Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653722
Timestamp: 2019-08-24 00:56:41
Document Index: 291961172

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 153', 'artículo 127', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 229', 'artículo 237', 'Artículo 229', 'Artículo 230', 'Artículo 231', 'artículo 236', 'Artículo 232', 'Artículo 233', 'Artículo 234', 'Artículo 235', 'Artículo 236']

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CON VENEZUELA
MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CON BRASIL
PROTOCOLO FACULTATIVO DE CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A PARTICIPACIÓN EN CONFLICTOS ARMADOS
ENMIENDA A LEY DE NAVEGACIÓN EN CUANTO A TRIBUNALES COMPETENTES EN CAUSAS POR CONTAMINACIÓN
VOTACIÓN DE CHILE EN CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS.
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO E IRREGULARIDADES EN SECTOR PÚBLICO
EFECTOS DE ORDEN DE NO PAGO DE DOCUMENTOS FINANCIEROS SUSTRAÍDOS DE CORFO. OFICIOS
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES CANTERO, FERNÁNDEZ, NARANJO, SILVA Y VALDÉS, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA CORPORACIÓN CON EL OBJETO DE CREAR EN EL SENADO UNA COMISIÓN DE ÉTICA (S 660-09)
Sesión 31ª, en martes 11 de marzo de 2003
(De 16:27 a 17:51)
Acuerdos de Comités.................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre Chile y Venezuela (3030-10) (se aprueba en general y particular)..........
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre Chile y Brasil (3035-10) (se aprueba en general y particular)..................................................................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Protocolo Facultativo de Convención sobre Derechos del Niño Relativo a Participación de Niños en Conflictos Armados (3071-10) (se aprueba en general en particular)......................
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el DL. Nº 2.222, de 1978, Ley de Navegación, respecto de tribunales competentes para conocer de causas por contaminación ((2928-12) (se aprueba en general y particular)................................
Votación de Chile en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (observaciones del señor Viera-Gallo).......................................................................................................
Modernización del Estado e irregularidades en Sector Público (observaciones del señor Silva).................................................................................................................
Efectos de orden de no pago de documentos financieros sustraídos de CORFO. Oficios (observaciones del señor Larraín)...................................................................
Concurrió, además, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , y Bienes Nacionales
--Se abrió la sesión a las 16:27, en presencia de 19 señores Senadores.
Las actas de las sesiones 28ª, ordinaria, en 4 de marzo; 29ª, especial, y 30ª, ordinaria, ambas en 5 de marzo, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
De Su Excelencia el Presidente de la República , por medio del cual retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", al proyecto de ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. (Boletín Nº 2.944-03).
Con los dos primeros comunica que ha otorgado su aprobación a los siguientes proyectos de acuerdo:
1.- El que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, relativo a servicios aéreos entre sus respectivos territorios" y su Anexo, suscritos en Luxemburgo, el 25 de febrero de 2002. (Boletín Nº 3.166-10), y
2.- El que aprueba el "Protocolo del Acuerdo Multilateral sobre Liberalización del Transporte Aéreo Internacional", adoptado en Washington, el 1º de mayo de 2001. (Boletín N 3.162-10).
Con el tercero comunica que otorgó su aprobación al proyecto de ley sobre el procedimiento para otorgar la posesión efectiva de la herencia en la forma que indica, y adecua la normativa procesal, civil y tributaria sobre la materia, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2.886-07).
Con el último hace presente que ha aprobado, con las modificaciones que indica, el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señores Bombal, Ruiz-Esquide, Silva y Viera-Gallo, que modifica la ley Nº 19.284, con el objeto de regular el uso de perros guías, de señal o de servicio por parte de las personas con discapacidad. (Boletín Nº 2.595-11).
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada en el control de la constitucionalidad del proyecto de ley sobre financiamiento urbano compartido. (Boletín Nº 2.651-14).
--Se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia el Presidente de la República.
Cinco del señor Ministro del Interior:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Coloma, referido a la competitividad regional;
Con los dos siguientes contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath: uno, relacionado con los costos del servicio de electricidad en el sector sur de la Undécima Región, y, otro, sobre sedimentos en el río Simpson derivados de deshielos;
Con el cuarto da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, referido a la permanencia de la oficina de Correos de Chile en la comuna de Puchuncaví, y
Con el último responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo a los proyectos aprobados que recibieron recursos del Fondo Social Presidente de la República.
Uno del señor Ministro de Hacienda y otro del señor Ministro de Justicia , por medio de los cuales responden dos oficios enviados en nombre del Senador señor Naranjo, referidos a recomendaciones efectuadas por Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados en relación con la ex Colonia Dignidad, en las materias que señalan.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con el Fondo de Administración Pesquero.
De la señora Ministra de Educación, con el que responde un oficio del Senado, referido al reconocimiento del destacado pintor y Premio Nacional de Arte Roberto Matta Echaurren.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, por el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar, don Andrés, concerniente a una presentación suscrita por vecinos de la comuna de Recoleta.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las conclusiones preliminares de un seminario taller organizado por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.
Del señor Director Nacional de Vialidad subrogante, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Horvath y Romero, referido al proyecto de instalación de un aeropuerto en un sector agrícola de Buin.
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, por el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre extracción de arena en el sector norte del balneario de Cartagena.
Del señor Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, mediante el cual adjunta el texto de los acuerdos adoptados por los representantes de los organismos electorales participantes en la X Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur.
Del señor Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar, don Andrés, referido a una presentación suscrita por vecinos de la comuna de Recoleta.
Del señor Subgerente de Recursos y Extensión del BancoEstado, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, en relación con la instalación de un cajero automático en la comuna de San Francisco de Mostazal.
De la señora Ministra de Defensa Nacional, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, sobre diversos aspectos relacionados con inscripción y permisos de porte de armas de integrantes de la ex Colonia Dignidad.
De la Comisión Mixta, constituida de conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, por el cual propone la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley que moderniza la normativa reguladora de los arrendamientos de predios urbanos, iniciado en moción del Senador señor Ríos (Boletín Nº 2.625-07).
De la Comisión de Defensa Nacional, mediante la cual informa que ha procedido a elegir como su Presidente al Senador señor Flores.
Del Senador señor Moreno, por medio de la cual señala que, a contar de esta fecha, los representantes del Comité Demócrata Cristiano son los Senadores señora Frei y señor Lavandero.
De los Senadores señores Cantero, Fernández, Naranjo, Silva y Valdés, por la que inician un proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento de la Corporación con el objeto de crear en el Senado una Comisión de Ética (Boletín Nº S 660-09).
Sobre el particular, hacen presente que la modificación propuesta constituye el resultado de la labor realizada por la Comisión Especial encargada de estudiar un Código de Conducta Parlamentaria, motivo por el cual solicitan que el proyecto sea eximido del trámite de primer informe de Comisión.
--Se accede a lo solicitado y el proyecto queda para tabla.
La unanimidad de los Comités, en sesión de hoy, resolvieron:
1.- Tratar, como si fueran de Fácil Despacho, los asuntos signados con los números 2, 3 y 4 del Orden del Día de la presente sesión (esto es, los siguientes proyectos de acuerdo: el que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre Chile y Venezuela; el que aprueba el Acuerdo Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre Chile y Brasil, y el que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados).
2.- Abrir nuevo plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 17 de marzo, a las 12, en la Secretaría de las respectivas Comisiones, a los siguientes proyectos de ley: 1) El relativo a bases de contratos administrativos de suministros, y 2) El que modifica la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres.
3.- Sacar de la tabla de esta sesión el proyecto signado con el número 1 -es decir, el que establece normas sobre arriendo de viviendas con promesa de compraventa-, y abrir nuevo plazo para la formulación de indicaciones, también hasta las 12 del lunes próximo, 17 del actual, en la Secretaría de la Comisión.
4.- Tratar en Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana la petición de Su Excelencia el Presidente de la República para enviar tropas al extranjero, con informe de la Comisión de Defensa.
5.- Facultar al señor Presidente del Senado para suprimir la semana regional de marzo, de modo tal de facilitar la participación de los señores Senadores en la XVIII Conferencia Interparlamentaria Mundial, que se llevará a efecto en Chile la segunda semana de abril.
6.- Pronunciarse en la sesión de mañana sobre la posible renuncia del señor Vicepresidente del Senado , procediendo a elegir de inmediato a quien lo reemplazará.
Se encuentra en las tribunas un grupo de deportistas chilenos y extranjeros que representan a la Asociación de Amigos del Huemul, que han viajado casi 2 mil kilómetros, desde la Región de Aisén hasta la sede del Congreso, a quienes queremos saludar, junto con valorar su esfuerzo.
A las palabras de Su Señoría, quiero agregar que esos jóvenes están empeñados en la campaña "Salvemos al Huemul", animal que figura en nuestro escudo nacional y que se halla en franco peligro de extinción.
Con su actividad han logrado sensibilizar a todas las regiones de Chile. Han hecho el esfuerzo de llegar hasta la sede del Congreso Nacional para hacer entrega de los antecedentes relacionados con la iniciativa tendiente a declarar monumento natural al huemul chileno.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la aprobación del Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Santiago el 20 de agosto del año 2001.
Relaciones Exteriores, sesión 30ª, en 5 de marzo de 2003.
El Convenio tiene como objetivo permitir a los nacionales de los Estados Contratantes beneficiarse de las cotizaciones efectuadas por ellos en ambos países, manteniendo así continuidad en su historia previsional.
