Source: http://dr-gustavo-aramburu.blogspot.com/2012/05/
Timestamp: 2018-08-17 03:02:24
Document Index: 83779262

Matched Legal Cases: ['artículo 617', 'artículo 514', 'artículo 513', 'artículo 619', 'artículo 1198', 'in dubio', 'artículo 30', 'artículo 6', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 12']

DR. GUSTAVO ARAMBURU: mayo 2012
AMPARO- CORRALITO CAMBIARIO
De ahí, a una "cuasi-corralito" -que es el que rige actualmente- y que impide el traspaso de pesos a divisas estadounidenses para la gran mayoría de particulares, aun si éstos cumplen con todos los requisitos.
Más cerca en el tiempo, esta premisa pasó a "moneda corriente" y a ser repetida por distintos ministros, como una suerte de "blanqueo" respecto de cuál iban a ser los próximos pasos del Ejecutivo.
Este martes, el Senador Aníbal Fernández salió al ruedo a señalar que iba a "haber que acostumbrarse a pensar en pesos.
Así las cosas, todo indica que la imposibilidad de comprar dólares libremente -tal como sucedía hasta antes de las elecciones- llegó para quedarse y ya pasó a formar parte de unos los lineamientos del modelo de "sintonía fina" que caracteriza al segundo mandato de Cristina Kirchner.
En este último tiempo, quienes tenían compromisos contraídos en dólares comenzaron a interiorizarse, para saber el "margen de maniobra legal" con el que cuentan.
Y las palabras formuladas por el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que sostuvo que "si alguno entiende que se está afectando un derecho individual, puede recurrir a la Justicia", no hicieron otra cosa que darle un marco de sustentabilidad a sus reclamos.
El problema radica en que, tal dieran cuenta a iProfesional.com los expertos en Derecho Administrativo Luis Dates y Santiago Maqueda, las medidas gubernamentales no se fundan en ninguna ley formal emanada del Congreso.
Incluso, destacan que, en uno de los casos, el particular aun teniendo margen suficiente de compra por sus ingresos declarados, y pese a que su situación patrimonial no había cambiado, no pudo concretar una operación cuando, poco tiempo atrás, figuraba como "validado" para acceder al mismo monto.
DOLARES - AMPARO
Un jubilado presentó ante la Justicia Federal de Mar del Plata un amparo contra las nuevas disposiciones del Gobierno en torno a la compra de moneda extranjera porque no pudo comprar u$s10 para su nieto.
Luis Moliterno, que lideró la Asociación Nacional de Ahorristas Unidos (ANAU), presentó el recurso de amparo por las restricciones a la compra de dólares en representación de otro abogado, Julio César Durán.
"El lunes se interpuso un amparo por una afectación personal de Durán donde quiso comprar 10 dólares que le había prometido a sus dos nietos y no se lo permitieron", indicó Moliterno.
El abogado destacó que "estamos frente a un estado de ribete totalmente totalitario y ante inspecciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) propias de un estado gendarme".
Moliterno confirmó que el recurso "es de competencia federal que recayó en el juzgado 4" y remarcó que están "a la espera de la medida cautelar" que consideran que "va a ser favorable".
El reclamo se basó en los artículos 17 y 28 de la Constitución, que refiere a la razonabilidad de las acciones de Gobierno y el derecho de propiedad. "Lo concreto aquí es que hay restricciones a las libertades individuales", sostuvo.
DOLARES - CEPO CAMBIARIO - AMPARO
Durán decidió presentarse ante la Justicia luego de que la AFIP lo declarara "inconsistente" aun para adquirir diez dólares.
"Estamos frente a un estado de ribete totalmente totalitario y ante inspecciones de la AFIP propias de un estado gendarme", manifestó el Moliterno.
Además, recordó que "Mar del Plata es pionera con temas relevantes" y recordó que él mismo, en 2008, fue "el primero en interponer un amparo durante el conflicto con el campo".
"Ahora estamos a la espera de la medida cautelar que creo que va a ser favorable", adelantó, y derivaría en que su cliente pueda comprar dólares en el mercado legal.
DOLARES- CONTRATOS DOMESTICOS
En los últimos meses, especialmente con posterioridad a la conclusión de la elección presidencial, el Poder Ejecutivo Nacional comenzó a adoptar medidas para limitar el vínculo doméstico con la moneda extranjera, en particular, con la divisa norteamericana. Ello, a fines de evitar el flujo de esta moneda al exterior y limitar su adquisición en el mercado local. Con el paso del tiempo, el efecto buscado fue el de, literalmente, monopolizar la compra de la divisa por el Banco Central de la República Argentina para que el estado argentino esté en condiciones de afrontar obligaciones internacionales de diversa índole.
Primero se instauró un mecanismo mediante el cual se reguló la adquisición de dólares estadounidenses supeditado a la previa validación por la autoridad impositiva de la capacidad del comprador(Resolución General Nº 3210 de la Administración Federal de Ingresos Públicos que obliga a las entidades autorizadas a operar en el mercado cambiario a consultar en forma previa, y registrar las operaciones de venta de moneda extranjera en el momento en que se realicen).
No obstante, en las últimas semanas, directamente, y sin aviso ni sustento normativo previo alguno, se configuró en los hechos una imposibilidad prácticamente total a la adquisición de moneda extranjera (la información del mercado reporta que aproximadamente el 95% de las consultas previas formuladas a la AFIP para la adquisición de moneda extranjera son rechazadas). Ya no tiene relevancia la demostrada capacidad del contribuyente para adquirir moneda extranjera, simplemente no es posible adquirirla. Más allá de las críticas de índole jurídica que esta clase de medidas reciben, ese no es el objetivo de estas líneas que solo buscan incentivar a recurrir a la creatividad dentro del derecho para permitir a los sujetos del comercio poder continuar sus actividades sin que implique necesariamente una merma en su actividad. Es decir, buscar formas de amortiguar el perjuicio evitando interrumpir el tráfico comercial. Existe una conocida frase atribuida al mundo del show business la cual por su trascendencia y popularidad refleja un principio rector de la vida de los seres humanos: el show (la vida) debe continuar.
Por ello, pasemos a continuación a analizar el impacto de estas restricciones en la vida de los contratos hoy vigentes o por celebrarse, entre partes locales o con no residentes. A todo evento, refrescamos que establecer la moneda de pago de los contratos en moneda extranjera, ya sea se trate de vínculos entre residentes o no residentes, regidos por la ley Argentina o no, son plena y totalmente válidos y ejecutables (artículos 617 y 619 del Código Civil). Concepto conocido pero a veces no lo suficientemente claro y extendido en el mundo de los contratos. No obstante, ante la imposibilidad fáctica actual de adquirir divisa extranjera, los actores comerciales por igual nos encontramos frente a un escenario que empuja bruscamente hacia una pesificación de las obligaciones contraidas. En este contexto la sola mención de esa palabra (“pesificación”) será rechazada de plano por el acreedor ya que sostendrá, con todo fundamento, la inexistencia de norma alguna que valide esta afirmación y, por ende, reclamará al deudor con toda la fuerza de la ley (escrita y vigente), la cancelación del pago en la moneda acordada. Pero, si nos trasladamos a la esfera de la contraparte, hacia el deudor, éste refutará con pruebas exculpatorias concretas su imposibilidad de cumplir (como lo es la página Web de la AFIP que informará, respecto del individuo o persona jurídica en particular, sobre la “… insuficiente capacidad económica para realizar la operación cambiaria ingresada”, i.e., adquisición de moneda extranjera). Es decir, el deudor se encuentra ante una situación de hecho, comprobable y de público conocimiento, que le impide cumplir con su obligación contractual redactada en divisa extranjera.
Rápidamente descartemos la opción de adquirir moneda extranjera en forma ilegal, ya que esa no es una alternativa disponible desde un punto de vista jurídico. Ningún acreedor podrá válidamente exigir al deudor que cometa un delito para satisfacer una obligación emergente de un contrato. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema de ingenio? Entendemos que algunas de las alternativas disponibles respecto de contratos ya celebrados y en curso de ejecución, siempre en ausencia de provisiones expresas en el texto contractual (como aquella en que el deudor declara poseer la cantidad suficiente de divisa extranjera para afrontar la obligación), son:
(a) Que el deudor abone su obligación en moneda extranjera convirtiendo la misma en una obligación alternativa junto a otra que debería crearse ad hoc y conforme a parámetros objetivos distintos de la cotización de la divisa. Siendo la obligación de entregar moneda extranjera una obligación de dar “sumas de dinero” (artículo 617 del Código Civil) sería interesante negociar que se agregue un equivalente alternativo a esa obligación sin incurrir en novación de la misma. O sea, permitir que el acreedor pueda recibir la cantidad de moneda extranjera ya plasmada en el contrato “… o su equivalente consistente en… (por ejemplo: xx onzas de oro) … a exclusiva e irrevocable opción del acreedor…”. Lo importante bajo esta opción es fijar una alternativa equivalente alejada de cualquier divisa extranjera y, así, salir del mercado de cambios y de sus restricciones.
(b) También se puede pactar que el deudor abone su deuda en moneda extranjera de acuerdo con el promedio entre el tipo de cambio comprador y vendedor oficial para el dólar billete informado por el Banco de la Nación Argentina, y reflejar este acuerdo en forma escrita para evitar la necesidad de futuras interpretaciones y/o controversias a futuro. Si bien esta alternativa no parece atractiva en el contexto de una mayor y creciente disparidad entre esas cotizaciones, lo cierto es que aporta mayor certeza para ambas partes, aún cuando el acreedor podrá considerarse perjudicado en caso de que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo continúe incrementándose. También deberá prever el texto aclaratorio a ser incorporado al contrato vigente ciertas previsiones, recurriendo a la creatividad e imaginación legal, para contemplar posibles nuevos sucesos, como podría ser el desdoblamiento de los cambios, de modo de evitar perjudicar en forma desproporcionada a las partes. Como puede observarse, lamentablemente, esta alternativa refleja una triste regresión a un concepto de hace diez años y que trae malos recuerdos, no por el concepto en sí, sino por la época vivida: la teoría del esfuerzo compartido. Es compartido, porque hay un esfuerzo recíproco, que se traduce, en términos llanos, en pérdida recíproca. Pero conocer –y aceptar- la realidad tiene la funcionalidad de que uno pueda adaptarse a ella y contener y prever sus consecuencias negativas.
(c) Como una suerte de submodalidad de lo mencionado en (a) existe la posibilidad de pactar como obligación que el deudor sólo se libere cuando entrega una cantidad de títulos de deuda pública argentina que vendidos en el exterior permitan al acreedor hacerse de dólares de libre disponibilidad fuera de la Argentina en una suma neta igual a la obligación preexistente. Esta opción es de aquellas utilizadas en los casos en los cuales el acreedor está inamoviblemente posicionado en recibir la moneda (extranjera) pactada. Claramente, si esta opción se masifica, su accesibilidad se verá reducida por cuestiones operativas y de costo sin dejar de mencionar (al menos en los días que corren) alguna opinión trasnochada que intente considerarlo como un delito de intermediación financiera.
Ahora bien, en caso de falta de acuerdo entre las partes, es decir, el acreedor se mantiene en su posición de recibir moneda extranjera y el deudor se niega a hacerlo en virtud de su imposibilidad material de conseguir dicha divisa y de no aceptar recurrir al mercado de cambios ilegal, deberá el acreedor saber que el deudor podrá ampararse, no en el instituto de la excesiva onerosidad sobreviniente (que resulta un error considerarlo de aplicación al caso), sino en el típico caso fortuito del artículo 514 del Código Civil. La situación bajo análisis se asemeja a uno de caso práctico de una casa de estudios, ya que engrana a la perfección en la definición del artículo citado. Se trata ni más ni menos que de un hecho que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse. Resulta claro que en este supuesto, tal como legisla el artículo 513 del Código Civil, el deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación. Por esta razón no recomendamos al acreedor transcurrir un camino de reclamo judicial ya que será fácilmente repelido por el deudor (siempre y cuando el deudor pueda acreditar fehacientemente la imposibilidad personal de adquirir moneda extranjera). Del mismo modo, no debe ser utilizada esta situación imperante por deudores oportunistas que se valgan de este contexto para lograr evadir obligaciones contractuales. Lo que debe buscarse en todos los casos es reestablecer el equilibrio de las prestaciones y la continuidad del vínculo contractual, y no su extinción.
Por último, es preciso destacar que muchos abogados sugieren incluir en los contratos cláusulas tipo expresando que las partes deberán negociar de buena fe formas para resguardar la continuidad contractual y el equilibrio contractual de las prestaciones en caso de ocurrencia de circunstancias imprevistas.
Entendemos que los abogados tenemos una responsabilidad mayor y debemos recomendar a las partes pensar doblemente y buscar (hoy) posibles alternativas. Todo el esfuerzo que se realice, si bien –obviamente- no infalible, durante la etapa del sinalagma genético (el equilibrio contractual en su nacimiento) tiene mayor productividad y probabilidad de éxito. Siempre es preferible que las partes tengan ya resuelto el abordaje de ciertos problemas para cuando se encuentren en situación de shock o stress. En momentos de nerviosismo, incertidumbre y angustia, poder generar una “negociación de buena fe” es difícil y riesgosa y, en la mayoría de los casos, serán cuestiones que deriven en litigios por la falta de acuerdo entre las partes.
Los abogados tenemos la obligación de asesorar a las partes para que nuestro aporte durante el sinalagma funcional (vida misma del contrato) sea requerido mínimamente. Ese es nuestro objetivo y aporte al tráfico jurídico y comercial y a la reducción de la pesada carga de nuestros tribunales. En esto, claramente, los vaivenes regulatorios y de hecho del gobierno de turno, siempre han de presentar nuevos desafíos.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 9:49 No hay comentarios:
DOLARES - IMPOSIBILIDAD DE COMPRAR - REMEDIOS LEGALES
Un joven programador de sistemas quiso comprar unos dólares para ahorrar dinero.
Fue a la casa de cambio y al banco, pero no pudo realizar la transacción. Los cajeros le dijeron que, ante la consulta para cambiar $1.500, el sistema de la AFIP le devolvía como respuesta que su CUIL "presentaría insuficiente capacidad económica para realizar la operación cambiaria ingresada".
No entedía el motivo de la negativa, por lo que pidió efectuar una nueva operación, esta vez por $1.000. El mensaje, no obstante, fue exactamente el mismo.
Indignado, se retiró preguntándose cómo podía pasarle esto. Ganaba cerca de $10.000 por mes, pagaba $2.000 de alquiler mensuales por un departamento de dos ambientes y no tenía grandes gastos en la tarjeta de crédito.
Intentaba diagramar cuál sería el cálculo que hace la AFIP para autorizar o no la compra de divisas. Buscó respuestas, pero sólo halló más dudas.
Ocurre que el organismo a cargo de Ricardo Echegaray no dio a conocer el cálculo exacto por el cual la persona puede determinar su capacidad de compra de moneda extranjera, ni aclaró por qué a unos los autoriza a adquirir una determinada cantidad y a otros no, aunque estén en situaciones parecidas.
Esta historia resulta similar a la de cualquier argentino que, con la intención de convertir unos pesos a dólares, y aún teniendo todos sus ingresos declarados, puede ver frustrada la posibilidad de realizar la operación.
Los expertos consultados por iProfesional.com explicaron qué derechos le asisten a quienes intentan atesorar moneda extranjera y cuáles son las acciones que pueden presentar ante la Justicia para lograr ese objetivo.
Desde Baker & McKenzie coincidieron en que las medidas adoptadas por el Gobierno podrían cuestionarse por "irrazonables", ya que violan el derecho de propiedad.
"Parecería que un condicionamiento a la adquisición de moneda extranjera con distintas finalidades (ahorro, gasto en el extranjero, adquisición de inmuebles), por razones de fiscalización tributaria, no sería razonable: la AFIP cuenta con otros medios menos lesivos de la propiedad -como los que usa sobre el resto de las operaciones- para lograr los mismos o mejores resultados", indicaron Dates y Maqueda.
Otro ejemplo donde puede utilizarse esta opción sería cuando quien quiere hacerce de los billetes verdes señó una casa y, luego, no puede cancelar la deuda por no obtenerlos."Ahí sí podría pedir un amparo para comprar el dinero necesario para afrontar sus obligaciones", expresó Calogero.
En este contexto, el senador del FAP por la provincia de Buenos Aires, Jaime Linares, se mostró preocupado porque "el dólar paralelo está marcando el ritmo de la economía cotidiana", por lo que consideró que lo mejor es "salir de la convertibilidad definitivamente".
En concreto, el funcionario apunta a que se modifiquen los artículos 617 y 619 del Código Civil con el objeto de que establezca lo siguiente: "Si una persona se ha obligado en dólares, y al día del vencimiento de su obligación no hay divisas ni en el Banco Central ni en ningún banco privado o casa de cambio, el deudor puede cumplir con su obligación dando la cantidad de moneda de curso legal necesaria para convertir la suma de moneda extranjera al tipo de cambio oficial vigente al momento de hacer frente a la obligación".
"Los ciudadanos que se encuentran endeudados en dólares no pueden adquirirlos en el mercado oficial, debiendo recurrir al paralelo, del que escandalosamente se publica su cotización como si fuera una cifra oficial y que es tomada para la celebración y cancelación de operaciones entre particulares, con el consecuente incremento de casi un 22% en el monto de las obligaciones", concluyó Linares.
CODIGO CIVIL - REFORMAS
Varias especialistas analizaron el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Consultadas por Télam, Marisa Graham, Nelly Minyersky, Florencia Luna e Isabel Ramos Varde remarcaron los puntos más importantes del anteproyecto elaborado por una comisión encabezada por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
En caso de aprobarse, el cuerpo normativo contendrá 2.671 artículos y reemplazará las más de cuatro mil normas que abarca el actual Código Civil, y los 506 artículos que contiene el Código de Comercio.
Marisa Graham, profesora adjunta de la facultad de derecho de la UBA, especialista en derecho de familia, y Directora Nacional de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, hizo referencia al modo en que "los niños, niñas y adolescentes pasarán a tener mayor poder de decisión y mejores derechos sobre sus propias vidas".
En relación a la temática de adopción, destacó que la reforma garantiza "aún más el derecho del niño a que -en el menor tiempo posible- no se eternice su permanencia en las instituciones sin que se defina su situación".
Y agregó que "o vuelve rápidamente con su familia de origen y la ayudamos a que pueda sostener la vida de este niño, o si no, rápidamente se pueda tomar la decisión de que el niño termine siendo integrado a una familia adoptiva que seguramente va a tener un muy buen destino y un muy buen futuro".
En tanto, Nelly Minyersky, directora de la Maestría en Problemáticas Infanto-juveniles de la Universidad de Buenos Aires y una de las especialistas convocadas para las redacciones parciales, sostuvo que "hay sectores que van a protestar contra la reforma del mismo modo que se opusieron a la extensión de la patria potestad".
"Lo que debe comprenderse -subrayó- es que la ampliación de derechos no obliga a nadie, es una adecuación a los cambios y las leyes que se han dictado".
Para concluir, remarcó que "tenemos un código de 1870 y que las últimas reformas sobre derecho de familia tienen casi 30 años".
Florencia Luna es investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y coordinadora del Área de Bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y definió aspectos como la protección de los derechos de las personas y los seres vivos en general, la reproducción asistida y el alquiler de vientres.
"Hay varios puntos (de la reforma) que pueden tener una lectura desde la bioética. Hay una discusión muy larga sobre cómo se va a entender la noción de persona. Dependiendo de cómo uno la conceptualice, de las consecuencias que eso puede tener para distintos tipos de práctica, las personas y también las no personas -como cuando se hacen investigaciones con animales- merecen protección", afirmó.
"En cuanto a los alquileres de vientres este proyecto plantea que sea un juez el que dé la autorización, y tiene que constatar que sea con fines altruistas, que no sea pagado", remarcó.
Luna destacó además que el poryecto no permite "que no sean más de dos alquileres de vientre los que pueda hacer la misma mujer, que las gametas no le pertenezcan, que sean de otra persona y que no haya material genético de ella involucrado. Creo que está bien fijar pautas que hacen que esto no se comercialice".
Isabel Ramos Varde, abogada especializada en temas de familia, indicó que se incluyen amplias modificaciones en temas como el divorcio, la violencia, la adopción, el matrimonio de personas de un mismo sexo.
"Es una reforma que tiene mucho de bueno y algunos baches que debieran subsanarse, como los matrimonios de personas del mismo sexo y la adopción, en lo referido a la ley del nombre. Y si bien se ha modificado la ley en sí misma, no se ha incluido en forma precisa en este proyecto, y ya que se lo está tratando, sería bueno precisar y no dejar esa 'laguna' sobre qué apellido tendrá el adoptado".
También indicó en cuanto a los divorcios express que "si bien está bueno que se está tratando de acortar plazos, igual que en materia de adopción al modificar los tiempos de guarda; da un poco de temor en el divorcio express que al ser individual la presentación pueda llegar a tener una complicación en el futuro".
En cuanto a la reforma en general, Ramos Varde dijo que "es positiva y aunque resulte incompleta, el aparato jurisdiccional se va a ver descomprimido y va a ser todo más ágil. La misma inclusión de las parejas de un mismo sexo es regularizar una situación que de hecho se viene cumpliendo y que si se ha conferido por norma una unión, es correcto que esté contenida".
"Otro tema -afirmó- es que los concubinos pasen a tener derechos sobre la herencia de la concubina, y también se contempla la posibilidad de reglar de antemano cuáles son los bienes del orden matrimonial y cuáles son los que pertenecen al patrimonio de cada una de las partes".
Un juez familiar de la ciudad de Rosario ordenó a un hombre a pasar cuota de alimentos a la hija que adoptó su ex mujer.
Es la primera resolución judicial que toma en cuenta la figura de "padre solidario", que está incluida en el ante proyecto de unificación del Código Civil y Comercial y de Familia que se tramita en el Congreso Nacional.
El hombre, que no es considerado padre adoptivo ni padrastro, deberá destinar el 15% de sus haberes netos a la hija de 18 años que adoptó su ahora ex mujer y que tuvieron bajo la guarda por más de diez años. El matrimonio tuvo en guardia a una nena, luego la mujer obtuvo la adopción definitiva y después se divorciaron.
La nena había sido hallada en la calle con su madre biológica en estado de total abandono y fue derivada a un hogar de menores. Al tiempo la mujer solicitó la adopción pero la menor pidió llevar el apellido de su padre biológico y a continuación el de su madre adoptiva.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 8:32 No hay comentarios:
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil explicó respecto de la procedencia de la prestación alimentaria entre cónyuges durante la separación de hecho, que para fijar dicho monto corresponde ponderar las posibilidades del alimentante y su relación con el nivel de vida sostenido con anterioridad a la separación, el que se procura preservar de la mejor manera posible.
En la causa "De N., P. D. C/ S., E. J. s/ Alimentos", el demandado apeló la resolución del juez de primera instancia que había establecido una cuota alimentaria de cinco mil pesos a favor de la actora.
El recurrente se quejó al considerar que no se habían contemplado adecuadamente sus posibilidades económicas, las necesidades de la alimentada y su capacidad para sustentarse, por lo que solicitó la reducción de la cuota establecida.
Los jueces de la Sala G explicaron en cuanto a la procedencia de la prestación alimentaria entre cónyuges durante la separación, que “existe unidad de criterio en cuanto a que avalar el derecho alimentario que asiste al que menor caudal económico ostente, no viene dado por la cohabitación sino por el vínculo existente”, por lo que “aun durante la separación de hecho, continúa vigente el sistema de asistencia espiritual y material. Ello sin perjuicio de la adecuación de la cuota a las particularidades que reviste el hecho de vivir separados (conf. Bossert, Gustavo; "Régimen Jurídico de los Alimentos", pág. 29, Ed. Astrea, 2006)”.
En base a ello, los jueces entendieron que en el presente caso “la cuestión no pasa por la acreditación de la escasez, penuria o miseria (aunque, desde luego, estas situaciones son aptas para reclamar alimentos), sino por una diferencia cualitativa entre el nivel de vida anterior y el actual, o entre éste y el posible (conf. Morello-Sosa-Berizonce-Tessone, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", tº VII-A, pág.230 y concs.)”.
Sentado lo anterior, los magistrados señalaron que de las constancias de la causa surge que el matrimonio había ostentado durante la convivencia un buen nivel de vida, el cual estuvo caracterizado “por la concurrencia de los hijos a un instituto de enseñanza privado, la realización de viajes al exterior, salidas con amigos, tener auto importado, vivir en un inmueble ubicado en la zona de la Recoleta, sobre la Avenida Callao, lugar que actualmente es habitado por el demandado y los hijos de ambos”.
En la sentencia del 10 de abril de 2012, los camaristas concluyeron que resultó adecuada la cuota establecida en la instancia de grado, teniendo en cuenta para ello que la actora podría obtener ingresos por la renta de sus bienes, los que podrían solventar cierto grado de sus gastos.
Al confirmar la resolución del juez de primera instancia, los juecs dejaron en claro que no afecta dicha conclusión “la concurrencia de la actora a un gimnasio en la localidad de Chacabuco, la titularidad de una tarjeta Mas emitida por Cencosud S.A., Sucursal Disco Quintana (de la cual no se agregó detalle de gastos), ni los viajes realizados, o la cobertura de medicina -junto al grupo familiar- en Omint, si se tiene presente que la finalidad de la cuota es tratar de mantener, en la medida de lo posible, el mismo estado anterior a la separación, estableciendo una pensión ajustada a las particularidades del caso”.
COMPRA DE DOLARES - LIMITACIONES-LEGALIDAD
entras las fuertes restricciones impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para poder comprar dólares siguen provocando malestar en el público y en las empresas, distintos especialistas en derecho constitucional consideran que las citadas trabas en el mercado cambiario serían violatorias de la Constitución y constituirían un abuso de poder manifiesto.
El principal vicio en las restricciones a la compra de moneda extranjera es la violación del principio de legalidad.
Distintos especialistas en derecho constitucional consideran que las trabas en el mercado cambiario serían violatorias de la Constitución
Los criterios de la AFIP para autorizar compras pueden variar según el día, lo cual revela la falta de un marco jurídico estable y claro
Del mismo modo, los criterios de la AFIP para autorizar compras pueden variar según el día o, inclusive, según la agencia a la que se recurre para pedir una autorización extraordinaria, lo cual revela la falta de un marco jurídico estable y claro
DEUDAS EN DOLARES- ALTERNATIVAS DE CANCELACION
¿Cómo puedo cancelar y qué derechos me asisten si contraje una deuda en dólares y no puedo conseguirlos?".
