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Timestamp: 2020-01-21 02:48:12
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 51', 'artículo 417', 'artículo 1910', 'artículo 2104', 'artículo 228']

EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD | Comam
El régimen jurídico de la protección de la salud en México ha tenido siempre un lugar preponderante en la discusión académica y política; sin embargo, recientemente ha tomado una desusada importancia, debido, por un lado, a que constituye la respuesta a una necesidad fundamental del individuo y, por otro, a la enorme complejidad que reviste tanto en los aspectos económicos, técnicos, asistenciales, jurídicos y humanos.El tema de la responsabilidad profesional en materia de salud es hoy un asunto de amplia discusión en nuestro país y en el resto del mundo.
Y así debe serlo. El número de quejas y demandas originadas por la prestación de los servicios médicos en la actualidad nos obliga a reflexionar acerca de las causas que han motivado su incremento y, sobre todo, exige particularmente de la comunidad médica y legal un conocimiento profundo sobre la materia, pues en la solución de estas controversias está involucrado uno de los intereses fundamentales que le asiste a todo mexicano: el derecho a recibir prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea.
Es por estas razones que me siento muy honrada de poder participar en esta ocasión para contribuir, modestamente, en el enriquecimiento y difusión de esta incipiente materia, exponiendo algunos de los conceptos que a mi juicio resultan de mayor relevancia.
Pues bien, antes de emprender el análisis relativo al marco jurídico que regula lo concerniente al trámite y solución de las controversias por la prestación de un servicio médico, quisiera comenzar describiendo, brevemente, el contenido y alcance que tiene en nuestro país el derecho a la salud.
El derecho a la salud en la legislación mexicana.
En principio y como referencia histórica, debemos señalar que, en México, la revolución de 1910 fue un factor decisivo para la conformación de los llamados derechos sociales, también conocidos como derechos prestacionales, los cuales implican, necesariamente, una acción positiva por parte del Estado que se traduce normalmente en la prestación de algún bien o servicio.
Las principales demandas populares que originaron este movimiento social fueron recogidas posteriormente en el texto constitucional de 1917, adicionando a los tradicionales derechos individuales esa nueva clase de derechos que elevaron a norma fundamental la defensa de los derechos de los trabajadores, y que no tardaron en incluir la protección a la mujer embarazada, la obligación patronal de establecer enfermerías, la atención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y la cobertura de las indemnizaciones por riesgos de trabajo, por principio.
Ahora bien, el derecho a la protección de la salud en nuestro país se circunscribe precisamente dentro de esta rama del derecho y, por tanto, impone al Estado la obligación de realizar a favor de su titular una serie de prestaciones, las cuales están destinadas a satisfacer una necesidad de índole individual, pero colectivamente considerada.
Se trata de un derecho que se revela frente al Estado, el cual asume el deber de proteger convenientemente la salud mediante la organización y puesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para acceder a ella.
El sentido de la intervención estatal en el ámbito de la salubridad –como en cualquier otro derecho social– no es otro que el de superar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad y que impide a muchos un tratamiento médico adecuado, entre otros aspectos que este derecho contiene.
Dentro de este contexto y como reconocimiento a uno de los derechos fundamentales contenidos en la declaración universal de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a la protección de la salud, como derecho autónomo, fue elevado a rango constitucional mediante reforma al artículo 4º de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, por la cual se le adicionó el siguiente párrafo:
La incorporación del derecho a la salud en el texto constitucional ha sido objeto de múltiples debates. Existen quienes han abogado en su favor y hay también quienes critican la inoperancia de dicho precepto.
Algunos autores coinciden en señalar que este derecho es una disposición de carácter programático, que establece simplemente directivas de acción para los poderes constituidos.2 Ese tipo de normas programáticas en una Constitución solamente representan el estímulo y guía de la acción de gobierno, pero de ninguna forma alcanzan a tener carácter vinculatorio.
Los criterios antes señalados conducirían a sostener que en ningún caso el ciudadano podría tener acceso a la tutela jurisdiccional para hacer valer su derecho constitucional en juicio. Inclusive, hay quienes consideran que ante la imposibilidad de que el Estado se vea obligado coactivamente a hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, éste se vea sancionado por otros medios como la censura o el voto de castigo.
