Source: https://www.scribd.com/document/143825635/Resumen-Analitico-Derecho-Constitucional
Timestamp: 2018-12-13 11:34:14
Document Index: 197734671

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 16', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 120', 'artículo 119', 'artículo 119', 'artículo 110', 'artículo 121', 'artículo 45', 'artículo 27', 'artículo 73', 'artículo 49', 'artículo 44', 'artículo 73', 'artículo 92', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 72', 'artículo 73', 'artículo 111', 'artículo 55']

Uploaded by Miguel Pinzon
CONSTITUCIONAL Resumen 1er Parcial
Doxa_39_13
Propuestas de ejercicios con Arena.pdf
Cover Tugas s2
Miroslav Mika Antić.docx
El Barroco Universo de Experiencias
Death House - Curse of Strahd Intro Adventure (D&D 5E)
Imagenes, Terreno a Emplazar Casa
Salvi1997
mritu.ppd
Miguel Ángel Pinzón Murillo. Matricula: 11201000444 Derecho Constitucional Mexicano. Resumen.
CAPÍTULO 1 EL PODER CONSTITUYENTE Comencemos por asediar el concepto de Constitución que la nuestra acoge. Para ello hemos de tener en cuenta, previamente, el concepto de soberanía pero en su elucidación y manejo debemos de ser cautos. Ciertamente el concepto de la soberanía ha sido, desde el siglo xv hasta nuestros días, uno de los temas más debatidos del derecho público “El Estado es un recto gobierno, de varias agrupaciones y de lo que les es común, con potestad soberana (summa potestas).” “El estado –asienta Laski- se encarna, entonces en el príncipe. Todo cuanto quiere es justo por que expresa su voluntad. El derecho no significa nada, como en la Edad Media, un aspecto particular de la justicia universal; el derecho es la emanación de un centro único de autoridad en el orden político.” La soberanía significa “la negación de toda la subordinación o limitación del Estado por cualquier otro poder” concepto negativo que se traduce en la noción positiva de “una potestad pública que se ejerce autoritariamente por el Estado sobre los todos individuos que forman parte del grupo nacional”. La soberanía interior es, por lo tanto, un superlativo, mientras que la soberanía exterior es un comparativo de igualdad “Ninguna potestad superior a la suya en el exterior, ninguna potestad igual a la suya en el interior”; he allí, en otros términos expresadas, las características de los aspectos de la soberanía. Dice Esmein: “El Estado, sujeto y titular de la soberanía, por no ser sino una persona moral, una ficción jurídica; es preciso que la soberanía sea ejercida en su nombre por personas físicas, una o varias, que quieran y obren por él. Es natural y necesario que la soberanía, al lado de su titular perpetuo y ficticio, tenga otro titular actual y activo, en quien residirá necesariamente el libre ejercicio de esta soberanía.” “Al decir que el poder soberano no tiene límites, se quiere indicar con ello que ningún otro poder puede impedir jurídicamente el modificar su propio orden jurídico.” CAPÍTULO II LIMITACIONES AL PODER CONSTITUYENTE Si el fin de toda constitución consiste en implantar un orden jurídico, su primera y fundamental limitación la tiene en la determinación de establecer, no la anarquía ni el absolutismo, sino precisamente un orden jurídico. “La ampliación de la competencia del Estado encuentra siempre su límite en el reconocimiento de la personalidad individual”
“Desde el punto de vista político –dice Ranelleti- de las exigencias del interés público tal como se siente y se manifiesta en la conciencia popular, y por ello mismo desde el punto de vista de la imposibilidad práctica, la potestad del Estado encuéntrase también condicionada y limitada. Toda manifestación del poder del Estado que choca con las exigencias de la vida de un pueblo y con los principios y el grado de su dignidad cívica, no puede durar y ni siquiera es posible.” La creación de normas por el Estado como ya lo observó Bulow, no crea, desde luego, un derecho válido, sino sólo el plan de un derecho que se desea para el futuro. Esta oferta que el legislador hace a los destinatarios de la norma sólo produce derecho vigente en la medida que las normas salen de su existencia en el papel para confirmarse en la vida humana como poder. El desconocimiento arbitrario de los tratados, la facilidad con que los gobiernos Podían envolver en conflictos a sus pueblos toda la dolorosa experiencia de la guerra mundial, hicieron pensar en la necesidad de que el derecho de gentes atajara la soberanía hasta entonces sin límites de las naciones. El dogma de la soberanía del Estado conduce a la separación entre el derecho internacional y el derecho interno, ya que aquel no conoce ni regula sino las relaciones entre los Estados, sin que pueda intervenir en las de cada Estado con sus súbditos, materia esta última reservada al derecho interno. CAPÍTULO III EL CONSTITUYENTE PERMANENTE. Hemos visto que, en nuestro régimen, el pueblo hizo uso de su soberanía por medio de si representantes reunidos en una asamblea especial, cuya obra fue la Constitución, la cual viene a ser de este modo expresión de soberanía. Una vez que lleno su cometido, dicha asamblea desapareció y al extinguirse pudo entenderse que se había agotado el ejercicio de la soberanía. En su lugar Aparecieron la Constitución, como exteriorización completa de la soberanía, y los poderes por ella organizados, los cuales no son soberanos, pues sus facultades están enumeradas y restringidas. El artículo 135 establece un órgano, del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los Estados, capaz de alterar la Constitución, mediante adiciones y reformas a la misma. El alcance de sus actividades consiste en adicionar y reformas la Constitución. Adicionar es agregar algo nuevo a lo que ya existe; es, tratándose de leyes, añadir un precepto nuevo a una ley que ya existe. Reforma es también la supresión de un precepto de la ley, que resulta alterada, y no a determinado mandamiento. Reforma es, por último, en su acepción característica, sustitución de un texto por otro, dentro de la ley existente. Adicionar la Constitución o reformarla por cualquiera de los medios que han quedado indicados, en eso estriba la competencia del Constituyente permanente La profunda decisión que se observa en la doctrina repercute en el derecho positivo; parece, en efecto, que todas las teorías, con sus variados matices, han hallado acogida en la Constituciones, las cuales pueden clasificarse desde ese punto de vista, en cuatro grupos principales
a) Las que admiten expresamente la posibilidad ilimitada de su propia reforma o derogación por parte del órgano revisor, lo que significa que el constituyente origino en el instituido, deliberada y explícitamente, la integridad de su soberanía. b) Las que excluyen de la competencia revisora los principios fundamentales de la Constitución, con lo cual se consagra la tesis de Schmitt. c) Las que sin referirse a los Principios fundamentales deja a salvo de futura revisión determinados preceptos, determinados a preservar una aspiración social o una conquista política de relevante importancia para el constituyente. d) Las que, sin pronunciarse en favor de ninguno de los anteriores sistemas, instituyen la facultad indefinida y general de ser modificadas mediante adiciones o reformas. Adelantamos nuestra opinión en el sentido de que, a falta de acotación expresa en nuestro texto constitucional el Constituyente Permanente puede llevar a cabo por vía de adición o de reforma cualquiera modificación a la ley suprema. CAPÍTULO IV EL CONSTITUYENTE REVOLUCIONARIO Hemos sustentado en el precedente capítulo la tesis de que, si no se acepta la facultad limitada del Constituyente Permanente para reformar la Constitución, topamos con el dilema de que ella es la inmodificable en cierto grado o que para modificarla en ese grado es preciso salirse de la propia Constitución, Nuestra tesis de resume así; el único procedimiento jurídico para alterar cualquier texto constitucional, es el previsto por el artículo 135. El derecho a la revolución puede tener, en algunos casos, una fundamentación moral, nunca jurídica. Moralmente el derecho a la revolución se confunde con el derecho de resistencia del pueblo contra el poder político. Pero jurídicamente el derecho a la revolución no existe. “un derecho legítimo a la revolución es decir, a la violación del Derecho no puede existir nunca. La revolución es siempre una desgracia, la crisis de una enfermedad: no entra dentro del capítulo de la filosofía del Derecho. “En el Estado del Derecho Constitucional no puede ser conocido un derecho del pueblo a la revolución, porque allí donde existen medios jurídicos que ofrecen al pueblo la posibilidad legal de alcanzar una reforma del orden político de acuerdo con sus necesidades jurídicas, puede decirse que está asegurada la justicia.” Hay, pues, en nuestro derecho, como manifestación de la superlegalidad constitucional, el principio de que la ley suprema no está al alcance de las revoluciones; es lo que el titulo noveno de la misma llama “inviolabilidad de la Constitución” En el mes de febrero de 1913 un grupo de militares y civiles llevó a cabo un cuartelazo en la ciudad de México contra el gobierno legítimo del presidente Madero. Pero después de varios días de lucha en la ciudad Capital de la República, el jefe de las fuerzas leales al Gobierno, General Victoriano Huerta, traiciona al presidente Madero, aprendiéndolo juntamente con el vicepresidente Pino Suarez; los defensores de la Ciudadela se unieron al traidor, mediante un pacto firmado en la embajada de Estados Unidos. En efecto, las formalidades constitucionales de había observado
ni la Cámara de Diputados. en otras palabras. Cuantas veces se encubren con tal denominación regímenes de dictadura. sino única y exclusivamente creación del mismo. cuando el Estado es el derecho. que se externan a su vez por la manera de reaccionar la sicología humana ante las normas. Desde los comienzos del siglo pasado hasta la Constitución de 57. Porque el derecho constitucional –explica. negando sus renuncias. podrían señalarse varios periodos. La revolución no es ninguna violación del Derecho. La incompetencia de origen. Se han dicho. tuvo la gallardía de rehusar la aprobación a las renuncias. podemos decir que el derecho constitucional es el derecho del Estado. donde había mayoría adicta a Madero. a riesgo de aparentar un juego de palabras. según esa opinión un tanto generalizada. desgraciadamente. de llegar a una interpretación que se aparte del texto formal. la amplitud del amparo. Los autores desde Vallarta y Rabasa hasta nuestros días se han referido a las instituciones políticas de México. Acierta Posada que para definir el derecho constitucional. lo han hecho según el método histórico. Por cumplir una misión inminentemente social. frustráneo del fenómeno histórico que mereció aquella denominación específica. nos hemos detenido. en la obra de Rabasa. es preciso referirse no tanto a la idea como al proceso histórico del Estado. En la historia de la literatura constitucional mexicana. El enseño a interpretar la Constitución de acuerdo con las teorías que en Estados Unidos echaron a andar al modelo Norteamericano. lo que es peor. carecemos de tratados que hubieran superado la época del método histórico político y emprendido la tarea de investigar nuestro derecho público con el método técnico jurídico puro. sino también y relevantemente los factores éticos e intencionales. No podemos inventar un derecho constitucional contrario a la libertad. El método histórico aplicado en materia constitucional ofrece la posibilidad. se comete un fraude en los conceptos. fueron entre otras varias cuestiones constitucionales en que Vallarta trazó direcciones definitivas.es sólo un valor histórico. Todos colaboraron a colocar el puente por donde el traidor ingreso a la legalidad. CAPÍTULO V EL DERECHO CONSTITUCIONAL La aparición del derecho constitucional entre las disciplinas jurídicas autónomas. no son por lo común profesionales del derecho los dedicados a estos tópicos ni sus estudios tienen por objeto temas concretos de derecho constitucional. Pero entiéndase que en lo histórico no sólo tiene cabida la serie de los más o menos importantes episodios pretéritos. por lo que hemos visto. Dicha escisión se hace palpable cuando un mismo texto . que por lo tanto.impecablemente. las facultades extraordinarias del ejecutivo. La Constitución que era casi letra muerta en la práctica de las instituciones. cobro vida y animación en las ejecutorias de que era autor el presidente de la Corte. es relativamente nueva. el derecho constitucional no puede desarticularse de lo histórico. se hace un mal uso de la expresión y. aunque de significación ideal. No siempre el Derecho del Estado es constitucional. Ni Madero ni Pino Suarez tuvieron la entereza de eludir la complicidad en la traición.
de seleccionar el más apto para el cargo supremo y de que en la selección intervenga la voluntad popular. la Constitución le asigna la de que sea federal. y casi siempre excluyente. Según nuestra Constitución (art. La institución de la nobleza como detenedora de los derechos cívicos se considera antidemocrática. enseña Schmitt. La diferencia entre unos y otros. El régimen republicano se opone al monárquico por cuanto en este el Jefe de Estado permanece vitaliciamente en su encargo y lo transmite.intacto soporta sucesivamente (es decir. Característica es esta de suma importancia en nuestro régimen. Republicano es el Gobierno en el que jefatura del Estado no es vitalicia. CAPÍTULO VII LA FORMA DE GOBIERNO Además de las características de nuestra forma de gobierno que acabamos de examinar. al miembro de la familia a quien corresponda según la ley o costumbre. los órganos centrales por una parte y los Estados miembros por la otra. La doble posibilidad que ofrece el sistema republicano. 35. frac. en la evolución social) diversas interpretaciones. en grado tal que con frecuencia se mezclan y confunden sus conceptos en la moderna teoría del Estado. la forma impura de la “demagogia”. La distribución de facultades entre los dos órdenes (llamado el uno “Federal” por antonomasia y el otro “regional” o “local”) es en sí misma de . Tan contrario a la democracia es reconocer capacidad cívica a quienes no la tienen. resulta la forma pura de la “democracia” si ese poder favorece a todos por igual. se logra a través del pueblo. cuando el poder lo usufructúa la mayoría de la colectividad. como privar de ella a los que la merecen. La democracia moderna es resultante del liberalismo político. es lo que vincula estrechamente a dicho sistema con la democracia. no a través de ellos. si se aplica tan solo en servicio de los desposeídos . no frente al pueblo. desde la muy general que engendró en Roma su etimología (“cosa pública”) hasta la particular y más concreta que le dio Maquiavelo. I y II). porque la prerrogativa la tenía frente a los ciudadanos. al oponer conceptualmente la república a la monarquía. consideramos que en este último sentido emplea el vocablo nuestra Constitución. por muerte o abdicación. para la cual se consulta la voluntad popular. pues por ella tiene jurisdicción distinta. es prerrogativa del ciudadano votar en las elecciones populares y poder ser votado en las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular. mediante sucesión dinástica. por cuanto constituye la formula conciliatoria entre la libertad individual y la coacción social. CAPÍTULO VI LA FORMA DE GOBIERNO El término “república” ha tenido a través de los tiempos las diferentes notaciones más disímbolas. sino de renovación periódica. en el devenir histórico. Por último. Esta identidad entre el titular de la libertad y la “victima” de la dominación cobra singular relieve en la formación de las Constituciones.
lleguen a ceder una porción de su autonomía. amenazando con la segregación. de donde deriva la conclusión de que no pueden ser creadas ni aumentadas en las Constituciones . todavía se presenta numerosos casos en que toca al intérprete decidir a cual jurisdicción corresponde un acto concreto de autoridad. a fin de construir al gobierno. y que no lo han declarado en virtud de haber decretado se forme convocatoria para nuevo congreso que constituya la nación. una mera técnica constitucional. el elemento esencial que configura a un Estado-miembro. sino de acuerdo con las del país que lo hace suyo. Por lo que hace a las garantías sociales. sin embargo la ley que crea los órganos municipales y los dota de competencia no es ley que se dan a sí mismos los habitantes del municipio. cuya conveniencia y eficacia para cada país no se miden conforme a las necesidades de Norteamérica. Como en toda Constitución cabe distinguir en las locales la parte dogmática y la parte orgánica. Una vez hecho el reparto de competencias por la ley suprema. El sistema federal ha llegado a ser. a manera de contrapartida. CAPÍTULO VIII LOS ESTADOS Si a partir de la guerra de secesión se admite unánimemente que es irrevocable la voluntad de las entidades federativas para formar una federación. “el gobierno puede decidir a las provincias estar el voto de su soberanía por el sistema de república federal. ante el fracaso notorio de la Confederación. casi todas implican restricciones a las garantías individuales consagradas por la Constitución Federal. y en segundo lugar.trascendencia para la vida del país. Se ha pretendido que el sistema federal debe contar siempre. como premisas justificativas de su adopción. El 12 de junio de 1823 el Congreso emitió lo que se llama en nuestra historia constitucional con el nombre de “voto del Congreso”. sino que la expide para todos los municipios la legislatura del Estado. se declaró que. A la caída del Imperio. la necesidad de asegurar a dichas entidades su propia persistencia jurídica. no es indispensable que figure en dichas Constituciones. en primer término. El federalismo nació y se desarrolló hasta la consumación de la independencia por virtud del juego de estas dos fuerzas aparentemente desarticuladas. pues esa distribución debe resolver el problema de la convivencia de que cada una de las facultades ingrese a una u otra de las jurisdicciones. también habrá que aceptar. El municipio libre también es un fenómeno de descentralización. El federalismo es un fenómeno de descentralización. si se tiene en cuenta que las garantías individuales que consagra la Constitución federal valen para todas las autoridades y significa por ello la primera limitación impuesta a la autonomía local. Lo expuesto. el mecanismo constitucional mediante el cual se protege su voluntad de conservar ese elemento esencial. como eran la independencia entre sí de las colonias y su independencia de la corona inglesa En los finales de 86 la situación era insostenible. por lo tanto. con vigoroso regionalismos preexistentes. para calmar a las provincias rebeldes. En cuanto a la primera. y reinstalado el Constituyente. por el cual. aunque el municipio se gobierna por sí mismo. Pero en este último. nos conduce a estudiar. algunas de las provincias exigieron imperiosamente la implantación del sistema federal. que solo a través de una transacción.
Tocante a la parte orgánica. que en general están lejos de reflejar las necesidades locales. Sus facultades y obligaciones están inspiradas en las análogas del Presidente de la República: velar por la observancia de las leyes y el cumplimiento de las sentencias. donde las legislaturas de los Estados se componen siempre de dos cámaras. Ejecutivo. Todas las Constituciones locales consagran la clásica división en tres Poderes la de puebla los llama Departamentos). El Poder legislativo se encuentra depositado invariablemente en una sola asamblea. es limitación que trata de proteger al elemento democrático. hacer ciertos nombramientos. popular teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio libre. la forma de gobierno republicano. excepción hecha de la de Hidalgo. como conclusión del estudio dedicado a las Constituciones de los Estados. de donde deriva la conclusión de que no puede ser creadas ni aumentadas en las Constituciones locales. llamada legislatura o congreso. cuyo artículo 16 considera dividido al poder público para el ejercicio de sus funciones en Legislativo. mandar la fuerza armada del Estado. El poder ejecutivo se deposita en el gobernador. es requisito que por referirse a la renovación periódica mira al elemento republicano de la forma de gobierno b) La elección directa y la no reelección de gobernadores y de diputados locales. etc. expedir reglamentos. conforme a las bases que precisa la Constitución Federal (art. c) El mínimo de diputados que en proporción al número de habitantes señala el 115 para las legislaturas locales. la más pequeña llamada Senado y la más numerosa llamada ordinariamente Cámara de Representantes. representativo. He aquí una diferencia importante con el sistema norteamericano.locales. tiene por objeto evitar que por su escasa cifra de representantes la legislatura pierda su carácter de tal y quede a merced del ejecutivo. casi todas implican restricciones a las garantías individuales consagradas por la Constitución Federal. o con residencia efectiva no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. d) En el mismo artículo 115 se asienta: “Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él. para su régimen interior. las que . Por lo que hace a las garantías sociales. Judicial y Municipal. 115) a) El encargo de los gobernadores limitado a seis años como máximo. Podemos decir. de la misma manera que no pueden ser disminuidas las que ya constan en la Constitución Federal. la primera limitación de los Estados al darse sus instituciones consiste en el deber de adoptar. de la misma manera que no pueden ser disminuidas las que ya constan él en la Constitución Federal.
El antiguo municipio romano. En el parangón que para fijar los perfiles del Estado-miembro hubimos de establecer entre este y el municipio. . advertimos que aunque en ambos casos se trata del fenómenos de descentralización. suficiente para justificar en sitio autónomo. sino que ha gozado siempre de una relevante individualidad propia. CAPÍTULO IX EL MUNICIPIO La Constitución coloca al municipio libre en la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados. “el radio de la autoridad municipal se encuentra restringido a la etapa de creación de normas individuales” En su fracción iii el articulo 115 determina que “los municipios serán embestidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales”. el Municipio libre”.precisamente son invocadas como principal justificante de la descentralización federalista. sin embargo la descentralización municipal excluye la posibilidad de otorgarse su propia ley. entre otras metas. Este despertar del municipalismo se ha propuesto. a diferencia de la caracteriza a las entidades federativas. Se ha dicho que si en una Constitución de tipo federal se otorga la facultad de revisar a un constituyente especial o la revisión se pudiera hacer por medio de referéndum. pero lo es precisamente por su contenido permanente de libertad. Independientemente de su importancia. la que empezó a ser frenada a medida que la monarquía recuperaba su poder recuperaba su poder. la de hacer del derecho municipal una disciplina jurídica autónoma. En su párrafo inicial el artículo 115 dispone que los Estados tengan “como base de su división territorial y de su organización política y administrativa. Es a la legislación local a la que corresponde fijar las condiciones que ha de satisfacer una comunidad de personas-agrupadas comúnmente en familias. a que constituye una forma espontánea y primaria de organización comunal que el Estado autocrático puede pretender ahogar. Si el municipio es indudablemente una forma de descentralización. Dentro del capítulo que consagramos a estos últimos hubiera podido ser estudiado. Los siglos XIV y XV señalan el auge de la autonomía municipal. pero que el Estado democrático sólo corresponde reconocerla e incorporarla a su estructura.para merecer la categoría de municipalidad. con algunos injertos de procedencia germánica. que en las épocas de autocracia se pone en pie de guerra. el municipio una manera de descentralización. por lo tanto. se aprovechó durante la Edad Media de la libertad de la monarquía para fortalecer su independencia. es lo cierto que el derecho municipal no alcanza una tradición vigorosa en la cátedra y en la bibliografía. merecedora por ello de un estudio aparte. el municipio: pero el municipio no es mero integrante de la organización de los Estados. Es pues. cuya autonomía se concreta en el hecho de darse una Constitución y expedir la legislación que de ella deriva. se debe ante todos.
CAPÍTULO X NORMACIONES COMPLEMENTARIAS DE NUESTRO SISTEMA FEDERAL Dispersas en el articulado de la Constitución existen algunas normaciones complementarias de nuestro sistema federal. se propuso enfrentar su acción o hacerla concurrir mejor a la unidad común. Otra obligación de índole positiva que la Constitución impone a los Estados es la contenida en el artículo 120: “Los gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales”. Asistía la razón a Ruiz al censurar los dos artículos.” El artículo había sido el 107 del proyecto de Constitución de Alberdi. cuyo conocimiento no debemos omitir. de uno y dos meses como máximo para las extradiciones. para cumplir y hacer cumplir las leyes federales son los tribunales de circuito y de distrito”. su interpretación . los Estados de la federación la tienen como obligación impuesta por el Constituyente. respectivamente entre los Estados y las internacionales. El artículo 119 dispone: “Cada Estado tiene la obligación de entregar sin demora los criminales de otro Estado o del extranjero a las autoridades que lo reclamen”. sino también la segunda parte el actual artículo 119. La Constitución de 17 agrego al texto anterior no sólo lo relativo a la extradición de delincuentes del extranjero. creemos que mejor hubiera conseguido este objeto teniendo en las provincias autoridades suyas. No sabemos cuál sistema era más desacertado: si el que convertía a los jueces de distrito en jefes de operaciones y administradores de hacienda o el que traspasaba esas funciones federales a los gobernadores de los Estados. acto sencillísimo que pierde la Gravedad que dársele quiere si se reflexiona que no tiene nada de la sanción del ejecutivo que es indispensable para dar la ley fuerza de tal”. la primera consiste en publicar las leyes federales y la segunda en hacerlas cumplir. quien quizá lo había tomado de un proyecto de Constitución publicado en Chile en mayo de 1852. Aunque de escasa o de ninguna aplicación. que señala plazos. este articulo servirá en nuestro estudio para poner en movimiento algunos principios del sistema federal. El artículo 110 de dicha Constitución. todavía vigente. haciendo a los gobernadores como en los gobiernos unitarios. advirtió con palabras que no fueron atendidas: “se trata simplemente de la publicación de las leyes. ejecutando en lo que es privativo de la federación y obrando en todas las provincias bajo un mismo sistema” La literalidad de dicho artículo conduce a distinguir las dos obligaciones que impone a los gobernantes. agentes naturales del poder general. del modo de hacerlas llegar al conocimiento de todos los ciudadanos. independientes de toda influencia. si no es porque la aceptan voluntariamente en virtud de convenciones internacionales o por expresión espontanea de sus propias leyes. atemperando los excesos verbales de ambos bandos. El artículo 121 impone a cada Estado de la Federación la obligación de dar entera fe y crédito a los actos públicos. Por lo que toca a la primera. dice así: “Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes federales. La voz más sensata sin duda la de Zendejas cuando. “Los agentes de la Federación. es decir. Mientras entre naciones soberanas esa obligación no existe. “Sí la Constitución. registros y procedimientos judiciales de todos los otros.
según lo dice la . sino que consagra en favor de Este un dominio más concreto y real. De tres clases fueron las divisiones de la época colonial: a) la eclesiástica. siga recogiendo el concepto clásico del dominio eminentemente del Estado. al igual que lo son el poder de mando y la población. a diferencia de las del siglo pasado. sancionarlas o darles el pase como quería Ramírez. Corregimientos y Alcaldías mayores. es decir. y en jurisdicciones judiciales eclesiásticas encomendadas a los tribunales del Santo Oficio. la propiedad actual deriva de la que se formó durante la colonia “El principio absoluto de la autoridad del rey. b) la administrativa-judicial que tenía por base los distritos jurisdiccionales de las Audiencias. es una de las maneras de adquirir que existen en derecho.más llana y al mismo tiempo más jurídica es la que en el Constituyente de 56 expreso el diputado Zendejas: la obligación de “publicar” las leyes federales no es la de “promulgarlas”.” Esta part e del precepto plantea el problema relativo a la determinación de los límites de los Estados y Territorios. Así. sino que tal obligación se reduce a hacer saber a los habitantes del estado la existencia y el contenido de la ley federal CAPÍTULO XI EL CAPÍTULO GEOGRÁFICO Admítase generalmente que el territorio es uno de los elementos constitutivos del Estado. El artículo 45 común para los Estados y Territorios. dice en la parte relativa a la extensión y límites de los mismos: “Los Estados y Territorios de la Federación conserva la extensión y límites que hasta hoy han tenido. gracias al cual un tercero imparcial y apto puede definir la situación de los límites en vista de las pruebas y alegaciones de las partes. consistentes en la creación de las Provincias internas y en la implantación del sistema de Intendencias. c) las originadas en las innovaciones territoriales del siglo XVIII. La forma más usada para llevar a cabo los convenios sobre los límites es el arbitraje. Una vez aprobado el convenio por el Congreso. subdivididas en Gobiernos. no es de extrañar que con frecuencia se susciten dificultades entre los Estados respecto a sus límites. que a su vez dividía el territorio en porciones sujetas a jurisdicciones correspondientes a la jerarquía de la iglesia en Provincias de Evangelización encomendadas a las órdenes monásticas. Si pues los límites de los Estados carecer de exactitud. Podemos afirmar que Kelsen que el territorio de un Estado no es otra cosa que el ámbito espacial de validez del orden jurídico llamado Estado. sino en vía de regreso al propietario originario que es la nación. el territorio de las provincias. convirtiendo en domaniales los bienes de los particulares. pues. no parece que nuestra Constitución actual. que protegida o no por capitulaciones. Según la tesis que en el Constituyente de Querétaro sirvió de justificación ideológica al artículo 27. y ese territorio se determinó de una manera meramente espontanea. y después de las intendencias. pues. no por vía de expropiación. tiene su origen en la ocupación. las diferencias de límites que lo motivaron quedan determinadas “definitivamente”. ya que este último poder sólo es propio de los Estados de una confederación. Así. un dominio que puede desplazar a la propiedad privada.
que también se refieren a las facultades de los Estados para arreglar amistosamente sus cuestiones de límites. “para la fragilidad humana la tentación de abusar del Poder sería muy grande. si se quiere localizar o entender su realización en un momento histórico determinado. logrado de una sola vez y perpetuado inmóvil. Según Locke. y en consecuencia. en relación con los ya citados artículos 46 y 116. tres son los poderes: el legislativo que dicta las normas generales. la cual es una arte que requiere largo estudio y experiencia antes de que un individuo pueda llegar a conocerla a fondo. y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar. en cuanto a territorio. lograda del Rey Juan por los barones. Adviértase que la facultad del Congreso para aprobar convenios sobre límites. que en Inglaterra integraban el “common law” “Los casos que atañen a la vida. desterrado o muerto. se erigirá en Estado del Valle de México. De allí que sea preciso asistir a su alumbramiento y seguir su desarrollo.” Para Lock. vamos a comenzar a comenzar ahora el estudio de los Poderes Federales en sí mismos. no pueden decidirse por la razón natural. La división de Poderes no es meramente un principio doctrinario.fracción IV del artículo 73. En el primer párrafo de su artículo 49. Al respecto el artículo 44 dice “El Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene. Se inicia el brillante torneo con la Carta Magna. CAPÍTULO XII LA DIVISIÓN DE LOS PODERES Después de exponer en la primera parte de este estudio la organización constitucional que incluye por igual a los Poderes Federales y a los Estados. contrario al fin de la sociedad y del Estado”. Ese concepto consagra la teoría de la división de los tres Poderes. con los límites y extensión que le asigne el Congreso General. haciéndola y ejecutándola a la vez. para su ejercicio en legislativo. Corresponde ahora examinar la situación. el ejecutivo. sino por la razón artificial y el juicio de la ley. nuestra constitución establece que el Supremo Poder de la Federación se divide. ejecutivo y judicial. donde se asienta el principio que habría de informar al derecho público contemporáneo: “Ningún hombre libre será puesto en prisión . a la herencia. que las realiza mediante . ya no podrá resucitarse en lo futuro esas mismas diferencias. del Distrito Federal. sino una institución política. a los bienes o al bienestar de los súbditos de su Majestad –replicó Coke. esto es. se refiere a los celebrados entre Estados.” De todas maneras la Carta Magna consagró los dos principios esenciales de los que se iba a nutrir el constitucionalismo del futuro: el respeto de la autoridad a los derechos de la persona y la sumisión del Poder público a un conjunto de normas. según lo dice la fracción IV del artículo 73. si no es por un juicio legal de sus pares y conforme a la ley del país. porque podrían dispensarse entonces de obedecer las leyes que formulan y acomodar la ley a su interés privado. proyectada en la Historia. llegar a tener un interés distinto al resto de la comunidad. si las mismas personas que tienen el poder de hacer leyes tuvieran también el poder de ejecutarlas.
Según la tradición inglesa. entre los Poderes de la Federación. y realizar su colaboración por dos medios principales: haciendo que para la validez de un mismo acto se necesite la participación de los 2 Poderes (ejemplo: en la celebración de los tratados participan el Presidente de la República y el Senado). el ejecutivo por medio de la fuerza material. está desprovisto también de toda fuerza material. En segundo lugar. la del Presidente de la República. que es la del legislador contenido en la ley. la segunda. una función del Estado naturalmente determinada por otras leyes”.la ejecución. Dos sistemas principales realizan. sino solamente aquellas que fuesen obstáculo para hacer frente. En el segundo el ejecutivo . s in embargo. la suspensión debe producir sus efectos por un tiempo limitado. La medida de la suspensión de las garantías debe tomarse por el curso de tres voluntades. según se localice total o parcialmente la situación de emergencia. Examinada anteriormente la primera. las relaciones entre sí de los Poderes legislativo y ejecutivo: el sistema parlamentario y el sistema presidencial. no tiene voluntad autónoma. El tercer Poder. Los dos últimos pertenecen al rey: el legislativo corresponde al “rey en el parlamento”. constituye un dominio absolutamente distinto. conviene ahora referirse a la segunda. En tercer lugar. la primera y fundamental distribución de competencias se opera entre los Estados y la federación. en que aparecen las primeras constituciones de los Estados que iban a integrar la Unión Americana. no deben suspenderse todas las garantías individuales. puesto que sus actos no hacen sino esclarecer la voluntad ajena. carece de los atributos de los atributos de aquellos otros dos Poderes. y el federativo. sino de alguno de los otros dos (ejemplo: la facultad judicial que tiene el Senado para conocer de los delitos oficiales de los funcionarios con fuero). que es el encargado de los asuntos exteriores y de la seguridad. las garantías pueden suspenderse en todo el país o en lugar determinado. la del Consejo de Ministros y la del Congreso de la Unión (o en sus recesos la comisión Permanente). que es el judicial. ejecutivo y judicial. De los Poderes federales. los dos primeros que enumera la Constitución están investidos de poder de mando. CAPÍTULO XIII RELACIONES ENTRE SI DE LOS PODERES FEDERALES Según nuestra organización constitucional. u otorgando a uno de los Poderes algunas facultades que no son peculiares de ese Poder. Nuestra Constitución consagra la división de los Poderes en legislativo. a la situación. todos los documentos constitucionales de la Europa continental y de América acogen la división de los Poderes como elemento esencial de su organización. A partir de 1776. “la aplicación rigurosa científica del derecho penal y del derecho privado. En cuarto lugar. el legislativo manda a través de la ley. rápida y fácilmente. Situando en este punto de vista Montesquieu pensó que aunque la justicia es aplicación de leyes. el mayor predominio de éstas da el sistema el nombre de parlamentario. impone la Constitución al poder público. La suspensión de garantías significa que se derogan relativamente las limitaciones que en favor de determinados derechos de los individuos. de diferente manera cada cual. En el primero la actuación del ejecutivo está subordinada a la dirección de las Cámaras.
En el sistema presidencial sucede lo contrario. el sistema bicameral. La responsabilidad penal se finca en el Secretario al asociarse voluntariamente al acto del Presidente mediante la aposición de su firma. la de iniciar leyes y. en el sistema presidencial subordinación del Ejecutivo al Legislativo. se llama presidencia porque en la forma republicana es en la que el Jefe del ejecutivo. 50 de la Constitución dice así: “El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un congreso General que se dividirá en Dos Cámaras. La responsabilidad en que incurre en estos casos el agente signatario. limitar la actuación del Jefe del gobierno mediante la participación del Secretario o Ministro. parece que la actuación del primero está limitada por la necesaria intervención del segundo.” Realiza. halla el ambiente propicio para ser independiente de la asamblea deliberante. constitucional y políticamente. esto es. consideramos que entre nosotros el refrendo sirve para actualizar una triple responsabilidad del agente refrendatario: la penal. la técnica política. CAPÍTULO XIV ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO El art. quienes obran en nombre de aquel y son asignados libremente por el mismo. pues ella constituyente la contrapartida de la irresponsabilidad penal de que ella constituyente la contrapartida de la irresponsabilidad penal de que goza el Presidente durante el tiempo de su encargo (excepto por traición a la patria o delitos graves del orden común). se justifica plenamente en nuestro régimen constitucional. o bicamarista Prescindiendo de sus diversas aplicaciones. indispensable para la validez de aquella actuación. como lo veremos enseguida. sobre todo. En este orden de ideas. pues. Teóricamente las finalidades del refrendo pueden ser tres: certificar la autenticidad de una firma. puesto que si conforme al artículo 92 de la Constitución el acto del Presidente carece de validez sin la firma del Secretario del Ramo. el Presidente. mediante la facultad de convocar a sesiones extraordinarias. cuando el acto refrendado es delictuoso. el Ejecutivo adquiere cierto predominio sobre el Legislativo. del Jefe del gobierno Al Ministro refrendatario. El Presidente es el responsable. por la facultad de vetarlas. la cual por otra parte suele acompañar a la institución del refrendo. de los actos de su Secretarios. pues.participa con independencia en la dirección política. trasladar la responsabilidad del acto refrendado. el sistema presidencial se propagó en casi todos los países latinoamericanos. La segunda finalidad que la teoría atribuye al refrendo existe aparentemente en nuestro sistema. la Constitución en lo que se refiere al Poder Legislativo el sistema de dos Cámaras. antes bien. Nada hay en nuestro régimen presidencial que se oponga a esta finalidad. tiene ventajas . Nacido en Estados Unidos. aunque con algunos matices parlamentarios. es complemento de la anterior ambas son propias y características del régimen parlamentario. una de diputados y otra de senadores. No hay. Podría pensarse que entre nosotros el refrendo sirve para autentificar la firma del Presidente. La tercer finalidad del refrendo. o sea la de hacer recaer la responsabilidad en el Ministro signatario. que al fortalecer al primero se resuelve al cabo en el equilibrio de los dos. México lo ha adoptado.
