Source: http://formu.info/sentencia-t-82101.html
Timestamp: 2019-11-15 21:42:30
Document Index: 328274134

Matched Legal Cases: ['artículo 213', 'artículo 156', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 44', 'artículo 31']

Sentencia t-821/01
Referencia: expediente T-474.330
Acción de tutela Maria Doris Rodas Alzate en representación de su hija menor de edad, Leydy Johana Álvarez Rodas, contra la Caja de Compensación Familiar Comfenalco -Antioquia. A.R.S.
Procedencia: Juzgado Promiscuo Municipal de Venecia - Antioquia.
Sentencia aprobada en Bogotá, D.C., en sesión del dos (2) de agosto de dos mil uno (2001).
En el régimen subsidiado, se encuentran las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización. Es decir, la población más pobre y vulnerable del país que habita en las áreas rural y urbana, adquiriendo dentro de este grupo especial importancia, las madres durante el embarazo, parto, posparto y periodo de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad de pago1 (se subraya).
3.2. Son muchos los pronunciamientos en donde esta Corporación ha estudiado todo lo relacionado con el régimen subsidiado de salud de conformidad con la ley 100 de 1993, y sus decretos reglamentarios (sentencias T-177 de 1999, T- 549 de 1999, SU-819 de 1999, T-214 de 2000, T-1083 de 2000, T-1331 de 2000, T- 1579 de 2000, T-355 de 2001, entre otras)
3.3. En este orden de ideas, se ha manifestado que quienes pertenecen al régimen subsidiado de salud, se someten previamente a un sistema de selección de beneficiarios para programas sociales, en donde por medio de una encuesta se analizan sus condiciones personales, vivienda, capacidad económica, y su situación personal, para ser posteriormente clasificados dentro de uno de los seis niveles de afiliación, siendo tarea del Consejo Nacional de Seguridad Social CNSS, fijar los criterios para determinar los posibles beneficiarios del régimen subsidiado (artículo 213 inciso 3 y artículo 156 literal b de la ley 100 de 1993). Al respecto en sentencia T-177 de 18 de marzo de 1999. M.P. doctor Carlos Gaviria Díaz, se preciso que:
“La regulación del SISBEN es ineficiente, por la misma razón por la que resulta contraria al orden público de la salud, no sólo en materia de sida, sino en todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio público de atención en salud a la población pobre: el Estado, a través del CONPES, en su afán por focalizar la política social en proteger a aquellas personas que por su condición económica se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta, ignoró otra obligación -igualmente importante-, que debe cumplir como parte de esa política social: proteger especialmente a aquellas personas que, a más de una condición económica precaria, tienen una condición física o mental que, por sí sola, les pone en innegable circunstancia de debilidad manifiesta.
La regulación del SISBEN es ineficiente y contraria al orden público de la salud, por las mismas razones que la hacen dar lugar a violaciones sistemáticas del derecho a la igualdad: a) no permite recolectar los datos relevantes para diferenciar las personas que están expuestas al riesgo de sufrir una u otra enfermedad, de las que han sido efectivamente contagiadas o contraído la enfermedad por otra vía, y no posibilita distinguir entre las personas que sufren un padecimiento, a las afectadas de manera temporal de las enfermas crónicas, permanentes y terminales; de esa manera, el funcionario departamental o municipal encargado de decidir a quiénes se otorgará la calidad de beneficiarios del régimen subsidiado de seguridad social en salud, no puede -aunque quiera hacerlo-, promover "las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva", ni adoptar "medidas a favor de grupos discriminados o marginados"; b) hace nugatorio el derecho de defensa de quienes resultan discriminados o pertenecen a uno de los grupos que lo vienen siendo, pues para cambiar su calificación, sólo les permite solicitar una nueva aplicación de los mismos formularios, que no puede arrojar resultados distintos a los originales hasta que el daño sea irremediable. En el caso de Y, el paciente murió sin el tratamiento médico que requería, y sin que variara para nada su calificación como aspirante a beneficiario del SISBEN; más aún, si se vuelven a aplicar los cuestionarios a su anciana madre, ésta tampoco ahora calificaría para beneficiaria”. (Se Subraya ).
3.4. En el caso objeto de revisión, la demandante y su hija por carecer de recursos económicos, se encuentran vinculadas al sistema general de seguridad social en salud, régimen subsidiado - zona rural, pues habitan en el corregimiento de Bolombo - Antioquia y están clasificadas en el nivel II de afiliación (folio 14), pues al momento de ser encuestadas, su condición socioeconómica les permitió entrar en dicho nivel, aunque en esta oportunidad su situación haya variado (recuérdese que los niveles de afiliación son 6 y se clasifica en el primer nivel a la población más pobre).
La entidad demandada, como condición necesaria para la práctica de la cirugía que la menor Leydy Johana requiere, y en razón del nivel de afiliación de la beneficiaria, nivel que como se dijo, se otorga después de realizar una serie de encuestas y analizar la condición socioeconómica de la persona; exige el cubrimiento del copago, es decir el 10% del valor del servicio demandado, con fundamento en el artículo 2 del acuerdo 30 de 1997 que establece que para la realización de una cirugía cubierta en el POSS, dado el nivel II de afiliación, es necesario que el beneficiario cancele el valor del copago correspondiente.
Cuarta.- Las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado de Salud, no pueden negar la práctica de un procedimiento quirúrgico, cuando es evidente la falta de recursos económicos de los afiliados y/o beneficiarios para cubrir el porcentaje que les corresponde.
Esta Corporación ha señalado que “ La protección y conservación del derecho a la vida escapa a cualquier discusión de carácter legal o contractual. No es aceptable que en un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana ( artículo 1 de la Constitución), y en la conservación del valor de la vida ( Preámbulo y artículo 11 de la Constitución), se pueda tolerar que ante el apremio de un individuo de recibir un tratamiento médico para conservar su existencia, se antepongan intereses de carácter económico, o una disposición de carácter legal, tal como sucedió en el caso del señor ..., que ante la falta de recursos para cubrir el porcentaje que por disposición legal estaba obligado a aportar, no se le suministró el tratamiento requerido...” (Corte Constitucional, sentencia T- 370 de 1998. Magistrado Alfredo Beltrán Sierra).
Tal como lo afirmó la entidad acusada, al contestar la acción de tutela instaurada en su contra, a la actora le corresponde cubrir un porcentaje para la práctica de la cirugía que su hija Leydy Johana requiere, dado su nivel de afiliación. Esta disposición, en principio justificaría la no prestación del servicio médico, así como la improcedencia de la acción de tutela. Sin embargo, es obligación del juez constitucional analizar mas allá de las disposiciones legales, si está de por medio la vulneración de derechos constitucionales fundamentales como lo son, la vida, la salud y la seguridad social de un menor (artículo 44 de la Constitución).
Dentro de este contexto en el sub judice, la menor Leydy Johana Álvarez, padece de “osteosíntesis - cúbito y radio N2”, fue atendida inicialmente, en un centro de salud del corregimiento de Bolombo - zona rural, siendo remitida posteriormente, al Hospital San Rafael E.S.E. y luego al Centro de ortopedia y traumatología en la ciudad de Medellín, donde el médico tratante, le ordena de manera urgente y para prevenir complicaciones futuras, la práctica de una cirugía, la que no puede realizarse, pues la A.R.S. demandada, siguiendo disposición legales, exige que la progenitora cancele la suma de $143.000 pesos, suma que es casi la mitad de un salario mínimo legal y por las condiciones económicas en que se encuentra la señora Rodas Alzate, no puede cancelar, pues en la actualidad se encuentra desempleada, es madre cabeza de familia y debe velar por los cuidados de dos menores de doce y seis años de edad.
Por tanto, siguiendo lo dicho por esta Corporación, “en casos de urgencia o gravedad comprobadas, no existe norma legal que ampare la negativa de prestar un servicio como el que se reclamaba. Pues, por encima de la legalidad y normatividad, está la vida, como fundamento de todo el sistema”2 debe tenerse en cuenta que si bien, en principio la menor recibió atención médica, la negativa por parte de la A.R.S demandada de no autorizar la práctica de la cirugía, hasta tanto se cancele el 10% del valor de la misma, de conformidad con el nivel de afiliación, constituye un claro desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, pues se están anteponiendo intereses legales por encima de la salud, el bienestar y la calidad de vida de una menor, a quien se remitió de manera urgente a la ciudad de Medellín, y le fue ordenada la práctica de una cirugía, que según el ortopedista es prioritaria (folio 7 vuelto).
De igual manera, debe tenerse en cuenta que los intereses de la entidad demandada, no se verán afectados con la decisión de cubrir, por la carencia de recursos económicos del afiliado, el valor del copago correspondiente, pues la cirugía de la actora se encuentra dentro del plan obligatorio de salud subsidiado - POSS. Por consiguiente, para obtener el reintegro de los valores que no está obligado legalmente a asumir, la A.R.S. podrá hacer uso de la acción de repetición en contra del Estado, con cargo al Fondo de Solidaridad y Garantía, o a cargo de los recursos del subsidio a la oferta del régimen subsidiado, (artículo 31 decreto 806 de 1998).
La Sala Segunda (2a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, y Jaime Córdoba Triviño en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
Avenida 13 Nº 821/29 B1900 tlh la Plata Tel. +54 221 439-2222
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Es necesario que los formularios para la extensión del tps (I-821/I-765) sean enviados con
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