Source: https://juri-dileyc.com/juridi-news-51/
Timestamp: 2020-07-08 04:15:05
Document Index: 389468660

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Juridi-NEWS: Actualidad europea n.° 51 - JURI-DILEYC
Publicado por Juridi-NEWS | Oct 16, 2017 | Juridi-News | 0 |
EDICIÓN DEL LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2017
En portada: Mecanismos de resolución de litigios fiscales en la UE
Política regional: séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial
Comitología: informe sobre el trabajo de los Comités en 2016
Facturación electrónica: evaluación de la norma europea
Nuestra selección del DOUE (semana del 10 al 16 de octubre de 2017)
Jurisprudencia TJUE: agricultura; código aduanero comunitario; cooperación judicial en materia penal; espacio de libertad, seguridad y justicia; IVA; vehículos
Lectura: Los derechos procesales en el espacio europeo de justicia penal (Valentina Faggiani)
[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”EN PORTADA: MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE LITIGOS FISCALES EN LA UE” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”2766″ img_size=”640×200″ alignment=”center”][vc_btn title=”Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea” color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32017L1852%26from%3DES||target:%20_blank”][vc_message message_box_color=”mulled_wine”]
Transposición: a más tardar el 30 de junio de 2019
[/vc_message][vc_toggle title=”Objeto y ámbito de aplicación (art. 1)” el_id=”1508156227683-6b2da1df-967c”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Reclamaciones (art. 3)” el_id=”1508156266562-68d91400-f37d”]
a) una de las lenguas oficiales de ese Estado de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional, o
b) cualquier otra lengua que dicho Estado miembro acepte a tal fin.
a) nombre, dirección, número de identificación fiscal y demás datos necesarios para identificar a la persona o personas afectadas que hayan presentado la reclamación a las autoridades competentes, así como a cualquier otra persona afectada;
b) los períodos de liquidación de que se trate;
c) los pormenores de los hechos y circunstancias pertinentes del caso (incluidos los detalles de la estructura de la operación y de las relaciones entre la persona afectada y las demás partes en las operaciones correspondientes, así como todos los hechos determinados de buena fe en un acuerdo mutuo con carácter vinculante entre la persona afectada y la administración tributaria, cuando proceda) y, más específicamente, la naturaleza y la fecha de realización de las actuaciones origen de la cuestión en litigio (incluidos, si procede, los pormenores de la misma renta percibida en el otro Estado miembro y de la inclusión de dicha renta en la renta imponible en el otro Estado miembro, y los detalles del impuesto exigido o que se exigirá en relación con dicha renta en el otro Estado miembro), así como los correspondientes importes en las monedas de los Estados miembros afectados, con copia de todos los documentos justificativos;
d) referencias a las normas nacionales aplicables y a los acuerdos o convenios a que se hace referencia en el artículo 1; cuando sea aplicable más de un acuerdo o convenio, la persona afectada que presente la reclamación especificará el acuerdo o convenio que se esté interpretando en relación con la cuestión en litigio de que se trate. Dicho acuerdo o convenio será el acuerdo o convenio aplicable a efectos de la presente Directiva;
e) la información que figura a continuación, facilitada por la persona afectada que haya presentado la reclamación a las autoridades competentes, junto con copias de todos los documentos justificativos:
i) una explicación del motivo por el cual la persona afectada considera que existe una cuestión en litigio,
ii) los detalles de los recursos y litigios iniciados por la persona afectada en lo que se refiere a las operaciones pertinentes y de las resoluciones judiciales dictadas sobre la cuestión en litigio,
iii) el compromiso por parte de la persona afectada de responder lo más completa y rápidamente posible a todas las solicitudes formuladas por una autoridad competente y de facilitar cualquier documentación que soliciten las autoridades competentes,
iv) copia de la decisión de liquidación tributaria definitiva en forma de notificación de liquidación tributaria definitiva, del acta de inspección fiscal o de otro documento equivalente que recoja la presunta cuestión en litigio y una copia de cualesquiera otros documentos expedidos por las autoridades tributarias en lo que respecta a la cuestión en litigio, cuando proceda,
v) información sobre cualquier reclamación presentada por la persona afectada en el marco de otro procedimiento amistoso o procedimiento de resolución de litigios tal como se define en el artículo 16, apartado 5, y el compromiso expreso de la persona afectada de que cumplirá las disposiciones del artículo 16, apartado 5, si procede;
f) cualquier información adicional específica solicitada por las autoridades competentes que se considere necesaria para emprender la consideración del fondo del caso particular.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Procedimiento amistoso (art. 4)” el_id=”1508156418584-5dc48557-81dc”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Decisión de la autoridad competente sobre la reclamación (art. 5)” el_id=”1508156472715-b1595d34-b42e”]
a) la reclamación carezca de la información exigida con arreglo al artículo 3, apartado 3 [incluyendo cualquier información solicitada con arreglo al artículo 3, apartado 3, letra f), que no se haya presentado en el plazo especificado en el artículo 3, apartado 4];
b) no haya cuestiones en litigio, o
c) la reclamación no ha sido presentada en el plazo de tres años previsto en el artículo 3, apartado 1.
