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Timestamp: 2020-01-21 03:39:47
Document Index: 293025372

Matched Legal Cases: ['artículo 160', 'artículo 47', 'artículo 64', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 86', 'artículo 35', 'artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 42', 'Artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 39', 'artículo 44', 'artículo 97', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 180', 'artículo 31', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 173', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 193', 'artículo 97', 'artículo 98']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 20/02/2013
cve: BOCG-10-D-225
130/000031 Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas. Convalidación... (Página9)
130/000032 Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero. Convalidación ... (Página15)
162/000496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos. Enmiendas... (Página20)
Aprobación... (Página22)
162/000526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas... (Página22)
172/000083 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para controlar el gasto público y prevenir las prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos y subvenciones en los entes y fundaciones culturales en las que participa el Estado ... (Página25)
172/000086 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la finalidad, las consecuencias y las responsabilidades políticas que piensa asumir el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ante los resultados de la amnistía fiscal ... (Página26)
172/000087 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el papel a desarrollar por las entidades financieras actualmente nacionalizadas para atender las necesidades de crédito de las pequeñas empresas y familias, estimular la economía real y facilitar la creación de empleo ... (Página27)
172/000090 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno ... (Página28)
173/000057 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el desarrollo en España de la técnica de extracción de gases no convencionales denominada fracturación hidráulica o "fracking". Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página29)
173/000058 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, sobre las consecuencias de sus propuestas y decisiones y, en concreto, del Real Decreto-ley 15/2012, en la Corporación RTVE. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página31)
245/000003 Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, referida al año 2011. Resoluciones aprobadas por el Pleno de la Cámara ... (Página33)
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la declaración de modificación de bienes y rentas presentada, una vez calificada (núm. expte. 005/000170/0001).
130/000031
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
En el informe "Avance de Producción" referido al sector del aceite, con datos de octubre de 2012, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, comparada la estimación de producción de aceite de la campaña 2012 (675 miles de TN) con la campaña 2011 (1.599 miles de TN), se observa una caída en la producción del 57,8%. Entre las Comunidades Autónomas que presentan las mayores caídas en la producción con respecto a la campaña 2011 se encuentran Andalucía y Extremadura.
El apartado 2 de la disposición transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y el párrafo segundo del apartado 2 de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, establecen un plazo transitorio de doce meses, a partir del 12 de febrero de 2012, durante el cual se permite que, en los supuestos en que no exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar o centros formativos disponibles para su impartición, la actividad formativa inherente a los contratos de formación y aprendizaje que se suscriban en dicho plazo pueda estar constituida por los contenidos
mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal.
Los contratos para la formación y el aprendizaje se están convirtiendo en un medio para la formación e inserción laboral de los jóvenes. Por ello, hay que posibilitar que, hasta el 31 de diciembre de 2013, la actividad formativa inherente a estos contratos pueda estar constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo
Estatal, dada la necesidad de adecuar la oferta de formación de los certificados de profesionalidad a su impartición en estos contratos, especialmente por lo que se refiere a la modalidad de teleformación.
"1. Cuando una empresa, en virtud del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de un procedimiento concursal, haya suspendido contratos de trabajo, de forma continuada o no, o haya reducido el número de días u horas de trabajo, y posteriormente se extingan contratos al amparo de los artículos 51 o 52.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, los trabajadores afectados tendrán derecho a la reposición de la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo por el mismo número de días que hubieran percibido el desempleo total o parcial en virtud de aquellas suspensiones o reducciones con un límite máximo de 180 días, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
b) Que el despido se produzca entre el 12 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014."
"2. En los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban hasta el 31 de diciembre de 2013, en los supuestos en que no exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles para su impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos estará constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas, accesible para su consulta en las páginas web del Servicio Público de Empleo Estatal www.sepe.es y en las de los Servicios Públicos de Empleo correspondientes de las Comunidades Autónomas, para las ocupaciones o especialidades relativas a la actividad laboral contemplada en el contrato; en su defecto, estará constituida por los contenidos formativos determinados por las empresas o comunicados por estas al Servicio Público de Empleo Estatal y a los Servicios Públicos de Empleo correspondientes de las Comunidades Autónomas, a los efectos de su validación en el marco del Sistema Nacional de Empleo."
"En los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban hasta el 31 de diciembre de 2013, en los supuestos en que no exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles para su impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos estará constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas, accesible para su consulta en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es y en las de los Servicios Públicos de Empleo correspondientes de las Comunidades Autónomas, para las ocupaciones o especialidades relativas a la actividad laboral contemplada en el contrato; en su defecto, estará constituida por los contenidos formativos determinados por las empresas o comunicados por estas al Servicio Público de Empleo Estatal, a los efectos de su validación en el marco del Sistema Nacional de Empleo."
"a) En el caso de las infracciones en materia de Seguridad Social reguladas en la Sección Primera del Capítulo III del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, cuyas actas no concurran con actas de liquidación, la imposición de sanción corresponderá a:
3.º La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en el supuesto previsto como infracción grave en el artículo 22. 9 cuando se trate de bonificaciones y como infracción muy grave en la letra h) del artículo 23.1."
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", si bien lo previsto en el artículo 3 producirá efectos desde el 1 de enero de 2013.
130/000032
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.
Por otro lado, de cara a la formulación antes del 31 de marzo de este año, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 de las entidades aseguradoras que han participado en la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), se aborda la regulación de la inversión de las entidades aseguradoras en valores o derechos mobiliarios emitidos por la SAREB.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Industria, Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2013,
Uno. En las tablas 1 y 2 del artículo 35, se modifica el valor de la prima de referencia de todos los subgrupos, que pasa a tener un valor de 0 c?/kWh.
Dos. En la tabla 3 del artículo 36, se modifica el valor de la prima de referencia de todos los subgrupos, que pasa a tener un valor de 0 c?/kWh y se suprimen los valores de los límites superiores y límites inferiores.
"Artículo 38. Tarifas para instalaciones de la categoría b), grupo b.2: energía eólica.
1. Para las instalaciones del subgrupo b.2.2, se establece una tarifa máxima de referencia a efectos del procedimiento de concurrencia que se regule para el otorgamiento de reserva de zona para instalaciones eólicas en el mar territorial con un valor de 14,8557 c?/kWh."
"Artículo 39. Tarifas para instalaciones de la categoría b), grupo b.3: geotérmica, de las olas, de las mareas, de las rocas calientes y secas, oceanográfica, y de las corrientes marinas.
El cálculo de esta tarifa para cada instalación se realizará a través de los datos obtenidos en el modelo de solicitud del anexo VIII."
Cinco. En la tabla 4 del artículo 42, se modifica el valor de la prima de referencia de todos los grupos, que pasa a tener un valor de 0 c?/kWh.
"1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria octava, las instalaciones térmicas de régimen ordinario, podrán utilizar como combustible adicional biomasa y/o biogás de los considerados para los grupos b.6 y b.7 en los términos que figuran en el anexo II.
La tarifa sólo se aplicará a la parte proporcional de energía eléctrica producida atribuible a la biomasa y/o biogás sobre el total de la energía producida por la instalación, en base a la energía primaria."
"Artículo 47. Instalaciones que estuvieran sometidas al régimen previsto en el Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, por el que se determina la tarifa eléctrica de las Empresas gestoras del servicio.
Para ello, el titular de la instalación deberá dirigir una solicitud a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, adjuntando un proyecto técnico-económico que justifique las mejoras a ejecutar y la viabilidad de la misma. Dicha Dirección General formulará una propuesta de resolución, previo informe de la Comisión Nacional de Energía otorgando, en su caso, el derecho a la percepción de una tarifa, y fijando la cuantía de la misma."
"Estas instalaciones estarán inscritas en el subgrupo a.1.3 del artículo 2, siendo el valor de la tarifa 14,6773 cent?/kWh, en lugar de la contemplada en el artículo 35 para estas instalaciones, a percibir durante un periodo máximo de 15 años desde su puesta en marcha."
"Para la solicitud de la tarifa específica por kWh a la que se refiere el artículo 39, se presentará un anteproyecto que describa de forma exhaustiva la instalación, donde al menos se desarrollen los apartados que se listan a continuación."
Los valores de la prima y los límites superior e inferior aplicables se calcularán a partir de los valores para las instalaciones solares termoeléctricas de 50 MW publicados en la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, reducidos en el porcentaje que se indique en la citada resolución, los cuales serán actualizados según lo establecido en el artículo 44 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
162/000496
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 194, de 14 de diciembre de 2012.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar la regulación vigente de "derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia", para adaptarla a la nueva realidad educativa, sustituyéndola por una "Carta de derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa", a través de un proceso sosegado de participación activa de todos los sectores que componen dicha comunidad y donde el procedimiento de mediación sea un eje fundamental de la nueva regulación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2013.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley que garantice, en aquellos territorios que no hayan desarrollado sus competencias en materia de educación, los derechos, las libertades y las obligaciones que corresponden a todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, padres y madres, profesores y otros profesionales educativos, Administración educativa, Administración local y titulares de los centros privados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos.
1. Encargar al Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar un diagnóstico actualizado de la convivencia en las aulas.
