Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-111-de-febrero-22-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_e8148668e0fc483c966a28c58a763050&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-16 00:16:56
Document Index: 54415510

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 150', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 44', 'artículo 67', 'artículo 95', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 72', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 72', 'artículo 93', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 150', 'Artículo 93', 'artículo 27', 'Artículo 15', 'Artículo 14', 'artículo 15', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 3']

﻿ SENTENCIA C-111 DE FEBRERO 22 DE 2017
SENTENCIA C-111 DE 22 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:AUTORIZACIÓN PARA CONTRIBUIR AL FOMENTO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, DE FIESTAS PATRONALES, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD, DIVERSIDAD Y PLURALISMO EN QUE SE FUNDA EL ESTADO COLOMBIANO. SE PRECISA QUE LA AUTORIZACIÓN PARA CONTRIBUIR CON LA FIESTA, INCLUSO MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, ES UNA MEDIDA QUE, LEJOS DE PROMOCIONAR A UNA RELIGIÓN, BUSCA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL QUE IDENTIFICA A LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA, LA CUAL, COMO LO SOSTIENE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA, VIVE EN UNA ZONA CARACTERIZADA POR TENER UNA ECONOMÍA FRÁGIL Y DEPRIMIDA, AFECTADA SERIAMENTE POR LA VIOLENCIA DERIVADA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, LO QUE DIFICULTA CONTAR CON UN APOYO DEL SECTOR PRIVADO. DE ESTA MANERA, SI SE RETIRA EL DEBER DE COLABORACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL, EN EL FUTURO, ESTA EXPRESIÓN CULTURAL PODRÍA VERSE COMPROMETIDA, LESIONANDO EL CARÁCTER DIVERSO Y PLURAL EN EL QUE SE FUNDA LA NACIÓN COLOMBIANA. POR LAS RAZONES EXPUESTAS, SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 993 DE 2005.
TEMAS ESPECÍFICOS:PATRIMONIO CULTURAL, COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE, DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTO ARMADO INTERNO
Sentencia C-111 de febrero 22 de 2017
Ref.: Exp. D-11485
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º de la Ley 993 de 2005, “por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó y se dictan otras disposiciones”
Demandantes: Yamile Sánchez Camacho y Luz Perla Sánchez Ortiz
Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil diecisiete
A continuación, se transcribe el texto del precepto demandado, conforme con su publicación en el Diario Oficial 46.081 del 3 de noviembre de 2015:
Artículo 2º—http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0993_2005.html - topAutorízase al Gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura a contribuir al fomento, promoción, protección, conservación, divulgación y financiación de las fiestas patronales de San Francisco de Asís”.
En virtud de lo previsto en el numeral 4º del artículo 241 del Texto Superior, esta Corporación es competente para conocer sobre la demanda de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 2º de la Ley 993 de 2005, toda vez que se trata de un precepto de carácter legal expedido con fundamento en las atribuciones consagradas en el numeral 1º del artículo 150 de la Constitución(52). En la medida en que no se plantean solicitudes de inhibición, la Corte entiende que la demanda cumple cabalmente con los requisitos para proceder a un pronunciamiento de fondo.
6.2.1. De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda, en las distintas intervenciones y teniendo en cuenta el concepto de la Vista Fiscal, le corresponde a la Corte establecer, si la autorización concedida al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, para que pueda contribuir al fomento, promoción, protección, conservación, divulgación y financiación de las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 993 de 2005, vulnera los artículos 1º, 7º y 19 de la Constitución, al desconocer —en criterio de las accionantes— el principio de neutralidad en materia religiosa, así como los mandatos de diversidad y pluralismo que identifican al Estado colombiano.
6.2.2. Con miras a resolver el problema planteado, este tribunal inicialmente se pronunciará sobre el patrimonio cultural de la Nación, su reconocimiento y protección constitucional, enfocando su análisis en el patrimonio inmaterial; luego de lo cual se referirá a la facultad del Congreso para disponer la forma como se desenvuelve el deber estatal de promoción y fomento a la cultura, incluyendo los límites jurisprudenciales que han sido identificados cuando el patrimonio tiene una relación actual y objetiva con una manifestación religiosa. Una vez hayan sido expuestos los anteriores elementos, se procederá con la definición del caso concreto.
6.3. Del patrimonio cultural de la Nación, reconocimiento y protección constitucional.
6.3.1. En términos generales, la cultura ha sido definida como “el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos”(53), que identifican a una sociedad o a un grupo social y que abarca, “además de las artes y letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”(54).
La Constitución establece toda una serie de principios y reglas orientadas al fomento y protección de la cultura. En este sentido, (i) el artículo 2º consagra como uno de los fines esenciales del Estado el de facilitar la participación de todos “en las decisiones que los afectan y en la vida (…) cultural de la Nación”; (ii) el artículo 7º, al referir a los principios fundamentales en los que se apoya el régimen constitucional, impone el deber de reconocer y preservar “la diversidad étnica y cultural (…)”; (iii) precepto que se complementa con el artículo 8º, en el que se dispone la “obligación del Estado y de las personas [de] proteger las riquezas culturales (…) de la Nación”. Más adelante, (iv) al enumerar los derechos de los niños, el artículo 44 menciona a la “cultura” como un derecho fundamental; respecto del cual se resalta (v) el papel que cumple la educación, en el artículo 67, como derecho y vía para el “acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. En armonía con lo expuesto, (vi) el artículo 95 señala como uno de los deberes de la persona y del ciudadano “proteger los recursos culturales (…)”; sin perjuicio del compromiso que tiene (vii) el Estado de “promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades” conforme se dispone en el artículo 70, en el que también se ratifica que la cultura, en sus diversas manifestaciones, es “fundamento de la nacionalidad” y, por ello, exige promover la difusión de los distintos valores que la integran. Finalmente, en virtud del artículo 71, (viii) el Estado está autorizado para ofrecer estímulos especiales a las personas y entidades que desarrollen y promuevan “manifestaciones culturales”; entendiendo, en todo caso, (ix) que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, según se consagra en el artículo 72 de la Carta, en el que asimismo se estipula que los bienes que lo integran son “inalienables, inembargables e imprescriptibles”(55).
Por vía del artículo 93 de la Constitución Política(56), cabe igualmente destacar lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se consagra el derecho de toda persona a “tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad”(57); mandato que se reafirma con lo previsto en el Pacto internacional de derechos sociales, Económicos y Culturales, y con el Protocolo de San Salvador, en los que se declara que toda persona tiene derecho a “[p]articipar en la vida cultural” y que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para conservar, desarrollar y difundir la cultura y el arte(58). Como consecuencia de estos mandatos, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales, en la observación general 21(59), señala expresamente que “[l]os derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos”.
6.3.2. Dentro de las distintas expresiones de cultura(60), el Texto Superior le otorga especial importancia al patrimonio cultural de la Nación, al reconocer explícitamente que se encuentra bajo la protección del Estado (CP art. 72). No obstante, ninguna disposición de la Carta brinda una noción o concepto sobre dicho patrimonio, circunstancia que se suple por vía del artículo 1º de la Ley 1185 de 2008(61), en el que se estípula que el patrimonio cultural de la Nación corresponde a “todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como, la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”.
Como consecuencia de esta noción, en el orden interno, se suele hacer referencia a dos expresiones principales de patrimonio cultural: (i) el patrimonio material constituido por “bienes que tienen cuerpo físico tales como edificaciones, sectores urbanos, sitios arqueológicos, parques naturales y bienes muebles representativos de la cultura”(62); y (ii) el patrimonio inmaterial, cuya definición se encuentra en el artículo 2º de la Ley 1037 de 2006(63), como aquél que involucra “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”(64).
El patrimonio material se integra en esencia con los bienes de interés cultural que obtengan dicha declaratoria, cuya competencia se asigna al Ministerio de Cultura sobre los que tienen un ámbito nacional y a los alcaldes municipales o distritales y a los gobernadores frente a los bienes del contexto territorial. En los grupos étnicos esa función les corresponde a las autoridades indígenas y a las autoridades de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993. Por fuera de lo anterior, se establece que los bienes archivísticos son de competencia exclusiva del archivo general de la Nación (AGN), sin importar si son nacionales o territoriales, al igual que ocurre con el patrimonio arqueológico sometido al control y vigilancia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)(65). El procedimiento para la declaratoria de bienes de interés cultural (también denominados BIC) se encuentra previsto en el artículo 5º de la Ley 1185 de 2008(66).
Por su parte, en lo que concierne al patrimonio inmaterial, el Estado colombiano adoptó la Convención para su salvaguardia aprobada por la Unesco, a través de la citada Ley 1037 de 2006. La noción allí acogida, en los términos previamente expuestos, supone la existencia de un conjunto de manifestaciones que se caracterizan por provocar sentimientos de identidad, memoria colectiva y difusión entre generaciones. Ello se destaca en el artículo 2º del tratado en cita, en el que se dispone que: “[El] patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”(67).
El patrimonio cultural inmaterial no es susceptible de declaración como los BIC, sino de incorporación en una lista representativa de patrimonio cultural inmaterial (LRPCI), mediante un procedimiento reglado consagrado en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 2941 de 2009 y en la Resolución 330 del 24 de febrero de 2010 del Ministerio de Cultura. Según se dispone en el reglamento cabe la existencia de listas representativas en el orden nacional como en el nivel territorial(68), sujetándose para el efecto al siguiente trámite que fue resumido en la Sentencia C-224 de 2016(69):
“(i) Para la inclusión en la LRPCI debe presentarse una postulación o iniciativa para tal fin, la cual puede provenir de entidades estatales o grupos sociales, colectividades, comunidades, o personas naturales o jurídicas, y/o de la entidad encargada de la conformación y manejo de la respectiva lista en el ámbito nacional o territorial —director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el alcalde municipal o distrital, el gobernador—; con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2941 de 2009, artículos 8º y 11.
(ii) Una vez cumplidos los requisitos, la información recopilada será enviada al Consejo de Patrimonio Cultural correspondiente(70), el que debe emitir un concepto favorable o desfavorable de la postulación. De ser positivo, la autoridad competente solicitará al postulante la elaboración y presentación de un Plan Especial del Salvaguarda —PES—.
(iv) Finalmente, el Consejo de Patrimonio Cultural que corresponda, según el caso, decide definitivamente sobre la inclusión o no de la manifestación cultural en la LRPCI. Decisión que se concreta en un acto administrativo mediante el cual, previo análisis de los criterios de valoración y procedimiento reglamentados en este decreto, la instancia competente determina que dicha manifestación, dada su especial significación para la comunidad o un determinado grupo social, o en virtud de su nivel de riesgo, requiere la elaboración y aplicación de un plan especial de salvaguardia”.
Entre las manifestaciones que por vía reglamentaria admiten su incorporación en la LRPCI se destacan(71), entre otras, las lenguas y la tradición oral(72); el conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo; las técnicas asocia-das con la fabricación de objetos artesanales; las artes populares(73); los actos festivos y lúdicos(74); los eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo y la cultura culinaria(75). En términos similares, el artículo 2.2 de la convención de la Unesco señala que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en el ámbito de las tradiciones y expresiones orales; en los usos sociales, rituales y actos festivos; en los artes del espectáculo; en los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y en las técnicas artesanales tradicionales. Por lo demás, se entiende que son pautas de valoración para incluir manifestaciones en la LRPCI, los siguientes criterios(76): (i) pertinencia; (ii) representatividad(77); (iii) relevancia(78); (iv) vigencia(79); (vi) equidad(80); (v) naturaleza e identidad colectiva(81) y (vii) responsabilidad(82).
6.3.3. Como se manifestó con anterioridad, el artículo 72 de la Constitución le impone al Estado el compromiso de proteger el patrimonio cultural de la Nación, lo que incluye, entre otras, la labor de adoptar medidas que permitan su promoción, fomento y difusión, conforme se deriva de lo consagrado en los artículos 7º, 8º y 70 de la Carta Política(83). En armonía con lo expuesto, la convención de la Unesco para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003 establece que los Estados partes adquieren el deber jurídico de resguardar este patrimonio, a través de políticas que permitan su “identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión (…) y revitalización”(84). En particular, se dispone como obligación la de “(…) adoptar medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas”(85), para “favorecer (…) la transmisión de este patrimonio en los (…) espacios destinados a su manifestación y expresión”(86), así como para “garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo [sus] usos consuetudinarios (…)”(87).
6.3.4. En conclusión, es innegable que, por mandato constitucional y al tenor del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuya incorporación al derecho interno se realiza en los términos del artículo 93 de la Carta, el Estado tiene el deber jurídico de proteger, fomentar, difundir y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, incluso por la vía de la adopción de medidas financieras o de carácter presupuestal. Lo anterior se ve reforzado por la observación general 21 del CDESC, en la que se destaca el derecho que tiene toda persona de participar en la vida cultural, generando a cargo del Estado obligaciones de respeto, protección y cumplimiento. En relación con estas últimas, se impone el compromiso de “otorgar ayuda financiera o de otro tipo a artistas y organizaciones públicas y privadas, como [a] (…) asociaciones culturales, sindicatos y otras personas e instituciones dedicadas a actividades (…) creativas”(88). Se trata de una obligación que, por lo demás, adquiere especial trascendencia en el caso de las minorías étnicas, por cuanto la cultura que ellas expresan suele ser un componente esencial de su propia identidad(89).
6.3.5. Al margen de lo anterior, en el marco de sus valores y principios, la Constitución de 1991, al definir a Colombia como un Estado social de derecho fundado en el pluralismo, la libertad religiosa y la igualdad entre todas las confesiones, acogió un modelo de Estado laico (CP arts. 1 y 19). A causa de ello, el Estado renuncia a un determino sentido religioso del orden social, de manera que ninguna iglesia o confesión tendrá carácter oficial, ni las autoridades pueden consagrarse a una de ellas. De igual manera, no es posible adoptar medidas legislativas o de otra naturaleza, que consagren tratamientos más favorables o perjudiciales a una religión en particular, a partir del hecho determinante de buscar promocionar su práctica o rechazo. Ello, sin embargo, no significa que la ley no pueda exaltar, promocionar o patrocinar manifestaciones religiosas que, por las trazas culturales que les son inherentes, merezcan ser destacadas y apoyadas por el Estado. Por el contrario, en tales casos, para poder activar el deber de salvaguardia de una expresión que hace parte del patrimonio cultural, en el que concurren atributos religiosos y de identidad colectiva, lo que se exige es que exista un importante, verificable y consistente componente secular o laico, que dote de neutralidad a un acto festivo vinculado con un fenómeno religioso(90). En otras palabras, la connotación secular no puede tener cualquier peso, sino que debe ser decisiva(91).
Nada excluye que, como acaba de mencionarse, una festividad que tenga una importante identidad colectiva y secular, al mismo tiempo pueda tener una connotación religiosa e integrar el patrimonio cultural de la Nación o de la humanidad. En tal caso, como se señaló en la Sentencia C-567 de 2016(92), ninguna norma de la Constitución prohíbe salvaguardar dicho patrimonio por el sólo hecho de estar asociado con un rito o una figura religiosa. Incluso, en la observación general 21 del CDESC, se entiende que el concepto de cultura, como derecho humano, envuelve “los sistemas de religión y de creencias”, así como sus “ritos y ceremonias”, siempre que permitan identificar a una colectividad, le den sentido a su existencia y configuren una visión particular del mundo(93). Por ello, como se expuso en la citada Sentencia C-567 de 2016, prohibir que el Estado pueda proteger un patrimonio cultural por la sola circunstancia de ser portador de un elemento religioso, ya sea en su origen o en su práctica, constituye una clara forma de “discriminación por motivos de religión” (CP art 13), pues en ese caso la exclusión del deber de protección, al cual alude el artículo 72 de la Carta, como detonante de la diferencia de trato, se fundamentaría exclusivamente en el factor “religión”(94).
