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Timestamp: 2019-11-17 09:29:52
Document Index: 5177816

Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 308', 'artículo 39', 'artículo 41', 'artículo 39', 'artículo 223', 'artículo 173', 'Artículo 174', 'Artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 173']

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Dictamen : 283 del 09/10/2001
Consultante: Marco Luis Camacho Huertas
Texto Dictamen 283
C-283-2001
Marco Luis Camacho Huertas
Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto de la República, me es grato referirme a su oficio sin número de fecha 24 de setiembre del año en curso, recibido en esta Procuraduría General de la República el día 4 de los corrientes, y asignado a mi conocimiento al día siguiente; En el cual solicita se rinda el dictamen favorable requerido por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, a efecto de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del permiso de funcionamiento de la patente de licores N° 240, que se encuentra a nombre de la Francesita del Norte Sociedad Anónima y es explotada en el restaurante La Francesita en Pital de San Carlos.
Lamentablemente, este Órgano Asesor no puede rendir dicho dictamen favorable, en virtud de que no consta la realización del procedimiento administrativo previsto en el inciso 3 del supracitado numeral 173, tal y como lo hizo ver la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto N° 03639-2000 de fecha 15:51 horas del 2 de mayo del 2000, al resolver el recurso de amparo –expediente N° 00-000590-0007-CO- interpuesto por el dueño de la empresa Francesita S.A. contra la Municipalidad de San Carlos. En ese sentido, obsérvese como el propio Tribunal Constitucional en su considerando segundo señala:
"II.- Del informe rendido y de la documentación aportada se desprende que la negativa de los recurridos para conceder la prórroga de funcionamiento para la patente de licores número 240 se realizó en forma arbitraria, por lo que estima la Sala que sí se ha producido la alegada violación a sus derechos fundamentales y el recurso debe ser acogido. Si la Municipalidad recurrida consideró que dicha patente se había otorgado en forma irregular o ilegal por parte de la Gobernación de Alajuela, como de esto se deriva un derecho para los amparados, no podía, de hecho, dejarla sin efecto e impedir el funcionamiento de ésta en el negocio designado, pues con ello lesionó los derechos que se reclaman. Lo procedente era, en su caso, cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 173 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública y, previo a la declaratoria administrativa de nulidad del acto en cuestión, solicitar el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República o, de lo contrario, acudir al proceso contencioso de lesividad a fin de obtener dicha anulación. Al no haberse actuado así, lo realizado resulta arbitrario y violatorio de los derechos fundamentales de los amparados." (El subrayado no es del original).
Lo anterior, ha ayudado a sanear el actuar administrativo promoviendo el respeto de los derechos fundamentales, defendiendo la seguridad de los administrados y, al mismo tiempo, tratando de alcanzar una efectiva realización de los fines públicos.
Es importante que se tenga en cuenta que el artículo 173 establece una excepción al principio de intangibilidad de los actos propios, permitiéndole a la Administración volver sobre sus propios actos cuando sea patente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta. Sin embargo, establece la ley como requisito esencial que dicha nulidad sea declarada mediante un procedimiento administrativo ordinario (artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública), en el que se observen los principios y las garantías del debido proceso, y que se haya brindado audiencia a todas las partes involucradas, procedimiento que debe ser constatado por la Procuraduría General de la República para poder emitir el dictamen de rigor.
De acuerdo con lo que antecede, es necesario que se respeten toda las garantías del debido proceso de manera que la nulidad absoluta, evidente y manifiesta pueda ser declarada en sede administrativa. Para poder establecer qué se entiende por debido proceso, se debe atender a lo dicho por la Sala Constitucional:
A mayor abundamiento, cabe transcribir –parcialmente- lo manifestado en el dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-037-99 del 11 de febrero de 1999:
"...el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política, y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental (...) para una mayor comprensión se han sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la resolución dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la Administración Pública..." Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 1224-91 de las 16:30 horas del 27 de junio de 1991." (Véase también el voto de la Sala Constitucional N° 5469-95 de las 18:03 horas del 4 de octubre de 1995).
Esta Procuraduría General de la República ha insistido que el "órgano director debe observar las formalidades sustanciales del procedimiento, pues de lo contrario se causará nulidad de lo actuado en los términos del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública." (Véase al respecto el dictamen N° C-173-95 del 7 de agosto de 1995.)
Así las cosas, si dentro del desarrollo del procedimiento administrativo se patentiza algún tipo de violación a los principios del debido proceso, la Administración debe anular el respectivo acto (verbigracia citación a comparecencia oral y privada), así como las actuaciones y resoluciones posteriores, fase procesal a la que se debe retrotraer dicho procedimiento, en virtud de que el "incumplimiento total o parcial de las pautas ordenatorias del procedimiento administrativo acarrea sanciones jurídicas reparatorias de la antijuricidad en procura de la salvaguarda de la sanidad del derecho." (DROMI, José Roberto, El Procedimiento Administrativo, Madrid, Editorial del Instituto de Estudio de la Administración Local, 1986, p. 59).
