Source: http://blog-ellaboralista.blogspot.com.es/2013/
Timestamp: 2017-06-27 22:31:54
Document Index: 344743990

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 55', 'artículo 237', 'artículo 55', 'artículo 8', 'artículo 55', 'artículo 237', 'artículo 230', 'artículo 55', 'artículo 33', 'artículo 59', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 87', 'artículo 41', 'artículo 59', 'artículo 68', 'artículo 48']

Competencia de la Jurisdicción social para despachar ejecución sobre el depósito para recurrir aunque la empresa se encuentre en concurso: El artículo 8.3º de la Ley Concursal atribuye al "Juez del concurso" competencia jurisdiccional " exclusiva y excluyente" en " toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado". Por su lado el artículo 55 de la propia Ley Concursal , establece entre otras las siguientes reglas: " 1. Declarado el concurso no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor" ... 2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos".". La concordancia con la Ley Concursal se lleva a cabo en la LRJS mediante dos preceptos:
-el artículo 237.5 LRJS, que ordena lo siguiente: " en caso de concurso, se estará a lo establecido en la Ley Concursal ". - la Disposición adicional tercera de la LRJS: "Aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal . Las disposiciones de la presente Ley no resultarán de aplicación en las cuestiones litigiosas sociales que se planteen en caso de concurso y cuya resolución corresponda al juez del concurso conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio , Concursal, con las excepciones expresas que se contienen en dicha Ley".". Establecido el marco normativo, la clave de la solución del presente supuesto litigioso radica en la interpretación que se dé al vocablo "ejecución", y a la expresión "cuestiones litigiosas que se planteen en caso de concurso" de la DA 3ª LRJS.
Y el trabajador o beneficiario a la cantidad en que se cifra la condena es ya el titular de un derecho reconocido judicialmente, aunque se trata de un derecho expectante o potencial, cuya efectividad está pendiente de una especie de condición suspensiva, que es la confirmación de dicha sentencia de instancia; porque un derecho expectante o potencial no es una mera expectativa o esperanza de futuro, sino una situación jurídica activa ya establecida por sentencia. Y, en el caso de que se cumpla la condición de la que depende su eficacia, lo lógico es que la misma se produzca ex tunc , desde el momento en que fue reconocido, y no ex nunc , desde el momento en que la sentencia desestimatoria del recurso y/o confirmatoria de la sentencia anterior hace desaparecer el obstáculo que impedía su pleno despliegue o desarrollo. Es por ello que una vez interpretados tales preceptos el Tribunal supremo y Constitucional atribuyen la competencia del orden jurisdiccional social, por cuanto entienden que como dice el propio artículo 55 de dicha Ley , se prohíbe "iniciar" "ejecuciones singulares", pero no entregar una cantidad que había salido del patrimonio del concursado antes de la declaración del concurso.". Cierto es que la ejecución del aval supondrá un incremento del pasivo de la concursada, pero ello no puede justificar ni la paralización de esa ejecución, ni la atribución de la competencia al juez mercantil, porque no existe norma legal que así lo disponga y porque el ejecutante es titular de un crédito reconocido por sentencia cuya efectividad dependía de la firmeza de la misma y estaba garantizada por un aval, gracias al que se había impedido que aquella sentencia ganase firmeza y fuese ejecutada antes de la declaración del concurso, razón por la que el contrato de garantía en que el aval consiste puede ser ejecutado cuando se cumplen las condiciones del mismo ante el Juez y en el procedimiento en el que se prestó, pues no se debe olvidar que el avalista asume su obligación en las mismas condiciones que el deudor principal y que precisamente lo que hace es cubrir la insolvencia de aquél.
Ponente: José Manuel López García de la Serrana Procedimiento:Ejecución
RESUMEN COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL: despachar ejecución del aval prestado para recurrir en suplicación (transferencia o entrega de las cantidades consignadas) cuando la empleadora es declarada en concurso, no es propiamente "ejecución" de sentencia, al materializar una resolución judicial anterior al concurso, tal actuación de cumplimiento o puesta en práctica es debida y corresponde al Juez Social.". ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Con fecha 12 de enero de 2012 el Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante dictó auto en el que aparece la siguiente parte dispositiva: "Desestimar el recurso de reposición formulado por la parte frente a la auto de 02 de noviembre de 2011 que se mantiene íntegramente. Se reitera que quedan a disposición de dicho órgano las cantidades consignadas en éste Juzgado (5339,53 + 150,25€) y el Aval presentado en su día nº NUM000 por importe de 27.059,85 €.". SEGUNDO.- El citado auto fue recurrido en suplicación por DON Vidal ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cual dictó sentencia en fecha 22 de junio de 2012 (JUR 2012, 307825) , en la que consta el siguiente fallo: "Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre de Vidal contra el auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante de fecha 12 de enero de 2012 en virtud de la demanda formulada contra CERTUM, Casiano , Gonzalo , Onesimo y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, y en su consecuencia debemos confirmar y confirmamos el auto recurrido.". TERCERO.- Por la representación de DON RAFAEL RUIZ OLMOS se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 26 de septiembre de 2012. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en fecha 24 de abril de 2009 (JUR 2009, 245240) . CUARTO.- Con fecha 8 de febrero de 2013 se admitió por esta Sala a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalice su impugnación en el plazo de quince días. QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de interesar que se declare la procedencia del recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 8 de octubre de 2013, fecha en que tuvo lugar. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- 1. La cuestión planteada en el presente recurso de casación para unificación de doctrina consiste en determinar la jurisdicción competente para en ejecución de sentencia, acordar la efectividad del aval prestado a fin de garantizar la ejecución contra la que se recurrió en suplicación, cuando esta sentencia deviene en firme en un momento en el que la empleadora se encuentra en concurso de acreedores. 2.- La sentencia recurrida contempla un caso en el que, declarada la improcedencia del despido del demandante, la empresa presentó aval solidario para recurrir en suplicación, recurso que, finalmente, fue desestimado. Firme la sentencia de instancia, se instó su ejecución y la del aval prestado para recurrir, habida cuenta que la empresa, durante la tramitación del recurso de suplicación había sido declarada en concurso de acreedores. La sentencia de la instancia se negó a despachar la ejecución del aval por no ser competente al efecto al venir atribuida la competencia al Juzgado Mercantil del concurso, pronunciamiento que ha confirmado la sentencia objeto del presente recurso, con base en los artículos 55 de la Ley 38/2011 ( RCL 2011, 1847 y 2133) y 235-5 de la L.P.L. (RCL 1995, 1144, 1563) , norma en vigor al tiempo de instarse la ejecución. 3.- Contra la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso que, a fin de acreditar la existencia de contradicción doctrinal que hace viable, conforme al art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (RCL 2011, 1845) (L.J .S.), cita la sentencia dictada por el T.S.J. de Cantabria el día 24 de abril de 2009 en el Recurso de Suplicación 2233/2008 (JUR 2009, 245240) . Se trataba en ella de un procedimiento de ejecución de una sentencia, dictada en proceso de reclamación de cantidad en, el que, para hacer posible el recurso de suplicación, la empresa había presentado aval solidario a primer requerimiento. la sentencia fue confirmada en parte (se dejó sin efecto la condena al pago de intereses por mora) por la sentencia de suplicación que acordó el mantenimiento del aval en cuanto a la cantidad que reconocía, pronunciamiento que devino en firme, al inadmitirse el recurso de casación interpuesto contra el mismo. Por los actores se instó la ejecución de la sentencia y la realización del aval pocos días después de que la empresa fuese declarada en situación de concurso de acreedores, lo que motivó que por el Juzgado de lo Social se acordara suspender la ejecución y remitir a los ejecutantes al Juzgado Mercantil que tramitaba el concurso. Contra esta decisión se presentó recurso de reposición y, posteriormente, el de suplicación que estimó la sentencia que en el presente recurso se cita como contradictoria. La sentencia de contraste entendió que el aval solidario a primer requerimiento presentado en el Juzgado garantizaba la ejecución de la condena en cuanto fuese firme y que la realización del aval era un acto que incumbía al Juzgado de lo Social y no al de lo Mercantil, pues este sólo era competente cuando la ejecución se despachaba contra bienes y derechos del concursado, pero no contra bienes del avalista, razón por la que con su decisión no se violaban las previsiones de los artículos 8 , 49 , 55 y 76 de la Ley Concursal ( RCL 2003, 1748 ) . 4.- Las sentencias comparadas son contradictorias en los términos requeridos por el art. 219 de la L.J .S. (RCL 2011, 1845) , porque en supuestos de hecho y de derecho sustancialmente iguales han resuelto la misma cuestión, de forma diferente. En efecto, en los dos casos comparados se controvertía cual era el órgano judicial competente para ejecutar un aval, presentado para recurrir ante la jurisdicción social, cuando la ejecución se interesaba después de declararse al ejecutado en situación de concurso de acreedores. Pese a ello, el problema fue resuelto de forma diferente en ambos casos: la sentencia recurrida entendió que debía resolver la jurisdicción civil (el juzgado mercantil que declaró el concurso), mientras que la de contraste atribuyó la competencia a la jurisdicción social (al Juzgado de lo Social que dictó la sentencia a ejecutar). Procede, por tanto, resolver la disparidad doctrinal existente. El hecho de que en un caso el problema se suscite en un proceso por despido y en el otro en uno por reclamación de cantidad no desvirtúa la identidad sustancial dicha: porque en ambos se plantea en ejecución de sentencia, instada para el cobro de cantidad líquida determinada garantizada por aval solidario. Igual sucede con el hecho de que en un caso se hable de aval solidario con renuncia a los derechos de excusión, orden y división, mientras que en el otro se diga que se trata de un aval a primer requerimiento, pues la naturaleza del aval no depende de la redacción de la cláusula, sino de su contenido, máxime teniendo en cuenta la finalidad del aval y que el mismo se redacta cuando es de aplicar la misma normativa, esto es los artículos 228 de la L.P.L. ( RCL 1980, 1719 ) y el 449-5 de la L.E.C . (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) . Finalmente, la alegación de que no se pidió la ejecución del aval en el caso de la sentencia recurrida queda desvirtuada por el contenido de su fundamentación (párrafo primero de su fundamento primero) y en definitiva por el hecho de que en ningún caso se controvirtió sobre la naturaleza del aval, sino sobre el orden jurisdiccional competente para ejecutar el aval prestado en cada caso. SEGUNDO.- El recurso que alega la infracción de los artículos 8-3 y 55 de la Ley Concursal por aplicación indebida debe prosperar con arreglo a la doctrina sentada por esta Sala en dos sentencias de 11 de diciembre de 2012 ( Rcud. 440/2012 (RJ 2013, 1756) y 782/2012 (RJ 2012, 11242) ), donde se resolvió la competencia de esta jurisdicción (del Juzgado de lo Social de instancia) para resolver sobre el destino de la cantidad consignada en metálico para recurrir en suplicación. En estas sentencias dijimos: " TERCERO .- El artículo 8.3º de la Ley Concursal atribuye al "Juez del concurso" competencia jurisdiccional " exclusiva y excluyente" en " [t]oda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado". ". "El artículo 55 de la propia Ley Concursal , dentro del Capítulo II de su Título III ( "De los efectos [de la declaración del concurso] sobre los acreedores" ), se dedica de manera especial a los efectos sobre las " [e]jecuciones y apremios" , estableciendo entre otras las siguientes reglas: " 1. Declarado el concurso no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor" ... 2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos".". " La concordancia con la Ley Concursal se lleva a cabo en la LRJS (RCL 2011, 1845) (y en la LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) ) mediante dos preceptos. Uno de ellos es el artículo 237.5 LRJS ( art. 235.5LPL ), que ordena lo siguiente: " [e]n caso de concurso, se estará a lo establecido en la Ley Concursal ". El otro precepto es la Disposición adicional tercera ( DA 3ª) LRJS ( DA 8ª LPL ): "Aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal . Las disposiciones de la presente Ley no resultarán de aplicación en las cuestiones litigiosas sociales que se planteen en caso de concurso y cuya resolución corresponda al juez del concurso conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio , Concursal, con las excepciones expresas que se contienen en dicha Ley".". " Una lectura detenida de las disposiciones anteriores pone de relieve que la clave de la solución del presente supuesto litigioso es la interpretación que se dé al vocablo "ejecución", al que se refieren los artículos reproducidos de la Ley Concursal, y a la expresión "cuestiones litigiosas que se planteen en caso de concurso" de la DA 3ª LRJS . En realidad, estas dos cuestiones están vinculadas en el presente litigio, pudiendo enunciarse mediante la siguiente alternativa de interpretación: opción A) si, como entiende la sentencia de contraste, la actuación judicial de ordenación del destino de las cantidades consignadas constituye "ejecución" de sentencia, tal actuación se ha efectuado en situación de concurso, en cuyo caso es competente el Juez Mercantil; opción B) si, como sostiene la sentencia recurrida, tal actuación de transferencia o entrega de las cantidades consignadas no es propiamente "ejecución" de sentencia, al materializar una resolución judicial anterior al concurso, tal actuación de cumplimiento o puesta en práctica es debida y corresponde al Juez Social.". " QUINTO .- De acuerdo con jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional y de esta Sala del Tribunal Supremo, el instituto de la consignación de la cantidad objeto de la condena ordenada por el juez de instancia en el proceso social cumple una finalidad de garantía de percepción, por parte del trabajador o por parte del beneficiario de prestaciones de Seguridad Social, de la deuda contraída por las personas o las entidades condenadas; de ahí que pueda " sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito" ( art. 230.1 LRJS , que aclara la redacción del art. 228LPL ). Se trata, mediante esta enérgica cautela o garantía, de disuadir al litigante vencido en la instancia de posibles maniobras dilatorias, al tiempo que se refuerza la posición procesal del trabajador, litigante más débil en el supuesto de que el empresario haya acordado ejercer su derecho de recurso. ". "En todo caso, la ratio legis de la consignación del actual artículo 230 LRJS , y de sus antecedentes históricos próximos y remotos, es la protección del litigante que debe esperar a la resolución del recurso de suplicación (o de casación) entablado. Lo que, de no haber recurso, se pudo percibir a partir de la sentencia de instancia (o del siguiente grado jurisdiccional), se consigna o deposita hasta el momento en que se dicta la sentencia o resolución que culmina la nueva vía procesal transitada, momento en que procederá o bien la entrega de la cantidad consignada al litigante recurrido, si se confirma la sentencia de instancia, o bien la devolución al recurrente, si su pretensión ha triunfado en suplicación (o casación).". "Debe tenerse en cuenta, además, que la posición del trabajador o beneficiario a la cantidad en que se cifra la condena es ya la del titular de un derecho reconocido judicialmente, aunque se trata de un derecho expectante o potencial, cuya efectividad está pendiente de una especie de condición suspensiva, que es la confirmación de dicha sentencia de instancia; porque un derecho expectante o potencial no es una mera expectativa o esperanza de futuro, sino una situación jurídica activa ya establecida por sentencia. Y, en el caso de que se cumpla la condición de la que depende su eficacia, lo lógico es que la misma se produzca ex tunc , desde el momento en que fue reconocido, y no ex nunc , desde el momento en que la sentencia desestimatoria del recurso y/o confirmatoria de la sentencia anterior hace desaparecer el obstáculo que impedía su pleno despliegue o desarrollo. ". "Las consideraciones anteriores inclinan hacia el entendimiento del término "ejecución" en los artículos 8.3 y 55 de la Ley Concursal en el sentido técnico de proceso o procedimiento ejecutivo. Y el instituto de la consignación es precisamente una cautela para prevenir y evitar tal proceso ejecutivo haciendo disponible de manera inmediata para el litigante que vence en juicio el derecho reconocido; disponibilidad inmediata que se obtiene precisamente obligando a la otra parte a un acto que excluye de su patrimonio ex ante la cantidad consignada. Lo que tales preceptos imponen, y debe aplicarse declinando la competencia del orden jurisdiccional social, es, como dice el propio artículo 55 de dicha Ley , "iniciar" "ejecuciones singulares", pero no entregar una cantidad que había salido del patrimonio del concursado antes de la declaración del concurso.". La aplicación de la anterior doctrina al caso de autos obliga a estimar el recurso, máxime cuando la ejecución no se dirige contra bienes del concursado, sino de un tercero que se comprometió en firme a pagar solidariamente con el avalado, acuerdo cuya validez no se ha impugnado. Cierto que la ejecución del aval supondrá un incremento del pasivo de la concursada, pero ello no puede justificar ni la paralización de esa ejecución, ni la atribución de la competencia al juez mercantil, porque no existe norma legal que así lo disponga y porque el ejecutante es titular de un crédito reconocido por sentencia cuya efectividad dependía de la firmeza de la misma y estaba garantizada por un aval, gracias al que se había impedido que aquella sentencia ganase firmeza y fuese ejecutada antes de la declaración del concurso, razón por la que el contrato de garantía en que el aval consiste puede ser ejecutado cuando se cumplen las condiciones del mismo ante el Juez y en el procedimiento en el que se prestó, pues no se debe olvidar que el avalista asume su obligación en las mismas condiciones que el deudor principal y que precisamente lo que hace es cubrir la insolvencia de aquél.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. FALLAMOS
Estimamos el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Rafael Ruiz Olmos en nombre y representación de DON Vidal contra la sentencia dictada el 22 de junio de 2012 ( JUR 2012, 307825 ) por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en recurso de suplicación nº 1199/2012 , interpuesto contra el auto de fecha 12 de enero de 2012, dictado por el Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante , en autos núm. 1415/2009, seguidos a instancias de DON Vidal contra CONTROL TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN S.A. (CERTUM) Y FOGASA, debemos casar y anular la sentencia recurrida, así como el auto que la misma confirma a la par que declaramos la competencia de esta jurisdicción para tramitar la ejecución interesada y acordamos devolver las actuaciones al Juzgado para que proceda a ello. Sin costas. Para más información puedes ponerte en contacto conmigo a través del siguiente email paulalegalblog@gmail.com
BOE supresión del pago directo del FOGASA del 40% de la indemnización en despidos objetivos Modificación del artículo 33 del Estatuto de los trabajadores: con efectos a partir del 1 de enero del 2014, el FOGASA deja de tener responsabilidad directa en el pago del 40% de la indemnización en despidos objetivos.
El descuelgue salarial no puede afectar a los salarios ya devengados: con reiteración del criterio fijado entre otras, en su SAN de 29 de mayo de 2013 (Rec. 130/2013 ) se ha razonado por la Sala de los Social de la AN que el trabajador tiene derecho a la "percepción puntual de la remuneración pactada o convenida" y, por lo tanto, los trabajadores tienen el derecho
a percibir el salario pactado para su trabajo "en ese periodo", pues carece de base legal "que la reducción salarial se retrotraiga contra el
precio de trabajos ya realizados, porque dichas retribuciones estaban perfectamente consolidadas al momento de la retroacción, tratándose, por
consiguiente, de manifestaciones de retroactividad máxima, que no están
amparadas por el art 9.3 CE ( RCL 1978, 2836 ) ". Y ello incluso aunque concurriesen causas económicas, tal y como hemos puesto de manifiesto en nuestra SAN de 20 de febrero de 2013 ( JUR 2013, 85447 )
(Rec. 357/2012 ). Respecto al plazo de ejercicio de la acción aplicable frente a la impugnación del acuerdo, podría surguir la duda sobre si estamos ante una plazo de caducidad o prescripción y en cuyo caso donde fijamos el díes ad quo. Pues bien no podría aplicarse el plazo de caducidad por cuanto no nos encontramos ante una acción
contra una "decisión empresarial en materia de movilidad geográfica o modificación sustancial", por lo que no resulta de aplicación el art. 59.4 del ET y que tiene un plazo fijado de 20 días para su ejercicio. Respecto a la prescripción la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional entiende que resulta de aplicación la doctrina contenida en la STS de 10 de marzo de 2003 (Rec. 33/2002 ). En dicha sentencia, en la que insta la nulidad de un acuerdo,
el Alto Tribunal sostiene que procede aplicar la prescripción pues "el pacto tuvo una fecha cierta de materialización, el 16 de diciembre de 1999, y ése es el dies a quo , tal y como se desprende del propio artículo 59.2 del ET , el momento a partir del que pudo ejercitarse la acción de nulidad del mismo.
Órgano: Audiencia Nacional. Sede: Madrid
Ponente: Manuel García Fernández-Lomana Procedimiento: Conflicto colectivo
RESUMEN DESCUELGUE SALARIAL: Prescripción de un año para ejercitar la
acción de nulidad del acuerdo por los sujetos colectivos. Legitimación del Comité de Empresa para negociarlo. El incumplimiento del deber de comunicación a la Comisión Paritaria no implica la nulidad del Acuerdo. No puede establecerse con efectos retroactivos y privar a los trabajadores de los salarios ya consolidados. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Según consta en autos, el día 19 de Julio de 2013 se presentó demanda por FES-UGT; FSP- CC ( LEG 1889, 27 ) .OO;FTSP-USO; contra ARIETE SEGURIDAD SA; CTE. EMP.ARIETE SEGURIDAD; sobre conflicto colectivo Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló el día 13de Septiembre de 2013 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los otrosies de prueba Tercero.-. Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto. Cuarto . - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1845 ) , por la que se aprobó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe destacarse, que las partes debatieron sobre los extremos siguientes: Los demandantes sostienen que no es posible mediante acuerdo con la representación unitaria de los trabajadores -Comité de Empresa de Madrid- dejar sin efecto la subida salarial prevista en el Convenio Colectivo Estatal por carecer de legitimación dicho Comité, por no haber seguido los trámites formales establecidos en el art. 82.3 del ET ( RCL 1995, 997 ) y por aplicar retroactivamente el descuelgue salarial al periodo 1 de enero de 2012 a 30 de mayo de 2012. La empresa se opuso alegando las excepciones de prescripción y caducidad - alternativamente-; sosteniendo que la representación unitaria de los trabajadores tiene legitimación para realizar el acuerdo; que se han cumplido los trámite formales y que no hay retroactividad pues el Acuerdo es anterior a la publicación de la nueva rebaja salarial pactada a nivel estatal. Quinto. - Son hechos conformes: -USO y UGT están representados en el Comité de Empresa de Madrid y tienen delegados sindicales. -La papeleta en el SIMA se presentó el 13 de junio de 2013. -El 16 de mayo de 2012 la empresa comunicó el inicio del periodo de consultas al Comité de Empresa de Madrid, al que se le entregó la documentación, celebrándose dos reuniones y concluyendo con el acuerdo favorable de 11 miembros y 2 abstenciones correspondientes a la representación de USO y UGT. -CCOO tiene implantación y afiliados en la empresa. Resultando y así se declaran, los siguientes HECHOS PROBADOS PRIMERO.- El 16 de mayo de 2012 la empresa ARIETE SEGURIDAD SA inicia un proceso de descuelgue salarial al amparo del art. 82.3 del ET ( RCL 1995, 997 ) , con el fin de no aplicar el incremento salarial establecido en el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad. A dicha solicitud se acompañaba la correspondiente memoria explicativa. Inicialmente en el Convenio Colectivo publicado en el BOE de 16 de febrero de 2011 se había previsto un incremento salarial para el año 2012 de, 4,4 %. Pero dada la situación económica se suscribió el vigente Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2012/2014, publicado en el BOE de 25 de abril de 2013, quedando fijado el incremento retributivo para el año 2012 en el 2,4 %. SEGUNDO.- El 17 de mayo de 2012 se inició el periodo de consultas con el Comité de Empresa. El 30 de mayo se celebró una reunión en la que UGT y USO propusieron medidas de menor impacto, las cuales fueron rechazadas, aceptándose por la mayoría del Comité de Empresa de no establecer incremento salarial alguno para el año 2012. UGT y USO se abstuvieron. El acuerdo se suscribió el mismo día 30 de mayo de 2012. TERCERO.- El acuerdo de empresa fue presentado para su depósito, en el Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 5 de junio de 2012; se requirió de subsanación el 11 de junio y 5 de julio de 2012; y consta emitida comunicación de depósito el 11 de julio de 2012. En la página REGCON consta como fecha de la inscripción publicación el 11 de julio de 2012. No consta que el acuerdo se comunicase a la Comisión paritaria del convenio. CUARTO.- La empresa ARIETE SEGURIDAD SA suscribió un Convenio Colectivo con vigencia desde el 1 de enero de 2013 (BOE 31/03/2013). QUINTO.- El 15 de marzo de 2013 varios sindicatos, entre otros los actualmente demandantes, formularon demanda de conflicto colectivo contra la empresa instando el abono del incremento salarial establecido en el Convenio Colectivo estatal. La demanda fue desestimada por sentencia de 23 de mayo de 2013, precisamente por existir un acuerdo estableciendo el impago del incremento y no constar que el mismo se hubiese impugnado. SEXTO.- ARIETE SEGURIDAD, según la página web de la empresa, presta sus servicios en varias Comunidades Autónomas. Se han cumplido las previsiones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 , 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2, g de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1845 ) , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. SEGUNDO.- De acuerdo con lo prevenido en el artículo 97 , 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1845 ) los hechos, declarados probados, se han deducido de las pruebas siguientes: 1.- El hecho primero de los documentos 1 y 2 aportados por la empresa -la parte demandante aportó los mismos documentos- y del BOE. 2.- El hecho segundo de los documentos 3 a 5 de la empresa y 5 a 8 de los demandantes. 3.- El hecho tercero del documento 6 de la empresa. 4.- El hecho cuarto del BOE. 5.- El hecho 5 de los documentos 3 y 4 de los demandantes y 9 de la empresa. 6.-El hecho sexto del documento 9 de los demandantes. 7.- El hecho 7 es conforme. 8.-La papeleta en el SIMA se presentó el 13 de junio de 2013. TERCERO.- Antes de comenzar el análisis de las diferentes cuestiones planteadas conviene tener en cuenta que el acuerdo se alcanzó el 30 de mayo de 2012, por lo que debe tenerse en cuenta la regulación vigente en aquel momento. En concreto, en aquellas fechas el art. 82.3 del ET ( RCL 1995, 997 ) rezaba: ".....cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los término del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias:....sistema de remuneración y cuantía salarial". La empresa articula las excepciones de caducidad o de prescripción de la acción de forma alternativa. Sostiene que la remitir la norma al procedimiento del art. 41.4 del ET la acción para impugnar el acuerdo se encuentra sometida al plazo de caducidad o, alternativamente, al plazo general de prescripción de un año. Todo ello en aplicación del art. 59.4 del ET y 59.1 y 2 del ET . Comenzando por la acción de caducidad no nos encontramos ante una acción contra una "decisión empresarial en materia de movilidad geográfica o modificación sustancial", por lo que no resulta de aplicación el art. 59.4 del ET . En lo referente a la prescripción la cuestión es más compleja. No obstante, la Sala entiende que resulta de aplicación la doctrina contenida en la STS de 10 de marzo de 2003 ( RJ 2003, 3570 ) (Rec. 33/2002 ). En dicha sentencia, en la que insta la nulidad de un acuerdo, el Alto Tribunal sostiene que procede aplicar la prescripción pues "el pacto tuvo una fecha cierta de materialización, el 16 de diciembre de 1999, y ése es el dies a quo , tal y como se desprende del propio artículo 59.2 del ET , el momento a partir del que pudo ejercitarse la acción de nulidad del mismo, por lo que si la demanda de nulidad se planteó el 31 de julio de 2001, es manifiesto que había transcurrido en exceso el referido plazo de un año para ello". La Sala entiende que la seguridad jurídica exige, en sectores como el laboral, que las partes sean diligentes a la hora de ejercitar sus acciones y considera por ello razonable entender que la acción para impugnar el acuerdo alcanzado nació desde que los sujetos con legitimación para impugnarlo tuvieron conocimiento del mismo; recuérdese, además, que no estamos ante un problema de interpretación o aplicación del acuerdo -lo que permitiría instar un conflicto colectivo mientras se desplieguen sus efectos-, sino ante la impugnación del mismo acuerdo. Ahora bien, la carga de probar el dies a quo o día de inicio del cómputo del año en materia de prescripción corresponde quien alega la excepción - art 217.3 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) -. La Sala puede admitir, pues así se infiere de las actas aportadas, que los sindicatos USO y UGT conocían la existencia del acuerdo. Pero, ante la falta de una prueba concreta, no puede admitir lo mismo respecto de CCOO. En efecto, no hay probado dato alguno del que podamos inferir que CCOO conocía la existencia del acuerdo. Se dice que CCOO tiene implantación en la empresa, pero de ahí no podemos deducir, con la certeza necesaria que exige la apreciación de la excepción, que el sindicato tuviese conocimiento de la existencia del pacto. Ante la falta de prueba debemos estar a la fecha de la publicación del Acuerdo. La empresa, con habilidad, pretendió que estuviésemos a la fecha de presentación en el Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (REGCON), lo que ocurrió el 5 de junio de 2012; pero lo cierto es que la Administración exigió varias subsanaciones y que, finalmente, se publicó en el sistema el 11 de julio de 2012. Si como las partes reconocen, la reclamación ante el SIMA se presentó el 13 de junio de 2012, debemos concluir que al menos la acción de CCOO no está prescrita. Si lo está, sin embargo, la de UGT y USO, pero a efectos prácticos tal declaración es irrelevante, pues los tres sindicatos articulan de forma conjunta la misma demanda. CUARTO.- La primera causa de impugnación fue que el Comité de Madrid carece de legitimación para representara trabajadores de otros centros de trabajo. Pero lo cierto es que los sindicatos sólo han probado que la empresa presta servicios en varias Comunidades Autónomas, no que tenga centros de trabajo en varias Comunidades Autónomas, al menos en el momento en que se suscribió el Acuerdo, pues del documento que aportan como número 9 no cabe deducir la necesaria existencia de tales centros. Correspondiendo la carga de la prueba -ante la negativa de la empresa, que además afirmó que el Comité con el que negocio constituía la única representación unitaria en el momento de firma del Acuerdo- a los demandantes, en aplicación del art. 217.2 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , pues son los demandantes quienes sostienen la falta de legitimación por existir varios centros de trabajo, sin que en el momento de la negociación ninguno de sus representantes alegase tal falta. En la redacción vigente en el momento de suscripción del Acuerdo el art. 82.3 del ET ( RCL 1995, 997 ) concedía legitimación a "los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el art, 87.1". En el caso de autos el Acuerdo se negoció con el Comité de Empresa de Ariete Seguridad, único existente en el momento del Acuerdo, por lo que, en defecto de prueba mayor, debemos concluir que la legitimación para negociar el acuerdo fue correcta. QUINTO.- Se sostiene la nulidad del Acuerdo por no haber sido notificado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo. El art 83.2 del ET ( RCL 1995, 997 ) entonces vigente establecía que "el acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la autoridad laboral". Siendo indiscutible que el Acuerdo no se comunicó a la Comisión Paritaria del Convenio. Ahora bien, siendo cierto que se ha cometido tal infracción, debemos analizar si la consecuencia jurídica de tal omisión debe ser la nulidad del Acuerdo. En opinión de la Sala no toda infracción de lo establecido literalmente en la ley implica la nulidad del acto o acuerdo, sino que debe analizarse en cada caso y salvo disposición expresa del legislador, cual debe ser la consecuencia de la infracción teniendo en cuenta la finalidad de la norma y el juego del principio de proporcionalidad. Pues bien, que la petición de nulidad es desproporcionada se deriva de la propia dicción literal de la ley que habla de impugnación judicial del acuerdo sólo en casos de "fraude, dolo, coacción o abuso de derecho" en la obtención del acuerdo, de lo que se infiere que la intención del legislador es dar el mayor respaldo posible a lo acordado por quien está legitimado para ello, salvo supuestos de grave violación del ordenamiento jurídico y, desde tal perspectiva, no parece razonable sostener que la falta de comunicación a la Comisión Paritaria puede constituirse en causa de nulidad de lo acordado. La sanción, en nuestra opinión, no puede ser la nulidad del acuerdo, sino, en todo caso, la imposición de una sanción administrativa por incumplimiento del deber de información a los representantes de los trabajadores en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto ( RCL 2000, 1804 y 2136) , de Infracciones y Sanciones del Orden Social. SEXTO.- Por último se sostiene que existe infracción del art. 9.3 de la Constitución en relación con el art. 2.3 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) y 3.5 del Estatuto de los Trabajadores , ya que se dispone la aplicación retroactiva del descuelgue salarial, lo que implicaría la ilicitud del Acuerdo al menos por el periodo 1 de enero a 30 de mayo de 2012. Esta Sala tiene al respecto un criterio fijado, entre otras, en su SAN de 29 de mayo de 2013 (Rec. 130/2013 ). En concreto, hemos razonado que el trabajador tiene derecho a la "percepción puntual de la remuneración pactada o convenida" y, por lo tanto, los trabajadores tienen el derecho a percibir el salario pactado para su trabajo "en ese periodo", pues carece de base legal "que la reducción salarial se retrotraiga contra el precio de trabajos ya realizados, porque dichas retribuciones estaban perfectamente consolidadas al momento de la retroacción, tratándose, por consiguiente, de manifestaciones de retroactividad máxima, que no están amparadas por el art 9.3 CE ( RCL 1978, 2836 ) ". Y ello incluso aunque concurriesen causas económicas, tal y como hemos puesto de manifiesto en nuestra SAN de 20 de febrero de 2013 ( JUR 2013, 85447 ) (Rec. 357/2012 ). Procede, en consecuencia, la estimación de la demanda en este punto. VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS En relación con la demanda formulada por FEDERACION ESTATAL DE SERVICIOS DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (FES-UGT), FEDERACION DE SERVICIOS PRIVADOS DE COMISIONES OBRERAS (FSP-CCOO) Y FEDERACION DE TRABAJADORES DE SERGURIDAD PRIVADA DE LA UNION SINDICAL OBRERA (FTSP-USO) contra ARIETE SEGURIDAD acordamos: Desestimar la excepción de caducidad. Estimar la excepción de prescripción respecto de las acciones ejercitadas por FES-UGT y FTSP-USO y desestimarla respecto de FSP-CCOO. Estimar en parte la demanda y declarar la nulidad del acuerdo de descuelgue salarial respecto del periodo 1 de enero de 2012 a 30 de mayo de 2012. Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado. Para más información puedes ponerte en contacto conmigo a través del siguiente email paulalegalblog@gmail.com
Prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores en supuestos de despido: el artículo 68 del E.T . apartados b ) y c) distingue entre la garantía de prioridad de permanencia respecto a los demás trabajadores en la empresa en los casos de extinción del contrato por causas tecnológicas o económicas (apartado b)) y la de no ser despedido ni sancionado por actos realizados en el ejercicio de su representación durante el desempeño de sus funciones representativas o dentro del año siguiente a la finalización de esa labor (apartado c)). Como se puede observar, las diferencias entre las garantías son evidentes, pues la primera da la prioridad de permanencia mientras el representante esta en activo, como tal, mientras que la segunda extiende sus efectos a las decisiones empresariales tomadas, incluso, durante el año posterior a su cese en las funciones representativas. Aunque ambas tratan de garantizar la independencia del representante de los trabajadores en el desempeño de sus funciones, la primera se concede frente a los despido o extinciones contractuales fundadas en causas objetivas, mientras que la segunda se da frente a los despidos por causas subjetivas, frente a los despidos y sanciones disciplinarias motivadas por actos del despedido. La primera persigue que el representante negocie lo mejor para él y sus representados que quedarían privados de representante en caso de su cese, razón por la que esta Sala entendió en su sentencia de 30 de Noviembre de 2005 ( RJ 2006, 922 ) (Rcud. 1439/2004 ) que el representante debe seguir trabajando aunque se cierre el centro de trabajo en que estaba destinado, interpretación extensiva fundada en que la independencia del representante puede fundar el sacrificio de alguno de sus representados por primar el interés del colectivo que representa. Sin embargo, la segunda garantía analizada se concede para salvaguardar la independencia del representante por actos individuales del mismo, para evitar que la empresa tome represalias contra él, razón por la que se extiende a las decisiones sancionadoras que el patrono tome durante el año posterior al cese en las funciones representativas, siempre que el despido se funde en actos realizados "en el ejercicio de su representación", requisito que debe concurrir para la aplicación de la "garantía", salvo que el despido sea procedente, conforme al art. 54 del E.T . (RCL 1995, 997) .
RESUMEN GARANTIA DE PRIORIDAD DE PERMANENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES: la garantía de prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores en supuestos de extinción del contrato de trabajo por causas económicas o tecnológicas sólo existe mientras dure su mandato representativo, sin que se extienda al año siguiente al de su cese. La extensión de la garantía al año siguiente del cese sólo se da frente a sanciones y despidos disciplinarios.
La ausencia de autorización administrativa para trabajar o la falta de renovación del permiso de trabajo y residencia no invalida el contrato de trabajo: la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone en su art. 36.5 : "la carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles en su situación (...)". Por tanto, es obligado concluir que, si bien el contrato de trabajo del extranjero, sin la preceptiva autorización, está afectado de la sanción de nulidad que establece el art. 7.1 ET en relación con el art. 36.1 de la LOEX , sin embargo, la misma ley salva la sanción de nulidad proclamando su validez respecto a los derechos del trabajador afectado.
Por tanto, si se procede por el empresario a la finalización de la relación laboral por ausencia de autorización o falta de renovación, se entiende que los trabajadores irregulares han sido despedidos sin causa, es decir se considera un despido improcedente, y por tanto, tienen derecho a reclamar no sólo los salarios impagados, las retribuciones por vacaciones y descansos devengados, sino también la indemnización que corresponda por despido improcedente (TSJ Cataluña 22-5-01; TSJ Castilla-La Mancha 31-3-04; TSJ Las Palmas 30-3-05; TSJ Cantabria 5-4-05; TSJ Madrid 10-5-05; TSJ Comunidad Valenciana 16-6-05; TSJ Cataluña 7-10-05; TSJ Comunidad Valenciana 28-2-06; TSJ Madrid 16-5-06; TSJ Cataluña 13-7-06; TSJ Castilla-La Mancha 24-10-06; TSJ País Vasco 10-10-06; TSJ Cataluña 24-1-07; TSJ Castilla-La Mancha 24-10-06; TSJ Cataluña 17-1-08; TSJ Madrid 21-1-08; TSJ Cataluña 9-3-09). Además, en estos supuestos puede surgir la responsabilidad del FOGASA ( TSJ Cantabria 5-12-07; TSJ Cataluña 10-7-02; TSJ Granada 13-11-01; TSJ Cantabria 4-10-06; TSJ Castilla-La Mancha 27-4-10).
Sanción por contratación de trabajadores sin la correspondiente autorización administrativa: en virtud de lo establecido en los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de trabajo constituye infracción calificada como muy grave, incurriendo el empresario en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados en dicha situación irregular, pudiendo ascender cada multa desde 6.001 euros hasta 60.000. Dicho importe tal y como hemos referenciado, se aumentará en la cuantía que resulte de calcular lo que hubiera correspondido ingresar por cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, desde el comienzo de la prestación de servicios del trabajador extranjero hasta el último día en que se constate dicha prestación, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 62/2003. Prestación por desempleo Desempleo: La Ley de extranjería niega expresamente el derecho a los trabajadores en situación irregular de al percibo de la prestación de desempleo.
Órgano: Tribunal Supremo. Sede: MadridFecha de Resolución: 17/09/2013Nº de Procedimiento: 2398/2012Jurisdicción: SocialPonente: Jesús Souto PrietoProcedimiento: DespidoTipo de Resolución: SentenciaRESUMEN DERECHOS DEL CIUDADANO EXTRANJERO IRREGULAR EN MATERIA DE DESPIDO: en caso de falta de renovación del permiso de trabajo y baja de oficio en la seguridad social por carecer el trabajador de dicha autorización o ante un supuesto de falta de permiso desde el inicio, deberá procederse por el empresario a finalizar la relación laboral mediante despido objetivo por ineptitud sobrevenida en caso contrario estaremos ante un supuesto de despido improcedente siendo condenado al abono de indemnización (sin salarios de tramitación dado que están sólo previstos para supuestos de reincorporación) ante la imposibilidad de reincorporación del trabajador al carecer de los requisitos para su contratación. ANTECEDENTES DE HECHO