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Timestamp: 2019-03-19 15:52:49
Document Index: 85298247

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 30', 'artículo 33', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 33']

Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, Versión 24-11-2006
Reforma: GO 24-11-2006
Capítulo II. De la constitución, transformación y registro de las instituciones
Capítulo III. De la modificación de los estatutos y de la extinción de las instituciones
Capítulo IV. De la representación y administración de las instituciones
Capítulo V. De los presupuestos y programas de las instituciones
Capítulo VI. De la contabilidad de las instituciones
Capítulo VII. De las operaciones de las instituciones para obtener fondos y del pago de la cuota a cargo de las mismas
Capítulo VIII. De la junta de asistencia privada
Capítulo IX. Del consejo directivo, del presidente y del secretario ejecutivo de la junta
Capítulo X. De las unidades administrativas de apoyo técnico-operativo de la junta
Capítulo XI. De las visitas a las instituciones
Versión 24-11-2006
El presente ordenamiento reglamenta a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; para lo cual norma a las instituciones de asistencia privada constituidas conforme a la Ley y a las ya establecidas en el Distrito Federal con anterioridad a la expedición de la misma, así como la organización y atribuciones de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y de sus unidades administrativas de apoyo técnico-operativo.
I.- Asistencia social: Al conjunto de acciones dirigidas a proporcionar el apoyo, la integración social y el sano desarrollo de los individuos o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social. Así como las acciones dirigidas a enfrentar situaciones de urgencia, fortalecer su capacidad para resolver necesidades, ejercer sus derechos y, de ser posible, procurar su reintegración al seno familiar, laboral y social. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación;
II.- Asistencia privada: La asistencia social que se realiza con bienes de propiedad particular;
III.- Asociaciones: Las personas morales que por voluntad de los particulares, se constituyan en los términos de la Ley y cuyos miembros aporten cuotas periódicas o recauden donativos para el sostenimiento de la institución, sin perjuicio de que pueda pactarse que los miembros contribuyan además con servicios personales;
IV.- Asociaciones de auxilio: Las instituciones transitorias que se organicen para satisfacer necesidades producidas por epidemias, guerras, terremotos, inundaciones o contingencias económicas;
V.- Código Civil: El Código Civil para el Distrito Federal;
VI.- Consejo Directivo: El Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal;
VII.- Días: Días hábiles;
VIII.- Fundaciones: Las personas morales que se constituyan, en los términos de la Ley, mediante la afectación de bienes de propiedad privada destinados a la realización de actos de asistencia social;
IX.- Fundadores: Las personas que disponen de todos o de parte de sus bienes, para crear una o más Instituciones. Se equiparan a los fundadores, las personas que constituyen asociaciones permanentes o transitorias de asistencia privada y quienes suscriban la solicitud a que se refiere el artículo 8º de la Ley;
X.- Instituciones: Las instituciones de asistencia privada;
XI.- Junta: La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal;
XII.- Ley: La Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal;
XIII.- Medio electrónico autorizado. Medio de comunicación electrónico, autorizado por la Junta, que pueden utilizar válidamente las Instituciones para transmitir o recibir de aquella, textos, imágenes o sonidos de conformidad con lo previsto en este reglamento. Debiendo estar certificados por un emisor autorizado oficialmente para emitir tales certificados y proporcionar los dispositivos respectivos;
XIV.- Patronato: El órgano de administración y representación legal de las Instituciones. Si el órgano de administración y representación legal de una institución fuere designado con una denominación distinta a la de Patronato, las referencias a este último se aplicarán a tal órgano;
XV.- Patronos: Las personas que integren el Patronato de una Institución;
XVI.- Presidente: El Presidente de la Junta;
XVII.- Reglamento: El presente Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal;
XVIII.- Secretario Ejecutivo: El Secretario Ejecutivo de la Junta, quien fungirá como Secretario del Consejo Directivo;
XIX.- Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal;
XX.- Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo: Las unidades administrativas de apoyo técnico-operativo de la Junta, con funciones determinadas en este Reglamento;
XXI.- Visita: La diligencia de carácter administrativo ordenada por el Consejo Directivo o el Presidente, con el objeto de comprobar el cumplimiento por parte de las Instituciones de lo dispuesto en la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
XXII.- Visitador o Visitadores: El o los visitadores, auditores o inspectores de la Junta, comisionados por ésta para llevar a cabo una Visita; y
XXIII.- Visitada: La Institución sujeta a una Visita.
Las Instituciones ya establecidas, se regirán por lo dispuesto en la Ley; este Reglamento; sus estatutos y demás normativa aplicable al marco de su actuación.
Las comunicaciones entre las Instituciones y la Junta podrán ser por escrito o a través de un medio electrónico autorizado por la Junta; en los casos previstos en este Reglamento, debiéndose observar para ello lo siguiente:
a) Cuando el presente Reglamento establezca la obligación o la facultad de las Instituciones, de aportar información o formular peticiones a la Junta, tales Instituciones podrán realizar esos trámites a través de medios electrónicos autorizados, mediante los certificados digitales de personalidad, válidos y no revocados, que provengan de un emisor autorizado oficialmente para emitir tales certificados y los dispositivos respectivos;
b) Para que surtan efectos los actos y comunicaciones emitidos por la Junta a las Instituciones a través de medios electrónicos autorizados, los servidores públicos de la misma que tengan atribuido emitirlos, acreditarán su identidad mediante la correspondiente certificación, válida y no revocada a la fecha de la emisión, otorgada por emisor de certificaciones digitales legalmente autorizado.
El Consejo Directivo emitirá los lineamientos para la utilización de medios electrónicos autorizados por la Junta.
De la constitución, transformación y registro de las instituciones
Artículos 5 - 8
Para la formulación del proyecto de estatutos de una Institución, los interesados o el albacea o ejecutor testamentario podrán solicitar a la Junta la asesoría pertinente en materia asistencial, financiera y jurídica. Asimismo, solicitarán un formulario o guía que contenga los elementos generales que deban insertarse en aquéllos, mediante un escrito en el que se expresen los datos que precisa el artículo 8º de la Ley y el lugar en que estará domiciliado su principal establecimiento operativo.
Si la Junta requiriese alguna aclaración a propósito del objeto asistencial, lo hará saber por escrito, en las oficinas de la misma Junta o en el domicilio señalado por los autores del proyecto de estatutos, procurando orientar a los interesados.
Para establecer el nombre o denominación de una Institución, así como para la modificación de una designación ya adoptada, las personas que se propongan constituirla o quienes cuenten con la facultad de modificar el nombre ya establecido, podrán solicitar por escrito o por algún medio electrónico autorizado información a la Junta sobre si la denominación que se plantee existe ya, o no, como propia de otra Institución, o como planteada previamente por otros interesados, a fin de que conozcan si pueden utilizarla o, en caso de ya haberse utilizado por terceros, opten por una diferente.
La Junta informará al respecto a los solicitantes, por escrito o por algún medio electrónico autorizado, dentro del término de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.
Una vez anunciado a la Junta; ya sea por escrito o por algún medio electrónico autorizado, el interés por adoptar una denominación, ésta quedará reservada a los interesados, quienes dentro del plazo de seis meses a partir de la solicitud, la podrán adoptar formalmente para la Institución que constituyan, de manera exclusiva frente a terceros.
Las personas que en vida resuelvan constituir una Institución, al presentar ante la Junta la solicitud que previene el artículo 8º de la Ley, acompañarán, además, el programa de trabajo y el proyecto de presupuesto y comprobarán la existencia de los bienes que conformarán su patrimonio.
Una vez recibidos los documentos propuestos para la constitución de una Institución, o para la transformación a Institución, de una persona moral que tuviere otra naturaleza jurídica, la Junta formulará dentro del término de cuarenta días hábiles las observaciones a que se refiere la Ley, si las tuviere, examinando que el patrimonio inicial con que cuenten los solicitantes sea suficiente para las primeras actividades asistenciales planteadas.
Si no tuviere observaciones, o las que se formularen quedaren satisfechas, se resolverá sobre la aprobación de la constitución, y de otorgarse tal aprobación, se procederá al registro de la Institución en la misma Junta, dentro de ese término.
En caso de haberse formulado observaciones, el término de cuarenta días hábiles para la aprobación y registro de la Institución por parte de la Junta, será contado a partir de que, en su caso, se hubieren satisfecho tales observaciones.
Si transcurriere el término dispuesto por este artículo, sin que se hubieren formulado observaciones por la Junta, o sin que se insistiere por ésta en la satisfacción de las que no se hubieren cumplimentado, se podrá requerir por escrito o por algún medio electrónico autorizado, ante dicha Junta, que resuelva, lo cual deberá hacer ésta dentro de los siguientes quince días hábiles. Si transcurrido el plazo anterior la junta no resuelve el asunto, se estará a lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
Una vez autorizada la constitución, la Junta, a partir de los siguientes treinta días verificará y dará seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley. Dentro de este término, la Institución deberá comprobar la existencia del patrimonio inicial que establezcan sus estatutos y el inicio de la actividad asistencial.
De la modificación de los estatutos y de la extinción de las instituciones
Artículos 9 - 15
Las Instituciones que acuerden a través de sus procedimientos estatutarios y con arreglo a las disposiciones de la Ley, modificar sus estatutos o emitir nuevos, presentarán ante la Junta, por escrito o por algún medio electrónico autorizado, la petición de aprobación correspondiente, suscrita por su Patronato, acompañada del acta de sesión del Patronato en que se haya acordado lo relativo y el texto de tales reformas o del nuevo estatuto acordado; para ser sometidos a la consideración del Consejo Directivo.
Recibida la solicitud para la aprobación de la Junta, ésta comunicará al Patronato la aprobación realizada por el Consejo Directivo, dentro del término de cuarenta días hábiles, o bien las observaciones que este haya formulado. Los interesados contarán con un término de veinte días hábiles para atender tales observaciones, transcurrido el cual sin que lo hayan hecho, se les tendrá por desistidos de su solicitud. Atendidas a juicio de la Junta las observaciones formuladas, dentro de un término de cuarenta días hábiles, la propia Junta hará saber al Patronato la resolución aprobatoria.
El Consejo Directivo de la Junta podrá resolver que procede la extinción de una Institución, cuando se presenten uno o varios de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley, sea que dichos supuestos hayan sido constatados a través de una investigación realizada oficiosamente por la Junta, o a través de la que se lleve a cabo como resultado de una petición de aprobación de extinción planteada por la Institución involucrada en tales supuestos.
En caso de que el Consejo Directivo acuerde la extinción de una Institución, tomará las siguientes provisiones: ordenará su liquidación y nombrará al o a los liquidadores, según proceda conforme a lo previsto en los estatutos de la Institución y en el artículo 33 de la Ley; fijando los honorarios de estos últimos, los que, de ser posible, se sufragarán con cargo a los fondos de la Institución cuando los hubiere, teniendo presentes las circunstancias de la liquidación y la cuantía del remanente.
En los casos en que, a partir de los datos que obren en el Registro de Instituciones y los demás antecedentes que obren en la Junta, no aparecieren vestigios patrimoniales ni archivos de una Institución sobre la que el Consejo Directivo encontrare que se ha producido alguna causa para declarar su extinción, podrá acordar que la Dirección Jurídica de la Junta levante un acta en que se hagan constar esas circunstancias, la cual firmen dos testigos de asistencia y que, si fuere el caso, dicha Dirección procure localizar a los miembros del Patronato de la Institución para interpelarlos acerca de la situación de la misma y la exhibición de los libros o registros contables de esta. Y que si tales miembros del Patronato manifestaren que no existen ya bienes ni archivos, se haga constar su declaración en ese sentido y que si tampoco fuere posible localizar a todos o alguno de los miembros del Patronato de la Institución, ello se haga constar en un acta en la que se describan los antecedentes que permitieron llegar a esa conclusión.
Cuando lo encuentre procedente, en orden a las circunstancias a que se refiere el párrafo que antecede, el Consejo Directivo podrá resolver si se aprecian elementos que hagan presumible alguno de los supuestos legales para proceder a la liquidación de la Institución de que se trate, no obstante que por la imposibilidad de localizar uno o varios de los elementos señalados no se puedan agotar las medidas indicadas, declarando provisionalmente la extinción de la Institución y ordenando la cancelación de su registro y la guarda hasta por diez años de los antecedentes de la Institución extinta;
Las Instituciones que acuerden su extinción, a través de sus procedimientos estatutarios y con arreglo a las disposiciones y supuestos de la Ley, presentarán ante la Junta, por escrito o por algún medio electrónico autorizado oficialmente, para conocimiento del Consejo Directivo, la petición de aprobación correspondiente suscrita por su Patronato, acompañada de un documento explicativo de las causas que hayan motivado el acuerdo y su fundamentación con arreglo al artículo 30 de la Ley, con las firmas de dicho Patronato, así como de sus estados financieros actualizados a la fecha de la solicitud, para los fines de aplicación de los mismos al procedimiento liquidatorio y de la fijación de los honorarios de los liquidadores, conforme a las previsiones de la Ley sobre tales materias.
Recibida la solicitud para la aprobación del Consejo Directivo, la Junta procederá a practicar una visita de inspección en los términos de los artículos 88 y 89 de la Ley; así como, a recabar los datos e informes para determinar si se han producido uno o varios de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley, dentro del término de sesenta días hábiles, comunicando dentro de ese término al Patronato, las observaciones que tuviere, o la resolución declarando la procedencia de la extinción para los efectos de la Ley.
Transcurrido el término sin que se hubieren formulado observaciones por la Junta, el Patronato podrá formular una petición, por escrito o por algún medio electrónico autorizado oficialmente para que se emita la resolución respectiva, lo cual deberá hacer ésta dentro de los siguientes diez días hábiles. Si transcurrido el plazo anterior la junta no resuelve el asunto, se estará a lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
En los casos en que se declare la extinción de una Institución por el Consejo Directivo de la Junta, éste dispondrá la iniciación del procedimiento de liquidación, nombrando a uno de los dos liquidadores que conducirán la liquidación, o a ambos según proceda conforme a lo previsto en los estatutos de la Institución y en el artículo 33 de la Ley; el mismo Consejo Directivo fijará los honorarios de los liquidadores, con cargo a los fondos de la Institución si los hubiere, para lo cual considerará las circunstancias de la liquidación y la cuantía del remanente de sus recursos al momento de plantearse la extinción, así como acordará cuáles actividades de asistencia privada deban seguirse practicando por la Institución a través de sus liquidadores y las medidas que convenga adoptar en relación con los intereses de quienes hayan sido los beneficiarios asistenciales de la Institución.
Una vez cumplido el procedimiento de liquidación de una Institución, la Junta procederá a la cancelación del registro de la misma.