2. Recuperar y, en su caso, optimizar los contenidos curriculares relativos a la mediación escolar y a la resolución pacífica de conflictos en la asignatura Educación para la Ciudadanía, eliminados por el Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto.
3. Analizar el concepto de "autoridad del profesor" con los sindicatos del sector y con la comunidad educativa en el proceso de confección del Estatuto de la Función Pública docente para su posible incardinación en el mismo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos, sin modificaciones con respecto al texto publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 194, de 14 de diciembre de 2012, por tanto, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar la regulación vigente de derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia, para adaptarla a las necesidades actuales, de modo que establezca un procedimiento efectivo que apoye la autoridad del profesorado, al centro educativo, y asegure un clima adecuado para garantizar el derecho al estudio que tienen todos los alumnos."
162/000526
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 210, de 25 de enero de 2013.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria.
A continuación del punto 2, añadir:
"3. Derogar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que cambia el modelo universal del Sistema Nacional de Salud por un modelo de seguro, recuperando el consenso sobre el sistema sanitario público.
4. Derogar la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS que está siendo utilizada como palanca para la privatización del sistema sanitario a manos de oligopolios privados, a pesar de la oposición de los profesionales y de la ciudadanía.
5. Reprobar a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por su responsabilidad en el cambio de modelo y la pérdida de liderazgo y prestigio del Sistema Sanitario Público."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña Rosana Pérez Fernández, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del G.P. Socialista, sobre subasta de medicamentos y derechos de los inmigrantes a tarjeta sanitaria, debate en Pleno.
"Dados los perjuicios que las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad está causando a la población debido a los recortes en la sanidad, vulnerando el derecho al acceso universal a la sanidad pública, la introducción del copago farmacéutico, así como el pago por traslado en ambulancia, la suspensión de la Ley de Dependencia, sin olvidar, su presunta implicación en la trama Gürtel, consideramos que son razones fundamentadas para solicitar la dimisión de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria.
"1. Respetar las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas en materia de ordenación farmacéutica al objeto de regular mecanismos de racionalización del gasto farmacéutico adaptados a sus necesidades concretas, mejorando así la financiación del sistema sanitario y preservando, en todo momento, la calidad y equidad en el acceso a las prestaciones y servicios del SNS.
2. Reponer de inmediato el derecho a la tarjeta sanitaria que permite el acceso a la sanidad pública a personas inmigrantes en situación irregular, lo que garantizará la protección eficaz de su derecho a la salud así como de manera indirecta, el de la salud del resto de la comunidad."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a avanzar en la adopción de acuerdos, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y en el marco del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales, en materia de eficiencia del gasto farmacéutico, respetando el marco legal, y que garanticen la calidad y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público, universal y gratuito."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a la tarjeta sanitaria.
"1. Realizar un estudio que evalúe la eficacia y ventajas del proceso de subasta de medicamentos para el suministro de aquellos principios activos no sometidos a protección de patente que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, para valorar su implantación en el conjunto del Sistema Nacional de Salud."
"1. Desarrollar un proceso de subasta de medicamentos para el suministro al sistema sanitario público español de aquellos principios activos no sometidos a protección de patente que permita generar un ahorro de, al menos, 1.500 millones de euros anuales y, como consecuencia, proceda a derogar el copago."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para controlar el gasto público y prevenir las prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos y subvenciones en los entes y fundaciones culturales en las que participa el Estado, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente sobre la política general del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para controlar el gasto público y prevenir las prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos y subvenciones en los entes y fundaciones culturales en las que participa el Estado.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrolla, a través de su Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo, la gestión de las industrias culturales en colaboración con diferentes instituciones y entidades. Es función del Ministerio, lógicamente, vigilar el destino del gasto y la prevención de prácticas irregulares en el uso de los fondos públicos y las subvenciones que destina el Estado a aquellos entes culturales en los que participa.
La Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer fue constituida en escritura pública el 29 de diciembre del 2006 con el objetivo, tal como recogen sus Estatutos fundacionales, de convertir el Centro Cultural Niemeyer de Avilés en uno de los principales motores dinamizadores de la vida cultural, social y económica del Principado Asturias, contribuir a la promoción de la cultura, luchar contra la pobreza, fortalecer los derechos humanos, reducir las desigualdades y reforzar la cohesión social.
Forman parte del Patronato de la Fundación el Ministerio de Educación, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y la Autoridad Portuaria.
En la actualidad, nos encontramos con que un proyecto esperanzador para todos los asturianos y especialmente para los avilesinos y para España, se ha convertido en un escándalo económico y financiero con un fuerte contenido frustante, al que notablemente ha contribuido la nefasta e irregular gestión y administración económica, con incumplimientos formales graves y generación de una deuda de dos millones cuatrocientos mil euros desde su creación.
Y, lo que es peor, tratándose de dinero público, recién descubierta la deuda según informe del Administrador concursal, es conocida por todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación y actualmente por la auditoría practicada a requerimiento del mismo, de gran dificultad técnica y cuyos resultados se conocen estos días, siendo asunto público de máxima actualidad.
Todos los datos reflejan la negligente actuación de los gestores responsables de la administración de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, con un evidente despilfarro y falta de transparencia en la gestión de fondos públicos y subvenciones que podría verse obligada a devolver por importe de 1.200.000 euros, apartándose de sus fines fundacionales, circunstancias que han originado la situación actual. Todo ello con independencia de la deuda de la Fundación en 2011, de 2.225.297 euros.
Por todo ello se presenta la siguiente interpelación urgente sobre la política general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para controlar el gasto público y prevenir las prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos y subvenciones en los entes y fundaciones culturales en las que participa eI Estado como patrono, así como sobre las medidas ejemplificadoras que va a adoptar, para evitar que
recaigan sobre los ciudadanos las consecuencias económicas de conductas reprobables, en la gestión de las subvenciones concedidas en el ámbito de la acción cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000086
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la finalidad, las consecuencias y las responsabilidades políticas que piensa asumir el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ante los resultados de la amnistía fiscal, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, se presenta la siguiente interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la finalidad, las consecuencias y las responsabilidades políticas que piensa asumir ante los resultados de la amnistía fiscal.
Desde su llegada al Gobierno, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro, ha venido desarrollando una política fiscal errática e ineficaz que ha supuesto un ataque directo a los principios básicos de la Hacienda Pública. Ha incrementado notablemente el tipo de gravamen del IRPF y del IVA, penalizando de forma injustificada a los asalariados y las clases medias e ignorando los principios de capacidad económica y de justicia y equidad del sistema tributario, consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española. Asimismo, estas medidas han deprimido aún más el consumo y la actividad económica, ahondando en la gravedad y efectos de la recesión.
En este contexto el Ministro de Hacienda, como máximo responsable del Gobierno en esta materia, diseñó una amnistía fiscal, mediante el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, que ha tenido graves consecuencias éticas y económicas para la sociedad.
Esta regulación, y las sucesivas modificaciones que han venido produciéndose de la misma, han permitido que defraudadores y delincuentes se pudieran acoger a sus beneficios. En primer fugar, se amplió el ámbito de aplicación de la amnistía, al objeto de que los defraudadores tuvieran un año más de plazo -hasta el 31 de diciembre de 2013- para acreditar la real titularidad de los bienes declarados. Junto a ello, y de forma ilegal al no estar previsto en el Decreto-ley, el modelo de declaración de la denominada regularización fiscal permitió aflorar el dinero en efectivo simplemente por su ingreso en una entidad financiera con anterioridad a la formalización de la declaración, lo que ha provocado una absoluta falta de control acerca del origen del mismo y del momento temporal en el que él mismo fue generado.
Por si todas estas modificaciones a favor de los defraudadores no fueran suficientes, la insólita resolución de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012 ha permitido reducir aún más la contribución de los defraudadores, pues el tipo teórico del 10 % no ha gravitado sobre el importe del capital aflorado sino sobre el 10 % de los rendimientos de esos patrimonios. Tal circunstancia ha sido reconocida expresamente por el propio Ministro en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del día 23 de enero de 2013, pues ha cuantificado la base de los patrimonios regularizados en torno a los 40.000 millones de euros cuando la amnistía ha recaudado un total de 1.200 millones de euros. En consecuencia, los defraudadores no han contribuido con el citado 10 % sino, en el mejor de los casos, con un escuálido 3 %, cantidad que puede situarse entre el 1 y el 2 % como pronostican diversos despachos de abogados y asesores fiscales que han trabajado para esta regularización fiscal extraordinaria.
En enero se ha hecho público que, entre los que se han acogido a esta injusta medida, se encuentra el anterior tesorero del Partido Popular, don Luis Bárcenas, que tuvo que dejar su cargo como consecuencia de las actuaciones judiciales relacionadas con la trama Gürtel, actuaciones en las que se han detectado a su nombre cuentas bancarias en Suiza en las que habría llegado a sumar la cantidad de 22 millones de euros. Cuando todo esto se descubrió, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas insistió en sede parlamentaria en que el extesorero del Partido Popular no se había acogido ni se podía acoger a la citada amnistía.
Hoy mismo se ha sabido que el Juez que instruye el caso Gürtel, ante la sospecha de que otros implicados en la trama que investiga pudieran haber actuado de forma similar, ha pedido a la Agencia Tributaria que le informe sobre la posibilidad de que más de veinte imputados se hayan acogido también a la amnistía fiscal.
En conclusión, en tan solo un año de gobierno, este Ministro ha conseguido que se haya producido el mayor ataque a la conciencia fiscal de los ciudadanos en nuestra reciente historia democrática. Mientras a los trabajadores se les aplicaba una subida extraordinaria del IRPF y del IVA, a los grandes defraudadores se les perdonaba el pago de sus obligaciones tributarias. El propio Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado ha manifestado, en una declaración sin precedentes, que la amnistía fiscal ha favorecido el blanqueo de capitales y, en consecuencia, la corrupción, ya que los presuntos corruptos pueden disfrutar del dinero que han obtenido ilícitamente. En otras palabras, se ha diseñado para que centenares de defraudadores se pudieran acoger a ella sin tener que justificar el origen del patrimonio aflorado.
Por todo lo anterior, el Sr. Montoro ha quedado inhabilitado para seguir ejerciendo el cargo de Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ya que no puede seguir siendo miembro del Gobierno ni dirigiendo la política fiscal quien se ha situado con sus decisiones bajo la sospecha de atender y satisfacer los intereses de los grandes defraudadores.
Por todo ello, se presenta esta interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para su debate en el próximo Pleno de las Cámara, sobre la finalidad, las consecuencias y las responsabilidades políticas que piensa asumir ante los resultados de la amnistía fiscal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000087
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el papel a desarrollar por las entidades financieras actualmente nacionalizadas para atender las necesidades de crédito de las pequeñas empresas y familias, estimular la economía real y facilitar la creación de empleo, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente interpelación urgente sobre el papel a desarrollar por las entidades financieras actualmente nacionalizadas para atender las necesidades de crédito de las pequeñas empresas y familias, estimular la economía real y facilitar la creación de empleo, para su debate en el Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2013.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
172/000090
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Consejo de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 173 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una interpelación urgente sobre la política energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno.
La energía es un sector estratégico por excelencia que afecta de forma transversal a todos los sectores de la economía. De la energía depende, en gran medida, la competitividad de nuestro tejido industrial y empresarial, así como el consumo y bienestar de la sociedad. Una mala política energética es, por tanto, una mala política económica.
En materia energética, cuando las medidas se adoptan principalmente en función del corto plazo, lo habitual es que no exista estrategia y que se cometan errores graves. Construir una política energética rigurosa requiere estabilidad, requiere pensar en el medio y largo plazo, requiere orientar grandes inversiones de manera competitiva y sostenible, por lo que la estrategia a medio y largo plazo siempre debe primar sobre la inmediatez.
En la anterior legislatura, ante el reclamo constante y sin éxito de una política energética española creíble, que definiera el horizonte a medio y largo plazo, se propuso la creación de una subcomisión para definir una estrategia global que especificara la oferta y demanda energética a 30 años para poder hacer frente a las necesidades energéticas del país, desde la eficiencia y el ahorro, garantizando la calidad y la seguridad del suministro, a costes competitivos y que, a la vez, fuera medioambientalmente sostenible para garantizar el desarrollo económico y social.
El resultado fue la creación de la subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años, aprobada por unanimidad y de su trabajo salió un conjunto de conclusiones relevante para la definición de una estrategia estable en política energética. Se definieron unos posibles horizontes de oferta y demanda energética para las distintas energías y se abordaron temas estructurales clave, como es el déficit de tarifa, las interconexiones eléctricas y de gas o las redes de distribución y transporte, entre otros.
Lamentablemente, han pasado más de dos años de esas conclusiones realizadas en julio de 2010, pero las conclusiones no han pasado a ser compromisos del Gobierno. No lo hizo el anterior Gobierno y no lo está haciendo el actual. El cortoplacismo marcó la política energética en la pasada legislatura y la marca en la actual.
Se ha olvidado la dimensión del largo plazo. Seguimos siendo uno de los Estados europeos energéticamente dependientes, una isla energética. Desde 2001 hasta el 2011 España ha sido incapaz de hacer un planteamiento energético estratégico, hemos tenido una sucesión de políticas, en forma de planes, cada una centrada en un tipo de energía diferente (petróleo, carbón y gas hasta 2011). Actualmente seguimos estancados en este punto. El actual Gobierno no ha definido todavía cuál va a ser su horizonte para los próximos años y no ha abordado las reformas estructurales que asfixian el sistema energético y impiden su evolución y progresión.
En un año de Gobierno hemos tenido multitud de disposiciones, todas cortoplacistas, con más impuestos e inflacionistas. Se han suspendido las primas a renovables para cortar con el déficit tarifario, pero no sabemos cuál va a ser el futuro de estas energías. La improvisación parece nuestro sino.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente interpelación urgente sobre la política energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
173/000057
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el desarrollo en España de la técnica de extracción de gases no convencionales denominada fracturación hidráulica o "fracking", publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 206, de 16 de enero de 2013.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de modificación a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, sobre el desarrollo en España de la técnica de extracción de gases no convencionales denominada fracturación hidráulica o "fracking".
Se propone la modificación del texto, quedando su redacción de la siguiente manera:
1. Que las instituciones competentes en la materia, incluido el Gobierno del Estado en su caso, concedan permisos única y exclusivamente para la investigación y prospección en materia de extracción de gases no convencionales por medio de la fracturación hidráulica.
2. Que dichos permisos se concedan siempre y cuando se cumplan rigurosamente los requisitos de sostenibilidad e impacto medioambiental."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2013.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario la Izquierda Plural relativa al desarrollo en España de la técnica de extracción de gases no convencionales denominada fracturación hidráulica o "fracking".
1. Elaborar, en el plazo de 6 meses, un informe de expertos que sirva como precedente ante cualquier regulación y que incida en los aspectos de mayor riesgo derivados de la técnica del fracking. Concretamente, se deberá aludir a la contaminación de las aguas subterráneas, la contaminación atmosférica, la emisión de gases efecto invernadero (metano), los terremotos (sismicidad inducida), la contaminación acústica y los impactos paisajísticos. En el mismo informe deberán detallarse recomendaciones sobre las medidas de seguridad necesarias para garantizar la salud pública y el máximo respeto al medio ambiente para evitar una externalidad negativa sobre la sociedad.
2. Solicitar ante las autoridades europeas la creación de una directiva comunitaria más precisa sobre el fracking en aras a evitar una proliferación de normativas dispares entre estados miembros que lleve a la sobreexplotación de esta técnica en algunas regiones que prioricen regulaciones más laxas y más riesgosas en cuanto a contaminación de las aguas y de la atmósfera."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el desarrollo en España de la técnica de extracción de gases no convencionales denominada fracturación hidráulica o "fracking".
3. Impulsar un cambio de modelo energético, en convergencia con la estrategia europea y su hoja de ruta, basado en las fuentes renovables y limpias y en el ahorro y la eficiencia."
173/000058
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia sobre las consecuencias de sus propuestas y decisiones y, en concreto, del Real Decreto-ley 15/2012, en la Corporación RTVE, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 206, de 16 de enero de 2013.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia sobre las consecuencias de sus propuestas y decisiones y, en concreto, del Real Decreto-ley 15/2012, en la Corporación RTVE.
1. Continuar garantizando el desarrollo del servicio público esencial de la radiotelevisión pública, de acuerdo con el Mandato-Marco aprobado por las Cortes Generales.
2. Continuar adaptando las medidas necesarias para garantizar la neutralidad, el pluralismo y la independencia de los servicios y programas informativos de RTVE, así como del conjunto de su programación. Para ello, la dirección de RTVE continuará contando con los profesionales de la plantilla de la Corporación, en función de los principios de mérito y capacidad, y no de afinidad política.
3. Mantener la función de agente dinamizador de RTVE de la industria y del sector audiovisual.
4. Mantener, como le corresponde, sin excepción a todo el sector público, las actuales y necesarias políticas de austeridad presupuestaria, de forma que se pueda garantizar la sostenibilidad y la eficiencia de la Corporación RTVE, al tiempo que se continúa trabajando desde la profesionalidad, la independencia y la creatividad, en el mantenimiento de niveles óptimos de audiencia y calidad."
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista a la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, sobre las consecuencias de sus propuestas y decisiones y, en concreto, del Real Decreto-ley 15/2012, en la Corporación RTVE.
"Implantar para el procedimiento de elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente un sistema de elección basado en el mérito y la capacidad, acorde a los usos de servicios públicos de comunicación de reconocido prestigio como la BBC británica, con publicidad y criterios objetivos."
"Recuperar el consenso institucional y el procedimiento de elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente por mayoría de dos tercios del Congreso y el Senado, devolviendo a estos órganos el papel que tenían en la Ley 17/2006, de 5 de junio."
"Instaurar un organismo garante de la independencia, la neutralidad y el pluralismo de la radiotelevisión pública mediante un sistema de elección fundamentado en el consenso para que la radiotelevisión pública incorpore una pluralidad de opiniones que vayan más allá de las partidistas."
Texto que se sustituye.
"Recuperar el papel del CEMA como autoridad audiovisual garante de la independencia, la neutralidad y el pluralismo de la radiotelevisión pública."
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las Resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 14 de febrero de 2013, en relación con la Memoria anual del Consejo General del Poder Judicial sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia referida al año 2011.
RESOLUCIONES APROBADAS POR EL PLENO DE LA CÁMARA EN SU SESIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2013, EN RELACIÓN CON LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA REFERIDA AL AÑO 2011, PRESENTADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a, analizar las razones por las cuales existe un volumen de sentencias no ejecutadas que superan los 2 millones en los distintos órdenes de la jurisdicción.
2. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a seguir creando, al amparo del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, juzgados especializados en materia de familia, incapacidades y tutela, en aquellos partidos judiciales en que aún no dispongan de los mismos. Esto será siempre que se haga de manera fundada, haciendo una distribución equitativa y racional del volumen de cargas de trabajo entre los distintos órganos judiciales de una localidad, y sin perjuicio de las reformas globales que en materia de demarcación y planta judicial se implanten, previa aprobación de las correspondientes reformas legales.
3. El Congreso de los Diputados, ante las críticas vertidas por Jueces y Magistrados en relación a la política de nombramientos de miembros para altos cargos de la carrera judicial, insta al Consejo General del Poder Judicial a respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el nombramiento de los mismos.
4. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial para que, en el ámbito de sus competencias y previo acuerdo con el resto de instituciones participantes, extienda la competencia del Observatorio Contra la Violencia de Género a todos los ámbitos de la violencia intrafamiliar, de la nueva dimensión de este fenómeno en donde empiezan a aumentar agresiones de niños y jóvenes a sus progenitores, a personas mayores convivientes, etc.
5. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de sus competencias, a realizar todas las actuaciones necesarias para evitar las filtraciones de los procesos, que pueden dar lugar a juicios paralelos.
6. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a seguir trabajando en el fomento y análisis de la práctica de medidas alternativas para la resolución de conflictos.
7. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que elabore y remita a la Cámara un informe de valoración del funcionamiento de los Jueces de Adscripción territorial y de su impacto en la reducción de cargas de trabajo.
8. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a revisar y unificar las normas de registro en todas las jurisdicciones ya que, por la diversidad de criterios por los que se rigen, dan datos erróneos a las estadísticas judiciales y le insta también a revisar el sistema de estadística ya que no concede suficiente atención a las ejecuciones, y ello incide en la baja resolución de éstas, singularmente las penales.
9. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a profundizar, en el ámbito de sus competencias y con arreglo a las previsiones legales, en el fortalecimiento del principio de responsabilidad profesional de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, especialmente en lo que repercute directamente en la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, a través de la intensificación del control disciplinario con garantía de imparcialidad, con el objetivo de mejorar la calidad de la justicia y superar la baja percepción que los ciudadanos tienen de dicho servicio público en la actualidad.
10. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a hacer un ejercicio máximo de transparencia respecto a la ejecución de su presupuesto, publicando detalladamente los criterios y gastos realizados en retribuciones, tanto dinerarias como en especie, incluyendo los gastos de representación y otros beneficios y derechos disfrutados por sus miembros.
11. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que en el ejercicio de sus funciones y, en el caso de que fuese necesario conforme autoriza la Ley Orgánica del Poder Judicial, en particular en sus artículos referidos a las medidas de refuerzo de la titularidad de los órganos jurisdiccionales, se garantice la continuidad en el ejercicio jurisdiccional de aquellos jueces que en la actualidad instruyen procesos de gran complejidad y trascendencia pública (como los vinculados a tramas de corrupción política, etc.) y que por imperativo legal hubieran de cesar por las razones orgánicamente establecidas, que se mantengan en sus funciones, en colaboración con aquellos que resultaran titulares de los órganos jurisdiccionales afectados. Todas las soluciones que adopte el Consejo General del Poder Judicial han de estar amparadas por la legislación vigente. De este modo, se trasladaría a la ciudadanía la confianza en la independencia judicial y en su eficacia.
12. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a inspeccionar a través del Servicio de Inspección el funcionamiento de las distintas Salas del Tribunal Supremo al igual que el resto de los órganos jurisdiccionales.
13. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial para que incremente la formación especializada en las áreas de contenido multidisciplinar, como son las de Derecho de Familia, Derecho de Menores y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
14. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a la especialización de la segunda instancia en materias de Familia, Menores y Vigilancia Penitenciaria, por la naturaleza de los asuntos a resolver, y en particular, en la jurisdicción de menores, donde la primera instancia es especializada y no así la segunda instancia. Siempre deberá hacerse de manera fundada, haciendo una distribución equitativa y racional del volumen de cargas de trabajo entre los distintos órganos judiciales de una localidad, y sin perjuicio de las reformas globales que en materia de demarcación y planta judicial se implanten, previa aprobación de las correspondientes reformas legales.
15. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que en tanto no se creen Juzgados de familia e incapacidades, se residencien en órganos únicos estas materias, en aquellos partidos judiciales donde hay más de un órgano con competencias en estas materias. Esto siempre se ha de hacer de manera fundada, haciendo una distribución equitativa y racional del volumen de cargas de trabajo entre los distintos órganos judiciales de una localidad, y sin perjuicio de las reformas globales que en materia de demarcación y planta judicial se implanten, previa aprobación de las correspondientes reformas legales.
16. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a incrementar los medios para la formación inicial y continua.
17. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a colaborar en materia de formación inicial y continua con el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Justicia, estableciendo criterios comunes de formación en la Carrera Judicial y Fiscal y de los Secretarios Judiciales.
18. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a impulsar las reformas de funcionamiento necesarias y a reducir los gastos de representación, con la finalidad de dar ejemplo de austeridad en el presupuesto de sus órganos directivos.
19. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a impulsar las reformas de funcionamiento precisas para eliminar la excesiva burocratización que suponen las comisiones que exceden del mandato constitucional, cuya relación con la defensa de la independencia judicial es cuestionable.
20. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a garantizar la transparencia en los nombramientos, mejorando la fundamentación de los mismos y el procedimiento de
comparecencias previsto para que sirva para valorar la idoneidad de los candidatos, conforme a sus méritos y capacidad.
21. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a solicitar las medidas de refuerzo que precisen los órganos judiciales que investigan delitos vinculados a la corrupción que, por su complejidad y entidad, exijan una dedicación extraordinaria, con el fin de asegurar que la acción de la Justicia cumpla su función constitucional con la máxima eficacia y sea, por consiguiente, lo más rápida posible a la hora de esclarecer los hechos y atribuir las responsabilidades que en su caso procedan.
22. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a incentivar los medios alternativos de resolución de conflictos, y específicamente la mediación.
23. Teniendo en cuenta que en la Memoria Anual 2011 no se ha incluido, el Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a tomar conocimiento de las Resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, con motivo de la presentación de la Memoria de actividades del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2010, así como a responder, a la mayor brevedad y de forma individualizada, a las cuestiones suscitadas por la Cámara, con indicación del grado de cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados.
24. Conscientes del importante papel de las Memorias que cada año elabora el Consejo, se constata sin embargo que compilan la actividad del órgano por años naturales, pero son presentadas a las Cortes Generales tras la apertura del año judicial siguiente. Ello impide obtener un conocimiento y una visión más cercana al tiempo en que se examina, dado el tiempo que transcurre entre el cierre de la Memoria y su presentación en el Congreso de los Diputados. Por este motivo, el Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que adopte las medidas oportunas para agilizar su presentación a las Cortes Generales o, en su caso, ampliar su contenido al correspondiente año judicial finalizado.
25. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, en colaboración con el Ministerio de Justicia, a realizar un estudio del impacto que la implantación de la Ley 5/2012, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, tiene en relación al número de acuerdos que las partes alcanzan en el ejercicio de ésta y, en consecuencia, la reducción de procesos jurisdiccionales que esto supone.
26. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de su competencia, a dar apoyo a los mecanismos de modernización de la justicia que el Ministerio de Justicia está desarrollando dentro del Plan de Acción de la Secretaría General de la Administración de Justicia 2012-2014. Los frutos de esa colaboración habrán de recogerse en las futuras memorias anuales.
27. Con el objetivo de mejorar la calidad de los datos estadísticos recogidos en la Memoria Anual, el Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia y las Administraciones con competencias en materia de justicia, para conseguir la obtención automática de los datos estadísticos, a fin de que en las mismas se refleje con precisión el volumen real de procesos judiciales, y con ello la tasa real de litigiosidad.
28. El Congreso de los Diputados manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que el 43 por ciento de los jueces y magistrados no lleguen al módulo de entrada de asuntos, e insta al Consejo General del Poder Judicial a que adopte las medidas oportunas para que se incremente la tasa de asuntos resueltos por cada juez, mejorando los indicadores de productividad judicial.
29. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que, en colaboración con el Ministerio de Justicia, analice medidas de mejora en el funcionamiento de los tribunales de forma coordinada con las diferentes administraciones públicas competentes en Administración de Justicia. Las conclusiones habrán de recogerse en las futuras memorias anuales.
30. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que, en el ámbito de su competencia, colabore activamente con el Ministerio de Justicia en la implantación de la Oficina Judicial y las consiguientes reformas orgánicas de la Administración de Justicia. Los frutos de esa colaboración habrán de recogerse en las futuras memorias anuales.