Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-145-de-marzo-31-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_522ac49dd2dd41a2b1b8cd7896b27e77&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-23 14:45:30
Document Index: 348068315

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 86', 'artículo 241', 'artículo 20', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 20', 'artículo 20', 'e contrario', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 1', 'artículo 16', 'Artículo 6']

﻿ SENTENCIA T-145 DE MARZO 31 DE 2016
SENTENCIA T-145 DE 31 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:MALTRATO EN REDES SOCIALES. DERECHO A LA RECTIFICACIÓN EQUITATIVA Y SIN REVICTIMIZACIÓN. SE ENFATIZA QUE LA VALORACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA DE RECTIFICACIÓN EXIGE TENER EN CUENTA QUE LA VULNERACIÓN IUSFUNDAMENTAL SE GENERA POR LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE UNA INFORMACIÓN U OPINIÓN QUE NO SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD Y, ASÍ MISMO, QUE LA RECTIFICACIÓN IMPLICA, COMO REGLA GENERAL Y EN APLICACIÓN DEL REQUISITO DE EQUIDAD, QUE SE REALICE UNA NUEVA EXPOSICIÓN PÚBLICA PARA RECONOCER LA IMPRECISIÓN Y REALIZAR LAS CORRECCIONES A LAS QUE HAYA LUGAR. LO DICHO PONE DE MANIFIESTO LA IMPORTANCIA DE REALIZAR UNA VALORACIÓN DE LA MEDIDA DE RECTIFICACIÓN PARA QUE OBEDEZCA A UNA REAL PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS, PREVINIÉNDOSE QUE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA GENERE NUEVAS AFECTACIONES EN AQUELLOS CASOS EN QUE, POR EJEMPLO, LA VIOLACIÓN DE DERECHOS ES PRODUCIDA POR LA EXPOSICIÓN PÚBLICA MISMA, O QUE LA RECORDACIÓN DE LOS HECHOS OBJETO DE LA PUBLICACIÓN, AÚN PARA ACLARARLOS O DESMENTIRLOS, PUEDE GENERAR UN EFECTO PEOR O INDESEADO PARA LA PERSONA AFECTADA. ASÍ LAS COSAS, ES PRECISO QUE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN OBEDEZCA A LA SOLICITUD DE AMPARO, PUES ES LA PERSONA TUTELANTE QUIEN DEBE DEFINIR EL ALCANCE DE LA AFECTACIÓN Y SI PRETENDE QUE EL DAÑO CAUSADO A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES SEA RESARCIDO, CON LO CUAL SE PREVENGA EL RIESGO DE QUE LA RECTIFICACIÓN SIGNIFIQUE UNA RE-VICTIMIZACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHO DE RECTIFICACIÓN, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, ACOSO ESCOLAR
Sentencia T-145 de marzo 31 de 2016
Ref.: Exp. T-5226202.
Acción de tutela instaurada por K. J. P. S. contra Y. G. C. M.
En el proceso de revisión del fallo de tutela dictado en primera instancia, el 23 de septiembre de 2015, por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C.
La señora K. J. P. S. formuló acción de tutela contra la señora Y. G. C. M., por cuanto consideró vulnerado su derecho fundamental al buen nombre, con fundamento en los siguientes
1.1. Expone que los días 7 y 9 de septiembre de 2015 la accionada publicó en su cuenta personal de la red social Facebook una foto de su rostro, en primer plano, acompañada de un comentario injurioso y atentatorio contra su buen nombre, del siguiente contenido:
“Les quiero informar para que todos tengan cuidado miren la gran ladrona de [B]ritalia la sorprendieron robando en la empresa donde ella trabajaba y verificando no es la primera vez ya lo tiene de costumbre q (sic) trabaja y cuando renuncia manda robar las empresas yo fui la segunda víctima su nombre es J. P. S.”(1).
1.2. Manifiesta que, si bien trabajó para la señora C. M. desde el 11 de agosto de 2014 hasta el 1º de agosto de 2015, la anterior acusación no se corresponde con la realidad, en tanto “no existe prueba de que se haya perdido algún elemento o bien de la oficina donde yo desarrollaba permanentemente la actividad laboral, que si bien bajo una relación de confianza depositada en m[í] como empleada, me otorg[ó] el manejo de las llaves de acceso al recinto, no significa que sea adecuado lanzar este tipo de improperios y otros más anexados en el documento. Además indicó la persona mencionada que mi pareja tenía las llaves de la oficina, y que lo habían visto cerca de la oficina con una maseta y las llaves (con un duplicado que jamás tuve [n]i saqué), para intentar ir a robar, o como indica la persona que ‘yo lo había mandado a robar’”(2).
1.3. De igual forma, relata que el 5 de septiembre de 2015 la accionada, que para la fecha se encontraba en estado de gravidez, la agredió y la amenazó diciéndole: “Los voy a mandar a matar a ustedes y a su hija y los voy a mandar a matar con mi esposo H.”(3).
1.4. Finalmente, expone que acude al mecanismo tutelar en tanto, al haber sido la empleada de la accionada, considera que aún existe “una relación de dependencia jurídica laboral, es decir una situación de subordinación, situación y hechos merecedores de inmediata protección constitucional”(4).
II. Admisión y traslado.
El Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C, mediante auto del 11 de septiembre de 2015, admitió la demanda de tutela y ordenó su traslado. La accionada, a pesar de haber sido notificada personalmente(5), guardó silencio.
3.1. Se allegó con la demanda de tutela una copia de la publicación en la cuenta personal de la red social Facebook de la señora Y. G. C. M., con la foto en primer plano de la accionante y el comentario respectivo(6), así como copia de algunos comentarios que allí mismo hicieron otras personas con respecto a la referida publicación(7).
IV. Fallo que se revisa.
Mediante decisión del 23 de septiembre de 2015 el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C. resolvió amparar los derechos fundamentales de la accionante al buen nombre, a la honra y a la intimidad, y en consecuencia le ordenó a la accionada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la tutela procediera a “retirar de la red social Facebook y de cualquier otro medio de publicación la imagen de la señora K. (sic) J. P. S. y los comentarios referentes a la accionante, debiendo abstenerse en el futuro de divulgar o publicar mediante cualquier medio, fotografías y comentarios sobre la señora K. J. P. S. (sic)”(8).
Para efectos de adoptar esta decisión el juez tuvo en cuenta que la señora C. M. había sido notificada personalmente de la solicitud de amparo y, sin embargo, había guardado silencio. De tal forma que, dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991(9), dio por ciertos los hechos expuestos por la actora y procedió a resolver de fondo su pedimento.
De otra parte, para fundamentar su decisión en primer lugar señaló que la acción de tutela era procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución (reglamentado por el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991), por cuanto consideró que la señora P. S. efectivamente se encontraba en una situación de indefensión respecto de la señora C. M., en atención a que “la persona accionada[,] quien era la empleadora de la accionante, tiene en su poder una imagen de la actora y un control sobre los medios de publicidad en los que hace apreciaciones subjetivas y aparentemente injuriosas, es decir, la señora C. M. tiene el poder de acceso y manejo de la red social de Facebook donde hace tales publicaciones”(10).
Además, agregó que “la pretensión perseguida por la actora (la orden de suspender en forma inmediata la publicación) no puede ser satisfecha de manera oportuna a través de otra jurisdicción (civil o penal), la cual tardaría un tiempo significativo para decidir tanto acerca del tipo de vínculo entre la demandante y la accionada como sobre la pretensión mencionada, razón por la que el poder protector y reparador que tal jurisdicción tiene respecto del derecho a la honra y al buen nombre resulta precario en el presente caso”(11).
En segundo lugar, consideró que la publicación realizada por la señora C. M. en la red social de Facebook desconocía los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad de la señora P. S., en tanto afecta gravemente su reputación, la valoración que puede tener dentro de una colectividad y perturba seriamente su entorno personal, familiar y social, toda vez que contiene “expresiones ofensivas e injuriosas así como informaciones falsas o erróneas”(12) sobre su persona.
El fallo no fue impugnado por ninguna de las partes.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, la cual fue seleccionada para revisión por auto del 12 de noviembre de 2015, proferido por la Sala de Selección Número Once, con fundamento en lo prescrito por el inciso 2º del artículo 86 y, el numeral 9º del artículo 241, ambos de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
De acuerdo con lo descrito en el acápite de antecedentes, corresponde a la Sala establecer si la decisión de la señora Y. G. C. M. de divulgar en su cuenta personal de Facebook una imagen de la señora K. J. P. S., acompañada de expresiones en las que se le imputan conductas delictivas sin que exista condena judicial contra ella por motivo de las mismas, en realidad constituye una violación de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y a la dignidad y, además, una expresión de maltrato a través de las tecnologías de la información.
Para resolver el problema planteado, de manera previa la Sala examinará las condiciones para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares, con el propósito de demostrar que las mismas sí se satisfacen en este caso, como lo entendió el juez de instancia. Y posteriormente la Corte (i) se referirá al contenido y los límites del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 superior; así como (ii) al derecho a la rectificación que también se deriva de la disposición constitucional. A continuación se hará (iii) una aproximación al alcance de estos derechos en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; con especial referencia a (iv) las circunstancias en que las nuevas tecnologías pueden resultar en escenarios de abusos y afectación de otros derechos; para, finalmente, y a partir de las anteriores consideraciones, (iv) pronunciarse sobre la decisión del juez de instancia en el caso concreto.
5.3. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. Reiteración de jurisprudencia.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 86 superior (reglamentado por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991), esta corporación ya ha tenido la oportunidad de señalar que la acción de tutela procede contra los particulares (i) encargados de la prestación de un servicio público, (ii) cuya conducta afecte grave o directamente el interés colectivo, o (iii) respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o en situación de indefensión.
Por tanto, considerando los hechos en los que se basa la acción de tutela de la referencia es posible advertir que la señora K. J. P. S., tal y como lo expuso en el escrito de su demanda y finalmente lo convalidó el juez de instancia, efectivamente se podría encontrar, respecto de la accionada Y. G. C., en un estado de subordinación o en una situación de indefensión, conforme a los criterios que se exponen a continuación.
En primer lugar, este tribunal ha señalado que el estado de subordinación corresponde a la situación de quien se encuentra sujeto al “acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas”(13) y alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia que tiene su origen en “la obligatoriedad de un orden jurídico o social determinado”(14). Incluso, de manera más específica ha definido dicho estado como “una relación jurídica de dependencia, que se manifiesta principalmente entre trabajadores y patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un plantel educativo”(15).
En relación con la indefensión, por su parte, la Corte ha señalado que esta alude a aquellas situaciones en las que la persona no cuenta con la posibilidad material de hacer frente a las amenazas o a las transgresiones de otra, en algunas ocasiones por la ausencia de medios ordinarios de defensa y en otras porque estos resultan exiguos para resistir el agravio particular del que se trata(16). Así, ha precisado que “el estado de indefensión es un concepto de naturaleza fáctica que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos”(17), bien porque se “carece de medios jurídicos de defensa” o porque “a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales”(18).
De esta manera, se ha concluido que la persona afectada en su derecho carece de defensa, es decir, de la posibilidad de dar una respuesta oportuna, inmediata y efectiva ante la vulneración o amenaza de sus derechos, cuando está expuesta a una “asimetría de poderes tal [que] no está en condiciones materiales de evitar que sus derechos sucumban ante el poder del más fuerte”(19).
En concordancia con lo anterior, en la jurisprudencia constitucional se ha señalado que será siempre el juez de tutela quien deberá determinar, a la luz de los hechos de cada caso concreto, si el accionante se encuentra respecto del particular accionado en un estado de subordinación o en una situación de indefensión, y esto precisamente con el fin de definir la viabilidad procesal del amparo solicitado.
Ahora bien, para adelantar el anterior análisis de procedencia a partir de las particularidades del caso concreto es necesario que este tribunal apele a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, tal como lo hizo el juez de instancia, de acuerdo con el cual cuando el accionado que ha sido debidamente notificado no rinde el informe en el tiempo concedido por el juez constitucional, se deben tener por ciertos los hechos que han dado lugar a la acción de amparo. Así, dado que la señora Y. G. C. M. fue notificada personalmente el 15 de septiembre de 2015 por el empleado del juzgado(20), momento para el cual se le entregó copia de la acción de tutela, y sin embargo dentro del término concedido no ejerció su derecho de defensa en forma alguna, esta Sala concluye que acertó el juez de instancia al dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 20 del decreto reglamentario de la acción de amparo y, en este sentido, en reconocerle certeza a los fundamentos fácticos descritos en el escrito de demanda.
Por otra parte, en lo que se refiere a determinar la procedencia de la presente acción de tutela por dirigirse contra una persona particular, de antemano encuentra la Corte que no se puede predicar un estado de subordinación derivado de la relación laboral que mantuvieron la accionante y la accionada en el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2014 y el 1º de agosto de 2015, toda vez que dicha relación ya había cesado para el momento en que ocurrieron los hechos que fundamentan su acción de amparo, esto es, los días 7 y 9 de septiembre de la misma anualidad.
Empero, los hechos que dan lugar a la acción de tutela en todo caso sí permiten advertir que lo que se configura es una situación de indefensión, la cual tiene lugar en razón a la imposibilidad que tiene la accionante para contrarrestar de forma actual y oportuna la posible trasgresión a sus derechos, derivada de la publicación en la red social Facebook de su imagen, acompañada de un comentario que califica como deshonroso su comportamiento.
Esto último es así en tanto, tal y como lo ha reconocido esta corporación en otras ocasiones anteriores(21), una expresión de debilidad manifiesta constitutiva de una situación de indefensión es la circunstancia fáctica de inferioridad que produce la divulgación de información u otras expresiones a través de las redes sociales pues, de una parte, quien usa los medios de comunicación tiene un amplio poder de disposición sobre aquellos y sobre los objetos que publicita y, de otra, el sujeto pasivo de dichas publicaciones dispone de mecanismos ordinarios de defensa para contener la amenaza o la vulneración a sus derechos fundamentales, pero estos en todo caso resultan exiguos para dicho fin.
En efecto, según los hechos narrados en la tutela la Sala encuentra que los días 7 y 9 de septiembre de 2015 la accionada publicó en la red social Facebook una foto del rostro de K. J. P. S. en primer plano, acompañada de un comentario injurioso e indudablemente contrario a su buen nombre.
Por tanto, se entiende que la situación de indefensión de la señora P. S. se configura de manera clara, en tanto ella no tiene cómo controlar la disposición que de esa misma fotografía resuelva hacer la señora C. M. en el futuro ni sobre los comentarios que ella en su contra decida publicar en su cuenta personal de la red social Facebook con ocasión de aquella. Lo cual claramente determina que la de amparo por ella interpuesta satisfaga el requisito de procedencia de legitimación por pasiva.
Asimismo, encuentra la Sala que, si bien la señora P. S. dispone de los mecanismos ordinarios de defensa para reclamar por la afectación en sus derechos a la horna o buen nombre, bien sea en materia penal con la denuncia por los delitos contra la integridad moral (injuria y calumnia), por virtud de la cual le es posible acceder a retractación; o bien, en materia civil, con la reclamación de indemnización por los perjuicios sufridos por la vía de la responsabilidad civil; en todo caso estas alternativas no revisten la rapidez y oportunidad que un caso como el estudiado demandaba en tanto, precisamente, se requería una intervención actual e inmediata que impida que la situación se siguiera prolongando en el tiempo de forma indefinida, tal como la que pretendió hacer el juez constitucional de única instancia.
En otras palabras, si bien la accionante cuenta con el proceso civil y penal para solicitar que se condene a su agresora por la responsabilidad a la que haya lugar, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que, en razón a la afectación a los derechos a la honra y al buen nombre que se puede causar con las publicaciones de información en medios masivos de comunicación, la acción de tutela resulta o, al menos, puede resultar, en razón de su celeridad, en el mecanismo idóneo para contener su posible afectación actual y, en principio, irreparable(22).
Lo anterior significa que el examen de procedibilidad en términos de eficacia que ordena el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 se fundamenta en la condición de indefensión en la que se encuentra la accionante con motivo del uso y difusión de información sobre ella en el referido medio de comunicación. Siendo esta, entonces, la razón por la cual se considera que la acción de amparo es el único mecanismo eficaz para la protección iusfundamental reclamada.
De esta manera, someter a la señora K. J. P. S. a las resultas de un proceso penal o civil, además de permitir que pueda generarse un daño consumado por la inoportuna orden de protección que puedan dispensar dichas jurisdicciones, desconocería la naturaleza preventiva y protectora de la acción de tutela.
Adicionalmente, el caos objeto de revisión reviste relevancia constitucional para efectos de que esta Corte se pronuncie sobre el alcance de las medidas de protección que profirió el juez de instancia y, en general, sobre los casos en que, a partir de publicaciones en medios de amplia circulación, como las redes sociales, se afectan los derechos al buen nombre y a la honra.
5.4. Derecho a la libertad de expresión. Contenido y límites.
5.4.1. El derecho a la libertad de expresión está reconocido en el artículo 20 constitucional en los siguientes términos:
Así, resulta importante destacar que en la misma norma se establecen los elementos que determinan el contenido y los límites del derecho a la libertad de expresión y, así, se incluyen diferentes de sus expresiones; se resalta la importancia de los medios de comunicación como escenarios de su ejercicio y como agentes de responsabilidad social; y, finalmente, se incluye la figura de la rectificación.
5.4.2. En relación con las distintas manifestaciones del derecho en comento esta corporación ha establecido, de manera reiterada, que la libertad de expresión tiene un doble componente o que se expresa en dos libertades específicas. Por una parte, en la libertad de expresar las opiniones, ideas o pensamientos personales, denominada libertad de opinión o libertad de expresión en estricto sentido y, por otra, en la libertad de informar y recibir información. Así en la Sentencia T-904 de 2013(23) se sostuvo expresamente que:
“la llamada libertad de expresión constituye una categoría genérica que agrupa un haz de derechos y libertades diversos, entre los cuales se destacan, por su importancia para el presente análisis, la libertad de opinión (también llamada ‘libertad de expresión en sentido estricto’), que comprende la libertad para expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión; la libertad de información que protege la libertad de buscar, transmitir y recibir información veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole”.
Más concretamente, en la jurisprudencia constitucional se ha indicado que las libertades a las que se refiere el artículo 20 de la Constitución recaen sobre objetos diversos, pues “[m]ientras la libertad de opinión, protege ´la transmisión de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa´, la libertad de información ampara ´la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo´”(24).
De esta manera, lo anterior pone de manifiesto la diferenciación entre la subjetividad u objetividad de lo expresado en el ejercicio del derecho, toda vez que “la libertad de opinión [tiene] por objeto proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas. Entretanto, la libertad de información protege aquellas formas de comunicación en las que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido”(25).
Una distinción que, por tanto, otorga sentido a la especificación contenida en el artículo 20 en relación con que la información sea veraz e imparcial, lo que constituye un límite expreso que llevaría a concluir que, en principio, la libertad de opinión no tiene límites(26).
Ahora bien, sobre los límites de veracidad e imparcialidad ya ha sido explicado por este tribunal que “las versiones sobre los hechos o acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser contemplado”(27), lo cual encuentra justificación en una exigencia específica de la libertad de información, cual es que ella tiene como propósito dar cuenta de lo acontecido, lo que implica que en su ejercicio no solamente está involucrado el derecho de quien emite la información, sino también, por correspondencia, el del sujeto pasivo que recibe(28).
Sin perjuicio de lo anterior, esta corporación también ha reconocido que la distinción en relación con la subjetividad y objetividad del contenido expresado no es del todo tajante pues, en cualquier caso, una opinión lleva de forma más o menos explícita un contenido informativo, al mismo tiempo que toda presentación de información supone, por su parte, algún contenido valorativo o de opinión(29). Circunstancia que determina que, si bien en principio no pueda reclamarse absoluta o total veracidad e imparcialidad sobre los juicios de valor, al menos sí puedan y deban exigirse tales con respecto a los contenidos fácticos en los que se funda esa opinión. Y de forma correlativa, es exigible también que los emisores de información permitan que los receptores puedan distinguir entre el contenido meramente informativo y la valoración u opinión sobre los mismos(30).
De lo anterior se deriva, entonces, que sobre los aspectos objetivos de ambas manifestaciones del derecho resulta exigible la veracidad e imparcialidad, pero que en razón de la diferencia de contenido de una y otra la exigencia será distinta, pues en el caso de la libre expresión de información el contenido objetivo resulta ser predominante, mientras que en la expresión de una opinión esta si acaso puede predicarse o exigirse de los fundamentos fácticos en los que, en dado caso, se base el pensamiento, idea u opinión manifestada. Lo anterior, no solo como garantía de quien recibe una determinada opinión e información sino, como se verá más adelante, también en razón de la amenaza o afectación sobre de los derechos de terceras personas que pueda implicar la publicación de cierta clase de contenidos.
5.4.2. Por otra parte, no puede ignorarse la trascendencia que ocupan los medios masivos de comunicación en las distintas manifestaciones del derecho a la libertad de expresión, asunto que, como se indicó, ya previó el constituyente en el artículo 20 citado, pero que hoy en día toma más importancia, en atención a los avances tecnológicos y comunicativos que han dado lugar tanto a la llamada mass media, a la realidad virtual y a las redes sociales, entre otras.
Ahora, como también se anotó más atrás, luego de reconocer la libertad de fundar medios masivos de comunicación, en el mismo artículo 20 constitucional se asigna a los medios una responsabilidad social, lo que se explica en razón del alcance que una opinión o la información que se expresa, divulga o publica puede tener a través de los medios masivos. En efecto, ya en la Sentencia T-391 de 2007(31) la Corte se refirió expresamente a esta responsabilidad, precisando que el “ejercicio de las libertades de expresión e información adquiere características distintivas cuando se realiza a través de un medio de comunicación masivo, características que variarán dependiendo de cada tipo de medio. Estas variaciones repercuten, a su vez, sobre el alcance de los derechos que se ejercen, su contenido, y las posibles limitaciones de las que eventualmente son susceptibles”.
En este contexto, este tribunal se ha referido específicamente al potencial que tiene el ejercicio de la libertad de expresión de afectar a distintos sujetos y distintos derechos involucrados en aquel, señalando que la “difusión masiva que alcanzan las informaciones transmitidas a través de ellos, su poder de penetración, el impacto profundo que pueden tener sobre la audiencia y, en general, el poder social de los medios de comunicación, lleva implícitos ciertos riesgos y puede eventualmente entrar en conflicto con otros derechos, valores o intereses constitucionalmente protegidos”(32). Asunto que, además, puede verse matizado o reforzado con motivo del alcance que, debido a sus características, puede tener cada medio de comunicación en particular.
A partir de lo anterior, en la jurisprudencia constitucional se han establecido ya ciertas reglas orientadas a delimitar la actuación de los medios de comunicación como sujetos activos del derecho a la libertad de información con responsabilidad social, en relación con “los parámetros de (i) veracidad e imparcialidad, (ii) distinción entre informaciones y opiniones, y (iii) garantía del derecho de rectificación”(33).
5.4.3. En este escenario, no debe olvidarse tampoco que todo derecho tiene un fundamento o razón de ser, al mismo tiempo que un límite, como es en este caso aquel que deriva de la veracidad e imparcialidad. De modo que como ha advertido este tribunal:
“[e]n el caso de la libertad de información, es necesario que la misma sea veraz e imparcial y que en su ejercicio no se abuse de dicho derecho irrespetando los derechos de los demás. [Y en] cuanto a las opiniones, se exige que las mismas se diferencien de los hechos y cuando quiera que se sustenten en supuestos fácticos falsos o equivocados, es factible la rectificación respecto de dichos supuestos, así como los límites en la antijuridicidad de apologías al racismo, al odio, a la guerra o la prohibición de la pornografía infantil”(34), entre otros.
Bajo este orden de ideas, se tiene que si bien el derecho a la libertad de expresión en sus distintas manifestaciones constituye un elemento determinante para el estado democrático y goza también de una amplia protección en razón de la dignidad de cada persona y de su libertad, ello no obsta para que su ejercicio no pueda causar la violación de otros derechos, como es el caso especialmente de los derechos a la honra y al buen nombre de quienes puedan resultar afectados por la información u opinión que sea indebidamente expresada(35).
Así, este tribunal ha sostenido que en principio se presume la prevalencia del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos que puedan verse afectados con su ejercicio, postura para lo cual se tiene como especial referencia el emblemático caso New York Times v. Sullivan, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos(36).
Sin embargo, la Corte ha destacado la necesidad de establecer límites a su ejercicio en los casos en los que la libre expresión puede implicar o suponer la afectación de derechos específicos como el buen nombre y a la honra, tema sobre el cual también se pueden encontrar referentes en el sistema Europeo de Derechos Humanos a los que ya ha acudido la jurisprudencia de esta corporación(37), como el caso de una sentencia del Tribunal Constitucional español en donde, al resolver sobre un recurso de amparo relacionado con unas declaraciones descalificadoras, se dijo sobre el contenido constitucional abstracto del derecho fundamental al honor que “este ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que puedan hacerla desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o al ser tenidas en el concepto público por afrentosas”(38).
En coherencia con lo anterior, el artículo 15 constitucional establece que “[t]odas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”, por lo que esta corporación ha entendido también que “la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas”(39). Y, a su turno, ha señalado que en el artículo 21 superior “[s]e garantiza el derecho a la honra” y se indica que “[l]a ley señalará la forma de su protección”, entendida esta como “la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”(40).
Asimismo, esta corporación ha indicado “que las ´expresiones ofensivas o injuriosas´ así como informaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto público de una persona, lesionan este derecho, entendido como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona” y “ha resaltado que el derecho de la personalidad es un factor intrínseco de la dignidad humana, reconocida a las personas”(41). Razón por la cual ha concluido, que:
“el derecho al buen nombre debe ser objeto de protección constitucional cuando se divulgan públicamente hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona, con lo cual se busca socavar su prestigio o desdibujar su imagen, por consiguiente para constatar una eventual vulneración al buen nombre es preciso examinar el contenido de la información, y evaluar si es falsa o parcializada o si adjudica a determinadas personas actividades deshonrosas que le son ajenas. Para el mismo efecto resulta imprescindible establecer si las expresiones cuestionadas corresponden al ejercicio de la libertad de información o se inscriben en el ámbito de la libertad de opinión”.
De igual forma, este tribunal ha reconocido la estrecha relación que existe entre el derecho al buen nombre y la honra, entendida esta última como “la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”(42), especialmente a la hora en que uno u otro puedan resultar afectados por un uso extralimitado de la libertad de expresión, de manera que ha advertido que la labor del juez en cada caso concreto, tomando en consideración los elementos de juicio existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa, es de establecer si efectivamente se presentó una verdadera amenaza o vulneración del derecho en comento(43).
Por ende, nótese que existe un límite a la libertad de expresión en sentido amplio, determinado por el derecho al buen nombre y a la honra, el cual resulta aplicable tanto en la manifestación de la libertad de información como en la de la libertad de opinión pues, como ya se dijo, en ambas situaciones es posible aducir que existe cierta información fáctica que se encuentra sujeta a la exigencia de veracidad e imparcialidad, en tanto con ella efectivamente se puede afectar la dignidad de otras personas, como sucede con las afirmaciones relativas a su conducta, calidad o condición.
Por tanto, en ambas manifestaciones de la libertad de expresión el reconocimiento de su límite o frontera no tiene por objeto hacer nugatoria esta libertad ni pretende en forma alguna establecer un tipo de censura a las opiniones o informaciones, lo que también está constitucionalmente prohibido (artículo 20). Por el contrario, y como ya lo ha explicado esta Corte con anterioridad, lo que se pretende con este reconocimiento es “(i) controlar la legalidad de los medios que se utilizan para obtener las fuentes que inspiran la expresión del autor; y (ii) establecer límites en cuanto a las posibles consecuencias que respecto a los derechos de los terceros, se derivan de revelar conceptos o creencias acerca de la ocurrencia de situaciones reales, como cuando se pretende igualar un juicio de valor u opinión a un hecho cierto e indiscutible”(44).
5.4.4. Ahora bien, quizás todavía más pertinente y determinante resulte establecer la relación entre los dos derechos en comento en el contexto de la actuación de los medios de comunicación, en razón de la ya mencionada trascendencia y alcance que tiene el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por su vía y, en consecuencia, la posibilidad que allí se tiene de afectar mayormente los derechos al buen nombre y a la honra.
Así, en este escenario en el que se concreta la manifestación de la libertad de información de una forma expansiva y particular, se hace necesario que existan mayores exigencias para los medios y los profesionales que se dedican a la labor de informar pues, como también lo ha sostenido este tribunal, lo que “se exige a quienes expresan sus opiniones, máxime cuando lo hacen a través de medios masivos de comunicación, es que se aseguren de la veracidad de los hechos sobre los que aquellas se fundan y rectifiquen en caso de que hayan basado sus opiniones en informaciones inexactas o erróneas”(45).
5.4.5. Por ende, la exigencia de la veracidad supone ciertos mínimos en relación con la información expresada sobre los hechos o acontecimientos referidos a una persona, independientemente de si el escenario en que se ejerza el derecho es el de la libertad de opinión o el de la libertad de información. Y esta exigencia, de hecho, cobra ciertos contenidos particulares según los datos que deban ser objeto de tal verificación, por lo que la Corte ha destacado la importancia de la veracidad en los casos en que se informa sobre hechos delictuales de los que se infiera que una persona tiene antecedentes penales o se encuentra vinculada a actividades ilícitas(46), en tanto, si bien la omisión del requisito de veracidad implica ya de suyo una afectación de los derechos al buen nombre y a la honra, primero que todo aquella supone una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. En tal sentido, se ha expresado que:
“resulta de gravedad extrema olvidar, en aras de un mal entendido concepto de la libertad de información, el impacto que causa en el conglomerado una noticia, en especial cuando ella alude a la comisión de actos delictivos o al trámite de procesos penales en curso, y el incalculable perjuicio que se ocasiona al individuo involucrado si después resulta que las informaciones difundidas chocaban con la verdad de los hechos o que el medio se precipitó a presentar públicamente piezas cobijadas por la reserva del sumario, o a confundir una investigación con una condena. No puede sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la libertad de información”(47).
Como puede observarse, la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones encuentra entonces un límite claro cuando se trata de las afirmaciones referidas a la comisión de conductas delictivas, pues el requisito de veracidad que ampara el derecho fundamental al buen nombre y a la honra está condicionado por la garantía iusfundamental de la presunción de inocencia, garantía que exige que una afirmación de ese tipo en todo caso se sustente en una sentencia en firme o que al menos se refiera a un procedimiento en curso.
5.4.5. Las anteriores consideraciones dan cuenta entonces de que los requisitos de veracidad e imparcialidad son una inclusión expresa de los límites que configuran el derecho a la libre expresión a partir del respeto de otros derechos, como es el caso de del derecho al buen nombre y a la honra. En efecto, la configuración del derecho a la libre expresión a partir de los límites trazados por otros derechos encuentra otra manifestación evidente en el hecho que dentro de la misma disposición constitucional que lo consagra (artículo 20), se garantiza el derecho a la rectificación, como pasa a exponerse a continuación.
5.5. Derecho a la rectificación equitativa y sin re-victimización.
5.5.1. Como ya se anticipó, el artículo 20 de la Constitución regula varios aspectos del derecho a la libre expresión, entre ellos el que trata su incuso segundo, relativo al “derecho a la rectificación en condiciones de equidad”. Sin embargo, es claro que allí esta garantía se presenta como una contrapartida del derecho a la libre expresión, toda vez que la rectificación tiene lugar precisamente en los casos en que el ejercicio de tal libertad no ha observado los lineamientos constitucionales y ha redundado en la afectación de otros derechos.
En este sentido, desde sus primeras decisiones sobre el tema este tribunal ha indicado que la exigencia de una rectificación supone la existencia previa de “informaciones falsas, erróneas o inexactas públicamente difundidas”(48), con lo cual “la rectificación en condiciones de equidad implica que quien las propaló corrija o modifique su dicho, también públicamente y con igual despliegue, a fin de restablecer el derecho vulnerado”(49). Lo que quiere decir que las características de la vulneración iusfundamental en estos eventos supone una afectación que va más allá del acto de libertad de expresión que, luego de recibida la información errónea o inexacta, se proyecta en la percepción equivocada que de alguien que, a partir de la circulación de un cierto contenido, se puede hacer alguna persona o la sociedad en general.
Por lo tanto, resultan necesarias unas medidas orientadas a reparar esta afectación o al menos a mitigar sus efectos, que no se agotan con retirar del medio la información que desconoce los presupuestos constitucionales, pues por la naturaleza de los derechos afectados, como es el caso del buen nombre o la honra, se requiere adoptar medidas orientadas a remediar los perjuicios causados en la estima o percepción del individuo en sociedad.
Así las cosas, el derecho a la rectificación tiene lugar cuando el ejercicio del derecho a la expresión ha sobrepasado los límites configurados por la Constitución a partir de la relación con otros derechos como el caso del buen nombre o la honra. En este escenario, en la jurisprudencia constitucional se han destacado las características del derecho a la rectificación en el sentido que:
“(i) la rectificación en condiciones de equidad ha sido tratada como un derecho fundamental autónomo, pero íntimamente ligado a los derechos al buen nombre y a la honra; (ii) existe un derecho a la rectificación en condiciones de equidad en aquellos eventos en los que la información suministrada por un medio de comunicación resulta falsa, tendenciosa, incompleta o induce a error; (iii) los medios de comunicación son responsables por la calidad de la información que les proveen sus fuentes informativas; (iv) el derecho a la rectificación en condiciones de equidad implica que la corrección tenga un despliegue comunicativo similar al inicial, que se haga dentro de un tiempo razonable y que el medio de comunicación reconozca su error”(50).
5.5.2. Las condiciones de equidad exigidas implican una ponderación entre la afectación de derechos causada por el ejercicio indebido del derecho a la libre expresión y las medidas tendientes a repararla, por lo que para entender que una rectificación se ha hecho en condiciones de equidad, en la jurisprudencia constitucional se han fijado unas reglas y subreglas que fueron recopiladas en la Sentencia T-256 de 2013(51) así:
“Para que la rectificación en condiciones de equidad se acomode a los postulados constitucionales, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido los siguientes requisitos generales: (i) que la rectificación o aclaración tenga un despliegue informativo equivalente al que tuvo la noticia inicial; y (ii) que el medio de comunicación reconozca expresamente que se equivocó, es decir que incurrió en un error o en una falsedad.
Sobre los correctivos judiciales aplicables para el restablecimiento del equilibrio informativo la jurisprudencia constitucional ha construido una serie de subreglas de las que se destacan algunas de particular relevancia para la resolución del asunto bajo examen.
(i) En relación con la garantía de equivalencia ha indicado que esta no supone una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y su aclaración o rectificación. Lo fundamental es que la rectificación o aclaración de la información falsa o parcializada constituya un verdadero remedio a la vulneración de los derechos de la persona concernida, para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, pues ´de lo que se trata es que el lector —o receptor— pueda identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y el artículo enmendado´.
(ii) Sobre la oportunidad con la que la rectificación debe ser efectuada para que cumpla con su cometido de garantizar la protección efectiva de los derechos de quien ha sido afectado por una información errónea, ha establecido que ´el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego, previa verificación de los hechos´.
(iv) Ha establecido también la jurisprudencia que el derecho a la rectificación en condiciones de equidad es una garantía de la persona frente a los medios de comunicación, que solo es predicable de las informaciones más no de los pensamientos u opiniones considerados en sí mismos. De ahí la imposibilidad de solicitar la rectificación cuando el contenido que se pretende atacar está exclusivamente en el campo de las opiniones. Este criterio se ha matizado con la consideración que existe en cabeza del periodista un deber de cerciorarse razonablemente de la veracidad de los hechos o de las premisas en los cuales fundamenta su opinión o juicio de valor, bajo el presupuesto de la buena fe.
(v) Por último, la posibilidad de réplica por parte del lesionado, no goza de la misma estirpe constitucional del derecho de rectificación en condiciones de equidad. Si bien la publicación de un texto en el que la persona afectada asuma su defensa controvirtiendo las afirmaciones difundidas, favorece el equilibrio con la exposición de diferentes puntos de vista ante el público receptor, el constituyente optó por exigir la preservación de la verdad, más que la promoción del equilibrio informativo. En consecuencia, el mecanismo que la Constitución concibe y consagra para el restablecimiento extrajudicial de los derechos fundamentales que sean vulnerados como consecuencia de la extralimitación en el ejercicio informativo, es el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no la réplica”.
Las reglas anteriores, sin embargo, tienen un carácter genérico y orientador, por lo que su aplicación debe responder a las condiciones específicas de la afectación de los derechos involucrados en cada caso. Primero con el objeto de determinar si hay lugar a la rectificación y, segundo, en tal caso, para fijar el contenido adecuado.
Así las cosas, preliminarmente es necesario valorar si el contenido reprochado es una información en estricto sentido o se refiere a pensamientos u opiniones que, en sí mismos, no están sujetos a los requisitos de veracidad e imparcialidad; y a su vez debe determinarse si la carga de la prueba le corresponde a quien solicita la rectificación o si, por el carácter amplio e indefinido de las afirmaciones, el emisor debe justificar su negativa. Esta cuestión, además, reviste especial relevancia cuando en la publicación se realizan aseveraciones que implican responsabilidad penal, pues la presunción de inocencia exige que cualquier señalamiento en este sentido tenga como base una sentencia condenatoria en firme.
Igualmente, corresponde hacer una adecuación de la rectificación a la que haya lugar según las circunstancias fácticas concretas. De hecho, la Corte ha indicado que cuando la obligación de rectificar se somete al pronunciamiento de una autoridad judicial, “esta debe establecer en la respectiva providencia los lineamientos precisos bajo los cuales [la obligación de rectificar] deberá ser realizada”(52) o, en caso de controversia sobre una rectificación ya realizada, la autoridad debe determinar si la rectificación se hizo en condiciones de equidad, pues “queda en manos del juez la evaluación y la decisión correspondientes en el caso particular”(53).
Lo anterior parte del hecho de que la rectificación responde al alcance que tuvo el ejercicio del derecho a la libre expresión excediendo los límites constitucionales, lo que quiere decir que en ese contexto a la autoridad judicial le corresponde hacer una valoración para efectos de que la medida de rectificación esté dirigida a restablecer o, al menos, paliar la afectación iusfundamental. Lo que de antemano exige determinar si hay lugar a una medida de rectificación y, en tal caso, definir los términos de la rectificación y el despliegue informativo para garantizar las condiciones de equidad.
Es decir que los términos de la rectificación deben responder a las circunstancias particulares de la publicación con la que se desconocieron los presupuestos constitucionales pues, como lo ha sostenido este tribunal, únicamente se entiende que se ha rectificado cuando “con igual despliegue e importancia y por el mismo conducto utilizado inicialmente, el informador reconoce haberse equivocado, no en otras materias —aunque se refieran a la misma persona—, sino precisamente en el asunto objeto del error o equívoco”(54).
Lo anterior quiere decir que la medida de rectificación debe dar cuenta de quién fue el sujeto emisor de la publicación que no se ajustó a los parámetros constitucionales y cuál fue el contenido de la información pues, como se vio, se presentan escenarios en los que se exige desvirtuar la presunción de inocencia con una sentencia judicial en firme en tal sentido, como precisamente sucede con las acusaciones de responsabilidad penal. Así como también debe tomarse en consideración cuál fue el medio de comunicación usado y la difusión que tuvo o pudo tener la información con la que se faltó a la veracidad o a la imparcialidad, para que, en consecuencia, pueda definirse correcta y precisamente el canal y el contenido de la rectificación.
5.5.3. Sin embargo, la valoración sobre la necesidad de la medida de rectificación exige tener en cuenta que la vulneración iusfundamental se genera por la exposición pública de una información u opinión que no se ajusta a los estándares de veracidad e imparcialidad y, así mismo, que la rectificación implica, como regla general y en aplicación del requisito de equidad, que se realice una nueva exposición pública para reconocer la imprecisión y realizar las correcciones a las que haya lugar.
Lo dicho pone de manifiesto la importancia de realizar una valoración de la medida de rectificación para que obedezca a una real protección de los derechos fundamentales afectados, previniéndose que la exposición pública genere nuevas afectaciones en aquellos casos en que, por ejemplo, la violación de derechos es producida por la exposición pública misma, o que la recordación de los hechos objeto de la publicación, aún para aclararlos o desmentirlos, puede generar un efecto peor o indeseado para la persona afectada. Así las cosas, es preciso que la medida de protección obedezca a la solicitud de amparo, pues es la persona tutelante quien debe definir el alcance de la afectación y si pretende que el daño causado a sus derechos fundamentales sea resarcido, con lo cual se prevenga el riesgo de que la rectificación signifique una re-victimización.
Consideración, esta última, que exige en cuenta tanto las circunstancias fácticas, como el contenido de la publicación, los sujetos involucrados y, finalmente, el factor temporal transcurrido entre la afectación del derecho y la intervención del juez de amparo y la solicitud de amparo de la persona afectada.
5.6. El derecho a la libre expresión en el contexto de las nuevas tecnologías.
5.6.1. Como se advirtió, la aplicación del derecho a la libre expresión y su alcance dentro de los límites definidos por el ejercicio de otros derechos como la garantía al buen nombre y a la honra, tiene especial relevancia en la práctica de los medios de comunicación hodiernos en atención a la potencialidad de afectación que puede tener la difusión masiva de información. Sin embargo, la incursión y el auge de las nuevas tecnologías han determinado un escenario comunicativo en el que las diferencias con medios de comunicación tradicional como la televisión, la radio o la prensa, repercute directamente en el alcance y en el contenido del derecho a la libertad de expresión y otros derechos que también pueden resultar implicados.
En efecto, el avance tecnológico cobra especial atención dentro de las políticas del Estado y en el ordenamiento jurídico, por ser ahora esos medios un elemento determinante de las relaciones sociales actuales y del ejercicio de derechos. No en vano el legislador colombiano expidió la Ley 1341 de 2009 “[p]or la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones —TIC—”, con el objeto de determinar, entre otros, “el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones”(55).
En efecto, en la ley anteriormente mencionada se reconoce esta realidad de la comunicación, hasta el punto que se definieron las tecnologías de la información y las comunicaciones como el “conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes”(56), dentro de las cuales sobresalen por su uso masivo y cotidiano las redes sociales, en tanto que “medio social más a través del cual se puede compartir, comunicar y entretener” pero que, al mismo tiempo, implica “un aumento exponencial de sus usuarios que tienen la posibilidad de intercambiar información, propagar ideas, participar activamente y facilitar relaciones personales”(57).
Dentro de estas redes sociales, Facebook, por ejemplo, permite a sus usuarios crear una cuenta y un perfil con sus datos personales y establecer una red de contactos con quienes aquellos pueden interactuar, cruzar mensajes de manera instantánea, compartir fotografías, contenidos gráficos o de vídeo, difundir información, ideas y opiniones, e incluso jugar entre ellas por medio de las plataformas de tecnología virtual, y esto a nivel global.
5.6.2. En este contexto, las redes sociales se muestran como una posibilidad para ejercer de manera exponencial el derecho a la libre expresión, con un alcance masivo que no ofrecía, y aún no ofrece, el acceso restringido de los medios de comunicación tradicional. Lo anterior, en tanto a través de las nuevas tecnologías cualquier persona es una potencial comunicadora de información de cualquier tipo (noticiosa, personal, profesional, etcétera) o de opiniones con un alcance determinado por el uso que otras personas hagan de las mismas redes. Situación que marca una importante diferencia con los medios tradicionales en los que solo ciertas personas, de ordinario periodistas, ejercían la autoría del material publicado y ello solamente a través de canales especializados.
Pues bien, estos escenarios han sido ya identificados en la jurisprudencia constitucional y, específicamente, se han resaltado ciertas situaciones que determinan un cambio respecto al manejo de los contenidos publicados en las redes sociales. Así, a partir de diferentes estudios que sobre el tema se destacaron en la Sentencia T-256 de 2012(58), se advirtió que
“Existe un problema derivado de la falta de toma de conciencia real por parte de los usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y del valor que estos pueden llegar a alcanzar en el mercado. En muchos casos, los usuarios hacen completamente públicos datos y características personales que en ningún caso expondrían en la vida cotidiana como ideología, orientación sexual y religiosa etc.
— Los datos personales pueden ser utilizados por terceros usuarios malintencionados de forma ilícita.
— Existe la posibilidad de que traten y publiquen en la red información falsa o sin autorización del usuario, generando situaciones jurídicas proseguibles que pueden llegar a derivarse de este hecho.
— El hecho de que, a través de las condiciones de riesgo aceptadas por los usuarios, estos cedan derechos plenos e ilimitados sobre todos aquellos contenidos propios que alojen en la plataforma, de manera que puedan ser explotados económicamente por parte de la red social”.
Así, de lo anterior especialmente se destaca el riesgo que puede significar ese auge tecnológico al potencializar la posibilidad de exponer abundante información públicamente y, a la vez, la falta de consciencia de las personas o usuarios en relación con esta potencialidad propia de esa tecnología.
En tal sentido, esta corporación llama la atención sobre el hecho de que, por una parte, las nuevas tecnologías de comunicación son una herramienta que potencializa el derecho a la libre expresión permitiendo que las personas puedan expresar su opinión y difundir información desprovistas de barreras físicas o incluso sociales que en el pasado reducían esta posibilidad a ciertas personas y a de ciertas estructuras; pero, por otra, que la rapidez y espontaneidad con la que se aplica y difunde la tecnología determina que el alcance del derecho a la libertad de expresión pueda generar mayores riesgos frente a los derechos de otras personas.
Lo anterior significa que en el escenario de las nuevas tecnologías, especialmente en relación con las redes sociales, cobra una mayor relevancia el contenido y el alcance del derecho a la libre expresión de conformidad con las consideraciones desarrolladas en el acápite anterior, referido a los requisitos y contenidos en la Constitución y a los límites definidos por la garantía de los derechos de terceras personas.
De hecho, sobre esto último la Corte, apoyada en algunos apartes de la Declaración conjunta sobre la libertad de expresión en Internet de junio 1º del 2011(59), ha señalado que la libertad de expresión en internet se regula del mismo modo que en todos los medios de comunicación, por lo que las redes sociales no son un lugar que garantice o permita sin ninguna restricción “la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación”(60). Lo que quiere decir que el influjo de la tecnología confiere mayores herramientas y medios para ejercer el derecho a la libre expresión pero siempre dentro del marco que la Constitución lo define en relación con los requisitos de veracidad e imparcialidad, el derecho a la rectificación y el ejercicio de los derechos de terceras personas.
En coherencia con lo anterior, esta corporación se ha referido a la protección del derecho a la libre expresión y a los límites derivados en el contexto de las nuevas tecnologías y así, por ejemplo, en la Sentencia T-015 de 2015(61) se ocupó de resolver un caso en el que se controvertía la posible vulneración del derecho al buen nombre a raíz de la publicación de una propuesta artística en distintos medios de comunicación, entre ellos la red social Facebook. Y en esta oportunidad la Corte aplicó los mismos criterios que definen el alcance del derecho a la libre expresión y que en este fallo ya se han explicado para poder decidir con base en una sentencia judicial en firme que así lo indique.
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en donde resultan involucradas las nuevas tecnologías, las limitaciones referidas en ocasiones deben hacerse aún más estrictas, teniendo en cuenta precisamente sus propias características. Características o rasgos que determinan el manejo que en ellas se hace de la información pero que, al mismo tiempo, exigen una regulación particular, pues los usuarios están en todo caso sometidos a la Constitución y, en general, a los parámetros que limitan el ejercicio de la libre expresión(62).
Así pues, el libre acceso y la decisión autónoma sobre el contenido de las publicaciones, la difusión inmediata en un número de destinatarios exponencialmente alto, la indisponibilidad de la información una vez incorporada en la red social y la espontaneidad con la que la misma se expande, exige una especial atención en relación con la veracidad e imparcialidad de la información u opinión que se publica, por la posibilidad de afectación de los derechos de terceras personas. De manera que, si bien la percepción sobre las redes sociales puede ser desprevenida y, en este sentido, entendida por la mayoría de los usuarios simplemente como una actividad de comunicación entre conocidos o de ocio, el hecho que tenga una alta potencialidad de afectar derechos exige de los usuarios una conciencia, cuidado y observancia de los presupuestos constitucionales a la hora de publicar contenido que va más allá de lo personal o de una mera opinión.
Lo anterior, en tanto que los límites al ejercicio a la libre expresión parten de la naturaleza misma del derecho, sin importar el medio de comunicación en el que se ejerza. En otras palabras, ya sea a través de los medios tradicionales o de las nuevas tecnologías, lo cierto es que no todo lo que sea física o, ahora, virtualmente posible de expresar, es legítimo. Por el contrario, en algunos casos la limitación resulta más exigente en razón de la masificación que pueda tener la información, y, por ende, la posible mayor afectación a los derechos de terceros.
5.6.3. En tal contexto, el riesgo potencializado que significa ejercer el derecho a la libre expresión a través de las redes sociales debido a la posibilidad que tiene cualquier persona de publicar información y opiniones en escenarios de alta difusión determina que, a su vez, el derecho a la rectificación en condiciones de equidad cobre gran importancia como garantía para resarcir o paliar una posible afectación iusfundamental.
Esta rectificación parte del hecho, al que ya se hizo referencia, de una afectación de los derechos que se proyecta, más allá del acto de expresión, en la percepción equivocada el colectivo social se puede hacer de alguien a partir de la circulación de cierto contenido. Lo que resulta plenamente identificable en el escenario de las redes sociales, en donde además existe la posibilidad de comentar, discutir y difundir en la misma red sobre el contenido compartido, en tanto que después de la publicación y difusión, según las lógicas propias de estas redes, la afectación de los derechos del sujeto agraviado se concreta en la idea o percepción que sobre él se hacen los usuarios que reciben la información e incluso, en muchas ocasiones, por la construcción de la comunicación que se hace a partir de contactos elegidos, toda vez que esta información puede tener un mayor grado de credibilidad por provenir de personas que en algún sentido son cercanas o al menos reconocidas por cada destinatario.
Por tanto, la figura de la rectificación cobra mayor sentido como instrumento de amparo en relación con una vulneración que se concreta más allá del acto de publicación, al punto que aun cuando se retire del medio la información de contenido inconstitucional, al menos en ocasiones es necesario adoptar medidas que permitan remediar las afectaciones que se producen en derechos tales como la honra y el buen nombre.
Ahora, como se indicó en el apartado anterior, la jurisprudencia constitucional ha precisado unas reglas y subreglas orientadas a que la rectificación se realice, a la luz del artículo 20 superior, en condiciones de equidad. Reglas que deben aplicarse en consideración a la situación particular que generó la afectación de derechos. Lo que implica que para un caso puntual en el que la vulneración provenga de un ejercicio excesivo del derecho a la libertad de expresión por medio de una publicación en una red social que no se ciñe a las exigencias de veracidad e imparcialidad, es imperioso que la medida de rectificación parta de una valoración puntual de la red específica de la que se trata, en relación con el alcance y difusión del mensaje.
5.6.3.1. En atención a lo anterior, es preciso tener en cuenta que las dos reglas generales establecidas por esta corporación requieren, primero de una adaptación en el escenario de las redes sociales y luego de una aplicación puntual para el caso concreto de la publicación de que se trata y para la afectación de derechos que se haya producido.
Así, la primera regla establece “que la rectificación o aclaración tenga un despliegue informativo equivalente al que tuvo la noticia inicial”, lo que implica acudir a la misma red social y al mismo tipo de publicación, a fin de que la rectificación tenga unos destinatarios y difusión equivalentes a la de la publicación reprochada.
En segundo lugar, la Corte ha establecido “que el medio de comunicación reconozca expresamente que se equivocó, es decir que incurrió en un error o en una falsedad”. Y en este punto cabe destacar la diferencia que hay entre el contexto de los medios de comunicación tradicional, en el cual se fijaron estas reglas, y su aplicación en las redes sociales. Lo anterior, por cuanto más allá de la posible discusión sobre la propiedad de la información en redes sociales, el funcionamiento de las mismas se basa en la inmediatez, siendo incluso posible que el autor de la información conserve la discreción o el poder tanto de realizar como de retirar publicaciones en su cuenta personal. De manera que, para efectos de aplicar esta regla, se debe distinguir entre una publicación que hace el medio de publicación (como suele suceder en los medios de comunicación tradicional) o cuando la realiza el autor de la misma a título personal, como es el caso de las redes sociales, y en las que, en principio, son los titulares de las cuentas quienes, con relativa autonomía, deciden sobre la información que se publica en sus cuentas personales; información a la que, a su vez, tienen acceso otros usuarios.
Lo dicho, además, tiene una estrecha relación con el hecho rescatado en líneas anteriores de que las limitaciones a la expresión se derivan de la configuración o naturaleza misma del, y no del medio dónde este se ejerza. A lo que puede agregarse que particularmente su ejercicio en las redes sociales está supeditado a la libertad con que los usuarios disponen del contenido de sus cuentas y de la información que dan a conocer masivamente. Todo lo cual lleva a que haya una identificación directa entre la información publicada y el titular de la cuenta en donde se publica, más allá de si esta información está contendía en determinada plataforma virtual, que, por demás, suelen tener una indeterminada asignación de su propiedad más allá de las fronteras nacionales.
En tal escenario, la rectificación corresponde hacerla a la persona que autónomamente, en el escenario de libre acceso a las redes, hizo la publicación que resultó lesiva de los derechos de una tercera persona, y quien debe reconocer la falsedad o el error en el que incurrió.
5.6.3.2. De otra parte, la Sala considera que aquí corresponde hacer, para el caso específico de las redes sociales, un análisis sobre las subreglas que desarrollan específicamente el concepto de equidad de la rectificación en el escenario de las redes sociales, como son: (i) que las condiciones de equidad no suponen una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y la aclaración o rectificación de la información falsa o parcializada, sino que esta constituya un verdadero remedio a la vulneración de los derechos, para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, para que los destinatarios tengan claridad sobre la corrección de información que no era veraz o imparcial; (ii) que “el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego, previa verificación de los hechos”; (iii) que la carga de la prueba corresponde a quien solicita la rectificación; (iv) que se debe restringir la rectificación en condiciones de equidad solamente al contenido informativo o, incluso, sobre los presupuestos fácticos en que se fundamenten las opiniones; y (v) que la reparación de los derechos, según el mandato constitucional, consiste en la rectificación.
5.6.3.2.1. En este sentido, respecto de esa primera subregla es preciso partir del contenido particular de la publicación y de la forma como esta fue difundida en la red social, de manera que se exija que, en correspondencia, la rectificación tenga el mismo alcance a partir de los distintos criterios de contenido, despliegue e importancia que puede incluir la visibilidad en la red, la difusión entre los contactos, el tiempo de publicación y demás medidas útiles que permitan alcanzar la reparación del derecho conculcado.
5.6.3.2.2. Sobre la segunda regla, es importante tener en cuenta que una de las características que ofrecen las nuevas tecnologías y que resulta aplicable en el uso de las redes sociales es la inmediatez. De manera que la razonabilidad del tiempo para hacer la rectificación en este contexto tiene una valoración distinta, pues en estos escenarios el ingreso o retiro de un determinado contenido en principio está a cargo del mismo usuario quien, de manera directa, actúa en su cuenta sin lugar a trámites o procedimientos determinados, más allá de la posibilidad fáctica que cada quien tenga para acceder a la red a través de las nuevas tecnologías.
5.6.3.2.3. Por su parte, en lo que tiene que ver con la subregla referida a la carga de la prueba en cabeza de quien solicita la rectificación, esta no exige distinción en el caso de las redes sociales. Lo anterior, pues también en este evento se debe tener en cuenta que cuando se trata de afirmaciones amplias e indeterminadas la carga se invierte, el sentido de que quien se niega a rectificar debe demostrar la veracidad e imparcialidad de los contenidos. Asimismo, es preciso tener en cuenta el evento destacado en esta providencia en relación con los supuestos en que se hacen públicos reproches que involucran responsabilidad penal, pues se repite que el principio de presunción de inocencia exige una sentencia en firme que dé cuenta de la veracidad de una acusación o calificación semejante.
5.6.3.2.4. En cuarto lugar, la subregla dirigida a restringir la rectificación en condiciones de equidad solamente al contenido informativo o, incluso, sobre los presupuestos fácticos en que se fundamenten las opiniones, cobra todavía más relevancia para el caso del uso de redes sociales que, como se comentó, suelen tener tal grado de informalidad que usualmente no se tiene consciencia sobre sus implicaciones y, por tanto, sobre las limitaciones al derecho a la libre expresión. Y esto sin perjuicio de que aquí la capacidad de daño es quizá mayor que la que existen en los medios tradicionales, en razón del alto grado de difusión de las publicaciones en redes, en la afectación a los derechos fundamentales. Por lo tanto, la Sala considera preciso llamar la atención sobre el hecho de que es un asunto de particular relevancia constitucional en lo que concierne al alcance del derecho a la libertad de expresión.
En otras palabras, debe tenerse presente que el fácil acceso e informalidad de las redes sociales, la personalización de las cuentas y perfiles e incluso el grado de informalidad que para la mayoría de las personas puedan tener sus contenidos, por el hecho de ser manejados por particulares sin ningún estándar periodístico, en todo caso no pueden ser óbice para generar un espacio de desconocimiento de las garantías iusfundamentales que escape a los límites constitucionales y al control jurisdiccional.
Lo anterior, además, porque el uso de las redes, en su condición de nuevos escenarios de masificación de información, debe ser atendido con especial importancia, de manera que, así como ocurre con contenido de los medios tradicionales, cabe hacer una calificación de aquello que corresponda al espacio personal de opinión y de aquello con contenido informativo, objetivo y fáctico, que, en consecuencia, está sometido a las exigencias de veracidad e imparcialidad, como límites al derecho a la libre expresión.
5.6.3.2.5. Finalmente, para el caso de las redes sociales igualmente resulta aplicable la regla relativa a que la reparación constitucional de los derechos consiste en la rectificación, pues debe advertirse que en este escenario aquella no implica ni mucho menos se reduce a la posibilidad de hacer uso del derecho de réplica en la red social en donde tuvo lugar la vulneración de los derechos fundamentales. Por consiguiente, en los escenarios de mensajes instantáneos ofrecidos por las nuevas tecnologías no corresponde que se abra una discusión en la plataforma virtual de que se trate para darle la oportunidad a la persona afectada de que aclare o exponga su punto de vista, sino que, por el contrario, la protección inmediata y eficaz de sus derechos se concreta con la publicación de una rectificación en condiciones de equidad por parte de quien hizo la publicación dañosa, de tal forma que sea esa misma persona quien asuma la carga de comunicar que la información por ella no era del todo veraz y que con ella efectivamente vulneró los derechos de otra persona en particular o, según sea el caso, de un tercero.
5.6.5. Para concluir, y en coherencia con esto último, es preciso tener en cuenta el riesgo que ya se advirtió de que una rectificación pueda generar una re-victimización, en atención a que la vulneración parte de una publicación y la rectificación, para que se realice en condiciones de equidad, debe hacerse de la misma manera, lo que en ciertas situaciones concretas puede generar una sobre exposición pública indeseada e inconveniente para la persona afectada. Situación que en el caso de las redes puede tener mayor trascendencia por el hecho de que, se reitera, la información circula principalmente entre los contactos elegidos, con quienes, por ende, se puede tener una mayor sensibilidad sobre la información que se vuelva a publicar.
La anterior situación determina que sea necesario hacer un examen acorde con las condiciones de la afectación de derechos, de manera que se valore si, teniendo en cuenta la voluntad de la persona afectada, en realidad resulta conveniente la publicación de una rectificación y, en tal caso, cuál es el tipo de rectificación más apropiada para el restablecimiento de los derechos, tanto en lo que tiene que ver con el contenido que se debe rectificar como con las condiciones para presentarse.
Así las cosas, esta corporación ya ha tenido oportunidad de reconocer la aplicación de los límites al derecho a la libre expresión en diferentes contextos en que su ejercicio, por medio de las redes sociales, puede generar una afectación de derechos, por lo que a continuación se pasará a hacer un recuento de los diferentes tipos de maltrato con origen en el uso de las nuevas tecnologías que se han identificado, y esto con el propósito de reiterar o especificar las reglas que, de manera particular, se pueden extraer para el escenario del ejercicio del derecho fundamental a la libre expresión y los riesgos derivados de su ejercicio en las redes sociales.
5.7. Subreglas jurisprudenciales sobre el maltrato en redes sociales.
Una modalidad especial de afectación de derechos que ha cobrado particular importancia por el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones es el llamado “cyberbullying”, conocido también como ‘cibermatoneo’ o ‘ciberacoso’. Sobre este fenómeno, la Corte en su momento(63) hizo uso de una definición inicial dada por la Policía Nacional para casos que se presentaban entre menores de edad, al entenderlo que se presenta “cuando una persona menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otra persona menor mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otros medios técnicos similares”(64).
Asimismo, en diferentes sentencias esta corporación ha definido el “bullying” en el ambiente virtual como aquel con base en el cual el autor utiliza las herramientas de la tecnología de la información y las comunicaciones, en especial del internet y el celular, para maltratar a sus semejantes. Básicamente, el “cyberbullying” consiste en el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para amenazar físicamente, asediar verbalmente o excluir socialmente a un individuo de un grupo(65).Aunque también se ha definido como un tipo de agresión psicológica en la que se usan teléfonos celulares, internet y juegos en línea para enviar o publicar mensajes, correos, imágenes o videos con el fin de molestar e insultar a otra persona, el cual no se hace de frente y por ello no es fácil identificar a su autor. Así, se ha recalcado que el ciberacoso se ha hecho popular entre niños y jóvenes, quienes creen que pueden usar la red y estos dispositivos anónimamente para molestar a sus compañeros sin percatarse del daño que hacen pues “la información se envía de manera muy rápida, y borrarla o detenerla, es tarea imposible. Sus consecuencias pueden ser muy serias, terminando, como se ha visto en Colombia y en otros países, [incluso] en el suicidio de la víctima”(66).
En el escenario educativo esta corporación, al realizar el control concreto de constitucionalidad en razón de la posible afectación de derechos fundamentales en los establecimientos educativos por maltrato en redes sociales, encontró que de dicho maltrato eran víctimas tanto los estudiantes —menores de edad en su mayoría—, como los docentes y directivos. Incluso, desde las primeras decisiones que versaron sobre la problemática del maltrato en redes, cuando este tipo de maltrato aún no era una práctica consolidada, esta corporación señaló (2010) que “caso a caso, la jurisprudencia constitucional seguirá avanzando en dibujar y delinear los límites de estas nuevas dimensiones de los derechos, en plena evolución y transformación”(67).
De esta forma, paulatinamente la Corte ha ido precisando el alcance de la protección pertinente, al punto de que en ciertos casos ha exigido a instituciones educativas que implementen las medidas para hacer frente al matoneo, a fin de hacer conscientes a los menores del impacto de estas conductas y que las eviten(68). De igual forma, esta corporación también se ha referido de manera particular al maltrato que un estudiante puede sufrir por las expresiones que sus compañeros hacen en las redes sociales, advirtiendo que el derecho de expresarse libremente está supeditado a que no se usen expresiones insultantes ni desproporcionadas(69). Incluso, en ocasiones ha advertido que las instituciones educativas no solo debían tomar medidas para que dichas acciones cesaran, sino también para que se adelantara un proceso restaurativo en el que la persona agredida se sintiera reestablecida en sus derechos(70). De manera que corresponde a cada establecimiento educativo definir cuáles son las medidas para proteger los derechos fundamentales, para hacer cesar el maltrato y, correlativamente, adoptar medidas conocidas como de justicia restaurativa, en virtud de las cuales se impida que las secuelas de la lesión de derechos se proyecte en distintas vías y continúe incidiendo negativamente en el ámbito de la comunidad educativa(71).
De la misma manera, la Corte se ha referido a este tipo de maltrato en el escenario laboral, con motivo de la información que sobre los empleados se puede publicar en la red social de la empresa, y particularmente ha tratado el tema de los riesgos a los derechos fundamentales dentro de la red social Facebook. Así, esta corporación ha rescatado la importancia que tiene el consentimiento de quien va a ser expuesto en ella para proteger el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y honra(72) y, ante tales supuestos, ha rescatado el hecho de que la mayor exposición que proporcionan las redes sociales son una fuente de amenaza para los derechos fundamentales, por cuanto poseen herramientas incontrolables de procesamiento y permiten un uso ilimitado de la información depositada por los usuarios, pues las posibilidades de que esta pueda ser compartida son exponenciales y la mayoría de las veces desconocida por parte de los usuarios(73).
Este riesgo que se produce por el alto grado de publicidad y difusión de las redes sociales que ha sido advertido incluso en el ámbito familiar, en donde además la exposición de los datos personales pueden afectar a menores de edad, por lo que este tribunal ha sido claro en establecer que para la protección de sus derechos es necesario obedecer a las normas constitucionales y no principal o exclusivamente la regulación propia de la red social pertinente(74).
Asimismo, la Corte se ha pronunciado sobre eventos en los que se califican la conducta de alguien en redes sociales, como en el caso objeto de la Sentencia T-050 de 2016(75), en el que una persona requería a su deudora a través de una publicación en Facebook(76). Oportunidad en donde la Corte encontró que “que junto al mensaje divulgado se publicó una fotografía de la actora sin que mediara su consentimiento o, a falta de este, existiera una orden de la autoridad competente para que la misma fuera objeto de disposición por parte de terceros, lo que, sumado a lo difundido, atenta en mayor medida en contra de su imagen y su buen nombre”.
A partir de lo anterior, entonces, este tribunal indicó que aunque lo que se publica en las redes sociales está amparado por la libertad de expresión, el amparo de dicha garantía y sus respectivos límites se aplica a internet y a las redes sociales de la misma manera que a los demás medios de comunicación, según corresponda(77). Por razón de lo cual consideró que el hecho de publicar mensajes cobrando deudas a través de un medio de comunicación de alto impacto como Facebook, con múltiples usuarios que tienen prácticamente libre acceso a toda la información que se publica, “además de ser desmedido, evidencia una intención dañina por parte de la accionada (…)”. Y bajo las anteriores consideraciones señaló que los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de la accionante fueron afectados, por lo que terminó ordenando a la accionada que, “como medida simbólica”, publicara en el muro de su perfil de Facebook la correspondiente disculpa por la afectación causada a la actora; publicación que debería estar habilitada para el mismo número de personas que en su oportunidad tuvieron acceso al primer mensaje y durante un lapso igual al que este último permaneció publicado. No obstante lo cual, en todo caso supeditó la existencia de dicha publicación a la autorización de la accionante, quien debía considerar si la misma era inconveniente.
(i) Las redes sociales pueden convertirse en centros de amenaza, en particular para los derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen, al honor y a la honra(78).
(ii) Cuando se presentan amenazas o violaciones a derechos fundamentales en una red social, el problema de índole jurídico debe resolverse a la luz de las disposiciones constitucionales y no a partir de la regulación establecida por la red social específica de que se trate(79).
(iii) Las tecnologías de la información y las comunicaciones (redes sociales y otras) potencializan el daño causado a las víctimas de acoso y maltrato(80).
(iv) El derecho a la intimidad se trasgrede cuando se divulgan datos personales de alguien que no corresponden a la realidad(81).
(v) El derecho a la imagen emana del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Se trasgrede cuándo la imagen personal es usada sin autorización de quien es expuesto o si se altera de manera falsa o injusta la caracterización que aquél ha logrado en la sociedad(82).
(vi) Los derechos al buen nombre y a la honra se lesionan cuando se utilizan expresiones ofensivas, falsas, erróneas o injuriosas en contra de alguien(83).
(vii) El derecho a la libertad de expresión, materializado a través de cualquier medio, tiene límites. Así, no ampara la posibilidad de exteriorizar los pensamientos que se tienen sobre alguien de manera ostensiblemente descomedida, irrespetuosa o injusta(84).
(viii) El derecho a la libertad de expresión en principio tiene prevalencia sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que se demuestre que en su ejercicio hubo una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales de otros, en tanto los derechos de los demás en todo caso constituyen uno de sus límites(85).
(ix) En el ejercicio de la libertad de opinión no puede denigrarse al semejante ni publicar información falseada de este, so pena de que quien lo haga esté en el deber de rectificar sus juicios de valor(86).
(x) Ante casos de maltrato en redes sociales el juez constitucional debe propender porque se tomen medidas para que este cese y, además, para que se restauren los derechos de los afectados(87), siempre que así lo acepten estos últimos, condición que se exige en aras de evitar una nueva exposición al público de situaciones que hacen parte de su esfera privada(88).
Bajo los anteriores presupuestos y reglas jurisprudenciales, entonces, procederá la Sala a hacer el examen de revisión en el caso concreto de los fallos de instancia en relación con la presente acción de tutela, en la que se controvierte la posible afectación de los derechos al buen nombre y la honra a partir de una publicación realizada en la red social Facebook.
6.1. La señora K. J. P. S. presentó la acción de tutela contra su ex empleadora, la señora Y. G. C. M., solicitando la protección de su derecho fundamental al buen nombre, en tanto esta última publicó en su cuenta personal de la red social Facebook una foto de su rostro acompañada de un comentario para ella injurioso y contrario a su buen nombre.
La tutela le fue notificada personalmente a la señora C. M. Sin embargo, dentro del término de traslado guardó silencio, razón por la cual el juez de la causa, en atención a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, dio por ciertos los hechos contentivos de la demanda de tutela y concedió el amparo solicitado, producto de lo cual le ordenó a la accionada retirar la publicación difamatoria de la red social y abstenerse en el futuro de divulgar o publicar mediante cualquier medio, fotografías o comentarios sobre la accionante.
Como fundamento de su decisión en primer lugar el juez de tutela determinó que la acción de amparo resultaba procedente por cuanto, aunque se elevaba contra una persona particular, la tutelante se encontraba en una situación de indefensión en relación con el uso que la accionada puede hacer de la red social para hacer publicaciones refiriéndose a la actora y, adicionalmente, su pretensión no podía ser satisfecha ante la jurisdicción ordinaria por el plazo de tiempo que ello exigiría. De tal forma que “el poder protector y reparador que tal jurisdicción tiene respecto del derecho a la honra y al buen nombre resulta precario en el presente caso”.
Por otra parte, en relación con el fondo del asunto, el juez concluyó que la publicación realizada por la señora C. M. en la red social de Facebook efectivamente vulneraba los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad de la señora P. S., en tanto que contenía “expresiones ofensivas e injuriosas así como informaciones falsas o erróneas”(89) sobre su persona que afectaban gravemente su reputación, además de la valoración que puede tener dentro de una colectividad, y perturbaban seriamente su entorno personal, familiar y social.
6.2. Esta Sala encuentra que, en principio, la decisión del fallo en única instancia proferido dentro del presente proceso de tutela se ajusta a los límites que la Constitución define para el caso específico del derecho a la libre expresión en relación con la veracidad, imparcialidad y la garantía de los derechos mencionados por el juez. Al mismo tiempo que atiende los presupuestos que sobre la materia se han desarrollado en la jurisprudencia que se resaltaron en las consideraciones generales de esta providencia. En tal sentido, se halla razón al juez cuando indica que las afirmaciones que realizó la demandada afectaban gravemente la reputación de la accionante, así como la valoración que puede tener dentro de una colectividad, además de que perturba seriamente su entorno personal, familiar y social, en tanto indudablemente contiene “expresiones ofensivas e injuriosas así como informaciones falsas o erróneas”(90) sobre su persona.
Con fundamento en lo anterior, y para los efectos de la valoración que realizó el juez de instancia, se tiene que la orden dirigida a que la accionada retirara de la red social Facebook y de cualquier otro medio de publicación la imagen de la tutelante y los comentarios sobre ella, resultó adecuada para efectos de que cesara la afectación a sus derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad.
6.3. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario advertir que en el fallo mencionado se omitió analizar los efectos derivados de la publicación con la que se afectaron los derechos fundaméntales de la tutelante, y particularmente el hecho que dicha publicación se realizó a través de una red social en la que, como se examinó en las consideraciones de esta providencia, genera un especial riesgo en razón al nivel de difusión que caracteriza a tales medios de comunicación. Así pues, esta situación determina que sea necesario que la Corte realice un análisis específico del caso bajo estudio para efectos de determinar si cabía tomar alguna medida adicional con la finalidad de garantizar efectivamente los derechos de la accionante.
6.4. Según las pruebas que obran en el expediente, se tiene que la señora Y. G. C. M. utilizó su cuenta personal de la red social Facebook para publicar una foto de la señora K. J. P. S., precedida de algunos comentarios con los que se le endilga la comisión de determinados delitos pero sin que conste una sentencia judicial en firme que dé cuenta de responsabilidad penal alguna. Además, dicha publicación fue vista no solo por las partes entre quienes está trabada la presente litis, sino también por aquellas personas que tienen acceso a la cuenta de la accionada, algunas de las cuales incluso la comentaron, tal y como consta en los anexos aportados por la actora.
Esta situación pone de presente una controversia en relación con el ejercicio del derecho a la libre expresión de la señora C. M. a través de la red social Facebook. A partir de ello, la Sala observa que el ejercicio del derecho en mención no se ciñó a los presupuestos constitucionales en términos de veracidad e imparcialidad. En efecto, se advierte que la exposición en Facebook de la imagen de la señora P. S. acompañada de la afirmación que realiza sobre su calidad de “ladrona”, indudablemente escapa a cualquier escenario subjetivo o de opinión y, por lo contrario, refiere una acusación de una situación fáctica concreta relacionada con la comisión de un delito, pero sin que en ello se haya demostrado como cierto.
Sin embargo, en esta providencia se hizo especial énfasis en el hecho que las afirmaciones públicas sobre la responsabilidad penal de una persona deben atender a la garantía constitucional de la presunción de inocencia, por lo que para atribuirle a alguien un delito es un requisito ineludible contar con una sentencia judicial en firme que dé cuenta de ello. En consecuencia, el ejercicio del derecho a la libre expresión de la accionada resultó, a todas luces contrario al alcance constitucional del derecho y, al mismo tiempo, desborda los límites fijados en el ejercicio de los derechos al buen nombre y a la honra, pues como lo ha indicado esta corporación “[n]o puede sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la libertad de información”(91).
6.5. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que con la exposición pública de la accionante en una red social con información que carece de veracidad y que desconoce la presunción de inocencia, también se vulneró su derecho a la imagen, entendido como la autonomía que tiene una persona para elegir cómo quiere verse y cómo quiere ser percibida con los demás(92); a la intimidad, visto como la posibilidad que tiene una persona para autorizar la divulgación o publicación de sus datos personales y que estos correspondan a situaciones reales(93); al buen nombre, enmarcado en la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida(94); y a la honra, apreciado a partir del valor intrínseco que tienen los individuos frente a la sociedad o frente a sí mismos(95).
6.6. Además el caso objeto de examen exige que se tenga en cuenta que la publicación que afectó los derechos de la tutelante se realizó en la red social Facebook, lo cual determina que, como se indicó en las consideraciones generales, la vulneración iusfundamental tenga un alcance particular en atención a las características de funcionamiento de la misma red.
Así pues, es preciso atender al hecho que la publicación ingresada por la señora C. M. pasó a circular por la red a partir de las lógicas de difusión espontánea de la misma, en donde la distribución en cadena de los mensajes desbordan el actuar del mismo autor del mensaje y, además, gozan de un nivel de difusión y de visibilidad en las cuentas personales de otros usuarios de forma masiva que indudablemente agrava la afectación de los derechos de la accionante.
6.7. La situación descrita resulta determinante a la hora de evaluar las medidas de protección que corresponde asumir al juez de amparo, toda vez que, como se indicó en las consideraciones generales de esta sentencia, la naturaleza de los derechos y el tipo de afectación originada por la difusión de una información que desconoce los derechos al buen nombre y a la honra genera, especialmente, una afectación que se proyecta más allá del acto de publicación en la percepción que, a raíz de una información errónea o inexacta, se pudo formar un determinado colectivo social sobre la accionante.
Como se advirtió, las afectaciones a los derechos mencionados dentro de las redes sociales, teniendo en cuenta sus características particulares ampliamente explicadas y comentadas(96), determinan que sea necesario adoptar dos tipos de medidas distintas para hacer frente al tipo de vulneración de derechos, asociados con la percepción que la sociedad puede tener de una persona y sus calidades. En este sentido, el juez constitucional debe propender porque (i) se tomen medidas para que la afectación iusfundamental cese, pero, además, para que (ii) se restauren los derechos afectados.
Por ende, en relación con el primer aspecto la Sala advierte que el juez de tutela adoptó la medida tendiente a la cesación del daño y, en este sentido, se confirmará la orden proferida a la señora C. M. de que retire de la red social Facebook y de cualquier otro medio de publicación la imagen de la tutelante y los comentarios sobre ella.
Mientras que sobre el segundo aspecto, por el contrario, llama la atención el hecho que el fallador no previó las medidas necesarias para restaurar los derechos de la señora P. S. que resultaron afectados como consecuencia de la publicación reprochada y la difusión de la misma. En este sentido, se reprocha el hecho de que no se haya valorado la aplicación de una medida de rectificación en condiciones de equidad dirigida a mitigar los efectos negativos que sobre los derechos al buen nombre y a la honra pudo haber sufrido la actora.
En efecto, en casos como el que aquí se estudia resulta necesario que se pasen a verificar las reglas fijadas en la jurisprudencia constitucional respecto de la rectificación de una afectación de derechos en redes sociales, precisadas en el numeral 5.6.4. de las consideraciones generales de esta decisión. De modo que, además de que se retire la publicación, en lo posible se reparen los daños causados.
Por lo tanto, la Sala considera que en particular el juez de amparo debió valorar la posibilidad de que la accionada (i) realizara una nueva publicación en la misma red, (ii) en la que reconociera su equivocación en relación con lo manifestado sobre la señora K. J. P. S., por cuanto faltó con ella a la verdad y desconoció la presunción de inocencia. Lo anterior en tanto esa publicación, como lo indican las reglas mencionadas, (iii) habría tenido que ser expuesta en la red social, al menos, por el mismo tiempo que aquella que generó la afectación iusfundamental, y, de manera especial, (iv) debió realizarse a la mayor brevedad posible.
Así, llama la atención este último aspecto pues en el presente caso, si bien había lugar a ordenar una rectificación, esta era una medida que correspondía realizar de manera inmediata, pues en estos supuestos, como se estableció en las consideraciones generales de este fallo, el trascurso del tiempo puede llevar a una situación de re-victimización de quien con una nueva publicación termina siendo nuevamente expuesto y relacionado ante la opinión pública en relación con unas las circunstancias que causaron la afectación de sus derechos fundamentales.
La situación anteriormente descrita, toma mayor relevancia en razón a que, en el caso objeto de revisión, además de que desde la ocurrencia de los hechos vulneradores ha transcurrido un tiempo considerable, no se encuentra que la accionante haya tenido un especial interés en ello. En efecto, la accionante centra su alegación de amparo en la afectación causada por la publicación que reprocha como contraria a la verdad, sin otras pretensiones. Incluso, la actora no impugnó el fallo de instancia, por lo que puede deducirse su aquiescencia con el mismo, por lo que mal haría este tribunal en ordenar una rectificación contraria a sus intereses y que derive en una re-victimización.
En tal orden de ideas, la Sala pasará a confirmar el fallo objeto de revisión, pero no sin advertir al juez de amparo que en estos casos la efectiva garantía iusfundamental en todo caso comprende, además de la cesación de la vulneración con la orden de retirar la publicación, también la valoración sobre la medida de rectificación tendiente a la reparación de los derechos fundamentales afectados, a partir de las reglas que esta corporación ha destacado en el contexto de las redes sociales.
1. CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 23 de septiembre de 2015 por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C.
2. ADVERTIR al juez Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C. que en estos casos la efectiva garantía iusfundamental comprende, además de la cesación de la vulneración con la orden de retirar la publicación, la valoración sobre la medida de rectificación tendiente a la reparación de los derechos fundamentales afectados, a partir de las reglas específicas que esta corporación ha precisado para el contexto particular de las redes sociales.
1 Folio 3.
2 Folios 1 y 2.
5 Folio 15.
7 Folios 4, 5 y 6.
8 Folio 32.
9 “ART. 20.—Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.
10 Folio 23.
11 Folio 23.
12 Folio 30.
13 Sentencia T-643 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
15 Sentencia T-405 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Sentencia T-379 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 Sentencia T-405 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño
19 Sentencia T-643 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
20 Folio 15.
21 Cfr. Sentencias T-921 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-787 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-634 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
22 Cfr. Sentencias T-277 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa, T-088 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo, y T-219 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao, entre otras.
23 M.P. María Victoria Calle Correa.
24 Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la cual a su vez cita a la Sentencia T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
25 Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26 Así pues, en la Sentencia C-010 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, en donde se examinó la constitucionalidad de varias normas relacionadas con la difusión de contenidos por el medio radial, se indicó específicamente que “[e]s claro que las libertades de información y de expresión tienen un trato distinto, y la Constitución admite mayores limitaciones a la primera. En efecto, mientras que la emisión de opiniones no tiene en principio límites, la transmisión de datos fácticos está protegida solo si se trata de una información veraz e imparcial (CP art. 20). Esto significa que la veracidad e imparcialidad constituyen condiciones de legitimidad o presupuestos que delimitan el ámbito constitucionalmente protegido de la libertad informativa, tal y como se desprende de numerosos pronunciamientos de esta Corte”.
27 Sentencia T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
28 Cfr. Sentencias T-256 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa y T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
29 Sentencia T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
30 Al respecto ver, entre otras, las sentencias: T-602 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU 1721 de 2000, T-1195 de 2004, T-218 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo, T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa y T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
31 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
32 Sentencia T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
34 Sentencia T-110 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
35 Al respecto la Sentencia T110 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en concordancia con la Sentencia T-293 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, estableció que “no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad, sacrificando principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la honra. En esa misma dirección no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público”.
36 Sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos del 9 de marzo de 1964. Proceso 376 US 254.
37 Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
38 Sentencia 49/2001 (febrero 26), Sala Segunda del Tribunal Constitucional Español.
39 Sentencia C-489 de 2002 M.P. Rodrigo Escoban Gil.
40 Sentencia C-489 de 2002 M.P. Rodrigo Escoban Gil.
41 Sentencia T-015 de 2015, Luis Ernesto Vargas Silva.
42 T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
43 A parte citado en la Sentencia T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, a partir de lo establecido en los fallos: T-603 de 1992 M.P. Simón Rodríguez Rodríguez, T-040 de 2005 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-088 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo.
44 Sentencia T-110 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
45 T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Al respecto también ver las sentencias T-602 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-1721 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-1198 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-218 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
46 Al respecto ver las sentencias T-512 de 1992 MM.PP. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morrón Díaz, y T-040 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
47 Sentencia T-040 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
48 T-332 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
50 T-277 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
51 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
52 T-218 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
53 T-332 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
54 T-074 de 1995, José Gregorio Hernández Galindo.
55 Artículo 1º—De hecho, se destaca que allí también y en la que el Ministerio de Comunicaciones pasó a denominarse Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (artículo 16).
56 Artículo 6º.
57 Sentencia T-256 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, quien a su vez se basó en el Memorandum de Montevideo, adoptado en el marco del Seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet.
59 Declaración realizada por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
60 Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
62 Al respecto, en la Sentencia T-260 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, se precisó, en relación con el caso concreto que “se resolverá a partir de las disposiciones constitucionales y de la posible afectación de derechos fundamentales contenidos tanto en el ordenamiento interno como internacional y, no a partir de la regulación establecida por la red social Facebook, pues la vulneración del contenido de un derecho fundamental no depende de la transgresión o acatamiento de estas”.
63 Sentencia T-713 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa. la Sala Primera de Revisión resolvió una acción de tutela interpuesta por los padres en representación de su hijo menor contra un colegio de Girardot para que se le protegieran sus derechos al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la igualdad, vulnerados como consecuencia de la sanción que se le impuso por publicar en la red social Facebook comentarios contra la rectora de tal institución.
64 Otra noción al respecto es que ‘cibermatoneo’ o ‘ciberacoso’ es uso de información electrónica y medios de comunicación (correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, consolas de juegos de videos, etc.) difamatorios, amenazantes, degradantes, agresivos para acosar, intimidar, amedrentar, humillar, o fines similares, realizada sobre un individuo, mediante ataques personales u otros medios de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Las agresiones pueden realizarse bajo un formato anónimo o de identidad falsa o adulterada.
65 Ver: Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
66 Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
67 Sentencia T-220 de 2004.
68 En la Sentencia T-905 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se estudió una acción de tutela interpuesta por unos padres de familia en representación de su hija menor contra las directivas de su colegio, la secretaría de educación distrital y otros, por cuanto ella era víctima de maltrato por su aspecto físico, tanto en el colegio como en las redes sociales. Además, esta Corte advirtió sobre el hecho de que, además, era preocupante el hecho de que no existiera una definición sobre el matoneo, sus elementos y tipologías o niveles de complejidad, para que fuera distinguible de otras formas de conflicto escolar, “pues ello impedía la diferenciación de una estrategia plena, que at[endiera] las necesidades puntuales de las partes, los padres de familia y, adicionalmente, de los profesores”. De manera que “los instrumentos y la estrategia adoptada por el colegio para hacer frente al problema fueron insuficientes para garantizar la restauración de los derechos de la víctima y para acreditar que la experiencia sirviera para que los menores infractores identificaran y evitaran la multiplicación de ese tipo de conductas”.
69 En la Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se estudió el caso de un estudiante que solicitó que se ampararán sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, por haber sido expulsado de una universidad en Bogotá a causa de haber expresado en malos términos en su cuenta personal de Facebook un desacuerdo con una decisión tomada por las máximas autoridades de la universidad sobre su proceso de graduación, en virtud de la cual los docentes se sintieron agredidos.
70 En la Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se estudió el caso de un estudiante que solicitó que se ampararán sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, por haber sido expulsado de una universidad en Bogotá a causa de haber expresado en malos términos en su cuenta personal de Facebook un desacuerdo con una decisión tomada por las máximas autoridades de la universidad sobre su proceso de graduación, en virtud de la cual los docentes se sintieron agredidos.
71 Por su parte, en la Sentencia Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, en donde se estudió una acción de tutela presentada por una madre de familia, en representación de su hijo, contra el colegio en el cual adelantaba sus estudios, por considerar que sus derechos fundamentales fueron violentados a causa del maltrato que él recibía por parte de sus compañeros personalmente y a través de la red social Facebook. Así, la accionante solicitó que el colegio accionado les ordenara a los padres de los compañeros del joven que les prohibieran maltratarlo en cualquier forma y les exigieran respeto hacia él, eliminando para ello el grupo que crearon en Facebook en su contra y retractándose públicamente de lo que habían expresado allí.
72 En la Sentencia T-634 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, este tribunal revisó una acción de tutela interpuesta por una mujer contra la empresa de masajes en la que prestó sus servicios personales, por cuanto esta última se negaba a retirar de la red social Facebook y de otros medios de publicidad varias imágenes de ella que, a pesar de que en un primer momento autorizó su publicación, luego consideró que afectaban sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, pues aquéllas aparentaban que en lugar de publicitar el ofrecimiento de masajes se promocionaba el ofrecimiento de servicios de carácter sexual.
73 Sentencia T-260 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta oportunidad la Corte mencionó entre los factores generadores de riesgo para los derechos fundamentales en las redes sociales, los siguientes: (i) la falta de “toma de conciencia real por parte de los usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y del valor que estos pueden llegar a alcanzar en el mercado”; (ii) la posibilidad de que los datos personales puedan ser utilizados por “terceros usuarios malintencionados de forma ilícita”; (iii) la posibilidad de que información falsa o sin autorización del usuario sea publicada en la red; (iv) la posibilidad que los usuarios dispongan contenidos propios en la plataforma para que sean explotados económicamente por parte de la red social sin su pleno conocimiento; (v) la posibilidad de que las redes sociales ocasionalmente permitan a los motores de búsqueda de internet indexar en sus búsquedas los perfiles de los usuarios, junto con información de contactos y perfiles de amigos; (vi) la dificultad del proceso de eliminación de información propia una vez ha sido depositada en la red; y (vii) la posibilidad que tiene estas plataformas de ubicar geográficamente al usuario a través de la dirección IP y conocer el dispositivo desde el que se conecta lo cual permite contextualizar los contenidos y la publicidad mostrada al usuario.
74 En la Sentencia T-260 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, se estudió una acción de tutela interpuesta por la madre de una menor de 4 años de edad en contra del padre de aquella, con la que buscó que su hija se le respetaran los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad por cuanto el tutelado había abierto a nombre de la menor una cuenta en la red social Facebook, aún a pesar de que la niña ni siquiera tenía la edad requerida por dicho portal para tal. Lo anterior, pues temía que información de la pequeña circulara de manera insegura y descontrolada en las redes sociales, de forma tal que se pudieran amenazar sus derechos fundamentales o incluso constituirse en víctima de maltrato.
76 Sentencia T-050 de 2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
78 Sentencia T-260 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
80 Sentencia T-713 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa.
82 Sentencias T-379 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-634 de 2013 María Victoria Calle Correa.
86 Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
87 Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
88 Cfr. Sentencia T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
89 Folio 30.
90 Folio 30.
91 Sentencia T-040 de 2013.
92 Sentencia T-379 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
93 Sentencia T-634 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
94 Sentencia T-411 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, citada en la Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
96 Cfr. Numerales 5.4 y 5.5. de las consideraciones generales de este fallo.