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Timestamp: 2019-09-23 20:43:27
Document Index: 309599120

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 33', 'artículo 33', 'artículo 104', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 105', 'artículo 55', 'artículo 18', 'artículo 33', 'artículo 95', 'artículo 46', 'artículo 33', 'artículo 33']

﻿ Sentencia 2011-01520 de marzo 26 de 2015
SENTENCIA 2011-01520 DE 26 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. LA FALTA DESCRITA EN EL ARTÍCULO 33 NUMERAL 8 DE LA LEY 1123 DE 2007, QUE ATENTA CONTRA LA RECTA Y LEAL REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y LOS FINES DEL ESTADO, ES CONSIDERADA COMO DOLOSA, Y SE CONFIGURA ENTRE OTRAS COSAS, CUANDO SE PRESENTA EN REITERADAS OPORTUNIDADES, ESCRITOS TENDIENTES A IMPEDIR QUE SE DICTE FALLO EN UN PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, FALTAS DISCIPLINARIAS, ECOPETROL, ABOGADO
Sentencia 2011-01520 de marzo 26 de 2015
SALA DUAL SEXTA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA
Rad.: 080011102000201101520 01
Aprobada según Acta Nº 24
Ref. Apelación sentencia
Uriel de Jesús Salcedo Figueroa
Bogotá, D. C. veintiséis de marzo de dos mil quince.
Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico(1), mediante la cual se sancionó al abogado Uriel Salcedo Figueroa, con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión de abogado por encontrarlo responsable de haber infringido el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007.
Dio inicio a la presente investigación, la expedición de copias ordenada por esta Sala en providencia del 04 de noviembre de 2010, proferida dentro del proceso disciplinario radicado bajo el Nº 2009 - 01528-00F, en contra del abogado Uriel de Jesús Salcedo Figueroa, en atención a los múltiples memoriales que el togado presentó dentro del referido proceso, y que conllevó a que se investigara al magistrado que instruía dicho proceso en sede de segunda instancia, hecho que generó una ostensible mora en la decisión del asunto dentro del término de ley.
El abogado Uriel de Jesús Salcedo Figueroa, se identifica con cédula de ciudadanía Nº 8680167 y la Tarjeta Profesional Nº 84206 del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se halla vigente, tal y como consta en el Certificado Nº 163469(2).
Mediante proveído del 12 de octubre de 2012(3), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico, decretó la apertura del proceso disciplinario, en contra el referido abogado y señaló fecha para la audiencia de pruebas y calificación provisional el día 12 de abril de 2013 a las 10:00 a.m., de conformidad con el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007.
El día 12 de abril de 2013, se llevó a cabo la audiencia programada de pruebas y calificación provisional, presidida por el magistrado Álvaro Enrique Márquez Cárdenas, con la asistencia del disciplinado, y Ministerio Público, el magistrado sustanciador, procedió a poner en conocimiento del investigado los memoriales que originaron la presunta dilación de la decisión del proceso objeto de la presente investigación. Posterior a ello, le concedió el uso de la palabra a efectos de que rindiera su versión libre y espontánea respecto a los hechos que ocupan la atención de la Sala, para lo cual concedió poder a su abogado de confianza el doctor Jorge Luis Pabón Ápicella con cedula de ciudadanía 17.198.188 de Bogotá y tarjeta profesional 9.637 del Consejo Superior de la Judicatura quien lo representara para las presentes actuaciones, sin encontrarse presente en la audiencia.
Versión libre del disciplinado
Manifestó el investigado, que los diferentes memoriales interpuestos fueron en cumplimiento del deber legal a su labor como apoderado judicial de su poderdante. Así las cosas, la instancia puso de presente los memoriales al investigado, y éste se refirió a cada uno de ellos:
1. Memorial que obra en folios 24 al 27: Sustentación de recurso de apelación dentro del término de cinco (5) días otorgado por el ad quem, invocación de sustentación presentada.
2. Folio 36, solicitud efectuada al honorable magistrado ponente, sobre varias pruebas solicitadas por el actor.
3. Folios 39 al 45, interposición del recurso de reposición pues en su sentir, no se le resolvieron unas peticiones pedidas con anterioridad.
