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Timestamp: 2019-12-13 21:54:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 593', 'artículo 3', 'artículo 593', 'artículo 593', 'artículo 593', 'artículo 593', 'artículo 593', 'artículo 633', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 150', 'artículo 191', 'Artículo 1']

Las materias concernientes al Derecho Internacional Marítimo son en la actualidad motores de vertiginosas transformaciones.
Es por ello que creemos necesario un aporte para clarificar las diferentes tendencias y enfoques e incertidumbres que suelen acarrear las nuevas corrientes que tratan de interpretar los variadísimos usos de los espacios marítimos.
Innumerables conferencias han tratado de regularizar una reglamentación uniforme.
Entre ellas cabe destacar, la Conferencia de Codificación reunida en La Haya en 1930, donde surgieron tres tesis las cuales no condujeron a un entendimiento.
Iguales resultados arrojaron las conferencias sobre el Derecho del Mar reunidas en Ginebra en febrero de 1958 y en marzo de 1960.
En efecto, nos encontramos ante la más completa anarquía jurídica frente al mar territorial, la cual se agrava en la actualidad, con la continua adhesión unilateral de países a la política de las 200 millas, que ha engendrado una nueva oscuridad en el Derecho Marítimo.
En la práctica internacional nos encontramos ante una progresiva tendencia a la ampliación del mar territorial: Gran Bretaña, y con reservas Francia, tienen un mar territorial de 3 millas. Otros Estados, como los Escandinavos a Islandia, contemplan 4 millas como mar territorial; España, Portugal y Marruecos establecen un mar jurisdiccional de 6 millas; México de 9 millas; URSS, Rumania y Bulgaria de 12 millas.
Como podemos fácilmente detectar, hay una variabilidad considerable, en cuanto a su determinación. Creemos imperativo imprescindible, en primer lugar, establecer una regla generalizada al respecto.
Hemos querido soslayar las condiciones jurídicas en que se encuentran los Estados, frente al mar territorial. Junto a ellos nos enfrentamos al Derecho y deber de las naciones de conservar y explotar los recursos naturales de sus mares, motivo por el cual nos hemos propuesto analizar sumariamente las posiciones de Latinoamérica frente a la tesis de las 200 millas marítimas.
No es tarea fácil, poder soslayar con éxito, el pensamiento de Latinoamérica frente a las 200 millas, que por su naturaleza es muy controvertido y dispar, por razones que se analizarán a lo largo de la exposición.
En la determinación y fundamentación de la tesis de las 200 millas, intervienen copulativamente diferentes elementos.
I Geográficos II Económicos III Estratégicos IV Jurídicos
Este elemento es sin duda, un factor que se debe examinar para la determinación de la zona de 200 millas. Nos referimos en primer lugar a este factor, porque científicamente el concurrirá a señalarnos las existencias de elementos de carácter geográfico, que hagan válido la existencia a nuestro juicio de una zona de preservación de riquezas marítimas, tanto minerales como vegetales y animales.
Estos factores geográficos y ecológicos pueden coincidir o no con las 200 millas.
Todos los Estados dentro del concierto de las naciones, tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico, entre los cuales para los países marítimos, ocupa un lugar prominente la debida conservación, protección y explotación de los recursos naturales que poseen en sus mares y que constituyen fuentes irreemplazables de subsistencia, y de vitales recursos económicos.
Los países sostenedores de esta tesis de 200 millas, movidos por tan legítima obligación, tienen correlativamente el derecho a preservar en base a los 4 elementos señalados, sus riquezas marítimas, como un imperativo económico, que sin duda alguna debe encontrar una manifestación clara y efectiva en el derecho.
Pero ello será posible únicamente, a nuestro juicio, si se basan en una política de frente, con una posición que haga posible un enfrentamiento de expectativas en el mundo de la política internacional, del cual, es imposible prescindir si pretendemos hablar en términos que no signifiquen caer en la abstracción. Estas determinantes económicas junto a los factores sociales al servicio de los cuales están, constituyen la esencia de la fundamentación jurídica de las 200 millas.
Junto a los factores geográficos, económicos, anteriormente expuestos, a nuestro juicio se debe destacar un factor, que si bien no constituye el elemento básico, complementa el cuadro del estudio propuesto. Nos referimos al factor 'Estratégico '.
Tomemos a título de proposición el Oceano Pacifico, el cual, como se sabe, posee las mas grandes distancias, el mayor número de islas, las más extensas corrientes, los más grandes tifones y algunas de las áreas de más significación estratégica, además de una variada flora y fauna explotada por un sinnúmero de naciones del globo; estos elementos nos dan una breve visión del significado de dicho océano.
Gran parte de los países americanos son ribereños del Pacífico, de ahí emana su extraordinaria importancia en el contexto americano.
Si analizamos la conducta de EE.UU., por citar una potencia, como podría señalarse a título de ejemplo cualquiera otra, en la correlación de fuerzas del mundo actual, nos encontramos frente a la reiterada negación de la tesis de las 200 millas como 'Mar Territorial' en términos clásicos de Derecho Internacional. La política de negación persistente de dichas potencias obedece a nuestro entender a dos elementos claros, a saber:
a) Económico: Reflejado en la imposibilidad de dominar el océano a través de sus flotas pesqueras, manifestación clara de este propósito, es la guerra del atún y los innumerables conflictos pesqueros.
b) En segundo termino, una motivación estratégica: Una soberanía de 200 millas constituiría un freno de imprevisibles proporciones, para el movimiento de fuerzas estratégicas de una potencia.
La conducta de una nave mercante o de guerra extranjera frente a un espacio marítimo 'Mar Territorial', es diametralmente diferente a la que se seguiría si nos enfrentamos a una 'Zona de Preservación'.
Siguiendo con el ejemplo propuesto, tomemos la defensa estratégica de EE.UU. en el Pacífico y observaremos la extraordinaria importancia estratégica de dicho océano, la cual, con mayor o menor relieve, se proyecta en los diferentes océanos del globo.
'La defensa de EE.UU. en el Pacífico Central y Oriental, descansan en una serie de arcos concéntricos 1.
a) Una línea estrictamente continental, desde San Diego a Puget Sound.
b) Un arco defensivo interior, desde las Aleucianas a Panamá.
c) Un arco defensivo exterior, conectando Dutch Harbor, Pearl Harbor y el Canal de Panamá.
d) Un arco externo, que conecta Dutch Harbor, Guam, Samour y Panamá. Además, exigencias impuestas por los rusos y chinos, han determinado la creación de un área de defensa circular, alrededor del Pacífico Occidental incluyendo Alaska; Japón (por tratado de defensa).
Australia, Nueva Zelandia, EE.UU., Reino Unido, Tailandia, Filipinas, Pakistan, Francia (por SEATO), las Islas de Okinawa, los mandatos japoneses anteriores de las Islas Marianas y Carolinas (ahora bajo fideicomiso de la ONU), Guam Wake, Midway, Cantón parte de Samoa y Christmas, complementan la estructura defensiva 'de los EE.UU. en el Pacífico'.
A través de estos elementos de técnica estratégica, tenemos el deber de considerar dicho aspecto, en cualquiera proposición jurídica marítima que planteemos; pues los estudios estratégicos, no son sólo privativos de las grandes potencias, sino una manifestación práctica de las Soberanías Nacionales.
La diversidad de las realidades geográficas, de los intereses económicos y de las responsabilidades políticas que existe entre los diferentes Estados, ha impedido -y a nuestro juicio hace imposible- el establecimiento de una regla universal sobre el límite del mar territorial, que sea conveniente y aceptable para todos. Los fracasos de la Conferencia de Codificación de La Maya de 1930 y de las Conferencias sobre el Derecho del Mar de Ginebra de 1958 y los de 1960 2, respecto del establecimiento de dicha regla, han dejado a salvo el derecho de cada Estado a fijar sus propios límites de acuerdo con las realidades, intereses y responsabilidades precitadas. En 1951, la Corte Internacional de Justicia, al decidir la controversia Anglo-Noruega sobre Pesquería, reconoció -si bien con limitaciones- el derecho de los Estados costeros a reclamar unilateralmente jurisdicción exclusiva para la pesca, más allá de las distancias generalmente aceptadas por las prácticas internacionales, cuando concurran ciertas realidades geográficas y factores económicos. La Corte sentenció, textualmente: 3 'Hay una consideración que no puede ser soslayada, y cuyo alcance se entiende más allá de factores puramente geográficos: la de ciertos intereses económicos peculiares a una región, cuya realidad a importancia son claramente evidenciadas . . . Tales derechos, fundados en necesidades vitales de la población, y afirmados en usos muy antiguos y pacíficos, pueden ser tenidos legítimamente en cuenta al fijar una línea que por otra parte, parece a la Corte que ha sido mantenida dentro de límites moderados y razonables'. Mientras, 25 años atrás, no había un sólo Estado que hubiese reclamado jurisdicción marítima más allá de las 12 millas, hoy, aparte de los nueve Estados americanos que han adoptado el límite de las 200 millas, hay otras ocho naciones afro-asiáticas, que también han afirmado jurisdicción en el mar y en su lecho, hasta distancias superiores a las 12 millas. Y es probable que esta tendencia continúe en los próximos años. Además de la Declaración de Panamá de 1939, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, y la propia Carta de la Organización de Estados Americanos, suscrita en Bogotá en 1948 y el Protocolo de Buenos Aires, que incorporaron el derecho de autodeterminación, son muchas las disposiciones que pueden ser invocadas dentro del Derecho Internacional Americano, en apoyo del límite de las 200 millas. Entre ellas destacan:4
a) - El proyecto de Convención sobre Mar Territorial y Cuestiones Afines, preparado por el Comité Jurídico Interamericano, por encargo de la Primera Reunión del Consejo Interamericano de jurisconsultos celebrada en Río de Janeiro en 1950, en cuyo artículo 2° reconoció el derecho de cada uno de los Estados signatarios para fijar una zona de protección, control y aprovechamiento económico hasta una distancia de 200 millas marinas; b) - La Resolución titulada 'Principios de México sobre el Régimen jurídico del Mar', aprobada en la Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, que se celebró en México en 1956, y por la cual se admitió: que la extensión de 3 millas para delimitar el mar territorial era insuficiente y no constituía una norma general del Derecho Internacional; que por lo tanto se justificaba la ampliación de la zona tradicionalmente llamada 'mar territorial'; y que cada Estado tenía competencia para fijar su mar territorial hasta límites razonables, atendiendo a factores geográficos y biológicos, así como a las necesidades económicas de su población y a su seguridad y defensa; c) - La Resolución 11 del II Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, reunido en San Pablo en 1953, según la cual los Estados que carecen de plataforma submarina, tienen el derecho de reglamentar y fiscalizar la pesca y la caza que se realicen en las zonas de alta mar adyacentes a su mar territorial hasta el límite de 200 millas marinas. d) - De otro lado, debe tenerse presente que el límite de las 200 millas ha sido sustentado en un acuerdo multilateral: la Declaración de Santiago suscrita en 1952 por Chile, Ecuador y Perú. En virtud de dicha declaración, los tres países proclamaron como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de los respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas. Al efecto, los tres países citados han establecido todo un sistema subregional, conocido como la Conferencia del Pacífico Sur, con una Comisión Permanente, un Secretario General y dos Subsecretarios Jurídico y Científico, así como los respectivos Comités, y que ha celebrado reuniones periódicas y elaborado un buen número de convenios y reglamentos complementarios. e) - III Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional reunido en Quito en 1957. f) El Tratado de TLATELOLCO sobre desnuclearización de América Latina de 1967. g) - Declaración de Montevideo sobre derecho del mar de mayo de 1970, que en su artículo primero reza: 'El Derecho de los Estados Ribereños de disponer de los recursos naturales del mar adyacente a sus costas y del suelo y subsuelo del mar, para promover el máximo desarrollo de su economía y elevar los niveles de vida de sus pueblos'. h) - La Declaración Latinoamericana sobre Derecho del mar, de agosto de 1970. i) - La Resolución V del VIII Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional celebrado en Lima en octubre de 1970.
El límite de las 200 millas es el que tiene mayor aceptación en el hemisferio americano, pues, los otros países están divididos entre 3, 6 y 12 millas náuticas de mar territorial. La concepción latinoamericana de dicha zona de 200 millas es ambigua, difusa, y profundamente compleja en cuanto a su fundamentación y concreción dentro de los respectivos países que la han adoptado y de los que están abiertos a la posibilidad de incorporarlas dentro de su política marítima; esperamos a lo largo del desarrollo de este pequeño estudio poder demostrarlo, porque a nuestro juicio este y no otro es el talón de Aquiles de la tan llamada política de las 200 millas en el mundo actual. Pero sin duda alguna debemos señalar y esto creemos en forma incuestionable, que nos encontramos frente a un nuevo criterio jurídico y legitimador determinante en el nuevo Derecho Internacional del Mar, no es otro que la legítima facultad de los Pueblos Ribereños a la explotación y al aprovechamiento de las riquezas existentes en las aguas, fondo y subfondo del mar adyacente, en una extensión que se determine de un triple punto de vista: a) Económico; b) Ubicación de las riquezas en el mar adyacente; c) Naturaleza de las costas o influencia de los fenómenos naturales, en lo que respecta al desplazamiento de los bancos ictiológicos, a unas y otras zonas de las aguas marítimas territoriales, de suerte que permita asegurar el dominio permanente de los mismos.
Una vez decantados los cuatro elementos constitutivos de la fundamentación de la tesis de 200 millas, creemos necesario a la luz del concepto clásico de mar territorial y sus características tipificadoras, enfrentarlo a la tesis de las 200 millas, para poder a través de éste, determinar lo que a nuestro entender no es lógico llamar mar territorial y tampoco unilateral y arbitrariamente determinarlo.
El mar territorial en términos nacionales, es un espacio marítimo intermedio entre el alta mar y el territorio. De ahí que presente 'un carácter jurídico intermedio e híbrido' 5. Este se entiende doctrinalmente vinculado al territorio, cronológicamente en virtud del derecho de propiedad, por el cual el Estado Ribereño ejercía un verdadero dominium sobre las aguas y en segundo término, en un planteamiento basado en el derecho de soberanía.
Es esta doctrina clásica la actualmente dominante, y en la cual se orienta la práctica internacional. Sostiene que el Estado no posee dominium sobre sus aguas sino imperium (territorio sumergido para Gidel).
Régimen Jurídico del mar territorial se define mediante la siguiente fórmula: en sus aguas territoriales el Estado Ribereño ejerce la soberanía, con la única limitación de permitir el paso de los barcos extranjeros en términos de paso inofensivo.
A. La Soberanía del Estado Ribereño se ejerce en diferentes materias: 6
1. Materia de Pesca: Estado Ribereño tiene competencia para reglamentar la pesca en sus aguas territoriales, y por ende quede íntegramente sometido al imperio de su legislación. Aún si existe tratado de concesión de pesca, el Estado conserva su derecho.
2. En materia de Policía: Tiene competencia el Estado Ribereño en lo que se refiere a la seguridad de la navegación, especialmente desde el punto de vista administrativo y jurisdiccional.
3. En materia aduanera y sanitaria: Se basa dicho punto en la seguridad fiscal. El Estado Ribereño tiene derecho a establecer en ella una vigilancia que pueda llegar hasta la vista, captura y detención del barco, la confiscación de los artículos prohibidos y sanción penal.
B. El Estado Ribereño tiene la obligación de permitir el paso inofensivo o inocente, considerado en sentido lateral (el tránsito) o perpendicular (paso de entrada y salida). Esta constituye una obligación positiva jurídica, consagrada (en el artículo 2° del Estatuto de Barcelona, 1921). Este derecho se ejerce sin perjuicio de la facultad jurídica del Estado Ribereño, de detener un barco mercante extranjero en tránsito por sus aguas territoriales, por delito cometido en un anterior viaje.
Frente a este sumario concepto de mar territorial, Soberanía y Jurisdicción, nos encontramos hoy con interpretaciones exclusivas nacidas de decisiones unilaterales de un Estado que constituyen a las 200 millas como mar territorial y que tácitamente debe conformarse a través de los elementos de dicho mar anteriormente expuesto.
Esta situación no es a nuestro juicio lógica. Hay en primer lugar una cuestión de forma, no podemos llamar mar territorial a algo que no tiene todos sus elementos constitutivos, pues deja de serlo, y en segundo término, otra de fondo, es imposible aceptar extensiones en cuanto a anchura de este mar, totalmente arbitrarias y sin más fundamentos que extender a límites exagerados la jurisdicción y soberanía exclusiva de un Estado. Esto nos lleva a sostener la necesidad que se llegue en el futuro a un acuerdo internacional, que fije un mar territorial de 12 millas de ancho, dentro del cual se manifieste lo que constituye el mar territorial de pleno derecho, y frente a las 200 millas, sólo creemos poder hablar de una Zona de Preservación, pues, al no ser así, nos enfrentaremos cada vez a la imposibilidad de llegar a un acuerdo claro y científico en dicha materia.
Esta confrontación anteriormente expuesta, es a nuestro entender, una característica fundamental y básica de la falta de claridez, dentro de los planteamientos Latinoamericanos en derecho del mar.
Dentro del primer grupo propuesto que está integrado por Chile, Ecuador y Perú, debemos analizar en primer lugar, los factores geográficos y biológicos, ya que estos afectan en forma directa a nuestro país.
Varios son los factores de índole geográfica y biológica en los que se fundamenta la concreción práctica de la tesis. En el Pacífico Suroriental adyacente a las costas de los tres países, concurren varios fenómenos que conviene conocer aunque sea someramente 7.
1) La costa suroriental de América del Sur, se caracteriza por la ausencia casi absoluta de plataforma continental, hecho que priva al Ecuador, Chile y Perú, de una zona marítima que para otros países es fuente de enormes riquezas. Esta deficiencia obligó a los países ribereños a buscar los recursos necesarios para su subsistencia y desarrollo en un más amplio mar.
2) El ámbito de la Corriente de Humboldt, que corre frente a la costa de los tres países, constituye una zona ecológica especial, que en su fase otoño-invierno llega a la distancia de 200 millas naúticas. En esta zona se desarrollan recursos pesqueros interdependientes de una riqueza quizás inigualada en el mundo, debido al acarreo de substancias nutrientes hacia la superficie del mar, por sugerencias de aguas poco profundas. Los recursos pesqueros de esta región, forman una cadena biológica perfectamente equilibrada, un complicado ecosistema, cuya ruptura por la extracción indiscriminada de cualquier especie, supone el riesgo de extinción de las demás (e inclusive de aves guaneras y lobos marinos) y exige en consecuencia el control del Estado ribereño en toda la extensión, sujeta a la influencia de ese fenómeno marino.
3) Pero la misma Corriente de Humboldt, tan favorable para la riqueza marina, tiene una influencia adversa en gran parte de la costa de los tres países, a la que ha convertido en estéril desierto, debido a la transformación de las condiciones climáticas de la zona, obligando a los poblaciones ribereñas a buscar en una más extensa zona de mar, los medios de subsistencia que por el influjo oceánico, han desaparecido de la tierra.
4) Los ricos recursos pesqueros del Pacífico Sur se alimentan directa o indirectamente de las substancias nutrientes, que desde el territorio de los tres países, son arrastradas por las lluvias hacia los ríos y por los ríos hacia el mar. Este es un fenómeno de lenta depauperación de la tierra y de enriquecimiento correlativo del océano. A quien pierde la riqueza es que corresponde, por claro derecho de retribución, recuperarla en el mar, transformada en recursos pesqueros. Ninguna razón asiste a pobladores de costas lejanas para aprovecharse de estos bienes, que, por su situación y su origen, son exclusivamente del Estado ribereño.
A la luz de estos factores, nació la 'Declaración de Santiago', la cual es fundamento tripartito de estos países. Para efecto de la posición que sostenemos transcribimos sus primeros artículos que rezan: 8
I) Los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la flora y fauna marítima, en las aguas que bañan las costas de los países declarantes, hacen que la antigua extensión de mar territorial y de zona contigua sean insuficientes para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas a que tienen derecho los países costeros.
II) Como consecuencia de estos hechos los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, proclaman como norma de su política internacional marítima, la Soberanía y Jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas.
III) Se incluye también la Soberanía y Jurisdicción exclusivas, sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde.
Al estudiar el espíritu y fin preciso de dicho articulado, se ve claramente que estamos frente a una zona de preservación, fundamentada exclusivamente en la protección, conservación y explotación de riquezas marítimas dentro de la zona de 200 millas. Este es uno los elementos del mar territorial pero no constituye su totalidad. A nuestro entender el error de las comisiones de estudio y trabajo de dicha declaración, fue haber introducido elementos conceptuales tales como 'Jurisdicción', 'Soberanía', que llevaron a matices de interpretación dentro de este grupo de países. Nos referimos a las concepciones erradas de Ecuador y Perú.
Históricamente Chile adhirió a la clásica regla de las 3 millas, consagrada como nosotros sabemos en la comunidad internacional, por razones de tipo preferentemente estratégicas.
El primer documento histórico de política marítima esta contenido en la Real Cédula de España, de 17 de XII de 1760, con anterioridad a nuestra Independencia 9.
Con motivo de la primera guerra mundial, Chile país neutral, consideró necesario aclarar su política marítima, especialmente determinar la limitación del Mar Territorial. Consecuencia de ello, es el decreto del Ministerio de Relaciones de 5 - XII - 1914, en el cual, se considera Mar Territorial Chileno 'Las Aguas Interiores del Estrecho de Magallanes y de los Canales Australes aún en las partes que listen más de tres millas de una a otra orilla'. Disposición perfectamente congruente con lo dispuesto en el artículo 593 del Código Civil.
Luego llegamos con estos antecedentes a la 'Declaración de Santiago' de 1952, la cual, dará origen a la llamada cuestión de las 200 millas y sus innumerables interpretaciones: motor orgánico e impulsor de la tesis en el contexto americano. Creemos nuestro deber el dar a conocer el pensamiento profético de nuestro padre jurídico Don Andrés Bello 10.
'Hay muchas producciones marinas que se hallan circunscritas a ciertos pasajes . . . i por grande que sea en otras especies la fecundidad de la naturaleza no se puede dudar que la concurrencia de muchos pueblos haría más difícil, menos fructuosa su pesca, i acabaría por extinguirlas . . . no siendo pues inagotables, parece que sería lícito a un pueblo apropiarse los pasajes en que se encuentran i que no estén actualmente poseído por otro'.
En esta afirmación de Don Andrés Bello, hecha en 1832, tenemos un preludio profético de las actuales posiciones en el concierto mundial frente a las riquezas marítimas.
En cuanto a las ambiguas interpretaciones de nuestra legislación marítima, debemos señalar:
'La declaración presidencial de 1947 y la 'Declaración de Santiago' de 1952, que dieron lugar como señalamos anteriormente a confusiones, en cuanto a los términos 'Soberanía y Jurisdicción exclusiva'.
La primera dificultad como señala el Profesor Francisco Orrego Vicuña, surgió de la aprobación y vigencia de la Ley 8.944, de 11-II-1948; aprobatoria del Código de Aguas, la cual, en su artículo 3, estableció mar adyacente de 50 kilómetros de extensión y una zona contigua de 100 kilómetros, utilizando en lo restante igual terminología que el Código Civil en su artículo 593, la vigencia de esta ley fue relativamente corta siendo luego derogada el 19 de agosto de 1948. Durante este tiempo el Art. 593 del Código Civil perdió vigencia. Toda la legislación sobre aguas, que se encontró en esta situación fue restablecida.
Esto dio origen a confusiones que fueron reproducidas en documentos llevados a la Conferencia de Ginebra de 1958, al decir del Profesor Orrego.
Por su parte señala el Profesor Orrego Vicuña, el mensaje Presidencial del 26 de Julio de 1954, por el cual se sometió a la aprobación del Congreso de la Declaración de Santiago señaló:
'Que se reemplazaba el arcaico concepto de tres millas de alcance de los cañones, por una concepción jurídica filosófica nueva de acuerdo a exigencias vitales de nuestros pueblos'. 'Con estas interpretaciones luego llegó a plantearse el problema de si la 'Declaración de Santiago' de 1952 sería derogatoria del artículo 593 del Código Civil, reemplazando un Mar Territorial de tres millas, por uno de 200 millas'.
El Consejo de Defensa del Estado, evacuando una consulta formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 6 de marzo de 1956, en informe número 119 determinó: 'que el artículo 593 del Código Civil se encontraba derogado y señaló, que nuestro mar territorial era de 200 millas marinas' 11. Junto a ello señala el Profesor Orrego Vicuña, se debe destacar el proyecto presentado por parlamentarios socialistas en el que se propuso reemplazar el artículo 593 del Código Civil 12 que esta contenido en el tÍtulo III, que trata de Bienes Nacionales, en la forma que se indica:
'El mar adyacente, hasta la distancia de 200 millas, medidas desde la línea de más baja marea, es mar territorial; el suelo y el subsuelo y los recursos naturales que existen en dicha zona, son de dominio nacional, sin perjuicio de las autorizaciones que se otorguen a particulares para su uso, tránsito y para el paso inocente de naves de todas las naciones'.
El mencionado proyecto, no prosperó en el Senado de la República, razón por la cual, el panorama siguió confuso. Logrando algo más de claridad con la interpretación emanada de la Asesoría Jurídica de Ministerio de Relaciones Exteriores, en informe 15.639, de 22 de abril de 1960, donde se da a entender que el propósito de la 'Declaración de Santiago' de 1952, eran de mantener la integridad y la conservación de las riquezas marítimas de cualquier naturaleza que ellas fueren. Si bien se declaró la Soberanía sobre el Mar hasta una distancia mínima de 200 millas, ella fue una soberanía con una finalidad determinada. Planteamiento sostenido por las delegaciones de Chile, Perú y Ecuador en la reunión preparatoria de la primera Conferencia de Naciones Unidas Sobre Derecho del Mar, celebrada en Quito en 1958.
Como nosotros podemos fácilmente detectar a la luz de lo señalado, la posición chilena ha sido bastante ambigua. Continuos informes, muchos de ellos contradictorios, determinan lo que sostenemos.
Creemos que la interpretación sostenida a partir el informe emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 1960, hacen pensar en una solidificación de nuestra conducta internacional marítima, al tenor de la actual posición de nuestra Cancillería.
Se nos hace asimismo un deber, el señalar la incongruencia de nuestra posición, con las sostenidas por el gobierno ecuatoriano de Definido Mar Territorial de 200 millas, y la ambigua posición Peruana: es a nuestro juicio, contrario a cualquier sentido de lógica, el que de un mismo documento jurídico emanen estas posiciones disímiles. Creemos que es un deber de los señalados gobiernos fijar una interpretación unánime al mencionado documento.
1. Mar Territorial de tres millas de extensión, consagrado en el artículo 593 del Código Civil.
2. Zona Continua para efectos de seguridad (Policía), observancia de leyes fiscales de cuatro leguas marinas, vale decir nueve millas marinas. (593 Código Civil).
3. Una zona de aprovechamiento exclusivo de riquezas marítimas, de 200 millas, a nuestro juicio Zona de Preservación.
Luego, la interpretación única y acertada a nuestro entender, es de una Zona de Preservación hasta una distancia de 200 millas.
La cual, a nuestro juicio, cumple las necesidades económicas al servicio de la cual están. La Zona de Preservación en nuestro caso coincide con las 200 millas.
Creemos que los Estados Ribereños podrán ejercer su jurisdicción marítima limitados por sus características geográficas y ecológicas, que podrán coincidir o no con las 200 millas. Criterio este último sostenido por el jurista chileno, Profesor don Edmundo Vargas Carreño, autor de la Tesis del Mar Patrimonial 13.
Hay innumerables otros cuerpos legales que nos presentan la posición nacional; analizar cada uno de ellos sería desviar la visual de nuestro enfoque 14.
B. ECUADOR: Una segunda posición emanada del mismo documento, (Declaración de Santiago), es la que sostiene Ecuador. Para dicho país las 200 millas constituyen lo que clásicamente hemos entendido por mar territorial, luego para ellos es de Jurisdicción y Soberanía exclusiva Ecuatoriana, la tesis de 200 millas. Su fundamento emana de la imprecisión del artículo II de la Declaración de Santiago, que introdujo, como señale anteriormente, conceptos tales como: 'Jurisdicción' y 'Soberanía' que se fundamentan en la liberalidad de la declaración de la posición ecuatoriana.
Luego en la legislación marítima ecuatoriana se distingue: 15.
1) Mar territorial de 200 millas, donde Ecuador ejerce Jurisdicción y Soberanía exclusiva. Principio consagrado en la Constitución de 1967.
2) El decreto N° 1.542 de noviembre de 1966 modificó el artículo 633 del Código Civil Ecuatoriano y consagró un mar territorial en un perímetro de 200 millas.
3) Decreto 152 de 9 de junio de 1967 derogó la Ley de Pesca y Caza Marítima, y reafirmó el principio de 200 millas de mar territorial.
A la luz de tan claras disposiciones, no hay duda alguna de la posición de Ecuador, la cual básicamente opuesta a la chilena, aún emanando de un mismo documento, posición que se ha visto periódicamente reiterada en el conflicto atunero estadounidense-ecuatoriano, el cual procede desde el momento mismo en que se suscribió la declaración tripartita de 1952 (crisis de enero de 1971).
Estas disposiciones ecuatorianas vinieron a alterar la declaración ecuatoriana de 1938, por lo cual se había establecido un mar territorial de 15 millas.
C. PERÚ: En cuanto al tercer país, de este primer grupo, a nuestro juicio tiene una posición bastante ambigua, pero en última instancia, nacida también de la Declaración de Santiago de 1952.
La ambigüedad anteriormente señalada, consiste en que los documentos positivos en que se habla de mar jurisdiccional, con acento de zona de preservación, vale decir a nuestro entender, nos enfrentaríamos a esta última. Caso concreto del artículo 1° de la Ley General de Pesquería 16 (Decreto Ley 18.810) el cual reza: 'Son de dominio del Estado las especies hidrobiológicas contenidas en el mar jurisdiccional hasta 200 millas y en estas aguas continentales del territorio nacional'. Desde el momento que se habla de jurisdicción de las 200 millas, claramente significa posición jurídica de ellas. Luego está totalmente de más hablar de dominio, y este punto es a nuestro criterio el que nos hace pensar en una posible confusión.
En el discurso pronunciado por el Ministro de Relaciones Exteriores Peruano, don Edgardo Mercado Jarrín, en octubre de 1970, inaugurando el VII Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, celebrado en Lima, claramente expresó el pensamiento Peruano de hoy; este es el de Soberanía y Jurisdicción exclusiva de Perú sobre las 200 millas, vale decir mar territorial, luego la tendencia interpretativa Peruana se basaría también en los conceptos malamente introducidos en el artículo 2° de la 'Declaración de Santiago' de 1952. El Profesor Mario Pachas Patiño señala 17: 'teniendo en cuenta el derecho positivo establecido, y circunstancia objetivas Jus-Sociológicas en que se fundamenta, estamos inobjetablemente en presencia de un Mar Territorial Peruano de 200 millas'.