si el conflicto se presenta entre el Ejecutivo u las dos Cámaras. sin ser exclusivas de las Cámaras se ejercitan separada y sucesivamente por ambas Cámaras. sus facultades pueden clasificarse en cuatro grupos: a) Facultades del Congreso de la Unión. reunidas en una sola asamblea. por cada una de ellas. como asamblea única. el ejercicio de la facultad se agota en la Cámara a la que corresponde dicha facultad y el asunto no debe pasar al conocimiento de la otra Cámara. la segunda Cámara constituye una garantía contra la precipitación. pero a diferencia de las del Congreso de la Unión el ejercicio de cada una de ellas se agota en la Cámara respectiva. hay la presunción fundada de que es el Congreso quien tiene la razón 3/a La rapidez en las resoluciones. no puede ser realizada por la reunión de las dos Cámaras en una sola asamblea. 2/a En caso de conflicto entre el Ejecutivo y una de las Cámaras puede la otra intervenir como mediatora. no es deseable en la formación de las leyes. pero no sucesivamente. dotando al Ejecutivo de una defensa frente a los amagos del Poder rival. Una facultad del Congreso de la Unión (que como tal debe de ser ejercitada sucesivamente y separadamente por cada Cámara). La distribución de competencias entre las Cámaras es una consecuencia del sistema bicamarista y constituye un mecanismo más de limitaciones al . Se distinguen de las facultades exclusivas en que cada Cámara tiene las mismas facultades. el tiempo que transcurre entre la discusión en la primera Cámara y la segunda. al Poder Legislativo. 84 y 85 (designación de Presidente de la República cuando falta el titular). favorece. el error y las pasiones políticas. d) Facultades comunes de las dos Cámaras. cualesquiera que sean los fines que con él se busquen. dividiéndolo.propias. son los consignados en los arts. puede serenar la controversia y madurar el juicio. es necesaria en el Poder ejecutivo. CAPÍTULO XV CLASIFICACION DE LAS FACULTADES DE LAS CAMARAS FEDERALES Desde el punto de vista de la manera cómo actúan las Cámaras federales. el equilibrio de los Poderes. Son las que se ejercitan conjunta y simultáneamente por las dos Cámaras. pues. Son las que se ejercen separada y sucesivamente por cada una de las dos Cámaras. Son las que se ejercitan separada. y (apertura de sesiones ordinarias). c) Facultades del Congreso. y 87 (protesta del Presidente de la República al tomar posesión de su cargo). He aquí tales ventajas: 1/a Debilita. que tiende generalmente a predominar sobre el Ejecutivo. Esto quiere decir que el ejercicio de la facultad se agota en cada caso concreto hasta que el asunto pasa por el conocimiento de una Cámara primero y de la otra después b) Facultades exclusivas de cada una de las Cámaras. Son las que. Los únicos casos que de esta forma de actuación consagra nuestra ley suprema.
parece justificado que. a diferencia de la Constitución norteamericana. los cuales. Desde el punto de vista material las facultades del Congreso pueden ser legislativas.poder federal. es obra siempre del Congreso y nunca de una sola Cámara en ejercicio de sus facultades exclusivas ni de la Comisión Permanente. Así entendido el acto legislativo. En cambio. También la administración juzga. la que “es una voluntad general. puede expresarse mediante la ley o el reglamento. aunque carente de toda importancia práctica. “Siempre que se verifica el hecho o el grupo de hechos previstos por la norma. hipotética. impersonal. Así es como se explica que el Congreso de la Unión. Debemos agregar ahora que las mismas características que hemos apuntado para dicha situación jurídica.de que el reglamento hace referencia a una ley y es expedido por el órgano ejecutivo. la nuestra se preocupe por organizarlo constitucionalmente. CAPÍTULO XVI FACULTADES DEL CONGRESO RESPECTO AL DISTRITO FEDERAL El Distrito Federal excede entre nosotros a su misión de sede. parece justificado que. Si pues el Distrito Federal excede entre nosotros a su misión de sede. Como ejemplo singular de invasión de jurisdicciones. La ley. se advertía que ninguna de ellas se refiere sino a una situación concreta. la jurisdicción juzga de la actividad ajena y de una voluntad de ley que concierne a otros. puede citarse el Ocurrido en septiembre de 1932. la nuestra . desde el punto de vista material. condicionada a la verificación de determinados hechos. Las dos Cámaras. puesto que no obra sino sobre la base de un juicio: pero juzga de su propia actividad. es el que “crea una situación jurídica general. ejecutivas o jurisdiccionales. se forma una voluntad concreta de la ley. por la atribución de facultades de distintas clases que se opera en beneficio de cada órgano. 84 y 85. El acto legislativo. además de las facultades legislativas que por su naturaleza le corresponden. de tal suerte que al derecho de una parte corresponde una obligación de la otra”. tenga algunas otras que son ejecutivas o jurisdiccionales. si por su importancia sobrepasa a cualquier Estado-miembro. reunidas en la asamblea única para la designación de Presidente previenen el art. en cuanto en virtud de la voluntad general y abstracta nace una voluntad particular que tiende a actuar en el caso dado. Las dos Cámaras suelen respetar las competencias que dentro del Poder Legislativo instituye la Constitución. objetiva”. a diferencia de la Constitución norteamericana. La flexibilidad de la división de Poderes se manifiesta. que ya las tenía por virtud del sistema federal y de la división de los poderes. si por su importancia sobrepasa a cualquier Estado-miembro. por regla general. como acto del Poder Legislativo. entre otros Aspectos. en primer lugar. aceptaron la renuncia y eligieron sustituto. mediante la prestación que una persona está obligada a hacer otra. corresponde a la voluntad que anima al acto legislativo.” “En la mayor parte De los casos la voluntad concreta de la ley tiende a realizarse. pues ambos designan una situación como la descrita. con la diferencia –que examinaremos más adelante. abstracta. cuando renuncio el Presidente Ortiz Rubio y fue designado en lugar al General Abelardo Rodríguez. pueden producirse un número indefinido de veces”.
que dio a la Suprema Corte. 73. pero su función constituyente no es la de crear Poderes locales. Le obligan así las garantías individuales. según el decreto de 12 de mayo de 1826. el conocimiento den segunda y tercera instancias de las causas civiles y criminales del Distrito y Territorios. que conforme a la Constitución de 24 tenía al Congreso. el Congreso de la Unión. VI del art. CAPÍTULO XVII FACULTADES DE LAS CÁMARAS EN MATERIA HACENDARIA Las facultades de las Cámaras en materia hacendaria. el Congreso debería en rigor señalarse sus propias facultades del Distrito. el judicial es el único cuyos titulares no se identifican con los funcionarios federales. según el texto actual. Para completar el ejercicio de su función. pues. Lo hemos dicho ya. después del examen realizado. las prohibiciones y las obligaciones positivas. Todas las demás taxativas Constitucionales a los Estados. que la Constitución del Distrito Federal está en la frac. obligan también a la legislatura del Distrito. Legislatura del Distrito Federal. Podemos decir. El art. como lo ha hecho con los Poderes ejecutivo y judicial del Distrito. etc. pero es oportuno repetirlo en este lugar: característica de un Estado-miembro de la Federación es la facultad de auto determinarse en todo aquello que no está reservado a los Poderes Federales. que ya existen en la Constitución federal. su función constituyente se reduce a dotar de facultades a los tres Poderes que creó la Constitución. En su art. 73 de la Constitución Federal. El Poder legislativo del Distrito en la Constitución vigente es. XXVIII la Constitución de 24 concedía al Congreso de la Unión la facultad de ejercer en el Distrito Federal las atribuciones del Poder Legislativo de un Estado La frac. 50. la expedición del presupuesto de egresos y la aprobación de la cuenta anual La administración pública tiene necesariamente que erogar gastos para poder presentar los servicios públicos que constituyen su objeto: la autorización de tales gastos consta en el presupuesto de egresos. De los tres Poderes del Distrito Federal. en cuanto son compatibles con la organización especial que instituye la Constitución. se ejercen principalmente a través de tres actos: la expedición de la ley de ingresos. habilitándola así como Tribunal Superior del Distrito. en lo que difiere el sistema actual del instituido bajo la vigencia de la Constitución de 24. Frac. que expide la Cámara de Diputados y cuya duración es .” Poder Judicial del Distrito Federal. mediante otra ley constituyente.se preocupa por organizarlo constitucionalmente. de hacer o de no hacer. que no está prohibido por la Constitución de los Estados o que no se les impone positivamente por la misma. dice así: “El gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la Republica. La Constitución de 57 limitó la antes soberana facultad de organizar al Distrito. otorga al Congreso la facultad de legislar para el Distrito y Territorios Federales sobre las bases que se examinarán después. VI del art. base primera de la Constitución. En efecto: la administración de justicia en el Distrito. 73 frac. quien lo ejercerá por el conducto del órgano u órganos que determine la ley respectiva. en lo que difiere de las Constituciones precedentes. Poder Ejecutivo del Distrito Federal. VI. impidiéndole las normas que quedan expuestas.
que deberá proceder a la aprobación del presupuesto de gastos. No obstante que el presupuesto de gastos que habría de regir durante todo u año es obra exclusiva de una Cámara. 74 frac. la ley de Ingresos se reduce a enumerar las fuentes tribútales. en principio. etc. la intervención de ambas Cámaras en la aprobación de los pagos no incluidos en el presupuesto. tiene que ser obra de las dos Cámaras. Que los Estados tienen dicha facultad. como es la de Diputados. Tal parece.de un año (art. De aquí nace el serio problema de la duplicidad. que corresponde a dicha Cámara en forma exclusiva la discusión de las contribuciones. salvo en el punto relativo a que deberá iniciarse ante la Cámara de Diputados (art. y a veces la pluralidad de impuestos sobre la misma fuente impositiva. por la sola redacción del precepto. su empleo queda a la discreción del Ejecutivo (art. por lo tanto. es obra del Congreso de la Unión y nunca de una sola Cámara. los trámites comunes a la formación del cual quiera ley. tocó a la de diputados la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto anual de gastos. Dicho artículo es el 75. VII). esté en condiciones de impedir el ejercicio de una atribución del Congreso. inciso tercero). la de ingresos es obra del Congreso de la Unión y sigue. es irrealizable en la práctica. La facultad impositiva de la Federación no excluye. sin embargo apareció en ella un nuevo artículo que en cierto modo responde a las ideas de aquel autor. Este precepto consagra el principio de que todos los gastos públicos tendrán que ajustarse a la norma del presupuesto. por implantación del bicamarismo en 1874. De aquí que mientras el Presupuesto de Egresos se resuelve en cifras. inciso h). a que conducirá una interpretación literal del precepto. como lo hemos visto. los ingresos que se autoricen deben ser los necesarios para cubrir los egresos aprobados. por ser acto típicamente legislativo. cualquier modificación posterior a dicho presupuesto. frac. es indudable. 74. el cual tiene por objeto evitar que una sola Cámara. Como toda ley. la de los Estados para fijar y cobrar impuestos. aunque deben constar en el presupuesto. De acuerdo con el precepto constitucional. algunas de las facultades que antes pertenecían a la Cámara única. sobre ingresos mercantiles. IV. cuando habla de que dichos pagos deben estar determinados por la ley posterior: toda ley. sobre capitales. Al distribuir entre las Cámaras. El quantum tributo se fija en las leyes específicas (sobre la renta. Complemento indispensable del Presupuesto de Egresos es la Ley de Ingresos. además. frac. pues de otro modo los gastos de sus administraciones tendría que ser cubiertos con cargo al tesoro federal. Si no ocurriera esto último si se omitiera la inclusión de un impuesto anterior la ley de Ingresos del año siguiente. La ecuación numérica de unos y otros.72. regla que solo tiene como excepción las partidas secretas que. si se produce por un nuevo gasto previsto en el mismo. Tal es la consecuencia de la anualidad del impuesto. que tiene su fundamento en la facultad del Congreso para imponer las atribuciones necesarias a cubrir el presupuesto (artículo 73. A pesar de que la Constitución vigente no acepto la crítica de Rabasa en el punto a que nos referimos. IV. párrafo primero).) y a veces por el Ejecutivo. lo que haría desaparecer la autonomía de los Estados . pero establece. quedaría derogada la ley reguladora del impuesto desaparecido.
