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Timestamp: 2018-06-18 11:14:08
Document Index: 148403270

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 132', 'Artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 59', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1']

HOMENAJE A SELECCIÓN CHILENA POR TRIUNFO SOBRE ESPAÑA EN CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL
ENMIENDA A LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE AFECTACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA DE PLANES REGULADORES
Van R., H Jacqueline
Ossandón I., Manuel José
Montes C., Carlos
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO-MILITAR ENTRE CHILE Y RUSIA
PREOCUPACIÓN POR MOVILIZACIÓN DE TRABAJADORES DE INDUSTRIA DE LA JIBIA. OFICIOS
PETICIÓN PARA ESTUDIO SOBRE CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN DE LA JIBIA. OFICIO
ESTADÍSTICAS SOBRE CESANTÍA EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS
DIFICULTADES DE CONECTIVIDAD EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. OFICIO
DECRETO DE EMERGENCIA AGRÍCOLA PARA COMUNA DE VICTORIA. OFICIO
DIFICULTADES PRESUPUESTARIAS DE PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA. OFICIO
SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE CENTROS ASISTENCIALES DE SELVA OSCURA Y DE COMUNA DE VILCÚN. OFICIO
Sesión 26ª, en miércoles 18 de junio de 2014
(De 17:8 a 18:23)
Y SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Y JULIO CÁMARA OYARZO, PROSECRETARIO SUBROGANTE
Concurrieron, además, el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Romero Álvarez, y el asesor de ese Ministerio, señor Enrique Rajevic Mosler.
--Se abrió la sesión a las 17:8, en presencia de 20 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que interpreto a todos cuando expreso que recién hemos experimentado una de las mayores satisfacciones.
¡Me pongo de pie como homenaje a los jugadores de nuestra Selección Nacional, quienes nos acaban de dar una inmensa alegría!
Ahora los chilenos tenemos capacidad para decir: "¡Se puede! ¡Vamos adelante!".
¡Muchas gracias a esos muchachos por todo lo que nos entregaron esta tarde!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 23ª y 24ª, ordinarias, en 10 y 11 de junio del año en curso, que no han sido observadas.
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que inicia un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín N° 9.404-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y a la de Hacienda, en su caso.
Con los dos primeros comunica que prestó su aprobación a las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que crea mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que indica (boletín Nº 9.389-05) (con urgencia calificada de "suma").
2.- Proyecto de ley que consagra excepción para la pesca artesanal con línea de mano de la especie jurel y modifica regulación para establecimiento de ampliación de régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (boletín N° 9.097-21).
Con el último informa que aprobó las enmiendas propuestas por esta Alta Corporación al proyecto de ley que establece un nuevo concepto de empresa (boletín N° 4.456-13).
Envía copia de la resolución pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a expresiones contenidas en la letra a) del artículo tercero del decreto con fuerza de ley N° 150, de 27 de agosto de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de las normas sobre el sistema único de prestaciones familiares, contenido en el decreto ley N° 307, de 1974.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Atiende consulta, cursada en nombre del Senador señor Prokurica, relativa al cumplimiento del requisito de experiencia establecido en el artículo 8 A, letra b, del decreto ley N° 1.350, de 1976, que crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile, por los señores Óscar Landerretche Moreno y Dante Contreras Guajardo y por la señora Laura Albornoz Pollmann.
Responde petición, remitida en nombre del Senador señor Guillier, sobre factibilidad de crear en Mejillones un juzgado de letras con competencia en los ámbitos civil, familiar, laboral, de cobranza laboral y previsional y de garantía.
Del señor Subsecretario de Prevención del Delito:
Responde un oficio, enviado en nombre del Senador señor Harboe, atinente a estadística sobre seguridad ciudadana en la Región del Biobío; políticas, planes y programas desarrollados por la Subsecretaría en las provincias de Ñuble, Arauco y Biobío; recursos invertidos en el período 2013-2014, y medidas proyectadas para combatir la delincuencia en la comuna de Los Ángeles.
Del señor Intendente de Magallanes y de la Antártica Chilena:
Atiende petición de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los estudios técnicos disponibles sobre el impacto de las plantaciones forestales en las napas de agua.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de El Salvador", suscrito en Santiago de Chile el 27 de enero de 2013 (boletín Nº 9.163-10).
De los Senadores señores García y Tuma, con la que se da inicio a un proyecto que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, y amplía su plazo de vigencia (boletín N° 9.407-14).
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que comunica que resolvió retirar del Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (boletín N° 7.487-12).
--Se toma conocimiento y se remiten al archivo los antecedentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 132, inciso primero, del Reglamento del Senado.
Boletín N° 8828-14
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde proseguir la discusión general del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores, con informe y nuevo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.828-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 38ª, en 3 de julio de 2013.
Vivienda y Urbanismo: sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013.
Vivienda y Urbanismo (nuevo): sesión 23ª, en 10 de junio de 2014.
Sesiones 85ª, en 14 de enero de 2014 (vuelve a la Comisión para ser discutido en general y en particular); 25ª, en 17 de junio de 2014 (queda pendiente la discusión general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer término, cabe recordar que esta iniciativa, cuya discusión general quedó pendiente en la sesión de ayer, tiene urgencia calificada de "suma".
En segundo lugar, se debe tener presente que varias disposiciones son orgánicas constitucionales. Artículo 1°: numeral 2), que incorpora un artículo 28 bis, nuevo; y en el número 5), el inciso segundo del artículo 59 que se remplaza. Artículos 2° y 3° permanentes. Y artículo transitorio. Para aprobar todas esas normas se requieren al menos 21 votos favorables.
Quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Senadores señoras Lily Pérez y Van Rysselberghe y señores Letelier, Ossandón y Larraín.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, seguiremos ese orden.
El señor WALKER (don Patricio).- Perdón, señora Presidenta: ¿puede abrir la votación?
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Le parece a la Sala?
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación general el proyecto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Para fundar su voto, tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, este proyecto, cuya materia es árida, muy técnica, reviste gran importancia.
Fui Presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo durante 2013, año en que trabajamos allí arduamente para sacar adelante esta iniciativa -se originó en mensaje-, que busca modificar la decisión legislativa, adoptada por el Parlamento en 2004, mediante la cual se aprobó un cambio sustantivo en la forma legal de las declaratorias de utilidad pública y su papel para materializar las calles y las áreas verdes de las ciudades. Tal resolución consistió en crear la figura de los plazos de caducidad. Es decir, se mantuvo la facultad de los planes reguladores para fijar el trazado de las calles y espacios públicos, pero con una salvedad: solo por unos años; y se contemplaron plazos de entre cinco y diez años, según los tipos de vías.
Entonces, ¿por qué tiene tanta relevancia este proyecto? Porque habla del futuro de nuestras ciudades; constituye un elemento central en materia de urbanismo -recordemos que se trata de "Vivienda y Urbanismo"-, y, además, de alguna manera transforma el espacio público.
Sin embargo, la enmienda legal del año 2004 no estuvo a la altura de la significación del problema y de su complejidad. Así, hoy es un imperativo urgente proceder a una reformulación antes de que se masifique la desaparición de vías y áreas verdes que, pese a formar parte de los planes reguladores de las ciudades, han comenzado a admitir construcciones obligadas por la ley hoy vigente.
La legislación de 2004 adoleció, a juicio de muchos de nosotros, de un error de base: el de asumir que todas las afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores -es decir, las determinadas para ensanchar o prolongar las calles, avenidas y áreas verdes- causaban menoscabo o perjuicio a los propietarios de los terrenos afectados en los trazados.
La situación, empero, es diametralmente distinta, dado que la mayoría -nótese que no digo "todas", sino "la mayoría"- de esas afectaciones iban aparejadas de beneficios urbanísticos de mayor constructibilidad o de mayores usos de suelo, que se aplicaban de manera conjunta o simultánea con la afectación. O sea, los propietarios de los terrenos, junto con la afectación, recibían de la autoridad un beneficio significativo, que en la mayoría de los casos no solo compensaba el efecto de la parte del terreno que quedaba gravada, sino que además, a la larga, arrojaba un balance positivo.
Con la ley vigente, que ha provocado la caducidad de la mayoría de los trazados viales de los planes reguladores, el propietario del terreno puede construir un edificio hasta el borde de la calle angosta, sin obligación de tomar la línea de edificación y ensanche de calle, situación que no solo envuelve un despropósito urbanístico, sino asimismo un menoscabo para la acción del Estado y su rol de garante del bien común.
Esta misma situación ocurre con las áreas verdes declaradas de utilidad pública. Y los alcaldes están obligados a decretar que se apliquen sobre ellas las mismas normas urbanísticas del sector aledaño, cualesquiera que sean estas.
Es obvio que permitir la construcción de edificios sin adecuar la vialidad que enfrentan o emplazándose sobre las áreas verdes tiene efectos negativos en el desarrollo futuro de las ciudades y provoca a la larga un menoscabo general y, obviamente, una peor calidad de vida para quienes habitan en aquellas.
Entonces, este proyecto, a mi juicio acertadamente, logra el justo equilibrio que debe existir entre bien común y derechos individuales al disponer que debe retribuirse o compensarse a los propietarios de los terrenos en que la afectación de utilidad pública ha causado un perjuicio comprobable, desde luego, junto con medir los efectos que sobre dichos terrenos tiene el resto de las normas urbanísticas que se aplican al unísono con la afectación.
En resumen, se trata de una solución que enfrenta el problema en su verdadera dimensión; que consagra el derecho a recibir compensación del Estado para quien efectivamente ha sufrido un menoscabo pero al mismo tiempo mantiene la obligación de contribuir a la formación del espacio público en el caso de todos los terrenos beneficiados con los cambios normativos.
Adicionalmente, esta iniciativa dispone que las casas y las microempresas de hasta dos pisos de altura no tendrán ningún gravamen; es decir, podrán usarse, remodelarse, e incluso ampliarse, sin que las afecte un eventual ensanche o apertura vial, asumiéndose que en tales casos, cuando algún organismo del Estado resuelva ensanchar o prolongar una calle, por ejemplo, deberá expropiar las porciones de terrenos junto con la construcción existente sobre la porción de terreno necesaria para el ensanche vial.
Sin embargo, durante el análisis de este proyecto en la Comisión de Vivienda y Urbanismo se vio la necesidad de introducir perfeccionamientos al texto aprobado por la Cámara de Diputados, consistentes en, sobre todo, transparentar e informar a la comunidad acerca de cada una de las calles que tienen afectaciones de utilidad pública en el plan regulador, y junto con ello, establecer que quienes estimen que han sido perjudicados puedan reclamar y solicitar una compensación en cualquier tiempo y no en un plazo determinado como señala el texto aprobado por la referida Corporación.
Como mi tiempo se acaba, señora Presidenta, concluyo enfatizando que el proyecto que estamos votando en general esta tarde resuelve el problema de bastante mejor forma que la ley que nos rige desde el año 2004.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Solicito la autorización necesaria para que ingresen el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, don Jaime Romero, y el asesor señor Enrique Rajevic.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La tiene, Su Señoría.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, debo plantearle -discúlpeme por no haberlo hecho después de la Cuenta- que la Comisión de Economía acordó hoy, a requerimiento del Ministerio del ramo, solicitar ampliación de los plazos para presentar indicaciones, por una parte, al proyecto modificatorio de la Ley General de Cooperativas, y por otra, a la iniciativa que enmienda tanto la ley sobre propiedad industrial cuanto la que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial: respectivamente, hasta el 30 de junio y hasta el 21 de julio, a las 12.
A tal efecto, le pido a Su Señoría recabar el asentimiento necesario.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Accede la Sala a ambas solicitudes?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Prosigue la votación.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, la afectación de utilidad pública para destinar los terrenos pertinentes al desarrollo del plano regulador es una herramienta muy útil con miras a planificar las ciudades (básicamente los cascos urbanos) y procurar que crezcan de manera sustentable y no inorgánicamente.
Los afectados por aquella medida ven gravadas sus propiedades.
Yo no concuerdo con la afirmación de que esas personas se benefician. Ello podrá ser a la larga. Sin embargo, mientras se mantiene la afectación de utilidad pública el inmueble permanece congelado, lo que, sin duda, provoca daño al patrimonio de la gente. Y esto sucede no solo en barrios acomodados, sino también en barrios de clase media y populares; pues la planificación de las ciudades comprende todas las áreas.
Entiendo que es imprescindible prolongar la declaración de utilidad pública. No obstante, me gustaría que durante la discusión particular del proyecto la Comisión evaluara la posibilidad de compensar adecuadamente a los dueños de las propiedades afectadas.
En mi concepto, el peso del crecimiento armónico de una ciudad no puede cargarse sobre los hombros de unos pocos.
Si una calle debe pasar por la propiedad de algunas personas, sus vecinos también se verán beneficiados, pese a que no recae sobre ellos ningún gravamen, a que su inmueble no queda congelado.
Por consiguiente, me parece que una buena solución sería ir compensando por la vía de las contribuciones a los propietarios perjudicados.
A decir verdad, cuando a algunas personas se les gravan sus propiedades por seis o siete años, o, como sucedía antes, por diez años, eso es injusto, pues se pone la carga sobre las espaldas de unos pocos.
Ojalá que mi planteamiento se considere de manera adecuada en la Comisión de Vivienda durante el estudio del segundo informe, al objeto de permitir que las ciudades crezcan no solo armónicamente, sino también con justicia para todos sus habitantes.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, en este proyecto los miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo hemos trabajado durante varias sesiones.
En dicho órgano técnico han estado varias veces, en representación del Ejecutivo, la Ministra Paulina Saball y todos sus asesores.
No cabe duda de que se trata de una materia muy compleja, pero sumamente necesaria y urgente.
A nivel conceptual, todos sabemos que, dentro de la planificación urbana, se requiere la afectación de áreas que los planes reguladores destinan a usos colectivos, tales como vialidad y espacios públicos. Lo anterior permite el funcionamiento armónico, la conectividad y la accesibilidad. Con ello, la comunidad, a través de sus instrumentos de planificación territorial, expresa la forma y estructura del crecimiento y desarrollo de las ciudades.
Por otro lado, las áreas públicas, que son las articuladoras, no pueden depender de la simple añadidura de decisiones individuales, sino que exigen resoluciones colectivas jurídicamente eficaces.
La ciudad necesita proyectar anticipadamente las vialidades y espacios públicos que le darán sustentabilidad en el tiempo y asumir que buena parte de los terrenos para tal efecto serán cedidos como fruto del proceso de urbanización o expropiación, según sea el caso.
En este marco se sitúa el proyecto en discusión, que exhibe varias luces y algunas sombras que esperamos que mejoren con indicaciones. En la actualidad, las afectaciones de las vías expresas se encuentran caducas, y en febrero le ocurrirá otro tanto al resto, con lo cual no habrá conectividades ni accesibilidades para poder cumplir con la planificación urbana y, en especial, con el artículo transitorio, que la devuelve al año 2004.
Como lo planteó la Honorable señora Van Rysselberghe, nos hemos preocupado de dos grandes líneas: por un lado, la recuperación de las afectaciones, que son muy importantes, sobre todo las interurbanas, las intercomunales, y, por el otro, la búsqueda de que las compensaciones sean justas para los afectados, ya que, muchas veces, las obras no disminuyen el precio de las propiedades, sino que las valorizan, y tenemos que buscar una fórmula que sea justa para el Estado, así como también para los vecinos.
Con relación al artículo 1° del proyecto, es urgente aprobar la proposición de los artículos 59 y 59 bis, nuevo, del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Espero que recuperemos las afectaciones lo antes posible, porque, después de la caducidad, puede constituir un tremendo gravamen para el Estado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, el asunto en examen lo debatimos hace mucho tiempo en esta Corporación, cuando se despachó la ley que hoy día, en el fondo, estamos dejando sin efecto, en orden a establecer que las declaraciones de utilidad pública caducaban cuando había transcurrido un plazo excesivo.
Muchos de nosotros coincidimos con ello. Recuerdo que en la Región Metropolitana, en el caso de las comunas de Cerro Navia y de Pudahuel, se planteó la extensión de torres de transmisión eléctrica y, ya establecidas las poblaciones o habiéndose agregado otras, se declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación una franja de 30 metros para los efectos de proyectar la nueva instalación. Como más de 3 mil o 4 mil viviendas quedaron sujetas a la limitación, los vecinos, con toda razón, reclamaban que no podían hacer ampliaciones, que no podían pedir permiso para instalar algún comercio, etcétera. Y, además, perdieron valor sus propiedades, porque no podían venderlas al estar aún sujetos a una posible expropiación.
Se requiere una rectificación y creo que el sentido de la iniciativa está bien, pero me parece necesario revisar el artículo transitorio, porque no basta con expresar que se va a reponer la declaración de utilidad pública de todas las propiedades o terrenos que fueron objeto de ella a la fecha de dictación de la ley, medida que, a su vez, con el transcurso del tiempo, quedó sin efecto. Algunas personas ya han dispuesto de esos bienes y han hecho inversiones, etcétera.
Respecto de la disposición citada, lo que se necesita, a mi juicio, es que la autoridad revise todos y cada uno de los casos. No se trata de que proceda una declaración automática de utilidad pública, sino de que cada municipalidad estudie la situación registrada entre el año 2004 y el año 2014 en relación con muchos vecinos, seguramente, que enfrentan dificultades originadas por la cuestión que nos ocupa.
Espero que ello podamos precisarlo en la discusión particular, porque, si no, podemos cometer errores graves con relación a personas que en 2004 se ciñeron a la ley, sobre la base de que había transcurrido un plazo excesivo de la declaración de utilidad pública por concepto de obras que podían o no llevarse a cabo. En muchas partes habían pasado 20 o 30 años y no se materializaba ninguna de ellas ni se proyectaba ninguna ampliación. Entonces, me parece que el asunto debiera dejarse más radicado en cada municipalidad, en la relación del municipio con sus vecinos, para ver cómo solucionar todos y cada uno de los casos.
Estimo que el sentido de la normativa tiene lógica; pero cuidemos de no provocar los mismos problemas que intentamos resolver al dictar la ley del año 2004. Me acuerdo exactamente de que en la zona poniente de Santiago -repito- se presentaba en las dos comunas que mencioné lo relativo al tendido de una red de transmisión que había dejado bajo expropiación 4 mil o 5 mil viviendas de gente muy modesta, que no podía disponer de su propiedad ni hacer ampliaciones. Al parecer, en el proyecto eso se permite.
Insisto, sin embargo, en que es preciso revisar el artículo transitorio. No es posible reponer automáticamente la situación de hecho existente en 2004. Han transcurrido 10 años. Algo puede haber pasado en cada uno de esos terrenos declarados de utilidad pública.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, le expuse dos elementos al Senador señor Montes, quien me ha explicado que efectivamente fueron parte de un debate, pero sin consagrarse en el texto.
El número 1) del artículo 1° del proyecto expresa que cada instrumento de planificación urbana prevalecerá sobre los demás. Y, por cierto, será necesario rehacer los planes reguladores respecto de todos aquellos bienes que fueron declarados de utilidad pública. Eso es lo que entiendo: que, habiendo vencido los trazados y anchos de los espacios públicos en los planes reguladores, estos tienen que reactivarse.
Mi pregunta es: ¿va a pagar el Estado? ¿Todos los bienes con relación a los cuales efectivamente se planteó la caducidad van a tener que ser comprados por el Estado?
La señora VAN RYSSELBERGHE.- ¡Lógico!
El señor NAVARRO.- En ese sentido, se dispone que el establecimiento de las nuevas normas deberá hacerse dentro del plazo de tres meses contado desde la revocación de las declaratorias.
Se declaran de utilidad pública los terrenos destinados a vialidades, circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, que hayan caducado, los que tendrán que actualizarse.
Quisiera consignar que ello genera un compromiso estatal. Si se hace una declaración de utilidad pública, es preciso ver cuánto es el tiempo en que el Estado va a invertir. Si no, estaríamos haciendo lo mismo que debiéramos remediar.
En la calle Recoleta, en Santiago, durante más de 45 años se había contemplado el ensanche de la avenida hacia el sector oriente, es decir, el lado de la cordillera. Y ahí está, abandonado. No se ha hecho ninguna inversión.
Si expresamos que se van a reactualizar los planos y no existe fecha alguna, lo que estamos haciendo es chutear el problema para adelante.
En mi opinión, si se va a modificar y a ampliar -porque en el nuevo diseño no se dice que se tiene que restablecer lo que había: muy probablemente habrá cambios-, ello requiere una consulta y participación ciudadana. Se llevará a cabo una modificación de los instrumentos de planificación.
Ya señalé lo relativo a la declaración de utilidad pública y a la fijación de un plazo de tres meses, contado desde la revocación de las declaratorias, para el establecimiento de nuevas normas, de acuerdo con el artículo transitorio. Es un término de igual índole de los que dicen relación con cualquier enmienda del plan regulador y debe permitirse, por cierto, que la ciudadanía participe y opine. Tengo la duda de si es de los contemplados para el mismo efecto o estamos generando uno nuevo.
En síntesis, señora Presidenta, el proyecto de ley parece bien orientado hacia una regularización. Sin embargo, claramente es posible que el libre albedrío de cada municipio genere la incorporación, en una declaratoria de bien de utilidad pública, de muchos sectores no planificados anteriormente. Lo que quiero señalar es que eso constituye una expropiación.
Y si bien se resguarda el que no se levanten nuevos edificios, nuevas construcciones, salvo expresa autorización, creo que es una cuestión que es preciso cautelar, porque en cada uno de los municipios existen numerosos y dispares criterios a la hora de efectuar este tipo de modificaciones.
A mi juicio, el plazo es extremadamente corto y no se salvaguarda la participación ciudadana.
Deseo llamar la atención, desde luego, hacia el hecho de que en la reforma educacional se ha planteado la compra de bienes privados para que sean parte del Estado, como los establecimientos escolares, y se ha suscitado una gran controversia. Lo que aquí estamos haciendo es generar la compra para el Estado de bienes de privados y no ha mediado polémica alguna.
Hago presente que cuando el Estado ha de comprar, tiene que hacerlo por el bien público, por la necesidad de desarrollo, en este caso, de las ciudades; y, tratándose de la educación, para llevarse a cabo una función tan importante.
Quiero preguntarles, por último, a los miembros de la Comisión y al señor Subsecretario, quien nos acompaña, si existen recursos públicos para realizar las expropiaciones y pagar los montos de terrenos que son privados, lo que va a afectar, por cierto, el patrimonio de personas; y cuál va a ser el mecanismo conforme al cual los municipios podrán realizar las compras.
¡Y viva Chile por el gran triunfo que logró hoy su selección de fútbol!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Esta vez va a estar toda la Sala de acuerdo con Su Señoría. ¡Viva Chile por el gran triunfo de esta tarde!
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, debatimos hace diez años sobre la que posteriormente fue ley y abrigamos muy serias dudas en la materia, y uno tiende hoy a formarse la convicción de que lo entonces propuesto fue malo y constituyó una pésima solución. Porque, en el fondo, lo que ha ocurrido, en el sentido más obvio, es un conflicto de los intereses colectivos de una comuna, de una ciudad, y los de un particular.
No es que ello no sea legítimo. Ese no es el problema. La cuestión radica en que hace diez años se echó atrás una situación que resultaba favorable para lo colectivo y se estableció un mecanismo que ha llevado a que tengamos que discutir el proyecto como lo estamos haciendo.
No me asiste una certeza acerca de la orientación final de la iniciativa -entiendo que estamos en la votación en general-, pero se han debilitado los instrumentos de planificación urbana.
Uno podrá preguntarse por qué, en una década, los municipios no renovaron la declaración de utilidad pública de diferentes espacios, definidos para tal efecto en planes reguladores comunales o intercomunales; pero lo cierto es que el texto en examen es un parche para algo que no funcionó.
Diez años atrás fui muy crítico del proyecto respectivo y recuerdo cuando el entonces Diputado señor Montes nos instruyó a muchos de los peligros existentes en la normativa planteada por cierto Ministro de Vivienda y de que era un error introducir factores de mercado en la planificación urbana, como se hacía. Ello quizás era parte de una tendencia ideológica y cultural dominante aún en ese tiempo en nuestro país.
Pienso que hoy se comienzan a revertir las cosas. Los asuntos de interés colectivo vuelven a revestir cierta importancia.
En lo personal, considero que si no tenemos el artículo transitorio la iniciativa no sirve de nada. Aquí existe una ventana para reponer la declaración de utilidad pública de varios espacios, o vías, o vialidades, que estaban contemplados y que alguien -no es una cuestión de un color político o de otro: ocurrió en muchos municipios o en gobiernos regionales, y da igual-...
El señor MONTES.- ¡Fue un problema de color de pelo...!
El señor LETELIER.- Partió de ese modo, dicen algunos. Puede ser.
Pero lo cierto es que nos hallamos ante un mecanismo para reponer -repito- la declaración de utilidad pública, a fin de evitar caducidades verificadas de hecho y generar las condiciones para un debate acerca de cómo establecer un equilibrio.
Es evidente que los particulares tienen todo el derecho de reclamar un precio justo; pero no puede ser que este sea a costa de las inversiones que hace el mismo Estado y que aumentan la plusvalía de las propiedades.
Me parece, por lo tanto, que el punto no se halla desvinculado de la reforma tributaria, en cuanto al pago del impuesto a las ganancias de capital. Ese debate vendrá después.
Juzgo que tenemos que aprobar en general el proyecto y buscar soluciones pensando en la planificación urbana, para que las ciudades dispongan de los mecanismos que necesitan.
Quiero dar solo un ejemplo de la importancia de contar con instrumentos fuertes en la materia. Hoy en día, la vialidad entre la comuna de Machalí y Rancagua se encuentra colapsada. Había un proyecto sobre el particular por no haber mediado una renovación en ciertos aspectos cuando se debía, mas en la actualidad eso no existe. En verdad, las consecuencias para la comunidad son muy grandes.
Lo mismo sucede en la Cuarta Región, entre Coquimbo y La Serena, donde se perdieron proyectos por no aplicarse bien la ley hace diez años.
Esperemos que entre todos buscaremos un buen equilibrio pensando en políticas para las ciudades, que es algo que nos hace falta inmensamente en este momento.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, quiero insistir en el problema de fondo, porque aquí la gran cuestión es cómo se hacen las calles, las plazas, a lo largo del país.
Durante mucho tiempo rigió un sistema conforme al cual el Estado afectaba una superficie a utilidad pública y, en su momento, el privado tenía que entregarla, lo que generó bastante inconsistencia, porque a veces la situación duraba años. El ejemplo que siempre se contaba era, en Santiago, el de la calle Teatinos, objeto de la medida desde 1938. Obviamente, se encontraron miles de mecanismos de elusión.
Al generarse un problema en todas las ciudades, se empezó a buscar alternativas. Pero, en todo caso, casi todas las calles de Chile, desde Arica a Punta Arenas, se hicieron sobre la base del modelo mencionado, que presentaba la inconsistencia -repito- de afectar indefinidamente a los propietarios.
Frente a lo anterior, se efectuó un cambio y se dispuso una afectación con caducidad, pero se agregó que la vialidad se iría haciendo con una expropiación o una compra por el Estado. O sea, a este se le trasladó todo lo que decía relación con el privado.
¿Y qué es lo que ocurrió? Que sobrevino la caducidad, porque quienes tenían que ocuparse en la renovación no lo hicieron, en algunos casos, y el Estado no contó con recursos para comprar lo requerido para las calles de distintos lugares del país.
Uno se pregunta: ¿cómo conjugar mejor lo público y lo privado para hacer las ciudades?
En el proyecto se contempla una propuesta que, a mi juicio, es necesario aprobar en general y afinar. Se le dice al propietario: "Lo afectamos, pero le damos ciertas compensaciones, cierta posibilidad de una amortiguación, mientras sea objeto de la medida y la expropiación no se ejecute". Ello no es poco: se le permite desarrollar una actividad comercial y construir viviendas.
El problema es cuánto de ello va a incidir en el precio posterior de la expropiación, porque la tendencia será que suba.
Por eso es que se plantea la otra dificultad. Si bien se satisface por ese lado el propietario, ¿quién pondrá el financiamiento? ¿Cómo se financiará? Eso queda pendiente.
El señor Rajevic, especialista en estas materias, contaba que en otros países la afectación dura determinada cantidad de años y que, si no se cumple dentro de ese lapso, el propietario tiene incluso derecho a querellarse contra el Estado para exigirle que lo haga.
El Senador Zaldívar decía que a quienes formulan los planes reguladores hay que exigirles más ponderación y no tantas calles. En fin, a lo mejor en algunos casos hay que cambiar los ejes estructurantes.
Creo que el proyecto está bien, pero presenta un problema no resuelto que es grave: cómo financiar el contenido de sus disposiciones.
En otros países tenemos el tema de la plusvalía. La plusvalía del Metro, de todas las obras. Existe un fondo que sirve para hacer la vialidad. Esa es una posibilidad. Hay que buscar. Además, muchas veces cuando se expropia y se amplía una calle, se genera una plusvalía para la persona dueña de la propiedad expropiada. Por tanto, habría que imputarla al precio. Está en el proyecto, aunque quizás haya que afinarlo.
Me parece que estamos ante una iniciativa muy urgente. No estamos tan lejos de encontrar una solución, pero el problema que está pendiente -insisto- es cómo financiar lo que involucran sus normas. O sea, qué se hace para restablecer las caducidades transitorias, que era lo que objetaba el Senador Zaldívar. Yo encuentro que hay que pulir eso. Sin embargo, está el otro tema, que es el financiamiento, pensando en el largo plazo, porque, si no, en poco tiempo más vamos a estar con situaciones bastante parecidas a las que tenemos ahora.
Es lo que quería decir, señora Presidenta, y por eso estimo que hay que pasar a la discusión particular.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, considero que este es un proyecto que necesita más trabajo en la Comisión, porque, sin duda, plantea asuntos muy complejos.
Cuando un área está destinada a parques, no se puede permitir que se construyan viviendas para después ser expropiadas.
Quiero graficar el punto con la situación que se da en la calle La Compañía, de Rancagua. Ahí durante muchos años pequeños propietarios -hoy, sucesiones- no han podido desarrollar ninguna actividad, pues el lugar ha quedado rodeado de poblaciones. Esas personas están con aviso de expropiación, pero nunca han sido expropiadas y, por tanto, se sienten perjudicadas por la ley.
¿Qué ocurre con ellas? Tienen que seguir pagando las contribuciones, tienen que seguir esperando. Y, a la larga, mientras el municipio o el Estado no tengan los recursos, eso seguirá así.
¿Qué pasa? Hay sitios eriazos donde se botan escombros.
En definitiva, señora Presidenta, deberemos buscar una solución razonable y justa para los propietarios de esos terrenos. Porque, si les expropian, bien: les pagan. El problema es que ello no sucede y actualmente no pueden disponer para nada de sus bienes y además tienen que seguir pagando.
Ya que se encuentra presente el Subsecretario, habría que analizar por lo menos la exención de contribuciones para tales inmuebles, sobre los cuales ha recaído la decisión de destinarlos a parques o una declaratoria de utilidad pública. Pero no se puede seguir teniendo como esclavos a esos propietarios, que, por un lado, están impedidos de disponer de sus bienes, y por el otro, deben seguirle pagando al Estado.
Entonces, se dice: "¡Ah! Cuando los vendan". Y si es que se los expropian, de aquí a tantos años más, con la reforma tributaria. Pero ahí además van a tener que pagar la diferencia del valor en que lo adquirió a lo mejor un tatarabuelo, el diferencial que se va a producir en una eventual expropiación, algo que está esperando toda la comunidad.
El señor PROKURICA.- ¡Más encima!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- El punto aquí, señora Presidenta, son los recursos que se necesitan, fundamentalmente para áreas verdes.
En mi opinión, el tema de los parques no podemos analizarlo en conjunto con la expansión de calles. Son cuestiones distintas.
Yo le pido a la Comisión de Vivienda que en la discusión particular se distinga lo que son las zonas rurales y las zonas urbanas, y también el objetivo que tiene, justamente, la declaración de utilidad pública de esos bienes.
Voy a aprobar la idea de legislar, pero creo que el proyecto tiene que ser muy bien analizado, tal como lo han planteado los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le corresponde fundamentar su voto al Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, yo hablé el día de ayer, pero, a raíz de las intervenciones de algunos colegas, me veo en la obligación de, como dice el Senador Prokurica, repetir.
Y lo primero que quiero repetir es que concuerdo con el Senador Letelier: el Presidente Lagos se equivocó con la ley vigente.
El señor NAVARRO.- ¡Todos los Presidentes se equivocan!
El señor PÉREZ VARELA.- Porque él la patrocinó, y la gente de la Concertación la aprobó unánimemente.
El Gobierno del Presidente Lagos se equivocó en esto, como también en otras cosas.
El señor NAVARRO.- ¡Yo me acuerdo del entusiasmo con que aprobaron el error...!
El señor PÉREZ VARELA.- Es bueno reconocerlo y no tratar de echarles la culpa a los "colorines".
Fue el Gobierno del Presidente Lagos el que llegó aquí con el proyecto, y yo me acuerdo del entusiasmo con que algunos Senadores de las bancadas de enfrente lo apoyaron y lo aprobaron. Y eso generó la dificultad que hoy día tenemos. Se resolvió mal.
Se resolvió mal, porque ni los municipios ni los gobiernos regionales tenían las capacidades ni los recursos para poder avanzar en esa medida, que era un plazo de caducidad de diez años. Además, si revisamos bien el texto, veremos que algunos plazos vencían a los cinco años. Por lo tanto, ahí tenemos una serie de situaciones extraordinariamente complejas. Para algunos aspectos de desarrollo urbano, caducidad a los diez años; pero, para muchos otros, caducidad a los cinco años.
Lo que busca este proyecto, entonces, es reparar ese error. Por eso establece un mecanismo de carácter general para lo que viene de aquí para adelante: cómo se van a formular los planes reguladores, cómo se van a efectuar las declaraciones de utilidad pública, cuáles van a ser las mitigaciones, cuáles van a ser las compensaciones. Y me parece bueno el debate que se ha dado aquí, porque en ese elemento tenemos que avanzar con mucha mayor precisión.
El segundo tema es qué pasa con lo que ya está caducado, con los actuales planes reguladores, que es a lo que se refiere la norma transitoria.
Lamentablemente, el Senador Navarro no se encuentra en la Sala en este momento, porque hizo una serie de afirmaciones que no son efectivas. Es como si se tuvieran que hacer de nuevo los planes reguladores.
Un plan regulador tuvo su génesis y contó con la participación ciudadana. Lo único que establece la disposición transitoria es que, cuando se deje sin efecto una declaratoria de utilidad pública, si el plano regulador original no contiene un detalle preciso, se deben fijar nuevas normas urbanísticas que contengan ese mayor detalle y especifiquen lo que quiso decir el plan regulador original. Pero no hay ninguna posibilidad de cambiar este último. Solo se podrá precisarlo e incluso informar a las personas sobre tal opción y los nuevos detalles.
Lo importante, señora Presidenta, es resolver esa dificultad. Las ciudades crecen y se desarrollan. Y la planificación tiene un ritmo, y la ejecución de esa planificación, un ritmo diferente.
Por eso, aquí se habla de dos momentos distintos. Uno es el de la declaratoria de utilidad pública -que es lo que estamos resolviendo-, y otro, diverso, que nadie en esta Sala y nadie cuando planifica urbanísticamente se halla en condiciones de precisar, que es el de la expropiación.
No hay duda de que el esfuerzo que tenemos que hacer es que esos dos momentos traten de juntarse en algún minuto. Pero va a ser muy difícil. Y por eso creo que aquí hay que resolver el tema de la declaración de utilidad pública y a lo mejor, en una legislación más general, el de la expropiación: cómo se paga, cómo se financia por parte del Estado. Exigirle al proyecto en votación resolver este último problema me parece que va más allá de los objetivos perseguidos por él.
Lo que ahora buscamos es que la declaración de utilidad pública no caduque. Es un paso importante. Tendremos que discutir en otra oportunidad una ley de expropiación por razones urbanísticas, pero -reitero- no podemos exigirle a este proyecto elementos que no tiene.
Lo que se trata de resolver ahora es un aspecto fundamental: que las declaraciones de utilidad pública continúen vigentes y cómo compensar a aquel particular cuya propiedad sea declarada de utilidad pública.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Secretario.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor y un pareo), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 14 de julio.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Pido que se agregue mi voto favorable.
El señor WALKER (don Ignacio).- Y el mío.
El señor NAVARRO.- También el mío.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores García-Huidobro, Navarro e Ignacio Walker.
Tiene la palabra el señor Jaime Romero, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, a quien no se le dio antes porque estábamos en votación.
El señor ROMERO (Subsecretario de Vivienda y Urbanismo).- Señora Presidenta, como Gobierno, nos parece oportuno y relevante agradecer la aprobación de la idea de legislar, y también, valorar el inmenso esfuerzo que todos los integrantes de la Comisión de Vivienda hicieron en la semana y meses previos para poder sacar con éxito este proyecto en esta etapa.
Y quiero reforzar tres puntos que el Ejecutivo considera importantes.
Primero, en esta iniciativa relevamos la planificación urbana, reconocemos su dinamismo y entendemos que, para el mejor desarrollo de la vida en las ciudades, requerimos urbes planificadas, con vialidades, con espacios públicos de calidad y con parques que mejoren las condiciones de vida de las personas.
Pero en el centro de esa discusión ha estado la necesidad de generar equilibrios que busquen, por un lado, avanzar en ese desarrollo urbano, y por otro, resguardar el derecho de propiedad de todas las personas afectadas.
Por último, quiero señalar dos puntos que me parecen significativos.
Primero, el Senador Navarro planteaba que aquí se requieren recursos. Nosotros entendemos que esto debe ser discutido en el marco de la nueva política de suelo, compromiso de la Presidenta Bachelet, que elaboraremos a partir de las propuestas que formule el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
Segundo, el Gobierno comprende, en primera instancia, que el contenido de este proyecto no se cierra necesariamente acá. No busca abordar todos los temas, evidentemente. Y tenemos toda nuestra disposición para afinarlo, complementarlo, mediante la formulación de indicaciones, en un trabajo colaborativo con los integrantes de la Comisión de Vivienda y del Senado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Senadora señora Von Baer me pidió plantear a la Sala la posibilidad de establecer un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles. Se solicitan dos semanas más.
Si no hubiera objeción, se abriría un nuevo plazo hasta el lunes 14 de julio.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Andrés Zaldívar asuma como Presidente accidental.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Andrés Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.
Boletín N° 7968-10
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio de Cooperación Técnico-Militar entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia, suscrito en Santiago el 19 de noviembre de 2004, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.968-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 67ª, en 9 de noviembre de 2011.
Relaciones Exteriores: sesión 24ª, en 11 de junio de 2014.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es facilitar los procedimientos para relacionarse en el ámbito de la defensa entre Chile y la Federación de Rusia.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Lagos, Letelier y Pizarro.
Cabe hacer presente que los Artículos 4 y 8 del Convenio son de quórum calificado y requieren para su aprobación de 19 votos favorables.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, este Convenio se celebró con el objeto de dar cumplimiento al Memorándum de Intenciones en la materia de Cooperación Técnico-Militar, suscrito entre Chile y la Federación de Rusia el 4 de octubre de 2002, cuyo propósito principal es facilitar las relaciones civiles-militares en este ámbito.
Si bien este Acuerdo se enmarca específicamente en desarrollo tecnológico, es importante considerar que los convenios en materia de defensa, así como las compras y los off sets, pueden ser de beneficio para Chile, como también todas las transferencias de la última tecnología existente.
El Artículo 1 señala las áreas dentro de las cuales se realizará la cooperación técnico-militar: suministro, modernización y reparación de armamento y equipo militar; capacitación de especialistas militares; trabajos conjuntos de investigación científica, de diseño y pruebas; fabricación conjunta de artefactos de carácter militar para equipamiento de sus Fuerzas Armadas y para suministrarlo a terceros países; prestación de asistencia técnica en la creación y equipamiento de los objetos de carácter militar, y otras esferas respecto de las cuales las Partes alcancen entendimiento.
-Los organismos ejecutores son el Ministerio de Defensa de Chile y el Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de la Federación de Rusia.
-Permitirá que los organismos ejecutores celebren Acuerdos específicos por áreas de interés de cooperación que definan.
-Establece cláusulas de confidencialidad y secreto de Estado, además de reserva del Estado en cuanto a producción de aplicación militar.
Señor Presidente, es importante destacar que este tipo de convenios no solamente debiera ser útil en materia de defensa, sino también poder orientar las tecnologías militares en apoyo a otras políticas de Estado, como en materia de tecnología y en experiencia en cuanto a enfrentar desastres naturales, tanto en la contingencia como en la política de prevención. Por ejemplo, en el caso de Rusia, con un vasto territorio distinto en su geografía, posee un ministerio integrado por civiles y militares destinado específicamente a la prevención y apoyo en materia de catástrofes naturales y humanas.
Finalmente, cabe señalar que tenemos la oportunidad, a través de estas inversiones que como Estado realizamos con países como Rusia y la Unión Europea, de apoyar otras áreas del Estado de Chile, pensando en el uso de tecnologías limpias que nos permitan tomar experiencias y compatibilizar desarrollo social y económico con la vida y la seguridad de las personas y de nuestro medio ambiente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, la relación de Chile con el mundo es consustancial a nuestro modelo de desarrollo. Somos un país que exporta más de un tercio de su producción -tasa que será creciente en el tiempo-, motivo por el cual necesitamos ir profundizando, entre otras cosas, nuestras relaciones con los diferentes continentes del planeta.
No cabe duda de que la Federación de Rusia, con su territorio, así como con su influencia en el área de la ex Unión Soviética y de lo que es Eurasia, representa una zona de gran importancia para Chile, no solo por la cantidad de personas, sino por la complementariedad que es posible establecer en las relaciones comerciales, de inversión, de intercambio cultural.
En ese marco hay que entender este Convenio de Cooperación Técnico-Militar.
Una práctica en las relaciones internacionales, cuando los países tienen lazos diplomáticos, es ir profundizando mecanismos de confianza mutua que se materializan a través de convenios culturales, de estudio, universitarios y también de cooperación militar.
Estos son acuerdos marcos. Muchos países de la región ya han firmado instrumentos de este tipo con la Federación de Rusia. Es más, en términos de abastecimiento militar, en la parte específica de este Convenio, varias naciones -no es nuestro caso- le han hecho significativas adquisiciones de equipamiento militar y reciben asistencia técnica, por lo mismo, para su sistema de armas.
Este Convenio, sin duda, es un mecanismo para estrechar nuestras relaciones con la Federación de Rusia, cuyo Ministro de Relaciones Exteriores visitó Chile, en un gesto que da cuenta de la importancia que se nos otorga dentro del continente sudamericano. Y justamente se habló de la conveniencia de ir profundizando la aprobación de convenios y tratados de este tipo.
En mi opinión, señor Presidente, resulta muy relevante ir fortaleciendo nuestros vínculos con los países de Asia y Eurasia y, en particular, con la Federación de Rusia.
Se perdió mucho tiempo, por la propia naturaleza de la Guerra Fría, para establecer relaciones con otras naciones del mundo. No es un juicio valórico ideológico el que quiero profundizar al hacer este planteamiento, sino solo enfatizar que tenemos que recuperar nuestra capacidad de estrechar lazos con diversos lugares del planeta, desde nuestra autonomía, sin estar subordinados a los intereses de otros, sino buscando satisfacer los nuestros.
Es muy importante acoger este proyecto de acuerdo, como un mecanismo de confianza mutua para con ese otro actor del escenario internacional, el cual, sin duda, tiene un peso específico (por algo es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU).
Por último, señor Presidente, pido que se abra la votación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Quiero plantearles a los Senadores que se necesitan 19 votos para la aprobación de este proyecto de acuerdo, y creo que no sería muy oportuno que no se reunieran tratándose de un Convenio de esta naturaleza.
El señor LETELIER.- Los tenemos, señor Presidente.
Abramos la votación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, así se hará.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Terminada la votación.
Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los señores Araya, Chahuán, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
No votó, por estar pareada, la señora Allende.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Terminado el Orden del Día.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa dos peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
A la señora Ministra de Desarrollo Social, solicitándole información sobre NO PAGO DE "BONO MARZO" A PERSONAS FAVORECIDAS EN PRIMERA INSTANCIA, Y ESTADO DE SUS APELACIONES (Región de La Araucanía).
A la señora Ministra de Salud, pidiéndole AUDIENCIA PARA CONCEJAL MARIO MEZA, A FIN DE EXPONER PREOCUPACIÓN POR ESCASA DOTACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN LINARES Y RETRASO EN CONSTRUCCIÓN DE CESFAM.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En Incidentes, el Comité Partido Socialista no intervendrá.
En el tiempo del Comité Independientes y Partido MAS, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me alegra que se haya repuesto la hora de Incidentes, que forma parte de las opciones que tienen los Senadores o las Senadoras para expresar un punto de vista político y, particularmente, para solicitar acciones del Gobierno, en este caso, oficios.
En tal sentido, quiero pedir que se oficie al SERNAPESCA y a la Subsecretaría de Pesca con el objeto de que nos envíen copia del acuerdo que firmó dicha Subsecretaría con los pescadores artesanales de la jibia producto del gran debate que ha existido en torno a este recurso con el sector industrial.
Quiero recordar que, a raíz de aquello, hubo una movilización de los tripulantes y de los trabajadores de planta de la Región de Biobío. Estos ocuparon los tres puentes de la ciudad, lo cual paralizó el tránsito y generó una situación pública muy compleja.
En esa ocasión, los tripulantes pesqueros y el personal de planta señalaron que las industrias se iban a cerrar, porque se había fijado una cuota de 80 por ciento de jibia para los artesanales y de un 20 para los industriales, como se acordó y todos lo apoyamos.
La totalidad de la jibia que capturan los artesanales va al sector industrial. Entonces, claramente los trabajadores fueron desinformados, manipulados, en mi opinión, por don Luis Felipe Moncada, de la ASIPES, quien les facilitó chalecos salvavidas, bengalas y buses. Además, se les pagó el día y se les otorgaron incentivos. ¿Para qué? Para protestar por el 80/20, en circunstancias de que ese ha sido siempre el acuerdo, siendo en ese entonces Ministro de Economía Pablo Longueira, y siéndolo hoy Luis Céspedes.
Hemos apoyado y marchado siempre con los trabajadores. Y la movilización es legítima. Pero no es su responsabilidad, porque fueron desinformados, de manera maliciosa, para provocar la primera protesta en contra de la Presidenta Bachelet, por una situación en que todos están de acuerdo, tal como la propia Senadora Van Rysselberghe lo reconoció en la Comisión de Pesca.
En consecuencia, la movilización que se realizó no tenía sentido alguno.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, además, quiero que la Subsecretaría de Pesca nos informe qué estudios ha realizado respecto de la jibia, pues el problema que la aqueja es importante.
¿Dónde se reproduce? ¿Cuánto demora su crecimiento? ¿Cuáles son las condiciones óptimas para ello? Es decir, todo lo que tenga respecto al desarrollo biológico de la jibia.
Lo pido porque este recurso se captura masivamente y no tenemos idea de cuáles son sus condiciones de reproducción. O sea, se puede terminar liquidando el recurso.
Los industriales dicen que es una plaga. ¡Maravillosa plaga que permite la subsistencia del sector artesanal y de la propia industria!
La jibia es un recurso que tiene que ser cuidado, estudiado, antes de que colapse.
En tal sentido, solicito a la Subsecretaría de Pesca que genere las condiciones para financiar estudios tendientes a determinar las condiciones de reproducción de la jibia y, particularmente, que se elabore un informe técnico-científico que permita tomar las mejores decisiones respecto a este recurso.
La presencia de la jibia hoy es significativa. Constituye la base de la pesca artesanal a lo largo de todo Chile, y también, de las plantas industriales. Las mujeres y los hombres que allí laboran la pueden procesar para consumo humano. Eso queremos y apoyamos todos.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que se nos envíen las estadísticas sobre desocupación en la Región del Biobío, comuna por comuna, por parte del INE, del Gobierno regional o del Ministerio del Trabajo, dado que esta Región presenta una de las cesantías más altas del país. Y queremos trabajar con las estadísticas comunales para hacer frente al flagelo del desempleo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- El Comité Partido Unión Demócrata Independiente e Independiente no intervendrá.
En el turno del Comité Partido Por la Democracia e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, a fin de consultar por tres proyectos que tienen que ver con algunas dificultades de conectividad en la Región de La Araucanía.
Distintos Secretarios de Estado del Gobierno de la Presidenta Bachelet han visitado la zona. De hecho, hoy se encuentra en ella el Ministro del Interior constatando en terreno las dificultades. Hay una emergencia agrícola, pero también muchos problemas derivados del mal estado de los caminos públicos, vecinales, y de toda índole.
Debo decir que existen cinco contratos de empresas globales que no se están ejecutando, porque en el Gobierno anterior las licitaciones pertinentes fueron objetadas por la Contraloría, y eso ha ocasionado serias dificultades para conectar a diversas comunas de La Araucanía.
En definitiva, deseo preguntar por tres situaciones, señor Presidente.
Una se refiere al puente de Villa Cautín. Esta localidad es pequeña en población, pero estratégica desde el punto de vista de la comunicación. Se ubica en la comuna de Victoria, en el límite con las comunas de Curacautín y Lautaro. Tiene un puente de larga data -varias décadas-, de más de cien metros de largo, que se encuentra en pésimo estado. Y, aunque parezca increíble, su restricción de peso es dos toneladas, lo cual hace claramente imposible el tránsito vehicular, de maquinaria, de niños que van a los colegios cercanos.
Por fin se presentó un proyecto, que fue recomendado técnicamente; está con RS. Y la comunidad de Villa Cautín se pregunta si el Ministerio lo va a priorizar, pues se viene comprometiendo desde bastantes años atrás. Además, hace mucho tiempo que el Estado no realiza inversiones allí. Las obras que existen: una sede, una estación médico rural, fueron efectuadas por los agricultores, por los vecinos de la comunidad.
Por lo tanto, es indispensable construir el puente de Villa Cautín y el puente de complemento. Y pido que se me dé la información pertinente.
La segunda situación se refiere a la pasarela Mininco, sobre la cual también quiero solicitar antecedentes.
Entiendo que la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) ha estado analizando este asunto desde hace bastante tiempo. En el Gobierno anterior varios Ministros de Obras Públicas y el Director General de Obras Públicas se comprometieron a construir esa pasarela. Sé que muchas veces estas no se ocupan, pero en este caso se han registrado accidentes.
Por lo demás, no existe otra alternativa -según lo señalado por los técnicos de Vialidad- que no sea la construcción de la pasarela Mininco en la Ruta 5, en el sector de Mininco, comuna de Collipulli. Se trata de una obra concesionada, y, en consecuencia, se puede construir con fondos complementarios del MOP y de las concesionarias. Y también pido que se me informe sobre el particular.
Por último, deseo que en el mismo oficio que se dirija al Ministerio de Obras Públicas se soliciten antecedentes respecto de la programación existente para mejorar el camino a Selva Oscura, que se une al de Victoria-Curacautín. En tal sentido, en la Faja Buchacura, que es una de las vías de acceso a Selva Oscura, hay un tramo de más de diez kilómetros en pésimo estado. Su pavimento asfáltico de doble tratamiento simple ya cumplió su vida útil. Claramente, es urgente mejorarlo y quiero consultar al MOP por la planificación para ello, si es que existe.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, también deseo que se envíe un oficio al Ministerio de Agricultura, por asuntos relativos al INDAP.
Se ha decretado recientemente emergencia agrícola en catorce comunas de La Araucanía. ¡Es un avance! Esto permitirá enfrentar la falta de forraje, de alimentación animal, en mejores condiciones. Porque hay muchos pequeños agricultores y crianceros que no guardaron forraje, y que no pueden acceder a él.
Por lo tanto, esa declaración es una solución. Según entiendo, se está estudiando la opción de que Victoria sea también declarada zona de emergencia agrícola. Y pido que se me informe al respecto.
El señor QUINTANA.- Por otra parte, deseo referirme al instrumento que existe en la Región de La Araucanía para enfrentar los aspectos productivos del mundo indígena: el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).
Este fue creado en 2008 o 2009 durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y fue ampliamente utilizado por la Administración del Presidente Piñera, con muchos fondos. Esto hay que valorarlo. Es un programa que, si bien puede ser mejorado, se debe mantener, pues ha sido evaluado por distintos Gobiernos y constituye una gran herramienta.
Sin embargo, según nos han comunicado directivos regionales del INDAP, ahora cuenta con dificultades presupuestarias. Del capital inicial de trabajo de 23.000 pequeños agricultores de La Araucanía, solo se alcanzaría a favorecer a 5.000, y eso hace inviable la mantención de este proyecto.
Ello no puede esperar para el próximo año. Sabemos que se están produciendo muchas reasignaciones, por ejemplo, del Ministerio de Educación al de Salud y a otros, porque el año pasado se aprobaron proyectos que no es posible ejecutar. Y en este caso resulta absolutamente necesario reasignar recursos para que el PDTI pueda recibir financiamiento este año.
Hoy existen situaciones de emergencia en muchas regiones del país, y es necesario que el INDAP les dé respuesta.
El señor QUINTANA.- Por último, señor Presidente, deseo solicitar que se oficie al Ministerio de Salud, a fin de consultar por dos centros asistenciales.
En el caso de Selva Oscura, localidad -reitero- de la comuna de Victoria, desde hace mucho tiempo todos los indicadores muestran que la existencia de una posta de salud rural no es suficiente para atender a la población.
Ahí viven más de 2.000 personas, también muchas comunidades mapuches trasladadas a sus alrededores. Y, por lo tanto, se requiere con urgencia transformar la antigua posta de salud rural en un centro comunitario de salud familiar (CECOF). Eso es factible. Y, precisamente, hoy día, en el anuncio sobre el cumplimiento de las 56 medidas de los primeros 100 días, que se produjo en la comuna de El Bosque, el Gobierno de la Presidenta Bachelet suscribió un compromiso muy firme en materia sanitaria: salud pública, infraestructura. De esta forma, se van a construir cien CECOF en todo el país, y pido que se evalúe que uno de ellos sea el de Selva Oscura.
Asimismo, deseo que se me informe acerca de la situación del CESFAM de la localidad de Cajón, comuna de Vilcún. ¿Qué ha pasado con este? ¿En qué estado se encuentra? También está RS, listo para financiarse e iniciar su ejecución. Y, además, quiero preguntar por el hospital de Vilcún, que no aparece dentro de los 61 hospitales entregados el día de hoy, aunque todo su proceso de preinversión se encuentra en óptimas condiciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.