Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25437
Timestamp: 2020-02-20 13:29:16
Document Index: 285591426

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 43', 'artículo1', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 43', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 149', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 86', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 86', 'artículo 9', 'Artículo 43', 'Artículo 86', 'Artículo 90', 'Artículo 3', 'Artículo 25', 'Artículo 94', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 9']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 98/2017
SENTENCIA 98/2017, de 20 de julio
b) El Gobierno de Canarias denuncia la inconstitucionalidad del artículo 1 del Real Decreto-ley 16/2012 en cuanto que el legislador estatal, al anudar la asistencia sanitaria a la Seguridad Social, contraviene los artículos 41 y 43 CE, en los que se había basado el legislador para introducir un Sistema Nacional de Salud orientado a la prestación asistencial universal desvinculado de la cotización a la Seguridad Social. Por el contrario, el Real Decreto-ley 16/2012 introduce el concepto de “asegurado”, vinculando, en gran medida, el derecho de acceso a la asistencia sanitaria pública y gratuita al sistema contributivo de Seguridad Social, lo que sería contrario a la doctrina constitucional y a la idea de la universalidad de la asistencia sanitaria que subyace en el artículo 43 CE. Por ello la demanda considera que la modificación que el artículo1.1 del Real Decreto-ley 16/2012 opera sobre el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en particular, las restricciones al acceso a las prestaciones sanitarias públicas que se contienen en el apartado 3 de este último precepto legal, deben reputarse contrarias al principio de igualdad establecido en el artículo 14 CE y al derecho a la protección de la salud del artículo 43 CE.
2. Mediante providencia de 12 de febrero de 2013, el Pleno del Tribunal, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias y, en su representación y defensa, por la Directora General del Servicio Jurídico del mismo, contra los artículos 1; 3; 4.14; 6; 8 apartados 1, 2 y 3; 9; disposición adicional primera y la disposición final sexta del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
Sobre el artículo 1.2, impugnado por motivos competenciales, argumenta que, de acuerdo con la normativa preexistente, el reconocimiento de la condición de asegurado o de beneficiario ya correspondía al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a la Tesorería General de la Seguridad Social, según los colectivos. En la tensión que siempre ha existido entre la consideración de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos como prestación de la Seguridad Social o como prestación al margen de ésta, el Real Decreto-ley 16/2012 ha optado por aproximarla nuevamente al régimen de la Seguridad Social incluyendo un concepto claro de ese modelo como es el de “asegurado”. Esta opción del legislador justifica que a efectos competenciales, vuelva a tener relevancia el artículo 149.1.17 CE en cuanto al “régimen económico de la Seguridad Social” (SSTC 124/1989, de 7 de julio, FJ 3, y 195/1996, de 28 de noviembre, FFJJ 6 y 7).
Sobre el artículo 6, el Abogado del Estado sostiene que resulta obvia la constitucionalidad de su apartado primero, el cual fija una exigencia mínima que puede superarse por las Comunidades Autónomas. El apartado segundo aumenta el margen de actuación de las Comunidades Autónomas, permitiendo que exceptúen a determinados centros sanitarios de la obligación de contar con un servicio de farmacia hospitalaria propio, si bien el legislador estatal impone límites a esta posibilidad, dejando un amplio margen de desarrollo autonómico. En cuanto al apartado tercero, nuevamente se trata de una norma ordenada a garantizar un mínimo de calidad y seguridad en todo centro: que cuenten, en todo caso, con un depósito de medicamentos, garantizando así el acceso a medicamentos en los centros sanitarios, en condiciones mínimas de seguridad y racionalidad en su uso y dispensación. En materia de seguridad de los medicamentos opera el título competencial normativo pleno sobre “productos farmacéuticos” (STC 152/2003, de 17 de julio, FFJJ 7 a 9).
a) La STC 63/2017 declaró la inconstitucionalidad de la disposición final sexta del Real Decreto-ley 16/2012, en cuanto añade un párrafo al artículo 4.1 del Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, en el inciso “y la Organización Nacional de Trasplantes cuando las actividades pretendidas superen dicho ámbito”. Consecuentemente, ha de apreciarse la pérdida sobrevenida del objeto del recurso respecto a dicho inciso.
Allí este Tribunal se pronunció expresamente acerca de la conformidad competencial de los apartados 2 y 3 de dicho artículo 6, pero de su razonamiento se infiere, sin dificultad, que el apartado 1 también tiene carácter básico, ya que en dicha Sentencia se afirma que “la regulación aquí controvertida, en cuanto fija un requisito mínimo para determinados centros sanitarios y asimilados (régimen de asistidos) que, en razón al tamaño de su oferta asistencial no ambulatoria, requieren, a juicio del legislador básico, de un servicio de dispensación de medicamentos, rodeado de las necesarias garantías: los servicios de farmacia hospitalaria, bajo la titularidad y responsabilidad de un farmacéutico especialista en esta materia, tienen encomendada la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano para su aplicación dentro de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, o en algunos supuestos de medicamentos sometidos a reserva singular (arts. 3.6 y 85.1 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio)”.
De ese examen también ha de quedar excluido el artículo 3 y las disposiciones adicional primera y final sexta, salvo en el inciso ya declarado inconstitucional por la STC 63/2017. En efecto, la demanda no argumenta mínimamente acerca de las razones por las que estos preceptos vulneran el artículo 86.1 CE, porque se limita a afirmar bien que, respecto al artículo 3, “no ampara que se formalice a través del instrumento excepcional que representa el decreto ley”, o bien, simplemente, a negar, respecto a las otras dos disposiciones, que “las razones de eficiencia que la justifican en la exposición de motivos justifique la urgencia y el carácter extraordinario de la medida”. La STC 72/2014, de 8 de mayo, FJ 4, exige una fundamentación que contenga un análisis y una argumentación suficientes en la demanda, ya que constituye una carga de los recurrentes, “[no] sólo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida” por la concurrencia de la presunción de constitucionalidad [SSTC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 b); 22/2012, de 16 de febrero, FJ 2 b), y 165/2013, de 26 de septiembre de 2013, FJ 13 a)]. En consecuencia, habiéndose incumplido tal carga, debe desestimarse este motivo de inconstitucionalidad en relación con el artículo 3, la disposición adicional primera y la disposición final sexta.
Como recuerda la STC 33/2017, FJ 3, el primero de estos elementos fue examinado ampliamente en la STC 139/2016, dónde se afirma que “de la exposición de motivos de la norma cuestionada y del ulterior debate parlamentario de convalidación cabe concluir, sin entrar en un juicio político que este Tribunal tiene vedado, que el Gobierno ha cumplido la exigencia de explicitar y razonar de forma suficiente, la existencia de una situación de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ que fundamenta la necesidad de dictar el Real Decreto-ley 16/2012. En efecto, se ha ofrecido una justificación general basada en la existencia de una situación de grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud … De ello se desprende que las reformas que se proponen tratan de hacer frente a una situación excepcional, actuando para impedir que la situación económica del Sistema Nacional de Salud se vuelva irreversible. El carácter relevante o grave de la situación, invocado por el Gobierno, resulta así justificado, pues, de acuerdo con los argumentos ya resumidos, el sistema sanitario público se encuentra sometido desde hace años a una importante situación de déficit que hace peligrar su viabilidad, situación agravada por el actual contexto de crisis económica en el que la norma se aprueba, que ha incrementado la precariedad de su financiación. Por ello, podemos considerar que la situación de extraordinaria y urgente necesidad y la necesidad de adoptar medidas inmediatas para corregirla ha sido justifica por el Gobierno de forma explícita y razonada. Nada afecta a la anterior consideración el hecho de que, en todo o en parte, pudiera pretenderse resolver una situación de carácter estructural y no coyuntural, pues ya hemos indicado que eso no es, por sí mismo, determinante para estimar que se haya hecho un uso constitucionalmente inadecuado de la figura del decreto-ley” [FJ 5 a)].
En el apartado 1 de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 16/2012 se señala que “el uso racional y la adecuación terapéutica a la duración real de los tratamientos es uno de los temas en los que se debe poner el énfasis. Así, los últimos datos de gestión medioambiental de residuos de medicamentos ponen de manifiesto los preocupantes costes de destrucción de productos desechados sin utilizar o de unidades excedentes de las pautas terapéuticas establecidas, que no sólo confirman la necesidad de mejorar la eficiencia en el proceso de prescripción, dispensación y uso de medicamentos, sino que alertan de los preocupantes costes medioambientales derivados”. Por su parte, el apartado V de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 16/2012 indica que el capítulo IV del Real Decreto-ley incorpora determinadas medidas relacionadas con la prestación farmacéutica y añade que “la financiación de medicamentos y productos sanitarios en el Sistema Nacional de Salud es uno de los grandes desafíos actuales. La austeridad en el gasto público, imprescindible en todo momento, ha devenido un objetivo inaplazable”.
En el debate de convalidación del Real Decreto-ley 16/2012 (“Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados”, núm. 31 de 17 de mayo, correspondiente a la sesión plenaria núm. 30), la Sra. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, insistió en que “el gasto farmacéutico en España solo en recetas supone el 19,3 por 100 del gasto sanitario total. Si se le añade la farmacia hospitalaria, el gasto rebasa ampliamente el 20 por 100 … Era inaplazable dar respuesta a esta situación. Por último, se tiraban toneladas de medicamentos al año sin ser utilizados. Señorías, hemos pedido un esfuerzo muy importante a la industria farmacéutica para que colaboren en la reducción del coste de los medicamentos, y también para que sigan invirtiendo en innovación, en inversión y desarrollo … Asimismo, vamos a potenciar el uso de medicamentos genéricos, la revisión de los precios de referencia y otros procedimientos que comportarán ahorros para el sistema sanitario público”.
Atendiendo al control puramente externo que corresponde a este Tribunal, que debe respetar el margen de discrecionalidad política que en la apreciación del requisito del presupuesto habilitante corresponde al Gobierno, se debe concluir que no se ha vulnerado el segundo elemento del canon constitucional requerido: la conexión de sentido entre la medida adoptada y la situación de urgencia previamente definida. Se aprecia que las normas impugnadas guardan relación directa con la situación de urgencia que se trata de afrontar; de modo que existe conexión de sentido entre la situación de urgencia, derivada de las dificultades por las que atraviesa el sistema sanitario público, y las medidas adoptadas, en cuanto que persiguen la racionalización y reducción de los gastos que se financian con cargo a dicho sistema. Como ya puso de manifiesto la STC 33/2017, FJ 3, “tanto en la exposición de motivos como en el debate de convalidación, se pone de manifiesto la necesidad inaplazable de cumplimiento de los objetivos que se concretan: de un lado, en la búsqueda de la eficiencia en el proceso de prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, en condiciones que resulten compatibles con la austeridad en el gasto público que contribuya al sostenimiento financiero del sistema, y, de otro, el impulso del uso racional de los medicamentos, garantizando a la vez el acceso generalizado a los mismos, en condiciones de efectividad y seguridad. Estamos por tanto ante la plasmación de un objetivo de ahorro que guarda la necesaria congruencia con los problemas que la norma persigue solucionar y la situación deficitaria que se pretende controlar, por lo que la medida cuestionada no puede considerarse desconectada de los objetivos generales perseguidos por la norma de urgencia, derivados de las dificultades por las que atraviesa el sistema sanitario público, en cuanto tiene por objeto la racionalización del gasto farmacéutico, como medio para contribuir a la sostenibilidad del sistema”.
