Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-953-de-septiembre-6-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041c2b7f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 02:49:48
Document Index: 39095996

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 189', 'artículo 157', 'artículo 160', 'artículo 156', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 241', 'artículo 160', 'artículo 150']

﻿ SENTENCIA C-953 DE SEPTIEMBRE 6 DE 2001
SENTENCIA C-953 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:TRATADOS INTERNACIONALES. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ACUERDO DE COOPERACIÓN, TÉCNICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA SUSCRITO EN BOGOTA, EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1998, ASÍ COMO LA LEY 631 DE 2000, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA DICHO ACUERDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRATADO INTERNACIONAL, CONVENIO DE COOPERACIÓN POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Sentencia C-953 de septiembre 6 de 2001
SENTENCIA NÚMERO C-953 DE 2001
Ref.: Expediente LAT 198
Bogotá, D.C., septiembre seis de 2001.
EXTRACTOS: «A. Texto de la ley y acuerdo objeto de revisión
El texto de la ley y el acuerdo objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial 44.272, del veintisiete (27) de diciembre de 2000.
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Bolivia”, hecho en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Visto el texto del acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Bolivia, hecho en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
ART.1º—Objeto
1. Ambas partes se obligan, dentro del límite de sus competencias, a dar un nuevo impulso a sus acciones de cooperación, con base en los principios de beneficio mutuo, reciprocidad, respeto a la soberanía y no intervención en los asuntos internos. Para alcanzar este objetivo fundamental las partes están decididas a fomentar el desarrollo de su cooperación técnica, científica y tecnológica, con el fin de propender por el desarrollo de ambas naciones.
2. Todos los programas, proyectos específicos y actividades de cooperación científica, técnica y tecnológica que convengan las partes serán ejecutados de conformidad con las disposiciones generales del presente acuerdo y las normas establecidas en cada país.
ART. 2º—Entidades responsables
— La parte colombiana designa al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional.
— La parte boliviana designa al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto representado por el Viceministerio de Política Exterior y al Ministerio de Hacienda, representado por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
2. La ejecución de los programas definidos en el marco del presente acuerdo se realizarán bajo la modalidad de costos compartidos. Las partes pueden solicitar de común acuerdo, la participación de terceros países y/o organismos internacionales tanto para la financiación, como para la ejecución de programas y proyectos que surjan de las modalidades de cooperación contempladas en el mismo.
ART. 3º—Áreas de cooperación
Agropecuaria, y agroindustrial, comercio e inversiones, ciencia y tecnología, competitividad industrial y agropecuaria, proyectos sociales, desarrollo social (educación, niñez, etnias, etc.), educación y formación del recurso humano, medio ambiente, desarrollo alternativo, salud, previsión social, turismo, mujer y género capitalización de empresas estatales, participación popular y minería.
ART. 4º—Modalidades de cooperación
— Capacitación y formación de especialistas.
— Prestación de asistencia técnica desarrollada entre otras formas, mediante el envío de expertos y la realización conjunta de estudios y proyectos de interés común.
— Creación de redes de información y bancos de datos.
— Utilización de instalaciones, centros e instituciones, materiales y equipos, necesarios para la ejecución de los programas y proyectos que se precisen para la realización de las actividades comunes.
— Organización de conferencias, seminarios y misiones de exploración y de otros mecanismos conjuntos de intercambio académico y científico.
— Intercambio de información técnica, científica y tecnológica y estadística pertinente.
— Intercambio de tecnologías para el desarrollo de los proyectos y programas de cooperación conjuntos.
— Fomento a la cooperación entre las instituciones científico-técnicas, académicas y del sector productivo de ambos países.
— Fomento a la creación de pequeñas y medianas empresas, al intercambio y cooperación entre empresarios, y a la conformación de empresas mixtas (joint ventures).
— Cualquier otra actividad de cooperación que sea convenida entre las partes.
ART. 5º—Alcance, funcionamiento e instrumentación del acuerdo
— Analizar y determinar los campos prioritarios, en los que se puedan realizar programas y proyectos específicos de cooperación técnica, científica y tecnológica.
— Proponer y coordinar las actividades, proyectos y acciones concretas en relación con los objetivos del presente acuerdo, y definir los medios necesarios para su realización y evaluación.
— Atender el adecuado desarrollo del acuerdo.
— Buscar los medios adecuados para prevenir las dificultades que se puedan presentar en los campos cubiertos por el presente acuerdo.
— Seguir, controlar y evaluar las actividades y hacer las recomendaciones y modificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
— Incentivar la aplicación de los resultados logrados en el curso de la cooperación.
— Informar a las partes sobre las recomendaciones que tengan por objeto la expansión de los intercambios y la diversificación de la cooperación.
— Definir un programa bienal de trabajo que contemple proyectos específicos, agentes ejecutores y fuentes de financiación.
— Los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la agencia colombiana de cooperación internacional, y de las instituciones técnicas colombianas y los representantes de la embajada de la República de Bolivia en Santa Fe de Bogotá, de una parte.
— Los representantes del Viceministerio de Política Exterior y del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo de Bolivia, de las instituciones técnicas bolivianas y colombianas y de los representantes de la embajada de la República de Colombia en La Paz, de otra.
— Los resultados de esas reuniones de evaluación y seguimiento se intercambiarán, vía diplomática, y serán un instrumento de coordinación para la preparación de las comisiones mixtas.
ART. 6º—Instrumentos y medios para la realización de la cooperación
— El envío de expertos, tales como instructores, asesores, peritos, especialistas, personal científico y técnico, asistentes de proyecto, el conjunto del personal enviado por encargo de las partes denominado en adelante “expertos enviados”.
— El suministro de material y equipo en adelante denominado “material”.
— Eximirán al material suministrado para los proyectos de licencias, tasas portuarias, toda clase de derechos de aduana e importación y demás impuestos y gravámenes públicos.
— Eximirán al material suministrado para los proyectos del gravamen aduanero consolidado, GAC, impuesto a los consumos específicos, ICE, e impuesto al valor agregado, IVA, hasta el límite fijado por el mismo convenio.
— Conceder facilidades necesarias para que los expertos y sus familias obtengan los visados correspondientes, libres de derechos y fianzas, que permitan hacer posible el ejercicio de sus funciones.
— Los expertos cuya misión sea superior a un año, podrán introducir al país, libre de todo tipo de impuestos de aduanas, tasas y otras cargas conexas, sus efectos personales, menaje de casa y muebles, por una sola vez mientras dure su misión, dentro de los 180 días después de su llegada, hasta el límite de US$ 15.000 (Quince mil dólares americanos).
— Las actividades que en desarrollo de este acuerdo ejerzan los ciudadanos de una de las partes en el territorio de la otra parte, se sujetarán a lo previsto en este instrumento y no podrán desbordar el marco acordado entre las partes, bien sea en términos generales, bien para cada caso específico.
ART. 7º—Propiedad intelectual
El significado del término “propiedad intelectual” deberá entenderse en los términos en que es presentado por el artículo II del convenio por el cual se crea el organismo mundial de la propiedad intelectual, OMPI, que se firmó en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
ART. 8º—Solución de controversias
ART. 9º—Entrada en vigencia y duración
3. Con la entrada en vigencia del presente acuerdo se sustituye al acuerdo básico de cooperación científico-técnica suscrito en La Paz, entre el gobierno de Colombia y el gobierno de la República de Bolivia, el 24 de junio de 1972.
ART. 10.—Cláusula evolutiva
Hecho en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), en dos ejemplares, en idioma español, siendo los dos textos igualmente auténticos.
Guido Riveros Frank
Que la presente es fiel fotocopia tomada del texto original del Acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de República de Bolivia, hecho en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), documento que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Santafé de Bogotá, D.C., 13 de abril de 1999.
ART. 1º—Apruébase el Acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Bolivia, hecho en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de 1998.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Bolivia, hecho en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de 1998, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
El 13 de abril de 1999, el Presidente de la República aprobó y ordenó someter a la aprobación del Congreso de la República, el acuerdo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º de la Constitución. Decreto este suscrito también por el Ministro de Relaciones Exteriores.
b) Trámite del Proyecto de Ley 247 de 2000, en el Senado de la República y su conformidad con la Constitución Política.
b.1.) El Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Guillermo Fernández de Soto, en nombre del Gobierno Nacional, presentó ante la Secretaría General del Senado de la República, el proyecto de ley por medio del cual se solicitaba aprobar el “Acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en Bogotá, el diez (10) de noviembre de 1998. Proyecto de ley radicado el 16 de marzo de 2000, bajo el número 247 de 2000 (Gaceta del Congreso 69, de 24 de marzo de 2000, páginas 21 a 24).
— La presidencia del Senado, el mismo 16 de marzo de 2000, repartió el proyecto de ley a la Comisión Segunda Constitucional Permanente y dispuso su publicación, la que se efectuó en la Gaceta del Congreso 69 del 16 de marzo de 2000. De esta manera, se cumplió la exigencia de la publicación oficial del proyecto de ley por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva, tal como lo señala el artículo 157, numeral 1º de la Constitución.
— El presidente de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, designó como ponente al senador Juan Gabriel Uribe Vega-Lara, quien presentó ponencia para primer debate, publicada en la Gaceta del Congreso 190, del 7 de junio de 2000, páginas 5 y 6. Proyecto que fue aprobado por unanimidad de los doce (12) senadores presentes en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, el día seis (6) de junio de 2000, según certificación suscrita por el secretario de la comisión, Felipe Ortíz Marulanda, y que reposa 0en el expediente (fl. 88). Encuentra la Corte, que, de acuerdo con lo consignado en esa certificación, se satisfacen los requerimientos para la aprobación del proyecto en comisión, artículos 145 y 157 numeral 2º de la Constitución.
— Presentada la ponencia para segundo debate, que se publicó en la Gaceta del Congreso 219, del día dieciséis (16) de junio de 2000, página 6, el proyecto fue aprobado por la plenaria del Senado, el día 1º de agosto de 2000, según acta 03, de la sesión ordinaria de ese mismo día. En la Gaceta del Congreso 322 del 14 de agosto de 2000, se publicó la aprobación del proyecto en cuestión, según lo certifica el secretario general del Senado de la República, en escrito que obra a folio 87 del expediente.
— Igualmente, en certificación que obra a folio 168, el secretario general del Senado de la República, afirma que el mencionado proyecto fue aprobado con un quórum de ochenta y ocho (88) honorables senadores. La Corte considera que, al estar compuesto el Senado por 102 miembros, se cumplen los requisitos contemplados para el quórum deliberatorio y decisorio. Así mismo, que entre el primero y segundo debate (jun. 6 y ago. 1º de 2000), medió un lapso superior a los ocho días, que exige el artículo 160 de la Constitución.
b.2.) Cumplimiento de la forma alternativa de publicidad. Hecho este recuento, observa la Corte que podrían existir dos objeciones al trámite que se le dio al proyecto de ley. La primera encontraría un reparo en el hecho de que la publicación de la ponencia para el primer debate en el Senado, tal como se señaló, se publicó oficialmente después del debate. En efecto, podría argüirse que cumplir el requisito de publicidad exigido a toda ponencia para cualquier debate (art. 160), no se cumple cabalmente con repartir copias de la misma a los miembros de la comisión. Sin embargo en un caso similar, la Corte decidió que ello no es así, en atención a las siguientes razones,
“La única irregularidad que aparentemente podría existir es que la comisión segunda del Senado aprobó el proyecto el 9 de mayo de 2000, mientras que la ponencia para el primer debate en esa comisión fue publicada al día siguiente, esto es, el 10 de mayo de 2000. Sin embargo, obra en el expediente una certificación expedida por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado, según la cual, el 5 de mayo de 2000 se repartió a los congresistas de dicha comisión, fotocopia de la ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 176 de 1999 Senado (fls. 86 a 88). Ese trámite se apoyó en el artículo 156 del reglamento del Congreso, que autoriza dicha reproducción, sin perjuicio de su posterior publicación.
La Corte considera entonces que, no obstante haberse publicado la ponencia con posterioridad a su discusión y aprobación, el requisito exigido en el inciso final del artículo 160 de la Carta, es decir, la presentación previa de ponencia de cualquier proyecto, fue observado durante esta etapa del trámite legislativo. En efecto, conforme al principio de instrumentalidad de las formas, que esta corporación ha reconocido que es relevante para estudiar el proceso de formación de las leyes (1) , las reglas de aprobación de los proyectos no tienen un fin en sí mismo, y por ello deben ser interpretadas a la luz de los valores sustantivos que esas reglas pretenden realizar (C.P., art. 228). Ahora bien, es claro que el mandato del artículo 160, según el cual, todo proyecto “deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo” es una regla que busca asegurar la publicidad de la ponencia, de tal manera que los miembros de las comisiones conozcan con anterioridad el proyecto y su ponencia respectiva, y puedan entonces debatir adecuadamente la correspondiente iniciativa. Este mandato constitucional evita entonces que los congresistas sean sorprendidos con proyectos y ponencias que no pudieron estudiar previamente. Ese objetivo puede lograrse tanto con la publicación previa del proyecto en la Gaceta del Congreso, como con su reparto previo a los congresistas y su publicación posterior, tal y como lo autoriza expresamente el artículo 156 del reglamento del Congreso, y tal y como se hizo durante el trámite de la presente ley.
(1) Ver Sentencia C-737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, fundamentos 6 y siguientes.
En consecuencia, la Corte concluye que la Ley 638 del 4 de enero de 2001 fue aprobada y sancionada según las exigencias constitucionales previstas para ello” (2) .
(2) Sentencia C-915, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
En el caso bajo estudio, el precedente anteriormente citado es aplicable, pues se constató que la ponencia había sido entregada a todos y cada uno de los miembros, lo cual se encuentra certificado en el expediente. Adicionalmente, en el caso de la referencia ningún parlamentario protestó por considerar que se le hubiesen vulnerado sus derechos; todos estuvieron de acuerdo con el trámite que se siguió. De tal suerte que no es aceptable la primera objeción al trámite del proyecto en el Senado.
b.3.) Saneamiento de la ausencia de autorización previa. La segunda objeción consiste en señalar que si bien se hizo la entrega de la copia de la ponencia según lo señalado en el artículo 156 del reglamento del Congreso (L. 5ª/92) (3) , no existe la autorización previa del presidente de la comisión exigida por la misma disposición. Antes de entrar a estudiar la cuestión, se considera pertinente recordar lo dicho por esta Corte con relación al principio de la instrumentalidad de las formas, a propósito del trámite de las leyes en el Congreso,
(3) ART. 156.—Presentación y publicación de la ponencia. El informe será presentado por escrito, en original y dos copias al secretario de la comisión permanente. Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes. Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto, el presidente podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la comisión; ello, sin perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso.
“El principio de instrumentalidad de las formas, según el cual, las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo (4) , tiene entonces plena aplicación en la interpretación de las reglas constitucionales que gobiernan la aprobación de las leyes. Y de ese principio derivan al menos dos consecuencias, en apariencia contradictorias, pero en realidad plenamente complementarias.
(4) Cfr. Jaime Bernal Cuéllar y Eduardo Montealegre Lynett. El proceso penal. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1995. Págs. 284 y 285.
De un lado, la Constitución consagra un Estado social de derecho, que busca realizar ciertos principios y valores materiales (C.P. arts. 1º y 2º), y señala explícitamente que en los trámites procesales prevalece el derecho sustancial (C.P., art. 228). Por ello, esta Corte siempre ha interpretado el alcance de las normas que gobiernan la formación de las leyes teniendo en cuenta los valores materiales que esas reglas pretenden realizar. Esto explica, por ejemplo, que esta corporación haya señalado, en forma constante, que al estudiar si una ley viola o no el principio de unidad de materia, la noción de materia debe ser entendida en forma amplia, puesto que un entendimiento demasiado riguroso de su alcance, obstaculizaría indebidamente la aprobación de las leyes, con lo cual esa regla terminaría afectando el principio democrático que ella misma pretende realizar. Y de manera más general, esta Corte ha dicho que “las normas constitucionales relativas al trámite legislativo nunca deben interpretarse en el sentido de que su función sea la de entorpecer e impedir la expedición de leyes, o dificultar la libre discusión democrática en el seno de las corporaciones representativas, pues ello equivaldría a desconocer la primacía de lo sustancial sobre lo procedimental” (5) .
(5) Sentencia C-55 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 6.
Pero de otro lado, lo anterior no significa que las formas procesales en general, y las normas constitucionales que rigen la aprobación de las leyes en particular, sean irrelevantes y puedan ser ignoradas. Por el contrario, ellas son importantes y deben ser respetadas, precisamente porque protegen valores sustantivos significativos” (6) .
(6) Sentencia C-737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
Teniendo de presente las consideraciones anteriores, concluye la Corte que tampoco encuentra fundamento a la segunda objeción, pues si bien es cierto que no existe constancia escrita de esta autorización, teniendo en cuenta lo ocurrido y la forma como se desarrollan las sesiones de las comisiones, es preciso concluir que las copias de la ponencia fueron repartidas con el beneplácito del Presidente. Por una parte, la elaboración del orden del día de las sesiones de comisión, incluidas aquellas en las que se debatió el proyecto de ley que se estudia, son elaboradas por la mesa directiva de la comisión, conformada entre otros por el presidente de la misma (7) . Por otra parte, si se tiene en cuenta las funciones asignadas por el reglamento del Congreso al presidente de la comisión (presidir la respectiva corporación, hacer cumplir el reglamento y repartir los proyectos objeto de debate, por ejemplo) (8) , no es posible que se haya debatido el proyecto de ley y que el presidente no se hubiera enterado y no lo hubiera aprobado. Es decir, incluso en el caso en que, en gracia de discusión, no se hubiese dado la autorización previa del presidente, es claro que al avalar el procedimiento, avaló la repartición previa de las copias de la ponencia. Por lo tanto, sí existió algún vicio de trámite en este sentido, el mismo quedó saneado.
(7) Ley 5ª de 1992 —art. 80— Elaboración y continuación. Las respectivas mesas directivas fijarán el orden del día de las sesiones plenarias y en las comisiones permanentes. Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el mismo orden hasta su conclusión.
(8) Ley 5ª de 1992 —art. 43— Funciones. Los presidentes de las cámaras legislativas cumplirán las siguientes funciones: 1. Presidir la respectiva corporación. 2. Abrir y cerrar las sesiones, una vez instaladas. 3. Cuidar que los miembros que conforman la corporación que presiden concurran puntualmente a las sesiones, requiriendo —con apremio si fuere el caso— la presencia de los ausentes que no estén legalmente excusados. 4. Cumplir y hacer cumplir el reglamento, mantener el orden interno y decidir las cuestiones o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo. 5. Repartir los proyectos presentados para el estudio legislativo y ordenar su debido trámite. 6. Suscribir los proyectos de acto legislativo y de ley aprobados en las comisiones y en plenarias, así como las respectivas actas. 7. Llevar la debida representación de la corporación. 8. Designar las comisiones accidentales que demande la corporación. 9. Dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones y demás documentos o mensajes recibidos. 10. Suscribir las comunicaciones dirigidas al Presidente de la República, altos tribunales de justicia y a la otra cámara. 11. Cuidar de que el secretario y demás empleados de la corporación cumplan debidamente sus funciones y deberes. 12. Desempeñar las demás funciones dispuestas por la ley.
PAR.—En cuanto no se opongan a estas atribuciones, similares funciones cumplirán los presidentes de las comisiones.
Es preciso señalar que para la Corte es posible que se entienda saneado el vicio procedimental en este caso, por cuanto, primero, se trata de una exigencia formal consignada en el reglamento del Congreso (L. 5ª/92) y no en la Constitución, y segundo, su inobservancia no conllevó el desconocimiento de los derechos de las minorías ni de ningún otro parlamentario. A todos se les repartió a tiempo copia de la ponencia, para que pudieran conocer el texto previamente, y no existe ningún pronunciamiento o manifestación de protesta por parte de los miembros de la comisión.
Ahora bien, el que el vicio haya sido saneado implica que no es aplicable el parágrafo del artículo 241 de la Constitución, según el cual cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Esta regla constitucional encuentra fundamento en la posibilidad de que: (a) la misma autoridad que profirió el acto (b) subsane el vicio en que incurrió, después de aprobado el acto sujeto a su control. En el presente caso, si bien ya no es aplicable pues el vicio fue saneado antes de aprobado el acto, sí se mantiene el espíritu de la regla consistente en que hay tipos de vicios, unos por su gravedad insubsanables y otros de menor entidad, que pueden ser subsanados después de expedido el acto o saneados por el propio Congreso en el curso del trámite del proyecto (9) .
(9) Salvo las consideraciones (b.1) y (b.2.), el resto del fallo corresponde al proyecto de sentencia sometido originalmente a consideración de la Sala Plena por la magistrada Clara Inés Vargas Hernández.
c) Trámite del Proyecto de Ley 27 de 2000, en la Cámara de Representante y su conformidad con la Constitución Política.
— El día 2 de agosto de 2000, el Proyecto de Ley 247 de 2000 Senado, fue enviado a la secretaría general de la H. Cámara de Representantes para su respectivo trámite. La secretaría, una vez radicado el proyecto bajo el número 027 de 2000, lo remitió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, para lo de su competencia. Esta comisión designó a los representantes, Omar Armando Baquero Soler, Mario Álvarez Celis, y Julio Ángel Restrepo Ospina como ponentes.
— La ponencia para primer debate y el proyecto fueron aprobados por unanimidad de los 16 representantes asistentes, el día 27 de septiembre de 2000, según certificación suscrita por el secretario de la Comisión Segunda de la H. Cámara de Representantes (fl. 49 vuelto). La Corte considera que el mencionado proyecto se aprobó con el quórum deliberatorio y decisorio, pues esta comisión está compuesta por 19 representantes. Además, reúne las exigencias del artículo 160 de la Constitución, porque entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurrieron más de los quince (15) días que exige la mencionada norma constitucional (Plenaria del Senado, agosto 1º de 2000, y la Comisión Segunda de la Cámara 27 de septiembre de 2000).
— La ponencia para segundo debate fue presentada por los mismos H. Representantes Omar Armando Baquero Soler, Mario Álvarez Celis, y Julio Ángel Restrepo Ospina y aprobada por las plenaria de la Cámara, por los 147 representantes presentes, el día 21 de noviembre de 2000, según consta certificación suscrita por el secretario general de la Cámara de Representantes (fl. 59). Encuentra esta corporación que se cumple el quórum deliberatorio y decisorio, porque son 163 los miembros de la Cámara de Representantes. Así mismo, transcurrieron más de ocho (8) días, entre el primer debate que se presentó en la comisión constitucional correspondiente y el segundo debate dado en la plenaria (27 de septiembre de 1999 y 21 de noviembre de 2000), días que, en los términos de la doctrina de esta corporación son días calendario (Sent. C-25/93).
Enviado por la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 247 de 2000 Senado y 27 Cámara, a la secretaría general del Senado de la República, éste lo remitió al Presidente de la República, quien lo sancionó el día 27 de diciembre de 2000, como Ley 631.
3.1. Marco general (Contenido y finalidad).
El Estado colombiano ya había suscrito con Bolivia, un acuerdo básico de cooperación científico-técnico, el 24 de junio de 1972 en La Paz. Por tanto, el texto que es objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, una vez entre en vigencia, sustituye el acuerdo básico anterior (art. IX acuerdo en revisión).
Debe recordarse que esta corporación, en diversos fallos (Sent. C-477/92, C-378/93, C-401/95, C-29/97, C-47/97, C-104/97, C-404/99, C-363/2000, entre otras) se ha ocupado de acuerdos de cooperación que se suscriben sobre diferentes asuntos, tales como, comercio, turismo, tecnología, educación, y aspectos económicos, todos ellos señalan un marco general, dentro del cual las partes se comprometen a ejecutar diversos programas basados en los principios de igualdad y beneficio mutuo, en sectores de interés común.
El objeto del acuerdo en revisión, consiste precisamente en sentar los marcos de cooperación entre los dos Estados, conscientes de su interés por promover y fomentar el progreso técnico y científico en beneficio de Colombia y Bolivia, teniendo en cuenta además, la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo de este proceso y que tengan incidencia en el avance económico y social de ambos países (art. 1º).
La cooperación en principio y sin perjuicio de que pueda ampliarse en el futuro, se concreta en las siguientes áreas: agropecuaria y agroindustria, comercio, e inversiones, ciencia y tecnología, competitividad industrial y agropecuaria, proyectos sociales, educación, medio ambiente, salud, mujer, género, turismo, capitalización de empresas estatales, participación popular y minería (art. III).
Para el cumplimiento de los objetivos de la cooperación técnica, científica y tecnológica, las partes en el marco de su legislación interna, garantizando el principio de autodeterminación y la soberanía en que se deben fundar las relaciones internacionales del Estado colombiano (C.P., art. 9º), desarrollan como modalidades de cooperación; la capacitación y formación de especialistas, la prestación de asistencia técnica mediante el envío de expertos, creación de redes de información y bancos de datos, la utilización de instalaciones, materiales y equipos que se necesiten para la realización de actividades comunes (arts. IV y VI).
