Source: http://www.franciscosantana.net/2017/05/admision-de-demanda-por-derechos_35.html
Timestamp: 2020-01-21 10:02:04
Document Index: 150341605

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 130', 'artículo 3', 'artículo 178', 'artículo 56', 'artículo 3', 'artículo 178', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 178', 'artículo 56', 'artículo 30', 'artículo 153', 'artículo 29', 'artículo 31']

Admisión de demanda por derechos colectivos y difusos contra el Alcalde del Municipio LIBERTADOR del Estado MÉRIDA (Sala Constitucional)
Municipio Libertador Estado Mérida
La parte actora en su escrito alegó, lo siguiente:
Que el 19 de abril de 2017, sucedió en la ciudad de Mérida, Municipio Libertador de esa entidad, una concentración y marcha de los ciudadanos de la oposición convocada por el ciudadano Carlos García, Alcalde de Mérida, la cual terminó en disturbios generalizados en toda la ciudad, avenida Las Américas, avenida Andrés Bello sector carrizal, Víaducto Campo Elías, Residencias Cardenal Quintero, Urbanización El Campito, Residencias El Rodeo, “con la consecuencia de la vandalización de la propiedad pública y privada, cierre de vías, obstaculización del tránsito vehicular y peatonal con todo tipo de escombros, amedrentamiento de la población con utilización de megáfonos y lanzamiento de morteros, piedras, levantamiento de las alcantarillas públicas, destrucción y derribo de postes de semáforos, derribo de vallas publicitarias, colocación de barricadas, quema de cauchos y otros objetos inflamables, derribo ilegal de árboles, todo ello con consecuencias gravosas para toda la ciudadanía, el amedrentamiento psicológico, el terror y el miedo … acciones desarrolladas por terroristas que conllevan a la violación de una serie de derechos y garantías constitucionales para todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en el Municipio Libertador del estado Mérida”.
Que es notorio, público y comunicacional que grupos de personas en vías principales de la ciudad se han dedicado a una constante y progresiva violación de derechos constitucionales en las zonas afectadas; que de manera sistemática y planificada, los manifestantes violentos radicales y con conductas terroristas sitiaron conjuntos residenciales y zonas comerciales.
Que desde el 24 de abril de 2017, a través de lo que han llamado “el plantón” y “manifestación pacífica contra el Régimen” grupos de personas causantes de los focos violentos y habitantes de esos sectores se han dado a la tarea diaria de trancar las vías de tránsito, utilizando para ello bolsas de basura putrefactas, chatarra de todo tipo, troncos, árboles verdes cortados, cuchos quemados, techos de paradas, alambres de púa para evitar el paso de motorizados y peatones, y han derramado aceite y gasolina sobre el pavimento y escaleras para causar el deslizamiento de personas y motorizados, causando un daño significativo al patrimonio público y privado del Municipio Libertador del Estado Mérida, aunado a que han realizado grafitis ofensivos contra el Presidente de la República.
Que durante largas jornadas del mes de abril y en el transcurso del mes de mayo, estas personas que se dicen “estudiantes activistas por la paz y la democracia” han tomado con violencia manifiesta y escalada, las principales vías de la ciudad con la excusa inicial de manifestar supuestamente contra la “ruptura del hilo constitucional” derivado de las sentencias números 155 y 156 emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; posteriormente, en virtud de la convocatoria efectuada por el Presidente de la República a Asamblea Nacional Constituyente, han llamado al “desconocimiento del Gobierno de la República…” al cual se refieren como “la dictadura” o “el régimen” así como al desconocimiento del Estado de Derecho legítimo y legalmente constituido, cambiando continuamente de excusas para las protestas violentas y delitos cometidos en perjuicio del pueblo merideño.
Que la tranca de las vías en los sectores afectados han impedido a las personas que en ellos habitan puedan entrar y salir de sus viviendas, a trabajar, estudiar, a hacer las compras de alimentos, recibir atención médica o realizar cualquier actividad que requiera la movilización desde o hacia sus hogares, obstruyendo el libre tránsito con grandes muros las vías, cobrando “peaje” para el desplazamiento, aunado a que si identifican a algún ciudadano militante o simpatizante del partido de gobierno es atacado, insultado, asediado y amenazado de muerte.
Que, el 24 de abril de 2017, un grupo de personas atendiendo al llamado “plantón contra la dictadura” se apostaron en la ciudad, específicamente al finalizar el viaducto Campo Elías, obstruyendo la vía pública y que -a su decir- de forma premeditada ejecutaron una emboscada por cuanto transitaban personas “identificadas como chavistas junto con … trabajadores y trabajadoras tanto del sector público como privado, que transitaban la zona como consecuencia de la falta de transporte público por la violenta manifestación que asediaba la ciudad”.
Que sorpresivamente de la manifestación opositora comenzaron a disparar a los ciudadanos y ciudadanas que transitaban resultando asesinados dos personas, impactados con arma de fuego en el cráneo, identificados como Leonardo Sulbarán, trabajador de la Gobernación del Estado Mérida, y el segundo Luís Márquez, obrero de la “ULA”, que igualmente resultaron heridas treinta y cinco (35) personas con distintos niveles de gravedad, víctimas de una acción terrorista planificada, entre los cuales se encontraban funcionarios de la policía del Estado Mérida. Que en el ciudadano Daniel Infante, trabajador de TROMERCA, que se encontraba en la entrada del edificio donde reside en las adyacencias de la urbanización Cardenal Quintero, fue impactado por un disparo.
Que la ciudad de Mérida se ve sometida diariamente a prácticas terroristas, donde se vulneran derechos de toda la comunidad, que a los niños, niñas y adolescentes se les han vulnerado sus derechos, ya que se han visto imposibilitados de asistir a la escuela y cumplir con sus actividades académicas y extra académicas normales, permaneciendo encerrados en las viviendas afectándose su salud mental ante el miedo y la zozobra; igualmente el derecho a la recreación de los mismo, por cuanto los principales parques están ubicados en los punto que han destinado para las guarimbas y barricadas, aunado al grave hecho de utilizar niños y adolescentes para realizar estos actos poniendo en riesgo su integridad física.
Que el 08 de mayo de 2017, tras la manifestación opositora hubo fuertes enfrentamientos en los que resultaron varios heridos, tres fue por arma de fuego Anderson Dugarte, con herida de bala a la altura de la cabeza, quien luego falleció, Freylan Eliecer Álvarez, estudiante, con herida de bala sin salida en el ojo derecho, y Hugo A. Guillen, funcionario de la Policia del Estado, con herida de bala en el tórax; que, han implementado la práctica terrorista que consiste en el lanzamiento de excrementos a los cuerpos de seguridad del Estado, Policía y Guardia Nacional Bolivariana, incurriendo en el tipo penal denominado bioterrorismo afectando la salud pública.
Que estas acciones terroristas tienen su fuente en las instrucciones giradas por líderes de la oposición como el Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, ciudadano Carlos García Odón, a través de las redes sociales (twiter, sms, facebook, zello, BB Messenger, grupos de whatsapp), así como empresas de comunicación privadas impresas, radiales y televisivas, que incitan a la violencia.
Que en dichos sectores los grupos violentos cuentan con el apoyo de vecinos, para la alimentación e hidratación, protección y ocultamiento de materiales y herramientas para la generación de los actos violentos, asimismo hacen uso de familias, niños, adultos mayores y enfermos como escudo humano para impedir las acciones de los cuerpos de seguridad para la dispersión de conflictos de orden público.
Que cuatro (04) parroquias están gravemente afectadas al quedar incomunicadas, cercadas por grupos violentos y las barricadas, que aunado lanzan artefactos explosivos denominados bombas molotov, para generar caos y desesperación en el colectivo; asimismo secuestran personas y vehículos de esos sectores afectando la salud pública de la población vulnerando el derecho a la educación, a la recreación, a la salud, a la integridad física y moral así como la vida en armonía de estas familias que también son objeto de extorsiones para poder movilizarse a sus sitios de trabajo y lugares de estudio, y que también son obligados por la fuerza a participar en las manifestaciones.
Que le han hecho un cerco al Hospital del Seguro Social, ubicado en la avenida Las Américas, impidiendo la entrada y salida de personas e insumos; sumado a la colocación guayas y alambre de púas, aceites, objetos punzantes de distintos tamaños y características de elaboración casera en la referida avenida, así como en la avenida Los Próceres y avenida Andrés Bello, siendo en esta última que en fecha 04 de mayo de 2017, el ciudadano Víctor Alcántara de 54 años de edad, trabajador del Servicio Autónomo Estadio Metropolitano, adscrito a la Gobernación del Estado, quien se trasladaba en una moto colisionó con unas de las guayas desgarrándose la piel a la altura de la mandíbula teniendo que ser trasladado a un centro hospitalario e intervenido quirúrgicamente.
Que los vecinos están conminados a la alimentación de los radicales protestantes y a suministrar gasolina a los tanques de los vehículos estacionados, para ser usada como combustible de los objetos que incendian y los explosivos de fabricación casera que lanzan a los órganos de seguridad o transeúnte que no acate las órdenes que giren estos grupos violentos que controlan el determinado sector, con la amenaza de que si no atienden sus requerimientos serán quemados sus vehículos o rociados con gasolina para prenderles fuego.
Que el Alcalde delatado, con la omisión de sus competencias está en desacato abierto a sus deberes, no ha dado cumplimiento a los mandatos inherentes a sus funciones que son necesarios para la paz, previstos en el artículo 178 constitucional, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7, así como en los artículos 52, 56, 88 numerales 1 y 2, 75, 76 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ya que no ha ordenado ni ejecutado ningún acto dentro del marco de sus competencias que permita el retiro de los escombros, ni ha despejado las vías llenas de muros de basura y otros obstáculos con lo cual se vulneran los derechos constitucionales a la vida, a la salud, al libre tránsito, al trabajo, a la alimentación, a la educación de los niños y adolescentes y demás estudiantes, a la familia, a la seguridad personal, a la recreación y a un ambiente sano ecológicamente equilibrado, entre otros consagrados en los artículos 20, 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que por el contrario el referido Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, ha desplegado una conducta de abierta convocatoria y apoyo a las supuestas manifestaciones pacíficas que se están materializando en este Municipio, por un mínimo grupo, permitiendo que se vulneren derechos humanos a mas de doscientos mil (200.000) habitantes, finalmente solicitaron se admitida la presente demanda y se acuerde el amparo cautelar.
Corresponde a la Sala determinar su competencia para el conocimiento de la presente demanda intentada por los ciudadanos supra mencionados, en la que invoca la protección de intereses colectivos y difusos respecto al Alcalde del Municipio Libertador del estado Mérida, ciudadano Carlos García Odón, y por la cual se denuncia el incumplimiento por parte del mencionado alcalde los mandatos inherentes a sus funciones previstos en el artículo 178 constitucional, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7; el cual vulnera los derechos constitucionales a la vida, a la salud, al libre tránsito, al trabajo, a la alimentación, a la educación de los niños y adolescentes y demás estudiantes, a la familia, a la seguridad personal, a la recreación y a un ambiente sano ecológicamente equilibrado, entre otros consagrados en los artículos 20, 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En ese sentido, se observa que los hechos relatados en el escrito presentado y que motivan la presente demanda consisten en el supuesto incumplimiento por parte del Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, del artículo 178 constitucional, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7, al aparentemente permitir que personas en esa localidad coloquen obstáculos en la vía pública y quemen objetos, lo cual, según se denuncia, atenta contra los derechos constitucionales derechos constitucionales a la vida, a la salud, al libre tránsito, al trabajo, a la alimentación, a la educación de los niños y adolescentes y demás estudiantes, a la familia, a la seguridad personal, a la recreación y a un ambiente sano ecológicamente equilibrado, entre otros consagrados en los artículos 20, 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Respecto a la calificación y legitimación de las demandas por derechos e intereses difusos o colectivos, desde la sentencia líder en la materia (n.° 656/30.06.2000, caso: Dilia Parra Guillén) esta Sala ha señalado que:“Con los derechos e intereses difusos o colectivos, no se trata de proteger clases sociales como tales, sino a un número de individuos que pueda considerarse que representan a toda o a un segmento cuantitativamente importante de la sociedad, que ante los embates contra su calidad de vida se sienten afectados, en sus derechos y garantías constitucionales destinados a mantener el bien común, y que en forma colectiva o grupal se van disminuyendo o desmejorando, por la acción u omisión de otras personas”.
En este sentido, se observa que si bien la presente demanda ha sido intentada por los algunos habitantes del Municipio indicado, los hechos que relata y su pretensión –tanto cautelar como de fondo– afecta a un sector poblacional determinado e identificable como son las personas que habitan, laboran o circulan por el Municipio Libertador del Estado Mérida. Por tanto, con base a tales características la presente demanda debe calificarse como aquellas dirigidas a la protección de intereses colectivos y, así se declara.
Corresponde a la Sala decidir sobre la solicitud de medida cautelar innominada peticionada por los demandantes y, en tal sentido, advierte que el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que: “En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional, podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto” (resaltado de esta Sala).
Al respecto, esta Sala teniendo en consideración los alegatos de la parte accionante, así como los recaudos acompañados al escrito libelar referidos a hechos noticiosos, así como visto el hecho público, notorio y comunicacional, del cual se desprende situaciones violentas en las manifestaciones, perturbación a la paz local, limitación al acceso a las vías públicas, y participación de niños, niñas y adolescentes en algunas de estas concentraciones, que se derivan -entre otras- de las siguientes informaciones aparecidas en diferentes páginas informativas en internet, las cuales han sido consultadas en fecha 24 de mayo de 2017:
1) http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/atacaron-meridenos-que-protestaban-gran-planton_178860
El "Gran Plantón" en diferentes sitios de la ciudad de Mérida, Tabay, Tovar, Zea, El Vigía, Ejido comenzó desde las 6:00 de la mañana como medida de protesta para el restablecimiento del hilo constitucional.
Esta jornada cívica fue atacada en distintas partes por grupo de colectivos armados en horas de la tarde donde ingresaron a algunas residencias y dispararon contra las personas que allí estaban.
Esta particular protesta también hizo que en su gran mayoría el comercio de Mérida y ciudades vecinas no abrieran sus puertas, así como el transporte público paralizó totalmente su servicio.
En el caso de la ciudad de Mérida los manifestantes se apostaron en varios puntos de la ciudad avenida Las Américas, avenida Los Próceres, avenida Andrés Bello, intercepciones de Pan de Azúcar, entrada a la ciudad de Mérida en la zona norte en el sector Vuelta de Lola, Yuan Lin, Viaducto Sucre, la urbanización Humboldt y Pie del Llano con banderas de Venezuela en mano, pancartas con mensajes y llamados a la Paz, de en todos los puntos de la ciudad acordados por la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Mérida.
También en la ciudad de Ejido en el municipio Campo Elías, y en la población de Santa Cruz de Mora municipio Antonio Pinto Salinas los merideños salieron desde muy temprano para apoyar la actividad de protesta.
A media mañana grupos de colectivos armados llegaron a varios de los lugares donde estaban manifestantes para amedrentarlos, sin embargo la gente aguantó hasta que pasado el mediodía en la ciudad de Ejido se produjo enfrentamientos en la avenida Centenario y un grupo de encapuchados localizaron un vehículo policial que fue incendiado.
Habitantes denunciaron que decenas de encapuchados fueron bajados de un camión para atacar personas.
Desde primeras horas de la mañana se observaron en las inmediaciones de la plaza Bolívar fue instalado un equipo de sonido y se reunió un grupo de motorizados. Cerca de las 4:00 pm las personas que se encontraban en el "Gran Plantón” fueron atacados por colectivos.
Cerca de las 5:00 pm decenas de colectivos armados atacaron las personas que estaban desde la la mañana en la protesta en la avenida Las Américas frente CC Yuan Lin.
2) http://www.notitarde.com/un-funcionario-muerto-y-4-heridos-en-protesta-en-merida/sucesos/2017/04/24/1056112/
Notitarde.- Al menos un funcionario fallecido y otros cuatro resultaron heridas por impactos de bala en medio de una manifestación que se llevaba a cabo en el viaducto Campo Elías del estado Mérida, así lo informó el defensor del Pueblo Tarek William Saab a través de su cuenta en la red social Twitter.
Según el funcionario, la persona asesinada se trata de Jesús Sulbarán, perteneciente a la Policía de la gobernación de Mérida, quien recibió impacto de bala en el tórax, mientras se encontraba en labores de vigilancia en una manifestación “pro gubernamental”, enfatizó Saab.
Asimismo, el Defensor del Pueblo reportó además cuatro heridos por arma de fuego, entre los que se encuentra el joven Luis Alberto Márquez, que se encuentra gravemente herido con disparo en la cabeza, y que está siendo atendido de emergencia en el Hospital Universitario de Los Andes “debatiéndose entre la vida y la muerte”.
3) http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/merida-movilizan-por-los-caidos-las-protestas_183354
Este sábado varias ciudadanos de Mérida salieron a las calles para protestar en honor de los caídos en las manifestaciones opositoras realizadas desde el primero de abril.
En fotos publicadas en las redes sociales algunas personas se pintaron disparos en el cuerpo para simbolizar las heridas que sufrieron los venezolanos asesinados en las protestas.
"La peor parte de una sociedad manipulada por la política, es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza", dice una de las pancartas que llevan los merideños. (…)
Ante tal situación esta Sala Constitucional, en uso del amplio poder cautelar que ostenta, se aparta de la calificación dada por los demandantes a la protección cautelar pretendida en cuanto a su denominación como “cautelar innominada”, en tanto que se observa que dicha medida sí está nominada y es la contenida en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (conocida como “amparo cautelar”), la cual es extensible al proceso como el de autos conforme a la doctrina sentada por esta Sala, entre otras, en la decisión n.° 1084 del 13 de julio de 2011, caso: José Rafael García García.
Atendiendo a ello, dado el amplio poder cautelar de esta Sala en protección de los derechos y garantías constitucionales y de los bienes jurídicos que especialmente ellos resguardan y atendiendo a la situación fáctica planteada por los demandantes como al hecho notorio comunicacional, del cual tiene conocimiento esta Sala, así como atendiendo a la competencia constitucional que tienen los Alcaldes, en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolladas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como a los derechos constitucionales denunciados como lesionados 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112, 127, entre otros, se acuerda amparo constitucional cautelar, con fundamento en lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, se ordena al Alcalde del Municipio Libertador del estado Mérida, ciudadano Carlos García Odón, que dentro del Municipio en el cual debe ejercer la competencia atribuida en el artículo 178 constitucional:
1.- Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos;
5.- Ejerza la protección a los niños, niñas y adolescentes, para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 y 178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Asimismo, se le recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem. Asimismo, visto que dicho mandamiento se sustenta en la conducta omisiva referida a la falta de cumplimiento por parte de la citada autoridad municipal de lo previsto en el artículo 178, numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Constitución, en concordancia con el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ordena la ejecución inmediata e incondicional de lo ordenado en el presente fallo., con fundamento en el artículo 30 ibídem.
Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer la demanda ejercida por los ciudadanos ELIZABETH IZARRA PEÑA, ARLES CHETUAN PUERTA, ÁNGEL EDUARDO MONTERO, BARRIOS Y LUIS CARLOS DÁVILA RIVAS, por el abogado OLEG OROPEZA, la cual se ADMITE.
Se remite el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a fin de que practique la citación, por cualquier medio, del ciudadano Carlos García Odón, Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, respectivamente; notifique a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público y emplace por cartel a los interesados o interesadas, todo conforme a lo previsto en el artículo 153 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Se acuerda amparo constitucional cautelar y, en tal sentido, se ORDENA al ciudadano Carlos García Odón, Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, que dentro del Municipio en el cual ejerce su competencia:
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199169-371-24517-2017-2017-563.HTML
Etiquetas: Amparo cautelar Derechos colectivos y difusos Municipio Libertador Estado Mérida Protestas 2017