a) cuando la decisión siga recurrida con arreglo a las disposiciones legales del Estado miembro de que se trate;
b) cuando la decisión denegatoria pueda seguir siendo recurrida con arreglo al procedimiento de recurso de los Estados miembros de que se trate, o
c) cuando una decisión denegatoria haya sido confirmada con arreglo al procedimiento de recurso de la letra a) pero no sea posible establecer excepciones a la resolución del tribunal correspondiente u otros órganos judiciales en cualquiera de los Estados miembros de que se trate.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Resolución de litigios por parte de la comisión consultiva (art. 6)” el_id=”1508156562540-5fdbb5cd-9259″]
a) la reclamación presentada por la persona afectada fue desestimada con arreglo al artículo 5, apartado 1, por al menos una de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados, pero no por todas, o
b) las autoridades competentes de los Estados miembros afectados hayan aceptado la reclamación presentada por la persona interesada, pero no hayan llegado a un acuerdo sobre la manera de resolver de mutuo acuerdo la cuestión en litigio en el plazo previsto en el artículo 4, apartado 1.
[/vc_toggle][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_toggle title=”Nombramientos por parte del órgano jurisdiccional competente o del organismo nacional de designación competente (art. 7)” el_id=”1508156644216-76716163-fd14″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Comisión consultiva (art. 8)” el_id=”1508156706112-083cd0d8-7add”]
b) un representante de cada autoridad competente afectada. Cuando las autoridades competentes así lo acuerden, el número de representantes podrá aumentarse a dos representantes para cada autoridad competente;
c) una personalidad independiente que será designada por cada autoridad competente de los Estados miembros afectados a partir de la lista a que se refiere el artículo 9. Cuando las autoridades competentes así lo acuerden, el número de representantes podrá aumentarse a dos representantes para cada autoridad competente.
a) cuando la persona pertenezca a una de las administraciones fiscales afectadas o trabaje en nombre de las mismas, o lo haya hecho en cualquier momento durante los tres años anteriores;
b) cuando la persona tenga o haya tenido una participación importante o un derecho de voto en la empresa de la persona afectada, o haya sido empleada o asesora, en cualquier momento de los últimos cinco años anteriores a la fecha de su designación, de cualquier persona afectada de que se trate;
c) cuando la persona no ofrezca garantías suficientes de objetividad para la resolución del litigio o los litigios sobre los que haya que pronunciarse;
d) cuando dicha persona sea empleada de una sociedad que preste asesoría en materia fiscal o facilite por otros medios asesoría fiscal con carácter profesional, o estuviera en esta situación en cualquier momento durante un período de al menos tres años con anterioridad a la fecha de su designación.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”La lista de personalidades independientes (art. 9)” el_id=”1508156969105-8160d773-08ea”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Comisión de resolución alternativa de litigios (art. 10)” el_id=”1508157036372-5eab3905-e95a”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Normas de funcionamiento (art. 11)” el_id=”1508157257284-767ac37d-b4c3″]
a) las normas de funcionamiento de la comisión consultiva o de la comisión de resolución de litigios alternativa;
b) la fecha en que se adoptará el dictamen sobre la resolución de la cuestión en litigio;
c) las referencias a cualquier disposición jurídica aplicable en el Derecho nacional de los Estados miembros y a cualquier acuerdo o convenio aplicable.
a) la descripción y las características de la cuestión en litigio;
b) el mandato que las autoridades competentes de los Estados miembros acuerden en lo que respecta a las cuestiones legales y fácticas que deben resolverse;
c) la forma del organismo de resolución del litigio, que será bien una comisión consultiva o bien una comisión de resolución alternativa de litigios, así como el tipo de procedimiento para la resolución alternativa de litigios en caso de que este difiera del procedimiento de dictamen independiente aplicado por una comisión consultiva;
d) los plazos del procedimiento de resolución de litigios;
e) la composición de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios (incluido el número y los nombres de los miembros, los datos relativos a sus competencias y cualificaciones, así como la divulgación de los conflictos de intereses de los miembros);
f) las reglas que rigen la participación de la persona afectada y de terceros en el procedimiento, los canjes de notas, datos y pruebas, las costas, el tipo de procedimiento de resolución del litigio y cualesquiera otros aspectos procedimentales u organizativos;
g) los aspectos logísticos de los procedimientos de la comisión consultiva y de la emisión del dictamen de esta.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Costes del procedimiento (art. 12)” el_id=”1508157397530-33e2fbeb-4ca7″]
a) los gastos de las personalidades independientes, cuyo importe equivale a la media del importe habitual reembolsado para los altos funcionarios de los Estados miembros de que se trate, y
b) los honorarios de las personas independientes, cuando proceda, que deberán limitarse a 1 000 EUR por persona por cada día de reunión de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios.
a) una notificación de retirada de reclamación con arreglo al artículo 3, apartado 6, o
b) una solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, como consecuencia de una denegación realizada con arreglo al artículo 5, apartado 1, y la comisión consultiva decida que las autoridades competentes de que se trate rechazaron correctamente la reclamación,
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Información, pruebas y comparecencias (art. 13)” el_id=”1508157491169-3e82375a-16af”]
a) cuando la obtención de la información requiera la realización de medidas administrativas que sean contrarias al Derecho nacional;
b) cuando no pueda obtenerse información en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate;
c) cuando la información ataña a secretos comerciales, empresariales, industriales o profesionales o a procedimientos comerciales;
d) cuando la divulgación de información sea contraria al orden público.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios (art. 14)” el_id=”1508157971119-5ff7b2dc-5505″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Decisión definitiva (art. 15)” el_id=”1508158028799-38f91093-8b89″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Interacción con los procedimientos nacionales y excepciones (art. 16)” el_id=”1508158087633-cef1de18-3eee”]
a) antes de que las autoridades competentes de los Estados miembros afectados hayan alcanzado un acuerdo con arreglo al procedimiento amistoso previsto en el artículo 4 sobre esa misma cuestión en litigio, la autoridad competente de dicho Estado miembro notifique a las demás autoridades competentes de los Estados miembros afectados la resolución del órgano jurisdiccional pertinente o de otra instancia judicial y se ponga fin a dicho procedimiento a partir de la fecha de dicha notificación;
b) antes de que la persona afectada presente una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 1, las disposiciones del artículo 6, apartado 1, no se apliquen si la cuestión en litigio ha quedado sin resolver durante la totalidad del procedimiento amistoso previsto en el artículo 4, en cuyo caso la autoridad competente de dicho Estado miembro informará a las demás autoridades competentes de los Estados miembros afectados del efecto de dicha resolución del órgano jurisdiccional pertinente o de otra instancia judicial;
c) se pondrá fin al procedimiento de resolución de litigios contemplado en el artículo 6 si dicha resolución fue dictada en cualquier momento después de que una persona afectada presentara una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 1, y antes de que la comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios hubiera emitido su dictamen dirigido a las autoridades competentes del Estado miembro afectado de conformidad con el artículo 14. La autoridad competente de dicho Estado miembro informará a las demás autoridades competentes de los Estados miembros afectados y a la comisión consultiva o a la comisión de resolución alternativa de litigios del efecto de dicha resolución del órgano jurisdiccional pertinente o de otra instancia judicial.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Disposiciones especiales para particulares y empresas de menor tamaño (art. 17)” el_id=”1508158346183-deeaaa91-24fc”]
a) sea un particular, o
b) no sea una empresa grande y no forme parte de un grupo grande (ambos según la definición de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo),
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Publicidad (art. 18)” el_id=”1508158414387-3966d1e0-ca05″]
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”POLÍTICA REGIONAL: SÉPTIMO INFORME SOBRE LA COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5461″ img_size=”640×200″ alignment=”center”][vc_btn title=”Mi región, mi Europa, nuestro futuro: Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial – COM (2017) 583 final” color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A52017DC0583%26qid%3D1508146372962%26from%3DES||target:%20_blank”][vc_single_image image=”5458″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
Población de entre 15 y 24 años que ni estudia, ni trabaja, ni recibe formación (2016)
El documento de reflexión de la Comisión sobre el futuro de las finanzas de la UE plantea la pregunta de si la política de cohesión debería invertir fuera de las regiones menos desarrolladas y las transfronterizas.
Desde su origen, la política de cohesión se ha centrado en especial en las regiones menos desarrolladas y la cooperación territorial. Asimismo, ha invertido en otras zonas mencionadas en el Tratado, como las zonas en las que se lleva a cabo una transición industrial, las zonas rurales y las regiones ultraperiféricas. También ha invertido en zonas con tasas de desempleo elevadas y zonas urbanas desfavorecidas. Durante los dos últimos períodos de programación, la política de cohesión ha cubierto todas las regiones.
El presente informe pone de manifiesto que el impacto de la globalización, la migración, la pobreza y la falta de innovación, el cambio climático, la transición energética y la contaminación no se limita a las regiones menos desarrolladas.
La futura financiación para la cooperación transfronteriza debería seguir centrándose en las zonas con especial valor añadido de la UE y resolver los problemas transfronterizos, como los obstáculos y las lagunas existentes en diferentes ámbitos políticos, incluido el transporte. Por último, también podría tomarse en consideración la puesta en común de servicios públicos conjuntos en regiones fronterizas vecinas y las necesidades de desarrollo institucional.
El documento de reflexión sobre las finanzas de la UE señala, de manera más general, que toda la financiación de la UE debe centrarse en los ámbitos en los que pueda obtenerse el mayor valor añadido de la UE. Identifica la inclusión social, el empleo, las capacidades, la investigación y la innovación, el cambio climático y la transición energética y ambiental como los ámbitos en los que debe centrarse la política de cohesión. Además, el documento de reflexión hace hincapié en otros ámbitos en los que la política de cohesión tiene un efecto positivo, como el apoyo a las pymes, las infraestructuras de asistencia sanitaria y sociales y las infraestructuras de transporte y digitales. Por último, pero no menos importante, subraya la necesidad de abordar la migración y la globalización.
Tanto el documento de reflexión como el presente informe sostienen que una mala calidad institucional reduce la competitividad, el impacto de la inversión y el crecimiento económico. Debería darse más importancia a la mejora de la calidad de gobierno, la aplicación de reformas estructurales y el fortalecimiento de la capacidad administrativa. Insisten en que puede ser necesario reforzar el vínculo con la gobernanza económica y el Semestre Europeo para garantizar que el sistema sea más simple, transparente y ofrezca incentivos positivos para aplicar reformas concretas a fin de fomentar la convergencia. Esto puede precisar nuevos enfoques, por ejemplo, mediante una mejor coordinación de los instrumentos disponibles y una participación más estrecha de la Comisión. La iniciativa para las regiones rezagadas contenía varios elementos de éxito que podrían ampliarse. La necesidad de mejorar las instituciones también queda demostrada por los llamamientos a condicionar el desembolso de fondos de la UE a la legislación y a la adhesión de las instituciones a los valores comunes de la UE.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”COMITOLOGÍA: INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LOS COMITÉS EN 2016″ title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”Informe sobre el trabajo de los comités en 2016 – COM (2017) 594 final” color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCOM%3A2017%3A594%3AFIN%26qid%3D1508146372962%26from%3DES||target:%20_blank”][vc_column_text]
Descripción de la evolución del sistema de comitología en 2016 (extracto)
Tal como se describe en el informe anual de 2013 , todos los procedimientos de comitología previstos en la «antigua» Decisión sobre comitología, a excepción del procedimiento de reglamentación con control (PRC), se adaptaron automáticamente a los nuevos procedimientos de comitología previstos en el Reglamento de comitología [Reglamento (UE) n.º 182/2011].
Por tanto, en 2016 los comités de comitología funcionaron de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Reglamento de comitología, es decir, los procedimientos consultivo (artículo 4) y de examen (artículo 5), así como con el procedimiento de reglamentación con control establecido en el artículo 5 bis de la Decisión de comitología.
El Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016 recuerda que es necesario adaptar el procedimiento de reglamentación con control:
«Las tres Instituciones reconocen la necesidad de que toda la legislación vigente se adapte al marco jurídico que introdujo el Tratado de Lisboa y, en particular, de que se conceda la mayor prioridad a la rápida adaptación de todos los actos de base que siguen refiriéndose al procedimiento de reglamentación con control. La Comisión propondrá esa última adaptación antes de que finalice 2016».
De conformidad con este compromiso, la Comisión adoptó una nueva propuesta para adaptar los actos básicos que contemplan un procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados y de ejecución. Asimismo adoptó una segunda propuesta que trata concretamente de la adaptación de los actos básicos en el ámbito de la justicia. Las negociaciones interinstitucionales sobre ambos expedientes se iniciaron en 2017.
En 2016, la Comisión informó sobre el funcionamiento del Reglamento 182/2011, cinco años después de su entrada en vigor.
En septiembre de 2016, el Presidente de la Comisión en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo anunció una iniciativa de la Comisión para mejorar el carácter democrático del procedimiento de comitología al declarar: «No es justo que, cuando los países de la UE no logran ponerse de acuerdo sobre si se debe prohibir el uso del glifosato en los herbicidas, el Parlamento y el Consejo obliguen a la Comisión a tomar una decisión. Así que cambiaremos esas normas, ya que eso no es democracia».
Como consecuencia de la declaración de su Presidente, la Comisión adoptó el 13 de febrero de 2017 una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 182/2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión [COM(2017) 85, p. 3].
El 1 de julio de 2016, la Comisión comenzó a publicar los proyectos de actos de ejecución y los actos de procedimiento de reglamentación con control para recibir observaciones del público durante un período de cuatro semanas. Este es un elemento importante del nuevo enfoque de transparencia y es resultado del compromiso asumido en la Comunicación titulada «Legislar mejor para obtener mejores resultados – Un programa de la UE» de 2015: «Los actos de ejecución importantes que estén sujetos al dictamen de un comité se harán públicos también durante cuatro semanas, lo que permitirá a las partes interesadas presentar comentarios antes de la votación de los Estados miembros en el comité de que se trate». Una vez evaluadas las observaciones recibidas, el proyecto de acto se presenta a votación en el comité competente. Durante la reunión del comité, la Comisión explica la forma en que se han tenido en cuenta las observaciones e incluye esta explicación en el acta resumida de la reunión (que está a disposición del público en el Registro de Comitología).
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”EVALUACIÓN DE LA NORMA EUROPEA SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”Evaluación de la norma europea sobre facturación electrónica – COM (2017) 590 final” color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A52017DC0590%26qid%3D1508146372962%26from%3DES||target:%20_blank”][vc_column_text]
La Directiva 2014/55/UE relativa a la facturación electrónica en la contratación pública tiene por objeto promover el uso de la facturación electrónica en la contratación pública al garantizar la interoperabilidad y mejorar la seguridad jurídica. Fue aprobada el 16 de abril de 2014 por el Parlamento Europeo y el Consejo, tras un exhaustivo proceso de preparación dirigido por la Comisión y con la participación de un gran número de partes interesadas.
La Directiva obliga a los poderes adjudicadores a aceptar y tramitar las facturas electrónicas que cumplan la norma europea sobre facturación electrónica. La Directiva también prevé que los organismos de normalización pertinentes inicien un proceso para definir esta norma. La obligación se refiere únicamente a las facturas referentes a los contratos públicos que entran en el ámbito de aplicación de las Directivas de la UE sobre contratación pública.
Dado que la norma europea no estaba disponible en el momento de la adopción, la Directiva encomienda (en su artículo 3) a la Comisión la responsabilidad de llevar a cabo una evaluación de la norma por lo que respecta a su uso práctico y la facilidad de utilización, así como los costes de aplicación para el usuario final, antes de que dicha norma sea aplicable. La norma europea ha sido adoptada recientemente por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el presente informe presenta los resultados de la evaluación realizada.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5451″ img_size=”640×200″ alignment=”center”][vc_cta h2=”Conclusión”]
Este informe concluye los trabajos de la preparación de la norma europea sobre facturación electrónica. Se han evaluado los tres criterios mencionados en la propia Directiva (utilización práctica, facilidad de uso y posibles costes de aplicación). Según las dos fuentes principales, el informe técnico del CEN y el estudio de PWC, la norma europea se considera apta para el uso previsto.
En paralelo a la transmisión del presente informe al Parlamento Europeo y al Consejo, la referencia a la norma europea se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Con arreglo al artículo 11 de la Directiva, la presente publicación constituye el punto de partida para la aplicación de los plazos establecidos en el artículo 11, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2014/55/UE.
[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1147″ img_size=”640×250″ alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Del 10 al 16 de octubre de 2017″ tab_id=”1479145426208-7e0d658f-d92137d1-73c7341f-ba0db49d-08ae298b-c7a8ffb5-a1d4b4c3-67f2″][vc_column_text]
10 de octubre de 2017: L260; C339
11 de octubre de 2017: L261; C340
12 de octubre de 2017: L262; L263; C341; C341A; C342
13 de octubre de 2017: L264; C343; C344; C345
14 de octubre de 2017: L265; C346
16 de octubre de 2017: C347
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La dimensión local y regional del programa Horizonte 2020 y el nuevo programa marco de investigación e innovación (DOUE C 342, 12 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La PAC después de 2020 (DOUE C 342, 12 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Próximas etapas para un futuro europeo sostenible — Acción europea para la sostenibilidad (DOUE C 342, 12 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Migración en la ruta del Mediterráneo Central (DOUE C 342, 12 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos (DOUE C 342, 12 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Proyectos interpersonales y a pequeña escala en los programas de cooperación transfronteriza (DOUE C 342, 12 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Impulsar las empresas emergentes y en expansión en Europa: la perspectiva local y regional (DOUE C 342, 12 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Normativa inteligente para las pymes (DOUE C 342, 12 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones (DOUE C 342, 12 de octubre de 2017)
Resolución sobre «La contribución del Comité Económico y Social Europeo al programa de trabajo de la Comisión para 2018» (DOUE C 345, 13 de octubre de 2017)
Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa y otros aspectos» (DOUE C 345, 13 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Mejorar la eficacia de las políticas de la UE en favor de las pymes» (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 345, 13 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La industria de los productos falsificados y pirateados» (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 345, 13 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Transformaciones industriales en el sector de la industria del azúcar de remolacha de la UE» (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 345, 13 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «De la Declaración de Cork 2.0 a acciones concretas» (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 345, 13 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Aplicación de las normas sobre ayudas estatales para la compensación por la prestación de servicios de interés económico general (Decisión 2012/21/UE y marco comunitario)» (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 345, 13 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Implicaciones de la digitalización y robotización del transporte en la formulación de políticas de la UE» (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 345, 13 de octubre de 2017)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La dimensión exterior de la economía social» (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 345, 13 de octubre de 2017)
Decisión (UE) 2017/1842 del Consejo, de 9 de octubre de 2017, relativa a la política de datos abiertos del Consejo y la reutilización de los documentos del Consejo (DOUE L 262, 12 de octubre de 2017)
El artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, debe interpretarse en el sentido de que, para considerar que los productos se venden «directamente», en el sentido de esa disposición, al consumidor o usuario final, es necesario que la venta se realice con la presencia simultánea del operador o de su personal comercial y del consumidor final (TJUE, Kamin und Grill Shop GmbH contra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, 12 de octubre de 2017, C‑289/16).
El artículo 1, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 412/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de artículos de cerámica para el servicio de mesa o de cocina originarios de la República Popular China, debe interpretarse en el sentido de que autoriza a presentar, con posterioridad a la declaración en aduana, una factura comercial válida, a efectos del establecimiento de un derecho antidumping definitivo, cuando se cumplen todos los demás requisitos previos necesarios para la obtención de un tipo de derecho de aduana antidumping específico para esa empresa y cuando está garantizado el respeto de la correcta aplicación de los derechos antidumping, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, Tigers GmbH contra Hauptzollamt Landshut, 12 de octubre de 2017, C‑156/16).
El artículo 145, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 444/2002 de la Comisión, de 11 de marzo de 2002, en relación con el artículo 29, apartados 1 y 3, del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una situación, como la controvertida en el litigio principal, en la que se ha comprobado que, en la fecha de aceptación de la declaración de despacho a libre práctica de una mercancía, existía el riesgo, ligado a la fabricación, de que la misma se estropease con el uso, y en la que el vendedor ha concedido por ello, cumpliendo una obligación contractual de garantía con respecto al comprador, una reducción del precio en forma de devolución de los gastos asumidos por éste para adaptar la mercancía con la finalidad de excluir dicho riesgo.
El artículo 145, apartado 3, del Reglamento n.º 2454/93, tal como lo modificó el Reglamento n.º 444/2002, es inválido en la medida en que establece un plazo de doce meses, a contar desde la aceptación de la declaración de despacho a libre práctica de las mercancías, en el que debe haber tenido lugar la modificación del precio efectivamente pagado o por pagar (TJUE, X BV contra Staatssecretaris van Financiën, 12 de octubre de 2017, C‑661/15).
El artículo 3 de la Directiva 2010/64 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, debe interpretarse en el sentido de que un acto como una resolución prevista por el Derecho nacional para sancionar infracciones penales leves dictada por un juez tras un procedimiento unilateral abreviado constituye un «documento esencial» a los efectos del apartado 1 de dicho artículo, del cual deben recibir una traducción escrita que respete los requisitos formales que establece la referida disposición las personas sospechosas o acusadas que no comprendan la lengua del proceso de que se trate, con el fin de permitirles ejercer su derecho de defensa y de salvaguardar de este modo la equidad del proceso (TJUE, Staatsanwaltschaft Aachen, 12 de octubre de 2017, C‑278/16).
Los artículos 1, apartado 2, letras k) y l), y 31 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la denegación del reconocimiento por una autoridad de un Estado miembro de los efectos reales del legado vindicatorio, reconocido por el Derecho aplicable a la sucesión que el testador ha elegido con arreglo al artículo 22, apartado 1, del citado Reglamento, cuando la denegación se basa en que ese legado se refiere al derecho de propiedad de un inmueble situado en dicho Estado miembro, cuya legislación no reconoce la institución del legado con efecto real directo en la fecha de apertura de la sucesión (TJUE, Kubicka, 12 de octubre de 2017, C‑218/16).
Los conceptos de «anulación» y de «rescisión» utilizados en el artículo 90, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que incluyen el supuesto en el que, en el marco de un contrato de leasing financiero con transmisión firme de propiedad, el arrendador en el leasing ya no puede reclamar el pago de las cuotas al arrendatario por haber resuelto el contrato de leasing financiero debido al incumplimiento contractual del arrendatario.
En caso de que se haya puesto fin definitivamente a un contrato de leasing financiero por impago de las cuotas adeudadas por el arrendatario, el arrendador puede invocar el artículo 90, apartado 1, de la Directiva 2006/112 frente a un Estado miembro para obtener la reducción de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido, aunque el Derecho nacional aplicable, por una parte, califique tal supuesto de «impago» en el sentido del apartado 2 de este artículo y, por otra parte, no permita la reducción de la base imponible en caso de impago (TJUE, Lombard Ingatlan Lízing Zrt. contra Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság, 12 de octubre de 2017, C‑404/16).
El artículo 296, apartado 2, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que establece con exhaustividad el conjunto de circunstancias en que los Estados miembros pueden excluir a los productores agrícolas del régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas.
El artículo 296, apartado 2, de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que los productores agrícolas respecto de los que se haya constatado que, en régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas, recuperan cantidades sustancialmente superiores a las que recuperarían en caso de que se les aplicaran el régimen normal o el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido no pueden constituir una categoría de productores a efectos de la disposición citada (TJUE, Shields & Sons Partnership contra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, 12 de octubre de 2017, C‑262/16).
El artículo 288 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no excluye, en sí mismo, la posibilidad de oponer a una entidad que no reúna todas las características enumeradas en el apartado 20 de la sentencia de 12 de julio de 1990, Foster y otras (C‑188/89, EU:C:1990:313), en relación con las que figuran en el apartado 18 de la misma sentencia, las disposiciones de una directiva que puedan tener efecto directo.
Es posible oponer disposiciones de una directiva que puedan tener efecto directo a un organismo de Derecho privado al que un Estado miembro ha encomendado una misión de interés público, como la inherente a la obligación que impone a los Estados miembros el artículo 1, apartado 4, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, en su versión modificada por la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, y que, a tal fin, dispone de facultades exorbitantes, como la facultad de obligar a las compañías de seguros que ejercen la actividad de seguro del automóvil en el territorio del Estado miembro de que se trate a que se asocien a él y lo financien (TJUE, Elaine Farrell contra Alan Whitty y otros, 10 de octubre de 2017, C‑413/15).
Resumen del libro: Esta obra analiza las principales técnicas de armonización de los derechos del justiciable y su importancia en la construcción de un Espacio Europeo de Justicia Penal.
Novedad del tema puesto que hasta el momento en ninguna publicación se ha realizado un análisis transversal desde la perspectiva del Derecho Constitucional Europeo de las principales técnicas de armonización de los derechos procesales.
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