Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/10/20/constitucionalidad-del-art-1078-del-cciv-en-tanto-limita-la-posibilidad-de-accionar-por-dano-moral-a-los-familiares-herederos-forzosos-por-no-ser-los-damnificados-directos/
Timestamp: 2019-07-18 02:55:47
Document Index: 338816680

Matched Legal Cases: ['artículo 1078', 'artículo 19', 'artículo 1078', 'artículo 1078', 'artículo 16', 'artículo 1078', 'artículo 16', 'artículo 1079', 'artículo 1078', 'artículo 1078', 'artículo 1078', 'artículo 1078']

Constitucionalidad del art. 1078 del CCiv. en tanto limita la posibilidad de accionar por daño moral a los familiares, herederos forzosos, por no ser los damnificados directos – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 20 octubre 2017
Partes: Lima Maira Joana y otros c/ Agon Alfredo; Sastre María Patricia y otros s/ daños y perjuicios
Cita: MJ-JU-M-106574-AR | MJJ106574 | MJJ106574
Constitucionalidad del art. 1078 del CCiv. en tanto limita la posibilidad de accionar por daño moral a los familiares, herederos forzosos, por no ser los damnificados directos.
1.-Resulta constitucional el art. 1078 del CCiv., en tanto no prevé la legitimación de los padres y los hermanos para reclamar la indemnización por daño moral ante el hecho ilícito padecido por el damnificado directo, ya que dada la naturaleza del perjuicio sufrido, la dimensión del daño no puede ser acreditada con certeza, sino que debe tenerse por configurado por la sola producción del episodio dañoso; y en virtud de ello el legislador estableció en qué casos los jueces pueden presumir su existencia, a fin de evitar que al generador del hecho ilícito se le exija que indemnice a todo aquel que meramente invoque la existencia de daño moral (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo)
2.-La decisión del legislador de acotar la legitimación para reclamar el daño moral obedece a criterios objetivos y razonables, en tanto intenta evitar la proliferación excesiva de reclamos y procura la realización de un fin legítimo vinculado con la previsibilidad de los riesgos y cobertura de los daños de los hechos ilícitos (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo)
3.-Cabe señalar que, de conformidad con el actual art. 1741 del CCivCom., el ordenamiento vigente mantiene la regla según la cual solo el damnificado directo se encuentra legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales del hecho ilícito. La legitimación activa ha sido ampliada en el nuevo código pero únicamente para los casos de muerte o de gran discapacidad de la víctima (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo)
4.-Si bien esta Corte se pronunció recientemente a favor de la inconstitucionalidad del art. 1078 del CCiv.- G., M. G. y otros c/-Estado Nacional- Minist. De Just. y Der. Hum. – Gendarmería Nac.- en esa oportunidad, se consideró que la distinción para reclamar la indemnización por daño moral entre el hijo biológico y un niño que tenía un vínculo filial de hecho con quien había resultado ser la víctima fatal de un ilícito violaba el derecho a la igualdad, dichas consideraciones no resultan aplicables a esta controversia, pues aquí la discusión gira en torno a la distinción de trato acordada de conformidad con la naturaleza del daño sufrido por el damnificado indirecto (del dictamen del Procurador Fiscal al que remite el voto de los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz)
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó la sentencia de la instancia anterior, que había condenado a la demandada a indemnizar los daños sufridos por los actores (k 122811259 vta. de los autos principales, a los que me referiré en lo sucesivo salvo aclaración en contrario). Respecto de la actora M. J. L. -damnificada directa del accidente de tránsito que le causó un conjunto de afecciones y secuelas tales como fractura de muñeca, de cadera, acortamiento de pierna derecha, dificultad masticatoria, trastorno depresivo mayor de tipo grave y estrés postraumático, entre otras- reconoció la pérdida de chance y el daño estético sufridos, y disminuyó la condena en concepto de daño moral En relación con los damnificados indirectos del accidente, hermanos y padres de la actora, redujo el monto indemnizatorio correspondiente al lucro cesante, confirmó la condena por gastos médicos, de farmacia y traslados, y revocó la condena por daño psicológico. Además, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil-hoy derogado- y, en consecuencia, ordenó la reparación del daño moral sufrido por aquellos. La cámara señaló que dicha norma prevé que únicamente el damnificado directo se encuentra legitimado para exigir la indemnización por las consecuencias extrapatrimoniales del hecho ilícito con excepción del caso de muerte del damnificado directo, supuesto en el que la legitimación se extiende a los herederos forzosos- y concluyó que ello resulta incompatible con los artículos 19 y 16 de la Constitución Nacional. En primer lugar, explicó que el artículo 19 de la Constitución prohíbe dañar los derechos de terceros y que de ello se deriva el derecho a la reparación integral de quien sufre un daño, reconocido por la Corte Suprema en “Aquino”(rf:MJJ3125) (Fallos:327:3753). Consideró que el artículo 1078 del Código Civil desvirtúa ese derecho y lo reglamenta de modo irrazonable pues desconoce el dolor sufrido por determinados individuos.
