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Timestamp: 2017-10-20 05:22:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 191', 'artículo 97', 'artículo 191', 'in fine', 'artículo 191', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 55', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 26', 'artículo 56', 'artículo 55', 'artículo 54', 'artículo 56']

Sentencia T.S.J. Madrid 470/2006, de 4 de abril. Sentencia. Hechos probados. Falta muy grave. Prescripción - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Madrid 470/2006, de 4 de abril
Sentencia. Hechos probados. No obliga a incluir todas las pruebas practicadas. Falta muy grave. Prescripción. "Dies a quo". Interrupción. Proceso de despido. Restablecimiento del vínculo laboral. Despido improcedente. No se estima existencia de transgresión de la buena fe.
1. El actor viene prestando sus servicios profesionales para la empresa demandada con una antigüedad de 1.1.1991 si bien con fecha de ingreso de 3 de enero de 1994 con la categoría de Técnico, siendo Responsable de la Unidad de Gestión de activos no financieros, y percibiendo un salario fijo bruto anual de 91.356,72 euros y otra parte variable que en el año 2003 ascendió a la suma de 57.317 euros y que el actor percibió en Febrero de 2004 (asignación voluntaria extraordinaria por importe de 44.090 euros mas 13.327 extrabonus).
2. El actor fue despedido en virtud de comunicación de fecha de 8.10.2004, despido que fue impugnado Judicialmente siguiéndose autos de este Juzgado con el núm. 1108/2004, recayendo sentencia de fecha 14.02.2005 por la que estimando la demanda del actor se declaraba improcedente el despido. (Doc. núm. 48 actora, que se da por reproducido).
3. Que la empresa en virtud del contenido del fallo de la sentencia optó por la readmisión del actor y le comunica que se persone en fecha de 8.03.2004 ante D. Eusebio, quien le indicaria el procedimiento a seguir.
El mismo día 8.03.2005 la empresa entrega al actor pliego de cargos concediéndole tres días hábiles para alegaciones.
4. Con fecha 15.03.2005 la empresa comunicaba al actor su despido basado en la transgresión de la buena fe contractual asi como el abuso de confianza en el desempeño de su trabajo, en virtud de los hechos que se relatan en la carta Doc. núm. 1 de la demanda y que se dan por reproducidos.
5. A finales del mes de septiembre de 2002 el actor puso en conocimiento de D. Alfonso un proyecto inmobiliario en Paterna en el que el Banco podría participar, en aquellos momento el actor era responsable del Departamento de recuperaciones de la zona de Levante.
En el proyecto existían relaciones con la sociedad de desarrollo inmobiliario del Ayuntamiento de Paterna, denominada SUMPA, de la que el hermano del actor era Gerente, circunstancia que fue puesta en conocimiento del Banco por el actor. Dentro del proyecto inmobiliario citado se incluye la compra por parte del Banco a la entidad Aljezur Develpos SL. de un terreno es operación fue demorada por el Banco debido a que la anterior Sociedad habia comprado en Agosto de 2002 y existía un documento privado con una condición resolutoria con los hermanos La Salle, una vez desbloqueada la situación, en Abril de 2003 aproximadamente se compró el terreno pro diez millones de euros, la escritura se suscribe en fecha 23.01.2004 entre Aljezur Develops SL. como Sociedad vendedora y Unitaria Inmobiliaria SL., como compradora, ésta Sociedad pertenece al Banco.
En la operación intervinieron como apoderado de la Sociedad vendedora D. Jose María y D. Fermín como abogado que asesoraba a la sociedad.
El Banco estaba llevando a cabo una investigación interna en relación con la operación inmobiliaria de compra de terrenos al Ayuntamiento de Paterna referida. La auditoria interna del Banco detectó cierta vinculación personal entre los intervinientes en la operación.
Así a través del Registro Mercantil el Banco comprueba la vinculación de la empresa implicada en la operación y la Letrado Sra. Cabot que había trabajado como letrado externa para el Banco a instancias del actor en la Unidad de gestión las Sociedades Urpehon Transitis SL. y Pottermer y Secretario del Consejo de administración de Aljezur Develops SL. así mismo que un hermano del actor trabajada en una sociedad vinculada con el Ayuntamiento de Paterna y que el actor tenia autorización para aparcar tres vehículos de gama alta en el parking del edificio Azcar, de los cuales dos estaban a nombre de dos sociedades vinculadas a la letrado Sra. Cabot, las Sociedades Urpehon Transitis SL. y Pottermer y del Sr. Fermín, participantes en la operación inmobiliaria y un tercero a la entidad Asociadas Consultores.
En el mes de Noviembre de 2004 como resultado de la auditoria el Banco valora la adquisición, las circunstancias que habían concurrido en la misma y decide resolver la venta. A tales efectos se convoca una reunión en fecha 10 de noviembre de 2004 a la que acuden el Director de Servicios Jurídicos del BBVA España Sr. David, el Sr. Luis Antonio, el Sr. Jose María que acudió acompañado del Sr. Natalia y que se presentó como abogado inversor, se negoció la resolución de la venta y no concluyó nada porque se dijo por parte del Sr. Jose María que había otros inversores. Hubo una segunda reunión donde el Sr. Jose María remitió al Sr. David Doña. Natalia y este le dijo que le había llamado su hermana, madre del actor y que quería un informe favorable para el actor y una indemnización por su salida del banco. Don David le comenta que ese tema depende de Relaciones Laborales, éste Departamento se negó a lo que pretendía Doña. Natalia y éste se negó a la resolución de la venta. Finalmente el Banco entró en contacto con otro grupo empresarial y le vendieron el inmueble. Ese mismo dia se procede por el Banco a resolver la colaboración con el SUMPA y se comunica la situación a los hermanos La Salle.
Doña. Natalia reconoce en la reunión de noviembre de 2004 ante el Sr. David que es uno de los inversores de la operación y junto al Sr. Jose María y que le había dado una gratificación a su sobrino en este contexto.
9. Obra en autos el Código de conducta del Banco reseñado como Doc. A-8 que se da por reproducido.
10. Se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación con el resultado de sin avenencia en fecha 6 de abril de 2005.
"Que desestimando la demanda formulada por D. Constantino contra la entidad BBVA S.A debo declarar y declaro la procedencia del despido del actor de fecha de 15.03.2005, absolviendo a la demandada de los pedimentos de la demanda".
Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha 5-01-06, dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.
Sexto.-Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 14 de Febrero de 2006 para los actos de votación y fallo.
Primero.-Frente a la sentencia de instancia que declara procedente el despido del trabajador y convalida la decisión extintiva del empleador, la representación letrada de la parte actora interpone recurso de suplicación que ha sido impugnado.
En el primer motivo, al amparo del artículo 191 a) de la LPL, solicita que se decrete la nulidad de actuaciones al momento anterior a dictarse sentencia por tres circunstancias:
1.ª Haber obviado la sentencia la inclusión en el relato fáctico del resultado de la prueba testifical practicada.
2.ª Haber declarado probada una imputación que no aparece recogida en la carta de despido.
3.ª Haber tenido en cuenta la declaración testifical del Abogado Don David que ha puesto de manifiesto el contenido de una conversación con un abogado contrario revelándolo en juicio sin contar con el preceptivo consentimiento o autorización de la junta de gobierno del colegio.
El motivo se desestima ya que no existe una cita de la norma cuya infracción presunta se ha producido. Además, hay que señalar que el artículo 97.2 de la LPL no exige que por la juzgadora de instancia se incluya, en el relato fáctico, todas y cada una de las pruebas practicadas, ni tan siquiera aquellas que sean de evidente trascendencia, sino que lo que exige es que la sentencia declare expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho, a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión. La prueba testifical se tiene en cuenta en conjunción con otras pruebas; cosa muy distinta es que el resultado o conclusión alcanzada por la juzgadora sea coincidente con el de la parte actora, sin que pueda prevalecer la visión personal y parcial del recurrente frente al criterio objetivo e imparcial de la juzgadora. En cuanto a la constancia en el relato fáctico de hechos que no figura imputados en la carta de despido, los mismos no pueden considerarse para determinar la calificación jurídica del despido sin que su inclusión determine la nulidad de actuaciones. En cuanto a la alegación de que Don. David no ha sido respetuoso con el Estatuto General de la Abogacía, es un tema que tendrá que resolverse al margen de este proceso laboral, sin que se haya realizado protesta alguna en el acto de juicio por las declaraciones efectuadas.
Segundo.-En el segundo motivo, al amparo del artículo 191 b) de la LPL, solicita que se adicione al hecho probado primero, la siguiente frase, al final del mismo:
"La retribución salarial que por todos los conceptos percibió el actor, en 2004, desde el día 1 de enero hasta la fecha de su primer despido, acaecido el 5-10-04, ascendió a 149.184,02 euros. Sumando a esta suma, las retribuciones correspondientes al período comprendido entre el 6-10-04 al 31-12-04, su retribución anual del año 2004 es de 174.015,41 euros, que es la que debe considerarse a efectos de este procedimiento", en base a la documental que cita. El documento obrante al folio núm. 516 es un certificado de empresa, expedido el 11 de febrero de 2005, en el que se hace constar que la retribución por rendimiento dinerario es de 148.542,07 euros; retribución en especie 229,62 euros; plan de pensiones sistema de empleo BBVA 412,33 euros y dietas y asignaciones gastos viaje no sujetos 1.326 euros, pretendiendo que se compute como conceptos salariales cantidades que no tienen naturaleza salarial. Para calcular la retribución percibida en el período 6-10-04 al 31-12-04 el recurrente utiliza dos sistemas, que entrañan un auténtico malabarismo económico con clara intención de confundir, que no puede prosperar ya que si fue despedido el 8-10-04 y la sentencia del juzgado de lo social es de 14-02-05, en dicho período le corresponderá percibir el salario que se determine en esa sentencia. El motivo se desestima porque no se especifica con claridad el error sin necesidad de acudir a operaciones matemáticas, que implican ausencia de lo evidente, sin que pueda pretenderse la introducción de hechos predeterminantes del fallo, ni de aquellos que entrañen auténticas valoraciones jurídicas, como es la frase "que es la que debe considerarse a efectos de este procedimiento", que está reservada al fundamento de derecho o al análisis jurídico de la sentencia.
También insta que se adicione al hecho probado segundo después del primigenio punto final la siguiente frase:
"Tal sentencia fue recurrida en Suplicación por la Empresa demandada, en fecha 31 de marzo de 2005", que debe prosperar al desprenderse de los documentos que cita.
Se insta que se adicione al párrafo tercero, del hecho probado quinto, la siguiente frase, a continuación de la redacción inicial:
"El Sr. Jose María ha venido colaborando profesionalmente con asiduidad con el Banco demandado, o con Empresas de su Grupo, teniendo una estrecha relación con el Sr. Alfonso; por su parte, el letrado Sr. García Hervás ha sido abogado del BEX, absorbido por el BBVA". La adición se desestima ya que los documentos no ponen de manifiesto su contenido de manera directa y patente, sin necesidad de acudir a conjeturas o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables.
Se solicita que se modifique el segundo párrafo del hecho probado quinto que pasaría a tener la siguiente redacción:
"En el proyecto existían relaciones con la Sociedad de desarrollo inmobiliario del Ayuntamiento de Paterna denominada SUMPA de la que el hermano del actor era gerente, circunstancia que fue puesta en conocimiento del banco por el actor. En concreto, la operación que se concertó entre el BBVA y la entidad SUMPA, y en la que también intervico la Empresa del Grupo de la primera, UNITARIA INMOBILIARIA SL., consistía en que el BBVA se comprometía a financiar a la Entidad SUMPA para que ésta pudiera adquirir la finca 4.296, inscrita en el Registro de la Propiedad 1 de Paterna, que era titularidad del Estado (Ministerio de Defensa). Y, por otra parte, la entidad SUMPA concedía una OPCIÓN DE COMPRA sobre la citada finca a favor de la mercantil UNITARIA INMOBILIARIA SL. A tal fin, las anteriores entidades procedieron a suscribir, en fecha 21 Noviembre 2002, un contrato privado así como un Protocolo de Intenciones. En esa misma fecha, y como operación distinta de la anterior, UNITARIA INMOBILIARIA SL contrató los servicios de la Empresa COVIVAL, SL. (incluídos los de PRIMER GRUPO como Empresa del Grupo de COVIVAL, SL.) para que colaborara y le asesorara en la promoción inmobiliaria en el Sector Llano del Cura de Paterna, así como que gestionara la compra de otros terrenos de ese Sector. Posteriormente, PRIMER GRUPO, siguiendo instrucciones del BBVA, contactó con ALJEZUR DEVELOPS, SL., al objeto de gestionar la compra de los terrenos de ésta en el Llano del Cura, inscritos en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Paterna, como finca 21.942, sin obtener éxito inicialmente. En Abril de 2003, el BBVA consideró esencial la compra de los citados terrenos de ALJEZUR DEVELOPS, SL., por lo que dio instrucciones a PRIMER GRUPO para que intentara nuevamente conseguir su compra, concretándole, a primeros de 2004, la banda máxima de precios que podía ofrecer, consiguiendo PRIMER GRUPO que cristalizara la operación de compraventa en fecha 24-1-04, por importe de 10.681.365,32 euros, en la que intervino como compradora la mercantil UNITARIA INMOBILIARIA, SL."
El motivo se desestima ya que no estamos ante un litigio civil ni ante un problema registral, sino ante un proceso en el que únicamente interesa cual fue la conducta del demandante, sin que se necesite saber cuál es exactamente el número de finca registral, ni cuales fueron las entidades mercantiles que intervinieron, además del Banco y Aljezur.
Interesa que se modifique el párrafo quinto del hecho probado quinto, en su parte inicial, que pasaría a tener la siguiente redacción:
"Así, a través del Registro Mercantil, el Banco comprueba que la letrado Sra. Cabot ha actuado como Secretaria en la Junta en que se aprobaron las cuentas anuales de ALJEZUR DEVELOPS S.L., de los años 2002 y 2003, siendo que la misma había trabajado como letrado externo del Banco, a instancias del actor en la unidad de gestión de activos no financieros, y que sigue colaborando en la actualidad con el mismo, aunque su colaboración con el Banco en otros departamentos arrancaba desde el año 1997 -El resto del párrafo se mantiene-", que debe prosperar al desprenderse de los documentos que cita.
Solicita que se adicione al hecho probado quinto, en el párrafo sexto, la siguiente frase: (después de: "Finalmente el banco entró en contacto con otro grupo empresarial y le vendieron el inmueble"), "en fecha 16 de diciembre del 2004, por un importe de 11.157.042,72 euros, siendo que lo había adquirido el 23 de enero del 2004 por un valor de 10.681.365,32 euros"(manteniendo el resto del párrafo), que debe prosperar al desprenderse de los documentos que cita.
Interesa que se suprima del hecho probado quinto, la referencia que se efectúa en el último párrafo a la gratificación que se consigna que recibió el actor, así como las manifestaciones que vertió Don. David en relación a la negociación que mantuvo con el también abogado Sr. Madalena. El motivo se desestima ya que una cosa es dar por probado determinados hechos, en virtud de la prueba practicada, y otra distinta que únicamente haya que valorar las imputaciones acreditadas.
Interesa que se adicione al hecho probado noveno la siguiente frase a continuación del punto final de la redacción de la sentencia: "el citado código de conducta fue aprobado por el consejo de administración en diciembre de 2003, y existe una carta dirigida al actor, de fecha 16 de enero de 2004, que no consta cuando la recibió el mismo, y en la que se le indicaba que en las próxima semanas recibiría un ejemplar del citado Código", que debe prosperar al desprenderse de los documentos que cita con la supresión de la expresión "que no consta cuando la recibió el mismo", pues en la página 29 "in fine" del recurso se reconoce que recibió la misma a mediados de febrero de 2004.
Tercero.-En el tercer motivo, al amparo del artículo 191 c) de la LPL, alega:
I. Infracción por no aplicación del artículo 60.2 del ET, en relación con los artículos 54.2.d), 55.7 y 56 ET y la jurisprudencia que cita. En esencia, considera que la empresa tuvo cabal conocimiento de los hechos, entre los meses de noviembre y diciembre de 2004, y que, por lo tanto, la falta está prescrita tanto si se acude a la prescripción larga como a la corta.
Según STS de 15 de julio de 2003, recurso 3217/2002, en los casos de faltas continuadas el plazo de prescripción de lo seis meses no comienza el día en que se cometió cada falta sino el día en que se cometió la ultima pues a partir de ese último hecho es cuando cesa esa conducta continuada que debe ser apreciada de forma conjunta a efectos de sanción, bien sea por abandono voluntario de dicha conducta, bien por la investigación de tal conducta llevada a cabo por el empresario, y en el caso de faltas ocultadas por el trabajador que se prevalece de su condición para impedir que el empleador tenga conocimiento de las mismas se ha considerado que el plazo de seis meses no puede comenzar a computar sino desde que cesó aquella actividad de ocultación del empleado pues esta conducta en sí misma constituye una falta de deslealtad y un fraude que impide que la prescripción pueda comenzar y el término de seis meses ha de contarse desde que cesó la ocultación.
La cuestión controvertida se centra en determinar si concurre la excepción de prescripción de las faltas imputadas al trabajador alegada por la recurrente y que ha sido desestimada por la Magistrado de instancia, lo que no es sino un problema de fechas y plazos o períodos temporales, y de apreciarse dicha prescripción, no se entraría a analizar y resolver el fondo del litigio. El "dies a quo" o inicio del cómputo del plazo de prescripción es aquel desde el cual quien ostenta las competencias y facultades sancionadoras tuvo conocimiento de los hechos que se presumían irregulares y de las personas que pudieran haberlas cometido o participado en cualquier forma en las mismas.
Del relato fáctico y de los que con tal carácter obran en la fundamentación jurídica, se constata que:
1. El actor fue despedido el 8-10-04 que fue declarado improcedente; la empresa optó por la readmisión y el 8 de marzo de 2005, cuando se persona en la empresa, le entregan pliego de cargos. El 15 de marzo de 2005 es despedido.
2. En la carta de despido la empresa se indica que a finales de septiembre de 2002, el actor puso en conocimiento de Alfonso un proyecto inmobiliario en Paterna en el que podría participar el Banco. En ese proyecto existía relación con la sociedad inmobiliaria del Ayuntamiento, de la que era gerente el hermano del actor, extremo conocido por el Banco. En el proyecto inmobiliario se incluye la compra por parte del Banco a ALJEZUR DEVELOPS S.A. mediante escritura suscrita el 23 de enero de 2004 se formaliza la adquisición entre esa empresa, como vendedora, y Unitaria Inmobiliaria S.L., como compradora, que pertenece al 100% al Banco. En esta operación intervino Jose María, como apoderado de la empresa vendedora, y Fermín, como abogado que asesoraba a esa sociedad. Se expone que el Sr. Jose María mantenía amistad íntima con el demandante y que este no lo puso en conocimiento del Banco hasta después de la compraventa; que utilizaba vehículos pertenecientes a otras empresas, aparcándolos en el parking oficial del Banco, siendo apoderado de una de ellas el Sr. Fermín, y Administrador Único de las mismas Isabel Cabot, que también es Secretario del Consejo de Administración de Aljezur Develops S.L., la sociedad vendedora del terreno, y que prestó servicios al Banco como Letrado externa, en el área del demandante, por la insistencia del mismo, reconociendo que desde antiguo mantenía relaciones con el Banco en otras áreas, estimando que ello implica la existencia de un interés especial en que Isabel Cabot formara parte de su equipo de trabajo; que con posterioridad al 5 de octubre el Banco ha conocido que un tío del actor estaba vinculado a Aljezur Develops S.L., con un papel relevante. Concluye la carta de despido exponiendo que el demandante ha recibido un beneficio económico por la intermediación en la operación, y "ello por cuanto que no puede merecer otra calificación la utilización de los dos vehículos de referencia" y que su circulo de familiares y amistades ha podido beneficiarse directa o indirectamente de su posición en el Banco en el Área Inmobiliaria; y que su conexión con la operación y con la empresa Aljezur Develops S.L. se ha puesto de manifiesto cuando el Banco intenta anular la compraventa y su tío condicionó la misma a que el Banco diera una solución satisfactoria a su salida de la entidad, y que la existencia de un conflicto de intereses, supone una ruptura de los compromisos éticos que se deducen del Código de Conducta y una trasgresión de la buena fe contractual.
3. A finales de septiembre de 2002, el actor puso en conocimiento de Alfonso la existencia de un proyecto inmobiliario en el que podría participar el Banco, consistente en la compra de un terreno en Paterna a Aljezur Develops S.L. En fecha 23-01-2004, Aljezur Develops S.L., apoderada por Jose María y con el asesoramiento de Fermín, vende el terreno a Unitaria Inmobiliaria S.L. La auditoría interna del Banco detecta la siguiente vinculación existente entre las personas que intervinieron en la operación de la compra del terreno:
- Isabel Cabot, que había trabajado como Letrado externa del Banco, en la Unidad de Gestión de Activos no Financieros, era Administradora única de Urpehon Transits S.L. y Pottermer y Secretaria del Consejo de Administración de Aljezur Develops S.L..El actor aparcaba en el edificio del Banco dos vehículos vinculados a estas sociedades y un tercer vehículo perteneciente a Asociados Consultores.
- Un hermano del actor trabajaba en una sociedad vinculada con el Ayuntamiento de Paterna.
En noviembre de 2004 a la vista de las circunstancias que habían concurrido en la adquisición, el Banco decide resolver la venta. El 10 de noviembre de 2004 convoca a una reunión al Director de Servicios Jurídicos del BBVA, Don. David, Don. Luis Antonio, al Sr. Jose María, que acudió acompañado del tío del demandante, que se presentó como abogado e inversor. Se negoció la resolución de la venta, sin resultados positivos. Hubo una segunda reunión donde el tío del actor le comunica al Director de los Servicios Jurídicos del BBVA, que le había llamado la madre del demandante y que quería un informe favorable para el actor y una indemnización por su salida del Banco. El Departamento de Relaciones Laborales se negó a lo que pretendía el tío del demandante y este se negó a la resolución de la venta. Finalmente el Banco vendió el inmueble a otro grupo empresarial.
De lo expuesto se constata que la empresa tuvo un conocimiento cabal de los hechos en los meses de enero y octubre de 2004 y no despide hasta el 15 de marzo de 2005, cuando ya había transcurrido en exceso el plazo de sesenta días establecido por el artículo 60.2 ET para la prescripción de las altas muy graves. La sentencia de instancia considera que la prescripción estuvo interrumpida desde el 5 de octubre de 2004, fecha en que tuvo lugar el primer despido, recayendo sentencia el 14-02-05, hasta el mes de marzo de 2005 en que tuvo lugar la readmisión. En el presente caso deben considerarse prescritos los hechos que se refieren a la compraventa de los terrenos, en cuanto a sus condiciones económicas, ya que la empresa tuvo pleno conocimiento de lo que compraba y su precio desde el momento en que se otorgó la escritura el 23 de enero de 2004. En cuanto a los restantes hechos, la misma solo tuvo conocimiento de ciertas irregularidades cuando solicita autorización al trabajador para investigar sus cuentas al hilo de la auditoria interna que se estaba practicando y este conocimiento tuvo lugar el 5 de octubre de 2004, momento en que se extinguió la relación laboral, por dimisión según la empresa y por despido según el trabajador, dictándose sentencia el 14 de febrero de 2005, por el juzgado de lo social núm. 20 de Madrid, declarando la improcedencia del despido. A partir del 5 de octubre de 2005 y hasta que se le notificó la citada sentencia no existió vinculo laboral, ni la posibilidad de sancionar por la empresa al no poder despedir a quien ya tenía extinguida la relación laboral, estando interrumpida la prescripción hasta que se restablece el vínculo. Por lo tanto, la posibilidad de despedir nace a partir de cuando pudo readmitir al trabajador y es en ese momento cuando hay que situar la fecha inicial del cómputo de la prescripción, no habiendo transcurrido el plazo de la llamada prescripción corta, cuando la empresa despide de nuevo al trabajador el 15-03-05. No hay que ignorar que el primer despido fue declarado improcedente al realizarse sin forma escrita, incumpliendo el artículo 55.1 ET, y en estos casos, cuando se haya optado por la readmisión, el artículo 110.4 LPL permite efectuar un nuevo despido dentro del plazo de siete días desde la notificación de la sentencia, que no constituye subsanación del primitivo acto extintivo, sino un nuevo despido, que surtirá efectos desde su fecha. Si no se considerase que en el período comprendido entre el primer despido y la notificación de la sentencia de instancia la prescripción estaba interrumpida, la previsión legal carecería de efectos dado que el plazo de prescripción corta estaría cumplido cuando se efectúa el segundo despido; una interpretación en sentido contrario conduciría a que no tuviese alcance práctico el artículo 110.4 LPL, que no ha sido querido por el legislador.
II. Infracción del artículo 26.1 y 2 del ET, en relación con el artículo 56.1.a) ET. Al no haber prosperado la modificación respecto al salario, la pretensión no puede prosperar.
III. Aplicación indebida del artículo 55.7 del ET y 109 de la LPL en relación con el artículo 54.2.d) del ET, e infracción por no aplicación del artículo 56 del ET y 110 de la LPL, así como violación, por aplicación indebida, del Código de Conducta del Banco.
La empresa imputa al trabajador trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño de su trabajo, al considerar que prevaliéndose de su puesto de confianza dentro de la misma, ha realizado diversas actuaciones en beneficio propio, así como en beneficios de terceros que están íntimamente vinculados con su esfera personal; que la utilización de patrimonio de dos compañías muy vinculadas con la vendedora de los terrenos implica la existencia de esta quiebra en los principios fundamentales que asumió al estar incluido dentro del Código de Conducta de cualquier empleado del Banco que tenga un nivel de responsabilidad y de competencia similar al suyo; que ha ocultado que su tío tenía una vinculación muy especial con el proyecto. El recurrente considera que no ha incurrido en los incumplimientos que le imputan.
La empresa considera que el trabajador ha quebrado los principios fundamentales que asumió al estar incluido dentro del Código de Conducta del BBVA por mantener un conflicto de intereses que no explicitó, que ocultó, en beneficio personal y de otras personas. Pues bien, a finales del mes de noviembre de 2002, el trabajador puso en conocimiento de la empresa un proyecto inmobiliario en el que el Banco podría participar, comunicando que su hermano era gerente de la Sociedad Urbanística Municipal de Paterna S.A. (en adelante SUMPA). Dentro de este proyecto inmobiliario el Banco se incluía la compra de un terreno a Aljezur Develpos S.L., cuya operación fue demorada por el Banco, por existir un documento privado con una condición resolutoria con los Hermanos La Salle. Hasta este relato de los hechos no se observa ningún incumplimiento del recurrente. La empresa considera que en la compraventa del terreno a esta sociedad intervienen una serie de personas con las que el recurrente tenía amistad íntima, que había ocultado. Al respecto debe señalarse que no se acredita que esas amistades hayan sido decisivas para la adquisición del terreno y que su compra no era imprescindible en el proyecto inmobiliario que se desarrollaba, sin que pueda valorarse la gratificación que Doña. Natalia da al recurrente por no figurar en la carta de despido. Tampoco consta que haya tenido intervención en la fijación del precio de compraventa. La empresa considera que ha obtenido un beneficio económico por su intermediación en la operación, consistente en la utilización de dos vehículos de gama alta, pertenecientes a empresas en las que Isabel Cabot es Administradora unica y el Sr. Fermín es apoderado de una de ellas, que debe descartarse al no acreditarse la presunta intermediación del recurrente, ni que le dejasen utilizar los vehículos a cambio de la misma.
El Consejo de Administración de BBVA aprobó en el mes de diciembre de 2003 el Código de Conducta del Grupo BBVA definiendo y desarrollando lo que considera deben ser los fundamentos de comportamiento ético y las pautas de actuación necesarias en relación con los clientes, proveedores y con la sociedad en general...No consta que el actor como parte del personal a quién va dirigido el citado Código haya sido requerido para que declare de forma expresa en cada operación los vínculos que existen con las personas que intervienen en la misma. Además, el Código de Conducta fue aprobado cuando ya se habían realizado las operaciones de compraventa del terreno siendo otorgada la escritura de compraventa el 23 de enero de 2004, no pudiendo intentar la demandada que se aplique o que se haya infringido una normativa interna que no existía cuando tuvieron lugar los hechos. Por lo tanto, del relato fácticono se deducen hechos que revelen que el recurrente haya incurrido en trasgresión de la buena fe contractual y en abuso de confianza, lo que lleva a revocar la sentencia recurrida declarando la improcedencia del despido fijando la indemnización en 205.442,64 euros de acuerdo a una antigüedad de 1-1-91 ya que hay que computar el periodo de servicios en el Banco Exterior en Suiza, y salario de 148.673,72 euros, como se deduce del hecho probado primero.
Que estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la parte actora contra la sentencia de fecha 13 de julio de 2005 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 20 de Madrid, en autos núm. 378/04, seguidos a instancia de Constantino contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA S.A.), en reclamación por despido, revocando la misma y declaramos improcedente el despido del actor condenando a la empresa a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente sentencia, opte entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización de 205.442,64 euros (doscientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con sesenta y cuatro céntimos de euro) y, además, cualquiera que sea el sentido de la opción, a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (15-03-2005) hasta la notificación de la presente sentencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se prueba por el empleador lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación. De no optar expresamente se entiende que lo hace por la readmisión.