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Timestamp: 2019-11-17 15:12:04
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Matched Legal Cases: ['artículo 160', 'artículo 420', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 420', 'artículo\n26', 'artículo 27', 'artículo 10', 'in fine']

UNA NUEVA REUNIÓN SOBRE DERECHO
UNA NUEVA REUNIÓN SOBRE DERECHO AMBIENTAL QUE DEJA MUCHOS ASPECTOS POSITIVOS
Por Guillermo H. Marchesi
LOS SIN VOZ A LOS TRIBUNALES
Por Nadia Tolosa Cetera
LOS ANIMALES NO HUMANOS: ¿UNA NUEVA CATEGORÍA DE INCAPACES? EL CASO DE SANDRA.
Por María Elisa Rosa
PROCESO AMBIENTAL EFICAZ
Por Mario Peña Chacón
”Burgos, Horacio J. s/ suspensión del juicio a prueba” – Trib. Oral Federal de Ushuaia (24/04/2015)
DAÑOS EN PARQUE NACIONAL Y SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA
”F. C/ S.R.M.R. P/ Maltrato Y Crueldad animal” – Primer Juzg. Correccional – Tercera
Circunscripción Judicial – San Martín Provincia de Mendoza (20/04/2015)
CONDENAN POR LLEVAR A LA RASTRA UN PERRO AL QUE SE ATÓ CON UNA CORREA AL
PARAGOLPE TRASERO DE LA CAMIONETA
”Orangutana Sandra s/ habeas corpus” – Juzg. Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de
Buenos Aires, N° 15, (29/04/2015)
ORGANIZACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES COMO QUERELLANTE EN REPRESENTACIÓN DE UNA
ORANGUTANA ENCUENTRA CAUTIVA EN ZOOLÓGICO
”Provincia de Misiones v. Estado Nacional y otro s/nulidad de acto administrativo” – Corte Sup.,
INMUEBLE EMPLAZADO EN PARQUE NACIONAL: JURISDICCIÓN PROVINCIAL Y DE LA
Una nueva reunión sobre Derecho Ambiental que deja muchos aspectos
Los días 30 y 31 de marzo de 2015 nuevamente tuve el privilegio de
participar de una reunión de Derecho Ambiental que congrego a los más
calificados exponentes de la materia en la Región.
En Montego Bay, Jamaica, se llevo a cabo el Congreso Interamericano sobre
el Estado de Derecho en Materia Ambiental que fue organizado por la
Organización de los Estados Americanos (OEA), el Programa de Naciones Unidas
para el Medioambiente (PNUMA), la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) y la Corte de Justicia del Caribe.
El temario abordado fue sumamente interesante, pero en este caso debo
decir, que la modalidad adoptada por los Organizadores para los días de trabajo
ha sido la ideal.
Muchas veces este tipo de eventos se vuelve un tanto abstractos, con
exposiciones de temas sin conexión entre sí, y sin demasiada innovación en los
En este caso la dinámica fue absolutamente distinta y muy enriquecedora, no
solo para los ponentes y expositores sino también para los asistentes.
El primer día estuvo destinado a las presentaciones oficiales, en donde se
destaco el discurso de la Directora de la División de Derecho Ambiental y
Convenios sobre Medioambiente del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, Elizabeth Mrema, quien manifestó que ”… al menos el 40 por ciento de
los conflictos internos en los últimos 60 años, tienen una vinculación con los
recursos naturales, y los riesgos de conflictos violentos son elevados cuando la
explotación de recursos naturales provoca daños al medio ambiente y la pérdida
de medios de subsistencia o cuando sus beneficios se distribuyen de forma
desigual…”
Por lo tanto sostuvo que se debe seguir en la senda de “… aumentar la
capacidad de los Tribunales creando los fueros especializados en materia
ambiental, fortalecer los organismos de control y aquellos dedicados a las
auditorías ambientales como los encargados de hacer cumplir las leyes
ambientales para aplicar de manera eficaz y promover el imperio de la ley
ambiental a niveles nacional, subregional y regional…”
Luego de las presentaciones se suscribió un convenio de cooperación entre la
OEA, representado por el Secretario General Adjunto de la OEA , Albert Ramdin,
y la Oficina de Justicia Ambiental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
representada por su Presidente el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, para realizar
actividades conjuntas que fortalezcan el intercambio en materia de Derecho
Ambiental y Capacitaciones y Actividades de formación profesional.
Por la tarde comenzaron las disertaciones de los ponentes seleccionados,
para cada uno de los ejes propuestos para el Congreso, los cuales abarcaron
temas como Marcos legales para la gestión de los recursos hídricos; Comercio,
inversión y medioambiente; Prevención y manejo de conflictos en recursos
naturales compartidos; Aplicación y cumplimiento ambiental y Derechos de
acceso: información, justicia y proceso.
En el caso personal, me toco participar del eje temático “Prevención y manejo
de conflictos en recursos naturales compartidos” con un trabajo realizado en
coautoría con mi amigo y compañero de senda Gustavo Rinaldi , titulado
“Evaluación Estratégica: el rol del Poder Judicial en su implementación”, en donde
pretendimos exponer en primer lugar la importancia de este instrumento por su
capacidad de otorgar elementos de conocimiento sobre la variable ambiental para
la adopción de políticas, planes y programas, aun cuando estos últimos no se
ciñan a cuestiones referidas a la protección del ambiente.
Y luego avanzar en la idea de que la Evaluación Ambiental Estratégica
esencialmente coloca ciertos límites al Poder Ejecutivo, por lo tanto la mayoría de
las veces, serán los Poderes Judiciales de la Región, quien dentro del equilibrio
republicano, deban afrontar el desafío de otorgar amparo a los ciudadanos
mediante la efectiva implementación de este instrumento.
Los temas expuestos fueron diversos e interesantes, lo que genero álgidos
debates en torno a ideas y pensamientos que fueron variados de acuerdo a las
regiones geográficas, pero uniformes en la idea central de protección y aplicación
efectiva del derecho ambiental.
Quizás uno de los segmentos más atractivos del Congreso fue la modalidad
de reunir tanto a participantes como expositores en mesas redondas al final de la
Los mismos fueron convocados por áreas que representaban, estando las
Áreas de Representes de Poderes Judiciales, de Ministerios Públicos, de la
Academia, de la Sociedad Civil, etc.
En las referidas reuniones se entregaron una serie de cuestionarios que
dispararon los debates luego de los cuales se arribo a las conclusiones del
Congreso que fueron leídas en la sesión final presidida por el Dr. Ricardo Luis
Lorenzetti, y en donde además se analizo de manera minuciosa las tendencias
sobre el Estado de Derecho en materia ambiental.
Las conclusiones, que se transforman en recomendaciones a los Estados
Miembros de la Organización de Estados Americanos y de la ONU, están
disponibles en los sitios web de cada uno de los Organismos y reflejan el espíritu
y el trabajo realizado en dos arduos días de debates.
Este tipo de eventos con la organización propuesta, renuevan en mi la
expectativa de un avance definitivo en el Estado de Derecho en Materia
Ambiental, que como dice nuestro amigo Eliseo Talancha Crespo “… requiere,
entre otros aspectos y supuestos básicos, institucionalizar la gestión ambiental en
todos los niveles de gobierno, canalizando la participación ciudadana antes,
durante y después de la toma de decisiones respecto al gobierno del ambiente en
forma razonable y responsable..”
Una mañana de enero, circulaba por la ruta 50 de la provincia de Mendoza una camioneta
con una perra atada en su paragolpes trasero, que “fue vencida en su resistencia para culminar
siendo arrastrada por la fuerza mayor de la camioneta en marcha” provocándole lastimaduras
erosivas en sus cuatro patitas y abdomen, para luego, abandonarla a la vera del camino a sus
propios medios, sin que pudiera si quiera levantarse. Al llegar la policía, fue asistida por un
veterinario y derivada a un refugio de la provincia.
Estos terribles hechos dieron lugar a una acusación por parte del Ministerio Público Fiscal,
encuadrada en la figura legal comprendida en los arts. 1 y 3 inc 7) de la Ley Penal 14.346 (sobre
actos de crueldad y maltrato animal). En juicio abreviado, se resolvió un acuerdo de 6 meses de
prisión en suspenso, con la regla de conducta propuesta por la querellante: propuso se impusiera
la obligación de entregarle 6 bolsas de alimento balanceado para perros, de buena calidad y 20
kg, en forma mensual, por el lapso de un año; el tribunal destacó que el imputado
“inmediatamente mostró su aprobación con la regla de conducta pretendida por el representante
de la querellante particular”, sumado a que en todas las instancias reconoció la existencia del
hecho, su participación y admitió la calificación legal.
Ahora bien, el tribunal tenía la posibilidad de morigerar la pena entre un mínimo de 15
días de prisión y un máximo de 6 meses, para un imputado que tuvo una buena actitud procesal,
¿por qué entonces decidirse por la más alta? Expresa que, en razón de la naturaleza de la acción y
la extensión del daño, teniendo en cuenta el bien jurídico a proteger, es apropiado inclinarse por
el máximo. En estos términos, la acción fue considerada altamente disvaliosa, ya que los animales
son seres sintientes y, además, sujetos de derecho protegidos en sus derechos fundamentales por
la ley penal 14.346.
Fuera de lo procedimental, esta es una sentencia inspiradora, que nos muestra las
repercusiones del caso “Orangutana Sandra”, dado que, amén de citarlo expresamente, plasma
en el fallo una mirada animalista, esto es, reconociendo a los animales como sujetos amparados
por la ley 14.346, entendiendo que dicha norma “no protege el sentimiento de piedad o
humanidad para con los animales, sino a los animales como ‘sujetos de derecho´, de modo que la
conducta del imputado no ha recaído sobre un objeto o cosa, sino sobre un sujeto digno de
protección”. Manifiesta compartir “la corriente de entendimiento que observa a los animales
como seres vivientes, susceptibles al sufrimiento”, y hace referencia a una interpretación dinámica
del derecho y al concepto de “personas no humanas”, sentando la “protección de sus derechos
básicos fundamentales, entre los que se debe contar el de no ser privados arbitrariamente de la
vida, la libertad y, en lo que aquí nos concierne, el derecho a no ser torturados ni maltratados”.
Cuestionar el status jurídico del animal, sería desoír la propia ley, que en su artículo primero hace
referencia a los animales como víctimas de actos de crueldad, lo que se traduce en que la propia
norma otorga ese status jurídico, orientándonos en la búsqueda del bien jurídico protegido.
Ello se corresponde con lo desarrollado al momento de analizar la conducta del sujeto
imputado. En este sentido, el fallo nos dice que la persona tenía la voluntad de lastimar al sujeto,
“ya que no podía desconocer el elevadísimo riesgo de lesión al que exponía al animal”, como
también la producción de torturas o sufrimientos innecesarios, máxime considerando, si el
objetivo era abandonarlo, el gran número de modos posibles para la consecución de ese fin, sin
que le significara a la perra el sufrimiento adicional e innecesario de ser arrastrada, y desde otro
punto, el tamaño del can ( de aprox. 20 kg de peso). En este orden de ideas, se puede observar la
perversidad de la conducta, como también la intencionalidad en la causación del daño.
Para exhibir la mirada animalista de este fallo, a modo de ejemplo puede citarse al
Juzgado de Instrucción y Correccional nº 5 de Santa Rosa – Provincia de La Pampa, en el caso
“Tobares. Justo Arancel s/ causa nº 1/13” 1, caso en el que una perra fue penetrada sexualmente,
con heridas evidentes – todo ello comprobado en autos – y, si bien el Juzgado encuadró el caso
dentro de la misma figura legal, y además reconoció el ánimo perverso de la persona, se refirió a
la capacidad de sentir de los animales como una respuesta instintiva ante una agresión y al
incumplimiento de la norma, no adentrándose en la discusión sobre la calificación de las personas
no humanas o el fundamento de la protección jurídica.
No así nuestro fallo analizado donde el Tribunal consideró que la obligación de entregar
el alimento resulta la forma más idónea para alcanzar la finalidad preventivo-especial, ya que, el
tener que acercarse mes a mes al refugio, “le permitirá comprobar con dicha experiencia que los
animales en general, y los perros en particular, son seres sintientes, que se emocionan, sufren,
lloran y tienen, amén del derecho de ser respetados en su vida, libertad e integridad, la
inteligencia suficiente para, entre muchas proezas, reconocerlo y recibirlo efusivamente cuando lo
vean llegar” dejando evidenciado que los animales, a pesar del ordenamiento Civil, son mucho
más que “cosas”, que no pueden ser asimilados a una silla o cualquier otro objeto, por lo que hay
que hacer valer, además de la letra estricta de la norma, toda la esencia jurídica que la sostiene y
la transforma en el arma más fuerte para darle voz a aquellos que, indefensos, han quedado fuera
de un sistema que ni siquiera pueden comprender.
Este caso llegó a la CSJN, con fecha 21/08/2013. El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de queja por
recurso extraordinario denegado, presentado por la defensa del imputado, todo ello por cuestiones
Los animales no humanos: ¿una nueva categoría de incapaces?
El caso de Sandra.
Por María Elisa Rosa 1
En fecha 29/04/2015 el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº
15 de la Ciudad de Buenos Aires, dictó una resolución muy auspiciosa para
quienes trabajamos con el objetivo de lograr el reconocimiento de derechos para
los animales no humanos.
En el contexto de una denuncia realizada por A.F.A.D.A (Asociación de
Abogados y Funcionarios por los Derechos de los Animales, presidida por el Dr.
Pablo N. Buompadre), contra el Zoológico de Buenos Aires, por la comisión del
delito de actos de crueldad y maltrato animal (reprimido por la Ley Nº 14346, Art.
3, inc. 7 2) en perjuicio de la orangután hembra llamada “Sandra” que se
encuentra cautiva en ese Zoológico desde hace muchos años, la ONG
denunciante solicitó ser tenida como parte querellante, en los términos del Art. 10
y s.s del C.P.P.C.A.B.A.
A.F.A.D.A, alegó que la orangután Sandra es un sujeto de derechos 3,
“asimilable a un incapaz de hecho”, toda vez que no puede ejercer sus derechos
por si misma, y necesariamente debe hacerlo a través de sus representantes,
solicitando – para tales fines - ser tenida como querellante en la causa,
ejerciendo su representación. La pretensión fue denegada por la titular de la
Fiscalía en lo P.C. y F. Nº 8, por entender que A.F.A.D.A no es “directamente”
damnificada por el delito y que el Art. 10 del C.P.P.C.A.B.A debe ser interpretado
de manera restrictiva, no teniendo las Organizaciones No Gubernamentales
potestad para constituirse como querellantes en las causas en que se vean
lesionados bienes difusos, a excepción de casos de lesa humanidad o grave
El magistrado, a fin de resolver sobre la cuestión planteada, consideró
necesario dilucidar en primer lugar, quien es el sujeto afectado por el delito. Para
ello, realizó un análisis amplio, teniendo en cuenta los argumentos vertidos en el
debate parlamentario de la Ley Nº 14346, su interpretación literal y los
fundamentos de las mas avanzadas corrientes doctrinarias sobre la materia,
orientadas a reconocer la capacidad de sufrimiento de los animales no humanos,
concluyendo que es justamente eso (su capacidad de sentir), lo que constituye el
bien jurídico protegido, y que el sujeto susceptible de ser considerado como
1 Abogada. Secretaria Letrada del Ministerio Público Pupilar de la Provincia de Salta.
2 Art. 3º: Serán considerados actos de crueldad: (…) 7° Lastimar y arrollar animales
intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de
perversidad. (Ley Nº 14346.)
3 El día 18 de Diciembre de 2014, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal - en lo que se considera un hecho
sin precedentes – abrió, al sentenciar, una puerta hacia nuevos horizontes, por el hecho de considerar que: “A partir de una
interpretación jurídica dinámica y no estática, es menester reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos,
pues los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito
competencial correspondiente”.
directamente afectado es la propia orangután Sandra, a quien define como un “ser
sintiente”, cuyo bienestar podría encontrarse vulnerado a través del maltrato
humano (en el caso, su cautiverio injustificado). Sentado ello, el juez afirmó que
Sandra es un incapaz de hecho, por lo que su representación “deviene forzosa y
necesaria”.
Finalmente, el magistrado entendió que la normativa y jurisprudencia por el
citadas, reconocen la tutela de los animales, por lo que corresponde garantizar su
defensa de un modo cierto y efectivo, resolviendo aceptar a A.F.A.D.A como
parte querellante en representación de la orangután.
La sentencia bajo análisis realiza valiosos aportes. Reafirma la categoría
de titulares de derechos, que fuera otorgada a los animales no humanos en el
mes de Diciembre de 2014 en los autos citados supra, y va mas allá, porque ubica
a Sandra en la categoría de “incapaz de hecho” (en los términos del Código Civil
vigente), reconociendo la necesidad de considerarla sujeta al régimen de la
representación legal, a fin de garantizar la eficacia de sus derechos. También es
sumamente destacable la terminología usada por el magistrado interviniente, al
denominarla un “ser sintiente”, ajustándose a las más modernas teorías de
El decisorio comentado, deja sentados interesantes desafíos. Resultará
necesario imaginar los mecanismos para garantizar los derechos de los animales
no humanos, ya reconocidos por la jurisprudencia argentina. Tendremos que
analizar el rol que corresponderá al Ministerio Público en la defensa de esta
nueva categoría de incapaces de ejercicio. Corresponderá, sobre todo a
legisladores y operadores de justicia, velar para que este nuevo colectivo –
especialmente débil y altamente vulnerable – vea reforzada su tutela judicial
efectiva, garantizando la no regresión 4 de sus derechos.
La sentencia que nos ocupa y la dictada por la Sala II de la Cámara
Nacional de Casación Penal, constituyen sin duda alguna precedentes de enorme
valor ético, que como señala Buompadre 5, nos están marcando un nuevo modelo
de sociedad. Los citados fallos constituyen los primeros grandes pasos en el
camino hacia el reconocimiento efectivo y generalizado de los derechos de los
animales no humanos, y lo transitaremos sin prisa, pero sin pausa.
ROSA, María Elisa. “Principio de Equidad Intergeneracional: ¿Solo en beneficio del género
humano?”. Revista de Derecho Ambiental N° 38. Abeledo Perrot.
AR/DOC/1311/2015 – FARN – Suplemento de Derecho Animal.
Por Mario Peña Chacón 1
El derecho ambiental sustantivo necesita verse reforzado por normativa
procesal que permitan su correcta, estricta y efectiva aplicación dentro de los
procesos donde se discuten controversias de carácter ambiental.
El derecho procesal ambiental, como parte integrante el derecho procesal
social, busca otorgar el máximo de garantías procesales a individuos y grupos
especialmente vulnerables, para la defensa de sus derechos subjetivos, intereses
legítimos y en especial, de los derechos de incidencia colectiva o
supraindividuales.
Para poder darle cumplimiento a lo anterior, los procesos ambientales deben
ser céleres, expeditos, informales, de tramitación preferente y tutela expedita.
Además, deben regirse por los principios generales del proceso, en especial por
la oralidad, adquiriendo especial relevancia los de inmediatez, concentración,
publicidad, itinerancia y gratuidad,
en estricta armonía con las reglas
constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa.
La interpretación de las normas procesales ambientales debe basarse en el
diálogo de las fuentes, el carácter finalista y evolutivo del derecho ambiental, su
condición de derecho humano fundamental, así como en sus principios rectores;
mientras que para su integración, debe recurrirse necesariamente a las fuentes no
escritas del ordenamiento, entre ellas: los usos y costumbres, principios generales
y doctrina. La hermenéutica debe ser el punto de apoyo que permita arrancar al
derecho ambiental de su estado de parálisis de efectividad, posicionándose en un
instrumento procesal esencial e imprescindible para la tutela efectiva del medio
Los órganos jurisdiccionales con competencias ambientales deben conocer
todas aquellas controversias originadas en las actividades y conductas humanas,
activas u omisivas, de las autoridades pública o de los particulares, cuyo efecto
impacte negativamente la salud y el ambiente, los recursos naturales, la
integridad de los ecosistemas, la biodiversidad, la belleza escénica y el Patrimonio
Natural del Estado; teniendo como objeto la prevención de daños, la cesación de
perjuicios actuales, la reposición de las cosas al estado anterior al menoscabo y el
resarcimiento económico del daño producido.
En materia de acceso a la justicia, lo ideal es que el esquema de legitimación
procesal sea expandido a tal punto, que cualquier sujeto, en defensa del interés
público ambiental, pueda plantear las acciones necesarias para alcanzar tal fin.
El principio de participación pública ambiental impone la obligación de habilitar la
intervención de todos los sujetos con intereses en la materia, con carácter previo
al dictado de las resoluciones y durante la realización de las audiencias; entre
ellos deben contemplarse los terceros interesados, coadyuvantes y amicus
Coordinador de la Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica.
Las instituciones procesales deben estructurarse de tal manera que el
aspecto económico no tienda a alejar de los tribunales a los interesados y los
fuerce a transar o negociar con la contraparte más fuerte económicamente, sino
que les garantice sus derechos de accionar en defensa de sus intereses. Cobra
especial relevancia el patrocinio letrado gratuito especializado a favor de la parte
procesal que litigue a favor del interés público ambiental, siempre que carezca de
La materia requiere de un cambio en la genética de los jueces, quienes deben
pasar de una posición clásica de neutralidad, pasividad, legalismo y formalismo,
a convertirse en jueces proactivos, dinámicos, directores del proceso y jefes de
la prueba; todo con el fin de asegurar y garantizar el interés público ambiental.
En sentencia, debe fijarse las responsabilidades del caso y ordenarse la
inmediata reparación integral del ambiente degradado así como las medidas y
acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ambiental ocasionado,
determinando claramente los parámetros, medidas de restauración y
compensación y el plazo propuesto para el cumplimiento de las obligaciones del
así como los mecanismos de control y verificación de su
cumplimiento, y cuando sea procedente, el monto de la sanción pecuniario
disuasiva. Igualmente, debe cuantificarse y fijarse la indemnización por el daño
ambiental acontecido, indicando expresamente la finalidad ambiental que debe
atenderse, así como el órgano o entidad pública responsable de darle el destino
Se hace necesario empezar a cuestionarse la aplicación de sanciones
pecuniarias con fines disuasivas y ejemplares, para graves y groseros daños
ambientales, como complemento adecuado y accesorio a los
contaminador – pagador y reparación integral del ambiente.
Alcanzar un proceso ambiental eficaz solo será posible a través del
reforzamiento de la fase de ejecución de sentencia. Por ello, se hace imperativo
que las sentencias y autos con dicho carácter, sean estrictamente acatadas,
evitando todo tipo de actos que pretendan su desnaturalización, neutralización o
Por último y en virtud al deber de transparencia y rendición de cuentas, se
propone la creación de un registro de procesos ambientales de acceso público
donde se inscriban los asuntos tramitados, el estado del proceso, los fallos
emitidos y su cumplimiento, las condenas que recaigan sobre los demandados y
el cumplimiento de las mismas.
FUNDAMENTOS DE SENTENCIA Nº1927
En la ciudad de General San Martín, provincia de Mendoza, a
veinte días del mes de abril de dos mil quince, el Sr. Conjuez a cargo del Primer
Juzgado Correccional de esta Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Darío A. Dal
Dosso, brinda los fundamentos de la sentencia recaída el día de la fecha en los
autos Nº36.598 caratulados “F. C/ S.R.M.R. P/ MALTRATO Y CRUELDAD
ANIMAL” como consecuencia de la admisión del procedimiento especial de
juicio abreviado requerido por las partes de conformidad a lo previsto por los
arts. 418, 419, 420 y conc. del C.P.P., previo a disponerse la apertura de la
audiencia de debate.
Se deja establecido que a la audiencia fijada para el día de la
fecha comparecieron el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Raúl
Buscema, Fiscal titular de la Segunda Fiscalía Correccional, la Sra. Ana
Capuzzocco, representante de A.M.PA.R.A. (Asociación Mendocina de
Protección, Ayuda y Refugio del Animal) en calidad de querellante particular,
asistida por el Dr. Francisco Biondolillo, la defensa técnica fue ejercida por el Dr.
Juan Carlos Gadadi y el imputado, Sr. M.R.S.R.……….,
comerciante, con
domicilio real en …………….
Frente al planteo conjunto formulado por el imputado, su
defensor y el Sr. Agente Fiscal, consistente en resolver la presente causa por vía
de juicio abreviado final, cumplida audiencia de visu con el imputado y oída la
parte querellante particular, el suscripto se planteó las siguientes cuestiones a
resolver, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 160 de la Constitución de
Mendoza y arts. 409 y siguientes del C.P.P.: 1) admisibilidad y procedencia del
juicio abreviado. 2) Existencia material del hecho, con sus circunstancias de
tiempo, modo y lugar; 3) calificación legal; 4) sanción aplicable; 5) costas.
Antecedentes: Conforme se instrumentó en el acta de debate
de fs. 74 y vta., el Ministerio Público Fiscal, solicitó se dictara sentencia por vía
de juicio abreviado final, según lo acordado con el imputado y su Defensa
Técnica, dado que el Sr. M.R.S.R. manifestó admitir la acusación, la calificación
legal y la pena pactada de seis meses de prisión con los beneficios de su
ejecución condicional, dejando librado al órgano jurisdiccional la imposición de
las reglas de conducta que estime corresponder. A tal fin, el
Ministerio Público Fiscal formula acusación en los términos que fue requerida
oportunamente en la pieza acusatoria que da base al presente juicio y solicita se lo
condene a la pena supra aludida, fundando su pedido en las pautas previstas en
los artículos 40, 41, 26 y 27 bis del Código Penal, en particular, la naturaleza del
hecho, el resultado producido, la edad y antecedentes del imputado. Cedida la
palabra a la defensa, ratificó y adhirió al pedido de juicio abreviado formulado
por el Sr. Agente Fiscal, haciendo lo propio el Sr. Sielli Ricci. Así las cosas, el
suscripto explicó en detalle al imputado los alcances, requisitos de procedibilidad
y efectos del procedimiento producto del acuerdo al que manifestaron arribar,
haciéndole notar que tiene el derecho de retractarse del pedido y solicitar la
celebración del juicio oral y público para el que había sido citado, donde
incumbirá a la Fiscalía, y en este caso además, al querellante particular, la carga
de acreditar los extremos objetivo y subjetivo de la imputación delictual para
obtener el dictado de sentencia condenatoria y que de no generar dicho estado
conviccional, sería beneficiado con el dictado de sentencia absolutoria, a lo que
respondió que consentía el procedimiento de juicio abreviado y solicitaba se
dictara sentencia de conformidad al acuerdo arribado.
Ante ello y para dar satisfacción a los requisitos establecidos
por la norma de rito se dio lectura de la pieza acusatoria agregada a fs. 26/27,
comprensiva de los hechos narrados como su atribución a título de autor por el
delito de “maltrato y crueldad animal” a los términos de los artículos 1 y 3 inc. 7
de la ley 14.346, a lo que el imputado manifestó en términos inequívocos admitir
la acusación y aceptar la pena de seis meses de prisión con los beneficios de su
ejecución condicional, bajo las reglas de conducta que el Juzgado estime
En este estado, siendo pertinente oír a la parte querellante en
relación al pedido introducido por las partes esenciales, según lo establecido por
el artículo 420, primer párrafo del C.P.P., se cedió la palabra al Dr. Francisco
Biondolillo, quien manifestó no tener objeción que formular para la admisión del
procedimiento de juicio abreviado, limitándose a peticionar que entre las reglas
de conducta se le impusiera la obligación de entregar seis bolsas de alimento
balanceado para perros, de buena calidad, cada mes y durante un año, a la
asociación protectora de los animales que representa.
Ante este requerimiento debo hacer notar la reacción del
imputado, que inmediatamente mostró su aprobación con la regla de conducta
pretendida por el representante de la parte querellante particular. No obstante ello,
y para cumplir los requisitos legales, del pedido se dio vista al Ministerio Público
Fiscal, que inmediatamente la integró en su requerimiento, como regla de
conducta, luego a la Defensa, que consultando nuevamente con el imputado, y
ante la repetida y libre aceptación de éste, pasó a formar parte del acuerdo.
Así las cosas, en el entendimiento de haber adoptado todos
los recaudos que amerita la sustanciación de esta particular forma de
enjuiciamiento, pregunté al imputado si quería manifestar algo antes de pasar a
resolver y respondió que no.
Establecidos los antecedentes necesarios del planteo y
avocado ahora en el examen de aplicabilidad al caso del juicio abreviado, he
tenido ocasión de abordar en otro lugar el estudio de los presupuestos de
procedencia, trámite y efectos del juicio abreviado final, en modesto aporte
realizado en obra colectiva dirigida por el Dr. Jorge A. Coussirat, en AAVV.
“Código Procesal Penal Comentado de la Provincia de Mendoza”, Tomo II, Ed.
La Ley, págs. 336/375). Me permito, pues, transliterar algunos conceptos.
En cuanto a su origen, el procedimiento especial que nos
convoca apareció por vez primera en el ordenamiento procesal mendocino de la
mano de la ley 6730. Sus fundamentos mencionan al presente instituto como una
de las cinco situaciones ideadas por el legislador para que el Fiscal, motor del
nuevo procedimiento de investigación, pudiera no continuar con el ejercicio de la
acción penal, incluyéndolo como uno de los criterios de oportunidad que conlleva
a la suspensión (sic) de la persecución penal, no obstante, haciendo la aclaración,
que este procedimiento en rigor no suspende el proceso sino que realiza el juicio
penal. Es que “el juicio abreviado, como tal, se trata de un mecanismo de
simplificación procesal cuyo pedimento y admisión por el Tribunal de Sentencia
implicará el dictado de sentencia definitiva del caso penal, sin el tránsito previo
por el juicio oral, público, continuo y contradictorio previsto en el título I del
Libro III.” (Ob. Cit., pág. 337).
Los presupuestos de procedencia contemplados por los
artículos 419 y 420 del C.P.P., los encuentro reunidos en su totalidad según el
trámite dado en la audiencia, relatado en el acápite anterior, pues, ha sido
peticionado conjuntamente en la audiencia por el Agente Fiscal y el imputado
asistido por su defensor, donde media acuerdo sobre la aplicación del
procedimiento, de la imputación atribuida -comprensiva de los hechos,
calificación legal y pena requerida por el Agente Fiscal. Seguidamente, siendo
que el procedimiento se pretende respecto de un delito de acción pública, que fue
introducido a la causa luego de la clausura de la investigación penal preparatoria
y antes de disponerse la apertura del debate, y, lo más importante, que ha sido
requerido libremente en la audiencia por el imputado, quien prestó
consentimiento válido, me encuentro en condiciones de anticipar que daré
respuesta afirmativa a esta primera cuestión, admitiendo la aplicación del juicio
abreviado solicitado y pasar a dictar sentencia de conformidad a lo dispuesto por
los artículos 418, 419 y 420 del C.P.P.
Habiendo dado respuesta afirmativa a la cuestión precedente,
la sentencia se dictará valorando los elementos probatorios recogidos durante la
investigación penal preparatoria, de conformidad al método de sana crítica
racional impuesto por los arts. 206, 409, 418 y ss. del C.P.P. y la admisión del
imputado sobre la existencia del hecho, su participación y calificación legal en los
términos que se le anoticiara mediante lectura de la pieza acusatoria.
Viene al caso recordar, sobre la sana crítica racional, que
como sistema de valoración de la prueba es uno de los medios de garantía en los
Estados de Derecho. Tanto así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
adopta este sistema para la valoración de la prueba en los casos contenciosos
sometidos a su decisión. Por citar un ejemplo, en el caso Paniagua Morales y
Otros vs. Guatemala sostuvo “En conclusión, todo tribunal interno o internacional
debe estar consciente que una adecuada valoración de la prueba según la regla de
la ‘sana crítica’ permitirá a los jueces llegar a la convicción sobre la verdad de los
hechos alegados […]” (Pár. 76. Corte IDH, Caso Paniagua Morales y Otros Vs.
Guatemala, sentencia de 8 de marzo de 1998).
Sentado lo anterior, tras haber merituado la prueba emergente
de autos con arreglo a las pautas precedentes, a saber, el acta de procedimiento de
fs. 03, croquis ilustrativo del lugar del hecho de fs. 4, declaraciones testimoniales
brindada por los ciudadanos Marcos Inocencio Moya y Oscar Felipe Puebla, a fs.
01 y a fs. 02, respectivamente, declaraciones testimoniales brindadas por los
funcionarios policiales Ceferino Miguel Miranda Díaz y Marcelo Andres Villegas
Barraco a fs. 05 y 06 respectivamente y certificado de atención veterinaria
extendido por el médico veterinario Jorge H. Jury, que me encuentro en
condiciones de sostener como probado, más allá de toda duda razonable, el hecho
que fuera atribuido –y admitido- por el imputado, en los mismos términos que
luce redactado en el requerimiento de citación a juicio de fs. 26/27, a saber: “Que
el día 04 de enero de 2013, aproximadamente a las 09:30 hs., el Sr.
M.R.S.R.circulaba en su camioneta marca Galloper dominio …….por Ruta 50 de
Palmira, San Martin, Mendoza, llevando atado al paragolpes trasero del
vehículo un can mestizo, hembra, de pelaje marrón, al cual iba arrastrando en el
pavimento; causándole un sufrimiento innecesario, resultando lastimado en sus
cuatro miembros, para luego y ante la intervención de un circunstancial testigo,
dejarlo abandonado en Ruta Variante de Palmira (Ex Duperial), San Martín,
Mendoza, donde se hizo presente personal policial que llevó al animal ante el Dr.
Jorge Jury en la veterinaria ubicada en Avenida Mitre
66 de San Martín, donde se le prestó la asistencia sanitaria pertinente”.
En efecto, del acta de procedimiento y croquis ilustrativo de
fs. 3 y 4, se infieren las circunstancias de tiempo, modo y lugar aludidas
precedentemente, de las que se desprende que el hecho ocurrió el día 4 de enero a
las 09,30 hs. aproximadamente, según relato efectuado por los funcionarios
policiales a cargo de la movilidad Nª2553 Of. Ayudante Marcelo Villegas y
Ceferino Miranda, que se encontraban patrullando por la zona y fueron
desplazados a Ruta Provincial 50 y Variante con la noticia de que un sujeto
conducía en una camioneta marca Galloper de color gris, dominio ……., con un
can amarrado con una soga en la parte de atrás, al que arrastraba a alta velocidad,
lastimando al animal. Ante ello, continúan su relato diciendo que una vez
constituidos en el lugar entrevistaron al Sr. Marcos Inocencio Moya, quien
manifestó ser inspector de colectivos y que venía circulando en una camioneta de
sur a norte por Ruta 50, advirtiendo que una camioneta venía con un can
amarrado en la parte de atrás a alta velocidad, que proceden a tocarle bocina, y
que el mismo le hizo seña con la mano que venía circulando despacio. Que a
posterior el ciudadano procede a desatar el can dejándolo todo lastimado en la
curva hacia el costado Este que da hacia la Ex dupercial, dándose a la fuga hacia
el Este. Con este conocimiento y siguiendo las directivas que le fueron
impartidas, los funcionarios policiales trasladaron el can a una veterinaria y
posteriormente dieron en su recorrido con la camioneta de las características
aportadas que se encontraba en Calle Garibaldi y 9 de Julio e individualizaron al
propietario, que resultó ser M.R.S.R..
La versión plasmada por los funcionarios policiales en el acta
de procedimiento, luego ratificada a fs. 05 y 06 cuando fueron convocados a
prestar declaración testimonial, se encuentra plenamente corroborad por el
testimonio de los ciudadanos Marcos Inocencio Moya y Oscar Felipe Puebla,
cuya providencial presencia e intervención oportuna frente el hecho que se
consumaba frente a sus ojos reaccionaron inmediatamente, siguiendo al vehículo
y evitar de este modo que el hecho derivara en consecuencias todavía más
gravosas para el perro que estaba siendo arrastrado por el pavimento. Sobre este
particular, encuentro, según su relato, que se encontraban a las 09,00 hs. de ese
día, aproximadamente parados junto a un vehículo de la empresa Nueva
Generación para la que prestan servicios, en el paso a nivel de Ruta 50 de
Palmira, casi llegando al puente del Río Mendoza y en ese momento vieron pasar
una camioneta marca Galloper color gris que llevaba un perro atado con un collar
y correa al paragolpes trasero de la misma, el que iba arrastrándose por el asfalto.
Siguieron la camioneta para tratar que el sujeto detuviera su marcha y
aproximadamente unos 300 ó 400 metros más adelante, a la altura de la última
curva de Ruta Variante, observaron que el conductor de la camioneta se detuvo,
que caminó a la parte trasera de la camioneta, le quitó la correa al perro y lo dejó
tirado, herido, al costado de la ruta. Fue entonces que se acercaron al animal y
vieron que tenía todas las patitas y la panza llenas de sangre y que no se podía
levantar. Avisaron al 911, dando las características de la camioneta, y el número
de patente que había tomado Oscar Puebla.
Es decir, sobre los hechos narrados, coinciden en señalar que
el imputado detuvo la marcha de la camioneta, se bajó, desató al can, y a pesar de
las lesiones que a simple vista presentaba en sus cuatro patas y zona abdominal,
producto del arrastre, lo desató y continuó su marcha en la camioneta, dejándolo
abandonado a la vera del camino, no pudiendo dejar de percibir el estado en que
se encontraba, lo que viene a afirmar la indolencia del conductor de la camioneta
por el sufrimiento del animal. La única divergencia entre ambos relatos se aprecia
en la velocidad en que dijeron ver circular a la camioneta en cuestión, pues
mientras Marcos Inocencio Moya la estimó en unos 50 km/h el Sr. Oscar Puebla
dijo que en el paso a nivel civulaba en 20 ó 30 km/h agregando que ignora a qué
velocidad circuló después, pero esta diferencia, mínima frente al núcleo central de
la imputación, no perjudica la convicción que emerge de su relato, y encuentra su
explicación por tratarse la estimación de velocidad de una apreciación subjetiva
proveniente de dos personas distintas que estaban trabajando y que no se
imaginaron que presenciarían un hecho de estas características. Fuera de esta
diferencia menor, evalúo como indicador de credibilidad que inmediatamente de
presenciar el hecho dieron noticia del mismo al 911 el que fue transmitido a los
funcionarios policiales supra individualizados que comparecieron al lugar, a
constatar la existencia, precisamente, de una camioneta que circulaba arrastrando
a un perro que llevaba atado de una soga al paragolpe trasero, siendo que al llegar
al lugar encontraron, precisamente, a las personas que dieron noticia del hecho y
a la perra herida, que trasladaron inmediatamente para atención veterinaria.
El resultado de la intervención profesional plasmada en el
certificado agregado a fs. 17 también comparece como elemento de convicción
que refuerza el relato precedente, pues el médico veterinario Jorge Jury, que
asistió a la perra, expresa: “certifico haber asistido a una perra mestiza (cruza
aparente de Pit Bull Terrier), pelo marrón, peso 23 kilos, de 2 años de edad, con
lesiones erosivas en los pulpejos de sus 4 miembros, por lo que se procede a
detener hemorragia, se hace un punto de sutura ... luego se administra antibióticos
y antiinflamatorios que se prescriben durante 5 días. Se procede al vendaje de las
heridas. Se deriva a AMPARA.” Este certificado lleva fecha y hora de creación a
las 11,35 hs. del día 04/01/2013, es decir, que luego de dos horas más tarde de
socorrida la perra por los oficiales de la Policía de Mendoza, el médico
veterinario vendó, suturó y detuvo las hemorragias de las heridas cuya
descripción se compadece in totum con las lesiones sangrantes percibidas por los
cuatro testigos supra referenciados, y encuentran su explicación, de acuerdo a la
característica “erosiva” que ofreció el galeno, en un mecanismo compatible con
arrastre, y su localización, en los pulpejos de las patas y en su zona abdominal,
acreditan, en definitiva, que la perra, siendo arrastrada por la camioneta, a una
velocidad estimada entre veinte a cincuenta kilómetros por hora, fue vencida en
su resistencia para culminar siendo arrastrada por la fuerza mayor de la camioneta
Finalmente, es de destacar que los Sres. Puebla y Moya que
dieron inmediata noticia del hecho a la autoridad competente y los funcionarios
policiales Villegas y Miranda que asumieron inmediata y eficaz intervención,
declararon de modo coincidente sobre los hechos, y al provenir de testigos que no
conocen al imputado, no es dable inferir la existencia de indicadores de
incredibilidad subjetiva que afecte la veracidad de sus relatos. Por ello, no
encuentro razones para sostener que el hecho no ocurriera del modo que se infiere
del relato consistente y concordante de las exposiciones a que hice referencia.
La autoría del imputado en este hecho se sigue del acta de
procedimiento y declaración testimonial de los funcionarios policiales, que en
conocimiento de las características de la camioneta, inclusive del número de
patente proporcionado por el Sr. Oscar Puebla, hallaron el rodado en calle
Garibaldi y 9 de Julio y determinaron que era de propiedad del imputado.
A ello se suma la admisión libremente realizada en la
audiencia por el Sr. M.R.S.R. de la existencia del hecho y su autoría, que
contribuye a cerrar el cuadro conviccional supra desarrollado que me lleva a dar
respuesta afirmativa de esta primera cuestión.
Las partes entendieron y asumieron que el hecho en cuestión
encuadra en el delito de maltrato y crueldad a los animales, previsto por el
artículo 1 en función con el art. 3 inc. 7 de la ley 14.346, que sanciona la
conducta del que infigiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a
los animales, llevando el encuadre típico al inciso 7 del artículo 3 que considera
acto de crueldad “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles
torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de
perversidad”.
Pues bien, la conducta de llevar a la rastra un perro al que se
ató con una correa al paragolpe trasero de la camioneta conducida por el autor y
que luego el mismo deja abandonado a pesar de las lesiones que ese trato le ha
generado, configura, ciertamente, un acto de crueldad. En este sentido, la Real
Academia Española proporciona dos acepciones de esta palabra, a saber, “1.
Inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad. 2. Acción cruel e inhumana”.
Precisando estos conceptos, reconocida obra doctrinaria jurídico penal, identifica
la crueldad como lesión a la exigencia mínima de caridad y compasión hacia el
sufrimiento corporal y anímico de otro (cfr. Sancinetti, Marcelo “Teoría del
Delito y Disvalor de la Acción”, p. 338, citado en nota 61 del comentario a la Ley
14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales” realizado por
Santiago Vismara, con la colaboración especial de Florencia Durán, en AAVV,
Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, Andrés J. D`Alessio –
Director- y Mauro A. Divito –coordinador-, 2ª Edición actualizada y ampliada,
Tomo III, Ed. La Ley, año 2010, pág. 269)
Bajo dichas nociones, tengo para mí que M.R.S.R. ha
lastimado intencionalmente a la perra mestiza color marrón, y a esta conclusión
se llega razonando que no podía desconocer el elevadísimo riesgo de lesión al
que exponía al animal –de 50 cm. de altura y 20 kg- al trasladarlo a tiro con una
camioneta de considerables dimensiones y haciéndolo a una velocidad y distancia
tal que a juzgar por el resultado –arrastre- obviamente venció la
resistencia física del animal. Luego, si el animal resultó lesionado, no puede más
que atribuirse subjetivamente el hecho al dolo del autor como conocimiento y
voluntad de lastimar el animal. También encuadraría su conducta en la figura de
producción de torturas o sufrimientos innecesarios, pues si la motivación del
autor consistió en la intención de abandonar o deshacerse del animal –que no deja
de ser materialmente un acto de crueldad- pudo haberlo hecho de otro modo que
no le significara a la perra el sufrimiento adicional e innecesario de ser arrastrada
por una soga atada al paragolpe de una camioneta, conducta que denota el espíritu
de perversidad que requiere el tipo en análisis, como intencionalidad en la
causación del daño. Al respecto, no dejo de pensar, entre todas las alternativas
posibles y disponibles para el autor, que pudo llevarla hasta ese lugar caminando,
sin riesgo para sí, para terceros, ni para el animal, con la misma soga con que lo
ató a su camioneta.
Expuesto el tipo objetivo y subjetivo de la figura penal
aplicable, no surge que haya sido cometido en ningún contexto justificante o
permitido por el ordenamiento jurídico penal en su conjunto, de modo, pues, que
cabe afirmar la antijuridicidad de la conducta.
La culpabilidad también la encuentro demostrada, pues no ha
sido invocada ninguna causal que la excluya y el contacto directo y personal con
el imputado me ha permitido constatar que se trata de una persona capaz de
comprender el sentido de las normas y motivar su conducta de conformidad con
esa comprensión.
Considero justa y procedente la pena pactada por las partes,
en la especie, monto y forma de cumplimiento que ha sido aceptada por el
Al respecto, se pactó la pena de seis meses de prisión con los
beneficios de su ejecución condicional. Como regla de conducta a cumplir
durante el período de prueba las partes peticionaron se incluyera la obligación de
entregar seis bolsas de alimento balanceado para perros, de veinte kilogramos
cada una y de buena calidad, durante un año, a ser entregada por el Sr. S.R. en el
predio de A.M.P.A.R.A. entre los días uno al diez de cada mes.
siguientes premisas: Para la fijación de la pena en la sentencia he seguido las
En enrostrado
abstracto para el delito
parte tener
comoprevista
mínimo,ena
un año como máximo; en segundo lugar, que en virtud de la admisión del
procedimiento, la discrecionalidad del juzgador para recorrer la escala penal
encontrará como tope máximo la pena pactada por las partes, ya que no podrá, en
ningún caso, aplicar pena más grave que la contenida en el acuerdo, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 420 del C.P.P.
Corresponde, pues, explicar por qué razón, entre el mínimo
legal de quince días y el máximo concreto de seis meses de pena privativa de
libertad, la fijación de pena se ubicó en este monto. Para ello he tenido en
consideración evaluar las mismas pautas de cuantificación ponderadas por el
fiscal en su requerimiento punitivo aceptado por el imputado. Es decir, en razón
de la naturaleza de la acción y la extensión del daño producido, se encuentra
ampliamente justificado alejarse del mínimo de la escala legal y enclavar la
decisión en el máximo, que coincide, en abstracto, con la mitad del máximo de la
escala penal.
Ello así porque considero que la ley 14.346 de “malos tratos
y actos de crueldad a los animales” no protege el sentimiento de piedad o
humanidad para con los animales, sino a los animales como “sujetos de
derechos”, de modo que la conducta del imputado no ha recaído sobre un objeto o
cosa, sino sobre un sujeto digno de protección. En este sentido, comparto la
corriente de entendimiento que observa los animales como seres vivientes
susceptibles al sufrimiento, pues, como ha sido explicado en el siglo XVIII, con
toda claridad y lucidez “en vez de preguntar si un ser viviente puede razonar, o
hablar, hay que preguntar si un ser viviente puede sufrir. Si estos animales, lo
mismo que los seres humanos, pueden sufrir, y si se considera que el
sufrimiento debe ser evitado, todos estos seres vivientes tienen, por virtud de
semejante característica común, el derecho de que no se les inflijan
sufrimientos porque sí, esto es, el derecho a no ser tratados con crueldad”
(Bentham, Jeremy, “The principles of Morals and Legislatio”, cap. XVII, sec. 1,
nota al prárrafo 4, citado en AAVV Código Penal de la Nación Argentina, cit.,
nota 15). Por lo demás, no cabe desconocer el llamado jurisprudencial reciente y
producción científica que atribuyen a determinadas especies de animales la
condición de “p ersona s no h u mana s” en razón de presentar un cierto
grado de raciocinio y características emocionales similares a la de los humanos,
y como tales, dignos de la protección de los derechos básicos fundamentales,
entre los que se debe contar el de no ser privados arbitrariamente de la vida, la
libertad y, en lo que aquí nos concierne, el derecho a no se torturados ni
maltratados. Sigo en
este particular la prestigiosa jurisprudencia de la Sala II de la Cámara Federal de
Casación Penal que en muy reciente precedente, declaró: “Q ue, a partir de
interpretación jurídica dinámica, y
estática, menester es
reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos
no humanos (animales) son titulares de derechos, por lo que se impone su
protección en el ámbito competencial correspondiente (Zaffaroni E. y et Al,
“Derecho Penal, Parte General”, Ediar, Bs. As., 2002, p. 493; también
Zaffaroni, E. “La pachamama y el humano” Ediciones Colihue, Buenos Aires,
2011, p. 54 y ss.)” (Cfr. Considerando 2º, Cámara Federal de Casación Penal,
Sala II, causa NºCCC
68.831/2014 “Orangutana Sandra s/ Recurso de Casación s/ Habeas Corpus”,
resuelta el 18/12/2014, voto Dres. Alejandro W. Slokar, Angela Ester Ledesma y
Pedro R. David). Sin destacado en el original.
Siguiendo este razonamiento y considerando como altamente
disvaliosa la acción -arrastre de la perra a tiro de un vehículo- por recaer sobre un
ser sintiente, al que además se abandonó en estado de no poder valerse por sí
mismo (no se podía levantar, según los testigos); que requirió de sutura de las
heridas, vendajes y tratamiento posterior con antibióticos y antiinflamatorios
producto de las lesiones erosivas en los pulpejos de sus cuatro patas y abdomen,
dan cuenta de un resultado intensamente lesivo para el animal, y sin sentido para
nadie, que ha sido inferido por una persona humana y como tal, más racional.
Digo esto porque así como destaqué al tratar la segunda
cuestión la actuación de los testigos Moya y Puebla y los funcionarios policiales
Ceferino Miranda y Marcelo Villegas, también destacaré la conducta manifestada
en la audiencia por el Sr. M.R.S.R., pues me impresionó como una persona culta,
responsable, un hombre de familia, capaz de reflexionar y asumir las
consecuencias de sus acciones, haciendo experiencia positiva de los hechos por
los que fue traído a juicio. Lo expuesto lo pude observar en el momento en
que declaró admitir los hechos y autoría contenidos en la acusación, pues lo hizo,
a mi visión, con valentía y responsabilidad, y esta percepción la ratifiqué
mientras lo veía asentir en silencio y con la vista posada en el representante de la
parte querellante particular, mientras éste sugería incluir entre las reglas de
conducta a la obligación de entregar bolsas de alimentos a la asociación
protectora de los animales y luego hacerlo de viva voz, cuando fue debidamente
integrada esta regla de conducta en el pacto de pena, a requerimiento
del Ministerio Público Fiscal, previa vista de la defensa, como ya se explicó.
Pues bien, la conducta procesal del imputado, que operaría en
este razonamiento como pauta atenuante de pena, frente a la magnitud del daño
provocado al animal, no posee aptitud para desplazar la medición punitiva
concreta en monto inferior al pactado por las partes.
En cuanto a la modalidad, consideré procedente dejar en
suspenso la ejecución de la pena, no sólo por el límite impuesto a la jurisdicción a
partir de la admisión del juicio abreviado, sino porque así procede, al tratarse de
primera condena, a pena privativa de libertad, menor de tres años de prisión, y
porque las condiciones personales del imputado, entre las que destaca su edad, su
pertenencia a grupo familiar del que aparece como sostén, el desempeño de oficio
y la percepción que tengo de que este hecho ha sido un episodio aislado en la
historia personal del imputado, que difícilmente se repita a juzgar por la regla de
conducta que manifestó aceptar, torna inconveniente aplicar efectivamente el
cumplimiento de la pena privativa de libertad, según lo establecido por el artículo
26 del Código Penal.
El plazo de duración del período de prueba, siguiendo el
razonamiento precedente y lo establecido por el artículo 27 bis del Código Penal,
fue establecido en el mínimo de dos años, durante el cual el imputado deberá,
permanecer a disposición del Juzgado y comparecer a las citaciones que le sean
dirigidas, obligación que se impone al solo efecto de controlar la regla de
conducta que entiendo satisface mejor la función de prevenir la comisión futura
de nuevos delitos, a saber, la obligación de entregar seis bolsas de alimento
balanceado para perros, de veinte kilogramos cada una, de buena calidad, durante
un año de duración.
enumeración de pautas de conducta señaladas en el código penal es meramente
indicativa, y considero que pueden ser decididas, según el caso y la necesidad, en
consideración al tipo de delito cometido. De allí que la obligación impuesta se
presente como la más idónea a la finalidad preventivo-especial señalada, pues
dicha obligación permitirá a M.R.S.R. adquirir la capacidad de comprender y
respetar la ley por la que hoy recayó condena. En particular, la asistencia a los
animales en clave de entrega mensual de alimentos a cumplirse en el predio
donde funciona el refugio de animales de A.M.P.A.R.A., le permitirá comprobar
con dicha experiencia que los animales en general, y los perros en particular, son
seres sintientes, que se emocionan, sufren, lloran y tienen, amén del derecho de
ser respetados en su vida, libertad e integridad, la inteligencia
suficiente para, entre muchas proezas, reconocerlo y recibirlo efusivamente
cuando lo vean llegar.
Es decir, esta regla de conducta ha sido decidida evaluando
que formó parte del acuerdo de juicio abreviado, en la cantidad, calidad y
duración que presentaron las partes en la audiencia. Enfatizo que no ha sido
impuesta como retribución del daño alegado por la parte querellante, como en
parte fue manifestado por el Dr. Biondolillo al sugerirla, sino por reputarla
adecuada para prevenir la comisión de nuevos delitos y postularla en este sentido
el órgano público de la acusación, siendo consentida en tal carácter por la defensa
e imputado. Corresponde ahora hacer notar que como el plazo mínimo del
período de prueba es de dos años, y el pacto comprendió esta regla de conducta
durante doce meses, a fin de no violentar el límite impuesto por el acuerdo
consideré igualmente procedente la aplicación de la regla de conducta por doce
meses, tal como fue peticionado y merituando que no debería tener una extensión
temporal superior al máximo de la pena prevista para el delito por el que recayó
condena. No obstante, debe entenderse a salvo el derecho del imputado, si lo
estima conveniente, de solicitar la distribución de la cantidad de bolsas
comprometidas durante todo el período de prueba aplicado en la sentencia.
Siendo condenatoria la sentencia, corresponde imponerle las
costas al penado (art. 29 inc. 3º del Código Penal y 558 del C.P.P.).
Por ello, deberá solventar los honorarios del abogado
representante de la parte querellante particular, que han sido fijados, en atención a
la importancia y extensión de la labor cumplida, en la suma de pesos un mil
quinientos ($1500), según lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 3461.
Juzgado Nº 15, Secretaría única
///nos Aires, 29 de abril de 2015.AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos
de los Animales –en adelante A.F.A.D.A.- solicitó ser tenida como parte querellante, en los
términos del art. 10 y ss. del CPPCABA, en estos autos, ante la posible comisión del delito
previsto y reprimido por el art. 3 inc. 7 de la Ley 14.346, en representación de la orangutana
de Sumatra, de nombre Sandra, que se encuentra cautiva en el Zoológico de Buenos Aires.
En tal sentido, el presidente de A.F.A.D.A., Dr. Pablo Buompadre,
alegó que la orangutana Sandra es un sujeto de derechos, asimilable a un incapaz de hecho;
por lo que no puede ejercer sus derechos en juicio por sí, sino a través de sus representantes
legales. Agregó que la asociación que representa posee legitimación activa para intervenir en
el carácter enunciado puesto que así lo autorizan sus Estatutos.
Asimismo, en su presentación, el pretenso querellante determinó el
hecho objeto de investigación, encuadró legalmente la conducta y solicitó diligencias
probatorias a la Sra. Fiscal.
II. A fs. 268/273 la Dra. Cecilia Amil Martin, titular de la Fiscalía
en lo PCyF nro. 8, resolvió no hacer lugar a la solicitud incoada por el Dr. Buompadre. Para
fundar su decisión la Sra. Fiscal argumentó que la asociación A.F.A.D.A. no es directamente
damnificada por un delito, conforme los términos del art. 10 del CPPCABA. Especificó al
respecto que dicha normativa debe interpretarse de manera restrictiva y que las
Organizaciones No Gubernamentales no tienen potestad para constituirse como querella en
causas en las que se vean lesionados bienes difusos, a excepción de los casos de lesa
humanidad o grave violación a los derechos humanos.
Asimismo, la fiscalía archivó las actuaciones por atipicidad,
conforme los términos del art. 199 inc. a) del CPPCABA.
III. Así las cosas, el pasado 27 de marzo de 2015 se celebró
audiencia en los términos del art. 11 del CPPCABA, en el marco de la cual el Presidente de
A.F.A.D.A., Dr. Buompadre, y el letrado patrocinante de la Asociación, Dr. Andrés Gil
Domínguez, presentaron los fundamentos que dan fuerza a su pretensión, expuestos in
extenso en el acta que glosa a fs. 281/284. A su turno, la Sra. Fiscal expresó que en razón del
archivo dispuesto -respecto del cual los denunciantes no formularon oposición ante Fiscalía
de Cámara, según las previsiones del art. 202 del CPPCABA, por lo que se encuentra firme-,
no corresponde que el Ministerio Publico Fiscal ejerza la acción, sin perjuicio de lo cual se
presentó en audiencia, toda vez que fue citada.
Escuchadas que fueron las partes, en forma preliminar, se intimó a la
A.F.A.D.A. a acreditar la voluntad social de accionar en autos (conf. Art. 11 párrafo 3ro del
CPPCABA), así como también se le solicitó que presente copia legible de su Estatuto
Social; diligencias que fueron cumplimentadas a fs. 290/310.
IV. Ingresando en el análisis de la cuestión adelanto que, a mi
criterio, la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales posee
facultad para asumir el rol de querellante en este proceso, por los motivos que a
continuación mencionaré.
Que el art. 10 del Código Procesal Penal de esta ciudad define la
legitimación para querellar de las “personas físicas o jurídicas de derecho público o privado
directamente afectadas por un delito, podrán ejercer la acción penal como querellantes
(…)” (el destacado me pertenece). A partir de ello, deviene necesario establecer, en el caso
bajo estudio, quién es el sujeto afectado por el delito.
Para ello, tengo en consideración que el Presidente de AFADA
determinó -aún de modo preliminar- que la acción que pretende incoar se encamina a
investigar y perseguir conductas previstas y reprimidas por la Ley Nacional de Protección
Animal. En este contexto, advierto que a fin de responder a la pregunta original –quién es el
sujeto directamente afectado- corresponde centrar el análisis en relación al bien jurídico
protegido por la norma de mención.
Que si bien en el transcurso del debate parlamentario de la ley
14.346 se ha dicho que “en el delito que estudiamos el sujeto pasivo es la comunidad y el
bien jurídico que se protege es el sentimiento de piedad o sentimiento subjetivo de
humanidad para con los animales” (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Versión
taquigráfica 34ª reunión, 21ª sesión ordinaria, de fecha 22 de septiembre de 1954), lo que la
acerca a la concepción de los animales como objeto de derechos; lo cierto es que de las
restantes consideraciones efectuadas por los legisladores se vislumbra la tendencia a
reconocer el carácter de sujetos de derechos de éstos (en tal sentido ver D´ALESSIO,
Andrés y Mauro DIVITO, Código Penal de la Nación, comentado y anotado, La Ley,
Buenos Aires, 2013, P. 253).
Por otra parte, una interpretación literal del art. 1ro de la ley 14.346
abona esta postura. Adviértase que el legislador señaló que será penado el que “…hiciere
víctima de actos de crueldad a los animales”. Que de ello no puede seguirse una solución
distinta a la ya expuesta; esto es, que la propia ley reconoce a los animales como titulares del
Sin embargo, el análisis no se detiene allí, sino que conforme una
interpretación jurídica integral, abarcativa no solo de la letra de la norma sino de la finalidad
perseguida y la dinámica de la realidad (conf. CSJN Fallos: 312:2192, disidencia del juez
Petracchi; 320:875, entre otros), nos lleva a idéntica conclusión.
Veamos, una lectura de las corrientes actuales que tratan la materia
evidencian un abandono a la postura antropocéntrica fundada en el respecto a los
sentimientos del hombre y su ética -entendiendo a los animales siempre en función de una
relación directa con el humano-; sino orientada a evitar el sufrimiento de los animales.
En este entendimiento, numerosas legislaciones han modificado su
normativa guiando su espíritu a la protección de los animales en sí y, por tanto, su capacidad
de sufrimiento es lo que constituye el bien jurídico protegido por las legislaciones
actualmente vigentes en Europa y América Latina. En tal sentido, y a modo de ejemplo,
destacaré las regulaciones jurídicas del Derecho constitucional alemán (art. 20a), el Código
Penal italiano (Art. 638 y 727) y el reconocimiento a los derechos de la naturaleza en las
Constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009). (Sobre el tema, ROXIN, Claus, “El
concepto de bien jurídico como instrumento de critica legislativa sometido a examen”, trad.
Manuel Cancio Meliá, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, ISSN 16950194, TÁRRAGA, M.ª Dolores Serrano, “La reforma del maltrato de animales en el derecho
penal italiano”, BFD: Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, ISSN 1133-1259, Nº
26, 2005, págs. 239-262 y ZAFFARONI, Eugenio Raúl, La Pachamama y El Humano,
Colihue, Buenos Aires, 2013).
A nivel local, el Dr. Zaffaroni específicamente señaló en su libro La
Pachamama y El Humano, que “el bien jurídico en el delito de maltrato de animales no es
otro que el derecho del propio animal a no ser objeto de la crueldad humana, para lo cual
es menester reconocerle el carácter de sujeto de derechos” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl,
ob cit, p. 54)
Por su parte, jurisprudencialmente existen ya en nuestro país
precedentes en esta línea. Así, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Paraná, sala 1, en
autos “B.J.L. s/ infracción a la Ley 14.346”, con fecha 1º de octubre de 2003 sostuvo que:
“Las normas de la ley 14.346 protegen a los animales de los actos de crueldad y maltrato,
no ya en un superado "sentimiento de piedad" propio de la burguesía etnocentrista del siglo
XIX, sino como reconocimiento normativo de una esfera o marco de derechos para otras
especies que deben ser preservadas, no solo de la depredación sino también de un trato
incompatible con la mínima racionalidad. El concepto de "persona" incluye en nuestras
sociedades pluralistas y anonimizadas también un modo racional de contacto con los
animales que excluye los tratos crueles o degradantes” (cita en fallo del Juzgado de
Instrucción y Correccional de la Ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en autos caratulados:
“TOBARES, Justo Arancel s/ infracción Ley 14.346”, expediente Nº C51/11, Rta:
24/04/2012).
No puedo dejar de destacar que, en relación a la orangutana que se
encuentra cautiva en el Zoológico de Buenos Aires, la Sala II de la Cámara Federal de la
Casación Penal de la Capital Federal -con votos del Dr. Slokar y la Dra. Ledesma-, ya
reconoció que se trata de un sujeto titular de derechos “por lo que se impone su protección
en el ámbito competencial correspondiente” (conf. Causa CCC68831/2014, "Orangutana
Sandra s/ Habeas corpus", rta. 18 de Diciembre de 2014).
En esta senda argumental, no cabe más que colegir que, en el caso
traído a estudio, el sujeto susceptible de ser considerado como directamente afectado es la
orangutana Sandra; ser sintiente cuyo bienestar podría encontrarse vulnerado a través del
maltrato humano.
Ahora bien, tal como lo señaló el pretenso querellante, en razón de
su naturaleza, Sandra es una incapaz de hecho y, por tanto, su representación legal deviene
forzosa y necesaria. Corresponderá entonces analizar si la A.F.A.D.A. posee legitimación
suficiente para representar a la mencionada orangutana.
Que en el entendimiento de este Magistrado, toda vez que la
normativa antes analizada reconoce la tutela de los animales, corresponde garantizar su
defensa y ejercicio de modo cierto y efectivo. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la causa Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus (V. 856. XXXVIII, RECURSO DE
HECHO) estableció que corresponde al Poder Judicial de la Nación “garantizar la eficacia
de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la
hora de administrar justicia y decidir las controversias”.
A partir de la reforma constitucional del año 1994, se admitió como
querellantes a las organizaciones no gubernamentales cuyo fin social esté vinculado con la
defensa de los valores que están en juego en un proceso en concreto. En tal contexto, puede
entenderse que el concepto de “particular ofendido” ha cambiado y que, en función de la
interpretación extensiva del art. 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución
local, cabe reconocerle a las organizaciones protectoras de animales facultad para intervenir
como querellante en las causas incoadas en defensa de los intereses que fundan su
constitución. Máxime, cuando el art. 15 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoce específicamente facultades para presentar una acción judicial de
habeas corpus al afectado o “cualquiera en su favor”.
Que en la materia, no escapa a la consideración de este magistrado la
especial relevancia de la labor de las organizaciones protectoras de animales. Adviértase que
incluso al discutirse el proyecto de ley que dio origen a la ley 14.346, en la Cámara de
Diputados, se reconoció el trabajo de las entidades que lucharon y se preocuparon por la
sanción de dicha norma (ver. Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Versión
taquigráfica 36ª reunión, 32 a sesión ordinaria de fecha 24 de septiembre de 1954).
Huelga precisar que, en el caso en concreto, la A.F.A.D.A. acreditó
debidamente a través de la presentación del Estatuto que su objeto social tiene como fin “la
asistencia y representación jurídica de los intereses y derechos básicos fundamentales de los
Animales No-Humanos, en (…) causas judiciales”, entre otros. Asimismo, del Acta de
Reunión de la Comisión Directiva que glosa a fs. 304/305 se desprende la voluntad social de
la Asociación mencionada de querellar en resguardo y protección de los intereses y derechos
de la orangutana Sandra, en contra del Zoológico de Buenos Aires.
A la luz de lo expuesto, corresponde interpretar las normas
procesales locales a fin de que se constituyan en herramientas idóneas que propendan al
alcance de la tutela legal consagrada, y no como óbice para ello. Por tanto, corresponderá
hacer lugar a la pretensión de la A.F.A.D.A. y reconocerle el rol de querellante en estos
autos, en los términos previstos por el art. 10 del CPPCABA.
V. Sentado ello, atento el archivo dispuesto por la fiscalía y toda vez
que la parte querellante ha formulado acusación, conforme se desprende de la presentación
de fs. 220/235, corresponde al suscripto analizar la misma, a la luz de lo dispuesto por el art.
254 del CPP CABA.
En virtud de ello, destaco que un examen preliminar de la
presentación efectuada permite colegir que ésta reúne los requisitos formal y
sustancialmente establecidos por la normativa vigente. Por tanto, tendré por instada la
acción y haré saber a las partes que el proceso continuará su trámite, conforme lo normado
en el último párrafo del art. 10 de la Ley Nº 2303.
Por las razones expuestas y en virtud de las normas citadas,
I.- TENER POR PARTE QUERELLANTE a la Asociación de
Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, en representación de la
orangutana alojada en el Zoológico de Buenos Aires, de nombre Sandra, en esta causa nro.
18491/14.
II.- TENER POR INSTADA LA ACCIÓN penal y hacer saber a las
partes que el proceso continuará su trámite conforme art. 10 in fine del CPPCABA.
Notifíquese urgente.-
de abril de 2015 se libraron dos cedulas. Conste.-
MISIONES, PROVINCIA DE CI ESTADO NACIONAL Y OTRO si nulidad de acto
S.e. M. 957, L. XLIV.
(JUICIOS ORIGINARIOS)
mocu/'atJto/?
J/e/2e/'al'de fa Q/I,~tO/2
A fs. 27/63 se presenta la Provincia de Misiones y promueve demanda contencioso administrativa contra la Administración de Parques Nacionales (APN en adelante) y contra el Estado Nacional -Secretaría de Turismo
de la Nación-- a fin de obtener que se declare la nulidad de las resoluciones
(APN) 174/06 Y su ratificatoria 07108 y de la resolución 249/08 de la Secretaría
de Turismo, que rechazó el recurso de alzada interpuesto contra las resoluciones
de laAPN.
Solicita que se establezca que la APN
ca~ece
y competencia para revisar o desconocer los actos administrativos dictados por el
gobierno de la provincia en los términos del decreto 904/05 relativos a la afectación de un inmueble de su propiedad. Asimismo, reclama que se declare: la legitimidad de lo actuado en el marco del acuerdo suscripto con la APN el 23 de diciembre de 2002, con respecto a la implementación de un servicio de educación
ambiental en dicho inmueble (ex Escuela 609) y al uso del predio para el desarrollo de actividades recreativas y turísticas que le corifieran soporte económico al
servicio educativo.
Expresa que el decreto provincial 904/05 aceptó la transferencia del inmueble efectuada por el Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones y se facultó a la Dirección de Tierras y Colonización dependiente
del Ministerio del Agro y la Producción a otorgar permiso de ocupación por el
término de dos años a la firma Iguazú Balloon S.A. para el desarrollo de actividades turísticas y la ejecución del proyecto "Globo Aerostático Cautivo", quedando
el permisionario a cargo de la rehabilitación del edificio de la ex Escuela 609 para
Señala que tras la realización de diversos trámites en el expediente administrativo (APN) N° 611/05, se dictó la resolución 174/06, mediante
la cual la APN reivindica su jurisdicción y competencia con relación a dicho inmueble pese a ser del dominio de la provincia y rechaza la instalación del globo
aerostático cautivo en el área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, impidiendo
así la rehabilitación del edificio escolar y la implementación de programas educativos previstos para desarrollar en dicho predio.
Destaca que es falsa la afirmación de la APN en el sentido
de que la fracción de terreno en cuestión está situada dentro de un parque nacional, pues al momento de la sanción de la ley 22.351 dicho predio ya se encontraba
excluido del parque y de la reserva por haber sido transferido al dominio público
de la provincia como establecimiento educacional. De .ello concluye que resulta
inconciliable con el art. 75, inc. 5°, de la Constitución Nacional la postura de los
organismos nacionales que pretenden considerar al inmueble sujeto a las leyes de
la Nación con fundamento en lo dispuesto por los arts. 10 y 18 de la ley 22.351.
En este orden de ideas, sostiene que una interpretación extensiva del texto de la ley mencionada, como la que efectúan los actos administrativos impugnados, deja vacío de contenido económico al dominio originario que
le corresponde sobre el recurso natural del paisaj e de las Cataratas del Iguazú de
conformidad con los atis. 1°, 5°, 14, 17,41,75, incs. 5° y 30, 121 y 124 de la Ley
Fundamental. Al respecto, señala que la única forma de compatibilizar las disposiciones de la ley 22.351 con las normas constitucionales en juego es considerar
que las atribuciones conferidas a la APN sólo pueden ejercerse en las tierras de
parques y reservas nacionales declaradas del dominio público, es decir aquellas
afectadas a la finalidad de tales establecimientos de utilidad nacional vinculada a
la conserVación y preservación de la naturaleza.
Por otra parte, aduce que la resolución 174/06 emplea criterios sumamente restrictivos e inversos a los establecidos por la Ley General del
Ambiente 25.675 en lo que atañe a los usos y actividades a realizar en tierras de
dominio provincial, actuando con ilegalidad, condenando a la esterilidad al predio
en cuestión y desconociendo el derecho de uso y aprovechamiento económico de
la propiedad (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional).
Agrega que aun cuando se considerase que la demandada
posee jurisdicción con respecto a las actividades a desarrollarse en el inmueble,
tenía la obligación legal de cumplir con los plazos previstos por el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental y, por lo tanto, al momento de dictarse la reso-
S.C. M. 957, L. XLIV.
lución mencionada ya había fenecido la invocada facultad para analizar y rechazar el estudio de impacto ambiental referido al proyecto de instalación del globo
aerostático cautivo, configurándose así un supuesto de incompetencia en razón
del tiempo. Asimismo, señala que no se respetó el debido procedimiento y que se
encuentra viciada la finalidad y la causa del acto, pues menciona en forma expresa la "opinión pública" entre sus fundamentos pese a que se omitió la participación de todas las partes interesadas en la audiencia pública que se realizó sobre la
cuestión debatida.
-HA fs. 94/110 contesta demanda la APN. Realiza una negativa de carácter general y expone las razones que fundamentan
derecho. Destaca
que la ex Escuela 609 donde la actora pretende instalar un globo aerostático ha
sido dedicada en forma exclusiva a la educación ambiental y que el proyecto presentado tiene como único destino atraer al turismo a costa de perjudicl}r el ambiente.
Sostiene que es erróneo el razonamiento de la actora, pues
la extensa enumeración de normas que efectúa para fundar una supuesta desafectación del predio sobre el que intenta instalar un globo aerostático cautivo, no
adesvirtuar que, al encontrarse dicho inmueble del dominio privado de la
provincia en la Reserva Nacional Iguazú, se requiere la autorización expresa de la
APN para realizar cualquier actividad turística, deportiva o comercial, en razón de
que la ley 22.351 consagra a este organismo como autoridad de aplicación y le
otorga jurisdicción exclusiva sobre el punto en discusión. Al respecto, añade que
el concepto de lugar sometido a jurisdicción federal es plenamente compatible
con el dominio privado de un bien inmueble en ese ámbito territorial y que ya no
se discute acerca de la posibilidad de que las provincias y municipios conserven
en los establecimientos de utilidad nacional los poderes ql._ les incumben en tanto
ello no interfiera con la finalidad para la que fueron creados (art. 75, inc. 30, de la
Agrega que la propia actora presentó el proyecto a la APN
solicitando su aprobación (decreto provincial 1664/05) y que, por ser desfavora-
ble la decisión adoptada por la autoridad de aplicación, procede a cuestionarla
bajo la pretensión de que carece de jurisdicción y competencia sobre la materia,
desconociendo así el principio de congruencia y la doctrina de los actos propios.
Por otra parte, expresa que la Provincia de Misiones fue
creada por la ley 14.294 con posterioridad al Parque Nacional Iguazú y, por lo
tanto, sólo puede ejercer su jurisdicción en la medida en que lo permita la ley federal, pues el arto 75, inc. 30, de la Constitución Nacional se aplica solamente a
los casos en que la provincia ya existía.
-IIIA fs. 126/143 contesta el Estado Nacional (Secretaria de
Turismo) y pide el rechazo de la demanda sobre la base de argumentos de un te-,
nor similar a los que expuso la APN.
Producida la prueba y presentados los alegatos (v. fs.
313/341,"343/345 Y 347/349), V.E. corre vista a este Ministerio Público a fs. 351.
-IVEntiendo que esta causa es de la competencia originaria de
la Corte Suprema, tal como se resolvió a fs. 82 por remisión al dictamen de fs. 81.
Las partes no discrepan en cuanto a que el inmueble en el
cual se encuentran las instalaciones de la ex Escuela de Frontera 609, con una
superfici6 de poco más de dos hectáreas, corresponde al dominio de la Provincia
de Misiones, en virtud de la transferencia realizada en el marco de la ley 21.809.
La cuestión a dirimir consiste en determinar si la APN ejerce jurisdicción sobre
dicho inmueble y si, como consecuencia de ello, la provincia actora requiere su
autorización para otorgar un permiso de ocupación a favor de la firma Iguazú
Balloon S.A. que habilite la instalación y explotación comercial de un globo aerostático cautivo en dicho predio como soporte económico de la reparación y
rehabilitación del edificio y su afectación a las actividades educativas a realizarse.
A fin de dar adecuada solución a las cuestiones planteadas,
creo oportuno recordar que el 23 de diciembre de 2002 se suscribió un convenio
entre la APN, el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Misiones,
el Consejo General de Educación de la misma provincia y la concesionaria del
Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú. En dicho convenio se puso de manifiesto el interés del gobierno de la provincia en organizar un plan de turismo educativo para que los estudiantes pudieran acceder al Área Cataratas en ese parque
nacional. Asimismo, se mencionó el interés coincidente de las partes en la rehabilitación para fines interpretativos y educativos del edificio de la ex Escuela 609
asentado en tenenos del dominio de la provincia. En virtud de ello, convinieron
que la APN reconoce a la provincia el derecho a efectuar actividades recreativas y
educativas en los tenenos de propiedad de esta última ubicados en la zona delimitada como "reserva nacional" del Parque Nacional Iguazú. También se comprometió a autorizar el desanollo de otras actividades, entre las admisibles por la
legislación específica, tendientes a la generación de recursos ¡:¡ara la sustentabilidad económica de las anteriores, en los espacios complementarios necesarios para
la ejecución de tales actividades, cuando tengan inicio, se desanollen o terminen
en instalaciones operadas por la Concesionaria del Área Cataratas.
Por otra parte, el decreto 904/05 dictado por el poder ejecutivo local facultó a la Dirección de Tienas y Colonización (Ministerio del Agro y
la Producción) a otorgar un permiso de ocupación por el término de dos años a la
firma Iguazú Balloon S.A. sobre el inmueble antes mencionado con destino a la
ejecución del proyecto que consiste en la instalación y explotación comercial de
un globo aerostático cautivo, lo que permitiría la observación panorámica de todo
el paisaje de las Cataratas del Iguazú. Al mismo tiempo, puso a su cargo la rehabilitación del edificio de la ex Escuela 609 a fin de ser utilizado para actividades
de educación ambiental complementarias de las currículas escolares. Posteriormente, esta norma fue modificada por el decreto 956/06, en cuanto dispuso que el
inmueble referido es inenajenablebajo cualquier tipo de condición o modalidad.
Mediante el decreto provincial 1664/05 se dispuso elevar la
propuesta para su evaluación y aprobación por parte de la APN, acompañada por
el estudio de impacto ambiental, así como las evaluaciones técnica y ambiental,
realizadas por los organismos provinciales pertinentes (v. fs. 43 del expediente
administrativo n° 611/05). Tras llevarse a cabo diversos estudios, informes, consultas y presentaciones, la APN rechazó el estudio de impacto ambiental del pro-
yecto relativo al globo aerostático cautivo, así como su instalación en el Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú (v. resolución 174/06). Asimismo, los recursos interpuestos contra este acto por la Provincia de Misiones y por la firma Iguazú Balloon S.A. también fueron rechazados por la APN por [as resoluciones
07/08 Y 08/08, respectiv}Unente.
A su turno, la Secretaría de Turismo de la Nación desestimó
los recursos de alzada deducidos (art. 94 de la ley 19.549) mediante la resolución
249/08 que aquí se cuestiona, con fundamento en el art. 18 de la ley 22.351, su
reglamentación y sus normas complementarias, en cuanto disponen que la APN
es la autoridad exclusiva para la autorización, reglamentación de la construcción
y funcionamiento de las instalaciones turísticas. Asimismo, señaló que no concurre arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta pues los actos fueron dictados en cumo
plimiento de un deber legal y puso de resalto que, en el caso, la titularidad del
bien y la jurisdicción sobre él corresponden a sujetos distintos.
Sentado ello, cabe recordar que la ley 12.103 creó la Dirección de Parques Nacionales y simultáneamente los parques Nahuel Huapí e Iguazú, fuando sus límites (art. 21). Asimismo, estableció el régimen legal de sus tierras y, en este sentido, el arto 15 declaró "bienes del dominio público las tierras de
propiedad fiscal, situadas dentro del perímetro de cada parque o reserva, con las
limitaciohes expresadas en ·.el arto 22 de esta ley". Esta norma, en su inc. 2°, facultó al Poder Ejecutivo a excluir de la declaración de dominio público las fracciones de ti~rra necesarias para la formación de centros de población o instalaciones
de hoteles, restaurantes, campos de deportes y todo otro establecimiento destinado a satisfacer las necesidades del turismo en los parques nacionales mencionados, dentro de la superficie máxima de cinco mil hectáreas.
A través de la provincialización del hasta entonces territorio
nacional de Misiones dispuesta por la ley 14.294, se previó que pasaran al dominio de la nueva provincia los bienes que estando situados dentro de los límites
territoriales de la misma pertenezcan al dominio público de la Nación, así como
también las tierras fiscales y bienes privados, excepto aquellos que necesite destinar a un uso público o servicio público nacionales. Mediante el decreto-ley
654/58, la Nación formuló la pertinente reserva del dominio público con respecto
S.e. M. 957, 1. XLIV.
al Parque Nacional Iguazú, con los límites fijados por el decreto 100.133/41, lo
que determinó su condición de establecimiento de utilidad nacional en el
territo~
rio de la nueva provincia, en los términos del arto 67, inc. 27, de la Constitución
Nacional (actual arto 75, inc. 30).
Por su parte, la ley 22.351 estableció en qué casos ciertas
áreas del territorio nacional podían ser declaradas parque o reserva nacional o
monumento natural, y determinó que la autoridad de aplicación era la
Adminis~
tración de Parques Nacional, precisando sus atribuciones y deberes.
En cuanto al predio donde se asienta la ex Escuela de
Fron~
tera N° 609, cabe señalar que fue cedido por la Nación a la Provincia de Misiones
en cumplimiento de lo establecido por la ley 21.809, que dispuso la transferencia
a las provincias de todas las escuelas de enseñanza
pre~pril11aria
pendientes del Consejo Nacional de Educación, incluyendo los inmuebles en que
ellas se encontraban a fin de mantener y asegurar la continuidad de la prestación
de los servicios educativos. Según surge de los considerandos de la
~APN
r~olución
(v. copia obrante a fs. 559/576 del expediente administrativo), el
inmueble en cuestión fue inscripto a favor del Consejo General de Educación de
la Provincia de Misiones mediante escritura pasada ante la Escribanía General de
Gobierno de la Nación el 13 de noviembre de 1984.
Posteriormente, el decreto 904/05 ya mencionado aceptó la
transferencia efectuada por dicho Consejo mediante la resolución 2346/05 a favor
de la Provincia de Misiones, individualizando el inmueble como Fracción "E"
Remanente "R3" Fracción entre Río Paraná e Iguazú, ciudad y municipio Puerto
Iguazú, Departamento Iguazú, Provincia de Misiones, inscripto en el Registro de
la Propiedad Inmueble al Folio Real Matrícula N° 3.970, Plano de Mensura regis~
trado en la Dirección General de Catastro bajo el N° 20.871, Nomenclatura Catas~
tral: Departamento 09, Municipio 43, sección 01, Chacra 0000, Manzana 0000,
Parcela 006"E".
Así establecida la situación del predio sobre el cual la actora
pretende autorizar la instalación de un globo aerostático cautivo, la circunstancia
de que se encuentre emplazado dentro de la Reserva Nacional Iguazú constituye
un elemento relevante a los fines de decidir la cuestión planteada con respecto a
la competencia de la APN para admitir o rechazar la propuesta, dada la regulación
constitucional que gobierna estos enclaves considerados establecimientos de utilidad nacional. En consecuencia, es necesario examinar la disposición contenida
en el arto 75, inc. 30, de la Constitución Nacional, en cuanto resulta aplicable al
En el fallo recaído en la causa L. 686, L. XLI, "Lago Espejo
Resort S,A. cl Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) si acción meramente dec1arativa(impuesto inmobiliario e ingresos brutos)", del 20 de marzo de
2012, V.E. sostuvo que el texto actual de la denominada "cláusula de utilidad
nacional'·' proviene de la reforma constitucional de 1994, que modificó el entonces arto 67, inc. 27, cuya aplicación había dado lugar a interpretaciones divergentes en el tiempo. La norma en cuestión actualmente dispone que es facultad del
Congreso Federal legislar "para el cumplimiento de los fines específicos de los
establecimientos de utilidad nacional", bien que respetando el poder de policía e
imposición local en tanto no peliurbe el cumplimiento de aquellos fines.
Al respecto, se recuerda que el constituyente de 1994 siguió
la línea predominante en la jurisprudencia del alto Tribuna! (Fallos: 296:432;
299:442; 302:1223 y 1236; 304:163 y 305:1381) que, en lo sustancial, implica
que la exclusión de la jurisdicción provincial en los enclaves en examen debe
circunscribirse a los casos en que su ejercicio afecte efectivamente la satisfacción
del propósito de interés público característico de un establecimiento de utilidad
Sobre la base de lo antedicho, considero que la condición
jurídica que ostenta el predio en cuestión -perteneciente al dominio privado de la
provincia en virtud de la transferencia dispuesta por la ley 21. 809- de manera
alguna impide la aplicación de la ley 22.351, pues la exclusión, segregación o
desafectación que pretende demostrar la provincia no constituye un obstáculo al
ejercicio de la jurisdicción que compete a las autoridades nacionales en virtud de
que el bien se encuentra emplazado en la Reserva Nacional Iguazú, máxime
cuando V.E. tiene dicho desde antaño que dominio y jurisdicción no son conceptos equivalentes ni correlativos y pueden existir uno sin la otra (Fallos: 154:312;
321 :IQ52).
En efecto, si el legislador ponderó la necesidad de crear el
parque y la reserva en virtud de la extraordinaria belleza o la riqueza en flora y
fauna del territorio comprendido entre sus límites con el objeto de ser protegidas
y conservadas, no parece irrazonable que se atribuya a la autoridad de aplicación
las facultades inherentes al cumplimiento de los fines específicos de un establecimiento creado en los términos del arto 75, inc. 30, de la Constitución Nacional.
de las auAl respecto, cabe tener presente que la aqtuación
toridades nacionales debe ser entendida en el contexto del reconocimiento de que
. quien tiene el deber de procurar determinado fin tiene el derecho de disponer los
medios para su logro efectivo (Fallos: 322:2624). En este orden de ideas~ siendo
atribución del legislador determinar la existencia del fin nacional a cumplir así
como la elección de los medios y modos de satisfacerlo (Fallos: 322:2598), entiendo que lo actuado por las autoridades intervinientes se ajusta a derecho en
atención a que la ley 22.351 exige que toda entidad o autoridad pública que realice o deba realizar actos administrativos que se relacionen con las atribuciones y
deberes determinados por la ley debe dar intervención previa a la APN (art. 19).
Por otra parte, tampoco parece admisible el planteo de la
actora fundado en la invalidez de los arts. !O y 18 de la ley 22.351 por ser contrarios a diversas disposiciones constitucionales vinculadas a la forma de gobierno y
a las autonomías provinciales, toda vez que, aun cuando los estados locales son
dueños originarios de sus recursos naturales (art. 124) y sólo se delegó a la Nación la fijación de los presupuestos mínimos de protección ambiental (arts. 41 y
121), resulta insoslayable que tales cláusulas deben aplicarse en el caso de manera
que armonicen con lo dispuesto por el arto 75, inc. 30, precepto que otorga sustento suficiente a la legislación cuestionada en tanto tiende al cumplimiento de los
fines específicos del establecimiento.
No obstante, tal conclusión de manera alguna implica otorgar facultades de administración a la APN respecto del imnueble de propiedad de
la provincia, ni impedir el desarrollo de emprendimientos turísticos o de otra Índole a fin de otorgar sustento económico a los programas recreativos y educativos
que se pudieran implementar en los términos del acuerdo celebrado el 23 de diciembre de 2002, sino que se trata de preservar las atribuciones legales acordadas
en el marco de la Constitución Nacional a efectos de posibilitar que se lleven a
cabo sólo aquellos emprendimientos que no interfieran en el cumplimiento de uno
de los cometidos principales que tiene a su cargo la APN, esto es la conservación
del medio ambiente en las áreas protegidas.
-VIOpino, por tanto, que corresponde rechazar la demanda
promovida por la Provincia de Misiones contra la APN y el Estado Nacional (Secretaría de Turismo de la Nación).
Buenos Aires,~ de mayo de 2012.
CSJ 957/2008
(44-M)/CSl
Provincia de el Estado Nacional
si nulidad de acto administrativo.
\(:
/J ~
nal y otro s/ nulidad
"Misiones,
;l()1v.
de c/ Estado
de acto administrativo",
1) A fs. 27/64
(en adelante
a fin de obtener
ministrativos
p,or el
904/05
la APN
con resambiental
(fs. 27 vta.)
(~PN) n° 000611/05,
609) y al uso
de un in-
los actos ad-
el recur-
a la afectación
de 2002,
(ex Escuela
o desconocer
a la implementación
y de la reso-
que rechazó
de la APN.
que se declare
risdicción
Y su ratificatoria
so interpuesto
"APN")
su jurisa realizar-
se en ese predio
chaza el "Estudio
rostático
a ser del dominio
Cautivo"
ción del globo aerostático
que Nacional
ción del edificio
1 0),
de la provincia;
de Globo Ae-
la instala-
en el área Cataratas
2°), impidiendo
y, re-
del Par-
así la rehabilita-
su pretensión,
gar y la legislación
en su escrito
otras atinentes
culo 75, inciso
to a las leyes
de un Parque
de la ley 22.351
Iguazú y de
(fs. 38)
con el artí-
en lo dispuesto
10 y 18 de la ley 22.351.
referida,
sido transferido
5° de la Constitución
como establecimiento
De ello extrae
que es falsa
Iguazú por haber
el lu-
y la jurisdicción.
está situada
APN 07/08, en el sentido
ya se encontraba
por las que atravesó
de esos bienes,
que lo regula;
que se parte
Provincia de e/ Estado Nacional
s/ nulidad de acto administrativo.
000611/05,
ej ercerse
que la única
dej a vacío
sobre tal re-
1°, 5°, 14, 17,
que las atribuciones
5° y 30, 121 Y 124 de la Ley Fundamental
vta.).
es considerar
41, 75, incisos
y reglar
(fs. 44
a la APN sólo puereservas
vincu-
45/45 vta.)
a los establecidos
que atañe
a los usos
la invocada
(artículos
de do-
14 y 17
la demandada
a desarrollarcon los plazos
a la este-
de dictarse
e inversos
se considerase
se en el inmueble,
y desconociendo
que la reso-
con ilegalidad,
y aprovechamiento
de su postura
al predio
rilidad
y rechazar
que el antedicho
a tales efectos,
ni provoca
11) A fs.
que su objetivo
(fs. 61).
82 este Tribunal
609, la que ha sido dedicada
y que el proyecto
que la actora
en la ex Escuela
por lo que se cumple
(APN) y contesta
su pretensión.
del Globo Ae-
18, inciso
de esa opinión,
81 dictamina
que se haga lugar a la demanda,
para su autorización
así como el servicio
como sustento
atinencia
rostáticq
no es la educación
al turismo,
(fs. 98 y 107)
y le otorga
el que intenta
o comercial;
a desvirtuar
organisJIlo como
a jurisdicción
a cuestionarla
de aplicación,
es plenamente
1664/05);
(fs. 104
vta. /105) .
la demanda,
IV) A fs. 126/143
cretaría
de Turismo),
zo, a cuyo
su rechaanálogos
por APN.
V) A fs. 352/356
cal sobre las cuestiones
en el sub lite.
117 de la Constitución
y responda
consul tiva,
al que atri-
(doctrina
312:1003;
a un "casoU
de un acto en ciernes,
y 977; 311:421;
310:606
y lesión
es dable
307:1379;
a la declaración
una indagación
2°) Que en lo atinente
322:1253
y 332:1704,
dos para
007/08,
008/08
mo de la Nación
"un estado
lidad de una relación
"concretaU
721/724,
174/06,
de Turis-
y 779/792
a la actora
725/727
sobre la existencia,
n° 000611/2005),
estableci-
y moda-
por tal a aquella
y 311:421).
(v. fs. 559/576,
por la ac-
Y la resolución
a que la actora
es la titular
de un inmueble
(44-M) /CSl
"Fracción
la ex Escuela
gistrado
'R3',
904/2005,
006 E"
el N° 20.871,
fs. 26 y 3/5 del expediente
en e¡ Regjstro
01, Chacra
01 cas.,
de.Misiones,
11 as.,
1 ° del
000611/2005) .
El referido
43, 44, 47,
está emplazado
n° 4524/71;
la APN ejerce
5°) Que las constancias
165, 169,
n° 000611/2005).
Cautivo";
Consej o
y la concesionaria
de la causa dan cuenta
la APN,
"Globo Aerostático
está fuera de la órbita
270 Y 1, 31, 38,
Iguazú"
en el lugar y si, en consecuencia,
en dilucidar
o rechazar
tal decisión
6, 186,
559 del expediente
4°) Que la cuestión
en la "Reserva
64, 72, 92, 95, 103,
182, 248, 271, 289, 314
a autorizar
las admisibles
y educativas
de las anteriores,
se desarrollen
Catara-
relaciola ley
que la justifi-
y goce que determina
y que tal tipo
en razones
o terminen
corno de
era la titular
cuyo estado
por lo que el programa
de ta-
cidían
delimi-
22.351;
(fs. 6/7)
al Área
a la generación
6°) Que en esa oportunidad,
se fundamentó
se com-
corno "Reserva
en la zona delimitada
les actividades,
corno "Reservas
no permitía
forma paulatina,
que la provincia
de la ex Escuela
"puesta
n° 609, con un edificio
corno tal, por lo que era
edificaciones"
eSJ 957/2008
(44-M) leSl
de el Estado Nacional
de la APN
y su rehabilitación
vos e inherentes
"Usos
Deseados",
no resultaba
señalada,
que por en-
"Reserva
de activi-
del sec-
904/05,
7°) Que por
de 2Q05,
por la legislación
y negociar
en su condición
tor delimitado
a gestionar
como Parques
en el capi-
.el,que ,se expuso
y educati-
del referido
y manteni-
en el "Plan de Atención
Iguazú",
143 del 7 de diciembre
en la refacción
de Tierrps
2346/05
26 Y 3/5
antes mencionado) .
y Colonización
-Ministerio
del Agro y la Pro-
ducción-
años a la firma "Iguazú
tableció
la forma, modo
consignarse
1 (el sub-
de educa-
"complementarias
ha pro-
"Globo
y posibilitaría
de todo el paisaje
con un impacto
en la ley 25.675
y ecológica
vez la observación
de lo establecido
escolares".
tas del Iguazú"
Cautivo'
al inmueble.
las currículas
y se es-
'Globo Aerostático
"principalmente
al original).
fin de ser utilizado
por el término
S.A." sobre el inmueble
rayado no pertenece
de las "Catara-
al ocasionado
con la opera-
ción de helicópteros.
co cautivo,
1 de esa norma
se aclaró
de un globo aerostáti-
a treinta
Se precisó
era el modelo
que el aeros30" y se com-
Provincia de e/ Estado
s/ nulidad de acto administrativo
5.500 m3 y un diámetro
que el material
que actúan
"Iguazú
1° de dicha
"reviste
que oportuna-
en ven-
que el predio
1664/05,
cauti-
de condi-
del 14 de
n° 000611/2005)
"su aprobación"
1° ,
así como el estudio
956/06
de rigor y "se adjudicara
climatológi-
(fs. 546, expediente
con va-
9°) Que por
y se declaró
ción o modalidad"
609 en el que se instalaría
480/74 ...
" (fs. 2, expediente
S.A.";
a aceptar
con gas helio.
de las va~iaciones
8°) Que el 15 de junio
era de una base de tejido
y como protección
cas y las radiaciones
de 22 m, inflado
del gas helio
la "opinión
el "Reglamento
en el área,
"en virtud
de éstos)
y proponía
212/05
es la caracterís-
(ya que el atractivo
formar una Comisión
el me-
y Plan de Uso Público".
las .acciones de manej o para
es paisajístico
tica esencial
observó,
se regía por
diano y largo plazo:
de Parques Nacionales".
10) Que el 15 de septiembre
de la APN" y que dicho Organismo,
que debía
EvaluadoProyecto
64/65,
y señaló
serie de condiciones
a fin de evitar
cial de éste,
el uso educativo
la mitigación
de los re-
del globo y la función
y la seguridad,
del globo,
CSJ 957/2008" (44-M)/CSl
se cumplían
realizarse,
(fs. 93/127,
y presentaciones,
y rechazó
"Proyecto
del denominado
(fs. 559/576,
que provocan,
"por el impacto
y no constituir,
y paisajís-
sí mismos,
oportu-
un atractivo
a) que el estudio
se ajustaba
caría
se evaluaba
to, ni se valoraban
plena;
en ~l Parque
se contemplaban
ni la "artificialización
el globo;
y acumulativo
al proyec-
que el emprendimiento
que provo-
del paisaje"
por el Regla-
se seña-
de mitigación
(Brasil);
y no se acreditaba
tos disuasivos
de los sobrevuelas
Iguazú y e) los resultados
desnaturalizaba
al transferirse
tener efec-
c) el proyecto
que el globo pudiera
la ex Es-
por el sobreCataratas
eran contra-
rios a su instalación.
12) Que los recursos
por las resoluciones
(fs. 639/649,
651/657,
a metas
dos dentro
"incumpliendo
sus faculta-
de su jurisdicción;
y fiscalizar
se permitía
se sustentó
en la ley de Parques
cual si bien
Y 725/727).
la cual se cedió
por lo que la Administración
de Misiones".
la ley 22.351,
des para
712/724
se indicó
ese acto por
APN 007/08 Y 008/08,
700/710,
En esas oportunidades
ba orientado
comprendi-
de que la APN hubiese
957/2008
era congruente
les y culturales
que establecía
que las acciones
sustentan;
(ENP) tendrían
como uno de los principales
res de los ENP y se incorporaría
y de los procesos
con el Plan de Gestión
de mínimo
de infrae~tructura
valoimpacto
que se reali-
cen en ellos.
S.T. n° 249/08
glamentación
exclusi va
ej ercicio
736/750,
94 de la ley 19.549)
761/769,
771/778
754/759,
n, de la ley 22.351,
su re-
ción y funcionamiento
y sus normas
que se interpus~eron
posterioridad,
turísticas;
de un deber
779/792,
se creó
ques Nahuel
de la ulterior
bre de 1953, se provincializó
y fue mediante
que se dispuso
los par-
654/58
del 10 de diciemnacional
(B.O.
que el Parque Nacional
terri torio
67, inciso
27, de la Constitución
(v. también
ley 14.294
nuaría perteneciendo
Huapí e Iguazú.
Ello deter-
7/2/1958),
[actual artículo
de fs. 352/356)
15) Que
(B.O. 12/12/80)
ción era,
en qué casos ciertas
ser declaradas
la ley de Parques
y fijó
de aplica-
16) Que
ex Escuela
609, cabe
a fin de mantener
y asegurar
fue cedido
la ley 21.809
1 o,
(v. artículos
(B.O. 9/6/1978),
de la prestación
3 o,
a y los
de la norma) .
te escritura
ante la Escribanía
(44-M)(CSl
000611/2005;
y por el decreto
que efectuó
17) Que el hecho
expuesto-,
la transfe-
2346/05) .
se aceptó
de que el inmuéble
al do-
22.351.
se ve limitado
rrelativos
21:491
absolpta
y exclusiva
de que el bien,
y aquél no
y co-
jurisdicción,
le pertenezcan
rar como Parque Nacional
za o riqueza
75, inciso
ponderó
sin nece-
de decladel terri-
que por su extraord~naria
30, de la Constitución
y conservadas
y goce de las presentes
o en razón de un interés
ser protegidas
en flora y fauna autóctona
no son conceptos
154:312);
le compete
y 321:1052)
18) Que
de los fines específitérminos
1° y 14
y dictamen
es la Administración
e implícitas,
tas útiles
de zonas protectoras
cual es la conservación
nos previstos
y reglamentación
y es a ese
a los fines de su creación;
en la legislación,
de la cons-
que sean herramien-
fin perseguido
en los térmi-
9° y 10 del cuerpo
en exa-
19) Que en el punto
Ej ecuti vo
ley, y en la que
a la APN,
venientes
da, porque
debe subordinarse
de la superposición
por la autoridad
que la atención
a la conservación
y, si ejercieran
los giaves
la atribucion
"está destinada
cante que el primero,
ser necesaria-
de la ley proyectadel turismo,
lo es menos
en este precep-
to, podría
o en el paisaje
o explotar
tegridad
"Administración
su jurisdicción;
la complementaa través
que ase-
una regulación
la multiplici-
es que el artículo
del "Globo Aerostático
19 de la
se relacionen
al solicitar
o autoridad
debe dar intervención
de los recur-
que toda entidad
21) Que
u objetos ..
o deba
na.cionales".
20) Que por esas
ley en examen
turísticas,
las perturbaciones
que "de esta manera,
nacionales.,.. Con ello, por una parte,
y el disfrute
de la ley en resguardo
de los parques
al solo efecto
de la intangibilidad
a la autorización
que resguardan
sos naturales
se produjeran
fue la administración
de la APN, y reconoció
y del Estudio
de ins-
de Impac-
to Ambiental
tal"-
(ver decreto
"la autoridad
1.664/05),
y al presentarle
las correc-
147/149,
000611/2005)
22) Que no hay,
a desconocer
S.T. 249/08
da vez que fueron
APN 174/06,
-que se cuestionan
007/08 Y
en esta litis-,
Las ra-
zones dadas por las demandadas
para denegar
do, que
en los considerandos
12, 13 y 14 precedentes,
que la ley pone
dan cuenta del ejercicio
la de los fines específicos
culos 10 y 18 de la citada
lo dictaminado
soslayable
so, de manera
30; precepto
en el ca-
que se impugna
Magna),
de conforFiscal,
41 y 121, de la Carta
a la legislación
en el caso,
en tute-
de los artí-
debe señalarse
que quede
ley 22.351,
al planteo
que le fueron encomendados.
23) Que respecto
y a su apli-
24) Que en mérito
Cautivo"-
a un predio
a los argumentos
~mporta
del pro-
en el inmueble
las impugna-
esgrimidos
Por ello, y de conformidad
se résuelve:
tas en lo que respecta
-Secretaría
de Turismo-.
de esa entidad
por la señora
Con cos(artícu-
la Nación)
1204/01).
y archíve-
del actor:
los demandados:
y la Admi-
Ores. Fidel E. Ouarte; Ángela P. Souza Alexandre; Héctor Nuñez;
Borda; José Manuel Ubeira; Claudia G. Molina;
Adriana B. Villani;
Claudia A. Esteban y Gadys L. Azzola.
http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2012/LMonti/mayo/Misiones_Pcia_M_957_L_XLIV.pdf
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