Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A033-01.htm
Timestamp: 2017-11-23 21:56:26
Document Index: 198134246

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 112', 'artículo 216', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 1', 'e contrario']

A033-01
Auto 033/01
Referencia: expediente I.C.C.-206
Conflicto de competencias entre el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, respecto de la acción de tutela incoada por Armando Escobar Vasquez contra la Caja Nacional de Previsión Social.
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil uno (2001)
1. Manifiesta el accionante que el 7 de marzo de 2000, presentó ante la entidad accionada solicitud de reliquidación de pensión, previa presentación de la documentación exigida.
Han transcurrido más de cuatro meses, sin que la accionada haya resuelto su solicitud.
Afirma que no se ha dado una pronta y eficaz respuesta, vulnerando el derecho de petición que consagran el artículo 23 de la C.N. y el artículo 6 del C.C.A.
Que igualmente se configura, con la actitud despótica por parte del demandado, el silencio administrativo negativo, consagrado en el artículo 40 del C.C.A.
2. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia del 8 de noviembre de 2000, dispuso remitir por competencia la acción de tutela, al Juzgado Laboral del Circuito (reparto) de Cali, para que avoque el conocimiento de la misma y le dé el trámite de ley. Considera el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que por estar dirigida la acción contra la Caja Nacional de Previsión Social, entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional, su conocimiento corresponde a los jueces del circuito, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000.
3. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, mediante auto de 14 de noviembre de 2000, y en consideración a providencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional, de 26 de septiembre de 2000 que decidió inaplicar el artículo 1º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, por ser contrario a la Constitución Política, resolvió devolver el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo, por ser a éste a quien corresponde conocer de la acción de tutela, por inaplicación del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
4. De vuelta el expediente en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, dicha Corporación, por auto de 20 de noviembre de 2000, dispuso enviar el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que se dirima el conflicto de jurisdicción provocado por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 2 del artículo 216 del Código Contencioso Administrativo.
5. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 7 de diciembre de 2000, se declaró inhibida para efectuar pronunciamiento por falta de competencia y ordenó remitir las diligencias a la Corte Constitucional, para que se pronuncie sobre el conflicto de competencia planteado, en consideración a que los jueces en conflicto, no obstante pertenecer a distinta jurisdicción, cuando actúan como jueces de tutela lo hacen excepcionalmente como jueces constitucionales, lo que hace que en esos especiales eventos no se pertenezca a la jurisdicción natural primaria sino a la Constitucional, de tal suerte que el superior jerárquico, es la Corte Constitucional.
1. La Corte Constitucional ha venido sosteniendo en abundante jurisprudencia, que los conflictos de competencia surgidos en el trámite de las acciones de tutela deben ser resueltos por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas, en los términos previstos por las normas del Código de Procedimiento Civil, ya que el ordenamiento legal que regula la acción de tutela no tiene previsto un trámite específico para estos fines.
3. El artículo 37 del decreto 2591 de 1991, dispuso que son competentes para conocer de la acción de tutela, en primera instancia y a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
Con fundamento en los señalamientos anteriores, teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 y en consideración a que el conflicto surgido entre el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, debe ser resuelto por la Corte Constitucional, se procede a adoptar la siguiente,
Primero. Inaplicar, para el presente caso, el artículo 1º del decreto 1382 de 2000 por ser manifiestamente contrario a la Constitución Política, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. Desatar el conflicto de competencia que se ha suscitado entre el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, con ocasión de la acción de tutela instaurada por Armando Escobar Vasquez contra la Caja Nacional de Previsión Social, en el sentido de que el competente para conocer de la demanda es el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
Tercero. Remitir al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el expediente I.C.C. 206 para que adelante la correspondiente actuación judicial.