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Timestamp: 2019-08-23 23:53:57
Document Index: 64541362

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 86', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 42', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 36']

Sentencia de Tutela nº 094/00 de Corte Constitucional, 2 de Febrero de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43563438
Sentencia T-094/00
ACCION DE TUTELA CONTRA PERSONA JURIDICA-Canal caracol, programa séptimo día
PERSONA JURIDICA-Titularidad de derechos fundamentales/PERSONA JURIDICA Y DERECHO AL BUEN NOMBRE
Pese a que las personas jurídicas no sean titulares de todos los derechos constitucionales fundamentales, sí lo son de aquellos que le corresponden según su naturaleza social y siempre en atención a la definición constitucional de los derechos de que se trate. Por lo tanto, ellas se encuentran legitimadas para solicitar el amparo correspondiente cuando los derechos fundamentales de que son titulares resulten vulnerados o amenazados. Y en la medida en que las personas jurídicas gozan de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, son titulares de derechos fundamentales, como el de asociación que sirve de fundamento para su creación y existencia jurídica. Las personas jurídicas son titulares de derechos como el derecho al buen nombre, entendido como el derecho a la reputación, o sea, el concepto que las demás personas tienen de uno.
La libertad no es absoluta, por cuanto conlleva responsabilidades y deberes sociales; es decir, la información y la noticia deben ser veraces e imparciales, y cuando los hechos o acontecimientos relatados no lo sean, el afectado podrá solicitar la rectificación de la información inexacta o falsa. Y será el presunto afectado con la información quien deberá aportar las pruebas de que las publicaciones realizadas no son veraces, y por lo tanto, no corresponden a la realidad o distorsionan los hechos.
MEDIOS DE COMUNICACION-Responsabilidad social
De ahí que el artículo 20 constitucional consagre el principio de la responsabilidad social de los medios de comunicación, de manera que el periodista no es ajeno a las responsabilidades de orden civil y penal a que está sujeto y que se le pueden exigir cuando incurra en afirmaciones inexactas, calumniosas o injuriosas. Por consiguiente, los medios de comunicación gozan de libertad y autonomía para expresar y comunicar en forma veraz e imparcial la información, pero deben hacerlo de manera responsable, de forma que no se vulneren o amenacen los derechos fundamentales de las personas, dentro del marco del Estado social de derecho. Dicha responsabilidad consiste en asumir el compromiso social de divulgar las informaciones para el bien de la colectividad, de manera que no se atente contra los derechos de los asociados, el orden público y el interés general. La responsabilidad de los medios surge desde el momento mismo en que se inicia el proceso de obtención, preparación, producción y emisión de la información, durante el cual los principios de la imparcialidad y la veracidad deben prevalecer, en orden a garantizar los derechos fundamentales de las personas, sin que por ello se desconozca el derecho de aquellos de informar libremente, pero siempre dentro de los límites del bien común, del orden justo y del respeto de la dignidad y de los demás derechos de las personas.
MEDIOS DE COMUNICACION-Límites a la libertad
La libertad de los medios de comunicación encuentra restricciones de orden constitucional, que exigen que la información que se suministre sea veraz y objetiva, lo que impone fundamentarla y verificarla antes de publicarla a la opinión pública; rectificar informaciones inexactas, imprecisas o falsas, y utilizar métodos dignos y apropiados para obtener la información.
LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad
La libertad de información tiene por objeto comunicar y recibir información sobre hechos de carácter noticiable, que por su materialidad son susceptibles de prueba, y deben someterse al contraste de su veracidad. Por ello, la protección sólo se otorga a la información veraz. La veracidad, constituye entonces, un límite a la libertad de información, por lo que sólo las afirmaciones veraces están protegidas por la Constitución. Por lo tanto, cuando ésta exige que la información sea veraz, está estableciendo un deber específico de diligencia a cargo del informador -que transmite como hechos lo que ha sido objeto de previo contraste con datos objetivos-, privándose de garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, actúa con desconocimiento de la veracidad o falsedad de lo comunicado. Así pues, información veraz significa, en los términos del artículo 20 constitucional, información comprobada según los cánones de la actividad informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras malas intenciones.
DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y LIBERTAD DE INFORMACION-Conflicto de derechos
En el caso de conflicto entre el derecho a la vida privada y los derechos a informar y de ser informado, debe reconocerse en principio, la superioridad de éstos últimos en cuanto está de por medio el interés general, lo cual no significa que un ejercicio arbitrario del derecho de información pueda hacer prácticamente nugatorio el derecho a la vida privada. Porque para que esa superioridad pueda hacerse efectiva, será necesario que el derecho de información sea ejercitado conforme a sus altos fines y dentro de las exigencias que le impone su propia naturaleza, tales como la imparcialidad y la veracidad. La intimidad puede ser sobrepasada por el derecho a la información por razón de un interés público, directo o indirecto, pero siempre y cuando la información sea veraz e imparcial, y responda al interés público. Ello, además, en cuanto el bien común es prevalente sobre el bien particular de una persona.
LIBERTAD DE PRENSA-Límites/DERECHO A INFORMAR-Límites
En cuanto a la libertad de prensa en Colombia, no es absoluta porque apareja responsabilidad social; la información y la noticia deben ser veraces e imparciales, es decir, guardar conformidad con los hechos o acontecimientos relatados y por ello la prensa debe ser garantía de que a través de la información no se violenten los derechos fundamentales de la honra, el buen nombre y la intimidad de las personas. En cuanto a los límites del derecho a informar, existe uno objetivo, que es la verdad y la imparcialidad en la información que se emita o publique, y otro subjetivo, que se refiere a la actitud del informador hacia la verdad, para determinar si se ha producido una averiguación o indagación por parte del periodista, honesta y diligente.
DERECHO A LA IMAGEN Y AL BUEN NOMBRE-Violación
La imagen y el buen nombre de la persona se viola cuando sin su consentimiento, en forma oculta y fraudulenta se publican en un programa, revista o periódico sensacionalista imágenes e informaciones que atentan contra esos derechos (en la mayoría de los casos, a través de cámaras escondidas o mediante cámaras fotográficas con teleobjetivo y otros medios electrónicos). Pero no sólo en estos casos la imagen se afecta; también el buen nombre y el honor se desconocen cuando las informaciones que acompañan las imágenes son falsas, erróneas, inexactas e indebidamente obtenidas.
LIBERTAD DE INFORMACION-Uso de cámaras escondidas
Este presupuesto básico de la libertad de información es importante tenerlo en cuenta en el momento de analizar los medios que han servido a los periodistas para acceder a la información, como sería respecto del uso de cámaras escondidas, fotografías, testimonios de personas desconocidas, etc. Si bien es claro que éstos no pueden exceder las fronteras que establece la Constitución y las leyes, las actividades periodísticas investigativas deben gozar de amplias garantías y margen de acción, pues el verdadero propósito de las mismas radica en reunir todos los elementos probatorios que sustenten una completa y seria información para dar a la luz pública y así ejercer su función de control y, además, para que sirva a las autoridades competentes con el fin de indagar y sancionar a los responsables de la comisión de actos ilícitos o contravencionales encontrados en las pesquisas.
PERIODISMO INVESTIGATIVO-No puede desconocer derechos fundamentales de las personas investigadas
En ningún supuesto la actividad investigativa puede adelantarse desconociendo el ordenamiento superior, como podría suceder cuando se produce con violación de los derechos fundamentales de las personas investigadas. Precisamente, la vigilancia que de esa forma puede realizarse sobre una actividad que lleve aparejado un riesgo social, debe estar orientada a proteger los derechos fundamentales del investigado, como ocurriría con el debido proceso, la intimidad, el buen nombre, etc., teniendo en cuenta que estos derechos constituyen aspectos esenciales del desarrollo profesional de cualquier persona y en relación con cualquier clase de profesión. Una fiscalización extrema en pos de la defensa de un interés general en su concepción abstracta sería inaceptable si el eventual daño no logra identificarse a través de una información cierta, exacta y comprobada y ser, igualmente, imputable al investigado. Los jueces deberán analizar bajo los anteriores criterios las discusiones que se planteen a partir de una aparente invasión del espacio propio del profesional o persona que realiza una actividad con riesgo social, como lo sería por ejemplo, en el consultorio, despacho, oficina o establecimiento, en donde si bien no pueden aceptarse intromisiones ilegítimas que no tengan fundamento y respaldo en los parámetros que la Constitución acepta, no puede desconocerse que para la profesión o actividad que comporta un riesgo social, no se cuenta con el mismo reducto íntimo que presentan las actividades y profesiones que no conllevan dicho riesgo, ya que el mismo se reduce precisamente para la defensa del interés general que puede resultar lesionado.
RECTIFICACION DE INFORMACION-No se solicitó
Una vez revisados los documentos aportados por el peticionario dentro del expediente del proceso de tutela, la S. no encuentra constancia alguna de que el médico actor hubiese efectuado una solicitud de rectificación ante el Canal accionado por las emisiones transmitidas sobre su caso, razón por la cual la S. no podrá entrar a estudiar de fondo el asunto y eventualmente conceder el amparo. Corresponde al actor adelantar directamente ante el Canal accionado una solicitud de rectificación de la información para, de esta manera, agotar el procedimiento legalmente establecido con el fin de obtener la respectiva corrección de los datos suministrados sobre su actividad profesional, permitiendo a la vez que dicho Canal, a través del Programa Séptimo Día, asuma la difusión exacta y cierta de la información.
MEDIOS DE COMUNICACION-Deber de obtener y revelar a la opinión pública una información completa y veraz/MEDIOS DE COMUNICACION-Deber de fundar la información en medios probatorios objetivos e idóneos
El Canal Caracol a través del director del Programa accionado desconoció los deberes que le corresponden como medio de comunicación, entre ellos, los de obtener y revelar a la opinión pública una información que sea completa y veraz, y fundar la misma en medios probatorios objetivos e idóneos, provenientes de autoridad administrativa o judicial, lo que no ocurrió en el asunto sub examine ya que el programa tan sólo divulgó apartes de la grabación que se realizó en las instalaciones de la Salsamentaria, con los cuales se afectó el buen nombre y la imagen de la sociedad actora. Pero además, como se indicó en precedencia, el núcleo esencial del artículo 15 de la Carta Política permite también proteger a las personas jurídicas ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas e injuriosas, como ocurrió en el presente asunto con las imágenes proyectadas por el Canal Caracol en su Programa Séptimo Día, a través de la cual se le imputaron situaciones y hechos que no se lograron demostrar fehacientemente. En consecuencia, de lo que se trata, además, es de la protección del denominado "good will", que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica, que fue vulnerado, como se anotó, por el accionado y que amerita la protección a través de la acción de tutela.
Referencia: expedientes T-232.941 y T-236.661 (Acumulados)
Acción de tutela de O.E.B. y de la Sociedad Salsamentaria San M.L.. contra el Canal Caracol - Programa Séptimo Día.
Santafé de Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil (2000).
La S. Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, A.B.S. y A.T.G., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
en el proceso de revisión de los fallos adoptados, respectivamente, por las S.s Civil y Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá dentro de las acciones de tutela instauradas por O.E.B.O. y por el representante legal de la Salsamentaria San M.L.., contra el Director del Programa Séptimo Día del Canal Caracol.
En cumplimiento del auto proferido por la S. de Selección Número Ocho del doce (12) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), la S. Novena de Revisión estudiará conjuntamente los expedientes T-232.941 y T-236.661 para ser decididos en una misma sentencia.
Expediente No. T-232.941
El accionante manifiesta que el 31 de marzo del presente año, siendo las siete y quince de la noche se encontraba de visita en la Unidad Médica "Profamiliar", ubicada en la Calle 33ª No. 14-29 de esta ciudad, cuando se presentó una mujer entre los 22 y 24 años solicitando una consulta médica, por un supuesto retraso menstrual.
Conocido el resultado, señala que sostuvo una conversación con la paciente durante diez minutos sobre la posibilidad de interrumpir el supuesto embarazo, pero éste le explicó que esa prueba no era determinante y que podía ser errónea.
El 17 de abril del presente año, la paciente pidió nuevamente cita con el accionante en la Unidad Médica Profamiliar, presentándose acompañada de una periodista del Programa Séptimo Día del Canal Caracol y cerca de ocho personas más, con cámaras de televisión, quienes en forma agresiva le solicitaron una entrevista para dicho programa, acusándolo de estafador al mostrarle las imágenes grabadas el 31 de marzo de 1999.
El actor señala que al pretender emitir la grabación en el programa del domingo 25 de abril del presente año en el horario Triple A, con el nombre "Abortos en mujeres que no están embarazadas", lesionaría sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, al trabajo y al debido proceso, por cuanto en su sentir dicho programa fue editado de acuerdo a los intereses sensacionalistas de éste, mostrando su imagen a todo el país como un delincuente, condenándolo ante la sociedad por los delitos de aborto y estafa, y destruyendo de esta manera su núcleo familiar.
Copia de los Video-Cassettes donde aparece el Programa Séptimo Día del Canal Caracol y la nota sin editar que finalmente dio origen a las emisiones del 27 de junio de 1999 y 19 de diciembre del mismo año.
Declaraciones rendidas por la recepcionista y la auxiliar de enfermería de la Unidad Médica Profamiliar ubicada en la Calle 33 A No. 14-29 de Santafé de Bogotá.
Declaración rendida por la periodista del Programa Séptimo Día del Canal Caracol.
Declaración rendida por el Director del Programa Séptimo Día del Canal Caracol.
M. remitidos por la Abogada Secretaria del Tribunal de Etica Médica de Santafé de Bogotá, fechados 18 de noviembre y 14 de diciembre de 1999, por medio del cual, a instancias de la S. de Revisión, informa que en esa Corporación cursa investigación preliminar contra el médico Dr. O.E.B., por considerarse que el citado galeno pudo haber incurrido en los delitos de estafa y aborto.
Memorial remitido por la F. J. de Unidad Segunda de Fe Pública y Patrimonio Económico, fechado 11 de noviembre de 1999, por medio del cual informa a la S. que en la F.ía 102 cursa investigación previa en contra del señor O.E.B.O..
Esta información fue ampliada por solicitud de la S. de Revisión, mediante oficio fechado 16 de diciembre de 1999, en el cual la asesora del Despacho del señor F. General de la Nación, doctora C.M.V., certifica que "dentro del proceso radicado bajo el número 421675, seguido de O.E.B.O. y A.A., se abrió instrucción por el delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO".
1.3 Sentencias objeto de revisión
Sostiene el Juzgado que toda actuación de los funcionarios judiciales y de las autoridades administrativas, debe observar y respetar los procedimientos previamente establecidos para preservar las garantías que buscan proteger los derechos de quienes están involucrados en una situación o relación jurídica, cuando dicha actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una sanción. Al tener en cuenta la actuación realizada por el Programa Séptimo Día, ésta no corresponde a una administrativa o judicial, sino al libre ejercicio de una profesión como el periodismo, por lo que no es posible tutelar este derecho.
1.3.2 Segunda Instancia
Mediante providencia del 21 de junio de 1999, la S. Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, resolvió revocar el fallo impugnado y en su lugar, negar la protección solicitada.
En el caso concreto, la S. indica que ha de tenerse en cuenta la función periodística del programa cuestionado, cual es la denuncia de un hecho que el medio comprobó con métodos que si bien pueden ser cuestionables, presentan situaciones y circunstancias captadas con la cámara escondida, de las cuales no puede deducirse la intención de causar daño al accionante, sino que muestran que el medio cumplió con la responsabilidad social que le corresponde de agenciar intereses colectivos, poniendo en alerta a la sociedad, sobre situaciones como las mencionadas en el informe periodístico.
En relación al derecho al buen nombre, la S. considera que no corresponde al medio de comunicación cuestionado calificar si el accionante incurrió o no en una falta médica o aludir a la comisión de actos delictivos, pues no corresponde al informador sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia definiendo quiénes son culpables o inocentes, so pretexto de la libertad de información, ni tampoco sustituir a los organismos e instituciones encargadas de investigar las faltas contra la dignidad y la ética médica. En el sentir de la S., las opiniones periodísticas según el uso que de ellas se haga, pueden dar lugar a la reparación de daños en caso de que con ellas se pudiese causar un eventual perjuicio a través de las acciones ordinarias correspondientes, competencia que no le compete al juez de tutela.
Expediente No. T-236.661
El representante legal de la sociedad Salsamentaria San M.L.., instauró acción de tutela contra el Director del Programa Séptimo Día del Canal Caracol, como consecuencia de la información difundida en dicho programa el día 2 de mayo del año en curso, en la cual se afirma que la sociedad que representa distribuye carne de ganado equino, sin que ello se ajuste a la verdad, afectándose el "good will", el buen nombre y la imagen de la precitada empresa.
Relata que el 17 de abril del año en curso, siendo las tres de la tarde, se presentó a las instalaciones de la Salsamentaria San Martín un señor de aspecto joven con el fin de ofrecerle carne de caballo, manifestándole que se la vendía a buen precio, y ante la insistencia y "para salir del paso", el accionante le indicó que habría que verla y que trajera unas 30, pero no le especificó si eran libras o toneladas.
Advierte que él y su socio han sido víctimas del llamado "boleteo" por parte del Frente 54 de las Farc, y que teniendo en cuenta las circunstancias en que se presentó dicha persona a la sede de la empresa, no dudó que se trataba de un emisario de dicha organización, razón por la cual se limitó a llevarle la idea.
Señala que el día viernes 23 de abril del año en curso, siendo la 1:00 p.m., se presentó el periodista J.G. del programa Séptimo Día del Canal Caracol, quien efectuó diversas tomas de las instalaciones locativas de la empresa y le hizo preguntas a su socio J.B. y al Ingeniero de la empresa G.V. sobre qué opinión tenían de la carne de caballo. Esas tomas fueron reproducidas y en ellas aparecía el accionante conversando con la persona que lo visitó.
Aduce que a partir de la difusión de esta información, han sufrido consecuencias graves para la estabilidad económica de la empresa, ya que la clientela ha disminuido notablemente. Cuantificó los perjuicios causados como consecuencia de la emisión del programa, en la suma de $150.000.000.
2.2 Pruebas que obran dentro del Expediente
Videos grabados por los periodistas del Programa Séptimo Día del Canal Caracol, uno editado (que es el que se presenta a los televidentes) y otro sin editar (el cual contiene toda la grabación efectuada por los periodistas, del cual se hacen algunos extractos que son los que se publican), donde éstos acuden a las instalaciones de la Salsamentaria, y mediante el sistema de la cámara escondida hacen las tomas que aparecen publicadas en el programa que fue emitido a la opinión pública. En dicho video, uno de los periodistas, con nombre falso y presentando una identidad diferente, se presenta ante el señor I.M.R., socio de la Salsamentaria, y empieza a presionarlo para que le compre una cantidad de 30 kilos de carne de caballo, que dice tener a buen precio y en buenas condiciones, hasta que éste decide aceptar que se la traigan al establecimiento para examinarla (lo cual hace, según expresa, presionado por el temor de que sean guerrilleros quienes le han enviado al citado sujeto para tenderle una trampa, pues desde hace días viene siendo boleteado por un frente de las FARC).
Certificación expedida por el D.L.G.M., Secretario de Despacho de la Secretaría Distrital de Salud, donde a solicitud de la S. de Revisión, manifiesta:
"Funcionarios de la Oficina de Atención al Medio Ambiente del Hospital de Bosa, Segundo Nivel de Atención, realizaron visita de inspección (a la Salsamentaria San M.L..) el día 28 de septiembre de 1999 donde encontraron que la materia prima utilizada en el proceso de elaboración de los productos cárnicos son de origen bovino y no equino; así mismo las condiciones del proceso son adecuadas, secuenciales e higiénicas".
Solicitud de rectificación de la información transmitida por el Programa Séptimo Día el domingo 2 de mayo de 1999, formulada por el apoderado del representante legal de la Salsamentaria San M.L.., por ser considerada la noticia tendenciosa e infundada, y obtenida en forma ilegal, y porque su emisión fue fragmentaria, difundiéndose lo que producía impacto sensacionalista.
2.3 Sentencias objeto de Revisión
2.3.1 Primera Instancia
De otro lado, afirma que el acervo probatorio, consistente en el material videográfico allegado al proceso y en las versiones recepcionadas, permite inferir que de una investigación practicada profesionalmente, se establecieron una serie de conceptos imparciales que didáctica y gráficamente fueron emitidos desde la Salsamentaria, en torno a un tema relacionado con la comercialización de materia prima, que tenía que ver con el consumo de carne equina, evento éste permitido por la ley 222 de 1990.
Señala el Tribunal que el producto final de la investigación del programa emitido por Séptimo Día, es el resultado del ejercicio natural de la libertad de prensa que ampara el Estado social de derecho, máxime cuando la fuente de dicha emisión devino del aspecto connatural a la comercialización de carnes que ejerce la sociedad actora, porque dentro de ese entorno de la privacidad de las personas, es lógico concluir que el aspecto investigado por el periodista J.G. del Programa Séptimo Día del Canal Caracol no tocó temas o materias que no pertenecieran a la naturaleza y cometido social, comercial o industrial de la Salsamentaria San M.L..; por el contrario, es de su resorte informar al consumidor qué clase de carnes expende, lo cual no sólo constituye en el comunicador un deber de investigar, sino la obligación frente al ejercicio de su profesión de publicar y poner en conocimiento lo investigado.
La S. Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, mediante sentencia del 15 de julio de 1999, resolvió confirmar en todas sus partes la sentencia proferida por el a quo. La S. no encontró de recibo las apreciaciones y argumentaciones presentadas por el recurrente, por cuanto no se trata de la ilegalidad de la venta y consumo de la carne equina, sino de la violación de las normas sanitarias vigentes en cuanto al derecho que tiene el público de ser informado sobre el contenido de las carnes ofrecidas y dadas en venta. En su sentir, resultó impertinente aducir la circunstancia de los antecedentes con la guerrilla. Afirma que del testimonio rendido por el director del Programa, se evidencia la responsabilidad y el cuidado que se observaron en la explotación previa (trabajo de campo), adelantada para verificar el comercio de dicha carne, sin cumplir los requisitos señalados por las autoridades sanitarias.
Esta S. es competente para revisar las sentencias de instancia proferidas en los procesos acumulados, según lo dispuesto por los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, y en el Decreto 2591 de 1991.
La Corte Constitucional debe determinar en relación con el expediente T-232.941, si el Canal Caracol a través del Programa Séptimo Día vulneró los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, al trabajo y al debido proceso del ciudadano O.E.B.O., quien dice ser médico cirujano, con ocasión de las grabaciones realizadas en uno de los consultorios de la Unidad Médica Profamilia, y divulgadas en el programa que fue transmitido el día Domingo 25 de abril de 1999 en horario Triple A, con el nombre "Abortos en mujeres que no están embarazadas".
En relación con el expediente T-236.661, debe establecer la S. si el Canal Caracol a través del Programa Séptimo Día vulneró los derechos fundamentales invocados por el representante legal de la sociedad Salsamentaria San M.L.., por la información difundida en el programa de televisión del día 2 de mayo del año en curso, en la cual se afirma que la Salsamentaria distribuye carne de ganado equino y no bovino, engañando así a los compradores, por lo que a juicio del representante de la sociedad actora se afecta en forma grave el buen nombre y la imagen de la empresa.
En efecto, esta Corporación Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 1995. ha sostenido que según el artículo 86 de la Carta Política, toda persona, natural o jurídica, es titular de los derechos fundamentales, y dispone para su protección de la acción de tutela como garantía frente a las amenazas o vulneraciones que atenten contra dichos derechos. Ahora, las personas jurídicas son titulares directos de algunos derechos fundamentales, no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo sean por sí mismas, siempre y cuando esos derechos por su naturaleza son ejercitables por ellas mismas; y lo son también en forma indirecta, cuando la protección gira alrededor de la tutela de los derechos fundamentales de las personas naturales asociadas.
Así, ha señalado la Corte Corte Constitucional. Sentencia T-133 de 1995. que pese a que las personas jurídicas no sean titulares de todos los derechos constitucionales fundamentales, sí lo son de aquellos que le corresponden según su naturaleza social y siempre en atención a la definición constitucional de los derechos de que se trate. Por lo tanto, ellas se encuentran legitimadas para solicitar el amparo correspondiente cuando los derechos fundamentales de que son titulares resulten vulnerados o amenazados. Y en la medida en que las personas jurídicas gozan de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, son titulares de derechos fundamentales, como el de asociación que sirve de fundamento para su creación y existencia jurídica.
Ahora bien, las personas jurídicas son titulares de derechos como el derecho al buen nombre, entendido como el derecho a la reputación, o sea, el concepto que las demás personas tienen de uno. Este derecho, como lo señaló la Corporación en la sentencia T-412 de 1992, MP. Dr. A.M.C., "cobija tanto a las personas naturales como a las jurídicas". El núcleo esencial de este derecho, consagrado en el artículo 15 de la Constitución, permite proteger a las personas jurídicas ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas o injuriosas. "Es la protección del denominado good will en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado pecuniariamente".
En la citada providencia se indicó que "el núcleo esencial del artículo 15 permite también proteger a las personas jurídicas, ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas e injuriosas. Es la protección del denominado "Good Will" en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado pecuniariamente. Esta ha sido la interpretación que la doctrina constitucional contemporánea le ha dado al término "buen nombre" y que fue recogida por el Tribunal Constitucional Español en Sentencia 137 de 1.985, en el caso Derivados de Hojalata S.A.33 LOPEZ GUERRA, Luis.ESPIN ,E.. G.M.,J.. P.T., P.. SATUSTREGUI, M.. derecho Constitucional. Volumen I. El Ordenamiento Constitucional. Derechos y D. de los Ciudadanos. Editorial Tirant lo B.. Valencia. 1.991. P.. 182. (...)La Constitución reconoce y garantiza la honra de "todas" las personas, sin excepción alguna. El artículo 13 de la Constitución consagra expresamente el derecho a la igualdad ante la ley, vedando cualquier discriminación. La dignidad de la persona es el soporte y fundamento de dicha igualdad" (subrayas fuera de texto).
Ahora bien, como lo reconociera esta Corporación en la sentencia C-488 de 1993, con ponencia del Magistrado V.N.M., "el objeto jurídico protegido (en el derecho a la información) es la información de la verdad. El conocimiento que se comunica, o que se adquiere por sí mismo, debe ser protegido por el Estado, pero siempre y cuando no vulnere valores sustanciales como el buen nombre, la intimidad, el orden público y el bien común, que es la expresión del interés general".
La libertad de información y el derecho a la vida privada
Como ya se indicó, la libertad de información tiene por objeto comunicar y recibir información sobre hechos de carácter noticiable, que por su materialidad son susceptibles de prueba, y deben someterse al contraste de su veracidad. Por ello, la protección sólo se otorga a la información veraz. La veracidad, constituye entonces, un límite a la libertad de información, por lo que sólo las afirmaciones veraces están protegidas por la Constitución. Por lo tanto, cuando ésta exige que la información sea veraz, está estableciendo un deber específico de diligencia a cargo del informador -que transmite como hechos lo que ha sido objeto de previo contraste con datos objetivos-, privándose de garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, actúa con desconocimiento de la veracidad o falsedad de lo comunicado. Así pues, información veraz significa, en los términos del artículo 20 constitucional, información comprobada según los cánones de la actividad informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras malas intenciones.
Como lo señalan los profesores E.A.Z. y B.B. "Responsabilidad de los medios de prensa", Editorial Astrea de R. y R. de Palma, Buenos Aires, 1993. P.ina 97, "no parece posible afirmar que el ejercicio de la libertad de información por los medios masivos de comunicación, no esté limitado por la noción del abuso. Se trataría, entonces, de una libertad con vocación de libertinaje, sin límites, impensable en una sociedad que se dice democrática". En consecuencia, el deber de diligencia en la comprobación razonable de la verdad no se satisface con la remisión a fuentes indeterminadas que en ningún caso liberan al autor de la información del cumplimiento de dicho deber, pues al transmitir a la opinión pública la noticia, el informante debe determinar su veracidad, ya que la obligación de contrastar la verosimilitud de la noticia es un deber propio y específico de cada informador. El deber de diligencia en la información para que esta pueda considerarse veraz opera en la comprobación razonable de lo que se afirma en la noticia. Por consiguiente, es esencial la actitud del informador hacia la verdad para determinar si se ha producido una indagación honesta y diligente sobre la misma.
Por ello, la confirmación de las noticias e informaciones que se difunden mediante los medios legales al alcance del periodista, es un comportamiento que hace parte de la ética periodística y de la lealtad hacia los receptores de la información. En efecto, "la confirmación salvaguarda la credibilidad del informador y simultáneamente neutraliza la eventual reacción de quien temerariamente aspire a rectificar lo que encuentra sustento en hechos reales y probados. A juicio de la Corte, representa una verdadera garantía del derecho a la información en cuanto fortalece y afirma la certeza colectiva" Corte Constitucional. Sentencia T-074 de 1995..
Así, el periodista goza entonces, del derecho a informar libremente, sin censura; es decir, debe poder tener acceso a las fuentes de la información y a seleccionar la noticia que se emitirá y la forma de presentarla, sin más limitaciones que aquellas que imponen al medio suministrar a sus receptores información veraz, objetiva e imparcial. Lo cual significa, según lo dejó consignado la Corte en la sentencia C-350 de 1997 con ponencia del Magistrado F.M.D., que a los medios "se impone fundamentar y contrastar la información antes de entregarla al público; no confundir la información con la opinión; rectificar, si es del caso, informaciones falsas o imprecisas; valerse de métodos dignos para obtener información; no aceptar gratificaciones de terceros, ni utilizar en beneficio propio informaciones; sólo así contribuirán al fortalecimiento de la democracia y por ende, a la realización del paradigma propio del Estado social de derecho".
En cuanto al tratamiento que en el derecho internacional se le da al derecho a la honra, frente a la posibilidad de su afectación por quienes actúan en ejercicio del derecho a la información, es pertinente traer a colación lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor el 23 de marzo de 1.976, -aprobado mediante la Ley 74 de diciembre 26 de 1.968-, el cual estableció en su artículo 17:
Para efectos de lo anterior, como lo sostiene el profesor español X. O´callaghan "Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen", Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, V., 32, 1, Madrid. P.ina 27., "el derecho de información sobre hechos debe reunir el requisito de veracidad". En consecuencia, es decisiva la valoración de la actitud del informador en relación con el propio derecho constitucional que está usando (el de expresarse e informar, del cual no es únicamente titular el informador, sino que pertenece igualmente a la colectividad y al ciudadano en concreto). Ese derecho se refiere a la difusión de información veraz. De manera que debe ser decisiva la apreciación de la actitud del agente hacia la verdad, para ver si el derecho se ha ejercicio legítimamente.
En cuanto a la verdad, no se trata de que haya que probar, para exonerarse de responsabilidad, que es la verdad entera y absoluta lo que se ha divulgado. La verdad, es pues, un requisito fundamental para la existencia y efectividad constitucional de la libre información. Pero no determina el grado en que la verdad debe alcanzarse para que la legitimación se de.
En cuanto a la libertad de prensa en Colombia, ésta según lo reconoció la Corte en la sentencia T-050 de 1993 con ponencia del Magistrado S.R.R., no es absoluta porque apareja responsabilidad social; la información y la noticia deben ser veraces e imparciales, es decir, guardar conformidad con los hechos o acontecimientos relatados y por ello la prensa debe ser garantía de que a través de la información no se violenten los derechos fundamentales de la honra, el buen nombre y la intimidad de las personas. En cuanto a los límites del derecho a informar, existe uno objetivo, que es la verdad y la imparcialidad en la información que se emita o publique, y otro subjetivo, que se refiere a la actitud del informador hacia la verdad, para determinar si se ha producido una averiguación o indagación por parte del periodista, honesta y diligente.
En efecto, como lo señaló la Corte, "el derecho a la información no es absoluto, de donde resulta que no puede ser utilizado para revelar datos íntimos ni para lesionar la honra y el buen nombre de las personas; la información, en los términos del ordenamiento superior, debe corresponder a la verdad, ser veraz e imparcial, pues no existe derecho a divulgar información que no sea cierta y completa" Corte Constitucional. Sentencia T-131 de 1998. MP. Dr. H.H.V...
Del ejercicio abusivo de la libertad de prensa
Alcance de las investigaciones periodísticas en relación con una actividad con riesgo social
Para la Corte es evidente que hay actividades que tienen lugar en la comunidad que pueden producir especiales riesgos sociales y que los mecanismos establecidos para precaverlos se deducen de la concepción política estatalmente adoptada Ver la Sentencia C-087/99.. Por ello, el ejercicio de ciertas actividades profesionales, aun cuando el mismo se establezca en términos de libertad, está sujeto a un control por parte de las autoridades para su inspección y vigilancia, en la medida en que puedan generar un mayor riesgo social.
Como se ha enunciado a lo largo de esta providencia y en el momento resulta necesario reiterar, el ejercicio de la actividad periodística es amplio y libre aunque el acto de informar deba hacerse en forma responsable y profesional, esto significa de manera veraz, objetiva y oportuna, dadas las graves consecuencias que por no ceñirse a esos parámetros puede generar una información engañosa, malintencionada o tendenciosa. Por esta razón la Corte ha señalado que "los medios de comunicación no pueden configurarse en "entes omnímodos del todo sustraídos al ordenamiento positivo y a la deducción de consecuencias jurídicas por los perjuicios que puedan ocasionar a la sociedad, al orden público o a las personas individual o colectivamente consideradas, por causa o con ocasión de sus actividades. Sentencia T-368/98, en la cual se cita la Sentencia T-512/92.
Ahora bien, el desarrollo del principio democrático sobre el cual se estructura el estado social de derecho colombiano, supone la aplicación del principio pro libertate frente a los alcances que puedan llegar a producirse en el ejercicio de la libertad de información. La Corte al referirse a un eventual uso distorsionado de esa libertad indicó que"[e]ntre el eventual daño social que pudiera seguirse de una información inadecuada, consecuencia de la libertad de informar, y la restricción general de ésta para precaverlo, la sociedad democrática prefiere afrontar el riesgo del primero." Sentencia C-087/98..
De manera que, si en el ejercicio de la libertad de información y como resultado del control que a través de ella se ejerce para evitar un posible riesgo social por el ejercicio de una actividad o profesión, la información es obtenida en forma ilegal, sin la debida constatación acerca de su veracidad o sin el consentimiento de la persona cuyas imágenes van a ser publicadas, puede llegar a ocasionarse una afectación del honor, la intimidad y el buen nombre de la persona investigada; en ese evento, será procedente el amparo excepcional de la acción de tutela, en cuanto están de por medio derechos constitucionales fundamentales así como las respectivas sanciones éticas y jurídicas para los periodistas por los posibles excesos que hubiesen podido cometer. Al respecto, los tratadistas E.A.Z. y B.R.B. señalan que, "parece elemental que si se reconoce el derecho a la intimidad, deben reconocerse también los medios idóneos tendientes a impedir intrusiones, porque lo contrario sería tanto como reconocer un derecho a medias" "Responsabilidad de los medios de prensa", página 124, editorial Astrea de A. y R. de Palma, Buenos Aires, 1993..
Para finalizar, sobre el particular y en un asunto similar a los que se examinan, la Corporación en la sentencia T-034 de 1995, MP. Dr. F.M.D. señaló que "la toma de fotografías, videos o grabaciones no debe ser utilizada para fines distintos a los consagrados en la Constitución Política y en la ley, como sería, por ejemplo, aquella destinada a intimidar a las personas, o a amenazarlas, o a hacerlas víctimas de referencias, o de las llamadas "listas negras", lo cual si violaría las garantías constitucionales establecidas por el Estado Social de Derecho". Se exceptúa, el caso de aquellos videos, fotografías y grabaciones realizadas con autorización judicial, para los fines propios de un proceso.
Del examen de los casos sometidos a revisión y el eventual abuso en el ejercicio del derecho a la información por parte del Programa Séptimo Día.
Al respecto, la S. debe señalar, en primer término, que la determinación sobre cualquier acto ilícito o antiético que se le pueda llegar a imputar al actor por los hechos dados a conocer finalmente por el Programa en mención, configura materia del conocimiento y decisión de las autoridades competentes, a través de los respectivos procesos. Efectivamente, esto ocurre en la actualidad, ya que mediante solicitud elevada por esta S. se conoció que por esos hechos se están adelantando contra el actor dos investigaciones: una de orden penal en la F.ía General de la Nación Según constancias expedidas mediante los oficios No. 592 y 8884 del 11 de noviembre y 16 de diciembre de 1999, respectivamente., ante el J. de Unidad Segunda de Fe Pública y Patrimonio Económico, por el delito de falsedad en documento privado y, otra, en el Tribunal de Etica Médica de Santafé de Bogotá De conformidad con la constancia otorgada según oficio No. 180599 del 14 de diciembre de 1999., por una presunta responsabilidad disciplinaria y ética por los delitos de estafa y aborto, investigaciones que fueron iniciadas con posterioridad a la primera emisión del programa, es decir del día 27 de junio de 1999 y por virtud del contenido del mismo.
Adicionalmente, es preciso aclarar que aun cuando es cierto que la acción de tutela formulada por el señor B. se presentó antes de la emisión del Programa Séptimo Día, en el cual se difundió información acerca de su ejercicio profesional, y que la misma se solicitó en forma transitoria con el fin de impedir que dicho programa saliera al aire por considerarlo violatorio de algunos de sus derechos fundamentales, no se puede perder de vista, según se deduce del análisis del expediente, que el programa fue finalmente emitido una vez proferida la decisión de tutela, en segunda instancia, por la S. Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en la cual no se encontró demostrada la vulneración denunciada por el actor y por lo tanto se denegó el respectivo amparo superior.
De conformidad con el numeral 7o. del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"., a propósito de esa procedibilidad de la acción de tutela para efectos de impartir una orden de amparo que permita obtener de un medio de comunicación la respectiva rectificación en condiciones de equidad, por una información publicada en forma errónea o inexacta, se exige que al escrito de tutela se acompañe copia de "la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma".
Una vez revisados los documentos aportados por el peticionario dentro del expediente del proceso de tutela, la S. no encuentra constancia alguna de que el médico actor hubiese efectuado una solicitud de rectificación ante el Canal accionado por las emisiones transmitidas sobre su caso, razón por la cual la S. no podrá entrar a estudiar de fondo el asunto y eventualmente conceder el amparo.
Por consiguiente, la tutela no es viable por no haberse reunido el requisito exigido en el numeral 7o. del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, razón por la cual se confirmará el fallo de la S. Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, del 21 de junio de 1999.
9.2. Otra situación es la que se muestra en el caso de la Salsamentaria San Martín, pues allí la S. encuentra que la información que se emitió al público, fue obtenida a través del uso de las cámaras escondidas, por las cuales los periodistas, ocultando su identidad ante los accionantes, tomaron imágenes sin su consentimiento, los presionaron para actuar de una determinada manera que convenía a los fines pretendidos por el medio, y las publicaron, no sólo sin el consentimiento de los perjudicados, sino en especial, sin haber constatado fehacientemente si los hechos relatados en el programa eran ciertos.
De esa forma se le imputaron públicamente la comisión de unos hechos que no estaban debidamente comprobados, a pesar de que el medio, antes de emitir la información al público, en aras de preservar los derechos fundamentales de la persona jurídica a la defensa y a su buen nombre, ha debido constatar que lo informado era cierto, acudiendo ante la autoridad administrativa correspondiente -la Secretaría de Salud del Distrito-, que es la competente para determinar la calidad y las condiciones de la carne que en esa Salsamentaria se vende; al no hacerlo el medio de comunicación, ignorando el conducto y el procedimiento para adquirir la certeza necesaria de que la noticia es veraz, violó abiertamente los derechos fundamentales de la accionante.
En este orden de ideas, a juicio de la S. no es admisible que a través del Programa Séptimo Día se hubiera dado por cierta información a la opinión pública, según la cual, como lo afirma el demandante en la tutela, señalaba que "aquella expende carne de caballo en lugar de carne de bovino, engañando de esa manera a los compradores", con un único soporte probatorio, como lo era un video obtenido a través de una cámara escondida, donde el entrevistador, en forma insistente, acosa a uno de los dueños de la Salsamentaria para que le compre unos kilos de carne de caballo y éste, como lo señala en la demanda, "presionado por una serie de factores, como el constante boleteo de que ha sido objeto por parte de un grupo guerrillero", le indica que se la traiga para examinarla. Sin embargo, nunca aparece la prueba concreta de que la carne fue recibida, procesada y vendida al público. Además, los periodistas que realizan el video entrevistan posteriormente al otro propietario y al ingeniero de alimentos de la Salsamentaria y le preguntan si utilizan carne de caballo para la elaboración de sus productos, a lo cual los mismos responden en forma negativa.
Comoquiera que constituye una violación al derecho fundamental al buen nombre de la persona, la divulgación de expresiones o hechos cuando la difame o la haga desmerecer de la consideración ajena, la protección judicial, en tal caso, debe comprender la adopción de las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que fue objeto la persona, restablecer al afectado o perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos y prevenir futuras intromisiones. Medidas como el cese inmediato de ésta, el derecho a la rectificación y la condena a indemnizar los perjuicios causados, la cual debe extenderse al daño moral sufrido, son las pertinentes para restablecer el derecho vulnerado Sobre el particular, pueden consultarse los siguientes autores: E.A.L., "El derecho a la propia imagen y su valor publicitario" (páginas 34 y 35), y S.M.M., "Libertad de prensa y procesos por difamación" (páginas 54 y siguientes)..
En este preciso caso de la acción de tutela instaurada por la Salsamentaria San Martín existe constancia en el expediente del cumplimiento de los requisitos del derecho a la rectificación, se ordenará al Programa Séptimo Día del Canal Caracol que publique, con la misma importancia y despliegue de la información inicial, una rectificación en el sentido de que dicha Salsamentaria, según certificación de la Secretaría de Salud Distrita "utiliza materia prima en el proceso de elaboración de los productos carnicos, de origen bovino y no equino, y que las condiciones del proceso son adecuadas, secuenciales e higiénicas".
Por consiguiente, se revocarán los fallos del Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, del 8 de junio de 1999, y de la S. Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, del 15 de julio de 1999, que se revisan, y en su lugar se dispondrá concederle a la sociedad accionante la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al buen nombre y a la imagen, ordenándose la rectificación de la información publicada en los programas respectivos.
La Corte ha reiterado en múltiples oportunidades, que la acción de tutela no es, en principio, el mecanismo idóneo para solicitar una eventual indemnización o reparación de perjuicios. En efecto, sólo en circunstancias muy excepcionales en las que (1) la violación del derecho fundamental resulte manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, (2) el afectado no disponga de otro medio judicial, y (3) siempre que ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho fundamental vulnerado, el juez constitucional puede ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado Art. 25 del Decreto 2591 de 1991 y SC-543/92 Y SC-054/93.
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la S. Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 21 de junio de 1999, que negó la tutela de los derechos fundamentales al buen nombre, al honor y a la intimidad del ciudadano O.E.B.M., por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- REVOCAR los fallos proferidos por la S. Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el 15 de julio de 1999, y por el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de esa misma ciudad, del 8 de junio de la pasada anualidad, y en su lugar conceder la tutela de los derechos fundamentales al buen nombre y a la imagen de la Salsamentaria San M.L.., vulnerados por el Canal Caracol en su Programa Séptimo Día.
Tercero.- ORDENAR al Programa Séptimo Día del Canal Caracol que publique, con la misma importancia y despliegue de la información inicial, una rectificación en el sentido de que la Salsamentaria San M.L.. según certificación de la Secretaría de Salud Distrital "utiliza materia prima en el proceso de elaboración de los productos cárnicos, de origen bovino y no equino, y que las condiciones del proceso son adecuadas, secuenciales e higiénicas".
Cuarto.- Por el exacto cumplimiento de este fallo responderá el Director del Programa Séptimo Día del Canal Caracol.
Quinto.- Asignar al Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Santafé de Bogotá la verificación del cumplimiento de la decisión consignada en los numerales tercero y cuarto de esta providencia.
Sexto.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991, para los fines allí establecidos.
Sentencia nº 11001 03 15 000 2008 001102 00 de Consejo de Estado - Sección Primera, de 26 de Noviembre de 2008
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº T 69605 de 23 de Noviembre de 2016