La iniciativa se encuentra informada por la Comisión de Relaciones Exteriores, la que, junto con reseñar los antecedentes tenidos en cuenta para el estudio del instrumento internacional, propone a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, Martínez, Pizarro y Valdés, aprobarla en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe hacer presente que el proyecto en discusión es de quórum calificado, en atención a que el Convenio contiene normas que inciden en el ejercicio del derecho a la seguridad social. Necesita, en consecuencia, el voto conforme de 25 señores Senadores.
Finalmente, debe señalarse que, por ser un proyecto de artículo único, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, la Comisión propone discutirlo en general y en particular a la vez.
Señor Presidente , este proyecto sigue las mismas normas de varios otros aprobados por el Congreso y que corresponden a un proceso en desarrollo en cuanto a que los trabajadores pasan de un país a otro, dentro del concepto de globalización.
La iniciativa pretende garantizarles la mantención de su previsión en el país de origen y acumular los beneficios que reciban en la nación donde van a trabajar. Por lo tanto, se totalizan los reconocimientos en uno y otro país y las personas adquieren simultáneamente beneficios previsionales en cada uno de ellos.
Cabe precisar que el procedimiento no representa gastos para los Estados contratantes, y que a los chilenos les conviene, porque al abandonar el territorio nacional mantienen su previsión, que se acumula a la que obtengan donde van a laborar, en este caso Venezuela.
En consecuencia, la Comisión sostuvo que la inicitiva es muy beneficiosa para la movilidad de los trabajadores chilenos.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que concurrieron con su voto favorable 34 señores Senadores.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Acuerdo Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil, suscrito el 20 de marzo de 2002.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3035-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El Acuerdo Modificatorio tiene como objetivo principal establecer un estatuto jurídico y administrativo en materia de seguridad social que regule y mejore la situación de los trabajadores migrantes tanto de Chile como de Brasil.
La iniciativa cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, la que la aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, Martínez, Pizarro y Valdés, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Debe hacerse presente que el instrumento internacional en discusión requiere quórum calificado para su aprobación, esto es, el voto conforme de 25 señores Senadores, por contener normas que inciden en el ejercicio del derecho a la seguridad social.
Finalmente, cabe señalar que, por tratarse de un proyecto de artículo único, y conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, la Comisión propone discutirlo en general y en particular a la vez.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 31 señores Senadores.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y suscrito por Chile el 15 de noviembre de 2001.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3071-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El instrumento internacional en análisis tiene como objetivo principal elevar a 18 años la edad mínima para el reclutamiento obligatorio y voluntario y para la participación en hostilidades.
El proyecto de acuerdo se encuentra informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, la que le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Ávila, Cariola, Martínez y Valdés, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe señalar que, por tratarse de un proyecto de artículo único, de acuerdo con lo previsto por el artículo 127 del Reglamento del Senado, la Comisión sugiere discutirlo en general y en particular, a la vez.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo, por unanimidad.
Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, sobre modificación del decreto ley Nº 2.222, de 1978, Ley de Navegación, respecto de los tribunales competentes para conocer de las causas por contaminación, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2928-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (Moción de los señores Horvath y Prokurica).
En primer trámite, sesión 13ª, en 8 de mayo de 2002.
Medio Ambiente y B. Nacionales, sesión 30ª, en 5 de marzo de 2003.
Esta iniciativa tuvo su origen en una moción de los Honorables señores Antonio Horvath y Baldo Prokurica.
La Comisión deja constancia de haberlo discutido en general y particular, por tratarse de un proyecto de artículo único, según lo disponen los artículos 127 y 36, inciso séptimo, del Reglamento del Senado.
El objetivo principal de la iniciativa es facilitar el acceso a la justicia para los afectados por siniestros que causen derrames o contaminación a que se refiere el artículo 153 de la Ley de Navegación.
El proyecto fue aprobado en general por tres votos a favor, de los Senadores señores Horvath, Stange y Viera-Gallo, y uno en contra, del Honorable señor Vega.
En cuanto a la discusión en particular, la Comisión efectuó enmiendas de redacción al texto de la iniciativa, las que fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables señores Horvath, Stange, Vega y Viera-Gallo.
Corresponde señalar que la iniciativa, de artículo único, debe ser aprobada con quórum de ley orgánica constitucional, esto es, con el voto conforme de 27 señores Senadores.
Finalmente, cabe hacer presente que la Comisión sugiere al señor Presidente que el proyecto sea discutido en general y particular a la vez, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
Señor Presidente , señores Senadores, la iniciativa tiene como principal objetivo la regionalización de los procedimientos de justicia. Si se produce un hecho que causa contaminación en el mar o en las aguas interiores, lo lógico, a juicio de los autores de la moción, sería que fuera visto, en primera instancia, por los tribunales que tienen jurisdicción en la región donde sucedió el acontecimiento y no, como hasta la fecha ocurre, por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sin embargo, esta última, por su especialización, se mantendría como segunda instancia.
Estar más en contacto con la región afectada facilita el procedimiento desde el punto de vista económico y de la acción de la justicia.
Casos como éstos, afortunadamente, han ocurrido muy pocos en el país. Como consta en el informe que Sus Señorías tienen a la vista, en las últimas décadas se han producido sólo cuatro accidentes. Pero uno bastaría para afectar ahora, y tal vez para siempre, los potenciales de una región. Como ejemplo señalo el derrame del buque tanque "Prestige" en las costas de España, cuya repetición, obviamente, no queremos.
Con esta finalidad, la Comisión conoció los antecedentes proporcionados por las autoridades de la Subsecretaría de Marina, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, y también por la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales acordó, con la votación que Sus Señorías conocen, que la primera instancia estuviera radicada en un ministro de la Corte de Apelaciones de la región respectiva y la segunda, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde históricamente ha estado.
La Corte Suprema, no por un caso especial sino por una situación general, objeta, como política, entregar nuevas facultades a los ministros de cortes de apelaciones, debido a un asunto presupuestario. Pero, considerando la cantidad de causas de este tipo y el hecho de que los costos de todas maneras los debe asumir la Corte de Apelaciones de Valparaíso, debe procederse en forma regionalizada. Por ello, no vemos mayor problema en este sentido.
Por último, si hubiera antecedentes a futuro, se vería en el proyecto de ley de Presupuestos respectivo.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente, y sugiero a la Sala aprobar el proyecto.
Señor Presidente , respaldo lo dicho por el señor Presidente de la Comisión , Senador señor Horvath , pues lo que se busca con esta iniciativa, originada en moción suscrita por él y el Senador señor Prokurica , es descentralizar una función jurisdiccional que estaba radicada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El argumento en contra era que allí existía la capacidad, la experticia, la competencia para conocer las causas relativas a problemas marítimos. Pero no cabe duda de que, con la Escuela Judicial y el avance de las tecnologías, cualquier ministro de corte del país está en condiciones de hacerse cargo de esa clase de problemas judiciales, que pueden ser de gran envergadura, lo que ha sucedido muy de vez en cuando en la historia de la justicia chilena.
En consecuencia, la Comisión aprobó unánimemente el proyecto por estimarlo muy positivo. Incluso, la Corte Suprema se manifestó a favor.
Terminada la discusión.
--Se aprueba en general y particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum requerido, de que se pronunciaron favorablemente 35 señores Senadores.
Al señor Presidente del Comité Olímpico de Chile , acerca de APOYO PARA VIAJE A MADRID DE ATLETA ELIANA VÁSQUEZ Y ENTRENADOR JORGE CARRASCO.
De señor LARRAÍN:
A los señores Ministros del Interior y de Educación , relativo a CUADRO COMPARATIVO DE BECAS PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 2002 Y 2003, DESGLOSADO POR REGIÓN.
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social , referente a CUADRO COMPARATIVO DE PENSIONES ASISTENCIALES DE 2002 Y 2003, DESGLOSADO POR REGIÓN.
Al señor Presidente del Banco del Estado de Chile , sobre INSTALACIÓN DE SUCURSAL Y CAJERO AUTOMÁTICO EN COMUNA DE MARCHIGÜE (SEXTA REGIÓN).
Al señor Presidente de la República , relativo a INDICACIÓN A PROYECTO SOBRE FORTALECIMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE JURISDICCIÓN TRIBUTARIA.
Al señor Ministro de Obras Públicas , respecto de EXPROPIACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRE COMUNA DE COCHAMÓ Y FUNDO ANGOSTURA (DÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , acerca de SITUACIÓN IRREGULAR EN OFICINA DE MINISTERIO DE BIENES NACIONALES DE PUERTO MONTT, REFERIDA A TERRENOS DE LA COMUNA DE COCHAMÓ (DÉCIMA REGIÓN).
En el turno de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Nadie hará uso de ella.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el señor Viera-Gallo.
Señor Presidente, nos estamos acercando en forma clara al momento de la decisión de las Naciones Unidas en torno a la crisis de Iraq.
Quiero partir reafirmando que el juicio que se tenga del régimen iraquí no puede sino ser categóricamente muy negativo, si se hace un balance en cuanto al respeto a los derechos humanos y a las diversas convenciones internacionales de proscripción de armas de destrucción masiva.
Obviamente, no es el único país que se encuentra en falencia o en mora en esta materia, pero sí es uno de los pocos que ha usado dicho armamento e invadido países vecinos, como Irán y Kuwait.
El problema es determinar el camino adecuado para que Iraq cumpla las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Según las últimas noticias emitidas, el Gobierno estadounidense habría decidido someter a votación su resolución, que ha sido redactada con un plazo fatal: el 17 de marzo.
Señor Presidente, se plantea un dilema de política internacional particularmente grave para Chile como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
No voy a discutir ni alegaré a favor de la presencia de Chile en ese organismo, porque eso ya es un dato de la causa. Producido ese hecho, si mañana o pasado mañana se debe votar, no cabe ya más indecisión o mayor búsqueda de soluciones intermedias que podrían facilitar algún consenso al interior de dicho Consejo. Simplemente el Gobierno de Chile deberá pronunciarse a favor o en contra de la resolución inglesa y norteamericana.
Sobre ese punto, por lo menos quiero dar mi opinión. A mi juicio, nuestro Gobierno debería votar en contra, por una razón muy simple: el camino hacia el cumplimiento de la resolución de las Naciones Unidas podría concretarse a través del mecanismo de las inspecciones, las cuales, hoy día por lo menos, se están llevando a cabo con éxito relativo, pero crecientemente positivo, como lo ha expresado el señor Blix en su informe ante el propio Consejo.
Por ello, todo parece indicar que la vía más conveniente sería que esas inspecciones continuaran o, si se quiere, que se presente una resolución alternativa, que establezca exigencias más precisas y plazos más perentorios, pero todo dentro de un clima que parta de la base de que lo que se busca no es la intervención militar, sino que el Gobierno iraquí se avenga a cumplir las resoluciones del Consejo.
Por el contrario, si el Gobierno de Chile votara favorablemente la resolución norteamericana, sería bastante negativo, considerando el compromiso permanente del país por buscar una solución pacífica a las controversias. Porque aquí hay una controversia, un tema pendiente, un no cumplimiento integral de Iraq; pero, evidentemente, debe haber proporcionalidad entre la falta de cumplimiento y las decisiones que tomen las Naciones Unidas.
Israel ha dejado de cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad en forma reiterada -tal vez por más de 12 años- y nunca se ha planteado el empleo de la fuerza en su contra como fórmula para que acate las decisiones de dicho organismo. Obviamente, no se puede tener doble estándar y decir que lo que vale para uno no vale para otros. La ley debería ser pareja. Y así como se están dando ciertos pasos para avanzar en un arreglo pacífico del problema de Palestina, mediante el nombramiento de un Primer Ministro por parte del Gobierno de esa nación, similarmente debe buscarse una solución pacífica para el diferendo planteado con Iraq.
Otro hecho que habría de tener en cuenta Chile para votar en contra son las declaraciones de múltiples personeros del Gobierno de Estados Unidos en las que se expresa que éste intervendrá en Iraq con acuerdo de la ONU o sin él. Siendo así, ¿con qué legitimidad se solicita apoyo para una resolución acerca de la cual de antemano se anuncia que su eventual rechazo carece de importancia porque la intervención se hará en idénticas condiciones?
O sea, quienes plantean esa resolución advierten que el trámite de votación es inútil -les interesa mantener una formalidad, sobre todo al Gobierno británico de Tony Blair- y que sin perjuicio de su resultado harán exactamente lo mismo.
Quiero traer a colación que dentro de Estados Unidos se ha ido produciendo una reacción crecientemente crítica hacia la posición del Gobierno de George Bush. Así lo demuestra no sólo el artículo del ex Presidente Carter , publicado hace unos días y reproducido por "El Mercurio", sino también el editorial de ayer del diario "The New York Times", donde, al final se pregunta si debería o no intervenirse militarmente en Iraq y se concluye que no hay razones suficientes para ello.
Señor Presidente , hay dos hechos más que Chile no podría dejar de tomar en cuenta: uno, el reconocimiento de los Gobiernos americano e inglés de que han falsificado documentos para probar que Iraq habría adquirido uranio en Nigeria. Esos documentos, evidentemente falsos e irreales, representan una tentativa de engaño a la comunidad internacional.
El segundo hecho es el espionaje a nuestra misión diplomática. Alguien podrá aducir que se trata de una práctica utilizada durante muchos años, etcétera; pero no constituye una relación amigable para con un país aliado, al cual se le está pidiendo un voto soberano, que al mismo tiempo se lo investigue, se lo siga, se lo espíe.
A mi juicio, lo expuesto implica que el Gobierno de Chile debería votar en contra de la resolución del país del Norte si mañana se plantea tal como ahora se encuentra redactada. Además, quiero recordar que el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo donde expresa su rechazo a cualquier acción militar unilateral de un Estado al margen del Consejo de Seguridad.
Aun cuando mañana se aprobara la propuesta de resolución norteamericana, si se materializara alguno de los vetos anunciados tanto por el Gobierno de Francia como por el de Rusia, la intervención posterior en Irak por parte de Estados Unidos e Inglaterra carecería de legitimidad, por cuanto el ejercicio de ese veto restaría validez a dicha resolución.
En cuanto a las posibles consecuencias negativas que una postura adversa a la del Gobierno del Presidente Bush pudiera tener para Chile en los campos económico, comercial, militar, político o de las relaciones internacionales, el cuadro que se ha configurado hace extremadamente difícil que las futuras relaciones diplomáticas de Estados Unidos se dicten sobre la base del voto emitido o de la posición adoptada por los distintos países respecto de la crisis de Iraq. Porque se trataría no sólo de Chile sino, principalmente, de los casos de Francia, Rusia, China, Alemania. ¿Y puede el Gobierno estadounidense adoptar una posición crítica, adversa o de presión a todo ese conjunto de naciones, para no hablar de los múltiples Estados árabes o de los países no alineados? Sinceramente, creo que no.
Podrá haber problemas en el debate parlamentario en el Congreso del país del Norte sobre el Tratado de Libre Comercio, pero dudo que haya de provocarse una situación diplomática muy desfavorable para Chile por el hecho de votar como he indicado. Por el contrario, si nuestro Gobierno avalara la resolución norteamericana tal como se halla redactada hoy, podría generarse una situación interna sumamente delicada desde el punto de vista político, porque estaría actuando al margen de la opinión de una inmensa mayoría de los ciudadanos y de lo señalado por las colectividades que lo sustentan. Los Partidos Demócrata Cristiano (a través de su Presidente ), Socialista, Por la Democracia y Radical, en innumerables ocasiones han manifestado una posición clara y nítida acerca de este tema.
En la lucha por la paz estamos bien acompañados. El frente por la paz es mucho más amplio, diverso y múltiple que el de los partidarios de la intervención militar. Y en ello hay un fundamento ético extraordinariamente fuerte. No por casualidad el Papa Juan Pablo II suspendió sus audiencias en el Vaticano para dedicarse en forma exclusiva a ayunar y rezar por la paz. Porque entre los puntos prioritarios de la actual línea de la Iglesia Católica y del Vaticano se encuentra no sólo la defensa de la paz sino, además, el entendimiento con las grandes religiones monoteístas: el judaísmo y el islam, cuyo padre común es Abraham. Sería muy negativo que la intervención de Occidente en Iraq pudiera ser percibida por los países árabes como una especie de -entre comillas- nueva cruzada. El Vaticano en ningún caso ha querido dar aval moral a la intervención. No se lo dio a la decidida en 1991 por el Consejo de Seguridad de la ONU, mucho menos a una de carácter militar.
Por último, señor Presidente , debo expresar que el año pasado visité dos países árabes: Qatar, donde se ubica el comando principal de las operaciones norteamericanas, y Argelia, nación asolada por un terrorismo fundamentalista islámico de extrema gravedad, que ha dejado 120 mil muertos. Argelinos han matado a argelinos, y el fundamentalismo islámico está en contra del Gobierno de Argel.
Lo que más me llamó la atención fue la total falta de apoyo hacia las políticas norteamericanas en la región. Incluso, en Qatar asistí a un seminario donde me encontré con gente de los emiratos de Arabia Saudita, perteneciente a la que podríamos llamar "el ala conservadora del mundo árabe", que es la más pronorteamericana. Sin embargo, las reacciones que allí escuché, en especial frente a intervenciones de parlamentarios del Partido Republicano estadounidense, me dejaron sumamente preocupado. Porque no cabe duda de que esos países, los más cercanos a Estados Unidos, si bien lo apoyan en los campos militar y económico, tienen críticas tremendamente fuertes respecto de su política exterior y de la línea que sigue en general su actual Administración.
En consecuencia, señor Presidente , termino reafirmando nuestra posición en el sentido de que es necesario que el Gobierno de Chile mantenga sus compromisos en materia de respeto al Derecho Internacional y ojalá, si mañana se llega a votar la resolución británica-estadounidense, se pronuncie como esperamos: en contra o absteniéndose, que en el hecho es lo mismo. Distinto sería si se presentara otra resolución y eso fuera negociado en el último minuto. Ahí tendríamos que ver el contenido de ella. Sin embargo, por lo que hemos escuchado -esto es, que Estados Unidos desea que se vote mañana la resolución que presentó-, creo que no queda más que pronunciarse en contra.
¿Me permite una pequeña interrupción, señor Senador ?
Señor Presidente , sólo deseo expresar mi total adhesión al planteamiento formulado por el Senador señor Viera-Gallo y llamar la atención sobre un hecho que debería llenarnos de júbilo, aunque también de vergüenza.
En el día de hoy, en La Haya quedó instalado el Tribunal Penal Internacional. Nuestro país ya debiera haber ratificado su adhesión al Tratado constitutivo. Y Estados Unidos, empeñado, por iniciativa del Presidente Bush , en llevar adelante una ofensiva militar aun sin el acuerdo del Consejo de Seguridad, y por ende de las Naciones Unidas, no concurrió a la ratificación y está al margen, en consecuencia, de la aplicación de las normas de ese Tratado, que sería el único instrumento jurídico de protección frente a los abusos que pudieran cometerse durante aquélla y, especialmente, a los crímenes de lesa humanidad, lo que hace todavía más preocupante el panorama en que ahora nos encontramos.