Confirma la posición Peruana el Derecho emanado del Código Civil en Decreto Supremo N° 781. Con anterioridad el Presidente de la República manifestó: 'La necesidad que el Estado proteja, conserve y reglamente el uso de los recursos pesqueros y otras riquezas naturales, que se encuentran en las aguas que cubren la plataforma submarina y en los mares adyacentes a ella', dispone además que sobre el mar adyacente a las costas y una línea imaginaria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de 200 millas marinas, medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos. Sumado a estos elementos debemos señalar 18:
1° que Perú es parte en el Tratado de Montevideo, de 1889 de Derecho Penal Internacional en el que se fija como aguas territoriales para los efectos de la jurisdicción penal una extensión de 5 millas.
2° Perú con terminología contradictoria ha fijado una zona marítima de 200 millas marinas, donde ejerce actos de 'Soberanía y Jurisdicción Exclusivas'.
3° en el Decreto Supremo 781 anterior a la 'Declaración de Santiago' concedía ya 200 millas 'Libertad de Navegación'.
4° Concede derecho de paso inocente, conforme lo consagra el derecho internacional común.
5° La zona marítima establece sección de 12 millas a partir de la costa, en la cual se reserva pesca y caza para los nacionales, el resto de la zona es con fines de protección, con permisos previos.
6° Hay libertad de Aeronavegación.
7° Limite intimo de 200 millas líneas de base.
Luego, para interpretar la posición Peruana hay 2 caminos:
a) Una Zona Marítima especial, vale decir, Zona de Preservación de recursos naturales, y
b) Mar Territorial. A nuestro juicio existiría un mar territorial, si hubiera que determinar algo en este confuso panorama por las siguientes razones:
1° en zona de 200 millas Perú ejerce 'Soberanía y Jurisdicción Exclusiva'. 2° No hay especificación de competencias, luego abarca todas. 3° Hay derecho de paso inocente. 4° Casos prácticos: en su actuación del caso de flotilla ballenera Onassis, actuación propia de mar territorial.
Esto es lo que se puede exponer respecto al pensamiento político-jurídico marítimo Peruano.
Un segundo grupo de países, en pro de nuestro estudio, es el constituido por Argentina, Brasil y Uruguay.Ellos han adoptado las 200 millas en su política marítima, pero con matices conceptuales, que conducen a nuestro entender a tesis poco claras; que entraremos a analizar:
A. ARGENTINA: El primer país de este segundo grupo lo constituye Argentina.
Examinando documentos cronológicamente, tendremos que recurrir al decreto N° 14.708/46 de 11 de octubre de 1946, en el cual se le da el derecho al país sobre todo el mar adyacente. En último término debemos señalar la Ley 17.094-M. 24, de 29 de diciembre de 1966, Fdo. Onganía y Rfdo.: N. Costa Méndez, en su artículo primero reza19: 'La Soberanía de la nación argentina se extiende al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de 200 millas marinas desde la línea de las más bajas mareas, salvo en los casos de Golfos: San Matías y Nuevo y San Jorge en que se medirán desde la línea que une los cabos que forman su boca, en su artículo 2° se extiende al lecho del mar y al subsuelo, del mar adyacente hasta 200 millas de profundidad.
Artículo 3° libertad de navegación y aeronavegación, no se afectan por la citada Ley. Artículo 4° Reglamentos adicionales complementan la presente Ley. El Boletín que acompaña la Ley (4-1-1967) deja bien claro que sin lugar a duda en Argentina hay un régimen de mar territorial de 200 millas20.
Pero desde luego hay una afirmación indirecta de un mar territorial de 12 millas de ancho. Y en cuanto al resto hasta completar las 200 millas, hay una proclamación del principio de libertad de navegación y sobrevuelo para las naves de cualquier pabellón. Este planteamiento queda confirmado en la declaración conjunta chileno-argentina de 1971. Luego en la posición Argentina se está aceptando tácitamente un mar territorial de 12 millas. Nos basamos en el artículo 3° de la Ley 17.094 y hasta las 200 millas Zona de Preservación, esta terminología habría permitido una posición más clara.
B. BRASIL: El tercer país, de este segundo grupo de análisis, es Brasil. Esta nación a partir del 25 de marzo de 1970, incorpora la tesis de las 200 millas a su régimen jurídico-marítimo, proyectando de esta forma su mar territorial de clásicas 12 millas a 200. La Ley N° 1.098 en su artículo 2° reza21: 'Se extiende al espacio aéreo encima del mar territorial y al suelo y subsuelo del mar. Amén de reconocer el paso inocente de todas las nacionalidades, dispone regulación de pesca, teniendo en vista el aprovechamiento racional y la conservación y explotación de los recursos vivos del mar territorial, reservando exclusivamente a embarcaciones brasileñas dichos derechos. Las embarcaciones extranjeras pueden realizar sus actividades debidamente autorizadas y registradas por la Legislación Nacional y convenios internacionales suscritos, vale decir, hay una aceptación tacita a su intervención.
Transcurrido poco más de un año, el 29 de marzo de 1971, el decreto-ley N° 1.098 constituyó un espacio reglamentado en dos franjas de 100 millas cada una22. La primera de ellas es la interior, que según lo que reza el artículo 1° letra 'a' del decreto N° 68.459 'queda delimitada a partir del mar litoral, continental a insular brasileño siguiendo líneas base' y una segunda zona entre el límite de externo de la primera y las 200 millas.
En lo que respecta a la primera zona de 100 millas el N° 1° del decreto reza: 'las actividades pesqueras serán ejercidas por embarcaciones nacionales', no se acepta aquí acuerdos bilaterales con otras naciones. En cuanto a la segunda franja, las actividades de pesca pueden ser ejercidas por embarcaciones nacionales y extranjeras. A simple vista pareciera que estas dos franjas correspondieran al decreto 1.098, pero no ocurre así, porque si bien es cierto que había una preferencia nacional de pesca, los países extranjeros podían intervenir previo registro y regulación. En cambio, en este nuevo decreto queda vedada la participación extranjera en la primera extensión de 100 millas.
Como ya hemos establecido a lo largo de nuestra exposición, uno de los nudos fundamentales dentro del problema por nosotros analizado es la pesca; en directa relación con ello debemos hacer notar el acuerdo firmado por EE. UU. y Brasil el 9 de marzo de 1972, el cual fue negociado por las delegaciones de ambos países desde noviembre de 1971. Esta larga tramitación obedeció a la necesidad de que el texto del acuerdo contemplara cuidadosas disposiciones las cuales no comprometieran a EE.UU. a hacer un reconocimiento expreso de la soberanía brasileña sobre la zona de 200 millas del mar territorial. Debemos sin duda señalar que este instrumento se estimará perfeccionado en el ordenamiento jurídico norteamericano, una vez aprobado por el Congreso Nacional, de tal suerte que en estos momentos carece de fuerza jurídica obligatoria desde el punto de vista jurídico norteamericano.
Al examinar los términos de este instrumento creemos conveniente destacar:
a) En primera instancia la existencia de un limite geográfico de acción para las embarcaciones americanas; esta área esta comprendida entre el río Oiapoque en Amapa y la boca del río Amazonas, y señalando expresamente una profundidad de hasta treinta metros.
b) En segundo lugar se especifica un tipo de embarcaciones concreto hasta ochenta y cinco pies de largo, que serán las únicas beneficiarias del acuerdo.
c) Establece en tercer lugar un límite numérico de barcos a operar en la zona descrita, y este no podrá sobrepasar de 325 y además el gobierno norteamericano se comprometió a mantener un número máximo de 160 embarcaciones frecuentando al mismo tiempo el área demarcada.
d) En cuarto lugar deberemos señalar un elemento a nuestro juicio de importantísima gravitación socio-económica, el es el de una limitación de tiempo, en estricta atención a la pesca del camarón por barcos estadounidenses, la cual deberá concretarse en un período que ira de mayo al 30 de noviembre de cada año. Queremos llamar la atención del espíritu profundamente biológico que preside a esta disposición; en efecto, se esta velando por la existencia de determinadas especies marinas las cuales muchas veces son victimas de indiscriminadas o inconscientes explotaciones por parte de las grandes flotas pesqueras de potencias.
Un segundo aspecto dentro de este criterio temporal es la vigencia del acuerdo, el cual tendrá una duración hasta el 1° de enero de 1974, fecha en la cual los gobiernos firmantes podrán ratificarlas o no.
e) En un quinto lugar merece especial mención la reglamentación económica de orden monetario; el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica pagará a Brasil 200.000 dólares anuales y 100 dólares diarios por cada barco pesquero que opere dentro del radio de 200 millas de mar territorial nacional.
Tanto en el contexto general como en la reglamentación expresa se consagra específicamente que la pesca no significa un reconocimiento de derechos territoriales brasileños sobre la faja de 200 millas, por parte del gobierno estadounidense. El artículo noveno del acuerdo expresa textualmente: 'ninguna disposición de este acuerdo será interpretada como perjudicial a la posición de cada parte en relación al problema del mar territorial o de la jurisdicción de pesca conforme al derecho internacional'. Como podemos fácilmente detectar a la luz de la cita sin duda alguna se recogió un principio de la política internacional marítima de EE.UU., al no comprometerse este Estado a ningún tipo de reconocimiento, sino debemos señalar que sólo se refiere a un 'Acuerdo sobre el camarón'. Nombre a que se llegó después de salvar numerosos problemas de orden formal.
Creemos a lo largo de los antecedentes cronológicamente expuestos, haber podido aclarar la especial situación del Estado Brasileño en materia jurídico-marítima y concretamente referirnos a su conducta en relación a las 200 millas marinas.
