Source: https://www.slideshare.net/kmerejo/ley-3455-25108484
Timestamp: 2018-05-20 10:50:50
Document Index: 258970005

Matched Legal Cases: ['artículo 78', 'artículo 11', 'artículo 42', 'Artículo 15', 'Artículo 31', 'artículo 16', 'artículo 107', 'artículo 109', 'artículo 35', 'artículo 52', 'artículo 25', 'artículo 70', 'artículo 100', 'artículo 154', 'artículo 147', 'artículo 117', 'artículo 20', 'artículo 141', 'artículo 22', 'artículo 147']

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1. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 1 de 32 GACETA OFICIAL Director-Administrador: Lic. Manual A. Amiama Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo Año LXXIV. Ciudad Trujillo, 29 de enero de 1953. Nº 7521 Ley Nº 3455 de Organización Municipal. El Congreso Nacional En Nombre de la República NUMERO 3455 Vistos los artículos 4; 19, inciso 4º; 22; 33, inciso 6º; 49, incisos 11º y 25º; 76, 77, 78 y 83 de la Constitución; CONSIDERANDO: Que es de interés general la revisión de las disposiciones vigentes que conciernen a la organización y el funcionamiento de los municipios, a fin de excluir aquellas que hayan sido derogadas tácita o expresamente o que por otros motivos no convenga mantener, de introducir los nuevos preceptos que sean considerados necesarios o útiles, y de refundir conforme a un plan racional las disposiciones que hayan de regir en lo adelante, HA DADO LA SIGUIENTE LEY DE ORGANIZACION MUNICIPAL TITULO I DE LOS MUNICIPIOS CAPÍTULO I PERSONALIDAD JURÍDICA: CREACIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN O CONSOLIDACIÓN; DESIGNACIÓN; LÍMITES. Art. 1.- Cada municipio constituye una persona jurídica, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios o útiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y con las condiciones que la Constitución y las leyes determinen. Art. 2.- La creación, la supresión, la consolidación o la modificación de municipios, así como sus límites y su designación, serán dispuestos por ley. Art. 3.- Cuando se consoliden en uno solo dos o más municipios, los Ayuntamientos respectivos quedarán disueltos de pleno derecho y se procederá inmediatamente a la elección del Ayuntamiento correspondiente al nuevo municipio. Art. 4.- Cuando parte del territorio de un municipio sea incorporada a otro, pasarán de pleno derecho a pertenecer a éste todos los bienes que pertenecían aquel sobre la porción de territorio incorporada o en relación con ésta. CAPÍTULO II DE LOS AYUNTAMIENTOS SECCIÓN I DE SU FORMACIÓN Art. 5.- Cada Ayuntamiento se compondrá de Regidores en proporción de uno por cada cinco mil habitantes o fracción mayor de tres mil, y de un Síndico, todos los cuales serán elegidos o designados en la forma y por el tiempo que determinen la Constitución y las leyes. Párrafo.- Ningún Ayuntamiento tendrá menos de cinco Regidores. Art. 6.- Para cada Regidor, así como para el Síndico, se elegirá un suplente, al mismo tiempo y en igual forma que el titular. Párrafo.- Los suplentes serán llamados a sustituir a los regidores que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones, en el orden que les dé el número de votos. En caso de igualdad de votos serán llamados por la suerte. Art. 7.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere ser mayor de veintiún años, saber leer y escribir, estar domiciliado en el municipio y tener por lo menos un año de residencia en él, estar en el pleno goce de los derechos civiles, y gozar de buena reputación. Párrafo.- Los extranjeros, para poder ser miembros de los Ayuntamientos, deberán satisfacer, además, las condiciones que determina el párrafo único del artículo 78 de la Constitución de la República. Art. 8.- No pueden ser miembros de los Ayuntamientos: 1º, los dominicanos que se encuentran en alguno de los casos previstos por el artículo 11 de la Constitución, y los extranjeros que se encuentren en alguno de los casos previstos por los incisos 1º, 2º y 3º del mismo artículo;
2. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 2 de 32 2º, los que hayan sido condenados a la privación de los derechos a que se refiere el artículo 42 del Código Penal, mientras duren los efectos de esa pena; 3º, los que se encuentren cumpliendo penas privativas de la libertad por delito; 4º, los individuos provistos de un consultor judicial, 5º, los que estén acogidos a establecimientos de beneficencia; 6º, los empleados asalariados del municipio; los administradores de bienes o fondos municipales; los contratistas, rematantes, arrendatarios, o administradores de obras, servicios o proventos municipales, y los empleados o asalariados de éstos; 7º, los deudores del tesoro municipal; 8º, los individuos que pertenezcan a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas en actividad de servicio. Art. 9.- El cargo de Regidor y el de Síndico son incompatibles con los de Presidente de la República, Secretario o Subsecretario de Estado, Senador, Diputado, Juez de cualquier Corte o Tribunal, representante del Ministerio Público, miembro de la Cámara de Cuentas, Gobernador, Auditor y Contralor General de la República, miembro de la Policía o de las Fuerzas Armadas en actividad de servicio, Secretario de Gobernación, Director del Registro y Conservador de Hipotecas. Párrafo.- Los funcionarios indicados en este artículo que fueren elegidos o designados miembros de un Ayuntamiento dispondrán de un plazo de quince días a partir de la proclamación de su elección o de la expedición de su nombramiento, para optar entre la aceptación del mandato o del nombramiento y la conservación del empleo. A falta de declaración en el término fijado se reputará que optan por la conservación del empleo y se considerarán dimisionarios de las funciones municipales. Art. 10.- No pueden ser miembros de un mismo Ayuntamiento individuos que sean entre sí parientes o afines en línea directa en cualquier grado, o hermanos, o tío y sobrino, o cuñados o esposos. En caso de que fueren elegidos o nombrados individuos unidos entre sí por alguno de estos vínculos de parentesco o de afinidad, el caso será referido al Presidente de la República, quien decidirá cuál de ellos debe conservar el cargo. Art. 11.- Todo miembro de un Ayuntamiento que por causa sobrevenida posteriormente a su elección o nombramiento se encuentre en uno de los casos de incapacidad o incompatibilidad previstos por esta ley será considerado como dimisionario si a los quince días no ha presentado renuncia. Párrafo.- Cualquier ciudadano tiene derecho a dirigirse al Ayuntamiento para denunciar a cualquiera de sus miembros que no reúna las condiciones que la ley exige. Art. 12.- Corresponde al personal del Ayuntamiento entrante verificar las credenciales y las condiciones de aptitud legal de sus propios miembros, y proceder a su instalación. Párrafo I.- Si de la verificación resultare que alguno de los miembros no reúne las condiciones o se encuentra en alguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad establecidos por la ley, se instalarán los restantes, siempre que constituyan la mayoría, y se llamará a los suplentes correspondientes para reemplazar a los excluidos. Párrafo II.- Si los miembros que resultaren excluidos no estuvieren conformes con la decisión de la mayoría, podrán solicitar del Ayuntamiento la reconsideración de dicha decisión en el plazo de quince días, aduciendo las razones y las pruebas en que se funden. Si la decisión fuere mantenida sólo podrán recurrir a los tribunales de justicia en el plazo de un mes. El asunto será juzgado como materia sumaria y urgente. Párrafo III.- Si como resultado de la verificación que dare excluida la totalidad o la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, no se procederá a la instalación, sino que serán llamados los suplentes necesarios para completar el Ayuntamiento; y si no los hubiere hábiles en el número requerido, se comunicará el caso al Presidente de la República, por conducto del Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, a fin de que haga los nombramientos necesarios para cubrir las vacantes ocurridas. Art. 13.- El cargo de Regidor es honorífico y gratuito. Párrafo.- El Síndico gozará del sueldo que le sea fijado en el presupuesto anual de gastos del municipio. Art. 14.- Corresponde a cada Ayuntamiento conocer y resolver acerca de las renuncias de sus miembros. Párrafo.- Cuando se produzca simultáneamente la renuncia de más de la mitad de los miembros del Ayuntamiento, conocerá de ellas el Presidente de la República. Artículo 15.- Los regidores y Síndicos que se encuentren sub judice bajo la imputación del crimen o delito que se castigue con pena
3. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 3 de 32 preventiva de libertad cesarán en el ejercicio de sus funciones, y los últimos, además, dejarán de percibir sueldos. Se considerarán sub judice, en caso de crimen, desde que hayan sido encarcelados o se haya dictado contra ellos mandamiento de conducencia, y en caso de delito cuando hayan sido encarcelados o citados por el Ministerio Público para ser juzgados, aunque hayan obtenido libertad provisional bajo fianza. Si fueren absueltos o descargados quedarán ipso factoreintegrados en sus cargos. Sección II De su funcionamiento Art.16.- Cada Ayuntamiento elegirá anualmente de su seno un Presidente y un Vicepresidente, que puedan ser reelegidos. Art. 17.- Los Ayuntamientos deberán celebrar sesión por lo menos dos veces en cada mes. Art. 18.- Todo miembro que sin motivo legítimo reconocido por el Ayuntamiento dejare de asistir a cinco sesiones consecutivas será considerado como dimisionario y será reemplazado en la forma que corresponda. Art. 19.- Las sesiones serán públicas, y de cada una se redactará acta, que será inscrita por orden de fecha en el libro correspondiente y firmada por el Presidente y el Secretario. Párrafo.- El acta será redactada y firmada en la misma sesión cuando lo exija alguno de los Regidores presentes o el Síndico. Art. 20.- Constituirá quórum más de la mitad de los Regidores. Art. 21.- Las resoluciones serán tomadas por el voto más de la mitad de los Regidores presentes. Art. 22.- Los miembros de los Ayuntamientos deben abstenerse de participar en la deliberación y votación de los asuntos en que estuvieren interesados, sea personalmente o como mandatarios. Cuando faltaren a esta obligación, las resoluciones en que hubieren intervenido indebidamente serán anulables. Art. 23.- Los miembros de los Ayuntamientos son responsables por mala conducta o falta en el ejercicio de sus funciones, y como tales están sujetos a ser acusados y juzgados en conformidad con la Constitución, independientemente de las responsabilidades penales en que incurran por infracción a las leyes. Párrafo.- Cualquier habitante del municipio puede elevar sus quejas directamente a la jurisdicción competente. Art. 24.- Los Ayuntamientos podrán crear de su seno o fuera de ellos las comisiones que estimaren convenientes. Art. 25.- Cada Ayuntamiento tendrá un sello, del que hará uso en todos los actos oficiales. En el sello aparecerá el escudo nacional y el nombre del municipio. Art. 26.- Cada Ayuntamiento reglamentará todo lo relativo a su organización interior y a la del personal, las oficinas y los servicios que de él dependan, en cuanto no esté previsto por la ley. Art. 27.- Todas las oficinas, los libros y documentos municipales son públicos. En consecuencia, cualquiera puede hacerse expedir copias y certificaciones, mediante el pago de los impuestos, derechos y honorarios legalmente establecidos. Art. 28.- Los acuerdos, ordenanzas, resoluciones y reglamentos dictados por los Ayuntamientos deberán ser publicados en un diario de la cabecera del municipio, si lo hubiere, y en caso contrario en un diario de circulación nacional de Ciudad Trujillo; y se reputarán conocidos y serán obligatorios al día siguiente de la publicación, salvo que en ellos se señalare otro plazo. Párrafo I.- Se publicarán además en el boletín de la corporación, si lo hubiere. Párrafo II.- Corresponde al Síndico del ayuntamiento disponer la publicación. Art. 29.- Los Ayuntamientos podrán establecer por su ordenanzas, resoluciones y reglamentos penas y multa de uno de diez pesos o arresto de uno a diez días, o ambas penas a la vez, así como de confiscación de las cosas que sean producto de la contravención o hayan servido para cometerla, para quienes los infrinjan. Párrafo I.- Cuando en una ordenanza, resolución o reglamento no se determine la pena que deba aplicarse a sus infractores, ésta será de multa de uno a cinco pesos o arresto de uno a cinco días. Párrafo II.- Las penas a que se refiere el presente artículo se considerarán de simple policía, y la violación de las disposiciones municipales constituirán contravención. Párrafo III.- Los Juzgados de Paz son competentes para conocer, a cargo de apelación, de las infracciones a las disposiciones municipales.
4. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 4 de 32 Art. 30.- La Policía Nacional está en la obligación de cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, resoluciones, reglamentos y disposiciones municipales, y de perseguir y someter a la acción de la justicia a quienes los infrinjan. Sección III De sus atribuciones Artículo 31.- Corresponde a cada Ayuntamiento ordenar, reglamentar y resolver cuanto fuere necesario o conveniente para proveer a las necesidades del municipio y a su mayor bienestar, prosperidad y cultura. Para este fin, además de las que resulten de otras leyes o de otras disposiciones de esta misma ley, los Ayuntamientos están investidos de cuantas atribuciones fueren necesarias, y especialmente de las siguientes: 1a.- Establecer los límites de las zonas urbanas y sub-urbanas de la ciudades, villas y poblados, y modificarlos cuando hubiere lugar a ello. 2a.- Establecer normas y planos reguladores para la urbanización, el ensanche y la zonificación de las ciudades, villas y poblados. 3a.- Conocer de las solicitudes de autorización de los proyectos de urbanización o ensanche, tramitarlos e impartirles o negarles su aprobación, con arreglo a la ley, velando por que se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias y a las normas y planos reguladores que hubieren sido establecidos. 4a.- La apertura, la construcción, la reparación, la alineación, la nivelación, el enderezamiento, la ampliación, la prolongación, la supresión o la clausura de caminos vecinales e intermunicipales, calles avenidas, paseos, parques, plazas; jardines u otras vías públicas de su dependencia, así como de las correspondientes aceras, contenes y cunetas. 5a.- La denominación de las calles, avenidas, paseos, parques, plazas, jardines, edificios, monumentos y otras vías, lugares y edificaciones municipales, con arreglo a la ley. 6a.- La numeración de casas y solares. 7a.- Resolver sobre la concesión de permisos a particulares para la construcción de aceras, contenes y cunetas, e indicar la forma y los materiales con que deban construirse las losas. 8a.- Resolver sobre las solicitudes de permisos para remover el afirmado de las calles o avenidas y las aceras, contenes o cunetas, mediante el pago de las tasas correspondientes y bajo reserva de la obligación del interesado de reponerlos en su estado anterior. 9a.- Hacer remover, en la forma prevista por la ley, los árboles o arbustos cuyas raíces o ramas ocasionasen o puedan ocasionar daños a las avenidas o calles, acueductos, cloacas o alcantarillas. 10a.- Resolver sobre las solicitudes de permisos para erigir construcciones, instalaciones u obras en las vías públicas los cuales no deberán ser concedidos sino cuando éstas no perjudiquen a la seguridad, la higiene o el ornato ni constituyan un estorbo al uso general de dichas vías. 11a.- Requerir la destrucción de cualquier clase de construcción o instalación que invada una vía pública sin la licencia correspondiente, y que se hagan las reparaciones necesarias para que la vía sea restablecida en el estado en que se hallaba antes; y si esto no se hiciere al primer requerimiento, disponer que se proceda a hacer ambas cosas por cuenta del invasor, sin perjuicio de las sanciones e indemnizaciones a que hubiere lugar. 12a.- Reglamentar las formalidades y condiciones a que deban sujetarse las obras que se ejecuten en los predios colindantes a las vías públicas y que puedan afectarlas. 13a.- Establecer, con la aprobación del Poder Ejecutivo, requisitos de construcción basados en las categorías señaladas y determinadas en el artículo 16 de la ley de Urbanización Ornato Público y Construcciones. 14a.- Reglamentar, con la aprobación del Poder Ejecutivo, el uso, la clase y la calidad de materiales y especificaciones que no hayan sido determinados por la Ley de Urbanización, Ornato Público y Construcciones. 15a.- En las ciudades de más de cinco mil habitantes y menos de quince mil, determinar las zonas donde se prohiba la construcción de casas de madera en las esquinas. 16a.- Autorizar la construcción de edificaciones de madera en las que predominen los elementos ornamentales, mediante los requisitos establecidos por la Ley de Urbanización, Ornato Público y Construcciones. 17a.- determinar los sectores o calles en los cuales estará prohibida la construcción, reconstrucción, ampliación o alteración de bohíos, ranchos o casetas de tablas de palma, de cajas de mercancías, costaneras y de tejamaní u otro material similar, y los techos de yaguas, cana o materiales similares.
5. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 5 de 32 18a.- Prohibir la construcción de casas de madera y ordenar la destrucción de ranchos, bohíos o casetas, cuando a su juicio perjudiquen al ornato, la seguridad o la higiene. 19a.- Prohibir o no aprobar las construcciones que, a su juicio, sean de altura excesiva, teniendo en cuenta la extensión del terreno, la situación, la altura o naturaleza de las construcciones adyacentes o cercanas, la anchura de la calle o de las calles correspondientes, y otras circunstancias análogas. En ningún caso podrán aprobarse construcciones que excedan de siete pisos a contar del nivel del terreno. 20a.- Reglamentar las condiciones que deben reunir los teatros y edificios destinados a exhibiciones públicas cinematográficas, teniendo en cuenta las necesidades de cada localidad y el objeto de cada edificio, sin perjuicio de las exigencias de seguridad e higiene requeridas por las leyes, y observando lo dispuesto por el párrafo I del artículo 107 de la Ley de Urbanización, Ornato Público y Construcciones. 21a.- Dictar reglamentaciones para las construcciones rurales teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley de Urbanización, Ornato Público y Construcciones. 22a.- Impedir la iniciación, la continuación o el mantenimiento de cualquier obra permanente o temporal, cual que fuere su naturaleza, que sea contraria al ornato o que constituya peligro o amenaza para el público; sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los artículos 17 de la Ley de Sanidad y 30 y 31 de la Ley de Urbanización, Ornato Público y Construcciones. 23a.- Reglamentar lo relativo a la pintura o el encalado de las fachadas de los edificios, sus muros exteriores, puertas, ventanas y enverjados y todas las partes visibles desde la vía pública; y determinar, con arreglo a ley, los colores o combinaciones de colores cuyo uso estará prohibido por considerarse antiestéticos. 24a.- Resolver, conforme al artículo 35 de la Ley de Urbanización, Ornato Público y Construcciones, sobre las solicitudes de autorización para fijar, cruzar o sostener carteles o anuncios en las vías públicas. 25a.- Reglamentar la forma y los materiales con que deberán ser construidas las cercas de los solares o terreno ubicados dentro de las zonas urbanas de las ciudades y en aquellos sitios donde el ornato requiere mejor aspecto. 26a.- Dictar reglamentaciones para la construcción de desagües de aguas pluviales y residuales, y conocer de las solicitudes de permisos para la construcción de los mismos, en conformidad con el artículo 52 de la Ley de Urbanización, Ornato Público y Construcciones. 27a.- Determinar las zonas, sectores, vías o sitios públicos en los cuales se prohiba la instalación de factorías, industrias y otros establecimientos donde funcionen fábricas, máquinas, calderas, aparatos o artefactos peligrosos o excesivamente ruidosos o molestosos para el público, o donde se fabriquen o utilicen materiales o productos peligrosos o dañinos para el público; y señalar el plazo, que no deberá ser menor de un año, dentro del cual las factorías, industrias o establecimientos de que se trate estarán obligados a trasladarse a una zona no prohibida. 28a.- Señalar los límites dentro de los cuales estará permitido construir o mantener depósitos de materiales inflamables, explosivas o peligrosas para la vida o la salud. 29a.- Organizar y sostener Cuerpos de Bomberos, o contribuir a su creación y sostenimiento; proveer medios adecuados para prevenir y combatir siniestros y para el salvamento de personas y bienes. 30a.- Velar por el buen funcionamiento de los hidrantes para la extinción de incendios; hacerlos inspeccionar periódicamente, y notificar a la administración del acueducto de su localidad cualquier desperfecto que se encontrare en ellos. 31a.- Establecer el alumbrado público, u otorgar contratos o concesiones para su establecimiento, con arreglo a las leyes, donde no exista. 32a.- Resolver sobre las solicitudes de concesión para el uso de las vías públicas u otras dependencias del dominio público municipal para la conducción o la distribución, por medio de alambres, cables u otras canalizaciones, de energía eléctrica destinada al alumbrado, a la calefacción, a la producción de fuerza motriz o a cualquier otro aprovechamiento público o privado; conformándose a las disposiciones de la Ley Nº 921, del 15 de Junio de 1945. 33a.- Resolver sobre las solicitudes de concesión para el establecimiento de servicios telegráficos o telefónicos por cuenta de individuos, asociaciones o empresas particulares dentro de los límites urbanos. 34a.- Revolver sobre las solicitudes de autorización para establecer líneas telegráficas o telefónicas de uso privado fuera de los límites de la propiedad particular, dentro de los límites urbanos. 35a.- Reglamentar el empleo, la forma, la clase y la colocación de los postes, vientos, tirantes, alambres, cables, transformadores,
6. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 6 de 32 condensadores u otros aparatos o accesorios para la conducción o la distribución de energía eléctrica o para teléfonos, telégrafos u otros usos similares, dentro de los límites urbanos; así como su conservación y las medidas de precaución que respecto de ellos deban observarse. 36a.- Revolver sobre las solicitudes de concesión de permisos para instalar cañerías subterráneas o aéreas o hacer zanjas o excavaciones en las vías públicas para establecer o mantener servicios públicos o privados, siempre que a ello no se oponga ninguna disposición de carácter sanitario o de ornato y embellecimiento. 37a.- Disponer lo necesario para asegurar el abastecimiento y la distribución de agua de calidad adecuada y en cantidad suficiente para el consumo público y el de los particulares; y para tal fin disponer u otorgar autorizaciones, contratos o concesiones para la construcción, el mantenimiento y la administración de represas, depósitos, acueductos, bombas, sistemas de distribución u otras obras, donde no existan. 38a.- La construcción, el mantenimiento, la reparación y la limpieza de alcantarillas y cloacas para el desagüe de las aguas pluviales y residuales. 39a.- Establecer, mantener y administrar mataderos y plantas de refrigeración, conservación, elaboración o industrialización de carnes, pescado u otros productos alimenticios; señalar los lugares donde deban ser instalados los establecimientos de la misma especie pertenecientes a particulares; todo con observancia de lo que preceptúan las leyes de sanidad. 40a.- Establecer, mantener y administrar mercados; señalar los lugares donde deban ser instalados los establecimientos de la misma especie pertenecientes a particulares; todo con observancia de lo que preceptúan las leyes de sanidad. 41a.- Establecer, mantener y administrar cementerios; determinar las condiciones para el otorgamiento de concesiones en los mismos para fines de enterramiento de cadáveres o monumentos; establecer, cuando lo estimen pertinente, servicios de pompas fúnebres; y dictar las reglamentaciones a que deban sujetarse los cementerios particulares existentes hasta ahora y los servicios particulares de pompas fúnebres; todo con arreglo a las leyes relativas a la materia. 42a.- Establecer empresas de construcción de sepulcros, panteones, mausoleos, y otros monumentos en los cementerios y otorgar concesiones sobre los mismos y sobre los terrenos que ocupen; 43a.- Establecer, sostener y administrar, cuando lo estimen pertinentes, servicios de transporte urbano o dentro de los límites del municipio. Estos servicios pueden también establecerse entre dos o más municipios mediante acuerdos entre los Ayuntamientos respectivos. 44a.- Participar, con autorización previa del Poder Ejecutivo, con otros municipios o con particulares, en la constitución y administración de compañías por acciones que tengan por objeto la explotación de servicios de utilidad pública con miras a la prestación más eficiente y económica de tales servicios y a la obtención de beneficios razonables; debiendo los estatutos de tales compañías ser aprobados por el Poder Ejecutivo. 45a.- Reglamentar la circulación y el estacionamiento de vehículos dentro de los límites de las zonas urbanas y suburbanas de las ciudades, villas y poblados, sin que sus disposiciones colidan con las de la ley. 46a.- Reglamentar el tránsito de animales dentro de los límites urbanos; el registro de perros y todo cuanto se refiera a las medidas de precaución que con respecto a animales establecen las leyes sanitarias. 47a.- Procurar que la población no carezca de los alimentos de primera necesidad, tomando las medidas conducentes al caso. 48a.- Procurar que la población disponga de servicios médicos y de farmacia en los días y horas no laborales. 49a.- Reglamentar todo lo concerniente a la supresión de ruidos innecesarios o inconvenientes dentro del radio de las poblaciones, con facultad para limitar o restringir el uso de las cosas que produzcan dichos ruidos. 50a.- Crear, sostener y administrar, cuando lo estimen necesarios o útil, escuelas u otros planteles de enseñanza, bibliotecas, museos, parques o jardines zoológicos o botánicos, academias y bandas de música, salas para actos y conciertos, teatros, campos para deportes, hipódromos u otros establecimientos de educación y recreo. 51a.- Dictar cualesquiera otras medidas que estimen necesarias o útiles para el ornato, la higiene, la seguridad o la comodidad de los habitantes, siempre que tales medidas no colidan con las leyes.
7. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 7 de 32 52a.- Disponer todo lo relativo al saneamiento, el registro y la conservación de los bienes y derechos del municipio. 53a.- Formar y mantener al día el catastro de los bienes y derechos inmobiliarios y el inventario de los bienes mobiliarios del municipio. 54a.- Administrar los bienes y rentas del municipio con arreglo a las leyes y en la forma más provechosa para los intereses del municipio. 55a.- Administrar los establecimientos y servicios públicos productivos del municipio, o subastar o contratar con particulares su administración mediante las condiciones y formalidades que en otro lugar se determinan; disponiendo cuanto fuere pertinente para la más eficaz prestación de los servicios y protección de los intereses del municipio, según el caso. 56a.- Adquirir los bienes que fueren necesarios o útiles para el desenvolvimiento de las actividades municipales, de acuerdo con las leyes. 57a.- Aceptar donaciones y legados, previa autorización del Poder Ejecutivo. En el caso de legados, la aceptación será a beneficio de inventario. 58a.- Resolver sobre la enajenación, la afectación o la constitución en garantía de los bienes municipales, con la autorización de la Cámara de Diputados conforme a la Constitución cuando proceda. 59a.- Conceder en arrendamiento bienes municipales, de acuerdo con lo que se dispone en otra parte de esta ley. 60a.- Establecer arbitrios con la aprobación del Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, y disponer cuanto concierna a su fiel recaudación. 61a.- Contratar empréstitos en la forma y con los requisitos que en otro lugar se determinan. 62a.- Votar anualmente el presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente, observando para ello las reglas que en otro lugar se disponen, y someterlo en tiempo útil a la aprobación del Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones; votar, cuando hubiere lugar a ello, en igual forma y someter a la misma aprobación, las modificaciones que fueren pertinentes introducir en dicho presupuesto. 63a.- Nombrar los empleados necesarios para las oficinas y servicios de la administración municipal. CAPITULO III DE LOS FUNCIONARIOS SECCION I EL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO Art. 32.- Corresponde a este funcionario: 1º.- Convocar para las sesiones ordinarias en los días y horas señalados por los reglamentos, y para sesiones extraordinarias cada vez que sea necesario o conveniente. 2º.- Abrir las sesiones, dirigir los debates y declarar cerrados los trabajos. 3º.- Nombrar las comisiones que la corporación determine. 4º.- Firmar la correspondencia; y firmar conjuntamente con el Secretario las actas y los demás documentos oficiales de la Corporación. 5º.- Comunicar a quien corresponda los acuerdos de la Corporación. 6º.- Visar las órdenes de pago expedidas por el Síndico cuando se trate de gastos, ordinarios y extraordinarios, cuyo detalle no conste en presupuesto, indicando la fecha de la disposición votada por el Ayuntamiento para acortar el pago. Art. 33.- En los casos de ausencia o impedimento del Presidente le reemplazará en el ejercicio de sus funciones el Vicepresidente de la Corporación. Si faltare definitivamente el Presidente, el Vicepresidente le reemplazará hasta la conclusión del período anual para el cual había sido elegido aquél. Párrafo I.- En los casos de ausencia o impedimento temporal del Presidente y del Vicepresidente presidirá el Regidor de mayor edad. Párrafo II.- Cuando falten definitivamente el Presidente y el Vicepresidente, el Ayuntamiento procederá a nueva elección para proveer ambos cargos hasta la terminación del período anual para el cual había sido elegidos los anteriores. SECCION II DEL SINDICO Art. 34.- El Síndico está encargado, bajo la vigilancia del Ayuntamiento: 1º.- De cumplir y hacer cumplir las disposiciones que se refieran a la administración de los bienes municipales. 2º.- De velar por la conservación de los bienes y derechos del municipio y hacer todo los
8. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 8 de 32 actos conservatorios de urgencia a que hubiere lugar, dando cuenta a la Corporación en la sesión siguiente. 3º.- De firmar en representación del Ayuntamiento los contratos que hayan sido debidamente autorizados, y velar por su fiel ejecución. Párrafo.- Los Ayuntamientos no serán responsables en ningún caso por contratos suscritos u obligaciones contraídas en su nombre o a su cargo por ningún funcionario, empleado o particular que no se esté legalmente autorizado para representarlos. 4º.- De llevar un índice de todos los contratos de arrendamiento en que haya intermedio el Ayuntamiento, y velar por su cumplimiento y por su rescisión cuando los arrendatarios no cumplan con todas las cláusulas de sus contratos. 5º.- De supervigilar el funcionamiento de los establecimientos y servicios municipales. 6º.- De dirigir y supervigilar los trabajos municipales. 7º.- De velar por que las vías públicas se mantengan en buen estado de conservación, orden y limpieza, y porque se cumplan las disposiciones legales que a ellas se refieran, disponiendo o proponiendo al Ayuntamiento cuantas medidas fueren pertinentes para tales fines. 8º.- De velar por el fiel cumplimiento de todas las disposiciones relativas a las urbanizaciones, las construcciones y el ornato. 9º.- De dirigir y supervigilar en el ejercicio de sus funciones a los Inspectores que designe el Ayuntamiento para velar por el buen orden y funcionamiento de los establecimientos y servicios municipales y por el cumplimiento de sus disposiciones. 10º.- De dirigir y supervigilar en el ejercicio de sus funciones a los Alcaldes Pedáneos. 11º.- De representar al municipio en justicia, ya sea como demandante o como demandado; y otorgar asentamientos, desistimientos y transacciones, con la previa autorización del Ayuntamiento, autorizado éste a su vez en todos los casos pro el Secretario de Estado de la Interior, Policía y Comunicaciones, y además por la Cámara de Diputados cuando tales actos envuelvan enajenación de derechos reales inmobiliares del municipio. 12º.- De dirigir la recaudación de las rentas. 13º.- De inspeccionar la Tesorería una vez por quincena por lo menos, y rendir informe de su gestión al Ayuntamiento. 14º.- De preparar y proponer a la Corporación el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos, así como los proyectos de reestimación de ingresos y de transferencias o modificaciones en el presupuesto vigente, cuando hubiere lugar; para todo lo cual puede requerir la asistencia del Tesorero Municipal. 15º.- De ordenar los pagos que deba efectuar el Tesorero Municipal, con la aprobación del Presidente del Ayuntamiento cuando se trate de pagos que no estén detalladamente consignados en el presupuesto. 16º.- Publicar las resoluciones, ordenanzas y reglamentos municipales y velar por su fiel ejecución. 17º.- De ejercer las demás atribuciones que le confieren otras disposiciones de esta ley o de otras leyes. 18º.- Velar por la exactitud de las pesas y medidas establecidas por las leyes y reglamentos. Art. 35.- El Síndico tendrá voz deliberativa, pero no voto, para las decisiones del Ayuntamiento. Art. 36.- El Síndico no puede ausentarse del municipio sin permiso del Ayuntamiento y del Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, so pena de destitución, salvo orden del Poder Ejecutivo, del Secretario de Estado de la Interior, Policía y Comunicaciones o de autoridad judicial competente. Art. 37.- En los casos de ausencia o impedimento del Síndico desempeñará sus funciones el suplente. Si la ausencia o el impedimento excedieren de un mes el suplente gozará del mismo sueldo que tuviere el Síndico. SECCION III DEL TESORERO Art. 38.- En cada municipio habrá un Tesorero, nombrado por el Ayuntamiento. Sus atribuciones serán: 1º.- Recaudar los arbitrios, derechos, impuestos, rentas y toda clase de ingresos que correspondan a la municipalidad; así como los ingresos del Estado cuya recaudación esté a su cargo por virtud de disposiciones legales. 2º.- Cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, de los fondos que pertenezcan al municipio o al Estado y que se encuentren bajo
9. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 9 de 32 su custodia, y efectuar los depósitos y remesas en conformidad con las disposiciones vigentes a este respecto. 3º.- Pagar las órdenes y libramientos legalmente expedidos por el Síndico, exigiendo para aquellos que lo requieran la aprobación del Presidente del Ayuntamiento y ciñéndose rigurosamente a todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 4º.- Llevar al día, con toda regularidad, la contabilidad de las operaciones que realice la tesorería, en conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 5º.- Rendir diariamente al Síndico un estado de las operaciones realizadas por la tesorería. 6º.- Hacer semanalmente un estado de caja, del cual remitirá sendas copias a la Cámara de Cuentas y al Contralor y Auditor General de la República, así como al Síndico Municipal. 7º.- Rendir al Contralor y Auditor General de la República, dentro de los primeros quince días de cada mes, un estado detallado de los ingresos y egresos del mes anterior, junto con sus comprobantes debidamente legalizados, para los fines previstos por la Ley sobre la Cámara de Cuentas de la República. 8º.- Prestar al Síndico y a los funcionarios o a las comisiones de inspección que designen la Cámara de Cuentas, el contralor y Auditor General, el Director del Presupuesto o el Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, toda su ayuda en la misión a ellos encomendada. 9º.- Rendir al Ayuntamiento, en el mes de octubre de cada año, por mediación del Síndico, un informe del estado del Tesoro municipal, de los ingresos y egresos realizados a esa fecha, de los que estime que se efectuarán en los meses restantes y de las entradas más probables para el próximo año económico. 10º.- Suministrar cualesquiera otros datos y rendir cualesquiera otros informes relativos a las operaciones de la tesorería que le fueren solicitados por el Síndico, por el Ayuntamiento, por el Contralor y Auditor General, por el Director del Presupuesto, por la Cámara de Cuentas o por el Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones. 11º.- Asistir al Síndico, si éste se lo requiere, en la preparación del proyecto de presupuesto y de los proyectos de re-estimación de ingresos o de modificaciones al presupuesto para ser presentados al Ayuntamiento. 12º.- Llevar un índice de todos los contratos de arrendamiento en que haya intervenido el Ayuntamiento, y velar por su cumplimiento y por su rescisión cuando los arrendatarios no cumplan con todas las cláusulas de sus contratos. 13º.- Llevar al día el catastro y los inventarios de los bienes municipales. 14º.- Las que resulten de otras disposiciones de la presente ley o de otras leyes, o de disposiciones legalmente dictadas por el Ayuntamiento. Art. 39.- Los Tesoreros Municipales están obligados a cumplir las órdenes emanadas del Ayuntamiento por conducto del Síndico, siempre que éstas no colidan con disposiciones legales. Deben dar fiel cumplimiento a las disposiciones de ley, aún en el caso de recibir órdenes contrarias del Ayuntamiento o del Síndico. Art. 40.- Ningún empleado de la Tesorería puede firmar documento alguno en nombre o por orden del Tesorero. Toda actuación realizada y todo documento firmado en contravención de estas disposiciones se considerarán sin ningún valor. Art. 41.- La falta temporal del Tesorero Municipal será suplida por el empleado de más categoría de su oficina, si fuere mayor de edad, o por la persona que designe el Ayuntamiento, quedando a cargo del Síndico Municipal las medidas que fueren procedentes a fin de que el servicio no sufra interrupción. Si la falta excediere de un mes el sustituto gozará del mismo sueldo que tuviere el Tesorero. SECCION IV DEL SECRETARIO Art. 42.- En cada Ayuntamiento habrá un Secretario nombrado por la misma Corporación. Sus deberes serán: 1º.- Llevar siempre al día los libros siguientes: uno de actas, en que se asentarán por orden de fechas las de las sesiones del Ayuntamiento; uno de correspondencia; uno de ordenanzas, resoluciones y reglamentos; y además, todos aquellos libros auxiliares que el Ayuntamiento estime necesarios. 2º.- Tener, bajo la responsabilidad que establecen las leyes para los depositarios públicos, el cuidado y la conservación de los archivos del municipio. Art. 43.- Todo los libros de la Secretaría deberán ser rubricados por el Presidente del Ayuntamiento en cada hoja,
10. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 10 de 32 rubricados por el Presidente del Ayuntamiento en cada hoja, con expresión en la última del número de folios que contienen. Art. 44.- En caso de ausencia o de impedimento temporal del Secretario desempeñará sus funciones el empleado de mayor categoría de la Secretaría, indicado por el Presidente del Ayuntamiento en caso de duda. CAPITULO IV DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES Art. 45.- Dentro de cada municipio pueden ser creados por ley uno o más Distritos Municipales. La ley determinará el territorio que deba constituir cada Distrito, así como su nombre y el lugar donde deba tener su cabecera. Art. 46.- Para cada Distrito Municipal el Ayuntamiento correspondiente nombrará una Junta Municipal compuesta de un Jefe de Distrito, quien la presidirá y ejercerá las funciones de Síndico, y dos vocales. Habrá además un Secretario y un Tesorero. Párrafo.- Para ser miembro de una Junta Municipal se requieren las mismas cualidades que para ser Regidor. Art. 47.- La Junta Municipal ejercerá en el Distrito las mismas atribuciones que el Ayuntamiento, pero sus acuerdos y resoluciones no podrán ponerse en ejecución mientras no hayan sido aprobados por el Ayuntamiento. Párrafo.- Cada Junta Municipal tendrá un sello en la forma que indica en el artículo 25. Art. 48.- La Junta Municipal formulará su presupuesto de ingresos y egresos, el cual deberá ser aprobado por el Ayuntamiento y sometido a la aprobación del Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones; sin la cual no podrá entrar en vigencia. De igual modo deberá ser aprobada toda reestimación o transferencia que se haga en dicho presupuesto. Art. 49.- El Jefe de Distrito ejercerá en su jurisdicción y bajo la supervigilancia del Síndico las atribuciones de éste en el municipio. Podrá ser remunerado en la misma forma que el Síndico, pero solamente de los ingresos del Distrito. Art. 50.- El Jefe de Distrito no puede ausentarse de su jurisdicción sin permiso de la Junta Municipal y del Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, o sin orden del Poder Ejecutivo, del Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones o de autoridad judicial competente. Art. 51.- En cada Distrito Municipal tendrá su asiento uno de los Juzgados de Paz que el artículo 70 de la Constitución autoriza a establecer en cada municipio. CAPITULO V DE LAS SECCIONES MUNICIPALES Y DE LOS ALCALDES PEDANEO SECCION I DE LAS SECCIONES Art. 52.- Cada municipio se divide en Secciones. Art. 53.- La creación de nuevas Secciones, así como la supresión o la modificación o consolidación de las existentes, y la atribución o el cambio de sus nombres, sólo podrá ser dispuesta por ley. SECCION II DE LOS ALCALDES PEDANEOS Art. 54.- En cada Sección habrá un Alcalde Pedáneo, nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del Gobernador de la Provincia. Art. 55.- Para ser Alcalde Pedáneo es necesario ser dominicano, mayor de edad, de preferencia saber leer y escribir, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, observar buena conducta y ser nativo de la Sección o tener por lo menos dos años de residencia en ella. Art. 56.- La aceptación del cargo de Alcalde Pedáneo es obligatoria, y no se podrá renunciar a él sino por haber cumplido sesenta años de edad o después de haberlo servido durante cinco años por lo menos, o por enfermedad que lo impida cumplir sus funciones. Art. 57.- Los Alcaldes Pedáneos podrán ser removidos por el Ayuntamiento por justa causa debidamente comprobada. Art. 58.- Tanto el nombramiento como la destitución o la cesación en el cargo de Alcalde Pedáneo serán comunicados por el Síndico al Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, al Gobernador de la Provincia, al Procurador Fiscal del Distrito Judicial, al Juez de Paz del municipio, al Jefe de puesto de la Policía Nacional, y al Oficial Comandante del Ejército Nacional en la Provincia.
11. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 11 de 32 Art. 59.- Cada Alcalde Pedáneo tendrá uno de dos suplentes, que serán nombrados y removidos en la misma forma que aquel. Párrafo. En el caso de que se nombre más de un suplente, el Ayuntamiento que lo designe determinará cual será el primero y cuál el segundo suplente. Art. 60.- Los Ayuntamientos podrán designar además auxiliares de los Alcaldes Pedáneos, quienes prestarán su asistencia a éstos en el ejercicio de sus funciones y las ejercerán en su representación en los parajes que les sean indicados por los mismos. Dichos auxiliares deberán rendir informes de sus actuaciones al Alcalde de la Sección a que corresponde. Art. 61.- El Alcalde Pedáneo está encargado de velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la autoridad municipal y por el mantenimiento del orden en la Sección a su cargo. Párrafo.- Estará bajo la dependencia directa del Síndico Municipal, y en las Secciones que formen parte de un Distrito Municipal, bajo la del Jefe de éste. Art. 62.- Además de las funciones que los códigos y otras leyes o las disposiciones del Ayuntamiento le encomienden, el Alcalde Pedáneo desempeñará las siguientes: 1a.- Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, resoluciones, reglamentos y disposiciones municipales, dando cuenta al Síndico de las infracciones que observare. 2a.- Dar cuenta inmediata al Síndico de cualquier deficiencia, interrupción o infracción que observare en los servicios y obras municipales. 3a.- Dar cumplimiento a las órdenes, requerimientos, notificaciones y circulares que reciba del Síndico, o del Ayuntamiento, o de otros funcionarios u organismos competentes, en lo concerniente a la ejecución de las disposiciones municipales y de otras disposiciones legales. 4a.- Cuidar de que se mantengan en buen estado y libres de obstrucciones los caminos vecinales e intermunicipales, así como de que no se alteren las servidumbres existentes en favor de dichos caminos o de los vecinos de la Sección. 5a.- Prestar el auxilio que en razón de sus funciones requieren los Tesoreros o los perceptores de ingresos municipales o del Estado. 6a.- Asistir a los lugares donde se celebren fiestas, reuniones, lidias de gallos y espectáculos públicos dentro de la Sección, y cuidar de que en ellos no se altere el orden ni se infrinjan las leyes ni las disposiciones municipales, y de que sean pagados los impuestos, arbitrios o derechos a que estuvieren sujetos. Las disposiciones municipales pueden establecer parte de los arbitrios o derechos pertenezcan al Alcalde Pedáneo a título de honorarios. 7a.- Cuando ocurra en la Sección la defunción de alguna persona cuyo enterramiento deba hacerse en un cementerio rural, recibir la declaración de defunción, transportándose previamente al lugar donde hubiere ocurrido ésta cuando conciba alguna duda o sospecha; y transmitir dicha declaración al Oficial del Estado Civil correspondiente, dentro de los diez días de haberla recibido, para que dicho funcionario la inscriba en sus registros; así como expedir la boleta para la inhumación, mediante el pago de los derechos correspondientes, los cuales deberá depositar en la Tesorería Municipal dentro de los tres días siguientes. Los Ayuntamiento proveerán a los Alcaldes Pedáneos de formularios para cumplir con las obligaciones que les impone este inciso. 8a.- Cuidar de que los cementerios que existen en la Sección se mantengan bien cercados, limpios y el buen orden de que en ellos se observen las disposiciones pertinentes; y hacer corregir cualquiera deficiencia que observare, o dar aviso de ella al Síndico. 9a.- Hacerse cargo de los cadáveres abandonados, así como de aquellos respecto de los cuales se tenga conocimiento o sospecha de haber ocurrido un crimen o un delito, practicando las diligencias que sean necesarias hasta la llegada de las autoridades competentes, a las cuales dará aviso inmediato. Art. 63.- Los Ayuntamientos podrán fijarles sueldos a los Alcaldes Pedáneos cuando lo estimen conveniente. CAPITULO VI DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES Art. 64.- Los Ayuntamientos podrán designar Inspectores para supervigilar los establecimientos y servicios públicos municipales y velar por el cumplimiento de las ordenanzas, resoluciones y reglamentos municipales. Párrafo.- Los Inspectores así designados deberán prestar el juramento de respetar la Constitución y las leyes y de cumplir fielmente los deberes de su cargo que requiere el
12. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 12 de 32 artículo 100 de la Constitución. Este juramento será prestado ante el Síndico Municipal el Juez de Paz o cualquier otro funcionario u oficial público, y de ello se redactará la correspondiente acta. Art. 65.- Los Inspectores Municipales redactarán actas de las infracciones a las disposiciones municipales que sorprendan, las cuales harán fe de acuerdo con el artículo 154 del Código de Procedimiento Criminal; y las trasmitirán al Síndico Municipal a fin de que este funcionario someta a los infractores ante los jueces competentes cuando proceda. TITULO II DE LOS BIENES Y RENTAS MUNICIPALES CAPITULO I DE LOS BIENES MUNICIPALES SECCION I DE SU ADMINISTRACION Y CONSERVACION Art. 66.- Corresponde a cada Ayuntamiento administrar los bienes del municipio y velar por su conservación, así como por su mejor aplicación en provecho de los intereses municipales, ajustándose en todo a las disposiciones legales. Art. 67.- Los Ayuntamientos deberán disponer cuanto fuere pertinente para establecer con claridad la situación jurídica de sus ejidos y demás bienes y proceder a su saneamiento y registro en conformidad con la ley. Art. 68.- Cada Ayuntamiento deberá formar y mantener al día el catastro inscribiendo en él, respecto de cada inmueble, su naturaleza y descripción, su situación, sus linderos, su extensión superficial, la naturaleza y la fecha del acto mediante el cual fue adquirido, los datos relativos a su transcripción o registro, y el número de la fecha del certificado de título si se tratare de un inmueble registrado. Además, cuando el inmueble no estuviere saneado, se anotará para memoria cualquier reclamación relativa al mismo. Párrafo.- Deberá incluirse en el catastro aquellos bienes que por haber salido del dominio público se consideran como bienes patrimoniales del municipio, tales como plazas, calles y caminos abandonados o parte de éstos. Art. 69.- De los bienes muebles pertenecientes a cada municipio se hará y mantendrá al día el correspondiente inventario. Art. 70.- Tanto el catastro como el inventario de bienes mobiliares estarán a cargo del Tesorero, bajo la supervigilancia del Síndico, y se llevarán de acuerdo con las reglas que indique el Contralor y Auditor General de la República. SECCION II DE LOS ARRENDAMIENTOS Y VENTAS DE TERRENOS Y SOLARES DEL MUNICIPIO Art. 71.- Los ocupantes de terrenos rurales pertenecientes a los municipios hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 66, del 7 de agosto de 1942 que ya estén establecidos en ellos con el consentimiento de los Ayuntamientos respectivos se considerarán arrendatarios y deberán pagar anualmente un arrendamiento de dos por ciento del valor de los terrenos. Esos arrendatarios y sus herederos no serán perturbados en el goce de los terrenos mientras los ocupen y paguen regularmente el arrendamiento. Art. 72.- Los ocupantes de solares del municipio hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 66, del 7 de agosto de 1942 que hayan fabricado en ellos con el consentimiento del Ayuntamiento respectivo se considerarán arrendatarios y deberán pagar un arrendamiento anual de cuatro por ciento del valor de los solares. Esos ocupantes y sus herederos no serán perturbados en su goce mientras los ocupen y paguen regularmente el arrendamiento. Art. 73.- Los Ayuntamientos podrán arrendar los terrenos rurales de los municipios que no estén ocupados, así como lo solares yermos de su propiedad que no estén arrendados ya, con la condición de que los arrendatarios exploten los primeros y fabriquen en los últimos dentro del año del arrendamiento. En uno y otro caso el precio anual de los arrendamientos será el fijado en los artículos anteriores y su duración no podrá exceder, bajo ninguna forma, de veinte años. Art. 74.- El valor de los terrenos y solares de los municipios sujetos a arrendamiento será tasado por los Ayuntamientos cada cinco años o más, quedando obligados los arrendatarios a pagar los arrendamientos de acuerdo con esas tasaciones.
13. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 13 de 32 Art. 75.- Los Síndicos cuidarán de que se formalicen debidamente por escrito en cada caso los contrato de arrendamiento. Art. 76.- Todo arrendamiento de terrenos o solares municipales estará sujeto a quedar resuelto de pleno derecho, mediante simple notificación que haga el Ayuntamiento al arrendatario, en cualquier caso en que el Ayuntamiento considere necesario utilizar los terrenos o solares arrendados para fines de utilidad pública. Todo lo relativo a las mejoras que existieren en los terrenos o solares arrendados se regirá por el derecho común. Art. 77.- Los Síndicos y los Tesoreros Municipales llevarán un índice de todos los contratos de arrendamiento en que hayan intervenido los Ayuntamientos respectivos, y velarán por el cumplimiento de dichos contrato y por la rescisión de los mismos cuando los arrendatarios no cumplan con todas sus cláusulas. Párrafo.- Copias de los índices previstos en este artículo serán enviadas a la Secretaría de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, para su conservación en el negociados correspondiente. Art. 78.- Los Síndicos y los Tesoreros municipales que no cumplan las obligaciones que les imponen los artículos anteriores, o que por negligencia o por interés personal o de algún familiar permitan el incumplimiento de los contratos de arrendamiento en perjuicio del tesoro municipal, podrán ser castigados con las penas que se establecen en el artículo 147. Art. 79.- Se exceptúa de todo pago a los pobres de solemnidad, a juicio del Ayuntamiento; a las viudas de los que hayan perdido la vida en defensa de la Patria y a los hijos menores de éstos, así como también a aquellos que se hayan invalidado en defensa de la Patria. Párrafo.- De todos los casos así exceptuados se tomará la debida constancia, por acuerdo del Ayuntamiento, en los registros a cargo del Síndico y del Tesorero. Art. 80.- Cada vez que un Ayuntamiento efectúa la tasación del valor de los terrenos y solares del municipio la tarifa que de ello resulte será enviada a la Cámara de Diputados, para su autorización o no autorización. Párrafo I.- Una vez autorizada la tarifa por la Cámara de Diputados, no podrá ser modificada antes de que transcurran cinco años de su aprobación, a no ser por la otra resolución votada por dos terceras partes, por lo menos, del número de miembros de la corporación, en la que se demuestren la existencia de una de una necesidad absoluta o de una utilidad evidente, y que esa resolución sea autorizada por la Cámara de Diputados. Párrafo II.- En cada contrato de venta se hará mención de la resolución de la Cámara de Diputados que haya autorizado la enajenación conforme a la tarifa que establezca el precio estipulado. Art. 81.- En los casos en que los arrendatarios de terrenos o solares municipales deseen adquirir por compra los terrenos o solares ocupados por ellos en su referida calidad de arrendatarios, los Ayuntamientos podrán hacer tales ventas, fijando como precio de las mismas el valor atribuido a los inmuebles de que se trate en la última tarifa votada por el Ayuntamiento y autorizada por la Cámara de Diputados. Art. 82.- En todos los demás casos de enajenación de inmuebles o de afectación de éstos o de rentas en garantía se observarán las disposiciones de la Constitución que requieren la autorización o la aprobación de la Cámara de Diputados. SECCION III DEL FONDO INMOBILIDARIO Art. 83.- El producto de las enajenaciones de cualesquiera bienes inmobiliarios que formen parte del patrimonio de un municipio debe ser llevado a una cuenta que se denominará Fondo Inmobiliario, de la cual no podrá hacerse erogación ni transferencia alguna sin la autorización previa del Poder Ejecutivo. Art. 84.- El Poder Ejecutivo no otorgará la autorización a que se refiere el artículo anterior cuando no sea solicitada por invertir los valores del fondo inmobiliario para alguno de los siguientes fines: a) Adquisición, reconstrucción, mejoramiento o saneamiento de bienes inmobiliarios pertenecientes al municipio; b) Adquisición, establecimiento, reconstrucción o mejoramiento de obras, empresas o servicios productivos de rentas; c) Adquisición de bienes mobiliarios que por su naturaleza representen un efectivo aumento en el patrimonio municipal y sean productivos de rentas;
14. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 14 de 32 d) La amortización de empréstitos contratados para los fines indicados en los acápites precedentes. Párrafo I.- En consecuencia, toda solicitud de autorización para invertir valores del fondo inmobiliario deberá indicar específicamente los bienes de cuya adquisición, reconstrucción, mejoramiento o saneamiento se trate, la obra que se proyecte emprender o el empréstito que se proyecte amortizar, acompañada de las evaluaciones correspondientes o de sus presupuestos, debidamente formulados y de una relación demostrativa de la productidad apreciada de la empresa u obra, o de la importancia económica de los bienes, o de la conveniencia de la amortización, según los casos. Párrafo II.- Aún cuando se hubieren cumplido las condiciones indicadas en el presente artículo, el Poder Ejecutivo podrá rehusar la autorización para efectuar erogaciones con cargo al fondo inmobiliario cuando a su juicio no sean beneficiosas para el interés del municipio. SECCION IV DE LA ADMINISTRACION Y DE LA SUBASTA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS Art. 85.- Los Ayuntamientos podrán conceder anualmente, por medio de subastas y con las condiciones y formalidades que se establecen más adelante, la administración y explotación por particulares de los establecimientos o servicios públicos productivos que les pertenezcan o estén bajo su dependencia, siempre que por su naturaleza no requieran ser administrados por gestión municipal directa. Párrafo.- No se pueden celebrar contrato relativos a la concesión, la venta o el arrendamiento de grado a grado o al remate de proventos municipales por más de un año, y se considera nulo y sin efecto cualquier contrato que se efectúa en contradicción con esta disposición. Los Regidores que concurran con su voto a autorizar tales contrato o remates serán condenados a cien pesos de multa y un mes de prisión y a la destitución del cargo. Art. 86.- Los procedimientos para las subastas tendrán efecto y deberán ultimarse, para cada año, dentro del período comprendido entre el primero de Octubre y el quince de Noviembre del año anterior. Pasado ese período, ningún ramo municipal podrá ser subastado hasta el período siguiente, debiendo quedar bajo la administración municipal. Art. 87.- Las personas que deseen participar en las subastas de ramos municipales deberán depositar, en efectivo o en cheque certificado, una fianza provisional en la Tesorería Municipal correspondiente, con condición esencial para su admisión en las pujas. Esta fianza garantizará todas sus obligaciones como licitador, principalmente la aprobación y firma del contrato de remate y el otorgamiento de la fianza definitiva si resultare adjudicatario; y su monto será fijado entre uno y diez por ciento del valor de primera puja del ramo de que se trate. Esta fianza quedará en favor del tesoro municipal, sin más formalidad, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dichas. Párrafo I.- Sólo mediante la presentación de una constancia suscrita por el Tesorero Municipal de haber cumplido con esta obligación, podrán ser admitidos los interesados en las subastas. Párrafo II.- Esta fianza será devuelta a los postores tan pronto se haya celebrado la subasta definitiva. Al adjudicatario se le devolverá a su requerimiento, luego de haber satisfecho todas las obligaciones y formalidades para su entrada en goce del ramo subastado. Art. 88.- No podrán ser subastadores de ramos municipales los miembros, ni los empleados de los Ayuntamientos correspondientes, ni personas interpuestas por ellos, ni los incapaces para contratar, ni los deudores del municipio de cuyos bienes se trate, cuando los créditos estén vencidos y sean exigibles a la fecha de la subasta, ni ningún funcionario o empleado de carácter militar o judicial con jurisdicción sobre el municipio. Art. 89.- El valor fijado como precio de primera puja de cada ramo municipal, para los fines de subasta, deberá ser por lo menos cinco por ciento más elevado que el producto de dicho ramo en el año anterior. En caso de no presentarse licitadores en la primera subasta, se podrá realizar una segunda fijándose como primera puja el producto del ramo en el año anterior. Si en la segunda subasta tampoco se presentan licitadores, se podrá realizar una tercera y última subasta, fijándose como primera puja la suma que resuelva el Ayuntamiento, siempre que haya sido previamente aprobada por la Secretaría de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones. En caso de que no sea
15. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 15 de 32 aprobada un fijación de precio dada por el Ayuntamiento o de que habiendo sido aprobada no concurran licitadores, el ramo de que se trate será administrado directamente por el Ayuntamiento. Párrafo.- Sin embargo, con la aprobación de la Secretaría de Estado de los Interior, Policía y Comunicaciones, cualquier ramo administrado directamente podrá ser vendido de grado a grado. Art. 90.- La subasta de cada ramo, que será efectuada en la forma acostumbrada, estará precedida de tres avisos publicados en el prensa local, donde está exista, o en la de Ciudad Trujillo, con la pertinente anticipación. En caso de segunda o tercer subasta será suficiente un solo aviso. Párrafo.- Las subastas las efectuará el Ayuntamiento constituido en sesión extraordinaria, en la que estará presente el Síndico Municipal. Serán conducidas por el Secretario, quien asentará los detalles en el acto de la sesión. Art. 91.- No se podrá tomar en consideración ninguna oferta relacionadas con subastas de ramos municipales que contenga proposiciones distintas de las estipuladas en los pliegos de condiciones, aún cuando fueren de apariencia más ventajosas para los intereses municipales. En tal virtud, las pujas deberán ser hechas con claridad y precisión por los licitadores; quedando terminantemente prohibida la consideración de ofertas formuladas antes de las subastas, o durante su celebración, de sumas mayores que la última puja del mejor postor. Art. 92.- Los pliegos de condiciones para las subastas serán redactados por los Ayuntamientos y no entrarán en vigor mientras no hayan sido aprobados por resolución dictada por la Secretaría de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, y notificadas a la Cámara de Cuentas. Una vez puestos en vigor los pliegos de condiciones, regirán para los años subsiguientes indefinidamente, salvo en aquellas partes de su texto excepcionalmente variables, tal como se establece más abajo, y las modificaciones introducidas mediante las mismas formalidades antes mencionadas o por propia autoridad de la Secretaría de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones. Art. 93.- Todo pliego de condiciones deberá contener, como menciones fundamentales las siguientes: La obligación por parte de los subastadores, de prestar una fianza de un monto nunca menor de quince por ciento, si es ofrecida en efectivo o en cheque certificado, ni de treinta por ciento si lo es en cualquiera otra forma, del precio de la adjudicación, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones creadas por la subasta; la obligación de que los pagos se realicen por mensualidades adelantadas, salvo en los casos en que, como en el de los proventos de galleras, acuerde otra forma la Secretaría de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones; que la retraso de más de diez días en el pago de una mensualidad, los rematantes pagarán un recargo de cinco por ciento sobre los valores adeudados; que al retraso de un mes en el pago quedará rescindido de pleno derecho el contrato de remate, y, en consecuencia, el Ayuntamiento ejecutará la fianza a los fines del cobro correspondiente, y asumirá la administración directa del ramo, mediante una simple resolución notificada al rematante en falta. Además contendrán los pliegos de condiciones aquellas menciones necesarias para caracterizar la naturaleza del provento de que se trate, así como las de precios, tarifas de cobros y demás especificaciones pecuniarias que son esencialmente variables de año en año. Art. 94.- El contrato de subasta quedará formalizado por la simple declaración de aceptación suscrita por el subastador al pie del pliego de condiciones, sin más formalidad que la fecha en que firma y el precio de la subasta. Art. 95.- Adjudicado un ramo por subasta, el rematante estará obligado a constituir la fianza definitiva dentro de los cinco días siguientes a la adjudicación, a falta de lo cual se considerará de pleno derecho como falso subastador, quedando el Ayuntamiento en libertad de celebrar una nueva subasta si fuere de lugar de acuerdo con esta ley. El falso subastador será condenado a prisión correccional de uno a seis meses y la fianza depositada por él ingresará al tesoro municipal. Párrafo I.- La constitución de fianza se hará por ante el notario que designe el Síndico Municipal. Una copia ejecutoria del acto será depositada en secretaría, para los fines pertinentes; quedando obligado el Secretario a enviar inmediatamente sendas copias del mismo, certificadas por él, a la Secretaría de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones y a la Cámara de Cuentas. Párrafo II.- La fianza quedará afectada, principalmente: a) al pago del remate, que será hecho por adelanto, en la forma establecida por los pliegos de condiciones; b) a las reparaciones y demás obligaciones que los pliegos de condiciones y esta ley ponen a cargo del rematante; y c) a los daños y perjuicios que
16. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 16 de 32 ocasione la falta de cumplimiento, de parte del rematante, de las obligaciones por él contraídas. Art. 96.- Cuando los proventos sean explotados en locales pertenecientes al municipio o suministrados por éste, recaerán sobre los rematantes las obligaciones de conservar, mantener y entregar los edificios, así como los efectos y mobiliarios puestos bajo su guarda, en las mismas condiciones materiales y de uso en que los recibieran; debiendo restituir el valor de los deterioros, roturas y depreciaciones al término de sus ejercicio como rematantes. Al cumplimiento de estas obligaciones quedará afectada la fianza definitiva prestada de que trata el artículo anterior. Párrafo.- En tal virtud, la entrega y el recibo de estos bienes se hará obligatoriamente mediante inventarios y evaluaciones aceptados por ambas partes. Art. 97.- Los bienes a que se refiere el articulo anterior no podrán ser alterados ni modificados sino con el consentimiento previo y expreso del Ayuntamiento. Art. 98.- Todo rematante estará obligado a aceptar la supervisión y fiscalización, en todo cuando se refiere al ramo subastado, de los Inspectores designados por el Ayuntamiento que acrediten su calidad de tales, además de la que ejerza el Síndico Municipal. Párrafo.- El Ayuntamiento podrá, cuando lo estime necesario o conveniente, investir temporal o permanentemente con la calidad de Inspectores a cualesquiera de sus Regidores, funcionarios o empleados. Art. 99.- Los rematantes están obligados a comunicar al Ayuntamiento, dentro de los primeros cinco días de cada mes y en la forma que el Ayuntamiento disponga o que acepte a proposición de los rematantes, todos los datos relativos a la recaudación y al estado económico de sus respectivos ramos durante el mes anterior. Art. 100.- Corresponde a los Ayuntamientos intervenir frente a los rematantes en todos los casos en que éstos dejaren de ofrecer buen servicio al público. Párrafo.- Los remates están en la obligación, cuando así se lo requiera el Ayuntamiento, de separar de su servicio a cualquiera de sus agentes o empleados en los ramos subastados, por causa de mala conducta notoria que afecte en cualquiera medida la marcha de estos servicios públicos, o de incapacidad comprobada en el desempeño de sus funciones. Art. 101.- Cuando algún provento sea administrado directamente por el Ayuntamiento, la persona o las personas que éste encargara de tales funciones estarán sujetas a las mismas obligaciones y responsabilidades que los rematantes, sin que esto excluya cualesquiera otras obligaciones y responsabilidades que las leyes establezcan a su cargo o a cargo de otros funcionarios o empleados del municipio por la administración del patrimonio municipal. Art.102.- En ningún caso podrá el rematante ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos adquiridos por virtud de la adjudicación de un ramo municipal, sin la autorización expresa del Ayuntamiento. Párrafo.- Sea cual fuere la forma y el alcance de la cesión o transferencia, el rematante y el cesionario serán solidariamente responsables frente al municipio de todas las obligaciones contraídas por el rematante, a menos que el Ayuntamiento acepte la cesión o transferencia y consienta de modo expreso en liberar al rematante de las obligaciones contraídas por él hasta ese momento. Si el Ayuntamiento resolviere aceptar la cesión o transferencia, el cesionario estará obligado a constituir fianza, y la constituida por el rematante no quedará liberada hasta el momento en que la haya hecho. Art. 103.- Los Ayuntamientos podrán en cualquier momento reasumir la administración directa de un ramo subastado, abonando al rematante diez por ciento de la suma pendiente de pagar por él al Ayuntamiento hasta el fin del año. Esta facultad sólo podrá ser ejercida con la autorización previa del Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, obtenida mediante solicitud debidamente circunstanciada. Párrafo I.- No se reconocerán reclamaciones, indemnizaciones o bonificaciones en favor de los rematantes a menos que estén justificadas por ciclones, incendios, movimientos sísmicos, inundaciones, destrucción de puentes y caminos o epidemias, debidamente comprobados y que realmente hayan producido interrupción en la explotación del ramo subastado. En cualquier otro caso de fuerza mayor debidamente comprobado el Ayuntamiento tendrá facultad para reconocer o no la reclamación, indemnización o bonificación solicitada por el rematante. Párrafo II.- En ningún caso podrán ser aplicada las disposiciones que anteceden sin la aprobación expresa del Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, sin que
17. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 17 de 32 esta decisión última dé lugar a ninguna acción o derecho en favor del rematante. Art. 104.- Los Ayuntamientos no podrán acordar resolución alguna que exonere a los rematantes de la obligación de sufragar los gastos de explotación de los proventos, tales como salarios de empleados, mantenimiento, adecuación y reparación de locales, aun cuando éstos sean de propiedad municipal, y cualesquiera otros, así como los gastos para la formalización del remate, salvo la publicación de los avisos de subasta. Art. 105.- El Tribunal Superior Administrativo, conocerá de las controversias que se susciten entre los Ayuntamientos y las personas ligadas a ellos por los contratos de remate otorgados conforme a la presente ley. Las sentencias que dicte el Tribunal Superior Administrativo serán finales, tendrán fuerza ejecutoria y se publicarán en el boletín del Tribunal o en la Gaceta Oficial. Párrafo.- Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. SECCION V DE LAS ADQUISICIONES DE GRADO A GRADO O POR VIA DE EXPROPIACION FORZOSA Art. 106.- Los Ayuntamientos pueden adquirir por compra, permuta, donación, legado o cualquier otro medio lícito toda clase de bienes, debiendo observar las disposiciones que se establecen en la Sección VI de este Capítulo en lo que ser refiere a la compra de materiales, efectos o bienes mobiliares. Pueden también tomar en arrendamiento u obtener por otros medios lícitos el uso y goce de toda clase de bienes. Párrafo.- Para la aceptación de donaciones, o legados, será indispensable en cada caso la autorización previa del Poder Ejecutivo. En el caso de legados, la aceptación será a beneficio de inventario. Art. 107.- Pueden también proceder a la expropiación de bienes por causa de utilidad pública en los casos y en la forma que determine la legislación especial relativa a esta materia. SECCION VI DE LAS COMPRAR DE BIENES MOBILIARES Art. 108.- En los municipios cuyos ingresos presupuestales no alcancen a veinte mil pesos, el Síndico, cuando haya sido autorizado por el Ayuntamiento para ordenar la adquisición, al contado o a crédito, de cualquier clase de materiales , efectos o bienes muebles por cuenta del municipio, cuyo valor sobrepase de doscientos pesos, estará obligado a obtener previamente la conformidad de la Comisión de Compras Municipales de que se trata más adelante. Art. 109.- Las Comisiones de Compras Municipales estarán constituidas, en los municipios que sean cabeceras de Provincias, por el Gobernador Civil quien la presidirá; por el Colector de Rentas Internas y por el Tesorero Municipal; y en los municipios que no sean cabeceras de Provincias por el Presidente de la Junta Comunal del Partido Dominicano, quien la presidirá; por el Juez de Paz y por el Tesorero Municipal. Desempeñarán las funciones de secretarios de estas comisiones, en los primeros, el Secretario de la Gobernación, y en los últimos, el Secretario del Ayuntamiento. Art. 110.- Corresponde a las Comisiones de Compras Municipales comprobar la calidad, el estado y la conveniencia de los bienes que se trata de adquirir; la justeza de los precios; la autorización otorgada al Síndico Municipal para realizar la operación; la concordancia entre la resolución del Ayuntamiento y la interpretación que el Síndico le haya dado a los fines de su cumplimiento; y, en general, establecer si la adquisición propuesta por el Síndico corresponde exactamente a la resolución municipal acordada. Art. 111.- Además, la Comisión estará obligada a comprobar si existe apropiación presupuestal para la compra y, si la operación es al contado, si están disponibles los balances correspondientes a los valores a que ascienda el precio de las adquisiciones; y en caso de ser a crédito, si es justificada la estimación de los ingresos en la partida a cuyo cargo se imputa la deuda, a la fecha en que deba efectuarse el pago. Art. 112.- En cada caso, el Síndico Municipal apoderará a la Comisión por medio de instancia dirigida a su presidente. Este escrito deberá contener, por lo menos, una relación suscinta de la obra o de los fines, que se ha propuesto el Ayuntamiento al acordar la
18. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 18 de 32 adquisición la indicación de la partida presupuestal de la que se proyecta erogar los valores correspondientes al precio, y, especialmente, el balance disponible en esa partida, en un monto capaz de cubrir el importe de los bienes que se trata de adquirir, o la demostración justificativa de las estimaciones de los ingresos correspondientes a la época del pago, según los casos; y la información explícita de los bienes que se proyecta adquirir, de las personas o entidades que los ofrecen en venta, de los precios cotizados, así como todo otro dato que pueda ilustrar a las Comisiones. Esta instancia será acompañada de una copia certificada de oficio por el Secretario del Ayuntamiento, del acuerdo tomado por éste; de una constancia certificada por el Tesorero Municipal de los balances y la situación actual de la partida presupuestal, y de las ofertas sometidas por los interesados, cuando las hubiere. Art. 113.- Para los fines de las disposiciones que anteceden se considerará como una sola adquisición, y por lo tanto, deberá tenerse en cuenta el total de su monto para la determinación de si procede o no someterla a la consideración de la Comisión de Compras, toda compra que sea resuelta por el Ayuntamiento por un solo acuerdo y para su aplicación a una sola obra o a un mismo propósito, aún cuando se haya acordado hacer las adquisiciones en forma sucesiva, o por cantidades cuyos precios fueren inferiores a doscientos pesos, o con imputación a partidas presupuestales diversas. En caso de duda, el que sean cumplidas las prescripciones que anteceden. Art. 114.- Cuando los miembros de la Comisión no pudieren ponerse de acuerdo entre sí o con el Síndico en cuanto a si procede la adquisición, sean cuales fueren los motivos aducidos, el Presidente de la Comisión lo comunicará al Presidente del Ayuntamiento, quien convocará extraordinariamente a esta corporación, la cual, después de oír los alegatos que le sean sometidos por escrito al Presidente de la Comisión y del Síndico, revolverá en consecuencia. Art. 115.- En los casos en que exista urgencia en la adquisición, el Síndico deberá indicarlos así en su instancia al Presidente de la Comisión, quien estará obligado a obtener la decisión definitiva de ésta en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a contar del momento en que le sea sometido el caso por el Síndico. Para la comprobación de este plazo el Presidente de la Comisión está obligado a dar constancia escrita, al Síndico de la fecha y la hora en que recibió la instancia. Párrafo.- En caso de desacuerdo, el procedimiento previsto en el artículo anterior deberá ser cumplido dentro de las veinticuatro horas siguientes al sometimiento del caso al Ayuntamiento por la parte más diligente. El Presidente del Ayuntamiento, bajo cuya personal responsabilidad queda la fiel aplicación de las disposiciones de este artículo, estará obligado a dar constancia escrita de la fecha y la hora en que fue apoderado de la controversia. Art. 116.- Toda ausencia, incapacidad o inhabilidad que ocurra entre los miembros de la Comisión de Compras Municipales será suplida temporalmente por la persona que designe para cada caso el Ayuntamiento en sesión extraordinaria convocada para tal fin. Esta designación quedará sin efecto tan pronto como se incorpore a la Comisión el miembro sustituido. Art. 117.- Toda compra de bienes mobiliarios por los Ayuntamientos y las Juntas de Distritos Municipales que represente un egreso en total de más de quinientos pesos deberá realizarse por medio de concurso público. Párrafo.- Ningún concurso para la compra de bienes mobiliarios podrá ser abierto sino después de comprobarse que se tienen los fondos necesarios para la compra. Art. 118.- Para la celebración de los concursos para compra de bienes mobiliarios regirán las siguientes reglas: a) La corporación interesada resolverá en sesión la compra de que se trata y remitirá un expediente de ello al Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, en su calidad de Presidente de la Liga Municipal Dominicana. b) El Síndico Municipal o el Jefe del Distrito Municipal, según el caso, publicará tres veces consecutivamente en un diario de circulación nacional los avisos para el concurso, en los cuales se señalará con absoluta precisión lo que se desea comprar, con las especificaciones necesarias, fijándose un plazo determinado para le cierre del concurso, fuera del cual no será recibida ninguna nueva proposición.
19. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 19 de 32 c) Las proposiciones deben ser hechas por escrito y dirigidas por correo certificado al Presidente del Ayuntamiento o al Jefe de la Junta de Distrito Municipal, según sea el caso y deberán contener, de acuerdo con el aviso del concurso, todos los datos e informaciones indispensables, de manera que posteriormente, no se hagan necesarios otros detalles adicionales o nuevas consultas. Una copia de dichas proposiciones deberá también ser remitida por el proponente y por correo certificado, al Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones en su calidad de Presidente de la Liga Municipal Dominicana, requisito sin cuyo cumplimiento no se tomará en consideración. El recibo de certificado expedido por la Oficina Postal correspondiente servirá de prueba de la remisión de dicha pieza. d) Recibidas las proposiciones, la corporación interesada, después de vencido el plazo del concurso, conocerá de éste en sesión pública, y remitirá todo el expediente a la secretaría de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones con su recomendaciones precisas y motivadas. e) El Consejo Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana conocerá y examinará el expediente del concurso, informando a la corporación interesada su decisión. f) El Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana tendrá facultad para resolver lo que sea procedente en cada concurso y podrá además solicitar de los funcionarios municipales, o de otras fuentes, todas las informaciones suplementarias que estime convenientes para su completa edificación. g) Cuando no haya habido proposiciones o cuando éstas no le parezcan aceptables, el Comité Ejecutivo deberá disponer que se declare desierto el concurso. En estos casos, el Comité Ejecutivo podrá resolver que la compra se haga de grado a grado. h) En los casos de mayor importancia, el Comité Ejecutivo si lo juzga conveniente podrá ejecutar por sí mismo el concurso para la compra de que se trate y conforme a las reglas ya establecidas por los artículo 117 y siguientes de esta ley. Art. 119.- El Presidente de la República, por razones de urgencia u otras circunstancias atendibles, podrá autorizar la compra de bienes mobiliarios por las corporaciones a que se refiere esta ley, sin necesidad de concurso. Art. 120.- En todos los casos en que el Síndico Municipal efectúe o autorice la adquisición por cuenta del municipio de materiales, efectos o bienes mobiliarios de cualquier especie, sean cuales fueren su valor y la forma en que la adquisición haya sido ordenada o autorizada, siempre que su pago no haya de efectuarse al contado, deberá dar inmediatamente copia al Tesorero Municipal de la orden de compra y de los documentos que justifiquen su aprobación, si los hubiere; y el Tesorero Municipal hará constar en el libro correspondiente la obligación contraída, si encontrare que la orden ha sido regularmente expedida, y en caso contrario la devolverá al Síndico con las observaciones que fueren de lugar. Párrafo.- El Tesorero asentará también los pagos totales o parciales, a medida que se efectúen.
20. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 20 de 32 CAPITULO II DE LOS INGRESOS SECCION I DE LA CLASIFICACIONES DE LOS INGRESOS Art. 121.- Constituyen ingresos ordinarios de los municipios: a) Las rentas provenientes de sus bienes propios; b) El producto de la administración o de la contratación de grado a grado o mediante subasta, de los establecimientos y servicios públicos productivos del municipio; c) El producto de los arbitrios que en virtud de la Constitución están autorizados los Ayuntamientos para establecer; d) El producto de los impuestos, tasas, derechos, contribuciones y recargo establecidos en su provecho por leyes nacionales; e) La porción que las leyes les atribuyen del producto de determinados impuestos o derechos establecidos en favor del Estado; f) Los subsidios que reciben del Estado regular y periódicamente, en virtud de disposiciones permanentes. Art. 122.- Son ingresos extraordinarios de los municipios: a) Los subsidios que les conceda el Estado ocasionalmente; b) El producto de las enajenaciones de bienes municipales; c) Los empréstitos; d) Las donaciones y legados; e) Los que se perciban por otras causas no previstas. SECCION II DE LOS ARBITRIOS Art. 123.- El establecimiento y la modificación de arbitrios por los Ayuntamientos está sujeto a la aprobación del Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, la que deberá consignarse al pie de la disposición municipal correspondiente. Art. 124.- Los Ayuntamientos pueden mantener los arbitrios ya existentes y establecer cualesquiera otros, siempre que no colidan con la Constitución y las leyes, y en particular los que a continuación se enumeran: 1º.- Sobre la matanza de animales para consumo o industrialización. 2º.- Sobre la conducción de carnes a los mercados y puestos de venta, cuando se efectúe en vehículos pertenecientes al municipio. 3º.- Sobre la venta de carnes. 4º.- Sobre el uso de los mercados y sus dependencias y de los muebles, utensilios y aparatos colocados en ellos. 5º.- Sobre anuncios, muestras y carteles. 6º.- Sobre el uso de aparatos radioreceptores, reproductores o amplificadores de música o de sonidos para fines de propaganda comercial o de especulación, ya sea en lugares fijos o en vehículos, y sin que el pago de este arbitrio exima de la aplicación de las disposiciones relativas a los ruidos innecesarios o molestosos. 7º.- Sobre bailes y fiestas que se celebren con fines especulativos. 8º.- Sobre juegos permitidos y sobre las apuestas que se hagan en ellos. 9º.- Sobre las galleras y las jugadas de gallos, en aquellos municipios donde el Poder Ejecutivo no haya dispuesto todavía que las galleras sean consideradas como estadios para fines deportivos y sujetas a las disposiciones legales correspondientes. 10º.- Sobre el registro de vehículos de tracción animal o muscular y la expedición de las tablillas correspondientes. 11º.- Sobre la concesión de permisos y licencias o la intervención de autoridades municipales en los casos previstos por el párrafo I del artículo 20 y por los artículos 21 y 43 de la Ley de Urbanización, Ornato Público y Construcciones, y en cualesquiera otros casos en que hubiere lugar a ello en conformidad con dicha Ley, siempre que ésta no haya establecido por sus propias disposiciones determinadas tasas en provecho de los municipios. 12º.- Sobre la expedición o la visación de copias, extractos, certificaciones, documentos, y actos.
21. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 21 de 32 13º.- Sobre la concesión del uso de parcelas de terreno para enterramientos en los cementerios municipales. 14º.- Sobre la concesión de permisos para la apertura de fosas para inhumaciones o exhumaciones en los cementerios. 15º.- sobre la concesión de permisos para la erección de sepulcros, panteones, mausoleos y otros monumentos en los cementerios. 16º.- Sobre el uso de otros servicios o instalaciones en los cementerios municipales. 17º.- Sobre botes, barcas y puentes municipales. SECCION III DE LOS EMPRESTITOS Art. 125.- Los Ayuntamientos podrán tomar dinero a préstamos, de acuerdo con su capacidad económica, siempre que al mismo tiempo se señalen y especialicen los ingresos permanentes para el pago de los intereses y la amortización del capital, y que se sujeten a lo que se establece en la presente ley. Art. 126.- Cuando el empréstito tenga por objeto obras o servicios públicos y su servicio de amortización y pago de intereses no pueda ser atendido con los ingresos ordinarios del presupuesto, el Ayuntamiento podrá establecer, por la misma resolución que acuerde el empréstito, nuevos derechos o arbitrios, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 141. Art. 127.- Para el servicio de un empréstito destinado a la conversión de una o varias deudas el Ayuntamiento podrá afectar los mismos ingresos especializados para el pago de éstas, o cualesquiera otros ingresos ordinarios, a condición de que cuente con los recursos indispensables para sus gastos corrientes, después de deducidas las sumas así afectadas, o que estas últimas no excedan de las consignadas con el mismo objeto en el último presupuesto municipal aprobado. Art. 128.- También podrán afectarse los ingresos ordinarios para el pago de intereses y la amortización del capital de un empréstito destinado a alguna obra o servicio municipal, si el monto de los valores que se afectaren anualmente no excediere del promedio gastado en las mismas obras o servicios en cada uno de los tres años anteriores. Art. 129.- Las sumas votadas para el pago de los intereses y la amortización del capital de cualquier empréstito municipal se considerarán afectadas de privilegio y se consignarán anualmente en el presupuesto, junto con las demás entradas especializadas. El balance que resulte de los ingresos constituirá las entradas generales del municipio. Art. 130.- Los anticipos de fondos de préstamos bancarios a los Ayuntamientos se considerarán como empréstitos y en consecuencia no podrán realizarse sin el cumplimiento de las formalidades prescritas por la presente ley. Art. 131.- Ningún empréstito municipal se hará por más de veinticinco años. Art. 132.- Los Ayuntamientos podrán emitir bonos nominativos o al portador, con cupones unidos a ellos, de acuerdo con las denominaciones que se adopten al votar la resolución que autorice el empréstito. Tanto los bonos como los cupones serán firmados por el Presidente, el Síndico, y el Tesorero del Ayuntamiento y estampados con el sello del municipio. El Tesorero anotará en el registro de la deuda municipal los bonos emitidos, y dará cuenta inmediata de ello al Banco Depositario de los fondos de la República. Párrafo I.- Cuando los bonos que emitan los Ayuntamientos sean nominativos deberán registrarse bajo nombre personal en el libro de registro de la deuda municipal. El registro se efectuará por declaración inscrita en dicho libro, que deberá firmar el propietario del bono o su apoderado especial, el Presidente y el Tesorero del Ayuntamiento. El nombre de la persona en cuyo favor se haya hecho el registro se inscribirá al dorso del bono registrado y desde ese momento su transferencia en propiedad o en garantía sólo podrá efectuarse por una declaración semejante a la que se ha indicado más arriba, que también se inscribirá en el libro de registro de la deuda municipal, y que firmarán el cedente y el cesionario en propiedad o en garantía del bono transferido o sus respectivos apoderados especiales y los funcionarios municipales arriba señalados. El nombre del cesionarios del bono deberá constar al dorso de éste. Cuando se actúe por apoderado, las firmas del poder deberán ser legalizadas por un notario o por quien haga sus veces. El Tesorero Municipal dará cuenta inmediata al Banco Depositario del Gobierno de cada una de estas operaciones a medida que se realicen. Párrafo II.- Los Ayuntamientos podrán, mediante resolución que deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados, autorizar la convertibilidad de bonos nominativos en
22. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 22 de 32 bonos al portador, o viceversa, aunque su emisión haya sido autorizada con anterioridad a la presente ley. A este efecto el tenedor del bono, si desea que se opere la conversión, deberá presentarlo a la entidad municipal emisora para que se le ponga la debida constancia, mediante un sello indeleble, con una inscripción en que ello se determine. El tenedor de un bono municipal no estará, sin embargo, obligado a cambiar la forma de su título. Si el cambio que se desee operar es de bono al portador a bono nominativo, deberá sujetarse el título a los requisitos que para estos últimos indica esta ley. De la conversión de cada título quedará constancia en el registro de la deuda municipal y de ella será informado el Banco Depositario. Art. 133.- Los bonos y otros certificados de débito de los Ayuntamientos por concepto de préstamos en efectivo, así como cualquier otro acto relacionado con los mismos préstamos, están exentos de toda contribución o impuesto, nacional o municipal. Art. 134.- Los bonos municipales serán recibidos en fianza o garantía, por su valor nominal, en todas las oficinas públicas, nacionales o municipales, en todos los casos en que, para los mismos fines de fianza o garantía, sean recibibles, por virtud de la ley, los bonos del Estado. Art. 135.- Los fondos que provengan de un empréstito municipal serán destinados exclusivamente al objeto especificado en la resolución del Ayuntamiento que hubiere autorizado dicho empréstito. Art. 136.- La moción que se presente para que se resuelva contratar un empréstito expresará las condiciones en que se proyecte realizarlo, así como una detallada información acerca de las obras o servicios a que deba destinarse el empréstito. Se repartirán copias de la moción a los Regidores y al Síndico Municipal y se convocará a sesión extraordinaria para tratar el asunto. En esa sesión se discutirán en principio la conveniencia del empréstito y sus bases y condiciones, y se resolverá dar curso a la moción o desecharla. Art. 137.- Si se acordare dar curso a la moción, se pasará a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento para que redacte un proyecto de resolución en que se determinen todas las condiciones para la contratación del empréstito, el pago de intereses y la amortización del mismo, los ingresos que se especializarán para esas atenciones, los arbitrios, o derechos que se establecerán para el servicio del empréstito, si esto fuere de lugar, el objeto del empréstito, la forma y las denominaciones de los bonos, así como cualquiera otra circunstancia relacionada con la contratación y la ejecución del empréstito. Art. 138.- Cuando se trate de empréstitos para obras públicas el proyecto de resolución que prepare la Comisión de Hacienda deberá estar acompañada del presupuesto o los presupuestos de las obras que han de ejecutarse, debidamente formulados. Art. 139.- El proyecto de resolución que formule al Comisión de Hacienda, así como cualesquiera otros que puedan presentarse, serán discutidos en sesión extraordinaria y no podrán ser aprobados sino por una mayoría constituida, por lo menos, por las dos terceras partes del número total de Regidores. Art. 140.- La resolución municipal que acuerde la contratación del empréstito será enviada, en copia certificada por el Secretario y visada por el Presidente y el Síndico del Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de Estado de los Interior, Policía y Comunicaciones, al Poder Ejecutivo, para ser sometida, con sus observaciones, a la consideración de la Cámara de diputados, en virtud de los que dispone el Inciso 2º del artículo 22 de la Constitución. Acompañarán a la resolución copias certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de la moción que motivó la resolución, de las actas de las sesiones extraordinarias celebradas por el Ayuntamiento para autorizar el empréstito, del informe de la Comisión de Hacienda, de los presupuestos de las obras que se proyecte ejecutar, así el empréstito fuere para obras públicas, y todos los otros documentos que fueren pertinentes, según el caso. Art. 141.- En caso previsto en el articulo 126 la resolución relativa al empréstito no será sometida a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo sino cuando el Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones hubiere dado su aprobación al establecimiento de los arbitrios o derechos previstos por la resolución de empréstito. En el caso de que la Cámara de Diputados no aprobare el empréstito, la aprobación en referencia quedará sin efecto. Art. 142.- El Tesorero Municipal apartará, bajo su personal responsabilidad, todos los ingresos municipales afectados al servicio del empréstito, en la forma que determine la resolución que lo autorice, después de aprobada por la Cámara de Diputados de acuerdo con la Constitución. Y aun cuando no se haya especializado ningún impuesto de modo expreso, apartará mensualmente de los fondos generales el promedio correspondiente, después de
23. Ley 3455 – República Dominicana Pág. 23 de 32 pagados los sueldos y jornales de los empleados y jornaleros del municipio, y depositará los valores así apartados en el Banco Depositario del Gobierno, para que éste proceda a la distribución de los mismos de acuerdo con las especificaciones del empréstito. Art. 143.- El servicio de todos los empréstitos municipales estará a cargo del Banco Depositario del Gobierno, el cual, en consecuencia, deberá llevar un registro de los bonos correspondientes a dichos empréstitos en el mismo orden y de acuerdo con los datos contenidos en el libro de registro de la deuda de cada municipio. Para la efectividad de esta disposición los Tesoreros de los Ayuntamientos quedan obligados, bajo su responsabilidad personal, a suministrar a dicho Banco Depositario informes pormenorizados de cada una de las operaciones relacionadas con los bonos de los empréstitos respectivos. Párrafo.- Los informes a que se refiere este artículo no tendrán que referirse a las operaciones de traspaso cuando se trate de bonos al portador. Art. 144.- El Banco Depositario del Gobierno tendrá derecho a obtener los Ayuntamientos cuyos empréstitos sirviere, por conducto de la Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público, todas las informaciones pertinentes sobre los registros y la contabilidad de los municipios correspondientes. En caso de que surgieren conflictos entre el Banco Depositario y los Ayuntamientos con motivo de la ejecución de la presente ley, éstos serán soberanamente resueltos por el Poder Ejecutivo, siempre que no fueren de carácter litigioso. Art. 145.- En el caso de que los Tesoreros Municipales no hagan en tiempo oportuno las remesas al Banco Depositario del Gobierno de los fondos afectados al servicio de los empréstitos de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, el Banco lo comunicará al Poder Ejecutivo por la vía de la Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público, y el Poder Ejecutivo dispondrá que sean endosados al Banco los subsidios del Estado para el Ayuntamiento en falta, en la cuantía necesaria para cubrir la deficiencia que hubiere. SECCION IV DE LA RECAUDACION Art. 146.- La recaudación de todos los ingresos que correspondan al municipio, así como la de aquellos ingresos correspondientes al Estado que determinen las leyes, está a cargo del Tesorero Municipal, quien deberá efectuarla en conformidad con las disposiciones legales y bajo la dirección del Síndico Municipal. Art. 147.- El Tesorero y el Síndico o quienes les sustituyan serán responsables con sus haberes de aquellos ingresos por su incuria o negligencia no se cobraren. Párrafo.- Cuando se estableciere que ha habido de parte de alguno de dichos funcionarios abstención o colusión maliciosas para dejar de hacer efectivos los ingresos, el culpable podrá además ser condenado a prisión correccional de un mes a un año o multa de cincuenta a quinientos pesos, o a ambas penas a la vez, según la gravedad del caso, así como a la destitución y a la inhabilitación para cargos públicos por cuatro años. Art. 148.- Ningún miembro, funcionario o empleado de la administración municipal que no sea de los encargados por esta ley podrá percibir cantidad alguna, directa ni indirectamente, de los contribuyentes u otros deudores del municipio por cualquier concepto, para el pago de tales deudas, bajo las penas establecidas en el artículo anterior. Art. 149.- Ni los Ayuntamientos ni sus funcionarios o empleados encargados de la recaudación pueden autorizar o apoderar a particulares para efectuar cobros, excepto en los casos en que por litis inevitables utilizaren los servicios de abogados. Los Tesoreros, Síndicos o Regidores que celebraren o autorizaren o concurrieren con su voto a la celebración de contratos para encargar a otros del cobro de fondos municipales incurrirán en las sanciones previstas en el artículo 147. Párrafo.- Los Tesoreros Municipales no pueden entregar a persona alguna recibos de recaudación para su cobro al contribuyente, bajo las mismas penas. Art. 150.- Los Tesoreros Municipales no pueden recibir suma alguna ni en calidad de depósito ni de abono a cuenta de cantidades adeudadas al municipio. Art. 151.- Cuando una persona sea deudora del municipio por varios conceptos, los Tesoreros Municipales podrán recibirles valores para cancelar aisladamente la deuda por un solo concepto. Art. 152.- Los recibos que expidan los Tesoreros Municipales deben ser hechos en las fórmulas impresas y numeradas que les serán suministradas para tal fin, y con el número de copias, que las disposiciones reglamentarias requieran, las cuales deberán ser cuidadosamente