Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700223.html
Timestamp: 2019-03-20 19:58:04
Document Index: 395936294

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 68', 'artículo 201', 'Artículo 181', 'Artículo 9', 'artículo 168', 'artículo 8', 'artículo 6']

se201700223
SENTENCIA: 223/2017.
EXPEDIENTE: 1244/2013.
PARTES: Administración de Aduana zona Franca Comercial-Industrial El Alto de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 14 a 16 vta., interpuesta por Walter Elías Monasterios Orgaz en representación de Administración de Aduana zona Franca Comercial-Industrial El Alto de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, representada por Daney David Valdivia Coria; la notificación al tercero interesado de fs. 146, y demás antecedentes del proceso.
El Departamento de Inteligencia Fiscal, dependiente de la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional, remitió alerta sobre vehículos que habrían ingresado a Zona Franca Comercial-Industrial El Alto en razón de la antigüedad del modelo y que cuentan con Formulario de Registro de Vehículos sin la correspondiente asociación de una Declaración Única de Importación (DUI), entre los cuales se encuentra el vehículo con Chasis SK82VN346240, sobre el cual se declaró como año del modelo 2007; empero, de la decodificación del VIN se tiene que dicho automotor es del año 2006, conforme a la decodificación realizada de las páginas www.japancar.ru y www.autojapanese.com.
La decodificación está amparada en la NA-ISO 3779, que corresponde a la Norma Andina sobre el Número de Identificación del Vehículo (VIN por sus siglas en inglés), de aplicación obligatoria para el Estado Boliviano al oficializarse la norma internacional ISO 3779 dentro del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones de la cual nuestro país es suscriptor. Al existir duda razonable entre lo declarado y la información obtenida de la decodificación del VIN del vehículo materia de fiscalización, pidieron la aplicación del Fax Instructivo AN-GNNGC-F-05/09, que indica “cuando el año de fabricación del vehículo no corresponda al año del modelo, siempre que el dato correcto no pueda ser constatado físicamente en el vehículo, el importador deberá presentar por cada vehículo, certificado del fabricante de origen en original, en el cual se detalle claramente el año modelo del vehículo y demás características del mismo”.
Al no haberse presentado el certificado antes referido, emitió Acta de Intervención AN-GRLPZ-ELALZI Nº 042/2012, que declaró preliminarmente el vehículo ya citado como contrabando, otorgando el plazo de tres días para presentar descargos; notificado el Grupo empresarial TOWER S.R.L., el 26 de diciembre de 2012, adjuntó descargos que no enervaron ni modificaron los cargos preliminarmente contenidos en el Acta de Intervención, razón por la cual se pronunció la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 007/2013 contra el Grupo TOWER S.R.L., representado por Cesar Miguel Mayta. Interpuesto recurso de Alzada se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0735/2013 de 1 de julio, que anuló la Resolución Sancionatoria antes mencionada. Al ser impugnada por la Administración Aduanera se pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre, que resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-ELALZI 042/2012 de 21 de diciembre, ordenando se emita una nueva acta que especifique el acto u omisión que induce a sostener que se está cometiendo la contravención de contrabando; determinación que atenta contra los derechos de la Administración Aduanera.
La entidad demandante, reclama la violación de la Norma Andina-ISO 3779 señalando que la norma establece que el décimo código del VIN corresponde al año de fabricación; en el caso presente, el vehículo cuestionado tiene el código 2006, en el décimo lugar, lo que equivale a decir que el motorizado tiene el año de fabricación 2006 y, como dicho dato no está físicamente en el vehículo y el documento presentado por el importador resulta contradictorio. El importador no presentó el certificado del fabricante sino únicamente papeles que pueden modificar ese dato; añade que el año fue plenamente confirmado por la decodificación realizada en las páginas de internet, encontrándose prohibida la importación del vehículo y, con base en el art. 181 inciso f) de la Ley N° 2491, debe ser declarado como contrabando.
Afirma que la autoridad demandada no aplicó correctamente la Norma Andina y, que basó la decisión únicamente en la decodificación realizada por la Administración Aduanera sin comprender que el tema se trata de comercio exterior y, en el caso presente, se trata de mercancía fabricada en Japón donde no expiden documentos en español, situación que obliga a la Administración Aduanera emitir pruebas de páginas que están fuera del territorio nacional donde la lengua española no es la oficial.
Finalmente, menciona que al fundamentar el fallo -hoy impugnado- en la vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa del Grupo TOWER S.R.L., se arroga facultades que competen al Tribunal Constitucional, actuándose así sin competencia.
Solicita se admita la demanda; y, luego de la prosecución de trámites, se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre. En consecuencia, se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELEALZI N° 007/2013 de 13 de marzo.
Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), por memorial cursante de fs. 45 a 49, contestó en forma negativa a los términos de la demanda. Y, luego de reproducir los fundamentos de la Resolución de Recurso Jerárquico 1706/2013 de 17 de septiembre, indicó que el art. 168 del Código Tributario Boliviano (CTB) dispone que el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias deberá contener el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención, citando al efecto la SC 0584/2006-R de 20 de junio. Asimismo, señala que en el Sistema de Doctrina Tributaria (SIDOT) de manera uniforme en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ/0257/2010, AGIT-RJ/1882/201, AGIT-RJ /1896/2013, AGIT-RJ/0081/2014 Y AGIT-RJ/0146/2014 entre otras, estableció que la falta de calificación de la conducta vicia el acto de anulabilidad y vulnera los principios del derecho a la defensa y el debido proceso.
Con base en lo expuesto, pide se declare improbada la demanda contenciosa administrativa planteada, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre.
Corrida en traslado la respuesta, la Administración de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial El Alto de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, presentó réplica reiterando los términos de la demanda (fs. 68 a 69).
Daney David Valdivia Coria en representación de la AGIT, por memorial cursante de fs. 72 a 73, presentó dúplica indicando que tanto el Acta de Intervención o Auto Inicial de Sumario Contravencional deben estar motivados.
César Miguel Mayta Alfaro en representación del Grupo Empresarial TOWER S.R.L. -tercero interesado- se apersonó a éste Tribunal (fs. 98 a 99 vta.); sin embargo, al no contar con facultades para asumir representación fue observada por decreto de 12 de mayo de 2016 (fs. 101). Al no cumplirse con la presentación del mandato de representación a pesar de la notificación realizada al tercero interesado, mediante providencia de 18 de mayo de ese año, se decretó Autos para sentencia (fs. 148).
En principio se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la presente controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la entonces Superintendencia Tributaria General -hoy Autoridad General de Impugnación Tributaria-.
En ese sentido, de la revisión de obrados se advierte lo siguiente:
II.1. Cursa Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-ELALZI-042/2012 de 21 de diciembre, que muestra: en el punto II, sobre la relación circunstanciada de los hechos, indica: “…se procedió a realizar la verificación de los datos contenidos en el correo citado, constatándose que el vehículo amparado en el Formulario de Registro de Vehículos (FRV) 121064219, cuyas características se detallan en el cuadrado siguiente, es modelo 2006 de acuerdo a la decodificación del chasis en página de internet autorizadas por Aduana Nacional” (las negrillas fueron añadidas); y, en el punto VII, sobre identificación de los elementos de prueba y medios empleados para la comisión del delito, señala: “Como elementos de prueba, se cuenta con lo siguiente: FRV 121064219; http://auto.japancar.ru/?code=autoyear#result; http://www.auto-japanese.com/Pr_1year/; Plantilla SIZOF de Ingreso 2012232R6891” (fs. 14 a 17 del Anexo 1); notificándose en Secretaría (fs. 19).
II.2. Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI Nº 007/2013 de 13 de marzo, que resolvió declarar probada la comisión de Contravención aduanera por Contrabando contra el responsable Grupo Empresarial TOWER S.R.L., ordenando el comiso definitivo a favor del Estado del vehículo descrito en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-ELALZI-042/2012, disponiendo la adjudicación del motorizado al Ministerio de la Presidencia, con base en el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZI Nº 056/13 de 13 de marzo de 2013, que indica: “(…) Al no haberse establecido fehacientemente el año de modelo de los vehículos, y considerando que se encuentra en vigencia el Fax AN-GNNGC-F-05/09, se concluye que se ha vulnerado lo establecido en los Arts. 181, inciso f) del Código Tributario Boliviano…” (las negrillas fueron añadidas) (fs. 51 a 52 del Anexo 1).
II.3. La referida resolución sancionatoria fue impugnada, por el representante del Grupo empresarial TOWER S.R.L., mediante recurso de Alzada (fs. 4 a 5 vta. del Anexo 2); en prosecución de trámites se dictó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0735/2013 de 1 de julio, que anuló la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI Nº 007/2013 de 13 de marzo (fs. 108 a 116 vta.), con reposición hasta el vicio más antiguo, ordenando a la Administración Tributaria Aduanera emitir una nueva Resolución Sancionatoria que establezca los fundamentos de hecho y derecho respecto a la valoración de los descargos presentados, con base en lo siguiente:
“Se advierte que efectivamente el recurrente presentó descargos en el término establecido por el artículo 98 de la Ley 2492; sin embargo, en el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ N° 056/2012, sólo se realizó el análisis técnico de los Certificados de Exportación, sin detallar la razón específica o motivos por los que las pruebas de descargo no desvirtúan la comisión de contrabando establecida, la Administración Aduanera no fundamenta su posición respecto a las pruebas consistentes en la Factura de Reexpedición N° 22379, MIC/DTA 2327377, Formulario de Inspección previa-Detalle de ingreso de vehículo para reacondicionamiento N° 53299, Formulario de Registro de Vehículos, Parte de recepción Nº 319848, Certificado Medio Ambiental Nº CM-LP-01-02346-2012 emitido por el Instituto Boliviano de Metrología, Certificado original de Exportación emitido por el Ministerio de Transportes de Japón y Certificado original de registro N° 01890; documentos a los que la Resolución Sancionatoria no hace referencia”.
“…el Acto impugnado no valoró en forma adecuada la documentación aparejada por el recurrente en forma oportuna, documentación que debió ser rechazada o aceptada de manera fundamentada; consecuentemente, se vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso garantizados por la CPE y en especial por el artículo 68 incisos 6 y 7 de la Ley 2492…”.
“…la falta de valoración de las pruebas presentadas, demuestran la existencia de vicios en el proceso contravencional que se encuentran sancionados expresamente con la nulidad de obrados conforme los artículos 36-I y II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables en materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley 3092; consecuentemente, corresponde anular obrados hasta la Resolución Sancionatoria…”.
II.4. Presentado recurso de impugnación, por parte de la Administración Aduanera (fs. 136 a 139), se pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre, que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0735/2013 de 1 de julio, con reposición hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional, disponiendo que la Administración Aduanera emita una nueva Acta de Intervención, que especifique los elementos de juicio, el acto u omisión que le induce a sostener que el procesado es autor del ilícito que se le atribuye y en el que conste claramente, de manera detallada y fundamentada los cargos, cumpliendo con los artículos 96.II de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 188 a 196vta., del Anexo 2), con base en lo siguiente:
“…la Administración Aduanera al emitir el Acta de Intervención, omitió cumplir el requisito esencial, de que el acto administrativo debe contener los suficientes elementos de juicio, que lleven a sostener que el operador de comercio es autor del ilícito que se le atribuye, puesto que de la revisión de los elementos de prueba señalados en dicho acto, se advierte que el FRV 121064219, de 13 de diciembre de 2012, señaló que el año de fabricación es 2006 y el año modelo 2007; asimismo, la Planilla SIZOF de Ingreso 2012232R6891, de 20 de diciembre de 2012, en los datos comerciales, descripción indicó que el modelo del vehículo es 2007. Y con relación a las Páginas http://auto.japancar.ru/?code=autop&mode=autoyearcode=autop&mode=autoyear#result, http://www.auto-jaanese.com/Pr_1year, la misma está en un idioma inentendible, y la segunda no cursa en antecedentes administrativos (fs. 1-8 de antecedentes administrativos)”.
“En este entendido, para iniciar un procedimiento sancionatorio por contrabando, corresponde que la Administración Aduanera establezca fehacientemente el año de fabricación y el año modelo del vehículo en cuestión, lo que se logra de diferentes maneras, siendo una de ellas la referencia al VIN (Vehicle Identification Number) o número de Chasis en español (…), para lo cual existen peritos especialistas, siendo uno de ellos DIPROVE que en vez realizada la inspección física, emite el resultado de la evaluación; más aún cuando la Aduana Nacional con las facultades de control y fiscalización, realice una investigación más a fondo con los fabricantes, proveedores o representantes de los mismos; pero no puede basarse en páginas de internet impresas presentadas como prueba, las cuales están en idiomas extranjeros y que corresponderían a empresas de compra venta de vehículos usados; o en pruebas inexistentes”.
“…se evidenció vulneración no solo a los derechos constitucionales sino a la normativa tributaria vigente contenida en los Artículos 115 de la CPE, 68 numeral 6 y 96 parágrafos II y II de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que no se evidenció que en el presente caso se configure la tipificación prevista en el Artículo 181 Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB), 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por la Disposición Adicional Primera del Decreto Supremo N° 572 y el Artículo 9 Inciso a) del Decreto Supremo N° 28963”.
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
En base a lo descrito y los argumentos expuestos por las partes se advierte que la controversia radica en lo siguiente: Si es legal y correcta la anulación de obrados dispuesta, por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre, hasta el Acta de Intervención Contravencional.
Fijado el thema decidendum y revisados los antecedentes descritos ut supra, corresponde resolver la problemática expuesta.
ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.
V.1. Consideraciones previas.
De la revisión de antecedentes se advierte que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre, fundó la decisión de anulación de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-ELALZI-042/2012 de 21 de diciembre, al advertir que la Administración Aduanera incumplió requisitos esenciales previstos en el Código Tributario Boliviano para la validez del Acta de Intervención Contravencional. En ese sentido, se aclara que el control de legalidad solicitado versará únicamente dentro de los alcances y términos dispuestos en la decisión jerárquica antes citada -aspecto formal-, sin cuestionar la interpretación de la Norma Andina ISO 3779 referida al Número de Identificación del Vehículo (VIN) en su contenido y estructura, por lo siguiente: a) La autoridad demandada centró el análisis de la problemática en la observancia de requisitos esenciales para la validez del acta de intervención contravencional, salvando para la Administración Aduanera la Resolución de la problemática de fondo, en base a la normativa legal que incluirá si el caso amerita la exposición de la Norma Andina citada para ser sometida la nueva decisión al escrutinio del sujeto pasivo que podrá pedir la garantía del doble examen a través de los mecanismos de impugnación. En efecto, la parte resolutiva de la Resolución de Recurso Jerárquico, indica: “…debiendo la Administración Aduanera, si corresponde, emitir una nueva Acta de Intervención, que especifique los elementos de juicio, el acto u omisión que le inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito que se le atribuye y en el que conste claramente, de manera detallada y fundamentada los cargos…”; y, en la respuesta a la presente demanda agrega que las contravenciones tributarias deben contener el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención y, la falta de calificación de la conducta vicia el acto administrativo; coligiéndose así, que resolvió exigiendo el cumplimiento de formas esenciales previstas para la validez del Acta de Intervención Contravencional; y, b) La Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre, preservó no interferir en la problemática de fondo (decidir si existe contrabando) en razón a que la potestad aduanera está reservada por Ley para la Aduana Nacional. Así, la SC 0566/2015-S3 señaló: “Acerca de la potestad aduanera es necesario tener en cuenta que todas las actividades vinculadas directa o indirectamente al comercio exterior en cuanto a su control y normal desarrollo son de competencia de la ANB, (…) la potestad aduanera solo podrá ser ejercida en este caso por la ANB en sus distintas reparticiones (Presidencia Ejecutiva, Directorio, Gerencia General, Gerencia Regional, administraciones interiores, etc.), siendo la única entidad que de acuerdo a sus características y las funciones que realiza, en aplicación especial de los procedimientos relativos al comercio exterior, la competente para tal efecto” (las negrillas fueron agregadas), criterio que también fue plasmado en las SSCC 0433/2015-S3 de 4 de mayo, 0636/2015-S3 de 25 de junio y 0675/2016-S3 de 14 de junio; consiguientemente, corresponde a la entidad demandante determinar fundadamente -en el caso particular-, si el Grupo Empresarial TOWER S.R.L. -hoy tercero interesado- incurrió en el ilícito del contrabando, mientras que incumbe a este Tribunal examinar si es legal y correcta la anulación de obrados dispuesta, por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre, hasta el Acta de Intervención Contravencional.
V.2. Análisis del Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-ELALZI-042/2012 de 21 de diciembre
El art. 96.III del CTB establece: “En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo” (las negrillas fueron añadidas); asimismo, el art. 168.I del citado cuerpo legal indica: “Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención…” (el resaltado nos corresponde), estableciendo el párrafo III del artículo 168 antes referido: “Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario”.
En ese contexto, de la revisión de antecedentes, se evidencia que efectivamente a pesar de que el art. 96.II y 168.I del CTB establecen la obligatoriedad para la Administración Aduanera de presentar los cargos de manera razonada, con base en hechos y en derecho, valorando las pruebas de cargo y descargo presentadas; sin embargo, el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-ELALZI-042/2012 de 21 de diciembre, no expone dicha labor, puesto que se limita a concluir que el vehículo amparado en el Formulario de Registro de Vehículos (FRV) 121064219 es modelo 2006 con base en la Plantilla SIZOF de Ingreso 2012232R6891 y las páginas de internet http://auto.japancar.ru/?code=autoyear#result y http://www.auto-japanese.com/Pr_1year/. Y, si bien reconoce que existió duda razonable entre lo declarado y la información obtenida de la decodificación del VIN del vehículo materia de fiscalización, como sostiene en la presente demanda contenciosa administrativa, la Administración Aduanera, tomó la decisión de aplicar directamente el Fax Instructivo AN-GNNGC-F-05/09 sin analizar las pruebas de descargo presentada por el Grupo Empresarial TOWER S.R.L. -hoy tercero interesado-, por considerarlas como papeles que podrían modificar los datos. Precisamente para evitar la arbitrariedad y la injusticia, los arts. 96.II y 168.I del CTB establecen los requisitos esenciales que debe cumplir el Acta de Intervención Contravencional, sancionando su omisión, como en el presente caso, con la sanción drástica de la nulidad prevista en el art. 96.III del CTB, que conlleva la ineficacia de las demás actuaciones administrativas realizadas con posterioridad; es decir, la nulidad del Acta de Intervención Contravencional afectó también a la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI Nº 007/2013 de 13 de marzo, impuesta al ahora tercero interesado.
Por la vinculatoriedad de los fallos del Tribunal Constitucional prevista por el art. 203 de la CPE, este Tribunal comparte el criterio expuesto por la autoridad demandada que citó a la SC 0584/2006-R de 20 de junio, que indicó en un caso equivalente: “…si bien, conforme se concluyó en el Fundamento Jurídico III.2, del presente fallo, un proceso contravencional puede iniciarse con el acta de intervención por permisión de lo dispuesto el art. 168.III del CTB, que estipula que dicho acto procesal suple al auto inicial del sumario contravencional; no es menos evidente, que para que el Acta de intervención pueda suplir al auto inicial del sumario contravencional, debe necesaria e inexcusablemente contener los requisitos mínimos exigibles señalados que son:1) La especificación de los hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito que se le atribuye y, 3) La calificación legal de tal conducta; que no fueron observados, conforme se evidencia de la lectura de dicha Acta de intervención, referida en el punto II.1.1; constatándose, por el contrario, que dicha Acta se limitó a relatar los hechos por los cuales se produjo el decomiso del motorizado en cuestión; omisión ilegal que lesionó la garantía constitucional del debido proceso consagrado por la Constitución en su elemento configurador del derecho a la defensa, así como el derecho a la seguridad jurídica…” (las negrillas fueron añadidas).
Con base en ello, no se evidencia que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre, que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0735/2013 de 1 de julio, con reposición hasta el vicio más antiguo -hasta el Acta de Intervención Contravencional, para que la Administración Aduanera si corresponde, emita una nueva Acta de Intervención, que especifique los elementos de juicio, el acto u omisión que le induce a sostener que el procesado es autor del ilícito que se le atribuye y en el que conste claramente, de manera detallada y fundamentada los cargos, cumpliendo con los artículos 96.II de la Ley N° 2492 (CTB)-, sea ilegal o arbitraria, por cuanto: 1) La facultad de anulación se encuentra dentro de la permisión prevista en el art. 212.I inciso c) del CTB; y, 2) Los antecedentes descritos ut supra demuestran que la Administración Aduanera no cumplió con los requisitos esenciales previstos en el art. 96.II y 168.I del CTB (constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención) que permitan dar validez legal al Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-ELALZI-042/2012 de 21 de diciembre, la referida omisión ocasionó que la referida Acta se tornara arbitraria, en los alcances fijados por la SC 2233/2012 de 8 de noviembre, que indicó que se incurre en motivación arbitraria en el siguiente supuesto: “b.2) (…), cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una `motivación arbitraria` (…).
En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión” (el resaltado fue añadido), fallo jurisprudencial que refuerza el derecho del Grupo Empresarial TOWER S.R.L. -hoy tercero interesado- al reconocimiento de las garantías debidas previstas para el proceso sumario contravencional iniciado en su contra, conforme prevé el art. 68.6 y 10 del CTB, imponiéndose el deber a la administración tributaria de exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho, así como la valoración de las pruebas de descargo presentadas durante el proceso sumario contravencional iniciado, conforme manda el art. 96.II y 168.I del citado cuerpo legal.
Del mismo modo, en el Sistema Interamericano de Justicia, del cual forma parte nuestro país, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, Párrafo 153, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó a los países miembros: “153. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos, que puedan afectar derechos humanos, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias [136]. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ´debidas garantías´ incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso [137]” (el resaltado fue añadido), fallo que forma parte del bloque de constitucionalidad conforme dispone el art. 410.II de nuestra Ley Fundamental y, merece ser observado por el demandante que está obligado a valorar todas las pruebas presentadas y asignar el valor que corresponda a cada una de ellas, resultando inaceptable que sostenga que los documentos de descargo sean papeles susceptibles de modificación en razón a que compromete la buena fe del sujeto pasivo, la presunción de legitimidad y la seguridad jurídica exigida para el comercio exterior y la regulación de la administración aduanera.
Finalmente, respecto al reclamo del demandante en sentido de que la autoridad demandada se hubiese arrogado las facultades del Tribunal Constitucional para determinar la vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa del Grupo TOWER S.R.L. -ahora tercero interesado-, la vinculatoriedad de los fallos constitucionales previsto en el art. 203 de la CPE obliga su cumplimiento a toda autoridad judicial y/o administrativa, como ocurrió en el presente caso en el que se siguió el entendimiento asumido en la SC 0584/2006-R de 20 de junio; pero, además las garantía del debido proceso compele también su materialización a la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en cada caso concreto que resuelve, en razón a la jerarquía normativa de nuestra Norma Fundamental y su eficacia horizontal y vertical prevista en el art. 410.I de la CPE que indica: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”; consecuentemente, no se evidencia que la autoridad demandada se hubiese arrogado competencias del Tribunal Constitucional a momento de resolver el recurso jerárquico planteado por la entidad demandante.
Por lo expuesto, al no haberse demostrado que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre, sea ilegal o arbitraria como se demostró ut supra, no corresponde ser revocada como solicita la entidad demandante.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 6 de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 14 a 16 vta., interpuesta por Walter Elías Monasterios Orgaz en representación de Administración de Aduana zona Franca Comercial-Industrial El Alto de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; y, en consecuencia, MANTIENE firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1706/2013 de 17 de septiembre, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.