El apartado VI de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 16/2012, tras advertir que “en el Capítulo V de este real decreto-ley se contemplan una serie de medidas destinadas a corregir determinadas situaciones estructurales en relación con los recursos humanos, verdaderos activos del Sistema Nacional de Salud” da cuenta de estas dos medidas en los términos siguientes. Respecto al artículo 8 indica que “la inminente aplicación de la troncalidad en la formación de especialistas del Sistema Nacional de Salud hace urgente realizar determinadas modificaciones en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en lo relativo a la regulación de las Áreas de Capacitación Específica, la clarificación de las competencias en la formación de especialistas, la resolución de las solicitudes de acreditación de centros docentes y su auditoría y evaluación. La creación de Áreas de Capacitación Específica no admite demora para dar respuesta a las necesidades del progreso científico y al derecho y deber que tienen los profesionales en orden a su desarrollo profesional. Este desarrollo es una petición unánime de los profesionales sanitarios, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, de las sociedades científicas y de las administraciones sanitarias. Sin embargo, al haber transcurrido más de 8 años desde la aprobación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, es necesario adaptar el desarrollo de las Áreas de Capacitación Específica a las nuevas necesidades del sistema sanitario y a la evolución que la formación sanitaria especializada está experimentando tanto a nivel interno (introducción de criterios de troncalidad en la formación de especialistas) como en el ámbito de la Unión Europea”.
Sobre el artículo 9, se afirma que “la necesidad de crear un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios se basa en que se trata de una herramienta imprescindible para garantizar la información a la población y a las instituciones de la situación de los profesionales desde los diferentes aspectos que configuran la práctica profesional. La información respecto de la certificación de que el profesional no esté sometido a sanción disciplinaria o inhabilitación profesional se constituye en una garantía para la seguridad de los pacientes y da cumplimiento a la exigencia del derecho comunitario para acreditar la buena práctica de los profesionales en el ámbito del derecho a la libre circulación, que tiene una gran incidencia en el sector salud” A lo anterior añade que “los registros autonómicos y colegiales no son suficientes para garantizar la necesaria planificación y control de los recursos humanos con los que cuenta el sistema sanitario. Este registro estatal, al posibilitar una conexión con los registros autonómicos en tiempo real, permitirá que los datos de especial necesidad estén disponibles de modo inmediato, desde la constancia de resolución de expedientes disciplinarios hasta la adecuada planificación de las necesidades de especialistas en estrecha conexión con las ofertas anuales de plazas en formación”.
En el debate de convalidación la Sra. Ministra sostuvo que “en este real decreto-ley hemos dado respuesta a demandas históricas de los profesionales sanitarios. A tal efecto, el real decreto abre el camino a soluciones a la equivalencia entre categorías profesionales, criterios del sistema retributivo respecto a la acción social y la movilidad de los mismos. Además, se quiere dar un impulso definitivo a la troncalidad y a las áreas de capacitación específica que, pese a su importancia, se han mantenido en el dique seco durante muchos años. Asimismo, vamos a crear un registro estatal de profesionales que nos permitirá disponer de información fiable y actualizada sobre los diferentes aspectos que configuran la práctica profesional. Contando con los profesionales estoy convencida de que se podrán hacer progresos significativos en la calidad asistencial y en la eficiencia en la gestión del Sistema Nacional de Salud”.
1º Declarar la pérdida sobrevenida del objeto del presente recurso, en lo que se refiere a la disposición final sexta del Real Decreto-ley 16/2012, en cuanto añade un párrafo al artículo 4.1 del Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, en el inciso “y la Organización Nacional de Trasplantes cuando las actividades pretendidas superen dicho ámbito”.
1. Voto particular que formulan los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 433-2013.
No ponemos en cuestión que, como afirma la exposición de motivos del Real Decreto-ley 16/2012, “los fondos destinados a financiar los recursos humanos en los servicios de salud suponen la partida más importante de sus presupuestos”. Pero, desde la perspectiva del control constitucional ex artículo 86.1 CE, ello no implica aceptar acríticamente que toda medida estructural u organizativa que les afecte incida directamente en la racionalización o el ahorro de este importante componente del gasto público sanitario. La exposición de motivos se limita a afirmar que “la diversidad de normas reguladoras, la complejidad organizativa de titulaciones, categorías y situaciones laborales de los más de 600.000 trabajadores de los 17 servicios de salud ha ido generando una gran variabilidad interpretativa de las normas reguladoras, que se demuestran como verdaderas barreras para el desarrollo de los planes de eficiencia y ordenación que las comunidades autónomas están desarrollando en el marco económico de crisis actual y para la libertad de movimientos de los trabajadores entre servicios de salud”. A nuestro juicio, con estas vagas referencias a la diversidad regulatoria, la complejidad organizativa o la variabilidad interpretativa, el Gobierno no ha cumplido con la carga de proporcionar una motivación precisa, específica y suficiente que permita tener por justificado el recurso al decreto-ley para modificar el marco legal de la formación especializada de los profesionales sanitarios en áreas de capacitación específica, necesitado antes y después de la reforma de desarrollo reglamentario (art. 8), o para crear el registro estatal de profesionales sanitarios, puesto en marcha más de dos años después, mediante el Real Decreto 640/2014, de 25 de julio (artículo 9).
2. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 433-2013.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 433-2013
Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Se desestima el recurso de inconstitucionalidad planteado respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. De un lado, la Sentencia constata la pérdida sobrevenida del objeto del recurso en lo que se refiere a la disposición que incluía la Organización Nacional de Trasplantes entre las administraciones sanitarias competentes para autorizar el desarrollo de cualquier actividad de promoción y publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos – cuando dichas actividades superen el ámbito autonómico –, pues la misma norma había sido declarada inconstitucional en la STC 63/2017, de 25 de mayo. De otro lado, en aplicación de la doctrina constitucional consolidada (entre otras, de la SSTC 139/2016, de 3 de noviembre, y 33/2017, de 1 de marzo), se desestima el recurso en todo lo demás.
Se reitera la doctrina de la STC 139/2016, así como la de las SSTC 183/2016, 33/2017, 63/2017 y 64/2017, que resuelven recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra diversos preceptos del Real Decreto-ley objeto del presente recurso de inconstitucionalidad [FJ 4].
Artículo 43.1, VP1
Artículo 86.1, ff. 1 a 4, VP1
Artículo 90.2 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), VP1
Artículo 3 bis (redactado por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril), f. 2
Disposición adicional décima (redactada por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril), f. 4
Artículo 25 (redactado por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril), f. 4
Artículo 94 ter (redactado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio), f. 2
Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre. Normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos y aprobación de las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos
Artículo 4.1 inciso sobre y la Organización Nacional de Trasplantes cuando las actividades pretendidas superen dicho ámbito (redactado por la disposición final sexta del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril), f. 2
En general, ff. 2, 4, VP1
Exposición de motivos, apartado I, f. 4, VP1
Exposición de motivos, apartado IV, f. 4, VP1
Exposición de motivos, apartado V, f. 4, VP1
Exposición de motivos, apartado VI, f. 4, VP1
Artículo 1, ff. 1, 2, VP1
Artículo 1.1, f. 2, VP1, VPII
Artículo 1.2, f. 2, VP1, VPII
Artículo 4.14, ff. 1 a 3
Artículo 8, ff. 3, 4, VP1
Artículo 9, ff. 3, 4, VP1
Disposición final sexta, ff. 2, 3
Real Decreto 640/2014, de 25 de julio. Se regula el registro estatal de profesionales sanitarios
Artículo 9, VP1
Control de constitucionalidad de los decretos-leyesControl de constitucionalidad de los decretos-leyes, ff. 3, 4, VVPP I y II
Requisitos de los decretos-leyesRequisitos de los decretos-leyes, ff. 3, 4, VVPP I y II
Trasplante de órganosTrasplante de órganos, f. 2