Source: https://circustiplasticos.blogspot.com/2016/07/
Timestamp: 2017-05-29 11:35:24
Document Index: 16141595

Matched Legal Cases: ['Artículo 95', 'Artículo 18', 'Artículo 39', 'Artículo 68', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 14']

EL HUMANITARIO ISSN 1900-7183 Periodismo libre e independiente: julio 2016
Nelson Cubides Salazar Concejal de Bogotá.Por el Partido Conservador Colombiano,.
concejales Nelson Cubides Salazar, Diego Devia y Edward Arias, rendirán hoy ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo
mediante el cual la Administración Distrital, solicitó un Cupo de Endeudamiento
que contempla una inversión de 5 billones 39 mil
millones, y cuyo valor recoge el
saldo no ejecutado por parte de la Administración anterior valor que asciende a
más de 2.4 billones (dos billones cuatrocientos treinta y cinco mil
quinientos cincuenta y siete millones de pesos). Después de realizar un análisis sobre el monto que se destinará para los
proyectos que tiene el Distrito en sectores como Movilidad, Educación,
Ambiente, Seguridad, Salud, Cultura y Recreación, los cabildantes decidieron
respaldar este proyecto que permitirá a Bogotá invertir en obras que
beneficiarán a los ciudadanos. “Realizamos
un análisis responsable al proyecto que presentó la Administración Distrital y
consideramos que aprobar el cupo de endeudamiento por 5 billones 39 mil
millones, contribuirá a solucionar varias problemáticas que tienen los
ciudadanos en movilidad, seguridad y salud. Además, mejorará la calidad
educativa y ofrecerá beneficios en cultura y recreación para los bogotanos.
Aprobar este cupo es necesario para financiar el Plan de Desarrollo aprobado
por el cabildo”, dijo el concejal conservador Nelson Cubides.
Para el cabildante, es significativo el monto que se
invertirá para solucionar una de las problemáticas que más afecta a los
capitalinos. De acuerdo con el Proyecto que presentó la Administración, el 58% de los recursos corresponden a
proyectos enfocados en el Sistema Transmilenio y Metro. Se destinarán 2.1
billones para construir y mejorar la infraestructura de Transmilenio (1.1
billones serán para la nueva troncal de la carrera séptima). Los otros recursos
se distribuyen así: compra
de patios troncales 289.202 millones de pesos, ampliación de patios troncales
184.591 millones, construcción de nuevos cupos de biciparqueaderos 9.489
millones y la ampliación y adecuación de estaciones existentes 199.634
millones. Además, el cupo de endeudamiento contempla 800 mil millones para la cofinanciación de la primera línea del Metro.
invertirá 1 billón en obras de infraestructura
vial en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Mártires y Usaquén. Diego Devia. Concejal de Bogotá.Por el Centro Democratico
concejal Nelson Cubides, resaltó la importancia de que el segundo porcentaje
más alto en la inversión del Cupo de Endeudamiento, sea para el sector de
educación. “Se destinarán 347 mil
millones de pesos que servirán para construir los 25 nuevos mega colegios que
se establecieron en el Plan de Desarrollo Distrital. Actualmente según el Ministerio de
Educación, Bogotá cuenta con un déficit de 9000 mil aulas, esto plantea grandes
retos para la actual Administración y una inversión significativa de recursos
En Seguridad serán 187 mil millones de pesos, que según lo proyectado se usarán para la compra 4 mil cámaras de vigilancia, la
construcción de la Estación de Policía de Usaquén, así como un Centro de
Atención Especial para Adolescentes y una Casa de Justicia. “Mejorar la
seguridad es el anhelo de todos los bogotanos, este cupo de endeudamiento le
apuesta a que los ciudadanos puedan transitar más tranquilos por las calles de
la capital; la tecnología ayudará a desarticular bandas dedicadas al hurto y
otros delitos”, afirmó el concejal conservador.
Otro de los problemas críticos
que sufre nuestra ciudad es todo lo relacionado con el sistema de salud, para
contribuir a mejorar lo anterior la Administración le apuesta a invertir 179 mil millones para la reorganización del
sector, realizar obras de infraestructura y dotación de la red de atención
salud. Para ejecutar los planes del sector Ambiente, la
Administración destinará 230 mil millones que serán para construir el circuito
ambiental de Bogotá, incluyendo el sendero panorámico rompe-fuegos de los
cerros orientales y Chingaza – Tunjuelo. Por
último, para Cultura, Recreación y
Deporte, el Distrito contará con 74 mil millones para la construcción de 75 canchas sintéticas con
alumbrado y dos nuevos parques zonales
(La Esperanza y Las Margaritas). “Invertir en escenarios deportivos y
recreativos, es una apuesta estratégica no solo para embellecer la ciudad, sino
la mejor forma de alejar a nuestros jóvenes de problemas como la drogadicción y
la delincuencia, ahora es importante desarrollar acciones conjuntas para que el
uso de estos espacios sea el adecuado”, dijo el cabildante Nelson Cubides. Edward Arias Concejal.Por la Alianza Verde.
El proyecto Cupo de
Endeudamiento es de gran importancia porque respalda el Plan de Desarrollo
Distrital, es
un instrumento de gestión y planificación financiera que permite la
realización y ampliación de infraestructura, mejoramiento de servicios
sociales, mayor movilidad y educación, entre otros. Al autorizar este cupo se podrán realizar obras de inmenso beneficio
para avanzar en el desarrollo de la ciudad, en el progreso y bienestar de los
bogotanos. “Tomamos
la decisión de rendir ponencia positiva a este proyecto, porque confiamos en
que los recursos destinados se invertirán en favor de la ciudad. Estaremos haciendo seguimiento y control a
que los proyectos se efectúen como quedó establecido. Pensar que Bogotá
tendrá 25 nuevos colegios, dos hospitales, una nueva Estación de Policía, 4 mil
nuevas cámaras de vigilancia, 75 canchas sintéticas y dos parques zonales; son
motivo suficiente para creer y respaldar este cupo de endeudamiento”, concluyó
el cabildante Nelson Cubides Salazar.
Por Javier Giraldo M. S.J.
Si bien hay una
euforia de paz que se traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten
por todas partes, cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos
eslóganes o en los aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen
Colombia ha vivido en los últimos 4 años
una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC,
luego de 60 años de conflicto armado que ha dejado muchos millones de víctimas
y ha llevado a la degradación progresiva de la guerra en muchos aspectos. Este
proceso ha ido revelando progresivamente los laberintos, a veces sin salida, en
que es necesario internarse para buscar acuerdos de paz. El país ha vivido ya
33 años de procesos de paz fracasados durante el último ciclo de violencia, sin
contar las negociaciones, acuerdos y eliminaciones de ex combatientes de ciclos
anteriores que se identifican con las mismas causas. Una larga tradición
demuestra que los acuerdos no se cumplen y que los combatientes rebeldes son
eliminados tras el desarme, pero no sólo ellos sino las fuerzas sociales y
políticas que les son cercanas.
Hace pocos días se firmó en La Habana un
documento que define el penúltimo de los 6 puntos de la agenda acordada al
comienzo de los diálogos, incluyendo ya el compromiso de un cese de fuego
bilateral y supuestamente definitivo. Sin embargo el país se encuentra
profundamente polarizado por el crecimiento y poder creciente de posiciones
políticas de extrema derecha. Parece que reviven las posiciones de la Guerra Fría,
potenciadas por el monstruoso poderío económico de un empresariado
multinacional que defiende rabiosamente sus intereses excluyentes con medios
Si bien hay una euforia de paz que se
traduce en eslóganes o en frases de cliché que se repiten por todas partes,
cuando se profundiza un poco en lo que hay detrás de esos eslóganes o en los
aspectos que esas frases superficiales eluden, aparecen muchas preocupaciones.
Algunos analistas más críticos llaman la atención sobre ciertas contradicciones
1) Se percibe un doble lenguaje: en uno
de ellos se afirma que el proceso no se ha enfocado como una rendición de
rebeldes delincuentes sino como un reconocimiento de una guerra que tenía
raíces sociales y en la cual los dos polos cometieron crímenes; el otro
lenguaje, usado por el gobierno fuera de la mesa de diálogos, tiene todo el
enfoque de la rendición, la derrota y el sometimiento a una legalidad y una
estructura de poder supuestamente democrática. El gobierno y la clase dominante
repiten que el proceso es fruto de un triunfo militar del Estado que ha
doblegado a la guerrilla y la ha obligado a sentarse a la mesa de negociación.
2) Aunque en los formalismos de la mesa
de negociaciones se aceptó discutir las raíces del conflicto, sobre todo en los
temas de tierra y democracia, predominó la negativa rotunda del gobierno a
tocar en lo más mínimo el modelo económico y el modelo político, quedando todas
las propuestas relativas a esas raíces del conflicto como “salvedades” o
“constancias” de lo que fue imposible discutir. El gobierno repite que no
negocia el modelo vigente y que sólo invita a la guerrilla a que, una vez
dejadas las armas, se presente a los debates electorales para solicitarle a la
sociedad que apoye sus propuestas de reformas. Esto sería normal si hubiera
democracia, pero el gobierno sabe que mientras no reforme el sistema electoral,
uno de los más corruptos del mundo, y el sistema de propiedad de los medios
masivos de información, ni la guerrilla ni ningún movimiento de oposición podrá
conquistar triunfos democráticos.
3) Muchas polémicas interminables
llevaron finalmente a los rebeldes a aceptar la simetría de trato a los
combatientes de ambos lados, desconociendo la gravedad enormemente mayor de los
crímenes de Estado y las características del delito político y del derecho a la
rebelión. También tuvieron que aceptar la inmunidad de los ex presidentes
frente a la justicia y la ruptura de las responsabilidades de mando, ambos
principios consagrados en el Estatuto de Roma cuyo desconocimiento refuerza y
amplía la impunidad rutinaria.
4) El desarrollo de los diálogos ha
producido perplejidad en las capas más conscientes de la sociedad, al comprobar
que el Estado ha recurrido simplemente a la negación de los obstáculos más
grandes para la paz, considerándolos como inexistentes o realidades del pasado
ya superadas: el paramilitarismo, la doctrina militar del enemigo interno y de
la seguridad nacional y la criminalización de la protesta social. Nadie puede
entender tampoco que las negociaciones no hayan llevado a un acuerdo sobre la
reducción de la fuerza armada del Estado sino más bien a anunciar que esa
fuerza se va a aumentar y a reforzar. Todo el mundo se pregunta: ¿si es verdad
que se acaba la guerra, por qué el monstruoso gasto militar no se va a acabar
sino a aumentar?
5) El recurso a la justicia
transicional, que ha sido el punto de llegada en el tema de las víctimas del
conflicto, uno de los aspectos más polémicos y que más tiempo han consumido en
las negociaciones, no deja tranquilos a numerosos analistas de ambos lados. Se
pactó una Jurisdicción Especial para la Paz, diseñada por un grupo de juristas
de alto nivel, dentro de los criterios básicos de la justicia transicional.
Supuestamente el derecho nacional no operará allí sino sólo los tratados
internacionales; habrá magistrados también extranjeros; los que confiesen
crímenes internacionales, sean guerrilleros, militares, empresarios u otros,
tendrán penas alternativas y no de prisión, y los que no confiesen serán condenados
a prisión. La fórmula ha sido elogiada por muchos aunque se critica la
violación flagrante de algunos artículos del Estatuto de Roma para favorecer a
los gobernantes. Sin embargo dicha fórmula alberga dos principios que pueden
dar al traste con las escasas expectativas de justicia: los principios de
priorización y de enfoque hacia los máximos responsables. Ya hay aplicaciones
en curso de esos principios por parte de la justicia colombiana, frente a
modalidades concretas de genocidio, que anuncian la utilización corrupta de
esos dos principios, como mecanismos privilegiados de impunidad. Esto hace
mirar el acuerdo de justicia con reservas.
6) En general, las motivaciones de
disuasión que han sido utilizadas para promover los acuerdos de paz, descansan
en gran parte en la imposibilidad práctica de lograr cambios sociales por medio
de la lucha armada, dado el poder monstruoso y apabullante de las armas
estatales respaldadas por el poderío imperial de mayor alcance destructivo en
la historia reciente de la humanidad: los Estados Unidos. Brilla por su
ausencia, sin embargo, toda consideración ética de los clamores y sufrimientos
que llevaron a levantarse en armas a los combatientes contra el Estado. El
discurso político predominante es pragmático y egoísta y muestra indiferencia
arrogante por posibilidades reales de justicia. Los discursos del Presidente
Santos en el exterior han insistido, ante todo, en una paz que beneficiará a
los empresarios e inversionistas transnacionales, quienes podrán intensificar
su extracción de recursos naturales, pero entre tanto su gobierno reprime con
una violencia cruel las protestas sociales de las comunidades afectadas por la
destrucción ecológica y social que han causado y siguen causando esas empresas
Desde la extrema derecha se condena el
proceso porque favorece la impunidad de los rebeldes, seguramente responsables
de no pocos crímenes de guerra, pero desde el movimiento popular se teme más a
la impunidad de los poderosos y de los agentes del Estado y del paramilitarismo,
cuyos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios superan enormemente en
cantidad y en crueldad los crímenes de la insurgencia y su impunidad se traduce
en la continuidad de un poder represivo que seguirá afectando a los sectores
más desprotegidos de la sociedad y bloqueará con violencia las reformas
sociales que se reclaman con urgencia.
A pesar de los esfuerzos formales por
construir un Estado de Derecho, sobre todo desde la Constitución de 1991, el
poder real lo sigue ejerciendo una minoría poderosa articulada a intereses
transnacionales, llegando a configurar un Estado esquisofrénico en el cual lo
formal se apoya en lo legal y lo real se apoya en las mil redes clandestinas de
violencia paraestatal cuya relación con el Estado es negada rotundamente por
los funcionarios del régimen y los medios masivos de información.
La primera experiencia reciente de
justicia transicional la realizó un gobierno de extrema derecha –el del
Presidente Álvaro Uribe- en 2005, mediante la ley 975 llamada paradójicamente
“Ley de Justicia y Paz”. Hubo entonces una negociación con los paramilitares,
quienes a todas luces apoyaron su candidatura a la presidencia. Luego de
negociaciones con los líderes paramilitares más connotados, obtuvo su
sometimiento a una justicia indulgente en que la pena máxima fluctuaba entre 5
y 8 años aunque los crímenes atroces en cada caso sumaran muchos millares.
Supuestamente se desmovilizaron 32.000 paramilitares autores de 42.000 crímenes
atroces pero sólo fueron condenados a las penas mínimas 22 de ellos y casi
todos están en libertad desde 2015. A esa estrategia de negociación con grupos
que no podían identificarse como delincuentes políticos puesto que eran agentes
clandestinos del mismo Estado, el ex Presidente Uribe añadió otras estrategias
para que el paramilitarismo continuara activo: la configuración de un
paramilitarismo legalizado, vinculando a varios millones de personas a tareas
de guerra mediante redes de informantes y cooperantes y remodelando los
estatutos de las compañías privadas de seguridad para vincularlas a tareas
bélicas como auxiliares de la fuerza armada oficial. El paramilitarismo ilegal,
en grandes franjas, retornó muy pronto a sus acciones criminales con sus mismos
objetivos, a saber: persecución a todo movimiento social o de protesta mediante
escritos de clara inspiración contrainsurgente, anticomunista y fascista;
respaldo incondicional al gobierno y a sus fuerzas armadas; apoyo a las
empresas transnacionales cuya destrucción ecológica denominan “progreso”, y
sustento financiero en las redes más poderosas del narcotráfico. El gobierno ha
acuñado para ellos nuevas siglas que los inscriben en la delincuencia común
ajena a toda relación con el Estado. Hoy se articulan y coordinan con calculada
astucia las franjas legales y las ilegales del paramilitarismo, cobijadas por
un lenguaje que las cubre con la negación rotunda de su existencia.
Desde el comienzo de las negociaciones
actuales, las FARC habían afirmado que jamás se someterían a la justicia
colombiana, dada su extrema corrupción, su responsabilidad en la impunidad
monstruosa de los crímenes más atroces del Estado y del paramilitarismo y su
desvergonzada parcialidad y dependencia del régimen, conceptos que comparten
grandes franjas de población que consideran la justicia como éticamente
colapsada. Muchas fórmulas se propusieron para buscar imparcialidad, incluyendo
la creación de una corte penal regional apoyada por regímenes progresistas de
América Latina. Y mientras la insurgencia buscaba estructuras judiciales más
independientes, los agentes del Estado eran atormentados por la evaluación de
lo ocurrido en otros países que emitieron leyes audaces de impunidad para
militares y funcionarios, leyes que fueron posteriormente invalidadas por
tribunales internacionales. El ex Presidente César Gaviria lanzó una carta
pública pidiendo que se blindaran de manera definitiva las medidas de
impunidad, para protegerlas de un eventual desconocimiento posterior por
tribunales internacionales o por las mismas cortes nacionales, por ello el
Acuerdo incluye también unos mecanismos de blindaje hacia el futuro, no sea que
tribunales internacionales o nacionales puedan desconocer lo acordado. Esos
blindajes no dejan de ser frágiles y en su análisis se descubre con mayor
contundencia la dependencia del derecho respecto a la política y a los vaivenes
En el momento en que escribo aún no se
ha firmado el Acuerdo definitivo, pero ya se piensa que el proceso es
irreversible y que en pocas semanas se convocará a la ceremonia solemne de la
firma. Se ha concertado ya un calendario de entrega de las armas a las Naciones
Unidas y de concentración provisional de los guerrilleros en 23 zonas rurales
mientras comienzan a implementarse los diversos puntos de los acuerdos. Como lo
reconoce el cerebro de las negociaciones de parte del gobierno, lo que se
firmará no es propiamente la paz sino un cese de fuego. La paz habrá que
comenzar a construirla, principalmente en las zonas en que la guerra ha sido
más intensa. La polarización es muy grande en este momento y muchos opinamos
que, mientras no se solucionen las raíces más profundas del conflicto, como son
la extrema desigualdad, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta
de democracia y la criminalidad estatal tendiente a reprimir toda protesta
social y a destruir todo movimiento de base que busca modelos alternativos y
justos de sociedad, el conflicto se puede reactivar sin que sean previsibles
Es necesario anotar, que el Acuerdo no
se va a firmar, por el momento sino con la guerrilla de las FARC. La otra
guerrilla que tiene importancia numérica e histórica: el Ejército de Liberación
Nacional, no ha logrado aún llegar a acuerdos mínimos de agenda para iniciar el
diálogo con el gobierno, aunque ha dado pasos significativos.
El presidente del Senado Mauricio Lizcano, liderará a partir de ahora la campaña partidista por la paz, una iniciativa que busca llegar a todas las regiones del país, para impulsar el SI al plebiscito que refrendará los acuerdos de la Habana con la guerrilla de las Farc. Partidos como el Liberal, Cambio Radical, la U, Opción Ciudadana y Alianza Verde integrarán este comité que desde ahora recorrerá ciudades y municipios, cada 15 días. El comité está integrado por Armando Benedetti, presidente del partido de la U; Horacio Serpa codirector del partido Liberal; Fabio Amín, codirector del partido Liberal; Rodrigo Lara, director de Cambio Radical; David Barguil, presidente del partido Conservador, Antonio Sanguino, presidente de la Alianza Verde; Miguel Ángel Pinto, presidente de la Cámara; Dairá Galvis, vicepresidenta del Senado; Hernán Andrade, senador conservador; Doris Vega, vocera de Opción Ciudadana y Carlos Fernando Galán, senador Cambio Radical y Antonio Navarro, senador de la Alianza Verde. "Cada loro en su estaca en muchas cosas. Cada partido va a mantener su propia estructura, su propio trabajo, pero indudablemente la unidad hace la fuerza y queremos ganar ampliamente con el "sí" : Antonio Navarro. "La conclusión más importante es que hemos conformado un comité político central de todos los partidos afectos a la paz, que vamos a coordinar la parte política del plebiscito por la paz. Vamos a viajar a todas las regiones, vamos inclusive a comenzar el próximo lunes de hoy en ocho en Cali”: señaló el presidente del Senado Mauricio Lizcano En Cali se conformará un comité político. “Recorremos las calles, visitaremos los medios de comunicación y ya cada presidente de cada partido pues se reunirá con sus bancadas y autónomamente moverá sus actividades que quiera hacer ese día en Cali” Lizcano aseguró que no será una campaña centralizada “No es el único comité, hay otros comités que funcionan en la campaña, existirá un comité financiero que estará coordinando el doctor Villegas, existirá un guía de elecciones que lo está coordinando el doctor Miguel Peñalosa, existirán otro comité de jóvenes, de ciudadanos” Oficina de Comunicaciones Presidencia del Senador de la República
Radicado proyecto de ley para reducir salario de los congresistas
De esta forma, se disminuirá la brecha en el ingreso entre congresistas y el promedio de los trabajadores colombianos, acercándose más a la igualdad y equidad por la que vienen trabajando varios congresistas, entre ellos los senadores Jorge Prieto, Claudia López, Representante Angélica Lozano, Sandra Ortiz e Inti Asprilla del Partido Alianza Verde, también coautores de este proyecto.La Representante Angélica Lozano explica que aunque sigue siendo un monto alto es proporcional a las responsabilidades del cargo y además, sirve como referente para la asignación de salarios de otros altos funcionarios.La radicación del proyecto se hace junto a los representantes de change.org quienes recogieron más de 130 mil firmas de apoyo a este proyecto. Publicadas por
NOTA DE PROTESTA DEL SECRETARIO GENERAL DEL CABILDO INTERRELIGIOSO DE COLOMBIA, RABINO DR. RICHARD GAMBOA BEN-ELEAZAR, A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL DRA. GINA PARODY, POR LA IMPOSICIÓN ARBITRARIA DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN COLEGIOS PRIVADOS SECULARES Y CONFESIONALES DEL PAÍS
El suscrito Secretario General del CABILDO INTERRELIGIOSO DE COLOMBIA, en cumplimiento de los deberes ciudadanos que le conjura la Constitución Política Nacional en su Artículo 95, en uso del derecho que ésta le confiere en su Artículo 18, y en uso de las facultades que le confiere la Carta Estatutaria del Cabildo en su Artículo 39 numerales A y P, se permite presentar ante la Señora Ministra de Educación Nacional Dra. GINA PADODY, y poniendo al Pueblo Colombiano y a la Comunidad Internacional como testigos, la siguiente nota de protesta en los siguientes términos:
1. La señora Ministra de Educación Nacional, mediante diversas directivas, está imponiendo de manera arbitraria la Ideología de Género en todos los colegios privados y públicos del territorio colombiano y a partir del ciclo Preescolar. Tal pretensión está siendo justificada con la Sentencia T-478 de 2015 proferida por la Corte Constitucional, que ordena una revisión de los Manuales de Convivencia de todos los establecimientos educativos del país para erradicar toda forma de discriminación; y el fracasado proyecto de decreto presidencial que pretendía establecer en Colombia una política pública LGBTI, documento que tal cual estaba redactado, buscaba realmente establecer una Gestapo Gay para perseguir a todo aquel que manifestara estar en desacuerdo con el homosexualismo, como se denunció públicamente en su momento.
2. Como lo han advertido los diversos gremios educativos y cientos de entidades religiosas, las pretensiones de la señora Ministra de Educación Nacional son inconstitucionales, ilegales y violentan el derecho de los padres de familia a brindar a los hijos el tipo de educación religiosa, ética y moral de acuerdo con sus propias convicciones, derecho amparado por la Carta Magna en su Artículo 68, y ratificado por el Estatuto Legislativo de Libertad Religiosa Ley 133 de 1994 Artículo 6 Inciso H.
3. La Ideología de Género, tal cual está siendo predicada y pretende ser impuesta por el Estado Colombiano a través del Ministerio de Educación Nacional, destruye los cimientos antropológicos, sociológicos y axiológicos del ser humano y de la sociedad. Anula al ser humano en su naturaleza y dignidad masculina y femenina, y promueve peligrosamente lahéterofobia, entendida como la discriminación contra quienes defienden las relaciones sexo-afectivas exclusivamente entre un varón y una mujer, y la monogamia como núcleo ideal de cohesión de las familias colombianas. Perjudica el sano y normal desarrollo de la identidad, el auto-concepto y el conocimiento de las realidades sexuales por parte de la población infantil colombiana, y se configura más en una política pública de proselitismo agresivo gay, que como una verdadera, objetiva y sana formación integral escolar en torno al tema de la sexualidad en sus dimensiones biológica, psicológica y ética.
4. La Ideología de Género que se pretende imponer desde el Ministerio de Educación Nacional y con el beneplácito de la Corte Constitucional, violenta peligrosamente la prevalencia del interés general por sobre el interés particular proclamado en el Artículo 1 de la Constitución Política Nacional. Violenta la inmunidad de coacción derivada de la libertad de conciencia (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 18; Constitución Política Nacional, Art. 18). Criminaliza la libertad de cátedra y de enseñanza de los padres de familias, docentes, líderes laicales y religiosos que defienden el modelo tradicional de familia como ideal antropológico, sociológico y axiológico universal, de acuerdo con los respectivos fundamentos doctrinales que cada entidad religiosa profesa (Constitución Política Nacional, Art. 27; Ley 133 de 1994, Art. 6).
5. Las recientes decisiones y pretensiones de la señora Ministra de Educación en materia de Ideología de Género en ambientes escolares, así como la misma Sentencia T-478 de 2015 proferida por la Corte Constitucional, violentan lo reglamentado por la Ley General de Educación 115 de 1994 Artículo 14 Inciso E., y lo manifestado por la propia cartera de gobierno mediante el Oficio MEN-2015-ER-177668 de fecha Octubre de 2015 y dirigida al Despacho del Secretario General del CABILDO INTERRELIGIOSO DE COLOMBIA en el marco de la Misiva Cautelar CIC-MC001-2015; oficio cuya página 2 menciona explícitamente que el Ministerio de Educación Nacional respetará celosamente el principio de autonomía institucional de los colegios privados seculares y religiosos en materia de Educación Sexual (principio proclamado por la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, y el Decreto 1860 de 1994, Art. 14 y 15); permitiendo que éstos, según sus propios contextos, necesidades y situaciones, administren discrecionalmente los contenidos de Educación Sexual en el marco de sus propios Proyectos Educativos Institucionales – PEI. 6. El CABILDO INTERRELIGIOSO DE COLOMBIA ratifica su denuncia pública de cómo desde el Estado Colombiano se está violando deliberada y sistemáticamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional y las Leyes vigentes, mediante la persecución y criminalización de todos los creyentes, clérigos y laicos pertenecientes a las diversas Iglesias, Confesiones de Fe y demás Espiritualidades que se niegan a acatar decretos y fallos judiciales que atentan gravemente contra la vida y la dignidad humana, el bien común, la supremacía de los principios y valores éticos y morales universales en lo individual, lo colectivo, lo privado y lo público; y la sana cohesión social en condiciones de paz con justicia social, dignidad y rectitud. 7. Como voz de la conciencia del Pueblo Colombiano, este consejo interreligioso nacional exhorta a la señora Ministra de Educación Nacional Dra. GINA PARODY, a respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional y las Leyes vigentes respecto al tema en cuestión. Le exigimos detener de inmediato sus pretensiones de imponer la Ideología de Género como política pública. Le exigimos no continuar más con la criminalización de los derechos derivados de las libertades religiosas, de conciencia y de culto que ejercen legítimamente los padres de familias, docentes y directivas de los colegios privados seculares y confesionales, y feligreses y líderes de las Iglesias, Confesiones de Fe y demás Espiritualidades presentes en el país; todos ellos primeros y directos responsables de la formación integral de las personas.
8. Rechazamos la acusación de que las Iglesias, Confesiones de Fe y demás Espiritualidades presentes en Colombia, promueven la homofobia como elemento esencial de sus respectivas doctrinas. Por el contrario, las Iglesias, Confesiones de Fe y Espiritualidades ancestrales y emergentes, denuncian y condenan cualquier acción, discurso o gesto simbólico que ponga en peligro la vida, la honra y los bienes de estas hermanas y hermanos. Pero advertimos que ninguna entidad religiosa estará dispuesta a reformar sus principios doctrinales y ético-morales con el fin de ajustarlos a las modas o a las tendencias mediáticas del momento, máxime si éstas atentan contra la vida y la dignidad humana, la moral pública y el bien común.
9. El CABILDO INTERRELIGIOSO DE COLOMBIA respalda y apoya los justos reclamos que, en la materia, lideran la Confederación Nacional de Asociaciones de Rectores y Colegios Privados de Colombia (ANDERCOP), la Confederación Nacional Católica de Educación (CONACED), la Asociación Colombiana de Educación Privada (ASOCOLDEP), la Confederación Colombiana de Establecimientos Educativos Privados (CONFENADESPRIV), la Asociación Nacional de Colegios Militares (ACOMIL), la Confederación Nacional de Educación Privada (CONEP), la Unión de Colegios Internacionales (UNCOLI) y la Mesa Nacional de Educación y Autonomía (MENACEA).
Esperamos que el Estado Colombiano a través de sus representantes, entre en razón, reconozca sus errores, y se abstenga de dar continuidad a toda iniciativa judicial, legislativa o ejecutiva, que ponga en peligro la unidad nacional, la justicia, la democracia, la vida, la dignidad humana y la paz. Publicadas por
Para no olvidar lo que no divulgan los medios......
Encuesta: Peñalosa el peor calificado entre 24 alcaldes
Por: Las2orillas |
abril 07, 2016 |
El Centro Nacional de Consultoría tomó el pulso a los
alcaldes y gobernadores del país en sus primeros 100 días de gestión. Estos son
los mejores y los peores según una encuesta realizada entre el 16 de marzo y el
5 de abril de 2016. El mejor calificado es el alcalde de Montería, Marcos
Daniel Pineda, seguido por el de Medellín Federico Gutiérrez, el de Ibagué,
Guillermo Jaramillo. Alex Char ocupa el cuarto puesto. El peor calificado es
Peñalosa después del alcalde de Cúcuta, Omar Rojas, y el de Yopal, John Jairo
Torres, ‘John Calzones’. Entre los
gobernadores el primer puesto lo ocupa el de Sucre, Edgar Martínez Romero, y
junto al de Nariño, Camilo Romero, y últimos puestos son para la gobernadora
del Valle Dilian Francisca Toro y el de Norte de Santander, William Villamizar
Laguado. Y empeorando....
Material enviado por El Partido Socialista de los trabajadores
La heroica lucha del magisterio mexicano contra los planes educativos del gobierno de Peña Nieto ha trascendido las fronteras; uniendo en un sentimiento de solidaridad a amplias franjas de los miles de trabajadores de la educación de América Latina.
Clip en el Link . Para ver el video.Los Maestros en México en pie de lucha.https://www.youtube.com/watch?v=-rynJ0w2MmA Solidaridad de maestros colombianos con lucha magisterio ... www.youtube.com Grupo de maestros pertenecientes a Unidad Docente, corriente magisterial del Partido Socialista de los Trabajadores y al Colectivo Maestro Embejucado del dep...
Lamentablemente, este sentimiento de solidaridad no ha sido recogido en la mejor forma por la mayoría de las direcciones sindicales de las organizaciones del sector en muchos países; habiéndose podido hacer mucho más de lo que hasta ahora se ha hecho.
En el vídeo que difundimos se expresa el llamado a la solidaridad realizado por la corriente Unidad Docente del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia en unidad con el Colectivo Maestro Embejucao del departamento de Santander. Al realizar este vídeo buscamos ampliar y potenciar las expresiones de solidaridad.
Límites al concepto de salud mental: Álvaro Uribe ¿enfermo mental o agente letal?
(Tomado http://www.catedralibremartinbaro.org/pdfs/LIMITES_AL_CONCEPTO_DE_SALUD_MENTAL.pdf )
En un reciente artículo del
periódico El País, la psicóloga clínica Gloria Hurtado, asevera de forma
categórica que el ex presidente
Álvaro Uribe es un enfermo mental por la forma como ha
manipulado y utilizado a dos
mujeres para sus fines personales. Así escribe esta investigadora
colombiana de forma valiente:
“Considero a Álvaro Uribe un hombre enfermo mentalmente, con
un comportamiento patológico: el
narcisismo es una enfermedad y él es un individuo que se
considera ‘dios’ indispensable,
mesiánico y siempre acertado. Un narciso es un seductor, un
vampiro afectivo, totalmente
encantador, “nunca pierde” y es capaz de cualquier accionar con tal
de salirse con la suya. ¿Por qué
dos mujeres como María del Pilar Hurtado y Yidis Medina ‘caen’ en
su telaraña? ¿Qué tienen en
común?”.1
Hay mucho de cierto en estas
palabras desde una perspectiva eminentemente psicológica. Pero
¿qué sucede si a esta visión
psicologista le agregamos una mirada política? Veamos:
1. Algunos ejemplos históricos de
personas consideradas como enfermas mentales por
los mismos síntomas que la autora
del artículo coloca en la personalidad de Álvaro
Uribe, tienen una característica
común: su ligazón con el poder autoritario,
ultraconservador y potencialmente
generador de terror a gran escala. Es cierto que
en ellos es prominente ese rasgo
narcisista que los lleva a un afán desenfrenado de
protagonismo a cualquier costo.
Pero también es cierto que tienen perfecta
conciencia de clase del daño que
quieren hacer, contra quienes lo quieren hacer y de
que formas lo quieren hacer. Está
comprobado que dicha plena conciencia de su
actuar está ligada a poderosos
2. De hecho se sabe que
organismos como la CIA realizan cuidadosos estudios
psicológicos para elegir a sus
aliados en distintas esferas de la vida política de los
países que están siendo saqueados
por los EEUU. Justamente, una de las
características que más buscan
son personas con este tipo de inclinaciones
narcisistas que no tienen ningún
reparo en utilizar cínicamente a otros seres
humanos, tal como ha sucedido con
las dos mujeres que menciona la autora del
CÁTEDRALIBREMARTÍN-BARÓ
Por una psicología con compromiso
Artículo. No cabe duda que Álvaro
Uribe es un excelente prototipo en este caso.
Pero no podemos reducir el
problema de este oscuro personaje a una enfermedad mental.
3. Entre otras cosas, porque al
llamar loco o enfermo mental a alguien que está siendo
investigado por una horrenda
masacre como la del Aro2 , es otorgarle un favor desde
la psicología en su defensa. En
cambio, sí habría que utilizar el saber psicológico
para develar las razones que se
esconden detrás del personaje o la máscara de este
señor dedicado cien por ciento a
generar el odio, la intransigencia y las violencias al
interior del pueblo colombiano y
fuera de él como ocurre con sus constantes ataques
4. Hoy en día se encuentran
personajes que de verdad se creen dioses salvadores y
hasta ahora no se les acusa de
enfermos mentales. Invaden países, masacran
millones de seres humanos,
destruyen culturas milenarias e inoculan todo tipo de
venenos mediante una perversa
combinación de guerra biológica y operaciones de
tortura psicológica. ¿Son
enfermos mentales? No. Todo lo hacen mediante una
cuidadosa planeación,
financiación, ejecución y ocultamiento meticuloso de la
verdad. Son agentes letales de un
sistema mundo capitalista con plena conciencia
del sufrimiento que causan
diariamente a millones de seres humanos.
5. Uribe es uno de ellos. Un
agente letal y contaminante con la misión de generar
climas masivos de zozobra, miedo
y terror en la América Latina. Por ello ataca sin
pudor el proceso de paz y
defiende cínicamente a delincuentes de todos los tamaños.
Los mismos que un día tuvo en su
6. Quizás la diferencia se podría
encontrar en el hecho de que un enfermo mental
tiende a perder la noción de
realidad y un agente letal tiene perfectamente claro lo
que quiere hacer y contra quien
7. Un agente letal es hábil con
la palabra, la seducción y el chantaje emocional. Tiene
razón la autora cuando menciona
que Uribe es un <<vampiro afectivo y un
encantador>>. Pero estas
habilidades propias de la guerra psicológica son utilizadas
con todo el mundo y no sólo con
estas dos mujeres como lo son María del Pilar
Hurtado y Yidis Medina contra la
cual se ensaño impunemente.
8. Es muy peligroso para una
sociedad patologizar y psicologizar comportamientos
políticos como la intención de
hacer daño a otros seres humanos mediante la
planeación detallada de
estrategias como la celada premeditada y la utilización de
violar la intimidad sagrada de las personas o para
engañar a millones de seres
humanos haciéndoles creer que su gobierno estaba
ganando la guerra contra la
guerrilla, cuando lo cierto es que fabricaba
desmovilizaciones a gran escala
(léase Cacique Gaitana) o asesinaba miles de
2 CÁTEDRALIBREMARTÍN-BARÓ
9. Si bien es cierto que estos
personajes pueden llegar a tener características propias de
las llamadas enfermedades
mentales, no se puede confundir con los usos políticos,
ideológicos, psicológicos y
militares que ellos hacen del poder para seducir y
someter a grupos considerables de
seres humanos y llevarlos hasta la muerte misma
mediante su manipulación mental y
10. Ni Uribe es un enfermo mental
ni sus cómplices que han sido descubiertos hasta
ahora son retrasados mentales. Al
contrario, lo que allí se configura es una
lamentable escena de micro
fascismos criollos combinados con los valores propios
de las mafias nacionalistas que
han hecho carrera en la vida política del país. Por
eso entre ellos es normal fugarse
de la justicia, traicionar a sus mejores amigos,
acusar a inocentes, enlodar a
figuras políticas contradictorias y sobre todo exitosas
éticamente; y si es el caso,
ordenar distintas formas de tortura psicológica y material
contra todo aquello que se cruce
PARA QUE SE VAYA EL ASESINO PEÑA NIETO ¡Construyamos el paro nacional!
Bienvenida toda voz de apoyo para denunciar los crímenes de Peña Nieto o defender la educación pública. Pero opinamos que los dirigentes de Morena, en lugar de convocar actos por su cuenta, podrían ponerse modestamente al servicio de fortalecer un Plan de Lucha Unificado y apoyar con todos sus simpatizantes lo que ya ha decidido la ANR de la CNTE y es apoyado sin condiciones por todas las demás fuerzas solidarias. Cualquier organización política que realmente quiera apoyar a los trabajadores en lucha es bienvenida. La única condición es que se ponga a disposición de la lucha y no que intente poner la lucha a su disposición. Es más, López Obrador, podría demostrar su lealtad a esta gran gesta de los trabajadores y todo el pueblo pobre de México contra Peña Nieto, exigiendo la inmediata renuncia y castigo de quienes fueron sus candidatos, propuestos por él mismo: el asesino gobernador de Oaxaca, Gabino Cué y el alcalde del DF y represor de los maestros, Miguel Ángel Mancera. ¡Fuera Nuño! ¡Abajo la contrarreforma destructiva de la educación!
El muro del apartheid se compone de placas de cemento de 7 a 9 metros de
altura y de una valla electrificada de 4,5 metros de altura, fortalecida
en toda su longitud por una zona de seguridad de 30 a 100 metros de
ancho. Es una estructura compleja compuesta por alambre de espino,
cámaras de seguridad, zonas de arena fina para detectar huellas, torres
de vigilancia, caminos asfaltados a cada lado para permitir patrullar a
los tanques, así como zonas adicionales de defensa y áreas restringidas
de diversa profundidad. La empresa de seguridad británica G4S
proporciona equipamiento y servicios al muro de separación.
La construcción del muro alcanzó, al día de hoy, el 62% del proyecto
final, el 10% está en obra, y el 28% de su ruta está planificada. La
ruta final alcanzará los 712km de longitud, dos veces más larga que la
línea verde (320km).
El 85% de la ruta del muro se encuentra en Cisjordania. El muro se
adentra, en su punto máximo, en 22km del territorio palestino. En total,
el 9,4% de Cisjordania será ubicado entre el muro y la línea verde.
El muro abarca 65 de los 150 asentamientos de Cisjordania; más del 85%
de los colonos se encuentra del lado “israelí” del muro.
En Jerusalén, 168km del muro fueron ya construidos (son 181km planeados
en total) y el sólo 3% de la ruta pasa por la línea verde; el resto
atraviesa Cisjordania y abarca los asentamientos establecidos alrededor
de Jerusalén-Este.
El muro es parte de un sistema de unos 550 controles y bloqueos que han
levantado las autoridades israelíes para controlar a la población de 2
millones de palestinos dentro de este territorio.
Excepto los 300 000 palestinos de Jerusalén-Este que se encuentran al
oeste del Muro, 11 500 personas viven ahora atrapadas entre el Muro y la
Línea verde. Cuando el muro esté terminado serán 60.500 palestinos
residentes en 42 pueblos de Cisjordania que vivirán entre el muro y la
línea verde con Israel. Además, 12 de estos pueblos y alrededor de
31.400 palestinos quedarán completamente cercados por el muro. Más del
10% de la tierra palestina de Cisjordania, unas 57.518 hectáreas,
quedará al otro lado del muro, aislando a las comunidades en
bantustanes, guetos y “zonas militares”.
Alrededor de 150 comunidades palestinas fueron aisladas de sus tierras
por el Muro; ahora necesitan permisos de « visitantes » para poder
acceder a sus tierras. 81 “puertas” permiten el paso hacia las tierras
palestinas ubicadas entre el Muro y la línea verde, pero sólo 63 están
abiertas en épocas de cosecha de las olivas.
El Muro aísla 28 pozos de agua subterráneos y 17 pozos de agua de
Cisjordania, los cuales fueron apropiados por Israel. Decenas de miles
de olivos y otros árboles y extensas áreas de tierras agrícolas ya han
sido confiscadas y destruidas, decenas de viviendas han sido demolidas.
En Jerusalén-Este, el ¼ de los residentes palestinos se encuentra al
este del Muro, por lo cual están aislados de las infraestructuras y
servicios públicos a los que tienen derecho.
El Muro originó la pérdida de 1 miliar de dólares para la economía de
Jerusalén-Este, desde el inicio de su construcción.
La construcción del muro de separación fue aprobada por el gobierno
israelí el 23 de junio de 2002.
La opinión consultiva dictada por la corte internacional de justicia, el
9 de julio de 2004, decretó la ilegalidad del muro y exigió su
desmantelamiento. En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó una resolución que exigía a Israel que interrumpiese la