Source: http://www.icedaabogadosyasesores.com/2019/08/sentencia-t-62114-beneficios.html
Timestamp: 2019-08-25 06:08:28
Document Index: 116430089

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 24', 'artículo 338', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 287', 'artículo 29', 'artículo 287', 'artículo 1022', 'artículo 1022', 'artículo 19', 'Artículo 44', 'artículo 317', 'artículo 338', 'artículo 294', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 338', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 19', 'artículo 19']

ICEDA Bufete de Abogados : Sentencia T-621/14 . BENEFICIOS TRIBUTARIOS A LAS IGLESIAS CATÓLICAS SE EXTIENDEN A LAS DEMÁS
Sentencia T-621/14 . BENEFICIOS TRIBUTARIOS A LAS IGLESIAS CATÓLICAS SE EXTIENDEN A LAS DEMÁS
Sentencia T-621/14
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Garantías en estado laico y neutral
El carácter laico del Estado está estrechamente relacionado con la libertad e igualdad religiosa, lo que implica que las actividades desarrolladas por aquél, tengan una marcada naturaleza secular, es decir, que los agentes estatales deben evitar tratamientos favorables o perjudiciales a un credo particular. Por esta razón, la valoración de las funciones que el Estado realice respecto de asuntos religiosos deberá tener en cuenta la laicidad secular exigida y su vínculo con la adecuada garantía de la libertad de conciencia, religión y culto. Igualmente, se resalta que si bien se admite un tratamiento jurídico favorable a iglesias y confesiones religiosas, el beneficio otorgado debe ofrecerse en igualdad de condiciones a todas las confesiones religiosas e iglesias que cumplan con los requisitos de ley.
IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS-Condiciones de igualdad/DERECHO A LA IGUALDAD DE CONFESIONES RELIGIOSAS E IGLESIAS
Los principios de Estado laico, pluralismo religioso y deber de neutralidad constitucionales prohíben la discriminación religiosa, no sólo en una dimensión personal sino colectiva. De manera que, aunque se permiten tratos favorables a determinadas comunidades religiosas, la igualdad consagrada en el inciso segundo del artículo 19 Superior implica que las otras confesiones tengan la posibilidad de acceder a los mismos beneficios.
RELIGION CATOLICA-Trato preferencial
En virtud del principio de igualdad ante la ley de las comunidades religiosas, ciertas preferencias otorgadas a la Iglesia Católica han sido extendidas también a otras iglesias.
Los tratamientos jurídicos favorables a iglesias y confesiones religiosos son permitidos siempre que garantice que dichos beneficios podrán ofrecerse a todas las confesiones religiosas e iglesias que cumplan con los requisitos de ley, en los distintos ámbitos tales como el tributario, la objeción de conciencia al servicio militar, a la igual autonomía de las diferentes iglesias y credos en el manejo de sus asuntos, a la igual posibilidad de brindar enseñanza religiosa en establecimientos educativos públicos o privados, incluso, en la decisión de determinar de manera autónoma sí entablan o no relaciones con el Estado.
IGUALDAD ENTRE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS-Orden a Corporación Autónoma Regional eximir a iglesia cristiana del pago del impuesto a la sobretasa ambiental, hasta tanto se expida una ley que desarrolle la igualdad de las iglesias legalmente constituidas con relación a este gravamen
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y PRINCIPIO DE IGUALDAD-Exhortar al Gobierno Nacional para que en acuerdo con las diferentes iglesias reconocidas, en el menor tiempo posible, presente un proyecto de ley que garantice su trato igual en materia tributaria
Referencia: expediente T-4.343.544
Existe vulneración de los derechos fundamentales a la igualad y a la libertad religiosa de la Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo, al no ser exonerada del pago del impuesto a la sobretasa ambiental, teniendo en cuenta que la iglesia Católica sí se encuentra exenta del tal pago.
La laicidad del Estado y la igualdad de las distintas iglesias y confesiones religiosas ante la ley.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente
1.2.1. Manifiesta el accionante que el 10 de diciembre de 2013, mediante derecho de petición, solicitó al Director General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga la exoneración del pago del impuesto de la sobretasa ambiental correspondiente al año 2012 y la devolución del dinero pagado ($81.816) durante el año 2013, por el inmueble de propiedad de la iglesia, ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Lo anterior, dice, teniendo en cuenta que la iglesia católica se encuentra eximida de dicho impuesto.
1.2.2.El día 24 de diciembre de 2013, la entidad da respuesta al derecho de petición manifestando que la exención tributaria que recibe la iglesia católica fue reconocida mediante la Ley 20 de 1974, que aprobó el Concordato del Estado Colombiano con el Vaticano. Que en efecto, el artículo 24 de la citada ley, establece que “los predios que serán objeto de exención de sobretasa ambiental y se exceptuarán de ser gravados, son únicamente las propiedades eclesiásticas destinadas al culto, las curadurías diocesanas, las casas episcopales, curales y los seminarios. En consecuencia, su comunidad religiosa no es cobijada por las normas del Concordato suscrito entre el Estado Colombiano y la Santa Sede y por tanto no es viable otorgar la exención de la sobretasa ambiental”.
1.3.1. Respuesta de la Corporación Autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
En segundo lugar, señaló que la exención de este tributo sólo puede ser reconocida por el Congreso de la República, tal como lo dispone el artículo 338 Superior.
2.1. PRIMERA INSTANCIA: JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
Así, reiterando lo dicho por la Corte Constitucional, señaló que “existen requisitos constitucionales que impiden un reconocimiento de facto (…) en sede de tutela; agregando al respecto que, ‘Quién debe proponer la exención (el gobierno), quién debe crearla (el congreso), quién puede hacerse acreedor a la exención (sólo confesiones religiosas e iglesias) y cómo debe ella tramitarse o aceptarse (acuerdo o convenio entre la respectiva colectividad religiosa y el gobierno), son condiciones constitucionales que no es posible pasar por alto sin malinterpretar la decisión de la Corte Constitucional (…)”
Además, expuso que la iglesia que representa fue construida y se conserva con aportes de sus miembros, quienes ya tributan al Estado. Por lo tanto, adujo que, “si el Estado le cobra el impuesto a la sobretasa por el inmueble donde se hacen los cultos, los miembros de la iglesia tributarían más de una vez, una por su patrimonio y otra para cubrir el impuesto para la Iglesia, lo que es contrario a la equidad. (Esta justificación también la dio la Iglesia Católica para justificar la exención tributaria a los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios). Existe una discriminación por omisión de trato igual entre las diversas colectividades religiosas en materia de exenciones tributarias.”
2.3. SEGUNDA INSTANCIA: SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA
Consideró que “si bien es cierto que es deber del Estado otorgar el mismo trato tributario a las distintas confesiones religiosas e iglesias, también lo es que la posibilidad de exonerar a la accionante de la sobretasa cobrada únicamente radica en cabeza del Congreso de la República, previa proposición del Gobierno. Considera el Tribunal que si la Corporación Autónoma atendió de manera adversa la solicitud de exención del accionante, ello obedeció a las razones expresas. En otras palabras, la respuesta negativa de eximir a la demandante del referido pago, se sustentó en la falta delos presupuestos constitucionales de la exención, tema en el cual no hay injerencia alguna de las autoridades judiciales, pues, se itera, el mismo ha quedado bajo el resorte exclusivo del órgano legislador.”
3.1. Fotocopia de la respuesta de la Corporación Autónoma accionada al derecho de petición elevado por el señor Mario Ríos Jiménez (folios 4 y 5 C. 1).
3.2. Fotocopia del derecho de petición elevado por el señor Mario Ríos Jiménez (folio 6 C.1).
3.3. Fotocopia de la Resolución No. 2374 del 30 de noviembre de 2011, mediante la cual se reconoce personería jurídica especial a la entidad religiosa Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo (folios 7 y 8 C.1)
“Primero.- ORDENAR que por Secretaría General se oficie, por el medio más expedito, al accionante para que en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, INFORME a esta Sala de Revisión si ha realizado gestiones ante las autoridades competentes para lograr la exoneración en el pago del impuesto de la sobretasa ambiental.
En caso afirmativo, INFORME el estado en que se encuentra su solicitud.”
5.3. EL ESTADO LAICO Y LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991
5.3.1.Uno de los principios característicos de la nueva Carta Política es el de la laicidad del Estado Colombiano.
En Estados pluralistas como el nuestro, este principio garantiza el respeto por las diferencias, el cual comprende “tanto la libertad práctica de comportarse de acuerdo con las prescripciones de la propia conciencia, como la exigencia de igualdad o no discriminación entre los individuos en función de cuáles sean sus ideas morales o religiosas”.[1]
“En síntesis, la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas”[2]. (Subrayado fuera de texto).
“Por todo lo anterior, para la Corte Constitucional es claro que el Constituyente de 1991 abandonó el modelo de regulación de la Constitución de 1886 -que consagraba un Estado con libertad religiosa pero de orientación confesional por la protección preferente que otorgaba a la Iglesia Católica-, y estableció un Estado laico, con plena libertad religiosa, caracterizado por una estricta separación entre el Estado y las iglesias, y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico”[3]. (Subraya fuera del texto original).
Como contrapartida, se estableció un Laicismo de Estado, que otorga a éste una función arbitral de las referencias religiosas, de plena independencia, frente a todos los credos. En especial, la autonomía estatal para expedir las regulaciones laborales de los días festivos, eliminando la posibilidad de que la Iglesia, como antaño, pudiese intervenir en dicho proceso. De suerte que el principio de autonomía eclesiástica sobre materias canónicas, que pudieran derivarse de la anterior constitución, quedó eliminado por el nuevo texto superior y como lo sostuvo la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala Plena del 7 de junio de 1984, no implicaba tampoco en ese Régimen, ‘la dependencia del Estado respecto de los mandatos unilaterales y post-concordatarios de la Iglesia’”[4]. (Negrilla ausente en texto original)
5.3.2.En conexión con el principio establecido en el artículo 1º de la Constitución, el artículo 19 Superior consagra la libertad de cultos como derecho fundamental protegido en nuestro ordenamiento jurídico, “el cual nutre su significado con el silencio que el constituyente guardó respecto de privilegios a alguna iglesia”.[5] La citada disposición establece
“Dentro del nuevo ordenamiento Constitucional, la consagración de la libertad de conciencia representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual o colectiva. Las palabras "todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley", expresan la diferencia fundamental con el texto de la Constitución vigente, en el cual se hace referencia a la moral cristiana y a la restricción que de ella se derive. El haber desaparecido del preámbulo de la Carta, que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el carácter oficial de la religión católica, da paso a la plena igualdad entre religiones e iglesias. Lo cual se traduce en la libertad de cultos”[6] (Negrilla ausente en texto original)
5.3.3.Ahora bien, tal como se indicó en la sentencia C-817 de 2011, la regulación constitucional ofrece dos conceptos centrales que deben tenerse en cuenta para resolver problemas jurídicos relacionados con la cuestión religiosa a saber: el Estado laico o secular y el pluralismo religioso. En cuanto al primer concepto, en dicha providencia se señaló:
Esta conclusión está consolidada en la jurisprudencia constitucional desde los primeros fallos que analizaron el tópico. Así por ejemplo, en la sentencia C-350/94, varias veces reseñada, se explicitó como “…[l]a laicidad del Estado se desprende entonces del conjunto de valores, principios y derechos contenidos en la Constitución. En efecto, un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones (CP arts. 1º y 19) no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación sería incurrir en una contradicción lógica. Por ello no era necesario que hubiese norma expresa sobre la laicidad del Estado ya que, como lo señaló el Constituyente Horacio Serpa Uribe, la referencia de que ninguna confesión tendría el carácter de estatal hubiese sido necesaria con el preámbulo de la Constitución de 1886 que contenía el reconocimiento de la religión católica, pero "si eso va a ser eliminado y no hay cláusulas en la carta que otorguen privilegios a la religión católica podría suprimirse esa referencia"[7]. En fin de cuentas, en la Constitución de 1991 la unidad nacional se funda en el pluralismo y es el resultado de la convivencia igualitaria y libre de los más diversos credos y creencias en los diferentes campos de la vida social, mientras que en la Constitución de 1886, esa unidad nacional tenía como base esencial el reconocimiento de la preeminencia del catolicismo como religión de toda la nación. || Por todo lo anterior, para la Corte Constitucional es claro que el Constituyente de 1991 abandonó el modelo de regulación de la Constitución de 1886 -que consagraba un Estado con libertad religiosa pero de orientación confesional por la protección preferente que otorgaba a la Iglesia Católica-, y estableció un Estado laico, con plena libertad religiosa, caracterizado por una estricta separación entre el Estado y las iglesias, y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico.”. Adicionalmente, esta sentencia fue expresa en afirmar que las conclusiones a las que arribaba no eran novedosas para esa etapa de la jurisprudencia constitucional, puesto que se limitaban a reafirmar y sistematizar consideraciones que en idéntico sentido habían sido planteadas en los fallos T-403/92,[8] C-568/93[9] y C-088/94.[10]”
Esta argumentación es avalada por la jurisprudencia constitucional, la cual es consistente en afirmar que “…el carácter más extendido de una determinada religión no implica que ésta pueda recibir un tratamiento privilegiado de parte del Estado, por cuanto la Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que éstas tengan. Se trata de una igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con el fin de preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas”[11]
5.3.4.De otra parte y sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia de esta Corte ha resaltado que los principios de Estado laico, pluralismo religioso y deber de neutralidad, no impiden que se otorgue un tratamiento jurídico a una persona, comunidad o situación, que tenga connotación religiosa. No obstante, estas medidas deben cumplir determinadas condiciones para que resulten válidas desde la perspectiva constitucional. En primer lugar, la disposición deberá ser susceptible de concederse a otros credos, en igualdad de condiciones.[12]
En segundo término, el Estado no puede ignorar las prohibiciones constitucionales señaladas por esta Corte en la sentencia C-152 de 2003[13]:
5.3.5.De manera que, la validez o constitucionalidad de una medida estatal está sujeta a que en el caso concreto se identifique un criterio secular que la justifique, toda vez que, el desarrollo de los principios antes citados no implican “que le esté vedado al Estado entablar relaciones con las iglesias y confesiones religiosas. Lo que prohíbe la Carta es que las entable con unas y no con otras igualmente protegidas en su dignidad y libertad por la Constitución, si éstas quieren entablarlas en ejercicio de su autonomía”.[14]
5.3.6.Así las cosas, es evidente que el carácter laico del Estado está estrechamente relacionado con la libertad e igualdad religiosa, lo que implica que las actividades desarrolladas por aquél, tengan una marcada naturaleza secular, es decir, que los agentes estatales deben evitar tratamientos favorables o perjudiciales a un credo particular. Por esta razón, la valoración de las funciones que el Estado realice respecto de asuntos religiosos deberá tener en cuenta la laicidad secular exigida y su vínculo con la adecuada garantía de la libertad de conciencia, religión y culto.
5.4. LA IGUALDAD DE LAS DISTINTAS IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS ANTE LA LEY
5.4.1. De conformidad con lo expresado en líneas precedentes, los principios de Estado laico, pluralismo religioso y deber de neutralidad constitucionales prohíben la discriminación religiosa, no sólo en una dimensión personal sino colectiva. De manera que, aunque se permiten tratos favorables a determinadas comunidades religiosas, la igualdad consagrada en el inciso segundo del artículo 19 Superior[15] implica que las otras confesiones tengan la posibilidad de acceder a los mismos beneficios.
Este principio fue desarrollado en la Ley 133 de 1993[16], la cual, en su artículo 3, consagra que:
Al analizar la constitucionalidad de la ley, en la sentencia C-088 de 1994,[17] este Tribunal señaló respecto del citado artículo:
Así, esta condición igualitaria presupone para el Estado que (i) el ordenamiento jurídico “funja como receptor-difusor de dicho principio y resistencia-refractaria ante cualquier asomo de discriminación que por razones de origen religioso se pretenda implantar”[18] y (ii) los poderes públicos, en ejercicio de sus facultades, estén subordinados al ordenamiento jurídico, encaminados hacia su respeto y protección, a fin de promover las condiciones para que la igualdad jurídica que se predica de las confesiones religiosas sea de orden material, real y efectivo.
5.4.2. Bajo ese entendido, al analizar la constitucionalidad de la Ley 20 de 1974 "Por la cual se aprueba el Concordato y Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973”, la Corte en sentencia C-027 de 1993[19] declaró exequible entre otros el artículo I del Concordato que considera a la Religión Católica, Apostólica y Romana como elemento fundamental del bien común y manifestó que esta “declaración no impide que otras confesiones religiosas, si así lo convinieren con el Estado colombiano, también manifiesten que se ponen al servicio de esta comunidad, como elemento dispensador de bienandanza, ventura y progreso”.
En sentencia C-609 de 1996[20] este Tribunal declaró la constitucionalidad del testimonio por certificación jurada de Cardenales y Obispos consagrado en el artículo 287 del Decreto 2700 de 1991, pero afirmó que dicho trato especial abarca también a miembros de igual rango de otras iglesias. Sobre el particular expresó:
“La norma en cuanto tiene que ver con los "cardenales, obispos o ministros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones", responde al propósito constitucional de brindar protección a las diferentes iglesias y confesiones, protección que, de manera singular, se concreta en la persona de sus máximos jerarcas o ministros, que normalmente gozan de un amplio reconocimiento social vinculado no a su condición individual sino a la trascendencia de sus labores pastorales, de cuyo cabal cumplimiento no deben ser distraídos, ya que, por la importancia de esas funciones, las tareas que cumplen son parte esencial del derecho a difundir la respectiva religión. La prerrogativa contemplada no comporta el compromiso del Estado con una específica religión, sino apenas el reconocimiento de la trascendencia social del fenómeno religioso en sus variadas manifestaciones, situación que, sin desconocer el carácter laico de la organización política, se acompasa muy bien con su naturaleza democrática y pluralista. No se introduce un injustificado privilegio, pues no se atiende a la persona del jerarca o ministro, sino a las tareas ligadas a la relevancia del cargo que estas personas ocupan dentro de la organización religiosa de que se trate. La medida que se adopta es adecuada y tampoco sacrifica principios y derechos constitucionales, por cuanto se preserva el deber de rendir la declaración que puede ser controvertida en ejercicio del derecho de defensa que asiste a los sindicados. No resulta contraria al derecho a la igualdad, puesto que alude a todas las confesiones religiosas y no a una sola con exclusión de las demás y también porque halla justificación en la especial protección que la Carta dispone en favor de las actividades religiosas, integrantes de una realidad social insoslayable.”
En la sentencia C-478 de 1999[21] la Corte, al estudiar la causal de aplazamiento del servicio militar por “(h)aber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa” contenida en el artículo 29 de la Ley 48 de 1993, declaró su constitucionalidad condicionada bajo el entendido de que “es exequible en la medida en que se entienda referida a todas las iglesias y confesiones religiosas reconocidas jurídicamente por el Estado colombiano, ya que sólo así presenta total concordancia con el ordenamiento constitucional y una plena vigencia del principio de igualdad y de la libertad religiosa y de cultos, así como de la supremacía normativa jerárquica del Estatuto Fundamental (C.P., arts. 19 y 4°.)”.
De igual forma, en sentencia C-094 de 2007[22], al analizar la constitucionalidad de los artículos 222 del Código de Procedimiento Civil y 1022 del Código Civil, la Corte declaró exequibles los apartes demandados, indicando respecto de cada norma lo siguiente:
“La exoneración de la comparecencia para testificar ante las autoridades judiciales, tiene una justificación razonable en la autonomía que se reconoce a las distintas iglesias para regular su organización interna y designar sus autoridades, quienes tienen un evidente reconocimiento social en razón de las tareas que cumplen en la dirección y representación de la respectiva comunidad, acorde con el propósito constitucional de garantizar el pluralismo y la libertad religiosa. (…) De manera particular, destaca la Sala el precedente establecido en la sentencia C- 609 de 1996, la cual declaró la constitucionalidad del testimonio por certificación jurada de cardenales y obispos en los procesos penales, establecido en el artículo 287 del Decreto 2700 de 1991 (C.P.P.), en razón a que dicho trato se hizo extensivo, por la propia disposición acusada, a los “ministros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones”. No encuentra la Sala razones poderosas que la induzcan a cambiar el precedente específico sentado en la citada decisión por lo que procederá a su reiteración declarando que el trato exceptivo que la ley le otorga a los “arzobispos y obispos” debe concederse también a los ministros de igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones reconocidas por el Estado colombiano.”
“el significado de la expresión “iglesia parroquial” del inciso 2° del artículo 1022 del Código Civil, no se reduce al lugar de culto de la confesión católica, si no al de cualquier iglesia o confesión religiosa entendida en un ámbito territorial específico, conforme a la organización interna que determine libremente la respectiva comunidad religiosa. Esto significa que la excepción prevista en el artículo 1022 del Código Civil para poder recibir herencia o legado, se predica de todas las iglesias y confesiones ubicadas en el domicilio de testador, y como tal, la norma resulta compatible con los principios del pluralismo, la libertad religiosa e igualdad de todas las iglesias y confesiones religiosas, consagrados en la Constitución.”
Igual protección ha otorgado este Tribunal frente a beneficios de los que gozan algunas confesiones, no necesariamente la católica, en diversos ámbitos. Por ejemplo, en sentencia T-376 de 2006[23], al estudiar un caso en el que el accionante pretendía que se le asignara un lugar adecuado dentro del centro carcelario y un horario para el desarrollo de las actividades religiosas de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional a la que pertenecía, la Corte consideró que las autoridades del penal debieron “destinar los espacios de tiempo y lugar adecuados a tal fin, en igualdad de circunstancias con las demás confesiones religiosas que tienen reconocido este derecho en ese establecimiento. En efecto, esta obligación de colaborar en tal sentido con el interno aquí demandante provenía de la realidad constitucional según la cual la libertad religiosa en el Estado Social de Derecho no tiene un reconocimiento meramente formal, sino que, implica una obligación en cabeza de las autoridades de hacer lo posible para que su ejercicio y disfrute sea efectivo y realmente factible; más aún tratándose de autoridades carcelarias, respecto de las cuales los reclusos están en situación de especial sujeción.”
En la sentencia C-027 de 1993, la Corte declaró la constitucionalidad del artículo XXIV del Concordato que exceptúa del pago de impuestos a los edificios de culto, curias diocesanas, casas episcopales y seminarios. En aquella oportunidad, consideró esta Corporación que resultaría inequitativo exigir el cobro de tales tributos a las iglesias que sostienen sus lugares de culto con dineros de los feligreses, puesto que estos tributan ya por su propio patrimonio, de forma que de aceptarse el gravamen sobre los inmuebles de la respectiva congregación se estaría consagrando un doble tributo. Para preservar el principio de igualdad, la Corte indicó que “La exención se extiende también a las distintas entidades y congregaciones destinadas también a fines de orden espiritual y pastoral. Estos inmuebles en cuanto respecta a la Iglesia Católica tendrán derecho a la exención tributaria en los términos del artículo XXIV concordatario, mas con el propósito de mantener la igualdad entre los distintos credos religiosos, ha de entenderse extendido tal beneficio fiscal a estos últimos, siempre que reúnan los requisitos antes indicados.”
Posteriormente, en la sentencia T-352 de 1997[24], la Corte concedió el amparo del derecho a la igualdad solicitado por la Iglesia Cristiana “Casa de la Roca” afectado con la actuación de la Dirección de Impuestos y Aduanas –DIAN– que la obligaba a presentar declaración de ingresos y patrimonio, mientras que, argumentaba, la Iglesia Católica estaba exenta de tal deber. En el caso concreto, la Sala de Revisión consideró que tal diferencia de trato no superaba ninguno de los requisitos del examen de igualdad, en particular, no buscaba un interés público o constitucional imperioso, con lo que se configuraba una discriminación injusta en contra de las iglesias distintas a la católica. De esta forma, ordenó, en virtud del principio de igualdad de las distintas confesiones religiosas, eximir a la iglesia accionante de tal obligación.
En posterior ocasión, en sentencia T- 269 de 2001[25] se estudió la solicitud de un ministro de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Colombia, con sede en la ciudad de Bucaramanga encaminada al reconocimiento de la exención del pago de la sobretasa ambiental, en las mismas condiciones de la Iglesia Católica. El amparo deprecado fue negado por considerar que el ministro no podía, en desmedro de la autonomía de su iglesia, atribuirse la representación de una iglesia que no había celebrado un acuerdo para entablar y regular sus relaciones con el Estado, ni había solicitado expresamente a través de su representante legal, el otorgamiento de beneficios tributarios en igualdad de condiciones con otras iglesias.
En la sentencia T-700 de 2003[26] la Corte analizó la solicitud de tutela instaurada por un Pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del municipio de San Joaquín, quien consideró vulnerados sus derechos a la igualdad y a la libertad de cultos, por el Concejo de dicho municipio, al no exonerar del pago del impuesto predial a dicha iglesia sobre un bien de su propiedad, como lo había hecho con la Iglesia Católica.
La Sala de Revisión expuso que en el caso objeto de estudio la exención diferencial del impuesto predial afectaba la profesión del culto en condiciones de igualdad entre las distintas iglesias. Al respecto, indicó que “el culto requiere un lugar de profesión, llámese a éste templo, iglesia, capilla, etc. Dentro de la práctica religiosa, el templo es el lugar de reunión de los fieles, y en esa medida es una condición necesaria para el ejercicio colectivo del culto, aspecto éste que se encuentra explícitamente protegido por el artículo 19 de la Constitución. Al gravarse la propiedad sobre los lugares de culto se está afectando la posibilidad que tienen quienes lo profesan de difundirlo, y de sus fieles para practicar los ritos. Esta afectación, por supuesto, está permitida por el ordenamiento jurídico, en la medida en que tiene como propósito atender los gastos del Estado, permitiéndole cumplir sus cometidos. En esa medida, las exenciones de las cargas tributarias que recaen sobre los lugares de culto son incentivos para la profesión de las creencias religiosas de las respectivas iglesias.”
Como consecuencia de lo anterior, solicita se ordene a la corporación accionada que lo exima del pago del impuesto de sobretasa ambiental y efectúe la devolución de los dineros pagados durante la vigencia 2013.
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga indica que no existe la afectación alegada, toda vez que ella no es la entidad correspondiente de efectuar la exención tributaria solicitada.
Al respecto señala que, al ser la sobretasa un tributo de orden legal y nacional, es el legislador el que debe establecer las exenciones al cobro del mismo. Que en caso de la iglesia católica, es la Ley 20 de 1974 la que contempla la exoneración.
“Artículo 44º.- Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. Modificado el art. 110, Ley 1151 de 2007, Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 141 de 2011. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal. Art. 44 incisos 1, 2, 3, 5, 6 y sus parágrafos declarados Exequibles sentencia C 305 de 1995. Corte Constitucional. El Decreto Nacional 141 de 2011 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-276 de 2011 Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.
Este impuesto, de conformidad con lo analizado en la sentencia T-269 de 2001, “es una renta nacional, recaudada por los municipios con destino a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, equivalente a un porcentaje sobre el total del recaudo del impuesto predial que se transfiere a las corporaciones autónomas regionales y municipales y cuya exención sólo puede ser tramitada mediante ley del Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la Carta”.
6.2.3. En el caso particular de la iglesia católica, fue el legislador, a través de la Ley 20 de 1974, el que la eximió de pagar esta sobretasa. Esta disposición fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-027 de 1993, declarando la constitucionalidad de la norma, en el entendido que tal “exención se extiende también a las distintas entidades y congregaciones destinadas también a fines de orden espiritual y pastoral. Estos inmuebles en cuanto respecta a la Iglesia Católica tendrán derecho a la exención tributaria en los términos del artículo XXIV concordatario, mas con el propósito de mantener la igualdad entre los distintos credos religiosos, ha de entenderse extendido tal beneficio fiscal a estos últimos, siempre que reúnan los requisitos antes indicados.”
Para obtener la exención tributaria de los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios, la iglesia católica argumentó que “esas propiedades han sido construidas y se conservan con aportes de los fieles, los mismos que tributan al Estado, por consiguiente, si hubiera impuestos por esos inmuebles los fieles tributarían más de una vez, una por su patrimonio y otra para cubrir el impuesto para sus templos y demás bienes referidos, lo que es contrario a la equidad.”[27]
“Ha de estimarse que al lado de esta norma constitucional existe otra prevalente de la misma índole y que ha de aplicarse preferentemente, cual es la que consagra la libertad religiosa que otorga el derecho de los fieles de las distintas religiones a recibir los ministerios y ritos de ellas (art. 19 C.N.), lo cual se hará en los edificios dedicados al culto. Obsérvese también que mientras el artículo 294 se desenvuelve en un plano local, el 19 es de alcance nacional.”
Posteriormente, al estudiar un caso similar alegado por la iglesia Pentecostal de Colombia, la Corte resaltó nuevamente la situación de desigualdad y expresó que “el Congreso debe crear un marco jurídico que asegure la igual libertad de todas las iglesias y confesiones religiosas, lo cual comprende reconocer las exenciones tributarias a que tienen derecho, como lo dispuso la Corte Constitucional el condicionar la exequibilidad del Concordato y como se lo propuso el Congreso al aprobar el proyecto de ley estatutaria sobre libertad religiosa”. [28]
Al respecto, la citada providencia indicó que “el ministro de una iglesia cuyo representante legal no ha celebrado un convenio para entablar y regular sus relaciones con el Estado, no puede por vía de la acción de tutela obviar los procedimientos de decisión autónoma de la iglesia a la cual pertenece.”
Precepto que no solo es contrario al artículo 4 de la Constitución, que expresa: "En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", sino también al mandato de igualdad consagrado en los artículos 13 y 19 de la Carta.
“los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios, (…) han sido construidas y se conservan con aportes de los fieles, los mismos que tributan al Estado, por consiguiente, si hubiera impuestos por esos inmuebles los fieles tributarían más de una vez, una por su patrimonio y otra para cubrir el impuesto para sus templos y demás bienes referidos, lo que es contrario a la equidad.”
7.2. Bajo ese entendido, el gravamen contenido en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, el cual tiene un carácter de renta nacional y por tanto su exención sólo puede ser tramitada mediante ley del Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la Carta, resulta vulneratorio del principio de igualdad de las distintas iglesias contenido en el artículo 19 Superior, al existir, hasta el momento, el beneficio de exclusión únicamente para la católica.
Ante esta situación, es claro que la norma legal cuestionada resulta contraria al artículo 4 de la Constitución, motivo por el cual, la Sala de Revisión considera viable inaplicar, en este caso concreto, el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 por ser violatoria del texto superior y no existir regulación sobre el tema, que garantiza la igualdad entre las iglesias y confesiones religiosas predicable del artículo 19 Superior.
PRIMERO. REVOCAR la decisión de tutela adoptada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, de fecha 26 de febrero de 2014, mediante la cual se confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, que negó el amparo solicitado en el caso de la referencia. En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos alegados por el señor Mario Ríos Jiménez.
SEGUNDO. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que en aras de salvaguardar el principio de igualdad, exima a la Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo del pago del impuesto a la sobretasa ambiental, hasta tanto se expida una ley que desarrolle la igualdad de las iglesias legalmente constituidas con relación a este gravamen.
TERCERO. EXHORTAR al Gobierno Nacional para que en acuerdo con las diferentes iglesias reconocidas, en el menor tiempo posible, presente un proyecto de ley que garantice su trato igual en materia tributaria, en virtud de lo ordenado en la Carta Política y la Ley 133 de 1994.
[1] Prieto Sanchís, Luis. “El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica”. Editorial la Trotta. Pág. 241. (2013).
[2] Sentencia C-350 de 1994. En esta providencia la Corte declaró la inconstitucionalidad del mandato legal que consagraba el Estado colombiano al símbolo católico del “Sagrado Corazón de Jesús”, indicando que una tipología aceptable sobre la materia no solo comprende los estados religiosos y los estados laicos, sino que existe una gradación intermedia que reconoce los diversos niveles de intensidad de la relación entre iglesias y el Estado. De igual forma, distingue diversos tipos de Estado dependiendo de la manera como resuelven la cuestión religiosa, tales como: (i) Estados confesionales, los cuales adscriben el aparato estatal a un credo particular y específico y, de manera correlativa, prohíben o restringen la práctica de otras expresiones religiosas distintas. (ii) Estados que tienen una religión oficial, pero que a su vez son tolerantes a otras prácticas religiosas, razón por la cual no imponen sanciones a quienes no comparten el credo estatal. (iii) Estados de orientación confesional o de protección de una religión determinada, en los cuales si bien no se establece una religión oficial, el régimen jurídico acepta tomar en consideración el hecho social e histórico del carácter mayoritario de una o más confesiones religiosas, a las cuáles confiere una cierta preeminencia. (iv) Estados laicos con plena libertad religiosa, en los cuales existe una estricta separación entre el Estado y las iglesias, de suerte que, por la propia definición constitucional, no sólo no puede existir ninguna religión oficial sino que, además, el Estado no tiene doctrina oficial en materia religiosa y existe de pleno derecho una igualdad entre todas las confesiones religiosas. (v) Estados oficialmente ateos, es decir aquellas organizaciones políticas que hacen del ateísmo una suerte de nueva religión oficial, y que presentan, algunos de ellos, diversos grados de hostilidad hacia el fenómeno religioso.
[3] Sentencia C-350 de 1994.
[4] Sentencia C-568 de 1993.
[5] Sentencia C-766 de 2010.
[6]Gaceta Constitucional Nº 82, pág. 10.
[7]Comisión Primera, Asamblea Nacional Constituyente. Intervención del delegatario Horacio Serpa Uribe en la Sesión del 24 de abril de 1.991. Ver tambiénGaceta Constitucional. No 130, p 4.
[8] En este caso la Corte asumió la revisión de una acción de tutela, fundada en la vulneración del derecho a la tranquilidad de un ciudadano, en razón de la altisonancia de los mensajes expresados, a través de perifoneo, por una comunidad religiosa.
[9] Esta sentencia realiza el análisis de constitucionalidad de las normas que fijan días festivos de origen religioso.
[10] En esta decisión, la Corte llevó a cabo el control previo de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que desarrolla el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos.
[11] Corte Constitucional, sentencia C-350/94.
[12] Sobre el particular, la sentencia C-152/03 indica que “… la Corte ha admitido el tratamiento jurídico favorable a iglesias y confesiones religiosas bajo la condición de ofrecer igualdad de condiciones para acceder a dichos beneficios a todas las confesiones religiosas e iglesias que cumplan con los requisitos de ley. Esta regla ha tenido especial aplicación en el ámbito de las exenciones tributarias que promueven la igualdad de las iglesias y confesiones religiosas, así como el ejercicio de las libertades individuales con ellas relacionadas. Otra aplicación clara del principio de igualdad entre las colectividades religiosas ha tenido lugar en el ámbito de la objeción de conciencia al servicio militar, permitida a miembros de cuerpos eclesiásticos pero no reconocida por la ley para objetores de conciencia civiles. Además, el principio de igualdad de confesiones e iglesias religiosas se extiende a la igual autonomía de las diferentes iglesias y credos en el manejo de sus asuntos, así como a la igual posibilidad de brindar enseñanza religiosa en establecimientos educativos públicos o privados, siempre que se garantice la libertad de los estudiantes y sus padres de optar por recibir o no la educación religiosa. Finalmente, la Corte ha reconocido que las iglesias tienen el derecho a decidir de manera autónoma sí entablan o no relaciones con el Estado.”
[13] Mediante la cual se declaró la constitucionalidad de la expresión “Ley María” que el legislador había previsto para la norma que prescribe la licencia de paternidad, en razón a que esta expresión podía ser interpretada a partir de una perspectiva secular.
[14] Sentencia C-152 de 2003.
[15] Este artículo en su inciso segundo dispone que “Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.”
[16] “Por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política”
[18] Sentencia C-478 de 1999. M.P. Martha Victoria Sáchica.
[19] M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[20] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[21] M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[25] M.P. Manuel José Cepeda.
[27] Sentencia C-027 de 1993. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[28] Sentencia t-269 de 2001. M.P. Manuel Cepeda Espinosa.
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