C. URUGUAY: Al enfrentar la tesis de las 200 millas uruguayas, encontramos una posición muy sui generis, porque ellos llaman formalmente mar territorial a un elemento que en su aspecto de fondo es una zona de preservación. Nos explicamos, dentro de las primeras 12 millas Uruguay ejerce soberanía y jurisdicción exclusiva; y entre las 12 y 200 millas se pueden ejercer perfectamente las libertades de 'Alta Mar' exceptuando la Pesca, vale decir, la diferencia surge en los distintos derechos que tiene el Estado Ribereño, y los terceros Estados en lo que se refiere a navegación, aeronavegación y la pesca. En las primeras 12 millas los terceros países gozan de paso inocente; las actividades de pesca, de caza acuática de carácter comercial son reservadas exclusivamente a los navíos de bandera nacional, debidamente habilitados. En la segunda región entre las 12 y 200 millas no proceden restricciones a la libertad de navegación y de sobrevuelo; pero las embarcaciones extranjeras tienen impedida la posibilidad de explorar y explotar los recursos vivos del mar. Sólo podrán previa autorización del Ejecutivo, de acuerdo a los respectivos reglamentos conforme a los convenios internacionales de la Republica. Al tenor de dicho planteamiento, nos encontramos indudablemente frente a una zona de preservación, similar a la chilena, mal llamada Mar Territorial por los uruguayos. Concreción positiva de la tesis uruguaya, la encontramos en el decreto de 3 de diciembre de 1969 (artículo 1°) que reza23: 'La Soberanía de la República Oriental del Uruguay se extiende más allá de su territorio continental e insular, y de sus aguas interiores, a una zona de mar territorial de 200 millas marinas medidas a partir de las Líneas de Base'. 'Esta Soberanía, agrega el artículo 2°, se extiende al espacio aéreo situado sobre el mar territorial, así como el lecho y al subsuelo del mar.
Esto confirma claramente que hay una zona de preservación, que en suma es llamada integralmente mar territorial: Fundamentada a nuestro juicio en una libertad de los mares restringida.
A) Por aquellos que adhieren a la idea de las 200 millas, como tesis de zona de preservación, (Colombia y Venezuela).
A.1 COLOMBIA:
La nación colombiana en cuanto a mar territorial no tiene mayores problemas, su posición es muy diáfana. No es tan clara, en cuanto a la 'Plataforma Continental'.
Debemos recordar que en 1942 Venezuela y Gran Bretaña introdujeron una noción nueva del Derecho Internacional y fueron precursores de lo que hoy se conoce como plataforma submarina. 'Tratado Saint Clair-Parra Pérez'. Por el cual ambos Estados dividieron casi por mitad el 'Golfo De Paria'.
Este nuevo elemento dentro de los espacios marítimos ha ocasionado dificultades con respecto al 'Golfo de Venezuela' formado por costas colombianas y venezolanas. Por razones de no desviar la óptica de nuestro estudio no la analizaremos.
Entrando directamente al enfoque propuesto, la actual posición de Colombia es la siguiente24: 1. Reivindica las 12 millas marinas del mar territorial en torno de sus costas y del dominio insular de la República, tal como lo expresan las leyes de 1919 y de 1923 y como lo ha dictaminado también la Honorable Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en conceptos de Marco Fidel Suárez y de Antonio Rocha. No hay que olvidar que Colombia presentó las 12 millas como anchura universal en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1958.
2. Reivindica, también, su plataforma continental, dentro del alcance y las dimensiones asignadas a esta zona en la Convención de Ginebra de 1958. Como Estado ribereño en el Pacífico, en el Caribe y en la Península de la Guajira, tiene derecho inmanente a una plataforma, es decir, el lecho y el subsuelo que prolonga sus costas más allá del mar territorial. Con la Convención de Ginebra de 1958, estiman que los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa'.
3. En lo tocante a la delimitación del mar territorial, creemos que la línea equidistante de los puntos más salientes de la costa es la medida más justa y más generalmente aceptada por las naciones y la jurisprudencia internacional. Sobre la delimitación de plataformas de los Estados han sostenido que la línea media es también la medida más justa, pero se dan cuenta de las diversas interpretaciones a que han dado lugar el artículo VI de la Convención de Ginebra de 1958, que también habla de 'circunstancias especiales' como criterio distinto de la línea media y, por ello están en negociaciones diplomáticas directas con Venezuela.
4. Concretamente frente a las 200 millas, Colombia adhiere a la tesis de los Estados del Pacífico Sur, Ecuador, Chile y Perú, basada fundamentalmente en el principio de que los pueblos en desarrollo necesitan el mejor aprovechamiento de sus recursos vivos del mar que bañan sus costas: como responsabilidad prioritaria frente a sus pueblos. Pero sin embargo debemos destacar algunos reparos que sostiene la posición colombiana frente a esta adhesión 25 :
a) Que conviene precisar si se trata de 200 millas de mar territorial, o 200 millas como zona de pesca. Serían dos conceptos diferentes con consecuencias diversas;
b) Que no es una medida apta para todos los mares. En el Caribe se presentan dificultades especiales; pues las 200 millas a partir de todas las costas y en torno de todas las islas podrían crear una confusión de soberanías en zonas contrapuestas de mar territorial para unos y zonas de pesca para otros.
c) Que Colombia no quiere aplicarla por declaración unilateral, sino por acuerdo en que participen todos los Estados Americanos. Como un convenio específico para el continente. Esta idea nos parece de extraordinaria seriedad jurídica, pues a nuestro juicio cada declaración unilateral es una invitación para que otros países decreten su jurisdicción en zonas más amplias, abriéndose así las puertas de un mayor confusionismo dentro del contexto americano.
En suma la posición colombiana es una fórmula de mar territorial clásico de 12 millas, más una zona de preservación hasta las 200 millas. Esta será la posición de esa nación en la próxima Conferencia de Derecho del Mar de 1973; a nuestro entender una posición extremadamente sólida y de expectativas.
A 2. VENEZUELA : Se ha manifestado partidario de la tesis de las 200 millas como zona de preservación para la explotación y exploración del suelo y subsuelo, pero no cuenta con ninguna documentación positiva. Son sólo declaraciones. Tiene incorporado a su política marítima un mar territorial de 12 millas, de corte clásico, anteriormente analizado en nuestra exposición, a través de 'Charles Rousseau'26.
B) Por países que han incorporado la tesis de las 200 millas a su política maritima.
B. COSTA RICA: Esta nación también es adherente a la tesis de las 200 millas. Concreción positiva:
1) Costa Rica, además de proclamar Soberanía del país sobre la plataforma submarina, establece la protección y contrato del Estado sobre todo el mar incluido dentro del perímetro de 200 millas náuticas, a partir de las líneas base de las costas. Dicho planteamiento está claramente establecido en la Constitución promulgada el 7 de noviembre de 1949 en su artículo 6°27.
2) Un segundo elemento de confirmación es la adhesión de esta nación a la 'Declaración de Zona Marítima de Santiago' (1952, Chile, Ecuador y Perú'); ella se concretó en 1956, destacando que cada Estado que se adhiere puede determinar la extensión y forma de delimitación de su respectiva zona28.
Debemos señalar la imposibilidad de decantar la posición de Costa Rica, al tenor de la Declaración de Santiago. Siguiendo nuestra interpretación del citado documento sería Zona de Preservación.
EL SALVADOR: Otro país centroamericano que también ha incorporado a su política marítima las 200 millas.
Nos referimos concretamente a la Constitución de 1962 que en su artículo 8 dispone: 'El territorio de la República, dentro de sus actuales límites, es irreducible, comprende el mar adyacente hasta la distancia de 200 millas marinas, contadas desde la línea de la más baja marea, y abarca el espacio aéreo, al subsuelo y el Zócalo Continental correspondiente.
El Salvador, sin duda alguna tiene una posición de mar territorial semejante a la ecuatoriana. A nuestro juicio errada, lo deducimos del tenor de la documentación positiva expuesta, y de los antecedentes enviados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador a sus Cancillerías.
NICARAGUA : Esta nación ha incorporado a su política de derecho del mar, las 200 millas como Zona de Preservación y no como un mar territorial.
Fundamentan su posición, la siguiente documentación positiva: Decreto Legislativo N° 1.068, de 22/3/65, el artículo 150 y el inciso 9 del artículo 191 de la Constitución Política nicaragüense; el Presidente de la República decretó el 5 de abril de 1965, lo siguiente: 'Para una mejor conservación racional de nuestros recursos pesqueros y de cualquier otra índole, se establece como zona pesquera nacional las aguas comprendidas entre la costa y una paralela a la misma, a 200 millas náuticas tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico.
PANAMÁ: El Estado contempla un régimen marítimo de mar territorial de 200 millas; con todos los efectos jurídicos que este acarrea; nos referimos concretamente a la manifestación de soberanía plena, que corresponde al Estado Ribereño frente a su mar territorial.
Este mar jurisdiccional de 200 millas, encontró su manifestación positiva, en un acto de la Asamblea Nacional que por ley N° 31 de 2 de febrero de 1967, señaló: 'la soberanía de la República de Panamá se extiende más allá de su territorio, a una zona de mar territorial de 200 millas naúticas, el lecho, subsuelo y espacio aéreo de dicha zona'.
Como podemos fácilmente detectar a la luz de la disposición anteriormente descrita, Panamá al introducir el elemento soberanía está consagrando expresamente un mar territorial de 200 millas. Creemos, una vez más, necesario, el señalar la falta de fundamentación jurídica de la referida posición.
C) Y una tercera posición que se desconoce sus planteamientos al respecto .
C. Esta tercera posición, esta constituida por países frente a los cuales se desconoce documentación positiva referente a la tesis propuesta.
GUATEMALA y HONDURAS: Carecen totalmente de una política de Derecho del Mar.
MÉXICO: Contempla un mar territorial de 12 millas, y no se sabe su posición frente a las 200 millas.
REPUBLICA DOMINICANA: Esta nación tiene un mar territorial de 6 millas según consta en Ley N° 186, publicada en la 'Gaceta Oficial' de 16 de septiembre de 1967. Frente a la tesis de 200 millas se desconoce actuación y documentación al respecto.
HAITÍ, JAMAICA y LA GUAYANA se encuentran en situación similar.
CUBA: Contempla dentro de su legislación marítima, un mar territorial de 3 millas, vale decir soberanía, y jurisdicción exclusiva de este Estado, hasta una distancia de 3 millas.
En cuanto a la tesis de las 200 millas, este país pareciera tener un planteamiento amplio hacia esta tesis, pero carece de documentación positiva al respecto, ni aún por vía de legislación pesquera, elemento que suele permitir detectar el espíritu de una posición determinada.
I. DOS POSICIONES SE DETECTAN A TRAVÉS DEL CONFUSO PANORAMA DE LATINOAMÉRICA
A) Mar territorial de 200 millas.
B) Zona de Preservación hasta 200 millas.
A) Al referirnos al Mar Territorial en capítulos anteriores dimos sus aspectos caracterológicos; nos remitimos a ellos para efectos de este análisis. Encontramos en LatinoAmérica, diferentes países que han interpretado la tesis de las 200 millas, como un fundamento de Mar Territorial, concretamente, casos como Perú y Ecuador ; estos países, a nuestro juicio, no tienen ninguna posibilidad de un florecimiento doctrinario de sus planteamientos. Sostener una Jurisdicción y Soberanía exclusiva, sobre un mar de 200 millas nos tememos es un poco atrevido de parte de dichos países. Estas naciones deben desterrar de sus fórmulas jurídico-marítimas, la idea de Mar Territorial de 200 millas en aras de lograr un bloque de expectativas frente a las grandes potencias.
