Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/25092
Timestamp: 2020-02-26 23:50:02
Document Index: 309381911

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'e contrario', 'artículo 31', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 134', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 31', 'Artículo 39', 'Artículo 47', 'Artículo 51', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

HJ System - Decision: SENTENCIA 158/2016
SENTENCIA 158/2016, de 22 de septiembre
(BOE (Official State Gazzete) number 263, of 31 October 2016)
ECLI:ES:TC:2016:158
“Uno. El artículo 1.1 queda redactado de la siguiente manera:
‘1. La jornada general de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cualquiera que sea su régimen jurídico, será de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual.
Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, que experimentarán los cambios que fueran necesarios para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.’
‘1. La jornada, en cómputo anual, del personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que percibe sus retribuciones conforme al Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Insalud, queda fijada de la siguiente forma:
5. El personal destinado en los servicios de urgencia de atención primaria (SUAP) realizará una jornada anual ordinaria de 1.488 horas de trabajo efectivo.’
‘Disposición adicional sexta.
La jornada general de trabajo del personal de las entidades del sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que se refieren los apartados c), d), e), f), g) y h) de la disposición adicional cuarta de esta ley será la establecida en el artículo 1.’”
La demanda razona que la norma impugnada introduce una regulación de la jornada laboral del personal al servicio del sector público en treinta y cinco horas semanales. Lo hace expresamente en el apartado 1.1 (personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) y en el 1.3 (personal de las entidades del sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). Pero también lo hace, aunque no lo afirme expresamente, en el 1.2 respecto del personal sanitario, pues las 1.519 horas señaladas para el turno diurno del personal sanitario en el apartado 1.2.1 se corresponde con multiplicar 35 horas por el número de semanas que se trabaja al año. Además, las horas de los turnos nocturno (1450 horas) y rotatorio (1491 horas) responden al mismo cálculo, si bien que aplicándole una cierta modulación por las circunstancias especiales de dichos turnos. Lo mismo sucede con las jornadas especiales previstas en los apartados 3, 4 y 5 del art. 1.2.
b) La demanda argumenta que esta previsión sobre la jornada laboral del personal al servicio del sector público “contradice de forma directa la regulación estatal sobre la materia contenida en la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, dictada con carácter básico al amparo de los artículos 149.1.7, 149.1.13 y 149.1.18 CE, y por la que se establece, en contraposición a lo preceptuado por el artículo cuya impugnación se postula, que la jornada general de trabajo del personal del Sector Público, incluido el personal estatutario, no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”.
Esta contradicción supone, según la demanda, por lo que hace al personal al servicio del sector público que tenga la condición de funcionario, que la norma recurrida vulneraría el art. 149.1.18 CE. Recuerda que, según la STC 156/2015, “corresponde al Estado establecer las bases del régimen de derechos y deberes de los funcionarios públicos y a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución, de acuerdo con aquella legislación básica, en relación con la función pública autonómica y local. Igualmente, hemos señalado que, en la competencia para regular las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos conferida al Estado por el art. 149.1.18 CE, cabe incluir, por ejemplo, previsiones relativas a las retribuciones de los funcionarios, comunes a todas las Administraciones públicas, pues ello hallaría su fundamento en los principios constitucionales de igualdad y solidaridad (SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3; 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 4; 103/1997, de 22 de mayo, FJ 2, y 148/2006, de 11 de mayo, FJ 6, entre otras). Del mismo modo, debemos afirmar, ahora, que también quedan encuadradas en el título competencial del mencionado art. 149.1.18 CE las previsiones relativas a los permisos y vacaciones de los funcionarios comunes a todas las Administraciones públicas, pues ello hallaría, igualmente, su fundamento en los principios constitucionales de igualdad y solidaridad”.
2. Por providencia de 28 de abril de 2016 el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015; dar traslado de la demanda y documentos presentados, según prevé el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como a la Junta de Comunidades y a las Cortes de Castilla-La Mancha, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso —21 de abril de 2016— para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado” para los terceros, lo que se comunicará a los Presidentes de la Junta de Comunidades y de las Cortes de Castilla-La Mancha; y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de Castilla La Mancha”.
a) Respecto de la ley estatal señalada como parámetro mediato de control constitucional —disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012— dice que es objeto de sendos recursos de inconstitucionalidad. Su estimación supondría la declaración de nulidad de tal norma estatal y haría decaer el fundamento de este recurso. El eventual rechazo, sin embargo, no supondría, a su juicio, la estimación de este recurso dadas las peculiaridades concurrentes, en especial (a) que en Castilla-La Mancha se haya aprobado una ley autonómica en desarrollo del estatuto básico del empleado público (Ley 4/2011, de 10 de marzo, del empleo público de Castilla-La Mancha) en ejercicio de las competencias exclusivas que su Estatuto le atribuye y (b) que con posterioridad a la Ley estatal 2/2012 se aprobó el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, lo que conlleva la derogación tácita de aquel precepto estatal.
Afirma también que dicha disposición adicional septuagésima primera, al fijar la jornada mínima de trabajo en 37 horas y media semanales para todo empleado del sector público, no respeta el orden constitucional de competencias, pues “la jornada de trabajo configura el ámbito temporal dentro del cual se desarrolla la tarea del empleado público, y por este motivo solamente la existencia y la determinación de la tipología y modalidades de la jornada, que es el marco de referencia del deber de trabajar, pueden formar parte de la configuración esencial del deber básico de prestación de servicio del empleado público, pero no así la cuantificación concreta y específica de esta jornada, ni siquiera con carácter mínimo. Lo expuesto supone que la determinación de la duración de la jornada de trabajo que se contiene en la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 supone una regulación que excede del contenido propio de la normativa básica del régimen estatutario de los funcionarios públicos”.
La disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 vulnera, a su juicio, el art. 134.2 CE, pues “no tiene contenido económico, por ello no está incluida ni en una previsión de ingresos, ni en una habilitación de gastos, de manera que no forma parte del contenido esencial e indisponible de la Ley de presupuestos. Además, tampoco incide directamente en la política de ingresos y gastos del sector público estatal ni la condiciona, sin que de contrario se haya aportado razonamiento alguno en este sentido, por lo que, al no tener ninguna conexión directa con los ingresos o los gastos del Estado, tampoco puede formar parte de su contenido eventual”.
Por último, razona que la regulación específica de la jornada mínima de trabajo afecta solo a la propia estructura de cada administración. Por tanto, no se requiere un grado de homogeneidad e igualdad en el horario de todos los empleados públicos, sino que prevalece el ajuste a la diversidad de objetivos, tareas, competencias, estacionalidades o situaciones geográficas de cada una de aquéllas. En fin, concluye que “la determinación de la jornada y el horario de trabajo que han de realizar los empleados públicos de una Administración constituye una medida amparada dentro de las relativas a la organización del personal al servicio de la Administración regional, con fundamento en la competencia exclusiva de auto organización que goza la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cuya base se asienta sobre el art. 31.1.l de su Estatuto y se liga al art. 39.3 del mismo texto legal. Además, está intrínseca y directamente relacionada con el correcto cumplimiento del ejercicio del resto de competencias atribuidas en su Estatuto de Autonomía y en las normas de transferencia, a los efectos de una adecuada prestación de servicios públicos a la ciudadanía por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (educación, sanidad, servicios sociales...)”.
c) Expone, en tercer lugar, que la Ley autonómica recurrida no invade la competencia del Estado en materia de legislación laboral (149.1.7 CE). Alega que la materia laboral ha de ser entendida en un sentido restrictivo, en el de limitar esta competencia del Estado a la normativa que regula “directamente la relación laboral, es decir, y en los términos de la Ley 8/1980 de 10 de marzo, la relación que media entre los trabajadores que presten servicios retribuidos por cuenta ajena a los empresarios, en favor de los que y bajo la dirección de quienes prestan servicios” (STC 360/1993, FJ4). A partir de esta idea, el Letrado autonómico afirma que la norma recurrida “no constituye una regulación directa de las relaciones que hay entre el trabajador y el empresario, es decir, entre las partes de una relación laboral, sino la concreta determinación de una jornada en un sector económico preciso, el sector público, cuya norma reguladora (Real Decreto Legislativo 5/2015, arts. 47 y 51) la configura como una materia que pertenece a la competencia de la respectiva Administración para organizar sus servicios”.
Afirma, a continuación, que el aumento de la jornada de trabajo no retribuido que dispone la norma estatal de contraste no repercute, siquiera mediatamente, en la contención del gasto público, ya que requiere que concurran otros elementos y circunstancias para que ello ocurra, a diferencia de otras medidas en materia de empleo público como la congelación de las retribuciones de los empleados públicos y las restricciones a la oferta de empleo público que, éstas si, tienen una incidencia directa y relevante en la disminución del gasto público, al impedir la utilización de las partidas presupuestarias correspondientes para los incrementos retributivos o para la provisión de nuevos puestos de trabajo. En conclusión, a su juicio, la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, invocada en el recurso de inconstitucionalidad para alegar la invasión de la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE por el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, no regula condiciones económicas sino la extensión horaria de la jornada de trabajo sin aumento retributivo, por tanto en sí misma no constituye una regulación económica y así no concurre el presupuesto necesario para considerar la medida que articula la norma como esencial para el conjunto de la economía.
a) Alega que la norma impugnada no ha infringido el art. 149.1.13 CE. Después de referir la doctrina constitucional relevante acerca de este título competencial, afirma que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 no halla cobertura en él, pues “establece una regulación general y permanente de la duración de la jornada de trabajo en el sector público con carácter mínimo. Se trata, pues, de una regulación material y sustantiva de las condiciones de trabajo de los empleados del sector público sin efectos retributivos. Por otra parte, la ampliación no retribuida de la jornada de trabajo no constituye una limitación directa del gasto público, ya que no tiene un efecto en el gasto efectivo, sino que se sitúa en el ámbito de la necesidad de gasto, limitándola. Y entre esta última y la primera no existe una correlación lineal, sino que el gasto efectivo se da en función de una multiplicidad de factores de muy variada naturaleza”.
La disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, que es la norma estatal que se ofrece de contraste, no halla cobertura en la competencia estatal sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios porque su regulación “no dejaría espacio normativo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para determinar la jornada de sus empleados públicos, que permitiese adecuarla a sus medios y a sus fines, de conformidad con las políticas de personal que en ejercicio de su competencia legislativa puede llevar a cabo para el cumplimiento del servicio público a la ciudadanía en diversos ámbitos competenciales (sanidad, educación, servicios sociales...)”.
La normativa básica en materia de función pública, tanto la Ley 7/2007 como las normas anteriores, “nunca han establecido una cuantificación concreta y homogénea de la jornada laboral para todos les empleados del Sector público. En este sentido, las diferentes administraciones públicas, incluida la Administración del Estado respecto a sus funcionarios, han regulado con normativa propia y con plena libertad la cuantificación de la jornada laboral de los empleados públicos a su servicio”. Coherentemente, la Comunidad de Castilla-La Mancha fijó en la Ley 1/2012 la duración de la jornada de trabajo del personal del sector público en 37 horas y media semanales, sin que el Estado suscitase ningún problema de constitucionalidad. Esta Ley es la que ahora modifica el precepto autonómico impugnado.
La disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 no respeta el mandato del art. 134.2 CE. Alega que “al no prever incremento retributivo, la regulación de esta disposición no tiene contenido económico, por ello no está incluida ni en una previsión de ingresos, ni en una habilitación de gastos, por tanto no forma parte del contenido esencial e indisponible de la Ley de presupuestos. También queda demostrado que tampoco incide en la política de ingresos y gastos del sector público estatal ni la condiciona, a diferencia de lo que sucede con la reducción de retribuciones y la limitación de la oferta pública de empleo. En fin, no tiene una conexión directa con los ingresos o los gastos del Estado, por ello tampoco puede formar parte del contenido eventual de la Ley de presupuestos."
c) Rechaza, en fin, que la Ley autonómica recurrida haya infringido el art. 149.1.7 CE. Aduce que “la fijación de la jornada laboral de 37 horas y 30 minutos como un mínimo de aplicación al personal laboral del sector público de todas las Administraciones, no forma parte de la regulación directa de las relaciones entre el trabajador y su empleador, y, por tanto, no se encuentra esta determinación en el objeto que la jurisprudencia constitucional ha atribuido como propio de la legislación laboral del Estado a que se refiere el art. 149.1.7 CE. Se trata de una materia propia del ámbito de cada Administración en la ordenación de sus servicios, y como tal la Comunidad de Castilla-La Mancha la estableció y fijo, en 37 horas y 30 minutos en el art. 1 de la Ley 1/2012 y la ha modificado en el art 1 de la Ley 7/2015”.
El Letrado Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha y la Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se oponen a la pretensión indicada. Sostienen, de un lado, que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 no halla apoyo competencial en los arts. 149.1.7, 149.1.13 y 149.1.18 CE y, de otro, que el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015 es legítimo ejercicio de la competencia que su Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para organizar sus instituciones (artículo 31.1.1 “Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno”) y en especial el personal a su servicio (artículo 39.3 “Régimen estatutario de sus funcionarios”).
En segundo lugar, en cuanto al personal del sector público autonómico que tenga un vínculo laboral cobra relevancia la competencia exclusiva que atribuye al Estado el art. 149.1.7 CE en materia de legislación laboral. La citada STC 99/2016, FJ 7, ha resuelto “que el título competencial ‘legislación laboral’ tiene ‘un sentido concreto y restringido, coincidente por lo demás con la relación que media entre los trabajadores que presten servicios retribuidos por cuenta ajena y los empresarios’ (SSTC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2; y 95/2002, de 25 de abril, FJ 8, entre otras muchas, y, en el mismo sentido, ATC 228/2015, de 15 de diciembre, FJ 4). En esta materia se incluye la regulación de un elemento esencial del contrato de trabajo como es el tiempo de prestación de servicios (STC 228/2012, de 29 de noviembre, FJ 3, con cita de la STC 7/1985, de 25 de enero, FJ 2)”.
En este ámbito material —el del régimen jurídico del personal del sector público autonómico— también concurren competencias autonómicas junto con las estatales indicadas. Compete a las Comunidades Autónomas, respecto de aquella parte de su personal que tenga la condición de funcionario, el desarrollo legislativo de la regulación básica estatal ex art. 149.1.18 CE y su ejecución (STC 156/2015, de 9 de julio, FJ 8). Por su parte, cuando se trata de personal laboral a su servicio les incumbe la ejecución de la legislación laboral aprobada por el Estado ex art. 149.1.7 CE. En el ejercicio de estas atribuciones, dada la naturaleza propia de las funciones de desarrollo legislativo y de ejecución, las Comunidades Autónomas no pueden desconocer la legislación que el Estado haya dictado legítimamente con apoyo en las cláusulas 7 y 18 del art. 149.1 CE.
Corresponde también a las Comunidades Autónomas, esta vez respecto de todo el personal a su servicio, independientemente de que su vínculo sea funcionarial o laboral, y en virtud de las competencias que sus Estatutos les reconozcan para organizar sus instituciones en general, y el personal a su servicio en particular, la determinación de las condiciones concretas de trabajo de dicho personal (AATC 55/2016, de 1 de marzo, FJ 5; 83/2016, de 26 de abril, FJ 3, y STC 99/2016, FJ 7). Ahora bien, el ejercicio que cada Comunidad Autónoma haga de esta competencia se entiende “sin perjuicio de las competencias estatales ex art. 149.1 CE” (STC 99/2016, FJ 7), esto es, será un ejercicio constitucionalmente legítimo mientras no desconozca o menoscabe las decisiones que el Estado pueda adoptar en virtud de sus competencias propias, entre las que destacan por lo que hace a esta materia, como antes se ha razonado in extenso, las que le atribuyen las cláusulas 7 y 18 del art. 149.1 CE.
“7. …Recordemos que, de acuerdo con el art. 149.1.18 CE y la doctrina constitucional que lo ha interpretado, el Estado tiene competencia para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, expresión que ha de entenderse referida a los de todas las Administraciones públicas, incluyendo materialmente en su ámbito, en principio, la normación relativa ‘a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios’ (por todas, STC 165/2013, de 26 de septiembre, FJ 13). No cabe duda de que la fijación de la duración mínima de la jornada de trabajo constituye una previsión integrada en la esfera ‘de los derechos y deberes’ de los funcionarios (STC 163/2012, de 20 de septiembre, FFJJ 6 y 9), quedando justificada su determinación por el Estado como normativa básica en tanto estamos ante una medida que garantiza una mínima homogeneidad en un aspecto central del régimen estatutario funcionarial como es el tiempo de trabajo o dedicación exigible a todo funcionario, sin que además el legislador haya establecido límite en cuanto a su período de aplicación (STC 156/2015, de 9 de julio, FJ 8). No olvidemos también que ‘[e]ste Tribunal ya ha tenido ocasión de declarar ‘como principio básico la utilización racional del funcionariado existente’, así como ‘básicas aquellas normas que sean necesarias para garantizar la efectividad de dicho principio’ (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 42)’ (STC 8/2010, de 27 de abril, FJ 4). Asimismo, el hecho de que la previsión examinada no se hubiera contemplado en el estatuto básico del empleado público no constituye obstáculo para que, en virtud de la competencia normativa indicada, el legislador estatal proceda a su posterior incorporación en la disposición ahora cuestionada, debiendo recordar que, según este Tribunal ha señalado, ‘siendo mudables las bases (STC 1/2003, de 16 de enero), también lo es, en correspondencia inevitable, el ámbito disponible por la legislación de desarrollo’ (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 60)…
Por su parte, en cuanto al personal laboral del sector público, ha de tenerse en cuenta que el art. 149.1.7 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral. El Tribunal tiene establecido que el título competencial ‘legislación laboral’ tiene ‘un sentido concreto y restringido, coincidente por lo demás con … la relación que media entre los trabajadores que presten servicios retribuidos por cuenta ajena y los empresarios’ (SSTC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2, y 95/2002, de 25 de abril, FJ 8, entre otras muchas, y, en el mismo sentido, ATC 228/2015, de 15 de diciembre, FJ 4). En esta materia se incluye la regulación de un elemento esencial del contrato de trabajo como es el tiempo de prestación de servicios (STC 228/2012, de 29 de noviembre, FJ 3, con cita de la STC 7/1985, de 25 de enero, FJ 2). El precepto regula así con carácter general un aspecto de la relación laboral, específicamente en relación a los trabajadores del sector público, y lo hace mediante la fijación de una jornada mínima, lo que conlleva, por su propia naturaleza, una prohibición de que la jornada laboral en el sector público pueda ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Regulación que, por otra parte, no impide que, respetando esa prohibición, las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias para la organización de su propio personal laboral, puedan adoptar las decisiones que estimen oportunas sobre las condiciones de trabajo de ese personal, sin perjuicio de las competencias estatales ex art. 149.1 CE (en un sentido similar, ATC 55/2016, FJ 5)…
Además, el carácter mínimo de la jornada prevista en la norma cuestionada deja todavía margen de maniobra a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de su competencia en este ámbito, pues el precepto estatal no cierra ni la posibilidad de ampliar la duración fijada dentro de los topes permitidos, ni tampoco la determinación de los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo que finalmente se establezca (así, en la STC 156/2015, FJ 8, en relación a la duración de permisos o licencias de los funcionarios públicos).”
Las contestaciones del Letrado Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha y de la Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se oponen a la premisa en que se funda el planteamiento de la demanda —que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 es legítimo ejercicio de las competencias estatales atribuidas por los números 7 y 18 del art. 149.1 CE— por un segundo motivo. Consideran que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 es inconstitucional porque su mandato normativo no reúne las condiciones para formar parte de una ley de presupuestos, objeción que también ha sido descartada por la STC 99/2016, FJ 8, en los siguientes términos:
“8… la jornada mínima de trabajo que el legislador introduce para el personal del sector público va acompañada en la norma cuestionada por la previsión expresa de que las modificaciones de jornada que se lleven a cabo para adaptarse a esta medida ‘no supondrán incremento retributivo alguno’, encontrándonos ante una previsión que, en su conjunto tiene la evidente finalidad de contribuir a la contención del gasto público. No existe duda, por tanto, de que la disposición impugnada tiene una conexión directa con los gastos del Estado y con los criterios de política económica, pues, al tiempo que prohíbe establecer incrementos retributivos en el supuesto regulado, potencia el ahorro económico en la cobertura de las necesidades de personal en el sector público. De este modo la regulación cuestionada es bien distinta a la enjuiciada en otros pronunciamientos… (SSTC 174/1998, 203/1998 y 234/1999), por lo que la conclusión a alcanzar ha de ser diferente, debiendo ahora declarar la idoneidad de la Ley de presupuestos generales del Estado para introducir la medida que aquí se controvierte (SSTC 63/1986, de 21 de mayo, FJ 12; y 96/1990, de 24 de mayo, FJ 4 —respecto a la fijación de límites máximos al aumento de retribuciones del personal del sector público—). Consiguientemente, hemos de desestimar la queja de que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 vulnera el art. 134.2 CE.”
Este Tribunal aprecia que el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, en tanto que dispone que la duración de la jornada laboral del personal al servicio del sector público autonómico “será de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual” y que las jornadas especiales del personal al servicio de las instituciones sanitarias autonómicas tendrán la misma duración salvo las modulaciones que le son propias, está determinando las condiciones concretas de trabajo de dicho personal, lo que, independientemente de que sea personal funcionario o laboral, incumbe a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en virtud de sus competencias exclusivas de organización interna de sus instituciones (STC 99/2016, FJ 8; AATC 55/2016, FJ 5, y 83/2016, FJ 3).
La norma estatal - la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 - dispone en su apartado Uno que la jornada general de trabajo del personal del Sector Público, que entre otros componentes comprende las Administraciones de las Comunidades Autónomas [apartado 1.a)] y las personas jurídicas públicas [apartados 1.c) y d)] y privadas [apartados 1.e) y f)] dependientes de ellas, no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Prevé también que las jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, entre las que se cuentan las del personal al servicio de las instituciones sanitarias, experimentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.
Este Tribunal aprecia a partir de los datos reseñados que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, al imponer una jornada general de trabajo mínima de “treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”, duración a la que se ajustarán también las jornadas especiales aun con las modulaciones que le sean propias, admite una norma autonómica que iguale o amplíe la duración de dichas jornadas laborales y también que señale los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo que finalmente se establezcan. Sin embargo, resulta incompatible con aquella norma estatal una norma autonómica que determine una duración de la jornada de trabajo que sea inferior, como sucede con el artículo 1 de la ley autonómica que es objeto de este recurso, que prevé que la jornada general de trabajo del personal del sector público autonómico será de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual (artículo 1.1 y 1.3), así como que las jornadas especiales de las distintas modalidades de personal al servicio de las instituciones sanitarias autonómicas responderán igualmente a esta duración en términos anuales, si bien que con las modulaciones que son propias de cada una de ellas (art. 1.2).
1. Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2165-2016, al que se adhieren la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
Madrid, a veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 263 ] 31/10/2016
Type and record number Recurso de inconstitucionalidad 2165-2016
Date of the decision 22/09/2016
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 1 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Se enjuicia la constitucionalidad de un precepto de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, que introdujo una jornada laboral del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cualquiera que sea su régimen jurídico, de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual.
Se estima el recurso y se declara la inconstitucionalidad y nulidad del precepto impugnado. La Sentencia reitera la doctrina sentada por la STC 99/2016, de 25 de mayo, que consideró que la disposición de la Ley 2/2012 que impuso una jornada general de trabajo mínimo para todo el personal del sector público era un ejercicio legítimo de competencias estatales. Dado que la citada norma estatal establece una jornada de 37 horas y media de promedio en cómputo anual, la norma autonómica no puede fijar una jornada inferior de 35 horas, a pesar de que Castilla-La Mancha ostente la competencia exclusiva para organizar sus propios servicios.
Doctrina contenida en la STC 99/2016 en relación con el carácter básico de la jornada laboral mínima para todo el sector público [FFJJ 3, 4].
El ejercicio de la competencia exclusiva autonómica para organizar sus propios servicios no puede desconocer las normas que el Estado haya podido aprobar en virtud de los títulos competenciales estatales que inciden en el ámbito material del régimen jurídico del personal del sector público autonómico [FJ 5].
La norma controvertida que prevé que la jornada general de trabajo del personal del sector público autonómico será de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual, resulta incompatible con la norma estatal que establece, con carácter básico, una jornada laboral superior [FJ 6].
Artículo 134.2, f. 4, VP
Artículo 149.1.7, ff. 1 a 6
Artículo 149.1.13, ff. 1, 3
Artículo 149.1.18, ff. 1 a 6, VP
Artículo 31.1.1, ff. 1, 5, 6
Artículo 39.3, ff. 1, 5, 6
Artículo 47 (redactado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), f. 4
Artículo 51 (redactado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), f. 4
Disposición adicional septuagésima primera, ff. 1 a 6, VP
Disposición adicional septuagésima primera, apartado 1, f. 6
Disposición adicional septuagésima primera, apartado 1 a), f. 6
Disposición adicional septuagésima primera, apartado 1 c), f. 6
Disposición adicional septuagésima primera, apartado 1 d), f. 6
Disposición adicional septuagésima primera, apartado 1 e), f. 6
Disposición adicional septuagésima primera, apartado 1 f), f. 6
Artículo 1.2.1 a), f. 6
Artículo 1.2.1 b), f. 6
Artículo 1.2.1 c), f. 6
Artículo 1.2.3, f. 6
Artículo 1.2.4, f. 6
Artículo 1.2.5, f. 6
Competencias exclusivas de las Comunidades AutónomasCompetencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, ff. 5, 6
Modificación de la jornada laboralModificación de la jornada laboral, ff. 1, 3 a 6
Régimen estatutarioRégimen estatutario, ff. 1, 3 a 6
Castilla-La ManchaCastilla-La Mancha, f. 1