Source: http://www.defensachubut.gov.ar/?q=node/2702
Timestamp: 2015-04-28 18:13:10
Document Index: 58808227

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 24', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 163', 'Artículo 179', 'Artículo 197', 'Artículo 14', 'Artículo 164', 'Artículo 166', 'Artículo 15', 'Artículo 179', 'Artículo 179', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 59', 'artículo 255', 'artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 2', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 197', 'Artículo 41', 'artículo 67', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 165', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 44', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'artículo 57', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'artículo 61', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'artículo 20', 'artículo 21', 'Artículo 67', 'artículo 41', 'Artículo 68', 'artículo 75', 'Artículo 69', 'Artículo 70']

TEXTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA PÚBLICA (contenido) | Ministerio de la Defensa Pública Inicio
TEXTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA PÚBLICA (contenido)	TEXTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA PÚBLICA Texto conforme Ley V - N° 139, promulgada por Decreto N° 854/12 del 8 de junio del corriente y
publicada en B.O. LIV N° 11495 del 19 del mismo mes y año.-
Artículo 1: Ubicación. Misión. El Ministerio de la Defensa Pública forma parte del Poder Judicial con autonomía funcional. Tiene como misión la defensa y protección de los derechos humanos, dentro del ámbito de su específica competencia. A tal fin garantiza, a través de la asistencia técnico jurídica, el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. De igual forma asume la defensa de las personas imputadas en causa penal, contravencional o de naturaleza sancionatoria, y de las que estuviesen detenidas y/o condenadas, en los casos y bajo los recaudos de las leyes. Ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica, en tanto sean compatibles con la misión atribuida.
Para su desempeño cuenta, además de los Magistrados y Funcionarios Letrados de planta y otros profesionales complementarios, con Abogados de la matrícula, pasantes o contratados, que cubren los requerimientos del servicio, en la forma y condiciones que estipulan esta Ley y su reglamentación. Todos éstos se encuentran habilitados para intervenir en todas las etapas de los procesos judiciales de cualquier fuero, materia e instancia, con las excepciones que se efectúan en el artículo 24.
Artículo 2: Autonomía Funcional. Equiparaciones. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio de la Defensa Pública no puede ser impedido ni coartado por ninguna otra autoridad. Cada uno de sus funcionarios desempeña su cargo con independencia, autonomía y responsabilidad, con sujeción a las normas constitucionales y en el marco de la presente ley.
Los Magistrados y Funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública gozan en cuanto a trato y respeto de los mismos derechos que los jueces ante quienes actúan; además, los primeros, tienen idéntica remuneración.
Artículo 3: Principios Específicos. Los componentes del Ministerio adecuan su actividad a los siguientes principios específicos, que son fuente interpretativa de todas sus actuaciones:
Actuación prioritaria. El Ministerio de la Defensa Pública, a través de los órganos correspondientes, fija las políticas generales estableciendo los intereses prioritarios que guían la asignación de recursos.
Unidad de Actuación. Cada uno de los componentes del Ministerio de la Defensa Pública, de acuerdo a la especificidad de sus funciones, responde al principio de unidad de actuación y cuando actúa representa al Ministerio en su indivisibilidad.
Interés predominante de la persona asistida. El personal del Ministerio de la Defensa Pública actúa en favor de los intereses que le son confiados, procurando en su cometido el resguardo del debido proceso, la aplicación de la ley y el respeto de la autonomía funcional y personal. Ninguna instrucción general o particular de quien reviste jerarquía superior afecta el criterio del profesional actuante durante el trámite de un caso concreto.
Confidencialidad. El personal del Ministerio de la Defensa Pública se encuentra sometido a la regla de confidencialidad respecto de la información que le es confiada por la persona asistida, tal como la regulan las normas de ética profesional.
Intervención supletoria. La participación de los Abogados del Ministerio cesa cuando la persona asistida ejerce el derecho de designar uno de confianza o asume su propia defensa, en los casos y en la forma que las leyes autorizan, salvo los supuestos de intervención por mandato legal. No son designados por los Jueces como curadores definitivos.
Competencia Residual. Los Abogados del Ministerio intervienen en todo asunto judicial o extrajudicial cuando las personas interesadas acreditan reunir las condiciones para acceder al servicio. No intervienen, cuando se trata de alguna cuestión que es atendida en forma especial por otro sistema jurídico gratuito, o en los casos en los que el personal comprendido en la Ley XIX - Nº 8, opta por la Defensa Técnica de la Asesoría Legal de Policía.
Gratuidad. Los servicios de la Defensa Pública son gratuitos para quienes acreditan las condiciones requeridas en la presente ley y su reglamentación. El Ministerio percibe honorarios regulados judicialmente de los requirentes que cuentan con medios suficientes. Estas circunstancias son comunicadas a todo aquel que solicita el servicio de la Defensa Pública.
Artículo 4: Deber de Colaboración. El Ministerio de la Defensa Pública puede pedir la colaboración de todo funcionario o autoridad del Estado, de sus entes descentralizados y de los organismos de contralor de la función pública, quienes están obligados a prestarla sin demora y a proporcionar los documentos e informes que les sean requeridos, dentro de los límites legales y en el término establecido en el requerimiento.
Igual proceder observan los organismos e instituciones privadas, ante las solicitudes que, en ejercicio de sus funciones, efectúa el Ministerio de la Defensa Pública, debiendo remitir los informes o la documentación en el plazo que la petición establezca.
Cuando son requeridos por la Defensa Pública, los integrantes de los Cuerpos Periciales del Poder Judicial, prestan sus servicios conforme a la naturaleza de las funciones para las que fueron instituidos.
Artículo 5: Capacitación. El Ministerio de la Defensa Pública promueve la permanente capacitación de sus agentes a través de programas destinados a tal fin. Cada uno de ellos tiene tanto el derecho a recibir la capacitación establecida por el programa como el deber de cumplir con las actividades generales y específicas que se fijen. Cuando es posible los programas de capacitación se coordinan con la Escuela de Capacitación Judicial.
Artículo 6: Comunicación con el Público y Control de Gestión. El Ministerio mantiene comunicación con el Público mediante prácticas sencillas y estandarizadas, con el objetivo de conocer el grado de satisfacción con el servicio y las quejas que formulen los usuarios. También establece auditorias internas y externas periódicas con el mismo fin.
Artículo 7: Información Ciudadana. El Ministerio de la Defensa establece y mantiene programas de información al Público sobre los derechos de las personas, las garantías constitucionales y las condiciones y modos para acceder a los servicios de la institución. En cada Circunscripción los Defensores Jefes organizan, cuando es posible y conforme las necesidades relevadas, reuniones de trabajo con las instituciones responsables de políticas públicas relacionadas con la niñez, la familia y, en general, la protección de los derechos humanos, informando al Consejo de la Defensa Pública y al Defensor General cuando lo entiendan menester.
Artículo 8: Cooperación e Integración de Recursos. El Ministerio establece convenios con Colegios Profesionales, Universidades, Municipios, Organizaciones No Gubernamentales y otros entes Públicos y Privados, para la realización de sus fines.
FUNCIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
Artículo 9: Funciones. El Ministerio de la Defensa Pública tiene como funciones las que siguen:
Propende a la salvaguarda de los derechos humanos en el ámbito de su competencia, especialmente respecto de las personas en situación de vulnerabilidad.
Fija políticas generales tendientes al resguardo del debido proceso y la defensa en juicio de los derechos de las personas.
Asesora, representa y defiende gratuitamente a las personas físicas que carecen de recursos suficientes para el acceso a la jurisdicción. Propende así a la tutela judicial efectiva de sus derechos en condiciones de igualdad.
Asume la defensa técnica de toda persona imputada en causa penal, contravencional o de naturaleza sancionatoria, cuya defensa no haya sido asumida por un abogado de confianza, o aquélla no la ejercite por sí en los casos que la ley autoriza.
Asume la representación y defensa en juicio de la persona y bienes de los ausentes, conforme lo establecen las leyes.
Interviene como parte legítima y esencial en todo juicio o causa que interese a niños, niñas, adolescentes y personas con padecimiento mental o a sus bienes, conforme la normativa vigente.
Interviene en todo trámite que interese a la persona o bienes de un menor de edad, aun en calidad de víctima o testigo, velando por su protección integral.
Promueve la cooperación local, regional, nacional e internacional para la protección de los derechos humanos.
Procura la conciliación y aplicación de medios alternativos para la solución de conflictos en los casos y materias que corresponda.
Realiza visitas periódicas a los establecimientos de detención y de internación, con el objeto de inspeccionar su estado y verificar el respeto de los derechos de las personas alojadas.
Informa pública y anualmente sobre la gestión realizada.
Envía a la Legislatura proyectos de ley sólo cuando son relativos a la organización y funcionamiento del Ministerio.
Artículo 10: Funciones Complementarias. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de la Defensa Pública, en lo posible:
Promueve investigaciones vinculadas con el acceso a la justicia.
Organiza y mantiene bancos de datos sobre afectación de derechos humanos.
Solicita la cooperación de instituciones nacionales y extranjeras, públicas y privadas, en los temas de su incumbencia, y celebra convenios de capacitación con las mismas.
Propone a las autoridades administrativas las medidas de protección de derechos que considere oportunas y necesarias.
Realiza informes sobre la situación de las prisiones y lugares de internación o alojamiento, formulando recomendaciones para su mejoramiento y promueve la participación de la comunidad en la reinserción social de las personas allí alojadas.
Artículo 11: Reglas Generales. Los integrantes del Ministerio de la Defensa Pública, sin distinción de jerarquías, observan en el desempeño de sus funciones los principios de flexibilidad, especialización, trabajo en equipo y responsabilidad personal en el caso y compartida en relación con el resultado de la gestión de la oficina que integra. Ello, en aras del logro de la mayor eficacia de la función. En particular evitan trámites innecesarios y todo descuido en la atención al Público.
Artículo 12: Integración. El Ministerio de la Defensa Pública está integrado por:
Defensores Jefes
Defensores Públicos y Asesores de Familia
Abogados del Escalafón Profesional
Agentes del Escalafón Técnico Administrativo y de Maestranza
Asimismo participan en forma directa en la prestación del servicio de Defensa Pública, el personal letrado de la planta, también quienes son contratados a tales fines y las personas que cumplen pasantías.
Son Organismos Complementarios del Ministerio:
Oficina del Servicio Social
Oficina de Asistencia a Personas Privadas de Libertad
Artículo 13: Defensor General. Designación. Remoción. Funciones. El Defensor General es la máxima autoridad del Ministerio de la Defensa Pública en la Provincia y responsable de su buen funcionamiento. Su nombramiento y remoción se realiza en la forma prevista por la Constitución Provincial. Actúa ante el Superior Tribunal de Justicia y los demás Tribunales Provinciales, Nacionales e Internacionales que correspondan, en la forma y de conformidad con lo estatuido en la Constitución Provincial y en la presente ley, que reglamenta esta manda constitucional.
Actúa personalmente ante el pleno del Superior Tribunal de Justicia (Artículo 163 primer párrafo de la Constitución Provincial), el que, en el caso, resuelve sobre su sustitución (Artículo 179.1.6 de la Constitución Provincial). Cuando su actuación se verifica ante cualquiera de las Salas puede ser reemplazado conforme las prescripciones de esta ley.
Son funciones del Defensor General:
Cumple personalmente y vela por el cumplimiento de las misiones y funciones del Ministerio e imparte instrucciones que permiten un mejor desenvolvimiento del servicio, optimizan los resultados de la gestión y la observancia de los principios que rigen su funcionamiento. Estas instrucciones son generales y no se refieren al trámite de causas en particular.
Tiene la superintendencia del Ministerio con todas las potestades administrativas, reglamentarias, disciplinarias y de contralor que le son atribuidas por la Constitución Provincial y por las leyes dictadas en su consecuencia, que puede delegar en los Defensores Jefes, de conformidad con lo previsto en esta ley. Resuelve los recursos presentados contra las instrucciones impartidas por los Defensores Jefes.
Fija la política general del Ministerio tendiente a resguardar el debido proceso y la defensa en juicio de los derechos de las personas que representa.
Actúa ante el Superior Tribunal de Justicia en los casos y de las formas que la Constitución, esta ley y las leyes procesales establecen. Continúa los recursos que interponen los Abogados de la Defensa Pública y articula los que corresponden ante los Tribunales Nacionales e Internacionales, cuando las circunstancias del caso así lo ameritan.
Asiste a los Acuerdos que celebra el Superior Tribunal de Justicia cuando es invitado y siempre cuando se tratan asuntos que tengan injerencia sobre la organización y el funcionamiento del Ministerio y la capacitación de sus agentes.
Dicta y pone en ejecución los reglamentos necesarios para la organización de las diversas dependencias del Ministerio, las condiciones para acceder al servicio y, en general, cuanto sea menester para la operatividad de la presente ley.
Plantea ante el Superior Tribunal de Justicia los conflictos de atribución de competencias que se suscitan con otras autoridades del Poder Judicial o con los restantes poderes del Estado.
Solicita al Superior Tribunal de Justicia y/o a la Procuración General la aplicación de medidas correctivas cuando existen demoras que perjudican los legítimos intereses de las personas representadas por el Ministerio y éstas provienen de Magistrados o Funcionarios de la Judicatura o del Ministerio Público Fiscal.
Remite al Superior Tribunal de Justicia el requerimiento presupuestario anual del Ministerio, para su agregación al Presupuesto General del Poder Judicial.
Designa a los Defensores Jefes en sus funciones y los remueve conforme las prescripciones de esta ley. También, en sus cargos, a los Abogados Adjuntos, en las condiciones que autoriza esta ley. Nombra al personal del Ministerio, que por la Constitución o por las leyes no requieran de un procedimiento especial para su designación. Fija la fecha para el juramento de los Magistrados y Funcionarios del Ministerio, pudiendo, en su caso, delegar esta atribución en los Defensores Jefes.
En caso de vacancias o licencias extraordinarias designa provisoriamente, mediante resolución debidamente fundada en razones del servicio y mientras dura la vacancia o licencia de la que se trata, a un funcionario que reúne las condiciones constitucional y legalmente exigidas para el Defensor Público, el Asesor de Familia o el Abogado Adjunto.
En la misma situación y mediante idéntico procedimiento y condiciones, designa a un Defensor Público o a un Asesor de Familia, como Defensor Jefe y a un Jefe de Oficina de Circunscripción como Jefe Provincial del Servicio Social.
Cuando las designaciones accidentales superan los treinta (30) días, autoriza el pago de la diferencia salarial, si existiere.
Integra equipos de Defensores, Asesores (Artículo 197 de la Constitución Provincial) y/o Profesionales, Peritos y Auxiliares, cuando las circunstancias lo requieren.
Concede al personal de su dependencia directa, al Defensor General Alterno y a los Defensores Jefes, licencias ordinarias y extraordinarias y estas últimas también al resto de los integrantes del Ministerio.
Determina las actividades de capacitación, recepta, en tal sentido, las propuestas del Consejo de la Defensa, si las hubiese, y coordina las conjuntas con la Escuela de Capacitación Judicial. Designa un representante del Ministerio en la Escuela de Capacitación Judicial.
Celebra convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el mejor cumplimiento de sus fines.
Promueve la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos.
Solicita a otras dependencias del Poder Judicial o a otros Poderes del Estado la adscripción de personal en forma temporaria por razones operativas y/o que hagan al mejor servicio del Ministerio.
Organiza un adecuado sistema de control de gestión.
Designa al Jefe Provincial del Servicio Social en sus funciones y lo remueve conforme las prescripciones de esta ley. También, a requerimiento de éste, designa a los Jefes de Oficinas de Circunscripción.
Presenta anualmente un informe en el que da cuenta de la labor realizada, el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y los resultados obtenidos.
Artículo 14: Defensor General Alterno. Requisitos. Designación. Remoción. Para ser Defensor General Alterno se requiere ser ciudadano argentino, tener título de abogado y acreditar por lo menos doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura judicial (Artículo 164 de la Constitución Provincial). Es seleccionado y designado por el Consejo de la Magistratura con acuerdo de la Legislatura (Artículo 166, segunda parte, de la Constitución Provincial) y removido de la misma forma y por las mismas causales que los restantes Magistrados del Poder Judicial (Artículos 165; 209; 211; 212; 213 y 214 de la Constitución Provincial).
Artículo 15: Defensor General Alterno. Obligaciones. Derechos. Funciones. El Defensor General Alterno tiene las obligaciones, derechos, misiones y funciones que la Constitución Provincial establece en general para los Magistrados Judiciales y las que especialmente se instituyen en esta ley.
Posee las siguientes funciones y atribuciones específicas:
Sustituye al Defensor General en las causas sometidas a su intervención, cuando éste así lo dispone.
Reemplaza al Defensor General en caso de licencia, recusación (Artículo 179.1.6 de la Constitución Provincial), excusación, impedimento o vacancia.
En los casos del reemplazo previsto por el Artículo 179.1.6 de la Constitución Provincial, el Superior Tribunal de Justicia siempre lo prefiere por sobre cualquier otro Magistrado o Funcionario de la Defensa Pública y sólo lo aparta mediante resolución fundada en impedimento.
Asiste al Defensor General en su gestión como máxima autoridad del Ministerio Público de la Defensa.
Integra como miembro permanente el Consejo de la Defensa Pública, mas no lo preside.
Las demás que establece la Ley y todas aquellas que el Defensor General le asigne y/o delegue.
Artículo 16: Consejo de la Defensa Pública. Está conformado por el Defensor General Alterno, los Defensores Jefes y el Jefe Provincial del Servicio Social, como miembros permanentes.
Lo integran también, un Defensor o Asesor por Circunscripción, elegido democráticamente por sus pares; tres Abogados Adjuntos, uno de las Oficinas de la Defensa Civil, otro de las Oficinas de la Defensa Penal y el tercero de las Asesorías de Familia, elegidos por sus pares de toda la Provincia; un Asistente o Trabajador Social, elegido de igual forma; un Letrado del Escalafón Profesional, elegido de igual forma que los dos anteriores y un Empleado con prestación de servicios en cualquier dependencia del Ministerio, elegido por el voto de los empleados de la Defensa Pública, de igual forma que los anteriores.
Sesiona formalmente al menos dos veces al año, o cuando el Defensor General o el Presidente del Cuerpo lo convoca o, a solicitud de la simple mayoría de sus miembros, cuando las circunstancias lo requieran.
Los miembros electivos duran dos (2) años en sus funciones y no pueden ser reelegidos en períodos consecutivos. El Consejo designa a su Presidente de entre sus miembros, por simple mayoría. El Presidente dura dos (2) años en sus funciones.
Artículo 17: Consejo de la Defensa Pública. Funciones. El Consejo de la Defensa Pública tiene las siguientes funciones:
Asesora al Defensor General y colabora en su gestión, en la formulación de políticas generales y en la elaboración del informe anual.
Dictamina en las objeciones que se realizan a las instrucciones del Defensor General.
Designa de entre sus miembros a los integrantes del Tribunal de Disciplina.
Propone políticas de selección de Abogados Adjuntos, y de capacitación específica para todos los integrantes del Ministerio, en coordinación, cuando es posible, con la Escuela de Capacitación Judicial.
Formula al Defensor General recomendaciones convenientes al servicio y las relativas a la elaboración y ejecución del presupuesto del Ministerio.
Aconseja al Defensor General previo a la designación del representante del Ministerio en la Escuela de Capacitación Judicial.
Dicta su propio reglamento.
En su primera reunión anual designa el orden de sustitución del Defensor General Alterno.
Artículo 18: Defensores Jefes. Funciones. Son designados, en sus funciones, por el Defensor General de entre el cuerpo de Defensores y Asesores, en las Circunscripciones que corresponda, debiendo tener en consideración los antecedentes de los mismos. Duran en el ejercicio de la jefatura tres (3) años y pueden ser reelegidos. Procede la remoción antes del término indicado por inconducta manifiesta, desobediencias reiteradas, deficiente desempeño de la función asignada o inobservancia de los principios y postulados enunciados en la presente ley y en sus resoluciones reglamentarias. La Jefatura es renunciable por causales que a juicio del Defensor General resulten atendibles y no perjudiquen el servicio. Pueden ser relevados por el Defensor General de la atención del despacho de su Oficina, sin perjuicio de la supervisión funcional que le cabe sobre todas las de su Circunscripción. Son miembros permanentes del Consejo de la Defensa Pública.
El Defensor Jefe tiene, en el ámbito territorial asignado, los siguientes deberes y atribuciones:
Coordina y supervisa a los Defensores y Asesores y distribuye las tareas del modo más objetivo y equitativo posible para la actuación de cada Oficina, en orden al mejor desenvolvimiento del servicio.
Imparte instrucciones a los Defensores y Asesores de su Circunscripción, en consonancia con las directivas emanadas de la Defensoría General.
Ejerce, cuando es comisionado por el Defensor General, la superintendencia de los integrantes del Ministerio y otorga licencias ordinarias conforme las normas reglamentarias vigentes.
Dirige y supervisa operativamente a los órganos complementarios del Ministerio.
Sanciona en los casos, de la forma y por los motivos previstos en la ley y en los reglamentos, a los Defensores y Asesores de su Circunscripción y al personal de su directa dependencia.
Resuelve los reclamos del Público contra las decisiones de los Defensores y Asesores y en general toda queja referida al servicio y la atención.
Cuando lo cree necesario designa Defensores y/o Asesores de Familia responsables por áreas.
Artículo 19: Cuerpo de Magistrados. Presidido por el Defensor General, el cuerpo de Magistrados del Ministerio de la Defensa Pública, está conformado por el Defensor General Alterno y los Defensores Públicos y Asesores de Familia. Son removidos de sus cargos conforme lo previsto en la Constitución Provincial.
Rigen a su respecto las garantías de inamovilidad e intangibilidad y las inhabilidades e incompatibilidades enunciadas en los Artículos 165; 170; 174 y 180 de la Constitución Provincial.
Artículo 20: Defensores Públicos. Funciones. El Defensor Público, en las instancias y fueros en que actúa, provee lo necesario para la defensa de los derechos de sus representados, toda vez que sea requerida en las causas penales, contravencionales y de naturaleza sancionatoria, y en otros fueros cuando aquéllos estuvieren en situación de vulnerabilidad o ausentes. Para el cumplimiento de tal fin, sin perjuicio de las demás funciones que le encomiendan el Defensor General y el Defensor Jefe, tiene los siguientes deberes y atribuciones:
Ejerce la defensa y representación en juicio como actor o demandado de quien invoca y justifica carencia de recursos para afrontar los gastos del proceso, alguna otra situación de vulnerabilidad o se encuentra ausente en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos.
Ejerce la defensa de las personas imputadas en causas penales, contravencionales y, en general, en toda causa de naturaleza sancionatoria, en los supuestos en que se requiera, conforme lo previsto por la Constitución Provincial, los Códigos Procesal Penal y Contravencional de la Provincia del Chubut y las leyes administrativas.
En ningún caso ejerce la representación de quien pretende intervenir como querellante o actor civil en el proceso penal, a excepción del patrocinio y/o representación en causa penal de cualquier persona víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y, en general, de violaciones a los derechos civiles y políticos, cometidos por Funcionarios Públicos u otras personas en el ejercicio de funciones públicas, a instigación de aquéllos o con su consentimiento o aquiescencia, que manifieste su voluntad de denunciar el hecho y/o constituirse como querellante y/o actor civil.
Con carácter previo a la promoción de un proceso en los casos, materias y fueros que corresponda, intenta la conciliación y ofrece medios alternativos a la resolución judicial de conflictos. En su caso, presenta a los jueces los acuerdos alcanzados para su homologación.
Arbitra los medios para hallar al demandado ausente. Cesa su intervención cuando lo notifica personalmente de la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal.
Contesta las consultas formuladas por personas carentes de recursos para afrontar los gastos del proceso o en otra situación de vulnerabilidad y las asiste en los trámites pertinentes.
Responde los pedidos de informes que le formulan el Defensor General y el Defensor Jefe.
Concede las licencias ordinarias a los Funcionarios y Empleados de su dependencia y les impone sanciones disciplinarias, en los casos y formas que establecen las normas legales y reglamentarias vigentes. Cuando el Defensor Jefe designa responsable del Área a un Defensor Público, sólo éste ejerce la potestad del presente inciso, salvo reserva del Defensor Jefe.
Cita personas a su despacho cuando sea necesario para el desempeño de su Ministerio.
Solicita de los Registros u Oficinas Públicas o Privadas, sin cargo alguno, testimonios, documentos y actuaciones necesarias para su gestión.
Efectúa visitas de cárceles, lugares de detención y establecimientos de internación.
Requiere, cuando lo necesita a los fines de su gestión, la actuación de los cuerpos periciales del Poder Judicial y la colaboración de la Policía y de otras Instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales.
Debe brindar una completa información para que toda persona requirente o asistida, decida su defensa material. También, cuando lo entiende conveniente, aconseja recurrir a un procedimiento que abrevie el juicio o lo suspenda o a cualquiera de las formas alternativas de solución de conflictos. Supletoriamente, en el proceso penal, puede articular otras defensas que convengan a la persona asistida.
Cuando niega al requirente una gestión extrajudicial o instar una acción o impugnar una resolución judicial, le hace saber que puede solicitar la revisión de su decisión por el Defensor Jefe.
Salvo en causa penal o contravencional, el usuario del servicio está obligado a brindar al Defensor información veraz sobre los hechos cuando se trate de deducir acciones o articular defensas. Lo contrario acarrea el cese de la prestación y libera de toda responsabilidad profesional al letrado actuante.
Artículo 21: Asesores de Familia. Funciones. El Asesor de Familia, sin perjuicio de las demás funciones que le encomiendan el Defensor General y el Defensor Jefe, tiene los siguientes deberes y atribuciones:
Interviene, en los términos del artículo 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte derechos de niños, niñas, adolescentes y personas con padecimiento mental, entablando las acciones o recursos que sean pertinentes. Interviene en el control de legalidad de las medidas adoptadas por organismos administrativos.
Peticiona, en los casos del inciso anterior, las medidas que hagan a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y personas con padecimiento mental, en forma autónoma y ejerciendo la directa representación de quienes carecieran de asistencia o representación legal o cuando resulte necesario suplir la inacción u oposición de sus representantes legales o de las personas que los tuvieren a su cargo por disposición judicial o de hecho.
Siempre procura la intervención previa de los organismos administrativos del sistema de protección integral con competencia en la materia.
Asesora a niños, niñas y adolescentes, a personas con padecimiento mental, a sus representantes necesarios, a sus parientes y, en general, a quienes sean responsables por los actos de aquéllas.
Tramita acciones de filiación paterna, derivadas del supuesto previsto por el artículo 255 del Código Civil y, cuando resulta menester, guardas preadoptivas.
Cita personas a su despacho y requiere el auxilio de la fuerza pública, cuando resulte necesario para el desempeño de sus funciones.
En el proceso penal, vela por el cumplimiento, por parte de los servicios específicos y de los organismos complementarios, en respeto de los derechos de víctimas, testigos e imputados menores de edad o incapaces.
En los casos del segundo apartado del inc. 2 del artículo 20, representa a las víctimas menores de dieciocho (18) años de edad.
Inspecciona periódicamente establecimientos de internación, guarda, tratamiento de niños, niñas y adolescentes y de personas con capacidades diferentes, sean públicos o privados. Cuando lo cree necesario informa al Defensor General, por la vía jerárquica correspondiente, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y médico implementadas para cada internado, así como el cuidado y atención que se les prodiga.
Solicita de los Registros u Oficinas, públicas o privadas, sin cargo alguno, testimonios, documentos y actuaciones necesarias para su gestión.
Promueve y facilita acuerdos extrajudiciales respecto de los asuntos relativos al ejercicio de su ministerio de conformidad con lo que establecen las leyes especiales.
Concede las licencias ordinarias a los Funcionarios y Empleados de su dependencia y les impone sanciones disciplinarias, en los casos y formas que establecen las normas legales y reglamentarias vigentes. Cuando el Defensor Jefe designa responsable del Área a un Asesor de Familia, sólo éste ejerce la potestad del presente inciso, salvo reserva del Defensor Jefe.
Artículo 22: Intervención Excluyente. Cuando el Asesor de Familia insta una acción en sede judicial, los jueces no designan a ningún otro magistrado o funcionario del Ministerio para que intervenga en resguardo de los intereses del niño, niña o adolescente en tal carácter. Ello sin perjuicio de la intervención del Abogado del Niño, en los casos en que se lo requiera.
Artículo 23: Funcionarios Letrados. Abogados Adjuntos. Personal Profesional. Los Funcionarios Letrados, los Abogados Adjuntos y, en general, el personal profesional, son nombrados por el Defensor General, quien los selecciona conforme al procedimiento previsto para tal fin, en cada caso, por la Defensa Pública. Esta designación es provisoria y debe ser ratificada dentro de los seis (6) meses de su ingreso, previo informe del superior jerárquico del que dependen.
Quienes ejercen los cargos de Secretarios, Relatores Letrados, Abogados Adjuntos, Letrados del Escalafón Profesional y demás personal profesional, gozan de las garantías de intangibilidad e inmunidad de opinión conforme los artículos 170 y 249 de la Constitución Provincial. Todos ellos ejercen sus funciones ante la jurisdicción con la orientación de sus superiores jerárquicos, que se realiza mediante instrucciones escritas o verbales, sin necesidad de formalismo alguno.
Artículo 24: Funcionarios Letrados. Abogados Adjuntos. Funciones. Los Abogados Adjuntos y demás Funcionarios Letrados de la Defensa Pública, de planta o contratados, están habilitados para intervenir en todas las etapas del proceso por simple indicación de un Magistrado de la Defensa, sin necesidad de cumplimentar formalidad alguna, con la única excepción de los actos propios del debate ante un Tribunal Colegiado en causa criminal, salvo licencia o vacancia de un Defensor o Asesor Titular o cuando existiese pluralidad de personas asistidas o razones de oportunidad y conveniencia del servicio, las que deberán exponerse mediante resolución especial de la Jefatura de Circunscripción.
La misma excepción pesa sobre los Letrados del Escalafón Profesional y sobre los Abogados Pasantes, quienes en ningún caso podrán ser autorizados para intervenir en tales actos.
Cuando los Abogados Adjuntos, demás Funcionarios Letrados de la Defensa Pública o Letrados de la Matrícula, contratados o pasantes, actúan por comisión del Ministerio, tienen responsabilidad por el buen desempeño de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad de los Defensores Públicos y Asesores de Familia, de los Defensores Jefes y, en su caso, del Defensor General.
Artículo 25: Órganos Complementarios. Son Órganos Complementarios del Ministerio de la Defensa Pública, supervisados operativamente por la Jefatura de la Circunscripción, las siguientes dependencias:
Oficina del Servicio Social.
Oficina de Asistencia a Personas Privadas de Libertad.
Artículo 26: Servicio Social. En cada Circunscripción se organiza una Oficina del Servicio Social, con la finalidad de prestar la colaboración que requiere el servicio de Defensa Pública.
Artículo 27: Oficina de Asistencia Técnica. En cada Circunscripción se organiza, en la medida de las posibilidades presupuestarias y necesidades funcionales, una Oficina de Servicios que proporciona apoyo técnico y científico a los diversos órganos del Ministerio, que cuando logra su desarrollo, se compone, como mínimo, de las siguientes áreas:
El Área de Informática: supervisada por la Dirección de Informática, la que designa un agente destinado a la atención de las necesidades específicas en la Circunscripción.
El Área de Consultores Técnicos: es cubierta por técnicos y profesionales especializados que dan apoyo y complemento al Ministerio, tanto en casos particulares como en la elaboración de instrumentos o programas de investigación, ejecución presupuestaria, comunicación con el público y control de gestión, entre otros.
Artículo 28: Oficina de Asistencia a Personas Privadas de Libertad. En la medida de las posibilidades presupuestarias y necesidades funcionales, existe una Oficina cuyo cometido es fiscalizar las condiciones en que se cumplen las detenciones en los distintos centros y verificar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Se ocupa de gestionar ayuda humanitaria y dar consejo legal, realizando los trámites y acciones pertinentes.
Artículo 29: Oficina del Servicio Social. La Oficina del Servicio Social es un órgano complementario que tiene como cometido asesorar, informar y asistir a la Defensa Pública y a las personas requirentes del servicio que ésta presta. Tiene las funciones que esta ley le asigna y las que por resolución le adjudican el Defensor General, las Jefaturas de Circunscripción y la Jefatura Provincial del Servicio, de conformidad con las incumbencias profesionales de sus miembros.
Cada Oficina de Circunscripción está integrada por un Jefe, profesionales y empleados. El Jefe es designado por el Defensor General entre los profesionales de la oficina, a propuesta de la Jefatura Provincial.
Los profesionales tienen alguno de los títulos universitarios contemplados en el artículo 2° de la Ley Provincial X - Nº 10 de ejercicio profesional de los Trabajadores Sociales, o la que en el futuro la reemplace.
Como órgano complementario de la Defensa nunca es utilizado en el control de las condiciones impuestas por los jueces a las personas procesadas, a las probadas y a las que fueran penadas.
Artículo 30: Jefatura Provincial. Designación. Requisitos. El Jefe Provincial del Servicio Social es designado por el Defensor General de entre los profesionales integrantes de estas Oficinas, debiendo tener en consideración los antecedentes de los mismos. Dura tres (3) años en el ejercicio de la jefatura y puede ser reelegido.
Artículo 31: Jefatura Provincial. Funciones. La persona que ejerce la Jefatura Provincial del Servicio Social tiene los siguientes deberes y atribuciones:
Coordina, supervisa y evalúa técnicamente a todo el personal dependiente de su Servicio.
Propone al Defensor General la designación de la Jefatura de cada Oficina.
Informa anualmente sobre las tareas cumplidas y el grado de alcance de los objetivos propuestos y proyecta los programas y tareas que llevará a cabo el Servicio en el siguiente año.
Coordina actividades con organismos oficiales y privados con el fin de participar en programas que complementen las prestaciones del Servicio. Propone al Defensor General la firma de convenios útiles al mismo.
Evalúa con las Jefaturas de cada Servicio las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros y las eleva en forma de propuesta fundada al Defensor General.
Concede las licencias ordinarias a los Jefes de cada servicio y a los empleados de su inmediata dependencia y les impone sanciones de conformidad con las prescripciones legales y reglamentarias vigentes.
Artículo 32: Jefaturas de Oficinas del Servicio Social. Los Jefes de Oficinas del Servicio Social ejercen dentro del área de la competencia territorial asignada las misiones y funciones que se prevén en el artículo anterior para la Jefatura Provincial. Duran tres (3) años en el ejercicio de la jefatura y pueden ser reelegidos.
Artículo 33: Jefatura Provincial. Jefaturas de Oficina. Remoción. Renuncia. Reemplazo. El Jefe Provincial del Servicio Social, los Jefes de Oficinas de Circunscripción y el resto del personal profesional de la Oficina, son removidos de sus cargos por las mismas causales que los Defensores Públicos y los Asesores de Familia, previo sumario administrativo, conforme las normas legales y reglamentarias vigentes.
La Jefatura Provincial y las Jefaturas de Oficina, como funciones, son renunciables y sus titulares dimiten y son removidos por las mismas causales aplicables a los Defensores Jefes.
En caso de ausencia o vacancia temporal de la Jefatura Provincial del Servicio, el reemplazante es designado por el Defensor General, cuando lo entiende menester. En iguales casos, los Jefes de Oficina son reemplazados por un profesional del Servicio, designado por la Jefatura Provincial, autorizándose el pago de la diferencia salarial correspondiente en cada caso, si la designación accidental supera los 30 días.
Artículo 34: Instrucciones. Los miembros del Ministerio de la Defensa Pública imparten al personal de su dependencia las instrucciones que consideran convenientes para el mejor servicio y ejercicio de sus funciones.
Las instrucciones se efectúan regularmente en forma escrita. Puede utilizarse para ello cualquier medio electrónico de transmisión de la palabra. En caso de urgencia o peligro en la demora se imparten verbalmente o en forma telefónica y, de ser necesario, son confirmadas después por escrito.
En la actividad de consulta y en la jurisdiccional, los Magistrados y Funcionarios Letrados de la Defensa Pública actúan según su criterio profesional, sin perjuicio de observar las instrucciones generales que resulten pertinentes.
Las resoluciones e instrucciones generales emanadas de las Jefaturas de Circunscripción son comunicadas al Defensor General.
Artículo 35: Instrucciones del Defensor General. Objeciones. Las objeciones a las instrucciones impartidas por el Defensor General, son planteadas ante el Consejo de la Defensa Pública, el que se expide dentro de los tres (3) días, recomendando al Defensor General, mediante dictamen fundado, su ratificación, modificación o revocación. El dictamen no tiene carácter vinculante y el Defensor General puede apartarse del mismo, aun fundado en razones de oportunidad y conveniencia.
Las motivaciones de estas objeciones son las que estatuye el artículo 36.
Confirmada la instrucción objetada, el inferior jerárquico debe cumplirla, pudiendo dejar a salvo su opinión.
Artículo 36: Instrucciones de los Defensores Jefes. Objeciones. Los Defensores, Asesores y Jefes de Oficina del Servicio Social, que deban cumplir una orden emanada de los Defensores Jefes, en caso de considerarla improcedente, lo hacen saber a quien la hubiere emitido, a efectos de que la ratifique o rectifique.
Ratificada la instrucción cuestionada, pueden objetarla fundadamente por los siguientes motivos:
Ilegalidad o
Las objeciones son resueltas por el Defensor General dentro del término de cinco (5) días. En caso de ser confirmada la instrucción objetada, debe ser cumplida por el inferior jerárquico, quien puede dejar a salvo su opinión.
Artículo 37: Instrucciones de Defensores Públicos y Asesores de Familia. Objeciones. Los Abogados Adjuntos, los Funcionarios Letrados y demás personal, podrán objetar fundadamente ante el Defensor Jefe las instrucciones impartidas por los Defensores Públicos y Asesores de Familia. Cuando son ratificadas deben ser cumplidas por el inferior jerárquico, quien puede dejar a salvo su opinión. El trámite es el previsto en el artículo anterior.
Artículo 38: Actos procesales sujetos a plazo o urgentes. Cuando una instrucción objetada se refiere a un acto sujeto a plazo o que no admita demora, el que recibe la orden la cumple en nombre del superior que la emitió, sin perjuicio del trámite de la objeción.
Si la instrucción objetada, consiste en omitir un acto sujeto a plazo o que no admite demora, el que la objeta actúa bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del posterior desistimiento de la actividad cumplida.
Artículo 39: Reemplazos. Los integrantes del Ministerio se excusan cuando alegan razones de legítimo impedimento. El requirente del servicio puede solicitar fundadamente el apartamiento de quien lo asiste. Las excusaciones y apartamientos son resueltos por el superior jerárquico que corresponda.
En caso de excusación, licencia o vacancia, son reemplazados según los preceptos de la Constitución Provincial, de esta ley y sus normas reglamentarias.
En los mismos casos, el Defensor General Alterno es reemplazado en el orden que dispone el Consejo de la Defensa Pública en su primera reunión anual. En su defecto, es reemplazado por el Defensor Jefe más antiguo.
En todos estos casos el trámite se cumplirá de la forma más célere, sin sujeción a formas rituales y sin más diligencias que las indispensables para que el superior jerárquico pueda resolver la cuestión. La resolución que recaiga sólo será recurrible para el requirente del servicio.
Artículo 40: Traslados y Comisiones. Cuando es necesario el Defensor General dispone la actuación conjunta de distintos Defensores, Asesores (Artículo 197 de la Constitución Provincial), Abogados Adjuntos y demás funcionarios, aún de diversas jerarquías y asientos. Sin embargo cuando el traslado supera los diez (10) días debe contar con el expreso consentimiento del Magistrado, Funcionario o Empleado del que se trate.
El Defensor General sólo dispone traslados definitivos a expresa solicitud del interesado y cuando ello no importa mengua grave para el servicio.
Artículo 41: Personal del Escalafón Técnico Administrativo y de Maestranza. Cada Circunscripción cuenta, conforme las posibilidades presupuestarias, con el personal necesario para el cumplimiento de su función. Éste tiene los derechos, deberes y responsabilidades que le acuerda el Reglamento Interno General del Poder Judicial, sin perjuicio de las disposiciones específicas del Ministerio, y es designado conforme las normas legales y reglamentarias vigentes.
A partir de la vigencia de la presente no se verificarán ingresos de personal letrado en cargos correspondientes a ninguno de estos dos escalafones. Los que revistan en la actualidad serán excluidos de los mismos mediante resolución y conforme los parámetros y las retribuciones que se fijan en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 67.
Artículo 42: Derechos y Deberes. Los Magistrados, Funcionarios Letrados y demás profesionales del Ministerio de la Defensa Pública tienen las responsabilidades, deberes y derechos que establecen la Constitución Provincial, esta ley y los reglamentos que en su consecuencia se dicten.
Artículo 43: Prohibiciones de Orden General. Les está prohibido:
Litigar en cualquier jurisdicción, excepto cuando se trate de intereses propios, del cónyuge, padres, hijos o parientes hasta el cuarto grado civil.
El ejercicio personal del comercio.
El desempeño de empleos públicos o privados, salvo las comisiones de estudio o la docencia, en cuanto no hubiere superposición horaria que afecte sustancialmente el desempeño eficiente del cargo.
La práctica de juegos azar prohibidos y la concurrencia habitual a lugares destinados a juegos de azar legalmente habilitados.
La actividad de proselitismo político.
En general, las conductas que comprometan de cualquier forma la dignidad del cargo.
Son removidos o sancionados disciplinariamente, por pérdida de aptitud física o psíquica, mala conducta, mal desempeño del cargo o comisión de delitos dolosos, conforme lo previsto en el artículo 165 de la Constitución Provincial.
Artículo 44: Sanciones. Las sanciones que por causas disciplinarias se imponen son:
Multa hasta el 20% de su remuneración mensual, a excepción de las asignaciones familiares y el auxilio escolar;
Suspensión sin goce de haberes de hasta 30 días;
Cesantía y
Artículo 45: Sanciones. Progresión. Toda sanción disciplinaria se gradúa teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente causados.
Artículo 46: Funcionarios sin Acuerdo Legislativo. En el caso de los Funcionarios no comprendidos por las previsiones de los artículos 165 y 209 de la Constitución Provincial, la comisión de cualquiera de estas faltas será comprobada mediante sumario que garantice el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio, conforme las normas legales y reglamentarias vigentes.
La autoridad de aplicación es asistida, cuando lo requiere, por un Tribunal de Disciplina compuesto por tres (3) Defensores o Asesores, designados anualmente por el Consejo de la Defensa Pública de entre sus miembros. Resuelve las sanciones conforme las normas legales y reglamentarias vigentes.
Artículo 47: Magistrados con Acuerdo Legislativo. En el caso de los Magistrados con Acuerdo Legislativo se procede de igual forma. Empero, cuando de las constancias sumariales resulte que pudiere corresponder la imposición de las sanciones previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 44 de la presente, se procede conforme lo establecido por la Constitución Provincial.
Artículo 48: Escalafón Técnico Administrativo y de Maestranza. El régimen disciplinario de los agentes comprendidos en los Escalafones Técnico Administrativo y de Maestranza se rige en cuanto a las causales y procedimientos por el Reglamento Interno General o por las normas legales y reglamentarias vigentes para la Defensa Pública, a elección de aquéllos, la que deberá concretarse en la primera intervención.
Las sanciones al personal son resueltas por los Defensores y Asesores de los que dependen y son recurribles ante el Defensor Jefe o el Defensor General, en su caso.
Artículo 49: Escasez de Recursos. Vulnerabilidad. A excepción del fuero penal o contravencional y de las causas de naturaleza sancionatoria, los Abogados del Ministerio actúan en calidad de apoderados o patrocinantes de las personas que acreditan no contar con medios económicos suficientes como para ser asistidos por un letrado de confianza o encontrarse en otra situación de vulnerabilidad.
Artículo 50: Declaración Jurada. El trámite de acreditación de escasez de recursos suficientes se inicia con una Declaración Jurada suscrita por el interesado ante el Defensor Público, en la que consta el requerimiento, los bienes e ingresos con los que cuenta y la conformación de su grupo familiar.
Artículo 51: Comprobación. Cuando de los datos aportados resultan con evidencia tanto la veracidad de los extremos invocados como que la cuestión no es atendida especialmente por otro sistema jurídico gratuito, los Defensores no están obligados a realizar comprobación de tipo alguno.
Tampoco cuando de la misma Declaración Jurada resulta con evidencia que el requirente cuenta con los recursos necesarios para afrontar los gastos del caso o la existencia de otro sistema jurídico gratuito que con especialidad se encarga de la cuestión.
Cuando el Defensor actuante cree necesaria la determinación de la insuficiencia de recursos, en ningún caso la realiza sobre la base de pautas rígidas. Tiene, como mínimo, en cuenta a tales fines, la situación socioeconómica del requirente y de su grupo familiar, la integración del mismo, la posible regulación de honorarios en el asunto y la imposibilidad de solventarlos por su cuantía. En estos casos el Defensor Público puede ordenar la elaboración de informes socioambientales y requerir todo otro informe complementario que crea menester.
Artículo 52: Consulta. Asesoramiento. Si subsiste la duda se efectúa consulta sumaria y no vinculante con el Colegio Público de Abogados de la Circunscripción, si el sistema está implementado.
Artículo 53: Duda. En los casos de duda siempre se está a favor de la prestación del servicio.
Artículo 54: Presunción de Escasez de Recursos para afrontar los gastos del proceso. Cuando un integrante de la Defensa Pública patrocina o representa en juicio a personas como actor, demandado o tercero, los jueces presumen la imposibilidad de esa parte para afrontar los gastos del proceso y nunca exigen en forma oficiosa la tramitación del beneficio de litigar sin gastos.
Artículo 55: Contralor de la Contraparte. Beneficio de Litigar Sin Gastos. Tratándose de cuestiones de contenido patrimonial, la parte contraria puede, en su primera intervención, exigir la tramitación del Beneficio de Litigar Sin Gastos, en la forma en que la legislación procesal lo prevea. Si éste no es concedido por los jueces, cesa la intervención de la Defensa Pública en el caso, con las formalidades y efectos del artículo 57 de esta ley, salvo responsabilidad por inacción del letrado de la Defensa Pública que lo asiste.
Esta regla no es aplicable a los casos en que el requirente del sistema hubiese acreditado razonablemente el desinterés general de los Abogados Colegiados de la Circunscripción para asistirlo legalmente ante la jurisdicción.
Artículo 56: Actos Procesales de Urgencia o Sujetos a Plazos Perentorios. Cuando la cuestión traída por el requirente es de urgencia o de trámite impostergable, el Abogado del Ministerio, previo tomar la Declaración Jurada a la que se refiere este título, aun en el supuesto de duda, tomará el caso y realizará las actividades procesales que la urgencia requiera, sin perjuicio de continuar con posterioridad con el trámite normal de comprobación de la escasez de recursos.
Artículo 57: Falsedad en la Declaración Jurada. La comprobación de la falsedad en cualquiera de los datos esenciales de la Declaración Jurada hace cesar de inmediato la prestación del servicio y libera a los Abogados del Ministerio de toda responsabilidad personal y profesional. En la renuncia se expone la causal en el expediente judicial del que se trate o se hace constar la falsedad y el cese de la prestación en el expediente interno que se forma con el caso del requirente, conforme se reglamente para cada Circunscripción Judicial.
Artículo 58: Carta Poder. Los Abogados del Ministerio son apoderados por el interesado, además de las formas previstas en los códigos procesales, mediante Carta Poder, conforme el formulario que la reglamentación determina, suscrita ante el Secretario del Juzgado en el que debe realizarse el trámite o, tratándose del fuero penal, ante los Directores de las Oficinas Judiciales o, en cualquier caso, ante el Juez de Paz más cercano al domicilio de la persona interesada.
Artículo 59: Honorarios. Destino. En todas las causas en que actúan los Abogados de la Defensa Pública, los Jueces regulan los honorarios devengados por su actuación de acuerdo con el arancel vigente para Abogados y Procuradores y con idéntico criterio.
El Ministerio de la Defensa Pública, persigue por cualquiera de sus Abogados, autorizados por el Defensor Jefe de cada Circunscripción, el cobro de los honorarios regulados cuando el vencido sea la parte contraria y después que sus defendidos hayan cobrado íntegramente el capital reclamado y sus intereses o cuando hubiese una mejora notable de fortuna de éstos. En causa penal, contravencional o de naturaleza sancionatoria, cuando el asistido hubiese podido pagar honorarios a un letrado particular o cuando mejora de fortuna.
Cuando la actividad profesional es extrajudicial los jueces regulan los honorarios correspondientes cuando así les es solicitado, conforme las pautas de la Ley XIII Nº 4 o la que en el futuro la reemplace.
En casos de menor cuantía se pacta con el requirente el honorario mínimo previsto en la referida ley y su forma de pago.
El proceso de ejecución de estos honorarios es exento de todo gasto.
Los honorarios percibidos no aprovechan personalmente a ningún integrante de la Defensa Pública. Son depositados en la cuenta especial del artículo 61 de la presente ley, de la forma que la reglamentación determina, y son destinados exclusivamente al mejoramiento de la función del Ministerio de la Defensa Pública. El diez por ciento (10%) de la totalidad de los mismos se destina a la Escuela de Capacitación Judicial.
Artículo 60: Presupuesto. El Defensor General remite anualmente el requerimiento presupuestario del Ministerio de la Defensa Pública al Superior Tribunal de Justicia para su integración al presupuesto general del Poder Judicial, que propenderá a la equiparación proporcional de recursos humanos y materiales con el Ministerio Público Fiscal, de modo que garantice la igualdad de armas en el proceso penal. En las demás materias se orientará según pautas racionales de crecimiento, acompañando el incremento de los organismos jurisdiccionales y los requerimientos de los servicios que presta y, en lo interno, perseguirá la equivalencia en cada una de las Circunscripciones Judiciales conforme sus necesidades.
Asimismo el Ministerio podrá recibir partidas especiales del Presupuesto General de la Provincia.
La ejecución del presupuesto se hace de conformidad a las normas del Presupuesto General del Poder Judicial, por medio de los órganos y sujeto a los controles y fiscalización que corresponden.
El Ministerio crea un área especial, para la ejecución de su presupuesto.
Artículo 61: Fondo Especial. El Ministerio cuenta con un fondo para el fortalecimiento institucional con destino a la investigación, capacitación y equipamiento tecnológico. Se integra con donaciones, aportes de entes provinciales, nacionales o internacionales, públicos o privados, los honorarios profesionales que generen los miembros del Ministerio, de conformidad con la presente ley y su reglamentación, y una partida especial dentro del Presupuesto, destinada a la atención de casos urgentes de personas privadas de su libertad y/o sometidas a la jurisdicción.
Artículo 62: Contratación Tarifada de Abogados, Auxiliares Técnicos, Peritos e Investigadores. Se incorpora al Presupuesto Anual del Ministerio Público de la Defensa una partida de una suma de pesos equivalente, como mínimo, a dos (2) salarios anuales de un Defensor Público, para la contratación tarifada de Abogados. Es reglamentada por el Defensor General con la asistencia del Consejo de la Defensa Pública. En la reglamentación, se invitará a los Colegios Públicos Profesionales de todas las Circunscripciones Judiciales, a proporcionar listas de interesados, por categoría y materia. Se tendrá en cuenta la forma y oportunidad de tales contrataciones y el control del desempeño de los contratados que se hará a través de los Defensores Jefes y, de ser posible, de las autoridades del Colegio Público del que se trate.
En los mismos supuestos, con fondos de la misma previsión presupuestaria, se podrán contratar Auxiliares Técnicos, Peritos o Investigadores, cuando tales designaciones resulten necesarias.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES
Artículo 63: Reglamentación. El Defensor General dicta los reglamentos e instrucciones necesarios para el mejor funcionamiento de esta ley y, en general, para el desempeño de la institución.
Artículo 64: Derechos Adquiridos. Los derechos adquiridos por Magistrados, Funcionarios y Empleados del Ministerio de la Defensa Pública con anterioridad a la sanción de la Ley V - Nº 90, o durante su vigencia y hasta la sanción de la presente, no son pasibles de alteración ni afectación alguna en su perjuicio.
Artículo 65: Sinonimia. Terminología. En la presente ley son utilizados como sinónimos los términos que siguen:
Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces o Ministerio de la Defensa Pública o Ministerio de la Defensa o Ministerio Público de la Defensa o Ministerio Público o Ministerio o Defensa Pública.
Defensor Público o Defensor.
Asesor de Familia o Asesor.
Oficina del Servicio Social o Servicio Social o Servicio.
Con los vocablos “agente” o “funcionario”, se designa a todo el personal, letrado, profesional y no profesional del Ministerio, sin distinción. Comprende también a aquellos que por su vinculación contractual con el Ministerio participan accidentalmente de su gestión.
Con el vocablo “empleado” se hace referencia a los Funcionarios del Ministerio que pertenecen al Escalafón Técnico Administrativo y de Maestranza y cuyos derechos, deberes, misiones y funciones son normados por el Reglamento Interno General del Poder Judicial, sin perjuicio de la especificidad de sus tareas en el Ministerio.
El cargo de Defensor de Cámara ha desaparecido como tal en la nueva organización y sus funciones son absorbidas por distintos Magistrados y Funcionarios de la Defensa Pública y por la función de las Jefaturas de Circunscripción.
Artículo 66: Vigencia transitoria. Las disposiciones del segundo apartado del inciso 2 del artículo 20 y del segundo apartado del inciso 6 del artículo 21, mantendrán su vigencia hasta tanto el Estado Provincial materialice la creación de una Oficina especializada para la atención de las víctimas de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y, en general, de violaciones a los derechos civiles y políticos, cometidos por Funcionarios Públicos u otras personas en el ejercicio de funciones públicas, a instigación de aquéllos o con su consentimiento o aquiescencia.
Hasta que la persona que resulte designada tome efectiva posesión del cargo de Defensor General Alterno, el Consejo de la Defensa Pública continuará designando al subrogante del Defensor General.
Artículo 67: Remuneraciones. Las remuneraciones de Magistrados, Funcionarios y Empleados del Ministerio son las previstas en la ley presupuestaria y se mantienen idénticas a las que se fijan para Magistrados, Funcionarios y empleados de la Judicatura y del Ministerio Público Fiscal.
A los fines de la Ley I Nº 301, Régimen de Porcentualidad, el coeficiente correspondiente al cargo de Defensor General Alterno es de 0,950 / 0,950. El coeficiente que se consigna es el que se encuentra actualmente previsto para el Procurador General Adjunto.
A idénticos fines, los correspondientes a los profesionales del último párrafo del artículo 41, son los que a continuación se consignan:
Profesional 1: 0,318/0,318;
Profesional 2: 0,355/0,355;
Profesional 3: 0,440/0,440;
Profesional 4: 0,482/0,482 y
Profesional 5: 0,521/0,521.
Los coeficientes que se consignan son los actualmente previstos para los cargos de Auxiliar; Auxiliar Superior; Oficial; Oficial Superior y Prosecretario, respectivamente, del Escalafón Técnico Administrativo en el que fueron designados estos profesionales y su traspaso se producirá, a su pedido, en la categoría profesional equivalente.
El personal letrado que actualmente revista en el Escalafón Técnico Administrativo podrá optar por su traspaso dentro de los primeros ciento ochenta (180) días de vigencia de la presente y será reubicado mediante resolución de acuerdo a su categoría de revista.
A partir de la vigencia de la presente, los Letrados no participarán en concursos para cargos del Escalafón Técnico Administrativo ni podrán ser designados como ingresantes en el mismo.
A iguales fines, los coeficientes correspondientes para los cargos de Director del Área Contable, Director del Área de Informática y Director del Área de Recursos Humanos, Relaciones Públicas y Ceremonial, es de 0,655/0,820. El coeficiente que se consigna para estos casos es el actualmente previsto para el cargo de Subdirector de Administración.
Estos coeficientes variarán en caso de hacerlo aquéllos con los que se corresponden de la Ley de Porcentualidad (Ley I - Nº 301) y de idéntico modo.
Artículo 68: Disposiciones Derogatorias. Deróganse las Leyes V - Nº 3; V - Nº 17; V - Nº 49 y III - Nº 21, en todo lo relativo al Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces, en cuanto sus normas se opongan a la presente ley.
Deróganse asimismo, las normas provinciales que le otorgan al Ministerio otras facultades o deberes que los previstos en esta ley.
No son aplicables aquellas disposiciones legales que establecen funciones para el Ministerio no previstas en la Constitución Provincial, en esta ley, en los Códigos de Procedimiento, o en aquellos códigos de fondo cuyo dictado ha sido delegado por las Provincias a la Nación (artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional).
Artículo 69: Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
Artículo 70: LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.