Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23969
Timestamp: 2020-02-26 07:46:02
Document Index: 329794416

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 530', 'Artículo 531', 'Artículo 532', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 94', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 2', 'Artículo 530']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 85/2014
SENTENCIA 85/2014, de 29 de mayo
ECLI:ES:TC:2014:85
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 11 de enero de 2013, sesenta y dos Senadores del Grupo Parlamentario Socialista interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra el art. 2.9 de la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre. Este precepto crea dentro del título IV, un nuevo capítulo CVII, en cuyos arts. 530 a 535 se regula la “tasa por prestación de servicios administrativos complementarios de información, con ocasión de la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación, por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid”, conocida como “euro por receta”.
Añade, en fin, que la tasa invade la competencia estatal que se deriva del art. 149.1.16 CE en relación con el art. 149.1.1 CE, vulnerando con ello el principio de igualdad en relación con el ejercicio del derecho a la protección de la salud reconocido en el art. 43 CE, conclusión que se sustenta con una extensa cita de la STC 136/2012.
2. Por providencia de 29 de enero de 2013, el Pleno, a propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el recurso y, de conformidad con lo establecido en el art. 34 LOTC, dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, así como a la Asamblea y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, por conducto de sus Presidentes, al objeto de personarse en el proceso y formular alegaciones en el plazo de quince días. Asimismo, se acordó publicar la incoación del recurso de inconstitucionalidad en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.
En el citado recurso, tras resumir los elementos esenciales de la tasa impugnada, expone la doctrina general sobre las tasas, cuyo hecho imponible se vincula a una actividad o servicio de la Administración pública (por todas, SSTC 296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4; 16/2003, de 30 de enero, FJ 3, y 102/2012, de 8 de mayo, FJ 5). En consecuencia, “la tasa sigue al servicio”, es decir, la competencia para decidir la financiación de un servicio por vía de tasas deriva de la competencia en relación con el servicio mismo financiado, de manera que “la distribución de competencias en una materia determina la posibilidad de establecer tasas sobre la misma, así como su configuración” (STC 136/2012, de 19 de junio, FJ 8).
A partir de lo anterior, se exponía en el recurso de inconstitucionalidad núm. 349-2013 el reparto competencial en materia de sanidad, sobre la que la tasa recurrida recae, y que es compartida entre el Estado y la Comunidad de Madrid, de manera que al primero le corresponden las “bases y coordinación general de la sanidad” (art. 149.1.16 CE), mientras que la segunda ostenta las competencias que le atribuye el art. 27.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (EAM).
El contenido de la financiación de la prestación farmacéutica se incluye en la “cartera común suplementaria” del Sistema Nacional de Salud [art. 8 ter 2 a) de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud], y su régimen jurídico, en lo que hace a la financiación, se contiene en el art. 94 bis de la Ley 29/2006 (en la redacción dada por los Reales Decretos-leyes 16/2012, de 20 de abril, y 28/2012, de 30 de noviembre). Ambos preceptos —arts. 8 ter de la Ley 16/2003 y 94 bis Ley 29/2006— son formalmente básicos (disposición final primera de la Ley 29/2006 y disposición final primera del Real Decreto-ley 16/2012), y son también materialmente básicos de acuerdo con la doctrina constitucional.
El escrito de la representación procesal de la Asamblea de Madrid comienza recordando la libertad de configuración normativa que ostenta dicho órgano, con cita de, entre otras, la STC 194/1989, de 16 de noviembre (FJ 2), y refiriéndose en concreto a la competencia reconocida en el art. 27.4 de su Estatuto de Autonomía para el desarrollo legislativo de las bases estatales, en materia de “sanidad e higiene”, así como al principio de autonomía financiera (art. 156.1 CE). A partir de lo anterior se argumenta que la tasa controvertida se ha establecido en el marco de la competencia que ostenta esta Comunidad Autónoma en materia de asistencia y gestión sanitarias (arts. 27.4 y 28.1.1 EAM).
En cuanto a la tasa en particular, se considera que su hecho imponible refleja que lo que realmente se grava es la prestación de “servicios administrativos complementarios de la información”, ajenos al acto médico, por lo que no se invade la competencia del Estado, respetándose en concreto el principio de que “la tasa sigue al servicio” (STC 136/2012, de 19 de junio, FJ 8), consagrado igualmente en el art. 7 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. Es preciso así distinguir entre la emisión de la receta como acto médico y su vertiente administrativa, que es lo que resulta gravado por la tasa.
Por todo lo anterior se solicita la desestimación del recurso.
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por sesenta y dos Senadores del Grupo Parlamentario Socialista contra el art. 2.9 de la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre. Este precepto crea, dentro del título IV, un nuevo capítulo CVII, en cuyos arts. 530 a 535 se regula la “tasa por prestación de servicios administrativos complementarios de información, con ocasión de la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación, por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid”, conocida como “euro por receta”.
2. En el ATC 142/2013, de 4 de junio, ya constatamos que la tasa que ahora se controvierte, el euro por receta establecido por la Comunidad de Madrid, tiene una regulación sustantivamente similar a la establecida por la Generalitat de Cataluña, mediante el art. 41 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, precepto que estableció la denominada “tasa sobre los actos preparatorios y los servicios accesorios de mejora de la información inherentes al proceso para la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación”.
Advertimos entonces que la similitud entre ambas tasas, la catalana y la madrileña, resulta evidente tras contrastar sus elementos esenciales. Así, la tasa establecida por la Comunidad de Madrid tiene como hecho imponible la prestación de determinados servicios administrativos “con ocasión de la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación” (art. 530 del texto refundido), mientras que la establecida por Cataluña resulta exigible por “los actos preparatorios y los servicios accesorios de mejora de la información inherentes al proceso para la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación” (art. 21.22-1 del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña). Los sujetos pasivos son también coincidentes, pues en el caso de Madrid es “la persona física a la que se prescribe un medicamento o producto sanitario documentado en una receta médica u orden de dispensación” (art. 532.1), mientras que en la tasa catalana es “la persona física a la que se prescribe y se dispensa un medicamento o producto sanitario, que es documentada en la receta médica u orden de dispensación correspondiente” (art. 21.22-2 del texto refundido). También coinciden el resto de elementos esenciales, como algunos de los supuestos de exención (para la tasa catalana, previstos en el art. 21.22-5 del texto refundido; y para la madrileña, art. 531) y, fundamentalmente, el tipo de gravamen, que asciende a un euro por receta en ambos casos (respectivamente, arts. 21.22-4 y art. 533), siendo también idéntico el devengo, que será el momento de la dispensación de la receta correspondiente a un medicamento.
a) En el fundamento jurídico 3 de la STC 71/2014 recordamos que “[l]a Constitución reconoce poder tributario a las Comunidades Autónomas [arts. 133.2 y 157.1 b)] con el alcance y límites establecidos en la LOFCA”, al mismo tiempo que dijimos que, en el caso de las tasas, debe estarse al reparto competencial en la materia, pues éstas “se basan en el principio de equivalencia, sin perjuicio de que no puedan desconocer la capacidad económica, de manera que su hecho imponible encierra un sinalagma (SSTC 296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 9; y 106/2000, de 4 de mayo, FJ 2)”. En consecuencia, recordamos también que “de acuerdo con nuestra consolidada doctrina, el establecimiento de tasas por parte de las Comunidades Autónomas está estrechamente ligado a su competencia material, de manera que, como afirmamos en la STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 5 C), la coexistencia de tasas autonómicas y estatales debe interpretarse de acuerdo con ‘el principio de que la competencia para crear tasas por servicios deriva necesariamente de la que se ostenta para crear las instituciones y organizar los servicios públicos correspondientes (STC 37/1981, FJ 3) y el mandato expreso de la LOFCA’, y en concreto, decíamos entonces, el contenido en los arts. 7.1 y 17 LOFCA, doctrina ésta que recoge el principio de que la tasa sigue al servicio, que hemos reiterado en numerosas ocasiones (SSTC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 4; 149/1991, de 4 de julio, FJ 5; y 204/2002, de 31 de octubre, FJ 3; o, recientemente, SSTC 35/2012, de 15 de marzo, FJ 6; y 162/2012, de 20 de septiembre, FJ 3), y que refleja el art. 7 LOFCA, estableciendo que las Comunidades Autónomas podrán establecer tasas, entre otros supuestos, ‘por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades en régimen de Derecho público de su competencia’ (art. 7.1 LOFCA), en los términos y con los límites previstos en el mismo precepto”.
