Source: http://e.exam-10.com/pravo/18739/index.html?page=5
Timestamp: 2018-03-23 13:11:23
Document Index: 152081954

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 48', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 115', 'artículo 6', 'artículo 115']

Son derechos reales públicos - Bibliografía Introducción
Son derechos reales públicos, es decir al ser derechos reales, se expresan como un poder jurídico sobre la cosa, poder jurídico cuya naturaleza es esencialmente “real”, sin embargo, son derechos públicos en virtud de que se constituyen en función del desmembramiento de un bien determinado, a razón de su naturaleza, su titular, su finalidad y su régimen jurídico formal.
Integran el dominio público. Al constituir un ente público un determinado derecho (como un derecho de servidumbre), con un fin de utilidad pública, ese derecho entra a formar parte del dominio público; en estos casos el dominio público no es el bien gravado, afectado o limitado, sino el derecho de uso que integra y constituye la servidumbre.
Son constituidas por entes públicos o por prestadores de servicios públicos, el beneficiario activo debe ser una persona jurídico-pública o una persona privada que tiene encomendada la prestación de un servicio público.
Generalmente recaen sobre inmuebles: las servidumbres administrativas, por lo general, recaen sobre bienes inmuebles. Sin embargo, excepcionalmente, las servidumbres administrativas podrían recaer sobre derechos, como sería el caso de que una servidumbre se constituya sobre otra servidumbre.
Son afectadas a un uso público: Las servidumbres administrativas, en esencia, son personales, y no reales, pues están constituidas formalmente a favor de una entidad administrativa y materialmente en beneficio de la colectividad.
Crean obligaciones para el propietario del fundo sirviente: la servidumbre genera en el titular de la cosa gravada, obligaciones de no hacer (obligaciones negativas) que lo vinculan a un deber de abstención de ejecutar actos de disposición o de goce que puedan impedir el uso de ella, o dejar hacer (obligaciones positivas) que lo obligan a soportar el ejercicio de los derechos que la servidumbre confiere al beneficiario.
Las servidumbres pueden constituirse mediante leyes y por actos, hechos y contratos o convenios administrativos: las servidumbres administrativas pueden constituirse mediante leyes, en las cuales se declare la constitución de una servidumbre por razones de utilidad pública o interés social. Es posible también que las servidumbres administrativas sean constituidas por hechos, en virtud de la accesión o de la prescripción.
Contenido de la servidumbre administrativa: en general, cualquier necesidad o utilidad pública puede formar parte del contenido de una servidumbre administrativa, de ahí que su número sea ilimitado. En ese sentido, pueden constituirse servidumbres de acueductos, de minería, de ruinas y yacimientos arqueológicos, y de electroductos o conductores eléctricos, entre otras.
Limitaciones derivadas de las zonas de seguridad y defensa
La calificación de ciertas áreas como zonas de seguridad, encuentran su fundamento jurídico en las disposiciones de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación52 (LOSN), y la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (LOOT), que conjuntamente con la antigua Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, sirvió de base a los decretos de seguridad dictados por el presidente de la República en fecha 17 de septiembre de 200253.
La LOSN establece que se entiende por zona de seguridad, “aquellos espacios del territorio nacional, que por su importancia estratégica, características y elementos que los conforman, están sujetos a regulación especial, en cuanto a las personas, bienes y actividades que ahí se encuentren, con la finalidad de garantizar la protección de estas zonas ante peligros o amenazas internas o externas”.
La LOSN, que deroga a la antigua Ley Orgánica de Seguridad y Defensa (LOSD) de 1976, en su artículo 50, habilita al Ejecutivo Nacional para que por vía reglamentaria, una vez oída la opinión del Consejo de Defensa de la Nación declare como zonas de seguridad, con la extensión que a tales efectos determine, las siguientes áreas (artículo 48):
a) Una zona de seguridad fronteriza.
b) Una franja adyacente a la orilla del mar, de los lagos y ríos navegables.
c) La zona que circunda las instalaciones militares y las industrias básicas.
d) Los corredores de transmisión de oleoductos, gasoductos, poliductos, acueductos y tendidos eléctricos principales.
e) Las zonas adyacentes a las vías de comunicación aérea, terrestre y acuática de primer orden.
f) Cualquiera otra zona que considere necesaria para la seguridad y defensa de la República.
La declaratoria como zona de seguridad de ciertas áreas comporta el establecimiento de una serie de limitaciones al derecho de propiedad de las personas naturales y jurídicas que poseen bienes en la misma.
Por ejemplo, en casos de que personas naturales o jurídicas extranjeras sean propietarios o detentadores de bienes inmuebles ubicados en las zonas de seguridad, éstas deberán solicitar al Ministerio de la Defensa, por órgano de la máxima autoridad militar regional, autorización escrita para continuar en el ejercicio de los derechos que poseen sobre tales inmuebles. Si la autorización es negada, deberán ofrecer en venta los inmuebles de su propiedad a personas naturales o jurídicas venezolanas en un lapso menor a un (1) año, luego de vencido ese plazo deberán hacer el mismo ofrecimiento a la República sin perjuicio de que ésta pueda proceder a la expropiación si lo estima conveniente.
En los decretos de seguridad dictados por el Presidente de la República se prevé la posibilidad de que el Ministerio de la Defensa, a través de la creación de un Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (previsto en el artículo 17 de la LOOT, que sirve de fundamento a los decretos en cuestión) establezca los parámetros, lineamientos y directrices que regirán la administración de la zona de seguridad y la asignación de usos y actividades permitidas en la misma (artículo 6 de los Decretos). Así pues, el Ministro de la Defensa podría establecer restricciones adicionales entre las que podrían encontrarse la realización de inspecciones en las empresas ubicadas bajo el perímetro de la zona de seguridad o su ocupación por razones militares.
Dentro de las limitaciones a las que se sujeta el derecho de propiedad en virtud de su función social, encontramos la expropiación por causa de utilidad pública o social.
La expropiación es un Instituto de Derecho Público, por medio del cual se confiere a la Administración Pública la potestad para adquirir, en el marco de un procedimiento legalmente establecido y de forma coactiva, cualquier clase de bienes de propiedad privada susceptibles de apropiación, por causa de utilidad pública o de interés social, siempre que así sea declarado mediante sentencia firme y previo el pago oportuno de justa indemnización a aquél contra quien obra la medida, por la merma sufrida en su patrimonio.
La jurisprudencia ha entendido que la existencia del procedimiento expropiatorio constituye la garantía principal de esa institución, pues el ente público sólo podrá expropiar siguiendo los trámites formales establecidos, todo ello en respeto del principio de legalidad.
El régimen jurídico de la expropiación en Venezuela está contenido en el artículo 115 de la Constitución y en la LEXP del 1° julio de 2002.
Existen otras limitaciones al derecho de propiedad entre las cuales están las limitaciones derivadas de la planificación y el urbanismo; las servidumbres administrativas y las limitaciones derivadas de las zonas de seguridad y defensa.
-Badell Madrid, Rafael. Régimen Jurídico de la Expropiación en Venezuela. Editorial Paredes. Caracas, 2014.
-Badell Madrid, Rafael. Responsabilidad del Estado en Venezuela. Discurso de Incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Editorial Torino. Caracas, 2014.
- De Laubadère, André, Manual de Derecho Administrativo, Editorial Temis, Bogotá, 1984.
- García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Civitas, Madrid, 1993.
- García de Enterría, Eduardo, Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, Editorial Civitas, Madrid, 1984.
- Garrido Falla, Fernando. Ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en España, en I Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo “Allan Randolph Brewer-Carías” - Contencioso Administrativo, FUNEDA, Caracas, 1995.
- Hernández, José I. “El arbitraje internacional de inversiones, la intervención administrativa en la economía y el Derecho administrativo global” en Constitución, Derecho Administrativo y Proceso: Vigencia, Reforma e Innovación. XVII Jornadas centenarias del Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA), Caracas, 2014.
- Lucas Verdú, Pablo, Garantías constitucionales, en Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo X, Edit. F. Seix, Barcelona, 1985.
- Kummerow, Gert, Compendio de Bienes y Derechos Reales, (Derecho Civil II), Paredes Editores, Caracas, 1988.
- Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, Tercera Edición Actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980.
- Muci Borjas, José Antonio, La Retrocesión en la Expropiación, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas. 1988.
- Páez, Marisol. “La expropiación indirecta frente al CIADI: consideraciones para la autorregulación de los actos administrativos de los Estados”. Revista de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile N° 153 abril-junio 2006. p. 8.
-Parada, Ramón. Derecho Administrativo, Tomo I, Parte General, Marcial Pons, Madrid, 1996.
- Urdaneta Troconis, Gustavo, Algunos aspectos teóricos de las nacionalizaciones, en Archivo de Derecho Público y Ciencias de la Administración, Tomo I, Vol. III, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, 1981.
-Zanobini, Guido, Corso di Diritto Amministrativo, Tomo IV, Milán, 1945.
Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Derecho, Universidad Católica Andrés Bello. Master en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela. Abogado Universidad Católica Andrés Bello. Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (pregrado y postgrado). Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford durante el año académico 1998-1999. Profesor Asociado (Senior Associate Member) de la Universidad de Oxford durante el año académico 2006-2007.
1 Touchard, Jean, Historia de las ideas políticas, p. 358.
2 Kummerow, Gert, Compendio de Bienes y Derechos Reales, (Derecho Civil II), Paredes Editores, Caracas, 1988.
3 Duguit, León, Las transformaciones generales del derecho privado desde el Código de Napoleón, pp. 141 y ss.
4 Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, Tercera Edición Actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980, p. 19.
5 De Laubadère, André, Manual de Derecho Administrativo, Editorial Temis, Bogotá, 1984, p. 289.
6 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 2 de Octubre de 1986. Caso: Agrícola Santo Domingo, C.A.
7 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 14 de Junio de 1988. caso: Fernando Colina Peña.
8 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 12 de noviembre de 1991. caso: Corporación Venezolana de Guayana. Jurisprudencia Venezolana Ramirez & Garay, Tomo N° 119. pp. 600-604.
9 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 20 de julio de 1993. Jurisprudencia Venezolana Ramirez & Garay, Tomo N° 126. pp. 523-524.
10 Lucas Verdú, Pablo. Garantías Constitucionales en Nueva Enciclopedia Jurídica. t. X. Edit. F. Seix. Barcelona, 1985. pp. 545-546.
11 La controversia versó en buena parte, precisamente, sobre este asunto puesto que el Decreto que ordenó la adquisición forzosa, partió de la declaratoria de utilidad pública e interés social contenida en el artículo 6 de la LDPABIS. Ahora bien, ante los alegatos de la parte recurrente referidos a que dicha declaratoria no constituye una declaración de utilidad pública e interés social suficiente, en vista de su exagerada amplitud de bienes y servicios incluidos, insistió la Sala que la misma “(…) está prevista en una norma de rango legal, pudiendo recaer la adquisición forzosa sobre cualquiera de los bienes necesarios para el desarrollo de las actividades {en ella prevista} (…) toda vez que la norma constitucional (artículo 115) no impone la limitación de que tal declaratoria deba ser realizada, de manera específica, para determinada categoría de bienes a ser objeto de adquisición forzosa por parte del Estado.
12 Gaceta Oficial N° 6.018 Extraordinaria, del 29 de enero de 2011.
13 Gaceta Oficial N° 40.340, del 23 de enero de 2014.
14 Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 1 de octubre de 2008. Magistrado ponente: Levis Ignacio Zerpa.
15 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 10 de agosto de 1977.
16 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Civitas, Madrid, 1993, pp. 209 y 272
17 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 24 de Febrero de 1965. caso: Banco Obrero vs. hacienda La Urbina.
18 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 10 de diciembre de 1980. Magistrado ponente: Julio Ramírez Borges.
19 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 12 de noviembre de 1991; caso: Corporación Venezolana de Guayana. Magistrado ponente: Josefina Calcaño de Temeltas Jurisprudencia Venezolana. Ramírez & Garay, Tomo 119, pp. 600-604.
20 Garrido Falla, Fernando,
7. Bibliografía Introducción
Bibliografía. Introduccion