Source: https://www.scribd.com/doc/156928388/C-709-12
Timestamp: 2016-07-27 19:25:03
Document Index: 370264057

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 242', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 361', 'Artículo 361', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 360', 'Artículo 360', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 287', 'artículo 360', 'artículo 361', 'artículo 242', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 2']

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DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Ausencia de certeza, claridad, especificidad y suficiencia de los cargos de inconstitucionalidad impide que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo contra el Acto Legislativo 5 de 2011 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTO LEGISLATIVO-Inhibición para proferir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES-Explotación causa a favor del Estado contraprestación económica a título de regalía SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-Destinación de recursos ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2011 QUE CONSTITUYE EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-Destinación de recursos ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Importancia MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS LEYESSuscita una inevitable tensión entre la legitimación mayoritaria que acompaña a las disposiciones adoptadas por el Congreso o expedidas por el Presidente y la necesidad de asegurar la vigencia de las normas contenidas en la Constitución/ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Limitaciones El modelo de control constitucional de las leyes suscita una inevitable tensión entre la legitimación mayoritaria que acompaña a las disposiciones adoptadas por el Congreso o expedidas por el Presidente y la necesidad de asegurar la vigencia de las normas contenidas en la Constitución. En efecto, el cuestionamiento judicial de una disposición tiene como consecuencia poner en duda la corrección de las decisiones adoptadas por los órganos habilitados para ello y, en consecuencia, supone un impacto directo en el principio democrático. Este punto de partida, además de intensas discusiones teóricas, ha derivado en el reconocimiento de la posibilidad de imponer límites al ejercicio del derecho a promover acciones públicas de inconstitucionalidad. Estas limitaciones se traducen, por ejemplo, (i) en la restricción de tramitar demandas en contra de disposiciones respecto de las cuales ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional –inciso final del artículo 6 del Decreto 2067 de 1991-, (ii) en la imposibilidad de adelantar exámenes de constitucionalidad cuando ha operado la caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad –numeral 3 del artículo 242 de la Constitución-, (iii) en la obligación de no adelantar el control de constitucionalidad en aquellos eventos en los que la Corte Constitucional es manifiestamente incompetente -inciso final del artículo 6 del Decreto 2067 de 1991- o (iv) en el rechazo cuando, 1
definitivamente, los ciudadanos demandantes no satisfacen las exigencias contempladas en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991. DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos/ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDADCumplimiento de las exigencias contempladas en el decreto 2067 de 1991 Tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tres ejes son relevantes para agrupar las condiciones de ejercicio de la acción pública: (1) la delimitación del objeto de control, (2) la presentación de las razones de la violación y, en tercer lugar, (3) la justificación competencial de la Corte Constitucional. El primer eje, esto es, el objeto del control de constitucionalidad requiere el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales (numeral 1 del artículo 2 del decreto 2067 de 1991) y la transcripción literal por cualquier medio o la presentación de un ejemplar de su publicación oficial (numeral 1 del artículo 2 del decreto 2067 de 1991). En consecuencia, el demandante debe hacer una presentación de las normas acusadas. El segundo eje se encuentra compuesto por tres exigencias específicas. El demandante tiene los deberes (i) de señalar las normas constitucionales que se consideren infringidas (numeral 2 del artículo 2 del decreto 2067 de 1991), (ii) de exponer las razones por las cuales las disposiciones constitucionales se consideran violadas (numeral 3 del artículo 2 del decreto 2067 de 1991) y, cuando se controvierte la constitucionalidad de una disposición por razones de procedimiento, (iii) de señalar el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto y la forma en que fue quebrantado (numeral 4 del artículo 2 del decreto 2067 de 1991). El tercer eje se refiere a la justificación de la competencia de la Corte Constitucional para adelantar el examen correspondiente. Tiene por objeto exigirle al ciudadano demandante un razonamiento que permita precisar la habilitación competencial de la Corte Constitucional respecto de otros órganos que, como el Consejo de Estado, también ejercen control abstracto de constitucionalidad. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTO LEGISLATIVO-Incremento de la carga argumentativa Cuando se cuestiona la constitucionalidad de un acto legislativo y, en particular, cuando se plantea la posible existencia de un vicio competencial, el esfuerzo argumentativo correspondiente al segundo de los ejes identificados debe ser mayor al menos por las siguientes tres razones. En primer lugar la adopción de un acto legislativo es el resultado de una decisión del Congreso en ejercicio de funciones constituyentes y cumpliendo, para ello, las etapas de un procedimiento agravado no solo en lo relativo al número de debates sino también en lo referido a las mayorías requeridas. Ello implica, al menos prima facie, que se desarrolla una discusión amplia y rodeada de especiales garantías con el objetivo de arribar a la mejor decisión. En segundo lugar, la naturaleza de los cambios constitucionales debe suponer por parte de la Corte Constitucional una especial prudencia en la delimitación de los referentes normativos a partir de los cuales asume su competencia y desarrolla el control, a fin de evitar que el control de constitucionalidad de reformas constitucionales 2
constituye un elemento definitorio o esencial de la Constitución adoptada en 1991.
Demanda de inconstitucionalidad Legislativo 5 de 2012 Referencia: Expediente D-8912 Actor: Luis Enrique Olivera Petro
. es completamente diferente u opuesta. conforme al cual la totalidad de los recursos provenientes de las regalías debe ser destinada a las entidades territoriales. Aludir a la disminución de los recursos destinados a las entidades territoriales o indicar de manera general que el acto legislativo puede afectar el proceso de descentralización.por vicios competenciales se funde en exámenes materiales adelantados sobre la base de la intangibilidad o inviolabilidad de disposiciones incorporadas en la Carta Política. constituye un elemento definitorio o esencial de la Constitución Política En el presente caso la demanda examinada no permite identificar las razones por las cuales el elemento identificado por el demandante. En tercer lugar –y en conexión con la razón anterior. no es suficiente para dar por cumplida la exigente carga argumentativa asociada a la demostración del carácter definitorio o esencial de la regulación constitucional de 1991 relativa a la destinación y administración de los recursos de regalías. JUICIO DE SUSTITUCION-Jurisprudencia constitucional/PROHIBICION DE SUSTITUCION DE LA CONSTITUCION-Jurisprudencia constitucional JUICIO DE SUSTITUCION DE LA CONSTITUCION-Fijación de denominada premisa mayor en donde se aprecia si la reforma introduce un nuevo elemento esencial a la Constitución DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTO LEGISLATIVO-Carga argumentativa no permite identificar que las razones por las cuales el elemento identificado por el demandante. después de la modificación.la naturaleza del vicio competencial delimitado metodológicamente por la jurisprudencia de la Corte con apoyo en el denominado juicio de sustitución exige al menos (i) la identificación y caracterización del eje definitorio impactado por la Constitución mediante la exposición de las diversas disposiciones constitucionales en las que se apoya y (ii) la presentación de las razones encaminadas a demostrar que el eje definitorio ha sido remplazado por otro de tal manera que la Constitución.
la ley determinará la distribución. se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones”. fines. El artículo 361 de la Constitución Política quedará así: Artículo 361. control. La explotación de un recurso natural no renovable causará. una contraprestación económica a título de regalía. para inversiones en ciencia. ejecución. 48. sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. 2. ARTÍCULO 2o. Texto normativo demandado ACTO LEGISLATIVO 5 DE 2011 (julio 18) Diario Oficial No. procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías. Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social. a favor del Estado. administración. y 4
.134 de 18 de julio de 2011 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 1o. en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. asignaciones. para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo. objetivos. se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. órganos. para la generación de ahorro público. para inversiones físicas en educación. al ahorro para su pasivo pensional. el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Mediante otra ley. tecnología e innovación. Este conjunto de ingresos.El ciudadano Luis Enrique Olivera Petro. a iniciativa del Gobierno. presentó demanda contra el Acto Legislativo 5 de 2011 “Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías. El artículo 360 de la Constitución Política quedará así: Artículo 360. económico y ambiental de las entidades territoriales. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables.
un 10% para ahorro pensional territorial. municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables. La suma de los recursos correspondientes a las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo. Las funciones aquí establecidas serán realizadas por el Ministerio de Minas y Energía o por la entidad a quien este delegue.para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos del Sistema General de Regalías distribuidos en el inciso anterior. de Compensación Regional. así como a los que se 5
. se destinará un porcentaje del 2% para fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos. Del total de los recursos destinados a estos dos últimos Fondos. así como a ejecutar directamente estos recursos. Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías. créanse los Fondos de Ciencia. y un 80% para los Fondos de Compensación Regional. Los recursos restantes se distribuirán en un porcentaje equivalente al 20% para las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo. Tecnología e Innovación. y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo. crecerán anualmente a una tasa equivalente a la mitad de la tasa de crecimiento total de los ingresos del Sistema General de Regalías. Tecnología e Innovación. Tecnología e Innovación. y de Desarrollo Regional. Los departamentos. al Fondo de Ciencia. se destinará un porcentaje equivalente al 60% para el Fondo de Compensación Regional y un 40% para el Fondo de Desarrollo Regional. y hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización. y de Ahorro y Estabilización. y de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Compensación Regional. La diferencia entre el total de los ingresos del Sistema General de Regalías y los recursos destinados al ahorro pensional territorial. tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones. Los ingresos del Sistema General de Regalías se distribuirán así: un porcentaje equivalente al 10% para el Fondo de Ciencia. al Fondo de Desarrollo Regional. La ley que regulará el sistema definirá un mecanismo para mitigar la disminución de los mencionados recursos. de Desarrollo Regional. así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos. De los ingresos del Sistema General de Regalías. al Fondo de Compensación Regional. que se presente como consecuencia de una reducción drástica en los ingresos del Sistema General de Regalías.
PARÁGRAFO 1o. Los Fondos de Ciencia. PARÁGRAFO 2o. y con prioridad en las zonas costeras. de acuerdo con criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Tecnología e Innovación. contados a partir de la entrada en vigencia de la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. En todo caso. de conformidad con lo establecido en la ley que regule el Sistema General de Regalías. Tecnología e Innovación y de Desarrollo Regional tendrán como finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. la distribución de estos recursos entre los demás componentes del Sistema se regirá por los criterios que defina la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. el Congreso de la República expedirá bianualmente el presupuesto del Sistema General de Regalías. El Sistema General de Regalías tendrá su propio sistema presupuestal que se regirá por las normas contenidas en la ley a que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. Los proyectos prioritarios que se financiarán con estos recursos. conforme a los términos y condiciones que defina la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. En los períodos de desahorro. La duración del Fondo de Compensación Regional será de treinta (30) años. tal excedente se distribuirá entre los demás componentes del Sistema. ni del Sistema General de Participaciones.refiere el inciso 2o del presente artículo se destinará al Fondo de Ahorro y Estabilización. población y desempleo. serán administrados por el Banco de la República en los términos que establezca el Gobierno Nacional. Para el caso de los departamentos a los que se refiere el 6
. así como de los recursos de los Fondos de Ciencia. fronterizas y de periferia. y de Compensación Regional. se hará en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Los recursos del Fondo de Compensación Regional se destinarán a la financiación de proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades territoriales más pobres del país. estos recursos se destinarán al Fondo de Desarrollo Regional. de Desarrollo Regional. serán definidos por órganos colegiados de administración y decisión. así como sus rendimientos. Los recursos del Sistema General de Regalías no harán parte del Presupuesto General de la Nación. La ejecución de los recursos correspondientes a las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo. Transcurrido este período. Los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización. En caso de que los recursos destinados anualmente al Fondo de Ahorro y Estabilización excedan del treinta por ciento (30%) de los ingresos anuales del Sistema General de Regalías.
Tecnología e Innovación. el gobernador respectivo o su delegado. 7
. Los proyectos de impacto regional de los departamentos. Tecnología e Innovación. La ley que regule el Sistema General de Regalías. La ley que regule el Sistema General de Regalías podrá crear comités de carácter consultivo para los órganos colegiados de administración y decisión. En ningún caso los recursos de este fondo podrán financiar gasto corriente. un (1) representante del Organismo Nacional de Planeación y un (1) representante del Organismo Nacional encargado del manejo de la política pública de ciencia y tecnología e innovación. un (1) Gobernador por cada una de las instancias de planeación regional a que se refiere el inciso siguiente del presente artículo. se distribuirán en la misma proporción en que se distribuyan a los departamentos. Créase el Sistema de Monitoreo. podrá crear comités de carácter consultivo para los órganos colegiados de administración y decisión con participación de la sociedad civil. En todo caso. con participación de la sociedad civil. se definirán por un órgano colegiado de administración y decisión. municipios y distritos que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia. el gobernador o su delegado y el alcalde. quien además ejercerá la Secretaría Técnica. en relación con la del Gobierno Nacional. En cuanto a los municipios y/o distritos a los que se refiere el inciso 2o del presente artículo. municipios y distritos que se financiarán con los recursos de los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional se definirán a través de ejercicios de planeación regional por órganos colegiados de administración y decisión donde tengan asiento cuatro (4) Ministros o sus delegados y un (1) representante del Organismo Nacional de Planeación. Control y Evaluación de las Regalías. Así mismo. cuyo objeto será velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías. los recursos de los Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional.inciso 2o del presente artículo. cuatro (4) representantes de las universidades públicas y dos (2) representantes de universidades privadas. Seguimiento. representado por tres (3) Ministros o sus delegados. los órganos colegiados de administración y decisión estarán conformados por un delegado del Gobierno Nacional. los órganos colegiados de administración y decisión estarán integrados por dos (2) Ministros o sus delegados. los gobernadores respectivos o sus delegados y un número representativo de alcaldes. los recursos de este Fondo de Ciencia. Los programas y/o proyectos en ciencia tecnología e innovación de los departamentos. PARÁGRAFO 3o. en el cual tendrán asiento el Gobierno Nacional. la representación de las entidades territoriales en los órganos colegiados será mayoritaria. y un número representativo de alcaldes.
. de la misma forma. En el evento en que durante el período comprendido entre los años 2012 y 2014.fortaleciendo la transparencia. La ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior definirá. las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo. sean inferiores al 50% del promedio anual. y durante el período comprendido entre los años 2015 y 2020. Municipios y/o Distritos y demás ejecutores la suspensión de giros. y de Desarrollo Regional. en pesos constantes de 2010. Suprímase el Fondo Nacional de Regalías a partir de la fecha que determine la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. Seguimiento. sean inferiores al 40% del promedio anual. El Gobierno Nacional designará al liquidador y definirá el procedimiento y el plazo para la liquidación. se destinarán prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país y a la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la emergencia invernal de 2010-2011. y durante el tercer año se destinará un porcentaje equivalente al 25% y el 75%. de las asignaciones directas causadas menos descuentos de ley entre los años 2007 y 2010. su distribución durante los tres primeros años será así: durante el primer año corresponderá a un porcentaje equivalente al 50% para las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo y un 50% para los fondos enunciados en este parágrafo. TRANSITORIO. correctivas y sancionatorias por el inadecuado uso de los recursos del Sistema General de Regalías. la participación ciudadana y el Buen Gobierno. Control y Evaluación de las Regalías. Los recursos no comprometidos que posea el Fondo Nacional de Regalías a la entrada en vigencia del presente Acto legislativo. TRANSITORIO. podrá utilizar los recursos de la asignación del departamento respectivo en el Fondo de Desarrollo Regional. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos del Sistema General de Regalías distribuidos en el inciso cuarto del presente artículo. definirá su funcionamiento y el procedimiento para la imposición de medidas preventivas. el porcentaje anual de los recursos de Sistema General de Regalías destinado a su funcionamiento y al del Sistema de Monitoreo. durante el segundo año se destinará un porcentaje equivalente al 35% y al 65% respectivamente. de las asignaciones directas causadas menos descuentos de ley entre los años 2007 y 2010. PARÁGRAFO 1o. municipio o distrito. Dentro de estas medidas podrán aplicarse a los Departamentos. cancelación de proyectos y/o el reintegro de recursos. igualmente. La ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. Respecto de los recursos que se destinarán a las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo y a los Fondos de Compensación Regional. en pesos constantes de 2010. PARÁGRAFO 2o. respectivamente. el departamento.
una quinta parte de los recursos anuales del Fondo de Ahorro y Estabilización se destinará a las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo. se faculta por un (1) mes al Presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley para regular la materia. ARTÍCULO 3o. el Gobierno Nacional expedirá el presupuesto del Sistema General de Regalías para la citada vigencia fiscal. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. EMILIO OTERO DAJUD. TRANSITORIO. Para asegurar la ejecución de los recursos en la vigencia 2012. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación. que ajuste el régimen de regalías al nuevo marco constitucional.alcanzar dicho porcentaje o hasta agotar los recursos del departamento en el mencionado Fondo. PARÁGRAFO 5o. TRANSITORIO. Si vencido este término no se ha expedido la ley por parte del Congreso. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes. el Congreso de la República contará con un término que no podrá exceder de nueve (9) meses para su aprobación. REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL Publíquese y cúmplase. que expedirá a más tardar el 31 de diciembre de 2011. el Gobierno Nacional garantizará la operación del Sistema mediante decretos transitorios con fuerza de ley. PARÁGRAFO 4o. Una vez radicado el proyecto de ley a que se refiere el inciso anterior. para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. PARÁGRAFO 3o. se destinará un veinticinco por ciento (25%) de sus recursos al Fondo de Ahorro y Estabilización. El Gobierno Nacional contará con un término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes. El Secretario General del honorable Senado de la República. TRANSITORIO. Si para esta fecha no ha entrado en vigencia la ley de que trata el inciso 2o del artículo anterior. TRANSITORIO. lo que ocurra primero. El Sistema General de regalías regirá a partir de 1o de enero de 2012. ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA. PARÁGRAFO 6o. En el primer año de operación del Sistema General de Regalías. 9
. mediante un decreto con fuerza de ley. CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ. Durante el período 2012-2014. El Presidente del honorable Senado de la República. JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
Los fundamentos de la demanda son los siguientes: 2. 2. referentes al sistema de regalías. para financiar proyectos importantes de los planes de desarrollo de los departamentos y municipios.1. El Acto Legislativo demandado modifica los artículos 360 y 361 constitucionales. 2. además. antes de la reforma demandada. JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN. Las anteriores consideraciones. al expedir el Acto legislativo 5 de 2011. a las entidades territoriales. a su juicio. beneficiarias del sistema original de regalías directas. y allí se decidió que la totalidad -el 100%.Dada en Tumaco (Nariño). como únicos beneficiarios a otras entidades territoriales. a 18 de julio de 2011. una concepción política basada en la autonomía de las entidades territoriales y sus derechos a la administración de sus propios recursos.4. Igual ha ocurrido con los ingresos de regalías no repartidos como regalías directas. En opinión del demandante. El cargo formulado es único: exceso en el ejercicio del poder de reforma constitucional por parte del Congreso de la República. se basa en que Colombia es un estado social de derecho. ecológico y económico a cargo de los municipios. El demandante solicita se declare la inconstitucionalidad del acto legislativo demandado. El Ministro de Minas y Energía.de las regalías producto de la explotación de recursos naturales no renovables. distritos y departamentos beneficiarios. El Director del Departamento Nacional de Planeación. 2. y el desarrollo económico de dichas entidades estructurantes del ordenamiento territorial. Esto supone una concepción filosófica y jurídica en relación con la destinación de los resultados de la explotación de los recursos naturales no renovables hacia el gasto público social. pasan a ser objeto de una reducción sustancial de estos recursos -de ser titulares del 68% del total de las regalías directas a obtener el 10% de ese mismo total-. basado en que las entidades territoriales -productoras y transportadoras de hidrocarburos-. exclusivamente. a juicio del demandante. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN El Ministro de Hacienda y Crédito Público.3. con autonomía de sus entidades territoriales. CARLOS RODADO NORIEGA. para financiar el gasto público social y ecológico. y. se destinaba. la identidad originaria de la Constitución. La demanda presenta una identificación del impacto de la reforma. que también tenían. permiten afirmar que el acto legislativo “impone un régimen de regalías con un contenido 10
. implica un recorte casi total del gasto público social. a través del Fondo Nacional de Regalías. Tales disposiciones contemplaban las denominadas regalías directas e indirectas. Demanda: pretensión y fundamento de cargos. HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO 2. Lo anterior.2.
.normativo totalmente distinto al establecido por la Constitución Política de 1991”. promoción del bienestar general. 2. con el pleno ejercicio de su autonomía. entre otros. 3. en relación con el acceso al gasto público social. reafirma los principios de equidad. El acto legislativo que modifica los artículos 360 y 361 de la Constitución no constituye una sustitución de la misma en tanto se orienta.5.1. En ese contexto. por el contrario. Entonces. 3.2. 3. La modificación no resulta opuesta o incompatible con la Constitución y.1. las regalías dejaron de ser unos recursos destinados totalmente a las entidades territoriales para que. ecológico y económico al que tienen derecho las entidades territoriales y sus residentes.
3. Este cambio fundamental impactó un eje definitorio de la Constitución de 1991: el régimen de regalías como exclusivo de las entidades territoriales para el desarrollo de su autonomía y la destinación de esos recursos a la inversión pública social de los departamentos. distritos y municipios.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicita a la Corte que declare la exequibilidad del acto legislativo demandado. la modificación de los artículos 360 y 361 de la Constitución no constituye una sustitución de la misma.1. 3. y desnaturaliza la autonomía de las entidades territoriales y su capacidad de gestión con base en ingresos originados en la explotación de recursos naturales no renovables que eran destinados exclusivamente a ellos.3. 3. sin perjuicio de los fondos de ahorro y la financiación de las pensiones territoriales. sustituye elementos esenciales definitorios de la Constitución. Ministerio de Minas y Energía. Considerando que las regalías no son propiedad de las entidades territoriales. Así las cosas. exclusivamente. el constituyente estableció un derecho de participación a favor de las entidades territoriales. y pasaron a ser recursos que ya no tienen esa destinación exclusiva y esos beneficiarios exclusivos. Intervenciones gubernamentales y ciudadanas. al ajuste del régimen de regalías atendiendo las condiciones socioeconómicas actuales.1. solidaridad. el acto legislativo se ocupa de establecer una mejor y más equitativa distribución de las regalías previendo que se beneficien no solamente las entidades territoriales productoras o portuarias. concurrencia. a su entender.1.2. Dicho cambio. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. las invirtieran en las necesidades de su población. Ello es posible mediante un procedimiento de concertación entre autoridades departamentales y territoriales mediante el cual se escogen los proyectos de beneficio regional que se ejecutarán con tales recursos.
Adicionalmente. autonomía administrativa.2. administrar sus bienes o solucionar sus problemas.2. El acto legislativo no implica una sustitución de la descentralización administrativa o de la autonomía de las entidades territoriales. es un elemento inherente a la descentralización y a la autonomía de las entidades territoriales.5. sino que se limitó a establecer la forma en que tales entidades participan en las regalías. no se afecta la posibilidad de las entidades territoriales de diseñar y aprobar el Plan de Desarrollo.2. a modificar la participación de las entidades territoriales en las regalías. El actor no consigue demostrar que el acto legislativo demandado elimina la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales. 3.4. En efecto.2. 3. si el Congreso tiene la referida posibilidad de regulación. El demandante no cumplió con el deber de exponer las razones por las cuales el derecho de las entidades territoriales a percibir regalías provenientes de la explotación de los recursos naturales renovables. 305. que no es un principio absoluto.2. De esta manera. el acto legislativo no alteró ninguno de los ejes definitorios de la Constitución limitándose. exclusivamente. al modificar la manera en que las entidades territoriales han de participar en las regalías.3. con mayor razón se encuentra habilitado para ajustar la manera en que las entidades territoriales participan en las mencionadas rentas. 3. 3. 211. implica que el legislador tiene una extendida posibilidad de incidir en su destino e inversión bajo la condición de que se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores de los distintos niveles territoriales.2. sin incorporar un principio opuesto a la descentralización o a la autonomía territorial.1.3. En la misma dirección. 3. tal acto no reforma los tributos de las entidades territoriales ni la manera en que ellos deben gastarse. El principio de descentralización administrativa se relaciona con varias condiciones que se predican de las entidades territoriales y que implican autonomía política. Así las cosas. Tampoco afecta la autonomía administrativa dado que no contiene ninguna disposición que incida en la forma como las entidades territoriales deben manejar y dirigir sus servicios públicos. se entiende como la radicación de competencias o funciones de tipo administrativo en cabeza de las entidades territoriales regionales las cuales son ejercidas por éstas en su nombre y responsabilidad. Igualmente no fueron impactados los contenidos derivados de los artículos 288. autonomía fiscal y autonomía para participar en las rentas nacionales. que declare la constitucionalidad del acto legislativo demandado. Departamento Nacional de Planeación. sin incurrir en una sustitución de la Constitución realizar el ajuste contenido en el acto legislativo.Solicita que la Corte se declare inhibida y. la modificación constitucional cuestionada no afecta la autonomía política. La variación constitucional del sistema de regalías no eliminó el derecho de las entidades territoriales a participar en las rentas nacionales. 12
. en caso de no ser ello así. Es posible. En efecto. la calificación de la regalías como una fuente exógena de financiación de las entidades territoriales y su condición de recursos de propiedad de la Nación. La descentralización territorial. 315 y 321 3.
3. 3. se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda de la referencia o. 3. adicionalmente. que declare la exequibilidad del acto legislativo cuestionado. el acto legislativo 05 de 2011 no constituye una sustitución de la misma y. (ii) no logra demostrar que bajo la nueva metodología de reparto de recursos provenientes de las regalías. las entidades territoriales hubieren perdido la capacidad de administrar sus propios recursos o que la Nación haya asumido competencias jurídicas que tengan como efecto limitar la capacidad de autogestión de las entidades descentralizadas territorialmente.1. 3.5.Solicita a la Corte declare la exequibilidad del acto legislativo cuestionado.5. puede concluirse que no se reúnen las condiciones para que la Corte emita un pronunciamiento de fondo. La redistribución que se establece. Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
Solicita a la Corte. es compatible con la consideración según la cual. se encuentra destinada a fortalecerlos desde una nueva perspectiva fundada en el desarrollo y la compensación regional. Con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional referida a la fundamentación de un cargo por sustitución de la Constitución. dado que el actor pretende que se adelante un juicio material del contenido de la norma sustentado únicamente en el cambio de los porcentajes que deben recibir las entidades territoriales. en consecuencia. por ello. está dentro de los parámetros admisibles de autonomía territorial y de descentralización que son los principios que el Constituyente de 1991 consideró de importancia. las regalías no son propiedad de las entidades territoriales. La reforma adecua los recursos a las necesidades y. 3.1. El demandante (i) no prueba que el régimen de regalías previsto en la Constitución de 1991 constituya un elemento definitorio del régimen constitucional colombiano de manera tal que su modificación pueda considerarse una sustitución.3. La redistribución de las regalías conserva la esencia de la descentralización expresada en la Constitución y.3.2. Considerando la orientación de la jurisprudencia constitucional en relación con el control constitucional de las modificaciones a la Constitución.3. Esta reorganización es producto del régimen unitario y. no altera la concepción original del constituyente.3. (iii) no se acredita que la transformación del régimen de regalías hubiera perdido su fisonomía o que las entidades territoriales se vieren 13
.4. 3. respecto de los entes que no recibían recursos. Contraloría General de la República Solicita que la Corte se declare inhibida. en su defecto. desde esa perspectiva. el Congreso no incurrió en un vicio competencial.
6. El acto legislativo 5 de 2011 sustituye la Constitución: remplaza todo el régimen de regalías previsto por el constituyente de 1991.5. El referido núcleo esencial de la autonomía encuentra expresión en los derechos que a las entidades territoriales le son reconocidos por el artículo 287 de la Constitución y que se refieren. de otra. por un sistema totalmente distinto y contrario a la descentralización y autonomía de las entidades territoriales.6. a la administración de recursos y a la participación en las rentas nacionales. concurrencia y subsidiaridad. 3. por ejemplo.5.3. Así las cosas. Con fundamento en la sentencia C-149 cabe destacar que el núcleo esencial de la autonomía es indisponible por parte del legislador y su preservación es necesaria para el mantenimiento de la identidad de la Constitución. (iv) fundamenta el cargo de sustitución en una premisa falsa consistente en que las regalías son propiedad de las entidades territoriales.3.6. 3. dado que es expresión de dos principios constitucionales de gran significado: de una parte el que reconoce al municipio como la entidad fundamental del ordenamiento territorial y. La conclusión precedente resulta correcta a partir de la aplicación del denominado juicio de sustitución. no fue sustituido. la norma que regula el método de participación de las entidades territoriales en la asignación de las regalías no modifica el régimen de autonomía territorial debido a que los recursos que provienen de las regalías no son propios hasta tanto sean objeto de reparto. según lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-506 de 1995. 3. elemento definitorio de la Constitución. el que reconoce el ejercicio de las competencias asignadas de acuerdo con las exigencias de coordinación. 3.4. A partir de tal supuesto cabe advertir que la modificación de la forma en que las entidades territoriales acceden a la participación de la regalías.6. De acuerdo con lo expuesto. dado que la descentralización administrativa.1. Es un eje definitorio de la Constitución de 1991 el referido a la descentralización y a la autonomía de las entidades territoriales. Al respecto. el acto legislativo introduce dos cambios sustanciales: (i) en el artículo 360 desaparece el inciso 14
. 3. El principio de autonomía.2. 3. Federación Colombiana de Municipios Solicita a la Corte que se declare la inexequibilidad del acto legislativo cuestionado.desprovistas de sus derechos sobre los recursos naturales. sin que se ignore la necesidad de que ciertas actividades sean coordinadas y planeadas desde el poder central. 3. pretende hacer efectivo el respeto a la identidad comunitaria local y a su capacidad de autodeterminarse. el acto legislativo 5 de 2011 no constituye una sustitución de la Constitución.5. no afecta la estructura descentralizada y de autonomía territorial del Estado colombiano. al paso que las entidades territoriales tienen un derecho a participar en los réditos de su explotación. Los recursos naturales son propiedad del Estado.2.
6.4. incluso en aquellos que únicamente ejercen sus tareas en un municipio1.6. 3. 3. sino por órganos colegiados de administración y decisión en los que tiene asiento el Gobierno Nacional a través de cuatro Ministros más un representante del organismo nacional de planeación. Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. por la
1 Advierte la intervención que como consecuencia de ello en la actualidad 927 municipios. La jurisprudencia constitucional ha señalado que en los asuntos de interés meramente local o regional.6. A pesar de ello. era voluntad del Constituyente que tales recursos se distribuyeran en su totalidad entre las entidades territoriales. deben preservarse las competencias de los órganos territoriales correspondientes. Esta regulación constituía una expresión del núcleo esencial de la garantía de autonomía. 3. Aun aceptando que las regalías son una renta cedida. El acto legislativo que se impugna prescinde casi por completo de la presencia de las entidades territoriales en la administración de las regalías. Solicita a la Corte declararse inhibida. El acto legislativo remplaza en su totalidad los lineamientos establecidos en 1991 para las regalías. El régimen de regalías establecido en el acto legislativo 5 de 2011 es integralmente diferente al previsto en 1991. Ahora el Gobierno Nacional tendrá la capacidad de decisión respecto de recursos que. El derecho de las entidades territoriales.7.5.según el cual “la ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos”. a participar en las rentas nacionales. 3.6. anteriormente. se encontraban destinados enteramente a las entidades territoriales. entre otras razones. desaparece y es remplazado por la capacidad de decisión del Gobierno nacional sobre asuntos enteramente locales o regionales. por la formulación de apreciaciones exclusivamente subjetivas.
. se encuentran a la espera de que el Gobierno Nacional designe un representante que tendrá en sus manos uno de los tres votos para decidir inversiones estrictamente locales. (ii) del artículo 361 desapareció el texto que ordenaba que “con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios. el acto legislativo demandado asume que todos los asuntos financiados con regalías son de interés nacional ya que en todos los órganos colegiados de administración y decisión debe existir representación nacional. mientras el nuevo régimen de regalías convierte toda política local en un asunto de interés nacional. Y los fondos que se crean son administrados. es decir el 84% del total. se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley”. por la ausencia de claridad. no por las entidades territoriales. Ello en clara contravía del principio de autonomía territorial. autónoma y descentralizadamente. de participar en las rentas nacionales. Tales lineamientos resultaban congruentes con el carácter descentralizado del Estado y el reconocimiento de la autonomía de sus entidades territoriales.
3. Finalmente. El acto legislativo. La reforma le resta autonomía a las entidades territoriales dado que. Alcaldía del Municipio Castilla la Nueva. como consecuencia de la explotación de recursos naturales. La asignación de regalías debe tener como propósito la compensación de aquellas entidades territoriales que se han visto afectadas. El ciudadano Cesar Raúl Granados Vásquez advierte que el Congreso no tenía competencia para expedir el acto legislativo. al reducir los recursos que por esta razón se entregan a las entidades territoriales. los pocos que les son asignados directamente (ii) no pueden ser destinados o invertidos por el representante legal de la entidad correspondiente. ecológico y económico. 4. se debe destinar a las entidades territoriales productoras y transportadoras de hidrocarburos. 3. 3. Solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la disposición demandada La consideración del demandante.9.9. en su opinión. Concepto del Procurador General de la Nación. dado que esta sujeta a la aprobación de los órganos colegiados de administración y decisión conformados por funcionarios del orden departamental y nacional. por ejemplo. Cesar Raúl Granados Vásquezy Edgar Botero Cárdenas. La ciudadana Ivaña Rocio Olivera de la Ossa destaca que el ajuste constitucional implica una disminución de los recursos que recibirán las entidades territoriales. en calidad de gasto social. La modificación constitucional demandada constituye una clara violación de uno de los pilares fundamentales de la Constitución de 1991. 3. afecta la ejecución de importantes programas sociales que son así financiados.8.imprecisión al identificar las disposiciones objeto de cuestionamiento constitucional y por el incumplimiento del requisito de suficiencia. 16
. la declaratoria de inconstitucionalidad del acto legislativo. no resulta coincidente con el texto original de los artículos 360 y 361.2. 3. además de (i) quitarles recursos. garantizaba que el 100% de las regalías originadas en la explotación y transporte de los recursos naturales no renovables se destinaría a las entidades territoriales. el cambio constitucional en el régimen de regalías no contraviene un elemento configurativo de la esencia de la Constitución de 1991 que haya entrañado una sustitución de la misma. según la cual la Constitución antes de la reforma. Siendo ello así.10. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Intervenciones de los ciudadanos Ivaña Rocio Olivera de la Ossa. el ciudadano Edgar Botero Cárdenas señala que el 100% de las regalías originadas en la explotación de petróleo.9. referido a que Colombia es una República unitaria y descentralizada.1. En escritos separados los ciudadanos mencionados presentan algunas consideraciones que justificarían.
2 En el auto 151 A la Corte reiteró. llevando a efecto una comparación entre el contenido de las normas objeto de control y la reforma.1. a su condición de instrumento de control del poder político y.1. como lo explica la sentenciaC-551 de 2003.1). ante una solicitud para que se declarara la nulidad de la sentencia C-551 de
2003. termina planteando la necesidad de desarrollar un control material que resulta incompatible con la competencia de la Corte en esta materia. Indicó: “Sin embargo. sino que también le confiere competencia para que examine si el Constituyente derivado. Habiendo sido impugnado el Acto Legislativo 5 de 2011 por exceso en el ejercicio del poder de reforma constitucional. A su vez. 1. Adicionalmente no satisfacen las exigencias previstas para demandar la constitucionalidad de actos reformatorios de la Constitución. 1. entre otras razones. Competencia 1. al ejercer el poder de reforma. y considerado el vicio competencial de sustitución constitucional como vicio formal o de procedimiento. a su reconocimiento como derecho de participación3. el ejercicio del poder de reforma constitucional tiene límites competenciales. incurrió o no en un vicio de competencia”. la incompetencia del órgano que expide la norma constitucional en exceso de sus atribuciones. Los cargos de la demanda carecen de certeza. (subraya fuera de texto original) 3 Sobre el particular puede consultarse la sentencia C-102 de 2010 de la Corte Constitucional. 241. no sólo le atribuye el conocimiento de la regularidad del trámite como tal. claridad y especificidad.2. su competencia para examinar vicios de competencia en las modificaciones de la Constitución. 2. Incumplimiento de las condiciones para fundamentar un vicio competencial en el trámite adelantado por el Congreso de la República para la expedición del acto legislativo 5 de 2011
2. II. 241. Por mandato de la Constitución Política (CP.3.Solicita a la Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo.
. Según jurisprudencia de esta Corte. la Corte Constitucional es competente para conocer de actos reformatorios de la Constitución “sólo por vicios de procedimiento en su formación” (CP. Esa importancia se vincula.1). El ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad constituye una de las manifestaciones más importantes del sistema de control constitucional en Colombia. 1. cuando la Constitución adjudica a la Corte el control de los vicios de forma o de procedimiento en la formación de una ley que convoca un referendo. En particular el demandante. y su extralimitación constituye un vicio de competencia en el ejercicio del poder constituyente. es considerada jurisprudencialmente como vicio formal o procedimental2. CONSIDERACIONES. adicionalmente. la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda.
2 El cumplimiento de las exigencias contempladas en el Decreto 2067 de 1991. En efecto. tiene como propósito delimitar adecuadamente el marco de la controversia constitucional. y 5. y contendrán: 1. 4. esta última disposición prevé: “Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito. Estas limitaciones se traducen. (ii) en la imposibilidad de adelantar exámenes de constitucionalidad cuando ha operado la caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad –numeral 3 del artículo 242 de la Constitución-. por ejemplo. (i) en la restricción de tramitar demandas en contra de disposiciones respecto de las cuales ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional –inciso final del artículo 6 del Decreto 2067 de 1991-. su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas. Tales 18
. Este punto de partida.El modelo de control constitucional de las leyes suscita una inevitable tensión entre la legitimación mayoritaria que acompaña a las disposiciones adoptadas por el Congreso o expedidas por el Presidente y la necesidad de asegurar la vigencia de las normas contenidas en la Constitución. Cuando fuera el caso. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas.” 2. 3. en consecuencia. Por ello el ciudadano que pretende activar la competencia de la Corte. los ciudadanos demandantes no satisfacen las exigencias contempladas en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991. (iii) en la obligación de no adelantar el control de constitucionalidad en aquellos eventos en los que la Corte Constitucional es manifiestamente incompetente -inciso final del artículo 6 del Decreto 2067 de 1991. ha derivado en el reconocimiento de la posibilidad de imponer límites al ejercicio del derecho a promover acciones públicas de inconstitucionalidad. 2. además de intensas discusiones teóricas. definitivamente. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados. supone un impacto directo en el principio democrático. el cuestionamiento judicial de una disposición tiene como consecuencia poner en duda la corrección de las decisiones adoptadas por los órganos habilitados para ello y. el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado. debe atender requerimientos formales y sustantivos básicos. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda. De manera particular.o (iv) en el rechazo cuando. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales. en duplicado.
deberes. lógica. el demandante debe hacer una presentación de las normas acusadas. no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de constitucionalidad. aseguran que el cuestionamiento de una disposición que -prima facie. // En relación con esto último. En esa línea. los argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional supuestamente vulnerada. dificulta significativamente la labor del control constitucional de las leyes. los razonamientos en ella expuestos deben corresponder con unos argumentos mínimos desarrollados de una manera racional. en relación con el requisito relativo a que se expongan las razones por las cuales los textos constitucionales se consideran violados.3 En ese contexto. // Así las cosas. (2) la presentación de las razones de la violación y. argumentos que sean capaces de generar una duda aunque sea mínima respecto de la armonía de las normas acusadas respecto de los textos constitucionales que se consideran infringidos. impidiendo que la presunción de constitucionalidad que ampara el ordenamiento sea cuestionada sin fundamento válido y real. cual es el crear una posibilidad real y efectiva de participación ciudadana en el control del poder político y en la defensa directa de la Carta. esto es. en delimitar el ámbito de competencia del juez constitucional. el objeto del control de constitucionalidad requiere el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales (numeral 1 del artículo 2 del decreto 2067 de 1991) y la transcripción literal por cualquier medio o la presentación de un ejemplar de su publicación oficial (numeral 1 del artículo 2 del decreto 2067 de 1991). quien dentro del sistema previsto por la actual Carta Política.viene amparada por la presunción de constitucionalidad. en tercer lugar. participativa e informal del precitado derecho excluye la posibilidad de fijarle condiciones especiales para su ejercicio -a la manera de una técnica jurídica como la prevista para las acciones ordinarias-. ésta no proscribe la imposición de una cargas mínimas. ha insistido en la necesidad que las demandas de inconstitucionalidad sujetas a estudio. esta Corporación. ha expresado la Corporación que la falta de regulación mínima para el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. El demandante tiene los deberes (i) de señalar las normas constitucionales que se consideren infringidas (numeral 2 del artículo 2 del decreto 2067 de 1991). degeneraría en el uso desmesurado y arbitrario del mismo. (…)” 5 Sentencia C-1052 de 2001. // En este orden de ideas. tres ejes son relevantes para agrupar las condiciones de ejercicio de la acción pública: (1) la delimitación del objeto de control. (3) la justificación competencial de la Corte Constitucional5. mediante el ejercicio razonable de los mecanismos instituidos para el efecto. suficiencia y acierto el conflicto jurídico que se lleva a su conocimiento. no tiene asignada la función de adelantar un control oficioso de constitucionalidad sobre la actividad legislativa.
4 En la sentencia C-1154 de 2004 esta Corporación se refirió a esta cuestión indicando lo siguiente: “ Si bien la
naturaleza pública. en reiterada jurisprudencia. verdadera. El primer eje. y por la otra. tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional. también ha señalado que la ausencia de parámetros normativos que gobiernen el aludido derecho político. 2. congruente. 6 En reciente providencia (C-259 de 2011) este Tribunal se refirió a este particular aspecto: “De otra parte. En consecuencia. concreta y adecuada que correspondan a unos parámetros de acusación que logren despertar una sospecha respecto de la constitucionalidad de las disposiciones demandadas y presenten un marco
. es indispensable que estos permitan efectuar a la Corte Constitucional una verdadera confrontación entre la norma acusada. en racionalizar el uso del derecho. para que la acción pública de inconstitucionalidad sea efectiva. para que realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de inconstitucionalidad. // Es decir. cuyo propósito específico se concentra. cuenten con verdaderos cargos contra las normas acusadas. es necesario que los razonamientos alegados contengan unos argumentos mínimos que puedan llevar a esta Corporación a desconfiar de la constitucionalidad de la norma acusada. El segundo eje se encuentra compuesto por tres exigencias específicas. en particular los sustantivos. como forma de control del poder político. generando cierto grado de incertidumbre e inseguridad jurídica. haciendo del todo nugatorio el objetivo buscado con su reconocimiento constitucional. En efecto. en cuanto le impide a este Tribunal percibir con claridad. se encuentre precedido de una mínima deliberación o reflexión sobre el alcance del problema constitucional y las disposiciones del ordenamiento jurídico relevantes para la discusión4. (ii) de exponer las razones por las cuales las disposiciones constitucionales se consideran violadas6 (numeral 3 del artículo 2 del decreto 2067 de 1991) y. por una parte. coherente.
para lo cual el ciudadano debe concretar y especificar con claridad y no de manera genérica. se habrá de verificar si (iv) ese elemento
. al menos prima facie. En primer lugar la adopción de un acto legislativo es el resultado de una decisión del Congreso en ejercicio de funciones constituyentes y cumpliendo. En tercer lugar –y en conexión con la razón anterior. el esfuerzo argumentativo correspondiente al segundo de los ejes identificados debe ser mayor7 al menos por las siguientes tres razones. la naturaleza de los cambios constitucionales debe suponer por parte de la Corte Constitucional una especial prudencia en la delimitación de los referentes normativos a partir de los cuales asume su competencia y desarrolla el control. En segundo lugar. en particular. 2. a fin de evitar que el control de constitucionalidad de reformas constitucionales por vicios competenciales se funde en exámenes materiales adelantados sobre la base de la intangibilidad o inviolabilidad de disposiciones incorporadas en la Carta Política. Ello implica. para ello. analizar y evaluar posteriormente por esta Corporación. no se malogre la posibilidad constitucional de obtener de parte de esta Corporación un pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado. lo cual es crucial para evitar caer en el subjetivismo judicial.la naturaleza del vicio competencial delimitado metodológicamente por la jurisprudencia de la Corte con apoyo en el denominado juicio de sustitución 8 exige al menos (i) la
de acusación que se pueda verificar. en cuanto esta Corte deba abstenerse de pronunciarse sobre la cuestión planteada debido a “razonamientos“ que no permiten tomar una decisión de fondo. Solo así se habrá precisado la premisa mayor del juicio de sustitución. esto es. El tercer eje se refiere a la justificación de la competencia de la Corte Constitucional para adelantar el examen correspondiente.” 8 En la sentencia C-1040 dijo este Tribunal: “El método del juicio de sustitución exige que la Corte demuestre que un elemento esencial definitorio de la identidad de la Constitución de 1991 fue reemplazado por otro integralmente distinto. cuando se plantea la posible existencia de un vicio competencial. para que pueda desarrollar un estudio de fondo respecto del asunto planteado y. cuando se cuestiona la constitucionalidad de un acto legislativo y.” En esa oportunidad la Corte se inhibió para pronunciarse respecto de la constitucionalidad del artículo 1 (parcial) del Acto Legislativo No 2 de 2009 “por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política. Así. que se desarrolla una discusión amplia y rodeada de especiales garantías con el objetivo de arribar a la mejor decisión. se debe subrayar que cuando se trata de demandas de inconstitucionalidad por sustitución. la carga argumentativa de la demanda debe ser mucho mayor.4 Ahora bien. // Esta exigencia constituye un requerimiento esencial y básico para que la Corte pueda entrar a adelantar un análisis abstracto de constitucionalidad. para demostrar si so pretexto de la reforma. Tiene por objeto exigirle al ciudadano demandante un razonamiento que permita precisar la habilitación competencial de la Corte Constitucional respecto de otros órganos que. se sustituyó una Constitución por otra integralmente diferente. (…)” 7 En la sentencia C-574 de 2011 la Corte señaló: “Por otro lado. también ejercen control abstracto de constitucionalidad. las etapas de un procedimiento agravado no solo en lo relativo al número de debates sino también en lo referido a las mayorías requeridas. como el Consejo de Estado. (ii) señalar a partir de múltiples referentes normativos cuáles son sus especificidades en la Carta de 1991 y (iii) mostrar por qué es esencial y definitorio de la identidad de la Constitución integralmente considerada.cuando se controvierte la constitucionalidad de una disposición por razones de procedimiento. Luego. la magnitud y trascendencia de dicha reforma. (iii) de señalar el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto y la forma en que fue quebrantado (numeral 4 del artículo 2 del decreto 2067 de 1991). para construir la premisa mayor del juicio de sustitución es necesario (i) enunciar con suma claridad cuál es dicho elemento.
fundadas en la presunta sustitución de la misma. y (ii) cómo la norma acusada subvierte.para así evitar que éste sea transformado por la propia Corte en cláusula pétrea a partir de la cual efectúe un juicio de contradicción material.identificación y caracterización del eje definitorio impactado por la Constitución mediante la exposición de las diversas disposiciones constitucionales en las que se apoya y (ii) la presentación de las razones encaminadas a demostrar que el eje definitorio ha sido remplazado por otro de tal manera que la Constitución. . El actor no puede pedirle a la Corte Constitucional que ejerza un control material ordinario de la reforma como si ésta fuera inferior a la Constitución. Sobre el particular resulta ilustrativo lo previsto por la Corte en la sentencia C-1200 de 2003 al definir la regla según la cual “…cuando un ciudadano demanda una reforma constitucional por considerarla inconstitucional tiene la carga argumental de demostrar que la magnitud y trascendencia de dicha reforma conducen a que la Constitución haya sido sustituida por otra. al punto que resulte incompatible con los elementos definitorios de la identidad de la Constitución anterior. para así evitar que el juicio derive en un control de violación de algo supuestamente intangible. vulnerado o contrariado. indicó esta Corporación: “La jurisprudencia insiste que sin perjuicio del carácter público de la acción de inconstitucionalidad. No basta con argumentar que se violó una cláusula constitucional preexistente. De este modo. la cual esté dirigida a demostrar (i) el parámetro de control conformado por un eje definitorio de la Constitución. construido a partir de diversos preceptos del bloque de constitucionalidad. esa característica que otorga identidad de la Carta Política. después de la modificación. pues en este caso lo que se buscaría es que la Corte ejerza un control material. es completamente diferente u opuesta. ni con mostrar que la reforma creó una excepción a una norma superior o que estableció una limitación o restricción frente al orden constitucional anterior. existe una carga argumentativa particular para las demandas de inconstitucionalidad contra los actos reformatorios de la Carta. Una vez cumplida esta carga argumentativa por la Corte. Esto es fundamental para delimitar el alcance del control atribuido al juez constitucional”. de forma integral. de modo que el texto resultante deba comprenderse como un nuevo orden constitucional que sustituye al reformado. y no por una norma superior particular y específica. Contrario a como sucede con la acción de inconstitucionalidad contra normas
esencial definitorio de la Constitución de 1991 es irreductible a un artículo de la Constitución.”
. procede determinar si dicho elemento esencial definitorio ha sido (vi) reemplazado por otro –no simplemente modificado. fundadas en el reproche por la presunta sustitución de la Carta Política. En sentencia C-243 de 2012.y (vii) si el nuevo elemento esencial definitorio es opuesto o integralmente diferente. al expresar los fundamentos jurídicos en los que se apoyaba la decisión de inhibirse para pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto legislativo 04 de 2011. para el caso de las demandas contra actos reformatorios de la Constitución. lo cual no le compete a la Corte.y si (v) la enunciación analítica de dicho elemento esencial definitorio no equivale a fijar límites materiales intocables por el poder de reforma. el actor o actora debe cumplir con una carga argumentativa mínima. afectado.
En otras palabras. específica y suficiente que la modificación introducida al texto de la Constitución de 1991 no es una reforma sino que se está ante una sustitución de la misma. C-574 de 2011. en la sentencia C-574 de 2011. 10 Esta orientación es expuesta. Es indispensable que el ciudadano aporte argumentos significativos que hagan posible afirmar el carácter esencial del eje y en cuya existencia se funda la solicitud de inexequibilidad. por la prohibición de afirmarla en una única disposición constitucional –inexistencia de cláusulas de eternidad-. exige que el ciudadano exponga razones claras. sino que es imprescindible que determine adecuada y suficientemente la índole del eje estructural que se estima subvertido y el modo como el acto reformatorio genera esa sustitución. debe destacarlo la Corte. C-249 de 2012 y C-288 de 2012. C-141 de 2010.
9 La cuestión relativa a la prohibición de sustitución de la Constitución ha sido abordada en múltiples providencias. Esta construcción se encuentra limitada. cuál es su identidad original. C-1040 de 2005. a partir del cotejo de ideas y argumentos. El resultado de una debida reflexión del demandante. así como tampoco es suficiente destacar su importancia en el sistema jurídico colombiano. en la medida en que su cabal cumplimiento garantiza la presencia de argumentos suficientes para que pueda tomar una decisión de fondo en relación con la reforma constitucional estudiada. atendiendo la jurisprudencia constitucional vigente relacionada con el referido juicio de sustitución9.con fuerza de ley.” 2. Este primer paso. C-970 de 2004. clara. transversal 10. pertinentes y suficientes orientadas a justificar el carácter definitorio o esencial del eje que invoca como sustituido o remplazado. Entre ellas se encuentran las siguientes: C-551 de 2003. C-1200 de 2003. C-971 de 2004.5 Así entonces la demostración de un vicio competencial. debe quedar expuesto en la demanda de inconstitucionalidad. denominado por la Corte como p remisa mayor. entre otras. sin convertirse en juez de su contenido material. a pesar del carácter abierto de la acción pública de inconstitucionalidad. Solo así podrá activarse la competencia de este Tribunal para evaluar la constitucionalidad de un acto legislativo. C-572 de 2004. C-153 de 2007 C-588 de 2009. C-303 de 2010. Conforme a lo expuesto. respecto de la materia examinada y con fundamento en normas constitucionales o integradas al bloque de constitucionalidad. debe entonces ser la consecuencia de una lectura integral. “ el actor debe demostrar de manera concreta.Estos parámetros específicos en materia de argumentación deben ser verificados por la Corte de forma previa al juicio de sustitución. No basta con caracterizar tal eje. es importante que respecto de la disposición cuestionada se surta un proceso de discusión suficiente que haga posible emprender el control. aludiendo a los elementos que lo conforman. no basta con que el demandante demuestre la oposición entre el precepto acusado y la Constitución. completa y sistemática de la Constitución a efectos de establecer. El desenlace de la reflexión del demandante debe consistir en la exposición cuidadosa de las razones que justifican caracterizar un elemento de la Constitución como definitorio o esencial para la identidad de la misma. (…)” (…).
a fin de intentar demostrar que el referido acto legislativo impactaba un eje nuclear. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. más allá de afirmaciones generales. cardinal. el demandante no expuso razones. conforme al cual la totalidad de los recursos provenientes de las regalías debe ser destinada a las entidades territoriales. identificatorio o esencial de la Constitución. Sin embargo. la Corte se inhibirá de adoptar una decisión de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
III.7 Conforme a lo señalado el planteamiento del demandante (a) no cumple con la condición de pertinencia dado que su planteamiento no implica la formulación de un real vicio competencial susceptible de ser examinado por la Corte. Ciertamente el régimen constitucional de regalías anterior a la expedición del acto legislativo 05 de 2011 tenía unas características especiales y preveía unas reglas de destinación y administración particulares. por ineptitud sustantiva de la demanda. que acreditaran su carácter definitorio de la Constitución.
En mérito de lo expuesto. Ello resulta incompatible con la naturaleza del vicio competencial así como con la jurisprudencia de esta Corporación que ha señalado que el juicio de sustitución no es un juicio de violación material ni de intangibilidad. 23
. constituye un elemento definitorio o esencial de la Constitución adoptada en 1991. puesto que la demanda prescinde de exponer razones que demuestren que el eje identificado en realidad es definitorio de la Carta Política. Aludir a la disminución de los recursos destinados a las entidades territoriales o indicar de manera general que el acto legislativo puede afectar el proceso de descentralización.2. Así las cosas. Este defecto en el planteamiento del cargo condujo al actor a llevar a cabo una comparación material entre el texto constitucional anterior y el establecido con la expedición del acto legislativo.6 En el presente caso la demanda examinada no permite identificar las razones por las cuales el elemento identificado por el demandante. la Corte Constitucional de la República de Colombia. Como consecuencia de ello (c) la argumentación carece de suficiencia en tanto no suscita una duda sobre la constitucionalidad del acto legislativo examinado. RESUELVE INHIBIRSE para proferir un pronunciamiento de fondo sobre el Acto Legislativo 5 de 2011. no es suficiente para dar por cumplida la exigente carga argumentativa asociada a la demostración del carácter definitorio o esencial de la regulación constitucional de 1991 relativa a la destinación y administración de los recursos de regalías. desde las perspectivas posibles para ello. Asimismo (b) no se satisface tampoco la exigencia de claridad considerando que no resulta posible establecer un hilo conductor preciso para la construcción de un cargo por extralimitación de competencias en el ejercicio de funciones constituyentes. No adelantó una actividad interpretativa detenida. 2.
cúmplase y archívese el expediente. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.Notifíquese.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA Magistrado Con aclaración de voto
ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA Magistrado (E)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado Con aclaración de voto
. comuníquese.
conforme a la cual los límites a la competencia del Congreso para reformar la Constitución deben identificarse a partir de las normas imperativas del derecho internacional y de los convenios de derechos humanos. consistente en declararse inhibida para pronunciarse sobre la demanda formulada en contra del acto legislativo 5 de 2011 debido a que los cargos formulados por el demandante no cumplían las condiciones establecidas por esta Corporación para activar su competencia. considero pertinente reiterar mi posición -expuesta ya en el salvamento de voto a la sentencia C-249 de 2012.
.ACLARACIÓN PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO MAURICIO GONZALEZ CUERVO A LA SENTENCIA C-709/12
Referencia: Expediente D-8912 Demanda de inconstitucionalidad contra el acto legislativo 5 de 2011 Actor: Sonia Esther Osorio Vesga Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo No obstante que comparto la decisión de la Corte.
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C-709-12 by Daniel E. Florez Muñoz2 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as RTF, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less