Al tenor de lo expuesto, por ejemplo, este tribunal declaró recientemente la exequibilidad de una norma que autoriza la asignación de partidas presupuestales para la salvaguardia de las procesiones de semana santa en la ciudad de Tunja(95) , así como de una disposición que en el mismo sentido contribuye al fomento de las procesiones y del festival de música religiosa en el municipio de Popayán(96).
6.4. De la facultad del Congreso para disponer la forma como se desenvuelve el deber estatal de promoción y fomento a la cultura.
Ahora bien, en este punto, la Constitución no desarrolla el tipo de medida o de instrumento que puede ser utilizado para satisfacer el deber genérico de protección, pues en ello le asiste una amplia libertad de configuración normativa al Congreso de la República, lo que incluye la posibilidad de disponer medidas de carácter presupuestal. Esta amplitud en el principio de autonomía legislativa fue expresamente mencionada en la Sentencia C-742 de 2006(97), al sostener que:
“[A] pesar de que es cierto que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, no es menos cierto que la Carta no establece fórmulas, ni mecanismos precisos, ni unívocos que impongan los mecanismos o la manera cómo deben protegerse, por lo que es lógico concluir que al legislador corresponde reglamentarlos, haciendo uso de su libertad de configuración política. De hecho, el artículo 72 de la Carta dejó expresamente al legislador la tarea de establecer instrumentos para readquirir los bienes que se encuentran en manos de particulares y de reglamentar los derechos que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
De esta forma, para la Corte es claro que el hecho de que el Constituyente hubiere señalado protección del Estado para el patrimonio cultural de la Nación no significa que el legislador estuviese impedido para delimitar su concepto o para diseñar diferentes formas de protección para los bienes y valores que lo integran”.
6.4.2. Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la intervención es el de garantizar el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, es preciso que la forma como se desenvuelve por vía legal el deber genérico de protección incluya alternativas que, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación, permitan realizar los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad, a los cuales alude la observación general 21 del CDESC(98).
6.4.3. Por último, cabe señalar que cuando la medida de protección suponga la posibilidad de financiar una manifestación cultural con recursos del presupuesto general de la Nación, este tribunal ha sostenido de manera reiterada que, por virtud de la autonomía que la Constitución le otorga al Gobierno nacional en su manejo(99), no cabe que se impongan órdenes que agreguen determinadas partidas, pues el margen de actuación del Congreso se limita a autorizar la existencia de un título, a través del cual ese componente de gasto se pueda incluir en el futuro, a partir del examen de priorización que se haga en cada ejercicio fiscal(100). No obstante, como ya se dijo, esa financiación adquiere especial trascendencia en el caso de las minorías étnicas, por tratarse de comunidades que tradicionalmente se encuentran desprotegidas económicamente, aunado al hecho de que su cultura es un componente esencial de su identidad. En tal sentido, no sobra recordar que el artículo 13 del Texto Superior le ordena al Estado adoptar las medidas que sean necesarias en favor de los grupos marginados, incluyendo aquellas que les permitan participar plenamente en la vida cultural de la Nación.
6.5. De los límites que han sido identificados en la promoción y fomento del patrimonio cultural, cuando éste tiene una relación actual y objetiva con una manifestación religiosa.
6.5.1. Siguiendo lo expuesto con anterioridad, bajo ciertas condiciones que apuntan a garantizar el principio constitucional de laicidad, es posible que el Estado fomente, respalde o desarrolle acciones de protección jurídica sobre manifestaciones relacionadas con una fiesta, evento o figura religiosa. En efecto, como ya se advirtió, si bien la Constitución contempla un catálogo amplio de derechos culturales, al mismo tiempo exige del Estado ser neutral en materia religiosa, pues se reconoce al pluralismo como principio fundante del orden constitucional (CP arts. 1º y 7º), acompañado de las libertades de conciencia, culto y religión (CP arts. 18 y 19). Precisamente, en virtud de esta última se entiende que todas las confesiones e iglesias son iguales ante la ley.
6.5.2. Tal identificación se realizó en la Sentencia C-567 de 2016(101), en la que, por vía de la unificación jurisprudencial(102), se esbozaron los siguientes límites: (i) el Estado no puede establecer una religión o iglesia oficial; (ii) el Estado tiene prohibido identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión; (iii) para el Estado está proscrito los actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia; (iv) el Estado no puede tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; y (v) el Estado debe abstenerse de adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto real sea el de promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia frente a otras igualmente libres ante la ley. A las anteriores se adicionaron dos nuevos límites, (vi) la medida que se adopte debe tener una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente; y por lo demás, (vii) debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones(103).
“El que sea ‘importante’ implica que deben poder ofrecerse razones para justificar esa valoración a la luz de los principios constitucionales. La plausibilidad de esas razones debe ser además ‘verificable’, y ha de ser entonces posible controlar razonablemente los hechos y motivos que soportan la valoración de la medida. La importancia de la justificación secular debe ser también ‘consistente’, lo cual indica que no puede ser contradictoria, puramente especulativa o desprovista de fuerza. Finalmente, debe tratarse de una justificación secular ‘suficiente’ para derrotar los efectos de la incidencia que tienen estas medidas en el principio de laicidad del Estado. La suficiencia viene determinada por el principio de proporcionalidad, y así la medida debe entonces ser idónea para alcanzar el fin secular que persigue, pero además necesaria y proporcional en sentido estricto”.
6.6.1. Como se expuso en el acápite de antecedentes, en el presente caso, el examen de inconstitucionalidad propuesto por las accionantes se centra en determinar, si el artículo 2º de la Ley 993 de 2005, por virtud del cual se auto-riza al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, para contribuir al fomento, promoción, protección, conservación, divulgación y financiación de las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó, vulnera los artículos 1º, 7º y 19 de la Constitución, al desconocer —en criterio de las demandantes— el principio de neutralidad en materia religiosa, así como los mandatos de diversidad y pluralismo que identifican al Estado colombiano.
6.6.2. Antes de proceder con el examen de fondo propuesto, es preciso señalar las razones manifestadas por los intervinientes para solicitar la declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad del precepto demandado. En cuanto a los que piden que la norma acusada sea declarada ajustada a la Constitución(104), se exponen los siguientes argumentos: (i) las fiestas patronales de San Pacho son un patrimonio cultural inmaterial, tanto de la Nación como de la humanidad, razón por la cual deben ser objeto de protección y fomento por parte del Estado, como se deriva de lo previsto en los artículos 8, 70, 71 y 72 de la Constitución; (ii) las fiestas agrupan manifestaciones lúdicas y religiosas, cuya tradición en el tiempo ha generado identidad, pertenencia y cohesión en la comunidad afrocolombiana; (iii) se trata de un espacio que desborda la doctrina de la religión católica, más allá de incorporar la imagen de uno de sus santos, y de incluir misas y procesiones, toda vez que reúne una aproximación propia y original a la espiritualidad, que mezcla componentes del pasado africano y expresa las frustraciones e inconformismos de una población que, en la actualidad, vive en condiciones precarias y cuyos antepasados fueron esclavos; (iv) la fiesta es hoy en día una muestra de la memoria histórica e identidad colectiva del Chocó, incluyendo comparsas, disfraces, música, baile, balsadas y teatro, cuya programación se realiza directamente por el pueblo, previa distribución de los actos festivos por los barrios tradicionales de Quibdó, espacio para la expresión de sus propias muestras culturales, como ocurre con la chirimía, los alabaos y el revolú; (v) por su trascendencia social se ha convertido en un medio de formación de liderazgos y de incentivo económico para una población con un porcentaje alto de necesidades básicas insatisfechas. Finalmente, en términos generales, (vi) se afirma que su apoyo por parte del Estado es un elemento esencial para que no desaparezca como muestra representativa del pluralismo de la Nación.
