Source: http://cemabog.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11:viii-congreso-palma-de-mallorca-1994&catid=2:anteriores&Itemid=5
Timestamp: 2017-06-27 06:56:42
Document Index: 157310918

Matched Legal Cases: ['artículo 425', 'artículo 153', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 104', 'artículo 78', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 23', 'artículo 219', 'artículo 220', 'artículo 219']

VIII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Palma de Mallorca 1994
VIII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Palma de Mallorca 1994	“Violencia contra las Mujeres: Ámbito doméstico, Medios de Comunicación y Publicidad.
CONCLUSIONES A LA PONENCIA:“LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA Y EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES”
La violencia doméstica no pertenece al ámbito jurídico privado, es una evidente violación de derechos, un delito contra la libertad y la dignidad de la persona. Se trata en el ámbito de las relaciones sociales que exige una respuesta jurídica y una respuesta político-social, por lo que recomendamos la adopción de las siguientes medidas:
I - MEDIDAS JURÍDICAS
Contemplar el artículo 425 del Código Penal en los siguientes aspectos:
1.- Establecer como bien jurídico protegible en este tipo penal los derechos y libertades individuales de las personas que integran la unidad de convivencia y no la institución familiar.
2.- Recoger las agresiones psíquicas como conducta tipificada.
3.- Declarar además como sujetos pasivos del delito a los siguientes:
a) Los menores bajo guarda y custodia exclusiva de uno de los convivientes.
b) Los menores sujetos a curatela
d) Sujetos que hayan roto su vínculo de convivencia.
4.- Incluir medidas que garanticen el alejamiento del agresor con respecto a la víctima, cuyo contenido y duración determinará, en cada caso, el Juez que aplique la medida.
Cuando se acrediten agresiones a menores, imponer la privación de la patria potestad.
Respecto al artículo 153 del Proyecto de Código Penal (Malos tratos habituales) contemplar en dicho artículo la violencia psíquica y ampliar el sujeto activo y pasivo a quienes hayan mantenido relaciones de afectividad o convivencia matrimoniales o análogas.
II - MEDIDAS INSTITUCIONALES
Consideramos necesario en las denuncias y procedimientos en los que se sustancien casos de malos tratos atender a los siguientes criterios:
1.- Que las denuncias presentadas ante los Juzgados de Guardia y comisarías recojan de forma exhaustiva todos y cada uno de los hechos expuestos por las víctimas, incoándose acciones penales por cada uno de los presuntos delitos.
2.- Que en los protocolos que la policía tiene respecto a la denuncia de la víctima de malos tratos se establezca que obligatoriamente constará en la denuncia si la denunciante ha sufrido malos tratos anteriores causados por el mismo agresor.
3.- Dada la naturaleza del delito, proceder al carácter prioritario y sumario a ese tipo de procedimientos, debiéndose practicar el reconocimiento de la víctima por el médico forense, con carácter inmediato a la presentación de la denuncia.
4.- La calificación del Ministerio Público deberá recoger los daños y secuelas psíquicas de la víctima y solicitar la correspondiente indemnización.
5.- La valoración por los Jueces de la declaración de la víctima en los procesos por malos tratos, deberá ajustarse a los mismos criterios que en el supuesto de delitos de otra naturaleza.
Denunciamos la dejación por parte de Jueces y Fiscales del deber de iniciar actuaciones penales por malos tratos cuando tienen conocimiento de los mismos durante la sustanciación de procesos civiles.
III - MEDIDAS SOCIOECONÓMICAS
La violencia contra las mujeres es otra forma de discriminación hacia un grupo social, justificada o tolerada por acción u omisión, por la sociedad, las ideologías, la educación en valores, que se continúa practicando, no sólo, por conductas individuales eventualmente patológicas, haciendo necesaria la realización de las siguientes actuaciones:
1.- Educación de todas las personas en la paz, en la solidaridad, el respeto, la igualdad, la tolerancia y contra la violencia.
2.- Los Poderes Públicos deben cumplir con el mandato establecido en el artículo 9 de la Constitución para conseguir que el principio constitucional de igualdad social y económica de las mujeres sea real y efectiva.
3.- Dada la precariedad económica que sufren las mujeres y para viabilizar las denuncias por malos tratos se deberán adoptar las siguientes medidas económicas:
- Reserva de viviendas sociales para las víctimas de malos tratos.
- Los presupuestos de las Administraciones Locales deben contemplar una dotación económica para resolver los problemas inmediatos de las mujeres que denuncien malos tratos.
- Dotación económica para la formación laboral y profesional de las mujeres que sufren malos tratos.
4.- Desde la Administración Pública deberán efectuar y cofinanciar periódicamente campañas de:
a) Autoestima para las víctimas de malos tratos.
b) De concienciación social, para reafirmar el carácter delictivo de los malos tratos en el ámbito doméstico, y de la necesidad del reproche social y condena a los autores de los mismos.
5.- Las Administraciones Públicas deberán crear una red de asistencia, capaz de hacer llegar a todos aquellos grupos de población, susceptibles de ser víctimas de malos tratos, el conocimiento de sus derechos y recursos disponibles.
CONCLUSIONES A LA PONENCIA: ALTERNATIVAS QUE CONTRIBUYEN A ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: DERECHO COMPARADO
1ª.- Crítica al Poder Judicial por la falta de sensibilidad suficiente ante el problema de la violencia contra las mujeres y por su reticencia a la aplicación del tipo penal de malos tratos habituales.
2ª.- Creación de la figura fiscal especial con dedicación exclusiva para l intervención y el seguimiento de todos los asuntos relativos a la violencia en el ámbito familiar.
3ª.- Tramitación de los procedimientos penales aplicables a la violencia doméstica con la máxima celeridad y sin dilaciones, con intervención desde el principio y de forma continuada del Ministerio Público.
4ª.- Desarrollo y aplicación del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referido a la protección de los perjudicados. Como consecuencia de ello, adopción por el Juez Instructor de medidas cautelares de protección a las víctimas de malos tratos.
5ª.- Inclusión en nuestro Ordenamiento Jurídico, ponderando los derechos a la vida, integridad física y moral, libertad y seguridad de la víctima con la presunción de inocencia del presunto delincuente, de medidas de protección a las víctimas de malos tratos que incluiría entre otras las siguientes:
a) Expulsión del agresor del domicilio y prohibición de acceso a él.
b) Prohibición de acceso en la calle o bario en que vive o trabaja la víctima o de contactar con ella u otras personas de su entorno familiar, social o laboral.
c) Protección policial.
d) Presentación periódica del agresor.
e) Conexión del teléfono de la víctima al circuito de llamadas maliciosas para ampararla frente a agresiones que utilizan este medio de comunicación.
f) Retención de armas.
6ª.- Protección de la intimidad de la víctima en el sentido que sólo podrá ser interrogada sobre su vida privada si ello fuere imprescindible para la búsqueda de la verdad.
7ª.- Establecimiento de una ayuda financiera especial para mujeres económicamente dependientes que les permita beneficiarse de asistencia jurídica a través de letrado/a de su elección. (Esta conclusión se corresponde con la Recomendación 23 del Parlamento Europeo).
8ª.- Reforma del artículo 104 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal suprimiendo toda referencia a los malos tratos inferidos por los maridos a sus mujeres y a la desobediencia o malos tratos de éstas para con aquellos, como supuestos en que las faltas correspondientes sólo pueden ser perseguidos a instancia de los ofendidos o sus legítimos representantes.
9ª.- Actuación de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad de acuerdo con las directrices impuestas por las Leyes, en los delitos de malos tratos, con el mismo rigor que ante otros ilícitos penales. Además de proteger a las personas que lo demanden en el mantenimiento de la tranquilidad y seguridad personal.
CONCLUSIONES A LA PONENCIA:“AGRESIONES SEXUALES EN LA FAMILIA”
1ª.- La primera cuestión fundamental será que se elaboren estadísticas diferenciadas de modo que:
a) El Ministerio del Interior desglose los datos de denuncias de agresión o abuso sexual especificando el parentesco o relación don la víctima.
b) La Memoria de la Fiscalía, desglose de las denuncias recibidas, determinando el parentesco o relación del agresor con la víctima, especificando el número de archivos, el número de absoluciones, el número de condenas, detallando si por abuso, violación o estupro y las veces que se aplicó la agravante de parentesco reseñando también en su caso la edad de las víctimas, todo ello relacionado porcentualmente con el total de los asuntos relativos a agresiones sexuales y demás causas penales.
2ª.- Otra cuestión urgente es la reforma procesal relativa a las exploraciones y declaraciones de los menores en los procesos penales. Es imprescindible que la persecución penal no aumente la lesión psíquica y por tanto la investigación criminal y el sistema de pruebas se realice desde una perspectiva no sólo respetuosa sino incluso protectora. En este sentido nos adherimos a la propuesta del equipo multidisciplinar coordinado por la fiscal Dª Teresa Compte, si bien estimamos que las medidas previstas hasta los 7 años deberían serlo hasta los 12.
3ª.- Debería propiciarse la habilitación en uno de los juzgados de instrucción de guardia para la tramitación de las medidas provisionales de primera fase en casos de agresiones físicas, psíquicas o sexuales entre cónyuges o a los hijos en las que se dictara con urgencia el correspondiente Auto.
4ª.- Los indicios racionales de agresión física, psíquica o sexual al cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, exconviviente o hijos debería ser merecedora de la inmediata suspensión de las visitas o comunicaciones con los menores.
5ª.- En los hospitales que tienen servicios de pediatría, debería crearse, al menos en uno por ciudad, un equipo multidisciplinar que actuara de inmediato en los casos de agresión sexual a menores.
6ª.- Aplicar las peticiones del Parlamento Europeo contenidas en la resolución de 1986 (D.O.C.E. de 11/06/86) y en especial las siguientes:
a) Que se revise la Ley sobre ataques sexuales, para reducir al mínimo el papel de la apreciación del Juez (petición 5ª).
b) Formación amplia de jueces y abogados sobre las agresiones sexuales, con el fin de erradicar actitudes sexistas y obsoletas (petición 7ª).
c) Que las agresiones sexuales, tanto si se trata de agresiones individuales como en grupo, sean consideradas un delito por el que NO sólo la parte ofendida pueda iniciar el proceso (petición 11ª).
d) A fin de proteger la sensibilidad de la víctima, debe existir la posibilidad de hacer declaraciones juradas al Juez de Instrucción y que se tomen todas las medidas necesarias para asegurar que la víctima esté protegida (petición 21ª).
e) El establecimiento de una ayuda financiera especial para mujeres económicamente dependientes que les permita beneficiarse de la asistencia jurídica, especialmente de un abogado a su elección en caso de una actuación judicial. Solamente de esta forma se pondrá fin a las desigualdades socioeconómicas de la mujer ante el derecho de ser defendida, y por otra parte, ante posibles presiones ejercidas por el resto de la familia o por las personas que le rodean (petición 23ª).
f) Que las autoridades nacionales y locales encargadas de la vivienda aseguren el aumento de disponibilidad de refugios a corto plazo, para períodos posiblemente de sólo una o dos noches, para mujeres y niños que necesiten un sitio a donde ir durante un prevé período de tiempo (petición 25ª).
7ª.- Respecto del Proyecto del Código Penal en los artículos 171 y 175 , debería incluirse a los parientes por consanguinidad o afinidad y especificar las circunstancias para limitar el arbitrio judicial.
8ª.- No debería facultarse en el artículo 78 del mismo Proyecto, al Juez de Vigilancia Penitenciaria para la derogación de la medida que el mismo contempla, cuando ha sido acordada como se prevé, por el Tribunal.
9ª.- En los casos de agresión sexual, los Jueces de Instrucción deberán incoar el procedimiento que corresponda a la acusación más grave como garantía de la víctima y forma de discriminación positiva en el ámbito procesal para evitar la minusvaloración actual de las agresiones.
10ª.- El Consejo General del Poder Judicial debería iniciar cursos especializados continuos a todos los Jueces de Instrucción, de lo Penal y de las Salas de la Audiencia sobre las materias referidas.
11ª.- El Ministerio de Justicia debería adoptar resoluciones que conlleven directrices concretas de tratamiento de las víctimas de agresiones en la línea de actuación emprendida por la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Cataluña y realizar un protocolo para evitar mayores sufrimientos a las víctimas.
12ª.- Es inadmisible que los Tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo, continúen aplicando el error de prohibición vencible para aminorar la pena de la violación dentro del matrimonio.
13ª.- Hacer un llamamiento a las Instituciones responsabilizadas del enjuiciamiento, custodia, prisión y vigilancia penitenciaria para que tengan la máxima preocupación en la exigencia de comportamientos diferenciados para la obtención de beneficios penitenciarios en los presos inculpados o condenados por delitos de estas características.
14ª.- Obligación de resarcir a las víctimas por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia en los casos en que al disfrutar de permisos, régimen abierto o libertad condicional un recluso condenado por agresión sexual causare nuevas agresiones o abusos.
15ª.- Realizar campañas de información y sensibilización sobre las agresiones sexuales en la familia y de los recursos legales y sociales de protección a las víctimas.
16ª.- Denunciar la conducta de quienes siendo responsables de la concesión de libertad provisional, permisos, régimen abierto y libertad condicional a personas con indicios racionales de haber cometido agresiones sexuales o condenados por estos delitos, no actúan en consecuencia con la gravedad de los mismos, teniendo en cuenta el peligro que representan para el conjunto de mujeres.
CONCLUSIONES A LA PONENCIA:“¿ES DISCRIMINATORIA LA PUBLICIDAD?”
1ª.- Creación de una comisión de vigilancia de las campañas de publicidad y demás contenidos de los medios de comunicación, con participación de todos aquellos Institutos de la Mujer, tanto autonómicos como estatal, con competencias para ello.
2ª.- Instar al Fiscal General del Estado que en cumplimiento de los previsto en el artículo 3, apartados 3 y 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dirija Circular a todos los fiscales para que éstos ejerciten las acciones previstas en la Ley General de Publicidad contra los anunciantes que incurran en publicidad ilícita según las definiciones que de ésta hace la citada Ley, así como la Ley 25/94, de 12 de julio, instando en este último caso del organismo competente (Ministerio o Consejo de Ministros) la imposición de las oportunas sanciones.
3ª.- Instar de los distintos Institutos de la Mujer, tanto estatal como los autonómicos, la concesión de fondos a asociaciones de mujeres con destino a la interposición y seguimiento de procedimientos contra la publicidad discriminatoria.
4ª.- Que las Instituciones Públicas, en la publicidad contratada por éstas, respeten el artículo 9.2 de la Constitución, comprometiéndose en la eliminación de obstáculos y en la promoción de un tratamiento igualitario entre ambos sexos.
5ª.- Se hace una llamamiento expreso a las mujeres, a las asociaciones de mujeres y a las de consumidores y usuarios para que ejerciten las acciones previstas en la Ley General de Publicidad respecto a toda aquella que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los derechos reconocidos en la Constitución.
6ª.- Se insta a la Administración a los efectos de que se forme un fondo económico procedente de las sanciones administrativas derivadas de la aplicación de la Ley General de Publicidad y se destine exclusivamente a la promoción institucional de publicidad en contra de la discriminación de la mujer.
CONCLUSIONES A LA PONENCIA: “ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS PROYECTOS DE REFORMAS LEGISLATIVAS QUE AFECTAN A LAS MUJERES”
- RESPECTO AL PROYECTO DE LEY SOBRE REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL:
Se constituye una Comisión de estudio entre las participantes en este VIII Congreso de Mujeres Abogadas que teniendo en cuenta las conclusiones aprobadas en congresos anteriores, lleve a cabo un seguimiento de las actuaciones parlamentarias que vayan produciéndose en este tema a fin de influir en las enmiendas que se realicen, manteniendo informadas a las abogadas que han participado en este Congreso
- RESPECTO DEL PROYECTO DE L.O. DE CÓDIGO PENAL PARA AQUELLOS ARTICULADOS NO ESTUDIADOS PREVIAMENTE EN LAS DISTINTAS PONENCIAS:
a) Con relación al artículo 23 párrafo segundo debería adicionarse:
“En todo caso, en los delitos contra la persona, será circunstancia agravante de responsabilidad cuando el agresor y la víctima conviven en el mismo domicilio”.
b) Con relación al delito de Impago de pensiones:
** Debería modificarse el artículo 219 relativo al delito de abandono de familia por impago de pensiones establecidas en Resoluciones Judiciales en procesos de separación, nulidad, divorcio, filiación y alimentos, en los siguientes aspectos:
1º. En cuanto al tipo, que desaparezca la referencia “a favor de hijos no matrimoniales”, permaneciendo todos los procesos de alimentos.
2º. Que la condena sea de arresto de ocho a veinte fines de semana.
** Que el artículo 220 , que establece el requisito de previa denuncia del ofendido, así como que el perdón del mismo extingue la acción penal y la pena, no sea de aplicación al delito de abandono de familia por impago de pensiones establecido en el artículo 219.
c) El plenario del congreso se pronuncia rotundamente en contra de la permanencia del aborto consentido por la mujer en el actual Proyecto de Código Penal.
- RESPECTO AL ANTEPROYECTO DE L.O. DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO:
a) Entendemos que el Anteproyecto de L.O. de Interrupción voluntaria del embarazo es un avance teórico importante respecto de la situación legal actual, porque recoge el derecho de las mujeres a decidir interrumpir su gestación, conforme la Recomendación del Parlamento Europeo de 1991.
b) Rechazamos los requisitos incluidos en el Anteproyecto como supuestos garantes de la vida en formación porque no son sino obstáculos al derecho a decidir de las mujeres, que vulneran, además, sus derechos fundamentales a la libertad, dignidad, intimidad y libre desarrollo de su personalidad.
c) Mostramos nuestra perplejidad de que se obligue a las mujeres a reflexionar durante tres días sobre su decisión cuando todo un Estado reflexiona sobre la elección de sus representantes en un sólo día.
d) Afectando la interrupción voluntaria del embarazo a la salud de las mujeres, exigimos su inclusión en el sistema público de salud en todos los supuestos.
e) La obligación del Estado de proteger la vida en formación debe hacerse fuera del Código Penal. Esta posibilidad fue contemplada ya en el año 1985 por los Magistrados del Tribunal Constitucional D. Jerónimo Arozamena, D. Angel Latorre y D. Manuel Díez de Velasco.
- ESTANDO ACTUALMENTE EN DISCUSIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO, APROBAMOS LA SIGUIENTE CONCLUSIÓN:
Que las resoluciones judiciales recaídas en controversias sobrevenidas en el arco del derecho de familia sean de acatamiento automático en cualquier país perteneciente al territorio de la Unión Europea.
CONCLUSIÓN APROBADA POR EL PLENARIO AL MARGEN DE LAS DISTINTAS PONENCIAS Y PROYECTOS DE REFORMAS LEGISLATIVAS
Este congreso acuerda mantener un seguimiento permanente sobre el cumplimiento de la Justicia, de su deber de tutelar los derechos de las mujeres y para llevarlo a la práctica crea una comisión que haga evaluación en este sentido, evaluación que una vez esté aprobada por el siguiente congreso, formulará a las autoridades pertinentes las observaciones que estime necesarias.
Palma de Mallorca, octubre de 1994