Corresponde el turno al Comité Institucionales 1, cuyo tiempo, según se me informó, será ocupado por el Senador señor Silva.
Señor Presidente , agradezco al Comité Institucionales 1 la gentileza de cederme su tiempo, por cuanto deseo intervenir con alguna extensión sobre una materia que considero de singular trascendencia: las irregularidades -por llamarlas así en forma genérica- que está viviendo el país en el último tiempo. Y, por algunas situaciones que explicaré oportunamente, quiero referirme también a la modernización del Estado, porque, a mi entender, ciertas carencias que se observan podrían de alguna manera ser solucionadas mediante aquélla, lo que hasta ahora, en ese campo, no se ha mencionado.
Hace más o menos diez meses tuve el honor de intervenir en la hora de Incidentes para referirme al denominado "caso ENRON". Sin duda, los señores Senadores recuerdan lo producido en Estados Unidos con relación, tal vez, a la segunda empresa privada norteamericana más importante, que promovió y cometió una estafa de tal gravedad que significó que miles de pequeños accionistas perdieran sus ahorros previsionales y 22 mil trabajadores quedaran cesantes, mientras, paralelamente, sus doce más altos ejecutivos vendieron sus acciones en más de 1.100 millones de dólares.
Esa tremenda estafa permitió comprobar como conclusión indiscutible, en primer lugar, la nula auditoría y falta de control. Es del caso recordar que Andersen, una de las firmas auditoras más importantes de Estados Unidos, simplemente -como quedó demostrado- destruyó los papeles que de alguna manera habrían permitido aclarar los hechos. Asimismo, se comprobó la amplia falta de una regulación que, en cierto modo, habría posibilitado que situaciones tan incalificables llegaran a producirse.
¿Por qué quise referirme a ese caso, señores Senadores? Porque deseaba demostrar el peligro de la falta de regulaciones y de la debilidad del control justamente cuando observamos en el Chile de hoy una permanente propaganda, casi unánime, sobre la necesidad de ampliar al máximo la libertad de las empresas y reducir al mínimo los controles, destacándose la necesidad de un autocontrol y la supresión total de regulaciones.
Quise a la vez señalar el peligro en los avances de la tendencia creciente del neoliberalismo hacia la minimización del Estado, la privatización de las empresas públicas y la aplicación y extensión de los sistemas del área privada al sector público, tanto en lo concerniente a personal, con la llamada flexibilidad laboral -entre comillas-, como a la estructuración del sistema público estatal.
Señor Presidente , mi preocupación por estas materias no es nueva. Y vengo advirtiendo desde hace algún tiempo los peligros que las mencionadas tendencias traen aparejados.
Así, puedo citar, entre otros, mi trabajo sobre "La errada tesis del desmantelamiento del Estado", que está disponible, y otro relativo a la autonomía y responsabilidades en el Banco Central, emitido a requerimiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en septiembre de 1998, pues en aquella oportunidad se trajo a colación, entre otras cuestiones, el que no existirían responsabilidades consagradas respecto del Instituto Emisor.
En enero pasado intervine en la hora de Incidentes sobre la denominada "Modernización del Estado" en relación con la actividad legislativa. Me referí a una cantidad de proyectos con incidencia en la materia donde era dable observar falta de armonía y ausencia de coherencia en el orden de la llamada "Modernización", a la par que una aplicación en el aspecto público de la denominada "Flexibilidad en el sector público", traducida en el exceso de contrataciones y pagos de honorarios con manifiesto olvido de las normas constitucionales vigentes, en especial las contenidas en el artículo 38 de la Carta Fundamental, sobre organización básica de la Administración Pública, garantización de la carrera funcionaria y principios de carácter técnico y profesional en que debe fundarse.
Hago presente, desde luego, que tales iniciativas no han sido objeto de enmienda en el proyecto sobre reformas constitucionales que terminó de estudiar precisamente hoy en la mañana la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Honorable Senado.
Simplemente recuerdo a Sus Señorías que el 51 por ciento de la dotación de funcionarios al servicio del Estado tiene el carácter, o de "funcionarios a honorarios", o de "funcionarios a contrata". Y, paralelamente, recuerdo también que el artículo 38 de la Constitución exige la existencia de estabilidad en la carrera administrativa.
¿Por qué traigo esto nuevamente a colación? Por dos circunstancias de trascendencia que me hacen reiterar los peligros que he venido mencionando.
Pero, aparte esas dos situaciones, a las que me referiré pormenorizadamente en seguida, me parece necesario hacer de inmediato una reflexión fundamental.
Parto del supuesto de que los acuerdos político-legislativos para la modernización del Estado implican una natural priorización en el análisis legislativo de las materias pertinentes. Sin embargo, y como quiera que no se ha hecho al respecto ninguna salvedad, juzgo menester recordar que había ya una preocupación preferente sobre tres cuestiones que no se mencionan para nada en esos acuerdos, por lo que estimo necesario recordarlas.
Me refiero a las reformas constitucionales cuyo análisis -repito- acaba de concluir en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; a la modificación de la Ley de Matrimonio Civil, y a los estudios acerca del denominado "Plan AUGE", que, por tratar sobre cuestiones tan importantes -como el sistema de salud-, ameritan en mi opinión ser abordadas con urgencia.
Creo necesaria una precisión al respecto. Así tuve oportunidad de hacerlo presente al señor Ministro Secretario General de la Presidencia en una reunión a que convocó ayer a diversos Parlamentarios para estudiar dos puntos específicos. Y, al plantearle la necesidad de aclarar esta materia, me respondió que el Gobierno la reconoce como prioritaria, pero paralelamente a los asuntos contenidos en los proyectos sobre modernización del Estado.
Vuelvo, pues, a las dos circunstancias que justifican mi intervención.
Primera: los casos que han visto la luz pública en el último tiempo y que inciden en actos y hechos atentatorios contra la moral y la ética públicas y en el manifiesto olvido del principio de legalidad, que, a mi modesto juicio, debe seguir imperando en un Estado de Derecho.
Así, las cuestiones de los denominados "caso coimas" y "pagos de Gate", como lo recientemente denunciado respecto del Banco Central, estarían demostrando, en síntesis, denuncias sobre pagos de dineros para obtener decisiones en el área del transporte y en el campo tan amplio de las obras públicas.
Los recién denunciados hechos relativos a CORFO, sobre transacciones fraudulentas de instrumentos financieros, aparecen como extremadamente graves, por las cuantiosas pérdidas de dineros públicos que se estarían produciendo.
a.- Pagos de sobresueldos ilegales en el sector público con dineros que tenían otro destino dentro del erario, bajo distintos fundamentos, que podrían ser muy razonables, pero que no justifican el quiebre del principio de legalidad, que es esencial tratándose de la actividad del Estado y que suele olvidarse cuando se trata de la esfera privada.
A este respecto, me parece indispensable aclarar desde luego una cuestión que, en mi concepto, ha menester dilucidar con la mayor precisión y claridad. Me refiero a lo que, utilizándose un neoamericanismo, se ha denominado "outsourcing".
Es útil recordar que esa institución, que se refiere a la utilización de medios ajenos a la Administración en actividades propiamente vinculadas con el interés del Estado en casos muy específicos, ha sido legalmente reconocida en el actual Estatuto Administrativo, cuyo artículo 2º establece explícitamente: "Los cargos de planta o a contrata sólo podrán corresponder a funciones propias que deban realizar las instituciones referidas en el artículo 1º." -es decir, ministerios, intendencias, gobernaciones y servicios públicos centralizados y descentralizados, creados para la función administrativa- "Respecto de las demás actividades, aquéllas deberán procurar que su prestación se efectúe por el sector privado.".
Como puede verse, pagar sobresueldos a funcionarios acudiendo a tal mecanismo no aparece en manera alguna legalmente fundamentado.
Aclaro, desde luego, que no soy contrario a que se remunere a los funcionarios del Estado en términos razonables y justos. Pero ello no puede hacerse recurriendo a arbitrios ilegítimos, sino abordando el problema con rectitud y precisión.
b.- Reconocimiento y constatación indudable de debilidad en el control o, simplemente, falta de él, a pretexto del pretendido imperio del principio de "eficiencia" o "eficacia", que se invoca siempre como preferente en el sistema privado, pero que no puede ni debe servir de fundamento para justificar el abandono de la ética y de la legalidad, que, a mi entender, deberían estar presentes tanto en el área pública como en la privada. El respeto a un nivel y otro surge diáfanamente al tenor de los artículos 6º y 7º de la Constitución vigente.
c.- Implantación fáctica de criterios y mecanismos del sector privado, traducidos en transgresión de la legalidad, bajo el fundamento de que "los rigorismos publicistas" conducen a la ineficiencia. Constatación, una vez más, de debilidad o falta de control para evitar quebrantamientos a la legalidad.
La comprobación de lo anterior, en la forma como recién aparecen trasluciéndose tales quebrantamientos en los denominados "sistemas de concesiones", no puede ser más ostensible si se observa con preocupación, de lo hasta aquí conocido, que han servido de base tanto a pagos de sobresueldos ilegales a funcionarios del sector público como a traspaso de dineros de concesiones al sector concedente, en algunos casos a requerimiento de éste, sin fundamentos explicitados diáfanamente, pero, de todos modos, con manifiesto olvido de la legalidad, de la ética y del principio esencial relativo a la igualdad de derechos y a la igualdad en las contrataciones y concesiones, que, notablemente, aparece omitido por completo.
Quiero hacer presente que, "in illo témpore", enseñé en la cátedra la procedencia del sistema de concesiones de servicios y obras públicas y prediqué sus bondades, pero insistí siempre en que debían mantenerse en ellos principios de Derecho Público que aparecían como insustituibles para garantizar un sistema de igualdad de derechos, seguridad pública, moralidad y legalidad. Debo hacer notar, una vez más, que en todo esto el control aparece como silente por completo.
d.- Caso del Banco Central: compra por una empresa privada de informaciones absolutamente confidenciales, con manifiesta violación de normas legales y éticas y con demostración, por lo tanto, de graves dudas sobre cómo actúan los privados y, a la vez, sobre debilidades evidentes en el autocontrol, con las consiguientes responsabilidades implícitas y orgánicas, que el sistema vigente para el Instituto Emisor no cautela y que aparecen, en todo caso, soslayadas.
e.- En el caso CORFO sería todavía más grave. Estarían allí quedando demostradas, desde luego, la falencia completa del autocontrol o control interno y la carencia explícita de un control claro de auditoría concomitante o control de gestión, el cual hasta ahora no se habría materializado para nada.
Explicar el denominado "sistema nacional de control" nos llevaría muy lejos, señores Senadores. Simplemente, para que nos formemos juicio sobre esta materia y la gravedad de la debilidad del control existente en Chile, quiero recordar que, a nivel mundial, aquel sistema establece mecanismos claros de auditoría, tanto jurídica como financiera, previa, concomitante y casi nunca posterior, que reemplazan al sistema de los juicios de cuentas existente en Chile, los cuales determinan eventuales responsabilidades cuando ya los hechos están prácticamente preteridos u obsoletos.
La verdad es que hoy día el control de gestión previo y concomitante es fundamentalísimo si queremos consagrar un sistema, no sólo jurídico, sino también técnico, que se encuentre absolutamente al día en materia de control.
Deplorablemente, eso todavía no existe en nuestro país, a pesar de que, como recordarán Sus Señorías, en las últimas reformas a la Ley de la Contraloría, a instancias de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se estableció la posibilidad de un control de gestión; pero, al parecer, aún no empieza a aplicarse. En todo caso, sí quiero señalar que en los 49 proyectos que figuran en la modernización del Estado muy poco se habla sobre la modernización de los sistemas de control.
f) Venta de grandes cantidades de leche por una empresa privada al Ministerio de Salud, destinadas a ser entregadas a los niños más pobres y que, según se comprobó, estaban en grave estado de descomposición, con, por una parte, olvido de principios éticos elementales, y por la otra, una hasta aquí no justificada falta de la debida fiscalización.
Todas éstas son reflexiones que deduzco del primer aspecto que he mencionado y que están entregando una imagen lamentable de la gestión pública y privada en el país de hoy.
Segunda circunstancia: paralelamente, muy poco después de mi reciente intervención en el Senado sobre modernización y la actividad legislativa -el 21 de enero-, se anuncia con gran proyección el acuerdo político de primer nivel entre Ejecutivo y partidos políticos -no entre Ejecutivo y Legislativo-, comunicándose el envío al Congreso de 49 proyectos de ley diferentes, muchos de los cuales figuran en la lista que mencioné en mi intervención reciente en el Congreso; y, al leer sus enunciados, observo que hay una marcada referencia en materias como flexibilización y otras que, a pretexto de modernidad, implican avances en el campo de avasallamiento de lo público por criterios del área privada.
Reitero -como lo hice ya en mi intervención anterior- que no estoy en contra de la modernización, pero deseo hacer presentes, a este respecto, algunas reflexiones que me parecen esenciales.
1. Este intento avasallador de principios que invaden el campo de lo público -inserto implícitamente en varios de los proyectos- no es nuevo en el mundo. A manera de ejemplo, cito la peligrosa política norteamericana, que insiste en la adopción de sistemas que conducirían a la eficiencia como leitmotiv de lo público, olvidando, naturalmente, la nefasta experiencia de Enron y otros casos similares.
2. Las precisiones en el mundo europeo para la adopción de criterios y advertencias encaminadas a desfavorecer lo que ya los siete sabios -denominados así por la Unión Europea- formularon en 1996 en su llamado a no desmantelar el "Estado bienestar", si se quiere mantener un indispensable sentido social en el desarrollo de la gestión pública.
3. La convocatoria del Presidente del Banco Federal alemán, Hans Tietmayer, denominado el "arquitecto del euro", quien en 1997 advirtió (cito textualmente): "Es necesario, para controlar el gasto público, bajar el nivel de las tasas y de los impuestos hasta darles un nivel soportable a largo plazo, reformar el sistema de protección social, desmantelar las rigideces en el mercado de trabajo, de suerte que una nueva fase de crecimiento no será alcanzada salvo que nosotros hagamos un esfuerzo de flexibilización en el mercado de trabajo".
Al observar estos planteamientos -que se hacen en los países desarrollados, pero que aparecen como tremendamente injustos en el Tercer Mundo- no podemos sino preocuparnos si pensamos en nuestra realidad.
Y así llegamos a comprender:
1) Cómo hemos encontrado clara resistencia cuando hemos planteado la necesidad de que nuestras reformas constitucionales reconozcan en Chile un Estado Social y Democrático de Derecho, que se da en los países desarrollados, pero donde, no obstante, el neoliberalismo lo ha combatido y criticado al máximo, hasta el punto de tornarlo inexistente en la realidad.
2) Cómo resulta a lo menos sorprendente -si bien explicable si tenemos presentes a quiénes pertenecen- que nuestros medios informativos se inclinen unánimemente por la adopción de tales criterios, traducidos en la reducción del Estado al mínimo; la terminación de las empresas estatales; la extinción de las regulaciones y controles, por estimarlos atentatorios contra la máxima libertad en manos de quienes detentan el poder económico; la flexibilidad en los sistemas de personal y otros factores que conducen, en general, a la precariedad de los empleos tanto públicos como privados.
3) Cómo ya existen casos notorios de precariedad, en el sentido de un esencial derecho al trabajo en distintos sectores de la actividad laboral chilena. A manera de ejemplo señalamos:
a) Predominio del pago a honorarios en el sector público -me permito recordar que quienes son remunerados por la Administración a través de esta modalidad no son jurídicamente funcionarios del Estado-, en circunstancias de que los empleados a honorarios carecen de todos los elementos fundamentales de la función pública o de la función laboral en general, a saber, previsión, estabilidad y otros.
b) Predominio de empleados a contrata, que por esencia no tienen carrera, son eminentemente transitorios y están privados del derecho básico de estabilidad en la función. Hoy en Chile el 51 por ciento de quienes trabajan para el Estado lo hacen vía honorarios o a contrata.
c) El sistema de empleados inestables en la actividad bancaria, en virtud del cual cajeros y otros trabajadores del rubro han pasado a formar parte de la precariedad que estamos comentando. Observamos que se recurre a este medio para exonerar funcionarios y sustituirlos por aquéllos.
d) La lista de situaciones creadas ad hoc para omitir derechos fundamentales: caso de los sobresueldos y de otros similares.
e) Cómo vemos, en fin, que en nuestros medios de información, acordes con estos criterios, surgen voces increíbles que aparecen justificando lo que denominan "la ética de la transición", bajo cuyo título pretenden explicar tanta ilegitimidad -que a nuestro juicio resulta indispensable condenar categóricamente-, con el pretexto incomprensible de que la nueva ética justifica todo ello, y que hay que aceptarla, porque vivimos una etapa diferente que debemos ser capaces de comprender. ¿Es posible -me pregunto- aceptar una noción de ética tan dúctil y maleable, que permita amparar inmoralidades y violaciones como las que hemos estado presenciando últimamente? Insistimos e insistiremos en el valor de la ética como principio irrenunciable.
Dentro de los mismos conceptos, esos medios de comunicación toleran que, bajo el manto del derecho a la libertad de expresión -que es y debe ser, sin duda, profundamente respetable-, se formulen críticas a lo que llaman "la acción de los abogados litigantes" -lo vimos en el editorial de un importante diario de la capital- como mecanismo utilizado para entorpecer lo que denominan "el imperio de la libertad de empresa", hostigado, como se dice, por tantos pleitos que la afectan, tratando de debilitar con ello la acción de la justicia y la vigencia de un Estado de Derecho que, sin duda, se ennoblece con la legítima actuación de los tribunales.
Al amparo de estas reflexiones, y ante la importante acción de modernización que se avecina, por una parte, y las inminentes decisiones judiciales que se ven venir, por otra, creo simplemente de mi deber entregar, como fruto de una vieja experiencia derivada de mi dilatada vida pública, las siguientes conclusiones:
1.- Señalo el peligro del intento de sustituir el principio de legalidad por una eficiencia malentendida, que, así planteada, podría afectar las bases del Estado democrático.
2.- Estimo muy serio querer llegar obsesivamente a la optimización de las ganancias, con manifiesto olvido y sacrificio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
3.- Cuidado con caer en la gravedad que entraña el debilitamiento al máximo del Estado.
4.- Un Estado regulador aparecerá siempre como indispensable, sobre todo si se trata de países en desarrollo. Paradójicamente, quienes predican la falta de regulación no vacilan en reclamarla con insistencia cuando sus economías están en apuros.
5.- En consonancia con lo anterior, preponderantes sectores económicos insisten en destruir un Estado fuerte que, para su existencia, requiere preocuparse de los mecanismos de control -de los cuales hoy en día nuestro sistema está seriamente en ayuno-, de la regulación y esencialmente de la protección de los derechos fundamentales, en especial de las clases más desposeídas.
6.- Insisto: no caigamos, ni aun a pretexto de modernizar o alcanzar desarrollo, en el grave error de incurrir en principios absolutos que destruyan o desconozcan los derechos elementales de las personas.
7.- De la misma manera y en concordancia con lo anterior, sí preocupémonos -porque me parece que es deber de todos quienes estamos en la cosa pública- de un Estado que disponga de los medios para evitar la corrupción pública y privada, especialmente en sectores muchas veces intervinientes en los casos que se están conociendo.
8.- La invocación del denominado "outsourcing", como fundamento del pago de sueldos a funcionarios del Estado, nos parece, a lo menos, sumamente discutible.
9.- Creemos indispensable precisar si ha de mantenerse una necesaria prioridad para el pronunciamiento definitivo sobre materias como las reformas constitucionales, las modificaciones a la Ley de Matrimonio Civil y la implementación del plan AUGE, las cuales, al plantearse las llamadas "reformas del Estado" y la vinculación de aquellas cuestiones con éstas, aparecen omitidas.
Finalmente, deseo señalar que en mi vida pública he intervenido muchas veces en proyectos de modernización, y precisamente por eso creo útil no caer -so pretexto de ella- en totalitarismos ideológicos, que paradójicamente podrían conducir a la destrucción del Estado democrático.
Solicito la unanimidad de la Sala para modificar el acuerdo adoptado hoy, en el sentido de tratar en el primer lugar de la tabla de mañana el proyecto sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, dado que ha llegado la indicación del Ejecutivo.
Señor Presidente , ¿por qué no la vemos ahora?
Tendríamos que conocer su texto y someterla antes a conocimiento de los Comités.
En realidad, se han retirado varios señores Senadores.
Señor Presidente , sugiero que consulte si hay consenso para pronunciarse ahora, y siempre que haya quórum de votación.
Como digo, se han retirado algunos señores Senadores. Además, terminó el Orden del Día y estamos en Incidentes.
Lo único posible es que la Sala acuerde tratar mañana el proyecto en el primer lugar de la tabla, por cuanto hoy llegó la indicación que los Comités esperaban recibir sólo el lunes.
Señor Presidente , un anterior acuerdo de Comités resolvió tratar en primer lugar del Orden del Día de mañana el proyecto sobre obligatoriedad y gratuidad de la educación media.
En ese caso, incluiríamos el proyecto en la tabla de Fácil Despacho de mañana.
También pido el asentimiento de la Sala para incorporar en Fácil Despacho de mañana, según me lo planteó el Senador señor Ríos, el informe de la Comisión Mixta -aprobado por unanimidad, según entiendo- sobre la iniciativa que moderniza la normativa reguladora de arrendamiento de bienes urbanos.
Continuando con la hora de Incidentes, los Comités Mixto y Demócrata Cristiano no harán uso de sus turnos.
En el tiempo del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
Señor Presidente , me referiré brevemente al problema que ha venido observándose en estos días en el país por la grave sustracción de documentos financieros, depósitos a plazo y otros de naturaleza similar de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO .
Creo que hechos de este tipo no pueden pasar inadvertidos en el Senado y que las autoridades deberían adoptar conductas distintas de las apreciadas en estos días.
En lo sustancial, hemos sido testigos de una muy mala reacción del Gobierno que, más preocupado de ver la manera de deslindar su responsabilidad y de cómo mantener su imagen, ha generado una situación grave y de muchas consecuencias, que es necesario corregir a la brevedad posible.
Cuando el Ejecutivo ha responsabilizado a terceros y ha dado orden de no pago de los documentos sustraídos, ha producido una situación que no puede continuar en el tiempo, por el enorme daño que significa.
En este caso, las autoridades han cometido distintos errores de apreciación que, como digo, probablemente por cuestiones de imagen, de apariencia pública, lo han llevado a tomar decisiones que están provocando enormes daños y que carecen de fundamentos sólidos.
A mi juicio, en lo esencial, hay un error jurídico bastante significativo. El dar orden de no pago porque la sustracción se originó en la bóveda de la CORFO me parece indicativo de no entender que los documentos no son equivalentes, en lo simple, en última línea, a objetos de valor (como ha dicho por ahí una alta e importante autoridad del país), sino a dinero efectivo. Títulos como los certificados al portador o endosados por personas, que tienen apariencia de legitimidad, una vez que empiezan a circular traen como consecuencia obvia que deban pagarse. Y si a la segunda o la tercera vuelta alguien ordena que no se paguen, ello equivale a decir a quien robó billetes: "A la tercera vuelta, esos billetes no se pagarán porque fueron sustraídos". Naturalmente, eso es ajeno al mundo jurídico y al mundo financiero.
De acuerdo con lo establecido por el Código de Comercio y otros cuerpos legales, tales documentos se validan cuando sus tenedores están obrando de buena fe, cuando quien los endosa está revestido de apariencia de legitimidad. Y por lo tanto deben ser pagados. Y si se negare ese pago -como dictaminó un juez acogiendo la solicitud del Vicepresidente de CORFO , que presentó una demanda-, se causa una incertidumbre jurídica de proporciones y de consecuencias insospechadas. Me parece que esta decisión adolece de falta de fundamento técnico, lo que, sin lugar a dudas, debe revisarse.
La falta de fundamento técnico deriva en una consecuencia adicional que es, quizá, más grave: hay un error financiero de grandes dimensiones. Al final, la orden de no pago está repercutiendo sobre miles de pequeños ahorrantes que tienen sus recursos en fondos mutuos. Ellos son los principales perjudicados. Y de carambola, también lo son las administradoras de fondos de pensiones, que manejan dinero de todos los chilenos y que también están sufriendo mermas en sus activos.
Entonces, a la incertidumbre jurídica mencionada sigue la incertidumbre financiera, causando grave daño al funcionamiento del mercado financiero, que está fundado en la buena fe. Hoy los títulos se adquieren por mail, fax o teléfono, sin verlos, porque operan sobre la base de la buena fe. Sería imposible que con motivo de cada transferencia de estos títulos se hiciera una investigación sobre su validez jurídica, sobre la capacidad de los mandatarios. Porque muchas veces estos documentos tienen diez, veinte o más endosos hechos por las autoridades correspondientes y cuyos antecedentes son imposibles de evaluar. Significaría impedir el funcionamiento del sistema financiero en Chile, con las consecuencias que cabría esperar.
Todo ello va produciendo una tremenda incertidumbre económica en el mercado, que propicia retiros apresurados o corridas bancarias, o puede generar una imagen que por cierto no es la que corresponde a Chile, particularmente desde el punto de vista del riesgo país o de su crédito financiero.
La suma de estos hechos nos hace pensar que, al error jurídico cometido, se está sumando otro en el ámbito financiero, lo que es extraordinariamente grave y delicado.
Pero hay otro efecto de carácter más bien humano. Me parece realmente inconcebible que las autoridades, por buscar una manera de resolver su propia situación, la eventual negligencia o los errores cometidos por los culpables -sin perjuicio de los delitos que particulares, empresas privadas, cualesquiera que sean los involucrados y sobre quienes deberá recaer, con la máxima severidad, la debida sanción que nuestras leyes prevén-, hayan traspasado su problema a humildes y pequeños ahorrantes. Y eso es la negación del sentido de responsabilidad que debe tener una autoridad pública.
Este conjunto de errores me hace pensar en la conveniencia de que se modifiquen ciertas decisiones, que es lo que deseo solicitar.
En lo fundamental, pido oficiar a los señores Ministros de Hacienda y de Economía , Fomento y Reconstrucción -el primero, por su responsabilidad en materia de los recursos públicos; y el segundo, por la que le corresponde en cuanto a su carácter de Ministro titular de CORFO , vinculada a la autoridad precisamente por su intermedio-, para que rectifiquen la solicitud hecha a los tribunales de justicia respecto de la orden de no pago de los títulos, de manera que el Estado, entre comillas, no pierda ni se vea perjudicado por esta situación, en circunstancias de que, de hecho, ya lo está. Y no sería conveniente que meses después fueran los tribunales de justicia, después de estudiar esta situación y reconocer que esos documentos se deben pagar, los que corrijan lo que hizo malamente el Gobierno -las autoridades que lo solicitaron en su nombre-, perjudicando a mucha gente.
El tiempo transcurrido puede tornar irreversible la situación de muchos, que hasta pueden quebrar por entrar en estado de cesación de pago, con grave perjuicio para muchas personas, aparte el descrédito público de la autoridad a nivel nacional e internacional. De modo que parecería razonable que se diera la orden de autorizar el pago de esos documentos, a fin de que puedan circular.
Además, cabe destacar que se ha buscado identificar los documentos involucrados en esta tremenda operación. Resulta que muchos no serán posibles de identificar -probablemente hasta muy avanzada la investigación-, porque estos documentos se compran en serie, y quienes han estado operando con ellos no los individualizan. Es probable que la CORFO no tenga individualizado el ciento por ciento de los documentos sustraídos, sino que sólo sus montos. En consecuencia, al no conocerse, se genera una incertidumbre todavía mayor.
Desde mi punto de vista, la responsabilidad es del Estado. Es tanto el daño que se está causando por dar esta orden de no pago, que el Fisco debería autorizarlo y, junto con ello, buscar -a través de las acciones legales correspondientes- la forma de que el Fisco recupere el patrimonio perdido. Si no lo hace, no sólo se va a causar un grave daño, que por cierto será revertido por los tribunales, porque existe jurisprudencia en la materia en cuanto a entidades financieras que, habiéndoles sido sustraídos documentos, reclamaron, plantearon la orden de no pago y, finalmente, los tribunales determinaron que se debía pagar.
Las normas, como decía, del Código de Comercio y de otros textos legales son clarísimas en lo referente a que esos documentos son cobrables. Y me parece que obligan a que, por razones de bien común, para evitar el escándalo público y la mala imagen internacional, se dé la orden de pago y el Estado busque otra manera de recuperar los fondos que se puedan perder por estas circunstancias.
Finalmente, creo que aquí también se deben definir cuáles son las responsabilidades políticas y administrativas involucradas en este episodio.
Sobre el particular, les cabe responsabilidad en este asunto a las autoridades ejecutivas de la CORFO, al Consejo de ese organismo y a algunos Ministros.
No tengo antecedentes hoy día para definir quiénes son los responsables, ni para formular acusaciones. Pero considero prudente que el Presidente de la República señale qué caminos se tomarán para investigar a quienes resulten responsables, y así determinar cuáles van a ser las decisiones que se adoptarán sobre los involucrados en estos hechos, así como las medidas tanto políticas como administrativas que corresponda aplicar.
Por lo anterior, solicito oficiar en mi nombre al Presidente de la República para que informe sobre las investigaciones que va a realizar el Gobierno tendientes a definir las responsabilidades de las autoridades en los ámbitos que he señalado porque, en mi opinión, todos los hechos aparecen revestidos, a lo menos, de negligencia funcionaria. Y, sin pretender anticipar un juicio, estimo que es responsabilidad del Primer Mandatario -de quien dependen muchos de estos altos funcionarios, que son de su confianza y son nombrados por él-, el que debe efectuar las investigaciones del caso e informar al Senado y a la opinión pública acerca de los resultados de las mismas.
¿Por qué ocurrió este hecho del cual hemos sido testigos todos los chilenos, y que es una nueva consecuencia, adicional, de un problema no menor ocurrido en el Banco Central, que ha gatillado una serie de otras dificultades que hoy estamos sufriendo, para mal de Chile? Porque al estancamiento económico, a las dificultades de la recuperación económica se están añadiendo, semana a semana, hechos e irregularidades tales que hacen pensar con mayor temor sobre nuestro futuro económico, sobre nuestro porvenir.
Pienso que esta incertidumbre en nada ayuda a la recuperación económica. Cuando el Presidente de la República , junto con todos los presidentes de los partidos políticos, ha establecido una agenda modernizadora del Estado, que incluye un programa económico-social para reactivar la economía de Chile, está reflejando con ello la voluntad de todos por salir adelante de los problemas que nos afectan. Estos hechos, en cambio, lo único que hacen es dañar, poner más obstáculos y hacer más difícil la recuperación del país.
En consecuencia, quienes sean responsables deben ser objeto de una sanción o medida ejemplarizadora, o lo que se determine, según el caso, a juicio de la autoridad máxima de nuestro país, puesto que de ella dependen, han actuado en su nombre y ella los ha designado.
Por estas consideraciones, señor Presidente , rogaría que, junto con acompañar el texto de esta intervención, se oficiara a los señores Ministros de Hacienda y de Economía, en lo que corresponda, y -reitero- al Jefe del Estado , en su caso, para que informe si acaso se van a efectuar investigaciones para determinar las responsabilidades que puedan tener altos funcionarios sobre los graves hechos que están afectando a miles de personas y, desde luego, la credibilidad económica del país.
Se enviarán los oficios solicitados, así como el texto de la intervención, en nombre del señor Senador , en conformidad al Reglamento.
--Se levantó a las 17:51.
Los Senadores que suscriben integran la Comisión Especial encargada de estudiar un Código de Conducta Parlamentaria, recaído en la Moción de los Honorables Senadores señores Cantero y Zaldivar, don Andrés (Boletín Nº S-650-12), a la que se han agregado por acuerdo adoptado en sesión de Sala de la Corporación del martes 14 de enero de 2003, las siguientes mociones:
a) Del Honorable Senador señor Gabriel Valdés, que propone un proyecto de Código de Ética de los Senadores de Chile (Boletín Nº S 167-09).
b) De los Honorables Senadores señores Enrique Silva Cimma y Augusto Parra, que propone un Código de Ética de los Senadores (Boletín Nº S 367-09).
c) De los Honorables Senadores señores Hernán Larraín y Sergio Romero, que propone la creación de una Comisión de Normas de Acción Parlamentaria (Boletín Nº S 620-09).
Esas iniciativas de reforma al Reglamento del Senado tienen un rasgo en común: conferir competencia a un órgano especial de la Corporación para que examine las situaciones que puedan afectar al comportamiento ético de algún Senador.
Como resultado del análisis exhaustivo de las mociones antedichas, la Comisión Especial ha llegado a la conclusión de que el establecimiento de un código -por más amplia y minuciosa que pueda ser su descripción de las conductas que pudieran considerarse como contrarias a la Ética-, importará, en todo caso, una restricción excluyente de hipótesis susceptibles de ser conocidas por aquel órgano.
Por su propia naturaleza, el funcionamiento de todo órgano cuya misión sea emitir un juicio para determinar si la conducta de las personas se ajusta o no a la regla ética, requiere de modo necesario un enfoque sistémico, multidimensional y temporalmente continuo.
En consecuencia, durante el análisis de las mociones señaladas, se ha estimado indispensable proponer la creación, en forma inmediata, de una Comisión de Ética del Senado, atribuyéndole la competencia más amplia para conocer y resolver todas las materias de implicación ética que afecten a los miembros de la Corporación.
Cabe señalar que la proposición de crear una Comisión de Ética del Senado se ajusta perfectamente a los principios fundamentales de la organización del Estado, es manifestación expresa de su facultad privativa de dictar sus propias normas reglamentarias para regular su organización y funcionamiento interno y concuerda con el procedimiento seguido por la Excelentísima Corte Suprema para la institución de una Comisión de Ética en el Poder Judicial.
En lo relacionado con las otras materias que se encuentran contenidas en las Mociones propuestas, la Comisión propone, si el Senado lo estima conveniente, que sea la Comisión de Ética del Senado la que resuelva dichos temas en el futuro.
Finalmente, es del caso consignar que, por ser la materia que se propone mediante el proyecto de acuerdo, una consecuencia del trabajo realizado por vuestra Comisión Especial, sugerimos eximirlo del trámite de primer informe de Comisión.
La Moción que proponemos comprende un artículo único, que se desglosa en tres numerales, los que a continuación se describen.
Este número, en su literal c), modifica el artículo 27, inciso primero, del Reglamento del Senado, con el objeto de sancionar la creación de la Comisión de Ética del Senado, que se rige por las reglas especiales contenidas en el Título nuevo que se propone en el número 2 del artículo único del proyecto de acuerdo.
Las letras a) y b) constituyen modificaciones formales adecuatorias para la debida inteligencia de la modificación principal contenida en la norma.
Agrega el título XVIII nuevo, que sanciona la naturaleza de la Comisión Ética del Senado; sus atribuciones, competencia, generación, composición, funcionamiento y eficacia de sus acuerdos.
En lo que se refiere a la estructura de este título nuevo, está constituido por ocho artículos, los que a continuación se describen:
Sanciona reglamentariamente la existencia de una Comisión del Ética del Senado, de carácter permanente, con el objeto de conocer y resolver cualquier situación de orden ético, otorgándole las más amplias facultades en ese ámbito.
Establece la forma de integración de la Comisión de Ética. En efecto, dispone que al comienzo de cada período legislativo, la Sala de la Corporación elegirá, de entre sus miembros en votación directa y secreta, sin relación con su representatividad política, a siete Senadores. Una vez elegidos éstos, se sorteará a los cinco Senadores que se desempeñarán como titulares y, los otros dos, la integrarán en caso de impedimento o inhabilidad.
El mismo artículo, determina que los miembros de la Comisión de Ética elegidos durarán por todo el período legislativo correspondiente, pudiendo ser reelegidos. Asimismo, establece la inhabilidad de los miembros de la Mesa de la Corporación para integrar dicha Comisión.
Por su parte, el inciso cuarto establece que el quórum para ser elegido será de, a lo menos, las tres cuartas partes de los Senadores presentes.
El inciso siguiente, señala que en la primera sesión que celebre la Comisión nombrará de entre sus miembros a un Presidente.
El inciso final, prevé la circunstancia de que si por cualquier causa se incapacitara alguno de los integrantes de la referida Comisión, el reemplazo se hará por los Senadores Suplentes de conformidad a las normas ya señaladas.
Respecto de la composición de la Comisión que se propone, el criterio unánime de los miembros que integran vuestra Comisión Especial es que aquélla esté integrada exclusivamente por Senadores en ejercicio, por corresponder así a una de las ramas del Congreso Nacional, depositaria de atribuciones constituyentes, legislativas y exclusivas que importan el ejercicio de la soberanía nacional.
Del mismo modo, estimó en cuanto a la denominación del órgano, que el nombre apropiado es “Comisión de Ética del Senado”, toda vez que su actuación presupone un mandato conferido a sus integrantes por este órgano del Estado, en virtud de la facultad reconocida en el artículo 4º de la ley Nº 18.918.
En relación con la generación de la Comisión de Ética, la unanimidad de los miembros de vuestra Comisión Especial concordó en que se requiere un quórum de alta exigencia para la elección de cada uno de sus miembros, como es contar con el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros presentes de la Corporación.
Hubo, asimismo, consenso para estimar que el requisito de “intachable respetabilidad moral” que debe adornar la trayectoria pública de los integrantes, exige que su integración se haga en votación secreta y directa, sin relación con la representación de los partidos políticos.
En previsión de que la complejidad de las cuestiones éticas cuyo examen le ha sido confiado, podría manifestarse, más allá de eventuales causales de implicancia, en situaciones de impedimento o en inhabilidades que pudieran afectar su imparcialidad, a juicio exclusivo de los miembros de la Comisión de Ética, vuestra Comisión Especial se formó la convicción de la necesidad y conveniencia de que además de los cinco titulares se elijan, en forma simultánea, dos miembros suplentes que pasen a ocupar la plaza que quedara vacante o a integrar aquel órgano en caso de producirse una inhabilidad o impedimento de alguno de los miembros titulares respecto de una situación particular.
En cuanto a la forma de la elección, el acuerdo de vuestra Comisión Especial es que se proceda en tantas votaciones separadas cuantas fueran necesarias para elegir a los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Ética.
Establece que el quórum que requiere la Comisión de Ética será de, a lo menos, cuatro de sus miembros. Del mismo modo, señala que sus sesiones y actuaciones serán siempre reservadas.
El fundamento de esta decisión radica en la convicción de que, atendida la gravedad e importancia de los asuntos que se encuentran implicados en toda ponderación ética de la conducta de los Senadores, se torna imprescindible que la Comisión de Ética del Senado funcione con un quórum elevado.
Señala como expresión de la amplísima atribución de facultades a la Comisión de Ética, la de asesorar a la Mesa y absolver las consultas que ésta o cualquier Senador le formulara ante una situación o actuación determinada, relevantes para el ejercicio de la función parlamentaria.
En este contexto, parece indudable la importancia de la función preventiva, relacionada con la absolución de consultas destinadas a prevenir eventuales infracciones, u orientar la actuación de los Senadores ante materias de índole ética.
En el predicamento de precisar las atribuciones que le competen a la Comisión de Ética, se consideró necesario hacer una mención especial a que la existencia, por lo menos aparente, de un hecho constitutivo de infracción a los preceptos éticos, es causa que habilita para que se pueda requerir su intervención.
En este contexto se incluyen: las actuaciones públicas o privadas de los Senadores que, a juicio de un Senador, ofenden la dignidad del Senado o la probidad y transparencia de sus actos; el requerimiento hecho por el Presidente del Senado o por alguno de los Jefes de los Comités Parlamentarios, con motivo de una situación que afecte a un miembro de la Corporación y que pudiera derivar en detrimento de la dignidad del Senado, o afectar gravemente su imagen corporativa, y proceder de oficio en situaciones graves, que sean del conocimiento público.
La norma en examen otorga plena autonomía a la Comisión de Ética para resolver su competencia y fijar su procedimiento.
Sobre el particular, se ha estimado que el alcance de la actuación que corresponde a la Comisión de Ética, no podría ser entendida como un enjuiciamiento de la conducta de un parlamentario, que conduzca a la imposición de una sanción, ya que dicha concepción superaría la facultad de autorregulación del Senado, toda vez que vulnera la norma constitucional que prohíbe el enjuiciamiento de las personas por comisiones especiales.
Se precisó que la competencia de la Comisión de Ética no dice relación con inhabilitar del cargo o suspenderlo, como tampoco con imponer sanciones pecuniarias, sino sólo transmitir la opinión calificada de sus pares que han sido elegidos para analizar y exponer que ha habido una conducta objeto de reparo.
No se trata de invadir la esfera de atribuciones de los Tribunales de Justicia, porque sólo se observarán conductas que no estén acordes con principios éticos, sino de hacer presente que, atendido el cargo que él desempeña, debe abstenerse de incurrir en una conducta que no se ajusta a la dignidad del cargo y al decoro, y si no atiende a lo planteado, habrá que hacer público el reproche. Es decir, si ha habido una trasgresión, el Senador de quien se trate, pueda ser llamado por la propia Comisión de Ética para exponerle la opinión de ésta en el sentido de que una cierta conducta es inadecuada.
Precisa que las decisiones de la Comisión sobre los asuntos sometidos a su conocimiento serán obligatorias y definitivas, y constituye un deber de honor de los Senadores el acatar sus resoluciones.
El inciso segundo establece que una vez resuelto un asunto por la Comisión, no podrá plantearse nuevamente sobre la base de los mismos antecedentes.
Señala que cuando el mérito y la gravedad del asunto sometido a su decisión lo demanden, la Comisión podrá indicar en su acuerdo que debe aplicarse a un Senador una amonestación verbal. En caso de falta grave o de reiteración, dicha censura se hará pública.
Agrega, sin embargo, que el afectado puede solicitar la reconsideración. En este caso, no se hará pública la censura, sino hasta que recaiga el acuerdo sobre aquélla.
En ambos casos, las medidas serán comunicadas directamente por la Comisión de Ética.
Propone la aprobación de una disposición transitoria del Reglamento del Senado con la finalidad de determinar la oportunidad para proceder a la elección de los Senadores que habrán de integrar la primera Comisión de Ética del Senado, y señala un plazo de treinta días a contar de la aprobación del texto de este Proyecto de Acuerdo.
En mérito a lo anterior, presentamos el siguiente:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Reglamento del Senado:
1.- En el artículo 27:
a) En el número 18a., sustitúyase la letra “y”, por un punto (.), suprimiendo la coma que la antecede.
b) En el número 19a., sustitúyase el punto final (.) por la letra “y” precedida por una coma (,).
c) Agrégase el siguiente número:
“20a. De Ética del Senado, que se regirá por el Título XVIII.”.
2.- Intercálase antes del Título Final, el siguiente Título XVIII, pasando el actual artículo 229 a ser artículo 237.
“Título XVIII
Artículo 229.- Existirá una Comisión de Ética del Senado, con el objeto de conocer y resolver cualquier situación de orden ético que afecte a los Senadores, la que tendrá las más amplias atribuciones para el desempeño de su cometido.
Artículo 230.- Al comienzo de cada período legislativo, la Sala de la Corporación elegirá entre sus miembros, en votación directa y secreta, sin relación alguna con la representación de los Partidos Políticos, a siete Senadores. Una vez elegidos éstos, se determinará por sorteo a los cinco Senadores que se desempeñarán como miembros titulares de la Comisión de Ética del Senado. Por este mismo procedimiento se decidirá también la prelación en la que los otros dos Senadores integrarán aquélla en caso de impedimento o inhabilidad de alguno de los miembros titulares.
Los Senadores así elegidos integrarán la Comisión de Ética del Senado por todo el período legislativo correspondiente, pudiendo ser reelegidos.
No podrán ser elegidos los miembros de la Mesa de la Corporación. La elección se realizará en tantas votaciones separadas cuantas sean necesarias.
Para ser elegidos como miembro de la Comisión se requerirá el quórum de las tres cuartas partes de los Senadores presentes.
En la primera sesión la Comisión nombrará entre sus miembros, un Presidente.
Los miembros de la Comisión que por cualquier causa se inhabilitaren, serán reemplazados por los Senadores Suplentes a que se refiere el inciso primero, en el orden de prelación establecido.
Artículo 231.- La Comisión deberá tomar acuerdos con a lo menos cuatro de sus miembros, y sus sesiones y actuaciones serán siempre reservadas. Respecto de asuntos tratados en la Comisión, ningún miembro podrá formular declaraciones, ni plantearlos como materia de debate o darles publicidad, sin perjuicio de la publicidad de la censura, dispuesta en el artículo 236.
Artículo 232.- Corresponderá a la Comisión asesorar a la Mesa y absolver las consultas que ésta o cualquier Senador le formulara ante una situación o actuación determinada, que estimara relevantes en el ejercicio de la función parlamentaria.
Artículo 233.- También serán atribuciones de la Comisión las siguientes:
b) conocer, a petición del Presidente del Senado o de alguno de los Jefes de los Comités Parlamentarios, cualquiera situación que afecte a un miembro de la Corporación y que pudiera derivar en detrimento de la dignidad del Senado o afectar gravemente su imagen corporativa, y
Artículo 234.- La Comisión resolverá sobre su competencia y fijará sus normas de procedimiento.
Artículo 235.- Las decisiones de la Comisión sobre los asuntos sometidos a su conocimiento serán obligatorias y definitivas, constituyendo un deber de honor de los Senadores acatarlas.
Artículo 236.- Cuando el mérito y la gravedad del asunto sometido a su decisión lo demande, la Comisión podrá indicar en su acuerdo que se debe aplicar a un Senador una amonestación verbal. En caso de falta grave o de reiteración, dicha censura se hará pública.
En ambos casos, las medidas serán comunicadas directamente por la Comisión.”.
3.- Agrégase el siguiente artículo transitorio:
“Artículo tercero transitorio.- La primera elección de los integrantes de la Comisión de Ética se efectuará dentro de los 30 días de haberse aprobado ésta por la Sala.”.
Los Senadores así elegidos durarán en sus funciones hasta el término del período legislativo correspondiente.”.
(FDO.): SERGIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.- JAIME NARANJO ORTIZ.- ENRIQUE SILVA CIMMA.- GABRIEL VALDÉS SUBERCASEAUX.- CARLOS CANTERO OJEDA