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Timestamp: 2017-11-19 06:48:58
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 13', 'artículo 61', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 55', 'artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13']

Concepto 15 de 2009 Oficina Jurídica Nacional
Fecha de Expedición: 02/03/2009
Concepto 015
MEMORANDO 207
Bogotá, D. C., 2 de marzo de 2009
Doctor Jorge Ernesto Durán Pinzón. Secretario General.
Su oficio SG-195-09. Concepto sobre reconocimiento del castellano como Lengua Extranjera en el programa curricular que cursa estudiante indígena.
Por medio del presente, doy respuesta a la inquietud planteada en el oficio de la referencia, teniendo en cuenta el derecho de petición formulado por una estudiante indígena, quien solicita el reconocimiento del castellano como Lengua Extranjera en el programa curricular que cursa, de la siguiente forma:
Acuerdo 8 de 2008 del Consejo Superior Universitario.
Acuerdo 35 de 2008 del Consejo Superior Universitario.
Acuerdo 23 de 2001 del Consejo Superior Universitario
De acuerdo con la documentación anexada al oficio de la referencia y la información requerida por esta dependencia al programa de Admisión Especial-PAES, al programa ALEX y a la Facultad de Ciencias Humanas, se puede establecer lo siguiente:
1. Una estudiante indígena ingresó por el Programa de Admisión Especial -PAES, en el segundo semestre del año 2004 a la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas. De acuerdo con lo manifestado por la Dirección Nacional de Bienestar en oficio DNBU-071 del 27 de febrero de 2009, la normatividad vigente del programa PAES, solo establece mecanismos de ingreso y funcionamiento del préstamo beca, más no temas académicos.
2. De conformidad con lo manifestado por la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Humanas, la estudiante cursó y aprobó todas las asignaturas correspondientes al programa curricular de Sociología, terminándolas en el segundo semestre de 2008.
3. De acuerdo con la certificación expedida por el Gobernador del Resguardo Inga de Yunguillo, la estudiante es indígena Inga del mencionado Resguardo. Solicita el Gobernador igualmente, que se tenga en cuenta lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política, en el sentido de reconocer la diversidad étnica y los derechos de nacionalidad a favor de los indígenas, por lo que solicita que se reconozca que en su resguardo la primera lenga materna se llama Inga y es la lengua oficial y que el castellano es la lengua extranjera.
4. Según lo manifestado por la estudiante en su derecho de petición ante el Consejo Superior Universitario, radicado el 17 de febrero de 2009, varios estudiantes indígenas han obtenido sus títulos profesionales al demostrar el conocimiento y dominio de su lengua materna (indígena) y el castellano, considerando este último como lengua extranjera. Sin embargo, el 16 de febrero de 2009, fue informada por la Coordinación del Programa ALEX, que no podía obtener su título profesional en Sociología, hasta tanto acreditara el conocimiento de una lengua extranjera, al tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 035 de 2008 del Consejo Superior Universitario.
5. Considera la peticionaria, con fundamento en el reconocimiento que se efectúa en la Constitución Política a las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, como oficiales en sus territorios, que el castellano en este caso tiene que ser reconocido como lengua extranjera. Señala así mismo, que el Acuerdo 035 de 2008, expedido el 11 de noviembre de 2008 en la práctica comienza a regir en el primer semestre del año 2009, razón por la que no le es aplicable en forma retroactiva a la estudiante que había culminado el plan de estudios en el segundo semestre del año 2008. Manifiesta igualmente, que en la última fase de sus estudios superiores, se encuentra dando cumplimiento a las obligaciones que asumen los estudiantes indígenas con sus comunidades y el programa PAES, de retribuir con trabajo comunitario los beneficios otorgados a lo largo de la carrera, por lo que la exigencia de otro idioma extranjero para obtener su título, implica el incumplimiento de un trabajo comunitario y dificultades de tipo económico y familiar.
¿Es aplicable el Acuerdo 35 del 11 de noviembre de 2008 del Consejo Superior Universitario, al caso de una estudiante indígena, que cumplió con su plan de estudios de pregrado en el segundo semestre de 2008 y que acreditaría el conocimiento del castellano como lengua extranjera?
1. El Acuerdo 35 de 2008 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el requisito de grado de demostrar la suficiencia en idioma inglés con énfasis en comprensión de lectura", en su artículo 1° definió el alcance de esta disposición, en el siguiente sentido:
"El desarrollo de la competencia comunicativa en idioma inglés, con énfasis en comprensión de lectura, como parte de la formación integral de los estudiantes de pregrado será requisito para obtener el grado en cualquiera de los programas curriculares de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. Para cumplir este requisito, la Universidad ofrecerá formación en este idioma extranjero a los estudiantes de pregrado, orientada a la comprensión de lectura con modalidades de pedagogía intensiva, aprendizaje semiautónomo y uso de tecnologías educativas actuales."
Con respecto al conocimiento de lenguas extranjeras distintas al idioma inglés, como requisito de grado, el mencionado Acuerdo, estableció que correspondería al Consejo Superior Universitario su aprobación y reglamentación, previo concepto favorable del Consejo Académico1.
Esta disposición guarda concordancia con lo establecido en los artículos 13 y 14 del Acuerdo 33 de 2007 del Consejo Superior Universitario2, así:
"ARTÍCULO 13. NIVELES DIFERENCIADOS DE INGRESO A LOS PROGRAMAS DE PREGRADO. La Universidad realizará en el examen de admisión análisis clasificatorios de conocimientos como lecto-escritura, inglés y matemáticas, con el fin de valorar las habilidades y destrezas de los aspirantes o proponer, si fuera necesario, cursos nivelatorios con créditos adicionales a los del programa curricular. Las facultades podrán solicitar a la Dirección Nacional de Admisiones análisis clasificatorios adicionales en las áreas de conocimiento que determinen. De esta forma se caracterizará el capital cultural de los estudiantes para una adecuada inserción en el medio universitario.
ARTÍCULO 14. IDIOMAS EXTRANJEROS. Todo estudiante deberá tener formación en una de las lenguas extranjeras ofrecidas por las sedes de la Universidad Nacional de Colombia de acuerdo con las necesidades académicas propias de los programas curriculares. Los programas curriculares de pregrado deben incluir en los cuatro primeros semestres de la carrera los niveles de lengua extranjera, correspondientes a los doce (12) créditos que serán adicionales a los estipulados para el programa curricular. Los programas curriculares de pregrado y posgrado estimularán la lectura en lenguas extranjeras.
PARÁGRAFO. El ofrecimiento de los idiomas extranjeros dependerá de la disponibilidad de profesores y recursos en cada una de las sedes de la Universidad."
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede deducir en principio que 1) En materia de formación básica de los estudiantes universitarios, es indispensable que éstos adquieran conocimientos en una lengua extranjera, ofrecida por las Sedes de la Universidad, de acuerdo con las necesidades académicas en cada programa curricular. 2) En la actualidad, a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo 35 de 2008 del Consejo Superior Universitario, el conocimiento del idioma inglés, con énfasis en la comprensión de lectura, se constituye en uno de los requisitos de grado en cualquier programa curricular de pregrado. El conocimiento de otras lenguas extranjeras, como acreditación del requisito de grado, esta sujeta a la aprobación y reglamentación del Consejo Superior Universitario. 3) La disposición sobre acreditación del idioma inglés, como requisito de grado, cobija a todos los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, sin distinción de ningún tipo.
2. El mencionado Acuerdo 35 de 2008 de conformidad con lo dispuesto en su artículo 13 comienza a regir a partir del 11 de noviembre de 20083, sin embargo, dicha disposición debe ser analizada en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario4, y el principio de la irretroactividad de la ley y de confianza legítima que debe regir las actuaciones administrativas.
Así el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario dispuso en su artículo 61 lo siguiente:
PARÁGRAFO. El Consejo Académico reglamentará el proceso de aplicación del presente Acuerdo para los estudiantes regidos bajo la anterior normativa."
En ese orden de ideas, si las disposiciones académicas de carácter estatutario, entran a regir a partir del primer semestre del año 2009, normas como el Acuerdo 35 de 2008 del Consejo Superior Universitario, que establecen disposiciones especiales en materia de requisitos de grado, deben regir de manera paralela y simultánea con el nuevo Estatuto Estudiantil, a fin de evitar, vulneración de derechos adquiridos de los estudiantes.
3. Con respecto a la irretroactividad de la ley y la expedición de reglamentos por parte de la Universidad, en virtud de su autonomía, es necesario reiterar lo señalado por este oficina mediante memorando No 0687 del 8 de mayo de 2008 dirigido a la Secretaría General:
"(...) no obstante lo anterior es importante precisar, que la autonomía universitaria no tiene un carácter absoluto, encontrándose limitada por la Constitución y la ley, en aras igualmente a garantizar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria, entre los que se incluyen los estudiantes.
En materia de expedición de reglamentos estudiantiles, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
"c) Uno de los principales atributos de la referida autonomía es la competencia normativa que tienen las universidades para expedir reglamentos tendientes a regular las condiciones a las cuales deben someterse quienes adelanten estudios en los diferentes programas académicos que han diseñado y, específicamente, las atinentes a los requisitos para la obtención del correspondiente título académico.
Esta Sala en la sentencia T-386/94 se refirió al poder reglamentario de los establecimientos educativos, en términos que resultan aplicables a la facultad que tienen las universidades para expedir reglamentos, asi:
"En efecto el aludido poder reglamentario que implementa el legislador tiene su soporte en la Constitución Política, la cual caracteriza la educación como un servicio público (art. 67), cuya prestación puede estar no sólo a cargo del Estado sino de los particulares, y la somete "al régimen jurídico que fije la ley" (art. 365). De esta circunstancia particular resulta que las decisiones reglamentarias de alcance general adoptadas por la administración de un organismo educativo privado, tienen, en principio, un poder vinculante similar al de los reglamentos administrativos expedidos por una entidad pública, en cuanto están destinados a regular la vida estudiantil en lo relativo a los derechos y prerrogativas derivados de su condición de usuarios o beneficiarios de la educación, e igualmente en lo atinente a las responsabilidades que dicha condición les impone. De la relación armónica entre derechos y deberes de los educandos y educadores y la responsabilidad que se puede exigir a unos y a otros, se logra el objetivo final cual es la convivencia creativa en el medio educativo".
d) Si los reglamentos académicos de las universidades tienen sustento constitucional (arts. 67, 69 y 365) y poseen, como se ha visto, un valor normativo similar a los reglamentos administrativos expedidos por las autoridades públicas, constituyendo por lo tanto normas particulares de derecho aplicables dentro del ámbito universitario y con fuerza obligatoria para sus destinatarios -los educandos adscritos al respectivo programa académico- necesariamente hay que concluir que también a dichos reglamentos les es aplicable el principio de la irretroactividad de la ley y, en general, de las normas jurídicas, según el cual estas empiezan a regir a partir de su expedición y promulgación, lo cual es garantía para la protección de las situaciones jurídicas que han quedado consolidadas bajo la vigencia de una determinada normatividad. Por consiguiente, las instituciones universitarias no pueden dictar reglamentos con efectos retroactivos o aplicar las normas contenidas en nuevos reglamentos a situaciones que han quedado definidas o consolidadas bajo un régimen normativo anterior. Si de hecho lo hacen, violan los arts. 58 y 83 de la Constitución que consagran el respeto por los derechos adquiridos, el principio de la buena fe, y la confianza legítima o debida, íntimamente vinculada a éste, cuyo contenido y alcance ha sido precisado varias veces por la Corte. " (Subrayado fuera de texto. Sentencia T-098 de 1999. Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell)
Así mismo en sentencia T-669 de 2000, la Corte señaló que: "Si bien es cierto que a los reglamentos universitarios "les es aplicable el principio de la irretroactividad de la ley", por lo que "las instituciones universitarias no pueden dictar reglamentos con efectos retroactivos o aplicar las normas contenidas en nuevos reglamentos a situaciones que han quedado definidas o consolidadas bajo un régimen normativo anterior", también es cierto que, al momento de proferirse la resolución que obliga a los estudiantes a aprobar la nivelación de inglés, la estudiante no contaba con una situación consolidada, como quiera que no había finalizado materias del pénsum académico ni había presentado los preparatorios correspondientes. En efecto, el acto que origina la presente tutela, fue proferido tres semestres antes de que la accionante cumpla con todos los requisitos de grado, lo que demuestra que el derecho a obtener el título de tecnólogo en administración financiera no se había consolidado.
e) Resulta incuestionable que la autonomía universitaria no es absoluta, en razón a que está limitada por la Constitución y la ley, proscribiendo, de este modo, decisiones arbitrarias del centro educativo. Sin embargo, la Sala considera que la decisión en cuestión no transgrede desproporcionada e irrazonablemente los derechos fundamentales de la accionante, como quiera que se fundamenta en una política loable de mayor preparación para la práctica de la tecnología en administración financiera." (Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero)
De lo expuesto anteriormente puede concluirse preliminarmente lo siguiente: 1) La autonomía universitaria no es absoluta, encontrando uno de sus límites en el respeto a los derechos y garantías fundamentales de los estudiantes. 2) En virtud de lo anterior, los reglamentos que expida en ejercicio de su autonomía por regla general están cobijados por el principio de irretroactividad de la ley, es decir, que el reglamento empieza a aplicarse a partir de la fecha de expedición y promulgación. 3) No puede aplicarse de forma retroactiva un reglamento a situaciones consolidadas bajo la normatividad anterior, so pena de vulnerar el principio de buena fe y confianza legítima de quienes adquirieron un derecho legítimamente. 4) Si el derecho no se consolidó en vigencia de la norma que se deroga, no podría alegarse válidamente que se vulnera algún derecho fundamental, toda vez que en primer lugar la universidad esta facultad para expedir este tipo de reglamentaciones y en segundo lugar, porque no se había consolidado efectivamente una situación jurídica."
3 (sic). De acuerdo con lo anterior, los estudiantes que cumplieron los requisitos de grado durante el segundo semestre del año 2008, no estarían cobijados por las disposiciones que en materia de conocimiento del idioma inglés estatuyó el Acuerdo 35 de 2008 del Consejo Superior Universitario.
El mencionado Acuerdo 35 de 2008, derogó en forma expresa los Acuerdos 23 de 2001 y 27 de 2002, ambos del Consejo Superior Universitario, normas que establecían disposiciones relacionadas con el requisito de Lenguas Extranjeras para los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.
Las normas derogadas, son aplicables en el caso objeto de estudio, toda vez que para la fecha de ingreso de la estudiante peticionaria (Año 2004), eran las normas vigentes y aplicables a los estudiantes en materia de conocimiento de una lengua extranjera como requisito de grado. Así el artículo 1° del Acuerdo 23 de 2001 del Consejo Superior Universitario, estableció lo siguiente:
"El desarrollo de la competencia comunicativa en una lengua extranjera con suficiencia, con énfasis en comprensión de lectura, como parte de la formación integral de los estudiantes de pregrado será requisito para obtener el grado y para ingresar a los posgrados de la Universidad Nacional de Colombia. Para cumplir con este requisito la Universidad ofrecerá formación en lenguas extranjeras a los estudiantes de pregrado, orientada al desarrollo de una competencia integral en lengua extranjera con modalidades de pedagogía intensiva, aprendizaje semiautónomo y uso de tecnologías educativas actuales."
Es importante señalar, que a diferencia de la norma vigente (Acuerdo 35 de 2008 del Consejo Superior Universitario), el Acuerdo 23 de 2001 hace mención a lenguas extranjeras, sin supeditarlas al idioma inglés de forma única y exclusiva, lo cual permite establecer que en vigencia de dicha norma, un estudiante podía acreditar el conocimiento de una lengua extranjera para lo cual la Universidad ofrecería la formación correspondiente. Coinciden ambos acuerdos, en establecer su aplicación para todos los estudiantes, indistintamente de su origen, condición social, sexo u etnia.
4. De forma específica, en relación con el reconocimiento del castellano como lengua extranjera, para el caso de los estudiantes indígenas, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la Constitución Política:
"Artículo 7°. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
Artículo 10° El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüisticas propias será bilingüe"
La Constitución Política de 1991, a diferencia de la anterior Constitución de 1886, reconoce la existencia de las comunidades étnicas, como la indígena, como parte esencial de la identidad Nacional, reconociendo la diversidad étnica y cultural, y promoviendo la protección de dichas diferencias. Así las cosas, uno de las formas a partir de las cuales se protege dicha diversidad cultural es a partir del reconocimiento de otras lenguas, distintas al castellano, como oficiales dentro de sus territorios. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido lo siguiente:
"Los indígenas, en su condición de ciudadanos y nacionales, son titulares de todos los derechos fundamentales, tal y como ocurre con los demás colombianos. Además, por tratarse de comunidades social y culturalmente diferentes dentro del entorno del país, son también titulares de los llamados derechos colectivos indígenas a los que ya se hizo expresa mención, los cuales se materializan en una serie de prerrogativas reconocidas en el derecho interno y en el derecho internacional, consideradas como imprescindibles para asegurar la supervivencia de las étnias en su condición de entidades jurídicas y sociales con autonomía e identidad propia.
Según se mencionó, dentro de los derechos colectivos de las comunidades y grupos étnicos está el derecho a una educación adecuada y acorde con sus valores, su cultura y su forma de vida. Ello significa que los pueblos indígenas en general y sus integrantes en particular, tienen derecho a recibir del Estado una educación especial, ajustada a los requerimientos y características de los distintos grupos que habitan el territorio nacional.
Como complemento de lo anterior, los artículos 10°, 68 y 70 de la Carta, consagran expresamente que los integrantes de los grupos étnicos tienen derecho a recibir una formación y enseñanza que respete y desarrolle su identidad cultural, bilingüe en las comunidades con tradiciones lingüísticas, y que es deber del Estado promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades.
De acuerdo con tales postulados, se tiene que, en general, la Constitución reconoce a todos los habitantes del territorio nacional, incluyendo a los indígenas, una esfera inexpugnable de cultura, considerándolos a su vez un medio para alcanzar conocimiento y lograr un alto grado de perfección en beneficio propio y de la sociedad. Pero también, de manera específica, el propio Estatuto Superior acepta las diferencias culturales y, por tanto, radica en cabeza de las comunidades indígenas y de todos sus integrantes, el derecho a una identidad educativa especial, al imponerle al Estado el deber de brindarles un modelo de educación que responda a sus diferentes manifestaciones de cultura y formas de vida.
Desde esta perspectiva, el derecho a una educación especial reconocido a las comunidades tradicionales es un derecho fundamental de doble vía. Lo es, por tratarse de un derecho connatural a todos los hombres entre los que se cuentan los indígenas, y también, por cuanto hace parte integral del derecho a la identidad cultural que, como se ha dicho, tiene dimensión ius fundamental.
Este derecho fundamental de las comunidades indígenas a recibir una educación especial, también es reconocido por el Convenio 169 de la O.I.T. que, como se anotó anteriormente, se incorpora al derecho interno mediante la Ley 21 de 1991 y hace parte del bloque de constitucionalidad, razón por la cual sus normas, al lado de la Carta Política, se constituyen en referente obligatorio para la Corte dentro del juicio de constitucionalidad de las leyes.
Tal y como puede observarse, en el campo de la implantación de un sistema de educación especial para los grupos étnicos, el Convenio 169 de la O.I.T. prevé el mecanismo de la consulta previa, al consagrar expresamente en su artículo 27 que "Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos, a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas las demás aspiraciones sociales, económicas y culturales".
7. El régimen legal de educación para los grupos étnicos
Pues bien, en ejercicio de esa competencia, y teniendo en cuenta la obligación impuesta al Estado de brindarle a las comunidades nativas un modelo de educación que responda a sus diferentes manifestaciones culturales y formas de vida, el legislador profirió la Ley 115 de 1994, "por la cual se expide la Ley General de Educación", en la que se incluyó, en su Capítulo III artículos 55 a 63, el tema relativo a la educación especial para grupos étnicos.
Inicialmente, la ley define la etnoeducación como la educación "que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos", la cual además "debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones" (artículo 55).
Asimismo, el señalado ordenamiento se refiere a los principios y fines que orientan la etnoeducación, destacando como especialmente relevantes los de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad, cuya finalidad es la de afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, así como también los sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura (art. 56).
Dicho estatuto consagra el bilingüismo para la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, tomando como fundamento la lengua materna del respectivo grupo (art. 57); le asigna al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y en concertación con los grupos étnicos, la función de prestar asesoría especializada en el desarrollo curricular, elaboración de textos y materiales educativos, y, especialmente, en la ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística (art. 59); prohíbe la injerencia de los organismos internacionales en la educación de los grupos étnicos, sin la previa aprobación del Gobierno y el consentimiento otorgado por las comunidades interesadas (art. 60); y ordena que de ser necesaria la celebración de contratos para la prestación del servicio educativo de las comunidades tradicionales, los mismos deben ajustarse a los principios y fines de la etnoeducación y su ejecución deberá ser concertada con las autoridades indígenas de las respetivas entidades territoriales (art. 63)." (Negrilla fuera de texto. Sentencia C-208 de 2007. Magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil)
De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, puede deducirse lo siguiente: 1) Los miembros de una comunidad indígena, como ciudadanos nacionales gozan de todas las prerrogativas propias de los nacionales y a su vez son beneficiarios de los derechos que la Constitución les garantiza como miembros de dicha comunidad indígena. 2) Con fundamento en el reconocimiento de valores étnicos y el derecho de las comunidades indígenas a sobrevivir y desarrollarse conforme sus propios valores, el sistema educativo debe considerar dicha diversidad cultural, en aras a garantizar el respeto a la identidad cultural de los pueblos indígenas. 3) Dentro de ese marco educativo, la diversidad lingüística juega un papel definitivo, y en ese sentido se promueve la enseñanza de las dos lenguas: la lengua materna del respectivo grupo y la lengua nacional, en este caso el castellano.
En ese orden de ideas, un estudiante indígena efectivamente puede acreditar el conocimiento de una segunda lengua, en este caso el castellano, en el entendido que su lengua materna es reconocida constitucionalmente como oficial en su territorio, en tanto que representa también parte de su cultura, valores y forma de vida. Ahora bien, el castellano, según lo expuesto, aún cuando representa una segunda lengua para el estudiante indígena, es considerada igualmente por la Constitución como lengua oficial y en ese sentido es nacional y no extranjera en sentido estricto5. En ese sentido, no sería contrario al reconocimiento efectuado en la Constitución Política sobre la oficialidad de otras lenguas en territorios indígenas, el que se exija a un estudiante el conocimiento de una lengua extranjera, como lo sería el inglés por citar un ejemplo, en tanto que no se esta afectando con ello sus valores y tradiciones culturales, sino que por el contrario, se le están brindando alternativas adicionales de conocimiento.
Sin embargo, dado que según lo manifestado por la Vicerrectoría Académica, en oficio VRA-107 de 2009 y la Dirección Nacional de Programas de Pregrado DNPPr-034-09, históricamente a otros miembros de la comunidad indígena se les ha reconocido como "lengua extranjera", el conocimiento del castellano, en aras a garantizar el derecho a la igualdad de la peticionaria, sería válido que el Programa ALEX certifique la mencionada suficiencia del idioma, como requisito para obtener el grado.
De lo expuesto anteriormente se concluye, que no es aplicable el Acuerdo 35 del 11 de noviembre de 2008 del Consejo Superior Universitario, en el caso de una estudiante indígena, que cumplió con su plan de estudios de pregrado en el segundo semestre de 2008, teniendo en cuenta las siguientes razones:
1. La estudiante consolidó sus derechos para obtener el título profesional respectivo, con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo 008 de 2008 o Estatuto Estudiantil. En ese sentido, disposiciones relacionadas con los requisitos de grado, como las consagradas en el Acuerdo 35 de 2008 del Consejo Superior Universitario, no pueden afectar derechos adquiridos de la estudiante y mucho menos pueden ser aplicadas de forma retroactiva.
2. Corresponde a la estudiante en todo caso, acreditar el conocimiento de una lengua extranjera, no necesariamente el idioma inglés, al tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 023 de 2001 del Consejo Superior Universitario, toda vez que era la norma vigente para la época en que la estudiante ingreso a la Universidad Nacional y bajo la cual acreditó los requisitos de grado respectivos.
3. Con respecto al reconocimiento del castellano, como requisito para acceder al título profesional, en los términos del Acuerdo 23 de 2001 del Consejo Superior Universitario, aún cuando este se considera lengua nacional en el territorio colombiano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política, y en sentido estricto no se considera lengua extranjera para los miembros de una comunidad indígena, también lo es, que si se considera una segunda lengua para los indígenas, lengua que a su vez ha sido reconocida por la Universidad en otros eventos similares como equivalente al segundo idioma exigido en el Acuerdo 23 de 2001, razón por la cual en aras a salvaguardar el derecho a la igualdad se podría considerar como válido para acreditar el conocimiento de una lengua extranjera.
4. Dado que corresponde al Consejo Superior Universitario, aprobar y reglamentar el reconocimiento como requisito de grado de otras lenguas extranjeras, se recomienda que en dicha oportunidad se precise si para el caso de comunidades étnicas como la indígena, el español será considerado como lengua extranjera en su caso, o si por el contrario, están en la obligación de acreditar otras lenguas como requisito para acceder a su título profesional, en igualdad de condiciones que los demás estudiantes de la Universidad.
Para finalizar anexo al presente copia de los conceptos suministrados por la Vicerrectoría Académica y la Dirección Nacional de Programas de Pregrado, relacionados con éste tema, para su información y fines pertinentes.
1 Artículo 11, Acuerdo 35 de 2008 del Consejo Superior Universitario.
2 "Por el cual se establecen los lineamientos básicos para el proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a través de sus programas curriculares"
3 Artículo 13. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y deroga los Acuerdos 023 de 2001 y 027 de 2002, ambos del Consejo Superior Universitario, así como las demás disposiciones que le sean contrarias.
4 "Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones Académicas"
5 El diccionario de la Lengua Española define extranjero de la siguiente forma: 1. adj. Que es o viene de país de otra soberanía. 2. adj. Natural de una nación con respecto a los naturales de cualquier otra. U. m. c. s. 3. m. Toda nación que no es la propia. EL extranjero.