Source: https://derechomercantilespana.blogspot.com/2015/01/el-limite-del-10-del-volumen-de-negocio.html
Timestamp: 2019-08-21 13:30:44
Document Index: 226520756

Matched Legal Cases: ['artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 284', 'artículo 288', 'artículo 284', 'artículo 66', 'artículo 33', 'artículo 288', 'artículo 23', 'artículo 63', 'artículo 5', 'artículo 63']

El Tribunal Supremo (sección 3ª Sala III) se ha pronunciado, en Sentencia de 29 de enero de 2015 sobre cómo ha de interpretarse el artículo 63.1 de la Ley de Defensa de la Competencia que prevé que se pueden imponer multas a los responsables de infracciones competitivas de hasta el 10 % del volumen de negocio de las empresas implicadas. En el blog nos hemos ocupado de la cuestión aquí , aquí y aquí.
La conclusión de nuestro Tribunal de Casación es semejante a la del Tribunal Supremo alemán: todos los criterios de interpretación de las normas y, en particular, los aplicables a las normas que establecen sanciones administrativas o penales conducen a entender que el 10 % no es una cifra que obliga a la Administración a “nivelar” la sanción tras haberla fijado con arreglo a otros criterios si el resultado es superior a dicho porcentaje, sino que ha de servir de orientación en el sentido de que el 10 % debe reservarse para las infracciones más graves (y duraderas).
(ii) Interpretación sistemática del precepto
…responde a lo que es usual en las normas sancionadoras administrativas, en las que el legislador fija un intervalo (un espacio entre dos valores, uno máximo y otro mínimo) de las sanciones pecuniarias posibles, bien haciéndolo en términos fijos (multa de 1 euro hasta x euros) bien en términos porcentuales.
Además, “los porcentajes empleados por la legislación española para las infracciones leves y graves (el uno y el cinco por ciento) tienen, en la configuración normativa del artículo 63.1 de la Ley 15/2007, el mismo significado y carácter que el diez por ciento para las infracciones muy graves, la tesis del Abogado del Estado que acabamos de exponer -y que coincide con la que asume la Comunicación de 6 de febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, actuales 101 y 102 del TFUE- dicha tesis, decimos, no resulta aceptable”
Además, la comparación con el art. 288 Código Penal: “Las conductas más próximas a las restrictivas de la competencia que el legislador considera de mayor reprochabilidad son, como resulta lógico, las que él mismo incluye y tipifica en el Código Penal, cuyo artículo 284.1 sanciona a quienes "empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación". Se trata de conductas contrarias a la libre concurrencia cualificadas por el añadido de la violencia, la amenaza o el engaño. Pues bien, de conformidad con el artículo 288 del Código Penal, cuando una persona jurídica sea responsable del delito tipificado en el artículo 284 le corresponderá una "multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad" o una "multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos". El sistema de multas-período de tiempo, a su vez, para el caso de las que se pueden imponer a las personas jurídicas tiene como base una cuota diaria con un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. (lo que permite) … corroborar que en el Derecho sancionador español incluso las sanciones pecuniarias que corresponden a las conductas contrarias a la libre concurrencia más graves (las delictivas) tienen previstas en la Ley una escala o intervalo de valores mínimos y máximos dentro del cual se ha de individualizar la respuesta punitiva. Es cierto que en el caso de las personas jurídicas las penas por estos delitos no se limitan a las pecuniarias (atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 del Código Penal, según dispone el artículo 288.2 de éste) pero lo relevante a los efectos que aquí importan es la necesaria -y constante- predeterminación legal de las cifras mínimas y máximas, fijas o porcentuales, dentro de las cuales han de imponerse las multas.
(iii) En fin, La ratio del límite del 10 % no es evitar que "la imposición de la multa convierta en inviable el negocio o la actividad de la empresa, lo que haría perder su finalidad al ejercicio de la potestad sancionadora en dicho ámbito, por cuanto la desaparición de una empresa en cierto sector en nada ayuda a la competencia en el mismo" (como sostuvo el Abogado del Estado) porque, si así fuera, no sería “aplicable a los otros dos límites porcentuales (el uno y el cinco por ciento) pues difícilmente una multa cuyo máximo fuera equivalente al uno por ciento del volumen de negocios podría desencadenar aquellos efectos”.
La consecuencia principal es que la cuantificación de las multas de la Comunicación de 6 de febrero de 2009 no es aceptable. Recuerda el TS que el modelo de cálculo de la multa de la Comunicación
Pues bien, este método de cálculo podrá ser aceptable en aplicación del artículo 23 del Reglamento 1/2003 para las sanciones que impone la Comisión Europea (a ello nos referiremos acto seguido) pero no se aviene con la norma legal española. El artículo 63 de la Ley 15/2007 marca los límites para la imposición de las sanciones en cada una de las tres categorías de infracciones no en cuanto "umbral de nivelación" sino en cuanto cifras máximas de una escala de sanciones pecuniarias en el seno de la cual ha de individualizarse la multa.
Y considera que la forma alternativa de interpretar el art. 63.1 LDC – la que practica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea – no sería compatible con nuestro Derecho Sancionador, en particular con el principio de legalidad de las penas que exige “la predeterminación normativa de los máximos y mínimos de las multas” fijos o en porcentaje de una magnitud también predeterminada.
La discrepancia entre el Derecho europeo y el nacional
Lo mejor de la sentencia es lo que afirma el ponente respecto a la discrepancia que esta interpretación del art. 63.1 LDC genera respecto del Derecho europeo de la competencia. No hay una contradicción que deba suprimirse porque las autoridades nacionales no están vinculadas por la práctica de la Comisión Europea cuando aplican el art. 101 TFUE en lo que al cálculo de las multas se refiere
La premisa de la que parte el Abogado del Estado (que refleja, obviamente, la tesis de la Comisión Nacional de Competencia sobre la materia) no es, sin embargo, correcta y lleva razón la tesis mayoritaria de la Sala de instancia también en este punto. Basta para ello recordar que la propia Comisión Europea admite cómo la legislación de la Unión Europea en esta materia (por lo que aquí respecta, el tan citado Reglamento 1/2003) no ha impuesto un modelo uniforme en el diseño de los regímenes nacionales de aplicación de las normas de competencia.
Los Estados miembros han de confiar a sus respectivas autoridades de defensa de la competencia la aplicación efectiva de los artículos 101 y 102 del TFUE, pero el Reglamento 1/2003 les otorga (a los Estados) libertad para determinar sus propias sanciones en la aplicación en su territorio de las normas de competencia de la Unión. Como es obvio, dentro de cada Estado el establecimiento y el diseño normativo de estas sanciones nacionales corresponderá, conforme a sus disposiciones constitucionales, al órgano que ostente la competencia legislativa en sentido amplio (propia o delegada), órgano que en nuestro caso no es precisamente la Comisión Nacional de Competencia (actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Estas afirmaciones responden, por lo demás, a la interpretación consolidada del artículo 5 del Reglamento 1/2003 que ha hecho suya en reiteradas ocasiones la propia Comisión Europea. Por no citar sino uno de los últimos documentos emanados de esta institución, puede leerse en su Comunicación de 2014 al Parlamento Europeo y al Consejo sobre "Diez años de aplicación de la normativa antimonopolio del Reglamento (CE) nº 1/2003: logros y perspectivas futuras" (documento COM/2014/0453 final) cómo, en palabras de la propia Comisión, "[...] la legislación de la UE no regula ni armoniza las sanciones por incumplimiento de las normas antimonopolio de la UE", afirmación categórica seguida del recordatorio a los Estados miembros para que "velen por que se disponga de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias".
En particular, el art. 23.3 R 1/2003 se remite al Derecho Nacional para la “imposición de multas sancionadoras, de multas coercitivas o de cualquier otra sanción prevista por su Derecho nacional”.
Sobre el carácter disuasorio de las multas
Mucho más adelante, el ponente añade que si la CNMC considera que, con esta interpretación del art. 63.1 LDC no se pueden imponer multas suficientemente disuasorias – lo que dudamos – lo que tiene que hacer es promover la modificación de la Ley. Añade la Sentencia que, si bien, el carácter disuasorio es un rasgo de las multas que debe preservarse (porque lo exige el principio de efectividad), “tal carácter ni es exclusivo de este sector del ordenamiento ni puede constituirse en el punto de referencia prevalente para el cálculo en un supuesto concreto, desplazando al principio de proporcionalidad”. Y añade que la disuasión de conductas infractoras debe ser un efecto del conjunto del Derecho de la Competencia y que la CNMC haría bien en utilizar, por ejemplo,
ciertas medidas punitivas previstas en la norma pero no siempre adoptadas en la práctica (como la contenida en el artículo 63.2 de la Ley 15/2007, que permite imponer multas de hasta 60.000 euros a las personas que integran los órganos directivos de las empresas infractoras)
y en facilitar el ejercicio de acciones civiles de indemnización de daños a partir de sus resoluciones sancionadoras.
La inconstitucionalidad del art. 23.3 R 1/2003
Y, naturalmente, si la CNMC no está vinculada por la práctica de la Comisión en la aplicación del art. 5 R 1/2003, mucho menos el legislador español y su intérprete máximo, el Tribunal Supremo. Éste quedaría vinculado por la interpretación “europea” si el legislador español hubiera “copiado” el R 1/2003 en este punto. Pero, con buen criterio, no lo hizo. Decimos con buen criterio porque el art. 23.3 R 1/2003 (que se limita a decir que, “A fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración”) es dudosamente compatible con los principios constitucionales de legalidad y tipicidad, (y aquí) en concreto, con la obligación del legislador de determinar las sanciones imponibles por la comisión de una infracción administrativa. Dice el Tribunal Supremo que
Reproche que, a juicio del Tribunal Supremo, no cabía hacer al antiguo art. 10 de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989 porque ésta incluía dos límites: 150 millones de pesetas y el 10 %.
Primero. El “truco” de calificar las conductas objeto de expediente sancionador como contrarias no solo al art. 1 LDC sino también al art. 101 que emplea casi sistemáticamente la CNMC no “funciona” porque el TS aclara que tampoco cuando la CNMC aplica el art. 101 está aplicando el Reglamento 1/2003 en lo que a las sanciones se refiere.
Segundo. Ya son dos, al menos, Tribunales Supremos de los Estados miembro que acogen esta interpretación del límite del 10 % con argumentos traídos de los principios fundamentales del Derecho Sancionador, principios que tienen rango constitucional y que deberían llevar al Tribunal de Justicia a modificar su jurisprudencia si no quiere acabar delante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También debería llevar a la Comisión Europea a promover una reforma del Reglamento 1/2003 para que éste recoja una escala de sanciones mucho más detallada que la actual distinguiendo entre hard core cartels (y dentro de éstos, los que se hayan ejecutado y hayan producido efectos y teniendo en cuenta la duración) y demás prácticas restrictivas de la competencia para las que debería preverse una sanción inferior y, sobre todo, distinguiendo entre grados de ejecución de la infracción (rebajando la sanción para las infracciones “intentadas”).