Source: http://www.accesoalajusticia.org/wp/tag/referendum/
Timestamp: 2018-02-21 03:17:54
Document Index: 65471511

Matched Legal Cases: ['artículo 252', 'artículo 25', 'artículo 70', 'artículo 347', 'artículo 81', 'artículo 78', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 78', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 2']

REFERÉNDUM | Acceso a la Justicia
Posted on junio 7, 2017 agosto 17, 2017
Tipo De Recurso: Aclaratoria
Nº Exp: 17-0519 TSJ/SC Nº Sent: 441 Fecha: 07-06-2017
Caso: Luisa Ortega Díaz actuando en su carácter de Fiscal General de la República solicitó la aclaratoria de la sentencia número 378 dictada por esta Sala el 31 de mayo de 2017, que admitió y resolvió la demanda de interpretación constitucional de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela interpuesta por el abogado Leopoldo Pita Martínez.
Decisión: INADMISIBLE por falta de legitimación la solicitud de aclaratoria de la sentencia número 378 dictada por esta Sala Constitucional el 31 de mayo de 2017.
“El recurso de interpretación, por el contrario, exige un interés personal, directo y actual, en los términos en que fue asumido en la sentencia número 378, objeto de la interpretación y cuya aclaratoria se solicita, con fundamento en los fallos números 1383/2008, caso: “Luis Hueck Henríquez” y número 2780/2003, caso: “Elba Paredes Yéspica”.
En conclusión, al no tratarse de una acción popular, la Fiscal General de la República, quien no fue la solicitante de la interpretación en cuestión, mal podría invocar un interés general o una “particular” concepción del orden público, para solicitar la presente aclaratoria.
Por lo antes expuesto, con base en lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, así como lo establecido en el fallo número 100, del 6 de febrero de 2001, ratificado en sentencia número 3, del 11 de enero de 2013, caso: “Marelys D’Arpino”, esta Sala declara inadmisible, por falta de legitimación, la solicitud de aclaratoria de la sentencia número 378, dictada el 31 de mayo de 2017, interpuesta por la Fiscal General de la República. Así decide.”
Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió mediante sentencia N° 378 que no es necesario efectuar un referendo consultivo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente efectuada por el Presidente de la República http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199490-378-31517-2017-17-0519.HTML.
Frente a esta decisión la Fiscal General de la República solicitó una aclaratoria, pues para el MP esta sentencia deroga “la democracia participativa y protagónica, la supremacía constitucional, el principio de soberanía que es intransferible, que reside en el pueblo y también la progresividad de los derechos humanos”.
Sin embargo, según el parecer de la SC al no haber sido parte el MP en el proceso de interpretación constitucional mal puede la Fiscal invocar un interés para solicitar la aclaratoria de la sentencia N° 378, con lo cual al carecer de legitimación la Sala declaró inadmisible tal petición. Con este fallo, la SC desconoció formalmente las funciones que tiene el MP para garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/199712-441-7617-2017-17-0519.HTML
Posted on junio 2, 2017 junio 22, 2017
Posted on mayo 31, 2017 septiembre 1, 2017
TSJ/SC Nº: 378 Fecha: 31-05-2017
Caso: Leopoldo Pita Martínez solicita interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 5, 7, 62, 70, 266 cardinal 6, 335 y 336 cardinal 7 y 11 eiusdem, en concordancia con lo previsto en el artículo 25, cardinal 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Decisión: ADMITE y declara RESUELTA la demanda de interpretación constitucional de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“La Constitución de 1999 consagra el principio de la soberanía po­pular con las consecuencias políticas aludidas por Rousseau: el mandato imperativo (revocatoria del mandato -arts. 6 y 72- y rendición de cuentas -arts. 6 y 66). Es decir, en la nueva Carta el pueblo no solo es titular de la soberanía sino que, además, puede ejercerlo directamente a través de los medios de participación contenidos en el artículo 70 eiusdem y las modalidades “referendarias” contempladas en los artículos 71, 72, 73 y 74 eiusdem.
Claro está, lo expuesto no significa que el modelo de democracia par­ticipativa excluye la representación. Ello implicaría la desaparición del Estado-aparato, que es imprescindible para la gestión diaria de los asuntos públicos. Como refiere Enrique Dussel, la democracia participativa y la representativa no son términos antitéticos o contradictorios: “Deben ser articulados dialécticamente, de manera que un término enriquezca al otro y se definan mutuamente”.
Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió mediante un recurso de interpretación constitucional que no es necesario efectuar un referendo consultivo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente efectuada por el Presidente de la República.
Esta decisión lamentablemente implica un retroceso y vulneración de los derechos democráticos de los venezolanos al desconocer que es el pueblo soberano el depositario del poder constituyente originario, conforme con lo dispuesto en el artículo 347 constitucional con “el objeto de transformar el Estado, crear nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución”.
De esta forma, la SC condiciona al poder originario que reside en el pueblo a los intereses del Presidente de la República que no es otro que la conservación del poder sin importarle los principios, valores y derechos estipulados en la Constitución venezolana.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199490-378-31517-2017-17-0519.HTML
Posted on marzo 24, 2017 mayo 12, 2017
ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS O INTERESES DIFUSOS
TSJ/SC Nº 153 Fecha: 24-03-2017
Caso: Braulio Jatar Alonso, Henry Jaspe Garcés, Antonio González Abad y Luis Andrés Tarbay, ejercieron demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos, contra del ciudadano Gobernador del estado Nueva Esparta, Carlos José Mata Figueroa, por las presuntas amenazas de violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad de expresión y a la participación popular en referendos revocatorios previstos en los artículos 21, 57 y 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Decisión: Se declara INADMISIBLE la presente acción de protección de los derechos e intereses colectivos.
“Determinada la competencia, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de la pretensión incoada, por lo que, en atención al criterio jurisprudencial reiterado de esta Sala, corresponde pronunciarse sobre la legitimidad de los accionantes, que intentaron la acción incoada en defensa de los denominados derechos colectivos.
Ahora bien, en cuanto a la legitimación ad causam para interponer pretensiones o demandas de intereses colectivos o difusos de sujetos, entes, asociaciones u organismos públicos o privados, o la representación de las demás personas afectadas ante situaciones lesivas o amenazas de agravio de intereses que transcienden a los personales, los peticionarios debe encontrarse en una posición de vinculación o afectación a sus derechos o situación jurídica de su esfera particular, tal como lo ha señalado esta Sala en sentencia N.° 612 del 15 de julio de 2016:
“(…) se colige que, en cuanto a la legitimación y representación de particulares para la proposición de pretensiones de tutela de intereses colectivos o difusos, el peticionario debe encontrarse en una posición de vinculación o afectación directa a sus derechos o situación jurídica subjetiva, es decir, que el acto, hecho u omisión que materializa la circunstancia fáctica, genere, además de lesión sobre los derechos o intereses suprapersonales, una alteración directa y negativa en la situación jurídica del peticionario, quien debe proponer, en primer orden, la pretensión en defensa de sus derechos, con la invocación y finalidad de solución colectiva a quienes se encuentren en similar situación, para lo cual debe acreditar el grado de representación que se atribuye, pues una de las particularidades de la afectación de intereses suprapersonales es que la decisión necesariamente debe resolver la situación gravosa para toda la pluralidad subjetiva afectada, debido a que en estos casos es imposible la individualización o solución exclusiva de la situación jurídica del peticionario sin consecuencias jurídicas para el resto, dada la indivisibilidad del derecho o interés lesionado”.
En este sentido, en el presente caso los accionantes no señalaron fundamentación alguna de legitimación o representación de la pretensión incoada de la tutela de los intereses difusos o colectivos. En este sentido, en sus alegaciones los peticionarios no demostraron la situación jurídica que le hubiese sido afectada en su esfera particular que debe ser invocada en primer término con miras a la resolución del conflicto de los derechos e intereses de quienes se encuentren en la misma situación, y a su vez, ello permita la representación de la pluralidad subjetiva afectada por la situación delatada como lesiva de los derechos e intereses de la colectividad a quien dicen representar.
Además, no demuestran qué afectación puedan tener con las supuestas limitaciones al acceso a las misiones o de las presuntas situaciones de discriminación desplegadas en el estado Nueva Esparta a las personas que participaron en el proceso revocatorio, lo cual denota falta de representación y legitimación para actuar en nombre de unos intereses colectivos, difusos o suprapersonales del colectivo del cual se arrogaron su representación los ciudadanos Braulio Jatar Alonso, Henry Jaspe Garcés y Luis Andrés Tarbay, en el presente caso ante una pretensión que en términos fácticos no demuestran que les lesionen o que los actos lesivos afectan su situación jurídica subjetiva.
Comentario de Acceso a la Justicia: Los accionantes, en este caso, alegaban el hecho notorio y comunicacional en que el gobernador del estado Nueva Esparta Carlos José Mata Figueroa en su programa radial y televisivo “Triunfando con el Gobernador”, intimidó públicamente a todos los habitantes de la entidad que hubiesen solicitado la activación del referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República, “…de limitarles el acceso a la Misión Vivienda o la Misión Transporte, así como despedir de sus trabajos a los funcionarios públicos a través de una lista que tendría a su disposición para ejecutar actos que a criterio de los accionantes tienen carácter de apartheid político, por el solo hecho de haber firmado la activación del referido proceso constitucional”, y por ende, demandaron la violación de los derechos a la igualdad, a la libertad de expresión y a la participación popular en referendos revocatorios.
Sin embargo, la SC determinó la inadmisibilidad de la demanda por la falta en que incurrieron los accionantes de no demostrar en qué les afectaban “…las supuestas limitaciones al acceso a las misiones o de las presuntas situaciones de discriminación desplegadas en el estado Nueva Esparta a las personas que participaron en el proceso revocatorio…” lo que “…denota falta de representación y legitimación para actuar en nombre de unos intereses colectivos, difusos o suprapersonales del colectivo…” . Cabe acotar que a pesar de que las amenazas denunciadas podrían tener un presunto carácter delictivo, la Sala se abstuvo de remitir el expediente al Ministerio Público para que el mismo realizara las averiguaciones pertinentes. En tal sentido debe recalcarse que es obligación de toda persona, y más de un órgano del poder público, el denunciar la presunta comisión de un delito para que el mismo sea investigado.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197251-153-24317-2017-16-0548.HTML
Posted on marzo 23, 2017 abril 17, 2017
TSJ/SC Nº 123 Fecha: 23-03-2017
Caso: acción de amparo interpuesta por Evelio Quintero, Hernán José Reyes, Francisco Seijas y Wilfredo Seijas en contra de la decisión del CNE de suspender el proceso de recolección de firmas para el referendum revocatorio
Decisión: Se declara inadmisible la acción de amparo propuesta
“… en cuanto a la legitimación y representación de particulares para la proposición de pretensiones de tutela de intereses colectivos o difusos, el peticionario debe encontrarse en una posición de vinculación o afectación directa a sus derechos o situación jurídica subjetiva, es decir, que el acto, hecho u omisión que materializa la circunstancia fáctica, genere, además de lesión sobre los derechos o intereses suprapersonales, una alteración directa y negativa en la situación jurídica de los peticionantes, deben proponer, en primer orden, la pretensión en defensa de sus derechos, con la invocación y finalidad de solución colectiva a quienes se encuentren en similar situación, para lo cual debe acreditar el grado de representación que se atribuye, pues, una de las particularidades de la afectación de intereses suprapersonales es que la decisión necesariamente debe resolver la situación gravosa para toda la pluralidad subjetiva afectada, debido a que, en estos casos, es imposible la individualización o solución exclusiva de la situación jurídica de los accionantes sin consecuencias jurídicas para el resto, dada la indivisibilidad del derecho o interés lesionado (Vid. sentencia Nro. 490 del 28 de junio de 2016, caso: “José Ignacio Guédez Yépez contra el Gobierno Nacional”).
No obstante, los accionantes no demostraron que su situación jurídica subjetiva hubiese sido afectada por los hechos, actos u omisiones que le atribuyen al Consejo Nacional Electoral en la persona de la ciudadana Tibisay Lucena, así como su supuesta condición de representantes del Partido OPG Organizados para Gobernar Gente Nueva, que pudiese atribuirles la representación para actuar o requerir del órgano de administración de justicia la protección o tutela de derechos o intereses ajenos.”
La SC declaró inadmisible la acción de amparo constitucional presentada por varios ciudadanos representantes del Partido OPG Organizados para Gobernar Gente Nueva, para la protección tanto de sus derechos individuales como colectivos y difusos ante la decisión de la presidenta del CNE en que declaró la suspensión del proceso de recolección del equivalente al 20% de las manifestaciones de voluntad del Pueblo Venezolano para el referéndum revocatorio Presidencial, el cual iba a realizarse en los próximos días del 26, 27 y 28 de octubre de 2016.
La decisión de la mencionada Sala estuvo sustentada en la falta de legitimación y representación por parte de los accionantes quienes no demostraron que su situación jurídica hubiese sido afectada por los hechos, actos u omisiones que le atribuyen al Consejo Nacional Electoral en la persona de la ciudadana Tibisay Lucena, así como su supuesta condición de representantes del Partido OPG Organizados para Gobernar Gente Nueva.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197106-123-23317-2017-16-1063.HTML
Posted on noviembre 10, 2016 marzo 20, 2017
TSJ/SE N° 153. Fecha: 10/11/2016.
Caso: Julio Alejandro Pérez Graterol interpuso acción de amparo constitucional relativa a que se reanude el itinerario para la recolección del veinte por ciento de manifestaciones de voluntad para la activación del referendo revocatorio contra el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Decisión: INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Julio Alejandro Pérez Graterol, por inepta acumulación de pretensiones, de conformidad con lo establecido en con lo dispuesto en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 78 eiusdem, aplicables supletoriamente al proceso de amparo según lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La Sala observa:
“Así las cosas, al advertir esta Sala que en el escrito de interposición de la pretensión constitucional la parte accionante denunció hechos y actuaciones de diversos sujetos, señalándolos como presuntos agraviantes de derechos constitucionales; (CNE y tribunales de la jurisdicción penal); este Tribunal requiere determinar si procede o no la acumulación de las pretensiones formuladas en el escrito libelar.
Ante la falta de previsión legal de la acumulación, en la Ley especial de la materia, se aplican supletoriamente las disposiciones que al respecto consagra el Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Siendo así, el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil prevé la posibilidad de acumular en una sola demanda varias pretensiones contra distintas personas, siempre y cuando “hubiere conexión por el objeto de la demanda o por el título o hecho de que dependa”, es decir, por el objeto que se pretende o por la razón que motiva la pretensión.
Así mismo, el artículo 78 eiusdem, establece que: “no podrán acumularse en el mismo libelo, pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí. Ni las que por razón de la materia no corresponda al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí”. (Subrayado de la Sala).
A este respecto, la Sala Constitucional ha indicado que, en casos como estos, debe declararse la inepta acumulación de pretensiones, según se desprende de su reiterada doctrina jurisprudencial que sobre este aspecto es recurrente.“
Comentario de Acceso a la Justicia: Para la Sala Electoral la acción de amparo fue interpuesta contra los hechos y actuaciones de diversos órganos públicos (pertenecientes a diversos poderes), conjuntamente ante un mismo tribunal y, por esta razón “no podrían acumularse tales pretensiones en razón de la incompetencia del juzgador para pronunciarse sobre la totalidad de las denuncias formuladas, haciendo imposible su tramitación”. Ante esta imposibilidad procesal de acumular diversas pretensiones la Sala declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional ejercida. Efectivamente al agregarse como presuntos violadores de las garantías constitucionales a los tribunales penales, sobre los que no tiene competencia la Sala Electoral, se dan los supuestos para la inepta acumulación de acciones.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/noviembre/192322-153-101116-2016-2016-000082.HTML
Posted on octubre 17, 2016 agosto 15, 2017
TSJ/SE N° 147. Fecha: 17/10/2016.
Caso: Recurso de interpretación de los artículos 15 y 29 de las vigentes Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargo de Elección Popular.
Decisión: RESUELTA la interpretación de los artículos 15 y 29 de las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargo de Elección Popular; en los siguientes términos: La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial. La etapa de recolección de las manifestaciones de voluntad no puede ni debe confundirse con el referéndum en estricto sentido, en el cual sí participa la totalidad del padrón electoral, universalidad que abarca a todos los electores tanto a los que apoyan la revocatoria del mandato como a aquéllos que aspiran a ratificar en el cargo al funcionario electivo sometido a la consulta popular. La recolección de las manifestaciones de voluntad no constituye en ningún caso, por consiguiente, ni una consulta, ni un referendo, ni un plebiscito.
Comentario de Acceso a la Justicia: A partir del recurso de interpretación interpuesto que tuvo por objeto determinar el sentido y alcance de los artículos 15 y 29 de las Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular referente al 20% de la recolección de las manifestaciones de voluntad para solicitar el referendo revocatorio que indica el artículo 72 constitucional, la Sala interpretó que la recolección de voluntades se deber verificar y certificar por cada entidad federal. Asimismo, indicó que la falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial. Esta sentencia respaldó jurídicamente la decisión del CNE de que la recolección de firmas para solicitar el referendo revocatorio contra el Presidente de la República deba efectuarse por estado, como si fuese un cargo estadal, desconociendo que es un cargo que corresponde a la circunscripción nacional.
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/190852-147-171016-2016-2016-000074.HTML
Posted on septiembre 23, 2016 noviembre 22, 2017
El 21 de septiembre el CNE dio muestras que ya casi no existe democracia en el país, al obviar groseramente su rol como garante de los derechos políticos y, especialmente, de la democracia representativa y participativa, al introducir diversos obstáculos destinados solo a la tutela de los intereses del Ejecutivo Nacional e impedir el ejercicio de un derecho constitucional como es el referendo revocatorio, establecido en el artículo 72 de la Constitución.
El primer obstáculo del CNE consistió en exigir que la recolección del 20% de voluntades se haga por cada estado para activar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Acceso a la Justicia observa que la elección del titular del cargo de Presidente de la República corresponde a la circunscripción nacional y, por ende, la revocatoria de su mandato también debe referirse a esa circunscripción por tratarse de un proceso en que participan todos los venezolanos inscritos en el Registro Electoral.
Por ello, no es posible que sea regulado como un cargo estadal, como lo hizo el CNE, porque no se trata de la revocación de 23 gobernadores en que hay que alcanzar el 20% de los electores inscritos en cada Estado. Siendo así, el CNE modificó la letra de una norma constitucional, siguiendo la tendencia del TSJ.
El segundo obstáculo es que dijo que asignarían solo 5.392 máquinas para la recolección, lo que no se corresponde con el carácter nacional del evento. Solo hay que recordar, tal como lo indicó el ex rector del CNE Vicente Díaz, que para las primarias del partido de gobierno (el PSUV) el CNE facilitó 8.300 máquinas.
“…una vez cumplidas todas las actividades posteriores a la recolección del 20% del registro electoral, el Consejo nacional Electoral deberá emitir la declaratoria de procedencia o no procedencia, la cual se llevará a cabo a finales del mes de noviembre…, por lo que de cumplirse los requisitos normativos y si se alcanzara el quorum mínimo para la activación del mecanismo, la convocatoria del evento tendría lugar a principio de diciembre, fecha a partir de la cual inician los 90 días reglamentarios que tiene el organismo para realizar el referendo. De manera que el evento pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017”.
Llama la atención cómo la máxima autoridad se adelanta en esta ocasión y le anuncia a los venezolanos que la celebración del referendo revocatorio presidencial “pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017”.
¿Esta es la garantía de los derechos políticos que ofrece el CNE? ¿Qué pasa con los verdaderos valores democráticos que debe asegurar?
Lo cierto es que hoy día no podemos afirmar que Venezuela sea una sociedad democrática, porque sin participación y alternabilidad no hay democracia. No puede darse la una sin la otra.
De esta manera el CNE, al interpretar el artículo 72 de la Carta Fundamental en contra de su propio ideario, anuló los fundamentos mismos del Estado social democrático de Derecho y de justicia que establece la Constitución en su artículo 2, como son la preeminencia y la garantía de los derechos humanos, la supremacía de la Constitución y la separación de poderes.
La democracia constituye un principio básico que identifica a un Estado de Derecho. Asimismo, la participación en los asuntos públicos es un valor clave de la democracia. La actuación del CNE respecto del revocatorio presidencial, conjuntamente con un TSJ sumiso al partido de gobierno y especialmente al Presidente de la República, está llevando a los venezolanos a la anulación de sus derechos sin la posibilidad de un cambio político que permita la solución de la grave crisis institucional, económica y social que vivimos todos cada día.