Source: https://es.scribd.com/doc/193382942/Elementos-de-La-Responsabilidad-Civil
Timestamp: 2017-05-25 10:57:36
Document Index: 48734166

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1. El daño causado como aspecto objetivo fundamental de la estructura de los hechos jurídicos ilícitos que originan una responsabilidad civil Como ya lo hemos comentado un aspecto fundamental de la estructura de los hechos jurídicos ilícitos que originan responsabilidad civil sin lugar a dudas es el aspecto objetivo del daño causado, pues solamente cuando se ha causado un daño se configura jurídicamente un supuesto de responsabilidad civil, produciéndose como efecto jurídico el nacimiento de la obligación legal de indemnizar, bien se trate del ámbito contractual o extracontractual, ya que en caso contrario no existirá ningún sustento para el nacimiento de dicha obligación legal de indemnizar. Como es evidente, en el caso de la responsabilidad civil extracontractual el daño debe ser consecuencia del incumplimiento del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, mientras que en el campo contractual el mismo deberá ser consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente pactada entre las partes. Sin embargo, en ambos casos el aspecto fundamental de la responsabilidad civil es el que se haya causado un daño, que deberá ser indemnizado. De no haber daño, no se configura un supuesto de hecho jurídico ilícito, contractual o extracontractual y por ende no se configura un supuesto de responsabilidad civil, por más que exista una conducta antijurídica o ilícita. El objetivo de los sistemas de responsabilidad civil no es el sancionar las conductas antijurídicas, sino el que se indemnicen los daños causados. Tal es la importancia del daño causado en los sistemas de responsabilidad civil que un sector de la doctrina moderna ha propuesto cambiar la denominación de "Responsabilidad Civil" por la de "Derecho de Daños". Sin embargo, nosotros pensamos que la cuestión de la denominación del sistema, aun cuando tiene importancia es un aspecto secundario. Más aún, nos parece más adecuado seguir hablando de responsabilidad civil, por tratarse pensamos de una denominación legitimada por la tradición jurídica local y también por nuestra jurisprudencia. Pues bien, no debe olvidarse que en el campo de la responsabilidad civil lo que se busca es indemnizar los daños causados a fin de resarcir a las víctimas, mientras que en el ámbito de la responsabilidad penal el objetivo central es sancionar a los autores de conductas ilícitas o antijurídicas. El objetivo de la responsabilidad penal es, pues, la
represión de los hechos jurídicos ilícitos tipificados legalmente como delitos, sancionando a sus autores, mientras que el objetivo de la responsabilidad civil es indemnizar los daños causados consecuencia de los hechos jurídicos ilícitos típicos o atípicos. En tal sentido, puede haber delito sin daño, mientras que no puede haber hecho jurídico ilícito que origina responsabilidad civil sin daño. En los sistemas de responsabilidad civil lo fundamental es, pues, la reparación de los daños causados a las víctimas, bien se trate del ámbito contractual o extracontractual. Tampoco debe olvidarse que en el campo de la responsabilidad civil, desde nuestro punto de vista, en vez de hablarse simplemente de daños, sería más conveniente hablarse de daños jurídicamente indemnizables, por cuanto los daños para originar una responsabilidad civil deben ser producto de una conducta antijurídica o ilícita, según lo hemos visto en el Capítulo III dedicado al tema de la antijuricidad, ya que todos los daños que sean consecuencia de conductas permitidas por la ley, porser realizadas en el ejercicio regular de un derecho, legítima defensa o estado de necesidad, no originan una responsabilidad civil, justamente por tratarse de daños consecuencia de conductas ajustadas al sistema jurídico. Por ello en el presentelibro utilizaremos indistintamente los dos términos, pero cuando hagamos uso únicamente del término daño ,lo haremos siempre con el significado de daño jurídicamente indemnizable. 2. Las categorías del daño patrimonial Ahora bien, se han propuesto en la doctrina muchas definiciones o intentos de definir el daño que origina una responsabilidad civil. Sin embargo, la fórmula más exacta nos parece aquella que define el daño jurídicamente indemnizable como toda lesión a un interés jurídicamente protegido, bien se trate de un derecho patrimonial o extrapatrimonial. En tal sentido, los daños pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Serán daños patrimoniales las lesiones a los derechos patrimoniales y serán daños extrapatrimoniales las lesiones a los derechos de dicha naturaleza, como en el caso específico de los sentimientos considerados socialmente dignos o legítimos y por ende merecedores de la tutela legal, cuya lesión origina un supuesto de daño moral. Del mismo modo, las lesiones a la integridad física de las personas, a su integridad psicológica y a sus proyectos de vida, originan supuestos de daños extrapatrimoniales, por tratarse de intereses jurídicamente protegidos, reconocidos como derechos extrapatrimoniales. En la doctrina existe unanimidad en que existen dos categorías de daño patrimonial, que son de aplicación tanto al campo contractual como extracontractual: el daño emergente y el lucro cesante. Se entiende por daño emergente la pérdida patrimonial efectivamente sufrida y por lucro cesante la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir. Estas dos categorías de daño patrimonial se aplican con el mismo significado tanto al sistema de responsabilidad civil contractual como extracontractual, estando ambas reconocidas legalmente en nuestro Código Civil. En
tal sentido, el artículo 1321° del Código Civil, con relación a la responsabilidad civil contractual u obligacional, nos dice lo siguiente: "Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución". Del mismo modo, con relación a la responsabilidad extracontractual el artículo 1985° dispone en forma expresa: "La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido". Obviamente, cuando el artículo 1985° se refiere a las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño está aludiendo directamente a la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por la conducta antijurídica del autor o coautores, es decir, a lanoción de daño emergente. De esta forma queda claramente demostrado que en el sistema jurídico nacional el daño patrimonial comprende las dos categorías antes mencionadas, bien se trate del ámbito extracontractual y contractual, teniendo enambos casos el mismo significado. No debe olvidarse que el daño es el mismo en los dos campos de la responsabilidad civil y que la única diferencia se encuentra en que en un caso el daño es producto de una conducta que contraviene el deber jurídico genérico de no causar daño a los demás y en el otro caso de una conducta que contraviene una obligación previamente pactada. Un ejemplo muy simple permitirá comprender perfectamente la diferencia entre el daño emergente y el lucro cesante: si como consecuencia de un accidente de tránsito, una persona pierde su vehículo que utilizaba como instrumento de trabajopara hacer taxi, el daño emergente estará conformado por el costo de reposición del vehículo siniestrado, mientras que el lucro cesante, por los montos que el taxista dejará de percibir por su trabajo como taxista con su vehículo. Como es también evidente, y lo hemos explicado en los puntos anteriores, no basta la producción de un daño, pues es también necesaria la relación de causalidad y la concurrencia de los respectivos factores de atribución. Sin embargo, debe quedar claramente establecido que si no hay daño debidamente acreditado, no existirá ningún tipo de responsabilidad civil. 3. El daño moral y el daño a la persona Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con el concepto y las categorías del daño patrimonial, respecto al daño extrapatrimonial existen en la doctrina diversas orientaciones, lo que ha originado una gran discusión y enorme debate, hasta hoy no concluido, pues para algunos juristas la única categoría de este daño es el daño a la persona y para otros por el contrario existen dos categorías: el
daño moral y el daño a la persona. Antes de dar a conocer brevemente las diferentes orientaciones, y a fin de poder tomar posición sobre este debate, es necesario explicar el concepto de daño moral y de daño a la persona. Por daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento en la víctima. Así, por ejemplo, se entiende que en los casos de la muerte de una persona, los familiares sufren un daño moral por la pérdida del ser querido, bien se trate del cónyuge, hijos, padres y familiares en general. Sin embargo, la doctrina establece que para que se pueda hablar de daño moral no basta la lesión a cualquier sentimiento, pues deberá tratarse de un sentimiento considerado socialmente digno y legítimo, es decir, aprobado por la conciencia social, en el sentido de la opinión común predominante en una determinada sociedad en un momento histórico determinado y por ende considerado digno de la tutela legal. Así, por ejemplo, una mujer casada, no podría demandar por daño moral por la muerte de un hombre casado con el cual mantuvo una relación de convivencia de varios años. Como consecuencia de este concepto de daño moral como una lesión a los sentimientos considerados socialmente legítimos y aceptables, es que se restringe el ámbito de aplicación del daño moral a los sentimientos que tenemos por los integrantes de nuestra familia, en el sentido amplio de la palabra, por cuanto se considera que respecto de los mismos nuestros sentimientos son considerados socialmente dignos y legítimos y por ende merecedores de protección legal. Este requisito fundamental del daño moral fluye claramente del artículo 1984 del Código Civil, que señala lo siguiente: "El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia". Sin embargo, nosotros pensamos que no el daño moral no se agota jurídicamente en los sentimientos por los miembros de la familia, sino también en cualquier otro sentimiento considerado digno y legítimo, como podría ser el caso de un ahijado, de una novia, de un padrino de nacimiento, etc. En tal sentido, pensamos que se debe interpretar el sentido del artículo 1984°, que hace referencia tanto al menoscabo producido a la propia víctima como a su familia. Además pensamos quese debe interpretar sistemáticamente dicho artículo con el artículo 215° referido al tema de la violencia como vicio de la voluntad, pero que sin embargo nos evidencia la lógica de nuestro sistema jurídico de proteger los sentimientos por los miembros de nuestra familia, como por cualquier otra persona, siempre que lo justifiquen las circunstancias, por tratarse de sentimientos considerados dignos de tutela legal. Es por ello que el artículo 215° de nuestro Código Civil, señala textualmente lo siguiente: "Hay intimidación cuando se inspira al agente el fundado temor de sufrir un mal inminente y grave en su persona, su cónyuge, o sus parientes dentro del cuartogrado de consanguinidad o segundo de afinidad o en los bienes de unos u otros. Tratándose de otras personas o bienes, corresponderá al juez decidir sobre la anulación, según las circunstancias. Del mismo modo pensamos que los sentimientos que se protegen legalmente bajo el concepto de
no sólo son aquellos que tenemos por otras personas. también es susceptible de resarcimiento". Además sucede en muchos casos que los sufrimientos severos son resistidos con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o aspecto físico del sujeto. que si bien nos parece saludable en unaspecto. Un segundo problema igualmente importante es el de la manera de cuantificar o medir y traducir económicamente el daño moral. Este segundo problema es mucho más serio y grave que el anterior y constituye sin lugar a dudas el obstáculo fundamental para la aceptación por toda la doctrina de la categoría del daño moral. Se entenderá también con facilidad que la prueba del daño moral será a veces muy difícil. la jurisprudencia peruana ha optado por presumir que en los casos de fallecimiento de una persona. lo saludable de esta presunción es que se trata de unamanera ingeniosa de evitar las dificultades en la probanza del daño moral. por tratarse del mismo concepto en ambos casos. dado que no todas las personas expresan sus sentimientos o emociones. No obstante lo cual. fórmula bastante general y elástica que sin embargo no puede resolver del todo la enorme dificultad en la medición patrimonial del daño moral. nos parece perjudicial en el sentido que evita que se concedan sumas importantes en concepto de indemnización por daño moral. Como se podrá apreciar. entendemos inteligente.daño moral. cuando él se hubiere irrogado. que se traduce en el sentido que el monto indemnizatorio por daño moral deberá estar de acuerdo con el grado de sufrimiento producido en la víctima y la manera como ese sufrimiento se ha manifestado en la situación de la víctima y su familia en general. En el ámbito de la responsabilidad civil obligacional o contractual. sean miembros de nuestra familia o no. el artículo 1322° se limita a señalar que "El daño moral. supongamos pues el caso de la pérdida de un hijo para un padre o la madre. El daño moral es pues la lesión a cualquier sentimiento de la víctima considerado socialmente legítimo. sin hacer ninguna referencia al posible significado del daño moral. Como se podrá comprender fácilmente la categoría del daño moral presenta dos grandes problemas: el primero de ellos referido a la forma de acreditado o probado y el segundo referido a la manera de cuantificarlo. pues como resulta lógico y evidente no existe suma alguna que pueda reparar el dolor por la pérdida de un ser querido. o como sucede también es fácil a veces para algunas personas simular sufrimientos o lesiones a los sentimientos sin que existan realmente. también con
. sino también por nosotros mismos. Esta fórmula. cuando dispone que el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. pensamos que debe aplicarse el mismo significado del daño moral en la responsabilidad civil extracontractual. en función a nuestra propia identidad y escala de valores. Ante esta enorme dificultad. al prescindir de la prueba del mismo. el cónyuge y los hijos sufren necesariamente un daño moral. El Código Civil peruano en el mismo artículo 1984° ha consagrado una fórmula. Sin embargo.
El artículo 1322° del sistema contractual solamente hace referencia al daño moral. pensamos que no se trata de cualquier posibilidad de desarrollo de una persona. No obstante lo cual pensamos que el daño a la persona es también indemnizable en el campo de la responsabilidad civil contractual en nuestro sistema jurídico. Pues bien. por ejemplo la pérdida de un brazo.. mientras que para otros el daño a la persona constituye la frustración del proyecto de vida. entendemos que la fórmula más sencilla y adecuada para entender el significado de daño a la persona es estableciendo que se produce dicho daño cuando se lesione la integridad física del sujeto.. en lo relativo a la frustración del proyecto de vida. pues no existe fórmula matemática y exacta para cada supuesto. una lesión severa que produzca parálisis. existen también problemas en primer lugar en cuanto al significado mismo de daño a la persona. En lo relativo al daño a la persona debemos señalar en primer lugar que a diferencia del daño moral. Por nuestra parte. que se trata de categorías
. Para un sector de la doctrina el daño a la persona es la lesión a la integridad física del sujeto. que puede ser incierta. sino únicamente en el campo extracontractual. No obstante lo cual. Por ello pensamos que en el Perú estará totalmente justificada legalmente una pretensión indemnizatoria por daño a la persona en el campo contractual. los casos típicos que utilizan estos autores de frustración del proyecto de vida. que tiene que ser resuelto con criterio de conciencia y equidad en cada caso en particular. así como existen problemas relacionados con la admisión del daño moral. según fluye del artículo 1985° que hemos mencionado anteriormente. su aspecto psicológico y / o su proyecto de vida. él mismo no se acepta literalmente en el ámbito de la responsabilidad civil contractual.facilidad el otorgamiento de indemnizaciones por daño moral representa para el poder judicial un problema enorme. la fórmula integral que hemos planteado nos parece la más razonable y lógica para entender la noción de daño a la persona. hacen referencia a la pérdida de uno o varios dedos para un pianista. etc. hechas estas precisiones por separado tanto sobre el daño moral como el daño a la persona. etc. por ejemplo. Así. No se debe confundir proyecto de vida con cualquier posibilidad respecto de la cual no exista ningún tipo de evidencia comprobada. sino que deberá tratarse de la frustración de un proyecto evidenciado y en proceso de ejecución y desarrollo que se frustra de un momento a otro. Desde nuestro punto de vista. todo lo cual deberá ser obviamente acreditado. Muy bien. y en muchos casos supone un proyecto de vida evidenciado por hechos y conductas concretas. resulta evidente. por lo menos desde nuestro punto de vista. pues no existe ninguna razón para limitar su aplicación únicamente al campo extracontractual. Como tampoco se debe confundir proyecto de vida con las simples motivaciones de los sujetos. de una pierna para una bailarina o jugador profesional de algún deporte rentado. sino también una mente. o una lesión a su aspecto o integridad psicológica. por cuanto la persona no es únicamente un cuerpo.
sólo se indemnizarán los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento que pudieron preverse o no al momento de contraerse la obligación. Por el contrario. en el caso del daño a la persona el problema fundamental no es tanto la prueba del mismo como su cuantificación. los daños y perjuicios a reparar seran todos aquellos cuya consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. cumplimiento defectuoso. Sin embargo. además de la relación causal. esto es. sabiendo ya cuáles son las categorías de daños existentes que son indemnizables. Así. y otra muy distinta son sus sentimientos. Nos parece muy interesante la fórmula que plantea la eliminación de la categoría del daño moral. debe señalarse que en el campo contractual se indemnizan los daños patrimoniales como el daño moral en cuanto sean consecuencia inmediata y directadel incumplimiento obligacional por parte del deudor. pero no nos parece convincente. Como es también evidente. Más aún. que pudieron preverse o no al momento de contraerse la obligación. claro que en el campo contractual. o por retraso en el cumplimiento de la prestación. si el incumplimiento obedeciere únicamente a culpa leve. debe señalarse que en el campo contractual el monto indemnizatorio será mayor o menor dependiendo del grado de culpabilidad del deudor. Esto significa en consecuencia que en el campo contractual el monto indemnizatorio será mayor o
. lo que significa que hoy por hoy no podemos adherimos a la posición que sostiene que el daño moral debe desaparecer para referimos solamente al daño a la persona.independientes. es necesario que existauna relación de causalidad inmediata y directa entre los daños causados al acreedor y el incumplimiento del deudor. para hacer referencia únicamente al daño a la persona. en cuyo caso el juez deberá acudir también necesariamente al criterio de conciencia y equidad. En tal sentido. Por el contrario. la regulación del Código Civil peruano mantiene la diferencia entre ambas categorías de daños. y los problemas que originan las categorías del daño extrapatrimonial.Pues bien. sí el incumplimiento es consecuencia de dolo o culpa grave del deudor. sólo se indemnizarán los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento que podian preverse al momento de contraerse. bien sea por incumplimiento total. si el incumplimiento obedeciere únicamente a culpa leve. cumplimiento parcial. El hecho que sea muy difícil probar el daño moral y cuantificarlo no significa que deba ser eliminado como categoría de daño jurídicamente indemnizable. Ello es lógico por cuanto siempre se requiere que los daños sean consecuencia del incumplimiento absoluto o relativo de la prestación debida por parte del deudor. corresponde ahora determinar los criterios para establecer los montos indemnizatorios tanto en el ámbito contractual como en el extracontractual. pues una cosa es la persona y su proyecto de vida.
mientras que en los casos de culpa leve los dañosinmediatos y directos solamente previsibles al momento de asumir la obligación ° En el campo extra contractual. en tanto y en cuanto se indemnizan todos los daños siempre que sean consecuencia de una relación de causalidad adecuada ° Esto significa que en el ámbito extra contractual se indemnizan todos los daños y no interesa 4. como también acabamos de mencionar líneas arriba. es necesario que se acrediten los daños causados. al igual que en todos los derivados del Código Civil francés. el monto indemnizatorio no depende del grado de culpabilidad del autor del daño. la conducta del autor y la relación de causalidad entre dicha conducta y los daños producidos. para que pueda ser exigible legalmente una indemnización por daños extracontractuales en la legislación peruana.menor. en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual son indemnizables los daños patrimoniales y los daños extrapatrimoniales. no sólo según la relación de causalidad. es decir. tardío o defectuoso de la obligación. a diferencia del ámbito de la responsabilidad civil contractual. Como es evidente. por el contrario. en el
. sino únicamente de la existencia de una relación de causalidad adecuada. Consiguientemente. bien se trate del lucro cesante y/o del daño emergente. se plantea de la siguiente manera: a) Como acabamos de vedo. tanto el daño moral como el daño a la persona. la cuestión de los daños. obedecieran a culpa leve. Desde nuestro punto de vista. deben indemnizarse extracontractualmente los daños patrimoniales. habiendo examinado la problemática de los daños causados en el campo de la responsabilidad civil. Por ello el tercer párrafo del artículo 1321° del Código Civil señala lo siguiente: "Si la inejecución o el cumplimiento parcial. y los daños extrapatrimoniales. corresponde ahora examinar un aspecto de fundamental importancia legal y práctica en nuestro sistema jurídico ° Nos referimos a la responsabilidad civil extracontractual por daños en casos de muerte en el Código Civil peruano. en los casos de dolo o culpa grave o inexcusable el resarcimiento comprende los daños inmediatos y directos previsibles e imprevisibles al momento de contraer la obligación. de la culpabilidad. al igual que en los otros sistemas jurídicos antes mencionados. sino también del factor de atríbución subjetivo. en los casos de muerte. Ahora bien. La indemnización por daños en casos de muerte Pues bien. o derivada del incumplimiento de una obligación pactada. el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída". de acuerdo a las normas sobre responsabilidad civil extracontractual contenidas en el Código Civil peruano. sea esta contractual o extracontractual. Esto significa que en el sistema jurídico peruano.
queda claramente establecido. como en nuestra doctrina y jurisprudencia. Como se podrá observar. el Código Civil peruano establece en su artículo 1984°.
. un criterio de medición del mismo en base a las circunstancias de cada caso en particular. previsibles o imprevisibles. se entiende en nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia por daño emergente la pérdida patrimonial efectivamente sufrida y por lucro cesante la ganancia o utilidad que dejará de percibir la víctima. siempre y cuando se acrediten los mismos y se compruebe la relación de causalidad. sólo los familiares pueden reclamar daños patrimoniales y daño moral.campo extracontractual el Código Civil peruano ha establecido con precisión el denominado" criterio de reparación integral" en el artículo 1985°. deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. con relación a la prueba de los daños nuestro Código Civil refiere en su artículo 1331° que los mismos deben ser probados por la víctima y en el artículo 1332° prescribe que si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso. que tanto al nivel del Código Civil peruano. b) Con relación al concepto del daño moral. las reglas legales antes mencionadas son muy claras en el sentido de señalar que los daños deben ser probados por la víctima y que en caso los mismos no se pudieran probar en su monto exacto y preciso. En el ámbito extrapatrimonial. e) Con relación a las personas que pueden demandar o reclamar judicialmente indemnización por daños por muerte de una persona. Como es evidente. deberá fijarlos el juez con valoración equitativa. en base a las reglas de la equidad. sea presentes o futuros. se reconocen las categorías del daño patrimonial y extrapatrimonial dentro del criterio de reparación integral en el caso de la responsabilidad civil extracontractual. según el cual en el ámbito extracontractual deben indemnizarse todos los daños causados a la víctima. pues el artículo VI del Título Preliminar del mismo Código dispone que para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral y que el interés moral autoriza la acción sólo cuando se refiere directamente al agente o a su familia. se entiende en nuestra doctrina por daño moral la lesión a los sentimientos o el dolor de afección que sufre la víctima y por daño a la persona la frustración al proyecto de vida de la víctima o el daño a su integridad física. resulta claro que el cónyuge sobreviviente y los hijos de la víctima pueden solicitar indemnización por daño patrimonial y por daño extrapatrimonial. Esto significa en consecuencia que en el caso de daños por muerte de una persona. nuestro Código Civil entiende y señala categóricamente que sólo son los miembros de la familia del fallecido. c) De esta manera. De esta forma. bien se trate de daños patrimoniales o extrapatrimoniales. es decir. según hemos visto anteriormente. d) Ahora bien.
sino que es imprescindible acreditar la calidad de herederos de los mismos. por ejemplo. sino que al amparo del artÍculo 1332° establece los montos indemnizatorios en base al criterio de equidad. g) Nuestra jurisprudencia. pues no exige la prueba absoluta y plena de la existencia y los montos de los daños ocasionados. respecto del daño patrimonial sólo se solicita la presentación de los documentos que acrediten los gastos del sepelio del fallecido y en todo caso acreditar que el fallecido era el único sustento de la familia. en consecuencia. la jurisprudencia peruana no exige la prueba plena de los daños. justamente en base al criterio de valoración equitativa. o de los hijos. que tanto nuestra legislación. y las pruebas que acrediten el evento que ha causado el daño. o las partidas de nacimiento en el caso de los hijos. será necesario presentar el atestado policial correspondiente que acredite el mismo accidente. i) En lo concerniente a la prueba de la existencia y la valoración de los daños. pues se sobreentiende o se presume. El daño moral se entiende que es procedente por el dolor que causa a los familiares la pérdida del ser querido y el daño patrimonial por los gastos en que hubieran incurrido para el sepelio y en los casos que el fallecido hubiera sido el único sustento de la familia. h) Queda claramente establecido. consideran que los familiares. que la muerte ha causado un profundo daño moral a los familiares del fallecido. bien se trate del cónyuge y/o hijos. Así. no basta con acreditar el parentesco. están legitimados para demandar daños patrimoniales y daños morales. pero en modo alguno se exige acreditar los daños causados técnica y precisamente. si se trata de muerte por un accidente de tránsito. no basta con presentar la partida de matrimonio en el caso del cónyuge. el testamento o la declaratoria de herederos en caso de sucesión intestada.
. en la medida que acreditan su calidad de herederos del fallecido.f) Más aún. como nuestra doctrina y jurisprudencia. k) Como se podrá comprender. Del mismo modo. bien sea del cónyuge. esto es. en concordancia con lo dispuesto en el Código Civil es también uniforme en el sentido que los herederos pueden reclamar daños patrimoniales y daño moral en el caso de la muerte de una persona. es decir. j) Por regla general en el caso de muerte. nuestra jurisprudencia es uniforme en señalar que para poder reclamar daños por la muerte del cónyuge o de alguno de los padres. nuestra jurisprudencia se basa exclusivamente en el criterio de valoración equitativa. sino que los valora equitativamente en la medida que se hubiera acreditado el evento que los ha causado. que para reclamar indemnización por daños en caso de muerte. o de ambos a la vez. bien sea a través de un testamento o de una declaración judicial en el caso de sucesión intestada. a nuestra jurisprudencia le resulta suficiente la presentación de la partida de defunción. Pero en modo alguno se solicita que se acrediten los daños morales en caso de muerte de un familiar.
. en su artículo 5° cuando señala expresamente. norma jurídica fundamental del Estado peruano. que incluya los gastos de sepelio. para el caso de daños por muerte. para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Más aún. constituyendo una comunidad o una sociedad de bienes. libres de impedimento matrimonial. globalmente. siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos. Es por ello justamente que no se toman en cuenta factores de ingreso. voluntariamente concertada por un varón y una mujer. cuando se decreta judicialmente el pago de una indemnización. que: "La unión estable de un varón y una mujer. ambas normas del sistema jurídico nacional nos indican con toda claridad que la unión de hecho. siguiendo la misma línea y sentido del Código Civil. Incluso los mismos abogados cuando preparan demandas por responsabilidad civil extracontractual solicitan un monto único. en cuyo caso los daños son reparados de acuerdo al pacto entre las partes. como es también evidente. es decir. sino que se establece un monto indemnizatorio por todo concepto. en el caso de muerte de uno de los convivientes. por cuanto también es posible la indemnización voluntaria. una cantidad que sirva para compensar la pérdida patrimonial por la futura falta de sustento familiar a cargo del fallecido y una cantidad que sirva para compensar el sufrimiento de la familia por la pérdida del ser querido. corresponde examinar el tema de la indemnización de daños por muerte en el caso de los que conforman un hogar o una unión de hecho. libres de impedimento matrimonial. pero de ninguna manera da lugar a la existencia de una relación jurídico-familiar con deberes y obligaciones semejantes a los de los cónyuges.Con mayor razón en el caso del daño moral. Este artículo del Código Civil peruano de 1984 ha sido ratificado por la Constitución Política del Perú. Respecto de los hijos concebidos por los convivientes. no existe duda alguna sobre su filiación y sobre los deberes y derechos de los padres para con ellos. específicamente a su artículo 326. en cuanto le fuere aplicable. m) Como es evidente. Y es por ello también que los montos indemnizatorios que se conceden por regla general no son los adecuados. todo lo expuesto es para el caso que los daños sean indemnizados judicialmente. que forman un hogar de hecho. la unión de hecho. no se señala en la resolución judicial qué monto corresponde al daño patrimonial y cuál al daño moral. ni se utilizan fórmulas de cálculo. ñ) Como es evidente. De acuerdo al Código Civil peruano. o el hogar de hecho. pues en dicho supuesto el daño prácticamente se presume en la medida que se acredite la relación familiar y la vocación hereditaria. origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales. n) Ahora bien. sólo son reconocidos por la ley para efectos de carácter patrimonial. pues todo calculo se hace en base a un criterio equitativo. da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable".
no se encuentra legitimado para reclamar daños morales por muerte. p) Por todo lo expuesto en los puntos anteriores. Sin embargo. Criterio que por otro lado es ratificado por nuestra jurisprudencia según lo expusiéramos anteriormente. existen algunos profesores peruanos que consideran que el hogar o la unión de hecho genera una relación familiar de carácter especial. ambas normas jurídicas son muy claras y sólo legitiman por daño moral a la propia víctima y a su familia. a tal punto que tanto los hijos sean matrimoniales o no tienen los mismos derechos hereditarios. precisamente. No debe olvidarse que con relación al concepto del daño moral. una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos. debe también señalarse que de acuerdo al tercer párrafo del mismo artículo 326 la unión de hecho termina por muerte. Trátese de una solución injusta o no. sino reconocida por la ley restringidamente para efectos patrimoniales. mutuo acuerdo o decisión unilateral y que en este último caso el juez puede conceder. además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. pero de carácter estrictamente doctrinario que no puede modificar el sentido de ambas normas antes mencionadas. o) Es por ello. razón por la cual se dice con toda claridad en ambas normas que el hogar o la unión de hecho sólo da lugar a una sociedad o comunidad de bienes. el Código Civil peruano establece en su artículo 1984 que el mismo es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. en relación a los convivientes la relación jurídica que se genera entre ellos no es igual a la del matrimonio. que en caso de muerte de uno de los convivientes. como es obvio. Esto significa. sino únicamente una de carácter patrimonial. con el mismo status jurídico que la filiación matrimonial. bien se trate del cónyuge o de los hijos. En consecuencia. El criterio legal es pues bastante claro.el Código Civil reconoce la filiación extramatrimonial. Como es evidente. a elección del abandonado. la relación entre los convivientes en la legislación peruana no es una de carácter familiar. en consecuencia. a pesar del enorme dolor que le origine la pérdida del conviviente fallecido. según lo dispone el artículo 724. q) Ahora bien. que en el ámbito sucesorio el Código Civil peruano sólo le atribuye expresamente la calidad de heredero al cónyuge y no así al conviviente. es evidente que el conviviente en caso que su compañero o compañera fallezcan por el hecho de un tercero. de una opinión muy respetable por cierto. ausencia. El artículo en mención es bastante claro en el sentido de afirmar que sólo la víctima o su familia se encuentran legitimados para reclamar indemnización por daño moral y como ya lo hemos expuesto no existe ninguna relación familiar entre convivientes. Pero se trata. el mismo artículo 326 señala que al conviviente sobreviviente
condenaron en las costas del recurso a la parte que lo interpuso.no le corresponde ninguna suma por concepto de indemnización. En otras palabras. fechada el veinticuatro de marzo del mismo año. según se desprende de la tercera parte del mismo artículo 326 y teniendo en cuenta además que en caso de muerte corresponderá al sobreviviente sus gananciales por ser de aplicación el régimen de sociedad de gananciales. sino únicamente sus gananciales conforme al régimen de disolución de la sociedadde gananciales. GASTON Tomando como base las consideraciones que la Corte Suprema ha tenido para resolver en el presente caso de responsabilidad civil médica.Señores: Se publicó conforme a ley BERNARDO DEL AGUILA PAZSecretario General de la Corte Suprema de Justicia de la República. veintidos de febrero de mil novecientos ochentiocho. El análisis pone de relieve los alcances jurídicos de la responsabilidad médica y las dificultades materiales para probarla. con lo demás que contiene. publicado por iustitia et aequitas en 16:44 no hay comentarios:
FERNANDEZ CRUZ. declara fundada la demanda y ordena el pago de la suma de veinte mil Intis por concepto de daños y perjuicios. sólo es posible una demanda contra uno de los convivientes. el autor nos propone interpretaciones restrictivas del artículo 1762 del Código Civil y plantea críticas al articulado de este cuerpo normativo en lo relacionado a la responsabilidad contractual. pues ello sólo es posible en caso de abandono por decisión unilateral de uno de los convivientes. que confirmando en un extremo y revocando en otro la apelada de fojas ciento veintiocho. declararon NO HABER NULIDAD en la resolución de vista de fojas ciento cincuentiuno. en los seguidos por don Eduardo Oswaldo Heredia Bonilla con Nueva Clínica Villarán Sociedad Anónima y otro. En relación al daño patrimonial.
Expediente 132-87-LIMA RESOLUCION Lima. sobre indemnización. Esto se ha establecido de este modo justamente porque el Código Civil considera que la indemnización podrá pagarla el conviviente que ha hecho abandono del hogar de hecho y no en el caso de muerte por hecho de un tercero pues ello supondría legitimar al conviviente a demandar a dicho tercero y este supuesto es negado por el propio artículo.VISTOS. por sus fundamentos. y los devolvieron. la solución es exactamente igual.
. su fecha diecisiete de octubre de mil novecientos ochentiseis. pero no de uno de los convivientes frente a un tercero por daño moral.
por sus fundamentos pertinentes. CONSIDERANDO además: que aparece de autos.
. como así alega en su escrito de fojas ciento diecisiete. sean médicos o personal auxiliar. una pericia en la aplicación de la anestesia raquídea que ocasionó parálisis en la persona del actor. que cuando la demanda expresa que el monto de la indemnización "es de menor de quince millones de soles (quince mil intis)". que la prueba pericial ordenada a fojas catorce. estado civil entre otros. en autos no aparece prueba alguna que haya cubierto esos gastos y por el contrario. causante de daños culposamente ocasionados. la edad. en cuanto al alcance de la reparación pecuniaria por el daño moral y económico sufrido por el actor y especialmente por la invalidez provocada con imposibilidad para movilizar voluntariamente muslos y piernas (historia clínica de fojas cuarentiocho). empero. debe interpretarse que está demandando por una suma no menor de la mencionada cantidad: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento veintiocho.VISTOS. propia de clínicas. su fecha veinticuatro de marzo del año en curso. trabajo. obligó al referido anestesista a cubrir los gastos de rehabilitación. no se ha actuado. sobre la base de los datos que aparecen de la Historia Clínica. por el principio de la responsabilidad indirecta aplicada en materia contractual. que pese a que el documento de fojas doce. con muestras objetivas de indiferencia e inhumanidad y constituir una violación de los deberes médicos configurados en el incumplimiento de los medios y diligencias adecuados en la asistencia del paciente que fue objeto de una defectuosa intervención.Expediente 694-86 RESOLUCION CUARTA SALA DE LA CORTESUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Lima. y. por don Eduardo Oswaldo Heredia Bonilla en sus extremos a). la testimonial de fojas diecinueve. este demandado y su co-demandada la nueva Clínica Villarán Sociedad Anónima. Interviniendo como Vocal ponente el señor Ezquerra Cáceres. es suficiente apreciar la Historia Clínica del paciente. perfectamente reconocido por el demandado doctor Guido Diaz Vargas en el documento de fojas doce. que la responsabilidad de los demandados es de naturaleza contractual. hospitales o centros asistenciales. que el médico anestesista debe responder por las consecuencias del acto profesional en el cual la impericia está por encima del "riesgo quirúrgico" que no ha sido demostrado y por el contrario aparece un insólito proceder que se trasluce en la culpa médica. en la parte que declara fundada la demanda interpuesta a fojas dos-cinco. para ver en conjunto los daños físicos y morales causados al demandante. que el monto de la reparación debe fijarse con equidad y justicia. en su responsabilidad solidaria se extiende a los hechos realizados por sus colaboradores. se despreocuparon por la salud del paciente. que la clínica demandada. diecisiete de octubre de mil novecientos ochentiseis.
y los devolvieron. 15'000.000. el médico anestesista debe responder por las consecuencias del acto profesional en el cual la impericia está por encima del "riesgo quirúrgico" que no ha sido demostrado y. VASQUEZ CORTEZ Se publicó conforme a ley LILIANA HAYAKAWA RIOJAS. sean médicos o personal auxiliar.00 (Novecientos Noventiocho Mil con 00/100 Soles Oro) que representa el precio total de la silla de ruedas que se vió obligado a adquirir el demandante para facilitar su rehabilitación y movilidad durante la invalidez derivada de la intervención mencionada en el acápite a) precedente. por el principio de la responsabilidad indirecta aplicada en materia contractual. por concepto de daños y perjuicios. lugar donde se encontraba internado el emplazante como consecuencia de la intervención practicada en la Nueva Clínica Villarán S. debiendo también responder la clínica demandada en mérito a su responsabilidad solidaria que se extiende a los hechos realizados por sus colaboradores. por don Eduardo Oswaldo Heredia Bonilla. una suma de dinero. atención médica y rehabilitación total del demandante en la Clínica Maison de Santé. La resolución bajo comentario. b) restituir la suma de S/. y. 1.A. De esta manera. para que éstos cumplan con: a) asumir el íntegro de los gastos que irrogue el tratamiento.Señores: SILVA VALLEJO. Secretaria
COMENTARIO La despreocupación por la salud del paciente.A.b) y c) y ordena que los demandados deben abonar solidariamente al demandante la suma de NOVECIENTOS NOVENTIOCHO INTIS. por el contrario. ESQUERRA CACERES. y al médico anestesista. se origina en una demanda interpuesta ante el Décimo Sexto Juzgado Civil de Lima. aparece un insólito proceder que se trasluce en la culpa médica. doctor Guido Díaz Vargas. causante de daños culposamente ocasionados que configuran la responsabilidad de los demandados de naturaleza contractual. con muestras objetivas de indiferencia e inhumanidad. el que FIJARON en VEINTE MIL INTIS. el día 15 de octubre de 1983. con costas. con fecha 05 de marzo de 1984. por el médico anestesista y co-demandado. constituyen una violación de los deberes médicos configurados en el incumplimiento de los medios y diligencia adecuados en la asistencia del paciente que fue objeto de una defectuosa intervención quirúrgica. c) pagar una suma "de menor" de S/. quien en la vía ordinaria emplazaba a la Nueva Clínica Villarán S. la REVOCARON en cuanto al monto señalado. 998.000.00
. valor de la silla de ruedas y además deben pagar también. doctor Guido Díaz Vargas. por concepto de daños y perjuicios materia de los puntos a) y c) en forma solidaria.
por concepto de daño moral. era una persona adulta. por sus fundamentos. en razón del antecedente de dos conatos de infarto del paciente. Al parecer.(Quince Millones con 00/100 Soles Oro). perjuicio físico y lucro cesante. el texto en sí de la Ejecutoria Suprema no recoge argumento alguno que permita discernir sobre las razones de su fallo. quien en la etapa anterior a su intervención quirúrgica se había sometido en la propia Clínica demandada a los análisis y radiografías de rigor en la evaluación del denominado "riesgo quirúrgico". Repárese como en uno de los fundamentos de la resolución de vista se afirma que ". produciendo paraplejia. suponiendo la expedición de una resolución semejante. significaría una violación grosera de la obligación contenida en el artículo 138º. Así. "obligación de medios".La única referencia de "remisión" prevista en la Ejecutoria Suprema se encuentra al inicio de la misma cuando señala "Vistos. en la definición atribuída a DEMOGUE ("Traité des Obligations"... afectándose gravemente la médula. V.. cuando se trata de fijar principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales.La resolución de la Corte Suprema de la República -como parece ser una infeliz costumbre aún vigente. págs 538 y sgtes). 2.". desde que la obligación del médico cirujano y. sobrevenidos por el daño cuya reparación solicita. con muestras objetivas de
. Como resulta evidente.. máxime aún si se tiene en cuenta que existe también la obligatoriedad de publicar las Ejecutorias Supremas expedidas por la Corte Suprema de la República. 3. declararon No Haber Nulidad en la resolución de vista. se habría infiltrado el espacio subdural y no el epidural. lo que en la actualidad. del médico en general. se despreocuparon por la salud del paciente. dentro del cuerpo de esta jurisprudencia comentada.El damnificado demandante. el texto íntegro de la resolución de vista pues ella contiene los "considerandos" (a los cuales ni siquiera alude con dicho nombre la Ejecutoria Suprema) de la resolución de la Corte Suprema. con arreglo a lo dispuesto por el artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. lo que nos ha obligado a transcribir también.. aquélla parece indubitablemente estar ubicada en los argumentos tradicionalmente aceptados en torno a que la responsabilidad civil médica tiene como fundamento la "culpa médica". inciso 5) de la Constitución Política del Estado de 1993. de lo cual inferimos que los fundamentos de la resolución de vista han sido "recogidos" por la resolución de la Corte Suprema. de donde se había recomendado el uso de "anestesia epidural" con monitor en la operación. n.no contiene fundamentos propios en los que base su condena contra los demandados.al inyectarle la anestesia a éste. cercana a su jubilación como empleado de un Banco. es una comúnmente llamada.. 4.. respecto de la cual no existe obligatoriedad de publicación. durante la intervención quirúrgica -la cual se desarrolló normalmente pues se trataba de una operación a un pie del paciente. apoyándose enteramente en los fundamentos de la resolución de vista. 1237.
sin embargo. en Latinoamérica. Vol. tal y como nos lo recuerda BIANCA ("Diritto Civile". SANTOS BRIZ. MESSINEO. Volume 4: L'obbligazione. 73-74) que la contraposición entre las dos diversas categorías ha sido efectuada con especial trascendencia sobre el plano de la responsabilidad: En las obligaciones de medios. por ejemplo. TUNC. de la obligación en donde la prestación consistía en el resultado de un obrar. en obligaciones de medios y de resultado. por ejemplo. la del profesional (y así lo ha recogido. obligaciones de medios serían aquéllas en donde el deudor queda sujeto a desenvolver una actividad prescindiendo de la consecución de una determinada finalidad. pues en la aseveración aquélla de que en la denominada obligación de medios. el patrocinio de un abogado. BETTI. CATTANEO.indiferencia e inhumanidad constituyendo una violación de los deberes médicos configurados en el incumplimiento de los medios y diligencias adecuados en la asistencia del paciente . prescindiendo de una específica actividad instrumental. MENGONI. en general. En consecuencia. 71). por lo que dicha actividad produce en sí misma un efecto útil al acreedor.. Págs. por ejemplo. en donde "se trata simplemente de desarrollar una actividad en interés del acreedor". por ejemplo. mientras que en las obligaciones de resultado se
. diferenciaba la obligación en donde la prestación consistía en el desarrollo de una conducta. Cit. aquella del médico. BETTI. compartida por autores tan calificados como JOSSERAND. importante de ser tenida en cuenta. el cual está obligado a prestar la propia obra pero no a curar al paciente y..La anterior afirmación de BIANCA es. Se trata entonces "de poner a disposición del acreedor el resultado útil de un obrar". no "debiéndose" el resultado de la actividad. así como por la casi totalidad de la doctrina española (entre los que destacan DIEZ-PICAZO. BIANCA nos recuerda (Ob. No cabe duda que la clasificación de las obligaciones. BONASSI BENUCCI. Tomo I. 5. ha sido ampliamente difundida por la doctrina francesa e italiana de mediados del presente siglo. que no puede ser compartida. los hermanos MAZEAUD.. JORDANO FRAGA y LA CRUZ BERDEJO. En efecto. en función al tipo de cooperación debida. entre otros) y argentina. concepción. el médico está obligado a prestar "la propia obra". pág 39). en donde el objeto de la obligación se identifica en la realización de un resultado final. la C. Típica obligación de medios es. 18 de mayo de 1988. sino únicamente una conducta de cooperación. por ejemplo. en el contrato de obra: la obligación no se cumple sino cuando ha sido alcanzado el "opus" (resultado) y puesto a disposición del acreedor ("Teoría General de las Obligaciones". por ejemplo. 3463). n. Cit. Pág. mientras que obligaciones de resultado serían en cambio aquéllas en donde el deudor queda constreñido a realizar una determinada finalidad. HERNANDEZ GIL.". se aplicaría la regla de la responsabilidad por culpa (el deudor no es responsable si se ha comportado diligentemente). existe una crítica abierta a la concepción francesa que concibió en la distinción de obligaciones de medios y de resultado una "división fundamental de la obligación en dos opuestas categorías".
. opinión ampliamente compartida por GIORGIANNI (Voz "Obbligazione". 598). no es. pág. busca satisfacerla a través de la cooperación de otro sujeto que tiene aquéllo que aquél no posee (FERNANDEZ CRUZ. 27-28. por lo que es una categoría efectista. y otra cosa es el esfuerzo exigido al deudor para superar obstáculos al cumplimiento.. de otro lado. exacta y ha sido ya ampliamente revisada en la Italia contemporánea. Así. un diverso grado de colaboración exigido por el tipo de objeto o resultado involucrado en el deber central. mediante el cual un sujeto que ha experimentado una necesidad. es siempre necesario. 32 y 33). Por todo esto.. estamos seguros. gira
. el grado de colaboración exigido. Ese "algo". enseña BIANCA que la distinción ensayada por la doctrina francesa y mantenida aún por la jurisprudencia de ese país. un `resultado" . un `comportamiento' del deudor está siempre `in obligatione" . quien afirma que ". sino.. que no es sino la conducta de colaboración y de diligencia exigidos al deudor como deberes accesorios del deber central. págs. La tesis antes referida -extendida particularmente en Latinoamérica-. Volume primo.Si nos detenemos un instante en las afirmaciones antes transcritas. 42). ha sido creada para explicar una "cierta repartición de la carga probatoria del incumplimiento y la aplicación de una diversa medida de responsabilidad del deudor". mientras. Al respecto. siempre espera "algo" de su deudor. pues sólo se cumple el deber (central) del deudor mediante la satisfacción del interés ajeno (del acreedor). resulta claro que un acreedor. No. no es otra cosa que el bien o utilidad que le procura el deudor por medio de la prestación.. para ser tal. 182) en el sentido que el gran problema conceptual de la doctrina y jurisprudencia francesa en torno a la diferenciación de obligaciones de medios y de resultado como dos categorías contrapuestas radica en la confusión de lo que debe ser entendido como conducta de prestación y conducta de protección a la obligación: Una cosa es la conducta exigida al deudor como MODO DE CUMPLIMIENTO. entonces. pág. en las mal llamadas obligaciones de medios. podemos coincidir con MICCIO ("I Diritti di Credito". por lo que siempre existe un resultado en toda obligación. que repararemos en su aserto. 6. indicando la dirección de la prestación hacia la satisfacción de un interés del acreedor".. Si la obligación es ante todo un vehículo de cooperación humana. XI. En: Revista Themis... Lo que existe. no es un diferente tipo de prestación a realizar (de medios o de resultado). pues -ontológicamente hablando. "La Obligación: Apuntes para un Dogmática Jurídica del Concepto". porque lo único debido es el resultado. sin embargo. En: Nuovo Digesto Italiano.no puede existir una obligación en la cual no sea debido un resultado (Dell'inadempimento delle Obbligazioni".aplicaría en cambio la regla de la responsabilidad objetiva: la diligencia empleada por el deudor es irrelevante. en donde siempre deberá finalizar en la consecución del resultado esperado por el acreedor.
en la obligación quirúrgica. se le exige un grado de diligencia tal.. "La Responsabilidad Contractual". no fueron suficientes para salvar al paciente. Ob. como mejorarle al acreedor-paciente sus posibilidades de salvamento. En cambio. 33).En palabras conclusivas en lo que a este punto atañe. no es sino una prueba de diligencia que. que operó bien. debe tenerse siempre presente que en toda obligación existe siempre un resultado. lo que no debe llevar al equívoco de pensar que en esta clase de obligaciones el resultado debido sea asegurar la cura del paciente.creará una presunción de incumplimiento en el sentido que la operación no fue exactamente ejecutada (por cuanto de haber sido exactamente ejecutada. repárese bien que la denominada prueba de la "ausencia de culpa". no significará ello el incumplimiento de la obligación del médico-cirujano.. Así pues. a la postre.. el resultado debido es la operación exactamente ejecutada (BIANCA. imprevisible e irresistible. Sin embargo. en lo que atañe al problema del incumplimiento y de la responsabilidad civil. en ciertos tipos de obligaciones (aquéllas en donde el resultado esperado por el acreedor depende de la forma cómo cumpla el deudor) representa una prueba del cumplimiento de la obligación (JORDANO FRAGA. lo que constituye siempre un resultado. 111). las posibilidades de salvamento del paciente hubieran aumentado y. pág. esto es. Pág 182): Hay imposibilidad cuando no se puede obtener el resultado esperado. vigilando el desenvolvimiento de su conducta. normalmente. 7.". brindándole al acreedor-paciente el resultado esperado: mejorar sus posibilidades de salvación que. imposibilidad que puede deberse a causa imputable o no imputable a
. si acaso el paciente muere luego de la operación. ob. sino que . salvo que resulte vencido porque dicho obstáculo fue extraordinario. el deudor médico (quien es además quien tiene el dominio de los medios de prueba) podrá probar que operó "diligentemente". en las mal llamadas obligaciones de resultado. por lo que entonces. "Dell'inadempimento . debe evitar todo obstáculo -inclusive externo o ajeno a su actividad. depende exclusivamente de cómo opere el médico cirujano. sino que el médico le mejore sus posibilidades de salvamento. de manera tal que. pero resultado al fin. el grado de diligencia exigido al deudor es mayor: éste.que le impida cumplir. Por ello. Cit. inclusive en las obligaciones médicas. Pág. no hubiera muerto). Lo que debe resaltarse es el hecho que. distinto al de la cura de la enfermedad. la diligencia exigida a dicho médico es que vigile la forma en que opera (el desenvolvimiento de su propia conducta). Por ejemplo. lo que el acreedor espera no es la cura de su enfermedad o defecto. cit. que vigile el desenvolvimiento de su propia conducta.en torno a la propia conducta del deudor: como el resultado esperado por el acreedor depende del control que el propio deudor tenga de su conducta.se dice . resultado éste que nunca estuvo en obligación. interesa siempre el análisis de "la medida de la diligencia como elemento calificante de la imposibilidad" (MICCIO.
. en materia de responsabilidad contractual.". que se produjo un terremoto que desprendió las luces del quirófano que cayeron... lo que significaría en este caso aportar la prueba positiva del caso fortuito. en palabras de JORDANO FRAGA (Ob. pues. estipulando asimismo en su artículo 1329º. En este caso.las partes. en tanto y por cuanto la obligación por él asumida no fue cumplida. si no probara su actuar diligente. 8.Sin perjuicio de toda lo anteriormente dicho y. fue objeto de una defectuosa intervención. no respondería: a) Si prueba que operó "diligentemente". además.).) "se encuentran obligaciones en las cuales el resultado debido "coincide" con la ejecución de la prestación . En este caso. 1319º y 1320º C.. en el caso del médico-cirujano. obedece a culpa leve del deudor". aplastando al paciente). 97 y sgtes.". b) Si prueba que incumplió la obligación por causa a él no imputable. (Por ejemplo. y aquí. Si. El fundamento de la responsabilidad del médico en este caso es la obligación incumplida y no la culpa. en palabras de BRECCIA ("Diligenza e Buona Fede". 1318º. En el acápite a) precedente. estaría el deudor médico probando que cumplió la obligación.. causante de daños culposamente ocasionados . recordemos aquí que nuestro Código civil. recoge a la culpa como factor atributivo de responsabilidad y consagra.
. una teoría de dudosa utilidad como es la de la "graduación de la culpa" (arts. pág. hecho determinante de tercero o hecho de la propia víctima.. principalmente tratándose de la responsabilidad profesional. cuando afirman que en el caso sub-materia ".. el deudor-médico responde en razón a que la obligación se transforma en la de indemnizar daños y perjuicios. una presunción general de responsabilidad del deudor por culpa leve: "se presume que la inejecución de la obligación. en realidad lo que opera es una imposibilidad de la prestación (no se alcanzó el resultado esperado por el acreedor-paciente de mejorar su posibilidad de salvamento) por causa imputable al deudor y éste responde. fuerza mayor. responde. el deudor-médico habría probado que "ejecutó la obligación" en los términos convenidos brindándole al acreedor la utilidad deseada.... Pág. la obligación se extingue.". o su cumplimiento parcial. Cit. se deja de responder cuando la obligación se extingue por imposibilidad sobrevenida de la prestación no imputable al deudor". es necesario recordar que se encuentran maniatados por un Código Civil manifiesta y excesivamente subjetivista. por ejemplo. en defensa del razonamiento de los Magistrados que expidieron la resolución de vista. En el caso del médico-cirujano. éste no logra probar que "actuó diligentemente". En efecto.C. por ejemplo. aparece un insólito proceder que se trasluce en la culpa médica . tardío o defectuoso. Esto es que. no por la "culpa" del médico como afirma toda la doctrina clásica y a la cual parece afiliarse la resolución bajo comentario cuando afirma que el paciente ".. 76) "se responde en tanto la obligación pervive y pervive insatisfecha.
sino que. para acceder a una indemnización... cuando: a. . el que regula la prestación de servicios profesionales. Así por ejemplo historias clínicas. es el artículo 1762º del C. neurológicos. etc.C.. resultaría de aplicación el texto expreso del artículo 1330º del C. 1762º C..La prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales. 103 y sgtes.. la prestación de servicios médicos. la culpa inexcusable o el dolo del médico? 9.: "la prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación. entendiéndose que el
.. por el contrario. debiera interpretarse restrictivamente dicho precepto. ¿Cómo entonces prueba el paciente. en donde no sea válido interpretar la disyunción "o" presente en dicho precepto legal como separación de supuestos de aplicación de la responsabilidad privilegiada contenida en dicho artículo. Esto es que. no debiera "leerse" el artículo 1762º del C. probar la culpa inexcusable o el dolo del médico. debería introducir una interpretación restrictiva del art. en el sentido que el prestador de servicios responde de los daños y perjuicios que causa.C..Sin embargo.. Esto es que. corresponde al acreedor-paciente. si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad.. y cuando b. Concordados ambos artículos citados. sólo en el caso que medie dolo o culpa inexcusable.) "la prueba diabólica": "... en donde.Creemos por eso que. dentro de las disposiciones generales de la prestación de servicios. tratándose de prestaciones profesionales y médicas en particular.C. tardío o defectuoso". Sino que.C. estudios bioquímicos.es que todo lo referente a la culpa del médico se relaciona con prácticas y conocimientos científicos a los que mayormente resulta extraño y no tiene acceso sino por medio de la consulta y colaboración de otros profesionales. o por su cumplimiento parcial.". otro de los problemas a los que se enfrentan los reclamantes es que la mayoría de las pruebas están en manos del profesional y es éste quien las ha confeccionado. ni legal. víctima de un daño.. víctima de un daño. análisis. en tal caso.. Págs. radiológicos. los que generalmente se mostrarán renuentes en dictaminar en contra de los intereses de un colega . bajo un claro matiz proteccionista "in extremis" de los servicios profesionales se indica que ". entre ellos. pues implicaría consagrar lo que bien ha llamado VAZQUEZ FERREYRA ("Prueba de la Culpa Médica"..".La prestación de servicios implica la solución de problemas técnicos de especial dificultad. mientras que ". sino en caso de dolo o culpa inexcusable". para los servicios contractuales profesionales no se aplicaría la presunción de responsabilidad por culpa leve. Este razonamiento no puede ser aceptado bajo ningún punto de vista ni ético. nos encontraríamos ante una primera aproximación al problema de la responsabilidad profesional en general en donde.. una de las primeras dificultades con las que se encuentra el paciente o sus herederos -en caso de muerte de aquél.. específicamente la Corte Suprema de la República. el prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios. los Tribunales peruanos y.
que han aumentado los medios de divulgación de los resultados científicos y.. debida principalmente a la elevación del grado de pericia exigido en el desarrollo de la profesión. Al respecto. En todos los demás casos debiera: a.
. la limitación de la responsabilidad profesional y especialmente médica. nos indica FRANZONI ("Dei Fatti Illeciti". Es lo que bien ha llamado ATILIO ANIBAL ALTERINI "la presunción legal de culpa como regla de "favor victimae" ("Responsabilidad por Daños. una operación de apendicitis o amigdalitis).Aceptarse la responsabilidad médica objetiva en los casos en donde el avance técnico científico de la medicina ha logrado dominar una enfermedad o una técnica de curación. lo mismo que para el caso de las profesiones técnicas (ingeniería. se correría el riesgo de desincentivar el progreso de la actividad médica de investigación.. sujeto a una presunción legal de culpa "iuris tantum". recoger a ésta como factor atributivo de responsabilidad en los servicios médicos puede socialmente explicarse en la decisión legislativa de incentivar una actividad. experimentación y descubrimiento de avances técnicos. sin embargo. Sobre todo en el ámbito de la profesión médico-quirúrgica se asiste a una elevación del nivel de responsabilidad del profesional. por no existir experiencia al respecto.prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios. incluído el médico. en las diversas actividades profesionales. sino en caso de dolo o culpa inexcusable cuando: la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos. de especial dificultad. sí será posible que el médico-cirujano "garantice" la cura del paciente como resultado. 138-139) que ". la casuística demuestra cómo. sólo será posible de invocarse en casos en donde el estado actual del conocimiento científico no permita afirmar nada cierto en torno a una enfermedad o acto médico. Generalmente. particularmente a partir del elemento de la impericia. Esto es que.Aceptarse la responsabilidad médica por culpa leve. Págs. la individualización de un problema de particular complejidad sigue reglas no siempre homogéneas. existe una progresiva reducción del ámbito de operatividad de la culpa grave en el ámbito de la responsabilidad por el ejercicio de actividades profesionales.. afirmar la responsabilidad general del profesional. afirmáramos una responsabilidad enteramente objetiva del médico. siendo de aplicación al respecto el artículo 1320º del C. como excepción. Págs. Se afirma. no en cambio en la profesión forense. Homenaje a Jorge Bustamante Alsina". como la médica.. Aquí. Además. por culpa leve. creemos puede significar positivamente el hecho de legislar acorde con la finalidad "tuitiva" de la responsabilidad. (Por ejemplo. 195 y sgtes. aunque indirectamente. por ejemplo. Si. Aún cuando entendamos que el fundamento de toda responsabilidad se encuentra realmente en la propia obligación incumplida y no en la culpa.C.) b. por el resultado comprometido en la obligación. arquitectura). siempre proclive a la investigación.
. una serie de precauciones dirigidas a evitar (o..La resolución bajo comentario es. 82) quien señala que. a reducir dentro de límites aceptables) los daños conexos . 10. Pág. Sin embargo. "..En lo que atañe a la presunta responsabilidad solidaria de la Clínica en la cual trabajaba el médico
.. 67) que ".. Ello. el médico anestesista debe responder por las consecuencias del acto profesional en el cual la impericia está por encima del "riesgo quirúrgico" que no ha sido demostrado ... Pág." o. Este avance doctrinario de la teoría subjetiva es resaltado..."). si no está en grado de garantizar al paciente resultados ciertos. por ejemplo.. o. por VAZQUEZ FERREYRA (Ob. con muestras objetivas de indiferencia e inhumanidad . en principio.. quien afirma que ". aparece un insólito proceder que se trasluce en la culpa médica .. se despreocuparon por la salud del paciente.. puede. con la consecuencia que de errores respecto a los cuales en el pasado se podía responder sólo por dolo o culpa grave. de la casuística. creemos como ZANA (Ob. trascendente cuando afirma que ". sin embargo.. sino que es suficiente que la misma se deduzca indubitablemente del comportamiento del médico (al cual parece aludir la resolución de vista cuando recoge expresiones tales como ".. así como los contenidos de la diligencia deberán ser definidos teniendo en cuenta las potenciales propuestas de las modernas tecnologías y de los riesgos conexos: puesto que la actividad médica.. ". hoy se responde según las reglas comunes. Cit. por el contrario.". el método de valuación de la culpa deberá ponerse en sintonía con los criterios informantes de las diversas metodologías de intervención en el campo médico.".". Esto significa que el standard valorativo del comportamiento del profesional está en constante elevación. en particular.más en general. Pág... sobre la posibilidad de aplicar a los servicios médicos la responsabilidad objetiva por riesgo realiza ZANA ("Responsabilitá Medica e Tutela del Paziente".. de modo que es de cargo del profesional el deber de ponerse al día..superior a las probabilidades de éxito favorables que razonablemente puedan asignarse al tipo de tratamiento .. De la misma manera. de esta manera se busca evitar que el rigor de la carga de la prueba derive en la impunidad civil del profesional y la consiguiente desprotección de la víctima .. 11. cuando menos.. porque parece recoger el principio de que no es necesaria la prueba precisa de la culpa del médico para afirmar su responsabilidad. 107)..". Cit. cuando menos.. resultan importantes las afirmaciones que.. sin embargo. asegurarle un amplio grado de probabilidad de éxito favorable. prescindiendo de la negada naturaleza de obligaciones de medios reconocida a la actividad profesional en general . el régimen normativo previsto para las "actividades peligrosas" se puede entender aplicable en sectores de intervenciones médicas en la cuales el nivel de riesgo para el paciente resulte -ante un juicio "ex ante" sobre la base de los conocimientos técnicos y de la experiencia desarrollada sobre la materia. Es trascendente."...
que sirvió de base al Juez de Primera Instancia para aplicar el art. en principio. hospitales o centros asistenciales . propia de clínicas. Beaumont Callirgos.anestesista. toda vez que. 1325º C.C. Mesía Ramírez. respondiendo aquélla por los hechos dolosos o culposos de quien se vale para el cumplimiento de su obligación (médico anestesista).". 1183º C. por el principio de la responsabilidad indirecta aplicada en materia contractual. esto es.. la responsabilidad de la Clínica debió ser contractual. por lo que.. debió responder. el Pleno del Tribunal Constitucional. Vergara Gotelli. su responsabilidad solidaria se extiende a los hechos realizados por sus colaboradores.. 27 de julio de 2009
TC DEJA SIN EFECTO EXPULSION DE CLUB DEPORTIVO WANKA
EXP. con arreglo a lo dispuesto por el art.. existiría relación contractual entre la clínica (deudora) y el paciente (acreedor). a título personal. no instituye responsabilidad solidaria alguna: en este supuesto. Incurre. Eto Cruz y Álvarez Miranda pronuncia la siguiente sentencia
. la solidaridad no se presume y sólo puede surgir de la ley o del título de la obligación. más no así la del médico anestesista que. dice la resolución bajo comentario que ". integrado por los Magistrados Landa Arroyo. sean médicos o personal auxiliar. a los 1 días del mes de octubre de 2007. 1981º C. En el caso sobre el cual se pronunció la resolución bajo comentario.. La responsabilidad indirecta contenida en el art. responsabilidad extracontractual). obrante a fojas ciento dieciseis.° 03574-2007-PA/TC LIMA CLUB DEPORTIVO WANKA REPRESENTADO POR MARIO RAFAEL MIRANDA EYZAGUIRRE
En Lima. Calle Hayen. en un error de grandes proporciones. por ser un tercero del que se valió la Clínica para cumplir con la obligación médica a su cargo.C.C..C. por la vía extracontractual. N. publicado por iustitia et aequitas en 16:26 no hay comentarios:
lunes. de 1936 (equivalente al actual art. 1144º del C. en este aspecto la resolución de vista.. existió una solicitud de internamiento dirigida por el paciente a la Clínica.
del 31 de agosto de 2005 –transcrita mediante Oficio N. como resultado de ello. debido a la interposición de dicha denuncia. que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. y contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. al denunciar penalmente a los miembros del Directorio. debiendo someter cualquier divergencia o eventual controversia a los Tribunales Arbitrales de la FPF o de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (en adelante FIFA). la FPF emitió la cuestionada Resolución N. asimismo. esto es. disposiciones y acuerdos emanados de sus órganos. su fecha 25 de enero de 2007. se incurrió en la causal de “incumplimiento grave a cualquiera de las disposiciones contenidas en el ordenamiento normativo de la FPF”. que es el órgano rector del fútbol peruano y está constituida como una asociación civil de derecho privado afiliada a la FIFA. causándosele graves daños y perjuicios económicos. Manifiesta que la FPF cambió las reglas de juego para el torneo correspondiente al año 2004 cuando sólo faltaban 25 días para su inicio. Alega que. que el Club Deportivo Wanka se afilió a la FPF y. la cual se sustenta en que. del 14 de septiembre de 2005– que resuelve desafiliarlo de las competencias nacionales e internacionales y. prevista en el inciso b) del artículo 14° del Estatuto. Manifiesta. interpone demanda de amparo contra la Federación Peruana de Fútbol (en adelante FPF). Expresa que en pleno ejercicio de sus derechos. invocando la violación de su derecho de asociación. el Club Deportivo Wanka perdió finalmente la categoría. que dispone que sus afiliados y sus miembros no podrán promover litigio alguno ante la jurisdicción ordinaria. a fin de que se deje sin efecto la Resolución N.
Con fecha 16 de enero de 2006. Por tanto. prohíbe a los dirigentes que integraron la Junta Directiva durante los años 2004 y 2005 ejercer cualquier actividad en el fútbol. el recurrente. por un lado. La FPF propone la excepción de convenio arbitral en aplicación del artículo 5° del Estatuto. así como a los reglamentos.Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Club Deportivo Wanka contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo. cuando se sabía claramente cuáles serían los clubes perjudicados debido a las nuevas reglas y a su ubicación al final del torneo del año 2003. y por otro. violó el artículo 5° del Estatuto de la FPF.º 2212-FPF-2005. Alega que el inciso b) del artículo 14° del Estatuto faculta al Directorio a desafiliar a sus miembros cuando se incurre en la causal de incumplimiento grave a cualquiera de las disposiciones
. con fecha 24 de mayo de 2005 interpuso una denuncia penal contra los miembros del Directorio de la FPF por los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir. de fojas 229.° 005-FPF-2005.º 005-FPF-2005. debía someterse a su Estatuto. por tanto.
1.º 26572 prohíbe que dichas conductas puedan ser resueltas por un Tribunal Arbitral. La recurrida. En consecuencia.2 del CPConst. que el recurrente debió sujetarse al Estatuto y no realizar actos que lo han vulnerado gravemente (sic). por considerar que no se puede sancionar al club recurrente por el solo hecho de haber acudido a la vía penal. El recurrente manifiesta que la FPF cambió las reglas de juego[2][2] para el torneo correspondiente al año 2004 cuando sólo faltaban 25 días para su inicio. asimismo. Por lo demás. revocando la apelada. por considerar que la controversia debe ser dilucidada en el proceso contencioso. El Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima.
§1.1 del Código Procesal Constitucional (en adelante CPConst.
§2. en resumidas cuentas.). a fin de que se deje sin efecto la Resolución N. con fecha 4 de mayo de 2006. Consecuentemente.° 012-FPF-2002 ante el órgano jurisdiccional en el fuero penal. invocando la vulneración de su derecho de asociación. que resuelve desafiliarlo de las competencias nacionales e internacionales y.contenidas en el ordenamiento normativo de la FPF. so pretexto de que dicha controversia debía haber sido sometida al arbitraje. en clara y flagrante infracción al artículo 5° del Estatuto (prohibición de promover litigio ante la jurisdicción ordinaria. pues el inciso 3) del artículo 1° de la propia Ley General de Arbitraje N. acordó desafiliar al Club Deportivo Wanka por cuestionar la Resolución N. declaró improcedente la demanda. del 31 de agosto de 2005.° 005FPF-2005. Sostiene. resultando de aplicación el artículo 5. se ha acreditado la violación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto por el artículo 139. Alegatos del Club Deportivo Wanka[1][1]
2.administrativo. interpone demanda de amparo contra la FPF. prohíbe a los dirigentes que integraron la Junta Directiva durante los años 2004 y 2005 ejercer cualquier actividad en el fútbol. esto es. señala que la demanda de amparo incoada resulta improcedente en virtud del artículo 5. lo que constituye un acto sujeto a sanción conforme al inciso b) del artículo 14° del referido ordenamiento. sino ante los Tribunales Arbitrales de la FPF o de la FIFA). desestimó la excepción propuesta y declaró fundada la demanda. De autos fluye que el Club Deportivo Wanka.1 de la Constitución. cuando se sabía claramente cuáles
serían los clubes perjudicados debido a las nuevas reglas y a su ubicación al final del Torneo del año 2003.
7. con fecha 24 de mayo de 2005 interpuso una denuncia penal contra los miembros del Directorio de la FPF por los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir. Por tanto.
§3. que dispone que sus afiliados y miembros no podrán promover litigio alguno ante la jurisdicción ordinaria. En consecuencia.
4. disposiciones y acuerdos emanados de sus órganos. Expresa que en pleno ejercicio de sus derechos.1° del CPConst. Alega que el inciso b) del artículo 14° del Estatuto faculta al Directorio a desafiliar a sus miembros cuando se incurre en la causal de incumplimiento grave a cualquiera de las disposiciones contenidas en el ordenamiento normativo de la FPF.
. debido a la interposición de dicha denuncia. debía someterse a su Estatuto. Por lo demás.° 005-FPF-2005. acordó desafiliar al Club Deportivo Wanka por cuestionar la Resolución N.° 012-FPF-2002 ante el órgano jurisdiccional en el fuero penal. así como a los reglamentos. según la FPF incurrió en la causal de incumplimiento grave a cualquiera de las disposiciones contenidas en su ordenamiento normativo. causándosele graves daños y perjuicios económicos. que el Club Deportivo Wanka se afilió a ella y. y propone la excepción de convenio arbitral. por un lado. La Federación Peruana de Fútbol manifiesta. violó lo dispuesto en el artículo 5° del Estatuto. prevista en el inciso b) del artículo 14° del Estatuto. al denunciar penalmente a los miembros de su Directorio.
3. por tanto. la FPF emitió la cuestionada Resolución N.
6. debiendo someter cualquier divergencia o eventual controversia a los Tribunales Arbitrales de la FPF o de la FIFA. Sin embargo. la cual se sustenta en que. Alegatos de la Federación Peruana de Fútbol[3][3]
5.. perdió finalmente la categoría. que es el órgano rector del fútbol peruano y está constituida como una asociación civil de derecho privado afiliada a la FIFA. señala que la demanda de amparo incoada resulta improcedente en virtud del artículo 5. lo que constituye un acto pasible de sanción conforme al precitado inciso b) del artículo 14°. y por otro. Alega que. en clara y flagrante infracción al artículo 5° del Estatuto antes referido. como consecuencia de ello. en aplicación del artículo 5° del Estatuto.
1489-2004-AA. 0353-2002-AA. Como antes ha quedado expuesto. existe uniforme y reiterada jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional sobre el particular [Cf.os 1612-2003-AA. este Tribunal considera pertinente pronunciarse respecto de los siguientes temas:
la Posición del Tribunal Constitucional respecto de la sentencia de segunda instancia. En tal sentido y.
11. Relación entre el Estado social y democrático de Derecho. sean estas las emanadas del Estado o de entidades privadas. y ejercer la tarea de intérprete supremo de los alcances y contenidos de la Constitución. si bien es cierto sustenta su decisión en el numeral 5. por considerar que la controversia debe ser dilucidada en el proceso contencioso administrativo. toda vez que. Consideraciones previas y materias constitucionalmente relevantes
8. En principio. 1515-2003-AA. velar por la supremacía de la Constitución Política del Perú sobre el resto de las normas del ordenamiento jurídico. corresponde dilucidar la controversia de autos. la educación y el deporte Justicia constitucional y arbitraje en el fútbol Control constitucional de las sanciones impuestas por la Federación Peruana de Fútbol derecho a la libertad de asociación y poder disciplinario de las asociaciones debido proceso inter privatos o en sede corporativa particular Análisis del caso concreto
§5. entre otras]. lo que denota que el proceso
. SSTC N. 1414-2003-AA. en aplicación del artículo 5. 9.§4. la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda. 1027-2004-AA. Para tal efecto. Posición del Tribunal Constitucional respecto de la sentencia de segunda instancia
10. velar por el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas naturales o jurídicas. 33122004-AA. respecto a los procedimientos disciplinarios sancionadores llevados a cabo al interior de asociaciones.2 del CPConst. El Tribunal Constitucional no comparte dicho pronunciamiento. con vista a los antecedentes del caso. 4241-2004-AA. que lo habilita para declarar la improcedencia de la demanda.2 del CPConst. el Tribunal Constitucional estima oportuno recordar que entre sus funciones está la de racionalizar el ejercicio del poder público y privado.
inciso 8). el afectado puede promover su reclamación a través de cualquiera de los procesos constitucionales de la libertad.
Estas disposiciones constitucionales.
Además. Función constitucional del deporte
14. junto con la dignidad humana –como premisa antropológica–.de amparo sí constituye la vía idónea para dilucidar una controversia como la que aquí se ha planteado. desafiliación en el caso concreto) se ha respetado el debido proceso.
§6. En consecuencia.
. ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados. el aprendizaje y la práctica de las humanidades. de defensa y de asociación. al decidirse la expulsión del actor (lo que es lo mismo. el Tribunal Constitucional resulta plenamente competente para conocer del fondo de la controversia. La Constitución de 1993 señala en su artículo 1º que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. respecto de los cuales este Colegiado ha establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y. toda vez que en el caso de autos se trata de un proceso de amparo entre dos particulares–. que “el Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión”. Relación entre el Estado social y democrático de Derecho. conforme a las exigencias establecidas por nuestro ordenamiento constitucional y por la jurisprudencia de este Colegiado. las artes. En consecuencia. la técnica.
De manera más expresa. verificar si se vulneró el invocado derecho de asociación. aun cuando pueda existir otra vía procedimental –la cual. la ciencia.
13. En efecto. la educación y el deporte
6. y por ende. es finalidad del proceso de amparo de autos determinar si. ciertamente. no habiéndose tenido en cuenta que de autos fluye la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso. establece en el artículo 2º. 12. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad”. prevé en su artículo 14[4][4] que “la educación promueve el conocimiento. no es la contencioso-administrativa. la jurisprudencia de este Tribunal acredita que es la vía del amparo la satisfactoria. que es lo que precisamente alega el demandante ha ocurrido.1. por tanto. la educación física y el deporte.
15. Si conforme al artículo 13º de la Constitución. para gozar de una existencia humana plena. la expresión corporal y el entretenimiento. nuestra Constitución realiza una importante referencia al deporte al incardinarla en el concepto educativo. debe ser superada la idea generalizada que el deporte por excelencia es el profesional. no de una visión ideal. en consecuencia.
17. la finalidad de la educación es lograr el desarrollo integral de la persona humana a través de instrumentos como el deporte. y permite al ciudadano participar plenamente en la vida social y política en sus comunidades. es decir. a efectos de alcanzar no sólo mejoras físicas y biológicas. que parte. contribuyendo así a promover el respeto de la actividad humana en cada una de sus manifestaciones. aquél deberá realizarse en concordancia con las finalidades constitucionales que le corresponden a la educación en el marco del Estado social y democrático de Derecho. En este punto. dicha actividad está orientada a desarrollar y mantener nuestro organismo en las mejores condiciones. Así. en sentido amplio. en la medida que el capital privado tiene una participación directa y trascendental para su explotación y difusión.os 2537-2002-AA/TC y 0091-2005-AA. cabe retomar lo señalado por este Tribunal en las SSTC N.
. Todo ello determina que la orientación educativa prevista en la Constitución tenga especial incidencia en el deporte no profesional o amateur. Esto lleva aparejado que el Estado tenga un especial deber de promoción del deporte. sino también aprehende la conditio humana desde el lado de la potenciación de la capacidad física. De otro lado.
En consecuencia. lo que supone captar al ser humano no sólo como ser “racional”. asignándole una función integradora en la persona.
16. en el que los deportistas obtienen un beneficio económico -y que en nuestro país puede resumirse al fútbol-. sino también intelectuales y espirituales. Mediante este derecho se garantiza la formación de la persona en libertad y con amplitud de pensamiento. sino de una perspectiva integral de la persona humana. entre ellas las prácticas deportivas.constituyen la dimensión principal del deporte como objetivo de la educación nacional. con posibilidades ciertas de desarrollo de las cualidades personales y de participación directa en la vida social. en el sentido que la educación es un derecho fundamental intrínseco y un medio indispensable para la plena realización de otros derechos fundamentales. lo que no significa que el deporte profesional quede desvinculado del marco constitucional. es posible señalar que el contenido constitucional de la educación también es comprehensivo de los fines que persigue.
regional y nacional. la promoción del deporte constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho. lo que a su vez tiene una expresión para el país. en sus manifestaciones no profesional y profesional. tal como ha sido señalado-.2. supone que el Estado social y democrático de Derecho está en la obligación de respetar. se manifiesta en tres aspectos: en primer lugar. por mandato constitucional. de la Constitución). todas aquellas manifestaciones deportivas de los individuos o de grupos de ellos que constituyan la expresión de su derecho a la libertad de asociación (artículo 2º. En tercer lugar. pero siempre que ellas se realicen dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales. el Estado tiene la obligación de promover todos aquellos actos deportivos que atiendan al interés general. En segundo lugar. en relación con el deporte. los principios constitucionales y los valores superiores que la Constitución incorpora. algunas de cuyas principales secuelas son la delincuencia. así como a desarrollar un conjunto de conocimientos que permitan el desarrollo de las referidas prácticas deportivas. por un lado. la drogadicción. En suma. las crisis familiares y la salud física y mental. la recreación y el deporte. establecido en el artículo 44º de la Constitución. el Estado asume también el deber de no promover aquellos actos o actividades que pudiendo estar vinculadas a manifestaciones deportivas pongan en cuestión. Ello es así si atendemos a que se trata de un mismo conjunto de actividades tendente a obtener beneficios físicos en cuerpo y mente. el hecho que la Constitución de 1993 otorgue protección al deporte -en sus dos manifestaciones principales. Incluso es posible destacar al deporte como un paliativo irremplazable frente a los diferentes problemas y males derivados de la sociedad moderna y sus características. inciso 13). el Estado debe respetar.En consecuencia. se trata de ir plasmando una nueva cultura deportiva que se exprese y refleje en el espíritu.
19. derechos
6. la forma democrática de Gobierno (artículo 43º) y la economía social de mercado (artículo 58º). en forma descentralizada. el derecho de asociación (artículo 2º. Ahora bien. tales como la dignidad de la persona humana (artículo 1º). actitud y comportamiento de la población. desde el control de las enfermedades (artículo 7º) hasta lograr una mayor capacidad física e intelectual para el trabajo (artículo 22º). inciso 13. debe integrarse el deporte como actividad física de la persona en sus diferentes disciplinas y modalidades a través de sus componentes básicos: la educación física. De ahí que el deber que asume el Estado. Deberes del Estado social y democrático de Derecho con el deporte
18. A criterio de este Tribunal. reafirmar y promover las prácticas deportivas. en los ámbitos local.
Situación que merece especial atención si tomamos en consideración que los resultados objetivos que han caracterizado el deporte en nuestro país durante los últimos años evidencian una situación preocupante que. como comunidad. entre otras.
20. en la necesidad de elaborar y comprometernos con una política que tiene significativas implicancias y en las que su inserción y coordinación con los programas e iniciativas gubernamentales son imprescindibles.3. en el mediano y largo plazo. la salud o la vivienda. a la vez que sus propuestas y estrategias deberán contar con la participación y aporte del máximo de actores sociales e instituciones privadas. es el conjunto de organismos públicos y privados. la relación entre el Estado social y democrático de Derecho y el deporte también supone elaborar y llevar a cabo una política nacional del deporte a través de la educación y planes deportivos en las escuelas. regional y local. entre otros. que articulan y desarrollan la actividad deportiva.
Sólo de esta forma se afirmará la actividad deportiva como una preocupación social del Estado. tal como sucede con la educación.
21. de la Constitución). inciso 13. recreativa y de educación física a nivel nacional. Lo que en el ordenamiento jurídico peruano conforma el Sistema Deportivo Nacional. El Sistema Deportivo Nacional. modificada mediante Ley No.
6. los medios de comunicación social. para nuestra Constitución de 1993. Está conformado por: El Instituto Peruano del Deporte (IPD) Los Gobiernos Regionales a través de los Consejos Regionales del Deporte Las Organizaciones Deportivas de los organismos públicos. Sin embargo. por ejemplo. El Sistema Deportivo Nacional y la distribución de competencias sobre el deporte en el marco jurídico peruano
22. De Promoción y Desarrollo del Deporte. la asignación de un presupuesto específico. 28910. la infraestructura deportiva adecuada.fundamentales como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139º. por lo tanto. según establece el artículo 6º de la Ley Nº 28036. que debe ser objeto de una política pública. el derecho de asociación (artículo 2º. inciso 3. que le permita realizar el deber de promover las diversas manifestaciones deportivas. nos demanda una planificación y esfuerzo destinados a provocar. de la Constitución). una transformación profunda en la concepción y principales lineamientos de la actividad física y deportiva nacional. Nos vemos. privados y comunales
. estructurados e integrados funcionalmente.
pues las relaciones jurídicas que se originan al interior de las federaciones o los clubes siguen perteneciendo al ámbito del Derecho privado y se regulan por sus propias normas estatutarias. Segundo. De esta forma se pone en evidencia el mandato del legislador de integrar una política del fenómeno deportivo que vincule aspectos públicos y privados. participativo. sin perjuicio de las competencias que previamente han asumido las federaciones deportivas. cuya extensión generalizada en los últimos años ha dado lugar a considerar al deporte de interés público. del deporte no profesional: deporte para todos (artículo 34°). los centros laborales. y el deporte estudiantil (artículo 35°) que es de carácter formativo y competitivo. esta ley recoge el criterio expresado por este Colegiado supra. se practica en los centros educativos. universidades. Clubes. se desarrolla en cualquier ámbito del país.
24. comunidades campesinas y comunidades nativas. institutos superiores y escuelas militares y policiales. que tiene carácter competitivo y busca el alto rendimiento en las diferentes disciplinas deportivas. legalmente constituidas e inscritas en el Registro Nacional del Instituto Peruano de Deporte. Primero. que es de carácter promocional. la administración pública es competente para regularlo. el deporte profesional o deporte de afiliados (artículo 36°). las consideraciones teleológicas y finalísticas del Sistema Deportivo Nacional se
. en cuanto su ámbito personal de aplicación es comprehensivo. Pero esta declaración del deporte como de interés público no alcanza a todo lo que puede ocurrir en el mundo deportivo. tal como en las municipalidades.
En atención a ello. De allí que pueda remarcarse que se ha venido gestando la conformación de un Derecho deportivo con entidad propia de una rama del Derecho. y por ende. Ligas y Federaciones. preventivo para la salud y recreativo. Asimismo. Está constituido por organizaciones deportivas como Asociaciones Deportivas Comunales Autogestionarias.Los Gobiernos Locales Las Universidades Los Institutos Superiores Las Fuerzas Armadas La Policía Nacional del Perú Los Centros Educativos Los Centros Laborales Las Comunidades Campesinas y Nativas
23. desarrolla las aptitudes y habilidades deportivas del educando.
Siendo que esta dualidad que caracteriza a la regulación de las actividades que giran en torno al deporte tiene su manifestación más clara en la manera de resolver los conflictos entre los sujetos intervinientes[5][5].
28. y que tiene que ver con aspectos como los relacionados con el patrocinio deportivo. para solucionar los conflictos que eventualmente podían presentarse. Finalmente. En dichos ordenamientos las federaciones deportivas establecían sus propios órganos de solución de conflictos. los cuales aplicaban sus propias normas para solucionarlos.realizan en consonancia con el principio de la autonomía de la voluntad. las transmisiones deportivas por radio y televisión. la resolución de las controversias deportivas se intentaron mantener al margen de los tribunales ordinarios. tal como será desarrollado en el siguiente apartado. el cumplimiento de las normas laborales para los extranjeros –visas de trabajo–. Justicia constitucional y arbitraje en el fútbol
26. También era habitual que dichos estatutos prohibiesen a sus asociados acudir a instancias distintas. pero siempre que no viole la Constitución. entre otros. laboral. a su vez. entre otros. mercantil.
29. siendo aceptada la fórmula del arbitraje como alternativa frente a la vía judicial para la solución de controversias. 27. en particular preservando y garantizando la personalidad del ser humano. En los últimos años. tributario.
§7. los derechos de imagen. La aparición del fenómeno deporte-espectáculo ha generado toda una gama de aspectos de orden complejo que. el arbitraje es la más extendida y aceptada porque ofrece diversas ventajas: es eficaz porque da una solución definitiva
. De allí que la validez de la regulación normativa de su funcionamiento resulta ser objeto de particular interés para este Colegiado. sean públicas o privadas. cabe referir que es precisamente en el ámbito de las federaciones deportivas en el que mejor se aprecia esta confluencia entre lo público y lo privado. ha originado una variedad de relaciones que se desarrollan en los ámbitos civil. la solución de las controversias deportivas ha sufrido una rápida evolución que ha venido ligada a la consolidación del Derecho deportivo como nueva rama del Derecho. En un primer momento. La doctrina reconoce que entre las diversas fórmulas de solución de conflictos. pues la tendencia era a la autorregulación a través de sus estatutos.
En atención a ello. A nivel internacional. y el procedimiento arbitral de apelación. lo que constituye el ordenamiento legal que regula tanto los aspectos sustantivos como los procedimentales. y con el objetivo de resolver los que de mutuo acuerdo le presenten las personas jurídicas. Sin embargo. Asimismo. la especialización de los árbitros. el árbitro puede ir más allá de una simple decisión válida para el momento. con sede en Lausana (Suiza). que reconoce el derecho a interponer recurso de apelación ante dicho Tribunal para resolver disputas entre la FIFA. este proceso corre paralelo a otro. se puede resolver con mayor celeridad que en la vía ordinaria. siempre que el litigio tenga carácter privado y sea como consecuencia de cualquier actividad relacionada con el deporte. con ocasión de una disputa deportiva. Su competencia también puede darse por normativa. no tienen carácter vinculante. que como tales.1. los oficiales.
32. es discreto pues. en algunos países se ha reconocido la competencia de los tribunales ordinarios para la solución de conflictos surgidos con ocasión de la práctica del deporte[6][6]. etc. Actualmente. las ligas. los jugadores. pues si bien el arbitraje se debe pagar. costos más baratos en términos absolutos.al conflicto. y distingue dos tipos de procedimientos: el procedimiento arbitral ordinario.
30. a nivel interno se regula a través de códigos o leyes de arbitraje. derivada de relaciones contractuales o de actos ilícitos decidan someterse a la jurisdicción del Tribunal. los clubes. a diferencia de las vías judiciales ordinarias. Para el logro de sus fines no sólo emite laudos arbitrales. en el año 1983 se creó el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Todo lo cual determina la necesidad de delimitar el ámbito propio del arbitraje y de la jurisdicción ordinaria. como una fórmula de solución extrajudicial de conflictos. las confederaciones. sino que puede actuar como mediador para encontrar una solución pacífica y propiciar una conciliación previa. puede emitir opiniones consultivas sobre aspectos jurídicos ligados al deporte. para los casos en que dos partes. sólo las partes tienen derecho a estar en el proceso. la demora en obtener una decisión judicial puede resultar más onerosa que una solución rápida pagando. los miembros. Estado actual de la cuestión
. brinda mayor facilidad para que las partes cumplan con lo acordado al haber nacido de una voluntad común. aplicable para disputas que resulten de decisiones tomadas por los órganos de las federaciones o asociaciones siempre que sus Estatutos regulen esta posibilidad. los agentes de partidos y los agentes de jugadores con licencia. como es el caso del artículo 60º de los Estatutos de la FIFA.
En lo que respecta a las Federaciones Deportivas Internacionales. STC N. en tanto jurisdicción. Por ello. como la FIFA. o lo que es lo mismo. desde sus orígenes han tenido una tendencia a excluir la vía judicial ordinaria para la solución de sus conflictos. tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional.
7. en juez y parte-. en la resolución de las controversias que se generen de la contratación internacional.gr. De esta forma. la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje no supone una autorización a que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia. sino que constituye una alternativa que complementa el sistema judicial. cuando el órgano encargado de dilucidar la controversia se constituía.º 0023-2003-AI.33. en los incisos 2) y 3) del artículo 62 de los Estatutos de la FIFA[7][7] se recoge la obligación de las Federaciones nacionales afiliadas de excluir la vía judicial ordinaria. El Arbitraje no puede ser entendido como un mecanismo llamado a desplazar al Poder Judicial. Por el contrario. cabe remarcar que debería garantizarse el pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad. La razón de ser de dicha opción estatutaria por las vías extrajudiciales responde a la necesidad de resolver las controversias de orden deportivo de manera especializada y ágil. y no hacer de estas cláusulas procedimientos obligatorios y parciales –v. ni éste sustituir a aquél. incluso a través de cláusulas que prevén sanción o expulsión. se encuentra obligada a observar directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso [Cf. las federaciones han encontrado en el arbitraje el procedimiento idóneo para solucionar los conflictos sin necesidad de recurrir a los órganos judiciales. y una necesidad. Por ejemplo. sino que forma parte esencial del orden público constitucional. jurisdicción ordinaria y justicia constitucional
35. sobre todo.
34. puesta a disposición de la sociedad para la solución pacífica de las controversias.2. al mismo tiempo. así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. Relación entre arbitraje. en virtud de una cláusula compromisoria que deberían contener sus estatutos. Sin embargo. Y es justamente la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características que la definen lo que permite concluir a este Colegiado que no se trata del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al Derecho privado. Caso
. la imposibilidad de participar en competiciones deportivas. básicamente en la solución de conflictos patrimoniales de libre disposición y.
con los derechos fundamentales. y en su versión procesal.
§8. inciso 2. detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de Derecho privado. lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y. Si como se ha dicho. inadmisible y carente de todo sentido pretender que porque una determinada organización de particulares se rige por sus propias normas internas. los derechos fundamentales vinculan. De allí que el caso sub júdice plantee como tema de fondo la relación entre Constitución y Derecho privado. Como se ha expuesto en los Antecedentes de esta sentencia. De esta concepción se deriva un especial deber de protección de los derechos fundamentales. un particular –el Club Deportivo Wanka– cuestiona que otro particular –la FPF– afecte sus derechos constitucionales. sino
. sean estas públicas o privadas.
39. en la procedencia o no del denominado "amparo entre particulares" (artículo 200°. pues. Tal controversia. esta resulta invulnerable o inmune al control constitucional.
38. queda claro que cualquier afectación sobre su contenido es susceptible no sólo de revisión en sede constitucional.
40. sino a todas las personas. de la tutela de los derechos de configuración legal e intereses legítimos. en lo esencial.
En esa medida debe ser comprensiva. los derechos fundamentales no sólo vinculan a los poderes públicos. pero también de los derechos fundamentales. Resulta. lo que impone como tarea del Estado su intervención en todos aquellos casos en los que estos resulten vulnerados. Los derechos fundamentales que la Constitución del Estado reconoce son derechos subjetivos pero también constituyen manifestación de un orden material y objetivo de valores constitucionales en los cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico. independientemente de dónde o de quiénes pueda proceder la lesión. Control constitucional de las sanciones impuestas por la Federación Peruana de Fútbol 37.Jurisdicción Militar (fundamento 25)]. Al respecto qué duda cabe-. se encuadra en la problemática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados (artículos 1° y 38° de la Constitución). en particular. y en su versión sustantiva. si bien desde una perspectiva civil podría caracterizarse como un conflicto que involucra a un asociado con la asociación a la que pertenece. de la Constitución). desde una perspectiva constitucional.
para el Tribunal Constitucional queda claro que no existe justificación constitucional alguna para que la FPF se encuentre relevada del control constitucional cuando no respete los derechos fundamentales en el marco del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. respecto de lo cual no puede sustraerse ninguna actividad socialmente organizada. se impone el deber de respetar los derechos fundamentales. principios y derechos fundamentales contenidos en la Constitución. con sus principios e instituciones propias. En resumidas cuentas. En ese sentido.de tutela en las circunstancias en que tal violación o amenaza de violación quede manifiestamente acreditada. el mismo que se efectúa sin desconocer la autonomía y especialidad del ámbito deportivo.
41. la FPF –como cualquier otra persona jurídica de derecho privado– debe hacerlo sujetándose a los lineamientos establecidos en la Norma Fundamental. sus actos tendrán validez constitucional en tanto no contravengan el conjunto de valores. constituye una asociación civil de Derecho privado. al interior de una institución privada.
Así también. pues.
43. lo que supone. en aras de garantizar el control constitucional de las entidades deportivas al momento de imponer sanciones.
44. La problemática de someter a control judicial las sanciones impuestas por las entidades deportivas no es un asunto nuevo. de lo que se trata es de velar por la aplicación de los principios esenciales de un Estado social y democrático de Derecho y por el respeto de la dignidad de la persona humana. La tutela constitucional no pretende. Por consiguiente. en el ámbito Derecho comparado existe un claro incremento en el control judicial de las decisiones disciplinarias deportivas. que como en el caso de autos. incluida la revisión jurisdiccional. afectar la particularidad del mundo deportivo.
De allí que este Colegiado ratifique que el complejo ordenamiento jurídico-deportivo. al ejercer sus funciones.
42. deben ser leídos a la luz de la Constitución y los fines que inspiran el Sistema Deportivo Nacional. más aún cuando se ejerce prerrogativas de poder público. se trata de verificar que las organizaciones deportivas. que forman parte de la misma sociedad. a contrario
. respetando. Actualmente. no constituyen islas aisladas de los valores fundadores del Estado en términos de libertad y dignidad. En efecto. el procedimiento legal-estatutario –en el caso de organizaciones particulares– si lo hubiere. desde luego.
funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución. y subsidiariamente al amparo constitucional. En la STC N. Por su parte. corresponde a este Tribunal Constitucional.
.º 0004-1996-AI. Los derechos fundamentales no admiten “zonas de indefensión”. la de no ser excluido arbitrariamente. en el inciso 13) del mismo artículo de la Norma Fundamental. la demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente legítima. por parte de cualquier autoridad. inciso 2. por imperio de la Constitución. a título de garantía institucional. del cual este Colegiado es el garante en última instancia. toda vez que la FPF –o cualquier otra persona de derecho privado– emita un acto o adopte una medida que vulnere los derechos fundamentales. no renuncia. A ello habilita el artículo 200°. en dichos supuestos a la protección ordinaria. de la Constitución. como tal. que si su contenido desvirtúa el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce. en última y definitiva instancia. no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional. derecho a la libertad de asociación y poder disciplinario de las asociaciones
46. y a la que.sensu. ya sea como libertad para constituir asociaciones o de pertenecer a ellas libremente. recurrir. inciso 17). Dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho de asociación también se encuentra la facultad de que la asociación creada se dote de su propia organización. en tanto reconoce a la asociación como persona jurídica. vincula a todos los socios que pertenezcan a la institución social. Tal Estatuto representa el pactum associationis de la institución creada por el acto asociativo y. 45.
Consecuentemente. en las SSTC N.
§9. y. cuya protección.
47. la de no asociarse. la cual se materializa a través del Estatuto.os 1027-2004-AA y 4241-2004-AAC se volvió a recordar que entre las facultades del derecho de asociación se encuentran las de asociarse. que dispone la procedencia de la acción de amparo contra el hecho u omisión. incluso. este Tribunal estableció que el derecho de asociación se encuentra reconocido en el artículo 2°. la de desafiliarse de una a la que se pertenezca y esté previamente constituida o. de la Constitución. toda vez que siempre será permisible a quien considere lesionados sus derechos.
desde sus primeras sentencias. queda claro que ello será constitucionalmente válido en la medida que se respete el derecho a un debido proceso.
51. este Tribunal ha señalado que el derecho al debido proceso es un derecho cuyas potestades que se encuentran en su esfera de protección no sólo se titularizan en el seno de un proceso judicial. se encuentra el poder disciplinario sobre sus miembros. sino que se extienden. En consecuencia. Igualmente. su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto. legislativa o judicial. así como las sanciones que por su comisión se pudieran imponer. a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto que pueda afectar sus derechos. este Tribunal ha declarado que el derecho al debido proceso también se titulariza en el seno de un procedimiento disciplinario realizado ante una persona jurídica de derecho privado [Cf. Mediante STC N. sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. debido proceso inter privatos o en sede corporativa particular
50. los que tienen la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal. No obstante.º 0067-1993-AA]. entre los cuales es posible advertir.
49.48. STC N. si bien el establecimiento de determinadas conductas como faltas.
. Desde luego. sea administrativa. entre otras. cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos". esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública. de la Constitución). inciso 3. o estableciendo procedimientos en cuyo seno se determine la responsabilidad de los asociados. en general. a cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional.
Señala también que. dentro de esa facultad de autoorganización del instituto creado por el acto asociativo. que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas"[9][9]. forman parte del derecho de autoorganización protegido por la libertad de asociación. en los términos del artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[8][8]. ya sea contemplando las faltas y sus consecuentes sanciones.º 2050-2002-AA. si bien el derecho al debido proceso se encuentra en el título relativo a la función jurisdiccional (artículo 139°.
§10. la hipótesis de sanción de expulsión definitiva.
que el Directorio de la FPF resolvió desafiliar al recurrente por haber incurrido en la falta prevista en el inciso b) del artículo 14º del Estatuto. como cualquier ciudadano o institución (pública o privada). incumplió el recurrente es la prevista en el artículo 5º. y que corre a fojas 21 de autos. puede aplicar a sus miembros cuando estos cometan alguna de las faltas tipificadas como tales en el artículo 14º del referido ordenamiento. Se aprecia de la cuestionada Resolución N.° 1461-2004-AA]. Análisis del caso concreto
. doble instancia.52. La disposición que. cualquiera que fuese su naturaleza. esto es. En suma. a tenor del artículo 1º de su Estatuto. pues el que las asociaciones sean personas jurídicas de Derecho privado no quiere decir que no estén sujetas a los principios. por el contrario. De ahí que el debido proceso se aplica también a las relaciones inter privatos. a efectos de garantizar un adecuado ejercicio de la facultad sancionadora que poseen [Cf.
53. siempre y cuando se garantice un debido proceso y se respeten los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. en su calidad de asociación. del 31 de agosto de 2005. las asociaciones no están dispensadas de observar el estricto respeto del derecho fundamental al debido proceso. sea en sus manifestaciones de derecho de defensa.
56. más aún cuando se ejerce la potestad disciplinaria sancionadora. De autos fluye que la controversia gira en torno al ejercicio del derecho disciplinario sancionador que la FPF. valores y disposiciones constitucionales.
En tal sentido.° 005-FPF-2005. a criterio de la FPF. debiéndolo incorporar a la naturaleza especial del proceso particular que establezcan.
§11. tienen la obligación de respetarlas. Ello es así en la medida que el principio de interdicción de la arbitrariedad es un principio inherente a los postulados esenciales de un Estado social y democrático de Derecho y a los principios y valores que la propia Constitución incorpora. el derecho fundamental al debido proceso es un derecho que ha de ser observado en todo tipo de procesos y procedimientos. STC N.
55. por “(…) incumplimiento grave a cualquiera de las disposiciones contenidas en el ordenamiento normativo de la Federación”. motivación resolutoria u otro atributo fundamental.
59. En atención a todo ello. el acuerdo del Directorio de la FPF. el Tribunal Constitucional ha subrayado en reiterada jurisprudencia que el debido proceso. el Tribunal Constitucional considera que se han vulnerado los derechos constitucionales de defensa y a un debido proceso del recurrente. como por ejemplo. no aparece de autos que el recurrente haya sido expulsado (desafiliado) garantizándosele un debido proceso. pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa. toda vez que tan solo se le notifica. se ha vulnerado. a través de un Oficio que transcribe la cuestionada resolución. máxime si se ha previsto la posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión. y garantizado por el artículo 2º.
En consecuencia. respectivamente. rigen la actividad institucional de cualquier persona jurídica de Derecho privado. Por ende. Además. y los derechos que lo conforman. debió comunicarle por escrito los cargos imputados y otorgarle un plazo prudencial a efectos de que. en el presente caso.
Si bien es cierto el Estatuto de la FPF no ha establecido un procedimiento disciplinario sancionador – aun cuando sí ha establecido en el precipitado artículo 14º cuáles son los faltas en las que podrían incurrir sus asociados y las consecuentes sanciones que por su comisión se pudieran imponer–. mediante la expresión de los descargos correspondientes. de la misma Norma Fundamental. también. la desafiliación del Club Deportivo Wanka de la Federación Peruana de Fútbol deviene en arbitraria. pues cualquier divergencia o eventual controversia debía someterla a los tribunales arbitrales de la propia Federación o de la FIFA.conforme a la cual no podía promover litigio alguno ante la jurisdicción ordinaria.
57. el derecho a asociarse invocado por el recurrente. para este Colegiado queda claro que si la FPF consideraba que el recurrente cometió la aludida falta. el derecho de defensa.
58. inciso 13). por cuanto no se ha acreditado el cumplimiento de las exigencias establecidas por nuestro ordenamiento constitucional y de la jurisprudencia de este Colegiado para los casos de aplicación del derecho disciplinario sancionador al interior de las asociaciones.
. En tal sentido. al haberse violado los derechos al debido proceso y de defensa consagrados en los incisos 3) y 14) del artículo 139º de la Constitución. tal como ha sido referido supra.
este Tribunal estima pertinente formular algunas precisiones adicionales. En ese sentido. además. y no someter la divergencia ante un tribunal arbitral de la propia FPF. que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela jurisdiccional.° 26572. como las de tipo penal [Cf. ello supone que únicamente resulta aplicable para las controversias sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición. 61. fundamentos 17 y 20]. para el Tribunal Constitucional queda claro que la decisión de la FPF de desafiliar al Club Deportivo Wanka por haber formulado denuncia penal contra los miembros del Directorio. no solo supondría que la FPF se convierta en juez y parte. STC N. en las que el Estado de ninguna manera puede renunciar a su ius punendi y capacidad de sanción.º 4972-2006-PA.
63. ello no justifica que hacia su estructura se reconduzcan asuntos que por su propia naturaleza resultan indisponibles por los propios sujetos participantes de dicha relación. En principio conviene precisar –y esto es lo más trascendente– que el artículo 5° del Estatuto de la FPF debe ser leído en consonancia con la naturaleza propia de la relación entre arbitraje y jurisdicción constitucional. STC N. Así ha sido establecido con anterioridad por este Tribunal al desarrollar los supuestos de procedencia del proceso constitucional contra la jurisdicción arbitral. tal como lo establece el inciso 3) del artículo 1° de la Ley General de Arbitraje N.
62. Siendo que este derecho de acceso a la justicia garantiza el derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales para solicitar que se resuelva una
. una vulneración de su derecho de acceder a la jurisdicción. a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral. obliga a sus asociados a someter cualquier divergencia ante los tribunales arbitrales de la Federación o de la FIFA–.º 3741-2004-AA]. y dado que la desafiliación del recurrente se debe al hecho de haber interpuesto una denuncia ante el fuero penal contra los miembros del Directorio de la FPF por los delitos de Estafa y Asociación Ilícita para delinquir. pronunciamiento en el que se expuso –como una tercera hipótesis– que ello sería posible cuando.
Si bien la jurisdicción arbitral tiene su origen en el consentimiento de las partes que participan de una relación. exceptuándose –entre otras– las que versan sobre delitos o faltas. –lo cual conllevaría a una afectación del debido proceso– sino que constituye. Es eso lo que sucede con las materias penales. contraviniendo el artículo 5º del Estatuto –que prohíbe promover litigios ante la justicia ordinaria y. por el contrario. esta versa sobre materias indisponibles. el fuero arbitral no resulta aplicable para materias de índole penal. reconocido por el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución [Cf.60. Por lo demás. Por tanto.
es precisamente el ejercicio de este derecho constitucional – acudir al fuero penal– lo que motivó la expulsión del Club Deportivo Wanka. Así lo dispuso el Colegiado en la sentencia recaída en el expediente Nº 03574-2007-PA/TC.
Por estos fundamentos.
SS. y por tanto.º 0763-2005-PA]. el Tribunal Constitucional.
Como se ha visto. en el presente caso. en consecuencia.
Declarar FUNDADA la demanda de amparo de autos.º 005-FPF-2005. que dispuso la desafiliación de esta institución deportiva respecto de las competencias nacionales e internacionales. STC N.
Publíquese y notifíquese. queda sin efecto la Resolución Nº 005-FPF-2005.
. en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú. sin efecto su desafiliación. del 31 de agosto de 2005.
LANDA ARROYO MESÍA RAMÍREZ VERGARA GOTELLI BEAUMONT CALLIRGOS CALLE HAYEN ETO CRUZ ÁLVAREZ MIRANDA
TC DECLARÓ SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE LA FPF QUE EXPULSÓ AL CLUB DEPORTIVO WANKA El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda del Club Deportivo Wanka contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y su presidente Manuel Burga Seoane. en consecuencia. INAPLICABLE al Club Deportivo Wanka la Resolución N.situación jurídica o conflicto de intereses en un proceso judicial [Cf.
de lo que se trata es de velar por la aplicación de los principios esenciales de un Estado social y democrático de Derecho y por la defensa de la dignidad de la persona humana. sus actos tendrán validez constitucional en tanto no contravengan el conjunto de valores. Sin embargo. desarrollando de esta manera. no existen islas ni zonas de indefensión. dos clubes (los de menor promedio) perderían la categoría. 08 de agosto del 2008 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
[1][1] Escrito de demanda (fojas 56 y 57). decidió expulsar a este club. fluye del expediente que el Club Deportivo interpuso la denuncia penal por que la FPF pretendía aplicar con naturaleza retroactiva las bases del Campeonato de Fútbol. No obstante. respecto de lo cual no puede sustraerse ninguna actividad socialmente organizada.El TC señala que del análisis del caso. de defensa y de asociación. al ejercer sus funciones. queda demostrado que se habían violado los derechos fundamentales al debido proceso. De esta manera el TC ha restablecido el derecho fundamental que tiene una asociación privada. por lo que amparándose en un artículo de la FPF que impide a los asociados judicializar los temas de carácter deportivo. Manuel Burga Seoane. del 28 de enero de 2004. una jurisprudencia que incluye el tema de las federaciones deportivas.
. la FPF -como cualquier otra persona jurídica de derecho privado. y se iba a efectuar recién en el año 2005. Lima.debe hacerlo sujetándose a los lineamientos establecidos en la Norma Fundamental. Esto no significa que la tutela constitucional pretenda afectar la particularidad del mundo deportivo. En ese sentido. la FPF dispuso un cambio. principios y derechos fundamentales contenidos en la Constitución. para el TC queda claro que no existe justificación constitucional alguna para que la FPF se encuentre relevada de control constitucional cuando no se respeten los derechos fundamentales en el marco del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. mediante Resolución N.° 012-FPF-2002 se dispuso que la baja de la categoría profesional quedaba diferida durante los torneos de los años 2003 y 2004. en el sentido de que no es inmune al control constitucional. Así.° 003-FPF-2004. el Club Deportivo Wanka que el año 2004 fue bajado de la Liga Profesional a su Liga de origen por haber presentado una denuncia penal contra el Dr. y que al culminar el Torneo del 2004. es decir. en este caso. [2][2] Mediante Resolución N. precisando que se iba a implementar un sistema de coeficientes acumulados durante los años 2003 y 2004 para hacer efectivo el descenso a través de promedios. además el acceso a la justicia es también un derecho fundamental de cualquier persona sea natural o jurídica. Por consiguiente. en particular la FPF.
71 (parágrafo 71). Segunda Parte. Aránzazu. 72 (párrafos 124-127). y deberán someter cualquier diferencia a los órganos jurisdiccionales de la asociación o confederación o de la FIFA”. a través de la Ley del Deporte de 1990 se atribuyó a los tribunales contencioso-administrativos el conocimiento de las impugnaciones de los actos federativos dictados en el ejercicio de sus funciones. “Arbitraje y Derecho Deportivo. Caso del Tribunal Constitucional vs. Reparaciones y Costas. Volumen 4. Panamá. Fondo. Serie C No. sino como una alternativa de solución rápida y eficaz. En: Jorge Luis Collantes González (Director). Caso Baena Ricardo y otros vs.[3][3] Escrito de contestación de la demanda (fojas 84. a menos que se especifique en la reglamentación FIFA”. Reparaciones y Costas.2: “Se prohíbe el recurso ante tribunales ordinarios. 85 y 86). Sentencia de 31 de enero de 2001.Estudio Mario Castillo Freyre. [5][5] Roldán Martínez. [7][7] Artículo 62. [8][8] Corte IDH. Perú.3: “En aplicación de lo que precede. 116. Caso Ivcher Bronstein vs. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Le asigna recursos para difundir su práctica”. especialmente el que no tiene fines de lucro. Perú. noviembre 2007. Palestra Editores-Universidad Abat Oliba CEU. Fondo. [9][9] Corte IDH. 74 (parágrafo 105). las asociaciones deberán incluir en sus estatutos una disposición según la cual sus clubes y miembros no podrán presentar una disputa ante los tribunales ordinarios. [4][4] El antecedente inmediato lo encontramos en el numeral 38º de la Constitución de 1979 que disponía “El Estado promueve la educación física y el deporte. Reparaciones y Costas. Serie C No. El Arbitraje en las distintas áreas del Derecho. Sentencia de 2 de febrero de 2001. p. sin perjuicio de la existencia de fórmulas extrajudiciales de solución cada vez más afianzadas que se presentan no como una imposición. Fondo. [6][6] Así por ejemplo. Artículo 62. publicado por iustitia et aequitas en 18:25 no hay comentarios:
. Serie C No. Lima. Biblioteca de Arbitraje. en España.
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