Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/95span/cap.III.elsalvador10.948.htm
Timestamp: 2018-01-18 19:36:49
Document Index: 321511127

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 51', 'artículo 37']

Informe Anual 1995 Capitulo III El Salvador 10.948
1. Los peticionarios alegan la violación de los derechos humanos por parte del Estado de El Salvador, de varias personas vinculadas a COMADRES[24], con base en diversos hechos sucedidos desde 1980 hasta 1989.
10. La Comisión observa que no constan en el expediente elementos que desvirtúen el alegato de los peticionarios y que, por el contrario, existen motivos suficientes para coincidir con lo expresado por ellos. La Comisión se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre los serios problemas existentes en la administración de justicia de El Salvador durante el período en mención.[26]
Según el principio de Derecho Internacional de la identidad o continuidad del Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquel en que ella es declarada. Lo anterior es válido también en el campo de los derechos humanos aunque, desde un punto de vista ético o político, la actitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos derechos que la que tenía el gobierno en la época en que las violaciones se produjeron.[27]
El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención.[28]
16. Para la Comisión, además de la obligación de garantizar los derechos esenciales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene, entre otras que emanan del artículo 1.1 de la Convención, la particular obligación de establecer la verdad en aquellos casos en los que una persona alegue que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Esta obligación ha sido resaltada en reiteradas oportunidades por la Comisión[29] y en el presente caso adquiere especial importancia.
18. En el análisis de la petición presentada, la Comisión considera de especial importancia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la cual dice que "el silencio del demandado o su contestación elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial,"[30] lo cual reafirma lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de la Comisión.
20. La Corte Interamericana ha establecido implícitamente los criterios que deben ser utilizados para la apreciación de la versión presentada por el peticionario con el propósito de verificar si "existen otros elementos de convicción" que pueden llevar a "una conclusión diversa." Son especialmente pertinentes para dicho ejercicio por parte de la Comisión los criterios de consistencia[31] y credibilidad.[32] Un tercer requisito absolutamente necesario y previo al análisis de consistencia y credibilidad, es el de especificidad, el cual se deduce, como corolario, de los dos inicialmente mencionados.
21. Al determinar si los hechos conducen a una "conclusión diversa," la no comparecencia del Estado no puede obligar a los peticionarios a satisfacer un estándar probatorio equivalente o similar al que inicialmente tendrían que someterse si el Gobierno hubiese concurrido. Si el Estado de El Salvador hubiese comparecido o contestado la denuncia, los peticionarios habrían tenido otras oportunidades para aportar pruebas adicionales y/o controvertir la respuesta del Gobierno,[33] y la Comisión habría tenido la oportunidad de presenciar el debate contencioso y de enriquecer la apreciación de los hechos. Por lo tanto, no puede la Comisión, para tomar una decisión sobre el asunto, exigir un acervo probatorio igual o similar al que se exigiría a los peticionarios si el Gobierno hubiese comparecido, aportando pruebas y habiendo controvertido las del peticionario. Necesariamente la Comisión debe limitarse a aquellos elementos de juicio aportados por el peticionario, así como a otros elementos a su alcance para poder dilucidar la cuestión.[34]
22. Estima entonces la Comisión que los hechos no se presumen ciertos por el mero hecho de la no comparecencia del Estado, sino que debe realizarse un análisis de los hechos alegados a la luz de los criterios aquí establecidos.[35] Los peticionarios deben satisfacer, entonces, los requisitos de admisibilidad y los elementos mínimos de consistencia, especificidad y credibilidad en la versión de los hechos que se presentan, para que puedan presumirse como ciertos.
24.12.En relación al atentado con explosivos contra la sede de COMADRES, de fecha 31 de octubre de 1989, la Comisión presume como ciertos los hechos alegados (hecho # 12) y considera que se violaron los derechos a la integridad personal (artículo 5) y a la propiedad privada (artículo 21). Los hechos alegados se sustentan en un relato detallado de América Sosa; éstos se confirman con recortes de periódico sobre el atentado. Además, la Comisión coincide con las conclusiones de la Comisión de la Verdad para El Salvador, que en su Informe,[36] determinó la existencia de "prueba plena de que el Gobierno de El Salvador no ha cumplido con su deber de garantizar los derechos humanos" de los miembros de COMADRES, y que hay "prueba substancial de que las autoridades competentes de El Salvador no llevaron a cabo una investigación completa e imparcial" del atentado contra la sede de COMADRES.
25. La Comisión recuerda además la conclusión de la Comisión de la Verdad para El Salvador en el sentido de que existe "prueba suficiente" sobre "una práctica sistemática y reiterada de atentados contra la vida, la integridad física y la libertad" de los miembros de COMADRES.[37] Estas conclusiones han sido tenidas en cuenta por la Comisión al realizar el análisis inmediatamente anterior; dichas conclusiones sirven como referente para evaluar la credibilidad de la versión de los peticionarios, y para establecer, además, que la libertad de asociación (artículo 16) ha sido efectivamente violada por el Estado salvadoreño.
Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.[38]
30. El informe anterior fue debidamente transmitido al Gobierno de El Salvador con fecha 21 de abril de 1995, indicando un plazo de 90 días para el cumplimiento de las recomendaciones. Transcurrido ese plazo sin haber recibido respuesta del Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en su 91º Período Ordinario de Sesiones, considera que el Gobierno de El Salvador no ha tomado las medidas adecuadas según las recomendaciones anteriores, decide adoptar este informe y publicarlo en su Informe Anual, dentro de lo preceptuado en el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[24] El Comité de Madres "Monseñor Oscar Arnulfo Romero" (COMADRES) es una organización no gubernamental creada en 1977 para apoyar a madres y parientes de víctimas de desaparición o muerte por razones políticas.
[25] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 28 rev., 11 de febrero de 1994, págs. 2, 3, 4, 5 y 6.
[26] Naciones Unidas, Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, San Salvador - Nueva York, 1993, pg. 99.
[27] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 184.
[28] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 164
[29] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 28 rev., 11 de febrero de 1994, pág. 80 y 81.
[30] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 138.
[31] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 143. El examen de consistencia es el ejercicio lógico-racional de comparación de la información fundamental aportada por el peticionario con el fin de establecer la no-contradicción entre los hechos y/o la evidencia presentada.
[32] Caso Velásquez Rodríguez (Sentencia de 29 de julio de 1988) en el cual, en el párrafo 146, la credibilidad de los hechos se determina con base en la apreciación de la versión presentada, incluyendo su consistencia y especificidad, en la evaluación de las pruebas aportadas y tomando en cuenta hechos públicos o notorios y otra información que la Comisión estime pertinente.
[33] Ver artículo 37, numeral 7 del Reglamento de la Comisión.
[34] Es importante mencionar que la Comisión ha reiterado en diferentes ocasiones la existencia de una grave situación de derechos humanos en El Salvador entre 1980 y 1989 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 28 rev., 11 de febrero de 1994, págs. 1 - 6). Asimismo, el Informe de la Comisión de la (Continúa) Continuación: Verdad para El Salvador de 1993 contiene información pertinente para el presente caso, aunque sólo en relación a uno de los hechos (ver supra hecho # 12, bomba en sede de COMADRES el 31 de octubre de 1989).
[35] Ver supra nota 9.
[36] Naciones Unidas, Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, San Salvador - Nueva York, 1993, pág. 96 y s.s.
[37] Idem., pág. 99.
[38] Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 172.