Source: https://boa.vlex.es/vid/ley-11-2016-15-655809441
Timestamp: 2018-07-17 17:05:26
Document Index: 111949099

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 17', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'artículo 3', 'Artículo 17']

Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario. - BOA. Boletín Oficial de Aragón - Legislación - VLEX 655809441
Disposición adicional primera.-. Incompatibilidad con subvenciones.
Disposición adicional segunda.-. Compatibilidad con convenios de vinculación en el ámbito sanitario.
Disposición adicional tercera.-. Acción concertada con sociedades cooperativas.
Disposición adicional cuarta.-. Planificación y criterios de concertación.
Disposición adicional quinta.-. Prestación de servicios a personas mayores dependientes.
Disposición transitoria única.-. Prórroga de los conciertos vigentes.
Disposición final primera.-. Modificación de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón.
Disposición final segunda.-. Modificación del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón.
Disposición final tercera.-. Modificación de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de educación permanente de Aragón.
Disposición final cuarta.-. Modificación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
Disposición final quinta.-. Facultades de desarrollo.
La nueva y más precisa regulación de la contratación pública a través de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, permite abrir nuevas posibilidades respecto de la organización de los servicios a las personas. La citada Directiva, que ya produce efectos una vez concluido el plazo de transposición sin que el Estado haya aprobado ningún instrumento por el que se incorporen sus disposiciones, aclara, en primer lugar, que "los servicios no económicos de interés general deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva" (Considerando 6). En segundo lugar, la Directiva reconoce expresamente en relación con los servicios que se conocen como "servicios a las personas", como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos, que las Administraciones públicas competentes por razón de la materia "siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación" (Considerando 114). Es decir, la propia Directiva 2014/24/UE, en el marco de las previsiones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, afirma expresamente que la aplicación de la normativa contractual pública no es la única posibilidad de la que gozan las autoridades competentes para la gestión de los servicios a las personas. En consecuencia, no parece oportuno que se restrinjan las posibilidades de organización de dichos servicios con terceros, admitiéndose únicamente las que derivan de la legislación de contratos del sector público.
La filosofía que subyace en la presente Ley, por tanto, es simple: si un operador económico aspira legítimamente a obtener un beneficio empresarial, un lucro, como consecuencia de su colaboración con la Administración pública en la prestación de servicios a las personas, sólo podrá hacerlo en el marco de un proceso de contratación. Sólo desde la gestión solidaria, sin ánimo de lucro, de estas prestaciones podrá colaborarse con la Administración bajo la forma de acción concertada. Ha de tenerse presente en este sentido, y además de la capacidad de organización de la prestación de servicios no económicos de interés general a las personas reconocida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la más reciente normativa europea sobre contratación, cómo la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de enero de 2016 (asunto C-50/14) admite la colaboración con entidades sin ánimo de lucro autorizada por la legislación de los Estados miembros como instrumento para la consecución de los objetivos de solidaridad y de eficiencia presupuestaria, controlando los costes de los servicios a las personas siempre que estas entidades, actuando en el marco de dichos objetivos, "no obtengan ningún beneficio de sus prestaciones, independientemente del reembolso de los costes variables, fijos y permanentes necesarios para prestarlas, ni proporcionen ningún beneficio a sus miembros" (párrafo 64). Todo ello, además, resulta plenamente coherente con lo establecido por el propio Estado mediante la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, que prevé la gestión de prestaciones con estas entidades preferentemente en el marco de conciertos o convenios.
La regulación contenida en esta Ley se ampara en las competencias que atribuyen a la Comunidad Autónoma de Aragón los artículos 71.34.ª, 71.55.ª y 73 del Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en materia de "acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial", así como "sanidad y salud pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios...", y en materia de enseñanza, donde "corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida (...) en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección y evaluación; el establecimiento de criterios de admisión a los centros sostenidos con fondos públicos para asegurar una red educativa equilibrada y de carácter compensatorio; la promoción y apoyo al estudio; la formación y el perfeccionamiento del personal docente; la garantía de la calidad del sistema educativo, y la ordenación, coordinación y descentralización del sistema universitario de Aragón con respeto al principio de autonomía universitaria, respectivamente".
Igualmente, deben tenerse en cuenta las competencias autonómicas sobre régimen local (artículo 71.5.ª del Estatuto), en materia de menores, que incluye la regulación del régimen de protección y tutela de los menores desamparados o en situación de riesgo (artículo 71.39.ª del Estatuto), y procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia (artículo 71.7.ª del Estatuto). Además, la presente normativa se ampara en las competencias compartidas de la Comunidad sobre "seguridad social, a excepción de las normas que configuran su régimen económico" (artículo 75.1.ª del Estatuto), "políticas de integración de inmigrantes, en especial, el establecimiento de las medidas necesarias para su adecuada integración social, laboral y económica, así como la participación y colaboración con el Estado, mediante los procedimientos que se establezcan, en las políticas de inmigración y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación, en su caso, del contingente de trabajadores extranjeros" (artículo 75.6.ª del Estatuto) y "régimen jurídico (...) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma" (artículo 75.12.ª del Estatuto).
Artículo 2 Prestación de servicios a las personas.
Mediante gestión directa o con medios propios.
Mediante acuerdos de acción concertada con entidades públicas o con entidades privadas sin ánimo de lucro.
Artículo 3 Concepto y régimen general de la acción concertada.
Artículo 4 Principios generales de la acción concertada.
Subsidiariedad, conforme al cual la acción concertada con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro estará subordinada, con carácter previo, a la utilización óptima de los recursos propios.
Solidaridad, potenciando la implicación de las entidades del tercer sector en la prestación de servicios a las personas de carácter social y sanitario conforme a lo establecido en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de acción social.
Igualdad, garantizando que en la acción concertada quede asegurado que la atención que se preste a los usuarios se realice en plena igualdad con los usuarios que sean atendidos directamente por la Administración pública.
Publicidad, previendo que las convocatorias de acción concertada y la adopción de acuerdos de acción concertada que se suscriban sean objeto de publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".
Transparencia, difundiendo en el portal de transparencia los acuerdos de acción concertada suscritos y los procedimientos en tramitación, conforme a las condiciones que establece el artículo 17 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
No discriminación, estableciendo condiciones de acceso a la acción concertada que garanticen la igualdad entre las entidades que opten a ella.
Eficiencia presupuestaria, fijando contraprestaciones económicas a percibir por las entidades concertadas de acuerdo con las tarifas máximas y mínimas o bien los módulos que se establezcan, que cubrirán como máximo los costes variables, fijos y permanentes de prestación del servicio, sin incluir beneficio industrial.
Intencionalidad social y ambiental, alcanzando distintos logros en tales ámbitos, así como en los de igualdad de género, de innovación en la gestión de las entidades y de los servicios públicos, y estableciendo tales objetivos de manera expresa en el objeto de los conciertos.
Participación, estableciendo mecanismos para la implicación efectiva de los usuarios en la prestación y evaluación de los servicios.
Calidad asistencial, como criterio determinante de la elección de la entidad que prestará el servicio, principio que además inspirará la organización de la acción concertada en todos sus aspectos.
Artículo 5 Procedimientos de concertación y criterios de preferencia.
La normativa sectorial regulará los procedimientos para que las entidades que cumplan los requisitos establecidos puedan acogerse al régimen de acción concertada conforme a los principios generales establecidos en el artículo 4 de esta Ley.
La iniciación del procedimiento deberá quedar justificada mediante acuerdo acreditativo de la concurrencia de circunstancias que hagan necesario acudir a la acción concertada para la gestión de una determinada prestación de servicio, atendiendo a la insuficiencia de medios propios, a la idoneidad de dicha forma de gestión por el contenido concreto de la prestación o a criterios de planificación establecidos para dotar de recursos al sistema público con los que hacer posible el efectivo acceso de las personas a los servicios garantizados.
