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Timestamp: 2019-05-21 07:48:31
Document Index: 240013463

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 124', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 41', 'artículo 1', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 58', 'artículo 63', 'artículo 58', 'artículo 41', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 1']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 7
NORMAS TRIBUTARIAS PARA INVERSIONES DESDE CHILE AL EXTRANJERO POR EMPRESAS CON CAPITAL FORÁNEO
VI INCIDENTES
CONCESIONES Y VENTA DE BIENES FISCALES EN ZONA AUSTRAL: MENOSCABO DE DERECHOS DE LEGÍTIMOS OCUPANTES. OFICIOS
Sesión 7ª, en martes 29 de octubre de 2002
(De 16:20 a 18:40)
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................................................
Acuerdos de Comités.................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero (3015-05) (se aprueba en particular)..........
Concesiones y venta de bienes fiscales en zona Austral: menoscabo de derechos de legítimos ocupantes. oficios (observaciones del señor Horvath)...................................................................................................
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior y de Educación , la señora Subsecretaria y el señor Asesor del Ministerio de Hacienda.
Las actas de las sesiones 5ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 6ª, ordinaria, en 15 y 16 de octubre del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con los tres primeros retira la urgencia y la hace presente de nuevo, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que establece normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero (Boletín Nº 3.015-05);
2.- El que faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las obligaciones que indica, dispone la suscripción del convenio de programación con el sistema de empresas y modifica la ley Nº 19.767 (Boletín Nº 3.049-05), y
3.- El que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad del sector pesquero (Boletín Nº 2.970-03).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen en consideración las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el cuarto hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley sobre calificación de la producción cinematográfica (Boletín Nº 2.675-04).
--Se tiene en consideración la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política, comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 25 y 28 del mes en curso, con la finalidad de participar en la X Reunión Cumbre de Líderes de APEC, por realizarse en la ciudad de Los Cabos, México.
Asimismo, señala que durante el período que dure su ausencia será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro titular de la Cartera del Interior , don José Miguel Insulza Salinas.
Con el primero comunica que dio su aprobación al proyecto de ley que faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las obligaciones que indica, dispone la suscripción del convenio de programación con el sistema de empresas y modifica la ley Nº 19.767, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 3.049-05).
Con el segundo informa que aprobó el Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Santiago el 20 de agosto de 2001. (Boletín Nº 3.030-10).
Con el tercero señala que aprobó el proyecto que modifica el plazo y el procedimiento para adecuar estatutos de organizaciones deportivas, establecidos en la ley Nº 19.712, del Deporte (Boletín Nº 3.076-04).
Con el cuarto comunica que dio su aprobación al informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley sobre calificación de la producción cinematográfica, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.675-04).
Con los dos primeros contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, referidos, el primero, a un seminario de carácter exploratorio sobre la conveniencia de traspasar la provincia de Palena a la Undécima Región, y el segundo, a problemas presupuestarios de municipalidades que financian escuelas de sectores rurales con baja densidad de población.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, sobre desarrollo de los programas de absorción de cesantía en la provincia de Cauquenes, Séptima Región.
Con el último da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, acerca de la posibilidad de incluir en el Presupuesto Regional 2003 el proyecto de agua potable rural para el sector de Paraguay Chico, comuna de Los Muermos, Décima Región.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con el cual contesta un oficio enviado a Su Excelencia el Presidente de la República , en nombre del Honorable señor Ruiz De Giorgio, tocante al envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley que recoja las ideas contenidas en una moción de Su Señoría, que fue declarada inadmisible, referente al establecimiento de una remuneración mínima para los conductores de vehículos de transportes de pasajeros.
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre de diversos señores Senadores, sobre defensa de la figura del héroe nacional Arturo Prat, y
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Arancibia, relativo a la labor que realiza el Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART).
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, atinente al financiamiento necesario para dotar de agua potable a diversas localidades de la comuna de Navidad, Sexta Región.
Con los dos siguientes contesta sendos oficios enviados en nombre del Honorable Senador señor Stange, referidos, uno, a la construcción de un camino en el sector Huimán-Astilleros, comuna de Maullín, Décima Región, y el otro, a la posibilidad de unir Isla Tenglo con Puerto Montt.
Con el último remite una nómina de los oficios enviados por la Secretaría de Estado a su cargo en respuesta a consultas sobre materias de su competencia.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, relativo a la modificación del Plan Regulador Intercomunal del Valle de Auco, provincia de Los Andes.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, referido al proceso de licitación de los recorridos de metrobús en la Región Metropolitana.
Del señor Ministro de Minería , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la realización del seminario "El valor de Aysén como reserva de vida del planeta".
De la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor García, sobre situación que afecta a familia víctima de accidente carretero.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones , con el que responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, en cuanto a aprobación de tarifa de telefonía rural, por el valor que señala, para la localidad de Mincha Sur, Cuarta Región.
De la señora Superintendenta de Seguridad Social, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, referente a la postulación de la persona que menciona a una pensión asistencial de vejez.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relativo a los impuestos al consumo.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, respecto a la posibilidad de que la Comunidad Indígena de Butachauques obtenga autorización para realizar planes de manejo forestal en el predio fiscal que ocupa, en la comuna de Quemchi, Décima Región.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre integración de la zona austral con Argentina.
Del señor Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la posibilidad de establecer un programa sostenido de cooperación con la República de Mozambique.
Del señor Presidente del BancoEstado , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la creación de una sucursal bancaria en la comuna de Hualaihué, Décima Región.
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Segunda Región, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, respecto de la reparación del equipamiento urbano de la población Gustavo Le Paige, en la comuna de Calama.
Del señor Director de Vialidad de la Novena Región , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, respecto del traslado del puente Paso Paz, en la comuna de Lonquimay, Novena Región.
Del señor Alcalde de Antofagasta , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable Senador señor Cantero, relativo a la ejecución de diversas obras en la población Vientos del Sur Nº 2.
Del señor Alcalde de Calama , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, tocante a la posibilidad de transformar la Escuela Básica de Caspana, ubicada en el sector de Alto El Loa, en Liceo Técnico-Profesional.
Del señor Jefe del Departamento de Cobranzas y Quiebras del Servicio de Tesorerías, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo al cobro por concepto de pago atrasado de impuesto territorial del inmueble que señala, en la comuna de Maullín, Décima Región.
Del señor Jefe de Gabinete de la Intendencia de la Décima Región , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a las empresas que efectúan traslado aéreo utilizando subsidio estatal y a las condiciones acordadas con la autoridad.
Del señor Jefe del Departamento de Gobierno Interior y Administración de la Quinta Región, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Romero, relativo a la concesión de pensión asistencial que señala.
Del señor Director General subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, sobre la situación que habría afectado al cónyuge de la señora Brunilda Guerra Araya.
De los Honorables señores Aburto, Chadwick, Espina, Moreno y Silva, mediante la cual solicitan que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se pronuncie, en su primer informe, tanto en general como en particular sobre el proyecto de ley que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos (Boletín Nº 2.975-07).
Tres de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que a continuación se señalan:
1.- El relativo a la aprobación del Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios (Telecomunicaciones Básicas), adoptado en la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra, el 15 de abril de 1997 (Boletín Nº 2.827-10);
2.- El referido a la aprobación del Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (Servicios Financieros), adoptado en el marco de la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, el 27 de febrero de 1998 (Boletín Nº 2.860-10), y
3.- El que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Boletín Nº 3.012-10).
Del señor José Miguel Cuevas Paredes, mediante la cual pide la rehabilitación de su ciudadanía (Boletín Nº S 641-04).
En sesión de hoy, la unanimidad de los Comités acordó, tocante al proyecto de ley que establece la obligatoriedad de etiquetación de productos alimenticios genéticamente modificados, fijar plazo para formular indicaciones hasta el 2 de diciembre, a las 12.
Solicito que se autorice a la Comisión de Hacienda para recibir las indicaciones presentadas por el Ejecutivo fuera de plazo al proyecto que establece nuevas normas para la reprogramación de deudas por crédito solidario en educación superior.
Hasta mañana, a las 12.
Asimismo, pido que se prorrogue en una semana el plazo para formular indicaciones al proyecto sobre creación de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que está en estudio en la Comisión de Economía.
Si no hubiere objeción, se prorrogaría hasta el 4 de noviembre, a las 18.
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero, con segundo informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3015-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Hacienda, sesión 25ª, en 3 de septiembre de 2002.
Hacienda (segundo), sesión 6ª, en 16 de octubre de 2002.
Sesiones 26ª, en 4 de septiembre de 2002 (queda para segunda discusión); 27ª, en 10 de septiembre de 2002 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 10 de septiembre del año en curso.
La Comisión de Hacienda deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 1º, número 2), 2º, 4º, 5º, y 6º.
En consecuencia, conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, tales preceptos deben darse por aprobados, salvo que, con la unanimidad de los Senadores presentes, se solicite someter a discusión y votación uno o más de ellos.
--Quedan aprobados reglamentariamente.
El informe contiene las demás constancias reglamentarias.
Las modificaciones introducidas al proyecto aprobado en general fueron acordadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, con excepción de las siguientes:
1.- La recaída en el número 1) del artículo 1º, referido al inciso segundo del artículo 10 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que fue aprobada por tres votos a favor (Honorables señores Boeninger, Ominami y Sabag) y dos en contra (Honorables señores Coloma y García);
2.- La recaída en el número 3) del artículo 1º, que agrega dos incisos al artículo 38 de la Ley de la Renta. Esta enmienda fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra, de los mismos señores Senadores recién nombrados, y
3.- La recaída en el número 5) del artículo 1º, referido al artículo 58, Nº 2, de la Ley de la Renta, que fue aprobada por dos votos a favor (Honorables señores Ominami y Sabag) y uno en contra (Honorable señor Coloma).
Cabe recordar que las modificaciones acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador solicite discutir la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Al respecto, llegó a la Mesa una petición para discutir algunas de esas enmiendas.
La Secretaría elaboró un boletín comparado dividido en cuatro columnas: la primera consigna los textos legales que se modifican por el proyecto en discusión; la segunda, el texto aprobado en general; la tercera, las modificaciones efectuadas por la Comisión de Hacienda en su segundo informe, y la cuarta, el texto final que resultaría de ser aprobado este último.
Solicito autorización para que ingresen a la Sala la Subsecretaria de Hacienda, doña María Eugenia Wagner, y el asesor del Ministro del ramo, don Marcelo Tokman.
El señor HOFFMANN .-
Corresponde ocuparse del número 1) del artículo 1º, que fue aprobado en la Comisión por tres votos contra dos. Además, la Senadora señora Matthei solicitó discutirlo.