Asimismo, expuso que la declaración de incónstitucionalidad de la mencionada norma no necesariamente generaría un número excesivo de demandas por daño moral pues los actores aún deberían probar que el daño reclamado es cierto y que guarda relación de causalidad con el hecho ilícito.
Por último, destacó el estado parlamentario en el que se encontraba el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación -sancionado actualmente por la ley 26.994-, que establecía una ampliación de los sujetos legitimados para reclamar el resarcimiento del daño extrapatrimoniaL -II-
La recurrente alega que el artículo 1078 del Código Civil es razonable y, por ende, no viola ninguna garantía constitucional Sostiene que la diferente legitimación para reclamar la indemnización por daños patrimoniales y por daños extrapatrimoniales no necesariamente implica una violación al artículo 16 de la Constitución Nacional.
Expresa que esa norma civil tiene el objetivo de regular con certeza quiénes pueden accionar por daño moral en los supuestos de responsabilidad extracontractual Sobre este punto, añade que no corresponde a los jueces juzgar los motivos de oportunidad o conveniencia adoptados por el legislador.Manifiesta que hacer lugar al reclamo indemnizatorio por el daño moral sufrido por los progenitores y hermanos de la víctima implica imponer una obligación a la demandada que no surge de la ley. En consecuencia, arguye que la solución recurrida afecta su derecho de propiedad (art. 17, Constitución Nacional).
La cuestión controvertida consiste en determinar si el artículo 1078 del Código Civil -aplicable al presente caso y actualmente derogado-, en tanto no prevé la legitimación de los padres y los hermanos para reclamar la indemnización por daño moral ante el hecho ilícito padecido por el damnificado directo, es inconstitucional a la luz de los artículos 16 y 19 de la Constitución Nacional Ante todo, cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones del Poder Judicial y, por ello, debe ser considerada como última ratio del orden jurídico y solo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y de incompatibilidad inconciliable (Fallos: 330:855, “Rinaldi” , y 5345, “Longobardi”, entre muchos otros). A mi juicio, en este caso, no se alcanza a demostrar que la norma en cuestión resulte inconstitucional.
En primer término, la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional implica la igualdad de tratamiento para casos idénticos o razonablemente similares o asimilables entre sí. Sin embargo, no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes. En consonancia, se atribuye un amplio margen al legislador para distinguir y clasificar los objetos de la reglamentación en la medida en que las distinciones se basen en motivos objetivos y razonables (Fallos:326:3142, “Asociación Mutual Carlos Mujica” , considerando 9°).
En el Código Civil, el legislador adoptó diferentes reglas para la procedencia de la indemnización de los daños patrimoniales y del daño moral en los supuestos de responsabilidad extra contractual. En efecto, el Código Civil efectúa una distinción entre los tipos de daños que una persona puede sufrir como consecuencia de un hecho ilícito. Por un lado, el menoscabo de bienes patrimoniales es indemnizable de conformidad con las reglas del artículo 1079 y concordantes. De acuerdo con esa norma, todo aquel damnificado que haya sufrido un daño directo o indirecto a causa de un hecho ilícito se encuentra legitimado para reclamar su reparación. En este supuesto, el damnificado invoca un daño cuya prueba es necesaria para la procedencia del reclamo indemnizatorio (Fallos: 316:2894, “Gómez Orue de Gaete”, considerando 5°).
Por otro lado, las consecuencias no patrimoniales del hecho ilícito son resarcidas de acuerdo con el artículo 1078 del Código Civil. En estos casos, el daño consiste en las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida por el damnificado. En virtud de la naturaleza del perjuicio sufrido, la dimensión del daño no puede ser acreditada con certeza. No obstante, el legislador consideró que el perjuicio extrapatrimonial debe tenerse por configurado por la sola producción del episodio dañoso. De este modo, aun cuando el dolor no puede medirse o tasarse, ello no impide indemnizarlo teniendo en cuenta la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este (Fallos: 334:1821, “Migoya”(ef:MJJ70220), considerando 23°). Precisamente, por las particularidades de este daño, debe tenérselo por configurado in re ipsa ya que se presume la lesión inevitable de los sentimientos de los legitimados (Fallos:316:2894, considerando 7°).
Esta conclusión no resulta contradictoria con la doctrina sentada por la Corte Suprema en “Aquino” al interpretar el alcance de aquel principio constitucional en una controversia que no guarda relación con la presente.En ese precedente, la Corte examinó la aplicación del principio de reparación integral a la situación de la víctima de un daño que, por su condición de trabajadora, recibía únicamente las reparaciones tasadas previstas por el régimen especial de riesgos del trabajo, y estaba imposibilitada de recurrir a la vía civil, que no presentaba esas limitaciones. El tribunal enfatizó que los trabajadores son sujetos de preferente tutela de acuerdo a nuestro régimen constitucional. En ese contexto particular, la Corte resolvió que la indemnización que resultaba de la aplicación de ese sistema específico de reparación tarifada era absolutamente insuficiente y, por lo tanto, violaba el principio de la reparación integral. Sin embargo, la Corte advirtió que “el desenlace de este litigio no implica la censura de todo régimen legal limitativo de la reparación por daños” y que la validez constitucional de cualquier regulación depende de su razonabilidad (considerando 14°).
En el caso, se encuentra en discusión la legitimación prevista en el propio sistema de responsabilidad civil para reclamar la reparación de un determinado tipo de daño. Tal como apunté, el legislador a través de la limitación contenida en los términos del artículo 1078 ha establecido un medio apropiado – considerando la particular naturaleza de los daños no patrimoniales y las cuestiones probatorias conexas- a fin de procurar la previsibilidad de los riesgos y la cobertura de los daños derivados de los hechos ilícitos. Tampoco, los recurrentes han demostrado que la reparación en los términos del sistema de responsabilidad del Código Civil sea absolutamente insuficiente, tal como sucedió en el citado caso “Aquino”, donde el trabajador, además, invocaba una especial protección.En ese marco, opino que aquella decisión no es dirimente para resolver la cuestión que aquí se debate y que la limitación contenida en el artículo 1078 supera el examen de razonabilidad.
Por último, debo señalar que esta Procuración General dictaminó recientemente a favor de la inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil (S.C. G. 112, L. L, “G., M. G. y otros c/-Estado Nacional- Minist. De Just. y Der. Hum. – Gendarmería Nac. s/ daños y perjuicios” , emitido el 8 de septiembre de 2015). En esa oportunidad, se consideró que la distinción para reclamar la indemnización por daño moral entre el hijo biológico y un niño que tenía un vínculo filial de hecho con quien había resultado ser la víctima fatal de un ilícito violaba el derecho a la igualdad. En este caso, en cambio, la discusión gira en torno a la distinción de trato acordada de conformidad con la naturaleza del daño sufrido por el damnificado indirecto. Por ello, las consideraciones expuestas en aquella oportunidad no resultan aplicables a esta controversia.
Por los fundamentos expuestos, opino que corresponde declarar procedente la queja, hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar el punto VI y concordantes de la sentencia recurrida.
Buenos Aires, 22 de junio de 2016.
Buenos Aires, cinco de septiembre de 2017
Vistos los autos:”Recurso de hecho deducido por Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada en la causa Lima, Maira Joana y otros c/ Agon, Alfredo; Sastre, María Patricia y otros si daños y perjuicios”, para decidir sobre su procedencia.
Que los agravios del apelante han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen del señor Procurador Fiscal, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite por razón de brevedad, salvo en lo que respecta a la aclaración formulada en el punto IV, penúltimo párrafo, del referido dictamen. Por ello, con el alcance indicado, se declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada en cuanto declaró la inconstitucionalidad del arto 1078 del derogado Código Civil que establecía que la acción por indemnización del daño moral solo competía al damnificado directo. Con costas a cargo de los vencidos (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito de fs. 65. Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen.
RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ –
Por ello, se declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 1078 del derogado Código Civil que establecía que la acción por indemnización del daño moral.solo competía al damnificado directo. Con costas a cargo de los vencidos (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito de fs. 65. Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen.
Tag: CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, DAÑO DIRECTO, DAÑO MORAL, FAMILIA, HEREDEROS FORZOSOS, INDEMNIZACIÓN, LEGITIMACIÓN ACTIVA, LESIONES, PARENTESCO, PRESUNCIONES, PRUEBA
Previous: Previous post: Se rechaza la demanda de exclusión de la herencia entablada por la hija del causante, probada la validez del matrimonio celebrado en la sala de terapia intensiva entre su padre y la demandada
Next: Next post: La tasa pasiva de interés es aplicable para el caso de mora en el pago de alimentos hasta la fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial