Source: https://www.scribd.com/doc/229266313/Iniciativa-ciudadana-de-Interrupcion-Legal-del-Embarazo-para-Nuevo-Leon
Timestamp: 2017-02-19 13:36:06
Document Index: 105470400

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 6', 'Artículo 331', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoin1H. Congreso del Estado de Nuevo León P R E S E N T E.- La suscrita ciudadana Sonia Josefina Torres Hernández, mexicana, nuevoleonesa, mayor de edad, en pleno ejercicio de su capacidad de ejercicio y goce, con fundamento en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y los artículos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, tiene a bien presentar el siguiente conjunto de iniciativas, al tenor de lo siguiente: Exposición de motivos En México, el aborto es la cuarta causa de muerte en las mujeres
, lo cual implica que es una cuestión de salud pública y no únicamente de índole moral, como se ha querido plantear recientemente. La desprotección que tienen las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que tienen un acceso restringido o nulo a servicios públicos de calidad, tanto educativos como de salud, es considerable y se debe de tomar en cuenta al momento de legislar en torno a esto. En la actualidad, existen tres excluyentes de responsabilidad que plantea el Código Penal para el Estado de Nuevo León: que el embarazo sea producto de una violación, que corra peligro la vida de la mujer embarazada, o que represente un riesgo para la salud de la mujer embarazada.
Si bien el ordenamiento citado estipula lo anterior, la realidad es que algunas mujeres que se encuentran en alguno de estos supuestos, deciden no practicarse la interrupción del embarazo, por miedo al rechazo social, a la estigmatización por parte de la sociedad o simplemente a contrariar sus creencias religiosas o morales en público, por lo cual deciden practicarse un aborto inducido clandestinamente, poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. Aunado a esto, existen médicos que a pesar de enfrentarse ante un caso en que la interrupción del embarazo puede hacerse legalmente y con el consentimiento de la madre, deciden no practicarlo, poniendo sus convicciones morales o religiosas de por medio en un asunto en el cual no deberían, impidiendo que las mujeres ejerzan su derecho a la libre reproducción, a la salud y al acceso a una sexualidad saludable, lo cual resulta discriminatorio. Se debe tomar en cuenta que al criminalizar a las mujeres, se les pone a la par de delincuentes. Además, se debe considerar que el nasciturus, es decir el ser concebido no nacido, tiene derechos, pero éstos surten plenos efectos con la condición de que 1
Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk. Mission to Mexico, January 13, 2006. 2
Art. 331, Código Penal para el Estado de Nuevo León. Ley publicada en el Periódico Oficial, el lunes 26 de marzo de 1990. 2 nazca vivo y viable. Cabe mencionar que en la actualidad es difícil para las mujeres que fueron víctimas de violación, acreditar la comisión de este delito, debido a la tardanza de las autoridades y a un sistema de impartición de justicia saturado y lento. Todas estas cuestiones propician que se genere violencia y discriminación en contra de las mujeres. La tasa anual de abortos inducidos en México es de 33 abortos por cada 1,000 mujeres de 15 a 44 años. En 2006, un número estimado de 149,700 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones postaborto.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el aborto inseguro representa el 13% de todas las muertes relacionadas con el embarazo a nivel mundial.
Estas cifras son alarmantes, por lo que debe atenderse lo antes posible a esta problemática, reconociendo los derechos universales, interdependientes, indivisibles y progresivos de las mujeres a la vida, la salud, la integridad física, la vida privada, la no discriminación y la autonomía reproductiva. Mismos que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Por lo anterior se considera que es imperante la necesidad de legislar en el tema del aborto. A continuación encontraremos algunos de los argumentos más importantes. A) Derecho humano a la salud y libre reproducción El derecho a tener acceso a servicios de salud pública de calidad, es un derecho de todo ser humano, incluidas por supuesto las mujeres. Este derecho abarca una vida sexual saludable, plena y libre. De esta forma lo reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4: (…)“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.”(…)
Esto significa que todos los mexicanos tienen el derecho a recibir información de calidad sobre salud sexual y reproductiva, servicios médicos de atención y orientación, así como el acceso libre y gratuito a métodos anticonceptivos de calidad. En ese sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en sus recomendaciones dirigidas a México en julio de 2012 señala que los adolescentes tienen un acceso limitado a información de calidad sobre salud sexual y reproductiva y además, que el número de adolescentes embarazadas en el país va en aumento. 3
Datos sobre el Aborto Inducido en México. Guttmacher Institute, p.1 http://www.guttmacher.org/pubs/2008/10/01/FIB_IA_Mexico_sp.pdf 4
Juáres, Fátima; Singh, Susheela; García, Sandra y Díaz Olavarrieta, Claudia. Estimaciones del aborto inducido en México: ¿qué ha cambiado entre 1990 y 2006? http://www.guttmacher.org/pubs/journals/3500409S.pdf 5
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), https://www.gire.org.mx/nuestros-temas/aborto 6
Art. 4, párrafo 2, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 3 Por lo cual insiste en que se incrementen los esfuerzos para elaborar y difundir campañas preventivas dirigidas a este sector poblacional, así como proporcionarles servicios médicos y de orientación sexual. 7
De igual forma, expresó su preocupación por la tasa de mortalidad materna, la cual es de 53.5 muertes por cada 100,000 nacidos vivos (2010). Esta tasa dista de la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo de Mortalidad Materna para el 2015, de 22.2 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, lo que significa que dicha meta no se alcanzará.
Otro motivo de preocupación son los casos en que los médicos y/o trabajadores sociales que brindan servicios médicos, niegan el acceso al aborto legal a aquellas mujeres que cumplen con los criterios legales para hacerlo y que posteriormente son denunciadas y consignadas ante las autoridades judiciales, siguiéndose un juicio penal en su contra y recibiendo condenas extensas de prisión por infanticidio o asesinato. B) Derecho a la no discriminación Corresponde a la mujer el derecho a decidir la interrupción o no del embarazo antes de la doceava semana de gestación, puesto que es ella quien carga y nutre con su cuerpo al ser concebido. Si el hombre, que formó parte del proceso de procreación del ser, tomara o pretendiera tomar esa decisión, estaría violando el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, lo cual es un acto discriminatorio.
Obligar a una mujer a tener un hijo no deseado únicamente por la criminalización del Estado, además de ser discriminatorio, ocasionaría posiblemente la formación de una familia sin buena integración. Del mismo modo, al forzar a una mujer a continuar con el embarazo de un hijo no deseado, se le estaría orillando a padecer dificultades sociales, económicas y profesionales, que vulneran el principio de igualdad con el hombre. Es por ello que la libertad sexual debe interpretarse más allá de un simple “derecho de procreación”, puesto que, la mujer no es un simple instrumento reproductivo.
No se produce discriminación en contra del producto de la concepción antes de la doceava semana de gestación, ya que por razones biológicas, este ser no tiene 7
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 9 a 27 de julio de 2012. Párrafo 30, p.11. 8
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 9 a 27 de julio de 2012. Párrafo 30, p.11. 9
Carpizo, Jorge. La Interrupción del Embarazo antes de las Doce Semanas. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. p. 18 10
Carpizo, Jorge. La Interrupción del Embarazo antes de las Doce Semanas. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. p. 21 4 desarrollada corteza cerebral alguna en esta etapa, lo que significa que no puede sufrir ni gozar. Esto adquiere relevancia, toda vez que no se le puede poner en situación de igualdad con respecto a los seres que se encuentran en la doceava semana de gestación, en una posterior etapa de gestación o que han nacido vivos y viables, ya que a éstos si se les puede considerar como vida humana y se reputarán personas, para todos los efectos legales correspondientes, hasta que nazcan vivos y viables. 11
Es relevante mencionar que aquellas mujeres que no han tenido acceso a servicios básicos de calidad, son más tendientes a tener un embarazo no deseado, en consecuencia más tendientes a practicarse abortos de manera clandestina y sin la debida atención médica que requiere, lo que implica que las vidas de estas mujeres corren mayor riesgo en estas circunstancias. A diferencia de las mujeres que tienen pleno acceso a servicios médicos y educativos de calidad, ya que estas mujeres tienen menor probabilidad de presentar un embarazo no deseado, debido al acceso a educación sexual y métodos anticonceptivos de calidad, además estas mujeres pueden optar por interrumpir su embarazo sin correr riesgo alguno para su vida y su salud, viajando al extranjero y recibiendo la atención y orientación médica debida. Claramente esta situación genera condiciones discriminatorias para todas aquellas mujeres que se encuentran en situación vulnerable. C) En cuanto a la criminalización de la mujer que aborta Penalizar el aborto de manera casi
absoluta criminaliza sin lógica jurídica a la mujer. La teoría del derecho penal entraña ciertas directrices que aunque no estén especificadas en ninguna ley, son ineludibles, entre ellas se encuentra que las penas deben imponerse solamente en aquellos casos de extrema necesidad y que la privación de la libertad debe ser la última instancia a la que el Estado debe recurrir cuando se encuentra ante una situación de desobediencia normativa por parte de sus ciudadanos. Cualquiera que haya leído alguna vez a Montesquieu recordará que él señalaba que toda pena que no se derive de la absoluta necesidad es tiránica. Beccaria señaló en una de sus obras más famosas, y obligadas para cualquier penalista (Tratado de los delitos y de las penas) que: …sobre la necesidad de defender el depósito de la salud pública de las particulares usurpaciones; y tanto más justas son las penas, cuanto es más sagrada e inviolable la seguridad, y mayor la libertad que el soberano 11
Carpizo, Jorge. La Interrupción del Embarazo antes de las Doce Semanas. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. p. 19 12
Se dice casi pues actualmente en nuestro código penal existen solo dos excluyentes de responsabilidad penal. 5 proporciona a sus súbditos. Consultemos el corazón humano, y encontremos en él los principios fundamentales del verdadero derecho que tiene el soberano para castigar los delitos; por que no debe esperarse ventaja durable de la política moral, cuando no está fundada sobre las máximas indelebles del hombre. Cualquier ley que se separa de estas, encontrará siempre una resistencia opuesta que vence al fin; del mismo modo que una fuerza, aunque pequeña, siendo continuamente aplicada, vence cualquier violento impulso comunicado a un cuerpo. …Fue, pues, la necesidad quien obligó a los hombres para ceder de su libertad propia; y es cierto que cada uno no quiere poner en el depósito público si no la porción más pequeña que sea posible, aquella sólo que baste a mover a los hombres para que la defiendan. El agregado de todas estas pequeñas porciones de libertad posibles forma el derecho de castigar; todo lo demás es abuso y no justicia: es hecho y no derecho
. (el resaltado en negritas es de nuestra autoría) Beccaria y Montesquieu sin duda no son los únicos que coinciden con este criterio. Todos los pensadores que escribieron sobre el objeto del nacimiento del Estado y de su potestad de legislar y por ende imponer penas y sanciones, coinciden también en que la aplicación de penas será solo el último recurso que el estado pueda utilizar en contra de sus ciudadanos. Es innegable que penalizar aborto contraría en todo a las anteriores directrices del derecho penal, convirtiéndonos en un estado tiránico. Un pensamiento religioso y moralista, como el que generó dicha penalización, no puede bajo ninguna circunstancia seguir imperando ante esta situación. Una mujer que decide abortar por cualquier motivo, no representa en lo mínimo una amenaza para la sociedad y por ende el estado no tiene potestad de castigar su decisión privándola de la libertad, máxime que al hombre que participó en dicho embarazo no se le contempla, como si una mujer pudiera embarazarse sola. En este sentido nuestra Constitución Federal en su artículo 4 habla de la igualdad del hombre y de la mujer ante la ley, disposición que se ve totalmente violentada con la actual tipificación del aborto, pues se penaliza solamente a la mujer cuando existe exactamente la misma responsabilidad en la pareja sexual de la mujer que participó en la concepción. En otras palabras no tiene sentido alguno que en todos los delitos 13
Beccaria. Tratado de los delitos y de las penas. 18ª edición segunda impresión, tomada de la 14ª edición fascimilar. Editorial Porrúa, México 2013. Págs. 8-9 6 del Código Penal de Nuevo León no se haga distinción en el sexo del probable responsable, mientras que para el delito de aborto se especifica la responsabilidad directa de la mujer excluyendo al hombre. D) En cuanto al Nasciturus Uno de los argumentos más recurrentes de aquellos quienes reprueban la despenalización del aborto dentro de las primeras doce semanas de embarazo, es por supuesto el derecho a la vida del nasciturus o el no nacido. Sin embargo se considera sumamente importante aclarar este punto, principalmente desde el enfoque jurídico, pues sabemos que ya existen varios estudios médicos de diferentes frentes especialistas que han escrito dictámenes u otro tipo de documentos dando respuesta al cuestionamiento de cuándo empieza la vida, y por supuesto existen tantos tan diferentes y desde ambas posturas, es decir quienes afirman que la vida propia no empieza si no hasta después de las doce semanas, como los que dicen que la vida surge desde el momento de la concepción. Es por ello que independientemente de cuándo empieza la vida del no nacido para efectos de adquirir su derecho a la vida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado específicamente en el tema. El caso es Artavia y otros (´´fecundación in vitro´´) vs Costa Rica de 2012
. En el caso referido la CoIDH es muy clara, el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos no establece un derecho absoluto o categórico en relación con las etapas prenatales de la vida, además de que existe un reconocimiento internacional y comparado del concepto de protección gradual e incremental de la vida en la etapa prenatal, además de que dicha disposición convencional no está exenta del escrutinio de la CoIDH cuando interfiere con el ejercicio de otros derechos establecidos en el mismo, tales como el derecho a la vida privada, familiar, autonomía y a fundar a una familia. Esto es de suma relevancia para nuestra propuesta, pues si bien es cierto que el no nacido tiene derecho a la vida, este derecho va incrementando conforme se va desarrollando como persona. Por lo tanto, señalar que el derecho del no nacido es absoluto y es protegido ante casi cualquier situación, menoscabando los derechos de la mujer a decidir acerca del número hijos que desea tener, es violatorio de derechos humanos y por ende inconvencional. Asimismo se ha establecido que el embrión si no es implantado en el cuerpo de la 14
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y Otros (‘’fecundación in vitro’’) vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 2012 7 mujer para alimentarse de los nutrientes que ésta le proporciona naturalmente, dicha vida sería imposible que se diera. Por lo tanto, es incorrecto hablar de la total individualidad del nuevo ser. Esto también ha sido considerado por la Comisión Europea de Derechos Humanos
. Además la CoIDH en la misma sentencia refiere específicamente que de la interpretación histórica y sistemática de los antecedentes existentes en el Sistema Interamericano, confirma que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión, y que del artículo 4 de la Convención Americana, del artículo 3 de la Declaración Universal, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 no se desprende en ningún momento que el producto de la concepción pueda ser considerado como persona, por lo que cualquier legislación que pretenda establecer lo contrario, como lo son aquellas legislación que protegen la vida desde la concepción y considerar al embrión como una persona sujeta a derechos, es inconvencional. Por otro lado, los informes del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer establecen que los derechos humanos de igualdad y no discriminación instauran que los derechos de la mujer embarazada deben ser privilegiados sobre los de proteger la vida en formación. Claro está para el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer que cualquier legislación local que penalice el aborto en ciertas circunstancias violenta lo dispuesto por dicho Comité
. Por todo lo expuesto anteriormente, se estima necesaria y urgente la modificación a los ordenamientos aquí planteados, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como armonizar la legislación local con instrumentos y recomendaciones internacionales en la materia, con miras a terminar la penalización y persecución de mujeres cuyos derechos han sido vulnerados. De igual forma, con el objeto de construir un Estado progresista en materia de derechos humanos, en donde impere la igualdad entre hombre y mujer y el acceso pleno a servicios de salud de la más alta calidad. Se tiene a bien presentar el siguiente: 15
Caso Paton vs Reino Unido, Solicitud No 8416/79 Comisión Europea de Derechos Humanos, Dec. & Rep. 244 (1989) párr, 20. 16
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y Otros (‘’fecundación in vitro’’) vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 2012. Párr. 228 8 DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE SALUD. Reforma a los Artículos 327, 328, 329, 330, 331 del Código Penal, para quedar como sigue: LIBRO SEGUNDO. PARTE ESPECIAL TÍTULO DECIMOQUINTO. DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS. CAPÍTULO X ABORTO Articulo 327.- Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Articulo 328.- Se impondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar después de las doce semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado. Al que hiciere abortar a una mujer después de la décima segunda semana de gestación con el consentimiento de ésta, se le impondrá de tres a seis meses de prisión. Articulo 329.- Al que hiciere abortar a una mujer embarazada de manera forzada en cualquier momento, se le impondrá de tres a seis años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrá de cuatro a nueve años de prisión. Articulo 330.- Si el aborto o aborto forzado lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme al Artículo anterior, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 9 Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada. Artículo 331.- Serán excluyentes de responsabilidad penal para el delito de aborto: I. Cuando el embarazo sea consecuencia de una violación; II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo este el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora. III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo y siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada; IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. En los casos contemplados en las fracciones I, II y III, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. Reforma al artículo 27 y adición de los artículos 27 bis 1, 27 bis 2, 27 bis 3 de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue: Artículo 27.- La atención a la salud reproductiva y de planificación familiar tiene carácter prioritario; la salud reproductiva y la planificación familiar constituye un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, con el pleno respeto de su dignidad y de la integridad de su persona. Artículo 27 bis.- Los servicios de planificación familiar comprenden: I.- La atención y vigilancia de los usuarios de servicios de planificación familiar; II.- La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población; 10 III.- El apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana; IV.- La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de planificación familiar; Los servicios de planificación familiar y anticoncepción tienen como propósito principal reducir el índice de abortos, a través de la prevención de embarazos no planeados y no deseados, disminuir el riesgo reproductivo, evitar la propagación de las enfermedades de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las personas con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad con las características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente adolescentes y jóvenes. Además el gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre la salud sexual y los derechos reproductivos. Asimismo servicios de consejería médica y social en materia de la atención a la salud sexual y reproductiva, funcionarán de manera permanente con servicios gratuitos que ofrecerán la información, difusión y orientación en la materia, así como el suministro de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente. Los servicios de consejería también ofrecerán apoyo médico a la mujer que decida practicarse la interrupción del embarazo después del procedimiento, particularmente en materia de planificación familiar y anticoncepción. Artículo 27 bis 1.- Los servicios de salud reproductiva comprenden: I.- La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades de transmisión sexual; II.- La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la población demandante, particularmente en los grupos de riesgo; III.- La realización de campañas intensivas de información y orientación en materia de salud sexual y reproductiva, y IV.- La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión sexual, particularmente el VIH-SIDA. 11 Artículo 27 bis 2.- Las instituciones públicas de salud del Gobierno deberán proceder a la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de Nuevo León, cuando la mujer embarazada así lo solicite. Estas instituciones y el personal encargado de la atención y prestación de los servicios de interrupción legal del embarazo deberán proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, responsable e informada. La interrupción del embarazo deberá realizarse en un término de cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable. Las instituciones públicas de salud del gobierno del estado atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a las mujeres solicitantes aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado. Artículo 27 bis 3.- El médico a quien corresponda practicar la interrupción del embarazo en los casos permitidos por el Código Penal del estado de Nuevo León, y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal interrupción, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, debiendo referir a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Será obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia en la materia. Los médicos adscritos a unidades del primer nivel de atención y los adscritos a hospitales que no estén en condiciones para realizar el procedimiento de interrupción legal del embarazo, referirán a la mujer de manera adecuada, responsable, oportuna y mediante el formato de referencia y contrarreferencia debidamente requisitado, a un hospital en donde se practiquen dichos procedimientos. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. La Secretaría de Salud tendrá un plazo de 30 días naturales para emitir los lineamientos administrativos necesarios para que la interrupción legal del embarazo se realice en condiciones gratuitas, de oportunidad y calidad. 12 Monterrey, N.L. a 10 de junio de 2014 ___________________________________________ Liz Ivett Sánchez Reyna More From This UserSkip carouselAuditoría Programa de Inclusión y Alfabetización DigitalFascículo DesaparicionesSemovi RespuestaBrandZ LatAm 2017 Atlas-Acta de Aclaraciones n7 Atlas Estatal de Riesgo QrooAtlas-Acta Del Fallo n7 Atlas de Riesgo Estatal QrooCarta de ImpugnaciónLineamientos AudienciasEstrategia Integral de AtenciónUn Espejo en La SelvaFinal 2017 Clock StatementDatos PersonalesOrden Ejecutiva TrumpConvocatoriaLa Esposa JovenDistribución de células del crimen organizado en el país. 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