A diferencia de lo expuesto, el interviniente que solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma acusada(105), señala que el Estado está en la obligación de proteger las fiestas y tradiciones con valor histórico y cultural derivadas de la religión católica, cuando ellas forman parte de una práctica o representación con sentimientos de identidad, memoria colectica y transmisión entre generaciones, al punto que puedan considerarse como un patrimonio cultural. No obstante, para que ese proceder sea válido, es necesario agotar el proceso de declaración previsto en la ley, a partir de la valoración que sobre las fiestas se realice por expertos. En su criterio, no cabe que el legislador haga de forma libre dicha declaratoria, como ocurre en el caso bajo examen, pues ello no es más que darle un privilegio a una iglesia, al exaltar sus representaciones religiosas, en contra del carácter laico del Estado y de su deber de neutralidad.
6.6.3. Visto el contenido normativo de la disposición impugnada(106) y a partir de los criterios identificados por la Corte para asegurar que el fomento y la salvaguardia de un hecho cultural con connotaciones religiosas no devenga en inconstitucional, conforme se expuso en el acápite 6.5.2 de esta providencia, se observa que, en primer lugar, el precepto legal demandado no establece una religión o iglesia oficial, sino que, por el contrario, se limita a autorizar al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, para “contribuir” al fomento, promoción, protección, conservación, divulgación y financiación de las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó. A través de la citada autorización no se adhiere ni se suscribe al Estado con una religión, en particular con la religión católica, pues su único fin es el operativizar el deber jurídico que le asiste al Estado de impulsar el acceso a la cultura (CP art. 8º, 70 y 72), a partir de la incorporación que se realiza de dicha festividad como parte del patrimonio cultural de la Nación, en el artículo 1º de la Ley 993 de 2005(107).
Tal incorporación condujo a que se adelantara el trámite para incluir a las fiestas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación (LRPCI), a través de la Resolución 1895 de 2011 adoptada por el Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, trámite que se adelantó a través de una institución priva-da sin ánimo de lucro, como lo es la Fundación Fiestas Franciscanas(108), para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de valoración(109):
Como se observa de lo expuesto, el precepto legal demandado apunta al logro de una finalidad compatible con el ordenamiento constitucional, por virtud de la cual se vincula al Ministerio de Cultura, como parte del Gobierno nacional, con la realización del deber jurídico de promover, fomentar y proteger el patrimonio cultural de la Nación(110). Lo anterior guarda concordancia con la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, incorporada al derecho interno a través de la Ley 1037 de 2006, en la que se establece como obligación del Estado: “Adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para: (…) favorecer (…) la transmisión (…) [del patrimonio cultural inmaterial] (…) en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión”.
Por lo demás, en el año 2012, esta festividad también fue incorporada como Patrimonio Cultural de Humanidad por la Unesco, en cuyo dossier se señala que: “La Fiesta de San Pacho es el principal espacio simbólico en la vida social, cultural, religiosa y política de Quibdó. Su función más importante es ser el eje en la construcción de la identidad chocoana, impulsando la cohesión social al interior de la comunidad”(111). Vale la pena aclarar que, para este tribunal, aun cuando la certificación de dicho organismo internacional es importante al ofrecer elementos de juicio para verificar la importancia cultural de la fiesta, no es indispensable o determinante para que la misma tenga tal condición. A ello se puede llegar tanto por el examen de los antecedentes legislativos, como por la revisión histórica y social de los criterios colectivos que la identifican. A este conjunto de herramientas, incluida la declaración de la Unesco, se hará referencia en esta sentencia, no para que la Corte defina o establezca la importancia cultural de la fiesta, sino para evidenciar la labor que con tal fin se ha realizado por las autoridades expertas en la materia.
6.6.4. En segundo lugar, no se advierte que la norma acusada identifique formal y explícitamente al Estado con una iglesia o religión en particular. En efecto, su contenido se limita a autorizar al Ministerio de Cultura para realizar actos de impulso, promoción y amparo de las fiestas patronales de San Pacho en el municipio de Quibdó, sin que se haga referencia expresa a una religión en particular, o se vincule al Estado con su culto, dogmas, creencias o actos de fe. Lo que se busca es que el Gobierno nacional contribuya con la defensa y salvaguardia de una manifestación que se identifica como patrimonio cultural, tanto a nivel interno como internacional, por revelar la especificidad de los valores, usos y tradiciones de la comunidad afrodescendiente, contribuyendo, como se señala en el dossier de la Unesco, “al dialogo de culturas diversas a nivel local y al fortalecimiento de la representación positiva y la inclusión [de una población] a nivel nacional y latinoamericano, reivindicando su papel en la construcción de la Nación”(112).
6.6.5. En tercer lugar, no se aprecia que la disposición demandada constituya un acto oficial de adhesión, siquiera simbólico, a una religión o iglesia. Esto se advierte, como ya se dijo, por el hecho objetivo de que no se alude de forma expresa a ninguna de ellas; y por la circunstancia de que la mención que se hace a los símbolos católicos es meramente causal y no busca generar efectos jurídicos. Sobre el particular, se destaca que, aun cuando la norma acusada hace alusión a las fiestas “patronales” de “San Francisco de Asís”, lo que implica referir a un santo católico y a la protección que dé él se deriva, tal acontecimiento no busca insertar a dicha festividad en un proceso de adhesión del Estado a los dogmas o actos de fe de la citada religión, ya que dicho proceder se circunscribe a registrar un hecho histórico y cultural vinculado con la formación de un acto festivo y lúdico, cuyo epicentro fue el proceso de evangelización adelantado por la colonia española(113), en el que si bien se preserva una tradición religiosa, hoy en día se excede el ámbito confesional y se manifiesta en múltiples dimensiones de la vida social y cultural, al punto que, como lo advierte la Academia Colombiana de Historia, conjuga “una amalgama de expresiones espirituales y culturales que se han construido en herencia de la comunidad afrodescendiente a través de la historia”(114), incluyendo no sólo a los habitantes del municipio de Quibdó, sino a los pobladores de las zonas rurales circundantes al río Atrato.
Las fiestas se desarrollan desde el 20 de septiembre hasta el 5 de octubre en el casco urbano de la ciudad de Quibdó. Su descripción, realizada por la Academia Colombiana de Historia(115), se resume en los siguientes términos:
Como lo señalan la mayoría de los intervinientes y se expone en varios conceptos que fueron solicitados por esta Corporación, la fiesta no es una construcción ligada a una tradición puramente católica. En efecto, no hay duda de que tiene una influencia derivada de la colonización española, pero más allá de ello su valor radica en que es una expresión etnocultural de la población afrocolombiana. Precisamente, la Academia Colombiana de Historia resalta que la iglesia católica no sólo cumplió un rol evangelizador, sino que también adoptó la defensa y protección de los afrodescendientes frente a los castigos y maltratos de los cuales eran objeto(116). En este escenario, fueron los rituales católicos y sus celebraciones, los únicos espacios que se abrieron para su interacción social. Por ello, se asumieron sus figuras como espacios de refugio frente a los rigores de la vida esclavista y como una forma de expresión de su propia espiritualidad.
Esta última se desarrolló bajo un sincretismo autónomo producto de la mezcla de las tradiciones occidentales y africanas, generando fenómenos culturales y colectivos de pertenencia y de resistencia frente a la doctrina misionera católica(117). De esta manera, aun cuando se preservan las misas y las procesiones, la espiritualidad se manifiesta de una forma distinta, como lo sostiene el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)(118), a partir de las huellas que dejó el pasado religioso africano que vincula a San Pacho con el panteón yoruba(119). En esencia, se trata de un santo humanizado, cuyo comportamiento no es ejemplar, sino que, por el contrario, es “fiestero, vengativo y amante de las joyas. Los adoradores del santo han establecido con él una relación de intercambio de favores y milagros por promesas, plegarias, velas y regalos de oro”(120).
Las fiestas preservan entonces un elemento religioso que se ve superado por las muestras culturales que, directamente o indirectamente, allí se encuentran. Así, desde mediados del siglo pasado, el peso de la festividad recae en los 12 barrios tradicionales, para quienes el evento es un espacio de exhibición de su propia identidad, a través de la presentación de desfiles, disfraces y muestras folclóricas por la ciudad, degustaciones culinarias, música y bailes al ritmo de chirimía, todo ello acompañado de desayunos para la comunidad en general, exposiciones de teatro y verbenas nocturnas con juegos pirotécnicos. Al final, cada barrio participa de la balsada, como homenaje a la población que arribó a Quibdó, entre otras, por la violencia que ha padecido la zona con ocasión de la explotación del caucho y del oro, y de los rigores del conflicto armado, acompañados de las banderas que los identifican, de la imagen del santo y de su propia música. Aunado a lo anterior, incluso la experiencia religiosa, no es un espacio exclusivo, propio y rígido de la iglesia católica, por ejemplo, las eucaristías que se celebran en cada barrio, son coordinadas por sus líderes, destacando la presencia de dos espacios, uno que se asocia a los sacerdotes, y otro para quienes organizan la misa. En este último espacio, se da apertura a un momento de reflexión, en el que la comunidad manifiesta los problemas sociales que vive y pide por el mejoramiento de sus condiciones(121). Las misas son acompañadas por bailes típicos y alabaos, como canto tradicional que se asocia con los rituales mortuorios. Finalmente, la imagen del santo se articula con una concepción interna de protección, en la que cada barrio le rinde su propio homenaje, sin que para el efecto se requiera de la presencia de las autoridades católicas.
Lo anterior se destaca en los antecedentes legislativos, como soporte necesario en el que debe constar el ingrediente cultural que se pretende estimular, como medio para excluir cualquier manifestación simbólica de adhesión. Ello se presenta, en el asunto sub-judice, en el que luego de hacer una breve referencia al santo, se explica que la protección que se autoriza al Ministerio de Cultura, se justifica en que las fiestas “representan un elemento receptor, difusor y multiplicador de la cultura, que de contera asegura a las generaciones futuras el derecho de gozar de una tradición que concita la solidaridad, la unión y el crecimiento de una sociedad que históricamente tiene mucho que enseñar a la Nación”(122). La fiesta, se resalta, es un “factor de cohesión del tejido social de la cultura afrocolombiana que enseña, desde la diversidad [étnica], un modo de vida [y] una inmensidad de riqueza producto de su historia, su religión y lo más importante, su gente”(123). Se menciona igualmente su carácter tradicional, como “máximo patrimonio de expresión cultural que se realiza en el departamento del Chocó, en la medida en que recopila una serie de factores sociales, religiosos, étnicos, económicos, políticos y humanos de las gentes de raza afroamerindia”(124). Para lo cual, más allá de la referencia al santo y a las misas que se celebran, se exaltan toda una serie de actos seculares derivados del uso de disfraces, desfiles, música, pólvora, comparsas y fiestas hasta el amanecer(125).
6.6.6. En cuarto lugar, tampoco se aprecia que, con la norma demandada, se adopten por el legislador medidas que tengan una finalidad religiosa, ni mucho menos que sean la expresión de una preferencia por una iglesia. La autorización que se otorga, siguiendo los criterios de inscripción que fueron tenidos en cuenta por la Unesco, gravita en que la fiesta es “un importante marcador de la identidad de los afrocolombianos de la ciudad de Quibdó y sus alrededores”(126). Por ello, a través de su salvaguardia, se fomenta la “cohesión social, la solidaridad y el respeto hacia la naturaleza, mientras que evoca las interacciones históricas de los diversos grupos culturales que han vivido en la región”(127).
6.6.8. En sexto lugar, más allá de la referencia puntual que pueda existir con la iglesia católica, a partir de los actos de devoción y de la exposición de la imagen de uno de sus santos, la medida tiene una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente.
Según lo expuesto hasta el momento, el precepto legal demandado encuentra su justificación, tanto en los debates parlamentarios como dentro de este proceso, como una medida de salvaguardia, promoción y conservación del patrimonio cultural inmaterial que rodea el conjunto de actos festivos realiza-dos con ocasión de las fiestas de San Pacho en el municipio de Quibdó. Esta justificación no solo es secular, sino que —además— responde a un deber jurídico de carácter constitucional. En efecto, la Carta Política establece, según se indicó con anterioridad, que la protección del patrimonio cultural está bajo la titularidad del Estado, que todas las personas deben resguardar la diversidad y riqueza cultural, y que la cultura es un derecho de los niños y fundamento de la nacionalidad (CP arts. 2, 7, 8, 44, 67, 70, 71, 72 y 95.8). Por su parte, la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, aprobada mediante la Ley 1037 de 2006, establece como deber de los Estados “adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio”(128), compromiso que adquiere especial trascendencia en el asunto bajo examen, si se tiene en cuenta que la fiesta fue reconocida en el año 2012 como patrimonio cultural de la humanidad y que, desde antes, previa expedición del plan especial de salvaguardia del año 2011, estaba incluida en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.
Esta justificación es verificable y consistente, no solo porque la decisión de la Unesco y la Resolución 1895 de 2011 del Ministerio de Cultura son actos públicos, sino, además, porque las características de la fiesta se ajustan adecuadamente a las condiciones conceptuales que, para el efecto, establece la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Sobre el particular, el artículo 2º de la Convención en cita prevé que ese patrimonio está constituido por los (i) “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas” de las comunidades, “junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes”; (ii) cuando se transmiten de generación en generación, y (iii) en la medida en que sea reconocido por sus participantes como elemento de su identidad, a partir de su recreación constante en función de su entorno y de su interacción con la naturaleza y su historia, lo cual les da un sentido de continuidad y promueve el respeto por la diversidad y la creación humana. Las fiestas de San Pacho satisfacen estos criterios, como a continuación pasa a demostrarse:
(i) Para comenzar, la preparación y desarrollo de la festividad involucra toda una serie de usos, expresiones, técnicas y conocimientos, propios de la cultura afrocolombiana. Las fiestas inician con el acto de batir la bandera representativa de cada barrio, cuya finalidad es exhibir la identidad generada a partir de las relaciones de vecindad y de sus antepasados(129), continúan con la feria del rescate cultural chocoano, que involucra degustaciones de su culinaria, mues-tras artesanales y presentaciones folclóricas(130). Todos los días, de turno en turno, cada uno de los doce barrios realiza un desayuno colectivo, y hace recorridos con disfraces acompañados de comparsas y chirimías. Los disfraces, según se afirma por el ICANH, son el canal por excelencia para la comunicación de los problemas y denuncias locales de la población chocoana(131). Cada barrio concursa por el mejor disfraz y por ello ocupa varios meses en su concepción y confección, para luego exponerlo en el centro de la comparsa de danzantes. El disfraz “recrea personajes y situaciones de la vida cotidiana, hechos en yeso, cartón, papel y otros materiales. En estas representaciones el pueblo chocoano, (…) plasma la visión crítica que tiene de sí mismo y de sus problemas. La relación siempre problemática con el Estado y la Nación colombiana, y el discurrir cotidiano en medio de carencias históricas de servicios públicos, educación, salud y vías de comunicación, ha sido la tendencia predominante de esas representaciones. Con motivo de cada fiesta, los barrios recuerdan los mejores disfraces de fiestas pasadas e ingenian nuevos teatros en los que alegorizan necesidades y deseos”(132).
Nótese cómo se está en presencia de representaciones colectivas, en las que se mezclan conocimientos, usos y técnicas en el campo culinario, musical, textil, orfebre y artesanal, dando lugar a toda una serie de vocablos, conceptos, relaciones y roles, con un profundo arraigo popular, como ocurre con las misas inculturadas, los alabaos, la lectura del bando(133), la entrega del gobierno y el bastón(134), las balsadas, el revolú(135), entre muchas otras que no son inherentes al rito católico, sino propias de la revivificación colectiva de la población afrocolombiana que vive en el Chocó. Por ejemplo, en el caso de los alabaos se trata de un canto tradicional asociado con ritos mortuorios, que representa un coro a capela colectivo, derivado del sincretismo cultural africano, europeo y americano, “cuyo origen se encuentra en los cantos ancestrales africanos (…), en el canto llano o Gregoriano, en el Cante Jondo andaluz, emparentado con los cantos árabes —que también pudieron haber influido en los de los mismos inmigrantes forzados provenientes de África— y en algunas probables pero no demostradas influencias de los aborígenes americanos. Es de forma responsorial y su estructura rítmica y melódica se corresponde con alguna libertad de expresión rítmica del texto, definible como ritmo prosódico”(136). Por su estructura, los alabaos suelen tener un contenido primordial-mente religioso, a partir del carácter incultural que se refleja en la forma como se vive los actos de fe, llegando a tener una gran importancia los denominados alabaos sociales, que son cantos dedicados a la naturaleza, a la etnia, a la tierra, a la violencia, a la minería, a la historia, etc.
(ii) Este universo de representaciones, usos, expresiones y conocimientos se ha transmitido de generación en generación. Según el ICANH, la fiesta se remonta al año de 1648, adquiriendo el esquema barrial que hoy en día la identifica a medidos del año de 1920(137), este cambio condujo a disminuir paulatinamente la influencia católica, a favor del esquema actual similar al de un carnaval, con formas teatrales, disfraces, comparsas, bailes y música, y con amplios espacios sociales para plantear los problemas que afectan a la población afrocolombiana. Cada generación les otorga a las fiestas su nota distintiva, lo cual se acredita con la incorporación de actos como la entrega del bastón y las balsadas, que provienen de finales del siglo XX.
(iii) Finalmente, las fiestas de San Pacho son un rasgo que contribuye a definir la identidad colectiva de los afrocolombianos que habitan el departamento del Chocó. Tal circunstancia fue puesta de presente en la mayoría de las intervenciones y se encuentra como elemento fundamental en la declaración realizada por la Unesco. Al respecto, en el dossier que se tuvo en cuenta por dicha organización, se señala que: “La fiesta de San Pacho es el principal espacio simbólico en la vida social, cultural, religiosa y política de Quibdó. Su función más importante es ser el eje en la construcción de la identidad chocoana, impulsando la cohesión social al interior de la comunidad”(138). Incluso, como lo advierte el ICANH, su incorporación social cumple una función de integración y de visibilización de la población chocoana en diferentes centros urbanos de Colombia, donde las colonias celebran los “San Pachitos”, como sucede en Cali, Neiva y Bogotá(139).
Esta justificación secular no solo es importante, verificable y consistente sino además suficiente. Al respecto, tal y como se ha mencionado, si bien existe una referencia religiosa en su origen y en algunos de sus actos, dichas manifestaciones no envuelven el fin primordial de la festividad y se legitiman en aras de alcanzar un fin constitucional imperioso, como es la protección del patrimonio cultural inmaterial, como a continuación pasa a demostrarse:
(a) Inicialmente, se aprecia que la norma legal demandada permite alcanzar el fin que persigue. En efecto, a través de la autorización al Ministerio de Cultura para que contribuya al fomento, promoción, protección, financiación y divulgación de las fiestas de San Pacho, se busca honrar el deber jurídico que le asiste al Estado de preservar el patrimonio cultural de la Nación. En aras de alcanzar este objetivo, por ejemplo, la citada autoridad colaboró en el proceso adelantado ante la Unesco para obtener el reconocimiento como patrimonio cultural de la Humanidad; brindó asesoría en la formulación del plan especial de salvaguardia (PES); desarrolló aplicaciones móviles y un documental para darle publicidad a las fiestas y, en general, dispuso la entrega de varios incentivos económicos para el montaje de exposiciones y fotografías, así como para el estímulo de talleres de formación en luthería, artesanía y riqueza musical(140). En términos económicos, según informa el municipio de Quibdó, las fiestas se financian en un 46.7% por ciento con los recursos correspondientes al IVA sobre el recaudo de la telefonía móvil(141), y el resto se “se cubre con los aportes de la misma comunidad iniciando por las juntas barriales (…) y algunos pocos aportes de las limitadas empresas privadas que existen en la región”(142). Para el año 2012, su realización implicaba un costo de $ 510 millones, suma que en promedio corresponde al valor que desde el año 2010 el Ministerio ha destinado para la promoción de la fiesta(143). Es importante que estas subvenciones se hagan y se mantengan, toda vez que ellas permiten nutrir las finanzas con las cuales se pagan labores asociadas con la fiesta, facilitando su práctica sin obstáculos económicos. Para la Corte, la creación de este deber legal debe impulsar la labor de protección en cabeza del Ministerio, pues se trata de garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales que subyacen en los artículos 8º, 70 y 72 de la Carta.
(b) La autorización para contribuir con la fiesta, incluso mediante la asignación de partidas presupuestales, es una medida que, lejos de promocionar a una religión, busca la protección del patrimonio cultural que identifica a la comunidad afrocolombiana, la cual, como lo sostiene la Academia Colombiana de Historia(144), vive en una zona caracterizada por tener una economía frágil y deprimida, afectada seriamente por la violencia derivada del conflicto armado interno, lo que dificulta contar con un apoyo del sector privado. De esta manera, si se retira el deber de colaboración del Gobierno nacional, como se pretende por las accionantes, en el futuro, esta expresión cultural podría verse comprometida, lesionando el carácter diverso y plural en el que se funda la Nación colombiana.
Para la Corte, (c) la contribución que se impone por la ley al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, genera importantes beneficios en términos culturales y económicos, los cuales resultan importantes y relevantes en el orden constitucional. En cuanto al aspecto cultural, son suficientes los elementos expuestos en esta providencia, en donde se destaca la importancia de la fiesta como elemento de identidad y cohesión social de la población afrocolombiana del departamento del Chocó. A ello cabe agregar su papel como generador de liderazgos (por su organización barrial)(145) y hacedor de espacios de debate en torno a los problemas que aquejan a la comunidad.
En materia económica, su trascendencia se expresa en las variables empleo, empresa y turismo. En cuanto a la primera, el municipio de Quibdó tiene uno de los indicadores más altos de desempleo a nivel nacional(146), en el que la informalidad y el subempleo superan el 60%. Durante la época en la que se desarrollan las fiestas, estos indicadores se reducen sustancialmente por las actividades relacionadas con su preparación y ejecución. La Alcaldía pone como ejemplo una empresa textil que confecciona el 23% de los vestuarios que se emplean durante la festividad, la cual previo a su inicio (2 meses aproximadamente), genera trabajo directo para 135 personas(147). De igual manera, la población indígena aprovecha la ocasión para comercializar sus artesanías, así como la comunidad afro aumenta considerablemente sus ventas, tanto en comida, como en instrumentos tradicionales(148).
En lo que respecta a la empresa, se afirma por los intervinientes que gran parte del sector productivo se nutre y se beneficia de la estructura festiva, en áreas como el comercio, el entretenimiento y el transporte. Por último, en lo referente al turismo, pese a su crecimiento, la infraestructura hotelera es toda-vía insuficiente para atender el cúmulo de visitantes que reciben las fiestas, lo que ha permitido que surjan posadas turísticas familiares, a través de las cuales se distribuyen socialmente sus beneficios(149). Bajo este contexto, no cabe duda que la leve incidencia que tienen las manifestaciones religiosas dentro de la totalidad de la fiesta se ve compensada, y de hecho contrarrestada, por su vocación cultural, turística y económica.
6.6.9. Por último, las medidas que se disponen en la norma acusada son susceptible de conferirse a otros credos en igualdad de condiciones, e incluso a manifestaciones culturales que no tengan vínculos objetivos con un hecho o una figura religiosa. En conclusión, a partir de las consideraciones expuestas, la Corte encuentra que el precepto demandado no vulnera los principios de neutralidad, diversidad y pluralismo en que se funda el Estado colombiano. Por el contrario, su objetivo es el de impulsar el cumplimiento del deber jurídico de fomento y protección al patrimonio cultural de la Nación (CP arts. 2º, 70 y 72), respecto de una manifestación que preserva la identidad, los valores y la cohesión social de la comunidad afrodescendiente del departamento del Chocó. De esta manera, se garantiza la viabilidad de una fiesta que reconoce la diversidad étnica de la Nación y que es parte del pluralismo que nos identifica (CP arts. 7 y 8).
Por las razones expuestas en esta providencia, declarar EXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 993 de 2005, “Por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó y se dictan otras disposiciones”.
52 La norma en cita dispone que: “Artículo 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes”.
53 Declaración universal sobre diversidad cultural, adoptada en la Conferencia general de la Unesco, el 2 de noviembre de 2001.
55 Además de las expuestas, entre otras, la Constitución también refiere al patrimonio cultural de la Nación como límite a la libre iniciativa privada (CP art. 333) y al patrimonio cultural del orden municipal como objeto de medidas de protección, preservación y defensa por parte de los concejos municipales (CP art. 313.9).
56 En el aparte pertinente se dispone que: “Artículo 93.—Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. // Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
57 Al respecto, el numeral 1º del artículo 27 de la DUDH señala que: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.
58 Las normas en cita consagran lo siguiente: “Pidesc. Artículo 15.—Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: participar en la vida cultural. (…) Entre las medidas que los Estado partes (…) deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión (…) de la cultura”. “Protocolo de San Salvador. Artículo 14.—Derecho a los beneficios de la cultura. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: participar en la vida cultural y artística de la comunidad (…) Entre las medidas que los Estado Partes (…) deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión (…) de la cultura y el arte”.
59 “Sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1a), del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc)”.
60 La citada observación general 21 del CDESC entiende que la “cultura” comprende, entre otras, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, el entorno natural, así como las artes, costumbres y tradiciones, por las cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y configuran una visión del mundo.
61 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de Cultura— y se dictan otras disposiciones”.
62 Ministerio de Cultura, Programa de participación vigías del patrimonio, Bogotá, 2004, p. 10. La Ley 1185 de 2008 también refiere como patrimonio material a los monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones similares (art. 1).
63 “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial’ aprobada por la conferencia general de la Unesco en su XXXII reunión, celebrada en París y clausurada el diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003), y hecha y firmada en París el tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003)”.
64 Ley 1037 de 2006, art 2.
65 Ley 1185 de 2008, arts. 3 y 5.
66 Al respecto, se dispone que: “(…) La declaratoria de los bienes de interés cultural atenderá el siguiente procedimiento, tanto en el orden nacional como territorial: 1. El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria. // 2. Con base en la lista de qué trata el numeral anterior, la autoridad competente para la declaratoria definirá si el bien requiere un plan especial de manejo y protección. // 3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito nacional, o el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso, emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y Protección si el bien lo requiriere. // 4. Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere favorable, la autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan Especial de Manejo y Protección si este se requiriere”.
67 Énfasis por fuera del texto original.
68 Decreto 2941 de 2009, art 7º.
69 MM.PP. Alejandro Linares Cantillo y Jorge Iván Palacio Palacio.
70 La competencia y manejo de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial corresponde al Ministerio de Cultura en coordinación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y a las entidades territoriales. En todo caso, la inclusión de manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), deberá contar con el concepto previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, o de los respectivos consejos departamentales o distritales de patrimonio cultural.
71 Decreto 2941 de 2009, art. 8º.
72 Se refiere a todo medio de expresión o comunicación de los sistemas de pensamiento, así como a los factores de identidad e integración de los grupos humanos.
73 Se incluyen las tradiciones musicales, dancísticas, literarias, audiovisuales y plásticas que son perpetuadas por las mismas comunidades.
74 Se trata de los “acontecimientos sociales y culturales periódicos, con fines lúdicos o que se realizan en un tiempo y un espacio con reglas definidas y excepcionales, generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social”. Decreto 2941 de 2009, art. 8º.
75 Se refiere a las prácticas tradicionales de transformación, conservación, manejo y consumo de alimentos.
76 Decreto 2941 de 2009, art. 9.
77 La manifestación debe ser referente de los procesos culturales y de identidad del grupo, comunidad o colectividad portadora, creadora o que se identifica con la misma.
78 La manifestación debe ser socialmente valorada y apropiada por el grupo, comunidad o colectividad, en cada ámbito, por contribuir de manera fundamental a los procesos de identidad cultural y ser considerada una condición para el bienestar colectivo.
79 La manifestación debe estar vigente y representar un testimonio de una tradición o expresión cultural viva.
80 El uso, disfrute y beneficios derivados de la manifestación deben ser justos y equitativos respecto de la comunidad o colectividad identificada con ella, teniendo en cuenta los usos y costumbres tradicionales y el derecho consuetudinario de las comunidades locales.
81 La manifestación debe ser de naturaleza colectiva, que se transmita de generación en generación como un legado, valor o tradición histórico-cultural y que sea reconocida por la respectiva colectividad como parte fundamental de su identidad, memoria, historia y patrimonio cultural.
82 La manifestación no debe atentar contra los derechos humanos, ni los derechos fundamentales o colectivos, contra la salud de las personas o la integridad de los ecosistemas.
83 En el aparte pertinentes, las normas en cita disponen que: “Artículo 7.- El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación (…)”; “Artículo 8.- Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales (…) de la Nación”; “Artículo 70.—El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. (…) El Estado (…) promoverá (…) la difusión de los valores culturales de la Nación”.
84 Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, art. 2.3.
85 Ibídem, art. 13.
86 Ibídem, art. 13.
87 Ibídem, art. 13.
88 CDESC, observación general 21, acápite 52, literal d).
89 CDESC, observación general 21, acápite 32.
90 Sentencia C-567 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
91 La anterior se pudo constatar, por ejemplo, al examinar la constitucionalidad de la Ley 1710 de 2014, “por la cual se rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana”. Para la Corte, aun cuando a través de la citada ley se pretendía exaltar valores religiosos y católicos de una persona, junto con dicha motivación también se encontraba un dialogo y acercamiento intercultural, con el que se propiciaba el reconocimiento a la defensa y al apoyo de lo más necesitados. Por tal razón, salvo algunas normas puntuales que suponían una adhesión simbólica del Estado a la religión católica, el resto de la ley fue declarada exequible.
93 CDESC, observación general 21, acápite 13.
94 En este punto, el CDESC resalta que: “El párrafo 2 del artículo 2º y el artículo 3º del pacto prohíben cualquier clase de discriminación, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, en el ejercicio del derecho de toda persona a participar en la vida cultural”. observación general 21, acápite 21. Énfasis por fuera del texto original.
95 Sentencia C-441 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Como justificación de la decisión adoptada se expuso que: “[E]stas celebraciones están revestidas de un amplio arraigo, y (…), a pesar del componente religioso incorporan otro tipo de efectos seculares, tales como, manifestaciones artísticas y culturales que involucran a la comunidad más allá de sus creencias sobre lo trascendente. En este sentido, la alcaldía mayor de Tunja manifestó que dentro del plan de desarrollo anual existe una meta que es ‘el desarrollo de una agenda cultural, a la cual se le asignan recursos para el desarrollo de los diferentes eventos culturales, al considerar que la semana santa se ha institucionalizada (sic) como parte de las manifestaciones propias locales’. Se evidencia en el escrito también que la secretaría de cultura y turismo -alcaldía mayor de Tunja aprovecha la época de Semana Santa, en la que afirman se recibe una gran afluencia de público visitante en la ciudad de Tunja, para alternar eventos religiosos con una variada programación cultural. En este sentido, resalta la alcaldía que ‘la cultura alrededor de la festividad religiosa se convierte en una estrategia que rescata, fortalece, y divulga la cultura del municipio de Tunja a partir de diferentes modalidades culturales, en donde se efectúan intercambios culturales con los visitantes y moradores de la región, es una estrategia de recuperación, difusión y afianzamiento de nuestros valores culturales’. (…) En estos términos, a través de una valoración de sus antecedentes legislativos, de las intervenciones en el proceso de la acción de inconstitucionalidad, y de las pruebas recaudadas, la Corte encontr[a] un factor secular suficientemente identificable y principal, que permite afirmar que sus efectos superan la importancia y trascienden el carácter religioso, por lo cual, la Corte en este caso concreto consider[a] los preceptos [demandados] ajustados a la Constitución”.
96 Sentencia C-567 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa. Entre los argumentos que sirvieron de soporte a la decisión se destacan los siguientes: “Los costos constitucionales representados en el cierto impacto que esta norma tiene sobre el hecho religioso, se ven compensados por los también ciertos y altos beneficios que reporta en términos culturales y económicos, valores también importantes y relevantes en el orden constitucional. El sacrifico en la neutralidad religiosa es objetivo pero mínimo, toda vez que el fin que se persigue con la medida es secular, como seculares son las motivaciones invocadas en el Congreso y en el presente proceso para instaurarla, y aparte las Procesiones trascienden el ámbito puramente religioso hasta ser relevantes desde el punto de vista cultural, artístico, histórico, económico y turístico, y pudo advertirse que el ente encargado de la administración de los recursos públicos es privado, de conformación intersectorial, con escasa participación cuantitativa de miembros de la Iglesia Católica. En contraste, al valor cultural es amplio, y son también generosos los beneficios económicos y turísticos para la ciudad, el departamento y el país por la celebración de las Procesiones”.
98 La explicación que a continuación se desarrolla se fundamenta en lo dispuesto en la citada Observación.
99 CP arts. 154, 345 y ss.
100 Véanse, entre otras, las sentencias C-360 de 1996, C-290 de 2009, C-755 de 2014 y C-244 de 2016. Precisamente, en la citada Sentencia C-290 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se expuso: “La vocación de la ley que decreta un gasto es, entonces, la de constituir un título jurídico para la eventual inclusión de las respectivas partidas en el presupuesto general de la Nación y si el legislador se limita a autorizar el gasto público a fin de que, con posterioridad, el Gobierno pueda determinar si lo incluye o no en alguna de las futuras vigencias fiscales, es claro que obra dentro del marco de competencias constitucionalmente diseñado y que, por este aspecto, no existe contrariedad entre la ley o el proyecto de ley objetado y la Constitución. // Siempre que el Congreso de la República haya incluido la autorización del gasto en una ley, el Gobierno tiene competencia para incorporar las partidas autorizadas en el proyecto de presupuesto, pero también puede abstenerse de hacerlo, pues le asiste un margen de decisión que le permite actuar en tal sentido y ‘de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y las prioridades del Gobierno, siempre de la mano de los principios y objetivos generales señalados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el estatuto orgánico del presupuesto y en las disposiciones que organizan el régimen territorial repartiendo las competencias entre la Nación y las entidades territoriales’. // La asignación presupuestal para la realización de gastos autorizados por ley es eventual y la decisión acerca de su inclusión le corresponde al Gobierno, luego el legislador no tiene atribución para obligar al Gobierno a que incluya en el presupuesto alguna partida específica y, por ello, cuando a la autorización legal previa el Congreso agrega una orden con carácter imperativo o perentorio dirigida a que se apropien en el presupuesto las sumas indispensables para ejecutar el gasto autorizado, la ley o el proyecto de ley están afectadas por un vicio de inconstitucionalidad derivado del desconocimiento del reparto de las competencias relativas al gasto público entre el legislador y el Gobierno” Énfasis por fuera del texto original.
102 Para realizar esta labor la Corte tuvo en cuenta, entre otras, las Sentencias C-152 de 2003, C-766 de 2010, C-817 de 2011, C-244 de 2016 y C-441 de 2016.
103 Estos criterios fueron recientemente reiterados en la Sentencia C-109 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
104 Intervenciones del Ministerio de Cultura y de la Academia Colombiana de Historia.
105 Intervención de la Universidad Externado de Colombia.
106 “ART. 2º—Autorízase al Gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura a contribuir al fomento, promoción, protección, conservación, divulgación y financiación de las fiestas patronales de San Francisco de Asís”.
107 “ART. 1º—Se declara patrimonio cultural de la nación y se le reconoce la especificidad de la cultura afrodescendiente a las Fiestas Patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó, departa-mento del Chocó”.
108 Folio 2, cuaderno 2.
109 Resolución 1895 de 2011, art. 4º. Folio 118, cuaderno 2.
110 CP arts. 8, 70 y 72.
111 Folio 22, cuaderno 2.
112 Folio 23, cuaderno 2.
113 Villa, William, San Pacho en Quibdó, fiesta y religiosidad, alcaldía municipal de Quibdó, 2015, págs. 25 a 43.
114 Folio 188.
115 Folios 185 y 186.
116 Folio 184.
117 Ministerio de Cultura, Resolución 1895 de 2011.
118 Concepto otorgado para la Corte por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
119 Concepto del ICANH del 13 de julio de 2016. Folio 72.
121 Este tipo de misa recibe el nombre de misa inculturada. Así, por ejemplo, en el año 2008 se realizaban las siguientes reflexiones: “El encargado de oficiar el rito por parte del barrio lee el texto donde se enuncia el etnocidio que hoy experimentan los pueblos indígenas y negros. Pide al poberello para que interceda porque el proyecto étnico encuentre camino para su realización, para que la historia trágica vivida en mayo de 2002 cuando fueron masacrados 109 de los pobladores de Bojayá no se repita, para que la integridad territorial del Chocó no se cercene y el Bajirá no sea el inicio de la desintegración del departamento y para que los empresarios de palma aceitera respeten los derechos territoriales de las comunidades de Curvaradó y Jigüamiando”. Villa William, op.cit, pág. 70.
122 Gaceta del Congreso 87 de 2004, pág. 8.
123 Gaceta del Congreso 230 de 2004, pág. 8.
124 Gaceta del Congreso 87 de 2004, pág. 8.
126 Folio 106.
128 Convención de la Unesco para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, art. 13.
129 Villa, William, Op.cit, págs. 136 y ss.
130 Folio 185.
131 Folio 73.
132 ICANH, folio 73.
133 Se refiere al mensaje que cada barrio le da a sus miembros y visitantes alrededor de la fiesta. Por ejemplo, en el año 2013, el Presidente de las fiestas dispuso, entre otras, lo siguiente: “Artículo 2º—No dejar caer la tradición de las vacalocas, la chicha y el guarapo. // Artículo 3º—Se advierte que en las noches culturales no deben encerrarse en las casas a tomar aguardiente y a comer sancocho y mondongo hasta dejar las ollas limpias. Diviértanse con los actos culturales del barrio”. Villa, William, Op.cit, pág. 127.
134 El bastón de mando fue introducido en la década de los ochenta del siglo pasado, como elemento para representar en qué momento se asume por cada barrio el control de la fiesta, a través de su máxima autoridad.
135 En el recorrido barrial se sigue un orden que empieza por el abanderado, le siguen los miembros de la junta, así como el presidente. A continuación se encuentra las comparsas, disfraces, carrozas y chirimías; y al cierre, el universo de la población que danza libremente al ritmo de la música conocido como revolú. Villa, William, Op.cit, pág. 216.
136 Valencia Cáizamo, Nelly, Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante lírico, documento que se puede consultar a febrero 22 de 2017 en el siguiente vínculo o link: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8048/Nelly_ValenciaCaizamo_2015.pdf?sequence=2
137 Villa, William, Op.cit, pág. 39.
138 Folio 22, cuaderno 2.
139 Folio 74.
140 Folios 107 y subsiguientes.
141 Un cuadro con el total de los recursos originados por esta fuente, se observa en la intervención de la Academia Colombiana de Historia, visible en el acápite 4.3.4 de esta providencia.
143 En concepto brindado a la Corte el 21 de julio de 2016, se destaca una sumatoria de aportes realizados por el Ministerio de Cultura que asciende a $ 582.401.032 desde el año 2010.
144 Folio 179.
145 En tal sentido se pronuncia la señora Ana Gilma Ayala Santos, presidenta del Barrio la Yesquita.
146 Según informa la Alcaldía se trata de una cifra superior al 19%. Folio 113.
147 Folio 113.
148 Folio 113.
149 Así lo manifiesta la Alcaldía de Quibdó en concepto otorgado a esta Corporación el pasado 26 de julio.