Source: https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/resolucion-numero-2082-2015-585138998
Timestamp: 2020-08-09 23:16:05
Document Index: 225102534

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 307', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 31', 'artículo 80', 'artículo 95', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 306', 'artículo 314', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 31']

Resolución número 2082 de 2015, por la cual se adoptan medidas para afrontar los efectos del Fenómeno de El Niño, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) - 15 de Octubre de 2015 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 585138998
Artículo 5º. Prohibir en el territorio de jurisdicción de la CorporaciónAutónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el uso de agua provista por acueducto o tomada directamente de fuentes hídricas, para riego de prados, jardines, lavado particular de autos y actividades no autorizadas.
Artículo 6º. Prohibir la realización de quemas abiertas en áreas rurales de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), tales como aquellas orientadas a:
Artículo 7º. Prohibir el desarrollo de las siguientes actividades en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR):
Artículo 8º. La operación de los sistemas regulados de agua, tales como embalses y lagunas ubicados en la jurisdicción de la CAR, debe hacerse de manera coordinada con la Corporación, como autoridad ambiental, quien velará por la optimización de los volúmenes de agua almacenados y restricción de las descargas
Artículo 9º. Para efectos de afrontar el Fenómeno de El Niño, la Corporación, en coordinación con las autoridades departamentales, el Distrito Capital y los municipios, adoptará las siguientes medidas:
Artículo 10. Exhortar a los entes territoriales sobre la necesidad de buscar fuentes alternas de abastecimiento para la población, previo aseguramiento de la potabilidad de dichas aguas, sin perjuicio de los trámites administrativos ambientales a los que haya lugar
Artículo 11. Los prestadores de servicios públicos domiciliarios de agua, incluidas las asociaciones de usuarios del servicio de agua, deberán realizar monitoreo al caudal (dos veces al mes), y a la calidad del agua (una vez al mes), de las fuentes hídricas, e informar permanentemente a la autoridad ambiental.
Artículo 12. Advertir a la comunidad asentada en jurisdicción de la CAR, que:
Artículo 13. Requerir a las autoridades de policía, para que en cumplimiento del artículo 307 del Decreto-ley 2811 de 1974, en concordancia con los artículos 2º y 62 de la Ley 1333 de 2009, adopten acciones tendientes al cumplimiento de la presente resolución.
Artículo 14. El incumplimiento a lo resuelto en el presente acto acarrea la imposición de las medidas preventivas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las demás acciones administrativas y penales a que haya lugar.
Artículo 15. A través de las direcciones regionales, se deberá comunicar el contenido del presente acto administrativo a los alcaldes de la jurisdicción de la CAR, a las inspecciones de policía, a la defensa civil y a los cuerpos de bomberos.
Artículo 16. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial, en el Boletín de la Corporación y en la página web de la entidad.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en los artículos 306 y 314 (literal b) del Decreto-ley 2811 de 1974, el artículo 2.2.3.2.13.16. del Decreto número 1076 de 2015, y el artículo 31 (numerales 2 y 12) de la Ley 99 de 1993,
Que los artículos 8º y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación;
Que según el artículo 80 del mismo ordenamiento, el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental;
Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política, consagra el deber de toda persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente sano;
Que conforme al artículo 58 superior, se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles; de igual manera, según dicho precepto, la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una función ecológica;
Que el artículo 1º del Decreto número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo; asimismo, dispone que los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social;
Que del mismo modo, el artículo 9º de este código dispone que los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento, con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan ese ordenamiento, y que los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen;
Que el artículo 306 de dicho decreto, señala que en caso de incendio, inundación, contaminación u otro caso semejante, que amenace perjudicar los recursos naturales renovables o el ambiente, se adoptarán las medidas indispensables para evitar, contener o reprimir el daño, las cuales durarán lo que dure el peligro;
Que de conformidad con el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, corresponde a la administración pública, entre otras obligaciones, reducir las pérdidas y derroche de aguas, y asegurar su mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica
Que en concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.3.2.13.16. del Decreto número 1076 de 2015 determina lo siguiente:
"En casos de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), podrá restringir los usos o consumos temporalmente. A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables. El presente artículo será aplicable aunque afecte derechos otorgados por concesiones o permisos.
Los derechos de uso sobre aguas privadas también podrán limitarse temporalmente por las razones a que se refiere este artículo";
Que el artículo 2.2.5.1.3.14. del ordenamiento mencionado, establece:
"Artículo 30. Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente:
Parágrafo 1º. En un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto los citados ministerios deberán expedir la reglamentación requerida en el presente artículo, la cual contendrá los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que se deben cumplir para que se puedan efectuar las quemas agrícolas controladas de que trata el presente artículo a partir del 1º de enero de 2005";
Que el Ministerio de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció los requisitos, términos, condiciones y obligaciones para las quemas abiertas controladas en áreas rurales, en actividades agrícolas y mineras, mediante Resolución número 532 de 2005;
Que en el artículo 8º de dicho acto, se estableció que en épocas de verano, y bajo condiciones climáticas especiales establecidas por el Ideam, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá suspender las quemas controladas, realizadas en cualquier tipo de actividad, por zonas o en todo el territorio nacional, si a ello hubiese lugar;
Que asimismo, el artículo 9º de la resolución mencionada, dispuso que en desarrollo del principio de rigor subsidiario, las autoridades ambientales podrán adoptar normas más restrictivas que las establecidas en dicho acto, para efectos de las quemas agrícolas y mineras controladas;
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 estableció las funciones de las corporaciones autónomas regionales, entre las cuales se incluyeron las siguientes:
"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que...
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