Otros autores sostienen, en cambio,4 que, si bien los derechos sociales no permiten reconocer desde la Constitución el otorgamiento de prestaciones, es decir, el reconocimiento de un derecho subjetivo oponible al Estado que garantice su exigibilidad, no por ello carecen de eficacia jurídica al punto de convertirse en meros enunciados programáticos.
Por nuestra parte coincidimos en señalar que aun cuando no pueda afirmarse que desde la Constitución Federal se otorgue al particular un derecho subjetivo que obligue coactivamente al Estado para hacer efectivo dicho derecho; en el preciso momento en que el legislador desarrolla los principios fundamentales en esta materia, o como lo dice expresamente el texto constitucional, “define las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud”, surge de esta forma el derecho del gobernado para exigir, siempre que se encuentre dentro de la hipótesis legal, el cumplimiento de su derecho constitucional, y en caso de que éste sea desconocido, podrá acudir al juicio de amparo reclamando la violación a su derecho constitucional a la protección de la salud.
De esta forma podemos concluir que una vez regulado a nivel constitucional el derecho a la salud, el legislador ordinario no puede desconocerlo; sino, por el contrario, se ve obligado a regularlo conforme lo que dispone la propia Carta Magna, con lo que se materializa el derecho del individuo para combatir aquellas situaciones que llegaren a violentar sus garantías individuales.
La responsabilidad profesional médica como parte integral del derecho a la salud.
El derecho a la salud encuentra su contenido específico, por disposición expresa de la misma Constitución –en atención a la reserva de ley que se encuentra contenida en su artículo 4º– en las disposiciones legislativas secundarias, a las cuales corresponde reglamentar y ampliar los contenidos del derecho a la protección de la salud constitucionalmente consagrado.
En este sentido, la Ley General de Salud se encarga de definir los propósitos que se persiguen con la protección de este derecho fundamental, al disponer en su artículo 2º que:
ARTÍCULO 2º.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:
Por su parte, el artículo 51 del referido ordenamiento contiene otro de los derechos que le asiste a todo usuario del sistema nacional de salud, ya sea éste de carácter público o privado, al disponer que:
Como se advierte de lo anterior, el derecho a la salud en nuestra legislación no se limita a la sola prestación del servicio médico, sino que abarca, junto con éste, el derecho a que la atención médica sea proporcionada en las condiciones que la propia ley establece, es decir, de una manera profesional y éticamente responsable, en condiciones de respeto y dignidad.
Frente a este derecho de los usuarios existe, correlativamente, la obligación para las instituciones, médicos y en general para cualquier persona relacionada con la prestación de servicios de salud, de brindar la atención médica en las condiciones antes descritas, por lo que, si su actuación no se ajusta a las normas que contemplan la forma en que ésta debe ser proporcionada, dichas personas podrán ser sujetos de responsabilidad jurídica. Es decir, la responsabilidad es compartida por todos aquellos que intervienen en la prestación de los servicios de salud: médicos, enfermeras, intendentes, administrativos, auxiliares, y, en su caso, las propias instituciones.
Precisado lo anterior, quisiera proseguir esta exposición detallando los antecedentes y conceptos generales sobre el tema de la responsabilidad profesional médica, para después analizar, individualmente, los diferentes tipos de responsabilidad en que pueden incurrir los prestadores de este servicio.
Conceptos generales y antecedentes de la responsabilidad profesional médica.
El término jurídico “responsabilidad” proviene del vocablo latino “responderé” que se traduce en la obligación de responder de alguna cosa o por alguna persona.
En otras palabras, debe entenderse que la responsabilidad es la obligación que tiene toda persona de responder por los hechos o actos en que participe, cuando los mismos han sido origen de un daño en las personas o cosas; “significa, de igual forma, reparar, satisfacer y compensar aquel evento negativo en el curso del quehacer diario con motivo de actos, omisiones y errores, ya sean voluntarios o involuntarios.”
Doctrinalmente, se ha clasificado a la figura jurídica de la responsabilidad como el género, a la responsabilidad profesional como la especie y a la responsabilidad profesional del médico como una sub- especie.
El concepto de responsabilidad profesional se refiere a la obligación que tienen de responder por sus actos aquellos que ejercen una profesión determinada, entendiéndose por ésta: “la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión”.
Es decir, esta especie de responsabilidad se refiere a la capacidad cualificada con la que la persona realiza su vocación dentro de un trabajo elegido y que tiene un reconocimiento oficial por parte del Estado.
En este contexto, podemos afirmar que la responsabilidad profesional médica es “la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios incluso, dentro de ciertos límites, cometidos en el ejercicio de su profesión.”
Como antecedente histórico de la responsabilidad médica, es interesante mencionar que ya desde el Código de Hamurabi, redactado alrededor del siglo XVIII antes de Cristo, se disponía que: “Si un médico ha llevado a cabo una operación de importancia en un señor con una lanceta de bronce y ha causado la muerte de ese señor o si ha abierto la cuenca del ojo de un señor con la lanceta de bronce y ha destruido el ojo de ese señor, se le amputará su mano.”
En la actualidad, el ejercicio de la medicina está sujeta a diversas normas reguladoras para asegurar su buen desempeño y proteger los valores de la comunidad a la cual debe servir el médico. Por ello, cuando el galeno en el ejercicio de su actividad profesional cause un resultado negativo en la salud de algún paciente, o como se conoce en el lenguaje médico, provoque una iatropatogenia12, en ese momento surge la obligación de responder civil, administrativa y/o penalmente por el daño producido.
En términos generales, la obligación del facultativo de responder por los daños ocasionados surge cuando se presenta alguna de las siguientes hipótesis, a saber:
La negligencia, la impericia y la imprudencia.
La negligencia puede definirse como el incumplimiento de los elementales principios inherentes al arte o profesión, esto es, que sabiendo lo que se debe hacer, no se hace, o a la inversa, que sabiendo lo que no se debe hacer se hace.
La impericia es la falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables que se debe tener obligatoriamente en determinada arte o profesión.
La imprudencia es lo opuesto a la prudencia. Es afrontar un riego sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento innecesario, sin detenerse a pensar los inconvenientes que resultarán de esa acción u omisión.
La actualización de cualquier de las anteriores hipótesis en el ejercicio profesional de la medicina puede dar lugar, como ya señalamos, a diversos tipos de responsabilidad, cuestión que en seguida se analizara detalladamente.
Cabe señalar que, según lo dispone la Ley General de Salud en distintos preceptos, así como el Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico14, la responsabilidad en que llegaren a incurrir los prestadores del servicio de salud, no se limita únicamente a los médicos profesionistas, sino que se hace extensiva a las instituciones, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, por lo que los conceptos que más adelante se especificarán, también son aplicables a éstos últimos.
Para los efectos del tema que nos ocupa, en esta ocasión nos limitaremos a hablar sobre la responsabilidad vinculada directamente con el rubro sanitario, sin incluir otras tales como la responsabilidad laboral, en que, de igual forma, pueden incidir los facultativos en su calidad de patrones.
Responsabilidad administrativa. Este tipo de responsabilidad surge cuando el médico infringe alguno de los preceptos establecidos en la Ley General de Salud, sus Reglamentos y demás disposiciones que emanan de dicha ley, con independencia que se cause o no un daño en la salud del paciente.
A manera de ejemplo, podemos citar que, al realizar su actividad profesional, las instituciones de salud y los facultativos deberán cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicio de Atención Médica, que al efecto dispone la forma y condiciones en que dicho servicio deberá ser prestado.
Las sanciones por responsabilidad administrativa son impuestas por las autoridades sanitarias, mismas que, según lo dispone el artículo 417 de la Ley General de Salud, pueden consistir en:
Por otra parte, cuando se trate de profesionistas que, por virtud del cargo desempeñado dentro del Sector Salud, tienen el carácter de servidores públicos, los mismos podrán ser sancionados en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sanciones que pueden consistir en la destitución y/o inhabilitación para volver a desempeñar un cargo público.
La responsabilidad civil, a diferencia de la responsabilidad administrativa, supone, necesariamente, la existencia de un daño ya sea éste de tipo patrimonial o moral, es decir, este elemento constituye un requisito sine qua non para su configuración.
Como elementos de esta responsabilidad encontramos, en primer término, “que se cause un daño; en segundo lugar, que alguien haya causado ese daño procediendo con dolo o con simple culpa y, finalmente, que medie una relación de causalidad entre el hecho determinante del daño y éste último”.
El Código Civil Federal establece, en forma genérica, la obligación de toda persona de reparar el daño causado cuando se hubiere actuado ilícitamente o contra las buenas costumbres, al efecto, el artículo 1910 señala:
En nuestra legislación, la responsabilidad civil deriva de dos posibles fuentes, el hecho ilícito también conocido como teoría subjetiva que se funda en la noción de culpa y la teoría objetiva o riesgo creado, que se traduce en la obligación de responder por los daños causados cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, con independencia de que exista culpa por parte del autor del hecho.
En ambos casos en que se produzca el daño, nace la obligación para los profesionistas de reparar los daños y perjuicios causados a sus pacientes, debiéndose entender por daño: la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación y, por perjuicio: la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.
Debe señalarse que los daños y perjuicios causados, deben ser consecuencia directa e inmediata de la falta de cumplimiento de la obligación o del deber jurídico del médico. En otras palabras, deberá existir una relación o nexo de causalidad, entre la falta cometida (atención médica inadecuada o mala práctica16) y el daño o perjuicio ocasionado (la situación patológica causada en el paciente).
Asimismo, la responsabilidad civil puede ser de índole contractual o extracontractual. En el primer caso, la obligación de indemnizar la adquiere aquel que ocasiona el daño debido al incumplimiento de un contrato, o a su cumplimiento defectuoso o tardío. Al respecto, resulta conveniente mencionar lo dispuesto en el artículo 2104, el cual dice:
ARTICULO 2104.- El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios…
La responsabilidad extracontractual surge cuando, sin mediar una relación jurídica entre el médico y el enfermo, el primero debe asumir las consecuencias económicas que se deriven por los resultados negativos que ocasione en el segundo. Esta hipótesis se presenta, por ejemplo, cuando el facultativo actúa unilateralmente en el caso de que se trate de una emergencia médica.
Ahora bien, las controversias suscitadas por una presunta responsabilidad civil médica pueden dirimirse de las siguientes dos formas.
Por la vía jurisdiccional. En este caso la autoridad competente será, generalmente, un juez civil de primera instancia, que deberá resolver la controversia atendiendo a la legislación civil de la Entidad Federativa a la que pertenezca
Normalmente, en estas controversias, el demandante exige el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la atención médica y que trajeron como resultado, presuntamente, un daño físico, o bien, un daño moral.
Si con las pruebas aportadas en el procedimiento se acredita la responsabilidad del facultativo, el juez de la causa condenará al resarcimiento de los daños sufridos. Para ello y cuando se trate de daño moral, el juez fijara la indemnización tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del médico, y la de la víctima, es decir, en este caso la indemnización se fija tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto.
En cambio, cuando el daño traiga como resultado la muerte u ocasione alguna lesión que incapacite permanente o temporalmente al paciente, entonces el monto de la indemnización se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, que es la que establece la suma que deberá pagarse por cada tipo de enfermedad o lesión sufrida.
Estas controversias están sujetas a los plazos y recursos que establece la ley adjetiva civil correspondiente, por lo que, usualmente, los tiempos de respuesta son prolongados.
Mediante una amigable composición. Es decir, por razón de los procedimientos de conciliación y arbitraje llevados a cabo ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, teniendo como fundamento dicha Comisión para tramitarlos el Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas.
Sobre este punto quisiera abrir un breve paréntesis para resaltar la importancia que ha tenido esta Institución en la solución de este tipo de conflictos.
En el momento en que se fueron incrementado las denuncias por responsabilidad médica durante los últimos años, se hizo patente la necesidad de crear en México un órgano que, de manera alterna, diera solución a estas controversias.
El objetivo principal que se perseguía con su creación era disminuir los tiempos de respuesta para los profesionistas médicos y para los usuarios, toda vez que los procesos judiciales en que se ventilan estos litigios suelen ser costosos y prolongados. Además, era necesario reducir la carga de trabajo, tanto de los juzgados civiles y penales como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, hasta ese momento, eran los únicos competentes para conocer de estos asuntos.
Es así como, para el mes de junio de 1996, entró en vigor el decreto por el cual se crea la Comisión Nacional de Arbitraje médico, que empezó a funcionar a partir del 10 de junio siguiente.
Al año de su creación, la CONAMED demostró ser un mecanismo eficaz para la atención de las quejas de los pacientes o de sus familiares resolviendo la mayoría de éstas a través de la conciliación.
A lo largo de su existencia, este organismo ha logrado incrementar la confianza entre los médicos y los pacientes quienes, con más frecuencia, solicitan y aceptan la intervención de la comisión para la búsqueda de solución a las controversias vinculadas con los actos médicos.
