Source: https://issuu.com/proveaong/docs/nulidadlottt
Timestamp: 2017-12-16 05:49:50
Document Index: 345817798

Matched Legal Cases: ['artículo 367', 'artículo 374', 'artículo 375', 'artículo 384', 'artículo 387', 'artículo 388', 'artículo 389', 'artículo 402', 'artículo 403', 'artículo 407', 'artículo 415', 'artículo 426', 'in fine', 'artículo 334', 'artículo 336', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 336', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 95', 'artículo 23', 'artículo 19', 'artículo 367', 'Artículo 367', 'artículo 387', 'Artículo 387', 'artículo 2', 'artículo 95', 'artículo 365', 'artículo 367', 'Artículo 386', 'artículo 293', 'artículo 384', 'Artículo 384', 'artículo 388', 'Artículo 388', 'artículo 389', 'Artículo 389', 'artículo 517', 'artículo 518', 'Artículo 518', 'Artículo 519', 'Artículo 520', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 95', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 130', 'artículo 26', 'artículo 130', 'artículo 388', 'artículo 367', 'artículo 374', 'artículo 375', 'artículo 384', 'artículo 387', 'artículo 388', 'artículo 389', 'artículo 402', 'artículo 403', 'artículo 407', 'artículo 426', 'artículo 367', 'artículo 374', 'artículo 375', 'artículo 384', 'artículo 387', 'artículo 388', 'artículo 389', 'artículo 402', 'artículo 403', 'artículo 415', 'artículo 426']

Recurso de Nulidad Parcial de la LOTTT by Provea ONG - issuu
No. 4.348.956, María de la Esperanza Hermida Moreno, titular de la cédula de identidad No. 5.522.392, José Gregorio Matute Quiñónez, titular de la cédula de identidad No. 7.228.521, domiciliados en Los Teques y Paracotos, respectivamente, estado Miranda, todos venezolanos y venezolanas, mayores de edad, actuando en ejercicio de nuestros propios derechos y al mismo tiempo en la condición de integrantes de las organizaciones sindicales que a continuación indicamos y Marino Alvarado, titular de la Cédula de Identidad No. 23.690.917, venezolano, domiciliado en Caracas, Distrito Capital, actuando en nombre propio y en representación de la Asociación Civil Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Organización No Gubernamental, debidamente constituida, cuyo objeto es la promoción y defensa de los Derechos Humanos, particularmente los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), desarrollando dentro de este mandato acciones dirigidas a la exigibilidad de los derechos humanos garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente asistidos por los abogados Leida Marcela León Molina, Marino Alvarado, antes identificados, titulares de las cédulas de identidad Nos. 9.240.541 y 23.690.917, respectivamente, y Jessica Duhan Botero, titular de la cédula de identidad No. 17.270.091, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 51.868, 61.381 y 139.955, también respectivamente, obrando con el debido respeto y consideración, en nombre propio y en nuestro carácter de miembros de las organizaciones sindicales y coaliciones de organizaciones y movimientos sindicales siguientes: ALIANZA SINDICAL INDEPENDIENTE (ASI), UNION
(UNETE),
TRABAJADORES (CGT), CONFEDERACION DE SINDICATOS AUTONÓMOS DE VENEZUELA (CODESA), FRENTE AUTÓNOMO POR LA DEFENSA DEL EMPLEO, EL SALARIO Y EL SINDICATO (FADESS),
REVOLUCIONARIA AUTÓNOMA (C-CURA) y MOVIMIENTO DE SINDICATOS DE BASE (MOSBASE), acudimos ante su competente autoridad con el objeto de interponer, como en efecto lo hacemos mediante el presente escrito, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, 334 y 336.3 de la CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA
Código de Procedimiento Civil (en lo sucesivo, “CPC”), demanda popular de inconstitucionalidad
subsidiariamente pretensión cautelar de suspensión de efectos en contra de los artículos 365 último párrafo, artículo 367, artículo 374, artículo 375; artículo 384, artículo 387, artículo 388, artículo 389; artículo 402, artículo 403, artículo 407, artículo 415 y artículo 426 y de la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (en lo sucesivo, “DLOTTT”, “Decreto Ley” y “Decreto Ley Orgánico”, respectivamente), publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.076 Extraordinario, del 07 de mayo de 2012, anexo al presente marcado “A”. Los motivos de inconstitucionalidad parcial que de seguidas se exponen, son el fundamento de nuestra solicitud de declaratoria de nulidad parcial del referido Decreto Ley Orgánico. LEGITIMACION DE PROVEA PROVEA es una asociación civil sin fines de lucro cuya acta constitutiva está debidamente protocolizada ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, el 08 de noviembre de 1988, bajo el Nº 19, Tomo 8, Protocolo Primero, cuya última reforma quedó registrada ante la citada Oficina Subalterna el 21 de febrero de 1996, bajo el Nº 14 del Tomo 8, Protocolo Primero. El objeto principal de PROVEA es educar y defender los derechos humanos, muy especialmente los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Esta actuación de PROVEA ha sido reconocida por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia del 26 de mayo de 2005, (Caso: ASOCIACIÓN DE VECINOS URBANIZACIÓN YULESCA I), en la cual estableció lo siguiente: “En primer lugar, debe esta Sala indicar que el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), es reconocido como una organización no gubernamental, independiente y autónoma, que tiene como tarea primordial la promoción y defensa de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales de grupos sociales organizados. En tal sentido, dicha organización busca promover, mantener y desarrollar programas en defensa, enseñanza y expansión de los derechos humanos, para orientar a los individuos en sectores organizados a clamar -dado el caso, el respeto o restablecimiento de los derechos inherentes a la persona humana cuando consideren que le están siendo vulnerados.
Nacional en virtud de la potestad legislativa delegada por la Asamblea Nacional. En tal virtud, analizamos en lo inmediato, la competencia para conocer de las acciones relativas a actos con rango legal. Conforme a lo previsto en la Constitución es esa Sala, como jurisdicción constitucional, la que tiene la competencia exclusiva para declarar la nulidad de actos de los órganos que ejercen el Poder Público, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o de actos que tengan rango de ley, como es el caso del Decreto-Ley impugnado. Efectivamente, el último aparte del artículo 334 del Texto Fundamental prevé: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley”.
En este mismo sentido, el numeral 3 del artículo 336 de la CRBV, indica claramente que es competencia de esa Sala, como suprema instancia de la jurisdicción constitucional: “3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución”
De igual manera, el artículo 25 numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no deja dudas acerca de la competencia de esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la nulidad de los actos con rango de Ley dictados por el Ejecutivo y reiteradamente ello se ha expresado la jurisprudencia (Sentencia del 08 de junio de 2011, Caso: Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Funcionarias del Poder Público). La norma in comento establece: “Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: / 3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley que sean dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con la Constitución de la República”
inconstitucionalidad parcial encuadra perfectamente en el supuesto de hecho establecido en el numeral 2 del artículo 336 de la CRBV y numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitamos respetuosamente a esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se declare competente para conocer de la presente acción. B. De
inconstitucionalidad parcial: A los fines de determinar si la presente acción cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, comenzamos por precisar que derivado del interés general envuelto en este tipo de demanda estamos ante una acción popular. Es por ello que cualquier habitante de la República Bolivariana de Venezuela, sin necesidad de demostrar cualidad o un interés jurídico concreto y legítimo, y en cualquier momento, sin estar sometido a plazos de caducidad o prescripción, puede acudir ante la jurisdicción constitucional y solicitar la supresión del ordenamiento jurídico de las normas que contraríen el Texto Fundamental. En efecto, esa Sala Constitucional ha señalado en reiteradas oportunidades su criterio conforme al cual en este tipo de demandas basta exponer la razón para impugnar la norma o el texto legal para que el Tribunal entre a analizar la procedencia del recurso o demanda de que se trate. Así, en una de sus decisiones emblemáticas se reiteró: “No obstante, la misma doctrina de la Sala ha dejado ver que no se trata de que en estas demandas no se exija siquiera un mínimo interés, tal y como lo sostuvo en sentencia Nº 2167/2004 (caso: Cámara Venezolana de Laboratorios y otros), con ánimo de dar una mayor precisión al alcance de tales exigencias de interés procesal, señalando que: «En lo referido a la legitimación, esta Sala ha declarado en otras ocasiones (por ejemplo, fallo núm. 37 del 27 de enero de 2004; caso ‘Flora Higuera’ y núm. 1448 del 3 de junio de 2003) que en realidad nuestra legislación procesal no prevé una acción popular, en el sentido de estar reconocida a todos, pero sí una muy similar, debido a que difícilmente faltará entre la población el simple interés que la ley exige para demandar. Por ello, la Sala ha preferido llamarla acción cuasi popular.
Con esta misma orientación, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé expresamente la demanda popular que mediante este escrito incoamos y la Sala Constitucional ha mantenido su criterio en cuanto a la legitimación para el ejercicio de este tipo de acciones, señalando: “En cuanto a la legitimación de los demandantes para interponer la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad, debe señalarse que el criterio reiterado de la Sala es considerar que, con relación al ejercicio de la acción popular, no se requiere mayores exigencias para tener la legitimación necesaria para solicitar la nulidad por inconstitucionalidad de una ley, por lo que cualquier persona, natural o jurídica puede ejercerla.” (Sentencia de 10 de marzo de 2011, Caso: Ley Orgánica del Poder Público Municipal vs. Junta Parroquial del Municipio El Hatillo)
la demanda es admisible; 3.- es manifiesta la legitimidad y representación de los demandantes, y de quien actúa en su nombre, respectivamente; 4.- no hay cosa juzgada o litispendencia; 5.- el escrito no contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos. Es por lo anterior que solicitamos, respetuosamente, se admita la presente demanda y de forma subsiguiente se tramite lo conducente. II. SOBRE LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD SINDICAL En este capítulo explicamos las razones que motivan la solicitud de declaratoria de nulidad parcial del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por cuanto viola la garantía prevista en el artículo 23 en concordancia con el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así expresamente pedimos sea declarado por la Sala Constitucional. A.- Preeminencia de los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos El Constituyente de 1999, le otorgó una preeminencia especial a las normas que garantizan la progresividad e intangibilidad de los derechos humanos, por una parte. De otro lado, les vinculó expresa e inequívocamente con el carácter universal que ellos poseen. Es así como encontramos en la CRBV una disposición diáfana que determina el valor otorgado a los acuerdos internacionales en la materia, suscritos por nuestro país, siempre y cuando comporten regulaciones de mayor amplitud a las contenidas en la legislación patria. Al efecto el artículo 23 de la Carta Magna venezolana establece: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.”
derecho de sindicación, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (en lo sucesivo, “OIT”) en 1948, signado con el número 87 (en lo sucesivo, “convenio 87”). Este instrumento contiene normas que garantizan la liberad sindical y que con la promulgación del DLOTTT, han sido ampliamente violadas como en lo adelante se demuestra. Es de hacer notar que la citada fecha de ratificación, corresponde a la fecha de la comunicación de ratificación, dirigida al Director General de la OIT, suscrita por la autoridad competente venezolana para la época, de conformidad con el literal “d” el numeral 5 del artículo 19 de la Constitución de la OIT, siendo que la publicación del convenio en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, se verificó el 03 de septiembre de 1982, en su número 3.011 Extraordinario. Como señalara la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela en su escrito de Queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 24 de mayo de 2012, y que se anexa en copia, marcado “B”, el DLOTTT impugnado es incompatible con el convenio 87 sobre la libertad sindical, entre otras razones, por las siguientes: “…A) La reglamentación establecida en la LOTTT respecto del derecho a constituir sindicatos, que los órganos de control calificaron de “excesiva”, ahora lo es más. El signo ideológico de algunas reglas genera serías incertidumbres sobre la actividad sindical, pues se le asignan responsabilidades propias del Estado. A título de ejemplo, en el artículo 367, relativo a las atribuciones y finalidades de los sindicatos, numerales 2 y 3, se lee lo siguiente: Artículo 367. Las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras tendrán las siguientes atribuciones y finalidades: 1. (…….) 2. Contribuir en la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del pueblo. 3. Ejercer control y vigilancia sobre los costos y las ganancias, para que los precios de los bienes y servicios producidos sean justos para el pueblo. (Resaltados nuestros) Tales obligaciones no guardan coherencia alguna con el Convenio Sobre Libertad Sindical (Nº 87) en cuyas normas se dispone que las organizaciones sindicales sean libres para definir su programa de acción y que el Estado se abstenga de toda intervención que limite ese derecho. Es el caso que, además de lo dicho, si un sindicato no atiende los aludidos mandatos el Gobierno se abstendrá de registrarlo, tal como se señala en el numeral 1, del artículo 387 de la LOTTT que dice: Artículo 387. El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales únicamente podrá abstenerse del registro de una organización sindical en los siguientes casos: 1. Si la organización sindical no tiene como objeto las atribuciones y finalidades previstas en esta Ley. (Resaltados nuestros)
1773, párrafo 615; 324º informe, caso núm. 2053, párrafo 231; 332º informe, caso núm. 2225, párrafo 377 y 334º informe, caso núm. 2282, párrafo 638.) 2.- También ha sostenido reiteradamente esa opinión frente a aquellos Estados miembros donde legislaciones nacionales prevén el depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales, estableciendo que sólo son compatibles con el artículo 2 del Convenio 87, en la medida en que ese requisito sea una simple formalidad que tenga como objeto garantizar la publicidad de esos estatutos. Ha señalado la OIT que en cambio, pueden plantearse problemas cuando la ley obliga a las autoridades competentes a invitar a los fundadores de las organizaciones a incorporar en sus estatutos exigencias jurídicas que, en sí mismas, se hallan en contradicción con los principios de la libertad sindical. (Véase 318º informe, caso núm. 2038, párrafo 530.) 3.- La OIT no deja lugar a dudas cuando señala que si las condiciones para conceder el registro equivaliesen a exigir una autorización previa de las autoridades públicas para la constitución o para el funcionamiento de un sindicato, se estaría frente a una manifiesta infracción del Convenio núm. 87. “No obstante, no parece ser éste el caso cuando el registro de los sindicatos consiste únicamente en una formalidad cuyas condiciones no son de tal naturaleza que pongan en peligro las garantías previstas por el Convenio." (Véase Recopilación de 1996, párrafo 259; 307º informe, caso núm. 1918, párrafo 250 y 325º informe, caso núm. 2100, párrafo 429.) 4.- Ejercer el derecho al reconocimiento mediante el registro oficial, es un aspecto esencial del derecho de sindicación, ya que ésta es la primera medida que deben adoptar las organizaciones de trabajadores para poder funcionar eficazmente y representar adecuadamente a sus miembros, ha sostenido la OIT.
(Véase 324º
informe, caso núm. 2053, párrafo 232.) No obstante, el procedimiento de registro frecuentemente es un trámite meramente formal. En los casos donde la ley concede a las autoridades competentes, facultades más o menos discrecionales para decidir si la organización cumple o no los requisitos descritos para su inscripción en el registro, se crea una situación análoga a la exigencia de «autorización previa». Ello también sucede cuando un procedimiento de inscripción en el registro es complicado (Véase Recopilación de 1996, párrafo 260; 327º informe, caso núm. 1581, párrafo 110 y 328º informe, caso núm. 2158, párrafo 321.)
Como se observa, la OIT no admite confusión: todo lo que limite el registro de una organización sindical de trabajadores y trabajadoras, es un incumplimiento al convenio 87 y en nuestro caso, como se ha evidenciado de la mención de los artículos del DLOTTT, denunciados, la violación al citado convenio 87, es una trasgresión a lo previsto en la CRBV. Y así solicitamos expresamente sea declarado. C.- De los contenidos de la libertad sindical Los artículos cuya nulidad se solicita y que componen las secciones tercera, cuarta, quinta y décima del título séptimo del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, violan la libertad sindical prevista en el artículo 95 de la CRBV. Dichas secciones regulan la actuación de los sindicatos al punto de limitar su accionar y además, establece que a través del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, la autoridad administrativa del trabajo determina asuntos que son del interés y exclusiva decisión de los trabajadores y las trabajadoras, como es el caso de su representación sindical. Para apreciar el alcance de esta afirmación, se transcribe parcialmente la señalada disposición constitucional: “Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones…” (Subrayados nuestros)
Al respecto, la OIT ha señalado que las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento interno de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, entrañan graves riesgos para la libertad sindical. Textualmente, indica: 1.- “En caso de que su adopción fuera considerada indispensable por las autoridades, estas disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y Administración. Las restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados. Por otra parte, debería preverse un recurso ante un órgano judicial, imparcial e independiente, a fin de evitar todo riesgo de injerencia excesiva o arbitraria en el libre funcionamiento de las organizaciones”. (Véase Recopilación 1996, párrafo 331 y 321° informe, caso núm. 2011, párrafo 215.) 2.- En su caso, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, ha considerado que ninguna legislación adoptada en el ámbito relacionado con el funcionamiento de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, puede menoscabar los derechos de la clase trabajadora definidos en el marco de los principios de la libertad sindical. “…Prescripciones legislativas demasiado detalladas y estrictas en la materia, pueden frenar en la práctica la creación y el desarrollo de las organizaciones sindicales.” (Véase Recopilación 1996, párrafo 332 y 321° informe, caso núm. 2011, párrafo 215.) 3.- “Para que las organizaciones tengan derecho a elaborar sus propios estatutos y reglamentos con libertad absoluta, la legislación nacional debería limitarse tan sólo a sentar las condiciones formales que deberán respetar los estatutos, los cuales, junto con los reglamentos correspondientes, no necesitarán la aprobación previa de las autoridades públicas para entrar en vigor.” (Véase Recopilación 1996, párrafo 333; 302º Informe, caso núm. 1817, párrafo 323; 321° informe, caso núm. 2011, párrafo 215; 327º informe, caso núm. 2115, párrafo 681; 330º informe, caso núm. 2207, párrafo 119 y 335º informe, caso núm. 2308, párrafo 1041.)
A los fines de evidenciar la violación denunciada, citamos a continuación el artículo 365 de la mencionada sección tercera del título séptimo del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que establece el objeto de las organizaciones sindicales, asignándoles actividades distintas a su naturaleza y que son propias de los fines del Estado: “el estudio, defensa, desarrollo y protección del proceso social de trabajo, la protección y defensa de la clase trabajadora, del conjunto del pueblo, de la independencia y soberanía
En el artículo 367 de la misma sección, el DLOTTT se definen entre las atribuciones y finalidades de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras actuaciones que son potestativas de organismos gubernamentales, como las identificadas en los numerales 2, 3 y 10, que a continuación se trascriben: (…) 2.- Contribuir en la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del pueblo. 3.- Ejercer control y vigilancia sobre los costos y las ganancias, para que los precios de los bienes y servicios producidos sean justos para el pueblo. (…) 10.- Supervisar y defender el cumplimiento de todas las normas destinadas a garantizar la seguridad social y el proceso social de trabajo, a los trabajadores y las trabajadoras, especialmente las de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, las de construcción de viviendas para los trabajadores, las de creación y mantenimiento de servicios sociales y actividades sanas y de mejoramiento durante el tiempo libre… (Subrayados nuestros)
A continuación se trascriben las disposiciones del DLOTTT que violentan los criterios de la OIT, antes expuestos, a saber, sus artículos 386 y 387: “Procedimiento para el registro Artículo 386. Los interesados e interesadas en el registro de una organización sindical presentarán los documentos indicados ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales de acuerdo al ámbito territorial de la organización sindical que se proyecta. Si la documentación presenta deficiencias u omisiones en lo que se refiere a lo establecido en los artículos precedentes, el funcionario o funcionaria de registro lo comunicará a los y las solicitantes dentro de los treinta días siguientes a la solicitud, orientándolos en la forma de subsanar las deficiencias, siendo ésta la única oportunidad de hacer observaciones sobre deficiencias u omisiones. Los y las solicitantes tienen un lapso de treinta días para corregir las deficiencias indicadas. Si la documentación no tiene deficiencias o éstas son subsanadas correctamente dentro del lapso establecido, se procederá al registro de la organización sindical dentro de los treinta días siguientes y se entregará a los y las solicitantes la boleta donde consta el registro.
La OIT ha señalado concretamente que: 1.- No es necesario facilitar una lista con los nombres de los miembros de las organizaciones sindicales para poder determinar el número de sus afiliados, ya que un extracto de las cotizaciones sindicales serviría efectivamente para determinar el número de afiliados de una organización sindical, sin que sea por tanto necesario elaborar una lista de nombres que podría dar pie a actos de discriminación antisindical. (Véase 327º informe, caso núm. 2132, párrafo 661.)
Desde la entrada en vigencia de la disposición contenida en el artículo 293, numeral 6º de la CRBV, las organizaciones sindicales, en particular aquellas que agrupan trabajadores y trabajadoras del sector público, han sido tuteladas por el Poder Electoral en la realización de los procesos comiciales que permiten la escogencia de sus autoridades. Este antecedente de injerencia de Estado en la actividad sindical, se afianza con las disposiciones que crean el R.N.O.S, como se observa a continuación. Además, el R.N.O.S está facultado para verificar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 384 del DLOTTT, que establece lo siguiente: Artículo 384. Los estatutos contemplarán: 1. Denominación del sindicato, federación, confederación o central. 2. Domicilio. 3. Objeto, atribuciones y finalidades. 4. Si es una organización sindical de trabajadores y trabajadoras indicar el tipo de sindicato. 5. Ámbito territorial de actuación. 6. Condiciones de admisión de los afiliados y afiliadas. 7. Derechos y obligaciones de los afiliados y afiliadas. 8. Monto y periodicidad de las cuotas ordinarias y forma de revisarlas; y causas y procedimientos para aprobar cuotas extraordinarias. 9. Causas y procedimientos para la imposición de sanciones y para la exclusión de los afiliados y las afiliadas. 10. Número de integrantes de la Junta Directiva y otros organismos de dirección, sus atribuciones, duración e indicación de los cargos que estarán amparados por el fuero sindical. 11. Forma de elección de la Junta Directiva, basada en principios democráticos, conforme a lo indicada en esta Ley. 12. Causas y procedimientos para la remoción o revocatoria del mandato de los y las integrantes de la Junta Directiva. Forma de sustitución de los que hayan sido removidos, removidas, revocados, revocadas o hayan renunciado a su cargo antes del vencimiento del período estatutario de la Junta Directiva. 13. Periodicidad y procedimiento para la convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias. 14. Reglas para la autenticidad de las actas de asambleas. 15. Destino de los fondos y reglas para la administración del patrimonio sindical. 16. Oportunidad de presentación y requisitos de las cuentas de la administración. 17. Subsidios que puedan otorgarse a los afiliados y las afiliadas y reservas que deban hacerse para esos fines. 18. Reglas para la disolución y liquidación del sindicato y destino de los bienes.
En este sentido, la OIT ha señalado: 1.- La libertad sindical implica el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 350; 305º informe, caso núm. 1874, párrafo 268; 329º informe, casos núms. 2177 y 2183, párrafo 639 y 333.er informe, caso núm. 2301, párrafo 591.) 389. 2.- Corresponde a las organizaciones de trabajadores la determinación de las condiciones de elección de sus dirigentes sindicales y las autoridades deberían abstenerse de toda injerencia indebida en el ejercicio de este derecho garantizado por el Convenio núm. 87. Las autoridades deberían abstenerse de toda injerencia indebida en el ejercicio del derecho de las organizaciones de trabajadores y empleadores de elegir libremente a sus representantes, garantizado por el Convenio núm. 87. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 351; 306º informe, caso núm. 1884, párrafo 692; 333° informe, caso núm. 2301, párrafo 591 y 335º informe, caso núm. 2276, párrafo 404.) 3.- El derecho de las organizaciones de trabajadores a elegir libremente a sus dirigentes constituye una condición indispensable para que puedan actuar efectivamente con toda independencia y promover con eficacia los intereses de sus afiliados. Para que se reconozca plenamente este derecho, es menester que las autoridades públicas se abstengan de intervenciones que puedan entorpecer el ejercicio de ese derecho, ya sea en la fijación de las condiciones de elegibilidad de los dirigentes o en el desarrollo de las elecciones mismas. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 353; 302º informe, caso núm. 1817, párrafo 322; 304º informe, caso núm. 1865, párrafo 251; 328º informe, caso núm. 2128, párrafo 262; 329º informe, caso núm. 2090, párrafo 273; 333° informe, caso núm. 2301, párrafo 591 y 337º informe, caso núm. 2327, párrafo 210.)
Adicionalmente, el R.N.O.S, conforme a lo dispuesto en el artículo 388 del DLOTTT, tiene la facultad de exigir a los sindicatos que cumplan los deberes que se describen a continuación. Al relacionar esta facultad con la atribución para otorgar o para abstenerse de otorgar la conformidad requerida para el registro, las organizaciones sindicales quedan absolutamente sujetas en su funcionamiento, al dictamen del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, coartándose su libertad, independencia y autonomía. Veamos a continuación lo que señala esta norma del DLOTTT y el criterio de la OIT: Artículo 388. Las organizaciones sindicales están obligadas a: 1. Comunicar al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales dentro de los treinta días siguientes, las modificaciones introducidas en los estatutos y acompañar copias auténticas de los documentos correspondientes.
Por su parte, el artículo 389 determina cuándo y cómo se admitirán como válidas las decisiones de las asambleas sindicales: Asamblea general Artículo 389. Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas de las organizaciones sindicales, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: 1. Que la asamblea haya sido convocada en la forma y con la anticipación prevista en los estatutos. 2. Que esté presente en ella, por lo menos, la mitad más uno de los miembros de la organización sindical. Si no se obtiene este quórum, podrá convocarse a una segunda reunión, conforme a las disposiciones estatutarias, la que se constituirá con el número de miembros que concurran, siempre que no sea menor del veinte por ciento de los afiliados y las afiliadas. 3. Que las decisiones sean adoptadas por el número de votos previsto en los estatutos, que no podrá ser menor de la mitad de los y las integrantes presentes. 4. Que se levante el acta de la sesión, autenticada en la forma prevista en los estatutos, en la que se exprese el número de los y las integrantes concurrentes, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones aprobadas.
Una mención especial merece el Capítulo Cuarto del DLOTTT, denominado De los Registros, por cuanto en el artículo 517, la norma adscribe al Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de trabajo y seguridad social, el R.N.O.S, mientras el artículo 518, 519 y 520, establecen sus competencias y organización: Artículo 518. Son competencias del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales: 1. El registro de las organizaciones sindicales que hayan cumplido con los requisitos de ley. 2. Registrar las modificaciones de los estatutos debidamente aprobados conforme a la ley. 3. Registrar la rendición de cuentas anual sobre la administración de los fondos sindicales por parte de la junta directiva de la organización sindical conforme a la ley 4. Registrar la nómina de afiliados y afiliadas que anualmente le remite la organización sindical. 5. Registrar los cambios en las juntas directivas producto de elecciones sindicales o de reestructuraciones conforme a lo establecido en la Ley. 6. Cerrar el registro de un sindicato por disolución acordada por sus afiliados y afiliadas conforma a la ley y los estatutos o por decisión de los tribunales del trabajo. 7. Registrar la disolución de una organización sindical que fue absorbida por otra organización sindical o cuando se fusionan para crear una nueva organización sindical. 8. Recopilar los datos y elaborar las estadísticas sobre la sindicalización para el informe anual del ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. 9. Las demás que le asignen la Constitución, las leyes y el ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Trabajo. Registro Nacional de Entidades de Trabajo Artículo 519. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, tendrá un Registro Nacional de Entidades de Trabajo, para llevar los datos en materia de trabajo y de seguridad social de todas las entidades de trabajo del país, y en el cual se hará constar todo lo referente a las solvencias laborales. Funcionamiento de los registros Artículo 520. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, mediante Resolución reglamentará el funcionamiento del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y del Registro Nacional de Entidades de Trabajo.
fluida y oportuna relación informativa con las Inspectorías de los estados del interior del país. Ello deriva en la necesidad de tener que interponer recursos judiciales, lo que viene a representar una carga más que impide el libre funcionamiento de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, gastos y períodos de tiempo incalculables para poder ejercer el derecho a la sindicación. Un ejemplo ilustrativo a citar es el caso del estado Táchira, donde hay 859 Sindicatos con Boleta de inscripción Sindical, emitidas al menos desde 1958 hasta el año 2013. Al crearse el R.N.O.S, se eliminaron las salas de Sindicatos de la Inspectoría del Trabajo y los Expedientes sindicales fueron remitidos a esta nueva instancia en su sede principal. Por tal motivo, surgen interrogantes vinculadas al ejercicio de la libertad sindical y a lo que -en materia laboral- se denominan derechos adquiridos: ♦ Si el Registro otorgará inscripción a todas las nuevas Organizaciones Sindicales, los requisitos de constitución no pueden ser retroactivos, estableciendo nuevas condiciones y reglas, cuando ya se tiene Boleta y personería Jurídica con efectos frente a terceros, debido a que existen convenciones colectivas vigentes y derechos subjetivos y legítimos. ♦ Por otro lado, la Reforma Estatutaria exigida solo puede ser realizada, luego de las elecciones. Las elecciones están en muchos casos retardadas porque el propio Consejo Nacional Electoral no ha procedido a autorizar el cronograma respectivo. ♦ La pregunta obligada sería la siguiente: las restantes 858 Organizaciones Sindicales del estado Táchira sometidas a la revisión del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales en cuanto a sus rendiciones de cuentas e informes de finanzas, nóminas de afiliados, estatutos, procesos electorales y hasta el contenido y forma de las actas de asamblea, ¿son susceptibles de la abstención de registro según los supuestos invocados en la Resolución publicada en Abril 2013? ♦ En tal eventualidad, ¿quedarán disueltas administrativamente? ♦ ¿Sus directivas no podrán representar a su base afiliada, aún teniendo Boleta de Inscripción emitida antes de Mayo del año 2012?
volumen de actividades en el mismo Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social Ello agrega procedimientos engorrosos, no dependientes de las organizaciones sindicales, que lesionan la libertad de organizarse para la defensa de sus intereses de clase, que es el fin de los sindicatos. De otra parte, carece de sentido práctico la solicitud de firma autógrafa de la nómina, cuando se trata de personas afiliadas por años a una misma organización sindical. Ello encarece la función sindical, pues la organización debe disponer de recursos financieros y bastante tiempo para recabar tales firmas. En materia comicial, es imprescindible señalar que si bien se flexibilizan algunos requisitos vinculados a la actuación del Consejo Nacional Electoral en la organización de los procesos sindicales, no es menos cierto que el Poder Electoral está en mora para convocar, en un alto porcentaje de las solicitudes que le han sido presentadas. Esto afecta principalmente los casos de organizaciones sindicales del sector público, cuya certificación de período de gestión vigente, emanada del Consejo Nacional Electoral, es solicitada incluso por el mismo Ministerio del Trabajo, como condición previa a la admisión de un proyecto de convención colectiva. Al respecto, también la OIT ha sido diáfana en sus criterios con relación al convenio 87 sobre libertad sindical. De ellos hemos escogido mencionar los siguientes: 1.- La libertad sindical implica el derecho de los trabajadores y de los empleadores a elegir libremente a sus representantes y a organizar su administración y actividades sin injerencia alguna de las autoridades públicas. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 416 y 331.er informe, caso núm. 2132, párrafo 589.) 2.- La idea fundamental del artículo 3 del Convenio núm. 87 es que los trabajadores y los empleadores puedan decidir por sí mismos las reglas que deberán observar para la administración de sus organizaciones y para las elecciones que llevarán a cabo. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 417.) 3.- Las únicas limitaciones a los derechos enunciados en el artículo 3 del Convenio núm. 87 que eventualmente se podrían admitir, deberían circunscribirse a asegurar el respeto de las reglas democráticas en el movimiento sindical. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 425.) 4.- El derecho de los trabajadores a constituir organizaciones de su elección y el derecho de estas organizaciones a elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos y a organizar su gestión y su actividad suponen la independencia financiera, lo cual implica que las organizaciones no estén financiadas de manera tal que estén sujetas a la discreción de los
representación sindical. Estas personas hoy sindicalistas, pasarán a un estado de indefensión laboral por el sólo hecho de que se produzca la abstención de registro de la organización que les tiene dentro de su junta directiva. A pesar de los anuales decretos de inamovilidad laboral y de la existencia del fuero sindical en la letra de la ley, las Inspectorías del Trabajo tienen conocimiento de la ferocidad con la que actúan los patronos cuando se trata de despedir a la representación sindical, más si ésta es combativa, honesta y clasista. En este último sentido se centra una de las mayores preocupaciones del movimiento sindical organizado en Venezuela: si una organización está registrada, incluso hace muchos años, décadas quizá; si ha realizado su proceso electoral y requiere, conforme a la norma cuya nulidad se solicita, que el R.N.O.S le emita un acto administrativo contentivo de una suerte de certificación de cumplimiento, bien porque sea requerido por el patrono o por la misma autoridad del trabajo, para dar curso, por ejemplo, a un pliego de peticiones con carácter conciliatorio (convención colectiva), pero el R.N.O.S no opera de manera oportuna y diligente o peor aún, emite un acto administrativo indicando erróneamente que la organización sindical no reúne las condiciones para ser “registrada”, motivo por el cual la directora del Registro se “abstiene”, la consecuencia es que la organización sindical pasa a un estado de proscripción, aún de manera temporal. Esta circunstancia constituye una violación a lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el convenio 87 de libertad sindical. Invocando los criterios de la OIT al respecto, hacemos valer lo siguiente: 1.- En los casos que entrañan la disolución o la suspensión de las organizaciones sindicales de un país, el Comité se ha declarado profundamente convencido de que no es posible hallar la solución de los problemas económicos y sociales porque atraviesa un país aislando las organizaciones sindicales y suspendiendo sus actividades. Muy por el contrario, sólo el desarrollo de organizaciones sindicales libres e independientes y la negociación con ellas pueden permitir al gobierno en cuestión afrontar los problemas y resolverlos en la forma más favorable posible para los intereses de los trabajadores y de la nación. (Véanse Recopilación de 1996, párrafos 31 y 673 y 338.º informe, caso núm. 2006, párrafo 266.) 2.- Las medidas de suspensión o de disolución por parte de la autoridad administrativa constituyen graves violaciones de los principios de la libertad sindical. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 664; 302.º informe, caso núm. 1849, párrafo 209; 304.º informe, caso núm. 1850, párrafo 214; 325.º informe, caso núm. 2090, párrafo 166; 327.º informe, caso núm.
En relación a este tema financiero, la OIT ha señalado lo siguiente: 1.- Las disposiciones referentes a la administración financiera de las organizaciones de trabajadores no deben ser de índole tal que las autoridades públicas puedan ejercer facultades arbitrarias sobre las mismas. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 430; 304º informe, caso núm. 1865, párrafo 248 y 306.º informe, caso núm. 1865, párrafo 326.) 2.- Las disposiciones que restringen la libertad de los sindicatos de administrar y utilizar sus fondos según sus deseos para llevar a cabo actividades sindicales normales y legales son incompatibles con los principios de la libertad sindical. (Véase 324º informe, caso núm. 1942, párrafo 41.) 3.- El Comité de Libertad Sindical observó que generalmente las organizaciones sindicales parecen aceptar las disposiciones legislativas que establecen, por ejemplo, la presentación anual de balances financieros a las autoridades en la forma prescrita por la ley, y el suministro de otros datos acerca de cuestiones que no parezcan claras en dichos balances financieros, no constituyen en sí una violación de la autonomía sindical. A este respecto, recordó que sólo cabe concebir la utilidad de las medidas de control sobre la gestión de las organizaciones si se utilizan para prevenir abusos y para proteger a los propios miembros del sindicato contra una mala gestión de sus fondos. No obstante, parece que este tipo de disposiciones ofrece en ciertos casos el riesgo de permitir que las autoridades públicas intervengan en la gestión de los sindicatos y que esta intervención puede prestarse a que se limite el derecho de las organizaciones o se perturbe su legítimo ejercicio, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio núm. 87. Sin embargo, cabe considerar que existen ciertas garantías contra tales intervenciones cuando el funcionario designado para efectuar este control goza de cierta independencia respecto de las autoridades administrativas y si, a su vez, se halla sometido al control de las autoridades judiciales. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 442; 323º informe, caso núm. 2081, párrafo 573 y 334º informe, caso núm. 2259, párrafo 564.)
de introducir modificaciones que armonicen su contenido, con las disposiciones establecidas en el convenio 87: 1015. El Comité observa que en la presente queja las organizaciones querellantes objetan el procedimiento seguido por las autoridades para la adopción de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), concretamente la utilización del mecanismo de una Ley Habilitante de la Asamblea Legislativa que faculta al Presidente de la República a legislar y la falta de consulta con las organizaciones sindicales más representativas en violación del Convenio núm. 144 sobre la consulta tripartita. Una de las organizaciones querellantes, que presentó su queja después de la promulgación de la LOTTT alega también que su contenido viola los Convenios núms. 87 y 98 y que mantiene disposiciones legales contrarias a la libertad sindical señaladas por los órganos de control de la OIT y que incluye otras contrarias a los mencionados convenios. 1016. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) el ciudadano Presidente, mediante decreto núm. 39818, de 12 de diciembre de 2011, publicado el 12 de diciembre de 2011, creó una Comisión para la Creación y Redacción de una nueva Ley Orgánica del Trabajo, integrada por representantes de todos los sectores (trabajadores, campesinos, empleadores, el gobierno, el Poder Judicial y el Legislativo); 2) se sintetizaron diez años de reuniones en la Asamblea Nacional con diversos sectores y en los últimos seis meses antes de la promulgación de la ley (Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)) fueron entregadas a la mencionada Comisión más de 19 000 propuestas que fueron estudiadas y debatidas a través de un debate nacional hermoso y constructivo; 3) en la nueva ley fueron considerados todos los planteamientos y consideraciones realizados por los órganos de control de la OIT con respecto a la normativa anterior y la nueva ley se adecua, a su juicio, a las disposiciones de los Convenios núms. 87 y 98 relativos a la libertad sindical y a la negociación colectiva; el Gobierno rechaza y contradice todos y cada uno de los señalamientos realizados por la organización querellante APUCV y subraya que la nueva ley respeta la intangibilidad y progresividad de los derechos de los trabajadores contenida en la Constitución, 4) contrariamente a lo que ocurrió en la antigua Ley Orgánica del Trabajo que fue impuesta por un tripartismo cerrado y excluyente en el proceso seguido relativo a la LOTTT quedaron al margen los que se autoexcluyeron del debate público, los actores del viejo tripartismo que reclaman para sí una representatividad que ya no tienen y una vocería que no les pertenece. 1017. El Comité toma nota de que el Gobierno invoca una serie de logros y bondades contenidos en la LOTTT en diferentes campos pero recuerda que su competencia se limita a las cuestiones relativas a la libertad sindical y a la negociación colectiva y examinará a continuación los temas planteados por las organizaciones querellantes. 1018. A este respecto, el Comité toma nota de que en la observación sobre la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha formulado los siguientes comentarios en relación con la nueva LOTTT: La Comisión toma nota de las declaraciones del Gobierno relativas a la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) el 30 de abril de 2012.
Tal como ha sido señalado por esa Sala Constitucional, se trata de una modalidad de tutela constitucional provisional, con una marcada especialización, dirigida fundamentalmente a enervar infracciones en la esfera de los derechos fundamentales del reclamante. (Sentencia de 5 de abril de 2011, Caso: SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO SAN DIEGO DEL ESTADO CARABOBO) Igualmente, la Sala ha precisado que sólo cabe este tipo de tutela cautelar en los casos de normas auto aplicativas, esto es, aquellas que directamente produzcan la lesión del derecho constitucional en cuestión. No procede entonces el amparo cautelar contra el precepto de la norma, sino contra los actos que la aplican. Así lo ha reiterado recientemente en Sentencia de 12 de abril de 2011, Caso: SEPROAUTO: “Con relación a la tutela cautelar solicitada, es menester señalar que esta Sala, en diversas oportunidades (Vid. sentencias del 28 de julio de 2000, caso: Braulio Sánchez Martínez; 31 de octubre del 2000, caso: Ivanis Inversiones S.R.L.; 2 de marzo de 2001, caso: Fanny Alicia Silva Atacho y otros; 10 de agosto de 2001, caso: Elken Asa; 24 de abril de 2002, caso: Noris Vivas De Pirone; 5 de junio de 2003, caso: Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas, entre otras), ha precisado que la modalidad de amparo constitucional prevista en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no puede estar dirigida contra el precepto que contiene la norma impugnada, sino contra los actos que apliquen la misma, toda vez que las normas no son capaces de incidir, por sí solas, en la esfera jurídica concreta de un sujeto determinado y, en consecuencia, lesionar directamente sus derechos y garantías constitucionales. Así pues, las normas, por su carácter general, abstracto y de aplicación indefinida, requieren de un acto de ejecución que las relacione con una situación jurídica concreta del accionante, pues, en definitiva, será dicho acto, y no la propia norma, el que puede causar una lesión particular a los derechos constitucionales de una persona. Por ello, es preciso deslindar el objeto de la acción de nulidad, ejercido contra la norma, de la acción de amparo cautelar que se ejerce conjuntamente con la pretensión de nulidad, ya que la norma impugnada no es el objeto del amparo, sino la restitución de la situación jurídica subjetiva infringida por la aplicación particular de aquella.
cautelar de suspensión de efectos del DLOTTT impugnado, por cuando se satisfacen los requisitos legales y jurisprudenciales para ello, tal como de seguidas se expone. El artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone: “En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en juego”.
Tal como se desprende de la norma transcrita, en desarrollo del derecho a la efectiva ejecución del fallo, el cual es atributo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional posee las más amplias competencias para acordar las medidas cautelares que sean necesarias, en cualquier estado y grado de la causa, incluso de oficio, en los procesos de nulidad de actos de rango legal. En relación a ese artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esa misma Sala estableció, en recientes sentencias Nº 954 de 21 de septiembre de 2010 y 1025 de 26 de octubre de 2010, que: “La norma transcrita, viene a positivizar la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Vid. sentencia n° 269/2000, caso: ICAP), según la cual, la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo. De allí su carácter instrumental, esto es, que no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran preordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda al eficaz funcionamiento de la función jurisdiccional”.
En el supuesto de las demandas de nulidad de normas, con solicitud cautelar de suspensión de efectos, la Sala Constitucional ha sido constante en afirmar que la tutela preventiva: “sólo puede acordarse cuando el solicitante, como es normal respecto de toda solicitud de medida cautelar, alega y demuestra que se satisfacen determinados requisitos, en concreto los llamados “fumus boni iuris” y “periculum in mora” a los que se suma la ponderación judicial de los intereses en conflicto, a fin de evitar que la decisión del juez, con ánimo de proteger al solicitante, se convierta en un perjuicio para la colectividad,
Siendo ello así, solicitamos respetuosamente se acuerde el amparo cautelar solicitado y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de la aplicación de los artículos 365 y 367 de la sección tercera y los artículos 386 y 387 de la sección cuarta, del artículo 388 de la sección quinta del título séptimo, artículos 517 y 518 del capítulo cuarto y la Disposición Transitoria Cuarta, numeral segundo del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y en consecuencia, de ello, las conexas y auxiliares a ésta, respecto de las personas que concurrimos a interponer la presenta acción, las organizaciones que representamos y demás organizaciones sindicales de Venezuela. En particular, se solicita se acuerde la suspensión de la aplicación del DLOTTT parcialmente impugnado, mientras se resuelve el presente recurso de nulidad por inconstitucionalidad. Adicionalmente, en virtud de esa suspensión de los efectos del DLOTTT parcialmente impugnado solicitamos a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarar que, mientras se tramita este recurso, las personas recurrentes y en general, los trabajadores y trabajadoras del país, así como las organizaciones
tradicionalmente veníamos desarrollando, u ordenar al Poder Ejecutivo Nacional establecer un régimen provisional que nos permita continuar con ellas. PETITORIO Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos que nos informe por escrito, conforme a lo previsto en los artículos 23 y 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, solicitamos: I.- PETITORIO DE LA DEMANDA POPULAR DE INCONSTITUCIONALIDAD PARCIALDE LAS DISPOSICIONES DESCRITAS DE LA LOTTT: A los efectos del Definitivo restablecimiento de la situación jurídica infringida y de los Derechos Constitucionales lesionados, especialmente cuando se violenta el Derecho humano a la Libertad Sindical, solicitamos que en la Definitiva se Declare:
2.- Se Declare la suspensión de las obligaciones previstas en los artículos 365 último párrafo, artículo 367, artículo 374, artículo 375; artículo 384, artículo 387, artículo 388, artículo 389; artículo 402, artículo 403, artículo 407, articulo 415 y artículo 426 ; y de la Disposición Transitoria Cuarta del
Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, que vulneran la Libertad y Autonomía Sindical, específicamente en lo referido a: La Adecuación de los Estatutos antes del 31 de diciembre del 2013; a la adecuación de los estatutos en todo lo referido a su gestión administrativa y elecciones a lo que ordena la LOTTT, en los artículos denunciados; a la realización de las Asambleas conforme a la LOTTT y no a lo previsto en los propios estatutos; a la presentación de Nóminas de Trabajadores y trabajadoras afiliadas a las organizaciones Sindicales con la firma autógrafa de cada trabajador; a la rendición de cuentas detallada dentro de los 3 primeros meses del año; a la obligación de Registrarse en el R.N.O.S de cada Jurisdicción las Organizaciones sindicales ya inscritas y con boleta sindical, así como a las que se encuentren proyectadas de constitución; y a la obligación de realizar elecciones sindicales bajo las normas electorales obligatorias que deben contener los estatutos en su adecuación. III.- PETITORIO DE LA SUSPENSION DE LOS EFECTOS Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas solicitamos a este Honorable Tribunal, DECLARE CON LUGAR LA SUSPENSION DE LOS EFECTOS de las normas previstas en los artículos 365 último párrafo, artículo 367, artículo 374, artículo 375; artículo 384, artículo 387, artículo 388, artículo 389; artículo 402, artículo 403, articulo 407, artículo 415 y artículo 426 ; y de la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, que vulneran la Libertad y Autonomía Sindical, específicamente en lo referido a: La Adecuación de los Estatutos antes del 31 de diciembre del 2013; a la adecuación de los estatutos en todo lo referido a su gestión administrativa y elecciones a lo que ordena la LOTTT, en los artículos denunciados; a la realización de las Asambleas conforme a la LOTTT y no a lo previsto en los propios estatutos; a la presentación de Nóminas de Trabajadores y trabajadoras afiliadas a las organizaciones Sindicales con la firma autógrafa de cada trabajador; a la rendición de cuentas detallada dentro de los 3 primeros meses del año; a la obligación de Registrarse en el R.N.O.S de cada Jurisdicción las
Demanda popular de inconstitucionalidad parcial contra el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y...