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Timestamp: 2017-02-22 11:28:23
Document Index: 77422719

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 40', 'artículo 23', 'artículo 44', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 1']

Administraciones públicas de Cantabria
Ámbito de actuación de las Administraciones públicas
Ámbito especial de actuación
Espacios en medios de comunicación social y memoria anual
Comunicaciones comerciales en el mercado inmobiliario de nueva edificación
Ámbito de actuación de las Administraciones públicas en materia de educación
Ámbito de actuación de las Administraciones públicas en materia de formación
Organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios
Condiciones para el acceso a subvenciones y ayudas públicas
Ámbito de actuación de las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios
Trámite de audiencia en consulta a organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios
Consejo Cántabro de Consumo
Actuaciones administrativas de protección
Los inspectores de consumo
Colaboración con la inspección de consumo
Acceso al establecimiento y otras dependencias de los sujetos inspeccionados
Hojas de reclamaciones y denuncias
Aplicación de normativa complementaria
Procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley
Actualización de cuantías de las sanciones
L 7/2014 de 26 Dic. CA Cantabria (Medidas Fiscales y Administrativas) Ocultar / Mostrar comentarios Letra ñ) del artículo 10 redactada por número uno del artículo 15 de Ley [CANTABRIA] 7/2014, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre).
Ley 10/2013, de 27 Dic. CA Cantabria (Medidas Fiscales y Administrativas) Ocultar / Mostrar comentarios Número 1 del artículo 40 redactado por apartado uno del artículo 23 de Ley [CANTABRIA] 10/2013, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre).
L 5/2011 de 29 Dic. CA Cantabria (Medidas Fiscales y Administrativas) Ocultar / Mostrar comentarios Número 1 del artículo 44 redactado por el número 1 del artículo 16 de la Ley [CANTABRIA] 5/2011, 29 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 31 diciembre).
L 2/2001 de 25 Jun. CA Cantabria (ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo) Ocultar / Mostrar comentarios Letra f) del número 3 del artículo 18 redactada por la disposición adicional séptima de la Ley [CANTABRIA] 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. («B.O.C.» 4 julio), en la nueva redacción dada a la misma por la Ley [CANTABRIA] 2/2011, de 4 de abril («B.O.C.» 13 abril).
L 2/2010, 4 May. CA Cantabria (modificación de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria, y de otras normas complementarias para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE) Ocultar / Mostrar comentarios Número 2 del artículo 57 redactado por el artículo 2 de la Ley [CANTABRIA] 2/2010, 4 mayo, para la modificación de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria, y de otras normas complementarias para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.C.» 14 mayo).
L 7/2008 de 26 Dic. CA Cantabria (creación de la Agencia Cántabra de Consumo) Ocultar / Mostrar comentarios Número 1 del artículo 44 redactado por la disposición adicional segunda de Ley [CANTABRIA] 7/2008, 26 diciembre, de creación de la Agencia Cántabra de Consumo («B.O.C.» 30 diciembre).
La Ley no busca únicamente la protección y defensa de los consumidores, sino que también persigue su educación y formación. Para ello resulta esencial perfeccionar el concepto de consumidor -pieza basilar del engranaje normativo- definiendo su alcance con precisión y acotando rigurosamente sus límites, con la finalidad de identificar con seguridad en cada caso los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación.
Se suprime la referencia, presente en la Ley anterior, al necesario uso particular o colectivo que el consumidor ha de hacer de los bienes o servicios que adquiere, pero introduciendo simultáneamente la exigencia de que tal utilización sea ajena a cualquier actividad comercial o profesional. De esta forma se sustituye un límite positivo -el necesario uso doméstico- por uno negativo -la ausencia de utilización profesional-, lo que facilita y aclara la interpretación del precepto haciendo que ni siquiera sea cuestionable que, v. gr., una persona que adquiera un bien con la finalidad de regalarlo posteriormente se encuentre efectivamente protegida por la nueva Ley. Además, se ha puesto especial cuidado en introducir el adverbio «generalmente» para extender la protección legal a aquellos consumidores que realizan una operación en el mercado con carácter esporádico o eventual. No por ello dejan de ser merecedores de la protección legal, ya que su nivel de diligencia sigue siendo el de un buen padre de familia y no el de un ordenado empresario, manteniendo por tanto una situación de debilidad en relación con aquel que les hubiera facilitado el bien.
La Ley introduce un concepto negativo de consumidor que no existía en la Ley anterior, cuyo precedente puede encontrarse en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios (artículo 1.3). La novedad estriba en que, a diferencia de la Ley estatal, la nueva Ley de Cantabria elimina la clásica técnica de exclusión negativa -«sin constituirse en destinatarios finales»- sustituyéndola por la fijación de un parámetro positivo consistente en haber integrado los bienes en un proceso de fabricación, comercialización o prestación dirigido al mercado. Así se ensancha sustancialmente el ámbito protector de la Ley. Por un lado, quedan protegidos aquellos sujetos que utilizan los bienes adquiridos para realizar labores de transformación en el orden doméstico, personal o familiar. Por otro lado, la inclusión del adverbio «principalmente» permite -contrario sensu- extender la protección legal a todos aquellos que adquieran un bien para su uso personal o familiar aunque también lo utilicen -pero solo esporádicamente- en su negocio o empresa. Naturalmente, continuará excluido de la protección legal el empresario que haga exactamente lo contrario. La exégesis casuística que deba desarrollar el texto legal se verá sobradamente compensada por el incremento de la protección que dispensará a muchos ciudadanos, todavía carentes de ella.
Otra novedad significativa es que, junto a la tradicional protección de los intereses económicos de los consumidores, la Ley también se ocupa de proteger los intereses sociales. En este sentido, las Administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias, deberán promover y desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar el acceso de los consumidores y usuarios a los bienes de consumo en condiciones de equilibrio e igualdad. La misma obligación les incumbe en orden a asegurar el mantenimiento del equilibrio de las prestaciones en las relaciones económicas que mantengan los consumidores y usuarios con cualesquiera entidades o sociedades -públicas y privadas- que tengan la condición de gestoras de servicios públicos que dependan de ellas.
Especial atención recibe el derecho a la información, en la medida que constituye uno de los instrumentos más apropiados para la protección de los consumidores y usuarios. La Ley elabora un nuevo concepto de comunicación comercial que -apuntando más allá de la idea tradicional de «publicidad»- pretende lograr la tutela de los principios de veracidad y lealtad, así como el respeto a la dignidad y a los derechos inherentes a la persona. De este modo, además de establecer como regla la vinculación contractual de la oferta publicitaria, se diseñan actuaciones eficaces contra la publicidad engañosa, y se especifica la protección frente a la publicidad ilícita, incluyendo como especialmente perseguibles las cada vez más frecuentes prácticas publicitarias pseudosanadoras y pseudocientíficas. Imperativa y exhaustiva es la regulación legal de las comunicaciones comerciales en el mercado inmobiliario de nueva edificación, que tienen el propósito de eliminar los actuales niveles de fraudulencia estableciendo un conjunto sistemático de obligaciones a cargo de los promotores. También se presta especial atención en el articulado legal a la información en materia de precios, procurando que los consumidores y usuarios dispongan de una información visible, clara y transparente sobre el precio final de adquisición y utilización del bien o servicio.
La potestad sancionadora que corresponde principalmente -aunque no de manera exclusiva- al Gobierno de Cantabria, se regula con el objetivo principal de dar efectividad al catálogo de derechos y obligaciones enunciados a lo largo del texto articulado, siempre con arreglo a los parámetros trazados por la Sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, de 26 de enero. Si la Ley desatendiera las consecuencias que se derivan del incumplimiento de sus preceptos positivos, acabaría convirtiéndose en derecho puramente potestativo para los empresarios, o incluso en simple retórica programática. Por este motivo se opta decididamente por la eficacia práctica de los derechos legalmente reconocidos acometiendo justamente aquello que no había abordado la Ley anterior: la realización de una auténtica -y propia- labor de tipificación casuística capaz de detallar rigurosamente la descripción de las conductas sancionables, la especificación de las sanciones previstas, la determinación de los sujetos responsables, y los criterios precisos para calificar la gravedad de las infracciones (leves, graves y muy graves), así como el correlativo alcance de las sanciones que éstas han de llevar aparejadas, que deberán ser en todo caso razonables y proporcionadas. Además, y según las circunstancias del caso, las distintas sanciones pecuniarias predeterminadas en esta Ley podrán ser objeto de graduación, de atenuación, e incluso de reducción hasta las cuatro quintas partes de su cuantía cuando el infractor manifieste inequívocamente voluntad de resarcimiento y no concurra ningún riesgo para la salud, intoxicación, lesión, muerte, o indicios racionales de delito.