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Timestamp: 2017-09-24 12:10:55
Document Index: 178388518

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 119', 'artículo 119', 'artículo 119', 'artículo 119', 'e contrario', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 119', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 344', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 119']

RESPALDO A SENADOR HORVATH Y SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN DE ATAQUE A SU VIVIENDA. PROYECTO DE ACUERDO
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN EN MATERIA DE DISCAPACIDADES. PROYECTO DE ACUERDO
CONDENA A MUERTE EN PRISIÓN DE DISIDENTE CUBANO DON WILMAR VILLAR MENDOZA. PROYECTO DE ACUERDO
PROMOCIÓN DE ACCIONES POR MINISTERIOS SECTORIALES EN MARCO DE "DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO". PROYECTO DE ACUERDO
INCORPORACIÓN DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN INICIATIVA DENOMINADA "LA HORA DEL PLANETA". PROYECTO DE ACUERDO
CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN OBJETIVOS DE PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO "TESOROS HUMANOS VIVOS" Y DE CONVENCIONES SOBRE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DIVERSIDAD Y SALVAGUARDIA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. PROYECTO DE ACUERDO
Sesión 6ª, en martes 3 de abril de 2012
(De 16:19 a 19:36)
El señor ESCALONA (Presidente).- Las actas de las sesiones 3ª, ordinaria, en 20 de marzo del presente año; 4ª, extraordinaria, y 5ª, ordinaria, ambas en 21 de marzo, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero remite el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya, Países Bajos (boletín Nº 8.220-10) (con urgencia calificada de "simple").
Con el segundo hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad (boletín N° 5.838-07).
Con el tercero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "suma", para los siguientes asuntos:
5.- Proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y otros cuerpos legales con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletines números 5.917-18 y 7.007-18, refundidos).
6.- Proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665 en las materias que indica (boletín N° 6.244-07).
7.- Proyecto de ley sobre indulto general (boletín N° 7.533-07).
8.- Proyecto de ley que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios (boletín N° 7.534-07).
9.- Proyecto de ley que faculta a directorios de comunidades de aguas o de juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas (boletín Nº 8.150-09).
10.- Proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, a fin de establecer requisitos alternativos para obtener licencia profesional (boletín Nº 7.319-15).
Asimismo, el referido documento hace presente la urgencia, con carácter de "suma", respecto de otras tres iniciativas:
11.- Proyecto de ley relativo a las facultades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones para practicar, sin orden previa, las primeras diligencias de investigación de un delito (boletín N° 7.050-07).
12.- Proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia (boletín N° 7.408-07).
13.- Proyecto de ley que regula la certificación de los artefactos para combustibles de leña y otros productos dendroenergéticos (boletín Nº 7.141-08).
Con el cuarto retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "suma", al proyecto de ley que otorga una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional a los funcionarios del sector Salud que indica (boletín Nº 8.036-11).
Con el último hace presente la urgencia, calificada de "simple", para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo (boletín N° 7.449-11).
Con el primero comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado, en el segundo trámite constitucional, con relación al proyecto de ley que modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura (boletín Nº 7.910-21).
Con el segundo comunica que ha prestado su aprobación, en el primer trámite constitucional, al proyecto de ley que otorga una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional a los funcionarios del sector Salud que indica (boletín Nº 8.036-11) (con urgencia calificada de "suma").
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto de ley que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud (boletín Nº 4.398-11).
Envía copia autorizada de las resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 225, inciso primero, del Código Civil y 16 B de la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Remite copia autorizada de las sentencias definitivas dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 36 B, letra a), de la ley N° 18.168, de Telecomunicaciones; 15 y 18 de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, y 40, inciso final, de la ley N° 18.287, que fija el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.
Remite antecedentes de medidas adoptadas por esa Secretaría de Estado en apoyo de comerciantes y empresarios afectados por las inundaciones en Punta Arenas, información recabada en nombre del Honorable señor Muñoz Aburto.
Entrega antecedentes, solicitados en nombre del Honorable señor Navarro, relativos a ejecución de obras para completar la doble vía en el tramo Lirquén a Tomé y al proyecto de reposición y construcción de la Costanera, en la comuna de Penco, y de recuperación de sus terrenos de playa.
De la señora Ministra Directora (s) del Servicio Nacional de la Mujer:
Adjunta copia de la respuesta, remitida directamente al Honorable señor Frei, con la que se atiende su petición de apoyo a la habilitación de una sede social para la Agrupación de Mujeres Jefas de Hogar de la comuna de Mariquina.
Contesta petición de antecedentes, cursada en nombre del Honorable señor Navarro, sobre motivos de decisión de cierre de centros de atención para casos de violencia contra la mujer, en las comunas de San Pedro de la Paz y Tomé, Región del Biobío.
Comunica cronograma de actividades establecidas en la legislación para el proceso de elecciones de alcaldes y concejales que se llevará a cabo el domingo 28 de octubre de 2012 en todas las comunas.
Remite antecedentes, pedidos en nombre del Honorable señor Navarro, sobre vertimiento de aguas servidas en la salida de la torre de carga de la Planta Elevadora de Aguas Servidas de Essbío S. A., hecho que causó mortandad de peces en el canal Price, comuna de Hualpén, Región del Biobío.
Adjunta copia del convenio de colaboración en certificación forestal suscrito por esa entidad con Forest Stewardship Council y FSC-Chile, solicitud cursada en nombre del Honorable señor Navarro.
De la señora Jefa de la División Jurídica del Servicio Nacional del Consumidor:
Da respuesta a una petición de antecedentes, requerida en nombre de los Honorables señores Navarro y Escalona, sobre la cantidad de reclamaciones y denuncias en contra de la Compañía General de Electricidad.
De los Honorables señora Pérez San Martín y señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Gómez, Lagos, Larraín Fernández y Pizarro, sobre respaldo al Senador señor Horvath y solicitud de investigación para aclarar los hechos y responsabilidades en el ataque a su vivienda familiar (boletín N° S 1.459-12).
Del Honorable señor Tuma, para ausentarse del territorio nacional a contar del día 29 de marzo y hasta el 7 de abril.
Del Honorable señor Kuschel, para ausentarse del país entre los días 2 y 5 del mes en curso.
El señor BIANCHI.- Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, entiendo que los Comités determinaron que el proyecto de acuerdo que se acaba de dar a conocer se vote en el primer lugar del Tiempo de Votaciones de la presente sesión; pero, como sé que estos asuntos no tienen discusión, permítame manifestar, por favor, mi más absoluto repudio hacia todo acto -repito: ¡todo acto!-, proveniente de quien proviniere, que atente contra la vida humana, contra la libertad de expresión, contra la independencia de cada uno en relación con las materias que, como parlamentario, le toque abordar.
Creo que la situación vivida hace escasos días por el Senador señor Horvath debe llamarnos poderosamente la atención hacia hechos que resultan por completo extremos, totalmente repudiables. Y me parece que el Congreso debe exigir hoy día que se investigue hasta el final el atentado del que fue víctima la familia de nuestro Honorable colega y que, por supuesto, rechazamos en forma tajante.
La señora ALVEAR.- Hay unanimidad al respecto, señor Presidente.
El señor SABAG.- Así es.
La señora ALLENDE.- Estamos todos de acuerdo.
El señor ESCALONA (Presidente).- El señor Secretario va a dar a conocer los acuerdos de Comités.
1.- Colocar en el primer lugar del Orden del Día de la presente sesión el proyecto de ley signado con el número 2, esto es, el que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
2.- Autorizar a la Comisión de Salud para discutir en general y en particular, en su primer informe, el proyecto de ley que otorga una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional al personal de la atención primaria de salud que indica.
3.- Citar a sesión especial para el miércoles 11 del mes en curso, entre las 12:30 y las 14, a fin de tratar el estado actual y las perspectivas de la industria del litio en Chile.
4.- Que se realice un homenaje, al comienzo de la sesión ordinaria del día miércoles 11 de abril, en memoria del ex Diputado señor Juan Enrique Lobos Krause, por cumplirse un año de su trágico fallecimiento.
5.- Que sean tratados en Fácil Despacho, en la sesión ordinaria de mañana, miércoles 4 de abril, el proyecto de ley signado con el número 11 en el Orden del Día, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, y los proyectos de acuerdo correspondientes a los números 13, 14, 15 y 16, que aprueban instrumentos internacionales con distintos países en relación con servicios aéreos.
6.- Poner en el primer lugar del Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de acuerdo de los Honorables señora Pérez San Martín y señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Gómez, Lagos, Larraín Fernández y Pizarro sobre respaldo al Senador señor Horvath y solicitud de investigación para aclarar los hechos y responsabilidades en el ataque a su vivienda familiar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, modificatorio de la ley Nº 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata".
Sesiones 30ª, en 5 de julio de 2011 (se aprueba en general); 3ª, en 20 de marzo de 2012 (queda pendiente la discusión particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La relación se efectuó en la sesión del 20 de marzo, donde se dieron por aprobados los artículos 5° y 9°, que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Es preciso recordar que la Comisión de Constitución efectuó una serie de enmiendas al texto aprobado en general, las que registraron unanimidad, con excepción de cuatro de ellas, en las que medió la abstención del Honorable señor Orpis. Este último ha hecho presente que la retira, de manera que esas modificaciones quedarían en la condición de las demás.
La Comisión de Hacienda, por su parte, realizó tres enmiendas, todas ellas acordadas por unanimidad.
Cabe consignar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación o que existan indicaciones renovadas, lo que no es el caso hasta el momento.
De ellas, las recaídas en los artículos 36 bis, 37 y 39, contenidos en el número 36) del artículo 1°, que contienen normas de rango orgánico constitucional, requieren 21 votos favorables.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán todas las proposiciones acordadas por unanimidad en las Comisiones, con excepción de las que exigen un quórum especial.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación aquellas referentes a las disposiciones de rango orgánico constitucional.
--Se aprueban las proposiciones sobre los artículos 36 bis, 37 y 39 contenidos en el número 36) del artículo 1º, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 31 señores Senadores se pronuncian a favor, y queda despachado en particular el proyecto.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor RIBERA (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, intervengo solo para agradecerle al Honorable Senado los aportes realizados durante el debate en la Comisión de Constitución. Se destinaron más de 15 sesiones al análisis de la iniciativa y se formularon más de 100 indicaciones, casi todas las cuales registraron unanimidad. El proyecto fue objeto realmente de cambios notables, significativos, que nos van a permitir contar con una mejor legislación en la materia.
Muchas gracias a usted, señor Presidente, y, por su intermedio, a los señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyectos de ley, iniciados en mociones de los Honorables señores Rossi y Girardi y de quien habla, y de los entonces Senadores señora Matthei y señor Ominami, en primer trámite constitucional, que despenalizan la interrupción del embarazo, con informe de la Comisión de Salud.
Sesiones 95ª, en 7 de marzo de 2012 (quedan para segunda discusión); 4ª y 5ª, ambas en 21 de marzo de 2012 (queda pendiente la discusión general).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de la lista de inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La integran los Senadores señores Coloma, Zaldívar, Prokurica, Patricio Walker, Navarro y Letelier, señora Lily Pérez, y señores Lagos, Bianchi, Espina, Escalona y Chahuán.
El señor ESCALONA (Presidente).- Los Honorables señores Hernán Larraín, Carlos Larraín y Horvath han solicitado que también se los inscriba.
Corresponde continuar la discusión general de los proyectos.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en cuanto a las tres iniciativas relativas al llamado "aborto terapéutico, el Senado ha desarrollado hasta este momento un debate bastante intenso y profundo. Y creo que ha sido respetuoso.
En esta discusión debemos entender la situación que se produce respecto al embarazo sin entrar a calificar a unos u a otros, en el sentido de que unos están por la vida y otros por la muerte.
Personalmente, de acuerdo a mis convicciones, durante toda mi existencia he creído en la necesidad de respetar la vida de las personas, cualquiera que sea su situación. Por lo tanto, soy contrario al aborto cuando provoca como efecto la muerte de una persona que está en el vientre de su madre.
Por esa misma razón, cuando se trató en el Parlamento el proyecto que derogaba la pena de muerte, voté a favor porque esta atentaba contra la vida.
Igualmente, durante el tiempo de la dictadura reclamé permanentemente contra las acciones que tenían por objeto hacer desaparecer a la gente, ante innumerables casos de detenidos desaparecidos.
Por tanto, pienso que puedo tratar esta materia desde esa convicción.
Ahora bien, en los tres proyectos en debate se señala que su objeto es entrar a ver el denominado "aborto terapéutico". Personalmente, creo que hay distinciones entre unos y otros.
Nosotros no estábamos de acuerdo con ninguna de las tres iniciativas, en cuanto a su formulación. Y por ese motivo apoyé una moción, que se encuentra en condiciones de ser discutida en la Comisión de Salud del Senado, cuya finalidad es precisar el mal llamado "aborto terapéutico".
Desde el punto de vista penal, jurídico, el aborto terapéutico, tal como está planteado, no es aborto. Cuando se interviene el embarazo de una mujer cuya vida se halla en riesgo y, como consecuencia, se produce la muerte del ser concebido, eso no es aborto. Y considero que así se ha entendido en el país desde hace mucho tiempo.
Como se ha mencionado acá, en 1931 se dictó el Código Sanitario, donde la intervención para salvar la vida de una mujer embarazada que provocaba la pérdida del ser que estaba por nacer no era sancionada como aborto. Esto se mantuvo hasta 1965, cuando se perfeccionó el artículo 119 del Código Sanitario.
Sin embargo, en 1989, la Junta Militar, poco antes de dejar el poder, sustituyó esa disposición por una que señala: "No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto".
Ello ha traído como consecuencia problemas de interpretación: si en el caso de una madre cuya vida está en riesgo se interrumpe el embarazo y se produce la muerte del feto, ¿estamos o no en presencia de un aborto?
Personalmente, creo que no. Y aquí se ha mencionado -incluso por el Ministro de Salud y varios doctores- que, actualmente, los médicos intervienen en estos casos sin que su acción sea considerada un aborto.
No obstante, tengo en mi poder un mensaje de quien fuera Presidente del Colegio Médico, el doctor Ricardo Vacarezza, en el cual afirma que es preciso legislar en esta materia, porque en algunos casos los médicos entienden que podrían ser penalizados por intervenir a una mujer cuya vida se hallara en riesgo, si con ello se produjera la muerte del ser que está por nacer.
Hay otros que dicen que no sería necesario legislar sobre el particular. Pero yo prefiero que lo hagamos a fin de establecer claramente que la intervención para interrumpir el embarazo de una mujer cuya vida se halla en riesgo no se considera aborto, aun cuando ello sea redundante.
Por tal razón nosotros presentamos la iniciativa que se encuentra en la Comisión de Salud. Y pedimos que se acordara debatirla junto con las otras tres enviadas por diversos Senadores; pero ello no fue posible, porque no conseguimos la unanimidad requerida.
Ese fue el motivo por el cual en un comienzo dijimos que íbamos a rechazar en general los tres proyectos. Pensábamos que de esa manera obligaríamos a traer también la cuarta iniciativa a la discusión en la Sala.
Ante la imposibilidad de lograrlo, revisamos nuestra posición y decidimos que es conveniente aprobar la idea de legislar del proyecto que propone sustituir el artículo 119 del Código Sanitario, para establecer, precisamente, que la intervención de la mujer cuya vida se halle en peligro, que provoque la muerte del feto, no es aborto.
Por eso, apoyamos la iniciativa del Senador Camilo Escalona. Pero presentaremos una indicación sustitutiva para precisar su alcance y contenido, porque algunos han querido ir más allá de lo que disponía el primitivo artículo 119, de 1931, en cuanto a que se referiría no solo a la vida de la mujer, sino también a su salud psíquica. Y esto podría abrir espacios para el aborto, el cual no está considerado en la legislación chilena.
Al respecto, creemos que podemos realizar un debate profundo para precisar ese punto.
No obstante, a mi juicio, existen otros temas que no es posible soslayar, y que también fueron considerados en los proyectos en discusión.
Uno de ellos se refiere a qué pasaría en el caso del llamado "feto inviable". Es decir, cuando se estimara que el recién nacido no podría sobrevivir luego del parto, por razones médicas.
Según la información que nos entregaron médicos que conocen esta materia -no soy experto en ella-, el avance experimentado por la ciencia médica permite determinar si un feto es inviable al tercer o al cuarto mes de embarazo. Y con mucha precisión y certeza.
Hay que ponerse en el caso de esa mujer que espera un hijo, a quien, en el tercer o el cuarto mes de gestación, le indican que el feto es inviable.
Por supuesto, ahí surge la discusión de si es necesario o no interrumpir ese embarazo. Algunos sostienen: "Dejemos en libertad a la madre para hacerlo, bajo su propia conciencia y responsabilidad, pues el feto no va a sobrevivir". Otros opinan: "No podemos hacerlo, porque sobre eso no hay certeza absoluta. A lo mejor se llega al parto, y la criatura es viable en un tiempo largo".
En la sesión anterior, el Ministro de Salud nos informaba acerca de lo que pasa hoy día con el proceso de gestación. Él nos decía que, si se produce la interrupción del embarazo a las 22 semanas, es posible que el feto sobreviva gracias a la tecnología moderna.
Hoy día existen los así llamados "niños prematuros", quienes nacen a los 5 meses y 2 semanas y pueden vivir por los métodos de sobrevivencia actuales.
Entonces, me surge la siguiente duda.
¿Sería factible hacer una distinción en el caso de una madre que gesta un feto inviable, determinado por la ciencia médica de acuerdo con todos los conocimientos existentes, de manera que a esa mujer no se le impusiera continuar con el embarazo durante 9 meses, sino que se le diera la posibilidad, al cumplir las 22 semanas, con diagnóstico médico, de anticipar el parto y que entonces se viera la viabilidad o inviabilidad de la vida del feto?
La idea sería no exigirle a esa mujer esperar hasta los 9 meses de embarazo, sino permitirle decidir entre aquella fecha y la normal del parto.
Si se llegara a aprobar en general el proyecto al que me he referido, yo trabajaría sobre el principio de que pudiera considerarse una interrupción del embarazo en el tiempo que he indicado, porque creo que es una manera de contemplar la situación bastante compleja y difícil de la madre, que tenemos que ayudar a resolver, en lugar de volverla imposible.
Pero hay otro caso: el de la violación.
Este resulta realmente dramático y se debe ver cómo darle salida y solución. Porque tenemos que ponernos en la situación de una mujer que es violada. ¿Qué pasa desde el punto de vista personal durante todo el período que dura ese embarazo hasta el momento del nacimiento?
Claro, sé que hay madres -me parece muy bien; hay que reconocer su valor- que asumen la situación, hacen el proceso del embarazo, reciben a su hijo, e incluso mantienen después la maternidad respecto de él o, en otros casos, lo dan en adopción.
Con todo, aquí tenemos que hacer una distinción.
Creo que el riesgo de que aquello ocurra ha disminuido, pues hoy día la mujer mayor que sufre una violación puede recurrir a la "píldora del día después" y, de esa manera, impedir que se produzca un embarazo. Yo estoy convencido -así lo sostuve aquí- de que la "píldora del día después" no es abortiva; su efecto es anterior a la concepción. Por lo tanto, esa mujer que es violada, que normalmente interpone una denuncia ante la justicia, recurre a Carabineros, etcétera, tiene en su mano el impedir un embarazo no querido.
Sin embargo, la situación más dramática se produce -y ahí es donde se me presenta un problema- cuando se trata de adolescentes, quienes muchas veces son violadas por gente de su propio entorno, por familiares. Son niñas menores que en ocasiones no se atreven a decirles a sus padres lo que les ha sucedido; guardan silencio; ocultan el embarazo. En algunos casos, la familia se da cuenta cuando están casi en proceso de parto.
¿Qué pasa con ellas? ¿Podemos permitir en esas circunstancias el aborto? A mi juicio -lo digo con toda conciencia-, no. Porque, efectivamente, intervenir para provocar la muerte de ese feto significa hacerlo para provocar la muerte de un ser humano.
Pero, al mismo tiempo, hay que colocarse en la posición en que se encuentra esa madre, en esa situación tan dramática, en ese entorno familiar.
Por mi parte, luego de consultar con abogados para profundizar en este asunto, sin perjuicio de mi conocimiento de las leyes, he llegado a la conclusión de que esa mujer, esa niña, si optara por el aborto, por las razones que ella y su familia escogieran, no sería objeto de sanción penal. Pues, como muchos juristas me han señalado, en ese caso se produciría la llamada "excusa responsable": habría tal cantidad de eximentes y atenuantes de responsabilidad que la persona no estaría sujeta a una sanción penal.
Porque me parecería realmente dramático que a esa niña o esa joven, que ha sufrido una violación y que, equivocadamente o no, produce su propio aborto, se la fuera a sancionar con una pena equivalente o cercana a la que debiera recibir quien la violó.
En tal sentido, creo que cuando estudiemos en particular este proyecto tendremos que analizar también esa situación -como lo dijo el Presidente de mi Partido, Ignacio Walker-, para ver cómo determinamos la responsabilidad, en el ánimo de no someter a esa niña o a esa joven, además, a una sanción injusta.
Por todas esas razones, señor Presidente, voy a votar a favor en general del proyecto que reemplaza el artículo 119 del Código Sanitario, del cual usted es autor. Pero, al mismo tiempo, anuncio que insistiré en la presentación de una indicación sustitutiva de esa iniciativa, para precisar que la interrupción del embarazo de una mujer cuya vida está en riesgo no constituye aborto, estableciendo con toda claridad que no hay aborto terapéutico.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ruega a los asistentes a las tribunas no hacer ningún tipo de manifestación.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, no cabe duda de que este es uno de los temas que, con toda razón, generan más repercusiones públicas y en donde probablemente podemos visualizar con más nitidez las diferencias de convicciones. Y no porque se trate de un asunto difícil uno va a dejar de lado su visión o su análisis, ni menos su convicción.
Si uno pudiera definirlo, ¿qué es el aborto terapéutico? Es la tercera sesión en que discute este proyecto, y hay que repetirlo: Básicamente, la opción de eliminar la vida del ser concebido para salvaguardar la salud, la honra o la vida de la madre. Más o menos, así lo han concluido los parlamentarios que han hecho uso de la palabra.
He oído tres tipos de argumentos a favor del aborto terapéutico.
El primero -más complejo, más difícil- tiene que ver con una cierta contraposición entre lo que sería la visión creacionista del hombre, versus la visión evolucionista. O sea, estaríamos ante un tema antropológico, en donde quienes defienden el derecho a la vida desde la concepción estarían inspirados por una visión religiosa de la sexualidad que llevaría a esa conclusión.
Es una primera línea argumental que se ha seguido, como se puede ver en las distintas Versiones Oficiales, y a mí por lo menos me parece profundamente equivocada. De verdad, no siento que este sea un problema de la Antropología, sino del derecho a la vida. No tiene que ver con si los hombres somos parientes de los ratones, como se ha planteado, o si nacemos de las bacterias, sino con los derechos de la persona desde su concepción.
Una segunda línea de argumentación se refiere a cómo se abordan desde un punto de vista legislativo "hechos injustos" -esta fue la expresión utilizada por un Senador en una sesión anterior-, en la idea de que las leyes siempre deben velar por que cuando exista un hecho injusto la persona afectada pueda encontrar, de alguna manera, una compensación. Y existiendo injusticia en esta materia, como puede ser la enfermedad de una madre o una violación -por colocar los casos más extremos-, es obligación de los legisladores, desde la perspectiva del Derecho, permitir que quien es víctima -así se expresa- pueda, por su lado, contraponer su visión y tener derecho a eliminar la vida del así concebido.
Me parece, objetivamente, que el Derecho no consiste en eso. Es mucho más profundo; debe dar a cada cual lo suyo y siempre hallarse vinculado a la justicia. Y, ¿qué pasa con la vida del que está por nacer cuando no se asume ese punto de vista y se coloca solo en la perspectiva de la madre; en una perspectiva egoísta de sus derechos y no en la de los derechos del otro o en el respeto de su derecho a vivir?
Por esa línea, tampoco hay una argumentación sustentable en el tiempo.
Por último, la tercera vía de argumentación muestra ciertos matices -no soy yo quien pueda interpretarlos con más exactitud- y tiene que ver con el hecho de que, si bien hay un valor de la vida, que se reconoce desde la concepción, por otro lado se encuentra el valor de la dignidad de la madre que, entrando en colisión, tiene preferencia.
Desde un punto de vista argumental -obviamente los parlamentarios que sostienen la opinión contraria podrán hacerlo de manera más sentida-, esta visión es la más compleja, ya que tiene un peso en sí misma; y yo por lo menos pretendo enfrentarla, pues considero que constituye un error.
En el fondo, esta última vía plantea la vigencia de excepciones al derecho a la vida, las cuales dicen relación a la dignidad y que, en caso de colisión de uno con la otra, se hace posible aceptar la segunda.
Señor Presidente, desde mi perspectiva, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural es el más importante de todos y no admite excepciones. Por eso, el tema en debate es tan relevante y genera la expectación que ha provocado. Por lo tanto, en lo concerniente a aquellos que no pueden tomar esa opción -como el que se halla en el vientre materno-, es la sociedad la encargada de tomarla por ellos y defender esa prerrogativa.
El criterio anteriormente expuesto obedece, básicamente, a tres razones.
En primer lugar, según mi opinión -esto tiene que ver con una extensión del concepto médico-, el aborto nunca puede ser una medida terapéutica, pues ello va en contra del ethos mismo del tratamiento médico, cuyo objetivo principal es sanar. En consecuencia, si uno cree que terminar con la vida de otro produce en sí una sanación, está vulnerando o extremando el concepto mismo de la medicina en su estricto sentido.
En segundo término, en la práctica no ocurre la contraposición que se daría en teoría entre la dignidad y la vida -aquí se halla la cuestión de fondo-, porque, según lo afirmado por algunos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, afortunadamente hoy día la medicina ha evolucionado, con lo cual la disyuntiva de derechos equivalentes que se contraponen entre sí en la realidad no ocurre.
Esta materia pudo haberse discutido desde un punto de vista médico; pero, por lo menos todos los antecedentes que he podido recabar de entre las personas consultadas -sobre el particular no soy experto- indican que esa disociación no tiene asidero en la realidad.
En consecuencia, una cosa es argumentar que puede darse y otra muy distinta es que se dé en la especie, razón por la cual esa primera argumentación a mi juicio no resulta viable.
En lo que respecta al tema de la salud, esa dicotomía sí puede darse; y me parece que la solución para resolverla es extraordinariamente compleja, pues debemos preguntarnos qué es la salud de la madre.
Según algunas visiones, incluso la de la Organización Mundial de la Salud, dicho concepto tiene que ver con la plenitud física, psicológica y social de la mujer. Entonces, si nosotros asumimos que la madre, en virtud de una razón psicológica, social o física, puede invocar automáticamente el derecho a terminar con el ser que lleva en su vientre, estamos frente a una vulneración muy flagrante y grave del derecho a la vida. ¿Quién califica la plenitud física o el bienestar de la madre? A mi juicio, con ello se abre un espacio sumamente peligroso y debilitante acerca de lo que es la vida. En tal sentido, me cuesta asumir que alguien esté en condiciones de avalarlo.
Desde la óptica de la honra o la dignidad, nos hallamos ante un problema muy complejo; no obstante, no cabe duda de que, si uno tiene convicciones al respecto, ellas deben indicarnos que tan importante como la vida o la dignidad de la madre a la que se pretende entregarle el derecho a abortar es quien será objeto de dicho acto. Si entendemos que desde la concepción hay un ser humano, entonces él debe gozar también de los mismos derechos y no le cabe responsabilidad alguna en las circunstancias que produjeron su concepción.
Asimismo, quiero hacer presente dos elementos adicionales en la discusión.
Yo estuve investigando -tal vez haya otros estudios sobre la materia- si existen asociaciones de padres de hijos violados. En Chile no las encontré, pero sí las hay en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos. Según entendí, en el caso particular de una violación -y eso es una defensa natural-, resulta poco probable que se produzca la concepción, dada la forma misma en que se desarrolla el acto. Por lo que observé en la literatura que consulté, ello puede suceder, aunque en forma bastante excepcional.
El punto central es que, de todas las agrupaciones que hallé, ninguna es partidaria del aborto. ¿Y por qué? Porque ellas pudieron ver lo que sería abortado: un niño, un ser humano que tiene derecho a la felicidad y que debe gozar de las mismas condiciones que cualquier otro para acceder a aquella.
Entonces, ¿por qué finalmente estas organizaciones dan el paso hacia la vía de la adopción -que es una alternativa- u optan por respaldarse y acompañarse hacia soluciones diferentes a las del aborto? Porque creo que es ahí donde con mayor nitidez se aprecia el maravilloso don de la vida y de la especificidad de cada persona, y las condiciones que requiere para desarrollarse. Y, además, resulta muy notable ver cómo se genera tanto cariño por ese niño que nació en circunstancias tan difíciles y adversas.
Entonces, aquí no nos hallamos solo frente a la perspectiva legítima de una madre, sino también a la de un concebido que posee todo el potencial necesario para ser persona y que, por una circunstancia completamente ajena, puede no llegar a serlo.
Quiero dar otro ejemplo que, para mí, es quizás el más importante de todos los que analicé con relación a este tema, pues me he dado cuenta de que hasta ahora no ha sido asumido. Por ello, me gustaría ponerlo como antecedente.
El aborto terapéutico no es nuevo en el mundo. Muchos países no lo tenían y fue instaurado, como aquí se explicitó. El caso más increíble ocurrió en un hospital de la India, específicamente en Nueva Delhi. Pido que, por favor, pongan atención a él, porque me impactó mucho.
Recién consagrado el aborto en dicha nación, en ese recinto de salud -estamos hablando de la década de los noventa; hoy día se halla más generalizado-, hubo 8 mil abortos terapéuticos. ¡Ocho mil! ¡Claro!, uno podrá decir que India tiene casi mil millones de habitantes y que esa cifra no es relevante. Sin embargo, lo impactante es otra cosa: de esos 8 mil abortos, 7 mil 999 correspondían a fetos femeninos.
Entonces, quiero hacer reflexionar acerca de lo que significa abrir un camino de esta naturaleza, porque, aunque el ejemplo citado ni siquiera tiene que ver con Chile, se ha dado en otros lugares del mundo, donde efectivamente se utiliza como una medida sexista la fórmula de la salud de la madre, para dar lugar a un elemento disculpante frente a un sector importante y decisivo de la sociedad como son las mujeres, las cuales sufren un menoscabo muy potente.
Señor Presidente, en resumen, no da lo mismo cómo se resuelve este asunto, porque el efecto de nuestra decisión trae consigo profundas consecuencias, como el asumir que un aborto puede ser terapéutico; que el derecho a la salud o la dignidad son más importantes que el derecho a la vida, o que, por la vía de los instrumentos con que aparecen revestidos -no voy a dudar de la buena fe de quienes lo plantean-, en la sociedad se generan resultados completamente distintos de los imaginados por sus autores y se causa a ella un daño en general.
Por eso, señor Presidente, yo quería hacer un breve análisis acerca de los argumentos contrarios.
Me parece muy importante defender en este caso el derecho a la vida y, en particular, no excepcionarlo respecto del derecho a la vida del que está por nacer. Porque creo que eso, al final, provoca un menoscabo -no por razones antropológicas ni religiosas, sino por lo que es el ser humano- que afecta claramente a nuestra sociedad.
Por tal motivo, soy profundamente contrario a las tres iniciativas que aquí hemos discutido; y lo soy por mis convicciones. No descalifico a quienes las plantearon, porque tienen otras convicciones. Pero el día en que yo no pueda tener las mías, en que no tenga derecho a defender la vida y en que las pifias me hagan pensar distinto, querrá decir que estoy mal. Y si surgen más pifias, más convicción tengo de que lo que estoy diciendo está imbuido por un afán de concepción del ser humano y no por el ánimo de sacar o no sacar aplausos.
Por ello, asumiendo que este es un tema decisivo para Chile y que es un asunto largamente debatido, yo por lo menos manifiesto mi absoluta defensa del derecho a la vida desde el momento de la concepción y, como consecuencia directa de esa convicción, votaré en contra de estas iniciativas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ruega al público de las tribunas no hacer ningún tipo de manifestación.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, Honorable Senado, según el Diccionario de la Real Academia Española, el aborto es "Interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas". Conforme a tal definición, consiste en terminar con la existencia de un ser humano. En palabras simples, despenalizarlo implica sencillamente oficializar la pena de muerte o, más que eso, se condena a un ser inocente e indefenso.
Actualmente hay consenso en que hay vida desde la concepción y que el derecho a ella subsiste durante toda la existencia; es personal, intransferible y único, como ha planteado muy bien el Senador señor Coloma.
Tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce básicamente a la persona humana desde el momento mismo de la concepción. Y a partir de entonces se garantiza su derecho a la vida, a la integridad, al rechazo de los tratos crueles y degradantes, a la igualdad ante la ley y los tribunales de justicia, lo que hace a todo ser humano, desde la concepción, acreedor de igual protección de sus derechos.
Como si esto fuera poco, nuestra Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. Y tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional señalan en sus fallos que el que está por nacer también es una persona cuya vida debe ser protegida. Es más, la Carta Fundamental nos impone el deber, como legisladores, de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida del que está por nacer.
Reitero: interrumpir el aborto es simplemente matar a un ser humano. Por eso, cuando se trata de la vida de una persona, me gustaría que aquellos que defendieron el fin de la pena de muerte utilizaran los mismos argumentos para evitar la muerte de quien está en el vientre materno.
Hace once años, en nuestro país se promulgó la ley que puso término a la pena capital. En aquella época, en nombre del Ministerio de Justicia y defendiendo su eliminación, el Senador José Antonio Gómez dijo: "La pena de muerte es atentatoria del derecho a la vida. Uno de los valores más esenciales y trascendentes para la vida social radica en el derecho inalienable de todo ser humano a la vida. Bajo esta premisa, nadie se encuentra facultado para privar de ella a otra persona"; menos aún de un inocente.
Y agregó: "La vida constituye el derecho básico y fundamental sobre el que se estructura nuestra sociedad. Por ello, construir una sociedad sólida fundada en el respeto y promoción de la dignidad y humanidad de cada individuo importa, en esencia, reconocer en este un valor de carácter esencial que no habilita a nadie para quebrantarlo.".
Pero él no se queda ahí y da un ejemplo: "Si no se puede auxiliar al suicida, si está penado el aborto, si no se aceptan la muerte por piedad ni la eutanasia, tampoco se puede admitir que por razones de Estado se prive de la vida a una persona.".
