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Timestamp: 2019-01-16 10:55:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'Artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 37', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 8']

V.2019/01.#EXPERTOENDERECHO®:: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DEL AÑO 1963 Y LA CONSTITUCIÓN DEL AÑO 2010.
II. HISTORIA DE LAS
III. LO QUE LA CONSTITUCION DE
1963 PLANTEA DEL DESARROLLO
IV. LA CONSTITUCIÓN DE JUAN BOSCH DE 1963 FRENTE A LA IGLESIA.
V. CONSTITUCION DOMINICANA DEL AÑO 2010
a) Aumentan Numero Diputados.
b) Los diputados de la diáspora dominica serán electos a partir del 2012, cada cuatro años.
c) Nepotismo y corrupción.
d) Consejo Nacional de la Magistratura.
e) Cámara de Cuentas.
f) Poder Judicial.
g) El polémico artículo 30.
h) Las Playas
VI. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CONSTITUCIONES 1963 Y LA CONSTITUCIÓN DEL AÑO 2010.
VII. CONCLUCION.
En el trabajo siguiente muestro una cantidad de modificaciones también conocidas como reformas que se le han hecho a nuestra constitución a través de los años tanto la de 1963 y 2010 asi como otras, los cuales reflejan los verdaderos intereses de nuestros presidentes y autoridades ya que estas modificaciones o reformas normalmente se aplican a lo que les conviene a ellos en un periodo determinado. Aun así la constitución fue renovada casi en su totalidad en el gobierno de Juan Bosch en el año 1963.
El Estado dominicano nació en la vida jurídica, el 6 de noviembre del 1844, cuando se proclama la constitución dominicana en la ciudad de San Cristóbal, la cual ha sido objeto de 38 modificaciones o reformas.
A través de toda nuestra historia constitucional hemos tenido toda una serie de reformas que sirvieron en su momento para solucionar algún tipo de déficit económico y en la mayoría de los casos solo a intereses políticos particulares inherentes al gobernante de turno.
De las 37 reformas que ha sufrido la Constitución de la República desde l844, cinco se han dado de 1963 a la fecha. Las más contundentes fueron las de 1963 y la de 1994, debido a que con la primera República Dominicana inició el camino hacia la democracia, mientras que en la segunda se establecieron importantes cambios, tales como la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, se separaron las elecciones presidenciales de las congresuales y se creó el sistema de doble vuelta electoral.
A pesar de todo y de los errores que se han cometido hoy en día podemos decir que área de garantías y derechos humanos nuestra constitución esta fortalecida, claro está, aun queda mucho camino por recorrer y muchas más horas de estudio para poder comprender en su real dimensión esta última reforma
II. Historia de las reformas constitucionales dominicanas.
El 29 de abril de 1963 fue proclamada una Reforma Constitucional que ofreció plenos derechos individuales, que para su época fueron muy liberales debido a que se tomo poder, luego de la muerte del déspota Rafael Leonidas Trujillo y esta constitución ofreció derechos tales como:
- Derecho y no discriminación en el trabajo y a la iniciativa privada, de los discapacitados inclusive.
- Derecho a la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa.
- Igualdades de derechos del hombre y la mujer.
- Libertad sindical, de pensamiento, de asociación y de culto
- Derecho de la familia a la vivienda y protección al patrimonio familiar
- Reconoce el derecho de igualdad de los hijos, la unión libre, de los conyuges y el divorcio.
- Reconoce la educación gratuita, la libertad de enseñanza y al magisterio como función pública privilegiada.
- Reconoce a la salud como un derecho fundamental.
- En lo que respecta a la economía, prohibe los monopolios, las actitudes oligopólicas y la especulación.
- Así mismo, Prohíbe el latifundio, el minifundio y da categoría a las cooperativas.
- Garantiza mercado a los productos agrícolas, la reforma agraria, incentivos a zonas turísticas y zonas francas.
- En lo que respecta a la autoridad, garantiza el derecho a la rebelión de los subordinados, cuando se trate de mandatos ilegales y violaciones constitucionales.
- Prohíbe la deportación de los dominicanos y la publicidad vejatoria contra los presos. Favorece el derecho a la comunicación de éstos.
- Garantiza el derecho a la libertad y habeas corpus.
- Esta constitución no da cabida a la participación del poder popular en lo que respecta a las reformas constitucionales. No aparecen en ningún caso las figuras del plebiscito o el referéndum en algún caso.
- Mas, garantiza el derecho del ciudadano o persona jurídica a pedirle medidas de interés público a cualquier poder del Estado.
III. LO QUE LA CONSTITUCIÓN DE 1963 PLANTEA DEL DESARROLLO SOCIAL
Veamos que nos sugiere el texto constitucional para alcanzar esa armonía y en relación a los sujetos sociales explicitados, tal y como la concibió el Soberano Congreso Constituyente de Moca (1857-1858), expresión de la Insurrección Cibaeña contra el dictador y anexionista Buenaventura Báez, cuando nos dijo al justificarse "que las instituciones que han regido no estaban en armonía con los deseos y necesidades de la nación":
Se crea la figura jurídica de delitos contra el pueblo para tipificar la sustracción de bienes públicos para provecho personal (Art. 5).
Formación y superación profesional de los trabajadores (Art. 13).
Derecho a la educación, formación y rehabilitación profesional y técnica de personas mutiladas o inhábiles (Art. 14).
Se establecerá jornada máxima de trabajo, días descanso, vacaciones, sueldos y salarios mínimos y seguro social (Art. 16).
Igualdad de salarios sin discriminación de sexo, edad o estado (Art. 17).
Participación en toda empresa y en sus beneficios de los trabajadores (Art. 19).
Los derechos y beneficios de trabajadores son irrenunciables (Art. 21).
La propiedad debe servir al progreso y bienestar del conglomerado (Art. 22).
Contrario al interés colectivo la propiedad y posesión de tierras en cantidad excesiva por parte de personas o entidades privadas (Art. 23).
Solo personas físicas dominicanas tienen derecho a adquirir la propiedad de la tierra y solo el Congreso, cuando convenga al interés nacional, podrá autorizar la adquisición de terrenos en las zonas urbanas por personas extranjeras (Art. 25).
La riqueza del subsuelo y la plataforma marina pertenecen al Estado y la propiedad de los yacimientos mineros es inalienable e imprescriptible (Art. 25).
De interés público el establecimiento de cada hogar dominicano en terreno y mejoras propias y que cada familia deberá poseer una vivienda propia, cómoda e higiénica, siendo inalienables e inembargables (Art. 26).
Cada familia campesina tiene el derecho a ser dotado de tierra, suministrándole los medios adecuados para asegurar el progreso económico y social de la comunidad, para lo cual se declara de alto interés social la dedicación de las Tierras del Estado a los planes de reforma agraria (Art. 28).
Se propiciará la creación de cooperativas tanto rurales como urbanas, que tiendan a elevar, mediante el esfuerzo común, el nivel socioeconómico del conglomerado, pudiendo transformar las empresas del Estado en propiedades de cooperación o de economía cooperativista (Art. 28).
El magisterio queda erigido en función pública por su trascendencia social y los poderes públicos se hacen responsables de la elevación del nivel de vida de cada maestro, de proporcionarle los medios necesarios para el perfeccionamiento de sus conocimientos, así como de la tutela y salvaguarda de su dignidad (Art. 38).
Se ofrecerá especial protección a la mujer en estado de gestación, a la maternidad y al niño, estos últimos sin distinción (Art. 42 y Art. 43).
El Estado dictará medidas especiales para proteger la infancia y juventud (Art. 45).
Se reconoce una absoluta igualdad de derecho para los cónyuges, inclusive respecto del régimen económico (Art. 47).
El Estado velará por la conservación y protección de la salud del individuo y la sociedad, incluyendo los indigentes y carentes de recursos (Art. 50).
Es deber básico velar porque el pueblo disfrute de una alimentación nutritiva y abundante a bajo costo y en determinados casos, cuando la baja de los artículos necesarios se oponga al interés del Estado, este renunciará a sus beneficios y tributaciones en provecho de la salud del conglomerado (Art. 52 y Art. 53).
Libertad de creencia y de conciencia y libertad de profesión religiosa e ideológica (Art. 57).
Se reconoce el derecho de asociarse en partidos políticos y en asociaciones y sociedad, prohibiéndose aquellos o aquellas que se organicen sobre la base de privilegios y discriminaciones de clase, raza o posición social (Art. 67 y Art. 68).
No se puede coartar el derecho de análisis o crítica de preceptos legales (Art. 70).
La prensa no puede ser sometida a ninguna especie de coacción o censura (Art. 71).
Se reconoce a los subordinados el derecho de negarse a cumplir órdenes o disposiciones de sus superiores, contrarias a las garantías del Art. 76 que se refiere al daño a la integridad personal, la seguridad o la honra de una persona detenida (Art. 77).
Se declara legítima la resistencia encaminada a la protección de los derechos humanos consagrados, los cuales no excluyen otros de igual naturaleza o que sean una resultante de la soberanía del pueblo y del régimen democrático (Art. 81).
Se reconoce el derecho de ciudadanos y personas morales a dirigir peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público o particular (Art. 83).
La soberanía reside inminentemente en el pueblo (Art. 93).
Los dominicanos que invocaren gobiernos o fuerzas militares extrañas para la solución de disputas internas serán declarados violadores de la soberanía nacional (Art. 93).
Los Ayuntamientos son autónomos en el ejercicio de sus atribuciones (Art. 152).
Igualdad, participación social y política, autonomía municipal, prevalencia de lo comunitario, lo público y colectivo, prioridades para los excluidos o limitados, derecho a una vida de calidad, redistribución, iniciativas cooperativas y asociativas como economía participativa, resistencia a las actitudes y acciones que vulneran los derechos humanos, rechazo a la búsqueda de apoyo de poderes extranjeros de naturaleza intervencionista y agresora.
Estas temáticas del texto constitucional, acentuadas intencionalmente, todavía las discutimos y las reflexionamos hoy, y esas sugerencias para la armonía no las alcanzamos, no las concretizamos, no las hacemos realidad.
El 16 de junio de 1954 se firmó el Concordato entre la República Dominicana y la Santa Sede. En audiencia solemne, el Papa Pío XII recibió al generalísimo Trujillo en el Vaticano, para la firma del histórico documento.
Por la República Dominicana firmó el propio Trujillo, investido para la ocasión con el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial, representando al Presidente de la República, Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Por la Santa Sede firmó su Excelencia Reverendísima Monseñor Domenico Tardini, Pro Secretario de Estado del Vaticano para Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, en representación del Sumo Pontífice.
Luego, el primero de diciembre de 1955, la Asamblea Revisora de la Constitución, bajo la presidencia del licenciado Luis Julián Pérez, le otorgó carácter constitucional al Concordato, incluyéndolo como parte integral de la Carta Sustantiva. A tales efectos se introdujo en el Título Tercero de la Constitución el Régimen Concordatorio.
El artículo correspondiente rezaba de la siguiente manera: "Artículo 11. Las relaciones de la Iglesia y el Estado están reguladas por el Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana, en conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la República Dominicana".
El Concordato garantizaría a partir de entonces, entre otras cosas, todo lo relativo al régimen de propiedades muebles e inmuebles de la iglesia. La construcción de nuevos templos por parte del gobierno dominicano. La exención de todo tipo de impuestos a las actividades eclesiásticas. El otorgamiento de subvenciones mensuales por parte del gobierno para cubrir gastos administrativos de las diócesis y parroquias pobres. Reconocimiento de plenos efectos civiles a los matrimonios efectuados por la Iglesia.
Un aspecto esencial del Concordato era que oficializaba y hacía obligatoria la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas.
El artículo 22 del Concordato establecía lo siguiente:
1. "La enseñanza suministrada por el Estado en las escuelas públicas estará orientada por los principios de la doctrina y de la moral católica".
2. "En todas las escuelas públicas primarias y secundarias se dará enseñanza de la religión y moral católica, según programas fijados de común acuerdo con la competente autoridad eclesiástica a los alumnos cuyo padres, o quienes hagan sus veces, no pidan por escrito que sean exentos".
Juan Bosch ganó las elecciones de diciembre 1962 y dispuso la redacción de una nueva Constitución en la que se suprimió todo lo relativo al Concordato.
En su libro "Crisis de la democracia de América en la República Dominicana", Bosch relata con detalles los acontecimientos que se sucedieron entonces. Dice que el Nuncio Apostólico, monseñor Clarizio, se presentó a verlo para reclamarle que se incluyera en la nueva Constitución el artículo referente al Concordato. Bosch le contestó que él como Jefe de Estado no tenía autoridad legal para hacer eso, y que se dirigiera al presidente de la Asamblea Revisora, Rafael Molina Ureña, para hacer ese pedimento.
El tema del Concordato quedó, pues, excluido de la nueva Constitución, y cuando ésta fue promulgada el 29 de abril de 1963, la Iglesia no envió ningún representante a los actos oficiales de la proclamación.
En cuanto a la educación, el artículo 37 de la nueva Constitución establecía lo siguiente: "Se garantiza la libertad de enseñanza y se proclama la ciencia como fundamento básico de la educación".
¿Acaso pensó la jerarquía eclesiástica que el gobierno de Juan Bosch pretendería establecer un sistema de educación pública laica?
Cuando la Asamblea Revisora aprobaba la nueva Constitución, los alumnos de los colegios católicos fuimos llevados por nuestros profesores sacerdotes al Congreso Nacional, y allí montamos un piquete y apedreamos el edificio.
Más tarde vinieron los mítines de reafirmación cristiana, y finalmente se produjo el golpe de Estado.
Tal vez la Constitución de 1963 se adelantó a su tiempo. El atraso social y el poco desarrollo político de la nación, la hicieron incapaz de asimilarla.
Hoy, cuarenta y cuatro años después, la Iglesia ha montado un nuevo piquete ante el Congreso Nacional, esta vez para exigir a los diputados y senadores que no se despenalice el aborto en los casos de violación, incesto o peligro real para la vida de la madre.
Y hoy, 44 años después, los senadores del Partido de la Liberación Dominicana han acudido ante la máxima autoridad eclesiástica, para testimoniar de viva voz que ellos no votarán por la despenalización del aborto en los tres casos de excepción mencionados.
En cualquier circunstancia el aborto siempre será un trance difícil para la mujer. Pero al catalogarlo como delito criminal aún en los casos de incesto, violación o peligro real para la vida de la madre, cuando una mujer de escasos recursos se vea en la triste realidad de tener que afrontarlo por alguna de estas tres causas, no podrá ampararse en el sistema de salud pública o de seguridad social para llevarlo a cabo, y tendrá que acudir entonces a la clandestinidad con el más alto riesgo para su salud y su vida.
V. CONSTITUCIÓN DOMINICANA DEL AÑO 2010.
El VI confirma al Consejo Nacional de la Magistratura y le asigna las nuevas facultades de los nombramientos del Tribunal Constitucional ( Título VII) y Tribunal Superior Electoral ( Título X).
Además, se consagró la Defensa Pública y la asistencia legal gratuita, como órgano del sistema de justicia para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa.
Nuevos organismos.
A) Aumentan Numero Diputados
La Asamblea Nacional Revisora aumentó el número de diputados al aprobar la elección de siete legisladores de ultramar y cinco a nivel nacional por acumulación de votos. La actual matrícula de la Cámara de Diputados es de 178 miembros y con estos doce sumarían 190.
Pérdida de investidura. Las y los legisladores deben asistir a las sesiones de las legislaturas y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la forma y términos que definan los reglamentos internos de la Cámara correspondiente.
Quienes incumplan lo anterior, perderán su investidura, previo juicio político de acuerdo con las normas instituidas por esta Constitución y el reglamento y no podrán optar por una posición en el Congreso Nacional dentro de los diez años siguientes a su destitución.
Disposición transitoria. Las disposiciones relativas a la pérdida de investidura de las y los legisladores entrarán en vigencia a partir del 16 de agosto del año 2010.
Al continuar con el conocimiento del proyecto de reforma, los asambleístas aprobaron temas como el estatuto de la función pública, la composición de la Poder Legislativo, y las disposiciones comunes a ambas cámaras legislativas.
C) Nepotismo y corrupción
La Asamblea estableció consagrar en la Constitución el castigo contra el nepotismo y la corrupción en el Estado, al establecer sanciones contra los funcionarios que proporcionen ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.
Además, aprobó un segundo artículo propuesto por el vicepresidente de la Asamblea, Julio César Valentín, que dice: “ninguna institución pública o autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios de sus directivos o incumbentes, sino para un período posterior al que fueron designados”.
Al conocer el estatuto de la función pública, la Asamblea resolutó que es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente.
La Asamblea aprobó que las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, son libres e independientes en la toma de decisiones en los asuntos sometidos a su aprobación, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas”.
D) Consejo Nacional de la Magistratura
Fue aprobado otorgarle al Partido Revolucionario Dominicano dos integrantes al Consejo de la Magistratura, que serían el senador y el diputado diferente del partido de los presidentes de esos organismos y que ostente la segunda mayoría.
El Consejo Nacional de la Magistratura estará integrado por:
1) El Presidente de la República; quien lo presidirá y en su ausencia el Vicepresidente de la República;
3) Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al partido del Presidente del Senado y que ostente la segunda mayoría;
5) Un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca a un partido diferente al partido del Presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la segunda mayoría;
Convocatoria, quórum y votación requerida: El Consejo Nacional de la Magistratura será convocado por el Presidente de la República, de oficio, a propuesta del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, o de al menos cuatro de sus integrantes. El quórum se validará con cinco miembros de su matrícula y sus decisiones se adoptarán por las dos terceras partes de los miembros presentes.
E) Cámara de Cuentas
La Asamblea Revisora aprobó que sea la Cámara de Diputados la que someta al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. También aprobó las causas que provocarían que los legisladores pierdan su investidura, pero esta última prerrogativa entrará en vigencia a partir del 16 de agosto de 2010.
Dentro de las atribuciones del Senado figura la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.
F) Poder Judicial
La Asamblea Revisora aprobó en el texto de la nueva Constitución la edad de 75 años para el retiro o jubilación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Los asambleístas dejaron a la ley que rige esa materia establecer la edad de retiro de los demás jueces y personal administrativo. Igualmente ratificó la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del Poder Judicial.
G) El polémico artículo 30
Con la presencia de organizaciones religiosas y de entidades feministas en las gradas de la Asamblea, los legisladores aprobaron en segunda lectura el artículo 30 de la reforma constitucional que establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte y que en ningún caso se podrá aplicar la pena de muerte.
Las organizaciones religiosas defendían que quedara tal y como fue aprobado en la primera lectura, mientras que las entidades feministas y especialistas de la medicina abogaban para que fuera modificado en esta segunda lectura de la Carta Magna.
Mientras que el presidente de la Asamblea Revisora, Reinaldo Pared Pérez, consideró que lo más sabio que pudo hacer el presidente Leonel Fernández fue dejar en libertad a los asambleístas del PLD para votar por el artículo 30 de la Constitución.
Tras su aprobación en segunda lectura, el artículo 30 pasó a ser el número 38 de la nueva Constitución de la República.
La Asamblea Revisora modificó el párrafo del artículo 69, sancionado en una sesión anterior y que estableció el acceso de los ciudadanos a las playas, costas, ríos, lagos y lagunas, rechazando la propuesta de su disfrute, "sin perjuicio de la propiedad privada".
Tras ser votado en segunda lectura, el vocero de los asambleístas del Partido de la Liberación Dominicana, Francis Vargas, presentó una nueva propuesta consensuada con los Partidos de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano que incluye el derecho a la propiedad privada.
El nuevo párrafo del artículo 69 expresa lo siguiente: "Las cuentas altas de los ríos y la zona de biodiversidad endémica, nativa y migratoria son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación.
Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el derecho a la propiedad privada. La ley regulará las condiciones, normas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas".
Esta modificación fue sancionada con 140 votos a favor y 25 en contra, con lo que la Asamblea desechó lo sancionado en segunda lectura que expresaba "Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación.
Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas".
Los asambleístas sancionaron disposiciones generales y transitorias, como la que regirá el Consejo del Poder Judicial, el cual establece que “deberá crearse dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente Constitución” y que el creado Tribunal Constitucional, “deberá crearse dentro de los doce meses de la entrada en vigencia la nueva Carta Magna”.
Constitución de 1963: Derecho del trabajador de participación en los beneficios de la empresa, Derecho a la organización sindical, Repartición de tierras al campesinado que ponerla a producir y Prohibición del minifundio y latifundio. Para ser Presidente de la República se establece como requisito: ser dominicano de nacimiento u origen y tener 30 años de edad. El período presidencial es de 4 años. Se prohibió la reelección presidencial.
Constitución del 2010: Tiene un Preámbulo, reformuló la noción de ciudadanía, para ser Presidente de la República, se reproducen los requisitos de la Constitución de 1966. Además el aspirante debe estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. El período presidencial es de 4 años. No podrá ser electo para el período constitucional siguiente. Se crea el Consejo de Ministros, Se cambia el nombre de las Secretarias de Estado por Ministerios, los Síndicos por Alcaldes, se incorpora el Referendo aprobatorio, se crea el Tribunal Constitucional, el consejo del poder Judicial, el Consejo Superior Del Ministerio Público, amplia las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura, incorpora la Escuela Nacional de la Judicatura, La Jurisdicción Contencioso Administrativa, el Tribunal Superior Electoral, se incorpora La Representación ante los parlamentos internacionales, el Habeas Data, el Habeas corpus, el amparo. se unifica la celebración de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales, con la distinción de fechas de celebración; instituye el principio de responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios.
Esta constitución del año 1963, en cuanto a la doble nacionalidad y la aspiración a la presidencia de la república, no establecía requisitos para los nacidos en el extranjero de origen dominicano, como el de residir en el país durante 10 años, en esa constitución todos los dominicanos de origen eran iguales, a diferencia de la Constitucion del año 2010, que para esta los dominicanos que poseen doble nacionalidad le exige ese requisito.
La Constitución es conocida como la madre de todas las leyes, en ella se detalla claramente cada uno de los preceptos y/o elementos que componen a una nación libre e independiente, sobre la nacionalidad etc.
Por ejemplo empezando por el que establece la inviolabilidad a la vida, muchísimas veces no se lleva a cabalidad, si bien una persona no debe ser privado de su libertad ni debe ser torturado ni sometido a vejámenes que atenten contra su integridad física o de su salud. Entonces vemos como los encargados de poner el orden y hacer respetar las leyes son los primeros que la violan entiéndase los policías que siempre en su mayoría maltratan a los detenidos violando sus derechos.
Sobre la seguridad individual el artículo 8 dice que nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente, salvo el caso de flagrante delito. No obstante a eso cuando a altas horas de la noche miembros del cuerpo del orden apresan a las personas muchas veces menores de edad, y sin ninguna orden judicial como debe ser, se ve francamente la violación a los derechos del ciudadano.
El numeral 5 señala que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica.
De este derecho se puede decir que ciertamente a personas de muchos recursos infinidades de veces se les trata con privilegios ejemplo de esto, vemos como a un funcionario bancario que desfalca un banco por una gran cantidad de dinero que desestabilizó totalmente la economía del país, a este malhechor se le envía a prisión preventiva a una cárcel considerada de ricos con todas las prerrogativas por haber.
Sin embargo a uno que delinque al robarse una gallina o un salami en un colmado a este le toca cumplir una condena quizás de hasta 20 o 30 años, entonces con esto se deja desvelada la falta de equidad, que contrasta con el dicho de que la justicia es igual para todos.
Esta función nunca se ha cumplido ya que miles de niños, niñas y adolescentes andan por las calles sufriendo hambre, enfermedades, ect. Fruto de la falta de apoyo gubernamental en las políticas que contribuyan a evitar esto.
Finalmente se puede decir que todos los derechos del ciudadano establecidos en la constitución dominicana en su mayor porcentaje nunca se cumplen quizás por falta de conciencia de los funcionarios o porque ninguno de estos se ha dignado a hacer cumplir la Constitución Dominicana.
1. Amaro Guzmán, Raymundo. CONSTITUCIÓN Y REFORMAS CONSTITUCIONALES. Vol. III. Constitución del 29 de Abril de 1963. Pág. 477 y siguientes.
2. Real Academia Española. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Págs. 2215 y 2216. 22 Edición. Impresión Matéu-Cromo. Ed. Espasa Calpe. 2001.
3. Rodríguez Demorizi, Emilio. ACTOS Y DOCTRINA DEL GOBIERNO DE LA RESTAURACIÓN. Pág. 120. Ed. El Caribe. 1963.
4. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, Viena, 23 de mayo de 1969.
5. Constituciones Políticas de América Latina. Vol. I. Publicaciones ONAP. 1ra. edición. 1997.
6. Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010.