B) Zona de Preservación
Del planteamiento expuesto a lo largo del trabajo, podemos observar en forma clara la tendencia a la aceptación con un criterio uniforme de esta zona de preservación, incluso en países que hablan de Mar Territorial de 200 millas, pero que en su oportunidad señalamos que se trataba de un error formal, de tipo conceptual; nos referimos al caso argentino y uruguayo. La Zona de Preservación de los Recursos Naturales, para la Explotación y Exploración del país ribereño, es sin duda un criterio legítimamente jurídico dentro de la realidad actual latinoamericana. Luego, nuestra posición es 12 millas de Mar Territorial y una Zona de Preservación; esperamos en el triunfo de esta posición por considerarla legítima desde todo punto de vista. De lo señalado anteriormente, se desprende que en este momento no hay regla alguna de Derecho Internacional General que fije un determinado perímetro de mar territorial. Las tendencias predominantes, revelan el espíritu de reservar al Estado Ribereño una Jurisdicción y Soberanía exclusiva, hasta un margen de doce millas.
Si este problema señalado es de necesaria evacuación, más lo es aún la determinación uniforme de una Zona de Preservación; única solución posible al problema de las 200 millas. En esta Zona de Preservación a nuestro juicio no hay razón para que el país ribereño, ejerza actos de jurisdicción y soberanía en materias en las cuales no están comprometidas sus riquezas naturales, animales. Sumado a esto podría su actuación ser legÍtima en determinadas circunstancias: a) En las cuales se ponga en real peligro la razón misma de ser de esa Zona de Preservación caso concreto del APOLUTION. b) Frente a la extensión de ciertos cables y tuberías submarinas que entren a jugar un rol negativo frente al Plancton y Necton marinos. No vemos la razón de sacrificar más libertades de los mares que las cuestionadas anteriormente. De otra forma caeríamos en lo que hemos tratado de evitar, vale decir, un Mar Territorial de extensión inaceptable en el Derecho Internacional General.
II. NECESIDAD DE UN TIPO INTERNACIONAL Las opiniones se están generalizando en orden a considerar un tipo constituido por una faja de 200 millas como una zona de preservación de riquezas marinas, es decir, como anteriormente señalamos, basado en una posición copulativa fundamental: Económica, Geográfica y Jurídico-Social. Es falto de cualquier sentido de equidad internacional hablar de la posibilidad de que los países por decisiones unilaterales, puedan extender el mar territorial a extremos inconsecuentes e innecesarios a sus realidades efectivas; y señalamos efectivas para destacar que una zona de preservación le ofrece a cualquiera nación que la incorpore a su régimen marítimo, la posibilidad de asegurar a su población la plena satisfacción de sus necesidades económicas junto a ellas le da la posibilidad a los países latinoamericanos de mantener una posición de defensa estratégica que sin dejar de tener un indiscutido valor es de orden secundario frente al económico. La necesidad de una base jurídica latinoamericana sobre derecho del mar es cada vez más urgente. Esta zona de Preservación determinada por los tres elementos antes citados podrán coincidir o no con las 200 millas aprobadas por varios países latinoamericanos. Esta posición permitirá hacer un gran aporte a la igualdad jurídica de los Estados, dándoles la posibilidad soberana a cualquiera nación de determinar unilateralmente la adopción de una posición jurídica que, en estos términos, debería imponerse como regla de Derecho Internacional. Luego, esta zona de preservación debe, a nuestro juicio, conformar un tipo jurídico internacional que permita a los países adoptarlo como fórmula de enfrentamiento a la realidad internacional y nacional. Este tipo no necesariamente deberá ser equivalente a las 200 millas. Razones de tipo geográfico imposibilitan la adopción de esta extensión, caso concreto del Caribe. Sumada a las concretas realidades nacionales necesarias de atender en forma racional y prudente. La práctica internacional está cada día demostrando que el mar territorial, en términos clásicos, ha dejado de ser la única institución jurídica que permite a los Estados velar por las riquezas marítimas adyacentes a sus costas. Nos referimos a este nuevo tipo jurídico-marítimo que permitirá a los Estados proteger la conservación y explotación de estas riquezas en términos, a nuestro juicio, mucho más racionales y justos para sus pueblos y sin dar lugar a violaciones de los principios y normas del Derecho Internacional. Un gran aporte de luz jurídica a la oscuridad en que nos encontrábamos es la Tesis del Mar Patrimonial del Prof. Edmundo Vargas Carreño29 quien, basándose en criterios muy similares a este tipo jurídico, ha fundamentado su tesis atendiendo a las características geográficas, geológicas y biológicas, y a las necesidades del racional aprovechamiento de sus recursos. Confiamos en la adhesión de la comunidad internacional a señalada tesis como única salida legal y modo de evitar un enfrentamiento jurídico que de hecho ya ha tenido consecuencias prácticas. (Guerra del Atún, Estados Unidos - Ecuador).
III. LATINOAMÉRICA Y LA CONFERENCIA DE DERECHO DEL MAR DE 1973 Históricamente las grandes potencias se han opuesto sistemáticamente a la tesis de las 200 millas. Nos referimos concretamente a EE.UU. y U.R.S.S. En los últimos tiempos se ha producido en Washington y Moscú un cambio de actitud, y ello se ha debido al curso que han tomado las deliberaciones del Comité de Expertos de la ONU que ha sesionado en Ginebra como comisión preparatoria de la Conferencia Marítima que ha de celebrarse en 1973, para ocuparse principalmente del mar territorial. Este comité ha determinado que cada día gana mayores adeptos la tesis de las 200 millas, particularmente entre los países afroasiáticos y aún europeos; concretamente Francia y España. En síntesis alrededor de 45 países han sostenido en Ginebra la aludida tesis. Estados Unidos y Unión Soviética estarían dispuestos a aceptar un mar territorial de 12 millas, (planteamiento por nosotros expresado anteriormente) medido desde la línea de las más bajas mareas, y una zona adicional de 200 millas, medida desde la línea exterior del mar territorial. Esta sería una zona de preservación, explotada preferentemente por el país ribereño, pero a la que tendrían acceso los terceros países en determinadas condiciones. En esta zona habría además libertad de navegación y sobrevuelo para los barcos y aeronaves de todos los países y todas las banderas. Aparte del interés económico, que no es pequeño, porque dice relación con la pesca, que cada día adquiere mayor desarrollo (la Unión Soviética tiene 250.000 hombres destinados a actividades pesqueras), existe el interés estratégico. Estas potencias navales desean mover sus escuadras a 12 millas de las costas y no a 212 millas. Además exigen libre navegación en los estrechos que comunican mares libres. Se ve, pues, que la diplomacia norteamericana trata de llegar a un acuerdo con la Unión Soviética para presentar un frente unido en Ginebra al grupo de países que cada día se acrecienta, que proclaman una zona de 200 millas de preservación y explotación de las riquezas marítimas. Hay, sí una cosa clara y es que las grandes potencias nunca aceptarán un mar territorial de 200 millas de ancho, sino un 'mar patrimonial' o 'zona de explotación económica' en que el país ribereño tenga una suma de derechos preferentes pero no exclusivos. Todo esto aconseja que los países latinoamericanos traten de ponerse de acuerdo sobre el carácter jurídico de la zona de 200 millas marítimas y la situación de terceros en la explotación de sus riquezas, a fin de que también ellos presenten un frente unido en las futuras discusiones de Ginebra. Este frente tendrá expectativas de éxito, sólo insistimos, cuando destierre de sus planteamientos la idea de 200 millas, mar territorial, y señalen a nuestro juicio la fórmula de Zona de Preservación como modus operandi latinoamericano. Creemos conveniente el señalar los Estados que poseen en la actualidad una zona de preservación de sus riquezasmarítimas adyacentes a sus costar más allá del mar territorial. A saber: Australia, Bélgica, Ceilán, Colombia, Corea, República Dominicana, Costa de Marfil, Costa Rica, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América, España, Francia, Ghana, India, Irlanda, Islandia, Italia, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Portugal, Reino Unidos de Gran Bretaña, Senegal, Sud África, Suecia, Túnez, Turquía, la República del Vietnam, y debemos destacar la adhesión de la República Popular de China. Creemos demostrar a la luz de la lista anteriormente expuesta, que un numero considerable de países en desarrollo, entre otros, han hecho suya esta nueva tendencia jurídica marítima. Consideramos sí qué el límite máximo para la extensión de esta Zona de Preservación, o a juicio del Profesor Edmundo Vargas Carreño, mar patrimonial sería de 200 millas marinas. Por las razones ya expuestas, científicas, geográficas y fundamentalmente económicas. Consecuencialmente, la norma de 200 millas no puede ser de aplicación universal, pues constituiría un burdo desacato a las realidades nacionales, al servicio de las cuales se encuentran. Es de todos sabido que grandes potencias aprovechando de sus mayores medios desean explotar de manera intensiva la riqueza del mar, su lecho y subsuelo, no solo dentro de sus propias áreas jurisdiccionales, sino en las inmediaciones de los territorios de otros países. Se explica así la reciente iniciativa de los Estados Unidos y la Unión Soviética, -hasta hace poco divididos en este campo- para la convocatoria de una Conferencia Internacional que limite en 12 millas la anchura máxima del mar territorial, con el agregado de una disposición sobre el libre paso a través de los estrechos internacionales y otras sobre el reconocimiento -aunque condicionado- de derechos preferentes a los Estados ribereños para la pesca más allá del mar territorial o la zona contigua, concebidos con el propósito de obtener el interés y respaldo de otros países.
