Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1193437
Timestamp: 2020-01-26 09:54:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 30', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 71', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 58']

Procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia
Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, por el que se regulan el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y se modifica el Decreto 83/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios generales del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears (BOCAIB de 7 de diciembre de 2019) Texto completo.
Mediante el Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre , se traspasaron a la comunidad autónoma de las Illes Balears las funciones y los servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) de la Seguridad Social.
El 26 de enero de 2000 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre , de procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad, modificado por el Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre; por el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre , y por el Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre. El artículo 6 establece la competencia de las comunidades autónomas con funciones transferidas en la materia para el reconocimiento del grado de discapacidad, así como para la determinación de la necesidad de ayuda de tercera persona y de la dificultad para utilizar transportes públicos colectivos, a los efectos de las prestaciones, los servicios o los beneficios públicos establecidos.
En el ámbito autonómico, el 13 de junio de 2000 se publicó la Orden por la que se establece el procedimiento que tiene que seguir el Instituto Balear de Asuntos Sociales en la tramitación de los expedientes para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad, en desarrollo del Real Decreto 1971/1999 .
La Ley 4/2009, de 11 de junio , de servicios sociales de las Illes Balears, en el artículo 6, señala que entre las necesidades de atención prioritaria se encuentran la discapacidad física, psíquica o sensorial. Así mismo, el artículo 7, sobre derechos de las personas destinatarias de los servicios sociales, recoge el derecho de estas personas a recibir una valoración de su situación.
En desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se dictó el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero , por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, que establece un nuevo instrumento de valoración de la necesidad del concurso de otra persona para el reconocimiento y la calificación del grado de discapacidad. Esta modificación normativa en la determinación de la necesidad de ayuda de tercera persona posteriormente es recogida en el Real Decreto 1364/2012, que establece que se tiene que hacer mediante la aplicación del baremo establecido de acuerdo con lo que dispone el artículo 27.2 de la Ley 39/2006, previsto en el Real Decreto 174/2011 .
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en el artículo 12, establece la naturaleza y las funciones de los equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad. La norma emplea genéricamente la denominación equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad y les otorga la función de garantizar la inclusión y la participación plena en la sociedad de las personas con discapacidad, y a la vez emplea el término equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad y les otorga, en este caso, la función de valorar y calificar las situaciones de discapacidad para su reconocimiento oficial. De este modo, otorga a estos equipos una misión genérica que, en buena parte, ya llevan a cabo los diferentes programas y servicios de servicios sociales que gestionan las entidades y los programas que desarrollan las administraciones -la inclusión y la participación plena, la orientación para la habilitación y la rehabilitación-, pero específicamente les confiere la función de calificar y reconocer el grado de discapacidad. Así, cuando establece las funciones de los equipos, en el apartado 3 del artículo 12, determina que les corresponde, entre otros, emitir dictámenes sobre las deficiencias, y valorar y calificar la situación de discapacidad, con la determinación del tipo y el grado.
Por otro lado, en cuanto al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la Ley 39/2006 y la Ley 4/2009 establecen como vía de acceso a los servicios sociales, y en concreto a los de atención a la dependencia, los servicios sociales comunitarios. En desarrollo de esta normativa, y en virtud de la competencia exclusiva en materia de servicios sociales que le otorga el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears aprobó el Decreto 83/2010, de 25 de junio , por el que se establecen los principios generales del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears. Este decreto ha sido modificado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2013, y por el Decreto 5/2016, de 5 de febrero.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que, mediante la disposición derogatoria única y la disposición final segunda de este decreto, resulta afectada la siguiente normativa: el Decreto 83/2010, de 25 de junio , por el que se establecen los principios generales del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears, y la Orden de la consejera de Servicios Sociales de 13 de junio de 2000 por la que se establece el procedimiento que debe seguir el Instituto Balear de Asuntos Sociales en la tramitación de los expedientes para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad, dado que este decreto pasa a regular conjuntamente el procedimiento para el reconocimiento de la discapacidad y de la dependencia.
1. Pueden solicitar el reconocimiento del grado de discapacidad y/o dependencia las personas nacionales de los estados miembros de la Unión Europea que residan en un municipio de la comunidad autónoma de las Illes Balears y que cumplan, en la fecha del registro de entrada de la solicitud, los requisitos que dispone este decreto y los que se establecen, en materia de dependencia, en el artículo 5.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y, en materia de discapacidad, en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre , por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad, así como el resto de normativa aplicable.
Organización de los equipos técnicos de valoración y orientación de la discapacidad y de la dependencia
Criterios para la valoración y la orientación de la discapacidad y de la dependencia
Funciones de los equipos técnicos de valoración y orientación de la discapacidad y de la dependencia
Zonificación de los equipos de valoración y orientación de la discapacidad y de la dependencia
4. En los aspectos relativos a la organización y el régimen de funcionamiento del Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia que no regule expresamente este decreto, se aplicará supletoriamente el artículo 19 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como la sección 3a del capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de régimen jurídico del sector público. Concretamente, se garantizará que las comunicaciones, la documentación, las convocatorias, las sesiones y el resto de actuaciones del Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia se hagan mediante el uso de medios electrónicos, como por ejemplo el correo electrónico, audioconferencias y videoconferencias.
a) Emitir los dictámenes técnicos facultativos para la calificación del grado de discapacidad, la revisión por agravamiento o mejora y la determinación del plazo a partir del cual se puede revisar el grado de discapacidad, de acuerdo con el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre , de procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad.
d) Determinar el grado de discapacidad y la necesidad del concurso de otra persona, a los efectos de las prestaciones de invalidez en la modalidad no contributiva y de protección familiar por hijo o hija a cargo con discapacidad, reguladas en el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social.
e) Determinar la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos, así como dictaminar sobre la movilidad reducida permanente y certificar el cumplimiento de los requisitos que dan acceso a las tarjetas de accesibilidad y a los diferentes servicios y prestaciones, a los efectos previstos en la Ley 8/2017, de 3 de agosto , de accesibilidad universal de las Illes Balears, y la normativa de desarrollo.
g) Emitir los dictámenes técnicos facultativos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y otras normas tributarias, en relación con situaciones de discapacidad.
Funciones de la presidencia del Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia
Funciones de la secretaría del Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia
Coordinación de los procedimientos
Plazo para resolver el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad y de dependencia
Orden de prelación en la tramitación de las solicitudes
Reconocimiento y propuesta de dictamen del grado de discapacidad
3. El personal técnico de valoración y orientación de la discapacidad y de la dependencia reconocerá a las personas solicitantes del grado de discapacidad de acuerdo con el baremo aplicable que establece el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre , de procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad.
Reconocimiento y propuesta de dictamen del grado de dependencia
1. El equipo técnico de valoración y orientación de la discapacidad y de la dependencia reconocerá a las personas solicitantes del grado de dependencia a partir de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia (en adelante, BVD) o de la escala de valoración específica para las personas menores de tres años (EVE), establecidos mediante el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero , por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia.
Reconocimiento conjunto del grado de discapacidad y del grado de dependencia
Contenido del dictamen técnico del Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia
3. Porcentaje parcial correspondiente a cada tipo de discapacidad. Cuando coexistan dos o más deficiencias en una misma persona, se aplicará la tabla de valores combinados incluida al final del anexo 1A del Real Decreto 1971/1999 , únicamente en el dictamen de discapacidad.
Resolución de reconocimiento del grado de discapacidad y de dependencia
1. Contra la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad, de reconocimiento del grado de dependencia, o de reconocimiento conjunto de ambas situaciones, la persona interesada, en el plazo máximo de treinta días desde el día siguiente de la notificación, si la resolución es expresa, o de tres meses desde la fecha en que se tendría que haber dictado en el caso de silencio administrativo, puede interponer una reclamación previa a la vía jurisdiccional social, de acuerdo con el artículo 71, en relación con el artículo 2 , de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, ante la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, la cual la tiene que resolver en el plazo de 45 días.
Muerte de la persona solicitante
Procedimiento de la revisión y efectos
Sistema informativo del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia
1. El personal técnico de valoración de la discapacidad y de la dependencia puede consultar la información contenida en la historia clínica electrónica en el ejercicio de las funciones y las competencias que tenga reconocidas. Este acceso tiene que respetar, en todo caso, la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal y, concretamente, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
2. Así mismo, el acceso debe respetar la Ley 41/2002, de 14 de noviembre , básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia de información y documentación clínica, y los criterios respecto de esto establecidos en la Ley 5/2003, de 4 de abril , de salud de las Illes Balears, y la normativa que la desarrolla, especialmente la que hace referencia a la comunicación de datos entre las partes.
Régimen transitorio de la competencia para resolver los recursos en materia de dependencia
Hasta que se apruebe la ley que establezca la entrada en vigor de la atribución de competencias a la jurisdicción social en relación con las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con lo que prevé la disposición final séptima, en relación con el artículo 2.o), de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el régimen de recursos en materia de dependencia se debe someter a las siguientes reglas:
1. Si la resolución únicamente hace referencia al reconocimiento de la situación de dependencia, se aplicará el régimen de recursos previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Si la resolución hace referencia al reconocimiento conjunto del grado de discapacidad y del grado de dependencia, se aplicará el régimen de recursos que se establece en el artículo 29.1 de este decreto o el previsto en la Ley 39/2015 , según la materia.
b) Los capítulos II y III del Decreto 83/2010, de 25 de junio , por el que se establecen los principios generales del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears.
1. En cuanto al procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia, tienen carácter de principios generales, de acuerdo con lo que establece el artículo 58.3 de la de la Ley Orgánica 2/1983, de 28 de febrero, que aprueba el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2007 , los siguientes preceptos:
Modificación del Decreto 83/2010, de 25 de junio , por el que se establecen los principios generales del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidades de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears
Decreto 83/2010, de 25 de junio , por el que se establecen los principios generales del procedimiento para el reconocimiento del derecho a los servicios y las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, la intensidad de protección y el régimen de compatibilidades de los servicios y las prestaciones, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears