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Timestamp: 2019-07-18 09:47:32
Document Index: 264198841

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 180', 'artículo 141', 'artículo 197', 'artículo 166', 'artículo 171', 'artículo 46', 'artículo 64', 'artículo 303', 'artículo 60', 'artículo 425', 'artículo 175', 'artículo 118', 'artículo 34', 'artículo 52', 'artículo 179', 'artículo 243', 'artículo 114']

Decreto de 17 junio 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales | SEGURIDADPUBLICA.es
Inicio Legislación española Decreto de 17 junio 1955, por el que se aprueba el Reglamento...
BOE 15-07- 1955
* Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. BOE 26-10-2001
* Real Decreto 3183/1981, de 29 de diciembre. BOE 31-12-1981
* TITULO I. Intervención administrativa en la actividad privada
o CAPITULO II. Disposiciones especiales
* TITULO II. Acción de fomento
o CAPITULO UNICO. De las subvenciones
* TITULO III. Servicios de las Corporaciones locales
o CAPITULO II. Del consorcio
o CAPITULO III. Gestión directa de servicios
+ Sección 1ª. De los servicios en general
+ Sección 2ª. De los servicios económicos: municipalización y provincialización
+ Sección 3ª. Formas de gestión directa
+ Sección 4ª. De la transformación y de la extinción de las municipalizaciones y provincializaciones
o CAPITULO IV. Gestión por Empresa mixta
o CAPITULO V. Gestión indirecta de los servicios
+ Sección 1ª. Formas de gestión indirecta
+ Sección 2ª. De la concesión
+ Sección 3ª. Del arrendamiento
+ Sección 4ª. Del concierto
o CAPITULO VI. De las tarifas
* TITULO IV. De la cooperación provincial a los servicios municipales
o CAPITULO I. Organización de la cooperación
o CAPITULO II. Formas y ámbito de la cooperación
o CAPITULO III. Procedimiento
o CAPITULO IV. Régimen financiero
La Ley de Régimen Local, aprobada por Decreto de 16 de diciembre de 1950, encomendó al Ministerio de la Gobernación la publicación de los Reglamentos e Instrucciones necesarios para el desarrollo de las normas sustantivas y su adecuada aplicación.
En cumplimiento de ese mandato se ha redactado el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en el que se recogen las conclusiones de la Ciencia jurídico-administrativa, se regulan las funciones de dichas Corporaciones en orden a la consecución de los fines que les están asignados, y se configura, primeramente, el régimen de la intervención administrativa municipal y provincial en las actividades privadas; en segundo término, la función de fomento; en tercer lugar, la asunción y ejercicio de los servicios, en sus diversos modos de gestión, dictando las convenientes normas sobre municipalización y provincialización, constitución de Fundaciones públicas, Consorcios, Sociedades mercantiles locales y Empresas de economía mixta, sistema de concesiones, arrendamiento y concierto como formas de prestación de los servicios; y, por último, se refleja la ordenación jurídica de la Cooperación provincial a los servicios municipales, de la que tanto cabe esperar para mejora de las condiciones de vida de los Municipios de menor capacidad económica.
En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado; a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros dispongo:
Se aprueba el texto del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales que a continuación se inserta.
TITULO I. Intervención administrativa en la actividad privada
1º En el ejercicio de la función de policía, cuando existiere perturbación o peligro de perturbación grave de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el fin de restablecerlas o conservarlas.
2º En materia de subsistencias, además, para asegurar el abasto de los artículos de consumo de primera necesidad, la calidad de los ofrecidos en venta, la fidelidad en el despacho de los que se expendan a peso o medida, la normalidad de los precios y la libre competencia entre los suministradores y vendedores.
3º En el orden del urbanismo, también para velar por el cumplimiento de los planes de ordenación aprobados.
4º En los servicios de particulares destinados al público mediante la utilización especial o privativa de bienes de dominio público, para imponer la prestación de aquéllos debidamente y bajo tarifa.
5º En los demás casos autorizados legalmente y por los motivos y para los fines previstos.
a) Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de policía y buen gobierno;
b) Sometimiento a previa licencia; y
Las Corporaciones podrán sujetar a sus administrados al deber de obtener, previa licencia en los casos previstos por la Ley, el presente Reglamento u otras disposiciones de carácter general.
1º Se presentarán en el Registro general de la Corporación, y si se refieren a ejecución de obras o instalaciones, deberá acompañarse proyecto técnico con ejemplares para cada uno de los organismos que hubieren de informar la petición.
3º Los informes de éstos deberán remitirse a la Corporación diez días antes, al menos, de la fecha en que terminen los plazos indicados en el número 5º, transcurridos los cuales se entenderán informadas favorablemente las solicitudes.
6º El cómputo de estos plazos quedará suspendido, durante los quince días que señala el número 4º, contados a partir de la notificación de la deficiencia.
7º Si transcurrieran los plazos señalados en el número 5º, con la prórroga del período de subsanación de deficiencias, en su caso, sin que se hubiera notificado resolución expresa:
a) el peticionario de licencia de parcelación, en el supuesto expresado, construcción de inmuebles o modificación de la estructura de los mismos, implantación de nuevas industrias o reformas mayores de las existentes, podrá acudir a la Comisión provincial del Urbanismo donde existiere constituida, o, en su defecto, a la Comisión provincial de Servicios técnicos y si en el plazo de un mes no se notificare al interesado acuerdo expreso, quedará otorgada la licencia por silencio administrativo;
No es aplicable en el ámbito de las Islas Baleares, respecto del procedimiento para el otorgamiento de licencias municipales de instalaciones, por disp. derog. de Ley 8/1995, de 30 marzo (LIB 1995, 109).
1. En la reglamentación de los Servicios privados prestados al público, a los que se refiere el número 4º del artículo 1, corresponderá a las Corporaciones locales otorgar la autorización, aprobar las tarifas del servicio, fijar las condiciones técnicas y determinar las modalidades de prestación, las garantías de interés público y las sanciones aplicables en caso de infracción, así como los supuestos en que procediere revocar la autorización.
Cuando, por razones sanitarias, o de otra índole, fuera obligatoria la introducción, manipulación o suministro de artículos de primera necesidad a través de Alhóndigas, Mataderos, Mercados u otros Centros semejantes y quedara prohibida su realización fuera de ellos, no podrá impedirse el acceso a las personas que desearen ejercer el tráfico para el que se hallaren instituidos ni limitar el número de los autorizados, salvo disposición legal o reglamentaria en contrario.
d) si el edificio puede destinarse a determinado uso, por estar situado en zona apropiada y reunir condiciones técnicas y salubridad y, en su caso, si el constructor ha cumplido el compromiso de realizar simultáneamente la urbanización; y
2. La intervención municipal tenderá a verificar si los locales e instalaciones reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad y las que, en su caso, estuvieren dispuestas en los planes de urbanismo debidamente aprobados.
3. Cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se destinara específicamente a establecimiento de características determinadas, no se concederá el permiso de obras sin el otorgamiento de la licencia de apertura si fuere procedente.
TITULO II. Acción de fomento
CAPITULO UNICO. De las subvenciones
2. Al efecto, se aplicará el Reglamento de Contratación, y las licitaciones que se convoquen tenderán a la baja de la cuantía de la subvención.
1ª Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o reglamentariamente.
2ª La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo cláusula en contrario.
3ª No serán invocables como precedente.
4ª No excederán, en ningún caso, del cincuenta por ciento del coste de la actividad a que se apliquen.
5ª No será exigible aumento o revisión de la subvención.
3. Las Corporaciones locales podrán, no obstante, conceder directamente subvenciones para finalidades distintas de las previstas en el artículo 180 del Reglamento de Haciendas Locales, con cargo a consignaciones globales o específicas que no excedieran en conjunto, ni en ningún caso, del uno por ciento del Presupuesto ordinario.
a) que estén autorizados expresamente por el Ministerio de que dependa la Entidad que solicite la subvención; y
1. Los auxilios de carácter docente y para estímulo de actividades artísticas se concederán por oposición o concurso de méritos, que juzgarán Tribunales, Jurados o Comisiones calificadoras, en los que actuará como Secretario el de la Corporación, según previene el número 3º del artículo 141 del Reglamento de Funcionario de Administración local, con voz y voto.
2. Las demás subvenciones se otorgarán con arreglo al procedimiento dispuesto por el Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales, y las licitaciones se referirán por orden sucesivo, a los siguientes supuestos:
b) mejoras sobre las condiciones que para la obra, instalación, servicio, o en general, actividad para la que se aplique la subvención, señalare el pliego de condiciones;
TITULO III. Servicios de las Corporaciones locales
Derogado en lo que se oponga por el Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre.
Las Corporaciones locales tendrán plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros aspectos, con arreglo a la Ley de Régimen loca y a sus Reglamentos y demás disposiciones de aplicación.
CAPITULO II. Del consorcio
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 197 de la Ley los Consorcios tendrán carácter voluntario y estarán dotados de personalidad para el cumplimiento de sus fines.
CAPITULO III. Gestión directa de servicios
Sección 1ª. De los servicios en general
Derogada en lo que se oponga el Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre.
2. Se comprenderán también entre los servicios a que se refiere el párrafo anterior, los de carácter obligatorio mínimo a que se refieren los artículos 102 y ss. y 245 y ss. de la Ley.
Sección 2ª. De los servicios económicos: municipalización y provincialización
Derogada en lo que se oponga por el Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre.
Subsección 1ª. Naturaleza y alcance
c) que se presten dentro del correspondiente término municipal o provincial, aunque algunos elementos del servicio se encuentren fuera de uno u otro; y
2. Se regirán por el sistema de libre concurrencia todos los servicios de la competencia municipal o provincial para los que no esté expresamente autorizado por la Ley, en general, y en el caso concreto, en particular, el régimen de monopolio.
b) de modo extraordinario, a cualquier servicio provincializado, en las condiciones determinadas por el párrafo 3 del artículo 166 de la Ley).
1º No podrá iniciarse el expediente hasta que, terminado el de municipalización o provincialización, se hubiere autorizado el monopolio y determinado la forma de gestión directa que llevará aneja la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes afectados al servicio.
2º Obtenida la autorización, se notificará literalmente al interesado, y se le dará aviso con seis meses de anticipación, así como de la expropiación o rescate a que hubiere lugar.
3º La Corporación expropiante dirigirá a cada interesado oferta de la cantidad global fijada como precio de la Empresa para que, dentro de los treinta días siguientes, manifieste si acepta la proposición, y, en caso afirmativo, o de falta de oposición expresa, se procederá al pago y ocupación de la Empresa, sin que transcurrido dicho plazo quepa modificar la oferta, que se entenderá tácitamente aceptada.
4º Si el interesado rehusare el ofrecimiento deberá remitir a la Corporación expropiante, dentro del plazo fijado en el número anterior, una tasación, firmada por Perito, en la cual se razonen los motivos de la discrepancia, acompañando los siguientes documentos:
5º La Corporación podrá completar los indicados documentos con las informaciones que estimare oportunas, en el plazo de un mes, y dentro del mismo elevará el expediente íntegro, con su informe, al Ministerio de la Gobernación.
1º Solicitará informe pericial, cuyos honorarios abonará la Corporación.
2º El informe pericial, a la vista de la documentación aportada, señalará el justiprecio de la empresa, en atención al conjunto de los factores a que se refiere el párrafo 2 del artículo 171 de la Ley, y de aquellas otras circunstancias que se consideren adecuadas para establecer una justa valoración, y determinará la cantidad global que la Corporación interesada hubiere de pagar por todos conceptos.
3º Si faltaren todos los supuestos de valoración a que alude el precepto citado en el número anterior, se basará el informe pericial en el valor en venta de la Empresa, que resulte del conjunto de antecedentes que figuren en el expediente.
4º Para la redacción del informe pericial podrán ser reclamados, por conducto del Ministerio los antecedentes que se estimaren necesarios.
5º Emitido dictamen, el Ministerio de la Gobernación dictará la resolución procedente en el término de seis meses, a contar de la entrada del expediente en el Registro general.
1. En ningún caso el justiprecio de la expropiación o rescate podrá ser superior en un 10 por 100 al valor inicial de los bienes y sus mejoras, reducido por la depreciación inherente al uso y revalorado en función del coeficiente de oscilación de los precios, en general entre el momento de la instalación y el de la valoración.
1º Concejales o Diputados y técnicos de la Corporación en número igual a la mitad más uno de los miembros que hayan de componer la Comisión.
2º Elementos técnicos en el número y con las calidades que se fijan en el artículo siguiente.
3º Dos representantes de los usuarios, designados por las Cámaras Oficiales correspondientes, si las hubiere.
1. Los miembros técnicos de la Comisión especial serán según los casos:
1º Uno o más Licenciados, Arquitectos o Ingenieros de la respectiva especialidad, los cuales, cuando se trate de poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, podrán ser sustituidos por un Aparejador o Ayudante con título oficial.
2º Uno o más Licenciados en Derecho, y en este último supuesto, uno de ellos Abogado del Estado, designado por el Jefe de la Abogacía del Estado de la Provincia.
3º Uno o más técnicos financieros, con título de Licenciado en Ciencias Económicas o Intendente mercantil.
4º Uno o más Médicos.
2. Cuando se tratare del suministro de artículos alimenticios, deberán figurar en la Comisión como técnicos y en sustitución de los comprendidos en el número 1º del párrafo anterior, dos profesionales de la correspondiente industria, pero en las capitales de Provincia será indispensable, además, la concurrencia de un Licenciado o Ingeniero.
3. Los técnicos a que se refiere el párrafo 1, serán designados por los correspondientes Colegios u Organismos oficiales, y el Abogado del Estado por el que sea Jefe de los de la Provincia.
