Source: https://www.scribd.com/document/306409148/Sentencia-585-Del-12-05-2015-TSJ-Sala-Const-Modif-Art-291-Cod-de-Comerc
Timestamp: 2018-12-11 12:13:17
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Sentencia 585 Del 12.05.2015 TSJ Sala Const. Modif Art 291 Cod de Comerc
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Sentencia 585 Del 12.05.2015 TSJ Sala Co
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Exp. 05-0709
Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional el 7 de abril de 2005, el
abogado PEDRO LUIS PÉREZ BURELLI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del
Abogado bajo el número 38.942, actuando en nombre propio, interpuso recurso de nulidad por
razones de inconstitucionalidad conjuntamente con medida cautelar, contra el artículo 291 del
Código de Comercio, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 472, del 21 de diciembre de 1955.
El 11 de abril de 2005, se dio cuenta en Sala y se acordó pasar las actuaciones al Juzgado
de Sustanciación.
El 14 de junio de 2005, el Juzgado de Sustanciación acordó remitir las actuaciones a esta
Sala Constitucional a los fines del pronunciamiento correspondiente.
El 15 de junio de 2005, se recibió el expediente del Juzgado de Sustanciación y se
designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray.
El 19 de julio de 2005, la parte actora solicitó la admisión de la causa.
Mediante decisión N° 3927 del 7 de diciembre de 2005, la Sala se declaró competente
para conocer del recurso de nulidad de autos; admitió la demanda de nulidad; declaró sin lugar la
medida cautelar solicitada y remitió el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de la
continuación de la causa.
El 16 de marzo de 2006, la parte actora solicitó la continuación de la causa.
El 20 de marzo de 2006, se practicaron la citación del Presidente de la Asamblea
Nacional, y la notificación del Fiscal General de la República.
El 22 de marzo de 2006, la parte actora solicitó la emisión del cartel de emplazamiento.
El 18 de abril de 2006, la parte demandante retiró el cartel de emplazamiento, y el 25 de
abril de 2006, consignó su publicación.
Los días 25 de mayo, 27 de julio, 20 de septiembre y 31 de octubre de 2006; 13 de marzo
y 23 de octubre de 2007; 3 de abril y 31 de julio de 2008 y 5 de marzo de 2009, la parte
recurrente solicitó la continuación de la causa.
El 30 de abril de 2009, el Juzgado de Sustanciación fijó el acto oral y público para el día
En la oportunidad en que tuvo lugar el acto oral y público, se dejó constancia de la
comparecencia de la parte demandante y de la representación de la Asamblea Nacional, quienes
presentaron escritos de argumentos y defensas, respectivamente.
El 11 de junio de 2009, se recibió el expediente del Juzgado de Sustanciación y se
designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
El 4 de agosto de 2009, se dijo Vistos en la presente causa.
Los días 27 de octubre, 26 de noviembre y 10 de diciembre de 2009; 26 de enero, 6 de
abril y 10 de junio de 2010, la parte demandante solicitó pronunciamiento en el presente
en su condición de Presidenta. Los días 25 de enero de 2011. Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez de Alvarado. se constituyó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. la Asamblea Nacional designó a los nuevos Magistrados miembros de la Sala Constitucional y la misma quedó constituida de la siguiente manera: Luisa Estella Morales Lamuño. . En reunión del 5 de febrero de 2014. 10 de enero de 2012 y 7 de junio de 2012. la parte actora solicitó pronunciamiento en el presente expediente. En Sesión de Sala Plena del 17 de octubre de 2013. El 5 de junio de 2013. quien con tal carácter suscribe la presente decisión. Vicepresidente. Vicepresidente. por motivo de salud. Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López. quedando integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado. y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño.El 21 de julio de 2010. como Vicepresidente y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón. Presidenta. Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López. y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño. quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado. Presidenta. Arcadio Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos. la parte demandante solicitó pronunciamiento en el presente expediente. Carmen Zuleta de Merchán. esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado. en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena de este Máximo Tribunal para que se separara temporalmente del cargo. se reasignó la ponencia al Magistrado Marcos Tuio Dugarte Padrón. Carmen Zuleta de Merchán. Marcos Tulio Dugarte Padrón. El 9 de diciembre de 2010. Magistrado Juan José Mendoza Jover. Vicepresidente. y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño. Carmen Zuleta de Merchán. Francisco Antonio Carrasquero López. Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover. convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López. Presidenta. Marcos Tulio Dugarte Padrón. se reconstituyó la Sala Constitucional. El 8 de mayo de 2013. Arcadio Delgado Rosales.
publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 472. y los Magistrados y Magistradas Francisco Antonio Carrasquero López. Magistrado Arcadio Delgado Rosales. Que. la parte actora solicitó pronunciamiento.Marcos Tulio Dugarte Padrón. Luisa Estella Morales Lamuño. y la consagración del proceso como instrumento de la justicia…”. 49. Marcos Tulio Dugarte Padrón. Vicepresidente. quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado. I DEL RECURSO DE NULIDAD En síntesis. además de las disposiciones. Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover. el derecho a la igualdad. previsto en el artículo 21 eiusdem. Carmen Zuleta de Merchán. Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover. 253. Presidenta. los apoderados judiciales de los demandantes fundaron su pretensión de nulidad. del 21 de diciembre de 1955 “…por contrariar y violar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución. el acto impugnado está constituido por el artículo 291 del Código de Comercio. se instaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El 12 de febrero de 2015. el derecho al acceso a la justicia. que consagran el derecho de petición. sobre la base de los siguientes argumentos: Que el interés que ostenta en el ejercicio del presente recurso deviene del deber de velar por la constitucionalidad de la Ley. El 17 de marzo de 2015. Los días 25 de marzo de 2014 y 20 de enero de 2015 la parte actora solicitó pronunciamiento en el presente expediente. luego de la designación que hiciere la Sala Plena de las nuevas autoridades el 11 de febrero del mismo año. y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. principios y derechos consagrados en los artículos 51. el debido proceso. el derecho a una tutela judicial efectiva. .
observa “…que está vedado el acceso a la jurisdicción de todos aquellos accionistas minoritarios que no detenten en su conjunto ese quórum calificado o especial del veinte por ciento (20%) del capital social”. limita el derecho a un debido proceso. el dispositivo legal cuya nulidad se solicita “…anula el derecho a una tutela judicial efectiva. Que. al imponer a los justiciables accionistas de compañías y partes esenciales e ineludibles del contrato social una severa limitación de acudir ante el Juez de Comercio para alertarlo de las irregularidades administrativas cometidas por los administradores de la sociedad bajo la mirada cómplice y silenciosa del comisario “…es cercenar plenamente el derecho subjetivo de solicitar la intervención del órgano jurisdiccional. el dispositivo normativo objeto del presente recurso de nulidad “…es inconstitucional en tanto coarta expresamente la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales a aquellos accionistas minoritarios que no reúnan este quórum calificado…”. predeterminado por la ley. en flagrante contravención al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Que. frustrar el acceso a la instalaciones del tribunal para que un juez. Que. tramite la solicitud que a bien le presente el accionista minoritario.Que.se instauró como regla primordial la posibilidad cierta. independiente e imparcial. real y eficaz de acceso a una justicia expedita SIN RESTRICCIONES DE NINGUNA NATURALEZA a todo tipo de procedimientos judiciales. incluso aquellos asuntos correspondientes a la jurisdicción voluntaria” (destacado propio del recurrente). violenta y hace nugatorio el mandato constitucional de acceso a la jurisdicción…”. Que “…esta prohibición es de vieja data. por lo cual el dispositivo normativo del artículo 291 está viciado por inconstitucional. niega el derecho de un accionista minoritario de ser juzgado por sus jueces naturales. . derecho al Juez Natural. existe violación de las garantías constitucionales de “Acceso a la Jurisdicción o Derecho de Acción. pero que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 –por expreso mandamiento constitucional. por creación e imposición de un quórum calificado de la quinta parte (1/5) del capital social para poder acceder a este procedimiento de jurisdicción voluntaria…”. del contenido de la norma del artículo 291 del Código de Comercio. Que.
el ejercicio del derecho constitucional de petición.2).Que. el C. y de la declaración del principio de justicia social como base del sistema económico (Art. a los fines de exponer sus sospechas sobre la mala administración. el comisario deberá informarlo a la asamblea. (sic) regula el procedimiento judicial a seguir en los casos de graves dudas fundadas sobre la administración y vigilancia de las compañías anónimas y de las compañías en comandita por acciones. es ajena al valor fundamental de la igualdad y no discriminación que deriva del Preámbulo y del artículo 1° de la Constitución. otro mecanismo de denuncia a ejercer dentro de las instancias de la compañía. solicitó la nulidad por inconstitucionalidad de la disposición contenida en el artículo 291 del Código de Comercio. la norma impugnada “…además de infringir el acceso a la justicia. la norma atacada configura violación al dispositivo constitucional previsto en el artículo 51 de la Carta Magna y del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al considerar que “…el contenido del artículo 291 del Código de Comercio.C. vulnera groseramente. II DE LAS DEFENSAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL En su escrito de defensas. el artículo 291 del C. mediante el cual el socio o los socios. . la representación de la Asamblea Nacional presentó los siguientes argumentos: “…en referencia al caso que nos ocupa. el cual podrá ser ejercido o activado por aquellos socios que representen la quinta parte del capital social de la compañía. 299)”. deberá convocar inmediatamente a la asamblea que decidirá sobre la situación irregular planteada. (sic) prevé en su artículo 310. Que. al atribuir el derecho de petición sólo a una mayoría accionaría de la sociedad…al exigir un porcentaje alto y calificado de concentración del capital social de la compañía para la interposición de la solicitud mercantil.C. Así mismo. 21) es el pilar de actuación del Estado (Art. No obstante lo anterior. y si estima fundado y urgente el reclamo. Por todo lo antes expuesto. que además de derecho fundamental (Art. y éste último deberá a su vez dejar constancia de tal situación en su informe de asamblea. si la denuncia es efectuada por socios que representen la décima parte del capital social. ya que lo limita a unas condiciones materiales no preceptuadas en la propia Constitución Bolivariana”. indistintamente del capital social que representen tienen el derecho a dirigirse ante el comisario.
que la ejerce a través de la figura de los comisarios o de aquellas personas que ella designe al efecto. tal es el caso del artículo 291 del C. se puede observar en ambos casos que es deber del comisario informar a la asamblea los reclamos hechos por los socios o accionistas. si los comisarios no cumplen con su deber de comunicar la presunta situación anormal a la asamblea. por lo tanto. de conformidad con el artículo 291 de la legislación mercantil. so pena de las responsabilidades de carácter civil o penal. En este caso el comisario queda obligado a abrir las averiguaciones correspondientes e informar a la asamblea de socios puntualizando sobre los hechos denunciados. de no cumplir con sus deberes tanto el comisario como el administrador de la compañía. no estimen razones suficientemente fundadas para ejercer alguna acción. para denunciar las sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de las funciones del administrador y la falta de vigilancia de los comisarios…”. En este sentido el legislador previó que. que en las situaciones descritas anteriormente. En efecto. para exponer sus razones ciertamente fundadas. debido a que ésta última instancia es la titular de la acción contra los administradores. y si el Tribunal encontrara algún indicio de la verdad de la denuncia. Es conveniente acotar. (sic). encuentran razones suficientes que apunten al grave incumplimiento en las funciones del administrador y el comisario. Finalmente. es indudable que ésta podrá ejercer o ejercerá las acciones correspondientes contra éstos. Así mismo. el cual establece una legitimación activa de los socios minoritarios que representen la quinta parte del capital social.”. argumentaron que en el ordenamiento jurídico venezolano “…se han dispuesto una serie de normas que establecen cualidades especiales al demandante. en el supuesto que los socios que representen la mayoría del capital social. (sic). Evidentemente. acordará la convocatoria inmediata de la asamblea.De lo anteriormente expuesto. los referidos accionistas tendrán la potestad de dirigirse directamente a ésta. la representación de la Asamblea Nacional solicitó se declarase sin lugar el recurso de nulidad de autos. previstas en el artículo 310 del C. .C. sólo aquellos que representen la quinta parte del capital social podrán acudir y denunciar los hechos ante el Tribunal de Comercio. que a su juicio “…el legislador consideró necesario para resguardar los derechos de los demás socios y garantizar los derechos colectivos y el normal funcionamiento de la compañía. si los socios o accionistas que representen la mayoría del capital social en la asamblea. pueden ser objeto de denuncia ante los órganos jurisdiccionales. con el objeto que sea la asamblea la instancia que decida acerca de si existe mérito o no para ejercer la acción contra éstos. el cual convocará en primer término a los administradores y comisarios a los fines de oír sus alegatos.”. las funciones del comisario son ejercidas a cabalidad de acuerdo a las competencias inherentes a su cargo.C.
a costas de los reclamantes. a diferencia de la litis. la inspección de los libros de la compañía. Casa Editorial Barcelona. se ha interpuesto un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra el artículo 291 del Código de Comercio. antes transcrito. es esencialmente unilateral porque se trata de la realización de un acto para la tutela de un interés y no de la prevalencia de uno sobre otro’ (ver francesco Carnelutti. Cuando no resulte ningún indicio de la verdad de las denuncias. Instituciones del Nuevo Proceso Civil Italiano. . así lo declarará el Tribunal. si el presupuesto del negocio está constituido necesariamente por uno o varios conflictos de intereses. El Tribunal. publicado en la Gaceta Oficial N° 472. que las decisiones que adopte el juez en dichos procesos no crea cosa juzgada. uno o más comisarios. luego de oídos los administradores y comisarios. En caso contrario. Con relación al artículo 291 del Código de Comercio. Contra estas providencias no se oirá apelación sino en un sólo efecto”. nombrando a este efecto. acreditando debidamente el carácter con que proceden. determinó la naturaleza jurídica del procedimiento contemplado en la referida norma. 45). pág. El informe del comisario se consignará en la Secretaría del Tribunal. Bosch. a saber.III MOTIVACIONES PARA DECIDIR En el caso de autos. la Sala Constitucional en sentencia Nº 809 del 26 de julio de 2000. acordará la convocatoria inmediata de la Asamblea. al considerar lo siguiente: “Estima esta Sala que el procedimiento contemplado en el artículo 291 del vigente Código de Comercio puede admitirse como un procedimiento de jurisdicción voluntaria por encontrarse impetrado de dos de las características propias y fundamentales de los mismos. y determinando la caución que aquéllos han de prestar por los gastos que se originen de tales diligencias. 1942. pero lo que distingue finalmente uno del otro es que en el proceso de jurisdicción voluntaria se tutela en forma unilateral un interés. si encontrare probada la urgencia de proveer antes de que se reúna la asamblea podrá ordenar. un número de socios que represente la quinta parte del capital social podrá denunciar los hechos al Tribunal de Comercio. del 21 de diciembre de 1955. el cual establece: “Artículo 291. Así enseña el ilustre procesalista Francesco Carnelutti: ‘Por otra parte. con lo cual terminará el procedimiento. Cuando se abriguen fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios. y que no exista verdadera contención. aquel.
efectivamente. el juez se limita a oír la opinión de los administradores. sino mediante una simple denuncia de los hechos que se estiman como irregulares en la administración de la sociedad por parte del accionista que se considere afectado. Si así fuera. existen o no las irregularidades que sean denunciadas. Maracaibo. la decisión tomada por el juez en dicho procedimiento se limita a constatar las supuestas irregularidades en el cumplimiento de sus deberes. constitutiva ni declarativa. pág. en la cual. de allí que. la finalidad de la misma es la salvaguarda de los derechos de las minorías societarias. el cual explica: ‘La constatación judicial de las irregularidades u omisiones no supone en ningún caso una condena judicial a decidir en determinada forma en la asamblea. no pudiendo aquél obligar a la asamblea a decidir a favor de los denunciantes mediante sentencia de condena. la cual resguarda el derecho constitucional a la libre asociación.Efectivamente. (Resaltado del presente fallo) Asimismo. la Sala Constitucional en sentencia Nº 1923 del 13 de agosto de 2002. Las Medidas Cautelares. según el autor Levis Ignacio Zerpa. la decisión que se tome no es de condena. una decisión judicial vinculante para todos los accionistas’ (ver Ricardo Henríquez La Roche. y por eso para tal denuncia no se exige al denunciante que cumpla en ella. el legislador no hubiera procedido con eufemismo al redactar el texto. la providencia judicial definitiva está dirigida a acordar o no la convocatoria de una asamblea extraordinaria. sin que se contemple en dicho procedimiento que éstos tengan oportunidad para refutar tales denuncias mediante una contestación en forma. en caso de que a juicio del juez existan o no fundados indicios sobre la veracidad de la denuncias. no le está dado al juez pronunciarse sobre la existencia o no de las irregularidades. 81). de la . en lugar de ellos. así como tampoco imponer a la asamblea las medidas que se deben tomar. ‘la actuación del Juez está limitada a resolver si procede o no la convocatoria de la asamblea’. para cuyo fin. tomándose. Es decir. este procedimiento no se inicia por libelo de demanda. Igualmente se puede constatar que en este procedimiento no existe verdadera contención. sólo está destinada al otorgamiento de la posibilidad. por parte de los administradores. Es por ello que. y hubiera dispuesto sin más que el juez podrá remover los administradores o comisarios. por cuanto ésta no es la finalidad de la norma. Editorial Universitaria (EDILUZ). y las faltas de vigilancia de los comisarios. con los requisitos establecidos en el artículo 340 del vigente Código de Procedimiento Civil…”. así como todo lo que se considere pertinente. en caso de que sea acordada. pues. estableció lo siguiente: “…Como se puede observar del análisis de la norma que antes fue transcrita [artículo 291 del Código de Comercio]. se ventilará si. además. con respecto a la denuncia de irregularidades administrativas. como no se trata de un juicio donde exista contención o conflicto intersubjetivo de intereses. 1990. sin perjuicio de indemnización a los socios perjudicados. Clarificadora al respecto es la opinión del profesor Ricardo Henríquez La Roche. Pero es claro que en un procedimiento de jurisdicción voluntaria no puede proferirse una sentencia de condena a hacer cosa determinada o a suplir la actitud remisa de los accionistas mayoritarios. a los socios minoritarios.
son valores superiores del ordenamiento jurídico (artículo 2 constitucional).que señala que su responsabilidad trasciende también en aquellas personas involucradas en el negocio: trabajadores.2) si. (Resaltado del presente fallo) Ahora bien. La comprensión de la empresa societaria como una entidad económica cuya actividad rebasa el sólo interés lucrativo de sus socios. es necesario establecer cuál es el régimen aplicable a los accionistas minoritarios de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.está obligado a facilitar ese derecho y a tal fin la interpretación constitucional actúa como una herramienta al garantizarle a quienes se asocian el cumplimiento de los valores que impone el ordenamiento jurídico. el Judicial.1) en caso de que a su juicio no existan indicios sobre la veracidad de las denuncias. por el contrario. coarta “…el acceso a la jurisdicción de todos aquellos accionistas minoritarios que no detenten en su conjunto ese quórum calificado o especial del veinte por ciento (20%) del capital social”. Bajo este nuevo esquema. clientes. donde la igualdad.convocatoria de una asamblea extraordinaria en la cual se ventilen sus denuncias. el principal argumento de la parte recurrente consiste en que. acordará la convocatoria inmediata de la asamblea…”. la representación de la Asamblea Nacional manifestó que ese quórum era necesario para el normal desenvolvimiento de la compañía y que los socios minoritarios podían acudir ante el comisario para denunciar las irregularidades en la administración. puede: b. no atentan contra el derecho a asociarse con fines lícitos. de allí que el Juez tenga facultades bien limitadas. cuales son: a) ordenar. la inspección de los libros de la compañía. por medio de sus Poderes –entre éstos. la empresa pasa a ser concebida como un importante motorizador de la economía con un impacto social fundamental y de allí que los Estados . en los siguientes términos: “En un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. que prescribe el artículo 52 constitucional. la norma del artículo 291 del Código de Comercio. a juicio de esta Sala. luego de que escuche a los administradores y comisario. declarar la terminación del procedimiento. conforme al artículo 310 eiusdem. Al respecto. proveedores. o cualquier otra forma societaria de capitales donde existan socios minoritarios. existen indicios acerca de la veracidad de las denuncias. en decisión N° 1420 del 20 de julio de 2006. etcétera. Los derechos de los accionistas minoritarios y la manera de ejercerse. Por su parte. ya que el Estado. competidores. para lo que nombrará uno o más comisarios. queda plasmada en una amplia tendencia -ya casi global. efectuó un análisis de los derechos de los socios minoritarios. la responsabilidad social y la ética. b) luego de visto el informe del o los comisarios. esta Sala Constitucional. y b.
Protección del Accionista Minoritario como una posible defensa del capital nacional ante el fenómeno de la Globalización [en línea].han cobrado un nuevo empuje las mejores prácticas postuladas por el denominado «Buen Gobierno Corporativo». Chile.laleynexus. países como Colombia.hayan comenzado a regular un conjunto de instituciones que permitan imponer –también dentro del ámbito societario. pues se destinan fundamentalmente a impedir que quienes se hagan del control de la compañía lo utilicen –no en beneficio de la sociedad. Panamá y Perú. incorporó las directrices impartidas por la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades. Año XXV. Julio 2003 [Citado: 20 de junio de 2006] Disponible en www. nº 109. enero-abril 2004 [Citado: 20 de junio 2006] Disponible en www.conductas éticas que resguarden los intereses de todos los que forman parte de ese amplio espectro de afectados -directa o indirectamente. Diario La Ley nº 6078. WIGODSKI. fundamentalmente dirigidas a proteger al accionista minoritario.º D-174.09.sino en la satisfacción de sus propios intereses.dii. año XXVII. apunta la Sala. Teodoro y Franco ZÚÑIGA.uchile. Elvia Argelia. incorporando esta clase de mecanismos destinados –por una parte. 03. y QUINTANA ADRIANO. Es así como. entendiendo que el mayor conocimiento que éstos posean al respecto. Ref.cl). permitiéndole –entre otras cosas.unam.ejournal. por tanto. Departamento de Ingeniería industrial. Universidad de Chile. permitiendo que las empresas obtengan altos índices de eficiencia y rendimiento al establecer pautas de transparencia que permitan a los interesados conocer la manera en que los directivos las gestionan y poner a su disposición mecanismos para resolver los conflictos de intereses que pudieran generarse para que –en definitiva. garantiza su cabal participación en las instancias deliberantes de las empresas y.por el desarrollo del negocio. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. En este entorno.mex). En el caso de España. México. el pleno ejercicio del derecho al voto en el seno de las mismas (Vid. España [Citado: 19 junio 2006] Disponible en www.permitir el acceso a la información relevante acerca de la gestión que éstos desarrollan.se propenda a un equilibrio «hacia adentro» de la empresa.com. Gobierno Corporativo en Chile después de la Ley de Opas [En línea] Revista de Ingeniería de Sistemas. Volumen XVII. Por sólo mencionar el ámbito iberoamericano. España.a brindar independencia a sus directivos y a sus respectivas instancias de inspección (auditoría) respecto de los accionistas de las empresas que gestionan y –por la otra.2004. a raíz de escándalos financieros globales como los conocidos casos de Enron y Worldcom –por referir a los más conocidos en el pasado reciente. El derecho de información de los administradores tras la Ley de Transparencia [en línea]. la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989.a un mínimo del cinco por ciento (5 %) de los . que redundará en una positiva proyección de la actividad empresarial «hacia fuera». la protección de los accionistas minoritarios cobra particular importancia y en ella colocan un énfasis especial las mejores prácticas referidas. han dado cuenta de estos principios a través de recientes reformas a sus leyes mercantiles. MUÑOZ PAREDES. a todos los accionistas sin discriminación. n° 1. como un sistema que permita velar la satisfacción cabal de los fines sociales (en la amplia dimensión ya referida). a expensas de los minoritarios u otros integrantes del circuito económico (cfr. José María.
de 6 de julio de 2005 [en línea. BROSETA PONT. en Sala Plena. adopten acuerdos en perjuicio de los demás socios (URRAZA ABAD. La adopción de «acuerdos abusivos» como conducta constitutiva del delito societario recogido en el artículo 291 del Código Penal: acuerdos criminalizados y acuerdos de trascendencia meramente mercantil [en línea]. Al amparo de este estatuto. se les brinda suficiente legitimación para impugnar los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y solicitar su correspondiente suspensión cautelar (Vid. 1996. Ed. la acción de responsabilidad en contra de sus administradores y. España [Citado: 19 junio 2006] Disponible en www. 264-271).gov. con cargo a la sociedad. Décima edición. 2000.ramajudicial. protegiendo ostensiblemente los derechos de éstos (Véase: CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. IV En nuestro sistema. º D-290. Madrid. hasta que una nueva Asamblea decida el punto (artículo 290 eiusdem). los accionistas minoritarios. citado: 20 junio 2006] Disponible en www. en materia de compañías anónimas. dentro del título correspondiente a los delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico. Manual de Derecho Mercantil. y 4) Denunciar a los Comisarios los hechos de los administradores que crean censurables. Si la denuncia ha sido efectuada por socios que representan una décima parte . Otro ejemplo interesante se da en el caso colombiano. Ref.accionistas solicitar al Registrador Mercantil.pp. se concede a los minoritarios –con una exigencia mínima del porcentaje indicado. en protección de los intereses de la sociedad. de un grupo empresarial o incluso de una o varias personas naturales. La protección del accionista minoritario ha sido reforzada a tal punto que el ordenamiento penal español. Manuel. se ha querido trascender la ficción de «democracia societaria» que permitiría a los grupos de control imponer sus decisiones en perjuicio de los minoritarios. Tecnos. 3) Los socios que representen la quinta parte del capital social.com). en el que la reforma efectuada a su Código de Comercio en 1995 incorporó un régimen especial de supervisión y vigilancia sobre las sociedades controladas. entendiendo por éstas aquellas en las que el poder de decisión de la Asamblea está sometido –directa o indirectamente. el nombramiento de un Auditor de Cuentas para determinado ejercicio o la revocación del que fuere designado por la Junta General. Tomo 5. tienen los siguientes derechos: 1) Ser convocado y actuar en las Asambleas (artículo 275 del Código de Comercio). dentro del régimen ordinario de las compañías de capitales establecidas en el Código de Comercio.a la voluntad de una sociedad matriz controlante. Jesús. Sentencia nº C-707. pueden denunciar ante el tribunal mercantil que se abrigan fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de los deberes por parte de los administradores y los Comisarios (artículo 291 del Código de Comercio).co). Asimismo. 2) Oponerse a las decisiones manifiestamente contrarias a los estatutos o la ley a fin de impedirlas. en general. criminalizando la actitud defraudatoria de quienes prevaliéndose de su condición mayoritaria dentro de los órganos de la empresa y con ánimo de lucro propio o ajeno. Diario La Ley. cataloga como un hecho típico la adopción de acuerdos sociales abusivos.la posibilidad de ejercitar.laleynexus.
por lo que sus sospechas o denuncias podrían incluso quedar silenciadas a discreción del comisario. esta Sala observa que. deben convocar inmediatamente a una Asamblea para que decida sobre lo reclamado. si no alcanzan a representar una décima o quinta parte del capital social lo que ya supone una importante limitación a su participación en el seno de la sociedad. (…) Sólo interpretando de esta forma las normas. destinado a la protección de los intereses societarios ante severas irregularidades de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios. la posibilidad cierta. ya que. que no satisface los requerimientos de acceso a la justicia. De estos derechos. resulta contraria a la Constitución de 1999. incluso . no provee de una razonable oportunidad para su ejercicio. por lo cual aquellos socios que ostenten un mínimo de la quinta parte del capital social puedan alertar al juez de comercio. pues éstos sólo están obligados de informar del reclamo a la Asamblea si los accionistas reclamantes tiene más de la décima parte del capital social o ellos la estiman fundada. a favor de cualquier accionista. En este sentido se aprecia que si bien los accionistas minoritarios podrían acudir a presentar sus denuncias ante el comisario. ello no les permite acceder a los órganos jurisdiccionales ante la falta de acción de dichos comisarios. los diversos artículos del Código de Comercio se adecuarían al vigente texto constitucional. en la cual se instauró como regla primordial. convoque o no a una asamblea de accionistas. quedando cerrado el acceso a la jurisdicción de todos aquellos accionistas minoritarios que no detenten en su conjunto ese quórum calificado o especial del veinte por ciento (20%) del capital social. para que luego de oído a los administradores y al comisario. tal como lo señaló la representación de la Asamblea Nacional.del capital social y los Comisarios consideran fundada y urgente la denuncia. para cualquier tipo de procedimientos judiciales. conforme al artículo 310 del Código de Comercio. esta limitación a los socios minoritarios fundada en el capital.”. (Resaltado del presente fallo) De la transcripción de los fallos que anteceden. a través de órganos internos de la compañía. los accionistas minoritarios no pueden ejercer algunos. que data desde la publicación del Código de Comercio en 1955. tal como está concebido. real y eficaz de acceso a una justicia expedita a toda persona. de allí que se les somete a utilizar un sistema mediatizado. esto es. la norma cuya nulidad se demanda regula un procedimiento no contencioso. para que los socios resuelvan por mayoría acerca de lo que consideren conveniente a la sociedad. Es de notar que.
en los términos siguientes: “Todas las personas son iguales ante la ley. la condición social o aquellas que. las formalidades procesales han de entenderse siempre para servir a la justicia. el cual contempla al proceso como instrumento de justicia que viene a satisfacer al mismo tiempo el interés individual comprometido por el litigio y el interés social de asegurar la efectividad del derecho mediante la actividad jurisdiccional. el derecho de acceso a la justicia. adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados. a objeto de hacer efectivo el control constitucional de las leyes. goce o ejercicio en condiciones de igualdad. marginados o vulnerables. consagró en su artículo 26 y por primera vez en forma expresa. siendo su fin último la tutela de los derechos. y en consecuencia: 1. en general. si una ley procesal o material instituye una forma que prive al individuo de una razonable oportunidad para hacer valer su derecho subjetivo. Ciertamente. protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas. por su imperfección. la Constitución consagra la existencia de un debido proceso como garantía de la persona humana. el credo. tal instrumento normativo se encontraría viciado de inconstitucionalidad. el artículo 21 del Texto Fundamental consagra el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. Por otra parte. 2. la Constitución de 1999. los preceptos que instituyen al proceso se crean en atención a los lineamientos constitucionales. por lo cual. toda vez que. de los derechos y libertades de toda persona. ligado indisolublemente al artículo 257 de la Carta Magna. no se podría permitir el sacrificio de la tutela jurisdiccional. el proceso fallaría en su cometido. Así las cosas. de modo que. a diferencia de la Constitución de 1961 y de las Constituciones anteriores.aquellos asuntos correspondientes a la jurisdicción voluntaria. garantizando el acierto de la decisión judicial. y jamás como obstáculos encaminados a dificultar el pronunciamiento de la sentencia. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza. se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. el sexo. siempre que se cumplan los requisitos previamente establecidos para su ejercicio dentro de la legislación. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. bien porque la práctica desnaturalice los principios que lo constituyen o porque sea la propia ley la que. pues de ser así. Por tal motivo. impida tal función tutelar. . tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento.
No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. con lo cual la vigencia del principio de igualdad. salvo las fórmulas diplomáticas. fungiendo de límite al Poder Público. Sobre este particular. que tiende a equilibrar las situaciones jurídicas de los particulares de una manera no sólo declarativa. sobre el cual surge un deber de protección que trasciende la noción retórica. (Omissis) “De allí. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana.3. que dado su carácter metajurídico. la ley no puede establecer disposiciones uniformes. real y efectiva. la Sala mediante decisión N° 1457 del 27 de julio de 2006 ha enfatizado el principio de igualdad en los siguientes términos: “De este modo. no debe analizarse desde una visión puramente formalista”. Con ello. es uno de los valores sustanciales del estado de derecho. pues la única diferencia que se permite al respecto es el trato desigual de los desiguales (ver decisión N° 1457 del 27 de julio de 2006). de acuerdo a la cual el principio de igualdad. . se alinea con la filosofía igualitarista de la Revolución francesa. esto es. para asumirlo como una técnica jurídica operante. lo cual implica. “ Como se puede observar la Carta Magna impone como regla el principio de igualdad y exhorta a la ley para que expresamente garantice las condiciones jurídicas y administrativas para que esa igualdad sea auténtica. De lo anterior se colige que en la Constitución de 1999 se redujo la posibilidad del legislador de establecer restricciones. preexiste al ordenamiento sirviéndole de sustrato esencial al Estado y del mismo modo. sino también real y verdadera. cuando estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos. Con ello. reconociendo expresamente a la igualdad como una de las bases del sistema político instaurado. que ante diferencias fácticas. excepciones o privilegios que no se justifiquen entre el trato dado a unos y otros. es uno de los fines del Estado. que consiste en el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluya a uno de lo que se concede a otro en iguales circunstancias. la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 4. que el legislador pueda introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias. nuestro sistema se adhiere por convicción y por tradición a la concepción post-revolucionaria de finales del siglo XVIII.
Del análisis anterior. por lo que haciendo un análisis progresista conteste con el Estado Social de Derecho y de Justicia que propugna el artículo 2 de nuestra Constitución. así como el derecho a la igualdad. los socios podrán denunciar los hechos al Tribunal de Comercio. . en lo que se refiere al requisito de exigir a los socios minoritarios ostentar un mínimo de la quinta parte del capital social para acceder a los órganos jurisdiccionales. se debe anular el mencionado requisito. En consecuencia. esta Sala infiere que las disposiciones del artículo 291 del Código de Comercio. pues el diferenciarlos y limitarles sus derechos por el solo hecho de contar con un capital social reducido no es una desigualdad justificada. imposibilitándolos de alertar al juez sobre las irregularidades cometidas por sus administradores en la sociedad. mas se desecha la solicitud de nulidad del resto de su contenido por no haber sido objeto de denuncia alguna. a aquellos accionistas minoritarios que no reúnan el quórum calificado exigido por la mencionada norma. Su interés en el bienestar de la compañía y de su correcto funcionamiento es igualmente legítimo. Cuando se abriguen fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios. acreditando debidamente el carácter con que proceden. esta Sala Constitucional modifica el contenido del primer parágrafo del artículo 291 del Código de Comercio. Así se declara. todos los accionistas que deseen denunciar irregularidades administrativas dentro de su empresa. deben ser tratados de forma igualitaria.” A la luz de los criterios anteriores. se debe declarar parcialmente con lugar el recurso de nulidad de autos. quedando dicha norma redactada de la siguiente forma: “Artículo 291. ya que los discrimina y excluye de pleno derecho. Así se decide. en tanto coarta el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. resulta inconstitucional. toda vez que se acogió la denuncia de inconstitucionalidad del requisito exigido en el primer parágrafo de la norma impugnada.En este sentido. en lo concerniente a la eliminación del requisito de un mínimo de la quinta parte del capital social para acceder a los órganos jurisdiccionales.
Archívese el expediente. La Presidenta. en los términos expresado en el presente fallo. a los 12 días del mes de mayo de dos mil quince (2015). Igualmente. Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. Publíquese. Remítase copia de la presente decisión a la Imprenta Nacional para su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela con la siguiente indicación: “Sentencia de la Sala Constitucional mediante la cual se modifica el contenido del primer parágrafo del artículo 291 del Código de Comercio. esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dada. . del 21 de diciembre de 1955. en lo concerniente al requisito de un mínimo de la quinta parte del capital social para acceder a los órganos jurisdiccionales”. regístrese y notifíquese. contra el artículo 291 del Código de Comercio. Cúmplase lo ordenado. publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 472. DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas. en nombre de la República por autoridad de la Ley. Así finalmente se declara. en Caracas. firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. en la Gaceta Judicial y en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República. publíquese el presente fallo en la Gaceta Judicial y en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO El Vicepresidente.Finalmente. declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por el abogado PEDRO LUIS PÉREZ BURELLI.
Magistrada Carmen Zuleta de Merchán. FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN Ponente CARMEN ZULETA DE MERCHÁN JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER El Secretario. que el quórum establecido en el primer parágrafo del mismo resulta inconstitucional.ARCADIO DELGADO ROSALES Los Magistrados. JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO Exp.- Quien suscribe. en tanto coarta el acceso a la justicia y a una tutela judicial .: 05-0709 MTDP. contra el artículo 291 del Código de Comercio porque consideró. salva su voto por las razones que se explanan a continuación: La mayoría sentenciadora declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por el abogado Pedro Luis Pérez Burelli.
En criterio de quien disiente. procurando evitar su paralización mediante actitudes obstruccionistas por parte de socios minoritarios. ante la búsqueda de un difícil equilibrio frente al rigor -que no impide su eficacia. se dejó de considerar que el establecimiento del quórum a que se refiere la norma no obedece a un simple capricho del legislador. para poder denunciar ante el tribunal de comercio hechos que –en su criterio. así como el derecho a la igualdad. obviando que desde hace ya algún tiempo se ha abierto el paso (y especialmente en el Derecho Comparado) a importantes construcciones. a aquellos accionistas minoritarios que no lo reúnan. tanto doctrinarias como jurisprudenciales. como lo es la de exigir un número de socios que represente la quinta parte del capital social (20%).del principio mayoritario imperante en las sociedad anónimas. imposibilitándolos de alertar al juez sobre irregularidades cometidas por los administradores en la sociedad. desigual ni desproporcionada. que supedita el acceso a la justicia a una condición razonable. en su criterio. En efecto. La declaratoria de nulidad del primer párrafo del artículo 291 del Código de Comercio se enfocó en el tema del abuso de las mayorías. y que su finalidad no es otra que la búsqueda de un equilibrio que garantice la funcionalidad del ente societario. ya que. en el fallo del que discrepo. los discrimina y excluye de pleno derecho. acerca del abuso de las minorías. lo que se quiso fue evitar situaciones de abuso de minoría. se trata de un presupuesto procesal que el legislador estableció en el ejercicio de su amplia libertad de configuración legislativa en materia procesal. vetos injustificados e incompatibles con una gestión eficiente de .configuren graves irregularidades en el cumplimiento de los deberes de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios. es decir. no arbitraria.efectiva. que han asumido un riesgo menor.
no se forma por mayoría de personas. sino por la mayoría de participaciones de capital que cada uno posea. . Tal punto de equilibrio estaba establecido racionalmente en el primer párrafo del artículo 291 del Código de Comercio por lo que la pretensión de nulidad deducida debió haber sido declarada sin lugar. En materia societaria. Quien discrepa debe acotar que en una sociedad mercantil quien mayor capital aporta. de esta forma. una importante misión de control que debe ser contenida en sus justos límites. el ejercicio abusivo de sus derechos. por regla. ni mucho menos pretendérseles dar un mismo tratamiento. de allí que la mayoría en las asambleas. en tanto favorece situaciones litigiosas innecesarias. sino también dar un trato diferente a personas o situaciones distintas. por lo que mal puede equiparse la situación en la que se encuentran los accionistas minoritarios con la de los accionistas mayoritarios. esto es un principio básico o elemental que rige en materia societaria que se denomina “principio de las mayorías” o “principio mayoritario”. en definitiva. lo que resulta inconveniente para el sano funcionamiento de las sociedades mercantiles en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de un recurso técnico práctico que en modo alguno quebranta el derecho a la igualdad que no solamente implica dar trato igual a personas o situaciones iguales. de allí que se deba procurar un adecuado equilibrio entre el principio mayoritario y la protección de las minorías evitando. puedan traducirse en chantaje u hostigamiento. lógicamente debe contar con un mayor poder de decisión y control sobre su manejo. por lo que la supresión del quórum que establecía el primer párrafo del artículo 291 del Código de Comercio desconoce dicho principio. en lo interno de la sociedad. La minoría cumple. la voluntad de la minoritaria debe. con el único objetivo de favorecer sus propios intereses en detrimento del resto de los accionistas.la empresa que. someterse a la de la mayoría.
GUTIÉRREZ ALVARADO Vicepresidente. ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES Los Magistrados.Exp.05-0709 CZdM/ . CARRASQUERO LÓPEZ LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN Ponente CARMEN ZULETA DE MERCHÁN Disidente JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER El Secretario.S. fecha ut supra. GLADYS M. FRANCISCO A..Queda en estos términos expuesto el criterio de la Magistrada disidente. La Presidenta. JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO V.
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