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Timestamp: 2020-01-22 17:40:26
Document Index: 238340382

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 7', 'artículo 31', 'artículo 145', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 7']

﻿ Sentencia 44501 de enero 29 de 2014
SENTENCIA 44501 DE 29 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:OMISIÓN DEL EMPLEADOR DE TRASLADAR DESCUENTOS POR APORTES A PENSIONES PODRÍA CONSTITUIRSE EN CONDUCTA PUNIBLE. EL EMPLEADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE HACER LAS CONSIGNACIONES ANTE LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES DE LOS APORTES CONFORMADOS POR LAS COTIZACIONES A CARGO DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES EN LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA LEY. DE ESTA MANERA, CUANDO EL EMPLEADOR INCURRE EN MORA FRENTE AL FONDO DE PENSIONES Y AUN ASÍ DESCUENTA DEL SUELDO MENSUAL DEL TRABAJADOR EL PORCENTAJE DE LEY PARA LOS RESPECTIVOS APORTES, ESA CONDUCTA ADEMÁS PUEDE SER DE CARÁCTER PUNIBLE, SEGÚN EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY 828 DEL 2003, NORMA RELACIONADA CON EL CONTROL A LA EVASIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, TRABAJADOR, RECURSO DE CASACIÓN, CONSECUENCIAS PENALES DE LA CONDUCTA PUNIBLE, APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES, DEDUCCIONES DEL SALARIO, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Sentencia 44501 de enero 29 de 2014
SL 763 - 2014
Radicación 44501
Lo interpuso la demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia revoque la condenatoria proferida por el a quo.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, replicado por Lavanser S.A., y que enseguida se estudia.
Acusa la sentencia recurrida de violar por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida los artículos 24 y 73 (y, por ende, 46 y 48) de la Ley 100 de 1993 y dejó de aplicar los artículos 1º, 13, literal d), 22 y 23 de la Ley 100 de 1993, 39 y 53 del Decreto 1406 de 1999, 11, 12 y 13 del Decreto 2665 de 1988 (aplicables por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, según jurisprudencia de la H. Sala), 19, 27, 28 y 36 del Decreto 692 de 1994, 8º del Decreto 832 de 1996, 13 del Decreto 1161 de 1994, 259 del Código Sustantivo del Trabajo, 1609 del Código Civil, 174 del Código de Procedimiento Civil, que rige en los asuntos del trabajo en virtud de lo dispuesto por el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, y 60 y 61 de esta última codificación».
1) Dar por demostrado, sin estarlo, que al 11 de junio de 2000 el señor Justo Díaz Miranda estaba haciendo aportes en Porvenir.
2) No dar por demostrado, estándolo, que a causa de la mora patronal en el pago de las cotizaciones correspondientes a Justo Díaz Miranda, al 11 de junio de 2000 él no se hallaba haciendo aportes en Porvenir.
3) No dar por demostrado, estándolo, que al 11 de junio de 2000 Justo Díaz Miranda no había cotizado al menos 26 semanas en Porvenir, ni al momento de su óbito ni dentro del año inmediatamente anterior a su defunción.
4) Dar por demostrado, sin estarlo, que Porvenir podía ser condenada a sufragar la pensión impetrada.
5) No dar por demostrado, estándolo, que la única verdadera responsable de erogar la prestación reclamada era Lavanser S.A., como consecuencia de su incuria en el pago de los aportes a la seguridad social correspondientes al señor Díaz Miranda.
Afirma que los yerros fácticos enlistados se originaron en la equivocada apreciación de la relación histórica de movimientos. (fls. 25 a 29).
En la demostración, previa aclaración de no modificar la vía de ataque escogida, estimó necesario elaborar una larga disertación jurídica que le sirviera de «marco conceptual al ulterior desarrollo de [la] impugnación».
Al arribar en concreto al ataque fáctico, afirma que el causante a la fecha del deceso —11 de junio de 2000—, de acuerdo con la «Relación histórica de movimientos» (fls. 25 a 29), emanada de Porvenir, no se encontraba efectuando aportes al sistema ya que su empleador Lavanser S.A. se hallaba en mora, de modo que para esa data Díaz Miranda «no era cotizante» y por tanto la situación debía regirse por el literal b) del numeral segundo del original artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
Asevera que a la luz de esa disposición se colige que al 11 de junio de 2000, el causante no tenía cotizadas 26 semanas en el año inmediatamente anterior «pues solo alcanzaba 13 semanas aportadas», y que si en gracia de discusión se aceptara que la situación debía dilucidarse a la luz del literal a) ibídem, la conclusión a la que se arribaría sería igual, porque para esa data Díaz Miranda solo acreditaba «las mismas 13 semanas» de cotización.
Señala que con lo expuesto deja demostrados los cuatro primeros yerros que le achaca a la sentencia. Para sustentar el quinto, afirma que si la empleadora hubiere cumplido con el pago oportuno de la cotizaciones a nombre del causante, el riesgo hubiere quedado subrogado en el sistema de pensiones, pero que como así no fue, es Lavanser S.A. «la única responsable de sufragar la pensión solicitada» conforme a las normas que regulan la materia.
Advierte que si «hipotéticamente» se acepta que su representada no adelantó gestiones de cobro ante el empleador moroso, ello no radica la responsabilidad pensional en el fondo, porque la obligación principal —pago oportuno de aportes— está en cabeza de la empleadora y, la de cobro, constituye otra de carácter accesorio y excepcional, de modo que si se impone la obligación en la administradora de pensiones, «es invertir el orden de las responsabilidades dándole primacía a un deber accesorio y excepcional sobre uno principal y general.»
Para redundar su argumentación trascribe en extenso, parcialmente, la sentencia de esta corporación de 21 de febrero de 2006, radicado 25109, anterior a la actual línea jurisprudencial, y que en esencia, ante la mora del empleador radicaba en él la obligación pensional.
Se opone a la prosperidad del recurso, y al efecto destaca defectos de técnica que los hace descansar, en que no obstante estar dirigido el ataque por la vía de los hechos, el recurrente acude a cuestionamientos de orden jurídico. Agrega que las conclusiones fácticas del tribunal referidas a la mora del emperador se mantienen incólumes al no ser cuestionadas en la acusación.
Quedó dicho al historiar los antecedentes, que el colegiado constató: (i) que Justo Díaz Miranda falleció el 11 de junio de 2000; (ii) que al momento de su deceso se encontraba al servicio de Lavanser S.A. y que en virtud de ese nexo se encontraba afiliado a Porvenir S.A.; (iii) que la empleadora consignó los aportes en mora y sus intereses en fecha posterior a la muerte del trabajador; y, (iv) que Porvenir S.A. para la época del fallecimiento no había adelantado gestión alguna para el cobro y recaudo de los aportes morosos, y que solo después de un año del fallecimiento del afiliado los gestionó.
En ese contexto, no pudo el tribunal incurrir en los errores de hecho que le endilga la censura por indebida apreciación de la documental de folios 25 a 29 que contiene la «Relación histórica de movimientos», única prueba atacada por equivocada apreciación, pues como de allí deriva y lo acepta expresamente la sociedad recurrente, ciertamente se observa que a la fecha del deceso del causante la empleadora se encontraba en mora, situación que de manera alguna evidencia, como se afirma en los dos primeros yerros, que Justo Díaz Miranda no «estaba» o «no se hallaba haciendo aportes a Porvenir», porque lo que de dicha relación emana, se repite, es que quien estaba incumpliendo con su obligación de consignar los aportes al fondo de pensiones era la empleadora y no el trabajador afiliado.
No puede pretender el recurrente, como soslayadamente lo sugiere, que la obligación de hacer los aportes era del trabajador a quien por demás, como se afirmó en el hecho decimoséptimo de la demanda, «se le descontaron los aportes durante la vigencia de la relación laboral» (fl. 3), tal y como lo aceptó la demandada Lavanser S.A. al contestarlo (fl. 73).
Con otras palabras, es en el empleador en quien recae la obligación de hacer las consignaciones ante las administradoras de pensiones, de los aportes conformados por las cotizaciones a cargo de trabajadores y empleadores en los porcentajes fijados en la ley. Tal obligación no recae en el trabajador.
Para dar al traste con la tercera acusación, a más de lo expuesto en precedencia, basta con señalar que el juez de alzada, como ya quedó dicho, estableció que Justo Díaz Miranda se encontraba afiliado a Porvenir; que su empleadora estaba en mora en el pago de los aportes a pensiones; y que la gestión posterior al siniestro por parte de la administradora para «recaudar el valor de esos aportes insolutos», se adelantó con la intención de agregarlos al cúmulo de los existentes, que de lejos, conforme a la relación histórica de movimientos, arroja que el afiliado causó más de las 26 semanas de cotización que exige el literal a) del numeral segundo del original artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que echa de menos la censura.
Ahora bien en punto a los ataques enlistados en los numerales cuatro y cinco, relacionados con la responsabilidad impuesta a Porvenir y a la absolución de la codemandada empleadora, ha de recordarse que esta Sala en caso similar al ahora en estudio adelantado contra la misma recurrente, enseñó que al ser concurrentes las obligaciones de empleadores y administradoras de pensiones, en la consignación de los aportes y gestiones de cobro ante el empleador moroso, respectivamente, su incumplimiento no puede afectar al trabajador afiliado que habiendo cumplido con lo propio, esto es, trabajo y cotización descontada por su empleador, como en este caso, se vea abocado a no percibir el derecho pensional o a no sustituirlo en su sobrevivientes, por razones no atribuibles a él.
Ciertamente, en la referida sentencia proferida el 30 de abril de 2013, radicado 46079, dijo la Corte:
El descontento de la sociedad recurrente con la sentencia fustigada gravita, en rigor, en que ninguna de las normas acusadas contempla la obligación en cabeza de las administradoras de pensiones, de asumir el otorgamiento y cancelación de la pensión, cuando quiera que el empleador no haya cumplido con su obligación de pagar en tiempo los aportes y la administradora no hubiere adelantado las gestiones de cobro pertinentes.
Pues bien, debe memorarse, como en otras ocasiones lo ha asentado esta Corte (sents. jul. 4 y oct. 23/2012, rad. 44.190 y 42.086, respectivamente) que no se trata, como lo sugiere la censura, que la Corte avale el reconocimiento y pago de pensiones a cargo, en este caso de Porvenir S.A., desconociendo la obligación del empleador de efectuar las cotizaciones. A la conclusión que cuestiona la recurrente, ha llegado la corporación por el ejercicio hermenéutico de las normas que armónicamente integran el sistema e imponen obligaciones a empleadores y administradoras, para garantizar el derecho a la pensión de los trabajadores, así como para garantizar el equilibrio financiero del sistema en el que insoslayablemente tienen interés las administradoras, no solo para efectivizar su funcionamiento en beneficio propio, sino además y como valor o principio supremo, se itera, para garantizar a sus afiliados el pago de las prestaciones a su cargo. Por todo lo anterior, se impone a las administradoras de pensiones la ineludible obligación de iniciar las acciones de cobro pertinentes, cuando el empleador se sustraiga de su cancelación o de su pago oportuno.
Para el cumplimiento de esa gestión, el sistema de seguridad social les otorgó a las administradoras de pensiones herramientas jurídicas suficientes, desde el momento mismo en que se causa la cotización, para desplegar control, requerir a los morosos e iniciar acciones de cobro, además de contemplar en su favor, intereses o multas.
En estas condiciones, el no ejercicio de tales acciones de cobro por parte de las administradoras que tienen a su cargo la pensión, trae como consecuencia que la responsabilidad sea de éstas al igual que el pago de la prestación, tal como se dejó sentado en la sentencia del 22 de julio de 2008 radicado 34270, que en esta ocasión se reitera al no haber nuevos elementos que conduzcan a su rectificación.
Por lo precedente, es que esta Sala de la Corte ha sostenido, que concurriendo las obligaciones de los empleadores (pago de aportes) y las administradoras de pensiones (cobro de aportes en mora), su incumplimiento no puede afectar al trabajador afiliado, que habiendo cumplido con lo propio, esto es, trabajo y cotización descontada por su empleador, se vea avocado a no percibir el derecho pensional por razones no atribuibles a él.
En suma, la decisión del colegiado se aviene tanto al análisis fáctico discutido en el plenario, así como a la línea jurisprudencial reiterada, que pese a las plausibles argumentaciones de la censura, no le ofrece a la Corte razones para modificarla. En consecuencia, no se casará la sentencia.
Ahora bien, no es ajeno a la Sala que además de la incuestionable mora del empleador frente al fondo de pensiones recurrente, esa misma sociedad descontaba del sueldo mensual de su ex trabajador Díaz Miranda, el porcentaje de ley para los aportes a pensiones y que, no obstante, omitió trasladarlos a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., tal y como de ello dan cuenta tanto la demanda como su contestación.
Ciertamente, en esas documentales se lee, en su orden, en el hecho decimoséptimo, que al causante «se le descontaron los aportes durante la vigencia de la relación laboral» (fl. 3), frente a lo cual Lavanser S.A. contestó: «Es cierto y así se desprende de las documentales pertinentes.» (fl. 73).
Ello significa que la conducta de la empleadora, además de morosa, probablemente pudo constituir otra de carácter punible, según lo dispone el artículo 7º de la Ley 828 de 2003 «Por la cual se expiden normas para el control a la evasión del sistema de seguridad social», que a la letra reza:
Siendo ello así, estima necesario esta Sala de la Corte dar traslado de las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que adelante las investigaciones pertinentes en contra del representante legal de la sociedad Lavanser S.A., Obdulio Eduardo Plazas Vargas, identificado con cédula de ciudadanía 17.080.049 de Bogotá, según consta en el certificado de Cámara de Comercio adosado al plenario (fls. 80 a 82), o de quien haga sus veces.
Por lo anterior se le ordenará a la secretaría de la Sala, compulsar copias de estas diligencias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y a favor de Lavancer S.A. Como agencias en derecho se fija la suma de seis millones trescientos de pesos ($ 6.300.000).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 28 de septiembre de 2009, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del juicio ordinario laboral que adelantó Gloria Alicia Tarazona Díaz a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y contra Lavanser S.A.
Por secretaría, líbrense las copias de las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.