Esta resulta ser una consulta que, según confiesan los abogados de los distintos estudios jurídicos, grandes y medianos, se escucha en forma casi recurrente por parte de particulares, desde que el Gobierno vedara el acceso de dólares al público. Es que la medida fue tan imprevista como desconcertante.
Ante la ello, los letrados se limitan a responder que algunas normativas son aplicables a nivel general, independientemente del contrato firmado, si bien luego solicitan copia del acuerdo para revisar algunas particularidades.
Pero este "corralito al dólar" no sólo afecta a los particulares. También complica a muchas empresas, que se ven imposibilitadas para cumplir con el pago de facturas por servicios "dolarizados" contratados en el exterior.
Sucede que las nuevas regulaciones hacen que deba solicitarse autorización previa a la contratación (Declaraciones Juradas Anticipadas de Servicios). El problema es que la operatoria termina transformándose en una gran traba burocrática, habida cuenta de la cantidad de papelerío que debe presentarse para conseguir una validación que, en general, no suele llegar en tiempo y forma.
En el caso de los particulares, el "grupo" de los más preocupados incluye a todos aquellos que contrajeron un compromiso para la cancelación de cuotas en dólares, ya sea para la compra de un terreno que forma parte de una "ciudad pueblo" -compuesta por múltiples barrios cerrados- o bien de un inmueble.
En este sentido, cabe indagar acerca de si puede ser exigible para una contratación de este tipo una moneda que no sea la de "curso legal". Y la respuesta de los abogados consultados es que sí.
"Las cláusulas de pago en dólares son válidas de acuerdo al artículo 619 del Código Civil", afirma a Maria Agustina Vítolo, del estudio homónimo.
La especialista detalla el texto de la cláusula de la legislación vigente, que dice: "Si la obligación del deudor fuese la de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento".
Gabriel Martínez Niell, abogado del estudio Grispo & Asociados, indica que según el artículo 1198 del Código Civil, "los contratos no sólo deben ser celebrados e interpretados de buena fe, sino que también esta premisa deberá ser observada a lo largo de la duración del mismo, de conformidad con lo que las partes contratantes entendieron o pudieron entender al momento de pactar".
En términos prácticos, el experto señala que quien acordó un compromiso de cancelación en billetes verdes, "de buena fe", deberá cancelar la deuda contraída en billetes verdes.
Clara está que, ante las restricciones, comienza a jugar otra variable. Y es el valor de la divisa estadounidense en el circuito oficial y en el paralelo.
En este sentido, la tendencia de muchos argentinos es la de recurrir al dólar blue como una forma alternativa para aprovisionarse de divisas, si bien esta alternativa resulta más onerosa.
En el caso de la cotización en plaza oficial este medio consultó acerca de qué sucede si en un futuro el valor se dispara a niveles extremadamente altos, si bien éste un escenario que por ahora luce como muy poco probable.
La citada norma prevé que "...si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato".
Por lo tanto, este precepto legal podría ser invocado cuando las circunstancias hagan que se torne excesivamente dificultoso el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Máxime, cuando las partes desconocían y estaban ajenas a las complicaciones que sobrevendrían al momento de firmar el acuerdo.
Vítolo destaca que uno de los grandes problemas es la falta de normas escritas (del Banco Central, de la AFIP o de otro organismo oficial) para que el contribuyente sepa cómo debe moverse para poder actuar en el mercado.
"Eso causa desconfianza y afecta negativamente a la actividad comercial. Se están desactivando negocios; cuando se trata de nuevos proyectos, éstos se dilatan en el tiempo", señala Vítolo.
En el caso de los contratos celebrados en moneda extranjera los expertos remarcan que, en la Argentina, la imposibilidad de hacerse de dólares no es nueva, sino que es "cíclica".
Por tal motivo, muchos acuerdos volvieron a prever esta eventualidad, tal como ocurría en las décadas del 70 y 80. Y ésta es la tendencia que irá en ascenso a medida que surjan más restricciones.
Tal como diera cuenta iProfesional.com, en el caso de un particular que se sume a un proyecto desde boca de pozo, la tendencia que se va imponiendo en el mercado es la de una cancelación mixta.
Es decir, abona:
• En dólares, un proporcional que suele representar la incidencia del terreno, que suele ser de un 30%.
• En pesos, el componente de materiales, mano de obra y otros gastos.
Cabe destacar que la incidencia de la tierra en zonas de alta demanda ya se acerca a los u$s1.000 y, en algunos casos excepcionales puede llegar a ubicarse entre los u$s1.200 y u$s1.400.
"Se está optando por la cancelación en dólares para el terreno y, para el desarrollo, se aceptan cuotas en moneda local, que se van actualizando. Antes de las restricciones cambiarias, lo normal era todo en billetes verdes", afirmaba a iProfesional.com Jorge González, presidente de la desarrolladora Baresa.
¿En base a qué indicador se actualizan los pagos mensuales? "Para el caso de las obras desde boca de pozo, las cuotas en pesos se indexan según el índice de la CAC (Costo Argentino de la Construcción)", decía Luis Ramos, presidente de LJ Ramos.
De modo tal que, en estos casos, al tener el interesado que pagar dólares en el "arranque" para sumarse al proyecto -y luego cancelar el saldos en cuotas en moneda local- la falta de billetes verdes en el mercado le resulta indiferente.
Mecanismo de pago alternativo
Sin embargo, existen proyectos de mayor envergadura, como puede ser el desarrollo de una "ciudad pueblo" o de un loteo que conformará en un futuro un complejo de barrios cerrados, para el que se requiere de varios años de trabajo en cuanto a movimientos de suelo y preparación de infraestructura.
Para sumarse, muchos particulares avanzan en la compra de terrenos asumiendo para ello el compromiso de pagar 24 o 36 cuotas en dólares.
En este sentido, comienza a hacerse común el ofrecer modos alternativos de pago.
Uno de ellos es la posibilidad de cancelar con bonos o acciones que coticen aquí y en Estados Unidos.
¿Por qué esta modalidad? Porque le permite al desarrollador practicar el "conta con liqui", que es la forma legal de sacar divisas fuera del país, si es que así desea hacerlo.
Es decir, recibe títulos como forma de cancelaciones parciales (las cuotas) que luego puede transformar en dólares y dejarlos en una cuenta externa.
Entre los más solicitados figuran el Boden 2012, el Boden 2015 y el Bonar 2017.
Pero también pueden ser papeles de compañías que cotizan bajo la forma de ADRs ("American Depositary Receipts", que son certificados negociables de acciones argentinas que cotizan en Nueva York).
Desde la city porteña, los operadores afirman que las más demandadas para la práctica del "conta con liqui" son Tenaris, Grupo Financiero Galicia y Banco Macro.
En la práctica, la redacción que utilizan los desarrolladores suele ser de este estilo:
• Mediante la entrega de títulos de la deuda pública argentina, en una cantidad tal que liquidados en un mercado del exterior, y una vez deducidos los impuestos y/o gastos correspondientes, su producido en dólares estadounidenses sea igual a la cantidad en dicha moneda adeudada.
• Mediante la entrega de títulos de deuda o de acciones de empresas privadas argentinas, emitidos y con cotización o negociación en dólares estadounidenses en el exterior, en una cantidad tal que liquidados y una vez deducidos los impuestos y/o gastos correspondientes, su producido en dólares estadounidenses sea igual a la cantidad en dicha moneda adeudada".
Martínez Niell indicó que "para facilitar la continuidad del contrato y la obtención de una solución favorable, las partes pueden acordar la posibilidad de reajustar las condiciones de cumplimiento cuando, a criterio de los contratantes, acontezcan circunstancias cuya gravedad e imprevisibilidad tornen indispensable la adopción de nuevos recaudos tendientes a restablecer el equilibrio".
Por ejemplo, puede pactarse que cuando se modificaren o hicieren aplicables nuevos requerimientos que tengan directa repercusión en la posibilidad de cumplimiento de las condiciones convenidas, las partes negociarán de buena fe el establecimiento de condiciones alternativas que reduzcan los efectos desfavorables.
Los dólares escasean y muchos argentinos que tienen deudas contraídas en esa divisa lucen preocupados.
Es que la normativa vigente establece que si se pactó la cancelación en esa moneda deberá pagarse en "verdes".
En este contexto, el faltante empuja la demanda del dólar blue y los desarrolladores -en el caso de megaemprendimientos- apelan al pago vía "conta con liqui", que así se va propagando desde la city porteña a proyectos de la economía real.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 8:00 No hay comentarios:
ALQUILERES- NUEVO REGIMEN
Sin dudas, uno de los mayores anhelos que tienen los argentinos es el de alcanzar "la vivienda propia". No obstante, no todos pueden lograr esa meta y deben conformarse con alquilar. En la vereda de los más afortunados, están aquellos que ya la tienen e, incluso, poseen más de una unidad, lo que les permite apostar al mercado locativo para obtener una renta. Es así como estas dos realidades se encuentran. Y, cuando esto sucede, pueden surgir algunos conflictos de intereses. Al ocurrir, "interviene" la Ley 23.091 (sobre locaciones urbanas) para tratar de poner paños fríos entre las partes. Sin embargo, producto de una realidad que se va modificando de tanto en tanto, aquellos derechos y obligaciones que poseen en la actualidad los propietarios e inquilinos, están a punto de sufrir sustanciales modificaciones si finalmente se aprueba el anteproyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial impulsado por la jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner. Esta iniciativa -redactada por el Presidente y vice de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco respectivamente, junto a la jurista Aída Kemelmajer- tiene en cuenta: • Alspectos referidos a la locación habitacional. • Dispone los límites que deben fijarse al inquilino en cuanto a meses de anticipo y depósito. • Regula el contrato de locación para aquellas unidades volcadas al alquiler de turistas. • Extiende el plazo máximo del contrato (a 20 años para el caso habitacional y a 50 para otros destinos). • Unifica el mínimo lapso de renta en dos años. Nuevo marco legal en puerta Una de las principales medidas en la que avanzará el proyecto oficial es la de la unificación de las normas que regulan las locaciones en un mismo articulado, evitando así una engorrosa referencia a otras normas específicas. A ojos de especialistas, el hecho de concentrar el marco legal en sólo 39 artículos -que no diferencia el destino que se le puede dar a la propiedad- terminará representando una gran ventaja para quienes intervienen de manera directa o indirecta en el negocio de la renta. Uno de los cambios que introduce el proyecto, apoyado en la unificación de los Códigos Civil y de Comercio, es que se obliga a que el contrato -así como sus prórrogas y modificaciones- se tenga que hacer por escrito. Por otro lado, establece que los derechos derivados de una locación se extenderán en caso de fallecimiento del propietario del inmueble o del inquilino, salvo que se haya estipulado expresamente lo contrario. Del mismo modo, el nuevo marco propuesto establece que el contrato subsistirá durante el tiempo convenido, aunque la propiedad sea vendida. Es decir, en caso de comprar una casa con convenio de locación aún vigente, el nuevo dueño deberá esperar a que éste caduque para poder hacer uso del inmueble. Otra de las novedades que introduce el flamante proyecto impulsado por el Ejecutivo es que, en caso de abandono o fallecimiento del locatario, quien lo habite y acredite haber recibido del inquilino un "manifiesto trato familiar" durante el año previo, podrá continuar bajo las mismas condiciones que fueron pactadas hasta el vencimiento del plazo establecido en el acuerdo. Asimismo, de aprobarse el texto normativo, el inquilino deberá dar al inmueble el destino que fuera acordado en el contrato. Tal vez, uno de los puntos más salientes es que, en caso de que se destine a vivienda, no podrá requerirse del locatario: a) El pago de alquileres anticipados mayores a un mes. b) Depósitos de garantía superiores a 30 días de renta por cada año de contrato. c) El pago de valor llave o equivalentes. Respecto del tiempo de la locación, la iniciativa propone que el período estipulado no podrá exceder los 20 años, en caso de que el uso sea habitacional, mientras que, de tratarse de otros destinos, el plazo máximo será de 50 años. Además, establece que si el contrato careciera de plazo expreso y determinado, éste se considera como celebrado por un mínimo de 2 años. Sin embargo, dicho mínimo legal no será aplicable si el inmueble se destina a: a) Sede de embajada, consulado u organismo internacional o vivienda de su personal extranjero diplomático o consular. b) Fines turísticos, descanso o similares. Si el plazo supera los 6 meses, se presumirá que no fue hecho con esos fines. c) Guarda de cosas. d) Exposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial. Tampoco se aplicará el nuevo marco si el contrato estipulara una finalidad determinada y que, por sus características, se cumple en un plazo menor al pactado. Las obligaciones de las partes La iniciativa impulsada por el Ejecutivo detalla cuáles serán las obligaciones que deberán cumplir los propietarios y los inquilinos. En el caso de los primeros, se mencionan las de: • Entregar el inmueble conforme a lo acordado. • Conservar el bien. • Abonar las mejoras que debieran efectuarse. Uno de los detalles relevantes, es que, en caso de que se produzca una pérdida de luminosidad, producto de la construcción de obras vecinas, no autorizará al locatario a solicitar la reducción del precio ni a disolver el contrato (una práctica que comenzó a ganar en intensidad en este último tiempo). Esto, siempre y cuando no existiera dolo en el comportamiento del locador, como por ejemplo el saber de esta situación al momento de sellar el vínculo y no haberlo comunicado. Dentro de las obligaciones del inquilino, se destacan la de: • No variar el destino de la propiedad. • Mantener el bien. • Pagar el precio convenido. • Restituir el inmueble al cumplirse el plazo. • Responder por cualquier deterioro causado. El nuevo Código también establece que no tendrá a su cargo el pago de las obligaciones que graven el bien, excepto que existiese un pacto de común acuerdo que indique lo contrario. Otro de los aspectos que abarca la nueva norma es que, si por alguna causa de fuerza mayor no pudiera usarse el inmueble, el inquilino podrá pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que dure esta imposibilidad. Esto, a ojos de los expertos, puede suscitar fuertes controversias en la Justicia, por el hecho del límite difuso entre qué puede contemplar y qué no un concepto tan abarcativo como lo es el de "fuerza mayor". En tanto, respecto al pago se establece que deberá efectuarse por adelantado en forma mensual. Por último, se detalla que el locatario podrá realizar mejoras, salvo que: • Esté expresamente prohibido en el contrato. • Altere la substancia o forma del bien. • Haya sido interpelado a restituir la propiedad. El texto normativo aclara que no tendrá derecho a reclamar el pago de mejoras útiles y de mero lujo o suntuarias, salvo que las mismas sean necesarias, en cuyo caso podrá reclamar su valor al locador. Este es otro de los aspectos que, a ojos de los analistas consultados, puede llegar a ser objeto de fuertes controversias en la Justicia. Fin del vínculo Otro de los aspectos que establece el nuevo Código Civil y Comercial es el que se vincula con el fin del vínculo entre las partes. Al respeto, la iniciativa fija que el contrato se podrá dar por concluido cuando se dé: a) Cumplimiento del plazo convenido, o requerimiento, según el caso. b) Resolución anticipada. Asimismo, sostiene que, en caso de vencimiento del período convenido o del mínimo legal -en ausencia de convención- si el locatario continúa utilizando la propiedad alquilada, el vínculo continuará en los mismos términos hasta que cualquiera de las partes dé por concluido el contrato mediante comunicación fehaciente, tal como un telegrama o carta documento. También el proyecto estipula que el locador podrá disolver el contrato si se produce: a) Un cambio de destino o uso irregular. Por ejemplo, si debía ser destinado a vivienda y se lo utiliza como oficina. b) La falta de conservación del inmueble. c) La mora en el pago del alquiler durante dos períodos consecutivos. Por su parte, el locatario podrá dar por concluido el contrato si el propietario no cumple con la obligación de conservar el bien para el uso y goce convenido, así como también si encuentra algún vicio oculto. Respecto de los plazos, el proyecto fija que el inquilino podrá dejar el inmueble transcurridos los seis meses de haberse firmado el acuerdo. Para ello, deberá notificar en forma fehaciente su decisión al locador. En estos supuestos, la iniciativa propone que si se produce este hecho dentro del primer año de vigencia de la relación, el inquilino deberá abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar la unidad. La cifra será de un mes si la opción se ejerciera transcurrido dicho lapso. Además, establece que si no se paga el alquiler, previamente a la demanda de desalojo, el locador deberá intimar al inquilino para que le abone la cantidad adeudada, otorgando un período no inferior a diez días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, consignando el lugar de pago. En tanto, el locatario podrá retirar la mejora útil al concluir la locación, salvo que se haya pactado que quede en beneficio del inmueble. Lo mismo sucederá si se corre riesgo de que, ante la separación, se produzca un daño o, simplemente, si la escisión no le ocasionara rédito alguno. Respecto de los garantes, el nuevo marco normativo estipula que su obligación cesará automáticamente al vencimiento del plazo estipulado en el alquiler, salvo que derive de la no restitución en tiempo del inmueble. Asimismo, el consentimiento del fiador en la renovación o prórroga del contrato deberá ser expreso, una vez vencido el período pactado. Por último, la iniciativa establece que se considerarán nulas todas las disposiciones anticipadas que extiendan la fianza del contrato de locación.
Un reciente pronunciamiento de la Justicia Laboral Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) condenó a la empresa Galeno Argentina S.A. a indemnizar a un trabajador que se considero despedido como consecuencia directa del acoso moral o mobbing sufrido. Se trató de una enfermera con más de 10 años de servicio que en los últimos tiempos recibía constantes malos tratos de parte de sus superiores, con quienes aparentemente había competido por los cargos de dirección. Así, el Tribunal, en un fallo dividido, revocó la sentencia de primera instancia y por mayoría consideró que el dictamen pericial psicológico era contundente y avalaba el reclamo de la trabajadora. El camarista que votó por la negativa, doctor Julio Vilela no consideró probado el componente subjetivo, perverso e intencional que permite definir lo que en jurisprudencia, medicina y sociología del trabajo se identificó bajo la denominación de “mobbing” y en consecuencia propuso confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto había rechazado la demanda por carencias de orden probatorio. Para Mariano Martín Páez, socio en Asistencia Legal a Víctimas de Violencia Laboral y abogado patrocinante de la empleada, lo novedoso de este pronunciamiento, es que los integrantes de la mayoría, doctora Gabriela Vázquez y doctora Gloria Pasten de Ishihara, consideraron que el dictamen pericial no sólo ilustraba sobre las condiciones actuales de salud de la trabajadora, sino que también era un reflejo directo de la larga lucha sostenida entre ésta y sus oponentes circunstancialmente ganadoras de puestos laborales por encima del suyo. En la sentencia de la causa “Bravo María Rosa c/ Galeno Argentina S.A. s/ despido”, las camaristas destacaron esta forma de hostigamiento como uno de los casos típicos que se presentan normalmente como motores del acoso laboral, “el temor a que una trabajadora le haga “sombra” a otra y la rivalidad como palanca para tratar de deshacerse de alguien que molesta en la carrera laboral”, agregó Páez. Si a lo anteriormente expresado se suma la ratificación de lo expresado en la demanda por una compañera de trabajo, esto constituye materia suficiente como para cambiar el curso impreso en la primera instancia a la causa validando asimismo las condiciones de vulnerabilidad de la trabajadora atento sus circunstancias personales, que conducen a valorar asimismo el vigente principio “in dubio pro operario”. “Este fallo además de reafirmar la tendencia a la erradicación de las malas artes patronales en cuanto a las condiciones de trabajo de su personal, alerta asimismo sobre la posibilidad de que sea sancionada la empresa que no advierte la desaprensión con que a veces se ejerce el poder delegado en trabajadores de dirección, y cómo incide el mismo en la salud del personal”, concluyó Páez. Los jueces condenaron a la empresa a abonar $96.022,38, más la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos. “Esta causa encuadra perfectamente en un caso de mobbing o acoso moral, ya que la trabajadora sufrió maltratos continuos de parte de quien le daba las órdenes de trabajo, afectando a la misma física y psicológicamente, causándole un daño moral irreparable”, indicó Andrea Mac Donald, jefa de Trabajos Prácticos de las cátedras Análisis económico y financiero y de Elementos de derecho laboral y seguridad social de la UBA. Para Juan Minghini, socio del Estudio Minghini-Alegría, existe una tendencia cada vez más firme en la Justicia Nacional del Trabajo en aceptar y dar amparo a los reclamos por mobbing. “La misma aumentó en forma considerable desde los últimos cinco años a la fecha, donde se avistaban los primeros reclamos, con cierto temor, o baja expectativa en su procedencia”, explicó el abogado. En esa línea, el letrado agregó que la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación influyó -al menos de manera indirecta- en permitir un reconocimiento más amplio en materia laboral, admitiendo reclamos que antes no eran receptados favorablemente. “Dentro de esta tesis, sin duda alguna, es que debemos considerar a los reclamos por mobbing”, sostuvo. Más allá de lo que los autores determinaron o definieron por el concepto amplio de mobbing, Minghini sostuvo que lo cierto que es como todo hecho, requiere su correspondiente prueba, y que debe ser demostrado para su reconocimiento judicial. “El empleado debe poner en conocimiento inmediato a su empleador si sufre una acción continua, menoscabante, vejatoria del espíritu y de la tranquilidad psíquica y moral a la que es sometido y teniendo en consideración las acciones o medidas que adopte la Empresa para eliminar o finalizar el perjuicio, importa la responsabilidad que deba eventualmente asumir”, concluyó Minghini. ¿Qué es el Mobbing? El mobbing o acoso moral es una de las figuras de relevancia en el derecho laboral. Si bien todavía no ha sido legislada en nuestro país, es reconocida por las salas laborales de la CNAT. “Es importante tener en cuenta que el mobbing llamado también acoso moral o violencia laboral es un fenómeno que comienza a desarrollarse lentamente en forma progresiva y que tiene su duración en el transcurso del tiempo, provocando en la víctima un desgaste psicofísico importante e irreparable”, expresó Mac Donald. Para la abogada, quien además es autora del libro “Mobbing: Acoso moral en el derecho del trabajo”, dicha situación puede tener como punto de partida la existencia de conflictos insignificantes, pero que sirven como posibles estrategias tendientes a dar comienzo a lo que comúnmente denominamos como acoso moral o acoso laboral. “La empleada sufrió un pleno hostigamiento que conforma la serie de maltratos constantes que hace que la víctima sufra un desgaste emocional y que la conducen a un tratamiento psicológico”, agregó Mac Donald. Las pruebas aportadas en el caso acreditan plenamente que la enfermera sufrió mobbing a través de las pruebas testimóniales y la pericial médica que le diagnosticaron un “trastorno mixto ansioso-depresivo de moderada a severa intensidad”. Asimismo se le recomendó un tratamiento psicoterapéutico con una sesión individual por semana durante dos años más el suministro de psicofármacos.
MEDIACION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Aquellas causas comerciales y civiles que ingresen a los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires deberán afrontar el procedimiento de Mediación Prejudicial Obligatoria para la resolución de conflictos. En tal sentido, el nuevo sistema comenzó a regir a partir de la presente semana y tiene como objetivo que un mediador se encargue de resolver la cuestión antes de que los casos sean elevados a los estrados judiciales. Así, las causas comerciales y civiles experimentaran el sorteo de un mediador dentro de una nómina de profesionales matriculados habilitados por el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. La persona encargada de la intervención tendrá la obligación de fijar una fecha de audiencia a la que deberán comparecer las partes. El plazo estipulado para la reunión no podrá superar los 45 días corridos de la designación del profesional en la causa. Por otra parte, el límite para el proceso será de 60 días corridos a partir de la última notificación al requerido aunque las partes, de común acuerdo, podrán estipular una prórroga de hasta 15 días. De no resolverse el conflicto, se labrará acta y quedará expedita la vía judicial. Cabe señalar que las causas penales sometidas a mediación voluntaria de acuerdo a la ley 13.433, las acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, alimentos, guardas, adopciones, patria potestad, procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación quedan exceptuadas del carácter previo y obligatorio de la mediación. Por último, las causas en las que el Estado Nacional, Provincial, Municipal o los Entes descentralizados sean parte, los hábeas corpus, amparos, juicios sucesorios y voluntarios; concursos preventivos y quiebras y aquellas causas tramitadas ante los juzgados de paz o Tribunales Laborales no están incluidas en el nuevo sistema impuesto por la provincia.
AMENZAS - CONFIGURACION DEL DELITO
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional explicó que no debe estarse a un sistemático rechazo de la tipicidad de las amenazas vertidas en el contexto de discusiones sino que en cada caso debe hacerse una evaluación específica para determinar la existencia o no de una voluntad intimidante subyacente en el obrar del autor. En la causa "H., C. P. s/ coacción", la defensa de C. P. H. apeló la resolución que había dictado su procesamiento por el delito de amenazas coactivas, reiterado en dos ocasiones. Los jueces de la Sala V consideraron que los elementos probatorios que constaban en la causa no resultan suficientes para mantener el reproche formulado, así como que las particularidades del caso tornan necesaria y posible su complementación. Según remarcaron los camaristas, “no debe estarse a un sistemático rechazo de la tipicidad de las amenazas vertidas en el contexto de discusiones -porque en realidad siempre ocurren en ese marco- sino que en cada caso debe hacerse una evaluación específica para determinar la existencia o no de una voluntad intimidante subyacente en el obrar del autor y/o del resultado en la víctima”. En tal sentido, los magistrados dejaron en claro en la sentencia del 6 de diciembre de 2011 que “esta determinación importa la consideración de los datos particulares del evento y sus circunstancias”. Al considerar que “la situación de violencia que refirió la denunciante, en la que comprendió también otros tantos hechos por los que H. fue desvinculado de responsabilidad, se contrapone con la delegación del cuidado de sus hijos durante tantas horas, imponiéndose la necesidad de ahondar la investigación para evaluar correctamente aquellos aspecto”, la mencionada Sala resolvió revocar el auto recurrido y decretar la falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado, y disponer la prosecusión de la investigación.
MEDIACION- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
A partir del próximo lunes comenzará a regir en la provincia de Buenos Aires el procedimiento de Mediación Prejudicial Obligatoria, un mecanismo de resolución de conflictos civiles y comerciales, antes de que sean elevados a los estrados judiciales. El nuevo sistema de resolución de conflictos será puesto en marcha por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, en un acto que se realizará a las 10.30 horas en la Gobernación bonaerense, en La Plata. Así, las causas comerciales y civiles que ingresen a los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires motivará el sorteo de un mediador, dentro de un listado de mediadores matriculados habilitados por el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, quien se encargará de resolver la cuestión. También en esa oportunidad se sorteará el Juzgado que, eventualmente entenderá en la homologación del acuerdo al que se arribe, informó Télam. El mediador dentro del plazo de cinco días de notificado, fijará la fecha de la audiencia a la que deberán comparecer las partes, las que en ningún caso podrá ser superior a los cuarenta y cinco días corridos de la mencionada designación. El plazo para el proceso será de hasta sesenta días corridos a partir de la última notificación al requerido, previéndose que, las partes, de común acuerdo, puedan proponer una prórroga de hasta 15 días. Si vencido ese plazo no se hubiera arribado a una solución del conflicto, se labrará acta y quedará expedita la vía judicial. Quedan exceptuados del carácter previo y obligatorio de la mediación: "las causas penales sometidas a mediación voluntaria de acuerdo a la Ley 13.433; acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad, alimentos, guardas y adopciones; procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación". También se exceptúan los procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación; las causas en las que el Estado Nacional, Provincial, Municipal o los Entes Descentralizados sean parte; los amparos, los hábeas corpus; los juicios sucesorios y voluntarios; los concursos preventivos y quiebras; las causas que tramiten ante los Tribunales Laborales y las que tramiten ante los juzgados de paz.
Sin dudas, tercerizar una actividad ayuda a las compañías a reducir los costos laborales. Esto es así debido a que las firmas no sólo tienen una fuente apropiada de personal especializado, sino que éstos le ofrecen un margen de flexibilidad en la fuerza de trabajo y les posibilitan a disminuir algunos gastos y obligaciones sociales. No obstante, paralelamente, acudir a trabajadores tercerizados genera un aumento en los riesgos empresariales. Ocurre que, en gran medida, las demandas vinculadas con inobservancias en casos de tercerización son favorables a los empleados y terminan afectando no sólo a la empresa que presta el servicio, sino a la que lo utiliza. Y esto tiene que ver con que la Justicia utiliza cada vez más un criterio restrictivo a la hora de evaluar los hechos y determinar si, bajo esta apariencia, se ocultaba una verdadera relación de dependencia. Incluso, la extensión de la responsabilidad solidaria a la compañía donde se desenvuelve el empleado preocupa cada vez más a los empresarios, ya que, si bien antes se vinculaban sólo con aquellos trabajos que tenían que ver con la actividad normal, ahora también incluyen a aquellas actividades que resulten complementarias. De esta manera, los reclamos de los trabajadores terminan alcanzando a cualquier clase de vínculos. Por ejemplo, quienes se desenvuelven en un local instalado en un shopping hoy en día no sólo reclaman ante su empleador, sino que también demandan al centro comercial. O aquellos que se desempeñan en una estación de servicio inician el juicio contra la petrolera que le provee el insumo a la firma donde se desempeña. Esto fue lo que sucedió en una reciente causa, donde un empleado de un centro de expendio le reclamó por su indemnización no sólo a los dueños de la misma, sino que también extendió el pedido contra Shell. En esta ocasión, los camaristas hicieron lugar al pedido porque entendieron que tanto los propietarios de los surtidores como la petrolera se veían beneficiados con la venta del producto. Las claves del caso Todo comenzó cuando un despachante de combustibles fue despedido por sus empleadores y decidió presentarse ante la Justicia laboral, demandando a Shell y al dueño de la estación de servicio. En la sentencia de primera instancia, el tribunal sólo hizo lugar a la acción contra el propietario, pero desechó la responsabilidad solidaria atribuida a la petrolera. Por esta razón, el cesanteado decidió elevar su reclamo ante la sala X de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que decidió avalar la postura del empleado. Los camaristas explicaron que a la solidaridad, emergente del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), hay que determinarla en cada caso concreto en función de las circunstancias que circunscribieron la cesión, contratación o subcontratación. Enfatizaron que "resulta menester interpretar la exigencia de la norma legal que alude a ‘trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia', en franca armonía con el concepto de ‘establecimiento' que fija el artículo 6 de la ley laboral, en cuanto establece que es ‘la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones'". Para los jueces, Shell resultaba ser la responsable solidaria en la condena por su activa participación e injerencia en la actividad desplegada por la estación de servicio en la que se desempeñaba el trabajador. "El contrato de suministro demuestra que hay numerosas facultades de la petrolera respecto del personal, uniformes, publicidad, precios de venta, higiene y conservación del espacio físico y los bienes", indicaron los magistrados. Asimismo, destacaron que del contrato surgía que la firma expendedora debía adquirir y vender exclusivamente los productos de Shell y a los precios fijados por esta última, como así también que debía abstenerse de realizar publicidad y/o venta de artículos de empresas competitivas. "Es más, está acordado en el mentado contrato que si la empresa expendedora decidía vender o alquilar el inmueble donde estaba ubicada la boca de expendio, se encontraba obligada a dar a Shell la preferencia en la adquisición o alquiler", remarcaron los camaristas. Según el vínculo de ambas compañías, la estación de servicio se comprometía a vender al público -por cuenta y orden de Shell- los combustibles que ella proveía a los precios y bajo las condiciones que ésta indique, como así también que estaba facultada para constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social. "Puede aceptarse válidamente que la actividad objeto de la contratación en este caso quedó enmarcada en la conceptualización de ‘normal y específica propia' de Shell", agregaron. En definitiva, según remarcaron los camaristas, la actividad desplegada por la estación de servicio contribuyó al logro de la finalidad perseguida por la petrolera al constituir un engranaje que, en conjunto, posibilitaba que el producto llegue al público consumidor. En consecuencia, decidieron modificar la sentencia de la primera instancia judicial y extendieron la condena a Shell. Sin embargo, vale destacar qué fue lo que sostuvo la resolución por parte de la minoría. En efecto, los jueces que votaron en disidencia entendieron que el vínculo entre ambas empresas no trataba sobre una contratación y subcontratación de trabajos o servicios propios de la actividad normal y específica de Shell, sino de una actividad (la venta) del objeto específico de la explotación. En efecto, esta explotación incluía un minimercado, una cabina telefónica y el denominado "pago fácil". Para esta linea argumental, el suministro o venta de combustibles y lubricantes para su posterior reventa, no implicaba ninguna cesión o subcontratación en los términos previstos por el artículo 30 LCT, sin que obste a ello que las bocas de expendio lleven los colores y marca de la petrolera o que ésta efectúe el control de calidad de los productos que se venden. "Las pautas impuestas respecto a la publicidad, higiene, conservación y atención al público, no responden más que al tipo de contrato, que lleva la imagen de la empresa", destacaron los jueces que votaron en contra.
El acoso laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los empleados y empresarios, ya que el mismo implica costos sociales y económicos. Esta práctica afecta mayormente a las mujeres quienes deben enfrentar actos humillantes, soportar que las aíslen, las desprestigien como personas o profesionales y luego terminan padeciendo consecuencias psicológicas y físicas. En el peor de los casos, hasta pueden recibir insultos y propuestas indecentes por parte de sus compañeros o superiores. Así, para evitar reclamos judiciales por este motivo, el empleador debe obrar preventivamente y, frente a un determinado hecho, tiene que actuar. En este sentido, es conveniente crear canales de denuncias, darle fluidez a la comunicación interna y permitirle a la víctima informar el maltrato de manera anónima. Hace pocos días, se dio a conocer una sentencia donde se condenó a una firma a resarcir por daños y perjuicios a una empleada que era maltratada por su supervisor, quien se dirigía a ella haciendo referencia a su cuerpo, bajo distintos calificativos. Para los magistrados, fueron claves las declaraciones de los testigos y los resultados periciales. Mucho más que improperios La mujer afirmó que su supervisor la maltrataba y acosaba frente a sus compañeras y clientes a través de insultos, frases ofensivas, sexualmente insinuantes y que hasta la manoseó en varias oportunidades, al punto que llegó a darle un beso contra su voluntad. Pero eso no fue todo. Quien también era yerno de los dueños de la compañía, en una ocasión pasó su miembro masculino sobre la parte trasera de la dependiente. Este hecho marcó el límite máximo que ella podía tolerar y radicó una denuncia por maltrato y acoso en sede Penal. Además, decidió intimar a la firma para que tomara las acciones correspondientes contra su supervisor para que cesara en el trato "desconsiderado y atrevido". Sin embargo, la empresa rechazó tal intimación. La dependiente denunció que cumplía un horario de lunes a jueves de 8 horas rotativas y viernes y sábados de 9.30 a 20.30 horas, pero que estaba registrada como "vendedora media jornada". En tanto, su empleador negó esa situación. Por carta documento, la empleada también pidió que le abonaran las horas extras laboradas. Finalmente, como la compañía no hizo nada, la trabajadora se consideró despedida. En primera instancia, la Justicia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias solicitadas. No obstante, a los pocos días, ambas partes se quejaron ante la Cámara. La mujer se agravió porque consideraba que, en la condena por daño moral y psicológico, se omitió considerar el gasto del tratamiento terapeútico que ella debía afrontar. En cambio la empresa cuestionó que se diera por acreditada la existencia de acoso laboral y que se haya tenido por cierto que la dependiente trabajaba jornada completa. En este contexto, las testigos dijeron que la reclamante cumplía el horario de 9.30 a 17.30 de lunes a jueves y que los viernes y sábados la jornada era de 12 horas, pero que en el recibo de la actora figuraba como "jornada reducida". En base a estos testimonios, los jueces señalaron que la prestación excedía el límite de 9 horas por jornada que surgía de considerar el tope diario que prevé la Ley 11.544 y la posibilidad de ampliarlo en una hora que surge del artículo 2 del Convenio OIT Nº 1 y del artículo 1 del decreto 16.115/33. "Cuando son varias las causales invocadas en la notificación del despido, la acreditación de alguna de ellas, con entidad bastante para justificar la medida, es suficiente para admitir la pertinencia de la decisión adoptada", dijeron los camaristas. Los magistrados explicaron que incumbía a la trabajadora acreditar el maltrato y que, efectivamente, así lo hizo. En este punto, las testigos explicaron que el supervisor de la firma se dirigía en forma muy soberbia hacia la denunciante, y que le impartía frases muy subidas de tono, tales como "te chu.. toda", "cuánto cobrás", "te parto en ocho", "que c... que tenés". "Tales actitudes deben considerarse absolutamente incompatibles con el trato que la empleadora debía guardar que se dispensara a la dependiente, tanto por su condición de mujer, como por su carácter de trabajadora", indicaron los camaristas. Entonces, los jueces hicieron lugar al pedido de la reclamante y condenaron a la empresa en base al artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que impone "la obligación de tomar las medidas necesarias e idóneas para evitar que las trabajadoras bajo su dependencia pudieran quedar expuestas a sufrir agresiones como las descriptas". En consecuencia, a la luz de lo establecido por la norma citada y por el artículo 1.113 del Código Civil, confirmaron la sentencia apelada. Sobre el monto diferido en concepto de daño moral y psicológico, para la dependiente era exiguo porque, en las pericias, la incapacidad psicológica se fijó en 18% y se le recomendó un tratamiento psicoterapeútico cuyo costo era de $180 por dos sesiones semanales y bajo 18 meses de duración. Los jueces hicieron lugar a este pedido y fijaron el monto de la reparación del daño moral y psicológico en $34.000, lo que dio un total de $81.830,45 más intereses. Para fijar la mencionada cifra, los camaristas tuvieron en cuenta no solo el trato desconsiderado y acosante sufrido por la empleada, sino también la edad de la víctima al momento de configurarse los efectos de tal acción, la influencia que ello podía tener en su vida de relación, y los gastos de tratamiento. Cuidados ante denuncias "Se suelen minimizar las consecuencias derivadas de los acosos laborales y psicológicos impartidos por los supervisores o personal jerárquico sobre los trabajadores, no midiendo las implicancias que, en materia de extensión de responsabilidad, estos comportamientos disvaliosos pueden acarrear", señaló Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados. Esta clase de situaciones llevó a que muchas compañías multinacionales instrumenten las denominadas "líneas telefónicas éticas" a través de las cuales los empleados pueden denunciar prácticas reprochables, actos de persecución u hostigamiento y todo tipo de conductas execrables implementadas por personal jerárquico y que, de no ser combatidas, pueden condenar a la compañía e, incluso, a la ART. "Estos procedimientos internos, que en algunos casos suelen estar cuidadosamente reglamentados para erradicar prácticas fraudulentas, y que, en ocasiones, han determinado que algunas corporaciones crearan una Gerencia de Compliance, contribuyen a sostener la vigencia de los principios y valores sobre los que se asienta el accionar empresario", remarcó García. Es indispensable, aún sin procedimientos diseñados para tal fin, que el empleador que toma conocimiento de prácticas que puedan emparentarse con alguno de los fenómenos señalados precedentemente, tome distancia de los hechos y emprenda acciones orientadas a deslindar responsabilidades. Este comité debería hacerse conocer a toda la empresa, indicando que es un órgano independiente, que reporta en forma directa a la presidencia, y que recibe denuncias, las analiza y resuelve, con absoluta confidencialidad y sin dar a conocer el nombre del denunciante. "De este modo, quienes realmente estén sufriendo persecuciones laborales, podrán denunciarlo a este comité y se asegurarán que su caso será analizado con seriedad y con la preservación de su identidad", aclaró Adrián Faks, titular del estudio que lleva su nombre. "Para paliar los casos reales de hostigamiento, cada firma, a través de personas especializadas, podría dictar cursos de capacitación obligatorios para todos los jefes, gerentes y directores, en los que se haga fuerte hincapié en el modo de manejarse con el personal subordinado", finalizó Faks.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó la resolución que había otorgado a la madre la tenencia provisional de la hijas tras la ruptura de la convivencia entre los progenitores, y rechazó el pedido de tenencia compartida efectuado por el padre, al ponderar la edad de la niñas y la necesidad de evitar un nuevo cambio que no resultaría beneficioso para las hijas. En el marco de la causa "G., G. R. C/ M., S. R. S/ Art. 250 C.P.C.C. – Incidente Famila", el actor apeló la resolución del juez de primera instancia que otorgó la tenencia provisional de O. y S.G.M. a la madre. En su demanda, el padre había solicitado la tenencia compartida y que se estableciera la equivalencia de permanencia de tiempo con sus hijas. Al analizar el recurso presentado, los jueces que integran la Sala G explicaron que tras la ruptura de convivencia de los padres a mediados del año 2010, las hijas menores, si bien pasaban parte de la semana con el progenitor, continuaron viviendo con su madre en el inmueble que había sido sede del hogar conyugal. Al remarcar el conocimiento periférico que amerita el carácter provisional de la medida resuelta por la juez de grado, los jueces determinaron que sin perjuicio de lo que ulteriormente se resuelva en definitiva, y “ teniendo en cuenta la edad de la niñas, un nuevo cambio -que aún no es permanente- supeditado a la sentencia que se dicte, no resulta beneficioso para las menores”. En la sentencia del 6 de marzo de 2012, los camaristas entendieron que “los elementos aportados hasta el presente prima facie no permiten, en este estadio, modificar la decisión adoptada en la anterior instancia”. Por último, al confirmar la sentencia apelada, los camaristas resaltaron que el pedido del recurrente implicaba un adelanto de la sentencia pretendida, mientras que no se apreciaba en el presente caso “la existencia de razones que demuestren el desacierto de la resolución en crisis, ni que los derechos de las niñas no se encuentren suficientemente tutelados”.
ACUERDO CONCILIATORIO - LABORAL
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo al establecer que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, excluye toda posibilidad de que un acuerdo celebrado privadamente tenga validez sin la intervención de algún organismo competente. En el marco de la causa “Zarini Florentino Roberto c/ Alpargatas Textil S.A. s/ ejecutivo”, Alpargatas Textil S.A. apeló la resolución que había declarado la nulidad del convenio celebrado con el actor. Cabe señalar que el juez de primera instancia se había pronunciado en tal sentido al aplicar los artículos 12 y 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los jueces que componen la Sala E recordaron que de acuerdo a lo establecido por el artículo 12 de la Ley 20.744, “será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción “. A ello, añadieron que el artículo 15 de la misma normativa establece que “los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las parte”. Dicha Sala remarcó que “un convenio entre partes no podría modificar los derechos reconocidos por la ley -LCT: 12-, salvo que en éste participe la autoridad administrativa o judicial competente mediante resolución fundada -LCT: 15-“. Los jueces señalaron que ello se debe a que “la regla de la irrenunciabilidad de derechos aparece como el aspecto más relevante del principio protectorio e impide tanto la renuncia anticipada de derechos como la renuncia de derechos ya obtenidos, sea que provengan de la ley, del convenio o del contrato individual" (Fernández Madrid, Juan Carlos; "Tratado Práctico del Derecho del Trabajo", tomo I, pág. 183, año 1992)”. Según sostuvieron los camaristas, dicha normativa regula de algún modo “la excepción al principio de irrenunciabilidad de los derechos (art. 12 LCT) cuando se cumplimentan los recaudos por ella previstos, que se circunscriben a la intervención de la autoridad judicial o administrativa la cual dictará una resolución fundada para evidenciar que mediante el acuerdo potencial o implícitamente liberatorio se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes, atribuyéndole a esta autoridad una función de garantía en torno a los derechos irrenunciables de los trabajadores”. En tal sentido, los camaristas explicaron en la sentencia del 27 de diciembre 2011, que el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo al establecer que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, excluye toda posibilidad de que un acuerdo celebrado privadamente tenga validez sin la intervención de algún organismo competente. En base a ello, al confirmar la resolución apelada, los jueces concluyeron que “una vez formalizado un acuerdo conciliatorio, la validez de este pacto, es otorgada por el magistrado o funcionario administrativo, quien mediante la homologación decide si el convenio propuesto es admisible por no vulnerar pautas legales inderogables y por permitir una justa composición de los derechos e intereses de ambas partes”, incluso cuando el trabajador hubiera firmado el convenio con asistencia letrada. Por último, los magistrados dejaron en claro que si bien resulta de carácter absoluto la nulidad establecida por el artículo 12 de la Ley de Concursos y Quiebras, ello no alcanza al resto de las estipulaciones contractuales, sino que sólo sustituye las cláuslas nulas por las normas imperativas consagradas por el ordenamiento laboral.