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Timestamp: 2016-10-22 22:02:37
Document Index: 146387645

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 182', 'artículo 196', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'in fine', 'artículo 3', 'artículo 84', 'artículo 38', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 42', 'artículo 76', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 37']

ORDEN INT/3099/2007, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social
ORDEN INT/3099/2007, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social	ORDEN INT/3099/2007, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social Mis Leyes
ORDEN INT/3099/2007, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social Estado	:
INT/3099/2007	Boletín Oficial	:
El Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, establece, entre las funciones de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la planificación, la coordinación y la gestión de la acción social de los internos de los centros penitenciarios, de los liberados condicionales y de las personas sometidas a penas alternativas y medidas de seguridad, así como de las familias de todos los anteriores. Se atribuyen asimismo la planificación, la coordinación y la gestión de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, de la libertad condicional y de las medidas de seguridad, elaborando los informes que sobre éstos requieran las autoridades judiciales correspondientes, además de la coordinación de los programas de intervención de organizaciones no gubernamentales en los centros penitenciarios.
El Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, y modificado, entre otras, por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, y por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, recoge, en su artícu-lo 96, las medidas de seguridad, tanto privativas como no privativas de libertad, regulando en los artículos 95 y 101 a 106 la aplicación, ejecución y seguimiento de las mismas. El apartado segundo del artículo 90 establece la posibilidad de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria, al decretar la libertad condicional de los penados, pueda imponerles la observancia de una o varias de las reglas de conducta previstas en los artículos 83 y 96, apartado tercero, del Código Penal. Asimismo, los artículos 80 a 87 regulan la posibilidad de que los Jueces y Tribunales sentenciadores dejen en suspenso la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta a un penado por el plazo que se establezca y condicionada al cumplimiento de determinadas obligaciones y deberes o al sometimiento de un tratamiento de deshabituación. En ese caso, los servicios correspondientes de la Administración competente o los centros o servicios responsables del tratamiento informarán al Juez o Tribunal sentenciador del seguimiento realizado.
Por su parte, el artículo 182, apartado tercero, del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, especifica que la Administración Penitenciaria correspondiente celebrará los convenios necesarios con otras Administraciones Públicas o con entidades colaboradoras para la ejecución de las medidas de seguridad privativas de libertad previstas en el Código Penal. No obstante, existen otros supuestos en los que también se da tal colaboración, distintos de los de la ejecución de dichas medidas, que por la propia naturaleza de los mismos justifican la posibilidad de establecer, igualmente, los convenios o acuerdos necesarios por parte de la Administración Penitenciaria.
En los casos de liberados condicionales enfermos muy graves, con padecimientos incurables, el artículo 196, apartado cuarto, del Reglamento Penitenciario especifica que la Administración velará por facilitar al penado el apoyo social externo cuando carezca del mismo.
Y por último, el artículo 17, apartado sexto, del Reglamento Penitenciario establece que la Administración Penitenciaria fomentará la colaboración y participación de las instituciones públicas y privadas de asistencia al menor en las Unidades de Madres, o en las Unidades Dependientes creadas al efecto para internas clasificadas en tercer grado que tengan en su compañía hijos menores de tres años. A tal fin, celebrará los convenios precisos para potenciar al máximo el desarrollo de la relación materno-filial y de la formación de la personalidad de los niños.
Teniendo en cuenta los preceptos citados, así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presente Orden se dicta previo informe de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Departamento, y previa aprobación de la Titular del Ministerio de Administraciones Públicas.
Primero. Definición del objeto de la subvención.-El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en su ámbito de competencias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, apartado primero, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, con los siguientes fines:
Para colaborar en la ejecución y seguimiento de las medidas de seguridad, tanto privativas como no privativas de libertad, y de las reglas de conducta previstas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, reguladas en los artículos 83, 90, apartado segundo, 95 y 96 y 102 a 106 del mismo.
Para la asistencia integral de liberados condicionales enfermos terminales en aplicación de los artículos 92, apartado primero, párrafo segundo, del Código Penal y 196, apartado segundo, del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Y para la colaboración en la integración social de los niños que permanecen con sus madres en los centros penitenciarios, tal como establece el artículo 17, apartado sexto, del Reglamento Penitenciario.
La convocatoria de esta subvención se realizará, de manera general, con carácter anual.
Segundo. Régimen jurídico.-Esta subvención se ajustará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en sus normas de desarrollo y en la convocatoria específica de la subvención.
Tercero. Programas objeto de la subvención.
1. Programas para la colaboración en la ejecución y seguimiento de medidas de seguridad, reglas de conducta, y suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad:
1.3 Subprogramas de colaboración en la ejecución de la medida alternativa o regla de conducta de sumisión a tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter socio-sanitario.
1.4 Subprogramas de colaboración en la ejecución de la medida alternativa o regla de conducta de sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de educación vial, sexual, violencia doméstica y otros similares. 2. Programas para la colaboración en la integración social de los niños que permanecen en las Unidades de Madres de diversos Centros Penitenciarios, al menos con las siguientes líneas de actuación:
3. Programas para la colaboración en la integración social de los niños en las Unidades Dependientes de determinados Centros Penitenciarios en las siguientes líneas de actuación:
4. Programas de acogida con asistencia integral de liberados condicionales, que contemplen, al menos, las siguientes líneas de actuación:
5. Programas de acogida a liberados condicionales que presenten algunas de estas necesidades:
Cuarto. Requisitos que deben reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención.
2. Podrán solicitar la subvención referida en el apartado primero las fundaciones, asociaciones, instituciones, organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que reúnan los siguientes requisitos:
b) Tener ámbito estatal de actuación, según su título constitutivo, que les habilite para desarrollar programas de carácter estatal relacionados directamente con alguna o algunas de las actividades determinadas en el apartado tercero de las presentes bases.
c) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se considerarán también entidades sin fines de lucro aquéllas que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en los fines sociales previstos en el artículo 3 del Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas para fines de interés social derivados de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
d) Tener como fines institucionales la realización de alguna o algunas de las actividades a las que se refiere el apartado tercero de las presentes bases.
e) Acreditar, mediante declaración responsable, que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
f) Disponer de los medios personales y materiales y de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, acreditando la experiencia operativa suficiente para ello, y contar con todas las autorizaciones preceptivas de las instituciones responsables.
Quinto. Distribución del crédito.
1. La instrucción del procedimiento se realizará por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas.
2. Se crea una Comisión de Evaluación, a la que le corresponde realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
La emisión de informe sobre las valoraciones de la documentación presentada en las solicitudes.
La realización, en su caso, del trámite de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El Presidente será el Subdirector General de Medio Abierto y Medidas Alternativas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
La Vicepresidenta será la Subdirectora General de Sanidad Penitenciaria de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Serán Vocales la Subdirectora General Adjunta de Medio Abierto y Medidas Alternativas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el Subdirector General Adjunto de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el Jefe del Área de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Director del Centro de Inserción Social «Victoria Kent» de Madrid.
El Secretario será el Jefe del Área de Servicios Sociales de la Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
2. El órgano competente para la resolución será aquel órgano administrativo que tenga atribuida la competencia, propia o delegada, para conceder la subvención con cargo a los créditos de los servicios presupuestarios del ámbito de sus competencias.
Séptimo. Solicitud, memorias, documentación y subsanación de errores.
1.1 Modelo y presentación de solicitudes.-Las solicitudes de subvención se formalizarán con arreglo al modelo que figura como anexo I de la presente Orden.
Los modelos de impresos podrán ser recogidos en la sede de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá 38-40, 28014 Madrid, y en la dirección de la página web: www.mir.es
Las solicitudes dirigidas a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias podrán ser presentadas en las sedes y direcciones señaladas en el párrafo anterior, así como en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
1.2 Plazo de presentación.-El plazo de presentación será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
2.1 La solicitud deberá estar acompañada de una memoria explicativa de las características principales de la entidad solicitante, así como de otra memoria por cada uno de los programas y/o subprogramas para los que se solicita la subvención, en la que se detallen las actividades a desarrollar en el programa para el que se solicita subvención, siendo necesario, en el caso del subprograma 1.4, especificar el tipo de programa de entre los descritos. En el programa 2 se deberá especificar si se trata de programas a desarrollar en las Unidades de Madres y/o en las Unidades dependientes, en cuáles de ellas y las líneas de actuación que se seguirán. También se deberán hacer indicaciones en el programa 3, especificando el tipo o tipos de necesidades que se atienden con el programa propuesto.
Las memorias se formalizarán con arreglo a los modelos que se integran como anexos II y III a la presente Orden, teniendo en cuenta que los datos no cumplimentados en los modelos de memorias no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de su valoración. En el supuesto de que no sea suficiente con una hoja, se utilizarán cuantas sean necesarias. Las memorias, debidamente firmadas por el representante legal de la entidad, servirán de certificación de la veracidad de los datos que en ellas se contienen.
2.2 Los conceptos de gastos que a continuación se señalan, estarán sometidos a las siguientes limitaciones:
b) Gastos de personal: Las retribuciones del personal de la entidad que esté adscrito al cumplimiento del programa subvencionado, únicamente podrán ser objeto de subvención hasta el importe de las retribuciones fijadas por la jornada real de trabajo para las correspondientes categorías en el Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, salvo que, por la aplicación directa de otros Convenios Colectivos del sector, le correspondan cuantías superiores. Los gastos a subvencionar serán exclusivamente los correspondientes a las retribuciones devengadas por la actividad desarrollada en el programa, siempre que no superen el 40 por 100 del importe total subvencionado del programa, salvo que en atención a la naturaleza del mismo se autorice otro porcentaje en el Acuerdo.
3. Documentación que deberá acompañar a la solicitud y a las memorias.-La solicitud, además de las citadas memorias, deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Original o copia con el carácter de auténtica o fotocopia compulsada del documento acreditativo de la identidad del solicitante y poder bastante que acredite su representación.
d) Declaración responsable del representante legal de la entidad en la que conste que la misma está al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
4. Subsanación de errores.-Si el escrito de solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de la subvención solicitada como de la entidad solicitante, o de algunos de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se requerirá a la entidad u organización solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71, apartado primero, de la citada Ley, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 42 de dicha Ley.
En cualquier momento podrá instarse a la entidad u organización solicitante a que complete los requisitos omitidos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá considerar desistida en su derecho a la tramitación de su solicitud; sin embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
Octavo. Criterios generales de valoración.-Serán valorados como criterios en la concesión de la subvención, con el porcentaje determinado en cada uno de los apartados que se reseñan a continuación, los siguientes:
Noveno. Informes.-A fin de facilitar la evaluación de las solicitudes, la Comisión de Evaluación podrá requerir a las entidades u organizaciones solicitantes la aclaración o ampliación de la información contenida en las memorias.
1. El órgano instructor (Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas), basándose en el informe emitido por la Comisión de Evaluación en el que concrete el resultado de la evaluación efectuada a la vista de todo lo actuado, formulará la oportuna propuesta de resolución.
2. El órgano competente para la resolución adoptará la que proceda.-La resolución será motivada, debiendo en todo caso quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte, haciéndose constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La resolución del órgano competente se dictará en el plazo máximo de quince días desde la conclusión de la instrucción del procedimiento, se notificará a los solicitantes y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma recurso de reposición potestativo y recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos por la legislación vigente.
Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, que será de tres meses a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria, sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que es desestimatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, apartado quinto, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La subvención concedida se hará pública en el Boletín Oficial del Estado.
El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad u organización no gubernamental beneficiaria para el desarrollo del programa subvencionado.
Undécimo. Obligaciones de las entidades u organizaciones beneficiarias.-Las entidades u organizaciones beneficiarias de la subvención quedarán obligadas a lo siguiente:
Duodécimo. Control, seguimiento y evaluación.-La ejecución de las actividades comprendidas en el programa subvencionado se someterá al control, comprobación, seguimiento, inspección y evaluación que determine la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de las competencias de la Intervención General de la Administración del Estado.
Decimotercero. Abono de la subvención y justificación de los gastos.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a una cuenta abierta por la entidad, exclusivamente para los ingresos y pagos referidos a la subvención concedida, estando la Dirección General de Instituciones Penitenciarias facultada para requerir la información que, en su caso, precise en relación con dicha cuenta.
La citada justificación deberá presentarse en el plazo que establezca la convocatoria ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas), quien asumirá las competencias relativas a la revisión de la documentación acreditativa de la aplicación de la subvención concedida.
La documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención deberá ir acompañada de una relación de justificantes por cada concepto de gasto autorizado, conforme al desglose presupuestario establecido en la resolución. Dicha documentación consistirá en una documentación de carácter general y en una documentación específica para cada tipo de gasto.
Debe aportarse como documentación de carácter general, una certificación del representante legal de la entidad en la que consten los siguientes extremos:
Debe aportarse la documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gasto, que debe adecuarse a lo dispuesto en el mencionado manual de instrucciones, teniendo en cuenta los siguientes extremos:
a) Gastos de actividades y mantenimiento: Los gastos efectuados en el programa subvencionado de acuerdo con los conceptos aprobados, se justificarán con las facturas o recibos originales, las cuales deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se regulan las operaciones de facturación.
d) Gastos de gestión y administración: Para el caso de que se contrate a un gestor para la administración del programa subvencionado, se justificará con igual documentación a la relacionada en la letra b).
4. Las cantidades asignadas a los conceptos de gasto del programa subvencionado podrán sufrir desviaciones en una cuantía de hasta un 10 por 100, en más o en menos, siempre que no se modifique la cuantía total subvencionada, cuando las necesidades de ejecución del programa lo requieran y siempre que no superen las limitaciones establecidas en el punto 2.2, letras b), c) y d), del apartado sexto de las presentes bases en lo que respecta a gastos de personal, dietas y gastos de viaje y gastos de gestión y administración.
Decimocuarto. Memoria final justificativa de la realización del programa subvencionado.-La entidad subvencionada deberá presentar ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas) una memoria final justificativa de la aplicación de la subvención concedida en el plazo previsto en la convocatoria. A estos efectos, los contenidos mínimos de dicha memoria serán los siguientes:
1. Entidad; 2. Denominación del programa; 3. Colectivo de atención; 4. Breve referencia al contenido del programa; 5. Período de ejecución del programa; 6. Resumen económico: Importe subvencionado y estado de liquidación del programa, desglosado por origen de financiación y por conceptos de gasto; 7. Número de beneficiarios o usuarios directos; 8. Modificaciones solicitadas al Acuerdo: Análisis de su necesidad; 9. Localización territorial del programa; 10. Metodología o instrumentos utilizados; 11. Actuaciones realizadas; 12. Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible; 13. Resultados obtenidos del programa, cuantificados y valorados; 14. Desviaciones respecto de los objetivos previstos; y 15. Conclusiones.
Decimoquinto. Responsabilidad y régimen sancionador.-Las entidades u organizaciones adjudicatarias de la subvención quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y la obtención para los mismos proyectos o actividades de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones Publicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas, tanto nacionales como internacionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, podrá dar lugar a la modificación o revocación de la resolución de concesión, debiendo el beneficiario proceder al reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas en la cuantía que se determine.
En todo caso, si los gastos efectivamente realizados fueran inferiores a los presupuestados inicialmente, se modificará la resolución de concesión, procediéndose a deducir de la cantidad subvencionada una cantidad proporcional a la disminución que haya sufrido el coste inicial presupuestado con respecto al importe real de los gastos efectuados.
2. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
Los defectos materiales darán lugar al reintegro total salvo que el cumplimiento se aproxime de forma significativa al cumplimiento total y se acredite la buena fe. El incumplimiento de un programa concreto de los recogidos en el apartado tercero de estas bases reguladoras por causa imputable a la entidad u organización beneficiaria determinará el reintegro total de la subvención.
3. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en sus disposiciones de desarrollo.
El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano gestor de la subvención, una vez revisada la documentación justificativa del gasto de la subvención y no hallada completa y conforme, en todo o en parte, o ante la detección de cualquiera de las restantes causas de reintegro.
Las resoluciones del órgano competente, dictadas en el ejercicio de las atribuciones delegadas por el Ministro, pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso de reposición potestativo y recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos previstos por la legislación vigente.
Si no hubiera recaído resolución expresa transcurridos seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación, y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
Se declarará concluido el procedimiento y se archivarán las actuaciones sin más trámite, si la entidad interesada subsanase los defectos detectados en la justificación de gastos o reintegrase voluntariamente las cantidades cuya aplicación se aprecie incorrecta, y así lo acreditase ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en cualquier momento del procedimiento antes de que se dicte la resolución declarativa de incumplimiento y de procedencia de reintegro.
Madrid, 3 de octubre de 2007.-El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
ORDEN INT/3099/2007, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social	Trámites