Source: https://www.ntabogados.com/tag/lssi/
Timestamp: 2019-10-14 04:06:47
Document Index: 336498152

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 21', 'Artículo 29', 'artículo 8']

LSSI Archivos - NT Abogados
El principio de tipicidad conlleva que los hechos constitutivos de infracción y las sanciones han de estar explícitamente recogidos en la norma. Por tanto, para poder sancionar, es necesario que las acciones analizadas sean exactamente las mismas que las que señale el tipo legal. Así lo establece el artículo 129 de la Ley 30/1992: “sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley […]. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley […]. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica“.
El pasado viernes el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se realiza la transposición de varias a Directivas, entre otras, la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, (conocida como “Directiva de cookies“) y la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Mejor Regulación en las comunicaciones electrónicas).
En materia de comunicaciones electrónicas, se realizan dos modificaciones en la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico:
Se prohíbe el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación, así como aquéllas en las que se incite a los destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan lo dispuesto en el artículo 20 de la LSSI (nuevo apartado 4 del artículo 20). Esta prohibición no es muy relevante en la práctica, teniendo en cuenta que ya el apartado 1 de este artículo obliga a que se identifique claramente a la persona física o jurídica en nombre de la cual se realiza la comunicación comercial, es decir, si hay que identificarla “claramente”, evidentemente no es válido que se “disimule o se oculte la identidad del remitente”.
Las comunicaciones comerciales por correo electrónico deberán incluir necesariamente una dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales (nuevo párrafo en el apartado 2 del artículo 21). Sobre lo que supone esta nueva obligación, discrepo de lo que afirman los compañeros Campanillas y Prenafeta, que entienden que “no se podrán realizar campañas de email marketing desde cuentas de correo que no permitan la respuesta a los mismos, esto es, como aquellas que incluyen el mensaje “no-reply”». En mi opinión se podrán seguir enviando de esta forma comunicaciones comerciales, sólo que en todo caso debe indicarse una dirección de correo electrónico para oponerse, la cual no tiene por qué ser la misma desde la que se envía. Se trata de que no se limite la posibilidad de oposición, por ejemplo, a visitar una web determinada, incluso obligando al destinatario a acceder con su usuario y contraseña al apartado de registro de usuarios; en definitiva, que se más sencillo y rápido oponerse.
En cuanto al régimen de las “cookies“, el texto es el mismo que proyectó aprobar el anterior gobierno, con lo que lo que comentábamos en este mismo blog el año pasado sigue siendo plenamente válido. En resumen:
Sólo pueden usarse “cookies” si el afectado ha dado su consentimiento previo e informado (salvo que tengan por finalidad efectuar o facilitar técnicamente la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario).
Este consentimiento podrá entenderse otorgado mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones.
Habrá que ver si la Agencia Española de Protección de Datos sigue el criterio del Grupo de Trabajo del Artículo 29, en cuyo caso para que pueda ser válido el consentimiento, será necesario que el navegador pida al usuario que entren en un asistente de privacidad la primera vez que instalen o actualicen, así como proporcionar un método fácil de ejercer su opción durante la utilización del producto. Sobre las opciones que dan actualmente los principales navegadores, pueden leer este interesante post de Santiago Bermell.
Para conocer el resto de novedades que trae esta norma, Gontzal Gallo nos las resume en su blog.
Twitter rechaza el cierre de perfiles que fomentan la anorexia
Hace unos días el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad pidió a Twitter que cerrara varios perfiles desde los cuales se fomentaban la anorexia y la bulimia. Unos días después esta petición fue rechazada, alegando desde la red social que el cierre de esos perfiles “podría causar en la práctica conflictos con la libertad de expresión“. El propio Ministerio de Sanidad sabía que le iban a contestar así, como se cuenta en la noticia, en la que se califica la respuesta de Twitter como “esperable”.
Efectivamente, no podría esperarse lo contrario. Tenemos como antecedente un caso mucho más significativo, el requerimiento (subpoena) que emitió el Departamento de Justicia de EEUU por el que solicitaban la identificación de los seguidores de la cuenta de Wikileaks en Twitter. No sólo no se dio la información, sino que Twitter apeló solicitando que se levantara la obligación de confidencialidad sobre ese requerimiento para poder informar de ello, apelación que fue estimada. Es decir, Twitter no sólo defendió a sus usuarios, sino que peleó por que conocieran el caso. Conociendo esto, es evidente que al Ministerio de Sanidad español no le iban a hacer mucho caso.
Viendo que la vía “amistosa” utilizada por nuestro Gobierno no es ni parece que vaya a ser efectiva (pese a que según dicen, seguirán enviando a Twitter información sobre esos perfiles), podemos preguntarnos si existen otras vías a las que se pudiera acudir. Pues bien, el artículo 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) permite que los órganos competentes adopten las medidas necesarias para que se interrumpa la prestación de un servicio o se retiren los datos que atenten o puedan atentar contra, entre otros principios, “la protección de la salud pública” y “la protección de la juventud y de la infancia“. Parece evidente que el fomento de la anorexia y la bulimia pueden afectar perfectamente a estos dos principios, con lo cual el gobierno podría actuar para adoptar estas medidas. En consecuencia se podría llegar, con la ley en la mano, a bloquear el acceso a Twitter desde España (dado que no es posible bloquear exclusivamente el acceso a determinadas cuentas). Pero no se preocupen, usuarios y fanáticos de Twitter, porque no parece que estemos ante un escenario que pueda ser factible en la práctica. El Ministerio de Sanidad tendrá que seguir informando y haciendo campañas contra estas peligrosas prácticas, pero restringir el acceso a un servicio como Twitter no sería ni recomendable, ni útil, ni necesario.