Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/penal/sentencia-tribunal-supremo-num-106262012-08-11-2012
Timestamp: 2017-02-22 01:33:39
Document Index: 189621516

Matched Legal Cases: ['artículo 849', 'artículo 76', 'artículo 852', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 25', 'artículo 901']

22 de febrero de 2017 | 02:33
Portada > Información Jurídica > Jurisprudencia > Penal El Supremo rebaja 10 años la condena a la etarra que intentó matar a Manuel Fraga
Marginal: PROV\2013\52797
Recurso de casación núm. 10626/2012
SENTENCIA En la Villa de Madrid, a ocho de Noviembre de dos mil doce.
constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por la representación de Agueda
, contra auto dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,
Sala Tercera, en fecha 05/01/2012 ; los Excmos. Sres. componentes de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para
la Votación y Fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan
Saavedra Ruiz, siendo parte el Ministerio Fiscal, estando representada la
recurrente por el Procurador Javier J. Cuevas Rivas. I. ANTECEDENTES
PRIMERO Por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección
Tercera, se dictó auto de fecha cinco de enero de dos mil doce , que contiene
los siguientes antecedentes de hecho: " PRIMERO .- Por D. Javier
Cuevas Rivas, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de
Agueda , se ha presentado ante esta Sección, escrito de fecha 5 de diciembre de
2011 por el que se interpone recurso de Súplica contra la resolución de
fecha 25 de noviembre de 2011 dictada en este procedimiento, por la que,
entre otros pronunciamientos, se señalaba como límite máximo de cumplimiento de
las penas refundidas el de 30 años, interesando se fije dicho límite en 20
años, conforme a su inicial solicitud. SEGUNDO .- Dado traslado de dicho
escrito al Ministerio Fiscal, por aquél se ha informado, por escrito de fecha
26 de diciembre de 2011 en el sentido de que procede desestimar el recurso
interpuesto con mantenimiento de la resolución recurrida por ser ésta conforme
a derecho ". SEGUNDO La Audiencia dictó el siguiente pronunciamiento: " PARTE DISPOSITIV A: QUE DESESTIMANDO EL RECURSO DE
SÚPLICA interpuesto por D. JAVIER CUEVAS RIVAS en representación de Agueda
contra el Auto de fecha 25 de noviembre de 2011, DEBEMOS CONFIRMAR y
CONFIRMAMOS íntegramente dicha resolución, por sus propios argumentos, que se
tienen aquí por reproducidos en aras a la brevedad, a los que se añaden los ut
supra expuestos ". TERCERO Notificado el auto a las partes, se preparó recurso de
representación de Agueda , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala
siguientes: PRIMERO .- Al amparo del artículo 849.1ºLEG 1882\16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
( LEG 1882\16 ) , por aplicación
indebida del artículo 76RCL 1995\3170
1996, 777) , en conexión con los artículos 572.1.1 ª, 141 y 70.1.2ª del mismo
texto legal y los artículos 9.3RCL 1978\2836
, 17RCL 1978\2836 , 24 y 25RCL 1978\2836 de la Constitución Española ( RCL 1978\2836 ) . SEGUNDO .- Al
amparo del artículo 852LEG 1882\16 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal , por vulneración del derecho a la libertad del
artículo 17.1RCL 1978\2836 de la
Constitución Española , de la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la
Constitución Española , del derecho a la igualdad del artículo 14RCL 1978\2836 de la Constitución Española y del
principio de legalidad del artículo 25RCL 1978\2836
de la Constitución Española . QUINTO - El Ministerio Fiscal se instruyó del recurso interpuesto, la
deliberación y votación prevenida el día 24 de octubre de 2012. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO Por auto de 5 de enero de 2012, la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, en su Sección 3 ª, desestimó el recurso de súplica
presentado por la penada Agueda contra el auto de 25 de noviembre de 2011 por
el que la misma Sección había acordado la refundición de las condenas que le
habían sido impuestas en las sentencias núm. 39/1998, de 18 de diciembre
(recaída en el rollo de sala núm. 8/1997 de la misma Sección 3 ª), y núm.
6/1991, de 17 de marzo (dictada por la Sección 2ª en el rollo de sala núm.
52/1993 ), declarándose en la parte dispositiva que el máximo de cumplimiento
efectivo será de treinta años, dejándose extinguido el resto. Se ordenaba, a
tal fin, la práctica de una nueva liquidación de condena que incluyera los períodos
en que la penada hubiera estado privada de libertad en calidad de preventiva en
ambos procedimientos, de modo íntegro. Frente a la decisión recaída en súplica, íntegramente confirmatoria de lo
anterior, ha interpuesto la penada recurso de casación. Articula un primer
motivo por infracción de ley ( art. 849.1ºLEG
1882\16LECrim ( LEG 1882\16 )
) ante la que considera indebida aplicación del art. 76, en conexión con los
arts. 572.2.1 ª, 141 y 70.1.2ª, todos ellos del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) , y a su vez
vinculados a los arts. 9.3RCL 1978\2836
, 17RCL 1978\2836 , 24 y 25RCL 1978\2836CE ( RCL
1978\2836 ) , además de los arts. 10.3PIDCP ( RCL 1977\893 ) y 14 CEDH ( RCL 1999\1190 y 1572) ; así como un segundo
motivo en el que, por vía de infracción de precepto constitucional ( art. 852LEG 1882\16LECrim ), denuncia la vulneración del
derecho a la libertad ( art. 17RCL 1978\2836CE
, en conexión con los arts. 5 y 7.1CEDH y arts. 9.1 y 15.1PIDCP ) y a la tutela
judicial efectiva ( art. 24.1CE , en relación con los arts. 6 , 13 y 14CEDH y
los arts. 14.1 y 14.5PIDCP ), todo lo cual enlaza con el principio de
legalidad, así como con los arts. 9RCL 1978\2836
, 14RCL 1978\2836 y 24.2CE y arts.
70.1.2 ª, 76 y 141 CP . Dada la íntima conexión entre ambos motivos, serán
examinados juntos. SEGUNDO Al igual que dijimos en la STS núm. 677/2012, de 18 de julio
, la primera cuestión que procede plantearse es si el auto en cuestión, dictado
en súplica, deviene susceptible de impugnación casacional. Al respecto, como
recordábamos en aquella resolución con remisión a la STS núm. 673/2012, de 27
de julio , aunque de la redacción literal del inciso primero del art. 848LEG 1882\16LECrim ( LEG
1882\16 ) pudiera «a priori» desprenderse que tal tipo de resoluciones
no tienen prevista impugnación casacional ( STS núm. 1115/2007 ó AATS núm.
2336/2009 , 749/2009 , 502/2009 y 339/2009 , entre otros muchos), en los
últimos tiempos esta Sala viene admitiendo la recurribilidad casacional de
decisiones adoptadas en súplica cuando el auto, recaído en fase de ejecución de
sentencia, tenga naturaleza decisoria por incidir en su fallo o bien en la
ejecución de la pena a cumplir, como sucede en los casos de abono de prisión
preventiva y de aplicación de los límites penológicos del art. 76RCL 1995\3170CP ( RCL
1995\3170 y RCL 1996, 777) . Tal y como recoge «obiter dicta» la
reciente STC núm. 229/2012, de 10 de diciembre, al hilo del informe emitido por
el Ministerio Fiscal con ocasión del recurso de amparo núm. 7262/2009 , cómo las
resoluciones judiciales pronunciadas durante la ejecución de una condena
privativa de libertad son, por su propia naturaleza, provisorias, "dadas
las múltiples incidencias de todo orden que se pueden producir durante la
ejecución penal, lo que conlleva que hasta que no se produce la definitiva
extinción de la condena sean susceptibles de ser alteradas" . Así pues, en tales supuestos debe entenderse sujeta la decisión judicial a
los mismos recursos que la propia sentencia y, por ello, también al de casación
(ya apuntaba en esta misma dirección las SSTS núm. 195/2011, de 14 de marzo ( RJ 2011\2777 ) , 695/2011, de 18 de mayo ( RJ 2011\3892 ) , ó 615/2012, de 10 de julio , que
exponen además los antecedentes remotos de tal posición jurisprudencial).
Igualmente, subrayó la STS núm. 195/2010, de 24 de febrero ( RJ 2010\3934 ) : "(...) como para fijar
esa fecha de licenciamiento es necesario antes fijar los límites de la referida
regla 2ª del art. 70RCL 1995\3170CPanterior
o delart. 76RCL 1995\3170CPactual,
ha de aplicarse lo dispuesto en elart. 988LEG
1882\16LECrque expresamente prevé recurso de casación para estos
casos (auto de 7.4.2008, resolutorio de recurso de queja, ysentencia
734/2008 de 14 de noviembre, entre otras resoluciones de esta Sala)"
. En el presente caso, la impugnante recurre el auto que resuelve en súplica
el recurso que, a su vez, presentó frente al previo auto que, en fase de
ejecución, acordó la acumulación de sus condenas y fijó ese máximo de treinta
años de cumplimiento en prisión, ordenando para su ejecución una nueva
liquidación de condena en la que se abonaran los oportunos periodos de prisión
preventiva. Nos encontramos, pues, ante uno de los supuestos excepcionales a
los que hemos hecho mención, siendo por ello aceptable el acceso a la casación.
TERCERO A través del primer motivo de queja considera la recurrente
que la decisión de instancia resulta contraria al art. 76RCL 1995\3170CP ( RCL
1995\3170 y RCL 1996, 777) , el cual en su párrafo 1.b) fija un
máximo de treinta años de prisión únicamente "cuando el sujeto haya
sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la
Ley con pena superior a los veinte años" . Entiende que este último
límite -pena superior a veinte años- no se supera en su caso, pues el delito
más grave de aquéllos por los que fue condenada en ambos procedimientos está
representado por la conspiración para asesinato terrorista, cuya penalidad
nunca puede rebasar los veinte años de prisión, al haber previsto el Legislador
en tales casos la inferior en uno o dos grados a la señalada para el delito al
que aparezca vinculada la conspiración ( arts. 572.1.1 ª, 139.1 ª y 141 CP ).
Formándose este grado inferior a partir del mínimo de la pena señalada por la
Ley para el delito de que se trate, reducido en un día, el máximo de pena que
le era imponible habría de representar una prisión de veinte años menos un día,
razón por la que la Sala de procedencia hubo de aplicar la regla general del
art. 76.1RCL 1995\3170CP e imponerle un
máximo de cumplimiento efectivo de veinte años de privación de libertad, en
lugar de los treinta señalados en la resolución que se discute, al encontrarnos
ante el supuesto general. En un segundo motivo, tras invocar los principios de legalidad y seguridad
jurídica, además del deber de intangibilidad fáctica, considera violentado por
la Sala de instancia su derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en
que el delito de conspiración para asesinato terrorista mereció una condena de
diez años de prisión por su subsunción bajo los citados arts. 572.1.1 ª, 139.1
ª y 141 CP , mientras que al fijar ese máximo de cumplimiento efectivo de
treinta años el auto combatido ha tenido erróneamente en cuenta el subtipo
agravado del art. 572.2RCL 1995\3170CP .
La pena imponible en abstracto se extendía, pues, hasta los veinte años menos
un día de prisión, en lugar de hasta los veinticinco años menos un día
atendidos por la Sala "a quo" para llegar a aquella conclusión. 1. El Fiscal, que apoya expresamente el recurso, invoca a favor de su
estimación la STS núm. 145/2012, de 6 de marzo , a tenor de la cual y a los
fines de determinar estos máximos habrá de atenderse al delito concretamente
cometido; en consecuencia, también a su concreto grado de ejecución, de manera
que si el delito es intentado la pena de la que habrá que partir lo será en su
grado inferior, en toda su extensión. Se afirmó entonces que el delito
intentado es una categoría propia y distinta del consumado, por lo que tiene
límites penológicos autónomos. A este respecto, procede que mencionemos el Acuerdo recientemente alcanzado
por el Pleno de esta Sala de lo Penal el pasado 19/12/2012, según el cual: "Para
determinar los límites máximos de cumplimiento establecidos en las letras a
) a d) del art. 76RCL 1995\3170
del Código Penalhay que atender a la pena máxima imponible, pero teniendo en
cuenta las degradaciones obligatorias en virtud del grado de ejecución del
2. El caso sometido a nuestro examen no refleja, en puridad, un
supuesto de delito intentado, como analizaba la sentencia invocada por el
Fiscal, sino de conspiración para el delito, figura integrada en lo que
doctrinal y jurisprudencialmente se conoce bajo la categoría de las
«resoluciones manifestadas de voluntad». Tal y como señalaba la STS núm.
440/2006, de 7 de abril ( RJ 2006\2247 )
, las tres fórmulas consagradas en los arts. 17RCL
1995\3170 y 18RCL 1995\3170CP
(conspiración, proposición y provocación al delito) tienen en común con los
actos preparatorios el quedar fuera de la ejecución o materialización del
delito, en tanto en cuanto no afectan al núcleo del tipo, ya que el sujeto
realiza una manifestación de voluntad cuya naturaleza inmaterial les distingue
de los auténticos actos preparatorios. Tanto respecto de los actos
preparatorios como de las resoluciones manifestadas rige la norma general de la
no punición. Sólo excepcionalmente se castigarán estas últimas cuando de forma
expresa los prevea la Ley ( arts. 17.3RCL 1995\3170
y 18.2RCL 1995\3170CP ). En la
conspiración y provocación, los términos de la Ley parece que no originan dudas
respecto a la intervención asignada a los conspiradores y provocadores. La
conspiración existe, según la ley, «cuando dos o más personas se concierten
para la ejecución de un delito y resuelvan ejecutarlo» ( art. 17.1RCL 1995\3170CP ). Nos hallamos entonces ante la
denominada «coautoría anticipada», en la que se prevé la intervención de todos
los conspiradores en la realización material del hecho delictivo, sea cual
fuere el cometido o la parte del plan acordado que haya tocado ejecutar a cada
uno de los concertados. Esta misma sentencia está en línea con su predecesora STS núm. 1129/2002, de
18 de junio ( RJ 2002\7932 ) , a la que
expresamente remite, y que mantiene una línea jurisprudencial poco discutida
respecto a la conspiración para destacar con carácter general lo siguiente: 1º.
Se trata de un delito de características híbridas, pues si bien ha sido
considerado en muchas ocasiones como un delito de «dinámica propia», es al
mismo tiempo y de una forma indefectible subsidiario o «dependiente» de otro
que podemos llamar «principal»; es decir, se trata de un delito simplemente
«mediato» y no «inmediato», de características parecidas a lo que una parte de
la doctrina denomina «tentativa de peligro». 2º. Por tanto, la independencia
tipológica de estos delitos es más aparente que real porque, de un lado, el
art. 17.1 nos indica que la conspiración siempre habrá de ir dirigida a la
«ejecución de un delito» y, de otro, porque el módulo cuantitativo de la pena
que pueda corresponder se hace depender de la que haya de aplicarse al delito
pretendido (delito «matriz»). 3º. Es necesario que este delito de pura
intención no se haya iniciado en su ejecución, pues (obvio es decirlo) de así
ocurrir entraríamos en el campo de la tentativa, figura jurídica distinta a la
de la conspiración, de ahí que en múltiples ocasiones sea muy difícil de
diferenciar este tipo delictivo de las formas imperfectas de ejecución. 4º. Se
requiere además el concierto de dos o más personas para la ejecución delictiva
de que se trate y que todas ellas tengan el ánimo de llevar a cabo esta
coautoría anticipada que ha de inferirse de «condicionamientos eminentemente
psicológicos para su vivencia», cuales son no sólo el carácter previo o «pactum
scaeleris» entre esas formas, sino también la decisión de su efectividad o
«resolutio finis». La conspiración, como resolución manifestada de voluntad, es de algún modo
un tipo de iniciación al delito. Para diferenciarlo de la tentativa, se ha de
precisar que, mientras que ésta es la progresión en un grado de ejecución del
delito, aquélla es la progresión en un grado de ideación, que necesita del
oportuno concierto de voluntades, serio y real, para la ejecución de un delito,
sin que sea preciso que exista en ese momento un diseño acabado del modo de
realizar la acción delictiva, esto es, un reparto de papeles, la fecha de la
perpetración, el escenario concreto, ni siquiera el objetivo personal (si se
trata de las previsiones del art. 141RCL 1995\3170CP
), pues queda fuera de toda duda que si lo concertado es matar a un hombre,
cualquiera que sea su identidad (frecuentemente una autoridad, como en nuestro
caso, o un miembro de los cuerpos de seguridad), es evidente que se cumplen
todos los requisitos que la ley penal construye para su punición. De otro lado, tanto la propia tentativa (en grado de progresión ejecutiva)
como la resolución manifestada de voluntad por conspiración (en grado de
progresión de ideación criminal) se castigan con la misma pena, inferior en uno
o dos grados a la señalada por la ley para el delito «consumado». En ambos
casos, la razón que justifica este tratamiento es la misma: el peligro que
ambas progresiones representan ya para el bien jurídico protegido por la norma
penal. Ahora bien, así como el art. 62RCL 1995\3170CP
nos da una pauta para la individualización penológica en caso de tentativa,
fundada en parámetros de gravedad frente a dicho bien jurídico y que se
traducen en el peligro inherente al intento y el grado de ejecución alcanzado,
no existe precepto similar para el caso de las resoluciones manifestadas de
voluntad. 3. Como decíamos, al igual que la proposición y la provocación, la
conspiración para el delito recibe sustantividad propia únicamente en aquellos
supuestos expresamente queridos por el Legislador, mediante un catálogo
«numerus clausus». Tal es el caso del terrorismo, castigándose su conspiración
al tiempo de los hechos objeto de condena en el art. 578RCL 1995\3170CP , equivalente a la actual previsión
del inciso 1º del art. 579.1RCL 1995\3170CP
. Por voluntad legislativa, pues, la conspiración, la proposición y la
provocación para el delito terrorista adquieren tipicidad penal autónoma,
aunque vinculada al delito de referencia en su penalidad, que consistirá en la
«inferior en uno o dos grados» a la que corresponda, respectivamente, a los
hechos previstos en los artículos afectos. En nuestro caso, al art. 572.1.1ºRCL 1995\3170CP , por remisión a los más
genéricos arts. 139.1 ª y 141 CP , por lo que la franja punitiva a la que desde
aquellos preceptos hemos de atender oscila entre un mínimo de veinte y un
máximo de treinta años de prisión. Es desde este mínimo de los veinte años desde el que han de operar en el
presente caso las reglas para la formación de la pena inferior en grado, y no
desde aquél del que parten los Jueces de procedencia en el FJ. 3º del auto
recurrido, en el que justifican que su decisión atiende a la pena aparejada en
abstracto al delito cometido, lo que abarcaba en esta ocasión hasta los
veinticinco años menos un día de prisión. Tal es la razón que les lleva a no
circunscribir el límite máximo de cumplimiento a la norma general de los veinte
años, sino a la cualificada de treinta. Sin embargo, según destaca la
recurrente, dicho límite sólo habría de operar de la atención al apartado
cualificado del art. 572.2RCL 1995\3170CP
, que prevé la imposición de las penas en su mitad superior en función de los
específicos sujetos pasivos del delito que en él se describen. Pese a haber
podido aplicarse dicho inciso, dada la evidente condición de autoridad de la
víctima, hoy fallecida, como Presidente de la Xunta de Galicia en aquel
entonces, semejante calificación agravada no figura entre el objeto acusatorio
(antecedente de hecho 3º de la sentencia), como tampoco en el apartado de
subsunción jurídica (FJ. 1º) y ulterior fallo dictado en aquel momento por la
Sala encargada del enjuiciamiento, siendo esto último en cualquier caso
coherente con el principio acusatorio. La ausencia de una calificación agravada
se muestra también en la pena de diez años de prisión impuesta por este delito
de conspiración, pena que en otro caso no habría resultado aplicable, pues
necesariamente resultaría más grave el punto de partida del que habría tenido
que partir el Tribunal tras reducir en grado y aplicar la mitad superior ex
arts. 572.1.1 ª, 572.2 , 578 y 70 CP . Resulta, por ello, incuestionable que el límite máximo de cumplimiento
fijado por la Audiencia Nacional en el auto rebatido parte de una franja
punitiva verdaderamente no operativa en la sentencia previa.
4. El último precepto citado - art. 70RCL
1995\3170CP - ofrece, a su vez, las pautas para la formación del
grado superior e inferior de la pena. Especifica su actual regla segunda,
aplicable aquí en tanto que más beneficiosa para la recurrente a los fines
pretendidos que la vigente al tiempo de los hechos ( art. 2.2RCL 1995\3170CP ), que "la pena inferior
se formará partiendo de la cifra mínima señalada para el delito de que se trate
y deduciendo de ésta la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado de tal
deducción su límite mínimo" , teniendo en cuenta que "el
límite máximo de la pena inferior en grado será el mínimo de la pena señalada
por la Ley para el delito de que se trate, reducido en un día o en un día de
multa según la naturaleza de la pena a imponer" ( art. 70.1.2ªRCL 1995\3170CP ). Al fijar los máximos de cumplimiento efectivo de condena, establece por su
parte el art. 76RCL 1995\3170CP que
quedará fijado en el triplo de la más grave, "declarando extinguidas
las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá
exceder de veinte años" . A esta regla general suceden otras
especiales, actualmente en número de cuatro, de modo que ese límite máximo de
cumplimiento será de veinticinco años "cuando el sujeto haya sido
condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con
pena de prisión de hasta veinte años" [apartado a)], de treinta años
cuando alguno de esos diversos delitos lo esté "con pena de prisión
superior a veinte años" [apartado b)], o bien de cuarenta años en un
doble supuesto: 1) que el penado lo esté por dos o más delitos y al menos dos
de ellos prevean pena de prisión superior a veinte años; ó 2) que el penado lo
haya sido por dos o más delitos relacionados con el terrorismo y alguno de
ellos esté castigado por la Ley con pena de prisión superior a veinte años
[apartados c) y d)]. Al tiempo de los hechos enjuiciados, el precepto que
examinamos sólo contemplaba las dos primeras reglas especiales, no siendo de
todos modos aplicable al caso ninguna de las restantes sobrevenidas. En un solo grado redujo la Sala de instancia la pena aplicada a la
conspiración para el asesinato terrorista, lo que nos lleva a un abanico
punitivo de entre diez y veinte años menos un día de prisión. Estima la
recurrente, y asimismo el Fiscal, que por este motivo no procede aplicar
ninguna de las reglas agravadas del art. 70RCL
1995\3170CP , ni siquiera la correspondiente a la letra a), en la
medida en que el Legislador emplea la preposición «hasta», por lo que, al no
alcanzarse aquí tal cifra por un día, hay que reconducir el máximo de
cumplimiento al límite general de los veinte años. Y, efectivamente, les asiste razón. La combinación de los arts. 70RCL 1995\3170 y 76RCL
1995\3170CP , tras sus diferentes y sucesivas reformas, provoca en
verdad un vacío respecto de situaciones como la que examinamos, en las que la
formación del grado inferior necesariamente conducirá hacia un máximo que en
ningún caso alcanzará los veinte años, al ser de aplicación la cláusula «menos
un día», en tanto que más beneficiosa para el reo. No se cumple, por ello, el
requisito exigido en la regla a) del art. 76RCL
1995\3170CP mediante la preposición «hasta», cuyo significado según
el diccionario de la RAE denota el límite o término de un periodo de tiempo, no
abarcado en este caso. De tal modo dicha regla deviene difícilmente aplicable,
pues requiere un abanico punitivo cuyo máximo esté representado por veinte años
exactos de prisión. De estar ante una pena inferior a ésta, aunque sea en un
solo día como es el caso, la literalidad del precepto obliga a reconducir el
límite máximo de cumplimiento a la regla general, mientras que de superarse los
veinte años habrá que mirar hacia la regla b) del art. 70.1RCL 1995\3170CP . En consecuencia, el motivo debe ser estimado.
CUARTO Ex artículo 901.1LEG 1882\16LECrim
( LEG 1882\16 ) . las costas del recurso
deben ser declaradas de oficio. III. FALLO
infracción de ley dirigido por Agueda , frente al auto dictado por la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, en la ejecutoria
23/1999, en fecha 05/01/2012, casando y anulando el mismo, declarando de oficio
las costas del recurso. Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal
Sentenciador a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que
en su día remitió, interesando acuse de recibo.
En la causa incoada por el Juzgado Central de Instrucción nº 4, con el
número Sumario 8/1997 y seguida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, Sección Tercera, por delito de pertenencia a banda armada contra Agueda
y otros, nacida en Bilbao (Vizcaya) el día NUM000 de 1.963, hija de Eduardo
y Consuelo, con domicilio en la C/ DIRECCION000 nº NUM001 , NUM002 NUM003 de
Bilbao. Ha estado privada de libertad por esta causa desde el día 27 de julio
de 1.996 hasta la actualidad, habiéndose prorrogado la situación de privación
de libertad por plazo máximo de cuatro años, en virtud de auto de fecha 25 de
mayo de 1.998. Con declaración de insolvencia; la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la
Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, hace constar los
siguientes: I. ANTECEDENTES
ÚNICO Se aceptan los de la resolución recurrida. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO Se dan por reproducidos los de nuestra sentencia de casación,
especialmente el tercero, y los de la Audiencia que no se opongan a los mismos.
Manteniendo el resto de los pronunciamientos de la parte dispositiva del
auto de 25/11/2011 , ratificado por el de 05/01/2012, dictados por la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, en la ejecutoria 23/1999,
se fija el máximo de cumplimiento de las penas impuestas a la recurrente Agueda
en VEINTE AÑOS . Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa
Ponente Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, mientras se celebraba audiencia
pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que
como Secretario certifico.