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Timestamp: 2019-10-18 23:21:18
Document Index: 355015033

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 12']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2002-12507
Documento consolidado BOE-A-2002-12507
«BOC» núm. 77, de 07/06/2002, «BOE» núm. 152, de 26/06/2002.
BOE-A-2002-12507
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2002/06/03/5/con
Texto inicial publicado el 07/06/2002
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.
La Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, que desarrolló el que fuera artículo 43 del Estatuto de Autonomía —hoy artículo 44—, describió en su preámbulo al Consejo en la doble vertiente de órgano de dimensión reflexiva y racionalizadora dirigido a velar por la correcta interpretación del bloque constitucional en su aplicación a Canarias —la adecuación al Estatuto de Autonomía de los proyectos y proposiciones de Ley, en la dicción del antiguo precepto estatutario—, y en su otra vertiente de institución de apoyo al quehacer administrativo ordinario que habría de desarrollarse mediante juicios técnicos en los temas sometidos a consulta, señalándose que el alejamiento de la perspectiva de la línea ejecutiva reportaría la ventaja de la aprehensión de los problemas suscitados con una mayor profundidad que habría de facilitar el desapasionamiento de la gestión diaria.
La sentencia 204/1992, de 26 de noviembre, del Tribunal Constitucional, despejó desde el primer momento la incertidumbre de la superposición de órganos de consulta (Consejo de Estado y órganos similares de las Comunidades Autónomas), sentando la doctrina del reconocimiento de la competencia de las Comunidades Autónomas para la creación, en virtud de sus potestades de autoorganización, de órganos consultivos propios semejantes al Consejo de Estado, estableciendo al propio tiempo la constitucionalidad de la sustitución de los informes preceptivos de éste por los del correspondiente órgano superior consultivo autonómico.
Por otra parte, el legislador estatal, en coherencia con tal doctrina, ha tenido en cuenta que son numerosas las Comunidades Autónomas que han optado por dotarse de órganos consultivos, reflejando en sucesivos textos legales supuestos de consulta a éstos ; así, por ejemplo, las Leyes 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La reforma del Estatuto de Autonomía de 1996 dio nueva redacción al precepto referido al Consejo Consultivo —artículo 44, señalado anteriormente—, y depuró su formulación sin mayores innovaciones, que se redujeron a precisar el carácter supremo del órgano consultivo en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a introducir la referencia a la Constitución como parámetro de las iniciativas legislativas, y a asegurar la imparcialidad y la independencia del Consejo, lo que ya se había materializado en la Ley 4/1984.
El Consejo Consultivo, de cinco miembros pasa a estar integrado por siete, manteniendo la proporción en las propuestas de nombramiento que hayan de hacer el Parlamento —cuatro— y el Gobierno —tres—, y se refuerza aún más el quórum de mayoría para la formación de la propuesta parlamentaria de Consejeros, que pasa de las tres quintas partes de los miembros de la Cámara a la de las dos terceras partes.
El conjunto de supuestos en los que habrá de dictaminar el Consejo con carácter preceptivo ha quedado sensiblemente ampliado, de modo que, por una parte, va a requerirse la intervención previa del Consejo en todas las iniciativas legislativas —excepción hecha de los proyectos de Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma—, y no ya tan sólo en algunas de ellas en razón de materias determinadas. De otra parte, la incorporación de un apartado sobre consulta preceptiva en materia de legalidad de la actuación de las diversas Administraciones Públicas canarias, comporta un incremento notable del papel del Consejo.
Novedoso ha sido también, junto a la posibilidad de solicitar con carácter facultativo el parecer del Consejo, propiciar que en el curso del procedimiento legislativo en la Cámara, pueda recabarse dicho parecer sobre los informes de las ponencias cuyos textos articulados hayan producido modificaciones en el texto inicial.
En cuanto al modo de funcionar el órgano, se produce otra significativa innovación, al crearse las Secciones como alternativa al Pleno para resolver en determinado tipo de asuntos y las figuras de los Secretarios —de Pleno y de Sección— y de los Presidentes de las Secciones, al tiempo que se transforma el cargo de Letrado-Secretario general en Letrado Mayor, con funciones de asistencia y dirección de los servicios del Consejo.
1. El Consejo Consultivo de Canarias está integrado por siete consejeros o consejeras nombrados por la persona titular de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuatro a propuesta del Parlamento, por mayoría de tres quintos de sus miembros, y tres a propuesta del Gobierno, en ambos casos elegidos entre juristas de reconocida competencia y prestigio y con más de diez años de ejercicio profesional.
4. En la elección de sus miembros se garantizará una composición equilibrada de mujeres y hombres, de modo que la proporción de unas y otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico y, en todo caso, que en el conjunto del órgano las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean inferiores al cuarenta por ciento.
En el procedimiento para la designación o elección de sus miembros se garantizará que el Gobierno y cada uno de los grupos parlamentarios a los que corresponda la propuesta faciliten la composición de género que permita la representación equilibrada.
Se modifica el apartado 1 y se añade el 4 por los arts. 6 y 7 de la Ley 7/2019, de 9 de abril. Ref. BOE-A-2019-6775
Se modifican los apartados 1 y 3 por el art. único de la Ley 3/2012, de 17 de mayo. Ref. BOE-A-2012-7258.
Modificación publicada el 22/05/2012, en vigor a partir del 23/05/2012.
Texto original, publicado el 07/06/2002, en vigor a partir del 08/06/2002.
2. Si no se alcanzase la mayoría absoluta en una primera votación se procederá de inmediato a una nueva, resultando elegido quien obtuviera mayor número de votos. En caso de empate, se procederá seguidamente a una nueva votación y, de repetirse, será designado el de mayor edad.
A) De competencia del Parlamento.
B) De competencia del Gobierno.
C) Actuaciones ante el Tribunal Constitucional.
D) De legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas canarias.
e) Reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad administrativa patrimonial cuya cuantía sea igual o superior a 6.000 €.
3. Las disposiciones reglamentarias y resoluciones administrativas sobre asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen o se apartan de él.
En el primer caso, se usará la formula «de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias» ; en el segundo, la de «visto el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias».
Se modifica la letra e) del apartado 1 D) por el art. único de la Ley 5/2011, de 17 de marzo. Ref. BOE-A-2011-6242.
Última actualización, publicada el 28/03/2011, en vigor a partir del 29/03/2011.
1. El dictamen sobre los asuntos de los apartados A), B), y C) del apartado 1 del artículo anterior será recabado, según los casos, por el Presidente del Parlamento o del Gobierno. Excepcionalmente, por razones de urgencia, la solicitud de dictamen relativa a los proyectos de Decreto podrá efectuarla el Presidente del Gobierno sin requerir la toma en consideración previa por el Gobierno.
2. Si el Gobierno, un grupo parlamentario o la quinta parte de los Diputados denunciaran la omisión del preceptivo dictamen del Consejo en los supuestos previstos en el artículo 11, A) y B) a), tal dictamen deberá ser recabado por el Presidente del Parlamento.
3. El dictamen sobre los asuntos comprendidos en el apartado D) del artículo 11 será recabado, según los casos, por el Consejero competente, el Presidente del Cabildo, el Alcalde o el Rector de la Universidad.
4. Cuando el dictamen verse sobre lo previsto en el apartado 1.B), c) del artículo 11, y el Gobierno hubiera ya acordado con la Administración del Estado una modificación legal, aún no promulgada, que afecte estos reglamentos, se podrá solicitar por el propio Gobierno dictamen sobre las modificaciones reglamentarias a introducir. En este caso, la efectividad del dictamen quedará condicionada a la entrada en vigor de aquella modificación legal proyectada.
1. Los acuerdos se adoptarán en el Pleno por mayoría absoluta de los miembros que lo componen y, en caso de empate, decidirá quien lo presida con su voto de calidad. Los de las Secciones deberán adoptarse por unanimidad de sus componentes ; en otro caso, la consulta se someterá al Pleno para su resolución.
1. El Consejo Consultivo aprobará su relación de puestos de trabajo en el marco de las previsiones presupuestarias para personal, publicándose en el «Boletín Oficial de Canarias».
Lo dispuesto en el artículo 12.2 no será de aplicación a los proyectos o proposiciones de Ley que se encuentran en tramitación en el Parlamento a la entrada en vigor de la presente Ley, salvo en los supuestos de preceptividad de dictamen, según la Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo.
[Bloque 42: #firma-2]
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de junio de 2002.