4. Folio de 49 a 51, hizo mención a la excepción de inconstitucionalidad sobre dos decretos citados por la parte demandada.
5. Folios 55 a 59, expresó que es un incidente de nulidad ante magistrado de descongestión doctor Rodríguez Jiménez.
6. Folio 61 a 64, argumentó que interpuso incidente de recusación al magistrado Rodríguez Jiménez ya que no contestó las nulidades presentadas.
7. Folios de 66 a 74, interpuso recurso de reposición ante el magistrado Rodríguez Jiménez, contra auto de fallo del proceso laboral por no tener en cuenta la solicitud de las peticiones realizadas.
8. Folio 77 a 84, presentó derecho de petición al doctor Rodríguez Jiménez para que tuviera presente la no contestación de la demanda.
9. Folio 90 a 91, memorial cuyo asunto determinó el tema de una petición.
10. Folio 94 a 100, deprecó incidente de recusación.
11. Folio 101 a 105, pedidos de complementación de un auto de la Dra. Miladis Coronel Alba.
12. Folio 114 a 119, interposición de recurso de reposición a la Dra. Coronel Alba.
13. Folio 121 a 123, presentó memorial de complementación para la no violación debido proceso.
14. Folio 125 a 133, promovió incidente de nulidad por omisión de términos y oportunidades para practicar pruebas.
15. Folio 135, una petición de solicitud a los magistrados de descongestión.
16. Folios 140 a 141, elevó otra petición para que fueran tenidas en cuenta, jurisprudencias referentes a los empleados de Ecopetrol.
17. Folios 143 a 148, para que fuera admitidos oficiosamente el memoria presentado.
18. Folio 174 a 175, solicitud para que se revocara la decisión otorgada por el magistrado de descongestión.
19. Folio 176 a 177, solicitud a los magistrados de la Sala de Descongestión para que se devolviera el expediente, pues según el disciplinado solo puede conocer en asunto de fallo.
20. Folios 178 a 180, reposición y súplica ante la decisión del Magistrado de Descongestión.
Indicó el investigado, que reconocía cada una de dichas actuaciones y reiteró que todos los escritos fueron presentados legalmente. El despacho teniendo en cuenta cada uno de los escritos presentados ante la segunda instancia del proceso origen de la presente queja dispuso la práctica de pruebas.
Solicitudes probatorias del disciplinado
— Solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Primera de Decisión Laboral para que remitiera todo lo acontecido a partir de la Segunda Instancia del proceso en el cual fungió como demandante el señor Félix Galindo, y demandados Empresa Naviera Fluvial Colombia S. A. y Colombiana de Petróleos radicado bajo el Nº 08-001-31-05-005-2004-00152-01 a efectos de practicarle, inspección judicial.
Procedió el instructor de instancia a suspender la audiencia y fijó fecha para su continuación el día 27 de septiembre de 2013.
Dando respuesta a lo requerido por medio del oficio petitorio 12773, se observó que el proceso fue enviado a la honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, mediante Oficio 3883 del 19-07-2011, a fin de que se surta el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante.
La audiencia se continuó el día 27 de septiembre de 2013, con la asistencia del magistrado Álvaro Enrique Márquez, el disciplinado y su apoderado de confianza. Con la prueba legalmente recaudada procedió el despacho a calificar la actuación y dispuso proferir pliego de cargos con fundamento en el artículo 33 numeral 8º en la modalidad dolosa, al advertir que el abogado investigado posiblemente pudo haber incurrido en dicho tipo disciplinario.
Para arribar a dicha decisión consideró:
“Existe prueba recaudada que demuestra la posible incursión en la falta contenida en el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, la cual compromete la responsabilidad del doctor Uriel de Jesús Salcedo Figueroa, pues reiteradamente se leyó y se le puso en conocimiento al profesional del derecho investigado, los 20 memoriales que se presentaron en segunda instancia y las consideraciones planteadas por el Magistrado Ponente Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago, la cual llevó a la compulsa de copias que hoy nos ocupa, hecho que fue aceptado por el disciplinado en su versión libre, en donde además reconoció haberlos suscrito y firmado”. Situación que se enmarca en el tipo disciplinario ya referenciado pues manifiestamente fueron encaminados a entorpecer y demora el normal funcionamiento del proceso laboral que se surtía en segunda instancia, conducta a todas luces dolosas, debido a que ninguna de las peticiones tenía asideros legal y el togado insistió injustificadamente en continuar presentándolas”.
Solicitud probatoria de la defensa
— Allegarse el expediente completo del proceso Nº 2004-00152-01 el cual se encuentra surtiendo el recurso de casación, solicitó igualmente el expediente “que cursa en la jurisdicción penal” pero no dio información de que proceso se trata para su localización.
— Oficiar a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que remita el expediente radicado Nº 2004-00152, referencia Colombiana de Petróleos Ecopetrol, con el fin de realizar inspección judicial en el proceso disciplinario del abogado Uriel de Jesús Salcedo.
El auto del 15 de octubre de 2013, el despacho ordenó expedir las copias solicitadas por el disciplinado(4).
El 13 de marzo de 2014, se hizo presente el investigado el cual manifestó al despacho la suspensión de la audiencia ya que por problemas médicos, no fue posible la asistencia de su apoderado para poder ejercer su defensa.
Así las cosas, la instancia ordenó reiterar las pruebas solicitadas en la audiencia del 27 de septiembre de 2013(5).
Finalmente se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento el día 17 de julio de 2014, con asistencia del disciplinado y su abogado de confianza, a quien le fue otorgado el uso de la palabra a efectos de que desplegara sus alegaciones de conclusión.
Procedió el apoderado de confianza del disciplinado a efectuar una extensa intervención respecto a la violación del derecho de defensa del imputado y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso(6). Indicó, que se estructuró falta grave en contra su defendido, toda vez, que consideró que nunca debió iniciarse proceso disciplinario en contra de este y debió el magistrado de instancia desestimar la queja originada en virtud de la expedición de copias, de quien funge como ponente. Por tanto consideró el apoderado judicial, que su prohijado fue sometido a un sufrimiento propio de una investigación difusa, sin sustento, e iniciado al capricho irresponsable y doloso del entonces magistrado a quo “para satisfacer la denuncia infundada por el magistrado Dr. Sanabria Buitrago del Consejo Superior de la Judicatura”.(sic).
Finalmente, solicitó nulidad de todo el proceso disciplinario, al considerar que el hecho que no proceda recurso de apelación frente al pliego de cargos es una clara vulneración al derecho de defensa de su poderdante.
En sentencia de 11 de septiembre de 2014, el Seccional de instancia resolvió declarar disciplinariamente responsable al doctor Uriel Salcedo Figueroa, con suspensión de dos (02) meses en el ejercicio de la profesión del abogado por encontrarlo responsable de haber infringido el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, al tiempo negó la solicitud de nulidad deprecada por el censor.
Para arribar a la resolutiva indicó:
“(…) Respecto a la nulidad hay que indicar que la apertura de la investigación es un acto oficioso cuando de los elementos presentados en una denuncia, queja o compulsa de copias se puede determinar la posible existencia de una falta disciplinaria cometida, en este caso, por un destinatario de la Ley 1123 de 2007, sin que ello implique desde ya que este demostrada la responsabilidad del procesado; es precisamente al interior del proceso disciplinario que se establece en grado de certeza si tiene fundamento o no las acusaciones contra el togado. Es un acto e impulso de mero trámite.
Como se observa no se afectó ningún derecho fundamental al derecho de contradicción y defensa del encartado para declarar la nulidad solicitada, como tampoco se puede aceptar las expresiones descomedidas y altisonantes que el investigado y su defensor hacen referencia al indicar que la queja fue temeraria. Que el magistrado al ordenar compulsar las copias pude incurrir en “… Falsas imputaciones ante la autoridad disciplinaria y promover la tortura y padecimientos” al Dr. Uriel Salcedo, afirmaciones que como se afirmó, carecen de todo sustento y contexto jurídico”.
Igualmente refirió el magistrado sustanciador, que el hecho de que el pliego de cargos no sea susceptible de recurso de apelación, no es un capricho de su parte, pues nótese que claramente es un mandato legal contenido en el artículo 105 inciso 5º de la Ley 1123 de 2007 lo que demuestra las inconsistencias en el proceso disciplinario por parte del apoderado judicial del encartado.
Puntualizó el operador judicial de instancia, que la conducta que originó la presente investigación, se refiere a que el abogado disciplinado actuando como apoderado judicial del quejoso, presentó demanda laboral contra Naviera Fluvial Colombia S. A. y Ecopetrol, dentro del radicado Nº 2004-152 proceso que en segunda instancia conoció el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla en cabeza del magistrado Giovanni Francisco Rodríguez Jimenez, funcionario judicial que a su vez fue denunciado disciplinariamente, por presuntas irregularidades en el trámite del referido proceso debido a la mora en la decisión correspondiente, situación que conllevo a que esta superioridad asumiera el conocimiento del asunto, y advirtiera que el abogado investigado presentó 20 escritos haciendo toda clase de solicitudes en segunda instancia cuando el expediente estaba para fallo, tales como; petición de prueba, alegó nulidades, interpuso recursos, planteo recusaciones, demanda de tutela y hasta presentó recurso de reposición contra un auto de trámite, como era el de ordenar enviar el expediente a otro despacho.
Concretó el a quo que la causa de la mora para fallar se debió a los múltiples recursos, peticiones y escritos, fuera de contexto presentados en el trámite del proceso de la segunda instancia, lo que conllevo a la demora en proferir la providencia, Evidenciándose así, que el motivo de la presunta mora fueron los escritos interpuestos por el hoy investigado, cuando el ponente señalaba la fecha para la audiencia del fallo.
Indicó el magistrado sustanciador, que en sentido emergía la certeza de la existencia de la falta disciplinaria atribuida al investigado y de su responsabilidad a título de dolo, pues al no permitir que el fallador dictara sentencia en el término que correspondía, origino un proceso disciplinario en contra del magistrado instructor de la segunda instancia. Finalmente la Sala reconoció, las actuaciones atribuidas y reprochadas del investigado y observo que algunos de los escritos que fueron presentados por el profesional del derecho, se encontraron prescritos mismos que fueron presentados en las siguientes fechas:
1. Memorial presentado el 03 de junio de 2008. Solicitado se practiquen las pruebas decretadas (fls. 39-45 c. o.).
2. Memorial allegado el 28 de agosto de 2008, mediante el cual interpuso recurso de reposición contra la decisión del ad quem de citar para sentencia (Auto de 22 de agosto de 2008), para que sea íntegramente revocada. Sustentación del recurso (fls. 39-45 c. o.).
3. Memorial presentado el 09 de septiembre de 2008, referenciando una petición para que sea aplicada la excepción de inconstitucionalidad (fls. 49-51 c. o.).
4. Memorial allegado el 11 de septiembre de 2008, mediante el cual promovió incidente de nulidad procesal, a efectos de que fuera anulada toda la tramitación de segunda instancia viciada, debido a que fallo de primer grado fue proferido sin respetar las perentorias órdenes del artículo 55 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, de ser analizada todos los hechos y asuntos plateados por la parte actora en su demanda y en el proceso. Sentencia incompleta (fls. 55-59 c. o.).
5. Escrito presentado el 22 de septiembre de 2008, donde solicitó iniciar incidente de recusación del magistrado ponente doctor Rodríguez Jiménez (fls. 61-64 c. o.).
6. Escrito presentado 14 de octubre de 2008, en el cual interpuso recurso de reposición contra el auto fijador de fecha para dictar sentencia (fls. 66 c. o.).
7. Memorial del 14 de octubre de 2008, mediante el cual peticiono que al sentenciar hicieran valer las sanciones dispuestas por el artículo 18 de la Ley 712 de 2011, tener por contestada la demanda, la no proposición de excepciones es constitución de indicio grave (fls. 67-74 c. o.).
8. Memorial de 10 de octubre de 2008, donde peticionó se tuviera por no contestada la demanda (fls. 77-84 c. o.).
9. Memorial del 09 de diciembre de 2008, en el cual complemento el memorial presentado el 14 de octubre de 2008 (fls. 90-91).
10. Memorial presentado el 19 de diciembre de 2008, donde formulo incidente de nulidad procesal contra la actuación de la magistrada Miladys Coronell Alba, en relación al incidente de recusación impetrado contra el magistrado Giovanni Rodríguez Jiménez (fls. 94-100 c. o.).
11. Escrito del 11 de diciembre de 2008, en la cual solicito la complementación de auto de 05 de diciembre de 2008, que supuestamente resolvió la recusación planteada (fls. 101-105 c. o.).
12. Memorial del 19 de diciembre de 2008, peticionando la complementación del auto de 05 de diciembre de 2008 (fls. 114-119 c. o.).
13. Escrito del 17 de febrero de 2009, donde solicita la complementación de las peticiones presentadas en relación con la necesidad de practica de peritazgo (fls. 121-123 c. o.).
14. Memorial del 18 de marzo de 2009, en el cual promocionó un incidente de nulidad (fls. 125-133 c. o.).
De igual manera reitero la instancia, que los memoriales presentados en el año 2010 estaban vigentes, y finalmente fueron estos los que estructuraron la conducta por la cual se emitió fallo sancionatorio:
— Memorial del 02 de marzo de 2010,mediante el cual solicito que fueran tenidas en cuenta lo decretado y sustentado en sentencia de la Corte Constitucional, que también obligaba a los jueces, respecto de los empleados de Ecopetrol (fls. 143-148 c. o.).
— Escrito de 07 de abril de 2010, en el cual solicitó a los magistrados de la Sala de Decisión Laboral revocaran oficiosamente la decisión tomada de remitir el caso en referencia a los magistrados de descongestión (fls. 174-17 c. o.).
— Memorial de 01 de abril de 2010, en donde solicitó a los magistrados de descongestión devolvieran oficiosamente el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, pues no se había resuelto algunas solicitudes (fls. 176-177 c. o.).
— Memorial de 09 de abril de 2010, donde interpuso recurso de reposición en subsidio de súplica contra la decisión de los magistrados de descongestión de acoger el conocimiento del proceso.
Concluyendo así la instancia, como claramente cada uno de los escritos reseñados impidieron la continuación normal del proceso y evitaron que se dictara fallo en el tiempo establecido por la ley. Máxime cuando esas solicitudes no tenía vocación de prosperidad lo que significa a todas luces el ánimo dilatorio, apartándose ello del correcto ejercicio del derecho de defensa o contradicción, sino a sus propósitos de lograr el retraso del proceso evitando que el Magistrado Ponente dictara sentencia en el tiempo que otorgo la ley, conducta además que fue desplegada sin justificación alguna debido a que no solo toda esa actuación termino con la mora judicial en la decisión, sino que además le conllevo a que le fuera iniciada investigación disciplinaria al Magistrado Sustanciador del asunto en segunda instancia.
Se ve claramente como cada uno de los escritos anteriores impidieron la continuación normal del proceso y evitaron que se dictara fallo en el tiempo establecido por la ley laboral. Más aun interponiendo solicitudes en un trámite de segunda instancia, a simple vista, no obedece a ningún derecho de defensa o contradicción, sino a sus propósitos de lograr la dilación del proceso evitando que el Magistrado ponente dictara sentencia en el tiempo que otorgó la ley.
El apoderado de confianza del disciplinado, presento recurso de apelación en contra de la decisión de instancia y solicito sea revocada la misma para ello indicó:
“sobre el estado pesa la carga de probar a plan CERTEZA por encima de duda sobre la culpabilidad del procesado esto es derecho fundamental y humano del procesado.
Igualmente al procesado debe serle dadas todas las oportunidades legales para el ejercicio de su defensa, (…) el procesado debe ser odio y escuchado. Además de ello el juez deberá escuchar sus argumentos y contestarlos punto por punto como requisito o supuesto inviolable para el PERFECCIONAMIENTO, para la EFICACIA y la VALIDEZ del proveído. Derechos fundamentales y humanos del procesado y deben estar consignados en la motivación completa y adecuada del fallo.
En la continuación del proceso disciplinario en la aparte del auto de apertura del proceso disciplinario el Mgdo. Ponente (Rubén Darío Charris) tenía la perentoria obligación de EXAMIONAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS (sic) referidos a la queja disciplinaria, para determinar sobre cada uno de ellos si la conducta desplegada en ellos examinados individualmente, era conforme a la ley procesal y los derechos de la parte actora.
La actuación fue proseguida a pesar de que le afectaba tamaña ilegalidad y lesionada por los vicios llego a la etapa de audiencia de pruebas y calificación. En esta audiencia el magistrado ponente Márquez Cárdenas, concretó igual actuación que la su ilegal proceder pues tampoco hizo análisis de los 21 documentos que operaban como supuesta prueba observando que la formulación de cargos implica necesariamente dicho examen o análisis completo tanto individual de los 21 documentos como en conjunto más nada de ello hizo o realizó el ponente.
El magistrado Márquez Cárdenas, para intentar eludir los enormes vicios de su conducta referida se limitó a expresar que la ilegalidad de la conducta del investigado es manifiesta y se refiere como apoyo a la absolución del magistrado Giovanni Rodriguez Jiménez y a la queja abusiva, insustentada del magistrado Pedro Alonso Sanabria. En este punitivo el juez tiene que examinar o analizar la conducta para mostrar lo manifiesto de ella, pues al sindicado le asiste la presunción de inocencia y el derecho a que se le demuestre analíticamente que la conducta suya es contraria a la ley y dolosa.
Las pruebas cuya práctica y análisis solicitó el Dr. Uriel de Jesús Salcedo Figueroa en pro de su defensa no fueron analizadas por el Magistrado Ponente, realmente no fueron hechas valer.
Por último, para impedir que el procesado recurriera en reposición y apelación la negativa a la nulidad procesal presentada el mgdo. Márquez Cárdenas para recortarle o quitarle el recurso de reposición”.
De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política, artículos 112-4 y 60 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente a través de sus Salas Duales de Decisión para conocer y resolver el recurso interpuesto por el disciplinado Uriel de Jesús Salcedo Figueroa contra la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.
Se endilgó al abogado Uriel de Jesús Salcedo Figueroa, al estar incurso en la falta descrita en el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, considerada como dolosa, al haber presentado en reiteradas oportunidades, escritos tendientes a impedir que se dictara fallo en el proceso Naviera Fluvial Colombia S. A. y Ecopetrol, dentro del Radicado 2004-152 proceso que en segunda instancia conoció el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla. En efecto, el abogado investigado logró posponer la audiencia de fallo, ya que cada vez que era programaban el profesional del derecho investigado allegaba un escrito con una petición, generándose así, dilación en el tiempo para dictar fallo del proceso mencionado.
Pues bien, es de recordar que en la Carta política el artículo 95, el cual consagró el ejercicio de libertades y derechos implicaba unas responsabilidades, estableciendo por ello que el hecho de pertenecer a nuestra colectividad jurídica, comportaba unos deberes tales como el de respetar los derechos ajenos no abusar de los propios, y colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Así las cosas se advierte desde ya que esta sala declarara la confirmación de la sanción disciplinaria en contra del togado encartado Uriel de Jesús Salcedo Figueroa, por presentar solicitudes dilatorias que impidieron que el Magistrado de Segunda Instancia profiriera sentencia dentro del término legal. Sea lo primero entonces en punto a desatar la apelación abordar los puntos planteados por el sensor pues nótese como este procedió a solicitar en el recurso de alzada la declaratoria de nulidad tal y como en su momento debería le efectuó en sus alegaciones de conclusión, e indico: “la actuación fue proseguida a pesar de que le afectaba tamaña ilegalidad y lesionada por los vicios llego a la etapa de audiencia de pruebas y calificación en esta audiencia el magistrado ponente Márquez Cárdenas concretó igual actuación que su ilegal proceder, pues tampoco hizo análisis de los 21 documentos que operaban como supuesta prueba”.
Respecto a la reiterativa solicitud de la nulidad planteada(7) por el censor en el recurso de alzada en la cual señalo no solo la falta de análisis en la etapa de pruebas y calificación sino también violación a la presunción de inocencia entre otros; al respecto resulta pertinente señalarle al recurrente que al abogado disciplinado le fueron respetadas todas sus garantías procesales en cada una de las etapas de este diligenciamiento, y contó con la asistencia de su defensor de confianza.
Ahora bien, no se requiere mayores elucubraciones para arribar a la certeza a la comisión de la conducta, ya que esta emerge diáfana desde el momento en que en la providencia del 04 de noviembre de 2010, suscrita por quien hoy funge como ponente se advirtió la actuación desplegada por el togado encartado efectivamente en dicho proveído se absolvió al entonces investigado Dr. Giovanni Rodríguez Jiménez en su condición de Magistrado de Descongestión de la Sala laboral del Tribunal Superior de Barranquilla por una presente mora judicial al proferir fallo dentro del Radicado 2004-00152 01 al evidenciar que ello se debió a los más de 20 memoriales suscritos por el disciplinado.
Importante se hace indicarle al recurrente que contra el pliego de cargos no procedía recurso alguno y ello no por capricho o ilegalidad de parte del Magistrado Ponente pues sencillamente el mandato legal así lo dispone en el inciso 5º de la Ley 1123 de 2007 lo cual establece:
“La formulación de cargos deberá contener en forma expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la modalidad de la conducta. Contra esta decisión no procede recurso alguno”.
De tajo entonces se desvirtúa la presunta “ilegalidad” deprecada por el defensor de confianza pues se itera no se le vulnero ningún derecho y en las fases del proceso disciplinario tuvo la oportunidad para controvertir la falta indilgada, tal y como efectivamente lo hizo con la asistencia de su defensor de confianza.
Para la sala existe certeza de la falta disciplinaria que se le atribuyo al investigado y de su responsabilidad a título de dolo, como quiera que se observa que no solo logro la dilación del proceso laboral, en el que no permitió que el Magistrado de Segunda instancia dictara sentencia en el tiempo de ley, debido a los múltiples escritos que presento, como acertadamente lo puntualizo la instancia ,genero otro movimientos para la administración de justicia esto es iniciar una investigación por presunta mora en contra del magistrado referido situación que aumenta la ya conocida congestión judicial.
Bajo el anterior recorrido argumentativo es claro que se comparte ampliamente por parte esta Sala la calificación efectuada por el operador judicial de instancia, pues no se observa dentro del dossier prueba que justifique el actuar del encartado y contrario a ello, en la audiencia de pruebas y calificación este reconoció cada uno de los memoriales presentados como suyos sin dar ninguna explicación o excusa de su presentación, pues solamente los leyó y argumentó que se ajustaban a la ley, siendo del caso advertir que ninguno de estos pedimentos prospero en sede de instancia demostrándose así la materialidad de la conducta al ser escritos manifiestamente impertinentes para la actuación judicial, pero contundentes al momento de generar la mora en la decisión que debía tomar el magistrado Rodríguez Jiménez en segunda instancia.
Se decanta de lo expuesto el actuar intencional de lo investigado quien concia que dichos pedimentos no eran dables al interior del proceso en curso, pero no obstante optó por desplegar la conducta dolosa abusando así de las vías de derecho y generando con ello la mora y consecuente dilación en el proceso judicial.
Teniendo en cuenta que la Sala de instancia, calificó la conducta en la modalidad dolosa, lo cual genera un mayor desvalor social puesto que las circunstancias observadas innegablemente muestran intencionalidad en atacar el trámite judicial en flagrante contravía a la normatividad procesal civil esta superioridad confirmará la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (02) meses, por haberlo hallado responsable de la conducta investigada.
En atención a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Dual, observa que objetivamente se le causó un perjuicio, toda vez, que se dilató el proceso impidiendo al magistrado emitir el fallo en el tiempo establecido por la ley y dejando en incertidumbre a las personas que se encontraban vinculadas al proceso laboral referido con anterioridad.
En ese orden de ideas, y acorde con el principio de razonabilidad íntimamente ligado con la función disciplinaria, y entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta al encartado pues no admite duda que en el sub exámine, le era imperativo al operador judicial de instancia afectar con suspensión al investigado. Al respecto la Corte Constitucional ha sostenido:
“(…) la razonabilidad hace relación a que un juicio raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea juicio raciocinio por su conveniencia o necesidad”.
En atención al principio de necesidad, en el caso de autos la sanción impuesta encuentra asidero comoquiera, que era fundamental, para dejar sentado un mensaje reflexivo a los profesionales del derecho con el fin de prevenir a futuro dichas conductas. La doctrina(8) ha puntualizado:
“(…) Amenaza de un mal todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar (sic) por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias”.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Dual Sexta Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. NEGAR. La solicitud de nulidad impetrada por el apoderado judicial del disciplinado.
2. CONFIRMAR: La decisión emitida el 11 de septiembre de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable al abogado Uriel de Jesús Salcedo Figueroa, con suspensión de dos (02) meses en el ejercicio de la profesión de abogado, por encontrarlo responsable de haber infringido el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, conforme lo indicado en la precedentes consideraciones.
3. Enviar copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.
Magistrados: Néstor Iván Javier Osuna Patiño—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Wilson Ruiz Orejuela.
De manera comedida me permito exponer los motivos en los cuales sustento la aclaración de voto en el asunto de la referencia, toda vez que si bien comparto la decisión mayoritaria de la Sala en cuanto a “PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad impetrada por el apoderado judicial del disciplinado. SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión emitida el 11 de septiembre de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable al abogado Uriel de Jesús Salcedo Figueroa, con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión de abogado por encontrarlo responsable de haber infringido el artículo 33 numeral 8D (sic) de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo indicado en la precedentes (sic) consideraciones.”(…); por cuanto considero que se debió decretar la nulidad de la actuación desde la formulación de cargos al disciplinado.
Lo anterior, fundamentado en que, verificado el expediente de primera instancia, en la audiencia de pruebas y calificación provisional del 27 de septiembre de 2013, en la cual se le formularon cargos al abogado Uriel de Jesús Salcedo Figueroa y en el fallo de primera instancia del 11 de septiembre de 2014, se omitió establecer el deber que infringió el profesional del derecho; ello da lugar sin equivoco alguno a la concurrencia de causal de nulidad dentro del trámite de la investigación disciplinaria referida, pues se ha vulnerado el debido proceso, toda vez que, el Magistrado Ponente de instancia no cumplió a cabalidad el integrar los presupuestos de la falta disciplinaria: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
Así las cosas acorde a lo normado en los artículos 6º, 98 y 99 de la Ley 1123 de 2007, aplicables a esta actuación disciplinaria, hacen referencia al principio rector al debido proceso, las causales de nulidad, y la declaratoria oficiosa, normas cuyo texto disponen:
“ART. 4º—Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación alguna de los deberes consagrados en el presente código.
“ART. 6º—Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinan la ritualidad del proceso en los términos de este código”.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso” (resaltado fuera de texto).
“ART. 99.—Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto…”.
En los anteriores términos dejo consignada la aclaración de voto anunciada en la referida decisión.
De mis compañeros de Sala,
(1) La Sala de instancia estuvo conformada por los magistrados Álvaro Enrique Márquez Cárdenas (ponente) y José Duván Salazar Arias.
(2) Visible a folio 269 c. o.
(3) Visible a folio 212 c. o.
(4) Visible a folio 246 c. o.
(5) Visible a folios 230-231 c. o.
(6) Visible a folios 235-245 c. o.
(7) En los alegatos de conclusión efectuó los mismos planteamientos.
(8) Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008, págs. 45 y 46.