Source: https://supremo.vlex.es/vid/notarial-51-52-53-58-68-79-178-336-50693014
Timestamp: 2019-10-16 09:14:08
Document Index: 28944693

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 68', 'artículo 1', 'artículo 79', 'artículo1', 'artículo 143', 'artículo 1', 'artículo 164', 'artículo 1', 'artículo 178', 'artículo 1', 'artículo 197', 'artículo 1', 'artículo 264', 'artículo 1', 'artículo 307', 'artículo 1', 'artículo 336', 'artículo 1', 'artículo 340', 'artículo 1', 'artículo 341', 'artículo 1', 'artículo 344', 'artículo 2', 'artículo 164', 'artículo 178', 'artículo 197', 'artículo 164', 'artículo 72', 'artículo 264', 'in fine', 'in fine', 'artículo 386', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 62', 'artículo 340', 'artículo 340']

STS, 11 de Noviembre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 50693014
Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso contencioso-administrativo 72/07, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. Yolanda Ortíz Afonso, en nombre y representación de D. Roberto, contra el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944. Siendo parte demandada la Administración General del Estado que actúa representada por el Abogado del Estado, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España representado por el Procurador D. Manuel Lanchares Perlado y el Consejo General del Notariado representado por el Procurador D. Rafael Gamarra Megías.
Por la representación procesal de D. Roberto se interpone recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.
- El artículo 1. apartado diecisiete -por el que se modifica el art. 51 RN -.
- El artículo 1. apartado dieciocho -por el que se modifica el art. 52 RN -.
- El artículo 1. apartado diecinueve -por el que se modifica el art. 53 RN.-
- El artículo 1. apartado veintidós -por el que se modifica el artículo 58 RN.-
- El artículo 1. apartado veinticinco -por el que se modifica el artículo 68 RN -.
- El artículo 1. apartado treinta -que modifica el artículo 79 RN -.
- El artículo1. apartado sesenta y ocho -que modifica el artículo 143-, en lo relativo al apartado IV introducido en tal precepto.
- El artículo 1. apartado ochenta y cuatro -por el que se modifica el artículo 164 RN-, en lo relativo a su párrafo segundo.
- El artículo 1. apartado noventa y tres -por el que se modifica el artículo 178 RN -, en lo relativo a su último párrafo.
- El artículo 1. apartado cien -por el que se modifica el artículo 197-, en lo relativo al apartado IV punto g) introducido en tal precepto.
- El artículo 1. apartado ciento sesenta y nueve -por el que se modifica el artículo 264 RN -.
- El artículo 1. apartado ciento ochenta y siete -por el que se modifica el artículo 307 RN -.
- El artículo 1. apartado doscientos siete -por el que se modifica el artículo 336 RN -.
- El artículo 1. apartado doscientos once -por el que se modifica el artículo 340 RN -.
- El artículo 1. apartado doscientos doce -por el que se modifica el artículo 341 RN -.
- El artículo 1. apartado doscientos quince -en concreto aquellas partes del precepto por las que se modifica el artículo 344 en su apartado A) puntos 4 y 11 RN-.
- El artículo 2 -por el que se modifica el "Anexo V "RN-.
- La disposición adicional única.
- La disposición final segunda, apartado 2.
Por su parte la representación procesal del Consejo General del Notariado, solicita en la contestación a la demanda la desestimación íntegra del recurso, efectuando consideraciones de carácter general sobre la demanda, entendiendo que no es procesalmente viable la impugnación de las partes no alteradas de lo preceptos del Reglamento Notarial a que se refiere la actora, que las peticiones de nulidad que se hacen en el suplico de la demanda han de entenderse referidas exclusivamente a las partes de los artículos sobre cuyas (supuestas) infracciones legales se razona en los fundamentos, y que la mayor parte de las alegaciones que se hacen a propósito de diversos artículos son puras consideraciones de oportunidad.
No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se abrió trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes, manteniendo sus posiciones expuestas en la demanda y sus respectivas contestaciones, quedando las actuaciones conclusas y pendientes de votación y fallo, a cuyo efecto se señaló el día 5 de noviembre de 2008, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
En estas circunstancias, la alegación formulada por la parte recurrente en los términos que se plantea, como ya hemos señalado en las sentencias que resuelven otros recursos sobre la materia (78/07, 79/07, 71/07, 70/07, 80/07, 74/07, 96/07, 84/07, 93/07, 73/07, 100/07, 99/07, 102/07 ) no puede prosperar, pues pretende atribuir al Real Decreto 45/07 una incidencia general en las normas procesales y en los aspectos jurídico-constitucionales de la tutela que no tiene, para lo cual basta acudir a su exposición de motivos, en la que de manera expresa señala, que las modificaciones del Reglamento Notarial que contiene, "se pueden agrupar en tres bloques: estatuto del notario, como funcionario público; formas documentales y prestación de la función pública notarial y organización corporativa del Notariado". Es claro que dicho Real Decreto impugnado, considerado en su contenido y finalidad general, no puede calificarse como norma de carácter procesal, reguladora de aspectos jurídico- constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales, o que afecte a la organización, funcionamiento o gobierno de los Juzgados y Tribunales, a las que se refiere el art. 108.1.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, invocado por la parte, que en tal concepto haya de quedar sujeta al preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial, de manera que considerada en su naturaleza y alcance dicha disposición general no se incluye entre las que dicho precepto sujeta necesariamente al correspondiente informe.
En consecuencia ha de desestimarse la pretensión principal que se formula en la demanda de declaración de nulidad del Real Decreto 45/2007,de 19 de enero en su totalidad, por el defecto formal invocado.
La impugnación concreta de los preceptos del Reglamento Notarial en la redacción dada por el Real Decreto 45/2007,que también ha sido objeto de examen en las sentencias dictadas en los recursos antes indicados, comienza con los artículos 51, 52 y 53, en cuanto a la posibilidad de que los notarios que ocupen cargos corporativos, que ahora están retribuidos con la denominada compensación institucional del art. 344.XI, nombren sustitutos en unos términos que resultan ilegales, entendiendo que aunque la nulidad afecta a todo el elenco de preceptos citados, la misma trae causa de los siguientes apartados del art. 51 del Reglamento Notarial :
Finalmente, para que pueda hablarse de vulneración de las normas sobre expropiación forzosa es preciso, como primer requisito, que se produzca la privación singular de la propiedad o derechos o intereses patrimoniales, circunstancias que no pueden predicarse del pretendido derecho de sufragio activo y pasivo, cuyo carácter patrimonial no se ha justificado. Tampoco ha de perderse de vista que se trata de una situación estatutaria, a la que queda sujeto el interesado en virtud de la regulación reglamentaria que la define, sin que pueda invocarse un derecho al mantenimiento inalterado y en las mismas condiciones, que pueden resultar modificadas en el ejercicio de la potestad reglamentaria ajustado a la Ley, como puso de manifiesto desde muy temprano el Tribunal Constitucional en las numerosas sentencias dictadas en situaciones de la misma naturaleza estatutaria, como la modificación de la edad de jubilación de funcionarios públicos, jueces y magistrados o en materia de incompatibilidades (SSTC 108/86, 70/88, 178/89...), señalando que no cabe hablar de un derecho en tal sentido de mantenimiento de unas determinadas condiciones (a salvo derechos consolidados, como los económicos) sino de una expectativa, de manera que si no existe el derecho como tal no puede reprocharse a la norma el efecto de su privación. En definitiva los preceptos impugnados se limitan a acomodar en tales aspectos a la situación actual el estatuto del notariado, al que no es ajena la organización colegial, en el ejercicio de las facultades reglamentarias correspondientes, sin que pueda sostenerse la existencia de un derecho a la permanencia de la situación anterior, lo que es distinto de la situación concreta de quienes al amparo de la normativa previa vinieren desempeñando determinados cargos de los que eventualmente pudieran verse privados antes del plazo para el que fueron designados y que, acreditada la situación, justificaran que les ha supuesto algún detrimento patrimonial, que en su caso habrán de hacer valer su derecho, pero sin que tan eventuales situaciones puedan identificarse con la regulación general y de futuro que se contiene en los preceptos impugnados, máxime cuando se trata de cargos de duración temporal y, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, lejos de reducirse el periodo de mandato se ha prorrogado para su acomodación a la puesta en funcionamiento de la nueva estructura territorial de los Colegios Notariales.
Se impugna un bloque de preceptos del Reglamento Notarial, en la redacción dada por el Real Decreto 45/2007, que se refieren a la organización del Notariado, a cuyo efecto la parte comienza haciendo referencia a los principios sobre la organización y funcionamiento de los Colegios profesionales, organización y funcionamiento democráticos (art. 36 CE ), la regulación en la Ley 2/74, de 13 de febrero y la doctrina del Tribunal Constitucional. Señala la repercusión de la estructura del Estado en las Administraciones de toda índole, que se refleja en la creación de los Consejos Autonómicos de Colegios, que ha supuesto un nuevo reparto de competencias en este ámbito, lo que no implica que los Consejos Generales carezcan ya de competencias y de razones para existir, según jurisprudencia que cita. Ahora bien, la previsión de que los Consejos Generales puedan prestar servicios directos a los colegiados es absolutamente excepcional y debe estar justificada en cada caso concreto, recordando que son Administraciones Corporativas de segundo grado en las que no se integran los colegiados sino los Colegios a los que estos pertenecen. Se refiere a la organización colegial en el ámbito notarial, en los términos que resultan del art. 314 del Reglamento Notarial, según el cual debe respetar las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales y los principios constitucionales recogidos en el art. 36 de la Constitución en todo lo relativo a la organización colegial o corporativa que "no constituya especialidad derivada del ejercicio de la función pública notarial atribuida a los notarios o a los Colegios por la de Colegios Profesionales". Entiende que la modificación operada por el Real Decreto 45/2007, viene a instaurar un nuevo modelo de corte autoritario y antidemocrático que afecta esencialmente al nuevo diseño del Consejo, deja en una indefinición total las relaciones Notario-Colegio-Consejo, no tiene en cuenta la Ley de Colegios Profesionales, la distinción entre aspectos funcionariales y profesionales ni que toda regulación de aspecto funcionarial corresponde al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de los Registros y del Notariado y no al Consejo General del Notariado y que debe partirse de que entre los Colegios y el Consejo no existe una relación de jerarquía.
El recurrente dedica un apartado de la demanda a la ilegalidad del sistema de archivo de revocación de poderes, en el que incluye de manera conjunta la impugnación de los artículos 164, 178, 197.IV.g), la Disposición Adicional única y la Disposición Final primera en la redacción dada por el Real Decreto 45/2007, exponiendo las razones por las que considera que tales preceptos, en lo relativo al denominado Archivo de Revocación de Poderes, resultan contrarios al ordenamiento jurídico por vulneración del Código Civil y la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Acerca de esta impugnación lo primero que debe señalarse, como ya se indicó en el segundo fundamento de derecho, es que aun cuando se alude a la nulidad de tales preceptos de manera genérica, la parte limita sus alegaciones y argumentos de ilegalidad a las concretas previsiones de los mismos sobre el referido Archivo, sin que se justifique en modo alguno la comunicación de tal ilegalidad al resto de cada precepto, que en cuanto no se refiere a esa materia ni se cuestiona su legalidad debe mantenerse.
Hechas estas precisiones se observa que los indicados preceptos y por lo que se refieren a la regulación del Archivo de Revocación de Poderes, ya fueron anulados por la sentencia de 20 de mayo de 2008, dictada en el recurso 63/07, cuyo fallo refiere dicha nulidad, entre otros, a los siguientes apartados del artículo primero del citado Real Decreto 45/2007 : Ochenta y cuatro, por el que se modifica el artículo 164, en el siguiente apartado: "Si el otorgante actúa en representación voluntaria de otra persona física o jurídica, el notario, antes de la autorización del acto o negocio jurídico de que se trate consultará el Archivo de Revocación de Poderes o el que le sustituya del Consejo General del Notariado, a los efectos de comprobar que no consta la revocación salvo que, bajo su responsabilidad, no estime necesario realizar la consulta."