Para la adopción de acuerdos de acción concertada, la normativa sectorial establecerá los criterios de selección de entidades cuando resulte esta necesaria en función de las limitaciones presupuestarias o del número o características de las prestaciones susceptibles de concierto.
La selección de las entidades, previa convocatoria, en su caso, deberá basarse en los siguientes criterios, que quedarán determinados en el objeto y condiciones de los conciertos:
Los años de experiencia acreditada en la prestación del servicio.
La valoración de los usuarios si ya hubiere prestado el servicio anteriormente.
Las certificaciones de calidad y experiencia acreditada en la gestión y mejora de los servicios.
La continuidad en la atención o calidad prestada.
El arraigo de la persona en el entorno de atención.
Las buenas prácticas sociales y de gestión de personal, el cumplimiento de los derechos laborales y otras mejoras establecidas en los convenios colectivos, así como el mantenimiento de condiciones de igualdad salarial adecuadas y el cumplimiento de las ratios entre profesionales de atención directa y usuarios según la normativa vigente, especialmente en la ejecución de las prestaciones objeto de la acción concertada, así como la eventual incorporación de mejoras voluntarias en materia laboral, salarial o de seguridad en el trabajo.
La formación específica del equipo humano que prestará el servicio en la materia social específica que sea clave para su prestación, como inserción, exclusión, género, discapacidad, entre otras.
La incorporación, al equipo de trabajadores y colaboradores de la entidad que van a ejecutar el acuerdo de acción concertada, de una proporción significativa de personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo, así como de mujeres cualificadas y/o en puestos de dirección. El concierto determinará esta proporción de manera conexa a la materia social que sea clave para la prestación del servicio.
El cumplimiento y la eventual mejora de los mínimos en materia de igualdad y conciliación establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en la normativa aragonesa sobre la materia que pueda establecerse.
El establecimiento de mecanismos para la implicación efectiva de los usuarios en la prestación y evaluación de los servicios, así como el trabajo en red con otras entidades en la gestión de prestaciones y servicios análogos conforme a criterios de proximidad y participación.
Acreditar la disposición de los medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo de formalización de la acción concertada.
Cualesquiera otros que resulten determinantes para la valoración de la capacidad e idoneidad de las entidades.
Artículo 6 Formalización y efectos de los acuerdos de acción concertada.
Los acuerdos de acción concertada se formalizarán en documento administrativo de concierto conforme a esta Ley y la normativa sectorial que resulte de aplicación.
Los conciertos obligan a la entidad que concierta a prestar a las personas los servicios de carácter social o sanitario en las condiciones que establecen esta Ley y la normativa sectorial aplicable y, conforme a la misma, el propio acuerdo de concertación.
Las entidades concertadas no podrán percibir de los usuarios de los servicios cantidad alguna por los servicios concertados al margen de los precios públicos establecidos.
El pago por parte de los usuarios por la prestación de servicios complementarios, y su importe, deberán ser previamente autorizados por la Administración pública concertante. Tales servicios complementarios deberán recogerse con carácter previo en el documento de concierto.
Artículo 7 Limitaciones a la contratación o cesión de servicios concertados.
Queda prohibida la cesión, total o parcial, de los servicios objeto del acuerdo de acción concertada, excepto cuando la entidad concertada sea declarada en concurso de acreedores con autorización expresa y previa de la Administración pública, que adoptará las medidas precisas para garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Las entidades concertadas deberán acreditar su idoneidad para prestar los servicios objeto del acuerdo de acción concertada, incluida la disposición directa de los medios materiales y personales suficientes por parte de la propia entidad concertada.
El acuerdo de acción concertada, en el marco que establezca la legislación sectorial, podrá imponer condiciones de ejecución tales como las siguientes:
Régimen de contratación de las actuaciones concertadas. La entidad concertada, previa comunicación fehaciente a la Administración pública, podrá contratar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el concierto disponga lo contrario o que, por su naturaleza y condiciones, se deduzca que ha de ser ejecutado directamente por ella. La contratación con terceros, que no alterará en modo alguno la responsabilidad directa de la entidad concertada, podrá alcanzar un porcentaje máximo del 45 por 100 del importe del concierto o del fijado en el documento administrativo de concierto, atendiendo a la naturaleza del servicio y los objetivos del concierto. Los contratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración pública por las obligaciones contraídas con ellos por la entidad concertada como consecuencia de la ejecución del concierto o los contratos. El incumplimiento del régimen de contratación será causa de resolución del concierto.
Elaboración y cumplimiento, a través de indicadores y evaluación de impacto, de un plan de igualdad en relación con los trabajadores y colaboradores de la entidad que van a ejecutar el acuerdo de acción concertada.
El acuerdo mutuo de las partes, manifestado con la antelación que se determine en el concierto para garantizar la continuidad del servicio.
El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del concierto por parte de la Administración pública o del titular del servicio, previo requerimiento para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto.
El vencimiento del plazo de duración del concierto, salvo que se acuerde su prórroga o renovación.
La extinción de la persona jurídica a la que corresponde la titularidad.
La revocación de la acreditación, homologación o autorización administrativa de la entidad concertada.
El cese voluntario, debidamente autorizado, de la entidad concertada en la prestación del servicio.
La inviabilidad económica del titular del concierto, constatada por los informes de auditoría que se soliciten.
La negativa a atender a los usuarios derivados por la Administración pública competente o a la prestación de servicios concertados autorizada por esta.
La solicitud de abono a los usuarios de servicios o prestaciones complementarios cuando no hayan sido autorizados por la Administración pública.
La infracción de las limitaciones a la contratación o cesión de servicios concertados.
El resto de causas que establezcan la normativa sectorial o, de acuerdo con esta, los acuerdos de acción concertada.
Extinguido el concierto, la Administración pública competente garantizará la continuidad de la prestación del servicio de que se trate.
Artículo 9 Resolución de conflictos.
Disposición adicional primera.- Incompatibilidad con subvenciones.
Disposición adicional segunda.- Compatibilidad con convenios de vinculación en el ámbito sanitario.
Disposición adicional tercera.- Acción concertada con sociedades cooperativas.
Disposición adicional cuarta.- Planificación y criterios de concertación.
Disposición adicional quinta.- Prestación de servicios a personas mayores dependientes.
Disposición transitoria única.- Prórroga de los conciertos vigentes.
Queda derogado el Decreto-Ley 1/2016, de 17 de mayo, sobre acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario.
Asimismo, quedan derogadas cuantas otras normas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley.
Disposición final primera.- Modificación de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón.
"1. Las Administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios Sociales proveerán a las personas de los servicios previstos en la Ley o en el Catálogo de Servicios Sociales de las siguientes formas:
Mediante acuerdos de acción concertada con entidades públicas o con entidades privadas de iniciativa social".
"Artículo 23.- Concertación con entidades privadas de iniciativa social.
Las Administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales podrán encomendar a entidades privadas de iniciativa social la provisión de prestaciones previstas en el Catálogo de Servicios Sociales, mediante acuerdos de acción concertada, siempre que tales entidades cuenten con la oportuna acreditación administrativa y figuren inscritas como tales en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.
El Gobierno de AragÃ³n, en el marco de lo establecido en la Ley, establecerÃ¡Ì el rÃ©gimen jurÃ­dico y las condiciones de actuaciÃ³n de los centros privados concertados que participen en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pÃºblica, determinando los requisitos de acceso, la duraciÃ³n mÃ¡xima y las causas de extinciÃ³n del concierto, asÃ­ como las obligaciones de las partes.
El concierto suscrito entre la AdministraciÃ³n pÃºblica y la entidad privada de iniciativa social establecerÃ¡Ì los derechos y obligaciones de cada parte en cuanto a su rÃ©gimen econÃ³mico, duraciÃ³n, prÃ³rroga y extinciÃ³n, nÃºmero de unidades concertadas, en su caso, y demÃ¡s condiciones legales.
El acceso a las plazas concertadas con entidades privadas de iniciativa social serÃ¡Ì siempre a travÃ©s de la AdministraciÃ³n concertante".
"1. Podrán acceder al régimen de acción concertada las entidades privadas de iniciativa social prestadoras de servicios sociales que cuenten con acreditación administrativa y se hallen inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales correspondiente".
"Artículo 25.- Ámbito objetivo de la acción concertada.
Los servicios a las personas en el ámbito de servicios sociales que podrán ser objeto de acción concertada se determinarán reglamentariamente de entre los previstos en el Catálogo de Servicios Sociales.
Podrán ser objeto de acción concertada:
La reserva y ocupación de plazas por los usuarios del sistema público de servicios sociales, cuyo acceso será autorizado por las Administraciones públicas competentes de acuerdo con los criterios establecidos conforme a esta Ley.
La gestión integral de prestaciones, servicios o centros conforme a lo que se establezca reglamentariamente.
Cuando la prestación del servicio conlleve procesos que requieran de diversos tipos de intervenciones en distintos servicios o centros, la Administración pública competente podrá adoptar un solo acuerdo de acción concertada con dos o más entidades, imponiendo en dicho acuerdo mecanismos de coordinación y colaboración de obligado cumplimiento".
"Artículo 26.- Financiación de los conciertos.
Anualmente, mediante Orden del Departamento competente en materia de servicios sociales, se fijarán los importes de los módulos económicos correspondientes a cada prestación susceptible de acción concertada.
Las tarifas máximas y mínimas o módulos económicos retribuirán como máximo los costes variables, fijos y permanentes de las prestaciones, garantizando la indemnidad patrimonial de la entidad prestadora, sin incluir beneficio industrial. Serán revisables periódicamente".
"2. Los conciertos deberÃ¡n establecerse con una duraciÃ³n temporal no superior a cuatro aÃ±os. Las eventuales prÃ³rrogas, cuando estÃ©n expresamente previstas en el acuerdo de acciÃ³n concertada, podrÃ¡n ampliar la duraciÃ³n total del concierto a diez aÃ±os. Al terminar dicho periodo, la AdministraciÃ³n pÃºblica competente podrÃ¡Ì establecer un nuevo concierto".
"Artículo 28.- Causas de extinción de los conciertos.
El resto de causas que establezca la normativa sectorial o, de acuerdo con esta, los acuerdos de acción concertada.
El resto de causas que, de conformidad con lo establecido en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, prevean los acuerdos de acción concertada.
Extinguido el concierto, la Administración pública competente garantizará la continuidad de la prestación del servicio de que se trate".
"Artículo 30.- Procedimiento de celebración de los conciertos.
En el procedimiento tramitado deberá acreditarse la concurrencia de las causas que justifiquen la necesidad de prestación del servicio y la conveniencia de concertación con una entidad pública o privada de iniciativa social".
"Artículo 30 bis.- Transparencia de costes de prestación de servicios.
Las Administraciones públicas y las entidades que concierten con ellas estarán asimismo sometidas a las obligaciones de transparencia establecidas en la ley sobre la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario y la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. En particular, los costes de la gestión directa, indirecta o concertada de la prestación de los servicios regulados en esta Ley serán públicos y deberán expresarse de forma general o por prestación y usuario por parte de la entidad gestora, actualizándose cuando se produzcan variaciones".
"2. Son entidades de iniciativa social las fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y otras entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de servicios sociales. Se considerarán entidades de iniciativa social, en particular, las sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro conforme a su normativa específica".
Disposición final segunda.- Modificación del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón.
"Artículo 32.- Conciertos para la prestación de servicios sanitarios.
El Servicio AragonÃ©s de Salud, en el Ã¡mbito de sus competencias y sin perjuicio de la aplicaciÃ³n de formas de gestiÃ³n directa o indirecta, podrÃ¡Ì organizar la prestaciÃ³n a las personas de servicios sanitarios mediante acuerdos de acciÃ³n concertada con entidades pÃºblicas o con entidades privadas sin Ã¡nimo de lucro, teniendo en cuenta, con carÃ¡cter previo, la utilizaciÃ³n Ã³ptima de sus recursos sanitarios propios.
La AdministraciÃ³n sanitaria de la Comunidad AutÃ³noma fijaraÌ los requisitos y las condiciones mÃ­nimas, bÃ¡sicas y comunes, aplicables a estos conciertos, asÃ­ como sus condiciones econÃ³micas, atendiendo a tarifas mÃ¡ximas y mÃ­nimas o mÃ³dulos, revisables periÃ³dicamente, que retribuirÃ¡n como mÃ¡ximo los costes variables, fijos y permanentes de las prestaciones garantizando la indemnidad patrimonial de la entidad prestadora, sin incluir beneficio industrial.
Podrán acceder al régimen de acción concertada las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, incluidas las cooperativas calificadas como tales conforme a su normativa específica, prestadoras de servicios sanitarios previamente homologadas por la Administración pública sanitaria, debiendo asegurarse que la atención sanitaria que se preste a los usuarios mediante acción concertada se realice en un plano de igualdad.
Cuando la prestación del servicio conlleve procesos que requieran de diversos tipos de intervenciones en distintos servicios o centros, la Administración pública competente podrá adoptar un solo acuerdo de acción concertada con dos o más entidades, imponiendo en dicho acuerdo mecanismos de coordinación y colaboración de obligado cumplimiento
Los conciertos deberÃ¡n establecerse con una duraciÃ³n temporal no superior a cuatro aÃ±os. Las eventuales prÃ³rrogas, cuando estÃ©n expresamente previstas en el acuerdo de acciÃ³n concertada, podrÃ¡n ampliar la duraciÃ³n total del concierto a diez aÃ±os. Al terminar dicho periodo, el Servicio AragonÃ©s de Salud podrÃ¡Ì establecer un nuevo concierto.
El rÃ©gimen de acciÃ³n concertada serÃ¡Ì incompatible con la concesiÃ³n de subvenciones econÃ³micas para la financiaciÃ³n de las actividades o servicios que hayan sido objeto de concierto".
Disposición final tercera.- Modificación de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de educación permanente de Aragón.
"2. El desarrollo de programas de educación permanente para los sectores de población preferentes conforme al apartado 2 del artículo 3 de esta Ley podrá realizarse mediante acción concertada, conforme a la normativa general que la regula, cuando las actuaciones sean gestionadas por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con el objetivo de mejorar su perfil para inserción personal, social o la mejora de la empleabilidad. En todo caso, la Administración de la Comunidad Autónoma fijará los requisitos y las condiciones mínimas, básicas y comunes, aplicables a estos conciertos, así como sus condiciones económicas, atendiendo a tarifas máximas o módulos, revisables periódicamente, que retribuirán como máximo los costes variables, fijos y permanentes de las prestaciones garantizando la indemnidad patrimonial de la entidad prestadora, sin incluir beneficio industrial".
Disposición final cuarta.- Modificación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
"Artículo 17.- Información sobre convenios, acuerdos de acción concertada, encomiendas de gestión y encargos a medios propios".
"1 bis. Las Administraciones públicas aragonesas darán publicidad a los acuerdos que se formalicen de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario, con indicación, al menos, de las entidades firmantes, su objeto, duración inicial y eventuales prórrogas, importe de los servicios concertados, servicios complementarios autorizados y su importe, así como, en su caso, el régimen de contratación con terceros de las actuaciones concertadas. También se dará publicidad a los procedimientos en tramitación".
Disposición final quinta.- Facultades de desarrollo.
ORDEN de 26 de mayo de 2005 por la que se convocan ayudas para la realización de Programas de Educación de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.