Señor Presidente , el número 1) del artículo 1º presenta dos problemas. Primero, en la práctica va a impedir que empresas chilenas compren proyectos nacionales que están en nuestro país pero se hallan en manos de inversionistas extranjeros. Básicamente, esta iniciativa declara que si una empresa foránea que tiene activos aquí es vendida en el exterior y la compra un chileno, la renta es de fuente chilena. Si la adquiere un extranjero, obviamente la renta no es de esta fuente y, por lo tanto, aquél no paga impuesto alguno acá. En cambio, si la compra un chileno, tiene que pagar impuesto adicional. En el fondo, la idea es que el precio, descontado el 35%, llegue al mismo que estaría ofreciendo un inversionista foráneo. Eso, en la práctica, significa un sobreprecio de 53%. Es decir, para que una empresa foránea con inversiones en nuestro país esté dispuesta a vender su participación en ella a un chileno y éste sea competitivo, deberá pagarse un impuesto de 53 por ciento, que es mayor que lo que le correspondería a un extranjero por el mismo paquete.
Esto no tiene ningún sentido y va a ser burlado de mil formas distintas. Además, representa un tremendo impedimento para inversionistas honestos que realmente quieran nacionalizar proyectos chilenos comprándolos en el exterior en momentos en que algunas empresas se están yendo de Latinoamérica.
Éste es el primer problema del Nº 1) del artículo 1º.
El segundo problema se refiere a que la redacción de la norma es tan confusa que nadie la entiende. Y ello dará origen a mil procesos arbitrales, a juicios ante el Servicio de Impuestos Internos, etcétera. He preguntado a diversos abogados qué entienden, especialmente respecto de la segunda parte de este inciso, y la verdad es que dan interpretaciones diferentes.
En consecuencia, pido que el Nº 1) vuelva a Comisión para redactarlo como corresponde o para, sencillamente, eliminarlo. Se trata de una norma elaborada básicamente para la venta de la Exxon; pero como la transacción se arregló de otra manera -se hará en Chile y se tributará de acuerdo con la ley chilena-, no aporta nada. Lo único que hace es perjudicar a chilenos que deseen comprar empresas extranjeras que tengan inversiones en Chile. Además -reitero-, su pésima redacción generará múltiples juicios por problemas interpretativos ante los tribunales.
Señor Presidente , en el proyecto, además de la plataforma de inversiones, a la cual se introdujeron modificaciones sustantivas propuestas por los señores Senadores, se incorporaron dos normas que pretenden evitar la elusión tributaria. La primera se refiere al impuesto a las ganancias de capital: se establece que si un residente en Chile compra aquí una empresa chilena, debe pagarlo. Si esa compra la efectúa indirectamente, es decir en un paraíso tributario, no hay ninguna razón para que no quede afecto a él. En realidad, mantener la legislación vigente sin modificación resulta absolutamente discriminatorio entre chilenos. Por esa razón, propusimos enmiendas.
La iniciativa no tiene ningún objetivo relacionado con alguna empresa en particular. Y la finalidad es proteger la base tributaria nacional. La globalización permite la creciente apertura de espacios de elusión impositiva, y es obligación del Ejecutivo cerrarlos. Por lo demás, combatir los paraísos tributarios y todo lo que signifique mermar la base tributaria es el camino seguido por la comunidad internacional.
La segunda disposición a que me refiero alude a los precios de transferencia, y también tiene que ver con la elusión tributaria. Se pretende evitar que se usen los precios de transferencia de exportación de productos entre empresas relacionadas como forma de traspasar utilidades sin pagar impuestos.
Señor Presidente, es cierto que todos estos enfoques tienen distintas aristas.
Para mejor comprensión de la Sala acerca del tema de las rentas de fuentes chilenas, habría que decir que, en este caso, se trata de proteger la base tributaria nacional. A mi juicio, ése es el concepto básico, pues no resulta aceptable que empresas efectúen determinadas transacciones en paraísos tributarios, y que ellas queden liberadas del pago de impuestos.
Por lo tanto, el objetivo de la iniciativa es proteger la base tributaria nacional y evitar que, por la vía de transacciones en paraísos fiscales, finalmente el país tenga que renunciar a recibir el pago de obligaciones impositivas ineludibles para otras empresas.
Es cierto que la norma es general. Pero hay que decir las cosas como son: se presentó una situación bastante delicada -a la que la Senadora señora Matthei hizo referencia-, en la cual se pretendía hacer pasar a través de un paraíso fiscal la venta de una empresa que se había capitalizado en el país, pero que, por vacíos en la legislación, eludía el pago del impuesto a las ganancias de capital. Me parece una muy buena noticia la solución de este problema específico. Es importante contar con instrumentos que impidan a empresas extranjeras eludir el pago de sus obligaciones, particularmente del impuesto a las ganancias de capital, por la vía de artificios propios de los procesos de globalización.
Tal es el sentido básico de esta norma y la razón por la cual estos argumentos permitieron que la Comisión de Hacienda la aprobara por mayoría.
Señor Presidente , haré dos comentarios respecto de esta disposición.
En primer lugar, para ser franco, me da la impresión de que la observación formulada por la Honorable señora Matthei , en cuanto a la redacción de esta norma, no fue contestada por la señora Subsecretaria. Cabe advertir que, de la lectura de la disposición, objetivamente, se desprenden distintos significados. No hay nada peor que una legislación de este tipo genere diferentes interpretaciones.
Respecto del tema de fondo, estimo pésimo legislar para casos particulares. Digamos las cosas por su nombre. Me parece adecuado lo planteado por el Senador señor Ominami , puesto que se vincula con un hecho objetivo, que puede gustar o no. Pero, con el afán de concretar una normativa, se prefiere aplicar una lógica que siempre es peligrosa en materia legislativa. Me refiero al principio de considerar la intervención de la mala fe en muchas decisiones de los particulares. Al contrario: si bien puede haberla, cabe pensar que los demás también actúan de buena fe.
El efecto concreto de esta disposición es el siguiente: cualquier empresa chilena que en el futuro compre en nuestro país un bien perteneciente a una sociedad foránea o participe en la licitación -para señalar una situación objetiva- de una empresa nacional propiedad de una sociedad extranjera, deberá pagar un impuesto de 53 por ciento, que es mayor que el que correspondería a compradores de otros países.
Por lo tanto, ¿dónde está la defensa del inversionista nacional? ¿Por qué habrá perjuicios futuros permanentes -sin que intervenga la mala fe- respecto de bienes chilenos, hoy en manos extranjeras? Pero los bienes nacionales de propiedad foránea serán más caros para los chilenos. Lamentablemente eso se deduce de esta disposición.
Más allá de la voluntad del legislador de enfrentar un caso particular, la norma apunta a que, precisamente a partir de la aprobación del proyecto, será más caro para los chilenos comprar bienes nacionales que estén en manos extranjeras, lo que objetivamente el Parlamento no puede aceptar.
Por eso, fue aprobada en una estrecha votación de tres a dos, la cual, a mi juicio, debe intentarse cambiar por hallarse envuelto un principio sumamente importante para esta nueva legislación.
Señor Presidente , a mi juicio, hay aquí una situación extraordinariamente clara y que debe entenderse ajustada a la lógica del significado de esta norma.
Como se sabe, si empresas chilenas son vendidas en el territorio nacional, pagan impuesto a las ganancias de capital; pero si esa transacción se efectúa en un paraíso tributario, no lo pagan, con lo cual, además de disminuir la base tributaria, se crea una competencia desleal para los chilenos que venden en el país.
En primer lugar, hay ahí un principio...
Pero quien vende siempre es extranjero.
Debe solicitar la interrupción, señora Senadora .
Señor Presidente , debo señalar que no me incomoda que se haya considerado el caso específico de la mina Disputada de Las Condes, de Exxon, porque constituye un baldón para todos los chilenos. Se trata de una empresa que durante 24 años no pagó impuestos aquí, en Chile, aduciendo pérdidas. ¿Alguien podría creer que Exxon mantendría una filial durante tantos años trabajando a pérdida?
En segundo término, a la transferencia de ese yacimiento a Anglo American , que se hará en el exterior -cabe advertir que una empresa que costó 93 millones de dólares se estaría vendiendo en 1.300 millones de dólares-, se le pretende aplicar el 35 por ciento. Lo cierto es que esa empresa debió pagar por tal concepto 300 millones de dólares por tratarse de ganancia neta de capital. Sin embargo, los chilenos quedan notificados de que cualquier persona que ostente cierto poder puede ir a negociar con el Servicio de Impuestos Internos y reducir 300 millones de dólares, que correspondía pagar por concepto de tributos, a 30 ó 40 millones de dólares. O sea, cualquier contribuyente en Chile puede ir a negociar sus impuestos a esa repartición. ¡Y yo pensaba que tales cosas sólo se ventilaban ante los tribunales de justicia!
Pero hay un hecho más grave. La mina Disputada de Las Condes, entre otras, pertenecía a la gran minería del cobre, conglomerado compuesto, según disposiciones legales, sólo por sociedades anónimas. Pues bien, en 1999 la Contraloría General de la República hizo una interpretación en el sentido de que se había derogado el artículo 19 del decreto ley Nº 1.349. ¡Y eso es falso! Incluso, el Consejo de Defensa del Estado rechazó el dictamen por unanimidad y lo declaró ilegal. Y lo mismo hizo COCHILCO. Por lo demás, nunca he sabido que la Contraloría disponga de facultades para derogar una disposición legal. Y resulta que esa normativa fue modificada trece veces desde 1983 a esta fecha, pero en ninguna de ellas se tocó el artículo 19, que la Contraloría pretendió derogar tácitamente.
¿Y cuál fue la consecuencia, señor Presidente ? Que ese mismo año, 1999, la mina Disputada de las Condes cambió su estructura legal de sociedad anónima a sociedad de personas. ¿Y qué efecto produjo esa determinación? Uno de tipo tributario, porque las sociedades de personas gozan de subsidios impositivos. Y ocurre que cuando ENAMI quiso ejercer ante Exxon la opción de recompra que tenía, se le dijo "No. Le correspondía ese derecho cuando era sociedad anónima, pero ahora, por estar constituida como sociedad de personas, no puede recomprar el 49 por ciento".
O sea, aquí hay una burla colosal, tremenda. Éste es el escándalo más grande...
...que me ha tocado ver, señor Presidente . Y no se puede venir aquí a defender a la Disputada de Las Condes ni a ponerla como ejemplo.
Su tiempo ha concluido, señor Senador.
Señor Presidente , una vez más quiero insistir en la inconveniencia de mezclar en este proyecto materias -como las relativas a depreciación acelerada; a modificación y exención del impuesto de timbres y estampillas para la reprogramación de deudas hipotecarias (dicho sea de paso, miles de chilenos están esperando que el Congreso la despache para verse favorecidos con la rebaja de las tasas de interés); y las que dan claridad al IVA- respecto de las cuales hay unanimidad para aprobarlas, con lo referente a la plataforma de inversiones -afortunadamente pudo ser corregido durante el trámite en Comisión- y con la normativa atinente a elusión tributaria. Evidentemente, estos dos últimos temas merecen mayor discusión. Debe medirse adecuadamente el efecto que provocarán en los inversionistas extranjeros y también las discriminaciones que conllevan.
Deseo reiterar mi llamado al Ejecutivo para postergar el estudio de lo concerniente a elusión tributaria y continuar su tramitación en una nueva iniciativa, entre otras razones, por las que mencionó la Senadora señora Matthei . Su redacción es tan poco clara que sólo se va a prestar para juicios de carácter tributario y para distintas interpretaciones ante los tribunales, todo lo cual dará lugar a reglas del juego poco transparentes y sumamente enredadas.
En mi opinión, la sana doctrina indica que si la legislación chilena establece el impuesto a la ganancia de capital, éste debe aplicarse cada vez que se produzca un mayor valor en la venta de una empresa o en la venta de los derechos sobre esa empresa, quienquiera la compre. Pero, tal como la disposición se halla redactada, el connacional que adquiera o nacionalice una empresa chilena deberá pagar el 35 por ciento; en cambio, un extranjero que compre esa misma empresa no lo tendrá que hacer. Esto lo considero una discriminación contra los inversionistas chilenos, que no me parece prudente ni conveniente.
Insisto: estas normas requieren más estudio y una redacción más adecuada. Por eso, es imprescindible separarlas de este proyecto y así entregar a los chilenos la buena noticia de que, por fin, será despachada la plataforma de inversiones, como también la exención del impuesto de timbres y estampillas para la reprogramación de deudas hipotecarias.
Señor Presidente, cedo el resto de mi tiempo a la Senadora señora Matthei, a quien, gustoso, le concedo una interrupción.
Quiero recordar que hay una empresa extranjera que está vendiendo. En el caso de la Exxon, Anglo American , que es una empresa sudafricana, formó una empresa en Chile, y ésa fue la que compró. Y, por eso, la pretendieron pillar con este proyecto.
Si Anglo American hubiese optado por no constituirla en nuestro país, sino que por comprarla como Anglo American sudafricana, nadie le habría podido decir nada. Entonces, con esta iniciativa estamos yendo en contra de que cualquier empresa instalada en Chile pueda comprar una extranjera que tenga inversiones acá. Porque ello significará que deberá pagar 53 por ciento más de su valor, para dar el mismo precio neto y competir en la compra. Y eso es una estupidez, porque, en el fondo, con la iniciativa estaremos obstaculizando que una empresa constituida en nuestro territorio (puede ser chilena en el origen de los capitales o, también, tratarse de una entidad extranjera que ha constituido una filial en nuestro país) compre otras extranjeras pero que tengan activos en Chile. Y eso es una tontera. Porque estamos yendo en contra de los intereses de la nación, en contra de que esa empresa constituida acá pueda comprar bienes chilenos.
Finalmente, lo que sucederá es que de ahora en adelante compañías como la Anglo American ya no van a formar empresas en Chile, sino que las comprarán directamente en el extranjero, y todo lo que discutimos no valdrá nada. Pero las empresas chilenas sufrirán por esta iniciativa.
Señor Presidente , insisto, en el caso de la Exxon se podría entrar a ver por qué no pagó impuesto. No la estoy defendiendo. Lo que me interesa es que nuestro país progrese, que se creen empresas, que haya inversiones, empleo. Y esta norma va absolutamente en contra de los intereses de Chile.
La señora Subsecretaria ha pedido intervenir.
Señor Presidente, deseo reiterar el objetivo de esta norma relativa a la ganancia de capital.
Hoy día existe discriminación en el trato tributario entre chilenos que quieran comprar una empresa. Si esto lo llevan a cabo aquellos que pueden hacerlo indirectamente, gozan de un beneficio tributario que no tienen quienes no lo pueden realizar directamente.
Aquí hablamos de que si un chileno ocupa un paraíso tributario para adquirir una empresa que está en nuestro país, elude un impuesto. Y eso es algo que obviamente no se puede aceptar.
A nivel internacional, es verdad que un extranjero puede usar un paraíso tributario para comprar una empresa en Chile y, por esa vía, pagar menos impuesto.
Como país, a nivel de nuestra legislación, no podemos afectar lo que los extranjeros hacen fuera de Chile; sólo podemos intervenir respecto de lo que se lleva a cabo dentro de nuestro territorio.
Sin embargo, a nivel internacional, las economías desarrolladas -nosotros estamos participando en esas iniciativas- se encuentran realizando un fuerte ataque a los llamados paraísos tributarios. Y lo que hacemos con este artículo es complementar ese ataque.
Por lo tanto, estamos poniéndonos a nivel internacional...
Señor Presidente , ¿podría pedir una interrupción a la señora Subsecretaria?
...en lo que están llevando a cabo esas economías al respecto.
Quisiera señalar también que en los países desarrollados las legislaciones son similares a lo que estamos tratando de establecer ahora.
Tengo aquí un cuadro de naciones, como Francia o España, donde existen reglas semejantes. De modo que con esto nos estamos colocando en sintonía con lo que sucede en los países desarrollados.
Tiene la palabra el Senador señor Zurita .
Señor Presidente, quiero saber lo siguiente.
Si un chileno compra en un paraíso no tributario, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ocurre lo que dice la Honorable señora Matthei o no? Excúseme que formule esta pregunta, pero no he entendido nada. Incluso, un señor Senador se refirió a otra empresa.
La redacción de la norma no es buena. No podría decir dónde está la falla, pero no es acertada. Es un poco como el "caiga quien caiga". Parece estar en subjuntivo.
Señor Presidente , a lo mejor la señora Subsecretaria podría aclarar si efectivamente sólo la compra en paraísos tributarios es la que ataca esta iniciativa, o cualquier otra hecha en el extranjero.
¡Cualquier otra!
Su Señoría consultó si acaso la aplicación del impuesto a la ganancia de capital, a que se refiere este número, sólo afecta el caso de la transferencia cuando se hace en un país de los denominados paraísos tributarios, o si afecta las transferencias que se realicen en cualquier nación extranjera.
Señor Presidente , está afecta a impuesto siempre, si la compra se hace directa o indirectamente.
Lo que sucede es que cuando un chileno compra una empresa en un paraíso tributario, esa operación no se halla afecta a impuesto por estar aquélla precisamente en un paraíso tributario.
Por lo tanto, es bastante más fácil que esta figura de elusión pueda darse a través de un país de los así llamados.
Señor Presidente , la pregunta del Senador Zurita es muy relevante, porque el tema de fondo es que la ley no distingue si el lugar es un paraíso tributario (cuestión que es bastante difícil de identificar), o cualquier lugar del mundo. Vale decir, la expresión se aplica a cualquier parte, sea o no paraíso tributario.
Y ahí es donde se produce la discriminación genérica en perjuicio de los chilenos.
Señor Presidente , a veces no es fácil mencionar aquí nombres de empresas. Pero, a mi juicio, los nombres de las empresas que han expoliado y explotado a este país de la manera como lo han hecho deben ser conocidos.
Cuando se traspasó la Disputada de Las Condes a la Anglo American, ¿por qué no pudo adquirirla, por ejemplo, CODELCO? Porque la Disputada de Las Condes arrastra, por concepto de crédito fiscal, 600 millones de dólares. O sea, no sólo no ha pagado nunca impuesto, sino que el Fisco le debe un crédito fiscal de 600 millones de dólares. Ése es un hecho que agrava aún más este tan oscuro tema de las transferencias de esas multinacionales.
Pero hay más, señor Presidente .
Aquí se ha mencionado la Anglo American . Nosotros hicimos un estudio de la contabilidad de una de sus empresas filiales, Mantos Blancos. Y no es que aquélla haya llegado a Chile, como una santa paloma, a comprar Disputada de Las Condes . En primer lugar, el año 1996, cuando el precio del cobre estaba a 133 centavos de dólar la libra, Mantos Blancos obtuvo, a pesar de los precios de transferencia -¡a pesar de los precios de transferencia!- entre su filial en Chile y otra en el extranjero, una utilidad de 49 millones de dólares. Y como al obtener ganancias debía pagar impuesto, hizo venta a futuro -igual que Dávila- por debajo del precio, y después compró por sobre el valor internacional, generando una pérdida de 49 millones, para no tributar.
La Exxon también tiene otra filial en Chile: la Esso, que dos años atrás tuvo utilidades por 186 millones de dólares. Para sacarlas del país debía pagar impuesto adicional de 35 por ciento. Y para no enterarlo, se las "prestó" a Disputada, y ésta las sacó vía amortización acelerada y pago de impuestos, para que la Esso tampoco tributara un peso.
Quiero señalar, además, que hay cosas evidentes que no han sido contestadas. ¡Éste es un robo! ¡Eso se llama robo! ¡Es el mayor robo de este país! ¡Y me extraña que aquí se diga que no es el momento para hacer un cambio de esta naturaleza! ¡Siempre que se quiere postergar las cosas aquí, en el Congreso, se dice que "no es el momento"! ¡Y se sigue robando!
Por tal razón, creo que de una vez por todas debemos evitar situaciones de esa naturaleza. Y para dejar a salvo mi buen nombre, no apoyaré este tipo de cosas.
Señor Presidente , aquí se ha hecho una afirmación bastante grave: que el Director del Servicio de Impuestos Internos ha negociado tributos, como si lo hubiera hecho bajo fuerza o en forma ilegal.
En mi concepto, si alguien piensa así, debiera recurrir a los tribunales, porque la ley tributaria es muy clara y no permite a dicho personero, ni al Presidente de la República , ni al Ministerio de Hacienda, ni a nadie, negociar impuestos. Eso es lo primero que deseo despejar, porque, en realidad, se han hecho varias afirmaciones absolutamente falsas; pero creo que ésa es la peor de todas.
Cuando una empresa realiza grandes inversiones y no alcanza a recuperarlas, porque ello ocurre en el largo plazo, arroja pérdidas. Y no es en absoluto incompatible que haya tenido pérdidas por mucho tiempo y se venda a precio muy alto. Porque lo que no se ha mencionado acá es que en la minera en cuestión se hicieron inversiones por más de un mil 600 millones de dólares. Efectivamente, compró a precio muy bajo, pero posteriormente efectuó enormes inversiones, las que no alcanzaron a madurar. Y por eso es que la empresa vale mucho. Al no haber alcanzado a madurar, no generó utilidades, pero están listas para ser cosechadas y está llegando el momento en que debe pagar impuestos por ellas.
En todo caso, no estoy defendiendo a la Exxon ni a nadie. Lo que me interesa es que, ojalá, los bienes chilenos queden en manos de chilenos. Y este proyecto de ley imposibilita absolutamente a un nacional comprar una empresa extranjera que tenga bienes en Chile.
Insisto en lo que he señalado una y otra vez -y es una pena que la señora Subsecretaria de Hacienda no haya respondido la interrogante que se le formuló-: si un chileno, o una empresa constituida aca, quiere comprar una entidad foránea que tiene bienes en el país, debe pagar 53 por ciento más de lo que pagaría el extranjero.
Vean, Sus Señorías, si a la larga eso es conveniente para Chile o no. Ese es el meollo del asunto. En esto de los principios y de lo que se pretende puede haber muy buenas razones y objetivos loables, pero finalmente la mala redacción y la forma como está presentada la norma significará que nunca más un bien nacional que esté en poder de una empresa extranjera podrá volver a manos chilenas. ¡Nunca más! Porque le estamos exigiendo un sobreprecio de 53 por ciento para que eso suceda.
Tal es el efecto de lo propuesto por el Ministerio de Hacienda, y por eso voto que no.
Señor Presidente , aprobaré el precepto por creer que, en el fondo, viene a traer transparencia al tratamiento de las inversiones en nuestro país por parte de empresas que han gozado por largos años de un privilegio que muchos chilenos nunca nos hemos logrado explicar.
Creo que, como han dicho muy bien el Honorable señor Lavandero y otros señores Senadores que me antecedieron en el debate, el caso no tiene una explicación. El hecho es que una compañía establecida por largo tiempo en nuestro país ha mostrado sistemáticamente, todos los años, pérdidas en sus balances. Y pienso que el argumento de que estaba haciendo inversiones que podían ser cosechadas a posteriori no tiene mucha fuerza, por decir lo menos.
A mi modo de ver, el número 1 en debate, tal cual está redactado, efectivamente puede prestarse a interpretaciones. Espero que con posterioridad, de ser posible, pueda corregirse. Pero en el espíritu expresado hasta ahora, sumo mi voto a favor por creer que nos da la posibilidad de que en Chile no sólo exista transparencia tributaria, sino también que quienes han usufructuado de nuestras riquezas naturales paguen los impuestos al momento de enajenar la propiedad, además de la contribución que tenían la obligación de hacer.
Señor Presidente , estimo que el proyecto viene a llenar un vacío. Y es fundamental que en materia tributaria los principios que la Constitución consagra, como son la igualdad y la legalidad, estén revestidos de justicia tributaria y, sobre todo, que los vacíos e imperfecciones no permitan atentar contra algo tan primordial para contribuir a los gastos que el país necesita hacer.
Cuando se ven situaciones como las descritas esta tarde, resulta terriblemente odioso que ellas ocurran al amparo de una legalidad imperfecta y que se atente contra una sana normativa tributaria tendiente a que el país disponga de recursos para progresar.
Por todo esto, entrego mi voto favorable a la norma. Y espero que ésta y otras imperfecciones las vayamos corrigiendo, a fin de contar con un marco tributario claro y preciso, donde los contribuyentes encuentren de verdad un resguardo, pero que también aporten los fondos que el país requiere.
Señor Presidente , después de una lectura y relectura del informe y de escuchar las explicaciones poco explícitas de la señora Subsecretaria, he llegado a entender medianamente el asunto.
El artículo 10 de la Ley sobre Impuesto a la Renta dice: "Se considerarán rentas de fuente chilena, las que provengan de bienes situados en el país o de actividades desarrolladas en él cualquiera que sea el domicilio o residencia del contribuyente.". A este artículo se le agrega un codicilo muy distinto que hace tributable lo que se vende o compra en otros países.
Entonces, como el Gobierno está tan escaso de fondos, espero que con ese gravamen logre resolver los problemas que abruman a Chile.
Señor Presidente, rechazo la proposición por las razones dadas.
Debo agregar que me preocupa profundamente la argumentación del Senador señor Adolfo Zaldívar en orden a que, en aras de la igualdad económica, deberíamos aprobar la disposición. Dicho fundamento nada tiene que ver con la norma propuesta, pues ésta puede ser buena para algunos y mala para otros, pero consagra la diferencia económica entre un chileno y un extranjero.
Entonces, -cómo amparar una votación favorable sobre la base de una igualdad constitucional, en circunstancias de que, a partir de esta proposición (no era así antes) para un comprador chileno que desea adquirir un bien cuyo dueño es un extranjero -sea en un paraíso fiscal o en cualesquiera de los 168 países restantes del mundo-, se fija un precio mayor en 53 por ciento?
Por lo tanto, no podemos hablar de igualdad económica. Al contrario, se produce una profunda desigualdad.
Me parece bien votar como uno estime conveniente, pero no es aceptable que, en aras de la igualdad, se apruebe una disposición que consagra la desigualdad.
En consecuencia, voto en contra del Nº 1 del artículo 1º propuesto.
Señor Presidente , tuve una oportunidad de conversar con la señora Subsecretaria, y entre lo que ella me expresó, que es la intencionalidad de la norma, y lo que ésta señala hay una gran diferencia que, a mi juicio, no se ha esclarecido.
Por ello, si se puede, pido la autorización de la Mesa para precisar el punto.
Todos han soslayado el planteamiento de la Senadora señora Matthei en cuanto a que se encarece el precio de estas empresas si el comprador es chileno. El punto me parece central en el debate, porque no es menor.
La argumentación es la siguiente: si una empresa foránea o una filial de ella establecida en nuestro país se vende por un chileno debe pagar el impuesto a la ganancia de capital; pero, si la enajena un extranjero, ese tributo no rige si aquélla fue constituida en otra nación. Hasta aquí podría pensarse que la norma es correcta, ya que establece el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, es absolutamente discriminatoria cuando un chileno desea comprar en nuestro país una empresa foránea o algunas de sus filiales, pues el precio le resulta más oneroso. ¡Y que ante eso nos hagamos los lesos y no digamos nada! ¿Qué protección tiene nuestro compatriota?
Y como para el cálculo de cuánto más caro es el bien hay que restar el impuesto a la ganancia de capital, en definitiva el contribuyente paga un precio superior en un cincuenta y tanto por ciento.
Entonces, a cuantos dicen defender la soberanía nacional y los intereses de los chilenos -lo que, en mi opinión, es razonable- quiero recordarles que aquí no se ha dado respuesta a una pregunta.
Por lo tanto, aun cuando nos encontremos en votación, con el mayor respeto pido a la señora Subsecretaria que aclare el punto para determinar si efectivamente existe discriminación en perjuicio del chileno -materia que no fue planteada en las conversaciones que sostuvimos con ella-, lo cual aparentemente estaría consignado en la norma propuesta, como se señaló en la Sala.
Estamos en votación, señor Senador.
Por las razones señaladas y, dado que no tengo un esclarecimiento sobre ese aspecto,...
¡La Mesa puede hacer una excepción!
Señor Presidente , entiendo perfectamente la intervención del Honorable señor Lavandero , porque durante mucho tiempo Su Señoría ha venido insistiendo en lo que deberían pagar las empresas que explotan el cobre chileno. Y cuando señala que éstas no tributan lo correspondiente con diversos artilugios, somos muchos los llamados a preocuparnos del problema y a hacer todos los esfuerzos para evitar que así ocurra.
Sin embargo, haciéndose eco de los reiterados denuncios del Senador señor Lavandero , la Comisión de Economía ofició al señor Ministro de Hacienda sobre el particular. Tengo en mi poder el Oficio Reservado Nº 13 mediante el cual se responden las interrogantes planteadas por el señor Senador.
Como se trata de un oficio reservado donde se expresa claramente que los antecedentes entregados al Senado poseen esa condición, no puedo darle lectura, pero sí destacar que las opiniones de ese Secretario de Estado y de la Dirección del Servicio de Impuestos Internos son contrarias a muchas de las denuncias formuladas al respecto.
Éste es un documento oficial del señor Ministro de Hacienda enviado a la Comisión de Economía del Senado.
No obstante entender la fuerza con que el Senador señor Lavandero explicita su punto de vista, estimo que la norma propuesta es negativa para el desarrollo nacional y por lo tanto la voto en contra.
--Se aprueba el número 1) del artículo 1º (26 votos contra 16 y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Ávila, Boeninger, Cordero, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Parra, Pizarro, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cariola, Coloma, Chadwick, Espina, Fernández, García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Orpis, Romero y Stange.
Se abstuvieron los señores Cantero, Flores y Prokurica.
Corresponde pronunciarse sobre el Nº 3) del artículo 1º respecto del cual la Senadora señora Matthei también pidió votación separada. Incide en una indicación aprobada por 3 votos contra 2.
Señor Presidente , permítame hablar de otra disposición, sobre la cual la cual en su oportunidad dijimos que produciría tremendos perjuicios al país. Ella fue aprobada por la Concertación en una ley promulgada hace algún tiempo; pero a los veinte días su aplicación debió ser postergada. Ahora se propone derogarla.
Ojalá los señores Senadores pongan atención a lo que diré, por cuanto muchas veces se pronuncian sobre normas perjudiciales para el país, por no entender efectivamente de qué se trata y lo que se está votando.
En esa ocasión manifestamos una y otra vez que la norma cuyo objetivo era aplicar en cierta forma el pago del IVA provocaría una catástrofe. Fue así como el Gobierno, a los pocos días de ser aprobada, envió al Parlamento un proyecto de ley con extrema urgencia, para diferir su puesta en marcha por doce meses, plazo que se cumple a fines de año. Reitero que ahora se plantea su derogación.
En realidad, señor Presidente , en el Senado nos equivocamos una y otra vez al aprobar normas que son malas para el país. Por eso existe el nivel de cesantía que conocemos; por eso hay carencia de inversión; por eso no tenemos crecimiento.
Con respecto al número 3) del artículo 1º, debo manifestar que contiene algo muy grave. Básicamente apunta a la importación por determinada empresa de un bien o de un insumo para su posterior venta y respecto del cual el Servicio Nacional de Aduanas debe ratificar su valor. Obviamente, a dicho organismo le interesa que sea el mayor, porque así se pagará más IVA e impuesto de internación.
Es posible que posteriormente, después de pagar los impuestos, la empresa lo venda con utilidad o con pérdidas. Sin embargo, transcurridos tres años el Servicio de Impuestos Internos puede decir que lo que se importó y declaró por un precio de 100 dólares CIF, por ejemplo, no corresponde a esa cifra, sino a 150 u 80. No obstante tratarse de una importación aprobada por el Servicio Nacional de Aduanas, que pagó el IVA y el impuesto de internación y que a lo mejor se vendió como producto final, puede ocurrir que pasado un tiempo desde la transferencia Impuestos Internos declare que su valor no era el correcto, con la agravante de que a este organismo le conviene que el bien se declare en el menor valor posible.
Hay un interés contrapuesto entre el Servicio Nacional de Aduanas y el de Impuestos Internos. Mientras al primero le conviene demostrar que el bien es de alto costo para que pague más IVA y mayor impuesto de internación, al otro organismo, en cambio, le interesa que cueste menos, con el objeto de evidenciar que la empresa hizo una gran utilidad al venderlo.
Lo anterior indica que el contribuyente -la empresa- no tendrá claridad alguna sobre la pérdida o ganancia del negocio que realiza hasta tres años después de haberse efectuado la internación del producto.
A mi juicio, esa disposición no tiene sentido alguno.
Por eso, las normas sobre valoración de lo importado deben dejarse en manos, o del Servicio Nacional de Aduanas, o de Impuestos Internos. Pero no pueden quedar en ambos Servicios.
Señor Presidente , considero que la disposición en análisis ocasionará muchos problemas y que, en verdad, carece de sentido.
Antes de conceder la palabra a la señora Subsecretaria, deseo manifestar que, al parecer, la intervención de la señora Senadora no tiene que ver derechamente con la norma en cuestión, según se desprende del artículo 38 de la Ley de la Renta.
Me gustaría que se precisara el punto, porque lo manifestado por Su Señoría está vinculado a la valorización por parte del Servicio Nacional de Aduanas, lo cual me parece positivo. Pero entiendo que la disposición alude más bien a la relación entre agencias, compras e intermediaciones.
Se refiere justamente al valor de las transferencias de bienes importados.
Así es; pero no aparece lo relativo a los tres años. Por eso conviene hacer la precisión.
Tiene la palabra la señora Subsecretaria, con la autorización de la Sala.
La señor WAGNER ( Subsecretaria de Hacienda ).-
A través de la norma se pretende establecer que entre empresas relacionadas es posible la exportación de un producto a un valor superior al que tiene realmente, con el objeto de transferir utilidades sin pagar impuestos. Ésta figura es bastante conocida a nivel internacional, y se corrige con el otorgamiento de facultades a los servicios de impuestos internos para evaluar y fiscalizar si los precios de transferencia de los productos efectivamente corresponden o no corresponden a los reales o a los que se ofrecen en el mercado.
Conviene señalar que el Servicio de Impuestos Internos ya cuenta con dicha facultad; pero lo que estamos haciendo ahora es fortalecerla en dos sentidos: primero, se amplía la definición de lo que debe entenderse por empresa relacionada para estos efectos, por cuanto se ha descubierto que hay otras figuras no incluidas en la ley y que permiten hacer el mismo tipo de elusión tributaria.
En segundo lugar, se procura que exista información en las empresas que realizan estas operaciones, para que pueda ser requerida por Impuestos Internos al momento de fiscalizar.
Eso se pretende con la norma.
Ahora bien, la Senadora Matthei se está refiriendo a las facultades de la aduana chilena, de acuerdo al Código de Valoración Aduanera, para fiscalizar si los precios conforme a los cuales se importan o se exportan las mercaderías corresponden o no corresponden a los reales para efectos del cobro de arancel. Ésta es una facultad distinta, y se encuentra establecida en la OMC. La tiene tanto la aduana chilena como todas sus congéneres en el mundo.
El proyecto de ley en estudio alude a la atribución con que ya cuenta el Servicio de Impuestos Internos para los efectos que expliqué, similar a la de todos los organismos homólogos de los países desarrollados.
Con respecto a lo manifestado por el señor Presidente , deseo aclarar que mi planteamiento se refiere absolutamente a la norma en cuestión, por cuanto se trata, en lo fundamental, de un bien que entra al país o sale de él y respecto del cual existe una doble facultad para determinar su valor. Por un lado, la del Servicio Nacional de Aduanas, y por otro, la de Impuestos Internos.
Como este último, después de realizada la transferencia, si estima que hay delito tributario, puede cambiar cualquier cosa durante tres y hasta seis años -porque así lo establece su ley orgánica-, es posible que modifique el precio de importación o exportación a pesar de haber sido aprobado por Aduana.
No deseaba intervenir, pero como la Senadora señora Matthei me interpeló, quiero decir, en primer término, que no entendí el planteamiento de Su Señoría, porque efectivamente la facultad vinculada a los tres años existe en la actualidad, y en este momento no se está legislando en tal sentido.
En segundo término, debo expresar que todo lo relacionado con la valorización por parte del Servicio Nacional de Aduanas y el de Impuestos Internos está vigente. Ocurre que el proyecto amplía la presunción para los casos que consigna la norma. Dice ésta que se presumirá la existencia de relación "respecto de empresas que pacten contratos de exclusividad, acuerdos de actuación conjunta...", etcétera. Es decir, se amplía una disposición en vigor.
Señor Presidente , el punto es que el Servicio Nacional de Aduanas ya ha dado el visto bueno respecto del precio. Y la transacción se efectuó, se pagó y se hizo la utilidad o la pérdida.
Sea cual fuere la forma en que votemos, de todas maneras, según la ley vigente, existe la facultad de hasta por tres años.
Señor Presidente , debo recordar que el Código Tributario otorga al Servicio de Impuestos Internos la facultad final de tasar todas las operaciones que inciden en la determinación de tributos. Tratándose de empresas relacionadas, podría ocurrir que se pretendiera vender más barato para trasladar utilidades a otra entidad ubicada probablemente en un paraíso tributario o vender más caro a fin de aumentar los costos para disminuir el impuesto a la renta. Como es cierto que entre dichas empresas es más factible realizar ese tipo de operaciones, precisamente por eso en el Código mencionado se facultó hace muchos años a Impuestos Internos para tasar las operaciones que inciden -repito- en la determinación de tributos. En consecuencia, la disposición que nos ocupa se encuentra de más.
Señor Presidente, intentaré clarificar el sentido fundamental de la norma.
Efectivamente, como aquí se ha dicho, el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades para enfrentar los problemas tributarios que pueden producirse, por ejemplo, cuando hay subfacturación entre empresas relacionadas.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todavía hay vacíos legales. El caso clásico de una empresa relacionada está cubierto por la legislación. No así el de aquella constituida formalmente como independiente pero que, por la vía del contrato de exclusividad o de un acuerdo de actuación conjunta, en los hechos se comporta como si fuera relacionada.
Esa situación puede esgrimirse hoy para los efectos de realizar una práctica muy conocida en todos los países y ampliamente estudiada en la literatura internacional: la subfacturación a través de precios de transferencia -bastante diferentes de los de mercado-, mediante los cuales las empresas buscan evadir o eludir impuestos. Desgraciadamente, lo anterior se halla muy extendido.
Señor Presidente , me llama la atención lo sistemático de las intervenciones de la Oposición. Todas ellas van dirigidas a no consentir el establecimiento de normas que permitan al Servicio de Impuestos Internos hacer bien su trabajo. Y éste es el tema de fondo: que las empresas paguen lo que corresponda; que Impuestos Internos disponga de los instrumentos necesarios para poder cumplir con su obligación.
Se dice que se están cambiando las normas. ¡Naturalmente que sí! Porque la imaginación de los evasores o elusores de impuestos es infinita. Hay ejércitos de profesionales dedicados todo el día a ver cómo se paga la menor cantidad de impuestos posible. Y ésa es la razón por la cual quienes estamos preocupados de mantener la solidez de las finanzas públicas debemos analizar también cómo reaccionar frente a eso. Me inquieta la reticencia de la Oposición a participar de este esfuerzo.
Es preciso dotar al Servicio de Impuestos Internos de los instrumentos necesarios para defender la base tributaria del país. Y si hay empresas que, mediante artificios como los contratos de exclusividad o los acuerdos de actuación conjunta, terminan fijando precios de transferencia que permiten la subfacturación, me parece importante entregar a esa repartición las herramientas para evitarlo.
Ésa es la cuestión, señor Presidente.
Señor Presidente , cuando uno escucha argumentos que apuntan a debilitar la capacidad del Estado para defenderse de ciertas situaciones, se ve tentado a dudar hasta de la buena fe con que pueden sustentarse afirmaciones de ese tipo. Ello, porque quienes las formulan son personas tan agudas, tan inteligentes, que uno dice: "¡Cómo no se van a dar cuenta del verdadero sentido de estas disposiciones!". Es gente conocedora del mundo; que vive la modernidad día a día. ¡Cómo, entonces, no se percata de que la globalización neoliberal, que absorbe prácticamente todas las actividades económicas del planeta, tiene un rasgo (quizá de los más perversos) que precisamente incide en el tema que hoy debatimos!
Se ha demostrado estadísticamente que gran porcentaje del intercambio comercial -que muchas veces da una visión equivocada de las cifras macroeconómicas de los países- se debe a la relación entre empresas matrices, ubicadas en determinado territorio, y sucursales o filiales, que para todos los efectos actúan bajo los mismos intereses. En definitiva, con situaciones de este tipo se afecta a los Estados, que a menudo sirven de base a intereses de transnacionales que buscan exclusivamente mejores condiciones económicas para producir ciertos servicios, bienes o artículos de cualquier clase que se transan en el mundo.
De ahí que todo cuanto contribuya, como en el caso en estudio, a dotar al Estado chileno de instrumentos para defenderse en mejor forma de operaciones que van en desmedro de los intereses nacionales es positivo y merece nuestro apoyo.
Señor Presidente , he escuchado atentamente las intervenciones de los Senadores señores Ominami y Ávila . Respecto de la de este último, debo expresar que el problema no dice relación a las casas matrices y que lo que señaló se encuentra consignado en la ley vigente. Al leer ésta con atención -no me cabe duda de que Su Señoría lo hizo-, se advierte que el artículo 38 se hace cargo precisamente de todo ese tema. Así que sugiero dar vuelta la página, porque eso está funcionando y no hay nada de qué extrañarse o que amerite reflexión.
Nadie se opone a la facultad de Impuestos Internos para impugnar los precios de referencia entre casas matrices y agencias o empresas relacionadas, establecida en la ley actual. El asunto es otro: la ampliación de esa facultad del Servicio para impugnar.
A mi juicio, ahí hay un tema de principios muy consistente. A este efecto, el Ejecutivo pretende la impugnación no sólo en lo concerniente a las casas matrices respecto de sus dependencias, sino también en lo relativo a todas las empresas que tengan algún grado de exclusividad, o un acuerdo cualquiera de actuación conjunta, o un tratamiento preferencial -como podría ser el descuento por volumen-, o cualquier dependencia financiera. En la iniciativa se propone que el precio, entonces, no sólo en cuanto a la casa matriz, sino en todas las situaciones, lo fije el Servicio de Impuestos Internos.
A mi entender, eso es delicado, en primer lugar, desde la perspectiva del mercado, al que se reemplazaría por dicho Servicio, en circunstancias de que, obviamente, en una economía globalizada lo relevante es respetar lo que hace el mercado. ¿Qué pasa si en el caso de una empresa en relación con la cual hay un acuerdo -una cualquiera en el mundo- se aplica un descuento, porque está "stockeada"? ¿El importador chileno no podrá comprar porque Impuestos Internos dirá que el precio era otro?
El mercado funciona activamente y las cosas pueden ser más caras o más baratas. Lo importante es tratar de aprovechar las oportunidades. Y eso se llama mercado. Lo otro es una forma estatal de fijar el precio, lo que me parece tremendamente perjudicial.
Aquí hay un tema de fondo: se reemplaza al mercado -repito- por Impuestos Internos.
Segundo, se genera, conforme a la legislación, un problema de inseguridad. Evidentemente, si ese Servicio tiene una facultad amplia en el tiempo para revisar, una persona nunca podrá estar segura, al terminar una transacción, de si el precio al cual compró será respetado o no por una autoridad que incluso puede cambiar en el futuro.
No hay nada que dañe más a un mercado que el no tener seguridad respecto del precio al cual se adquirió o vendió un bien en determinado momento, porque en el largo plazo eso puede traducirse en un costo muy grande respecto de las utilidades.
Por último -también hay que mencionarlo-, lo anterior se da en un escenario donde tampoco hay tribunales tributarios, que podrían ser un elemento que tendiera a igualar. Sé que se están realizando esfuerzos en la materia, que todos valoramos, y que quizás el cuadro sería otro si aquéllos existieran, pero admitamos que todavía no están vigentes. Por tanto, toda facultad de Impuestos Internos -integrado, no me cabe duda, por gente muy honorable- tiene la limitación de que el organismo es juez y parte, y de que se trata de la instancia final de una decisión tremendamente compleja.
Entonces, el tema de fondo resulta claro. No es cuestión de una casa matriz y de que una empresa extranjera y una nacional dependan de lo mismo. Ello está bien regulado. El problema es la facultad de ampliar la impugnación de Impuestos Internos respecto de los precios mucho más allá: respecto de cualquier vinculación o acuerdo entre las partes.
Me parece interesante la reflexión planteada por el Honorable señor Ominami , pero también cabe seguir esta otra lógica. Aquí no hay un problema de mala fe. Podemos defender principios, porque pensamos que el país funciona mejor cuando tiene reglas claras. Pero, por favor, entendamos que el trasfondo de la disposición es abrir una puerta para que la impugnación de precios pueda extenderse casi infinitamente.
Hago presente a la Sala, para los efectos del orden de tratamiento de los proyectos, que debemos despachar la iniciativa en debate en esta sesión, conforme a los acuerdos de Comités y de Sala.
En consecuencia, por la forma como va la discusión, la iniciativa signada con el número 2, que requiere quórum orgánico constitucional, no podrá ser tratada hoy y quedará para la sesión de mañana. Señalo esto para no hacer esperar a las personas y a las autoridades que han estado presentes.
Señor Presidente , éste es un viejo tema. Hay que entender cómo se generan realmente los precios de transferencia. Éstos no se originan ni siquiera a través del cobre fundido, ni menos del refinado, sino de la venta del concentrado, compuesto por una cantidad de elementos muy difíciles de cuantificar. Las 6 millones de toneladas de concentrado, además de contener normalmente 35 por ciento del metal rojo, incluyen oro, plata, vanadio -todos los metales preciosos- y, por cierto, humedad. Y es en el concentrado donde se puede dar lugar a los precios diferentes del mercado de la Bolsa de Metales de Londres o de cualquier otra bolsa internacional metalera.
Sucede que algunas empresas transnacionales tienen numerosas filiales: una transporta el cobre; otra lo asegura; otra lo funde; otra lo refina, y, en general, cada una de ellas va dando una mascada.
Y no es el Senador que habla, sino -fíjense Sus Señorías- Patricio Meller quien expone que muchas de las sociedades comercializadoras de cobre tienen su base en países con paraísos fiscales, con el fin de disminuir su tributación. Esta situación no es nueva, puesto que en los años 50 y 60, cuando la Gran Minería pertenecía en su totalidad a capitales norteamericanos, los precios de exportación de esas empresas eran 30,8 por ciento inferiores a los precios de la Bolsa de Metales de Londres, o los de ENAMI, según un estudio realizado por dicho economista, publicado en junio de 1988 en el Nº 24 de la revista de CIEPLAN.
Tiene razón el Senador señor Coloma cuando expresa que el Gobierno dispone de facultades para realizar la tarea, porque ya desde 1974, en el decreto ley 824, sobre Impuesto a la Renta, su artículo 36 establece: "Sin perjuicio de otras normas de esta ley, para determinar la renta efectiva de los contribuyentes que efectúen importaciones o exportaciones, o ambas operaciones, la Dirección Regional" -de Impuestos Internos- "podrá, respecto de dichas operaciones, impugnar los precios o valores en que efectúen sus transacciones o contabilicen su movimiento, cuando ellos difieran de los que se obtienen de ordinario en el mercado interno o externo. Para estos efectos, la Dirección Regional podrá solicitar informe al Servicio Nacional de Aduanas.".
Sin embargo, fue necesario dictar la ley 19.506, en 1997, porque lo anterior no fue bastante. Y cada vez que he pedido a Impuestos Internos que fiscalice los precios de transferencia se me ha respondido que no cuenta con suficientes facultades. De tal manera que el Senador señor Coloma puede tener la razón, pero dicho Servicio señala que aun con las disposiciones precitadas carece de los elementos esenciales para controlar. Y en todas las ocasiones en que he solicitado una información a Impuestos Internos -es algo que concuerda con lo manifestado hoy por el Honorable señor García - se me ha contestado que está bien, pero que ellos no pueden fiscalizar. Además, conforme a un oficio del Servicio Nacional de Aduanas, éste organismo sólo logra fiscalizar 5 por ciento de las 6 millones de toneladas de concentrado. Es decir, pienso que el Gobierno tiene las facultades para realizar la fiscalización, pero le ha faltado la voluntad política para llevarla adelante.
Por eso, porque deseo que el Servicio de Impuestos Internos no tenga excusa alguna cuando se envíe un oficio relativo a la fiscalización de los precios de transferencia -que normalmente se hallan 30 por ciento bajo el precio internacional-, me pronunciaré a favor.
Señor Presidente , pensaba que a estas alturas el Presidente de la Comisión de Hacienda , Senador señor Ominami , me conocía lo suficiente como para saber que, en el fondo, siempre me he preocupado mucho de que haya transparencia absoluta y de que existan las facultades necesaria para investigar y fiscalizar. Me parece que lo que Su Señoría expresó es una bajeza absolutamente gratuita, que no merecemos quienes integramos esta bancada.
--Se aprueba el Nº 3) del artículo 1º (21 votos por la afirmativa y 13 por la negativa).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Ávila, Boeninger, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Canessa, Coloma, Chadwick, Espina, Fernández, García, Horvath, Martínez, Matthei, Orpis, Prokurica y Romero.
Corresponde ocuparse de las modificaciones efectuadas al artículo 41 D que se agrega a la Ley sobre Impuesto a la Renta mediante el Nº 4) del artículo 1º. Esas enmiendas fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Hacienda.
Al respecto, la Senadora señora Matthei pidió votación separada.
Señor Presidente , propongo eliminar, en el inciso primero del Nº 4 del artículo 41 D, la frase "en la iniciación de sus actividades", por ser contradictoria con lo establecido en otro precepto. En virtud de ella, las sociedades a que se refiere dicho artículo pueden optar, al momento de iniciar sus actividades, por contabilidad en moneda extranjera o en moneda nacional. Sin embargo, la iniciativa señala que las sociedades que utilicen a nuestro país como plataforma de inversiones no estarán sujetas al trámite de iniciación de actividades. Entonces, la situación es bastante rara, porque por un lado se exime a tales sociedades de ese trámite, pero por otro se indica que al momento de iniciar sus actividades pueden escoger entre contabilidad en moneda extranjera o en moneda nacional.
Aparte tal contradicción, debemos considerar que ésta es la norma que impide a las sociedades ya constituidas en Chile y que tienen inversiones en el extranjero acogerse a la ley en proyecto, pues les exige hacer iniciación de actividades.
Éste, señor Presidente , es otro ejemplo de mala redacción, pues no se entiende el propósito perseguido. Como ya expliqué, por un lado se exime del trámite de iniciación de actividades; por otro, se da la posibilidad de, al momento de iniciar actividades, elegir entre dos tipos de contabilidades, y, por último, se produce el efecto indeseado de dejar fuera a las sociedades ya constituidas en Chile al exigirles iniciación de actividades. ¡Cómo van a hacerlo de nuevo si ya existen!
¿Me permite plantear una cuestión procedimental, señor Presidente?
¿Es posible que se comience a tomar la votación desde este momento, considerando que varios Senadores debemos concurrir a las Subcomisiones de Presupuestos que están sesionando o se encuentran próximas a iniciar su labor?
Podríamos dejar el voto en la Mesa.
Eso sería factible sólo para esta votación, pero no para las que restan.
Otra posibilidad es que algunos Senadores se pareen, siempre que la Sala mantenga el quórum mínimo para adoptar acuerdos. Como el proyecto no contiene normas de rango especial, no habría problema en tal sentido.
Por último, no debemos olvidar que existe acuerdo para despachar la iniciativa hoy.
Entonces, corresponde votar la enmienda...
Perdón, señor Presidente , pero mi proposición es únicamente para votar la eliminación de la frase "en la iniciación de sus actividades".
Votaremos, pues, la frase indicada por la señora Senadora.
La sugerencia específica de la Comisión consiste en intercalar, en el inciso primero del Nº 4 del artículo 41 D, entre las expresiones "moneda extranjera" y "e inscribirse", la frase "o en moneda nacional si opta por ello en la iniciación de sus actividades,".
La frase intercalada planteada por la Comisión quedaría hasta las palabras "si opta por ello".
Señor Presidente , quisiera pedir una explicación a la señora Subsecretaria.
Antes de que nos pronunciemos, señor Presidente , pregunto qué significa votar "sí" y qué votar "no".
Propongo que la Sala se pronuncie derechamente sobre la eliminación de la frase planteada por la Honorable señora Matthei.
La señora Senadora sugiere suprimir la frase "en la iniciación de sus actividades".
En consecuencia, se someterá a votación dicha frase.
Señor Presidente , quizás sería bueno explicar el alcance de la norma, porque no se trata de un asunto puramente formal.
Habría que reabrir el debate, que se encuentra cerrado.
Si Su Señoría lo solicita, pediré el asentimiento de la Sala para ese efecto.
Sólo por un minuto, señor Presidente.
Si no hay objeción, se reabrirá la discusión para escuchar al Honorable señor Ominami.
Señor Presidente , desde mi punto de vista, resulta importante mantener lo planteado mediante la modificación respectiva, porque es la que permite discriminar entre empresas nuevas y empresas ya instaladas en el país. De eliminarse la disposición, el beneficio se haría extensivo a estas últimas, con lo cual se cambiaría de manera muy sustancial el sentido básico de esta iniciativa, que es constituir una plataforma de inversiones con incentivos para las empresas extranjeras que en adelante se instalen en Chile a fin de desarrollar actividades en el exterior. Por esa vía podrían terminar beneficiándose tributariamente empresas que ya están constituidas en el país, lo cual implicaría alterar una vez más la base tributaria nacional.
Señor Presidente , con la venia de la Mesa, deseo hacer una consulta al Honorable señor Ominami.
¿Qué pasa, señor Senador, con las empresas extranjeras que ya se encuentran constituidas, o sea, aquellas que ingresaron de acuerdo con el decreto ley 600 y la restante legislación vigente sobre la materia? ¿Qué ocurre frente a la alternativa que se pretende otorgar a las nuevas empresas? ¿Y qué sucede si las actuales deciden cambiar su contabilidad a moneda nacional o a moneda extranjera, según corresponda?
Señor Presidente, reitero que este proyecto establece un conjunto de incentivos para que nuevas empresas vengan a instalarse en el país.
Desde ese punto de vista, no tiene sentido alegar discriminación entre tales empresas y las ya existentes. Justamente, la plataforma discrimina a los efectos de generar incentivos para la llegada de nuevas inversiones. No se pretende estimular a las empresas foráneas ya instaladas en el país; eso está del todo fuera del marco de aplicación de esta iniciativa.
Al parecer, será necesario reabrir el debate por completo, en el entendido de que no habrá diálogos, sino exposiciones.
El problema es de fondo, señor Presidente . El capital foráneo ha llegado a Chile gracias a instrumentos que garantizan estabilidad y seguridad. Uno de los principales elementos que considera el inversionista extranjero para venir a nuestro país es la igualdad de las empresas ante la ley, sin importar su origen. Y en este momento estaríamos cambiando las reglas del juego, porque no habría igualdad ante la ley, pues los capitales extranjeros ya establecidos quedarían sometidos a normas diferentes. No me pronunciaré acerca de si eso es bueno o malo. La cuestión radica en que, desde el punto de vista de su imagen internacional, Chile quedará seriamente afectado.
El mundo global de hoy es muy sensible a ese tipo de alteraciones. Se trata fundamentalmente de buscar capitales, con el propósito de crecer. Pero estas normas resultan sorprendentes, pues van a llevar el crecimiento de Chile a cero. El Supremo Gobierno y todos los chilenos queremos que el país crezca. Pero, en este sentido, con las normas que se están votando retrocederemos a nivel cero.
La situación es muy delicada, porque el efecto internacional de las medidas propuestas no está medido en cuanto a imagen de seriedad del país.
Señor Presidente, considero que existe un malentendido.
Las empresas extranjeras acogidas al decreto ley 600 no sufren ninguna modificación; no hay un deterioro de sus condiciones. Al contrario, la plataforma prevé nuevos incentivos para que Chile atraiga un volumen mayor de inversión foránea o el establecimiento de nuevas empresas.
Sin embargo, tampoco se puede alegar que eso sea discriminatorio respecto de las empresas extranjeras ya instaladas en Chile, toda vez que ellas, en virtud de las últimas modificaciones hechas a este proyecto, podrán aportar sus acciones para constituir una nueva que sí se beneficiará con los incentivos que prevé la plataforma.
Por lo tanto, malamente se podría argumentar que esto va contra la inversión foránea. Al contrario, se están consagrando nuevos incentivos para que Chile, en función de sus condiciones excepcionales desde los puntos de vista político y macroeconómico, ejerza mayor atracción sobre los capitales extranjeros.
Señor Presidente , con su venia, haré uso de la segunda intervención que me corresponde.
El problema estriba en lo siguiente. En ninguno de los antecedentes de la iniciativa aparece la reafirmación de que sigue vigente el decreto ley 600. Y creo muy importante dejar claro (lo deduzco de las palabras del Senador señor Ominami ) que ese cuerpo legal continuará rigiendo y que sólo se modificará en las partes correspondientes, de acuerdo a este proyecto.
Me parece que aquello es sumamente importante, porque existe un problema de arrastre y de imagen.
Efectivamente, existe un punto que aquí se ha aclarado. Algunas empresas extranjeras ya instaladas en Chile quisieran un tratamiento equivalente al que se dará a las nuevas que lleguen. El Ejecutivo dijo que eso no procede. Por lo demás, los parlamentarios no tenemos iniciativa para otorgar mayores incentivos. En consecuencia, la Sala deberá decidir si se mantiene o no la norma.
Corresponde, entonces, someter a votación la indicación de la Senadora señora Matthei.
Señor Presidente , la norma sugerida por la Comisión de Hacienda expresa: "La sociedad deberá llevar contabilidad completa en moneda extranjera o en moneda nacional si opta por ello en la iniciación de sus actividades, e inscribirse en un registro especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, en reemplazo de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Tributario...". Esta última disposición se refiere justamente a la iniciación de actividades.
En el fondo, se dispone que debe optarse al iniciar actividades, y después, que no tiene que cumplirse este trámite y que ha de inscribirse en un registro.
La redacción de este precepto es pésima, señor Presidente.
Lo hemos señalado una y otra vez: ésta es una iniciativa mal hecha, deficientemente redactada. Es cierto que se le introdujeron mejoras durante este mes. Pero se procedió con una velocidad tal que el resultado será que la ley en proyecto no funcione. No habrá ninguna empresa que, en virtud de la norma en comento, llegue a instalarse en Chile para invertir en el extranjero. Y puedo asegurarlo desde ya, señor Presidente
Corresponde que la Sala se pronuncie sobre la indicación formulada por la Senadora señora Matthei.
Señor Presidente , la Honorable señora Matthei tiene toda la razón. Sólo debemos votar la frase "en la iniciación de sus actividades", que es indispensable eliminar. Porque luego se dice: "e inscribirse en un registro especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, en reemplazo de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Tributario...".
El artículo 68 del Código Tributario expresa: "Las personas que inicien negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas (...) deberán presentar al Servicio, dentro de los dos meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades, una declaración jurada sobre dicha iniciación.".
No se puede expresar en una parte que se debe declarar algo en la iniciación de actividades y después establecer la inscripción en un registro que exime de dicho trámite.
Repito: la señora Senadora tiene toda la razón.
Corresponde votar. Y el señor Secretario va a registrar...
Perdón, señor Presidente , pero me parece necesario dejar absolutamente claro cómo se va a votar, para que no haya duda.
Está muy claro, señor Senador.
Los señores Senadores que están de acuerdo con la proposición de la Honorable señora Matthei, consistente en eliminar la frase "en la iniciación de sus actividades", deben votar "sí", y quienes la rechazan, "no".
--(Durante la votación)...
Señor Presidente , si se ha leído bien el artículo 68, en vez de "en reemplazo", debería decirse "en concordancia".
Es otra ley.
Es "en reemplazo".
¡No! Es un registro especial.
Es en reemplazo de la iniciación de actividades. Eso dice.
Esta vez seré oficialista ciento por ciento, aunque existe un margen de duda.
¡El margen de duda está en que ahora dijo "Esta vez"!
Resultado de la votación: (19 votos contra 15).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Canessa, Coloma, Espina, Fernández, García, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Silva, Stange y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz De Giorgio, Sabag, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
En consecuencia, queda aprobada la indicación de la Honorable señora Matthei, consistente en eliminar del Nº 4 del artículo 41 D la frase "en la iniciación de actividades".
A continuación, respecto del inciso primero del Nº 5 del artículo 41 D, la Honorable señora Matthei propone votar separadamente un extenso párrafo, que dice:
"Éstas deberán aplicar el impuesto establecido en el número 2) del artículo 58, con derecho al crédito referido en el artículo 63º, por las utilidades que acuerden distribuir a las sociedades acogidas a este artículo, cuando proceda. A los accionistas domiciliados o residentes en Chile a que se refiere el número 2.-, inciso segundo de este artículo, que perciban rentas originadas en las utilidades señaladas, se les aplicará respecto de ellas las mismas normas que la ley dispone para los accionistas de sociedades anónimas constituidas fuera del país, y además, con derecho a un crédito con la tasa de impuesto del artículo 58º, número 2), aplicado en la forma dispuesta en las letras B.- y C.- del artículo 41 C.- de esta ley.".
Señor Presidente , tenemos dudas sobre esta materia. En realidad, es contraria a la lógica de que las utilidades no paguen impuesto -global complementario o adicional- si se reinvierten. Sin embargo, voy a retirar la indicación y también la siguiente.
En consecuencia, queda ratificada la aprobación de las normas sobre las que recaían las indicaciones.
Señora Senadora, entiendo que la otra indicación, que también retira, es la número 5), referente al Nº 8.
Por último, corresponde votar la proposición de la Comisión recaída en el artículo 1º, Nº 5), que introduce diversas enmiendas al inciso final que se incorpora al artículo 58º, Nº 2, de la Ley de la Renta. Fue aprobada por dos votos a favor y uno en contra.
El señor LAVANDERO.- Que alguien dé una explicación.
Se puede leer el texto, que es bastante extenso. Tal vez la señora Subsecretaria podría dar a conocer sus alcances, con la venia de la Sala.
Señor Presidente , este artículo, relativo a las ganancias de capital, alude a la primera norma votada hoy día y su objetivo es precisar un poco más su contenido: si la compra se efectúa en forma indirecta a una sociedad dueña de un porcentaje pequeño de la empresa en Chile -es decir, no completa-, debe considerarse el valor de la proporción correspondiente y no el total.
Señor Presidente, me parece que esta materia ya se votó.
Si le parece a la Sala, se aprobaría con la misma votación con que se acogió el Nº 1.
Hay algo pendiente.
Le voy a dar una explicación, señora Senadora .
Su Señoría también propuso votar separadamente el artículo 1º transitorio. Sin embargo, no es posible hacerlo, porque no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones en el segundo informe.
O sea, está aprobado reglamentariamente.
Señor Presidente , de todos modos cabe la votación separada, porque la pedí al principio de la sesión.
No es así. Conforme al Reglamento, cuando un artículo es aprobado en general y, luego, en el segundo informe no es objeto de indicación ni modificación, llega aprobado a la Sala.
Señor Presidente , me interesa dejar constancia de que en esta materia el Ministerio de Hacienda no ha cumplido un compromiso que adoptó con los Senadores en la Comisión de Hacienda.
Cuando se votó el proyecto relativo a normas sobre evasión tributaria, se dejó claramente establecido -fue parte de los acuerdos y figura en las Actas- que el Gobierno fijaría una nueva tabla de vida útil para los bienes a partir del 1º de enero de 2002. Eso quedó absolutamente explícito en las conversaciones sostenidas con el señor Ministro . Ahora, esa nueva tabla no regirá desde esa fecha como había sido acordado, sino desde el 1º de enero de 2003.
Hago presente lo anterior, para que se sepa que uno va tomando nota de los acuerdos alcanzados que después el Ejecutivo no cumple.
Se dejará constancia de lo señalado por Su Señoría.
Señor Presidente , respecto de dicho artículo se formuló una indicación -precisamente como señala la Senadora señora Matthei - en orden a hacer cumplir el compromiso del Ejecutivo en cuanto a que la nueva tabla regiría desde el 1º de enero de 2002. Ella fue declarada inadmisible en su momento por los efectos que pudiera tener en materia tributaria. Es decir, la norma no se aprobó así no más, sino que se intentó cambiar.
Por eso, es válida la constancia de la Senadora señora Matthei respecto del incumplimiento del Ejecutivo.
Tiene derecho a hacerlo, señor Senador.
Quiero dejar establecido que la forma como se ha aplicado la norma reglamentaria es la correcta. No se ha abusado al respecto, porque la indicación fue declarada inadmisible.
Al señor Contralor General de la República , solicitándole información acerca de PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN COMUNA DE CALAMA (reiteración de oficio).
A la señora Ministra de Educación , pidiéndole ANTECEDENTES TÉCNICOS ACERCA DE RED EDUCACIONAL ENLACES.
Al señor Ministro de Justicia , sobre PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CORPORACIÓN CULTURAL DE ANTOFAGASTA.
Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y a la señora Directora Nacional del Trabajo , en cuanto a SITUACIÓN QUE AFECTA A EX TRABAJADORES DE EMPRESA CONSTRUCTORA EICO S.A. (SEGUNDA REGIÓN).
A los señores concejales de la Municipalidad de Antofagasta, referente a EVENTUALES IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE CORPORACIÓN CULTURAL DE ANTOFAGASTA.
A los señores Ministros de Economía y de Agricultura, tocante a PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES DE SECTOR FORESTAL EN COMISIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO DE BIOTECNOLOGÍA Y COMISIÓN NACIONAL ASESORA EN MATERIA DE SEMILLAS Y PLANTAS.
Al señor Ministro de Salud , sobre IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE FOTOPROTECCIÓN EN LA UNDÉCIMA REGIÓN.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , acerca de PROYECTO DE INSTALACIONES TURÍSTICAS EN ISLAS GAVIOTAS Y DAMAS (CUARTA REGIÓN).
A los señores Subsecretarios de Marina y de Pesca y a la señora Intendenta de la Undécima Región , respecto de FRECUENCIA DE MUESTREOS DE MAREA ROJA EN LITORAL DE AISÉN.
Al señor Ministro de Salud , consultando sobre RAZONES PARA CIERRE DE HOSPITAL DE CHANCO.
Al señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales , sobre REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE IGLESIA DE NIRIVILO DE COMUNA DE SAN JAVIER.
Al señor Director del Servicio de Salud del Maule , referente a REPOSICIÓN DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A HOGAR DE CRISTO DE PARRAL (todos de la Séptima Región).
A la señora Ministra de Educación , acerca de AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE ESTAQUILLA EN COMUNA DE LOS MUERMOS.
Al señor Ministro de Justicia , tocante a EQUIPAMIENTO DE JUZGADO DE LETRAS E IMPLEMENTACIÓN DE ANEXO CÁRCEL EN COMUNA DE LOS MUERMOS.
Al señor Ministro de Obras Públicas , acerca de PAGO DE PROPIEDAD EXPROPIADA EN COMUNA DE LOS MUERMOS y ESTUDIO DE INGENIERÍA Y DISEÑO DE PUENTE CHAPACO Y PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE RUTAS U-588 y U-600 EN COMUNA DE RÍO NEGRO.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y al señor Intendente de la Décima Región , solicitándole información respecto de ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS AJENAS A CAMPAMENTO "LAS CAMELIAS" Y REQUISITOS PARA TRASLADARSE A CIUDAD SATÉLITE DE ALERCE.
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, sobre ALZAS DE TARIFAS ELÉCTRICAS EN LOCALIDAD DE ESTAQUILLA.
Al señor Director Nacional de la Corporación Nacional Forestal , referente a PROYECTO DE MÓDULO CHILENO-ALEMÁN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE NATIVO (todos de la Décima Región).
En Incidentes, como los Comités Socialista, Institucionales 1, Institucionales 2, Mixto (Partido Por la Democracia), Demócrata Cristiano y Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, no harán uso de sus tiempos, el turno siguiente corresponde al Comité Renovación Nacional.
Señor Presidente, deseo referirme en esta oportunidad al sistema de concesiones otorgado para el uso de bienes fiscales y también a su venta en la zona austral.
En verdad, si se revisa la historia de la provincia de Palena y de las Regiones de Aisén y Magallanes, se comprobará que siempre ha habido conflictos por las concesiones otorgadas desde el gobierno central. En efecto, los pobladores, que por generaciones han ocupado esas zonas, no alcanzan a enterarse de ellas por las dificultades de acceso y comunicación, por lo que se ven afectados en sus legítimos derechos como colonos y pioneros del sector.
Curiosamente, en pleno siglo XXI en alguna medida sigue ocurriendo tal situación. Tenemos el antecedente de la entrega en concesión, mediante decreto dictado por la autoridad de Gobierno, de 30 mil hectáreas a la empresa Maderas Aisén para aprovechamiento del bosque nativo, lo cual afecta a prácticamente 18 familias que han vivido por generaciones en el área.
Para regularizar esas situaciones, se dictó la ley Nº 19.776, elaborada entre el Gobierno y los Parlamentarios de la zona austral, que establece que a quien haya ocupado terrenos por cinco años y no posea otro bien que supere las 500 UF -monto que será ampliado en un proyecto que en este momento se encuentra en estudio en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales- se le entregará título gratuito. Muchas de las personas mencionadas se acogieron a esta normativa. Sin embargo, hoy en día se está generando una negociación entre la concesionaria, los ocupantes y Bienes Nacionales con la participación de dirigentes comunitarios, de las municipalidades y de los propios Parlamentarios.
De los 18 casos que he señalado todavía quedan ciertos grupos pendientes. A algunos ya se les ha señalado que se respetará su ocupación. Pero no ocurre así con familias como las de don Leopoldo Espina Espina, don Modesto Alegría Maureira, don Modesto Alberto Alegría Cea, don Marcelo Alegría Cea, don Rigoberto González Urrieta, don Heliberto Altamirano Alvarado, don Palmiro Becerra Carriollo, don Saladino Antrillado García, don Sergio Martel, don Felidor Muñoz Gallardo y doña Enedina Bustamante .
Muchas de estas familias han ocupado por décadas esos territorios, algunas, incluso, desde principios del siglo XX.
Además, se ha generado una controversia con lo que establece la ley, en el sentido de interpretar las veranadas como ocupación no continua, lo cual afecta sus derechos. Curiosamente, el propio Ministro ha señalado públicamente en la zona austral que aquéllas están contempladas en los beneficios de la normativa.
Se ha planteado a las personas mancionadas la posibilidad de permutar sus terrenos por otros, lo cual obviamente las perjudica gravemente, porque la gran mayoría de los existentes en la región se encuentran ocupados y, por ende, corresponderían a zonas de difícil acceso, lo que significaría encarecer su subsistencia y, además, no respetar lo que en justicia les pertenece.
Por otro lado, se ha puesto de manifiesto una especie de protocolo con la empresa concesionaria para que haya tolerancia respecto de esas ocupaciones, con ciertas reglas del juego definidas. Ello, en el fondo, como se analizó con el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aisén, don Julio Stuardo, significa dilatar un problema y crear un ámbito de controversia hacia el futuro que no beneficia a nadie. En este sentido, la autoridad regional ha demostrado una alta receptividad.
Por esa razón, solicito que se hagan llegar los antecedentes expuestos al señor Ministro de Bienes Nacionales y a la señora Subsecretaria del ramo, a fin de que se respeten las ocupaciones reales de dichos pobladores.
Hoy en día existen procedimientos bastante expeditos. Incluso con el posicionador satelital se puede determinar claramente el área que ellos han ocupado y están ocupando y, por descarte, entregarles lo que en derecho les pertenece, sin hacer parte a una empresa privada en un conflicto en el que no le corresponde intervenir.
Y algo similar está ocurriendo con la concesión y venta de terrenos del litoral a un grupo de bastante connotación nacional e internacional, entre los cuales se halla la familia de don Mario Kreutzberger , conocido como " Don Francisco ", y Julio Iglesias. A estas personas se les está entregando islas -algunas en venta y otras en concesión-en el sur, como la Nalcayec, la Simpson y la Huemules, totalizando una superficie del orden de las 110 mil hectáreas. Tales concesiones, de acuerdo con la ley, pueden durar hasta 50 años. Y resulta que en esas áreas hay ocupantes. Curiosamente, la autoridad tiene documentos que revelan la existencia de personas que manifiestan ocupación de esos terrenos por más de 15 años, que tienen planes de manejo de la CONAF y donde hay peticiones, por un lado, de compra directa al Fisco y, por otro, de acuerdo con la nueva ley, de entrega de títulos gratuitos.
En verdad, no deja de llamar la atención el hecho de que, por una parte, se incentiven las inversiones en nuestro país y, por otra, esos grandes proyectos se vean sometidos después a conflictos que obviamente nadie desea.
Creo que en esta materia se pueden delimitar las áreas en la forma como señalé en el caso anterior, con lo que se compatibiliza la ocupación de los colonos -que viven en condiciones muy esforzadas en lugares aislados- con esos grandes proyectos, a los cuales, obviamente, no queremos ponerles ningún obstáculo, sino establecer un sistema bastante claro desde el comienzo.
Por ello, solicito oficiar al señor Ministro y a la señora Subsecretaria de Bienes Nacionales a fin de que nos entreguen todos los antecedentes correspondientes a esta materia.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador , en conformidad al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Stange