Source: https://do.vlex.com/vid/sentencia-no-segunda-sala-733999373
Timestamp: 2020-01-23 18:47:18
Document Index: 107361173

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 312', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 312', 'artículo 176', 'artículo 312', 'artículo 224', 'e contrario']

Sentencia nº 514 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Julio de 2017. - Jurisprudencia - VLEX 733999373
Sentencia nº 514 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Julio de 2017.
Sentencia núm. 514
en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 3 de
Sobre el recurso de casación interpuesto por Leudy Alexander
Colomé, dominicano, mayor de edad, unión libre, cerógrafo, portador de la Fecha: 3 de julio de 2017
cédula de identidad y electoral núm. 001-1815523-3, domiciliado y
residente en la calle Quince, núm. 151, parte atrás, del sector 27 de Febrero,
Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia núm. 094-2016, dictada por
la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional el 26 de julio de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al Licda. A.S., por sí y por la Licda. Yurissán
Candelario, defensoras públicas, en la lectura de sus conclusiones en la
audiencia del 5 de abril de 2017, actuando a nombre y en representación
del recurrente L.A.C.;
la República, L.. A.B.;
Visto el escrito motivado contentivo de memorial de casación suscrito
por la Licda. Y.C., defensora pública, en representación del
recurrente L.A.C., depositado en la secretaría de la
Corte a-qua el 9 de agosto de 2016, mediante el cual interpone dicho
Visto la resolución núm. 493-2017, dictada por esta Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia el 24 de enero de 2017, la cual declaró Fecha: 3 de julio de 2017
audiencia para conocerlo el 5 de abril del 2017;
2015; la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la
República Dominicana y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la
que la Fiscalía del Distrito Nacional presentó formal acusación y
solicitud de apertura a juicio el 6 de octubre de 2015, en contra de Leudi
Alexander Colomé o L.A.C.C., imputándolo de
violar los artículos 4 literal d, 5 literal a, 8 Categoría II, Acápite II, 9 literal Fecha: 3 de julio de 2017
d, 58 literal A y 75 párrafo II, de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y
que para la instrucción preliminar fue apoderado el Cuarto
Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual dictó auto de
apertura a juicio el 3 de febrero del 2016, en contra del imputado, siendo
apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó la sentencia núm.
294-02-16-SSEN-120, el 13 de abril del 2016, cuyo dispositivo figura
transcrito en la sentencia hoy impugnada;
que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado,
siendo apoderada la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia núm. 094-2016,
objeto del presente recurso de casación, el 26 de julio de 2016, cuyo
“ PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado L.A.C. y/oL.A.C.C., a través de su representante legal, Licda. Y.C., defensora pública, en fecha dieciocho (18) del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), contra la sentencia núm. 249-02-2016-SSEN-120, de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Fecha: 3 de julio de 2017
Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara al imputado L.A.C. también individualizado como L.A.C.C., de generales que constan culpable de posesión de sustancias controladas, específicamente cocaína clorhidratada en la categoría de traficante, hecho previsto y sancionado en los artículos 5 literal a), 28 y 75 párrafo II de la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas en República Dominicana, al haber sido probada la acusación presentada en su contra, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco
(05) años de prisión, y al pago de una multa ascendente a cincuenta mil pesos (RD$50,000.00); Segundo: E. al imputado L.A.C. también individualizado como L.A.C.C., del pago de las costas, por haber sido asistido por la Oficina Nacional de Defensa Pública; Tercero: Ordena la destrucción de la sustancia en ocasión de este proceso, consistente en noventa y nueve punto cuarenta y ocho
(99.48) gramos de cocaína; Cuarto: Ordena el decomiso a favor del Estado Dominicano de un celular marca Alcatel color negro; Quinto: Ordena la notificación de esta sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena de la Provincia de Santo Domingo, a los fines correspondientes”; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por ser justa y fundamentada en derecho, tal y como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente decisión; TERCERO: E. al ciudadano L.A.C. y/o L.A.C.C. del pago de las costas del procedimiento, por estar asistido por una defensora pública de la Oficina Nacional de Defensa Pública; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala, realizar la entrega de la presente sentencia a las partes, quienes quedaron citadas mediante decisión dada en la audiencia de fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciséis (2016).”; Fecha: 3 de julio de 2017
Único Medio: Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal. Sentencia manifiestamente infundada. Errónea aplicación de los artículos 1, 14, 26, 172, 333, 338, 418, 419, 420, 421, 422, 425 del Código Procesal Penal
Considerando, que el recurrente alega en el desarrollo de su medio,
Que la corte sólo se limita a establecer que la sentencia ha sido bien justificada, sin establecer a través de un argumento puramente deductivo la razonabilidad de esa decisión… Que la defensa plantó en su recurso que los jueces del tribunal a-quo expresaron en la sentencia impugnada que la prueba aportada por el ministerio público, consistente en el testimonio del oficial actuante, en su deposición ante el tribunal la realizó con sinceridad, firmeza y coherencia, por lo cual se le otorgó credibilidad. Ante este alegato la corte en la página cuatro (4) párrafo número cinco (5), realiza un relato de los hechos y aseveran un hecho que ellos no comprobaron incurriendo en el mismo error del tribunal a-quo…Que la corte argumenta en su página 5, último párrafo, que el oficial actuante reconoció su firma, en el acta de registro de personas. Pero aún así no era necesaria su comparecencia al tribunal, pues con el simple cumplimiento de las formalidades del acta era suficiente para retener falta penal en contra del imputado, una interpretación errónea y arbitraria de la corte, pues a los fines de realizar el Fecha: 3 de julio de 2017
proceso de autenticación de la prueba es necesaria la presencia de los oficiales actuantes, para dar curso al proceso de la oralidad, contradicción e inmediación de las partes, esencia del proceso penal…Que como es posible que la corte pase por alto las formas particulares en las cuales ocurrieron estos hechos, todo sucede con una detención arbitraria, que llaman en la actualidad perfil sospechoso…Que su detención se vale a simples presunciones las cuales no fueron corroboradas… no llenan el acta en el lugar de los hechos, la llenan en la base a la cual llegan en horas de la tarde y la hora del llenado del acta no fue la misma
Considerando, que contrario a lo alegado por el recurrente, la Corte
a-qua para fallar en la forma en que lo hizo, dio por establecido lo
“Que en sentido tras el análisis de las sentencia impugnada y las glosas del expediente, esta Alzada precisa, que al momento del registro realizado por el oficial E.B.E., el imputado-recurrente se encontraba en la calle 8 esquina calle 15, próximo al colmado El Poder de la Fe, del sector 27 de Febrero, Distrito Nacional, sin embargo para preservar su dignidad, el oficial actuante procedió a requisarle en el interior de una camioneta de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocupándosele en su ropa interior dos (02) porciones de una sustancia, la cual al ser analizada, según consta en el certificado de análisis químico forense No. SC1-2015-08-01-019000, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil quince (2015) emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), resultó ser cocaína Clorhidratada con un peso de noventa y nueve punto cuarenta y ocho gramos (99.48); Fecha: 3 de julio de 2017
que el imputado L.A.C. y/o L.A.C.C. posteriormente fue llevado a la base, en donde el oficial procedió a llenarle el acta de registro de personas, debido a que al momento de requisar el imputado estaba lloviendo, por lo cual no pudo llenar el acta en el lugar de los hechos, además de que en esos lugares por lo general las personas le lanzan piedras a los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); pues los agentes actuantes realizan las pesquisas en un lugar que les ofrezca mayor seguridad. Que en la especie, se desprende que el equipo operacional de la división central, realizó una actuación que empezó en el lugar donde se encontraba el hoy imputado, pero para evitar los imprevistos, la misma se concluyó en la sede operativa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la presencia del imputado, quien se negó a firmar la referida acta levantada al efecto, de lo cual esta Corte advierte, que el testigo E.B.E., al requisar al imputado L.A.C. y/oL.A.C.C., le ocupó la sustancia controlada en su ropa interior y que firmó el acta de registro de personas en la que consta dicha ocupación, reconociendo en juicio de fondo su firma y dando aquiescencia al contenido de la misma”;
Considerando, que más adelante, respecto al oficial actuante, su
comparecencia y al levantamiento del acta en cuestión, la Corte a-qua
“Que independientemente de que esta Corte ha comprobado que el oficial actuante oficial E.B.E., compareció al juicio de fondo y reconoció que es su firma la que consta en el acta de registro de personas de fecha treinta (30) de agosto del Fecha: 3 de julio de 2017
año dos mil quince (2015), dando además aquiescencia al contenido de la misma, esta Alzada tiene a bien establecer que, el artículo 312 del Código Procesal Penal dispone: “Excepciones a la oralidad. Pueden ser incorporados al juicio por medio de la lectura: 1. Los informes, las pruebas documentales y las actas que este código expresamente prevé; 2. Las actas de los anticipos de prueba, sin perjuicio de que las partes soliciten al tribunal la comparecencia personal del testigo, cuando sea posible; 3. Los informes de peritos, sin perjuicio de que los peritos deban concurrir para explicar las operaciones técnicas realizadas y las conclusiones a las que han llegado; 4. Las declaraciones de coimputados que se encuentren en rebeldía, registradas conforme a este código. Cualquier otro elemento de prueba que pretenda ser incorporado al juicio por medio de la lectura, no tiene valor alguno”; y ese sentido, la Segunda Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia, mediante Sentencia núm. 4, de fecha 06 de abril de 2011, ha dicho: “Considerando, que la resolución núm. 3869-2005, de esta Suprema Corte de Justicia, establece en el literal d, de su artículo 19, que: “Cuando se trate de documentos públicos, su autenticación se hace por la sola verificación del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la validez del documento en cuestión”, lo cual, como se verifica más arriba, fue debidamente constatado por la corte a-qua; por consiguiente, el medio que se analiza debe ser desestimado”; de lo que se infiere que no es necesaria la presencia del agente que instrumentó de forma correcta el acta de registro de persona del imputado, pues nuestra normativa exige la presencia del testigo para comprobación, solo en los casos de las actas de los anticipos de prueba o los informes de peritos, cuando las partes lo solicitan y si dicho requerimiento es posible, cuestión que en el caso de la especie juzgada no se trató, sino de una acta de registro de personas la cual establece la Fecha: 3 de julio de 2017
forma, lugar y fecha en la que fue requisado el imputado L.A.C. y/oL.A.C.C., así como los objetos que se le ocuparon”;
Considerando, que el artículo 19 de la Resolución núm. 3869-2006, de
fecha 21 de diciembre del 2006, que crea el Reglamento para el Manejo de
los Medios de Prueba en el Proceso Penal, dictada por la Suprema Corte de
Justicia, establece lo siguiente:
“Presentación de Objetos y Documentos Como Medio de Prueba. Para el conocimiento del juicio, el medio de prueba previamente identificado, debe estar disponible en la sala de audiencia.
d. Cuando se trate de documentos públicos, su autenticación se hace por la sola verificación del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la Fecha: 3 de julio de 2017
validez del documento en cuestión”;
Considerando, que la oralidad es uno de los principios rectores del
debido proceso y, por ende, la prueba material debe ser incorporada a
través de la autenticación, es decir, a través de un testigo idóneo, como lo
prevé el precitado artículo 19; sin embargo, las sanciones procesales ante la
omisión de estas formalidades no generan la exclusión probatoria como
pretende la defensa del recurrente, a menos que del debate surjan
cuestiones que requieran esclarecer y por su omisión lesionen el derecho de
defensa, lo cual no se advierte en el caso de la especie; lo que unido al
hecho de que el artículo 312 del Código Procesal Penal prevé las
excepciones de lugar, al indicar que “pueden ser incorporados al juicio por
medio de la lectura: 1) Los informes, las pruebas documentales y las actas que este
código expresamente prevé…”; resultando en ese sentido, que el acta
cuestionada sobre registro de personas, la cual está contemplada en el
Código Procesal Penal, en el artículo 176, que prevé “…El registro de
personas se hace constar en acta levantada al efecto, que debe incluir el
cumplimiento de la advertencia previa sobre el objeto buscado, la firma del
registrado, y si se rehúsa a hacerlo, se hace mención de esta circunstancia. En estas
condiciones, el acta puede ser incorporada al juicio por su lectura. Esas normas se
aplican al registro de vehículos”; debe cumplir con las condiciones enunciadas Fecha: 3 de julio de 2017
para determinar su acreditación, sin necesidad de hallarse presente el
testigo idóneo;
Considerando, que el acta cuestionada es un formulario que incluye
la advertencia como formula sacramental, sin que la defensa haya
cuestionado tal aspecto; además contiene la mención de que el registrado
se negó a firmar, lo que conjuntamente con las demás formalidades propias
del acta, al indicar la fecha, hora, lugar y la descripción del hecho per sé, da
como buena y válida la misma y puede ser incorporada al juicio por su
lectura, tal y como ha externado la Corte a-qua, en virtud de las
disposiciones del artículo 312 del Código Procesal Penal; por lo que la
sentencia impugnada está debidamente motivada; en consecuencia,
procede desestimar dicho medio;
Considerando, por último, respecto a la ilegalidad de la detención
alegada por el recurrente, la Corte a-qua expresó en su decisión, lo
Que esta Corte ha comprobado además, que la detención del imputado surgió en circunstancias apegadas a la norma, en el entendido de que al momento de los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas realizar un operativo en el sector 27 de Febrero, Distrito Nacional, lugar donde se encontraba el Fecha: 3 de julio de 2017
imputado L.A.C. y/oL.A.C.C., quien mostraba un perfil sospechoso, lo que provocó que procedieran a requisarle, ocupándole en el interior de su ropa interior dos (02) porciones de una sustancia, que luego de ser analizadas resultaron ser cocaína Clorhidratada con un peso noventa y nueve punto cuarenta y ocho (99.48) gramos, hecho éste que ha sido corroborado a través del acta de registro de persona levantada al efecto y por el testigo E.B.E. quien fue el oficial actuante y cuyo testimonio para el tribunal a-quo fue presentado con sinceridad, firmeza y coherencia. (ver pág. 10 numeral 3 de la decisión apelada); de lo que se puede colegir, que conforme a lo dispuesto en el artículo 224 del Código Procesal Penal, el arresto del imputado fue en atenciones a que el mismo presentó rastros (perfil sospechoso), que hicieron presumir razonablemente al oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que poseía sustancias contraladas, por lo que esta Alzada considera que el tribunal aquo realizó un adecuado estudio y ponderación de los elementos de pruebas valorados, salvaguardando las garantías procesales y constitucionales del imputado, siendo la decisión hoy recurrida el resultado de un adecuado análisis a las pruebas aportadas, lo que permitió construir su decisión en apego a los principios que lo rigen y en aplicación al ejercicio de un juicio oral, público y contradictorio; en consecuencia, entendemos procedente rechazar el medio planteado
Considerando, que contrario a lo expuesto, en la especie la Corte aqua satisfizo su deber de tutelar efectivamente las prerrogativas del
reclamante, exponiendo una adecuada y suficiente fundamentación para Fecha: 3 de julio de 2017
rechazar su apelación al verificar por el tribunal de juicio una correcta
valoración de las pruebas acreditadas y sometidas al contradictorio, toda
vez que fue observado en las declaraciones del agente actuante que éstos
actuaron movidos por la actitud tomada por el hoy imputado, actuación
que aplicaron debido a su experiencia en el servicio, concluyendo con un
resultado positivo en la infracción perseguida, por lo que la motivación
brindada por la Corte a-qua resulta suficiente y correcta, en tal sentido
procede desestimar el medio planteado;
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por L.A.C., contra la sentencia núm. 094-2016, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de julio de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Fecha: 3 de julio de 2017
Segundo: E. al recurrente del pago de las costas al estar asistido por la Defensa Pública;
(Firmados) Miriam Concepción Germán Brito.-Esther Elisa Agelán
Casasnovas.-Alejandro Adolfo Moscoso Segarra.-Fran Euclides Soto