Source: http://chabaneixabogadospenalistas.es/blog/page/2/
Timestamp: 2017-09-20 05:45:06
Document Index: 20076768

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 140', 'artículo 485', 'artículo 607', 'artículo 607', 'artículo 195', 'artículo 196']

actividad ilícita, decomiso, enriquecimiento injusto, quitar bienes
Fuente: https://www.google.es/search?q=DECOMISO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
EL DECOMISO se define como la incautación de bienes, medios o instrumentos que se hayan utilizado para la comisión de un delito, así como las ganancias provenientes del mismo.
La reforma, que toma en consideración la “Directiva europea 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea”, se basa especialmente en acabar con el hecho de que únicamente se pueda decomisar cuando previamente existe condena. Con ello lo que se pretende es prioritariamente evitar un enriquecimiento injusto, haya o no condena, sin que esto signifique la ruptura con el principio de presunción de inocencia. Para explicar esto, que puede crear conflicto al considerar que sin que se haya probado la existencia de un delito se proceda sin embargo al decomiso de los medios o de las ganancias vinculadas a este, se debe atender a la naturaleza, pues no sería propiamente penal, al no tratarse de una sanción ni de una multa, sino, como se ha mencionado ya, de impedir el enriquecimiento injusto. Como se indica en el Preámbulo del Código Penal: «dado que el decomiso se limita al enriquecimiento (ilícito) real del beneficiado por la comisión de un delito, ello no pone de manifiesto que se trate de un régimen de sanción».
De esta forma, el nuevo Código Penal, en el Preámbulo, establece tres tipos de decomiso: el decomiso sin Sentencia; el decomiso ampliado; y el decomiso de bienes a terceros.
El primero, el decomiso sin Sentencia, y como su propio nombre indica, se basa en la ausencia de necesidad de que sea una sentencia condenatoria la que establezca proceder al decomiso. Este se podrá acordar, tras audiencia de partes, por el Juez instructor competente para ello. Cabe destacar la necesidad de que existan indicios fundados de delito para que se pueda tomar la decisión en cuestión. También, pese a que el decomiso se ordene con anterioridad a la existencia de sentencia, cuando esta última se dicte, haya o no delito, deberá ratificar el decomiso acordado para que tenga plena eficacia.
El segundo, el decomiso ampliado, constituye la incautación de bienes que, sin embargo, no están relacionados con los hechos por los cuales se pretende juzgar al sujeto. Se trata también de una figura que está más vinculada al enriquecimiento injusto y al derecho civil, que a la propia naturaleza del derecho penal. Se trata del decomiso de bienes afectos a actividades ilícitas por parte del sujeto, que no constituyen aquéllas por las cuales el mismo va a ser investigado. Al igual que en el caso anterior, será necesario que el juez considere que hay indicios razonables. Como justificación, una vez más, a la inexistencia de ruptura con el principio de presunción de inocencia, se constata aquí, que si los hechos ilícitos a los cuales se relaciona el decomiso se “diesen por ciertos”, se condenaría al sujeto por los mismos, imponiendo la pena correspondiente, y no sería únicamente el decomiso la acción que tendría lugar. Se trata así de una corrección de patrimonio ilícito derivado de un enriquecimiento injusto de origen delictivo.
El decomiso ampliado existía antes de la modificación para delitos de terrorismo o los cometidos por organizaciones o grupos terroristas. El mismo se ha extendido para delitos en los que la actuación delictiva se sostenga en el tiempo produciendo enriquecimiento ilícito como por ejemplo el blanqueo de capitales, o delitos contra la hacienda pública, entre otros.
El tercero, el decomiso de bienes a terceros, no constituye una novedad del Código Penal pero con la modificación se han introducido nuevas técnicas que mejoran su eficacia y seguridad jurídica. La finalidad de este decomiso es evitar que por causa de no saber donde se encuentran los bienes y efectos provenientes de actividad delictiva, ya sea por haber sido estos trasferidos a terceros, resultar imposible su localización, haber sido destruidos o cualquier circunstancia semejante, se quede sin efecto el mismo. Por ello, será el juez competente quien, tras un estudio de valoración y estimación de la actividad desarrollada, determine la cantidad hasta cuyo importe llegaban dichos bienes para proceder al decomiso del importe determinado.
En definitiva, se amplían los casos en los que el juez puede ordenar el decomiso de los bienes procedentes de una actividad ilícita.
penas graves, permanencia, posibilidad de prisión indefinida, prisión, revisión cada dos años
Fuente: https://www.google.es/searchq=prision+permanente+revisable
En el Código Penal de 1995, concretamente en el artículo 36 del mismo, se reflejaba como pena máxima de privación de libertad la de veinte años. Las excepciones a dicha duración eran las siguientes:
Se podría aplicar la pena de privación de veinticinco años, en el caso en el que el sujeto en cuestión fuese condenado por más de un delito, y cuando alguno de ellos estuviese castigado por este Código con la pena de prisión de hasta veinte años.
Se podría aplicar la pena de privación de treinta años, en el caso en el que el sujeto en cuestión fuese condenador por más de un delito, y cuando alguno de ellos estuviese castigado por este Código con la pena de prisión superior a veinte años.
Se podría aplicar la pena de privación de cuarenta años tanto cuando el sujeto en cuestión estuviese condenado por más de dos delitos cuando, al menos, dos de ellos estuviese castigado por este Código con la pena de prisión superior a veinte años; y cuando el sujeto estuviese condenado por dos o más delitos de terrorismo siempre que alguno de ellos estuviese castigado por la ley con pena de prisión superior a veinte años.
En el Código Penal de 2015, que ha introducido varias modificaciones al Código Penal del año 1995, se recoge, en el artículo 33.2.a) del mismo, la llamada “prisión permanente revisable”. Se trata de una pena de privación de libertad grave cuyo fin primordial es impedir que el sujeto al que se le aplica la pena mencionada vuelva a poner en peligro la vida y seguridad de las personas. Dicho sujeto se caracteriza por su peligrosidad, en términos criminales, así como por su incapacidad de adecuarse a la sociedad provocando la imposibilidad de la reinserción social que se pretende conseguir tras la imposición de las penas privativas de libertad.
Una vez que el sujeto haya cumplido la condena, que oscila entre los veinticinco y los treinta y cinco años de privación de libertad, los Tribunales, de oficio, verificarán si la privación debe ser mantenida cada dos años.
¿CUÁNDO PROCEDE SU APLICACIÓN?
Atendiendo a su gravedad, la pena de prisión permanente revisable únicamente cabe en determinados delitos cuando se cumplan una serie de características que se explican a continuación:
En el artículo 140 del Código Penal se establece que cabe la prisión permanente revisable cuando el delito cometido sea el de asesinato (139 “el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1ª con alevosía. 2ª por precio, recompensa o promesa. 3ª con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido”), y cuando:
– La víctima sea menor de dieciséis años o se trate de una persona que sea especialmente vulnerable debido a su enfermedad, edad, o discapacidad;
– Cuando el delito de asesinato sea subsiguiente al de libertad sexual sobre la misma víctima;
– Cuando el sujeto que cometa el delito de asesinato pertenezca a alguna organización o grupo criminal;
– Cuando el sujeto sea condenador por la muerte de más de dos personas.
En el artículo 485.1 del Código Penal se establece que cabe la prisión permanente revisable cuando el delito consista en matar al Rey o a la Reina, al Príncipe o Princesa de Asturias.
En el artículo 607 del Código Penal se establece que cabe la prisión permanente revisable cuando el delito sea el de genocidio: si se agrediese sexualmente, si se causase lesiones, o si se matare a alguno de los miembros de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes.
En el artículo 607 bis del Código Penal se establece que cabe la prisión permanente revisable cuando el delito sea el de lesa humanidad: si se causase la muerte, tras un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra parte de ella, de alguna de estas personas.
Cabe mencionar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha demostrado en diversas Sentencias relativas a la prisión permanente revisable, tras la aplicación de esta medida en países de nuestro entorno como es por ejemplo Alemania, su aceptación siempre que se aplique por el Tribunal competente cuando el mismo aprecie su necesidad, atendiendo al delito cometido y analizando los motivos y las posibilidades de reinserción social del sujeto.
Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía, así como el Pleno del Consejo General del Poder Judicial manifiestan su disconformidad con esta medida al considerarla inconstitucional al no considerar un límite de cumplimiento de la pena de prisión.
PRESUNTO FRAUDE DE SUBVENCIONES EN LA VENTA DE BILLETES DE AVIÓN
En marzo de 2013, la asociación Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) interpuso la denuncia que dio lugar a la apertura de la investigación administrativa contra el grupo Globalia. Globalia es un grupo empresarial que engloba numerosas compañías, entre otras la aerolínea Air Europa, las agencias Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Tubillete.com, y al mayorista Travelplan. Esta compañía está presidida por Juan José Hidalgo.
Una vez incoado este procedimiento administrativo, comenzó el examen de casi seis millones de billetes de avión, emitidos durante los últimos cinco años (aproximadamente desde el año 2009), con la finalidad de calcular la cuantía del presunto fraude.
Los billetes examinados son únicamente los emitidos en trayectos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla a la Península, dado que son los billetes que el Ministerio de Fomento subvenciona al 50% desde el año 2001 para incentivar el tránsito. Esta subvención está prevista en el Real Decreto 1316/2001, que regula la bonificación de las tarifas de transporte para los ciudadanos que residen en las mencionadas Comunidades Autónomas, tanto en transporte marítimo como aéreo.
Presuntamente, un gran número de esos billetes fueron vendidos a un precio reducido, sin embargo Air Europa comunicaba al Ministerio que se expedían a precio normal, para así recibir el 50% de subvención calculada sobre el precio normal. El presidente de CEAV, Rafael Gallego, en mayo de 2013 afirmó que Air Europa incurre en prácticas irregulares desde 2007 y que el fraude superaría los 80 millones de euros. Air Europa lanzó un comunicado negando la credibilidad del expediente administrativo, y alegando que todo este asunto no es más que un rumor.
Tan solo unos meses después, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha comunicado que está investigando a Air Europa y otras compañías del grupo Globalia por un presunto “macrofraude” en la recepción de las subvenciones otorgadas a los residentes en las Islas Canarias para volar a la Península.
Air Europa habría inflado sistemáticamente el precio de sus billetes de avión en las comunicaciones a la Dirección General de Aviación Civil, declarando tarifas superiores a las que realmente cobraba a los usuarios, para percibir una mayor cuantía de la subvención del Ministerio de Fomento.
Desde la UDEF, estiman el fraude a las arcas del Estado en unos 30 millones de euros, aunque la investigación aún no está concluida y por tanto no descartan que pueda ser aún más elevada. Este fraude además habría tenido consecuencias a nivel de competencia en el mercado, porque habría permitido a las empresas del Grupo Globalia ofrecer paquetes de viaje y servicios más baratos que sus competidores.
¿QUÉ ES EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES Y CÓMO SE REGULA EN EL CÓDIGO PENAL?
Existen tres conductas distintas que dan lugar a la comisión de un delito de fraude de subvenciones:
Obtener una ayuda pública habiendo falseado las condiciones requeridas para su concesión.
Obtener una ayuda pública habiendo ocultado aquellas circunstancias que habrían impedido su concesión.
Alterar de forma sustancial los fines para los que la subvención fue concedida.
En el caso del grupo Globalia, la conducta investigada se podría encuadrar en la primera de las conductas, dado que la compañía obtuvo ayudas públicas habiendo falseado las condiciones requeridas para su concesión, puesto que comunicaba al Ministerio un precio de venta de los billetes superior al real.
El valor mínimo para que estas conductas impliquen la comisión de un delito de fraude de subvenciones es de 120.000 € anuales defraudados, y si no se alcanzaran, sería únicamente una infracción administrativa, castigada con multa. Por lo que se ha averiguado por la UDEF en la primera fase de la investigación penal contra el grupo Globalia, el fraude se estima en unos 30 millones de euros, por lo que supera ampliamente el mínimo legal.
El delito de fraude de subvenciones se castiga con pena de prisión de uno a cinco años, una multa de hasta seis veces el importe defraudado, y la pérdida del derecho a obtener subvenciones durante un período de tres a seis años.
También es posible que se llegara a exigir responsabilidad penal a la propia persona jurídica (Air Europa o la que se encontrara finalmente responsable); en este caso, las penas aplicables podrían ser aquellas previstas en el Código Penal específicamente para las empresas. Estas penas son: la multa (por cuotas o proporcional), la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades por un plazo máximo de cinco años, la clausura de sus locales o establecimientos por un plazo de máximo de cinco años, la prohibición definitiva o temporal de realizar ciertas actividades, la inhabilitación para obtener subvenciones por un plazo máximo de quince años, y la intervención judicial por un máximo de cinco años.
(imagen: mcaugtbcn.org)
Lo que popularmente se conoce como “Ley Mordaza” está formado en realidad por un trío de normas jurídicas: la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la Ley Antiyihadista. Estas tres normas entraron en vigor el uno de julio de dos mil quince, no exentas de polémica. A continuación exponemos un breve resumen de las novedades más significativas que se han implementado con la primera de las leyes mencionadas: la Ley Orgánica 4/15, de treinta de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En la ley mordaza se incluye un listado de conductas que se clasifican en infracciones administrativas muy graves, graves y leves. No vamos a enunciar todas en nuestro Blog, pero si quieres profundizar más, puedes leer los artículos treinta y cinco y siguientes de la Ley.
Algunas infracciones contra la seguridad ciudadana que se consideran muy graves:
Llevar a cabo una manifestación no comunicada en edificios o instalaciones en que se presten servicios básicos para la comunidad, cuando se genere un riesgo para la vida o integridad física de las personas.
La proyección de haces de luz sobre conductores de medios de transporte, que puedan deslumbrarles o distraerles y así provocar accidentes.
Algunas infracciones contra la seguridad ciudadana que se consideran graves:
Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, ya sean religiosos, deportivos, culturales u otros donde asistan numerosas personas.
Manifestarse frente a las sedes Congreso o Senado cuando ello perturbe gravemente la seguridad ciudadana.
Obstaculizar una vía pública con objetos como contenedores, neumáticos u otros, cuando se cause una alteración grave de la seguridad ciudadana.
Perturbar una manifestación lícita.
La solicitud o aceptación de servicios sexuales retribuidos en zonas próximas a donde pueda haber menores, como parques o colegios.
La solicitud o aceptación de servicios sexuales retribuidos cuando se realicen estas conductas en lugares que puedan generar un riesgo para la seguridad vial.
La tenencia o consumo de drogas en lugares públicos como la calle, aunque no estuvieran destinadas al tráfico sino solo al consumo propio.
Plantar o cultivar drogas en lugares visibles al público (por ejemplo, tener una planta de marihuana en el balcón que da a la calle).
El uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro su seguridad personal o familiar, o pueda poner en riesgo el éxito de una operación.
Algunas infracciones contra la seguridad ciudadana que se consideran leves:
Faltar el respeto a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de su función.
No denunciar que te han robado o que has perdido el DNI
Abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
La proyección de haces de luz sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar sus funciones.
Consumir alcohol en lugares, calles, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.
La comisión de una de estas infracciones, conlleva la imposición de una sanción:
Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de 30.001 a 600.000 euros.
Las infracciones graves se sancionan con una multa de 601 a 30.000 euros.
Las infracciones leves se sancionan con una multa de 100 a 600 euros.
A su vez, dentro de cada uno de estos tramos (muy grave, grave y leve), la multa se divide en tres grados: mínimo, medio y máximo. Dependiendo de la gravedad de los hechos, la multa se fijará dentro de uno de esos tres grados.
La multa además puede ir acompañada de una sanción accesoria, que dependerá de los hechos constitutivos de la infracción. Por ejemplo, son sanciones accesorias la retirada de armas y sus licencias, la suspensión de licencias o permisos, o la clausura de locales.
Se ha creado un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, donde se anotará la comisión de las infracciones mencionadas.
Regulaciones de la ley Mordaza
En la ley mordaza se regulan otras cuestiones variadas, como la documentación e identificación personal, o las potestades generales de policía de seguridad. Por ejemplo: todas las personas que están obligadas a tener DNI (los mayores de catorce años) están obligadas también a exhibirlo cuando fueren requeridas para ello por los agentes de la autoridad. Si alguien se niega a identificarse, los agentes podrán requerirle a acompañarles a las dependencias policiales más próximas.
Y ya para terminar, otra cuestión que se regula en la ley son los registros corporales externos, conocidos como “cacheos”. Se puede cachear a una persona cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de objetos relevantes para las funciones de indagación y prevención que tienen que cumplir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Se exponen en la Ley una serie de directrices sobre cómo ha de practicarse el cacheo, sin embargo estas directrices no se tendrán que cumplir si existe una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes. Como regla general, el cacheo se realizará por un agente del mismo sexo que la persona cacheada, y si hay que dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por la ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. La Ley mordaza autoriza a realizar un cacheo a la fuerza, es decir, aunque el afectado haya manifestado su voluntad en contrario; pero se tendrá que causar el menor perjuicio posible a la intimidad y dignidad de su persona.
