Source: http://latogacastrense.blogspot.com/2017/10/cuando-como-y-que-medidas-articulo-155.html
Timestamp: 2019-09-22 08:09:58
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La toga castrense: Cuando, cómo y qué medidas (artículo 155 CE).
Cuando, cómo y qué medidas (artículo 155 CE).
El post casi es de urgencia y lo escribo, casi a vuela pluma, la mañana del miércoles 18 de octubre, veinticuatro horas antes que termine el segundo plazo del requerimiento formulado por el Gobierno de España al de la Generalitat de Cataluña.
Reconozco que el asunto es de una enorme envergadura, pero no quiero sino reflejar y contestar de la manera más sencilla posible al “cuando”, “como” y “contenido” de la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución (CE) al asunto catalán y su repercusión en nuestras Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
Tengo el convencimiento que la cuestión no es ajena a nuestras Fuerzas Armadas y Guardia Civil con guarnición en Cataluña, compañeros todos ellos por los que tengo un enorme respeto y admiración, ante los difíciles momentos y enorme presión a la que están sometidos en el desempeño de sus cometidos y, más aún, en su vida cotidiana personal y familiar. Desde aquí un fuerte abrazo y toda mi solidaridad.
Pero vamos al terreno jurídico.
Dije en un post anterior que la tramitación parlamentaria del el artículo 155 de la CE, puede no ser un camino de rosas pese a la mayoría absoluta que dispone el partido popular en el Senado. Advierto desde ahora que en toda la actividad formal que suceda a partir del jueves la pieza clave es el Reglamento del Senado, fundamentalmente el artículo 189, salvo su reforma o derogación exprés conforme al 196 del mismo Reglamento, lo que sería ahora una auténtica chapuza (no así hace meses ante la convocatoria del referéndum).
1º. Presentación ante el Presidente del Senado de un escrito con el contenido y alcance de las medidas propuestas y la justificación de haberse hecho el requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la de su incumplimiento.
Es decir, desde el principio el Gobierno ha de expresar las medidas que pretende implementar y justificar tanto la existencia del requerimiento como su incumplimiento.
2º. La Mesa del Senado remitirá el escrito y su documentación aneja a la Comisión de las Comunidades Autónomas (CCCAA), o procederá a constituir una Comisión Conjunta conforme al artículo 58 del Reglamento.
A mi juicio esta última posibilidad esta absolutamente descartada, pues el artículo 58 se refiere al caso que dos o más comisiones fuesen competentes por razón de la materia a tratar, lo que nos lleva directamente a la (CCCAA).
3º. Una vez el asunto pase a la (CCCAA), el Presidente de ésta, a través del Presidente del Senado, requerirá al Presidente de la Generalitat para que en el plazo que se determine remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos.
Como han puesto de manifiesto muchos constitucionalistas, la CCCAA podrá encargar o realizar encuestas o estudios para conocer mejor el tema; recabar, a través del Presidente del Senado, la información y ayuda que necesite del Gobierno y sus Departamentos, así como de las Comunidades Autónomas o de cualquier autoridad del Estado; podrá solicitar la documentación conveniente cuando lo solicite un tercio de los miembros de la Comisión; podrá solicitar asimismo la presencia de otras personas para su información en cuestiones de su competencia.
4º. Cumplidos estos trámites y debates, la CCCAA formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionantes o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas.
5º. El Pleno de la Cámara someterá a debate dicha propuesta, con dos turnos a favor y dos en contra, de veinte minutos cada uno, y las intervenciones de los Portavoces de los Grupos parlamentarios que lo soliciten, por el mismo tiempo. Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de la mayoría absoluta de Senadores.
La pregunta clave, después de todo lo dicho es ¿En cuanto tiempo estará aprobada la aplicación del artículo 155 CE, con todas sus medidas? ¿Antes de dos semanas?
Pese a la mayoría absoluta del Partido Popular, que cuenta con el apoyo además de socialistas y ciudadanos, el camino puede ser azaroso. En cualquier caso, desaprovechada la oportunidad de aplicar el artículo 155 ante la ilegal convocatoria del simulacro de referéndum del día 1 de octubre, igual nos da dos que tres semanas.
La más difícil de responder es la pregunta sobre el contenido de las medidas a adoptar. Aquí caben todas las hipótesis y me he permitido seleccionar tres interesantes y relevantes opiniones.
Decía David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad “Rey Juan Carlos”, en un artículo publicado por “El Mundo” el pasado día 3 de octubre, que la proporcionalidad y la prudencia debían guiar al Gobierno de España, y la única medida sensata para traer sosiego al pueblo catalán y a España es que hablasen las urnas. Pero no como ha sucedido de forma tan lamentable y patética el pasado día uno de octubre, donde todo había sido un esperpento.
A su juicio, el Gobierno de España tendría que disolver al Gobierno y al Parlamento rebeldes al marco de convivencia de 1978 y convocar unas elecciones autonómicas para que el pueblo catalán elija un nuevo parlamento y gobierno dentro del marco de la Constitución de 1978, pues eso es lo que está en juego: el régimen político de 1978, y esto lo deben tener claro los catalanes.
Ignacio Gomá y Elisa de la Nuez, en el blog “Hay Derecho”, en el post “La caja de herramientas del art. 155 de la Constitución: hagamos buen uso”, del 17 de octubre, van más allá y matizan la propuesta de éste:
Se preguntan ¿tendría sentido aplicar el 155 sencillamente para convocar inmediatamente unas nuevas elecciones?
A lo que responden que les parece que hace falta hacer bastantes más cosas. La que parece más urgente es la de restaurar el Estado de Derecho en Cataluña, enviado al limbo por sus representantes o para ser más exacto por parte de ellos desde los días 6 y 7 de septiembre y después del 1-O.
Afirmaban que la incertidumbre e inseguridad que esta situación entraña ya se está cobrando un precio enorme en términos económicos y probablemente también en términos personales y profesionales y no puede seguir mucho tiempo. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a saber a qué atenerse y cual es la regulación vigente que no puede ser otra que la Constitución y el Estatuto mientras no se reformen por las vías legalmente establecidas.
Para esta tarea hay muchas herramientas en la caja del 155. Corresponde a los políticos decidir cuales son las más convenientes.
Pero hay que ser conscientes de que los actuales miembros del Govern empezando por su Presidente son los responsables de haber llegado a esta situación y por tanto no pueden permanecer en sus puestos. Habrá que sustituirles por otras personas -vía suspensión de sus cargos- que serán las que estén llamadas a adoptar las decisiones correspondientes dentro del marco que le fije el Senado si finalmente se activa este artículo.
Un Gobierno de estas características tiene por su propia naturaleza que ser provisional y tener como única finalidad recuperar el Estado de Derecho para que puedan celebrarse unas elecciones en un plazo breve de tiempo y de acuerdo con las reglas del juego constitucionales. Creemos también que pensar que estas elecciones serán un elixir mágico es un tanto ingenuo, pero en todo caso servirían para clarificar el panorama político dado que los ciudadanos ya conocerían el coste de transitar por atajos en términos de suspensión de la autonomía, fuga de empresas y ruptura de la convivencia cívica. Puede que haya catalanes que sigan apostando por ello, pero quizás haya también otros catalanes que prefieran un camino con señales de tráfico y con alumbrado aunque los dos grupos quieran ir al mismo sitio.
Finalmente añadían una razonable conclusión:
Y esto es quizás lo más importante: los ciudadanos tienen que saber que va a haber más alternativas políticas que las aventuras secesionistas y el inmovilismo constitucional. Entre esos dos extremos hay un amplísimo espacio político en el que jugar. Pero antes de salir al terreno de juego conviene restablecer las reglas que van a permitirnos jugar como ciudadanos de un Estado democrático de Derecho.
Javier García Fernández, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, en otro artículo publicado el mismo día en el diario “El País”, decía sobre el artículo 155 CE que estaba pensado para crisis territoriales de alcance más limitado (y para eso habría servido si Rajoy lo hubiera aplicado el mes de junio), con la independencia declarada se convierte, sin ser ese su fin primordial, en un instrumento de excepcional valor para hacer frente a la crisis constitucional que esa declaración comporta.
Aparte de romper la indisoluble unidad de la nación (artículo 2 de la Constitución), la declaración de independencia tiene un efecto jurídico ulterior pero relevante, que es el de provocar un vacío institucional en Cataluña, al arrebatarle su Gobierno y su Parlamento que, tras la declaración, ya no pueden ser órganos estatutarios. Al proclamar la independencia, Parlamento y Gobierno han salido de la organización institucional autonómica y Cataluña se ha quedado en el vacío jurídico, sin sus órganos estatutarios.
Ese es el fin de la aplicación del artículo 155, que Cataluña, en un plazo razonable, recobre las instituciones políticas que su Parlamento y su Gobierno le han arrebatado.
Con ese fin, ya no es necesario que el Estado avoque muchas competencias estatutarias como hubiera sido preciso para impedir el referéndum. En puridad, el Senado sólo tendría que autorizar la avocación en favor del Gobierno de la Nación de la competencia sobre instituciones de autogobierno, competencia que está prevista en la Constitución y que el vigente Estatuto ha diluido en varias competencias y potestades.
Con esta competencia constitucional avocada por el Gobierno, éste podrá formalizar (porque se ha producido previamente) la inhabilitación del Gobierno y la disolución del Parlamento (que con la declaración ya han salido del ordenamiento), nombrar un Gobierno en funciones y, cuando se considere oportuno, convocar elecciones al Parlamento. Un Gobierno en funciones plural, que represente a todas las sensibilidades catalanistas y no catalanistas, salvo quienes han propiciado el autogolpe.
Finalmente, sólo me resta significar que mientras todo esto acontezca, nuestra Guardia Civil y FFAA estarán a las órdenes del Gobierno de la nación española, en cumplimiento de las misiones que la Constitución y las leyes les encomiendan.
Publicado por scasagu en 13:00
Etiquetas: art. 155 Constitución, Constitución