Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-33254-de-febrero-27-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_da966afc01f9019ae0430a010151019a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-13 20:44:56
Document Index: 126621795

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 180', 'artículo 184', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 40', 'artículo 269', 'artículo 230', 'Artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 244', 'artículo 244']

CONTENIDO:INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 890 DE 2004 A LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1121DE 2006. LA PROPORCIONALIDAD IMPLICA CORRELACIÓN ENTRE LA MAGNITUD DE LA PENA Y LA GRAVEDAD DEL DELITO. ASÍ, EL DERECHO PENAL DENTRO DE UN ESTADO CATALOGADO COMO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO HA DE AJUSTAR LA GRAVEDAD DE LAS PENAS A LA TRASCENDENCIA SOCIAL DE LOS HECHOS DELICTIVOS. EN CONSECUENCIA, EXIGIR PROPORCIÓN ENTRE DELITOS Y PENAS SIGNIFICA QUE LA DUREZA DE AQUÉLLAS NO HA DE EXCEDER LA GRAVEDAD QUE PARA LA SOCIEDAD POSEE EL HECHO CASTIGADO. DESDE ESA PERSPECTIVA, LA DESPROPORCIÓN Y LA EVIDENTE CARENCIA DE RAZONABILIDAD EN LA FIJACIÓN LEGISLATIVA DE LAS PENAS, LAS TORNAN ILEGÍTIMAS. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA DETERMINACIÓN E IMPOSICIÓN DE LA PENA OSTENTA LA CONDICIÓN DE GARANTÍA FUNDAMENTAL. POR ENDE, SU VULNERACIÓN COMPORTA ARBITRARIEDAD, BIEN EN LA RESPECTIVA DISPOSICIÓN PENAL, BIEN EN LA FIJACIÓN DE LA CONSECUENCIA PUNITIVA. EN ESE CONTEXTO, SIN DUDARLO, UN AUMENTO DE PENAS INMOTIVADO O CARENTE DE FUNDAMENTO RESULTA OPUESTO AL ENTENDIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO PENAL. DE MANERA PUES QUE SI UN AUMENTO DE PENAS CARENTE DE JUSTIFICACIÓN SE TRADUCE EN UNA MEDIDA ARBITRARIA, LA APLICACIÓN DEL INCREMENTO GENÉRICO DEL ART. 14 DE LA LEY 890 DE 2004 A LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ART. 26 DE LA LEY 1121 DE 2006 DEVIENE EN DESPROPORCIONADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA, EFECTOS DE LA PENA, FUNCIÓN DE LA PENA, APLICACIÓN DE LA PENA, GRADO DE LA PENA
El recurso extraordinario de casación, según el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías fundamentales de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a éstos y la unificación de la jurisprudencia.
Por consiguiente, en ausencia de alguno de dichos elementos, la Corte, en línea de principio, se abstendrá de seleccionar la demanda. Sin embargo, a tono con el artículo 184, inciso 3º ídem, en consonancia con la máxima constitucional de prevalencia del derecho sustancial (Constitución, art. 228), atendiendo a criterios como los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, la Corte deberá superar los defectos del libelo para decidir de fondo.
De otro lado, del artículo 3º ídem se extractan los principios orientadores de la imposición de la sanción penal, a saber, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Éste último se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.
En efecto, en un Estado constitucional(1) no sólo se predica la protección de bienes jurídicos como la principal finalidad del ius puniendi —propósito a partir del cual han de comprenderse los fines de la pena—; además, se instituyen barreras de contención a la actividad punitiva estatal, a fin de mantenerla dentro de los límites propios de la racionalidad y la dignidad humana, proscribiendo los excesos en la punición.
El derecho penal en un Estado social y democrático debe asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad (Estado social), por lo que ha de tender a la prevención de los delitos, entendidos como aquellos comportamientos que los ciudadanos estimen dañosos para sus bienes jurídicos, y en la medida en que los mismos ciudadanos consideren graves tales hechos (Estado democrático). Un tal derecho penal debe, pues, orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad(5).
El ejercicio del ius punendi(sic) en un Estado democrático no puede desconocer las garantías propias del Estado de Derecho, esto es, las que giran en torno al principio de la legalidad. Pero al mismo tiempo, debe añadir nuevos cometidos que vayan más allá del ámbito de las garantías puramente formales y aseguren un servicio real a los ciudadanos. El derecho penal en un Estado social y democrático no puede, pues, renunciar a la misión de incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, sino que debe conducirla para la verdadera defensa de los ciudadanos y de todas las personas residentes en el territorio nacional. Debe, por tanto, asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos (Estado social), entendidos como aquellos comportamientos que el orden jurídico califica como dañinos para sus bienes jurídicos fundamentales, en la medida en que los considera graves.
Entre dichas garantías(11) ha de destacarse, de cara al asunto sub exámine, el principio de proporcionalidad(12), cuya aplicación resulta imprescindible tanto en la fase legislativa como en el momento de aplicación judicial de la coerción estatal(13).
3.2.2 Al respecto ha de puntualizarse que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional(14), sólo la utilización medida, justa y ponderada del ius puniendi, destinado a proteger los derechos y las libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento jurídico.
El principio constitucional de proporcionalidad —que en materia penal se expresa en la consigna de prohibición de exceso—, según la Sentencia C-070 de 1996, ha sido extraído jurisprudencialmente de los arts. 1º (Estado social de derecho); 2º (principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución); 5º (reconocimiento de los derechos inalienables de la persona); 6º (responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas); 11 (prohibición de la pena de muerte); 12 (proscripción de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes); 13 (principio de igualdad) y 214 de la Constitución (proporcionalidad de las medidas excepcionales).
En términos simples, la proporcionalidad implica correlación entre la magnitud de la pena y la gravedad del delito. Así, el derecho penal dentro de un Estado catalogado como constitucional y democrático ha de ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia social de los hechos delictivos. En consecuencia, exigir proporción entre delitos y penas significa que la dureza de aquéllas no ha de exceder la gravedad que para la sociedad posee el hecho castigado(15).
Ahora bien, en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador debe actuar dentro de los límites constitucionales. Tales límites pueden ser explícitos como implícitos. Así, al Legislador le está vedado, por voluntad expresa del constituyente, establecer las penas de muerte (C.P., art. 11), destierro, prisión perpetua o confiscación (C.P., art. 34), así como someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (C.P., art. 12). Por otra parte, en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el legislador debe propender a la realización de los fines sociales del Estado, entre ellos, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y de asegurar la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2). La dosimetría de las penas es un asunto librado a la definición legal, pero corresponde a la Corte velar para que en el uso de la discrecionalidad legislativa se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En su dimensión de derechos de defensa, la libertad general de acción y los demás derechos fundamentales prohíben que las medidas que adopte el legislador penal —la tipificación de los delitos y la fijación de las penas— sean excesivas. Lo excesivo no es algo que pueda ser determinado en abstracto, sino en el caso concreto, habida cuenta de la protección que exijan para sí los bienes jurídicos que las leyes penales garantizan. El principio de proporcionalidad, en su variante de la interdicción del exceso, es el criterio para controlar la constitucionalidad de la ley en el marco de estas relaciones, siempre desde el punto de vista de la afectación del derecho de defensa respectivo.
De esta manera, la libertad individual, en tanto prerrogativa ius fundamental, sólo puede restringirse con miras a la protección de otros intereses del mismo linaje, sin superar la prohibición de exceso —encarnada en la proporcionalidad de la pena—. Para tal efecto, ha de acudirse a los componentes metodológicos de ponderación consustanciales al principio de proporcionalidad, a saber: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto(20).
Cabe reiterar, por último, que la proporcionalidad, a través de los referidos componentes, encuentra aplicación como herramienta de control sobre las medidas punitivas, no sólo en el plano normativo —concerniente a la protección penal propiamente dicha y a la medida de la pena con la que se amenaza—; también, en la fase de imposición de la sanción, según lo dicta el artículo 3º del Código Penal.
Y es que en una democracia constitucional como la colombiana, que es esencialmente pluralista, la validez de una decisión mayoritaria no reside únicamente en que ésta haya sido adoptada por una mayoría sino además en que esta haya sido públicamente deliberada y discutida, de tal manera que las distintas razones para justificar dicha decisión hayan sido debatidas, sopesadas y conocidas por la ciudadanía y que, además, las minorías hayan podido participar en dichos debates y sus derechos hayan sido respetados. Por consiguiente, para esta concepción, la democracia no es la tiranía de las mayorías, pues los derechos de las minorías deben ser respetados y protegidos. Además, en la democracia constitucional, las decisiones colectivas deben ser deliberadas en público pues de esa manera se logran decisiones más racionales, justas e imparciales. El proceso legislativo no debe ser entonces únicamente un sistema de agregación de preferencias o que simplemente legitima acuerdos privados o negociaciones ocultas sino que debe constituirse en una deliberación pública, en la cual los representantes de los ciudadanos, sin olvidar los intereses de los votantes que los eligieron, sin embargo discuten públicamente y ofrecen razones sobre cuál es la mejor decisión que puede adoptarse en un determinado punto.
Además, si se admitiese un incremento punitivo infundado, resultaría nugatoria la dignidad humana, ya que, desconociendo que ésta implica concebir al hombre como un fin en sí mismo(24); y, entonces, pregonar el irrestricto respeto por su autonomía e identidad como persona, el derecho se entronizaría como un objeto autojustificable, perdiendo la dignidad su razón de ser como fundamento antropológico del Estado constitucional.
La justificación del aludido incremento punitivo se encuentra en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 76 de 2001 Cámara —publicado en la Gaceta 380 de 2000—, cuyo tenor literal dicta:
El mencionado precepto dispone: “Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la presente ley…”.
Así se desprende tanto de los motivos expuestos en los proyectos de Ley Estatutaria 01 de 2003 Senado y 251 de 2004 Cámara como de las discusiones llevadas a cabo en el marco del proceso legislativo.
Efectivamente, según se advierte en la Gaceta del Congreso 345 de 2003, donde se publicó el proyecto de Ley Estatutaria 01 de 2003, el artículo 48 contemplaba un aumento generalizado de penas de prisión en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal, propuesto en función de los siguientes argumentos:
El artículo cuarto transitorio del Acto Legislativo 3 de 2002 facultó a la comisión constitucional redactora para expedir, modificar o adicionar el Código Penal en aquello relacionado con el nuevo sistema.
La reciente reforma al Código Penal, que entró en vigencia a partir del 24 de julio de 2001, exigía de la comisión un cuidadoso y equilibrado estudio, pues si bien con la Ley 599 de 2000 se había logrado la adecuación de la normatividad penal al bloque de constitucionalidad, también se avanzó hacia un derecho penal de bases más sólidas y modernas que en este momento está siendo desarrollado por los funcionarios judiciales, en general, y especialmente por la doctrina, creándose una “nueva escuela” de pensamiento basada en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales y en la jurisprudencia, con sólidas raíces en la ciencia y en la vivencia de nuestro país. […].
Así, en ejercicio de un verdadero equilibrio, se unieron el reconocimiento por la tarea emprendida hace dos años y la necesidad de velar por el cumplimiento de protección a la sociedad colombiana, con la adopción de normas que de manera estricta pero respetuosa del mandato constitucional, permitan el cumplimiento de los fines de la pena, como son la prevención general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección del condenado. […].
Luego de haberse presentado la ponencia para primer debate, en la cual los referidos aumentos de penas figuraban individualizados frente a cada tipo penal (art. 10)(25), la comisión primera del Senado(26) modificó la propuesta de efectuar los incrementos de manera singularizada, para acoger una fórmula en la que aquéllos habrían de aplicarse a la totalidad de delitos consagrados en la parte especial del Código Penal.
Las penas de prisión previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la presente ley …(27).
El citado texto del artículo 4º del Acto legislativo 3 de 2002 señala con claridad que la modificación y adición de los cuerpos normativos correspondientes, incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de hábeas corpus, los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía, tienen el propósito exclusivo de adoptar el remozado sistema de procedimiento penal y, por tanto, las disposiciones que pueden ser objeto de valoración por parte del Congreso deben guardar relación directa con aquellos asuntos que en el Código Penal aluden a aspectos que permiten el cabal desarrollo del sistema acusatorio.
El primer grupo de normas, que corresponde a los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 9º, está ligado a las disposiciones del estatuto procesal penal de rebaja de penas y colaboración con la justicia, que le permitan un adecuado margen de maniobra a la Fiscalía, de modo que las sanciones que finalmente se impongan guarden proporción con la gravedad de los hechos, y a la articulación de las normas sustantivas con la nueva estructura del proceso penal(29).
Finalmente, luego de las respectivas conciliaciones(30), se expidió la Ley 890, promulgada en el Diario Oficial 45.602 del 7 de julio de 2004, en la cual se incorporó el actual artículo 14, transcrito anteriormente.
Esa comprensión, valga resaltar, ha sido acogida y ratificada por la Sala en varios pronunciamientos. Por ejemplo, en la sentencia del 1º de junio de 2006, dictada dentro del proceso radicado con el número 24.890, esta Corporación puntualizó:
Para llegar a tal conclusión, la Sala examinó el contenido de los debates que precedieron a la aprobación de la Ley 890 de 2004 al interior del Congreso de la República (Proyecto de Ley 251 de 2004 en la Cámara y 1 de 2003 en el Senado), en donde se concluyó fundamentalmente que por virtud de los mecanismos de negociación y preacuerdos estipulados en el nuevo sistema, resultaba indispensable incrementar las penas establecidas en la Ley 599 de 2000 para permitir un “margen de maniobra a la Fiscalía” e imponer penas que “guarden proporción con la gravedad de los hechos”.
En sentencia de 21 de marzo de 2007, proferida dentro del proceso 26.065(31), la Sala expuso que, “como la razón de ser del aumento general de penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 fue habilitar los mecanismos de allanamientos y acuerdos que surgen de la implementación del denominado sistema penal acusatorio de la Ley 906 del mismo año, su aplicación queda supeditada a la vigencia gradual de éste”.
3.5.3 En efecto, el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, por medio de la cual se dictaron normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo, preceptúa:
Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada(33) y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.
Finalmente, la Corte precisa que el legislador goza de un amplio margen de configuración normativa al momento de diseñar el proceso penal, y por ende, de conceder o negar determinados beneficios o subrogados penales. Lo anterior por cuanto no existen criterios objetivos que le permitan al juez constitucional determinar qué comportamiento delictual merece un tratamiento punitivo, o incluso penitenciario, más severo que otro, decisión que, en un Estado social y democrático de derecho, pertenece al legislador quien, atendiendo a consideraciones ético-políticas y de oportunidad, determinará las penas a imponer y la manera de ejecutarlas(34). En efecto, el legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: i) el análisis de la gravedad del delito y ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional.
En síntesis, las prohibiciones contenidas en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 no son aplicables a los delitos de secuestro, extorsión, secuestro extorsivo, terrorismo y conexos cometidos a partir del primero de enero de 2005, en los Distritos en los que rige a plenitud la Ley 906 de 2004 […].
A ese respecto, en la sentencia del 29 de julio de 2008, proferida dentro del proceso radicado con el 29.788, se asevera:
Desde entonces se viene considerando que, como quiera que el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 fue reiterado por el legislador en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 por razones de política criminal(38), la prohibición de rebaja de pena por aceptación unilateral o negociada de cargos para los procesos rituados por la Ley 906 de 2004 es improcedente por expresa prohibición legal.
Esa comprensión, según se expondrá enseguida, habrá de modificarse —impactando también lo concerniente a los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo y conexos—, bajo el postulado según el cual la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, tiene la potestad de variar su jurisprudencia, conforme a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 169 de 1896, en consonancia con los precedentes constitucionales(39) y especializados(40) pertinentes.
En esas circunstancias, retomando las consideraciones efectuadas en lo atinente a la proporcionalidad y su nexo con el valor justicia, cabe subrayar, siguiendo a Gustav Radbruch(42), que ante una manifiesta contradicción entre el derecho y la justicia, ésta debe prevalecer:
8. En ese orden de ideas, dígase finalmente que el juez ya no es la “boca de la ley” a la manera de Montesquieu en el Estado liberal de derecho, sino el “cerebro y la conciencia del derecho” a través de la jurisprudencia de principios en el Estado constitucional de derecho, que le permite ser legislador positivo al modular o condicionar la validez de la ley, y legislador negativo, a la manera de Gargarella, al poder excluir del firmamento del derecho una ley inválida, como aquella que no se rigió en su trámite de creación por el mandato constitucional o que desconoce el capital axial superior, a través de los controles directo o difuso de constitucionalidad, éste último que, a partir de la Constitución de 1991, puede ejercer cualquier juez de la República por aspectos formales o de procedimiento y materiales(44).
De una parte, la valoración político criminal emprendida a la hora de fijar los límites punitivos en el Código Penal y las posteriores reformas (en el caso de la extorsión: artículos 244 del Código Penal y 5º de la Ley 733 de 2002) sigue intacta, pues la inaplicación del aumento genérico de penas que trajo la Ley 890 solamente implica suprimir una medida excesiva y desproporcionada; de otra, mal podría hablarse de impunidad y de un trato benigno por parte del Estado a extorsionistas, secuestradores y terroristas, dado que, además de las altas penas asignadas a ese tipo de delincuencia, la mayor dureza en su persecución y castigo también se expresa a través de aspectos procedimentales como la prohibición de conceder rebajas de pena y otros beneficios que, inclusive, se extienden hasta la imposibilidad de redención especial de pena por trabajo y estudio(45).
Adicionalmente, ha de precisarse que en asuntos como el aquí analizado, mal podría abstenerse la Sala de restaurar la conculcada garantía de proporcionalidad de la pena, bajo el argumento de que la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Pues, además de que la ratio decidendi de la Sentencia C-238 de 2005 únicamente versó sobre el principio de tipicidad o estricta legalidad —en respuesta a un cargo de supuestas imprecisiones o ambigüedades de la norma—, sin que se efectuara ninguna consideración en torno a la máxima de prohibición de exceso, lo cierto es que, en el sub exámine la vulneración del principio de proporcionalidad de la pena, por decaimiento de los fundamentos legitimantes del aumento punitivo, entraña una inconstitucionalidad sobreviniente por nuevos hechos legales normativos, eventualidad que, según la Sentencia C-287 de 2009, tiene lugar cuando “la reforma de una disposición legal implica la modificación de aspectos sustantivos del precepto o de otras regulaciones que inciden en la determinación de sus proposiciones normativas, de modo tal que la norma resultante viola disposiciones constitucionales”.
Ahora, dado que al momento de individualizar la sanción el juzgado 2º penal municipal con función de conocimiento de Popayán impuso las penas en el mínimo del primer cuarto(46), la Sala, respetando los lineamientos para efectuar tal dosificación, condenará a Daniel Fernando Angulo Gómez a las penas principales de 6 años de prisión y 300 salarios mínimos legales mensuales de multa, conjuntamente con la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad, dejando incólumes los demás aspectos de las sentencias de instancia.
La Corte hace saber que de continuar esta tendencia, los procesos penales que en condiciones de normalidad deberían terminar a la mayor brevedad posible a través de sentencias anticipadas proferidas de conformidad con el imputado, por fuerza de una normativa expedida sin contar con estudios criminológicos, sociológicos o estadísticos previos que le sirvan de fundamento, deben continuar su curso en etapa de juicio, surtir todas las fases ordinarias del trámite, y llegar incluso a casación, con el resultado de generar mayores grados de congestión en los despachos judiciales, incluyendo por supuesto a la Corte, con evidente perjuicio para los derechos de las víctimas, los acusados y el conglomerado en general, pues mientras la sentencia no se encuentre en firme, no resulta de obligatorio cumplimiento.
Así, frente a un sistema ineficiente, congestionado y desfigurado en algunos de sus componentes, preocupa la posibilidad de un colapso que conlleve al fracaso del sistema, el cual la Sala se rehúsa a admitir. No sólo porque las bondades que el modelo representa en términos de garantías son innegables —por citar algunos referentes: primacía de la libertad, reserva judicial para la afectación de derechos fundamentales, amplitud del ejercicio del derecho de contradicción y mayor protección a las víctimas—; también, porque es consciente de que, debidamente engranado y provisto de las herramientas adecuadas, el modelo escogido está en capacidad de lograr el objetivo de consolidar una administración de justicia penal eficaz y eficiente(48).
La concesión de rebajas de pena por aceptación unilateral o preacordada de cargos, hay que decirlo, no es inherente a la caracterización acusatoria del proceso(51) —cuyos rasgos definitorios se reducen a: i) el ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al juez; ii) la delimitación del proceso en fases de investigación y juzgamiento, conferida a organismos diferentes, con el fin de evitar un probable y posible prejuzgamiento por parte del juez sentenciador, y iii) la relativa vinculación del Tribunal a las pretensiones de las partes(52) —. Sin embargo, la correcta funcionalidad de los allanamientos y preacuerdos —así como del principio de oportunidad(53)— sí constituye un componente de suma importancia para el logro de una justicia eficaz y eficiente, como lo pretendió el constituyente derivado.
No obstante, haciendo abstracción de dicha realidad y denotando una absoluta falta de consistencia en la política criminal —caracterizada por ser reactiva; carente de fundamentación empírica; incoherente; alejada de una perspectiva de derechos humanos; tendiente al endurecimiento de penas; poco reflexiva frente a los desafíos del contexto colombiano y subordinada a la política de seguridad(54) —, las iniciativas legislativas en materia penal y procesal penal, a la batuta de un exacerbado populismo punitivo, han venido restringiendo las posibilidades de aplicación de mecanismos de justicia premial, sin considerar que, lejos de avanzar en el afianzamiento de una pronta, cumplida y adecuada justicia, están perjudicando la funcionalidad del sistema y consolidando su inoperancia.
Los crecientes ingresos al sistema, sumados a una capacidad de evacuación del 44.8% que resulta insuficiente para contrarrestarlos, han derivado en que a sus cortos cinco años de vigencia el sistema penal acusatorio ya cuente en sus inventarios con 1.174.191 noticias criminales, de las cuales más de un 90% se encuentra en etapa de indagación. Esta cifra resulta particularmente inquietante, cuando se observa que el total de ingresos en el año 2009 (986.064) supera el número total de casos que han sido evacuados durante sus cinco años de vigencia (955.799), por lo cual de no tomarse correctivos inmediatos, la carga del sistema podría volverse incontrolable(55).
Entretanto, la problemática de congestión se ha venido agravando; pues, con referencia a informes del período 2010-2011, ya se hablaba de alerta roja en el sistema judicial, dado el represamiento de casi un millón y medio de noticias criminales en la Fiscalía y un hacinamiento carcelario del 33%(56).
(2) Cfr., entre otras, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, sents. 01/10/09, rad. 29.110; 13/05/09, rad. 31.362; 08/08/05, rad. 18.609; 26/04/06, rad. 24.612; 23/08/06 rad. 25.745; 19/10/06, rad. 19.499; y 18/11/08, rad. 29.183.
(3) Bien sabido es que “ha habido una constitucionalización del derecho penal porque, tanto en materia sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados —particularmente en el campo de los derechos fundamentales— que inciden de manera significativa en el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance”. Así: C. Const., Sent. C-038/95. En idéntico sentido, cfr. sents. C-176/94, C-609/96 y C-646/01.
(4) Corte Constitucional, Sent. C-578/02.
(5) Mir Puig, Santiago. El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 37.
(6) Mir Puig, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal. Buenos Aires: B de f, 2ª ed., 2003, p. 53.
(7) Roxin, Claus. La teoría del delito en la discusión actual. Lima: Grijley, 2007, p. 79.
(8) Mir Puig, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal, p. 57.
(9) Al respecto, ibídem, pp. 125-148.
(10) Bunzel, Michael. La fuerza del principio constitucional de proporcionalidad como límite de la protección de bienes jurídicos en la sociedad de la información. En: Hefendehl, Roland, von Kirsch, Andrew y Wohlers, Wolfgang (eds.). La teoría del bien jurídico. Madrid: Marcial Pons, 2003, p. 151.
(12) Cfr. C. Const., sent. C-565/93.
(13) Cfr., entre otras, C. Const., sent. C-647/01.
(14) C. Const., sent. C-070/96. En el mismo sentido, sents. C-118/96 y C-148/98.
(15) Mir Puig, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal, pp. 142-143.
(16) En ese sentido, cfr. C. Const., sents. C-103/97, C-1490/00 y T-596/92.
(17) Sobre la connotación de garantía fundamental del principio de legalidad de la pena, cfr. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sents. 27/06/12, rad. 38.607; 06/06/12, rad. 36.846; 10/10/12, rad. 36.860 y 06/06/12, rad. 25.767, entre otras.
(18) C. Const., sent. C-070/96.
(19) Bernal Pulido, Carlos. El derecho de los derechos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005, pp. 134-135.
(20) Al respecto, cfr., entre muchas otras, C. Const., sents. C-022/96, C-309/97, C-457/97, C-1410/00; C-392/02, C-670/04 y C-296/12.
(21) Así, C. Const., sent. C-670/04, citando a Borowski, Martin. La estructura de los derechos fundamentales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 131. También, Bernal Pulido, Carlos. Ob. cit., pp. 135-138.
(22) Al respecto, cfr. C. Const., sents. C-501/01, C-737/01 y la aclaración de voto del magistrado Rodrigo Uprimny Yepes en la sent. C-668/04.
(23) Legaz y Lacambra, Luis. La filosofía del derecho. Barcelona: Bosch, 1979, pp. 345-346.
(24) Dicha concepción antropocéntrica del Estado social de derecho está inspirada en la segunda fórmula del imperativo categórico kantiano: “obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como fin, nunca meramente como medio”: En: Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 429. Al respecto, cfr. C. Const., sents. C-542/93, T-090/94, C-045/98, C-521/98, T-556/98 y T-587/98.
(25) Gaceta del Congreso 642 de 2003.
(26) Gaceta del Congreso 066 de 2004.
(27) Gaceta del Congreso 111 de 2004.
(28) Cfr. Gacetas del Congreso 135, 137, 142 —aclaratoria— y 178 de 2004.
(29) Gaceta 178 de 2004.
(30) Gacetas 284 y 287 de 2004.
(31) Ratificada mediante múltiples sentencias: 29/07/08, radicación 27.263 y 23/01/08, radicación 28871, entre otras.
(32) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de única instancia del 18/01/12, radicación 32.764.
(33) Cabe destacar que si bien este precepto sólo se ocupó de la prohibición del descuento punitivo por sentencia anticipada, regulado en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, la comprensión que de dicho canon ha hecho la Sala fue la de extender sus efectos a la aceptación de imputación, figura propia de la Ley 906 de 2004. Así: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia 29/07/08, radicación 29.788.
(34) Ver al respecto, L.A. Hart, Punishment and Responsability, Oxford, 1968 y Lopera M, G, Principio de proporcionalidad y ley penal, Madrid, 2006, p. 144.
(35) Desde luego, clarificando que la disminución punitiva por indemnización de perjuicios de que trata el artículo 269 del Código Penal sí es procedente. Cfr.: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 06/06/12, radicación 35.767.
(36) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sent. 14/03/06, rad. 24.052.
(37) Tal como se puede comprobar en decisiones del 01/07/06, rad. 24.764; 06/07/06, rad. 24.230; 07/02/07, rad. 26.121; 25/04/07, rad. 23.291; 06/06/07, rad. 25.813, 18/06/08, rad. 29.808 y 04/02/09, rad. 26.569, entre otras.
(38) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sent. 01/07/09, rad. 30.800.
(39) C. Const., sent. SU-047/99.
(40) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sents. 22/06/11, rad. 35.943 y 06/06/12, rad. 35.767, entre otras.
(41) La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha considerado que el legislador puede limitar la concesión de beneficios penales, en función de la gravedad de las conductas delictivas que busca combatir. Cfr., entre otras, C. Const., sents. C-213/94, C-762/02, C-069/03, C-537/08 y C-073/10. En la misma dirección, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sents. 29/07/08, rad. 29.788 y 01/07/09, rad. 30.800.
(42) Radbruch, Gustav. Arbitrariedad legal y derecho supralegal. En: Relativismo y derecho. Bogotá, D.C.: Temis, 2009, pp. 33-35.
(43) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sent. 11/07/07, rad. 26.945.
(44) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, rad. 17.089.
(45) Como se clarificó en la sentencia de tutela del 18/07/12, rad. 61.571.
(46) Fols. 37-38 del cdno. 1.
(47) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sent. 05/11/08, rad. 29.053.
(49) Gaceta del Congreso 134 de 2002.
(50) Gaceta del Congreso 339 de 2003.
(51) Tanto así que, en esquemas procesales con tendencia inquisitiva, se han aplicado figuras como la sentencia anticipada (art. 40 de la Ley 600 de 2.000) y la audiencia especial (arts. 37 y 37 A del Decreto 2700 de 1991).
(52) Asencio Mellado, José María. Principio acusatorio y derecho de defensa en el proceso penal. Madrid: Trivium, pp. 17-18.
(53) Cuya mayor aplicación fue incentivada por la Sala en la sentencia del 18/11/08, rad. 9.183.
(55) Corporación Excelencia en la Justicia. Balance de los primeros cinco años de funcionamiento del sistema penal acusatorio en Colombia. Bogotá, 2011, p. 51.
(56) Corporación Excelencia en la Justicia. Balance del funcionamiento del sistema penal acusatorio. Boletín de actualización 2010-2011. Bogotá, 2012, pp. 55-56.
(57) Al respecto, cfr. algunas de las recomendaciones efectuadas por la comisión asesora para el diseño de la política criminal del Estado colombiano en el informe atrás referido (134 y 174-180.
Estoy convencida que si bien corresponde a los funcionarios judiciales interpretar la legislación y no limitarse a ser únicamente la “boca de la ley” mediante el escueto proceso de subsunción derivado del “silogismo de la justicia”, en el cual la premisa mayor era el texto legal, la premisa menor el caso y de allí se extraía, sin más, la consecuencia, como en su momento lo postuló Cesare Beccaría, uno de los adalides del Estado de derecho, también considero ineludible recordar que en virtud del artículo 230 de la Carta Política, los jueces estamos sometidos al imperio de la ley, y en virtud de ello, no resulta viable que invocando el principio de proporcionalidad de la pena, se desborden los precisos lineamientos dispuestos por el legislador en punto de la imposición de las sanciones, pues ello no solamente comporta desorden e inclusive arbitrariedad, sino que rompe con el principio de seguridad jurídica, amén del principio de legalidad tan caro a los sistemas jurídicos democráticos de derecho.
i) “Atendiendo los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé mecanismos de negociación y preacuerdos, en claro beneficio para la administración de justicia y los acusados, se modifican las penas…”(58) (subrayas fuera de texto).
ii) “La razón que sustenta tales incrementos (de las penas establecidas en la Ley 599 de 2000, se aclara) está ligada con la adopción de un sistema de rebaja de penas, materia regulada en el Código de Procedimiento Penal, que surge como resultado de la implementación de mecanismos de ‘colaboración’ con la justicia que permitan el desarrollo eficaz de las investigaciones en contra de grupos de delincuencia organizada y, al mismo tiempo, aseguren la imposición de sanciones proporcionales a la naturaleza de los delitos que se castigan”(59) (subrayas fuera de texto).
iii) “El primer grupo de normas (aquellas relativas a la dosificación de la pena, se aclara), está ligado a las disposiciones del estatuto procesal penal (Ley 906 de 2004, se precisa) de rebaja de penas y colaboración con la justicia, que le permitan un adecuado margen de maniobra a la Fiscalía, de modo que las sanciones que finalmente se impongan guarden proporción con la gravedad de los hechos, y a la articulación de las normas sustantivas con la nueva estructura del proceso penal”(60) (subrayas fuera de texto).
iv) “Teniendo en cuenta que se hace necesario ajustar las disposiciones del Código Penal a los requerimientos que implica la adopción y puesta en marcha del sistema acusatorio, solicitamos a la Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al proyecto de ley 251 de 2004 Cámara, 1 de 2003 Senado”(61) (subrayas fuera de texto).
v) “El actual proyecto de ley, insisto hasta la saciedad, únicamente tiene una justificación y una explicación: permitir poner en funcionamiento el Código de Procedimiento Penal, que se convertirá en ley de la república y que fue expedido por esta Corporación”(62) (subrayas fuera de texto).
vi) “Lo que hay que modificar son algunos artículos del Código, en razón a que como entra a operar el sistema acusatorio será necesario aumentar algunas penas para que haya margen de negociación, porque de lo contrario la sociedad se vería burlada con base en las rebajas que pueda hacer el fiscal”(63).
“Artículo 26.—Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz” (subraya fuera de texto).
Es importante recordar que si bien en el Proyecto de Ley 208 que cursó en el Senado (138 en Cámara), “por el cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”, no aparecía en un principio el citado precepto prohibitivo de beneficios, en las modificaciones efectuadas por los ponentes Germán Vargas Lleras, Ciro Ramírez Pinzón, Mario Uribe Escobar y Héctor Helí Rojas se introdujo tal norma, cuya inclusión fue aprobada por la Comisión Primera del Senado de la República(64), la cual únicamente fue modificada ulteriormente al marginar el delito de secuestro simple e incluir el punible de financiación del terrorismo.
Conforme a lo anterior, es palmario que si la concepción y diseño de la política criminal corresponde al legislador en lo no regulado directamente por el Constituyente dentro de la llamada libertad de configuración, y si dentro de la política penal, la pretensión del Congreso de la República fue la de excluir a los condenados por delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, de cualquier rebaja de pena o subrogado penal, no resulta procedente aducir que en aras de preservar el principio de proporcionalidad de la pena, sea viable asumir que al negarse las rebajas de pena por sentencias anticipadas derivadas de acuerdos o allanamientos, no es procedente el incremento punitivo dispuesto en la Ley 890 de 2004 para los condenados, entre otros, por el delito de extorsión.
1. No comparto, en primer lugar, la interpretación de la Sala consistente en que el aumento de penas dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 no rige para los delitos relacionados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.
Entiendo que el incremento general de penas ordenado en la Ley 890 tuvo como justificación la concesión de rebajas de pena, por la vía de los allanamientos a cargos y preacuerdos regulados en la Ley 906 de 2004. Se trataba de generar un margen de maniobra importante a la Fiscalía para la ejecución de las nuevas normas de justicia premial. Esta es la razón por la cual se consideró en su momento que ese incremento de penas, realizado para el desarrollo del sistema acusatorio, no regía para casos tramitados por la Ley 600 de 2000.
Cuando se expidió la Ley 1121, en el año 2006, el legislador tenía claras las penas con las cuales contaban en ese momento los delitos de terrorismo, secuestro extorsivo y extorsión. En las mismas, como es obvio, ya estaban incluidos los aumentos previstos en la Ley 890 de 2004. Era claro para el órgano legislativo, igualmente, que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de la sentencia del 14 de marzo de 2006, había considerado derogado por la Ley 906 de 2004 el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, por el cual se excluyeron de beneficios y subrogados a todas esas conductas punibles.
En las condiciones vistas, quiso el Congreso de la República, en ejercicio de su amplio margen de configuración normativa —que le reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia C-073 de 2010, por la cual se declaró exequible el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006—, introducir un artículo similar al 11 de la Ley 733 de 2002. Abiertamente, eso es indudable, se trató de una medida de política criminal dirigida a combatir tales delitos de elevado impacto social, como también lo señaló la Corte Constitucional en el pronunciamiento acabado de mencionar.
Podía el legislador, entonces, en virtud del fin de disuasión perseguido, aumentar las penas a terroristas, secuestradores y extorsionistas. O mantener las existentes y suprimir las rebajas previstas en la ley, que era otra forma de lograr el propósito de reprimir más severamente a los responsables de tan graves comportamientos. Y el hecho de escoger la segunda opción, en manera alguna significaba desconocer la justificación que fundamentó la expedición de la Ley 890 de 2004, como lo entendió la Sala mayoritaria.
Al legislador de 2006, simple y llanamente, le parecieron bien las penas para entonces asignadas a los delitos relacionados en el artículo 26 de la Ley 1121, encontrando propicio, a partir de esa realidad punitiva y con el fin de desalentar a aquellos con intención de cometer dichos crímenes, fijar la política estatal en materia criminal de excluir la concesión de beneficios y subrogados penales a los autores y partícipes de tan graves atentados contra la sociedad.
2. Quiero señalar, en segundo lugar, que aunque la Sala hubiera superado los defectos de la demanda de casación para revisar de oficio la legalidad de la pena impuesta al procesado Daniel Fernando Angulo Gómez, en mi criterio resultaba claro que de advertirse en desarrollo de ese examen otra transgresión de una garantía constitucional, de cobertura mayor, la Corte contaba con la facultad y el deber de remediarla. Y es lo que a mi manera de ver tenía que hacer la Sala en el presente caso, para impedir una condena por una tentativa de extorsión inexistente. El delito es presupuesto de la pena. De ahí, que la superación de los defectos de la demanda, como se dijo al comienzo, pudo servir para preservar la legalidad del delito.
Los hechos expuestos por la Fiscalía en la audiencia de formulación de imputación fueron los siguientes:
* Hacia las 7 de la noche del 2 de junio de 2009, un joven de raza negra, valiéndose de un cuchillo, despojó de su cartera a la señora Adriana Lucía Valdez Fernández.
* Pasados varios minutos, después de denunciar el hecho a la policía, un desconocido —dijo que era Óscar— se puso en contacto telefónico con la víctima del hurto. Como esta supuso que se trataba del mismo asaltante y se encontraba asustada, su esposo atendió la llamada. El sujeto pidió 700 mil pesos a cambio de devolver el bolso con “los papeles”. Y con esa llamada empezó una negociación que duró 6 llamadas más, las cuales fueron seguidas y en la misma noche. Alejandro Valencia, el cónyuge de la persona agredida, le explicó a “Óscar” que ellos eran estudiantes y no tenían todo ese dinero.
* Cuando ya se disponían los esposos a salir de su casa para pedir la intervención del Gaula —precisó Valencia en su entrevista ante policía judicial—.
“…recibí otra llamada y ya el sujeto a tanta insistencia me dijo que le diera 300 mil pesos y que él me entregaba el bolso, y entonces yo le dije que por ahí en unos 15 minutos él me manifestó que le llevara la plata al puente del Humilladero y yo entonces le dije que sí, y ahí fue cuando él me amenazó, diciendo que él iba a mandar a otra persona a recoger ese dinero y que si le pasaba algo a esa persona o a él nos ateníamos a las consecuencias, entonces yo le pregunté sobre esas consecuencias y él me decía usted ya sabe a qué me refiero y me dijo que mi familia y yo nos ateníamos a las consecuencias y quedamos en que yo le llevaba el dinero…”.
* Alejandro Valencia y “Óscar” hablaron una vez más por teléfono. Este cambió el sitio del encuentro. Fijó uno nuevo: la silla del paradero de buses, ubicado al frente de la nueva EPS en Popayán. Allí, cuando intentaba entregar la cartera y recibir el dinero acordado, el joven de raza negra Daniel Fernando Angulo Gómez fue capturado por miembros del Gaula de la Policía Nacional. El único bien de los hurtados que no llevaba consigo la persona retenida, era el teléfono celular de la víctima.
La petición de dinero, según lo expresó la Fiscal del caso en las audiencias de legalización de captura y de formulación de imputación, en correspondencia con los elementos materiales probatorios de que disponía en ese momento, la hizo “Óscar” para devolver la cartera. Al precisar la funcionaria la imputación jurídica, según se puede verificar a partir del minuto 42:29 del disco donde aparecen grabados los mencionados actos procesales, le manifestó al sindicado:
“Este acontecer fáctico que le está endilgando la Fiscalía, el legislador lo tiene descrito y sancionado en el Código Penal, en el libro 2º, título VII, capítulo II, de la extorsión, artículo 244 que dice: el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita, o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 192 a 288 meses. El verbo que se le endilga a usted es un constreñimiento, lo que usted hizo, a hacer, a hacer es entregar un dinero, entonces el verbo es a hacer la entrega del dinero a cambio de devolver un bolso hurtado horas antes”.
La imputación, eso es claro, se asoció a la conducta de pedir dinero para devolverle a la víctima su cartera con sus documentos. Ello, sin embargo, así no más, no configura el tipo penal de extorsión, el cual exige para su estructuración, según la definición legal contenida en el artículo 244 del Código Penal, la acción de “constreñir” a otro “a hacer, tolerar u omitir alguna cosa”. Y si bien es cierto que en el presente caso Angulo Gómez amenazó al esposo de la víctima diciéndole que si le pasaba algo a la persona que mandaría a recoger el dinero, o a él, tendrían que “atenerse a las consecuencias”, claramente esa coerción no se encontraba vinculada a la obtención de un provecho ilícito.
El dinero lo pidió el procesado, en efecto, a cambio de regresarle sus pertenencias a la señora Valdez Fernández. La entrega de la suma, entonces, no la presionó a través de la amenaza, la cual tuvo como propósito evitar que le pasara “algo” al realizar el intercambio. Sin constreñimiento para conseguir un provecho ilícito, por tanto, no podía entenderse configurada la conducta de extorsión. A mi juicio, en consecuencia, era obligación de la Corte declarar que no podía aprobarse el allanamiento del procesado a unos hechos que no constituían el delito de tentativa de extorsión imputado y, en consecuencia, anular lo actuado a partir de la aceptación de cargos que realizó, ante la circunstancia evidente de que se le conculcó al mismo el derecho fundamental al debido proceso y la presunción de inocencia.
(58) Exposición de motivos del proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 599 de 2000.
(59) Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 1 de 2003 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Senado.
(60) Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
(61) Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
(62) Intervención del vicefiscal general de la Nación en el segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
(63) Discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
(64) Cfr. Gaceta del Congreso 132 del 19 de mayo de 2006. págs. 9-10.