Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-10242-de-abril-22-de-1998?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920418540f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-11 11:54:28
Document Index: 4740576

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 217', 'artículo 225', 'artículo 333', 'artículo 217', 'artículo 87', 'artículo 179', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 32', 'artículo 217', 'artículo 32', 'e contrario', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 32', 'artículo 217', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 71', 'artículo 32', 'de lege ferenda', 'artículo 217', 'artículo 15']

﻿ AUTO 10242 DE ABRIL 22 DE 1998
AUTO 10242 DE 22 DE ABRIL DE 1998
CONTENIDO:DELITO DE FALSEDAD MARCARIA. ALTERACIÓN DEL NÚMERO DE MOTOR O DE LA PLACA DE UN VEHÍCULO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FALSIFICACIÓN DE MARCA, MATRÍCULA DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR, CAMBIO DE LA MATRÍCULA DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:321 DE SEPTIEMBRE DE 1998, PÁG.1224
Auto 10242 de abril 22 de 1998
ALTERACIÓN DEL NÚMERO DEL MOTOR O DE LA PLACA DE UN VEHÍCULO
EXTRACTOS: «Es un hecho incuestionable que los números que identificaban el campero marca Nissan Patrol, modelo 1980, colores rojo y marfil, cabinado, de placa GP 9286, de propiedad del procesado M..., fueron tomados para aplicárselos ilícitamente al automotor del mismo tipo y marca, modelo 1981, colores rojo y beige, de placa FT 4616, de propiedad del denunciante L... .
En otras palabras, los números del motor (508474), de la plaqueta y del chasis (G 61-02891) y las placas (GP 9286), distintivos dispuestos para la identificación del rodante de propiedad del procesado, fueron colocados en el campero hurtado al señor L..., para lo cual se procedió a la regrabación del primero y al injerto de la plaqueta y de la platina donde aparecen tales números, procedimiento que le permitió al congresista hacerlo pasar como el de su propiedad.
Dicho comportamiento aparece acreditado con las experticias técnicas llevadas a cabo por especialistas pertenecientes al cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación y con la documentación que el señor M... presentó ante las autoridades de tránsito, con el fin de darle visos de legalidad a esa transposición de identidad del vehículo, ya que en el expediente aparecen los formularios del Intra números 091-1102848 y 091-1102849, fechados el 23 de septiembre de 1993, mediante los cuales solicitó a las autoridades de Guateque el cambio de color y la grabación del motor.
Planteadas así las cosas, es necesario establecer dentro de qué norma se enmarca tal conducta.
Al respecto y como quiera que podría pensarse que se está frente a una contravención o a un delito de falsedad en documento, la Sala procederá a efectuar algunas precisiones conceptuales en torno al tema.
En primer lugar, tal hecho estaba previsto como contravención especial contra la fe pública en el artículo 32 del Decreto 522 de 1971 que señalaba:
“El que sin permiso de autoridad competente suprima o modifique los números de identificación del motor, carrocería, bastidor o chasis de vehículo automotor o los de la placa de su matrícula, o use placa distinta de la autorizada, incurrirá en arresto de seis (6) a veinticuatro (24) meses”.
Sin embargo, dicha norma fue derogada por el artículo 217 del Decreto 100 de 1980 (Código Penal), cuyo contenido será analizado adelante.
Ante todo, es preciso señalar que los redactores del Código Penal quisieron distinguir entre la falsedad documental y la marcaria, al contemplarlas en capítulos separados. Así mismo consideraron que la pena de aquella era demasiado grave para aplicarla a ésta.
Concretamente opinaron que dentro del concepto de documento, para efectos penales, se comprenderían los escritos y, además, otros objetos asimilados que enumeraron en el actual artículo 225 del C.P., pero que dentro de esta equiparación no quedaba incluida la falsedad marcaria. Se dijo:
“Hasta el momento hemos partido del principio de que el documento debe ser fundamentalmente un escrito, por ser la mejor forma de expresión del pensamiento en cuanto a claridad y fijeza. Pero el pensamiento también se puede trasmitir por medio de una grabación, un disco, una película y posiblemente en el futuro mediante el empleo de una gran variedad de aparatos mecánicos. En el Código del Brasil, por ejemplo, en el artículo 333 se equiparan a documentos, para los efectos penales, el disco fonográfico o la cinta o hilo de grabado magnetofónico a los que se incorporen declaraciones. Pero, aclaro nuevamente, a esto se reduce la asimilación, pues no comparto por ahora la amplia clasificación del C. Judicial. Por ejemplo, no me he referido a la falsedad en las simples contraseñas, como las marcas de ganado, placas de automotores, ya que, dada la gravedad de las penas, sería arriesgado hacer la asimilación de las mismas a documentos. Ni siquiera autores italianos como De Marsico, Manzini o Maggiore, quienes han tenido un amplio concepto del documento, han llegado a considerar las contraseñas como tales. Solamente unos pocos códigos han avanzado hasta ese punto, como en el caso del Código suizo, en el que paralelamente con los documentos se ha tratado la falsedad de simples signos”. (Dr. Romero, acta Nº 81 - Comisión de 1974).
En consecuencia, las marcas o contraseñas, oficialmente usadas, como las que se colocan al ganado y los números individualizadores de un automotor, según el pensamiento de la Comisión de 1974, no rectificado por las posteriores, no son documentos en sentido estricto, ni se asimilan a ellos, pero en manera alguna se quiso que su falsificación fuera conducta atípica, pues en tal caso sobraría el artículo 217 del C.P.
De todos modos, independientemente de que el número del motor, del chasis o de la placa de un carro sean o no documentos, cuestión que debate la doctrina, lo evidente es que su alteración se adecua a la descripción de la norma citada, como se pasa a exponer.
Este precepto, que apareció desde el anteproyecto de 1974, dice lo siguiente:
“El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de un mil a veinte mil pesos”.
El origen de esta disposición está en la función de control que el Estado ejerce sobre determinados productos para garantizar su autenticidad y características, conforme a un orden de valores. Los funcionarios encargados de ejercer tal inspección se valen de unas marcas o señales para certificar que sí la ejercieron. Así, por ejemplo, cuando en los surtidores de combustible o en los taxímetros se coloca un sello constituido por un disco de metal unido por dos hilos del mismo material, como señal de que fueron legítimamente examinados y encontrados conforme a los parámetros oficiales; las marcas hechas en los ganados por funcionarios de salud; las efectuadas por los funcionarios de aduanas a las mercancías revisadas; las colocadas en las balanzas, después de examinadas y encontradas exactas, etc.
Si esos signos o marcas, a través de las cuales el Estado certifica que examinó el objeto y garantiza sus características, se fabrican, destruyen, cambian o alteran, esto es, si se falsean, se tipifica el punible de falsedad marcaria.
Es este un delito contra la fe pública, ya que se tutela la confianza de la colectividad en esos signos o marcas que constituyen la prueba de que el Estado ejerció el respectivo control sobre un determinado objeto, al contrastarlo, identificarlo o certificarlo.
Sobre tal bien jurídico, recientemente expuso la Sala:
“El desenvolvimiento de las relaciones sociales implica, necesariamente, un mínimo de confianza entre los asociados y de éstos con la autoridad pública; de ello depende la coexistencia pacífica y la legitimidad y obligatoriedad de los actos que la administración expida, siendo precisamente a estos propósitos que la Constitución Política establece que “las actuaciones de particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe”.
De este principio de confianza, surge la fe pública como valor autónomo y bien jurídico objeto de tutela penal, del cual es titular la colectividad misma, y halla concreción en la credibilidad de que gozan aquellos signos, objetos o formas exteriores que constituyen medios de prueba de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicamente relevantes” (Segunda Instancia Nº 11.974. Marzo 17/98. M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll.).
“Esta norma (art. 217) eleva a categoría de infracción penal el atentado contra la fe pública consistente en la alteración de las señales oficialmente usadas para certificar la autenticidad y características de un determinado producto” (ago. 22/89).
El precepto comprende dos modelos de comportamiento: el primero, se refiere a falsificar marca, contraseña, etc. usados oficialmente para los fines allí previstos; el segundo, consiste en aplicar las marcas o señales a un objeto distinto de aquel a que estaba destinado.
La protección penal no se extiende a todas las marcas o señales sino sólo a aquellas que son usadas oficialmente, bien que la propia administración las elabore, ora que sean puestas por los particulares y la autoridad las use para los fines de control, como ocurre con los números originales de fábrica que identifican a los automotores, aviones, etc.
Esta norma es de las llamadas “en blanco”, pues su supuesto de hecho está parcialmente contenido en otras normas, que son las que dice cuáles son las marcas, signos, etc., oficialmente usados para los fines allí previstos, de acuerdo con el objeto o producto de que se trate.
En el caso de los automotores, tal precisión preceptiva la encontramos, entre otros, en el parágrafo 1º del artículo 87 y en los artículos 105 a 108 del Código Nacional de Tránsito (modificado por el Decreto 1809 de 1990). Tales normas dicen:
“Las características que identifican un vehículo son las siguientes: número de motor, número de chasis o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad”.
El numeral 24 del artículo 179, ibídem, (modificado por el 17 del Decreto 2591 de 1990), le da a las placas función identificadora, sirviendo para la externa, en tanto que el número del chasis, del motor y de la plaqueta de serie sirven para la interna.
“ART. 105.—Modificado por el Decreto 180 de 1990, art. 1º Nº 95. Cualquier transformación, modificación o cambio en las características que identifican un vehículo, deberá informarse o solicitarse permiso, según el caso, ante la autoridad competente de tránsito de conformidad con la reglamentación que expida el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.
ART. 106.—El número de identificación con que se introdujo al país un motor o chasis o con lo que lo distinguió el fabricante nacional, no podrá ser borrado ni adulterado.
ART. 107.—Modificado por el Decreto 1809 de 1990, art. 1º Nº 97. No es modificable o cambiable el chasis ni su número o serial, el modelo y la marca que identifican al vehículo.
ART. 108.—Modificado por el Decreto 1809 de 1990, art. 1º Nº 97. Para efectuar la grabación del número del chasis de un vehículo que por algún motivo se hubiere deteriorado, alterado o se dificulte su lectura, esta se hará ante la autoridad de tránsito donde se encuentre registrado el automotor, de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito”.
Las marcas, contraseñas, signos, firmas o rúbricas pueden ser usadas oficialmente para contrastar, identificar o certificar.
Contrastar es, según el Diccionario de la Real Academia, “ensayar o comprobar y fijar la ley, peso y valor de las monedas o de otros objetos de oro o plata, y sellar estos últimos con la marca del contraste cuando ejecuta la operación el perito oficial. Tratándose de pesas y medidas, comprobar su exactitud por ministerio público, para que estén ajustadas a la ley y acreditarlo sellándolas. Comprobar la exactitud o autenticidad de una cosa”.
Identificar es, según la misma obra, “reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca”.
Certificar es “asegurar, afirmar, dar por cierto alguna cosa” y, en el caso de la norma, expresar la certeza sobre la cantidad, contenido, autenticidad, etc. del objeto.
Al tenor de lo anterior, fundamentalmente, se contrastan las pesas y las medidas, se identifican los objetos y se certifica su peso, medida, calidad, cantidad, valor y contenido.
En consecuencia la identificación, contrastación o certificación, no son actividades que puedan desarrollarse todas con cada uno de los entes mencionados en la norma, esto es, los pesos, las medidas, la cantidad, la calidad, el valor y el contenido, ni exclusivamente con ellos, como lo daría a entender una lectura superficial y desarticulada de la misma, sino que según el sentido natural de tales expresiones, cada una se relaciona con uno o varios aspectos. Así, por ejemplo, un objeto no se contrasta, sino que se individualiza o identifica; las pesas y medidas no se identifican sino que se contrastan, esto es, se comprueba su exactitud y se acredita con el sello respectivo; el valor, la calidad o la cantidad, ni se contrastan, ni se identifican, sino que se certifican, etc.
Así mismo, el Estado al cumplir su función de control, y con relación a un mismo objeto, puede cumplir varias de esas finalidades, como ocurre cuando fija el peso y la ley de las barras de oro depositadas en el Banco de la República y coloca una marca sobre las mismas en alto relieve, con lo que está certificando que contrastó o comprobó su peso y su ley.
En lo que respecta a la identificación es evidente que es de cosas u objetos, lo que resulta no sólo del significado natural y obvio de ese término, sino de la consideración articulada del precepto. En efecto, la segunda parte de éste dice: “o los aplique a objeto distinto”. “Los” es pronombre referido a las marcas, contraseñas, signos, etc., mencionados en la primera, lo que lleva a inferir que el “objeto” está comprendido en las dos modalidades del comportamiento.
En este sentido, la universalidad del objeto empleado en el tipo hace que la conducta en su procedencia quede fijada por la naturaleza del mismo.
Finalmente, algunas legislaciones foráneas que tienen preceptos iguales o muy parecidos al que ocupa la atención de la Sala, traen un inciso especial para referirse a la falsificación en la numeración individualizadora de un objeto, lo que podría llevar a colegir que al faltar tal inciso en nuestra legislación, el comportamiento sería atípico.
Al respecto la Sala se permite observar que un precepto de esa naturaleza no es necesario frente a la descripción del artículo 217, citado, para poder sancionar la falsificación de la numeración identificadora, pues si aquel se refiere a la falsificación de signos usados oficialmente para identificar y el número es un signo, sin ningún esfuerzo se deduce que tal conducta, en nuestra legislación, se adecua al supuesto de la norma que se examina.
El segundo modelo de comportamiento consiste en aplicar la marca o signo a un objeto distinto al que fue examinado y certificado. Como lo dice un autor “se está haciendo aparecer como legítimamente examinado un objeto que no lo ha sido y cuyas características no garantiza el Estado”.
En el caso que ocupa la atención de la Sala, la plaqueta del serial, la placa, la parte del chasis donde estaba gravado el número y el número del motor del campero del señor M... fueron pasados al hurtado al señor L..., esto es, los signos identificadores fueron aplicados a un objeto distinto de aquel a que estaban destinados, por lo que el comportamiento se subsume en la segunda modalidad prevista en el artículo 217.
En efecto, debe reiterarse que un carro cuenta con una serie de números colocados en el motor, el chasis y la plaqueta y, además, se le asigna una placa que son las marcas o señales que permiten identificarlo e individualizarlo, los que quedan registrados en las oficinas de tránsito y que sirven, entre otros aspectos, para demostrar la titularidad del mismo.
Al respecto, en providencia del 24 de julio de 1997, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sostuvo:
“No cabe duda que a un vehículo automotor se le identifica por medio de los números que de acuerdo a la ley, deben ser insertados en diferentes lugares, tales como el motor, el chasis, etc. Esto constituye el mecanismo que permite identificarlo e individualizarlo en los registros que llevan las oficinas públicas correspondientes y que al mismo tiempo le sirve al propietario para demostrar su titularidad.
Por consiguiente, de acuerdo a los planteamientos anteriores, se impone concluir que tales inscripciones numéricas adquieren la calidad de distintivos que hacen fe pública dado que por intermedio de ellas se prueba la identidad y la propiedad del bien automotor.
Siendo lo anterior un hecho indiscutible, es evidente entonces, que la imposición de los referidos registros a un vehículo al cual en apariencia no corresponde podría configurar una conducta contra la fe pública de las descritas en el capítulo II del título VI del Código Penal ...”.
En cuanto a la responsabilidad del procesado, como se señaló en el acápite anterior, existe prueba plural que indica que M... no sólo adquirió un vehículo de procedencia ilícita, sino que para ocultar su comportamiento y hacer creer que era el de su propiedad recompuesto, después del grave daño sufrido, le colocó los signos de identificación de este último. Además, para intentar dar apariencia de legalidad a la indebida mutación, solicitó a las autoridades de tránsito el cambio de color y la regrabación del motor.
Por consiguiente, como no existe duda respecto de la ocurrencia del hecho y aparece plural prueba sobre la posible responsabilidad del procesado (CPP., art. 441), en su contra se proferirá resolución de acusación por el delito de falsedad marcaria, previsto en el Libro II, títulos VI, capítulo II, artículo 217 del Código Penal».
(Auto de abril 22 de 1998. Radicación 10.242. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda).
EXTRACTOS: «1. La premisa central de que parte la decisión acusatoria en cuanto se refiere al delito de falsedad marcaria es la de afirmar, que si bien hechos como los aquí investigados estaban previstos “como contravención especial contra la fe pública en el artículo 32 del Decreto 522 de 1971”, “dicha norma fue derogada por el artículo 217 del Decreto 100 de 1980 (Código Penal)”, anunciando su inmediata demostración argumental, que a la postre no llegó a cumplir su fin, pues el análisis se contrae es a la interpretación de la descripción delictual mas en ninguna parte se especifica el por qué es que nos encontraríamos frente a la referida derogatoria tácita de la norma contravencional, pues en modo alguno se enfrentan estas disposiciones para colegir que efectivamente la norma posterior, que además tiene el carácter de delito, recogió plenamente la discriminada conducta contravencional y por tal hecho la dejó sin vigencia, quedando así trunco el supuesto enunciado y por ende convertido en una afirmación indemostrada.
Múltiples han sido las normas que han regulado diversos temas contravencionales, bien para incrementar esta clase de conductas típicas, ya para modificar su penalidad, las competencias de algunas de ellas y su procedimiento, pero lo que sin duda alguna es claro, es que ninguna de ellas ha derogado expresamente el citado artículo 32, ni menos lo ha hecho de manera tácita, ya que en todas las normatividades siguientes referidas a esta temática se ha legislado al respecto, razón por la cual no puede ni siquiera pensarse que su texto resulte contrario a alguna de éstas, y por el contrario, el propio legislador ha partido de la base de su incuestionable vigencia para regulaciones posteriores, como es fácilmente demostrable con la expedición de la Ley 2ª de 1984 que reguló la competencia de las autoridades de policía para atribuirles además de las contravenciones el conocimiento de algunos delitos, estableciendo algunas variantes procedimentales, cuando en su artículo 2º al dejar a salvo respecto de la sanción algunas expresas normas contravencionales, dispuso textualmente:
“A los condenados por los delitos contra el patrimonio económico y las contravenciones previstas en los artículos 32, 34, 53, 55 y 56 del Decreto 522 de 1971, de que conocen las autoridades de policía, se impondrán las sanciones establecidas en la respectiva disposición legal, y su cumplimiento tendrá lugar en el establecimiento dispuesto al efecto por el Ministerio de Justicia”.
Como se ve la propia ley, expedida con posterioridad al Código Penal de 1980, reconoció la vigencia del referido artículo 32, y si se permite refrendándola por si alguna duda hubiese podido existir para el momento sobre ello, habiendo sido declarada constitucional dicha disposición por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 31 de 1984 con ponencia del Magistrado Doctor Manuel Gaona Cruz, reconociendo así la corporación encargada para ese entonces de esta clase de control constitucional, la vigencia de la norma, ya que de lo contrario no la hubiese declarado exequible.
I. En estas condiciones, es evidente que la conducta objeto de análisis fue consagrada como contravención por el artículo 32 del Decreto 522 de 1971, que ante el reconocimiento de constitucionalidad dado por la Corte no puede afirmarse ahora su derogatoria tácita frente al Código Penal, pues de una parte la Ley 2ª es de 1984 y el Código Penal de 1980, como ya se refirió, y de otra, si bien es cierto que el pronunciamiento de la Corte no decidía demanda alguna incoada directamente contra ese artículo 32, por ende, no puede afirmarse que lo estudió de fondo para establecer su exequibilidad, lo que sí resulta incuestionable, es que al declarar constitucional la norma que establecía la pena para la conducta que describía ese precepto, estaba reconociendo su vigencia y en efecto así lo hizo cuando de esta disposición sólo declaró inexequible el aparte transcrito en negrilla, esto es, lo referente a los condenados por “los delitos contra el patrimonio económico”, y no ha sido derogada posteriormente por el legislador, razones por las cuales se debe colegir que en la actualidad se encuentra en plena vigencia, como igualmente lo reconocen los doctrinantes que en el país se han ocupado del estudio del Código Nacional de Policía y específicamente al tratar el referido artículo 32 del Decreto 522 de 1971, excepción hecha de Nelson Mora y Alicia Franco de Mora quienes en su obra Accidente Automoviliario, segunda edición, página 299, consideran, sin exponer las razones de su afirmación, que en estos casos “se deberá imponer una pena privativa de la libertad que esté en consonancia con las previstas en el Código Penal vigente para los delitos de falsedad en documentos”, argumento que es refutado por Édgar Escobar Vélez, quien al reafirmar la vigencia de esta norma, lo considera inaceptable, por cuanto “la asimilación de los elementos referidos al concepto de documento, una placa; el número de un bastidor o chasis, no constituyen declaración de voluntad o expresión de pensamiento, lo cual es de la esencia del documento” (De las Contravenciones en general, 1ª edición, 1992, pág. 76), coincidiendo así con el criterio expuesto que expresamente se tuvo en el anteproyecto de 1974, que como consta en el Acta 81 fue excluida tal posibilidad por el mismo ponente Doctor Romero Soto, debido a que aún con la norma que se proyectaba sobre asimilación de documentos entre estos no podía incluirse “las marcas de ganado, las placas de automotores por ejemplo”, ya que “dada la gravedad de las penas sería arriesgado hacer la asimilación de las mismas a documentos”, explicando además que “ni siquiera autores italianos tales como De Marsico, Manzini o Maggiore, quienes han tenido un amplio concepto de documento han llegado a considerar las contraseñas como tales”, lo cual diáfanamente explica el por qué el artículo 217 del Código Penal quedó ubicado en un capítulo separado al de la falsedad de documentos.
Los demás doctrinantes no han puesto en duda la vigencia de la citada disposición contravencional, como se observa en la obra sobre las contravenciones del doctor Antonio Vicente Arenas, página 74, en Marina Goenaga en sus Lecciones de Derecho de Policía, páginas 180 a 182, quien si bien cuestiona el hecho de que una tal prohibición siga con el carácter de contravención, pues “es inexplicable que la conducta más importante para el éxito del hurto sea considerada como una contravención y sancionada con una leve medida de policía”, no duda sobre su vigencia, Juan Carlos Millán Gómez en Derecho Contravencional en Colombia, segunda edición, página 377, José Armando Ruiz Salazar en su Procedimiento Policivo en Colombia, páginas 58 y 59, Gustavo Gómez Porras en “Derecho de Policía y Protección a la Comunidad”, página 106; Jairo Enrique Solano Sierra en su obra El Hurto de Automotores, páginas 174 y 175; y, Luz Marina Villota Valencia en los comentarios al Código Nacional de Policía, al igual que todas las compilaciones existentes en el país sobre legislación contravencional.
Así mismo, la doctrina penalística al estudiar el artículo 217 del Estatuto Punitivo tampoco ha entendido, y ni siquiera lo ha sugerido, que la descripción típica del artículo 32 del Código Nacional de Policía haya quedado subsumida por el tipo penal, como se colige de las obras especializadas o de las generales dedicadas a estudiar los delitos contra la fe pública, entre las que se impone citar en primer lugar La falsedad documental del profesor Luis Enrique Romero Soto, cuarta edición, páginas 493 ss., Jorge Arenas Salazar en su Delito de Falsedad, páginas 245 ss., Jorge Enrique Valencia Martínez en el Examen dogmático de los delitos contra el Estado y delitos contra la fe pública, páginas 117 ss., Humberto Barrera Domínguez en Delitos contra la fe pública, páginas 207 ss., Antonio José Martínez López en Delitos de falsedad y fraude, páginas 40 ss., Luis Carlos Pérez en el Tomo IV de su Derecho Penal, páginas 45 ss., Calixto Montenegro en Comentarios a los delitos contra la fe pública, páginas 33 ss. y Alfonso Ortiz Rodríguez en el Manual de Derecho Penal Especial, páginas 289 ss.
j) Y es que para el legislador era tan claro que la finalidad del artículo 217 no era nunca la de sancionar las alteraciones de los medios de identificación de los vehículos automotores, que además no sobra anotar cómo el Decreto 051 de 13 de enero de 1987, a través de su artículo 29, recogiendo igual disposición que la consagrada en el artículo 6.6 de la Ley 21 de 1977, la estatuía como contrabando de segundo grado, convirtiendo en contravención la modificación o alteración de la “identificación de la mercancía no nacionalizada”, ya en vigencia del Código Penal; y en el actual Decreto 1750 de julio 4 de 1991 que eliminó el carácter de hecho punible de las conductas tipificadas para el entonces vigente Estatuto Penal Aduanero, la convirtió en infracción administrativa, suprimiéndole únicamente la expresión “modificar”, quedando del siguiente tenor “Alterar la identificación de mercancías que no se encuentren en libre circulación”; y la reciente Ley 383 de 10 de julio de 1997 que ha vuelto a consagrar como delictual el contrabando y que dicho sea entre guiones volvió a estatuir el delito continuado, claro está para estas conductas, en nada modificó el anterior.
Esta normatividad aduanera es necesario tenerla presente no sólo para demostrar la convicción legislativa que existía sobre contenido y fin del precitado artículo 217 del Código Penal, sino porque además al encontrarse actualmente regulada como infracción administrativa se genera un mayúsculo problema con el pronunciamiento de la sala mayoritaria en punto de su interpretación, habida cuenta que de una parte si se entendiese que el artículo 217 derogó también tácitamente dicha disposición aduanera nos encontraríamos con que el Código Penal estaría derogando una norma especial y posterior a su expedición, lo cual como se sabe no es posible, debiéndose entonces convenir en que, como en efecto lo es, que esta disposición está vigente y que, en este orden de cosas, rompiendo el principio constitucional de igualdad, nos encontraríamos frente a una inaceptable discriminación, ya que para quien falsificare los medios de identificación de un vehículo automotor “que no se encuentre en libre circulación” la sanción sería de alguna de las que consagra el artículo 2º del Decreto 1750 de 1991, esto es la de multa, como principal, y como accesoria la prohibición de ejercer el comercio, o la clausura y cierre del establecimiento comercial o la prohibición de ejercer profesión u oficio relacionado con el Comercio Exterior, o la pérdida del empleo o cargo público, mientras que para quien cometa la misma conducta fuera de estos límites la pena será de uno a cinco años de prisión y multa de un mil a veinte mil pesos, lo cual verdaderamente resultaría inaceptable, pues frente a la legislación actual lo que ocurre es que subsisten la falta administrativa aduanera y la contravención especial de policía, según el caso.
7. Le ha asistido, entonces, y le asiste razón a la totalidad de la doctrina nacional que trata esta temática, para lo cual nos remitimos a los autores y obras citadas en precedencia, si bien dentro de la generalización ya anotada, ninguno de los autores se ha atrevido siquiera a plantear la duda en el sentido de afirmar la derogatoria tácita del artículo 32 del Decreto 522 de 1971 por entender que esta conducta contravencional se encuentre plenamente subsumida en la delictual del artículo 217 del Código Penal, como tampoco lo han hecho quienes en sus estudios de derecho policivo se han dedicado al análisis de este Estatuto, con la excepción de Nelson Mora quien como quedó dicho erróneamente pensó que en estos eventos se tipificaba una falsedad documental y que como también quedó expuesto ha sido objeto de certeras críticas por otros autores; muy por el contrario, los analistas del Código Punitivo al unísono afirman, de una y otra manera hasta con insistencia, que esta clase de falsedad lo es única y exclusivamente respecto del “peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido”, excluyendo cualquier otro evento.
Y es que no puede ser otra la conclusión a la que se llega al confrontar estas dos disposiciones, si se tiene en cuenta que en la contravencional se sanciona a “El que sin permiso de autoridad competente suprima o modifique los números de identificación de motor, carrocería, bastidor o chasis de vehículo automotor o los de la placa de su matrícula, o use placa distinta de la autorizada”, pues la claridad de esta disposición es inobjetable y no necesita de ninguna clase de interpretaciones esforzadas no sólo para su comprensión literal sino para establecer su sentido, toda vez que específicamente sanciona la supresión o modificación, es decir la falsedad, de “los números de identificación” creados como mecanismos para la distinción de un vehículo automotor, que no sólo tiene importancia respecto de la comisión de los delitos contra el patrimonio de estos, como suele generalmente creerse, por cuanto la práctica demuestra que casi en forma generalizada esta conducta sucede a la delictual del hurto para lograr la impunidad de éste o para alterar la identificación de otros automotores, sino que se constituye en el medio que el Estado ha considerado idóneo para la protección de la propiedad privada de los mismos, para efectos tributarios, y hasta de las relaciones internacionales de comercio.
8. Como se vio el Código Nacional de Tránsito Terrestre determina legalmente qué caracteriza la identificación de esta clase de vehículos, señalando entre ellas la numeración del motor y del chasis y si esta disposición contravencional sanciona a quien cambie o altere la misma, es evidente que aquí está prohibiendo y consecuencialmente poniendo en forma especial esta clase de comportamientos, por ello es que para conservar la correspondiente armonía normativa precisa las mismas características identificadoras de los automotores y ningún otro término genérico que convierta en ambigua la disposición, pues ante todo no puede perderse de vista que conforme está redactada la ya citada norma del Código Nacional de Tránsito Terrestre son las referidas características de identificación las que producen relevancia para este fenómeno y no el peso, la medida, la calidad, la cantidad, el valor o el contenido de los mismos automotores, categorías estas que carecen de esta clase de connotación, por disposición legal, para su identificación; entonces de dónde podemos sacar la conclusión a la que llega la sala mayoritaria al interpretar el artículo 217 del Código Penal, si la identificación automotriz está dada en cuanto a las características utilizadas para ella por la misma ley, es decir que no puede crearlas el intérprete, y como fácilmente se observa ninguna de ellas tiene que ver con el peso, ni con la medida, ni con la cantidad, ni con el valor, ni con el contenido de los mismos, que además y dicho sea de paso nunca podrían ser mecanismos idóneos para identificarlos.
La derogatoria tácita de la ley de conformidad con la Ley 153 de 1887, hoy artículo 71 del Código Civil procede “cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior”, la cual puede ser total o parcial, y como lo ha expuesto la doctrina y la jurisprudencia desde el momento mismo en que se expidió esta centenaria e importante ley esta irreconciliación legal a que se refiere la disposición, debe entenderse como que la nueva normatividad regule a plenitud la conducta o el fenómeno que igualmente lo hacía el anterior, hasta el punto de poderse afirmar que se ha previsto nuevamente debiendo quedar por tanto sin vigencia la anterior, por la sencilla razón de que la recoge, lo cual significa que en el presente caso y para poder afirmar una derogatoria tácita total del citado artículo 32 del Decreto 522 por el 217 del Código Penal, se necesitaría que esta última disposición prohibiera y por ende sancionara a quien sin permiso de autoridad competente “suprima o modifique los números de identificación de motor, carrocería, bastidor o chasis de vehículo automotor o los de la placa de su matrícula o use placa distinta de la autorizada”, o que la norma penal hubiese dejado abierta la relación del signo a “cualquier connotación jurídica”, y esto, hemos visto, no sucedió.
Entonces, y lo digo con el mayor respeto, ¿de dónde podemos afirmar tal derogatoria tácita?. Esta disposición contravencional está en plena vigencia, fenómeno distinto es, el cual necesariamente compartimos, que desde un punto de vista político criminal y de lege ferenda, dentro de la actual dinámica delictual del país y específicamente en relación con el cada día incrementado hurto de automotores y el verdadero comercio ilegal que existe de los mismos, mediante la alteración de los referidos medios identificativos, se imponga su consagración como delito y que la pena sea proporcional a la gravedad del mismo, además de una regulación acorde con el fenómeno en términos de una descripción típica que abarque las diversas hipótesis de participación criminal que puedan concurrir en estos casos, que además, aún en punto de la interpretación dada por la Sala Mayoritaria al artículo 217, quedan sin solución, como es el caso de quien sin concurrir en el hurto ni en la imposición de la plaqueta o el signo se dedica a elaborar falsamente los mismos, por ejemplo, y en fin, que sea acorde igualmente con los diversos objetivos para los cuales está instituida la identificación de esta clase de vehículos. Pero de ahí a que por vía de interpretación podamos colegir su carácter delictual afirmando la derogatoria tácita de la disposición contravencional, creemos que hay una gran distancia.
9. Es por esto que los comentarios hechos a esta disposición, esto es a la contravencional, no han sido de pérdida de vigencia ni de oportunidad en su aplicación sino sobre la no comprensión real del problema por parte del legislativo para que una tal conducta continúe con carácter policivo, más aún ahora cuando con las modificaciones introducidas por la Ley 228 de 1995 y por mandato de su artículo 15 esta contravención, al igual que todas las sancionadas con pena de arresto, salvo las excepciones allí previstas, quedaron penadas con multa hasta de cinco salarios mínimos legales mensuales.
10. Bajo estos supuestos entonces estoy convencido jurídicamente que al parlamentario investigado no se lo podía acusar por el delito de falsedad marcaria y que si se consideraba pertinente, debió compulsarse las copias respectivas para que por separado y ante las autoridades policivas se investigara esta contravención, pues de contera surge por lo expuesto que dado el contenido y sentido de la primera modalidad comportamental que contiene este tipo penal, la segunda, objeto de la acusación, depende necesariamente de aquélla y por ende no podía imputársele a la aplicación: “objeto distinto a aquel a que estaban destinados” los medios de identificación del vehículo de que tratan los autos, toda vez que la exigencia se sigue remitiendo al primer supuesto que consagra las marcas, contraseñas, signos, firmas o rúbricas usados oficialmente para identificar, contrastar o certificar peso, medida, cantidad, calidad, valor o contenido».