El objetivo principal de ese intento es poner término a las proclamaciones y expectativas de los países menos desarrollados respecto a su jurisdicción sobre el mar. Se invoca, hoy como ayer, que la más amplia libertad de los mares es el bien de la comunidad internacional. Pero las naciones en desarrollo han comprendido al fin que, de hecho, esa extrema libertad (indiscutible para la comunicación), cuando se aplica a los recursos del mar en realidad sólo beneficia a las potencias marítimas que tienen medios para hacer uso de ella, y que lo hacen en su propio provecho, prescindiendo de las necesidades de los Estados costeros cuyos recursos extraen hasta casi su extinción, como ocurrió en el caso de las ballenas. Hoy está claro que, en última instancia -y apenas con unas pocas excepciones- la controversia sobre el límite del mar territorial no es otra cosa que el conflicto de intereses entre grandes potencias y países menos desarrollados. Naturalmente, a estos últimos les conviene ampliar cuanto antes sus jurisdicciones marítimas, para evitar que los recursos existentes en las inmediaciones de sus territorios sean agotados y reducidos al mínimo antes de que los propios Estados costeros estén en condiciones de explotar esos recursos en la escala requerida por sus exigencias de bienestar y progreso. Tarde o temprano deberá llegarse al convencimiento que el único camino justo y viable para llegar a un acuerdo definitivo y satisfactorio para todos es aceptar la pluralidad de regímenes, con arreglo a las particularidades geográficas y a las necesidades y responsabilidades derivadas de los distintos grados de desarrollo que existen entre las naciones. Esta será no sólo la actitud más práctica, sino también la más justa para poner fin a un conflicto que revela profundas inconsecuencias. Es difícil comprender por que si las grandes potencias tienen el convencimiento y la voluntad de ayudar a los países en vías de desarrollo, al mismo tiempo apoyan actividades a intereses privados que pueden conducir al agotamiento de los recursos de esos países, reduciendo así su capacidad de Progreso.
Esperamos con firme convicción de que todo estos conceptos quedarán muy pronto incorporados al Derecho Internacional del Mar, hoy en vías de una transformación apasionante y de una importancia tal vez decisiva para promover el entendimiento y la colaboración entre los pueblos, con miras al bienestar común, solidificando así el Derecho Internacional de cooperación a introduciéndonos cada día más en el campo del Derecho Internacional Comunitario. Creemos de conveniencia, para complementar el cuadro de este enfoque jurídico de la tesis de las 200 millas, mencionar los textos de los documentos positivos de más relevancia en el contexto americano y algunos comentarios que nos merecen. Hemos intencionadamente ignorado los documentos de carácter universal, pues sus principios están recogidos, por los que se exponen de orden regional: 4. DECLARACIÓN SOBRE ZONA MARÍTIMA, SUSCRITA EL 18 DE AGOSTO DE 1952, EN LA PRIMERA CONFERENCIA SOBRE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS RIQUEZAS MARÍTIMAS DEL PACÍFICO SUR REUNIDA EN SANTIAGO.
ENTRADA EN VIGOR: Aprobación del Congreso Nacional comunicada por Oficio del Senado Número 495 del 2 de septiembre de 1954. Ratificada por Decreto Número 432 del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 23 de septiembre de 1954. Publicado en el 'Diario Oficial' del 22 de noviembre de 1954.
3. Por lo tanto, es también su deber impedir que una explotación de dichos bienes, fuera del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y conservación de esas riquezas en perjuicio de los pueblos que, por su posición geográfica, poseen en sus mares fuentes insustituibles de subsistencia y de recursos económicos que les son vitales. Por las consideraciones expuestas, los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, decididos a conservar y a asegurar para sus pueblos respectivos las riquezas naturales de las zonas del mar que baña sus costas, formulan la siguiente declaración: I. Los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan las costas de los países declarantes, hacen que la antigua extensión del mar territorial y de la zona contigua sean insuficientes para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas, a que tienen derecho los países costeros.
IV. En caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicara en todo el contorno de la isla o grupos de islas.
Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviere a menos de 200 millas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos.
V. La presente Declaración no significa desconocimiento de las necesarias limitaciones al ejercicio de la soberanía y jurisdicción establecidas por el derecho internacional, en favor del paso inocente a inofensivo, a través de la zona señalada, para las naves de todas las naciones.
VI. Los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, expresan su propósito de suscribir acuerdos o convenciones para la aplicación de los principios indicados a reglamentar y proteger la caza y la pesca dentro de la zona marítima que les corresponde y a regular y coordinar la explotación y aprovechamiento de cualquier otro genero de productos o riquezas naturales existentes en dichas aguas y que sean de interés común.
Santiago, 18 de agosto de 1952 .
JULIO RUIZ BOURGEOIS, Delegado de Chile; JORGE FERNÁNDEZ SALAZAR, Delegado del Ecuador; ALBERTO ULLOA, Delegado del Perú .
Estimamos oportuno reiterar una vez más que las interpretaciones de este documento que un principio fueron unánimes y coincidentes en señalar que nos encontrábamos frente a una zona de preservación de los recursos del mar y no de un mar territorial. Si analizamos con detenimiento el informe conjunto de las delegaciones de Chile, Ecuador y Perú a la reunión preparatoria de la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, celebrada en Quito en enero de 1950 tendremos un argumento incuestionable al respecto.
'La delegación del Ecuador observó que, habiendo los tres países llegado a establecer que los derechos por ellos proclamados en materia de conservación y aprovechamiento de los recursos no constituían, a la luz de la Declaración de Santiago, alteración del mar territorial'. Pero esta conducta expresamente aquí expuesta cambio y hoy día Ecuador y Perú con más incertidumbre, sostienen que son 200 millas de mar territorial, llevando sus políticas internacionales marítimas, de acuerdo a esta interpretación que no fue la que estuvo en el espíritu del constituyente de 1952. Reiteradas publicaciones de sus cancillerías confirman lo que señalamos. Expresamos en su oportunidad el error conceptual jurídico que se tuvo al introducir los elementos Soberanía y Jurisdicción Exclusiva en mencionado documento, que permiten la argumentación jurídica al tenor literal del texto de la Declaración en su art. II.
Chile sostiene hoy en día, y con ciertos matices ayer, que se trata de una definida zona de preservación de 200 millas. Señalamos en su oportunidad la necesidad de fijar a través de una Declaración nuestras interpretaciones para aclarar una situación que de hecho es ilógica.
II. La Resolución LXXXIV sobre Preservación de los recursos naturales, plataforma submarina y agua del mar. Aprobada por la Décima Conferencia Interamericana, Caracas, 1954 30. En ella se conforman los siguientes postulados textualmente:
El interés de los Estados Americanos en las declaraciones o actos legislativos nacionales que proclaman soberanía, jurisdicción, control o derechos de explotación o vigilancia a cierta distancia de la costa, tanto sobre la plataforma submarina como sobre las aguas del mar y las riquezas naturales que en ella existan.
Que los Estados ribereños tienen interés vital en la adopción de medidas de orden legal, administrativo y técnico para la conservación y prudente utilización de los recursos naturales existentes o que se descubran en las indicadas zonas, en su propio beneficio, del continente y de la comunidad de naciones;
Que el Consejo de la Organización de los Estados Americanos convoque para el ano 1955 una conferencia especializada con el propósito de que se estudien en su conjunto los distintos aspectos del régimen jurídico y económico de la plataforma submarina, de las aguas del mar y de sus riquezas naturales a la luz de los conocimientos científicos actuales.
Que el mismo Consejo solicite de los organismos interamericanos pertinentes, que presten la cooperación necesaria para los trabajos preparatorios que requiere la celebración de dicha conferencia especializada; y
Al Consejo de la Organización de los Estados Americanos el estudio de la posibilidad de establecer, de acuerdo con el gobierno del Ecuador, en las islas Galápagos, un Instituto Oceánico Interamericano para que en colaboración con otros organismos especializados dedique preferente atención a la investigación científica de la oceanografía en sus diversas ramas (geológica, histórica, estática, dinámica, biológica y económica) con miras a conseguir mediante la cooperación de todos los Estados miembros un mejor conocimiento y utilización de los recursos naturales de las aguas del mar, de los estratos sumergidos y del subsuelo.
Creemos a la luz de esta resolución poder señalar que dos años más tarde de la 'Declaración de Santiago' ya se abrían las puertas filosófico-jurídicas a la existencia generalizada de la Preservación de los recursos naturales, plataforma submarina y riquezas del mar, como una realidad incuestionable en el contexto americano.
Observamos que la América recomienda a la Organización de los Estados Americanos su intervención para un mejor conocimiento y utilización de los recursos naturales. Es esta una toma de razón de carácter colectivo.
III. Consideramos de interés en tercer lugar destacar los 'Principios de México sobre régimen jurídico del mar'. Resolución XIII, aprobada por el Consejo Interamericano de jurisconsultos en su tercera reunión celebrada en la ciudad de México, en 1956.
Se plantearon concepciones concretas referentes a:
A) Mar Territorial. B) Plataforma Continental. C) Conservación de los recursos vivos de alta mar. D) Líneas de base. E) Bahías.
Creemos conveniente, el transcribir los puntos referentes al Mar Territorial por considerarlo de especial atención.
A) MAR TERRITORIAL
1. La extensión de tres millas para delimitar el mar territorial es insuficiente y no constituye una norma general de Derecho Internacional. Por lo tanto, se justifica la ampliación de la zona de mar tradicionalmente llamada 'mar territorial'.
2. Cada Estado tiene competencia para fijar su mar territorial hasta limites razonables, atendiendo a factores geográficos, geológicos y biológicos, así como a las necesidades económicas de su población y a su seguridad y defensa.
En relación al punto A, número 1 y 2, estimamos trascendente acotar una cierta incertidumbre: sin duda es legitimo que un Estado extienda su mar territorial tradicional; pero ¿hasta donde sería ello válido? A nuestro entender sólo sería aceptable una ampliación hasta un límite de 12 millas.
Se señalan como criterios legitimantes de esta extensión factores geológicos, geográficos y biológicos, así como necesidades económicas de la población y a su seguridad y defensa. Sin duda alguna suscribimos íntegramente este conjunto de elementos directrices de una fundamentación. No de ampliación de mar territorial, sino de constitución de una zona de preservación de los recursos de mar o de mar patrimonial.
IV. En cuarto lugar podemos señalar como documento interesante de analizar en esta materia la 'Declaración de Montevideo sobre Derecho del Mar' suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1970, en la cual se reconocieron y reafirmaron derechos de las naciones frente a la materia en cuestión.
Declaran como Principios Básicos del Derecho del Mar:
1. El derecho de los Estados ribereños de disponer de los recursos naturales del mar adyacente a sus costas, y del suelo y subsuelo del mismo mar, para promover el máximo desarrollo de sus economías y elevar los niveles de vida de sus pueblos;
2. El derecho a establecer los límites de su soberanía y jurisdicción marítimas, de conformidad con sus características geográficas y geológicas y con los factores que condicionan la existencia de los recursos marinos y la necesidad de su racional aprovechamiento.
5. El derecho a explorar, conservar y explotar los recursos naturales del suelo y del subsuelo de los fondos marinos, hasta el limite donde el Estado ribereño ejerza su jurisdicción sobre el mar:
6. El derecho a adoptar medidas de reglamentación para los fines precitados aplicables en las zonas de su soberanía y jurisdicción marítimas sin perjuicio de la libertad de navegación y el sobrevuelo de las naves y aeronaves de cualquier pabellón.
Esta Declaración será conocida como la 'Declaración de Montevideo sobre el Derecho del Mar'.
Montevideo, 8 de mayo de 1970.
V. En quinto lugar, podemos citar 'La Declaración de Lima de los Estados Latinoamericanos sobre el Derecho del Mar'. En esta Reunión Latinoamericana sobre aspectos del derecho del mar, se examinaron cinco puntos, que conocemos con el nombre de: Principios Comunes del Derecho del Mar 31:
1. El derecho inherente del Estado ribereño a explorar, conservar y explotar los recursos naturales del mar adyacente a sus costas, y del suelo y subsuelo del mismo mar, así como de la plataforma continental y su subsuelo, para promover el máximo desarrollo de sus economías y elevar los niveles de vida de sus pueblos;
2. El derecho del Estado ribereño a establecer los límites de su soberanía o jurisdicción marítimas de acuerdo con criterios razonables, atendiendo a sus características geográficas, geológicas y biológicas, y a las necesidades del racional aprovechamiento de sus recursos;
3. El derecho del Estado ribereño a adoptar medidas de reglamentación para los fines precitados, aplicables en las zonas de su soberanía o jurisdicción marítima, sin perjuicio de la libertad de navegación y el sobrevuelo de las naves y aeronaves de cualquier pabellón;
4. El derecho del Estado ribereño a prevenir la contaminación de las aguas y otros efectos peligrosos y nocivos que pueden resultar del uso, exploración y explotación del medio adyacente a sus costas;
5. El derecho del Estado ribereño a autorizar, vigilar y participar en todas las actividades de investigación científica que se efectúen en las zonas marítimas sometidas a su soberanía o jurisdicción, así como a recibir los datos obtenidos y los resultados de tales investigaciones.
La presente declaración será conocida como la 'Declaración de Estados Latinoamericanos sobre el Derecho del Mar'.
Lima, 8 de agosto de 1970.
VI. Nos parece necesario el transcribir la resolución 2, de esta reunión Latinoamericana sobre aspectos del Derecho del Mar, porque ella trata acerca de la convocatoria de una nueva Conferencia Internacional sobre Derecho del Mar.
Acerca de la convocatoria de una nueva conferencia internacional sobre Derecho del Mar 32
LA REUNIÓN LATINOAMERICANA SOBRE ASPECTOS DEL DERECHO DEL MAR:
Recordando las resoluciones 789 (VIII) y 1105 (XI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
Teniendo en cuenta que los problemas relacionados con la alta mar, las aguas jurisdiccionales, las zonas contiguas, la plataforma continental, las aguas suprayacentes y los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional están estrechamente vinculados entre sí, de modo que su examen debe tener en cuenta la necesaria correlación entre el régimen jurídico y el medio físico al que se aplica;
Considerando que, por mandato de la Asamblea General a través de su resolución 2574 A (XXIV), el Secretario General ha consultado a los Estados miembros la conveniencia de convocar en fecha próxima una conferencia sobre el derecho del mar para revisar los regímenes de la alta mar, la plataforma continental, el mar territorial y la zona contigua, la pesca y la conservación de los recursos vivos de la alta mar, especialmente para llegar a una definición clara, precisa a internacionalmente aceptada de la zona de los fondos marinos y oceánicos que se halla fuera de la jurisdicción nacional a la luz del régimen internacional que se establecerá para esa zona;
Considerando también que la convocatoria de una conferencia o conferencias de agenda limitada, tendientes a resolver de manera aislada determinados aspectos de los derechos del mar es inconveniente, pues comprometería el éxito de una conferencia de carácter general; y es antagónica al criterio reconocido por la Comisión de Derecho Internacional aprobado por las citadas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el tratamiento conjunto de los asuntos marítimos;
Teniendo en cuenta, además que el Secretario General deberá informar a la Asamblea General en su vigésimo quinto período de sesiones acerca de los resultados de su consulta;
Recomienda a los Gobiernos de los Estados participantes en la Reunión:
a) Que, si aún no lo han hecho, den respuesta a la consulta del Secretario General en sentido favorable a la convocatoria de una conferencia internacional sobre el derecho del mar, siempre que en ella se consideren los diversos temas incluidos en la Resolución 2574 A (XXIV) y una vez que se hayan definido el régimen internacional permanente y el mecanismo administrativo aplicable a los fondos marinos extrajurisdiccionales, y que los estudios, informes y consultas que se efectúen al efecto determinen que existen perspectivas razonables para el éxito de la conferencia;
b) Que instruyan a sus Delegaciones ante las Naciones Unidas para que al discutirse este tema en la XXV Asamblea General, sostengan el criterio arriba mencionado;
c) Que instruyan asimismo a dichas Delegaciones en el sentido de oponerse a cualquier iniciativa dirigida a la convocatoria de una conferencia o conferencias de agenda limitada a determinados aspectos del derecho del mar.
VII. La resolución sobre Derechos del Mar, adoptada por el VIII Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. 33
VIII. 'El proyecto soviético-norteamericano sobre Derecho del Mar', es un instrumento de gran importancia en nuestro análisis, pues refleja la posición de dos fuertes potencias en la materia. 34
IX. El informe hecho por el jurista chileno don Edmundo Vargas Carreño, sobre 'Mar Territorial y Mar Patrimonial' ante el Comité Jurídico Interamericano, que sin duda alguna constituye uno de los instrumentos de más perspectivas jurídicas y económicas dentro no solo del contexto regional americano sino mundial 35.
Conferencia dictada por el Comandante de la Armada Don Pedro Romero Julio, sobre 'Geopolítica del Pacífico', pág. 72. volver
Conferencia de ONU sobre Derecho del Mar. Ginebra 1958. PASSIM. volver
Publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores Peruano. 11 de Mayo de 1970. Pág. 13. volver
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Soberanía Marítima Fundamentos de la Posición Peruana. Pág. 14. Empresa Editora del Diario Oficial 'El Peruano'. volver
Charles Rousseau: Derecho Internacional Público. Editorial Ariel. Barcelona. Pág. 540. España. volver
Charles Rousseau: Obra citada. volver
'Un hito en el panamericanismo'. Editorial: Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito. 1971. volver
'Mar territorial y Derecho moderno': Sergio Gutiérrez Olivos. Trascripción: de 'Decla­ración de Santiago', pág. 32. volver
Vicente Marotta Rangel: 'Informe sobre Derecho del Mar'. Grupo de estudio Interamericano Dotación Carnegie para la Paz Internacional. 1° Sesión Bariloche, Rep. Argentina. volver
Francisco Orrego Vicuña: 'Chile y el Derecho del Mar'. Editorial Andrés Bello. Santiago, de Chile de 1972. Pág. 10. volver
Francisco Orrego Vicuña: 'Chile y el Derecho del Mar'. Editorial Andrés Bello. San­tiago de Chile, 1972. Texto íntegro del informe. Francisco Orrego Vicuña: Obra citada pág. 39. volver
Texto integro de la Moción Parlamentaria ver: Francisco Orrego Vicuña: 'Chile y el Derecho del Mar'. Editorial Andrés Bello, pág. 42. volver
Edmundo Vargas Carreño: Comité Jurídico Interamericano. Informe preliminar presen­tado por el Relator Señor Edmundo Vargas Carreño, sobre Mar Territorial y Mar Patrimo­nial, Abril 1971. 'Espacio marítimo en el cual, el Estado Ribereño tiene el derecho exclusivo a explorar, conservar y explotar los recursos naturales del mar adyacente a sus costas, del suelo y subsuelo hasta el límite que dicho Estado determine, de acuerdo con criterios razonables, atendiendo a sus características geográficas geológicas y biológicas y a las necesidades del racional apro­vechamiento'. volver
Disposiciones de la Dirección del Litoral y Marina Mercante. Comisión de Economía y Comercio del Senado. Francisco Orrego Vicuña: obra citada, pág. 83. volver
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Ley General de Pesquería. Decreto‑Ley 18.810. Publicación: Ministerio de Economía y Finanzas. Oficina de Relaciones Públicas, Lima‑Perú. volver
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Texto del discurso pronunciado por el Ministro de RR. EE. del Perú Don Edgardo Mercado J., el 5 de Octubre de 1970. Publicación: Del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Pág. 7 al 13. volver
Poder Ejecutivo Nacional: Ley N° 17.094 ‑ M. 24. Buenos Aires 29 ‑ 12 ‑ 1966. Copia autorizada. Cancillería Argentina (Fuente). volver
Poder Ejecutivo Nacional: Decreto N° 51.06, Buenos Aires. 4 ‑ 1 ‑ 1967. Artículo 1° mientras no se dicta el reglamento a que se refiere el artículo N° 4 de la Ley 17.094, el Comando de Operaciones Navales queda autorizado para expedir a las embarcaciones soli­citantes, de pabellón extranjero permiso para desarrollar tareas de pesca en el mar territo­rial argentino, a una distancia no menor de 12 millas de la costa. Es copia DUV. volver
Decreto Ley N° 1.098. Vicente Marotta Rangel: 'Informe sobre el derecho del mar'. Grupo de estudio interamericano. Dotación Carnegie para la Paz Internacional. 1° Sesión Bariloche. R. Argentina. Agosto 1971. Passim. volver
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'Mar Territorial y Mar Patrimonial', Edmundo Vargas Carreño. Instituto de Ciencias Políticas, Universidad Católica de Chile, 1971. Ver anexo. volver
Véase, Edmundo Vargas Carreño. Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Documento de Trabajo N° 2. Anexo N° 2. Páginas 34, 35 y 36. volver
Véase, Francisco Orrego Vicuña: 'Chile y el Derecho del Mar'. Texto del acuerdo, pá­ginas 127 ‑ 128. Editorial Andrés Bello, 1972. volver
Véase, Francisco Orrego Vicuña. Op. cit. pág. 131. (Texto completo). volver
Publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Lima, Octubre 1970. volver
Véase, Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Documento de trabajo de Agosto de 1971. N° 2, Anexo 6°, páginas 48 y 55. Citado por Edmundo Vargas Carreño. volver
Véase, Edmundo Vargas Carreño. 'Mar territorial y mar patrimonial'. Documento de tra­bajo publicado por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, N° 2, Serie Agosto 1971. volver