Source: http://www.defensayjusticia.gob.ec/?p=2385
Timestamp: 2018-04-25 10:22:50
Document Index: 210103471

Matched Legal Cases: ['artículo 228', 'artículo 345', 'artículo 85', 'artículo 54', 'artículo 215', 'artículo 314', 'artículo 316', 'artículo 262', 'artículo 346', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 13']

Análisis jurídico: la comunicación como un derecho, no como un servicio | Revista "Defensa y Justicia"
Análisis jurídico: la comunicación como un derecho, no como un servicio
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El control de los medios de comunicación ha sido durante esta década una de las grandes disputas políticas. Lo que al inicio del gobierno de Rafael Correa se propuso como un esfuerzo por democratizar la palabra, terminar con los monopolios y ampliar los espacios para la construcción y la deliberación pública, se fue convirtiendo poco a poco en lo contrario: el control de los medios, el fortalecimiento de nuevos –y peores- monopolios, opacidad en el manejo de las frecuencias, juicios, demandas, indemnizaciones desproporcionadas para amedrentar periodistas. La gran herramienta para este control fue la Ley de Comunicación (LOC), el concepto para justificar un control fuera de todo parámetro: declarar la comunicación como un servicio público. Esta disposición, incluida inicialmente en la Ley de Comunicación, fue luego incorporada al texto constitucional en el proceso de enmiendas de 2015 (el mismo que autorizó la reelección indefinida para todos los cargos).
Hoy que el país debate sobre la consulta popular como una respuesta a las evidencias de corrupción, concentración de poder y autoritarismo, no puede dejar de lado este tema. En una de sus dimensiones ha sido la restricción de un derecho individual y colectivo y, además, la comunicación es piedra angular de la democracia; la existencia de medios independientes (de todos los poderes) es pieza clave para la transparencia y la lucha contra la corrupción; la libre circulación de información es condición indispensable para un ejercicio ciudadano vigoroso. Cobra pleno sentido la necesidad de incorporar a la consulta popular (referéndum es su nombre exacto cuando las preguntas se refieren a la reforma de la Constitución) una interrogante que permita recuperar la comunicación como un derecho y no como una prerrogativa estatal, como un área bajo su estricto control como un servicio público. En estas líneas se ofrecen algunos argumentos para el debate sobre esta posibilidad.
Concepto y naturaleza jurídica del servicio público
Es imposible encontrar en la doctrina un concepto unificado sobre servicio público. Cuando una actividad cualquiera se califica de esta manera, el Estado asume su titularidad (lo que en el derecho se conoce como publicatio) para ejercerla de manera directa o indirecta. Es una forma de intervención del Estado pues se reserva para sí la facultad de proveer el servicio o establece sobre él regulaciones y supervisión adicional a la que ejercería sobre otras actividades. El debate sobre qué es un servicio público y cuál es su naturaleza, grado de regulación y control, está irremediablemente conectado con el rol del Estado en determinada época y el nivel de intervención deseable, lo que depende de la ideología dominante.
El concepto de servicio público llega a América Latina desde la doctrina y la jurisprudencia francesa, aunque también se verá influenciada por el desarrollo doctrinario de Italia y España (Rozas, P. & Hantke-Domas, M., 2013: 27). La sentencia “Blanco” del Tribunal de Conflictos francés es conocida como el hito originario del concepto, emitida el 8 de febrero de 1873 plantea: “que la responsabilidad que puede incumbir al Estado por los daños causados a los particulares por hechos de personas que este emplea en el servicio público, no puede estar regido por los principios que se establecen en el código civil respecto de relaciones entre particulares (Mantilla Correa, 2008: 390) (Traducción libre)”.
