Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43561585
Timestamp: 2019-11-20 19:06:16
Document Index: 389666816

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 25', 'artículo 61', 'artículo 47', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33']

Sentencia de Tutela nº 123/98 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 43561585
Sentencia de Tutela nº 123/98 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 1998
Ders. Deportivos de los jugadores. Proteccion a la libertad de trabajo. Deberes de coldeportes. Concedida.
Accionante: Ariel V.
Dentro de la acción de tutela instaurada por A.V.P., mediante su apoderado E.J.G. contra la Corporación Popular Deportiva J..
A.V., fue inscrito como jugador aficionado a prueba en el equipo profesional "Corporación popular deportiva J.".
El 1° de septiembre de 1995 fue transferido por el Club, en calidad de préstamo, y en la misma condición de futbolista profesional al club Deportivo Italia de Venezuela, donde permaneció hasta el 30 de junio de 1996. Regresó al J., a las divisiones menores. Se le pagaban $60.000,oo y fue prácticamente retirado de la institución porque no se lo tuvo en cuenta ni para el equipo profesional ni para las divisiones inferiores y después no se le volvió a pagar.
En 1997, el jugador le pidió al Club que le entregara sus derechos deportivos, sin obtener respuesta. Solamente existe en el expediente una constancia del JUNIOR denominada por el Club "carta de libertad", pero a favor de E.G. no de V..
En la diligencia de inspección judicial que se practicó por parte de la Corte Constitucional, no apareció en la División Mayor del Fútbol Colombiano la "carta de libertad" a favor de A.V., pese a que el J. remitió a la Corte Constitucional una certificación según la cual A.V. se encuentra a paz y salvo con dicha Corporación y también se decía en la mencionada certificación que "se le concede la propiedad de sus derechos deportivos, pudiendo vincularse al club que estime conveniente".
En la solicitud de tutela V. advirtió: "Me retiraron en forma que no me contestaban nada, iba y me rechazaban y me decían vente mañana y no me resolvían nada ; mi situación laboral en este momento con el Club deportivo J. es incierta ; no trabajo con ellos y hace un año que no recibo sueldo". Lo cual, según el solicitante, significa violación a estos derechos : dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, libertad, trabajo y libertad de escoger profesión u oficio.
Interpuso la tutela el 11 de septiembre de 1997. Solicitó la entrega de sus derechos deportivos " tal como lo dispone el artículo 35 de la ley 181 de 1995" para poder actuar libremente con otro club deportivo.
Dentro de la tutela, el representante del Club deportivo aclaró que actualmente V. no está ligado al J. porque los directores técnicos no lo han requerido, que el jugador no ha hecho petición formal para la entrega de sus derechos deportivos, que pretende "saltarse los reglamentos internacionales de la FIFA", y que, "lo que si considera el J. desleal e inequitativo es que se le force a ceder gratuitamente un derecho económico reconocido por la ley para ser aprovechado por otro Club o Asociación que nada invirtió en la formación y promoción del deportista".
"No obstante existir pronunciamiento reciente de nuestro mas alto Tribunal de Justicia en lo constitucional como lo es la honorable Corte Constitucional sobre casos similares con el que hoy ocupa al Despacho, se denegará la presente acción de tutela, por cuanto el petente, señor A.E.V.P., muy a pesar de afirmar en su declaración jurada llevada a cabo el día 22 del cursante mes el hecho de haber solicitado a la Corporación Popular Deportiva J. por escrito la entrega de sus derechos deportivos, afirmado también por su apoderado en el numeral séptimo de los hechos, no acreditó con documento tal afirmación, situación ésta que conduce al Despacho a tomar la decisión ya expuesta, ya que de haberse demostrado lo anterior con la prueba reina documental, hoy estaríamos tutelando los derechos constitucionales fundamentales alegados por el petente".
El representante legal de la Corporación Popular Deportiva J. le ha indicado por escrito a la Corte Constitucional que como ya existe, en su parecer, la certificación de concesión de propiedad de derechos deportivos, la tutela quedó sin objeto, y, agrega que no puede desistir porque el expediente está en la Corte. Se aclara que en ningún instante el solicitante ha desistido.
"Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Por eso, algunos sectores de la doctrina consideran que el respeto al precedente es al derecho lo que el principio de universalización y el imperativo categórico son a la ética, puesto que es buen juez aquel que dicta una decisión que estaría dispuesto a suscribir en otro supuesto diferente que presente caracteres análogos, y que efectivamente lo hace Ver, entre otros, L.P.S.. "Notas sobre la interpretación constitucional" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. No 9. Madrid, mayo agosto de 1991.. Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias. Las eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qué ser la justificación de inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro. Se debe entonces aceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica -que implica unos jueces respetuosos de los precedentes- y la realización de la justicia material del caso concreto -que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas-."
Derechos deportivos de los jugadores
En esa sentencia C-320 de 1997 (Magistrado Ponente: A.M.C.) se estableció:
"Esta Corporación concluye entonces que los intervinientes tienen razón en que no es posible analizar la limitación establecida a la transferencia de dos o más jugadores en préstamo durante un torneo sin pronunciarse, explícita o implícitamente, sobre la constitucionalidad de la figura de los "derechos deportivos", cuyos elementos esenciales se encuentran en los artículos 32, 34 y 35 de la Ley 181 de 1995 que, para mayor claridad, la Corte procede a transcribir. Dicen las citadas disposiciones:
ESPECIAL PROTECCION A LA LIBERTAD DE TRABAJO. DEBERES DE COLDEPORTES
El artículo 25 de la C.P. establece que "El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades , de la especial protección del Estado...". No escapa, pues, a dicha protección, el trabajo de los deportistas profesionales.
Además de ese derecho a protección, figura, dentro de los Derechos sociales, económicos y culturales, el derecho al deporte, a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. "El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas".
Dentro de las funciones de COLDEPORTES se estableció la de : "Coordinar el sistema nacional del deporte para el cumplimiento de sus objetivos" ( artículo 61 numeral 3°). El objetivo del sistema nacional del deporte está reseñado en el artículo 47 de la mencionada ley 181 de 1995 : "generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos".
Este objetivo armónicamente se compagina con la libertad del trabajo de los deportistas profesionales y por lo tanto no puede Coldeportes eludir su obligación de proteger el fomento y práctica del deporte que ejercite por ejemplo un futbolista profesional. Tan es así que el artículo 3° de la ley habla del "acceso" del individuo a la práctica del deporte y esto, tratándose de profesionales, no es únicamente la posibilidad de practicarlo como ser humano sino de practicarlo como trabajador deportivo, en un espacio de deporte competitivo y de alto rendimiento. Protección que también se compagina con el numeral 16 del citado artículo que ordena "fomentar la adecuada seguridad social de los deportistas y velar por su permanente aplicación", seguridad social que, tratándose del deportista profesional, es inherente a la respectiva relación laboral.
"Los clubes deberán registrar ante el Instituto Colombiano del Deporte la totalidad de los derechos deportivos de los jugadores o deportistas inscritos en sus registros, así como las transferencias que de los mismos se hagan, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la realización de éstas. Coldeportes establecerá la forma como los clubes deberán cumplir este requisito.
Dentro de los fines del Estado, consagrados en el artículo 2° de la C.P. se encuentra el de garantizar la efectividad de los derechos (uno de ellos es la libertad de trabajo) en la búsqueda de un orden justo. Ese fin del Estado, según el mismo artículo 2º de la C.P., obliga a las autoridades de la República porque ellas están instituidas para proteger los derechos de los particulares. Luego, COLDEPORTES debe ser eficaz en la vigilancia, control e inspección de todo lo que tenga que ver con la relación laboral del jugador profesional. La labor no puede, entonces, reducirse a ocasional guardador de información escrita e incompleta, sino que COLDEPORTES debe preocuparse porque principios jurídicos constitucionales tengan cabal cumplimiento. Por ejemplo, un deber, para garantizar la eficacia del principio de libertad de trabajo, es, se repite, el de ejercitar vigilancia sobre los derechos deportivos de los jugadores, y, si el artículo 33 ya citado, le ordena a COLDEPORTES que registre "la totalidad" de los derechos deportivos y las transferencias, esta obligación apunta no tanto a un planteamiento simplemente informativo, cuanto a la defensa de la libertad de trabajo, ya que ese registro facilita un control adecuado sobre los derechos de los deportistas profesionales.
En la sentencia C-320/97 la Corte Constitucional reconoció que hay ocasiones en las cuales el jugador puede ser propietario de sus derechos deportivos y se llegó a esa conclusión con argumentos constitucionales basados en la dignidad de la persona y la libertad de trabajo. No puede el Estado, a través de Coldeportes, restringir espacio y garantía para el ejercicio de esos derechos deportivos cuando el titular es precisamente el propio jugador, porque si lo hace estaría atentando contra la misma Constitución Colombiana, artículos 16 y 25, y contra el Preámbulo de la misma que señala que "la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad" son finalidades que hay que fortalecer.
En conclusión: Coldeportes no puede argumentar que sólo está obligado a registrar las transferencias comunicadas por los "Clubes" y no la de los jugadores que directamente son titulares de sus derechos deportivos.
Es, pues, el respeto a los derechos fundamentales, la razón de ser del control, luego será disculpa decir que como el artículo 33 de la Ley 181 de 1995 solamente habla de "Clubes", entonces no quedan protegidos los jugadores cuando son ellos quienes registran sus derechos deportivos. Hay que ir más allá del texto gramatical, integrando el citado artículo 33 con la argumentación y decisión de la sentencia C-320/97 y de la C-226/97, en cuanto la primera estableció el derecho constitucional de los jugadores a una libertad de trabajo que permite en ocasiones la propiedad individual de los derechos deportivos por parte del jugador y en cuanto la C-226/97 reconoció la función dinámica del control, inspección y vigilancia de Coldeportes, luego éste tiene la obligación de registrar los derechos deportivos y transferencias cuando el jugador-propietario lleve a la mencionada dependencia la prueba adecuada de su titularidad o de la transferencia de sus derechos deportivos.
Como una de las funciones del Director General de Coldeportes es la de "Dirigir e integrar las acciones de todos los miembros de la organización hacia el logro eficiente de las políticas, objetivos, metas y estrategias del Sistema Nacional del Deporte", entonces, le corresponderá a dicho Director hacer funcionar la organización y los procedimientos para en tal forma que garanticen en la práctica el cabal cumplimiento de la Constitución Nacional, dentro de la cual se consagra la protección a los derechos fundamentales, reitero de ellos la libertad de trabajo, que, para efectos operativos, tratándose de futbolistas profesionales, se viabiliza por los derechos de transferencia, que, para la seguridad y para la protección del deportista, deben y así lo exige la ley, estar registrados en Coldeportes. Como esto no ha ocurrido, es indispensable no solo que los Clubes profesionales informen sobre la totalidad de los derechos deportivos de los jugadores y su transferencia sino que Coldeportes debe exigirles la información y no eludir el registro si éste proviene del jugador que sea titular de tales derechos.
Por supuesto que tal información dada por clubes y jugadores debe estar también dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol, porque ello es indispensable para transferencias internacionales y por ende para la libertad de trabajo del jugador profesional. Constitucionalmente esto se respalda en el art. 52 C.P. en cuanto a organizaciones deportivas se refiere. J.R.R., en su libro Cesión de deportistas profesionales y otras manifestaciones lícitas de prestamismo laboral, dice (pág. 116) :
Está demostrado que A.E.V.P., como jugador de fútbol inició su actividad en el Club Corporación Popular Deportiva J., por eso, en 1994 se indicó que los derechos deportivos del jugador pertenecían a dicho Club.
El Club Deportivo, como titular de esos derechos deportivos, transfirió en préstamo el jugador al Deportivo Italia en Venezuela, pero finalizado el préstamo, retornó a plenitud tales derechos al J.. Sin embargo, en septiembre de 1997, según expresa C.D.A.R., representante judicial del J., "el demandante (V.) no está ligado al J. mediante contrato de trabajo ya que no ha sido requerido por los directores técnicos de la Corporación demandada". Es decir, que se da la situación expresada en la sentencia C-320/97, en el sentido de que "si cesa la relación laboral entre el club y el deportista, el jugador adquiere sus derechos deportivos si el jugador está de buena fe y no abusa".
En el caso concreto de V. no existe prueba alguna que desvirtúe su buena fe, no hay ningún hecho que permita colegir un posible abuso, luego se da la situación de adquisición de los derechos por parte del jugador.
Es más, el propio Club indicó a la Corte Constitucional que V. está a paz y salvo con la Corporación y que "se le concede la propiedad de sus derechos deportivos". En realidad, no es que el Club graciosamente se los concede, sino que fácticamente el Club los perdió.
Surge la pregunta de si la obligación del J. se agota con la simple comunicación que el Club remitió a la Corte Constitucional y que sustenta la opinión del Presidente del Club en el sentido de que V. ya es propietario de sus derechos deportivos. Se dijo en el presente fallo que la cesión se debe realizar plenamente, es decir, debe la Corporación Popular Deportiva J. ceder los derechos deportivos a A.V.P. y remitir a Coldeportes y a la Federación Colombiana de Fútbol tal transferencia y si no lo hace, no solamente incumplirá la orden que se dá en esta sentencia, sino que le permite a V. llevar él directamente el documento a Coldeportes para que allí lo registre.
Considera la Sala que como la Federación Colombiana de Fútbol es quien expide los certificados internacionales de transferencia, en formato de la FIFA, debe dicha Federación estar informada por el Club o por V. de que los derechos deportivos de éste ya no pertenecen al J. sino al jugador.
Una última anotación: actualmente en Coldeportes no hay un verdadero registro (dentro del contexto dado anteriormente) de transferencia de jugadores y de registro de derechos deportivos, es por ello que no aparece que V. sea titular de su derecho deportivo.
La explicación dada por una funcionaria de Coldeportes en el sentido de que "esos certificados no se remiten a Coldeportes sino a la Federación Colombiana de Fútbol" no es válida como ya se explicó. Esa conducta omisiva de los Clubes ha sido tolerada por Coldeportes, y esto no es correcto, no solo para el caso de V. sino para todos los jugadores profesionales de fútbol, luego habrá que hacer un llamado a prevención para que no se continúe con esta actitud que afecta los deberes de vigilancia e inspección.
Primero.- REVOCASE la sentencia del Juzgado Noveno Laboral de Barranquilla, de 29 de septiembre de 1997 y en su lugar se CONCEDE la tutela en favor de A.E.V.P. por habérsele violado el derecho fundamental a la libertad de trabajo.
Segundo.- ORDENASE a la Corporación Popular Deportiva J. que en el término de 48 horas cumpla con la totalidad del tramite de cesión de derechos deportivos de tal Corporación en favor de A.V.P. y por lo tanto, en el mismo plazo comunique a la Federación Colombiana de Fútbol y al Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES) la novedad consistente en habérsele cedido al señor A.E.V.P. los derechos deportivos, y ser dicho jugador el titular de los mismos.
C., notifíquese y cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional.