Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-880-14.htm
Timestamp: 2017-10-20 06:58:26
Document Index: 268918884

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 123', 'artículo 121', 'artículo 235', 'artículo 184', 'artículo 347', 'artículo 184', 'artículo 347', 'artículo 347', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 123', 'artículo 235', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 184', 'artículo 184', 'Artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 347', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 5', 'artículo 184', 'Artículo 180', 'artículo 205', 'Artículo 42', 'artículo 77', 'artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 11', 'Artículo 333']

C-880-14
Sentencia C-880/14
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Selección en el trámite del recurso de casación
La Sala advierte que la norma demandada que incorpora las finalidades de la casación como parámetro de selección de dichos recursos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no vulnera el derecho a la dignidad humana (artículo 1) a la igualdad (artículo 13), el respeto al debido proceso (artículo 29) y la limitación de la función pública (artículo 123) consagrados en la Constitución. Este artículo es el resultado de un ejercicio razonable de la libertad de configuración legislativa del Congreso. Los fines de la casación, en el nuevo régimen constitucional, son una garantía sustancial para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, se justifica la diferencia entre las peticiones de los ciudadanos que cumplen con los requisitos de admisión y las que no lo hacen. Por lo demás, se advierte que con el cumplimiento de alguna de las finalidades bastaría para la admisión del recurso por lo que cualquier caso donde se hayan vulnerado los derechos fundamentales de un ciudadano tendrá que ser revisado en sede de casación por la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, la introducción de un mecanismo de insistencia en dicho proceso es parte del ejercicio razonable de la libertad de configuración legislativa y el desarrollo de reglas de procedimiento para ejercerlo a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hace parte de la autonomía judicial reconocida constitucionalmente a esa Corporación a partir de la cláusula general de competencias del artículo 121 de la Constitución y las competencias que tiene dicho Tribunal como cabeza de la jurisdicción ordinaria de acuerdo a los artículo 235.6 y 235.7 de la Carta.
COSA JUZGADA MATERIAL-Alcance/COSA JUZGADA-Tipos/COSA JUZGADA ABSOLUTA-Características/COSA JUZGADA RELATIVA-Características/COSA JUZGADA FORMAL-Definición/COSA JUZGADA MATERIAL-Definición
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Reglas para su procedencia
PRINCIPIO PRO ACTIONE Y REGLAS DE INTEGRACION NORMATIVA-Aplicación
FINALIDADES DEL RECURSO DE CASACION-Jurisprudencia constitucional
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-No puede considerarse como una tercera instancia/RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Importancia
CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PENAL-Alcance/RECURSO DE CASACION-Constitucionalización a través de la prevalencia del derecho sustancial para proteger la efectividad material de los derechos fundamentales de las personas
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Etapas
TEST DE IGUALDAD-Niveles de intensidad/JUICIO DE IGUALDAD-Criterios sospechosos/JUICIO ESTRICTO DE IGUALDAD-Acciones afirmativas/JUICIO DE PROPORCIONALIDAD Y TEST DE IGUALDAD-Complementariedad
DEMANDA DE CASACION-No obstante los errores de técnica argumental que en ella evidencian, se reconoce la facultad de la Corte Suprema de Justicia para que pueda atacar la sentencia que haya vulnerado de manera evidente un derecho fundamental
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL PENAL Y CIVIL-Jurisprudencia constitucional
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS-Alcance
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS-Proceso de selección y mecanismo de insistencia en casación
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Competencia para definir la política criminal
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Estándar de finalidades y criterio de identidad de hecho que se incorporan a los procesos de selección de casación no constituye un abuso de la libertad de configuración legislativa
Para la Corte el estándar de finalidades y el criterio de identidad de hecho, que incorporan los artículos 184 de la Ley 906 de 2004 y 347 del Código General del Proceso a los procesos de selección de casación no constituye un abuso de la libertad de configuración legislativa por lo que tampoco se puede predicar que las mismas vulneran el derecho al debido proceso, a la dignidad humana y los límites de la función pública.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN REGULACION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Reiteración de regla jurisprudencial
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 184 -parcial- de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” y 347 -parcial- de la Ley 1564 de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40 y 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Edgar Saavedra Rojas, Javier Mauricio Hidalgo y Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha presentaron ante este tribunal una demanda de inconstitucionalidad contra un aparte del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” y el numeral 1º del artículo 347 de la Ley 1564 de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Los actores demandan las expresiones “que admite recurso de insistencia”, “o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso” y “sin embargo, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo” del artículo 184 de la Ley 906 y el numeral 1º del artículo 347 del Código General del Proceso[1].
Sin embargo, antes de precisar los cargos invocados por los accionantes[2] en su extensa demanda de inconstitucionalidad, es importante señalar que las normas acusadas -tanto de la Ley 906 de 2004 como de la Ley 1564 de 2012- se refieren a los procesos de selección de los recursos de casación que se presentan ante la Sala Penal y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Así, los demandantes proponen en su escrito lo que se puede identificar como un cargo particular contra el artículo 347.1 de la Ley 1564 de 2012 y cinco cargos comunes contras los apartes señalados de las “dos normas” parcialmente demandadas. Para mayor claridad, se procederá a resumir el cargo particular contra la regla de selección del Código General del Proceso de manera inicial y luego se resumirán los cargos que guardan relación con las dos normas y que son comunes a ambas.
En este punto, nuevamente los actores invocan la discrecionalidad que supuestamente amparan las normas demandadas como una violación al principio de legalidad. Afirman que “al equiparar el umbral argumentativo de la casación en la Ley 906 de 2004 al que existía en legislaciones anteriores para figuras como la casación excepcional o discrecional, se dificulta, y en gran medida el acceso al recurso extraordinario porque (…) una reflexión de esta naturaleza se erigiría como un verdadero prejuzgamiento de los llamados a administrar justicia”.
Para los actores, las normas demandadas vulneran los artículos 122 y 123 de la Constitución, en la medida en que el mecanismo de insistencia del que habla el artículo 184 de la Ley 906 de 2004 fue reglamentado por la Corte Suprema de Justicia a través de un auto de la Sala Penal[11] y no a través de un decreto o una ley. Esto, en criterio de los demandantes, excede lo que denominan “facultades reglamentarias de los jueces”, pues se trata de funciones públicas trascendentales del Estado por lo que deben ser reguladas a través de los mecanismos normativos adecuados.
El Director del Observatorio de Derecho Constitucional de dicha Universidad, presentó una solicitud coadyuvando la petición de los demandantes de que se declare la INEXEQUIBILIDAD de las disposiciones normativas acusadas. Después de realizar algunas consideraciones generales sobre los principios de independencia judicial y el recurso efectivo, describe como “tragedia” la actualidad del recurso de casación. Justifica su afirmación indicando que la Corte Suprema de Justicia inadmite con frecuencia -a través de autos interlocutorios- los recursos de casación que se redactan con toda la rigurosidad exigida, mientras que admite otros que no cumplen con, ni siquiera, los requisitos mínimos de un recurso ordinario.
Mediante el concepto 5800 del 16 de julio de 2014, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión “identidad esencial del caso con la jurisprudencia reiterada de la Corte” y la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “algunas” del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
De esta manera, el recurso debe ser un instrumento eficaz para garantizar dicho acceso y las finalidades deben ser interpretadas de manera garantista. En consecuencia -y teniendo en cuenta que las normas que regulan los fines de la casación en la Ley 906 de 2004 y el Código General el Proceso no disponen una graduación o estratificación de los mismos- solicita que la expresión “identidad esencial del caso con la jurisprudencia reiterada de la Corte” sea declarada constitucional, bajo el entendido de que dicha causal sólo se configura cuando la sentencia recurrida en casación ha resuelto el caso en el mismo sentido de la jurisprudencia reiterada. Del mismo modo, considera que la expresión “algunas” del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal resulta inconstitucional, pues permitiría que la Corte Suprema de Justicia negara el acceso ciudadano a la administración de justicia de manera caprichosa pues no sería claro cuál principio -o cuántos- sería el que debería cumplir la petición de los ciudadanos, de los cuatro que reconoce la norma, para acceder al recurso extraordinario. Por eso, según la Procuraduría, para garantizar los derechos sustanciales de las personas el cumplimiento de una sola finalidad es suficiente para habilitar la labor del Tribunal de Casación.
“por vía de jurisprudencia se han establecido diferencias claras entre lo que se entiende por cosa juzgada absoluta y por cosa juzgada relativa, y entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material”[19].
“Así, ha dicho la Corporación que se presenta la cosa juzgada absoluta ‘cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional.’ En oposición a lo anterior, considera la jurisprudencia que existe cosa juzgada relativa cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro ‘se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado.’ Respecto a la cosa juzgada relativa, se ha afirmado igualmente que ésta puede ser explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita cuando tal hecho tiene ocurrencia en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de la providencia, sin que se exprese en el resuelve” (resaltado fuera de texto original)[20].
“Cuando se trata de aplicar dicho mecanismo judicial a materias tan delicadas como el recurso de casación en materia penal, es indispensable realizar un examen riguroso de las condiciones en las que la ley pretende alentar el respeto a los precedentes, pues las decisiones que toma el juez, en ejercicio legítimo del ius puniendi que se le reconoce al Estado, se traducen en una limitación concreta de los derechos y libertades del procesado que resulta condenado, que hace necesario velar por el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales que consagran el debido proceso y la supremacía de la justicia material en todos los procesos judiciales. En aras de una noción eficientista de la actividad judicial y con el propósito de descongestionar el tribunal de casación en materia penal, se están sacrificando derechos de las personas que defienden sus intereses en el proceso de casación, pues en los casos de respuesta inmediata se pretermite la necesidad de motivar la sentencia u observar rigurosamente las formas propias de cada juicio; por esta vía se hacen nugatorios, tanto el derecho al debido proceso consagrado por la Constitución, como la aspiración, connatural a la labor de adjudicación, de contribuir a la realización de la justicia material en cada uno de los casos que se somete ante el juez” (resaltado fuera del texto).
12. Frente al caso específico del mecanismo de insistencia, es preciso señalar que en su escrito de demanda los actores no acusan la expresión “que admite recurso de insistencia” del artículo 184 de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, en aplicación del principio pro actione y de las reglas de la integración normativa que la Corte ha utilizado en diferentes momentos en casos similares[26], la Corporación puede advertir que la intención de los demandantes -a pesar de no haberlo hecho explícito en la presentación de su demanda- también era generar una duda sobre la constitucionalidad de ese mecanismo. Por lo tanto, para efectos de esta sentencia es necesario establecer si la demanda también presentó cargos de inconstitucionalidad sobre dicha expresión.
“En principio la acción de inconstitucionalidad fue concebida como un mecanismo de participación en virtud del cual todo ciudadano puede acudir ante la Corte Constitucional, para solicitar que mediante una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, la norma demandada sea excluida del ordenamiento jurídico debido a la contradicción entre ésta y el texto de la Carta Política. Se trata, entonces, de un instrumento que combina el ejercicio de los derechos políticos (C. Po art. 40), con los beneficios derivados del control al poder ejercido por el legislador”[27] (resaltado fuera del texto).
“La claridad de la demanda implica que el actor tiene el deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se basa. A su vez, que las razones que sustentan el concepto de la violación sean ciertas quiere decir que la demanda debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente ‘y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita’ e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Por otra lado, para que las razones sean específicas se requiere que definan con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través ‘de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada’. La pertinencia, por su parte, se refiere a las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad deben ser de naturaleza constitucional, sin que sean aceptables las consideraciones puramente legales o doctrinarias, o las que se derivan de una indebida aplicación de la disposición acusada en un caso específico, o en fin las que tocan con aspectos de mera conveniencia. Finalmente, el requisito de suficiencia, tiene que ver con la necesidad de que el actor presente los argumentos y elementos probatorios que sustentan su demanda, de manera tal que, ‘...aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional” (resaltado fuera del texto)[28].
“Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo” (resaltado fuera del texto)[29].
19. En el presente caso los demandantes -y dos de los intervinientes- alegan que la facultad que el artículo 184 de la Ley 906 de 2004 le otorga a los jueces de casación penal para rechazar o seleccionar los recursos extraordinarios con base en un juicio sobre las finalidades de la casación y el mecanismo de insistencia que crea dicha norma, vulneran los derechos a la igualdad -artículo 13- y al debido proceso -artículo 29- y los límites a la administración pública -artículo 123- señalados en la Constitución. Por otra parte, el Procurador considera que la norma es constitucional salvo la expresión “algunas” del mismo artículo, que debe ser declarada inconstitucional, pues de lo contrario se permitiría que la Corte Suprema de Justicia negara el acceso ciudadano a la administración de justicia de manera caprichosa, como quiera que no sería claro cuál principio -o cuántos- debería cumplir la petición de los ciudadanos, de los cuatro que reconoce la norma, para acceder al recurso extraordinario descrito. Los demás intervinientes consideran que la norma debe ser declarada exequible, en tanto que constituye una manifestación de la facultad que otorga la libertad de configuración legislativa y no vulneran el debido proceso, pues las decisiones de selección deben ser debidamente motivadas y pueden ser controlados mediante otros recursos ordinarios o el mecanismo de insistencia. Por lo tanto, el primer problema jurídico que le corresponde a la Corte resolver es el siguiente:
22. El artículo 235 de la Constitución preservó el instituto de la casación y le otorgó a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer del mismo. Por tener un carácter constitucional, este Tribunal ha reconocido que no se trata de un concepto neutral que pueda ser alterado por el Legislador a su antojo. En otras palabras, “el rango constitucional de la casación implica igualmente que el legislador no tiene plena libertad para organizar el alcance de este recurso, por lo cual (…) no puede regular de cualquier manera las funciones de la Corte Suprema como Tribunal de Casación”[31].
23. Sobre las finalidades del recurso[32], la jurisprudencia constitucional ha señalado que este tiene “el fin primordial de unificar la jurisprudencia nacional, promover la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos, reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida y, adicionalmente, en el Estado Social de Derecho, velar por la realización del ordenamiento constitucional –no solamente legal- y, en consecuencia, por la realización de los derechos fundamentales de los asociados”[33].
“La casación no es una tercera instancia para enmendar cualquier yerro ocurrido en las instancias, sino un recurso extraordinario que pretende lograr la mayor coherencia posible del sistema legal, al lograr el respeto del derecho objetivo y una mayor uniformidad en la interpretación de las leyes por los funcionarios judiciales” (resaltado fuera del texto)[35].
La previsión de recursos extraordinarios, como ocurre con los recursos extraordinarios de casación o de revisión, o de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, no satisface las exigencias del referido derecho, habida cuenta de que la procedencia de estos medios de impugnación tiene claros límites materiales establecidos en la propia legislación, por lo que no es posible hacer uso de los mismos para controvertir toda sentencia condenatoria en los eventos planteados, y porque, además, las facultades de los operadores jurídicos en esos eventos se orientan, no a revisar integralmente el caso, sino a evaluar la decisión judicial a la luz de cierto repertorio cerrado de falencias o déficits del mismo, o de la aparición de nuevos elementos que no fueron tenidos en cuenta en la decisión judicial objeto de revisión” (resaltado fuera del texto)[36].
“Así, ha habido una constitucionalización del derecho penal porque tanto en materia sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados - particularmente en el campo de los derechos fundamentales - que inciden de manera significativa en el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa entonces que el Legislador no tiene una discrecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar los derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como el fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius puniendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas” (resaltado fuera de texto)[37].
“El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes”(resaltado fuera del texto)[40].
(el test de igualdad) se funda en la existencia de distintos niveles de intensidad en los “escrutinios” o “tests” de igualdad (estrictos, intermedios o suaves). Así, cuando el test es estricto, el trato diferente debe constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso, mientras que si el test es flexible o de mera razonabilidad, basta con que la medida sea potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento.
En el escrutinio débil o suave, para que una norma sea declarada constitucional basta con que el trato diferente que se examina sea una medida “potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico”[42]. Por lo tanto, en este tipo de test se constata que: “i) el trato diferente tenga un objetivo legítimo; y ii) que dicho trato sea potencialmente adecuado para alcanzarlo. En este sentido, un tratamiento desigual es inconstitucional si su objetivo está explícitamente proscrito por la Constitución o si es el medio es manifiestamente inadecuado para alcanzado un fin constitucional”[43].
Por otra parte, el escrutinio estricto se aplica cuando una diferenciación se fundamenta en lo que la doctrina constitucional ha denominado “criterios sospechosos” que no son otra cosa que causas de discriminación prohibidas explícitamente por la Constitución[44] o que : “i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia, a riesgo de perder su identidad; ii) son características que han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; iii) no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas sociales”[45].
Por último, el juicio intermedio es una categoría que se sitúa entre los dos niveles de intensidad anteriormente descritos. Se aplica en los casos en que existen normas basadas en criterios sospechosos pero con el fin de favorecer a grupos históricamente desfavorecidas. Se trata de casos donde se aplica lo que la doctrina ha denominado “acciones afirmativas”[46] donde, por ejemplo, se utiliza un criterio de género o raza para promover el acceso de la mujer a la política o de las minorías étnicas a la educación superior. Como el criterio sospechoso no promueve una diferenciación sino que intenta reducir la brecha entre dos o más comunidades la Corte Constitucional ha entendido que “es legítimo aquel trato diferente que está ligado de manera sustantiva con la obtención de una finalidad constitucionalmente importante”[47] y que sobre estas medidas debe aplicarse un escrutinio intermedio que determine: “i) sí la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental; ii) sí existe un indicio de arbitrariedad que puede resultar sumamente gravosa para la libre competencia; y iii) que entre dicho trato y el objetivo que persigue exista una relación de idoneidad sustantiva”[48].
La complementariedad entre el juicio de proporcionalidad y los tests de igualdad, así como sus fortalezas y debilidades relativas, han llevado a la doctrina, con criterios que esta Corte prohija, a señalar la conveniencia de adoptar un “juicio integrado” de igualdad, que aproveche lo mejor de las dos metodologías. Así, este juicio o test integrado intentaría utilizar las ventajas analíticas de la prueba de proporcionalidad, por lo cual llevaría a cabo los distintos pasos propuestos por ese tipo de examen: adecuación, indispensabilidad y proporcionalidad stricto senso. Sin embargo, y a diferencia del análisis de proporcionalidad europeo, la práctica constitucional indica que no es apropiado que el escrutinio judicial sea adelantado con el mismo rigor en todos los casos, por lo cual, según la naturaleza de la regulación estudiada, conviene que la Corte proceda a graduar en intensidad cada uno de los distintos pasos del juicio de proporcionalidad, retomando así las ventajas de los tests estadounidenses. Así por ejemplo, si el juez concluye que, por la naturaleza del caso, el juicio de igualdad debe ser estricto, entonces el estudio de la “adecuación” deberá ser más riguroso, y no bastará que la medida tenga la virtud de materializar, así sea en forma parcial, el objetivo propuesto. Será necesario que ésta realmente sea útil para alcanzar propósitos constitucionales de cierta envergadura. Igualmente, el estudio de la “indispensabilidad” del trato diferente también puede ser graduado. Así, en los casos de escrutinio flexible, basta que la medida no sea manifiesta y groseramente innecesaria, mientras que en los juicios estrictos, la diferencia de trato debe ser necesaria e indispensable y, ante la presencia de restricciones menos gravosas, la limitación quedaría sin respaldo constitucional” (resaltado fuera del texto)[49].
“El principio constitucional de la igualdad y el derecho subjetivo de allí derivado -en la consagración que aparece en el artículo 13 de la Constitución Política- son los depositarios jurídicos de la vieja noción filosófica de justicia, según la cual los casos semejantes deben recibir el mismo tratamiento y los diferentes deben ser objeto de trato distinto. Esta fórmula carece de sentido si no se complementa con algún elemento de valoración que permita establecer una clasificación de lo igual y de lo desigual. Tal referente valorativo se conoce como "patrón de igualdad", el cual, una vez adoptado, excluye cualquier otro paradigma de valoración. Así, el hecho de que todos los casos X sean iguales respecto del patrón A no lleva a la conclusión de que también lo sean, por ejemplo, frente a Y (resaltado fuera del texto)[51]”.
32. En otras palabras, hablar de igualdad o desigualdad, siguiendo alguna variante de la fórmula clásica (como la contenida en el artículo 13 de la Constitución Política), tiene sentido sólo en la medida en que se respondan las siguientes tres preguntas: i) ¿Igualdad entre quiénes?; ii) ¿Igualdad en qué?; y iii) ¿Igualdad con base en qué criterio? Las dos primeras preguntas se pueden responder simplemente acudiendo a los argumentos de la demanda. Los ciudadanos sostienen que el artículo 184 ofrece un trato desigual entre los ciudadanos que presentan un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la oportunidad que tienen éstos para que su petición sea seleccionada por dicho Tribunal. En efecto señalan que la norma crea dos grupos de ciudadanos, los que presentan un recurso que cumple con los requisitos de forma pero no logran probar que su petición de selección busca cumplir alguno de los fines de la casación y los que presentan sin el cumplimento de los requisitos pero la Corte Suprema, en razón de la situación particular del peticionario o las características del proceso, puede seleccionar para revisión por considerar que se podrían vulnerar dichos fines.
El “test de razonabilidad” es una guía metodológica para dar respuesta a la tercera pregunta que debe hacerse en todo problema relacionado con el principio de igualdad ¿cuál es el criterio relevante para establecer un trato desigual? o, en otras palabras, ¿es razonable la justificación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual? (resaltado fuera del texto)[56].
34. De igual modo, se debe precisar cuáles son los resultados desiguales que los actores aducen que produce el artículo 184 de la Ley 906 de 2004. En ese sentido es necesario examinar si el objetivo que persigue la norma demandada -delimitar la manera en que la Corte Suprema selecciona los recursos de casación penal- se basa en una justificación razonable para explicar la aparente discriminación entre los ciudadanos que cumplen con los requisitos formales y los que no. Para eso, primero, es oportuno recordar que la Corte Constitucional ha reconocido que la finalidad del derecho procesal y de sus formas -en este caso el recurso de casación en materia penal- es la realización de los derechos que en abstracto reconoce el derecho objetivo, sin que se convierta en una excusa para desconocer las formas procesales, fundamentales para proteger la igualdad en la administración de justicia[57]. Bajo esta premisa la Corte Constitucional aceptó ya que los fines de la casación penal en el nuevo Código de Procedimiento Penal[58] son un criterio necesario para armonizar las nuevas realidades del recurso de casación penal en el nuevo sistema penal acusatorio –y que se desprenden, entre otras cosas, del sistema de valores y principios de la Constitución de 1991 y de la constitucionalización del derecho procesal- con sus formalidades históricas:
“Se impone precisar que la procedencia de la casación contra todas las sentencias proferidas en segunda instancia en procesos adelantados por delitos, se ha armonizado con el reconocimiento de una facultad de selección a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (Artículo 184, Ley 906 de 2004). En efecto, el Código de Procedimiento Penal permite que la Corte Suprema de Justicia no seleccione aquellas demandas de casación en las que el demandante carezca de interés, se prescinda de señalar la causal, no se desarrollen los cargos o cuando se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas finalidades del recurso. De esta forma se procura mantener un punto de equilibrio entre la procedencia del recurso contra todas las sentencias de segunda instancia, de tal manera que se asegure que los fines de la casación se realicen sin consideración a límites formales, pero, al mismo tiempo, se fijan unos parámetros que racionalizan el recurso” (resaltado fuera del texto)[59].
“La casación es un recurso extraordinario, con fundamento constitucional expreso, que tiene esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede confundírsela con una tercera instancia. Por ende, es razonable concluir que en materia de casación “la regla general es la improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos previstos en la ley”. Esto explica entonces que la ley, sin caer en formalismos innecesarios y excesivos, que sean contrarios a los propósitos de la casación, puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, hay una restricción al acceso a la justicia, por cuanto, reitera la Corte, para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias” (resaltado fuera del texto)[62] .
36. En ese sentido, en jurisprudencia posterior la Corte ha admitido que aunque los cambios que el nuevo orden constitucional introdujo en el recurso de casación -descritos en los fundamentos jurídicos 22 a 26 de esta sentencia- mantienen la especificidad del recurso y su función sistemática de unificación jurisprudencial también reconocen “la facultad para que la Corte Suprema de Justicia, cuando examine una demanda de casación, no obstante los errores de técnica argumental que en ella evidencia, pueda atacar la sentencia que haya vulnerado de manera evidente un derecho fundamental”[63].
“(El legislador), está sujeto al respeto por las normas de la Constitución Política y muy especialmente a asegurar la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales; y corresponde al Tribunal Constitucional evaluar el respeto de esos principios mediante análisis de razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones legislativas. Además de este panorama general sobre la cláusula general del Congreso, existen escenarios específicos en los que la Constitución prevé expresamente la necesidad de un desarrollo legislativo, o incluso establece reserva para el desarrollo de determinados temas, en cabeza del Legislador, lo que excluye la participación de otras autoridades en el desarrollo de esas materias. En esos espacios, el margen de acción del Legislador es aún más amplio, como lo ilustran especialmente los ámbitos penal (…) En la misma dirección, la Corporación ha explicado que corresponde al Legislador el desarrollo del debido proceso, mediante la definición legal de las normas que estructuran los procedimientos judiciales y administrativos, ámbito en el que le corresponde establecer su objeto, etapas, términos, recursos, y demás elementos propios de cada actuación” (resaltado fuera del texto)[69].
“Corresponde a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, determinar, dentro de los marcos de la Constitución Política, la orientación del Estado en estas materias. El ejercicio de dicha facultad genérica, tiene fundamento en la denominada cláusula general de competencia según la cual corresponde al órgano legislativo “hacer las leyes”, lo que a su vez comporta la posibilidad de interpretarlas, modificarlas y derogarlas. (C.P., art. 150 y 114). Específicamente, en relación con las normas del Código penal, el Congreso de la República tiene una facultad expresa y específica de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. De acuerdo al principio democrático la definición de cuáles comportamientos son delictivos debe ser hecha por los representantes del pueblo. Por ello, tal y como lo ha señalado la doctrina y lo ha reconocido esta Corte, el principio de legalidad se encuentra vinculado a otro principio, que es la “representación popular en la definición de las políticas criminales”, en virtud de la cual “sólo los órganos de representación popular y origen democrático pueden definir conductas delictivas” (…) Por consiguiente, en ejercicio de la potestad de configuración normativa, el legislador puede adoptar - entre otras decisiones- las de criminalizar o despenalizar conductas, atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones, regular las etapas propias del procedimiento penal, reconocer o negar beneficios procesales, establecer o no la procedencia de recursos, designar las formas de vinculación, regular las condiciones de acceso al trámite judicial de los distintos sujetos procesales, etc. Sin embargo, como se dijo anteriormente, el alcance de dicha regulación no puede comprometer la integridad de los valores, principios y derechos establecidos por la Constitución” (resaltado fuera del texto).
“En virtud de la cláusula general de competencia (Art. 150-2), el legislador está ampliamente facultado para regular y fijar en forma exclusiva los procedimientos judiciales, su acceso, etapas, características, formas, plazos y términos, al igual que deberes y cargas procesales, limitado tan solo por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales” (resaltado fuera del texto).
“al concebir el recurso extraordinario de casación como un control constitucional y legal, se está evidenciando que la legitimidad de la sentencia debe determinarse no sólo a partir de disposiciones legales sustanciales y procesales, sino también respecto de normas constitucionales en tanto parámetros de validez de aquellas. Y esto, en la estructura y dinámica de las democracias constitucionales, es comprensible pues de la misma manera como la legitimidad de la ley, incluida, desde luego, la ley penal, no se infiere de sí misma sino de su compatibilidad con el Texto Fundamental; así también, la legitimidad de las sentencias judiciales debe soportarse tanto en la ley como en el ámbito de validez de ésta”[77].
51. Del mismo modo, la Corte considera que la solicitud de inexequiblidad parcial hecha por la Procuraduría resulta improcedente. Esto, ya que el alcance que le da a la expresión “algunas” no tiene la consecuencia normativa que señala. Dicha expresión no implica que el juez de casación pueda desarrollar una suerte de jerarquía de los fines del recurso sino que el demandante debe acreditar que por lo menos uno de ellos se cumple para justificar la selección de su caso. No se trata entonces de una regla restrictiva sino que es una norma que claramente señala las cargas de argumentación en cabeza del peticionario.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE las expresiones “que admite recurso de insistencia”, “o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso” y “Sin embargo, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo” contenidas en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el numeral primero del artículo 347 de la Ley 1564 de 2012.
INADMISION DE DEMANDA DE CASACION CON REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD-Facultad Supone un sacrificio desproporcionado del derecho de acceder a la administración de justicia (Salvamento parcial de voto)
DEMANDA DE CASACION CON REQUISITOS GENERALES DE ADMISIBILIDAD-No cabe aducir “estándar de finalidad”, ni prevalencia del derecho sustancial, como razones para justificar su no selección (Salvamento parcial de voto)
Los argumentos presentados en la sentencia en relación con el llamado “estándar de finalidad”, son válidos para fundamentar la constitucionalidad de la facultad que el inciso 3º del artículo 184 confiere a la Corte Suprema para seleccionar demandas y subsanar sus defectos, allí donde esto sea necesario “atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos e índole de la controversia planteada”. Sin embargo, estimo que no cabe aducir este mismo estándar de finalidad, ni la prevalencia del derecho sustancial, como razones para justificar la no selección de una demanda de casación que haya cumplido con los requisitos generales de admisibilidad. La prevalencia del derecho sustancial puede operar como una razón para que un recurso que no ha satisfecho criterios formales sea, no obstante, admitido para efectos de proferir una decisión de fondo en un caso que lo amerita, pero en modo alguno serviría como argumento para no seleccionar un recurso de casación bien fundamentado, simplemente porque con el mismo no se satisfacen los fines de la casación.
DERECHO SUSTANTIVO-Tensión entre dos dimensiones diferentes que deben ser igualmente protegidas a través del recurso de casación (Salvamento parcial de voto)
Lo que está en juego en estos casos no es un conflicto entre sustancia y procedimiento, como se expresa en la sentencia, sino una tensión entre dos dimensiones diferentes del derecho sustantivo que deben ser igualmente protegidas a través del recurso de casación: por un lado, la dimensión subjetiva del derecho sustantivo, que se refiere a la protección del interés o de la posición jurídica que, en cada caso concreto, un ciudadano estima afectada por una decisión judicial. Por ejemplo, la libertad de una persona condenada por sentencia penal, que acude a la casación para hacer valer este derecho. De otro lado, la dimensión objetiva del derecho sustantivo, que se refiere a la importancia de proteger ciertos contenidos normativos, con independencia de que estén ligados, en un caso concreto, a la tutela de los derechos de un individuo o grupo en particular.
Referencia: Sentencia C-880 de 2014
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Plena, presento las razones que me llevan a salvar parcialmente mi voto a la presente sentencia.
No comparto la declaratoria de exequibilidad de la expresión “o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso”, contenida en el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004. Considero que este contenido normativo es inconstitucional, porque la facultad que en él se consagra de inadmitir demandas de casación presentadas en debida forma, si bien persigue el propósito legítimo de hacer más eficiente el trabajo de las altas cortes, al reducir el volumen de causas que deben fallar de fondo, supone un sacrificio desproporcionado del derecho de los ciudadanos a acceder a la administración de justicia para que esta resuelva controversias que involucran la protección de sus derechos subjetivos.
De otro lado, estimo que los argumentos presentados en la sentencia en relación con el llamado “estándar de finalidad”, son válidos para fundamentar la constitucionalidad de la facultad que el inciso 3º del artículo 184 confiere a la Corte Suprema para seleccionar demandas y subsanar sus defectos, allí donde esto sea necesario “atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos e índole de la controversia planteada”. Por tal motivo, acompañe la decisión de declarar exequible esta expresión. Sin embargo, estimo que no cabe aducir este mismo estándar de finalidad, ni la prevalencia del derecho sustancial, como razones para justificar la no selección de una demanda de casación que haya cumplido con los requisitos generales de admisibilidad. La prevalencia del derecho sustancial puede operar como una razón para que un recurso que no ha satisfecho criterios formales sea, no obstante, admitido para efectos de proferir una decisión de fondo en un caso que lo amerita, pero en modo alguno serviría como argumento para no seleccionar un recurso de casación bien fundamentado, simplemente porque con el mismo no se satisfacen los fines de la casación.
Cuando el artículo 184 permite que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pueda llegar a subsanar defectos formales y fallar de fondo demandas de casación que no fueron presentadas en debida forma, en aras de cumplir las finalidades del recurso de casación (art. 180 Ley 906 de 2004), no se plantea una contradicción entre las dimensiones subjetivas y objetivas del derecho. Al admitir una demanda que en principio no cumplía con requisitos formales, se permite al ciudadano tener acceso a la más alta instancia de la administración de justicia ordinaria para que revise su caso particular, y a la vez se otorga a esta la posibilidad de, a través de la sentencia proferida, realizar los fines objetivos que persigue el recurso de casación. Es por ello que, desde esta perspectiva, el aparte demandado del inciso 3º del art. 184 Ley 906 no resultaría inconstitucional. Por el contrario, la expresión final del inciso 2º de este mismo artículo hace prevalecer la dimensión objetiva de los propósitos que cumple la casación, sobre la función que también debe cumplir este recurso de garantizar tutela judicial efectiva a los derechos subjetivos de los ciudadanos. En este caso se le cierran las puertas de la administración de justicia a una persona que estima vulnerado su derecho con el argumento de que la Corte no necesita pronunciarse sobre su caso para alcanzar los propósitos objetivos que se persiguen con la casación. La sentencia no advierte esta distinción, en tanto omite analizar las diferencias y tensiones entre las dimensiones subjetivas y objetivas del derecho sustantivo, que se plantean con ocasión de esta controversia constitucional. Y al omitir este análisis, deja abierta la posibilidad de que se sacrifique la dimensión subjetiva de los derechos de las personas, la cual debe tener primacía en un estado constitucional, como así lo reconoce el artículo 5º de la Carta.
MARIA VICTORIA CALLE COREA
[1] La expresión “que admite recurso de insistencia” del segundo inciso del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, y que aparece subrayada en la página anterior de esta providencia, no fue demandada en sí misma por los actores, pero será integrada por unidad normativa en el análisis constitucional como se verá más adelante en la sentencia.
[7] Ley 906 de 2004. Artículo 180: “El recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia”.
[8] Los actores, de manera articular, citan la figura de la casación excepcional contenida en el artículo 205.3 de la Ley 600 del 2000: “De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la Ley”.
[11] El procedimiento de insistencia fue regulado por el Auto 24322 del 12 de diciembre del 2005 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (Magistrada Ponente: Marina Pulido de Barón).
[19] Corte Constitucional. Sentencia C-019 de 2002. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
[21] Código General del Proceso. Artículo 42.7. Deberes del Juez. Son deberes del juez: Motivar la sentencia y las demás providencias, salvo los autos de mero trámite. La sustentación de las providencias deberá también tener en cuenta lo previsto en el artículo 77 sobre doctrina probable.
[37] Corte Constitucional. Sentencia C-038/95. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[38] Frente a la evolución del juicio de igualdad en la Corte Constitucional ver: Bernal Pulido, Carlos Bernal. “El juicio de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia”. En: Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (7º, 2002: México D.F). Memorias del 7º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, UNAM, 2002, 51-74.
[39] Sobre el juicio de proporcionalidad ver: Rodríguez Garavito, César. “El test de razonabilidad y el derecho a la igualdad. En: Observatorio de Justicia Constitucional. Jaramillo Sierra, Isabel Cristina; Cepeda Espinosa, Manuel José (editores). Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1998.
[41] El concepto de los niveles de intensidad fue desarrollado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y fue adoptada por la Corte Constitucional en la segunda versión del test de igualdad. Frente al tema, se pueden ver sentencias como United States v. Carolene Products Company, 304 U.S. 144 (1938); Skinner v. State of Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942); o Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976).
[42] Corte Constitucional. Sentencia C-093 de 2001. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[43] Corte Constitucional. Sentencia C-445 de 1995. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[44] La Corte Constitucional, en numerosas sentencias, ha considerado que los criterios señalados por el artículo 13 de la Constitución (sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica) son también criterios sospechosos de discriminación (ver, entre otras sentencias, SU-617/14; C-577/11 o C-075/07).
[45] Corte Constitucional. Sentencia C-112/00. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[46] Frente al desarrollo teórico de las acciones afirmativas se puede consultar: Tushnet, Mark. “The New Constitutional Orden”. Princeton Universtiy Press. Princeton, 2004.
[47] Op. Cit. Sentencia C-445/95.
[48] Corte Constitucional. Sentencia C-673/01. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.
[49] Op. Cit. Sentencia C-093/01.
[50] El punto de partida del análisis del derecho a la igualdad es la fórmula clásica, de inspiración aristotélica, según la cual “hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual” (Aristóteles, Política III 9 [1280a] citado por la sentencia C-022/96).
[55] La Corte ha definido las acciones afirmativas como aquella “discriminación que se sustenta en medidas normativas cuyo criterio diferenciador es uno de los criterios prohibidos por el artículo 13 de la Constitución pero que se fundamenta en el deber del Estado de tomar las medidas adecuadas para proteger a grupos históricamente marginados como el grupo de las mujeres, entre otros” (Corte Constitucional. Sentencia C-534/05. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto).
[59] Corte Constitucional. Sentencia C-590/05. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
[61] Por ejemplo, en la sentencia T-321/98 la Corte definió la casación como “un recurso extraordinario y excepcional (que) tiene dos funciones primordiales: la de unificar la jurisprudencia nacional, y la de proveer la realización del derecho objetivo, función que se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. En cumplimiento de esta última, el tribunal de casación no puede entrar directamente a conocer el fondo de la controversia, pues, en principio, sólo está facultado para examinar si la sentencia, objeto de recurso, desconoce las normas de derecho sustancial que se dicen transgredidas, bien por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea (…) El recurso extraordinario de casación, por tanto, no es una instancia adicional, tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen. Por consiguiente, sólo cuando el tribunal de casación ha encontrado que, evidentemente, el juez de instancia incurrió en un error de aplicación, apreciación o interpretación de la norma sustancial que se alega, y casa la sentencia, podrá pronunciarse sobre el caso concreto, actuando ya no como tribunal de casación sino como juez de instancia. La razón, la necesidad de un pronunciamiento que reemplace el que se ha casado.
[65] Ver, entre otras, las Sentencias C-005/96; C-927/00; C-1091/03; C-884/07; y C-296/12.
[66] Corte Constitucional. Sentencia C-927/00. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.
[67] Ver, entre otras, las Sentencias C-309/02; C-718/06; y C-738/06.
[68] Congreso de la República. Ley 1285 de 2009. “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”. Artículo 16.
[76] Sin embargo, esta autonomía no es absoluta pues los jueces de casación tienen una obligación de motivar debidamente sus decisiones como lo indicó en su intervención el Ministerio de Justicia.
[78] Código General del Proceso. Artículo 11. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.
[79] Código General del Proceso. Artículo 333. FINES DEL RECURSO DE CASACIÓN. El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida.