Source: http://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=13
Timestamp: 2020-04-09 16:53:05
Document Index: 42664511

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1']

Caso 12.308, Informe No. 37/10 Manoel Leal de Oliveira (Brasil)
En el Informe No. 32/04 de fecha 11 de marzo de 2004, la Comisión concluyó que el Estado brasileño era responsable de: a) la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial y a las garantías judiciales consagrados en los artículos 4, 5, 25 y 8, respectivamente, de la Convención Americana, en perjuicio de los trabajadores sin tierra identificados en el informe, debido a las ejecuciones extrajudiciales, lesiones a la integridad personal, y violaciones de la obligación de investigar, del derecho a un recurso efectivo y de las garantías judiciales cometidas en su perjuicio; b) la violación de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención Americana, y de las obligación que le impone el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención; y c) la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En el Informe No. 33/04 del 11 de marzo de 2004, la Comisión concluyó que: a) el Estado brasileño era responsable de la violación al derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, a medidas especiales de protección de la niñez, a la protección judicial y a garantías judiciales, consagrados, respectivamente, en los artículos 7, 5, 4, 19 en perjuicio de Jailton Neri da Fonseca, y de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1.1 en perjuicio de sus familiares; y que b) el Estado violó su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención Americana, y violó también la obligación que le impone el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención.
La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones35:
En el Informe No. 66/06 de fecha 21 de octubre de 2006, la CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la violación de los derechos a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y a las garantías judiciales, consagrados, respectivamente, en los artículos 24, 25 y 8 de la Convención Americana, en perjuicio de Simone André Diniz. Asimismo, la Comisión determinó que el Estado había violado el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención, en violación también de la obligación que le impone el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos consagrados en dicho instrumento.
La Comisión formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones36:
El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año. Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.
En el Informe No. 35/08 de fecha 18 de julio de 2008, la CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la violación, en perjuicio del señor Antonio Ferreira Braga, de los derechos a la integridad física, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados por los artículos 5, 7, 8(1) y 25 de la Convención Americana, en concordancia con las obligaciones generales que imponen el artículo 1(1) de la misma, e incumplió con la obligación de prevenir y sancionar todo acto de tortura cometido en su territorio, contemplada en los artículos 1, 6, 7 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura.
Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas sigue estando pendiente. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de estas recomendaciones
En el informe No. 15/09 de 19 de marzo de 2009 la CIDH concluyó que el Estado brasileño incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida de Sebastião Camargo Filho, prevista en el artículo 4 de la Convención Americana, al no prevenir la muerte de la víctima el 7 de febrero de 1998, a pesar de conocer el riesgo inminente que corrían los trabajadores asentados en las haciendas Boa Sorte y Santo Ângelo, así como al dejar de investigar los hechos debidamente y sancionar a los responsables. Asimismo, la CIDH estableció que el Estado brasileño es responsable por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial, de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, por la falta de debida diligencia en el proceso de investigación y recolección de evidencia, sin la cual los procesos judiciales no pueden llevarse adelante. Finalmente, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado incumplió la obligación general establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento.
Los peticionarios solamente informaron a la Comisión, el 7 de noviembre de 2013, sobre la interposición de una queja por el Ministério Público contra Tarcisio Barbosa de Souza, por el homicidio de Sebastião Camargo Filho. En este sentido, consideraron que habría una decisión judicial sobre la recepción de la denuncia y el procesamiento de esta acción en noviembre de este año. La Comisión no recibió información adicional alguna por parte de los peticionarios este año.
Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.
Con fundamento en su análisis y las conclusiones del presente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:
Los peticionarios presentaron su respuesta a la solicitud de información de la CIDH el 6 de diciembre de 2013. Los peticionarios indican que el contexto de violencia policial y ejecuciones sumarias no ha cambiado en Río de Janeiro desde el homicidio de Wallace de Almeida en 1998. Señalan que las estadísticas muestran que todavía hay 2,4 muertes por día a manos de las fuerzas de seguridad en Brasil. La violencia policial y el uso de fuerza letal como violación sistemática de los derechos humanos es común y prueba la permanencia del sistema de seguridad que se empleaba en la década de los noventa. Por ejemplo, el proyecto lanzado en 2008 para crear Unidades de Policia Pacificadora (UPP) en todo el territorio nacional también ha sido tema de múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo la descripción de actos de tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas, en las zonas donde operan las UPP.
En relación con los aspectos de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, los peticionarios resaltan que el Estado brasileño solamente ofreció algunas reparaciones a la familia de Wallace de Almeida, en forma de indemnización. El Estado también organizó, el 25 de junio de 2009, una ceremonia en que el Gobernador del estado de Río de Janeiro anunció el pago de la indemnización a los familiares de Wallace de Almeida y ofreció una disculpa formal. No obstante, los peticionarios consideran que estas medidas no constituyen reparaciones suficientes, pues los familiares no pudieron hablar en la ceremonia formal y el pago de indemnización no basta para considerar plenamente cumplido este aspecto de las recomendaciones como. También destacan que tras 15 años del homicidio de Wallace de Almeida, los policías militares que perpetraron estos actos no han sido sancionados judicialmente y todavía prestan sus servicios en las fuerzas policiales. Hacen énfasis en las irregularidades y demoras en las investigaciones de estos tipos de ejecuciones, incluyendo la de Wallace de Almeida, y en el hecho de que la mayoría permanecen en la impunidad. También resaltan un pronunciamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas que describe la influencia de la discriminación racial en el sistema de derecho penal en Brasil, y que la creación y existencia de la Secretaria Especial de Políticas de Promoção Racial no es suficiente para resolver el problema del racismo en el país. Por lo tanto, consideran que el Estado brasileño no ha cumplido debidamente las recomendaciones contenidas en el Informe No. 26/09.
Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.
En el Informe No. 37/10 de fecha 17 de marzo de 2010, la CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la violación, en perjuicio del señor Manoel Leal de Oliveira y sus familiares, de los derechos a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales y a la protección judicial, respectivamente consagrados en los artículos 4, 13, 8 y 25 de la Convención Americana, todos relacionados con la obligación que impone el artículo 1.1 del mismo tratado.
La Comisión Interamericana formuló las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:
1. Reconozca públicamente su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos determinadas por la CIDH en este informe.
2. Realice una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos, de forma de determinar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Manoel Leal de Oliveira.
Realice una investigación completa, imparcial y efectiva de las irregularidades ocurridas a lo largo de la investigación policial del homicidio de Manoel Leal de Oliveira, incluidos los actos que procuraron dificultar la identificación de sus autores materiales e intelectuales.
Indemnice a la familia de Manoel Leal de Oliveira por los daños sufridos. Dicha indemnización debe ser calculada conforme a los parámetros internacionales y debe ser por un monto suficiente para resarcir, tanto los daños materiales, como los daños morales sufridos por los familiares de la víctima.
5. Adopte, de forma prioritaria, una política global de protección del trabajo de los periodistas y centralice, como política pública, el combate a la impunidad en relación con el asesinato, la agresión y la amenaza a periodistas, a través de investigaciones exhaustivas e independientes de tales hechos, y sancione a sus autores materiales e intelectuales.
Los peticionarios presentaron su respuesta a la solicitud de información de la CIDH el 1º de noviembre de 2013. Consideran que el Estado brasileño aun no ha cumplido la recomendación de reabrir el caso del homicidio de Manoel Leal de Oliveira e identificar y sancionar a sus autores intelectuales. También informaron que el 18 de octubre de 2012, el Conselho de Defensa dos Direitos da Pessoa Humana adoptó la resolución número 7, mediante la cual estableció un grupo de trabajo encargado de los derechos humanos y los profesionales de la comunicación en Brasil, con el fin de analizar el contexto actual en la materia y proponer acciones para prevenir la violencia contra estos profesionales. Mediante la resolución número 6, adoptada por la Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da Repûblica, se recomendó la protección especial de periodistas y profesionales de la comunicación durante su cobertura de protestas e incluyó directrices relativas al uso de armas menos letales por las fuerzas de seguridad pública. La Secretaria también organizó un coloquio en la Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro (PUC-RJ), para debatir la seguridad de los profesionales de la comunicación y la importancia de erradicar la impunidad cuando sufren violencia.