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Timestamp: 2018-01-20 01:26:30
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Uruguay – Observación Comité Derechos de la Mujer/2008 | observatoriointernacional.com
20 de octubre a 7 de noviembre de 2008
1. El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto, sexto y séptimo combinados del Uruguay (CEDAW/C/URY/7) en sus sesiones 856ª y 857ª, celebradas el 23 de octubre de 2008 (véanse CEDAW/C/SR.856 y CEDAW/C/SR.857). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/URY/Q/7 y las respuestas del Uruguay figuran en el documento CEDAW/C/URY/Q/7/Add.1.
2. El Comité acoge con satisfacción los informes periódicos cuarto, quinto, sexto y séptimo combinados del Estado parte, aunque lamenta que se presentaran con retraso. También acoge con beneplácito las respuestas por escrito del Estado parte a la lista de cuestiones y preguntas planteadas por el grupo de trabajo anterior al período de sesiones, pero lamenta la naturaleza descriptiva del informe y las respuestas y la ausencia de datos estadísticos suficientes desglosados por sexo sobre la situación de la mujer, en particular las mujeres de ascendencia africana e indígenas, en todos los ámbitos cubiertos por la Convención.
3. El Comité expresa su reconocimiento al Estado parte por la presentación oral y las aclaraciones adicionales ofrecidas en respuesta a las preguntas planteadas oralmente por el Comité.
4. El Comité encomia al Estado parte por su amplia delegación, encabezada por la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, que incluía representantes del Parlamento, el poder judicial, diversos ministerios, municipios y la sociedad civil. El Comité aprecia el diálogo abierto y constructivo que tuvo lugar entre la delegación y los miembros del Comité.
5. El Comité reconoce los esfuerzos del Estado parte por aplicar la Convención mediante la aprobación de varias leyes, entre ellas la Ley No. 18.104 de promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; la Ley No.17.514 de prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica; la Ley No. 18.065 del servicio doméstico; la Ley No. 17.823 del Código de la Niñez y de la Adolescencia y la Ley No. 18.214 relativa a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes.
6. El Comité celebra la adopción de diversos planes y programas para promover la condición de la mujer, en particular el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007-2011) y el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica (2004-2010).
7. El Comité observa con satisfacción el establecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) como mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, que tiene un mandato más claro y mayor visibilidad que su predecesor, el Instituto Nacional de la Familia y de la Mujer.
8. El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité exhorta al Estado parte a que centre en esas esferas sus actividades de aplicación y a que, en su próximo informe periódico, indique las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. El Comité exhorta al Estado parte a que transmita las presentes observaciones finales a todos los ministerios pertinentes y al Parlamento a fin de asegurar su plena aplicación.
9. Al tiempo que reafirma que incumbe al Gobierno la responsabilidad primordial de cumplir plenamente las obligaciones que el Estado parte ha contraído en virtud de la Convención y especialmente de rendir cuentas al respecto, el Comité destaca que la Convención es vinculante para todos los poderes públicos e invita al Estado parte a que aliente a su parlamento nacional a que, de conformidad con su reglamento y cuando proceda, adopte las medidas necesarias en lo que respecta a la aplicación de las presentes observaciones finales y el próximo proceso de presentación de informes del Gobierno con arreglo a la Convención.
10. Si bien observa que la Constitución consagra el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, al Comité le sigue preocupando la ausencia de una incorporación directa y clara en el derecho interno de la Convención y de una definición específica de la discriminación contra la mujer de conformidad con el artículo 1 de la Convención. Lamenta en particular que la Ley No. 18.104 de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, recientemente aprobada, no incorpore esa definición. Recuerda que la ausencia de una disposición específica con una definición de la discriminación contra la mujer que abarque la discriminación directa e indirecta en el ámbito público y el privado, constituye un impedimento para la plena aplicación de la Convención en el Estado parte.
11. El Comité exhorta al Estado parte a que adopte medidas urgentes para incorporar plenamente en el derecho interno la Convención y la definición de discriminación contra la mujer, como figura en el artículo 1 de la Convención, e informe sobre los progresos conseguidos a este respecto en su próximo informe periódico.
12. Si bien encomia el establecimiento de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo para hacer frente a las denuncias de acoso sexual en el trabajo, el Comité lamenta el escaso conocimiento de la Convención y el Protocolo Facultativo en el Uruguay. También lamenta la ausencia general de información sobre los recursos jurídicos existentes para la protección y el disfrute de los derechos de la mujer y el uso de esos recursos.
13. El Comité recomienda que se realicen campañas de concienciación y capacitación para los magistrados y los profesionales del derecho. Reitera su recomendación anterior (A/57/38, primera parte, párr. 189) de que el Estado parte facilite mayor información en su próximo informe periódico sobre los mecanismos y procedimientos de que disponen las mujeres para proteger y promover sus derechos.
14. El Comité lamenta que no existan medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de hecho entre el hombre y la mujer y mejorar la situación de los derechos de la mujer en el Estado parte, en particular por lo que respecta a la mujer en el lugar de trabajo y la participación de la mujer en la política.
15. El Comité insta al Estado parte a que adopte y aplique, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, medidas especiales de carácter temporal, centrándose en las esferas del empleo de la mujer y la participación de la mujer en la vida pública.
16. El Comité observa el importante papel desempeñado por el INAMU en el adelanto de la igualdad de género y los derechos de la mujer en el Uruguay y acoge con beneplácito el aumento de los recursos humanos y financieros asignados al Instituto y la ampliación progresiva de su cobertura territorial. Sin embargo, al Comité le sigue preocupando que la capacidad del INAMU para realizar su mandato de forma efectiva se vea limitada por su falta de autonomía institucional y porque la contribución estatal a su presupuesto es insuficiente. La limitada cobertura territorial del Instituto también es motivo de preocupación para el Comité.
17. El Comité recomienda que el Estado parte asegure que el INAMU disfrute de mayor autonomía y tenga un presupuesto adecuado e independiente para desempeñar su mandato de manera efectiva y sostenible. También se debería garantizar la presencia del Instituto en todo el territorio del Uruguay.
18. El Comité observa con preocupación que determinadas disposiciones del Código Penal, en particular las que figuran en el título X, denominado “Delitos contra las buenas costumbres y el orden de familia”, discriminan contra la mujer al conservar conceptos como el pudor, la honestidad y el escándalo público en la tipificación de los delitos sexuales. El Comité lamenta que el proyecto de reforma del Código Penal presentado al Senado en septiembre de 2005 todavía no se haya aprobado.
19. El Comité insta al Estado parte a que acelere el proceso de aprobación del proyecto de reforma del Código Penal y derogue sin demora esos artículos del Código Penal a fin de que el Código sea conforme con la Convención y las recomendaciones generales 19 y 24 del Comité.
20. Si bien celebra las actividades de capacitación y sensibilización introducidas por el Estado parte para los profesionales de los medios de comunicación y del sistema educativo sobre el tema concreto de la violencia contra la mujer, al Comité le sigue preocupando la persistencia de estereotipos relativos al papel de la mujer en la familia y la sociedad y actitudes y conductas profundamente arraigadas basadas en la supuesta superioridad del hombre en la esfera pública y privada.
21. Siguiendo su anterior recomendación (A/57/38, primera parte, párr. 193), el Comité insta al Estado parte a adoptar medidas urgentes para eliminar los estereotipos en la sociedad uruguaya, en particular fortaleciendo sus campañas de sensibilización dirigidas a los profesionales de los medios de comunicación y del sistema educativo, haciéndolas extensivas a los encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios del sistema judicial.
22. El Comité encomia las diversas medidas legislativas y normativas adoptadas por el Estado parte para hacer frente a la violencia en el hogar. No obstante, lamenta la falta de información sobre las repercusiones efectivas de esas medidas y los vacíos existentes en la recolección de datos sobre todas las formas y manifestaciones de violencia contra la mujer. El Comité lamenta además la falta de servicios de apoyo para las víctimas de la violencia en el hogar, entre ellos albergues y servicios de asesoramiento.
23. El Comité alienta al Estado parte a que estudie los efectos y la eficacia de sus mecanismos para hacer frente a la violencia en el hogar y establezca un sistema para la recolección periódica de datos estadísticos sobre la violencia doméstica, desglosados por sexo y tipo de violencia y por la relación de los agresores con las víctimas. El Estado parte debería establecer albergues y centros de crisis accesibles para las mujeres víctimas de la violencia y garantizar que si una víctima acepta reconciliarse con el agresor, se proporcionen servicios de asesoramiento a éste y a la víctima y se supervise la situación para prevenir nuevos malos tratos. Se deberían ofrecer capacitación y programas de sensibilización al personal judicial, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los profesionales del derecho y la salud. El Comité alienta además al Estado parte a que refuerce su colaboración con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en lo que respecta a la violencia contra la mujer.
24. El Comité observa con aprecio que la Ley No. 17.938 de enero de 2006 abolió el artículo 116 del Código Penal y el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales los cargos por delito de violación se anulaban si el agresor contraía matrimonio con la víctima. Sin embargo, lamenta que el Estado parte no haya tipificado como delito la violación en el matrimonio.
25. El Comité recomienda que el Estado parte tipifique como delito la violación en el matrimonio, definida sobre la base de la ausencia de consentimiento de la esposa.
26. Si bien observa que se crearon cuatro juzgados especializados de familia en el departamento de Montevideo, que tratan predominantemente casos de violencia en el hogar, el Comité observa con preocupación que esos juzgados están saturados de trabajo y que únicamente un 4% de los casos de violencia doméstica son posteriormente remitidos a la vía penal.
27. El Comité recomienda que el Estado parte asigne recursos financieros y humanos suficientes a los juzgados de familia para garantizar su funcionamiento adecuado. Alienta al Estado parte a que aumente el número de juzgados de familia, especialmente fuera de la capital, para lograr una plena cobertura judicial en todo el territorio del Estado.
28. Si bien acoge con agrado la participación del Estado parte en el plan de acción del MERCOSUR para la lucha contra la trata de personas de 2006 y el plan nacional de acción para la erradicación de la explotación sexual comercial y no comercial de 2007, el Comité está profundamente preocupado por la persistencia de la trata de mujeres y niñas desde y hacia el Estado parte con fines de explotación sexual. Lamenta que no existan datos oficiales ni estadísticas y que no se hayan realizado estudios para evaluar la incidencia de este fenómeno. El Comité está igualmente preocupado por la falta de medidas suficientes y eficaces para combatir la trata de seres humanos.
29. El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus actividades de lucha contra la trata de mujeres y niñas, estudie su alcance, causas, consecuencias y fines y recopile información de manera sistemática con miras a formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización de los culpables y medidas para la protección y rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la sociedad. Además, recomienda que el Estado parte lleve a cabo campañas de concienciación a nivel nacional dirigidas a las mujeres y las niñas sobre los riesgos y las consecuencias de la trata y capacite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de migración y de fronteras sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas. El Comité solicita al Estado parte que realice un seguimiento minucioso del efecto de las medidas adoptadas y proporcione información sobre los resultados conseguidos.
30. Si bien observa que el Estado parte ha puesto en marcha iniciativas para promover la participación de la mujer en la vida pública, al Comité le preocupa que la mujer siga estando insuficientemente representada en la vida política y pública y que el número de mujeres representadas en el Parlamento haya disminuido del 11,5% al 10,8% en las elecciones celebradas en 2004.
31. El Comité insta al Estado parte a que atienda a su recomendación anterior (A/57/38, primera parte, párr. 201) de que adopte medidas apropiadas y aplique estrategias amplias, incluidas medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, con objeto de fomentar una mayor participación de la mujer en la vida pública, en particular en el proceso de toma de decisiones, y promover el cambio de actitudes y percepciones, tanto de las mujeres como de los hombres, en cuanto a sus respectivos papeles en el hogar, la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto. El Comité exhorta al Estado parte a que acelere la aprobación de proyectos de ley sobre cuotas y sobre partidos políticos. Alienta al Estado parte a que proporcione programas de capacitación para las mujeres, incluidas las mujeres indígenas y de ascendencia africana, con el propósito de fortalecer su papel en los puestos de toma de decisión de la sociedad.
32. Si bien observa que en el Estado parte la enseñanza primaria es universal, al Comité le preocupa la elevada tasa actual de repetición que se registra entre las niñas en la escuela primaria y las elevadas tasas de abandono escolar en la enseñanza secundaria, especialmente entre las mujeres del medio rural y las de africana.
33. El Comité alienta al Estado parte a que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, para reducir y eliminar las elevadas tasas de abandono escolar y de repetición de las niñas en la enseñanza primaria y secundaria y que ofrezcan incentivos para que los padres envíen a sus hijas a la escuela.
34. El Comité observa con preocupación que, pese a su alto nivel educativo, las mujeres uruguayas sigan sujetas a tasas más elevadas de subempleo y desempleo, en particular en las zonas rurales, y que las mujeres estén segregadas en sectores laborales en los que predominan salarios bajos. Además, al Comité le preocupa la persistencia de una importante brecha salarial en el sector privado, así como que no se entienda suficientemente el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor. Lamenta que el Estado parte haya señalado que no existe ningún programa nacional orientado a combatir la discriminación contra la mujer en el empleo por lo que no es posible analizar el impacto en indicadores específicos de desempleo, niveles salariales y brecha de salario entre mujeres y hombres.
35. El Comité reitera su recomendación (A/57/38, primera parte, párr. 199) de que el Estado parte adopte medidas para eliminar la discriminación en el empleo y la segregación laboral. El Comité insta al Estado parte a que promulgue una legislación apropiada para garantizar el principio de “igual remuneración por trabajo de igual valor”, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo d) del artículo 11 de la Convención. El Estado parte deberá incluir en su próximo informe periódico datos desglosados por sexo sobre los sueldos, las pensiones y los derechos en materia de seguridad social.
36. Si bien acoge con agrado la aprobación de la Ley de Servicio Doméstico, el Comité observa con preocupación que no se haya realizado un estudio para evaluar su repercusión. Al Comité le preocupa también que un elevado porcentaje de las trabajadoras domésticas estén excluidas del sistema de seguridad social del Estado parte.
37. El Comité exhorta al Estado parte a que vele por la aplicación efectiva de la Ley de Servicio Doméstico y proporcione información sobre su aplicación en su próximo informe periódico. El Estado parte también deberá asegurar la regularización de la situación de las trabajadoras domésticas en lo que respecta a la seguridad social.
38. El Comité sigue preocupado por la elevada tasa de embarazos entre las adolescentes y mujeres jóvenes. También sigue preocupado por la elevada incidencia de la mortalidad materna, fundamentalmente debido a la práctica de abortos en condiciones de riesgo. El Comité lamenta que no se hayan elaborado estrategias para reducir la mortalidad materna y que las políticas de salud materna no incluyan la atención a las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo.
39. El Comité recomienda que el Estado parte adopte y aplique medidas eficaces para prevenir la práctica de abortos en condiciones de riesgo y sus efectos sobre la salud de la mujer y la mortalidad materna. Exhorta al Estado parte a que fortalezca los programas de educación sexual y fomente una cobertura de calidad por parte de los medios de información y los servicios de salud reproductiva con miras a asegurar que las mujeres y los hombres puedan tomar conscientemente decisiones sobre el número de hijos que tendrán y el intervalo entre los nacimientos.
40. Al Comité le preocupa el reciente aumento de la prevalencia del VIH/SIDA entre las mujeres uruguayas y la falta de un plan estratégico nacional para hacer frente a este problema, así como de medidas para atender a las mujeres y las niñas infectadas por el VIH/SIDA.
41. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas amplias para luchar contra la pandemia del VIH/SIDA, tome enérgicas medidas preventivas y garantice que no se discrimine a las mujeres y las niñas infectadas y que éstas reciban la asistencia que corresponda.
42. Al Comité le preocupa la situación de las mujeres de las zonas rurales en el Uruguay, las cuales se hallan sujetas a niveles más elevados de pobreza, sueldos más bajos, mayores tasas de desempleo y subempleo y tasas de abandono escolar más elevadas que la población de las zonas urbanas. El Comité está especialmente preocupado por el hecho de que no haya ninguna institución pública ni ninguna política que se ocupe de las mujeres de las zonas rurales, en particular en lo que respecta al empleo, la salud y la educación.
43. El Comité pide al Estado parte que proporcione más información y datos sobre la situación de las mujeres de las zonas rurales en su próximo informe periódico. El Comité recomienda al Estado parte que elabore políticas y programas integrales destinados a empoderar económicamente a las mujeres de las zonas rurales, facilitándoles el acceso a la capacitación, los recursos de producción y el capital, así como a los servicios de salud y la seguridad social.
44. El Comité lamenta que no se haya proporcionado suficiente información sobre la situación de las mujeres indígenas y de ascendencia africana en el Estado parte, quienes se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza y padecen múltiples formas de discriminación por motivos de género y origen étnico. El Comité lamenta asimismo la falta de medidas proactivas para promover los derechos de las mujeres pertenecientes a minorías.
45. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas eficaces, en particular medidas especiales de carácter temporal, para eliminar la discriminación contra las mujeres pertenecientes a minorías. Exhorta al Estado parte a que reconozca la contribución a la economía de las mujeres pertenecientes a minorías mediante la recopilación de datos desglosados por sexo sobre la producción rural y a que asegure la incorporación de la perspectiva de género en todos los programas de desarrollo, con atención especial a las mujeres pertenecientes a minorías que viven en zonas rurales. El Comité reitera su petición anterior (A/57/38, primera parte, párr. 209) de que el Estado parte incluya información sobre la situación de las mujeres pertenecientes a minorías en su próximo informe periódico.
46. El Comité está profundamente preocupado por el hecho de que el Código Civil siga conteniendo disposiciones discriminatorias contra la mujer en lo que respecta a la familia y el matrimonio, en particular las relativas a la edad mínima para contraer matrimonio, la prohibición de que las mujeres viudas o divorciadas se puedan volver a casar durante un período de 300 días, a contar desde la fecha del fallecimiento de su esposo o la fecha de su divorcio, y la privación de la pensión alimenticia a las mujeres que lleven una “vida desarreglada”. El Comité lamenta que no se hayan modificado las disposiciones del Código de la niñez y la adolescencia relativas a la edad mínima para contraer matrimonio, que sigue siendo muy baja, 12 años de edad en el caso de las niñas y 14 en el de los niños, en contravención del párrafo 2 del artículo 16 de la Convención.
47. De conformidad con la recomendación anterior del Comité (A/57/38, primera parte, párr. 205) y la recomendación del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/URY/CO/2, párr. 26), se exhorta al Estado parte a que elimine la disposiciones jurídicas discriminatorias sobre cuestiones relacionadas con la familia y el matrimonio con el fin de ajustar su legislación a la Convención. En particular, el Estado parte debería elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años de edad tanto para hombres como para mujeres, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 16 de la Convención, la recomendación general 21 del Comité y el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
48. Si bien observa con agrado la aprobación del Código de la niñez y la adolescencia, que contiene varias disposiciones para combatir la discriminación, al Comité le preocupa que en dicho Código se siga manteniendo la diferenciación y estigmatización de los niños nacidos fuera del matrimonio.
49. Atendiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/URY/CO/2, párr. 28), el Comité alienta al Estado parte a que elimine sin demora la discriminación contra los niños nacidos fuera del matrimonio. Insta al Estado parte a que, en su próximo informe, incluya datos sobre la situación de las madres solteras con hijos nacidos fuera del matrimonio y las medidas adoptadas para garantizar la protección de sus derechos.
50. Si bien observa que en los anexos del informe se proporciona una cantidad considerable de información, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que el informe no contenga suficientes datos estadísticos desglosados por sexo.
51. El Comité recomienda al Estado parte que reúna y analice datos desglosados por sexo y le insta a incluir dichos datos y estadísticas en el texto de su próximo informe, en lugar de hacerlo en los anexos.
52. El Comité insta al Estado parte a que, en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención, aplique plenamente la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que fortalecen las disposiciones de la Convención, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
53. El Comité también hace hincapié en que la plena y efectiva aplicación de la Convención es indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Comité pide que se incorpore una perspectiva de género y se tengan en cuenta expresamente las disposiciones de la Convención en todas las actividades encaminadas a la consecución de esos Objetivos y solicita al Estado parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
54. El Comité pide que se difundan ampliamente en el Uruguay las presentes observaciones finales para que la población, y en particular los funcionarios públicos a nivel federal, provincial y territorial, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, conozca las medidas adoptadas a fin de lograr la igualdad de hecho y de derecho de la mujer, así como otras medidas que es preciso adoptar en ese sentido. El Comité pide al Estado parte que siga incrementando la difusión, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, de la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, dedicado al tema “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
55. El Comité observa que la adhesión del Uruguay a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos1 contribuye a que las mujeres puedan gozar en mayor medida de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. En consecuencia, el Comité alienta al Gobierno del Uruguay a que ratifique los tratados en los que todavía no es parte, a saber, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
56. El Comité alienta al Estado parte a que acepte, lo antes posible, la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativa a la duración de las reuniones del Comité.
57. El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de dos años, le proporcione por escrito información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones enunciadas en los párrafos 15 y 29, supra. El Comité también pide al Estado parte que considere la posibilidad de solicitar cooperación y asistencia técnica, como servicios de asesoramiento, en caso necesario y cuando proceda, a fin de aplicar las recomendaciones anteriores.
58. El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico que presente con arreglo al artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado parte a que presente su octavo informe periódico, previsto para noviembre de 2010, y su noveno informe periódico, previsto para noviembre de 2014, en un informe combinado en 2014.
1 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
CEDAW, Comité, Derechos de la Mujer, Observaciones Finales, Uruguay