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Timestamp: 2019-09-17 04:17:15
Document Index: 290483626

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 23', 'artículo 10', 'e contrario', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 70', 'artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 33', 'artículo 23', 'artículo 9', 'artículo 106', 'artículo 28', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 37', 'artículo 21']

SENTENCIA nº 9/2017 Ilmos. Sres.: PRESIDENTE D. EDUARDO BARRACHINA JUAN MAGISTRADOS
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUARTA)
F A L L A M O S PRIMERO.
Recurso nº 294/2015
Parte actora: FEDERACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE LA UGT DE CATALUNYA ( FSP-UGT)
Parte demandada: GENERALITAT DE CATALUNYA
SENTENCIA nº 9/2017
En Barcelona, a once de enero de dos mil diecisiete.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUARTA), constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY la siguiente sentencia para la resolución del presente recurso contencioso administrativo nº 294/2015, interpuesto por la FEDERACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE LA UGT DE CATALUNYA (FSP-UGT) representada por el Procurador D. Jorge Rodríguez Simón y D. Xavier Casas Roque, Secretario del Sector de la Generalitat, y asistida por el Letrado D. Francisco García Márquez, contra la Administración demandada GENERALITAT DE CATALUNYA, actuando en nombre y representación de la misma la Letrada de la Generalitat Dª. Marta Moix Puig.
TERCERO.- Se acordó recibir el presente pleito a prueba, practicándose las pruebas propuestas y declaradas pertinentes con el resultado obrante en autos.
CUARTO.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas, con el resultado que es de ver en autos.
QUINTO.- Se prosiguió el trámite, y se señaló para votación y fallo de este recurso el día 10 de enero de 2017, habiéndose observado y cumplido en este procedimiento las prescripciones legales correspondientes.
PRIMERO.- Don Jorge Rodríguez Simón, Procurador de los Tribunales y Don Xavier Casas Roque, Secretario del Sector de la Generalitat, actuando en nombre y representación de la Federació de Serveis Públics (FSP) de la UGT de Catalunya, bajo la dirección letrada de Don Francisco García Márquez, interponen recurso contencioso administrativo contra el Acord GOV/114/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de ocupación pública de la Generalitat de Catalunya para el año 2015, publicado en el DOGC número 6919, de 23 de julio 2015.
Afirma la actora que “... En concreto la oferta pública que se recurre por esta parte, por entender que se vulnera el derecho al acceso al empleo público recogido en el artículo 23.2 de la Constitución, al no incluir en la oferta pública recurrida todas las plazas cubiertas por interinos de los siguientes cuerpos:
- Cuerpo de titulación superior de la Generalitat de Catalunya, psicología (ámbito de ejecución penal) (grupo A, subgrupo A1): 73 plazas; Plazas adicionales (10%): 7; Total plazas: 80; Vía de reserva para personas discapacitadas: 4 plazas.
- Escala Superior de administración general del cuerpo superior de administración que requieren disponer de la titulación de derecho (ámbito de ejecución penal) (grupo A, subgrupo A1): 39 plazas; Plazas adicionales (10%): 4; Total plazas: 43; Plazas turno libre: 24; Plazas de promoción interna: 19; Vía de reserva para personas discapacitadas: 3 plazas.
- Cuerpo de Diplomatura, asistencia social, de la Generalidad de Catalunya (ámbito de ejecución penal) (grupo A, subgrupo A2): 64 plazas; Plazas adicionales (10%): 6; Total plazas: 65; Vía de reserva para personas discapacitadas: 4 plazas.
Se recurre además por los mismos fundamentos expuestos en el punto 2 del Acuerdo en cuanto dispone que:- 2 El Consejo de Administración de l'Institut Català de la Salut aprobará una oferta de ocupación pública de hasta un máximo de 340 plazas para el personal estatutario de los Servicios de Salud, distribuidos en los cuerpos y especialidades que correspondan.
Ya que esta parte entiende que se vulnera el derecho al acceso al empleo público recogido en el artículo 23.2 de la Constitución, al incluir en el acuerdo de la futura oferta pública recurrida, todas las plazas cubiertas por interinos de l'Institut Català de la Salut.
Alega el actor vulneración de los artículos 15 b), 36 y 37.1a) b), k), y m) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Transcribe los citados preceptos y manifiesta que las retribuciones y las condiciones de trabajo cuya regulación exija norma con rango de Ley de los empleados públicos son una materia de obligatoria negociación colectiva, artículo 15 y 37.1 a),b),k) y m) del EBEP, a través del procedimiento de un acuerdo colectivo negociado en la Mesa General de las Administraciones Públicas (art. 36.2 del EBEP) y trasladado por el Gobierno a su Ley de Presupuestos.
La vulneración denunciada supone la quiebra de la eficacia vinculante de los Acuerdos y Convenios en vigor en el Sector Público. Se refiere a que la posibilidad de acuerdo quedó absolutamente vedada, y sin que pueda entenderse como tal el trámite informativo previo llevado a cabo en la Mesa General de 17 de julio de 2015, en el que se le presentó por la Administración a las organizaciones sindicales una oferta pública definitiva sin posibilidad de diálogo al respecto. Entiende que la carencia de motivación es absoluta, vulnerándose el artículo 28.1 de la CE y los artículos 15b) y 38.10 de la Ley 7/2007, de 22 de abril del EBEP. Se ha vulnerado la libertad sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva.
Asimismo considera que el Acuerdo recurrido vulnera el derecho al acceso público recogido en el artículo 23.2 CE, al no incluir en la oferta pública recurrida todas las plazas de los Cuerpos impugnados cubiertas por interinos, y asimismo también vulnera el derecho a la consolidación del empleo público recogido en el artículo 10.4 EBEP. Por otra parte, la Administración no ha justificado la exclusión en la oferta pública de las plazas cubiertas por interinos de los Cuerpos impugnados. Reitera la nulidad del acto administrativo objeto del recurso.
Solicita que se dicte sentencia por la que se:
“1º Declare vulnerado el derecho al acceso en condiciones de igualdad a la función pública, por el Acuerdo GOV/114/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Generalitat de Catalunya para el año 2015, publicado en el DOGC num 6919, de fecha 23 de julio de 2015, al no incluir en la oferta pública recurrida, todas las plazas cubiertas por interinos de los siguientes cuerpos:
- Cuerpo de titulación superior de la Generalitat de Catalunya, psicología (ámbito de ejecución penal) (grupo A, subgrupo A1): 73 plazas.
- Escala superior de administración general del cuerpo superior de administración que requieren disponer de la titulación de derecho (ámbito de ejecución penal) (grupo A, subgrupo A1): 39 plazas.
- Cuerpo de diplomatura, asistencia social, de la Generalitat de Catalunya (ámbito de ejecución penal) (grupo A, subgrupo A2): 64 plazas.
- El Consejo de Administración del Instituto Catalán de la Salud aprobará una oferta de ocupación pública de hasta un máximo de 340 plazas para el personal estatutario de los servicios de salud, distribuidas en los cuerpos y especialidades que correspondan.
2º Ordenar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Catalunya una obligación de hacer, consistente en que modifique el Acuerdo GOV/114/2015, incluyendo en la Oferta de Empleo Público para 2015, aprobada por el citado Acuerdo, todas las plazas de los cuerpos impugnados reservadas a funcionarios y trabajadores cubiertas con personal interino o eventual, respectivamente, a las que está legalmente obligada.
Subsidiariamente, declare contrario a Derecho y, en consecuencia declare nulo y anule al Acuerdo GOV/114/2015 de los cuerpos aquí impugnados, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2015, y aprobar un nuevo Acuerdo en la Oferta de Empleo Público para 2015 de los cuerpos aquí impugnados, que incluya todas las plazas reservadas a funcionarios y trabajadores cubiertas con personal interino o eventual de los cuerpos aquí impugnados, respectivamente, a las que está legalmente obligada”.
La representación procesal de la Generalitat de Catalunya se opone a las pretensiones de la actora. Entiende que la cuestión controvertida es una cuestión de legalidad, ya que para determinar la presunta vulneración denunciada, es necesario emitir un juicio de legalidad ordinaria consistente en verificar si la oferta aprobada por el Acuerdo GOV/114/2015, se ajusta o no a la tasa de reposición fijada por la normativa básica estatal. Se remite al Preámbulo del Acuerdo destacando que para este año 2015, la tasa de reposición de efectivos se fija en un máximo del 50%, y en que además se autoriza a acumular la tasa de reposición de efectivos a los ámbitos o sectores que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, todo ello de conformidad con lo que determine el Gobierno a este efecto. Cita el artículo 21 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Destaca que el motivo de no incluir en la oferta de ocupación pública, vacantes ocupadas por interinos en cuerpos determinados, radica en la necesidad de respetar la limitación que comportaba la tasa de reposición fijada por la normativa básica estatal, que ha debido respetarse en el Acuerdo recurrido. Considera que el Acuerdo impugnado no vulnera el artículo 23.2 de la Constitución ni los demás artículos citados como vulnerados por el actor. Hace también referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2015. Solicita la desestimación del recurso.
SEGUNDO.- El derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos que señalan las leyes, que consagra el artículo 23.2 CE, es un derecho de configuración legal. Corresponde al legislador delimitar el contenido de este derecho y establecer los criterios que permitan el acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad. Se trata también de un derecho puramente reaccional, porque no otorga el derecho a desempeñar determinadas funciones públicas, sino que permite únicamente impugnar ante la jurisdicción ordinaria, y en última instancia ante el Tribunal Constitucional, toda norma o aplicación concreta de una norma, que quiebre la igualdad.
A la Ley, en colaboración con el Reglamento, le corresponde pues determinar qué requisitos son exigibles para acceder al ejercicio de las funciones públicas, requisitos que además deben estar orientados a la consecución de la igualdad en el acceso a las mismas.
En otro orden de cosas, cabe poner de relieve que la Oferta Pública de Empleo es un instrumento de planificación de personal cuya elaboración corresponde al Gobierno, siendo una consecuencia de la existencia de una serie de criterios de dirección de personal previamente establecidos en la función ejecutiva, que también le corresponde. Responde pues a la necesidad de una planificación general derivada de la potestad de autoorganización de que dispone la Administración para estructurar sus órganos, así como para distribuir las funciones del modo en que mejor puedan prestarse los servicios públicos en todo lo que no esté sometido a reserva de Ley.
La Oferta de Empleo Pública se conforma como la concreción en Cuerpos y Escalas del número de vacantes que pueden ser cubiertos en un año presupuestario con cobertura de gastos. A través de la Oferta de Empleo Público se concretan los puestos para los que se dispone de habilitación de gastos de personal en la correspondiente Ley de Presupuestos. El artículo 70 del EBEP vincula las necesidades de recursos humanos a proveer, precisamente a la asignación presupuestaria. Así, el Gobierno ha de apreciar las necesidades de personal que es preciso cubrir en cada ejercicio, teniendo en cuenta entre otras circunstancias la económica. Para finalizar cabe añadir que la Oferta de Empleo Público se presenta como una habilitación genérica para la iniciación de los correspondientes procesos selectivos.
TERCERO.- El artículo 21 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, establece en su apartado 1 que no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal. No obstante en su apartado 2, dispone que respetando en todo caso las disponibilidades presupuestarias del capítulo de los correspondientes presupuestos de gastos, la anterior limitación no será de aplicación a unos determinados sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fija en un máximo del 50%.
Por su parte el apartado 3 del citado precepto prescribe que para calcular la tasa de reposición de efectivos, por el porcentaje máximo del 50%, se aplicará la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2014, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos y categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos en el referido ejercicio por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no comporten la reserva de puesto de trabajo.
A estos efectos se computarán los ceses en las prestaciones de servicios por jubilación, retiro, defunción, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo, o cualquier otra situación administrativa que no comporte la reserva del puesto de trabajo. No computarán en el límite máximo de plazas, derivado de la tasa de reposición de efectos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión a través de un proceso de promoción interna.
Finalmente el artículo 21.6 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, establece con carácter básico, que la tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios sectores prioritarios definidos por este artículo, podrá acumularse a uno o a otro de los sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos cuerpos, escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los citados sectores, cuya cobertura se considera prioritaria o que afecte al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
En el expediente administrativo se expone la forma de cálculo de reposición de efectivos, así como el objeto de la Oferta Pública de Empleo. También se trata la cuestión relativa al 10% adicional de plazas a la promoción interna. Asimismo obra en autos, aportados en periodo probatorio, un informe relativo a las plazas ocupadas por personal interino de determinados cuerpos de la Oferta de Empleo Público de 2015, así como un certificado de la Directora General de la Funció Pública, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, relativo a las plazas de los cuerpos impugnados de personal funcionario y trabajadores, cubiertas por personal interino o eventual respectivamente; así como en relación a l'Institut Català de la Salut, las plazas susceptibles de ser convocadas por estar dotados presupuestariamente en la Relación de Puestos de trabajo y vacantes no reservadas y que estaban cubiertas por personal interino, en fecha 23 de julio de 2015.
CUARTO.- El Acuerdo de Gobierno impugnado (GOV/114/2015) comienza diciendo que “el Artículo 33 de la Ley 2/2015, de 11 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el año 2015, establece que en el ejercicio de 2015 sólo se pueden aprobar las ofertas de ocupación pública que, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, se ajusten a la tasa de reposición de efectivos establecida por la normativa básica estatal y que este año se fija en un máximo del 50%. Asimismo, autoriza a acumular la tasa de reposición de efectivos en los ámbitos y sectores que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de conformidad con lo que determine el Gobierno a este efecto...”.
La parte actora ha impugnado el Acuerdo GOV/114/15 por ser contrario al artículo 23.2 CE, al entender que no incluye en los Cuerpos de Titulación superior de psicología, derecho y diplomatura de asistencia social, todos ellos en el ámbito de ejecución penal de todas las plazas cubiertas por interinos en la Administración de la Generalitat y además porque no incluye todas las plazas cubiertas por interinos de l'Institut Català de la Salut. Asimismo considera vulnerado el artículo 9.3 y el artículo 106.a CE, por no incluir en la Oferta Pública de Empleo, los puestos de interinos en cuestión. Por otra parte considera vulnerado el artículo 28.1 y determinados artículos del EBEP, en cuanto a la negociación colectiva.
Siguiendo la doctrina contenida en la STS (Sección 7, Sala de lo Contencioso Administrativo) de 2 de diciembre de 2015, debe estarse en primer lugar al marco regulador del periodo controvertido. En este caso, a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 36/2016, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2015. Concretamente en este caso, a lo preceptuado en el artículo 21 al que se ha hecho referencia. Este precepto, que tiene rango legal, exceptúa para el año 2015, lo que determina el artículo 21 al que se ha hecho referencia. Este precepto, que tiene rango legal, exceptúa para el año 2015, lo que determina el artículo 10.4 del EBEP, sobre inclusión en la Oferta de Empleo Público del ejercicio en que se produce su nombramiento, de las plazas vacantes, desempeñadas por funcionarios interinos. Si el artículo 21.1 de la Ley prohíbe que a lo largo de 2015 no se incorpore en el Sector Público el nuevo personal, excepto en los ámbitos que se indica y hasta un porcentaje de reposición del 50%, es obvio que durante el ejercicio de 2015 no opera el mandato contenido en el EBEP.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, impide expresamente incorporar nuevo personal en el Sector Público, a excepción de un 50 % de la tasa de reposición en determinados sectores, lo que no constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 23.2 CE. El citado precepto reconoce el derecho de acceso a los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, pero se refiere al acceso cuando se produzcan las convocatorias correspondientes y siempre con arreglo a los requisitos que determinen las Leyes, uno de los cuales es que autorice la incorporación de nuevo personal con arreglo a la Oferta de Empleo Público.
Por otra parte la Ley de Presupuestos Generales para cada ejercicio viene considerándose por el Tribunal Constitucional como un instrumento idóneo para limitar la oferta de empleo público, como medida de política económica. Se trata de un vehículo de dirección y orientación de la política económica del Gobierno, de ahí que la jurisprudencia entienda que el precepto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, halle cobertura competencial en el Título competencial de ordenación general de la Economía (149.1.3 CE). Así el solo hecho de restringir temporalmente la Oferta Pública de Empleo como medida de política económica, tampoco resulta contraria al artículo 23.2 CE.
Finalmente tampoco se aprecia vulneración del artículo 28 CE, ni de los artículos del EBEP que cita el actor, respecto a la negociación colectiva pues ha quedado acreditado que la cuestión fue tratada en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Generalitat de Catalunya, con una propuesta de 1.230 plazas, tal como consta en el Certificado de la Secretaria de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Generalitat de Catalunya. Consta también en dicho certificado que se dio por efectuado el trámite sindical correspondiente previsto en el artículo 37.1 del EBEP. En este caso además, se está ante un Acuerdo que adopta una medida de política económica y que ha aplicado estrictamente una norma con rango legal en virtud de su potestad administrativa de organización y de dirección de la economía, y que en consecuencia se ha sujetado a las previsiones legales vigentes al respecto. La crisis económica justificaba la adopción de medidas tales como las que contempla el acuerdo recurrido.
Por otra parte, los principios de capacidad y mérito en el acceso a la función pública han de respetarse en las convocatorias que se hayan de efectuar para atender la oferta pública de empleo, pero no en la Oferta de Empleo Público. En este caso tampoco se aprecia la infracción de los artículos 9.3 y 106.1 CE.Tal como se acredita en la documental aportada a los autos y del expediente administrativo, la Administración ha concretado el objeto de la oferta de ocupación pública previo el cálculo de la tasa de reposición de efectivos y ello de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 21 de la Ley 36/2014, que es una norma básica a la cual aquella debía ajustarse. El expediente administrativo acredita que la Administración confeccionó la Oferta de Empleo Pública a través del Acuerdo impugnado y con sujeción estricta a lo dispuesto en el precepto que acabamos de citar. Por ello, tampoco puede apreciarse en su actuación, ni arbitrariedad ni falta de motivación.
QUINTO.- Por todo lo expuesto procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo; confirmar el Acuerdo impugnado; y de conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 LRJCA y dada la complejidad jurídica de la cuestión que en principio puede justificar la interposición del pleito, no efectuar declaración de expresa condena en costas.
PRIMERO.- Desestimar el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Jorge Rodríguez Simón y Don Xavier Casas Roque, en nombre y representación de la Federación de Serveis Públics (FSP) de la UGT de Catalunya, contra el Acord GOV/114/2015, de 21 de julio, que confirmamos por ser ajustado a Derecho.
SEGUNDO.- No imponer las costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, haciéndoles saber que al amparo de lo establecido en los arts. 86 y demás concordantes de la LJCA, en su redacción dada por la LO 7/2015, de 21 de julio y conforme establecen los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016 (BOE de 6 de julio de 2016) y 22 de julio de 2016 (del que se ha dado la oportuna publicidad a través de la sede electrónica del Consejo General del Poder Judicial y de la Oficina de Prensa del Tribunal Supremo), se informa a las partes que contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación por interés casacional por las partes legitimadas el cual deberá interponerse en el plazo máximo de TREINTA DÍAS a contar desde la notificación de la presente resolución o, en su caso, del auto de aclaración o integración de la misma, dictado al amparo del art. 267 de la LO 6/1985, sin perjuicio de lo establecido en el art. 135 de la LEC.
De este recurso conocerá, si procede, el Tribunal Supremo cuando se fundare en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora (art. 86.3 del LJCA) o la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Adminstrativo de este Tribunal Superior, cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma (art. 86.3 de la LJCA).
En todo caso, el escrito de preparación, que se presentará ante la Sala de instancia, deberá ajustarse a los requisitos formales y sustantivos establecidos en los artículos 87 bis; 88 y 89 (en especial apartado 2º de este último artículo) de la LJCA.
Si el conocimiento del recurso de casación fuera competencia del Tribunal Supremo el escrito de preparación deberá, además, ajustarse a lo establecido en los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016 y de 22 de julio de 2016, dictados al amparo del art. 87 bis de la LJCA, en aquello que sea aplicable.
A tales efectos, se informa a las partes de que no es posible la presentación del escrito por medios telemáticos ante este Tribunal.
PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo/a. Sr/ª. Magistrado/a Ponente que la suscribe, estando la Sala celebrando audiencia pública el día 18 de enero de 2017, fecha en que ha sido firmada la sentencia por todos los Sres. Magistrados que formaron Tribunal en la misma, de lo que yo el Letrado de la Administración de Justicia, Doy fe.
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