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Timestamp: 2018-06-20 21:12:25
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ENMIENDA DE SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA Y OTROS AJUSTES EN SISTEMA TRIBUTARIO
RLagosW 0.,
JGarciaR 0.,
AZaldivarL 0.,
CMontesC 0.,
ETumaZ 0.,
BProkuricaP 0.,
JColomaC 0.,
EVonBaerJ 0.,
IMoreiraB 0.,
AGuillierA 0.,
JPizarroS 0.,
CGoicB 0.,
AMuñozD 0.,
ANavarroB 0.,
MOssandónI 0.,
IWalkerP 0.,
Sesión 39ª, en martes 19 de agosto de 2014
(De 10:23 a 13:56)
Y SEÑORES EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE,
Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Concurrió, además, el Ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas de Mesa. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco Aguayo; el Director de Impuestos Internos, señor Michel Jorrat De Luis, y los asesores del Ministerio de Hacienda, señora Macarena Lobos y señor Julio Valladares.
--Se abrió la sesión a las 10:23, en presencia de 18 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta del asunto que ha llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- La siguiente es la comunicación recibida:
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de reforma tributaria, en segundo trámite constitucional, que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario (boletín N° 9.290-05) (con urgencia calificada de "simple").
--Por acuerdo de Comités, queda para la tabla de la presente sesión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Nos visitan en las tribunas los integrantes del octavo básico del colegio Abel Inostroza Gutiérrez, de Cabrero, en la Octava Región.
¡Sean muy bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas)
La señora ALLENDE (Presidenta).- Además de saludar al Ministro de Hacienda, don Alberto Arenas, quiero recabar autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco; el Director de Impuestos Internos, señor Michel Jorratt; la Coordinadora Legislativa, señorita Macarena Lobos; el Coordinador de Políticas Tributarias, señor Alberto Cuevas, y el asesor señor Julio Valladares.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, me han solicitado la realización de una reunión de Comités para ponernos de acuerdo respecto a la tramitación de este proyecto.
Así que se suspende la sesión por diez minutos.
--Se suspendió a las 10:25.
--Se reanudó a las 10:37.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario para comunicar lo resuelto por los Comités.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Para el tratamiento del proyecto de reforma tributaria los Comités acordaron que -naturalmente, conforme al Reglamento- se darán por aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, según se indicará en la relación.
En cuanto al debate y a las enmiendas unánimes -prácticamente lo fueron todas, con excepción de tres-, se resolvió que cada señor Senador tendrá derecho a utilizar 10 minutos para referirse al conjunto de esas modificaciones o, dentro de este, al tema que le parezca pertinente.
Sin perjuicio de eso, como se dirá en la relación, hay tres normas que en la Comisión fueron aprobadas por mayoría, y que, de consiguiente, se debatirán y votarán aparte.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Además, se fijará una hora tentativa para la votación, que podría ser a las 7 de la tarde, según el número de Senadores inscritos. Y si todavía quedaran algunos que no hubieran usado de la palabra, obviamente se prorrogaría la sesión para más tarde o se continuaría al día siguiente, dependiendo de la cantidad de oradores que restaran por intervenir.
Boletín N° 9290-05
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.290-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 19ª, en 20 de mayo de 2014.
Hacienda: sesión 31ª, en 15 de julio de 2014.
Hacienda (segundo): sesión 39ª, en 19 de agosto de 2014.
Sesión 32ª, en 15 de julio de 2014 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Hacienda deja constancia, para efectos reglamentarios, de que los artículos sexto, noveno, undécimo, duodécimo, décimo quinto y décimo séptimo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el mismo texto aprobado en general.
Tales disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión y votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para aprobar las normas mencionadas por el señor Secretario que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones?
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Siguiendo con la relación, cabe señalar que la Comisión de Hacienda efectuó una serie de enmiendas al texto aprobado en general, y acogió gran parte de ellas por unanimidad, con excepción de tres, las que serán puestas en discusión y votación oportunamente.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifiesten su intención de impugnar la proposición de la Comisión o existan indicaciones renovadas.
De estas enmiendas unánimes, las recaídas en los numerales 4, 22 bis y 22 ter contenidos en el artículo 8° de la iniciativa, que incorpora los artículos 4° quinquies, 119 bis y 160 bis en el Código Tributario, requieren para su aprobación 22 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el proyecto aprobado en general por el Senado, las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda y el texto final que resultaría de acogerse esas enmiendas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la discusión particular de la iniciativa, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, trataré de ser breve para explicar cuál fue la labor de la Comisión desde que se suscribió el Protocolo de Acuerdo de Reforma Tributaria, el 8 julio pasado.
Básicamente, acá ha habido un proceso de trabajo técnico que significó -si no recuerdo mal- la celebración de alrededor de once sesiones de trabajo, durante 145 horas en total y más de 13 horas por jornada. Y los grupos técnicos tuvieron que aterrizar y poner en letra de ley el contenido de ese documento.
El Protocolo de Acuerdo contenía esencialmente dos tipos de disposiciones o medidas: unas, de implementación simple, que resultaban fácilmente entendibles y no requerían mayor interpretación. Por ejemplo: la rebaja en los techos de la renta presunta, que ya tenía un guarismo incorporado. Sin embargo, había otras vinculadas a un tema de criterio, de discernir qué se pedía en ese texto.
Eso explica que fuera un trabajo complejo, muy técnico, pero que dio resultados concretos.
¿A qué me refiero con ello?
En dicho Protocolo, como primera medida, y muy importante en comparación al proyecto original, se dispuso que, junto con el mecanismo de renta atribuida exista un sistema parcialmente integrado de tributación que opere de manera distinta. Este mecanismo, al igual que el de atribución de rentas, también termina con el FUT (Fondo de Utilidades Tributables); fija una tasa de impuesto de primera categoría de 27 por ciento para las empresas, y mantiene el impuesto de 25 por ciento con respecto al sistema de renta atribuida.
Pero, a mi juicio, lo fundamental de la discusión de las indicaciones fue la realización de un esfuerzo para eliminar -como se señaló y acordó en el Protocolo- la posibilidad de que existan forados o se constituyan planificaciones tributarias con el solo objetivo de evadir el pago de impuestos y no generar actividad económica real.
Estas normas -hay que dejarlo claro- no buscan limitar la inversión de las empresas, sino impedir que las utilidades sean empleadas como mecanismos para no pagar tributos.
En esta materia lo principal -si me permite mencionarlo brevemente, señora Presidenta- es que se termina con los llamados "retiros para reinvertir dentro de veinte días".
En este punto, conviene tener presente que hay un principio básico que inspira a esta reforma: todo retiro, distribución o remesa de utilidades de una empresa debe tributar.
Y la medida de poner fin al sistema de retiro para reinvertir dentro de veinte días, que ha estado vigente durante todo este tiempo, permitirá terminar con los retiros desde las sociedades que suspenden la tributación de sus dueños, lo que se ha prestado para abuso y elusión tributaria.
Lo segundo que se hace es acabar con los denominados "retiros en exceso" (retiros de utilidades financieras que postergan el pago de impuestos).
En tercer lugar, mediante indicaciones se acuerda poner limitaciones al uso de las pérdidas o carry back. Las pérdidas que se generen en el futuro no podrán ser imputadas a las utilidades producidas en el pasado.
Una cuarta medida para poner fin a la elusión y asegurar el pago de tributos como corresponde es el establecimiento de dos reglas básicas de control para la interacción entre los sistemas atribuido y semiintegrado: por un lado, la permanencia mínima de 5 años en el régimen elegido por el contribuyente y, por otro, al pasar de un sistema a otro -de renta atribuida al integrado parcial o viceversa-, la obligación de cancelar en el momento todo lo que no se ha pagado en impuestos.
Una quinta propuesta se refiere a que habrá normas de fiscalización para impedir que la interacción de los sistemas provoque situaciones en que no se paguen los impuestos debidos. Esto, para impedir los arbitrajes.
Como sexta medida, se agregan resguardos frente al uso de las utilidades con el fin de eludir el impuesto de los dueños de las sociedades. Se trata de nuevas normas de control en esta materia.
Para ello, el proyecto crea una disposición antielusión especial, que establece los criterios para distinguir el uso legítimo de las utilidades para invertir y ahorrar de aquel que es elusivo. Esta norma regirá sobre los contribuyentes tanto del sistema atribuido como del semiintegrado y tendrá dos niveles de aplicación: internacional y local. En otras palabras, se podrá determinar el destino de la inversión en el extranjero: en países de baja tributación o en aquellos considerados paraísos fiscales. Lo mismo operará a nivel nacional.
Por otra parte, se establecen incentivos a la inversión, que fue un elemento que llevó a concluir en el Protocolo de Acuerdo.
Producto de la discusión que hubo en la Comisión de Hacienda, se concluyó que la iniciativa original requería ser fortalecida con relación a los mecanismos de inversión y ahorro.
Pasamos del actual sistema, con un sesgo casi de 100 por ciento proinversión, a uno de renta atribuida, que apunta en la dirección totalmente contraria, la que se puede expresar así: "Toda renta que se genera debe pagar impuesto". Y ahora se propone un mecanismo alternativo: el parcialmente integrado.
Además, se introducen normas que incentivan la inversión en las pymes.
Para tal efecto, se amplía el régimen simplificado del artículo 14 ter desde empresas con techo de venta de 25 mil UF al año hasta las que venden 50 mil UF. De esta forma, se beneficia a 824.494 empresas (97 por ciento del total).
En la actualidad, la ley favorece hasta las empresas con ventas anuales de poco más de 8 mil UF y solo se aplica a los contribuyentes del IVA. Entonces, para dar una idea del salto que se plantea, cabe señalar que pasaremos de 8 mil a 50 mil UF como tope para permitir la reinversión.
Voluntariamente, las empresas bajo el régimen del artículo 14 ter que tengan como socios solo personas naturales no pagarán el impuesto de primera categoría, solo el global complementario, cuando el sistema entre en vigencia.
Una tercera idea que beneficiará a las empresas de menor tamaño, producto de las indicaciones formuladas, es que, a partir del 2015, aquellas van a tributar solo por su flujo de caja, es decir, por ingresos percibidos y gastos realmente efectuados.
Asimismo, desde septiembre del referido año, todas las empresas que se encuentren en ese estatuto tendrán 60 días más para pagar el IVA. Este beneficio se hace extensivo, además, a las empresas medianas con ventas de hasta 100 mil UF al año.
La reducción de los límites para acogerse a la renta presunta -otro de los temas debatidos- se traducirá en la salida de este sistema de 6 mil empresas (equivalente a 5 por ciento del universo actual). Se hizo el esfuerzo de focalizar el beneficio tributario bajo el criterio de renta presunta en las empresas de menor tamaño que realmente lo requieren.
Para ese efecto, se propone disminuir los topes: a 5 mil UF, en el caso del transporte; a 9 mil UF, en el de la agricultura, y a 17 mil UF, en el de la minería.
Dicho cambio regirá a partir del año 2016 y limitará el actual alcance de la renta presunta.
En vivienda, el foco estuvo en proteger lo que se llama "la clase media". Se precisó el proyecto de ley original en esta materia.
En primer lugar, se eleva de 100 a 225 UF por vivienda el tope para el crédito especial de la construcción, de acuerdo a un costo de construcción máximo de 2 mil UF; es decir, se bajó el techo.
De ese modo, las indicaciones sobre el IVA a la vivienda evitan que los precios de cerca del 90 por ciento de las operaciones inmobiliarias aumenten más de 3 por ciento, en caso de que las empresas traspasen este gravamen totalmente a los compradores.
Otra de las medidas a relevar dice relación con que ninguna vivienda con subsidio estatal se verá afectada al no aplicarse el IVA a la segunda venta.
El impuesto de timbres y estampillas, asunto que también fue objeto de modificaciones, mantendrá su tasa actual de 0,2 por ciento para todas las operaciones de viviendas vinculadas al DFL N° 2. Más del 80 por ciento de las viviendas que se venden en el país están bajo este régimen.
En otro ámbito, se incorporan indicaciones sobre las ganancias de capital en bienes raíces, con el objeto de focalizar su aplicación solo en sectores de altos ingresos.
De esa forma, en primer lugar, todos los inmuebles comprados antes del 2004 se eximen de este gravamen.
En segundo término, los inmuebles adquiridos después de esa fecha generarán algún pago de impuesto si el contribuyente persona natural obtiene una ganancia de más de 8 mil UF (alrededor de 192 millones de pesos) a lo largo de su vida, independiente del número de propiedades que venda.
Tercero, los contribuyentes tendrán la opción de pagar el tributo conforme a la tasa propuesta en el proyecto de ley o a una tasa única de 10 por ciento.
Por otro lado, se modifican los llamados "impuestos correctivos", básicamente en tres áreas: tabaco, bebidas analcohólicas y alcohol.
En el caso del tabaco, se sube el impuesto específico 7,8 veces y se disminuye el gravamen ad valórem. Con ello se sigue la tendencia de los países desarrollados: bajar los tributos al precio y aumentar el valor del impuesto específico.
Respecto a las bebidas analcohólicas, se determina un impuesto base de 10 por ciento. Y en el caso de las bebidas analcohólicas con azúcar adicionada, la tasa aumenta a 18 por ciento.
La regla actual es que las bebidas analcohólicas, con o sin azúcar, pagan un 13 por ciento. La iniciativa plantea disminuir del 13 al 10 por ciento el tributo para las sin azúcar y aumentar de 13 a 18 por ciento el impuesto para las con azúcar.
Por último, sobre el impuesto específico a los alcoholes, se modificó sustantivamente la propuesta original: en el caso de las cervezas y los vinos, pasamos del régimen actual de 15 por ciento a una tasa de 20,5; y en el caso de los destilados, cualquiera que sea (nacional o importado), subimos de 27 a 31,5 por ciento.
En materia de institucionalidad y atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, se aprobó un conjunto de indicaciones para generar un cambio en la forma en que dicho organismo va a fiscalizar.
Hoy día este funciona -si se me permite un exceso en la manera de presentarlo-, básicamente, a lo que rezan sus dictámenes, quedando amarrado por lo que dice la ley.
Partiendo de la base de la buena fe del contribuyente y de la importancia de respetar la voluntad de los contratos estipulados, la iniciativa propone una facultad al Servicio de Impuestos Internos para estar más aplicado a la sustancia que a la forma de los contratos.
Dicho organismo puede concluir que existe un acto elusivo, pero no es él quien define la calificación jurídica, sino el tribunal tributario o aduanero competente. Este es un cambio profundo respecto del proyecto original, en el cual el SII seguía siendo juez y parte en esta materia.
El mencionado Servicio, con las indicaciones que se han introducido, contribuirá a preservar la buena fe de los contribuyentes, lo que era un tema esencial. Todos estamos de acuerdo en ello, pues no cabe partir de la presunción de la mala fe.
Al mismo tiempo, se le dan atribuciones para que haga la formulación de cargos respectiva si llega a la conclusión de que ha habido planificaciones tributarias con el fin de eludir el pago de impuestos. Entonces, serán los tribunales tributarios o aduaneros pertinentes los que determinarán en definitiva si hay elusión o si están frente a una decisión legítima del contribuyente.
Existen otras disposiciones menores en la iniciativa, no por eso menos importantes.
Quiero rescatar la que exime del impuesto al valor agregado y de los derechos aduaneros a la importación de carros bomba y otros vehículos especializados, y de equipamiento y material de rescate que realice la Junta Nacional de Bomberos y los Cuerpos de Bomberos de Chile.
También valoro la norma que señala que las zonas extremas y especiales mantendrán sus tratamientos tributarios diferenciados.
Señora Presidenta, el texto incluye muchas más propuestas. No me cabe duda de que, a lo largo del debate que sostendremos hoy y, tal vez, mañana, surgirán otras inquietudes.
En lo grueso, el proyecto terminará recaudando algo más de lo que la iniciativa original contempló -hago la salvedad, porque fue materia de discusión-: 8.300 millones de dólares, 100 millones más de lo estimado en el primer informe financiero. Ello se explica por la incorporación del sistema semiintegrado parcial, que aportará 1,45 puntos del PIB, lo que hará la diferencia al final del día.
Termino agradeciéndoles a los miembros de la Comisión de Hacienda -¡sobre todo, a su Presidente¿!- y a los funcionarios de la Secretaría, quienes desarrollaron una labor bien extensa.
Seguramente, muchos que tuvieron un fin de semana largo no saben que acá se trabajó los días jueves, viernes, sábado, domingo y lunes.
El señor COLOMA.- ¿Quién es el Presidente de dicha Comisión¿?
El señor PÉREZ VARELA.- Sí. ¿Quién es¿?
El señor MONTES.- ¡Buena pregunta¿!
El señor LAGOS.- ¡El Presidente de la Comisión de Hacienda es quien habla, pero no puedo dejar de autocongratularme...!
El señor DE URRESTI.- ¡Por su intermedio¿!
El señor LAGOS.- ¡Por su intermedio, señora Presidenta, me congratulo¿!
Fuera de broma, hago un reconocimiento a la Secretaría del órgano técnico, que trabajó desde el jueves de la semana pasada hasta hoy, a las dos de la madrugada, aproximadamente.
Queda el informe a disposición de los señores Senadores.
Ojalá realicemos un debate más que razonable.
Al mismo tiempo, doy gracias al Gobierno, a través del Ministro de Hacienda y de su equipo, por su capacidad, flexibilidad y liderazgo en esta materia, lo cual nos permitió elaborar un proyecto que, aunque ha sufrido enmiendas, constituye un aporte y no pierde su norte.
Además, se logró producto de un acuerdo, el que no nos desvió un ápice de los propósitos fijados: recaudar más; hacerlo de manera más justa; darle más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, y generar condiciones para el ahorro y la inversión. Estos cuatro objetivos están preservados. Ahora resta aprobar el articulado de la iniciativa en tiempo y forma, para que las estimaciones pertinentes se consideren en el Presupuesto de 2015, sin perjuicio de aprovechar de recaudar algunos pesos -¡no están de más!- este mismo año.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa también felicita a los integrantes de la Comisión de Hacienda por su arduo esfuerzo en estos días. Pero no solo a ellos, también al Ministro y a los demás Senadores.
De modo especial, cabe reconocer la labor del personal que trabajó días y noches completas para que ustedes dispusieran del informe comparado en sus escritorios.
Siguiendo el debate, tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, me sumo al reconocimiento que se ha hecho por la tarea que han desarrollado el Secretario General, el Prosecretario y la Secretaría de la Comisión de Hacienda. Me consta que trabajaron muchas horas durante varios días para que estuviera listo este voluminoso informe, en el que se registran las indicaciones y sus respectivas votaciones. Entiendo que este documento se elaboró en, aproximadamente, 72 horas.
Nosotros recibimos de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma tributaria que terminaba con el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) y lo remplazaba por un sistema único de renta atribuida.
Ese mecanismo, como quedó en evidencia durante las casi cien exposiciones de especialistas que escuchamos en la Comisión de Hacienda (de ex Presidentes del Banco Central, de ex Ministros de Hacienda, de ex Directores del Servicio de Impuestos Internos y de muchos académicos en materia tributaria), no solo era profundamente desconocido en el mundo, sino que, además, traía consigo enormes problemas constitucionales; traía consigo inconvenientes de aplicación práctica; traía consigo dificultades para dar cumplimiento a los acuerdos que buscan evitar la doble tributación internacional, y -quizás lo más grave, desde mi punto de vista- traía aparejado el fin de todo incentivo al ahorro de las empresas.
El Banco Central nos ha informado que la tasa de ahorro nacional estimada para este año es del orden de 20 por ciento del producto interno bruto. Dicha tasa, por supuesto, resulta insuficiente si pensamos en las bases sobre las cuales debe crecer nuestra inversión y nuestra economía en los próximos años.
Para tener un punto de comparación, basta señalar que la tasa de ahorro de China es de 50 por ciento. Por eso esta nación crece como crece: cuenta con recursos propios y no necesita recurrir a excesivo endeudamiento para financiar la expansión de sus empresas y, en definitiva, el crecimiento de su economía.
Si comparamos ese 50 por ciento con el magro 20 por ciento que posee Chile, advertimos lo lejos que estamos de una tasa de ahorro nacional que nos permita mirar el futuro de nuestra economía con mayor optimismo, sobre pilares sólidos.
Por esa razón, desde el primer momento nosotros -como Renovación Nacional, como Alianza; pero también los Senadores Lagos, Zaldívar y Montes- nos propusimos, luego de escuchar a todos los técnicos, establecer un sistema de ahorro a las empresas para potenciar el ahorro nacional.
Fue así como dejamos lo de la renta atribuida como un régimen opcional, alternativo.
Al mismo tiempo, propusimos un sistema de integración parcial, que eleva el impuesto de primera categoría. Ello implica una mayor contribución de las empresas: la tasa sube del 20 al 27 por ciento. Pero tal mecanismo también afecta los tributos personales, particularmente los retiros de utilidades a nivel del global complementario. Por tanto, no se gravará lo que no se retire de las empresas, o sea, las utilidades que permanezcan alimentando el círculo virtuoso de la economía: más ahorro, más inversión, más crecimiento, más empleo.
Con la propuesta referida se despejarán las incertidumbres y las dudas en esta materia. El sector privado ahora podrá invertir con confianza. Por ende, será factible recuperar la capacidad de nuestra economía de crecer y crear empleos.
Por lo tanto, de un proyecto de reforma tributaria sin incentivos al ahorro de las empresas, hemos pasado a otro con estímulos importantes, lo cual contribuye a elevar la tasa de ahorro nacional.
Además, la iniciativa que llegó desde la Cámara de Diputados contemplaba, a nuestro juicio, un sistema muy débil de fomento de las pequeñas y medianas empresas.
Pero, gracias al Protocolo de Acuerdo, contaremos con una regulación que las fortalece; que les va a permitir crecer, y que les premiará su capacidad de ahorro. Por tanto, estarán en mucho mejores condiciones para competir, para profundizar nuestros mercados, para salir a conquistar nuevos nichos y para internacionalizar más aún nuestra economía.
Las pymes, tal como están definidas en la iniciativa de ley -en su minuto se las conoció como "estatuto pyme"-, son aquellas con ventas de hasta 100 mil UF al año. Este sector, por ejemplo, va a poder postergar el pago del impuesto al valor agregado en 60 días y gozará de un incentivo al ahorro sin pagar tributos por hasta 4 mil unidades de fomento (100 millones de pesos).
A las pymes con ventas anuales de hasta 50 mil UF se les permitirá usar el sistema de depreciación instantánea, mediante el cual toda adquisición de activo fijo se deprecia el mismo año en que se compró. Se recupera inmediatamente la inversión y el monto se imputa directamente a gastos.
De esa manera, fortalecemos a las pequeñas y medianas empresas. Les estamos facilitando un mayor crecimiento y posibilitando que sean actores cada día más relevantes en el desarrollo económico y social de nuestro país.
El proyecto de reforma tributaria original contemplaba varias medidas en el ámbito del ahorro de la clase media, particularmente cuando él se traduce en la compra de la vivienda propia o de una segunda propiedad, o cuando esta última llega a través de la herencia de los padres o de los abuelos.
Quiero recordar que la propuesta original consideraba la aplicación del impuesto al valor agregado para todas las viviendas, incluidos las de valores más modestos.
Hoy quedarán exentas del IVA las viviendas de hasta 2 mil unidades de fomento que formen parte de los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda.
Eso es de toda lógica, pues no resultaba comprensible que les estuviéramos aplicando el impuesto al valor agregado a viviendas con subsidio estatal. Porque, por un lado, las recargábamos con el IVA, y por el otro, les entregábamos un subsidio, el cual, además, era insuficiente. Con ello solo hacíamos más difícil el acceso al sueño de la casa propia de tantas familias vulnerables y de clase media de nuestro país.
Pero, asimismo, por primera vez teníamos impuesto a la renta en las ganancias de capital por la venta de bienes raíces.
Eso significaba que quien vendía una segunda propiedad, cualquiera que fuera (oficina, pequeña propiedad en un sector rural), iba a pagar impuesto a la renta por toda la ganancia de capital, por la diferencia que hubiera entre el costo de la vivienda o propiedad y el precio de venta. Y, además, entraba al global complementario, sobre la base del cálculo de los últimos 10 años.
Hoy se establece una exención de carácter general, que funciona como colchón por toda la vida, de 8 mil unidades de fomento. De manera que, a mi juicio, las viviendas de la clase media quedan bastante protegidas del impuesto a la renta por ganancias de capital.
Se resguarda así, no a las propiedades, sino el esfuerzo de ahorro de las familias que normalmente, más que tener la plata bajo el colchón o en un banco, han preferido por décadas materializarlo en la compra de un inmueble.
Eso se perdía con el proyecto de reforma original. Hoy lo reponemos, sin permitir abusos.
Las grandes propiedades -pensemos en las inmensas diferencias de capital que se producen en las ventas de esos bienes raíces- siempre pagarán impuesto; pero no así las de la clase media.
La reforma tributaria venía también con nuevas facultades para el Servicio de Impuestos Internos.
No estaban suficientemente resguardados los derechos de los contribuyentes: el legítimo derecho al debido proceso, el legítimo derecho a defenderse frente a las actuaciones del referido Servicio.
Decisiones que tomaría unilateralmente Impuestos Internos han sido trasladadas a los tribunales tributarios, de manera que sus resoluciones sean más objetivas e independientes de la administración tributaria.
Por todo lo expuesto, puedo afirmar que con el Protocolo de Acuerdo y con las indicaciones que trabajó la Comisión de Hacienda tenemos hoy un proyecto de reforma tributaria igualmente muy profundo y ambicioso desde el punto de vista de la recaudación, pero que aminora de forma sustantiva sus efectos en las pequeñas y medianas empresas, y particularmente, en la clase media.
Por ello, señora Presidenta, los Senadores de Renovación Nacional concurriremos con nuestros votos a aprobar en particular esta reforma.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero recordarles a los señores Senadores que se incorporaron con posterioridad al inicio de esta sesión que adoptamos un acuerdo en el sentido de otorgar un tiempo a aquellos que quieran referirse en términos generales o específicos a algunas de las indicaciones presentadas a este proyecto de reforma tributaria. Para ello deberán inscribirse en una lista. Y solo una vez que hayan intervenido todos los parlamentarios procederemos a votar conforme lo dispone nuestro Reglamento.
Lo señalo para los efectos de que quienes aún no se han inscrito y deseen hacerlo se acerquen a la Mesa.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, al igual que quienes me antecedieron en el uso de la palabra, quisiera agradecer al personal del Senado, pero especialmente al de la Comisión de Hacienda, por el trabajo realizado al objeto de traer hoy este proyecto a la Sala para su discusión y votación en particular.
Asimismo, agradezco la participación de los parlamentarios. Con la colaboración de todos pudimos trabajar sobre una cantidad de indicaciones bastante mayor que la prevista.
Ahora, deseo destacar lo siguiente en relación con esta materia, por la discusión que se ha registrado.
Primero, creo que en el llamado "Protocolo de Acuerdo" se logró -valga la redundancia- un buen acuerdo, que ha potenciado realmente el proyecto de ley que ahora discutimos en su segundo informe aquí, en la Sala de la Cámara Alta.
En seguida, quiero resaltar que hemos cumplido el referido Protocolo de buena fe, con la participación de todas las partes que concurrieron a suscribirlo. Y las indicaciones que hoy traemos a este Hemiciclo reflejan exactamente lo que acordamos.
Por otro lado, para evitar la discusión, que también se realizó, sobre el papel que le correspondió a la Cámara de Diputados, deseo señalar lo siguiente.
En mi concepto, la Cámara Baja cumplió su tarea: dar una señal política sobre la definición necesaria para llevar adelante esta reforma.
Además -hay que decirlo con claridad-, muchas de las materias que abordamos en el Protocolo de Acuerdo se discutieron en la otra rama del Parlamento. Y se tomó conciencia de que las tareas que quedaban pendientes las revisaríamos aquí, en el Senado, al objeto de cumplirlas.
Todo lo relacionado con la renta presunta, con los que he llamado "impuestos acompañantes", con los impuestos correctivos, con las ganancias de capital, con el IVA, en fin, se trató también en la Cámara de Diputados.
Quiero, pues, dejar constancia de ese hecho, porque me parece que no podemos disminuir o desvalorizar el trabajo realizado en su momento por esa rama del Congreso Nacional.
Ahora bien, ¿por qué estimo que el Protocolo de Acuerdo refleja realmente la voluntad de Chile?
Creo que hay que destacar ese hecho. Porque en pocos países se puede lograr la unanimidad de las fuerzas políticas, Gobierno y Oposición, para efectuar una reforma tributaria que aumente los impuestos en forma significativa.
Nadie puede negar aquello: recaudar 8 mil 200 millones de dólares, o sea 3 puntos y fracción del PIB, es una exigencia fuerte para cualquier nación. Y pienso que la circunstancia de que existiera la convicción de que había que hacer la reforma tributaria ayudó a lo que estamos realizando esta mañana.
Por otra parte -quiero ser bien franco-, pienso que la reforma tributaria que estamos aprobando en materia de Ley sobre Impuesto a la Renta traerá como consecuencia un sistema tributario bastante complejo.
Chile se caracteriza por tener un mecanismo tributario complejo.
Si me hubiesen preguntado en teoría qué prefería en materia de impuesto a la renta para nuestro país -lo dije en muchas oportunidades y voy a repetirlo de nuevo-, habría respondido que no era posible tener un sistema desintegrado entre empresa y persona. Y otros miembros de la Comisión manifestamos lo mismo en privado.
En 1983 se estableció el sistema integrado, que ha regido hasta ahora. Y también era algo único. En muchas partes del mundo no conocían un mecanismo como ese.
Hoy estamos aprobando un sistema que requerirá -el Ministro lo sabe, y así lo ha reconocido; y nosotros debemos hacerlo presente- que Impuestos Internos, Tesorería y Aduanas reestructuren la forma de realizar su trabajo. Todos deberán capacitar a su personal para aplicar el sistema mixto de tributación: de renta atribuida y parcialmente integrado.
Son cometidos que el Servicio de Impuestos Internos y el Gobierno deberán asumir en el próximo tiempo.
Por supuesto, dicho sistema tributario entrará a aplicarse en tres años más. Por lo tanto, habrá un proceso de marcha blanca y adecuación. Pero hay que tenerlo presente.
Ahora bien, ¿por qué digo que el Protocolo de Acuerdo cumple los objetivos y planteamientos hechos por el Ejecutivo?
En primer lugar, por su rendimiento.
Mucho se dudó. Se ha dicho -y no creo que se deje de señalar- que esta reforma no recaudará 8 mil 200 millones de dólares (3,02 puntos del PIB).
Se expresó que el rendimiento es menor. Algunos economistas así lo manifestaron.
Sin embargo, el Ministro de Hacienda, en forma muy responsable a mi juicio, con los estudios pertinentes, con todos los antecedentes del caso -el Servicio de Impuestos Internos entregó esa cifra-, nos proporcionó un informe financiero -los Senadores lo tienen a su disposición- donde se detalla cómo se producen, entre impuesto e impuesto aplicado, los 8 mil 267 millones de dólares.
O sea, se cumple el objetivo del programa de Gobierno que decía que necesitábamos 3 puntos del producto interno bruto para afrontar las reformas esenciales que debemos realizar en nuestro país en educación y en otros sectores de la sociedad.
En seguida, se sostuvo que queríamos que aquello fuera pagado por quien tuviera más y que le diéramos equidad al sistema tributario chileno, que es brutalmente inequitativo.
Creo que eso se logra. ¿Por qué? Porque se sube el impuesto a la renta, no al 25 por ciento como se planteó en el Programa de Gobierno, sino al 27 por ciento cuando la empresa o el contribuyente se acoja al llamado "sistema parcialmente integrado de tributación". Además, solo podrá deducir como crédito para el impuesto global complementario el 65 por ciento de la tasa vigente del impuesto de primera categoría. Con ello llegará a pagar el 44,45 por ciento de impuesto, tasa que está sobre el promedio de los países de la OCDE, con los que nos queremos comparar.
Es decir, estamos cumpliendo: pagan más quienes tienen más; no pagan aquellos que no tienen, y pagan menos los que tienen menos.
Otro asunto que planteamos fue que parte de los 3 puntos del PIB la íbamos a recuperar por la vía de combatir la elusión y la evasión.
El Presidente de la Comisión de Hacienda dio cuenta detallada de las propuestas que hicimos -vienen en las indicaciones pertinentes-, mediante las cuales introdujimos una serie de normas para evitar la elusión y la evasión, que siempre van a existir: en el mundo tributario, son un problema recurrente.
Pero aquí se toman todas las medidas del caso, que se recogieron tanto de la intervención -según recuerdo- del Senador Carlos Montes como de lo que planteamos otros parlamentarios. Se trae, pues, una buena batería de disposiciones tendientes a evitar la elusión y la evasión, que, según se señala, en el caso del IVA llegan a casi 26 por ciento, y en el del impuesto a la renta, a cerca de 40 por ciento, sin contar lo que ha significado la postergación de impuestos que permite el actual sistema, en que los porcentajes alcanzan a mucho más.
Además, se realizó algo muy importante -ello también fue planteado acá- en relación con facultades del Servicio de Impuestos Internos que venían desde antes.
Desde hacía mucho tiempo los contribuyentes reclamaban que Impuestos Internos era juez y parte.
Logramos cierto avance al crear los tribunales tributarios y aduaneros, a fin de sacar del referido Servicio la facultad jurisdiccional y entregársela a aquellos.
Sin embargo, tomamos conocimiento de que los tribunales tributarios y aduaneros -hay que reconocerlo- no tenían facultad de imperio. O sea, debíamos fortalecerlos en ese aspecto.
Ahora, ¿qué se hace? Radicar en los referidos tribunales las decisiones jurisdiccionales en caso de contribuyentes que deban ser demandados o recurridos por no cumplir sus obligaciones tributarias o por haber intentado realizar elusión o evasión.
Impuestos Internos tendrá atribuciones. Existe una cláusula general antielusión que le permitirá actuar. Pero quienes resolverán jurisdiccionalmente serán los tribunales tributarios.
Eso también era muy requerido por los contribuyentes.
Luego dijimos -es un hecho real, y la Comisión tomó nota de ello, sobre todo durante las audiencias que realizamos- que el proyecto tenía debilidades en materia de inversión y ahorro. El propio Ministro de Hacienda lo reconoció, y expresó que había que mejorar al respecto.
Conforme al sistema aprobado, en el caso de las más grandes empresas hay incentivo al ahorro y la inversión por el diferencial existente entre las utilidades distribuidas y las utilidades devengadas.
Además, señalamos que queríamos darles mayor impulso a la pequeña y a la mediana empresas.
Yo les he escuchado a los propios dirigentes de los micro, pequeños y medianos empresarios decir que por primera vez han obtenido un tratamiento como el que requerían.
No voy a entrar en detalles, porque el Presidente de la Comisión lo señaló aquí al rendir su informe y porque el Senador García también se refirió a ello durante su intervención. Pero se le dan muchos beneficios a ese sector, lo cual le permitirá potenciarse en el próximo tiempo.
Dichos empresarios tendrán la posibilidad de postergar el IVA; no pagarán el impuesto a la renta de primera categoría, sino solo el global complementario; pagarán menos del cuarto de los PPM; les será factible invertir hasta 4 mil unidades de fomento sin pagar impuesto, y podrán acceder a una serie de otros beneficios, como la amortización instantánea por las compras que hagan.
Hemos logrado, pues, un punto de equidad a favor del referido sector.
Pero no solo hicimos aquello: también establecimos un tratamiento positivo en materia de renta presunta.
Si bien disminuimos el umbral para acogerse a dicho sistema en los sectores transporte, minería y agricultura, logramos límites necesarios para incentivar a las pequeñas y medianas empresas y evitar la evasión.
De otro lado, se señaló que se iba a afectar a la clase media. Fue un argumento recurrente en la discusión.
Sin embargo, vemos que no es así.
Primero, la tributación de la renta no recae en ella, sino en los sectores de mayores ingresos.
Segundo, se modificaron aspectos -viene consignado en las indicaciones- que podrían haber afectado duramente a este sector.
El impuesto por las ganancias de capital, que se aplicaba a la compraventa de inmuebles de personas, como venía planteado -en la Cámara de Diputados se observó también-, solo se aplicaba a la primera vivienda y daba un margen de 8 mil UF de ganancia de capital libre.
Ahora ello puede aplicarse a otras propiedades y no solo a la primera. En el fondo, se abre una especie de cuenta corriente en la que todo contribuyente tiene hasta 8 mil UF de ganancia de capital por la diferencia que pudiera haber entre el costo de las propiedades y el precio de venta. Además, se le permite pagar un impuesto único de 10 por ciento por el diferencial.
Se dijo asimismo que se iba a afectar a la clase media con el impuesto verde a los vehículos.
Viene totalmente aclarado en las indicaciones respectivas que dicho impuesto no afectará a la clase media en sí misma, sino, seguramente, a los vehículos que contaminan. Se establece una disposición bastante justa en cuanto al diésel y a las bencinas.
Pero -reitero- no se afecta a la clase media en tal sentido.
Tampoco en cuanto a la compra de propiedades de hasta 2 mil UF.
Se elimina el IVA para viviendas con subsidio social.
Es decir, le damos a la clase media un tratamiento que no la afecte en su forma de vida.
En materia de impuestos específicos a los alcoholes -ello también viene de la Cámara de Diputados-, se plantea un incremento discrecional con relación al pisco, el vino y la cerveza.
Hemos aplicado un impuesto parejo, una tasa común, para vinos y cervezas: 20,5 por ciento.
El pisco tendrá un impuesto de 31,5 por ciento, al igual que los licores en general. Con ello se evita la existencia de una interpretación respaldada por la Organización Mundial de Comercio, como sucedió la vez anterior, conforme a la cual la norma pertinente, por ser discriminatoria, se eliminó.
En el caso de los vinos hubo un acuerdo en el sentido de aplicar un impuesto plano de 20.5, en vez del 22.5, que incluso figuraba en el Protocolo. O sea, logramos una rebaja.
Tratándose de las bebidas analcohólicas, existe una rebaja en cuanto a las que usan azúcar y un alza para las que contienen este producto en exceso.
Con relación al tabaco, se efectúa una enmienda sobre la cual veníamos hablando en el Parlamento desde hacía mucho tiempo: la de ir más al impuesto específico. Ello permite una diferencial de precio entre los cigarrillos dependiendo de su categoría.
En materia de energía hicimos modificaciones conducentes a no afectar el consumo en determinado tipo de actividades.
Por todas esas razones, el Senado tiene hoy en su mano la sanción de un proyecto de ley sobre cuya votación en la Comisión de Hacienda quiero llamar la atención: todo se aprobó por unanimidad, salvo dos indicaciones en que se abstuvo un Senador y una proposición que fue objeto de un voto en contra.
Por lo tanto, esta Alta Corporación está en condiciones de pronunciarse acerca de esta materia sobre la base de un trabajo muy serio realizado en dicho órgano técnico.
Tenemos una reforma al sistema tributario chileno -por cierto, no se trata de comparar los textos ni de determinar si el del Senado es mejor que el de la Cámara de Diputados- profunda y que permitirá cumplir los objetivos planteados en el Programa de Gobierno que nos presentó durante su campaña la ahora Presidenta de la República.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, me sumo a lo dicho por los Senadores miembros de la Comisión de Hacienda y valoro el trabajo que se hizo en esta, el aporte de equipo.
En verdad, cuesta transmitir lo importante que fue esa labor. El tener en dicho órgano técnico 94 o 95 audiencias con la gente más calificada en la materia, de todas las corrientes y de todas las visiones -uno aprendió mucho-, permitió profundizar en qué habíamos de transformar.
Yo valoro aquello. Y también, el actuar del Presidente de dicha Comisión, quien trabajó bastante bien, ¡como él dice...!
Después de todo el debate, estoy convencido de que esta es una reforma estructural, un cambio a la columna vertebral del sistema tributario.
¿Y por qué es tan importante? Porque sobre todo, de oír, de las discusiones y de leer, uno queda muy convencido de que buena parte de la concentración económica y de la desigualdad existentes en nuestro país tiene que ver con un sistema tributario que tiende a sobrepremiar o sobrestimular el ahorro y la inversión y, a la vez, consigna miles de privilegios, lo que es necesario enfrentar.
En el sistema tributario hay una explicación muy relevante (repito) acerca de la concentración y de la desigualdad existentes en Chile.
¿Por qué se trata de una reforma estructural? Porque existe una recaudación -y esperamos que los informes se cumplan- de 3 puntos del PIB, de 8 mil 300 millones de dólares, recursos que son muy significativos.
Hay, asimismo,una explicación -como decía- en los privilegios.
El FUT no es un registro, sino un sistema de privilegios. Ese sistema se altera en lo fundamental. Y ello limita, entre otras cosas, la elusión y la evasión.
También por eso se trata de una reforma estructural.
De otra parte, se crea algo muy importante: un impuesto a las empresas de 9.5 puntos, que no se descuenta del impuesto a las personas.
¡Empezamos a desintegrar el sistema!
Porque yo también me he convencido, a lo largo de todo este debate, de que se requiere un sistema desintegrado. Es imposible estar tapando forados. Y, seguramente, en los próximos meses van a aparecer ochocientos más.
Aquí se requieren mucha más transparencia y claridad. Y a este respecto convengo con lo que dijo el Senador Zaldívar, aunque al comienzo no entendía demasiado. Pero creo que no existe una alternativa real que no sea la desintegración del sistema.
En seguida, considero sobremanera relevantes las facultades que se entregan al Servicio de Impuestos Internos. Y hay una nueva doctrina.
Nos explicaban los expertos que en otros países, de América Latina y del resto del mundo, Impuestos Internos no solo se ajusta a la formalidad -a la pata, a la letra de la ley- para determinar si algo es incorrecto o no, sino que además puede calificar la sustancia, o sea, si hay afán de eludir, propósito de evadir; y eso le permite operar.
Se trata, pues, de un avance significativo, que tendrá grandes implicancias.
Considero que lo de las pymes, al final, quedó bastante bien, pues entre renta presunta y 14 pyme se estableció un conjunto de estímulos y condiciones para que inviertan, para que se desarrollen.
Nunca fueron muy afectadas. Pero aquí no solo no se las afecta, sino que, además, se les genera un conjunto de mecanismos que ya se han mencionado y que no voy a repetir.
Incluso, para eliminar los riesgos que pesaban sobre el 14 pyme se aplicaron las reglas del 14 quáter; o sea, hay que invertir en ciertas cosas. Existen límites para la inversión; no se hace cualquier cosa con los recursos pertinentes.
Otro elemento estructural muy importante está conformado por el cierre del forado del carry back. O sea, lo de las pérdidas hacia atrás termina; lo de los retiros en exceso, también, al igual que los retiros de los últimos veinte días.
Eso es muy significativo: ¡se cierra un forado que este año suma mil millones de dólares!
Para efectos del debate político y de una apreciación de conjunto, es bueno asimismo decir qué cosas a uno le habría gustado que estuvieran en esta reforma y hasta dónde hubiese querido que llegara el proyecto.
Está claro que el Protocolo era necesario a los efectos de buscar un punto de acuerdo independiente sobre algo que se hizo de mala manera, que se procesó políticamente de mal modo en un país de la desconfianza. Podría haberse realizado de otra forma, mucho más de cara a la ciudadanía, con bastante mayor nitidez, además de las opciones que se estaban tomando.
Entre las cuestiones que en mi concepto no están bien o plenamente resueltas figura la inversión con impuestos diferidos de las utilidades no distribuidas.
A ese respecto, nos preguntamos en qué se podía invertir y en qué no. Dijimos que en el caso de las rentas pasivas debía haber ciertos límites. Así lo señalaron incluso las indicaciones del Gobierno.
Finalmente, producto de todo el proceso, se retira.
¿En qué momento se pagan los impuestos diferidos? Eso tampoco queda establecido.
¿Qué pasa cuando se sale al exterior a invertir con impuestos diferidos -porque la discusión no es que no pueda invertirse en el extranjero, sino bajo qué condiciones se hace-, se pagan los impuestos y se actúa como si fuera retirado?
Pienso que sobre el particular podríamos haber ido más lejos. Hay que ver qué va a ocurrir.
Aquí se establecieron controles. Debe entregarse información precisa periódicamente.
Impuestos Internos, con la norma antielusión y superando todas las dificultades, debiera poder hacer un seguimiento muy detallado, muy preciso.
Hemos pedido que el referido Servicio disponga pronto de más equipo en Grandes Contribuyentes. Porque estamos hablando de más o menos 1.200 empresas que operan por dicho canal.
Se requiere, pues, un fortalecimiento a ese respecto.
De otro lado, hay algo que a mí me duele mucho, pues llevo años en ello -a decir verdad, siento que no hay condiciones ni en la Nueva Mayoría ni en el Parlamento-: el tratamiento que damos al sector inmobiliario, y en particular al suelo.
Internacionalmente, Chile es considerado el paraíso para invertir en suelo, porque no tiene impuesto al efecto.
Si uno analiza las legislaciones de otros países -Ecuador, Colombia, Brasil- observa que el suelo es considerado un bien especial, como lo decían Adam Smith y David Ricardo. Porque esto no es creación de ahora: siempre se ha sostenido que el suelo tiene otras características, otras particularidades.
Solo un dato: dentro de la ciudad de Santiago, con norma urbana, hay 50 mil hectáreas sujetas a todo tipo de especulaciones; en Concepción, 40 mil, y acá, en Valparaíso, 30 mil.
En la medida en que se especula y el valor de los terrenos va engordando, no hay incentivo para moverlos. Y, al final, no se trata solo de la recaudación, sino asimismo del efecto que aquello tiene sobre la construcción de ciudades y sobre la política habitacional.
No es admisible que en Calama, por ejemplo, no haya suelos. Allí no se construye una vivienda desde hace siete u ocho años.
O sea, existen en la materia problemas que no estamos asumiendo seriamente.
Yo esperaba mucho más.
Es cierto que por segunda vez se establece un impuesto a la ganancia de capital sobre los suelos. Me contaban que el de la otra oportunidad duró solo cuatro meses. ¡Después les diré quién era el Ministro de Hacienda en ese tiempo...!
En suelo no logramos avanzar mayormente.
Se trata de un gran campo de negocios.
¿Qué pasa con la Villa Cousiño Macul, que está a la orilla de Américo Vespucio? ¿Cuánto impuesto paga? No paga ni siquiera contribuciones, porque es agrícola. Y después va subdividiendo y loteando. ¿Cuánto impuesto paga?
Dentro de la zona urbana de Santiago hay al menos 1.500 hectáreas agrícolas, las que no pagan nada.
Lamentablemente, no logramos enfrentar aquello.
Insisto: no se trata solo de recaudar, sino también de construir ciudad.
Ahora, hay un tercer problema con Impuestos Internos.
Buena parte de este proyecto depende de las capacidades efectivas de dicho Servicio.
Sobre todo en cuanto al manejo de las utilidades no distribuidas (es una forma de incentivar el ahorro, pero tiene hartos riesgos y muchos forados), Impuestos Internos debe contar con capacidad de acción.
La norma antielusión es muy importante. Pero aquí se requiere equipo, y del más alto nivel, rápidamente, en Grandes Contribuyentes.
No hay que esperar el próximo año: debemos actuar al mismo tiempo que los abogados dedicados a la planificación tributaria. Es necesario constituir un equipo para salirles al paso.
No sé. Pienso que algo se puede hacer en el Presupuesto. Pero ojalá que se actúe muy luego.
Me tocó ir a un seminario del BID sobre toda esta cuestión. Chile se halla muy atrasado en lo concerniente a la relación de Impuestos Internos con las cuentas corrientes bancarias.
Dicho Servicio no puede entrar en las cuentas bancarias. Según un convenio con la OCDE, ante pedido, puede meterse en ellas. Y se va a presentar un proyecto de ley. Pero el problema está en qué ocurre. Porque ahí existe mucho movimiento que permite descifrar cosas.
Propusimos una indicación para aplicar la norma española, que al menos posibilita tener el saldo anual y los promedios trimestrales. Lamentablemente, el Gobierno ni la leyó.
Pero era una indicación bien suave. No individualizaba ningún tipo de gasto: simplemente, mostraba los riesgos que podían existir allí.
Es muy importante pensar que debemos fortalecer mucho a Impuestos Internos, de tal manera que pueda actuar a aquel respecto. Porque este proyecto tiene como pilar lo que haga dicho Servicio.
Finalmente, con relación a las lecciones políticas de todo esto, creo que debemos, al menos quienes pertenecemos a la Nueva Mayoría, pensar en cómo seguiremos haciendo las cosas.
Para nosotros, el problema no estriba en que haya o no acuerdo, sino en que lo que llevemos a cabo sea muy transparente frente a la ciudadanía. Todo el mundo tiene que entender qué estamos haciendo o no.
Este acuerdo era necesario. Y estuvo bien tomarlo. Pero creo que la manera como llegamos a él violentó, pasó por encima de lo que la ciudadanía conocía del debate en ese momento.
No me parece que esto sea una cocina a puerta cerrada, concepto que es usado en un tono distinto por otro Senador, a quien ¡le acabo de regalar un libro sobre cocinería...! Es fundamental que exista transparencia frente al país y que eso permita, por lo tanto, saber a qué estamos renunciando.
¿A qué estamos renunciando con el Protocolo de Acuerdo?
Lo que está saliendo es inferior a lo que había en el proyecto original del Gobierno desde el punto de vista del control de una serie de excedentes. O sea, los grandes grupos económicos van a seguir contando con una parte de utilidades no distribuidas cuyo destino ellos decidirán. En el otro texto había una manera distinta de tratarla.
A mi juicio, ese es el punto nodal de lo que cambia entre una iniciativa y otra.
Bueno: estamos llegando a esto, estamos logrando cosas importantes.
Para la ciudadanía es muy relevante saber bajo qué condiciones se llega. Llegamos por desaceleración, a pesar de lo que dice el Senador Quintana: la desaceleración estuvo detrás de todo el debate.
En seguida, es verdad lo que expresaba el Senador García en el sentido de que el proyecto presentaba debilidades. Yo reconozco que adolecía de debilidades que obligaban a buscar alternativas. Pero también, la significación de contar con un acuerdo para generar tantos millones de dólares como los que se van a recaudar y, a la vez, tener a futuro un sistema más robusto, más sólido, más justo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo al Colegio Ignacio Carrera Pinto, de la comuna de Olmué.
¡Muy bienvenidos al Senado!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, estimados colegas, este proyecto es de los más importantes de los últimos años. Tiene que ver con el cambio de paradigma de una sociedad que desea crecer de un modo más igualitario; de un modo más solidario; de un modo en que el Estado acompañe a la inmensa mayoría de ciudadanos que muchas veces se sienten huérfanos a alcanzar mejores oportunidades y mayores niveles de bienestar y desarrollo.
¡Qué duda cabe de que la presentación por la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría de esta reforma tributaria se inspira en valores de justicia, en valores de equidad, y tiene que ver con que el Estado asuma un gasto muy significativo en materia de educación y salud!
Los próximos desafíos del actual Gobierno se vinculan con las aspiraciones más ansiadas y soñadas de la inmensa mayoría de la población, cuya satisfacción sería prácticamente imposible sin los recursos previstos por la reforma que nos ocupa esta mañana.
En consecuencia, quiero saludar en primer término a la Presidenta de la República por la decisión de mantener el compromiso que asumió con la ciudadanía en el sentido de llevar a efecto esta reforma tributaria.
Saludo asimismo al Ministro de Hacienda, no solo por encabezar este proyecto, sino además por hacerlo con una flexibilidad que permitió un entendimiento con la Oposición, pero principalmente con las bancadas de la Nueva Mayoría, que teníamos observaciones y reparos con respecto a la iniciativa original.
En el resultado de este proyecto también deberíamos reconocer el esfuerzo que ha hecho la Comisión de Hacienda, con sus cinco miembros, quienes han actuado con generosidad.
Entre paréntesis, debo puntualizar que esta es una de las materias más escabrosas que debate el Parlamento.
Poco conocemos los parlamentarios de los temas tributarios, de las cuestiones contables, de las materias específicas de la legislación marco. Por tanto, todos hemos debido estudiar mucho la ley vigente, qué modificaciones se pretende introducirle y cuáles serán los efectos de las transformaciones planteadas.
En forma muy especial, connoto la labor de los cinco miembros de la Comisión de Hacienda, a quienes les entrego un afectuoso saludo y les expreso mi reconocimiento y valoración, lo que hago extensivo a la Secretaría de la Comisión, que desarrolló un trabajo arduo y eficaz para que hoy pudiéramos tener este debate.
Señora Presidenta, la recaudación del equivalente a tres puntos del PIB será el resultado de este proyecto: en régimen, 8 mil 300 millones de dólares, gracias al mayor aporte de quienes proporcionalmente tienen más. Y ello guarda relación con un sentido de equidad tributaria, en el sentido de que quienes tienen o ganan más paguen más.
Asimismo, existe el propósito de terminar con la evasión y la elusión. La situación derivada de esas prácticas era conocida por todo el mundo, pero no hacíamos demasiado por evitarla o por ponerle término.
El Gobierno y los parlamentarios hemos tenido el coraje de aprobar una normativa que cierra muchísimos forados -no digo todos-, para evitar la evasión y la elusión.
En cuanto al Fondo de Utilidades Tributables (FUT), quiero decir que hace doce años le planteé al Ministro de la época el término de la farsa que significaba reconocer utilidades y, en definitiva, no pagar impuestos.
Aquí estamos sincerando el sistema tributario para que al obtenerse utilidades se pague por ellas.
En un instante de la historia se estableció que no se pagara porque iba a haber reinversión.
En todos los sistemas tributarios del mundo, quienes tienen utilidades las reinvierten y no requieren el incentivo de no pagar impuestos. Es un mecanismo que correspondió a una época en que la economía nacional hacía necesario un estímulo específico, pero ese momento ya pasó. Creo que, con justicia, el Gobierno ha tomado hoy día la iniciativa de terminar con un vicio en nuestro sistema, ya que en definitiva no se contribuye a la equidad tributaria.
A mi juicio, es complicado imponer y aprobar un esquema parcialmente integrado y de renta atribuida. Es cierto que pudimos haber hecho algo más simple: "Todos tributarán un 30 por ciento de impuesto a la renta", por ejemplo. Pero la conveniencia de ir evitando la evasión y precisamente tendiendo a que la legislación contemple la equidad ha hecho indispensable el establecimiento de mecanismos distintos.
La flexibilidad exhibida por el Ministerio de Hacienda para escuchar a los parlamentarios, a los gremios, a las pymes, ha sido necesaria, y por eso hemos llegado a un resultado complejo, pero que, en buenas cuentas, satisface las aspiraciones, no solo de esa Secretaría de Estado, sino también de la inmensa mayoría de los contribuyentes, porque observan que se va a tributar de manera equitativa.
Cuando existe buena fe, cuando las personas de verdad no quieren eludir o evadir, no enfrentan problemas con ningún modelo que se diseñe. De tal modo que juzgo que la presente aprobación ha recogido las inquietudes y preocupaciones de quienes, con buena intención, han planteado correcciones. Y este es el fruto de la labor realizada.
Deseo destacar el debate que se ha registrado, el cual proporciona un marco de conocimiento de los problemas de un sector muy importante de la producción, cual es el de las mipymes y, en particular, las pymes. Las primeras casi no alcanzan a ser tributarias, pero sí las segundas, que se hacen cargo de una buena parte del empleo. En consecuencia, es indispensable, especialmente en una coyuntura como la actual, donde tiene lugar una desaceleración, darles apoyo a las pequeñas y las medianas empresas. Y estimo que el artículo 14 ter convertido en un artículo 14 pyme es de extraordinaria relevancia para otorgarles espaldas y financiamiento.
En nombre de la bancada pyme, quisiera expresarle mi reconocimiento al Ministerio de Hacienda por haber acogido, no todas, pero sí algunas de las más importantes propuestas que hemos hecho con relación a ese ámbito, especialmente aquella en orden a prorrogar por sesenta días el pago del IVA.
En efecto, tal medida constituye una inyección "a la vena" en el financiamiento de las entidades mencionadas, pues dice relación con la dificultad principal que enfrentan para acceder a recursos que les son esquivos y respecto de los cuales tienen que recurrir a un mercado bastante dudoso, desde el punto de vista de su competitividad en materia bancaria. Al disponerse: "Usted, que factura aproximadamente un quinto de su capital en IVA, no va a satisfacer su obligación al mes siguiente, sino sesenta días después de cuando tenía que hacerlo", en buenas cuentas se estaría cancelando casi a noventa días, en promedio, el impuesto que se recogerá de quien cancela la factura.
A propósito, ahí se plantea otro problema de las pymes, el cual tiene que ver con el pronto pago: el Estado no está cumpliendo del todo con verificarlo a treinta días. Y deseamos formularle al señor Ministro un llamado a revisar cada uno de los servicios, con el objeto de que puedan hacerlo en ese plazo. Pero asimismo es preciso avanzar en cuanto a la forma de obligar a quienes les compran a pequeños proveedores para que paguen al contado o a treinta días, lo que ahora realmente es un chiste.
Ya terminando mi intervención, porque observo que me quedan pocos minutos, quiero hacer una solicitud, en cuanto al marco del escenario de lamentable desaceleración de la economía. Una inyección de verdad "a la vena" para poder reactivar el país, especialmente las pymes, sería la anticipación para el año en curso de la prórroga de sesenta días en la cancelación del IVA que va a comenzar a regir a contar de 2015, porque estaríamos dando una oportunidad para un mejor financiamiento, el cual, además de esquivo, es oneroso.
Una segunda petición se vincula con el pago del impuesto a la renta, que normalmente se efectúa en abril. Se puede pretender una ejecución presupuestaria pareja en el año, pero el Gobierno no la lleva a cabo en forma íntegra durante ese mes o en mayo, por lo que sería perfectamente factible analizar la posibilidad de que la pyme cancelara en dos cuotas: en abril y en septiembre. Y eso no significaría un daño para las arcas fiscales, pero sí un tremendo impulso de financiamiento en un escenario de desaceleración.
Concluyo celebrando los criterios que mantuvieron el 95 por ciento de las empresas en renta presunta y destacando que el artículo 14 ter o 14 pyme va a permitir un gran alivio y una gran ayuda, en general, para las pymes, como también la simplificación de la contabilidad el tributar solo por el flujo de caja.
Este ha sido un proceso que comenzó un poco turbulento, desde el punto de vista político, pero felizmente va finalizando con un buen proyecto, una buena aprobación, un buen acuerdo. Creo que esta Corporación ha dado una señal de madurez y de responsabilidad política frente al país al aprobar la reforma tributaria, de modo que aprobaré en particular la iniciativa.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Aprovecho de saludar al grupo de baile de jazz dance que nos visita, de la Estación Central.
Puede intervenir el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, como lo han hecho varios señores Senadores, parto por reconocer el trabajo de la Comisión de Hacienda y del señor Ministro y su equipo, porque creo, a diferencia de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que la Cámara de Diputados no hizo la pega: fue un buzón del proyecto original.
Lo digo en serio, colega Navarro. Sé que ustedes enfrentan un problema político, en el sentido de no golpear a alguien que de alguna manera ha aceptado lo propuesto por el Gobierno. Pero estimo que nos debemos asimismo a la gente, a las regiones.
Si hubiéramos aprobado el texto tal como venía -y no voy a extenderme al respecto-, el daño para distintas instituciones, para la clase media, para la pequeña y la mediana empresa y para muchos otros chilenos que cumplen con el deber de pagar sus impuestos, habría sido enorme.
En la bancada regionalista pensábamos que esta era una gran oportunidad para tomar decisiones en beneficio de diferentes zonas. Lamentablemente, el Ejecutivo no compartió la idea y nada de eso -también, con la ayuda de algunos- quedó contenido en la reforma. Podemos afirmar derechamente que ella no contiene ningún incentivo tributario para las regiones, a diferencia de lo que nos habría gustado.
A mi juicio, se han dado pasos importantes en algunas materias, porque, como se ha expuesto aquí, si la renta presunta hubiera quedado tal como estaba en el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, habría incidido en una serie de pymes. Y especialmente lo digo porque la pequeña y la mediana minería de las regiones de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo habrían resultado muy perjudicadas, al tratarse de productores de poca envergadura acogidos a ese mecanismo y que con el texto original quedaban fuera. Habrían tenido que contratar los servicios de un contador e incurrir en una serie de gastos. Y, sobre todo, son personas que van poco a la ciudad, de poco contacto, y a las que, muchas veces, la obligación se les hubiera hecho cuesta arriba.
Deseo destacar el cambio que en la Comisión se efectuó respecto del IVA que se iba a aplicar a las viviendas sociales. Ello habría sido letal en muchas zonas.
Y pongo el ejemplo de la Región de Atacama, donde ha sido muy difícil ese tipo de edificación. Existe un problema extraordinariamente serio de gente que ha recibido subsidios, pero no ha podido construir. ¿Por qué? Porque las empresas no están disponibles para hacerlo al valor que consignan.
En consecuencia, aplicar más encima el IVA y agregar un 13, un 14 o un 15 por ciento, según explican los expertos, habría significado un contrasentido y postergar a esas familias, sin duda, en el acceso a una vivienda social.
Las modificaciones en los impuestos a la importación de vehículos también han revestido mucha importancia.
En la línea de lo que todos planteamos, juzgo que se efectuaron correcciones significativas en relación con los alcoholes, con la renta atribuida, con el IVA, materia esta última respecto de la cual, como muy bien lo explicó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, se dieron pasos muy relevantes para las pymes, que los esperaban.
Muchos países de Europa que tropezaron en modificaciones tributarias y más bien enmendaron su idea han vuelto al apoyo a la pequeña y la mediana empresas, tan importantes en la generación de empleo, la redistribución del ingreso y varios otros aspectos de los cuales escuchamos numerosas referencias en los discursos.
La creencia popular y el mundo político exponíamos que la principal preocupación en la recaudación de recursos era la educación. Sin embargo, una encuesta difundida en estos días y que goza de credibilidad en nuestro medio expresa que a más de la mitad de los chilenos les interesa más la salud.
Entre los planteamientos de la bancada regionalista se encuentra el de que nos habría gustado, con relación a la gran carencia de especialistas en nuestras zonas -en la Región de Atacama, a la que representamos con usted, señora Presidenta, no hay ningún cardiólogo-, una fórmula para cambiar esta realidad en forma rápida, como el establecimiento de un incentivo tributario: el médico que se traslade pagará la mitad del impuesto a la renta, por ejemplo.
Quisiera que el señor Ministro de Hacienda lo escuchara, porque no hay soluciones de corto plazo para resolver el problema, a menos que recurramos, como la bancada lo ha expuesto, a ese tipo de mecanismos, que significan una señal concreta y permanente.
Finalmente, señora Presidenta, le solicito un minuto para referirme a un aspecto que le expresé al Director de Impuestos Internos. Hemos avanzado en materia tributaria, en más facultades para los fiscalizadores del Servicio, pero, como nos gusta compararnos con la OCDE y las naciones modernas, cabe preguntar cuándo lo haremos en los derechos de los contribuyentes. A mi juicio, en ello mantenemos una deuda.
Le recordé a esa autoridad la aprobación de un proyecto de ley de mi autoría, que contiene un decálogo al respecto. Porque Chile es un país curioso: tienen derechos los detenidos, los reos, los delincuentes -o sea, no vale una aprehensión por carabineros que no cumple con ellos y al fiscal se la echan abajo-, pero ¿dónde están los derechos del contribuyente, quien paga recursos determinantes para que el país funcione?
Nunca he ido a una oficina de Impuestos Internos en que ese listado esté puesto en la entrada, como lo dispone la propia ley.
Además, es preciso avanzar en una institución de los países desarrollados: el defensor del contribuyente. Y no hago referencia al grande, que dispone de un equipo de abogados que lo asesora, sino a la mipyme o la pyme que se encuentren en un problema -a veces, por un error de los contadores- y no cuenten con alguien que vele por sus intereses. Me parece que ese es el paso pendiente en Chile. Es preciso crear dicho organismo y financiarlo con recursos del Estado, no para que se paguen menos impuestos, sino los que corresponden, de acuerdo con la ley.
Y ojalá se recoja el aspecto que he mencionado en el sentido de que el decálogo de los derechos del contribuyente -un avance pequeño, pero un avance- esté en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, para que el contribuyente también sienta que los tiene.
La Presidenta de la República afirma que es preciso adelantar en la corrección de las graves desigualdades en el país, mas considero que perdimos una tremenda oportunidad de enmendar por la vía tributaria las grandes desigualdades entre Santiago y las regiones. De una vez por todas hemos de progresar en incentivos para que en la Capital se paguen más impuestos y en las regiones, menos. ¿Por qué? Porque en esa ciudad están mejor la educación, la salud, la cultura, además de encontrarse las oportunidades. ¿Y qué pasa en las regiones? Hacen un gran aporte, como el de las mineras, y en numerosos rubros no reciben nada. ¡No hay ni un cardiólogo -repito- en toda la Región de Atacama!
Entonces, insisto en que es necesario utilizar los incentivos tributarios para corregir tales desigualdades, porque creo que es la única manera de obtener los resultados rápidos que la gente nos está reclamando.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, permítame consignar una nota de agradecimiento, dejar una constancia y manifestar una reflexión.
Lo primero es el agradecimiento. Me sumo a la lógica de los 60 días de trabajo en la Comisión de Hacienda, donde demostramos la capacidad de escucharnos y, obviamente, de prestar atención a expertos que planteaban sus puntos de vista pensando en un Chile grande.
Considero que los técnicos -tan vilipendiados, en general, en el país- fueron de gran utilidad para lograr algo mejor. Y creo que eso es bueno tanto desde la perspectiva de dicho órgano técnico como de un conjunto de asesores bastante poco conocidos, pero que entregaron sus mejores esfuerzos para tal efecto.
En particular, agradezco la ayuda que me prestaron Carolina Fuensalida y Jaime del Valle, quienes no solo me dieron seguridad respecto de lo que estábamos haciendo, sino que también aportaron muchas ideas a algunos de los acuerdos a que se llegó.
En seguida viene la constancia. Hice presente el punto en la discusión general y quiero ser preciso -tal como el Senador señor Montes, con todo derecho, expuso su punto de vista- en el sentido de que no he sido partidario de la reforma tributaria, porque creo mucho más en el crecimiento que en los impuestos para que Chile se desarrolle. Me parece que el primero le hace mucho mejor a la equidad, a la lucha contra la pobreza, a la visualización de un país que avance.
Si el día de mañana somos Gobierno -es algo que asimismo consigné en la discusión general-, espero cambiar algunas de las tasas aquí planteadas, que juzgo extraordinariamente altas.
Sin perjuicio de eso, me pareció importante y decisivo participar en el Protocolo de Acuerdo, para que los efectos negativos, a mi juicio, de la reforma tributaria disminuyeran y, como es evidente, algunos aspectos que podíamos mejorar institucionalmente se consolidaran.
Me parece que la reflexión correcta -por lo menos, en la perspectiva de mis ideas- es qué hubiera pasado sin ese instrumento. Si se observan cifras de desaceleración significativas o faltas de lógica de inversión, tiendo a pensar que esta realidad, con el proyecto original, se hubiera multiplicado por cinco y se registrarían señales muy complejas.
Entonces, siento haber contribuido, junto con los otros Senadores de la Comisión de Hacienda, quienes mantenían una visión no necesariamente igual, a llegar con el Ministro a un escenario en donde a uno no le gustan muchas cosas, en tanto que estimo que otras mejoran. Esa es la ecuación de los acuerdos.
Obviamente, no estoy contento con todo, pero creo que al final le podemos entregar al país una señal de que la lógica del entendimiento es más potente que la del enfrentamiento.
Y esto es difícil, para un lado y para el otro. Me cuesta harto votar a favor de ciertas cosas. Pero también entiendo que hay algunas que les cuesta aprobar a otros sectores. Esa es la gracia de tener la madurez o el sentido de país, de historia, en orden a consolidar un acuerdo y llevarlo a cabo enfrentando muchas dificultades, muchas incomprensiones, pero también recibiendo múltiples valoraciones de personas que aspiran a que este tipo de políticas se traslade a otros ámbitos.
¿Por qué, en definitiva, suscribimos este acuerdo y por qué se consolidó en forma favorable? Porque tiendo a pensar que al final tenemos una reforma tributaria bastante diferente de la original.
¿Diferente en qué -para la historia de la ley-?
Es muy distinto un sistema atribuido obligatorio, con un 10 por ciento de retención (el RUA), que uno voluntario, con la alternativa de un sistema parcialmente integrado. Este es un problema estructural. A mí me inquietaba profundamente el primero, porque coartaba la libertad de elección y, de manera adicional, entendía un rol del Estado incompatible con el desarrollo libre del emprendimiento y la capacidad de crear. Se generó una vía opcional, en términos de que el 35 por ciento de impuesto que resultaba en el primer caso quedó reducido a un 27 por ciento en el segundo.
Creo que, obviamente, es algo mejor mirando hacia delante.
Se modificaron sustancialmente las facultades del Servicio de Impuestos Internos. Y eso se hizo con la participación de su Director. Siempre planteé: "No quiero un Servicio que mire al contribuyente como sospechoso. Sí lo quiero con fuerza -porque, evidentemente, debe tener institucionalidad-, pero también con deberes". Me parece razonable que el peso de la prueba recaiga en este organismo, y que existan tribunales tributarios con imperio, como efectivamente se crearon en esta materia, a fin de que no se actúe como juez y parte, que es lo que genera más complicaciones para que un sistema funcione en forma adecuada.
Había tributos específicos que se debía modificar sustancialmente. Por ejemplo, el aplicado a los alcoholes, que afectaba profundamente a zonas agrícolas. Es fácil decir: "¡Démosle: subamos, subamos, subamos!". Pero hay que considerar que mucha gente y pequeños productores viven desempeñando esta actividad, que es lícita. Haber logrado bajar cuatro puntos, en el caso particular del vino -producto que se elabora en la zona que yo represento-, obviamente que ayuda a no tener que cerrar una fuente de ingreso muy sensible.
Respecto del diésel también se hizo algo razonable, en el sentido de no subir en una magnitud desmesurada el impuesto y conseguir diferenciar el vehículo de sus efectos. Y esto es bien importante: no sancionar, por el mero hecho de existir, a un vehículo bencinero o diésel, sino entender que la contaminación que produzca uno u otro es lo que debe recibir algún tipo de sanción.
En materia de inversión se realizó algo muy significativo. En el proyecto original solo se admitía al interior de la empresa. En la práctica, hubiera o no proyecto rentable, había que invertir en lo propio. Y aquí se cambió a una inversión amplia, interna, activa, pasiva, y también en el exterior. Es la forma de crecer de la empresa chilena y de evitar la concentración, que tanto se reclama; pero, al impedir normas de esta naturaleza, se genera una gran dificultad en ese sentido.
Es importante que haya quedado establecido que tanto en el sistema atribuido como en el integrado parcial será perfectamente legítimo y lícito que las sociedades de inversión o de cualquier tipo, que inviertan en rentas pasivas, lo hagan sin limitación en cuanto a monto, tiempo o lugar, y que sí serán sancionables -esto es lo relevante- las prácticas de elusión, entendiendo por tales las de simulación o elusión abusiva definidas en la ley.
Quiero aclarar que no está en el espíritu de la norma -ese fue el acuerdo- sancionar a sociedades de inversión que inviertan en Chile en inversiones pasivas, ni considerar elusiva la legítima alternativa de optar por el sistema integrado parcial, que permite postergar impuestos finales cuando se tienen rentas pasivas o de cualquier naturaleza, hasta el retiro efectivo, al que se le aplicará la tasa máxima de 44,45 por ciento. Es bastante más de lo que a mí me gustaría para una economía, pero creo que es relevante respecto de lo que estamos discutiendo.
O sea, la posibilidad de invertir en rentas pasivas es natural y se encuentra dentro de lo deseable y esperable de una sociedad no solo de inversiones, sino de cualquier tipo.
Además, lo que se hizo en materia de renta presunta también es muy significativo para quienes estamos en el mundo agrícola. Se había rebajado a 2.400 UF el umbral para que empresas del sector pudieran funcionar. Dicho tope se subió considerablemente, permitiendo incorporar -como se mencionó- al 95 por ciento de las instituciones que así operan. Esto obedece a una lógica, pensando en quien vive lejos o en no encarecer excesivamente, por la vía de contadores, un tipo de actividad que por su naturaleza es mucho más simple, que no resulta especialmente rentable. Y colocarle mayores cortapisas dificultaría la participación de aquellos que la llevan adelante.
Se modificó lo relativo al DL 600, entendiendo que este se encontrará vigente hasta que se establezca una nueva institucionalidad. Existe un compromiso en cuanto a que en materia de inversión extranjera debe haber una nueva institucionalidad, momento hasta el cual funcionará el DL 600. Entiendo que la idea del Gobierno -así lo asumimos- es que el próximo año se plantee una iniciativa sobre el particular, porque Chile necesita un estatuto de inversión extranjera de manera permanente.
Particular importancia tiene para mí lo que se hizo en materia de pymes.
Uno de los problemas más complejos de la reforma original era la falta de definición y de incentivos adecuados hacia la pequeña y la mediana empresa, que han de ser el motor creciente de la economía y el desarrollo social de nuestro país. No es posible un desarrollo social armónico sin un desarrollo potente de la pequeña y la mediana empresa.
Y, desde mi perspectiva, se introdujeron enmiendas que constituyen un gran activo y respecto de las cuales al menos yo siento que deberíamos estar contentos en el Senado.
Hablamos incluso de cosas simples, como postergar hasta en 90 días el pago del IVA. Recordemos que las empresas actúan en nombre del Estado para los efectos de recaudar. Pero si a ellas no les cancelan deben pagar igual el impuesto respectivo dentro de los 30 días, hasta el día 12 del mes siguiente. La flexibilidad que se incorpora les evita un costo financiero que resulta muy complejo. No hay ningún parlamentario de los presentes que no haya recibido muchas veces esta inquietud por parte de las pymes.
Se generan incentivos de hasta 4 mil UF respecto del no pago de impuestos, justamente para estimular el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Creo que eso también fue un aporte, una contribución para que se valorara este tipo de instituciones con la fuerza, el vigor y la calidad que merecemos en Chile.
Permitir que respecto de la caja se pueda invertir hasta 20 por ciento de los ingresos brutos en acciones o en derechos sociales también es muy relevante, para darle una dinámica a este tipo de empresas. La idea es que gestionen, fomenten el ahorro, para acumularlo hasta el momento de poder embarcarse en proyectos bastante más rentables.
O sea, aquí tenemos una ecuación, en donde a través de modificaciones al contenido de la reforma original se da una respuesta más adecuada a muchos de los problemas, algunos de ellos copernicanos, que tenía esta misma reforma.
¿Va a cambiar positivamente Chile a partir de la aprobación de esta normativa?
Mantengo mi duda. Tal como planteó el Senador Montes desde una perspectiva distinta, no sé si la desaceleración que se observa, cuyas causas son, en parte, internacionales, y en parte, diría yo, internas, podrá ser enfrentada a través de una reforma de esta naturaleza. Más bien tiendo a pensar que hay que dar mucha más confianza a quienes invierten, a quienes emprenden. Y creo que eso, por este lado, se está dando.
Sí tengo la íntima convicción de que con el proyecto original tendríamos un problema bastante más serio para nuestro país.
Finalizo, señora Presidenta, con dos reflexiones.
El Ministro quedó de estudiar dos materias acerca de las cuales me interesa dejar constancia.
Por un lado, la transparencia del gasto público, en el sentido de que ojalá, en el contexto de la próxima Ley de Presupuestos (este no es un problema de este Gobierno -quiero dejarlo claro-, sino un problema histórico), podamos saber exactamente cómo se gastan los recursos y contar con más información. Si bien la Comisión Especial Mixta de Presupuestos ha sido útil en esa lógica, hay un tema de la calidad del gasto, de una reflexión conjunta, de ver cómo realmente se asignan los recursos. Creo que sería superinteresante socializar eso. Y como la propuesta pertinente fue declarada inadmisible, el Ministro quedó de reflexionar respecto de ella. Y yo espero que sea muy reflexivo.
En cuanto al sistema de AFP, nosotros pensamos que este momento, de la reforma tributaria, era un buen momento para corregir el error que a nuestro juicio se ha ido produciendo desde hace muchos años y que afecta a los cotizantes de las administradoras de fondos de pensiones.
Ellos, por no ser contribuyentes del global complementario para estos efectos, no tienen derecho a que les llegue un porcentaje de los dividendos, a pesar de que sus inversiones están en esas sociedades.
Por eso, nosotros sugeríamos generar un bono de reconocimiento que se fuera acumulando hacia el final, cuando la persona terminara sus imposiciones, cuando jubilara. Ese conjunto de platas retenidas (entre comillas) podría sumarse a la cantidad que ella hubiera recaudado para los efectos de obtener una mejor pensión.
Es un punto que quedó para ser analizado en la Comisión que está estudiando el tema previsional, pero yo espero que el Ministro también nos oiga con atención, porque este es un asunto superimportante.
Termino, señora Presidenta, con la íntima satisfacción de haber cumplido una tarea que, como todo en la vida, tiene matices. En este caso, hubo una cosa muy positiva, cual es que, tras distintas perspectivas, vi el esfuerzo serio por hacer bien las cosas.
Podemos tener diferencias de conceptos. ¡Y bienvenidas las diferencias! Pero yo vi el ánimo de ceder y de defender. Y creo que esa es la gracia. Es un poco lo que a la política le devuelve el sentido.
Pienso que la colaboración que hemos hecho -modesta- refleja que cuando hay buenas ideas y cuando hay buen ánimo siempre va a haber ayuda.
Cuando hay retroexcavadora u otras cosas de ese tipo, uno se pone en una línea diferente. Pero en este caso me parece que ha quedado demostrado que los acuerdos valen más que las imposiciones.
El señor MONTES.- ¡Muy bien, Copérnico¿!
El señor COLOMA.- Dije "copernicano", colega.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, estamos tranquilos el día de hoy. Hemos alcanzado un acuerdo y eso se nota en el ambiente en la Sala.
Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse, y que yo me hago, es si estamos realmente contentos con la votación que vamos a realizar; si estamos realmente tranquilos respecto a la política pública que vamos a aprobar y que se va a aplicar en el país, y si el cambio que vamos a votar es positivo para Chile.
Para mí, claramente no es positivo. No estamos dando, creo yo, un paso en la dirección correcta de ayudar a que nuestro país tenga, especialmente aquellos que más lo necesitan y que más sufren, un mejor futuro. Porque los aumentos de impuestos -y esto lo señala toda la literatura y muchas investigaciones académicas- siempre producen efecto sobre el crecimiento.
Consecuencialmente, como tienen efecto sobre el crecimiento de la economía, también causan impacto en la generación de empleo. Y cuando hablamos de generación de empleo, estamos hablando directamente de miles de familias que hoy se hallan en una precaria situación, que quizás en los últimos años han logrado salir adelante porque el padre encontró trabajo y quizás también la madre, dado el aumento del trabajo femenino. Tal vez lo que está sucediendo -me imagino que todos nosotros lo vemos en nuestro trabajo en terreno- es que esos empleos se están destruyendo.
Y eso no es una cifra, no es un número; eso no lo sentimos directamente nosotros, cuando estamos sentados en nuestros escritorios. ¿Dónde lo notamos? Cuando vamos a terreno y nos encontramos con una mujer que el año pasado tenía empleo y que hoy ya no lo tiene; que en marzo del año pasado pudo aportar, quizás para la compra de los útiles escolares de sus hijos, y que ya ve que el próximo año no lo podrá hacer por haber perdido el puesto de trabajo que tenía.
Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es si estamos ayudando a los que más lo necesitan en Chile, o si los estamos afectando. Y fíjense que para ello solamente hay que poner una cifra sobre la mesa: en los últimos 15 años hemos pasado de una tasa de impuesto del 15 por ciento a otra del 27 por ciento.
Y fíjense en otra cosa. Los países desarrollados no están aumentando los impuestos, sino disminuyéndolos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que su incremento produce un efecto directo sobre la población, y un efecto que no es positivo.
A nosotros nos encanta mirar a la OCDE y compararnos con los países que la integran, y resulta que estos se están moviendo en la dirección exactamente contraria a la que deseamos tomar nosotros.
Algunos señalan: "Lo que pasa es que hemos avanzado y Chile es hoy un país más rico". Sí, pero todavía no somos un país desarrollado. Es cosa de ir a cualquiera de las ciudades pequeñas de nuestras circunscripciones. Ustedes lo deben sentir igual que yo, cada vez que van a terreno y se encuentran con familias -especialmente si dentro de ellas hay adultos mayores- que no lo están pasando bien.
Entonces, si los números indican hoy que Chile tiene un nivel de inversión absolutamente incompatible con un crecimiento superior al 5 por ciento, yo les pregunto: ¿estamos tranquilos con un nivel de crecimiento inferior a ese porcentaje?
¡Yo no estoy tranquila! Porque sé que eso afecta directamente a muchas familias, tanto de mi región, que es una de las más pobres del país, como del resto del territorio.
Aquí, el argumento que se nos da es que los impuestos que nosotros estamos subiendo en el día de hoy, fuertemente, constituirán una manera de redistribuir el ingreso, pues se va a implementar una política que, a través del gasto y la inversión del Estado, generará un efecto positivo.
Pero fíjense que estamos subiendo fuertemente los impuestos hoy sin saber siquiera aún en qué los vamos a invertir, por cuanto la reforma educacional no está, o está sin que se sepa cómo va a salir de la Cámara de Diputados.
Entonces, cuando a mí me dicen que toda esta plata la vamos a invertir en comprar colegios, yo contesto: "Eso no va a mejorar la calidad de la educación". Y, por lo tanto, el efecto que vamos a tener no será positivo, sino negativo, porque la verdad es que vamos a subir los impuestos sin generar ninguna política social que realmente signifique algo mejor para nuestro país.
Llegamos a un acuerdo que, según entiendo, tenía por objeto -y efectivamente ha sido así- mejorar el proyecto que vamos a votar. Pero yo no estoy tranquila en un cien por ciento con mi conciencia, pues sé que estamos dando un paso en la dirección incorrecta.
Es cosa de abrir los diarios de hoy. Y yo los invito a hacer esta reflexión.
Fíjense que en los primeros seis meses de este año crecimos solo un 2,2 por ciento. ¡2,2 por ciento! ¡Qué es eso! ¿Nos tiene tranquilos a todos nosotros, que también somos responsables de sacar adelante este país?
Es el menor crecimiento desde el año 2009.
Yo pensaba, al igual que toda la ciudadanía, que íbamos como avión: ¡hacia delante! ¡Superbién! Y resulta que ahora hay otras naciones latinoamericanas que están empezando a mirar a Chile ya no hacia arriba, como alguien que se encuentra mejor que el resto, sino hacia abajo, pues hay otros países que están avanzando más rápido que nosotros. Y eso, en verdad, a mí no me tiene tranquila.
Cuando uno abre los diarios de hoy, se encuentra con que los Ministros del área económica del Gobierno -cito específicamente La Tercera- ya dieron por perdido el año 2014.
¡Chupalla! ¡Lo siento! ¡Dar por perdido un año en crecimiento económico! Claro, quizás a nosotros no nos duele, porque estamos acá con un cafecito calentito, etcétera. Pero cuando pienso en la gente de Corral, sí duele. ¡Y duele harto!
De ahí que no dé lo mismo que se declare perdido un año, pues significa un drama.
Entonces, hoy no damos una buena noticia a Chile. Porque aumentaremos los impuestos y generaremos una pérdida de crecimiento económico y una disminución fuerte en el empleo. Y todavía no sabemos qué haremos con la plata que se recaude, ni tampoco si el efecto de la reforma educacional será positivo, pues la iniciativa pertinente no la hemos terminado de discutir.
No obstante, debo reconocer que vamos a votar con un peso sobre el corazón -tengo que decirlo- a favor de la reforma. ¿Por qué? Porque es sustancialmente mejor que el proyecto original enviado por el Gobierno. Y ahí uno piensa: "Bueno, ayudamos a mejorar la iniciativa, así que vamos a concurrir con el voto".
En efecto, contamos con mecanismos para la reinversión -como se ha dicho aquí- mucho mejores que los contemplados en el texto original; se aumentan a más del doble los topes de la renta presunta para la agricultura, y esto es especialmente importante para regiones fuertemente ligadas a ella, como la de Los Ríos; se incrementa también al doble el tope de la renta presunta del transporte: algo igualmente relevante para los pequeños y medianos empresarios del rubro.
Quiero reconocer, sí, que un artículo que votaría feliz a favor es el relacionado con las cooperativas, pues ahí se registró un avance sustancial. Y lo quiero agradecer. Si pudiera separar la votación, solo me gustaría pronunciarme por dicho precepto, que considero muy importante.
Deseo agradecer, asimismo, que se haya mejorado lo relacionado con las cervezas, porque a ese respecto teníamos un problema grave con el impuesto progresivo. Eso se sacó.
Ahora bien, debo manifestar que, en verdad, el aumento fue muy fuerte y ello tendrá un efecto sobre la producción de los pequeños y medianos empresarios de la Región de Los Ríos y del resto del sur de Chile. Hubiese sido preferible separar el tributo entre empresas grandes y pequeñas.
Señora Presidenta, termino diciendo que hoy no le damos una buena noticia a Chile; no sabemos todavía en qué se invertirá el dinero recaudado; no sabemos cuál será el efecto de la reforma educacional, porque si solo nos dedicamos a comprar colegios no habrá mejora en la educación.
Por lo tanto, podemos terminar en una situación muy compleja en la que tengamos una economía que no crece; en la que sigamos destruyendo empleos, como sucede en la actualidad, y en la que no generemos con esas platas una política pública que realmente optimice las perspectivas hacia el futuro.
Y eso realmente impactará muy fuerte sobre la gente que más necesita en todo el país.
De otra parte, y mirando hacia el futuro -por su intermedio, señora Presidenta, me dirijo al Ministro de Hacienda-, ojalá que, tal como se procedió en lo vinculado con las cooperativas, podamos darle vuelta al sistema tributario de regiones. Porque, al igual como decía el Senador Prokurica en su intervención, acá mantenemos una deuda en el sentido de poder aplicar una modalidad que, realmente, a través del modo como miramos los impuestos, signifique una descentralización importante.
Y de ahí que parte de los impuestos que generan las industrias y las empresas regionales deba quedar en regiones. De otra manera, el incentivo para la existencia de emprendimientos económicos en regiones se hallará muy acotado. Hoy el sistema es muy centralizado, y debemos generar incentivos para producir crecimiento económico e inversión en forma mucho más homogénea a lo largo del país y no tan centralizada en Santiago.
Espero -se lo manifiesto al Ministro de Hacienda, por su intermedio, señora Presidenta- que pronto podamos dar ese paso, y que no nos digan después: "Mire, ya pasó la reforma tributaria; esos cambios ya no los podemos introducir", porque eso sería una tremenda lástima para todas las regiones de Chile.
Y quiero señalar, señora Presidenta, que la presión en regiones para lograr un cambio en tal sentido es muy fuerte.
Como señalé, el día de hoy votaremos a favor no contentos, sino profundamente preocupados, pero entendiendo que los acuerdos son acuerdos y que lo de ahora es mejor que lo de hace un par de semanas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo a las personas que se encuentran en las tribunas y que proceden de la localidad de Crucero, en Río Bueno.
¡Muy bienvenidas al Senado!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, con su permiso, hay un dicho popular que reza: "Felices comiendo perdices". Porque lo único que faltaría es que al final de la aprobación de esta reforma tributaria bailaran un pie de cueca, pues están todos felices.
Y aquí no se les ha dicho la verdad a todos los chilenos:...
El señor NAVARRO.- ¡Esperamos la verdad...!
El señor MOREIRA.- El que nos ocupa es un mal proyecto para Chile y la forma en que se concibió fue equivocada.
Esto de los consensos suena bonito. ¡Pero los consensos siempre se producen cuando le convienen a la Nueva Mayoría...!
¡Ahí hay consenso¿!
¡Ahí hay acuerdo¿!
Se trata de la Ley del Embudo: el lado ancho para la Nueva Mayoría, el angosto para la Oposición.
Discúlpenme: con todo respeto, pienso que aquí no hay que autofelicitarse ¡por nada! Porque no sé si los parlamentarios que intervinieron acá le van a responder al país en el futuro: en uno o dos años, cuando no haya crecimiento, cuando no exista el desarrollo esperado y cuando haya desempleo.
Bueno, ahí quiero verlos.
Yo no votaré a favor del presente proyecto. Solo por cariño, por respeto, por lealtad al presidente de mi Partido y al jefe de bancada me voy a abstener, como lo hice en el debate de la idea de legislar.
Pero quiero señalar, señora Presidenta, que la Oposición no tenía por qué entrar a validar estos cambios, pues los iban a hacer igual.
A todos los he escuchado decir sobre el Ministro de Hacienda: "Hemos actuado con seriedad".
Sin embargo, aquí los malos de la película son la Cámara de Diputados y, a mi entender, el Ministro de Hacienda. Porque, si le cambiaron toda la iniciativa, hasta el corazón, bueno, sería debido a que la pega no se hizo bien. De lo contrario, ello no habría sucedido.
Entonces, a su propio Gobierno ustedes le señalan que no fue bastante serio en la materia en análisis.
En verdad, el poco pedazo de corazón que iba quedando de la reforma tributaria era recaudar efectivamente 8 mil 200 millones de dólares. Y hoy día los expertos, los técnicos, sostienen que serán 8 mil 300 millones de dólares.
¡No sé de dónde los van a sacar...! Tampoco será una realidad.
Con las cifras que conocimos en las últimas semanas: me refiero al IMACEC de 0,8 por ciento y el crecimiento de poco más del 2 por ciento, sabemos que no se podrá llegar al monto mencionado. Y lo anterior significará que el enorme sacrificio que les pedimos a miles y miles de emprendedores y de familias chilenas de clase media será en vano, pues los recursos obtenidos no alcanzarán a los prometidos.
Vamos a ver si responden el Senado y el Gobierno frente a esa disyuntiva. Porque, lamentablemente, aquí no se trata de la campaña del terror, sino de la realidad que afectará al país.
El Presidente Piñera, aunque a algunos no les gusta hacer presentes algunas de sus afirmaciones, tiene autoridad para decirlas. En su Gobierno, las cifras fueron azules. Él sostuvo que la mejor reforma tributaria que puede existir para conseguir el nivel de recaudación que se persigue es seguir creciendo a cifras de 5 a 6 por ciento.
La Nueva Mayoría no entendió eso. Y ahora puede obtener cualquier reforma tributaria, pero con ninguna de ellas alcanzará los ingresos que les prometió a los chilenos. Nadie sabe en qué se va a gastar el dinero. Aquí se ha insinuado que la generalidad de la gente desea que se invierta en educación, por cierto, pero también en salud.
¡No obstante, aquí hay algo oscuro! Para mí hay oscuridad cuando no se quiere transparentar en qué se van a usar los recursos de esta reforma tributaria.
La incapacidad del Gobierno, su falta de prolijidad, demuestran que no tiene un plan maestro para enfrentar la desaceleración de la economía con alguna agenda procrecimiento. Y eso lo afirman los técnicos, a quienes han alabado aquí.
Créanme que me siento sorprendido cuando veo a distinguidos dirigentes, a parlamentarios, quienes participaron en las negociaciones con el Gobierno -con todo respeto-, ¡enamorados de este proyecto de ley¿! A mi juicio, han perdido toda objetividad acerca de la conveniencia de esta reforma para Chile.
Voy a cumplir lo que dije: me voy a abstener. Puede que sea el único que lo haga. No sé si todos van a responder por los niveles de cesantía -esa es la palabra-: aquí se pueden prometer muchas cosas, de todo, pero ¿quién se hará cargo de los resultados? Absolutamente nadie.
En definitiva, esta reforma, con la firma del Protocolo, con la aprobación de las indicaciones que se pueden haber presentado, créanme que seguirá siendo una pésima reforma, ¡y con mayúsculas! Ya que no garantiza ni el empleo, ni el crecimiento, ni el desarrollo. Y alguien debe hacerse cargo de los efectos futuros de esta iniciativa, que es mala para el país.
Y al no saber en qué se van a gastar los recursos, van a terminar malgastándose.
Por el poco tiempo de que dispongo, quiero decir lo siguiente con respecto a la renta presunta:
Las indicaciones a la reforma introducidas a raíz del Protocolo de Acuerdo corrigen, sí, en buena parte el proyecto de ley original en cuanto a la opción de los microempresarios.
Actualmente, pueden optar a este beneficio quienes tienen ventas anuales de hasta 8 mil UTM, que equivale a más de 14 mil UF.
Como sabemos, la iniciativa original fue, claramente, corregida. Sin embargo, no entiendo la intención de querer perjudicar a medianos agricultores que dan empleo a miles de familias en Chile y que deben lidiar con una actividad cada día más competitiva, que depende de muchos factores y variables externas, a modo de ejemplo, el clima y la variación del tipo de cambio.
Soy testigo de lo difícil que resulta obtener una buena rentabilidad para quienes se dedican a explotar sus predios agrícolas en el rubro de la ganadería en la provincia de Osorno, Región de los Lagos.
En lo referido a las bebidas azucaradas, ¡qué arbitrariedad en el establecimiento de este impuesto! Y para qué decir que la gente deberá pagar un poco más. Esto puede ser insignificante para quienes podemos hacerlo. Pero ¡qué raro que solamente con este tipo de bebidas se disponga esto...!
Por su parte, creo que las pymes son las menos afectadas. Se entendió mal, en un principio, a qué acuerdo se había llegado.
Señora Presidenta, en sus aspectos centrales, el Senador Lagos hablaba de aumentar la carga tributaria en tres puntos del PIB, y de que esto permitiría contar con un financiamiento permanente para los nuevos gastos, etcétera.
Sin embargo, no habrá mayor recaudación, porque no existirá crecimiento.
Respecto a crear nuevos incentivos a la inversión y el ahorro, se elimina un sistema de ahorro -el FUT-, y se crea otro más engorroso.
Y cuando se habla de disminuir la evasión y la elusión impositiva para que los contribuyentes efectivamente paguen lo que les corresponde, me parece muy bien que se aumenten los fiscalizadores, que hagan la pega y que realicen su labor donde corresponde. Pero cuando vayan a fiscalizar a los grandes empresarios, estos tendrán los mejores abogados, ¿y qué pasará con los pequeños comerciantes? ¿De dónde sacarán recursos para defenderse? Porque también el Servicio de Impuestos Internos comete arbitrariedades.
Tengo una convicción responsable. Acudí también a otros técnicos y a la mirada de la ciudadanía, que percibe temor con respecto al futuro.
Prefiero ser minoría, como siempre lo he sido, y estar solo y salir siempre adelante. Pero no me equivoco en cuanto a lo que efectúo en forma responsable.
Hoy, luego de aprobarse esta reforma, esperemos saber qué pasará en la Cámara Baja, pues aquí los más vilipendiados son los pobres Diputados. Y no es que hayan actuado como buzón, sino que recibieron órdenes de Partido (le reconozco a la Nueva Mayoría el ser monolítica en sus instrucciones). No obstante, los Diputados cambiaron de opinión y seguirán haciéndolo. Y veremos si existe el liderazgo necesario para enfrentar tal situación.
Señora Presidenta, termino diciendo que me abstengo, porque esta reforma es mala para Chile, y, lamentablemente, sus resultados los constataremos en el próximo período, cuando volvamos al Gobierno.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Deseo saludar a los integrantes de la Federación de Pescadores de Navidad, encabezados por su Presidenta, la señora Cecilia Masferrer, quienes se encuentran presentes en las tribunas.
¡Sean muy bienvenidos!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Senador señor Zaldívar me remplace en la testera.
--Pasa a dirigir la sesión el Honorable señor Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, es ya universalmente conocido que Chile es uno de los países con peor distribución de la riqueza que genera, según estadísticas actualizadas. Y aún más, esto se mantiene inalterable después del pago de impuestos.
La consecuencia de lo anterior es la desigualdad. Es decir, no hay relación entre el nivel de crecimiento del país y la calidad de vida de la población. La economía va por un lado; la sociedad, por otro.
Por lo tanto, aplaudo el propósito del Gobierno, y de la Presidenta Bachelet, en cuanto a enfrentar esta desigualdad en lo referido a lo social con una moderada reforma tributaria para financiar una nueva educación que haga realidad la promesa del derecho a la educación integradora y de calidad.
Creo que al abordar un tema tributario se toca la médula del poder en una sociedad. Y eso se ha afrontado con las dificultades propias, con cierto nivel de incertidumbre, pero con buenos esfuerzos.
Desde luego, valoro el esfuerzo de la Cámara de Diputados y del Senado por darle una forma política y técnica a esta reforma.
Sin embargo, en el camino surgió un Protocolo de Acuerdo, que no puedo dejar de mencionar porque se forjó fuera del Congreso y con la intervención de actores a quienes, en una democracia, no les corresponde regular las reformas tributarias y el manejo de una economía.
Los grupos de interés son parte del sistema. Entiendo que tienen todo el derecho a dar su opinión en todas las materias, más aún en las sustantivas, pero no con el beneficio de definir los márgenes de lo posible para el Congreso Nacional, el cual, finalmente, representa a la ciudadanía.
Cuando las plutocracias ejercen el poder, las democracias se resienten.
No obstante, también debo reconocer que este Acuerdo ha tenido el efecto de permitir sumar a sectores políticos naturalmente reacios a toda distribución de riqueza, pues piensan que el crecimiento por sí solo genera progreso (hemos escuchado a varios decirlo).
Con todo, igualmente reconozco que en la Cámara y en el Senado se ha trabajado en forma técnica, en un esfuerzo sincero de mis colegas por cerrar muchos de los forados tributarios elusivos existentes.
Se avanzó menos de lo que algunos esperábamos, pero hay mejoras sustanciales y, por ende, el balance es positivo. Sobre todo, porque representa un acuerdo, que no es gratuito, sino que obedece a la convicción ética y moral de que en Chile la elusión es la norma, y de que si en un país, después del pago de los tributos, sigue existiendo la misma distribución, hay gente que burla la ley.
Por otro lado, tengo que mencionar que existen avances concretos en las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos; la modificación de la fórmula entre renta atribuida y semiintegrada, que va a permitir a las empresas que paguen más -no creo que sea el monto que se dice, pero sí pagarán más-, y la debida protección a las pymes. En este último punto solicitamos, sobre todo, resguardo a la pequeña minería de la zona norte.
Sin embargo, debo ser claro: la injusticia social es una parte de los males de Chile; existe también una injusticia territorial.
Hay zonas de castigo en nuestro país, especialmente en las regiones extremas. El costo de la vida, la contaminación, el aislamiento, la falta de servicios básicos en salud, educación y vivienda que en esos lugares se sufre constituirían conceptos inaceptables en la zona central.
Nosotros, un conjunto de Senadores de esta Corporación, hicimos demandas y propuestas en ese sentido, las que no fueron oídas. Se argumentó que tal materia se vería a futuro. Bueno, no es primera vez que se responde así.
La verdad es que suele ser irritante ver cómo se distribuyen los recursos y, sobre todo, cómo se toman las decisiones en nuestro país. ¡Privilegios del centro!
Asimismo, los acotados espacios políticos obedecen a un centralismo creciente que asfixia a las regiones. Esto, por lo demás, no le hace ningún favor a las grandes ciudades, que colapsan.
Por eso, resulta imperativo repensar las estructuras tributarias en función de las realidades del país (de su geografía, de sus actividades económicas, de su población, de sus pertenencias culturales, etcétera), tarea que quedó pendiente.
No obstante, hay otras necesidades que considero incluso más urgentes.
El Senador Montes -con él he conversado en reiteradas oportunidades, lo que me ha permitido seguir de cerca el debate tributario-, a propósito de un diálogo que sostuvimos ayer sobre Calama -aunque lo mismo se aplica para Taltal, Tocopilla o cualquier otra localidad del norte de Chile-, hace un rato dijo: "Nadie entiende por qué en esa ciudad, rodeada de desierto, no se construyen viviendas sociales". Lo cierto es que el costo del terreno supera por mucho el de los subsidios.
Sin duda, la especulación con los suelos y las trabas irracionales que imponen las concesiones mineras -entregadas a destajo sin exigencia alguna- alimentan una actitud especulativa sin límites, lo cual hace inviable cualquier proyecto habitacional de tipo social e, incluso, las inversiones productivas valiosas. Como se ve, esto también afecta al sector empresarial.
Tales prácticas se repiten en todo el país. La especulación con los suelos otorga gigantescas utilidades y está siempre libre de impuestos.
El debate sobre este asunto no se resolvió en esta iniciativa.
Por otro lado, debemos transparentar lo relativo al tratamiento de las salidas de capital del país y discutir acerca de ello. Se ha hecho un esfuerzo en este sentido, pero creo que es insuficiente.
Todavía no entiendo, teóricamente, por qué debemos subsidiar las inversiones de grupos económicos chilenos en el extranjero. En mi opinión, toda salida de capital debería pagar los impuestos correspondientes si el objetivo es aventurarse en otros mercados. Sin embargo, se exige a todos los chilenos compartir el riesgo de esas empresas.
Al respecto, recordemos que muchos de los recursos que salen del país terminan en paraísos fiscales. Y se ha pretendido dar una explicación diciendo que eso es "bueno para el país".
Asimismo, debemos establecer fechas y topes para el pago de los impuestos diferidos por ganancias no distribuidas. Este es un privilegio con el que no cuenta la clase media. Ningún funcionario y ningún profesional lo tienen. El actual FUT permite hacerlo sin límite de tiempo, lo que ha generado una elusión tributaria, según estimaciones off the record, que llega a 50 mil millones de dólares.
Es verdad que en este ámbito el proyecto plantea ciertos tapones, una contención parcial. Por ejemplo, el global complementario permitirá recuperar no el 100 por ciento del impuesto de primera categoría, sino el 65 por ciento. Y sobre eso se puede hacer alguna "gimnasia". En suma, algo se puede rescatar al respecto.
Por otra parte, no creo que sea satisfactoria la explicación que le estamos dando al país acerca de qué va a pasar con el FUT histórico.
Muchos de los capitales que se invirtieron en negocios en el exterior -a varios les perdimos el rastro en los circuitos financieros, incluidos los paraísos fiscales- jamás pagaron los tributos correspondientes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos pasar como precio de esta moderada reforma para salvar los consensos y los acuerdos? ¿Bastará realmente con proponer incentivos parciales, a tasas menores, para recuperar algo de esas inversiones?
No hemos visto todavía resultados en esa línea.
Finalmente, señor Presidente, me parece que debemos aprender la lección si queremos en el futuro abordar una reforma más abierta. La democracia será madura cuando las cosas se puedan discutir en el Congreso sin que haya actores invisibles involucrados. Porque transparentar el poder es la esencia básica de una democracia.
Eso demuestra que todavía nos falta un poco.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, he escuchado las intervenciones y advierto algunas notas diferentes.
Con todo, observo que existe voluntad para aprobar el proyecto de reforma tributaria.
Cabe señalar que esta materia se encuentra en la agenda pública desde hace un tiempo, no surgió a raíz del proyecto que el Gobierno de la Presidenta Bachelet presentó en abril, ni a consecuencia de la campaña presidencial, donde este fue un elemento fundamental. Incluso, me atrevería a decir que tampoco corresponde al esfuerzo que, en octubre de 2011, hizo la Oposición de entonces, trabajo que culminó en abril de 2012 con una propuesta de reforma tributaria que suscribieron las fuerzas políticas desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pasando casi por todos los partidos.
En el fondo, esto parte de un diagnóstico compartido -así lo confirman estudios de opinión-: los chilenos tienen la percepción de que el país es profundamente desigual, como señaló recién el Senador Guillier.
¡Es un país desigual por donde se lo mire!
Se señala que, con la nueva estructura tributaria, nuestra tasa de impuestos va a quedar sobre el promedio de las naciones que integran la OCDE. Sin embargo, no se indica que, así y todo, somos el último país de ese organismo en materia de igualdad. ¡Los más desiguales!
Lo mismo pasa en América Latina, en nuestra "América morena", como se dice. ¡Somos de los más desiguales en cuanto a distribución del ingreso!
Esa es nuestra realidad. Y esta reforma tributaria viene a hacerse cargo de ese sentimiento.
Hay una cita -no sé si es feliz, pero me cuesta reprimirme de utilizarla como ejemplo- en el friso, en el frontis de la oficina central del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, que reza: "Los impuestos son lo que uno paga para tener una sociedad civilizada".
En consecuencia, no solo la carga tributaria, sino también el cómo esta se distribuye reflejan el tipo de sociedad que somos.
Sin embargo, la ley chilena hasta ahora contiene una mirada ideológica. Así, los gravámenes se dividen en dos tipos: los indirectos, que los soportan todos, particularmente los más vulnerables -son tributos que afectan sobremanera sus ingresos-, y los impuestos a la renta, que tienen un sesgo al ahorro y a la supuesta inversión.
¡Con eso hemos convivido desde 1984, más de treinta años!
Aquello es profundamente desigual y es lo que busca subsanar el proyecto de ley de la Presidenta Michelle Bachelet.
En concreto, primero, persigue aumentar la carga tributaria en tres puntos del producto, lo que sí nos llevará al promedio de la OCDE (hoy estamos por debajo de él).
Y, en segundo lugar, pretende sacarnos del último nivel del ranking de esa organización en materia de desigualdad. Precisamos contar con un sistema tributario más justo que les permita a los contribuyentes que les va mejor -no a los más ricos, no a los más poderosos- contribuir de mejor manera al financiamiento de bienes públicos.
¿Y por qué estos chilenos no lo hacen hoy día? Porque la ley se los permite. Aquí no se trata de si son buenos o malos ciudadanos. Si la legislación vigente no obliga a pagar impuestos, nadie los cancela.
Pues bien, esta reforma tributaria se hace cargo de ello.
Se llevaron a cabo 91 audiencias en la Comisión de Hacienda. A medida que exponían los representantes de instituciones de distinto origen, se hacía clara la opinión de muchos expertos tributaristas: "En Chile no hay que cambiar el sistema, pero existe mucho abuso".
Yo diría que ese fue un común denominador: en nuestro país el sistema se presta para abusos. Y -repito- lo que hemos realizado en este proyecto es hacernos cargo de esa realidad.
Mencioné algunos de los objetivos cuando rendí el informe.
Se limita el famoso carry back. Las pérdidas que se producen en el futuro no podrán ser imputadas a las utilidades generadas en el pasado.
También se dispone el término de los retiros para invertir dentro de veinte días. Hoy en Chile, si alguien retira utilidades, debe pagar impuesto; si las deja en la empresa, se entienden reinvertidas. Pero se estableció una ventana de veinte días para que se sacara la plata y fuera llevada a otro lado. Esa sola medida implicó una elusión de mil millones de dólares.
Además, se pone fin a los retiros en exceso, como ya señalé, y se contemplan reglas mayores de control.
Ahora bien, para ser justos en el tratamiento del proyecto, cabe consignar que se expresaron algunas inquietudes respecto a la implementación del sistema. De hecho, algunos acusaron una eventual inconstitucionalidad de este.
Del mismo modo, fuimos cayendo en cuenta -el Senador García estuvo conmigo en esto; lo menciono para no citar únicamente a parlamentarios de este lado- de que la modalidad actual contenía un fuerte componente pro ahorro e inversión y de que, en consecuencia, pasar a un régimen de renta atribuida era ir de un extremo a otro sin mayor transición. Esa es la verdad. Y tal cambio podía generar un impacto en materia de ahorro e inversión.
Por eso el Gobierno plantea un sistema alternativo: el parcialmente integrado, que tiene la gracia de aumentar la carga tributaria de las empresas del 20 al 27 por ciento. Pero lo más importante es que el crédito que podrá deducirse contra el impuesto global complementario del dueño de la empresa no se aplicará hasta el 100 por ciento, como sucede en el sistema actual o en el de renta atribuida que se va a establecer, sino hasta un 65 por ciento.
Ello agrega un elemento adicional, que también se ha destacado acá: un primer paso para reconocer que las empresas como tales deben ser sujetos de tributo y no solamente sus propietarios o los dueños del capital.
En consecuencia, ahora 9,5 por ciento de los impuestos que corresponden a las empresas van a ser efectivamente de su cargo y no podrán ser deducidos como crédito contra el global complementario.
¡Ese es un tremendo cambio estructural!
Asimismo, como nota al pie de página, hago presente que la referida alza del 20 al 25 o del 20 al 27, según sea el caso, fue posible, entre otras cosas, porque hace tres años aprobamos en el Congreso la iniciativa de reforma tributaria del Presidente Piñera.
Yo concurrí con mi voto favorable a esa propuesta, a pesar de que tenía muchos bemoles. Entonces dijimos en esta Sala -debe estar en la Versión Oficial- que respaldaríamos la reforma del Presidente Piñera, aunque era modesta. Tal vez servía para los fines que se buscaban en ese minuto. ¿Y qué planteaba ese proyecto con relación al impuesto de primera categoría? Aumentarlo del 17 al 20 por ciento.
En mi opinión, si no hubiéramos apoyado esa enmienda, difícilmente hoy podríamos haber incrementado dicho tributo del 17 al 25 por ciento y, mucho menos, del 17 al 27.
¿Qué otra materia fundamental contiene esta propuesta de reforma tributaria?
La mantención de un sistema de ahorro, inversión y fomento a las mipymes. Se hace un tremendo esfuerzo para incentivar el ahorro, pero, al mismo tiempo, se focaliza su uso. Por ejemplo, se plantea reducir los umbrales en que se puede utilizar, tratándose de la renta presunta.
Además, señora Presidenta, se dispone un enfoque distinto para el Servicio de Impuestos Internos.
Quienes han estudiado leyes o son expertos en materia tributaria entenderán más fácilmente el problema.
Hoy día dicho Servicio puede realizar solo lo que señala exactamente la letra de la ley, casi como en el Derecho Penal. ¿Qué le dice al magistrado la legislación de tipo penal? "Usted, señor juez, no puede ir más allá en su acción, porque hay una presunción de inocencia". O sea, no es posible juzgar a nadie por delitos que no se han cometido, y estos deben estar claramente tipificados.
Sin embargo, en el mundo desarrollado, en las sociedades más sofisticadas, se entiende que el Derecho Tributario no es similar al Derecho Penal, porque lo que está en juego en el primero es el financiamiento de bienes públicos. De hecho, se considera que los tributos son bienes públicos.
En consecuencia, hay una interpretación distinta al respecto.
Sí, aquí se respetan la buena fe del contribuyente, lo estipulado en los contratos y las formas en que se reparten las utilidades. Pero ello debe estar en consonancia con el propósito de generar inversión y actividad económica.
A partir de esta futura ley, habrá un espacio para que el Servicio de Impuestos Internos pueda interpretar y declarar -hoy no puede hacerlo- que ciertas operaciones son elusivas.
En la actualidad, no existen herramientas para evitar que un empresario constituya una sociedad de papel; inscriba a su mujer y a sus tres cabros chicos; le meta plata, y después de un tiempo retire utilidades. ¡Claro! No las saca él, sino su mujer y los hijos. ¿Y cuánto retiran? ¡Justo el tope permitido para no pagar el impuesto global complementario!
En la letra, esa es una sociedad de inversión, que opera impecablemente. Pero ¿hay inversión ahí? ¡Nada! Es una forma de retirar las utilidades obtenidas: como esa persona tiene derecho a reinvertirlas, no debe pagar el impuesto pertinente.
Entonces, los cambios propuestos son tremendamente profundos.
Sin embargo, para que estos se implementen, el Gobierno ha de hacer carne lo que comprometió: fortalecer al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio de Aduanas; crear un sistema de información adecuado para los contribuyentes.
Al respecto, van a surgir muchas interrogantes.
No me cabe duda de que, terminado este trámite, durante el debate en la Cámara Baja y, después, cuando entre gradualmente en vigencia la ley, van a brotar inquietudes acerca de la forma en que va a operar el nuevo sistema. Pero hay tiempo para afinarlo.
En cuanto a los acuerdos, no tengo problema en buscarlos. Mucho se ha hablado de ellos. Lo que no me gusta son los acuerdos que no me llevan al puerto que persigo. Si cuento con la mayoría y voy a lograr mi objetivo, ¿por qué no invitar a otros a sumarse a ese propósito?
El tema tributario era muy debatido hace menos de un año. Me refiero no a las primarias, sino a la campaña presidencial. Era el punto número uno, después del cambio a la Constitución y de la reforma educacional.
Entonces había dos sectores: en uno se decía que era necesario abordar tal proyecto, que estaba en sintonía con lo que pensaban los chilenos, y en el otro, que no era bueno ni sano legislar sobre el particular, que una reforma tributaria generaría desempleo, que la economía se iba a frenar, que no era lo que requería la ciudadanía y que no constituía una prioridad.
¿Qué veo hoy día? Que la gran mayoría, invitada de manera inteligente a sumarse a este acuerdo, ha decidido que se debe aumentar la carga tributaria en tres puntos del producto y que ello debe hacerse mediante un sistema tributario más justo.
Eso es lo que se propone introducir.
Sé que a algunos sectores les resulta difícil aceptar este proyecto. Pero, en definitiva, representa una tremenda ganancia.
Habrá una herramienta y un diagnóstico compartido, aunque tal vez no en el cien por ciento. Sin embargo, si se está materializando la propuesta, es porque todos empiezan a leer que Chile se mueve en cierta dirección.
Por otro lado, señora Presidenta, por su intermedio, quiero referirme a las afirmaciones que escuché de un Senador que me antecedió en el uso de la palabra -no del que acaba de intervenir, el colega Guillier, sino de otro-, en el sentido de que nadie aquí se hacía cargo de sus aseveraciones y que, después de aprobar esta iniciativa, tampoco nadie se encargará de lo que va a ocurrir.
A ese mismo Senador le quiero recordar que los que han mantenido campañas del terror desde el año 88 a la fecha nunca se han hecho cargo de lo que en ellas se manifestó: que este país no iba a progresar -¡progresó!-; que no íbamos a reducir la pobreza -¡la redujimos!; que no lograríamos convivir en paz -¡hemos convivido en paz!.
Pese a que hemos generado un tremendo avance, nunca nadie se hizo cargo de esas afirmaciones al voleo.
Yo me responsabilizaré de lo que he sostenido, porque firmé el acuerdo. Lo suscribí contento. Creo que es un buen acuerdo para Chile. Así lo siento. Me habría gustado incluir más cosas. Ciertamente faltan algunas.
No se puede hacer todo de una vez, pero sí es factible cambiar una realidad estructuralmente. Propiciar una transformación de ese tipo en materia tributaria en Chile es motivo para sentirnos orgullosos.
Quiero terminar agradeciendo nuevamente al Senado, a la Secretaría de la Comisión de Hacienda, a los colegas y a los representantes de los 91 distintos sectores que acudieron a dicho órgano técnico a dar su testimonio, lo que permitió perfeccionar el proyecto.
Por último, debo agradecer a la Presidenta Bachelet por haber tenido el coraje de honrar un compromiso de campaña a veinte días de haber asumido el Gobierno. Al final del día esas acciones son lo que prestigia la política, en lugar de estar debatiendo durante seis meses sobre cómo nos imaginábamos una iniciativa de reforma tributaria.
Ahora contamos con algo concreto desde donde avanzar, algo concreto para financiar un sinnúmero de bienes públicos, que es lo que requiere nuestro país.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero ratificar que el debate que hemos realizado respecto de este proyecto de reforma tributaria es producto de un proceso de discusión a nivel de país.
Es bueno recordarlo, porque a veces los candidatos, cuando están en campaña, prometen muchas cosas, que después olvidan al llegar al Gobierno. Y en ocasiones, independiente de si estamos en el Gobierno o en la Oposición, nos vamos acostumbrando a que esos compromisos queden en el tintero de los recuerdos.
A mi juicio, lo que ha pasado con esta propuesta de reforma tributaria en distintos sectores del país, sobre todo en el ámbito político, es que se ha generado una sensación casi de asombro por la presentación de una iniciativa de esta envergadura. Ha llamado la atención que se cumpla con las promesas que se hicieron.
Cuando se planteó la reforma a inicios del período de la Presidenta Bachelet, algunos se aterrorizaron y promovieron una campaña del terror respecto del contenido de este proyecto. A otros les causó temor, como aquí se ha expresado.
Por lo mismo, me alegro mucho de que varios de los que partieron con esa campaña del terror no hayan tenido temor de buscar un acuerdo en materia tributaria que sea bueno para Chile, para nuestra gente.
En todo caso, he escuchado algunas intervenciones de colegas que, al parecer, todavía siguen con la campaña del terror. No voy a entrar en ese ámbito, porque sería para largo. Pero da la impresión de que se quedaron pegados con el primer discurso aparecido en ciertos medios de comunicación o con las opiniones de algunos grupos de interés.
El acuerdo que se generó en el Senado fue producto del debate habido en la Cámara de Diputados. Prácticamente todos los temas ahí discutidos quedaron incluidos en el Protocolo de Acuerdo.
Hago presente lo anterior porque muchas veces se dice, con mucha facilidad, que la Cámara Baja no cumplió su papel o que se obligó a los Diputados a aprobar determinado proyecto sin debate ni consulta.
Casi todas las materias analizadas en la Comisión y, sobre todo, en la Sala que se plantearon al Gobierno se encuentran recogidas en el texto del Acuerdo.
A mi juicio, las indicaciones que se han formulado, fruto del trabajo realizado por la Comisión de Hacienda durante este mes, desde que se firmó el Protocolo de Acuerdo, se hacen cargo de esas materias o de las áreas temáticas contenidas en ellas.
Lo más importante, a mi juicio, es que se mantiene intacto el objetivo planteado por el Gobierno cuando presentó este proyecto: aumentar la carga tributaria en tres puntos del producto interno bruto.
Eso es de la esencia de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque se requiere generar ingresos permanentes para gastos permanentes.
El compromiso político en el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet se halla ligado a la reforma en educación, sector que necesita un cambio estructural profundo para avanzar en materia de igualdad en nuestro país.
Los 8 mil 200 millones de dólares que se espera recaudar están destinados, además, a mejorar la salud pública. Porque el 82 por ciento de los chilenos se atienden en el sistema público y merecen una salud de calidad, la que hoy no existe.
También dichos recursos se orientan a perfeccionar todo lo posible el sistema de previsión social vigente, especialmente en relación con las pensiones mínimas garantizadas, que sabemos que constituirán nuestro mayor problema como consecuencia de los bajos ingresos que perciben hoy quienes deberán jubilarse.
Entonces, el objetivo primario de toda reforma tributaria, que es recaudar recursos para invertirlos en mejorar la calidad de vida de la sociedad, se cumple plenamente.
Otro aspecto que se mencionó y que estaba en el debate público decía relación con el logro de la mayor equidad tributaria posible al objeto de procurar una mejor distribución del ingreso.
Mis colegas ya hablaron bastante sobre ello.
Con el Protocolo de Acuerdo se busca, además, generar incentivos a la inversión y el ahorro.
Eso es más que evidente. Un país que quiere seguir creciendo y desarrollarse con equilibrios necesita incentivar la inversión y el ahorro.
Otro punto que se cumple totalmente, a pesar de algunas aprensiones que pueda haber, es la disminución de la evasión y la elusión de impuestos, para que los contribuyentes paguemos lo que nos corresponde de acuerdo a la normativa tributaria.
Por lo tanto, señora Presidenta, me parece fundamental plantear por qué el proyecto de reforma tributaria está en discusión en el Congreso y por qué es tan importante aprobarlo en los tiempos correspondientes.
Sin entrar tanto al detalle, quiero efectuar solo una reflexión.
Aquí algunos colegas, en esta campaña del terror o del temor, han argumentado que como consecuencia de la presentación de esta iniciativa de reforma tributaria se ha generado la desaceleración de nuestra economía.
Pero nadie dice que se trata de un proceso, que la economía chilena viene desacelerándose desde hace más de un año.
No se recuerda que el año pasado, cuando le hacíamos ver al señor Ministro de Hacienda que nuestra economía estaba mucho más mal que lo que él sostenía, que el crecimiento era mucho menor que el señalado por él, nos trataba de convencer de otra cosa.
Cuando discutimos el proyecto de Ley de Presupuestos hablamos sobre estas materias.
Algunos dijeron: ¡Ah! ¡No! Es que están en campaña. Entonces, tratan de hacer aparecer mal en la foto al Presidente y al Ministro de Hacienda".
La realidad de los hechos ha sido mucho más fuerte y bastante más concreta que lo que algunos quisieran.
Por eso, partiendo de la base de que la reforma tributaria es absolutamente necesaria para nuestro país, porque se requieren ingresos permanentes para financiar las profundas reformas sociales que permitirán mejorar la calidad de vida de nuestra gente y avanzar en materia de igualdad, debemos tener presente también que estamos en el contexto de una economía desacelerada y que, por tanto, las cifras que exhibimos en estos momentos no son de las mejores.
Sería absurdo pretender decir que ello es aceptable, cuando durante este primer semestre crecimos en promedio 2,2 por ciento. No lo es, por cierto.
Sin duda, Chile puede y debe crecer más. Pero el mayor crecimiento ha de lograrse con sentido de inclusión social. Además, tiene que cumplirse el objetivo de más solidaridad al interior de nuestra sociedad.
Los factores más negativos para la inversión y el ahorro surgen cuando se generan situaciones de convulsión social, de inestabilidad política o de incertidumbre. Y nuestro país podría llegar a eso si se extremara la desigualdad que todavía tenemos.
Entonces, corresponde que todos aportemos en la implementación de la Agenda pro Crecimiento. No cabe duda de que dentro de ella debe hallarse la aprobación de esta reforma tributaria. Y esto, por una razón muy práctica: si la aprobamos ahora, el próximo año tendremos 2 mil 200 millones de dólares que permitirán activar nuestra economía a través de inversión pública.
Ya tuvimos esa experiencia hace cuatro o cinco años con motivo de la gravísima crisis del sistema financiero mundial, que afectó a todas las economías: implementamos una política para activar la nuestra mediante inversión pública, y ello nos permitió salvar una situación extraordinariamente compleja.
Me parece que potenciar la inversión pública -tal como lo han señalado otros colegas- en hospitales, en consultorios, en jardines infantiles, en escuelas, en infraestructura que permita mejorar la calidad de vida de nuestra gente es una inversión que nos posibilita paliar los malos momentos que vive nuestra economía, pero también sembrar a futuro para lograr parte de la igualdad que tanto requiere nuestro país.
Voy a aprobar completamente esta reforma tributaria, señora Presidenta.
Creo que lo alcanzado es bueno para Chile.
El esfuerzo hecho por el Senado merece ser visto en sentido positivo. Y debemos reconocer que cuando hay diálogo, cuando tenemos argumentos y cuando obramos con altura de miras pueden generarse buenos acuerdos para nuestro país.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Deseo saludar a los alumnos del Centro Educacional Fernando de Aragón, de Puente Alto, que nos visitan hoy.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero sumarme al buen ánimo existente hoy para discutir esta reforma tributaria -se recordó acá el contraste con lo ocurrido durante la campaña presidencial-, que habla de un debate maduro, con mirada de país responsable y en un horizonte de mediano plazo.
Deseo destacar la importante labor que encabezó el Ministro de Hacienda y lo obrado por todo el equipo de profesionales que estuvieron trabajando en las indicaciones presentadas, junto con los miembros de la Comisión de Hacienda y los funcionarios del Senado.
Solo quiero señalar en líneas gruesas -ya lo han hecho varios Senadores- el significado de esta reforma y cómo sus cuatro grandes objetivos se cumplen hoy sin que nadie los cuestione.
Primero, debo puntualizar que para gastos permanentes se requieren recursos permanentes, siguiendo la lógica de responsabilidad fiscal. El aumento de la carga tributaria en tres puntos del PIB está garantizado, y ello permitirá recaudar 8 mil 300 millones de dólares.
Revisaremos minuciosamente tales recursos en el Parlamento cuando discutamos el proyecto de Ley de Presupuestos que debemos aprobar año tras año. Eso nos dará la tranquilidad necesaria respecto no solo de las líneas gruesas de financiamiento sino también del detalle.
Segundo, es necesario avanzar en mayor equidad tributaria, para mejorar la distribución del ingreso y hacer que en nuestro país nos vaya bien a todos.
Tercero, hay que crear incentivos para la inversión y el ahorro.
Y cuarto, debemos disminuir la evasión y la elusión.
No voy a entrar en el detalle, señora Presidenta.
Me alegro de los perfeccionamientos que se le han introducido a este proyecto. Los hemos escuchado durante el transcurso de la discusión. Y se halla el registro de cada una de las indicaciones presentadas.
En cuanto a la mantención del tratamiento especial a las zonas extremas, quiero destacar el caso de la Región de Magallanes, por cuanto se respetó lo que disponen la Ley Navarino; la legislación que establece un régimen aduanero y tributario preferencial para las comunas de Porvenir y Primavera, de la provincia de Tierra del Fuego, y la normativa sobre zonas francas, al objeto de que allí no existan daños desde la perspectiva tributaria.
En el caso de la normativa sobre zonas francas, los contribuyentes que hoy están exentos del pago del impuesto de primera categoría tendrán derecho a usar en la determinación de su impuesto global complementario el crédito de 50 por ciento.
Se trata de un beneficio que viene consignado en el texto del proyecto de reforma tributaria desde su primera presentación. Y creo que vale la pena destacarlo.
Sí, pienso que existen situaciones pendientes, pues no cabían dentro de este proyecto de reforma tributaria. Sin embargo, quiero mencionarlas, para que podamos revisarlas con Hacienda en el contexto del compromiso de analizar las normativas de excepción y ver cómo rediseñar la utilización de los recursos que el Fisco deja de percibir hoy por ese concepto.
Quizás en el monto del costo de construcción de viviendas deberíamos considerar una corrección y contemplar el beneficio del crédito tributario establecido en la Ley Austral. Algo similar a lo que pasa con las asignaciones de zona.
Hay un reconocimiento del mayor costo. El porcentaje del crédito tributario puede llegar a 32 por ciento. Eso implicaría haber adecuado a la realidad de la Región un monto superior de unidades de fomento.
Esa materia puede revisarse en el contexto de la propia ley. Aunque quizás sería factible dar un paso más y avanzar en el sentido de que dicho beneficio lo tenga el consumidor final y lo descuente del IVA o del global complementario. Ello, como una forma de asegurar que no signifique mayor ganancia para la constructora, sino un beneficio para la persona que habita en Magallanes.
Un elemento importante que contempla esta reforma tributaria tiene que ver con el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos.
En el caso de la normativa de excepción, queda pendiente el robustecimiento de la Tesorería General de la República, sobre todo para los egresos no tributarios.
¿Qué pasa con la bonificación a la mano de obra en la Ley Navarino, que hoy es cursada por Tesorería con documentación muy básica?
Creo que ahí también debemos hacer un esfuerzo.
Insisto: quiero que ello quede plasmado en este debate, aunque entiendo -lo reitero- que no correspondía establecerlo en el texto que ahora estamos discutiendo.
Se trata de temas relevantes, no solo para garantizar el buen uso de las bonificaciones, sino también para evitar el perjuicio fiscal que podría haber. Y sería del caso plantear la creación de un departamento de fiscalización al interior de Tesorería para tales efectos.
Con varios Senadores presentamos una indicación vinculada con el establecimiento de un royalty pesquero real. Fue declarada inadmisible. Es entendible. No obstante, considero relevante que quede el compromiso de los Ministros de Hacienda y de Economía y de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización -en este órgano entregamos una propuesta sobre la materia- de efectuar una revisión de fondo al respecto.
Hicimos esa proposición con los Senadores señora Muñoz y señores Senadores Quinteros, Harboe, Guillier, Navarro, De Urresti y Horvath. Se busca corregir y equilibrar el pago de patente o royalty introducido mediante la ley N° 20.657, llamada "Ley Longueira", pues se generó un subsidio encubierto para la industria.
Un ejemplo que da cuenta de ello: en 2012 dicho sector pagó 30 millones de dólares por concepto de patentes; sin embargo, tras la entrada en vigencia de la mencionada legislación, el pago se redujo a menos de la mitad.
¡Estamos hablando de 12 millones de dólares!
Hay, pues, un subsidio encubierto garantizado por ley.
¿Cómo podemos avanzar hacia la existencia de condiciones más equitativas, sobre todo en materia de licitaciones?
Hoy los propietarios que aspiran a licencias tipo B, las pymes y los nuevos actores, deben pagar precios mucho más caros que quienes tienen garantizada su licencia clase A.
La indicación efectúa una propuesta muy concreta respecto de tres alternativas del mejor valor: valor establecido en la ley vigente, ajustado por el índice FAO; promedio ponderado del valor obtenido en licitación en cada pesquería, o, en su defecto, valor promedio de anteriores licitaciones. Ello, como fórmula para garantizar que el impuesto específico, el royalty, sea similar al valor de la subasta.
Por lo tanto, no solo generaríamos más recaudación, sino que, además permitiríamos mayor equilibrio o posibilidades de que nuevos actores ingresaran a la industria, evitando que manejen la subasta quienes ya tienen garantizados derechos sobre los recursos pesqueros, que son de todos.
Por último, quiero insistir en algo que ya han señalado algunos colegas que forman parte de la bancada regionalista: cómo avanzamos hacia una mayor equidad territorial, no solo con descentralización política, para elegir a nuestras autoridades regionales, o administración de servicios a nivel regional, sino también con descentralización financiera.
Hay al respecto una serie de propuestas planteadas, cuya discusión también se encuentra pendiente.
En nuestra Región lo hemos vivido con relación a fondos creados especialmente -por ejemplo, el Fondo de Desarrollo de Magallanes-, que muchas veces sustituyen financiamiento que debería venir de rentas generales de la nación.
Observamos similar comportamiento en el caso de recursos que ingresan por concepto de casinos, zonas francas, patentes mineras: cómo se separan.
De otro lado, avanzamos en la creación de impuestos regionales.
Ya se planteó acá cómo posibilitar que empresas que hoy pagan un impuesto único efectúen un aporte diferenciado por regiones, de acuerdo a su participación -es parecido al libro de ventas, donde estas se prorratean-; o cómo compensar los efectos o los costos medioambientales, que muchas veces son pagados por quienes habitan en nuestro territorio.
Creo que en las regiones tenemos capacidad para generar propuestas. En el caso de Magallanes, lo hemos hecho en el sector turístico, al crear un fondo para la conservación y diversificación del turismo de intereses especiales.
A mi juicio, son iniciativas en las que debemos profundizar si queremos que el objetivo de equidad abarque a todas las regiones, a todo el territorio nacional.
Señora Presidenta, quiero celebrar este proyecto de reforma tributaria, pues nos permitirá avanzar en un país donde se entregan certezas en materia económica. Ello da cuenta de que entre todos somos capaces de efectuar grandes cambios, en forma inclusiva, con acuerdo, con diálogo; y especialmente, de que estamos construyendo un Chile en el que los beneficios llegan a todas las familias y no solo a algunos.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero recordarles a Sus Señorías que sesionaremos hasta las 14; que continuaremos la discusión particular de este proyecto de reforma tributaria a las 16, y que seguiremos el orden de la lista de inscritos.
Lo señalo para quienes tienen la preocupación de si podrán intervenir hoy sobre esta materia: lo harán durante la sesión ordinaria de la tarde, conforme a lo acordado por los Comités.
El Senador señor Chahuán no se encuentra presente.
Tiene la palabra la Honorable señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, a diferencia de lo que manifestaron los colegas de la Derecha que me antecedieron en el uso de la palabra, yo estoy convencida, al igual que el Gobierno, y por supuesto que nuestra Presidenta de la República, de que esta es una gran noticia para las grandes mayorías de nuestro país, para el pueblo de Chile.
Ello, no solo porque se recaudará más impuesto -tal como se comprometió en el propósito central de este proyecto de reforma tributaria-, sino además porque hay un aumento de las contribuciones tributarias de los sectores de mayores ingresos.
También -y quiero poner énfasis en ello-, porque se legisla sobre el FUT, aunque no en la magnitud que inicialmente se proponía. Empero, se avanza en su eliminación y en el cierre de varios de los forados a través de los cuales permite diferir eternamente los impuestos.
Se trata de un pozo de plata que no tributa a nivel de las personas. Y durante la tramitación de esta reforma empezó a quedar al descubierto que todo el FUT equivale al PIB completo de un año y que cerca de la mitad de él se halla invertida en papeles. No es inversión productiva, sino financiera.
Muchos grandes empresarios han abusado por décadas de ese mecanismo.
La campaña del terror a que hacía alusión el Senador Pizarro, que la Derecha y las grandes empresas han instalado en todos los medios de comunicación -por cierto, los controlan en su gran mayoría-, anuncia una catástrofe en la inversión y en el desarrollo económico como consecuencia de esta reforma tributaria.
Pero nunca dijeron algo -guardaron silencio total- frente al uso abusivo que las grandes empresas han hecho de la evasión y la elusión.
Al parecer, tienen el concepto de que el crecimiento es un saco roto: entra por un lado y sale por el otro.
Señora Presidenta, en verdad, creo que la iniciativa que nos ocupa constituye un avance.
Desgraciadamente, dada la complejidad técnica del debate -inclusive, para muchos de nosotros ha sido difícil seguirlo-, los medios de comunicación se apropiaron del discurso del terror y confundieron a la ciudadanía.
Sin embargo, creo que ha ido quedando claro, al término de la tramitación de este proyecto de reforma tributaria, que se trata de un gran beneficio para nuestro país en la idea de eliminar desigualdades y alejarnos del bochornoso lugar que ocupamos en todas las grandes encuestas internacionales en materia de inequidad social, de concentración de las riquezas.
Dicho eso, señora Presidenta, me referiré a algunos puntos que tienen incidencia en Coquimbo y que quiero hacer presentes para el debate, pues concitan mi preocupación y la de la gran mayoría de la Región que represento en el Senado.
El primero es el decreto ley 600, que, como todos sabemos, es un resabio de la dictadura. Su objetivo fue atraer inversión extranjera en momentos en que nuestro país estaba muy cuestionado.
Hoy, tras veinticuatro años de democracia, aún no podemos eliminar ese cuerpo legal.
Me pareció sumamente atractivo para todas las regiones mineras que se pudiese suprimir en esta reforma. Sin embargo, su derogación quedó diferida y sujeta a un acuerdo que se concretará a propósito de una nueva institucionalidad y que va a depender de lo que evacúe una comisión asesora transversal encabezada por el Ministro de Economía, la que, tras un trabajo de 120 días, recomendará la nueva normativa sobre inversión extranjera que debería aprobarse.
De verdad, espero que el decreto ley 600 sea derogado de una vez por todas, porque contiene un mecanismo cuya existencia hoy carece de sentido.
También fue difícil -y lo conversábamos con los colegas de la bancada regionalista- incorporar en el debate de esta reforma el royalty minero, que es muy importante: se trata de un impuesto específico a la minería, pero actualmente es muy débil para nuestras regiones.
En cuanto a la industria vitivinícola y pisquera, se hizo un planteamiento con relación a lo que sucede en la Cuarta Región, fundamentalmente en el caso del pisco. Y el Senador Pizarro lideró un debate en torno a las cargas tributarias que se le estaban imponiendo a dicho sector, que es de gran relevancia para Coquimbo. En efecto, genera mucho empleo, sobre todo en una Región que vive azotada por una sequía que supera los diez años.
Reconozco que se logró corregir las primeras propuestas al eliminarse la tributación por volumen y aumentarse las tasas en las categorías existentes.
Expreso, sin embargo, mi preocupación en tanto se perdió el incremento de la tributación especial a los alcoholes de mayor rango, medida que habría permitido mejorar la competencia con licores extranjeros.
Ese es un tema de preocupación para los futuros debates.
De otra parte, voy a dejar plasmado un planteamiento sobre el problema -me parece que en el debate se corrigió- vinculado con los pequeños campesinos y las cooperativas.
En tal sentido, el proyecto apunta acertadamente a terminar con muchas franquicias y situaciones inaceptables, y también, a combatir fuertemente la elusión y la evasión.
Empero, no quisiéramos -particularmente, lo veo como una dificultad- que se fuera más lejos y ello se convirtiera en una persecución contra pequeños agricultores y cooperados que utilizan el régimen de renta presunta como instrumento legítimo, dadas sus características.
Según ya señalé, en nuestra Región hay muchos pequeños productores cuya situación debe respetarse. Por tanto, esperamos que no sufra modificaciones con esta iniciativa.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, todo augura que este va a ser un largo debate, con efectos tal vez contradictorios.
Así se termina confundiendo al país, porque algunos colegas de las bancadas del frente argumentan muy duro en contra y luego votan a favor. Pero la Senadora Von Baer y el Senador Moreira se abstienen.
Bueno: si el proyecto es tan malo, hay que votarlo en contra.
Yo asumo también que muchas veces me puede suceder a mí. Y en algunas ocasiones he procedido de tal forma.
Lo malo es que lo díscolo en ciertas bancadas siempre es para proteger a los poderosos.
En definitiva, se afirma que los impuestos son malos para la gente.
Yo tomé nota del planteamiento de la Senadora Von Baer -Su Señoría se retiró de la Sala; a veces uno debe hacerlo porque tiene otras cosas que hacer-, quien dice que no hay buenas noticias para nuestro país, pues va a caer el empleo, no se sabe qué se va a hacer con las platas.
¡Y se insiste majaderamente en que no se sabe qué va a hacerse con las platas!
Lo dijo Moreira. Lo repiten otros Senadores de la Oposición.
Nuestro país está claro. Le hemos expresado por todos los medios que queremos plata para educación de calidad, pública y gratuita. Y para eso hemos hecho esta reforma tributaria.
Si queda algo, para mejorar la salud, a la que el Gobierno pasado dejó en el suelo: sin médicos especialistas, con hospitales concesionados.
También quedaron arrastres, los que hemos debido pagar. Es el caso de los recolectores de basura. Y está asimismo el problema de los puertos.
Se trata de un conjunto de cachos económicos que firmaron en el Gobierno pasado, pero del que ha tenido que hacerse cargo el actual poniendo las lucas. Es decir, ¡todas las jinetas para el Presidente Piñera, y todas las lucas, puestas por Bachelet...!
Esta reforma tributaria, por cierto, ha tenido algún grado de incidencia en el ambiente.
Yo decía: "Aquí no hay mucha algarabía para votar este proyecto; en nadie. Sí, estamos convencidos de que es tremendamente necesario".
Quiero recordar que en el mismo lugar de la Sala donde está hoy Alberto Arenas como Ministro de Hacienda se sentó el año 2013 Felipe Larraín, para el Presupuesto del 2014.
Recuerdo que le dije: "Ministro, usted nos señala que vamos a crecer al 4,9 por ciento y está calculando el Presupuesto para el próximo año con ese porcentaje". Sostenía el Ministro Larraín que íbamos a crecer al 4,9 por ciento y que la economía iba viento en popa.
Hoy, la mayoría de los economistas de Derecha, todos formados en Harvard y compañeros de curso, dicen que vamos a llegar al 2,5 por ciento.
O se equivocó o mintió.
Yo digo que no fue serio que un Ministro de Hacienda preparara para el Gobierno que venía, el cual no era de su signo -porque, a esas alturas, todos teníamos más o menos claro que la Oposición y la Derecha no seguían-, un Presupuesto Nacional basado en un crecimiento de 4,9. Hoy todos debemos reconocer que estamos en 2,5.
Entonces, el debate sobre si esta reforma tributaria ha afectado las expectativas de crecimiento o la afirmación de que no hemos hablado de crecimiento son una mentira.
¡Claramente, el Gobierno ha hablado de crecimiento!
Y cuando hemos hecho la Agenda de Desarrollo Productivo y los Ministros de Economía y de Hacienda han salido a las regiones para ver cómo reactivamos la economía y generamos más empleo estamos evidenciando que tenemos preocupación. Lo que no tenemos son instrumentos para aquello.
Yo emplazo a la Derecha, a la Oposición, a la UDI, a Renovación Nacional a discutir sobre la dotación al Estado de instrumentos reactivadores, pues la Constitución -yo no la quiero; pretendo cambiarla y terminar con ella- le impide ejercer actividades económicas empresariales: lo ata de manos, le imposibilita reactivar.
Yo quiero una alianza estratégica público-privada, con capitales particulares y del Estado, donde este asuma el riesgo completo de la inversión. Deseo ver al Estado y a los privados o a los empresarios caminando juntos para desarrollar las regiones. Pero no se puede.
Lo que está haciendo el Gobierno es decir que hay factores internacionales -se encuentran a la vista-, factores estructurales.
¿Cuánto tiene que ver el debate sobre la reforma tributaria en el ánimo de los empresarios para no invertir? ¿Diez por ciento? ¿Quince por ciento?
Tiene que ver algo. Pero no absolutamente.
Culpar a la reforma tributaria del ciclo económico que vive nuestro país es injusto, inapropiado; confunde.
Por cierto, estamos ante un tema complejo: es para iniciados.
Felicito de verdad a la Comisión de Hacienda.
En lo personal, me costó unos dos meses entender la reforma. Y cuando acabé de comprenderla, ¡ya había acuerdo para cambiarla...!
Nos costó entenderla, por las materias complejas contenidas en ella. Pero la cambiaron, se suscribió un Protocolo de Acuerdo y debimos intentar comprenderlo.
Por tanto, hemos hecho un esfuerzo.
Ahora, entendemos que en esta reforma tributaria no está todo.
Por ejemplo, no existe nada para las grandes mineras: no les pusimos royalty.
A mí me habrían gustado -se lo dijimos al Ministro- impuestos de carácter regional.
O sea, innovar de verdad, en una reforma tributaria más avanzada, más progresista.
Me habría gustado también tener sobre la mesa, junto con las facultades para Impuestos Internos, mayor transparencia.
Lo que yo percibo, señor Ministro -se lo digo por intermedio de la Mesa-, es que, pese a que tenemos un moderno y muy buen Servicio de Impuestos Internos, ocurre lo siguiente: cuando se trata de los chicos, se los aprieta duro; pero en el caso de los grandes todo es reservado.
Se dice: "No. Los grandes contribuyentes tienen regímenes de control especiales". Y no hay información. Existe un secretismo al que yo quisiera ponerle término.
El Servicio de Impuestos Internos, como lo hacen el Banco Central -para ello, su Consejo vendrá en las próximas semanas-, la Contraloría General de la República y otros organismos, debiera rendir cuenta.
Una vez al año, debiera rendirle cuenta al Senado, en forma cualitativa, de qué hace. Porque es el Servicio que recauda los recursos que permiten financiar las políticas públicas y el desarrollo de nuestro país.
Uno no entiende cómo el ente que tiene la enorme tarea de recaudar miles de millones de dólares no puede dar una cuenta que permita comprender mejor qué trabajo hace y mejorar el sistema.
Se tocó el tema habitacional. Pero aquí se ha sostenido que queríamos cobrar IVA a las viviendas populares, a las viviendas sociales.
¡Eso es exagerar la nota!
Lo que se ha hecho en esta materia viene a calmar a muchos empresarios que quieren seguir construyendo viviendas sociales.
Afirmar que deseábamos gravar con IVA las viviendas sociales envuelve un error o una mala intención.
Se ha ampliado el sistema simplificado del 14 ter: desde ventas por 25 mil UF al año a ventas por 50 mil UF anuales. De esta forma se beneficia a 97 por ciento del total de las empresas del sector.
O sea, nos hemos preocupado de las mipymes.
Y ahora, una observación.
¡Hoy todos son campeones de las mipymes, todos las defienden! Que generan 80 por ciento del empleo, en fin. ¡Todos, grandes defensores de ellas!
Sin embargo, yo siento que este es un mérito de todos: tanto de la Oposición cuanto del Gobierno.
Que la Oposición se arrogue la defensa de las mipymes no solo es injusto: además, no es verdadero.
Ojalá se cumpla lo concerniente a los sesenta días para pagar el IVA, a partir de septiembre del 2015.
Ojalá haya fiscalización.
Ojalá las grandes empresas -las del retail: Falabella, en fin-, que les compran bastante a las pequeñas, les paguen a tiempo. Porque hoy trabajan con la plata de los pequeños empresarios.
Ojalá tengamos una recaudación fiscal que permita apoyar a las mipymes en lo que requieren: capital fresco, de bajo interés. Y también, una revisión de lo que le adeudan a la Tesorería General de la República; porque hay mucha deuda con ella.
En nuestro país una quiebra económica es traducida casi como un asesinato: a quien quiebra lo califican de asesino.
Así, los emprendedores no pueden surgir.
Tenemos un nuevo sistema de quiebras; lo hemos apoyado. Pero creo que lo de las mipymes puede mejorarse.
Yo espero que el Gobierno, en el tiempo que le resta, pueda seguir avanzando en la protección a quienes sí dan empleo en todo el país.
De otra parte, el Senador Carlos Montes hizo un conjunto de observaciones. Y las hemos discutido.
Señora Presidenta, alguno preguntará si esta es la última reforma tributaria que nuestro país va a tener para financiar sus gastos.
Si Chile crece podremos revisar la existencia de mayores tributos.
Si Chile se halla más estable en lo económico podremos determinar nuestra capacidad para meter la mano en la minería del cobre o en la gran minería.
Porque ¡hoy pasaron piola! No se las tocó. Tienen invariabilidad tributaria. En el Gobierno del Presidente Lagos nos obligamos a votarla, producto de un conjunto de cesiones, de una negociación en la llamada "política de los acuerdos".
Yo solo quiero advertir que la política de los acuerdos aplicada en la reforma tributaria no se va a repetir -al menos no contará con mi asentimiento- en la reforma educacional.
No se requiere la política de los acuerdos en la reforma educacional. Tenemos los votos. No es menester conversar con la Derecha: hay que conversar con los profesores, con los sostenedores de los colegios particulares subvencionados, con los estudiantes, con los padres y apoderados.
¡Esa es la reforma educacional que yo voy a apoyar!
En la materia que nos ocupa, se forjó un proceso de acuerdo en un living o en una cocina.
Yo esperaría que eso se hiciera en el Senado, por la dignidad de las instituciones.
Se trata de una experiencia que ojalá no volvamos a repetir.
Empero, como el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, creo que esta no va a ser la última vez.
Ojalá tengamos la honestidad de decirlo si vuelve a ocurrir. Porque los acuerdos importantes para nuestro país deben tomarse en el órgano que él ha elegido, que, mal o bien su prestigio, es el Congreso Nacional y no el living ni la cocina de ningún empresario.
Votaré a favor.
El señor MOREIRA.- ¡No más Navarro...!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero saludar al Centro Educacional Fernando de Aragón, de la comuna de Puente Alto.
El señor OSSANDÓN.- ¡Usted sabe que puentealtino es bueno, señora Presidenta!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, después de haber escuchado las intervenciones de mis colegas, muchas de ellas con excesivo color en varios aspectos, quiero decir que convengo en que Chile necesita una reforma tributaria.
Yo soy de los que creen que la desigualdad se combate no solo con crecimiento y empleo, sino también con aportes a la sociedad para su desarrollo.
En esta reforma, en la bancada de Renovación Nacional mi rol fue más político, levantando la tesis de que debemos ser una Oposición constructiva y, de alguna manera, buscar los mejores acuerdos.
Por lo tanto, estimo que no se ve bien hacia la opinión pública la descalificación de un acuerdo como el consignado en el Protocolo, que resultará en un proyecto bastante mejor.
Según he dicho muchas veces, las reformas son como un buen asado: la carne buena se hace a fuego lento y conversada.
Es lo que ha pasado aquí. Y eso le hace bien a Chile.
Hoy hablamos mucho de derechos, poco de deberes.
En mi concepto, pagar impuestos justos es un deber: un deber para con la sociedad.
Me preocupan las acusaciones abiertas contra los empresarios, como si todos fueran demonios o sinvergüenzas, como si fueran los únicos que eludían el pago de impuestos.
Yo considero que hay que construir.
La democracia no es pisar callos al otro, ni tampoco para caminar con un audífono en el oído, aunque uno tenga la mayoría.
Creo que ahora, con esta reforma tributaria y después de muchas encuestas que nos han mostrado, deberíamos mirar dónde se puede gastar parte significativa de la plata recaudada.
Y hablo no solo de plata, sino además de los acuerdos políticos, acuerdos conversados, indistintamente de que ello se haga en una cocina o en un living.
A lo mejor en este caso los acuerdos se hicieron en la cocina o en el living de un Senador, no de un empresario como se dice. Y si el resultado de la cocinería es bueno, ¡qué bien!
Lo relevante es que en Chile debemos gastar harto dinero en muchas partes.
Quedó claro el drama que 84 por ciento de los habitantes viven hoy en salud, que no es de responsabilidad ni de este Gobierno, ni del pasado, ni del antepasado: es un problema de décadas.
El problema de la salud chilena es de cobertura.
La calidad de nuestra salud tiene muy buenos niveles internacionales. Lo que ocurre es que resulta difícil acceder a ella, pues no hay cobertura.
Si uno entra a un hospital público y es operado a raíz de una enfermedad complicada, normalmente sale bien: el problema está en ganarse la lotería de entrar a un establecimiento de tal índole.
Esa es una situación que debemos enfrentar.
En Chile existe una inmensa cifra negra en cuanto al problema de la salud.
En el área sur de Santiago, a la cual represento, un gran número de los cánceres que se atienden emana del hecho de que los pacientes no fueron atendidos a tiempo por el sistema público.
El drama de la vivienda social vivido por mucha gente comenzó a enfrentarse con la señora Patricia Poblete, primero, y con el Ministro Pérez Mackenna, luego, por la vía de demoler bloques y empezar a devolverles la dignidad a aquellos a quienes, quizá por algún error, se la quitamos.
¡El drama de construir un país a medias!
Tenemos prohibido el lucro en las universidades, pero todos saben que los dueños de estas se hacen millonarios.
El señor PROKURICA.- La ARCIS, por ejemplo.
El señor OSSANDÓN.- La Universidad ARCIS, por supuesto, está metida en eso. ¡No le alcanzó la plata de Chávez...!
El señor PROKURICA.- ¡Aquí está el rector de la ARCIS...!
El señor OSSANDÓN.- ¡Y qué decir de nuestro sistema de salud privado, el de las isapres! Es un gran sistema, pero es superabusador. Y muchas veces callamos eso.
Señora Presidenta, quiero terminar diciendo que, a mi entender, la verdadera democracia y los verdaderos acuerdos se establecen conversando, no pasando la retroexcavadora.
Siempre en las conversaciones se va a imponer la mayoría. ¡Claro! Pero una mayoría conversada, con sentido común, con criterio, genera grandes acuerdos, como estos. Y así vamos a favorecer a la gente.
Yo voto feliz a favor de este proyecto, pues creo que está dando un ejemplo de madurez política. Y espero que usemos la madurez política, por ejemplo, para resolver el problema mapuche, que no es policial, sino político.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, estimados colegas, como Democracia Cristiana, concurrimos con mucha convicción, con mucha decisión y con mucha alegría a aprobar el proyecto de reforma tributaria.
Creemos que se trata de una buena noticia para Chile. El país la necesitaba y la necesita -o varias de ellas-, y esta ciertamente lo es, especialmente en el contexto de desaceleración que todos conocemos y de las cifras en el ámbito económico, que nos llaman a ser muy decididos en materia de justicia social.
A eso hacemos referencia los democratacristianos a través de nuestra historia: a la justicia social, pero con responsabilidad, entendiendo que es preciso dar una señal en la dirección correcta. Y la que se está emitiendo en torno a la iniciativa en debate y a lo que se está haciendo después del Protocolo de Acuerdo presenta exactamente esa característica, habiendo existido responsabilidad de nuestra parte.
Habría que preguntarse en qué democracia del mundo es posible, en un asunto que generalmente es el campo del debate ideológico y de mucha pasión, un acuerdo tributario como el que hemos logrado aquí, en esta Corporación.
El Senador que habla, por lo menos, no la conoce.
Ciertamente, se observa un trasfondo filosófico -algunos dirán que ideológico, doctrinario-, además de mediar las distintas concepciones que tenemos de la sociedad, de la economía, del rol del Estado, del mercado.
Para algunos, los impuestos son un mal, un mal menor, a lo mejor un mal necesario, pero estiman que gravar con ellos a personas y empresas reviste tal carácter.
Para otros, entre los que me incluyo, son una de las expresiones de pertenecer a una comunidad; de la solidaridad entre quienes vivimos al interior de una agrupación de personas y aspiramos a que esta sea de hombres y mujeres libres. No constituyen un mal, ni un mal menor, ni un mal necesario: son un bien, expresión de la solidaridad que emana -repito- del hecho de formar parte de una sociedad.
Suscribimos un Protocolo de Acuerdo cuando todo parecía indicar, por los titulares de prensa y el ambiente caldeado del cual fue precedido, que iba a sobrevenir un choque de trenes. Y fuimos capaces de materializarlo. Es algo que siempre constituye una gran noticia para un país, en este caso en materia de reforma tributaria. Ojalá en todos los ámbitos fuera posible conseguir un buen acuerdo, no uno cualquiera. No es cuestión de buscar un acuerdo por el acuerdo.
Ahora, constituye una buena reforma tributaria, no una cualquiera. Y espero que podamos obtener el mismo logro en el ámbito educacional, en el del binominal, en el de la nueva Carta Fundamental. Por lo menos, en mi lista imaginaria no hay excepciones en cuanto a los asuntos en que uno pueda y deba aspirar a ese propósito. Juzgo un imperativo el intento de buscar acuerdos, porque a Chile le va bien así.
Un protocolo o cualquier acuerdo, sobre todo uno bueno -y esta es una buena reforma tributaria-, supone concesiones recíprocas.
A mí no me gusta o me gusta cada vez menos el sistema integrado, con el cual hemos vivido más de tres décadas. Hubiera preferido -me alegra constatar que el Senador señor Montes y varios otros piensan de la misma manera- uno desintegrado, en el cual las empresas pagan el impuesto que les corresponde y las personas hacen otro tanto con el que les atañe.
Ojalá avancemos hacia la desintegración. Ello fue posible parcialmente.
No me gusta el sistema de renta atribuida. Lo estimo excesivamente complejo. Lo encuentro dudoso, ficticio. Pero las concesiones recíprocas se traducen en que podamos contemplarlo, con todas las modificaciones aquí introducidas, permitiéndose el modelo alternativo de renta semiintegrada, o parcialmente integrada, o como queramos llamarlo.
Pero ello es parte de un acuerdo. Supone dichas concesiones. Y en el Protocolo bien vale hacerlas en la medida en que no nos distancien del objetivo perseguido.
Quisiera corroborar lo manifestado por mi Honorable colega Pizarro, porque creo que la Cámara de Diputados ha cumplido un rol muy importante.
Seamos claros. Antes del 21 de mayo, en la Nueva Mayoría, elegida para gobernar, tomamos una decisión: en la otra rama del Congreso había que dar una doble señal política.
Primero, somos mayoría. El 62 por ciento de la gente votó por un proyecto, por un compromiso con la ciudadanía.
Y segundo, tenemos voluntad de cambio. ¡Qué duda cabe de ello! Esa señal se dio, y fue potente y nítida en dicha Corporación.
Pienso que eso facilitó el acuerdo al que se llegó acá. Los propios parlamentarios de Oposición lo han dicho con mucha claridad. "Ya que tienen los votos y aunque es un mal proyecto," -han expresado varios- "preferimos concurrir a hacerlo menos malo". Sean cuales hayan sido las razones, me parece que sin la señal potente -repito- en la otra rama del Congreso difícilmente se habría logrado el acuerdo en el Senado, cámara revisora que en un sistema bicameral tiene una función que cumplir.
No hay menoscabo para los Diputados. Por supuesto, también enaltece a la institución parlamentaria, en general, el que seamos capaces de llegar a un acuerdo, en este caso en el Senado. Otros se conseguirán en la Cámara.
Es una buena noticia para el país. Mucha gente a lo mejor no sabe de las doscientas y tantas páginas del proyecto, pero al ver la foto entenderá que es algo positivo para Chile.
El Partido Demócrata Cristiano, al que he tenido el honor de presidir durante cuatro años, llegó hace dos meses a un acuerdo unánime en su Consejo Nacional, ratificado dos semanas atrás por otro en la Junta Nacional.
¿Cuál fue? El apoyo al proyecto que nos ocupa, primero, en cuanto a sus finalidades:
-Recaudación de 8 mil 200 millones de dólares -ahora son 8 mil 300 millones, si todo va bien-, equivalentes a 3,02 por ciento del producto interno bruto.
-La justicia tributaria, esto es, que paguen los que tienen más, vía el impuesto a la renta -solo el 22 por ciento de los chilenos lo hace, no así el 78 por ciento restante-, que es directo.
-El combate a la evasión y la elusión.
-El incentivo al ahorro y la inversión -muy importante-, que es uno de los grandes aspectos de inflexión entre el proyecto primitivo y el segundo.
Y agregamos otro punto, en el sentido de que tales medidas no afecten a las pymes, ni a la clase media, ni al ahorro, ni al contribuyente común y corriente, frente a lo que observábamos como poderes excesivamente discrecionales del Servicio de Impuestos Internos.
Estamos logrando los dos objetivos.
¿Qué falta ahora en el escenario -iba a decir "postransición", ya que también hay una transición- posreforma tributaria? Es preciso enfatizar, con mucha fuerza, una agenda pro crecimiento.
Así, con todas sus letras. La desaceleración, las cifras que estamos conociendo, las perspectivas para el año en curso, hacen imperativo concordar, con el liderazgo del Gobierno y de la Presidenta Bachelet y el concurso de todos, una agenda de esa índole. No hay equidad sin crecimiento.
El 80 por ciento de la disminución de la pobreza en los últimos 24 años se debe al crecimiento económico, según diversos estudios. Algunos hablan de 70 por ciento; otros, de 90. Promedio: 80 por ciento.
Finalmente, quiero felicitar, por supuesto, el liderazgo de la Primera Mandataria, porque la elegimos para que sea posible financiar lo que en la Democracia Cristiana llamamos, hace tres años, "agenda social contra la desigualdad y el abuso". A gastos permanentes, ingresos permanentes, porque somos un país responsable, con un Gobierno responsable y una Oposición que también ha actuado con responsabilidad.
Asimismo, le brindo un reconocimiento al liderazgo del Ministerio de Hacienda, encabezado por el Ministro y el Subsecretario, con el respaldo de todo su equipo, porque han trabajado muy bien.
Para ello recibieron el gran apoyo de la Secretaría de la Comisión de Hacienda, de la cual no formo parte, pero que obviamente contribuyó a hacerlo posible.
Por lo tanto, sin demasiadas explicaciones, sin complejos, con mucha decisión, con convicción, con alegría, concurrimos, como Democracia Cristiana, a aprobar el proyecto de reforma tributaria.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Solo restan tres minutos para el término de la sesión. No vale la pena continuar. En la Mesa se encuentra la lista de todos los Senadores inscritos.
El señor NAVARRO.- ¿No se puede abrir la votación?
La señora ALLENDE (Presidenta).- No, Su Señoría. El acuerdo que los Comités tomaron en la mañana fue el de que se comenzara a votar después de que hubiesen intervenido todos los inscritos, lo que estimamos que perfectamente puede ocurrir en la tarde.
--Se levantó a las 13:56.