II Y III existían ya en la primitiva Constitución de 57 y no se refiere a las alcabalas. IV. interpretando un precepto análogo al nuestro. es decir. Limantour definió la alcabala en términos tan claros como son los que siguen “Consisten en gravar la mercancía en su circulación dentro de los límites de nuestras fronteras exteriores. Miguel Lerdo de Tejada. V (menos aun en las consagradas por las otras fracciones). El comercio entre los Estados no es libre. en proporciones enteramente desiguales. al comercio molestias. V. Las fracs. es decir. pero en la sesión permanente del 28 al 31 de enero de 1857 se presentó el dictamen de la Comisión a cerca de la petición de muchos diputados. perjuicios y gastos inútiles y fomenta. las condiciones de la producción. La jurisprudencia argentina. las consagradas en las fracs. IV prohíbe a los Estados “gravar el tránsito de personas o c osas que atraviesan su territorio. nada dice al respecto a la supresión de las alcabalas. México después de la independencia. causa. La frac. por lo mismo. la permuta que constituyen y definen esa circulación. a no perjudicarse recíprocamente y hacer todo esfuerzo por la prosperidad y engrandecimiento de la patria común. al paso de personas o cosas por el territorio del Estado.” Por eso pensamos que el impuesto de primera mano. es necesario que los objetos materia de aquella se hayan mezclado y confundido con los demás bienes. al contrario. El proyecto de Constitución presentado al Constituyente de 56. que comience el tráfico. no incurren en la prohibición de la frac.CAPÍTULO XVIII FACULTADES DEL CONGRESO RESPECTO AL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN La fracción IX del art. el 20 por ciento. la venta. 117. recarga su precio. que nos parece del todo correcta: “Para que la circulación comercial dentro de la provincia pueda ser gravada. El pago de derechos por el paso de las personas solía llamarse peaje y el de mercancías alcabala. Por último la frac. 73 autoriza al Congreso de la Unión para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones. VII veda a los Estados “expedir ni mantener en vigor las leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras. pus al gravar las mercancías a lo largo del tránsito erigía barreras fiscales que económicamente solían ser insuperables. levanta al efecto un sinnúmero de barreras que entorpecen su movimiento. un espíritu de hostilidad económica entre entidades cuyo compromiso supremo o interés bien comprendido las estrechan. sin que en él se queden.” De las prohibiciones a los Estados que contiene al art. El sistema alcabalatorio causaba notorios perjuicios a la libertad de comercio. trastorna. por último. además. ya que sea que esta diferencia se . ordenando que pagaran en las aduanas interiores los aguardientes y los vinos de procedencia extranjera. que solicitaban la abolición de las alcabalas y de aduanas interiores. fue el que instituyo la Regencia por decreto de 20 de febrero de 1822. ha sustentado la siguiente tesis. VI y tras las trabas al comercio interior. cuando un artículo en razón de su origen o elaboración exterior es sometido por la administración local a una reglamentación o gravamen dif erencial. según los lugares. siempre que grave por igual los productos del Estado y los de fuera. I. Según D. El precepto se refiere al tránsito.
73 faculta al Congreso “para declarar la guerra. la misma fracción consignaba como facultad del Congreso la de “impedir por medio de bases generales que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones onerosas”. las gabelas y todo lo que signifique de los Estados. del artículo 73. La Constitución de 57 pretendió abolir las alcabalas. la denotación de este término no la daba la Constitución. es lo cierto que en la actualidad hay impuestos alcabalatorios. En la Constitución de 57. lo que equivalía a proscribir cualquier forma impositiva a la cual le fuera aplicable el término “alcabala”. según la cual el congreso de la Unión tiene facultad “para impedir que en el congreso de Estado a Estado se establezcan restricciones”. como son el Congreso y el . La solución radical del problema está. que no pueden incluirse en ninguna de las prohibiciones del art. a nuestro ver. si se tiene en cuenta que este funcionario es quien maneja las relaciones exteriores. 89. pero de infería de nuestros antecedentes fiscales que por alcabala debía entenderse todo impuesto que impidiera el libre tránsito de las mercancías En el supuesto de que Limantour hubiera previsto en sus iniciativa de reforma de todos los casos de alcabalas que existían en su época. la frac. como ya lo vimos. nos proponemos agrupar en un solo capitulo. manifestación principalísima de las cuales es la declaración de guerra. La Constitución prohíbe que en el se establezcan las restricciones concretas del art. declaración de guerra. 71 consiste. XII del art. Aunque la constitución no lo dice expresamente. En vista de que las dos fracciones que se citan otorgan literalmente la misma facultad de declarar la guerra a dos órganos distintos. 117. Es por ello que la fracción IX adecuada para combatir las restricciones al libre comercio comercio de Estado a Estado 117. En la sucesión normal de los actos que conducen a la guerra. Tal como lo hemos hecho tocante a otras materias. X del art. Declaración de guerra. a los diputados senadores y a las legislaturas de los Estados. IX del art. en vista de los datos que le presente el Ejecutivo”. lo relacionándolas entre sí. según la frac. algunos muy ingeniosos y sutiles. pensamos que entre dichas excepciones se cuenta la que se refiere al derecho de iniciar ante el Congreso una declaración de guerra. suministra el Congreso la facultad alcabalas. en la frac. previa ley del Congreso de la Unión”. La frac. en el sentido de restringir siempre -nunca ampliarel número de los titulares de la iniciativa. 73. Esta regla general es susceptible de soportar algunas excepciones. Tal faculta debe corresponder exclusivamente al Presidente de la República. VIII del art. todas las disposiciones constitucionales en materia de guerra. CAPÍTULO XIX FACULTADES DEL CONGRESO EN MATERIA DE GUERRA. terminación de la guerra. La regla general que consagra el art.establezca respecto de la producción similar de la localidad. se presentan sucesivamente las siguientes fases: iniciativa para declarar la guerra. o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia”. Iniciativa. 89 autoriza al Ejecutivo “para declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos. en conceder la iniciativa de las leyes y decretos al Presidente de la República.
y cualesquiera otras que alteren algún precepto de la Constitución. pero a quien toca instruirla es a los gobiernos de los Estados de quienes depende. Como instrumentos indispensables para hacer la guerra. XVI) y dispone de él libremente de la República para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación (art. excepto el último. La guerra concluye habitualmente con la celebración de un trabajo. Terminación de la guerra. carecen de validez mientras el Constituyente Permanente no lleve a cabo la reforma constitucional que corresponda. pues mientras en aquel intervienen el Congreso y el Presidente. frac. El ejército lo levanta. pues como en otro lugar vimos. el Ejecutivo propuso restricciones a . sostiene y reglamenta el Congreso de la Unión (art. La Constitución considera esos medios. lo mismo al país enemigo que a los beligerantes y los neutrales. el tratado es inferir a la Constitución.Presidente. Al estallar la Segunda Guerra Mundial. no ha merecido hasta ahora ser tratada como rama distinta del ejército. pues por la escasa importancia que la aviación tiene entre nosotros. frac. que como tal solo tiene vigencia dentro del país para el cual se expide. se estipulan condiciones que afectan al territorio de los países que celebran el tratado. cuando en el mes de mayo de 1942 las dos expresiones consiste en que “la declaración de guerra supone en quien la decide. deben considerarse el ejército y la guardia nacional en la tierra. sino solamente la del pueblo mexicano. la voluntad espontanea de hacer la guerra” y por otra parte. con la aprobación del senado. mientras la marina en el mar y la aviación en el aire. El Congreso declara la guerra mediante una ley. la intervención del Congreso consiste en dar reglamentos para organizarla armarla y disciplinarla. como México entro a la contienda contra su propio deseo y como no le correspondía la responsabilidad por ser el agredido. Para los efectos del Derecho Internacional. 73. lo cual corresponde al Presidente de la República. México utilizo esta última expresión. CAPÍTULO XX FACULTADES DEL CONGRESO EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL En la iniciativa (modelo en su género hasta por la redacción) presentada ante la Cámara de Diputados el 1ro de mayo de 1908. Después de esta manifestación interna. es necesario hacer saber la decisión de México a las naciones extranjeras. las naciones aliadas como modalidad nueva la que consiste en “declarar el estado de guerra”. VI). concretada en la ley respectiva. Nuestra Constitución habla de “declarar la guerra”. así pues. “el qu e declara la guerra reconoce implícitamente la responsabilidad del conflicto”. según se dijo en la iniciativa referente a la declaración del estado de guerra. sino el estado de guerra. en esta participan el Presidente y el Senado. que se presentó por el Ejecutivo ante el Congreso. Ocurre con frecuencia que en el tratado que pone fin a una guerra. esta tarea incumbe al Ejecutivo quien es el encargado de las relaciones internacionales. Claro está que esas condiciones. En cuanto a la guardia. la declaración de guerra del Congreso no produce efectos por si misma fuera de las fronteras. cabe preguntarse qué función corresponde a cada uno. 89. La Constitución concede mayor importancia al comienzo de la guerra que a su conclusión. la iniciática estimo que no era precedente declarar la guerra.
11 constitucional. y a conceder al Congreso la facultad de legislar sobre “salubridad general de la República” le . En salubridad se alcanzaba el objeto con solo otorgar facultades al Congreso para legislar sobre salubridad pública de las costas y fronteras. La iniciativa era un todo congruente. “Estas consideraciones –dice la iniciativahacen creer al Ejecutivo que de ingente necesidad para el bienestar nacional es restringir la amplitud de la garantía de libre entrada que otorga el art. es la de sustituir en la fracción XXI del artículo 72 la frase “Salubridad general de la República” a la de “Salubridad Pública de las costas y fronteras”. La primera es más amplia y permite dictar mediadas más trascendentales. permite al Ejecutivo Federal impedir que. pues. y por último. XXI del art. lo indicado y propio era conferir facultades a la federación únicamente con relación a ese fin. XXI se mencione expresamente la inmigración. de las facultades de legislar sobre Salubridad Pública de las costas y fronteras. Por tales motivos. reformar tan solo el art. y esta es la razón fundamental que ha inclinado a las Comisiones a tal sustitución. 11. naturalización. so pretexto de las leyes de salubridad local. permitiendo que las leyes de inmigración y salubridad puedan limitar esa libertad cuando lo exija el interés público”. Mientras la iniciativa del Ejecutivo proponía otorgar facultades federales en materia de salubridad como consecuencia tan solo de la restricción a la garantía de tránsito que consagraba el art. Dice el dictamen en este punto: “Otra modificación que consultamos hacer a la iniciativa. a la que no afecta directamente a la Salubridad nacional. una cosa de otra. inmigración y colonización son sinónimas según autoridades de nota. autorización de las leyes que fijan las atribuciones de la Federación en los casos de Salubridad general.la garantía de libre tránsito que consagraba el art. Si se buscaba impedir la entrada de inmigrantes no convenientes. porque a los Estados correspondía toda la Salubridad Pública distinta a la de las costas y fronteras. la iniciática también. creyendo precisar el positivo del Ejecutivo. entre nuestros usos y en nuestras leyes no se establece esa sinonimia. de la conducta o de la utilidad productora. la adición da la frac. También se propone en la misma frac. Esas restricciones perseguían por objeto exclusivamente impedir el ingreso al país de extranjeros que no fueran deseables desde el punto de vista de la salud. un Estado imponga restricciones graves u onerosas al comercio o al tránsito de las personas. La iniciativa pretendía. es decir. como complementa a la reforma del art 11. 72 (que enumeraba las facultades del Congreso)). colonización e inmigración y sobre Salubridad Pública de las costas y fronteras. 11 de la Constitución. 11. evita discusiones interminables sobre el radio de acción de los Poderes Federales en materia de Salubridad Pública. pues bien. La comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados produjo un dictamen en el que. y dejando a los Estados la facultad inherente a su soberanía interior para legislar en todo lo que atañe a la salubridad local. en realidad altero sustancialmente la iniciativa la que dictaminaba. Y de ese modo los campos quedaban perfectamente delimitados. se consulta que la repetida fracción se conforme en términos que consigne por expreso modo la facultad del Congreso para legislar “sobre ciudadanía. pero pareciéndole discutible que por esa única reforma adquiera el Congreso la facultad de legislar en salubridad para el fin de restringir la entrada de inmigrantes. el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales desligó.
aunque no en forma exclusiva. 3º. el Presidente Juárez expidió. el Presidente Obregón se refirió a lo que en el lenguaje no rigurosamente jurídico de . Cuando Vasconcelos tomó posesión de la rectoría de la Universidad Nacional en 1920. al establecer las características constitucionales de la enseñanza impartida por el Estado y la primaria. salvo escasas modificaciones de reforma. conserva en la actualidad la referida frac. XVI. el que había sido en su turno debatido texto del art. Quedó al fin como un precepto que. La Constitución de 57 la ignoro. cuestión constitucional alguna. pues. pues ni la reforma constitucional le daba toda la materia de salubridad. si no transformamos radicalmente la ley que hoy rige la educación pública. En el informe que presento ante el Congreso Constituyente al hacerle entrega del proyecto de reformas a la Constitución. que. diputado J. declaro que “no es posible obtener ningún resultado provechoso en la obra de la educación del pueblo. M. XVI del artículo 73. de donde podía inferirse que el poder público atendería la función educacional. no se introducía modificación alguna en punto a la facultad que presento a la facultad que respecto a salubridad concedía la reforma de 1908. en uso de las facultades de que se hallaba envestido. al abrirse el periodo de sesiones Extraordinarias en 7 de febrero de 1921. El proyecto que entonces se enuncio no se detuvo en la transformación de las leyes secundarias. ni tampoco definía dicha reforma lo que debería entenderse por “salubridad general de la República”. sino sólo la “general de la República””. presentó una adición a la frac. entre las varias en las que se ha desempeñado la historia de la nación. CAPÍTULO XXI FACULTADES EN MATERIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA La instrucción pública ha librado una de las luchas más dramáticas. elemental y superior de los establecimientos de particulares. el Congreso de la Unión una facultad cuyo alcance sólo podía determinar el mismo Congreso. un médico. En la Constitución aprobada. Rodríguez. sino que se adentró en el campo constitucional. Allí no había.dio tal facultad en sí misma. que sin reforma alguna posterior. Nos corresponde abordarla en el aspecto constitucional. hubo de delimitar el ámbito de su vigencia al Distrito Federal. si no constituimos un ministerio federal de Educación Pública”. por lo demás. En el proyecto Constitución que presento el Primer Jefe ante el Congreso de Querétaro. el Primer Jefe Venustiano Carranza dedico somera referencia al “empeño en difundir la instrucción para todos los ámbitos sociales”. Pero en la sesión del 19 de enero de 1917. las leyes orgánicas de instrucción pública de 1867 y de 1869. independientemente de la migración. aparte de “los establecimientos particulares”. pues el Congreso de la Unión carecía de facultades federales en la materia. Así fue como en su informe ante el Congreso. daba por cierto que existían “establecimientos oficiales de educación”. Adquirió. ha venido a constituir los cuatro incisos enumerados. Con el estímulo de José Vasconcelos y el apoyo de Álvaro Obregón. Cuando abriéndose paro por entre las ideas de la época que repudiaban la intromisión del Estado en la enseñanza. la educación pública recibió en México su primer impulso serio. no se planteaba ninguna distribución de funciones entre los órganos centrales y los estados-miembros. para que quedara reservada a los Estados toda la salubridad no comprendida en esa expresión. por tanto.
La experiencia confirmo lo que estaba a la vista de todos. La distribución de las que se entregaron como exclusivas a las Cámaras. estuvo presidida teóricamente pro el principio general que señorea el bicamarismo de tipo federal. mediante la designación de delegados federales en cada una de las entidades federativas. según era la extrema penuria de los Estados. conforme al cual las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. Lejos de ello la reforma de 21 significo un acierto técnico. entre ellas las de índole legislativa. En cambio. elemental y superior impartida en los establecimientos particulares. dentro del marco de excepción por ella consagrado y que consistía en hacer partícipes en la regulación de una misma materia a los dos órdenes generalmente excluyentes entre sí. 124. Sólo resta señalar que las facultades coexistentes aunque no mezcladas de las dos potestades. 3/ro y que imponían el laicismo tanto en los establecimientos oficiales de cualquier grado. consignados en el art. Su autonomía. . Por fortuna el léxico que entonces se empleó no trascendió de la literatura política al texto de la reforma constitucional. y a la de Senadores de “de las que inmediata y directamente afecten el interés colectivo de los Estados. si se querían que participaran con éxito en la tarea que la reforma reclamaba de todos. prohibían la intromisión en ellas de corporaciones religiosas a ministros de algún culto y por la otra. por una parte. a fin de distribuirlas como exclusivas entre ambas. mediadas ambas que para adoptarse requerían reformas constitucionales y que estaban destinadas a enfrentarse “al problema vital de intensificar la cultura del pueblo por cuantos medios estén al alcance del Estado”: La llamada “federalización de la enseñanza” que se atribuyó a la frac. XXVII del 73. tenían de común los principios que señoreaban la enseñanza. fue una expresión excesiva. que es lo que constituye el elemento federativo”. pues los autores de la reforma se propusieron a dotar a la Cámara de Diputados de las Facultades que “afectan inmediata y directamente a la individuo como individuo. dentro de los cuadros constitucionales era intocable. que los imposibilitaba para llevar a términos por sí solos una labor eficiente en la materia. CAPÍTULO XXII FACULTADES EXCLUSIVAS DE CADA CÁMARA Cuando en 1874 se implanto el bicamarismo. además de someter a las escuelas primarias particulares a normas que. constituido hasta entonces por las Cámara única. El congreso conservó el mayor número de facultades y las más importantes. como son el federal y el local. imponían a las autoridades la sujeción a la vigilancia oficial. cuanto en la enseñanza primarias. se organizó desde luego en forma eficaz. tendría que ser auxiliada con los recursos de la federación. que es lo que constituye el elemento popular”. la actividad directa de la federación. fue necesario seleccionar algunas de las facultades otorgadas al Congreso.Vasconcelos recibió el nombre de “federalización de la enseñanza” y a la creación de la Secretaria de Instrucción Pública. al aplicarse a una reforma que no se ajustó al rígido esquema del art. en el ejercicio de su facultad constitucional para establecer y sostener por su cuenta centros de enseñanza.
pues deriva del papel en cierto aspecto del Consejo del Ejecutivo que los constituyentes norteamericanos trataron de conferir a dicha Cámara. según tales fracciones exigen para su validez la aprobación de aquella asamblea. de la labor ya realizada por el Ejecutivo durante el año precedente. las estudiamos ya al referirnos a las facultades hacendarias de las dos Cámaras. debemos decir que las consagradas por las cuatro primeras fracciones del art. es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “declarar justificadas las peticiones de destitución de autoridades judiciales que hiciere el Presidente de la República. Por la redacción del precepto. solo interesa a nuestro estudio la frac. Consiste la primera en “analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la Republica y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso”. IX del 76. No como facultad nueva (según lo deja entender el adverbio “además” de la adición) ni tampoco a título de complementaria de otra ya existente (como dice la exposición de la iniciativa) cabria interpretar la potestad del Senado para analizar la política exterior del Ejecutivo. I.Pero se adopta otro criterio (el de mayor ponderación e importancialidad). que a partir de la reforma constituyente de 1977 consigna dos al parecer diversa facultades exclusivas del Senado. 84 confiere al Congreso para que. que tiene que ver con el desafuero de los funcionarios que gozan de inmunidad. de la facultad única que consagraba el texto anterior de dicha fracción I y que ahora dice así al párrafo añadido: “El análisis de la política exterior vendría a complementar esta facultad que esta conferida al Senado”. . 74 confiere a la Cámara de Diputados. expuesta en los informes anuales ante el Congreso. La primera de las facultades exclusivas que el art. y por su conducto al país. De las cuatro fracciones iniciales del art. la separación de poderes mitiga y resulta un acto mixto. así coma la VII del 76. V del 74. con secundarias modificaciones de forma. Mediante dicha intervención de uno de los órganos legislativos en la función administrativa. Tocante a las facultades exclusivas del Senado. consiste en “erigirse en Colegio Electoral para ejercer las atribuciones que la ley le señala respecto a la elección le señala al respecto a la elección de Presidente de la República”. 74 consagran facultades de la Cámara de Diputados en relación con el manejo de fondos públicos. licencias y renuncias de los ministros de la Corte. la facultad que se atribuye a la Cámara de Diputados podría confundirse con la que el art. Estos informes sirven simplemente para entrar a las Cámaras. distintas de las que ya hemos considerado. Las fracs. reunido en Colegio Electoral. cuando se atribuye al Senado funciones de Gran Jurado o las relacionadas con los nombramientos. concede al Senado la frac. III Y IV del art. 76 sirven para que el Senado participe en los actos del Ejecutivo. nombre Presidente interino o sustituto cuando falta el titular. las reservamos al capítulo relativo a responsabilidades de funcionarios públicos (artículos 108 a 114. Esta facultad es exactamente igual a la que. así como la del VII del 76. La facultad del Senado de aprobar los tratados celebrados por el Presidente de la República tiene un motivo del todo diferente a los anteriores. 76. La segunda es reiteración. VII del 74. a que acabamos de aludir al final del parágrafo anterior. II. La frac. también como exclusiva. en los términos de la parte final del artículo 111”. en el que participan dos poderes. Según la frac.
CAPÍTULO XXIII LA COMISIÓN PERMANENTE La comisión permanente tiene una ascendencia genuina y exclusivamente hispánica. Obsérvese. dentro del principio democrático son superchería. con nombres y con facultades más o menos parecidos. Imitando la organización aragonesa. que la inadecuada representación que acabamos de mencionar. es defecto del texto vigente y del que le precedió. 52). mediante la integración de la Permanente en proporción al número de diputados y de senadores. podemos . la Permanente no responde sino al sentir de la mayoría que predominaba en cada Cámara en el momento de designar a los miembros de la Comisión. de los que 15 serán diputados y 14 senadores nombrados por sus respectivas Cámaras. Tal fue la primera conclusión. reformada. pero sobre todo. a que llegó Rabasa en un discurso político que pronuncio en el Senado de la República en el año de 1913. La falta de proporcionalidad de los diputados y senadores que integran la Permanente. fácilmente reparable desde el punto de vista numérico. León y Castilla adoptaron sucesivamente la institución de la Permanente. inferida del derecho comparado. no solo a la luz de nuestro derecho positivo actual. Cataluña. Guatemala (Constitución de 1879. artículos 117 a 122) y México (artículos 78 y 79). art. en el reino de Aragón. sin embargo. 78 de la Constitución en vigor durante el receso del Congreso habrá una Comisión Permanente compuesta de 29 miembros. Uruguay (Constitución de 1934. Chile la tuvo hasta el año de 1925 y Perú hasta que fue modificada la Constitución de 1888. así como el número de representantes de los diversos partidos. Consideramos. Pero no se detuvo allí. y dentro del principio federal. sino que con juicio severo expresó: “Estas Comisiones Permanentes. Durante el tiempo en que las Cortes no actuaban. del constitucionalismo español. dentro de os principios del Gobierno representativo. sino también en el plano en que a continuación no s situaremos. Nació probablemente en el siglo XIII. de velar por la observancia de la Constitución y de las leyes y de convocar a Cortes extraordinarias. De lo poco que nos ofrece la doctrina y sus realizaciones en el derecho comparado. 30).” Según el art. art. La conservan Panamá (Constitución de 1941. burlan el fundamento de federación. reformada en 42. 79). por ello. significa que la Permanente no representa adecuadamente al Congreso ni a los Estados. Dicha comisión reemplazaba a las Cortes en dos de las principales funciones de estas: administrar los subsidios y velar por la observancia de los fueros. son un fraude al derecho de representación. Haití (Constitución de 1939. en que se dividía la asamblea parlamentaria de aquel reino. Después del paréntesis. que no la admitió. En América algunas constituciones provinciales de Argentina la acogieron hasta la promulgación de la federal de 53. casi tres veces secular. art. que la existencia y las atribuciones de la Permanente deben ser tratadas. en relación con el número total de miembros de cada Cámara. la Permanente reapareció en la Constitución de Cádiz de 1812 con el nombre de Diputación Permanente de Cortes y con facultades. funcionaba una comisión compuesta por dos miembros de cada uno de los cuatro brazos o clases. entre otras secundarias.
CAPÍTULO XXIV ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO Estudiamos en la parte (supra. primero en su organización (materia del presente capitulo). como perteneciente al sistema presidencial. en un sistema presidencial como el nuestro. fracción II. XII. pues según el art. e hijo de padres mexicanos por nacimiento. y aunque muchas de sus decisiones no son ni pueden ser en la práctica órdenes directas del Presidente. su reemplazo por la Permanente no parece sujeta a principios. cap. Los requisitos para poder ser Presidente. Tocante a las facultades de sustitución. La consecuencia ineludible de tales ideas en el orden del tiempo consiste en que en ningún momento ha de estar ausente del escenario nacional la representación legislativa. posteriormente tan mitigadas conforme a las cuales el Poder ejecutivo debe estar siempre bajo el control de la representación popular. No cabe duda. Mientras la Constitución de Haití concede fuerza de ley a los Derechos de la Permanente. en el común error de considerar que el ejecutivo lo forman el Presidente y los Secretarios de Estado. que reside en una sola persona. Estos últimos son simplemente colaboradores inmediatos de aquel. II señala el requisito de tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de . En esa virtud. nos corresponde examinar en sí mismo al Poder Ejecutivo. sin encuadrar en ninguna facultad constitucional. Permanente responde a un concepto exagerado de la predominación legislativa. Según el art. La frac. es prerrogativa poder ser votado para los cargos de elección popular. No se trata en el fondo sino de la supervivencia de aquellas ideas inspiradas por Rousseau. La razón de exigir la ciudadanía mexicana es manifiesta. sin embargo. 76) las relaciones entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo. a diferencia del Ejecutivo plural que reside en varias Claramente se refiere al precepto que comentamos al titular unipersonal del Ejecutivo. los catos de los Secretarios son en derecho actos del Presidente. que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos” Consagra así nuestra Constitución el Ejecutivo unipersonal.deducir que la Comisión. que es el Presidente de la República. 8 “se deposita el Ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo. la solución depende del criterio que se sustente en punto a las relaciones entre sí de los Poderes fuertes. la Permanente no tiene entre nosotros sino las funciones burocráticas que después examinaremos. Presidiendo ahora de ese aspecto. 35. La primera exige ser ciudadano mexicano por nacimiento. Respecto a las dos funciones características del cuerpo legislativo. dentro de nuestra Constitución. núm. son los que enumeran las siete fracciones del art. sin embargo que una Permanente hostil al Ejecutivo puede adoptar actitudes políticas que. como son la legislativa propiamente dicha y la política de control del Ejecutivo. las cuales caracterizan a este último. No incurramos. por lo tanto. trasciendan al equilibrio de los Poderes Aquí como en todo lo relativo a la materia. en pleno goce de sus derechos. carece constitucionalmente de la peligrosidad que podría presentar la continuación nunca interrumpida de un cuerpo dotado de control político y de actividad legislativa. la nuestra en ningún caso le reconoce la función legislativa. 82.
si desde su primera elección son el fraude y la mentira la fuente de su investidura. no es elección. V y VI. 89 señala como facultades y obligaciones del Presidente de la República. De este modo el ardid y la fuerza. CAPÍTULO XXV FUNCIONES DEL PRESIDNETE DE LA REPÚBLICA La frac. La ultima frac. subsecretarios y gobernadores. La tendencia a perpetuarse en los puestos públicos de la elección popular. sin distinguir al que tiene su origen en la elección popular del que lo tiene en la designación de las Cámaras. pues como lo vimos tocante a los miembros del Poder Judicial. Del art. cuya violación vicia en si origen la elección de los funcionarios. que imponen la obligación de separarse de sus puestos durante cierto tiempo antes de la elección a los miembros del ejército. Desde otro punto de vista se justifica el requisito. Si estos no deben el puesto a la voluntad popular. IV está repetido. tienen dichos funcionarios puedan hacer uso del puesto que ocupan para inclinar la decisión en su favor. La eficacia de la prohibición constitucional es limitada. se han entendido que los consignados en las fracs. suplantan la auténtica decisión popular y el funcionario se adueña del Poder con menosprecio de una voluntad que nunca se ha expresado. tiene profundo arraigo en México. establecen el requisito de la no reelección. Fijémonos que en la Constitución exige la residencia en el país no excusa. El requisito de la frac. quien varias veces fue llamado del extranjero para ocupar la Presidencia. I del art. sin embargo. 130 contiene la prohibición general del voto activo y del pasivo para los ministros de los cultos. pero a diferencia de los que acontece con estos ultimo funcionarios. 82 se refieren al Presidente de la República. Este requisito tuvo en la Constitución de 57 una explicación histórica.la elección. a los secretarios. es natural que para transmitir el poder no estén dispuestos a acatar una apelación al pueblo. Las fracs. cuya falsedad no ignoran. Aunque todos los requisitos que enumera el art. y propiamente la designación del Presidente interino provisional o sustituto por el Congreso. los compromisos del grupo. fracción III). III consigna el requisito de haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. V y VI sólo son aplicables al Presidente elegido popularmente. la Constitución estima que la importancia de las funciones requiere como mínimo la edad que se señala. El proceso explicativo de esa tendencia se inicia en el sufragio. 82 y la segunda parte del 83. Como es el caso de los senadores y de los ministros de la Corte. pues se encamino a impedir el caso tan frecuente de santa Anna. como en el caso parecido de los diputados y senadores (artículo 55. La frac. pues la permanencia en el país de oportunidad para conocer sus necesidades e impide en lo posible la influencia extranjera. ya que exigen la separación del puesto antes de la elección. la Constitución no señala una edad máxima para poder ser Presidente. por hallarse ausente el funcionario en el desempeño de cargos públicos de elección popular. las de “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la . ya que en la letra de los preceptos se pretende destruir un fenómeno que tiene su raíz en vicios de cultura. el art.
mientras esta no quede notificada de su existencia: en efecto. la que se hará en el Diario Oficial y surtirá sus efectos en los plazos que señalan los arts. el acto del Poder Ejecutivo por la cual la ley votada y promulgada se lleva al conocimiento de os habitantes. bien sea por haber transcurrido el término constitucional sin que éste hubiera formulado objeciones. por ende. Consideramos en primer lugar la facultad de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión. Nuestra Constitución no menciona sino la facultad de promulgar. la actividad del Poder Ejecutivo. la cual ordena el residente que se impriman. Promulgar (pro vulgare) significa etimológicamente llevar al vulgo.” Sin embargo. en el que esta hace saber a todos los habitantes que el Congreso de la Unión ha expedido la ley de que se trate. a falta de disposición expresa. que es el acto por el cual el Jefe del Estado interviene en la potestad legislativa. en el veto el Ejecutivo tiene potestad de elección. puede sumarse a la del legislativo o puede oponerse a ella. mediante la promulgación. la . No obstante. sería injusto imponer la obligación de cumplir una disposición a quienes no la conocen ni están en condiciones de conocerla. al contrario. todo ello en virtud de que la promulgación revela la existencia de la voluntad del legislador y porque da a dicha voluntad su fuerza ejecutoria. porque implica como este. la ley promulgada no es obligatoria todavía par a la generalidad. que rige en materia federal además de la local. mediante un acto que permite a cualquiera el conocimiento de la ley y que establece para lo futuro la presunción de que la ley es conocida por todos. el veto si es un acto por el que el Ejecutivo participa en la función legislativa. la práctica constante que se ha impuesto entre nosotros consiste en que la promulgación se haga mediante un decreto expedido por el Presidente de la República. el Congreso no acepto o. existe en los regímenes monárquicos la sanción. una excepción a la división de poderes. El acto legislativo concluye en el punto en el que la ley emanada del Congreso ya no es objetable por el Ejecutivo. que decía: “La promulgación de la ley se hará por la publicación. es menester que se inicie. La diferencia se explica. proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. la promulgación se confunde con la publicación. es posible doctrinariamente distinguir un acto del otro. como la ley francesa del 14 brumario del año II. habiéndolas presentado. Por otra parte. 3ro y 4to. Al contrario. o bien porque. pero al mismo tiempo. más que sea obligatorio. se publiquen y se le dé el debido cumplimiento Algunos autores consideran que la promulgación forma parte de la función legislativa y constituye. voluntad propia. sino que tiene que atacarla. modifico de acuerdo con ellas el proyecto original. a la generalidad. algunas leyes constitucionales extranjeras así lo han entendido. la promulgación el Ejecutivo ya no puede mezclarse en la voluntad del legislativo. quiéralo o no Participando en cierto modo de la naturaleza del veto y de la promulgación.Unión. contiene disposiciones relativas a la publicación. En sentido. ya sea cuando hace objeciones o bien cuando manifiesta tácticamente su e quiescencia. La sanción se asemeja al veto. pero el Código Civil vigente. al otorgar u aprobación al proyecto de ley votado por el parlamento. al no formularlas. El acto legislativo es entonces definitivo y perfecto. el conocimiento de una ley. el negar su aprobación al acto legislativo. La publicación es. pues.
Así limitado el concepto de ejecución de una ley. para que no haya jurisdicciones sin perímetro. La tercera y última facultad que consagra la frac. pues no tiene voluntad autónoma y está desprovisto de toda fuerza material De aquí ha surgido. que no tiene interés ni siquiera para el legislador constituyente. su estudio en detalle corresponde al derecho administrativo. en el campo de la teoría. el equilibrio de los demás Poderes. Rabasa sustentó al respecto dos tesis sucesivas. la orden de ejecución. en una organización del tipo de la nuestra. El juicio constitucional. en el . a que se refiere la fracción I del 89. podemos entender que consiste en la realización de los actos necesarios para hacer efectiva. el órgano judicial de la federación Si dilucidar el punto controvertido no es de importancia para el legislador. la ley del Congreso. Cap.sanción es también promulgación. XIII. que aunque no son contradictorias entre sí. Es sin duda por la razón de conveniencia práctica que apuntaba Rabasa. el citado autor opino que el judicial no es un poder. expresión ya hecha de la voluntad del pueblo no puede querer en nombre de este. Si nuestra Constitución da el nombre de Poder al Judicial. sin embargo la segunda rectifica parcialmente a la primera. CAPÍTULO XXVI ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL Ya hemos visto en otra parte (supra. considero que aunque en sentido científico de la palabra departamento de justicia no es un poder y debe ceñir a los poderes reales dentro de los mandamientos de la ley suprema que atribuyo las competencias. en casos muy concretos. cuando éste tiene ya una solución positiva en la ley. I del 89. Pero a pesar de que no existe en la Constitución un precepto que terminantemente conceda la facultad reglamentaria al Presidente. En La organización política de México. que el Poder Judicial federal carece de los atributos de los otros dos Poderes. mediante la exegesis de que vamos a hablar puede ser localizada en las palabras “proveyendo en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes”. No 75). Tales objetivos se pueden alcanzarse sin decidir teóricamente por ninguna tesis. se desarrollan a través de la transmisión encomendada a las oficinas del Ejecutivo y culminan en la ejecución material del remiso a cumplir la ley. para determinar si constituye o no un Poder. Según nuestro criterio la discusión en torno de la naturaleza de la actividad judicial. menos lo es para el intérprete. en su obra. es la reglamentación. porque el acto de aprobación lleva implícita o expresa. Estos actos comienzan inmediatamente después de la promulgación. la necesidad ha obligado a la doctrina y a la jurisprudencia mexicanas a buscar argumentos que justifiquen el ejercicio de una facultad. la discusión de si el Poder Judicial federal es en realidad un poder o si es simplemente un departamento ejecutivo. pero suprímase de la ley suprema esa denominación y se advirtiera que con ello nada pierde. en efecto. por salvar la independencia del órgano judicial y por dotarlo de las atribuciones necesarias para que se administre cumplidamente la justicia y mantenga. porque limitado a aplicar la ley. más tarde. Este debe preocuparse. es una discusión de orden teórico. ni en su naturaleza ni en sus funciones.
pudiera ser violada impunemente. esas limitaciones de los poderes entre sí y de los poderes en relación con los individuos. A veces las leyes secundarias se preocupan por proteger. No es posible aceptar tal cosa. Según la primera parte del art. La necesidad impuso la división de salas y en al tiempo ha hecho olvidar la antigua discusión. sin embargo el crecido número de estos en contra los que se pedía el amparo era bastante para cambiar a cualquier tribunal. las querellas por violaciones a las leyes ordinarias en materia administrativa. no le viene tanto de que sea unitario cuanto de la probidad personal. sólo pueden ser saltadas e infringidas por los mismos órganos limitados. y en Juzgados de Distrito”: De estos varios titulares del Poder Judicial federal. 94. Sólo como excepción cabe considerar la existencia de violaciones constitucionales. disminuyo considerablemente al intervenir la Corte sólo en los casos antes enumerados. en las relaciones de los individuos entre sí. convirtiendo en delito su violación ((art. los preceptos constitucionales no pasarían de ser principios o mandamientos éticos. sino por estimarse que el acto de un particular violatorio de garantías individuales en . la Constitución sólo se ocupa de la Suprema Corte en el aspecto de la organización. El respeto debido a la Constitución tiene que ser. “se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia. es la ley suprema del país. no le viene tanto de que sea unitario cuanto de la probidad personal. pronto fueron otra fuente fecunda de amparos. CAPÍTULO XXVII EL PODER JUDICIAL FEDERAL DEFENSOR DE LA CONSTITUCIÓN Si la organización que instituye la suprema y que ha quedado descrita en las páginas precedentes. Respecto al prestigio y responsabilidad del tribunal. II. Cuando la excepción se convierte en regla. espontanea o coercitivamente-.sentido de considerar como Poder al judicial. al par de los otros dos. Como cada sala (con excepción de la transitoria sala auxiliar) tiene a su cargo una materia distinta. regresando así al sistema que había consagrado la Constitución de 57. Aunque el número de amparos en materia civil y penal por violaciones al procedimiento. El constituyente de Querétaro quiso que dicho tribunal se integrara por once ministros y once funcionara siempre en pleno. La defensa de la Constitución debe levantarse frente a los poderes públicos. 264. La práctica demostró pronto el error en que se había incurrido. dentro de un orden jurídico regular. del Código Penal). y para ello las reformas de 51 encomendaron al Pleno de la Corte la resolución de las contradicciones. si alguna ley debe ser cumplida y observada. cuyas limitaciones son el objeto de la propia Constitución. en principio. en Tribunales de Circuito colegiados en materia de amparo y unitarios en materia de apelación. la independencia de criterio y la competencia profesional de cada uno de sus miembros. espontaneo y natural. las contradicciones entre ellas solo puede darse en los escasos puntos que les son comunes. es que la anarquía o el despotismo han reemplazado al orden constitucional. hasta antes de la reforma de 1900. frac. que en verdad ya no tendría razón de ser. Por otra parte. los derechos que la Constitución consagra con el nombre de garantías individuales. pero esta medida no se adopta para salvaguardar la Constitución.
pero de modo tal que ese poder quede inmunizado en lo posible contra toda injerencia indeseable política. que más adelante estudiaremos. no hay razón para impedirle que prefiera entre dos disposiciones de distinta categoría. atributos que se encuentran de preferencia en los jueces.perjuicio de otro particular. Ella se infiere en buena lógica de la supremacía del órgano . tiene que decidirse por alguna de las leyes que pugna. que puede ser alguno de los ya existentes dentro de la división de poderes o bien. De aquí nace el peligro de que la justicia se contamine de política. porque son profesionales del derecho y porque su función propia exige por esencia la neutralidad. aparte de su misión ordinaria de decidir el derecho en una contenida entre partes. sino un control subsidiario y eventual. La definición de la constitucionalidad requiere conocimientos especiales en materia legal y exige. el cual tiene generalmente. que puede ser creado especialmente para que sirva de protector de la Constitución. atendiendo a la naturaleza política i judicial del órgano al cual se encomienda la defensa. engendra un malestar tal en la sociedad que merece ser sancionado como delito. por otra parte. el cometido especial de declarar si los actos de los poderes constituidos están de acuerdo con la ley suprema CAPÍTULO XXVIII LA EVOLUCION DEL AMPARO Confiara la órgano judicial la defensa de la Constitución. entre la ley nacional y la ley extranjera. Sin embargo. entre la ley y el reglamento. Claro que cualquier juez al conocer de un caso concreto. Los sistemas de defensa constitucional pueden clasificarse en dos grupos. Es preciso. por eso el juicio constitucional es juicio político. es decir. Una respuesta afirmativa cuenta a su favor con importantes argumentos. imparcialidad e independencia de criterio. el control de la constitucionalidad adquiere indiscutiblemente alcances políticos. porque tiene objeto interpretar la ley reguladora de equilibrios políticos. CAPÍTULO XXIX DEFENSAS SUBSIDIARIAS DE LA CONSTITUCIÓN La supremacía de la Constitución federal es el principio angular de nuestro sistema de gobierno. El primer grupo confía la guarda de la Constitución a un órgano político. Si el juez es el encargado de aplicar a los casos concretos las reglas de derecho y si en esta función debe elegir entre la ley antigua y la ley nueva. por lo tanto. es algo que parece emanar de la naturaleza misma de aquel órgano. hacer del Poder Judicial el titular de la constitucional. El segundo grupo confiere la tarea de velar por la Constitución al órgano judicial. pero esto no constituye una defensa directa sistematizada de la Constitución. en el ejercicio ordinario de sus funciones. lo que no es deseable no para aquélla ni para ésta. entre la Constitución y la ley.
. así sea con las limitaciones que en el capítulo precedente hemos señalado. precisamente por considerarla ahora inconstitucional. Si llegare a expedir leyes o decretos contrarios a la Constitución. Surgió así la insólita situación de que una ley del Congreso. como propia. En cuanto a la actividad federal. puesto que directamente dio a cada uno de los Poderes federales sus facultades enumeradas. que como depositario de la soberanía circunscribió rígidamente dentro de sus zonas respectivas a la actividad local y a la federal. deberá en principio enmendarla. que como tales son estrictas. dentro del limitado acervo de que podía disponer. haya o no un recurso en la ley y solicítelo o no el particular afectado. según lo hemos observado con anterioridad (supra. pues deriva lógicamente. en ejercicio de la cual cada Constituyente local doto a los poderes de su Estado de aquellas facultades que creyó convenientes. era después derogada por el propio Congreso. la Constitución no le dejo autonomía. Si una autoridad administrativa llegare a adoptar. Nro. pues no se lesiona ningún derecho. Sin embargo. 2da la decisión constitucional beneficia a un particular. 6). mediante al juicio de amparo. capítulo I. declarada constitucional por la Corte. No era indispensable consignar tal principio en el texto positivo. De lo dicho se deduce. Poder Ejecutivo. porque la defensa principal de la ley suprema está encomendada al Poder Judicial federal.constituyente. cuando se presentó el proyecto de sentencia que proponía el amparo por inconstitucionalidad de la ley. hay varios preceptos constitucionales que terminantemente lo declaran. que la Constitución debe ser la norma suprema de conducta de todos los poderes y de todos los funcionarios. sin lugar a duda. La llamamos subsidiaria. como hemos visto. tenemos aquí una defensa subsidiaria de la Constitución. ocurrida al culminar en los finales de 1978 la situación que en seguida se describe. al advertir su inconstitucionalidad debe derogarlos ajustándose así a la Constitución. Merece subrayarse el hecho de que los razonamientos de la iniciativa de derogación del precepto fueron exactamente los mismos que expusieron por el ministro relator ante el Pleno de la Corte. pero el remedio distinto. Poder Legislativo. creando en su favor un aparente derecho: debe ser revocada de oficio. en el orden federal y en el local. de la que nunca debió referir. en contra del parecer expresado por el más alto tribunal. una decisión inconstitucional. La tesis acabada de exponer (que figura en las ediciones anteriores entre el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia. En el mes de Enero de 18963 se llevó al conocimiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia una ponencia o proyecto de sentencia en el amparo Nro. pues la revocación en tal caso se funda ante todo en el respeto debido a la Constitución. A la primera le dejo el poder restringido que hemos llamado “autonomía”. En el supuesto de que lo pueda hacer. 1509/59 promovido por la quiebra de Luis Ceballos Sánchez. según las hipótesis que siguen: 1ra la decisión inconstitucional perjudica a un particular y solo beneficia a la Administración la decisión debe ser revocada. de la soberanía rígida de la Constitución. que no pudo nacer no existir en contra de la Constitución.
Esta fue la acepción con que la institución de los fueros penetró en nuestro derecho patrio como herencia de la legislación colonial y que se externó en la jurisdicción de los tribunales especiales por razón del fuero. La privación del fuero. evocado así aquellos antiguos privilegios que tenían determinadas personas para ser juzgadas por tribunales de su clase y no por la justicia común. trata del art. Como los otros dos Poderes. Poder Judicial. a menos que previamente lo autorice la correspondiente Cámara de la Unión. Es competente para ello la Cámara de Diputados. El privilegio de los antiguos fueros se extendía a la totalidad de la jurisdicción. de suerte que el proceso debía iniciarse y concluirse dentro de la jurisdicción. en consecuencia. en funciones materialmente jurisdiccionales: debería aplicarse en este caso el mismo principio expuesto en la hipótesis segunda. no puede enmendar de oficio un acto inconstitucional cometido dentro del proceso. Tal inmunidad. la preclusión. el fuero constitucional no excluye el conocimiento del caso por la jurisdicción ordinario. pues según lo veremos. como lo han observado Herrera y Lasso. pero aquí interviene un elemento nuevo. En cambio. el desafuero se produce de modo diverso según se trate de delitos comunes o delitos oficiales. es lo que constituye el desafuero. denominación impropia esta última. la Constitución ha querido que durante el tiempo en el que desempeñan sus funciones. debe de realizar cualquier acto propio que estime inconstitucional. como lo es en las judiciales. por cuanto su destinatario está exento de jurisdicción común.3ra la decisión inconstitucional de dicto dentro de una controversia seguida por particulares ante la autoridad administrativa. recibe el nombre de fuero. ya que la decisión inconstitucional. sino sólo en virtud de un recurso utilizado conforme a la ley por la parte afectada. Del desafuero en caso de delitos comunes. CAPÍTULO XXX RESPONSABILIDADDE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS En tesis general. sino que solo puede hacerlo a petición de parte y en virtud precisamente de un recurso establecido en ley. que debe ser respetada dentro de las controversias administrativas. erigida en Gran Jurado. Nada más que respecto al órgano que lo pronuncia. pero a diferencia de aquellos Poderes. alguno de esos funcionarios no puedan ser perseguidos por los actos punibles que cometieren. La mayoría absoluta se justifica por tratarse de u na disyuntiva: pero el cómputo sobre el número total de los integrantes de la Cámara y no solamente sobre el número de los presentes. la Constitución considera responsables de toda clase de delitos y faltas a los funcionarios públicos. según lo veremos adelante. a fin de que re aflore sin carta pisas la responsabilidad del funcionario. incluyéndolos así en el principio de la igualdad ante la ley. Si la sentencia de la Cámara es en . al procedimiento para llevarlo a cabo y a las consecuencias que entrañan. La decisión consistente en declarar (por mayoría absoluta de votos del número total de miembros que la forman) “si hay o no lugar a proceder contra el acusado”. 109. la autoridad administrativa no puede en ese caso revocar no reformar de oficio su decisión inconstitucional. la Cámara no juzga. No obstante.
la Cámara de Diputados no absuelve ni condena. sino que sólo lleva a cabo o no el acto indispensable para el acusado quede a merced de la potestad judicial común. sus efectos con relación al cargo no los establece expresamente la Constitución ni la ley de Responsabilidades. único medio de suspender el fuero. no prejuzga respeto a la responsabilidad penal del funcionario. que es acompañante de la función) y sujeto da la jurisdicción de los tribunales comunes (excepto el Presidente de la República. según el art. 39. existe a imposibilidad material de que el reo sujeto a prisión reasuma sus funciones. la prerrogativa de no ser enjuiciado. mientras no expire la vigencia de la función. . Tratándose de delitos oficiales. pues que examinar si una condena concreta impide reasumir las funciones. lo que podrá ser un defecto técnico. El precepto razona su propio mandamiento. Si la resolución es en el sentido de que si hay lugar a proceder. ya que sea durante el tiempo de extinción de la pena que se cumple es corporal. de cuya situación trataremos después). el funcionario conserva el fuero y con él. En su conocimiento no interviene una sola Cámara. III. el acto consiste en separarlo de su encargo. la normación constitucional es del todo diversa. pero que sirve para poner en plena luz que.sentido negativo. En caso de sentencia condenatoria definitiva. además del impedimento constitucional de no estar al corriente en sus derechos de ciudadano. tratándose de los delitos comunes. como en los delitos comunes. Habría. frac. el funcionario “queda separado de su encargo” (lo que trae consigo la suspensión del fuero. los cuales se suspenden durante la extinción de una pena de ese género. sino las dos: la de Diputados como órgano de su acusación y la de Senadores como órgano de instrucción y de sentencia.
Documents Similar To Resumen Analitico Derecho Constitucional
13108-1-24296-1-10-20150504Uploaded by AnggieAyudyaAgatha
Propuestas de ejercicios con Arena.pdfUploaded by Gero Sevillano
file.pdfUploaded by Miguel Zepeda