Quienes apoyan los tres proyectos que se discuten, para justificar el aborto terapéutico han puesto situaciones extremas, como las malformaciones del feto o el riesgo de la madre. Ante eso solo quiero recordar las declaraciones del Ministro Mañalich, que ha sido claro en esta materia al expresar que "quienes dicen que Chile necesita una legislación de aborto terapéutico lo hacen desde la perspectiva de la ignorancia," -del desconocimiento- "porque en Chile existe aborto terapéutico y nunca ha habido ninguna duda respecto a la legitimidad de aplicarlo".
Otros suelen esgrimir el caso de la violación -lo escuchamos hace un minuto- como justificación para aplicarlo. Sin embargo, si uno planteara la pena de muerte como sanción aplicable al violador en los casos en que se produzca embarazo, esos mismos partidarios del aborto estarían en contra de que se aplicara ese castigo a aquel.
Por estas razones, felicito al Presidente de la República, don Sebastián Piñera, y me siento orgulloso por sus declaraciones de hace un par de semanas cuando reafirmó su postura de proteger la vida y la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se solicita a los asistentes a las tribunas abstenerse de realizar manifestaciones, sean a favor o en contra de los Senadores que hacen sus exposiciones.
Como no se encuentran en la Sala los Honorables señora Lily Pérez y el señor Letelier, tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, estimados colegas, hoy nos convoca un asunto complejo, difícil; un tema cuya discusión fácilmente se llena de adjetivos calificativos. Y, en apenas un par de intercambios de expresiones, pareciera que hay una división entre los buenos y los malos.
Pues bien -y lo digo honestamente; no son solo palabras de buena crianza-, no creo que aquí haya buenos y malos. Considero que nuestros principales adversarios son los prejuicios, la ignorancia y, a ratos, la ideología.
Hoy nos enfrentamos a un debate de suyo complejo pero extremadamente necesario en la sociedad chilena; un debate que como sociedad no podemos seguir eludiendo ni estigmatizando.
Frente a problemáticas valóricas -como las que encierra legislar sobre la interrupción del embarazo-, es importante evitar caer en la simplicidad de poner las cosas en blanco y negro. Acá no se trata de encasillarnos en los que están a favor de la vida o los que están contra de ella. Esta es una discusión más profunda que eso.
Me declaro absolutamente partidario de la vida, pero estimo indispensable que nuestro país cuente con una legislación adecuada sobre aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida de la madre, el feto sea inviable o haya concepción en mujeres a través de la violencia.
Hablar de aborto convoca a creyentes y ateos, a cristianos, a hindúes, a judíos, a musulmanes, a agnósticos, a hombres, a mujeres, y nos obliga -o nos debiera obligar- a buscar la verdad en las posiciones de los otros -¡cuesta hacer un esfuerzo y escuchar!-, a comprender sus temores y a mirar con ojos sinceros las complejidades cotidianas y los dilemas éticos críticos que enfrentan mujeres, familias enteras y equipos médicos.
Otro sería el debate; otras, las respuestas y argumentaciones, y otros, quizás, los bandos, si lo que nos convocara fuera la legalización del aborto a libre petición. Pero no nos confundamos ni confundamos a la opinión pública: hoy no estamos discutiendo eso, ni siquiera se trata de querer abrir la puerta para que ello ocurra, como algunos han insinuado.
Lo que ahora debatimos, buscando siempre la protección de la vida, implica reconocer que muchas veces la naturaleza no es sabia o que otras tantas un grotesco abuso, como es la violación, pone a la mujer en una doble victimización, lo que resulta intolerable. Entonces, cabe preguntar: ¿cómo resolvemos estas situaciones?, pero no abordar una discusión a destajo sobre el aborto, como unos dicen que pretendemos.
Lo primero es comprender la complejidad y variabilidad de las posibles situaciones. Como parlamentarios no podemos legislar para cada caso particular. Debemos diseñar un marco general y permitir el espacio para la reflexión ética y para la decisión en materias discutibles, jabonosas y emocionalmente angustiantes.
¿Cómo seguir abordado el asunto sin siquiera dedicar unos segundos de reflexión a las mujeres y a las parejas que, al poco andar de un embarazo deseado -y por ello están felices-, se informan de que sus esperanzas no tienen destino, que sus sueños se han frustrado aun antes de despertar?
¿Cómo no respetar las complejas horas y días que sufre una mujer -y muchas veces su familia- cuando sabe que el tratamiento que necesita para enfrentar una enfermedad es incompatible con perseverar en el embarazo o, peor aún, que el ser en su vientre representa un peligro para su vida?
¿Cómo soslayar el sufrimiento, muchas veces oculto y avergonzado, de miles de mujeres que son abusadas en lo más íntimo -no pocas veces por familiares cercanos, realidad que viven a diario adolescentes en este país- y que, producto de uno de los más viles atentados a su libertad, han engendrado un ser que será un recuerdo permanente de su humillación?
La violación es un acto que se ejecuta no solo con fuerza, sino también con discreción. Cientos de jóvenes en Chile son abusadas a diario y, como consecuencia de ello, ocurre la concepción. Es cierto: por una violación puntual, como alguien dijo, las probabilidades de embarazo son limitadas. Pero no sucede lo mismo cuando el abuso se comete de forma permanente. Es cosa de ir a cualquier hospital de nuestro país para conocer casos de niñitas violentadas sexualmente desde los tres años. Por tanto, un abuso permanente, el que acontece por años, puede generar una concepción no deseada.
No podemos discutir estos problemas como un asunto más en la agenda del día. Debemos abordarlos con mucho respeto por las mujeres.
Esta materia interesa a la sociedad chilena en su conjunto, pero quienes van a sufrir las consecuencias de la legislación son las mujeres que a diario deben hacerse cargo de la situación referida, tanto las del barrio alto como las más modestas. Las que tienen acceso a la salud, luego de recibir el informe de un embarazo tubario, rápidamente podrán resolver el problema; no así aquellas que carecen de recursos para optar a tal posibilidad. Debemos realizar un esfuerzo para ponernos en el caso de estas mujeres, pero como sociedad, no como hombres: ¿qué es lo mejor para el país en tales circunstancias? A ratos, creo que no estamos logrando resolver esta interrogante en el presente debate.
A mi juicio, en una discusión como la que nos ocupa se debe ser muy preciso para no confundir a la ciudadanía.
No se trata -reitero- de legalizar el aborto en términos absolutos, sino, por el contrario, de hacernos cargo de situaciones excepcionales, dando a la mujer la opción de elegir la interrupción del embarazo sin que, a la angustia enorme de ver peligrar su vida o de saber que su hijo que está por nacer no tiene posibilidad de sobrevivir, se adicione la carga del castigo penal.
En suma, con relación a algunos de esos aspectos, estamos planteando retrotraer nuestra legislación a la existente desde 1931 hasta 1989, año en que cuatro caballeros uniformados, contando con el visto bueno de un Presidente que era Comandante en Jefe del Ejército, decidieron erradicarla de Chile. ¡Una política pública que no fue cuestionada por casi 60 años en Chile, que no generó ningún problema, que dio certeza jurídica, se sacó de un plumazo! ¡Y desde entonces estamos tratando de reponer esa discusión! ¿No será un poco absurdo?
Solo cinco países en el mundo, entre los cuales incluyo al Estado del Vaticano, no cuentan con legislación sobre la materia. ¿Será razonable esto para una nación como Chile?
Entiendo, además, que los autodenominados "pro vida" no ven objeciones éticas, o incluso legales, para que se proceda en las circunstancias descritas. El problema es que esto no debe quedar al arbitrio de un intérprete. La suerte de una mujer embarazada no puede quedar librada a la incertidumbre de un equipo médico que sea más o menos experimentado, más o menos jugado, o que esté más o menos seguro de lo que está haciendo. Hoy día no tenemos un marco jurídico que dé certezas en un cien por ciento.
En el caso de la interrupción del embarazo, la intervención apunta a salvar al menos la vida de la madre. De no hacerse, moriría ella y el producto de la concepción.
El Estado de Chile, al penalizar el aborto terapéutico, no hace más que aumentar el gravamen al que se ve expuesta la mujer, la cual se someterá, en algunos casos, a un procedimiento inseguro e insalubre o deberá, en la mayoría de ellos, esperar pasivamente la muerte cuando se trate de la indicación terapéutica, o padecer en silencio el tormento de un embarazo producto de una violación o de uno respecto del cual se tiene la certeza de que el feto no sobrevivirá.
Otra de las situaciones límites que se nos plantea es aquella en que estamos en presencia de un embarazo en el que el ser humano en gestación padece una patología tan grave que su sobrevivencia extrauterina es imposible o, en el mejor de los casos, plantea una existencia breve y extremadamente gravosa para él mismo y su familia.
No se trata aquí de cualquier anomalía genética o congénita. Tampoco se trata de enumerarlas -ello sería absurdo-, sino de permitir que la mujer o la familia que reciba una noticia tan dolorosa como esa decida adelantar el fin del embarazo. ¿Qué sentido tiene en tal caso perseverar en el embarazo hasta la semana 40 o 42? Carece de sentido para el feto porque es inviable. Además, expone a la madre a la muerte in útero de su hijo, con los riesgos y las complicaciones que ello acarrea.
No estamos hablando aquí, como algunos han pretendido plantear -aunque no lo han hecho de mala fe-, de que cualquier malformación o patología justifique el aborto. No se trata de eso. Y lo saben perfectamente.
La realidad es mucho más fértil que nuestra imaginación. Por eso no nos podemos poner en todas las posibles situaciones. En consecuencia, repito que se requiere un marco legal general, que, resguardando la comisión de posibles abusos, permita, en un espacio de adecuada consejería clínica, tomar decisiones difíciles en momentos complejos. No podemos reemplazar el espacio de necesaria reflexión personal, donde convicciones personales y morales deben tener cabida.
El último caso que nos convoca es quizás uno de los más complicados.
El feto está sano, pero ha sido concebido en las peores circunstancias imaginables. No solo no ha sido deseado, sino que, además, es fruto del abuso a su madre, y representa para ella una herida que muy probablemente nunca sanará del todo. Cualquiera que haya visto estudios sobre violaciones y abusos sabrá lo que ello significa para una mujer durante el resto de su vida.
¿Es admirable la mujer que, pese a las atroces circunstancias que rodearon su embarazo, desea persistir en él? Sin duda. Pero ¿podemos exigirles actos heroicos a aquellas para las que esto representa una carga gravosa e insoportable? No lo creo. Si bien no soy mujer, pienso que ellas pueden decidir.
¡Esa es toda la discusión!
La penalización del aborto en tal circunstancia implica una doble victimización de la mujer. No solo ha sido víctima de un delito atroz, sino que también puede ser condenada por la sociedad por tomar la decisión de no continuar con su embarazo.
Sin duda, debemos luchar para crear las condiciones adecuadas para que esa causal jamás sea ocupada, pero para ello debemos hacer más accesible los métodos anticonceptivos y de emergencia; promover la educación sexual en las escuelas para que los niños aprendan a cuidarse a sí mismos respecto de personas mayores y terceros, y construir una sociedad donde la violencia de género sea parte del pasado, como actualmente lo es la esclavitud para nuestra era.
En tanto no lo logremos -nos falta harto todavía-, debemos dar una respuesta a esas mujeres que pasan por tan duro trance. Como sociedad, hay que acogerlas, darles espacio para sus decisiones y asegurarles un tratamiento especializado para que aprendan a vivir de nuevo.
No estamos hablando del aborto como un producto más que pueda ofrecer una clínica privada, o para que se genere un lucrativo negocio como en Estados Unidos. Sería un error transformar el aborto en un mecanismo de control de la natalidad. No estamos planteando eso. Hablamos de casos excepcionales.
Queremos, desde la defensa de la vida, dar una adecuada respuesta frente a situaciones límites para las cuales la legislación es un muro infranqueable e insensible.
Hoy lo que estamos proponiendo es que se pueda interrumpir el embarazo bajo ciertas circunstancias y que, teniendo en especial consideración el resguardo de la madre, se le otorgue a ella el poder de decidir al respecto.
Estamos hablando de dar igualdad de condiciones a las mujeres de la sociedad chilena. Que ellas mismas decidan en tales circunstancias. Nadie las está obligando a interrumpir el embarazo. Pero no podemos quedarnos callados; suponer que esta realidad y esta discusión no existen, y esperar que al final del día el problema lo resuelva el mercado o la posición social de cada uno.
Esto no lo sufrirán las mujeres con más recursos. Ellas quizás puedan acceder a mejores servicios para interrumpir su embarazo -sin siquiera tener que desplazarse al extranjero, como era antaño-, proporcionados por personal especializado y en condiciones sanitarias buenas. Por eso no sufrirán complicaciones posteriores y también tendrán una red de apoyo social que comprendería y aceptaría su decisión, sin cuestionarla.
Si hay tantos abortos en Chile, ¿por qué no se descubre ninguno? ¿Cuánta gente, cuántos médicos, proporcionalmente, son sancionados en Chile? ¿Cuántos de aquellos se realizan en clínicas privadas de altos ingresos? ¿O ahí nunca ocurre una interrupción del embarazo?
La criminalización de todo aborto es un problema de derechos humanos. Eso está más que claro, o así lo creo yo al menos. Las leyes que prohíben y castigan el aborto violan en una amplia gama derechos humanos de las mujeres, reconocidos en diversos instrumentos internacionales: el derecho a la igualdad y a no ser discriminadas, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad y a la integridad física y síquica, el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad, el derecho a no ser torturadas ni sufrir tratos crueles, inhumanos ni degradantes, entre los principales.
Aquí no se trata de estar en contra de la maternidad. Esa es una falacia con la que se pretende banalizar la argumentación y evitar que hoy discutamos el derecho que las mujeres tienen a decidir sobre su cuerpo. La maternidad, en la gran mayoría de los casos, debe ser la experiencia más linda que pueda percibir una mujer, la más llenadora; pero no podemos desconocer que en algunas circunstancias puede ser la más traumática de sus vidas. El sufrimiento y daño que puede producir en una mujer la imposibilidad de interrumpir su embarazo hace la diferencia en el tema de la maternidad.
La sociedad demanda de nosotros que discutamos en serio. La manera de poder hacerlo, a mi juicio, es aprobar hoy la idea de legislar y abrir espacio para que todos los Senadores presenten posteriormente sus indicaciones. Luego será factible profundizar en las complejidades de cada una de las situaciones extremas que están sobre la mesa. Yo estoy dispuesto a debatir en serio y a aceptar el resultado de lo que acá se decida, pero cuando nos den la oportunidad de discutir con profundidad y en detalle y no se cercene la discusión desde el origen.
Esta es una discusión de lento avance, que va a tomar un tiempo agotar, al igual como ocurrió con el divorcio, donde el mismo sector que se opone hoy rechazó entonces la iniciativa legal pertinente.
Hubo un sector en su oportunidad que no quería discutir sobre los hijos ilegítimos, los llamados "huachos" en Chile. Pasó un tiempo y se abordó el asunto. Y hoy no existen los hijos ilegítimos. Se trataba del mismo sector de la sociedad chilena.
Hubo un sector de la sociedad chilena que se oponía a legislar sobre la pena de muerte. Dimos esa lucha, y logramos imponer la proscripción de la pena capital en nuestro país.
Hubo un sector de la sociedad chilena que no quería la "píldora del día después". Hicimos de todo, incluso aceptar el fallo del Tribunal Constitucional. Y hoy tenemos "píldora del día después", aunque a medias.
Hay un sector que se niega a que el condón sea promocionado para evitar la transmisión de enfermedades sexuales y los embarazos no deseados. Y todavía no logramos derrotar eso, pues hay canales de televisión que no pasan los avisos.
Antes, cuando adolescentes quedaban embarazadas eran expulsadas de los establecimientos educacionales, fueran privados o públicos. Se les decía: "Se va al vespertino, mijita, porque su embarazo es contagioso". Eso fue hasta alrededor de 1994. Y ello sucedía porque un sector social afirmaba que el embarazo era contagioso.
Desde ese punto de vista, es tanto lo que aún tenemos que luchar que estoy convencido de que apenas estamos iniciando la discusión sobre el aborto.
Aquí hay algunos que están preocupados de que estemos abriendo camino. Es finalmente lo que estamos haciendo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Reitero a los asistentes en las tribunas que no se pueden hacer manifestaciones, ni a favor ni en contra.
Corresponde el turno para intervenir a la Senadora señora Lily Pérez.
¿Debe el Estado estar al servicio de las personas o las ciudadanas y los ciudadanos deben estar al servicio del Estado?
¿Debe el Estado procurar las herramientas para que las personas tomen sus decisiones con responsabilidad y con libertad, o las personas deben estar siempre bajo el alero y la tuición de un Estado que les diga qué hacer en todos los casos, sin libertad y sin responsabilidad?
"La primera tarea de la reflexión filosófica es desmitificar la neutralidad de la ciencia y la técnica. En los medios de comunicación y la opinión pública en general se presenta como plausible la idea de que tanto los juicios científicos y técnicos como sus portadores son moralmente neutros. Esta aparente neutralidad los hace aparentemente asépticos y les dota de una apariencia de imparcialidad".
He querido citar las palabras que Agustín Domingo Moratalla, Profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Valencia, expuso en el Congreso "Mujer y Realidad del Aborto", efectuado en Cáceres, España, en marzo de 2007.
Este es un debate que se ha prolongado muchísimo; que sin duda es necesario, y que no se puede seguir dilatando, pues nutre y fortalece nuestra democracia, ya que nos hacemos cargo, al debatir, de un problema que clama por una solución normativa. Es cierto que tal vez los médicos lo tienen resuelto, pero legalmente, normativamente, jurídicamente, creo que nosotros estamos al debe.
En ese entendido, agradezco -lo digo sinceramente- la altura de miras, la delicadeza y la seriedad con que esta discusión ha sido abordada en la Sala, por cuanto la solución que se otorgue no puede menos que provenir de un debate en que se confronten las opiniones y se logre una mayoría.
Sin duda, tal como lo graficó la Senadora Ximena Rincón en una sesión anterior al citar al premio nobel de la paz Elie Wiesel en su discurso sobre la indiferencia, este es un tema frente al cual no podemos quedar indiferentes. Concuerdo profundamente con sus palabras; mas, al mismo tiempo, considero que la génesis de la deliberación ha de construirse siempre sobre bases sólidas y satisfactorias.
Y quiero ser muy franca: estamos frente a un dilema complejo que no es fácil de resolver. Ante ello, ¿basta actuar con responsabilidad, o es muy necesaria también la precaución?
Me voy a referir brevemente a los tres proyectos de ley que están en debate.
El de la ex Senadora Matthei, actual Ministra, y del Senador Rossi contiene dos artículos. El primero despenaliza la interrupción del embarazo cuando este se produce como consecuencia de una intervención, tratamiento o administración de algún fármaco que sea indispensable para salvar la vida de la madre, es decir, por razones médicas. En ese caso, a mi juicio, no existe aborto, porque este tiene lugar cuando hay un afán doloso, un acto malicioso para interrumpir la vida de un ser en gestación. Yo comparto esa parte de la iniciativa.
Sin embargo, el artículo segundo contempla la posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo cuando existe inviabilidad fetal. El problema es que la descripción que se hace de la inviabilidad fetal es muy genérica.
Estoy de acuerdo con ello en el caso de las anencefalias, lo que fue mencionado aquí por el Senador Zaldívar, entre otros colegas. El propio Tribunal Constitucional, cuando despachamos la ley sobre donación de órganos, señaló que la muerte cerebral no se trata de un tipo especial de muerte, sino la única, inequívoca y real muerte de una persona.
El proyecto del Senador Girardi y del ex Senador Ominami comparte con el anterior la interrupción del embarazo por razones médicas. Pero agrega dos hipótesis con las cuales yo no coincido: cuando el feto presente o se establezca clínicamente que presentará graves taras o malformaciones físicas o síquicas, y el caso del embarazo producto de una violación.
En cuanto a la primera, solamente mencionaré, en honor al tiempo, que no comparto para nada el aborto eugenésico, por tratarse, en definitiva, de un aborto selectivo.
Con respecto a la segunda hipótesis (el embarazo producto de una violación), años atrás, siendo Diputada, cuando llegó al Congreso Nacional la iniciativa sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, me jugué fuertemente a favor de ella, para que fuese aceptada en nuestro país, pese a la gran resistencia que tuvimos, y distribuida en todos los centros de salud de atención pública.
En aras de la consecuencia, me parece muy importante plantear que la píldora anticonceptiva de emergencia -por su intermedio, señor Presidente, se lo hago presente al Ministro de Salud- debe tener total cobertura en la red de asistencia de salud pública para toda mujer que la requiera en caso de violación, de sexo sin consentimiento o de sexo sin protección.
Lo digo muy francamente, porque creo que esa es una manera de luchar contra el aborto. La píldora anticonceptiva de emergencia es una forma de prevenir y combatir el aborto.
Por esa razón, no soy partidaria de una normativa que incluya el aborto. Sin embargo, con la misma franqueza, señalo que estoy disponible para revisar la indicación que se formule con respecto al caso de niñas menores de 12 años. Considero que es algo que debiésemos analizar en profundidad, pero como principio no lo comparto.
Por esa razón voy a votar en contra de esa iniciativa, pues no soy partícipe de la idea de ponerle coto a una violación a través del aborto. Más bien estoy en la línea de la aplicación de la píldora anticonceptiva de emergencia.
Lo cierto es que el aborto nunca tiene fines terapéuticos. El embarazo, en este caso, se interrumpe para salvar la vida de la madre. Y ello no puede ser considerado un aborto. Por eso no estoy de acuerdo con su penalización en tales circunstancias.
Además, desde el punto de vista psicológico o psíquico alguien podría señalar la necesidad terapéutica de realizar un aborto.
Por tal motivo, y porque soy partidaria de transparentar y de resguardar el derecho a la vida de la madre, voy a reservar mi voto positivo para la moción que ingresaron a trámite Senadores de la Democracia Cristiana tres meses atrás y que espero llegue lo antes posible a Sala.
El Senador Ignacio Walker me indica que dicha iniciativa se encuentra desde hace seis meses en la Comisión de Salud.
A mi juicio, lo pertinente habría sido, ya que hoy estamos analizando estos tres proyectos, que también hubiésemos discutido la referida moción. Porque ella soluciona absolutamente el problema, transparenta el resguardo a la vida de la madre y, en mi opinión -hay pareceres distintos-, resuelve legislativamente en muy buena forma que ahí no media dolo; que no existe una intención positiva y deliberada de poner fin a la vida del que está por nacer. Por el contrario, resguarda la vida de la mujer, derecho que, en estos casos, como legisladores debemos cautelar.
En consecuencia, si se aprueban en general estas tres iniciativas -como he dicho, no las comparto; sí estoy a favor del otro proyecto y voy a guardar mi voto favorable para él-, vamos a formular una indicación junto con los Senadores señores Horvath y Cantero. En el fondo, queremos hacernos cargo de la inviabilidad fetal en el caso de la anencefalia, malformación que nos parece equivalente a la muerte cerebral. Es algo que no podemos dejar de abordar, pues se trata de un asunto muy particular y que fue absolutamente sancionado por el Tribunal Constitucional con motivo de la normativa sobre trasplante de órganos.
Por esa razón, estimo muy necesaria esta discusión.
¿Soy partidaria del debate? Sí.
¿Considero que debemos hacernos cargo y legislar sobre estas materias? También.
No obstante, me parece que en estos temas, que involucran salud, vida, maternidad, mujer, sociedad y familia, tenemos que ser tremendamente rigurosos con lo que estamos votando y muy cuidadosos con la letra de la normativa que vamos a aprobar.
En suma, no comparto estos proyectos en su totalidad. Por lo tanto, voy a guardar mi voto favorable para la moción de los Senadores de la Democracia Cristiana, que ya mencioné.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, ante todo, me alegro del debate que hemos tenido. Porque, de verdad, he escuchado atentamente los argumentos y siento que cada uno los ha defendido con convicción, con fuerza.
Y hago tres prevenciones en cuanto al tema que nos convoca.
En primer término, tengo una convicción formada sobre la base de mis principios.
En segundo lugar, respeto a quienes piensan distinto a mí en esta materia.
Y, por último, me parece que existe una sensibilidad y una perspectiva diferentes en las mujeres; y legítimamente es así. Quienes tienen a los niños, a las guagüitas, son las mamás; son ellas las que los llevan consigo durante nueve meses.
Por lo tanto, de una u otra forma, cuando tengo oportunidad de conversar, de dialogar, con mujeres acerca de temas tan sensibles como el derecho a la vida, el aborto, la interrupción del embarazo, me hace mucha fuerza el hecho de que deben ponderarse y analizarse con prudencia y sin pasiones, que en nada conducen a encontrar una adecuada solución.
La pregunta que me formulé fue: ¿Qué grado de intensidad tiene la sociedad chilena para proteger el derecho a la vida?
Cuando retornamos a la democracia éramos un país muy fracturado; con muchas violaciones a los derechos humanos; con períodos en donde el desprecio de la vida por parte de quienes asesinaron a personas vinculadas a la Izquierda o de los que asesinaron a carabineros era enorme.
Y tomamos una decisión muy de fondo: terminar con la pena de muerte, porque lo que quiso hacer la sociedad chilena fue señalar que haríamos prevalecer el concepto del derecho a la vida.
La pregunta es: si nuestra sociedad decidió jugarse con tanta fuerza, con tanta intensidad, por el concepto del derecho a la vida, ¿desde cuándo surge ese derecho? ¿Cuál es el instante mágico en que este surge?
Algo nos ilustra nuestra Constitución -nadie ha pretendido modificar hasta ahora ese precepto- en el numeral 1º del artículo 19, en el cual se asegura el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, de las personas y se señala que la ley protege la vida del que está por nacer.
Por lo tanto, la protección de la vida surge antes de que nazca una guagüita, mientras está en el vientre de su madre.
La pregunta es: ¿Cuándo? Al revisar documentos, leo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en su artículo 4 dice:
"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.".
En consecuencia, el Pacto de San José de Costa Rica -nadie discute que resguarda los derechos de las personas y que es parte de nuestra legislación- protege desde el momento de la concepción. Y todos sabemos que ese instante es cuando se une el espermio con el óvulo y forman una célula llamada cigoto. Desde ese minuto, esa célula tiene potencialmente todas las virtudes y atributos para llegar a constituirse en un ser humano, aunque todavía no lo sea.
Lo que dice nuestra legislación es: "Cuidémoslo; protejámoslo; no lo dejemos abandonado; démosle todas las posibilidades de vivir".
Por consiguiente, en mi concepto, no somos dueños de la vida del que está por nacer, como tampoco lo somos de aquellos que nacen y pueden sufrir graves problemas físicos, psíquicos o incluso quedar en estado vegetal.
A nuestros hijos los educamos, los retamos, les enseñamos, los queremos, los regaloneamos, pero no nos pertenece su vida. Y esta surge no desde el momento en que uno los ve nacer, sino desde el instante en que se produce la concepción.
Es cierto que no es plenamente un ser humano, pero también lo es que existe vida.
Y sobre esas premisas, que son mis reflexiones, mis principios, deseo analizar estos proyectos.
El primero de ellos se refiere al aborto terapéutico.
Debo hacer notar, señor Presidente, que el aborto terapéutico se entiende como el acto en el que un médico interviene a una mujer con el propósito legítimo de salvarle la vida por una enfermedad que la afecta y a consecuencia del cual fallece o muere el feto.
Eso en Chile no es delito; no se sanciona. No existe un solo caso de un médico que haya sido juzgado, condenado o sancionado por haber intervenido a una mujer para salvarle la vida y que, como consecuencia de ello, haya producido la muerte del feto. ¿Por qué? Porque precisamente se sanciona por aborto al que maliciosamente causare la interrupción del embarazo.
¿Por qué "maliciosamente"? Se quiso señalar de manera expresa que se requería la intención positiva, directa, clara de matar al feto.
Por lo tanto, si un médico opera a una mujer con el propósito de salvarle la vida -por ejemplo, debe extirparle el útero porque tiene cáncer- y a raíz de eso muere la guagua, no comete delito. Porque en su actuación no existió dolo directo, esto es, la maldad de pretender matar a ese niño, sino el propósito de salvar la vida de una madre.
Y para que nadie tenga dudas de eso, hay un artículo que se agregó expresamente entre las eximentes de responsabilidad criminal -legislado hace poco tiempo-, mediante el cual se exime de responsabilidad penal -y establece las causales- "El que obra para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero".
Por lo tanto, desde el punto de vista legislativo, ese es un tema a mi juicio absolutamente resuelto. La verdad es que Chile no requiere legislar para una materia que ya se encuentra zanjada.
En segundo lugar, acá se han invocado dos casos dramáticos.
El primero de ellos es el del llamado aborto "eugenésico".
Francamente es un drama que durante el embarazo -bien lo sabemos quienes hemos sido padres, aunque, gracias a Dios, hayamos tenido la suerte de no vivir esa penosa situación- le digan a la madre que su guagua viene enferma, con una pequeña malformación, o simplemente con graves problemas al cerebro y que podría no sobrevivir.
Y ahí yo me pregunto: ¿Podemos derechamente disponer de esa vida? ¿Podríamos hacerlo si nace esa guagua? Porque tenemos la concepción de que mientras se halla en el vientre de la mamá el niñito está vivo, según lo plantea el propio Pacto de San José de Costa Rica. Y si nace, también lo estaría. Entonces, ¿podríamos disponer de la vida de esa guagüita si nació y posteriormente no tiene posibilidades de seguir sobreviviendo?
Podremos aliviarle el dolor; podremos, legítimamente, no hacerla sufrir.
Señor Presidente, es bien difícil decirlo cuando uno no vive la situación. Porque yo entiendo el drama y el dolor que debe sentir una madre en esa circunstancia. Quienes hemos sido padres de lo que más nos preocupamos es de las primeras ecografías de nuestros hijos, donde uno pregunta sobre todo si el bebé está sanito.
Pero ¿podemos disponer de la vida de un tercero? Yo creo que no. Tengo la convicción de ello.
En seguida, se mencionó el caso del delito de violación, que es aún más dramático, porque es un acto cruel, cobarde, hecho con alevosía y premeditación (conocí muchos de estos casos en mi oficina de fiscalización, y puedo decir que son realmente trágicos).
Y la pregunta que surge al respecto es: a quien nace de esa brutal forma ¿le debemos respetar su derecho a la vida o no? Yo creo que sí, señor Presidente.
Ahora bien, que es doloroso, lo es; que hay circunstancias excepcionales en que se podrá invocar, en el evento de producirse un aborto, que no hubo delito, sí, nuestro Código Penal las contempla (fuerza moral irresistible, etcétera); que no quisiera vivirlo, no lo quisiera vivir; que no se lo deseo a nadie, no lo deseo para nadie.
Pero la pregunta es: ese hijo que nace producto de una violación ¿tiene derecho a su vida o no? Personalmente, creo que sí.
Pienso que esa mujer -como bien dijo el Senador Orpis-, que va a sufrir una enormidad, tendrá la posibilidad o el camino de dar a ese niño en adopción; quizás, cuando lo conozca su madre, pueda desarrollarse junto a ella. No lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que ninguno de nosotros puede -fíjense, señores Senadores, en lo que les voy a decir-, ni tratándose de una guagüita, ni de un homicida, casos totalmente distintos, disponer de la vida de una persona.
Ese es un valor en el que se cree. Y respeto a quienes tengan una convicción distinta a la mía sobre el particular.
Pero sobre dicho valor a mi juicio se construye todo el catálogo de derechos humanos, que en el pasado se violaron tan brutalmente en nuestro país y cuyas heridas costó tanto cerrar.
Ello nos permite vivir hoy día en una sociedad a lo menos mucho más justa y en donde tales derechos se respetan más que antes.
Por todo lo anterior, yo me he formado mi convicción: no considero necesario legislar acerca del aborto terapéutico, porque nuestra legislación lo permite clara y definitivamente y porque creo que en las otras dos opciones mencionadas lo que está en juego, por un lado, es el drama de una madre -lo cual es cierto-, y por el otro, la vida de una persona que, siendo inocente, siempre debemos proteger.
Por esas consideraciones, señor Presidente, anuncio mi voto en contra de estos proyectos de ley.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se solicita nuevamente al público que se halla en las tribunas abstenerse de todo tipo de manifestaciones a favor o en contra de las opiniones expresadas por los diferentes Senadores y Senadoras.
Corresponde ahora el turno del Honorable señor Bianchi, a quien dejo con la palabra.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, llevamos ya dos semanas realizando este importante debate. Y sinceramente confirmo, una vez más, lo urgente y necesario que resulta en este tipo de discusión el que haya una participación activa de todo el país, y que ojalá ella hubiese sido absolutamente vinculante.
Lo digo porque hace ya largo tiempo, en alguna de las conversaciones que sostuve con distintas autoridades, hice ver que en materias como la educación pública, la que hoy día estamos tratando, de carácter valórico, y otras más, también relevantes, yo siento que nuestra sociedad tiene madurez de sobra para expresar una opinión y que esta sea vinculante.
Lo que hoy vemos en el Congreso da muestra precisamente de ello: grupos que se manifiestan en uno u otro sentido, con respeto, pero queriendo una activa participación, que desgraciadamente no han tenido.
¿Y por qué quiero centrarme en este primer punto, señor Presidente, antes de entrar al detalle de los proyectos que ahora nos convocan? Porque, en definitiva ¿estamos haciendo un debate forzado, o uno absolutamente libre?
Yo siento que nos estamos farreando la tremenda oportunidad de efectuar una discusión en donde primero hubiésemos tenido la activa participación de todo el país, de lo que cada una de las personas piensa en una materia tan relevante como la que hoy día debatimos; y luego de esa participación vinculante, creo que se podría haber enriquecido mucho más la discusión en este Congreso, la cual aún es factible de realizar.
Estamos -como digo- llevando a cabo un debate, un encuentro en donde vamos a tener que pronunciarnos sobre la base de tres proyectos de ley.
El primero de ellos, del Honorable señor Girardi y del entonces Senador Ominami dispone en una de sus partes: "Cuando el feto presente o se establezca clínicamente que presentará graves taras o malformaciones físicas o psíquicas.".
Entonces, uno se pregunta: ¿Se es madre solo cuando un hijo es sano? ¿Solo cuando un hijo es sano se puede tener el sentimiento de madre? Obviamente que no, señor Presidente.
Por eso, existe una segunda reflexión.
Expresa esta misma iniciativa: "Cuando el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo del delito de violación.".
Y aquí quiero, si Sus Señorías me lo permiten, centrar el punto en lo siguiente.
La violación efectivamente es un acto aberrante. Quien viola a una mujer, a una niña, a un ser inocente merece toda la pena que señala la justicia. Tiene que caerle todo el rigor de la ley a esa bestia, que es capaz de violentar sexualmente a una persona más débil. Y peor aún cuando la situación se da con un familiar o alguien cercano a su entorno (un padre, un hermano, un primo, etcétera), como, lamentablemente, muchas veces hemos tenido que conocer y constatar.
Señor Presidente, durante la última semana regional me di un gusto personal. Y consideraba del todo necesario hacerlo.
Como frente a esta materia tan importante no hay en nuestro país participación ciudadana activa -insisto en reclamarla-, pedí reunirme con distintas organizaciones, que se encuentran en contra o a favor de ella (estuve, entre otros, con el obispo de Punta Arenas; con pastores evangélicos; con jóvenes; con varias otras personalidades), y terminé haciendo respecto de este asunto una discusión pública, durante la cual procuré obtener más y más información, para formarme juicio; no sujetarme a ninguna instrucción, orden o sugerencia, y votar en conciencia, libremente, como lo he hecho a lo largo de los años que llevo en el cargo de Senador.
Pues bien: cuando el debate se centra en la violación de una niña o de una mujer adulta -soy padre de una joven estudiante-, lo primero que a uno se le pasa por la cabeza es hacer lo peor con el fulano que comete ese delito.
Pero hoy día el Estado de Chile, a Dios gracias, tiene un mecanismo, nos guste o no: la "bendita" píldora del día después -entre broma y en serio, alguna vez se habló de que el problema estaba más en la noche anterior-, que soluciona en parte la situación de la persona violentada en esa forma.
Ahora, cuando se viola a una niña o a una mujer adulta dentro de su entorno, está la posibilidad -lo dijo el Senador Orpis- de la adopción.
Sin duda, faltan mecanismos -y lo digo aprovechando la presencia del Ministro de Salud- para enfrentar las situaciones de violación, pues las víctimas de este ilícito no solo quedan con serios problemas psicológicos, que -imagino- las acompañan por mucho tiempo. De manera que se requiere más y más ayuda para recuperarlas cuanto antes en ese aspecto.
Y quiero detenerme en lo que manifestó la Senadora Lily Pérez en cuanto a las menores de 12 años violentadas sexualmente, pues me asaltan dudas. Por eso, nos abocaremos al punto en los próximos días.
Entonces, no comparto el primer proyecto, por todo lo que acabo de señalar, pero fundamentalmente porque se es madre siempre -¡siempre!-, aun cuando la criatura que se halla en el vientre venga con malformaciones.
Está, por otra parte, el proyecto del colega Rossi y de la entonces Senadora Matthei.
Una de las normas que mediante él se agregan al Código Penal dice: "No se considerará aborto cuando se produzca la muerte del feto como consecuencia de una intervención, tratamiento o administración de algún fármaco que sea indispensable para salvar la vida de la madre," -hasta ahí estamos bien- "lo que deberá ser certificado por un grupo de tres médicos.".
Desgraciadamente, en muchos lugares de Chile...
El señor ROSSI.- ¡En todos lados!
El señor BIANCHI.- ... no se dispone de tres facultativos. Además, cuando no se cuenta con recursos económicos no hay cómo conseguir que certifique un grupo de tres médicos. Y por eso se pide que ojalá los hospitales públicos realicen la certificación.
El tercer proyecto, de autoría del Senador Escalona, señala en el artículo 119 de reemplazo que se plantea para el Código Sanitario que "Se podrá interrumpir el embarazo, sólo con fines terapéuticos, mediante intervención médica, cuando esta sea documentada por dos médicos cirujanos.".
Aquí surge la misma duda, en el sentido de que en el resto del país no siempre es posible contar con dos facultativos de tal índole.
Sin embargo, hay otro punto que me llama la atención: la Democracia Cristiana dijo que probablemente va a acoger este proyecto de ley obviando el concepto "con fines terapéuticos".
Señor Presidente, si se aprobara una indicación en aquella línea, quedaríamos tal como nos hallamos en la actualidad. Hoy se efectúan intervenciones -pocas, gracias a Dios, pero todas importantes- muchas veces para salvar la vida de la mujer embarazada. O sea, no se estaría innovando en nada.
Sí, me parece que el tercer proyecto, el del Senador Escalona, es el que genera mayor consenso.
¿Dónde radica la diferencia? Primero, en que resulta tremendamente difícil hablar en nombre de la mujer, ese ser humano que en algún instante de su vida tiene dos, tres, cuatro, cinco o seis corazones, como sucedió ayer, cuando una chilena dio a luz a quintillizos. ¡Las mujeres hablan por sí mismas! Yo, a lo menos, no me siento habilitado y carezco de atribuciones para hablar en su representación, menos aun tratándose de una madre.
Quiero, pues, hablar desde mis convicciones.
Y me voy a referir a la discusión que más entrampados nos tiene.
Se sabe que hoy el Estado permite que haya interrupción del embarazo para salvar a la mujer con riesgo vital (esto se ha señalado latamente).
El problema estriba en la determinación de si, cuando se sabe que la criatura que se encuentra en el vientre no tiene ninguna factibilidad de vida, la madre puede optar por la interrupción del embarazo.
¡Esa es la gran discusión!
Por eso, considero que, habiéndonos abocado al análisis de tres proyectos de ley que nos forzaron a esta discusión -la estimo absolutamente necesaria-, espero que tras nuestra votación en conciencia, de allí para adelante -por cierto, incorporando la cuarta iniciativa, la de la Democracia Cristiana, y otras tantas que vendrán-, el Gobierno, sea cual fuere, de una buena vez se abra a que tengamos una sociedad madura, donde estos sean los grandes temas en que la gente pueda participar libremente, para que, a base de esa participación ciudadana, libre pero vinculante, podamos concretar una gran legislación.
Voy a votar en contra de estos proyectos de ley, aun cuando el tercero, el de Su Señoría, me hace sentido. Sin embargo, la innovación que pretende efectuar la Democracia Cristiana es una pincelada (lo digo con absoluto respeto): no altera nada, deja la situación exactamente igual como hoy, ratifica lo que se está haciendo en la actualidad.
Pienso por lo tanto, señor Presidente, que a futuro deberíamos profundizar en su proyecto, procurando una activa participación ciudadana en todo el país.
El señor SABAG.- Señor Presidente, estos proyectos de ley, que se encuentran recién en su primer trámite constitucional, ya han acaparado gran atención ciudadana, porque se trata de un asunto particularmente delicado: abordan una de las materias que forman parte de la denominada "agenda valórica". Por lo tanto, todos debemos realizar un gran esfuerzo por respetar las opiniones que se expresen sobre ellos en esta Sala, sean a favor o en contra, o incluso haciendo referencia a aspectos aún más amplios que las propias modificaciones legales propuestas.
En tal sentido, no puedo sino lamentar que no hayamos actuado siempre así, como lo han demostrado algunos que, por ejemplo, han acusado de hipócritas a quienes disienten de sus posiciones.
Asistí a algunas de las sesiones que destinó la Comisión de Salud al estudio de estas iniciativas. Y debo comenzar indicando que plantearé algunas reflexiones desde mi personal valoración de la vida, desde mis principios valóricos.
Desde ya, señalo que respeto a quienes discrepan de mi posición. Porque de eso se trata la democracia: de que sepamos escucharnos y de que, fruto del debate, seamos capaces de elaborar las leyes que le hagan mejor al país.
Aquí no corresponden órdenes de bancada ni órdenes de partido, pues la decisión sobre la materia es intrínsecamente personal.
Tampoco se trata de una discusión religiosa, aunque al resolver desde nuestra conciencia lo hacemos, sin duda, partiendo de determinado marco cultural.
Podemos tener distintas formaciones valóricas, pero el sostener que el derecho a la vida es el primero de todos no proviene de una doctrina religiosa, sino de una consideración filosófica y antropológica.
En todo caso, quiero destacar que en este asunto votaré en forma coherente con los acuerdos del V Congreso Ideológico de mi Partido, el Demócrata Cristiano, donde se expresa textualmente: "Concebimos la vida como una identidad continua desde la fecundación hasta la muerte natural. La libertad e igualdad en dignidad y derechos con que nacen todos los seres humanos es compartida por los seres humanos que están por nacer. Por eso, defendemos su vida. El aborto es un atentado al derecho a la vida de cada ser humano. Frente al llamado aborto terapéutico, postulamos que es innecesaria una legislación que abra las puertas a la definición desde el Estado acerca de cuáles seres humanos pueden existir y cuáles no.".
Los acuerdos del referido Congreso Ideológico agregan luego: "Una efectiva lucha en favor del derecho a la vida, junto a otras medidas, debe contemplar el fortalecimiento de la familia y de los programas de educación sexual. Para la Democracia Cristiana, no basta la preocupación por los abortos. (...) La inequidad no se resuelve sólo con el acceso sin restricciones a los métodos de anticoncepción. Es preciso garantizar atención profesional especializada y entrega de información adecuada, haciendo posible la toma de decisiones informadas y conscientes.".
Es factible que haya discrepancias respecto al momento exacto del inicio de la vida. Pero ello no puede amparar que el legislador se atribuya el derecho a decidirlo por todos los demás. Y quienes acusan a las religiones de intromisión en esta materia, atribuyendo prejuicios religiosos, también están actuando con prejuicios, que podríamos calificar de antirreligiosos. El legislador sí tiene el deber de proteger la vida, aunque sea con exceso de celo.
Con distintos énfasis, los tres proyectos que estamos discutiendo apuntan a despenalizar el aborto bajo determinadas circunstancias. Pero todos usan la expresión "aborto terapéutico", que constituye en sí misma una contradicción, porque el aborto implica terminar con la vida de un ser vivo nonato y la palabra "terapéutico" se refiere a la sanación de una persona.
La propia indefinición de lo terapéutico también resulta riesgosa. Lo terapéutico va desde la preservación de la vida hasta la superación de condiciones de estrés. Y entiendo que el propósito de los autores de estas iniciativas es solo evitar la muerte de la madre.
En ninguna de las mociones se fija la edad máxima del feto que puede ser objeto de aborto. No se reconoce que el feto es viable, a juzgar por el consenso médico, a partir de la vigésima segunda semana de gestación o de un peso mínimo de quinientos gramos. Tampoco se puntualizan las afecciones que pueden poner en riesgo la vida de la madre ni las que hacen inviable al feto. No es lo mismo un embarazo ectópico, que la medicina se encuentra en vías de prevenir, que una mola hidatiforme, que aquella no tiene cómo prever y solucionar.
Todos los facultativos que concurrieron a la Comisión de Salud en su calidad de autoridades profesionales y gremiales concordaron en que la práctica médica ya incluye la totalidad de los casos contemplados para el aborto, con excepción del aborto por violación, asunto que deberemos considerar de manera separada, aunque resulta evidente que, con los avances de la medicina, esta causal casi no es significativa, pues la víctima de ese delito tiene acceso a alternativas, como la píldora del día después.
Participaron también en dicho órgano técnico representantes de diversas organizaciones no gubernamentales, a favor y en contra de las iniciativas, pero no en el carácter de médicos. Quienes sí concurrieron en esta calidad señalaron claramente que los proyectos en cuestión son innecesarios, e incluso, que podrían complicar el ejercicio profesional de la medicina en un asunto que ya está resuelto, como es la forma en que se debe o puede intervenir cuando la salud de la mujer embarazada se encuentra en peligro, ya que se introducirían exigencias adicionales a las que ya se cumplen.
Para intervenir en la actualidad, los médicos se amparan en disposiciones del Código Penal, contenidas en el artículo 10, que establecen que, para que exista la condición delictiva en un aborto, quienes lo realizan deben haber actuado con dolo -es decir, en forma maliciosa, deliberada-, lo que no ocurre cuando intentan resguardar la salud de la madre y se produce como efecto no buscado el fallecimiento del feto. Y eso lo acepta incluso la Iglesia católica, a la que algunos ponen como ejemplo máximo de conservadurismo en estas materias.
Adicionalmente, los médicos no cometen el delito de aborto, en razón de que actúan en cumplimiento de un deber durante el ejercicio de su profesión. Y esto también es resguardado por nuestro ordenamiento jurídico, pese a encontrarse establecida de manera explícita la prohibición del aborto.
Todo lo anterior implica que el aborto motivado en la protección del derecho de la vida de la madre ya está resguardado en la práctica. Y las estadísticas respecto a mortalidad materna indican una bajísima incidencia de los embarazos como causa de los decesos.
Es más: en nuestro país nadie ha sido condenado por realizar abortos de ese tipo. De ello dio fe en esta Sala el propio Ministro de Salud, doctor Jaime Mañalich.
Por eso, despenalizar la interrupción del embarazo -eufemismo para referirse al aborto- parece un ejercicio pirotécnico, destinado más a aparecer ante la ciudadanía como representantes del progresismo -mal entendido, por cierto- y a dejarnos a quienes defendemos la vida como conservadores retrógrados.
Veamos las causales que se proponen.
En primer término, la necesidad de realizar un procedimiento médico que salve la vida de la madre, de lo cual se derivaría el aborto, sea porque la mantención del feto resulta incompatible con un tratamiento o porque el mismo feto provoca la enfermedad.
Las estadísticas demuestran que Chile registra una de las tasas de mortalidad materna más bajas de Latinoamérica: menos de cuarenta casos anuales; entre 0,8 y 1,6 cada 100 mil nacidos vivos. Casi ninguno de ellos se hubiese salvado con una ley sobre aborto terapéutico, porque, como ya lo dijimos, sí se realizan las interrupciones del embarazo bajo la figura del aborto indirecto.
De hecho, desde que en 1989 se eliminó el aborto terapéutico, establecido por el Código Sanitario desde 1931, no ha habido una variación relevante en las cifras de muerte de las madres.
En tal sentido, el doctor Elard Koch, Director de Investigación del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Chile, explicó con toda claridad en la Comisión de Salud que el aborto, causa dominante de la mortalidad materna en las últimas décadas, redujo su incidencia de modo ostensible, pues en la actualidad las principales causas de muerte entre las madres -los índices son bajos- se relacionan con el embarazo ectópico, con la eclampsia.
Lo anterior permite afirmar que la aprobación de una ley sobre aborto terapéutico no evitaría la ocurrencia de casos de muerte materna.
Por el contrario, si se proyecta lo que podría suceder en nuestro país con la aprobación de estas iniciativas, de acuerdo a la experiencia europea, sería esperable que el número de abortos en los próximos años aumentara de modo considerable.
Otra causal para el aborto terapéutico -se nos dice- es el embarazo producto de una violación. Al respecto, basta con decir que un estudio realizado en los Estados Unidos confirmó que solo el 0,6 por ciento de los casos de violación derivó en un embarazo.
El Ministro señor Mañalich ha expresado que se entregan anualmente 45 mil dosis de anticonceptivos de emergencia. La tercera parte de esa cifra corresponde al número de egresos hospitalarios asociados a abortos. También nos ha informado que el 30 por ciento de estos últimos en Cuba, país que ha optado por permitirlos como parte de su política de control de la natalidad, redundan en condiciones permanentes de esterilidad. No se puede afirmar, entonces, que las políticas públicas que se han venido desarrollando en Chile no estén ayudando a prevenir los problemas.
Por lo demás, todas las personas tienen a su disposición la píldora del día después.
Con toda honestidad, no creo que esta sea una causal responsable.
Digamos, además, que nadie se ha detenido a considerar el daño psicológico que cargan ¡para toda la vida! quienes se han realizado un aborto. Los proyectos en discusión no incluyen ninguna medida de apoyo a esas personas, que arrastran un sentimiento de culpa terrible.
Y no se trata solo de la madre. También lo experimentan el padre, que ni siquiera es consultado, en ocasiones, acerca de si está de acuerdo con interrumpir el embarazo de su propio hijo, y todo el círculo familiar y social que vive, junto con la mujer, el proceso de renuncia de la vida en nombre de quien solo tiene como defensora a su misma progenitora.
Se nos señala que somos uno de los últimos países del mundo en mantener la prohibición del aborto. No todo lo moderno es necesariamente bueno. No todo lo que hacen los demás sería positivo para Chile. Tenemos nuestros valores y convicciones y es sobre esa base que debemos tomar decisiones, sin asumir como propio lo imperante en otros Estados en los que, junto con el aborto, se registran también más suicidios, más violencia, más odio y mucha más infelicidad.
¡Chile entero sería retrógrado, entonces, porque nuestra Constitución establece la protección del derecho a la vida de todos, incluido el que está por nacer, como se constata en el Nº 1 de su artículo 19!
Y otro tanto expresan los instrumentos internacionales que hemos suscrito. Lo señala así tajantemente el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica", aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos realizada en 1969, norma que reconoce el derecho de toda persona a que se respete su vida, a partir del momento de la concepción. Ello fue ratificado mediante el decreto Nº 873, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en 1991.
No fue la dictadura la que fijó tales compromisos: fue nuestra democracia. Y antes de despenalizar el aborto sería preciso modificar todas esas disposiciones.
Estamos equivocando el foco de nuestra atención.
Si se trata de proteger la vida, debemos ser congruentes con nuestras posiciones. Y, por eso, junto con los Senadores señor Patricio Walker, señora Alvear y señores Zaldívar y Ruiz-Esquide presentamos el 5 de octubre próximo pasado un proyecto de ley para consagrar la obligación del Estado de acompañar y apoyar a familias que enfrenten la difícil prueba de que el niño que esperan padezca de alguna malformación congénita, desde la concepción hasta su nacimiento. El Ministro de Salud ha expresado en la Sala su respaldo a la iniciativa, de modo que espero que podamos avanzar con rapidez en su aprobación e implementación. Si se dice que prohibir el aborto se traduce en una carga impuesta a la madre, es deber del Estado contribuir a que el proceso sea lo menos dramático posible.
Por otra parte, si lo que quieren discutir es el aborto por la simple voluntad de la mujer, díganlo. Si quieren decidir que la persona tiene derechos solo al momento de nacer, díganlo. Pero no busquemos atajos, y menos si son confusos y se encuentran mal concebidos.
Todos hemos manifestado que nuestra primera preocupación es el derecho de la madre a la vida. Estamos de acuerdo al respecto, pero no en la forma de protegerlo, sobre todo cuando ello significa ignorar los derechos de otros.
Sería mucho más eficiente, desde el punto de vista del resguardo de los derechos de las personas, concentrar nuestras energías en mejorar aún más la educación sexual de los chilenos, especialmente de la juventud. Si hombres y mujeres supieran mejor cómo prevenir los embarazos en lugar de causar la muerte de un ser ya vivo e indefenso, daríamos un gran paso en la madurez de nuestra sociedad.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, deseo exponerle a la Sala que mi voluntad de presentar uno de los proyectos en estudio, con el propósito de interrumpir un embarazo por razones terapéuticas y proteger la vida de la madre, no obedeció en ningún momento a un "eufemismo pirotécnico", como se acaba de señalar en el debate. Quisiera rechazar enfáticamente tal imputación ofensiva para el ánimo con el que he participado en esta reflexión y con el cual la discusión se ha llevado hasta ahora.
Me llama profundamente la atención que se manifiesten ardientes raciocinios en contra de la iniciativa, expresándose un rechazo al aborto y una enfervorizada idea de defensa de la vida de la mujer, y que se asevere, segundos después, que su contenido no es necesario por haberse legislado sobre la materia hace poco tiempo y existir ya el aborto terapéutico en nuestro ordenamiento. ¡Qué extraña pirueta argumental se observa en el discurso de algunos Honorables colegas: un calor -que envidio y respeto- y una pasión para razonar en contra del texto y luego llegar a la conclusión de que este, en realidad, no se requiere por decir relación con algo que ya se contempla!
Es decir, la idea de oponerse pareciera que sí obedece, en ese caso, a motivos de exposición mediática y no al problema de fondo, porque si se creyese efectivamente en lo que se está planteando no cabría desprender, a renglón seguido, que no se necesita el proyecto.
En tal sentido, quisiera destacar que los que así reflexionan se encuentran profundamente equivocados. No hemos presentado la iniciativa por un capricho, sino por abrigar el convencimiento absoluto de que el derecho a la vida de la mujer debe ser lo principal en nuestra legislación y de que actualmente esta no lo sitúa en ese nivel.
No necesito ser abogado, señor Presidente, para saber que el artículo 344 del Código Penal sanciona la interrupción del embarazo...
El señor CHAHUÁN.- Cuando es maliciosa.
El señor ESCALONA.- ... y que, precisamente por ese motivo, existió durante más de un cuarto de siglo la disposición del Código Sanitario que mi proyecto de ley busca restablecer.
Porque quisiera consignar que dos Administraciones democráticas: la de Eduardo Frei Montalva y la de Salvador Allende, llevaron adelante y respetaron ese ordenamiento jurídico y que la normalidad del Estado de Derecho fue perfectamente compatible con este, y que después, durante 16 años de régimen dictatorial, la norma se mantuvo enteramente vigente.
Algunos de los Honorables colegas que contradicen mi iniciativa me acusan, en su argumentación, de no cautelar debidamente el derecho a la vida, habiendo considerado incluso uno de ellos que el texto se traducirá, simplemente, en matar a un ser humano, según consta en la Versión Oficial de las intervenciones precedentes. Esto se expresó de esa manera y con tal grado de rudeza en el razonamiento. Como estas personas fueron funcionarias del régimen dictatorial, que mantuvo vigente durante 16 años la norma legal a que hice referencia, ¿significa que en ese período era lícito que ella existiera en el Código Sanitario? ¿Bajo el régimen dictatorial la disposición no implicaba "matar"? ¿En el régimen dictatorial, por lo tanto, sí se podía cometer un "asesinato", como dicen mis contradictores?
Entonces, señor Presidente, reclamo un mínimo de coherencia en la argumentación.
Lo que ocurrió fue que el país, efectivamente, durante 25 años -¡más de un cuarto de siglo!-, se rigió por una legislación que hacía suya la protección del derecho a la vida de la mujer, como cuestión fundamental, sin contemplarse una sanción penal para la interrupción de un embarazo que lo pusiera en peligro. Es decir, ese derecho ocupaba el centro de la disposición jurídica vigente.
Sin embargo, las circunstancias existentes en Chile posibilitaron que en 1989, cuando se acercaba el momento en que el régimen dictatorial debía dejar la escena, se eliminara del Código Sanitario la norma que mi proyecto de ley, no por casualidad, busca restablecer de manera textual. Ello obedeció precisamente a que los sectores ultraconservadores representados en dicho régimen no contemplaban la protección de la vida de la mujer como cuestión central de su idea de Estado de Derecho. Utilizándose la potestad que derivaba de que el Poder Legislativo estuviese constituido por los cuatro miembros de la Junta Militar, se procedió a legislar, dejándose la herencia de la normativa actual, que viene a ser, en los hechos, la puerta de entrada a la más vergonzosa proliferación del aborto clandestino.
Porque, independientemente de que lo haya dicho acá el señor Ministro de Salud y de que también lo expresara el señor Presidente de la República, en Chile no hay autoridad alguna, sea cual fuere su investidura, que se encuentre por encima de la Constitución y la ley, y, en consecuencia, tampoco están los médicos por sobre el artículo del Código Penal que sanciona la interrupción de un embarazo aun ante el riesgo de muerte de la mujer.
¡No existe un protocolo médico en la materia! ¡Esa es una profunda falsedad! ¡Eso es mentir y engañar! ¡Ninguna autoridad se halla por encima de la Constitución y la ley!
Por lo tanto, señor Presidente, cuando sometimos nuestra iniciativa a la consideración del Congreso Nacional, hace ya algunos años, lo hicimos con la intención de resolver la perversión que se instaló, como un presente griego -es decir, como una pésima herencia para la democracia que se restablecía en 1990-, en la legislación dictada en 1989. Y ese es, en realidad, el centro del proyecto de ley.
Reitero que me llama profundamente la atención que el gran argumento que se ha esgrimido, de entre aquellos de carácter racional con los cuales se puede dialogar y no de aquellos que se sostienen en un fanatismo irracional, sea el de insistir en que la normativa en estudio no es necesaria después de alegar apasionadamente en contra. Es decir, primero se aduce que estamos en contra de la vida para luego decir: "En verdad, la iniciativa no se requiere, porque se trata de algo que la legislación actual ya permite".
¡Esos son los contrasentidos profundos del sistema político que hemos heredado y que originan la disociación de la opinión pública respecto de este, por la incoherencia insalvable que se genera en los razonamientos!
Porque, en definitiva, no se obliga a ninguna persona, a diferencia de lo sostenido en intervenciones precedentes. El Estado no le va a arrebatar a nadie la vida del que está por nacer. Lo que se propone es que, ante el peligro para la vida de la mujer, autorice para que esta se proteja, como lo fundamental.
Se miente, en consecuencia, al expresar que se plantea una política abortista. Se engaña al país y se distorsiona, de mala fe, el razonamiento de quienes hemos llevado adelante la iniciativa.
Por eso, pido al Senado que la respalde y la vote en su mérito.
Serán múltiples las vidas de mujeres carentes hoy de protección que sí la obtendrán en el futuro si no se opera en la Sala con la irracionalidad de una argumentación que, en el fondo, no se reconoce, pero que, en última instancia, es la que justifica un rechazo a ultranza de lo que planteamos, al anteponerse la convicción religiosa a las obligaciones de un Estado laico.
Es el Estado el que debe respetar y cautelar las convicciones de todos.
Es al Estado laico al que le corresponde proteger la vida de cuantos forman parte de la comunidad.
Es al Estado laico al que le corresponde promover el bien común.
No hay ninguna razón ni excusa para imponerle al Estado laico las concepciones de la fe. Y eso no significa negarlas, ni reemplazarlas, ni violarlas, sino respetarlas. Pero también es preciso respetar las de quien considera que es deber prioritario del Estado asegurar la vida de todos sus hijos, sobre todo cuando ella se encuentra amenazada en el caso de una mujer cuyo embarazo le puede causar la muerte.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Deseo recordarles a quienes nos acompañan desde las tribunas que tenemos un Reglamento. Y el Presidente, el Senador señor Escalona, ha explicado sus disposiciones respecto a las manifestaciones a favor o en contra.
La discusión no ha concluido. Por tanto, les pido que respeten tales normas a fin de hacer posible la intervención de los parlamentarios en uno u otro sentido, sin problemas. De ser así, podremos continuar este debate abierto con la presencia de ustedes.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, tal como lo expresé durante la tramitación en la Comisión de Salud, rechazo las tres mociones que tienen por objeto la despenalización de la interrupción del embarazo. Estas dieron inicio a los tres proyectos que he solicitado refundir en uno solo, y en consecuencia, se requiere el pronunciamiento de la Sala sobre ese acuerdo del órgano técnico.
Fundamento mi oposición en las razones que expongo a continuación.
Se nos han presentado -como señalé- tres iniciativas de ley, que establecen una multiplicidad de figuras que es necesario aclarar.
La introducción del mal llamado "aborto terapéutico" en nuestra legislación conlleva inevitablemente el riesgo de que termine incluyéndose todo aborto provocado, como ha ocurrido en otros países.
Tradicionalmente, se ha definido al aborto como la interrupción del embarazo con la consecuencia de la muerte del producto de la concepción, sea este viable o no.
En tal sentido, debemos hacer algunas distinciones con motivo de las múltiples confusiones que contienen esos tres proyectos.
Nos referiremos derechamente al aborto procurado o provocado, que es el acto destinado a poner fin al embarazo con el propósito de que el ser en gestación, ya sea en la etapa embrionaria o fetal, deje de vivir.
De este modo, tenemos el conocido "aborto libre", que corresponde al realizado bajo el supuesto derecho que tendría la mujer para interrumpir su embarazo, invocando cualquier razón, con la consecuente eliminación del fruto de la concepción.
El denominado "aborto eugenésico", que se realiza con la intención de eliminar el feto cuando se pueda predecir con probabilidad o certeza que nacerá con un defecto o una enfermedad.
Por su parte, también existe el mal llamado "aborto por razón de honor", destinado a provocar la muerte del embrión o feto en gestación cuando es producto de alguna agresión sexual o relación incestuosa.
Y tenemos el mal denominado "aborto terapéutico", que es la interrupción del embarazo con el fin de recuperar la salud de la madre, ya que se busca la muerte del embrión o del feto como medio para lograr la salud materna. Sus defensores consideran que se trata de un aborto que persigue como fin alcanzar un bien, consistente en la preservación de la vida o la salud de la madre. Sin embargo, el concepto "salud de la madre" tuvo ya en nuestro país una interpretación extensiva al hacerle aplicable la definición dada por la Organización Mundial de la Salud, es decir, la salud física, psíquica y hasta estética de la mujer.
En cuanto a la denominación "terapéutico", creemos que aquí hay un contrasentido, porque esta expresión dice relación con aquella parte de la medicina que nos enseña los preceptos y los tratamientos de las enfermedades, y este aborto -que es provocado- priva de la vida a un inocente. De modo que no existe una terapia propiamente tal, de acuerdo a las normas de la lex artis médica.
Otra cosa distinta es la muerte fetal que resulta de una acción impostergable de carácter estrictamente médico en la madre, con el fin de salvaguardar su salud o su vida, y que trae como consecuencia no deseada ni buscada -esto faltó en la exposición del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- la muerte del feto. O sea, es el resultado de una terapia, de una acción moralmente buena, a la cual se le denomina "aborto indirecto".
La aplicación de una terapia a la madre con resultado de aborto indirecto puede ser considerada una conducta carente de tipicidad, por ausencia de dolo, o ser calificada como justificada por la causal de obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de una profesión, mas no por la de legítima defensa o por el estado de necesidad, que no se compadecen con la vulneración de la vida de un ser en gestación.
De esta forma, al quedar amparada por el Derecho aquella situación, que consideramos la única compatible con la condición de las que parecen inmersas en el llamado "aborto terapéutico", es claro que no existe justificación o razón alguna para pretender reintroducir la figura del aborto terapéutico en Chile. Ello constituiría la puerta de entrada para una lenta, pero persistente legislación en todo tipo de abortos y para desarrollar el más flagrante atentado contra uno de los pilares fundamentales del orden constitucional chileno: la vida de la persona humana.
El feto adquiere el estatus de paciente para el médico, lo que, por cierto, descarta como lícita cualquier interrupción del embarazo con la intención de eliminar un feto enfermo o con probabilidades de estarlo. Ello constituiría -como ya lo hemos señalado- un aborto eugenésico, porque el embrión es un ser vivo y, como tal, con dignidad, igual en valor, único e irrepetible desde el momento mismo de la fecundación, ya que desarrolla incipientemente un ciclo vital con una individualidad genética que lo hace miembro de la especie humana.
El derecho a la vida implica entregarle a la ley la protección del que está por nacer. Y, por tanto, se elimina toda opción de acción abortiva, tanto eutanásica como eugenésica.
También se han mencionado argumentos desde la perspectiva legal, constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes.
En tal sentido, debe entenderse la consagración del derecho a la vida como el primero y el más fundamental de los derechos, lo que hace que el aborto sea absolutamente ilícito, ya que la Carta Fundamental establece en su artículo 19, N° 1°, que "La ley protege la vida del que está por nacer". Y tal disposición no es sino un reflejo de la norma contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el "Pacto de San José de Costa Rica", del cual nuestro país es signatario, cuyo artículo 4, N° 1, estatuye: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
A partir de esa declaración se debe concluir que para nuestro ordenamiento constitucional, plenamente respetuoso de los compromisos internacionales que ha suscrito, la vida debe protegerse desde la concepción y no desde el nacimiento.
En tal virtud, el mal llamado "aborto terapéutico", de ninguna manera puede ser validado por el Derecho, ya que constituye una conducta delictiva y dolosa en contra de la vida de un ser en gestación, aun cuando se pretenda justificarla en que el embarazo sería atentatorio para la vida o la salud de la madre.
En suma, al negarle al niño que está por nacer su condición de persona, subordinando su derecho a la vida y a la integridad física a los derechos de su madre, enfrentamos un ilícito penal que, además, resulta incompatible con los principios consagrados en nuestra Carta Magna, ya que en virtud de su artículo 5° es plenamente vigente en nuestro país -como se determina en forma expresa- que "Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
Nuestro Código Penal tipifica y sanciona el delito de aborto entre sus artículos 342 y 345. Pero esta conducta no se encuentra contenida en el título correspondiente a los delitos contra las personas, sino en el relativo a los contrarios al orden de las familias. Ello demuestra una falta de definición del legislador en materia penal respecto al concepto de "persona", lo cual fue reparado por el constituyente en la actual Carta Fundamental.
Tal como lo manifesté en la Comisión de Salud, tanto nuestro ordenamiento constitucional como la legislación nacional, e incluso, el Código Ético del Colegio Médico, propenden a la defensa de la vida desde el momento mismo de la concepción, reconociendo al que está por nacer como un ser único e irrepetible.
Soy un ferviente partidario de la vida, desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural. Los casos en que procedería una interrupción del embarazo, erróneamente denominado "aborto terapéutico", ya están plenamente resueltos por la lex artis médica.
El aborto nunca podrá producir un bien; no tiene efectos terapéuticos. En la mayoría de los casos previstos en las mociones en discusión como causales para proceder a su realización se trata de una mera eugenesia.
Ante la contradicción entre los derechos del que está por nacer y los reproductivos de la mujer siempre debe primar, a mi juicio, el derecho basal sobre el cual se construyen todos los demás. Y este no es otro que el derecho a la vida.
Clarifico que en esta materia no sufro una confusión entre Derecho y Moral, ni prima en mi juicio la religión que profeso. La defensa de los derechos del que se halla por nacer es también una defensa de los derechos humanos elementales. Se trata de los actualmente denominados "derechos de cuarta generación". Es una señal de progresismo, de un Estado liberal, el reconocer que los derechos de una persona terminan cuando comienzan los de otra.
El valor de la vida humana se ha ido acrecentando con el transcurso del tiempo. Y el grado de desarrollo de un país no se relaciona con la eventual consagración del aborto en su legislación, sino con la forma en que la sociedad se hace cargo de las personas en situación de vulnerabilidad.
En tal sentido, es importante abrir la discusión sobre otros temas, como la falta de atención psicológica o de apoyo para las madres y el abandono en que quedan las criaturas que nacen con dificultades, las que no tienen prioridad para obtener atención médica adecuada en el sistema público de salud.
Por ello, nosotros vamos a apoyar firmemente el proyecto presentado	por el Senador Patricio Walker, porque creemos que va en la dirección indicada, de manera de cumplir con el deber de acompañamiento de la sociedad civil, del Estado respecto de personas que enfrentan situaciones difíciles.
En las tribunas está Karen Espíndola. Ella sufrió el abandono completo del sistema. No solamente no pudo obtener las horas médicas necesarias para que su hijo, a quien conocí, pudiera ser atendido con prontitud. Ni siquiera el sistema público le garantizó que sus licencias médicas fueran cursadas a tiempo, y tuvo que dejar su empleo. Sufrió el abandono completo del sistema. ¡Eso no puede volver a ocurrir!
En lo que respecta a los abortos eugenésicos, en mi concepto el derecho a la vida no admite excepciones. Si se considera la posibilidad de errores en el diagnóstico perinatal, la eventual ampliación de esta causal podría alcanzar a extremos tales como los que se dan en el Reino Unido, donde se extiende el aborto a niños con síndrome de Down u otras afecciones de similar naturaleza, o incluso a la selección del sexo del que está por nacer.
Lo que se persigue en virtud de lo que planteamos es proteger al embrión humano no como se ha dicho en este debate -incluso por Senadores de mi bancada-, como una "persona potencial", sino como una persona actual dotada de un potencial para su evolución y su desarrollo.
Por eso, hemos presentado varias iniciativas de ley en la Cámara de Diputados para los efectos de que se reconozca también el estatuto jurídico del embrión.
Señor Presidente, Honorables colegas, nosotros, como legisladores, no podemos aceptar que bajo pretextos médicos se cometan abortos, aun cuando se los califique de "terapéuticos".
En consecuencia, todas estas consideraciones me hacen ratificar mi voto en contra de la idea de legislar sobre este importante asunto, ya que su aprobación significaría legitimar un atentado contra nuestra Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos, pero fundamentalmente contra seres humanos, contra chilenos que se hallan en el vientre de sus madres. Dichos textos consagran la protección de la vida del que está por nacer no solo como un derecho fundamental, sino como un mandato que debemos cumplir en forma irrestricta.
Y no puedo terminar mi intervención sin citar las palabras de un Presidente valiente, don Tabaré Vázquez, cuando vetó el aborto en Uruguay. Este médico de profesión señaló: "Si los derechos son la ética de la democracia, la vida de todos es el bien primero por el que deben velar los gobiernos".
Por tales consideraciones, anuncio mi voto en contra de estos proyectos.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Ministro de Salud, don Jaime Mañalich.
El señor MAÑALICH (Ministro de Salud).- Muy buenas tardes.
Como se ha señalado, llevamos varias sesiones muy intensas en las que, básicamente, se están discutiendo dos principios de extraordinaria validez en cualquier asunto público que enfrentemos: uno es el principio de autonomía o de libertad de decisión de las personas en toda materia que afecte a su vida privada, y el otro, los límites a esa libertad o autonomía.
Tal conflicto pasa prácticamente por todos los debates que sostengamos respecto a cualquier iniciativa. Por ejemplo, cuando enviamos al Parlamento -perdónenme que vulgarice, dada la importancia del tema que estamos tratando- el proyecto para prohibir fumar en espacios públicos cerrados, en la práctica abordamos el mismo tipo de conflicto que ahora analizamos: hasta dónde llega la autonomía de las personas. Y, por otra parte, ¿dónde empieza el derecho del Estado para inhibir que quienes han consumido grandes cantidades de alcohol conduzcan un vehículo motorizado y dañen la libertad de terceros, matándolos, una noche de sábado en Santiago o en cualquier ciudad del país?
Es difícil entender, dadas las argumentaciones tan diversas que aquí se han hecho valer, de qué hablamos en realidad. Y quiero ilustrarlo con el ejemplo mencionado por un Senador que me antecedió.
A pesar de que la moción parlamentaria presentada por él y que ahora se discute acá tiene que ver con el llamado "aborto terapéutico" -esto es, con la interrupción del embarazo como resultado de una atención de salud destinada a preservar la vida de la madre, que produce la muerte o pérdida del feto-, ese Senador usó como argumento que en Chile existe un número gigantesco de abortos clandestinos.
Pero eso no tiene nada que ver con la indicación cuya presentación él mismo anunció, porque en ningún momento ella se refiere a un combate, a una legitimización o a un traslado al sector público de esa "enorme" -según él- cantidad de abortos clandestinos que se produciría en este país. Se citan estadísticas, una y otra vez, muy fantasiosas, sobre ese punto, pero hay que decir, con entera veracidad, que hoy día no tenemos la más remota idea del número de abortos clandestinos cruentos que se practican en nuestra nación.
Si así fuera, se trataría, en realidad, de una indicación que crea en el sistema de salud público chileno una nueva prestación: el aborto. Vale decir, se estaría legislando en el Senado para establecer, a través de esta reforma al Código Sanitario, una prestación arancelada en FONASA -llevándolo al extremo- que implicaría ingresar al sistema público 30 mil abortos clandestinos, si tomáramos como cierto el número que mencionó un ex Ministro en un medio de comunicación hoy día en la mañana. Por tanto, esa indicación, iniciada aquí, generaría un costo para la salud pública superior a los 40 mil millones de pesos.
Ustedes entenderán adónde iría a terminar ese argumento una vez que se discutiera con mayor profundidad esa indicación.
Se ha dicho acá que aquellas personas -entre quienes me inscribo, como representante del Gobierno del Presidente Piñera- que creemos que no es una buena idea aprobar cualquiera de las tres mociones que aquí se han traído a debate...
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- ¡Silencio, por favor!
El señor MAÑALICH (Ministro de Salud).- ... estaríamos absolutamente cegadas y contaminadas por una forma de mirar la vida indicada por sacerdotes, papas, encíclicas, y que lo que hacemos es ser obedientes a esas orientaciones.
En mi caso particular, por lo menos, quiero señalar que eso es completamente ajeno a la realidad. Nuestra moral occidental, de la que algún Senador en la sesión pasada renegaba como obsoleta, en realidad se estructura esencialmente en el pensamiento de un filósofo alemán, Inmanuel Kant, quien dice, como imperativo categórico, que no queremos que tú hagas a otros aquello que no quieres que hagan contigo. Ese es el principio moral, no católico, no religioso, que anima hoy día a toda la cultura occidental, marxismo incluido.
Cuando se habla de abortos -y doy excusas por reiterar lo dicho-, debo aclarar que hay cinco formas de interrupción del embarazo: el aborto libre -es decir, cuando la mujer o su pareja pide el procedimiento-, el eugenésico, el selectivo, el ético y el terapéutico.
No discutiré acerca del aborto libre o de libre demanda, porque no parece ser algo sobre lo cual el Senado quiera legislar.
En lo que concierne al aborto selectivo, cabe citar el caso mencionado acá en cuanto a que en un país donde esta fórmula se halle autorizada frente a un embarazo múltiple de cinco niños, se considera que la madre corre el riesgo de lo que eufemísticamente se llama una "reducción embrionaria"; o sea, eliminar dos o tres fetos en el vientre materno con el fin de darle la posibilidad de un embarazo saludable, sin riesgos, del cual nazcan un máximo de dos o tres niños.
Ese tipo de aborto reductivo o selectivo tampoco se encuentra en discusión en el Parlamento.
En cuanto al aborto ético (vale decir, aquel que busca terminar con un embarazo producto de un delito, sobre todo de una violación), pienso que en Chile estamos en un muy buen pie para garantizar que todo riesgo de embarazo resultante de una violación está cautelado por el Estado, en el sentido de no inhibirlo. Por ello debemos dar tiempo a la legislación recientemente aprobada por el Congreso Nacional que pone a disposición de las mujeres en los servicios de urgencia del país el anticonceptivo de emergencia.
En lo relativo al aborto eugenésico, efectivamente -como se ha expresado en la Sala- hasta hoy existen condiciones para hacer predecibles determinadas malformaciones fetales incompatibles con la vida.
El Senador señor Zaldívar hizo una observación muy interesante -debo reconocerlo- que nos llevaría necesariamente a una modificación del Código Penal y no al Sanitario. Porque si se entiende por aborto aquel embarazo que termina, espontáneamente o por acción de terceros, después de las 22 semanas de gestación, por definición legal, ya no nos encontraríamos frente a un aborto.
Por ello -insisto-, habría que hacer una pequeña modificación al Código Penal, con el objeto de que no se entienda sancionada la figura de poner término a un embarazo con un feto anencefálico a las 24 o 26 semanas porque la madre decide no seguir adelante.
Esa no es materia del Código Sanitario. De hecho, en nuestro país ocurren muchos casos en que, tras la discusión ética entre médico y paciente, esos embarazos se terminan anticipadamente porque se considera la inviabilidad fetal. Y, efectivamente, no se produjo aborto en la clínica de la Universidad Católica, cuando hace pocas semanas se interrumpió un embarazo a las 22 semanas de gestación, ya que la mujer iba a fallecer a raíz de una falla hepática fulminante.
Sin embargo, a nadie se le ocurriría sostener que en ese caso hubo aborto.
Avalamos completamente la moción de algunos señores Senadores a través de la cual se pretende impulsar -la llamaré así- "una ley de acompañamiento". De hecho, en este momento estamos valorizando en la Dirección de Presupuestos cuál sería el costo de una iniciativa legal para cubrir los 300 o 500 casos de mujeres -podremos aproximarnos a un número exacto más adelante- que necesitan asesoría durante su embarazo y, eventualmente, en los tres meses siguientes al parto, como sugiere el proyecto de diversos señores Senadores, liderados específicamente por el Senador señor Patricio Walker.
Respecto del aborto terapéutico, cabe hacer presente que las condiciones de riesgo materno cada vez son menores como consecuencia de una enfermedad metabólica materna muy severa (diabetes descompensada, etcétera), un síndrome hipertensivo del embarazo, insuficiencia renal grave o en el caso de una paciente trasplantada y que, por haberse embarazado, da lugar a un rechazo agudo que obliga a tratarla. Pero, en definitiva, se trata de circunstancias que se cuentan con los dedos de las manos.
Por otra parte, se ha argumentado aquí que restablecer una ley abolida por cualquier circunstancia es una buena idea. Ese planteamiento me parece extraordinariamente débil. Sostener que ya que abolimos la pena de muerte ahora es necesario reponerla porque estamos a tiempo para hacerlo -es decir, detenerse o no seguir adelante con la ley vigente-, es algo muy pobre desde el punto de vista moral e intelectual.
La ley vigente protege los derechos del que está por nacer y de la madre por igual, sin dar preferencia a ninguno de los dos. En el caso de riesgo de muerte para la mujer, los médicos saben claramente qué hacer.
Por último, la idea de que los proyectos de ley en debate podrían dar cabida -lo digo muy respetuosamente- a una suerte de indicación que cambie la semántica de los mismos; es decir, por un asunto de lenguaje, lo que hoy se entiende por aborto o lo que, desde el punto de vista terapéutico, en las bibliotecas médicas y en los tratados de ginecología, se conoce por "interrupción del embarazo" antes de que el feto sea viable, ya no sería lo mismo por una cuestión terminológica. Eso es lo mismo que dijéramos, citando nuevamente el ejemplo anterior, que en Chile ya no se hablaría de la pena de muerte, sino, por un sistema legal, de "interrupción de la vida en casos calificados".
¡Por favor! ¡Está bueno de gimnasia legislativa y de parecer lo que no somos! Pero, en aras de la honestidad con nosotros mismos, la interrupción del embarazo, antes de la viabilidad fetal, es aborto y así se llama en todas partes del planeta.
En ese contexto, la postura de algunos señores Senadores de aprobar, en un buen gesto de carácter político, la moción presentada por el actual Presidente del Senado para después introducirle una indicación sustitutiva que, teóricamente, la Derecha respaldaría, me parece una utopía completa.
¡Hablemos francamente! ¡Digamos las cosas por su nombre! ¡De lo que estamos hablando es de aborto!
Señor Presidente, termino diciendo que el escenario que enfrentan hoy día los médicos en Chile no es ese.
En este contexto, desde el punto de vista estrictamente técnico-médico, debo insistir en que hoy día no es necesario legislar sobre esta materia y, si lo hacemos, debemos endurecer la persecución del aborto y la de la anticoncepción que se vende por Internet.
Por lo tanto, tendremos que hacer una enorme cantidad de cosas, generando un gasto público que, en definitiva, convierten a estos proyectos probablemente en inadmisibles en su origen, dado que requieren presupuesto fiscal para llevarse a cabo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego a las personas que se hallan en las tribunas guardar silencio.
El señor BIANCHI.- Podríamos abrir la votación, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, del mismo modo que me preocuparon las declaraciones del Ministro señor Chadwick cuando dijo que el Gobierno estaba sin condiciones a favor de la vida del hijo y de la madre, creo que el Ministro señor Mañalich, tal vez, no fue explícito cuando se refirió al tipo de acuerdos a que ha llegado sobre estos proyectos.
Al respecto, solo deseo manifestar que las palabras del señor Chadwick son una amenaza velada -ni tanto, porque es abierta-, porque manifestó, además, que si llegara a aprobarse en el Congreso el proyecto de ley de los Honorables señores Escalona o Rossi y de la ex Senadora señora Matthei, primero, los propios parlamentarios podrían recurrir al Tribunal Constitucional en defensa del derecho a la vida; y segundo, que es atribución del Presidente de la República ver si procede o no un veto sobre la iniciativa.
Entonces, quiero saber si estamos discutiendo de verdad este asunto o solo es un ejercicio semántico. Porque, si el Gobierno va a proceder al veto -en caso de aprobarse el proyecto- o si los Senadores de Derecha van a recurrir al Tribunal Constitucional -lo han hecho en más de una oportunidad, algunas veces con éxito-, en realidad, no estamos jugando con las adecuadas reglas del juego ni tirando todas las cartas sobre la mesa.
Entiendo que estamos discutiendo un proyecto de ley que tiende a regular y reponer el aborto terapéutico, pero no haciendo un ejercicio para que, luego de ser aprobado, se pueda recurrir al Tribunal Constitucional o que la iniciativa sea objeto de observaciones por parte del Ejecutivo.
Espero que no sea ni lo uno ni lo otro y que estemos debatiendo de verdad la materia a fin de ver si es posible llegar a un acuerdo.
Aquí se está intentando que vuelva a regir una ley que ya existía en Chile. El artículo 119 del Código Sanitario, de 31 de enero de 1968, señalaba: "Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos".
Eso fue hasta 1989; a partir de esa fecha, la ley N° 18.826 calificó la interrupción del embarazo o el aborto terapéutico como delito.
Señor Presidente, la discusión del aborto en el mundo es motivo de polémica. Y, por tanto, a mí no me extraña ni me produce aflicción el que las tribunas tengan dos posiciones tan radicalmente opuestas. El aborto divide a progresistas y conservadores en todo el planeta. El tema genera a veces un debate ficticio entre salvadores y asesinos, entre cristianos y ateos y entre los que tienen fe o no la tienen. En definitiva, provoca pasiones por aludir a un elemento esencial como es la vida. En consecuencia, puedo comprender por qué hay pasión en las tribunas y, también, en la intervención de los parlamentarios.
Me parece que lo procedente es decir que ello no es como argumentó el Senador señor Prokurica: que se termina con la existencia de un ser humano.
Y quiero recordar que yo voté en contra de la pena de muerte porque soy partidario de la vida y de no quitarla a un ser humano. Al discutir el aborto terapéutico y sostener que es para salvar la vida de un ser humano -de la madre o del que está por nacer- implica tomar una decisión compleja, dura, sobre la base de proteger aquella y de no eliminarla. Esto no se refiere a la pena de muerte, sino tomar una decisión compleja en los casos ya descritos.
Ahora bien, pareciera contradictoria la preocupación de la Sala en cuanto a proteger la vida del que está por nacer, en circunstancias de que en el mundo millones de niños la están perdiendo, como sucede en la guerra de Iraq o en África.
Un informe de la ONU da a conocer que cada tres segundos muere un niño en África; o sea, veinte cada minuto. Y según datos de la UNICEF, 4 millones de niños en ese continente pierden la vida anualmente y 9,2 millones de menores de cinco años fallecen en el mundo entero.
Y sobre eso, a veces, actuamos con indiferencia o no emitimos opinión. Lo aceptamos y lo toleramos. Sabemos que mueren de hambre millones de niños en el planeta, particularmente en África. Pareciera que hay un doble estándar o que no rige la misma aplicación, porque la existencia de esos niños también es importante. Sin embargo, ni en nuestro país, ni en el mundo ni en quienes pueden hacerlo -que son los poderosos- le prestan atención al hecho.
Por cierto, algunos poderosos son contrarios al aborto, pero tienen muchos negocios que provocan esas muertes en África.
Respecto de este asunto, más allá del debate ético, hay un problema práctico. Sin ir más lejos, hace unas semanas, en un noticiario de Chilevisión, se presentó el caso de una adolescente de Santiago, de 15 años, paciente del Hospital San Juan de Dios, con 21 semanas de embarazo. Fue informada por su médico tratante acerca de la inviabilidad del feto, porque padecía el síndrome de Potter -significa que no se producirá líquido amniótico-; carecía de vejiga; sufría una cardiopatía grave y sus riñones, además, eran excesivamente pequeños.
El facultativo le dijo a ella que en el momento del parto no sobreviviría. Sin embargo -sobre el particular, recuerdo las palabras del Senador señor Sabag, quien hablaba del impacto psicológico-, hay todo un daño emocional en esa adolescente, quien deberá esperar cuatro meses hasta que llegue el fatídico día del alumbramiento para saber si -como dijo el Senador señor Uriarte, que habló en defensa de los no nacidos- el niño va a vivir. Pero ya está diagnosticado que no será así. Y en este caso, lo que está haciendo la joven y su familia no es cotizar una cuna, sino una urna. ¡Con esa angustia tienen que cargar!
En Chile las encuestas son reveladoras respecto del aborto terapéutico y del aborto en general. Hay una clara mayoría que se inclina por la revisión de la política de salud pública en cuanto al primero. Estoy hablando de la salud pública, porque en nuestro país algunas mujeres mueren o se enferman por abortar; sin embargo, la que dispone de dinero tiene una mejor vida y no corre ningún riesgo.
Seamos claros: aquí no estamos hablando del aborto con riesgo de muerte de aquellas mujeres de la clase acomodada que pueden pagar, las que tienen, obviamente, un buen vivir, sino de aquellas que no cuentan con recursos económicos.
Las estadísticas judiciales sobre casos de aborto son precisas. El 58,7 por ciento se resuelve a través de procedimientos simplificados; el 25,9 por ciento mediante procedimientos abreviados, mientras que solo 7,5 por ciento termina en juicio oral. Al parecer todos prefieren, más que este último, el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque, claramente, existe la convicción de que cuando hay un aborto -que puede ser calificado de no médico-, no es con la intención de quitar una vida, sino más bien de salvarla.
Me gustaría que sobre estos asuntos tuviésemos la posibilidad de realizar un plebiscito vinculante, en el cual se pudiera consultar a la ciudadanía sobre un problema en que están implícitos la fe, la moral, el laicismo, la convicción, porque es un tema país. Pero Chile no tiene ese tipo de consulta. La Constitución no brinda la herramienta para poder preguntar a los ciudadanos. Y, por tanto, el Congreso tiene que asumir su responsabilidad. Y en eso estamos.
Por cierto, no van a estar los votos necesarios para aprobar un proyecto, como el Ministro ha informado. Sin embargo, a lo menos, estamos en su discusión, porque tenemos la convicción de que es necesaria. Cuando no la hemos realizado en otras materias, al país y a su gente les ha ido mal. Y cuando está la vida en juego, el asunto es mucho más preocupante.
Chile tardó cien años en aprobar el divorcio. ¡Cien años! Antes no todos se divorciaban. Los ricos lo podían hacer mediante la nulidad matrimonial. Con dos testigos falsos, se decía que el juez no era el que correspondía al domicilio de los contrayentes, por lo cual se declaraba nulo el vínculo. Y lo raro de ello era que hijos que tenían padre y madre se convertían en "huachos" por nulidad del matrimonio, después de impugnarse el domicilio. Vale decir, después de haberse casado los padres, el matrimonio quedaba nulo, sistema al cual recurrían quienes podían pagar a testigos que perjuraban. En Chile existía tal procedimiento.
Como este es un asunto sobre el cual no tenemos por qué mentir o engañar, pero hay que discutirlo. Y me alegro que lo estemos haciendo.
El Ministro Mañalich ha dicho que no sabemos cuántos abortos clandestinos y cruentos se llevan a cabo en Chile. Tengo en mis manos la encuesta de la FLACSO entre los años 2001 y 2006, que comprende información del Minal: embarazos ectópicos, 21 mil 42; mola hidatiforme, 1.606; otros productos anormales de la concepción, 71 mil 967; abortos espontáneos, 31 mil 595; abortos médicos, 0; otros abortos, 33 mil 296; abortos no especificados, 74 mil 091; intentos fallidos de abortos, 305; complicaciones a consecuencias del aborto, embarazo ectópico o molar, mil 251. Total: 235 mil 153. Estamos hablando de abortos, según informaciones del MINSAL.
Hospitalizaciones por abortos en Chile, según previsión de salud: el FONASA registra 67 por ciento; las isapres, 24 por ciento; particulares, 6 por ciento; otra previsión, 3 por ciento.
Se desconoce la cifra oficial de abortos en nuestro país, dado que su práctica se halla penalizada. Claramente, nadie va a confesar, ni el médico ni la paciente, que ha hecho o se ha practicado un aborto.
Tales cálculos se hicieron sobre la base de información de las causas detalladas de muertes contenidas en el Anuario de Estadísticas Vitales 2000 del INE (Monitoreo/Foro 2004).
Las complicaciones derivadas del aborto clandestino causaron la cuarta parte de las muertes maternas, ubicando el aborto como la primera causa de mortalidad materna en Chile.
¡Esto es lo que tenemos hoy día! ¡Esto es política de salud pública, sobre la cual es necesario intervenir! ¡Y el Ministerio debe intervenir! ¡No puede ignorar las cifras! ¡Estas sí existen!
El Ministro cuestionaba las encuestas. Yo le pido al MINSAL que realice las encuestas del caso y establezca la investigación necesaria, porque es su deber diseñar políticas de salud pública.
La misma FLACSO pregunta: "¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que los pobres están más expuestos a abortos riesgosos?". En Chile el 87,4 por ciento de los consultados está de acuerdo. Por cierto, los pobres son los de mayor riesgo. Lo mismo ocurre en Brasil (78,8 por ciento), en México (72,1 por ciento), en Nicaragua (72 por ciento).
Respecto de la percepción de condiciones de realización de abortos por país, se hicieron las siguientes consultas:
"¿Existe trato digno a las mujeres que abortan?". En Chile, 87,7 por ciento respondió que no. ¡No hay trato digno!
"¿Existe infraestructura necesaria para practicar un aborto?". En Chile, 86,4 por ciento dijo que no.
"¿Existe personal capacitado para realizar el aborto?". En Chile, 82,8 por ciento estima que no lo hay.
Claramente, la ciudadanía se ha expresado.
También se pregunta: "¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que los países debiesen revisar sus leyes respecto al aborto?". En Chile, el 94,4 por ciento está de acuerdo. La gente quiere una revisión de la legislación porque percibe, al vivir en el barrio con su familia, que hay un problema que no es legal, sino moral, de vida o muerte.
Precisamente, discutimos cómo tener una política pública que establezca la interrupción del embarazo cuando se den los casos que hemos señalado. Aunque leí toda la encuesta referida, no estamos hablando de los temas que enumeré, sino de determinadas circunstancias en un embarazo: cuando hay violación; cuando está en peligro la vida de la madre; cuando existe malformación del feto; cuando se produce incesto (familiar o paternal). A esto nos referimos. Estas situaciones son las que debemos regular.
La disposición legal existía en Chile, tal como recordó el Senador Lagos Weber. ¿Quién la derogó? La dictadura. ¡No había Congreso! Hoy tenemos uno para discutir. Y si en 1989 hubiera habido un Parlamento, dicha norma no habría sido derogada. Se habría efectuado un debate muy amplio sobre salud pública.
El Salvador, Nicaragua y Chile son los únicos países que no tienen regulado el aborto terapéutico.
El señor LAGOS.- Y el Vaticano.
El señor NAVARRO.- Y el Vaticano.
En el resto del mundo, incluidas las demás naciones de América Latina, esa materia está regulada. La pregunta es: ¿cuál es el elemento que hace que Chile no haya legislado al respecto? No es que haya existido un debate de política pública. Eso no se ha realizado.
Aprovecho de valorar la oportunidad que nos hemos dado de discutir el tema con todos: con la Derecha, con la Democracia Cristiana, con el progresismo de la Izquierda. Es positivo que podamos abordar el tema para que aflore lo que queremos: una reforma. ¡Ese es el debate!
Señor Presidente, a pesar de que el Ministro anunció que va a haber un acuerdo o una indicación que modificará uno de los proyectos y de que tengo la certeza -dada la discusión sostenida con las bancadas- de que los votos necesarios para aprobarlos no están, quiero decir que este ha sido un debate necesario y que vamos a seguir insistiendo para que el aborto terapéutico en Chile sea regulado y despenalizado, tanto por la vida de la madre como por la del niño.
Quienes estamos a favor de la idea de legislar no somos asesinos, sino personas que quieren que las mujeres que enfrenten condiciones adversas puedan decidir qué hacer en completa libertad.
Voy a votar a favor de las iniciativas. Pero, si no se aprueban, no dejaremos de insistir en ellas, porque tenemos la convicción de que son necesarias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Hemos llegado al término del Orden del Día.
Informo a la Sala que la suma de los minutos de los Senadores que aún no han hecho uso de la palabra, más los de quienes ya intervinieron y no ocuparon todo su tiempo, arroja un total de una hora. Por tanto, mañana tendremos ese tiempo de debate antes de la votación.
El señor LARRAÍN.- ¿Por qué no la abrimos ahora?
El señor ESCALONA (Presidente).- La Mesa no se siente en condiciones de abrir la votación por una razón muy simple: la Comisión entregó tres proyectos respecto de los cuales pronunciarnos. En consecuencia, la Mesa no puede ahora poner en votación ninguna de las iniciativas por separado.
La Sala deberá pronunciarse sobre la materia.
--Queda pendiente la discusión de los proyectos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Vamos a pasar al Tiempo de Votaciones.
Por acuerdo de Comités, se tratará en primer lugar el proyecto de acuerdo relativo a la situación del Senador señor Antonio Horvath.
Boletín N° s1459-12
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Hernán Larraín, José Gómez, Francisco Chahuán, Ricardo Lagos, Jorge Pizarro, Camilo Escalona, Lily Pérez, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Hosaín Sabag y Guido Girardi, sobre respaldo a Honorable señor Antonio Horvath y solicitud de investigación para aclarar hechos y responsabilidades en ataque a vivienda familiar de propiedad del referido señor Senador.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1459-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 6ª, en 3 de abril de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto de acuerdo señala lo siguiente:
"1.- El Senado de la República solidariza y respalda al Senador Antonio Horvath.
"2.- El Senado solicita tanto al Ministerio Público como al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que dentro del ámbito de sus facultades legales, realicen todas y cada una de las acciones que sean necesarias con la finalidad de determinar los autores de las amenazas y atentados sufridos por el Senador Antonio Horvath en términos de que se hagan efectivas las responsabilidades legales, en el contexto de una investigación eficiente, a fondo, y que llegue a resultados concretos a la brevedad, tanto del hecho descrito como de otros de similares características que ocurrieron en la misma madrugada.
"3.- Condena todo tipo de acto de violencia contra cualquier ciudadano, sea autoridad o no, en los términos en que ha sido objeto el Senador Horvath".
Se ruega a los señores Senadores y señoras Senadoras hacer uso de su derecho a votar.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (22 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor ESCALONA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de la Honorable señora Lily Pérez.
Boletín N° s1444-12
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Bianchi, señoras Pérez San Martín y Rincón y señores Cantero, Chahuán, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Kuschel y Walker (don Patricio).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1444-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 92ª, en 31 de enero de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto de acuerdo aborda la necesidad de que el Estado legisle para dar cumplimiento a su obligación de prevenir y rehabilitar en materia de discapacidades y garantizar el pleno ejercicio del derecho de las personas establecidos por la ley N° 20.422.
Su propósito es crear las instituciones necesarias para implementar un sistema de educación, formación y capacitación, y espacios de cuidado y recreación que comprendan las diferentes etapas de desarrollo de las personas discapacitadas o con capacidades distintas.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (20 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Navarro, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Uriarte y Walker (don Patricio).
El señor ESCALONA (Presidente).- Se agrega la intención de voto favorable del Senador señor Carlos Larraín.
Boletín N° s1447-12
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Pizarro, Ruiz-Esquide, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1447-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 93ª, en 31 de enero de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es condenar la muerte en prisión del disidente cubano don Wilmar Villar Mendoza y demandar el cese de la violación de los derechos humanos en Cuba.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (17 votos a favor y 1 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Boletín N° s1452-12
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Gómez y Quintana.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1452-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 95ª, en 7 de marzo de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa tiene por objeto la promoción de acciones por los ministerios sectoriales en el marco del "Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo", establecido por la resolución N° 62/139 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Para tal efecto, sugiere solicitar al Presidente de la República que se instruya a los Ministros que indica para que se promuevan acciones que permitan informar a la comunidad sobre ese trastorno y su precoz diagnóstico.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Escalona, García-Huidobro, Larraín (don Hernán), Navarro, Orpis, Pizarro, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Boletín N° s1453-12
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Navarro, señora Allende y señor Lagos.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1453-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa propone la incorporación de los órganos de la Administración del Estado a la iniciativa denominada "La Hora del Planeta". Para tal efecto, recomienda solicitar al Presidente de la República que se adopten medidas encaminadas a sumarse a esta campaña y mandatar a la Mesa de la Corporación para que se realicen gestiones tendientes a que también el Congreso Nacional pueda hacerlo.
Se ruega a las señoras Senadoras y señores Senadores votar.
El señor CHAHUÁN.- ¡Esto ya pasó! Era en marzo.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo por no alcanzar el quórum de aprobación (9 votos a favor, una abstención y un pareo)
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán, Escalona, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Navarro, Orpis y Uriarte.
El señor ESCALONA (Presidente).- Hago presente que en la Sala hay quórum para adoptar acuerdos.
Boletín N° s1454-12
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Bianchi y quien habla.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1454-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa trata acerca de la capacitación de funcionarios públicos respecto de los objetivos del Programa de Reconocimiento "Tesoros Humanos Vivos" y de las convenciones internacionales sobre Protección y Promoción de la Diversidad y sobre la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
El propósito del proyecto es generar espacios y mecanismos de capacitación de funcionarios públicos y, particularmente, de funcionarios policiales acerca de los contenidos y objetivos del aludido Programa y convenciones internacionales.
Votaron la señora Pérez (doña Lily) y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Navarro, Pizarro, Prokurica, Sabag y Uriarte.
El señor ESCALONA (Presidente).- No hay quórum para adoptar acuerdos. Por lo tanto, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que informe sobre FUENTES DE CAPTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE EMPRESA SANITARIA AGUAS CHAÑAR S.A., REGIÓN DE ATACAMA, y al señor Ministro de Salud, para que proporcione antecedentes acerca de MEDIDAS ANTE MALOS OLORES EN FREIRINA POR PLANTA DE AGROSUPER.
Al señor Ministro de Educación y al señor Contralor General de la República, con el objeto de que se informe en relación con MOTIVO DE NO PAGO DE REAJUSTE A TRABAJADORES DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.
A los señores Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, y a los señores Tesorero General de la República y Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, solicitándoles OTORGAMIENTO DE FACILIDADES PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ECONÓMICOS EN REGIÓN DE AYSÉN.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, pidiéndole información sobre COSTO PARA CARABINEROS DE CHILE POR PROTECCIÓN DE CENTRAL BOCAMINA, COMUNA DE CORONEL; al señor Ministro de Relaciones Exteriores, requiriéndole antecedentes respecto de COMPROMISOS Y CONDICIONES PACTADOS CON OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL (ESO) O UNIÓN EUROPEA PARA INSTALACIÓN DE OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS EN CHILE; al señor Ministro de Educación, para que informe acerca de ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOBRE ALTERNATIVAS A SISTEMA DE BECAS Y CRÉDITOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR; al señor Ministro de Justicia, a fin de que remita antecedentes relativos a DISPONIBILIDAD DE ESTATUTOS TIPO PARA CORPORACIONES Y FUNDACIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTENIDAS EN LEY Nº 20.500; al señor Ministro de Salud, recabándole información en cuanto a INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD EN COMUNA DE HUALPI (Región del Biobío), a CONVENIO ENTRE INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y AGENCIA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS y a FISCALIZACIONES SANITARIAS ANTE DENUNCIAS POR OLORES NAUSEABUNDOS EN SECTORES HIGUERAS Y POBLACIÓN GAETE (Región del Biobío); a la señora Ministra del Medio Ambiente, requiriéndole información respecto de POSICIÓN OFICIAL DE CHILE PARA CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE RÍO+20; al señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas, pidiéndole antecedentes sobre AUTORIZACIONES A CENTRALES TERMOELÉCTRICAS SANTA MARÍA Y BOCAMINA I Y II PARA UTILIZACIÓN DE AGUA DE MAR EN PROCESOS DE ENFRIAMIENTO; al señor Alcalde de Talcahuano, con el objeto de que informe acerca de FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANTE DENUNCIAS POR OLORES NAUSEABUNDOS EN SECTORES HIGUERAS Y POBLACIÓN GAETE (Región del Biobío); al señor Alcalde de Hualqui, requiriéndole antecedentes relativos a INVERSIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE SALUD DURANTE ÚLTIMOS 4 AÑOS; al señor Director Nacional del SERNAPESCA, para que proporcione información sobre FONDOS POSTULABLES PARA PERSONAS Y/O ORGANIZACIONES PERTENECIENTES A PESCA ARTESANAL Y NÓMINA DE BENEFICIARIOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, y a la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, pidiéndole antecedentes acerca de FISCALIZACIONES ANTE DENUNCIAS POR OLORES NAUSEABUNDOS EN SECTORES HIGUERAS Y POBLACIÓN GAETE (Región del Biobío).
Al señor Ministro de Educación y a la señora Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, requiriéndoles INFORMACIÓN RELATIVA A MAYOR FISCALIZACIÓN EN JARDINES INFANTILES, y al señor Ministro de Salud, pidiéndole informar sobre adopción de medidas para TRANSFORMACIÓN DE HOSPITAL DE DIEGO DE ALMAGRO EN ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, consultándole sobre POSIBILIDAD DE LICITACIÓN DE RECORRIDOS POR MERVAL (Quinta Región)