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Timestamp: 2018-07-22 12:56:32
Document Index: 405952764

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 32', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 32', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 23', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 32', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 9', 'artículo 22', 'artículo 14', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 18', 'artículo 22', 'Artículo 19', 'artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 22', 'artículo 27', 'artículo 22', 'artículo 27', 'artículo 22', 'artículo 27', 'artículo 22', 'artículo 28', 'artículo 22', 'artículo 29', 'artículo 22', 'artículo 30', 'artículo 22', 'artículo 30', 'artículo 22', 'artículo 38', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 32', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 149', 'artículo 148']

Vigencia desde 01 de Enero de 2007. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2012 hasta 30 de Junio de 2012
Artículo 3 Principios de la Ley
Artículo 4 Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia
Artículo 5 Titulares de derechos
TÍTULO I. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
CAPÍTULO I. Configuración del Sistema
Artículo 6 Finalidad del Sistema
Artículo 7 Niveles de protección del Sistema
Artículo 8 Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Artículo 9 Participación de la Administración General del Estado
Artículo 10 Cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
Artículo 11 Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema
Artículo 12 Participación de las Entidades Locales
CAPÍTULO II. Prestaciones y Catálogo de servicios de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
SECCIÓN 1. PRESTACIONES DEL SISTEMA
Artículo 13 Objetivos de las prestaciones de dependencia
Artículo 14 Prestaciones de atención a la dependencia
Artículo 15 Catálogo de servicios
Artículo 16 Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
SECCIÓN 2. PRESTACIONES ECONÓMICAS
Artículo 17 Prestación económica vinculada al servicio
Artículo 18 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales
Artículo 19 Prestación económica de asistencia personal
Artículo 20 Cuantía de las prestaciones económicas
SECCIÓN 3. SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y DE ATENCIÓN Y CUIDADO
Artículo 21 Prevención de las situaciones de dependencia
Artículo 22 Servicio de Teleasistencia
Artículo 23 Servicio de Ayuda a Domicilio
Artículo 24 Servicio de Centro de Día y de Noche
Artículo 25 Servicio de Atención residencial
CAPÍTULO III. La dependencia y su valoración
Artículo 26 Grados de dependencia
Artículo 27 Valoración de la situación de dependencia
CAPÍTULO IV. Reconocimiento del derecho
Artículo 28 Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema
Artículo 29 Programa Individual de Atención
Artículo 30 Revisión del grado o nivel de dependencia y de la prestación reconocida
Artículo 31 Prestaciones de análoga naturaleza y finalidad
CAPÍTULO V. Financiación del Sistema y aportación de los beneficiarios
Artículo 32 Financiación del Sistema por las Administraciones Públicas
Artículo 33 La participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones
TÍTULO II. La calidad y eficacia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
CAPÍTULO I. Medidas para garantizar la calidad del Sistema
Artículo 34 Calidad en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Artículo 35 Calidad en la prestación de los servicios
CAPÍTULO II. Formación en materia de dependencia
Artículo 36 Formación y cualificación de profesionales y cuidadores
CAPÍTULO III. Sistema de información
Artículo 37 Sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Artículo 38 Red de comunicaciones
CAPÍTULO IV. Actuación contra el fraude
Artículo 39 Acción administrativa contra el fraude
CAPÍTULO V. Órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Artículo 40 Comité Consultivo
Artículo 41 Órganos consultivos
TÍTULO III. Infracciones y sanciones
Artículo 42 Responsables
Artículo 46 Prescripción
Artículo 47 Competencias
Disposición adicional primera Financiación de las prestaciones y servicios garantizados por la Administración General del Estado
Disposición adicional segunda Régimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio
Disposición adicional tercera Ayudas económicas para facilitar la autonomía personal
Disposición adicional cuarta Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
Disposición adicional quinta Registro de Prestaciones Sociales Públicas
Disposición adicional sexta Modificación del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Disposición adicional séptima Instrumentos privados para la cobertura de la dependencia
Disposición adicional octava Terminología
Disposición adicional novena Efectividad del reconocimiento de las situaciones vigentes de gran invalidez y de necesidad de ayuda de tercera persona
Disposición adicional décima Investigación y desarrollo
Disposición adicional undécima Ciudades de Ceuta y Melilla
Disposición adicional duodécima Diputaciones Forales, Cabildos y Consejos Insulares
Disposición adicional decimotercera Protección de los menores de 3 años
Disposición adicional decimocuarta Fomento del empleo de las personas con discapacidad
Disposición adicional decimoquinta Garantía de accesibilidad y supresión de barreras
Disposición adicional decimosexta Pensiones no contributivas
Disposición transitoria primera Participación en la financiación de las Administraciones Públicas
Disposición final primera Aplicación progresiva de la Ley
Disposición final segunda Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Disposición final tercera Comité Consultivo
Disposición final cuarta Marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la Ley
Disposición final sexta Informe anual
Disposición final séptima Habilitación normativa
Disposición final octava Fundamento constitucional
Téngase en cuenta que durante 2017 se suspende la aplicación del presente artículo 7.2, conforme establece la disposición adicional nonagésima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 («B.O.E.» 28 junio).
Téngase en cuenta que durante 2017 se suspende la aplicación del presente artículo 8.2.a) conforme establece la disposición adicional nonagésima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 («B.O.E.» 28 junio).
Téngase en cuenta que durante 2017 se suspende la aplicación del presente artículo 10 conforme establece la disposición adicional nonagésima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 («B.O.E.» 28 junio).
Téngase en cuenta que durante 2017 se suspende la aplicación del párrafo primero del presente artículo 32.3 conforme establece la disposición adicional nonagésima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 («B.O.E.» 28 junio).
Téngase en cuenta que durante 2016 se suspende la aplicación del artículo 7.2, conforme establece la disposición adicional septuagésima sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («B.O.E.» 30 octubre).
Téngase en cuenta que durante 2016 se suspende la aplicación del artículo 8.2 a), conforme establece la disposición adicional septuagésima sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («B.O.E.» 30 octubre).
Téngase en cuenta que durante 2016 se suspende la aplicación del artículo 10 conforme establece la disposición adicional septuagésima sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («B.O.E.» 30 octubre).
Téngase en cuenta que durante 2016 se suspende la aplicación del artículo 32.3 párrafo primero, conforme establece la disposición adicional septuagésima sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («B.O.E.» 30 octubre).
Ley 26/2015 de 28 Jul. (modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia)
Número 8 del artículo 14 introducido por la disposición final novena de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia («B.O.E.» 29 julio).
Téngase en cuenta que durante 2015 se suspende la aplicación del artículo 7.2, conforme establece la disposición adicional septuagésima tercera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 («B.O.E.» 30 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2015 se suspende la aplicación del artículo 8.2 a), conforme establece la disposición adicional septuagésima tercera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 («B.O.E.» 30 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2015 se suspende la aplicación del artículo 10, conforme establece la disposición adicional septuagésima tercera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 («B.O.E.» 30 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2015 se suspende la aplicación de la disposición transitoria primera, conforme establece la disposición adicional septuagésima tercera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 («B.O.E.» 30 diciembre).
Téngase en cuenta que durante 2014 se suspende la aplicación del presente artículo 7.2, conforme establece la disposición adicional vigésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 («B.O.E.» 26 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2014 se suspende la aplicación del presente artículo 8.2 a) conforme establece la disposición adicional vigésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 («B.O.E.» 26 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2014 se suspende la aplicación del presente artículo 10 conforme establece la disposición adicional vigésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 («B.O.E.» 26 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2014 se suspende la aplicación de la presente disposición transitoria primera conforme establece la disposición adicional vigésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 («B.O.E.» 26 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2014 se suspende la aplicación del párrafo primero del presente artículo 32.3 conforme establece la disposición adicional vigésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 («B.O.E.» 26 diciembre).
Téngase en cuenta que durante 2015 se suspende la aplicación del artículo 32.3 párrafo primero, conforme establece la disposición adicional septuagésima tercera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 («B.O.E.» 30 diciembre).Septuagésima tercera de Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 («B.O.E.» 30 diciembre)
Párrafo final del artículo 23 introducido, con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, por la disposición final décima sexta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 («B.O.E.» 28 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2013 se suspende la aplicación del presente artículo 7.2, conforme establece la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 («B.O.E.» 28 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2013 se suspende la aplicación del presente artículo 8.2.a) conforme establece la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 («B.O.E.» 28 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2013 se suspende la aplicación del presente artículo 10, conforme establece la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 («B.O.E.» 28 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2013 se suspende la aplicación del presente párrafo del artículo 32.3, conforme establece la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 («B.O.E.» 28 diciembre). Téngase en cuenta que durante 2013 se suspende la aplicación de la presente disposición transitoria primera, conforme establece la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 («B.O.E.» 28 diciembre).
Número 4 del artículo 4 redactado por el número uno del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Rúbrica del artículo 8 redactada por el número dos del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Número 1 del artículo 8 redactado por el número dos del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio; corrección de errores 19 julio). Número 3 del artículo 8 introducido por el número dos del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Inciso final del número 2 del artículo 8 suprimido por el número dos del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Número 1 del artículo 9 redactado por el número tres del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio; rectificado por corrección de errores 19 julio). Número 6 del artículo 14 redactado por el número cuatro del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Número 1 del artículo 17 redactado por el número cinco del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Número 2 del artículo 18 redactado por el número seis del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Artículo 19 redactado por el número siete del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Artículo 23 redactado por el número ocho del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Sección 4.ª del Capítulo II del Título I, integrada por el artículo 25 bis, introducida por el número nueve del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio; corrección de errores 19 julio). Número 2 del artículo 26 renumerado por el número diez del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Se corresponde con el anterior número 3 del mismo artículo. Número 1 del artículo 27 redactado por el número once del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Número 2 del artículo 27 redactado por el número once del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Número 3 del artículo 27 redactado por el número once del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Número 3 del artículo 28 redactado por el número doce del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Número 1 del artículo 29 redactado por el número trece del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Rúbrica del artículo 30 redactada por el número catorce del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Número 1 del artículo 30 redactado por el número catorce del artículo 22 de R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Número 3 del artículo 38 redactado por el número quince del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Disposición adicional novena redactada por el número dieciséis del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio; corrección de errores 19 julio). Número 1 de la disposición final primera redactado por el número diecisiete del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Número 3 de la disposición final primera redactado por el número diecisiete del artículo 22 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Las referencias que en la presente Ley se realizan al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a su titular, se entenderán realizadas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a su titular. Asimismo, las referencias al titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, se entenderán realizadas al titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, conforme establece el número 1 de la disposición adicional décima del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Las referencias contenidas en la legislación vigente al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales se entenderán realizadas al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, conforme establece el número 2 de la disposición adicional décima del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio). Véase la disposición transitoria décima del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio), sobre cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, de asistencia personal y de la prestación vinculada al servicio. Véase la disposición transitoria undécima del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección. Véase la disposición transitoria duodécima del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio), sobre intensidad de protección de los servicios del catálogo.
Número 1 de la disposición final primera redactado por la disposición final octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio). Téngase en cuenta que durante 2012 se suspende la aplicación del presente artículo 7.2, conforme establece la disposición adicional cuadragésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio). Téngase en cuenta que durante 2012 se suspende la aplicación del presente artículo 8.2.a), conforme establece la disposición adicional cuadragésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio). Téngase en cuenta que durante 2012 se suspende la aplicación del presente artículo 10, conforme establece la disposición adicional cuadragésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio). Téngase en cuenta que durante 2012 se suspende la aplicación del párrrafo primero del presente artículo 32.3, conforme establece la disposición adicional cuadragésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio). Téngase en cuenta que durante 2012 se suspende la aplicación de la presente disposición transitoria primera, conforme establece la disposición adicional cuadragésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio).
RDL 20/2011 de 30 Dic. (medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público)
Número 1 de la disposición final primera redactado por la disposición final decimocuarta del R.D.-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público («B.O.E.» 31 diciembre).
RDL 8/2010 de 20 May. (medidas extraordinarias para la reducción del déficit público)
Número 2 de la disposición final primera redactado, con efectos de 1 de junio 2010, por el número uno del artículo 5 del R.D.-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público («B.O.E.» 24 mayo). Número 3 de la disposición final primera introducido, en su actual redacción, con efctos de 1 de junio de 2010, por el número dos del artículo 5 del R.D.-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público («B.O.E.» 24 mayo). Número 4 de la disposición final primera renumerado, con efectos de 1 de junio de 2010, por el número tres del artículo 5 del R.D.-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público («B.O.E.» 24 mayo). Su contenido literal se corresponde con el del anterior número 3 del mismo artículo.
Número 5 de la disposición final primera renumerado e introducido, con efectos de 1 de junio de 2010, por el número tres del artículo 5 del R.D.-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público («B.O.E.» 24 mayo). Su contenido literal se corresponde con el del anterior número 4 del mismo artículo.
La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
En octubre de 2003 se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados la Renovación del Pacto de Toledo con una Recomendación Adicional 3.ª que expresa: «resulta por tanto necesario configurar un sistema integrado que aborde desde la perspectiva de globalidad del fenómeno de la dependencia y la Comisión considera necesaria una pronta regulación en la que se recoja la definición de dependencia, la situación actual de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protección».
El reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea. En 2002, bajo la presidencia española, la Unión Europea decidió tres criterios que debían regir las políticas de dependencia de los Estados miembros: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten.
Las conclusiones del Informe de la Subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad, de 13 de diciembre de 2003, coinciden en la necesidad de configurar un sistema integral de la dependencia desde una perspectiva global con la participación activa de toda la sociedad.
En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años, para pasar de 3,3 millones de personas en 1970 (un 9,7 por ciento de la población total) a más de 6,6 millones en 2000 (16,6 por ciento). A ello hay que añadir el fenómeno demográfico denominado «envejecimiento del envejecimiento», es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo veinte años.
Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la población mayor que conlleva problemas de dependencia en las últimas etapas de la vida para un colectivo de personas cada vez más amplio. Asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto la clara correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad, como muestra el hecho de que más del 32% de las personas mayores de 65 años tengan algún tipo de discapacidad, mientras que este porcentaje se reduce a un 5% para el resto de la población.
A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral.
Un 9% de la población española, según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, presenta alguna discapacidad o limitación que le ha causado, o puede llegar a causar, una dependencia para las actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonomía personal en igualdad de oportunidades. Para este colectivo se legisló recientemente con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el «apoyo informal». Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres millones de mujeres, en la última década, al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan.
El propio texto constitucional, en sus artículos 49 y 50, se refiere a la atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos. Si en 1978 los elementos fundamentales de ese modelo de Estado del bienestar se centraban, para todo ciudadano, en la protección sanitaria y de la Seguridad Social, el desarrollo social de nuestro país desde entonces ha venido a situar a un nivel de importancia fundamental a los servicios sociales, desarrollados fundamentalmente por las Comunidades Autónomas, con colaboración especial del tercer sector, como cuarto pilar del sistema de bienestar, para la atención a las situaciones de dependencia.
Por parte de las Administraciones Públicas, las necesidades de las personas mayores, y en general de los afectados por situaciones de dependencia, han sido atendidas hasta ahora, fundamentalmente, desde los ámbitos autonómico y local, y en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, en el que participa también la Administración General del Estado y dentro del ámbito estatal, los Planes de Acción para las Personas con Discapacidad y para Personas Mayores. Por otra parte, el sistema de Seguridad Social ha venido asumiendo algunos elementos de atención, tanto en la asistencia a personas mayores como en situaciones vinculadas a la discapacidad: gran invalidez, complementos de ayuda a tercera persona en la pensión no contributiva de invalidez y de la prestación familiar por hijo a cargo con discapacidad, asimismo, las prestaciones de servicios sociales en materia de reeducación y rehabilitación a personas con discapacidad y de asistencia a las personas mayores.
Es un hecho indudable que las entidades del tercer sector de acción social vienen participando desde hace años en la atención a las personas en situación de dependencia y apoyando el esfuerzo de las familias y de las corporaciones locales en este ámbito. Estas entidades constituyen una importante malla social que previene los riesgos de exclusión de las personas afectadas.
La necesidad de garantizar a los ciudadanos, y a las propias Comunidades Autónomas, un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia y su progresiva importancia lleva ahora al Estado a intervenir en este ámbito con la regulación contenida en esta Ley, que la configura como una nueva modalidad de protección social que amplía y complementa la acción protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social.
Se trata ahora de configurar un nuevo desarrollo de los servicios sociales del país que amplíe y complemente la acción protectora de este sistema, potenciando el avance del modelo de Estado social que consagra la Constitución Española, potenciando el compromiso de todos los poderes públicos en promover y dotar los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantistas y plenamente universales. En este sentido, el Sistema de Atención de la Dependencia es uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la situación de los servicios sociales en nuestro país, respondiendo a la necesidad de la atención a las situaciones de dependencia y a la promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades.
La presente Ley regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas.
El Sistema tiene por finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección a que se refiere la presente Ley. A tal efecto, sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas y para optimizar los recursos públicos y privados disponibles. De este modo, configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconoce como beneficiario su participación en el Sistema y que administrativamente se organiza en tres niveles.
En este sentido, la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 149.1CE), justifica la regulación, por parte de esta Ley, de las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, y con pleno respeto de las competencias que las mismas hayan asumido en materia de asistencia social en desarrollo del artículo 148.1.20 de la Constitución.
La Ley establece un nivel mínimo de protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado. Asimismo, como un segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las Comunidades Autónomas podrán desarrollar, si así lo estiman oportuno, un tercer nivel adicional de protección a los ciudadanos.
La propia naturaleza del objeto de esta Ley requiere un compromiso y una actuación conjunta de todos los poderes e instituciones públicas, por lo que la coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas es un elemento fundamental. Por ello, la ley establece una serie de mecanismos de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, entre los que destaca la creación del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En su seno deben desarrollarse, a través del acuerdo entre las administraciones, las funciones de acordar un marco de cooperación interadministrativa, la intensidad de los servicios del catálogo, las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas, los criterios de participación de los beneficiarios en el coste de los servicios o el baremo para el reconocimiento de la situación de dependencia, aspectos que deben permitir el posterior despliegue del Sistema a través de los correspondientes convenios con las Comunidades Autónomas.
Se trata, pues, de desarrollar, a partir del marco competencial, un modelo innovador, integrado, basado en la cooperación interadministrativa y en el respeto a las competencias.
La financiación vendrá determinada por el número de personas en situación de dependencia y de los servicios y prestaciones previstos en esta Ley, por lo que la misma será estable, suficiente, sostenida en el tiempo y garantizada mediante la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas. En todo caso, la Administración General del Estado garantizará la financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia recogidas en esta Ley.
El Sistema atenderá de forma equitativa a todos los ciudadanos en situación de dependencia. Los beneficiarios contribuirán económicamente a la financiación de los servicios de forma progresiva en función de su capacidad económica, teniendo en cuenta para ello el tipo de servicio que se presta y el coste del mismo.
El Sistema garantizará la participación de las entidades que representan a las personas en situación de dependencia y sus familias en sus órganos consultivos.
Se reconocerá también la participación de los beneficiarios en el sistema y la complementariedad y compatibilidad entre los diferentes tipos de prestaciones, en los términos que determinen las normas de desarrollo.
La Ley se estructura en un título preliminar; un título primero con cinco capítulos; un título segundo con cinco capítulos; un título tercero; dieciséis disposiciones adicionales; dos disposiciones transitorias y nueve disposiciones finales.
En su título preliminar recoge las disposiciones que se refieren al objeto de la Ley y los principios que la inspiran, los derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia, y los titulares de esos derechos.
El título I configura el Sistema de Atención a la Dependencia, la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, a través de los diversos niveles de protección en que administrativamente se organizan las prestaciones y servicios. La necesaria cooperación entre Administraciones se concreta en la creación de un Consejo Territorial del Sistema, en el que podrán participar las Corporaciones Locales y la aprobación de un marco de cooperación interadministrativa a desarrollar mediante Convenios con cada una de las Comunidades Autónomas. Asimismo, se regulan las prestaciones del Sistema y el catálogo de servicios, los grados de dependencia, los criterios básicos para su valoración, así como el procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones.
El título II regula las medidas para asegurar la calidad y la eficacia del Sistema, con elaboración de planes de calidad y sistemas de evaluación, y con especial atención a la formación y cualificación de profesionales y cuidadores. En este mismo título se regula el sistema de información de la dependencia, el Comité Consultivo del sistema en el que participarán los agentes sociales y se dota del carácter de órganos consultivos a los ya creados, Consejo Estatal de Personas Mayores y del Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
Por último, se regulan en el título III las normas sobre infracciones y sanciones vinculadas a las condiciones básicas de garantía de los derechos de los ciudadanos en situación de dependencia.
Las disposiciones adicionales introducen los cambios necesarios en la normativa estatal que se derivan de la regulación de esta Ley. Así, se realizan referencias en materia de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la normativa sobre discapacidad, gran invalidez y necesidad de ayuda de tercera persona, y se prevén las modificaciones necesarias para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia.
La disposición transitoria primera regula la participación financiera del Estado en la puesta en marcha del Sistema en un periodo transitorio hasta el año 2015, de acuerdo con las previsiones del calendario de aplicación de la Ley que se contiene en la disposición final primera.