Además de resolver por la vía de la conciliación y arbitraje las controversias que se le plantean, la CONAMED cumple una función de orientación, al brindar atención y asesoría, tanto a usuarios como a prestadores de servicios, sobre sus derechos y obligaciones en materia de salud.
Cabe aclarar que siempre será necesario que las partes involucradas en la controversia tengan disposición para someter su queja o inconformidad a la CONAMED, puesto que este mecanismo alterno no puede ser obligatorio al existir disposiciones de orden público que garantizan a cualquier ciudadano el derecho para que el Estado, por conducto de sus tribunales, dirima cualquier conflicto.
Pero una vez que las partes deciden someterse al arbitraje y se dicta el laudo correspondiente, dicha resolución tiene la misma fuerza que una sentencia ejecutoriada, es decir, respecto de la cual no procede ningún recurso o juicio, por lo que deberá estarse a lo ahí resuelto.
Un punto que debe destacarse es el relativo a las estadísticas presentadas año con año por esta Comisión. Resulta de gran importancia contar con datos seguros que contribuyan a la toma de decisiones para el mejoramiento de la atención sanitaria y para la prevención de estas controversias.
Así, por ejemplo, se tienen los siguientes datos derivados del informe de labores de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico correspondiente al período comprendido entre el mes de junio de 1999 y el mes de mayo de 2000, de entre los cuales quisiera destacar los siguientes:
Los motivos o causas que originaron las inconformidades de los usuarios en este período fueron las siguientes:
Diagnóstico: 377; tratamiento médico: 737; tratamiento quirúrgico: 825; auxiliares de diagnóstico y tratamiento: 93; relación médico paciente: 76; otros: 324.
De estos datos se desprende que los motivos más frecuentes de inconformidad están relacionados con tratamiento inoportuno, insatisfactorio, o con complicaciones secundarias; cirugías innecesarias; complicaciones post quirúrgicas; resultados no satisfactorios; diagnóstico erróneo o inoportuno; así como deficiente comunicación médico-paciente.
Por otra parte, del total de las 2, 357 quejas médicas desahogadas en este período, 657 fueron conciliadas de forma inmediata; 863 fueron resueltas mediante un convenio de conciliación; 718 no pudieron ser conciliadas; y 119 fueron desahogadas en forma diversa.
Estos números nos permiten comprender la importancia que ha tenido la Comisión en su tarea de conciliar a las partes y dar solución a las controversias, pues del número total de quejas desahogadas el 64.48% de las mismas fueron resueltas mediante una conciliación inmediata o por medio de un convenio de conciliación, lo que garantiza a las partes una solución expedita al conflicto.
Establecido lo anterior, volvamos al tema de la clasificación de la responsabilidad profesional médica, correspondiendo ahora el análisis de la responsabilidad penal.
A diferencia del derecho civil que tutela, específicamente, un interés individual y que, en caso de contravención, da lugar a una sanción indemnizatoria, el derecho penal descansa en la idea de un valor colectivo que el Estado debe proteger y que genera para el autor de la conducta reprochable una sanción represiva, como puede ser, entre otras, la pena de privación de la libertad.
La responsabilidad penal surge cuando una persona, en contravención a las normas que describen las conductas delictivas, comete en forma dolosa o culposa alguno de los ilícitos previstos por dichos ordenamientos.
Los delitos referentes al ejercicio profesional de la medicina se encuentran establecidos en los distintos códigos penales de la República, en la Ley General de Salud, así como en diversos ordenamientos referentes al ejercicio profesional.
Al respecto el artículo 228 del Código Penal Federal establece:
Art. 228.- Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre el ejercicio profesional, en su caso:
II.- Estarán obligados a la reparación del daño por sus propios actos y por los de sus auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos.
Cabe señalar que la reparación del daño en materia penal tiene el carácter de pena pública y se exige de oficio por el Ministerio Público. Los afectados o sus derecho- habientes pueden aportar las pruebas para demostrar las procedencias y el monto la indemnización.
Esta reparación del daño comprende, al igual que en la materia civil, la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativo en que incurrió la víctima.
Finalmente, debe señalarse que cuando se exija el daño en la vía penal, la indemnización será fijada por los jueces atendiendo a las pruebas obtenidas en el proceso y, de igual forma, con base en lo establecido por la Ley Federal de Trabajo.
Hemos concluido aquí el tema de las responsabilidades que traen aparejada una consecuencia jurídica para los prestadores del servicio médico; sin embargo, no quiero dejar de referirme a otro tipo de responsabilidad que, aunque no conlleva una sanción pública o privada, no por ello deja de tener un valor fundamental en el ejercicio de esta noble profesión, me refiero a la ética médica.
La responsabilidad ética y moral del médico es la obligación que existe en todo profesional de la salud de responder por el incumplimiento de los códigos deontológicos y los dictados de su conciencia.
La ética médica fundada en la responsabilidad del que ejerce la medicina exige el respeto a la dignidad humana, a la nobleza de su cuerpo en cualquier situación.
Aunque este tipo de normas no tengan una relación con una disposición jurídica, no por ello pueden dejar de observarse, ya que el juramento hipocrático que realiza todo médico al iniciarse en esta profesión exige de éste el cumplimiento de los principios y fundamentos éticos que regulan esta disciplina.
A diferencia de otros países, en México carecemos hasta el momento de un código de deontología médica, lo cual, en mi opinión, ayudaría a mejorar la relación médico-paciente y, sobre todo, para que el facultativo tuviera un conocimiento exacto acerca de la forma en que debe proceder al ejercer su profesión.
Se ha dicho respecto de los médicos que, “el que exista un instrumento que les señale con claridad cuáles son sus deberes y sus derechos, es contar con una invaluable guía admonitoria. Si se atiende diligentemente lo allí establecido, el médico puede tener la seguridad de que su actuar está ajustado a la ética y a la deontología y, por lo tanto, se haya amparado por el manto de la ley.
Existen, sin embargo, algunos trabajos que avanzan favorablemente en esta línea. Es tiempo de unir esfuerzos y analizar la conveniencia de legislar en materia de responsabilidad ética, con la finalidad de garantizar a toda persona un trato médico digno y respetuoso.
La propia Ley General de Salud, como ya señalamos, establece que la atención médica debe ser proporcionada de una manera profesional y éticamente responsable. Sin embargo, si no existe una disposición que desarrolle y defina con claridad éste concepto, será difícil llevar a la práctica su verdadero significado.
Hoy vemos que, no obstante que el médico cada vez es más preparado en su especialidad, con nuevas técnicas, avances farmacéuticos y científicos, actualizado a través de cursos, congresos y conferencias, existe un incremento importante en las denuncias por responsabilidad médica.
Tenemos que reflexionar el porqué de esta circunstancia. Es probable que una de las razones se deba a que muchas de las veces el enfermo considera su curación como un derecho y no como una posibilidad. Al no lograrse esto, estima la atención del profesional como un fracaso.
En adición, nuestra cultura sanitaria es muy deficiente, los pacientes somos, en muchas ocasiones, además de exigentes, poco colaboradores; pero eso parte también de una deficiente actuación de las instituciones de salud y, en muchos otros casos de la formación médica, de la enseñanza en salud, del número de personas que un médico debe atender en el servicio público, del número de horas que trabaja y de tantos factores que ustedes, mejor que yo, podrían mencionar.
Es necesario otorgar a la responsabilidad médica su verdadera dimensión. Es cierto que el prestador de este servicio está obligado a reparar el daño cuando éste se produzca por causas imputables a él mismo; pero también lo es que, en aras de una ganancia fácil vía una indemnización pecuniaria, algunos pacientes asesorados por abogados carentes de ética ven al médico como la persona que pueda “colaborar económicamente” para ayudarlos a subsistir en sus necesidades.
Uno de los consejos que debe hacer todo abogado sensato a un médico, es el de contratar un seguro de responsabilidad profesional. El seguro tiene como principal función otorgar seguridad al facultativo al absorber los riesgos derivados del ejercicio médico. Sin embargo, se debe hacer mención de que los abusos en este sistema de cobertura han llevado a otros países a extremos inimaginables de conflictos en el ramo de seguros que no son nada deseables de importar.
El seguro cubrirá las consecuencias de las acciones u omisiones imputables al facultativo, a efecto de responder por lo que deba al paciente o a su derechohabiente debido a la responsabilidad civil o penal en que llegare a incurrir.
Quizá, la mejor recomendación que pueda hacerse para evitar la responsabilidad profesional del médico y garantizar, al mismo tiempo, una atención médica adecuada, sea la de fomentar una cultura de prevención en los prestadores de este servicio y en los usuarios, pues de poco sirve una indemnización monetaria si se ha perdido o menoscabado uno de los dones más preciados de la vida: la Salud.