Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201822026709714.HTML
Timestamp: 2019-05-24 05:00:45
Document Index: 112748785

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 43', 'artículo 331', 'artículo 256', 'artículo 168', 'artículo 141', 'artículo 145', 'artículo 162', 'artículo 163', 'artículo 27']

CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 2202/2018
(Son las 16:33).
«Carpeta Nº 1221/2018. Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea – América Latina y el Caribe – Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido Nº 2194/2018).
Carpeta Nº 1225/2018. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República ante el Reino de los Países Bajos a la señora Laura Dupuy (Distribuido N.º 2197/2018).
Carpeta Nº 1228/2018. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República del Líbano al señor Luis Ricardo Nario Fagúndez (Distribuido Nº 2198/2018)».
–La señora Laura Dupuy ya se encuentra en la antesala y el señor Luis Ricardo Nario ha enviado un informe escrito que fue repartido.
A su vez, tenemos para votar el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa, que tiene para informar el señor senador Pablo Mieres, quien aún no ha llegado; el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III, del que brindará un informe el señor senador Martínez Huelmo; el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y Rumania; el Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves y el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos sobre la Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.
El señor senador Pintado solicitó votar los dos proyectos de ley en los que es miembro informante porque tiene problemas de agenda. Se trata del Protocolo que modifica el convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves que viene de la Cámara de Representantes y el Acuerdo entre Uruguay y México sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros.
SEÑOR PINTADO.- El primero es un convenio que actualiza las cuestiones de seguridad y la terminología que se aprobaran en 1963, ya que ha habido muchos cambios en materia de ilícitos en la aviación civil. En los diferentes capítulos establece bien cuándo es la jurisdicción, qué es lo que sucede, si cuando se cierra la aeronave se la considera en vuelo aunque esté parada, y quién interviene en cada uno de esos casos. El informe está por escrito y sugiero su votación.
El otro es un típico convenio de cooperación aduanera, de intercambio de información, de colaboración entre las aduanas, igual o parecido a todos los que hemos firmado durante este año, que son muchísimos, por lo que recomiendo su votación. Si se desean votar los restantes proyectos de ley con este estilo de informe bien breve, estoy dispuesto a votarlos para incorporar temas al orden del día, a los efectos de que fin de año no nos agobie con la necesidad de votar ciertas leyes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos en condiciones de pasar a considerar el proyecto de ley de la carpeta n.º 1192/2018.
«Artículo único.- Apruébase el Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, suscrito en la ciudad de Montreal, Canadá, el 4 de abril de 2014».
Léase el proyecto de ley de la carpeta n.º 1194/2018.
«Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos sobre la Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, suscrito en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el día 14 de noviembre de 2017».
Tiene la palabra el señor senador Otheguy para informar sobre el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y Rumania.
SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: este es un convenio que busca generar un acuerdo con la República de Rumania para dar la posibilidad a los nacionales de ambos países de usufructuar los sistemas de seguridad social tanto de Rumania como de Uruguay. Se establecen las condiciones y cuáles son los organismos de las partes que permiten dar viabilidad a dicho convenio. Corresponde dar cuenta de que ya existe un acuerdo administrativo entre la República Oriental del Uruguay y Rumania para la implementación de un convenio de seguridad social que establece las distintas prestaciones que están incluidas, del que daremos un informe más extenso en sala. Es así que recomendamos a la comisión la aprobación de dicho convenio.
SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- ¿Tiene idea de cuántos uruguayos hay en Rumania y de cuántos rumanos hay en Uruguay?
SEÑOR OTHEGUY.- Son muy pocos.
Tiene la palabra el señor senador Martínez Huelmo para informar sobre el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Siguiendo el mismo estilo de quienes me precedieron en el uso de la palabra, quiero decir que este Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III y el respectivo Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III –dos convenios en uno– va en su tercera versión. Desde 1993 a la fecha ha habido dos versiones anteriores –estuvo el Fomin II–, y se realizaron 86 operaciones que favorecen inversiones y actividades privadas. Tengo un informe, que voy a llevar a sala, entregado por la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas en lo que respecta a organismos multilaterales.
Además quiero decir que, para mi sorpresa –y es por eso que estoy recomendando votar este asunto–, las contribuciones que realizó Uruguay a este fondo fueron de USD 4:000.000 y recibió un contravalor por USD 56:000.000. Hay que aclarar que, obviamente, hay una gran lista de países donantes, que son potencias, etcétera. De manera que, desde mi punto de vista, esto es altamente beneficioso, sobre todo para la pequeña y mediana empresa.
También en mi caso voy a extenderme más en el informe en sala, pero quiero agregar que el Poder Ejecutivo está pidiendo la aprobación de este proyecto de ley con premura desde hace un tiempo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el artículo 1.º del proyecto de ley.
«Artículo 1º.- Apruébanse el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III (el "Convenio del FOMIN III"), el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (el "Convenio de Administración del FOMIN III") y sus Anexos, aprobados por una Resolución conjunta de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación lnteramericana de Inversiones (CII), y del Comité de Donantes del FOMIN, durante la Reunión Anual celebrada en Asunción el 2 de abril de 2017».
«Artículo 2º.- Encomiéndase al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de los créditos presupuestales correspondientes de acuerdo al cronograma previsto en el convenio, con cargo a los mecanismos establecidos en el TOCAF».
(Ingresan a sala la señora Laura Dupuy y la subdirectora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciada Carina Vigilante).
–La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado da la bienvenida a la señora Laura Dupuy Lasserre y a la subdirectora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciada Carina Vigilante.
En este momento tenemos en consideración la venia para designar a la señora Dupuy en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Reino de los Países Bajos, de manera que con mucho gusto le cedemos la palabra.
SEÑORA DUPUY.- Muchísimas gracias, señora presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y señoras y señores senadores, especialmente por la deferencia de recibirme tan prontamente, dado que venía del exterior. Intentaré resumir lo que se ha presentado por escrito en el día de ayer.
Asumiría, en este caso, el puesto de embajadora de la república ante el Reino de los Países Bajos, pero también se cumplen allí funciones multilaterales, como la de representante permanente de la república ante la OPAQ, que es la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, y la de seguimiento de los demás organismos o tribunales internacionales que tienen sede en La Haya.
Las señoras y señores senadores cuentan con el informe del embajador actual, el señor Ricardo Nario, porque se presentó aquí en abril de 2017 y envió una actualización en octubre de 2018. En ese sentido, ese plan de trabajo está aún perfectamente vigente y sirve como antecedente para poder consolidar oportunidades para nuestro país, especialmente en el área económico-comercial, en la que él había elaborado ampliamente.
La embajada, además, cuenta con una sección consular y tiene jurisdicción en todo el territorio holandés, que incluye también territorios de ultramar en el Caribe. Tiene seis islas, tres países autónomos dentro del reino y tres municipios especiales, con cónsules honorarios en Aruba y Curaçao. Si bien todavía no está designado, también hay cónsul honorario en Róterdam, que es el principal puerto de Europa para ingreso de mercadería. Es un hub comercial, un centro logístico de referencia en el mundo que cuenta con parques de distribución y red de conexiones intermodales, está ubicado en el Mar del Norte y el río Rin, lo que lo hace particularmente importante para nuestros intereses, porque es el acceso a Europa.
En definitiva, se cuenta con dos funcionarios diplomáticos: el embajador y un segundo funcionario, que ejerce también de cónsul.
A su vez, el Reino de los Países Bajos actualmente tiene embajada concurrente desde Buenos Aires. Lamentablemente aquí la cerraron en 2012 cuando ellos estaban en crisis económica. Esta recesión comenzó en 2008, pero la vienen superando –ya tienen índices de crecimiento– y esperamos que a futuro puedan revertirla. Están invirtiendo más en sedes diplomáticas en el exterior, pero tienen prioridad en áreas que le son caras por temas de seguridad y migración, por lo que van primero a Medio Oriente y algunos otros lugares; no estamos nosotros en estos primeros años. Lo que sí tienen es un consulado honorario en Montevideo.
Realmente tenemos excelentes relaciones con el Reino de los Países Bajos porque compartimos los mismos valores fundamentales: democracia, respeto a los derechos humanos, derecho internacional, solución pacífica de controversias, mantenimiento de la paz y seguridad internacional, etcétera. Entonces, por ese lado podemos trabajar ampliamente de manera cooperativa. Por ejemplo, hemos trabajado en conjunto para organizar en julio de 2016 la Conferencia mundial sobre derechos humanos de las personas LGBTI, «no violencia, no discriminación e inclusión social», a partir de la cual se hizo un lanzamiento de la Coalición de Estados por la Igualdad de Derechos –Equal Rights Coalition– con la presencia del entonces ministro de relaciones holandés, Albert Koenders y el ministro uruguayo, Nin Novoa. Esta fue la última visita oficial que tuvimos en nuestro país, en 2016, después de veinte años. En realidad, la única visita a nivel de jefes de Estados que hubo fue en 1907, cuando el presidente José Batlle y Ordoñez concurrió a la Conferencia de La Haya. Luego ha habido visitas privadas, pero no oficiales.
Quiero resaltar que siendo un territorio cuatro veces menor que Uruguay tiene más de 17:000.000 de personas y, al mismo tiempo, es el segundo exportador mundial de productos agrícolas. Como decíamos, Holanda no solamente exporta lo que produce sino que también reexporta productos–cerca de un 40 % o 50 %– de Europa. Esto es así también gracias a la tecnología que aplican, que creo que es uno de los elementos que nos pueden ser de utilidad; se podrían hacer consultarías o compartir experiencias –eventualmente podría haber inversiones holandesas en Uruguay– para conocer los invernaderos que tienen, sobre todo en floricultura y horticultura. Esto ya ha sido estudiado por el embajador Nario, pero trabajaremos para que se pueda concretar. Quizás, con el apoyo de Uruguay XXI pueda prepararse una misión comercial para marzo o abril de 2019.
Políticamente es interesante decir que el Reino de los Países Bajos es una monarquía constitucional. El jefe de Estado es el rey Willem-Alexander van Oranje-Nassau y el primer ministro es Mark Rutte, que es de centro-derecha. El gobierno en sí, que en las elecciones de 2017 demoró siete meses en conformarse, es una coalición de cuatro partidos: Partido Popular para la Libertad y la Democracia –liberal y de centro-derecha–, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido liberal de Izquierda y el Partido Unión Cristiana, que es de centro y protestante. Se intentaron acuerdos con la Izquierda Verde, pero no se llegaron a concretar por temas de migración. De cualquier forma lo que no buscaron –recordemos que tradicionalmente Holanda tiene Gobiernos de centro, porque son siempre de coalición y no de un partido único– fue hacer coalición con el partido de ultraderecha, de Geert Wilders, que fue el segundo más votado para la Segunda Cámara de los Estados Generales –vendría a ser nuestra Cámara de Representantes–, que es la que se elige por sufragio universal y directo.
Como un detalle –y ya que hay una dama presidiendo en el día de hoy, quiero decir que el Senado y la segunda cámara son presididas por mujeres, Ankie Broekers-Knol y Khadija Arib, que es una holandesa de origen marroquí. Recordemos que Holanda tiene una fuerte inmigración turca y marroquí, de larga data.
El 36 % de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y en 2019 Holanda va a celebrar el centenario del sufragio universal, es decir, el voto femenino.
En cuanto a los objetivos de política exterior es de destacar que están trabajando mucho el tema del terrorismo –ahora están coordinando un fondo mundial–, también siguen de cerca todo lo que refiere a la seguridad de inmigración –que es de importancia para todo Europa– y tienen una iniciativa anual de seguridad planetaria en La Haya, que también la vinculan con cambio climático. Holanda no solo trabaja con diplomáticos y demás, sino también con centros de investigación, con la academia y con el sector privado; esa es su característica. Tienen un trabajo coordinado y son muy pragmáticos.
Participa en algunas pocas operaciones de mantenimiento de la paz: servicio de inteligencia y logística en Malí, y de seguridad y reconstrucción en Afganistán. Apoya la participación de mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz y tienen muchas mujeres que lo hacen; de hecho la semana próxima hay una reunión en La Haya sobre este tema. Actualmente es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, pero solo por 2018, porque comparte el puesto con Italia –fue un acuerdo entre ambos– y esta lo ocupó en 2017. Al respecto, en 2016 Uruguay le ofreció apoyo a Holanda y le explicó cómo fue su preparación previa para acceder al puesto en el Consejo de Seguridad de ONU; este traspaso de información relevante es una forma de cooperación.
Ellos trabajan su diplomacia –que sin duda también es para la prevención de conflictos–, combinan la cooperación para el desarrollo con el comercio. Ahora están tratando de trabajar in situ en los países donde hay conflictos o se deben mejorar los indicadores de pobreza, porque apuntan a reducir la migración y regular el tráfico de personas que se está dando actualmente y que tiene un impacto a largo plazo.
Obviamente, Holanda es un país que atrae mucha inversión extrajera directa porque tiene mano de obra altamente calificada –con un manejo fluido del inglés; estudian cinco idiomas en las escuelas públicas públicas–, buena infraestructura, condiciones de vida adecuadas y una política impositiva competitiva. Ahora están cambiando la tributación y para el año 2019 tienen previsto reducir el impuesto a la renta y aumentar el del consumo.
Con respecto a la Unión Europea, el 18 de setiembre de 2018 –mes en el que se abre la legislatura con un discurso del rey sobre las prioridades del Gobierno para cada presupuesto; vendría a ser como una rendición de cuentas–, el rey Willem-Alexander expresó: «la pertenencia a la Unión Europea hace más fuerte al país en el mundo, donde las relaciones de poder están cambiando y viejas alianzas no pueden darse por sentadas. Es interés de Países Bajos que Europa continúe apoyando colectivamente el libre comercio mundial, contra la amenaza de aranceles de importación y otras barreras comerciales.
2019 será un año cargado para la Unión Europea, con el nombramiento de una nueva Comisión Europea y un resultado del Brexit aún incierto. El Gobierno neerlandés continuará promoviendo una agenda positiva para una mejor Unión Europea que se concentre en los temas esenciales y cumpla con sus acuerdos. Juntos debemos profundizar el mercado común y fortalecer la moneda común, así como defender el Estado de Derecho. Solo juntos podemos efectivamente abordar la cuestión migratoria y la agitación o crisis en las fronteras externas de Europa». Esto marca un poco la pauta del libre comercio, pues ha sido tradición de Holanda dedicarse históricamente al comercio, que es su fuerte.
En materia de convenios bilaterales que están en negociación o por entrar en vigencia, quiero destacar el acuerdo sobre servicios aéreos, de 2016, que fue aprobado por la Ley n.º 19660, en setiembre de 2018 y entrará en vigencia el 1.º de diciembre. Esperamos que el mismo contribuya a mejorar la conectividad de nuestro país, favoreciendo el comercio y el turismo al abrir el mercado de tráfico aéreo.
Hay un acuerdo relativo al intercambio de información tributaria y, a este respecto, nos rige el acuerdo de OCDE, de 2017.
Está por culminar la negociación del acuerdo sobre seguridad social y su acuerdo administrativo, que está en vías de modificación. A solicitud de Países Bajos, el Banco de Previsión Social está trabajando para incorporar el principio de residencia, según el cual el importe de ciertas prestaciones dependerá del nivel de gastos de manutención del país de residencia del beneficiario.
Actualmente se encuentra en proceso de negociación un tratado para evitar la doble imposición entre ambos países, porque a doble tributación tiene un efecto disuasivo en las inversiones. La Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas pidió excluir del alcance del acuerdo las rentas de la economía digital. Esto obedece al hecho de que en Uruguay la economía digital se grava con el impuesto a la renta. Estamos a la espera de esa respuesta.
Es un país de altos ingresos. En 2017, el PIB per cápita fue de 52.000 dólares americanos; ha venido aumentando. Ese año creció aproximadamente 3,2 % y se espera que para el año próximo crezca un 2,6 %. O sea que sería el sexto año consecutivo de crecimiento de la economía. Las cifras macroeconómicas están muy bien en general y están entre las mejores de Europa.
El presupuesto del Gobierno central con los ajustes que se han venido haciendo daría un superávit de 1 %, lo que reduciría la deuda nacional. Además, en 2019, el desempleo alcanzaría un mínimo histórico de 3,5 %. El 70 % o más del PIB provienen del sector terciario, de los servicios y del sector público, sobre todo los de comercio y transporte, seguidos por servicios a empresas y producción de manufacturas.
Según los indicadores del Banco Mundial, en cuanto a comercio y demás, el índice de desempeño logístico es muy alto; por eso dije que la apertura de la economía holandesa es destacable.
A modo de ejemplo, en el puerto de Róterdam se trabaja mucho con clúster. Por ejemplo, hay un clúster petroquímico junto al puerto, más de cuarenta y cinco empresas químicas y cinco refinerías de aceite vegetal. O sea que Países Bajos es líder mundial en materia de industria química; es uno de los sectores en los que se puede destacar.
En cuanto al comercio bilateral, la balanza comercial es favorable a Uruguay. En general, cuando nuestras importaciones crecen es porque Ancap importa aceites de petróleo, lo que hace la diferencia en los años en que se hacen esas importaciones puntuales.
Con relación a las principales empresas importadoras, muchas de ellas son públicas, por ejemplo, Ancap. Además, podemos citar a Graba S. A., Conaprole, Antel, Ministerio de Salud Pública y Roemmers S. A. Como dije anteriormente, las cifras de las importaciones no son altas.
Con respecto a nuestras exportaciones, el producto que más exporta Uruguay hacia ese destino es la celulosa que, en realidad, viene desde las zonas francas. No sabemos si esa exportación es necesariamente hacia Holanda o también a Europa porque se redistribuye. Por tanto, hay que hablar con cada importador en cada país para saber de dónde llega y cuánto llega. Si no, no hay cifras, porque siempre se toma como importación la cifra del puerto de arribo, entonces, va a figurar como que entra en Holanda.
También exportamos soja y, a veces, medicamentos –de zona franca–, pero en mucha menor medida. Por supuesto, que desde territorio no franco lo que se sigue exportando son productos primarios tales como la carne fresca o refrigerada, seguida por otros productos como la carne congelada, el arroz, la madera, entre otros.
En lo que tiene que ver con el acceso al mercado, este se da según las normas de la Unión Europea, o sea que la negociación Mercosur–Unión Europea podría mejorar el acceso. Si no, hay que aprovechar aquellos ítems arancelarios cuyos aranceles sean bajos o nulos –que los hay–, ya que otros países de nuestra región que tienen producciones similares a las nuestras están exportando a Holanda, o sea que Uruguay tendría margen para incrementar sus exportaciones.
Debo recordar que a partir de 2014 la situación se nos ha complicado porque pagamos más aranceles debido a que –según las estadísticas del Banco Mundial, somos un país de ingresos altos–, los beneficios arancelarios dejaron de tener vigencia. Me refiero al SGP –Sistema Generalizado de Preferencias–, que les siguen dando a los países en desarrollo. Lo mismo nos pasa con Suiza, Estados Unidos y los otros países desarrollados. En este sentido, los sectores exportadores que más sufrieron fueron la pesca y los cítricos. Las mandarinas y el jugo de naranja concentrado fueron los que sufrieron esa pérdida de beneficios arancelarios y ahora pagan el arancel correspondiente.
Por otro lado, no se ha estudiado todavía si quiere usar el puerto de Róterdam como hub logístico o centro regional de distribución de mercadería uruguaya para potenciar el comercio electrónico con Europa o si quieren aprovechar, simplemente, los importadores tradicionales en Holanda para abastecer ventas concretadas y esas plataformas digitales, pero sería para un abastecimiento rápido –en veinticuatro, cuarenta y ocho, o setenta y dos horas–; esa era una de las propuestas que estudió el embajador actual.
En cuanto a las inversiones holandesas en Uruguay, por citar algunas, están Pinturas Inca S. A.; Nidera Uruguaya S. A., dedicada a distribución de productos y servicios agrícolas y bioenergía, y Royal IHC, empresa que firmó un contrato con la Administración Nacional de Puertos para la draga en el puerto de Fray Bentos, y que se está terminando este año; esa construcción se hizo también con contenido local, o sea que Uruguay hizo parte de esa draga.
Como decíamos, Países Bajos es sede de organismos internacionales. La Haya es considerada la capital de la paz y de la justicia.
De las instituciones multilaterales con sede en La Haya, la más destacable es la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas encargado de atender las controversias entre los Estados. Hay un permanente sometimiento de nuevos casos de controversias y también hay pedidos de opiniones consultivas respecto a cuestiones de interés global.
El fallo más reciente, de pública notoriedad, fue el de Bolivia versus Chile respecto a la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico, en el cual primó, evidentemente, el tratado de 1904, pero no se excluyó la posibilidad política de seguir negociando bilateralmente una solución a la mediterraneidad de Bolivia, en tanto es un tema de interés común. Las partes, si estuvieran de acuerdo –cosa que dudo–, podrían convocar a la corte a que se expidiera, pero sobre otras bases, no sobre el derecho internacional, sino en base al principio de equidad o ex aequo et bono. Eso fue lo que quedó planteado como una opción de las partes.
En nuestra región hay casos que están pendientes, como el de Chile versus Bolivia, por las aguas del Silala; el de Nicaragua versus Colombia, por espacios marítimos en el mar Caribe; Nicaragua versus Colombia, por la delimitación de la plataforma continental entre ambos países; y el de Guyana versus Venezuela, por una cuestión de límites, tras no prosperar buenos oficios de la Organización de las Naciones Unidas de este año.
En otras regiones también hay casos u opiniones consultivas que pueden tener gran interés político. Hay dos de Irán versus Estados Unidos, uno de los cuales se da en el contexto del cumplimiento o no del acuerdo plurilateral de 2015, relativo al programa nuclear iraní, suscrito por Irán con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, más Alemania y la Unión Europea y la actitud de la actual Administración americana de cuestionar el referido acuerdo, el plan de acción conjunto y volver a aplicar sanciones unilateralmente en 2018. Respecto a este caso, el 3 de octubre la Corte Internacional de Justicia aprobó por unanimidad medidas provisionales para reducir el impacto negativo de las sanciones económicas americanas, excluyendo su alcance a material y servicio relativos a la seguridad de la aviación civil, así como a alimentos y commodities agrícolas, medicamentos y equipos médicos; esto sin entrar al fondo del caso, solo para no agravar más la controversia y evitar daños irreparables.
Por su parte, Palestina presentó el caso del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén –o sea, Palestina versus Estados Unidos– por el potencial cambio de estatus jurídico de esta ciudad santa, en contravención a múltiples decisiones de la Organización de las Naciones Unidas incluyendo el Consejo de Seguridad, respecto a la ocupación de territorios por Israel, estando en curso el proceso de paz en Medio Oriente.
Asimismo, hay una solicitud de opinión consultiva por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que es de gran interés porque trata de la separación del archipiélago Chagos de la isla Mauricio en 1965, pero refiere puntualmente al Reino Unido. Es un tema de descolonización y de desplazamiento de poblaciones. Por tanto, resulta de sumo interés para muchos otros países, como Argentina –por las islas Malvinas– y, a la vez, del otro lado, países como Israel y Estados Unidos cuestionan la posibilidad de que la corte se expida vía opinión consultiva en temas que entienden sustancialmente bilaterales.
La Corte Internacional de Justicia también tiene otros casos que refieren más a temas de derechos humanos, como el de Ucrania versus Federación de Rusia, sobre la aplicación de las convenciones internacionales para la represión de la financiación del terrorismo y para la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Cabe destacar que Rusia interpuso una excepción preliminar, que es una objeción a la jurisdicción de la corte; antes de pasar al análisis de fondo, objeta a la corte.
De este mismo tenor está el caso de Qatar versus Emiratos Árabes Unidos, también por el tema de la aplicación de la convención relativa a la eliminación de la discriminación racial.
Como podrán apreciar, todos estos casos son bastante políticos e interesantes.
Nuestra región cuenta con un juez latinoamericano, Antônio Augusto Cançado Trindade –brasileño–, representante del sistema jurídico de derecho civil, que el año pasado fue reelecto por nueve años, y un representante de la región del Caribe –jamaiquino–, Patrick Lipton Robinson, del sistema common law.
En 2016 el secretario de la Corte Internacional de Justicia visitó Uruguay y dictó charlas académicas en la Cancillería.
Dentro de las instituciones multilaterales, también está la Academia de Derecho Internacional de La Haya, que dicta varios cursos que serían de interés porque permite una formación especializada de abogados y profesores.
La Corte Permanente de Arbitraje provee de apoyo administrativo en arbitrajes internacionales, que involucren no solo controversias Estado – Estado, sino también la combinación de Estados con organizaciones internacionales o partes privadas. O sea que puede ser también en el caso de controversias Estado ­– inversionistas.
En ese sentido queda abierto el potencial uso de la Corte Permanente de Arbitraje entre inversores y Estado, si es que resulta una alternativa viable el Ciadi, con sede en el Banco Mundial, como uno de los mecanismos posibles de solución de diferencias en los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones o BIT.
En junio de este año se suscribió un acuerdo de sede en Uruguay, que promovió el actual embajador, para casos de arbitraje que involucren a nuestro país u otros de la región.
Está también la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que elabora instrumentos jurídicos multilaterales de cooperación jurídica transfronteriza en materia civil, familiar, comercial y financiera; incluye adopciones internacionales, sucesiones extranjeras, etcétera. Ahora se está negociando si se termina en 2019 las negociaciones de la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras. Esto sería sobre la validez extraterritorial de las sentencias o fallos judiciales.
Hay varios tribunales penales internacionales especiales creados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas u otros no permanentes con sede allí, como el ubicado en el Líbano, por el caso del asesinato del entonces ministro libanés.
La Corte Penal Internacional es el órgano de jurisdicción penal permanente que cubre cuatro crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y, desde julio de 2018, activó también la agresión. Este último es un tema más difícil porque es más político e intenta identificar a quienes inician conflictos de agresión armada.
Sin duda que Uruguay apoyará a la corte por el hecho de que tiene como propósito el combate a la impunidad responsable de los peores crímenes. Hay que recordar que trabaja de manera complementaria en las jurisdicciones nacionales. Siempre se evalúa antes si las autoridades nacionales carecen de la capacidad o la voluntad para llevar a cabo investigaciones o procesos genuinos.
Como ustedes saben hay muchos casos muy interesantes, no solo africanos. Antes se decía que la corte era solo para África y entiendo que no fue justa esa crítica, porque muchos países africanos, tras los conflictos, refirieron –ellos mismos– sus situaciones, por entender que lo mejor era hacerlo en un ámbito más neutro. No ya en la etapa de investigación pero sí en el examen preliminar público –hay exámenes preliminares que los hacen en privado porque reciben alegaciones de crímenes internacionales de todas partes del mundo todos los días–, ya tienen más elementos de distinta fuentes.
En febrero la fiscalía lo abrió para Filipinas, por abuso de poder en la lucha contra el narcotráfico, que ocurre desde 2016; y también para Venezuela por abuso de poder, para reprimir manifestaciones ciudadanas y protestas políticas desde 2017.
Además, países de la región como Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que forman parte del estatuto, en setiembre de 2018 presentaron, conforme a su artículo 14, la petición a la fiscalía para que abra una investigación sobre crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. Eso está signado a la Cámara de Cuestiones Preliminares.
SEÑORA PRESIDENTA.- Le pedimos que vaya terminando su alocución.
SEÑORA DUPUY.- Si, señora presidenta, voy a redondear, aunque hay otros casos más interesantes, como el de Palestina y Afganistán, por las tropas de Estados Unidos, la CIA y demás. Estados Unidos ha reaccionado con muchas amenazas, lo cual preocupa a los jueces de la CPI.
También hay cosas novedosas, como el tema de Myanmar, que no es parte del Estatuto de Roma pero como se da un traslado forzoso, una deportación de rohingyas hacia Bangladesh, que sí es parte de ese estatuto, la fiscal está considerando que es competencia de la corte y lo está consultando con los jueces.
Hay temas interesantes, por ejemplo, el de Irak y las tropas del Reino Unido, lo de Ucrania, lo de Crimea, etcétera. O sea que tienen en carpeta demasiados temas y, lamentablemente, el alcance no es universal por la ratificación del Estatuto de Roma, especialmente cuando hay tres países miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto –Estados Unidos, China y Rusia– que no lo han ratificado.
A Uruguay probablemente le sigan pidiendo que firme acuerdos de cooperación, por ejemplo, para acoger testigos protegidos. Hay que analizar este tema que puede ser de estudio a futuro.
No existen nacionales uruguayos en la Secretaría de la CPI, aunque tiene llamados públicos.
Voy a ir cerrando mi exposición porque sé que tienen muchos temas que atender, pero quiero mencionar algo respecto a la OPAQ. Lamentablemente, también en los últimos años ha habido incidentes de uso de armas químicas y –claro– se dieron particularmente en el contexto del conflicto sirio. En algunos casos pudieron identificar a los responsables, pero en otros no. Cuando se trabajaba conjuntamente –como sucedía hasta el año pasado– con el mecanismo de inspección que tenía Naciones Unidas, establecido por el Consejo de Seguridad, tenían, a la vez, el mandato de identificar a responsables y habían llegado a hacerlo en algunos incidentes cuando pudieron llegar prontamente al lugar de los hechos. En otras ocasiones, por motivos de seguridad, no se accedió enseguida; igualmente, los inspectores tienen forma de detectar si hay cuestiones que fueron removidas o cambiadas, pero claro que siempre se dificulta un poco más y, a veces, no logran identificar el origen de los ataques.
Algo que nos complicó más el panorama fue cuando Rusia vetó, en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se volviera a extender el mandato de ese mecanismo, que era el que permitía identificar a los responsables. Se traslada ese planteo y se aprueba en junio de este año, tras los incidentes en Salisbury, en Inglaterra. Reino Unido acusó a Rusia, esta se defendió y, evidentemente, allí hay un tema político.
Entonces, por votación ahora se da un mandato más amplio a la secretaría técnica de la OPAQ para que pueda atribuir responsabilidades. Esto tiene implicancias presupuestales y se va a tener que resolver en diciembre de este año.
No son parte de la Convención sobre Armas Químicas Israel, República Popular Democrática de Corea –que las habría usado para matar al hermano del actual jefe de Estado en Malasia–, Egipto y Sudán del Sur.
La secretaría ha certificado que Siria y Rusia han eliminado sus arsenales e instalaciones pero igualmente este año hubo un bombardeo fuera de lo que son las normas de Naciones Unidas, por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en Siria, alegando que allí tenían otras instalaciones de armas químicas. Está muy politizado el tema y se está tratando de fortalecer ese sistema de verificación.
Para terminar, me parece importante el tema de la cooperación y quiero simplemente mencionarlo.
Como decía, la cooperación ahora ya no es la tradicional. Uruguay no recibe donaciones y además tampoco Holanda trabaja de esa forma, sino que más bien lo hace a través de la sociedad civil. La cancillería holandesa sigue financiando, por ejemplo, ONG de derechos humanos como Llamale H, que trabaja en temas de diversidad de género y otros en general y no solo en diversidad sexual. Han venido financiando por cuatro años a esa ONG y a otras, pero el camino es más indirecto. Creemos que hay un margen para seguir trabajando, lo que viene haciéndose bien con la academia. La ANII está financiando o cofinanciando becas de posgrado y maestrías en Holanda, en instituciones terciarias de renombre internacional, por ejemplo, en temas de ingeniería ambiental y sanitaria, porque es una especialidad de Holanda y del instituto IHE Delft. También la EUTM realiza trabajos con ese instituto y ha financiado algunas becas. Asimismo hay un convenio con la Universidad de Wageningen, que es la más importante en temas de agro-negocios y otras ramas. Por eso el tema de los invernaderos y demás se podría trabajar con esa universidad, aunque ellos se manejan con consultorías. De todas formas es una buena opción porque tienen gran experiencia en la materia.
Como el informe está por escrito, el resto lo podrían ampliar en su debido momento.
El informe está por escrito, es muy interesante y también lo fue la exposición.
Si no hay preguntas de las señoras y señores senadores, cabe felicitarla por el informe escrito y por el informe oral. Siempre que hay una mujer destinada a estas misiones lo destaco porque son muy minoritarias aún en la Cancillería. Buena suerte.
SEÑORA DUPUY.- En Holanda sería la primera vez que va una mujer.
SEÑORA PRESIDENTA.- Es un gran destino.
(Se retira de sala la señora Laura Dupuy).
SEÑOR LACALLE POU.- Voy a hacer un pedido poco usual. Solicito a la comisión no votar esta venia hasta que recibamos al próximo candidato a embajador. Mi posición tiene una referencia a ese candidato, a quien vamos a escuchar en unos minutos. Si no se accede, no hay problema; simplemente, es un pedido.
SEÑORA PRESIDENTA.- Al próximo candidato no lo vamos a escuchar porque mandó un informe escrito que se repartió por mail. Supongo que el señor senador se está refiriendo al señor Ricardo Nario.
SEÑOR LACALLE POU.- Efectivamente.
SEÑORA PRESIDENTA.- Lo que iba a poner en consideración no es la venia de Laura Dupuy sino si estábamos de acuerdo en votar la venia de Ricardo Nario. No sé si ustedes quieren tomarse una semana para leer el informe y votar después. En el caso de Laura Dupuy, esto no procede.
SEÑOR LACALLE POU.- En ese caso, puedo emitir mi voto sobre las dos venias ahora mismo; no habría problema.
SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, ponemos en consideración la venia de Laura Dupuy, en primer término.
SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: el 20 de abril de 2017 vino a esta comisión el embajador Nario a solicitar una venia que fue votada por unanimidad y nos dejó un plan de trabajo muy similar –casi calcado– al de la candidata que acabamos de recibir.
Estoy seguro de que se trata de dos buenos profesionales, tal como lo expresan sus currículos, pero no entiendo por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores los somete a esta situación que es de índole personal, no de interés nacional. Lo digo porque el embajador Nario lleva menos de un año y medio en funciones en los Países Bajos, así que esta venia supondría enviarlo a otro destino y dejar a su mujer allí. Con todo respeto por los señores embajadores, no me parece adecuado ni lógico y tampoco me parece bien que alguien venga a esta comisión –hace un año y pocos meses– a presentar un plan de trabajo y que al poco tiempo el Ministerio de Relaciones Exteriores envíe una solicitud de venia que no tiene ninguna explicación, salvo una razón familiar.
En definitiva, no nos parece adecuado, no nos parece que nuestro país quede en buena situación ante los Países Bajos y tampoco nos parece bien que se someta a la comisión a votar esta venia. Por eso, con el debido respeto profesional hacia las personas de que se trata, votaré en contra porque no voy a acceder a la actitud del Ministerio de Relaciones Exteriores al solicitar esta venia.
SEÑORA XAVIER.- Me resulta bastante difícil entender el razonamiento del señor senador Lacalle Pou. No me parece que el hecho de dar un destino en los Países Bajos y otro en el Líbano solucione una situación particular de dos personas que tienen antecedentes como embajadores y que –como él también lo ha dicho– se han desempeñado correcta y satisfactoriamente al asumir las diferentes responsabilidades que han tenido. Es cierto que se dio una situación bastante notoria al ocuparse la representación ante los Países Bajos, porque efectivamente se trataba de un matrimonio que iba a llevar adelante las responsabilidades conferidas por una venia del Senado. En el caso concreto, quien representó al país fue el designado embajador, porque la embajadora Dupuy no tuvo responsabilidades.
En consecuencia, creo que no corresponde que nosotros digamos que porque ahora el país necesita cubrir varias representaciones y el embajador en los Países Bajos asumirá –si así lo votamos cuando se trate ese asunto– la responsabilidad en el Líbano eso va a solucionar un tema familiar. La verdad es que a kilómetros de distancia parece bastante difícil que esto signifique una solución familiar. Creo que cuando analicemos el Estatuto y se hagan las modificaciones que tienen que ver con los funcionarios se mejorará en algo la situación. Por supuesto que no es sencilla la solución que se requiere, pero insisto en que no me parece que corresponda que discutamos el argumento que esgrime el señor senador Lacalle Pou porque no tiene fundamento pensar que en lugar del interés del Estado prima un interés particular.
SEÑOR LACALLE POU.- No me cabe la menor duda de que se trata de una situación familiar. En realidad, me gustaría que la señora senadora Xavier, en nombre del Gobierno, explique por qué con tan solo un año y pocos meses en un destino, alguien cuya designación fue votada por esta comisión y por el Senado, sin haber cumplido sus objetivos, es trasladado al Líbano y su señora ocupa su lugar en la embajada. La venia se votó para el embajador, no para la embajadora. Repito que me gustaría saber por qué el Gobierno adopta una medida de política internacional, de Estado, para trasladar a un embajador que no ha cumplido un año y medio de misión, se deja en ese cargo a su señora y se lo traslada al Líbano.
SEÑORA XAVIER.- El señor senador Lacalle Pou me pregunta específicamente, por lo que voy a responderle.
Sin dudas, este no va a ser el primer caso en que a un embajador al que se le confiere venia para un destino, antes de cumplir el plazo, es destinado a otro país. Eso ha ocurrido a lo largo de todas las legislaturas, algún caso siempre es la excepción, y el criterio es que si ya se le confirió venia, el hecho de que sea trasladado a otro destino no supone volver a votar la venia. Igual, tenemos el segundo punto para tratar que es, justamente, el relativo al destino del embajador Nario. Pero aquí no se trata de una cuestión de herencia, ya que la señora Dupuy también es embajadora y estaba sin destino, en función de que no podían coexistir en el mismo país. No sé específicamente por qué uno queda en Países Bajos y el otro va a otro destino.
SEÑOR LACALLE POU.- Estaría bueno saberlo.
SEÑORA XAVIER.- Si nosotros pensáramos que ellos no reúnen condiciones como para representar al país sí sería un problema. Ahora bien, ante la pregunta de por qué cada uno de los embajadores va a determinado país, debo decir que previamente siempre se conversan los destinos. Es de estilo que en la Cancillería no se elige a la carta el destino de un embajador, pero siempre hay –no recuerdo el nombre específico– una propuesta de destino.
La verdad es que creo que se está tratando de buscar una excusa sin una razón, ya que los dos son excelentes profesionales –ahora me dirijo al señor senador Lacalle Pou– y no hay ninguna novedad en el hecho de que alguien sin culminar su tiempo de misión vaya a otro país de destino.
SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Considero que deberíamos postergar la votación de este tema. Me parece que estos casos implican muchos aspectos subjetivos y a veces es preferible tomarse unos días para informarse bien y luego votar totalmente a conciencia, de modo que quien vaya a ocupar un cargo de representante del país cuente con el apoyo de todos los integrantes del Senado. Lógicamente, esto no es fácil y a nivel internacional se dan a veces este tipo de situaciones que en algunas ocasiones no tienen causas y en otras existen pero no las conocemos.
Concretamente, mi propuesta es postergar el tratamiento de este tema hasta la próxima sesión de esta comisión.
SEÑOR OTHEGUY.- Creo que el señor senador Lacalle Pou expresó una posición y adelantó cuál va a ser su voto en cuanto a este tema por lo que, a mi juicio, ha quedado meridianamente claro lo que ha decidido. En lo personal, suscribo los argumentos que ha expuesto la señora senadora Xavier y estoy convencido de que se trata de dos embajadores con una larga trayectoria y con un currículum que está a la vista, por lo que a los efectos de la discusión y de los aspectos que debemos valorar en esta comisión, que son objetivos y refieren al desempeño de los embajadores, contamos con todos los elementos necesarios para tomar una posición en el día de hoy.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la venia solicitada para acreditar en calidad de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República ante el Reino de los Países Bajos a la señora Laura Dupuy.
SEÑOR OTHEGUY.- Propongo como miembro informante a la señora senadora Moreira.
En consideración la venia para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República del Líbano al señor Luis Ricardo Nario Fagúndez, quien ha presentado un extenso informe que da cuenta de su proyecto de trabajo, de la síntesis de sus actividades desarrolladas como embajador ante el Reino de los Países Bajos y el itinerario de las relaciones comerciales, diplomáticas y culturales entre Uruguay y el Líbano. Cabe destacar que ambas venias cuentan con el beneplácito de los países de destino.
(Se vota):
A los efectos de la versión taquigráfica se incorporará el informe del Embajador Nario como documento adjunto al final del distribuido correspondiente
SEÑOR OTHEGUY.- Propongo como miembro informante al señor senador Martínez Huelmo.
Nos restan votar las derogaciones del Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior que fueron consultadas con cancillería y corregidas.
Cedemos el uso de la palabra al señor senador Mieres para que se refiera al proyecto de ley del Tratado de Extraordinario entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa.
SEÑOR MIERES.- Hemos analizado los términos del tratado establecido, teniendo en cuenta el derecho comparado en materia de extradición y ciertamente ajusta en términos sobre los que no voy a extenderme ahora, sino que expondré en sala. Existen consideraciones generales que tienen que ver con los tratados de extradición en general y que ajustan al caso. En definitiva, aconsejamos que la comisión vote este proyecto de ley para llevarlo al plenario.
SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el artículo único.
«Artículo único.- Apruébase el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa, suscrito en la ciudad de Lisboa, república portuguesa, el 25 de octubre de 2017».
Antes de que se retiren, está pendiente de consideración el artículo 43, relativo a las derogaciones, a efectos de que sea completada la aprobación del Estatuto de Funcionarios del Servicio Exterior. La miembro informante será la señora senadora Xavier.
«Deróganse el Decreto Ley n.º 14206, de 6 de junio de 1974 y sus modificativas, el artículo 331 de la Ley n.º 18719, de 27 de diciembre de 2010, el artículo 256 de la Ley n.º 19355, de 19 de diciembre de 2015, el artículo 168 de la Ley n.º 18172, de 31 de agosto de 2007, el artículo 141 y el artículo 145 de la Ley n.º 17930, de 19 de diciembre de 2005, el artículo 162 y el artículo 163 de la Ley n.º 19149, de 24 de octubre de 2013, el artículo 27 de la Ley n.º 15767, de 13 de setiembre de 1985, y los artículos 70 y 72 de la Ley n.º 15851 de 24 de diciembre de 1986 y todas aquellas disposiciones que se opongan al nuevo Estatuto».
SEÑOR MIERES.- En la rendición de cuentas se votaron dos o tres artículos.
SEÑORA PRESIDENTA.- Junto con el señor secretario tomamos las precauciones del caso, en el sentido de que fueron repetidos, se votaron y se reemplazaron.
(Son las 17:42).
INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR EMBAJADOR LUIS RICARDO NARIO FAGÚNDEZ EN LA COMISIÓN