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Timestamp: 2020-08-10 21:31:45
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Sentencia 2002-08861: Abrogación artículo 21 Ley de Bienestar Animal | www.animalista.cr
Sentencia 2002-08861: Abrogación artículo 21 Ley de Bienestar Animal
Sentencia: 2002-08861
Expediente: 02-006389-0007-CO
Hora: 2:39:00 PM
Emitido por: Sala Constitucional
Redactor: Solano Carrera Luis Fernando
Clase de Asunto: Consulta judicial
San José, a las catorce horas con treinta y nueve minutos del once de setiembre del dos mil dos.
Consulta judicial facultativa formulada por el Juez Contravencional y de Menor Cuantía de Coto Brus, mediante resolución de las siete horas cuarenta minutos del quince de julio del dos mil dos, dictada dentro del expediente número 02-500146-441 F.C. que es causa por “Infracción a
la Ley de Juegos” seguida contra Arnoldo Vargas Madrigal y otros, con respecto a la constitucionalidad del artículo 21 inciso a) de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas treinta minutos del primero de agosto del dos mil dos, y con fundamento en los artículos 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del
Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el Juez Consultante solicita a esta Sala que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 21
inciso a) de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el diario oficial La Gaceta número 236 del trece de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Afirma que dicha norma podría resultar contraria a los principios de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 39 de la Constitución Política, dado que se establece una sanción fija de cuatro salarios mínimos mensuales a quien propicie peleas entre animales de cualquier especie. Estima que la rigidez de la sanción no permite al juzgador graduar la pena con base en la culpabilidad del infractor.
2.- Los artículos 9 y 106 de la Ley de esta sede facultan a la Sala para evacuar la consulta en cualquier momento, cuando considere que está suficientemente contestada mediante la simple remisión a su jurisprudencia y precedentes.
I.- Sobre la admisibilidad. La consulta planteada cumple con los requisitos de admisibilidad que establecen los artículos 102 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional. En virtud de esa norma, todo juez está legitimado para consultar a la Sala cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento. En el
caso que se analiza, el Juez Consultante debe aplicar la norma cuestionada al resolver el proceso de faltas y contravenciones tramitado con el número de expediente 02-500146-441 F.C., razón por la cual, mediante resolución fundada, considerando que existen dudas importantes de constitucionalidad, solicita el pronunciamiento al respecto de este Tribunal.
II.- Objeto de la consulta. Se consulta el artículo 21 inciso a) de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; por considerar que podría ser contrario a los principios de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad, en virtud de que se establece una sanción fija, que no permite una individualización de la pena, sea, no permite graduar la pena, según la culpabilidad del
infractor. El texto consultado textualmente señala:
“ARTÍCULO 21.- SUJETOS DE SANCIÓN Y MULTAS. Se
sancionará con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales, a quien:
Para los efectos de esta Ley, la denominación “salario mínimo” corresponde al monto equivalente al menor salario que contiene el decreto vigente de salarios mínimos.“
III.- Inconstitucionalidad de las sanciones fijas: antecedentes jurisprudenciales.
Este Tribunal señaló que la sola existencia de una sanción fija, que no permita al juez individualizar en cada caso concreto, de conformidad con las reglas que establece el artículo 71 del Código Penal, es violatoria del principio de proporcionalidad:
“La pena, consecuencia necesaria de la falta cometida por un
sujeto penalmente responsable, debe ser adecuada al hecho
antisocial que le sirve de antecedente, es decir, debe haber
proporcionalidad entre delito y pena, adecuación en la que la
gravedad del hecho, los motivos determinantes, la personalidad del
autor y en especial el grado de culpabilidad, tienen marcada
trascendencia. Existen tres clases o niveles de individualización de
la pena: legal, judicial y administrativa. En el plano legislativo,
más que individualización, lo que hace el legislador es fijar
parámetros en cuanto al monto de la pena a imponer y los motivos
de atenuación o agravación de la misma, a los cuales debe adecuar
el juez su actuación. Es el juez quién verdaderamente individualiza
la pena, en la sentencia condenatoria, es él que determina cuál es
la pena justa y equitativa que le corresponde al sujeto en los casos
concretos sometidos a su conocimiento. Las posibilidades de
realizar una acertada individualización judicial de la pena, están
en relación directa con la amplitud del margen de
discrecionalidad, que el legislador le deje a los órganos
jurisdiccionales encargados de aplicar la ley penal a los casos
concretos. Entre más amplio sea ese margen, mayores serán
también las posiblilidades de que el juez pueda adecuar
correctamente la pena a las particularidades del caso y a la
personalidad de los sujetos que debe juzgar. El que exista ese
margen de discrecionalidad para el juzgador, no representa
entonces una violación a los principios constitucionales, sino más
bien una garantía de que la pena se impondrá en forma
individualizada, atendiendo a las características y circunstancias
concretas del caso en particular. Ahora bien, esta aplicación de la
pena, debe hacerse en consonancia con los parámetros
establecidos en el artículo 71 del Código Penal, el que establece:
“Artículo 71: El Juez, en sentencia motivada, fijará la duración de la pena que debe imponerse de acuerdo con los límites señalados para cada delito, atendiendo a la gravedad del hecho y a la personalidad del partícipe.
Para apreciarlos tomará en cuenta:
Los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible;
La importancia de la lesión o del peligro;
Las circunstancias de modo, tiempo y lugar;
La calidad de los motivos determinantes;
Las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en la medida en que hayan influido en la comisión del delito; y la conducta del agente posterior al delito.
Las características psicológicas, psiquiátricas y sociales, lo mismo que las referentes a educación y antecedentes, serán solicitadas al Instituto de Criminología el cual podrá incluir en su informe cualquier otro aspecto que pueda ser de interés para mejor información del Juez.“
Es entonces a partir de este artículo que el juez cuenta con determinados parámetros a los que debe circunscribirse para fijar el monto y tipo de la pena a imponer dependiendo de cada caso
en concreto. Sin embargo, para que se pueda hablar de una sana aplicación de lo dispuesto por este numeral, es indispensable que las normas que contienen las sanciones sean claras y le permitan al juzgador moverse dentro de un grupo de sanciones diferentes a aplicar en la medida en que son diferentes las conductas a juzgar; que exista un sistema de graduación de las sanciones con límites mínimos y máximos de pena bien delimitados, que le permitan al juzgador operar dentro de los mismos y que atiendan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
“(\85) Ahora bien, a partir de todo lo dicho anteriormente, en el
caso concreto del artículo 7 de la Ley de Regulación de Horarios
de Funcionamiento en Expendios de Bebidas Alcohólicas, se
observa que la sanción que se establece es una multa fija
equivalente a doce salarios base. Esta norma cuestionada, en
criterio de la Sala, no establece para el juez, la posibilidad de
contar con parámetros claros y precisos para la aplicación de la
sanción toda vez que, por el contrario, el juez se topa con una
norma que tiene una sanción fija, por lo cual deberá imponer una
sanción que consiste en una multa equivalente a doce salarios
base, sin que se contemple en la norma la posibilidad de que el
Juez pueda escoger entre diferentes niveles de multa con lo cual no
existe un margen de escogencia atendiendo a las circunstancias del
hecho concreto que se pretende sancionar. En esta materia debe
tenerse en cuenta que la sanción se relaciona con la actuación que
tuvo el sujeto y en esa medida la sanción que se vaya a imponer,
resultará consecuencia del hecho cometido lo cual presupone la
necesaria exigencia de una valoración razonable y proporcional
entre el hecho cometido, la afectación del bien jurídico que se dio
con la acción atribuida al sujeto activo del ilícito y la sanción con
la cual se pretende castigar la actividad ilícita. Sin embargo, en el
caso concreto, la sanción como pena o castigo es razonable por
cuanto es adecuada para regular y proteger el bien jurídico que se
pretende tutelar, y en esa medida es proporcional por cuanto hay
relación entre el medio escogido y el fin buscado; sin embargo, el
monto fijo en que se traduce la sanción a imponer, resulta ser
irracional y desproporcional en relación con la aplicación
concreta en cada caso en particular. Efectivamente, estima la Sala
que en el caso concreto del artículo 7 cuestionado, el legislador
omitió cumplir con la exigencia de crear leyes garantistas de los
derechos fundamentales y ello es así por cuanto, en materia
sancionatoria, el legislador debe fijar parámetros en cuanto al
monto de la pena a imponer y los motivos de atenuación o
agravación de la misma, a los cuales debe adecuar el juez su
actuación, toda vez que es éste quien verdaderamente individualiza
la pena en la sentencia condenatoria y es quien determina cual es
concretos sometidos a su conocimiento, lo que hace a partir de los
elementos que le brinda la norma. Sin embargo, en el caso
concreto, el juez no cuenta con posibilidad alguna de realizar una
acertada individualización de la pena y no puede utilizar su
potestad valorativa por cuanto el legislador no le dejó posibilidad
toda vez que la norma le impone un único monto que se debe
imponer como sanción para el supuesto en que un establecimiento
de bebidas alcohólicas sea encontrado abierto un jueves o viernes
santo. No tiene entonces la norma un margen para que el juzgador
valore cada caso en concreto y así pueda individualizar la sanción
y por ende, no se está en presencia de una norma garantista, sino
por el contrario, de una norma lesiva de los principios de
legalidad, igualdad, proporcionalidad y razonabilidad, así como
también, dependiendo del caso concreto, podría tratarse de una
norma confiscatoria. Desde esta perspectiva, el legislador puede
y debe desarrollar el contenido concreto de las sanciones a
imponer, pero le está vedado hacerlo de manera que la sanción
resulte inoperante en relación con lo que se pretende evitar.
Efectivamente, en el caso concreto, la construcción de la norma
que contiene la sanción, permite que la aplicación en concreto
pueda ser desproporcional en relación con el caso particular del
sujeto activo. A partir de lo dicho se tiene entonces que la sanción
contemplada en el artículo 7 cuestionado, incide directamente en
la capacidad financiera o económica del obligado y ello es
precisamente lo que convierte a esta sanción en desproporcionada
e irrazonable, así como confiscatoria por los efectos que produce
en el patrimonio del infractor. De este modo, al establecerse un
monto fijo, puede ser desproporcionado para algunos de los
sujetos y en esa medida, puede ser confiscatorio por cuanto hay un
exceso en la cuantía prevista por el legislador ya que establece una
multa fija sin graduación alguna ni atenuaciones en atención a las
diferentes circunstancias particulares que se pueden dar en cada
caso concreto y por ello también puede ser lesiva del principio de
igualdad. Así las cosas, si la razonabilidad de una norma jurídica
significa la verificación de la proporción entre el fin querido y la
medida adoptada para lograrlo, en el caso concreto no se estima
que la norma cuestionada tenga un monto de sanción que sea
razonable ni proporcional al fin que se desea proteger en relación
con la actuación cometida; y no es que el problema se encuentre en
la sanción como tal que establece el artículo sino que el problema
está en el monto de la pena a imponer. Probablemente la intención
del Legislador era crear un sistema adecuado tendiente a inducir
un cambio en los hábitos de conducta de los individuos frente a
valores religiosos y electorales como los que se pretenden proteger
con la prohibición sentada en el artículo 3 de la ley de regulación
de horarios de funcionamiento en expendios de bebidas alcohólicas
y para proteger tal finalidad, se pensara en la conveniencia de
imponer una sanción a quienes actuaran en contra de tales
principios; sin embargo, ese fin no está proporcional ni
razonablemente tutelado con el monto fijo de la sanción impuesta
que definitivamente causa un desequilibrio de otros aspectos
cuando se impone su aplicación práctica pues viendo el caso en un
ejemplo en concreto, no es lo mismo sancionar con doce salarios
base a una empresa que produce millones de litros de licor al año
cuyas ganancias son considerables, que sancionar con doce
salarios base a un pequeño comerciante que apenas produce el
dinero suficiente para sobrellevar su negocio. Desde esta
perspectiva, el artículo 3 de la Ley de Regulación de Horarios de
Funcionamiento en Expendios de Bebidas Alcohólicas, no resulta
ser inconstitucional, a diferencia del artículo 7 consultado.”
(Sentencia 1999-08015 de las once horas cincuenta y siete minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve)
IV.- Inconstitucionalidad de la norma consultada. Considera la Sala que en el caso de los ilícitos penales, en atención a los fines preventivos y de reinserción social de la consecuencia punitiva y a la naturaleza misma de ésta, que implica en la mayoría de los casos una más grave restricción de derechos e incluso una mayor estigmatización de quien es sometido a su poder coactivo; necesariamente debe preverse la posibilidad de graduar la sanción entre un mínimo y un máximo fijado por el legislador, tomando en consideración que el juez tiene que valorar aspectos tales como la calidad de los motivos determinantes, las condiciones personales del sujeto activo o de la víctima que hubieren influido en la comisión del delito, la conducta del agente posterior al delito, las características psicológicas, psiquiátricas, sociales, educativas, antecedentes, circunstancias agravantes y atenuantes, la consumación o no del ilícito; así como a principios propios del proceso penal, tales como la solución del conflicto en
procura de contribuir la armonía social de sus protagonistas, entre otros. La norma consultada contempla una sanción de multa equivalente a “cuatro salarios mínimos mensuales”, a quien
propicie peleas entre animales de cualquier especie. Esa rigidez de la sanción no permite que el juez pueda individualizar el monto de la multa a imponer, de acuerdo a los parámetros que se indican en el artículo 53 del Código Penal, el cual señala que el importe del día multa se deberá determinar de acuerdo con la situación económica del condenado, atendidos especialmente su caudal, rentas, medios de subsistencia, nivel de gastos u otros elementos de juicio que el Juez considere apropiados. Tampoco podrá valorar los demás elementos y circunstancias particulares que rodearon la comisión del hecho. En consecuencia, con fundamento en todo lo expuesto, considera este Tribunal Constitucional que la norma consultada lesiona los principios de proporcionalidad, razonabilidad y debido proceso, citados por la Autoridad Consultante y además los de igualdad y tipicidad, contenidos en los artículos 33 y 39 de la Constitución Política. En virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, por conexión y consecuencia, también se declaran inconstitucionales, los incisos b) al e) de la misma norma, atendiendo a idénticas razones, dado que se prevé una sanción fija para cada una de las conductas descritas.
V.- Conclusión.- Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 21 de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, resulta contrario a los principios constitucionales de debido proceso, igualdad, tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad. En consecuencia, se anula la norma del ordenamiento jurídico.
Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el artículo 21 de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451 del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, es contrario a los principios de debido proceso, tipicidad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad. En consecuencia, se anula la norma del ordenamiento jurídico o de situaciones jurídicas consolidadas por virtud de sentencia con carácter de cosa juzgada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.
Luis Fernando Solano C.PRESIDENTE
Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L
NOTA: Es copia fiel del original – Tomado del Sistema Costarricense de
Información Jurídica el: 30/3/2011 10:33:01 AM