Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-42356-de-octubre-22-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ed30a8db157701a2e0430a01015101a2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-13 16:29:44
Document Index: 143532389

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 189', 'artículo 267', 'artículo 306', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 189', 'artículo 267', 'artículo 306', 'artículo 1', 'artículo 267', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 2341', 'artículo 2356', 'artículo 1494', 'artículo 1613', 'artículo 1614', 'artículo 64', 'artículo 67', 'artículo 151', 'artículo 23', 'artículo 7', 'artículo 7']

﻿ Sentencia 42356 de octubre 22 de 2013
SENTENCIA 42356 DE 22 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:PRUEBA TESTIMONIAL EN CASACIÓN. SOLO EXCEPCIONALMENTE ES POSIBLE QUE EL TRIBUNAL DE CASACIÓN EXAMINE LA PRUEBA TESTIMONIAL, EN LA MEDIDA QUE LAS PREMISAS FUNDAMENTADAS EN PRUEBA CALIFICADA SOSTÉN DE LA DECISIÓN SE VENGAN ABAJO Y QUE LA SENTENCIA SIGA SUSTENTADA EN INFERENCIAS OBTENIDAS CON BASE EN PRUEBA TESTIMONIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRUEBA TESTIMONIAL, RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia 42356 de octubre 22 de 2013
Rad.: 42356
SL 741-2013
Solicita se case la sentencia impugnada “en cuanto a lo dejado de reconocer respecto de las pretensiones, para que en sede de instancia revoque además del numeral primero, los demás numerales de la parte resolutiva del fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia y en su lugar condene a la parte demandada y resuelva sobre costas de acuerdo con el resultado del proceso”.
Con el citado propósito presentó seis cargos que fueron objeto de réplica, los cuales se estudiarán conjuntamente por presentar similares deficiencias de técnica y valerse de argumentos similares.
Se acusa la sentencia de violar “… por vía directa y por falta de aplicación de los artículos 23, 24, 64, 65, 189, 249, 267, 306 del Código Sustantivo de Trabajo, libro primero de la Ley 100 de 1993, y el artículo 1º de la Ley 52 de 1975”.
El recurrente comienza por afirmar que “Teniendo en cuenta el tiempo laborado por el actor el tribunal se equivocó en la aplicación los artículos 23, 24 del Código Sustantivo del Trabajo el contrato de trabajo; artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa; artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo la indemnización moratoria; artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo compensación en dinero de las vacaciones; artículos 249 del Código Sustantivo del Trabajo el auxilio de cesantía del sistema tradicional; artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo pensión sanción; artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo prima de servicios, libro 1 de la Ley 100 de 1993 pensiones; y el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 para el pago de los intereses a las cesantías”.
Sostiene que el tribunal se equivocó en la aplicación de las normas citadas, en consideración a que el demandante laboró con la parte demandada de manera continua e ininterrumpida desde el día 1º de diciembre de 1969 y terminó el 8 de marzo de 2004; razón por la cual se debió acceder a las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que el ad quem se limitó a declarar la existencia del contrato de trabajo solicitado con inicio el 11 de mayo de 1988, según acta registrada en el certificado de existencia y representación legal que obra a folio 13 del cuaderno 1.
Alude a que Julio César Henao Duque, quien fue empleado del almacén el constructor, manifestó que fue contratado por el señor Iván Patiño “bajo la orden de Rafael Patiño”; que Iván era quien hacía los pedidos y despachos, “pero siempre con la orden de Rafael Patiño que era el gerente y propietario”..., que las actividades que realizaba Iván “las hacía bajo las órdenes de Rafael, siempre era él quien ordenaba”; que el señor Iván “si” recibía dinero como contraprestación al servicio prestado, y que agregó que “como toda empresa la planilla o la nómina la elaboraban en el departamento de contabilidad y Rafael daba el visto bueno a la nómina y se hacían los pagos”. Que también dijo el testigo que después de la venta del almacén “Iván siguió administrando todas las propiedades de la familia y de la sociedad siempre bajo las órdenes de Rafael, incluyendo la finca de Cimitarra”, que “Iván Patiño, inició labores en el almacén el Constructor en noviembre del año 69”. Que en relación con el salario, había dicho que el señor Iván Patiño “aparecía en nómina como cualquier otro empleado”. Que el señor Iván Patiño administró la finca el Berlín y que en dicha finca “siempre recibió órdenes de Rafael Patiño” hasta cuando éste falleció (fls. 1309-1310).
De la versión de la señora Luz Marina Tobón Trujillo, folio 1311, trajo a cuento lo dicho sobre que el señor Iván Patiño trabajó en el almacén, lo mismo que Clara Inés la hermana; igualmente, hizo citas del testimonio de Alberto Vergara Fierro, quien, según el recurrente, había dicho, sobre el demandante, que “siempre lo conocí trabajando con el almacén el Constructor”, y que respecto a la finca el Berlín había manifestado que Iván iba a la finca “cada 15 o cada 20 días, se queda allá otros 15 días y volvía”, que, adicionalmente, este testigo había dicho que siempre que necesitaba a Iván para un negocio lo encontraba en el almacén, que después de la venta o cambio del almacén por la finca el Berlín, Iván “arrancó para la finca a recibirla”.
Manifestó que se podía concluir sin lugar a dudas que el actor sí tuvo un vínculo laboral con los demandados, ya que se cumplían los tres elementos esenciales para el contrato de trabajo, como eran la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia del trabajador y un salario; razón por la cual considera “… que el juez de primera instancia está equivocado al afirmar que demandante actuaba de manera independiente como si se tratara de un contrato de prestación de servicios”.
Termina la demostración diciendo que el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad Rafael Patiño Serna y Cía. Ltda. “SI (sic) TENIA (sic) COMO OBJETO SOCIAL LA ADMINISTRACION (sic) Y EXPLOTACION (sic) DE PREDIOS RURALES Y TODO LO QUE ELLO COMPORTA”, por lo que la prestación personal de sus servicios debía tenerse no solo como subgerente del otrora almacén El Constructor, sino como administrador de la finca “El Berlín”.
La censura denuncia la violación de la ley “por vía indirecta y por falta de aplicación de los artículos 23, 24, 64, 65, 189, 249, 267, 306 del Código Sustantivo de Trabajo, libro primero de la Ley 100 de 1993, y el artículo 1º de la Ley 52 de 1975”.
1. No dar por demostrado, estándolo, que existió un contrato laboral desde el 1º de diciembre de 1969 y terminó el 08 de marzo de 2004.
2. No dar por demostrado, estándolo, que se deben pagar los salarios y prestaciones sociales desde 1º de diciembre de 1969 hasta el día 8 de marzo de 2004.
3. No dar por demostrado, estándolo, que se debe pagar la indemnización moratoria.
4. No dar por demostrado, estándolo, que se debe pagar la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa.
5. No dar por demostrado, estándolo, que se debe la pensión sanción.
b) Testimonios de Julio César Henao, Alberto Vergara Fierro, Rual Serna Barrera y Hugo Duque Narando.
Pruebas no calificadas - mal apreciadas
El censor alude a que, en consideración al tiempo laborado por el demandante, “… el tribunal no dio aplicación en debida forma a los artículos 23, 24 del Código Sustantivo del Trabajo el contrato de trabajo; artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa; artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo la indemnización moratoria; artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo compensación en dinero de las vacaciones; artículos 249 del Código Sustantivo del Trabajo el auxilio de cesantía del sistema tradicional; artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo pensión sanción; artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo prima de servicios, libro de la Ley 100 de 1993 pensiones; y el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 para el pago de los intereses a las cesantías”.
En relación con las pruebas mal apreciadas, considera que el certificado de existencia y representación legal, fue una prueba mal apreciada, por cuanto el tribunal no tuvo en cuenta que, dentro del objeto social de la Sociedad Rafael Patiño Serna y Cía. Ltda., “Si se encontraba la de administrar y explotar predios rurales”.
Refiere a que los testimonios de Julio César Henao, Alberto Vergara Fierro, Rual Serna Barrera y Hugo Duque Narando, fueron mal apreciados ya que, con estos, se podía establecer que el demandante tuvo un vínculo laboral con los demandados, pues se daban todas las características de un contrato laboral, como son prestar un servicio personal; bajo la continuada dependencia o subordinación, por cuanto el demandante utilizaba los materiales proporcionados por la empresa, debía cumplir instrucciones, un horario y estuvo sujeto al control del gerente. Que “… por el hecho de que el demandante como subgerente tenía la facultad de administrar y representar a la sociedad, no se puede pretender que el señor Patiño Gómez actuaba de manera independiente como lo dice el juez del a quo, ya (sic) mi representado dependía de una sociedad donde el gerente era su superior inmediato. Para afirmar que el demandante actuaba de manera independiente, éste tendría que ser el único dueño de la empresa, es decir, que se tratara de una empresa unipersonal, lo que no sucedió en este caso particular, pues se trata de una sociedad limitada y por consiguiente de una persona jurídica totalmente independiente a la persona natural de Iván Patiño Gómez. Así las cosas el demandante dependía de una Sociedad Ltda. y como administrador tenía que responder ante esta, razón por la cual no se puede pretender que el señor Patiño Gómez actuaba de manera independiente por administrar la sociedad; eso equivaldría a decir que los administradores no pueden tener un vínculo laboral, lo que no tiene sentido. En el caso de los administradores tienen un vínculo laboral, y son considerados trabajadores de dirección, confianza y manejo tal como lo contempla el Código Sustantivo de Trabajo”.
En relación con las pruebas no apreciadas:
a) El certificado de existencia y representación legal no fue apreciado en lo relacionado con el objeto social de la Sociedad Rafael Patiño Serna y Cía. Ltda., donde, a su juicio, sí se encontraba la de administrar y explotar predios rurales.
En relación con las pruebas no calificadas - mal apreciadas
a) Certificado de existencia y representación legal, de donde, afirma, se advertía que en el objeto social de la Sociedad Rafael Patiño Serna y Cía. Ltda. sí se encontraba la de administrar y explotar predios rurales.
b) Testimonios de Julio César Henao, Alberto Vergara Fierro, Rual Serna Barrera y Hugo Duque Narando, de los cuales, para el censor, se podía establecer que el demandante tuvo un vínculo laboral con los demandados, pues se daban todas las características de un contrato laboral, como eran prestar un servicio personal, bajo la continuada dependencia o subordinación, por cuanto se probó que el demandante utilizaba los materiales proporcionados por la empresa, debía cumplir instrucciones, un horario y estaba sujeto al control del gerente. Que por el hecho de que el demandante, como subgerente, tenía la facultad de administrar y representar a la sociedad, no se podía “… pretender que el señor Patiño Gómez actuaba de manera independiente como lo dice el juez del (sic) A quo, ya (sic) mi representado dependía de una sociedad donde el gerente era su superior inmediato. Para afirmar que el demandante actuaba de manera independiente, éste tendría que ser el único dueño de la empresa, es decir, que se tratara de una empresa unipersonal, lo que no sucedió en este caso particular, pues se trata de una sociedad limitada y por consiguiente de una persona jurídica totalmente independiente a la persona natural de Iván Patiño Gómez. Así las cosas el demandante dependía de una Sociedad Ltda. y como administrador tenía que responder ante ésta, razón por la cual no se puede pretender que el señor Patiño Gómez actuaba de manera independiente por administrar la sociedad; eso equivaldría a decir que los administradores no pueden tener un vínculo laboral, lo que no tiene sentido. En el caso de los administradores tienen un vínculo laboral, y son considerados trabajadores de dirección, confianza y manejo tal como lo contempla el Código Sustantivo de Trabajo”.
Reitera lo dicho en el cargo anterior sobre que el tribunal se equivocó en la aplicación de las normas citadas en consideración a que el actor laboró con la parte demanda de manera continua e ininterrumpida desde el día 1º de diciembre de 1969 y terminó el 8 de marzo de 2004; razón por la cual se debió acceder a las pretensiones de la demanda, habida consideración de que el tribunal superior se limitó a declarar la existencia del contrato de trabajo solicitado con inicio el 11 de mayo de 1988 según acta registrada en el certificado de existencia y representación legal que obra a folio 13 del cuaderno 1. Nuevamente cita los testimonios como lo hizo en el primer cargo, de donde otra vez concluye que se demostraron los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, razón por la que consideraba que el a quo se había equivocado al afirmar que el demandante actuó de manera independiente, como si se tratara de un contrato de prestación de servicios.
Denuncia la violación “por vía directa y por falta de aplicación de los artículos 23, 24, 267 del Código Sustantivo de Trabajo”.
Comienza afirmando que, teniendo en cuenta el tiempo laborado por el actor en el Almacén El Constructor, el tribunal se equivocó en la aplicación los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, del contrato de trabajo; y el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo de la pensión sanción.
La censura considera que el tribunal se equivocó en la aplicación de las normas citadas en consideración a que el actor laboró con la parte demanda, en el Almacén El Constructor, de manera continua e ininterrumpida desde el día 1º de diciembre de 1969 y terminó el día 11 de enero de 1995; razón por la cual, en su criterio, se debió condenar al pago de la pensión sanción por haber trabajado el demandante más de 15 años en el almacén, pues la venta del establecimiento no es una causa justa para dar por terminado el contrato de trabajo.
Que el tribunal se equivocó cuando manifestó que el demandante había presentado renuncia, con una carta enviada por correo certificado el día 09 de marzo de 2004, es decir, nueve años después de haberse vendido el almacén.
Por último, repite los argumentos de los cargos anteriores.
Acusa la violación “… por vía indirecta por falta de aplicación de los artículos 23, 24, 267 del Código Sustantivo de Trabajo”.
1. No dar por demostrado, estándolo, que existió un contrato laboral desde el 1º de diciembre de 1969 y terminó el 11 de enero de 1995.
2. No dar por demostrado estándolo, que existió una causa injusta para terminación del contrato en enero 11 de 1995.
3. No dar por demostrado estándolo que el actor trabajó más de 15 años en el Almacén El Constructor.
4. No dar por demostrado estándolo que se debe pagar la pensión sanción.
Los argumentos presentados para sustentar el presente cargo son muy similares a los de los cargos anteriores.
Denuncia la violación “por vía directa y por falta de aplicación de los artículos 23, 24 y Libro primero de la Ley 100 de 1993”.
La sustentación del cargo presenta argumentos similares a los expuestos de cara a los cargos anteriores.
Acusa la violación de la ley “por vía indirecta y por falta de aplicación de los artículos 2341, 2356 y 1494 del Código Civil colombiano; en concordancia con los artículos 1613 y 1614 del Código Civil y el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo”.
1. No dar por demostrado, estándolo, que existió un perjuicio moral causado al demandante.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que no existió un perjuicio moral.
Pruebas no calificadas - mal apreciadas:
Para la censura, el tribunal no dio aplicación de los artículos 2341, 2356 y 1494; en concordancia con los artículos 1613 y 1614 del Código Civil y el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
Que el artículo 2341 del Código Civil establece la responsabilidad extracontractual, en el caso del que “ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización…”. El artículo 2356 del Código Civil establece la responsabilidad en actividades peligrosas y señala que “Por regla general que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta…”. Que el artículo 1494 establece las fuentes de las obligaciones y dice que: “Las obligaciones nacen... ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos…”. El artículo 1613 del Código Civil establece la indemnización de perjuicios; el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente y el lucro cesante; el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo establece la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, indemnización que repara los daños sufridos por el trabajador por causa del despido, a menos que el trabajador pruebe un perjuicio más grave, según precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-1507 de 2000.
Agrega que, haciendo un análisis de las normas citadas, se podía precisar que, efectivamente, en este caso particular, el demandante sufrió unos perjuicios morales, tal como lo demostraba a continuación:
El daño moral consiste, según la jurisprudencia, en la aflicción que causa a la persona el acto o hecho que golpee severamente el ánimo. Así las cosas, afirma, la conducta del rector del Colegio San Solano (sic), causó al demandante aflicción y daño moral razón por la cual se debe condenar a la demanda al pago de los perjuicios morales por valor de doscientos salarios mínimos. Para reforzar su posición, citó las sentencias C-1507 de 2000 de la Corte Constitucional, junto con la de esta Sala con Radicado 8533 del 12 de diciembre de 1996.
Respecto a las pruebas que señaló como mal apreciadas, las no apreciadas, y las no calificadas mal apreciadas, nuevamente empleó los mismos argumentos de los cargos anteriores.
Los demandados como herederos determinados presentaron réplica, para decir que la demanda de casación presentaba errores de técnica insuperables y que debía ser desestimada en su totalidad.
Tal y como lo hace ver la réplica, la demanda de casación presenta errores insalvables de técnica que impiden el estudio de fondo del recurso.
Cumple recordar una vez más lo que de antaño tiene asentado la jurisprudencia laboral de cara al propósito del recurso de casación que justifica las exigencias contenidas en los artículos 87 y ss. del CPT para su interposición:
“A diferencia del juez de instancia, cuya misión es la de imponer el acatamiento de la ley a los particulares en litigio, el recurso de casación persigue la observancia de la norma jurídica por parte aquel. O, como se ha dicho en otros términos, el órgano de casación juzga la sentencia, mientras que el de instancia juzga la controversia. De allí que para el ejercicio de este recurso extraordinario se exija una técnica especial, sin la cual no sería posible alcanzar la finalidad de uniformar la interpretación científica de las leyes”(1).
En esa línea, la parte recurrente debe indicar claramente cuál es el objeto del recurso, es decir si la sentencia debe ser casada, total o parcialmente, y, en este último caso, delimitar la parte de la decisión que, supuestamente, no está acorde con la ley sustantiva del orden nacional.
El censor hace abstracción de dicho deber, por cuanto, al pedir la infirmación parcial de la sentencia en lo que refiere “… a lo dejado de reconocer respecto de las pretensiones”, no da luces sobre el punto, dada la parte resolutiva de la sentencia impugnada.
Conforme quedó registrado al comienzo de la presente providencia, el tribunal sí reconoció la existencia del contrato de trabajo del actor para con la sociedad demandada desde el 11 de mayo de 1988 y el 11 de enero de 1995; consecuencialmente, determinó los derechos a favor del actor por concepto de salarios, prestaciones e indemnización moratoria, pero a la postre no profirió condena por estos conceptos en razón a que también declaró la prescripción de la acción de tales derechos. Negó la sustitución patronal deprecada respecto de las personas naturales convocadas a juicio; la misma suerte corrió la indemnización por despido y la pensión sanción, pretendidas.
Por tanto, el recurrente debió delimitar qué parte de la decisión perseguía que se casara, y qué parte no, dado que el neto de la decisión es que no profirió condena alguna en su favor. Solo declaró la existencia del contrato de trabajo, pero en términos distintos a los pretendidos por el actor.
Si por holgura la Sala entendiera que el propósito del recurrente es el de que se infirmen los extremos del contrato de trabajo establecidos por el ad quem, y de contera la declaratoria de prescripción de la acción, sucede que el recurrente no atina a presentar argumentos coherentes y apropiados para el recurso de casación que tengan la virtud de desquiciar los sustentos del fallo.
Para el tribunal, solo se probó dentro del plenario la existencia del contrato de trabajo entre el actor y la sociedad demandada, desde el 11 de mayo de 1988 hasta el 11 de enero de 1995, en razón a que tomó como fecha inicial la de la designación del demandante en el cargo de subgerente de la sociedad, según el certificado de existencia y representación de folio 13, del c. 1; y a que negó la sustitución patronal en los términos del artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo, después del 11 de enero de 1995, cuando, con base en lo dicho por el mismo actor, en esa calenda, estableció que él había dejado de ser el subgerente de la sociedad y pasó a fungir como administrador de la finca “El Berlín”; para el ad quem, no operó la sustitución patronal, dado que este predio no fue de propiedad de la sociedad ni del difunto Rafael Patiño Serna, es decir que, según el tribunal, el actor desde el 12 de enero de 1995, prestó sus servicios a personas naturales diferentes. El ad quem expresamente aludió a que el extremo inicial alegado por el demandante no se probó dentro del plenario, y que el final lo obtuvo de la propia confesión del actor.
Con base en el extremo final del contrato establecido y en que la demanda fue presentada el 21 de mayo de 2001, el juez de alzada declaró la prescripción de la acción, lo que lo llevó a negar las pretensiones de salarios, prestaciones e indemnización moratoria.
Tales presupuestos permanecen incólumes, no obstante las acusaciones de la censura.
La censura formula seis cargos, tres por la vía directa y los restantes por la indirecta, pero, la argumentación presentada para sustentarlos, aparte de ser repetitiva en todos ellos, como bien lo anota la censura, se rebela abiertamente con las exigencias de técnica de la esencia del recurso de casación.
En los cargos primero, tercero y quinto cargo, el recurrente se duele de la “infracción directa” de los artículos señalados, entre ellos el 23, 24, 64, 65, 189, 249, 267 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando es evidente que el ad quem sí los aplicó, pues justamente reconoció la existencia del contrato de trabajo entre el actor y la sociedad demandada, junto con los salarios, prestaciones e indemnización moratoria adeudadas. Si el juez de apelaciones no profirió condena por tales conceptos, fue porque también aplicó el artículo 151 del CPT y SS referente a la prescripción, aspecto este sobre el cual, dicho sea de paso, el censor guardó silencio en todos los cargos.
Por la vía jurídica, la censura sostiene que el ad quem incurrió en la infracción directa de las normas citadas, pero, a la vez, también se refiere a la equivocación en la aplicación de los mismos preceptos jurídicos, es decir que, aparte de no tener razón al señalar la supuesta falta de aplicación de las normas acusadas, también se contradice en la acusación formulada contra la sentencia.
Independientemente del yerro de recurrente que se acaba de anotar, también el censor sustentó la trasgresión directa de las normas denunciadas en consideración a que el actor había laborado desde el 1º de diciembre de 1969 hasta el 8 de marzo de 2004, razón por la cual, en su criterio, se debió acceder a las pretensiones de la demanda.
El impugnante no podía fundar la acusación formulada por la vía directa en premisas fácticas distintas a las establecidas por el ad quem, sin que hubiese logrado derruirlas por la vía indirecta.
En los cargos segundo y cuarto, formulados por la vía de los hechos, con los mismos argumentos, la censura no dice en qué se equivocó el tribunal al determinar, con base en el certificado de existencia y representación, la fecha de la designación del demandante como subgerente de la empresa y tomarla para efectos de fijar el inicio del contrato de trabajo, 11 de mayo de 1988. Premisa esta que, por demás, resulta acorde con lo asentado en el citado registro; así pues, no se observa yerro alguno de cara a ese supuesto.
Es de recordar que el tribunal se basó en esta prueba documental para efectos de fijar la fecha inicial del contrato en razón a que, para él, la prueba testimonial en manera alguna le precisaba un tope fáctico inicial de la relación alegada por el actor.
De la alusión que hace el censor a la prueba testimonial, no se desprende que el recurrente hubiese tenido la intención de refutar este extremo inicial del contrato establecido por el juzgador de segundo grado; sino más bien, ignorando el reconocimiento del contrato de trabajo entre el actor y la sociedad que hizo el tribunal, como también la negativa de la declaratoria de la unidad de empresa de este, la censura sostiene que con ellas se podía establecer que el actor tuvo un vínculo laboral con los demandados, y que “por el hecho de que el demandante como subgerente tenía la facultad de administrar y representar a la sociedad, no se puede pretender que el señor Patiño Gómez actuaba de forma independiente como lo dice el juez a quo…”. Argumento este a todas luces fuera de lugar, puesto que, en un recurso de casación procedente contra la sentencia de segunda instancia, es bien sabido que no pueden hacerse acusaciones contra la decisión de primer grado.
La censura tampoco hace reparo alguno a la conclusión del ad quem en cuanto negó la sustitución patronal, lo cual habría sido lo pertinente para efectos de que se hubiese abierto paso al estudio de la fecha final del contrato tantas veces invocada por él, 8 de marzo de 2004; pero que, a decir verdad, no es más que una mera afirmación suya, ya que no indica prueba calificada alguna que le sirva de sustento. Además, no pasa por alto la Sala que es el mismo recurrente, quien en el cargo 4º, al señalar los supuestos yerros fácticos en que incurrió el tribunal, este se lamenta de que no se dio por demostrado, estándolo, que el contrato finalizó el 11 de enero de 1995.
Respecto al reparo sobre que el ad quem no se dio cuenta que la terminación del contrato se dio por despido sin justa causa, para efectos de que se le concediera la pensión sanción, tampoco la censura señala prueba calificada alguna que contradiga la afirmación del juez colegiado sobre que, según los hechos de la demanda, el demandante dio por terminado el contrato de trabajo por hechos atribuibles al empleador, pero que este no había acreditado los motivos; y, en todo caso, la negativa de la mencionada pensión sigue estando, también, sustentada en que no se completó el tiempo de servicio requerido.
En el último cargo, la censura, ignorando la declaratoria de la prescripción, se duele de que el ad quem no dio por demostrado, estándolo, un perjuicio moral causado al demandado. Acusación que además de ser inane, está indebidamente sustentada, dado que el recurrente incurrió en la impropiedad de denunciar unas mismas pruebas como mal apreciadas, como no apreciadas, y como pruebas no calificadas-mal apreciadas, defecto este que advierte la Sala se presenta en todos los cargos formulados por la vía de los hechos.
Respecto al certificado de existencia y representación, el censor es repetitivo en que el ad quem no tuvo en cuenta que dentro del objeto social de la persona jurídica demandada se encontraba la administración y explotación de predios rurales; supuesto este que, sin perjuicio de que fuera cierto, el censor no dice de qué forma contradice el fundamento de la decisión, y, para la Sala, dicha premisa no tiene incidencia alguna en las consideraciones del fallo, toda vez que el tribunal negó la sustitución patronal en razón a que la finca “Berlín” fue adquirida por personas distintas a la sociedad demandada y al señor Rafael Patiño Serna, q.e.p.d.
Respecto a la prueba testimonial relacionada en todos los cargos formulados por la vía indirecta, cumple recordar una vez más por la Sala que conforme al artículo 23 de la Ley 16 de 1968, modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, “El error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular; pero es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en tal error y siempre que este aparezca de manifiesto en los autos”. Es decir que la prueba testimonial no es prueba calificada en el presente trámite.
La razón de ser de los límites impuestos por el legislador a este tribunal de casación en lo que toca con las pruebas calificadas para configurar un yerro fáctico, está fundada no solo en la naturaleza misma del recurso extraordinario de casación que fue recordada al comienzo de estas consideraciones, sino también en las características del proceso laboral, pues como lo tiene dicho esta Sala de tiempo atrás, tal restricción “… no es más que una consecuencia lógica de la consagración y aplicación de los principios de oralidad, inmediación y libre apreciación probatoria en los juicios del trabajo”(2).
Por tanto, esta Sala no puede entrar a examinar las versiones testimoniales a las que alude el recurrente, en este caso, en tanto las inferencias fácticas del tribunal derivadas de la valoración de prueba documental y confesión se mantienen inalterables.
Solo excepcionalmente es posible que el tribunal de casación examine la prueba testimonial, en la medida que las premisas fundamentadas en prueba calificada sostén de la decisión se vengan abajo y que la sentencia siga sustentada en inferencias obtenidas con base en prueba testimonial, conforme lo tiene asentado esta Sala desde antaño:
“Debe anotarse adicionalmente que si la jurisprudencia, como lo recuerda el recurrente, abrió la posibilidad de examinar también en casación otras pruebas diferentes a las tres que indica el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, fue precisamente porque no bastaba con establecer el yerro fáctico con base en uno de tales medios de convicción para suponer asimismo equivocada la valoración de las demás pruebas y, de consiguiente, invalidar la sentencia, pues es muy posible que no obstante el error originado en el documento auténtico, la inspección ocular o la confesión judicial, el fallo finalmente esté soportado en otra u otras de las pruebas no calificadas. Y como la Corte no puede suponer que la sentencia impugnada sea ilegal, estando obligada, en cambio, a partir del supuesto contrario, su deber es mantenerla mientras no se le demuestre que la decisión acusada transgrede la ley, de donde resulta imperioso que el recurrente tenga la carga no sólo de fundar el error de hecho manifiesto en una prueba calificada sino también de destruir la totalidad de las conclusiones fácticas que, con base en esa misma prueba o en otras, hayan constituido el fundamento del fallo cuya casación pretende”(3).
Así pues, las premisas elaboradas por el juez de alzada, sustento de la decisión impugnada, se mantienen incólumes.
Conforme a todo lo antes dicho, se desestiman los cargos.
Dado el resultado del recurso y que hubo réplica, se condena en costas a la parte recurrente, quien deberá pagar la suma de $ 3.000.000 por concepto de agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 14 de julio de 2009 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia dentro del proceso instaurado por Iván Patiño Gómez en contra de los señores César Augusto Patiño Gómez, Clara Inés Patiño Gómez, María Elena Patiño Gómez, Martha Lucía Patiño Gómez, Gloria Marina Patiño Gómez, María Isabel Patiño Gómez Luis Darío Patiño Gómez, Fabiola Gómez de Patiño como herederos determinados del señor Rafael Patiño Serna, junto con sus herederos indeterminados; la sociedad Patiño Serna y Cía. Ltda. y a los socios de esta, señores César Augusto, Clara Inés, Martha Lucía, Gloria Marina, María Isabel, Luis Darío y Ana Beatriz Patiño Gómez y la cónyuge sobreviviente de Rafael Patiño Serna, Sra. Fabiola Gómez de Patiño.
(1) Sentencia de 2 de junio de 1948, Gaceta del Trabajo, tomo III, números 17 a 28, pág. 132.
(2) Sentencia Sala Laboral Corte Suprema de Justicia Nº 5800 de 1993.
(3) Sentencia Sala Laboral Corte Suprema de Justicia Nº 5800 de 1993.