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Timestamp: 2018-02-20 07:33:40
Document Index: 40511664

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 13', 'artículo 67', 'artículo 137', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 67', 'artículo 8']

Consejo superior universitario de la universidad militar nueva granada
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Sentencia C-1019/12
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA-Participación de algunos miembros del sector defensa no implica una injerencia indebida del Gobierno ni desconoce la autonomía universitaria
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA-Presencia de miembros del Gobierno y de las Fuerzas Militares en dicho órgano de dirección deliberante y regido por principios democráticos no es mayoritaria, ni desproporcionada
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA-Naturaleza jurídica
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA-Integración
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA-Regulación acerca de la calidad de sus miembros
FENOMENO DE LA DEROGATORIA-Jurisprudencia constitucional
DEROGACION-Clasificación según el Código Civil y la jurisprudencia/DEROGACION ORGANICA-Definición/DEROGACION TACITA-Definición
El Código Civil y la jurisprudencia han clasificado la derogación como expresa, orgánica y tácita. La primera implica que el legislador señala de manera precisa las normas que retira del ordenamiento. La derogación orgánica se produce cuando una nueva ley regula integralmente la materia, o en los términos de la Corte Suprema de Justicia supone “que la nueva ley realiza una mejora en relación con la ley antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la época y que, por tanto, responde mejor al ideal de justicia, que torna urgente la aplicación de la nueva ley; […] que por lo mismo debe ser lo más amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva”. De otro lado, la derogación tácita supone un cambio de legislación o la incompatibilidad entre la anterior y la nueva regulación, por lo cual, a diferencia de la derogación expresa, se torna indispensable realizar un ejercicio interpretativo para suspender su aplicación aunque se considera que la disposición permanece vigente para las situaciones ocurridas bajo su vigencia. La Corte ha señalado que la derogatoria tácita no implica una omisión legislativa, sino la decisión de que una norma deje de aplicarse si no puede conciliarse con la recientemente aprobada, la cual por lo general se manifiesta como una “declaración genérica en la cual se dispone la supresión de todas las normas que resulten contrarias a la expedida con ulterioridad.
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA-Razones que llevaron al Legislador a cambiar su naturaleza jurídica
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA-Marco normativo vigente
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA-Fines
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA-Funciones
PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Contenido y alcance/PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Límites
La autonomía universitaria es un principio consagrado en el artículo 69 de la C.P., que consiste en la posibilidad de que las universidades se auto-dirijan y se auto-regulen, en el marco general del respeto por la ley, y sin la interferencia del Estado. La jurisprudencia de la Corte ha llenado de contenido y ha fijado los límites al principio de autonomía universitaria. En este orden de ideas, se ha definido esta garantía a partir del reconocimiento de la libertad de las universidades para autogobernarse y autodeterminarse respetando los límites fijados por la C.P. y la ley. En estos términos se pronunció la sentencia C-220 de 1997, reiterada posteriormente por la jurisprudencia constitucional: “(…) dicho principio se traduce en el reconocimiento que el Constituyente hizo de la libertad jurídica que tienen las instituciones de educación superior reconocidas como universidades, para autogobernarse y autodeterminarse, en el marco de las limitaciones que el mismo ordenamiento superior y la ley les señalen. La regla general aplicable con fundamento en la C.P. es la de reconocer y respetar la libertad de acción de las mismas; no obstante, esa libertad de acción no puede extenderse al punto de propiciar una universidad ajena y aislada de la sociedad de la que hace parte y, en el caso de las públicas, emancipada por completo del Estado que las provee de recursos y patrimonio. La universidad a la que aspira la sociedad contemporánea es aquélla que esté presente siempre y en todo lugar, que supere el revaluado modelo que la identificaba con aquellos campus que materializaban "...guetos cerrados...campos de concentración del saber..." Los límites a esa libertad de acción le corresponde establecerlos al legislador a través de la ley, obviamente cuidando de que ellos no se extiendan hasta desvirtuar el principio de autonomía o impedir su ejercicio por parte de las instituciones reconocidas como tales”. En otras palabras, la autonomía universitaria, se hace efectiva cuando se garantizan espacios en los que no haya cabida para las interferencias del poder público en temas académicos y de orientación ideológica, así como en el manejo administrativo o financiero de los entes educativos, los cuales despliegan su libertad de acción con las mínimas restricciones previstas en la ley. Así, en virtud del principio de autonomía universitaria, a través del cual también se garantiza la libertad de cátedra y de investigación, resulta necesario que los centros de educación superior tomen sus decisiones académicas, financieras y administrativas, sin intervenciones externas.
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Concreción del derecho de acción
La Corte ha señalado que la capacidad de acción de las universidades se concreta en las facultades de: (i) darse y modificar sus estatutos, (ii) establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y administradores, (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos y culturales, (iii) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos, (iv) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (v) administrar sus propios bienes y recursos.
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-No constituye un principio irrestricto y la libertad de acción puede limitarse por el legislador para hacer efectiva la función de control y vigilancia del Estado del servicio público de educación
UNIVERSIDADES PUBLICAS-Régimen especial
La C.P. establece en el inciso 2º del artículo 69, que la ley establecerá el régimen especial para las universidades del Estado. De este modo, la Carta determina que estas instituciones se regirán por disposiciones especiales que pueden ser iguales o distintas a las aplicables a otras entidades de educación superior, públicas y privadas, o a las demás entidades estatales, siempre y cuando con ellas no se vulnere su autonomía. En desarrollo del artículo 69 de la C.P., el Congreso expidió la Ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”. En el Título III de la misma, se regula el régimen especial relativo a las universidades del Estado y de las otras instituciones de educación superior estatales u oficiales, a través de normas que constituyen su estatuto básico u orgánico y de las normas que deben aplicarse para su creación, reorganización y funcionamiento, a las que debe ajustarse el estatuto general y los reglamentos internos de cada institución.
UNIVERSIDADES ESTATALES Y OFICIALES-Características
Las universidades estatales y oficiales se caracterizan por tener personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden. Además se entienden organizadas como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprende la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley.
REGIMEN ESPECIAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES Y OFICIALES-Organización y elección de directivas
REGIMEN ESPECIAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES Y OFICIALES-Manejo de recursos
UNIVERSIDADES ESTATALES-Por su carácter de entes autónomos no conforman ninguna de las ramas del poder ni pueden formar parte de la administración nacional
Aunque se establezca la participación de representantes del Estado en sus órganos de gobierno, la normatividad y la jurisprudencia han reconocido que lo anterior no significa que dichas instituciones hagan parte de la administración central o descentralizada, o se conviertan por ello en órganos dependientes y bajo el control de tutela del Estado, “pues las universidades estatales por su carácter de entes autónomos no conforman ninguna de las ramas del poder ni pueden formar parte de la administración nacional”. De esta manera se pretende preservar a las universidades públicas y oficiales, de las injerencias e interferencias arbitrarias e indebidas del poder político.
UNIVERSIDADES PUBLICAS EN COLOMBIA-Creadas por ley y cuentan con representantes del Estado en sus órganos de dirección sin que ello atente contra su autonomía universitaria
PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA COMPOSICION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL-Jurisprudencia constitucional
VINCULACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO EN UNIVERSIDADES ESTATALES-No debe confundirse con una indebida injerencia en los asuntos de las instituciones educativas ni como un desconocimiento de la autonomía universitaria y de su derecho de autorregularse
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA-Régimen orgánico especial
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Pilar fundamental
La igualdad se constituye como uno de los pilares fundamentales del Estado Social e Derecho. La C.P. establece en su artículo 13 que todas las personas nacen iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Además, la disposición consagra la obligación del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, protegiendo especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionando los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Protegido en los tratados internacionales
La jurisprudencia ha establecido que por regla general las personas o grupos de personas deberán recibir igual tratamiento, por lo cual, cuando la ley o determinada autoridad proporcionen un tratamiento desigual a los iguales, deberá justificarlo en forma objetiva y razonable, teniendo en cuenta los siguientes elementos: “i) La existencia de disposiciones o efectos jurídicos desiguales. ii) La existencia de un fin u objetivo del trato desigual, que debe ser válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales, iii) Que el medio previsto en la norma legal: - no esté jurídicamente prohibido y sea en cambio permitido por el ordenamiento superior. - sea también válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales. - sea adecuado o idóneo para la consecución del fin u objetivo. - sea necesario, es decir, que no existan otros medios que no sacrifiquen los valores, principios o derechos constitucionales o que los sacrifiquen en menor medida. - sea proporcional en sentido estricto, o sea, que sus beneficios sean superiores a la afectación de los valores, principios o derechos constitucionales”. Sin embargo, esta Corporación, se ha planteado la necesidad de establecer en qué consiste concretamente la igualdad y determinar el criterio valorativo que se acoge en cada caso, determinando en cada situación, qué persona o grupo es igual a otro, de lo cual resulta que “una vez fijados los extremos de la relación, surge la obligación de efectuar un estudio de razonabilidad de la medida en particular, cuyos lineamientos dependen de la naturaleza de la norma en cuestión”.
La jurisprudencia ha sostenido que los cargos por desconocimiento del principio de igualdad, exigen un mayor rigor argumentativo para que puedan ser valorados por esta Corporación. De acuerdo con lo anterior, se ha establecido que estos deben indicar claramente: “i) los grupos involucrados o situaciones comparables, ii) el supuesto trato discriminatorio introducido y iii) qué justificaría dar un tratamiento distinto al previsto en la normas acusada. Carga mínima de argumentación que resulta indispensable a pesar de la naturaleza pública e informal que la caracteriza por cuanto de no atenderse dichos presupuestos procesales podría frustrarse la expectativa de obtener una decisión de fondo -fallo inhibitorio-“.
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA-Miembros no son servidores públicos por el hecho de pertenecer a dicho órgano
Los miembros del Consejo Superior Universitario de la UMNG no ostentan la calidad de servidores públicos por el hecho de pertenecer a este órgano de dirección. La Ley 805 de 2003 solo reserva dicha calidad al personal docente de carrera y al personal administrativo. Por consiguiente, los miembros del Consejo que son servidores públicos lo son por los cargos que ocupan y no por su pertenencia a este órgano de dirección universitario. Este argumento es confirmado por el artículo 67 de la Ley 30 de 1992 que se refiere a los integrantes de los Consejos Superiores que tuvieren la calidad de empleados públicos en razón de las funciones públicas que desempeñan, de lo cual se deduce que la pertenencia a estos órganos de dirección no confiere tal calidad.
Referencia: expediente D-9138
Actor: Julio Cesar Monroy Ángel
Demanda de inconstitucionalidad contra: contra el artículo 137 (parcial) de la Ley 30 de 1992 “por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, y contra el artículo 8 (parcial) de la ley 805 de 2003 Por el cual se transforma la naturaleza jurídica de la Universidad Militar Nueva Granada”
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil doce (2012)
La participación en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, de algunos miembros del sector defensa no implica una injerencia indebida del Gobierno ni desconoce la Autonomía Universitaria
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se circunscribió a definir si la calidad de los miembros del sector defensa que integran el Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, prevista en el artículo 8 de la Ley 805 de 2003, puede representar una injerencia indebida del Ejecutivo, que afecte la autonomía universitaria de esta institución educativa y por ende, desconozca el artículo 69 de la Constitución Política. En cuanto al cargo de inconstitucionalidad por desconocimiento del principio de igualdad, la Corte encontró que no cumple en debida forma, con los requisitos exigidos para que la Corte pueda emitir un fallo de fondo.
La Corte estableció que la conformación del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada no atenta contra la autonomía universitaria. Reiteró que el artículo 69 de la Carta confiere un amplio margen de configuración al legislador para que establezca el régimen especial de las universidades públicas y, en este contexto, la Ley 805 de 2003 determinó la integración del citado Consejo Superior Universitario. Observó que la presencia de miembros del Gobierno y de las Fuerzas Militares en dicho órgano de dirección deliberante y regido por principios democráticos, no es mayoritaria, ni desproporcionada, de manera que no se afecta el núcleo esencial del principio de autonomía universitaria. Aclaró que los miembros de dicho Consejo no ostentan la calidad de servidores públicos por el hecho de pertenecer a este órgano de dirección, carácter que se reserva al personal docente de carrera y al personal administrativo. Es decir, que los miembros de ese Consejo que son servidores públicos lo son por los cargos que ocupan y no por su pertenencia a este órgano de dirección universitario, lo cual se reitera en el artículo 67 de la Ley 30 de 1992.
En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad de los apartes demandados del artículo 8 de la ley 805 de 2003, frente al cargo de violación de la autonomía universitaria.
Informe que presenta la Comisión designada por el Consejo Universitario...
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