1º Características del servicio y su encaje en los preceptos que determinan la licitud de la municipalización o de la provincialización.
2º Justificación de la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 46 y certificación literal de los acuerdos adoptados por la Corporación al autorizar o conceder el servicio establecido si se pretendiere la implantación de monopolio.
3º Determinación y razonamiento de la elección del sistema de administración del servicio entre los previstos por este Reglamento y esquema de la organización de la Empresa que hubiere de ser establecida.
4º Proyecto de Reglamento de prestación del servicio y de los Estatutos de la empresa cuando hubiere de utilizarse alguna forma de Sociedad mercantil.
5º Casos de cesación de la Empresa, conforme a lo que se consigna en este Reglamento, con indicación de las soluciones que hubieren de adoptarse en esos supuestos para que el servicio quede debidamente atendido.
1º Anteproyecto de obras para la implantación del servicio, si éste las requiriere, o bases de su planteamiento técnico, con el detalle suficiente para formar idea de la instalación o actividad de que se tratare.
2º Descripción técnica, estado de conservación y reformas para el rendimiento indispensable cuando se hubiere de actuar sobre instalaciones ya existentes.
1º Avance del presupuesto de ejecución de obras, instalaciones y reformas necesarias para un período de veinticinco años.
2º Proyecto de tarifas que hayan de regir una vez municipalizado o provincializado el servicio y razonamiento de su cuantía en comparación con las de las Empresas que hubieren de ser expropiadas o rescatadas.
3º Estudio comercial del servicio en el que, con el auxilio de datos estadísticos, se refleje el coste del sostenimiento, productos previsibles y beneficio probable.
4º Estudio del coste de la expropiación, en su caso, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 171 de la Ley y concordantes de este Reglamento.
5º Fórmula financiera para conseguir los capitales que requiera el establecimiento del servicio, con estudio de la amortización de la Deuda que pudiera contraerse y sus posibles efectos en el Presupuesto ordinario de la Entidad.
1. La Memoria a que se refieren los artículos anteriores será expuesta al público juntamente con el proyecto de tarifas, mediante anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la Provincia, por plazo no inferior a treinta días, durante los cuales estará de manifiesto en la Secretaría de la Corporación y podrán presentarse observaciones sobre cualquiera de los extremos consignados.
1º Al Ministerio de la Gobernación, de modo general.
2º Al Consejo de Ministros, previo dictamen de la Comisión permanente del Consejo de Estado, en los casos siguientes:
Queda sin efecto por art. 1.7.1 de Real Decreto 1710/1979, de 16 junio.
La resolución requerida por el artículo 64 se limitará a la aprobación o desestimación del proyecto y las tarifas, en sus propios términos, sin introducir modificaciones salvo por vía de propuesta a la Corporación interesada, que podrá aceptarla mediante el «quorum» indicado en el artículo 303 de la Ley.
Sección 3ª. Formas de gestión directa
Subsección 1ª. Modalidades
1ª Gestión por la Corporación:
2ª Fundación pública del servicio.
3ª Sociedad privada, municipal o provincial.
Subsección 2ª. Gestión por la Corporación
3. Si el designado fuere funcionario de la Corporación, quedará en la situación de excedencia activa que regula el artículo 60 del Reglamento de Funcionarios de la Administración Local.
Derogado por el Real Decreto 3183/1981, de 29 diciembre.
Los beneficios que se obtuvieren después de sastifacer los gastos totales de la explotación del servicio, conservación normal de obras o instalaciones e intereses y amortización de la Deuda que se hubiere contraído por el establecimiento de aquél, se aplicarán:
a) a fondo de reserva, en el porcentaje del sobrante que se determinará al implantar la municipalización o provincialización, sin que sea inferior al 20 por 100; y
El fondo de reserva constituirá una disponibilidad para hacer frente al saldo deudor de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, o gastos extraordinarios que se originaren por circunstancias anormales, sin perjuicio de destinar hasta el límite del 60 por 100 del mismo, cuando hubiere llegado al máximo fijado por el artículo anterior a garantizar la emisión de Deuda con destino a la ampliación o renovación de instalaciones.
No se podrá disponer del fondo de reserva sino en virtud de propuesta del Consejo de Administración, adoptada por mayoría de los dos tercios del número legal de sus miembros y aprobada por la Corporación con idéntico «quorum», y las operaciones que se efectuaren con cargo al mismo requerirán Presupuestos extraordinarios o habilitaciones o suplementos en el presupuesto especial.
Subsección 3ª. Fundación pública del servicio
Subsección 4ª. Sociedad privada, municipal o provincial
1º La Corporación interesada, que asumirá las funciones de Junta general.
3º La Gerencia.
3. Los miembros de la Corporación podrán formar parte del Consejo de Administración hasta un máximo del tercio del mismo y afectarán a los Consejeros las incapacidades e incompatibilidades que para ejercer cargos representativos señalan la Ley y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
Sección 4ª. De la transformación y de la extinción de las municipalizaciones y provincializaciones
1º De modo obligatorio, cuando se produjeren algunas de las circunstancias determinadas en el artículo 425 de la Ley.
2º En los casos previstos por los números 1º y 6º del artículo siguiente.
Las municipalizaciones o provincializaciones cesarán:
1º En los casos expresamente previstos en los actos constituyentes.
2º Por resultar más desventajoso para los usuarios que el régimen de libre iniciativa privada o el de gestión indirecta.
3º Como consecuencia de pérdidas que reduzcan el capital a su tercera parte, salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 175 de la Ley.
4º Por quiebra de la Empresa, si el servicio se prestare en forma de Sociedad.
5º Por imposibilidad material de realizar el fin previsto.
6º En cualquier tiempo, por acuerdo de la Corporación interesada, adoptado con el «quorum» de las tres cuartas partes del número legal de sus miembros.
Ap. 6 derogado , siendo de aplicación el quorum establecido en el art.3.1 e) de la Ley 40/1981, o en el art.3.2 d) de la misma Ley, por Real Decreto 3183/1981, de 29 diciembre.
1. En los supuestos del número 6º, del artículo anterior, se requerirá la autorización del mismo órgano de la Administración del Estado que hubiere autorizado la constitución de la Empresa.
CAPITULO IV. Gestión por Empresa mixta
En las Empresas mixtas, los capitales de las Corporaciones locales y de los particulares, o de aquéllos entre sí, se aportarán en común, para realizar servicios susceptibles de municipalización o provincialización.
Derogado en lo que se oponga por el de Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre.
1º Adquisición por la Corporación interesada de participaciones o acciones de Empresas ya constituidas, en proporción suficiente para compartir la gestión social.
2º Fundación de la Sociedad con intervención de la Corporación y aportación de los capitales privados por alguno de los procedimientos siguientes:
a) suscripción pública de acciones, o
3º Convenio con Empresa única ya existente, en el que se fijará el Estatuto por el que hubiere de regirse en lo sucesivo.
1. Cuando la Corporación interviniere en una Empresa, a tenor del número 1º del artículo anterior, la Sociedad continuará rigiéndose por sus propios Estatutos.
2. La Junta general podrá, no obstante, con el «quorum» dispuesto para la modificación de los Estatutos, modificarlos para que la empresa pase a ser propiamente mixta o sometida al presente Reglamento.
2. Expirado el período que se fijare, revertirá a la Entidad local su activo y pasivo y en condiciones normales de uso todas las instalaciones, bienes y material integrante del servicio.
3. En la constitución o Estatutos de la Empresa habrá de preverse la forma de amortización del capital privado durante el plazo de gestión del servicio por la misma, y expirado el plazo que se fije revertirán a la Entidad local, sin indemnización, el activo y pasivo y, en condiciones normales de uso, todas las instalaciones, bienes y material de servicio.
CAPITULO V. Gestión indirecta de los servicios
Sección 1ª. Formas de gestión indirecta
b) arrendamiento; y
Sección 2ª. De la concesión
a) La construcción de una obra o instalación y la subsiguiente gestión del servicio a que estuvieren afectas, o
b) el mero ejercicio del servicio público cuando no requiera obras o instalaciones permanentes o estuvieren ya establecidas.
3. En virtud de lo dispuesto por la Ley de Régimen Local, corresponderá exclusivamente al Ayuntamiento o la Diputación, según los casos, el otorgamiento de las concesiones para prestar, dentro de su respectivo territorio jurisdiccional, los servicios que los artículos 101 a 103, 107 y 164 a 167 atribuyen a la competencia municipal, y los 242 a 245 y 285 y siguientes a la provincial.
1ª Servicio objeto de la concesión y características del mismo.
2ª Obras e instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y quedaren sujetas a reversión, y obras e instalaciones a su cargo, pero no comprendidas en aquélla.
3ª Obras e instalaciones de la Corporación cuyo goce se entregare al concesionario.
4ª Plazo de la concesión, según las características del servicio y las inversiones que hubiere de realizar el concesionario, sin que pueda exceder de cincuenta años.
5ª Situación respectiva de la Corporación y del concesionario durante el plazo de vigencia de la concesión.
6ª Tarifas que hubieren de percibirse del público, con descomposición de sus factores constitutivos, como base de futuras revisiones.
7ª Clase, cuantía, plazos y formas de entrega de la subvención al concesionario, si se otorgare.
8ª Canon o participación que hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación.
9ª Deber del concesionario de mantener en buen estado las obras e instalaciones.
10ª Otras obligaciones y derechos recíprocos de la Corporación y el concesionario.
11ª Relaciones con los usuarios.
12ª Sanciones por incumplimiento de la concesión.
13ª Régimen de transición, en el último período de la concesión en garantía de la debida reversión o devolución, en su caso, de las instalaciones, bienes y material integrantes del servicio.
14ª Casos de resolución y caducidad.
3. Serán también nulas las cláusulas que establecieran la irrevisabilidad, de las tarifas en el transcurso de la concesión, o confiriesen al concesionario derecho de preferencia a la gestión del servicio una vez extinguido el plazo de la otorgada.
3. Si se pidiere subvención de fondos la Corporación deberá expresar, en el supuesto de admisión, si acepta o rechaza en principio la cláusula, y, en caso afirmativo, la partida del Presupuesto a cuyo cargo hubiere de imputarse.
b) obligar al que resultare adjudicatario de la ejecución de aquél a pagar su importe; y
1. Aprobado por la Corporación el proyecto que, redactado por particulares o por la misma Corporación hubiere de servir de base a la concesión del servicio, se convocará licitación pública para adjudicarla.
4. En otro caso, y en el de igualdad en la baja, la licitación se referirá al abaratamiento de las tarifas-tipo señaladas en el proyecto, y, si se produjere empate, sucesivamente a los siguientes extremos: ventajas a los usuarios económicamente débiles; mayor anticipación en el plazo de reversión, si la hubiere; y más rendimientos para la Administración, en forma de canon o participación en los beneficios.
2. El propio derecho corresponderá en iguales circunstancias al titular del proyecto que hubiere resultado elegido en el concurso previo de proyectos, de haberse celebrado, si en las bases se le otorgare como premio tal derecho a tenor de lo previsto en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 118.
4. Si hicieren uso del derecho de tanteo las personas a que se refieren los párrafos 1 y 2 se otorgará, de las dos, a quien hubiere presentado la propuesta más económica, y si existiere empate entre ambas se resolverá por pujas a la llana, en la forma dispuesta por la norma 4ª del artículo 34 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, partiendo de la propuesta sobre la que se ejercitare el indicado privilegio.
1ª Ordenar discrecionalmente, como podría disponer si gestionare directamente el servicio las modificaciones en el concedido que aconsejare el interés público, y, entre otras:
2ª Fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales y la documentación relacionada con el objeto de la concesión y dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida prestación.
3ª Asumir temporalmente la ejecución directa del servicio en los casos en que no lo prestare o no lo pudiere prestar el concesionario, por circunstancias imputables o no al mismo.
4ª Imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que cometiere.
5ª Rescatar la concesión.
6ª Suprimir el servicio.
1º Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el servicio debidamente.
2º Mantener el equilibrio financiero de la concesión para lo cual:
3º Indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le ocasionare la asunción directa de la gestión del servicio, si ésta se produjere por motivos de interés público independientes de culpa del concesionario.
4º Indemnizar al concesionario por el rescate de la concesión o en caso de supresión del servicio.
1ª Prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por la Corporación concedente, incluso en el caso de que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaren una subversión en la economía de la concesión y sin más interrupciones que las que se habrían producido en el supuesto de gestión directa municipal o provincial.
2ª Admitir al goce del servicio a toda persona que cumpla los requisitos dispuestos reglamentariamente.
3ª Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento del servicio, salvo si se hubieren producido por actos realizados en cumplimiento de una cláusula impuesta por la Corporación con carácter ineludible.
4ª No enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir a la Entidad concedente, ni gravarlos, salvo autorización expresa de la Corporación.
5ª Ejercer, por sí, la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin la anuencia de la Corporación, que sólo podrá autorizarla en las circunstancias que señala el párrafo 2 del artículo 52 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
1º Percibir la retribución correspondiente por la prestación del servicio.
2º Obtener compensación económica que mantenga el equilibrio financiero de la concesión en los casos en que concurra cualquiera de las circunstancias a que se refieren los números 2º, 3º y 4º del párrafo 2 del artículo anterior.
3º Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio.
4º Recabar de la Corporación los procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio administrativo para la adquisición del dominio, derechos reales o uso de los bienes precisos para el funcionamiento del servicio.
1º Reconocimiento de vecindad a su persona, dependientes y operarios en el Municipio de la concesión, para el disfrute de los aprovechamientos comunales.
2º Utilización de la vía de apremio para la percepción de las prestaciones económicas que adeuden los usuarios por razón del servicio.
b) las tasas a cargo de los usuarios, con arreglo a tarifa aprobada en la forma dispuesta por el artículo 179 de la Le.
1º La Corporación designará un Interventor técnico de la Empresa concesionaria, el cual vigilará la conservación de las obras y del material e informará a la Corporación sobre las reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerlos en las condiciones previstas.
2º En caso de desobediencia sistemática del concesionario a las disposiciones de la Corporación sobre conservación de las obras e instalaciones o de mala fe en la ejecución de las mismas, la Corporación podrá disponer el secuestro de la Empresa y, si fuere preciso, solicitar del Ministerio de la Gobernación que continúe hasta el término de la concesión.
2. El acuerdo de la Corporación deberá ser notificado al concesionario, y si éste, dentro del plazo que se le hubiere fijado, no corrigiera la deficiencia se ejecutará el secuestro.
3. La explotación se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario a quien se entregará, al finalizar el secuestro, el saldo activo que resultare después de satisfechos todos los gastos, incluso los haberes del Interventor.
a) La que se hubiere establecido en el Pliego de condiciones; o
a) Si levantado el secuestro el concesionario volviera a incurrir en las infracciones que lo hubieren determinado o en otras similares; y
2. A este efecto, en el plazo de un mes desde que la caducidad hubiere sido ejecutada, la Corporación incoará expediente de justiprecio de la concesión, sin modificar ninguna de las cláusulas de la misma y con intervención del titular caducado, que se decidirá, en defecto de acuerdo, por el Jurado Provincial de Expropiación y conforme al procedimiento de la Ley de Expropiación forzosa.
3. Acordada la tasación o aprobada por el Jurado Provincial de Expropiación, la Corporación convocará en el plazo de un mes licitación sobre dicha base, para adjudicar nuevamente la concesión con arreglo al mismo pliego de condiciones que viniere rigiendo anteriormente; y el producto de la licitación se entregará al concesionario caducado.
Sección 3ª. Del arrendamiento
3. Los arrendatarios estarán obligados a conservar en perfecto estado las obras e instalaciones, destinándolas exclusivamente al uso pactado a realizar por su cuenta todas las reparaciones necesarias, respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios; y a devolverlas al terminar el contrato en el mismo estado en que las recibieron.
1. Serán causas de resolución del contrato, además de las señaladas en el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, la demora en el pago por más de treinta días y la infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo anterior.
Sección 4ª. Del concierto
Derogado en lo que se oponga por elReal Decreto 1098/2001, de 12 octubre.
CAPITULO VI. De las tarifas
3. La modificación de las tarifas habrá de ser aprobada por la Corporación y, en su caso, por el Ministerio al que correspondiere la aprobación inicial, que deberá dictar la resolución en el plazo máximo de tres meses, a contar de la fecha en que hubieren tenido entrada en el Registro los documentos y transcurrido ese término quedará ratificada la aprobación de la Corporación.
Derogado en lo que se oponga por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
Las Corporaciones locales que asumieren la prestación directa de los servicios benéficos de farmacia y, en general, cualesquiera otros cuyas tarifas estuvieren aprobadas por el Ministerio competente, no necesitarán la aprobación especial de tarifas del servicio.
2. Si el servicio se prestare con arreglo a las formas de Derecho privado y, en especial, por Sociedad privada, municipal o provincial, arrendamiento o concierto, las tarifas tendrán el carácter de precio o merced, sometido a las prescripciones civiles o mercantiles.
TITULO IV. De la cooperación provincial a los servicios municipales
CAPITULO I. Organización de la cooperación
1. Las Diputaciones provinciales y Cabildos Insulares tendrán la misión obligatoria e inexcusable de cooperar a la efectividad de los servicios municipales.
5. Cada Comisión provincial de Servicios técnicos podrán establecer en un Reglamento de régimen interior normas propias de funcionamiento acomodadas a sus necesidades.
c) señalar y revisar anualmente las consignaciones que cada Diputación hubiera de destinar a cooperación provincial.
CAPITULO II. Formas y ámbito de la cooperación
g) cualesquiera otras que aprobara el Ministerio de la Gobernación.
2. También podrán comprender aquella la redacción de planes de urbanización, construcción de caminos municipales o rurales y otras obras y servicios de la competencia municipal.
3. Sin perjuicio de la resolución que para cada caso pueda adoptarse, atendiendo a sus circunstancias, la preferencia de servicios, deberá ser:
1. Para el desarrollo de la cooperación las Diputaciones redactarán, oídos los Ayuntamientos, planes bienales ordinarios, que se ejecutarán anualmente.
1º Relación de los Municipios que comprenda.
2º Memoria sobre el estado actual de las obras y servicios en cada uno de dichos Municipios y su situación y capacidad económica.
3º Relación de las obras y servicios que se trate de realizar en cada Municipio.
4º Presupuesto calculado para cada una de las obras o servicios e importe total del plan.
5º Programa escalonado de realizaciones, en el que se señalen las prioridades de ejecución de las obras y servicios.
6º Medios económicos y financieros previstos para la ejecución del plan.
2. El recurso se entenderá desestimado si transcurriera un mes, a contar de la entrada del expediente en el Registro general sin que se comunicara resolución definitiva o de trámite.
1. Los expedientes se elevarán al Ministerio de la Gobernación para su aprobación definitiva y resolución en todo caso y sin ulterior recurso de las reclamaciones que en alzada se hubieran formulado.
CAPITULO IV. Régimen financiero
4. Las cantidades afectas a la cooperación provincial que no se hubieren invertido a la terminación del ejercicio, incrementarán los créditos correspondientes del Presupuesto inmediato, y no podrán anularse sin la previa autorización del Ministerio de la Gobernación, a propuesta del Gobernador civil.
b) ayuda financiera que conceda el Estado y;
2. La financiación de los planes extraordinarios podrán realizarse mediante operaciones de crédito, afectando hasta un máximo del 25 por 100 de la consignación anual destinada a cooperación y, en su caso, el rendimiento de los propios servicios.
La aportación de los Ayuntamientos para establecer servicios por el sistema de cooperación, se fijará en cada caso con arreglo a su capacidad económica y podrán hacerla efectiva directamente con cargo a sus propios ingresos o por anticipos reintegrables de la Diputación provincial, y en este último supuesto los ingresos que produjera el servicio establecido quedarán afectos preceptivamente al expresado reintegro hasta su total extinción.
1ª La Diputación provincial invertirá en cada ejercicio las cantidades que señale el Ministerio de la Gobernación, las que conceda el Estado y las procedentes de subvenciones.
2ª Las obras y adquisiciones se efectuarán por los procedimientos señalados en la Ley y en el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, procurando, cuando sea posible, agrupar los proyectos por servicios o zonas con el fin de obtener ventajas económicas y facilitar la concurrencia de licitadores de reconocida solvencia.
2. Los presupuestos especiales de cooperación serán aprobados por la Comisión provincial de Servicios técnicos y se enviarán, para conocimiento, al Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento.
Para atender a las obligaciones del Presupuesto especial de cooperación provincial las Diputaciones dispondrán de los siguientes recursos:
1º Cantidades anuales de sus fondos generales fijadas por el Ministerio de la Gobernación.
2º Subvenciones y donativos de personas naturales y de las jurídicas que no fueren los Ayuntamientos o Juntas vecinales afectados por el plan de cooperación.
3º Aportaciones de los Ayuntamientos y Juntas vecinales interesados.
4º Auxilios anticipados y subvenciones económicas del Estado.
5º Contribuciones que se aplicaren.
6º Producto de la redención en metálico de las prestaciones personal y de transportes, cuando procediere su imposición.
7º Recargos sobre Contribuciones estatales para atender al servicio de intereses y amortización de empréstitos.
8º Rendimiento de los servicios establecidos que quedaren vinculados a la acción administrativa de la Diputación durante el tiempo fijado, según el cálculo de anualidades.
9º Reintegros de anticipos concedidos con cargo al Presupuesto especial de cooperación para la redacción de estudios y proyectos, ejecución de obras e instalación de servicios.
4. Las obligaciones contraídas y no satisfechas al terminar el año, podrán tener la consideración de créditos de calificada excepción, en el supuesto de que se hallare en curso de ejecución determinada mejora y quedaren por expedir certificaciones de obra.
1. Las Diputaciones podrán crear una Caja de Cooperación provincial, con sujeción a lo previsto en el apartado j) del artículo 243 de la Ley).
2. También podrán destinar a la constitución y ampliación del capital de la expresada Caja una parte de la consignación anual señalada por el Ministerio de Gobernación para cooperación provincial, siempre que no excediera del 15 por 100 de la misma, y si fuere mayor se precisará la autorización de dicho Ministerio.
En el caso de que las Diputaciones redactaren planes extraordinarios de cooperación y hubieren de atenderles mediante operaciones de crédito, conforme determina la Ley deberán aprobar el correspondiente Presupuesto extraordinario.
En las concesiones actualmente otorgadas en relación con los servicios determinados en el párrafo tercero del artículo 114 de este Reglamento, las Corporaciones locales respectivas se entenderán titulares concedentes de ellas y quedarán subrogadas en los compromisos y facultades inherentes a dicha situación.
Artículo anteriorReal Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales