Source: https://www.scribd.com/document/23846978/UNESCO-Comentarios-Ley-de-Comunicacion-Final
Timestamp: 2018-11-15 23:20:22
Document Index: 25234509

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'in fine', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 30', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 13', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

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Comentarios presentados por la UNESCO a inicios de diciembre de 2009 a la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación, en el Ecuador.
Programa 2013 Derecho
El Lenguaje de Los Derechos Hohfel
Ayuda 3 Desarrollo Hist Rico de Los Derechos Human (1)
Carta de Los Andes 3-La Historia Sagrada de los Andes
FEXPOMARKETING 2011
Estado de la Normativa de la Comunicación e Información desde las Constituciones casos Bolivia y Ecuador
Comentarios al Proyecto de Ley de Comunicación de la Asamblea Nacional del Ecuador
Versión Final, Diciembre 2009 En respuesta a la solicitud formulada por la Presidenta de la Comisión Ocasional de la Ley de Comunicación, con fecha del 30 de octubre del 2009, la Consejería de Comunicación e Información de la Oficina de la UNESCO en Quito solicitó al experto Gustavo Gómez Germano1 un análisis jurídico-técnico de los articulados facilitados por la Comisión. El presente documento comenta el articulado en base a los principios y estándares internacionales y, en algunos casos, sugiere formulaciones mejoradas o alternativas de acuerdo con la normativa internacional vigente en materia de derechos humanos. La UNESCO tiene como mandato asistir a los Estados Miembros a fortalecer sus capacidades para dictar y aplicar normas jurídicas y reglamentarias reconocidas a nivel internacional referidas a la libertad de expresión, la libertad de información y los medios de comunicación libres e independientes, así como apoyarles en el establecimiento de un entorno jurídico que propicie la libertad de expresión e información. Los comentarios se presentan en tres capítulos, el primero incluye comentarios a los diferentes articulados del proyecto de ley, el segundo comenta los articulados desde una perspectiva temática y un tercero ofrece una lista de materiales de referencia con los principales instrumentos internacionales sobre comunicación, que se hicieron llegar en 20 copias a los miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación en su momento oportuno.
Gustavo Gómez Germano es uruguayo, docente universitario e investigador. Es especialista en marcos regulatorios y políticas públicas sobre radiodifusión e industrias audiovisuales, así como en libertad de expresión y derechos a la comunicación. Profesor en la Carrera en Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay y cursa la Maestría “Industrias Culturales: Políticas y Gestión”, de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Realiza presentaciones sobre el derecho a la libertad de expresión ante los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha participado como expositor en Seminarios, Congresos y Foros sobre los temas de su especialidad en numerosas oportunidades. Es co-redactor de varias leyes relacionadas con libertad de expresión y medios en Uruguay. Ha investigado, asesorado y/o elaborado recomendaciones sobre políticas públicas y marcos regulatorios en radiodifusión en numerosos países de América Latina y el Caribe, por invitación de gobiernos, Congresos y organismos internacionales.
La estructura del presente documento es por lo tanto la siguiente:
Capítulo 1.…………………………………………………………………………..3 Comentarios al Proyecto de Ley de Comunicación a estudio en la Asamblea Nacional - Comentarios preliminares sobre el borrador del 2 de noviembre…………………………………………………………………3 Comentarios al Proyecto de Ley de Comunicación a estudio en la Asamblea Nacional - Comentarios sobre los primeros 13 artículos aprobados por la Comisión …………………………………………………..47
Capítulo 2………………………………………………………………………………………66 1. Censura previa y responsabilidades ulteriores…………………...66 2. Regulación y diseño institucional………………………………………77 3. Derecho de respuesta, rectificación y réplica…………………….101 4. Profesionalización………………………………………………………….104 5. Diversidad y pluralismo en la radio y la televisión…………….110 Anexos………………………………………………………………………………………….122 Lista de materiales de referencia entregados a los miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación;
Capítulo 1 1. Comentarios al Proyecto de Ley de Comunicación a estudio en la Asamblea Nacional – Comentarios preliminares sobre el borrador del 2 noviembre2
1. Artículos que recogen estándares internacionales y/o buenas prácticas mundiales
Enfoque general del proyecto y vigencia de Tratados Internacionales
Artículo... Objeto de la Ley.- El objeto de la presente ley orgánica es: Garantizar el ejercicio integral y la plena vigencia de los derechos de comunicación que comprenden: la libertad de expresión, la libertad de información, la comunicación y el acceso a la información pública que tienen las personas, las comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades en su
Destaca el enfoque desde los derechos humanos y no mercantilista de la información y la comunicación, y la mención expresa el reconocimiento a los Tratados internacionales en la materia como entorno regulatorio de referencia.
Se debería ser más preciso a qué “Tratados Internacionales” refiere aunque se infiere, mencionando expresamente la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre Diversidad de UNESCO, entre otros
La no mención a ciertos temas o artículos no significa, necesariamente, afirmar que recoge o viola estándares internacionales
propia lengua y con sus propios símbolos. Determinar los deberes y las responsabilidades de todos los actores vinculados con el ejercicio de los derechos a la comunicación, información y libertad de expresión reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. Establecer las acciones afirmativas para que las personas ejerzan sus derechos dentro y fuera del territorio nacional. (…) Art.... Derecho al Ejercicio Integral de la Comunicación.- El Estado, garantizará el ejercicio integral y efectivo de la comunicación y de la información, para lo cual
apoyará la gestión institucional, el protagonismo e interacción de las personas y el acceso al desarrollo científico y tecnológico, en el marco de un sistema democrático, de forma ética, incluyente, participativa, diversa y equitativa. (…) Y otros Artículo… Del ámbito de la Ley.Esta ley es aplicable a:
Reconocimiento de todas las personas como sujetos de derechos
Aunque es obvio que en los Tratados de referencia, en la práctica de muchos países el Las personas, comunidades, ejercicio sólo termina recayendo colectivos, pueblos y en unas pocas personas o grupos nacionalidades; medios de económicos. Destaca la inclusión comunicación: públicos, privados de la noción de derechos del y comunitarios; comunicadores público ante los medios, tomando sociales; y, todos aquellos que en cuenta la doble dimensión de formen parte del Sistema de la libertad de expresión e Comunicación Social. información, reconocida en el Sistema Interamericano de (…) Derechos Humanos Art… Pluralidad, diversidad e inclusión social.- El Sistema de Comunicación debe garantizar el ejercicio de los derechos
Ambas dimensiones del derecho deben darse al mismo momento, y una no puede superponerse a priori sobre la otra. Esta incorrecta situación puede verse en algunos artículos del proyecto. La definición y alcance del Sistema de Comunicación Social puede poner también en cuestión los derechos universales de las personas, en tanto en el proyecto de Ley se condiciona ser sujeto de esos derechos en la medida que se integre el Sistema. Además de ser inaceptable, la Constitución de 2008 acepta que los actores puedan o no, voluntariamente, ser parte del Sistema, lo cual es
humanos, la participación ciudadana, el acceso y uso de todas las formas, medios, servicios y tecnologías de comunicación e información, la interculturalidad y plurinacionalidad e inclusión social con especial énfasis en las personas y grupos de atención prioritaria. La información y la opinión que se difunda por cualquier medio y forma de comunicación e información deberán reconocer y respetar la identidad de las personas, de las comunidades, pueblos y nacionalidades así como la diversidad de sus símbolos, tradiciones, historias y aspiraciones. Artículo... Objeto de la Ley.- El objeto de la presente ley orgánica es: Garantizar el ejercicio integral y la plena vigencia de los derechos de comunicación que
contrapuesto con el alcance que se le pretende dar en el proyecto.
Reconocimiento expreso de libertad de pensamiento, de expresión y de información, derechos de la comunicación e información
Se reitera el pleno reconocimiento y vigencia de los derechos constitucionales y producto de Declaraciones y Convenios internacionales como marco de la ley
Sugerimos incluir textualmente los artículos de los Tratados de referencia para no cometer errores involuntarios en su redacción y recoger los avances consolidados en esos textos
comprenden: la libertad de expresión, la libertad de información, la comunicación y el acceso a la información pública que tienen las personas, las comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades en su propia lengua y con sus propios símbolos. Determinar los deberes y las responsabilidades de todos los actores vinculados con el ejercicio de los derechos a la comunicación, información y libertad de expresión reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. Establecer las acciones afirmativas para que las personas ejerzan sus derechos dentro y fuera del territorio nacional. (…)
Art… Exigibilidad de los derechos de comunicación e información y libertad de pensamiento y expresión.- El ejercicio, defensa, protección y exigibilidad se regirá por los mismos principios de aplicación establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes. (…) Art.... Derecho al Ejercicio Integral de la Comunicación.- El Estado, garantizará el ejercicio integral y efectivo de la comunicación y de la información, para lo cual apoyará la gestión institucional, el protagonismo e interacción de las personas y el acceso al desarrollo científico y tecnológico, en el marco de un sistema democrático, de forma ética, incluyente, participativa, diversa y equitativa.
Art.... Derecho a la libertad de: información, expresión y opinión.- A expresar sus ideas, pensamientos, opiniones, creencias políticas o religiosas, a través de todas las formas o medios de comunicación, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. Art… Responsabilidad ulterior.El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, entendido como el derecho a recibir, buscar, intercambiar, producir y difundir información, en el marco de la plena vigencia y respeto de los otros derechos con especial atención de las personas y grupos de atención prioritario, no está sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales vigentes. (…) Art.... Derecho a la libertad de:
Exclusión de censura previa
La censura previa es inadmisible en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por lo que es correcta su inclusión expresa
Algunos artículos del proyecto contradicen esa afirmación y deberían revisarse
información, expresión y opinión.- A expresar sus ideas, pensamientos, opiniones, creencias políticas o religiosas, a través de todas las formas o medios de comunicación, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. (…) Art.... Difusión de contenidos.Difundir a través de cualquier medio imágenes, informaciones, expresiones, opiniones, ideas, sean estas de forma oral, escrita, mediante gestos o signos, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la presente ley; así como difundir contenidos informativos, educativos, culturales, artísticos, científicos y recreativos de calidad, sin censura previa, que fortalezcan el desarrollo de las capacidades, promuevan los valores, defiendan la dignidad humana y los derechos humanos.
Protección especial de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Art… Interés superior de las niñas, niños y adolescentes.- Esta Ley observara medidas de protección integral para preservar el interés superior de niñas, niños y adolescentes conforme lo determina la Constitución, los Tratados Internacionales, y el Código de la Niñez y Adolescencia, principalmente respecto de los contenidos que se difundan garantizado la prevalencia de fines, informativos, educativos, y culturales. (…) Art....- Desarrollo de espacios apropiados para niñas, niños y adolescentes en horarios apropiados.- Dedicar espacios y horarios destinados al público infantil y adolescente en los cuales se difundan contenidos que atiendan sus necesidades, evitando cualquier tipo de contenido, incluida la
Su reconocimiento es consistente con Tratados Internacionales y motivo para establecer ciertas restricciones a los medios de comunicación, no con el objetivo de controlar a éstos, sino de proteger el derecho de las niñas, niños y adolescentes ante el poder de aquéllos
La única excepción a la censura indirecta en la Convención Americana es el establecimiento de límites al acceso a los espectáculos públicos, justamente para proteger a la infancia. En el proyecto se amplía indebidamente el alcance de esta excepción
propaganda y la publicidad comercial, que atente contra sus derechos humanos. (…) Art....- De los espectáculos públicos.- Todos los espectáculos públicos deberán respetar los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas que demandan protección especial, para lo cual deberán en el tema de contenidos tomar en cuenta lo dispuesto en esta Ley y para su adecuación física los que dispone la política pública y otras Leyes que protegen los derechos de estas personas. (…) Art … De la Clasificación de la Audiencia o Público .- La clasificación de la audiencia considera 3 categorías: 1. Audiencia familiar.- En este grupo están
considerados todos los miembros de la familia sin importar su edad. 2. Audiencia con responsabilidad compartida.- Esta audiencia está compuesta por todos los miembros de la familia, donde los padres de familia o representantes legales de los menores de edad realizan el control y supervisión del acceso a los contenidos de la programación, así como a través del diálogo y el análisis crítico de dichos contenidos. 3. Audiencia adultos.- Esta audiencia está compuesta únicamente por personas mayores de edad (18 años). (…) Y otros Art....- De los tipos de medios.Para efectos de esta ley, los
Tres sectores de la comunicación: público, privado y comunitario
Un sistema plural y diverso es condición indispensable para la
La caracterización de “privado” debería incluirse a los medios
medios de comunicación social, con cualquier tipo de soporte físico y/o electrónico, tendrán el carácter de públicos, privados y comunitarios, de conformidad con la Constitución.
democracia y el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el reconocimiento y promoción de la existencia de tres sectores está en sintonía con ello. Los Relatores para la Libertad de Expresión de las Américas, Europa, África y Naciones Unidas han recomendado que se reconozca la coexistencia de estos tres sectores La participación ciudadana, en especial en la elaboración, implementación y control de las políticas públicas, está en consonancia con el derecho reconocido a todas las personas en materia de derechos a la comunicación. Supera los conceptos, también aceptables pero insuficientes, de “consumidores o usuarios”. Se destacan intentos de institucionalizar la participación y crear mecanismos concretos para su debida expresión
comunitarios para evitar dudas a que no son públicos ni paraestatales. Los comunitarios son medios privados (en el sentido de “no públicos”) sin fines de lucro o con finalidad social. A los “privados” se los llama en muchos países directamente como “comerciales” o podrían denominarse como “privados con fines de lucro”.
Art…. Participación Ciudadana.Esta Ley promoverá la participación ciudadana en la formulación, ejecución, evaluación y control de la política pública de comunicación e información. (…) Art....- De las veedurías ciudadanas.- A fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos establecidos en el artículo anterior y los demás que consagra la presente Ley, las personas, comunas,
Si en el proyecto de ley se incluyeran artículos sobre los procedimientos en el otorgamiento de concesiones de radio y TV (como se sugiere más adelante), se podrían agregar las audiencias públicas como una forma de participación ciudadana. Restos mecanismos han sido adoptadas por varios países americanos
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos sociales tienen el derecho de organizarse de conformidad con las leyes vigentes a fin de constituir organizaciones que tengan por objeto promover y defender desde la ciudadanía, los derechos que consagra la presente ley. Art....- Promover y privilegiar la producción cinematográfica y audiovisual local y nacional independiente, con estándares de calidad.- Los medios audiovisuales de alcance nacional o regional, incluirán al menos un diez% de su programación emitida, para la difusión de la producción nacional independiente. Los medios audiovisuales de alcance nacional o regional, tienen la obligación de incluir al menos un 40 por ciento (40%) de producción nacional en el total de su programación diaria. El Órgano Regulador vigilará el
Producción nacional e independiente
La promoción de la diversidad y pluralismo debe incluir la propiedad y tipos de medios, pero también debe darse dentro de los propios medios, como vehículos fundamentales para el ejercicio de los derechos reconocidos con anterioridad. Hay innumerables ejemplos de disposiciones con exigencias mínimas sobre producción nacional, local e independiente en el derecho comparado
Debería analizarse debidamente cuál es el mínimo adecuado y suficiente, de acuerdo a las posibilidades de sustentabilidad reales de los medios y en función del tipo (público, comunitario y comercial), del servicio (radio o TV) y de su alcance (nacional, regional o local). En principio no deberían ser las mismas exigencias para medios públicos que comerciales o comunitarios, debido a sus características pero también sus objetivos; ni para medios nacionales o locales, debido a sus dimensiones económicas
cumplimiento de esta obligación y sancionará su incumplimiento de conformidad con la presente Ley;
Autorregulación Art… Autorregulación y buenas prácticas.- Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, para la garantía plena de los derechos a la comunicación, deben observar buenas prácticas y mecanismos de autorregulación expresos, que consideren especialmente los siguientes aspectos y principios: a) Criterios de orden ético, parámetros de veracidad, verificación, oportunidad, contextualización y pluralidad de las fuentes y de la información publicada; b) El principio de prevalencia de contenidos informativos, educativos y culturales; c) Los principios de la pluralidad y diversidad, y de libertad, interculturalidad, inclusión, participación y no
En líneas generales este artículo es compatible con estándares internacionales, en tanto establece principios o guías de deber ser que no serán controladas por el Estado. Se exige que los medios tengan Códigos de Ética y que éstos sean públicos, pero no se acepta la interferencia estatal en su definición
El artículo de referencia es contradictorio y hasta opuesto al alcance de otros artículos de este proyecto en materia de regulación estatal
discriminación en el proceso de comunicación; d) La plena garantía a los derechos de comunicación y a la libertad de expresión de los periodistas y comunicadores que laboran en ellos. Los propietarios o accionistas, así como los servidores públicos, deben abstenerse de influir en la opinión y el contenido editorial; e) Ejercicio sistemático y permanente de políticas de autorregulación, códigos de ética, buenas prácticas o manuales de estilo que fijen sus parámetros de calidad y los derechos de sus usuarios, oyentes, televidentes o lectores; y f) Los demás principios aplicables a los derechos de comunicación contenidos en la Constitución y esta ley. Los parámetros, forma, contenidos e instrumentos de autorregulación deberán determinarse internamente en
cada medio de comunicación, exigiéndose la más alta calidad de ejercicio profesional, a través de los instrumentos como códigos de ética, manuales de estilo y/o de buenas prácticas, defensorías de la audiencia o del público, etc. y/o como resultado de la deliberación al interior del proceso comunicativo. La normativa de autorregulación será pública y transparente. Deberá incluir mecanismos y procedimientos claros para que cualquier persona pueda procesar sus quejas y exigir, si fuera el caso, su derecho a la clarificación de una información, rectificación, réplica o respuesta conforme lo determina el artículo siguiente. Ningún órgano estatal ni servidor público podrá interferir directa o indirectamente en la definición de estos parámetros de autorregulación.
2. Artículos incompatibles con los estándares internacionales
Derecho a rectificación, réplica o respuesta
Art....- Garantía para el cumplimiento de la rectificación y réplica. A la rectificación, réplica y respuestas, de toda persona agraviada por informaciones falsas, infundadas, inexactas o injuriosas, emitidas en cualquier forma y medio de comunicación, dejando a salvo la decisión del agraviado a seguir las acciones ante las autoridades de la justicia ordinaria. (…) Art....- Cumplimiento de la rectificación, réplica o respuesta.- Toda persona afectada por informaciones sin pruebas, inexactas o que agravien su honra, publicadas por los medios de comunicación social, tiene derecho a la
El alcance del derecho es incompatible con el Art 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos
Se reconoce ese derecho pero debería ser incluido tal como está en la CADH
rectificación, réplica o respuesta correspondiente, en forma obligatoria, inmediata y gratuita, en el mismo espacio impreso o audiovisual en el que se difundió. El plazo de publicación o emisión para viabilizar el derecho de rectificación, réplica o respuesta no podrá exceder las 48 horas laborables, contabilizadas a partir del momento en que el medio reciba la solicitud de la persona afectada. Los medios de comunicación quedan exentos de las obligaciones, sanciones y responsabilidades establecidas en este artículo cuando solo actúen como canales para difundir mensajes de las autoridades del Estado a través de cadenas de radio y televisión o remitidos oficiales, y cuando se trate de espacios contratados por terceros. En ambos casos, los
responsables de los daños causados o los delitos cometidos serán las personas que producen y generan tales mensajes, quienes responderán por ellos de conformidad con la ley. Art....- Comunicadores profesionales.- Se consideran profesionales de la comunicación a las personas naturales que posean títulos académicos de tercero o cuarto nivel, reconocidos por el CONESUP y que desempeñen sus funciones en el ámbito de la comunicación. Art....- Profesionales en Periodismo.- Quienes posean títulos académicos en: Periodismo, Comunicación, Publicidad, Comunicación Organizacional, Diseño, Multimedia, Producción Audiovisual u otras denominaciones otorgados por centros de educación superior del extranjero que hayan sido revalidados en el país.
Profesionalización para ejercer el periodismo en los medios
Incompatible con el Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Principio N°6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y Opinión Consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Se deberían eliminar los artículos incompatibles y mantener la promoción de condiciones y de acciones para aumentar la capacitación de los periodistas y comunicadores sociales
Quienes obtuvieron la certificación de profesionalización, en cumplimiento de la ley del Ejercicio Profesional del Periodista de 1975. Art....- Del ejercicio de los Profesionales en Periodismo.Los medios de comunicación deben construir condiciones para asegurar la calidad y la responsabilidad del manejo de la información, base para la construcción de contenidos y mensajes, por lo que, los periodistas profesionales serán los responsables de producir la noticia desde la cobertura de la fuentes hasta la redacción de la información. Deberán también, ser profesionales del periodismo él o la Editor General y la o el representante legal de los medios de comunicación.
Estos requisitos aplican para medios privados, públicos y comunitarios. En el caso de medios comunitarios el Estado tiene la responsabilidad de crear condiciones académicas para que se cumpla con este requisito. Art… Comunicadores comunitarios.- Son quienes sin acreditar título profesional, pertenecen a comunidades, colectivos, pueblos, y nacionalidades y ejercen la comunicación para servir a estos grupos humanos. Para el ejercicio comunicacional los comunicadores comunitarios deberán acreditar su idoneidad mediante certificado otorgado por el Órgano Rector del Sistema de Comunicación. Los comunicadores comunitarios tendrán los mismos derechos, deberes y responsabilidades
contemplados en la presente ley
Información verificada, de calidad, contextualizada, probada, fundada y otros condicionamientos
Art....- Garantía para el cumplimiento de la rectificación y réplica. A la rectificación, réplica y respuestas, de toda persona agraviada por informaciones falsas, infundadas, inexactas o injuriosas, emitidas en cualquier forma y medio de comunicación, dejando a salvo la decisión del agraviado a seguir las acciones ante las autoridades de la justicia ordinaria. (…) Art.... Difusión de contenidos.Difundir a través de cualquier medio imágenes, informaciones, expresiones, opiniones, ideas, sean estas de forma oral, escrita, mediante gestos o signos, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la presente ley; así como difundir contenidos informativos, educativos,
Estas disposiciones, en tanto obligaciones a ser controladas u sancionadas por una autoridad estatal configuran condicionamientos previos al ejercicio de la libertad de expresión y son incompatibles con el Art 13 de la CADH, el Principio N° 7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA y las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Algunas de estos conceptos podrían ser incluidos como un imperativo ético, sujeto a autorregulación de los propios medios y el control social de la Sociedad Civil (veedurías, etc.) pero no sujeto de control y sanción por parte de Estados o gobiernos. Contradictoriamente, existe en el proyecto un artículo denominado “Autorregulación y buenas prácticas” que atiende estas observaciones, pero que es opuesto a otros artículos del mismo proyecto
culturales, artísticos, científicos y recreativos de calidad, sin censura previa, que fortalezcan el desarrollo de las capacidades, promuevan los valores, defiendan la dignidad humana y los derechos humanos. (…) Art....- Cumplimiento de la rectificación, réplica o respuesta.- Toda persona afectada por informaciones sin pruebas, inexactas o que agravien su honra, publicadas por los medios de comunicación social, tiene derecho a la rectificación, réplica o respuesta correspondiente, en forma obligatoria, inmediata y gratuita, en el mismo espacio impreso o audiovisual en el que se difundió. (…) Art....- Independencia editorial.-
Los comunicadores sociales podrán negarse fundadamente a realizar acciones contrarias a la Ley o a la deontología periodística; sin que esta objeción afecte su estabilidad y derechos laborales. Los propietarios o administradores de los medios de comunicación social no podrán restringir este derecho ni directa ni indirectamente, o de manera abierta o encubierta. A utilizar el secreto profesional y la reserva de fuente para asegurar la confidencialidad de la información, salvo en el caso de que se vulnere o se ponga en peligro derechos fundamentales de las personas. A investigar y a emitir opiniones libremente y sin censura previa sobre hechos de interés público, siempre que estos no afecten al derecho a una información veraz, ni a los derechos fundamentales de otras personas
consagradas en la Constitución, leyes, pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Art… Prohibiciones.- Se prohíbe a cualquier forma de comunicación física o virtual y a los medios de comunicación lo siguiente: 1. Difundir información que atente contra los derechos y garantías de las personas; 2. Difundir información que incite a la violencia física, sexual o psicológica, utilizando a niños, niñas, adolescentes, mujeres o adultos mayores; 3. Difundir información que promueva cualquier forma de: discriminación, explotación sexual, xenofobia, racismo, pederastia, pornografía, trata de personas, consumo de substancias estupefacientes o psicotrópicas, intolerancia cultural, religiosa o política y otras manifestaciones que
Prohibiciones y responsabilidades ulteriores
Existe un exceso de prohibiciones e infracciones y, de acuerdo a la CADH y jurisprudencia de la Corte Interamericana, muchas de ellas son restricciones ilegítimas al derecho a la libertad de expresión
La libertad de expresión no es un derecho absoluto, por lo cual admite ciertas restricciones en tanto tiene como límite el derecho de los demás. Para que éstas sean legítimas y compatible con los estándares interamericanos, el alcance y carácter de estas restricciones está claramente detallado en el Art. 13 de la CADH así como en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
afecten la dignidad del ser humano; 4. Trasmitir información discriminatoria, estereotipada o distorsionada acerca de situaciones, hechos o acontecimientos que afecten a la dignidad de las personas, pueblos, nacionalidades o de cualquier colectivo social. 5. Difundir información que sea producto de uso de cámaras ocultas, grabadoras escondidas y métodos de encubrimiento, que impliquen intromisión en la vida privada de las personas y que viole su intimidad, salvo en los casos autorizados por autoridad competente. 6. Publicar la fotografía o referencias que puedan dar indicios de la persona o personas que hubieren sido víctimas de alguna situación de violación de derechos, especialmente para evitar que sean revictimizados social y penalmente. 7. Publicar información que
identifique o permita la identificación de adolescentes que han cometido alguna infracción o delito. 8. Difundir directamente, bajo su responsabilidad actos o programas contrarios a la seguridad interna o externa del Estado, en los términos previstos en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, sin perjuicio de las libertades de información y de expresión garantizadas y reguladas por la Constitución. 9. Transmitir artículos, cartas, notas, mensajes SMS, correos electrónicos, comentarios u otros que no estén debidamente respaldados con la firma o identificación de sus autores, salvo el caso de comentarios periodísticos bajo seudónimo que corresponda a una persona de identidad determinable; 10. Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicio o
conmociones sociales o públicas; 11. Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar hechos y documentos no permitidos por las leyes, en la información o comentario de actos delictuosos; 12. Omitir la procedencia de la noticia o comentario, cuando no sea de responsabilidad directa del medio, o la mención de la naturaleza ficticia o fantástica de los actos o programas que tengan este carácter. Las estaciones radiales o televisivas podrán leer libremente las noticias o comentarios de los medios de comunicación escrita u otro de las tecnologías de la información y comunicación. 13. Realizar publicidad de artículos o actividades que la Ley o los Reglamentos prohíben; 14. Recibir subvenciones económicas de gobiernos, entidades gubernamentales o particulares y personas extranjeras, con fines de
proselitismo político o que atenten contra la seguridad nacional. 15. Inducir, mediante enfoques u opiniones, apología del odio, del delito o la violencia; 16. Transmitir por ningún concepto programas dirigidos por mentalistas, parasicólogos, adivinos, también comprende esta prohibición a los programas que induzcan a errores médicos o culturales, que afecten a la salud física o mental de la población. Se exceptúan los programas dirigidos por profesionales en las áreas de la medicina, sicología y psiquiatría. Cuando estas infracciones fueren tipificadas como infracciones penales, serán juzgadas por un juez de lo penal, mediante acusación particular; Si sólo fueren faltas técnicas o administrativas, su juzgamiento corresponderá al Órgano Regulador, para lo cual deberá,
bajo su responsabilidad examinar previamente la naturaleza de la infracción para asumir su competencia. Art....- Independencia editorial.Los comunicadores sociales podrán negarse fundadamente a realizar acciones contrarias a la Ley o a la deontología periodística; sin que esta objeción afecte su estabilidad y derechos laborales. Los propietarios o administradores de los medios de comunicación social no podrán restringir este derecho ni directa ni indirectamente, o de manera abierta o encubierta. A utilizar el secreto profesional y la reserva de fuente para asegurar la confidencialidad de la información, salvo en el caso de que se vulnere o se ponga en peligro derechos fundamentales de las personas. A investigar y a emitir opiniones
La censura previa es considerada una violación al derecho de libertad de pensamiento y expresión según el Art. 13 de la Convención, el Principio N° 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana
Aunque en algunos artículos se dispone expresamente que no habrá censura previa, los artículos señalados sí lo hacen.
libremente y sin censura previa sobre hechos de interés público, siempre que estos no afecten al derecho a una información veraz, ni a los derechos fundamentales de otras personas consagradas en la Constitución, leyes, pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. (…) Art....- De los espectáculos públicos.- Todos los espectáculos públicos deberán respetar los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas que demandan protección especial, para lo cual deberán en el tema de contenidos tomar en cuenta lo dispuesto en esta Ley y para su adecuación física los que dispone la política pública y otras Leyes que protegen los derechos de estas personas. Art....- El Registro.- Los medios
La exigencia de un registro para
Registro o catastros de medios
de comunicación determinados en el Art....- de esta Ley, deberán registrarse, en el órgano regulador, en el momento en que estén acreditados legalmente para su funcionamiento. El registro de funcionamiento de los medios de comunicación social no será susceptible de cesión ni transferencia. Art....- Título habilitante.- El registro de funcionamiento establecido en esta ley, no autoriza por si solo al medio de comunicación radial y audio visual, a prestar servicios ni a utilizar el espectro radioeléctrico. Art....- Cancelación del registro.El registro de funcionamiento de los medios de comunicación radial o audiovisual caducará, cuando por cualquier causa se cancele la concesión para operar otorgada por autoridad competente.
medios impresos o por internet, en el alcance dado en el proyecto como una especie de autorización previa y necesaria para su funcionamiento para el funcionamiento de medios impresos es incompatible con los estándares interamericanos. En cuanto a los medios audiovisuales que usan espectro radioeléctrico implica una doble barrera al acceso.
son comunes en otros países. Su existencia no sólo no es mala sino que es una obligación de transparencia y rendición de cuentas del Estado y los medios hacia la población. También es un buen instrumento para prevenir la concentración. El problema es que en el proyecto no es la simple constatación de su existencia sino una condición para funcionar que puede ser otorgada o quitada por el Estado.
Art....- Actualización del registro.- El registro debe ser actualizado cada vez que exista un cambio en los datos generales del medio. Art....- Pago por registro de funcionamiento.- El órgano regulador establecerá el valor del pago anual del registro de funcionamiento de los medios de comunicación, tanto impresos como radiales o audiovisuales. Para fijar este valor se atenderá las diferencias y peculiaridades entre medios públicos y privados; los comunitarios quedarán exentos de dicho pago. Art....-Órgano Rector.- El órgano rector del Sistema de Comunicación es el (por definir). Es un organismo público, con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, que tiene como finalidad velar y contribuir al ejercicio pleno del derecho a la comunicación información y a la libertad de
Se concentran enormes poderes a un organismo estatal con una no suficiente independencia del gobierno, y con potestades muy amplias, discrecionales y laxas que podrían convertirse en restricciones a derechos fundamentales. En particular, este organismo tiene el poder de autorizar o no autorizar el
Es destacable que tenga autonomía financiera y administrativa, y que se permita la participación ciudadana, junto con la creación de un órgano consultivo de amplia participación, pero no suficiente para cumplir con los estándares en la materia
expresión, de conformidad con la Constitución de la República; y de los principios fundamentales contemplados en esta ley. A éste le corresponde aplicar la Ley Orgánica de Comunicación, definir, formular y ejecutar: el plan nacional; las políticas públicas y planes comunicacionales del sistema, de manera participativa con la sociedad, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; garantizar el ejercicio de los principios y derechos de comunicación; promover, fomentar, incentivar la educación la información y cultura; regular a las entidades, los procesos y recursos que conforman el Sistema. El Órgano Regulador articulará las relaciones entre el Estado y la sociedad en la elaboración y desarrollo del plan nacional; las políticas y planes públicos de comunicación; posibilitará responder a las demandas
ejercicio de los derechos de la comunicación mediante certificados en el caso de comunicadores comunitarios y de registro habilitante del funcionamiento de medios.
sociales e impulsará mecanismos y herramientas de participación ciudadana en el ámbito de la comunicación e información. Art.... Sede.- Órgano Regulador tendrá su sede en la Capital de la República y funcionará de manera desconcentrada, en cualquier otra región, provincia o circunscripción territorial, en donde se considere necesario para el cumplimiento de sus fines. Art....- Conformación.- Órgano Regulador estará conformado por representantes del Gobierno Central y de instituciones de la sociedad civil y de la ciudadanía. Estará integrado por 8 miembros: a) Un Representante del Presidente de la República quien lo presidirá b) Un representante del
Ministerio de Educación c) Un representante del Ministerio de Cultura d) Un representante del Ministerio de Telecomunicaciones e) Un Representante de las Facultades o Escuelas de Comunicación Social reconocidas por el organismo competente f) Tres Representantes de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana. Los representantes de los literales a), b), c) y d) deben ser delegados oficialmente por la máxima autoridad de la institución a la cual representan y, podrán ser miembros del Consejo mientras duren en sus funciones.
Los representantes establecidos en los literales e), y f) durarán cuatro años en sus funciones. Para ser designado o elegidos miembros del Órgano las personas no deberán tener participación accionaria en los medios de comunicación privados por lo menos doce meses anteriores a la fecha de convocatoria del concurso. Para efectos de transparencia, para elegir a los representantes de los literales e) y f); cada organización presentará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los y las postulantes para ocupar la dignidad. La designación de los miembros del Órgano, se hará bajo la conducción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, con veeduría y derecho a la impugnación ciudadana, de
conformidad con la Ley. Los miembros principales y suplentes serán designados en orden de prelación, según las calificaciones y el mayor puntaje. Los miembros principales tendrán sus respectivos suplentes, quienes deberán reunir los mismos requisitos que se prevén para los principales. Para la integración del Órgano Regulador se procurará la paridad de género en cuanto sea posible. Las decisiones del Consejo se tomarán con el voto conforme de la mayoría simple de sus integrantes, salvo las suspensiones y destituciones que requerirán el voto favorable de mayoría absoluta de sus integrantes. (…) Y otros Art....- Definición.- El Sistema de Comunicación es un conjunto coordinado y articulado de
La definición y alcance del Sistema de Comunicación Social puede poner también en cuestión
Aunque pudiera ser considerado un “espacio” no institucionalizado de
organismos, instituciones, mecanismos, normativa, formas de comunicación, la política pública y el Plan Nacional de Comunicación, los comunicadores sociales, las personas. Su finalidad es asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, fortalecerá la participación ciudadana.
los derechos universales de las personas, en tanto en el proyecto de Ley se condiciona ser sujeto de esos derechos en la medida que se integre el Sistema. Además de ser inaceptable, la Constitución de 2008 acepta que los actores puedan o no, voluntariamente, ser parte del Sistema, lo cual es contrapuesto con el alcance que se le pretende dar en el proyecto.
OBSERVACIONES relaciones, el concepto de Sistema de Comunicación Social, según el alcance dado en el proyecto de ley y la noción de que el Estado es el “rector” de todo ese Sistema (que incluye a todos quienes están ejerciendo derechos inherentes a su persona), es altamente riesgoso respecto al pleno la libertad de expresión y los derechos a la comunicación.
3. Artículos o temas que podrían ser ampliados o mejorados
TEMA Medios comunitarios y otros sin fines de lucro ARTICULO/S Art… Medios de comunicación comunitarios.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos que no persiguen fin de lucro y cuya propiedad, administración y dirección corresponden a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades así como a organizaciones sociales, culturales y educativas. Tendrán autonomía para construir y difundir contenido, respetando la Constitución y las Leyes. Art… Función primordial.- Su función debe estar encaminada a expresar la diversidad cultural e identidad de esas comunidades; a propiciar el Buen Vivir; y a asegurarles el FUNDAMENTOS Los medios comunitarios están incluidos en el proyecto, pero la redacción final debería mejorarse recogiendo las mejores prácticas y recomendaciones internacionales en cuanto a su definición y características, finalidades y objetivos, criterios para su evaluación y otros OBSERVACIONES
ARTICULO/S ejercicio de los derechos a la comunicación, a la información, a la libertad de expresión y a la participación ciudadana. Privilegiarán y promoverán la comunicación e información en sus propias lenguas. Por su naturaleza, se prohíbe en los medios de comunicación comunitarios la transmisión de contenidos partidistas, con excepción de la publicidad electoral de campaña válidamente autorizada por el Consejo Nacional Electoral.
Art… Del financiamiento.- Los medios de comunicación comunitarios se financiarán con donaciones, aportes, auspicios y patrocinios, con la
ARTICULO/S venta de sus producciones y servicios comunicacionales, y con la publicidad comercial. Las donaciones, aportes, auspicios y patrocinio de gobiernos o instituciones extranjeras podrán alcanzar hasta el 25% del presupuesto operativo anual del medio. Esos aportes no deberán incidir en la línea editorial del medio. El Estado promoverá el funcionamiento de los medios comunitarios a través de la asignación de líneas de crédito, asistencia técnica y capacitación, entre otras herramientas. Art… Excedentes y beneficios económicos.- Los beneficios y excedentes económicos que generen los medios de
ARTICULO/S comunicación comunitarios se reinvertirán en el propio medio, para su funcionamiento y sostenibilidad. Art… Del ejercicio de control.Los medios de comunicación públicos que manejen y administren fondos públicos, estarán sujetos a la auditoría y control de los organismos competentes. Los medios de comunicación comunitarios, su creación, administración, dirección y propiedad se sujetarán a las leyes vigentes. Art....- Concesiones, permisos, autorización y control técnico.- La concesión, permisos y autorizaciones de frecuencias para los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios las
Procedimiento y criterios para el acceso a las concesiones para uso de frecuencias de radio y TV
Está mencionado que la administración de las concesiones las realizará CONATEL, pero se sugiere que el actual proyecto incorpore cuáles son los mecanismos y criterios para otorgar esas
La limitación técnica del espectro radioeléctrico exige una intervención estatal a los efectos de la mejor administración de su uso, pero no es aceptable que exista un registro previo que establecerá
ARTICULO/S otorgará el CONATEL previa aprobación del registro del medio en el Órgano Regulador en concordancia con el Plan Nacional de Frecuencias.
FUNDAMENTOS concesiones, a quiénes puede otorgarse y otros aspectos calves para garantizar la igualdad de oportunidades y la diversidad y pluralismo en la radiodifusión. Está mencionado pero no desarrollado. Medidas contra la concentración de medios es un estándar mínimo para garantizar la diversidad y el pluralismo. Varios países americanos incluyen reservas significativas de espectro para medios comunitarios y sin fines de lucro. Los Relatores de Libertad de Expresión de las Américas, Europa, África y Naciones Unidas recomiendan reserva de espectro y reglas de must carry entre otras, para promover la diversidad
OBSERVACIONES una doble barrera para el acceso
Art....- Monopolio y oligopolio y Concentración de los medios de comunicación. (sin texto, en el original)
Proyecto primeros
Comunicación a estudio en la Asamblea Nacional Comentarios artículos aprobados por la Comisión
……………………………………………………………. TEXTO COMISION Artículo... Objeto de la Ley.- El objeto de la presente ley orgánica es: Garantizar el ejercicio integral y la plena vigencia de los derechos de comunicación que comprenden: la libertad de expresión, la libertad de información, la comunicación y el acceso a la información pública que tienen las personas, las comunidades, propios símbolos. Determinar los deberes y las responsabilidades de todos los actores vinculados con el ejercicio de los derechos a la comunicación, información y libertad de expresión de la reconocidos y de en en la los Constitución instrumentos República colectivos, pueblos y nacionalidades en su propia lengua y con sus
humanos vigentes. Establecer las acciones afirmativas para que las personas ejerzan sus derechos dentro y fuera del territorio nacional.
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Se hace notar de algunos aspectos que, pareciendo semánticos, no lo son y que podrían plantear inconsistencias dentro de la Ley y en relación con la Constitución de la República. En la terminología de la Constitución, se habla de “libertad de expresión y de los derechos DE LA comunicación”, sin especificar el alcance de estos conceptos y colocándolos en un mismo nivel de importancia. En materia de libertad de expresión hay numerosos textos de referencia
firmado y ratificados por Ecuador para dar cuenta de su alcance. Para ser más exactos, debería hablarse de “derecho a la libertad de pensamiento y expresión” como figura en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el cual debería incluirse en forma completa y expresa en esta Ley: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección‖ 3 No existe la misma claridad respecto al concepto de “derechos DE LA comunicación” (como se nombra en la Constitución) y nombrado en el proyecto de ley como “derechos DE comunicación” o como “derechos A LA comunicación” en este mismo artículo en estudio. Otras denominaciones hablan del “derecho (en singular) a la comunicación”, lo cual denota las dificultades para su correcta tipificación.
Artículo 13º Libertad de Pensamiento y de Expresión - Convención Americana de Derechos Humanos en http://www.cidh.org/Basicos/Basicos2.htm
Por otra parte, y en referencia a su definición, diversos expertos que han definido este concepto incluyen un listado mayor de “derechos” que los mencionados en el proyecto, como ser: derechos culturales, de asociación, de participación o de reunión, entre otros. En el entendido que no es el momento ni el lugar para despejar este complejo asunto, se sugiere mantener el plural en su enunciación tal como se menciona en la Constitución e incluir una redacción que no limite la ampliación de su definición en otros instrumentos normativos ni entre en contradicción con la propia Constitución del Ecuador: Se propone, por tanto, la siguiente redacción: “Garantizar el ejercicio integral y la plena vigencia de los derechos DE LA comunicación que, A LOS EFECTOS DE ESTA LEY comprenden: la libertad de PENSAMIENTO Y EXPRESION, la libertad de INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN y el acceso a la información pública que tienen las personas, las comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades en su propia lengua y con sus propios símbolos. Determinar los deberes y las responsabilidades de todos los actores vinculados con el ejercicio de los derechos DE LA comunicación, información y libertad de PENSAMIENTO y expresión reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes”.
……………………………………………………………. TEXTO COMISION Artículo… Del ámbito de la Ley.- Esta ley es aplicable a: Las personas, comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades; públicos, medios de y comunicación: comunitarios; privados
comunicadores sociales; y, todos aquellos que formen parte del Sistema de Comunicación Social. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Todos los tratados internacionales están redactados en términos de “todas las personas”, con lo cual se entiende suficiente para dar cuenta del principio de universalidad del derecho. Si se mantiene la mención expresa de diversos actores a los cuales se les reconoce esos derechos sugerimos incluir también a los y las periodistas pues no todos los comunicadores sociales son periodistas ni todo periodista es un comunicador social. La descripción más allá de “todas las personas” en forma no taxativa trae aparejados otros inconvenientes a final del artículo cuando se menciona a todos aquellos que formen parte del Sistema de Comunicación Social. El problema radica en que, tal como está expresado en la Constitución, la conformación de este Sistema es voluntaria, y por tanto bastará que no acepten estar para que los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley no les sean aplicables4: “(…) El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las
Art. 384 de la Constitución
políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él”. Esto contradice el hecho que los derechos más arriba mencionados no precisan de esta Ley, y mucho menos de estar integrados a un Sistema de las características que sean, para ser sujetos de esos derechos. En contrapartida, bastará que una institución privada o pública no acepte integrar el Sistema para que no puedan exigírsele responsabilidades u obligaciones por sus acciones. Se sugiere: Esta ley es aplicable a: LAS comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades; medios de comunicación: comunitarios; públicos, PERIODISTAS; privados y comunicadores
sociales; Y TODAS LAS PERSONAS. ……………………………………………………………. TEXTO COMISION Art… Exigibilidad de los derechos de comunicación e información y libertad de pensamiento y expresión.El ejercicio, defensa, protección y exigibilidad se regirá por los mismos principios de aplicación establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Como se mencionó anteriormente, parece adecuado hablar del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, en sintonía con la CADH. Sobre el final del artículo y al igual que en otros artículos, se sugiere incluir expresamente a cuáles Tratados Internacionales, dentro de una cierta
generalidad, se está haciendo referencia en esta Ley para darle mayor precisión. Se sugiere: ―El ejercicio, defensa, protección y exigibilidad se regirá por los mismos principios de aplicación establecidos en la Constitución, la Declaración Universal HUMANOS de Y Derechos OTROS Humanos, LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES VIGENTES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS‖. ……………………………………………………………. TEXTO COMISION Art….Responsabilidad Social.- Las y los actores del Sistema de Comunicación Social tienen el deber de buscar, recibir, intercambiar, producir, y difundir información: verificada, contextualizada y plural, entendiéndose por tal el conjunto organizado de datos y evidencias que producen conocimiento y desarrollan capacidad de deliberación, argumentación y decisión de las personas en el marco democrático que consagra la Constitución; con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad de respeto, justicia, equidad y solidaridad. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS En este artículo se vuelven a presentar problemas al plantear la noción de Sistema de Comunicación Social como referencia para definir los sujetos de derecho o de obligaciones de la Ley. Como se mencionó antes, bastará que alguien no se integre voluntariamente al Sistema para que deje de aplicarse esta Ley.
Por otra parte, no es pertinente obligar a las personas (integrantes del Sistema ni a cualquier entidad) a buscar información verificada, contextualizada y plural. Es un derecho, pero no hay nada que pueda obligarse al respecto. Por definición una persona es libre de querer buscar la información que mejor entienda. Por ende, tampoco hay un deber de recibir o intercambiar información de determinadas características. Por otro lado, la expresión “es un deber producir y difundir” puede confundirse con la obligación de las personas o entidades privadas a no emitir ninguna información sin estar verificada o contextualizada, incluso cuando ello es por error o no es posible, y no un “deber ser” como principio, es decir, un horizonte hacia el cual debe proponer la acción informativa y comunicativa, por la responsabilidad implícita en la gestión, por ejemplo, de un medio de comunicación masiva. Si es una obligación, por tanto estará expuesta al control y sanción de parte del Estado. Al respecto, los instrumentos internacionales que la Ley reconocerá no admiten condicionamientos previos al ejercicio de la libertad de expresión e información, tales como los “verificación” y “contextualización” por entender que configuran barreras indirectas a esos derechos: ―Condicionamientos previos, tales como
veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales‖5. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia reconoce Ecuador): ―ha indicado que tampoco se puede justificar la imposición de un sistema de control a la libertad de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información
Principio N°7 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
que la sociedad recibe, ya que ello puede ser fuente de grandes abusos, y en el fondo es violatorio del derecho a la información que tiene la sociedad6, el cual incluye el derecho a estar informada sobre las distintas interpretaciones y visiones del mundo, y a escoger aquella que considere más adecuada‖7. Esto no significa que no puedan haber responsabilidades ulteriores frente a un abuso del ejercicio de la libertad de expresión pero deberá ser aplicado posteriormente, habiendo estado expresamente previsto en la ley y en forma proporcionada para no afectar los derechos a la libertad de expresión y la información. Podrá optarse por el derecho de rectificación o respuesta ante la difusión de hechos o informaciones agravantes, o por denuncias a la Justicia cuando se tratare de casos donde hubo manifiesta intención de dañar o un evidente desprecio por la búsqueda de la verdad. ……………………………………………………………. TEXTO COMISION Art… Pluralidad, diversidad e inclusión social.- El Sistema de Comunicación Social debe garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la participación ciudadana, el acceso y uso de todas las formas, medios, servicios y tecnologías de comunicación e información, la interculturalidad y plurinacionalidad e inclusión social con especial énfasis en las personas y grupos de atención prioritaria.
Corte IDH. “La Colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5. Párr. 77. 7 CIDH, Informe Anual 2008, Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
La información y la opinión que se difunda por cualquier medio y forma de comunicación e información deberán reconocer y respetar la identidad de las personas, de las comunidades, pueblos y nacionalidades así como la diversidad de sus símbolos, tradiciones, historias y de aspiraciones. Lourdes Tiban) COMENTARIOS Y SUGERENCIAS En el entendido que el Sistema de Comunicación Social está integrado por personas, comunidades indígenas y entidades privadas de diverso orden, no parece razonable exigir de éstos que tengan la responsabilidad de garantizar de los derechos y prestaciones mencionadas. Quien debe garantizarlos es el Estado, por lo cual debería cambiarse la redacción: El ESTADO DEBERA garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la participación ciudadana, el acceso y uso de todas las formas, medios, servicios y tecnologías de comunicación e información, la interculturalidad y plurinacionalidad e inclusión social con especial énfasis en las personas y grupos de atención prioritaria. La redacción es confusa en cuanto al alcance de las garantías. Por ejemplo, es necesario mencionar que respecto a acceder a ―todas las formas, medios, servicios y tecnologías‖ tal vez sea imposible de cumplir en términos literales. No es lo mismo decir que se garantizará que toda la población recibirá señales de TV abierta y gratuita que decir que todos los ecuatorianos podrán hacer uso de servicios satelitales, mucho menos, acceder a gestionar un satélite o las señales que puedan emitir. Lo mismo entre escuchar emisoras de radio en (redactar responsabilidad
cualquier lugar del territorio nacional o acceder al uso de una frecuencia para gestionar una emisora de radio. Distinto sería expresar el deber ser de manera más general ―(garantizar) el acceso y uso a las tecnologías de información y comunicación en condiciones de equidad, accesibilidad e igualdad de oportunidades‖. ……………………………………………………………. TEXTO COMISION Art… Responsabilidad ulterior.- El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, entendido como el derecho a recibir, buscar, intercambiar, producir y difundir información, en el marco de la plena vigencia y respeto de los otros derechos con especial atención de las personas y grupos de atención prioritario, no está sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución vigentes. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Es altamente inconveniente y contradictorio con lo establecido en los Tratados Internacionales y en el espíritu de la Constitución la parte final de este artículo: “salvo los casos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales vigentes‖. Su inclusión abre dudas respecto a que pudiera haber lugar a la censura indirecta, y no debería quedar duda alguna al respecto de que no la habrá. La única excepción a este principio establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos refiere a la categorización de espectáculos públicos para proteger a los niños, niñas y adolescentes: y los tratados internacionales
―Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2‖8. Por otra parte, existe una omisión importante en la mención del derecho a la libertad de expresión, ya que menciona solamente a la “información” pero excluye las ideas y opiniones, también protegidas dentro de ese derecho, de acuerdo a la CADH: ―(…) Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección‖9. Aunque el título del artículo se refiere a “responsabilidades ulteriores” no se hace mención a ellas en el texto acordado. Se sugiere que se incluya de manera expresa y con el alcance previsto en la Convención Americana: ―El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas‖10.
Artículo 13 inc. 4 Artículo 13 inc. 1 Artículo 13 inc. 2
……………………………………………………………. TEXTO COMISION Art. Acción afirmativa.- El Estado adoptará medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos de la comunicación a colectivos humanos que se consideren fundadamente en situación de desigualdad real respecto de la generalidad de los ciudadanos. Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Se considera que las acciones afirmativas deberían adoptarse para todas las personas, grupos, colectivos y sectores sociales en condición de desigualdad o desventaja social, económica o de otra naturaleza, como una medida para garantizar el ejercicio de derechos, y no solamente a algunos colectivos humanos. Se llama la atención respecto al incorrecto uso de la palabra “ciudadanos” en el artículo, cuando en realidad debería hablarse de “personas”, ya que el primero refiere sólo a algunas de las personas (mayores de 18 años, con derecho al voto, etc). ……………………………………………………………. TEXTO COMISION “Art… Transparencia y máxima divulgación de la información pública.- La información pública, y en general cualquier información que emane o se encuentre en poder de las entidades del sector público o entidades privadas que tengan o administren fondos del Estado, sean concesionarias, o presten servicios
se someterán a los principios de
transparencia, difusión y divulgación de la información pública. Este principio se exceptúa en los casos de información reservada o confidencial a fin de preservar la seguridad interior y exterior del Estado.‖ COMENTARIOS Y SUGERENCIAS La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión reconoce expresamente el derecho a acceder a información “en poder del Estado” como un derecho fundamental de los individuos, que debe ser garantizado: ―El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho (…)‖11. Ha sido más polémico extender tal derecho al sector privado. Varios países y algunas declaraciones internacionales amplían el concepto de información pública a aquella producida o en poder de empresas o personas que brindan servicios públicos, por ejemplo en casos donde el Estado ha privatizado los servicios de suministro de agua, energía, transporte, salud u otros: ―Todas las personas tienen derecho a fiscalizar de manera efectiva la labor de la administración estatal, de los poderes del Estado en general y de las empresas que prestan servicios públicos‖ 12.
Principio N°4, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm 12 Punto N°2 de los Principios de Lima en http://www.consejoprensaperuana.org.pe/images/content/docs/decplima.pdf
A los efectos de Ecuador, es necesario atender el documento aprobado en 2o08 por el Comité Jurídico Interamericano, órgano oficial de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Principios sobre el Derecho al Acceso a la Información: ―El derecho de acceso a la información se extiende a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo a los pertenecientes al poder ejecutivo, al legislativo y al poder judicial, a los órganos creados por las constituciones o por otras leyes, órganos de propiedad o controlados por el gobierno, y organizaciones que operan con fondos públicos o que desarrollan funciones públicas‖ 13. En todo caso, y si se incluyen a aquellas entidades que detentan concesiones o reciben subsidios o fondos públicos de cualquier tipo, la información sobre la que existe derecho a acceder debería ser exclusivamente la relativa al cumplimiento de ese servicio o por la actividad para la cual recibieron subsidios o concesión. La excepción al principio de acceso a la información pública es muy vaga y no atiende los estándares internacionales tal como está expresada. Sugerimos incluir el texto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión: ―Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas‖14.
Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) del 7 de agosto de 2008 en http://www.article19.org/pdfs/igo-documents/principios-sobre-el-derecho-de-acceso-a-lainformaci-n.pdf 14 Principio N°4, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm
……………………………………………………………. TEXTO COMISION Art… Interés superior de las niñas, niños y adolescentes.- Esta Ley observara medidas de protección integral para preservar el interés superior de niñas, niños y adolescentes conforme lo determina la Constitución, los Tratados Internacionales, y el Código de la Niñez y Adolescencia, principalmente respecto de los contenidos que se difundan garantizado la prevalencia de fines informativos, educativos, y culturales. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Enunciado general correcto, tal como establece la Constitución y
recomendaciones internacionales. ……………………………………………………………. TEXTO COMISION Art…. Participación Ciudadana.- Esta Ley promoverá la participación ciudadana en la formulación, ejecución, evaluación y control de la política pública de comunicación e información. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Enunciado general correcto, tal como establece la Constitución y
……………………………………………………………. TEXTO COMISION Art….Prevalencia prevalencia informativos, a los de Contenidos.con En fines cualquier forma y medio de comunicación se dará contenidos y educativos culturales
garantizando la igualdad de derechos; el respeto a la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, así como a la diversidad de sus culturas e historias; y, se fomentará la creación de espacios para la difusión de producción nacional independiente. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS El enunciado en general es correcto y se entiende adecuada la formulación de dar respeto a la dignidad y diversidad, así como el fomento de la producción nacional independiente. No obstante, se tienen reservas sobre el alcance de la obligación de “prevalencia” de ciertos contenidos en todos los medios por igual (esto es, y de acuerdo al alcance de esta Ley: medios gráficos, televisivos, radiales, en el soporte IP y eventualmente medios en espacios públicos). Hay experiencias en diversos países del mundo respecto a las exigencias de mínimos de producción nacional, por ejemplo, que son medidas adecuadas para garantizar la pluralidad y la diversidad de contenidos en los medios. También existen marcos legales que, como criterios de evaluación para definir a quién se le otorga la concesión para un servicio de radio y TV, le otorga mayor puntaje a quienes aportan mayor diversidad de contenidos o servicios, o quienes tienen una propuesta con mayores contenidos de producción propia local o de carácter “informativo, educativo y cultural”.
Cualquiera de estas medidas deben estar previstas en la ley de manera clara y objetiva, y nunca de manera genérica y con definiciones tan laxas que puedan dar márgenes de discrecionalidad excesivos de parte de cualquier gobierno. Se entiende que una afirmación como la propuesta podría plantearse como un imperativo ético y no una obligación que pudiera ser pasible de sanción (salvo que hubiere una redacción más precisa y adecuada) y se comparte, a su vez, que el Estado pueda promover, estimular y apoyar activamente para que este principio general se haga realidad. ……………………………………………………………. TEXTO COMISION Art….Cláusula de conciencia.Quienes informen o emitan sus opiniones podrán negarse a realizar acciones contrarias a su ética, a sus principios o convicciones, a la Ley o a la deontología periodística; sin que esta objeción afecte a sus derechos humanos y laborales, directa o indirectamente, de manera abierta o encubierta. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Se comparte la inclusión de este principio ya mencionado en la Constitución, pero es preciso mencionar que en los Tratados y declaraciones internacionales la cláusula de conciencia refiere solamente a los profesionales o trabajadores de los medios y no a todas las personas. El objeto del reconocimiento de este derecho buscaba justamente proteger a las personas en relación laboral de avisos de sus empleadores o jefes, por posibles represalias a su libertad. La segunda parte del artículo justamente hace mención a estos aspectos.
……………………………………………………………. TEXTO COMISION Art. Del uso y acceso al espectro radioeléctrico.- Las personas naturales o jurídicas tienen derecho al uso y acceso de las frecuencias del espectro radioeléctrico en igualdad de condiciones para la creación de medios de radio y televisión, precautelando que en su uso prevalezca el interés colectivo, de conformidad con lo tipificado y permitido por la Constitución y la Ley. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS Se recomienda utilizar la misma redacción de la Constitución (art 16.3) por entender que es más precisa en su redacción y más amplia en su alcance que el artículo a estudio (incluye las bandas para redes inalámbricas además de la radio y la TV): ―La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas‖. ……………………………………………………………. SUGERENCIA DE AGREGADO DE ARTÍCULO SOBRE PRINCIPIOS Analizando la Constitución y las principales recomendaciones en materia de comunicación y libertad de expresión, se entiende imprescindible incluir por separado un artículo respecto a las obligaciones del Estado de promover y garantizar la diversidad y pluralismo en la comunicación, en especial a través de
los medios de comunicación. Por un lado, reconociendo tres tipos de medios radioeléctricos y por otro estableciendo medidas para evitar la concentración de medios. Se sugiere tomar como referencia, en lo que sea pertinente en materia de principios, lo establecido en el Art. 17 de la Constitución: “EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias‖.
Capítulo 2 1. Censura previa y responsabilidades ulteriores
Tomaremos como referencia la redacción de la propuesta presentada por PAIS sobre el tema: ―Art… Responsabilidad ulterior.- El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, entendido como el derecho a recibir, buscar, intercambiar, producir y difundir información, en el marco de la plena vigencia y respeto de los otros derechos con especial atención de las personas y grupos de atención prioritario, no está sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales vigentes‖. Se anota que el alcance del derecho a la libertad de expresión es incompleto, ya que menciona que la libertad de expresión es el derecho solamente a ―recibir, buscar, intercambiar, producir y difundir información‖ cuando lo correcto sería incluir también las ideas y opiniones como está indicado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en otros artículos del proyecto: ―Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección‖15.
Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 13.1
La afirmación que el derecho a la libertad de expresión ―no está sujeto a censura previa‖ se corresponde totalmente con los estándares interamericanos, ya que la censura previa es inadmisible en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y expresamente prohibida por la Convención: ―El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura‖. Por esta razón no es conveniente dejar abierto el artículo con el condicionante “salvo los casos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales vigentes‖, ya que termina contradiciendo las palabras incluidas inmediatamente antes, mucho más cuando la mención a ―tratados internacionales vigentes‖ es muy laxa y pueden incluir una diversidad de instrumentos, relacionados o no con los derechos humanos e incluso sin alcance universal. La única excepción admisible se relaciona con el derecho de los niños, niñas y adolescentes y está expresamente fijado en la CADH: ―Los espectáculos públicos pueden ser
sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2‖16. Cualquier otra disposición que habilite la censura previa es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares interamericanos en la materia. En este sentido no es adecuada la redacción del artículo sobre “espectáculos públicos” de la propuesta a estudio pues su alcance excede lo indicado en la Convención:
Art....- De los espectáculos públicos.Todos los
espectáculos públicos deberán respetar los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas que demandan
Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 13.4
protección especial, para lo cual deberán en el tema de contenidos tomar en cuenta lo dispuesto en esta Ley y para su adecuación física los que dispone la política pública y otras Leyes que protegen los derechos de estas personas.
Por los fundamentos expuestos más arriba sobre la censura previa no es razonable, además de contradictorio con las disposiciones recién analizadas, mantener algunos otros artículos de la propuesta. Por ejemplo, un párrafo del artículo ―independencia editorial‖ referido en realidad a los derechos de los ―comunicadores sociales‖: Art....- Independencia editorial.- Los comunicadores sociales podrán negarse fundadamente a realizar acciones contrarias a la Ley o a la deontología periodística; sin que esta objeción afecte su estabilidad y derechos laborales. Los propietarios o administradores de los medios de comunicación social no podrán restringir este derecho ni directa ni indirectamente, o de manera abierta o encubierta. A utilizar el secreto profesional y la reserva de fuente para asegurar la confidencialidad de la información, salvo en el caso de que se vulnere o se ponga en peligro derechos fundamentales de las personas. A investigar y a emitir opiniones libremente y sin censura previa sobre hechos de interés público, siempre que estos no afecten al derecho a una información veraz, ni a los derechos fundamentales de otras personas consagradas en la Constitución, leyes, pactos, convenios, declaraciones
y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Además de hacer notar que la reserva de fuentes no puede estar condicionada en términos tan vagos como los expresados en este artículo, la redacción del último párrafo condiciona el ―sin censura previa‖ por un lado con excepciones genéricas que podrían hacer inaplicable el principio y, por otro, con excepciones no legítimas como la exigencia de ―información veraz‖. Redactando el articulado de otra manera para comprender el alcance que adquiere esta disposición, entonces podría decirse que se admite que el Estado haga censura previa cuando no haya información veraz. Por lo dicho antes, esto es incompatible con los estándares internacionales, recogidos en particular en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión como: ―Condicionamientos previos, tales como
veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales‖17. Ahora bien, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, y por tanto es pasible de tener restricciones, con el objetivo de respetar el derecho de otros pero solamente por responsabilidades ulteriores y no previa censura, es decir, luego de realizarse el abuso y no antes. En este sentido también es adecuada y compatible con los estándares interamericanos lo establecido en la propuesta de ley: ―Art.... Derecho a la libertad de: información, expresión y opinión.- A expresar sus ideas, pensamientos, opiniones, creencias políticas o religiosas, a través de todas las formas o medios de
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Principio N°7
responsabilidad ulterior”. Sin embargo, estas restricciones, aunque sean ulteriores, deben ser legítimas y claramente delimitadas para que no se conviertan, bajo pretexto de la defensa de derechos, en una limitación excesiva. La Convención reconoce las responsabilidades ulteriores pero es muy clara respecto de los límites a estas limitaciones, indicando que éstas deben ser expresamente fijadas en una ley formal y ser “necesarias”, en los siguientes términos: 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. El establecimiento de responsabilidades ulteriores deben guiarse por tres principios: legalidad, necesidad y finalidad. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son requisitos para limitar derechos fundamentales: ―a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas, b) La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley, c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y
d) Que esas causales de responsabilidad sean "necesarias para asegurar" los mencionados fines‖18. Legalidad previa y precisa Las restricciones al derecho a la libertad de expresión son permitidas por la Convención, pero sólo mediante leyes ―que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas‖: ―Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas‖19. Para la Corte Interamericana ―(…) la expresión leyes utilizada por el artículo 30 de la CADH no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder ejecutivo, según el procedimiento requerido por el Derecho interno de cada Estado‖20. Es decir, no se pueden restringir derechos reconocidos en la Convención mediante decretos ejecutivos, reglamentos o actos administrativos de otra índole. Surge con claridad ―que para la imposición de responsabilidades no puede soslayarse la vigencia – en primer lugar – del principio de legalidad previa, y que ella debe cumplir los extremos de ―ley formal‖ que reclama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, la ley debe ser precisa, ya que
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 5/85, párr.39 Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 30
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva6/86, párr. 26,27, 35, 36 y 38
de lo contrario tampoco sería compatible con el respeto a la libertad de expresión‖21. Es decir, las restricciones deberán estar establecidas por ley, de manera previa, expresa y precisa. Finalidad legítima Las responsabilidades ulteriores deben perseguir un fin legítimo, el cual está clara y taxativamente establecido en el artículo de la Convención citado, y no puede extenderse su interpretación. Así, las restricciones permitidas deben estar orientadas a preservar ―el respeto a los derechos o a la reputación de los demás‖ o ―la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas‖22. Necesidad Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos ―la "necesidad" y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo‖ 23. Asimismo, ―las restricciones autorizadas para la libertad de expresión deben ser las "necesarias para asegurar" la obtención de ciertos fines legítimos, es decir que no basta que la restricción sea útil para la obtención de ese fin, esto es, que se pueda alcanzar a través de ella, sino que debe ser necesaria, es decir que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio
Analía Eliades, “Responsabilidades ulteriores por el ejercicio del derecho a informar y opinar en cuestiones de interés público”, 2009 22 Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 13.2 citado 23 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 5/85, párr. 46
menos restrictivo de un derecho protegido por la Convención‖24. El término necesario ―debe considerarse como algo más que "útil", "razonable", o "conveniente"‖ ha dicho más tarde la misma Corte. ―La necesidad comporta la existencia de una "necesidad social imperiosa". De manera que los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del "orden público", como medio para suprimir un "derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real"25. Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima‖26. En atención a estos fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales de organismos internacionales que Ecuador debe tomar en cuenta, y sin entrar en detalles hasta no tener un articulado de proyecto definitivo de la Comisión, es posible adelantar que numerosas disposiciones presentadas en el proyecto de ley a estudio para establecer responsabilidades ulteriores a los abusos en el ejercicio de la libertad de expresión serían incompatibles con los límites a las restricciones permitidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De manera general, y como referencia para anclar nuestros comentarios, nos referimos particularmente a varios de los numerales del siguiente artículo sobre “prohibiciones”:
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 5/85, párr. 79 Caso The Sunday Times, supra 17, párr. 59
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
―Art… Prohibiciones.- Se prohíbe a cualquier forma de comunicación física o virtual y a los medios de comunicación lo siguiente: 17. 18. Difundir información que atente contra los Difundir información que incite a la violencia
derechos y garantías de las personas; física, sexual o psicológica, utilizando a niños, niñas, adolescentes, mujeres o adultos mayores; 19. Difundir información que promueva cualquier forma de: discriminación, explotación sexual, xenofobia, racismo, pederastia, pornografía, trata de personas, o consumo de substancias intolerancia estupefacientes psicotrópicas,
cultural, religiosa o política y otras manifestaciones que afecten la dignidad del ser humano; 20. Trasmitir información discriminatoria, estereotipada o distorsionada acerca de situaciones, hechos o acontecimientos que afecten a la dignidad de las personas, pueblos, nacionalidades o de cualquier colectivo social. 21. Difundir información que sea producto de uso de encubrimiento, que impliquen de cámaras ocultas, grabadoras escondidas y métodos intromisión en la vida privada de las personas y que viole su intimidad, salvo en los casos autorizados por autoridad competente. 22. Publicar la fotografía o referencias que puedan dar indicios de la persona o personas que hubieren sido víctimas de alguna situación de violación de derechos, especialmente para evitar que sean revictimizados social y penalmente.
permita la identificación de adolescentes que han cometido alguna infracción o delito. 24. Difundir directamente, bajo su responsabilidad actos o programas contrarios a la seguridad interna o externa del Estado, en los términos previstos en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, sin perjuicio de las libertades de información y de expresión garantizadas y reguladas por la Constitución. 25. Transmitir artículos, cartas, notas, mensajes SMS, correos electrónicos, comentarios u otros que no estén debidamente respaldados con la firma o identificación de sus autores, salvo el caso de comentarios periodísticos bajo seudónimo que corresponda determinable; 26. Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicio o conmociones sociales o públicas; 27. Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar hechos y documentos no permitidos por las leyes, en la información o comentario de actos delictuosos; 28. Omitir la procedencia de la noticia o comentario, cuando no sea de responsabilidad directa del medio, o la mención de la naturaleza ficticia o fantástica de los actos o programas que tengan este carácter. Las estaciones radiales o televisivas podrán leer libremente las noticias o comentarios de los medios de comunicación escrita u otro de las tecnologías de la información y comunicación. a una persona de identidad
Realizar publicidad de artículos o actividades Recibir subvenciones entidades económicas de o
que la Ley o los Reglamentos prohíben; gobiernos, gubernamentales
particulares y personas extranjeras, con fines de proselitismo político o que atenten contra la seguridad nacional. 31. 32. Inducir, mediante enfoques u opiniones, Transmitir por ningún concepto programas comprende esta prohibición a los apología del odio, del delito o la violencia; dirigidos por mentalistas, parasicólogos, adivinos, también programas que induzcan a errores médicos o culturales, que afecten a la salud física o mental de la población. Se exceptúan los programas dirigidos por profesionales en las áreas de la medicina, sicología y psiquiatría. Cuando estas infracciones fueren tipificadas como infracciones penales, serán juzgadas por un juez de lo penal, mediante acusación particular; Si sólo fueren faltas técnicas o administrativas, su juzgamiento corresponderá al Órgano Regulador, para lo cual deberá, bajo su responsabilidad examinar previamente la naturaleza de la infracción para asumir su competencia‖.
SUGERENCIAS Hasta tanto no contar con una propuesta de proyecto de la Comisión para un análisis más detallado del articulado, se sugiere revisar profundamente este artículo y otros relacionados que, de ser aprobados, serían incompatibles con los estándares interamericanos.
2. Regulación y diseño institucional
Regulación ¿sí o no? La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto. Admite restricciones a su ejercicio, las cuales deben tener como único objeto proteger fines legítimos tales como los derechos de los demás, de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos: ―El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores (…)27. El reconocimiento de que pueden existir abusos en el ejercicio de la libertad de expresión y que éstos deben ser abordados a través de responsabilidades ulteriores exige, por tanto, que exista regulación al respecto. Y la regulación debe ser por ley, entendida ésta como ley formal, aprobada por el Congreso, Parlamento o Asamblea Legislativa del país. Por todo lo anterior, no son razonables las opiniones respecto a que la mera mención de la regulación de los medios es incompatible con los estándares interamericanos e, incluso, que no debería haber una ley porque toda la ley implica una restricción a la libertad de expresión. Por el contrario, es necesaria una ley en sentido formal, tanto para reconocer y garantizar expresamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como, para dar certezas jurídicas, establecer las restricciones legítimas que éste puede tener. La propia Convención Americana establece expresamente una limitación al derecho a la libertad de expresión en tanto incluye el derecho a la rectificación o respuesta de las personas frente a los medios de comunicación (art. 14). Esto supone, a todas luces, la aplicación del principio de responsabilidad ulterior y una restricción a la libertad de prensa y de expresión del titular o propietario del medio de difusión, en tanto lo obliga a disponer de espacios en su propio medio para dar lugar a dicha respuesta.
Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 13.2
De la revisión de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos surge que tampoco se niega la posibilidad de que haya juicios, incluso penales en determinadas y excepcionales circunstancias, por estos abusos que afectan los derechos de otros. Por tanto, debe haber algún tipo de regulación que oriente al Estado sobre cómo resolver el conflicto entre derechos que tienen la misma importancia para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No con el objetivo de controlar a los medios o limitarlos per se, sino para proteger debidamente el derecho de las personas respecto de los medios en tanto son sujetos de derechos que pueden verse afectados por aquéllos. En tanto los medios de comunicación son un vehículo para el ejercicio de las libertades de información y expresión, la regulación no puede ser discrecional ni arbitraria de forma que la actuación de Estados y gobiernos se conviertan en un obstáculo para el libre debate de informaciones, ideas y opiniones, fundamental para la construcción de una democracia. Los límites a las limitaciones a la libertad de expresión deben ser por tanto muy precisos, mínimos y necesarios, imponiendo condiciones al Estado para que su aplicación no sea discriminatoria y se den garantías del debido proceso. La regulación, entonces, puede existir pero deberá ser compatible con los estándares establecidos por los organismos del Sistema Interamericano de derechos Humanos que Ecuador reconoce. Por todo lo anterior, un correcto debate del tema debería enfocarse respecto a qué se debe regular, a cómo se regula, a quién regula o aplica la regulación aprobada.
Qué regular en materia de contenidos y qué no El alcance de las limitaciones legítimas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión está dado también por la Convención Americana y está en relación con respetar ―los derechos o reputación de los demás‖ y a “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas‖ 28. La propia Convención reconoce el derecho a respuesta o rectificación, como reparación suficiente para quien se ve perjudicado por agravios o informaciones inexactas. No es necesaria una ley para rec0nocer este derecho en los países americanos aunque sí para establecer las condiciones en qué ese derecho se ejercerá. Otro aspecto donde hay consenso internacional refiere a exigir ciertas condiciones a los medios de comunicación de forma con respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sería imposible la debida protección de estos derechos si no hubiera una regulación al respecto. Se trata, por tanto, de otro de los temas que admite regulación estatal y que se encuentra en el derecho comparado en innumerables países del mundo. Lo mismo podría decirse de la protección de los derechos a los discapacitados en relación a los medios, quienes deben permitir que tengan acceso a informaciones y opiniones en igualdad de oportunidades respecto al resto de la población. Son destacables, por tanto, artículos como el 7 y varios otros concordantes, así como el 20: ―Esta Ley observará medidas de protección integral para preservar el interés superior de niñas, niños y adolescentes conforme lo determina la Constitución, los Tratados Internacionales, y el Código de la Niñez y Adolescencia, principalmente respecto de los contenidos que se difundan,
informativos, educativos, y culturales‖29. ―Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán garantizar el acceso a la comunicación de personas con discapacidad ofreciendo en sus programaciones audiovisuales intérpretes de señas u opciones de subtítulos‖30.
Particular atención tiene en el mundo, el establecimiento de regulaciones para promover y garantizar la diversidad y pluralismo en los medios de comunicación. Los marcos regulatorios de otros países incluyen desde reglas específicas para asegurar el acceso equitativo a los medios que utilizan el espectro radioeléctrico (radio y televisión abierta, por ejemplo) y límites a la concentración, como disposiciones para garantizar la diversidad dentro de los medios. Países como Francia, Canadá, Colombia o Chile tienen legislación que exigen mínimos de producción nacional, local e independiente en los medios electrónicos autorizados con el propósito de preservar la diversidad cultural y el pluralismo informativo. Estas razones y antecedentes son una base para considerar como muy aceptables los artículos31: ―Los medios audiovisuales de alcance nacional o regional, tienen la obligación de incluir progresivamente al menos un cuarenta por ciento (40%) de producción nacional en el total de su programación diaria, incluido un 10% de producción nacional independiente. El órgano respectivo vigilará el cumplimiento de esta
Art. 7.- Interés superior de las niñas, niños y adolescentes Art. 20.- Comunicación libre, incluyente y no discriminatoria 31 Sin entrar en la consideración de si el porcentaje de referencia está bien pues ello puede variar según las características del país
obligación y sancionará el incumplimiento de conformidad con la presente Ley‖32.
―Los productores nacionales independientes tienen derecho a espacios de difusión en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Todos los medios audiovisuales de alcance nacional o regional incluirán al menos un diez por ciento (10%) de espacio en su parrilla de programación para la difusión de la producción nacional independiente. Producción nacional independiente es aquella en la cual participan al menos el setenta por ciento (70%) de personas ecuatorianas como: productores, actores, técnicos y que se utilizan locaciones nacionales o internacionales manteniendo el porcentaje de ecuatorianos que habla el presente artículo; y, el productor y director no tienen vinculación laboral con el medio en el cual difunde el producto‖33.
Art. 38.- Difusión del trabajo de productores nacionales Art. 39.- Difusión y promoción de la producción nacional independiente
Por otro lado, es importante mencionar lo que no debería regularse desde el Estado en materia de contenidos. Mencionaremos algunos ejemplos. Información o ideas ofensivas o molestas La Corte Interamericana, recoge la comprensión que al respecto tiene tanto la Corte Europea de derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: ―la protección de la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a aquéllas que „ofenden, resultan chocantes o perturban‟ (…) ‗tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática‘34 "35.
Mientras tanto para el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (actual Consejo de Derechos Humanos): ―las restricciones a la libertad de expresión no deben ‗perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia‘36. Además en la misma opinión se señaló la importancia especial de proteger ‗la libertad de expresión en lo que se refiere a las opiniones minoritarias, incluyendo aquellas que ofenden, resultan chocantes o perturban a la mayoría‟37 ‖38.
Castells v. España, sentencia del 23 de abril de 1992, Serie A, N1 236, párr. 20 CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 36 Hertzberg v. Finlandia, N° 61/1979 37 Hertzberg v. Finlandia, N° 61/1979 38 CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos
Es consistente con este enfoque el artículo del proyecto de ley a estudio de la Asamblea en tanto establece el principio de imparcialidad del Estado, por el cual se: ―asegurará las condiciones para que todas las personas puedan formar libremente su pensamiento y opiniones sin ninguna interferencia estatal. El Estado será imparcial frente a cualquier contenido o forma de expresión social o cultural. No podrá establecer ningún referente oficial y obligatorio para el pensamiento y opinión de las personas, y deberá asegurar las condiciones necesarias para que los pensamientos y expresiones de grupos minoritarios tengan protección ante las opiniones y expresiones de la mayoría, aún cuando éstos puedan incomodar o resulten inaceptables para ésta”39. Información no probada, veraz, oportuna o imparcial Expresamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que: ―Condicionamientos previos, tales como
veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales‖40. De acuerdo con el ex Relator Eduardo Bertoni ―una interpretación correcta de las normas internacionales, especialmente del artículo 13 de la Convención Americana, nos lleva a concluir que el derecho a la información abarca toda la
Art. 16 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Principio N°7
información, inclusive aquella que denominamos ‗errónea‘, ‗no oportuna‘ o ‗incompleta‘ ‖41: ―La exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo. Inclusive en aquellos casos en que la información se refiera a hechos concretos de probable comprobación fáctica, también es imposible exigir la veracidad de la misma, ya que es indudable que sobre un mismo hecho concreto puede existir un gran número de interpretaciones marcadamente distintas. (…) Si de antemano se impone la necesidad de informar únicamente la verdad, precisamente se niega la posibilidad de efectuar el debate necesario para conseguirla. La posibilidad de sanciones por informar sobre un tema que, con posterioridad y gracias al debate libre, se podría determinar como incorrecto, conduce a la posible autocensura de los informantes para evitar sanciones, y al consecuente perjuicio de todos los ciudadanos que no podrán beneficiarse del intercambio de ideas‖42. Lo anterior no supone dejar de promover los principios de responsabilidad social en el ejercicio del periodismo o de la actuación de los dueños de los medios en la producción y manejo de la información, o de la promoción de la profesionalización de los comunicadores para lograr información de calidad, veraz y contextualizada.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe Anual 2000 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe Anual 2000
Lo que alertan las recomendaciones internacionales es que ciertas formas de intervención del Estado en estas cuestiones, en especial de los gobiernos, pueden terminar haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad. Por otra parte, abusos en el sentido reseñado no necesariamente quedan sin reparación e incluso sanción. Como se ha mencionado, ante informaciones inexactas o agraviantes se reconoce el derecho a respuesta o rectificación como una forma de reparación a favor del agraviado y como forma de proteger el derecho a la información de todas las personas de conocer su versión de los hechos. Ahora, para no debilitar el derecho a la libertad de expresión, no se habilita el derecho a respuesta ante “informaciones sin pruebas” ni mucho menos ante la simple alusión de una persona. De acuerdo a la jurisprudencia interamericana, también se admiten sanciones en protección del derecho al honor en casos donde hubo “real malicia”. Es decir, cuando el comunicador, periodista o cualquier persona haya informado erróneamente, pero a sabiendas que era una información falsa o con total desprecio por la búsqueda de la verdad. En el caso de asuntos de interés público: ―(…) La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la
búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas‖43. En la práctica, dice Bertoni, el estándar de la real malicia ―se traduce en la imposición de sólo sanciones civiles en aquellos casos en que exista información falsa y producida con ―real malicia―, es decir producida con la intención expresa de causar un daño, o con pleno conocimiento de que dicha información era falsa, o con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. La carga de la prueba recae sobre quienes se sienten afectados por una información falsa o inexacta demostrando que el autor de la noticia procedió con malicia‖. Por tanto, y de acuerdo a lo comentado hasta ahora, varias de las disposiciones incluidas en el proyecto de Ley de Comunicación son incompatibles con los estándares interamericanos y la propia Convención Americana de Derechos Humanos. No importa qué organismo estatal lo haga, pues lo relevante es que las limitaciones planteadas no son restricciones legítimas al derecho a la libertad de expresión y, por tanto, no deberían ser reguladas ni ser pasibles de sanción. Más adelante, cuando comentemos las funciones del Consejo de Comunicación e Información reseñaremos algunos ejemplos más concretos del articulado que sería incompatible.
Regulación y autorregulación Tan importante como el qué regular, es quién y cómo lo hace, partiendo de la noción que la regulación debe hacerla el Estado, aunque no necesariamente el gobierno. Como se ha afirmado, los organismos del sistema interamericano aceptan que haya responsabilidad ulterior, pero ésta debe ser definida por una ley formal. Además, las causales de responsabilidad deberán estar fijadas de manera clara,
previa y precisa, para que las reglas de juego sean explícitas y otorguen certezas y previsibilidad jurídica a todas las personas. ―Se requiere que existan normas legales claras, preestablecidas, precisas y razonables, que establezcan de manera concreta cuales son las facultades de regulación y fiscalización de las autoridades, facultades que deben perseguir un fin legítimo y ser estrictamente necesarias para el logro del fin perseguido‖44. Las recomendaciones son explícitas, también, respecto a que no debe actuarse de manera arbitraria ni en función de la línea editorial de medio respecto al Estado o el gobierno:
―Es necesario que los Estados adopten normas que impidan que en un futuro, cualquiera de sus agentes, pueda usar arbitrariamente el poder de fiscalización o de regulación para silenciar la expresión disidente‖45.
Distinto es que los propios medios, periodistas o las agremiaciones de ambos actores puedan desarrollar mecanismos de autorregulación en estos asuntos. Como se ha dicho antes, los principios de responsabilidad y veracidad deben ser imperativos éticos fundamentales de su labor, lo mismo que emitir informaciones sólo cuando previamente se ha tratado de verificarlas o contrastarlas con diversas fuentes. Es aceptable, y sin dudas recomendable, que los medios de comunicación cuenten con Códigos de Ética que sean construidos de manera participativa y que luego sean accesibles por el público. Las recomendaciones internacionales
CIDH, Informe Anual 2008, Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, párr. 82 45 Ídem
indican claramente que quien los define y quien los aplica no debe ser el Estado, sino los propios involucrados. Por supuesto, todas las personas y organizaciones de la Sociedad tienen el derecho a participar de esa elaboración y conocerlos, de forma de monitorearlos y exigir su cumplimiento, como forma de control y participación ciudadana. Por ello se comparten dos artículos (27 y 28, que deben ser leídos conjuntamente) que refieren adecuadamente a estos asuntos, marcando ciertas finalidades generales y la obligación de que los medios de comunicación tengan sus Códigos de Ética. ―Responsabilidades del ejercicio periodístico y de comunicación.- La actividad de comunicación y periodística debe regirse por conductas éticas, búsqueda plural de las fuentes, buenas prácticas del oficio periodístico, parámetros de verosimilitud de las informaciones, criterios de verificación de la información difundida, presentación de la diversidad de la realidad cultural y social de país, calidad en su ejercicio profesional, diferenciación entre opiniones e informaciones emitidas‖46. ―Autorregulación y buenas prácticas.- Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, para el ejercicio pleno de los derechos a la comunicación, expresos, registrados deben observar y buenas públicos, Regulador y prácticas y mecanismos de autorregulación transparentes en el Organismo consagrados en códigos de ética, que deben ser actualizados de ser el caso.
Ningún órgano estatal o servidor público podrá intervenir en el contenido de los códigos de ética‖47. Para sostener este comentario positivo en la Ley deberá entenderse que se puede exigir por Ley que haya un Código, pero que el objetivo es dar garantías de transparencia con el público y deberá mantenerse que no será controlado por el Estado; que el Estado no definirá cuál es el Código de Ética; y que no será motivo de sanción aplicada por ningún organismo estatal. Las organizaciones sociales y cualquier persona, individual o colectivamente, pueden hacer un seguimiento y control de la aplicación del Código y las responsabilidades por su incumplimiento deben haber sido previstas al momento de adoptarlo y aplicadas por los organismos que éstos hayan acordado. Se ha querido destacar estos artículos del proyecto como muy positivos, pero a la misma vez debemos decir que existen otros artículos del mismo proyecto que contradicen fuertemente el espíritu y alcance de éstos. Sistema de Comunicación Social La definición y alcance del Sistema de Comunicación Social es muy confusa y además no se condice con la definición incluida en la Constitución de 2008. En efecto, la norma máxima del Ecuador acepta que los diferentes actores puedan o no, ser parte del Sistema de manera voluntaria, lo cual es contrapuesto con el alcance que se le pretende dar en el proyecto. Según la Constitución, el Sistema de Comunicación Social está integrado por los organismos estatales y las normas y políticas que éstos adopten, pero los demás actores no estatales (“privados, ciudadanos y comunitarios”) sólo estarán obligados si se integran “voluntariamente”: ―El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y
comunitarios que se integren voluntariamente a él‖48. Mientras tanto, el proyecto de Ley va mucho más allá. Si bien el art. 72 ha sido modificado respecto al anteproyecto de base de discusión de la Comisión y ahora es razonable (en tanto no incluye a las personas y otros actores no estatales, y se podría interpretar que las “instituciones” son organismos públicos de distinto tipo), el art. 73 vuelve a confundir el alcance del Sistema de Comunicación Social definido en el artículo inmediato anterior y contraponerse a la Constitución. ―El Sistema de Comunicación es el conjunto articulado y coordinado de instituciones, políticas, normas, programas y servicios que asegura el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos de comunicación cumplimiento de de las las personas, comunidades, y pueblos, nacionalidades y colectivos, y vela por el responsabilidades disposiciones reconocidas en esta Ley‖49. ―Forman parte del Sistema de Comunicación: a) Los Ministerios, secretarías y entidades públicas del sector de comunicación; b) El Consejo de Comunicación e Información; c) Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos d) Los medios de comunicación Comunitarios, Públicos y Privados; e) La Defensoría del Público;
Art. 384, Constitución Art. 72.- Definición
f) Los Observatorios y Veedurías ciudadanas‖50. En el art. 72 la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos parecería ser, como corresponde, del Estado. En el art. 73 puede interpretarse como que convierte en obligación de los pueblos indígenas, medios y hasta las mismas personas garantizar los derechos de todos, lo cual no corresponde. Lo mismo podría decirse de otros artículos, como el art. 5 o el 95. Consejo de Comunicación e Información En el análisis de los marcos regulatorios en materia de libertad de expresión aparece con claridad que muchos obstáculos o restricciones ilegítimas no deviene solamente de los textos legales, sino también de la aplicación de los mismos a través de prácticas administrativas discrecionales, arbitrarias y discriminatorias. Por esta razón, los organismos internacionales de defensa y promoción de la libertad de expresión observan con mucha atención las características de los organismos de aplicación o regulación de medios de forma que no sean usados abusivamente. Sin embargo, el proyecto de ley a estudio otorga al Consejo de Comunicación e Información una enorme concentración de poderes para un sólo organismo estatal que no tiene una independencia clara del gobierno, y con facultades muy amplias, discrecionales y laxas que podrían convertirse en restricciones derechos fundamentales. De hecho, se le asignan más poderes al Consejo que lo que el propio articulado define como finalidad del mismo: ―velar y contribuir al ejercicio del derecho a la comunicación‖51 cuando tiene también funciones de aplicación, de reglamentación, de fiscalización y de sanción. Los asuntos más inadecuados refieren a la expedición de registro habilitante para el funcionamiento de medios y su posible cancelación, inclusive de medios escritos52, y la evaluación y eventual sanción por considerar que periodistas, a
Art. 73.- Actores del Sistema Art. 76 52 Entre sus funciones sólo figura “llevar el registro” ( art. 80)
medios o cualquier persona a través de los medios difundieron información que no sea considerada “veraz” por el Consejo.
Integración y características ―El Consejo de Comunicación e Información es un organismo público con personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera, que tiene como finalidad velar y contribuir al ejercicio de los derechos de la comunicación, de conformidad con la Constitución de la República, los instrumentos internacionales y esta ley‖53. ―Es fundamental que los órganos de regulación o fiscalización de los medios de comunicación sean independientes del poder ejecutivo, se sometan completamente al debido proceso y tengan un estricto control judicial‖, ha afirmado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH54. Aunque se destaca positivamente la mención en el proyecto respecto a la autonomía administrativa y financiera del organismo, debería mencionarse expresamente su independencia política y jerárquica del gobierno en materia de decisiones, sin lo cual no se garantiza la independencia real. ―El Consejo de Comunicación e Información estará integrado por: a) Un Delegado del Ministro de Educación; b) Un Delegado del Ministro de Cultura; c) Un Representante de las Facultades o Escuelas de Comunicación Social reconocidas por el organismo
Art. 76.- Consejo de Comunicación e Información CIDH, Informe Anual 2008, Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, párr. 82
competente, elegido por el Consejo Nacional Electoral. d) Tres Representantes de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y control social‖55. La integración del Consejo es acertada en tanto se trata de un organismo colegiado y donde el gobierno tendría una participación minoritaria (2 en 5 miembros). Sin embargo, no es adecuado que los consejeros sean delegados de ninguna instancia de gobierno ni que mantengan funciones en él. Tampoco es aceptable que dependan o hayan dependido de medios de comunicación y tampoco deberían poder trabajar, por un tiempo luego de integrar el Consejo, en medios de comunicación, sus organizaciones gremiales o en grupos económicos relacionados con ellos. Todas estas medidas son consistentes con las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, quien ha dicho que ―la regulación de los medios de comunicación con el propósito de promover la diversidad (…), es legítima sólo si es implementada por un órgano que se encuentre protegido contra la indebida interferencia política y de otra índole, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos‖56. Las mejores prácticas y recomendaciones internacionales muestran que sería deseable que la elección y decisión de quién será integrante de un organismo regulador de medios fuera realizada por una mayoría calificada de la Asamblea Nacional, de forma que cuente con la mayor legitimidad posible. El gobierno podría proponer dos de los cinco integrantes del Consejo pero su designación debería ser confirmada por el legislativo. Lo mismo para los demás cargos.
Art. 77.- Conformación Relatores Libertad de Expresión ONU, OEA, OSCE y CADHP, Declaración Internacional sobre Diversidad en la Radiodifusión. 12 de diciembre de 2007
En el caso de los representantes de la ciudadanía, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podría diseñar e implementar los procedimientos para un llamado abierto a interesados y realizar la evaluación de los candidatos, con plena transparencia y audiencias públicas para que puedan recibirse apoyos o impugnaciones. Los informes con los antecedentes, registro de la opinión pública y una evaluación del Consejo de Participación con los mejores puntajes se enviarían luego a la Asamblea para su elección. Para fortalecer su independencia, y siguiendo las recomendaciones
internacionales, los integrantes de estos organismos deberían tener cierta protección para evitar que puedan ser presionados o influenciados por el gobierno u otros organismos estatales diverso origen. Por ello no es conveniente que las personas propuestas por el gobierno puedan ser removidas en cualquier momento por la sola voluntad de un ministro o el gobierno, como se menciona en el proyecto, porque esta vulnerabilidad podría convertirse en una presión indebida que hiciera perder la independencia de los mismos en el ejercicio de sus funciones. Nuevamente, la forma de elección se convierte en un elemento clave para lograr la independencia, que se ve fortalecida si se establece que el miembro del Consejo sólo puede ser removido por causas muy graves, taxativamente incluidas en la ley. Respecto al perfil de los candidatos a integrar el Consejo se recomienda que tengan una diversidad de puntos de vista y capacidades, lo cual podría no suceder en este caso si se atiende el excluyente perfil de formación en comunicación mencionado en el art. 78.f.: ―Tener título al menos de tercer nivel en comunicación, y acreditar 5 años de ejercicio profesional y académico con probidad notoria‖. e inclusive por poderes fácticos de
Potestades El art. 80 del proyecto de ley establece las funciones del Consejo de Comunicación e Información según el siguiente detalle: ―a) Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones b) Velar por el cumplimiento de los principios, derechos Ley; c) Participar en la formulación del Plan Nacional de Frecuencias del espectro radioeléctrico, en lo referente a radio y televisión, en coordinación con las entidades oficiales constituidas para su cumplimiento; y opinar en la fijación de las tasas por el uso del espectro radioeléctrico. d) Resolver los asuntos y controversias puestas en su conocimiento por parte de la Defensoría del Público o las personas u organizaciones interesadas, de conformidad con lo que establece esta ley. Las resoluciones que dictare el Consejo de Comunicación e Información podrán impugnarse por la vía Contencioso Administrativa y no impedirán el ejercicio de otras acciones contempladas en la Constitución y la Ley; e) Llevar el registro de los medios de comunicación previsto en esta Ley; f) Realizar un seguimiento de las publicaciones y programación de todos los medios de comunicación del país; y mandatos consagrados por la Constitución, instrumentos internacionales y esta
g) Proponer pautas relativas al cumplimiento de los códigos éticos y la responsabilidad social de los medios de comunicación; h) Realizar recomendaciones a los actores del Sistema de Comunicación para el mejor cumplimiento de los derechos de comunicación, y de las disposiciones de esta ley. i) Impulsar e la incentivar la investigación pública y la
comunicacional, comunicación;
conformación de observatorios ciudadanos de
j) Fomentar e incentivar la creación de espacios para difusión y de la producción nacional para independiente establecer mecanismos
garantizar dichos espacios; k) Auditar el tiraje o la sintonía de los medios de comunicación social, para transparentar los datos sobre la producción de estos medios; l) Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando estos lo soliciten; m) Conocer y aprobar la proforma presupuestaria del Consejo y de su Secretaria Técnica; n) Nombrar, remover y supervisar al Secretario Técnico; o) Aprobar y modificar la estructura administrativa de la Secretaría Técnica; p) Designar a los Delegados Territoriales del Consejo de Comunicación e Información quienes
tendrán las funciones y atribuciones que éste determine; q) Las demás que se señalen la Constitución, los tratados internacionales, y la normativa vigente‖57.
Se comparten muchos de los literales del artículo en tanto definen acciones afirmativas de este organismo estatal para garantizar la libertad de expresión, y se destaca sobre todo su correcta formulación: “Fomentar e incentivar‖, ―Asesorar‖, ―Realizar un seguimiento‖, ―Proponer‖, ―Realizar recomendaciones‖ o ―Impulsar e incentivar‖. De la lectura de todo el texto del proyecto surge, sin embargo, que el Consejo tendrá mayores funciones que las descriptas y con un alcance muy diferente. Por ejemplo, dentro de los literales b) y d) tendría potestades para aplicar responsabilidades: A los comunicadores sociales si investigaran o emitieran opiniones sobre hechos de interés público, siempre que estos no hayan afectado el derecho a una información veraz, aún cuando esto es incompatible con los estándares interamericanos (art. 22 sobre independencia editorial). A cualquier persona o comunicadores sociales que emitan juicios de opinión que generen vulneración a la imparcialidad del sistema de administración de justicia (art. innominado sobre limitaciones a la libertad de expresión, comunicación e información). A los medios que no que no acepten dar tiempo o espacio de rectificación por haber informado sobre hechos sin indicio alguno o incontrastada, sin que haya sido realizada con intención de dolo o con manifiesto desprecio a la verdad (art. 18 sobre derecho a la rectificación, réplica o respuesta).
Art. 80.- Funciones del Consejo de Comunicación e Información
Si un comunicador social, sea en un medio público, comercial o comunitario, elabora y difunde cualquier noticia sin tener título profesional, luego del plazo de adecuación que corresponda (art. 50 sobre el ejercicio de los Profesionales en Comunicación y Periodismo). A estas posibles sanciones debe sumarse las establecidas en el artículo que define las causas para la sanción de una multa (art. 105) donde hay redacciones excesivamente laxas que quedarán al libre arbitrio de los miembros del Consejo (―difusión de contenidos que afecten a los derechos a la comunicación, establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales y esta Ley‖), otras que son inaplicables para emisiones en vivo en acontecimientos de interés general (―transmitir (…) comentarios que no estén debidamente respaldados con la firma o identificación de sus autores‖) o en investigación de casos de corrupción (―revelar hechos o documentos no permitidos por las leyes, en la información o comentarios de hechos delictuosos‖), e incluso disposiciones que suponen limitaciones ilegítimas al contenido en los medios comunitarios (―transmisión de contenidos (…) de tipo partidista o proselitista en los medios comunitarios de comunicación‖) lo cual podría suponer directamente que no pueden hablar de política nacional o hacer entrevistas a dirigentes partidarios e incluso legisladores. Otro ejemplo que podría acarrear graves restricciones a la libertad de expresión es la tarea de “llevar el registro de los medios de comunicación previsto en esta Ley‖. En los hechos, esta función va mucho más allá a la luz de otros artículos ya comentados, ya que no se trataría de un simple catastro (lo cual sería razonable y necesario) sino que por los antecedentes del debate y los proyectos previos el Consejo podría establecer condiciones previas para su funcionamiento, en especial en el caso de los medios impresos. Tampoco menciona expresamente que podrá sancionar a los medios o periodistas, incluso con suspensión y cancelación del registro, como está mencionado en el art. 69. Se trata de un aspecto especialmente sensible y problemático de toda regulación de medios.
―El registro de funcionamiento de los medios de comunicación de radio, televisión y de los sistemas de audio y video por suscripción e impresos se cancelará por las causas previstas en esta Ley, o cuando por cualquier causal se cancele la concesión para operar, otorgada por autoridad competente‖58. En el caso de los medios electrónicos se genera un doble proceso sancionatorio pues el Consejo puede cancelar el registro una vez que por la Ley de Radiodifusión y Televisión el gobierno así lo determine, pero también por otras causas. Por otra parte, no es lo mismo analizar el incumplimiento del porcentaje de la producción nacional en un medio, que es un dato objetivable y cuantificable, que actuar como juez en un caso sensible y complejo como el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor o la vida privada. Claramente estos asuntos deberían dirimirse en la Justicia, con las garantías del debido proceso, y con la participación de profesionales mucho más capacitados para analizar estas circunstancias como son los jueces, fiscales y abogados. Comité consultivo Se comparten los art. 88 y siguientes donde se crea un Comité Consultivo de amplia integración social y empresarial, y cuyas posiciones no tienen carácter vinculante. Estos organismos facilitan el control ciudadano hacia la gestión del Estado además de aportar los puntos de vista y propuestas de la ciudadanía imprescindibles para la elaboración de una política pública eficaz y justa. Defensor del público Se comparten, en general, los arts. 90 a 93 donde se crea el Defensor del Público. Existen experiencias similares en varios países del mundo aunque en algunos, que son recomendables, el cargo es independiente de la Defensoría del Pueblo y es elegido por un órgano legislativo para dotarlo de mayor legitimidad.
Art. 69.- Cancelación del registro
Resulta excesivo, y en contradicción con las potestades del Consejo de Comunicación e Información, que el Defensor del Público tenga la facultad, por sí y sin una referencia expresa de quién estaría obligado a cumplir, de ―emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos a la comunicación‖59. En general esta institución sólo formula recomendaciones, realiza estudios, promueve audiencias públicas y representa a los intereses del público ante instancias administrativas y judiciales. Veedurías y observatorios ciudadanos Se comparte el espíritu del artículo que reconoce el derecho a ―organizarse para constituir organizaciones que tengan por objeto promover y defender desde la ciudadanía, los derechos que consagra la presente Ley‖ aunque no parece necesario otorgar un derecho que está implícito en la libertad de asociación y sería preferible hablar de “monitoreo” o “seguimiento” más que de “vigilancia”. Es importante que desde el Estado se promueva y facilite su creación y desarrollo, así como de cualquier otra forma de participación ciudadana tales como asociaciones de consumidores, grupos de usuarios u otras denominaciones similares. Varios países de la región cuentan con iniciativas ciudadanas, no estatales e independientes de gobiernos que desarrollan una labor de monitoreo de los medios (comunitarios, comerciales y públicos), así como las políticas públicas sobre medios, comunicación e información que se desarrollan desde el Estado.
Art. 91.c
3. Derecho de respuesta, rectificación y réplica
En la sección Primera del Capítulo III sobre Derechos, denominada ―Derechos de las Personas a la Comunicación‖ se incluye el derecho a ―rectificación, réplica o respuesta‖ expresado de la siguiente manera: Art....- Garantía para el cumplimiento de la rectificación y réplica. A la rectificación, réplica y respuestas, de toda persona agraviada por informaciones falsas, infundadas, inexactas o injuriosas, emitidas en cualquier forma y medio de comunicación, dejando a salvo la decisión del agraviado a seguir las acciones ante las autoridades de la justicia ordinaria (marcado en color en el original). También se encuentra definido en el Capítulo II ―Aplicación de sanciones…‖ del Título IV del proyecto sobre ―Infracciones y sanciones” como: Art....- Cumplimiento de la rectificación, réplica o respuesta.- Toda persona afectada por informaciones sin pruebas, inexactas o que agravien su honra, publicadas por los medios de comunicación social, tiene derecho a la rectificación, réplica o respuesta correspondiente, en forma obligatoria, inmediata y gratuita, en el mismo espacio impreso o audiovisual en el que se difundió. Además del problema de redacción de un derecho como ―garantía para el cumplimiento…‖ que se incluye dentro de los derechos a la comunicación60, y la mención en otro artículo con una definición diferente, en cualquier caso debemos anotar que el alcance del derecho a la ―rectificación, réplica o
Nuevamente se insiste en la necesidad que antes de la aprobación de la nueva Ley se uniformice el concepto de “derechos de/de la/a la comunicación”
respuesta‖ es claramente incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos que Ecuador reconoce. La Convención es muy explícita al respecto del ―derecho de rectificación o respuesta‖, el cual reconoce como un derecho humano a continuación, y al mismo nivel, que el derecho a la libertad de expresión: ―1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial‖61. Como se notará, el alcance del derecho tiene varias diferencias con el propuesto en el proyecto de ley a estudio. Ambos mencionan la condición de ―agravio‖ sobre ―informaciones‖ y no opiniones, pero la propuesta lo amplía a las informaciones ―falsas, infundadas, inexactas o injuriosas‖ en el primer artículo y a las informaciones ―sin pruebas, inexactas o que agravien su honra‖ en el segundo, colocando el agravio como otra causal y no como una condición imprescindible, como sí lo hace la Convención. Por otra parte, en el segundo se dice correctamente que serán motivo para que el afectado pueda ejercer su derecho a respuesta o rectificación sólo aquellas
Art. 14 Convención Americana de Derechos Humanos
―publicadas62 por los medios de comunicación social‖, pero en el primero alude a las informaciones ―emitidas en cualquier forma y medio de comunicación‖ lo cual amplía el alcance más allá de lo establecido en la Convención. Efectivamente, la Convención es muy precisa al respecto de al reconocer que toda persona tiene este derecho en tanto y en cuanto se vea afectada por ―informaciones‖ (y no opiniones), ―agraviantes o inexactas‖ (no menciona que sean falsas, infundadas o sin pruebas) y siempre que hayan sido emitidas ―en su perjuicio‖, por lo que deberá ser claramente aludido o individualizado. Por último, debe haber sido difundida en medios de comunicación que lleguen al público y no cualquier forma de comunicación. SUGERENCIAS El derecho a rectificación y respuesta debe ser incorporado en la Ley de Comunicación, en tanto ―que la rectificación tutela derechos personalísimos, como el honor, la intimidad, el nombre –eventualmente la imagen- la identidad personal, a los cuales podemos subsumir en un concepto que parte de la doctrina aborda como una categoría superior: la dignidad personal‖63. Pero también porque es mucho más que una reparación de un derecho afectado, porque al mismo tiempo está protegiendo el derecho de las personas que escuchan, leen o ven esa información inexacta o agraviante sobre una persona pues ―la posibilidad de expresar la rectificación por parte del afectado hace a la realización de la libertad de expresión y al derecho de dar información, lo cual indudablemente tiene una repercusión social‖64. Se sugiere por tanto incorporar este derecho pero con el texto completo de la Convención Americana de Derechos Humanos que se ha transcripto arriba.
se entiende que “publicadas” estaría en un sentido amplio, pero debería corregirse pues más adelante se habla del “espacio (…) audiovisual en que se difundió” 63 ELIADES, Analía. “Fundamentos para la correcta interpretación y alcance del derecho de rectificación o respuesta”
ELIADES, Analía. Op. citado
Respecto al Capítulo III denominado “Formas y medios de comunicación‖, la Sección Primera comienza con una disposición que se entiende pertinente y adecuada, tanto en la necesidad de afrontar una carencia que tienen muchos medios de comunicación en la actualidad como en el alcance expresado respecto del activo papel de propiciador del Estado y de la responsabilidad de “entidades públicas y privadas y los medios de comunicación‖: Art.....Del desarrollo profesional y
capacitación técnica.- Las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación, deberán dar facilidades para que las personas que desarrollan acciones comunicacionales, puedan realizar estudios de perfeccionamiento profesional y técnico relacionados con el ejercicio de la comunicación. Por su parte el Estado debe propiciar la profesionalización de la comunicación, sin ser este un requisito obligatorio para el ejercicio. Sin embargo, compartiéndose íntegramente la última parte del artículo (“la profesionalización‖ no debe ser ―un requisito obligatorio para el ejercicio de la comunicación‖) esta aseveración se contradice con los artículos siguientes que determinan que solamente quienes tienen títulos académicos podrán ―producir la noticia desde la cobertura de las fuentes hasta la redacción de la información‖. Nos referimos a una serie de artículos innominados que conforman una unidad conceptual: ―Comunicadores profesionales‖; ―Profesionales en Periodismo‖ y ―Del ejercicio de los Profesionales en Periodismo‖. El problema afecta a todos los medios pero sería particularmente grave la aprobación de estas disposiciones para los medios comunitarios, campesinos,
indígenas, debido a sus particularidades características e integración. En muchos lugares haría imposible que estos medios produjeran y difundieran información en forma de “noticia”. Aunque en otro artículo se contempla la situación de los denominados “comunicadores comunitarios” seguramente para contemplar lo dicho, la solución planteada es altamente peligrosa, en tanto éstos tendrán que ―acreditar su idoneidad‖ mediante la obtención de un ―certificado otorgado por el Órgano Rector del Sistema de Comunicación‖. Nos referimos el artículo: Comunicadores comunitarios.- Son quienes sin acreditar título profesional, pertenecen a comunidades, colectivos, pueblos, y nacionalidades y ejercen la comunicación para servir a estos grupos humanos. Para el ejercicio comunicacional los
comunicadores comunitarios deberán acreditar su idoneidad mediante certificado otorgado por el Órgano Rector del Sistema de Comunicación. Los comunicadores comunitarios tendrán los mismos derechos, deberes y responsabilidades contemplados en la presente ley. Es decir que el certificado termina convirtiéndose en una autorización previa otorgada por un organismo estatal que adquiere el poder de impedir o habilitar el ejercicio de un derecho inherente a toda persona, lo cual obviamente es incompatible con los estándares mínimos en materia de derechos humanos y disposiciones del mismo proyecto de ley. La exigencia de título para quienes ejerzan labores como periodistas contradice el derecho a la libertad de expresión e información que el mismo proyecto
reconoce, así como la Convención Americana de Derechos Humanos que Ecuador ha firmado. Por tanto consideramos que estos artículos deberían ser suprimidos o modificados fuertemente para adecuar el proyecto a los estándares interamericanos. Lo anterior, aunque fundamentado en el objetivo de ―construir condiciones para asegurar la calidad y la responsabilidad del manejo de la información‖ según la Corte Interamericana se está imponiendo ―una restricción no justificada‖ según el artículo 13.2 de la Convención, ―a la libertad de pensamiento y expresión como derecho que corresponde a todo ser humano; y, además, porque restringe también indebidamente el derecho de la colectividad en general de recibir sin trabas información de cualquier fuente‖65. Como se ha mencionado antes, el propio proyecto de ley recoge en varias oportunidades conceptos similares a los establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos66 establece que: ―Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección‖. En el mismo sentido, la OEA también se ha expedido sobre el tema al afirmar que es un principio que: ―Todas las personas deben contar con
buscar e impartir información por cualquier
Opinión Consultiva N°5/85, párr. 81 (sobre la compatibilidad entre la colegiación de periodistas y la Convención Americana de Derechos Humanos) 66 Se insiste en que convendría incorporar textualmente el texto tal como está escrito en el Pacto de San José de Costa Rica para ser más precisos y recuperar una redacción que ha sido aceptada por todos los países americanos
medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social‖67, lo cual colide con los artículos del proyecto mencionados. De manera más precisa respecto a la exigencia de titulación y/o colegiación de periodistas: ―Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados‖68. Como ampliación de la fundamentación contraria agregamos algunos párrafos de la Opinión Consultiva citada: ―Dentro de este contexto el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría
Principio N°2, Principio N°6,
suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano69. El argumento según el cual una ley de colegiación obligatoria de los periodistas no difiere de la legislación similar, aplicable a otras profesiones, no tiene en cuenta el problema fundamental que se plantea a propósito de la compatibilidad entre dicha ley y la Convención. El problema surge del hecho de que el artículo 13 expresamente protege la libertad de "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole... ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa...". La profesión de periodista —lo que hacen los periodistas— implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención70. Esto no se aplica, por ejemplo, al ejercicio del derecho o la medicina; a diferencia del periodismo, el ejercicio del derecho o la medicina —es decir, lo que hacen los abogados o los médicos— no es una actividad específicamente garantizada por la Convención. Es cierto que la imposición de ciertas restricciones al ejercicio de la abogacía podría ser incompatible con el goce de varios derechos garantizados por la Convención. Por ejemplo, una ley que prohibiera a los abogados actuar como defensores en casos que involucren actividades
Opinión Consultiva N°5/85, párr. 71 Opinión Consultiva N°5/85, párr. 72
contra el Estado, podría considerarse violatoria del derecho de defensa del acusado según el artículo 8 de la Convención y, por lo tanto, ser incompatible con ésta. Pero no existe un sólo derecho garantizado por la Convención que abarque exhaustivamente o defina por sí solo el ejercicio de la abogacía como lo hace el artículo 13 cuando se refiere al ejercicio de una libertad que coincide con la actividad periodística. Lo mismo es aplicable a la medicina71.
SUGERENCIAS Mantener el primer artículo mencionado y suprimir los restantes relacionados con la profesionalización.
Opinión Consultiva N°5/85, párr. 73
5. Diversidad y pluralismo en la radio y la televisión
Los organismos interamericanos e internacionales de defensa y promoción de la libertad de expresión son ampliamente coincidentes en recomendar se incorpore la perspectiva de derechos en la regulación de radio y televisión. Dichas recomendaciones surgen de la comprensión de que los medios de comunicación electrónicos, más allá de implicar aspectos tecnológicos y comerciales, son esencialmente soportes para el ejercicio de derechos fundamentales. En Ecuador, en consideración de las investigaciones de organismos públicos y sociales respecto a la forma cómo se han otorgado las concesiones de radio y TV, el anacrónico, insuficiente e inadecuado marco legal en la materia, y la inclusión expresa de disposiciones al respecto en la Constitución, se hace más necesario aún que se aprueben normas legales que garanticen el acceso justo, equitativo y en igualdad de oportunidades a todas las personas y sectores sociales a las frecuencias radioeléctricas. Por lo tanto, la oportunidad de aprobar una Ley de Comunicación no debería desaprovecharse para actualizar y adecuar el marco normativo nacional a los estándares interamericanos en materia de acceso al uso de estas frecuencias y por eso se hacen sugerencias de temas claves que deberían incluirse. COMENTARIOS Dividiremos en tres los tipos de comentarios respecto a este tema. Por un lado, los aspectos expresamente incluidos en el proyecto y que se consideran de acuerdo con la Convención Americana y los estándares internacionales. Por otro, los aspectos negativos y que no reconocen las recomendaciones internacionales. Y por último, aquellos aspectos que serían necesarios incluir para adecuar el proyecto a dichas recomendaciones.
Los dos artículos centrales referidos al tema en el proyecto de ley a estudio son compatibles y consistentes con los estándares interamericanos72. ―Art. 13.Del uso y acceso al espectro
radioeléctrico.- Las personas naturales o jurídicas tienen derecho al acceso, a través de procesos transparentes de concesión de frecuencias, y en igualdad de condiciones, y a su uso, para la creación y fortalecimiento públicos, de conformidad de medios privados con la de y Ley, comunicación comunitarios,
precautelando que en su uso prevalezca el interés colectivo así como el acceso de las bandas libres para la explotación de redes inalámbricas y otras tecnologías. El Estado preservará este derecho, bajo criterios de equidad, transparencia, no discriminación, pluralismo y diversidad. Art. 15.- De la democratización de los medios de comunicación.- Se democratizará el acceso a los medios de comunicación, en especial aquellos que emplean un recurso estratégico del Estado, el espectro radioeléctrico. La democratización afectar no sólo a la recepción sino que hará especial énfasis en ejercicio de difusión, para lo cual se establecerán reservas sobre el recurso destinadas a medios de comunicación sin ánimo de lucro, comunitarios o públicos, cuyo principal objetivo sea la difusión de informaciones, ideas, reclamos o posiciones de colectivos, asociaciones o cualquier otra agrupación de la sociedad civil‖.
Haremos referencia solamente a los aspectos específicos al acceso, diversidad y pluralismo en los medios de comunicación. Otras cuestiones referidas a estos medios pero que tienen que ver con sus contenidos fueron analizados en otros capítulos referidos a la regulación de medios en general
Analizaremos algunos componentes claves del texto de estos artículos en relación con los estándares interamericanos.
Transparencia e igualdad de oportunidades ―Procesos transparentes de concesión de frecuencias, y en igualdad de condiciones‖ (…) (art. 13) Todos los aspectos de la regulación en materia de radio y TV deben adoptar el principio de transparencia, el cual debe extenderse al sistema de medios propiamente dicho, a las políticas aplicadas al sector y, en especial, al otorgamiento de las concesiones. Los relatores de libertad de expresión han dicho que ―la transparencia debe ser el sello distintivo de los esfuerzos de las políticas públicas en el área de la radiodifusión. Este criterio debe ser aplicable a la regulación, propiedad, esquemas de subsidios públicos y otras iniciativas en cuanto a políticas‖73. La Relatoría de la CIDH, en particular, ha afirmado que deben utilizarse ―procedimientos abiertos, independientes y transparentes‖74 en el otorgamiento de concesiones y adoptar ―legislación que asegure criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital‖75. En el mismo sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión agrega a estos principios que ―las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos‖76. Los principios incorporados en el proyecto de ley son válidos, pero con la actual Ley de Radiodifusión y TV no se concretarían en realidades. Por el contrario, del
Relatores Libertad de Expresión ONU, OEA, OSCE y CADHP, Declaración Internacional sobre Diversidad en la Radiodifusión. 12 de diciembre de 2007 74 CIDH, Comunicado de Prensa N°29/07 Preocupa a la CIDH la libertad de expresión en Venezuela. 25 de mayo de 2007 75 CIDH, Informe Anual 2008, Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, párr. 10 (l) 76 CIDH, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio N°12, octubre 2000
análisis realizado por este consultor sobre la legislación vigente, así como estudios e informes recientes de organismos estatales y organizaciones comunitarias muestran que la legislación actual de Ecuador está lejos de incorporar estos principios y es más, habría sido utilizada muchas veces de manera arbitraria y discriminatoria77. No discriminación, diversidad y pluralismo ―El Estado preservará este derecho, bajo criterios de equidad, transparencia, no discriminación, pluralismo y diversidad‖. (Art. 13) ―La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión‖, según los Relatores de Libertad de Expresión78. Ahora bien, esta obligación de regulación no puede ser el amparo para su uso discriminatorio o abusivo, por lo que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión es clara respecto a que ―la utilización del poder del Estado y (…) el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley‖79. En el mismo sentido la propia Comisión ha expresado que en el otorgamiento y renovación de las concesiones se deben utilizar ―criterios claros, objetivos y razonables‖ que ―eviten cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación‖80.
Nos referimos al Informe de la Contraloría General de la Nación, al estudio de la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador (CORAPE) y al Informe de la Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión 78 Relatores Libertad de Expresión ONU, OEA y OSCE, Declaración Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo.20 de noviembre de 2001 79 CIDH, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio N°13, octubre 2000 80 CIDH, Comunicado de Prensa N°29/07 Preocupa a la CIDH la libertad de expresión en Venezuela. 25 de mayo de 2007
―Es necesario que los Estados adopten normas que impidan que en un futuro, cualquiera de sus agentes, pueda usar arbitrariamente el poder de fiscalización o de regulación para silenciar la expresión disidente‖ ha dicho la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos81. Reconocimiento de tres sectores ―Creación y fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios‖ (art. 13) El reconocimiento expreso de tres sectores en la radio y la televisión es una recomendación constante de los organismos de defensa y promoción de la libertad de expresión como medida imprescindible para lograr una mayor diversidad y pluralismo en los medios de comunicación: ―los diferentes tipos de medios de comunicación – comerciales, de servicio público y comunitarios – deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles‖82. En particular, los Relatores de Libertad de Expresión han afirmado que ―la radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad‖83.
CIDH, Informe Anual 2008, Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, párr. 82 82 Relatores Libertad de Expresión ONU, OEA, OSCE y CADHP, Declaración Internacional sobre Diversidad en la Radiodifusión. 12 de diciembre de 2007 83 Relatores Libertad de Expresión ONU, OEA, OSCE y CADHP, Declaración Internacional sobre Diversidad en la Radiodifusión. 12 de diciembre de 2007
Reservas de espectro ―Se establecerán reservas sobre el recurso destinadas a medios de comunicación sin ánimo de lucro, comunitarios o públicos‖ (art. 15) Los Relatores de Libertad de Expresión de las Américas, Europa, África y Naciones Unidas han recomendado que se destine espectro suficiente para preservar la existencia de los tres sectores (comercial, público y comunitario): ―Se debe asignar suficiente ‗espacio‘ para la transmisión de las diferentes plataformas de comunicación para asegurar que el público, como un todo, pueda recibir un espectro variado de servicios de medios de comunicación‖. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha sido aún más precisa al afirmar que debería haber reservas de espectro para la existencia de medios comunitarios y otros sin fines de lucro, recomendando ―legislar en materia de radiodifusión comunitaria, de manera que se destine parte del espectro a radios comunitarias‖ (informe 2007)
y ―legislar en materia de
radiodifusión comunitaria, de manera que se destine una parte equitativa del espectro y del dividendo digital a las radios y canales comunitarios‖ (informe 2008)85. Varios países han avanzado en incluir reservas de espectro para el sector comunitario (aunque sin definir reservas para los otros dos). En la región puede citarse Uruguay (2007) que reserva al menos un tercio de las frecuencias disponibles en cada localidad y en cada banda de radio y TV para los medios comunitarios; y Argentina (2009) que reserva un 33% del espectro para estos medios. …….. No obstante estos aspectos positivos del proyecto es necesario destacar que sin la inclusión de otros artículos que expliciten y desarrollen su alcance, su efectiva vigencia puede quedar cuestionada por una insuficiente aplicación posterior o
CIDH, Informe Anual 2007. Volumen III: Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo III: Conclusiones y Recomendaciones. Párr. 6 85 CIDH, Informe Anual 2008, Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, párr. 10 (n)
una reglamentación que no respete los objetivos buscados por los legisladores. Daremos una serie de ejemplos y sugerencias de aspectos claves que deberían incluirse en esta Ley citando algunas de las propuestas a estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se anexan en forma completa. Organismo regulador para radio y televisión La regulación del otorgamiento de las concesiones de uso de las frecuencias de radio y televisión, así como su eventual renovación o revocación desde 2009 son una potestad directa del gobierno, a caro de su nuevo Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Las recomendaciones internacionales son claras respecto a que ―la regulación de los medios de comunicación con el propósito de promover la diversidad, incluyendo la viabilidad de los medios públicos, es legítima sólo si es implementada por un órgano que se encuentre protegido contra la indebida interferencia política y de otra índole, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos‖86. De hecho, los estándares internacionales relacionan la reducción de los márgenes de discriminación con la existencia de un organismo regulador independiente en materia de concesiones, para lo cual es ―fundamental que los órganos de regulación o fiscalización de los medios de comunicación sean independientes del poder ejecutivo, se sometan completamente al debido proceso y tengan un estricto control judicial‖87. Entonces, atender estas recomendaciones obliga al Estado ecuatoriano a considerar la creación de un organismo independiente del gobierno, así como a salvo de la integración o de las presiones de grupos económicos88. Al respecto, las recomendaciones apuntan a que se diseñen mecanismos efectivos por los cuales ―las entidades y órganos gubernamentales que regulan la radiodifusión
Relatores Libertad de Expresión ONU, OEA, OSCE y CADHP, Declaración Internacional sobre Diversidad en la Radiodifusión. 12 de diciembre de 2007 87 CIDH, Informe Anual 2008, Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, párr. 82 88 El CONARTEL (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión), organismo regulador de estos servicios, no logró nunca tener una independencia del gobierno ni mucho menos de los grupos económicos que regulaba, ya que las gremiales de la radio y la televisión ecuatoriana integraban el organismo que debía fiscalizar su actuación, que un informe de la Procuraduría confirmó que era inconstitucional
deben estar constituidos de manera de estar protegidos contra las injerencias políticas y comerciales‖89. SUGERENCIA: Debería crearse un organismo verdaderamente independiente del gobierno y de los empresarios y otros poderes fácticos para que regule al sector de la radio y la TV y, en especial, el otorgamiento de las concesiones para el uso de las frecuencias radioeléctricas. ―El otorgamiento de concesiones y las asignaciones de uso de frecuencias, cuando correspondan, para los servicios de radiodifusión y de comunicación audiovisual así como las tareas de aplicación, regulación y fiscalización deben ser desarrolladas por organismos estatales autárquicos e independientes del gobierno en el ejercicio de su mandato y protegidos de la interferencia de grupos económicos o empresariales. Se debe garantizar una efectiva participación de la Sociedad Civil en estos procesos‖ (principio N°23). ―Los Estados deben sancionar normas que prevean las condiciones de idoneidad de los integrantes de la autoridad reguladora y de aplicación, así como de su independencia funcional de parte de los sectores regulados con cierta anterioridad a su incorporación y de un lapso posterior a su egreso‖ (principio N°24). ―Para brindar certezas jurídicas, cualquier sanción o medida adoptada por la autoridad reguladora y de aplicación debe estar fundada en ley formal y cumplir los requisitos de publicidad y justicia del debido proceso legal, perseguir un fin legítimo y ser estrictamente proporcional a la gravedad de la falta
Relatores Libertad de Expresión ONU, OEA y OSCE, Declaración Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo.20 de noviembre de 2001
acreditada y a los antecedentes del involucrado‖ (principio N°25)90. Procedimientos y criterios para el otorgamiento de concesiones Si bien los principios mencionados para el acceso son adecuados, deberían ser ampliados con menciones más claras y expresas para que no haya interpretaciones que desvirtúen su finalidad. SUGERENCIA: Incluir menciones expresas sobre los procedimientos y criterios que garanticen el acceso equitativo y en igualdad de oportunidades, tales como: ―El principio general para la adjudicación de concesiones para los sectores comunitario y comercial debe ser el concurso abierto, transparente y público, y debe incluir mecanismos de participación pública no vinculantes, como las audiencias públicas. Los Estados podrán fijar condiciones de registro para la explotación de servicios de comunicación audiovisual que no exploten recursos limitados como las frecuencias radioeléctricas o que no lleguen directamente al público‖ (principio N°28). ―Los concursos pueden estar diferenciados según los sectores de radiodifusión, a través de procedimientos y criterios específicos, y deberán tomar en consideración la naturaleza y las particularidades del sector de los medios comunitarios, y otros sin fines de lucro, para garantizarles una participación efectiva y no discriminatoria. Los criterios para evaluar y seleccionar entre varios interesados a una concesión deben estar establecidos en la legislación
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual, noviembre de 2009
de manera previa y clara en atención a garantizar la igualdad de oportunidades, la diversidad y el pluralismo en el acceso a los medios y tomando en cuenta que los Estados deben propender, con reglas transparentes y no discriminatorias, a que los medios ejerzan con responsabilidad la función social que desarrollan‖ (principio N°32). ―Las solicitudes en caso de los medios comunitarios o sin fines de lucro se deberían evaluar teniendo en cuenta los siguientes criterios: la pertinencia del proyecto comunicacional, social y cultural, la participación de la comunidad en la emisora, los antecedentes de trabajo comunitario de la organización interesada y el aporte que hará la emisora a la diversidad en el área de cobertura‖ (principio N°33). ―Las solicitudes en el caso de los medios
comerciales se deberían evaluar teniendo en cuenta los siguientes criterios: que provengan de personas físicas o jurídicas que en la actualidad no sean titulares de otros servicios de radiodifusión o comunicación audiovisual; que favorezcan la prestación de servicios a la comunidad mediante la oferta de programas o servicios que no brinden otros medios; que tiendan al fortalecimiento de la producción cultural local a través de espacios destinados a estimular y difundir programas de producción nacional y local, propia o independiente; que contemplen el otorgamiento de espacios gratuitos para organizaciones sociales;
que ofrezcan la mayor cantidad de empleos directos y dignos‖ (principio N°34)91. Concentración de medios Aunque está mencionado debidamente, es ampliamente insuficiente e incompleta la inclusión de un artículo sobre la concentración de medios. Hay creciente consenso en que se deben establecer medidas concretas y efectivas para evitar, limitar e impedir la formación de monopolios y oligopolios, como una exigencia central para lograr una efectiva libertad de expresión e información. Según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes anti-monopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos” 92 por lo cual “deben adoptarse medidas efectivas para evitar una concentración indebida de la propiedad en los medios de difusión”93. SUGERENCIAS: Incluir medidas concretas para el debido cumplimiento del principio de no concentración como las que se mencionan: ―En reconocimiento de la particular importancia que la diversidad de los medios de comunicación tiene para la democracia, para prevenir la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes anti-monopólicas. Tales medidas deben implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual, noviembre de 2009 92 CIDH, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio N°12, octubre 2000 93 Relatores Libertad de Expresión ONU, OEA y OSCE, Declaración Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo.20 de noviembre de 2001
los medios de comunicación a todos los niveles. Además deben involucrar un monitoreo activo, el tomar en cuenta la concentración de la propiedad, en caso que sea aplicable, en el proceso de concesión de licencias, el reporte con antelación sobre grandes combinaciones propuestas, y la concesión de autoridad para evitar que tales combinaciones entren en vigor‖94. ―Los Estados deben adoptar políticas y medidas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión y de comunicación audiovisual deben estar sujetos a normas antimonopólicas, mediante el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación a todos los niveles por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de todas las personas‖ (principio N°9)95. ―Los Estados deben fijar normas contra la
concentración basadas tanto en la cantidad de servicios de comunicación audiovisual que pueda acumularse por titularidad directa, control u otros modos de injerencia en la voluntad social, como por la incidencia en los mercados en los que actuara o influyera‖ (principio N°10)96.
Relatores Libertad de Expresión ONU, OEA, OSCE y CADHP, Declaración Internacional sobre Diversidad en la Radiodifusión. 12 de diciembre de 2007 95 Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual, noviembre de 2009 96 Ídem anterior
Documentos y comunicación estudios sobre marcos legislativos de
Instrumentos internacionales 1. Declaración Universal de Derechos Humanos 2. Convención Americana sobre derechos humanos, artículos 13 y 14 Derecho de acceso a la información 1. Libertad de Información: Comparación Jurídica Internacional 2. El derecho a la Información en América Latina: Comparación Jurídica Medios de servicio público 1. La Radio y Televisión Pública ¿Por qué? ¿Cómo? 2. Radiotelevisión de Servicio Público: Un Manual de Mejores Prácticas 3. Model Public Service Broadcasting Law (en inglés) Medios comunitarios 1. Legislación sobre radiodifusión sonora comunitaria, UNESCO 2. Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria, AMARC Indicadores 1. Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social Guías para la regulación de la radio y televisión 1. Guidelines for broadcast regulation (en inglés) Otros principios, declaraciones y materiales de referencia 1. Declaración de Santiago sobre el desarrollo de los medios de comunicación y la democracia en América Latina y el Caribe, UNESCO 2. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 3. Memoria del Seminario Internacional “Ciudadanía por los derechos de la comunicación”, Quito (24-26 agosto 2009)
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