Teniendo como parámetro lo expuesto, y después de analizar el expediente en el que se llevó a cabo la gestión que nos ocupa, se corrobora que no se realizó el procedimiento administrativo ordinario que se ha comentado, y por consiguiente no es posible que esta Procuraduría rinda el dictamen solicitado.
Aunado a lo expuesto, es de rigor señalar que la potestad anulatoria con que cuenta la Administración para llevar a cabo el procedimiento que se establece en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, debe ejercitarse dentro del plazo cuatrienal a que hace referencia el inciso 5) de ese artículo 173. Valga acotar que, es un plazo de caducidad y no de prescripción, por lo cual resulta ininterrumpible. De ahí que:
"5. - De lo expuesto hasta aquí podemos tener por establecido lo siguiente: a) que la vía contemplada por la normativa comentada para que la Administración pueda anular en sede administrativa sus propios actos declaratorios de derechos sin acudir al juicio contencioso de lesividad, tiene un carácter excepcional. b) que el término para efectuar la declaratoria de nulidad del acto es de caducidad, y por ello, opera hasta tanto ésta se haga efectiva por parte de la Administración; en este caso, la propia declaratoria de nulidad del nombramiento. c) La interposición de un recurso de amparo no tiene la virtud de interrumpir ni suspender el plazo de caducidad que comienza a contarse desde la emisión del acto presuntamente nulo. 6. - Las anteriores consecuencias son congruentes con el fin que inspira la normativa que regula esta potestad, cual es brindar seguridad jurídica a los administrados a cuyo favor se hayan declarado derechos subjetivos de algún tipo a través de un acto administrativo. Ello requiere indefectiblemente que el término para hacerlo sea absolutamente rígido, pues de lo contrario, habría total incertidumbre y se vería desnaturalizado el límite que se establece precisamente a través del plazo de los cuatro años, a fin de que no se vea sujeto a circunstancias de cualquier naturaleza que pudieran presentarse durante los trámites previos a la declaratoria de nulidad, -sea el desarrollo del proceso administrativo ordinario y la solicitud de criterio a este Despacho-, gestiones que de ningún modo tienen la cualidad de interrumpir o suspender el transcurso del plazo en cuestión". (Véase al respecto, en sentido similar los dictámenes C-182-89 de 4 de octubre de 1989; C-032-92 de 17 de febrero de 1992; C-111-93 de 24 de agosto de 1993; C-117-95 de 31 de mayo de 1995; C-141-95 de 21 de junio de 1995; C-030-96 de 19 de febrero de 1996, C-037-99 de 11 de febrero de 1999; C-052-2000 y C-050-2000 ambos del 16 de marzo del 2000).
Bajo esa tesitura, también en el dictamen N° C-295-2000 del 4 de diciembre del 2000, esta Procuraduría argumentó:
"Artículo 174. -
"Artículo 173. -
En segundo lugar, unido al carácter aceleratorio del término, se encuentra su carácter perentorio al que ya se ha hecho referencia. Esta calificación de "perentorio" que se atribuye al término denota dos cosas: por un lado el hecho de que se trata de un término cuyo inútil transcurso produce la extinción del derecho y, por otro lado, denota la rigidez e improrrogabilidad del término" (Op. cit., pág. 205).
Es claro entonces, siguiendo la terminología utilizada por la Sala Constitucional, que el plazo de la caducidad no puede ser interrumpido ni suspendido." (Dictamen C-141-95 de 21 de julio de 1995). (2) Si bien en el dictamen se habla del inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública, debe recordarse que a partir de la reforma introducida a ese artículo, el contenido corresponde al inciso 5)."
Además, téngase en cuenta que el acto mediante el que se acuerda iniciar un procedimiento administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos, es un acto preparatorio del final que será aquel en que se decida sobre la existencia de la nulidad. Unicamente con la emisión de ese acto final es que se evita el acaecimiento del plazo de caducidad de cuatro años establecido en el mencionado inciso 5) del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.
Así las cosas, se reitera que por tratarse de un plazo de caducidad, éste es ininterrumpible, por lo que la decisión de la Administración de iniciar el procedimiento administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo, no puede tener el efecto de interrumpir el plazo previsto en el inciso 5) del artículo 173.
Bajo este contexto, obsérvese que en su misiva se establece que lo que se pretende anular es el permiso de funcionamiento de la patente número 240 que se encuentra a nombre de la Francesita del Norte Sociedad Anónima, y es explotada en el restaurante La Francesita en Pital de San Carlos, y se desprende del folio 11 del expediente de marras que la Gobernación de la Provincia de Alajuela mediante resolución N° 1373-10-96 de las 9 horas del 14 de octubre de 1996 otorgó por primera vez el citado permiso.
De conformidad con lo expuesto, al no constar la realización del procedimiento administrativo previsto en el inciso 3 del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, este órgano se encuentra imposibilitado para emitir dictamen sobre la eventual existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, hasta tanto se subsanen por parte de la administración activa el vicio apuntado, y en el tanto se esté dentro del plazo de los cuatro años a que alude el inciso 5) del supracitado artículo 173.
Remito adjunto el expediente administrativo que nos fuera suministrado.
Del señor Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, deferentemente suscribe,
ACACHA/mvc