b) A partir de lo anterior, en el fundamento jurídico 7 a) de la STC 71/2014 abordamos el reparto competencial de la materia de sanidad, lo que nos permitió concluir que “de acuerdo con nuestra doctrina (SSTC 98/2004, 22/2012 y 136/2012) debemos concluir confirmando el carácter básico de los arts. 94 y 94 bis de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, a los que remite el art. 8 ter de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”, en los que se regulan los supuestos y la cuantías en los que procede la aportación de los usuarios o “copago”.
c) Trasladado el reparto competencial a la tasa recurrida, apreciamos que ésta “recae, por tanto, de forma directa sobre la prestación farmacéutica, pues su pago es condición para la dispensación del medicamento o producto sanitario”, sin que la prestación de servicios administrativos añadidos pueda servir para legitimar esta modalidad tributaria, toda vez que “no se amplían el ámbito subjetivo ni objetivo de las prestaciones sanitarias, sino que, como se ha constatado, incide directamente sobre una prestación básica, empeorándola desde la perspectiva del ciudadano, beneficiario de la misma. Así se desprende de los términos del art. 8 quinquies de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, a cuyo tenor las Comunidades Autónomas podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios, que ‘incluirán, cuando menos, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en sus modalidades básica de servicios asistenciales, suplementaria y de servicios accesorios, garantizándose a todos los usuarios del mismo’ (art. 8 quinquies 1). Pueden asimismo establecer otras prestaciones, mediante la denominada ‘cartera de servicios complementaria’, debiendo en este caso asumir todos los costes de su aplicación (art. 8 quinquies 7). A este supuesto nos referimos precisamente en la STC 136/2012, en cuyo fundamento jurídico 5 afirmamos que ‘dichas bases habilitan un margen para el desarrollo, por parte de las Comunidades Autónomas, de su propia política sanitaria. Éstas podrán, respetando el mínimo formado por las carteras comunes, aprobar sus propias carteras de servicios (art. 8 quinquies), y establecer servicios adicionales para sus residentes. Es decir, las Comunidades Autónomas podrán mejorar el mínimo estatal, pero en ningún caso empeorarlo’.” [STC 71/2014, FJ 7 b)].
d) Finalmente, señalamos que “el examen del hecho imponible de la tasa permite concluir que no recae sobre una prestación nueva, sino directamente sobre todas las prestaciones contempladas en la cartera común suplementaria (art. 8 ter de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud), cuya financiación está regulada, en los términos supra expuestos, en los arts. 94 y 94 bis de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que limitan la aportación del usuario a los casos allí previstos”, y que “[n]o resulta por tanto compatible con este régimen básico el establecimiento de una tasa como la controvertida, al hacer más gravoso para el ciudadano la adquisición de sus medicamentos con receta en la Comunidad Autónoma” [STC 71/2014, FJ 7 b)].
En consecuencia, al igual que hicimos con la tasa catalana, debemos ahora declarar que el art. 2.9 de la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, por el que se regula la “tasa por prestación de servicios administrativos complementarios de información, con ocasión de la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación, por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid”, invade la competencia estatal del art. 149.1.16 CE, por lo que debe declararse inconstitucional y nulo.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 191-2013
Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el artículo 2.9 de la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Se estima el recurso de inconstitucionalidad, declarando inconstitucional la tasa por prestación de servicios administrativos complementarios de información, con ocasión de la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación, por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid, reiterando lo dispuesto en la STC 71/2014, de 8 de mayo, al entender que se trata de tasas muy similares al contrastar sus elementos esenciales.
La tasa que ahora se controvierte tiene una regulación sustantivamente similar a la establecida por la Generalitat de Cataluña, que declaramos inconstitucional y nula en la STC 71/2014, por lo que la misma respuesta habrá de darse en este caso [FJ 2].
El precepto autonómico impugnado, que regula la tasa por prestación de servicios administrativos complementarios de información, con ocasión de la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación, por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid, invade la competencia estatal del art. 149.1.16 CE, por lo que debe declararse inconstitucional y nulo [FJ 3 d)].
La tasa controvertida no recae sobre una prestación nueva, sino sobre todas las prestaciones contempladas en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud, no resultando por tanto compatible con el régimen básico al hacer más gravoso para el ciudadano la adquisición de sus medicamentos con receta en la Comunidad Autónoma (STC 71/2014) [FJ 3 d)].
La tasa recurrida recae de forma directa sobre la prestación farmacéutica, pues su pago es condición para la dispensación del medicamento o producto sanitario, sin que la prestación de servicios administrativos añadidos pueda servir para legitimar esta modalidad tributaria, toda vez que no se amplían el ámbito subjetivo ni objetivo de las prestaciones sanitarias, sino que incide directamente sobre una prestación básica, empeorándola desde la perspectiva del ciudadano, beneficiario de la misma [FJ 3 c)].
Las bases en materia sanitaria habilitan un margen para el desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas de su propia política sanitaria, por lo que podrán, respetando el mínimo formado por la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, aprobar sus propias carteras de servicios y establecer servicios adicionales para sus residentes, mejorando el mínimo estatal pero en ningún caso empeorándolo (SSTC 136/2012, 71/2014) [FJ 3 c)].
Doctrina sobre la distribución de competencias en materia de sanidad (SSTC 98/2004, 22/2012, 136/2012) [FJ 3 b)].
El establecimiento de tasas por parte de las Comunidades Autónomas está estrechamente ligado a su competencia material, de manera que la coexistencia de tasas autonómicas y estatales debe interpretarse de acuerdo con el principio de que la competencia para crear tasas por servicios deriva necesariamente de la que se ostenta para crear las instituciones y organizar los servicios públicos correspondientes, en los términos y con los límites previstos en la LOFCA (SSTC 37/1981, 71/2014) [FJ 3 a)].
Doctrina sobre la naturaleza jurídica de las tasas (SSTC 296/1994, 71/2014) [FJ 3].
Doctrina sobre la limitación del poder tributario de las Comunidades Autónomas (71/2014) [FJ 3 a)].
Artículo 2.9 (anula)
Decreto Legislativo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 1/2002, de 24 de octubre. Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos
Artículo 530, f. 1
Artículo 531, f. 2
Artículo 532.1, f. 2
Artículo 8 quinquies, f. 3
Artículo 8 quinquies, apartado 1, f. 3
Artículo 8 quinquies, apartado 7, f. 3
Artículo 8 ter, f. 3
Artículo 94 bis, f. 3
Artículo 21.22.1 (redactado por la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo), f. 2
Artículo 21.22.2 (redactado por la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo), f. 2
Artículo 21.22.4 (redactado por la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo), f. 2
Artículo 21.22.5 (redactado por la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo), f. 2
Título IV, capítulo CVII, f. 1
Artículo 2.9, ff. 1, 3
Artículo 530 a 535, f. 1
Competencias en materia de tasasCompetencias en materia de tasas, f. 3
Hecho imponibleHecho imponible, f. 3
Límites a la potestad tributaria autonómicaLímites a la potestad tributaria autonómica, f. 3
Productos farmacéuticosProductos farmacéuticos, f. 3
Comunidad de MadridComunidad de Madrid, f. 2