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Timestamp: 2018-11-17 09:19:04
Document Index: 252268424

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 54', 'artículo 241', 'artículo 13', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 71', 'artículo 13', 'artículo 289', 'artículo 54', 'artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 50', 'artículo 1043', 'artículo 260', 'artículo 289', 'artículo 260', 'artículo 8', 'artículo 37', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 289', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 71', 'artículo 289']

﻿ Sentencia C-896 de diciembre 2 de 2009
SENTENCIA C-896 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:ACLARACIÓN PRELIMINAR SOBRE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 54 DEL DECRETO 1045 DE 1978, LA ULTRACTIVIDAD DE LA LEY. SE INHIBE DE ADOPTAR PRONUNCIAMIENTO DE FONDO EN RELACIÓN CON LA EXPRESIÓN "NO SE ADMITIRÁ LA CALIDAD DE COMPAÑERA PERMANENTE CUANDO TENGA EL ESTADO CIVIL DE CASADO, SALVO EN LOS CASOS DE SENTENCIAS DE SEPARACIÓN DE CUERPOS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 54 DEL DECRETO 1045 DE 1978.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, ULTRACTIVIDAD DE LA LEY LABORAL
Sentencia C-896 de diciembre 2 de 2009
Sentencia C-896 de 2009
Ref.: Expediente D-7767
Bogotá, D.C., diciembre dos de dos mil nueve.
A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso, de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial 35035 de junio 15 de 1978, subrayando la parte demandada:
ART. 54—De la compañera permanente. La calidad de compañera permanente de empleados públicos o trabajadores oficiales se acreditará siempre mediante dos declaraciones de terceros.
Las circunstancias de haber obtenido la separación de cuerpos se comprobará con una copia de la respectiva sentencia”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada forma parte de un Decreto con fuerza de ley, expedido por el gobierno en uso de las facultades extraordinarias, en este caso el Decreto-Ley 1045 de 1978.
Asunto bajo revisión y problema jurídico planteado
1. La demandante considera que la norma acusada establece un trato discriminatorio que vulnera el artículo 13 de la Constitución Política. Lo anterior, porque en su concepto la disposición desconoce como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes a la persona que reúne los requisitos para ser considerada compañera permanente pero que mantiene un vínculo matrimonial vigente.
Delimitación del ámbito del pronunciamiento. Aclaración preliminar sobre la vigencia del artículo 54 del Decreto 1045 de 1978. La ultractividad de la ley
3. Previamente al planteamiento del problema jurídico, la Corte deberá definir si el artículo 54 del Decreto 1045 de 1978 se encuentra vigente, toda vez que como se mencionó tanto las intervenciones ciudadanas como el Ministerio Público, solicitaron a la Corte un fallo inhibitorio, pues en su concepto la norma demandada está derogada. En consecuencia, se debe determinar la pertinencia de un pronunciamiento de constitucionalidad porque la decisión: “(...) sobre la exequibilidad o inexequibilidad de una disposición derogada, que determina su exclusión del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, su ineptitud para producir efectos, carece de sentido si, ex ante, y por disposición del mismo legislador, la norma ha perdido su vigencia dentro del ordenamiento”(4).
4. La derogatoria de una norma por otra ocurre, de acuerdo con el artículo 71 del Código Civil de forma expresa, tácita o por regulación integral de la materia(5). En el primer evento, la nueva ley señala las normas que quedan excluidas del ordenamiento; en el segundo evento, la ley posterior contiene disposiciones incompatibles con la norma anterior por lo que esta última se entiende derogada; y en el tercer evento, la derogación se produce por reglamentación “(…) de toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de estas y las de la ley nueva”(6).
El apoderado judicial de la ESAP considera que el aparte demandado fue derogado de forma tácita por el artículo 13 del Decreto 1160 de 1989: “Prueba de la calidad de compañero permanente. Se acreditará la calidad de compañero o compañera permanente, con la inscripción efectuada por el causante en la respectiva entidad de previsión social o patronal. Igualmente se podrá establecer con dos (2) declaraciones de terceros rendidas ante cualquier autoridad política o judicial del lugar. En caso de vínculo matrimonial del compañero o compañera permanente que reclame el derecho a la sustitución pensional, se deberá presentar la respectiva sentencia judicial sobre la nulidad o el divorcio, debidamente ejecutoriada”(7).
Por su parte, la Vista Fiscal y los demás intervinientes advierten que tanto la norma acusada como la disposición transcrita en el párrafo anterior fueron derogadas por regulación integral por la Ley 100 de 1993. En efecto, esta ley creó el sistema de seguridad social Integral y dispuso en su artículo 289: “(...) la presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias” (énfasis añadido).
5. De lo expuesto, puede concluirse que resultaría inocuo un pronunciamiento de constitucionalidad sobre el artículo 54 del Decreto 1045 de 1978 en tanto se encuentra derogado por regulación integral de la materia. De hecho, las normas que se aplican en materia pensional son las que se encuentran vigentes al momento de la muerte del causante(8), es decir, que en la actualidad la definición de los beneficiarios de la prestación está determinada por la regulación contenida en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. No obstante, es preciso establecer si a pesar de la derogatoria, la norma acusada se encuentra produciendo efectos jurídicos.
6. En lo relacionado con la pertinencia de un pronunciamiento de constitucionalidad de una norma derogada que continúa produciendo efectos jurídicos son numerosas las sentencias de este Tribunal Constitucional(9): “(...) la derogatoria de la norma enjuiciada no impide a la Corte volver sobre su contenido normativo en los casos en los cuales se predica una vigencia material de la misma, es decir cuando a pesar de su separación del ordenamiento jurídico continúa produciendo efectos hacia el futuro”(10).
Asimismo, en Sentencia C-329 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, este Tribunal advirtió que: “(...) la competencia de la Corte para pronunciarse de fondo sobre una disposición derogada se restringe a aquellos casos en que ésta es aun eficaz, es decir, cuando la disposición, a pesar de estar derogada, sigue siendo susceptible de producir efectos jurídicos”. En consecuencia, se inhibió de proferir un pronunciamiento de fondo en tanto el artículo 24 de la Ley 3.ª de 1986 y el artículo 50 del Decreto 1222 de 1986 demandados se encontraban derogados y no estaban produciendo efectos.
En una sentencia similar, la Corte concluyó que artículo 1043 del Código Civil agotó su capacidad de producir efectos jurídicos a partir de la expedición de la Ley 29 de 1982, sin que resulte posible aplicar retroactivamente la nueva ley, para incluir entre los herederos a personas que no adquirieron tal calidad de conformidad con la ley vigente en el momento de la delación(11).
En el mismo sentido, esta corporación se pronunció en la sentencia C-862 de 2006(12) al establecer que: “En el asunto objeto de examen, se cuestiona la exequibilidad del artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual fue derogado expresamente por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993(13), se podría argumentar entonces, como hacen los intervinientes, que la disposición acusada carece de vigor y por lo tanto la demanda es inepta. No obstante, la Corte Constitucional considera que los enunciados normativos demandados, especialmente el inciso segundo del artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo, continúan produciendo efectos jurídicos respecto de ciertos trabajadores que cumplían las condiciones señaladas en este precepto para tener derecho a la pensión de jubilación”.
Del mismo modo, en la Sentencia C-891A de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, a pesar de que la Corte constató que el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 demandado fue derogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y este, a su vez, por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, se pronunció sobre la exequibilidad de la norma en el entendido de que aún producía efectos jurídicos: “(...) de acuerdo con los datos reseñados, esos efectos consisten en que hay empleadores que todavía pagan pensiones restringidas y trabajadores que aún las reciben con fundamento en la Ley 171 de 1961, pues su vínculo laboral no estaba vigente al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993 y debido a eso no se produjo el traslado de la pensión a alguna entidad de Seguridad Social”.
Finalmente, la Corte reiterando la tesis de la ultractividad de la ley, en la sentencia C-540 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, precisó, previo al análisis de constitucionalidad, que si bien el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 se encontraba derogado de manera tácita conforme a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993, era procedente el análisis de constitucionalidad comoquiera que la mencionada disposición se encontraba produciendo efectos jurídicos. Al respecto puntualizó: “Con todo, si bien es cierto en el caso bajo examen ha operado el fenómeno de la derogatoria tácita, no lo es menos que el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 rige de manera ultractiva y aún produce efectos jurídicos en nuestro ordenamiento. Esto obedece a que, en consideración a la existencia de una multiplicidad de regímenes pensionales anteriores a la reforma introducida por la Ley 100 de 1993, y con el propósito de proteger la expectativa legítima de adquirir el derecho a la pensión en las condiciones particulares de cada régimen, la misma ley, en su artículo 36, previó un régimen de transición”.
Inhibición por carencia actual de objeto
Aunado a lo anterior, este tribunal reitera que ninguna autoridad judicial o administrativa puede aplicar una norma derogada ni otorgar a ésta efectos jurídicos que le son ajenos. La exclusión del ordenamiento jurídico de una norma bien sea de forma expresa, tácita o por regulación integral de la materia, priva a los servidores públicos o a los particulares de invocar su aplicación, salvo las excepciones por ultractividad de la ley.
Finalmente, se ha considerado que: “(...) para adelantar el estudio de constitucionalidad de una norma que ha sido derogada o modificada por voluntad del legislador, se requiere que la misma continúe produciendo efectos jurídicos. De lo contrario, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta innecesario, por carencia actual de objeto. En efecto, esta corporación ha sostenido “que en función de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas, siempre y cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos. En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto” (Sent. C-505/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero)”(14).
(4) Sentencia C-391 de 2001.
(5) El tenor literal del artículo 71 del Código Civil es el siguiente: “La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. // Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. // Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. // La derogación de una ley puede ser total o parcial”.
(6) Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.
(7) Al respecto, es importante advertir que el inciso final, idéntico al demandado, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, mediante Sentencia del 8 de julio de 1993, expediente 4583, Magistrada Ponente Clara Forero de Castro.
(8) Ver entre otras, las sentencias C-177 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-1094 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Igualmente, la sentencia C-482 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, resaltó: “(...) esta corporación ha señalado ya en distintas ocasiones que la Corte no puede declararse inhibida para conocer sobre demandas relativas a normas derogadas, en los casos en los que esas normas siguen produciendo efectos en el tiempo. Esa es precisamente la situación que se presenta con el texto legal demandado. Si bien la norma ya ha sido derogada, ella sigue regulando el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes en favor de los compañeros permanentes, en los casos en los que los fallecimientos han acaecido antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993”.
(9) Pueden consultarse, entre otras, las sentencias: C-177 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-763 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentaría; y C-128 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(10) Sentencia 1066 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(11) Sentencia C-377 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(13) En efecto, el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 consigna lo siguiente:
(14) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-558 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias C-745 de 1999, C-1144 2000, C-328 2001, C-1066 2001, C-294 2001 y, más recientemente, C-1067 2008, entre otras.