Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-ap2399-2017-48965-de-abril-18-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_90839240ea114136bb27b82d7c12d7aa&vista=STD-PC
Timestamp: 2017-08-21 21:31:17
Document Index: 358034453

Matched Legal Cases: ['artículo 400', 'artículo 174', 'artículo 175', 'artículo 174', 'artículo 6', 'artículo 533', 'artículo 235', 'artículo 174', 'artículo 533', 'artículo 32', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 116', 'artículo 29', 'artículo 232', 'artículo 123', 'artículo 403', 'artículo 230', 'artículo 400', 'artículo 400', 'Artículo 306', 'artículo 21', 'artículo 164', 'Artículo 236', 'Artículo 245']

﻿ AUTO AP2399-2017/48965 DE ABRIL 18 DE 2017
AUTO AP2399-2017 DE 18 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:LA TIPOLOGÍA DEL ESTADO COLOMBIANO Y SU INFLUENCIA EN LA REGULACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y LAS NULIDADES PROCESALES. SE PRECISA QUE EL SISTEMA PROCESAL COLOMBIANO POSEE RASGOS DISTINTIVOS EN MATERIA DE NULIDADES. SE EXPLICA QUE LA LEY 600 DE 2000, PREVÉ LOS MOTIVOS DE NULIDAD Y DISPONE QUE SOLO PROCEDE POR: (I) FALTA DE COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO JUDICIAL(II) COMPROBADA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES SUSTANCIALES QUE AFECTEN EL DEBIDO PROCESO Y(III) VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA. TAMBIÉN REGLAMENTA LA OPORTUNIDAD PARA PROPONERLAS, LOS ASPECTOS FORMALES QUE DEBE CUMPLIR LA SOLICITUD, Y LOS PRINCIPIOS QUE LAS RIGEN, ENTRE ELLOS LOS DE TAXATIVIDAD, ACREDITACIÓN, PROTECCIÓN, CONVALIDACIÓN, INSTRUMENTALIDAD, TRASCENDENCIA Y RESIDUALIDAD, CON LOS QUE SE BUSCA LIMITAR LA TENDENCIA A INVALIDAR EL TRÁMITE PROCESAL POR LA SOLA EXISTENCIA DE LA IRREGULARIDAD. POR OTRO LADO, SE RESALTA QUE EL DERECHO A PRESENTAR PRUEBAS Y A CONTROVERTIR LAS QUE SE ALLEGUEN EN SU CONTRA TIENE COMO CORRELATO NECESARIO LA LIBERTAD PROBATORIA, PUES EL PROCESADO O LOS INTERVINIENTES PUEDEN ESTABLECER SUS HIPÓTESIS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL, SIEMPRE Y CUANDO NO SE VIOLEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, PUES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO NO ES ADMISIBLE LA OBTENCIÓN DE LA VERDAD A CUALQUIER PRECIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:MAGISTRADO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHOS FUNDAMENTALES, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, FUNCIÓN JUDICIAL DEL SENADO, NULIDAD PROCESAL, PRUEBA, LIBERTAD DE LA PRUEBA, ADMISIÓN DE LA PRUEBA, DERECHO DE DEFENSA
Auto AP2399-2017 de abril 18 de 2017
Radicación: 48965
(Aprobado acta 102, abr. 5/2017)
La Sala se pronuncia sobre las solicitudes de nulidad y probatorias presentadas por la defensa dentro del término de traslado previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, en el juicio adelantado contra el doctor J.I.P.C., por el delito de concusión.
La Cámara de Representantes, con la aprobación del Senado de la República, acusó al doctor J.I.P.C. de haber solicitado la suma de quinientos millones de pesos ($ 500’000.000), con el fin de adelantar gestiones orientadas a influir favorablemente en la decisión que debía tomarse por parte de la Corte Constitucional, en la revisión de la acción de tutela promovida por la sociedad XXX S.A. (XXX S.A.) contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La primera de las referidas normas prevé como atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, “juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces, y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2º y 3º”.
Y los artículos 75.5 de la Ley 600 de 2000 y 32.5 de la Ley 906 de 2004, son coincidentes en incluir dentro de las competencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, el juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2º de la Constitución Política.
Este marco normativo permite concluir que la Sala es competente para avocar el conocimiento de este asunto, por tratarse del juzgamiento de un alto funcionario del Estado, incluido en la lista que contiene el artículo 174 de la Constitución Política, por la comisión de una conducta punible(1).
2. Presupuestos procesales y sustanciales que deben cumplirse para la activación de la competencia de la Sala.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 347 inciso primero de la Ley 5ª de 1992 (modificado por la L. 273/96, art. 4º), y 449 de la Ley 600 de 2000, en los procesos especiales adelantados por la Cámara de Representantes, el juicio se inicia con la admisión de la acusación por parte del Senado de la República. De suerte que, para que la Corte pueda conocer del juzgamiento, es necesario que se cumplan, en primer lugar, dos presupuestos, (i) que preexista acusación de la Cámara de Representantes, y (ii) que ésta haya sido aprobada por el Senado de la República.
ART. 175.—“En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas,
Esta comprensión consulta la teleología y lógica de la reglamentación, de la que aparece claro que el concepto de delito común se utiliza para contraponerlo al de delito cometido en ejercicio de funciones, con el fin de cubrir todas las posibles conductas merecedoras de sanción en las que puede incurrir un servidor público (funcionales no delictivas, funcionales delictivas, y delictivas no funcionales), a la luz de lo preceptuado en el artículo 6º de la Constitución Nacional.
En el caso estudiado, la Cámara de Representantes le imputó al doctor J.I.P.C. el delito de concusión, que es, por excelencia, un delito funcional, por cuanto requiere para su estructuración que el sujeto agente sea servidor público y que la conducta se ejecute con abuso de la función.
3. Procedimiento aplicable al caso.
El modelo de enjuiciamiento acogido por la Ley 906 de 2004 cubre, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 533, los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005, con excepción de los casos de que trata el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política, es decir, la investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, que deben continuar su trámite por el rito de la Ley 600 de 2000.
Si se atendiera al contenido literal de la regulación, podría decirse, con razón, que el procedimiento llamado a ser aplicado es el previsto en la Ley 906 de 2004, por cuanto los hechos sucedieron en su vigencia, y porque el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado de que trata el artículo 174 constitucional no se encuentra dentro de la excepción prevista en el artículo 533 del referido estatuto, además que el artículo 32.5 ejusdem le otorga también competencia a esta Sala para conocer, dentro del rito propio del sistema acusatorio, del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235.2 de la Constitución.
4. La tipología del Estado colombiano y su influencia en la regulación del debido proceso y las nulidades procesales.
Igualmente, le fijó como uno de sus fines, el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Norma Superior(2), lo cual obliga a que todas las acciones estatales, la actividad de los particulares y el ordenamiento jurídico, tiendan a su efectividad y protección(3).
En relación con la dignidad humana, la Corte Constitucional ha construido líneas jurisprudenciales sobre su objeto de protección y la función de dicho enunciado normativo. Desde el punto de vista de la función de la norma, la dignidad opera como valor fundante del orden constitucional y, como principio, es un mandato de optimización(4).
El instrumento conceptual y normativo que permite proteger y hacer efectivos los derechos y garantías fundamentales en los procedimientos judiciales es el debido proceso, cuya estructura compleja se compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria(5).
En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 10, consagra el derecho de toda persona a «ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial (…)». En el mismo sentido, el precepto 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia, señalando que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
En el entorno regional americano, el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos utiliza la expresión «garantías judiciales», como denominación del complejo de derechos que deben observarse en las instancias procesales, para que pueda hablarse de verdaderas garantías que «sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o ejercicio de un derecho (…) vale decir, los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia»(6).
En desarrollo de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que las garantías que integran el derecho al debido proceso deben respetarse por el Estado sin importar qué órgano ejerce la función jurisdiccional. Así lo expresó al referirse en una opinión consultiva en el marco de un juicio político seguido a tres magistrados destituidos de sus cargos por una comisión del Congreso del Perú. En este caso, la Corte manifestó, con respecto al primer párrafo del artículo 8º, lo siguiente(7):
«(…) que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8º de la Convención Americana».
El sistema procesal colombiano posee rasgos distintivos en materia de nulidades. La Ley 600 de 2000, aplicable al caso, prevé los motivos de nulidad y dispone que solo procede por: (i) falta de competencia del funcionario judicial; (ii) comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso y; (iii) violación del derecho de defensa(8).
También reglamenta la oportunidad para proponerlas, los aspectos formales que debe cumplir la solicitud, y los principios que las rigen, entre ellos los de taxatividad, acreditación, protección, convalidación, instrumentalidad, trascendencia y residualidad, con los que se busca limitar la tendencia a invalidar el trámite procesal por la sola existencia de la irregularidad(9).
Estos principios han sido definidos por la jurisprudencia de esta Sala, de la siguiente manera: Taxatividad: significa que solo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley. Acreditación: que quien la alega debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. Protección: la nulidad no puede ser invocada por quien ha coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular. Convalidación: la nulidad puede enmendarse por el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado. Instrumentalidad: la nulidad no procede cuando el acto irregular ha cumplido la finalidad para la cual estaba destinado. Trascendencia: quien la alegue debe demostrar que afectó una garantía fundamental o desconoció las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento. Residualidad: solo procede cuando no existe otro medio procesal para subsanar el acto irregular(10).
5. Naturaleza de los juicios especiales adelantados ante el Congreso.
De acuerdo con los antecedentes normativos que han regulado la investigación y el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado aforados constitucionalmente, se tiene que en nuestro ámbito ha regido un procedimiento especial(11).
El artículo 116 de la Carta Política indica los organismos encargados de “administrar justicia”, y al lado de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, aparece EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, —que como se sabe, lo componen la Cámara de Representantes y el Senado—, con la facultad-deber de ejercer “determinadas funciones judiciales”.
Es precisamente en atención a esas “determinadas funciones judiciales” que el Constituyente radicó en cabeza de la Cámara de Representantes, la competencia para instruir los procesos o “conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan mérito fundar en ellas acusación ante el Senado” (C.N., art. 178-4)”.
«22. Sin embargo, podría considerarse que esos criterios resultan inaplicables cuando el Congreso ejerce funciones judiciales, y que ese fenómeno no ha sido estudiado por la doctrina constitucional, debido a su escasa ocurrencia. Sin embargo esa objeción no es de recibo, por una razón tan elemental como poderosa: olvida que si bien el Congreso ejerce funciones judiciales, y los procesos contra los altos dignatarios tienen, cuando se trata de delitos, una naturaleza eminentemente judicial, tal y como esta Corte(12) lo ha señalado, no por ello deja de ser una indagación adelantada por el órgano político por excelencia, que es el Congreso. Por ende, a pesar de la naturaleza judicial de estos procesos, es indudable que la Carta reserva una cierta discrecionalidad política a los congresistas cuando investigan y juzgan a los altos dignatarios, incluso si se trata de delitos comunes. En efecto, la Constitución precisa que en todas sus actuaciones, incluidos obviamente sus votos y opiniones cuando ejercen funciones judiciales, los senadores y representantes actúan consultando la justicia y el bien común (C.P., art. 133), lo cual tiene inevitablemente un componente de libertad política, puesto que, en una sociedad pluralista, no todas las visiones del bien común son idénticas».
6. Posibilidad de revisión por parte de la Corte de la legalidad del procedimiento adelantado en el Congreso.
7. Debido proceso y debido proceso probatorio.
En el Estado social de derecho, el debido proceso tiene por finalidad materializar, al interior de un procedimiento, la efectividad de los principios y derechos constitucionalmente previstos para las partes, con el propósito de alcanzar la convivencia ciudadana pacífica y la vigencia de un orden justo. Según la máxima guardiana de la Constitución, la trasgresión de esas normas mínimas «logra ignorar el fin esencial del Estado social de derecho que pretende brindar a todas las personas la efectividad de los principios y derechos constitucionalmente consagrados»(13).
La finalidad del debido proceso debe ser articulada con la del proceso penal; en este sentido, el Alto Tribunal Constitucional ha precisado que en el Estado social de derecho, uno de sus fines se concentra en la realización del ius puniendi en condiciones de justicia(14).
De igual manera, ha caracterizado el proceso penal como «un instrumento racional encaminado a determinar la posible responsabilidad penal de un individuo, cuya conducta habría injustamente vulnerado uno o varios derechos fundamentales (integridad personal, libertad individual, etc.) o bienes jurídicos constitucionalmente relevantes (salubridad pública, orden económico y social, etc.)»(15).
Ahora bien, la Corte tiene dicho que el texto del artículo 29 de la Constitución Política, analizado a la luz de la teoría del derecho y del proceso, permite considerar al debido proceso desde dos perspectivas diferentes: de una parte el debido proceso en sentido general, cuya violación daría lugar a la nulidad de la actuación, y por la otra, de manera particular, como debido proceso probatorio, cuya transgresión generaría una nulidad de pleno derecho o inexistencia. La Sala ha precisado específicamente sobre este tema que(16):
8. Contenido de algunos principios y reglas probatorias que rigen en el sistema procesal de la Ley 600 de 2000.
(i) El derecho a presentar y controvertir pruebas.
(ii) El principio de legalidad de la prueba
En efecto, ha dicho esta corporación(17):
En uno u otro caso, las consecuencias jurídicas son diversas(18) Invariablemente la prueba ilícita debe ser excluida del conjunto de medios de convicción obrantes en el proceso, sin que puedan exponerse argumentos de razón práctica, de justicia material, de gravedad de los hechos o de prevalencia de intereses sociales para descartar su evidente ilegitimidad.
(iii) Principio de permanencia de la prueba.
En virtud de este principio, las pruebas recaudadas por el instructor que sirvieron de base para formular la acusación, mantienen su condición de prueba en el juicio, de no ser excluidas por vicios que afecten su licitud o legalidad. En alusión a este principio, la Sala ha manifestado(19):
“En primer lugar, ha de tomarse en consideración que el sistema regido por la Ley 600 de 2000, normatividad aplicable al caso concreto, contempla un indiscutible principio de permanencia de la prueba —por contraposición a la sistemática diseñada en la Ley 906 de 2004, que considera prueba únicamente la practicada o aportada en curso de la audiencia de juicio oral-, por virtud del cual, los elementos suasorios aportados de manera legal, regular y oportuna en la investigación previa, la instrucción o el juicio, tienen plena capacidad probatoria y, por consecuencia, dado el principio de libertad probatoria que con el anterior entronca, perfectamente pueden servir para soportar una decisión de condena.
(iv) El principio de necesidad de la prueba.
El derecho probatorio colombiano introdujo el principio de necesidad de la prueba para fundamentar las providencias(20). Es así como el artículo 232 de la Ley 600 de 2000 dispone que toda determinación debe fundarse en prueba legal, regular y oportunamente allegada a la actuación. Este principio es la consecuencia del derecho a solicitar y controvertir pruebas, que se tornaría ilusorio sino no se garantiza su efecto en la fijación de las hipótesis de la parte o interviniente. En suma, la providencia judicial refleja y es consecuencia de la actividad probatoria en el proceso.
(v) Exigencias de conducencia, pertinencia, utilidad y racionalidad de la prueba, como presupuestos para la ordenación de su práctica.
La racionalidad, que materialmente sea posible su práctica, dentro de las circunstancias específicas que demanda su realización. Y la utilidad, que tenga capacidad para demostrar o refutar la hipótesis fáctica planteada(21).
(vi) Repetición de pruebas en el juicio.
Para efectos de la decisión que habrá de tomarse en relación con las pruebas solicitadas por la defensa, la Sala reitera que la posibilidad de repetición de pruebas en el juicio solo es procedente en dos casos, (i) cuando los sujetos procesales no tuvieron la posibilidad jurídica de controvertirlas (L. 600/2000, art. 401), y cuando se hace necesario volver sobre ellas para aclarar o ampliar la información entregada, que verse sobre aspectos sustanciales de la investigación.
9. Análisis de las nulidades solicitadas.
9.1. Solicitud 1: Por no haberse sometido el expediente a reparto en la comisión de acusaciones.
Así lo sostuvo por ejemplo en decisión de 14 de marzo de 1952, donde fue enfática en sostener que la diligencia de repartimiento interno de procesos no confería jurisdicción ni competencia, y que este acto no tenía otro efecto que buscar que el trabajo judicial se distribuyera de manera equitativa entre los distintos funcionarios(22).
En similar sentido se pronunció la Corte en decisión de 11 de abril de 2000, donde compartió integralmente las consideraciones expuestas sobre el punto por el procurador delegado en su concepto, quien precisó(23):
También la Corte Constitucional ha transitado en la misma dirección, pues ha sostenido que las reglas de reparto no son reglas de competencia, y que su desconocimiento no constituye, por tanto, causal de nulidad(24).
9.2. Solicitud 2: Por ausencia de debate en la comisión de acusaciones y en la Plenaria de la Cámara de Representantes durante el trámite para la aprobación del proyecto de acusación.
“PRESIDENTE: Hecha la exposición por parte del Representante Investigador se abre su discusión, para si alguno de los representantes miembros de la comisión quieren absolver alguna inquietud, quieren preguntar algo al señor investigador, o por el contrario procederemos a la votación como lo ordena el reglamento de la comisión, si ninguno de los miembros de la comisión quiere participar en la deliberación del informe de acusación, que acaba de presentar el honorable representante investigador J.B.P., la presidencia cierra la discusión y abre la votación.(sic)”.
“PRESIDENTE DE LA CÁMARA: Muchas gracias representante J.B. por su intervención. En estos momentos, es procedente, entonces, de acuerdo a lo establecido por la mesa directiva, abrir el debate. Quiero saber si hay bancadas que vayan a hacer su intervención a través del vocero o registraremos, entonces, las personas que quieran hablar sobre el tema planteado y luego de ello, someteremos la decisión de la Cámara de Representantes a votación. Vamos a abrir, entonces, la discusión del tema, anuncio que va cerrarse la discusión, representante P., del XXX, tiene el uso de la palabra…(sic)”.
“Señor presidente, ha sido negada la proposición de oír el señor defensor. PRESIDENTE: Nos corresponde, entonces en estos momentos, someter a consideración de la Plenaria, la votación del informe presentado por el magistrado, perdón, por el representante investigador el representante J.B. señor secretario, vamos entonces a abrir el registro. Votando sí se aprueba el informe presentado por el representante investigador el representante J.B., que pretende acusar ante el Senado al magistrado J.I.P. Votando no se denegaría esa situación. Señor secretario, por favor abra el registro”.
9.3. Solicitud 3: Por falta de correspondencia entre el número de representantes asistentes y el número de votos depositados.
La defensa sostiene que la actuación es nula porque en el proceso de votación de la resolución de acusación en la Plenaria de la Cámara de Representantes, se desconoció la regla contenida en el numeral 4º del artículo 123 de la Ley 5ª de 1992, que le otorga al presidente la facultad de anular la elección y disponer su repetición cuando el resultado no coincida con el número de congresistas presentes. Dice la norma:
ART. 123.—Numeral 4º: «el número de votos, en toda votación, debe ser igual al número de congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a votar. Si el resultado no coincide, la elección se anula por el presidente y se ordena su repetición.».
Agrega que el desconocimiento de esta regla ameritó la intervención del representante N.T., quien manifestó que el número de votos no coincidía con el número de congresistas que se habían inscrito para la sesión, porque en el registro figuraban 161 asistentes y habían votado 141.
La única información que se tiene es la que ofrece el acta donde se dejó registrada la intervención del representante N.T., en la que asegura que se inscribieron 161 representantes y que votaron 141, y donde se registran las intervenciones realizadas por algunos representantes para manifestar que no habían votado y explicar las razones de su abstención.
9.4. Solicitudes 4 y 6: Por irregularidades en el trámite de los impedimentos y recusaciones de los congresistas.
Esto desvía el norte de la alegación, porque los motivos constitutivos de nulidad son por regla general errores in procedendo o de trámite, no errores in iudicando o de juicio, y lo que aquí se está proponiendo es una nulidad porque no se comparte el sentido de una decisión, y por esta vía, una impugnación velada contra un pronunciamiento que no admite ninguna clase de recursos, ni debates (L. 600/2000, art. 11).
9.5. Solicitud 5: Violación del derecho a la defensa, por incorporación tardía de elementos de prueba.
— Que el 6 de marzo de 2015, el representante investigador, en uso de sus facultades, luego de haber realizado el programa metodológico para la presente indagación, ordenó la práctica de pruebas, entre ellas la del numeral cuarto, donde comisiona al Cuerpo Técnico de Investigaciones para realizar “inspección judicial al expediente 110016000102201500050 asignado al despacho del Vicefiscal General de la Nación”(25).
— Que en respuesta al referido auto, el 10 de marzo de 2015, el Vicefiscal General de la Nación (e) comunicó que el envío de la información solicitada resultaba imposible, toda vez que el descubrimiento probatorio estaba limitado a lo establecido en los artículos 306, 336 a 346 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004(26).
— Que mediante informe de Policía Judicial 9-42192 dirigido al representante investigador, suscrito por el director especializado de policía judicial de aforados constitucionales (PAC) reitera lo expresado el 10 de marzo de 2015, en donde de momento no se envían los elementos materiales probatorios solicitados para proteger la evidencia dentro del proceso reseñado anteriormente(27).
— Que el 4 de mayo de 2016, el Fiscal General de la Nación (e), mediante Oficio 958, envió los elementos materiales probatorios de la investigación 110016000102201500050, anexando una carpeta con 127 folios(28).
— Que el 10 de mayo de 2016, el material fue puesto a disposición del presidente del Senado por parte del representante investigador; y,
— Que el 19 de agosto 2016, la defensa solicitó copia de la prueba aportada por la Fiscalía y que a esta petición se accedió el 25 de agosto del mismo año(29).
9.6. Solicitud 7: Desconocimiento del debido proceso por haberse dispuesto el cierre del debate en el Senado, antes del tiempo requerido para hacerlo.
Hechas estas precisiones, se concluye que el motivo de nulidad invocado no tiene fundamento fáctico procesal, porque en el presente caso, de acuerdo con la información disponible, la proposición de cierre del debate por suficiente ilustración la elevó la Senadora C.L., por considerar que llevaban dos días de discusión, situación que evidencia el cumplimiento de las condiciones exigidas por la norma para la procedencia y aceptación de la proposición.
9.7. Solicitud 8: Porque la resolución de acusación no cumple los requisitos sustanciales ni formales previstos en los artículos 397 y 398 de la Ley 600 de 2000.
9.8. Solicitud 9: Violación al derecho de defensa técnica por no haberse permitido la intervención del abogado del procesado en el trámite ante el Senado de la República.
Estos estatutos solo permiten la intervención ante el Senado del representante acusador designado por la Cámara, con el fin de que presente la acusación y la sustente (L. 600/2000, arts. 437, 439 y 444), acto que, por su naturaleza, excluye la posibilidad de intervención o réplica de los demás sujetos procesales, por tratarse de un acto privativo y absolutamente autónomo de la Cámara de Representantes, quien ejerce la titularidad de la función acusadora.
9.9. Solicitud 10: Por desconocimiento del presupuesto del ante juicio político ante el Senado.
9.10. Solicitud de nulidad Nº 11: Por falta de firmas del acta de la diligencia de indagatoria.
Revisada la actuación se establece que la indagatoria se cumplió el 9 de abril de 2015 utilizando el sistema de audio(30). Posteriormente, se hizo transcripción de la diligencia, la cual fue agregada a la foliatura(31). Así mismo, existe una constancia de 1º de junio de 2015, del secretario de la comisión de investigación y acusación, donde se da fe de lo anterior, y se indica que el 28 de abril de 2015 se remitió la referida transcripción a los sujetos procesales, para que expresaran alguna inquietud. También se dejó constancia que el 25 de mayo de 2015 se volvió a oficiar a las partes para que concurrieran a firmar el acta de la transcripción(32), y a la fecha de elaboración de la constancia, no se había manifestado alguna inquietud ni alguna persona había comparecido a firmar el documento.
La Sala ha sostenido, además, en forma pacífica, que la falta de firmas en las actas de una actuación no genera nulidad, en virtud del principio de instrumentalidad de las formas (33), y que la nulidad tampoco tiene cabida cuando la parte que la invoca ha coadyuvado con su conducta a la realización del acto irregular, en virtud del principio de protección de los actos procesales, situación que sería predicable del procesado y su defensor, puesto que ambos fueron repetidamente citados a firmar el acta y no lo hicieron.
9.11. Solicitud 12: Por haberse cerrado la investigación antes de que se formulara imputación al abogado V.P. en el proceso que se adelantaba en su contra por los mismos hechos.
Argumenta el peticionario que la actuación es nula porque el representante investigador dispuso la clausura de la investigación a sabiendas de que la Fiscalía estaba próxima a formular imputación al abogado V.P. por los mismos hechos, y que allí se iban a publicar elementos materiales probatorios que podían afectar la decisión a tomar.
9.12. Solicitud 13: Por desconocimiento del concepto de “plazo razonable” al decretarse el cierre de la investigación.
9.13. Solicitud 14: Porque el representante investigador no tenía facultades para comisionar para la práctica del testimonio de F.M.R.F.
Sostiene la defensa que la actuación es nula desde el cierre de la investigación porque el representante investigador comisionó al grupo especializado de investigación de aforados constitucionales para la práctica del testimonio de la señora F.M.R.F., sin tener facultades para hacerlo, y porque se realizó sin la citación del defensor.
10. Análisis de las solicitudes probatorias.
10.1 De la defensa.
10.1.1. Pruebas que se ordenan.
10.1.1.1. Testimonio del abogado V.P.R.
10.1.1.2. Testimonio del abogado R.E.G.
10.1.1.3. Testimonio del señor H.E.O.P.
10.1.1.4. Testimonio del señor A.G.C.L.
10.1.1.5. Testimonio del ex magistrado M.G.C., para que declare sobre las manifestaciones realizadas en ampliación de denuncia, el 12 de marzo de 2015, donde hizo referencia a una invitación del doctor J.I.P.C. a almorzar en el restaurante XXX, al que se le habría sumado el abogado R.E.G., quien le hizo mención de la tutela interpuesta por XXX, siendo él, XXX.
10.1.1.6. Testimonio del abogado F.M.M., para que declare sobre el tipo de relación que existía entre el doctor J.I.P.C. y el abogado V.P.
10.1.1.8. Disco compacto de la audiencia en la cual la Juez 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento hace lectura de la sentencia condenatoria en contra del abogado V.P.R. Se aclara que el disco no contiene el anuncio del sentido del fallo, como lo indica el peticionario, sino el proferimiento de la sentencia.
10.1.1.10. Disco compacto contentivo de la entrevista rendida por el abogado V.P. en el programa “XXX” de XXX.
10.1.2. Pruebas que se niegan.
10.1.2.1. El testimonio del doctor J.I.P.C. en la audiencia, por ser improcedente, toda vez que esta prueba no es legalmente permitida en el procedimiento de la Ley 600 de 2000, que rige esta actuación. En este procedimiento los medios habilitados para escuchar al procesado son la indagatoria, la ampliación de indagatoria y el interrogatorio(34), siendo este último el previsto para la audiencia pública de juzgamiento, sin que sea necesaria su petición u ordenación anticipada, porque opera por mandato legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 403 ejusdem.
10.1.2.2. El testimonio de la señora I.B.V. La defensa sustenta esta solicitud argumentando que en la acusación se incluyen como hechos que constituyen delito, una inducción y una solicitud dineraria, acaecida en XXX en el apartamento del doctor J.I.P.C., el 18 de octubre de 2013. Así mismo, que en su indagatoria de agosto de 2014, el procesado manifestó que cuando se encontraba en el restaurante XXX, ubicado en la ciudad de XXX, el abogado V.P. lo abordó y le hizo referencia a la tutela interpuesta por XXX, a lo que él le respondió que se mantuviera al margen de ese asunto, porque S.M.R. le había comentado sobre irregularidades referentes a ese caso. Acerca de la utilidad de la prueba se dice que además de haber estado la testigo en el referido restaurante, con su dicho se puede determinar la inexistencia de la inducción o la solicitud de dinero que se le endilga al procesado.
La solicitud evidencia falta de pertinencia y utilidad del testimonio, porque si la solicitud dineraria se hizo en el apartamento del procesado en XXX, y los hechos de que puede informar la testigo ocurrieron en XXX, no se ve de qué manera pueden desvirtuarse, a través del mismo, unos hechos que la testigo no presenció. Además, el incidente en el restaurante XXX ya fue abordado suficientemente por otros testimonios durante la instrucción.
10.1.2.3. Ampliación de los testimonios de los magistrados de la Corte Constitucional M.V.C.C., L.G.G.P., G.M.M., A.R.R., J.I.P.P., L.E.V.S. y del ex magistrado M.G.C. La defensa sostiene que aunque estos testigos fueron escuchados durante la investigación, posteriormente, cuando rindió testimonio el abogado C.M.Q., se le puso de presente un correo electrónico del que se extraía que el abogado V.P. informaba haber hablado con 3 magistrados, y tener cita con la magistrada M.V.C. y el abogado R.E.G., y además, que hablaría con el ex magistrado M.G., aseveraciones que la defensa no tuvo oportunidad de controvertir.
La Sala advierte innecesario hacer comparecer a la audiencia de juicio a los magistrados y al ex magistrado mencionados, para interrogarlos sobre el conocimiento, trato, amistad, entrevistas o temas conversados con el abogado V.P., porque esos aspectos fueron detalladamente expuestos en las declaraciones que se rindieron en la etapa investigativa.
10.1.2.4. Testimonio de la doctora M.V.S.M. Esta petición se sustenta en el hecho de tener la condición de secretaria general de la Corte Constitucional y haber sido en varias oportunidades magistrada interina de la Corte Constitucional. También, por su condición de profesora de las universidades del XXX y XXX, lo que le permitiría relatar las circunstancias en que se llevó a cabo el trámite de selección, reparto y aprobación del fallo de la tutela relacionada con los hechos de este caso.
10.1.2.5. Testimonio de la doctora S.M.R. La defensa sostiene que fue negado en la instrucción, pero que es necesario para que la testigo informe sobre la conversación que mantuvo con el doctor J.I.P.C., donde le advirtió que detrás del tema de XXX existían actos de corrupción del Gobernador del XXX. Y para que se aclare que los actos de corrupción sobre los cuales giró la conversación se refirieron al Gobernador del XXX, no a la tutela adelantada después por XXX, como equivocadamente lo entendió el Senado en la resolución mediante la cual admitió la acusación para enrostrarle al procesado un indicio de responsabilidad.
10.1.2.6. Testimonio de la abogada M.M.T. Esta prueba la justifica la defensa afirmando que según la versión de los hechos suministrada por el abogado V.P. a algunos magistrados de la Corte Constitucional, el dinero sería entregado a esta testigo, por ser la madre de un hijo del ex magistrado M.G.C., y que con su versión se establecería la falsedad de los hechos relatados por el profesional del derecho.
Esta testigo ya fue escuchada durante la instrucción a instancias de la defensa, quien la interrogó, diligencia en la que se mostró absolutamente ajena a los hechos de este caso. Manifestó no conocer al abogado V.P. y mantener trato con su ex esposo M.G.C. por ser el padre de su hijo. Respecto al doctor J.I.P.C., señaló haber tenido relaciones estrictamente profesionales con él, en razón a que es egresado de la facultad de jurisprudencia de la Universidad del XXX, de la que ella era la decana cuando se graduó.
10.1.2.7. Testimonios de la abogada M.E.R. y de los señores S.T.M. y F.G.R., personas que declararon también durante la investigación. El peticionario afirma que estos testimonios fueron ignorados en la calificación del sumario y que su contenido es importante porque desvirtúa una afirmación hecha por el abogado V.P. sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y le dan sustento a la versión exculpatoria presentada por el doctor J.I.P.C. durante su indagatoria.
10.1.2.8. La solicitud de que se tenga como prueba la copia simple de parte del acta de 15 de diciembre de 2015, de la sesión plenaria de la comisión de investigación y acusación, que la defensa aporta, porque una copia igual obra en el expediente(35).
10.1.2.9. La solicitud de que se incorporen como pruebas las copias simples de las páginas impresas de la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, que la defensa adjunta, donde consta el estado de las actuaciones adelantadas en contra de los abogados V.P. y R.E.G., por no haber acreditado el peticionario su pertinencia, conducencia y utilidad.
10.1.2.10. La diligencia de careo entre el doctor J.I.P.C. y el abogado V.P.R.
Esta solicitud se sustenta en la jurisprudencia de esta Sala donde se estudia la procedencia de este medio de prueba. Se indica por el peticionario que la denuncia no fue instaurada por el abogado V.P. sino por el entonces magistrado M.G.C., quien afirma que el primero señaló al doctor J.I.P.C. de haberle pedido la suma de quinientos millones de pesos para tener la posibilidad de emitirse un fallo favorable en una tutela interpuesta por XXX S.A. que al ser citado el profesional del derecho a declarar sobre el asunto guardó silencio y este fue tenido como indicio de responsabilidad en contra del acusado.
En el precedente que la defensa cita, de fecha 9 de noviembre de 2006 (rad. 23.775), la Sala hizo las siguientes precisiones:
xi) Dado el carácter subsidiario o supletorio del careo, el funcionario judicial no está obligado a ordenar su práctica, pues, como lo establece el artículo 230 del Código de Procedimiento Civil, su decreto sólo será viable “cuando lo considere conveniente”, y según su prudente juicio”.
El citado pronunciamiento también establece lo siguiente como presupuesto para realizarlo: “El careo podría tener lugar cuando los testigos entre sí, los procesados o acusados entre sí, o aquellos con éstos hicieren afirmaciones ostensiblemente discordantes acerca de algún hecho o circunstancia esencial y trascendente que interese a la investigación”.
Pues bien. La Sala advierte que esta prueba es innecesaria, porque si lo que se pretende con ella es contar con una oportunidad para controvertir y confrontar el dicho del abogado V.P., esto puede lograrse en el curso de su declaración como testigo, ya ordenado, donde podrá ser interrogado y contrainterrogado sobre sus afirmaciones de los hechos, lo manifestado ante otras personas, y en general, sobre los aspectos que generen inquietud o interés.
10.1.2.11. La inspección judicial al proceso disciplinario 2015-0609, seguido por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en contra del abogado R.E.G., con la finalidad de obtener copia de la providencia que ordenó el archivo de las diligencias, así como de todas las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, para que luego sean trasladadas a la presente actuación. Lo anterior, en razón del vínculo que el profesional del derecho tiene con los hechos de que trata este caso, y porque se hace mención suya en el escrito de acusación.
10.1.2.12. La inspección al proceso penal 2016-42400, adelantado en el Juzgado 23 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de XXX en contra del abogado R.E.G., para obtener copia auténtica de todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que fueron descubiertos por parte de la Fiscalía, así como los discos compactos de las audiencias de imputación y acusación, para que una vez sean obtenidas las copias sean trasladadas a este proceso.
10.1.2.13. La inspección al proceso penal 2016-42400, adelantado por el Juzgado 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de XXX en contra del abogado V.P., para obtener copia auténtica de todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que fueron recopilados por la Fiscalía, así como los discos compactos de las audiencias de imputación y acusación, con la finalidad de que una vez sean obtenidas las copias sean trasladadas a este proceso.
De la reglamentación de este medio probatorio en la normatividad procesal aplicable al caso(36), se extrae que su objeto es la verificación o comprobación por parte del funcionario judicial del estado de las personas, lugares, rastros y de cualquier otro efecto material que sea de utilidad para la concreción de la conducta punible o la individualización de los autores o partícipes de ella.
La dinámica del derecho procesal y del derecho probatorio, así como los avances tecnológicos y científicos, han hecho que la inspección judicial se convierta en un medio de prueba de realización excepcional, y que solo sea viable su ordenación cuando no se cuente con otra forma o medio a través del cual se pueda poner en conocimiento del funcionario judicial el hecho o la situación que demanda verificación(37).
Esto ha llevado a la legislación procesal a establecer unos estándares altos de exigencia en la labor de acreditar su procedencia cuando la iniciativa de su práctica proviene de los sujetos procesales, pues exige, de acuerdo con lo previsto en la reglamentación legal(38) y lo expuesto en los desarrollos jurisprudenciales(39), precisar con claridad su objeto, es decir, lo que se busca verificar o constatar con su práctica, y mostrar la utilidad para la definición del asunto.
10.2. Pruebas de oficio.
10.2.1. Por secretaría de la Sala, solicitar a la secretaría del Senado de la República que ponga a disposición de esta corporación la prueba que se relacionó en el acta de entrega del expediente 4389 de la Presidencia del Senado de la República a esa dependencia, el 13 de septiembre de 2016, como: 1. Proveniente de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Una (1) USB-Rotulada como “Encuentro constitucional por la tierra-Nota de voz…” CADENA DE CUSTODIA-EXPEDIENTE XXX.
10.2.2. Solicitar al magistrado de la Corte Constitucional, doctor L.E.V.S., que suministre a esta corporación copia del audio que puso a disposición del grupo de especializado de investigación de aforados constitucionales de la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, el 19 de marzo de 2015, contenido en una USB de 4G, rotulada como “Encuentro constitucional por la tierra-Nota de voz- L.E.V.S.”, al cual hizo referencia en su declaración rendida ante la referida comisión.
1. NEGAR las nulidades solicitadas por el defensor del doctor J.I.P.C., conforme con las consideraciones expuestas en el cuerpo de esta decisión.
2. ORDENAR que en la audiencia pública de juzgamiento se practiquen los testimonios de V.P.R., R.E.G., H.E.O.P., A.G.C.L., M.G.C. y F.M.M.
3. ORDENAR la incorporación, para que obren en este juicio, de las pruebas documentales relacionadas en los numerales 10.1.1.8, 10.1.1.9 y 10.1.1.10, las cuales fueron allegadas por la defensa dentro del traslado del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000.
4. NEGAR las solicitudes del abogado defensor de escuchar en audiencia pública de juzgamiento los testimonios del procesado doctor J.I.P.C., I.B.V., M.V.C.C., L.G.G.P., G.M.M., A.R.R., J.I.P.P., L.E.V.S., M.V.S.M., S.M.R., M.M.T., M.E.R., S.T.M. y F.G.R., conforme con los fundamentos de esta providencia.
5. NEGAR la solicitud de incorporación a este juicio de las pruebas documentales señaladas en los numerales 10.1.2.8 y 10.1.2.9, las cuales fueron allegadas por la defensa dentro del traslado del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000.
6. NEGAR la solicitud del abogado defensor de realizar diligencia de careo entre el procesado doctor J.I.P.C. y el abogado V.P.R., por lo expuesto en la parte motiva.
7. NEGAR las solicitudes del abogado defensor de realizar las diligencias de inspección judicial y traslado de pruebas, señaladas en los numerales 10.1.2.11, 10.1.2.12 y 10.1.2.13 de esta providencia, según lo argumentado en este proveído.
8. TENER como prueba el material referido en el punto 10.2.4 de esta decisión.
9. DECRETAR de oficio las solicitudes y el requerimiento señalados en los ordinales 10.2.1, 10.2.2 y 10.2.3.
1 Cfr. CSJ, AP, 21 de marzo de 1996.
2 CC C-317 de 2002.
3 CC C-425 de 2005.
4 Sobre el objeto de protección y la función normativa de la dignidad humana puede consultarse la Sentencia T-881 de 2002.
5 CC C-475 de 1997, consideración jurídica 4.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87, párr. 25.
8 Artículo 306 de la Ley 600 de 2000.
9 Artículos 308 y 310 ibídem.
10 CSJ SP, 25 de mayo de 2000, radicación 12781; AP, 9 de junio de 2008, radicación 29092 y; SP, 3 de febrero de 2016, radicación 43356; entre otras.
11 En efecto, en la constitución de Cundinamarca de 1811, se reguló su procedimiento en los artículos 46 a 49; en la de Antioquia de 1812, se estableció en el título III, sección 3, canon 10; en la Constitución de Cúcuta de 1821, en los preceptos 89 y 97; en la de 1830, en las normas 63 y 51; en la Constitución del Estado de la Nueva Granada de 1832, en las previsiones 57 y 45; en la República de la Nueva Granada de 1853, en el artículo 21; en la Constitución de la Confederación Granadina de 1858, en los cánones 54 y 53; en la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863, en los preceptos 53 y 51. Finalmente, en la Constitución Política de la República de Colombia de 1886, reformada en lo correspondiente por los actos legislativos 1 de 1968, 1 de 1945, 3 de 1910 y 10 de 1905, en las disposiciones 102 y 96.
12 Ver sentencias CC C-222 de 1996, C-245 de 1996, C-385 de 1996, C-563 de 1996 y C-148 de 1997.
14 CC C-828 de 2010 y C-387 de 2014.
15 CC C-387 de 2014.
16 CSJ AP, 18 de diciembre de 2001, radicación 17919.
17 CSJ AP, 14 de septiembre de 2009, radicación 31500.
18 Cfr. CSJ SP, 2 de marzo de 2005, radicación 18103; SP, 1º de julio de 2009, radicación 31073; SP, 1º de julio de 2009, radicación 26836 y; SP, 5 de Agosto de 2014, radicación 43691.
19 CSJ SP, 30 de junio de 2010, radicación 32777.
20 El artículo 164 del Código General del Proceso ordena que toda decisión judicial deba fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.
21 CSJ SP, 3 de septiembre de 2014, radicado 43254.
22 CSJ SP, 14 de marzo de 1952, publicada en Gaceta Judicial: Tomo LXXI 2110-2114, pág. 536 a 545.
23 CSJ SP, 12 de marzo de 2000, radicación 12271.
24 CC Auto 196 de 2011 y T-701 de 2012, entre otras.
25 Cuaderno original 1, folios 109-112.
26 Cuaderno original 2, folios 161-162.
27 Cuaderno original 2, folios 157-159.
28 Cuaderno carpeta Fiscalía con elementos materiales probatorios, fl. 130.
29 Cuaderno original 12, folios 265 y 503.
30 Cuaderno original 8, folio 151.
31 Cuaderno original 8, folio 62.
32 Cuaderno original 7, folios 198 a 200.
33 CSJ SP, 7 de marzo de 2000, radicación 11544; SP, 27 de mayo de 2004, radicación 19918; SP, 11 de marzo de 2009, radicación 26789, entre otras.
34 Artículos 333, 342 y 403.
35 Cuaderno original 13, folio 140.
36 Artículos 233 y 244 de la Ley 600 de 2000.
37 Artículo 236 del Código General del Proceso.
38 Artículo 245 de la Ley 600 de 2000 y 237 del Código General del Proceso.
39 CSJ AP, 18 de enero de 2016, radicación 34099.