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Timestamp: 2019-07-17 12:44:57
Document Index: 324628116

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 137', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 46']

CPLT Jurisprudencia | Alberto Urzúa Toledo con SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN)
Alberto Urzúa Toledo con SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN) Rol: C755-10
Se reclamo el amparo en contra del SERNAGEOMIN, fundado en que dicho organismo le denegó su acceso de información sobre número de solicitudes de acceso a la información pública recibidas desde el 1° de enero hasta el 30 de junio de 2010. El Consejo señaló que de efectuarse el proceso de divisibilidad, es dable concluir que la entrega de los documentos requeridos no involucraría la afectación de los derechos de terceros, lo que lleva a desestimar la aplicación del procedimiento de oposición de terceros contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por resultar innecesario.
DECISIÓN AMPARO ROL C755-10
Entidad pública: Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)
Ingreso Consejo: 29.10.2010
En sesión ordinaria N° 227 de su Consejo Directivo, celebrada el 8 de marzo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del Amparo Rol C755-10.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de septiembre de 2010 don Alberto Urzúa Toledo solicitó la siguiente información al Servicio Nacional de Geología y Minería (en adelante, indistintamente, el SERNAGEOMIN o el Servicio):
2) RESPUESTA: El 5 de octubre de 2010 el SERNAGEOMIN denegó el acceso a la información requerida, argumentando que se trataría de un alto número de documentos, cuya entrega supone la sistematización, depuración y copiado de la información existente en sus registros, por lo que su atención distraería indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales.
3) AMPARO: El 28 de octubre de 2010 don Alberto Urzúa Toledo ante este Consejo reclamo el amparo a su derecho de acceso a la información solicitada al SERNAGEOMIN, fundado en que dicho organismo le denegó su acceso sin invocar causal de secreto o reserva alguna.
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Director Nacional del SERNAGEOMIN mediante Oficio N° 2.309, de 4 de noviembre de 2010, el que fue contestado por su Director Nacional Subrogante, mediante Ordinario N° 10.872, de 22 de noviembre de 2010, quien junto con reiterar lo contestado al reclamante, hizo presente que darle respuesta involucraría el trabajo de sus direcciones regionales, cuya dotación es menor a la existente en Santiago, y agregó que la demanda de información asumida con ocasión de lo acontecido en la Mina “San José” no le permitió contar con personal idóneo para compilar lo requerido.
En complemento de lo anterior, mediante Ordinario N° 12.287, de 24 de diciembre de 2010, el cita Director Nacional (S) hizo presente a este Consejo que a la época de la solicitud no existía un procedimiento regular de ingreso de las solicitudes. Sin embargo, adjuntó una planilla en la que informa sobre el ingreso de 20 solicitudes de acceso a información, su rol, fecha de ingreso, fecha de respuesta e individualización del número de la resolución mediante la cual se contestaron. Además, hizo presente que el Servicio ha contratado un abogado para atender las materias de transparencia.
Por lo tanto, no obstante que las solicitudes de acceso sean complemento directo de un acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por los artículos 4°, 9°, 10 y 20 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, la comunicación a terceros de algunos de los datos contenidos en ellas se encuentra vedado a los órganos de la Administración.
8) Que, por otra parte, tratándose de los requerimientos del Sr. Urzúa Toledo acerca de documentos que los órganos administrativos ya han entregado a terceros, es menester determinar si los efectos de las resoluciones que ordenaron su entrega son extensibles a todas las personas, deviniendo en públicos con efecto erga omnes.
Con todo, aunque pueda parecer extraño que idénticas solicitudes permitan el acceso sólo a determinados solicitantes, es menester reconocer que la aplicación de las causales de secreto o reserva depende de las circunstancias o elementos del caso concreto, entre las que se encuentran, ocasionalmente, la naturaleza del requirente y sus circunstancias. En efecto, en las siguientes decisiones de este Consejo puede apreciarse este fenómeno:
10) Que de las decisiones precitadas puede extraerse como criterio jurisprudencial que existe información que obra en poder de órganos de la Administración a la que sólo pueden acceder sujetos determinados. Esto puede ocurrir porque el ordenamiento jurídico proteja el derecho de la persona a excluir a terceros de su conocimiento o que se estime que el acceso universal podría afectar el debido funcionamiento del órgano. En base a ello, cabe sostener que en las decisiones en comento el Consejo ha declarado implícitamente el carácter reservado de los documentos requeridos con carácter general, identificando al solicitante como un sujeto excepcionalmente autorizado para acceder a la misma. Por lo tanto, en hipótesis como las antes descritas la resolución del órgano administrativo que ordena la entrega de la información no está declarando el carácter público de los documentos requeridos —pues éste opera erga omnes— sino sólo el acceso a favor de un sujeto determinado. Esto ocurrirá, en general, cuando la causal de reserva se encuentra en beneficio del propio solicitante, pues está consagrada para proteger bienes jurídicos particulares –sus derechos–, o existe una regla especial que autoriza el acceso a la información a favor de sujetos determinados legalmente –por ejemplo, el artículo 137 del Estatuto Administrativo- o por la jurisprudencia de este Consejo –por ejemplo, fichas clínicas de personas fallecidas–.
11) Que en cuanto a las solicitudes de acceso, su interposición genera una relación jurídica administrativa regida por las normas previstas en la Ley de Transparencia y, supletoriamente por la Ley N° 19.880, la que concluye con la dictación de un pronunciamiento por parte de la autoridad pública, en el desempeño de sus funciones. No puede sino ser de conocimiento del particular el carácter público que tienen tanto el destinatario, como el medio utilizado y el tenor de lo requerido. Consecuentemente, éstas no pueden ser calificadas como “comunicaciones privadas”, en los términos del artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República. Lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las reglas de reserva expresadas en los considerandos precedentes.
12) Que en concordancia con las reglas de reserva descritas en los considerandos precedentes, es dable concluir que el contenido dañoso de la divulgación de los documentos requeridos por el Sr. Urzúa Toledo radica:
13) Que el proceso de disociación de la información puede efectuarse en dos formas: (a) tachando los datos que individualizan a los solicitantes o (b) tachando los datos personales o sensibles de los mismos, así como “lo pedido” por éstos. Sin embargo, atendido el tenor expreso de la solicitud del reclamante, resulta claro que ésta requiere la divulgación expresa del contenido de la solicitud (“lo pedido”), pues así lo indica el requerimiento de información sistematizada al que hace mención en su solicitud, mientras que la identidad del reclamante se encuentra incorporado, exclusivamente, como contexto de la solicitud de copia íntegra de la presentación de los reclamante. Por lo tanto, al momento de resolver su entrega, deberá preferirse por disociar la identidad de éstas de la información requerida, mediante la tacha de los datos que permiten su individualización. En refuerzo de tal aserto, cabe señalar que este proceso impediría errores por parte de los órganos de la Administración en la determinación de los datos que deberán calificar como personales o sensibles, y cuándo divulgar “lo pedido” involucraría afectar los derechos de los terceros.
14) Que, en ese contexto, cuando el contenido dañoso de la divulgación radique en las hipótesis a) y b) del considerando 12° precedente, para dar respuesta a la solicitud del Sr. Urzúa Toledo, los órganos administrativos, en aplicación del principio de divisibilidad, deberán disociar a los solicitantes (terceros) de la información requerida, tachando los datos que permiten su individualización, tales como su nombre, RUT y domicilio. En cambio, en la hipótesis descrita en la letra c) del considerando 12°, los órganos deberán denegar la entrega de los documentos a los que accedieron los solicitantes (terceros) por tratarse de información reservada, salvo las excepciones reseñadas, entre las que no se encuentre el Sr. Urzúa. Lo anterior, sin perjuicio de la divulgación de la solicitud y resolución que resuelve la misma, previa aplicación del criterio de divisibilidad expresado precedentemente.
15) Que de efectuarse el proceso de divisibilidad antedicho, es dable concluir que la entrega de los documentos requeridos por el Sr. Urzúa Toledo no involucraría la afectación de los derechos de terceros, lo que lleva a desestimar la aplicación del procedimiento de oposición de terceros contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por resultar innecesario.
Sin perjuicio de lo anterior, es menester hacer presente que el proceso de divisibilidad indicado en el considerando precedente responde a la omisión del procedimiento de oposición contenido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que, conforme se indicó en el considerando 10°, al revisar la solicitud en comento, los órganos requeridos debieron verificar si la divulgación de la información podría afectar los derechos de los terceros (solicitantes) y, en tal caso, notificar a éstos el requerimiento de información. Ahora bien, dicho reproche no cabe en los casos en que se estime que abordar dicho procedimiento de notificación afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, caso en que podría haberse denegado el acceso a la información en virtud de dicha causal.
16) En base a lo expuesto, es posible identificar las siguientes tareas de los órganos de la Administración para dar respuesta a las solicitudes del reclamante:
17) Que en cuanto a la sistematización por parte de los órganos requeridos de la información solicitada, cabe recordar que en virtud de los dispuesto por la Ley de Transparencia, los órganos de la Administración del Estado, a efectos de satisfacer adecuadamente el derecho de acceso a la información pública, han debido adoptar las medidas necesarias para gestionar oportunamente –y conforme al procedimiento administrativo descrito en los considerandos 3° y 4° precedentes– las solicitudes de acceso a la información que se les presenten. En efecto, para dar cumplimiento de tales obligaciones legales, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Comisión de Probidad y Transparencia dispuso en su oportunidad la creación e implementación del “Sistema de Gestión para Solicitudes de Información”, el cual es utilizado por el SERNAGEOMIN (disponible en: http://www.sernageomin.cl/sgs2/index.php?accion=Home).
18) Que teniendo presente el nivel de sistematización en que se encuentra la información solicitada, para determinar la concurrencia de la causal de reserva invocada, deberá atenderse, exclusivamente, al volumen de información involucrado. De hecho, el órgano requerido no ha proporcionado otros antecedentes para acreditar la afectación al debido cumplimiento de sus funciones ni ha manifestado, a efectos de contextualizar la supuesta distracción indebida, la carga de trabajo de los funcionarios encargados, el tiempo estimado en recopilar, evaluar, reproducir y tachar la información requerida. En efecto, como ha señalado este Consejo en su decisión del amparo Rol A39-09, no basta con la simple alegación de configurarse una causal de reserva, sino que ésta debe probarse por quien la alega debido a que de esta circunstancia dependerá la extinción del deber de entregar la información.
Sobre el particular, según informó el órgano requerido, el número de expedientes cuya revisión involucra la solicitud del reclamante es el siguiente: 20.
19) Que, conforme a lo anterior, en cuanto al requerimiento de una copia de las solicitudes de acceso, sus resoluciones y la información entregada en virtud de ellas –descrita en la letra a) del considerando 1° de esta decisión–, se resolverá, en definitiva, requerir al SERNAGEOMIN hacer entrega de los documentos requeridos, previa aplicación del procedimiento de divisibilidad descrito en el considerando 14° de esta decisión, fundado en que la revisión del número de expedientes involucrados no supone la afectación de sus funciones, toda vez que éstos comprenden menos de la décima parte de la revisión que ha efectuado el Ministerio de Educación sin estimar afectado el cumplimiento de sus funciones, tal como se constata en la decisión de amparo Rol C783-10, también presentado por el Sr. Urzúa Toledo, y, además, el número de expedientes involucrados es similares a los contestados por otros órganos de la Administración de similares características, como lo es Superintendencia de Valores y Seguros, la cual, según hizo presente a este Consejo el reclamante, accedió a la entrega de los documentos contenidos en 55 de sus expedientes de acceso a la información.
20) Que en cuanto a la solicitud de los datos sobre la tramitación de las solicitudes de información del órgano consultado –descrita en la letra b) del considerando 1° de esta decisión–, en primer lugar, la solicitud de una “transcripción de cada solicitud” y el “tipo de respuesta entregadas por el organismo” se entienden satisfechas mediante la entrega de una copia de las solicitudes y resoluciones requeridas.
21) Que, por otra parte, según se observa en los antecedentes aportados por el reclamante y el órgano requerido, el SERNAGEOMIN no dio respuesta al reclamante sobre esta materia, pero ha acompañado a este Consejo una planilla en que indica el número de solicitudes presentadas en el periodo indicado por el reclamante, el número de rol asignado a éstas, su fecha de ingreso al organismo, el número de rol de su respuesta y la fecha de la misma. En consecuencia, es menester representar al Servicio su falta de respuesta a la solicitud del reclamante dentro del plazo legal y requerirle hacer entrega al reclamante de la planilla acompañada a este Consejo.
I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Alberto Urzúa Toledo en contra de la Servicio Nacional de Geología y Minería, por los fundamentos indicados en la parte considerativa del presente acuerdo.
II. Requerir al Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería:
a) Hacer entrega al reclamante de los documentos escritos en la letra a) del considerando 1° de esta decisión, previa aplicación del procedimiento de divisibilidad descrito en su considerando 14°.
b) Hacer entrega al reclamante de la planilla acompañada a este Consejo en sus descargos y observaciones.
c) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.
d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que este Consejo pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.