Este anteproyecto está causando un gran revuelo mediático, ya que la nueva ley pretende sancionar administrativamente algunas de las conductas tipificadas como faltas en el código penal, lo que supondrá un castigo económico mucho mayor con respecto a la actual ley , conllevando la perdida de las garantías que la celebración de un juicio otorga a los ciudadanos.
El anteproyecto establece tres tipos de infracciones, quedando estructurado de la siguiente forma:
Siete infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros.
Treinta y una infracciones graves sancionadas con multas de 1.001 a 30.000 euros.
Veinte infracciones leves sancionadas con multas de 100 a 1.000 euros.
El gobierno ha manifestado que este anteproyecto garantizará la seguridad ciudadana respetando totalmente los derechos y libertades de la Constitución. Sin embargo son muchas las asociaciones de jueces, fiscales, policías y profesionales del mundo del derecho los que han calificado como innecesaria esta reforma.
Implicaciones de esta nueva ley de tráfico
En primer lugar con el nuevo sistema se crea una gran indefensión ciudadana ya que la única manera de recurrir las sanciones será por vía de lo contencioso. Esta medida implicará un perjuicio mayor ya que para recurrir se tendrán que pagar las tasas correspondientes, habiendo satisfecho previamente también la multa.
Aunque el texto todavía no es definitivo, desde Chabaneix Abogados creemos que esta ley perjudicará a los ciudadanos, oponiéndonos firmemente a la sustitución de la tipificación penal de algunas de las faltas por sanciones administrativas. Esto supondrá la ausencia de celebración de un juicio donde se juzgue la infracción, prescindiendo de los principios básicos que han guiado el proceso penal desde hace mas de un siglo: oralidad, contradicción, inmediación.
Se eliminará por tanto la imparcialidad que otorga el juicio valorativo de un juez, sustituyéndose ésta por una decisión de la Administración, que recordemos es dependiente del Poder ejecutivo y se rige por principios distintos que los del Poder Judicial Independiente. En una situación de crisis con el elevado déficit público existente tememos que se aproveche este traslado de poder en favor de la Administración para aumentar la recaudación vía sanciones y así equilibrar las cuentas públicas.
¿Quién puede detener y quién puede ser detenido?
Detener a alguien es privarle de su libertad deambulatoria por un período de tiempo determinado. Cualquier ciudadano puede detener:
A quien intenta cometer un delito, en el momento en que va a cometerlo.
Al delincuente “in fraganti”, es decir, en el momento en que está cometiendo un delito.
Al que se fuga de un centro penitenciario donde estaba cumpliendo una condena, o donde estaba esperando para ser trasladado.
A quien se fuga estando detenido o preso por causa pendiente (preso preventivo).
Al procesado o condenado que está en rebeldía.
El objeto de la detención realizada por un particular es únicamente para llevar al detenido inmediatamente ante la autoridad judicial. Cualquier persona puede detener a otro cuando se trate de uno de esos supuestos; pero esto es una potestad, no una obligación. En cambio, la autoridad o agente de policía judicial sí tienen la obligación de detener en esos casos, y además:
A quien esté procesado por un delito que tenga señalada en el Código Penal una pena superior a cinco años.
A quien esté procesado (o haya indicios racionales contra él) por un delito que tenga señalada una pena menor a cinco años, pero que por sus antecedentes o circunstancias, se pueda presumir que no va a comparecer ante la autoridad judicial cuando sea llamado.
El objetivo de la detención policial no es solo la inmediata puesta a disposición judicial como cuando quien detiene es un particular, sino que además se practicarán las diligencias de identificación del detenido y de toma de declaración.
Como regla general, no se puede detener a alguien por un delito leve, a no ser que esa persona no tuviera un domicilio conocido o no diera la fianza que se le exigiese.
El proceso de una detención
– La detención (ya sea realizada por un particular, o por la autoridad o agente de la policía judicial) tiene un plazo de veinticuatro horas, pudiendo ser prorrogable como máximo hasta setenta y dos horas. Significa que cuando ha transcurrido ese plazo, quien ha detenido a otro tiene dos opciones: o pone a la persona detenida en libertad, o bien la entrega al Juez más próximo (esto se llama “puesta a disposición judicial”). Si no hace ninguna de estas dos cosas, estará cometiendo un delito de detención ilegal. Si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieran a una persona detenida de manera ilegal, entonces se puede utilizar un mecanismo llamado “habeas corpus”, para denunciar esta situación.
Hay dos excepciones en cuanto al plazo: si se detiene por un delito de terrorismo, el plazo máximo se puede ampliar hasta cinco días, y si se detiene a alguien estando declarado el Estado de alarma, excepción o sitio, se puede ampliar hasta diez días.
– Cuando una persona es detenida, tiene varios derechos específicos para su situación:
Derecho a la información: a ser informado inmediatamente y de forma comprensible de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten:
Derecho a poner en conocimiento de un familiar o de otra persona el hecho de la detención, y el lugar donde se encuentra detenido. Es decir, que en España no existe el “derecho a realizar una llamada” que se ve habitualmente en las películas, sino a que la policía ponga en conocimiento de otra persona la detención y el lugar.
La asistencia de un intérprete si no se entiende el castellano.
Los extranjeros tienen derecho a que se comunique su detención a la Oficina Consular de su país.
El reconocimiento por un médico.
El derecho a recibir visitas y correspondencia (salvo que esté incomunicado, por ejemplo en supuestos de terrorismo).
Garantías frente a la detención: la detención debe practicarse de la forma menos perjudicial para el detenido, y se prohíbe el uso innecesario de la fuerza o cualquier trato vejatorio.
La detención es un título de imputación, lo que significa que el detenido tiene el derecho de defensa frente a la imputación, integrado por derechos como:
Derecho a la asistencia letrada. Este derecho es irrenunciable (salvo cuando esté detenido únicamente por delitos contra la seguridad del tráfico).
– Cuando el detenido ha sido puesto a disposición judicial, el Juez tiene un máximo de setenta y dos horas para decidir si eleva la detención a prisión provisional, o bien deja a la persona en libertad.
Escrito por:guiomar
DELITO POR OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO
deber de socorro, omisión, sanitarios
(Sentencia, 1/2015 de 11 de febrero, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha)
Sergio estaba en su domicilio y empezó a sentirse mal, por lo que decidió acudir al hospital de su localidad en compañía de su pareja sentimental, que se encontraba en avanzado estado de gestación. Mientras conducía, se desvaneció perdiendo el conocimiento, por lo que colisionó con otro vehículo frente a la puerta principal del hospital. La compañera sentimental de Sergio salió del coche pidiendo auxilio. El médico Jorge, que estaba de guardia en dicho hospital, fue requerido en cinco ocasiones por distintas personas, para que fuera a prestar asistencia al accidentado; sin embargo, se negó rotundamente a salir del hospital. Sergio falleció a consecuencia de una parada cardíaca.
EL DELITO POR OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO: REQUISITOS
El artículo 195.1 del Código Penal tipifica como delito de omisión de socorro la conducta del “que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros“, mientras que el 196 castiga con una pena mayor a “el profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas“.
El delito de omisión del deber de socorro del art. 195 pertenece a la clase de los delitos de omisión propia. Se trata de un comportamiento pasivo expresamente tipificado, que el Derecho sanciona con una pena. El bien jurídico protegido es el deber general de solidaridad o ayuda que deriva de la convivencia en comunidad, y por ello con él se pretende penalizar una lesión a la solidaridad mínima general ante un peligro para determinados bienes jurídicos como la salud o integridad física.
El tipo del art. 196 constituye un delito agravado por omisión de socorro, fundamentado en la mayor cualificación del remitente. El profesional de la medicina que deniega la asistencia sanitaria incumple un deber legal de asistencia, no solamente el deber general de ayuda castigado en el 195. Pero además hay que tener en cuenta que el artículo 196 no sanciona simplemente al profesional que denegare asistencia sanitaria, sino al profesional que, estando obligado a ello, denegare dicha asistencia o abandonare los servicios sanitarios (posición de garante).
El médico Jorge conocía la situación de peligro y el grave riesgo para la salud del sujeto que había sufrido el accidente de automóvil y se encontraba al lado de la puerta del hospital en que prestaba servicio de guardia el médico recurrente. Esta situación le fue puesta de manifiesto por la Guardia Civil y la Policía Local. Sin embargo, se negó a salir del hospital para atender al herido, habiendo sido requerido para ello en cinco ocasiones, sin que haya acreditado que estuviera prestando servicios sanitarios en aquél momento que el impidieran prestar la asistencia.
El médico alegó en su defensa que es probable que el paciente hubiera fallecido al tiempo en que fue requerido, y que era inútil cualquier actuación médica. Sin embargo, el Tribunal ha rechazado esta pretensión, señalando que para que se pueda excluir la existencia del delito, es imprescindible que dicho fallecimiento esté constatado con datos indubitados, que en el caso faltan por ausencia de actividad del recurrente.
En cuanto a la obligación que tenía el médico de prestar el socorro, la sentencia destaca que no es admisible que un paciente en estado grave que llega a 60 metros de la puerta del hospital tenga el deber jurídico de soportar la falta de asistencia del personal del hospital. El Real Decreto 866/2001, de 20 de julio, regula las funciones de los facultativos en servicios de urgencias, no prohíbe a los sanitarios prestar asistencia de urgencia en la puerta del Centro Médico, precisamente incluye la “cooperación y coordinación con el resto de los dispositivos de atención a la asistencia sanitaria urgente”.
CONSECUENCIA JURÍDICA DEL DELITO POR OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO
Para el tipo básico del art. 195, donde se deja de prestar el deber general de socorro, la pena prevista en el Código es la multa de tres a doce meses. En el tipo agravado del art. 196, donde se deja de prestar un deber específico de asistencia que se ostenta en calidad de profesional sanitario, prevé una pena de multa de 7 meses y medio a 12 meses, y además una pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por tiempo de seis meses a tres años.
El médico Jorge fue condenado por el Tribunal del Jurado como autor de un delito de omisión del deber de socorro del art. 196 CP a la pena de ocho meses de multa a 12 euros diarios, con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante 6 meses. En cuanto a la responsabilidad civil derivada del delito, la indemnización se fijó a favor de los padres del fallecido en 20.000€ a cada uno, y a favor de la mujer y la hija del fallecido a 30.000€ a cada una. Esta condena fue confirmada en apelación por el TSJ de Castilla-La Mancha.
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1º) UN BREVE RESUMEN DE LOS HECHOS
Ayer, día 20 de abril de 2015, el menor M., de trece años, entraba en su Instituto, el Joan Fuster de Barcelona, armado de una ballesta, un machete de montaña y una mochila en la que llevaba un cóctel molotov.
La profesora de lengua castellana abrió la puerta de clase, y en ese momento el menor le disparó con la ballesta a la cara. Cuando la hija de la profesora, alumna de esa misma clase, se acercó corriendo a auxiliar a su madre, el menor la apuñaló con el machete en la pierna. A continuación, M. sacó de su mochila una botella de cerveza con líquidos inflamables, amenazando con hacerla estallar.
El profesor sustituto de Ciencias Sociales, al escuchar los gritos de los alumnos de la otra clase, se acercó a averiguar qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando el menor le asestó una puñalada a la altura del pecho, causándole la muerte. M. entró en su aula y estando unos veinte alumnos arrinconados en una esquina, apuñaló a uno de ellos en el brazo. Posteriormente en los pasillos, según los testigos, M. disparaba aleatoriamente la ballesta y blandía el machete.
El menor finalmente fue reducido por el profesor de gimnasia, en un estado muy alterado y asegurando que oía voces que le decían que tenía que matar a gente.
M. permanece ingresado en la unidad de psiquiatría de un hospital de Barcelona. La Consejera de Educación Irene Rigau ha manifestado en rueda de prensa que el menor “podría haber sufrido un brote psicótico. Es el comportamiento patológico del alumno el que le hace actuar de la forma en que lo ha hecho“. Un compañero del menor señalaba que “ya dijo que quería matar a todos los profesores y luego suicidarse“. “Tenía una lista negra“; “siempre hablaba de armas y quería ser militar“; “siempre estaba solo“, comentaban otros estudiantes.
2º) CONSECUENCIAS JURÍDICAS
En el ámbito penal, la edad mínima para ser responsable son los 14 años, y por ello el menor autor de los hechos relatados, al tener 13 años, no asumirá ninguna responsabilidad. Tampoco lo harán sus padres en el ámbito penal, porque se trata de una responsabilidad personal e intransferible; sin embargo, sí podrían ser responsables civiles, si se hiciera por las víctimas o sus allegados una reclamación de daños y perjuicios.
2.1º) LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES DE EDAD
La responsabilidad penal que deben asumir los MAYORES DE 14 y MENORES DE 18 años que cometen hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal, se regula por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. La respuesta penal a esos hechos es distinta a la que ofrece el Código Penal: se trata de medidas, no de penas. Las medidas son una intervención restrictiva de derechos, incluso de la libertad, y tienen carácter sancionador.
2.2º) ¿A QUÉ SE DEBE ESA DETERMINACIÓN DE LA EDAD?
Es una presunción del nivel de madurez. La minoría de edad es un concepto legal o jurídico, pero está basado en un concepto psicológico evolutivo. El menor no es que no entienda lo que está haciendo, pero tiene una menor capacidad:
de representación a medio-largo plazo de las consecuencias de sus actos;
de empatía;
de responsabilidad de sus propios actos.
Es decir, que el menor no tiene las mismas herramientas que un adulto para autogestionarse; su concepto del riesgo es distinto.
2.3º) ¿QUÉ DICE EL LEGISLADOR RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE LA EDAD MÍNIMA EN 14 AÑOS?
El legislador, en la Exposición de Motivos de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, lo explica de la siguiente manera:
“La edad límite de dieciocho años establecida por el Código Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores precisa de otro límite mínimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha concretado en los catorce años, con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada en los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado.”
En resumen, las razones por las que la edad mínima se ha establecido en 14 años son:
Por una ponderación entre la utilización del instrumento penal (que debe responder al principio de intervención mínima), y los costes que implica; y además, porque
Las infracciones cometidas por menores de 14 son cuantitativa y cualitativamente escasas, por lo que se derivan al entorno familiar y asistencial.
3º) RESPUESTA FINAL ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS
Si el alumno tuviera los catorce años, la consecuencia jurídica de sus actos sería necesariamente el internamiento en un Centro en régimen cerrado, seguido de una medida de libertad vigilada. Dado que el homicidio/asesinato se considera un delito grave a efectos de la LRPM, el Juez carecería de flexibilidad para elegir otra medida distinta.
Al tener el menor autor de los hechos relatados tan solo trece años, la respuesta será únicamente familiar y asistencial. La Directora General de Atención a la Infancia ha declarado ante los medios de comunicación que se seguirá el Protocolo previsto para los supuestos en que menores de catorce años cometen hechos tipificados como delito. Este Protocolo prevé el seguimiento al menor con el trabajo de profesionales educativos y psicólogos, diversas evaluaciones de su estado psicológico, todo ello para prevenir que los hechos puedan repetirse.
CARLO LEONE Y LUCIO MORRONE , DETENIDOS EN MÁLAGA
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Dos detenciones en Málaga en menos de una semana de miembros la Camorra italiana.
En una operación conjunta entre el Equipo de Huidos de la Justicia, el Equipo contra el Crimen Organizado de Málaga, y miembros de Carabinieri desplazados desde Italia, se ha logrado la detención de Lucio Morrone, jefe del Clan Teste Matte (Cabezas Locas) de la Camorra desde 2008 y sucesor de Paolo Pesce cuando este fue detenido por la Guardia Civil. El dominio de este Clan se extiende por todo el barrio español de Nápoles (conocido como “quartieri spagnoli”).
El capo camorrista fue localizado el 10 de abril en el casco urbano de Benalmádena, donde se procedió a su detención, identificándose ante los agentes con documentación falsa a nombre de otro ciudadano italiano.
Ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional, órgano que ejecutará la Orden Europea de Detención y Entrega italiana que pesa sobre Lucio por delitos de tráfico de drogas y asociación criminal. La Justicia italiana le incluyó en la lista de los huidos más peligrosos, y le han buscado durante cinco años.
La Guardia Civil detuvo el viernes pasado a Carlo Leone en San Pedro de Alcántara (Málaga), miembro del Clan Elia de la Camorra napolitana, organización criminal que se extiende por el distrito de San Fernando de Nápoles.Su actividad principal es el tráfico de drogas (cocaína y hachís) con destino a otros clanes de la Camorra.
En febrero de 2015, la Unidad de Investigación de Nápoles del Arma de Carabinieri de Italia comunicó a la Guardia Civil que Carlo Leone pudiera estar residiendo en alguna localidad de Málaga, siendo localizado y detenido posteriormente en un bar de San Pedro de Alcántara.
Carlo Leone estaba incluido en la lista italiana de fugitivos peligrosos desde 2009, habiendo sido condenado dieciséis veces en Italia por delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, robo y receptación, y lesiones. La Audiencia Nacional lo trasladará a Italia en virtud de la Orden Europea de Detención y Entrega dictada por el Tribunal de Reggio Calabria.