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Timestamp: 2019-02-22 22:34:01
Document Index: 48337835

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 71', 'artículo 8', 'artículo 26', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 5']

ORDEN AYG/2354/2009, de 11 de diciembre, por la que se regulan las indemnizaciones derivadas de las medidas fitosanitarias adoptadas para la erradicacion y control de las bacterias de cuarentena Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus y Ralstonia solanacearum, en patata. | Iberley
ORDEN AYG/2354/2009, de 11 de diciembre, por la que se regulan las indemnizaciones derivadas de las medidas fitosanitarias adoptadas para la erradicacion y control de las bacterias de cuarentena Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus y Ralstonia solanacearum, en patata. - Boletín Oficial de Castilla y León, de 31-12-2009
Boletín: Boletín Oficial de Castilla y León Número 251
La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal («B.O.E.» n.º 279, de 21 de noviembre), junto al Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros («B.O.E.» n.º 19, de 22 de enero), y sus posteriores modificaciones, constituyen la base legal de una protección necesaria para garantizar el nivel sanitario de las producciones agrícolas.
La citada Ley 43/2002, en su artículo 21, establece que cuando las medidas establecidas para la lucha contra una plaga supongan la destrucción, deterioro o inutilización de bienes o propiedades particulares o públicas, la Administración competente que haya declarado la plaga compensará a los perjudicados mediante la debida indemnización, cuyo importe se valorará de acuerdo con los baremos que se establezcan.
El Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio («B.O.E.» n.º 141, de 13 de junio) regula los programas nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio nacional.
Por otra parte, la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 22 de marzo de 1994, relativa a la lucha contra la necrosis bacteriana de la patata, en aplicación de la Directiva 93/85/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas («B.O.E.» n.º81, de 5 de abril), y el Real Decreto 1644/1999, de 22 de octubre, sobre el control del organismo nocivo denominado Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (B.O.E. 265, de 5 de noviembre), regulan las medidas que habrán de tomarse contra estos organismos.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, según la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, dispone en su artículo 71.1.9, que en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en materia de sanidad agraria y animal.
Debido al perjuicio económico y social que este tipo de enfermedades provoca en las explotaciones de los productores de patata, la Consejería de Agricultura y Ganadería, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en materia de sanidad vegetal, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2.g) del Decreto 74/2007, 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ha considerado conveniente, junto a las medidas fitosanitarias de salvaguardia, establecer un régimen de indemnizaciones a los productores de patata, con la finalidad de paliar los daños ocasionados por su aplicación.
En virtud de lo anterior, en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 26.1.f) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Castilla y León, una vez consultadas las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas, y demás entidades relacionadas con este sector de la actividad agraria,
La presente Orden tiene por objeto regular y establecer el baremo de indemnizaciones a los titulares de explotaciones agrarias derivadas de la aplicación de las medidas fitosanitarias adoptadas, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, para la erradicación y control en el cultivo de patata de los organismos nocivos Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus y Ralstonia solanacearum. Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán acceder a estas indemnizaciones los titulares de explotaciones agrarias que cultiven patata en el territorio de Castilla y León en las que haya concurrido alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se hubiera dictado Resolución de la Dirección General de Producción Agropecuaria en la que se declare la contaminación o probable contaminación por alguno de los organismos nocivos Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus y Ralstonia solanacearum.
a) En el caso de la patata de siembra, que se hubiera practicado una inmovilización que por su extensión en el tiempo no permita la comercialización durante la campaña habitual para dicho cultivo.
Para percibir las indemnizaciones reguladas en esta Orden, los titulares de las explotaciones agrarias contempladas en el artículo anterior deberán cumplir los siguientes requisitos: b) Haber llevado a cabo las actuaciones que le son exigibles en virtud de la aplicación de las medidas fitosanitarias adoptadas para la erradicación y control en el cultivo de patata de los organismos nocivos Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus y Ralstonia solanacearum. c) En el caso de patata de siembra, estar autorizado para el cultivo de dicha patata.
d) En el caso de patata de consumo, acreditar la utilización de semilla certificada para el 100% de la superficie sembrada.
e) Realizar las prácticas de desinfección de almacenes y medios de producción relacionados con la declaración de contaminación.
1. Serán objeto de indemnización: a) Las plantaciones o material afectado destruidos en aplicación de una medida oficial.
b) Los gastos derivados de la destrucción del material vegetal en aplicación de una medida oficial.
c) La pérdida de valor de las producciones de patata de siembra declarada probablemente contaminada, que implique la prohibición de su comercialización como patata de siembra, permitiendo que las partidas afectadas sean destinadas para consumo o transformación bajo control oficial.
d) Los gastos de desinfección de plantas, almacenes, aperos y maquinaria, en el caso de que dicha desinfección haya sido declarada obligatoria en aplicación de una medida oficial.
2. No serán indemnizables los gastos ocasionados ni el valor del material vegetal destruido en aplicación de una medida oficial, cuando el propietario de los vegetales o productos vegetales afectados haya incumplido la normativa vigente y, especialmente, lo determinado en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal y en el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.
Artículo 5. Baremo. Las indemnizaciones de los gastos y pérdidas descritos en el artículo anterior alcanzarán los importes siguientes:
1.ºPlantaciones o material afectado que resulten destruidos.
a) En el caso de destrucción de patata de siembra: el porcentaje que se indique en la Resolución del titular de la Dirección General de Producción Agropecuaria en la que se declare la contaminación o probable contaminación por alguno de los organismos nocivos que se relacionan en el artículo 1 de esta Orden, sin que pueda exceder del 80% del «valor de la patata de siembra».
Se considerará como «valor de la patata de siembra» el precio medio ponderado para cada campaña certificado por las entidades productoras más representativas del sector para cada variedad, categoría, clase y calibre.
b) En el caso de destrucción de patata de consumo: el porcentaje que se indique en la Resolución del titular de la Dirección General de Producción Agropecuaria en la que se declare la contaminación o probable contaminación por alguno de los organismos nocivos que se relacionan en el artículo 1 de esta Orden, sin que pueda exceder del 80% del «precio de mercado». Se considerará «precio de mercado» el precio medio de la lonja más próxima a las parcelas cuyas plantaciones o material afectado haya sido destruido correspondiente a la semana en que se efectuó la destrucción de la producción. Si una determinada variedad no cotiza en ninguna lonja de Castilla y León, la resolución que ponga fin al procedimiento indemnizatorio aplicará, en su caso, el precio de otra variedad de características similares, previo informe del Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola de la Dirección General de Producción Agropecuaria. 2.ºGastos derivados de la destrucción del material vegetal.
a) 12 euros por tonelada de patata destruida.
b) 9 euros por tonelada de patatas a destruir, en concepto de carga, transporte y descarga, cuando haya que efectuar traslados de las patatas.
3.º Pérdida de valor de la patata de siembra previamente inmovilizada y declarada no contaminada: el porcentaje que se indique en la Resolución del titular de la Dirección General de Producción Agropecuaria en la que se declare la contaminación o probable contaminación por alguno de los organismos nocivos que se relacionan en el artículo 1 de esta Orden, sin que pueda exceder del 80% del importe resultante de la diferencia entre el «valor de la patata de siembra» y el «valor de la patata probablemente contaminada e indemnizable».
Se considerará «valor de la patata probablemente contaminada e indemnizable» el precio de la factura de venta de la partida de patata destinada a consumo o transformación para la variedad, categoría, clase y calibre de la patata objeto de indemnización, una vez descontado el Impuesto sobre el Valor Añadido. 4.ºLos gastos de desinfección de plantas, almacenes, aperos y maquinaria se abonarán íntegramente previa presentación de la correspondiente factura.
Artículo 6. Procedimiento indemnizatorio.
1. El procedimiento indemnizatorio se iniciará de oficio mediante la Resolución del titular de la Dirección General de Producción Agropecuaria en la que se declare la contaminación o probable contaminación por alguno de los organismos nocivos que se relacionan en el artículo 1 de esta Orden.
2. Acordada la iniciación del procedimiento indemnizatorio, el Jefe de Sección de Sanidad y Producción Vegetal del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia donde se encuentre ubicada la explotación o la mayor parte de la misma, emitirá un informe de las actuaciones realizadas, al que se adjuntarán las resoluciones y actas fitosanitarias emitidas, remitiendo dicha documentación al Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola de la Dirección General de Producción Agropecuaria. 3. Recibida la documentación relacionada en el apartado anterior, el Jefe de Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola elaborará la propuesta de resolución del procedimiento indemnizatorio.
4. El titular de la Dirección General de Producción Agropecuaria es el órgano competente para resolver el procedimiento indemnizatorio reconociendo, en su caso, el derecho a la indemnización por el importe correspondiente.
El plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa será de seis meses desde la fecha en la que se acordó la iniciación del procedimiento indemnizatorio. En el supuesto de que transcurrido dicho plazo, el titular de la Dirección General de Producción Agropecuaria no hubiera dictado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada sus pretensiones por silencio administrativo.
5. Contra dichas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la Resolución.
Artículo 7. Pago. El pago de la indemnización se efectuará de una sola vez mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario en el acta fitosanitaria.
Artículo 8. Controles.
La Consejería de Agricultura y Ganadería podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que considere oportunas a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la indemnización. El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando en su caso el acceso a la explotación. Artículo 9. Incumplimiento.
En el caso de que el afectado por la contaminación de un lote suministrado por un productor, almacenista u operador que hubiera incumplido lo determinado en la legislación vigente, percibiera indemnización por parte de cualquiera de estos sujetos, y por parte de la Administración, reembolsará a la Administración la indemnización percibida.
Primera. Tramitación telemática de las indemnizaciones.
El seguimiento de la tramitación de los procedimientos indemnizatorios que se inicien en virtud de la presente orden podrá ser objeto de seguimiento telemático en virtud de la aplicación electrónica «programa informático para la gestión de solicitudes de ayudas y otros procedimientos no específicos (SCAG)», aprobada mediante la Orden AYG/837/2009, de 2 de abril. Segundo. Identificación del procedimiento en el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos (IAPA).
El presente procedimiento indemnizatorio se encuentra identificado en el IAPA con el número 1901-1.
Se tramitarán conforme a lo establecido en esta Orden las indemnizaciones que correspondieran a los titulares de explotaciones agrarias cultivadores de patata en el territorio de Castilla y León sobre las que hubiera recaído Resolución de la Dirección General de Producción Agropecuaria por la que se declarara la contaminación o probable contaminación por alguno de los organismos nocivos Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus y Ralstonia solanacearum o, en el caso de la patata de siembra, se hubiera practicado una inmovilización que por su extensión en el tiempo no permita la comercialización durante la campaña habitual para dicho cultivo, en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2007 y la publicación de la presente Orden.
En estos casos se aplicará el porcentaje máximo previsto en el artículo 5 de la presente Orden.
Primera. La presente Orden entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Segunda. Se faculta al Director General de Producción Agropecuaria para dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean necesarias para la aplicación y el cumplimiento de la presente Orden.
Valladolid, 11 de diciembre de 2009.