Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0394+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
Timestamp: 2018-08-21 00:33:46
Document Index: 169694907

Matched Legal Cases: ['artículo 294', 'artículo 55', 'artículo 355', 'artículo 6', 'artículo 290', 'artículo 290', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 15', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 15', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 14', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 15', 'Artículo 8', 'artículo 15', 'Artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 15', 'artículo 5', 'Artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 23', 'Artículo 15', 'artículo 8', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 13', 'Artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 114', 'artículo 33', 'artículo 290', 'artículo 291', 'Artículo 55']

INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 - A8-0394/2017
Procedimiento : 2016/0413(COD)
Ciclo relativo al documento : A8-0394/2017
OJ 11/09/2018 - 52
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sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005
Ponente: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0825),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 33 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0001/2017),
– Vistas las contribuciones presentadas por la Cámara de Diputados checa y las Cortes Generales españolas sobre el proyecto de acto legislativo,
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 27 de abril de 2017(1),
– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento interno,
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0394/2017),
(2 bis) Los delincuentes introducen efectivo de contrabando en la Unión pero no se dispone de estimaciones claras acerca de la magnitud y el valor de las sumas introducidas de contrabando a través de las fronteras. La responsabilidad de la detección, el registro y la investigación de la circulación de efectivo está fragmentada entre los Estados miembros y es posible que las autoridades nacionales se enfrenten a obstáculos legales que impiden a las autoridades aduaneras controlar o notificar el efectivo que entra o sale de la Unión. Algunos efectos al portador de gran valor distintos del efectivo, como oro, diamantes, tarjetas de prepago, monederos electrónicos y acciones al portador, rara vez se notifican debido a la dificultad para detectarlos o porque actualmente no entran dentro del ámbito de aplicación de las reglamentaciones relativas al efectivo en la mayoría de los Estados miembros.
Enmienda2
(4) Ante el riesgo de que la aplicación de la Directiva 91/308/CEE provocara un aumento de los movimientos de efectivo con fines ilícitos que supusiera una amenaza para el sistema financiero y el mercado interior, dicha Directiva se complementó con el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo20. El mencionado Reglamento está destinado a evitar y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante el establecimiento de un sistema de controles aplicables a las personas físicas que entren o salgan de la Unión llevando consigo importes de efectivo o efectos negociables al portador iguales o superiores a 10 000 EUR, o su equivalente en otras monedas.
(4) Ante el riesgo de que la aplicación de la Directiva 91/308/CEE provocara un aumento de los movimientos de efectivo con fines ilícitos que supusiera una amenaza para el sistema financiero y el mercado interior, dicha Directiva se complementó con el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo20. El mencionado Reglamento está destinado a evitar y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante el establecimiento de un sistema de controles aplicables a las personas físicas que entren o salgan de la Unión llevando consigo importes de efectivo iguales o superiores a 10 000 EUR, o su equivalente en otras monedas. La expresión «entrada o salida de la Unión» debe definirse tomando como referencia el territorio de la Unión según se define en el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de garantizar que el presente Reglamento tenga el mayor ámbito de aplicación posible y que ningún espacio, como las zonas francas, las zonas de tránsito internacional y otras zonas similares, quede exento de su aplicación y brinde la oportunidad de eludir los controles aplicables.
20 Reglamento (CE) n.º 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad (DO L 309 de 25.11.2005, p. 9).
(4 bis) La importancia que reviste el control de los movimientos de entrada o salida de efectivo de la Unión ha quedado patente con las anomalías expuestas por Europol, a saber que, a pesar de que se ha registrado un aumento constante del uso de métodos de pago distintos del efectivo y un descenso moderado del uso de efectivo para realizar pagos, el valor total de los billetes denominados en euros en circulación sigue aumentando por encima de la tasa de inflación y se ha mantenido la demanda de billetes de alta denominación, que normalmente no se asocian a los pagos, lo cual podría apuntar a un vínculo con actividades delictivas, como se indica en el informe de 2015 de Europol titulado «Why is Cash still King?» (¿Por qué el efectivo sigue siendo el rey?).
(6) La Directiva (UE) 2015/849 identifica y describe una serie de actividades delictivas cuyos beneficios pueden ser objeto de blanqueo de capitales o utilizarse para la financiación del terrorismo. A menudo, los beneficios derivados de dichas actividades delictivas son transportados a través de las fronteras exteriores de la Unión a fin de ser utilizados con fines de blanqueo y financiación del terrorismo. El presente Reglamento debe tener en cuenta ese fenómeno y establecer un sistema de normas que, además de contribuir a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo como tales, facilite la detección e investigación de las actividades delictivas definidas en la Directiva (UE) 2015/849.
(6) La Directiva (UE) 2015/849 identifica y describe una serie de actividades delictivas cuyos beneficios pueden ser objeto de blanqueo de capitales o utilizarse para la financiación del terrorismo. A menudo, los beneficios derivados de dichas actividades delictivas son transportados a través de las fronteras exteriores de la Unión a fin de ser utilizados con fines de blanqueo y financiación del terrorismo. El presente Reglamento debe tener en cuenta ese fenómeno y establecer un sistema de normas que, además de contribuir a la prevención del blanqueo de capitales, incluidos los delitos principales como los delitos fiscales, y la financiación del terrorismo como tales, facilite la detección e investigación de las actividades delictivas definidas en la Directiva (UE) 2015/849, así como aquellas que afecten a la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros.
(8 bis) El presente Reglamento no tiene como consecuencia modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta).
(9 bis) Un conjunto armonizado de normas de la Unión que permitan el control de los movimientos de efectivo dentro de la propia Unión favorecería enormemente los esfuerzos para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Enmienda7
(11) Teniendo en cuenta su presencia en las fronteras exteriores de la Unión, su pericia en la realización de controles de pasajeros y de mercancías que cruzan las fronteras exteriores y la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1889/2005, las autoridades aduaneras deberían continuar actuando en calidad de autoridades competentes a los efectos del presente Reglamento. Al mismo tiempo, es preciso que los Estados miembros sigan pudiendo designar a otras autoridades nacionales en las fronteras exteriores para que actúen como autoridades competentes.
(11) Teniendo en cuenta su presencia en las fronteras exteriores de la Unión, su pericia en la realización de controles de pasajeros y de mercancías que cruzan las fronteras exteriores y la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1889/2005, las autoridades aduaneras deberían continuar actuando en calidad de autoridades competentes a los efectos del presente Reglamento. Al mismo tiempo, es preciso que los Estados miembros sigan pudiendo designar a otras autoridades nacionales en las fronteras exteriores para que actúen como autoridades competentes. El personal de las autoridades aduaneras y otras autoridades nacionales debe recibir una formación específica sobre la cómo determinar la existencia de blanqueo de capitales basado en el uso de efectivo, y los Estados miembros deben asignar recursos en función del análisis de riesgos y no desatender los controles necesarios de las aeronaves y yates privados que entran y salen de sus territorios.
(12) Uno de los conceptos clave utilizado por el presente Reglamento es el de «efectivo», cuya definición debe incluir cuatro categorías: dinero en metálico, efectos negociables al portador, materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez y tarjetas de prepago. Habida cuenta de sus características, es probable que determinados efectos negociables al portador y materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez, así como ciertas tarjetas de prepago que no estén vinculadas a una cuenta bancaria se utilicen en sustitución del dinero en metálico como medios anónimos de transferencia de valor a través de las fronteras exteriores imposibles de rastrear por las autoridades públicas mediante el sistema de supervisión tradicional. Procede que el presente Reglamento establezca los elementos esenciales de la definición de «efectivo», autorizando al mismo tiempo a la Comisión a modificar sus elementos no esenciales para contrarrestar los esfuerzos de los delincuentes y de sus cómplices por eludir una medida que solo permite controlar un tipo de depósito de valor de elevada liquidez transportando otro tipo de valor a través de las fronteras exteriores. Si se demuestra que se ha producido un comportamiento de este tipo a una escala apreciable, es esencial adoptar con rapidez medidas que remedien la situación.
(12) Uno de los conceptos clave utilizado por el presente Reglamento es el de «efectivo», cuya definición debe incluir cuatro categorías: dinero en metálico, efectos negociables al portador, materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez y tarjetas de prepago anónimas. Habida cuenta de sus características, es probable que determinados efectos negociables al portador y materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez, así como tarjetas de prepago anónimas que no estén vinculadas a una cuenta bancaria se utilicen en sustitución del dinero en metálico como medios anónimos de transferencia de valor a través de las fronteras exteriores imposibles de rastrear por las autoridades públicas mediante el sistema de supervisión tradicional. Las autoridades aduaneras se enfrentan en la actualidad a dificultades técnicas cuando han de comprobar la cantidad de dinero almacenada en las tarjetas de prepago en un breve plazo de tiempo. Por consiguiente, procede que el presente Reglamento establezca los elementos esenciales de la definición de «efectivo», autorizando al mismo tiempo a la Comisión a modificar sus elementos no esenciales para contrarrestar los esfuerzos de los delincuentes y de sus cómplices para eludir una medida que solo permite controlar un tipo de depósito de valor de elevada liquidez transportando otro tipo de valor a través de las fronteras exteriores. Si se demuestra que se ha producido un comportamiento de este tipo a una escala apreciable, es esencial adoptar con rapidez medidas que remedien la situación. A pesar del alto riesgo que plantean las monedas virtuales, tal como se pone de manifiesto en el informe de la Comisión de 26 de junio de 2017 sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas1 bis, las autoridades aduaneras carecen de recursos suficientes para controlarlas.
1 bis COM(2017) 340 y SWD(2017) 241.
(15) Las tarjetas de prepago son tarjetas no nominales que almacenan valor monetario o fondos que pueden utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para obtener dinero en metálico, y que no están vinculadas a una cuenta bancaria. Estos instrumentos son ampliamente utilizados con diversas finalidades legítimas y algunos de ellos presentan además un claro interés social. Por su naturaleza, las tarjetas de prepago son fáciles de transferir y se pueden utilizar para transferir valor considerable a través de las fronteras exteriores. Así pues, resulta necesario incluirlas en la definición de efectivo. Ello permitirá ampliar la posibilidad de aplicar las medidas a determinados tipos de tarjetas de prepago si pueden aportarse pruebas que lo justifiquen y teniendo debidamente en cuenta la proporcionalidad y la aplicación práctica.
(15) Las tarjetas de prepago anónimas son tarjetas no nominales que almacenan o brindan acceso a valor monetario o fondos que pueden utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para obtener dinero en metálico, y que no están vinculadas a una cuenta bancaria. Estos instrumentos son ampliamente utilizados con diversas finalidades legítimas y algunos de ellos presentan además un claro interés social. Por su naturaleza, las tarjetas de prepago anónimas son fáciles de transferir y se pueden utilizar para transferir valor considerable a través de las fronteras exteriores. Así pues, resulta necesario incluir ese tipo de tarjetas de prepago en la definición de efectivo, particularmente si pueden adquirirse sin procedimientos de debida diligencia con la clientela. Ello permitirá ampliar la posibilidad de aplicar las medidas a las tarjetas de prepago anónimas si pueden aportarse pruebas que lo justifiquen y teniendo debidamente en cuenta la proporcionalidad y la aplicación práctica, de conformidad con la tecnología disponible.
(16) Con vistas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, resulta oportuno imponer a las personas físicas que entren o salgan de la Unión la obligación de declarar. Con el fin de no limitar de forma indebida la libre circulación ni imponer a los ciudadanos y las autoridades excesivas formalidades administrativas, conviene que esta obligación esté sujeta a un umbral de 10 000 EUR o su equivalente en materias primas utilizadas como depósito de valor de elevada liquidez, efectos negociables al portador, tarjetas de prepago, o en otras monedas. Debe aplicarse a las personas físicas que lleven tales importes consigo, en su equipaje o en el medio de transporte en el que crucen la frontera exterior. Dichas personas deben estar obligadas a poner el efectivo a disposición de las autoridades competentes para su control.
(16) Con vistas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, resulta oportuno imponer a las personas físicas que entren o salgan de la Unión la obligación de declarar. Con el fin de no limitar de forma indebida la libre circulación ni imponer a los ciudadanos y las autoridades excesivas formalidades administrativas, conviene que esta obligación esté sujeta a un umbral de 10 000 EUR o su equivalente en materias primas utilizadas como depósito de valor de elevada liquidez, efectos negociables al portador, tarjetas de prepago anónimas, o en otras monedas. Debe aplicarse a los portadores, que deben definirse a efectos del presente Reglamento como las personas físicas que lleven tales importes consigo, en su equipaje o en el medio de transporte en el que crucen la frontera exterior. Dichas personas deben estar obligadas a poner el efectivo a disposición de las autoridades competentes para su control. La definición de «portador» debe entenderse con exclusión de los transportistas profesionales que se dedican al transporte profesional de mercancías o de personas.
(17) Por lo que se refiere al efectivo que circule sin ir acompañado por su propietario, remitente o destinatario previsto, o por un representante de estos, como por ejemplo el efectivo que entre o salga de la Unión en envíos postales, envíos por mensajería, como equipaje no acompañado, o como carga en contenedores, es preciso otorgar a las autoridades competentes en la frontera exterior poderes para exigir al remitente o al destinatario, o a su representante, una declaración de revelación. Dicha declaración debe incluir una serie de datos, tales como el origen, el destino, la procedencia económica y el uso al que se destinan los fondos, datos estos que no constan en los documentos presentados habitualmente en aduana, como los documentos de transporte y las declaraciones en aduana. De este modo, las autoridades competentes podrán llevar a cabo análisis de riesgos y concentrar sus esfuerzos en aquellos envíos que, a su juicio, presenten mayores riesgos, sin tener que imponer formalidades adicionales de forma sistemática. Procede fijar en relación con la obligación de revelación un umbral idéntico al impuesto en relación con el efectivo transportado por las personas físicas.
(17) Por lo que se refiere al efectivo que circule sin ir acompañado por su portador, como por ejemplo el efectivo que entre o salga de la Unión en envíos postales, envíos por mensajería, como equipaje no acompañado, o como carga en contenedores, es preciso otorgar a las autoridades competentes poderes para exigir al remitente o al destinatario, o a su representante, una declaración de revelación. Dicha declaración debe incluir una serie de datos, tales como el origen, el destino, la procedencia económica y el uso al que se destinan los fondos, datos estos que no constan en los documentos presentados habitualmente en aduana, como los documentos de transporte y las declaraciones en aduana. De este modo, las autoridades competentes podrán llevar a cabo análisis de riesgos y concentrar sus esfuerzos en aquellos envíos que, a su juicio, presenten mayores riesgos, sin tener que imponer formalidades adicionales de forma sistemática. Procede fijar en relación con la obligación de revelación un umbral idéntico al impuesto en relación con el efectivo transportado por las personas físicas.
(20) Cuando se detecten importes de efectivo inferiores al umbral, pero existan indicios de que dicho efectivo puede estar vinculado a actividades delictivas tal como se definen en el presente Reglamento, conviene que las autoridades competentes puedan registrar información esencial sobre las personas que lo llevan consigo, como por ejemplo, su identidad y nacionalidad, así como los datos relativos al medio de transporte utilizado, por ejemplo, el tipo de vehículo y su punto de partida y de destino.
(20) Cuando se detecten importes de efectivo inferiores al umbral, pero existan indicios de que dicho efectivo puede estar vinculado a actividades delictivas tal como se definen en el presente Reglamento, conviene que las autoridades competentes puedan registrar, en el caso de efectivo acompañado, información sobre el portador, el propietario y el destinatario previsto, como por ejemplo, su identidad y datos de contacto y nacionalidades, datos sobre el origen económico y el uso previsto para el efectivo, y datos relativos al medio de transporte utilizado, por ejemplo, el tipo de vehículo y su punto de partida y de destino. En el caso de efectivo no acompañado, las autoridades competentes deben poder registrar dicha información sobre el remitente, el propietario y el destinatario previsto del efectivo.
(21) Procede transmitir esa información a la unidad de inteligencia financiera del Estado miembro en cuestión. Estas unidades tienen asignada la función de plataformas centralizadoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que reciben y procesan información procedente de diversas fuentes como, por ejemplo, las entidades financieras, y la analizan a fin de determinar si existen motivos para efectuar una investigación más en profundidad en los que no hayan reparado las autoridades responsables de recopilar las declaraciones y realizar controles de conformidad con el presente Reglamento.
(21) Procede transmitir esa información a la unidad de inteligencia financiera del Estado miembro en cuestión, que debe ponerla sin demora a disposición de las unidades de inteligencia financiera de los demás Estados miembros. Estas unidades tienen asignada la función de plataformas centralizadoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que reciben y procesan información procedente de diversas fuentes como, por ejemplo, las entidades financieras, y la analizan a fin de determinar si existen motivos para efectuar una investigación más en profundidad en los que no hayan reparado las autoridades responsables de recopilar las declaraciones y realizar controles de conformidad con el presente Reglamento. A tal fin, debe establecerse una interconexión entre los sistemas de intercambio de información utilizados por las autoridades competentes y las unidades de inteligencia financiera, respectivamente.
(21 bis) A fin de reforzar aún más la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, la Comisión debe evaluar la idoneidad de crear una unidad de inteligencia financiera de la Unión y, si procede, presentar una propuesta legislativa.
(23) Puesto que los movimientos de efectivo sujetos a control en virtud del presente Reglamento se producen en las fronteras exteriores y dada la dificultad de actuar una vez que el efectivo ha abandonado el punto de entrada o de salida, con el consiguiente riesgo incluso en el caso de que solo se utilice ilícitamente una mínima parte del mismo, las autoridades competentes deben poder incautarse de él y retenerlo temporalmente en determinados casos, con sujeción a controles y sopesando las circunstancias que puedan concurrir, en primer lugar, cuando no se haya cumplido la obligación de declaración o de revelación y, en segundo lugar, cuando existan indicios de actividad delictiva, con independencia de la cantidad de efectivo o de que el efectivo sea transportado por una persona física o circule sin ir acompañado. Habida cuenta de la naturaleza de tal incautación y retención temporal y de la incidencia que puede tener sobre la libertad de circulación y el derecho de propiedad, resulta oportuno que la duración de la retención se limite al mínimo imprescindible para que otras autoridades competentes puedan determinar si hay motivos para una intervención adicional, como por ejemplo una investigación o incautación del efectivo basadas en otros instrumentos jurídicos. Una decisión de retención temporal de efectivo con arreglo al presente Reglamento debe ir acompañada de una exposición de motivos y describir convenientemente los factores específicos que han dado lugar a dicha acción. Si al concluir el plazo fijado no se ha adoptado ninguna decisión en el sentido de una intervención ulterior o si la autoridad competente decide que no existen motivos para seguir reteniendo el efectivo, este debe ponerse inmediatamente a disposición del declarante.
(23) Puesto que los movimientos de efectivo sujetos a control en virtud del presente Reglamento se producen en las fronteras exteriores y dada la dificultad de actuar una vez que el efectivo ha abandonado el punto de entrada o de salida, con el consiguiente riesgo incluso en el caso de que solo se utilice ilícitamente una mínima parte del mismo, las autoridades competentes deben poder incautarse de él y retenerlo temporalmente en determinados casos, con sujeción a controles y sopesando las circunstancias que puedan concurrir, en primer lugar, cuando no se haya cumplido la obligación de declaración o de revelación y, en segundo lugar, cuando existan indicios de actividad delictiva. Habida cuenta de la naturaleza de tal incautación y retención temporal y de la incidencia que puede tener sobre la libertad de circulación y el derecho de propiedad, resulta oportuno que la duración de la retención se limite al mínimo imprescindible para que otras autoridades competentes puedan determinar si hay motivos para una intervención adicional, como por ejemplo una investigación o incautación del efectivo basadas en otros instrumentos jurídicos. Las personas físicas afectadas por la incautación y la retención temporal de su efectivo deben, en la medida en que dichas acciones les causen dificultades excesivas, tener la posibilidad de conservar una cantidad mínima de efectivo cuando sea posible en función del tipo de efectivo incautado y retenido, con el fin de poder costear su alimentación, agua y alojamiento. Una decisión de retención temporal de efectivo con arreglo al presente Reglamento debe ir acompañada de una exposición de motivos y describir convenientemente los factores específicos que han dado lugar a dicha acción. Si al concluir el plazo fijado no se ha adoptado ninguna decisión en el sentido de una intervención ulterior o si la autoridad competente decide que no existen motivos para seguir reteniendo el efectivo, este debe ser entregado inmediatamente a la parte interesada pertinente.
Enmienda16
(24) Es esencial que las autoridades competentes que recopilan información con arreglo al presente Reglamento la transmitan oportunamente a la unidad de información financiera nacional, a fin de que esta pueda analizarla y compararla con otros datos, tal como prevé la Directiva 2015/849.
(24) Es esencial que las autoridades competentes que recopilan información con arreglo al presente Reglamento la transmitan oportunamente a la unidad de información financiera nacional, que debe poner rápidamente la información a disposición de las unidades de información financiera de los demás Estados miembros, a fin de que estas puedan analizar y comparar la información con otros datos, tal como se establece en la Directiva (UE) 2015/849.
(25) Cuando constaten que no se ha procedido a la declaración o revelación o tengan indicios de actividad delictiva, las autoridades competentes deben poder compartir esa información a través de los canales adecuados con las autoridades competentes para la lucha contra la actividad delictiva de que se trate. Ese intercambio de datos es proporcionado, ya que las personas que incumplan la obligación de declarar y que ya hayan sido descubiertas en un Estado miembro podrían elegir otro Estado miembro de entrada o de salida en el que las autoridades competentes no tuvieran conocimiento de sus infracciones anteriores. Resulta oportuno hacer obligatorio el intercambio de este tipo de información a fin de garantizar una aplicación coherente en los distintos Estados miembros. Si existen indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva que puede afectar negativamente a los intereses financieros de la Unión, esa información debe ponerse también a disposición de la Comisión. Para alcanzar mejor los objetivos de prevención y disuasión del presente Reglamento en lo que respecta a la elusión de la obligación de declarar, resulta oportuno proceder a un intercambio obligatorio entre los Estados miembros y con la Comisión de información sobre riesgos anonimizada y de los resultados de los análisis de riesgos.
(25) Cuando constaten que no se ha procedido a la declaración o revelación o tengan indicios de actividad delictiva, las autoridades competentes deben compartir rápidamente esa información a través de los canales adecuados con las autoridades de otros Estados miembros competentes para la lucha contra la actividad delictiva de que se trate. Ese intercambio de datos es proporcionado, ya que las personas que incumplan la obligación de declarar y que ya hayan sido descubiertas en un Estado miembro podrían elegir otro Estado miembro de entrada o de salida en el que las autoridades competentes no tuvieran conocimiento de sus infracciones anteriores. Resulta oportuno hacer obligatorio el intercambio de este tipo de información a fin de garantizar una aplicación coherente en los distintos Estados miembros. Si existen indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva que puede afectar negativamente a los intereses financieros de la Unión, esa información debe ponerse también a disposición de la Comisión y de la Fiscalía Europea. Para alcanzar mejor los objetivos de prevención y disuasión del presente Reglamento en lo que respecta a la elusión de la obligación de declarar, resulta oportuno proceder a un intercambio obligatorio entre los Estados miembros y con la Comisión de información sobre riesgos anonimizada y de los resultados de los análisis de riesgos, de conformidad con las normas establecidas en los actos de ejecución que se han de adoptar con arreglo al presente Reglamento.
(25 bis) Con el objetivo de garantizar que las unidades de inteligencia financiera disponen de un acceso rápido a la información necesaria para la realización de sus investigaciones, debe incentivarse la interconexión del Sistema de Información Aduanero y de la red informática descentralizada FIU.net.
(26) Debe preverse la posibilidad de intercambiar información entre una autoridad competente de un Estado miembro o la Comisión y las autoridades de un tercer país, aportando las adecuadas garantías. Este intercambio solo debe permitirse si se cumplen las disposiciones nacionales y de la Unión aplicables en materia de derechos fundamentales y la transmisión de datos personales y previa autorización de las autoridades que hayan obtenido la información. Resulta oportuno que la Comisión sea informada de cualquier intercambio de información efectuado con terceros países con arreglo al presente Reglamento.
(26) Debe preverse la posibilidad de intercambiar información entre una autoridad competente de un Estado miembro o la Comisión y las autoridades de un tercer país, aportando las adecuadas garantías. Este intercambio solo debe permitirse si se cumplen las disposiciones nacionales y de la Unión aplicables en materia de derechos fundamentales y la transmisión de datos personales y previa autorización de las autoridades que hayan obtenido la información. Resulta oportuno que la Comisión sea informada de cualquier intercambio de información efectuado con terceros países con arreglo al presente Reglamento, y que informe anualmente al respecto al Parlamento Europeo.
(27) Dada la naturaleza de la información recabada y la confianza legítima de los declarantes en que sus datos personales y la información sobre los importes de efectivo que han introducido o sacado de la Unión van a ser tratados de forma confidencial, las autoridades competentes deben ofrecer garantías suficientes en cuanto al respeto del secreto profesional por parte de los agentes que soliciten el acceso a la información, y protegerla adecuadamente contra el acceso, el uso o la comunicación no autorizados. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento o de la legislación nacional, en particular, en el marco de un procedimiento judicial, la información no debe ser revelada sin la autorización de la autoridad que la haya recopilado. Toda recopilación, revelación, transmisión, comunicación u otro tratamiento de datos personales dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento debe estar sujeto a los requisitos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo21, y del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo22.
(27) Dada la naturaleza de la información recabada y la confianza legítima de los portadores y declarantes en que sus datos personales y la información sobre el valor del efectivo que han introducido o sacado de la Unión van a ser tratados de forma confidencial, las autoridades competentes deben ofrecer garantías suficientes en cuanto al respeto del secreto profesional por parte de los agentes que soliciten el acceso a la información, y protegerla adecuadamente contra el acceso, el uso o la comunicación no autorizados. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento o de la legislación nacional, en particular, en el marco de un procedimiento judicial, la información no debe ser revelada sin la autorización de la autoridad que la haya recopilado. Toda recopilación, revelación, transmisión, comunicación u otro tratamiento de datos personales dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento debe estar sujeto a los requisitos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo21, y del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo22.
21 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
22 Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(28) A efectos del análisis llevado a cabo por las unidades de inteligencia financiera y con el fin de permitir a las autoridades de los demás Estados miembros controlar y hacer cumplir la obligación de declarar, en particular en relación con los declarantes que hayan cometido con anterioridad infracciones contra dicha obligación, es preciso que los datos de la declaración se almacenen durante un período lo suficientemente largo como para permitir a las autoridades competentes llevar a cabo sus investigaciones de manera eficaz. El tratamiento de los datos personales en virtud del presente Reglamento persigue los mismos objetivos que los contemplados en la Directiva (UE) 2015/849. Con arreglo a dicha Directiva, las unidades de información financiera deben conservar los datos que les hayan facilitado las «entidades obligadas» durante un período de cinco años. Con el fin de controlar y hacer cumplir eficazmente la obligación de declarar, el período de conservación de los datos de la declaración debe estar en consonancia con lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/849.
(28) A efectos del análisis llevado a cabo por las unidades de inteligencia financiera y con el fin de permitir a las autoridades de los demás Estados miembros controlar y hacer cumplir la obligación de declarar, en particular en relación con las personas que hayan cometido con anterioridad infracciones contra dicha obligación, es preciso que los datos de la declaración se almacenen durante un período lo suficientemente largo como para permitir a las autoridades competentes llevar a cabo sus investigaciones de manera eficaz. El tratamiento de los datos personales en virtud del presente Reglamento persigue los mismos objetivos que los contemplados en la Directiva (UE) 2015/849. Con arreglo a dicha Directiva, las unidades de información financiera deben conservar los datos que les hayan facilitado las «entidades obligadas» durante un período de cinco años.
(29) Con objeto de fomentar el cumplimiento y disuadir de la elusión, procede que los Estados miembros introduzcan sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de declaración y revelación. Las sanciones deben aplicarse exclusivamente en relación con el incumplimiento de la obligación de declaración o de revelación en virtud del presente Reglamento y no deben tener en cuenta la actividad delictiva potencialmente vinculada al efectivo, que puede ser objeto de una investigación adicional y de medidas que no se inscriben en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, y no deben ir más allá de lo necesario para fomentar el cumplimiento de la normativa.
(29) Con objeto de fomentar el cumplimiento y disuadir de la elusión, procede que los Estados miembros introduzcan sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de declaración y revelación. Las sanciones deben aplicarse exclusivamente en relación con el incumplimiento de la obligación de declaración o de revelación en virtud del presente Reglamento y no deben tener en cuenta la actividad delictiva potencialmente vinculada al efectivo, que puede ser objeto de una investigación adicional y de medidas que no se inscriben en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, y no deben ir más allá de lo necesario para fomentar el cumplimiento de la normativa. En aras de la eficacia y para evitar una situación en la que los delincuentes elijan el Estado miembro de entrada en la Unión o de salida de ella basándose en el nivel de las sanciones en vigor, el presente Reglamento debe establecer una convergencia de las sanciones nacionales.
Enmienda23
(30) Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de los controles y la eficiencia en el tratamiento, la transmisión y el análisis de las declaraciones por parte de las autoridades competentes, resulta oportuno otorgar competencias de ejecución a la Comisión para adoptar el modelo de los formularios de declaración y revelación, para determinar los criterios de un marco común de gestión de riesgos, para establecer las normas técnicas y las modalidades y el modelo de formularios que deben utilizarse para las declaraciones y para el intercambio de información y para establecer las normas y el formato que vayan a utilizarse para facilitar información estadística a la Comisión. Ello debe incluir el establecimiento de unos sistemas electrónicos apropiados. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo23.
(30) Si bien la mayoría de los Estados miembros ya utilizan de forma voluntaria un formulario de declaración armonizado —el formulario europeo de declaración de efectivo—, a fin de garantizar una aplicación uniforme de los controles y la eficiencia en el tratamiento, la transmisión y el análisis de las declaraciones por parte de las autoridades competentes, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar el modelo de los formularios de declaración y revelación, para establecer las normas técnicas y las modalidades y el modelo de formularios que deben utilizarse para las declaraciones y para el intercambio de información entre las autoridades competentes y para la interconexión de los sistemas de intercambio de información utilizados por las autoridades competentes y las unidades de información financiera, respectivamente, así como para establecer las normas y el formato que vayan a utilizarse para facilitar información estadística a la Comisión. Ello debe incluir el establecimiento de unos sistemas electrónicos apropiados. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
23 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
Considerando 30 bis (nuevo)
(30 bis) A fin de garantizar su aplicación uniforme por las autoridades competentes, los controles deben basarse principalmente en un análisis de riesgos, con el objetivo de determinar y evaluar los riesgos y desarrollar las contramedidas necesarias. El establecimiento de un marco de gestión de riesgos común a todos los Estados miembros no debe impedirles realizar controles aleatorios.
(31) Con el fin de poder tener en cuenta rápidamente las futuras modificaciones de normas internacionales tales como las establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional o para hacer frente a la elusión de las disposiciones del presente Reglamento recurriendo a depósitos de valor líquidos que no estén cubiertos por la definición de «efectivo», procede delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo relativo a las modificaciones de dicha definición. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 201624. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.
(31) Con el fin de poder tener en cuenta rápidamente las futuras modificaciones de normas internacionales tales como las establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional o para hacer frente a la elusión de las disposiciones del presente Reglamento recurriendo a depósitos de valor líquidos que no estén cubiertos por la definición de «efectivo», deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a las normas para la realización de los controles por parte de las autoridades competentes, teniendo en cuenta el marco común de gestión de riesgos tal como se define en el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento y del Consejo23 bis, y el análisis de valoración de riesgos realizado con arreglo a la Directiva (UE) 2015/849, y por lo que respecta a las modificaciones del anexo I del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación24. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
23 bis Reglamento (CE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
24 DO [L 123/1]
(31 bis) Con el fin de poner remedio a la situación actual, en la que muchos viajeros no son conscientes de su obligación de declarar el dinero en efectivo, los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, deben elaborar el material adecuado y lanzar campañas periódicas de sensibilización dirigidas a los ciudadanos de la Unión, a los nacionales de terceros países y a las personas jurídicas. Esas campañas deben estar armonizadas ya que deben destinarse a las fronteras exteriores de la Unión.
El presente Reglamento establece un sistema de controles en relación con la entrada o salida de efectivo de la Unión a fin de complementar el marco jurídico destinado a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo previsto en la Directiva (UE) 2015/849.
El presente Reglamento establece un sistema de controles en relación con la entrada o salida de efectivo de la Unión, a fin de complementar el marco jurídico destinado a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo previsto en la Directiva (UE) 2015/849, así como para la prevención de cualquier otra actividad delictiva contra la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros.
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – guion 2
- los efectos negociables al portador a que se refiere el anexo I;
- los efectos negociables al portador;
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – guion 3
- las materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez a que se refiere el anexo I;
- las materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez;
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – guion 4
- las tarjetas de prepago a que se refiere el anexo I;
- las tarjetas de prepago anónimas;
Artículo 2 – apartado 1 – letra d
d) «efecto negociable al portador»: un instrumento distinto del dinero en metálico que, previa presentación, dé derecho a su titular a reclamar un importe financiero sin necesidad de acreditar su identidad o su derecho a ese importe;
d) «efecto negociable al portador»: un instrumento distinto del dinero en metálico que, previa presentación, dé derecho a su titular a reclamar un importe financiero sin necesidad de acreditar su identidad o su derecho a ese importe. Tales efectos negociables al portador se enumeran en el anexo I;
Artículo 2 – apartado 1 – letra e
e) «materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez»: los bienes que presenten una ratio valor/volumen elevada y que puedan convertirse fácilmente en dinero en metálico a través de mercados de negociación accesibles incurriendo solo en unos costes de transacción exiguos;
e) «materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez»: los bienes que presenten una ratio valor/volumen elevada y que puedan convertirse fácilmente en dinero en metálico a través de mercados de negociación accesibles incurriendo solo en unos costes de transacción exiguos. Tales materias primas se enumeran en el anexo I;
Artículo 2 – apartado 1 – letra f
f) «tarjetas de prepago» las tarjetas no nominales que almacenen valores monetarios o fondos que puedan utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para la obtención de dinero en metálico, y que no estén vinculadas a una cuenta bancaria.
f) «tarjetas de prepago anónimas»: las tarjetas no nominales que almacenen o brinden acceso a valores monetarios o fondos que puedan utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para la obtención de dinero en metálico, y que no estén vinculadas a una cuenta bancaria. Tales tarjetas de pago anónimas se enumeran en el anexo I;
Artículo 2 – apartado 1 – letra g bis (nueva)
g bis) «portador»: persona física que entra en la Unión o sale de ella llevando efectivo consigo, en su equipaje o en el medio de transporte en el que cruza la frontera exterior;
Artículo 2 – apartado 1 – letra h
h) «efectivo no acompañado»: el efectivo que forma parte de un envío cuando su propietario, remitente o destinatario no viaja con el envío;
h) «efectivo no acompañado»: el efectivo que forma parte de un envío sin portador;
2. Se otorgará a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 14 con vistas a la modificación del anexo I a fin de tener en cuenta las nuevas tendencias que surjan en el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, tal como se definen en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849, o las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o a fin de evitar el uso por los delincuentes de efectos negociables al portador, de materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez o de tarjetas de prepago para eludir las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4.
2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 14 con vistas a la modificación del anexo I a fin de tener en cuenta las nuevas tendencias que surjan en el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, tal como se definen en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849, o las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o a fin de evitar el uso por los delincuentes de efectos negociables al portador, de materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez o de tarjetas de prepago anónimas para eludir las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4.
Obligación de declaración
Obligación de declaración del efectivo acompañado
1. Las personas físicas que entren o salgan de la Unión llevando consigo, en su equipaje o en su medio de transporte efectivo por un importe igual o superior a 10 000 EUR deberán declararlo a las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entren o salgan de la Unión y ponerlo a su disposición a efectos de control. La obligación de declarar no se considerará cumplida cuando la información facilitada sea incorrecta o incompleta, o el efectivo no sea puesto a disposición para su control.
1. Los portadores que lleven consigo, en su equipaje o en su medio de transporte efectivo por un importe igual o superior a 10 000 EUR deberán declararlo a las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entren o salgan de la Unión y ponerlo a su disposición a efectos de control. La obligación de declarar no se considerará cumplida cuando la información facilitada sea incorrecta o incompleta, o el efectivo no sea puesto a disposición para su control.
a) el declarante, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad;
a) el portador, a saber, su nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número del documento de identidad;
b) el propietario del efectivo, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad;
b) el propietario del efectivo, a saber, para las personas físicas, su nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número del documento de identidad, o, para las personas jurídicas, nombre completo, datos de contacto (incluida la dirección) y número de registro o número de identificación fiscal;
c) el destinatario previsto del efectivo, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad;
c) el destinatario previsto del efectivo, a saber, para las personas físicas, su nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número del documento de identidad, o, para las personas jurídicas, nombre completo, datos de contacto (incluida la dirección) y número de registro o número de identificación fiscal;
Artículo 3 – apartado 2 – letra d
d) el importe y la naturaleza del efectivo;
d) la naturaleza y el importe o el valor del efectivo;
Artículo 3 – apartado 2 – letra e
e) la procedencia del efectivo y el uso al que se destina;
e) la procedencia económica;
Artículo 3 – apartado 2 – letra e bis (nueva)
e bis) el uso al que se destina el efectivo;
3. La información se facilitará por escrito o por vía electrónica, utilizando al efecto el formulario establecido conforme al artículo 15, letra a). Se entregará una copia compulsada de dicho formulario al declarante, previa solicitud.
3. La información se facilitará por escrito o por vía electrónica, utilizando al efecto el formulario establecido conforme al artículo 15, letra a). Se entregará una copia compulsada de dicho formulario al declarante.
Los declarantes deben tener siempre la posibilidad de obtener una copia por escrito, ya que es posible que no siempre puedan solicitarla (por ejemplo, si desconocen que tienen derecho a ello o si no hablan la lengua del país en cuestión).
Obligación de revelación
Obligación de revelación para el efectivo no acompañado
1. Cuando un importe de efectivo no acompañado igual o superior a 10 000 EUR entre o salga de la Unión, las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entre o salga podrán exigir, una vez realizado un análisis de riesgos, que el remitente o el destinatario, o su representante, efectúe una declaración de revelación. La obligación de declarar no se considerará cumplida cuando la información facilitada sea incorrecta o incompleta, o el efectivo no sea puesto a disposición para su control.
1. Cuando un importe de efectivo no acompañado igual o superior a 10 000 EUR entre o salga de la Unión, las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entre o salga podrán exigir, una vez realizado un análisis de riesgos, que el remitente o el destinatario, o su representante, efectúe una declaración de revelación en un plazo establecido de un máximo de treinta días. Las autoridades competentes podrán retener el efectivo hasta que el remitente, el destinatario o su representante efectúe una declaración de revelación.
La obligación de declarar no se considerará cumplida cuando la declaración no se realice antes de que expire el plazo, la información facilitada sea incorrecta o incompleta, o el efectivo no sea puesto a disposición para su control.
a) el declarante, a saber, su nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número del documento de identidad;
b) el propietario del efectivo, a saber, para las personas físicas, su nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número del documento de identidad, o, para las personas jurídicas, nombre completo, datos de contacto (incluida la dirección) y número de identificación fiscal;
c) el remitente del efectivo, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad;
c) el remitente del efectivo, a saber, para las personas físicas, su nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y número del documento de identidad, o, para las personas jurídicas, nombre completo, datos de contacto (incluida la dirección) y número de identificación fiscal;
Artículo 4 – apartado 2 – letra d
d) el destinatario o destinatario previsto del efectivo, a saber: su nombre y apellidos, dirección, fecha y lugar de nacimiento y nacionalidad;
d) el destinatario o destinatario previsto del efectivo, a saber, para las personas físicas, su nombre y apellidos, datos de contacto (incluida la dirección), fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y número del documento de identidad, o, para las personas jurídicas, nombre completo, datos de contacto (incluida la dirección) y número de identificación fiscal;
e) el importe y la naturaleza del efectivo;
e) la naturaleza y el importe o el valor del efectivo;
f) la procedencia del efectivo y el uso al que se destina.
f) la procedencia económica;
Artículo 4 – apartado 2 – letra f bis (nueva)
f bis) el uso al que se destina el efectivo.
3. La información se facilitará por escrito o por vía electrónica, utilizando al efecto el formulario establecido conforme al artículo 15, letra a).Se entregará una copia compulsada de dicho formulario al declarante, previa solicitud.
Artículo 5 – apartado 3
3. Si no se ha cumplido la obligación contemplada en el artículo 3 o la obligación de revelación contemplada en el artículo 4, las autoridades competentes efectuarán por escrito o por vía electrónica una declaración de oficio en la que constarán, en la medida de lo posible, los datos que figuran en el artículo 3, apartado 2, o en el artículo 4, apartado 2, según corresponda.
3. Si no se ha cumplido la obligación de declaración contemplada en el artículo 3 o la obligación de revelación contemplada en el artículo 4, las autoridades competentes efectuarán por escrito o por vía electrónica una declaración de oficio en la que constarán, en la medida de lo posible, los datos que figuran en el artículo 3, apartado 2, o en el artículo 4, apartado 2, según corresponda.
4. Los controles se basarán principalmente en un análisis de riesgos, con objeto de determinar y evaluar los riesgos y desarrollar las contramedidas necesarias, y se efectuarán ateniéndose al marco común de gestión de riesgos, de conformidad con los criterios establecidos conforme al artículo 15, letra b).
4. Los controles se basarán principalmente en un análisis de riesgos, con objeto de determinar y evaluar los riesgos y desarrollar las contramedidas necesarias.
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis. El análisis de riesgos a que se refiere el apartado 4 no será óbice para que las autoridades competentes lleven a cabo controles espontáneos o basados en información específica obtenida por otra autoridad. Se dotará a las autoridades competentes de las herramientas adecuadas para realizar los controles.
Artículo 5 – apartado 4 ter (nuevo)
4 ter. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 14 en lo referente a las normas específicas para la realización de los controles por parte de las autoridades competentes, teniendo en cuenta el marco de gestión de riesgos común tal como se define en el Reglamento (UE) n.º 952/2013 y el análisis de la evaluación de riesgos efectuado de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Directiva (UE) 2015/849;
Artículo 5 – apartado 4 quater (nuevo)
4 quater. Las facultades atribuidas a las autoridades competentes en virtud del presente artículo se extenderán también al artículo 6.
Importes inferiores al umbral
Importes inferiores al umbral que podrían estar vinculados a actividades delictivas
1. Cuando las autoridades competentes detecten la entrada o la salida de la Unión de una persona física que lleve consigo un importe de efectivo inferior al umbral a que se refiere el artículo 3 y, tras proceder a un análisis de riesgos, constaten que existen indicios de que ese efectivo está vinculado a una actividad delictiva, registrarán esa información, el nombre y apellidos, la dirección, la fecha y lugar de nacimiento y la nacionalidad de la persona, así como los datos sobre el medio de transporte utilizado.
1. Cuando las autoridades competentes descubran la entrada o la salida de la Unión de un portador que lleve consigo un importe de efectivo inferior al umbral a que se refiere el artículo 3 y constaten que existen indicios de que ese efectivo está vinculado a una actividad delictiva, registrarán esa información y los datos contemplados en el artículo 3, apartado 2.
2. Cuando las autoridades competentes detecten la entrada o la salida de la Unión de un envío de efectivo no acompañado por un importe inferior al umbral a que se refiere el artículo 4 y, tras proceder a un análisis de riesgos, constaten que existen indicios de que ese efectivo está vinculado a una actividad delictiva, registrarán esa información, el nombre y apellidos, la dirección, la fecha y lugar de nacimiento y la nacionalidad del remitente o el destinatario previsto, o de su representante, así como los datos sobre el medio de envío utilizado.
2. Cuando las autoridades competentes descubran la entrada o la salida de la Unión de un envío de efectivo no acompañado por un importe inferior al umbral a que se refiere el artículo 4 y constaten que existen indicios de que ese efectivo está vinculado a una actividad delictiva, registrarán esa información y los datos contemplados en el artículo 4, apartado 2.
b) existan indicios de que dicho efectivo está vinculado a una actividad delictiva, con independencia de que lo lleve consigo una persona física o se trate de efectivo no acompañado.
b) existan indicios de que dicho efectivo está vinculado a una actividad delictiva.
2. La decisión administrativa mencionada en el apartado 1 irá acompañada de una exposición de motivos, se comunicará al interesado en el momento en que se dicte y estará sujeta a tutela judicial efectiva, de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación nacional.
2. La decisión administrativa mencionada en el apartado 1 irá acompañada de una exposición de motivos y se comunicará en el momento en que se dicte a:
a) la persona obligada a efectuar la declaración con arreglo al artículo 3 o la declaración de revelación con arreglo al artículo 4; o
b) el portador y el propietario en las situaciones contempladas en el artículo 6, apartado 1, o el propietario, el destinatario previsto y el remitente en las situaciones contempladas en el artículo 6, apartado 2.
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis. La decisión administrativa mencionada en el apartado 1 deberá ser impugnable mediante un recurso efectivo de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación nacional.
3. El período de retención temporal se limitará al tiempo estrictamente necesario para permitir a las autoridades competentes determinar si las circunstancias del caso justifican una prórroga de la retención. El plazo máximo de retención temporal se fijará con arreglo a la legislación nacional; no podrá exceder de treinta días. En caso de que, en el plazo fijado, no se adopte decisión alguna acerca de la prórroga del período de retención del efectivo o en caso de que se determine que las circunstancias del caso no justifican dicha prórroga, el efectivo se pondrá inmediatamente disposición del declarante.
3. El período de retención temporal se limitará al tiempo estrictamente necesario para permitir a las autoridades competentes determinar si las circunstancias del caso justifican una prórroga de la retención. El plazo máximo de retención temporal se fijará con arreglo a la legislación nacional; no excederá de treinta días. En caso de que, en el plazo fijado, no se adopte decisión alguna acerca de la prórroga del período de retención del efectivo o en caso de que se determine que las circunstancias del caso no justifican dicha prórroga, el efectivo se desbloqueará inmediatamente para:
a) el declarante o el portador en las situaciones contempladas en los artículos 3 y 4; o
b) el portador o el propietario en las situaciones contempladas en el artículo 6, apartado 1, o el propietario, el destinatario previsto o el remitente en las situaciones contempladas en el artículo 6, apartado 2.
Artículo 8 – apartado 1
1. Las autoridades competentes llevarán un registro de la información obtenida en aplicación de los artículos 3 y 4, del artículo 5, apartado 3, y del artículo 6, y la transmitirán a la unidad de inteligencia financiera del Estado miembro en el que se haya obtenido, de acuerdo con las normas técnicas establecidas conforme al artículo 15, letra c).
1. Las autoridades competentes llevarán un registro de la información obtenida en aplicación de los artículos 3 y 4, del artículo 5, apartado 3, y del artículo 6, y la transmitirán a la unidad de inteligencia financiera del Estado miembro en el que se haya obtenido, que transmitirá rápidamente la información a las unidades de información financiera de los demás Estados miembros, de acuerdo con las normas técnicas establecidas conforme al artículo 15, letra c).
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis. A efectos del presente Reglamento, sin perjuicio de las normas de la Unión sobre protección de datos, en particular por lo que respecta a la limitación de la finalidad y los derechos de acceso, se establecerá una interconexión entre el sistema que utilicen las autoridades competentes para el intercambio de información con arreglo al Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo1 bis, y el sistema que usen las unidades de inteligencia financiera para el intercambio de información de conformidad con la Decisión 2000/642/JAI del Consejo1 ter, de conformidad con las normas técnicas establecidas por la Comisión con arreglo al artículo 15, letra c bis).
1 bis Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n.º 2015/1525 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015 (DO L 243 de 18.9.2015, p. 1).
1 ter Decisión 2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información (DO L 271 de 24.10.2000, p. 4).
2. La información mencionada en el apartado 1 se comunicará lo antes posible, y, a más tardar, un mes después de la fecha en la que se haya recopilado.
2. La información mencionada en el apartado 1 se comunicará lo antes posible, y, a más tardar, cuatro días hábiles después de la fecha en la que se haya recopilado.
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis. A más tardar el 1 de enero de 2019, la Comisión evaluará la conveniencia de crear una Unidad de Inteligencia Financiera de la Unión y, si procede, presentará una propuesta legislativa.
2. Cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva que puede afectar negativamente a los intereses financieros de la Unión, la información contemplada en el apartado 1 deberá ponerse también a disposición de la Comisión.
2. Cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva que puede afectar negativamente a los intereses financieros de la Unión, la información contemplada en el apartado 1 deberá ponerse también a disposición de la Comisión, de la Fiscalía Europea, de Eurojust y de Europol. La Comisión realizará un análisis estadístico de la información recibida y la pondrá a disposición del público.
3. La autoridad competente comunicará la información contemplada en los apartados 1 y 2 de acuerdo con las normas técnicas establecidas conforme al artículo 15, letra c), y utilizando el formulario establecido conforme al artículo 15, letra d).
3. La autoridad competente comunicará la información contemplada en los apartados 1 y 2 de acuerdo con las normas técnicas establecidas conforme al artículo 15, letra c bis), y utilizando el formulario establecido conforme al artículo 15, letra d).
4. La información contemplada en los apartados 1 y 2 se comunicará lo antes posible, y, a más tardar, un mes después de la fecha en la que se haya recopilado.
4. La información contemplada en el apartado 1, letras a), b) y c), y en el apartado 2 se comunicará lo antes posible, y, a más tardar, cuatro días hábiles después de la fecha en la que se haya recopilado.
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis. La información y los resultados contemplados en el apartado 1, letra d), se comunicarán cada seis meses o previa solicitud a todos los Estados miembros y a la Comisión.
1. Los Estados miembros o la Comisión podrán comunicar a un tercer país, en el marco de la asistencia administrativa mutua, la información que figura a continuación, a reserva de la autorización de la autoridad competente que la haya obtenido del declarante o su representante y siempre que tal comunicación cumpla las disposiciones nacionales y de la Unión pertinentes en materia de transferencia de datos personales a terceros países:
1. Los Estados miembros o la Comisión podrán comunicar a un tercer país, en el marco de la asistencia administrativa mutua, la información que figura a continuación, a reserva de la autorización de la autoridad competente que la haya obtenido del portador o del declarante y siempre que tal comunicación cumpla las disposiciones nacionales y de la Unión pertinentes en materia de transferencia de datos personales a terceros países:
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier información de conformidad con el apartado 1.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier información de conformidad con el apartado 1, y la Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo sobre la información comunicada.
1. Las autoridades competentes actuarán como responsables del control de los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3, 4 y 6.
1. Las autoridades competentes actuarán como responsables del control de los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3 y 4, el artículo 5, apartado 3, y el artículo 6.
2. El tratamiento de datos personales sobre la base del presente Reglamento tendrá lugar únicamente a efectos de prevención y lucha contra las actividades delictivas.
2. El tratamiento de datos personales sobre la base del presente Reglamento tendrá lugar únicamente a efectos de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Dicho tratamiento entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
1 bis Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
Adaptación a la redacción de la Directiva 2016/680 sobre protección de datos.
3. Únicamente podrá acceder a los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3, 4 y 6 el personal debidamente autorizado de las autoridades competentes y estos datos estarán convenientemente protegidos contra el acceso o la comunicación no autorizados. A menos que se estipule lo contrario en los artículos 8, 9 y 10, no podrán ser revelados o comunicados sin la autorización expresa de la autoridad competente que haya obtenido inicialmente la información. Sin embargo, dicha autorización no será necesaria cuando las autoridades competentes estén obligadas a revelar o comunicar dicha información con arreglo a las disposiciones jurídicas vigentes en el Estado miembro de que se trate, en particular en el marco de un procedimiento judicial.
3. Únicamente podrá acceder a los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3 y 4, el artículo 5, apartado 3, y el artículo 6 el personal debidamente autorizado de las autoridades competentes y estos datos estarán convenientemente protegidos contra el acceso o la comunicación no autorizados. A menos que se estipule lo contrario en los artículos 8, 9 y 10, no podrán ser revelados o comunicados sin la autorización expresa de la autoridad competente que haya obtenido inicialmente la información. Sin embargo, dicha autorización no será necesaria cuando las autoridades competentes estén obligadas a revelar o comunicar dicha información con arreglo a las disposiciones jurídicas vigentes en el Estado miembro de que se trate, en particular en el marco de un procedimiento judicial.
Artículo 12 – apartado 4
4. Los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3, 4 y 6 serán conservados por las autoridades competentes y la unidad de información financiera durante un período de cinco años a partir de la fecha de su recopilación. Al término de ese período, se borrarán o anonimizarán.
4. Los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3 y 4, el artículo 5, apartado 3, y el artículo 6 serán conservados por las autoridades competentes y la unidad de información financiera durante el período que sea necesario y proporcionado para los fines para los que se tratan los datos, pero de una duración máxima de tres años a partir de la fecha en que se recogieron. Si existen indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva, los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3 y 4, el artículo 5, apartado 3, y el artículo 6 serán conservados por las autoridades competentes y la unidad de información financiera durante un período máximo de cinco años. En tal caso, los motivos para esta ampliación del plazo de conservación serán justificados y se registrarán. De no tomarse una decisión sobre la prolongación de la conservación de los datos, estos se eliminarán automáticamente al cabo de tres años.
Artículo 13 – párrafo 1
Cada Estado miembro fijará las sanciones que deberán aplicarse en caso de incumplimiento de la obligación de declarar establecida en los artículos 3 y 4. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Cada Estado miembro fijará las sanciones que deberán aplicarse en caso de incumplimiento de la obligación de declarar establecida en los artículos 3 y 4. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros se fijarán como objetivo introducir un conjunto coordinado de sanciones en toda la Unión. A tal fin, la Comisión presentará, si procede, una propuesta legislativa.
2 Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 2, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del ...26.
2 Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 2, apartado 2, y el artículo 5, apartado 4 bis, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del ...26.
26 Fecha de entrada en vigor del acto legislativo de base o cualquier otra fecha fijada por el legislador.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 2, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 2, apartado 2, y el artículo 5, apartado 4 bis, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 2, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 2, apartado 2, y del artículo 5, apartado 4 bis, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b
b) los criterios del marco común de gestión de riesgos a que se refiere el artículo 5, apartado 4;
Artículo 15 – párrafo 1 – letra c
c) las normas técnicas para el intercambio de información en virtud de los artículos 8 y 9, incluido el establecimiento de un sistema electrónico adecuado;
c) las normas técnicas para el intercambio de información en virtud del artículo 8, apartados 1 y 2, y del artículo 9, a través del Sistema de Información Aduanera creado en virtud del artículo 23 del Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo1 bis;
1 bis Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1).
Artículo 15 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
c bis) las normas técnicas para la interconexión a que se refiere el artículo 8, apartado 1 bis;
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2
La información a que se refiere la letra c) del apartado 1 se facilitará a la Comisión cada seis meses, como mínimo.
La información a que se refiere la letra c) del apartado 1 se facilitará a la Comisión cada seis meses, como mínimo. La Comisión publicará un informe anual sobre la información estadística necesaria para calcular la magnitud y las sumas del efectivo introducido de contrabando.
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis. La Comisión publicará la información a que se refieren los apartados 1 bis y 1 ter en su sitio web e informará de forma clara a los lectores acerca de los controles relativos al efectivo que entra o sale de la Unión.
Los ciudadanos y viajeros que deseen informarse de sus obligaciones deben tener la posibilidad de encontrar información sobre los controles de efectivo y la lista de las autoridades competentes en un sitio web alojado por la Comisión.
Al comenzar a aplicarse el presente Reglamento, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, llevarán a cabo una campaña para informar a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales de terceros países, así como a las personas jurídicas, acerca de los objetivos del presente Reglamento, las obligaciones en virtud de los artículos 3 y 4, los datos almacenados, la lista de las autoridades competentes, la posibilidad de retención temporal en virtud del artículo 7, las sanciones introducidas con arreglo al artículo 13 y los derechos a un recurso efectivo. La Comisión y los Estados miembros repetirán tales campañas periódicamente. Los Estados miembros idearán y aplicarán las políticas necesarias para informar a sus ciudadanos y residentes acerca del presente Reglamento. Los Estados miembros velarán por que se destine financiación suficiente a estas políticas de información.
Con el fin de informar a los ciudadanos y viajeros acerca de la obligación de declaración del efectivo al atravesar las fronteras y, de este modo, hacerla más eficaz, la Comisión debe emprender campañas de información sobre este Reglamento.
La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento cinco años después de su entrada en vigor y, posteriormente, cada cinco años.
La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, basándose en la información recibida periódicamente de los Estados miembros, un informe sobre la aplicación del presente Reglamento tres años después de su entrada en vigor y, posteriormente, cada tres años. En dicho informe se evaluará, en particular, si deben incluirse otros activos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, si el procedimiento de revelación del efectivo no acompañado cumple su propósito y si se debe revisar el umbral para el efectivo no acompañado.
Artículo 20 – párrafo 2 bis (nuevo)
El artículo 5, apartado 4 bis y el artículo 15, letras a), b), d) y e), serán de aplicación a partir del... [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].
Anexo I – epígrafe 1
Efectos negociables al portador, materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez y tarjetas de prepago considerados efectivo de conformidad con los incisos ii), iii) y iv) del artículo 2, apartado 1, letra a),
Efectos negociables al portador, materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez y tarjetas de prepago anónimas considerados efectivo de conformidad con los incisos ii), iii) y iv) del artículo 2, apartado 1, letra a),
Anexo I – punto 3
3. Se considerarán efectivo de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso iv), las siguientes tarjetas de prepago:
3. Se considerarán efectivo de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso iv), las siguientes tarjetas de prepago anónimas:
DO C 246 de 28.7.2017, p. 22.
I – Contexto de la propuesta
En el contexto de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, deben tomarse medidas a escala europea para poner fin a la financiación de estas actividades delictivas y, de esta forma, acabar con la explotación por parte de los delincuentes de las diferencias entre las distintas normativas nacionales que rigen los controles de efectivo. Es necesario aplicar un enfoque a escala de la Unión para controlar los movimientos de entrada o salida de efectivo en la Unión Europea, no solo para garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior, sino también para proteger a los ciudadanos y a las empresas de la Unión.
Las administraciones aduaneras son las mejor posicionadas para conseguir este objetivo, ya que están a cargo de los controles del tráfico de pasajeros y de la circulación transfronteriza de envíos. La cooperación entre administraciones aduaneras nacionales debe reforzarse para impedir que los delincuentes eludan los controles de efectivo en las fronteras exteriores de la Unión.
El 21 de diciembre de 2016, la Comisión Europea adoptó un paquete de medidas para completar y reforzar el marco legal de la Unión en los ámbitos del blanqueo de capitales, los flujos ilícitos de efectivo y el embargo preventivo y decomiso de activos. Estas propuestas se formulan en el contexto de los compromisos establecidos en el Plan de acción de la Comisión Europea de febrero de 2016 para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo.
Entre estas medidas, la Comisión Europea propone la mejora del Reglamento existente relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo en la Unión, adoptado en 2005. La base jurídica de esta propuesta es tanto el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece el principio de aproximación de las disposiciones nacionales de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, como el artículo 33, que prevé fortalecer la cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión.
Los cambios propuestos por la Comisión tienen como objetivo reforzar los controles de las personas que entran en la Unión o que salen de ella con 10 000 EUR o más en efectivo o con objetos preciosos de un valor similar, así como el envío de estos bienes mediante paquetes postales o envíos de mercancías. Los cambios también permitirán a las autoridades mejorar su intercambio de información con los Estados miembros e intervenir en casos en los que las cantidades sean inferiores al importe límite que no requiere declaración en aduana (10 000 EUR) cuando haya sospechas de que existe una actividad delictiva.
En particular, la propuesta amplía la definición de «efectivo» para incluir el oro y otras mercancías de gran valor, así como tarjetas de prepago que no estén asociadas a una cuenta financiera, las cuales no están incluidas actualmente en la declaración en aduana normal. También se incluye en la propuesta el efectivo no acompañado.
La propuesta también permite a las autoridades competentes retener efectivo temporalmente cuando detecten movimientos de importes inferiores a los umbrales establecidos que parezcan guardar alguna relación con actividades ilegales, lo cual no se contempla en el Reglamento actual.
Finalmente, la propuesta tiene por objeto garantizar una aplicación uniforme de los controles mediante los poderes de ejecución otorgados a la Comisión con respecto a los criterios para gestionar los riesgos, las reglas para el intercambio de información, los modelos de formularios de comunicación y el sistema de intercambio de datos, así como sobre la transmisión de información por parte de los Estados miembros a la Comisión.
II – Posición de los ponentes
Los ponentes acogen con satisfacción el objetivo general de la propuesta de actualizar y mejorar el Reglamento actual. Los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto que los blanqueadores de capitales y aquellos que financian el terrorismo han conseguido encontrar maneras de eludir las normas europeas sobre los controles de efectivo.
Los principales cambios que proponen los ponentes tienen por objeto fortalecer aún más el Reglamento mediante la aclaración de algunas disposiciones clave, tales como, particularmente, la definición y la diferenciación entre el «efectivo acompañado» y el «efectivo no acompañado» y la determinación de la persona responsable de la declaración de efectivo acompañado. Esta última se ha definido incluyendo a cualquier persona física que entre en la Unión o que salga de ella llevando efectivo consigo, en su maleta o en el vehículo que utilice para cruzar las fronteras exteriores de la Unión, con independencia del vínculo que exista entre la persona y el efectivo (es decir, si es su propietario o su destinatario previsto).
Además, con el fin de facilitar las investigaciones de las autoridades competentes y de garantizar una identificación clara de las personas involucradas, se ha ampliado la información que se requiere en una declaración y se ha adaptado a personas físicas y jurídicas.
Con objeto de clarificar el concepto de «gestión de riesgos», se han añadido referencias a la definición existente del Reglamento (UE) n.º 952/2013 y a las disposiciones incluidas en la Directiva 2015/849 en las que se desglosan las medidas para la «evaluación del riesgo». Cabe destacar que los ponentes estiman necesaria la aplicación del artículo 290 del TFUE en lugar del artículo 291 por motivos de eficiencia, y se propone el cambio acorde en el proyecto de informe.
Los ponentes están convencidos de que lograr el objetivo perseguido por esta propuesta implica tanto la armonización a escala europea de la aplicación de controles por parte de las autoridades nacionales competentes como la aproximación de sanciones nacionales en caso de incumplimiento. La Comisión debería adoptar medidas para garantizar la aplicación uniforme de controles por parte de las autoridades competentes, y los Estados miembros deberían tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo que respecta a sanciones aduaneras, que deberían basarse en el principio de proporcionalidad.
Una de las mejoras clave del Reglamento es la del intercambio de datos. A este respecto, los ponentes preferirían una acción rápida y sugieren, tras haber consultado a expertos en la materia, que se implemente directamente el sistema informático de intercambio de datos CIS+ para que sea utilizado por todos los Estados miembros. Este sistema es eficiente y fácil de usar. Con el fin de prevenir delitos de la manera más eficaz posible, los ponentes también proponen que los Estados miembros comuniquen la información, a más tardar, en los tres días hábiles después de la fecha en la que sea recabada, en lugar del período de un mes que se recoge actualmente en el Reglamento.
En la misma línea, los ponentes proponen la creación de una unidad de inteligencia financiera europea para mejorar la cooperación relativa a la coordinación de las autoridades de investigación, que permitiría la transmisión sin demora de la información recabada por las unidades nacionales. Dada la naturaleza dinámica y cambiante de las cuestiones que se abordan en este Reglamento, los ponentes también han propuesto incluir una cláusula de revisión firme que permita actualizar regularmente el Reglamento cada tres años para que esté al día respecto a las capacidades y los avances técnicos de los defraudadores.
Por último, los ponentes comparten la opinión expresada por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que acoge con satisfacción la disposición de un período máximo de conservación de los datos personales almacenados por las autoridades competentes y las unidades de inteligencia financiera.
Controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Unión
Artículo 55 – Procedimiento de comisiones conjuntas
Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra
Última actualización: 5 de enero de 2018 Aviso jurídico