Source: https://cortesvargas.wordpress.com/2011/01/06/comentarios-a-%c2%bfel-gobierno-de-los-jueces/
Timestamp: 2016-12-10 06:50:07
Document Index: 196762009

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 76', 'artículo 74', 'artículo 1', 'artículo 58', 'Artículo 40', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 218', 'Artículo 5', 'artículo 218', 'Artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 218', 'artículo 35']

Comentarios a “¿El Gobierno de los Jueces? | Escritorio
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6 enero, 2011 · 17:08	Comentarios a “¿El Gobierno de los Jueces?
El ensayo proporcionado cuyo título de carácter interrogativo se explica por sí mismo, plantea el debate sobre el arribo del gobierno de los jueces al Estado mexicano, causado principalmente por el desprestigio de los otros dos órganos de poder, ejecutivo y legislativo, tanto en sus atribuciones particulares como en su vínculo mutuo y quehacer político.
El autor nos va explicando, apoyándose en casos concretos y tesis emitidas por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, como a partir de 1994 y con mayor énfasis después del triunfo de Vicente Fox Quesada en las elecciones presidenciales del año 2000, el Poder Judicial de la Federación ha entrado en un proceso de recuperación de sus atribuciones constitucionales primero, posteriormente de cierta hegemonía sobre los otros poderes de la federación, al menos en algunos asuntos como los electorales principalmente; con una participación constante en materias propias de sus atribuciones como son las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Haciendo un paréntesis necesario, debemos aclarar que lo anteriormente citado no sería digno de análisis en un Estado de Derecho. Pero debemos recordar en México vivimos durante setenta años en una dictadura partidista, el hombre en el poder cambiaba cada seis años pero surgía del mismo partido del poder en el poder. Tanto poder llego acumular el presidencialismo mexicano que Daniel Cossío Villegas llamó al presidente en turno “El Emperador Sexenal”; amo y señor de los destinos de la nación durante los seis años de su mandato, quien dentro de su esfera de facultades metaconstitucionales se incluían el nombramiento de diputados y senadores al Congreso de la Unión; Gobernadores de los Estados y Territorios de la República y por supuesto Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es por ello que conforme se va eliminando el antiguo sistema presidencialista autoritario y totalitario, los poderes ejecutivo y legislativo tienen sus primeros enfrentamientos reales y significativos que ponen en peligro la estabilidad política de la nación y es en ese momento donde el poder judicial es llamado a realizar las funciones para las que fue constituido y que habían permanecido olvidadas durante los setenta años de dominio unipartidista.
El autor nos señala que el desprestigio de la política hace que el poder judicial sea percibido como la vía idónea para resolver las controversias de índole político, por lo que la política se judicializa, pero al mismo tiempo, la dependencia del poder judicial del ejecutivo y legislativo; recordemos aquí que el ejecutivo propone a los ministros de la corte para que sean ratificados por el senado, pero es la cámara de diputados quien aprueba sus muy costosas partidas presupuestales que los sitúan entre los magistrados mejor pagados del mundo, hace que las decisiones jurisdiccionales tomadas por el más alto tribunal de la nación sean también influenciadas por las cúpulas partidistas y el titular del ejecutivo, con lo que se presenta el fenómeno de la “politización de la justicia”.
Así las cosas el autor nos expone la lógica ciudadana de confiar en la “jurisdicción” más que en la política, distante y extraña a ella. Sin embargo, también nos alerta sobre los peligros de que el exceso de participación del juez en las decisiones políticas pueda transformarse, bajo el supuesto de una ausencia de “principios ético-jurídicos, limitativos de la libertad absoluta” que debe tener el juzgador a su interpretación alternativa de la norma, en una “dictadura judicial”.
Posteriormente el autor toca el tema de la división de poderes, una vez más a través de un caso concreto que versa sobre una controversia constitucional entre el legislativo y ejecutivo en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2005. Menciona que ya el mismo Rousseau había reconocido la problemática del sistema democrático que el planteaba en su adecuación para naciones mayores que la isla de Cerdeña, como la francesa. No obstante, y reconociendo que en la práctica se ha presentado más la “primacía” de un poder sobre los otros, concluye que “El problema no es alcanzar un imposible equilibrio geométrico sino asegurar un adecuado balance de contrapesos y limitaciones constitucionalmente dispuestos”.
Lo importante del citado caso del presupuesto 2005 es que los tres poderes interactuaron acorde a nuestra peculiar división de poderes establecida en la constitución y los involucrados en la controversia constitucional se sometieron a al poder encargado de dirimir los conflictos citados y se pudo resolver sentando un precedente importante y sobre todo demostrando que los mecanismos de control establecidos en la constitución funcionan cuando existe la voluntad política necesaria para no inhibirlos desde las cúpulas del poder.
El autor dedica parte de su ensayo a la autonomía del poder judicial, que el concibe como la libertad de nombramiento de sus miembros a través del órgano de gobierno de los jueces, refiriéndose al consejo de la judicatura federal, y a una completa autonomía financiera una vez que su presupuesto haya sido aprobado por la cámara correspondiente. Menciona en el mismo cuerpo de su escrito la existencia de tribunales jurisdiccionales administrativos independientes del Poder Judicial de la Federación.
Menciona también los beneficios de la jurisdicción constitucional donde afirma que la parte ganadora es la “construcción de la república”. Ya que los fallos de la corte evitan a futuro responsabilidades mayores. Hace una crítica a la facultad de atracción de la suprema corte de justicia de la nación reconociendo su importancia en los asuntos de “interés y trascendencia”; pero reconociendo que es necesario considerar la posibilidad de un control de legalidad y competencia regional, ya citado por Rabasa, para que los asuntos locales concluyan ante sus tribunales, con el claro objetivo de descargar al supremo tribunal de asuntos que, en el hipotético caso de tener el recurso humano preparado para ello, pudiesen ser resueltos por tribunales locales, a manera de cortes supremas en cada entidad federativa y, ¿por qué no?, considerar la creación de un tribunal nacional de casación al estilo francés.
Por último, el autor se refiere en su ensayo al “Estado Constitucional Democrático de Derecho”. Definiéndolo, apoyado en constitucionalistas contemporáneos como un “Estado de Justicia” en el que los mecanismos de protección a los derechos fundamentales operen eficazmente y la constitución sea la reguladora de toda la vida democrática con la Suprema Corte como órgano constructor del orden constitucional a través de la figura del “Juez Socializador”.
2. PUNTOS RELEVANTES.
A continuación señalo los puntos relevantes que, desde mi perspectiva, contiene el ensayo estudiado.
La incorporación del Poder Judicial de la Federación a la vida política nacional, asumiendo las atribuciones constitucionales que le corresponden después de setenta años de ser una figura de acompañamiento del poder ejecutivo dentro de un sistema presidencialista llevado al extremo en nuestro país.
La tendencia ciudadana a confiar más en los órganos jurisdiccionales que en los políticos.
La advertencia sobre el peligro de un gobierno de jueces que origine una dictadura judicial.
El punto de acuerdo en los tres órganos del poder que identifican la necesidad de la creación de un verdadero estado de derecho, concebido como una “armoniosa conjugación de política y derecho”, para el logro del bien común.
El reconocimiento de que el bienestar de la persona humana es la fin último para el cual se instituye todo poder del Estado.
El reconocimiento de que el otorgamiento de derechos a los gobernados, sin los organismos eficaces para salvaguardarlos es un engaño democrático.
El binomio planteado: Estado es a derecho; constitución es a política.
La mención de que le hombre, más que un animal político, es un animal jurídico.
La afirmación, sustentada por casos concretos, de que el Poder Judicial de la Federación está dando soluciones a los litigios entre los otros dos poderes de la unión, asumiendo activamente sus facultades y atribuciones constitucionales.
El concepto de que en los conflictos constitucionales la verdadera ganadora es la república.
Sus conceptos sobre la autonomía judicial.
El reconocimiento a los tribunales administrativos como órganos encargados de la impartición de justicia e independientes de poder judicial.
La propuesta de un tribunal nacional de casación.
La propuesta de costes supremas en cada entidad federativa.
El autor hace comentarios acertados sobre las causas de la incorporación del Poder Judicial Federal a la vida política de la nación; sin embargo no estoy de acuerdo en que, dentro del marco jurídico actual, pudiese darse en México un gobierno de jueces y mucho menos una dictadura judicial. Expondré las los fundamentos de mi afirmación.
En nuestro marco jurídico actual, un ministro llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el siguiente esquema.
Debe ser incluido por el titular del poder ejecutivo en una terna que se someterá para su aprobación al senado, de acuerdo a lo señalado por la fracción XVIII del artículo 89 constitucional, el cuál enumera las facultades y obligaciones del presidente de la república.
Derivado y en conjunción con lo anterior, deberá ser designado por el senado para el cargo de ministro del supremo tribunal de la nación, en cumplimiento a lo ordenado por la fracción VIII del artículo 76 de la ley fundamental del estado mexicano, mismo que señala las facultades exclusivas del senado.
En virtud de lo anteriormente señalado, desde nuestro punto de vista no es posible una independencia real del poder judicial respecto a los otros dos poderes de la unión, más aún si consideramos que el presupuesto del citado poder es aprobado por la cámara de diputados en conformidad con la fracción IV del artículo 74 constitucional. De tal modo que tanto política, como presupuestariamente el supremo tribunal de la nación, representante máximo del Poder Judicial Federal, está viciado de origen dado que su nombramiento depende primero del ejecutivo y después del senado.
Lo escrito anteriormente da lugar a innumerables reflexiones político-jurídicas; intentaré expresarlas con la mayor claridad que sea capaz.
El sistema presidencialista mexicano derivado de la copia del sistema norteamericano que hicieron la mayoría de pueblos americanos al independizarse de España es quizá uno de los sistemas con mayor índice de falibilidad que existe, tiende a la acumulación excesiva y peligrosa del poder en un solo individuo y, sin los medios de control necesarios y eficaces conjugados con una sociedad apática que no exija la rendición de cuentas a sus dirigentes, es sin lugar a dudas un motor de la corrupción institucionalizada por el mismo ejecutivo. Uno no deja de preguntarse por qué razón los norteamericanos no optaron por un sistema parlamentario dada su relación histórica con Inglaterra.
Por otro lado tenemos la institución del senado. El senado desde Roma, era por definición el sitio de la aristocracia; de los ciudadanos poderosos, acaudalados, de los patricios, de los nobles; se suponía que era la gente mas capaz y preparada para el ejercicio de la política. Siendo en teoría fundamento de la nueva nación norteamericana el principio de que todos los hombres nacemos iguales, no se entiende la incorporación de la institución del senado en su constitución a diferencia de la cámara de la House of Lords inglesa que se deriva en forma natural de su ancestral sistema de gobierno. Ahora bien, la teoría constitucional norteamericana sostiene que los senadores representan los intereses de los estados y los representantes hacen lo mismo con los intereses de los ciudadanos que componen su demarcación electoral. Nuestra “forzada federación” ya ampliamente debatida y discutida por los estudiosos del derecho constitucional; el tercer párrafo del artículo 1º de nuestra Carta Magna y el sistema político mexicano que pasó de ser una dictadura de partido a una dictadura de partidos, hacen aún más difícil de aceptar el sistema bicameral en nuestra constitución, al menos desde nuestro punto de vista ciudadano.
Quizá el único argumento a favor del citado sistema es el de arguye los beneficios de contar con una cámara revisora, “más sabia”, para que las decisiones trascendentes se tomen con la mesura apropiada. Pero cuando uno lee en el artículo 58 de nuestra Constitución que la edad mínima para ser senador de la república es de 25 años y esa información se procesa con el manejo discrecional y cupular que hacen los partidos políticos de las candidaturas a los cargos de elección popular y el sistema plurinominal, los resultados del proceso mental no son nada favorables a “la mesura y sabiduría de la cámara revisora”.
Por otra parte difiero del autor en cuanto a la confianza del pueblo hacia sus juzgadores; en términos generales no la hay; el juez en una figura lejana y corrupta para el ciudadano común, incluso para aquellos que tienen la necesidad de involucrarse en un proceso jurídico; en la mayoría de los casos el juez es el gran desconocido para ellos; el que nunca aparece sin embargo los condena sin haberlos visto o escuchado al menos una vez durante las diversas etapas del proceso.
Desde mi punto de vista no podemos considerar un Estado Constitucional de Derecho ni al juez como el gran socializador de la norma mientras no se respeten los preceptos contenidos en los artículos 39, 40 y 41, primer párrafo, constitucionales. Expliquemos por qué.
El Capitulo I del Título II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se intitula: “De la Soberanía Nacional y la Forma de Gobierno”. Temas ambos de importancia sustancial para el estudio doctrinal de la teoría general del estado.
Consta de tres artículos: 39, 40 y 41 que reproduciré a la letra incluyendo sólo el primer párrafo del 41 por ser el único que en este apartado interesa para el desarrollo del presente comentario.
Artículo 40 (Primer párrafo). Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
De la interpretación semántica de los textos constitucionales citados se desprende que el pueblo de México, único soberano, decide constituirse mediante un pacto entre sus distintas regiones políticas y geográficas, si bien sabemos que no fue así, que lo conforman en un estado no monárquico; cuyas autoridades sean elegidas por sus ciudadanos para desempeñar sus cargo por un periodo determinado; manteniendo los ciudadanos su derecho a la intervención en asuntos de gobierno; con un sistema en el que todos y cada uno de ellos concurran por medio de sus representantes a la formación de las leyes, es decir, del marco normativo que habrá de conformar el estado de derecho de la nación y con la facultad permanente de cambiar o modificar la forma de autogobernarse
El doctor Ignacio Burgoa en su libro “Derecho constitucional Mexicano” hace una brillante exégesis del 39 constitucional. Dice Burgoa: “Fácilmente se desprende del contenido de esta prevención, que en su primera parte alude a la radicación popular de la soberanía, principalmente cuando emplea los adverbios esencial y originariamente. En el primero de ellos implica que la soberanía es consustancial y concomitante al pueblo, o sea, que éste tiene como atributo de esencia el ser soberano. Por otra parte, la palabra “originariamente” significa que es el pueblo quien en principio es la fuente de la soberanía, su único sujeto o dueño, pero que, en atención a circunstancias de índole práctica, no puede desempeñarla por sí mismo, en cuya virtud delega su ejercicio en órganos por él creados expresamente en el derecho fundamental o Constitución, los cuales despliegan el poder soberano en forma derivada.” Es decir: por razones de población y geografía, el pueblo soberano de México decide ejercer su soberanía a través de órganos de gobierno creados por él mismo en la Constitución. A su vez, El artículo 49 constitucional en su primer párrafo nos indica cuales son los órganos de gobierno a través de los cuales el pueblo mexicano ejercerá su soberanía al señalarnos: “el supremo poder de la federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Bien, ¿cómo puede el pueblo de México ejercer cabalmente la soberanía nacional que le reconoce, que no otorga la constitución, cuando carece de las instituciones jurídico-políticas que le permitan hacerlo? De los tres poderes sin duda es el legislativo el idóneo para el ejercicio de la soberanía, ya que de acuerdo al artículo 51 constitucional está integrado por representantes de la nación y es en él donde se crean, modifican o extinguen los ordenamientos jurídicos que han de dar al país las herramientas necesarias para instaurar un estado de derecho que fomente el progreso económico, político y social de la nación. Pero aquí está precisamente el problema. El sistema político mexicano, que definitivamente ha imperado sobre los poderes de la unión hasta la fecha, sometiendo la legalidad y violentando con ello el Estado de Derecho, ha convertido al poder legislativo en rehén de los partidos políticos, instituyendo así la partidocracia y dejando en un completo estado de indefensión política a los ciudadanos mexicanos.
Lo peor de todo, es que los ministros del supremo tribunal de la nación han sido los cómplices principales en este agravio nacional. Cada vez que han tenido oportunidad de dar un fallo que se convierta en piedra angular para una dinámica jurídica que termine con la partidocracia han dado marcha atrás; y como no va a ser de esta manera si ya en líneas anteriores anotamos el vínculo que los une de una manera perversa con los intereses exclusivos de los partidos políticos, no de la nación.
En una decisión, que la historia sin duda le cobrará algún día, cediendo tanto a las presiones políticas del poder ejecutivo en su afán por llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas del país, léase partidos políticos, y a las presiones de los partidos mismos que son los que autorizan el presupuesto millonario para el funcionamiento de la misma, salarios de los ministros y todas las dádivas discrecionales de las que gozan; reitero, anteponiendo todo lo anterior en lugar de tomar en cuenta la responsabilidad histórica con la nación; su juramento de defender la constitución y su ética jurídica en tan delicado tema; violenta tres preceptos constitucionales de vital importancia como lo son los artículos 1o, 5o primer párrafo, y 35 fracción II de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de un artículo de una ley de menor jerarquía como lo es el Código federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 218 inciso 1 para ser exactos, todos los cuales transcribimos a continuación textualmente.
Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial…..
Sostenemos lo anotado con anterioridad, desde nuestro punto de vista, el artículo 218 del COFIPE viola tres artículos de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, los mencionados 1o, 5 primer párrafo, y 35 fracción II; expliquemos por qué:
I. El Artículo 1o constitucional, prohíbe explícitamente cualquier tipo de discriminación dentro del territorio nacional, sea cual sea su motivación u origen y que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El hecho de otorgar la exclusividad de registro a candidatos a cargos de elección popular a los partidos políticos es una acción discriminatoria para todos aquellos ciudadanos que de acuerdo a su particular opinión, ningún partido represente fielmente los ideales políticos que él desea proponer a la sociedad.
Lo anterior en México cobra otra dimensión. Todos sabemos que los partidos políticos carecen de una ideología real; los mueve el afán de poder y la sed de dinero; para ello no escatiman hacer alianzas entre partidos en teoría antagónicos, como tampoco escatiman sus integrantes ejecutar el tristemente célebre “trapecismo” político que consiste, en una de sus acepciones, en cambiar de partido, cualquiera que este sea, siempre y cuando les ofrezcan una candidatura o al menos la promesa de una de ellas a un futuro mediato. Por lo tanto, no es difícil entender por qué la mayoría de los ciudadanos notables se niega a ingresar a las filas un partido político, sea cual sea, en esencia todos son iguales; y no nos referimos aquí solo a los intelectuales, académicos, juristas, científicos y especialistas de todas las ramas del saber, incluyendo la ciencia política; que constituirían, desde nuestro punto de vista, el ideal de la representación, esto es, que sean los mejores quienes representen a la mayoría y a las minorías; reitero, no nos referimos aquí solo a ellos, sino en general a cualquier ciudadano honorable, a la gente decente de nuestro país, ellos se niegan una y otra vez a participar en la política porque saben que el precio a pagar es muy alto para su decencia; ingresar a un partido político.
No está por demás recordar que el artículo primero de nuestra carta magna forma parte de las garantías individuales que la constitución le reconoce, no otorga, al individuo.
II. El artículo 5 constitucional, también garantía individual, consagra la libertad de oficio de los mexicanos; pues bien, este derecho fundamental tampoco se puede realizar cabalmente en México, ya que si un ciudadano quiere dedicarse a ser político; por muy popular que sea en su comunidad; por más que tenga ganada una buena reputación y reconocida actitud de servicio a la sociedad; por mas ciudadanos que apoyen sus ideales, no puede hacerlo; ¿por qué? Porque el artículo 218 inciso 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se lo impide.
III. Por último, el artículo 35 constitucional dentro de las prerrogativas del ciudadano señala en su fracción segunda que una de las citadas prerrogativas es la de poder ser votado para cualquier cargo de elección popular.
Como podemos apreciar, un inciso de una ley secundaria ha tenido hasta el momento, más valor que tres enunciados constitucionales, dos de los cuales integran la parte dogmática de nuestra constitución.
No puedo dejar de comentar que el caso más famoso en los anales jurídicos de los Estados Unidos de América, El caso se origina después de las elecciones presidenciales de 1800, con la determinación del presidente federalista saliente, John Adams, de dejar nombrados 42 jueces de paz para el distrito de Columbia; entre los que se contaba William Marbury; a lo que se opone el nuevo presidente, el demócrata Thomas Jefferson quien obviamente quería nombrar sus propios jueces, afines a su causa; por medio de su recién nombrado secretario de estado James Madison. Marbury recurrió al Tribunal Supremo para que ordenara a Madison entregarle su comisión y lo demás es historia.
Más allá de que el fallo histórico del El presidente del Tribunal Supremo John Marshall fundó las bases para lo que hoy conocemos como la “supremacía constitucional”; desde la perspectiva de nuestro comentario sobre el ensayo intitulado ¿El Gobierno de los Jueces?, no podemos evitar reflexionar en el vicio de origen que implica que el presidente de la republica, de un sistema presidencialista, designe a los miembros del Supremo Tribunal de la Nación. Los Estados Unidos de América, nos han dado lecciones democráticas como fue la obligada renuncia de Richard M. Nixon, cuando en marzo de 1974 el Gran Jurado federal consideró al presidente copartícipe, sin cargos formales, en una conspiración para obstruir la acción de la justicia en la investigación del escándalo Watergate, lo que obligó a dimitir a Nixon en la tarde del 8 de agosto del mismo año.
Deducimos de lo anterior, que no obstante el sistema político norteamericano es presidencialista, ha logrado incorporar instituciones de control que le permiten ejercer una democracia más cercana al concepto que la define, tenemos críticas severas al sistema electoral norteamericano que desde nuestro punto de vista lo aleja de una verdadera democracia y reconoce de facto ciudadanos de primera, de segunda y de muchos niveles por medio de los votos asignados a las diferentes entidades federativas en el colegio electoral, pero ese es otro asunto ajeno al que nos ocupamos ahora. No es el caso de México cuyo sistema político ha sido incapaz de incorporar instituciones de control jurídico-políticas, algunas contempladas en la constitución, para un tránsito a una verdadera división de poderes y una verdadera democracia, que por lo visto, es totalmente contraria a los intereses de la clase política que gobierna el país desde el fin de la revolución de 1910.
Una reforma del estado que permita la reelección inmediata de los diputados; la eliminación de la representación proporcional; y que incorpore instituciones de la democracia participativa tales como la consulta e iniciativa popular, el referéndum, las candidaturas independientes y la revocación de mandato.
Con la reforma mencionada surgiría una nueva clase de representante político con un vínculo real con su distrito electoral y preocupado por armonizar los intereses partidistas con los de sus electores en base al talento político.
En este orden de ideas, y tomando en cuenta que la elección directa de los jueces puede implicar ciertos riegos dado que en teoría no son políticos sino juristas; aunado de que el congreso será más representativo de la nación mexicana y la soberanía nacional. Podemos pensar en un procedimiento en el cual los aspirantes sean nombrados por la cámara de diputados y ratificados por el senado. Me gusta:Me gusta Cargando...