Source: http://formu.info/expediente-250002326000-199901860-01-25645.html?page=6
Timestamp: 2018-08-14 17:45:23
Document Index: 347844543

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 1036', 'artículo 1046', 'artículo 41', 'artículo 1045', 'artículo 1047']

En suma, la razón fundamental que llevó a la parte demandante a impugnar el fallo de primera instancia, consistió en señalar, al igual que en la demanda, que la obligación contenida en el literal b) de la cláusula 7 del Contrato No. 1317 de 1997 - “Pagar cuando fuere procedente y en los términos establecidos, las indemnizaciones a que hubiere lugar” - fue incumplida por la aseguradora accionada, toda vez que, según aseveró, una vez le fueron entregados los documentos requeridos para la reclamación de los valores asegurados por siniestro, ésta estaba en la obligación ineludible de pagarlos, no obstante lo cual la demandada se abstrajo de su obligación de manera arbitraria.
Igualmente, manifestó que la decisión del a quo de declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, es contradictoria con la decisión que se adoptó en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, por cuanto el Contrato No. 1317 de 1996, cuya declaratoria de incumplimiento se solicita, se suscribió entre la Red de Solidaridad Social y la Unión Temporal de la que formaron parte las compañías aseguradoras demandadas, razón por la cual consideró que a la Red, como parte del contrato, le asiste el derecho de reclamar en nombre propio los perjuicios que, asevera, le fueron causados con ocasión de la inobservancia contractual alegada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil53 y, en concordancia con esta norma, con lo dicho de manera unificada y reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala Administrativa del Consejo de Estado54, el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en primera instancia, lo cual, en principio, impondría que en este caso el estudio de fondo se circunscriba a tales aspectos.
No obstante lo anterior, observa la Sala que si bien la parte impugnante no se refirió de manera expresa frente a algunos de los argumentos expuestos por el a quo como fundamento de la decisión que adoptó en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, lo cierto es que al analizar el texto de la impugnación se llega ineludiblemente a la convicción de que éstos se encuentran íntimamente ligados con los motivos que llevaron a la parte actora a recurrir la decisión y, por tal razón, a que la apelación no pueda resolverse sin que se aborde su estudio.
El a quo indicó que la causa del incumplimiento que habría generado los daños por los cuales se reclama indemnización la constituyó el no pago de las indemnizaciones derivadas del contrato de seguro, no obstante ello, el Contrato No. 1317, en virtud del cual se ejerce la acción, “se celebró con el exclusivo fin de adjudicar el contrato de seguros a una determinada compañía aseguradora, ese fue el objeto del contrato. Por lo tanto, es en este nuevo contrato donde se podían acordar las obligaciones de asegurador y asegurado”.
Como se observa, para fundamentar su decisión, el Tribunal de primera instancia consideró que la indemnización de perjuicios que se reclama obedece al presunto desconocimiento, por parte de las sociedades demandadas, respecto de la obligación de pago que habrían adquirido en razón de un contrato de seguro, no obstante lo cual, según el fallo, la acción contractual se impetró con base en un negocio jurídico diferente, razón que impide el análisis del cumplimiento, o no, de tal obligación, toda vez que ésta no puede ser analizada en virtud de un contrato diferente a aquel que le dio origen.
Si bien la parte demandante en el recurso de apelación no hizo referencia expresa en relación con este argumento de la sentencia, lo cierto es que sí alegó que la legitimación que le asiste para actuar en el proceso y, en consecuencia, para reclamar los perjuicios cuya indemnización solicita, se originó en razón del Contrato No. 1317 de 1997; al tiempo que insistió en que el incumplimiento se predica respecto de la obligación que asumieron las demandadas en virtud de lo
pactado en el literal b) de la cláusula séptima de ese negocio jurídico, en el sentido de pagar, cuando fuera procedente y en los términos establecidos, las indemnizaciones a que hubiere lugar, lo que indefectiblemente lleva a la Sala a analizar, además de la posición jurídica de la entidad demandante en la relación contractual, la naturaleza del Contrato No. 1317 de 1993 y, en especial, la de la obligación pactada en el literal b) de la cláusula séptima, cuya declaratoria de incumplimiento se pretende.
Sobre el particular, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al precisar el criterio adoptado en sentencia de unificación en la que se resolvió acerca del alcance de la competencia del juez ad quem con ocasión del recurso de apelación55, indicó:
Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente…”56.
a) El Contrato No. 1317 de 1996 y la Póliza de Seguro No. 2008401.
Para adentrarse en el análisis de este punto se hace necesario reiterar que el incumplimiento que la parte demandante solicitó, se predica respecto de la obligación contenida en el literal b) de la cláusula séptima del negocio jurídico que las partes firmantes - la Red de Solidaridad Social y la Unión Temporal entre La Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., y la Compañía Central de Seguros S.A. - denominaron “CONTRATO DE SEGURO No. 1317”.
En lo concerniente al incumplimiento en el pago de las indemnizaciones dijo que debe negarse, toda vez que, además de haberlas pagado a favor de quienes demostraron la ocurrencia del siniestro y su monto, la pretensión no se sustentó en el contrato de seguro, sino en el Contrato No. 1317 de 1996, el cual, según dijo, pese a su denominación no puede ser considerado como un negocio jurídico de esta naturaleza, ya que, de conformidad con las normas vigentes al momento de su celebración, el de seguro era un contrato solemne que para su perfeccionamiento debía constar en una póliza que contuviera sus elementos esenciales, documento que se expidió y que constituyó uno diferente al contentivo del contrato cuya declaratoria de incumplimiento solicitó la parte demandante, argumento éste que, entre otras razones, fue acogido por el Tribunal de primera instancia para negar las pretensiones de la demanda.
Para efectos de determinar si al Contrato No. 1317 de 1996 le corresponde, o no, la naturaleza de contrato de seguro que la parte demandante le otorga y que la demandada le niega, resulta necesario, además de estudiar las normas que en relación con esta clase de contratos se encontraban vigentes para la fecha de su celebración, analizar el clausulado que los firmantes incorporaron en él como expresión libre y consciente de su voluntad.
A la fecha en que se suscribió el Contrato No. 1317 de 1 de julio de 1996 el artículo 1036 del Código de Comercio57 preveía entre las características del contrato de seguro la de la solemnidad del acuerdo, en tanto que su perfeccionamiento se encontraba sujeto a la expedición de la póliza, la cual debía estar suscrita por el asegurador - artículo 1046 -58.
Se detiene la Sala en este punto para precisar que si bien a partir de la expedición de la Ley 389 de 1997, por medio de la cual se modificaron los artículos 1036, 1037 parágrafo y 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro es de carácter consensual y se puede probar por escrito o por confesión, en materia de contratación estatal este tipo contractual continúa siendo de carácter solemne, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, “los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.
Volviendo al contexto normativo que se encontraba vigente a la fecha de suscripción del Contrato No. 1317 del 1 de julio 1996, se tiene que para que el contrato de seguro naciera a la vida jurídica y produjera plenos efectos, era necesario que, además de que el acuerdo respectivo contara con los elementos esenciales de este tipo contractual, esto es, el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador - artículo 1045 -, que estuviera consignado en un documento que adicionalmente a estar suscrito por el asegurador, a estar redactado en castellano - artículos 1036 y 1046 - y a contener las condiciones generales del contrato, expresara los elementos a los que se refiere el artículo 1047 del Código de Comercio - condiciones de la póliza -, documento éste que corresponde a la definición legal de “póliza”, cuya existencia, al momento de suscripción del Contrato No. 1317 de 1993, como se dijo, era indispensable para que el contrato de seguro se perfeccionara.
Ahora bien, se encuentra acreditado en el proceso que el 1 de julio de 1996, la Red de Solidaridad Social suscribió con la Unión Temporal conformada por la Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., y la Central de Seguros S.A., un documento que se denominó “CONTRATO DE SEGURO”, no obstante ello, el objeto que en éste se pactó no coincide con el que pudiera corresponderle a este tipo de contratos, el cual puede considerarse, en términos generales y a voces de la doctrina, como “una operación por la cual una parte, el asegurado, se hace prometer, mediante una remuneración, la prima, para él o para un tercero, en caso de realización de un riesgo, una prestación, por otra parte, el asegurador, que, tomando a su cargo un conjunto de riesgos, los compensa conforme a las leyes de la estadística”59.
En efecto, al revisar la cláusula primera del Contrato No. 1317 de 1996, se observa que a pesar de la denominación que a éste se le dio, su objeto no consistió en asumir las obligaciones propias de un contrato de seguro, sino que a través suyo la Unión Temporal de la que hicieron parte la Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., y la Compañía Central de Seguros S.A., manifestó que se obligaba para con la Red de Solidaridad Social a “
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