Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321469L.html
Timestamp: 2019-03-26 02:19:18
Document Index: 65317622

Matched Legal Cases: ['artículo 236', 'artículo 258', 'artículo 258', 'artículo 272', 'artículo 119', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 90', 'artículo 569', 'artículo 254', 'artículo 258']

as201321469L
Auto Supremo: Nº 469
Expediente: C – 31 – 11 – S
Proceso: Acción pauliana y revocatoria de venta.
Partes: Raúl Américo Fiorilo Barrientos c/ Wilfredo Sullcata Sarsuri y otros.
1.- El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Pablo Ernesto Quello Tatacu en representación de Wilfredo Sullcata Sarsuri de fojas 273 a 275 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 162 de 26 de noviembre de 2010, de fojas 266 a 267, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Cochabamba, en el proceso ordinario doble de acción pauliana y revocatoria de venta, seguido por Raúl Américo Fiorilo Barrientos, en contra de Wilfredo Sullcata Sarsuri, Rieche Sarsuri Inca y Florencia Quispe Baltazar, los antecedentes y;
2.1. Antecedentes del proceso.- Mediante sentencia de fecha 24 de mayo de 2007, de fojas 223 a 233 de obrados, se declaró probada en parte la demanda de fojas 8 a 9, sin costas, e improbadas las excepciones de falsedad de la demanda, falta de acción y derecho, improcedencia de la acción, pago y anatocismo, interpuesta por los demandados; improbada la acción reconvencional de fojas 31 a 33; y probada la excepción de falta de acción y derecho, opuesta contra la demanda reconvencional y en consecuencia declaró nula y revocó únicamente la transferencia de las acciones y derechos de Wilfredo Sullcata Sarsuri que tenía en el inmueble de 325 mts.2 , ubicado en la Chimba, Av. Chaco Nº 02627 que éste otorgó a favor de Rieche Sarsuri Inca y Florencia Quispe Baltazar, conforme se acredita en el testimonio signado con el Nº 386/2003 de fecha 30 de abril de 2003, otorgado por ante Notario de Fe Pública Julio Márquez Balderrama, registrado en Derechos Reales con la matrícula Nº 3011010007386, asiento A-2 de 30 de abril de 2003, quedando subsistente la transferencia hecha por Damiana Ajno LLusco.
Que, en grado de apelación, interpuesto por Wilfredo Sullcata Sarsuri, de fojas 237 a 242 vuelta de obrados, e interpuesto por Rieche Sarsuri y Florencia Quispe Baltazar, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 162, de fecha 26 de noviembre de 2010, se confirma la sentencia apelada. con costas.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 273 a 275, Pablo Ernesto Quello Tatacu en representación de Wilfredo Sullcata Sarsuri, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, que se compendia a continuación.
3.1.- Recurso de casación.- El apoderado del recurrente, bajo el epígrafe de recurso de casación y/o nulidad del Auto de Vista, hace alusión de haber interpuesto demanda reconvencional de nulidad de la letra de cambio Nº 003638 de 2 de enero de 2002, que fue declarada improbada en sentencia y que el Tribunal ad quem no habría analizado debidamente ni examinado con precisión la letra de cambio, que en la letra de cambio se consignó como domicilio la calle Chaco s/n, mientras que en el acta de protesto se daría cuenta que el notario se habría apersonado a la calle Zoilo Linares, el cual dice que no es el domicilio de su mandante y que además se habría entrevistado con la Sra. Elsa Agno sin que se haya cumplido con los requisitos de entrevista personal con el aceptante y que solo a falta de ese requisito debe dejarse a una persona vecina, en consecuencia no se ha cumplido con los requisito establecidos por los artículos 573 y 575 incisos. 2), 3) y 5) del Código de Comercio; luego concluye que se debe declarar la nulidad de ese acto procesal e invoca los artículos 90 y 251 del Código de Procedimiento Civil, y 15 de la Ley de Organización Judicial y asevera que se infringe una norma procesal cuando no se da estricto cumplimiento a la exigencia de los artículos 569, 573, 575 con relación a los artículos 492 y 494 del Código de Comercio o cuando se realiza una interpretación contraria al sentido que fue establecido por el legislador; señala que lo dispuesto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil no es óbice para reparar los vicios que se han producido en la sustanciación de los procesos como es el caso del acta de protesto que importa vulnerar normas del debido proceso y a la seguridad jurídica; añade que el Tribunal ad quem habría excluido del análisis de la prueba para dictar la resolución.
En el epígrafe de recurso de casación en la forma se denuncia que en la sentencia pronunciada por el Juez a quo y confirmada por el Tribunal ad quem, se habría otorgado más de lo pedido por las partes, pues se habría demandado la nulidad total del bien inmueble y no se amplía dicha demanda contra la esposa de su mandante y luego hace mención a que estuviera ausente la motivación en la resolución.
Finalmente pide que se case el Auto el Auto de Vista impugnado y que deliberando en el fondo se declare solo probada la acción reconvencional y por ende sin valor la letra de cambio Nº 003638 de 2 de enero de 2002 y su acta de protesto de fojas 8-9, con las condenaciones de ley.
Por mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, en el recurso no sólo se debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. El cumplimiento escrupuloso de los requisitos impuestos por la precitada norma legal, no constituye una mera formalidad potestativa, pues tiene por finalidad delimitar el accionar del Tribunal de casación, para permitir que el fallo del Tribunal de casación sea pertinente, exhaustivo y fundamentado.
Si bien es cierto que el nuevo marco constitucional consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la verdad material, que compelen a reducir al mínimo las formalidades procesales, no es menos evidente que en mérito al principio dispositivo que rige en el proceso civil, el recurrente es quien delimita el Thema decidendum del fallo casacional, pues el Tribunal limitará su pronunciamiento a las denuncias fundamentadas esgrimidas por el recurrente en el recurso, que a la sazón se constituye en el acto de constitución del recurso extraordinario de casación, lo cual opera precisamente cumpliendo el requisito de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y en especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, conforme dispone el artículo 258-2) del Código Adjetivo Civil; pues dicha norma contiene un imperativo en propio interés del recurrente, ya que su omisión acarrea la consecuencia negativa de impedir que el Tribunal ingrese a resolver el fondo de la denuncia, pues en tal caso el recurso deviene en improcedente, por mandato del artículo 272-2) del Código de Procedimiento Civil; lo cual implica que el recurso debe bastarse por sí mismo, y por consiguiente le está vedado al Tribunal de casación subsanar de oficio las insuficiencias o deficiencias en las que incurra el recurrente.
La prohibición de que el Tribunal de casación supla de oficio los requisitos del recurso incumplidos de forma manifiesta por el recurrente, tiene además su fundamento tanto en el derecho a la igualdad, en su vertiente procesal, proclamado por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado, cuanto en el principio a la igualdad de las partes ante el juez, proclamado por el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil; pues para el caso de que el Tribunal obrara oficiosamente, subsanando un recurso de casación manifiestamente defectuoso implicaría afectar la imparcialidad del Tribunal.
Precisamente porque el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que se rige por el principio dispositivo, por la igualdad, en su dimensión de derecho y principio, y por el principio de legalidad, en su vertiente procesal, previsto por el artículo 180-I) de la Constitución Política del Estadio; el Tribunal de casación, previamente, debe efectuar un juicio de admisibilidad del recurso de casación, lo cual implica verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos por ley, pues sólo en el supuesto que el recurso cumpla con tales requisitos, que son de admisibilidad o procedencia, corresponderá que el Tribunal de casación ingrese a realizar el juicio de fundabilidad del recurso, pronunciándose sobre el fondo de la denuncia.
En el caso en examen, el apoderado del recurrente comienza por indicar que recurre de casación y/o nulidad del Auto de Vista sin concretizar si esas denuncias están comprendidas dentro del recurso de casación en el fondo o en la forma, pues como se tiene explicado la casación en la forma difiere de la casación en el fondo, tanto en las causas como en las formas de resolución. Luego el apoderado del recurrente se queja de que en el Auto de Vista impugnado no se habría analizado ni examinado con precisión la letra de cambio, pero no concretiza en que causal de casación, ya sea de casación en la forma o de casación en el fondo se halla dicha denuncia.
También hace referencia a que el protesto se habría efectuado en un domicilio distinto al que se consigna en la letra de cambio y aduce que por ello sería válido y legal declarar la nulidad de ese “acto procesal”, alegando que en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil se encuentra prevista la nulidad por no haber dado cumplimiento a las exigencias del artículo 569, 573, 575 con relación a los artículos 492 y 494 todos del Código de Comercio. En esta parte el apoderado de la recurrente tampoco precisa si esa su denuncia se encuentra comprendida dentro del recurso de casación en la forma o en el fondo y menos indica en cuál de las causales de casación, ya sea en el fondo o en la forma, se encuentra su denuncia; y como si ello fuera poco introduce mayor confusión, ya que por una parte habla de los supuestos defectos de un acto procesal reputándolo como tal, nada menos que al protesto de una letra de cambio y pretende fundar la nulidad de ese acto jurídico en normas del procedimiento civil, las cuales aplican a actos procesales; es decir a aquellos actos que se producen dentro de un proceso judicial en curso.
En el apartado que titula casación en la forma, el apoderado del recurrente, si bien denuncia que el Juez a quo y el Tribunal ad quem habrían obrado en forma ultra petita e invoca la causal prevista en el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil, sin embargo de forma contradictoria pide que se case el Auto de Vista y que deliberando en el fondo se declare probada la demanda reconvencional, lo cual no sería posible, pues las denuncias sobre errores de procedimiento cuando son estimados en casación conllevan como efecto la nulidad y de ninguna manera la casación.
Las manifiestas deficiencias del recurso, advertidas precedentemente, implican incumplimiento del requisito previsto por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, y en razón a que dichas deficiencias no pueden ser suplidas de oficio por el Tribunal Supremo, corresponde resolver conforme a lo previsto por los artículos 271-1) y 272-2) Ídem.
4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, los artículos 41 y 42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación y/o nulidad en el fondo y en la forma, cursante de fojas 273 a 275 vuelta de obrados, interpuesto por Pablo Ernesto Quello Tatacu en representación de Wilfredo Sullcata Sarsuri, con costas.
Libro Tomas de Razón 469/2013