Source: https://supremo.vlex.es/vid/-441388082
Timestamp: 2019-12-15 06:16:04
Document Index: 14486426

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 103', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 79', 'artículo 23', 'artículo 101', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 334', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 88', 'artículo 23', 'artículo 6']

STS, 3 de Junio de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 441388082
Número de Recurso: 4188/2010
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL. La obligación de motivar los actos administrativos, que es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de las arbitrariedad de los poderes públicos, garantizados por el artículo 9.3 de la Constitución española, y que se enmarca en el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales y de actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho, como le impone el artículo 103 de la Constitución, se traduce en la exigencia de que los mismos contengan una referencia sucinta pero precisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que permitan conocer al administrado la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitándole el ejercicio de su derecho de defensa, tanto en la vía administrativa previa como en la ulterior jurisdiccional contencioso-administrativa. Ahora bien, respetado ese límite infranqueable, la concreta motivación exigible en cada caso dependerá de la potestad administrativa ejercitada, del acto administrativo de que se trate y de las circunstancias concurrentes. Se desestima la casación.
La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados relacionados al margen, ha visto el recurso de casación 4188/10, interpuesto por IBERDROLA RENOVABLES, S.A., representada por el procurador don José Luis Martín Jaureguibeitia, contra la sentencia dictada el 27 de abril de 2010 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 414/08 , sobre determinación del valor catastral a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. Han intervenido como parte recurrida la Administración General del Estado.
PRIMERO .- La sentencia impugnada desestimó el recurso contencioso administrativo promovido por Iberdrola Renovables, S.A. («IBERDROLA», en lo sucesivo), contra la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central el 23 de julio de 2009, que rechazó la reclamación 3266-08, presentada por dicha compañía contra la resolución emitida el 17 de diciembre de 2007 por el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Soria, en la que, entre otras, se aprobó la ponencia especial de valores de la presa de La Cuerda del Pozo.
(1º) La sentencia impugnada da respuesta a la queja sobre la motivación de la ponencia en el fundamento jurídico cuarto:
[...] En el expediente obra informe del Ponente de la Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria de Castilla y León, de 22 de noviembre de 2007, que acredita que la Ponencia de valores especial a que se refiere este recurso ha sido redactada conforme con los criterios de coordinación aprobados por la Comisión de Coordinación Inmobiliaria de 21 de noviembre de 2007, y se respetan las directrices de coordinación establecidas por la Junta Técnica Territorial.
De acuerdo con el artículo 25 TRLCI, que se refiere al contenido de las ponencias, al que antes nos hemos referido, en ningún momento resulta que las ponencias tengan que transcribir o incorporar a su texto unos criterios elaborados con anterioridad a ellas, que además son criterios de coordinación, sino que la motivación exigible a las ponencias de valores es la relativa a la expresión de los criterios de determinación del valor catastral, como la que incorpora en su texto la ponencia a que se refiere este recurso.
(2º) Los fundamentos quinto a séptimo recogen los argumentos para desestimar las distintas denuncias de inconstitucionalidad de la regulación sobre la tributación de los BICES en el impuesto sobre bienes inmuebles:
QUINTO.- [...] En nuestro caso, el artículo 23.1 TRLCI contiene una relación detallada de los criterios que se tendrán en cuenta para determinar el valor catastral, fijando los siguientes: la localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la producción, el coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, los honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, el carácter histórico- artístico u otras condiciones de las edificaciones, los gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción o los factores que correspondan en los supuestos de inexistencia de al citada promoción, y las circunstancias y valores del mercado.
La referencia que efectúa el precepto legal a "cualquier otro factor relevante que reglamentariamente se determine", no impide la consideración de que es una norma con rango de ley la que expresa, en su práctica totalidad, los criterios que se tienen en cuenta para la determinación del hecho imponible, por lo que la llamada al reglamento, con la cláusula que examinamos, para comprender otros factores relevantes no contemplados por la ley, no infringe el principio de reserva de ley en materia tributaria.
Por lo demás, no acredita, ni alega siquiera la parte actora, que la llamada al reglamento haya tenido alguna proyección en el acto administrativo impugnado, es decir, no acredita ni alega la parte recurrente que, en el caso de la ponencia de que tratamos, se hayan tenido en cuenta en la determinación del hecho imponible otros factores relevantes determinados por un reglamento, distintos a los fijados en norma con rango de ley.
SEXTO .- También sostiene la parte actora que algunos criterios legales establecidos en el artículo 23.1 TRLCI, como la aptitud del bien inmueble para la producción y el coste material de la ejecución de la construcción, vulneran la Constitución por entrañar un supuesto de doble imposición.
La tesis de la recurrente es que si se tiene en cuenta la aptitud del bien inmueble para la producción se está produciendo una doble imposición en sentido estricto o material entre el IBI y el IAE porque ambos gravan "la misma materia imponible".
El Impuesto de Actividades Económicas grava el mero ejercicio de una actividad económica, entendiendo por actividad económica, según el artículo 79.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la actividad que se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico que suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
Sin embargo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles grava el valor catastral de los bienes inmuebles, y este es el determinado objetivamente para cada bien inmueble (artículo. 22 TRLCI) a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones.
El examen del artículo 23 TRLCI reproducido más arriba pone de manifiesto que en el párrafo a) se está mencionando que "sea apto para la producción" en relación con la localización del inmueble y las circunstancias urbanísticas, lo que no coincide con el hecho imponible del IAE en el que se grava la propia actividad económica.
La lectura del artículo 101 de la Ley de Haciendas Locales revela que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición, no apreciándose la coincidencia con un elemento que es configurado como uno más dentro de las "condiciones de las edificaciones".
En definitiva, sobre este punto, la Sala no comparte las tesis de la parte actora sobre la doble imposición del IBI e IAE, porque el IBI no grava el ejercicio de una actividad económica profesional o artística, en este caso, la producción de energía eléctrica, como ocurre en el IAE, sino que el hecho imponible del IBI es la existencia misma patrimonial de la titularidad dominical de un bien inmueble o de un derecho real sobre el mismo.
Tampoco existe duplicidad impositiva del IBI con el ICIO, cuyo objeto de gravamen es la manifestación de riqueza que se evidencia cuando se realiza cualquier construcción, instalación u obra que requiera la oportuna licencia municipal, siendo el sujeto pasivo el dueño de la construcción, instalación u obra, sea o no propietario del inmueble sobre el que se realicen éstas.
SÉPTIMO .- Considera la parte actora que el artículo 8.3 TRLCI, que incluye la maquinaria dentro del concepto de bien inmueble de carácter especial, es inconstitucional por vulnerar los principios de igualdad y de capacidad económica.
El apartado 3 del artículo 8 TRCLI, introducido por la disposición adicional 7.1 de la ley 16/2007, de 4 de julio , establece lo siguiente:
A efectos de la inscripción de estos inmuebles en el Catastro y de su valoración no se excluirá la maquinaria integrada en las instalaciones, ni aquélla que forme parte físicamente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas.
El precepto se refiere a la maquinaria "...integrada en las instalaciones..:" y aquella que "...forme parte físicamente..." de las mismas o que "...esté vinculada funcionalmente a ellas...".No es sino una consecuencia del concepto de bienes inmuebles de características especiales que contiene el mismo precepto, en su apartado 1, que señala que los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.
Por tanto, estos bienes inmuebles de características especiales son un conjunto complejo, en el que se integran las instalaciones que estén ligadas de forma definitiva a su funcionamiento. El hecho de que se trate de un conjunto complejo e indivisible en su funcionamiento es lo que confiere a estos bienes inmuebles su condición especial, pues sin las instalaciones y maquinaria no existiría el bien inmueble como tal, así en el caso del BICE a que se refiere el presente recurso, no podría concebirse la central térmica sin las instalaciones y maquinaria que forma parte física de la misma, como las torres y bombas de refrigeración y silos, las turbinas, naves de turbinas, equipos electrónicos complementarios y otros. Tales instalaciones y maquinaria forman parte del propio inmueble, constituyendo el elemento característico del mismo para considerarlo uno de los complejos de características especiales que el artículo 8 TRLCI sujeta a tributación (complejos dedicados a la producción de energía eléctrica, gas, refino de petróleo, centrales nucleares, presas, saltos de agua y embalses, autopistas, carreteras, túneles de peaje, aeropuertos y puertos comerciales).
El IBI es un impuesto directo, que grava el valor de los bienes inmuebles, como una manifestación de riqueza que refleja la capacidad económica del sujeto pasivo, y en el caso de los bienes inmuebles de características especiales, son precisamente las construcciones y las instalaciones, junto con la maquinaria que forma parte física de las mismas, los elementos que determinan la calificación del bien inmueble de características especiales, y no el suelo en si mismo, que es un elemento accesorio en esta clase especial de inmuebles.
Por ello, entendemos que no se producen las vulneraciones constitucionales que alega la parte recurrente, pues las instalaciones, así como la maquinaria integrada o que forme parte física de las mismas, son parte constitutiva del inmueble.
No es cierto que se graven ahora bienes muebles que constituyen tal maquinaria, porque cuando el artículo 8.3 TRLCI se refiere a maquinaria "...integrada..." en las instalaciones o que forme "...parte física..." de las mismas, no está muy lejos del artículo 334 del Código Civil , que en sus números 3 y 5 considera bienes inmuebles a todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto, y las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio o heredad, y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma.
(3º) En cuanto a la disconformidad con el ordenamiento jurídico de las normas técnicas de valoración de los BICES contenidas en el Real Decreto 1464/2007, El fundamento noveno de la sentencia discutida exponen los siguientes argumentos en relación con las quejas de la recurrente:
En el presente recurso, la parte recurrente impugna el RD 1464/2007 por su contrariedad a derecho, en términos generales, pero sin que exista una conexión clara entre los motivos de impugnación que expone y el acto concreto impugnado, que es el acto de valoración catastral y no el Real Decreto.
En efecto, la demanda dedica el Fundamento de Derecho Tercero (páginas 13 a 15) a exponer las razones por las que considera que el RD 1464/2007 es ilegal, pero no explica la conexión entre las ilegalidades que advierte y el acto impugnado. Así, tras el genérico encabezamiento de "...disconformidad con el ordenamiento jurídico de rango ordinario de las normas técnicas de valoración de los BICES (Real Decreto 1464/2007)...", el FD 3º A de la demanda contiene alegaciones genéricas sobre tales motivos de disconformidad, que son: 1) del "..conjunto..." (sic) del RD se desprende que los BICES mantienen un valor catastral aún en el supuesto de que cesen en su funcionamiento como tales BICES, 2) los coeficientes correctores de depreciación por antigüedad previstos en el RD 1464/2007 no guardan relación con la vida útil y amortizaciones de cada BICE y no prevén coeficientes específicos aplicables a la maquinaria, 3) la consideración del valor de reposición para determinar el valor de las construcciones singulares, es contraria a los artículos 60 , 61 y 65 de la Ley de Haciendas Locales , y 4) el coeficiente del 0,9 que se aplica a los BICES en régimen de concesión administrativa no representa la merma de valor del BICE inherente a las condiciones de la concesión.
Tales alegaciones se refieren, como decimos, a aspectos del RD 1464/2007 que la parte recurrente considera no conformes a derecho, pero sin que tengan una concreta proyección -o al menos no se explica por la parte recurrente- con la valoración catastral impugnada.
Así, no conocemos, porque el recurrente no hace mención concreta de la Ponencia de Valores a que se refiere el recurso, si considera que algún apartado de ella prevé la exigibilidad del IBI en caso de cese en el funcionamiento.
Tampoco se explica en la demanda la maquinaria de que dispone la presa sobre la que el recurrente pretende unos coeficientes de amortización distintos, que tampoco identifica o concreta.
En el caso de las construcciones singulares, señala la Ponencia de Valores que se valorarán por el valor de reposición, entendiendo por tal el resultante de la suma de los costes directos e indirectos y demás gastos necesarios para la puesta en funcionamiento del inmueble, que se corregirá, cuando proceda, en función de la depreciación física, funcional y económica, por lo que ni se establece en la ponencia un "...valor superior..." al del inmueble, como alega la parte recurrente, ni por tanto se infringen los preceptos citados de la Ley de Hacienda Locales, señalando además la ponencia que el repetido valor de las construcciones especiales se determina multiplicando cada una de las unidades lineales, de superficie, de volumen, de peso, o cada uno de los elementos unitarios, por los módulos de coste unitario de construcción (MCUC) establecidos en la propia ponencia, sin que la demanda nada diga sobre tales módulos, ni alegue ni menos pruebe que el resultado de la aplicación de dichos coeficientes y módulos, en el caso concreto de la ponencia de valores impugnada, produzca como resultado un valor catastral superior al valor de mercado del inmueble.
También es una alegación abstracta la relativa al coeficiente 0,90 que el artículo 6 del RD 1464/2007 considera aplicable a los BICES en régimen de concesión administrativa, pues la parte actora no alega ni acredita que explote la presa a que se refiere la Resolución impugnada, en virtud de una concesión administrativa.
La única referencia a una disconformidad del RD 1464/2007 con el ordenamiento jurídico que tenga concreta y específica proyección en la Ponencia de Valores impugnada, se encuentra al final del Fundamento de Derecho 3º A de la demanda, que indica que en la regulación del período de antigüedad de las presas, se toma como referencia por el artículo 19.b) del RD 1464/2007 , entre otras, la renovación, que es un concepto jurídico indeterminado contrario al principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE .
La alegación no puede ser acogida por la Sala, `pues falta toda referencia y prueba a la aplicabilidad del concepto discutido de "renovación" al caso concreto, es decir, la parte actora ni prueba, ni siquiera alega, que la presa de La Cuerda del Pozo haya sido objeto de obras renovación que hayan tenido cualquier incidencia en la valoración catastral impugnada.
SEGUNDO .- IBERDROLA preparó el presente recurso y, previo emplazamiento ante esta Sala, efectivamente lo interpuso mediante escrito presentado el 8 de septiembre de de 2010, en el que invocó cinco quejas en casación, aunque las acumula en el que considera "único" motivo, al amparo de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de esta jurisdicción (BOE de 14 de julio).
Inicia el escrito con algunas consideraciones generales, recordando que, en orden a la valoración catastral de los BICES, el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE de 8 de marzo), dispone determinados criterios y límites en sus apartados 1 y 2 y remite, en el apartado 3, al desarrollo reglamentario el establecimiento de "las normas técnicas comprensivas de los conceptos, reglas y restantes factores que", de acuerdo con los criterios fijados en tales apartados 1 y 2, "y en función de las características intrínsecas y extrínsecas que afecten a los bienes inmuebles, permitan determinar su valor catastral".
Acaba solicitando el dictado de sentencia que case la recurrida, con la subsiguiente declaración de la nulidad de la esolución del Tribunal Económico-Administrativo Central y de la resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Soria por la que se aprueba la ponencia de valores especial de la presa La Cuerda del Pozo, adoptando cuantos pronunciamientos legales deriven de dicha casación y declaración de nulidad.
TERCERO .- La Administración del Estado se opuso al recurso en escrito registrado el 16 de diciembre de 2010, en el que interesó su desestimación.
CUARTO . - Las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, circunstancia que se hizo constar en diligencia de ordenación de 17 de diciembre de 2010, fijándose al efecto el día 29 de mayo de 2013, en el que, previa deliberación, se aprobó la presente sentencia.
PRIMERO .- IBERDROLA dirige el presente recurso de casación contra la sentencia dictada el 27 de abril de 2010 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 414/08 , dirigido frente a la resolución adoptada el 23 de julio de 2008 por el Tribunal Económico-Administrativo Central. Dicha resolución administrativa declaró no haber lugar a la reclamación 3266-08, presentada por esa compañía contra la emitida el 17 de diciembre de 2007 por el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Soriea, en la que, entre otras, se aprobó la ponencia especial de valores de la presa La Cuerda del Pozo.
La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, integrada dentro del bloque de constitucionalidad, en su artículo 6, apartados 2 y 4 [en su redacción previa a la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (BOE de 19 de diciembre)], proscribía la duplicidad fiscal entre los tributos estatales y los autonómicos, como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional, entre otras, en la reciente sentencia 161/2012, de 20 de septiembre de 2012 (FFJJ 2º y 3º). De tal manera que lo prohibido era que una Comunidad Autónoma, ejerciendo su potestad tributaria, estableciera impuestos en los mismos términos que lo hubiera hecho el legislador estatal. Por otro lado, si el Estado establecía un nuevo tributo coincidente con otro autonómico ya existente, por la incompatibilidad referida, se generaba un derecho de compensación a favor del Comunidad Autónoma perjudicada, en la medida que provocase una menor recaudación.
El principio de reserva de ley en materia tributaria ha sido profusamente tratado en la jurisprudencia constitucional, que, en lo que aquí interesa, ha señalado que esa reserva exige que la creación ex novo de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradotes del mismo se lleve a cabo mediante ley. Ahora bien, se trata de una reserva relativa en la que, si bien los criterios o principios que han de regir la materia deben contenerse en una ley, resulta admisible la colaboración del reglamento, siempre que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia ley, y siempre que la colaboración se produzca en términos de subordinación, desarrollo y complementariedad. El alcance de tal colaboración estará en función de la diversa naturaleza de las figuras jurídico-tributarias y de los distintos elementos de las mismas. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la reserva en cuestión no afecta por igual a todos los elementos integrantes del tributo, siendo máximo el grado de concreción exigible al legislador cuando regula el hecho imponible y flexibilizándose el rigor si se trata de disciplinar los elementos de cuantificación del tributo, como son el tipo de gravamen y la base imponible. Estos criterios, presentes en las sentencias 221/1992 (FJ 7 º), 185/1995 (FJ 5 º) y 233/1999 (FJ 9º), han sido reiterado en fechas más cercanas por las sentencias 63/2003 (FJ 4 º), 150/2003 (FJ 3 º), 102/2005 (FJ 3 º), 121/2005 (FJ 5 º) y 73/2011 (FJ 3º), entre otras.
Aún más, aun cuando las normas reglamentarias puestas en cuestión hubieran sido aplicadas en los actos singulares contra los que se dirige la acción jurisdiccional, para entender conculcado el principio de capacidad contributiva habría resultado menester acreditar que, como consecuencia de esa aplicación de las normas técnicas de valoración contenidas en el Real Decreto 1464/2007, se llegó a un valor catastral y, por remisión legal, a una base imponible en el impuesto sobre bienes inmuebles superior al valor de los bienes tasados mediante aquellos actos singulares. Pues bien, tal desenlace no ha sido acreditado por IBERDROLA en la instancia a través de la prueba pertinente. Solicitó el recibimiento del pleito a prueba, pero se limitó a pedir que se tuviera por definitivamente aportada la documental acompañada con la interposición del recurso contencioso-administrativo, así como cuantas actuaciones conforman el expediente administrativo. Lo cierto es que con el escrito de interposición sólo adjunto el poder de representación, la copia de la resolución impugnada, el acuerdo del órgano de gobierno de la entidad para la interposición del recurso contencioso-administrativo y el documento acreditativo del pago de la tasa. Nada de ello acredita la circunstancia arriba descrita, como tampoco lo hace la documentación obrante en el expediente administrativo.
No ha lugar al recurso de casación 4188/10, interpuesto por IBERDROLA RENOVABLES, S.A., contra la sentencia dictada el 27 de abril de 2010 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 414/08 , condenando en costas a la compañía recurrente, con la limitación establecida en el último de los fundamentos de derecho.
STS 503/2018, 19 de Septiembre de 2018
STSJ Comunidad Valenciana 2821/2007, 14 de Septiembre de 2007