Noventa y tres, por el que se modifica el artículo 178, entre otros extremos, en cuanto al párrafo: "Tratándose de una escritura de revocación de poder el notario autorizante de la revocación comunicará telemáticamente la misma mediante el sistema de información Central del Consejo General del Notariado al Archivo de Revocación de Poderes del Consejo General del Notariado. Dicha comunicación deberá efectuarse en el mismo día o hábil siguiente al de autorización de dicha escritura. Asimismo, el notario comunicará telemáticamente y a través del mismo sistema de información al Consejo General y para dicho Archivo cualquier supuesto de extinción de poderes que le conste fehacientemente".
Ciento uno, por el que se modifica el artículo 197, en su párrafo quinto que dice: "En lo relativo a la consulta al Archivo de Revocación de Poderes se estará a lo dispuesto en el artículo 164 del presente Reglamento ".
En tales circunstancias y como también señalamos en la sentencia de 7 de julio de 2008, dictada en el recurso 77/07, ha de estarse a dicha declaración de nulidad y asumirse en este recurso, aplicando el criterio ya establecido en sentencia de 31 de enero de 2001, según la cual "no procede examinar otra vez dichos preceptos a fin de revisar si son o no conformes a derecho, aunque los motivos de impugnación esgrimidos en la demanda difieran de los que determinaron entonces la declaración de su nulidad radical, ya que, según el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas y las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en el que lo hubiera sido la disposición anulada".
Impugnación de los cuatro últimos párrafos del artículo 264.
"La sección segunda de este libro se llevará mediante la incorporación de hojas numeradas en las que se reproduzcan los documentos testimoniados que constituyen su ámbito. Esta sección comprenderá los testimonios por exhibición, de vigencia de leyes, de legitimación de firmas, las certificaciones de saldo y de asiento que se realicen en soporte papel.
Transcurrido un año desde el cierre anual de cada una de las secciones el Notario podrá reproducirlas en un archivo informático que garantice su conservación y reproducción, procediendo en tal caso a la destrucción del soporte papel correspondiente."
Entiende el recurrente que se infringe el principio de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica que proclama el art. 9.3 de la Constitución, así como el art. 97 de la Constitución y el art. 23.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno, alegando que dichos párrafos del precepto impugnado son contrarios al art. 17 de la Ley del Notariado, que la reforma reglamentaria ha extendido fuera de sus límites legales el antiguo Libro Indicador, cuyo sistema abandonado hace más de 500 años "se repristina en la reforma reglamentaria, lo que además supone un paso adelante en la sajonización del sistema notarial español...", señala que del art. 17 de la LN se deduce los libros sustantivos que debe llevar el Notario, que se limitan al Protocolo y al Libro Registro de operaciones y si bien es cierto que ya existía el Libro Indicador, era de carácter meramente auxiliar, con efectos puramente internos y, en ningún caso, tenía contenido sustantivo ni podía dar lugar a nuevas formas documentales, carácter auxiliar que conserva la Sección Primera de dicho Libro, por lo que no la impugna. Entiende que incorporándose a la Sección Segunda los testimonios por exhibición y de legitimación de firma y estando prevista la posibilidad de que se pueda reproducir en su día su contenido (referido al archivo informático), es decir, que el notario podrá expedir el día de mañana reproducciones de la fotocopia incorporada al Libro Indicador, parece que estas tendrán un valor jurídico, con lo que se crea un tipo documental al margen de la Ley, lo que supone, además, volver al sistema de la antigua póliza, abandonado por la reforma del art. 17 de la Ley del Notariado y que el Libro Indicador pasa a ser un libro sustantivo susceptible de ser reproducido, creando documentos que volverán a circular y que no se obtienen de un original sino de una copia, por ello el tercero de los párrafos impugnados establece una dación de fe implícita, absolutamente novedosa y al margen de la Ley. Invoca al efecto la sentencia de 31 de enero de 2001, que declaró la nulidad de la Reforma del Reglamento Hipotecario que ampliaba el contenido del Libro de Incapacitados.
Frente a ello el Abogado del Estado señala que justo la Sección Segunda del Libro Indicador tiene una regulación prácticamente idéntica a la que se contenía en el art. 283 del RN de 1944, que no es cierto que se regule la expedición de copias de dicho libro sin que el último párrafo del art. 264 resulte otra cosa que la posible destrucción del libro transcurrido un año previa custodia informática de sus datos y tampoco se atribuye carácter sustantivo porque se diga que si el Notario incorpora el testimonio al mismo está dando fe de la coincidencia entre ambos, lo que no es más que una conclusión lógica de la incorporación de cualquier dato a cualquier libro.
Por su parte la representación del Consejo General del Notariado añade, frente al planteamiento del recurrente, que el referido libro es citado en el art. 112.1 in fine de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre ; que su finalidad es muy simple: archivar la totalidad de las actuaciones que efectúa un notario que no forman parte del protocolo o del libro registro; que en ninguna parte se dice que el notario pueda expedir copia, traslado o testimonio de su contenido y, por lo tanto, que implique una nueva forma documental; se refiere al sentido de la dación de fe a que se refiere el precepto; y considera que no existe relación entre el objeto de la sentencia de 31 de enero de 2001 y el Libro Indicador en cuestión.
La impugnación que se plantea no puede prosperar, pues, en lo que atañe a la existencia del Libro Indicador, se recoge ya en el Reglamento Notarial de 1944 y el propio recurrente, a pesar de la impugnación, mantiene la legalidad de su existencia tras la modificación operada por el Real Decreto 45/2007 en relación con la Sección Primera del mismo, señalando su carácter auxiliar, que considera ha perdido en cuanto a la Sección Segunda. Ha de entenderse, por lo tanto, que no se plantea la ilegalidad de la existencia de dicho libro sino de los párrafos indicados del art. 264 en cuanto la parte entiende que vienen a reconocerle un carácter sustantivo que no resulta de la Ley del Notariado.
Ciertamente del art. 17 de dicha Ley, en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, se deduce la documentación que, con el carácter sustantivo que resulta de la misma, se exige llevar al Notario, consistente en la formación de protocolos y Libros-Registro, que tendrán el contenido y efectos establecidos en la Ley y desarrollados por el Reglamento, sin embargo, ni en la redacción actual del art. 17 ni en su redacción originaria se impide o excluye la llevanza por el Notario de otros libros de carácter auxiliar que resulten convenientes para el desarrollo de la función y menos aún que así se establezca reglamentariamente, dadas las amplias facultades reconocidas al Gobierno para su desarrollo en el art. 47 de la Ley, siempre que con ello no se infrinja dicha Ley atribuyéndoles efectos en contra de las previsiones de la misma. Ello se refleja, como se ha dicho, en el Reglamento de 1944, cuyo art. 283 prevé la llevanza por los notarios de un Libro Indicador y que el Real Decreto 45/2007 se limita a mantener reforzando su contenido, existencia que, como indica la representación procesal del Consejo General del Notariado, se refleja en la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en cuyo art. 112.1 in fine, a propósito de la presentación de títulos por vía telemática en los Registros de la Propiedad, Mercantiles o de bienes muebles, se refiere al mismo.
Tampoco pueden compartirse las demás alegaciones de contradicción de la Ley del Notariado por la regulación que de dicho Libro se contiene en los párrafos impugnados del art. 264, en cuanto el recurrente entiende que se prevén reproducciones de la fotocopia incorporada al Libro Indicador de algún valor jurídico, creando un tipo documental al margen de la Ley, que volverá a circular y que se obtiene no del original sino de una copia, pues tal planteamiento supone atribuir al precepto algo que no resulta del mismo, pues se limita a establecer la posibilidad de que el notario, transcurrido el plazo de un año desde el cierre de cada una de las secciones las sustituya por un archivo informático, procediendo a la destrucción del soporte papel, y es en relación con las características de debe reunir ese archivo informático para que pueda producirse la sustitución o destrucción del soporte papel que se exige la garantía de "conservación y reproducción", es decir, que dicho archivo permita no solo conservar sino reproducir el contenido de dichas secciones que inicialmente se conforman en papel. En ningún caso se habla de copias, testimonios o traslados para su incorporación al tráfico jurídico ni se altera o modifica la finalidad y efectos del controvertido libro en su soporte propio de papel, ni puede hablarse de un efecto distinto respecto de las dos secciones que comprende el libro, pues la posibilidad de reproducción en un archivo informático se regula de manera indiferenciada para ambas, y la exigencia de que dicho archivo garantice la conservación y reproducción del contenido se refiere también a ambas secciones. El hecho de que la sección segunda no se lleve mediante anotaciones sino incorporando una reproducción de los correspondientes documentos, no supone que el libro tenga distinto alcance o efectos respecto de cada una de ellas y, por el contrario, justifica la previsión de que en el caso de la sección segunda se presuponga la dación de fe de la coincidencia de la reproducción incorporada respecto del testimonio correspondiente.
Finalmente, como señalan las partes recurridas, no se advierte la relación del supuesto aquí contemplado con el que se examina en la sentencia de 31 de enero de 2001, que se refería a la ampliación por vía reglamentaria de la materia inscribible en el "Libro de incapacitados", que en la reforma del Reglamento Hipotecario allí impugnado se denomina "Libro de alteraciones en las facultades de administración y disposición", y en el que con anterioridad a la reforma, según el artículo 386, se extendían los asientos relativos a las resoluciones judiciales a que se refieren el número 4º del artículo 2 de la Ley Hipotecaria y el artículo 10 del Reglamento, y, después de la modificación operada por el Real Decreto 1867/98, se han de extender, además de los anteriores, los asientos relativos a la alteración en las facultades de administración y disposición. Lo cual llevó a la Sala a anular dicha ampliación al entender que: "los títulos inscribibles en los Libros del Registro de la Propiedad vienen fijados por el citado artículo 2 de la Ley Hipotecaria, en el que no se contempla la inscripción de otras alteraciones de las facultades de disponer o de administrar que las derivadas de resolución judicial, por lo que la ampliación del contenido del Libro ha supuesto una ampliación del contenido del Registro de la Propiedad, que no se puede acometer por vía reglamentaria salvo que, como ahora, se conculque el principio de jerarquía normativa y se sobrepase la misión de desarrollo y colaboración con la Ley de los Reglamentos, incurriendo así los preceptos impugnados en nulidad de pleno derecho según lo dispuesto por el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ".
Por todo lo expuesto la impugnación debe ser desestimada.
Por todo lo expuesto, estando declarados nulos de pleno derecho por sentencia de 20 de mayo de 2008 los arts. 164, 178, 197 párrafo quinto, Disposición Adicional Única y Disposición Final Primera en los términos indicados en el decimoquinto fundamento de derecho, procede estimar parcialmente este recurso en cuanto a la impugnación del último inciso del artículo 340 del Reglamento Notarial en la redacción dada por el apartado doscientos once del artículo primero del Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, y del último inciso del art. 344.A.11 en la redacción dada por el apartado doscientos quince del citado artículo primero, declarando su nulidad, desestimando el recurso en lo demás; sin que haya lugar a hacer una expresa condena en costas al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes.
Que estando declarados nulos de pleno derecho por sentencia de 20 de mayo de 2008 los arts. 164, 178, 197 párrafo quinto, Disposición Adicional Única y Disposición Final Primera en los términos indicados en el decimoquinto fundamento de derecho y estimando parcialmente el presente recurso 72/2007, interpuesto por la representación procesal de D. Roberto contra el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, declaramos la nulidad del último inciso del artículo 340 del Reglamento Notarial en la redacción dada por el apartado doscientos once del artículo primero del Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, que dice: "Creada dicha unidad el notario le prestará auxilio en el ejercicio de sus funciones, debiendo facilitar a dicha unidad especializada cualquier información que ésta les requiera para el ejercicio de su función de examen", así como del último inciso del art. 344.A.11 en la redacción dada por el apartado doscientos quince del citado artículo primero, que dice: "Igualmente, establecerá, en su caso, las compensaciones institucionales que estime procedente, para aquellos cargos del Consejo que se entienda oportuno, a fin de garantizar la debida dedicación de los mismos a sus obligaciones corporativas".