Source: http://absta.info/ley-sobre-impuesto-a-la-renta--artculo-98-pagos-provisionales.html
Timestamp: 2018-10-21 19:51:26
Document Index: 73582757

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 768', 'ARTÍCULO 98', 'ARTÍCULO 768', 'artículo 768', 'artículo 24', 'artículo 98', 'artículo 767', 'artículo 768', 'artículo 768', 'artículo 160', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 98', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 98', 'artículo 84', 'artículo 90', 'artículo 95', 'artículo 96', 'artículo 97', 'artículo 96', 'artículo 98', 'artículo 767']

Ley sobre impuesto a la renta – artículo 98 pagos provisionales mensuales cóDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL artículo 768 numeral 4º
En el evento de haber sido pagada la diferencia determinada por los giros reclamados, ella debería haber sido restituida, de manera que la existencia no controvertida del pago de los impuestos determinados en el año tributario correspondiente, y cuya satisfacción los aludidos pagos provisionales mensuales fiscalizados pretendían cautelar, privaban de sustento al recurso.
LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA – ARTÍCULO 98
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES - CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 768 NUMERAL 4º
La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la contribuyente en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó la dictada por el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero que rechazó el reclamo presentado.
En cuanto al recurso de casación en la forma se expresó que la sentencia de segunda instancia incurrió en la causal del numeral 4º del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Respecto a la cual la Corte indicó que el vicio formal invocado se verificaba cuando la sentencia otorgaba más de lo que las partes habían solicitado en sus escritos de fondo, por medio de los cuales se fijaba la competencia del Tribunal o cuando se emitía pronunciamiento en relación a materias que no habían sido sometidas a la decisión del mismo, vulnerando, de ese modo, el principio de congruencia que rige la actividad procesal.
Así, concluyó que el recurso debía ser rechazado, ya que su formulación desatendía que en la especie lo discutido decía relación con la procedencia del cobro que se emitiera por concepto de Pagos Provisionales Mensuales, y el razonamiento del tribunal de segundo grado atendía a la vinculación del referido cobro con la obligación principal de la contribuyente, resolviendo dejar sin efecto los giros cuestionados por haberse demostrado – en su concepto- la extinción de la referida obligación, aspecto que evidentemente formaba parte de lo debatido.
En cuanto al recurso de casación en el fondo se denunciaron, en primer término, como infringidos los artículos 84 a) y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con los artículos 19, 20 y 22 del Código Civil. En segundo término, se indicó que se había infringido el artículo 24 del Código Tributario, en relación con los citados artículos 84 a) y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y los artículos 19, 20 y 22 del Código Civil.
Al respecto, la Corte indicó aunque en concepto de esta asistía razón al recurrente en cuanto a la naturaleza de los referidos pagos provisionales mensuales, atendido el carácter categórico del señalado artículo 98, lo cierto era que en el evento de haber sido pagada la diferencia determinada por los giros reclamados, ella debería haber sido restituida, de manera que la existencia no controvertida del pago de los impuestos determinados en el año tributario correspondiente, y cuya satisfacción los aludidos pagos provisionales mensuales fiscalizados pretendían cautelar, privaban de sustento al recurso. Por lo que, al haber sido satisfecha íntegramente la obligación tributaria anual, resultaba forzoso concluir que los yerros denunciados en el primer capítulo del recurso carecían de la influencia que el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil exigía, toda vez que en la especie la carga que los referidos pagos cautelaban había sido satisfecha, de manera que la sola discrepancia conceptual sobre su naturaleza jurídica no justificaba el acogimiento del recurso, desde que nada podría ser ordenado cumplir, al no existir obligación pendiente al respecto.
“Santiago, dos de abril de dos mil quince.
En autos Rol 11.098-2014 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación tributaria iniciado por la contribuyente Comercial y Servicios RRRRR Ltda., se dictó sentencia de primer grado el veintidós de noviembre de dos mil trece, que rola a fojas 239 y siguientes, en virtud de la cual se rechazó el reclamo deducido en contra de los giros Nº 103510135-3, 103510315-K, 103510315-1 y 103510315-2, emitidos el 26 de diciembre de 2012 por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, con costas.
Esta decisión fue recurrida de apelación por la sociedad ya mencionada a fojas 244 y revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, según se lee a fojas 260 y siguientes, que dispuso en su lugar acoger el reclamo, ordenando dejar sin efecto los giros que motivaron la presente causa, sin costas.
A fojas 265 y siguientes, el Servicio de Impuestos Internos dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo respecto de la sentencia de segundo grado, los que se trajeron en relación a fojas 300.
PRIMERO: Que por el presente recurso se expresa que la sentencia de segunda instancia incurrió en la causal del numeral 4º del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, ya que la controversia de autos estaba limitada a esclarecer la efectividad de la existencia de errores e inconsistencias incurridas por el Servicio de Impuestos Internos en la determinación de los pagos provisionales mensuales (PPM) y de los giros por los meses de agosto a noviembre de 2012.
Sin embargo la Corte de Apelaciones decidió revocar el fallo de primera instancia fundándose en un aspecto no sometido a la decisión del tribunal y que fue incorporado por el reclamante en la apelación, como es que procedía dejar sin efecto los giros porque la obligación tributaria de pagar los impuestos anuales del año tributario 2013 estaba cumplida. Ese aspecto no sólo no formó parte de la litis, sino que además era imposible de plantear en el debate, porque el reclamo fue presentado el 27 de febrero de 2013, es decir, dos meses antes de que el contribuyente presentara su declaración de impuestos (lo que hizo el 24 de abril del mismo año) y su parte contestó el traslado que le fuera conferido el 10 de abril.
La reclamante intentó introducir ese aspecto en la litis sin éxito, ya que no fue incorporado en la resolución que recibió la causa a prueba y la Corte de Apelaciones la confirmó al pronunciarse sobre el incidente correspondiente, lo que demuestra que al tener en consideración tal aspecto, el tribunal de segundo grado ha incurrido en la causal aludida.
Termina solicitando se acoja el recurso y en la sentencia de reemplazo que se dicte, se confirme la de primera instancia.
SEGUNDO: Que en cuanto al vicio de nulidad que se fundamenta en la causal Nº 4 del artículo 768 de Código de Procedimiento Civil, cabe tener en cuenta que este precepto contempla dos formas de materialización. La primera consiste en otorgar más de lo pedido, esto es, propiamente la ultra petita, mientras que la segunda se produce al extenderse el fallo a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, hipótesis que se ha denominado extra petita.
Asimismo, según ha determinado uniformemente esta Corte Suprema, el fallo incurre en ultra petita cuando, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de unas u otras cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. La regla anterior debe necesariamente relacionarse con lo prescrito en el artículo 160 del Código antes citado, de acuerdo al cual las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio.
En consecuencia, el vicio formal invocado se verifica cuando la sentencia otorga más de lo que las partes han solicitado en sus escritos de fondo, por medio de los cuales se fija la competencia del Tribunal o cuando se emite pronunciamiento en relación a materias que no fueron sometidas a la decisión del mismo, vulnerando, de ese modo, el principio de congruencia que rige la actividad procesal.
TERCERO: Que, entonces, en los términos planteados, el recurso de casación en la forma deberá ser rechazado, ya que su formulación desatiende que en la especie lo discutido dice relación con la procedencia del cobro que se emitiera por concepto de Pagos Provisionales Mensuales, y el razonamiento del tribunal de segundo grado atiende a la vinculación del referido cobro con la obligación principal del contribuyente, resolviendo dejar sin efecto los giros cuestionados por haberse demostrado – en su concepto- la extinción de la referida obligación, aspecto que evidentemente forma parte de lo debatido.
Por lo demas, esta Corte no puede dejar de tener en consideración que, discutiendose la existencia de una obligación de dar, el deudor – el contribuyente- puede plantear el pago de la misma tanto en primera como en segunda instancia de acuerdo a las normas procesales de aplicación general, sin que sea la presente causal el mecanismo adecuado para impugnar algún eventual vicio en la substanciación del debate sobre su procedencia, por lo que el motivo sera desestimado.
CUARTO: Que por este recurso se denuncian, en primer término, como infringidos los artículos 84 a) y 98 de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con los artículos 19, 20 y 22 del Código Civil, al resolver los sentenciadores que los pagos provisionales mensuales (PPM) no serían impuesto, porque la ley es clara en señalar que el PPM será considerado un impuesto sujeto a retención y, en consecuencia, le son aplicables todas las disposiciones que se indica en el titulo correspondiente de la Ley de Impuesto a la Renta y en el Código Tributario. Por ello, como son impuestos sujetos a retención, procede su fiscalización por el Servicio de Impuestos Internos, que debe verificar el correcto cumplimiento tributario en tal ámbito, de manera que su representado estaba facultado para fiscalizar y solicitar las declaraciones rectificatorias correspondientes y, ante su falta de rectificación, emitir los giros correspondientes, conforme el artículo 24 del Código Tributario. Así, entonces, la ley no permite que los contribuyentes se excusen de cumplir sus obligaciones tributarias bajo el pretexto de no existir obligación tributaria principal.
En segundo término, se indica que se ha infringido el artículo 24 del Código Tributario, en relación con los citados artículos 84 a) y 98 de la Ley de Impuesto a la Renta y los artículos 19, 20 y 22 del Código Civil, ya que la primera norma citada no establece el trámite de la citación en el caso de impuestos de recargo, retención o traslación que no hayan sido declarados oportunamente y correspondientes a sumas contabilizadas, caso en el cual se faculta al Servicio de Impuestos Internos para girar de inmediato, sin trámite previo. Por ello, al colegir que el Servicio no estaba habilitado para girar de inmediato sin que existiera una citación, impone una exigencia que la ley no establece. Asimismo, se infringe la norma al desconocer la facultad del Servicio de Impuestos Internos para girar de inmediato, en un caso expresamente previsto en el artículo 24 del Código Tributario.
Termina describiendo la influencia que estos yerros habrían tenido en lo dispositivo del dictamen, sosteniendo que de haberse fallado la causa correctamente, se habría confirmado la sentencia de primera instancia, por lo que pide acoger el recurso y, en la sentencia de reemplazo que se dicte, confirmar la del 4º Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago.
QUINTO: Que una adecuada decisión del presente arbitrio hace necesario considerar que en la especie se han reclamado los giros emitidos por el Servicio de Impuestos Internos el 26 de diciembre de 2012, como resultado de la objeción formulada por el ente fiscalizador a la tasa considerada por el contribuyente para el cálculo de los pagos provisionales mensuales por el período comprendido entre los meses de agosto y noviembre de 2012, determinando las diferencias de que ellos dan cuenta, reclamo que fue rechazado en primera instancia teniendo para ello en consideración su carácter de impuesto sujeto a retención, acorde lo preceptuado en el artículo 98 de la Ley de Impuesto a la Renta, al que resultan aplicables todas las disposiciones contenidas en el Título V de la Ley de Impuesto a la Renta y en el Código Tributario; además, la ausencia de fundamento en la objeción formulada a la tasa que el Servicio de Impuestos Internos consideró correcta y lo vago e ininteligible de la alegación del contribuyente referida a la omisión del procedimiento de citación en la determinación de las referidas diferencias.
Apelada dicha sentencia, los jueces de segundo grado la revocaron y en su lugar dispusieron que el reclamo quedaba acogido sobre la base de razonar que la ley, al referirse al mecanismo a utilizar respecto de la tasa con la cual se debe dar cumplimiento a los pagos provisionales mensuales, no lo hace en relación a un procedimiento autónomo de la obligación principal del contribuyente, sino que referido a dicha obligación principal a la que acceden, a saber, abonar anticipadamente a la cuenta que le corresponda pagar por impuesto de primera y/o de segunda categoría al que están afectos. Indicaron los referidos jueces que son las obligaciones tributarias finales del contribuyente las que reúnen el carácter jurídico de tributos, siendo el pago provisional mensual un abono o aporte temporal que se considera como carga impositiva para cuyo cobro se permite aplicar procedimientos de apremio, los que no proceden frente al hecho no discutido del pago íntegro de la obligación tributaria a la que acceden.
Asimismo, la Corte de Apelaciones sostuvo que, aún en el evento considerar los pagos provisionales mensuales como un impuesto de retención de carácter autónomo –lo que la mayoría del tribunal no comparte- tampoco el Servicio de Impuestos Internos estaba habilitado para girar de inmediato diferencias por este concepto sin que existiera previamente una citación y liquidación, conforme lo preceptuado en el artículo 24 del Código Tributario.
SEXTO: Que de acuerdo a lo expuesto, aparece que en la especie el criterio fundamental para dirimir lo debatido y determinar que se acogiera el reclamo es la circunstancia no discutida de haber sido solucionada integramente la obligación tributaria a la que tales pagos provisionales mensuales accedían, agregando sólo adicionalmente que, en todo caso, aún en el evento de considerar tales pagos provisionales como un impuesto autónomo, debió observarse a su respecto el procedimiento que consagra el artículo 24 del Código Tributario, razonamiento este último que tiene el carácter de argumento dado a mayor abundamiento por los referidos sentenciadores, toda vez que ha sido formulado para el evento de que se considere correcta una tesis que la mayoría del tribunal no comparte, como es la naturaleza autónoma de los pagos provisionales mensuales tantas veces citados.
SEPTIMO: Que corresponde, entonces, dilucidar si el recurso propuesto puede prosperar.
Al efecto, es necesario considerar que el recurso de casación en el fondo tiene por objeto velar por la correcta interpretación y aplicación de las normas llamadas a dirimir la controversia, con el objeto de que este tribunal pueda cumplir con la función uniformadora del derecho asignada por la ley. Para el desarrollo de tal propósito, el recurrente debe señalar pormenorizadamente los yerros jurídicos que se han cometido en la decisión de lo resuelto, los que deben tener influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, exigencia que se traduce en la necesidad de demostrar que ellos han tenido un efecto trascendente y concreto, de suerte que su verificación implique una real variación respecto de lo que racional y jurídicamente debería fallarse y lo que efectivamente se resolvió en la resolución impugnada, de manera tal que la declaración en sede de casación de una nulidad que en definitiva no ha de repercutir sobre la sentencia atacada carece de todo interés jurídico, atenta contra la economía procesal y como pronunciamiento abstracto es ajeno a la función jurisdiccional de este tribunal.
OCTAVO: Que, en los términos planteados, el recurso deberá ser rechazado, ya que si bien el artículo 98 de la Ley de Impuesto a la Renta establece que “El pago provisional mensual será considerado, para los efectos de su declaración pago y aplicación de sanciones, como impuesto sujeto a retención y, en consecuencia, le serán aplicables todas las disposiciones que al respecto rigen en este Título y en el Código Tributario”, tal precepto ha de ser analizado en conjunto con las restantes disposiciones que regulan el tributo de que se trata, como el artículo 84 del mismo cuerpo de leyes, que establece la obligación del contribuyente de efectuarlos a todos los obligados a presentar declaraciones anuales de renta, ya sea de Primera y/o de Segunda Categoría, en carácter de provisionales y a enterar a cuenta de los impuestos que, en definitiva, se determinan al realizar la declaración anual. El artículo 90 que sigue, confirma esta vinculación con los impuestos definitivos, al consagrar la posibilidad de suspender dicha carga si en el año tributario que precede el contribuyente han presentado pérdida, suspensión que puede seguir renovando hasta el período en que presente utilidades, de acuerdo al mecanismo que describe, disponiendo los artículos 93 y 94 el orden de imputación de los impuestos pagados, el artículo 95 su reajustabilidad para los efectos de las imputaciones, el artículo 96 la actualización de la eventual diferencia resultante en contra del contribuyente y el artículo 97, el mecanismo de devolución del exceso, al determinarse los impuestos anuales de que habla el artículo 96.
NOVENO: Que la regulación de que dan cuenta las disposiciones citadas precedentemente evidencia que el mecanismo instaurado por el legislador pretende facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones impositivas mediante el referido pago parcelado, el que debe cubrir, con la mayor fidelidad posible, los impuestos anuales que lo graven, contemplándose, en todo caso, un mecanismo de devolución de cualquier exceso en el referido pago una vez efectuadas las imputaciones correspondientes.
DÉCIMO: Que así las cosas, aunque en concepto de este tribunal asista razón al recurrente en cuanto a la naturaleza de los referidos pagos provisionales mensuales, atendido el carácter categórico del artículo 98 citado, lo cierto es que en el evento de haber sido pagada la diferencia determinada por los giros reclamados, ella debería haber sido restituida al contribuyente, de manera que la existencia no controvertida del pago de los impuestos determinados en el año tributario correspondiente, y cuya satisfacción los aludidos pagos provisionales mensuales fiscalizados pretendían cautelar, priva de sustento al recurso.
En efecto, al haber sido satisfecha integramente la obligación tributaria anual, resulta forzoso concluir que los yerros denunciados en el primer capítulo del recurso carecen de la influencia que el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil exige para el éxito del mecanismo de impugnación deducido, toda vez que en la especie la carga que los referidos pagos cautelaban ha sido satisfecha, de manera que la sola discrepancia conceptual sobre su naturaleza jurídica no justifica el acogimiento del recurso, desde que nada podría ser ordenado cumplir, al no existir obligación pendiente al respecto.
UNDÉCIMO: Que, por último, los errores de derecho denunciados en el segundo capítulo del recurso tampoco podrán ser atendidos, al carecer también de influencia sustancial en lo decidido, toda vez que en primer término, constituyen razonamientos expresados por los sentenciadores a mayor abundamiento, esto es, no constituyen el motivo principal de la decisión impugnada de manera que no puede estimarse que la sostienen; y por otra parte, tales argumentos han sido superados por lo decidido sobre la base de la consideración de la satisfacción de la obligación tributaria anual del reclamante, de manera que su análisis resulta inncesario
DUODÉCIMO: Que las consideraciones precedentes determinan que en la especie no se configuren los yerros denunciados, de manera que al no haber sido demostrado que los jueces del grado hayan incurrido en error de derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, la impugnación ha de ser desestimada.
Que se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en lo principal y primer otrosí de fojas 265, por el abogado don Pablo Pérez Zegers, en representación del Departamento Jurídico de la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, contra la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil catorce, que se lee a fojas 260 y siguientes.
EXCMA. CORTE SUPREMA - SEGUNDA SALA – 02.04.2015 - ROL N° 11.098-2014 – MINISTRO SR. MILTON JUICA A. – MINISTRO SR. HUGO DOLMESTCH U. – MINISTRO SR. CARLOS KÜNSEMÜLLER L. – MINISTRO SR. HAROLDO BRITO C. – MINISTRO SR. LAMBERTO CISTERNAS R.