Así mismo, el acuerdo prevé la creación de una comisión mixta colombo-boliviana de cooperación, técnica, científica y tecnológica que se reunirá cada dos años alternativamente en Colombia y Bolivia, y tendrá como principales funciones, velar por la puesta en marcha del acuerdo en revisión, y la prevención de las dificultades que se puedan presentar en los campos cubiertos por dicho acuerdo. En igual sentido, le corresponde a la comisión mixta, incentivar la aplicación de los resultados logrados en el curso de la cooperación, informando a las partes sobre las recomendaciones que tengan por objeto la expansión de los intercambios y la diversificación de la cooperación (art. V).
Las partes contratantes, (art. VI) han convenido en otorgar al personal que en forma oficial intervenga en los proyectos de cooperación, todas las facilidades para la entrada, permanencia y salida de cada país, de conformidad con la legislación interna vigente en cada uno de ellos. Bajo este entendido, no habría contrariedad alguna del acuerdo en revisión con la preceptiva constitucional.
Igualmente, el acuerdo garantiza la propiedad intelectual generada y aplicada en desarrollo de las actividades de cooperación, en concordancia con las normas expedidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (art. VII).
La ejecución de programas establecidos en el presente acuerdo, se realizará bajo la modalidad de costos compartidos y las partes podrán solicitar apoyo económico de terceros países y/o de organismos internacionales tanto para la ejecución de programas y proyectos, como para la financiación de los mismos (art. II, inc. 2º). Esta disposición no vulnera ningún precepto constitucional, pues se limita a señalar la ejecución y financiación de los programas que se realicen en virtud del acuerdo de cooperación, con sujeción a las normas establecidas en cada país.
La solución de controversias previstas en el artículo VIII establece que las discrepancias que pueden llegarse a presentar serán resueltas por las partes por medio de cualquier medio de solución pacífica de controversias contempladas en el derecho internacional.
El artículo IX establece la fecha en que entrará en vigencia el acuerdo una vez sometido al trámite interno de cada Estado, así como la duración del mismo, la que está prevista por el término de cinco (5) años, renovables automáticamente por períodos iguales. Finalmente, en el mismo artículo, se establece la posibilidad de que el acuerdo pueda ser denunciado por cualquiera de las partes, lo que no afectará los programas y proyectos que se encuentren en curso.
Para la aplicación del acuerdo, cada una de las partes podrá formular propuestas encaminadas a ampliar el ámbito de la cooperación bilateral, teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante su ejecución (art. X). No existe en esta cláusula nada que contraríe la Constitución.
El diversas providencias de esta corporación, precisamente referidas a la aplicación de los instrumentos internacionales en materia de cooperación, se ha señalado que dichos convenios no desconocen ningún precepto constitucional. Por el contrario, este tipo de acuerdos desarrollan el mandato de la internacionalización de las relaciones exteriores colombianas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (C.P., art. 226).
El ámbito del instrumento en revisión, tiene como objetivo buscar de manera expedita el fomento a la cooperación técnica, científica y tecnológica, a través de la ejecución de proyectos, el intercambio de especialistas y la prestación de asistencia técnica, con fundamento en la más estricta reciprocidad. Así mismo, promover la integración económica con la República de Bolivia, sobre bases de equidad, e igualdad, esto es en desarrollo del mandato constitucional contenido en los artículos 150 numeral 16 y 227 de la Carta Política.
La Corte, avala el concepto de la Procuraduría, al considerar que el texto del protocolo contribuye al logro de los objetivos superiores relacionados con la protección a la propiedad intelectual (C.P., art. 61), el desarrollo social y técnico del sector agropecuario (C.P., arts. 64 y 65), la educación (C.P., art. 67) la cultura y en general el fomento a la ciencia y tecnología (C.P., arts. 70 y 71) la protección del medio ambiente (art. 79) y el desarrollo económico y social (C.P., art. 334).
En conclusión, se observa que el acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Bolivia, se ajusta en su integridad a la Constitución Política, y el mismo se celebró sobre bases de equidad y reciprocidad como lo establece el artículo 150, numeral 16 de la Constitución.