Source: https://www.scribd.com/document/52600187/Contesta-denuncia
Timestamp: 2017-03-23 01:33:19
Document Index: 234409103

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 431', 'artículo 404', 'artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 14']

BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinCONTESTA DENUNCIAExcmo. Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Ezequiel Nino y Camila Blanco, con domicilio constituido a los efectos del presente en Avenida de Mayo 1161 piso 5º oficina “9” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos presentamos en el expediente caratulado: “Nino, Ezequiel; Binder, Alberto; Biscay, Pedro; Castelli, Claudio y Blanco, Camila s/ conducta” (25.195) y decimos:
I. Objeto Que venimos a contestar la denuncia formulada por los abogados de la matrícula Julio Virgolini, Mariano Silvestroni y Adrián Maloneay por presunta violación del art. 14 del Código de Ética Profesional.
2.- Antecedentes En el marco del expediente “DADONE, Aldo y otros s/ defraudación a la administración pública” (conocido como el caso “IBM-Banco Nación”) se investigaban los ofrecimientos y pagos de sobornos por parte de la empresa IBM Argentina a autoridades del Banco Nación a los fines de que dicha empresa resultara adjudicataria de la licitación para encargarse de la ejecución del "Proyecto Centenario”, que tenía como finalidad la informatización de la entidad bancaria. Este expediente se inició en mayo de 1994. Llegada la etapa de debate oral y público, luego de la eterna y inacabable investigación durante la fase instructiva (que consumió 12 de los 16 años que duró el trámite de la causa), el caso se pasó a tramitar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 3 de esta Ciudad. En esa instancia todos los imputados junto con sus abogados celebraron con la fiscal a cargo de la Fiscalía General nº 3 ante el citado fuero, Dra. Sabrina Namer, un acuerdo de juicio abreviado. Ese convenio se materializó entre las partes, luego de largas y arduas negociaciones, en la audiencia llevada a cabo al efecto el día 11 de noviembre de 2009. En este acto participaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) al ser convocadas por la acusadora pública “a los efectos de integrar en la solución a los representantes de la sociedad civil, tomando en cuenta que las mencionadas organizaciones no gubernamentales han puesto en evidencia mediante diferentes presentaciones a lo largo de expediente, el interés que tienen en la resolución del caso en función de la relación que éste posee con su objeto social” y para
que actúen como “garantes de la transparencia y las tratativas para arribar al presente juicio abreviado” (del acta de acuerdo del juicio abreviado). En dicha audiencia, los imputados y la fiscalía, de conformidad con lo normado por el art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, fijaron el objeto procesal, reconociendo los acusados los hechos imputados tal cual fueran descriptos por la acusadora pública, aceptando su calificación legal y su responsabilidad penal (salvo en lo que respecta uno de ellos, Martorana, sobre quien la fiscal pidió su absolución). Algunos incluso ofrecieron una disculpa pública por haber participado de uno de los hechos de corrupción mas grandes de la historia reciente. Asimismo, los imputados aceptaron el ofrecimiento de pena efectuado por la fiscalía y la entrega voluntaria de sumas dinerarias consideradas producto del delito que rondaban los $17.200.000, dinero que de este modo regresaba a las arcas del Estado. Este acuerdo fue remitido al Tribunal Oral interviniente, el que luego de varios meses, decidió homologarlo. Frente a esta decisión, los abogados defensores Virgolini, Silvestroni y Maloneay en representación de sus defendidos, se alzaron contra esa resolución mediante la interposición de un recurso de casación. Ante esta situación, las ONG´s ACIJ y CIPCE y en la misma calidad en la que venían actuando en el expediente, presentaron un escrito –como hacen en muchos otros expedientes donde se investigan hechos de corrupción y criminalidad económica- oponiéndose a la concesión del mentado recurso. Argumentaron que el único interés de esta impugnación era dilatar aún más el proceso (que para ese entonces ya llevaba más de 4 años en la etapa de juicio, otros tantos había tenido en la fase preliminar, y desde su inicio llevaba 16 años de trámite). Las ONG´s señalaron también que el recurso pretendía evitar la devolución del dinero sustraído de las arcas públicas y contar con una sentencia definitiva que les habilitara las vías recursivas disponibles para solicitar la prescripción de la causa. A partir de esta presentación, los citados abogados denunciaron a miembros de estas organizaciones ante este Tribunal, argumentando faltas de ética en el ejercicio profesional conforme el art. 14 del Código de Ética. 3. – La presentación de las organizaciones estuvo dirigida a los condenados Llama la atención que los abogados denunciantes afirmen que el escrito, supuestamente ofensivo hacia ellos, haya estado dirigido hacia los imputados. Pues bien, a fs. 24 de este expediente administrativo, los denunciantes aseguran que estos abogados no leyeron el recurso pues las consideraciones que hicieron en el escrito cuestionado estaban dirigidas a los condenados mientras que fue firmado por los abogados. Pues bien, los hechos de esta causa deben construirse en base precisamente a esas afirmaciones. Nuestro escrito estuvo dirigido a los acusados y no a los abogados. En ninguna de las afirmaciones que están contenidas en esa presentación se manifiestan expresiones dirigidas a los letrados. Por ende, no es aplicable a estos sucesos lo contenido en el artículo 14 del Código de Conducta del Colegio Público de Abogados. Este artículo expresa textualmente que “todo abogado debe respetar la dignidad de sus colegas y hacer que se la respete”. Por ese 2
motivo, resulta notoriamente fuera de lugar la denuncia incoada. La salvedad sería si alguno de los denunciantes fuera a la vez imputado (alegando un hipotético carácter de profesional del derecho), cosa que no ha ocurrido hasta hoy. En otras palabras, para dejar bien sentada la posición sobre la atipicidad de la denuncia, los denunciantes afirman que nosotros no leímos el escrito de apelación interpuesto contra el juicio abreviado, sostienen que criticamos a los imputados, porque quienes firmaron el recurso fueron los abogados. Esto equivale a un pleno reconocimiento de que las palabras no estuvieron dirigidas a los profesionales, sino a quienes están siendo investigados por un hecho de corrupción, y su desleal actuación en el caso. El acta acuerdo estuvo firmada por los imputados y sus defensores. La apelación a la misma sólo por estos últimos, en claro mandato de sus defendidos. No podría ser de otra manera. El defensor habla por los imputados que son quienes adoptan las decisiones sobre la marcha del proceso, de lo contrario mal podría presentarse a apelar. En el escrito que motiva la ofensa de los profesionales del derecho, la crítica está centrada en quienes fueron sus defendidos. Aquellos que motivaron un acuerdo, aquellos que lo apelaron. El art. 104 del Código Procesal prevé que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial”. Pero además rigen las reglas generales de cualquier proceso mediante las cuales las partes son las responsables de las decisiones que se adoptan para su defensa. Para resumir, si Silvestroni, Virgolini y Maloneay creen que estos abogados no leyeron el escrito porque las imputaciones que formulamos estuvieron dirigidas a los imputados no deberían haber interpuesto esta denuncia, que como se demostrará tiende a acallar las voces de la sociedad civil, ha sido recibido por una parte relevante de la comunidad jurídica como un acto de censura frente a la libertad de expresión que debe regir sobre todas las materias de interés público y como la muestra más acabada de lo paradójico que resulta que, en materia de corrupción, hemos quedado perseguidos quienes luchamos contra su impunidad. Mientras, los acusados han logrado que la condena que ellos mismos firmaron no quede firme, situación que podrán mantener durante varios años más porque – indudablemente- recurrirán también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 4- El acuerdo de juicio abreviado. La posterior apelación del mismo El acuerdo de juicio abreviado firmado por los imputados y sus abogados defensores como se dijo fue homologado. La homologación reflejó fielmente los términos del acuerdo. Cualquier lectura posible que el tribunal haga debería servir para mostrar que el argumento de que se modificaron los hechos es manifiestamente falso y que se trató de una argucia para que no quede firme la condena. Es más, de esta forma evitaron pasar por un juicio oral y público y mantienen las posibilidades de que la causa prescriba. En la denuncia en conteste, los abogados defensores refieren que sólo se limitaron a ejercer el derecho de apelar, incluso sostienen que estaban obligados a pedir la prescripción de la causa. A su entender, no hay motivo para decir que al firmar el juicio abreviado y luego apelar el mismo, se produjo una contradicción entre sus actos. Tampoco creen que al 3
entablar la negociación destinada a lograr el juicio abreviado con el propósito de luego apelarlo, se estuviera actuando fuera de la lógica del fair play. Por todo esto, dijeron sentirse sorprendidos ante la oposición de las organizaciones no gubernamentales a que prosperara dicha apelación. Sin embargo, de un análisis del instituto del juicio abreviado, se entiende que aquella presentación de ACIJ y CIPCE que motivara la denuncia ante el Tribunal de Disciplina, tiene sólidos argumentos jurídicos. Veamos: El instituto del juicio abreviado, que fue integrado al Código Procesal Penal en el año 1997 incorpora una institución del derecho anglosajón a un ordenamiento jurídico derecho continental más amplio. En ese sentido, debe efectuarse una interpretación no literal del artículo 431 bis, inciso sexto, para determinarse la extensión que tiene en nuestro ordenamiento procesal la apelación a la sentencia de juicio abreviado. Como tesis general, debe advertirse que la diferente raíz de este tipo de solución procesal comparada con el resto de las otras soluciones que ponen fin a cualquier conflicto criminal hace que la lógica que debe regir la interpretación de las normas enunciadas por la incorporación legislativa sean muy específicas, puntales y enmarcadas en su contexto. Resulta imprescindible recurrir a la experiencia comparada para darle contenido interpretativo al instituto tan recientemente introducido. La experiencia de Estados Unidos y el Reino Unido –precursores en la materia- es manifiestamente relevante a la hora de examinar la extensión de la apelación luego del acuerdo entre partes. Así como la Corte Suprema de Justicia de nuestro país tiene dicho en reiteradas ocasiones que la interpretación que realice su par estadounidense debe considerarse una fuente esencial de interpretación de nuestra Constitución por haber sido la de aquel país una de las inspiraciones de la argentina, en esta materia debe regir el mismo principio. Por ese motivo, las interpretaciones efectuadas por la justicia de ese país sobre el tipo de recursos que pueden presentarse deben ser valoradas a la hora de meritar las posibilidades de impugnar el acuerdo firmado por las propias partes. En ese sentido, esta interpretación demuestra que existen límites a los recursos que pueden interponerse contra la condena de juicio abreviado. El “plea bargain” fue incorporado en Estados Unidos hacia fines del siglo 18 aunque utilizado episódicamente hasta finales del siglo 19 con la explosión de litigios por accidentes laborales causados por la utilización indiscriminada de maquinaria industrial. La sobrecarga de tareas implicó que existieran mayores incentivos en el sistema estatal para evitar la prosecución de muchos procesos penales. Previo a ello, se han realizado estudios académicos sobre su aplicación en Old Bailey (la Cámara Criminal del Reino Unido) y, en cambio, se han encontrado muchos antecedentes de magistrados que aconsejan a imputados que han aceptado declararse culpables que reconsideren su posición y que se defiendan en juicio público. Dentro de las razones que parecen haber contribuido para el desarrollo del “plea bargaining” se encuentran: (1) el incremento de la complejidad de los procesos criminales; (2) la expansión de las normas sustantivas penales; (3) el incremento de las tasas de criminalidad y, consecuentemente, de la cantidad de expedientes; (4) la mayor
cantidad de profesionales en la administración de justicia y (5) una mayor participación de los fiscales en los juicios1. La Corte Suprema de Estados Unidos ha examinado en numerosas ocasiones la constitucionalidad del instituto porque requiere que los acusados renuncien a tres derechos constitucionales fundamentales: (1) el derecho a no declarar contra sí mismo; (2) el derecho al juicio por jurados y (3) el derecho a confrontar los testimonios de los acusadores. En Boykin v. Alabama (1969), la Corte sostuvo que en el expediente debe haber constancia de que el imputado aceptó voluntariamente el acuerdo y comprendió acabadamente sus términos. En Brady v. United States (1970) declaró que el temor a la pena de muerte a la que el acusado podía ser sometido en caso de que fuera a juicio oral no era suficiente motivo para presumir que había actuado bajo coacción. En Santobello v. New York (1971), la Corte describió a la “plea bargaining” como un componente esencial de la administración de justicia. Si se la administra adecuadamente debe ser promovida. En United States v. Attar y United States v. Jacobson (1994), la Corte sostuvo que la apelabilidad del juicio abreviado se vincula a defectos de representación de la persona que ha sido condenada a través de ese trámite. A su vez, en United States v. Mezzanatto (1995), Tollett v. Henderson (1973) y Blackledge v. Allison (1977), el Alto Tribunal de Estados Unidos explicitó que quienes suscriben el acuerdo de juicio abreviado están asumiendo implícitamente la renuncia a distintos derechos constitucionales que tendrían si fueran sometidos a juicio oral y público. El acuerdo al que llegan las partes del proceso penal es un contrato entre ellas, por el cual el acusado renuncia a sus potestades jurisdiccionales a cambio de terminar el proceso y potencialmente eximirse de una pena mayor. Al firmar el convenio, los acusados decidieron resignar los potenciales resultados más favorables que podrían haber conseguido de continuar con el proceso. El juicio abreviado llegó a nuestro sistema jurídico a causa de la sobrecarga de los tribunales. El Estado, por su parte, renuncia a poder imponer una responsabilidad más acorde con los hechos que podrían constituir un delito. Si el juicio abreviado no implica terminar con el trámite, la acusación no obtiene ninguna ventaja con ese entendimiento pues debe seguir destinando recursos escasos a este tipo de planteos. En ese marco, el imputado no puede querer obtener los beneficios tanto del juicio abreviado como los del juicio común. En otras palabras, resigna las posibilidades que le brindaría continuar con el proceso pues accede a una prerrogativa que no tendría si lo hace. Palacio hace alusión expresa a las potestades recusatorias en el juicio abreviado al decir que “… la sentencia condenatoria debe repuntarse irrecurrible para los imputados a causa de la ausencia de interés jurídico derivado del acuerdo que constituye el presupuesto del juicio abreviado; tal principio cede frente al caso de invocarse alguna causal de nulidad del pronunciamiento (artículo 404 y 456 inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación)”2.
Guilty Plea: Plea Bargaining – The Development of Plea Bargaining”, Centruy, Criminal Law, Pleas and Nineteenth,
“La prueba en el proceso penal”, Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, 2008
5- El planteo de las defensas, la oposición de las organizaciones no gubernamentales Como se dijo, el acuerdo homologado resultó recurrido por los imputados. Lo que a continuación se enuncia es suficientemente gráfico y demostrativo del sentimiento que pudo haber movilizado la interposición del recurso y de la actitud demostrada por los imputados a lo largo del proceso. Uno de los puntos centrales del recurso interpuesto por los encausados es la prescripción de los hechos por el mero paso del tiempo. Sin embargo, varios de los testigos propuestos por esta parte podrán dar fe de los tiempos que insumió el acuerdo entre todas las partes involucradas. Los propios jueces del Tribunal Oral estaban al tanto de las distintas etapas por las que iba atravesando la posibilidad de firmar un acuerdo y los momentos claves en los que parecía que éste no se iba a poder concretar. La finalización del acuerdo duró muchos meses –los que podrán ser precisados por los testigos propuestos- y el juicio oral dispuesto quedó en suspenso. No haber consentido la homologación del acuerdo sino, además, solicitar la prescripción de la causa por el paso del tiempo por hechos vinculados a la actitud de los propios imputados no solo es atentar contra la teoría de los actos propios y aprovecharse de las falencias del sistema, sino que atenta contra las reglas del “fair play” que deben asumir quienes aceptan acordar con el sistema estatal para escapar de un juicio oral que no solo los ponía en evidencia frente al resto de la sociedad sino que podría haberlos condenado a penas más elevadas. En otras palabras, este ejemplo revela una circunstancia que puede apreciarse con mayor detalle con una mirada atenta del expediente penal que dio origen a esta denuncia. Han sido los propios actos de los condenados los que han hecho aumentar la extensión del proceso. La interposición del recurso ha sido precisamente una manifestación acabada de esa circunstancia y, por ese motivo, motivó la reacción enérgica, rigurosa y extremadamente crítica de esa postura. Las organizaciones no gubernamentales que intervinieron en la firma del juicio abreviado, por las razones expuestas, solicitaron mediante un escrito que se rechace el recurso presentado contra la resolución que homologó el acuerdo alcanzado. En dicha presentación, que al parecer ha ofendido la sensibilidad de los denunciantes –aunque no estuviera dirigida a ellos-, al igual que todas aquellas que realizan las organizaciones en causas donde se investigan hechos de corrupción, tuvo como fundamento jurídico el derecho que –fundamentalmente- otorgan las convenciones internacionales que suscribió el Estado argentino en materia de corrupción. Naciones Unidas contra la Corrupción. La participación de las organizaciones no gubernamentales en el paradigmático caso IBM-Banco Nación estuvo centrada –como no podía ser de otra manera- en impulsar un expediente judicial que luego de más de 16 años de sucedidos los hechos aún continúa sin definición. En ese sentido debe entenderse la oposición a cualquier intento por demorar injustificadamente el proceso judicial. El acuerdo de juicio abreviado era el cierre de un 6 Específicamente los arts. 3 y 14 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y arts. 5 y 13 de la Convención de las
caso luego de años de trámite engorroso. Era, además, la posibilidad de recuperar para la sociedad de una buena parte del dinero sustraído de las arcas públicas. Esas mismas circunstancias eran las que nos motivaran a reconocer en el acuerdo una solución que si bien no era la ideal (como hubiera sido un juicio oral y público que le permitieran a la sociedad conocer todo lo ocurrido), podría considerarse como aceptable para el estado de la causa. Ese gusto entre amargo y dulce de haber llegado a una solución que no era la ideal, pareció ser el mismo que le dejaron a una parte de nuestra sociedad. Por lo menos eso se expresó en los artículos periodísticos y comentarios editoriales 3, que sucedieron luego del acuerdo. El recurso presentado por los imputados causó una enorme desazón ante lo que podría haber sido la solución definitiva de un caso paradigmático. Las organizaciones que militan contra la impunidad de la corrupción canalizaron esa frustración social. Optaron por hacerlo mediante una presentación solicitando al Tribunal Oral interviniente que rechazara el planteo de los imputados. Sin embargo, ese mismo tribunal optó por desglosar del expediente el escrito en cuestión. Sobre los términos del escrito no parece –en nuestra sincera opinión- un escrito que desborde el marco procesal o se aparte radicalmente de las formas habitualmente empleadas en las presentaciones judiciales, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias del caso y los lógicos efectos que puede causar en cualquier persona –y particularmente en un abogado que interviene en esa causa- un planteo como el realizado por los imputados al presentar el recurso de casación. Sobre el punto resulta por demás apropiada la declaración de la Asociación de Abogados de Buenos Aires4 sobre el caso. A continuación la reproducimos: “Ante la presentación efectuada por el Dr. Luis Villanueva solicitando el pronunciamiento de la AABA, en un conflicto generado en el marco del ejercicio profesional, en uno de los procesos más emblemáticos vinculados a hechos de corrupción, conocido como el “caso IBM-Banco Nación”, entre quienes ejercen la representación letrada de los condenados en ese proceso, y abogados que desde entidades de la sociedad civil se dedican a promover la prevención de lo que se conoce como criminalidad económica, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, sin entrar a analizar el fondo de la cuestión y a la luz de los antecedentes aportados, advierte: Que no puede desconocerse el derecho a denunciar aquellas conductas que se presumen agraviantes en la práctica forense, ante los órganos habilitados para entender en ellas. Que sin embargo, se viene observando cómo, con otros fines, se tiende a desnaturalizar aquel derecho, usándolo ya como práctica distractiva ya como medio de presión, entorpeciendo los procesos judiciales en curso, con toda la carga de frustración que acarrea en los afectados directos y en la sociedad toda, más aún cuando se trata de casos de relevancia social. Que como bien lo señala en su manifiesto el Observatorio de la Justicia Argentina, si estos hechos o similares, se reiteran con cierta frecuencia, es a partir del aprovechamiento de las notorias falencias de los códigos de procedimientos -por caso el que rige en materia penal-, facilitando la demora de los procesos e inclusive su paralización. Que en el asunto que aquí nos convoca, los denunciantes ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados intervinientes en la causa,
http://www.lanacion.com.ar/1198576-el-precio-que-hay-que-pagar http://www.lanacion.com.ar/1198573-ibm-nacion-no-habra-juicio-oral-y-devolveran-parte-de-la-coima
http://www.aaba.org.ar/noticia/ante-el-caso-ibm-banco-nación
también lo fueron en la audiencia en la cual se plasmó un acuerdo de juicio abreviado, que luego fue homologado judicialmente. Que los abogados denunciados ante el mencionado Tribunal de Disciplina, por el uso de calificativos tildados como agraviantes en un escrito judicial que en representación de las entidades civiles ACIJ y CIPCE suscribieron, respondían así al recurso interpuesto por los letrados defensores de quienes resultaron beneficiados con el acuerdo de trámite abreviado. Que ese escrito, cuyos términos cuestionan los denunciantes ante el Tribunal del Colegio de la matrícula, se formalizó ante el Juzgado Federal interviniente en la causa arriba mencionada. Que en él, los abogados de las organizaciones civiles involucradas, solicitaron al Tribunal que rechazara in limine el recurso de casación interpuesto por los abogados de los imputados contra la sentencia que los condenaba, dictada como consecuencia del acuerdo al que habían arribado, cuyo trámite y contenido, obviamente era el resultado de lo consentido en cuanto a sus términos, en una audiencia conjunta y con la participación de todos los implicados. Que en ese contexto, el recurso articulado por la defensa de los imputados, contra una sentencia dictada, reiteramos, en función de un acuerdo consentido por las partes, pareciera cuanto menos contrariar el principio de buena fe que debe regir las relaciones entre las mismas en el juicio, por lo que su tolerancia pondría en crisis la institución del juicio abreviado. Que según ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 323:3765), nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Ello sería incurrir derechamente en una autocontradicción, que violentaría el procedimiento judicial sobre el cual se sostiene el instituto del juicio abreviado, alterando su sentido como posible solución en ciertos procesos penales. Que en este escenario, parecería razonable responder con dureza al oponente, sin deshonrarlo ni injuriarlo, pues no podría reprocharse que el sacudido por el obrar del denunciante que aquí se ha descrito, utilice términos fuertes en su responde, a la luz de lo actuado. Resultaría además desafortunado que se quisiera prevenir, limitar o restringir el ejercicio de las labores profesionales, tal y como lo venían haciendo en el caso los hoy denunciados, firmantes del escrito más arriba aludido, aceptando el uso indiscriminado del derecho a denunciar, sin advertir el daño que con ello puede inferirse al sistema de garantías, porque como supo enseñarnos D. Ángel Ossorio en “El Alma de la Toga”, “el oficio de abogado no puede ejercerse con alma fría. El abogado pone pasión, no equilibrio; debe ser implacable y no tolerante. El alegato escrito de un abogado dista de ser la gratificación de una ecuación matemática, debe contener todo aquello que estime necesario expresar en la causa, sin censura ni titubeos y sin recurrir a innecesarias hipérboles… para la defensa de lo que se cree justo.” La declaración lleva la rúbrica de Eduardo Tavani, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Allí se expresa claramente la coincidencia de esa Asociación con la interpretación que efectuamos sobre los límites a los recursos contra la sentencia abreviada. A su vez, la precisión y elocuencia del último párrafo nos eximen de más comentarios respecto al tono de la presentación que ofendiera a los letrados denunciantes. A pesar de haber sido llamados a intervenir a la firma del acuerdo no somos parte del expediente, somos activistas en la lucha contre la corrupción. Somos militantes en contra de la corrupción. Clamamos por los fondos que el Estado, la Sociedad, por la corrupción pierde de utilizar en la satisfacción de necesidades sociales. En todo este contexto es que deben analizarse los términos apasionados, que en ningún modo son insultantes, en los cuales nos expresamos. 8
6. La sensibilidad emocional del acuerdo de juicio abreviado firmado por las partes con la presencia de las ONGs. Resulta manifiestamente relevante intentar transmitir lo más acabadamente posible la magnitud del proceso de juicio abreviado y la emotividad contenida en el acuerdo llevado a cabo entre las partes, con la participación de las organizaciones cuyos representantes han sido denunciados ante el Colegio Público de Abogados. Solo así podrá comprenderse la razonabilidad de la reacción de los abogados que aquí denunciados, lo cual es relevante para el caso de que no se acepte el argumento de que los dichos no estuvieron dirigidos hacia los abogados de los condenados. Una idea de la relevancia emocional del acuerdo suscripto puede encontrarse en las palabras de Alfredo Aldaco, uno de los condenados, las cuales fueron leídas en la audiencia de suscripción de juicio abreviado y suscitó lágrimas de parte de personal de la fiscalía, de varios integrantes de las asociaciones que representamos y de otros asistentes: “No encuentro justificación alguna para mi pasada conducta puesto que tenía la cultura, la educación y la ideología necesaria para haber rechazado cualquier tipo de oferta. Probablemente no tenía el poder para frenar más allá de lo actuado, ni la forma de elegir el proyecto ni a los participantes pero, sí pude haber dicho simplemente no y renunciar al cargo que por entonces ocupaba. Hace más de quince años que esos momentos me son recurrentes y verdaderamente nunca encontré una razón lógica ante tamaña confusión de valores. Durante todo este tiempo me acompañaron sensaciones de vergüenza, dolor y fundamentalmente arrepentimiento. La única forma que encontré para enmendar lo actuado fue someterme a la justicia de la forma más transparente posible, devolver todo el dinero depositado en el exterior, trabajar dignamente, reiniciar mi vida y tratar de ser cada día mejor persona. Doctora, nunca descargué en terceros mi responsabilidad. Sólo aclaré en la causa mi actuación en los hechos. Cuando se dictó la prisión preventiva me presenté inmediatamente. Se me ofreció ir detenido a Gendarmería hasta una prisión domiciliaria. Simplemente solicité ir donde iban todos los procesados en mi condición. Estuve detenido en Villa Devoto en un pabellón común de trabajadores durante 57 días. Le prohibí a mi entonces abogado defensor presentar cualquier recurso para obtener la libertad. Igualmente la Cámara me la concedió cuando liberó a otro de los imputados ya que, entendió que lo actuado por el Tribunal de primera instancia no se ajustaba a derecho. A fines de julio de 1997 en el momento en que estaba siendo liberado solicité se me dejara detenido. Se me dijo que el tema estaba terminado, que me olvidara… en ese momento la única respuesta que pensé que podía darle a la sociedad fue no salir de mi domicilio durante seis años salvo para ir a trabajar. En ese lapso no pisé ni un restaurante, cine o espectáculo artístico o deportivo. Nunca fui de vacaciones, no participé de acontecimiento social alguno. Absolutamente nada durante seis años (el monto máximo de la pena por cohecho). Solo los sábados practicaba fútbol con mis amigos para luego volver a mi domicilio. No sólo me puse preso sino que, sin quererlo, incluí en ese encierro a mi familia. Ellos acompañaron mi decisión sin reproche alguno aceptando como propia una acción de las que eran totalmente ajenos. Instruí para que se devolviera todo el dinero existente que, por otra parte jamás había usado, por lo cual regresó a la Argentina sin restricción alguna. Pedí perdón públicamente y volví lentamente a insertarme en la sociedad argentina sabiendo que tenía, además de los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano la exigencia personal adicional de reparar, cada vez que me fuera posible el delito que cometí. Doctora, me siento hoy mucha mejor persona que hace quince años, recuperé valores y entendí en profundidad los dichos de mi esposa: “la honorabilidad no es un bien de consumo”.
Los testigos propuestos podrán dar fe de la relevancia del evento por el cual se nos convocara. Se trataba de la posibilidad de que la sociedad obtenga una condena de parte de la justicia en un caso de corrupción luego de mucho tiempo. Las organizaciones participantes, a diferencia del resto de los actores, tomaron intervención de manera voluntaria, sin ningún tipo de contraprestación. La audiencia se llevó adelante en un clima de solemnidad propio de un acto en el cual todos los intervinientes conocen la significancia que contiene. A pedido de los imputados no se realizó una convocatoria a los medios de comunicación masiva ni se difundió la novedad hasta que se hubiera cerrado la negociación, para evitar cualquier difusión fuera de lugar. Aunque creemos en la publicidad, transparencia y apertura de la justicia aceptamos ese tipo de condiciones requeridas por los imputados, en virtud de que se cumpla el objetivo más ambicioso de que se resuelva una causa que tenía quince años de trámite y que corría el riesgo de resolverse mediante la prescripción de los autos. Para las organizaciones participantes esta suerte de apoyo al acuerdo suscripto entre la fiscalía y los imputados representó también un fuerte sacrificio. Tanto ACIJ como CIPCE vienen trabajando hace varios años para que los casos por hechos de corrupción lleguen a juicio oral y público, que la ciudadanía conozca -a través de los medios de comunicación y de manera directa- los hechos acontecidos y que involucran al patrimonio de todos/as. Ese sacrificio y compromiso de parte de las organizaciones participantes fue mancillado por Cattáneo y De Lellis. No sólo no habrá juicio oral y público sino que, además, existe la posibilidad de que la justicia disponga la prescripción de los hechos por los que se los investiga. Durante la firma del acto, los representantes de las organizaciones conversamos con aquellos condenados que expresaron arrepentimiento, como lo podrán confirmar algunos de los testigos convocados por esta defensa. Ellos se pusieron a disposición para todo aquello que pudieran ser útiles a la comunidad hacia quienes sintieron que se encontraban en deuda. Cattáneo y De Lellis no demostraron el mismo arrepentimiento pero no efectuaron ninguna reserva, objeción o aclaración. 7. La suerte de la presentación realizada por las organizaciones. El debate posterior. Como se dijo, el escrito supuestamente agraviante fue desglosado del expediente. Así, el documento que los abogados aquí denunciantes afirman violenta el artículo 14 del Código de Ética profesional, no es una pieza constitutiva del expediente. Este fue desglosado por lo que toda la supuesta agresión sufrida por los denunciantes, junto a sus respuestas y siguientes intercambios, de lo cual se detallará más adelante –siempre en el sagrado ejercicio de expresar libremente las opiniones- forman parte de una discusión extrajudicial. El escrito por el que reclaman los denunciantes, reconocemos fue un espacio donde las organizaciones de la sociedad civil han dejado constancia de su parecer sobre el recurrente accionar que procura no llegar nunca a dilucidar los hechos de corrupción y a que la justicia se expida sobre los mismos. Sin embargo, como se verá, el tenor de la 10
discusión sobre lo ocurrido en el caso IBM-Banco Nación, no se limitó a lo dicho en el escrito que parece haber ofendido a los profesionales denunciantes. Por el contrario, tanto defensores como abogados de las organizaciones no gubernamentales, ejerciendo todos en modo pleno el derecho a libre expresión, han sabido debatir sobre la cuestión en diferentes ámbitos. Así, el escrito en cuestión, no fue el único instrumento usado para expresarnos sobre los graves hechos del caso. En ningún modo limitamos nuestra denuncia sobre la impunidad de la corrupción a lo que acontece en el marco del expediente. Incluso el escrito presentado, ya no forma parte del cuerpo del mismo. Los medios y modos por los cuales las organizaciones se han expresado sobre la cuestión, es esto mismo lo que verdaderamente ha motivado la denuncia que está tramitando ante este Excmo. Tribunal. Lo curioso del asunto es que los ámbitos de discusión pública también fueron usados por Virgolini, Silvestroni y Maloneay. En pleno ejercicio de su libertad de expresión los abogados que aquí denuncian, en una carta pública dirigida a la organización no gubernamental Poder Ciudadano refiriéndose a un convenio de colaboración entre las organizaciones y el Ministerio Público, han sembrado la duda diciendo lo siguiente: “Lo proponemos como idea: tal vez a Poder Ciudadano le interese investigar y opinar sobre esta deliberada opacidad. O sobre la cláusula quinta del convenio “de colaboración” que dice: “La firma del presente convenio no implica erogaciones financieras directas, sin perjuicio de los acuerdos complementarios que se firmen en este sentido, los que estarán sujetas a las decisiones de sus respectivos órganos competentes, a la disponibilidad de fondos y a las normas referentes a asuntos presupuestarios y financieros” ¿Habrá existido algún acuerdo económico?” Esa misma carta, a pedido de uno de los denunciantes, Mariano Silvestroni, fue difundida en distintos blogs jurídicos5. Esta no fue la única vez donde los abogados denunciantes se refirieron en duros e indignos términos a los abogados de las organizaciones no gubernamentales. En el blog (“sin corrupción”) que ACIJ y CIPCE tienen para difundir actividades, noticias, entrevistas, ideas en síntesis, el propio Julio Virgolini se permitió hasta opinar sobre los valores e ideología de los profesionales que integran estas organizaciones6. Por caso ha dicho: “Me da a la impresión de que en este blog (por sin corrupción) escriben muchos jóvenes exaltados de progresismo, seguramente con buenas intenciones. Permítaseme echar un poco de agua fría: el progresismo no se demuestra jugando al oficio de periodista, para lo que se requiere oficio y tradición, y para colmo (e inexplicablemente) si se ejerce acompañado de las mañas más reprobables del mal periodismo que recorre la Argentina, contaminado de intencionalidades, sin verificación de la credibilidad de las fuentes ni corroboración de la información, con hechos objetivos desfigurados, etc.”
http://nohuboderecho.blogspot.com/2011/02/mariano-silvestroni-sin-corrupcion.html http://sincorrupcion.wordpress.com/2010/04/13/julio-virgolini-nos-responde/
Todo lo dicho no viene a cuento nomás para decir que el derecho a expresarse libremente constituye a nuestro entender un pilar fundamental de la democracia. Las expresiones de los abogados denunciantes, aunque pudieran haber violentado lo establecido en algún artículo del Código de Ética que rige la profesión de los abogados, no fueron denunciadas en virtud de lo que es nuestra concepción del derecho a la libre expresión. El artículo 14 no distingue si los deberes del abogado respecto de sus colegas deben ser tenidos en el marco de un proceso judicial o extrajudicialmente. Por eso mismo, el alcance de una norma que refiere al modo en el que deben expresarse los abogados roza derechos constitucionales. Allí es donde cobra vital importancia la contextualización de aquellas expresiones. 8. La denuncia ante el tribunal de disciplina como un modo de cercenar la libertad de expresión La libertad de expresión es un valor que estamos dispuestos a defender, aún cuando sea usado para despotricar con quienes se desempeñen en las organizaciones no gubernamentales en cuestión. Es un concepto que entendemos primario para el ejercicio de otros derechos. Por ello incluso se les ha garantizado en los propios espacios que estas organizaciones tienen. La denuncia en nuestra desconoce el derecho a la libre expresión que nos ampara. Derecho reconocido no sólo en la Constitución Nacional (Artículo 14), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. 4), sino en numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La libertad de expresión es requisito ineludible para la satisfacción de otros derechos, como ha señalado la Asamblea General de la OEA “la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información”7. La importancia de este derecho ha llevado a su desarrollo a lo largo de los años como uno de los derechos esenciales y fundantes que componen un sistema democrático. Así, en la Declaración de Principios sobre libertad de expresión8 se señala en primer lugar: “1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. Como se puede observar, si aplicamos los principios sobre este derecho al caso que nos convoca, encontramos que no sólo se ve vulnerado el derecho en sí, sino que se ven afectados otros derechos constitucionales, además de ponerse en jaque una de las bases de nuestro sistema democrático. Entre ellos la participación de las organizaciones de la
Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Asamblea General OEA Cfr. Resolución AG/RES. 1932 (XXXIIIO/03) de 10 de junio de 2003 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; Resolución AG/RES. (XXXIV-O/04) de 8 de junio de 2004 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; Resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) de 7 de junio de 2005 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; y AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) de 6 de junio de 2006 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. 8 Adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108° Período de Sesiones Ordinarias
sociedad civil en casos de interés público, como lo serían aquellos que atentan contra el orden democrático. Los casos de corrupción, según lo establece el art. 36 de la Constitución Nacional, entran en esa misma categoría. Volviendo a la materia, lo que hicimos fue expresar en la posición de garantes que teníamos del acuerdo, que se rechazaran los recursos de casación interpuestos en una causa que versa sobre delitos de corrupción. Al respecto entonces, además de todo lo dicho, se aplican la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en cuanto a la participación de la sociedad civil en las causas que investigan hechos de corrupción. Puntualmente, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 13 punto 1 impone a cada Estado el deber de adoptar “medidas adecuadas (...) para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público (…) en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes: (...) d) respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción”. Como se dijo ACIJ y CIPCE, así como las personas que las integran, siempre han promovido el debate respetuoso y democrático sobre el flagelo de la corrupción. Lo han hecho incluso propiciando espacios para que profesionales intervinientes en estos casos planteen sus pareceres. Incluso, desde ya, los que aquí nos denuncian. Sin embargo, no parece haber reciprocidad con ciertos profesionales. La innegable afectación al derecho a la libertad de expresión que implicaría que esta denuncia prospere, parece ser lo buscado por Virgolini, Silvestroni y Maloneay. Denunciar como modo de callar voces desgraciadamente no es algo que resulte extraño en Argentina. Es más bien una vieja práctica con raigambre en el autoritarismo que alguna vez sufrimos los argentinos y que muchas veces vuelve a asomar de maneras bien novedosas. Asimismo, con la denuncia se procura dificultar la participación de estas organizaciones en los expedientes judiciales. Hacer más costosa la intervención de las organizaciones es el objetivo perseguido. Se entiende ello, pues su objetivo –no está mal que así sea- es defender intereses particulares, y no un bien común. Lo preocupante sería que se instituya un mecanismo valioso como un tribunal de ética para el ejercicio de la abogacía, en un modo de limitar debates. Los fines perseguidos al acordar un código de ética no pudieron nunca haber sido pisotear derechos constitucionales. Si esta denuncia prospera, seguramente no deberemos esperar mucho más para que cualquier debate entre profesionales del derecho se termine dirimiendo ante este Exmo. Tribunal. Un congresista, un periodista, un funcionario, u magistrado, cualquiera podría denunciar ante el Tribunal de Ética al colega y con ello ganar su silencio. Si el artículo 14 del código de conducta no diferencia el lugar ni el espacio hasta donde rige su jurisdicción, entonces será este Tribunal quien le de el alcance que merece. El cual no puede ser otro que aquel que garantice el pleno goce del derecho constitucional a la libre expresión. 13
9- La cuestión está pendiente de resolución en el Poder Judicial Es intensión de las organizaciones ACIJ y CIPCE y de los profesionales que las integramos y dirigimos continuar con la labor de monitoreo judicial y profundizarla en post de la lucha contra la corrupción y la criminalidad económica. En esa línea, quienes allí nos desempeñamos, estamos dispuestos a dar todo tipo de debate en el marco de los procesos judiciales en los que intervenimos respecto a nuestra legitimación para participar en ellos. Sin embargo, la interposición de la denuncia ante el Tribunal de Ética del CPACF, en este caso, parece más que nada procurar el cese de la intervención de las organizaciones no gubernamentales en dichos expedientes y acallar la voz de los abogados que allí trabajamos. La cuestión es sumamente preocupante en tanto pareciera tratarse una acción destinada a restringir la libertad de expresión, poniendo en tela de juicio la posibilidad de monitorear los procesos de casos de corrupción por parte de organizaciones de la sociedad civil. En esa línea una denuncia como la aquí ventilada no tiene otro objeto que restringir la labor de monitoreo de la sociedad civil: busca atribuir una inadmisible responsabilidad personal a los miembros de las organizaciones por las posiciones institucionales legítimas de éstas, desvirtúa y banaliza la potestad de contralor disciplinario del Colegio Público de Abogados, y definitivamente, pretende acallar el debate de ideas en torno a uno de los casos de mayor relevancia institucional y que le costara al Estado argentino muchos millones de dólares. Los denunciantes intentan con esta presentación no sólo desnaturalizar el trabajo de las ong´s en las que nos desempeñamos, sino también, adormecer nuestras voces en contra de la complicidad que muchos de nuestros colegas mantienen con el sistema de impunidad creado a la sombra de muchas investigaciones judiciales por casos de corrupción. En la presentación que da origen a las presentes actuaciones no vemos más que la búsqueda por amedrentarnos, mediante el recurso a la sanción profesional, de modo tal que nosotros desistamos de nuestra tarea de denuncia constante de aquellas prácticas que desvirtúan abierta y manifiestamente el sistema de persecución y sanción penal contra quienes participaron en escandalosos hechos que afectaron el patrimonio público de la Nación. De este modo, entendemos que los colegas que pretenden erigirse en agraviados por nuestra labor, buscan hacer uso de las armas legales que el derecho pone a disposición con el sólo objetivo de neutralizar nuestro trabajo en la lucha contra la impunidad. Y así, en definitiva y bajo el pretexto de la falta de ética, pone en cabeza de este Tribunal, la pesada decisión de establecer la capacidad de los profesionales del derecho para monitorear la actuación judicial y controlar el comportamiento procesal de las partes. Sin embargo esta tarea no corresponde a un Tribunal de Ética Profesional sino a los jueces de cada uno de los casos en los que nos presentamos para tomar vista de los expedientes penales. Es ese el ámbito propio, adecuado y legítimo para que como profesionales, discutamos con argumentos jurídicos serios, el alcance de nuestras pretensiones y el balance con los derechos de los acusados. 14
Las idas y vueltas en un acuerdo suscrito por la partes están hoy mismo bajo tratamiento de la Exma. Cámara de Casación. Es el Poder Judicial quien deberá expedirse sobre aquellas opiniones que en el escrito que motiva la presente denuncia, han expuesto las organizaciones no gubernamentales. Esos argumentos, incluida la práctica que serán entendemos desleal de procurar un acuerdo para luego renegar del mismo,
considerados por justicia, no por haberlos hechos estas organizaciones, sino porque han sido planteados por el Ministerio Público. Incluso, toda la información obrante en el expediente, seguramente motivará que el Poder Judicial llegue a una conclusión no muy distinta a la cuela hemos llegado nosotros. A nuestro entender, los argumentos respecto a los fines dilatorios del recurso presentado, se mantienen incólumes. El derecho a defenderse se compatibiliza con el orden jurídico, no autoriza a apartarse de él ni a recurrir a la malicia o la deslealtad como armas defensivas, eso es lo que está ventilando en la justicia. Por estas razones, entendemos que el Tribunal carecería de competencia para indagar y resolver esta cuestión. Por lo menos mientras se encuentren pendientes de análisis por parte del Poder Judicial de las cuestiones que motivaran el inicio de estas actuaciones. En el caso IBM-Banco Nación se da la paradoja que es el Poder Judicial quien ya se encuentra analizando el comportamiento de las partes en el proceso. El recurso de casación presentado por los imputados fue cuestionado por la fiscal del caso. En su presentación quedó plasmado su parecer sobre acciones destinadas a embarrar el expediente atentando contra toda noción de fair play. Estas apreciaciones le valieron a la fiscal una denuncia de parte de Virgolini, Silvestroni y Maloneay ante el Procurador General, Esteban Righi. La denuncia estaba basada en que, según los abogados, la fiscal Namer había remitido sus nombres para que otros fiscales los incluyan en una “lista negra” para que ninguno negocie con ellos otro acuerdo pero sin ninguna prueba sobre un episodio tan severo. Ésta misma fue desestimada9 a fines del año pasado, en una resolución que se adjunta a este escrito. Resulta evidente que los denunciantes buscan generar en sus contrincantes la sensación de que no deben “meterse” con ellos pues están dispuestos a generar numerosas dificultades a quienes se les opongan (resulta evidente que este proceso le está trayendo serias dificultades a las organizaciones involucradas, quienes deben destinar muy escasos recursos a la defensa de esta denuncia temeraria). 10- La impunidad de la corrupción- La disfunción social del Tribunal de Disciplina si hiciera lugar a la denuncia incoada En Argentina la impunidad en materia de corrupción es la regla general. Desde ACIJ denunciamos en el informe titulado “La Parálisis de la Justicia frente a los Casos de Corrupción”10 que la mala evaluación que tiene el país en los índices de corrupción internacionales se debe en gran parte a la ineficacia del Poder Judicial en la investigación de los grandes hechos de corrupción. Conocido es ya el estudio realizado por el CIPCE que arrojó como estimación que el tiempo medio de duración del proceso de las causas de
http://www.elhardin.com.ar/paneles/acij/v2/programas/adjuntos/resolucion_righi_sobre_sabrina.pdf Disponible en http://www.elhardin.com.ar/paneles/acij/v2/programas/adjuntos/La_paralisis_de_la_Justicia_frente_a_los_cas os_de_corrupcion.pdf
corrupción es de catorce años, contados desde la fecha en que se radica la denuncia hasta su finalización. Así también, es conocido el estudio de CIPCE Y Poder Ciudadano que reveló que entre 1980 y 2007 la Argentina perdió 13.000 millones de dólares por la corrupción de sus funcionarios. La impunidad en casos de corrupción trae aparejada una falta de confianza total de la población en sus gobernantes, afecta a la democracia y al Estado de Derecho ya que debilita la fuerza de las normas establecidas por los poderes públicos y propicia circunstancias que alientan a los funcionarios públicos a situarse por encima de la ley. Esta situación de impunidad implica, para la sociedad civil, una situación de completa incertidumbre en lo que respecta al perjuicio provocado por estos hechos. Asimismo, aún está pendiente la reparación del enorme daño social sufrido por la sociedad civil argentina a causa de la corrupción. Sobre todo aquella sufrida por los sectores más vulnerables económicamente, grupos que dependen, en su mayoría, de los servicios públicos y la asistencia del Estado para cubrir sus necesidades básicas. La corrupción socava, erosiona o bloquea aquellas políticas públicas, en cuanto quita o desvía fondos destinados a llevarlas adelante, dañando muchas veces la disponibilidad, accesibilidad y calidad con que se prestan los servicios básicos. La recuperación de fondos extraídos a la sociedad en los casos de corrupción, también es incentivo y fundamento para la participación de la las organizaciones sociales en los expedientes penales. La corrupción también afecta más a los sectores vulnerables en cuanto a la clara desventaja a la hora de defender sus intereses, en cuanto al acceso a la justicia. Así se termina por reforzar la exclusión social a la que están expuestos. La corrupción -a su vezgenera por sí misma discriminación, desigualdad de trato, es fuente de apropiaciones abusivas y origen de prácticas que suprimen o debilitan la transparencia, la libre concurrencia y la libertad de contratación, en perjuicio de los bienes públicos y privados. Por último es llamativo que quienes actuaron violentando los términos de un acuerdo judicial y vulnerando la confianza generada en los demás firmantes del mismo, se consideren luego con derecho a limitar la respuesta de aquellos, agraviados por el desconocimiento liso y llano de lo convenido. Sin que implique restricción alguna al derecho de cualquier abogado a reclamar la intervención del Tribunal de Ética –cuya trascendente función interesa no sólo a la abogacía sino a la sociedad-, pensamos que es preciso hacer una consideración ética de todo el asunto traído a este Exmo tribunal, de un modo que exceda lo puntual de los términos empleados en un escrito. En caso de prosperar esta denuncia se daría la triste paradoja que aquellos profesionales que en su lucha diaria para combatir la corrupción, terminen siendo los únicos que pagarían por un caso paradigmático. Está en sus manos que esto no suceda. 11. Prueba - Documental acompañada.
- Se adjuntan declaraciones de diversas organizaciones no gubernamentales expresándose sobre la cuestión traída a debate. - Se adjunta resolución del Procurador General de la Nación, desestimando una presentación de los abogados Virgolini, Silvestroni y Maloneay, contra la fiscal Sabrina Namer, por los hechos que aquí se traen a debate. - Copia de nota enviada por Julio Virgolini a ACIJ y CIPCE a propósito del caso IBMBanco Nación. Publicada en el blog “Sin Corrupción”. - Copia de nota enviada al blog “No Hubo Derecho” por Mariano Silvestroni refiriéndose a la labor de ACIJ y CIPCE en el caso IBM-Banco Nación. - Solicitamos se libren sendos oficios a: - La organización Poder Ciudadano para que informe si Silvestroni, Virgolini y/o Maloneay, le enviaron una o más cartas y/o correos electrónicos, respecto a la actuación de ACIJ y CIPCE en el caso IBM-Banco Nación y, en todo caso, que los presenten en el expediente. - A la empresa de soporte tecnológico “Argentina Virtual”, domiciliada en Peña 2128, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que certifique el remitente del correo electrónico recibido en la casilla de correo electrónico de Ezequiel Nino enviado por Mariano Silvestroni el 18 de junio de 2010 y del cual se adjunta copia.
- Testimonial Solicitamos se cite a prestar declaración a: - Sabrina Namer, Fiscal ante los Tribunales Orales ante la Justicia Criminal y Correccional Federal, domiciliada en Comodoro Py 2002, CABA, para que testimonie sobre el modo en que fue gestionado y rubricado el acuerdo de juicio abreviado. Igualmente sobre el modo en el cual han intervenido las organizaciones no gubernamentales, y lo abogados aquí denunciados, durante el caso IBM-Banco Nación. - Los integrantes del Tribunal Oral Federal nº 3, para que Guillermo Gordo, Gerardo Larrambebere y Miguel Pons, domiciliados en Comodoro Py 2002, CABA, testimonien sobre el modo en el cual han intervenido las organizaciones no gubernamentales, y lo abogados aquí denunciados, durante el caso IBM-Banco Nación. - Alfredo Aldaco, domiciliado en Avenida Las Heras 3855 piso 12º, CABA, para que testimonie sobre el modo en que fue gestionado y rubricado el acuerdo de juicio abreviado, así como el rol que allí tuvieron las organizaciones no gubernamentales y los abogados que las representaban. A fin de determinar su domicilio real deberá remitirse un oficio al Registro Nacional de las Personas.
- Ángel Atilio Bruno, domiciliado en Lavalle 1768 9º piso of. “95”, CABA, para que testimonie sobre la labor de los abogados denunciados en las causas de corrupción, especialmente en el caso IBM-Banco Nación. - Martín Bohmer, domiciliado en Callao 25, CABA, para que testimonie sobre la labor de los abogados denunciados en las causas de corrupción, especialmente en el caso IBMBanco Nación. - José Massoni, con domicilio en Ballivián 2938, CABA, para que testimonie sobre la labor de los abogados denunciados en las causas de corrupción, especialmente en el caso IBMBanco Nación. - Manuel Garrido, domiciliado en Callao 25, CABA, para que testimonie sobre la labor de los abogados denunciados en las causas de corrupción, especialmente en el caso IBMBanco Nación.
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