugar, el concepto " lugar público "[12] es de los denominados por la doctrina "cláusulas abiertas" o "conceptos jurídicos indeterminados ".
Respecto de los conceptos jurídicos indeterminados, como lo sostenía Kelsen, las normas jurídicas tienen una estructura indeterminada, a veces de manera inconciente a veces de manera conciente. Las causas de esta indeterminación son múltiples: Ambiguedad del lenguaje utilizado en las normas; la vaguedad del concepto (no se puede confundir ésta con la primera), etc. Un concepto es ambiguo si tiene más de un significado y en el contexto que se usa se utiliza en un significado y al mismo tiempo en el otro; dicho más claramente, no se distingue en cual de los varios significados se le está usando. Para evitar este error, que da lugar a una falacia en el razonamiento se utilizan como solución las denominadas definiciones léxico gráficas.
En cambio un concepto es vago no por que tenga más de un significado, sino que teniendo un significado preciso y existiendo una categoría de objetos a los cuales es claramente aplicable; sin embargo, en el límite existe una zona de nebulosa en la cual no se sabe si a otros objetos también se aplica o no; por ejemplo, el impuesto que se aplica a las casas, ¿se aplica también a los carros - casa Con el fin de reducir la vaguedad de un concepto se debe utilizar una definición aclaratoria, que cobije no solo a las casas sino también de manera expresa a los carros - casa (o que los excluye expresamente).
Así como podemos tener dificultades para determinar si estamos ante un problema sanitario que constituye una peste o no; podemos tener dificultades para decir si el trato es cruel o no y si la conducta fue justa o no. Como se puede observar existen problemas adicionales para los conceptos jurídicos indeterminados de valor, ya que su discusión no versa sobre hechos sino sobre actitudes, lo que los hace subjetivos, pues los juicios de valor intrínsecos y los principios morales no puede ser demostrados ni verificados, no son falsos ni verdaderos. "
"Deben tener mucha prudencia y mesura las autoridades encargadas de calificar los conceptos jurídicos indeterminados contenidos en la norma estudiada, con el fin de evitar la arbitrariedad."[13]
Ensegundo lugar, esta Corporación entiende que la interpretación que debe otorgársele al concepto " lugar público " para que esté ajustado a la Constitución y no se preste a arbitrariedades por parte de las autoridades, es el siguiente:
· Se entenderá porlugar público, para los efectos de la notificación de que trata el artículo 105 del Decreto 2241 de 1986, aquel sitio de amplio conocimiento para la ciudadanía ( la Alcaldía, la Registraduría, la plaza central del municipio, entre otros ) de fácil y extenso acceso, de común afluencia y que en concurrencia con las anteriores; permita que los ciudadanos seleccionados como jurados de votación conozcan, con la antelación indicada en el mismo precepto jurídico, su deber constitucional.
En consecuencia,y por último; este tipo excepcional de notificación del acto de nombramiento de los ciudadanos seleccionados para ejercer como jurados de votación, produce un deber activo en la administración.
Esdeber de la administración pública, en cabeza del Registrador Nacional del Estado Civil o su delegado o de los Registradores Distritales o Municipales, informar a los ciudadanos con la obligada anterioridad, a través de medios masivos de comunicación y con total claridad; del lugar público escogido para publicar o fijar las listas de seleccionados para ejercer el deber constitucional.
El acto administrativo de nombramiento de jurados de votación, es un acto administrativo de carácter particular y concretosui generis; que aunque está dirigido a una multiplicidad de ciudadanos; están estos perfectamente individualizados y especificados. Por consiguiente, el proceso de notificación es excepcional en comparación con el proceso de notificación personal, típico de este tipo de actos. Así las cosas, encuentra esta Corte que el mecanismo de fijación o publicación de la listas, tantas veces mencionadas, es proporcional y razonable, en punto de la cantidad de receptores que dicho acto administrativo tiene. Lo antecedente, apareja de suyo la constitucionalidad del mecanismo de notificación.
No obstante lo aludido, esta Corporación condicionará la exequibilidad del artículo 105 parcial del Decreto 2241 de 1986, bajo el supuesto que el conceptolugar público sea entendido con base en los parámetros expuestos en esta providencia.
1. Declarar la EXEQUIBILIDAD del aparte demandado del artículo 105 del Decreto 2241 que consagra "y la notificación de tales nombramientosse entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva" en el entendido que el concepto lugar público se refiere a aquel sitio de amplio conocimiento para la ciudadanía, señalado con anterioridad a la fijación de la lista de jurados de votación, de fácil y extenso acceso, de común afluencia y que en concurrencia con las anteriores; permita que los ciudadanos seleccionados como jurados de votación conozcan, con la antelación indicada en el mismo precepto jurídico, su deber constitucional.
Exequible Artículo 105 DECRETO_2241_1986_15/07/1986
2.CÓPIESE, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
Que el H. Magistrado doctor RODRIGO ESCOBAR GIL, no firma la presente sentencia por encontrase en permiso debidamente autorizado por la Presidencia de esta Corporación.
[1]García de Enterría, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo I . Civitas Ediciones . Madrid . España 2001. pag 540
[2]Sentencia Consejo de Estado . Exp. N1570A de 1997. Sección Quinta
[3] En punto del deber constitucional de los ciudadanos de ser jurados de votación ; la Corte ha señalado en Sentencia SU 747 de 1998 " El deber de los ciudadanos de colaborar con los procesos electorales :
10. La democracia procedimental es entonces una conquista, un derecho de los asociados que merece la mayor protección de las instituciones del Estado (C.P. art. 40). Por eso, esta Corte ya ha señalado que el Estado se encuentra en la obligación de suministrarle a todos los ciudadanos las condiciones materiales para que éstos puedan ejercer sus derechos como tales. Mas el derecho fundamental de los ciudadanos "a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político" implica también obligaciones para ellos. La democracia no puede subsistir si los asociados no asumen una posición de compromiso para con ella. La realización de la democracia implica obligaciones tanto para el Estado como para los asociados.
En distintas sentencias la Corte se ha referido a los deberes constitucionales, a los cuales define como "aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal." Esta Corporación ha expresado que si bien normalmente los deberes constitucionales deben ser regulados por la ley, en ocasiones, pueden ser aplicados directamente por el juez de tutela, cuando su incumplimiento afecte los derechos fundamentales de otra persona.[3]
12. Pues bien, entre los deberes y obligaciones de la persona y el ciudadano contempladas por el artículo 95 de la Constitución se encuentra el de "participar en la vida política, cívica y comunitaria del país" (numeral 5). Esta norma y la contemplada en el artículo 260 de la Carta, acerca de que el voto es un derecho y un deber ciudadano, constituyen los deberes básicos de los ciudadanos en punto a la participación en la actividad política. Estos deberes generales permiten distintos desarrollos legales. Algunos de ellos han sido realizados, al tiempo que otros, como el voto obligatorio, no han sido objeto de la reglamentación legal necesaria para ser exigibles jurídicamente.
13. El Código Electoral prevé la figura de los jurados de votación, que son las personas encargadas de atender las mesas de votación, de colaborarle a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de sufragio, de controlar que la votación se realice en orden y en forma transparente y de realizar el primer conteo de los votos. Los nombramientos son realizados por los registradores municipales o distritales y pueden recaer en funcionarios públicos o personas dedicadas a actividades particulares. El artículo 104 del Código Electoral establece que "todos los funcionarios y empleados públicos pueden ser designados jurados de votación, con excepción de los de la jurisdicción contencioso administrativa, de las primeras autoridades civiles en el orden nacional, seccional y municipal, las que tienen funciones propiamente electorales, los miembros de las Fuerzas Armadas, los operadores del Ministerio de Comunicaciones, Telecom, Empresas de Teléfonos, los auxiliares de los mismos y los funcionarios de la Administración Postal Nacional..." También establece que no podrán ser designados como tales los miembros de directorios políticos ni los candidatos.
[4]Son ejemplos de dichos actos administrativos, la Resolución 410 y 430 de 2003, emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil .
[6]Sentencia T- 187 de 1993
[7]Véanse Sentencia del Consejo de Estado Sección Primera Exp. 3443 de 1999, Sentencias C- 370 de 1994 y C-646 de 2000.
[8]Artículos 44 y 45.
[9]Sentencia C-646 de 2000
[11]Téngase en cuenta que en Bogotá , por ejemplo, los jurados de votación generalmente pasan de la cifra de cien mil.
[12]No puede confundirse el concepto lugar público conespacio público, por cuanto este último posee particularidades propias como derecho colectivo. Al respecto véase la Sentencia del Consejo de Estado AP-095 de 2001
[13] Sentencia C-530 de 1993