Source: https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-jus-2675-2011-27-octubre-habiendo-comprobado-previamente-adecuacion-legalidad-inscriben-registro-colegios-profesionales-generalidad-cataluna-estatutos-colegio-titulados-mercantiles-empresariales-girona-9295427
Timestamp: 2019-10-22 03:32:45
Document Index: 349349008

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 31', 'artículo 48', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 32', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 93', 'artículo 25', 'artículo 32', 'artículo 31', 'artículo 25', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 58', 'artículo 64', 'artículo 69', 'artículo 76', 'artículo 77', 'artículo 25', 'artículo 51', 'artículo 32']

RESOLUCIÓN JUS/2675/2011, de 27 de octubre, por la que, habiendo comprobado previamente la adecuación a la legalidad, se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Girona. | Iberley
RESOLUCIÓN JUS/2675/2011, de 27 de octubre, por la que, habiendo comprobado previamente la adecuación a la legalidad, se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Girona., - Diario Oficial de Cataluña, de 16-11-2011
Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número 6006
Visto el expediente de adaptación de los Estatutos del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Girona a la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, incoado a raíz de la solicitud de 31 de marzo de 2009, del que resulta que en fecha 21 de julio de 2011 se presentó el texto de los Estatutos adaptado a los preceptos de la Ley mencionada, aprobado en las asambleas generales extraordinarias del Colegio de fechas de 25 de marzo de 2009 y 5 de julio de 2011;
Dados el Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía; la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales; la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña; el Decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior; y los Estatutos colegiales vigentes declarados adecuados a la legalidad por la Resolución JUS/132/2002, de 25 de enero (DOGC núm. 3566, de 1.2.2002);
1 Declarar la adecuación a la legalidad de la adaptación de los Estatutos del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Girona a la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, y disponer su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña;
2 Disponer que el texto de los Estatutos adaptados a la Ley 7/2006, de 31 de mayo, se publique en el DOGC, en el anexo de esta Resolución.
Estatutos del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Girona
Los colegios oficiales de titulados y tituladas mercantiles y empresariales son corporaciones oficiales de derecho público que agrupan los profesionales con conocimientos especializados sobre contabilidad, fiscalidad, auditoría y administración de las empresas. Las características de los estudios de los más antiguos de sus colegiados (los peritos, los profesores y los intendentes mercantiles, abreviadamente los titulados y tituladas mercantiles) los han vinculado tradicionalmente de manera destacada al mundo empresarial, donde han ocupado mayoritariamente las áreas financieras, administrativas y contables de empresas de todo tipo; aun así, otra faceta muy importante de su actividad ha sido la tributaria o fiscal, tanto dentro de como fuera de la Administración pública (no en balde el cuerpo de inspectores de hacienda se denominaba anteriormente "cuerpo de profesores mercantiles al servicio de hacienda"); finalmente, también merece ser destacada la tarea llevada a cabo por los titulados y tituladas mercantiles en los procedimientos concursales.
En el Estado español, los antecedentes inmediatos de las enseñanzas de las que portan causa los actuales titulados y tituladas mercantiles los que cursaron lo que popularmente se conocía como la "carrera de comercio" nacieron en virtud del Real decreto de 8 de septiembre de 1850, si bien los estudios no se empezaron a impartir hasta 1857. En 1871 unos cuantos de sus graduados crearon la Academia Científico-Mercantil de Barcelona, y no tardaron demasiados años en empezar a organizarse corporativamente: a principios de 1881 un grupo de titulados del ramo fundaban en Madrid la Asociación de Profesores y Peritos Mercantiles, y el 12 de enero siguiente se dirigían al gobernador civil para que autorizara esta asociación y aprobara los estatutos que la tenían que regir. Mientras que a la constitución de esta primera asociación la seguían otras bien de cerca (Valencia, Santander, Sevilla, Lugo, La Coruña..), la Real orden de 10 de marzo de 1898 daba a la asociación madrileña carácter de corporación oficial al servicio de los intereses generales, y el 20 de noviembre de aquel mismo año se fundaba el Colegio Pericial Mercantil de Barcelona, antecedente del actual Colegio Oficial de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de la misma provincia. Con respecto al Colegio de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Girona, en concreto, fue fundado el año 1951.
Después de más de cien años de actividad ininterrumpida se puede decir, en consecuencia, que se trata de una profesión tradicionalmente organizada en forma colegial, y profundamente arraigada en nuestra sociedad y, especialmente, en la empresa catalana.
Hay que tener presente que hasta la entrada en vigor de la Ley de 17 de julio de 1953, de ordenación de los estudios económicos y comerciales, los colegios que entonces se llamaban de titulares mercantiles eran las únicas entidades que agrupaban a los directivos de empresa, y que sólo desde entonces, y hasta la fecha de hoy, han compartido esta tarea con los colegios de economistas (y desde unos años antes, en concreto desde 1943, con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas), entidades que, no sobrará recordarlo, nacieron favorecidas por iniciativas de intendentes y de profesores mercantiles, respectivamente.
Los estudios mercantiles, por obra de las disposiciones legales que los regulaban, nacieron, crecieron y se desarrollaron con autonomía respecto de las universidades, pero eso no impidió que fueran numerosas las normas -que ahora podemos calificar de históricas- que reconocieron la equivalencia de los grados de profesor y de intendente mercantil a los títulos universitarios. Los ejemplos se remontan al Real decreto de 4 de marzo de 1866 ("se entenderán únicamente por títulos superiores, además de los de doctor o licenciado, los siguientes: ingeniero de caminos, ingeniero de montes, ingeniero agrónomo, ingeniero Industrial y profesor mercantil ") y se reiteran, entre otras disposiciones, en el Real decreto de 4 de enero de 1918, el Real decreto de 30 de diciembre de 1918 y el Real decreto ley de 28 de diciembre de 1925 ("el título de profesor mercantil disfrutará de los privilegios académicos que tiene reconocidos en analogía con el de licenciado de facultad"). La citada Ley de 17 de julio de 1953 (artículo 4) y el Decreto de 23 de julio del mismo año (artículo 20) reconocían también que el profesorado mercantil constituía el grado superior en el orden técnico de la contabilidad y la administración de las empresas, y la disposición transitoria primera de la Ley garantizaba a los titulados y tituladas mercantiles la conservación de "todos los derechos reconocidos en la legislación vigente". Siendo así las cosas, está claro que el acceso a la intendencia, que de acuerdo con el plan de estudios de 1922 requería la superación de dos cursos académicos posteriores a la finalización del ciclo de profesorado mercantil, suponía en realidad un auténtico doctorado.
Con la promulgación de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, general de educación, y en virtud de su disposición transitoria segunda núm. 10, las tradicionales enseñanzas mercantiles de las escuelas periciales y profesionales de comercio fueron sustituidas por las enseñanzas empresariales desarrolladas en las universidades. Esta sustitución fue bastante traumática, porque si bien el Real decreto 871/1977, de 26 de abril, definió claramente las funciones de los profesores y de los peritos mercantiles en relación con la economía de la empresa y garantizó a los intendentes mercantiles su equiparación a los licenciados (hecho suficiente, pero no justo, porque en realidad eran equiparables a los doctores), la equiparación no se hizo extensiva a los profesores mercantiles.
Mientras tanto, en estos años posteriores al fin de las escuelas de comercio, el Colegio ha garantizado su continuidad con la savia nueva que le han aportado los diplomados en ciencias empresariales, que voluntariamente se han sumado a la tradición representada por los titulados y tituladas mercantiles salidos de aquellas, no en balde han seguido desarrollando la misma profesión, tal como finalmente, después de treinta años, ha venido a reconocer la disposición adicional de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre.
Pero el marco creado a raíz de la Ley de 1970 está cada vez más superado, y hoy, con la variedad de nuevas titulaciones consecuencia de la progresiva adaptación de los estudios universitarios al espacio europeo de enseñanza superior, se diluyen ya de forma definitiva los antiguos automatismos a la hora de asociar una concreta formación académica y el ejercicio profesional. En este nuevo contexto, nuestra corporación asume el compromiso de continuar cumpliendo sus objetivos, siendo uno de los principales de entre éstos la formación y el reciclaje permanente de las personas que se colegian en todas aquellas áreas que sean de su competencia y, especialmente, en las disciplinas mencionadas de contabilidad, fiscalidad, auditoría y administración de las empresas.
El cumplimiento que hay que dar a la disposición transitoria primera de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, nos ofrece la oportunidad de seguir avanzando, por lo tanto, en la adaptación de nuestra corporación a las nuevas exigencias de la sociedad.
1. El Ilustre Colegio Oficial de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Girona es una corporación de derecho público, dotada de personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus finalidades, que se configura como instancia de gestión de los intereses públicos vinculados al ejercicio de la profesión que da nombre a la entidad, y que es la tradicionalmente ejercida en el Estado español por los titulados y tituladas mercantiles y empresariales.
2. El Colegio se rige por estos Estatutos, por la legislación sobre colegios profesionales y por las otras disposiciones complementarias emanadas de los órganos competentes.
1. El ámbito de actuación del Colegio se extiende a todo el territorio de la provincia de Girona.
2. La sede corporativa está situada en la ronda Ferran Puig núm. 4, 4ª planta, segunda puerta, de Girona.
3. El Colegio está integrado en el Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña.
4. EI Colegio establece relaciones con los otros colegios oficiales de titulados y tituladas mercantiles y empresariales del territorio de Cataluña, y también mantiene contacto y correspondencia con otros colegios o consejos autonómicos o estatales de la misma profesión o de profesiones afines.
El catalán es la lengua propia del Colegio y, por lo tanto, tiene que ser la de uso normal y general en sus actividades, sin perjuicio del derecho de la ciudadanía a utilizar cualquier otra de las lenguas oficiales del Estado en Cataluña en sus relaciones con la entidad.
1. El Colegio está integrado por personas colegiadas, precolegiadas y asociadas:
a) Los colegiados y las colegiadas son personas físicas que cumplen los requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión en cualquiera de las actividades que el Estatuto profesional de economistas y de profesores y peritos mercantiles, aprobado por el Real decreto 871/1977, de 26 de abril, atribuye a los titulados y tituladas mercantiles en sus títulos III y V, y no sufren ningún impedimento legal.
b) Los precolegiados y las precolegiadas son personas físicas que estudian los últimos cursos de los estudios que acreditan el grado en disciplinas como la contabilidad, las finanzas, la tributación, la auditoría y, en general, la administración de empresas, y que una vez lo hayan obtenido dispondrán de facultades profesionales idénticas, análogas o similares a las de los profesores y peritos mercantiles y diplomados en ciencias empresariales.
c) Los asociados y las asociadas son personas físicas que poseen una titulación universitaria y manifiestan su voluntad de incorporarse al Colegio.
2. Las condiciones de precolegiado o precolegiada y de asociado o asociada no habilitan para el ejercicio de la profesión y son excluyentes tanto con la condición de colegiado o colegiada como entre ellas.
3. El Colegio determina reglamentariamente las condiciones de incorporación de las personas precolegiadas y asociadas, y también sus derechos y deberes.
Finalidades, funciones y actividades del Colegio
1. Son finalidades propias del Colegio:
a) Velar para que la actuación de las personas colegiadas responda a los intereses y a las necesidades de la sociedad en relación con el ejercicio de la profesión de titulado mercantil y empresarial, y especialmente garantizar el cumplimiento de la buena práctica y de las obligaciones deontológicas de la profesión.
b) Ordenar, representar y defender la profesión y los intereses profesionales de las personas colegiadas.
c) Proteger los intereses de las personas consumidoras y usuarias de los servicios de las personas colegiadas.
2. Son funciones públicas del Colegio:
a) Garantizar que el ejercicio profesional se adecue a la normativa, la deontología y las buenas prácticas, y que se respeten los derechos y los intereses de las personas destinatarias de la actuación profesional. A este efecto, el Colegio ordena en el ámbito de su competencia el ejercicio de la profesión de acuerdo con el marco normativo aplicable, el cual incluye el código elaborado por el Consejo de Colegios, velando por el cumplimiento de los deberes y de las obligaciones de las personas colegiadas, por la dignidad profesional y por el respeto de los derechos de la ciudadanía, y propone a la Administración la adopción de medidas en relación con la ordenación y la regulación del acceso y el ejercicio de la profesión.
b) Velar por los derechos y por el cumplimiento de los deberes y las obligaciones de las personas colegiadas y para que no se produzcan actos de intrusismo, de competencia desleal u otras actuaciones irregulares en relación con la profesión de titulado mercantil y empresarial, adoptando, en su caso, las medidas y las acciones establecidas por el ordenamiento jurídico.
c) Ejercer la potestad disciplinaria sobre sus colegiados y colegiadas, en los términos establecidos por la ley y los presentes Estatutos.
d) Visar los trabajos de las personas colegiadas en los términos y con los efectos que establece la normativa correspondiente.
e) Participar en el procedimiento de obtención de la acreditación de aptitud para el ejercicio de la profesión colegiada, en caso de que la ley establezca este requisito.
g) Adoptar las medidas necesarias para facilitar el ejercicio profesional no permanente, en cumplimiento de lo que establecen la normativa de la Unión Europea y las leyes.
h) Colaborar con la Administración pública mediante la participación en órganos administrativos cuando así se prevea legalmente y emitir los informes que le sean requeridos por órganos o autoridades administrativas y judiciales.
i) Informar sobre los proyectos de disposiciones generales que afecten al ejercicio de la profesión o la institución colegial.
j) Fomentar el uso de la lengua catalana entre las personas colegiadas y en los ámbitos institucionales y sociales en los cuales se ejerce la profesión de titulado mercantil y empresarial.
k) Informar en los procesos judiciales y administrativos en los cuales se discutan cuestiones relativas a honorarios profesionales.
l) Aprobar sus presupuestos y regular y fijar las aportaciones de las personas colegiadas.
m) Las otras funciones de naturaleza pública que le atribuye la legislación vigente.
3. Como entidad de base asociativa privada, el Colegio ejerce también las actividades siguientes:
a) Fomentar y prestar servicios en interés de las personas colegiadas, precolegiadas y asociadas y de la profesión en general.
b) Gestionar el cobro de las remuneraciones y de los honorarios profesionales a petición de las personas colegiadas, de acuerdo con lo que establecen estos Estatutos.
c) Intervenir, por vía de mediación o de arbitraje, en los conflictos profesionales que se puedan dar entre personas colegiadas o entre estas y terceras personas, siempre que lo soliciten de común acuerdo las partes implicadas.
d) Colaborar con las asociaciones y las otras entidades representativas de los intereses ciudadanos directamente vinculadas con el ejercicio de la profesión de titulado mercantil y empresarial.
e) Facilitar información a las personas consumidoras y usuarias en materia de honorarios profesionales, respetando siempre el régimen de libre competencia.
f) Custodiar, a petición del profesional o la profesional y de acuerdo con estos Estatutos, la documentación propia de su actividad que se vea obligada a guardar de conformidad con la normativa vigente.
g) Las otras actividades de naturaleza privada que no le estén prohibidas por la legislación vigente.
4. El Colegio también puede ejercer funciones propias de la Administración de la Generalidad y de las administraciones locales de Cataluña por vía de delegación. La delegación de funciones requiere la formalización de un convenio, en el cual se deben determinar el alcance y las condiciones de la delegación, y también los medios y los recursos necesarios para el ejercicio de las funciones. Los convenios de delegación han de ser publicados en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Con el fin de mantener y estrechar los vínculos de unión, solidaridad y compañerismo entre todas las personas colegiadas, precolegiadas y asociadas, el Colegio celebra anualmente una fiesta, el día del empresista que, manteniendo la tradición, tiene lugar preferentemente durante el cuarto trimestre de cada año, el día que acuerda la Junta de Gobierno.
Las personas colegiadas
Incorporación y baja
Para ingresar en el Colegio es necesario reunir las condiciones siguientes:
b) Tener la nacionalidad española (salvo los casos de dispensa legal o concesión de doble nacionalidad) o la de cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de lo que disponga la normativa sobre el derecho de establecimiento.
c) Poseer uno de los títulos académicos a que se refiere el artículo 4.1, letra a), de estos Estatutos.
d) No estar en situación de inhabilitación profesional.
e) No estar sujeto a ninguna de las causas de incompatibilidad o de prohibición establecidas por las leyes.
f) Satisfacer la cuota establecida para el ingreso en la corporación.
g) Acreditar, si es el caso, que se cumplen los requisitos legales para el ejercicio libre de la profesión.
Procedimiento de primera colegiada
1. La colegiación se tiene que pedir por medio de una solicitud dirigida al decano o decana del Colegio.
2. En la solicitud, además de los datos de filiación personal y domicilio y de las referentes a la titulación mercantil o empresarial que posee la persona solicitante, hay que hacer constar los cargos que ejerce o haya ejercido y las actividades a que se dedica, y también cualquier otro antecedente de carácter relevante académico o profesional, con el fin de anotarlo en su expediente académico personal.
3. A la solicitud hay que adjuntar:
a) Los documentos acreditativos de reunir los requisitos especificados en el artículo 7, apartados a), b), c) y f);
b) Dos fotografías de formato carné, análogas a las utilizadas en el DNI;
c) Una copia del DNI;
d) Una declaración responsable conforme reúne las condiciones previstas en el artículo 7, apartados d) y e).
e) En su caso, la documentación acreditativa del cumplimiento del artículo 7, apartado g).
4. La Secretaría General del Colegio examina las solicitudes con su documentación, emite su informe y las somete para su resolución a la Junta de Gobierno, la cual puede requerir información adicional si lo considera conveniente para decidir, estimando, denegando o suspendiendo la admisión.
5. Transcurridos dos meses, máximo plazo otorgado para decidir, se interpreta que la persona solicitante ha sido admitida, a menos que antes se le haya notificado otra resolución.
Incorporación de personas profesionales ya colegiadas
1. Los titulados y tituladas mercantiles y empresariales que solicitan incorporarse al Colegio de Girona y ya se encuentran inscritos en otro colegio de esta misma profesión tienen que acreditar:
a) Que reúnen los requisitos que establece el artículo 7 de estos Estatutos.
b) Que están al corriente del cumplimiento de sus obligaciones hacia el colegio en el cual están incorporados.
2. Para la regulación de la cuota de ingreso el colegio tiene que atenerse al principio de reciprocidad con aquel de donde procede la persona solicitante.
Pérdida de la condición de colegiado o colegiada
1. La calidad de colegiado o colegiada se pierde:
a) Por petición escrita de la persona colegiada, siendo condición previa liquidar todas las cuotas colegiales que pueda deber y tramitar, si procede, la declaración del cese en el ejercicio libre de la profesión.
b) Por traslado del domicilio profesional a otra población donde haya colegio de esta profesión, siempre que manifieste su deseo de baja por medio de una explicación escrita.
c) Por la pérdida de cualquiera de los requisitos exigidos para la colegiación.
d) Por expulsión, decretada por el órgano competente, por medio de un expediente disciplinario previo.
e) Por incapacidad o inhabilitación derivada de una resolución administrativa o judicial firme.
2. La persona colegiada que causa baja pierde todos los derechos inherentes a esta condición.
3. En el caso de baja por impago, el abono de las cuotas colegiales pendientes, con el interés legal devengado, comporta la rehabilitación automática del alta colegial, salvo los supuestos en que subsista algún otro motivo de baja.
1. Los titulados y tituladas mercantiles y empresariales tienen el derecho y el deber de actuar según las normas y las técnicas propias del conocimiento de la profesión, tomando en consideración las experiencias propias del sector.
2. Los titulados y tituladas mercantiles y empresariales también tienen el derecho y el deber de seguir una formación continua para el perfeccionamiento y la actualización permanente de sus conocimientos teóricos y prácticos. A este efecto cuentan con el apoyo del Colegio.
Deberes de las personas colegiadas
Son deberes de las personas colegiadas:
a) Ejercer la profesión con la mayor dignidad y decoro, respetando en todo momento las normas de ética y deontología establecidas, incluido el secreto profesional.
b) Colaborar con la Junta de Gobierno en aquellas tareas a que sean convocadas, dentro de sus posibilidades.
c) Cumplir los acuerdos que se tomen en las asambleas, y también acatar estos Estatutos y la normativa colegial que dicte la Junta de Gobierno, sin perjuicio de utilizar los medios que crean convenientes en los casos de disconformidad.
d) Efectuar sin retraso el pago de las cuotas colegiales ordinarias y extraordinarias que se acuerden.
e) Comunicar los cambios de domicilio, ya sea a efectos de correspondencia, ya sea a efectos de cobro.
f) Estar en posesión del carné de colegiación emitido por el Colegio de Girona.
Derechos de las personas colegiadas
Son derechos de las personas colegiadas:
a) Ejercer la profesión.
b) Asistir a todos los actos que organice el Colegio.
c) Participar en todas las actividades colegiales.
d) Utilizar la biblioteca, así como cualquier otro servicio colegial, de acuerdo con las normas funcionales establecidas.
e) Concurrir a las asambleas ordinarias y extraordinarias que se convoquen usando su derecho a voz y voto, bajo la dirección de la presidencia de la asamblea a que asista.
f) Elegir y ser elegido, actuando como elector o elector o como candidato o candidata, en todo tipo de elecciones que se convoquen para cubrir cargos, tanto si son de la Junta de Gobierno como si son de las comisiones o secciones existentes en el Colegio.
g) Recibir todo tipo de comunicaciones informativas que el Colegio divulgue para dar cuenta de sus actividades o bien para dar noticias de interés profesional.
h) Conocer el número total de personas colegiadas en un momento determinado, para el caso que quieran suscribir una moción de censura.
Agrupación de personas colegiadas
1. Los titulados y tituladas mercantiles y empresariales pueden agruparse para el ejercicio profesional en cometidos concretos, o bien de manera permanente en despachos colectivos.
La agrupación puede ser también con otros profesionales, con los requisitos y los límites establecidos de forma normativa.
2. La agrupación se regirá por los pactos que adopten libremente las personas asociadas, ya sea por contrato civil privado o mediante la constitución de una sociedad profesional.
3. Los despachos colectivos tienen que comunicar su constitución al Colegio dentro de los treinta días siguientes al de su establecimiento.
4. La Junta de Gobierno dicta las normas oportunas a las que los despachos colectivos tienen que atenerse en su funcionamiento.
5. Las sociedades profesionales se tienen que inscribir en el Registro de Sociedades Profesionales que el Colegio lleva con esta finalidad, y en el cual tienen que constar las circunstancias que determina la ley vigente.
Libertad de honorarios
Los honorarios profesionales de los titulados y tituladas mercantiles y empresariales no están sometidos a ninguna tarifa o arancel.
1. La Junta de Gobierno resuelve en sentido arbitral todas las cuestiones sobre minutas de honorarios profesionales que le son sometidas por escrito.
2. La resolución, decisión o laudo arbitral se dicta con la audiencia previa de las partes, las cuales pueden aportar tantas pruebas o alegados como consideran conveniente. El laudo sobre una minuta de honorarios dictado por la Junta de Gobierno no puede ser objeto de ningún recurso.
3. El tiempo para resolverlo es de dos meses, prorrogable por otros dos, en el caso que lo hagan necesario las circunstancias y las necesidades esclarecedoras.
En ningún caso, con motivo de una fiscalización administrativa en lo referente a la liquidación o percepción de minutas de honorarios profesionales y la recaudación de ingresos de carácter fiscal por parte de la Administración, esta puede exigir declaraciones a las personas colegiadas, ni llevar a cabo ninguna comprobación ni ninguna otra actuación que pueda implicar infracción al deber de guardar el secreto profesional.
1. Las minutas de honorarios profesionales acreditadas a consecuencia de un trabajo ejecutado por un mandato recibido a través del Colegio tienen una percepción o participación colegial en la cuantía o porcentaje determinado en cada momento, según aquello que aprueba previamente la Junta de Gobierno con carácter general.
2. Cuando una persona colegiada utiliza la vía corporativa para gestionar el cobro de una minuta de honorarios tiene que abonar al Colegio los servicios prestados en la gestión del cobro.
Normas de organización y de funcionamiento
1. Los órganos del Colegio son la Asamblea General de colegiados y colegiadas y la Junta de Gobierno.
2. El Colegio dispone también de los cargos directivos que indica el artículo 31.1 de estos Estatutos.
1. La Asamblea General de colegiados y colegiadas es el órgano soberano supremo de la corporación.
2. La Asamblea General de colegiados y colegiadas puede convocarse con carácter ordinario o extraordinario.
1. La Asamblea General Ordinaria de colegiados y colegiadas, como órgano plenario, está integrada por todas las personas colegiadas de pleno derecho, ejercientes y no ejercientes, las cuales disponen de voz y voto.
2. La Asamblea General ordinaria tiene las funciones siguientes:
a) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior y, si es el caso, de las actas de las asambleas generales extraordinarias celebradas después de ésta.
b) Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto del Colegio, con análisis de los ingresos y los gastos durante el ejercicio anterior y del balance de situación a la clausura de cada ejercicio.
c) Análisis y aprobación, si es procedente, de la actuación de la Junta de Gobierno durante el año anterior y de la memoria anual, que tiene que reunir la exposición de dicha actuación.
d) Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de la Junta de Gobierno.
e) Examen y aprobación, si procede, de las propuestas presentadas, dentro del plazo y con las formalidades establecidas, por las personas colegiadas.
f) Debate y aprobación, si es procedente, de las propuestas incidentales presentadas por las personas colegiadas durante el desarrollo de la Asamblea.
g) Formulación y, si es posible, respuesta de ruegos y preguntas, después del debate de los puntos contenidos en el orden del día de la convocatoria de la Asamblea.
3. La Asamblea General Ordinaria resuelve sobre cualquier cuestión que le atribuyan las leyes, los reglamentos o los estatutos o que no esté reservada a la Junta de Gobierno.
Periodicidad de la Asamblea General Ordinaria
1. Dentro del primer trimestre de cada año se tiene que celebrar una Asamblea General Ordinaria para examinar la gestión de la Junta de Gobierno durante el año anterior y conocer la liquidación del presupuesto del anterior ejercicio y el balance de la situación a la clausura de dicho ejercicio.
2. Dentro del cuarto trimestre de cada año se tiene que celebrar una Asamblea General Ordinaria para la aprobación del presupuesto que ha regir durante el ejercicio siguiente.
1. La Asamblea General Extraordinaria tiene competencia específica en las materias siguientes:
a) Autorizar la venta de los elementos patrimoniales de la corporación o imponer un gravamen sobre éstos.
b) Establecer las cuotas de carácter ordinario y extraordinario incluidas las derramas que tengan que satisfacer a las personas colegiadas.
c) Tratar y decidir sobre las mociones de censura a la gestión de la Junta de Gobierno formuladas de acuerdo con el artículo 48.
d) Tratar las cuestiones que sean objeto de la convocatoria en la forma prevista en el artículo 24, apartados 2 y 3, cuando no correspondan a materias asignadas a la Asamblea General Ordinaria.
2. También son competencia de la Asamblea General Extraordinaria las materias siguientes, las cuales tienen que ser tratadas como un único punto del orden del día de la sesión que se convoque al efecto:
a) La aprobación y la modificación de los estatutos del Colegio.
b) La convocatoria de elecciones para cubrir cargos vacantes de la Junta de Gobierno.
c) La fusión con otro u otros colegios profesionales, la escisión territorial o la disolución del Colegio.
Iniciativa de la convocatoria
1. Las asambleas ordinarias, y también las extraordinarias, se convocan por iniciativa de la Junta de Gobierno.
Si un número de personas colegiadas que representa más del cinco por ciento del censo lo solicita por escrito, y siempre que estas solicitantes concreten el asunto o asuntos que tienen que figurar en el orden del día de la sesión, la Junta de Gobierno tiene que convocar la asamblea o asambleas que corresponda.
3. También hay que convocar la Asamblea General si lo solicita, con los mismos requisitos, un número de personas integradas en la Junta de Gobierno que represente más del veinte por ciento del número estatutario de miembros de este órgano.
Plazos y forma de la convocatoria
1. La convocatoria para la Asamblea destinada a celebrar elecciones para cubrir los cargos vacantes de la Junta de Gobierno se tiene que enviar con una antelación mínima de treinta cinco días y una antelación máxima de cuarenta y cinco días.
2. La convocatoria para la Asamblea solicitada en la forma prevista al artículo 24, apartados 2 y 3, se tiene que enviar antes de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.
3. La Junta de Gobierno acuerda las convocatorias, tanto de las asambleas ordinarias como de las extraordinarias, con una antelación mínima de quince días en el resto de los casos diferentes de los previstos en los dos apartados anteriores.
4. La convocatoria se envía a las personas colegiadas, firmada por el secretario general, y tiene que contener el orden del día.
5. Desde el envío de la convocatoria de la Asamblea hasta el día y la hora fijados para el inicio de la sesión, todos los antecedentes de los asuntos que se han de tratar en ella están en la Secretaría del Colegio a disposición de las personas colegiadas que deseen consultarlos.
6. La convocatoria también se tiene que hacer pública, a partir del día hábil siguiente al de su envío, en la ventanilla única abierta en la página web del Colegio.
Hasta cinco días antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria se pueden presentar propuestas, autorizadas al menos con la firma de diez personas colegiadas, a fin de que sean sometidas a la deliberación y el acuerdo de la mencionada Asamblea.
Las asambleas generales convocadas de acuerdo con lo que se establece en estos Estatutos quedan constituidas válidamente en primera convocatoria con la asistencia de la mitad más uno de los convocados, y treinta minutos más tarde, en segunda convocatoria, sea cual sea el número de colegiados y colegiadas asistentes.
1. En los debates se otorgan dos turnos a favor y dos en contra y al final se efectúa la votación. No obstante, el decano o decana que preside la Asamblea puede discrecionalmente conceder una ampliación de los turnos mencionados si, en su opinión, la importancia del asunto así lo exige.
2. El decano o decana dirige los debates, concede la palabra y llama al orden a los colegiados o colegiadas que se exceden con respecto a la extensión o el contenido de sus discursos, que no concretan en cuanto a la cuestión discutida o que faltan al debido respeto hacia algún colegiado o hacia la misma Asamblea General; si esto último sucede, el decano o decana tiene derecho a retirar la palabra y a expulsar del local a la persona que desobedece una vez ha sido llamada al orden tres veces.
1. Las asambleas generales toman sus acuerdos por mayoría simple de los votos de las personas asistentes, excepto los casos especiales indicados en los artículos 48 y 64, que requieren un quórum reforzado.
2. A cada persona colegiada en ejercicio le corresponden dos votos.
3. A cada persona colegiada no ejerciente le corresponde un voto.
4. La votación puede ser ordinaria, nominal o secreta. Es necesario que sea nominal o secreta si así lo solicita al menos la cuarta parte de las personas asistentes. Si al mismo tiempo se solicita una votación nominal y secreta sobre el mismo punto del debate, prevalece la votación secreta.
1. La Asamblea General puede acordar la constitución de comisiones delegadas de ésta, con funciones informativas o asesoras en materias concretas determinadas en el mismo acuerdo, relacionadas con alguno o algunos de los puntos del orden del día.
2. La designación de los colegiados o colegiadas que tienen que constituir la comisión puede ser realizada directamente por la misma Asamblea General o encomendada a la Junta de Gobierno, sin perjuicio de la iniciativa de ésta última para nombrar comisiones en su propio seno.
1. La Junta de Gobierno, órgano rector del Colegio, se compone de un decano o decana, un vicedecano o vicedecana, un secretario o secretaria general, un vicesecretario o vicesecretaria, un tesorero o tesorera, un contador-interventor o contadora-interventora y tres vocales, que se adscriben, a las diferentes secciones en que se estructura la misma Junta. Una de las tres personas vocales asume la función de bibliotecario o bibliotecaria.
2. El decano o decana, el vicedecano o vicedecana, el secretario o secretaria general, el vicesecretario o vicesecretaria y uno de los tres vocales tienen que ser personas colegiadas ejercientes, durante todo su mandato. El resto de miembros de la Junta de Gobierno pueden ser personas no ejercientes.
3. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveen por elección directa, en la cual pueden participar como electores todas las personas colegiadas y, como candidatas, las que tienen más de dos años de antigüedad, según lo que establecen estos Estatutos.
4. No pueden ejercer ningún cargo en la Junta de Gobierno las personas colegiadas que han sido sancionadas de forma disciplinaria por falta grave o muy grave, excepto si sus antecedentes han sido cancelados por cumplimiento o por prescripción.
1. El mandato de las personas miembros de la Junta de Gobierno dura cuatro años.
2. Las personas miembros de la Junta de Gobierno pueden ser reelegidas, si bien el ejercicio de un mismo cargo en este órgano queda limitado, contando las reelecciones que se puedan producir, a un máximo de ocho años consecutivos en el caso del decano o decana, y de doce años consecutivos en el resto de cargos.
3. Si durante el plazo para el cual han sido nombrados los miembros de la Junta de Gobierno se producen vacantes, la Junta puede designar de entre los colegiados y las colegiadas con más de dos años de antigüedad a las personas que tienen que ocuparlas de forma interina mientras no se reúne la próxima Asamblea General, que tiene por objeto exclusivo la renovación de los cargos de la misma Junta.
4. Cuando quedan vacantes la mitad más uno de los cargos de la Junta de Gobierno, esta tiene que convocar elecciones por medio de una Asamblea General Extraordinaria para la provisión de los mencionados cargos, en un plazo de treinta días. Las personas colegiadas elegidas en esta ocasión tienen el mandato de aquellas a las cuales sustituyen, por el tiempo que les quedaba.
5. Si por cualquier motivo quedan vacantes todos los cargos de la Junta de Gobierno y, por consiguiente, no se pueden convocar elecciones para cubrirlos, se constituye una Junta electoral nombrada por el Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña, la cual, dentro de los treinta días siguientes a su designación, convoca elecciones para cubrir la totalidad de los cargos vacantes.
1. Los vocales de la Junta de Gobierno sustituyen, por orden de antigüedad corporativa, el decano o decana, o el vicedecano o vicedecana, en caso de ausencia, enfermedad, imposibilidad o vacante, mientras duren estas circunstancias.
2. Cuando por algún motivo están vacantes definitivamente o temporalmente los cargos de secretaría general, vicesecretaría, tesorería o contaduría-intervención, estos son sustituidos por vocales en orden inverso a su antigüedad corporativa.
1. En relación con estos Estatutos:
a) Tomar la iniciativa para la modificación estatutaria.
2. En relación con la profesión y las personas colegiadas:
a) Resolver las solicitudes de incorporación al Colegio.
b) Velar por la libertad y la independencia necesarias de las personas colegiadas para el cumplimiento de sus deberes profesionales y para que se les guarde el respeto debido.
c) Exigir a las personas colegiadas que se comporten con la debida corrección y que actúen con celo y competencia profesional.
d) Combatir el intrusismo y las actuaciones profesionales irregulares.
f) Convocar elecciones para la provisión de los cargos de la Junta de Gobierno.
g) Convocar las asambleas y comunicar al mismo tiempo el orden del día.
i) Crear las secciones colegiales que interesen a los fines de la corporación y otorgarles las facultades que les sean apropiadas. Estas secciones las preside una persona miembro de la Junta de Gobierno que tiene el carácter de vocal-presidente de cada sección; dentro de esta se nombra la comisión oportuna.
j) Crear delegaciones de la Junta de Gobierno en aquellas poblaciones del ámbito territorial del Colegio que se crea conveniente.
k) Tomar la iniciativa para la elaboración y la modificación de los reglamentos.
l) Aprobar las normas funcionales de las secciones o delegaciones que cree en su seno.
m) Designar colegiados y colegiadas de honor.
3. En relación con los juzgados y tribunales y con los entes y órganos administrativos y corporativos:
a) Representar al Colegio en los actos oficiales.
b) Defender, cuando se estime procedente y justo, a las personas colegiadas en la ejecución de las funciones de la profesión o en ocasión de éstas.
c) Informar sobre los proyectos de disposiciones legales de cualquier rango que se sometan a la consideración del Colegio.
d) Organizar y regular el turno de oficio para la actuación de las personas colegiadas como peritos ante juzgados y tribunales.
e) Instar la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de los actos y resoluciones relativos a la entidad que sean susceptibles de ello.
f) Proveer las vacantes a que se refiere el artículo 32.4 de estos Estatutos, siempre y cuando el número de miembros interinos no llegue a cinco.
g) Nombrar a los compromisarios o compromisarias a que hace referencia el artículo 69 de estos Estatutos.
4. En relación con los medios económicos del Colegio:
a) Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anualmente.
b) Recaudar, custodiar y administrar los fondos del Colegio.
5. La Junta de Gobierno también puede emitir dictámenes a nivel de personas colegiadas, o sea corporativamente; cuando cobra honorarios por estos conceptos tiene que ingresarlos en la caja de la corporación.
1. La Junta de Gobierno puede delegar el ejercicio de sus funciones públicas de acuerdo con las normas de procedimiento administrativo. Para las funciones de naturaleza privada, puede delegar en uno o una de sus miembros o en más de uno, o nombrar apoderados generales o especiales.
2. No son delegables los actos que tengan que ser autorizados o aprobados por el órgano plenario, ni tampoco los dictados en ejercicio de facultades delegadas.
1. La Junta de Gobierno se reúne como mínimo una vez al mes, y también tantas veces como es convocada por el decanato, a iniciativa propia de éste o a petición de la mayoría absoluta de los miembros de la misma Junta.
2. Para poder adoptar acuerdos válidamente es necesaria la concurrencia de la mayoría de las personas que la integran en primera convocatoria, y treinta minutos más tarde en segunda convocatoria, sea cual sea el número de colegiados y colegiadas asistentes.
3. Los acuerdos se toman por mayoría simple de los votos de las personas asistentes, excepto en el caso especial indicado en el artículo 70, que requiere mayoría absoluta.
La asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno es obligatoria. La falta de asistencia no justificada a tres sesiones consecutivas se entiende como renuncia al cargo.
El decano o decana del Ilustre Colegio Oficial de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Girona tiene el tratamiento de Ilustrísimo Señor o Ilustrísima Señora, y las otras personas miembros de la Junta de Gobierno el de Ilustres Señores o Ilustres Señoras.
Facultades del decanato
1. Corresponde al decano o decana:
a) La representación ordinaria del Colegio en cualquier entidad, organismo o persona, públicos o privados.
b) Ejercer las funciones correctivas y de vigilancia que los estatutos o los reglamentos reservan a su cargo.
c) Presidir las asambleas, las juntas de gobierno y todas las comisiones a las cuales asista. Su voto es dirimente en caso de empate.
2. Además, el decano o decana tiene que impedir, bajo su responsabilidad, que acceda al ejercicio de un cargo de la Junta de Gobierno o continúe desarrollándolo una persona colegiada en la cual no concurran los requisitos estatutarios; tiene que negar la posesión a la que sea elegida sin cumplirlos y sustituirla de la forma prevista en estos Estatutos.
Mediación del decanato
1. El colegiado o colegiada que reciba el encargo de promover o preparar actuaciones de cualquier tipo en contra de otro colegiado o colegiada, con respecto a responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional, tiene que dirigirse previamente al decanato del Colegio a fin de que realice una tarea de mediación, en caso de que este lo considere oportuno.
2. Con independencia de la obligación regulada en el párrafo anterior, el decano o decana media en aquellas diferencias que las partes someten a su consideración.
Funciones del vicedecano o vicedecana
1. Corresponde al vicedecano o vicedecana sustituir el decano o decana en los casos de ausencia, enfermedad, imposibilidad o vacante, mientras duren estas circunstancias, y también ejercer todas las funciones que el decano o decana les delegue.
2. El vicedecano o vicedecana ejerce la función de coordinar las vocalías responsables de las distintas secciones del Colegio.
a) Dar fe de los actos y los acuerdos del Colegio.
b) Recibir las comunicaciones, solicitudes o escritos dirigidos al Colegio, los cuales tiene que tramitar y responder, con el visto bueno del decano o decana cuando sea procedente.
c) Llevar debidamente diferenciados, los registros de personas colegiadas, de personas precolegiadas, de personas asociadas y de sociedades profesionales.
d) Formalizar los expedientes personales de los colegiados y colegiadas.
e) Redactar las actas de las asambleas y de las juntas de gobierno.
f) Cuidar del archivo, llevar el libro de registro de títulos y custodiar el sello del Colegio.
g) Ocuparse del turno de oficio para las actuaciones que sean solicitadas al Colegio.
h) Ordenar los pagos, de acuerdo con aquello que prevé el artículo 93.
i) Elaborar y enviar a la Generalidad la información que esta requiera al Colegio en relación con el ejercicio de sus funciones públicas.
2. Para el debido cumplimiento de las funciones mencionadas en el párrafo anterior, el personal administrativo y técnico del Colegio depende orgánicamente del secretario o secretaria general.
Funciones de la Vicesecretaría
Corresponde al vicesecretario o vicesecretaria sustituir al secretario o secretaria general en los casos de ausencia, enfermedad, imposibilidad o vacante, y también ejercer todas las funciones que el secretario o secretaria general le delegue.
El tesorero o tesorera tiene a su cargo recaudar los fondos del Colegio; pagar las entregas que expida el secretario o secretaria general con el visto bueno del decano o decana y la toma de razón del contador-interventor o contadora-interventora; llevar los libros oficiales y presentar a la Junta de Gobierno las cuentas referentes a la situación de tesorería, los proyectos de presupuestos y la liquidación de estos.
Funciones de la Contaduría-intervención
El contador-interventor o contadora-interventora lleva el control de las cuentas de pagos y cobranzas; interviene las operaciones de orden económico y, junto con el tesorero o tesorera, formaliza las cuentas, balances y presupuestos que tienen que ser presentados a la Junta de Gobierno.
Funciones del bibliotecario o bibliotecaria
El vocal bibliotecario o bibliotecaria se ocupa de la dirección y la ordenación de la biblioteca, de la catalogación de las obras que ésta contiene y de proponer la adquisición de las que estime convenientes.
Los vocales de la Junta de Gobierno ejercen las funciones que les encarga especialmente la Junta, y se ocupan del funcionamiento de las secciones que les han sido asignadas.
Cese de las personas miembros de la Junta
1. La Junta de Gobierno puede ser destituida mediante una moción de censura, la presentación, la tramitación y la votación de la cual se rigen por las normas siguientes:
a) La moción de censura la tiene que proponer, como mínimo, un veinte por ciento de las personas colegiadas en la fecha de presentación, y tiene que incluir una relación nominal de las signatarias de la moción que se proponen para sustituir las de la Junta de Gobierno existente, con expresión de los cargos que asumirán en caso de aprobación de la moción.
b) El escrito en que se proponga la moción de censura tiene que incluir las firmas validadas debidamente por un notario o notaria o por el secretario o secretaria general del Colegio, y lo tiene que presentar ante este cualquiera de los que lo firman. El secretario o secretaria general tiene que comprobar que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y tiene que extender en el mismo acto la diligencia acreditativa correspondiente.
c) El documento tramitado así, lo tiene que presentar en el registro general del Colegio cualquiera de las personas firmantes de la moción y, haciendo excepción a lo que prevén los artículos 24 y 25 de estos Estatutos, la Asamblea General Extraordinaria queda convocada de manera automática a las doce horas del vigésimo quinto día hábil siguiente al del registro. El secretario o secretaria general tiene que enviar una notificación indicativa de esta circunstancia a todas las personas colegiadas en el plazo máximo de diez días, a contar de la presentación del documento en el registro, a los efectos de asistencia a la sesión, especificando la fecha y la hora, y también tiene que dar cumplimiento a la publicidad prevista en el artículo 25.6 de estos Estatutos.
d) La Asamblea General Extraordinaria está presidida por una mesa de edad, integrada por las personas colegiadas de más y menos edad de las presentes, excluidos los miembros de la Junta de Gobierno y los candidatos o candidatas a sustituirlo. Actúa como secretario o secretaria la persona de menor edad, y como presidente o presidenta la de mayor edad.
e) La mesa se limita a leer la moción de censura, a conceder la palabra durante un tiempo breve, si están presentes, a la persona candidata al decanato y al decano o decana, y a someter a votación la moción de censura.
f) La moción prospera con el voto favorable de la mayoría de asistentes siempre y cuando represente el veinte por ciento de las personas colegiadas en la fecha de presentación. En tal caso, las personas candidatas incluidas en la moción de censura quedan proclamadas miembros de la Junta de Gobierno, por el tiempo de mandato que quedaba a aquellas a las cuales sustituyen.
2. Ninguna persona colegiada puede firmar más de una moción de censura cada cuatro años.
A este efecto no se tienen en consideración las mociones que no han sido tramitadas por el hecho de no reunir los requisitos que prevé la letra b) del apartado 1 de este artículo.
3. No se admite censuras circunscritas a cargos concretos, las cuales tienen que ser resueltas en cualquier caso por la vía disciplinaria, en su caso.
4. La dimisión sobrevenida de la Junta de Gobierno no suspende la tramitación y la votación de la moción de censura.
5. El decanato, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de las personas colegiadas a asistir a la sesión en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho al voto. En especial, no son aplicables a la moción de censura las causas de abstención y recusación que prevé la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo.
6. Al cesar en su cargo, por cualquier causa, las personas que integran la Junta de Gobierno cesan también en los otros cargos que les han sido asignados por el hecho de ser miembros de esta.
1. Los colegiados y las colegiadas tienen derecho a sufragio activo a partir de su incorporación en el Colegio.
2. La convocatoria para la elección de los cargos de la Junta de Gobierno corresponde a esta o a la Junta electoral definida en el artículo 32.6, la cual tiene que convocar, en este caso, una Asamblea extraordinaria de colegiados y colegiadas de acuerdo con lo que establecen estos Estatutos.
3. La Junta de Gobierno tiene que estar constituida por personas que, proporcionalmente, representen los diferentes sectores de la actividad profesional de los colegiados y colegiadas, respetando lo que dispone el artículo 31.2 de estos Estatutos.
1. La Secretaría, dentro de los cinco días siguientes al de la convocatoria de elecciones, tiene que insertar en el tablón de anuncios el número de registro de la última persona colegiada con derecho de voto, junto con una copia del texto de la convocatoria que haga una mención especial a los cargos objeto de la elección, a los requisitos para acceder, al día, el lugar y el horario de votación y a la fecha de inicio del escrutinio.
2. Los colegiados o colegiadas que quieran formular reclamaciones contra su posible exclusión a causa de un error en la antigüedad de su número de registro tienen que hacerlas dentro del plazo de los cinco días siguientes a la fecha de expiración de la presentación de candidaturas.
3. La Junta, en caso de que existan reclamaciones contra posibles exclusiones, las tiene que resolver en el plazo de los tres días siguientes, y notificar su resolución a cada reclamante en los dos días siguientes.
1. La elección para cubrir los cargos vacantes de la Junta de Gobierno se tiene que celebrar cualquier día del mes de marzo del año natural, como punto del orden del día de la correspondiente Asamblea General Extraordinaria convocada para este efecto.
2. La Junta de Gobierno determina el horario de la elección, que tiene que tener una duración mínima de ocho horas seguidas dentro del mismo día.
3. El anuncio de la convocatoria se tiene que efectuar en el lapso temporal indicado en el artículo 25.1.
Para ser proclamado candidato o candidata a cualquier cargo de la Junta de Gobierno es indispensable ser elector o electora, residir en la demarcación del Colegio y disfrutar de una antigüedad de dos años entre la incorporación como colegiado o colegiada y el día de las elecciones.
1. Las candidaturas se tienen que presentar en la sede del Colegio y estar registradas en el libro correspondiente con veinticinco días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para el acto electoral.
2. Las candidaturas tienen que ser conjuntas para los diversos cargos que hay que proveer, y tienen que estar firmadas, como mínimo, por veinticinco personas colegiadas con derecho a ser electoras; son válidas también las firmas de las personas aspirantes, las cuales, en todo caso, tienen que firmar su conformidad.
3. Ningún colegiado ni colegiada puede presentar su candidatura para más de un cargo.
1. Al día siguiente de haber acabado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta de Gobierno proclama candidatas aquellas personas que reúnen los requisitos que exigen estos Estatutos.
2. Acto seguido publica el acuerdo en el tablón de anuncios del Colegio y al día siguiente lo comunica a las personas interesadas, sin perjuicio de que se pueda enviar al resto de colegiados y colegiadas.
3. Las personas candidatas proclamadas que no tienen oposición quedan elegidas sin necesidad de convocar una Asamblea para su votación.
4. El Colegio tiene que hacer las papeletas de votación, todas del mismo tamaño y color, y enviar una de cada candidatura a todas las personas colegiadas, sin excluir que los candidatos o candidatas proclamados también puedan hacerlas, si bien de características exactamente iguales que las hechas por la Junta de Gobierno.
Exclusión de candidaturas
1. En caso de que alguna candidatura sea excluida, la exclusión tiene que ser motivada y notificarse al día siguiente a la persona interesada.
2. Contra la resolución de exclusión de una candidatura, decidida por la Junta de Gobierno, se puede presentar una reclamación previa al recurso que corresponda, la cual se tiene que formalizar en el plazo de veinticuatro horas. La Junta de Gobierno tiene que resolver esta reclamación en igual plazo de veinticuatro horas.
1. Para la celebración de elecciones se tiene que constituir la Mesa electoral, integrada por el decano o decana como presidente o presidenta, el secretario o secretaria general y otra persona miembro de la Junta de Gobierno, siempre que no figure como candidata.
2. Las personas titulares del Decanato y de la Secretaría General pueden delegar, para este acto, en cualquier otra que sea miembro de la Junta de Gobierno.
3. Cada candidato o candidata puede designar, de entre las personas colegiadas, a un interventor o interventora que ostente su representación en las operaciones electorales.
4. La Mesa electoral prepara la urna o las urnas, que se tienen que cerrar y precintar con el sello del Colegio, dejando sólo una ranura para introducir el voto.
5. En el lugar de la votación se tienen que distribuir papeletas con el nombre de cada candidatura presentada, en cantidad suficiente.
1. La elección de las personas miembros de la Junta de Gobierno se hace mediante una votación directa y secreta de los colegiados y las colegiadas.
2. Constituida la Mesa electoral, el presidente o presidenta señala el inicio de la votación.
3. Las personas que desean votar tienen que acreditar su personalidad en la Mesa electoral, la cual comprueba que están incluidas en el censo electoral preparado para las elecciones. El presidente o presidenta tiene que decir en voz alta el nombre y los apellidos de la persona que vota y en el momento de introducir la papeleta en la urna tiene que mencionar el hecho de que ha votado.
4. El Colegio reglamentará de acuerdo con lo que prevén estos Estatutos la posibilidad de votar también de manera telemática; en este reglamento habrá que establecer los requisitos y las garantías de uso de este procedimiento de acuerdo con el artículo 49.6 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales.
1. Una vez finalizada la votación se inicia acto seguido y sin interrupción el escrutinio, en el transcurso del cual se leen en voz alta todas las papeletas.
2. Para el acto del escrutinio se puede nombrar a dos personas escrutadoras de entre las asistentes a la Asamblea, que ayudan a la Mesa electoral.
3. Finalizado el escrutinio, el presidente o presidenta de la Mesa electoral anuncia su resultado y proclama electas las personas candidatas que han obtenido, para cada cargo, el mayor número de votos. En caso de empate, se entiende elegida la persona que tiene mayor antigüedad en el Colegio, excepto si el empate se produce para el cargo de decano o decana; en este caso se elige a la que hace más años que actúa en el ejercicio libre y, si también hay empate en eso, se elige a la que tiene mayor antigüedad en el Colegio. Si no puede cumplirse el mandato del artículo 49.3 con respecto al tercio de miembros que desarrollan el ejercicio libre de la profesión, las personas que tendrían que ser proclamadas pero que comparativamente han recibido menos votos ceden su puesto a las otras todavía menos votadas pero que permiten establecer el equilibrio en la representación querido por estos Estatutos.
4. El resultado se tiene que hacer constar en el acta de escrutinio.
5. Las personas candidatas pueden hacer constar en el momento del escrutinio cualquier observación que crean oportuna en relación con el desarrollo de las elecciones, y pueden interponer una reclamación previa al recurso que corresponda contra el resultado electoral en el plazo de los cinco días posteriores al de la elección; la Mesa tiene que resolver esta reclamación en el plazo de tres días.
6. Dentro de los diez días siguientes, la Mesa electoral tiene que comunicar al órgano competente de la Generalidad de Cataluña los resultados registrados, la composición de la Junta electa y los otros requisitos que la ley establece. La Junta de Gobierno también tiene que comunicar el resultado al Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña y, en el caso que lo considere de interés, al Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de España.
1. Hay que declarar nulo todo voto que incluya expresiones ajenas al contenido estricto de la votación, o que tenga raspaduras, borrones o enmiendas.
2. El voto es parcialmente nulo con respecto al cargo para el que se haya indicado más de un candidato o candidata, o al nombre de un candidato o candidata para otro cargo, o de un colegiado o colegiada que no concurra a la elección. Las papeletas rellenadas sólo parcialmente son válidas para los cargos y las personas correctamente expresados, siempre que reúnan los requisitos exigidos.
Proclamación de los miembros electos y toma de posesión
La Junta de Gobierno da posesión a los candidatos o candidatas electas, en un acto público que tiene lugar en el plazo de los diez días posteriores al de la celebración de las elecciones o, en su caso, al día en que esté o se tenga que considerar desestimada la posible reclamación contra el resultado del escrutinio a que hace referencia el artículo 58.5 de estos Estatutos.
Potestad normativa del colegio
1. El Colegio tiene capacidad normativa en relación con las funciones públicas que le atribuye la ley, independientemente de su ámbito de regulación estatutaria.
2. La potestad reglamentaria del Colegio se tiene que ajustar, en todos los casos, a lo que establecen las leyes y las otras disposiciones de carácter general aplicables.
1. La iniciativa para la elaboración de los reglamentos corresponde a la Junta de Gobierno, la cual nombra una comisión específica para la finalidad prevista en este artículo.
2. La comisión, después de pedir los informes y de efectuar las consultas que estime más oportunos, redacta la memoria justificativa, el proyecto de reglamento y el resto de documentos que sean necesarios.
3. A continuación la comisión abre un periodo de información pública colegial por un plazo no inferior a un mes, a fin de que las personas colegiadas puedan conocer la documentación del expediente y formular las alegaciones, las sugerencias o las enmiendas que consideren convenientes, a las cuales se tiene que dar respuesta antes de la presentación del proyecto a la Asamblea General Ordinaria.
4. Los reglamentos aprobados y sus modificaciones se tienen que enviar al departamento de la Generalidad con competencia en materia de colegios profesionales, para que califique la adecuación a la legalidad, disponga la inscripción en e Registro de Colegios Profesionales, en su caso, y ordene la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si no se produce ninguna resolución expresa, los reglamentos y sus modificaciones se entienden aprobados por silencio positivo transcurrido el plazo de seis meses. Al mismo tiempo que se envían a la Generalidad, los reglamentos y sus modificaciones se tienen que comunicar al Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña.
5. Los reglamentos aprobados y sus modificaciones entran en vigor al día siguiente de haber sido publicados en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a menos que establezcan una fecha de entrada en vigor posterior.
6. La comisión a que se refiere este artículo se disuelve automáticamente cuando entra en vigor la norma reglamentaria, o bien en el plazo de un año desde la fecha de su nombramiento salvo en el caso de que la Junta de Gobierno decida prorrogar su mandato por otro plazo máximo de un año.
7. Las disposiciones de este artículo se aplican también, en aquello que corresponda, a la modificación de estos Estatutos.
Modificaciones de la estructura y disolución del Colegio
Modificaciones de ámbito territorial por vía de fusión
1. La fusión del Colegio con otro u otros de la misma profesión y de diferente ámbito territorial se puede llevar a término por medio de la extinción de los colegios profesionales que participan y la constitución de un nuevo colegio profesional, con transmisión a este de su patrimonio, o bien por medio de la absorción de un colegio profesional o de diversos por otro, que tiene que modificar la denominación y el ámbito territorial.
2. El acuerdo de fusión con otro u otros colegios profesionales tiene que ser adoptado por la Asamblea General Extraordinaria, sin perjuicio de su aprobación posterior, si procede, por medio de un decreto del Gobierno, con el informe previo del Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña.
Modificaciones de ámbito territorial por vía de escisión
1. La escisión territorial del Colegio tiene carácter excepcional y sólo se puede justificar por razones de mejor cumplimiento de las funciones públicas que tiene encomendadas.
2. El acuerdo de escisión tiene que ser adoptado por la Asamblea General Extraordinaria, tanto si se produce por división como por segregación, y requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los colegiados y colegiadas de pleno derecho, sin perjuicio de su aprobación posterior, si procede, por medio de un decreto del Gobierno, con el informe previo del Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña.
3. En el caso de segregación, hace falta una petición previa, dirigida al órgano de gobierno del Colegio, de la mitad más uno de los profesionales colegiados residentes en el ámbito territorial del colegio profesional proyectado.
Fusión o segregación
El acuerdo de fusión del Colegio con otro u otros de diferentes profesiones y su segregación, si comporta la creación de uno nuevo para el ejercicio de una profesión que requiera una titulación diferente de la del Colegio de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales, se tiene que aprobar por la Asamblea General Extraordinaria, con el informe previo del consejo o los consejos de colegios profesionales correspondientes.
El Colegio se puede disolver por las causas siguientes:
b) El acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, adoptado con la forma y los requisitos que establecen los estatutos.
c) La baja de las personas colegiadas, si el número de éstas queda reducido a una cifra inferior a la de las personas necesarias para proveer todos los cargos del órgano de gobierno, de acuerdo con los estatutos.
e) La escisión mediante la división.
f) Las otras causas establecidas por estos Estatutos.
Procedimiento y efectos de la disolución
1. En caso de que se dé cualquiera de las causas previstas al artículo anterior, corresponde a la Asamblea General Extraordinaria iniciar el procedimiento de disolución, y a la Junta de Gobierno adoptar las disposiciones necesarias para que este pueda ser resuelto por un decreto del Gobierno de la Generalidad.
2. Entre los trámites del procedimiento tiene que estar el informe del Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña, previo a la resolución definitiva.
3. En caso de disolución del Colegio se extingue la representación de todos sus órganos para concertar nuevos contratos y contraer nuevas obligaciones.
1. En el decreto de disolución se tiene que determinar la forma como se ha de proceder a la liquidación de los bienes y derechos del Colegio, y también nombrar las personas o la comisión encargadas de llevar a cabo la liquidación.
2. El remanente, si hay, se tiene que destinar al Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña o, en defecto de éste, a la Generalidad de Cataluña.
Compromisarios y miembros de honor
Nombramiento de compromisarios o compromisarias
1. La Junta de Gobierno nombra cada cuatro años los colegiados o colegiadas que, en condición de compromisarios o compromisarias, tienen que asistir a las asambleas y reuniones que convoca el Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña y, en el caso que lo considere de interés, a las asambleas generales de colegios que se celebran en la sede del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de España.
2. El número de compromisarios o compromisarias designados es el que determinan los estatutos del Consejo; para ser nombrado es necesario tener la condición de colegiado o colegiada con tres años de antigüedad como mínimo, haber ocupado un cargo a la Junta de Gobierno de este Colegio o en la de otro de la misma profesión, y no haber sido sancionado de forma disciplinaria por una falta grave o muy grave, a menos que los antecedentes hayan sido cancelados por cumplimiento o por prescripción.
3. Los compromisarios y compromisarias pueden ser reelegidos tantas veces como se quiera.
4. Los compromisarios y compromisarias, junto con los otros miembros del Colegio integrados en el órgano plenario del Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña, tienen que formar democráticamente la voluntad colegial única, a efectos de dar cumplimiento al artículo 64.4 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales.
1. La Junta de Gobierno, en acuerdo tomado por mayoría absoluta, puede designar colegiada de honor a una persona, española o extranjera, sea o no titulada mercantil o empresarial, con el fin de reconocer sus eminentes servicios hacia el Colegio o la profesión, o su tarea en el desarrollo de la ciencia mercantil y/o económica empresarial.
2. La calidad de colegiado o colegiada de honor sólo da derecho a la entrega del diploma correspondiente.
1. Las actuaciones profesionales que no cumplen las disposiciones de la ley y de las normas específicas que regulan el ejercicio de la profesión de titulado mercantil y empresarial pueden ser sancionadas en los términos establecidos por este título.
2. El Colegio también puede adoptar medidas disciplinarias contra las personas colegiadas fundamentadas en el incumplimiento de los deberes colegiales.
Las infracciones en que se puede incurrir tanto en el ejercicio de la profesión de titulado mercantil y empresarial como en el incumplimiento de los deberes colegiales se clasifican en muy graves, graves y leves.
Infracciones y sanciones en el ejercicio de la profesión
Infracciones muy graves en el ejercicio de la profesión
Son infracciones muy graves en el ejercicio de la profesión de titulado mercantil y empresarial:
a) El ejercicio de la profesión sin tener el título profesional habilitante.
b) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando de ello resulte un perjuicio grave para las personas destinatarias del servicio del profesional o la profesional o para terceras personas.
d) El ejercicio de la profesión que vulnere una resolución administrativa o judicial firme de inhabilitación profesional, de declaración de incompatibilidad administrativa o profesional o de conflicto de intereses, o una disposición legal en que se establezca la prohibición de ejercer.
e) La comisión de delitos con dolo, en cualquier grado de participación, que se produzcan en el ejercicio de la profesión.
f) El ejercicio de la profesión de titulado mercantil y empresarial por quien no cumple la obligación de colegiación.
g) La contratación por empresas y entidades de trabajadores no colegiados en caso de que el proyecto de su contrato de trabajo comprenda, totalmente o parcialmente, la realización de tareas propias de la profesión.
Infracciones graves en el ejercicio de la profesión
Son infracciones graves en el ejercicio de la profesión de titulado mercantil y empresarial:
a) La vulneración de las normas esenciales del ejercicio y la deontología profesionales.
b) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando de ello resulte un perjuicio para las personas destinatarias del servicio del profesional o la profesional.
c) El incumplimiento de la obligación que tienen las personas colegiadas de comunicar los supuestos de intrusismo profesional de los cuales sean conocedoras.
d) El incumplimiento del deber de seguro, si es obligatorio.
e) El incumplimiento del deber de prestación obligatoria establecido por la ley o por las normas que así lo dispongan, salvo la acreditación de causa justificada que haga imposible la prestación del servicio, después de haber sido requerida debidamente.
f) Los actos que tengan la consideración de competencia desleal de acuerdo con lo que establezcan las leyes.
g) Las actuaciones profesionales que vulneren los principios constitucionales e internacionales de igualdad y de no discriminación.
Infracciones leves en el ejercicio de la profesión
Es infracción leve en el ejercicio de la profesión de titulado mercantil y empresarial la vulneración de cualquier norma que regule la actividad profesional, siempre que no sea una infracción grave o muy grave.
Sanciones por infracciones en el ejercicio de la profesión
1. Las infracciones muy graves pueden ser objeto de las sanciones siguientes:
a) Inhabilitación profesional durante un tiempo no superior a cinco años.
b) Multa de entre 5.001 euros y 50.000 euros.
2. Las infracciones graves pueden ser objeto de las sanciones siguientes:
a) Inhabilitación profesional durante un tiempo no superior a un año.
b) Multa de entre 1.001 euros y 5.000 euros.
3. Las infracciones leves pueden ser objeto de las sanciones siguientes:
b) Multa de una cantidad no superior a 1.000 euros.
4. Como sanción complementaria también se puede imponer la obligación de hacer actividades de formación profesional o deontológica si la infracción se ha producido a causa del incumplimiento de deberes que afecten al ejercicio o la deontología profesionales.
5. Si la persona que ha cometido una infracción ha obtenido una ganancia económica, se puede añadir a la sanción que establece este artículo una cuantía adicional hasta el importe del provecho que haya obtenido el profesional o la profesional.
Infracciones y sanciones por incumplimiento de los deberes colegiales
Infracciones muy graves por incumplimiento de los deberes colegiales
Son infracciones muy graves en el incumplimiento de los deberes colegiales:
a) El incumplimiento muy grave de las obligaciones establecidas por las leyes, por estos Estatutos o por las otras normas colegiales.
b) El incumplimiento muy grave de acuerdos o decisiones adoptados por órganos del Colegio con respecto a:
El régimen electoral de la corporación.
La gestión de los intereses colegiales confiados en calidad de miembro de la Junta de Gobierno o de compromisario o compromisaria, especialmente en el caso de incumplimiento de aquello que prevé el artículo 69.4 de estos Estatutos.
La economía del Colegio, incluyendo la morosidad en el pago de una cuota colegial, ordinaria o extraordinaria, superior a seis meses, contados desde la fecha de vencimiento del recibo.
La obligación de hacer efectivas las sanciones impuestas.
c) La realización de actos que impidan o alteren de forma muy grave el funcionamiento normal del Colegio o de sus órganos.
d) La ofensa o la desconsideración muy graves hacia cualquier compañero o compañera, cuando ejerce su actividad profesional, o bien hacia cualquiera de las personas que integran la Junta de Gobierno, cuando actúa en el ejercicio de sus funciones.
Infracciones graves por incumplimiento de los deberes colegiales
Es infracción grave en el cumplimiento de los deberes colegiales todo acto u omisión de entre los indicados en el artículo anterior, cuando se aprecie que su trascendencia no es extrema.
Infracciones leves por incumplimiento de los deberes colegiales
Es infracción leve en el cumplimiento de los deberes colegiales la vulneración de cualquier norma, acuerdo o decisión que regule estos deberes, hasta título de simple negligencia, siempre que no sea se pueda conceptuar como grave o muy grave.
Sanciones por infracciones en el incumplimiento de los deberes colegiales
Las sanciones por infracciones en el incumplimiento de los deberes colegiales pueden consistir en la amonestación, la multa o la expulsión, y se regulan de acuerdo con los criterios siguientes:
a) La cuantía de las multas por cada clase de infracción no puede exceder lo que dispone el artículo 76.
b) La sanción de expulsión sólo se puede imponer por reiteración en la comisión de las infracciones muy graves a que hace referencia el artículo 77, letras a) y b), y siempre se tiene que tener en cuenta el derecho de la persona sancionada de solicitar la rehabilitación en el plazo de tres años a contar de la efectividad de la sanción. La sanción de expulsión sólo es ejecutiva si la resolución que la impone pone fin a la vía administrativa.
Publicidad de las infracciones en el incumplimiento de los deberes colegiales
La Junta de Gobierno envía al Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña testimonio de sus acuerdos de sanción por infracciones graves o muy graves en el incumplimiento de los deberes colegiales. Asimismo, si lo cree de interés, también lo puede hacer al Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de España.
Disposiciones comunes a toda clase de infracciones y sanciones
Las sanciones se gradúan en función de las circunstancias que concurren en cada caso, de acuerdo con los principios generales establecidos para la potestad sancionadora en la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo.
1. La sanción de inhabilitación impide el ejercicio profesional durante el tiempo por el cual ha sido impuesta.
2. La Junta de Gobierno tiene que comunicar la sanción de inhabilitación a las administraciones competentes y al Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña.
3. La inhabilitación profesional es efectiva a partir del momento en que la resolución que la decide pone fin a la vía administrativa. En caso de que concurran en una misma persona diversas resoluciones de inhabilitación sucesivas, el plazo establecido en cada una se empieza a contar a partir del cumplimiento definitivo del anterior.
1. Las infracciones muy graves prescriben al cabo de tres años, las graves prescriben al cabo de dos años y las leves prescriben al cabo de un año, a contar desde el día en que la infracción se cometió.
2. La prescripción queda interrumpida por el inicio, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripción se vuelve a iniciar si el expediente sancionador ha sido detenido durante un mes por una causa no imputable a la presunta persona infractora.
3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben al cabo de tres años de haber sido impuestas, las sanciones por faltas graves prescriben al cabo de dos años y las sanciones por faltas leves prescriben al cabo de un año.
4. Las sanciones que comportan una inhabilitación profesional por un periodo igual o superior a tres años prescriben una vez transcurrido el mismo plazo por el cual fueron impuestas.
5. Los plazos de prescripción de las sanciones se empieza a contar a partir del día siguiente del día en que se convierte en firme la resolución que las impone.
6. La prescripción queda interrumpida por el inicio, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución. El plazo de prescripción se vuelve a iniciar si el procedimiento de ejecución permanece parado durante más de seis meses por una causa no imputable a la persona infractora.
1. El régimen sancionador establecido por estos Estatutos resta sometido a los principios de legalidad, irretroactividad, tipicidad, proporcionalidad y no concurrencia de sanciones.
2. La imposición de toda sanción establecida por estos Estatutos se tiene que haber dictado en el marco de un expediente previo. En la tramitación de este expediente se tienen que garantizar, al menos, los principios de presunción de inocencia, de audiencia de la persona afectada, de motivación de la resolución final y de separación de los órganos instructor y decisorio.
3. El órgano competente para la imposición de toda clase de sanciones es la Junta de Gobierno.
4. Son aplicables al procedimiento sancionador establecido por estos Estatutos las previsiones sobre la potestad sancionadora de la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo.
Sin perjuicio del atribuido al departamento de la Generalidad pertinente, la potestad disciplinaria corresponde:
a) A la Junta de Gobierno, con respecto a las personas colegiadas.
b) Como excepción, al Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña, si la persona afectada tiene la condición de miembro de un órgano de gobierno del Colegio o del mismo Consejo.
1. Durante la tramitación del expediente sancionador se pueden adoptar las medidas cautelares provisionales que sean imprescindibles para asegurar la eficacia de la resolución final que pueda recaer. La adopción de estas medidas requiere un acuerdo motivado y la audiencia previa de la persona afectada.
2. Cuando, dada la naturaleza de la infracción que motiva el expediente disciplinario, la sanción susceptible de ser impuesto a es la de expulsión, hay que adoptar la medida cautelar de suspensión de la colegiación, a menos que el instructor o instructora lo justifique mediante una resolución motivada y la persona afectada preste una caución idónea y suficiente.
Régimen jurídico e impugnación de actas
1. El Colegio, en su condición de corporación de derecho público y en el ámbito de sus funciones públicas, actúa de acuerdo con el derecho administrativo y ejerce las potestades inherentes a la Administración pública. Recíprocamente, en tal caso, las personas y las instituciones también se relacionan con el Colegio de acuerdo con lo que prevé la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo.
2. En el ejercicio de sus funciones públicas, el Colegio aplica en sus relaciones con las personas colegiadas y con la ciudadanía los derechos y las garantías procedimentales que establece la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo.
3. En el ejercicio de sus funciones privadas, el Colegio queda sometido al derecho privado. También quedan incluidos en este ámbito los aspectos relativos al patrimonio, a la contratación y a las relaciones con su personal, que se rigen por la legislación laboral.
1. Todos los plazos indicados en estos Estatutos se computan de acuerdo con lo que prevé la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo. En consecuencia, en los señalados por días se entiende que éstos son hábiles, con exclusión en el cómputo de los domingos y de los declarados festivos.
2. Se exceptúan de la norma del párrafo anterior los plazos correspondientes a procesos electorales, en los cuales también computan los días inhábiles.
Ejecutividad, obligatoriedad y suspensión de los actos y los acuerdos
1. Los actos y los acuerdos de los órganos del Colegio sujetos al derecho administrativo se presumen válidos, son inmediatamente ejecutivos y tienen carácter obligatorio para todas las personas colegiadas.
2. El Colegio tiene competencia para ejecutar para él mismo sus resoluciones, de conformidad con lo que establecen las normas aplicables.
3. La suspensión de los actos del Colegio se rige por la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo.
1. Los actos y los acuerdos de los órganos del Colegio sujetos al derecho administrativo y dictados en ejercicio de competencias propias ponen fin a la vía administrativa y pueden ser objeto de recurso directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa por las personas afectadas y la Administración de la Generalidad. No obstante, pueden ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el órgano que los ha dictado.
2. Los acuerdos y los actos de los órganos del Colegio dictados en ejercicio de funciones delegadas pueden ser objeto del recurso que corresponda ante la administración delegante. La resolución de este recurso pone fin a la vía administrativa.
3. La regulación de los recursos administrativos es la que contiene la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo. Contra la resolución de las reclamaciones específicas en materia electoral previstas en los artículos 55.2 y 58.5 de estos Estatutos corresponde interponer los recursos previstos en el presente artículo.
1. Constituyen recursos ordinarios del Colegio:
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que integran el patrimonio colegial.
c) Los derechos por los informes que presente la Junta de Gobierno, en las regulaciones de honorarios judiciales y extrajudiciales, y también de los dictámenes o las resoluciones que se le soliciten.
d) Los derechos por convalidación de poderes y por las intervenciones profesionales en otros asuntos.
e) El importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias, derramas y pólizas colegiales.
f) Los derechos por expedición de certificados.
g) Cualquier otro que legalmente sea procedente.
a) Las subvenciones o donativos concedidos por el Estado, corporaciones oficiales, entidades o particulares.
b) Los bienes de todo tipo que por herencia o por otro título pasen a formar parte del patrimonio corporativo.
d) Cualquier otro que legalmente sea procedente.
La Junta de Gobierno administra el patrimonio colegial. El secretario o secretaria general ejerce las funciones de ordenador de pagos con el visto bueno del decano o decana; estas órdenes las ejecuta el tesorero o tesorero con la intervención previa del contador-interventor o contadora-interventora.
1. Antes de que se celebre la Asamblea ordinaria de colegiados que tiene que aprobar los estados financieros y contables del Colegio, la Junta de Gobierno los ha someter a comprobación para garantizar, de manera adecuada, que son fidedignos; la verificación mencionada la tienen que hacer dos personas colegiadas especializadas en la materia, designadas por cada Asamblea General Ordinaria, al aprobar las cuentas, para actuar en relación con el siguiente ejercicio.
2. El régimen que determina el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la función fiscalizadora de la Sindicatura de Cuentas con respecto a la aplicación de los recursos presupuestarios que, en su caso, hayan sido transferidos por la Administración de la Generalidad o por la Administración local.
Información contable a las personas colegiadas
1. Las personas colegiadas pueden examinar las cuentas del Colegio en el periodo indicado al artículo 25.5, referido a la Asamblea a la cual se tienen que someter a efectos de su aprobación.
2. Las personas colegiadas pueden formular antes de la Asamblea, siempre que el número de solicitantes supere el cinco por ciento del total del censo, una petición concreta y precisa sobre cualquier dato relativo al ejercicio económico.
1. El secretario o secretaria general contrata personalmente o bien por medio de quien delegue al personal administrativo, y le asigna funciones de acuerdo con las necesidades del Colegio y teniendo en cuenta la disponibilidad del presupuesto.
2. El personal técnico se tiene que contratar por concurso de méritos, en cuya resolución se tiene que tener en cuenta:
a) La preferencia de las personas colegiadas respecto de las aspirantes que no lo sean, en igualdad de condiciones.
b) La consideración como mérito de pertenecer ya a la plantilla administrativa del Colegio, poseyendo, en todo caso, la titulación académica necesaria.
En todo lo que no esté previsto en estos Estatutos, son de aplicación supletoria las normas contenidas en la Ley y el Reglamento de colegios profesionales de Cataluña.
Lo que disponen los presentes estatutos se entiende sin perjuicio de respetar a todos y cada uno de los derechos adquiridos por las personas colegiadas hasta la fecha de su publicación.
1. Se entiende que los preceptos de estos Estatutos que incorporan aspectos de la legislación vigente son automáticamente modificados en el momento en que se produce la modificación de esta legislación. En tal caso, y mientras no se produce una adaptación expresa de los estatutos, continúan siendo vigentes sus preceptos, que son compatibles o permiten una interpretación armónica con la nueva legalidad.
2. Las sanciones económicas previstas en estos Estatutos son las de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales. Si la ley anual de presupuestos actualiza las cuantías de acuerdo con lo que permite su disposición adicional primera, aquellas se entenderán igualmente modificadas de acuerdo con aquello que prevé el apartado anterior.
1. El Colegio tiene que notificar al Consejo de Colegios Oficiales de Titulados y Tituladas Mercantiles y Empresariales de Cataluña:
a) Sus estatutos y las modificaciones de éstos.
b) Sus reglamentos y las modificaciones de éstos.
c) Los nombres de los componentes de su Junta de Gobierno.
d) El número de colegiados ejercitantes y no ejercitantes el 31 de diciembre, antes del día 28 de febrero de cada año.
e) El nombre de todas las personas colegiadas y de las altas y bajas que se produzcan.
f) Las sanciones disciplinarias que imponga por el incumplimiento de los deberes colegiales, si corresponden a infracciones graves o muy graves, y las de inhabilitación.
g) Los otros hechos y actos que requieran las disposiciones vigentes.
2. El Colegio tiene el deber de comunicar al departamento correspondiente del Gobierno de la Generalidad los actos que se tienen que inscribir en el Registro de Colegios Profesionales, y también los otros exigidos por las disposiciones vigentes.
Dada la composición actual del censo del Colegio, y mientras ésta no varíe esencialmente, el mandato del artículo 51.2 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, se cumple mediante políticas activas de la Junta de Gobierno a favor del acceso a los cargos de la corporación de las mujeres que estén interesadas, dentro del respeto a aquello que dispone el articulado de estos Estatutos.
El número de años consecutivos de mandato que acumulan las personas que integran o han integrado en el pasado a la Junta de Gobierno se tiene que computar, a efectos de la aplicación del artículo 32.2:
a) con respecto a la limitación de doce años, desde el día 10 de septiembre de 2006, y b) con respecto a la limitación de ocho años, desde la fecha de entrada en vigor de estos Estatutos.
Una vez aprobados por la Asamblea General Extraordinaria convocada por este motivo, estos Estatutos entrarán en vigor cuando hayan sido inscritos en el Registro de Colegios Profesionales y se publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
(11.300.062)