Esta decisión sería clave para el desarrollo posterior generado por León Duguit, decano de la Escuela de Derecho de Burdeos, en su trabajo sobre el Estado y sus acciones. Para este autor que definió al Derecho Administrativo como el derecho de los servicios públicos, servicio público es “toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y controlado por los gobernantes, porque es indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social y porque es de tal naturaleza que no puede ser asegurada completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante (Duguit citado por Martín Rebollo, 1983: 2491)”.
El momento de máxima expansión del Estado se dio luego de la Segunda Guerra Mundial con el advenimietno del estado de bienestar, interventor, con un rol más activo en la satisfacción de necesidades de la población, en particular en lo que se refería a las actividades económicas. Este nuevo momento también tuvo su lugar en los debates teóricos del Derecho Administrativo al desplazar el carácter central de la titularidad por un nuevo interés en el contenido material del servicio: una actividad de interés general, de interés público (Mantilla Correa, 2008). En este sentido, por ejemplo, Waline sostendría que: “el servicio público consiste en una actividad de interés público, en la cual la autoridad pública no tiene necesariamente siempre la responsabilidad financiera, pero de la cual ella ha tomado la iniciativa y sobre la que, al menos, se ha reservado un control superior, salvo naturalmente, que la administre ella misma (Waline citado por Mantilla Correa, 2008: 441).
Ahora bien, si la titularidad es elemento central del servicio público y como existen cada vez más actividades que entran en esta categoría, se requería de una forma para hacer posible la prestación por parte de particulares por lo que se desarrolla la noción de concesión: el Estado asume la titularidad de las actividades –el dominus de los servicios públicos- y se encarga de la dirección y control de la actividad, pero transfiere funciones y tareas que pueden gestionar los particulares. Se entendería que esta es la naturaleza de la reserva que el Estado ecuatoriano pretende sobre la comunicación, pues a la declaración de “servicio público” se añadió la aclaración de que podrá prestarse a través de medios públicos, privados y comunitarios.
La legislación ecuatoriana no desarrolla con amplitud los conceptos de servicio público, ni tampoco prevé una clasificación de estos, sin embargo, se pueden identificar algunas referencias jurisprudenciales: con posterioridad a la vigencia de la Constitución (octubre 2008) el único concepto que se ha utilizado es el de “servicio público impropio” para calificar así a: el negocio de seguros (Resolución de la Corte Constitucional 106, Registro Oficial Suplemento 724, de 14 de junio de 2012), y la educación (Resolución de la Corte Constitucional 64, Registro Oficial Suplemento 718, de 06 de junio de 2012).
A pesar de que es imposible llegar a un concepto único sobre servicio público, la revisión doctrinaria permite concluir dos puntos que planteo particularmente relevantes para el análisis que nos convoca: 1) No es retórica la calificación de una actividad como servicio público, ni se lo hace exclusivamente para recalcar la importancia de un sector, sino que de esta calificación se derivan consecuencias jurídicas concretas y especialmente importantes. Y, 2) Existen diferencias en los autores y los tiempos respecto de si la calificación como servicio público implica o no la exclusividad del Estado en el ejercicio de determinada actividad, sin embargo, todas las corrientes y autores coinciden en un aspecto consecuencia de la publicatio: el sometimiento de la actividad a un régimen jurídico especial y a un control mucho mayor al que el Estado puede someter a cualquier actividad.
El servicio público en el ordenamiento jurídico ecuatoriano
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la calificación de una actividad como servicio público tiene una serie de implicaciones contenidas en distintas normas que detallo:
Constitución 2008: Empezaremos por descartar el uso de “servicio público” cuando con él se refiere a la carrera de los servidores / funcionarios públicos (artículo 228 por ejemplo), para concentrarnos en las referencias a servicio o servicios públicos que guarden relación con lo que aquí se analiza.
En el texto de la Constitución, se califican algunas actividades como servicios públicos, es el caso de la educación (artículo 345), la atención de salud (362), el agua potable y electricidad (375.6) y el saneamiento (318). También en el artículo 85, entre las garantías de los derechos, se incluye a los servicios públicos junto con las políticas públicas y la participación ciudadana. Se especifican en ese artículo algunos elementos adicionales, por ejemplo, que la prestación de servicios públicos se orientará a la realización de los derechos y que en la ejecución y control de los servicios públicos el Estado garantizará la participación de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
El Estado garantiza a los adultos mayores y personas con discapacidad “rebajas en los servicios públicos” en los artículos 37 y 47 respectivamente.
La Constitución establece prohibiciones para ser candidato a cargos de elección popular y ministro de Estado o para futuras vinculaciones de ministros, definiendo en la práctica la relación entre individuos y prestadores de servicios públicos como un potencial conflicto de intereses (artículos 113, 152, 153).
En lo que se refiere a la responsabilidad, se establecen grados de mayor responsabilidad para prestadores de servicios públicos que la de alguien que preste un servicio no calificado de esa manera. El artículo 54 incorpora la responsabilidad penal por deficiente prestación de servicio público: “Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. (…)”.
Por otra parte, el Estado asume responsabilidad y está obligado a reparar violaciones a los derechos o falta o deficiencia en la prestación de un servicio público: “Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
“El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
“El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. (…)”.
La Constitución (lo desarrolla también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional) permite presentar acciones de protección contra particulares que prestan servicios públicos impropios: “Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”.
Entre las funciones de la Defensoría del Pueblo (artículo 215) se encuentran el patrocinar los reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos. Así mismo puede investigar y resolver sobre acciones u omisiones de prestadores de servicios públicos. Esto, en el caso de la comunicación significaría en concreto la posibilidad de procedimientos administrativos sancionatorios adicionales a los ya creados en la Ley Orgánica de Comunicación.
El artículo 314 define los servicios públicos cuya provisión es responsabilidad del Estado: agua potable, riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria. Así mismo, en ese artículo se encuentra la reserva de ley, es decir, para afectar un sector al servicio público, deberá hacerse a través de ley. También en esta disposición se enumeran los principios a los que deben responder los servicios públicos y su provisión: obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Finalmente, se dispone la potestad del Estado para controlar y regular precios y tarifas de los servicios públicos.
Sobre la posibilidad de intervención de otros actores económicos en actividades cuya titularidad se ha reservado el Estado (servicios públicos), el artículo 316 autoriza la ejecución a través de empresas mixtas siempre que el Estado tenga la mayoría accionaría y –por excepción- la iniciativa privada, en casos que se determinen en la ley.
Código Orgánico Integral Penal: El Código Orgánico Integral Penal (COIP), expedido en el año 2014, reemplazó a los códigos sustantivo y procesal en materia penal y también a la legislación sobre ejecución de penas. En su artículo 262 se califica como servicio público al expendio o distribución de hidrocarburos y derivados y se prevé sanción con cárcel seis meses a un año para quien suspenda de manera injustificada o que paralice este servicio. El artículo 346 penaliza la paralización de cualquier servicio público: “Paralización de un servicio público.- La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva: Esta norma especial, pues tiene jerarquía legal a pesar de haber tenido el origen y la forma de expedición de un reglamento, establece entre las funciones de la Función Ejecutiva (artículo 10-2, agregado por Decreto Ejecutivo 109, R.O. 58 de 30 de octubre de 2009) el control, gestión y regulación de servicios públicos: “b) Control técnico.- Es la facultad para garantizar el cumplimiento de las normas técnicas, así como los estándares de calidad y eficiencia en el ejercicio de las competencias y en la prestación de los servicios públicos, atendiendo el interés general y el ordenamiento jurídico; e) Gestión.- Es la facultad para administrar, proveer, prestar, ejecutar y financiar bienes y servicios públicos, a través de políticas, planes, programas y proyectos; h) Regulación.- Es la facultad de emitir normas para el adecuado y oportuno desarrollo y cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios, con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los agentes regulados”.
De la revisión de las disposiciones constitucionales, legales, y actos legislativos no queda claro el nivel de intervención estatal que se pretende a través de la declaratoria de la comunicación como servicio público. La Corte Constitucional también perdió la oportunidad de fijar límites al poder de intervención y control estatal para este caso concreto, lo cual habría resuelto las dudas que surgen por la amplitud de interpretaciones que permite la noción de servicio público. Lo pudo haber hecho tanto al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la LOC como en el dictamen de constitucionalidad de la enmienda. El contexto de enfrentamiento y acoso -público y judicial- a periodistas y medios de comunicación tampoco constituyen el escenario más adecuado para la toma de esta decisión. En demandas civiles a periodistas y medios, las pretensiones del expresidente Rafael Correa, en tanto indemnización por supuestas violaciones a su derecho a la honra, suman aproximadamente 400 millones de dólares.
La comunicación como servicio público en un contexto de persecusión
Como se ha insistido en las líneas precedentes, la ambigüedad de los legisladores y la Corte Constitucional sobre un concepto tan difícil de delimitar, sumado a un escenario político autoritario y represivo (ver Amnistía Internacional, (2012), Ecuador “Para que nadie reclame nada”) y especialmente tenso en temas de libertad de expresión, sumado a la falta de independencia de jueces y tribunales, hacen que la calificación de la comunicación como servicio público se vea con desconfianza y preocupación, en cuanto podría convertirse en un argumento que refuerce mecanismos de control de contenidos informativos y de opinión como ha venido sucediendo.
A la falta de sustento / motivación en la enmienda, las declaraciones confusas y ambiguas de la Corte Constitucional, habría que agregar que en la constatación práctica, a partir de la vigencia de la Ley de Comunicación (que convirtió a la comunicación en un servicio público), esta condición ha tenido dos consecuencias principales: 1) El establecimiento de una serie de obligaciones y regulaciones amplias y ambiguas sobre “calidad” del servicio que en el caso de la comunicación a través de los medios se han convertido en mecanismo de control de contenidos. Cabe recordar que la primera sanción impuesta tras la vigencia de la Ley fue contra el caricaturista Xavier Bonilla –Bonil- cuando el expresidente Correa objetó públicamente el contenido de una caricatura. Al día siguiente la Superintendencia inició un proceso “de oficio”. Y, 2) La creación de una agencia estatal de control: la Superintendencia de Comunicación (Supercom), cuyo titular se designa de una terna propuesta por el Presidente de la República y que impone sanciones administrativas a los medios de comunicación. Estas sanciones, sobre contenido, son anteriores e independientes del pronunciamiento de un juez, lo cual resulta contrario al principio de “responsabilidad ulterior” fijado por la Convención que debe darse en vía judicial y con todas las garantías del debido proceso. También es importante resaltar lo dicho por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en 2013, sobre quien ocupe la Superintendencia de Comunicación: “Este funcionario administrativo carece de las garantías institucionales mínimas para poder operar en condiciones de autonomía e independencia del gobierno y, sin embargo, tendrá dentro de sus competencias la facultad de fiscalizar a todos los medios de comunicación. La Superintendencia es el órgano competente para imponer sanciones a cualquier medio que incurra en alguna de las faltas que la Ley consagra o que deje de cumplir alguna de las múltiples obligaciones que establece. El régimen de faltas y sanciones consagra obligaciones que pueden resultar ambiguas y exorbitantes”.
La libertad de expresión, puede ser objeto de regulaciones, pero ¿cuáles?
Son muchas las amenazas que se ciernen sobre este derecho y no siempre son evidentes las líneas que marcan los límites, sin embargo la intervención estatal en materia de libre expresión solo se justifica en tanto sus objetivos estén destinados a la “protección de los débiles y los marginados, promoción de un debate público democrático robusto, responsabilidad, primacía del Derecho y control y transparencia del gasto en publicidad oficial” (Ruiz-Tagle Vial, 2011: 358). El Estado es un actor que puede crear condiciones adecuadas para el ejercicio de la libertad de expresión o puede convertirse –con todas las herramientas a su alcance- en un censor –violento o sutil- que impida y sancione el debate democrático.
Como cualquier otro derecho, el de libre expresión y opinión, no es absoluto. Admite regulaciones y restricciones. Los instrumentos internacionales de Derechos Humanos sobre esta materia establecen un principio fundamental: no censura previa, sí responsabilidad ulterior. La responsabilidad ulterior, si bien permite un margen de apreciación nacional de los Estados, debe cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad.
Esta posibilidad de restricción al derecho ha sido ampliamente desarrollada y debe entenderse como una excepción (OEA, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, 2000). El Sistema Interamericano exige tres condiciones que deben cumplirse para que una limitación a este derecho sea compatible con la Convención: 1) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material; 2) la limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana; y, 3) la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr.
Adicionalmente, corresponde a la autoridad el demostrar que estas condiciones se cumplen de forma simultánea. Así también el concepto de “necesidad” (“ser necesarias para asegurar”) no puede asimilarse a “útil”, “razonable” u “oportuno”, sino que “debe establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la limitación, es decir, que tal objetivo legítimo e imperativo no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo de los derechos humanos”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Libertad de Expresión, 2010, p. 30). Ninguno de estos parámetros exige la declaración de la comunicación como servicio público, ni tampoco la reforma que elimina ese concepto implica el abandono de esta obligación.
La reforma a la Constitución, para regresar al texto anterior a la enmienda del 2015, no puede ni debe entenderse como la renuncia del Estado a la regulación de estos derechos, pero sin duda debe convertirse en el punto de partida para una legislación razonable, muy alejada de la lógica y la “jurisprudencia” creada a partir de la aplicación de la LOC estos años, especialmente en lo que compete a la Supercom. Una legislación razonable debe tomar en cuenta los parámetros regionales de protección de Derechos Humanos, como por ejemplo la eliminación de sanciones penales en este campo. Ya en el 2008, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recogió en su informe anual la existencia de sanciones penales en casos de expresión como uno de los problemas que representan un obstáculo para la plena vigencia de la libertad de expresión en el continente americano (Rivera, 2010, p. 12)
Esta idea no se opone a la posibilidad de sanciones civiles para quienes realicen ataques contra el honor y la honra; previstas en la mayoría de legislaciones y perfectamente compatibles con las disposiciones de la Convención: “(…) la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta”. (CIDH, 1995, p. 222)
La honra, dignidad y reputación también son erechos umanos consagrados en el artículo 11 de la Convención Americana que imponen límites a las injerencias de los particulares y del Estado. Según el artículo 13.2 de la Convención Americana, la protección de la honra y reputación de los demás puede ser un motivo para establecer restricciones a la libertad de expresión, es decir, puede ser un motivo para fijar responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de dicha libertad. Sin embargo, es claro que el ejercicio del derecho a la honra, dignidad y reputación debe armonizarse con el de la libertad de expresión, puesto que no ocupa una jerarquía o nivel superior. El honor de los individuos debe ser protegido sin perjudicar el ejercicio de la libertad de expresión ni el derecho a recibir información. Cuando se presenta en un stado una tendencia o patrón en el sentido de preferir el derecho a la honra sobre la libertad de expresión y restringir esta última cuando existe tensión, en todo caso, se violenta el principio de armonización concreta que surge de la obligación de respetar y garantizar el conjunto de erechos umanos reconocidos en la Convención Americana. (subrayado fuera de texto) (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Libertad de Expresión, 2010, pp. 35,36).
El debate y el cuestionamiento político: la mayor libertad posible
De la consulta popular y una posible reforma en esta materia debe surgir también un nuevo momento para el debate público y el cuestionamiento político. Al contrario de la idea de un aura de protección a la “majestad del poder”, las sociedades democráticas deben asegurar la mayor libertad posible en el discurso político, en particular en procesos electorales; y la protección para que los ciudadanos y otros actores cuestionen a los funcionarios públicos, sus decisiones, su patrimonio, su posible conflicto de intereses, pues quien tiene o aspira a un cargo público debe estar sometido a un mayor nivel de escrutinio. Esa es precisamente la jurisprudencia interamericana, que señala como discurso especialmente a: (a) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y (c) el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Libertad de Expresión, 2010, p. 11).
De particular importancia es la regla según la cual la libertad de expresión debe garantizarse no solo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. En este sentido, se ha señalado la especial importancia que tiene proteger la libertad de expresión “en lo que se refiere a las opiniones minoritarias, incluyendo aquellas que ofenden, resultan chocantes o perturban a la mayoría”; y se ha enfatizado que las restricciones a la libertad de expresión “no deben ‘perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia’”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Libertad de Expresión, 2010, p. 10)
En consecuencia, las expresiones, informaciones y opiniones atinentes a asuntos de interés público, al Estado y sus instituciones, gozan de mayor protección bajo la Convención Americana, lo cual implica que el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica. En una sociedad democrática, dada la importancia del control de la gestión pública a través de la opinión, hay un margen reducido a cualquier restricción del debate político o de cuestiones de interés público. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Libertad de Expresión, 2010, p. 12).
Funcionarios tolerantes a la crítica y el escrutinio, un vigoroso debate sobre los asuntos públicos, la democratización de la voz y la palabra, medios de comunicación serios, independientes, que cumplan con su tarea de investigar e informar, un ambiente respetuoso con las ideas distintas, todo esto va más allá de la reforma constitucional o legal, requiere del compromiso y la convicción de cada uno de nosotros. Nuestra apuesta por construir comunidad, política, futuro, en el libre debate entre nuestras diferencias.
Amnistía Internacional (2012), Ecuador “Para que nadie reclame nada” ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? En la Red: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR28/002/2012/es/aa96c7f9-90bc-4243-bbac-b5e3d1d82ece/amr280022012es.pdf
CIDH. (1995). Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Libertad de Expresión. (2010). Marco Jurídico Interamericano Sobre el Derecho a la Libertad de Expresión.
Corte Constitucional del Ecuador, Resolución 106. Registro Oficial Suplemento 724, de 14 de junio de 2012.
Corte Constitucional del Ecuador, Resolución 64. Registro Oficial Suplemento 718, de 06 de junio de 2012.
Mantilla Correa, A. (2008), “Derecho administrativo y servicio público. Trazos inconclusos desde una perspectiva histórica” en Actualidad de los servicios públicos en Iberoamérica: 383-450.
Martín, Rebollo. L. (1983), “De nuevo sobre el servicio público: planteamientos ideológicos y funcionalidad técnica” en Revista de Administración Pública No. 100-102. España: CEPC – Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En la Red: http://www.ebrary.com
OEA. (2000). Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Washington.
Rivera, J. (2010). Las sanciones penales frente a expresiones sobre temas de relevancia pública: ¿Limitación o violación a la libertad de expresión? American University International Law Review , 26, 7-32.
Romo, M. (2016) La comunicación declarada servicio público: mecanismo para justificar el control de contenidos. En Romo, M. & Martínez-Moscoso, A. Una mirada multidisciplinar en relación a la prestación de los servicios públicos”. Centro de Estudios y Publicaciones. Quito, Marzo 2016
Rozas, P.; Hantke Domas, M. (2013), Gestión pública y servicios públicos: notas sobre el concepto tradicional de servicio público, CEPAL / Naciones Unidas.
Ruiz-Tagle Vial, P. (2011), “Propiedad de los Medios y Principios de Intervención del Estado para Garantizar la Libertad de Expresión en Chile” en Revista de derecho 18: 347-359.
Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad San Gregorio de Portoviejo
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