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Timestamp: 2017-09-21 01:27:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 92', 'artículo 104', 'artículo68', 'artículo 68', 'artículo 104', 'artículo 107', 'artículo 66', 'artículo 104', 'artículo 68', 'artículo 104', 'artículo 68']

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. CADUCIDAD. PRESCRIPCIÓN - El blog de Ortizcondeabogados
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. CADUCIDAD. PRESCRIPCIÓN
Publicado en 26 Marzo 2014, 18:25pm
Sentencia nº 1382/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 25, Noviembre 2013
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena
Procedimiento Ordinario 711/2010 *
Demandante: D./Dña. Fidela
PROCURADOR D./Dña. AMALIA JIMENEZ ANDOSILLA
Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda Sr. ABOGADO DEL ESTADO COMUNIDAD DE MADRID LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
SENTENCIA No 1382 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN NOVENA (BIS) Ilmos. Sres. Presidente: D. Francisco Gerardo Martínez Tristán
Magistrados: D. José Luis Quesada Varea, Dª Sandra María González de Lara Mingo, D. José Félix Martín Corredera
En la Villa de Madrid, diecinueve de noviembre de dos mil trece. La Sala constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso contencioso administrativo nº 711/2010 interpuesto por la procuradora doña Amalia Jiménez Andosilla, en nombre y representación de doña Fidela, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 27 de enero de 2010, dictada en la reclamación NUM000, deducida frente al acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 15-RD- 1440-1-2007, promovido contra la liquidación tributaria NUM001, practicada al documento NUM002, por el concepto de impuesto sobre sucesiones. Han sido partes demandadas, la Administración General del Estado representada y dirigida por el Abogado del Estado, así como la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, representada y dirigida por Letrado de sus Servicios Jurídicos.
PRIMERO - Admitido el recurso y previos los trámites oportunos se confirió traslado a la recurrente por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó mediante el oportuno escrito, en el que, tras exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho de aplicación, terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se declare nulo el acto administrativo impugnado, por no ser conforme a derecho, y se declare la improcedencia del ingreso realizado por doña Fidela, así como la devolución de lo indebidamente ingresado, con condena en costas a la Administración.
SEGUNDO - El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 8 de febrero de 2011, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y solicita a la Sala que dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, confirmando la disposición impugnada, con condena en todo caso al actor de las costas incurridas. Por su parte, el Letrado de la Comunidad de Madrid presentó su escrito en fecha 19 de abril de 2011 en el que asimismo mostraba su oposición
TERCERO - Practicada la prueba declarada pertinente y no habiéndose solicitado la celebración de vista ni el trámite de conclusiones, se declaró concluso el procedimiento, quedando pendiente de señalamiento cuando por turno le correspondiera.
CUARTO - Para la votación y fallo se señaló el día 1 de octubre de 2013, fecha en la que tuvo lugar. QUINTO - Al haber anunciado la magistrada doña Sandra María González de Lara Mingo, su intención de formular voto particular, la ponencia que le venía encomendada fue turnada al magistrado don José Félix Martín Corredera, quien expresa el parecer mayoritario de la Sala.
PRIMERO -Se dirige el presente recurso contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 27 de enero de 2010, dictada en la reclamación NUM000, deducida frente al acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 15-RD-1440-1-2007, promovido contra la liquidación tributaria NUM001, practicada al documento NUM002, por el concepto de sucesiones, con un importe de 15.400,33 #. El Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid desestimó la reclamación al entender que no se había producido la prescripción del derecho a liquidar, que esgrimía la reclamante, debido a los actos de interrupción que relaciona en los antecedentes de su resolución, sin que ninguno de los intervalos supere el plazo establecido.
SEGUNDO - Puesto que en la demanda se insiste en la caducidad del procedimiento de gestión, con la eventual consecuencia de que en ese caso las actuaciones practicadas en el procedimiento caducado no interrumpirían el plazo de prescripción, nuestro análisis debe comenzar haciendo una relación cronológica de las vicisitudes procedimentales. El 7 de mayo de 2002, dentro del periodo voluntario, doña Fidela presentó autoliquidación del impuesto de sucesiones originado por el fallecimiento de su hermano don Efrain, ocurrido el 14 de diciembre de 2001. Tramitado expediente de comprobación de valores, la Administración autonómica dictó acuerdo de comprobación de valores y practicó la liquidación tributaria NUM003, derivada de la comprobación, notificándoselos a los interesada el 16 de julio de 2004. El 9 de agosto de 2004 doña Fidela interpuso recurso de reposición que fue estimado parcialmente por resolución notificada el 11 de octubre de 2004, en la que se dispone la nulidad de la liquidación por insuficiente motivación e la comprobación del valor del inmueble heredado. En ejecución de dicho acuerdo, con fecha 6 de marzo de 2007, veintinueve meses después, se notificó nueva liquidación, NUM001, derivada de la nueva comprobación realizada. Contra dicha liquidación, el 21 de marzo de 2007 doña Fidela interpuso nuevo recurso de reposición, en el que alegaba la caducidad del procedimiento así como que como consecuencia de esta se había producido a su vez la prescripción del derecho a practicar una nueva liquidación tributaria. Este recurso de reposición fue desestimado por acuerdo de 29 de agosto de 2007, contra el que se formuló reclamación económicoadministrativa en fecha 10 de octubre de 2007. En su reclamación, la representación de doña Fidela reiteraba sus alegaciones acerca de la caducidad del procedimiento y de la prescripción del derecho a practicar nueva liquidación. Finalmente, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid dictó la resolución que constituye el objeto del presente recurso, rechazando la alegación de prescripción. Nótese bien aquí que la resolución del TEAR no entra en el examen de la caducidad alegada, caducidad que según la recurrente se había producido entre el 11 de octubre de 2004, en que se notificó la resolución del recurso de reposición que dispuso la nulidad liquidación por insuficiente motivación de la comprobación del valor, y el 6 de marzo de 2007, en que se notificó la liquidación NUM001, derivada de la nueva comprobación realizada.
TERCERO - El precedente resumen sintético pone de manifiesto, en primer lugar, que el procedimiento en que se practicó la liquidación, NUM001, notificada el 6 de marzo de 2007, se encontraba caducado por el transcurso de más de seis meses a contar desde el 11 de octubre de 2004, en que se notificó la resolución del (primer) recurso de reposición, y así debió apreciarlo el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid en su resolución. En este punto, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid no ajustó su resolución al mandato contenido en el art. 239.2 de la Ley General Tributaria , en cuanto prescribe que las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas decidirán todas las cuestiones que se susciten en el expediente, pues olvidó examinar la alegación de caducidad. Llegados a este punto, se abre un nuevo problema sobre el que tenemos que fijar nuestra atención y es el relativo a la interrupción de la prescripción. Sucede que como dies a quo no puede estarse al 15 de junio de 2002 (seis meses desde el fallecimiento del causante), como sostiene la recurrente, sino al 11 de agosto de 2004, fecha en que se notificó la resolución del recurso de reposición interpuesto contra la primera liquidación anulada, porque interrumpía la prescripción. Ahora bien, los actos posteriores a la notificación del primer recurso de reposición no interrumpen la prescripción, al haberse producido una vez caducado el procedimiento. Esto es, no interrumpió la prescripción la notificación de la segunda liquidación provisional (6-03-07), tampoco la interposición contra esta de recurso de reposición (21-03-07) y menos aún la formulación de reclamación económico administrativa (10-10-07). De este problema nos ocupamos a continuación.
CUARTO - La sanción que la Ley General Tributaria liga a la caducidad de los procedimientos consiste en privarlos de fuerza interruptiva de la prescripción de los derechos de la Administración, al igual que para el procedimiento administrativo común contempla el artículo 92.3 LRJAP -PAC. Tal consecuencia está prevista en el artículo 104.5 de aquella en los siguientes términos: "Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos á los efectos previstos en el apartado 1 del art. 27 de esta ley. Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario." Por su parte, sobre la interrupción de la prescripción el artículo68.1 de la LGT dispone lo siguiente: "El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del art. 66 de esta Ley [el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación] se interrumpe: Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario. Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso. Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria." De la lectura de estas normas podría deducirse, en principio, que la interposición de todo recurso («recursos de cualquier clase», según el último precepto transcrito) genera la interrupción de la prescripción por dos razones: primero, por la generalidad con que parece pronunciarse el artículo 68.1.b); y, segundo, porque el artículo 104.5 resta virtualidad interruptiva solo a «las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados», y resulta que el recurso de reposición no forma parte del procedimiento de gestión, sino del posterior procedimiento de revisión ( artículos 123 y 213 LGT y siguientes, al igual que, en el procedimiento general, artículo 107 y siguientes de la LRJAP -PAC). La postura favorable a la fuerza interruptiva de todos los recursos del interesado, incluso de aquel destinado específicamente a obtener la declaración de caducidad, se recoge en la 23 de octubre de 2012 (recurso de casación para unificación de doctrina 306/2012 ), que se remite a la anterior sentencia de 5 de octubre de 2012 (recurso de casación 412/2008 ). Ambas sentencias versan sobre el reintegro de subvenciones y no sobre el derecho a liquidar de la Administración tributaria, aun así, interpretan el antiguo artículo 66 de la LGT de 1963 , cuyos términos, en lo que nos interesa, son semejantes al actual 68. Conviene destacar desde ahora que estas decisiones del Tribunal Supremo no parten de una interpretación sistemática de la normativa actualmente vigente, en la que, como se verá, el artículo 104.5 LGT cobra especial importancia, y tampoco se refieren al ámbito estrictamente tributario, sino al subvencional, especialmente riguroso con la obligación de reintegro del beneficiario. Por su parte, esta Sala del Tribunal Superior de Madrid se ha pronunciado en contra de la eficacia interruptiva de los recursos destinados a obtener la declaración de caducidad (sentencias de la Sección Novena números 114 y 115/2012, de 30 de octubre, y 408/2013, de 22 de abril ). El fundamento de estas decisiones estriba en la falta de virtualidad de la interposición del recurso (o de la reclamación económico administrativa) para perjudicar los derechos del interesado cuando promueve un pronunciamiento que debió ser declarado de oficio por la Administración, así como en el peor trato que supondría para el sujeto pasivo que alega la caducidad. En refrendo de esta solución confluyen una pluralidad de argumentos. En primer lugar, el reconocimiento de efecto interruptivo a la interposición de reclamaciones y recursos de cualquier clase del artículo 68.1..a) de la Ley General Tributaria no puede interpretarse en términos absolutamente literales. La jurisprudencia niega dicho efecto a las reclamaciones o recursos instados contra actos nulos de pleno derecho (entre muchas, en la 18 de octubre de 2012, recurso de casación 6180/2011 ). En según lugar, esa misma interpretación flexible merece el artículo 104.5 de la Ley General Tributaria cuando se refiere a las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados. Parece excesivamente formalista interpretar que tales actuaciones comprenden tan solo los actos verificados entre el acuerdo de iniciación y la liquidación. Para determinar el auténtico alcance de la norma debe atenderse a su finalidad y naturaleza sancionadora del incumplimiento de la Administración. En tercer término, para la teoría general del Derecho, las causas interruptivas de la prescripción extintiva tienen su fundamento en la existencia de una actividad destinada al reconocimiento o ejecución del derecho en juego. Esta idea es reflejada en la Ley General Tributaria al enunciar las actuaciones de la Administración, de manera que no todo acto administrativo tiene eficacia interruptiva, sino solo aquellos conducentes al ejercicio del derecho a liquidar, como se advierte en el apartado a) del artículo 68.1 . El recurso del contribuyente instando la anulación de la liquidación que, entre otras causas, puede serlo por caducidad del procedimiento en que fue dictada, no constituye un reconocimiento de deuda, sino precisamente su negación. En cuarto lugar, aunque declarar la caducidad constituye un deber de la Administración, ello no impide que el interesado para promoverla (así, tanto en los artículos 42.1 y 44.2 LRJAP-PAC como en el 104.5 LGT ). De este modo, resulta cuando menos paradójico que la petición del interesado destinada a obtener una declaración de caducidad que luego es estimada, sea privada de todo vínculo con el procedimiento declarado caducado por el mero hecho de haber adoptado la forma de recurso. No es coherente que ningún acto de la Administración interrumpa la prescripción por motivo de caducidad y sí lo haga el acto del interesado tendente a lograr ese efecto. Y por último, la tesis contraria perjudicaría de manera desproporcionada los intereses del contribuyente, pues no debe perderse de vista que la caducidad del procedimiento opera en beneficio del administrado y la sanción que lleva aparejada es su ineficacia para interrumpir la prescripción. Desde esta óptica, carece de justificación razonable que el hecho de instar la declaración de caducidad redunde en perjuicio del interesado cuando tiene por objeto poner de manifiesto la infracción del deber de resolver en plazo y, además, está destinada a suplir el incumplimiento de la Administración de la obligación de declararla de oficio. Esta doble vulneración legal de la Administración tributaria no puede ser premiada con la conservación de su derecho. Y a ello se suma que la tesis contraria restringiría injustificadamente la capacidad de reacción del interesado ante el procedimiento caducado, puesto que el acto dirigido a hacer valer la caducidad sería penalizado con la interrupción de la prescripción. Así pues, cuanto se lleva razonando conduce a la estimación del recurso interpuesto por doña Fidela . QUINTO - De conformidad con el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no procede un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes. Vistos los preceptos citados, así como los artículos 67 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción .
ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por doña Fidela, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 27 de enero de 2010, dictada en la reclamación NUM000, deducida frente al acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 15-RD-1440-1-2007, promovido contra la liquidación tributaria NUM001, practicada al documento NUM002, por el concepto de impuesto sobre sucesiones, anulando tanto la resolución recurrida como la liquidación indicada, por no ser conformes al ordenamiento jurídico, al mismo tiempo que declaramos el derecho de la recurrente a la devolución de lo indebidamente ingresado, con condena en costas a la Administración. Sin costas. Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno. Conforme dispone el art. 104 de la LJCA , en el plazo de diez días, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo y el testimonio de esta sentencia, a fin de que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Hágase saber a la Administración que en el plazo de 10 días deberá acusar recibo de dicha documentación e indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo. Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos lo pronunciamos mandamos y firmamos.
Concepcion Rodriguez 03/04/2015 01:44
Con fecha de 18 de Enero de 2010 aboné el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Autoliquidación-Sucesiones. A fecha de hoy no se ha repartido todavía la herencia, encontrándose en los juzgados, pero ha habido un aumento de capital. Mi pregunta es:¿Tengo que paga por ese aumento que ha aparecido o ha prescrito? Mi familiar falleció en Agosto del 2009. Muchas gracias por su respuesta.