Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sc11001-2017-2004-00363-de-julio-27-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_38787801016e4ce889c742f97cca76dc&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 09:21:45
Document Index: 181169240

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 368', 'artículo 368', 'artículo 140', 'artículo 142', 'in fine', 'artículo 140', 'artículo 133', 'artículo 380', 'artículo 368', 'artículo 305', 'artículo 374', 'artículo 344', 'artículo 133', 'artículo 197', 'artículo 2142', 'artículo 56', 'artículo 90', 'artículo 1608', 'artículo 393', 'artículo 368']

﻿ SENTENCIA SC11001-2017/2004-00363 DE JULIO 27 DE 2017
SENTENCIA SC11001-2017 DE 27 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y BIENES. DEBATE FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL VALOR DEL REAJUSTE DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS CUANDO LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE PREVIÓ EL CONTRATO VARÍAN EN SU EJECUCIÓN. ACLARACIÓN DE VOTO. LA CAUSAL TERCERA DEL ARTÍCULO 368 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL (CONTENER LA SENTENCIA EN SU PARTE RESOLUTIVA DECLARACIONES O DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS), NO ES EN PRINCIPIO APLICABLE A LOS RAZONAMIENTOS O MOTIVOS CONTRADICTORIOS QUE CONTENGA UN FALLO, POR CUANTO COMO LITERALMENTE LO DICE EL PRECEPTO, LA CONTRADICCIÓN DEBE HALLARSE EN LA PARTE RESOLUTIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CELEBRACIÓN DE CONTRATO, ACTOS NO SEPARABLES DEL CONTRATO, ACTOS SEPARABLES DEL CONTRATO, CAPACIDAD PARA CELEBRAR CONTRATOS
Sentencia SC11001-2017 de julio 27 de 2017
Rad.: 11001-31-03-028-2004-00363-01
EXTRACTOS: «3. LA DEMANDA DE CASACIÓN
3.2.1. A propósito del escrito de réplica, donde se solicita negar el cargo, argumentándose que la nulidad procesal invocada no se encuentra prevista en la ley, si bien el artículo 368, numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, autorizaba plantear como causal de casación los vicios de actividad señalados en el artículo 140, ibidem, cuando los errores subsanables no se hubieren saneado, dentro de los cuales no se encontraba el de “nulidad originada en la sentencia”, dado que su alusión aparecía solo en el artículo 142, in fine, ejusdem, pacíficamente, la jurisprudencia de esta Corte la ha admitido.
En primer lugar, en forma tácita, cuando en casación se planteó la mencionada irregularidad, aduciéndose falta de motivación de ciertos fallos, en cuyo caso, sin discusión alguna sobre su procedencia, esta corporación respondió de fondo(1). En segundo término, al permitir, en forma expresa, su alegación “(...) en sede casacional con fundamento en la causal quinta (...). (Vid: cas. civ. 29 de abril de 1988, sin publicar, CCXXXVII, Vol. I, 662, CCLV, 431, 432)”(2).
Lo anterior estriba en que erigida la “nulidad originada en la sentencia” como causal de revisión (art. 380, num. 8º del CPC), a ese trámite solo podía llegarse cuando la sentencia “no era susceptible de recurso”. Procediendo, por ejemplo, la casación, ese era y es el escenario adecuado para alegar cualquier yerro adjetivo, enlistado o no en el artículo 140, ibídem, con lo cual no solo se evitaría una eventual sanción de preclusión, sino se armonizaría y cohesionaría el ordenamiento.
Por esto, el legislador, seguramente siguiendo los precedentes de la Sala, ahora posibilita invocar como motivo de casación “[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados” (art. 336, num. 5º del CGP). La norma, como se observa, se amplificó para comprender tanto los errores de procedimiento señalados en el artículo 133, ibidem, como cualquier otro yerro de la misma estirpe aludido en otro precepto. Entre otros, respecto de la sentencia, los que “ocurrieren en ella” (art. 134, inc. 1º, ejusdem).
3.2.2.1. Aunque el legislador no indicó cuándo se estructura un vicio adjetivo originado en la sentencia, ello no era necesario, porque determinados yerros encuentran adecuación típica. Por ejemplo, frente a un fallo emitido en un proceso legalmente concluido, interrumpido o suspendido; o cuando se arriba a la providencia sin parar mientes en las etapas probatorias o de alegaciones, o prescindiendo de esta última (art. 140, nums. 3º, 5º y 6º del CPC).
En otros casos, porque al fin de cuentas, confrontan problemas relacionados con la competencia (art. 140, num. 2º del CPC). Verbi gratia, imponer condena a una persona ajena al proceso; existir irregularidades en la adopción de la providencia; decidir de fondo sin la presencia de algún presupuesto procesal; o reformar o modificar la sentencia por vía de aclaración.
Lo mismo se predica de la incongruencia y de la prohibición de reformar en perjuicio del único apelante, puesto que en común controlan el poder funcional de quienes se encuentran investidos de jurisdicción, así se hayan instituido como causales autónomas en casación (arts. 368, nums. 2º y 4º del CPC, y 336, nums. 3º y 4º del CGP). En palabras de esta corporación, “(...) porque una cosa es que, según sea el caso, el juez se encuentre legalmente facultado para resolver un recurso de apelación o una pretensión determinada, y otra, distinta, que en cumplimiento de ese laborío, desborde los límites de su competencia, pues para hablar de esto último, necesariamente se debe estar investido de lo primero”(3).
No obstante, la aducción de todas esas cuestiones como motivos de nulidad de la sentencia, resultan viables cuando la ley los agrupa de manera genérica, en la sistemática de la normatividad adjetiva, por vía de revisión, al tenor de lo dispuesto en el artículo 380, numeral 8º del Código de Procedimiento Civil (art. 355, num. 8º del CGP). En los demás casos, esto es, cuando procede otro recurso, como el ordinario de apelación o el extraordinario de casación, acudiéndose, en línea de principio, a la causal respectiva.
3.2.2.2. La jurisprudencia de esta corporación también ha ampliado el espectro de la nulidad de que se viene hablando, alegable en casación, en los eventos en que ese recurso procede, como medida de control constitucional para salvaguardar los derechos fundamentales, entre otros, el debido proceso, el de defensa o el de igualdad (art. 4º del CPC).
No se desconoce, recientemente la Sala, en sede de casación, se reitera, sobre el particular adoctrinó: “(....) el problema se circunscribe a precisar cuando el operador jurídico debe dilucidar si una motivación es —y en qué medida— deficiente, contradictoria o impertinente y por tanto solo aparente, calificativos todos, a más de otros tantos, que se han venido utilizando para describir un fenómeno que, en verdad, ha sido difícil de delimitar, desde el punto de vista del rigor que debe estar presente, en lo posible, para escindir los vicios in procedendo de los in judicando, cuyas consecuencias en el plano casacional son diversas.
“(...) [E]ntiende la Corte que la ‘impertinencia’ de la motivación apunta, expresamente, a razones que no vienen al caso, o que no guardan conexión con la problemática de que trata el proceso. De esta forma, la cuestión desborda el marco del vicio in judicando para quedar circunscrita a la determinación del cumplimiento de las exigencias formuladas por el legislador en punto del contenido de la sentencia (art. 304 del CPC), las cuales remiten al campo de la lógica, por cuanto se utilizan premisas extrañas que no conducen a fundamentar con un mínimo de racionalidad la conclusión adoptada.
“Incurre en ‘contradicción’ en su parte considerativa, el fallo que simultáneamente adopta a nivel de premisas o de conclusiones parciales, ideas, entidades o conceptos que se repelen, que resultan antagónicos, encontrados o de imposible aplicación simultánea, y que por ello, sólo uno, si acaso, podría conducir a la solución adoptada en la decisión, mediante desarrollos que no se encuentran explicitados”(4).
La deficiente motivación, siempre y cuando, acorde con el precedente antes transcrito, se aproxime a lo “inexistente”, en el equivalente a la reconocida, en forma pacífica por la Corte, falta absoluta(5), sería el único caso que, en línea de principio, se acomodaría a la causal de nulidad en cuestión. En concreto, como quedó visto, cuando se eche de menos la ratio decidendi o ésta no aparezca implícita, a tal punto que resulte totalmente imposible construir el contraargumento, para efectos del libre ejercicio del derecho de defensa y contradicción, respecto de la sentencia objeto de impugnación.
En esa línea, los razonamientos contradictorios que fatalmente afecten la parte resolutiva de la sentencia, se descartan en casación como motivo de nulidad procesal, al estar la situación regulada en el artículo 368, numeral 3º del Código de Procedimiento Civil. Además, porque en la hipótesis del error, la secuela a seguir no sería la invalidez del fallo, según corresponde a un vicio de actividad, sino la erradicación de los juicios que resulten neutralizando el derecho sustancial decidido y dejando en vilo el principio de la cosa juzgada. Por esto, no había ninguna razón para seguir manteniéndola en el Código General del Proceso (art. 336), como causal autónoma para el efecto.
Lo mismo debe decirse de las motivaciones impertinentes espetadas a manera de ratio decidendi, por cuanto si no vienen al caso, tendrían que ser, necesariamente, producto de la imaginación o de la invención judicial. En ese caso, el problema en casación sería de incongruencia, cual yerro de procedimiento, erigido con gobierno propio (arts. 368, num. 2º del CPC y 336, num. 3º del CGP), y no de nulidad de la sentencia.
En sentir de la censura, ese juicio se caía por su propio peso, dado que en la demanda “(...) sí se precisó de dónde surgían las sumas reclamadas (...), amén de que las cifras que allí se mencionan también aparecen referidas y explicadas en algunos documentos traídos como anexos (...)”. Así, agrega, lo entendió el extremo pasivo, al tener “(...) plena claridad sobre las pretensiones, en cuanto a su fundamento y su cuantificación económica (...)”.
3.3. Los cargos conjuntados.
En igual sentido, omitió apreciar los documentos adosados a dicho escrito, como integrantes del mismo. En concreto, el anexo Nº 2 de los contratos 5VI-021-S-1 y CO-99-SI-04; y las tablas, las tarifas, el dictamen pericial, el documento nominado revisión y acta final, los cuadros, las cifras y el estado de cuentas pendiente de pago.
3.3.2.2. En sentir de la censura, si en el libelo introductor y en sus anexos se observaban los hechos de las sumas solicitadas, no era cierto que carecieran de antecedentes fácticos, pues allí se “(...) daba completas luces de la razón de ser de los cobros pretendidos”. Mayormente, cuando el extremo pasivo no cuestionó ninguna insuficiencia, por el contrario, se opuso, y sobre ese discurrir se planificó y desarrolló la etapa probatoria.
Por lo demás, condicionadas las pretensiones a cuanto resultare demostrado, tampoco significaba ausencia de hechos justificantes. Simplemente, se trataba de una forma de plantear las súplicas, en concordancia con lo previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor “(...) si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”.
3.3.3. En el tercero, porque el ad quem, al negar las declaraciones y condenas asociadas con las obras y las mejoras en el campamento, incurrió en yerros de facto.
3.3.3.2. Las falencias descritas, concluye la impugnante, eran incidentes, al encontrarse demostrado que “(...) hubo obras y adecuaciones adicionales (...)”, cuyo costo no tenía que ser asumido por la demandante.
Simplemente, la alusión al “(...) valor de arrendar esos equipos, fue para cuantificar la pretensión de pago, sin que quepa ninguna otra significación”. La condena, por lo tanto, se concretó a las sumas que la sociedad demandante debió asumir por el incumplimiento de la convocada de suministrar tales equipos a título de comodato precario.
Por lo demás, la precisión acerca del concepto de la violación de la ley sustancial, en las vertientes de falta o de indebida aplicación, como consecuencia de la comisión de errores en el campo de los hechos y de las pruebas, era innecesaria, puesto que, stricto sensu, en palabra de esta corporación, “(...) no es requisito que deba cumplir el cargo (...)”(6); menos, “(...) para la idoneidad de la demanda (...)”(7).
Todo, claro está, sin perjuicio de una explicación sobre la transgresión positiva, porque al tenor del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, inclusive del artículo 344 del Código General del Proceso, solo se necesita, evocando reciente reiteración de la jurisprudencia, “(...) un discurrir argumentativo en el que [se] explique el porqué de la infracción normativa que aduce, sin que esto signifique que deba indicar el concepto de la violación, eliminado como requisito legal en 1989”(8).
Los cargos conjuntados, desde luego, contienen la anotada exigencia, así no lo sea en la forma demandada por quien se opone a su estudio de mérito. En el segundo y el sexto, al decir que los errores enrostrados llevaron al tribunal a dejar de “(...) seleccionar, interpretar y aplicar las normas sustanciales que regían el proceder de los contratantes (...)”. En el tercero y en el quinto, al asociar los preceptos citados, en punto de las obras en el campamento, con un “desequilibro contractual inaceptable”; y respecto de los costos por el uso de equipos, con la negación de una “pretensión legítima y oportunamente acreditada”.
Esto justifica la exigencia según la cual en dicho escrito se deben expresar en forma clara y precisa las pretensiones y sus hechos fundantes (art. 75, nums. 5º y 6º del CPC), éstos, “(...) debidamente, determinados, clasificados y numerados”. La ratio legis estriba en que así se garantiza el derecho fundamental a un debido proceso y las demás garantías constitucionales involucradas, y se permite no sólo establecer el origen del debate, sino trazar los límites dentro de los cuales la jurisdicción del Estado puede discurrir su actividad (art. 305, ibídem).
Aquello, porque como tiene sentado esta corporación, “(...) [a]l fin y al cabo, como componentes que son de un todo, los diversos acápites de ese escrito rector del proceso han de articularse, correlacionarse, porque sólo de esa conjunción puede brotar la voluntad que realmente quiso expresar su autor al estructurarla”(9). Lo segundo, puesto que si los sujetos en contienda se encuentran sintonizados sobre lo mismo, en los aspectos trascendentes del proceso, al trabarse dentro de un mismo marco dialéctico la controversia, esto supone, en palabras de esta corporación, que “(...) el libelo fue claro y preciso, o que (...) su inteligencia no fue difícil superar (...)”(10).
4.6. La desestimación de las pretensiones, desde luego, no fue inopinada, pues el ad quem hizo referencia a cuestiones demostrativas.
4.6.1. Los servicios de vigilancia, al decir que ese particular no “tuvo la virtud probatoria del caso”, pues la actora simplemente incluyó sus propios medios de convicción en el apellidado “inequívoco y contundente material probatorio”, en tanto, los hechos asociados no habían recibido complemento “(...) con la prueba de la aceptación de la contratante, en el sentido de reconocer ésta que efectivamente el servicio adicional fue prestado (...)”.
El alquiler de equipos, por cuanto los contendientes no pactaron “arrendamiento (...) por ningún concepto”, menos cuando su entrega por la actora era a título de “simple comodato”, de suyo “gratuito”. Además, porque tampoco aparecía convenio sobre que ante al incumplimiento de la interpelada, la demandante debía suplir la carga, “con derecho a cobrar contraprestación económica por ello”.
4.6.3.1. Los asociados con los servicios de vigilancia (cargo segundo), al descartarse cualquier preterición de pruebas, pues el juzgador acusado las refirió. De una parte, cuando señaló que la parte actora incluyó sus propios medios en el apellidado “inequívoco y contundente material probatorio”; y de otra, al decir que el sustrato fáctico no se había complementado “(...) con la prueba de la aceptación de la contratante, en el sentido de reconocer ésta que efectivamente el servicio adicional fue prestado (...)”.
El calificado arsenal demostrativo en favor, por supuesto, comprendía los documentos adosados a la demanda. Entre otros, el anexo Nº 2 de los contratos 5VI-021-S-1 y CO-99-SI-04, las tablas, las tarifas, el dictamen, el documento nominado revisión y acta final, los cuadros, las cifras y el estado de las cuentas pendiente de pago.
No se desconoce, Alma Leonor Suárez Ariza, durante el testimonio rendido en la condición dicha, sostuvo que las obras en cuestión, “fueron solicitadas en forma verbal” por la pasiva. Empero, como esto es distinto a manifestar que la demandada se obligó a su pago, la preterición de la prueba igualmente se descarta por completo. Con mayor razón, cuando conforme a lo pactado por las partes (anexo Nº 1, numeral 8.1), “[c]ualquier instalación o equipo adicional necesario para la adecuación o mejora del campamento será responsabilidad del contratista y a su cargo”.
El Tribunal, simplemente, en la hipótesis de haber incumplido la demandada la obligación de suministrar tales bienes a título de comodato, conforme a lo pactado en el contrato C099SI04 (anexo Nº 1, numeral 7.3.), señaló que no era dado entender que esa carga debía ser suplida por la actora, mediante el “(...) uso de sus propios equipos, con derecho a cobrar contraprestación económica (...)”.
5.2. Según la recurrente, el tribunal, al desestimar los reajustes solicitados por concepto de tarifas administrativas, pese a existir “(...) una deuda pendiente de pago (...) confesada por la demandada (...)” en la contestación del libelo, inclusive reconocida “desde antes” en cuantía de $ 15’600.000, esto lo llevó a incurrir en la comisión un error de derecho.
El yerro probatorio, dice, resulta trascendente, pues si el tribunal hubiese obrado de conformidad, “(...) como era su deber, habría salido de la incertidumbre sobre el monto actualizado de la deuda (...)” y “(...) llevado a adoptar una decisión diferente (...)”.
En el campo factual, resultan pertinente, conducentes y útiles, por ejemplo, para superar la duda razonable y fundamentar con mayor vigor la decisión. Si el juzgador, al decir de la Corte, “(...) halla insuficiencia demostrativa, decreta la prueba, al margen de que sea por el incumplimiento de las cargas que incumben a las partes o por su culpa o irresponsabilidad, como búsqueda de mayor idoneidad y eficacia probatoria para obtener la certeza y hacer que resplandezca la verdad e impere la justicia (...)”(11).
No obstante, la necesaria presencia del principio inquisitivo, por voluntad del legislador y de la propia doctrina de esta Sala, excepcional en la referida materia, por lo tanto, descarta la supresión absoluta del sistema dispositivo, como regla general, pero tampoco supone aplicarlo inopinadamente en todos los casos. Por esto, no siempre que el juez, al decir de esta corporación, “(...) se abstenga de utilizar tal prerrogativa equivale a la comisión de su parte de un yerro de derecho (...)”(12).
Así empezó a perfilarlo esta Corte en sentencias de 22 de mayo de 1998 (CCLII-1510, volumen II, primer semestre) y 136 de 28 de junio de 2005, expediente 7901, y se recogió y clarificó en el artículo 133, numeral 5º del Código General del Proceso, a cuyo tenor el proceso es nulo, en todo o en parte, “(...) cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria”, trasunto fiel de la doctrina de Esta Corte en la materia.
6.3. En el caso, es cierto, la pretensión relacionada con reajustes administrativos, señalada en el hecho asociado de la demanda en la suma de $ 11’500.004 y admitida en su réplica en cantidad mayor, en concreto, en el equivalente a $ 15’600.000, fue negada por el Tribunal.
El recurrente, en el cargo, ciertamente, resalta cómo la parte demandada, al momento de contestar el escrito introductor, “confesó deber” por reajustes administrativos la cantidad de $ 15’600.000, suma que inclusive “había reconocido desde antes”. Por esto, al evocar las razones por las cuales el ad-quem no resolvió de conformidad, la impugnante sostiene que el “(...) tribunal consiente estaba de que existía una deuda pendiente de pago y que su existencia fue confesada por la demandada (...)”.
Sobre el particular, a no dudarlo, en palabras de esta corporación, “(...) rige el principio de libertad probatoria, razón por la cual las partes y el juez pueden acudir a cualquier medio probatorio que resulte útil y adecuado para avaluar la extensión del perjuicio, obviamente dentro del marco de los linderos constitucionales”(13).
El Código General del Proceso, en el punto resulta más explícito al otorgar valor probatorio a la confesión del apoderado judicial al cambiar la expresión “(...) se presume (...)” del anterior Código de Procedimiento Civil, inserta en el derogado artículo 197, por la expresión “(...) se entiende (...)”, por cuanto, si se tratará de presunción, ésta de naturaleza legal, fácilmente podría ser desvirtuada aun habiendo sido autorizada. De modo que la modificación del segmento correspondiente, cuando excluye o elimina la expresión “se presume”, traduce en forma indiscutida la imposibilidad de desvirtuar el otorgamiento de la facultad para el animus confidenti, con mayor razón, cuando esta se ha otorgado en forma expresa, y aún el caso de no haberse otorgado, porque siempre se entenderá concedida, “(...) para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario (...)”.
Pero la contundencia del nuevo texto para los efectos que puedan originarse de la confesión del apoderado resultan hoy, rotundos, de mayor eficacia, más absolutos y precisos, si se analiza la prohibición presupuestada por el redactor del Código General del Proceso, cuando dispone: “(...) Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.
Las categorías poder, apoderamiento y mandato, tienen contenido distinto(14), por cuanto el poder es la facultad de una persona para actuar en nombre de otra; apoderamiento, es el acto unilateral para investir a una persona de la calidad de representante, otorgando poder; y el mandato, es el contrato, a voces del artículo 2142 del Código Civil, “[p]or medio del cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera”. Empero, las tres nociones son complementarias y coincidentes las más de las veces, porque en la esencia de estos actos jurídicos, subyace como elemento de la esencia la confianza. Este es el motor que inspira a los sujetos intervinientes, en cualquiera de tales circunstancias; por ello, la relación obligatoria es intuitu personae, lo cual implica para el apoderado actuar como buen padre de familia, y por parte del poderdante o del mandante, depositar la fe, la subjetividad, la privacidad, “tener apego”, brindar “adhesión”, fidelidad, sinceridad, franqueza; de tal modo que cuando la confianza se rompe, el apoderado puede renunciar o el procurado, revocar el apoderamiento o el mandato.
Estas circunstancias, en cuanto forman parte de la estructura y sustancia del mandato (con o sin representación), permiten al legislador inferir, tal como lo hace el Código General del Proceso en la regla citada, que tenga pleno valor jurídico “(...) la confesión por apoderado judicial”. Lo anterior, sin duda, halla asiento en la etimología e historia del respectivo medio de convicción, como dimanación de la naturaleza del apoderamiento, que se refleja en la facultad para ejercer el animus confidenti, entendida la expresión, como intención, voluntad de declarar la verdad, de dar por cierto un hecho, con consecuencia adversas para el confesante, sin importar que se desconozcan esos efectos procesales o extraprocesales.
Por supuesto, el resultado ha de entenderse con relación al mandatario constituido por la parte, pero no con respecto al curador ad litem frente a quien representa, tal como siempre lo ha sostenido la doctrina de esta Corte(15), el cual ni siquiera puede ser citado a interrogatorio de parte, en concordancia con el artículo 56 del Código General del Proceso, según apunta: “(...) actuará en el proceso hasta cuando concurra la persona a quien representa, o un representante de esta”, y porque dicho guardador “(...) está facultado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, pero no puede recibir ni disponer del derecho en litigio”.
Así las cosas, al restársele eficacia demostrativa a un medio idóneo para acreditar la existencia del derecho y su mensura económica, como es la susodicha confesión, el juzgador incurrió en el error de derecho denunciado en este otro apartado del cargo, con incidencia en la decisión, porque como en términos generales se sostiene en la acusación, lo llevó a negar tal reclamación, vale decir, “(...) a adoptar una decisión diferente (...)”, en desmedro de las normas de derecho sustancial pertinentes indicadas.
7.1. Concerniente al cargo que prosperó, en el libelo genitor, la actora Seguridad Continental Limitada, solicitó declarar que Carbones del Cerrejón Limited, antes Carbones del Cerrejón LLC., debía pagar el “(...) valor correspondiente al reajuste de las tarifas administrativas en la forma prevista en los contratos de vigilancia (...)”. Como secuela, la condena “en el monto que resulte probado”, incluidos intereses moratorios o la corrección monetaria.
7.2. En la contestación de la demanda, respecto del hecho relacionado, se señaló que la “(...) única cifra que CERREJÓN (antes INTERCOR) acepta deber a SECOLDA (...) es la denominada en la tabla reajustes tarifas administrativas, por valor de $ 15’600.000, cifra que (...) se halla embargada por orden judicial”.
Ene se orden de ideas, dice, la “(...) demandada se encuentra en mora de pagar la suma que ha reconocido expresamente, desde 1998 o por lo menos desde el día 12 de diciembre de 2000, fecha en la cual se produjo el respectivo reconocimiento de la deuda”.
Si bien en el hecho respectivo de la demanda se hizo alusión a la cantidad de $ 11’500.004, la condena debe espetarse en la suma de $ 15’600.000, considerando que conforme se solicitó al momento de formularse la pretensión, donde no se precisó cuantía alguna, ello fue lo que resultó probado en el proceso.
No obstante, al margen de los réditos corrientes, los intereses moratorios demandados se deben reconocer a partir del 2 de agosto de 2004, fecha de notificación de la demandada, en los términos del artículo 90-2 del Código de Procedimiento Civil (art. 94-2 del CGP), a cuyo tenor ese acto procesal produce el efecto de requerimiento judicial señalado en el artículo 1608 del Código Civil, para constituir en mora al deudor, teniendo en cuenta el carácter de declarativo constitutivo de la decisión.
Lo dicho, porque lo manifestado alrededor en la contestación de la demanda sobre que “CERREJÓN (antes INTERCOR) no ha negado deber la suma a que se refieren las presentes pretensiones, amén de que fue la misma compañía la que detectó el error al efectuar el proceso de auditoría del contrato y lo puso en conocimiento de SECOLDA a través del oficio (...) de fecha 12 de diciembre de 2000”, únicamente tiene el alcance del reconocimiento de la obligación y su quantum, pero no la aceptación de la mora.
En efecto, en materia de costas, sin condena contra el apelante en el grado funcional, ante el éxito de su recurso, así sea parcial (artículo 393, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil), pues la norma no distingue; en tanto, las correspondientes a la primera instancia, al prosperar en mínima parte la demanda, no hay lugar a gravar en la materia al extremo pasivo (numeral 6º, ejusdem).
1. 9.1. “Se CONFIRMA la sentencia apelada”, salvo la negativa a acceder a las pretensiones sobre el valor de los reajustes administrativos, lo cual se revoca.
En su lugar, se declara que Carbones del Cerrejón Limited, antes Carbones del Cerrejón LLC., se encuentra obligada a solucionar a Seguridad Continental Limitada, el “(...) valor correspondiente al reajuste de las tarifas administrativas en la forma prevista en los contratos de vigilancia (...). Consecuentemente, condena a aquélla a pagar a ésta, la suma de quince millones seiscientos mil pesos ($ 15’600.000.oo), con los intereses moratorios comerciales, a partir del 2 de agosto de 2004.
2. En casación, ante el éxito parcial del recurso, la recurrente queda exonerada de las costas.
Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona
Aclaración de voto de la magistrada Margarita Cabello Blanco
Pues bien, estimo que la causal tercera prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil (“Son causales de casación:...3) Contener la sentencia en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias), no es en principio aplicable a los razonamientos o motivos contradictorios que contenga un fallo, por cuanto como literalmente lo dice el precepto, la contradicción debe hallarse en la parte resolutiva. Ahora, es cierto que la Corte ha contemplado la posibilidad, de suyo excepcional, de que la contradicción se halle entre la parte resolutiva y la parte motiva del fallo, pero para los solos efectos de precisar el alcance y sentido de una resolución (SC 154-1995, de 20 de nov de 1995, rad. 4409); mas en general, debe precisarse que si el fundamento jurídico de la causal tercera de casación lo ha hecho recibir, “únicamente, en el hecho de que la contradicción reinante en las resoluciones de la misma sentencia haga imposible la ejecución simultánea de todas ellas” (SC059-1995 de 15 de junio de 1995, rad. 4398), el asunto no está referido a las razones tenidas en cuenta por el fallador sino a las decisiones adoptadas, en sí mismas contradictorias.
Margarita Cabello Blanco, Magistrada».
1 Cfr. Sentencias de 23 de septiembre de 1991, sin publicar oficialmente, con remisión a los fallos de 29 de mayo y de 12 de diciembre de 1988; y de 24 de agosto de 1998 (CCLV-432/433, segundo semestre); para no citar otras.
2 CSJ. Civil. Sentencias 012 de 10 de febrero de 2006, Exp. 2717, reiterada el 21 de junio de 2016 (SC8210-16), radicación 00043.
3 CSJ. Casación Civil. Sentencia de 14 de diciembre de 2011, Exp. 01489-01.
4 CSJ. Civil. Sentencia SC10097 de 31 de julio de 2015, Exp. 00241.
5 Cfr. CSJ. Civil. Entre otras, sentencias de 23 de septiembre de 1991, sin publicar oficialmente, con remisión a los fallos de 29 de mayo y de 12 de diciembre de 1988; de 24 de agosto de 1998 (CCLV-432/433, segundo semestre); y 004 de 23 de enero de 2006, Exp. 5959.
6 CSJ. Civil. Sentencias 013 de 13 de diciembre de 2000, Exp. 6488.
7 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de septiembre de 2010, proceso 00428.
8 CSJ. Civil. Sentencia de 15 de junio de 2016, Rad. 00072 (SC7814-2016).
9 CSJ. Civil. Sentencia 094 de 13 de julio de 2007, Exp. 2000-00381.
10 CSJ. Civil. Sentenciad e 16 de diciembre de 2010, Exp. 00502.
11 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de julio de 2014, Exp. 00122.
12 Vid. CSJ. Civil. Sentencia de 7 de diciembre de 2012, Exp. 00192, citando precedentes anteriores.
13 CSJ. Civil. Sentencia 106 de 3 de octubre de 2003, Exp. 7368.
14 CSJ. Civil, Casación, providencia del 22 de mayo de 1995, Exp. 4571.
15 CSJ. Civil Cas. Civil del 22 de agosto de 1972, Gacetas J., T. LXXXVII y CXXXV, págs. 79 y 153.