Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=674619
Timestamp: 2019-07-21 07:31:42
Document Index: 314399712

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 313', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 52', 'artículo 313', 'artículo 52', 'artículo 327', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 52', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 30', 'artículo 52', 'artículo 126', 'artículo 52', 'artículo 83', 'artículo 13', 'artículo 27', 'artículo 52']

Diario de Sesión: Sesión Especial N°64
INTERPELACIÓN A MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, SEÑOR MARIO FERNÁNDEZ BAEZA
INTERVENCIÓN : Ramon Alberto Farias Ponce
Sesión 64ª, en martes 5 de septiembre de 2017
(Especial, de 16.36 a 18.35 horas)
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN ................................................................................ 9
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ................................................... 14
V.- OBJETO DE LA SESIÓN .................................................................................................................... 16
INTERPELACIÓN A MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, SEÑOR
MARIO FERNÁNDEZ BAEZA ................................................................................................ 16
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 45
1.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, GAHONA, HASBÚN, HERNÁNDEZ, KORT, MELERO, MORALES, TRISOTTI Y VAN RYSSELBERGHE, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA MOLINA, QUE “PROHÍBE LA UTILIZACIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO”. (BOLETÍN N° 11418-12) ...................................................... 45
2.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MACAYA, HERNÁNDEZ, LAVÍN, MELERO, NORAMBUENA, TRISOTTI Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN, MOLINA Y NOGUEIRA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.418, SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, PARA ESTABLECER LA ATENCIÓN PREFERENTE A LOS DIRIGENTES EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES DE GESTIÓN GREMIAL”. (BOLETÍN N° 11419-06) ............................................................................................................. 45
3.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES WARD, ÁLVAREZSALAMANCA, COLOMA, HASBÚN, KAST, DON JOSÉ ANTONIO, KORT, MACAYA, MELERO, URRUTIA, DON OSVALDO, Y VAN RYSSELBERGHE, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.700, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS, CON EL OBJETO DE PROHIBIR INAUGURACIONES DE OBRAS Y ENTREGA DE BENEFICIOS ESTATALES ANTES DE
UNA ELECCIÓN, EN EL PERÍODO QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 11420-06) ......................................... 45
4.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, ÁLVAREZSALAMANCA, GAHONA, KORT, LAVÍN, NORAMBUENA, SANDOVAL, ULLOA; URRUTIA, DON OSVALDO, Y VAN RYSSELBERGHE, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL PARA PERMITIR LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL FISCAL NACIONAL Y LOS FISCALES
REGIONALES DEL MINISTERIO PÚBLICO”. (BOLETÍN N° 11421-07) ............................................... 45
5.- OFICIO DE LA CORTE SUPREMA POR EL CUAL REMITE SU OPINIÓN RESPECTO DEL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS Y DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA”. (BOLETÍN
11336-13) ................................................................................................................................. 45
6.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3635-17-INA. ................................................. 45
7.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3689-17-INA. ................................................. 46
8.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3736-17-INA. ................................................. 46
9.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . ROL 3732-17-INA. ................................................ 46
De 49 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de “recabar antecedentes sobre el anuncio formulado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en orden a nombrar más de cien nuevos auxiliares de la administración de justicia, entre notarios, conservadores y archiveros, y determinar si se ajusta a las necesidades del país y a los estándares de transparencia requeridos en nuestro sistema jurídico”. Para el cumplimiento de su propósito, la referida Comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a sesenta días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. En Tabla.
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que los jefes de los Comités Parlamentarios acordaron otorgar al diputado señor Meza
un permiso especial para asistir, en su calidad de Presidente del Parlamento Andino, al Sexagésimo Quinto aniversario de la fundación del Colegio de Economistas del Guayas, a fin de que dicte una conferencia sobre “La integración andina en el siglo XXI”, actividad que se llevará a cabo los días 14 y 15 de septiembre de 2017, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador (239).
3.- Licencia médica:
Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Ceroni , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de cinco días, a contar del 4 de septiembre de 2017.
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la sesión especial de hoy, 5 de septiembre de 2017.
Del diputado señor Silber ,
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, hoy 5 de septiembre de 2017, por medio día.
-Verdugo Soto, Germán-
-Concurrieron, además, la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora alejandra Kauss Valle; la ministra secretaria general de Gobierno, señora Paula Narváez Ojeda; el ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza; el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y el ministro secretario general de la Presidencia, señor Gabriel de la Fuente Acuña.
-Con licencia médica: El diputado señor Guillermo Ceroni Fuentes.
-Se abrió la sesión a las 16.36 horas.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 54ª se declara aprobada.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade .
Señor Presidente, solicito a la Mesa una explicación o más bien una ampliación de las razones por las cuales se estableció el estudio de admisibilidad del proyecto que figura en el número 3 de la Cuenta, que a la sazón señala que prohibiría la inauguración de obras y la entrega de beneficios estatales antes de una elección.
Me gustaría que precisara a qué se refiere con los “beneficios estatales”, toda vez que, según entiendo, interfiere en las facultades propias de los organismos y de los servicios del Estado.
Es verdad que cuando los beneficios son materia de ley, la propia ley establece aquello. Pero en este caso, ¿se va a prohibir la entrega de la pensión básica solidaria, la del bono marzo o el aporte permanente? Son beneficios que ya están establecidos en la ley. En el otro caso se trata de facultades de los órganos públicos.
Por lo tanto, quiero conocer el examen de constitucionalidad que hizo la Mesa en su momento, el que, por supuesto, me merece el mayor respeto, por lo que lo planteo más bien como una consulta.
Con la venia de la Sala, debo señalar que la disposición del proyecto de ley a que se refiere el señor diputado señala: “Prohíbase, desde el trigésimo día anterior a una elección, todo acto oficial destinado a efectuar inauguraciones de cualquier tipo de infraestructura, o entrega de beneficios estatales o similares que no tengan carácter periódico.”.
Como su señoría sabe, las facultades de la Mesa para declarar inconstitucional un proyecto son, en este caso, que altere la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, no la conveniencia o inconveniencia del proyecto.
En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente técnico, estimamos que esta es una facultad que tienen los parlamentarios. Que se pueda aplicar o no es algo que corresponde determinar en su momento a la comisión.
El proyecto fue remitido a la comisión. Sin perjuicio de lo que resolvió la Mesa en su oportunidad, la comisión puede revisar la declaración de inadmisibilidad, en virtud de lo que dispone la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Señor Presidente, en este caso se establece una modificación a las atribuciones de un conjunto de servicios del Estado que son regulados por ley e, incluso, algunos de ellos, en virtud de una ley orgánica constitucional.
En consecuencia, la facultad exclusiva para modificar esas atribuciones tiene que ejercerla la Presidenta o el Presidente de la República.
Por lo tanto, solicito formalmente que la Mesa haga un estudio de admisibilidad y que la Sala se pronuncie al respecto en una sesión posterior.
Si le parece a la Sala, traeríamos la versión solicitada en una próxima reunión.
No estamos de acuerdo, señor Presidente, porque la Mesa ya declaró admisible el proyecto.
En consecuencia, lo que corresponde ahora es que la comisión lo estudie.
Lo que corresponde realizar es lo que he dicho, pero si no hay acuerdo en ello, tendremos que votar.
El señor Secretario aclarará la situación recientemente presentada por el diputado Ignacio Urrutia .
Honorable Sala, como bien dijo el diputado señor Ignacio Urrutia , la facultad de la Mesa y de la Sala de revertir la declaración de inadmisibilidad de un proyecto no opera cuando se ha declarado admisible. No obstante, en virtud de lo que establece el artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la comisión deberá pronunciarse posteriormente sobre la declaración de admisibilidad que haya hecho la Mesa, lo que se volverá a discutir en la Sala una vez que la comisión así lo estime.
Diputado señor Osvaldo Andrade , no sé si le quedó clara la situación después de la explicación del Secretario General.
Señor Presidente, soy de los abogados que todavía creen en el sentido común, razón por la cual me llama mucho la atención que la declaración de admisibilidad o de inadmisibilidad de esta norma se remita a una comisión, que es un órgano de una jerarquía menor, en circunstancias de que la Sala tiene una facultad y una jerarquía mayor.
Agradezco al Secretario que me envíe el texto de la ley, pero se lo devolveré de inmediato, porque la vieja ley del sentido común es más importante que el texto escrito, motivo por el cual me parece rara esta situación.
Con la venia de la honorable Sala, el sentido que tiene esa norma, señor diputado, es evitar que la mayoría impida que la minoría presente proyectos de ley. En el evento de que la comisión lo declare inadmisible, esa declaración tiene que analizarse en la Sala, en virtud del mencionado artículo 15. Si esta lo declara admisible, queda la instancia del Tribunal Constitucional.
Señor Presidente, ese proyecto no está siendo remitido para su estudio a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que, por su propia naturaleza, debiera pronunciarse respecto de la admisibilidad o inadmisibilidad del proyecto.
Entonces, como no existe acuerdo para resolverlo de la forma como lo planteé, pido que se acuerde remitir el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Señor Presidente, este tema, por su naturaleza, debe ser discutido en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sin perjuicio de eso, pido que se revise la declaración de admisibilidad, toda vez que la limitación en la entrega de beneficios del Estado constituye una intromisión en la administración financiera. Esto no solo tiene que ver con facultades del Presidente de la República, sino también con la administración financiera del Estado, porque limita temporalmente la entrega de beneficios estatales, que tienen carácter económico e influyen en la ejecución presupuestaria.
Reitero: sin perjuicio de que el proyecto tiene que ir indudablemente a la Comisión de Constitución, como ha planteado el diputado Saffirio , invito a la Mesa a revisar la admisibilidad de la iniciativa, porque creo que esta moción es clara y evidentemente inadmisible.
De acuerdo con los argumentos planteados, lo que procede es votar la solicitud de envío del proyecto a la Comisión de Constitución. No hay otra solución, salvo que hubiera una opinión diferente para seguir discutiendo.
O sea, ¿vamos a someter a votación el envío del proyecto a la Comisión de Constitución?
Señor Presidente, tengo entendido que se requiere la unanimidad para eso, la que no estamos dispuestos a dar.
¿Usted se refiere a la votación?
Señor Presidente, entiendo que debe haber unanimidad para enviar el proyecto a una comisión distinta de la que ya designó la Mesa de la Cámara, pero nosotros no la daremos.
No se requiere la unanimidad para eso. Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, esto es muy simple. La Mesa declaró admisible el proyecto. Permítame decirle que está en lo correcto, porque la iniciativa no propone la suspensión de entrega de beneficios, sino la ejecución de actos oficiales en que se otorguen beneficios.
En todo caso, la Mesa designó una comisión para que lo revise. En esa comisión que la Mesa ya designó, cualquier parlamentario puede hacer cuestión de constitucionalidad, tal como dijo el Secretario. No hay más que hacer, señor Presidente.
Colega, lea el proyecto, porque también limita la entrega de beneficios.
Señor Presidente, la verdad es que las cosas no son tan simples como las plantea el diputado Nicolás Monckeberg , son más complejas; tienen que ver con la intromisión de la Cámara en una facultad exclusiva del Presidente de la República, y, como dijo el diputado Chahin , además interfiere en la administración financiera del Estado.
Lo que pedí originalmente fue que se votara la admisibilidad; pero como no se puede hacer, según lo ha señalado el señor Secretario, pedí que el proyecto pase a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que esta se pronuncie sobre su admisibilidad. Si no hay acuerdo al respecto, pido que se vote su envío a dicha comisión.
Señor Presidente, en honor a la verdad, me parece que no corresponde esta maniobra dilatoria para bajarle el perfil a esta sesión especial.
Por ello, pido dar inicio a la interpelación para la cual fuimos convocados, que es lo que nos interesa.
Corresponde votar la remisión del proyecto a comisión. Quienes votan a favor solicitan enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; quienes votan en contra están de acuerdo con que el proyecto se mantenga en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 1 abstención.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .
Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvo el diputado señor Farcas Guendelman, Daniel .
En consecuencia, el proyecto va a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición formulada por 49 señoras y señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1), letra c), de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora encargada de “recabar antecedentes sobre el anuncio formulado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en orden a nombrar más de cien nuevos auxiliares de la administración de justicia, entre notarios, conservadores y archiveros, y determinar si se ajusta a las necesidades del país, y a los estándares de transparencia requeridos en nuestro sistema jurídico.”.
Para el cumplimiento de su propósito la referida comisión especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a sesenta días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 18 abstenciones.
Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Espinosa Monardes, Marcos ; Fernández Allende, Maya ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; León Ramírez, Roberto ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Sabag Villalobos, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario .
Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cornejo González, Aldo ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallespín López , Patricio .
La presente sesión tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra b), de la Constitución Política de la República, en concordancia con las disposiciones del Libro Tercero, Título V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respecto de las preguntas que se formularán al ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza , en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo con el cuestionario temático que los peticionarios adjuntaron a su solicitud.
La diputada designada para interrogar al ministro formulará las preguntas de una en una, pudiendo referirse a los antecedentes que justifican su formulación en un término de hasta dos minutos por cada una de ellas.
La diputada designada para formular las preguntas tendrá derecho a pedir de inmediato aclaraciones sobre la respuesta, por un tiempo no mayor a un minuto.
El ministro responderá a la solicitud de aclaración por un término no superior a dos minutos. Con todo, si la diputada que formula las preguntas no queda conforme con la aclaración, dispondrá de treinta segundos para solicitar una nueva aclaración. El mismo tiempo tendrá el ministro para responder.
En concordancia con lo anterior y para efectos del cómputo del tiempo, la diputada deberá indicar cada vez que se trate de una nueva pregunta. El micrófono se cortará automáticamente transcurrido el tiempo respectivo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 326 y 327 del Reglamento, el tiempo máximo para todas las preguntas y respuestas será de hasta dos horas y quince minutos.
La diputada señorita Paulina Núñez podrá ejercer el derecho que le confiere el artículo 327 bis del Reglamento, esto es, la presentación del proyecto de acuerdo o la solicitud de antecedentes hasta ese momento.
Concluidas todas las preguntas y aclaraciones, y entregadas por el ministro las respuestas a las interrogantes planteadas, los jefes de las distintas bancadas o aquellos a quienes estos designen dispondrán de hasta cinco minutos, cada uno, para hacer precisiones sobre la materia de la convocatoria o para pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo o la petición de antecedentes que eventualmente se presenten. En esta instancia, la bancada a la que pertenezca la diputada nominada para formular las interrogantes será la última en formular sus precisiones. Por su parte, el ministro dispondrá de un total de cinco minutos para hacer sus comentarios.
La diputada señorita Paulina Núñez ha sido designada por los solicitantes para formular consultas al señor ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza .
Tiene la palabra la diputada señorita Paulina Núñez .
La señorita NÚÑEZ, doña Paulina (de pie).-
Buenas tardes, ministro, buenas tardes a las autoridades de gobierno que se encuentran en la Sala y a las personas que nos acompañan en las tribunas.
Doy las gracias por la posibilidad de que hoy abordemos uno de los temas que más importan al país.
Quiero dar las gracias a los diputados que votaron a favor de la interpelación, pero también quiero destacar la votación a favor de diputados de gobierno.
La migración es uno de los temas que más importan al país. Chile tiene una larga tradición de ser un país abierto y generoso con los inmigrantes. En los siglos XIX y XX llegaron al país muchos extranjeros que han sido un verdadero aporte a la identidad nacional, como, por ejemplo, Andrés Bello , primer rector de la Universidad de Chile, de origen venezolano. Cómo no destacar también la migración impulsada por Vicente Pérez Rosales en el sur de Chile y cómo no mencionar la inmigración croata en mi región, la de Antofagasta, o a los peruanos que a lo largo de todo Chile han ayudado a empujar a nuestro país.
De esto, ministro, mi región sabe. No olvidemos que recién en 1879 nuestra zona fue anexada al territorio nacional. Por lo tanto, sabemos lo que es convivir entre diferentes culturas, principalmente con peruanos y bolivianos.
Chile les debe mucho a los inmigrantes. De hecho, todos somos, en mayor o en menor medida, inmigrantes.
Por lo tanto, no se trata de estar contra la inmigración, sino de exigir que el país tenga una política migratoria, una política de Estado. Se trata de que, como país, definamos qué inmigración queremos para Chile; se trata de que resolvamos los problemas, por ejemplo, de ingreso y de permanencia.
Ministro, el 11 de julio de 2014, vía decreto N° 1393, la Presidenta de la República crea el Consejo de Política Migratoria, integrado por nueve ministros y presidido por usted. Quiero preguntarle: ¿Cuántas veces, en este año y tres meses que lleva en el ejercicio de su cargo, ha citado al Consejo Nacional de Política Migratoria?
El señor FERNÁNDEZ (ministro del Interior y Seguridad Pública) [de pie].-
Señor ministro, hice referencia a un decreto que tengo en mis manos. Se lo presento. En el artículo quinto se establece que el consejo sesionará dos veces al mes. Si sacamos los cálculos, este consejo debió sesionar 18 veces desde que se constituyó.
Usted, ministro, no ha enfrentado el tema de migración con la responsabilidad que amerita este cargo. Ministro, usted es el presidente del Consejo de Política Migratoria; no es cualquier ministro dentro de ese consejo, y no lo ha citado con la periodicidad señalada, a pesar de estar expresamente establecida la obligación en el artículo que le acabo de leer. Quiero pensar que ha tenido otras prioridades.
Por lo tanto, para entender de lo que estamos hablando, le quiero preguntar si sabe cuál es el objetivo establecido en este decreto que crea el Consejo de Política Migratoria.
Sí, lo sé, y quiero agregar lo siguiente.
Durante todo este año, o durante el año que me ha correspondido ocupar esta cartera, he tenido una enorme cantidad de comunicación con los ministros de este consejo -he traído toda la documentación que me pidió la Cámara de Diputados-, con el propósito de intercambiar opiniones relativas al proyecto de ley que ha ingresado a la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, la finalidad que tenía la creación de este consejo y sus tareas han sido completamente cubiertas durante esta etapa. El proyecto que ustedes tienen en sus manos, como Cámara de Diputados, es fruto del debate que se ha producido entre los ministros de este comité y, además, de una gran cantidad de intervinientes en la política migratoria de Chile.
Ministro, solamente como una pregunta aclaratoria, quiero repetirle que el objetivo de este consejo, para que no solo trate de explicarlo o balbucee, sino para que se lo aprenda, porque usted preside este consejo, es “elaborar la Política Nacional Migratoria -¡elaborar la Política Nacional Migratoria!y coordinar las acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en materia migratoria.”.
Entonces, ministro, ¿me va a decir que ni siquiera convocó a este consejo para presentar el proyecto de ley que fue ingresado la semana antepasada?
La elaboración de este proyecto de ley, que ustedes van a conocer en términos concretos al examinarlo, fue un trabajo prolijo, extenso y debidamente discutido por todos los ministerios, especialmente -como se relata en el propio mensajepor aquellos directamente concernidos con esta materia.
Ministro, una segunda aclaratoria.
¿Usted sabe qué ministros integran su consejo?
No hay segunda aclaración, diputada. Se hace nueva pregunta, si quiere.
Sí hay una segunda aclaración, de 30 segundos. Pido Reglamento, Presidente. Quiero que lo revise. Sí hay una segunda aclaración, de 30 segundos, tanto para hacerla como para responderla.
La hizo en su minuto, diputada. Corresponde una nueva pregunta.
Voy a ir con otra pregunta, Presidente. Ministro, ya sabemos cuál es el objetivo de este Consejo de Política Migratoria, y le quiero contar que, increíblemente -o irresponsablemente, mejor dicho-, de las 18 veces que debió sesionar, solo una vez ha sesionado, que fue para su constitución. Tenemos una fotografía de ese hecho, que vamos a mostrar después. Lo importante de esto es que se constituyó bajo la presidencia del ministro Burgos , pero solo para la foto, ministro. Estaba llena la mesa, pero, para ser honesta, quiero decirle que el ministro Burgos elaboró una política, incluso un proyecto de ley, en conjunto con Rodrigo Sandoval , con el director del Departamento de Extranjería y Migración, que nunca llegó al Congreso. Luego, Rodrigo Sandoval renunció -lamento su renuncia-, con críticas públicas tanto a la falta de priorización por parte del gobierno como a su propia labor. Él dijo en forma textual: “La gestión de este gobierno es nefasta”.
Le quiero pedir que reconozca honestamente que el fenómeno de migración no ha estado entre las prioridades del gobierno y no ha estado entre las prioridades de su gestión.
La pregunta es: ¿Por qué no ha estado dentro de sus prioridades en más de un año y tres meses que lleva en el ejercicio de su cargo?
La afirmación de que no ha estado dentro de las prioridades de mi gestión es suya, señora diputada; no mía.
Desde luego que ha sido una prioridad. Tanto es así que el proyecto que ahora tienen es distinto al que usted menciona, y ha sido elaborado como lo manda el decreto respectivo, que dice: elaborar y dirigir la política migratoria de Chile. Pues bien, un resultado concreto de haber dirigido, elaborado y diseñado la política migratoria en Chile es el proyecto de ley, de 142 artículos, que ustedes tienen en sus escritorios.
Ministro, habiéndolo escuchado, creo sinceramente que al país le queda claro que no es prioridad. Usted preside un consejo que formó la Presidenta Bachelet con nueve ministros y solamente se citó para constituirse; ni siquiera se hizo para el proyecto en cuestión.
Le quiero contar que la Cámara de Diputados, el año 2014, formó una bancada transversal, y quiero reconocer el trabajo que allí han hecho la diputada Andrea Molina , el diputado Ramón Farías , el diputado Renzo Trisotti , la diputada Marcela Hernando , el diputado Claudio Arriagada , el diputado Jorge Tarud y la diputada Marcela Sabat . Nos constituimos y elaboramos una propuesta; también fuimos a reuniones.
El ministro Peñailillo nos dijo que había otras prioridades, como las reformas estructurales, que sacar adelante.
El ministro Burgos fue honesto. Nos dijo derechamente que no había acuerdo en el gobierno, no había acuerdo en si era mayor control o mayor flexibilidad el que se requería.
Ministro, le quiero preguntar derechamente: ¿Cuál es su posición? Sea honesto, al igual que los otros ministros. ¿Por qué fue tan tardía la presentación del proyecto?
Señora diputada, quisiera corregirle: Yo soy honesto; siempre soy honesto. Y cuando digo que he estado preocupado durante todo el año, entre otras materias, de elaborar un buen proyecto de migración, les estoy diciendo la verdad, y la verdad la tienen en sus escritorios. Ahí está el resultado, y si usted está tan bien informada, como me doy cuenta a partir de sus preguntas, debiera hacer una comparación entre el proyecto que está ahí y el proyecto que usted dice conocer de hace más de un año atrás, cuando yo no era ministro del Interior.
Por lo tanto, me consta, porque yo he dirigido esa tarea, todo el trabajo que se ha realizado durante este año para elaborar el proyecto que presentó a la Cámara.
Ministro, ha pasado más de un año desde el encuentro que tuvimos con usted, y nueve meses desde diciembre, y aquí estamos a fojas cero. En diciembre dijo que iba a ingresar el proyecto.
Le quiero hacer la siguiente pregunta, haciendo un pequeño recordatorio. Hoy tenemos dos proyectos en el Congreso: el que ustedes ingresaron hace unos días y el ingresado por el ex-Presidente Piñera en junio del año 2013. Ese proyecto tuvo un largo proceso de discusión que incluyó doce ONG, dieciséis instituciones académicas, siete gremios, cuatro organizaciones internacionales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, del que derivaron 675 recomendaciones recibidas y sistematizadas, y que luego, con urgencia, fue votado en general en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
¿Me puede decir por qué no tomaron la decisión de ingresar una indicación y todas las modificaciones que estimaran pertinentes? ¿Fue solo porque tenía la firma del Presidente Piñera?
Ministro, por favor, no me responda que fue porque hubo un trabajo participativo o fue fruto de un trabajo participativo o porque la realidad migratoria cambió drásticamente estos años.
Si usted me permite, yo puedo responder lo que quiera. Desde luego, debiera mencionar que una de las diferencias entre aquel proyecto y el que ahora examinamos es que este es fruto de 621 encuentros, donde participaron personas y grupos en su primera parte de elaboración. No era ministro en ese entonces, pero quiero ir al tema que me plantea.
Anoche, en la Comisión de Gobierno Interior de esta Cámara explicité las diferencias entre este proyecto y aquel presentado por el entonces Presidente Sebastián Piñera , en junio de 2013. Además, sostuve que el proyecto no tuvo ninguna urgencia especial durante toda su permanencia en el Congreso.
Señalé claramente cuáles eran las diferencias. Hay una, desde luego, básica: este es un proyecto que recoge los derechos y garantías que en todo el mundo civilizado se le entrega a los migrantes; recoge lo que señalan los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile; establece los deberes. En aquel proyecto no había ni una palabra sobre los deberes de los migrantes en Chile, y este proyecto tiene un capítulo destinado a los deberes.
No quiero seguir con la enumeración que anoche en la Cámara de Diputados entregué relativa a la diferencia entre los dos proyectos y a la justificación de que no haya sido una indicación la vía para corregir el primero. Era necesario un nuevo proyecto.
Ministro, nueva pregunta.
No hay explicación que valga para el atraso que hoy tenemos en esta materia. No hay motivos que pueda invocar acá ni en ninguna comisión o ante la prensa para, a seis meses de terminar el gobierno, estar a fojas cero, partiendo recién la discusión de un proyecto de ley que, además, es un compromiso de campaña de la Presidenta Bachelet . Menos aún en circunstancias de que teníamos alternativas, las cuales voy a repetir: un proyecto ingresado en 2013, al que bastaba presentarle indicaciones -más adelante vamos a ver las diferencias-, o que ustedes presentaran uno al inicio de su gobierno.
No debemos olvidar que la postergación de la discusión implica aplazar la oportunidad de solucionar problemas en la actual legislación.
Ministro, veo que pudo revisar los proyectos, que pudo compararlos. Me voy a centrar en tres diferencias, y se lo adelanto, para que sus asesores lo puedan ayudar: revalidación de títulos, expulsión y revocación de permisos, y la incorporada categoría “visitante”.
Uno de los problemas que vemos a diario es lo relacionado con los profesionales que quieren aportar al país y mejorar su calidad de vida, pero que por trabas burocráticas no pueden validar sus títulos y deben trabajar en ocupaciones precarias. Estamos perdiendo una capacidad importante para que entre todos, chilenos e inmigrantes, aportemos al país. El proyecto del Presidente Piñera tenía esa convalidación de título.
Ministro, ¿por qué el proyecto ingresado por ustedes no contiene esa convalidación de título?
Señor Presidente, eso no corresponde a la interpelación; es un análisis del proyecto.
¿Qué justifica un nuevo proyecto? El nuevo proyecto está justificado, ni más ni menos, por el crecimiento exponencial que ha tenido la migración en Chile en los últimos tres años y medio.
En los debates que hemos llevado a cabo este año dentro del gobierno para elaborar este proyecto nos hemos preguntado cómo establecemos un mecanismo flexible que pueda abordar un fenómeno que se va moviendo, que va cambiando su dinámica y sus características aceleradamente.
Debimos, entonces, ver cuál era la mejor institucionalidad para la migración en Chile. Y es por eso que durante este año cambiamos la idea de tener un Servicio de Migraciones y mantuvimos el departamento, en gran parte para disponer de una mayor flexibilidad para abordar este proceso.
Por lo tanto, ¿qué justifica un nuevo proyecto? Bueno, lo justifica el enorme cambio que ha tenido la migración en Chile en los últimos dos años y, especialmente, en los últimos tres años.
Las estadísticas indican claramente este cambio. He puesto a disposición toda la información relativa a este enorme cambio en la migración, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, esto es, cuántos migrantes llegan a Chile, de dónde vienen, con qué problemas llegan, qué expectativas tienen y qué contribución esperan hacer al país.
Por lo tanto, la demora que usted no encuentra justificada se explica por sí misma justamente por la importancia que tiene esta reunión, esta interpelación, pues estamos frente a un gran problema en Chile. Para eso hemos diseñado un proyecto de ley que esté a la altura del problema.
Ministro, una aclaración.
Tengo una nota de prensa del 13 de septiembre de 2013, es decir, de hace casi cuatro años. Señala: “Chile es el país de Sudamérica donde más creció el número de inmigrantes entre 1990 y 2013”. ¿En aquel entonces no era una oportunidad seguir adelante con el primer proyecto?
La estadística es indiscutible: Chile es de los países donde más ha aumentado la migración; pero lejos ha aumentado mucho más en estos cuatro últimos años.
Escuche: hace cuatro años había 1.649 haitianos en Chile; hoy hay 71.449. Es un cambio en nada comparable con el que se experimentó lentamente en Chile en las décadas anteriores. Y hay otros datos. Ese es el cambio que ha ocurrido en Chile en los últimos dos y tres años.
Y le aseguro que en tres años habrá más, y no por eso no vamos a legislar ahora.
Sigamos comparando los proyectos. Hablemos de expulsión y revocación de permisos, tema importante para nuestro país, contemplado en ambos proyectos, pero con diferencias que creo importante destacar.
Antes me gustaría que responda consultas concretas que son del día a día, que me imagino, como ministro del Interior y Seguridad Pública y presidente del consejo, conoce. ¿Sabe cuántas órdenes de expulsión administrativas -porque esas son las que dependen de usted, no las judiciales, que no dependen de ustedhay en nuestro país? ¿Sabe cuál es el número de funcionarios con los que cuenta la PDI para esta tarea? Y, lo más importante, ¿sabe cuáles son las complicaciones prácticas que tiene la PDI para ejecutar estas órdenes de expulsión?
Lo sé perfectamente, porque la PDI depende de mí: 24.000 expulsiones. Hay -lo dije anoche900 pendientes, de las cuales la gran mayoría son judiciales.
Para esa tarea, de 200.000 funcionarios de la PDI, esa institución destina 900 funcionarios a la tarea de control de ingreso y egreso a Chile de todas las personas.
¿Eso es lo que quería saber? Ahí están las cifras.
Ahora, ¿por qué no se materializan todas las expulsiones pendientes? Por una serie de motivos, entre otros, porque muchos están en pleno proceso; se está haciendo uso de los recursos que se tiene para rechazar o revocar ese tipo de órdenes.
Otra razón es la…
¿Se da cuenta, ministro? Mi objetivo no es pillarlo, no es dejarlo en vergüenza o que termine como un ignorante. Mi objetivo es que las cuestiones prácticas, las que debería saber, las debe mencionar en esta oportunidad.
Ministro, desde 2010 a la fecha existen 20.753 personas con expulsiones vigentes, información que maneja la PDI y el Departamento de Extranjería y Migración, que de usted depende, y, a la fecha, solo 7.037 expulsiones se han podido materializar.
Ya que tampoco me pudo explicar cuáles son las complicaciones que tiene la PDI, le comento tres:
Primero, la PDI tiene que comprar, para aquellos migrantes que son de países no limítrofes, dos pasajes en avión, que muchas veces no pueden ejecutar por falta de recursos; segundo, ellos solo pueden estar privados de libertad por 24 horas; en ocasiones no son habidos, por lo tanto, los pasajes se pierden. Y, lo que ya es el colmo, no está regulado lo que pueden hacer los pilotos de los aviones y, por lo tanto, los bajan del avión.
Ministro, ¿puede decirme cuáles son las diferencias fundamentales en materia de expulsión entre los proyectos?
Usted no me dejó contestar todo; pero le quiero corregir: las 20.753 personas -¿a eso se refería usted?no incluyen las de este año, que son 4.000 aproximadamente. O sea, dije 24.000 en términos gruesos, y dije la cifra exacta.
Ahora, no me dejó terminar respecto de cuáles son las complicaciones. Desde luego, las expulsiones deben ser acompañadas por dos policías. Hay que coordinarse con las líneas aéreas, pues no todas tienen las mismas normas; hay que coordinarse con los países de destino y los países por los cuales pasa el avión haciendo escala. O sea, hay muchos, pero eso no explica la cantidad. La cantidad está explicada por otros problemas. Pero de que he dado la cifra exacta, di las cifras exactas. Así es.
Para efectos de ordenar el tiempo, pido a la señora diputada que para indicar que pasará a la pregunta siguiente, diga: “Nueva pregunta”. La idea es evitar algún desorden en el otorgamiento de los tiempos.
La señorita NÚÑEZ (doña Paulina ) [de pie].-
Nueva pregunta, pero en el mismo tema. Ministro, para clarificar las cifras, a propósito de los funcionarios que tiene la PDI: son 949 funcionarios destinados a lo largo de todo el país; el 73 por ciento de esta cifra corresponde a oficiales policiales y el 27 por ciento, a funcionarios de apoyo.
Vuelvo a reiterar la pregunta porque creo que es importante, ministro: ¿Me puede decir cuáles son las diferencias fundamentales en materia de expulsión entre los proyectos que hemos estado comparando? Me refiero a las diferencias en materia de expulsión y revocación de permisos entre los proyectos que estamos comparando: el del año 2013 y el ingresado la semana antepasada.
En lo esencial, es el aumento de las categorías de los migrantes. Este proyecto incorpora la categoría de visitantes, esto es, entre turista y permanencia temporal.
Es de una gran importancia incorporar esta categoría por lo siguiente: para impedir que un turista directamente se convierta en un migrante ilegal, tratando de trabajar en Chile.
¿Qué significa la categoría de visitante? Que cuando llega una persona a Chile, se le pregunta: ¿Usted, señor, en qué tipo de situación viene? ¿A qué viene? Por lo tanto, le permite que diga: “Yo vengo a trabajar solo por un tiempo”. O que por la naturaleza de su trabajo va a estar más tiempo, pero no tanto para quedarse.
Esa es una diferencia esencial entre este proyecto y el otro.
Ministro, le voy a preguntar por tercera vez, sin introducción: ¿Cuál es la diferencia en materia de expulsión y revocación -en ese tema estamosde permisos entre el proyecto de 2013 y el actual proyecto que ingresaron ustedes la semana antepasada?
Si no lo sabe, ministro, dígalo y seguimos avanzando; pero le he preguntado tres veces lo mismo.
No hay grandes diferencias en materia de expulsiones, por una razón: porque son prácticamente estándar en todo el mundo las mismas diferencias.
Pero hay una diferencia esencial: hay una enumeración precisa de los delitos por los cuales una persona debe ser expulsada o de las faltas en términos administrativos. Esa es una diferencia esencial entre los dos proyectos, y está asociada a una diferencia más importante todavía: la existencia en este proyecto del debido proceso para los migrantes, que no estaba en el otro proyecto.
Por lo tanto, una persona, para ser expulsada o para no ser admitida, está sujeta a normas bien claras. Esa es la diferencia. Antes se podía -todavía, en gran parte, por el decreto N° 1.094discrecionalmente expulsar a alguien de Chile. En ese proyecto también, en gran parte.
¿Qué es lo que ha incorporado esto? La desafío a que me lo diga. Ha incorporado el establecimiento de procedimientos claros, con garantías claras y con debido proceso. La fórmula del artículo 19, N° 3°, de la Constitución Política de la República de Chile, que señala que el legislador debe establecer un procedimiento y una investigación racionales y justos -es el debido proceso en nuestro país-, también vale para los migrantes, según el proyecto de que disponen en sus escritorios.
Ministro, nueva pregunta. No me desafíe a mí, respóndale al país.
Ministro, le voy a contar de una tremenda diferencia y voy a corregirlo respecto de lo que acaba de decir, porque hoy nuestra legislación, en el Código Penal, establece que respecto de los simples delitos, los que han sido condenados -por lo tanto, lógicamente que se establece el debido proceso y la presunción de inocenciapueden conmutar su condena para ser expulsados. Eso no tiene nada que ver con el proyecto de migración y extranjería.
Pero sigamos en lo que nos convoca.
Ministro, le voy a contar que los artículos 68 y 71 del actual proyecto, el que ingresaron ustedes, establecen que, sin perjuicio de haber incurrido en una causal de rechazo y revocación de permisos, como, por ejemplo, ingresar con documentación falsa teniendo vigente la prohibición de ingreso, de igual forma la autoridad migratoria podrá instar a que regularice su situación, bajo apercibimiento de proceder al abandono. Es decir, recién allí se decreta.
A su vez, para efectuar el abandono, el actual proyecto alarga los plazos de reclamación judicial hasta treinta días, lo que dificulta la efectividad de la medida de expulsión.
Ministro, cuando uno estudia este proyecto no tiene claro el enfoque: si hay un enfoque de mayor flexibilidad o si hay un enfoque de mayor control.
Por lo tanto, le voy a leer una frase para proceder a la pregunta: “Queremos dejar atrás la migración irregular porque es la puerta de entrada al abuso de todo tipo de chileno y extranjero. Reconocemos la protección de derechos de personas que migran a nuestro país, pero a la vez establecemos un catálogo de obligaciones que deben cumplir. Vamos a ser estrictos con los que infringen gravemente nuestras normas.”
¿Qué opina de esta frase, ministro? ¿La encuentra correcta?
Desde luego que es correcta, y voy a ilustrarla en el siguiente sentido, diputada:
De los deberes que el proyecto del año 2013 no contemplaba, el primer deber que está en el nuevo proyecto es el respeto al ordenamiento jurídico de Chile. Ese es el primer deber que debe cumplir un migrante o alguien que entra al país, especialmente si se va a quedar. Eso no está establecido en el proyecto de 2013.
Pues bien, si se le está exigiendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico de Chile, es obvio también que se le debe proporcionar, primero, la garantía de tener acceso a todos los derechos que tienen los chilenos, y lo hace el proyecto. En segundo lugar, que le permita tener recursos para hacer valer esas garantías.
¿Qué es lo que agrega este proyecto, que obviamente no lo tenía el otro? Agrega la introducción de un recurso de reclamación expreso que puede invocar ante las cortes de apelaciones, para lo cual tiene cinco días. Hoy día no tiene ningún recurso, salvo el recurso de reclamación ante la Corte Suprema, y al día siguiente de haber sido dispuesta su expulsión.
Por lo tanto, ahí se ve la enorme diferencia del trato que se le da al migrante -como usted misma lo dijo al principio: “con los brazos abiertos”-, que se materializa específicamente en la garantía de que dispone el migrante y en los mecanismos jurisdiccionales que tiene para hacerlos valer.
O sea, ministro, los que no están cumpliendo nuestras normas tienen nuevamente derecho a regularizar su situación.
Vamos con otra pregunta, ministro.
Cuando partí con esta interpelación, señalé que nuestro gran desafío como país era avanzar en una política de Estado que tuviera dos grandes brazos: por un lado, lo que estamos discutiendo -una nueva ley de migración y extranjería-, y, por otro, una definición de políticas públicas en materia de beneficios sociales que el Estado debe dar a los migrantes.
Si avanzamos en esta última línea, ¿es posible, ministro, que me indique cuánto le costaría al Estado el incremento de la inmigración si el proyecto que ustedes presentaron se transforma en ley?
Hay 134.000 millones de pesos asociados a los gastos relativos a goce de derechos por parte de los migrantes. Eso está en el informe.
¿Por qué? Por una razón que debiera saber, diputada -se lo digo con todo respeto-: la Constitución de 1980 estableció, desde su texto original, el siguiente encabezamiento para el artículo relativo a las garantías constitucionales: “La Constitución asegura a todas las personas:”. Por tanto, no distingue entre chilenos y extranjeros. Tampoco distingue entre quienes viven dentro o fuera del país. En cambio, el encabezamiento del artículo 10 de la Constitución de 1925 era el siguiente: “La Constitución asegura a todos los habitantes de la República:”, y luego venían los derechos.
Por lo tanto, si los migrantes tienen garantizados, porque son personas, todos los derechos que establece el artículo 19, obviamente deben tener acceso al derecho a la protección de la salud y el derecho a la educación, que son los que irrogan más gastos en el proyecto que el gobierno ha sometido a consideración del Congreso Nacional, según señala el respectivo informe financiero.
Entonces, el gasto está dimensionado. Ya se lo he dicho. Además, agrego lo siguiente: es raro que haya prevalecido durante tanto tiempo un decreto de 1975 y que ni siquiera haya habido preocupación por adaptarlo a la Constitución de 1980, que fue dictada por el mismo régimen.
Hay una diferencia visible que estamos tratando de remediar, pero así se presenta el deber que tiene Chile con las personas que llegan al país.
Usted lo dijo, pero de igual forma quiero agregar un aspecto que mencioné anoche. Si miran la pizarra electrónica que se encuentra en este hemiciclo con los nombres de todos los diputados, observarán cuántos apellidos “extranjeros” hay en él. Eso de cuenta de que forman parte de familias de inmigrantes que llegaron después del encuentro de los pueblos originarios con los conquistadores extremeños y castellanos que arribaron a Chile en el siglo XVI. En este Congreso, de los 158 parlamentarios que hay, más de cien llevan apellidos que no provienen del encuentro de los pueblos originarios con los conquistadores españoles.
Entonces, como usted bien dijo, todos somos inmigrantes en Chile y, por lo tanto, todos tenemos derecho a las mismas garantías y a lo que el país pueda ofrecer.
Ministro, concuerdo con usted; pero, ¿sabe qué ocurre? Usted leyó la mitad del informe financiero; no sé si porque la otra parte no la conoce o porque le convenía leer la mitad. Yo voy a leer, textual, la otra mitad: “Considerando lo anterior, el gasto total estimado, asociado a los inmigrantes ascendería en régimen a $134.236.886 miles.”.
Y voy a seguir leyendo lo que a mí me interesa: “Se debe considerar que no es posible determinar los efectos totales sobre el gasto fiscal que se podrían generar con el presente proyecto de ley, en particular en los beneficios sociales que otorga el Estado, por eventuales regularizaciones de la situación migratoria de inmigrantes y/o por un incremento de la inmigración hacia Chile.”.
Le voy a dar un punto, ministro, y no le voy a pedir que calculemos entre ambos cuánto gasto irrogará al Estado el ingreso de extranjeros en el futuro, pero al menos denos los montos respecto de aquellos que ya iniciaron el trámite de regularización de su permanencia en Chile. ¿Cuánto le van a costar al Estado esos migrantes? Porque esto es como el presupuesto de una casa: a veces uno quiere hacer de todo, quiere recibir a todos los familiares, pero el presupuesto no aguanta. ¿Cuánto proyecta el gobierno que deberá gastar al menos con los que ya iniciaron el trámite de regularización?
Al escucharla pareciera ser que estamos dándole limosna a alguien. Cuánto nos cuesta dar plata, salud y vivienda. Parece ser que no alcanza para todos.
La mayoría de esas personas trabajan, producen para nuestro país, y ese esfuerzo también debe monetizarse. Ellos también cooperan, pues realizan tareas que las chilenas y los chilenos no cumplen o no quieren cumplir.
Por lo tanto, no es un problema de sumas y restas o de que seamos una empresa de beneficencia.
¿A qué se refiere la última página del informe? Justamente a lo que he dicho varias veces durante la interpelación: un proceso migratorio como el que estamos viviendo, de enorme crecimiento, es imposible tenerlo bajo la lupa y dimensionar con exactitud lo que significará financieramente para el Estado en el futuro.
Usted me ha preguntado cuánto está contemplado, y le dije que estamos disponiendo 134.000 millones de pesos ahora, en este momento, con los 518.941 migrantes que considera el proyecto, para financiar los servicios sociales. Eso cuesta. Ahora, para adelante es imposible saberlo. Si no lo pudo hacer el Ministerio de Hacienda, en detalle, nadie lo puede hacer, porque es un fenómeno que está en constante crecimiento. Es imposible dimensionarlo.
Ministro, le marqué el punto y le dije derechamente que era imposible proyectar cuántos inmigrantes vamos a recibir a partir de mañana en el país, pero le pregunté concretamente por aquellos que tienen su regularización en trámite. Ese es un número cierto, ministro; lo tiene el Departamento de Extranjería y Migración, que depende de usted.
Me va a perdonar, pero no me haga parecer como que estoy bajándole el perfil o poniendo esta cuestión como un costo: lo que estoy haciendo es leer un documento de su gobierno. Así es que le vuelvo a preguntar: ustedes, como gobierno, ¿tienen proyectado cuánto le costará al Estado este proyecto, en cuanto a beneficios sociales, considerando solo a los migrantes que están tramitando la regularización de su permanencia en nuestro país, nada más, porque nadie está obligado a lo imposible?
Recién en abril sabremos cuál es la cantidad exacta de migrantes que hay en el país. El Instituto Nacional de Estadísticas me lo comunicó ayer, porque se lo pregunté para tener al día la información. En abril estarán disponibles los datos desagregados sobre la cantidad de migrantes que había en Chile al día del censo.
¿Por qué digo esto? Porque tampoco es posible, estadísticamente y en la práctica, hacer un recuento de cuánto cuesta entregar los beneficios a las personas que usted me indicó, a aquellas que están en plena tramitación de sus documentos. La razón de ello es que muchos de los migrantes no están en ese proceso, por ejemplo. En abril vamos a saber cuántos están solicitando algún tipo de permiso y cuántos entraron, no salieron y no han solicitado el permiso. Seguramente, como hemos visto en los últimos meses, muchas de esas personas son aquellas que no tienen ningún nivel de regularización de su situación y, por lo tanto, no figuran en ninguna estadística, salvo en el censo, porque estaban en una casa.
Por eso es que el 26 de julio pasado la Presidenta de la República dispuso que los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años puedan ir al colegio y ocupar diversos servicios, sin perjuicio de la regularización o de la situación migratoria en la que se encuentren sus padres.
Con eso estoy señalando, una vez más, que lo que se acompaña en un informe financiero para la discusión de un proyecto de ley es lo que se puede constatar con los datos a la vista, y el cálculo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es de 518.941 migrantes en Chile. La cifra es exacta y está en este papel.
Ministro, salgamos del tema del informe financiero. Le voy a hacer otra pregunta.
En 2006 la población de inmigrantes era de 154.643 personas, lo que equivalía al 1 por ciento de nuestra población. Una década después, según los datos de la encuesta Casen de 2015, los inmigrantes en nuestro país son más de 465.000 y representan el 2,7 por ciento de los 17,5 millones de personas que habitamos en Chile. Se espera que el censo de 2017, como usted bien dijo, arroje que hay aproximadamente 600.000 personas extranjeras viviendo en nuestro país.
En mi región, la de Antofagasta, la realidad es otra. Las cifras están muy por sobre el promedio nacional, y espero que conozca esa realidad, señor ministro, porque no estamos hablando de cualquier región.
¿Sabe cuántos inmigrantes tenemos en Antofagasta, cuántos viven en campamentos y cuántos niños nacieron de madres migrantes en el hospital regional de Antofagasta el año pasado? ¿Conoce el estudio sobre salud de inmigrantes que dio a conocer la secretaría regional ministerial de Salud en el edificio de la intendencia de Antofagasta hace un par de semanas? Ministro, no somos cualquier región; somos, después de la Metropolitana, la región en que más ha aumentado la migración.
Usted quiere cifras exactas. En Antofagasta había 8.396 inmigrantes en 2010, y el año pasado, el 2016, había 18.216.
Antofagasta tiene el segundo mayor porcentaje en Chile. Desde luego que en la Región Metropolitana se encuentra por lejos el mayor porcentaje de inmigrantes, ya que asciende a más del 60 por ciento, que obviamente es mucho más bajo en relación con la población de la Región Metropolitana.
Reitero: después de la Región Metropolitana, en Antofagasta se concentra la segunda cantidad más importante de inmigrantes, que alcanza a cerca del 7 por ciento de los inmigrantes de todo el país. Se estima que actualmente debiera representar el 9,7 por ciento.
Señor ministro, le corrijo las cifras.
En primer lugar, quiero decir que si le hubiese pedido esas cifras en relación con la Región Metropolitana, respecto de las cuales en algunas coincido, pero en otras no, creo que usted las hubiese respondido de memoria; pero cuando se trata de las regiones, estos temas no son prioridad para el nivel central, aun cuando allí se toman las decisiones.
Señor ministro, en la Región de Antofagasta ha habido un alza de 337 por ciento de inmigrantes desde 2006 a la fecha, o sea, casi 30.000 ciudadanos extranjeros residentes, que representan el 5,3 por ciento de nuestra población. En nuestra región hay cuarenta y seis campamentos en la comuna de Antofagasta, siete en Taltal, seis en Calama y uno en Mejillones. Este es el catastro que entregó la fundación Techo-Chile hace un par de meses. De esas familias, que viven en más de cincuenta campamentos, el 70 por ciento son inmigrantes. El año pasado, el 49 por ciento de los niños nacidos en el hospital regional de Antofagasta fueron hijos de madres inmigrantes.
Es derechamente catastrófico el estudio en materia de salud que entregó la seremi del ramo la semana pasada en la intendencia.
Señor ministro, ¿tiene considerada alguna política para mi región?
Señorita diputada, usted me habló del porcentaje de evolución de la inmigración, pero yo me referí a la cantidad de inmigrantes que hay en Antofagasta, por lo que seguramente las cifras deben coincidir. Le hablé de dos porcentajes: cerca del 7 por ciento, el que ahora se estima que es mucho más. Con ello simplemente estoy reforzando la importancia que tiene la Región de Antofagasta en cuanto a la materia que estamos discutiendo.
Me imagino que usted es la diputada interpeladora porque conoce bien esa región y le interesa que este tema, que es tan importante para su zona, se conozca en todo el país de boca de este modesto ministro que ha venido a recibir sus preguntas.
Señorita diputada, usted no puede decir que el gobierno no se ha preocupado de la inmigración a la Segunda Región. Casi todas las iniciativas que se han llevado a cabo, como la atención mediante las gobernaciones o los programas piloto que se han realizado en El Loa y en Antofagasta, junto con dos más que se han llevado a cabo en otras partes del país, constituyen proyectos específicos para mejorar la capacitación y la atención a los inmigrantes.
Por lo tanto, usted sabe muy bien que la Segunda Región no está abandonada en materia de inmigraciones; por el contrario, lo que ocurre es que, por las razones que todos conocemos, el ciclo del cobre y de la minería transformó a Antofagasta en un imán para los trabajadores extranjeros. Sin embargo, debido a la reducción del precio del cobre y de la actividad minera, obviamente se produjo un descenso de inmigrantes y del empleo para ellos en la Segunda Región.
Señor ministro, me imagino que muchos habitantes de Antofagasta están viendo esta interpelación, por lo que creo que a esta altura usted va a terminar siendo declarado persona non grata en nuestra región.
Voy a repetir lo que acabo de decir, porque creo que esto es realmente importante.
Como me imagino que en Antofagasta hay personas que están viendo esta interpelación, pienso que a estas alturas lo deben estar declarando persona non grata, ya que usted no puede decir que el gobierno se ha hecho cargo de la inmigración en nuestra región, pues ha debido enfrentar sola una ola migratoria que llegó para quedarse.
Cuando usted balbuceó respecto de que el gobierno se estaba haciendo cargo de los campamentos o de las soluciones habitacionales, debo decirle que eso no lo han hecho ustedes, sino el padre Felipe Berríos con aportes de privados, pero con la foto de autoridades públicas. Lo único que hicieron fue aprobar los recursos para la luz y el agua, que se entregaron hace muy poco, para el campamento La Chimba, que es el más grande y que conozco perfectamente.
Señor ministro, voy a repetir la pregunta: ¿Usted tiene considerada una política pública especial para el norte del país, particularmente para la Región de Antofagasta? Se lo consulto a usted, porque también se lo planteamos al ministro Burgos en su momento, a lo que respondió que lo estaba evaluando para entregarnos un informe en esta materia.
Señorita diputada, en primer lugar, respecto de que los habitantes de la Segunda Región estén mirando esta interpelación y que se llevarán una impresión negativa de este ministro, debo responderle que no trabajo para dar una visión positiva de mí, sino para resaltar lo que hace el gobierno.
En segundo lugar, en la documentación que la Cámara pidió formalmente y que trajimos está detallado todo lo que se ha hecho en las regiones del país en materia migratoria. Estoy seguro de que usted podrá comprobar, porque además lo sabe, que el gobierno no ha dejado atrás a la Segunda Región en materia migratoria.
Ahora bien, pareciera que la inmigración fuera una carga o hubiese una queja cuando hablan de “tanta migración” o “mire lo que está pasando con nosotros en la Segunda Región con esta cantidad de gente que está llegando, que trata de vivir como puede y con tantos problemas.”.
¿Por qué no decimos lo que expresamos al inicio de la sesión, o sea, saludar que Chile es un país que atrae a extranjeros? Una vez dicho eso, debemos actuar en consecuencia.
Por lo tanto, quiero dejar constancia de que el proceso migratorio se ha ido deslizando en forma lenta, pero segura, hacia una valoración negativa, en el sentido de que es una carga o un lastre para Chile. Lo quiero enfrentar directamente, porque el proyecto enviado al Parlamento se distingue de los otros esfuerzos, es decir, del decreto N° 1.094 y del antiguo proyecto de ley, ya que tiene un enfoque orientado a que los inmigrantes gocen de la dignidad de seres humanos, que les corresponde como tales. El proyecto está repleto de las garantías que les posibilitarán esa vida digna que merecen.
Señor ministro, ¡no le voy a aguantar que nos trate de encasillar como si estuviéramos mirando en forma negativa la migración, porque el 70 por ciento de las familias que vive en campamentos son migrantes!
Usted me podría haber respondido, por ejemplo, lo que iban a hacer en materia de vivienda, de incentivos, de trabajo y de integración; pero cuando usted no tiene respuestas, nos trata de encasillar de esa forma. No se lo voy a aguantar, porque hemos sabido convivir históricamente con diferentes culturas. Precisamente, inicié esta interpelación yendo en ese sentido.
¡Advierto claramente que usted no tiene idea de lo que harán en el norte del país ni en la Región de Antofagasta!
Señorita diputada, le recomiendo interpelar al ministro con el lenguaje debido.
¿Qué harán en el norte del país o en la Región de Antofagasta? Se lo pregunto por última vez.
Vamos a seguir con lo que estamos haciendo, y usted lo sabe muy bien, señorita diputada.
Señor ministro, esta interpelación partió con el pie derecho, aunque le moleste, ya que el ingreso al Congreso del esperado proyecto de ley es un objetivo cumplido.
El otro objetivo era tener claridad respecto de los motivos por la reacción tardía del gobierno y saber si conoce el tema o simplemente no lo entiende.
Lamento decirle que ha quedado demostrado que la migración no está dentro de la urgencia del gobierno ni ha sido prioridad en su gestión.
Ministro, mi postura es que Chile debe ser un país abierto, generoso y acogedor con los inmigrantes que vienen a nuestro país a construir una nueva vida, a integrarse a nuestra sociedad, a respetar nuestras leyes y a aportar al desarrollo nacional. Pero también debo decirle que ningún país, ni tampoco el nuestro, quiere narcotráfico, crimen organizado ni trata de personas. Debemos frenar eso y cerrar las puertas de las fronteras de nuestro país.
Ministro, soy de Antofagasta. Nosotros nunca hemos tenido problemas de convivencia con personas de otros países. No solo me refiero a los europeos, como algunos quieren hacer creer, sino a todos. No olvidemos que los habitantes de las regiones de Antofagasta, de Arica y Parinacota y de Tarapacá siempre hemos convivido con personas de diferentes culturas y países, principalmente bolivianos y peruanos.
Pareciera que al gobierno le basta con decir que Chile es un país que acoge a los inmigrantes; sin embargo, en muchos casos recibimos inmigrantes en situación de pobreza y en nuestro país se siguen manteniendo en esa calidad.
Ministro, como oposición, sobre todo después de escuchar sus respuestas, tenemos claro que se torna urgente un acuerdo nacional y una política de Estado en esta materia.
Ministro, la migración es un fenómeno de movilidad social que llegó para quedarse en nuestro país. Por eso, es fundamental que aquellos que ocupamos puestos que demandan la toma de decisiones debamos entenderlo y abordarlo como tal. No sigamos perdiendo el tiempo. Hay chilenos e inmigrantes que dependen de nuestras decisiones; hay personas que dependen de nosotros.
No tengo más preguntas, señor Presidente.
Tiene la palabra el señor ministro hasta por tres minutos.
Las intenciones son claras, están en sus pupitres. El gobierno ha cumplido con elaborar un proyecto de ley serio, acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, y coherente con nuestro régimen constitucional. Por lo tanto, ha cumplido como se debe con personas que son iguales a nosotros. Esa es la mayor demostración de nuestro compromiso.
Supongo que la diputada estuvo de acuerdo con el proyecto presentado hace tres años. Sin embargo, esa iniciativa no contenía todo lo que establece el actual proyecto. No estaba engarzado con el derecho internacional sobre los derechos humanos ni establecía la dignidad del migrante, sino que era un proyecto economicista, que tenía como óptica que quien llegaba a Chile debía ser aprovechado como trabajador barato. Ese era el proyecto.
La iniciativa presentada por el actual gobierno, en cambio, es digna y moderna. Establece un mecanismo institucional para afrontar los desafíos del futuro y, de esa forma, no quedarse anquilosado en el pasado, en la época en que fue dictado el decreto N° 1.094: en 1975. Esa legislación fue edificada sobre una visión nacionalista, atrasada y restrictiva. Por el contrario, este proyecto es amplio, abierto, acogedor. Con esta iniciativa -que espero apruebe el Parlamentopodremos caminar hacia el futuro siguiendo nuestra tradición de acoger a quienes llegan a nuestras tierras.
No obstante, concuerdo con usted en que se trata de una política de Estado; por lo tanto, apelo al Congreso Nacional para que afronte el proyecto con la mayor altura y con una atmósfera un tanto menos conflictiva que la que he tenido que vivir esta tarde.
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade .
Señor Presidente, por su intermedio sugiero a la Mesa que en las futuras interpelaciones se mantenga una cierta aproximación de los tiempos, porque suspendimos las sesiones que teníamos previstas para las 18.30 horas, entre ellas, la de la Comisión de Trabajo, la cual tiene en su agenda un proyecto de ley de inmigrantes desde el punto de vista laboral.
Se considerará su observación. Corresponde ofrecer la palabra a los diputados designados por los jefes de las distintas bancadas.
En representación del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señora Andrea Molina .
Señor Presidente, en primer lugar, interpelar es una facultad de la Cámara de Diputados que estamos ejerciendo y que vamos a ejercer cada vez que sea necesario, porque lo que más nos importa es lo que está sucediendo hoy con los migrantes en nuestro país, y también con los chilenos.
Esta interpelación ha tenido la virtud de demostrar que en materia de migración -como en tantas otras que afectan a los chilenosel gobierno de la Presidenta Bachelet ha actuado con una carencia absoluta de rigor, de responsabilidad fiscal y de oportunidad, y, en cambio, se ha dedicado en cuerpo y alma a sacar, por sobre todo y a costa de todo, ideologías en vez de políticas públicas necesarias para la sociedad chilena.
Un gobierno responsable y con las prioridades claras hubiese reactivado la iniciativa presentada durante el gobierno del Presidente Piñera, con lo cual ya contaríamos con una ley moderna para regular de manera adecuada el fenómeno de la migración que afecta a nuestro país, con todas las indicaciones y objeciones que podría haber presentado el gobierno al proyecto.
Quiero expresarle al ministro que en la UDI creemos firmemente en el aporte que los extranjeros han hecho y seguirán realizando a Chile; ello, sin perjuicio de que en la actualidad los países responsables adecuan sus legislaciones cuando es evidente que las herramientas jurídicas y administrativas no dan una respuesta eficaz a los problemas.
Es un hecho de la causa que la migración está completamente desbordada. Hay mafias que se aprovechan de la pobreza e ignorancia de haitianos, dominicanos, colombianos, peruanos, bolivianos y venezolanos, entre otros. Asimismo, los extranjeros que vienen al país en busca de una mejor expectativa económica sufren hacinamiento, informalidad laboral, prostitución, falta de previsión y de salud, y muchos otros problemas. Ellos han sido engañados por la expectativa de lograr un mejor pasar. Son personas que han dejado todo en sus países y que han venido al nuestro con la esperanza de tener una mejor calidad de vida.
¿Qué pretende el ministro enviando esta iniciativa a última hora, a finales de su gobierno, y transcribiendo de manera bastante parecida los contenidos del proyecto del Presidente Piñera? Obviamente, pretende solo cumplir, salir del paso y decir que la Presidenta Bachelet envió un proyecto, pero que el Parlamento no necesariamente está dispuesto a abordarlo como corresponde.
No está en nuestro ánimo la agresividad en contra de los inmigrantes, sino que tenemos el hecho presente y claro de que ellos lo están pasando mal, así como muchos de nuestros compatriotas.
Ya son más de 600.000 inmigrantes asentados en nuestro país. Los vemos en nuestras plazas y calles, o hacinados en cités poniendo en serio riesgo su vida y su salud. ¡Ellos no merecen ese trato! Si la autoridad no vio, no quiso ver o, por negligencia, no se preocupó del fenómeno migratorio, entonces es absolutamente legítima la interpelación.
Hemos visto crecer exponencialmente la cantidad de inmigrantes en nuestro país, lo que tiene relación con el hecho de que no existe un marco regulatorio que permita parar el fenómeno migratorio ni generar deberes -como usted dijoy derechos para quienes migran a nuestro país. Si durante el primer año de su gobierno se le hubiese dado prioridad a un proyecto de ley sobre esta materia, esta situación no estaría pasando, no habría en Chile trata de inmigrantes -como se está investigandoy no tendríamos personas que tienen que pagar 100.000 pesos de arriendo y un anticipo equivalente a 80.000 o 100.000 pesos por una habitación que, incluso, es arrendada a otros compatriotas de ellas, sean estos haitianos, colombianos u otros. Se está haciendo un negocio con el inmigrante y con su dolor.
Los miembros de la Nueva Mayoría se llenan la boca hablando de los derechos humanos; pero ¿dónde quedan los derechos humanos de los inmigrantes que llegan a nuestro país?
¿Dónde quedan los derechos humanos de aquellos inmigrantes que tienen un salario inferior al sueldo mínimo? ¿Dónde quedan los derechos humanos de quienes llegan al país con contratos truchos? Sabemos que se está investigando una enorme cantidad de contratos que no fueron reales, que no se efectuaron, de manera que esas personas fueron traídas con una ilusión. Eso se hubiera evitado si la prioridad de este gobierno hubiese sido la humana, como la que realmente buscaba el proyecto de Sebastián Piñera, porque no es cierto lo que señaló el ministro cuando acusó que el proyecto del ex-Presidente era mercantilista o de mercado o que solamente se había realizado para poder tener trabajo con ciertos grupos etarios o de personas, o técnicos.
Entonces, la verdad es que este gobierno está al debe.
En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada .
Señor Presidente, por su intermedio deseo saludar a los señores ministros y señalar que la interpelación es una herramienta del Congreso Nacional para provocar el necesario equilibrio entre los poderes del Estado.
Esta es la décima interpelación. El ministro del Interior, a poco tiempo de ingresar a su cargo, fue interpelado en esta misma Sala por quienes representaron a un gobierno que en La Araucanía tuvo 309 atentados, incluyendo el crimen atroz del matrimonio Luchsinger Mackay . Entonces, si la interpelación es usada así, se transforma en una herramienta que debilita la calidad de la oposición, la política nacional y no apunta en el sentido correcto.
Efectivamente, este proyecto lo hubiéramos querido con mayor anticipación, porque creo que reúne condiciones extraordinarias y es efectivo. Resultaría extemporáneo discutir el proyecto del Presidente Piñera, presentado en junio de 2013, porque la situación varió sustantivamente en los últimos años. Este es un fenómeno especial.
Todos los presentes estamos en contra de la cultura del abuso que sufren muchos inmigrantes, pero también estamos en contra de la cultura de la discriminación. Un extranjero rubio, alto y de ojos azules no tiene ningún problema y es bien mirado, pero pobre de aquel que sea bajo de estatura y de color negro, porque es sinónimo de peligrosidad y es víctima de discriminación. Eso no lo va a cambiar la ley.
Bienvenida la herramienta de la interpelación, pero no lo que ha ocurrido hoy con la oposición en esta décima interpelación, que ha mostrado pocos argumentos y poca racionalidad.
Hago un llamado para que trabajemos todos juntos para que este proyecto sea una realidad, pero también para elevar el nivel de la política y mejorar la calidad de aquellos asuntos que debieran ser acuerdos de Estado. Nadie quiere discriminación ni abusos; queremos una política que reconozca el derecho a la dignidad de la persona humana, cualquiera sea su origen. Pero como bien señaló el ministro, también es necesario establecer deberes. Garantizar derechos lleva recíprocamente la obligación de cumplir deberes.
Ministro, se ha hecho bien la pega. La Presidenta ha cumplido con una enorme cantidad de medidas administrativas que mejoraron sustantivamente el problema migratorio en estos cuatro años. Lo sé bien, y así lo reconoció la propia diputada interpeladora, como miembro de la “bancada migrante”, en que hemos trabajado transversalmente y hemos hecho cosas muy importantes con la Cancillería y con el Departamento de Extranjería.
Para la honra de los parlamentarios de esta Cámara, numerosos proyectos de acuerdo, de resolución y de ley se han tramitado durante estos cuatro años para enfrentar la situación de los inmigrantes en el país.
En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Daniel Melo .
Señor Presidente, en primer lugar, ha quedado claro que el objetivo de esta interpelación no tiene sustento ni razón de ser, pues el mes pasado la Presidenta Michelle Bachelet ingresó el proyecto de la nueva ley de migración, que establece deberes y derechos de los migrantes, fortalece el rol del Ministerio del Interior, aumenta la fiscalización de las policías y la capacidad de control, mejorando la institucionalidad, y crea una normativa de migración que abre el debate en el Congreso Nacional sobre los alcances y requerimientos de esta materia.
Esta interpelación, más allá de los temas pendientes que esperamos legislar, niega, desconoce y hasta olvida todos los avances que durante este gobierno se han hecho en esta materia: se creó la visa temporal por motivos de trabajo, se creó la visa temporal por unión civil, se reconoció la nacionalidad de los niños y niñas hijos de inmigrantes en situaciones irregulares, se hizo un reconocimiento a los derechos del niño y se otorgó a niños, niñas y adolescentes derechos especiales independientemente de la situación de sus padres.
En consecuencia, lo único que genera esta interpelación, al igual que todas las anteriores que hemos presenciado en este hemiciclo, es la degradación de los instrumentos de fiscalización que tenemos como Corporación.
La derecha y quienes respaldan la opción presidencial de Sebastián Piñera, una vez más, hoy nos han convocado a un pobre show, a un triste episodio de nuestra democracia, que para pesar de los patrocinantes de esta interpelación no ha sido ni mediático ni del interés de la ciudadanía.
La derecha pudo retirar esta interpelación sin sentido, pero prefirió seguir con este deslavado episodio. Muchos de los temas propuestos por la interpeladora deben ser parte del trabajo de comisión y del debate legislativo, y no de esta interpelación.
Por otra parte, lo cierto es que Chile requiere hacerse cargo de mejorar una normativa de migración que está desactualizada y que no atiende la realidad de toda la región. En Latinoamérica existen países que están viviendo situaciones muy complejas, como violencia, crimen organizado, pobreza extrema, ausencia de salud, miseria y desigualdad, y muchas personas han visto en Chile, donde también existen estas problemáticas, un país de destino para rehacer sus vidas. En consecuencia, la migración se ha triplicado en los últimos diez años. Sin embargo, el promedio de migrantes en países OCDE es de 13 por ciento, mientras que en Chile solo llega al 2,7 por ciento, cifra para nada alarmante en comparación con países desarrollados.
Finalmente, estamos en contra de visiones xenófobas que ven el proceso migratorio como una amenaza y un problema, que promueven una visión estrecha y reduccionista del fenómeno migratorio, que han sido respaldadas por los sectores conservadores que están presentes en este hemiciclo, que no han entendido el sufrimiento y la angustia que padecen las personas que salen de sus países en búsqueda de un nuevo hogar.
Por el contrario, los diputados socialistas y de la Nueva Mayoría aspiramos a tener una política y una ley sobre migración con un enfoque de derechos humanos, basadas en los tratados y convenciones internacionales en la materia y que han sido ratificados por el Estado de Chile, que respete la diversidad y reconozca los aportes culturales que trae consigo la población migrante, en base a la solidaridad y al reconocimiento de la diversidad.
Por último, los chilenos saben que la Presidenta Bachelet cumplió con ingresar un proyecto de ley migratoria; ahora es deber del Congreso legislar y avanzar en el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad.
En el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Ramón Farías .
Señor Presidente, qué triste es, pero finalmente se cumplió lo que dije: esta es una interpelación inútil, poco productiva.
En veinte minutos más deberíamos haber empezado la sesión de la Comisión de Gobierno Interior para tratar el proyecto de migración, que empezamos a debatir ayer y que hoy deberíamos continuar. Sin embargo, escuchamos una interpelación inútil.
Me encantaría que la derecha le diga a la Sala y a la prensa -la poca que hoy está presentequé sacaron en limpio, cuál es el resultado positivo de esta interpelación, en qué avanzamos después de ella, cómo cambió el país y cómo cambiaron las cosas. ¡En nada! ¡Pero cómo habrían cambiado las cosas si estuviéramos sesionando en la Comisión de Gobierno Interior y discutiéramos el tema con el señor ministro y analizáramos los artículos, escucháramos a los inmigrantes y a todas las personas que tienen algo que decir respecto de la ley de migración y así avanzar en algo concreto! Sin embargo, hemos perdido el tiempo escuchando una interpelación en la cual lo único que se le pregunta al ministro son cosas que eventualmente están en el proyecto de migración que esta propia Cámara va a discutir y que tiene que resolver.
Por lo tanto, a mí me parece que, desgraciadamente, esta interpelación no fue más que un show; además, un show mal calculado, en donde no hubo ni siquiera lucimiento de nadie y en donde no sacamos nada en limpio.
No podemos negar que el problema de los migrantes en Chile es un tema urgente. En eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Es un tema urgente, pero tratémoslo como debemos tratarlo.
Legislemos; sentémonos en la comisión a legislar, a trabajar los temas, a ver cómo evitamos, por ejemplo, que los migrantes sean tratados como delincuentes; que cuando se salgan de los márgenes de la ley no sean expulsados del país como si fueran la lepra. Y hablando de lepra, cuando hay casos de enfermedades como esa, no es bueno empezar a echarle la culpa a los migrantes. Se dice que están trayendo enfermedades que ya estaban extinguidas en el país. Es increíble constatar la ignorancia impresionante respecto de lo que realmente ocurre en relación con ese tipo de enfermedades y otras situaciones que ocurren dentro del país.
Quiero decirle, señor ministro, a través de usted, señor Presidente, que el proyecto de ley sobre migración del entonces Presidente Piñera era malo. Era un mamotreto que no decía nada. Por algo el propio Presidente Piñera no le dio urgencia a ese proyecto. Yo pertenecía también a la Comisión de Gobierno Interior cuando ingresó ese proyecto al Parlamento, a la Comisión de Gobierno Interior. Lo tratamos durante dos o tres sesiones, y después no hubo más porque no hubo interés por parte del entonces Presidente Piñera de seguir adelante con ese proyecto. ¿Por qué? ¡Porque era malo! ¡Si él mismo sabía que era malo!
Si hubieran tenido tanto interés, ¿por qué no le pusieron urgencia? ¿Por qué no le pusieron discusión inmediata? No se la pusieron. ¡Reconózcanlo! ¿Qué pasó con ese proyecto de migración? Era responsabilidad de ustedes moverlo. Nosotros no éramos gobierno; ustedes tenían responsabilidad sobre las urgencias y no hicieron nada. Eso me da la razón respecto de cuáles son las reales intenciones de esta interpelación. No es más que tratar de mostrarse, sin que efectivamente exista un fin real.
Me habría encantado que, después de esta interpelación, nosotros hubiéramos podido deducir y decir: “¡Este es el camino que debemos seguir, porque fue brillante la interpelación; realmente sacamos algo en limpio!”. Pero, de verdad -con esto termino-, no sacamos nada.
¡Interpelación inútil!
Deberíamos estar legislando en la comisión que preside el diputado Chávez -la de Gobierno Interior-, legislando en relación con el proyecto de migración y no perdiendo el tiempo acá, hablando, hablando y hablando, sin hacer nada. Lo que de verdad nos corresponde es legislar.
En el tiempo del Comité Mixto e Independientes, tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson .
Señor Presidente, saludo a los ministros.
Cuando se habla de los migrantes como un problema, los actores políticos no se refieren a los europeos o a los caucásicos, sino al latinoamericano, al moreno, al afrodescendiente. Estamos hablando, por lo tanto, de un problema de pobreza y de adaptación cultural, con todas las complejidades que eso conlleva.
Este gobierno comprometió desde su primer año el ingreso de un proyecto de ley que iba a ser presentado, primero, antes de cumplir un año, en enero, y luego dos o tres veces más en distintas ocasiones, para, lamentablemente, ser ingresado recién hace dos meses, con muy pocas posibilidades de llevar adelante una tramitación completa.
Una de las críticas que se hacían al gobierno anterior es que ingresó su proyecto en junio de 2013; pero este gobierno ingresó el suyo incluso con más bajas posibilidades de tener una tramitación completa para cambiar el decreto ley N° 1.094, de 1975.
Lamentablemente, este proyecto, además -esa es una de las consultas que después en la comisión tendrá que responderse-, mantiene una mirada en la lógica de seguridad, porque el registro nacional de migrantes se mantiene en el Ministerio del Interior y no en el Servicio de Registro Civil e Identificación o en otro órgano, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social.
El artículo 32 y el artículo 33, tanto las causales imperativas como las facultativas, pero sobre todos las facultativas, entregan posibilidades que pueden ser aterradoras en materia de discrecionalidad, de posible discriminación o de corrupción y tráfico de influencias a la hora de ejercer una discriminación en la migración, lo cual es sumamente preocupante. Yo, al menos, no creo que eso cumpla los estándares de normas de derechos humanos a nivel internacional; incluso, podría vulnerarlos.
El exjefe del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval , con quien me reuní varias veces, señaló en una oportunidad: “Me parece un esfuerzo demasiado modesto para los desafíos que la migración impone para la realidad chilena, para las críticas que le hicimos al proyecto anterior de Piñera y para el trabajo que se había hecho en términos de generar información y consensos de lo que debía ser esta propuesta legislativa.”.
Además, señaló: “Creo que mantiene el statu quo, que deja que el mercado marque las características de la migración y no le da al Estado las herramientas necesarias para gestionarla.”.
¿Qué se hará entretanto, ministro, por intermedio del señor Presidente, con toda la gente que hoy vive en Chile y que no puede arrendar en condiciones dignas; no puede encontrar trabajo; tiene miedo de ir a los servicios de salud y, a veces, sufre el rechazo de sus hijos en las escuelas? ¿No han pensado en una amnistía migratoria para salvar y aliviar esta situación?
En la discusión monetaria en que se enfrascaron, y la exclusión como argumento para tener un servicio migratorio potente, con músculo, ¿alguien se preguntó sobre el costo que significó el exilio chileno en los países extranjeros, los costos de migración de la Segunda Guerra Mundial, la ola migratoria africana a Europa? ¿Alguien se ha preguntado por los costos? Porque si fuera por costos, mejor poner barreras y quizás levantar muros como los que plantea Donald Trump . Si es un tema de costos, bueno, tratemos de ver cómo la gente no entra. Acá se olvida que estamos hablando de derechos humanos y, sobre todo, de una materia de compasión.
Pero tampoco seamos ingenuos. La nueva ley, por más compasión, por más buenas intenciones que contenga, por sí sola no termina con la sensación de amenaza y de temor en las poblaciones nacionales. Los flujos migratorios siguen el flujo de capital. Por lo tanto, la restricción de la migración se constituye como una de las inherentes contradicciones del sistema capitalista.
Si no somos capaces de plantear esta materia como un problema universal -la distribución global de los recursos de una manera equilibrada; la miseria y la desesperación por escapar, por un lado, y la sensación de amenaza, con sus brutales expresiones de xenofobia y racismo, por el otro-, lamentablemente los problemas van a seguir.
No sirve de nada que tengamos un proyecto de ley para hacer check a dos meses de las elecciones si no hay músculo para intervenir y cambiar realmente la vida de las personas, tanto chilenas como extranjeras, para mejor.
Si el gobierno -insistocritica el hecho de que la administración anterior ingresó en junio del último año de su mandato -antes de las eleccionesun proyecto de ley de migraciones, marcado por un enfoque principalmente laboral -gran parte de los parlamentarios que están acá señalaron que era un saludo a la bandera-, ¿por qué habríamos de pensar otra cosa de un proyecto que se ingresa en julio y que puede ser perfectamente también un saludo a la bandera y un check que podría no terminar en ley? ¿Por qué no podemos pensar que incluso podría incorporar algunos elementos que pueden mantener una discriminación hacia la población migrante?
Señor Presidente, comparto la preocupación y el tratamiento que la interpeladora le ha dado al tema de la migración. Creo que, efectivamente, aquí todos tenemos una gran vocación de recibir al extranjero, al migrante en nuestro país y darle el tratamiento que corresponde, como persona con dignidad y derechos. Sin embargo, creo que esta interpelación es impertinente y no acorde con nuestro Estado de derecho, no solo porque se plantea en la forma de una especie de interrogatorio o examen oral al ministro, sino también porque si no sabe cuántos niños migrantes hay en cuarto año básico, se dice: “¡Ah, ministro, no sabe cuántos niños...!”. No, yo creo que es natural que el ministro no lo sepa.
Esta interpelación rompe de alguna forma nuestro Estado de derecho, y, por su intermedio, señor Presidente, quiero decir por qué al señor ministro. Se lo quiero graficar de la siguiente manera: el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue firmado por Chile el 10 de diciembre de 1999, y hasta el día de hoy no ingresa para ser ratificado en el Senado.
Días atrás se presentó un proyecto para crear y sancionar el delito de desaparición forzada, y el gobierno no le puso ninguna urgencia a ese proyecto de ley.
Uno podría decir que al gobierno no le preocupan las mujeres, porque hay un protocolo que, sin duda, va a eliminar las formas de discriminación contra la mujer. Es un documento firmado por el Estado de Chile en 1999, pero que hasta el día de hoy no es ratificado.
Esto lo podemos discutir. Este es un Estado presidencialista, y los tiempos los pone el gobierno. La interpeladora dice que no hay explicación que valga y que justifique la tardanza en la presentación del proyecto de ley sobre migración.
Queda claro que esta interpelación fue para cuestionar el no ingreso de un proyecto de ley, que es de exclusiva iniciativa del Presidente de la República. Es decir, ellos verán el tiempo, las oportunidades y los costos que significa presentar un proyecto. Uno no puede venir a interpelar al gobierno y decirle: “¿Por qué en diez años no han presentado el proyecto de ley que ratifica la convención?”. Yo podría cuestionarlo y puede ser parte de la crítica política, de la discusión política. Sin embargo, en un régimen presidencialista como el nuestro, las iniciativas de ley y las urgencias las pone el Ejecutivo. Es más, hay ciertas materias que son solo de iniciativa del Ejecutivo, y las urgencias además las pone también el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no había presentado el proyecto de ley sobre migración, puede que muchos estemos disconformes porque no lo haya presentado, y porque era pertinente presentarlo luego; pero el gobierno no lo hizo. El gobierno tiene la decisión en sus manos. Ellos toman la decisión, y son decisiones exclusivas y excluyentes, y no caben dentro del ámbito de la fiscalización.
Si el gobierno no presenta el proyecto de ley sobre migración, no puede ser objeto de fiscalización, porque el tema de oportunidad, que es un tema político, lo decide el gobierno, tal como ocurre con las urgencias, que también las decide el gobierno.
Me hubiese gustado que al proyecto de ley que presentamos sobre desaparición forzada también le hubiesen puesto urgencia, pero no se le puso. Pero eso también es decisión del gobierno.
Entonces, esta es una interpelación impertinente, no acorde con nuestro Estado de derecho. No se puede fiscalizar al gobierno porque no presenta un proyecto de ley que es de iniciativa de ellos, del gobierno. En consecuencia, esta fiscalización siempre debió haber sido declarada hasta inadmisible, porque no era pertinente, y sometimos a un ministro a un interrogatorio totalmente injusto e innecesario.
En el tiempo de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .
Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar y agradecer la presencia del ministro Fernández , y valorar que este tema pueda ser analizado, aun cuando creo que una interpelación no es el mejor método de hacerlo. Hoy hemos sido testigos de una reunión que no le ha aportado nada a la discusión.
Sinceramente, nuestro país necesita mirar el fenómeno migratorio como un proceso en marcha que va a cambiar nuestra estructura demográfica, que tiene implicancias geopolíticas y que tenemos que transformar en una oportunidad, modelándolo y conduciéndolo de forma sinérgica a nuestra visión futura de país.
No estamos de acuerdo con la visión restrictiva y xenófoba planteada. Sin duda que la existencia de un proyecto de ley que ya comenzó a tramitarse nos va a permitir enriquecerlo, ya que esta sesión nos ha permitido conocer sus aspectos más importantes.
Nuestra impresión general es que es un proyecto ordenador. Sin embargo, quiero manifestar mi preocupación, pues me parece que no aborda algunos temas. Y para explicar a qué me refiero, quiero utilizar cifras del último censo y datos que nos ha entregado recientemente el INE.
En términos generales, sabemos que la población migrante en el país no llega al 3 por ciento, pero esta cifra se comporta muy diferente entre comunas y entre regiones.
Por ejemplo, en Antofagasta el censo señala un poco menos de 600.000 habitantes, con 96.779 migrantes, según la PDI, los que representan el 16 por ciento.
Las cifras de la OCDE indican que su promedio es de 13 por ciento de migración.
En un segundo orden de ideas, las proyecciones estimaban que el crecimiento intercensal de nuestra región sería de 105.000 habitantes, y deberíamos haber llegado a 641.000 totales. Por lo tanto, podemos decir que nuestra población está estancada, y que la situación sería aún peor si no fuera por la llegada de migrantes.
De hecho, al revisar la tasa de fecundidad en el país, esta bajó de 1,9 hijos por mujer al 2014, a 1,8 hijos por mujer, con lo que ni siquiera estamos alcanzando la tasa de reemplazo de nuestra población.
Antofagasta , en cambio, tiene una tasa de fecundidad de 2,13, levemente superior a la tasa de reemplazo, que se estima en 2,1. Somos la segunda región que más nacimientos tiene después de Tarapacá.
Sabemos que nuestro país requiere crecer y desarrollarse; necesita población joven, que aumente nuestra productividad y, por otra parte, pueda ser la población trabajadora soportante de la seguridad social, necesaria en un país que envejece y complejiza y encarece sus prestaciones de salud.
¿De qué manera el Estado está pensando en ello? Me preocupa que la tarea de planificar en nuestro país se encuentre desagregada en los diferentes ministerios. La labor que alguna vez cumplió Odeplan y después Mideplan hoy no se está dando en forma integral y sinérgica.
En un tercer orden de ideas, quiero representar que la concentración de la migración en algunas ciudades o regiones evidencia la insuficiencia urbana y la inequidad de la inversión pública en regiones. Es así que, por ejemplo, la ciudad de Antofagasta subió de aproximadamente 3.000 personas que vivían en campamentos en el 2014, a más de 21.000 el día de hoy. De ellos, más del 70 por ciento son inmigrantes de varios países de este continente.
Esto es equivalente a que la población entera de Tocopilla se hubiese trasladado en tres años a vivir en los faldeos de los cerros, con el consiguiente aumento de la demanda de vivienda, educación, salud, retiro de residuos sólidos domiciliarios, electricidad, provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas.
Chile necesita dar un salto cualitativo en la forma en que se relaciona con nuestros hermanos latinoamericanos y del resto del mundo.
Han pasado más de treinta años desde que entró en vigencia la actual normativa, y es más que evidente que está obsoleta.
Por último, quiero pedir al ministerio que retire la suma urgencia de esta tramitación. Es un tema que debemos tratar con responsabilidad, y la urgencia no permitirá ver todos los aspectos de la situación migratoria actual y futura de nuestro país.
Debemos construir una respuesta realista al proceso migratorio, con expertos, con la gente y sus organizaciones…
En representación de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .
Señor Presidente, frente a la crítica destemplada y desesperada de los colegas oficialistas, debo decir, en primer lugar, que esta interpelación ha sido exitosa, entre otras cosas, porque semanas después de anunciarse provocó el envió de un proyecto de ley sobre migración.
También ha quedado claro, señor Presidente, que este gobierno no conoce el tema de la inmigración y, lo que es peor, que no le interesa.
Vemos un gobierno que dicta decretos, pero para la prensa. Hoy supimos que el 11 de julio de 2014 se dictó el decreto N° 1393 mediante el cual se creó el Consejo de Política Migratoria, integrado por nueve ministros y presidido por el ministro del Interior, aquí presente, el cual no solo no se citó con la regularidad que señalaba el mismo decreto, sino que, además, lo que es más grave, no fue citado para definir el contenido del proyecto de ley de migraciones. Eso es un escándalo.
Seamos honestos: la migración nunca ha sido prioridad para este gobierno, pues solo está preocupado de sus reformas refundacionales, que tanto mal le han hecho al país.
El gobierno del Presidente Piñera presentó un proyecto de ley de migraciones en junio de 2013. Ese proyecto avanzó, tuvo un largo proceso de discusión en el que se escuchó a doce ONG, a dieciséis instituciones académicas, a siete gremios, a cuatro organizaciones internacionales y al Instituto Nacional de Derechos Humanos. En total, se recibieron 675 recomendaciones que fueron sistematizadas y trabajadas. Todo ese esfuerzo no solo no fue considerado por el actual gobierno, sino que ahora, con este nuevo proyecto de ley, fue definitivamente botado a la basura.
Es una falta de respeto invitar nuevamente a todas esas organizaciones y personas. Los países no progresan cuando se pierde todo el trabajo realizado por una administración anterior.
El entonces ministro Burgos elaboró, junto con el Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio de Interior, bajo la dirección de Rodrigo Sandoval , un proyecto de ley que nunca se envió al Congreso. Después Rodrigo Sandoval renunció, porque se enteraba por la prensa de las medidas que se adoptaban.
¿Alguien puede seriamente decir que este tema ha sido importante para este gobierno?
Se pudo haber presentado una indicación para aprovechar el avance, pero, aunque esta sea una de las cuestiones más importantes para la opinión pública, aunque muchos inmigrantes vivan en condiciones paupérrimas, aunque tengan que hacer filas de horas y horas para regularizar sus papeles, a pesar de todo ese drama humano, para el gobierno ha sido más importante frenar el avance de un proyecto de ley que lleva la firma del Presidente Pinera . Ha sido más grande la pequeñez que el sentido de país.
Chile está cambiando y el gobierno no se ha dado cuenta. Estamos frente a un gobierno ciego, porque no quiere ver la realidad; sordo, porque no escucha que el país le pide a gritos una política de Estado en materia de migración, y mudo, porque hoy no ha dado respuestas satisfactorias a las preguntas que se le han hecho al señor ministro del Interior.
Gracias, diputado Leopoldo Pérez . Con su intervención, ponemos término a la participación de las distintas bancadas.
Por lo tanto, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el ministro del Interior, señor Mario Fernández .
El señor FERNÁNDEZ (ministro del Interior y Seguridad Pública).-
Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ocupar mucho menos que esos cinco minutos.
En primer lugar, quiero solicitarles encarecidamente que aprueben el proyecto de ley de migraciones.
En segundo lugar, quiero recordarles que todavía quedan tres meses, más o menos, de este año -un poquito máspara que puedan interpelarme de nuevo. El límite son tres veces en un año calendario, según dispone el artículo 52, número 1), letra b), de la Carta Fundamental…
Silencio, por favor; está hablando el señor ministro del Interior.
En tercer lugar, a pesar de eso, a pesar del sabor con que uno queda después de una interpelación, como ministro del gobierno del Presidente Lagos, bajo cuyo mandato se aprobaron las reformas constitucionales de 2005, entre las cuales está la que estableció la interpelación, sigo creyendo que este es un muy buen instrumento de fiscalización. Por lo tanto, no cabe criticar a la institución, pero sí pedir que se haga bueno uso de ella.
También sigo creyendo que la Cámara de Diputados y nuestro Congreso en general son un lujo para Chile. Por ello, en lo que pudiera no haber estado a la altura de los debates de esta Corporación, les ruego me perdonen, pero les aseguro que le hice empeño.
Gracias, señor ministro. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.35 horas.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Gahona, Hasbún, Hernández, Kort, Melero, Morales, Trisotti y Van Rysselberghe, y de la diputada señora Molina, que Prohíbe la utilización de bolsas plásticas en los establecimientos de comercio Boletín N°11418-12
A partir de las últimas décadas del siglo XX, nuestro país adoptó como una política de Estado el denominado desarrollo sustentable, entendido esto como el establecimiento de un modelo de desarrollo económico que tome en cuenta el respeto de nuestro medio ambiente. De esta manera, la normativa constitucional y legal se erige de acuerdo a tales parámetros de desarrollo y cuyos efectos normativos también se extienden hasta la administración comunal.
De acuerdo a ello, uno de los temas que mayor notoriedad ha despertado al interior de la sociedad chilena es la utilización de bolsas pláticas en el comercio. En efecto, su uso se ha extendido por largos años en nuestra sociedad formando parte de la cultura nacional, en el sentido que su masiva utilización ha reportado la proliferación de estas herramientas destinadas al transporte de los efectos comprados.
El cuidado al medio ambiente y una responsable gestión de residuos representa una creciente preocupación a nivel ciudadano y municipal tendiente a gestionar de una forma más “limpia” los recursos, a objeto de satisfacer nuestras necesidades básicas y cotidianas.
Según anota el diario “La Tercera”, en esta línea, la Unión Europea en abril del 2015 decidió que los países miembros deberán avanzar hacia el uso racional de las bolsas plásticas (lo que implica una reducción del consumo per cápita) y/o establecer desincentivos económicos o derechamente la prohibición para las bolsas ligeras de un sólo uso (como las que se entregan en ferias libres o pequeños comercios). Además, el Parlamento Europeo está estudiando de forma exhaustiva el impacto de materiales como el plástico oxo-biodegradable que con el tiempo se va fragmentando en pequeñas partículas y podría tener efectos no deseados en el medio ambiente.
1.	Que, existe consenso en torno a la necesidad de disminuir la utilización de bolsas plásticas en el comercio a partir del daño al medio ambiente, particularmente en lo que respecta a la la flora, fauna, terrestre u oceánica, y al paisaje, constituyen un elemento de contaminación visual y del suelo, afectando la calidad de vida de las personas.
2.	Que, el presente proyecto de ley responde a una tendencia a nivel mundial en torno a la restricción o prohibición de las bolsas plásticas. A nivel local cerca de 50 comunas cuentan con regulaciones de este tipo y hay otras tantas que evalúan adoptar alguna normativa al respecto.
3.	Que, a nivel comparado han existido experiencias en torno a la reducción de bolsas plásticas. Un ejemplo de ello lo constituye Italia, nación que desde 2010 obliga al comercio a contar con bolsas confeccionadas en tela, papel o plástico reciclado. Los Ángeles, EE.UU., desde 2012 tiene prohibidas las bolsas plásticas y hace pocos meses el gobierno de la ciudad de Buenos Aires instauró la prohibición de entregar bolsas de plástico desechables en los supermercados. Otros países en que subsisten las bolsas plásticas, como Dinamarca, establecen un impuesto o tasa de cargo de las empresas, mientras que otras legislaciones, como es el caso de Reino Unido o Irlanda, contemplan un impuesto o tasa de cargo del consumidor o de los clientes de los establecimientos.
4.	Que, de acuerdo a lo reseñado es fundamental incorporar herramientas jurídicas tendientes, a lo menos, a limitar la utilización de bolsas plásticas en nuestro país, siguiendo el modelo sustentado por las municipalidades a través de ordenanzas.
La idea central de este proyecto de ley es la eliminación de las bolsas plásticas en el comercio, siguiendo en esta perspectiva el modelo seguido no sólo a nivel comparado sino también en el ámbito local o municipal.
La referida eliminación deberá ser gradual, otorgando un plazo general de 3 años para la adecuación por parte de las personas a la nueva normativa.
Artículo Único: “Prohíbase la utilización de bolsas plásticas no degradables por parte de los establecimientos de comercio.
Un reglamento determinará las condiciones las condiciones de su prohibición, estableciendo además el material sobre el cual deberán estar revestidas las bolsas de empaque degradables.
El incumplimiento de esta normativa se sancionará con multa de 10 a 20 UTM a beneficio Fiscal”.
Artículo Único Transitorio: “La presente ley tendrá un período de vacancia de 3 años contados desde su publicación”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Macaya, Hernández, Lavín, Melero, Norambuena, Trisotti y Ward, y de las diputadas señoras Hoffmann, Molina y Nogueira, que Modifica la ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, para establecer la atención preferente a los dirigentes en la realización de trámites de gestión gremial. Boletín N°11419-06
Como lo establece nuestra Constitución Política el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. De acuerdo a este precepto constitucional existe la orientación en nuestro sistema jurídico de amparar y cautelar, en tal sentido, los intereses de todos los grupos intermedios existentes en nuestra sociedad. Particularmente en el caso de las Juntas de Vecinos, y demás organizaciones comunitarias, la protección reviste una importancia adicional debido a que se trata de órganos que tienen una constante relación con la autoridad pública sirviendo de nexo indispensable entre el Estado, particularmente sus organismos administrativos con la sociedad civil, aspecto que sin dudas es menester proteger y fomentar.
A mayor abundamiento el mismo artículo 1° de la Constitución en su inciso 4° establece que “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.
Misma norma se encuentra establecida en la ley 18.575 Orgánica Constitucional de bases Generales de la Administración, referido a la servicialidad del Estado y sus órganos en materia social. Esta orientación, sin dudas no podemos entenderla como una mera declaración programática, sino más bien en una norma con alcance ejecutivo y exigible por la ciudadanía en los más diversos aspectos.
Especial importancia en estos términos reviste el accionar de las organizaciones comunitarias, que día a día van adquiriendo mayor relevancia en la vida pública a partir de múltiples factores, uno de ellos, por cierto, lo determina el mayor nivel de participación ciudadana existente en nuestro país, particularmente a nivel municipal.
1.	Que, la ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, constituye un cuerpo normativo destinado a establecer y regular el funcionamiento de estas organizaciones comunitarias a objeto de hacer frente, de un modo más dúctil, a sus necesidades y funciones principales. A este respecto la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos se encuentra cada vez más asentada en nuestro ordenamiento jurídico, con una especial relevancia a nivel local.
2.	Que, la necesidad de otorgarle a las personas mayores niveles de autonomía y facilidades en la gestión de los intereses de la comunidad es fundamental a efecto que los principios de colaboración y participativo sean una realidad cada día más presente en nuestra vida diaria, lo cual genera innumerables efectos positivos al interior de la ciudadanía.
3.	Que, en efecto, una gestión más eficiente de las juntas de vecinos implica la más fructífera relación público-privada, destinada a la satisfacción de las variadas necesidades públicas y esta eficiencia por cierto, también dice relación con otorgarles a los dirigentes sociales mayores facilidades en la gestión de los intereses vecinales y comunales que invisten.
4.	Que, es por ello que los firmantes de este proyecto de ley estamos contestes en orden a establecer mejores condiciones de trabajado de los dirigentes vecinales y sociales de nuestro país. Esta inquietud, no es nueva en nuestro sector político, ya antes hemos presentado mociones tendientes al establecimiento de un seguro de vida y accidentes durante el ejercicio de sus labores, entre otras ideas.
5.	Que, en esta oportunidad sometemos a tramitación de nuestra Corporación una iniciativa que apunta a establecer un sistema de acceso preferente a dirigentes vecinales para la realización de trámites propios de su gestión.
6.	Que, creemos que normas como la que proponemos mejoran sustancialmente la gestión de los intereses vecinales y sociales, en este sentido representa una manera de jerarquizar la labor de estos grandes servidores sociales siempre necesaria para la consecución de los fines fundamentales de nuestra nación, que no es otro que el bien común general o particular.
El presente proyecto de ley consagra un sistema de atención preferente a los dirigentes vecinales para la realización de trámites propios de su gestión dirigencial.
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso 2° en el artículo 44 de la ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, de acuerdo al siguiente texto:
“Los dirigentes vecinales y comunitarios tendrán derecho a una atención preferente por parte de los organismos públicos y privados para la realización de trámites propios de su gestión gremial”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Ward, Álvarez-Salamanca, Coloma, Hasbún; Kast, don José Antonio; Kort, Macaya, Melero; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, que Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de prohibir inauguraciones de obras y entrega de beneficios estatales antes de una elección, en el período que indica. Boletín N°11420-06
No cabe duda que en 200 años de vida independiente nuestro país forjó una tradición institucional y democrática insoslayable. En este sentido pocas naciones del mundo pueden exhibir prolongados espacios de armonía y paz social, en donde el progreso material y espiritual de los pueblos sea un hecho palpable a lo largo de la historia. Chile, puede exhibir con gran orgullo esta tradición de país observante de sus normas y respetuoso de sus instituciones, pilares fundamentales para alcanzar el tan anhelado progreso social.
Sin perjuicio de lo anterior, debemos seguir trabajando, promoviendo un fortalecimiento constante de nuestra democracia, no sólo garantizando el ejercicio del derecho a sufragio de los ciudadanos, sino que también abriendo espacios para el surgimiento en ámbitos de participación a sectores postergados de nuestra sociedad, posibilitando que sus inquietudes también sean parte de la agenda pública nacional.
Fruto de nuestra tradición democrática, periódicamente se celebran actos eleccionarios en donde la población participa en la elección de sus representantes y donde precisamente la agenda pública toma especial connotación en aras a su establecimiento mediante la implementación de un plan de orden político por parte de las autoridades.
Con todo, y como es de público conocimiento, durante las campañas presidenciales, parlamentarias, como también en las municipales, la propaganda electoral constituye toda una temática no sólo vinculada al debate de ideas entre las diversas fuerzas políticas, sino que también ha sido caldo para que autoridades de la administración promuevan a los candidatos adherentes a su proyecto político, situación que ha dado pie a una amalgama de arbitrariedades, lo que conlleva por cierto, al enrarecimiento del clima electoral y en donde tales conflictos son incluso promovidos y resueltos en la justicia penal.
De acuerdo a ello, el informe final de la Comisión Presidencial Anticorrupción (más conocida como Comisión Engel) manifestó en sus propuestas y conclusiones la necesidad de fortalecer regulaciones y fiscalización contra el intervencionismo electoral, incentivando con ello, el establecimiento de un Código de Comportamiento Electoral para autoridades y funcionarios públicos y municipales, además de establecer mecanismos de promoción y capacitación.
Esto es, en consecuencia, la finalidad de la presente iniciativa parlamentaria: otorgar a los intervinientes y a la propia ciudadanía las garantías suficientes de imparcialidad en el desarrollo de los procesos electorales.
1.- Que, de acuerdo a un informe de la Biblioteca del Congreso La Ley N° 19.884, sobre transparencia, límites y control de los gastos electorales, se establecen normas contra la intervención electoral, sin embargo no hace referencia expresa a actividades de inauguración o de naturaleza similar durante periodos de campaña electoral.
2.- Que, las elecciones de autoridades públicas constituye un proceso del todo necesario en un sistema democrático como el nuestro, en tal sentido una democracia robusta requiere de un proceso electoral limpio, sin ningún reproche de legitimidad que implique la existencia de arbitrariedades e ilegalidades en perjuicio de algunos, de tal manera que parece razonable fortalecer de mayor forma tales actos aumentando los estándares de transparencia y equidad.
3.- Que, de acuerdo al mismo informe de la Biblioteca del Congreso, dentro de las propuestas vinculadas a actos de intervencionismo electoral establecidas en las propuestas de la referida comisión presidencial encontramos la de cautelar el uso de recursos públicos en el periodo pre eleccionario, particularmente en las inauguraciones y otras prestaciones distintas a las de carácter periódico, salvo para atender emergencias.
4.- Que, en la actualidad, se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados un proyecto de ley modifica la Ley Nº 19.884, presentado el año 2006, por mensaje del Ejecutivo. Este proyecto contiene disposiciones que, incorporadas mediante, buscan regular actos de inauguración en periodo electoral.
El artículo 49ª aprobado en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, dispone:
“Los órganos de la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, las corporaciones de educación y de salud, las corporaciones municipales, las empresas públicas creadas por ley y las empresas en que el Estado o sus organismos tengan participación accionaria igual o superior al cincuenta por ciento o mayoría en el directorio, noventa días antes de la elección, e incluyendo el período existente en una segunda vuelta de la elección presidencial, deberán publicar en su página web y enviar al Servicio Electoral un listado de las siguientes actividades que se realizarán en dicho período: inauguraciones de obras públicas; viviendas; entrega de beneficios a la comunidad, tales como subsidios habitacionales, títulos de dominio, becas estudiantiles; o inauguraciones de cualquier tipo de establecimientos o infraestructura; o entregas de materiales didácticos o similares; o cualquier otro acto en que el beneficio se hubiere financiado total o parcialmente con recursos públicos.
Las invitaciones que se puedan extender a los actos públicos asociados a dichas actividades, no podrán excluir arbitrariamente a autoridades y candidatos.”
5.- Que, a título meramente referencial, se hace presente que en la misma instancia legislativa se rechazó una indicación que prohibía, entre otras actividades: “(…) en los noventa días anteriores a una elección, todo acto oficial destinado a entregar cualquier tipo de beneficio a la comunidad, tales como subsidios habitacionales o de servicios domiciliarios, títulos de dominio, becas estudiantiles; o a efectuar inauguraciones de cualquier tipo de establecimientos o infraestructura, o entregas de materiales didácticos o similares o cualquier otro acto en que el beneficio o la obra se hubiere financiado total o parcialmente con recursos públicos (…)”.
La misma indicación agregaba que “(…)si fuere necesaria la entrega material de algún beneficio, que estuviere programado con antelación, éste se hará en forma reservada y sin publicidad, por lo cual, y respetando al plazo antes indicado, sólo se notificará a los interesados mediante carta certificada o por un aviso en un periódico, que solamente anuncie escuetamente el motivo de la convocatoria, y solo se realizará bajo la dirección de funcionario distinto de los señalados en el inciso precedente”.
Posteriormente, en la comisión de Hacienda de la misma Cámara, se presentó una nueva indicación, para reemplazar el artículo 49 A, ya reseñado, prohibiendo derechamente actos inaugurales sesenta días antes de la elección (rechazada). Esta indicación disponía:
“Los órganos de la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, las corporaciones de educación y de salud, las corporaciones municipales, las empresas públicas creadas por ley y las empresas en que el Estado o sus organismos tengan participación accionaria igual o superior al porcentaje que especifica no podrán dentro de los sesenta días antes de la elección de que se trate, incluyendo el período de la segunda vuelta de la elección presidencial, realizar actividades tales como; inauguraciones de obras públicas, viviendas, entrega de subsidios habitacionales, títulos de dominio, becas estudiantiles y, en general, cualquier otro beneficio financiado total o parcialmente con recursos públicos.“.
Finalmente, desde septiembre de 2009 el proyecto no tiene movimiento legislativo, fecha que concuerda con el retiro de la suma urgencia por parte del Ejecutivo.[1]
6.- Que, en un contexto político particularmente sensible, en donde la función pública se encuentra seriamente cuestionada, y en donde a nivel central se han promovido iniciativas tendientes a incrementar los niveles de transparencia de los funcionarios públicos de todas las jerarquías, este proyecto de ley va en total consonancia con estos esfuerzos legislativos e institucionales. Es por lo anterior, que la presente iniciativa apunta a limitar durante el período pre-eleccionario ciertos y determinados actos públicos, específicamente inauguraciones y otros actos distintos a los de carácter periódico, que por su naturaleza aparecen de manifiesto como una inducción al voto durante las campañas electorales.
7.- Que, de acuerdo a una nota publicada en el diario el Mercurio, el actual Gobierno programa 1.500 inauguraciones antes del 11 de marzo de 2018, situación que evidentemente tiene un efecto político en las próximas elecciones más allá de la intenciones tenidas en vista. Es por ello, que se requiere de una mayor regulación de estas situaciones en aras a mejorar la pulcritud de los diversos procesos eleccionarios.
De acuerdo a lo indicado la presente moción prohíbe en los treinta días anteriores a una elección, todo acto de carácter oficial, destinado a entregar cualquier tipo de beneficio a la comunidad a través de inauguraciones u otros actos públicos. Bajo las condiciones descritas, la entrega de los referidos beneficios se traducen sencillamente en un hecho con implicancias políticas, en un acto de inducción del voto, hecho que a todas luces va en contra del principio de igualdad entre los candidatos y prescindencia política del gobierno de turno en materia electoral.
IV.- PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 30 en la ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios de la siguiente manera:
“Prohíbase, desde el trigésimo día anterior a una elección, todo acto oficial destinado a efectuar inauguraciones de cualquier tipo de infraestructura, o entrega de beneficios estatales o similares que no tengan carácter periódico”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hasbún, Álvarez-Salamanca, Gahona, Kort, Lavín, Norambuena, Sandoval, Ulloa; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, que Modifica la Carta Fundamental para permitir la acusación constitucional en contra del Fiscal Nacional y los fiscales regionales del Ministerio Público. Boletín N°11421-07
La responsabilidad en términos generales y teóricos ha sido entendida como una de las temáticas de mayor importancia a nivel jurídico y social. Su regulación constituye un elemento promotor de la paz y seguridad social, toda vez que apunta a la sanción de personas por conductas apartadas de los preceptos normativos, no sólo impuestos por el derecho, sino que también impuestos por la moral, la religión u otras fuerzas normativas.
Efectivamente, la referida institución que un jurista calificó como “colosal” por su gran extensión y profundidad traspasa todos los ámbitos de la vida jurídica. Así las cosas, es posible observarla en el ámbito penal, laboral, administrativo, constitucional, civil, procesal, entre otras áreas, hecho que implica que la responsabilidad forma parte inescindible de las normas jurídicas, sin las cuales no es posible concebirlas.
Como sabemos, en el ámbito constitucional existe la institución de la acusación constitucional, procedimiento que tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad de las más altas autoridades del país, a partir de la comisión de hechos expresamente previstos en la constitución. Dicha acusación, mal llamada “juicio político”, establece un estatuto de autoridades acusables por esta vía.
En efecto, el artículo 52 número 2 de la Constitución Política de la República establece dentro de las facultades de la Cámara de Diputados “declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen (…)”. La acusación descrita podrá en su caso ser dirigida en contra de las siguientes personas: a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. b) Los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno; c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes; d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación y e) Los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.
Pues bien todas estas autoridades revisten las más graves funciones concernientes al manejo de los intereses de Chile y en función de aquello se consagra un procedimiento constitucionalmente establecido en virtud del cual la H. Cámara de Diputados acusa y el senado actuando excepcionalmente como tribunal dirime aceptando o denegando la acusación.
Bajo este orden de cosas, no parece un despropósito incorporar otras autoridades que con el correr de los años van adquiriendo mayor relevancia a nivel nacional. Este es el caso de las más altas autoridades del Ministerio Público y, particularmente del Fiscal Nacional.
La pregunta que surge, de acuerdo a lo indicado por el profesor Julio Alvear ¿Por qué la figura de los fiscales habría de quedar fuera de esta forma de control democrático al que, sin embargo, de acuerdo al artículo 52 n°2 de la Constitución, están sometidas a las más importantes autoridades de la República, entre ellos, el propio Presidente y los magistrados de los tribunales superiores de justicia? No hay respuesta firme que justifique esta exclusión. De ello da cuenta la historia de la Ley 19.519 de reforma constitucional que creó el Ministerio Público el año 1997. En los debates parlamentarios, senadores de las más diversas tendencias se manifestaron a favor de la acusación. También se dieron argumentos en contra, que son los que hoy más o menos se reiteran. Pero es bueno recordar que la exclusión definitiva de los fiscales se debió no a razones de fondo sino de oportunidad política[1]
Continúa el académico indicando que desde hace años, los fiscales se han vuelto protagonistas de la vida pública. Vienen ejerciendo legítimamente la plenitud de todas sus funciones. Es precisamente ante esta circunstancia -el ejercicio de un poder en plenitud- donde es necesario volver a plantear la legitimidad de la acusación constitucional.
1.	Que, el Ministerio Público constituye un organismo autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, consagrado a nivel constitucional destinado a ejercer la acción penal pública. En efecto, de conformidad a lo previsto en el artículo 83 de nuestro cuerpo constitucional “un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales”.
2.	Que, la máxima autoridad de esta institución la constituye el Fiscal Nacional, quien de conformidad al artículo 13 de la ley 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público “es el jefe superior del Ministerio Público y responsable de su funcionamiento”.
3.	Que, los fiscales regionales son las autoridades que ejercen las funciones del Ministerio Público a nivel regional de conformidad a lo previsto en el artículo 27 de la su ley orgánica
4.	Que, no obstante la vital importancia de estos funcionarios públicos, su figura no se encuentra sujeta al control parlamentario por la comisión de hechos que merezcan su responsabilidad constitucional, habida consideración de tratarse de una autoridad cada vez más sobresaliente en función de los intereses de paz y seguridad a los que aspira la sociedad chilena.
5.	Que, efectivamente, los cambios y desafíos experimentados por nuestro país requieren de instituciones sólidas capaces de ser interpeladas institucionalmente de sus actos cuando estos se han apartado de lo previsto en la normativa constitucional y legal. En este sentido la institución de la acusación constitucional en Chile debe constituir un control eficiente de legalidad de los actos de las más altas autoridades de la patria y pensamos que en el catálogo de autoridades acusable de inscribirse al Fiscal Nacional del Ministerio Público y a los Fiscales Regionales de esta institución.
6.	Que, parece tomar sentido que estas autoridades sean acusables constitucionalmente, siguiendo el criterio del Contralor General de la República y de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, por notable abandono de sus deberes.
7.	Que, finalmente este proyecto obedece a también a un esfuerzo que otros parlamentarios han desplegado en años anteriores en torno a establecer a estas autoridades como autoridad acusable constitucionalmente, de tal forma que esta preocupación también es compartida por importantes sectores del parlamento y la ciudadanía, lo que augura un consenso en torno a la pronta aprobación de esta iniciativa.
De acuerdo a lo indicado la presente iniciativa parlamentaria introduce dentro de nuestra Constitución Política al Fiscal Nacional y Fiscales Regionales como autoridades acusables constitucionalmente.
IV.- PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
Artículo Único: Intercálese en la letra c) del numeral 2 del artículo 52 de la Constitución Política luego de la expresión “tribunales superiores de justicia” y seguido de una coma (,) las palabras “Fiscal Nacional y fiscales regionales del Ministerio Público”