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Timestamp: 2017-05-28 20:13:14
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Decimo aniversario Carta Democrática de la OEA by nuevapolitica.net - issuu
Décimo aniversario de laCarta Democrática Interamericana
Un compromiso hemisférico con la democracia01
ContenidosLa construcción de un legado en materia de promoción y protección de la democracia
por José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA02
Avances y logros en materia de transparencia; libertad de expresión y de prensa; fortalecimiento de partidos y de
otras organizaciones políticas, campañas electorales y sistemas de financiamientoCapítulo II: La democracia y los derechos humanos
Promoción y protección de los derechos humanos, y esfuerzos realizados para eliminar toda forma de discriminación,
especialmente la discriminación de género, étnica y racialCapítulo III: Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza
Instrumentos interamericanos para promover los derechos económicos, sociales y culturales; mecanismos de
cooperación e intercambio para el desarrollo integral y el combate a la pobreza; iniciativas para la creación de
empleo productivo; apoyo para la protección del medio ambiente y actividades impulsadas para promover el acceso a
una educación de calidadCapítulo IV: Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática
El papel de la OEA en la prevención de crisis político-institucionales y la restitución de la democracia tras alteraciones
del orden constitucional y rupturas del orden democráticoCapítulo V: La democracia y las misiones de observación electoral
Asistencia para el fortalecimiento de las instituciones y procesos electorales; avances y logros en materia de
observación electoralCapítulo VI: Promoción de la cultura democrática
Programas y actividades para promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática,
especialmente entre la niñez y la juventud; así como también aquéllos dirigidos a fomentar la gobernabilidad, la buena
gestión, y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Avances y
logros en materia de participación igualitaria y plena de la mujer en las estructuras políticas de los países del
Hemisferio03
Hacia la consolidadción del compromiso colectivo por la democracia
por Víctor Rico Frontaura, Secretario de Asuntos Políticos de la OEAOrganización de los Estados Americanos1IntroducciónL2a democracia recorrió un largo y
arduo camino para instalarse y ser
reconocida como único régimen
político legítimo en la región. Por primera
vez en la historia, “ser democrático es
una necesidad”. El camino hacia la
democracia atravesó duros tramos de
dictaduras militares, gobiernos
autoritarios, conflictos armados internos
violencia política y represión sistemática
desde el Estado, e injerencia de terceros
países en los asuntos internos de otros.
Los años del retorno a la democracia en
América del Sur coincidieron con la
caída del muro de Berlín, el fin de la
guerra fría y la democratización de
Europa Oriental. Luego concluyeron las
guerras internas en Centroamérica y los
procesos de paz impulsaron el
democráticos. Y, casi simultáneamente,
ingresaron a la Organización de los
Estados Americanos, Canadá y la mayor
parte de los Estados del Caribe que se
habían mantenido por fuera.
En la actualidad, la única forma
legítima de llegar al poder es a través de
elecciones transparentes, competitivas y
periódicas; otros mecanismos de acceso
quedaron descartados. Este logro no es
menor para una región que experimentó
durante años un movimiento pendular
entre gobiernos autoritarios/militares y
democráticos. La consolidación de los
procesos electorales como único
mecanismo legítimo para llegar al poder,
a su vez, tuvo implicancias importantes
para la institucionalidad electoral, para la
extensión del registro e identidad de las
personas y para el desarrollo de la
ciudadanía política y civil, entre otros. En
la última Asamblea General de la OEA,
efectuada en San Salvador en junio de
2011, los 34 Jefes de Estado y de
Gobierno que asistieron fueron elegidos
democráticamente, con resultados
reconocidos por todos. Más aún,10 Años de la Carta Democrática InteramericanaHonduras participó en dicho cónclave regional tras su
restitución como miembro pleno del organismo.
La construcción de este camino estuvo protagonizada
por una variedad de actores comprometidos con
valores y principios democráticos. Dicho proceso se vio
apuntalado por una sinergia regional que quedó
cristalizada en la Resolución 1080 de la Asamblea
General de la OEA celebrada en Santiago, Chile, en
1991. Por primera vez, los Estados de América se
ponían de acuerdo para defender sus democracias y
reaccionar de manera conjunta ante situaciones de
riesgo que pudieran poner en peligro su continuidad.
Este compromiso regional con la democracia se
profundizó hasta culminar en la aprobación por
unanimidad de la Carta Democrática Interamericana
(CDI), el 11 de septiembre de 2001, en una sesión
especial de la Asamblea General de la OEA en Lima,
La Carta Democrática es un manifiesto de afirmación
y de reconocimiento colectivo de la democracia
representativa como único régimen político de gobierno
legítimo en las Américas. Superado el difícil período de
dictaduras y de conflictos armados, se inició un proceso
de construcción de consensos en torno a la importancia
y el valor de la democracia como forma de gobierno,
de Estado y de sociedad. Ese consenso se profundizó
aún más tras situaciones desestabilizadoras que
sufrieron varias democracias incipientes en sus primeros
pasos. La Carta Democrática Interamericana puede ser
considerada como el cenit de ese consenso regional;
consagra el compromiso colectivo de mantener y
fortalecer la democracia en las Américas.
La Carta logró plasmar en su texto una definición
amplia de democracia. Presenta una serie de elementos
esenciales de la democracia representativa y
componentes fundamentales del ejercicio de la
democracia. Al incluirlos, la Carta Democrática
trasciende la idea de democracia electoral e incorpora
no sólo el origen democrático del poder sino también su
ejercicio. Democracia no sólo significa ser elegido
democráticamente sino también gobernar
Al definir cuáles son los elementos esenciales de la
democracia representativa y los componentes
fundamentales del ejercicio democrático, la Carta
Democrática Interamericana puede ser concebida como
un “programa de la República Democrática”. Como
todo programa político, incluye un ideal que se quiereIntroducciónLa construcción de un legado en materia de
promoción y protección de la democraciaalcanzar y establece la dirección hacia la cual los
Estados Miembros deberían dirigir sus esfuerzos. Este
paradigma de la democracia republicana, a su vez,
resulta clave para definir las líneas programáticas que
tanto la Organización como cada uno de los Estados
Miembros podrían utilizar como guía para priorizar y
seleccionar las iniciativas, proyectos y acciones a
realizar en aras de la consolidación y fortalecimiento de
La Carta Democrática también incorpora un
mecanismo colectivo de defensa de la democracia en la
región. Previendo la irrupción de situaciones de
inestabilidad y de crisis política, su marco normativo
incluyó medidas diplomáticas y mecanismos de acción
conjunta para responder colectivamente frente a
amenazas contra el orden constitucional democrático y
el ejercicio legítimo del poder. Durante los últimos diez
años, estas herramientas jugaron un papel fundamental
en prevenir el surgimiento o el agravamiento de
situaciones desestabilizadoras.
Tras diez años de existencia y de aplicación de la
CDI en el Hemisferio, éste parece ser un momento
propicio para hacer un balance y evaluar cuál es su
legado. En términos generales, es posible afirmar que
las elecciones son transparentes, secretas y universales;
se lograron avances importantes en materia de defensa
y protección de los derechos humanos; se aprovechó el
espacio multilateral para coordinar respuestas en la
lucha contra la corrupción; y se invocó la Carta en al
menos nueve oportunidades ante situaciones que
afectaban o ponían en riesgo el desarrollo del proceso
político-institucional democrático o el legítimo ejercicio
del poder. En siete de esas nueve oportunidades, la
aplicación preventiva de la CDI fue eficaz. La OEA
demostró su capacidad de respuesta frente a situaciones
de tensión o crisis político-institucional cuando los
Estados Miembros solicitaron su apoyo.
En el caso de Honduras, el Presidente José Manuel
Zelaya acudió a la OEA tan sólo 48 horas antes del
golpe de Estado que ocasionó su derrocamiento. Otra
tal vez habría sido la historia si el Presidente hubiera
acudido antes. Ello le hubiera dado a la Organización
mayor margen de tiempo y de acción para prevenir la
concatenación de hechos que culminaron en su
Ahora bien, cabe destacar que, producido el golpe
de Estado en Honduras, la Carta Democrática
Interamericana, específicamente su Capítulo IV, fue
activado oportunamente y en todos sus términos. En este
accionar, los Estados Miembros y la propia
Organización, dejaron asentado un precedente
fundamental: atentar contra la democracia en la región
tiene un costo diplomático, político y económico alto. La
Carta establece un conjunto de normas y reglas que se
deben cumplir. El quebrantamiento de éstas,
especialmente cuando ello implica una alternación delorden constitucional o el quebrantamiento del orden
democrático, no queda en la impunidad sino que
conlleva consecuencias severas para los infractores. En
ese sentido, la aplicación de la Carta Democrática es
exitosa, en la medida en que contribuye a consolidar
una cultura y prácticas democráticas.
La sistematización del legado de la Organización de
los Estados Americanos en materia de promoción y
defensa de la democracia es uno de los principales
propósitos de esta publicación. Las páginas siguientes
intentan presentar las diferentes iniciativas y acciones
realizadas por la Organización en los diez años de
vigencia de la CDI. Este ejercicio también puede ser
considerado como una rendición de cuentas por parte
de la Organización frente a los Estados Miembros en
materia de desarrollo e implementación de la Carta
Democrática. Finalmente, en función del camino
recorrido hasta ahora, y en aras de ese ideal de la
república democrática, esta publicación permitirá trazar
una hoja de ruta en torno a los elementos y aspectos
que deberían ser fortalecidos, presentando algunas
propuestas que podrían mejorar la efectividad de la CDI
en sus dos ejes: como programa colectivo de promoción
y consolidación, y como mecanismo colectivo de
defensa y protección de la democracia.
–José Miguel Insulza
Secretario General de la OEAOrganización de los Estados Americanos3La democracia y el sistema interamericanoLa democracia y el sistema interamericano
4©MICHEL HUNEAULTLa democracia y el sistema interamericanoI10 Años de la Carta Democrática InteramericanaLos Estados Miembros incluyeron en la Carta
Democrática Interamericana (CDI) una definición
amplia e integral de democracia, especificando
detalladamente los contenidos de la misma. Tras
proclamar, en su Artículo 1, que los pueblos tienen
derecho a la democracia, la CDI define (Artículo 2)
que el ejercicio efectivo de la democracia
representativa es la base del Estado de derecho y los
regímenes constitucionales. Seguidamente agrega
que la democracia representativa se refuerza y
profundiza con la participación de la ciudadanía en
un marco de legalidad, conforme al respectivo orden
constitucional. La participación tiene su propio
Artículo, el sexto, en donde se la presenta como una
condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio
de la democracia. El Ar tículo 3 enumera los
elementos esenciales de la democracia representativa:el respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con
sujeción al Estado de derecho; la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el
sufragio universal y secreto; el régimen plural de
partidos y organizaciones políticas; y la separación e
independencia de los Poderes públicos. La Carta
Democrática también hace referencia, en su Artículo
4, a los componentes fundamentales del ejercicio de
la democracia: la transparencia, la probidad, la
responsabilidad en la gestión pública; el respeto por
los derechos sociales y la libertad de expresión y de
prensa; y la subordinación de todas las instituciones,
entidades y sectores de la sociedad a la autoridad
civil legalmente constituida y al Estado de derecho. El
for talecimiento de los par tidos y de otras
organizaciones políticas es considerado prioritario en
el Artículo 5.De esta manera, en el primer capítulo de la Carta
Democrática, los Estados Miembros definen los
contenidos y el alcance de la democracia. Es
importante resaltar que la misma incluye requisitos de
origen así como también un conjunto de elementos
esenciales de la democracia representativa y de
componentes fundamentales que hacen al ejercicio
democrático. Se identifica un cuerpo de valores,
principios y derechos sobre el cual se estructura la
ingeniería institucional democrática, las relaciones
entre Estado y ciudadanía, y entre los/as
ciudadanos/as. Este conjunto de atributos se refiere a
la organización “republicana” de gobierno y sobre
esa base, la CDI puede ser considerada como “el
programa de la República Democrática”, es decir,
como un ideal hacia el cual se quiere avanzar,
aunando para ello los esfuerzos de los Estados
Miembros y de la Organización de los EstadosOrganización de los Estados Americanos5a.Transparencia de las
actividades, la probidad y la
gobiernos en la gestión pública
(Artículo 4)i.
Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de la
Corrupción, aprobada en Caracas, Venezuela, en
marzo de 1996, constituye el primer instrumento
jurídico internacional en este campo, que reconoce la
trascendencia internacional de la corrupción y la
necesidad de promover y facilitar la cooperación
entre los Estados para combatirla.
Los propósitos de la Convención son los de
promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos
necesarios para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar la corrupción; y promover, facilitar y regular
la cooperación entre los Estados a fin de asegurar laeficacia de las medidas y acciones para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar los actos de
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.
Asimismo, la Convención establece un conjunto de
medidas preventivas: prevé la tipificación de
determinados actos de corrupción como delitos,
incluyendo el sobor no transnacional y el
enriquecimiento ilícito. Y contiene una serie de
disposiciones para fortalecer la cooperación entre sus
Estados Parte en áreas tales como asistencia jurídica
recíproca y cooperación técnica, extradición e
identificación, rastreo, inmovilización, confiscación y
decomiso de bienes obtenidos o derivados de la
comisión de actos de corrupción, entre otras.
En la actualidad, 33 de los 34 Estados Miembros
activos de la OEA ratificaron la Convención.
El M e c a n i s m o d e S e g u i m i e n t o d e l a
( M E S I C I C ) es un instrumento de carácter
intergubernamental establecido en el marco de la
OEA para apoyar a los Estados que son parte del
mismo en la implementación de las disposiciones de
El MESICIC entró en funcionamiento en 2002, un
año después de la aprobación de la Car ta
Democrática Interamericana. El mismo puede ser
considerado como un instrumento clave para el
acompañamiento de los Estados Miembros en sus
esfuerzos por promover y garantizar la transparencia
de las actividades gubernamentales, la probidad y
responsabilidad de los gobiernos en la gestión
El MESICIC está confor mado por a) la
Conferencia de los Estados Parte, que tiene la
autoridad y responsabilidad general de instrumentar
el mecanismo; b) el C o m i t é d e E x p e r t o s ,
responsable del análisis técnico de la implementación
de la Convención; y c) la Secretaría Técnica,ejercida por la Secretaría General de la OEA a través
del Departamento de Cooperación Jurídica de la
Durante la Te r c e r a C o n f e r e n c i a d e l o s
Estados Parte celebrada en Brasilia, Brasil, el 9 y
10 de diciembre de 2010, se incorporaron tres
países más, por lo que actualmente 31 Estados de la
región forman parte del MESICIC.
El seguimiento de la implementación de la
(MESICIC) se realiza mediante procesos de
evaluaciones recíprocas y entre los Estados Parte. En
cada una de las rondas, el Comité de Expertos
analiza cómo los Estados están implementando
disposiciones de la Convención previamente
seleccionadas. Finalizadas las rondas, se elaboran
infor mes nacionales en los que se for mulan
recomendaciones concretas dirigidas al Estado
evaluado y un Infor me Hemisférico. Las
organizaciones de la sociedad civil participan en
estos procesos de análisis, proveyendo información
útil a la par de la suministrada por los respectivos
Se realizaron, a la fecha de esta publicación, tres
rondas de análisis mediante 19 reuniones ordinarias
del Comité de Expertos. A partir de la cuarta
ronda de análisis, que iniciará en 2012, el
proceso incluirá visitas in situ a los Estados Parte.
Adicionalmente, se llevaron a cabo otras
actividades en el marco del Mecanismo: el Proyecto
de planes de acción nacional (2005-2010),
cuyo propósito fue apoyar a 17 Estados participantes
en el desarrollo de planes de acción para la
implementación de las recomendaciones del
MESICIC. Asimismo, dos Conferencias sobre
Avances y Desafíos en la Cooperación
Hemisférica contra la Corrupción organizadas
en Lima, Perú (2010) y Cali, Colombia (2011).ii.
Guía de Mecanismos para la Promoción
de la Transparencia y la Integridad en las
La Guía de Mecanismos para la Promoción
de la Transparencia y la Integridad se elaboró
en 2009, por el Departamento de Gestión Pública
Efectiva (DGPE) de la Secretaría de Asuntos Políticos610 Años de la Carta Democrática Interamericanade la OEA. La Guía es un instrumento de referencia e
intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre
transparencia, integridad, prevención y control de la
corrupción; todos ellos componentes fundamentales
del ejercicio de la democracia, según lo estipula el
Artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana.
Está dirigida a funcionarios públicos, académicos y
organizaciones de la sociedad civil. En la actualidad,
incluye información sobre 13 países de América
Central y América del Sur. Al finalizar el 2011, se
espera integrar información relativa a otros 8 países
de Sudamérica y el Caribe.
A partir de esta Guía, desde el 2009, se realizaron
tres cursos en línea sobre “Mecanismos y Estrategias
para la Promoción de la Transparencia y la
Integridad”, en los que participaron 56 personas
provenientes de los países de la región. Asimismo, se
estableció un conjunto de indicadores que permiten
obtener información de manera sistemática sobre el
impacto y los alcances de las políticas implementadas
para promover la integridad y la transparencia en el
Hemisferio. Los temas de la Guía también impulsaron
la creación de una red de especialistas de distintos
países de la región. Esta red pretende establecer las
bases para un observatorio que dé seguimiento a los
avances realizados en estos temas.iii.La democracia y el sistema interamericanoAmericanos (OEA). En esa línea, tomando la Carta
como un paradigma y a diez años de su vigencia, se
presenta un balance de lo realizado por la
Organización respecto a la aplicación de los
contenidos del primer capítulo. Específicamente, se
abordan tres temas centrales: la transparencia,
probidad y responsabilidad de los gobiernos en la
gestión pública; la libertad de expresión y de prensa;
y el for talecimiento de par tidos y de otras
organizaciones políticas junto con la relevancia de
las campañas electorales y de los sistemas de
financiamiento.Programa de Gobierno ElectrónicoLa llegada de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y su introducción y adaptación
para mejorar y agilizar el funcionamiento del Estado
puede ser considerada como un punto de inflexión en
lo que respecta a las posibilidades de los gobiernos
para promover y extender la democracia entre los
ciudadanos y las ciudadanas. La introducción del
gobierno electrónico incidió positivamente sobre un
componente fundamental del ejercicio de la
democracia: la transparencia de las actividades
gubernamentales, la probidad y la responsabilidad
de los gobiernos en la gestión pública (Capítulo 4 de
la CDI). El gobierno electrónico es también una
herramienta clave para facilitar la difusión y el acceso
a la información y fomentar la participación de la
ciudadanía en los procesos de toma de decisión y
control de la administración pública. Asimismo,
potencia el cumplimiento y ejercicio de los derechos,
valores y principios que la CDI garantiza a losOrganización de los Estados Americanos7iv.ciudadanos y las ciudadanas de las Américas.
Durante los últimos diez años, el Departamento
para la Gestión Pública Efectiva, en cumplimiento con
la aplicación de la Carta Democrática, desarrolló una
intensa labor de expansión y fortalecimiento del
gobierno electrónico en América Latina y el Caribe
por medio de dos ejes programáticos: cooperación
técnica y horizontal;, y capacitación y certificación a
funcionarios públicos .
La Red de Líderes de Gobierno Electrónico
de América Latina y el Caribe (Red GEALC) se
creó en 2003 y el DGPE/SAP funge como Secretaria
Técnica de esa Red. El propósito es promover la
cooperación horizontal entre los países de América
Latina y el Caribe, y facilitar el intercambio de
soluciones y expertos en la materia. Para ello se
organizaron nueve talleres de colaboración e
intercambio en los que participaron más de 80 altos
funcionarios de 32 países. En 2007 se introdujeron
los premios excelGOB como reconocimiento a los
gobiernos más eficientes y transparentes a partir del
uso de las TIC.810 Años de la Carta Democrática InteramericanaAcceso a la información públicaEl acceso a la información pública es un instrumento
clave para promover la rendición de cuentas y la
transparencia de las instituciones estatales. Resulta
fundamental para acompañar los esfuerzos de
combate a la corrupción y facilitar la participación y
el ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía.
Varias áreas de la Organización trabajan sobre este
tema desde diversos ángulos, entre ellas: la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (véase Capítulo
I, Sección b. Libertad de expresión y de prensa); el
Depar tamento de Derecho Inter nacional, el
Departamento para la Gestión Pública Efectiva y la
Fundación para las Américas (véase Capítulo I,
Sección b. Libertad de expresión y de prensa).
En junio de 2009, la Asamblea General de la OEA
encomendó al Depar tamento de Derecho
Internacional la elaboración de un proyecto de Ley
Modelo sobre Acceso a la Información. El
DGPE colaboró en la redacción de la Ley Modelo y
su Guía de Implementación. Ambos instrumentos
sirven como base de apoyo y de referencia en la
adopción, mejoramiento e implementación de Leyes
de Acceso a la Información Pública en un número
creciente de Estados Miembros de la OEA.Libertad de expresión y de
prensa (Artículo 4)El Artículo 4 de la CDI enumera como componente
fundamental del ejercicio de la democracia a la
libertad de expresión y de prensa. Ambas libertades
son claves para garantizar una par ticipación
ciudadana informada, el ejercicio de los demás
derechos ciudadanos, el surgimiento de una
pluralidad de voces que refleje la diversidad de las
sociedades y la posibilidad de controlar el
desempeño de los poderes públicos. En estos últimos
diez años, la R e l a t o r í a E s p e c i a l p a r a l a
Interamericana de Derechos Humanos jugó un
papel clave en la promoción y defensa de la libertad
de expresión y de prensa, y del derecho de acceso a
la información pública. Sus recomendaciones y las
posiciones jurídicas emitidas por la Comisión en esta
materia impulsaron cambios estructurales vía la
aprobación de refor mas legislativas y la
implementación de políticas públicas que fomentaron
las garantías, el respeto y el ejercicio de estos
En el plano de la promoción e incidencia también
se encuentra la Fundación para las Américas a
través del Programa de Periodismo, Ciudadanía y
Democracia, y la Alianza Regional para la Libertad
de Expresión.La democracia y el sistema interamericanob.i.
Expresión de la Comisión Interamericana de
("Relatoría Especial") fue creada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
octubre de 1997 con el objetivo de promover y
proteger el derecho a la libertad de expresión dada
su relevancia para la existencia de sociedades
democráticas y para la protección de todos los demás
Desde su creación, la Relatoría Especial participa
en la definición de estándares interamericanos sobre
libertad de expresión en las Américas, promueve su
aplicación en los sistemas nacionales y contribuye al
fortalecimiento de la capacidad de los Estados y de
las organizaciones de la sociedad civil encargadas
de defender y promover el derecho a la libertad de
expresión. La Relatoría Especial monitorea lo
relacionado con la libertad de expresión en los 35
Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos, emite declaraciones, comunicados de
prensa y alertas con respecto a amenazas a la
libertad de expresión. Además, elabora un informe
anual sobre la situación de libertad de expresión en
los países de las Américas. Asimismo, la Relatoría
Especial participa activamente en el sistema de
peticiones individuales tanto ante la Corte como ante
identifica casos prioritarios, brinda análisis jurídicos
especializados a ambas instituciones y ayuda a
elaborar y consolidar estándares jurídicos
internacionales en las áreas de libertad de expresión
Gracias a los esfuerzos de la Relatoría Especial —y
a los del sistema interamericano de derechos
humanos en general— se alcanzaron resultados
concretos en materia de protección de la libertad de
expresión en las Américas. Durante la década
pasada, periodistas y defensores de la sociedad civil
presentaron con éxito recursos ante la Corte y la
CIDH por medio de los cuales lograron que seOrganización de los Estados Americanos91010 Años de la Carta Democrática InteramericanaEn primer término, Latinoamérica tiene una larga y
alarmante historia de violencia contra los periodistas
así como de impunidad ante estos crímenes. Entre
1995 y 2005, fueron asesinados 157 periodistas en
19 países de Latinoamérica por razones posiblemente
relacionadas con el ejercicio de su profesión. Se
dictaron condenas (de algún tipo) en sólo 32 de estos
casos. La violencia continúa lamentablemente.
Veintisiete periodistas fueron asesinados en 2010 en
Latinoamérica, mientras que en los primeros siete
meses de 2011 otros 21 periodistas han muerto en
circunstancias relacionadas posiblemente con el
El segundo desafío más importante es el uso de los
códigos penales como medio para acallar el disenso.
No obstante los avances antes mencionados en
cuanto a la derogación de las leyes de desacato,
muchos países latinoamericanos siguen utilizando los
códigos penales para castigar la libre expresión,
silenciar las voces críticas y criminalizar las protestas
El tercer desafío es la censura. Aunque se han
dado avances en cuanto a la erradicación de la
censura previa en la región, varias formas de censura
indirecta siguen siendo motivo de preocupación. Ello
incluye la asignación arbitraria de recursos públicos,
el uso arbitrario de mecanismos de regulación y
control, así como la creación de un ambiente de
intimidación que inhibe las opiniones disidentes.
El cuarto desafío importante es garantizar el acceso
a la información pública. En años recientes, varios
países lograron progresos significativos en proteger el
derecho de acceso a la información. Sin embargo,
aún existen retos considerables pues muchos países
todavía no han promulgado leyes ni reglamentos
sobre acceso a la información. En otros países existen
leyes sobre la materia pero no cumplen con los
estándares interamericanos o carecen de mecanismos
efectivos para su implementación.La democracia y el sistema interamericanoeliminaran leyes y fallos que coartaban la libertad de
expresión. Más impor tante aún, los Estados
demostraron su compromiso con el respeto al derecho
a la libertad de expresión, acatando las sentencias de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
reformando sus sistemas jurídicos a fin de cumplir con
sus responsabilidades en el marco de los instrumentos
del sistema interamericano. De esta manera, por
ejemplo, Chile reformó su Constitución para acabar
con la censura previa; países como Argentina,
México, Panamá y Uruguay despenalizaron la
libertad de expresión en asuntos de interés público. El
Salvador aprobó una ley en la que reconoce el
derecho a la información, convirtiéndose así en el
decimoséptimo país americano en hacerlo. La
Suprema Corte Federal de Brasil abolió una ley de
prensa heredada de la dictadura mediante la que se
imponía la censura y severas penas a los delitos de
difamación. La Corte Constitucional de Colombia
emitió un fallo mediante el que protege el derecho a
las fuentes confidenciales; y la Suprema Corte de
Justicia de México derogó una ley penal ambigua
que protegía el honor y la privacidad de los
funcionarios públicos. Más aún, en la última década,
se alcanzaron grandes avances en eliminar de los
códigos penales de Latinoamérica algunas de las
muchas prohibiciones a la libertad de expresión,
como son las leyes de desacato. Estos son algunos de
los logros observados por la Relatoría Especial,
particularmente como resultado de las decisiones
jurídicas en las que se aplican los estándares
interamericanos de libertad de expresión.
Sin menoscabo de este innegable avance, es
importante recordar que siguen existiendo enormes
desafíos a la libertad de expresión en las Américas.
La Relatoría Especial recoge estos desafíos en su
"Agenda hemisférica para la defensa de la
libertad de expresión".Por último, el quinto desafío a la libertad de
expresión es la excesiva concentración de control y
propiedad de los medios en unas pocas manos, y la
consecuente falta de pluralismo y diversidad de ideas.
Esta extrema concentración ha dado lugar a que
grandes sectores de la población —incluidos
indígenas, afrodescendientes, mujeres y los pobres,
en particular las mujeres pobres— sean excluidos de
los procesos y dinámicas de comunicación. En
algunos países surgieron recientemente monopolios
de medios públicos, generando preocupaciones
respecto a la configuración de ambientes mediáticos
carentes de pluralidad y diversidad que garanticen el
libre intercambio de ideas, condición necesario para
que la democracia prospere.Es posible enfrentar estos cinco desafíos con el
esfuerzo conjunto de diversos actores, incluidos los
gobiernos, la prensa y la sociedad civil. El sistema
interamericano de derechos humanos y, en particular,
seguirán desempeñando un papel importante en el
fortalecimiento de la libertad de expresión en las
Américas, apoyando los esfuerzos de los legisladores,
las asociaciones de periodistas, las organizaciones
no gubernamentales y los ciudadanos interesados, y
exigiendo explicaciones a los gobiernos cuando éstos
no cumplen con las normas sobre liber tad de
expresión.Organización de los Estados Americanos11ii.Fundación para las AméricasEl Programa de Periodismo, Ciudadanía y
Democracia promueve la excelencia periodística
mediante la capacitación presencial y virtual en:
acceso a la información pública; la cooperación
estratégica entre organizaciones de la sociedad civil,
periodistas y medios de comunicación; y, la
promoción de los derechos humanos y principios
democráticos. Entre 2005 y 2010, se realizaron 210
actividades de capacitación y asistencia técnica,
beneficiando a alrededor de 7.340 participantes.
En 2006, la Fundación para las Américas
promovió la creación de la Alianza Regional por
la Libertad de Expresión. La Alianza es una
coalición que reúne a más de 22 organizaciones de
la sociedad civil de 14 países del Hemisferio. Tiene
como objetivo la promoción y defensa de la libertad
de expresión y el acceso a la información pública
mediante el intercambio de mejores prácticas y de
acceso a expertos en la materia. En los últimos años,
el trabajo de la Fundación para las Américas a través
de la Alianza, contribuyó en la aprobación de leyes
de acceso a la información pública en Guatemala,
Honduras, Nicaragua y El Salvador.1210 Años de la Carta Democrática InteramericanaFortalecimiento de partidos y de
Campañas electorales y
(Artículo 5)La Carta Democrática Interamericana concebida
como un manifiesto de reconocimiento, valoración,
promoción y protección de la democracia
representativa, adjudica un Artículo específico para
referirse a una de las instituciones claves de la
representación: los partidos y otras organizaciones
políticas. A través del Artículo 5, la Carta aboga por
el for talecimiento de los par tidos y de otras
organizaciones políticas como prioritario para la
En una democracia representativa, los partidos
cumplen una variedad de funciones claves: ordenan
las preferencias electorales de los/as ciudadanos/as;
identifican, agregan y canalizan las demandas y las
necesidades de lo/as ciudadanos/as; forman
dirigentes para ocupar cargos electivos, políticos y
públicos, desde donde desempeñan un papel vital en
la elaboración de leyes y políticas públicas que
inciden sobre la organización y el futuro del país, el
funcionamiento de la sociedad, la economía y del
Estado, y el bienestar de la ciudadanía.
En función de la importancia que revisten los
partidos y las organizaciones políticas para el
funcionamiento de la democracia representativa, en
2001 la OEA lanzó el Foro Interamericano
sobre Partidos Políticos (FIAPP). El FIAPP fue
establecido específicamente para for talecer y
modernizar los partidos políticos, atendiendo los
mandatos derivados de los Planes de Acción de la
Cumbre de las Américas y de la Carta Democrática
Interamericana. Los ámbitos principales de acción
incluyeron: 1) la promoción de reformas políticas; 2)
la coordinación de asesoramiento técnico; y 3) el
diálogo mediante reuniones anuales, capacitaciones
regionales y foros nacionales. El FIAPP organizó
cuatro reuniones hemisféricas en Miami (2001),
Vancouver (2002), Cartagena de Indias (2003) y
Brasilia (2003).La Carta Democrática Interamericana también
establece en su Artículo 5 que: “Se deberá prestar
atención especial a la problemática derivada de los
altos costos de las campañas electorales y al
establecimiento de un régimen equilibrado y
transparente de financiación de sus actividades”. El
Artículo refleja la creciente preocupación en torno al
impacto del dinero en la política y, en particular,
sobre la democracia. El aumento de los costos de las
campañas trajo aparejado un mayor peso del dinero
en aspectos claves del proceso electoral; mientras que
estructuras socioeconómicas desiguales y la
concentración de poder público provocan asimetrías
en la competencia electoral, debido a las diferentes
posibilidades de los partidos políticos de acceder a
fuentes de financiamiento. Contextos políticoelectorales caracterizados por el acceso desigual a
los recursos (públicos y privados) y creciente
influencia del dinero en el proceso electoral, tienen un
impacto nocivo para la democracia. Y ello porque,
primero, generan condiciones desiguales en la
competencia electoral con un impacto directo sobre
las posibilidades de participación y el grado de
representatividad del sistema político. Segundo,
establecen una dependencia de los partidos políticos
en fuentes (lícitas e ilícitas) de recursos, alterando el
principio de la igualdad del voto y condicionando el
accionar de los partidos en cuanto a la selección de
candidatos y contenidos e implementación de la
agenda legislativa y de gobierno.
En respuesta a la identificación de esta
problemática, la Secretaría General, a través de lo
que anteriormente se conocía como la Unidad para la
Promoción de la Democracia (UPD), junto con IDEA
Internacional, realizó en 2004 un primer estudio
comparado sobre las características principales de los
sistemas de financiamiento de los partidos políticos y
las campañas electorales en 18 países de América
Latina. En 2005, se publicaron dos nuevos estudios
sobre el financiamiento de la política en el Caribe,
por un lado, y Canadá y Estados Unidos, por otro.
A partir del primer estudio sobre financiamiento deLa democracia y el sistema interamericanoc.la política en el Caribe y los informes de las misiones
de observación electoral de la OEA en esa subregión,
el Departamento para la Cooperación y Observación
Electoral (DECO) de la Secretaría de Asuntos Políticos
(SAP), identificó la necesidad de fortalecer y reformar
el sistema de financiamiento de las campañas
políticas. Para lograrlo, estimuló un debate entre
parlamentarios, dirigentes de partidos políticos,
autoridades electorales y representantes de la
sociedad civil para analizar los esquemas existentes e
identificar mejores prácticas. El principal resultado de
dicho debate fue la elaboración de la legislación
modelo que regula el financiamiento de
Esta ley modelo fue presentada por la Secretaría
General, junto con la Comisión Electoral de Jamaica,
ante líderes políticos de 12 de los 14 países del
Caribe en septiembre de 2010.
Este año 2011, el DECO, nuevamente en conjunto
con IDEA Inter nacional, publicó el libro:
Financiamiento de los Partidos Políticos en
América Latina. A modo de conclusión, se
establecieron dos lineamientos generales de análisis:
primero, identificar las condiciones existentes para el
financiamiento de las actividades políticas y
campañas electorales en América Latina; segundo,
considerar el impacto del financiamiento ilícito.
Paralelamente, dado que la Carta establece
parámetros en materia de financiamiento de la
política así como de observación electoral en su
Capítulo V, el Departamento decidió incorporar la
variable del financiamiento en el marco de las
Misiones de Observación Electoral (MOEs). A tal fin,
se encuentra en elaboración una Metodología
para la Observación de los Sistemas de
Financiamiento Político-Electoral que permitirá
un análisis estandarizado, objetivo y riguroso de los
sistemas de financiamiento político-electoral a partir
del cual brindará recomendaciones más precisas y
ajustadas a las realidades particulares de cada uno
de los países observados.Organización de los Estados Americanos13La democracia y los derechos humanosLa democracia y los derechos humanos
14La democracia y los derechos humanosII10 Años de la Carta Democrática InteramericanaAl definir cuáles son los elementos esenciales de
la democracia representativa, la Carta
Democrática Interamericana, en su Artículo 3,
estipula como uno de ellos el respeto a los derechos
humanos y las libertades individuales. Y ello en cuanto la plena vigencia de los derechos humanos es indispensable para la existencia del Estado de derecho, la
ciudadanía y la democracia. La trascendencia del
respeto y la protección de los derechos humanos para
la consolidación de la democracia se evidencia en el
hecho de que la Carta Democrática dedica un capítulo entero, el segundo, a la democracia y los derechos
(CIDH) es la entidad que, al interior de la
Organización de los Estados Americanos, ejerce un
papel protagónico en materia de promoción y
protección de los derechos humanos. Al hacerlo, la
CIDH contribuye al fortalecimiento del sistemademocrático en la región en la medida en que
promueve dos pilares centrales del Estado de
derecho: la justicia y la libertad de expresión. A
través del sistema de casos, la Comisión responde a
denuncias presentadas por individuos y grupos de
personas, atendiendo reclamos de justicia y
combatiendo la impunidad. Asimismo, su
posicionamiento jurídico sobre temas de derechos
humanos y su accionar en base a éste, impulsan
reformas legales e institucionales en los Estados
Miembros acordes con un sistema democrático.
Respecto a la libertad de expresión, el trabajo de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a
través de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, permitió derogar, en una docena de
países de la región, las leyes de desacato y promover
la sanción de leyes de acceso a la información, entre
otros apor tes claves. Estas transfor maciones
coadyuvan a la consolidación de la democracia al
permitir la crítica de las autoridades sin riesgo de
represalias y fomentar la transparencia de las
instituciones públicas y de la gestión de losgobernantes. [véase Capítulo I: La democracia y el
sistema interamericano].
El Artículo 9 de la Carta Democrática aboga por la
eliminación de toda forma de discriminación (de
género, étnica y racial) y de las diversas formas de
intolerancia, así como la promoción y protección de
los derechos humanos de los pueblos indígenas y los
migrantes, y el respeto a la diversidad étnica, cultural
y religiosa. Todo ello contribuye al fortalecimiento de
la democracia, a la extensión de la ciudadanía y su
ejercicio, y al fomento de la participación ciudadana.
La OEA trabaja en la elaboración de una serie de
instrumentos interamericanos para enfrentar estos
desafíos y acompaña reformas en los marcos
normativos e institucionales que llevan adelante los
Estados Miembros para abordar estos temas. El
hacerlo supone propiciar el fortalecimiento de una
cultura de inclusión, de igualdad y de tolerancia
acorde con los principios y valores sobre los cuales se
funda y sostiene un sistema democrático.Organización de los Estados Americanos15Promoción de los derechos
humanosi. Visitas de la CIDH
En estos últimos diez años la CIDH realizó 79 visitas
a los Estados Miembros por invitación de los propios
países. En algunos casos se trató de visitas in loco
para verificar la situación general de derechos
humanos y, en otros, de visitas realizadas por
Relatores con el fin de indagar sobre un problema o
tema en particular. Estas visitas visibilizan situaciones
específicas de violación de derechos humanos en el
plano nacional y regional, y generan concientización
y cierto grado de presión sobre los Estados Miembros
para que actúen. Más aún, a los efectos de subsanar
situaciones irregulares, la mayoría de estas visitas
culminan con la publicación de un comunicado de
prensa y de un informe que incluye recomendaciones
específicas para los Estados. Respecto a éstas, la
Comisión se encuentra a disposición de los Estados
para coadyuvar al cumplimiento de las mismas.
Como ejemplo del primer tipo, es decir, de visitas
in loco, cabe destacar la visita realizada por una
delegación de la CIDH en agosto de 2009, alrededor
de dos meses después del golpe de Estado en
Honduras. Esta visita contribuyó a crear conciencia
internacional sobre las graves consecuencias en
materia de derechos humanos derivadas de la ruptura
democrática. La CIDH publicó en enero de 2010 un
informe exhaustivo sobre la situación de derechos
humanos en Honduras en el contexto del golpe de
Estado. Posterior mente, realizó una visita de
seguimiento en mayo de 2010, tras la elección y
asunción del Presidente Porfirio Lobo.
Respecto al segundo tipo de visitas que realiza la
CIDH, resulta pertinente nombrar las realizadas al
Chaco Boliviano en noviembre de 2006 y junio de
2008, a fin de recopilar información sobre la
situación enfrentada por familias del pueblo indígena
guaraní que padecen una situación de servidumbre y
trabajo forzoso análoga a la esclavitud. La visita y el
Informe de la CIDH: Comunidades Cautivas: Situación
del pueblo indígena guaraní y formas
contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia,
respaldaron los esfuerzos del Gobierno destinados a
abordar los problemas estructurales de injusticia y
discriminación bajo los cuales viven los pueblos
indígenas y comunidades campesinas. Asimismo, el
Gobierno de Bolivia concurrió a la sede de la CIDH
en Washington, DC, el 11 de marzo de 2008,
donde se realizó la firma pública de un acta de
compromiso sobre el tema.1610 Años de la Carta Democrática Interamericanaii. Publicación de informes de la CIDH
En la última década, la Comisión Interamericana
publicó 15 informes temáticos, 11 informes de país y
otros estudios, tanto sobre países específicos como
sobre graves preocupaciones en materia de derechos
humanos compartidas por países de toda la región.
Estos informes contienen recomendaciones concretas
dirigidas a orientar a los Estados y a prestarles
asesoramiento a fin de que puedan cumplir con sus
humanos. En esa línea, la CIDH publicó los siguientes
informes, entre otros:
•Terrorismo y Derechos Humanos (2002) con
recomendaciones para guiar a los Estados
Miembros en la implementación de políticas de
combate al terrorismo dentro de un respeto
•Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de
Violencia en las Américas (2007), contiene
recomendaciones relacionadas con el diseño de
intervenciones y medidas estatales destinadas a
garantizar una respuesta judicial idónea ante
•Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
(2009), analiza la problemática de la seguridad
ciudadana y su relación con los derechos
humanos, y formula recomendaciones a los
Estados Miembros orientadas a fortalecer las
instituciones, las leyes, las políticas, los
programas y las prácticas para la prevención y
el control de la criminalidad y de la violencia, en
asumidas de protección y garantía de los
•Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales
sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos
Naturales (2009), señala parámetros y buenas
prácticas para ampliar el goce de los derechos
humanos de los pueblos indígenas y tribales del
Hemisferio.iii. Relatorías y Unidades de la CIDH
Par te de la estructura interna de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos está
conformada, junto con el sistema de casos, por ocho
especializadas: Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión, Relatoría sobre los Derechos de la
Mujer, Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y
Miembros de sus Familias, Relatoría de Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos, Relatoría sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, Relatoría sobre
los Derechos de las Personas Privadas de Libertad,
Relatoría sobre Derechos de los Afrodescendientes y
contra la Discriminación Racial, y la Relatoría sobre
los Derechos de la Niñez.Dichas Relatorías y Unidades cumplen una función
de promoción, asesoramiento y concientización tanto
al interior de la Organización como externo.
Respecto al ámbito interno, la Relatoría sobre los
Derechos de los Afrodescendientes y contra la
Discriminación Racial asesora al Grupo de Trabajo
del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del
Consejo Permanente de la OEA responsable de
preparar una Convención Interamericana contra la
Discriminación Racial. De igual manera, la Relatoría
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas asesora
desde el 2000 al Grupo de Trabajo encargado de
redactar una Declaración Americana sobre los
Hacia el exterior, las Relatorías y Unidades
temáticas de la CIDH, a través de sus estudios,
actividades y visitas a los países, ejercen un
importante papel de visibilización y concientización
sobre temáticas apremiantes de la región tales como
los derechos de las mujeres, de niños, niñas y
adolescentes, de las personas privadas de libertad,
de los trabajadores migrantes y sus familias, de los
defensores y las defensoras de los derechos humanos,
las personas lesbianas, gay, transexuales, travesti,
bisexuales e intersexuales (LGTBI), los
afrodescendientes, y los miembros de los pueblos
indígenas, entre otros.iv. Capacitación desde la CIDH
Dentro del trabajo promocional y de concientización
que realiza la CIDH, destacan los talleres de
capacitación organizados sobre temas de derechos
humanos y el funcionamiento del sistema
interamericano de derechos humanos, dirigidos a
funcionarios públicos e integrantes de organizaciones
de la sociedad civil.v. Eliminación de toda forma de discriminación
En la OEA se están elaborando una serie de
regulaciones interamericanas para combatir la
discriminación, las cuales pueden servir de guía para
que los Estados Miembros adopten legislaciones
internas o introduzcan reformas a leyes existentes en
La implementación de iniciativas multilaterales y
nacionales enfocadas a eliminar las diversas formas
de discriminación e intolerancia, que conlleven
cambios en estructuras normativas e institucionales de
los países y, eventualmente, en los patrones culturales,
contribuirá al desarrollo de sociedades más justas,
solidarias y tolerantes. Ello es consustancial con la
legitimidad y autosostenibilidad de la democracia, y
reviste estrecha relación con la consolidación del
Estado de derecho.Iniciativas para erradicar la discriminación contra las
La Convención para Evitar la Discriminación
contra las Personas con Discapacidad fue
adoptada en 1999 durante el 29 período ordinario
de sesiones de la Asamblea General de la OEA
(Ciudad de Guatemala, junio, 1999) y entró en vigor
el 14 de septiembre de 2001.
Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos
en la Convención se estableció, en el 2007, un
Comité para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, integrado por un
representante designado por cada Estado Parte.
Asimismo, el Comité funge como foro para examinar
el progreso registrado en la aplicación de la
Convención e intercambiar experiencias entre los
Cada cuatro años los Estados Par tes se
comprometieron a presentar ante el Comité un
balance de las medidas adoptadas y de los progresos
alcanzados en la eliminación de todas las formas de
Los informes también deben identificar las dificultades
encontradas que afecten el cumplimiento de la
Convención. Hasta el momento, se organizaron dos
reuniones del Comité en Ciudad de Panamá, Panamá
(2007) y en Brasilia, Brasil (2008).
Durante su 36 período ordinario de sesiones, la
Asamblea General de la OEA (Santo Domingo, junio,
2006), declaró el “Decenio de las Américas:
por los Derechos y la Dignidad de las
personas con discapacidad” durante el período
2006-2016, con el objetivo de lograr el
reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos y
la dignidad de las personas con discapacidad y su
derecho a participar en la vida económica, social,
cultural y política y en el desarrollo de sus
sociedades, sin discriminación y en pie de igualdad
con los demás, AG/DEC.50 (XXXVI-O/06). También
declaró la necesidad que se emprendan programas,
planes y acciones para alcanzar la inclusión y la
par ticipación plena de las personas con
discapacidad; se promuevan medidas efectivas para
la prevención de nuevas discapacidades; y el acceso
a los servicios y programas de rehabilitación.
En el mismo período de sesiones, mediante
resolución AG/RES.2230 (XXXVI-O/06), la Asamblea
General solicitó al Consejo Permanente que, en el
marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos,
establezca un Grupo de Trabajo encargado de
elaborar un Programa de Acción para el
Decenio de las Américas por los Derechos y
la Dignidad de las Personas con
Discapacidad (2006-2016).Organización de los Estados AmericanosLa democracia y los derechos humanosa.17Programa Interamericano sobre Promoción de los
Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad
de Género (PIA)
El Programa Interamericano sobre la
Promoción de los Derechos Humanos de la
Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA)
fue adoptado por la Asamblea General de la OEA en
Windsor, Canadá, en junio de 2000, AG/RES. 1732
(XXX-O/00) y, desde entonces, cada año, los Estados
Miembros reiteraron su compromiso para la ejecución
La aprobación del PIA cristalizó un consenso político
por parte de los Estados Miembros acerca de la
situación de violencia y discriminación que sufren las
mujeres y conllevó al reconocimiento de las condiciones
de desigualdad, discriminación y violencia a las que se
encuentran sometidas. Asimismo, plasmó la necesidad
de promover acciones para el avance de sus derechos,
combatir todas las formas de discriminación y promover
la equidad e igualdad entre mujeres y hombres desde
El PIA confirió a la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM) la función de implementarlo. Al respecto,
desde 2001 se realizaron distintas acciones de
seguimiento al PIA, incluyendo aquellas de capacitación
en género para el personal profesional de la
Organización encargado de la elaboración y ejecución
de políticas y programas. Anualmente, la CIM prepara
el informe sobre la implementación del PIA, en
colaboración con las Secretarías, Departamentos y
Oficinas Nacionales de la OEA.
Los múltiples cambios acaecidos en la última década
llevaron al Comité Directivo de la CIM, en febrero de1810 Años de la Carta Democrática Interamericana2010, a actualizar y operacionalizar el PIA con el
apoyo de un Plan Estratégico de la CIM para el periodo
La Convención de Belém do Pará y el Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención
Mujer, conocida como Convención de Belém do
Pará (1994) estableció la violencia contra las mujeres
como una violación de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales. Fue ratificada por 32 Estados
La Convención de Belém do Pará prevé dos tipos de
mecanismos de protección y defensa de los derechos de
las mujeres. Uno es el Mecanismo de Protección,
fundamentado en la presentación de peticiones
individuales y/o colectivas ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, y
posteriormente, ante la Corte Interamericana de
El otro es el Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención (MESECVI),
creado en 2004. Este Mecanismo está basado en la
aplicación sistemática de una metodología de
evaluación multilateral e independiente para examinar
los avances en el cumplimiento de la Convención. Un
Comité de Expertas designadas por cada uno de los
Estados Parte es el órgano técnico responsable del
análisis y evaluación del proceso de implementación de
la Convención. La Secretaría Técnica del MESECVI está
alojada en la CIM. En los seis años de vida, el
Mecanismo se aplicó en dos oportunidades.
Proyecto de Convención Interamericana contra la
Desde el año 2005, se estableció un Grupo de
Trabajo con el mandato de elaborar un Proyecto de
y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
La Relatoría sobre los Derechos de los
Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de
la CIDH y el Departamento de Derecho Internacional
(DDI) de la Secretaría de Asuntos Jurídicos prestan
asesoría jurídica y apoyo técnico a dicho Grupo de
Trabajo. En la cuarta sesión plenaria de la Asamblea
General, celebrada el 8 de junio de 2010, los Estados
Miembros reafirmaron su compromiso para concluir las
negociaciones sobre el Proyecto de Convención
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia, AG/RES.2606 (XLO/10).
Hacia el interior de la OEA, destacan los recientes
esfuerzos realizados por el DDI para transversalizarla temática afrodescendiente en las políticas y
programas de la Organización.vi. Promoción y protección de los derechos de
los pueblos indígenas de las Américas (Artículo 9)
Los Estados Miembros de la OEA iniciaron un proceso
de negociación para la búsqueda de consensos en
torno a un Proyecto de Declaración Americana
A tal efecto, se creó un Grupo de Trabajo en la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo
Permanente de la OEA. Dicho Grupo de Trabajo
recibe asesoramiento jurídico de la Relatoría sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y del
Depar tamento de Derecho Internacional de la
Hasta el presente, el Grupo de Trabajo celebró un
total de trece reuniones de negociación. En las
discusiones y sesiones de negociación participan
representantes de los Estados y 70 representantes de
los pueblos indígenas de los cuales, 28 son mujeres y
En relación a las acciones futuras, la resolución
AG/RES. 2674 (XLI-O/11) adoptada por la 41
Asamblea General (San Salvador, junio, 2011),
renovó el mandato del Grupo de Trabajo y solicitó la
celebración de dos nuevas reuniones de negociación
En el 2009, el Depar tamento de Derecho
Internacional adoptó el Programa de Acción
sobre los Pueblos Indígenas en las Américas.
El Programa está guiado por una serie de objetivos
vinculados a la participación, el desarrollo integral de
comunidades, así como también a visibilizar los
derechos de los pueblos indígenas en las Américas y
brindar asistencia jurídica en materia de derechos
humanos de los pueblos indígenas. En el plano
interno, el DDI impulsa la inclusión de la temática
indígena en los diversos proyectos, actividades e
instancias de la Organización.vii.Promoción y protección de los derechos
(Artículo 9)En la última década, todos los países del Continente se
han convertido en países de origen, tránsito y destino
de migrantes. Los migrantes y sus familias enfrentan
múltiples desafíos y amenazas tanto en sus recorridos
como en los países de destino. Ante este panorama, la
promoción y la protección de los derechos humanos de
los migrantes, independientemente de su estatus
migratorio, se ha convertido no solamente en una
cuestión política y legal ineludible en las agendas de los
gobiernos, sino que también ha puesto a la OEA en la
necesidad de coordinar esfuerzos en esta temática a
nivel hemisférico. En ese sentido, el trabajo de la OEA
está organizado en torno a tres ejes: el Programa
Interamericano para la promoción y protección de los
derechos de los migrantes, incluyendo a los
trabajadores migratorios y sus familias; el Programa de
Migración y Desarrollo; y la Relatoría Especial sobre
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias.La democracia y los derechos humanosEl Grupo de Trabajo recibió aportes al proyecto
presentado por Perú de los demás Estados Miembros así
como de las entidades pertinentes de la OEA; otros
organismos regionales e internacionales; y, las
organizaciones de la sociedad civil. La Asamblea
General de la OEA, durante su 37 período ordinario de
sesiones (Panamá, junio, 2007), aprobó el Programa
de Acción para el Decenio de las Américas por
los Derechos y la Dignidad de las Personas
con Discapacidad (2006-2016) mediante
resolución AG/RES. 2339 (XXXVII-O/07). Hasta la
fecha, 16 países presentaron informes de avance sobre
la implementación del Programa de Acción.
En este marco, la Secretaría Ejecutiva para el
Desarrollo Integral (SEDI) brinda apoyo a los países de
la región en la implementación de proyectos enfocados
en garantizar a las personas con discapacidades
acceso al mercado laboral y a ser vicios de
rehabilitación.Gestión migratoria y políticas con perspectiva de
El Programa Interamericano para la
humanos de los migrantes, incluyendo a los
trabajadores migratorios y sus familias, fue
elaborado por un Grupo de Trabajo de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) que concluyó sus
labores en mayo de 2005. El Programa fue aprobado
por la Asamblea General en junio de 2005 mediante
resolución AG/RES. 2141 (XXXV-O/05), y como
primera tarea de seguimiento, encomendó al Consejo
Permanente convocar Sesiones Especiales anuales de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), con la
participación de expertos de múltiples sectores, para
intercambiar mejores prácticas y actividades llevadas a
cabo durante el transcurso de cada año en apoyo del
Programa, y proponer nuevas prácticas y actividades
que pudieran incorporarse al mismo. En tal sentido se
celebraron seis Sesiones Especiales Anuales desde
En 2007, el Consejo Permanente creó la Comisión
Especial de Asuntos Migratorios (CEAM). La Comisión
organiza reuniones ordinarias con la participación de
diversos actores y organismos con el fin de intercambiar
información sobre flujos migratorios en la región
enfocándose en identificar mejores prácticas en gestión
y políticas migratorias y promover la cooperación
horizontal entre los Estados Miembros en la materia.Organización de los Estados Americanos19En 2008, bajo la dirección de la Secretaría Ejecutiva
para el Desarrollo Integral (SEDI), la Secretaría
General puso en marcha el Programa de Migración y
Desarrollo (MiDE) para brindar apoyo técnico a la
CEAM y al Grupo de Trabajo del Programa
Derechos Humanos de los Migrantes de la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP).
El MiDE impulsa la transversalización del tema al
interior de la OEA; coordina el desarrollo y ejecución
de proyectos en materia migratoria con diversas
áreas de la Organización; promueve la vinculación
con otros organismos internacionales especializados
en el tema y con los procesos regionales de consulta
en materia migratoria; y propicia espacios para el
diálogo constructivo y la cooperación entre los países
en busca de entendimientos básicos y lineamientos
comunes en torno a la migración y los migrantes.
Promoción y protección de los derechos humanos de
En esta materia también cumple un papel relevante la
R e l a t o r í a E s p e c i a l s o b r e Tr a b a j a d o r e s
Humanos. Su creación refleja el interés de los
Estados Miembros de la OEA por atender a un grupo
de alta vulnerabilidad, enfocándose en violaciones de
los derechos humanos de trabajadores migratorios y
miembros de sus familias cuando se encuentran en un
país del que no son nacionales. Entre las actividades
que realiza la Relatoría se destaca el seguimiento de
las políticas y prácticas que inciden en la protección y
garantía de los derechos humanos de los
trabajadores migratorios y los miembros de sus
familias.b.Defensa de los derechos
humanosLa Car ta dedica el Ar tículo 8 al sistema
humanos ante el cual toda persona o grupo de
personas puede interponer denuncias o peticiones, en
caso de que considere que sus derechos humanos
fueron violados y confor me respete cier tos2010 Años de la Carta Democrática Interamericanaprocedimientos establecidos. En estos diez años de
vigencia de la Carta, se registró un incremento
sustancial en el número de denuncias y peticiones
recibidas por la Comisión Interamericana. Esta
tendencia puede explicarse a partir del advenimiento
de la democracia que, a su vez, promueve la
concientización entre los/as ciudadanos/as de sus
derechos y la capacidad de ejercerlos; la mayor
difusión y conocimiento del trabajo de la CIDH entre
los habitantes de las Américas; y una creciente
confianza en el sistema interamericano. En este
contexto, también mejoró el nivel de acatamiento y de
respuesta por parte de los Estados.i. Sistema de peticiones y casos
En el año 2000, antes de la adopción de la Carta
Democrática Interamericana, la Comisión recibió 658
peticiones a lo largo de todo el año. En el año 2010,
la Comisión recibió 1.598 peticiones. Para responder
a este incremento, la CIDH introdujo reformas a su
Reglamento, a su estructura y a los procesos internos
de trabajo, con el resultado de un aumento
sostenido en el número de peticiones evaluadas cada
año. Adicionalmente, en los últimos años, la Comisión
logró reducir el atraso procesal, a pesar de los
A través del cumplimiento de las recomendaciones
de la CIDH en casos específicos, países de la región
prohibieron el reclutamiento de menores de edad
para las Fuerzas Armadas; devolvieron tierras
ancestrales a pueblos indígenas; pidieron perdón
públicamente a un importante número de víctimas de
violaciones a los derechos humanos y repararon a
cientos de víctimas y familiares de víctimas de
violaciones de derechos humanos, entre otros
significativos logros alcanzados a través del sistema
de peticiones y casos.ii. Medidas cautelares
La CIDH protege la vida e integridad de miles de
personas a través del otorgamiento de medidas
cautelares. En los últimos diez años, la Comisión
otorgó casi medio millar de medidas cautelares,
muchas de las cuales protegen a más de una
persona. A modo de ejemplificar la vital importancia
de este instrumento, cientos de defensores y
defensoras de derechos humanos a lo largo de la
región lograron acordar con sus respectivos Estados
medidas de seguridad para garantizar sus vidas y la
continuidad de su trabajo, a partir de medidas
cautelares otorgadas por la CIDH.iii. Períodos de sesiones
En abril del 2011, la CIDH celebró el 141 Período de
Sesiones. Desde el advenimiento de la democracia en
la región y su continuidad a lo largo de estas últimas
cuatro décadas, la CIDH realizó aproximadamente
mil audiencias que han permitido avanzar en la
resolución de peticiones, casos y medidas cautelares,
así como para conocer en profundidad situaciones de
derechos humanos en un determinado país o en la
región en general. Un logro importante para el
for talecimiento del sistema interamericano de
derechos humanos, se dio a partir del 2007 con la
transmisión en vivo de las audiencias públicas por
Internet.iv. Soluciones amistosas
Dentro del sistema de petición individual, una de las
funciones principales de la CIDH es ponerse a
disposición de las partes con miras a facilitar una
solución amistosa, en caso de que las partes así lo
consideren pertinente. Los procesos de solución
amistosa involucran el diálogo entre las partes a
través de los buenos oficios de la Comisión, y
representan soluciones alternativas que aseguran la
resolución del asunto con una medida de satisfacción
para la parte lesionada.
Los procesos de solución amistosa son un escenario
único para el diálogo entre Estados e individuos o
grupos de individuos, y crean oportunidades para la
discusión sobre reparaciones y medidas de no
repetición, entre otros. En la experiencia de la CIDH,
los acuerdos de solución amistosa alcanzaron
medidas con amplios efectos sistémicos por vía
legislativa, de políticas públicas e institucionales, a
favor del respeto de los derechos humanos. Por
ejemplo, en 2008, Argentina derogó el Código de
Justicia Militar y adoptó un nuevo sistema bajo el cual
los delitos cometidos por militares serán juzgados por
la justicia ordinaria, en el marco de una solución
amistosa lograda entre las partes. Más recientemente,
en 2011, el Estado de Guatemala y los peticionarios
firmaron un acuerdo en el caso de Jacobo Arbenz, a
través del cual el Estado se comprometió a adoptar
medidas de recuperación de la memoria histórica del
ex Presidente derrocado a través de un golpe de
Estado perpetrado en 1954.c. Prevención de violaciones de los derechos
El sistema interamericano de derechos humanos se
creó para defender los derechos individuales de las
personas. A través del tiempo y en el desarrollo de su
accionar, la Comisión Interamericana, además de
cumplir con dicho mandato, propició cambios de
condiciones estructurales, cuya continuidad
significaba la vulneración de los derechos humanos
de millones de personas. En las decisiones sobre
casos individuales o colectivos, la CIDH analiza la
situación de las víctimas y recomienda las medidas
necesarias para hacer justicia y reparar a las
víctimas, pero también analiza la situación estructural
que está detrás de la violación y hace
recomendaciones legislativas y de políticas públicas,
entre otras vías, para superarla. Esta evolución
histórica refleja el papel que la CIDH jugó frente a
gobiernos autoritarios y durante las transiciones, y
que actualmente tiene en lo que respecta a la
Uno de los aportes principales de la Comisión al
proceso actual de consolidación de la democracia,
fue declarar inaceptables leyes de amnistía por
violaciones a los derechos humanos en casos
presentados contra Argentina, Uruguay, El Salvador,
Chile y Perú. Esta posición contribuyó a la apertura
de procesos judiciales en contra de los acusados de
ser responsables de los golpes de Estado y del
asesinato y desaparición de miles de personas. Otra
posición jurídica fundamental de la CIDH relacionada
con la consolidación de la democracia es su
insistencia sobre la sujeción de los militares al poder
civil. En esa línea, indicó que la jurisdicción penal
militar no es el fuero competente para investigar,
juzgar y sancionar a los autores de violaciones de
derechos humanos, sino que el procesamiento de los
responsables corresponde siempre a la justicia
ordinaria. En los últimos años, México y Argentina
reformaron sus leyes en consonancia con este
principio y otros países comenzaron a discutir el
Las posiciones jurídicas y recomendaciones de la
CIDH contribuyeron a generar cambios legislativos e
institucionales que, a su vez, permitieron superar
situaciones estructurales que afectaban el goce y el
ejercicio de los derechos de millones de personas. De
esta manera, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos también cumple un papel preventivo para
evitar que se produzcan nuevas violaciones a los
derechos humanos y ello constituye un aporte esencial
para el proceso de consolidación de la democracia
en la región.Organización de los Estados AmericanosLa democracia y los derechos humanosMigración y desarrollo21Democracia, desarrollo integral y combate a la pobrezaDemocracia, desarrollo integral y combate a la pobreza
22Democracia, desarrollo integral
y combate a la pobrezaIII10 Años de la Carta Democrática InteramericanaEn el Capítulo III, la Carta Democrática reconoce
la tríada virtuosa que se genera entre régimen
político democrático, desarrollo integral y
derechos humanos. Así como la Carta se funda sobre
una visión amplia e integral de la democracia, este
Capítulo incorpora una concepción extendida de la
ciudadanía, trascendiendo las esferas de los derechos
de ciudadanía política y civil para abarcar los
derechos económicos, sociales y culturales. En ese
sentido, el Ar tículo 13 de la CDI sostiene la
necesidad de promover y observar estos tres tipos de
derechos pues son consustanciales al desarrollo
integral, al crecimiento con equidad y a la
consolidación de la democracia en el Hemisferio.
La CDI da cuenta de la importancia de fomentar
una “ciudadanía extendida” cuando afirma en el
Artículo 11 que la democracia y el desarrollo
económico y social son interdependientes y se
refuerzan mutuamente. Luego sostiene que lapobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de
desarrollo humano son factores que inciden
negativamente sobre la consolidación de la
democracia (Artículo 12). Ante los efectos nocivos
que tienen estas problemáticas sociales sobre la
capacidad de la democracia para autosostenerse y
legitimarse en el tiempo, la Carta establece el
compromiso de los Estados Miembros para que
adopten y ejecuten todas las acciones necesarias
para combatirlas, obser vando los equilibrios
macroeconómicos. Más aún, los Estados Miembros
acordaron en el Artículo 14 examinar periódicamente
las acciones implementadas y ejecutadas por la
Organización encaminadas a fomentar el diálogo y
la cooperación para el desarrollo integral y el
Esta apuesta por una “ciudadanía extendida”
resulta especialmente relevante en un Continente que,
a pesar de haber entrado en su cuarta década de
democracia y atravesado períodos de crecimiento
económico sostenido, aún mantiene elevados índices
de pobreza e indigencia y altos niveles de
desigualdad en la distribución de la riqueza y del
ingreso. Estas diferencias socio-económicas se
exacerban a partir de la superposición de clivajes
raciales, étnicos, de género y geográficos. Construir
democracia significa también construir “ciudadaníaextendida”, conforme se desprende del articulo 4 de
la Car ta Democrática Interamericana cuando
enumera “el respeto de los derechos sociales” como
uno de los componentes fundamentales del ejercicio
democrático. La realidad demuestra que sin
desarrollo social y económico, sin generación de
oportunidades y con altos niveles de inequidad, la
democracia pierde apoyo, credibilidad y sentido
entre las ciudadanas y los ciudadanos del Hemisferio.
Finalmente, este Capítulo introduce dos temas
ligados al desarrollo integral y a la “ciudadanía
extendida”: medio ambiente y educación. El Artículo
15 afirma que el ejercicio de la democracia facilita la
preser vación y el manejo adecuado del medio
ambiente para lograr un desarrollo sostenible en
beneficio de las futuras generaciones. El acceso a una
educación de calidad al alcance de todos/as es
presentado en el Artículo 16 como un elemento clave
con efectos transversales positivos, en múltiples planos
interconectados: for talece las instituciones
democráticas, promueve el desarrollo humano, alivia
la pobreza y fomenta un mayor entendimiento entre
La OEA, a través de la Secretaría Ejecutiva
para el Desarrollo Integral (SEDI), acompaña a
los Estados Miembros en sus esfuerzos por reducir la
pobreza y lograr mayores niveles de desarrollo social
y económico. Los ejes que guían el trabajo de la SEDIOrganización de los Estados Americanos23a.Creación de empleo productivo
como estrategia para combatir
la pobreza y fomentar la
inclusión socialEl Programa de Empoderamiento Económico
organiza espacios de diálogo con autoridades
responsables del comercio y de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES) y facilita la
colaboración entre ellas. A través del Programa
también se implementan proyectos enfocados a
fortalecer las capacidades empresariales MIPYMES al
considerarse las principales generadoras de trabajo
y, por tanto, con un papel clave en la reducción de la
pobreza y la promoción de inclusión social. Existe
también un proyecto enfocado en las Pequeñas
Empresas de Turismo, a las que se les brinda apoyo
en materia de mercadeo, comercialización y calidad
de servicios y productos. El proyecto se inició en el
Caribe y dado el potencial que presenta el turismo
como motor para lograr bienestar económico y social,
se extendió hacia los países centroamericanos y
La R e d
comunicación, la cooperación y la asistencia técnica
entre Ministerios de Trabajo de la región, así como
con representantes de los empleadores y
trabajadores, a efectos de fortalecer sus capacidades,
lograr un mayor cumplimiento de la legislación
laboral, promover la creación de empleo productivo y
mejorar las condiciones de trabajo. Por su parte, el
proyecto de la R e d I n t e r a m e r i c a n a d e
Protección Social propicia espacios de intercambio
de experiencias exitosas y lecciones aprendidas en
materia de reducción de la pobreza y generación de
oportunidades.b.Derechos económicos, sociales y
culturalesLa SEDI acompaña el seguimiento al Protocolo
de San Salvador”, que entró en vigor el 16 de
noviembre de 1999 y fue ratificado por 15 Estados
Miembros. Los Estados Partes se comprometieron a
elaborar informes periódicos sobre las medidas
adoptadas para su cumplimiento. En ese sentido, y2410 Años de la Carta Democrática Interamericanatras la conformación de un Grupo de Trabajo que
recibió el mandato de elaborar los indicadores de
progreso, la SEDI ofrece apoyo técnico a dicho
Grupo y acompaña las negociaciones entre los
Estados Miembros en torno a los indicadores. El
avance, aprobación y aplicación de los indicadores
de progreso del Protocolo sería una forma de llevar a
la práctica lo establecido en el Artículo 13 de la CDI.
Desde una concepción amplia de la democracia,
que trasciende los límites del régimen político, y viene
acompañada por una visión extendida de la
ciudadanía, está en consideración un proyecto de
Carta Social de las Américas. Este instrumento,
impulsado por el Gobierno Bolivariano de Venezuela,
apuntala el desarrollo integral y la justicia social a los
efectos de eliminar la pobreza crítica, la desigualdad
en la distribución de la riqueza y el ingreso y la
exclusión social. Todos estos factores afectan el
ejercicio pleno de la ciudadanía, erosionan la
gobernabilidad y atentan contra la consolidación de
la democracia en los Estados del Hemisferio. La
eventual aprobación de la Carta Social podría
considerarse como un instrumento que permitiría
desarrollar lo estipulado en el Artículo 13 de la CDI
respecto a la promoción y obser vancia de los
derechos económicos, sociales y culturales. Desde su
presentación en el año 2005, la SEDI acompaña el
proceso de diálogo en torno al proyecto de Carta
Social y su Plan de Acción.c.Medio ambienteSegún lo señala la Carta Democrática Interamericana
en su Artículo 15, el ejercicio de la democracia facilita la preservación y manejo adecuado del medio
ambiente y afirma que es esencial que los Estados
implementen políticas y estrategias de protección del
medio ambiente para lograr el desarrollo sostenible en
beneficio de las futuras generaciones. En ese marco, la
a través del Departamento de Desarrollo
Sostenible (DDS), colabora con los Estados Miembros
para integrar la variable ambiental en los planes de
desarrollo y facilitar mecanismos de transferencia tecnológica para la protección ambiental. Sus principales
actividades se orientan a la gestión integrada y
sostenible de los recursos hídricos; el desarrollo y uso
de energía renovable, cooperación energética y sistemas de energía eficiente (proyecto de la Alianza de
Energía y Clima de las Américas); el fortalecimiento de
la institucionalidad y de la legislación ambiental; y el
intercambio de información para el uso sostenible de
la diversidad biológica en las Américas.d.EducaciónDemocracia, desarrollo integral y combate a la pobrezason tres: primero, facilitación de diálogos políticos
hemisféricos e intersectoriales para el intercambio de
experiencias y buenas prácticas, y la articulación de
acciones conjuntas; segundo, apoyo en la
for mulación de políticas públicas en áreas
relacionadas con el desarrollo integral; tercero,
fortalecimiento de las capacidades humanas e
La SEDI coordina reuniones de ministros y altas
autoridades en Educación, Trabajo, Desarrollo Social,
Competitividad, Ciencia y Tecnología, Cooperación,
entre otras. En estos espacios de diálogo político de
alto nivel, los Estados Miembros construyen consensos
en torno a diversos temas relativos al desarrollo y
aprueban planes de acción. La implementación y el
seguimiento de los planes de acción recaen en
mecanismos interamericanos de colaboración, en los
que participan representantes de los sectores públicos
y privados de los países, así como diversas
instituciones de carácter regional e internacional.
Entres estos mecanismos, existen 18 redes
interamericanas de colaboración, coordinadas por la
SEDI, entre las cuales se encuentran la Red
Interamericana de Educación al Docente y la Red
Interamericana de Protección Social. Las reuniones de
alto nivel y las redes, en línea con el Artículo 14 de la
CDI, permiten estrechar la colaboración entre sectores
e instituciones de los países y facilitan la
comunicación, el intercambio y la transferencia de
experiencias exitosas y lecciones aprendidas en áreas
claves para el desarrollo integral.
Los programas y proyectos que diseña e
implementa la SEDI se derivan de los planes de
acción emanados de las instancias de diálogo
político. En los últimos 10 años, los programas y
proyectos de la SEDI brindaron asistencia técnica;
ofrecieron capacitación de calidad a través de
talleres, cursos presenciales y en línea; y,
coordinaron/elaboraron estudios técnicos en temas
que, a su vez, guiaron el desarrollo de políticas
públicas y la ejecución de acciones de los Estados
Miembros. Por su parte, el Fondo de Cooperación
Solidaria (FEMCIDI) apoyó financieramente más de
1.100 proyectos en las áreas de educación, cultura,
democracia, ciencia y tecnología, comercio, turismo,
desarrollo social y desarrollo sostenible.En función del impacto positivo transversal que reviste
la educación según el Capítulo III de la CDI, la SEDI le
asigna especial prioridad en sus ejes de trabajo. Del
2001 al 2011 se otorgaron 13.429 becas para estudios académicos y de desarrollo profesional; se
capacitaron 20.767 ciudadanos de las Américas a
través del Portal Educativo de las Américas y el
Fondo Panamericano “Leo S. Rowe” otorgó
1.117 préstamos libres de intereses a estudiantes de la
región y personal de la OEA.
A través del Proyecto Regional de Indicadores
Educativos (PRIE), la SEDI, junto con la
Organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en
inglés) y la Secretaría de Educación Pública de
México, apoyó el monitoreo del cumplimiento de las
metas de las Cumbres de las Américas en materia de
educación. Asimismo, ofreció capacitación y apoyo
técnico a los Ministerios de Educación para fortalecer
sus capacidades en la producción de información
sobre el estado de la educación en sus respectivos
La Red Interamericana de Educación
Docente le permite a la SEDI brindar asistencia en la
elaboración de programas de formación docente a lo
largo de todo el Hemisferio. De esta manera, contribuye a mejorar uno de los componentes esenciales
para que todos/as los ciudadanos/as puedan acceder a una educación de calidad (según lo consigna el
Artículo 16 de la CDI).
Los Ministros de Educación de la región asumieron
en 2007 un histórico Compromiso Hemisférico
por la Educación de la Primera Infancia. La
SEDI monitorea y apoya dicho Compromiso a través
de diversos proyectos, entre los cuales, cabe destacar
el que se implementa en colaboración con la
Fundación Bernard van Leer que permite emitir
recomendaciones dirigidas a las autoridades
nacionales para mejorar la atención educativa a la
primera infancia en comunidades rurales e indígenas
en ocho países de las Américas.Organización de los Estados Americanos25Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democráticaFortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática
26Fortalecimiento y preservación de la
institucionalidad democráticaIV10 Años de la Carta Democrática InteramericanaLa Carta Democrática es reconocida como el instrumento interamericano más completo promulgado
hasta ahora para la promoción y fortalecimiento
de los principios, prácticas y cultura democráticos
entre los Estados del Continente. Es también el instrumento al que los gobiernos de los países miembros de
la Organización recurren en caso de enfrentar situaciones que ponen en riesgo los procesos institucionales
democráticos o el ejercicio legítimo del poder. La
Carta Democrática Interamericana pone a disposición
de los Estados Miembros, del Consejo Permanente y
del Secretario General instrumentos diplomáticos y
medidas de acción colectiva ante la alteración del
orden constitucional o ruptura del orden democrático,
a los efectos de su restablecimiento. Acaecida una ruptura del orden democrático y si las gestiones diplomáticas resultan infructuosas, la Carta incluye la posibilidad de sancionar al Estado Miembro por medio de la
suspensión de su derecho a participar en la OEA.En los diez años de existencia de la Car ta
Democrática, el Capítulo IV fue invocado en al menos
nueve oportunidades, incluyendo el golpe de Estado
de Honduras. La aplicación (o, en su defecto, la
inaplicación) de este Capítulo, es motivo de críticas
dirigidas hacia la Carta y la propia Organización.
Frente a éstas se presentaron una serie de propuestas
para mejorar la efectividad de la Carta Democrática
La decisión de aplicar la CDI preventivamente o
ante situaciones de ruptura del orden democrático,
depende de la voluntad del Estado Miembro afectado
y de los consensos o mayorías que se logren generar
entre los demás Estados Miembros. Este no es un dato
menor, especialmente si se lo compara con otros
modelos de toma de decisión utilizados en el plano
multilateral. La negociación, la búsqueda de
consensos y el armado de mayorías, obliga a los 34
Estados Miembros activos a conciliar posiciones, de
tal for ma que las decisiones tomadas sean
representativas y reflejen la voluntad colectiva. En esa
misma línea, una eventual reforma de la CDI también
requerirá de un consenso entre todos los Estados
Otro elemento crucial a tener en cuenta para
entender el accionar de la Organización frente
situaciones que pudieran afectar el desarrollo delproceso político democrático o el legítimo ejercicio
del poder al interior de un determinado Estado
Miembro, es la fuerza y vigencia de los principios de
no intervención y de no injerencia en el Hemisferio.
La defensa de estos principios entra en tensión con el
compromiso asumido por los Estados Miembros en la
Carta Democrática de proteger a la democracia
mediante mecanismos de acción colectiva. Para
superar dicha tensión se torna necesario buscar
formas que, sin vulnerar esos principios, permitan
mejorar los niveles de eficacia en la aplicación de la
En siete de los casos arriba mencionados, la Carta
Democrática Interamericana se aplicó de manera
preventiva para evitar el escalamiento de crisis
político-institucionales que podrían haber puesto en
riesgo el proceso democrático o el legítimo ejercicio
del poder y derivar en rupturas del orden
democrático. En esos casos, el envío de Misiones o
de Representantes Especiales y la apertura de
procesos de diálogo fueron algunos de los
mecanismos utilizados eficazmente por la
Organización para superar situaciones de alto
contenido desestabilizador y potencial para afectar
gravemente el orden democrático. Estas acciones de
diplomacia preventiva revelan por parte de la OEA y
de sus Estados Miembros una dosis de audacia y deOrganización de los Estados Americanos27Venezuela 2002-2004
La OEA actuó por primera vez en defensa de la
democracia bajo el marco de la CDI en Venezuela,
en reacción a la ruptura del orden democrático que
se produjo en ese país en abril de 2002. La
introducción de varias reformas sustantivas por parte
del Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías
generó una situación de polarización. El 12 de abril
de 2002, el enfrentamiento se tornó violento y derivó
en la pérdida de vidas humanas. Ese mismo día, el
General Lucas Rincón, Ministro de la Defensa,2810 Años de la Carta Democrática Interamericanaanunció la dimisión del Presidente Chávez. Se
constituyó el “Gobierno de Transición Democrática y
Unidad Nacional”, y se nombró al presidente de la
Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio
y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Pedro
Carmona Estanga, a la cabeza del mismo. Tras su
nombramiento, el Presidente de facto abolió la
Constitución y disolvió los poderes del Estado,
incluyendo la Asamblea Nacional y el Tribunal
Supremo de Justicia. Estas decisiones acentuaron el
rechazo de la ciudadanía a la ruptura del orden
constitucional y alinearon a un sector mayoritario de
las FF.AA. a favor del restablecimiento del Gobierno
legalmente constituido. El 14 de abril, Hugo Chávez
fue restituido como Presidente constitucional de
Ante esta crisis, el Consejo Permanente de la OEA
se reunió el 13 de abril de 2002 y aplicó por primera
vez el Capítulo IV de la CDI, específicamente el
Ar tículo 20, y aprobó la Resolución 811. La
CP/RES.811 condenó “la alteración del orden
constitucional” así como los hechos de violencia que
provocaron la pérdida de vidas humanas. Asimismo,
instó a “la normalización de la institucionalidad
democrática” y decidió enviar, “con la mayor
urgencia, una Misión encabezada por el Secretario
General de la OEA, con el objeto de investigar los
hechos y emprender las gestiones diplomáticas
necesarias, incluidos los buenos oficios, para
promover la más pronta nor malización de la
institucionalidad democrática”. También convocó “a
un período extraordinario de sesiones de la
En el vigésimo noveno período extraordinario de
sesiones, el 18 de abril, la Asamblea General aprobó
la AG/RES. 1 (XXIX-E/02) donde expresó su
satisfacción por el reestablecimiento del orden
constitucional y del Gobierno democráticamente
elegido del Presidente Hugo Chávez Frías”. Y
respaldó “la iniciativa del Gobierno de Venezuela de
convocar de inmediato a un diálogo nacional”.
El 4 de junio de 2002, la Asamblea General de la
OEA adoptó la “Declaración sobre la Democracia en
Venezuela”, AG/DEC. 28 (XXXI-02), y alentó “al
Gobier no de Venezuela a que explore las
posibilidades que ofrece la OEA en la promoción del
diálogo nacional que actualmente se desarrolla en
Venezuela, convocado por el Presidente Hugo
Chávez Frías, en aras de profundizar la
reconciliación nacional”. En esa línea, el Consejo
Permanente aprobó el 14 de agosto la Resolución
821 en la que reiteró la disposición de la OEA de
brindar apoyo para la realización del proceso de
diálogo y respaldó los buenos oficios realizados por
la Organización, el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter.Luego de varios meses de negociación facilitada
por la OEA, el Centro Carter y el PNUD, el Gobierno
y la oposición, esta última reunida bajo el grupo
Coordinadora Democrática, firmaron la “Declaración
de Principios por la Paz y la Democracia” el 15 de
octubre de 2002. A partir de ese primer acuerdo, el
8 de noviembre se estableció en Venezuela una
“Mesa de Negociación y Acuerdos”. El Secretario
General de la OEA fue nombrado Facilitador
Internacional con el apoyo técnico de las tres
organizaciones ya involucradas.
Durante el período de mediación, que duró
aproximadamente siete meses entre el 8 de
noviembre de 2002 y el 23 de mayo de 2003, se
firmaron dos acuerdos adicionales. El 18 de febrero
de 2003, se firmó la “Declaración contra la Violencia
y por la Paz y la Democracia” y, el 23 de mayo, se
firmó el “Acuerdo entre la Representación del
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y
los Factores Políticos que lo Apoyan y la
Coordinadora Democrática y las Organizaciones
Políticas de la Sociedad Civil que la Conforman”. En
este último, se propuso una salida electoral a la crisis.
Bajo esa propuesta y como conclusión al
acompañamiento ejercido por la OEA para superar
la crisis, la Organización envió una Misión de
Observación Electoral el 15 de agosto de 2004, a fin
de observar el Referendo Revocatorio Presidencial,
que se produjo de forma pacífica y ordenada.Nicaragua 2005
En junio de 2005, la OEA envió una misión especial
a Nicaragua a pedido del Presidente Enrique
Bolaños, con el objeto de facilitar el diálogo entre el
Gobierno y los principales partidos políticos. La crisis
político-institucional se desató a partir de la negativa
del Presidente de publicar una reforma parcial de la
Constitución que, en términos generales, inclinaba la
balanza de poder a favor del Legislativo, en
detrimento del Ejecutivo. Esta decisión del Ejecutivo
impidió la entrada en vigencia de la reforma parcial,
y precipitó un conflicto entre el Ejecutivo y el
Legislativo. La Corte Suprema de Justicia se vio
envuelta en la disputa al ratificar las enmiendas
constitucionales introducidas por la Asamblea
La evolución crítica de los acontecimientos y el
impasse generado entre los Poderes llevó al Gobierno
de Nicaragua a solicitar el despliegue de una Misión
de la Organización de Estados Americanos. A tales
efectos, el 7 de junio de 2005, invocando el Artículo
18 de la CDI, se aprobó la AG/DEC. 43 (XXXVO/05) por medio de la cual se dispuso el envío, a la
brevedad posible, de “una Misión encabezada por elFortalecimiento y preservación de la institucionalidad democráticacreatividad, dentro de los límites establecidos por la
Carta Democrática, que resultaron necesarias para
enfrentar situaciones riesgosas para la continuidad de
Dos de los nueve casos en estos diez años de
vigencia de la CDI, Venezuela (2002) y Honduras
(2009), se consideran rupturas del orden
democrático. Frente al segundo caso, Honduras, la
Organización reaccionó oportunamente en el marco
de la Carta Democrática Interamericana, aplicándola
con toda su fuerza y en todos sus términos.
Vista en perspectiva, la aplicación del Capítulo IV
de la Car ta fue exitosa. En este balance del
desempeño de la Carta, específicamente del eje
relativo a la defensa de la democracia, es importante
considerar los casos en los que no funcionó:
Venezuela, abril de 2002, cuando el Presidente Hugo
Chávez fue destituido de forma inconstitucional; y
Ecuador, diciembre 2004, cuando el Presidente Lucio
Gutiérrez disolvió la Corte Suprema de Justicia. Si
bien todos los casos permiten extraer lecciones e
identificar mejores prácticas, estas dos situaciones en
donde la Carta resultó inefectiva sirvieron para
ilustrar tres deficiencias de dicho instrumento. En el
caso de Venezuela, las dificultades para llegar a un
consenso o a una mayoría amplia fungieron como un
obstáculo para que el Consejo Permanente tomara
una decisión expeditiva frente a la ruptura del orden
democrático que sufrió dicho país. Por su parte,
Ecuador demostró de qué manera las limitadas vías
de acceso al Capítulo IV de la Carta restringen su
aplicación, especialmente en el plano preventivo.
Asimismo, alude a la falta de criterios claros para
definir cuándo y en qué medida la OEA enfrenta una
situación de alteración del orden constitucional o de
interrupción inconstitucional del orden democrático
que amerite su accionar.
A continuación se presentan los casos en los que la
OEA, en el marco del Capítulo IV de la CDI, actuó en
tiempo y for ma para prevenir situaciones
desestabilizadoras y en defensa de la democracia.Secretario General de la OEA que contribuya a un
diálogo nacional amplio, a fin de encontrar
soluciones democráticas a los graves problemas
La Misión Especial de la OEA permaneció cinco
meses en Nicaragua, entre junio y octubre de 2005,
acompañando el diálogo político que derivó en la
aprobación de la Ley Marco para la Estabilidad y la
Gobernabilidad del País. La Ley Marco incorporó los
acuerdos logrados entre las fuerzas políticas,
incluyendo la suspensión de la aplicación de la
refor ma constitucional. También generó las
condiciones para el desarrollo normal del proceso
electoral que se llevó a cabo en marzo y noviembre
de 2006. Por último, institucionalizó la interacción
entre las fuerzas políticas creando una Mesa de
Diálogo que facilitó la tarea legislativa, con presencia
de la Iglesia Católica y la OEA como garantes.
La tarea de acompañamiento de la OEA en la
superación de la crisis culminó con el despliegue de
una Misión de Observación Electoral que estuvo
presente en las elecciones regionales de la Costa
Atlántica del 5 de marzo de 2006, así como en los
comicios presidenciales y legislativos celebrados el 5
de noviembre de ese mismo año.Ecuador 2005
El Secretario General de la OEA, en respuesta a la
solicitud del Gobierno del Presidente Alfredo Palacio,
estableció una Misión Especial para acompañar el
proceso de selección de los integrantes de la Corte
Suprema de Justicia durante los meses de junio a
noviembre de 2005. La Misión Especial se desarrolló
en conformidad con lo estipulado en la Resolución
883 aprobada por el Consejo Permanente el 20 de
mayo de 2005 en donde se invocó el Artículo 18 de
Al arribar la Misión, el país llevaba más de un año
sin Corte Suprema de Justicia (CSJ). Dos veces, en
diciembre de 2004 y en abril de 2005, los
magistrados de la CSJ fueron destituidos. La primera
vez, en diciembre de 2004, las destituciones no
generaron rechazos masivos. En abril de 2005, tras
la renovación de la Corte, los magistrados decidieron
anular los cargos de corrupción abiertos en contra del
ex Presidente Abdalá Bucaram, abriéndole la
posibilidad para que éste retornara al país. Esta
decisión desató la movilización de la población de
Quito. A los efectos de contener las movilizaciones y
el descontento, el Presidente disolvió la Corte por
segunda vez y decretó estado de emergencia. Esta
última medida exacerbó aún más los ánimos e
incrementó el rechazo al Gobierno de Gutiérrez. En
ese contexto, el Congreso aprobó la destitución delOrganización de los Estados Americanos29Bolivia 2008
La actuación de la OEA en Bolivia se dio a pedido
del Gobierno del Presidente Evo Morales, con el
objeto de facilitar el diálogo con la oposición. Las
gestiones diplomáticas y de buenos oficios ejercidas
por la Organización se dieron en el marco de los
enfrentamientos que se generaron en torno a la nueva
Constitución Política. El Gobierno central tuvo que
enfrentar la oposición de cier tos sectores,
especialmente de los prefectos y comités cívicos de
los departamentos de la denominada Media Luna que
reclamaban mayor autonomía.
El 4 de marzo de 2008, el Ministro de Relaciones
Exteriores y de Culto de la República de Bolivia,
David Choquehuanca, se dirigió al Consejo
Per manente de la OEA para solicitar un
acompañamiento al proceso de referéndum
aprobatorio de la nueva Constitución Política del
Estado de Bolivia, que se llevaría a cabo el 4 de
mayo de ese año. El 26 de abril y el 2 de mayo, el
Canciller boliviano se dirigió nuevamente al Consejo
Permanente, para exponer los acontecimientos
políticos que afectaban a ese país y al Gobierno
constitucional y solicitar, en el marco del Artículo 17
de la CDI, la asistencia de la OEA.3010 Años de la Carta Democrática InteramericanaEl 3 de mayo de 2008, se aprobó la Resolución
935 de “Respaldo a la Institucionalidad Democrática,
al Diálogo y la Paz de Bolivia” mediante la cual, el
Consejo Permanente reiteró la disposición de la
Organización de brindar el apoyo que el Gobierno
de Bolivia requiriese para la realización del proceso
de diálogo y el fortalecimiento de la democracia.
Asimismo, instruyó al Secretario General de la OEA
para que continuase con sus buenos oficios en la
promoción del diálogo y la concertación en Bolivia,
para lo cual nombró a Representantes Especiales.
A los efectos de cumplir con el mandato emanado
de la Resolución, la OEA acompañó de cerca la
evolución de la situación política que atravesaba
entonces ese país y los Representantes Especiales
realizaron varias visitas a Bolivia con el propósito de
establecer canales de comunicación entre actores
políticos y sociales que no tenían interlocución directa
entre sí. A través de esta “diplomacia itinerante”, fue
posible un diálogo intermediado, identificar puntos de
acuerdo y superar las discrepancias políticas por vías
La Organización también garantizó la
transparencia del referéndum revocatorio del cargo
de Presidente y de ocho de los nueve prefectos, que
se realizó el 10 de agosto, mediante la presencia de
una Misión de Observación Electoral.
En octubre, la OEA también participó en el diálogo
entre el Gobierno central y los prefectos, así como en
la facilitación del diálogo entre los senadores y
diputados de todas las fuerzas políticas del Congreso.
Y, por último, ejerciendo los buenos oficios, estuvo
presente, junto a otras organizaciones
internacionales, durante las negociaciones de la mesa
de diálogo instalada en el Congreso de la República.
La presencia de la OEA facilitó las negociaciones que
permitieron alcanzar un acuerdo político interpartidario y aprobar la nueva Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia.Guatemala 2009
La estabilidad democrática de Guatemala se vio
amenazada en mayo de 2009, a raíz del asesinato
del abogado Rodrigo Rosenberg. El abogado dejó un
video grabado antes de morir el 10 de mayo de ese
año, en el que responsabilizóde su muerte, al
Presidente Álvaro Colom y a otras personas de su
Al conocerse el video, la sociedad guatemalteca se
dividió en dos, con sectores que se movilizaron en
contra del Gobierno, demandando la renuncia
temporal del Presidente mientras se llevaba a cabo la
investigación, y otros para demostrar su respaldo.
Ante el potencial desestabilizador de losFortalecimiento y preservación de la institucionalidad democráticaPresidente “por abandono del cargo”, bajo el Artículo
167 de la Constitución. Seguidamente, el Legislativo
aprobó la Reforma a la Ley Orgánica de la Función
Judicial para determinar el mecanismo de selección
de los magistrados y conjueces de la Corte Suprema
de Justicia. Varios sectores de la sociedad, sin
Ante una sociedad dividida en tor no a la
constitucionalidad de la reforma a la Ley Orgánica de
la Función Judicial y una opinión pública escéptica en
cuanto al criterio de selección de los miembros de la
Corte Suprema de Justicia, la Misión de la OEA
contribuyó de tres modos a superar la crisis políticoinstitucional en la que estaba sumida el país. En
primer lugar, contribuyó a generar un clima de
confianza entre la sociedad a partir de una estrategia
de relacionamiento y de comunicación con los
medios. En segundo lugar, apoyó la conformación de
un comité de selección y acompañó las tareas de
éste. Tercero, la Misión contribuyó a que la
Subsecretaría de Hacienda transfiriera recursos al
comité de selección para que éste pudiera comenzar
prontamente a realizar su trabajo. La presencia de la
OEA garantizó la transparencia en el proceso de
selección y nombramiento de los jueces de la Corte
Suprema de Justicia.y, por lo tanto, contribuyó a la
independencia del principal órgano de justicia.acontecimientos del 10 de mayo, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Guatemala, Roger Haroldo
Rodas Melgar, se presentó ante el Consejo
Permanente e informó a los Representantes sobre la
situación imperante en su país. Para evitar que se
atentara contra la estabilidad del orden constitucional
democrático, el Consejo Permanente aprobó la
Resolución 950, el 13 de mayo de 2009. Por medio
de esta Resolución, la Organización respaldó al
Gobierno constitucional de Guatemala y, entre otras
decisiones tomadas, pidió al Secretario General que
brindara toda la cooperación de la Organización a
solicitud del Gobierno de Guatemala para fortalecer
y preservar la institucionalidad democrática en ese
En el marco de dicha Resolución, el Secretario
General y el Secretario de Asuntos Políticos viajaron
a Guatemala con el objetivo de apoyar al Gobierno
Constitucional de Guatemala. Ambos funcionarios
mantuvieron reuniones con los principales actores
políticos y sociales del país, y ofrecieron asistencia
política y técnica al Gobierno de Guatemala. A raíz
de la diplomacia preventiva ejercida por la
Organización, se evitó que la crisis escalara y
derivara en una situación desestabilizadora.Paraguay 2009
Desde la toma de posesión del Presidente Fernando
Lugo, en agosto de 2008, la Secretaría General de la
OEA se puso a disposición del Gobier no de
Paraguay en aras de promover la gobernabilidad
El 3 de marzo de 2009 en Asunción, el Secretario
General participó en un seminario organizado por la
Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) de la OEA,
sobre las experiencias de reforma del Poder Judicial
en la región. El evento coincidió con el debate
político que tenía lugar en el país en torno a la
renovación de la Corte Suprema de Justicia. En ese
contexto, el Secretario General destacó la
importancia de la institucionalidad e independencia
El 7 de septiembre de 2009, el Secretario General
realizó otra visita a Paraguay, en un momento en que
ante la falta de acuerdos políticos, el Gobierno tenía
dificultades para avanzar en su agenda de reformas.
La presencia del Secretario General y las reuniones
que mantuvo con diferentes actores políticos,
contribuyeron a resaltar la impor tancia de la
institucionalidad y de los espacios de diálogo.
Por último, el 16 de diciembre de 2009, el
Secretario General envió una Misión a Paraguay con
el propósito de apoyar los esfuerzos del Gobierno del
Presidente Fernando Lugo en la realización de unOrganización de los Estados Americanos31Honduras 2009-2010
El 26 de junio, el Gobierno de la República de
Honduras solicitó la asistencia del Consejo
Permanente en los términos del Artículo 17 de la CDI.
Ante los acontecimientos que ponían en riesgo el
proceso político democrático y el ejercicio legítimo
del poder, el Consejo Per manente aprobó la
Resolución 952 por medio de la cual, entre otras
medidas, encomendó al Secretario General para que
constituyera, “con carácter de urgencia, una
Comisión Especial que visite Honduras con la
finalidad de hacer un análisis de los hechos y
contribuir a un diálogo nacional amplio, a fin de
encontrar soluciones democráticas a la situación
existente”. El Secretario General constituyó de
inmediato la Comisión Especial que debía trasladarse
a Tegucigalpa el día lunes 29. Sin embargo, las
acciones de los actores y la inercia de los
acontecimientos, desembocaron en el golpe de
Estado del 28 de junio que destituyó, por la fuerza, al
Gobierno constitucional del Presidente José Manuel
El mismo día, el Consejo Permanente aprobó la
Resolución 953, mediante la cual condenó el golpe
de Estado, la detención arbitraria y expulsión del país
del Presidente constitucional. Exigió el inmediato
retorno del Presidente Zelaya a sus funciones
constitucionales bajo condiciones de seguridad, y
declaró que no reconocería a ningún gobierno que
surgiera de la ruptura del orden democrático.
Invocando el Artículo 20 de la Carta Democrática
Interamericana, encomendó al Secretario General a
impulsar todas las consultas necesarias entre los
Estados Miembros para promover la normalización
de la institucionalidad democrática. En la misma
resolución, el Consejo Permanente convocó a un
En sesión plenaria celebrada el 1 de julio de 2009,
la Asamblea General aprobó la Resolución 1 (XXXVIIE/09) en la que se instruyó al Secretario General
para que, junto a representantes de varios países,
realizara las gestiones diplomáticas dirigidas a
restaurar la democracia, el Estado de derecho y al
Presidente José Manuel Zelaya Rosales en su cargo,
según lo previsto en el Artículo 20 de la Carta3210 Años de la Carta Democrática InteramericanaDemocrática. Dicha Resolución estableció que de no
prosperar las gestiones encomendadas en un plazo
de 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria
aplicaría inmediatamente el Artículo 21 de la CDI y
suspendería a Honduras de su derecho de
participación en la OEA.
El rechazo de dicha Resolución por parte del
gobierno de facto y la agudización de la crisis, llevó
a la Asamblea General a aprobar la AG/RES. 2
(XXXVII-E/09) el 4 de julio de 2009, con 33 votos a
favor y la abstención de Honduras, lo cual dispuso la
suspensión de dicho Miembro de la OEA.
Simultáneamente, encomendó la continuidad de
gestiones diplomáticas para restablecer la
democracia y el Estado de derecho en Honduras y
restituir al Presidente Zelaya.
Bajo este mandato, la OEA impulsó varias
iniciativas diplomáticas. Entre ellas sobresalen el
apoyo a las gestiones del ex Presidente de Costa
Rica, Oscar Arias; la organización de dos Misiones
de Cancilleres; la mediación en el “Diálogo
Guaymuras”; y, la facilitación de las negociaciones
del “Acuerdo San José-Tegucigalpa,” esto último en
conjunto con una delegación de los Estados Unidos
Asimismo, la OEA contribuyó a superar los
obstáculos que impedían la reincorporación de
Honduras a su seno. Una vez electo el Presidente
Porfirio Lobo Sosa, la Organización le brindó apoyo
institucional y asesoramiento técnico para establecer
una Comisión de la Verdad. En junio de 2010, la
Asamblea General instruyó al Secretario General
conformar una Comisión de Alto Nivel que analizara
la evolución de la situación política en Honduras y
presentara un informe con sus recomendaciones.
Dicho informe identificó una serie de elementos cuyo
cumplimiento abrió el camino para la plena
restitución de Honduras a la OEA.
Luego de un proceso legal accidentado, la Corte
Suprema de Justicia finalmente anuló los juicios
pendientes en contra el ex Presidente Zelaya a
principios de mayo 2011, despejando el retorno de
Zelaya a Honduras y, por ende, de Honduras a la
OEA. Las gestiones de los Gobiernos de Colombia y
Venezuela, enmarcadas en el Acuerdo de Cartagena,
coadyuvaron en estos dos procesos.
Una vez cumplidas las recomendaciones de la
Comisión de Alto Nivel coordinada por el Secretario
General y las condiciones estipuladas en el Acuerdo
de Cartagena, los Estados Miembros se reunieron el
pasado 1 de junio y aprobaron la Resolución 1 en el
Cuadragésimo Período Extraordinario de Sesiones.
De esta manera, en línea con el Artículo 22 de la
CDI, se levantó la suspensión y Honduras quedó
restituida a la OEA.Ecuador 2010
El 30 de septiembre de 2010 estalló una asonada
policial en Ecuador. Frente al inminente riesgo de una
alteración del orden constitucional, el Consejo
Permanente se reunió en sesión extraordinaria por
petición de la Representante Permanente del Ecuador
ante la OEA, la Embajadora María Isabel Salvador.
Tras analizar la situación crítica por la que
atravesaba el país, los Estados Miembros aprobaron
por aclamación la Resolución 977 el mismo día de
producido el levantamiento policial. Por medio de
dicha resolución, repudiaron los hechos, expresaron
su decidido respaldo al Gobierno constitucional del
Presidente Rafael Correa e instaron a la fuerza
pública y a los sectores políticos y sociales a evitar
todo acto de violencia que pudiese exacerbar aún
más la situación de inestabilidad política por la que
atravesaba el país. Asimismo, se le pidió al
Secretario General que brindara “toda la
cooperación de la Organización a solicitud del
Gobier no del Ecuador para preser var la
institucionalidad democrática en ese país”.
Confor me al mandato de la Resolución, el
Secretario General viajó inmediatamente al Ecuador
para manifestar su apoyo y solidaridad al Presidente.
Tanto la reacción inmediata del Consejo como la del
Secretario General de la OEA contribuyeron
oportunamente, a contener la situación de crisis y
disuadir a los sectores desestabilizadores. También
fueron determinantes el apoyo de la ciudadanía y el
respaldo de las Fuerzas Armadas al Gobierno
constitucional del Ecuador.Haití 2010-2011
A pedido del Gobierno de Haití, la Organización de
los Estados Americanos (OEA), junto con la
Comunidad del Caribe (CARICOM), desplegaron una
Misión de Observación Electoral Conjunta (MOEC) el
3 de agosto de 2010 de cara a las elecciones
presidenciales y legislativas del 28 de noviembre de
2010. Las elecciones revestían una importancia
estratégica pues el gobierno resultante debía dirigir
los esfuerzos de reconstrucción.
El déficit de credibilidad del Consejo Electoral
Provisorio (CEP) representó un obstáculo para la
realización exitosa de los comicios. Ello se manifestó
a través del boicot de las elecciones por parte de
varios partidos políticos. Esta situación llevó a que la
Misión asumiera un papel más proactivo para
apuntalar el proceso.
La primera vuelta estuvo marcada por acusaciones
de fraude y, particularmente, por la demanda de 12
de los 19 candidatos presidenciales de anular lasFortalecimiento y preservación de la institucionalidad democráticadiálogo político con distintos sectores de la sociedad
para sobrellevar los obstáculos en la implementación
de sus políticas y abordar las incipientes amenazas a
la estabilidad democrática. La Misión evaluó la
situación y ofreció los ser vicios de la OEA al
Gobierno paraguayo para una eventual facilitación
de diálogo nacional que, finalmente, no se concretó.elecciones. En Puerto Príncipe, así como en otras
ciudades del país, actos de violencia interrumpieron
la votación y graves irregularidades marcaron la
jornada electoral. Estos hechos pusieron en riesgo el
proceso electoral en su integridad. En este contexto,
el papel de la Misión fue clave para determinar la
validez de las elecciones. El 29 de noviembre la
MOEC declaró que si bien las elecciones estuvieron
marcadas por amplias irregularidades, éstas no
podían invalidar la totalidad del proceso. Esta
declaración oxigenó el ambiente de alta tensión y
otorgó el margen necesario para que las autoridades
electorales tabularan los votos emitidos. No obstante,
cuando se publicaron los resultados preliminares, que
excluían al candidato y actual Presidente Michel
Martelly de participar en la segunda vuelta electoral,
explotaron manifestaciones populares en Puerto
Príncipe y Les Cayes que paralizaron ambas ciudades
durante cuatro días. En consecuencia, el Presidente
René Préval, después de haber fracasado en la puesta
en marcha de una comisión de verificación nacional,
acudió nuevamente a la Organización de los Estados
Americanos para constituir una Misión de Expertos
para la Verificación de la Tabulación de los Votos.
La Misión, compuesta por expertos de países
miembros y países observadores, entregó su informe
oficial al Gobierno haitiano el 13 de enero de 2011.
El infor me recomendaba que las autoridades
electorales excluyeran 234 actas electorales
irregulares. El Tribunal Electoral tomó en cuenta las
recomendaciones de la Misión de Expertos y, en la
fase de impugnación de los resultados, determinó que
Mirlande Manigat y Michel Martelly pasaran a la
En la realización de la segunda vuelta electoral el
20 de marzo de 2011, se registraron mejoras
considerables. Asimismo, la distensión del clima
político también contribuyó a la realización pacífica
de la segunda vuelta. Los resultados preliminares de
las elecciones legislativas y presidenciales fueron
publicados el 20 de abril de 2011, sin provocar
reacciones adversas. Sin embargo, la fase del
contencioso electoral estuvo marcada por
acusaciones de corrupción, que culminaron en el
cuestionamiento de los resultados de 17 casos a nivel
de diputaciones y dos casos a nivel senatorial. Como
salida a esta nueva crisis, el Ejecutivo solicitó a la
MOEC que revisara las decisiones del Tribunal
Electoral y formulara recomendaciones. La Misión
recomendó que se mantuvieran los resultados
preliminares en todos los casos analizados.
Seguidamente, las autoridades electorales decidieron
poner en marcha un Tribunal Especial que mantuvo
los resultados preliminares en 13 de los 17 casos
cuestionados a nivel de diputados y en los dos casos
senatoriales. Los cuatro casos restantes aún no han
sido resueltos.Organización de los Estados Americanos33La democracia y las misiones de observación electoralLa democracia y las misiones de observación electoral
34La democracia y las misiones de
observación electoralV10 Años de la Carta Democrática InteramericanaEl Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana
reconoce como uno de los elementos esenciales de
la democracia representativa la celebración de
sufragio universal y secreto como expresión de la
soberanía del pueblo. Los procesos electorales,
entendidos como un conjunto de etapas que se suceden
ordenadamente de acuerdo a un marco jurídico e
institucional determinado, constituyen los mecanismos
legítimos por medio de los cuales se origina el poder en
un régimen democrático. Este acto fundacional resulta
clave para cualquier gobierno que se atribuya un origen
democrático. De allí la relevancia simbólica, institucional
y operativa de los procesos electorales.
El Capítulo V contiene dos mandatos generales para la
Organización de los Estados Americanos en materia
electoral: el primero, proveer asesoramiento para elfortalecimiento y desarrollo de las instituciones y procesos
electorales y, el segundo, organizar misiones de
observación a solicitud de los Estados Miembros
interesados. En la práctica, estos dos mandatos se
relacionan pues, de las recomendaciones elaboradas
como resultado del trabajo de observación electoral, se
identifican las áreas donde la OEA puede colaborar con
asistencia técnica para contribuir al perfeccionamiento y
fortalecimiento de los procesos y de la institucionalidad
electoral en aquellos Estados Miembros que así lo
requieran. En ese sentido, es importante destacar que de
las cooperaciones técnicas realizadas entre el 2007 y
2011, más del 60 por ciento surgen de los informes
elaborados como producto de las misiones de
observación electoral.a.Cooperación para el fortalecimiento de las instituciones y
i.Capacitación e intercambioEl Departamento para la Cooperación y Observación
(SAP) organiza actividades para fortalecer las
capacidades institucionales y humanas de los entes
electorales del Hemisferio. Con ese propósito, se llevaron
a cabo tres Jornadas Interamericanas Electorales
en 2008, 2009 y 2010, de las que participaron un total
de 121 funcionarios de 31 Estados Miembros del
Hemisferio. Las Jornadas surgieron de una iniciativa de laOrganización de los Estados Americanos35ii.Acuerdos de cooperación horizontalLos acuerdos de cooperación horizontal son una
herramienta que permite a la OEA facilitar el
intercambio de conocimientos, experiencias y mejores
prácticas entre las instituciones electorales de la
región en torno a diferentes aspectos del proceso
electoral, incluyendo: gestión de calidad, voto
electrónico, organización y administración electoral y
capacitación, entre otras. Entre 2001 y 2011, se
firmaron seis acuerdos de este tipo con el Instituto
Federal Electoral de México (2009); el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de
México (2009); la Comisión Estatal Electoral de
Nuevo León, México (2009 y 2011); el Tribunal3610 Años de la Carta Democrática InteramericanaLa democracia y las misiones de observación electoralOEA desarrollada en conjunto con FLACSO Chile, el
Instituto Federal Electoral de México e IDEA Internacional.
Cada jornada se realiza durante una semana de
capacitación presencial en el Instituto Federal Electoral de
México donde, además de darse una dinámica vertical
de instrucción, se activa una dinámica horizontal que
permite el intercambio de experiencias entre los
participantes. Se espera que al regresar, los participantes
puedan aplicar lecciones y experiencias aprendidas en
Desde 2003, el DECO ha organizado siete
Reuniones de Autoridades Electorales con la
participación de más de 200 presidentes y directivos de
tribunales electorales. Estos encuentros buscan promover
el intercambio efectivo de conocimientos, experiencias y
buenas prácticas de la administración electoral en la
región así como promover la cooperación horizontal.
Se desarrollaron además tres cursos virtuales en
participación electoral, financiamiento de la política y
registro de votantes. En base a estas experiencias de
formación y capacitación, se diseñó un Diplomado en
Procesos Electorales en las Américas, cuya
primera edición se lanzó el 15 de agosto de 2011, en
conjunto con FLACSO Chile y el Instituto Federal Electoral
de México. Para esta primera edición, la OEA becó a
alrededor de 36 funcionarios de organismos electorales
de América Latina, entre ellos 20 mujeres.Supremo Electoral de Brasil (2010); la Cámara
Nacional Electoral del Poder Judicial de la Nación
Argentina (2010), y la Comisión de Asistencia
Electoral de los Estados Unidos (2010).iii.
Acuerdos de cooperación técnicoelectoral
Entre 2001 y 2011, la Secretaría General de la OEA
firmó dos acuerdos de cooperación técnica con entes
electorales de la región para abordar diferentes áreas
y componentes del proceso electoral, a fin de
contribuir a la racionalización y calidad de éste y, de
esa manera, contribuir al fortalecimiento de la
institucionalidad electoral. El primer acuerdo de este
tipo se firmó con el Tribunal Supremo Electoral de
Honduras (2009) en materia de cartografía electoral
e inclusión de las personas con discapacidad. El
segundo, con el Consejo Nacional Electoral (CNE)
del Ecuador (2011) para la automatización del voto y
del escrutinio en los procesos electorales.
Asimismo, dentro del marco de los acuerdos de
cooperación técnico-electoral, el DECO se focalizó en
temas puntuales: cinco auditorías de los registros
electorales, un empadronamiento biométrico, tres
certificaciones de calidad y dos asesoramientos en
Auditorías de los registros electorales
La auditoría es un mecanismo de revisión externo y
objetivo que finaliza con la presentación de una serie
de recomendaciones que apuntan a mejorar los
registros electorales evaluados. La auditoría establece
el grado de confiabilidad, transparencia, depuración
y actualización de un registro electoral. Dicho
diagnóstico y el seguimiento de la implementación de
las recomendaciones emanadas de la auditoría,
resultan fundamentales para la realización de
cualquier elección, pues contribuyen a la credibilidad
de los procesos e instituciones electorales.
Entre 2001 y 2011, la OEA realizó auditorías a los
registros electorales de cinco países, a partir de las
recomendaciones consignadas en los informes finalesde las misiones de observación electoral organizadas
respectivamente en Guatemala (2005 y 2010), El
Salvador (2007), Bolivia (2009) y Paraguay (2010).
En 2009, a pedido del Gobierno de Bolivia, la OEA
brindó acompañamiento al proceso de
reempadronamiento biométrico iniciado por el
Tribunal Supremo Electoral de ese país, con miras a
las elecciones generales de diciembre de ese año. La
cooperación técnica de DECO se focalizó en tres
componentes: logístico, comunicacional e
La finalización exitosa del proceso resultó en un
padrón electoral único en la región ya que cumple
con altos estándares internacionales. El padrón
electoral boliviano incluye fotografía digital, huellas
dactilares, firma, e información demográfica de los
votantes, tales como nombre, edad y dirección.
Asimismo, significó el aumento de 3.600.000 a
5.200.000 electores registrados y, por lo tanto, laextensión del derecho a voto entre más ciudadanos y
ciudadanas, y la posibilidad de ejercerlo. La
utilización del nuevo padrón contribuyó a la
credibilidad de los procesos electorales celebrados en
diciembre de 2009 y abril de 2010 en Bolivia.
Certificación de calidad de los servicios
electorales (Normas ISO)
A partir de 2008, el DECO logró un salto cualitativo
en materia de cooperación electoral al incorporar a
sus servicios de asistencia técnica, la posibilidad de
ofrecer apoyo para la certificación de calidad bajo
normas ISO 9001. Los estándares ISO ayudan a
fortalecer las capacidades y procesos internos desde
un enfoque basado en la calidad. La certificación
fomenta la planificación, el establecimiento de metas
y objetivos, la medición de resultados, el
cumplimiento de plazos y una adecuada asignación
de recursos. La certificación es una de las principales
herramientas relacionada a la estandarización de
procedimientos más eficientes y transparentes lo queOrganización de los Estados Americanos37i.
Evolución de las Misiones de Observación
Electoralcontribuye, a su vez, a la credibilidad y al
fortalecimiento de la institucionalidad electoral.
A la fecha de esta publicación, el DECO brindó
cooperación en la implementación del sistema de
calidad ISO 9001 en Costa Rica, Panamá y Perú.
Varios órganos electorales de la región resaltaron
la impor tancia de contar con un estándar
internacional específico para el ámbito electoral. A
partir de allí, y dados la experiencia y el prestigio
alcanzados por DECO en gestión de calidad, se
conformó un equipo de trabajo encargado de
redactar una norma ISO particular para el ámbito
electoral. La norma será presentada próximamente al
Comité Técnico ISO 176.
Asesoramiento para reformas legislativas
A partir de las recomendaciones emanadas de los
informes finales de las Misiones de Observación
electoral, y a solicitud de los Estados Miembros, el
DECO brindó asesoramiento técnico en materia de
reforma electoral en dos ocasiones: al Tribunal
Supremo Electoral de Honduras (2007) y a la Junta
Central Electoral de República Dominicana (2010).3810 Años de la Carta Democrática Interamericanab.Observación electoralDesde la primera misión en 1962, la OEA observó
177 elecciones en 26 Estados Miembros. En los diez
años que transcurrieron entre la firma de la CDI en el
2001 hasta la actualidad, se organizaron 90
misiones; mientras que entre 1962 y 2001, en un
lapso de 39 años, se observaron 87 procesos. La
Carta marca entonces un punto de inflexión en la
importancia de la observación electoral externa e
imparcial para garantizar elecciones libres, justas y
transparentes, y legitimar los procesos y resultados
electorales. En todos estos años, la Organización
acumuló experiencia y capacidad para observar todo
tipo de elecciones: presidenciales, legislativas y
constituyentes, parlamentarias, regionales,
municipales, referéndum, consultas populares,
Parlamento Andino y primarias. Las misiones de
observación electoral de la OEA abarcan hoy toda
América Latina y el Caribe y son un sello de garantía
y legitimidad de los procesos electorales.
El Artículo 24 de la Carta establece las condiciones
básicas para el desplazamiento de una misión así
como la obligación por parte de las misiones de
presentar un informe sobre las actividades realizadasEl papel, la estructura, composición y dinámica de las
misiones sufrieron transformaciones paralelamente
con los cambios políticos internos experimentados por
los países de la región. La “primera generación” de
MOEs data de los años sesenta, cuando se
realizaban de manera ad hoc. En los noventa nace
una “segunda generación” de misiones de la OEA
que comenzó con las elecciones generales de
Nicaragua en 1990. En esa segunda etapa, las
misiones fueron más ambiciosas en cuanto a tamaño
y alcance, e incluían un análisis de distintos temas
relacionados con la calidad del proceso observado.
Un hecho clave que impulsó la evolución de las
misiones hacia una “tercera generación”, fue la
en 2001. En ese documento, los Estados dedicaron
un capítulo entero, el quinto, a la democracia y las
misiones de observación electoral. La aplicación de
dicho Capítulo marca el comienzo de la “tercera
generación” de MOEs de la OEA. A partir de ese
hito, las misiones son consideradas integrales y de
largo plazo, enfocadas en la calidad de los procesos
e instituciones electorales, en lugar de limitar la
observación únicamente al día de la elección.
Otro punto de inflexión en la “tercera generación”
de Misiones de Observación Electoral de la OEA fue
el desarrollo, en el 2006 desde el Departamento para
la Cooperación y Observación Electoral (DECO), de
una primera metodología de sistematización de laLa democracia y las misiones de observación electoralen el marco de una observación, ante el Consejo
Permanente de la Organización. Este acto de
rendición de cuentas distingue a las misiones de la
OEA de las misiones desplegadas por otros
organismos internacionales en la medida en que estos
últimos no tienen la obligación de hacer público su
Desde mayo de 2005 a la fecha, la OEA desplegó
4.251 observadores de 31 Estados Miembros y 23
países observadores de la Organización, de los
cuales, casi la mitad son mujeres.obser vación de los procesos electorales. Como
resultado de ese esfuerzo, la OEA publicó el
documento titulado C r i t e r i o s p a r a l a
Observación Electoral: Un Manual para las
y, en 2008, el Manual para las Misiones de
Observación Electoral de la Organización de
los Estados Americanos.ii.Innovaciones en materia de observaciónAsimismo, en aras de la profesionalización,
integralidad y sofisticación de la obser vación
electoral, en 2010, el DECO publicó el Manual
para la Observación del Uso de Tecnologías
E l e c t o r a l e s . DECO también diseñó u n a
metodología para la observación del papel
de los medios de comunicación durante
elecciones. En la actualidad, la elaboración de una
metodología para la incorporación de la
perspectiva de género en las Misiones de
Observación Electoral, se encuentra en su etapa final
[véase Capítulo VI, Sección c. Par ticipación
igualitaria y plena de las mujeres en estructuras
políticas]. Para concluir, una de las iniciativas más
recientes del Departamento, es la elaboración de una
m e t o d o l o g í a p a r a o b s e r v a r , de manera
integral, los distintos aspectos de los sistemas
de financiamiento político-electoral vigentes en
los países de la región [véase Capítulo I, Sección c.
Fortalecimiento de partidos y de otras organizaciones
políticas. Campañas electorales y sistemas de
financiamiento].Organización de los Estados Americanos39Promoción de la cultura democráticaPromoción de la cultura democrática
40Promoción de la cultura democráticaVI10 Años de la Carta Democrática InteramericanaEl último Capítulo de la Carta está dedicado a la
promoción de la cultura democrática, lo cual implica
ampliar el entendimiento de la democracia más allá
del concepto de régimen político. En ese sentido, la
democracia es más que un conjunto de instituciones,
normas y procedimientos que definen las reglas y canales
de acceso a las principales posiciones del Estado, el
ejercicio del poder estatal y el proceso de toma de
decisiones públicas. También comprende una sociedad
compuesta por ciudadanos y ciudadanas que gozan y
ejercen determinados derechos políticos, civiles y
sociales, y están sujetos por obligaciones Una ciudadanía
cuyas actitudes, modalidades de actuación y
comportamiento se rigen no sólo por el Estado de
derecho sino también por una serie de valores, símbolos,
creencias y costumbres respecto al poder y la política
congruentes con los sistemas democráticos. Reconociendo
la relación entre cultura e institucionalidad, la Carta no es
únicamente un programa para fortalecer y defender el
orden democrático sino también para promover patrones
culturales acordes a éste. En esa línea, el Artículo 26 delCapítulo VI de la Carta enfatiza la necesidad de
continuar desarrollando programas y actividades
dirigidos a impulsar principios y prácticas democráticas y
fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio. En ese
esfuerzo, juegan un rol cada vez más relevante los
aportes y la participación de las organizaciones de la
El Capítulo VI, en su Artículo 27, también incluye otras
dos líneas programáticas: primero, impulsar programas y
actividades dirigidos a promover la gobernabilidad, la
buena gestión, los valores democráticos y el
fortalecimiento de la institucionalidad política y de las
organizaciones de la sociedad civil; segundo, desarrollar
programas y actividades para la educación de la niñez y
la juventud como forma de asegurar la permanencia de
Finalmente, se identifica como elemento fundamental
para la promoción y ejercicio de la cultura democrática
generar las condiciones necesarias para la participación
plena e igualitaria de las mujeres en las estructuras
políticas de sus respectivos países (Artículo 28).a. Principios y prácticas democráticas
democrática (Artículo 26)i.
Programa de Educación Interamericano en
La tarea de promover los valores, principios y prácticas
de la democracia es de largo plazo y requiere la acción
de todos los sectores de la sociedad. En aras de ese
esfuerzo continuo, multisectorial y de largo aliento, la
OEA creó en el 2005 el Programa Interamericano
sobre Educación en Valores y Prácticas
Democráticas, coordinado por el Departamento de
Educación y Cultura de la Secretaría Ejecutiva para el
Desarrollo Integral, en consulta con la Secretaría de
Asuntos Políticos. El Programa es una plataforma
hemisférica que reúne a Ministerios de Educación,
universidades, organizaciones de la sociedad civil,
empresas y organizaciones internacionales para que
entre todos diseñen y fortalezcan estrategias y políticas
educativas para la formación de competencias
Desde el Programa se iniciaron tres cursos en línea y
se capacitaron a más de mil docentes y hacedores de
políticas educativas en el Caribe y Latinoamérica sobre
los principios de la Carta Democrática Interamericana;
la evaluación de políticas de educación ciudadana; y
formas de transformar las aulas en espacios más
democráticos. En 2009, se brindó apoyo a nueve
misiones de cooperación técnica en 12 países para
fortalecer programas de educación ciudadana y se
lanzó una segunda ronda de misiones en agosto del
2011.Organización de los Estados Americanos41ii. Fortalecimiento de valores y prácticas
democráticas para el sostenimiento y consolidación
de la democracia en el Perú y en América Latina
Guiado por el propósito de extender la Carta
Democrática más allá del ámbito político-diplomático y
extender su alcance y aplicación entre la ciudadanía
del Hemisferio, en el 2006 nació el programa
“Fortalecimiento de valores y prácticas
democráticas para el sostenimiento y
consolidación de la democracia en el Perú y en
América Latina” con el apoyo de la Oficina de
Educación y Cultura de la OEA.. A través de la segunda
fase, que se inició en el 2008 con el Ministerio de
Educación del Perú y el apoyo financiero del Fondo de
Cooperación Solidaria de la OEA (FEMCIDI), se
implementó una plataforma virtual que brinda
capacitación a uno 400 docentes en materia de
educación de valores y prácticas democráticas.iii.Cátedra de las AméricasLa Cátedra de las Américas se inició en septiembre
del 2004 mediante la resolución del Consejo
Permanente de la OEA CP/RES. 870 en un esfuerzo de
los Estados Miembros por enriquecer el debate
hemisférico sobre temas prioritarios de la agenda
interamericana. A la fecha, se organizaron 45 Cátedras
con líderes políticos, académicos y expertos como
ponentes. Más de 5.000 personas participaron en las
Cátedras desde su creación, y la transmisión vía Web
permitió ampliar la audiencia dentro y fuera de la
región.iv.Aportes de la Sociedad CivilA partir de la adopción de la Carta Democrática
Interamericana, la OEA fomentó la participación de
en las diferentes instancias de la Organización,
incluyendo la Asamblea General, el Consejo
Permanente, reuniones ministeriales y conferencias
especializadas, así como en las Cumbres de las
Américas. El Artículo 6 de la CDI destaca que “La
participación ciudadana en las decisiones relativas a su
propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad.
(…) Promover y fomentar diversas formas de
participación fortalece la democracia”. Asimismo, el
Artículo 26 establece que la OEA tomará en cuenta los4210 Años de la Carta Democrática Interamericanaaportes de las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) que trabajen en programas dirigidos a promover
los principios y prácticas democráticas y a fortalecer la
cultura democrática en las Américas.
En esta década se lograron avances importantes para
la región como resultado de la cooperación entre la
sociedad civil y los Estados Miembros de la OEA.
Gracias a ella se adoptó una agenda hemisférica en el
marco del proceso de Cumbres de las Américas y al
interior de la Organización. En ese mismo período, la
sociedad civil presentó a los Estados Miembros 2.250
recomendaciones sobre temas encuadrados en la Carta
Democrática, incluyendo: gobernabilidad democrática,
transparencia, educación, creación de empleo,
desarrollo sostenible y medio ambiente, derechos
humanos, cooperación electoral y equidad de género,
Un total de 361 organizaciones están inscritas en el
Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil de la
OEA y participan en el quehacer diario del Organismo.
Además, más de 2.000 organizaciones no
gubernamentales trabajan directa o indirectamente con
los órganos políticos y áreas técnicas de la
Organización, de las cuales más de 500 suscribieron
acuerdos de cooperación en materia de desarrollo
sostenible, fortalecimiento de la democracia y
La participación de la sociedad civil en la OEA
fortaleció la capacidad institucional de las
organizaciones no gubernamentales en la medida en
que adquieren otro nivel de exposición e incrementan su
capacidad de incidencia y de visibilización en el plano
regional e internacional. Asimismo, facilitó la creación
de hasta 40 redes internacionales de OSC que operan
al interior de la OEA en torno a temas relacionados con
la democracia; la lucha contra la corrupción y la
transparencia; la trata de personas; la promoción de los
derechos de las comunidades afrodescendientes,
comunidades indígenas, personas con diferente
orientación sexual e identidad de género y
defensores/as de los derechos humanos.
Estos espacios de interacción colocan a la OEA a la
vanguardia del sistema interamericano y de Naciones
Unidas en materia de participación ciudadana, pues los
representantes de las OSC no sólo asisten a las
reuniones como observadores sino que influyen en el
proceso de negociación de las resoluciones y participan
en su implementación y monitoreo.b. Gobernabilidad, buena gestión,
valores democráticos y fortalecimiento de la institucionalidad
política y de las organizaciones de la
sociedad civil. Promoción de valoresdemocráticos entre la niñez y la
juventud. (Artículo 27)
Programas y actividades dirigidos a
promover la gobernabilidad, la buena
gestión, los valores democráticos y el
políticai.
Programa para la Universalización de la
Identidad Civil en las Américas (PUICA)
Desde 2005, la OEA trabaja en iniciativas para
fortalecimiento de los registros civiles. En el 2006 jugó
un papel clave en Haití con la creación de la Oficina
Nacional de Identidad (ONI), a partir de un
requerimiento extendido por el Gobierno haitiano. El
funcionamiento de esta Oficina permitió el registro de
3.5 millones de haitianos adultos y la emisión de
documentos de identidad nacional. Ambas tareas
coadyuvaron al desarrollo de un padrón electoral y
contribuyeron a extender el derecho al voto y la
participación electoral en las elecciones de 2006.
A partir de la experiencia y éxitos alcanzados en
Haití, se lanzó el Programa para la Universalización de
la Identidad Civil en las Américas (PUICA) en el 2007.
A través de este Programa se busca ampliar y
efectivizar el derecho universal a la identidad de
millones de personas y, de esta manera, no sólo
garantizar la protección de los derechos humanos sino
también contribuir a que las personas puedan ejercer
sus derechos de ciudadanía y facilitar el acceso a
ser vicios y beneficios que, por su calidad de
ciudadano/a, les corresponden. Asimismo, brinda a los
Estados información sobre sus habitantes, necesaria
para el diseño e implementación de planes de
A través de sus actividades, el PUICA brinda
asesoramiento a los servicios de registro civil en sus
procesos de racionalización y modernización,
incluyendo la introducción de tecnologías y sistemas
informáticos para agilizar procesos. En Guatemala se
revisaron cerca de 5.216.728 documentos de
identidad, lo cual permitió la depuración de la base de
datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP).
La asistencia del PUICA posibilitó la digitalización de
más de 9 millones de registros históricos y su
almacenamiento en la base de datos del Registro Civil
El Programa también impulsa campañas de registro y
sensibilización, especialmente entre grupos vulnerables.
Ello contribuyó al registro de cerca de 5 millones de
personas; a la capacitación de más de 800 líderes
indígenas como promotores en campañas de registro enGuatemala; y a la sensibilización de más de 35.000
personas, especialmente mujeres, niños e indígenas.
Por último, PUICA fomenta el intercambio horizontal
de buenas prácticas entre instituciones de registro civil.
En tal sentido, el Consejo Latinoamericano de Directores
de Registro Civil y Estadísticas Vitales (CLARCIEV), que
cuenta con 21 integrantes de América Latina y el
Caribe, es una plataforma que promueve el intercambio
continuo de experiencias y facilita la transferencia de
conocimientos entre instituciones de registro civil. A
partir del reconocimiento del trabajo realizado por la
OEA en el marco del PUICA, desde 2007 la
Organización funciona como la Secretaria Ejecutiva del
CLARCIEV.
En Haití se implementa uno de los principales
proyectos en materia de promoción y difusión del
derecho a la identidad. Tras el sismo de enero del
2010, PUICA brindó apoyo en el pre-registro de
infantes en los albergues de Puerto Príncipe. Ello resultó
en el registro de más de 20.000 niños y niñas. La
Oficina Nacional de Identidad (ONI) recibió asistencia
para la apertura de 141 oficinas descentralizadas de
identificación permanentes que facilitaron el registro de
4.8 millones de personas. Hoy, un 94 por ciento de la
población adulta está registrada. Además, se instaló
una impresora para cédulas de identidad, lo cual
permitió la producción de 600.000 cédulas en un
periodo de 18 meses, que finalizó a tiempo para las
elecciones presidenciales y legislativas de 2010.
Asimismo, se logró la digitalización de actas de
nacimiento y su sistematización en una base de datos
que hoy alcanza los 10 millones de actas.
En el 2010, el PUICA elaboró el Manual de
Prácticas Exitosas para el Registro Civil y
Diagnóstico de Marcos legales de los Registros
Civiles en las Américas. Se establecieron esquemas
de cooperación en materia de registro con 15 países de
la región, así como con distintas agencias de
cooperación internacional y con los gobiernos de Italia,
China y Chile.Promoción de la cultura democráticaDesde el 2007, el Programa también fomenta la
investigación académica sobre cómo educar para la
democracia y la convivencia. Para ello cuenta con seis
números de la Revista Interamericana de
Educación para la Democracia, tres informes
analíticos sobre el estado de la educación ciudadana
en la región, además de tres videos y ocho boletines en
línea que proveen recursos para formar competencias
ciudadanas a través de la educación.ii. Programa Estrategia Integral de Apoyo País
para la Gestión Pública Efectiva
Entre los programas y actividades dirigidos hacia la
promoción de la gobernabilidad y la buena gestión,
incluidos en el Artículo 27 de la Carta Democrática, el
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE)
lanzó, en el 2010, el Programa Estrategia
Integral de Apoyo País. A través de este Programa,
la OEA ofrece asistencia técnica integral a los Estados
Miembros que lo soliciten para apoyar la gestión
pública efectiva y transparente, en base a su Plan
Nacional de Desarrollo. Actualmente, están en marcha
programas de este tipo en Bolivia, Paraguay y El
Salvador. Durante el 2012, se iniciarán tres programas
adicionales en el Caribe, comenzando con Belize.Organización de los Estados Americanos43Desde el 2003, el Campus Virtual ofrece una cartera de
21 cursos en línea sobre temas relacionados con la
administración pública, incluyendo: gobierno
electrónico; catastro; poder legislativo; transparencia y
acceso a la información pública; descentralización y
gobiernos locales, entre otros. A la fecha, más de
5.000 participantes de 28 Estados Miembros fueron
capacitados.iv.Apoyo al Poder LegislativoLa Carta puede ser considerada como un manifiesto de
la democracia representativa, donde queda establecida
como la única forma de gobierno compartida por todos
los pueblos de las Américas. En un régimen político
democrático con las características señaladas en la
Carta, el Poder Legislativo es una de las instancias por
excelencia donde se cristaliza la representación de la
ciudadanía. Por otro lado, el Artículo 27 de la CDI
estipula la implementación de programas y actividades
dirigidos a promover el fortalecimiento de la
institucionalidad política. Dicho fortalecimiento, a su
vez, resulta clave para consolidar uno de los elementos
esenciales de la democracia representativa, enumerado
en el Artículo 3 de la Carta Democrática: la separación
e independencia de los poderes públicos. La vigencia
de dicho elemento es esencial para la institucionalidad
republicana. Democracia y República se alimentan
recíprocamente. La República constituye uno de los
pilares centrales sobre los cuales la Democracia puede
desarrollarse y consolidarse. Y para que la
institucionalidad republicana sea una realidad intrínseca
de la democracia, es necesario contar con un Poder
Legislativo dotado de capacidad política, técnica y
Al poco tiempo de aprobada la Carta Democrática
Interamericana (CDI) e inspirado en el espíritu de ésta,
se constituyó el Programa de Apoyo al
(PAFIL). A lo largo de estos diez años, el PAFIL se
transformó en lo que ahora se conoce como la Unidad
de Apoyo al Poder Legislativo, ubicada dentro del
Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la
Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA. Desde esta
Unidad, la OEA colabora con numerosos Poderes
Legislativos nacionales y locales, y con Parlamentos
regionales en la promoción del diálogo político; la
formación y capacitación de funcionarios; el
fortalecimiento y la modernización de la gestión
legislativa; y la cooperación interparlamentaria.Programas y actividades para la
educación de la niñez y la juventud como
forma de asegurar la permanencia de los
valores democráticosi.
Red Interamericana de Liderazgos Públicos y
Políticos (RIALPP)
El Artículo 27 de la Carta Democrática Interamericana
también resalta la importancia de desarrollar programas
y actividades para la educación de la niñez y la
juventud como forma de asegurar la permanencia de
los valores democráticos, incluidos la libertad y la
justicia social. Este impulso programático fomentado
desde la CDI, apunta a consolidar ciertas prácticas y
principios entre las generaciones emergentes,
fundamentales para generar una cultura democrática
que acompañe y sea congruente con la institucionalidad
democrática que desde la Organización se promueve y
defiende. Por ello, en el marco específico del mandato
de la CDI, en estos últimos diez años, la OEA llevó a
cabo más de 50 cursos sobre institucionalidad, valores
y prácticas democráticas, dirigidos a más de 2.000
jóvenes líderes de todos los países de América Latina y
A partir de los cursos impartidos, se generó una masa
crítica de exalumnos e instituciones que forman parte de
la Red Interamericana de Liderazgos Públicos
y Políticos (RIALPP). La Red es un espacio virtual
para mantener y ampliar relaciones, continuar con el
diálogo entre los participantes, e impulsar los valores,
principios y prácticas democráticas.ii.Líderes Políticos Emergentes (LIPEM)En el 2010, la Secretaría de Asuntos Políticos inició el
proyecto Líderes Políticos Emergentes de las
Américas (LIPEM) con el propósito de crear un espacio
de diálogo entre políticos jóvenes de todo el Hemisferio,
con potencial de convertirse en figuras relevantes al
interior de sus partidos y en la política nacional de sus
respectivos países. A través de este espacio, también se
busca establecer un intercambio continuo entre la
Organización y los liderazgos emergentes a fin de, por
un lado, difundir el trabajo que realiza la OEA entre
una audiencia estratégica y, por otro, incorporar nuevas
voces y visiones a las iniciativas institucionales. A la
fecha se organizaron dos (2) encuentros subregionales
en los que participaron un total de 33 políticos.iii. Modelo de la Asamblea General de la OEA
El Modelo es un programa de simulación de la
Asamblea General a través del cual, estudiantes
provenientes de todos los países de las Américas fungen
como representantes de los Estados Miembros y recrean4410 Años de la Carta Democrática Interamericanaprocesos de negociación y de búsqueda de consensos
para la elaboración de resoluciones en temas relevantes
de la agenda interamericana. Está dirigido a promover
los valores democráticos entre la juventud del
hemisferio, familiarizarlos con el funcionamiento y el
trabajo de la OEA, y brindarles la posibilidad de una
experiencia práctica en diplomacia multilateral, en el
marco de los principios y valores enunciados en la CDI.
El MOEA comenzó en el año 1980 en Washington,
DC y, a partir del año 2000, se extendió a los países
de la región con la organización de Modelos
nacionales. Ello facilitó la participación de más de
8.000 jóvenes del Hemisferio.c. Participación igualitaria y plena de
las mujeres en estructuras políticas
En su último Artículo, la Carta Democrática
Interamericana compromete a los Estados Miembros de
la OEA a promover “…la plena e igualitaria
participación de la mujer en las estructuras políticas de
sus respectivos países como elemento fundamental para
la promoción y ejercicio de la cultura democrática”. La
inclusión del Artículo 28 puede ser interpretada como
un reconocimiento de la brecha existente en los niveles y
calidad de la participación, la representación y
liderazgo entre mujeres y hombres en los sistemas
democráticos de la región, y de la necesidad de
eliminarla. A nivel hemisférico, el debate sobre la
democracia carece de una visión sobre la ciudadanía
de las mujeres y sus implicaciones para la democracia.
Tampoco incorpora una reflexión sobre las
contribuciones de los movimientos feministas y la
participación activa de las mujeres en la recuperación y
extensión de la democracia, en la construcción de la
ciudadanía democrática y en la politización del ámbito
En respuesta a esta situación, la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM) inició, en
colaboración con ONU Mujeres, IDEA Internacional, la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el
(PNUD), un proceso innovador de trabajo que aspira
contribuir al debate hemisférico sobre la democracia,
incorporando la perspectiva, experiencia y visión de las
mujeres. El objetivo central de esta sinergia interinstitucional es lograr que se le otorgue prioridad a la
participación, la representación y el liderazgo de las
mujeres en los procesos democráticos de la región.
Este proceso de diálogo se abrió formalmente con el
Primer Foro Hemisférico sobre el Liderazgo de
las Mujeres para una Democracia de
Ciudadanía, realizado entre el 4 y 6 de abril de
2011, en Washington, DC. El evento propició unintercambio entre mujeres líderes de toda la región, que
derivó en la publicación La democracia de
ciudadanía: visiones y debates desde los
derechos de las mujeres de las Américas. La
misma establece pautas para la elaboración de un
marco analítico de referencia sobre los derechos de las
mujeres en una democracia de ciudadanía.
Además de formalizar la organización del Foro
Hemisférico como un evento anual, otro resultado
concreto del encuentro fue el establecimiento de un
Grupo de Trabajo sobre la Democracia de
Ciudadanía desde la Visión de las Mujeres.
La subrepresentación de las mujeres en el liderazgo
de movimientos, partidos e instituciones políticas
constituye un desafío pendiente para las democracias
en la región. Frente a esa deficiencia, la CIM lanzó
varias iniciativas. En el 2010, concluyó un proyecto
sobre la aplicación de las leyes de cuota en los países
de la región Andina. A partir del estudio elaborado,
Leyes de cuota: Estado del ar te, buenas
prácticas y desafíos pendientes en la región
Andina, la CIM reunió a parlamentarios/as,
representantes de instituciones electorales y otros
organismos gubernamentales, académicos/as y
representantes de organizaciones internacionales para
identificar mecanismos concretos de apoyo a la
representación política de las mujeres. La reunión
culminó con la adopción de la “Declaración de Lima
por una democracia paritaria de género”.
En el 2010, la CIM inició el proyecto “Desarrollo
de capacidades para el liderazgo y la
incidencia en las políticas públicas para la
igualdad de género.” Este proyecto busca fortalecer
las capacidades de los/las profesionales de organismos
gubernamentales y no gubernamentales para el
liderazgo en la gestión de la igualdad de género en los
procesos de elaboración de las políticas públicas en los
Estados Miembros. A tales efectos, se llevó a cabo un
primer curso de formación en octubre de 2010, y en el
2011 se lanzará una versión virtual para ampliar la
A fin de contribuir a la eliminación de la
subrepresentación de las mujeres en los diversos
ámbitos de la política, el Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la
Secretaría de Asuntos Políticos, está trabajando en la
incorporación de la perspectiva de género en
la metodología de observación electoral. La
transversalización de esta perspectiva permitirá
identificar la existencia de barreras que dificultan la
participación política plena y equitativa de las mujeres
en los países de la región, dentro del contexto
específico de un proceso electoral observado. Esta
información será útil para realizar recomendaciones a
los gobiernos y los partidos políticos así como para
desarrollar nuevos programas de cooperación técnica
con el objetivo de incrementar la participación de las
mujeres.Organización de los Estados AmericanosPromoción de la cultura democráticaiii. Campus Virtual del Departamento para la
Gestión Pública45Hoja de rutaE46l décimo aniversario de la Carta
Democrática Interamericana constituye una ocasión propicia para que
Estados Americanos (OEA) con la promoción y defensa de la democracia se
renueve y profundice aún más.
En estos diez años transcurridos, la
OEA demostró su capacidad para evitar
alteraciones constitucionales y rupturas
institucionales, y fue efectiva en la resolución de crisis políticas que le tocó
enfrentar. Asimismo, la experiencia y la
pericia alcanzadas por la OEA en materia de observación electoral constituyen
un sello de garantía para la celebración
de elecciones transparentes y libres. Más
aún, los acuerdos de cooperación entre la
Secretaría General de la OEA y los
Estados Miembros en diversas áreas (electoral, gestión pública, etc.) coadyuvaron
al fortalecimiento de la institucionalidad
democrática. En esa línea, desde el espacio multilateral, y a partir de la cooperación horizontal, también se dieron
importantes pasos en el combate a la corrupción. Finalmente, en lo que concierne
a la consolidación de la democracia, es
indiscutible el prestigio y los resultados
alcanzados por la CIDH en la promoción
y protección de los derechos humanos.
Pero también es necesario reconocer
que en este mismo período de tiempo, la
región experimentó cambios significativos. Los progresos en términos de reducción de la pobreza, mayor inclusión y
participación ciudadana en la construcción democrática, son innegables. Los
excluidos de antes son hoy, en varios países, protagonistas de primera línea. Como
resultado de estos avances, los niveles de
apoyo a la democracia son crecientes. Sin
embargo, en algunos casos, existe un
democrática y del Estado de derecho,
mientras que la desigualdad persiste
como rasgo dominante del Continente.
De otro lado, el consenso regional que
permitió la aprobación de la CDI en el
2001 no parece existir hoy. El disenso se10 Años de la Carta Democrática Interamericanaexpresa, por un lado, en cuanto a los límites del ejercicio
del poder y qué se considera un ejercicio democrático
del poder y, por otro, en cuanto al rol de la
Organización en la defensa colectiva de la democracia.
La tensión permanente que generan visiones divergentes
sobre estos dos aspectos, ciertamente afecta la aplicación de lo establecido en la Carta y, consecuentemente, la capacidad de la Organización para contribuir
en la defensa y consolidación de la democracia en la
A pesar de los logros y los avances alcanzados, aún
resta mucho camino por recorrer en este proceso interminable y continuo que es la consolidación, especialmente de cara a los múltiples desafíos que enfrentan las
democracias en el Hemisferio. Para ello resulta clave dirigir los esfuerzos multilaterales y nacionales hacia el fortalecimiento de los pilares de la Carta Democrática,
entendida ésta, en palabras del Secretario General,
como “el programa de la República Democrática”. De
allí se deriva la importancia de la separación y el balance de poderes, del estado democrático de derecho,
de la independencia de la justicia, de los límites al ejercicio del poder, de la credibilidad de los partidos y organizaciones políticas, y de la vigencia y activación de los
mecanismos verticales de control y rendición de cuentas.
Asimismo, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la democracia resulta necesario enfocarse en el
fortalecimiento de la estatalidad y en la efectividad de la
gestión pública. Ante la persistencia de problemas estructurales, incluyendo la inseguridad, la pobreza, la
desigualdad, y las demandas de la ciudadanía por una
ampliación, de las oportunidades, las democracias y sus
gobiernos se encuentran en la obligación de dar respuestas. Este aspecto de la democracia, es decir, el de la
finalidad del ejercicio del poder democrático y los resultados que se obtienen a partir de dicho ejercicio, inciden
sobre el nivel de credibilidad, apoyo y satisfacción con
la democracia. Es en la transformación positiva de las
vidas de las personas y en la multiplicación de las oportunidades que la democracia cobra sentido y relevancia,
y la ciudadanía pasa del plano normativo al real.
La Carta Democrática Interamericana ofrece un marco
idóneo para que desde el nivel multilateral y a través de
la cooperación, la Organización acompañe a los
Estados Miembros en sus iniciativas individuales y
regionales hacia la promoción y consolidación de los
elementos esenciales de la democracia representativa y
los componentes fundamentales del ejercicio democrático. Asimismo, la vigencia de un instrumento interamericano como la Carta Democrática, le otorga a laHoja de rutaHacia la consolidación del compromiso
colectivo por la democraciaOrganización mayor capacidad para defender la continuidad de dichos elementos y componentes frente a
amenazas que pudieran poner en riesgo el proceso
Con relación al primer eje, se ha señalado en diversos
foros la posibilidad de diseñar un instrumento de revisión
entre pares para darle seguimiento y evaluar objetivamente y con cierta periodicidad, el estado de las democracias en el Hemisferio en función de los diferentes componentes y atributos enumerados en la Carta. La activación del mecanismo sería voluntaria, entre los países
que decidieran someterse a dicho proceso de evaluación. Este mecanismo de seguimiento y evaluación
tiene al menos cuatro ventajas:
Primero, al vincular el mecanismo directamente a los
contenidos de la CDI, eliminaría las suspicacias de intervención que acarrea la pretensión de “evaluar la democracia” de manera general.
Segundo, facilitaría la identificación de las deficiencias y de los elementos y áreas a fortalecer.
Tercero, privilegiaría la cooperación internacional y
horizontal por sobre la imposición, la denuncia o las sanciones para abordar las deficiencias identificadas, corregir fallas y cerrar brechas.
Cuarto, permitiría contar con la participación de la
sociedad civil, como ya se viene haciendo al interior de
la Organización en materia de derechos humanos,
género, pueblos indígenas, afrodescendientes y combate
Frente al segundo eje de la CDI, el que corresponde a
la defensa de la democracia, se presentaron una serie de
propuestas para mejorar la aplicación del Capítulo IV,
manteniendo un equilibrio entre las acciones de defensa
colectiva y el principio de no intervención y no injerencia. Entre éstas, cabe mencionar:
Primero, ampliar el acceso a la CDI a todos los
poderes del Estado y no únicamente al Ejecutivo, particularmente en lo que concierne a la posibilidad de invocar los Artículos 17, 18 y 19 del Capítulo IV. Ello podría
realizarse adoptando una definición amplia del concepto de Gobierno que trascienda al Ejecutivo para abarcar
a todos los poderes del Estado.
Segundo, definir explícitamente y con mayor precisión
qué situaciones constituyen alteraciones del orden constitucional e institucional. Ello podría alcanzarse a través de
un consenso político formal que se refleje en una resolución de la Asamblea General. La construcción de dicho
consenso podría alimentarse de varias iniciativas como
las del Comité Jurídico Interamericano y de otras instancias.
Tercero, promover la gradualidad en las formas de
actuación de la Secretaría General y del Consejo
Permanente, más aún en un organismo multilateral cuyo
funcionamiento está basado en la construcción de consensos entre 34 Estados Miembros activos. Resulta necesario establecer un abanico de herramientas, procesos ygestiones acordes con el papel preventivo y de resolución de crisis que juega la Organización en el marco de
la aplicación del Capítulo IV de la Carta Democrática.
En esa línea, resulta fundamental otorgarle al Secretario
General mayor margen de acción y de flexibilidad, así
como también fortalecer su capacidad para asistir a los
Estados Miembros ante procesos de gestación, duración
y resolución de crisis que abarcan el seguimiento, el
soporte técnico y analítico, la negociación, el diálogo y
Consolidar la vigencia de la Carta Democrática
Interamericana y mejorar la eficacia de su aplicación son
esenciales para la credibilidad de la Organización, que
hoy está cuestionada desde al menos dos visiones: en un
extremo, los promotores del intervencionismo trasnochado y, en el otro, los que buscan condenar a la
Organización a la irrelevancia. En el medio existe una
gran mayoría que aboga por una OEA acorde con los
tiempos que corren y no anclada en el pasado; que
apoye y promueva la democracia en su integralidad,
potenciando la multilateralidad y respondiendo al compromiso colectivo asumido pero sin intervenciones ni
injerencias contrarias a los principios del derecho internacional. Una OEA que acompañe a los gobiernos de la
región en transformar el derecho a la democracia en una
realidad cotidiana de las ciudadanas y los ciudadanos
de la Américas.
—Victor Rico Frontaura
Secretario de Asuntos Políticos de la OEAOrganización de los Estados Americanos47Comisión Interamericana de Mujeres:
Hilary Anderson, María Celina Conte, Belkys Mones
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral:
Pablo Gutiérrez, Betilde Muñoz, María Teresa Mellenkamp, Marcela Garzón,
Rebeca Omaña, Rafael D’Armas, Rosa Serpa, Sara Mía Noguera, Alejandro
Urizal, Brenda Santamaría
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones
Departamento para la Gestión Pública Efectiva:
Pablo Zúñiga, Milagros Haro, Raúl Esparza, Miguel A. Porrúa, Moisés
Benamor, Gertrudis Hernández, Tânia Blackburn, Gonzalo Neira, Carmen
ApazaAgradecimientosComisión Interamericana de Derechos Humanos:
Maria Isabel Rivero, Fanny Gómez, Catalina Botero, Michael Camilleri48Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral:
Jorge Saggiante, Claudia De Windt, María Moreno, Evelyn Jacir, Isabel
Zuluaga, Mónica Gómez, Isis Márquez, Kristjan Sigurdson, Andrea Lobato,
Departamento de Asuntos Internacionales:
Irene Klinger, Jorge Sanín, Victoria Abalo
Departamento de Derecho Internacional:
Dante Negro, Luis Toro, Francisco Montero
Departamento de Cooperación Legal:
Fundación para las Américas:
Claudia González10 Años de la Carta Democrática InteramericanaAll pages:234567891011121314151617181920212223242526InfoSaveLikeShareDownloadMoreDecimo aniversario Carta Democrática de la OEA Published on Apr 17, 2012 Informe decimo anorversario de la Carta Democratica de la OEAnuevapolitica.netFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore