Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP200903120067.CODI.%29
Timestamp: 2020-04-05 07:44:14
Document Index: 62153686

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 123', 'artículo 19', 'artículo 146', 'artículo 149', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 149', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 49', 'artículo 21', 'artículo 27']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 67, de 12/03/2009
Año 2009 IX Legislatura Núm. 67
Sesión plenaria núm. 62 celebrada el jueves 12 de marzo de 2009
- Real Decreto-Ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones. (B.O.E. núm. 47, de 24 de febrero de 2009). (Número de expediente 130/000010.)... (Página 3)
- Proyecto de ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 5-1, de 20 de junio de 2008. (Número de expediente 121/000005.)... (Página 14)
- Proyecto de ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 16-1, de 19 de diciembre de 2008. (Número de expediente 121/000016.)... (Página 18)
Enmiendas del Senado. (Votación.)... (Página 28)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 28)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . ... (Página 3)
Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (Número de expediente 130/000010.). ... (Página 3)
El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón), expone las razones que justifican el carácter extraordinario y urgente de convalidar una norma, a la vez que solicita el apoyo del Pleno de la Cámara para la convalidación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Canet i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González Pons, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas del Senado. ... (Página 14)
Proyecto de ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad (Número de expediente 121/000005.) ... (Página 14)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. ... (Página 18)
Proyecto de ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios (Número de expediente 121/000016.) ... (Página 18)
La señora ministra de Vivienda (Corredor Sierra) presenta el proyecto de ley de referencia, señalando que el texto forma parte del plan español para la dinamización de la economía y el empleo. En su opinión el proyecto ofrece soluciones ponderadas y razonables, también para los propietarios de viviendas alquiladas, sin reducir las garantías de los arrendatarios sino favoreciendo directamente sus intereses.
En defensa de la enmienda de totalidad interviene el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista.
Declaración institucional. ... (Página 27)
Por el señor secretario (Barrero López) se procede a dar lectura de una declaración institucional, acordada en Junta de Portavoces, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, se aprueba por 317 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se aprueba por 329 votos a favor y una abstención.
Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 28)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, se aprueban por 329 votos a favor.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.). ... (Página 28)
Sometida a votación la enmienda de totalidad al proyecto de ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios, se rechaza por seis votos a favor, 322 en contra y dos abstenciones.
- REAL DECRETO-LEY 1/2009, DE 23 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 130/000010.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Vamos a reanudar la sesión y lo haremos con el punto VII del orden del día, que es la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones.
Para la explicación del real decreto-ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Industria.
Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones y de defensa del consumidor de productos energéticos. Con este propósito y durante mi intervención me propongo explicar las razones que justifican el carácter extraordinario y urgente de convalidar una norma, cuya aprobación encuentra su razón de ser en tres motivos diferentes. En primer lugar, en la necesidad de avanzar en el proceso de liberalización del sector televisivo y de garantizar la solidez financiera de las empresas que prestan servicios de televisión, eliminando restricciones a los procesos de consolidación del sector, garantizando siempre los principios de transparencia y de pluralismo. En segundo lugar, en la oportunidad que se nos presenta de garantizar a toda la población la recepción de la televisión digital en condiciones adecuadas, con independencia de dónde
se encuentre su domicilio. Y, en tercer lugar, y en el marco del proceso de liberalización del sector eléctrico, en la necesidad de dar una respuesta adecuada a los problemas que puedan surgir ante la inminente entrada en vigor del suministro de último recurso en defensa de los intereses de usuarios y consumidores.
Señorías, durante la pasada legislatura, el sector audiovisual ha sido objeto de un intenso proceso de ordenación y modernización normativa, que ha permitido, gracias a la eficiencia operativa y regulatoria de las medidas adoptadas, acortar en gran medida la distancia que nos separaba de otros países de nuestro entorno. Durante la presente legislatura pretendemos culminar el proceso iniciado hace cuatro años con la plena participación de los agentes implicados, consolidando de este modo el desarrollo del sector audiovisual y estableciendo unas pautas claras y estables sobre las que todos los agentes puedan planificar su evolución futura. Es en este contexto en el que planteamos la necesidad de avanzar en el proceso de liberalización del sector televisivo, eliminando trabas a las participaciones cruzadas entre operadores de ámbito estatal.
Como saben SS.SS., la Ley de Televisión Privada, de 1988, establecía que ninguna persona, física o jurídica, podría ser titular, directa o indirectamente, de acciones en más de una sociedad concesionaria del servicio de televisión. Posteriormente, en 2003, se aprobó una modificación que avanzaba tímidamente en la liberalización del sector al permitir las participaciones cruzadas en las sociedades concesionarias del servicio de televisión, pero estableciendo un límite del cinco por ciento. El objetivo de este real decreto-ley es seguir avanzando en este proceso de liberalización. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la economía mundial se encuentra inmersa en una crisis económica, cuyo vector principal descansa en los problemas de liquidez y solvencia que afectan al sistema financiero internacional. Como es fácilmente comprensible, las empresas de televisión no son ajenas a estas circunstancias. Su viabilidad económica y financiera depende en gran medida de la evolución del mercado publicitario y este mercado está experimentando un importante ajuste, lo que está dificultando la viabilidad de los operadores. En un entorno televisivo como el actual, con más operadores e importantes retos tecnológicos a los que hacer frente, garantizar la sostenibilidad de las empresas de televisión es garantizar el pluralismo, la transparencia y el progreso.
Con la aprobación de este real decreto-ley avanzamos en la liberalización del sector, eliminando la imposibilidad de poseer más de un cinco por ciento del capital social en más de un prestador de ámbito estatal.
Además, las posibilidades de capitalización y concentración que, con su aprobación se abren, provocarán las sinergias necesarias para garantizar la estabilidad de los operadores presentes en el sector, sin que nuestro futuro digital pueda verse cuestionado. Sin embargo, este cambio normativo no ha de ir en menoscabo del pluralismo televisivo que entre todos hemos ido construyendo en las últimas legislaturas. Por ello, esta norma arbitra límites respecto a la simultaneidad de participaciones en el capital social de distintos operadores de ámbito estatal, estableciendo la barrera del 27 por ciento de audiencia media acumulada por parte de los operadores en los que el titular de las participaciones simultáneas cuente con más del cinco por ciento del capital.
Se limita, por otra parte, la acumulación de derechos de uso sobre el dominio público radioeléctrico a un máximo de dos múltiples y se establece la obligatoriedad de que siempre existan, como mínimo, tres operadores privados de cobertura estatal. Además, con esta nueva normativa conseguimos equiparar nuestro ordenamiento con el existente en los países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Estados Unidos se permiten las participaciones significativas en varios operadores cuando en su conjunto no superen el 35 por ciento de la audiencia nacional. En Alemania, este límite es del 30 por ciento y se reduce hasta el 25 por ciento si la empresa afectada mantiene una posición de dominio en mercados conexos al de televisión. Por otra parte, a finales de 2004 iniciamos el camino del tránsito hacia la televisión digital terrestre, un camino que vamos a culminar el 3 de abril de 2010 y un camino cuya consecución está requiriendo de no pocos y considerables esfuerzos así como de un importante grado de participación de los agentes públicos y privados implicados.
A fecha de hoy, anticipándonos una vez más a Europa en cuestiones digitales, puedo afirmar, con un orgullo que no es mío sino creo que de todos, que estamos cumpliendo los plazos previstos, alcanzando ya una cobertura de la TDT del 92,4 por ciento de la población, con más de 17 millones de receptores vendidos y una cuota de pantalla del 26 por ciento. Señorías, solo en el último año la cobertura ha pasado del 85 por ciento al 92,4 por ciento y se han vendido más de 7 millones de receptores de televisión digital terrestre. Pero somos ambiciosos y para garantizar que la cobertura en cada fase del plan de transición a la TDT sea plenamente satisfactoria, alcanzando a todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia y de la viabilidad en la prestación del servicio, el real decreto-ley que estamos sometiendo a su consideración determina la plataforma satelital como la solución más adecuada. Así, y mediante sistemas de satélite, se realizará la extensión complementaria a la cobertura poblacional de los canales de la TDT de ámbito estatal, con relación a las zonas en las que residan ciudadanos que no vayan a tener cobertura de dichos canales, una vez cumplidos los compromisos adquiridos por los operadores privados, por Radiotelevisión Española y las administraciones públicas. Esta obligación de extensión complementaria de cobertura a través de sistemas por satélite no modifica ni condiciona las obligaciones de cobertura poblacional establecidas a los operadores de TDT de ámbito estatal. Así lo han entendido los principales países de nuestro entorno, promoviendo la puesta en funcionamiento de plataformas satelitales para proporcionar cobertura de televisión a todos los
ciudadanos y facilitar el tránsito a la TDT. Tales son los casos de Francia, Italia, y Reino Unido.
Señorías, la necesidad de adoptar urgentemente estas dos medidas está más que justificada, además de por las consideraciones de carácter económico a las que ya he hecho referencia, por el inminente vencimiento de las fechas límite para efectuar el cese de las emisiones con tecnología analógica. En particular me estoy refiriendo a la primera de ellas, que es el 30 de junio de 2009 -de este año-, porque antes de la llegada de dicha fecha deberán haberse adoptado todas las medidas técnicas necesarias para garantizar que la población afectada pueda recibir la TDT en su domicilio con independencia de dónde se encuentre este.
Por último, señorías, este real decreto-ley habilita la figura de la oficina de defensa del consumidor de productos energéticos, que dependerá directamente de la Comisión Nacional de la Energía, y cuyo establecimiento, junto a la ya creada Oficina de Cambio de Suministrador, va a ofrecer una estructura de servicios de defensa de los derechos de los consumidores en el nuevo marco de suministro de último recurso. La transición desde un modelo regulado a otro liberalizado, impuesta por las normativas comunitaria y española, hace necesaria la creación y puesta en marcha de un órgano público de información, atención y arbitraje, que actúe con eficacia y eficiencia una vez que se encuentre en vigor el nuevo marco normativo. Esta nueva entidad debe dar coherencia al sistema, reforzando la protección de los derechos de los usuarios en un momento de creciente demanda, de mayor transparencia, claridad e información en la facturación por parte de los consumidores. Para ello se crea la oficina de defensa del consumidor de productos energéticos como el organismo encargado de velar por la adecuada protección de los derechos de los usuarios frente a las compañías suministradoras de energía, contribuyéndose con ello a que los ciudadanos cuenten con un servicio de calidad. Las principales funciones de este nuevo organismo son las siguientes: en primer lugar, informar y atender al consumidor de productos energéticos; en segundo lugar, resolver las controversias que pudieran surgir entre los operadores del sector de la energía y sus clientes; en tercer lugar, informar al Gobierno sobre las reclamaciones presentadas por los usuarios de productos energéticos y, en cuarto lugar, proponer las mejoras regulatorias necesarias para evitar que se repitan las irregularidades.
Señorías, con la implantación de esta oficina perseguimos mejorar la protección de los derechos de los consumidores frente a las compañías encargadas del suministro de energía, contribuyendo así a mejorar la calidad del servicio y a potenciar la competencia. Para diseñar su formato y contenido nos hemos inspirado en la británica Energy Watch, que desde hace tiempo representa y defiende los intereses de los consumidores británicos de gas y de electricidad, con destacables resultados y notable efectividad. Su implantación resulta de extraordinaria y urgente necesidad, dado que, según los plazos previstos, esta oficina debe comenzar a funcionar antes del próximo mes de julio de 2009, fecha en la que está previsto que entre en vigor el suministro de último recurso, que va a sustituir a las actuales tarifas integrales y que va a suponer un importante avance en el proceso de liberalización energético.
Concluyo, señorías, señora presidenta. Nuestro sector audiovisual y nuestro sector energético necesitan de reformas que no admiten demoras.
Si queremos implementar con éxito políticas que nos ayuden a tener mercados más plurales, más transparentes y más competitivos, nuestra responsabilidad, como gobernantes, y la suya, como legisladores, es actuar con agilidad cuando las circunstancias así lo requieren. Este es el caso y para ello cuento con que la buena predisposición de SS.SS.
permita la convalidación de un real decreto-ley, que siempre es muestra del trabajo conjunto de dos de los pilares del Estado de derecho en aras del interés ciudadano.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha solicitado utilizar el turno en contra de la convalidación. Para hacerlo tiene la palabra el señor Beloki.
Señorías, señor ministro, después de haber leído con atención el real decreto que usted trae hoy a convalidación tuvimos claro que teníamos que mostrarnos en contra del mismo por cinco motivos. Hoy le he escuchado con atención, aunque prácticamente no nos ha hecho sino la relectura de lo que dice el real decreto, y seguimos afirmando que necesitamos que usted lo retire en función de esas cinco razones que paso a exponer. Seguimos sin saber, señor ministro, hacia dónde quiere dirigir este Gobierno el sector audiovisual español. Es la primera de las razones. Le supongo a usted conocedor de los términos en que tuvo lugar hace ya cuatro años el debate sobre el proyecto de ley, que luego se convirtió en Ley 10/2005, de 14 de junio, que se llamaba también, señor ministro, de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y del fomento del pluralismo.
La oposición, en aquella ocasión de forma prácticamente unánime, se lamentó y denunció que el Gobierno, contra su promesa, contra la promesa que constaba incluso en el programa con el que el Partido Socialista Obrero Español había acudido a la legislatura, no presentara un esquema general, esto es, no presentara, antes de pasar a regular detalles, lo que entendía que debía ser el marco general del sector audiovisual español; es decir que, en vez de mostrarnos hacia dónde queremos ir, se viniera con parches, término que se usó en aquel debate.
Le animo a usted a repasar el debate de totalidad que tuvo lugar aquí en el Congreso el 7 de abril del año 2005,
sobre la base de lo que presentó el Grupo Parlamentario Popular; también, si quiere, el debate que tuvo lugar el 28 de abril del año 2005. Si recorriéramos lo que la gente dijo allá veríamos que todo el mundo era consciente de lo que acabo de decir: que usted tomaba medidas, que ustedes, el Gobierno tomaba medidas, pero no sabíamos adónde íbamos. El propio Gobierno era consciente de eso, porque yo le voy a animar a que usted lea también la exposición de motivos de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de medidas urgentes, que dice -se lo leo textualmente-: Sin menoscabo de futuras iniciativas legislativas que ofrezcan un marco jurídico general al sector audiovisual español, la necesidad de avanzar, etcétera. Es decir, hace cinco años eran ustedes conscientes de eso, lo habían prometido en su campaña, vinieron aquí con una ley de medidas urgentes, dijeron que era necesario, y cuatro años después nos vuelve usted a las mismas andadas y lo hace contra las promesas que incluso en aquel debate hizo el Gobierno de que iba a regular el sector audiovisual español. Le voy a leer una cita solo, para que no le quepa la menor duda de que lo que estoy diciendo responde a la realidad. Es una cita que recojo del debate del día 7 de abril, en el que el señor Vilajoana, del Grupo Convergència i Unió, decía: El orden de las cosas -tal como estaban caminando- no es el que nos hubiera gustado. El Gobierno -dice- se ha comprometido y estamos satisfechos -decía- a presentar en breve una ley general audiovisual. Hace de esto cuatro años, el 7 de abril del año 2005. Y puedo aportarle más testimonios en el mismo sentido.
Ya es lamentable en sí mismo que ustedes nos traigan medidas parciales sin que nos aclaren adónde vamos, pero es que ustedes además vuelven -y esta es la segunda de las razones, señor ministro- haciendo lo mismo, de la misma forma, corrijo, de forma peor. Porque, además de argumentar nuevamente -como usted hace y ha hecho esta mañana- supuestas urgencias para hacer lo que propone en este real decreto, lo hacen de forma más inaceptable que lo hicieron hace cuatro años. Hace cuatro años, se presentó aquí un proyecto de ley, un proyecto de ley que fue debatido con urgencia. Hoy, usted viene aquí con un real decreto. ¿Y sabe usted las diferencias que hay entre un real decreto y un proyecto de ley? Hay tales diferencias que, si usted leyera a quien le precedió en aquel momento al frente de ese ministerio, el señor Montilla, comprobaría que en aquel momento dijo que no lo habían querido traer como real decreto para que hubiera un debate en la Cámara al menos, aunque fuera ese debate con urgencia. Pues usted, cuatro años después, incumpliendo promesas, viene con un real decreto, lo que no quiso hacer el señor Montilla hace cuatro años; es decir, lo mismo pero peor.
¿Dónde está, por otra parte, por lo que a los contenidos que usted nos ha explicitado aquí y que se recogen en el propio real decreto, la urgencia de estos temas? No tengo tiempo para extenderme, pero me voy a referir al capítulo III. Le diré resumidamente lo que mi grupo piensa al respecto.
No aporta nada nuevo al ordenamiento jurídico, ni tampoco a la protección de los consumidores de productos energéticos; aún menos cuando habilita a la CNE a ejercer facultades que deben corresponder a las administraciones públicas. En este punto solo hay una novedad, a la que me referiré posteriormente, y es que usted entra de lleno, como un elefante en una cacharrería, en las competencias de las comunidades autónomas. Tampoco mi grupo percibe la urgencia de la que usted nos ha hablado, y que aporta el hecho de que sea un real decreto, en los capítulos I y II. Sinceramente, no está justificada, a juicio de mi grupo, la urgencia de estos dos capítulos; no al menos tanto como para que usted quiera que todo lo que la Cámara diga al respecto es que lo convalidamos. De forma que le adelanto que, si la votación de esta Cámara es que se convalida, mi grupo pedirá que al menos se debata como un proyecto de ley. Al menos, para que al menos lleguemos a aquello que el propio Gobierno hace cuatro años quiso hacer en este mismo tema. Y lo propuso así el señor Montilla, que fue quien le precedió en el ministerio.
Por mucha prisa que hayan tenido ustedes, y usted sabrá por qué -y entro a la tercera de las razones para oponernos a este real decreto- podrían haber hecho ustedes un real decreto en técnica legislativa -no sé cómo calificarlo- un poco menos burda, empezando por su denominación, señor ministro. ¿Cree usted que es de recibo, y lo digo desde la técnica parlamentaria, que se llame un real decreto de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones y en su articulado se aborde también la creación de una oficina del consumidor dentro de la CNE? ¿Se les olvidó poner el título? No tiene sentido, ministro. Al menos, diga usted en el título aquello de lo que viene a regular. Esto parece que se ha hecho en el ministerio por los pasillos y no en un despacho. ¿Y qué broma es esta, señor ministro, de afirmar, como se afirma en la memoria económica del real decreto, que la creación de la oficina de defensa del consumidor de productos energéticos dentro de la CNE no supone la creación de ningún órgano administrativo y que la CNE deberá hacer frente a las mismas con los medios de que actualmente dispone, sin que se prevea ningún incremento de los mismos, ni coste adicional, como se dice en la memoria económica? ¿Qué oficina prevé usted? ¿Cómo van a verse defendidos por esta oficina, sin coste adicional alguno para la CNE, los consumidores de Galicia, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Aragón, Valencia, Cataluña? ¿Cómo? Simplemente esto no es creíble. Esto es decir cualquier cosa, también en la memoria económica. De forma que la tercera razón es que, puestos a hacer una cosa que debían haberla hecho de otra forma, sin estas urgencias que no tienen justificación, lo deberían haber hecho de forma un poquito más curiosilla, técnicamente hablando. No más.
Cuarta razón, señor ministro. No nos ha explicado los intereses reales que usted viene a defender con este real decreto. Yo no termino de ver dónde están aquí los intereses generales y los intereses privados. Le he escuchado atentamente por si usted daba alguna explicación para
lo que, estoy seguro, supongo que se han preguntado todos los diputados y diputadas que hayan leído su real decreto, que dice lo siguiente: No obstante, y para las concesiones del servicio público de televisión de ámbito estatal, ninguna persona física o jurídica podrá adquirir una participación significativa en más de una concesión, cuando la audiencia media del conjunto de los canales de las concesiones de ámbito estatal considerada supere el 27 por ciento de la audiencia total durante los doce meses consecutivos anteriores a la adquisición. Esto dice el real decreto. ¿Y por qué 27? ¿Por qué no 26,9? ¿Por qué no 27,2? No nos lo ha explicado usted en absoluto. ¿Dónde están los cálculos que usted ha hecho para esto, para que sepamos que es un interés general y no es un interés privado? ¿De dónde le salen estos cálculos? Sin, por otra parte, tomar en consideración lo que dice el propio real decreto, que es que la superación de este porcentaje, por lo demás, con posterioridad a la adquisición de una nueva participación significativa, no será considerada a los efectos de la aplicación de lo previsto en los artículo 17.2 y 21 bis) de esta ley. Ahorro la lectura, porque tampoco me da tiempo para todo, para decir resumidamente que echamos a andar con el 27 y que esto sea lo que Dios quiera. Eso es lo que vienen a hacer ustedes. Otra razón.
No terminamos de distinguir los intereses generales y privados. Usted tiene obligación de exponer aquí cuáles son los intereses generales y decir que los defienden, para que no se oculten, debajo de unos supuestos intereses generales, los intereses privados, con nombre y apellido.
Quinta y última razón por la que nos oponemos a este real decreto. Entra usted como un elefante en una cacharrería en el tema autonómico. ¿No sabe usted qué competencias tienen las comunidades autónomas con base en sus respectivos estatutos de autonomía en el tema de los consumidores? Usted ha mirado a Inglaterra y nos ha mencionado a Energy Watch. ¿Por qué no ha mirado lo que dice el artículo 10.28 del Estatuto de Gernika, para ver lo que dice del consumo? ¿Por qué no ha mirado el artículo 123 del Estatuto de Cataluña? ¿Quiere que se lo lea? ¿Nos viene diciendo que va a traer aquí a Energy Watch y no lee los artículos de los estatutos de autonomía en los que se dice que las competencias exclusivas en el consumo son las que son, en un caso, de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en otro, de la Comunidad Autónoma de Cataluña? Por supuesto, cito dos, pero hay otros estatutos que también contemplan esta materia. ¿Cómo encajar esto, señor ministro, que la CNE cree una oficina de defensa del consumidor? Es, como ya he dicho, un elefante en una cacharrería. Esto en lo referente al capítulo 3 del real decreto, y tres cuartos de lo mismo en el tema de las telecomunicaciones.
Ha debido usted leer, supongo, o si no le animo a que lo lea, lo que dice el artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Gernika sobre las competencias de la comunidad autónoma a la hora de regular este tema. O el artículo 146.1a) del nuevo Estatut catalán. Para que no tenga que leer todos, le digo con detalle qué tiene que leer. Pero aparte de esto ministro, además de entrar como un elefante en una cacharrería en el tema autonómico, es que usted está contraviniendo también regulaciones establecidas previamente. ¿Qué dice la disposición adicional primera de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de medidas urgentes, contra la que usted viene aquí hoy? ¿Qué dice el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, en el punto cuarto de su artículo único? Son cinco razones, por las que mi grupo se opone, y también son cinco razones que le deberían animar a usted mismo a retirar este real decreto, sin que nadie le obligue. Es cierto que usted regula cosas que hay que regular, pero hay que hacer las cosas con orden, hay que hacerlas sin destrozar nada.
No haga usted, ministro, irrazonables cosas que pueden ser razonables; las está haciendo usted irrazonables, por su forma de hacer las cosas.
Yo voy a pedir a la Cámara, considerando estos cinco argumentos, que, si usted no retira el decreto-ley, voten en contra. Por otra parte, señor ministro, son argumentos que hace cuatro años usó el Grupo Popular. Yo le animaría al Grupo Popular a leer lo que dijo en aquella ocasión la señora Montesinos, porque todas sus argumentaciones son de plena aplicación. Y animaría al resto de los grupos a que recordaran también el debate que tuvimos hace cuatro años, para que el Gobierno no siga por el mismo camino pero todavía peor, pasando a unas urgencias no justificadas, haciendo chapuzas legales, como le he dicho anteriormente, rompiendo el equilibrio autonómico que tenemos y, en definitiva, haciendo de cosas razonables un camino irracional e irrazonable que supuestamente resolverá los problemas.
Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta.
Ningún grupo parlamentario ha expresado su decisión de utilizar el turno a favor de la convalidación de este real decreto. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posición, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto, por el que, en primer lugar, tiene la palabra la señora Oramas.
Señoras y señores diputados, el Gobierno hoy pide a esta Cámara que convalide una norma con rango de ley que ha tenido que aprobarse fuera de esta sede y sin el correspondiente debate parlamentario, se supone que por razones de urgencia. Sin embargo, el asunto que se debate hoy no es nuevo, ni el Gobierno puede alegar que le ha faltado tiempo para hacer las cosas de otra manera y sin hurtar a las Cortes Generales un debate que les corresponde. Lo que el Gobierno trae hoy al Parlamento es el último eslabón, de momento, de la precipitada e improvisada cadena de acontecimientos en que se ha convertido el proceso de transición a la TDT en España.
Han pasado once años desde la aprobación del Plan técnico nacional de la TDT en 1998, y cuatro años desde que el primer Gobierno del presidente Zapatero lo derogó y aprobó uno nuevo, el Real Decreto del año 2005, de 29 de julio, que anticipó el apagón analógico al 3 de abril de 2010, un Gobierno, por cierto, que tardó luego dos años en diseñar el Plan técnico nacional de transición a la TDT, en el que se fija un apagón secuencial en tres fases -30 de junio de 2009, 31 de diciembre de 2009 y 3 de abril de 2010- y que ignora por completo la transición de las televisiones de cobertura autonómica y en su caso local. Cabría pensar que, dado el tiempo que se ha tomado, el proceso de implantación estaría perfectamente organizado y consensuado, o al menos debatido con los operadores del sector y con las comunidades autónomas, que tienen mucho que decir al respecto, puesto que es mucho lo que aportan en términos de financiación.
Sin embargo, no solo no es así, sino que el Gobierno acude a una figura que debe ser solo de uso excepcional, como el real decreto-ley, para implantar o improvisar soluciones sobre las que no ha existido debate y sobre las que pesan graves incógnitas políticas y jurídicas, señor ministro.
Todos hemos leído estos días en la prensa la grave advertencia de una multinacional europea de impugnar ante Bruselas elementos esenciales de un proceso que hoy se pide a este Parlamento que convalide. A las comunidades autónomas se les ha impuesto un modelo de transición del que se les va a hacer corresponsables en términos jurídicos y financieros.
¿Es sensato, por ejemplo, pensar que las comunidades autónomas estaban en condiciones de poder notificar a Bruselas un marco de ayudas de Estado para acometer la extensión a zonas rurales, si hasta final de 2008 no se firmaron los convenios de la fase primera que tiene que estar finalizada el 30 de junio de este año? ¿Respeta el real decreto-ley las competencias autonómicas, o por el contrario va a originar un contencioso jurídico con las mismas? ¿Se ajusta la transición acordada por el Gobierno e impuesta a las comunidades autónomas a los criterios comunitarios de neutralidad tecnológica? ¿Ha reparado el Gobierno en que las coberturas medias establecidas para toda España tienen unas considerables variantes territoriales dependiendo de la dispersión poblacional y la complejidad orográfica, alterándose lo que debe ser un trato equitativo a todos los ciudadanos en el acceso a la televisión? ¿En qué situación quedan los operadores de televisión que desde sus inicios emitieron en TDT -AhoraNet, Televisión Vocento, Intereconomía, Disney y Veo Televisión, Unidad Editorial- y que en la letra de los convenios no pueden equiparar la cobertura a la anterior analógica dado que nunca emitieron en analógica? El real decreto-ley obliga a las televisiones a llevar la señal conjuntamente a la plataforma satélite, más allá de lo que establecen sus obligaciones de concesión y por tanto asumiendo costes adicionales. ¿Qué pasa si las televisiones no cumplen? ¿Les retirarán las concesiones, señor ministro? Nos dice el real decreto-ley que hay que facilitar posibles fusiones de grupos de comunicación, cuando la directriz de la esperada Ley Audiovisual parecía ser la contraria en aras de preservar el pluralismo. ¿A qué obedece ese cambio de criterio?
Señorías, la falta de planificación del Gobierno nos lleva a poner hoy a esta Cámara en la tesitura de optar por lo malo o por lo pésimo, porque si malo es convalidar este real decreto con todas las dudas y sombras que planean sobre el mismo, resultará pésimo retrasar la difusión vía satélite en la señal de TDT para aquellos ciudadanos que queden fuera de la cobertura obligada o de extensión de las televisiones, especialmente en territorios como Canarias, donde la población con riesgo de pérdida de cobertura es superior y la más alta del Estado español. Esta diputada y el Grupo de Coalición Canaria, al que representa, tienen la voluntad y la mejor de las disposiciones para trabajar y apoyar al Gobierno a conseguir el mejor tránsito posible hacia la TDT. Somos conscientes de la necesidad de introducir la difusión por satélite para asegurar una casi universalización del servicio y también de la complejidad en su implementación práctica, pero el Gobierno, señor ministro, debe poner más de su parte en términos de transparencia, de búsqueda de consenso y sobre todo de planificación. Por ello, vamos a apoyar este decreto porque, en este caso, lo malo es mejor que lo pésimo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.
Pasamos, a continuación, al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En primer lugar, tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el capítulo I de este real decreto, que es una mezcolanza de temáticas diversas, se refiere a la emisión por satélite de todos los programas de TDT, a fin de que se puedan visionar en cualquier parte del territorio del Estado no cubierto por emisiones por antena. Al tratarse de emisiones codificadas, será preciso facilitar descodificadores especiales a los hogares que no reciban señal por antena. De esta manera, se limitará el acceso a la TDT vía satélite a los lugares autorizados por la ley. Todo ello no nos parece justificado, pues se hubiese podido optar por pasar todas las emisiones al satélite como ocurre en Alemania. Las frecuencias de la TDT se hubieran podido utilizar para aplicaciones de banda ancha como demandan los operadores de telecomunicaciones, por ejemplo.
El real decreto en el capítulo I, en su punto 2, exige cobertura de satélite únicamente para los canales de ámbito estatal; para los de ámbito autonómico establece que el operador podrá emitirlos siempre que garantice que no se podrán recibir fuera de las comunidades autónomas, y esto nos parece imposible, porque no hay
satélites de cobertura autonómica. Por tanto, lo que debería hacerse es codificar de manera diferente los canales autonómicos y realizar descodificaciones para las comunidades autónomas. De acuerdo con lo que establece el real decreto, podría ocurrir que TV3, por ejemplo, no se pudiera ver en algunas zonas de Cataluña donde no llegue la cobertura de la TDT si el operador de satélite no habilita una codificación especial.
En Esquerra Republicana creemos necesario que el operador de satélite también esté obligado a facilitar la recepción gratuita de los canales autonómicos dentro del territorio correspondiente.
El capítulo II elimina la restricción de propiedad sobre más del 5 por ciento en diferentes canales privados. Imaginamos que interesa a determinadas empresas o grupos de comunicación, y a esto ya se ha hecho antes alusión. Suponemos que se decide así en previsión de que el descenso de los ingresos por publicidad pudiera aconsejar una concentración de la propiedad de los diferentes canales, y usted también se ha referido a esto anteriormente. Nosotros pensamos que sostener esta teoría se hace para profundizar en la liberalización y la competencia, pero nos parece una cierta falacia, ya que previsiblemente, pensamos, ocurrirá justo lo contrario: una concentración de la propiedad con la consiguiente disminución del número de competidores y, por tanto, un empobrecimiento de la competencia y de la pluralidad.
En el capítulo III -y el portavoz del Partido Nacionalista Vasco se ha referido a ello con cierto sarcasmo y contundencia- se establece la creación y puesta en funcionamiento inmediata de una oficina de defensa del consumidor de productos energéticos. Resumo nuestra posición diciéndole que consideramos que este aspecto del real decreto nos parece claramente inconstitucional por invasión flagrante de competencias de las comunidades autónomas, al menos de algunas.
A modo de resumen, pues, y toma de posición, vemos que la nueva regulación, de acuerdo con lo que se expresa en el preámbulo, se inscribe en un contexto de liberalización de los medios de comunicación con el objetivo de garantizar el pluralismo televisivo, de manera que la limitación del espacio televisivo en manos del sector público garantice la existencia de un sector privado plural. Esta nueva regulación se ampara en el artículo 149 de la Constitución española que atribuye al Estado la competencia para establecer las normas básicas de los medios de comunicación. En Esquerra Republicana creemos que, en el fondo de la cuestión, lo que hemos de tener en cuenta, valorar y discutir no es la liberalización en sí misma sino quién liberaliza. A nuestro juicio, esta función corresponde a la Generalitat de Cataluña de acuerdo con lo que establece el Estatut. Por eso ha de ser la Generalitat de Cataluña quien, en uso de sus competencias estatutarias, defina cuál ha de ser el modelo.
Y debe ser la misma Generalitat de Cataluña quien establezca las medidas de liberalización que las normas de rango superior, en su caso, le aconsejen. Además, dentro de estas competencias, el Estatuto de Autonomía de Cataluña distingue la organización de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual -que es competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña, según el artículo 146.1 del Estatut vigente- de la competencia compartida sobre medios de comunicación social -artículo 146.2, al cual antes también se ha hecho referencia-, en donde operan las bases del Estado, según la interpretación del artículo 149 de la Constitución Española. Además, este aspecto no tiene nada que ver con el uso del espacio radioeléctrico, que es el que justifica la competencia del Estado. El espacio radioeléctrico se ocupa igualmente con independencia de quien sea el titular de la emisora. Por todo esto, creemos que existen suficientes elementos para considerar que este real decreto invade las competencias de la Generalitat de Cataluña y, por esta razón, Esquerra Republicana va a votar en contra de la convalidación de este real decreto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.
Brevemente. Nos encontramos ante una iniciativa legislativa que podríamos denominar un decreto salomónico; decreto salomónico porque reparte medidas a derecha e izquierda pretendiendo, como resultado de ellas, un equilibrio legislativo. Decreto salomónico porque demuestra la baja calidad legislativa del Gobierno, aquejado del síndrome poselectoral.
Mala calidad legislativa porque, cada vez más, estamos ante la iniciativa de decreto que se antepone al proyecto de ley del Gobierno, la producción legislativa baja y se incrementan los decretos. Mala calidad legislativa porque el contenido de este decreto es un cajón de sastre. Ahora no hay ley de acompañamiento, pero hay acompañamiento en los decretos. Esta es la cuestión en este debate que estamos teniendo. En ese sentido, nosotros tenemos el corazón dividido porque estamos de acuerdo con la medida que extiende la cobertura universal del conjunto del servicio; medida que, por otra parte, viene tan tarde en estos momentos por falta de diligencia del Gobierno en presentar la Ley del Sector Audiovisual comprometida la legislatura pasada, por lo tanto, déficit del Gobierno. Una medida, en todo caso, que creemos necesaria y que no puede dilatarse por razones evidentes en relación con la puesta en marcha de la primera fase de la TDT, de la televisión digital terrestre. Pero por otra parte, en nuestra opinión, hay otras medidas que son más discutibles. En ese sentido es un decreto salomónico, porque mientras esta medida sí responde al interés general, la medida denominada de liberalización no tiene en cuenta ni siquiera la inteligencia de los ciudadanos. Señor ministro, esto tiene que ver con la liberalización lo que las peras con las manzanas. No tiene nada que ver. Esta medida es una involución a las políticas de liberalización de la legislatura pasada. Lo que se propone aquí es concentración,
no liberalización; concentración que es todo lo contrario de la liberalización. Por lo tanto, tenemos que manifestar que esta medida, que sin lugar a dudas Uteca considerará necesaria en estos momentos por su difícil situación financiera, lo que hace es empobrecer el panorama de la información y del pluralismo informativo. En nuestra opinión, pues, medidas a derecha e izquierda, inconexas, unidas a alguna perla como es la de que se toma en materia energética, que no sabemos a qué viene en un decreto como este una medida como la que se ha glosado por parte de otros grupos parlamentarios, y que es únicamente aprovechar la oportunidad de un decreto para continuar en la degradación de la calidad democrática y legislativa de esta Cámara, a iniciativa del Gobierno. Por tanto, ante esta iniciativa, vamos a abstenernos en la votación general y vamos a propugnar su tratamiento como proyecto de ley, porque no vemos razones para la urgencia.
Termino con las razones de la urgencia, señorías. En nuestra opinión, estamos ante un tema muy delicado. Ante una materia como esta, que podía haber legislado en su momento, el Gobierno no puede argumentar la razón de urgencia. Por consiguiente, el decreto no está justificado porque no está justificada la razón de urgencia. El Gobierno está legislando un derecho fundamental. En nuestra opinión, al legislar el derecho a la información, el Gobierno no tiene en sus manos, no debe tenerlo, el mecanismo de decreto. En ese sentido, el Gobierno, como he dicho antes, abunda en la degradación legislativa y democrática, sin lugar a dudas por la peculiar situación de la Cámara. Les haré una última recomendación.
Bien haría el Gobierno en buscar alianzas y volver otra vez al diálogo político en vez de tomar esta deriva, en nuestra opinión negativa, que es la deriva del decreto. No es todavía el decretazo, pero es la deriva del decreto, de la mayoría de los decretos frente a la iniciativa legislativa.
Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a las modificaciones del Real Decreto de 23 de febrero de 2009, referente a las medidas urgentes de telecomunicaciones, va a estar en función de algunos aspectos que a continuación voy a detallar. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió está de acuerdo con el fondo de todos aquellos aspectos que hacen referencia a la liberalización del sector de telecomunicaciones y del sector de las televisiones privadas. Estamos de acuerdo con el fondo, ya que en definitiva este real decreto viene a enmendar el desaguisado que el Gobierno del Partido Socialista hizo en el año 2005, con una iniciativa que prácticamente llevaba el mismo título. Se trataba de un proyecto de ley sobre medidas urgentes de cara a la liberalización del sector audiovisual y del sector de telecomunicaciones. Ustedes dijeron que tres canales privados de televisión no garantizaban la pluralidad de los medios de comunicación audiovisuales y plantearon la concesión de una televisión más analógica. Pasamos de tres a cuatro, cuando nosotros y la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara coincidíamos en que no era necesario ampliar el espectro radiotelevisivo en televisiones privadas, teniendo en cuenta que el apagón analógico se tenía que producir en el año 2010. Ahora, con este real decreto, intentan poner orden, porque se ha visto que no hay mercado publicitario suficiente para que cuatro televisiones privadas analógicas puedan subsistir con una rentabilidad mínima, y aplican una serie de consideraciones con las que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que el sector privado, en función de la competencia y de los recursos financieros que pueda obtener desde todas las perspectivas, pueda competir libremente dentro del Estado español. Sin embargo, señor ministro, hay algún aspecto muy negativo con el que no podemos estar de acuerdo, como es el que hace referencia a la invasión de competencias autonómicas. Una vez más, el Gobierno del Partido Socialista ha actuado y ha legislado de espaldas a las comunidades autónomas, maltratándolas una vez más, porque no tiene ningún sentido que en este real decreto-ley se invadan competencias que son exclusivas de las mismas. En consecuencia, hay algunos aspectos de este real decreto que nosotros consideramos positivos, ya que gracias a la convalidación o a la aprobación, si es que se produce, de este real decreto se van a permitir operaciones en España de concentración o de participaciones accionariales de las diferentes cadenas televisivas, en función de las audiencias y no en función de las limitaciones de sus participaciones en el capital, y esto probablemente va a permitir dar un balón de oxígeno importante a los diferentes grupos privados de televisiones que existen en España para poder subsistir, para poder competir en un futuro inmediato a partir del apagón analógico. Desde esta perspectiva nosotros no tenemos absolutamente nada que decir.
Ahora bien, hay dos aspectos que nos preocupan que hay que intentar resolver o subsanar para que no se tengan que producir invasiones competenciales importantes, desde nuestro punto de vista, según la posición de Convergència i Unió. Lamentamos profundamente que con una iniciativa de este calado, de esta importancia, no se haya contado con la colaboración y diálogo de las diferentes fuerzas parlamentarias, para que desde la perspectiva y desde la posición de cada grupo parlamentario pudiéramos aportar todos aquellos aspectos que quizá ahora no motivarían la intervención en esta dirección. Nosotros entendemos que hay dos aspectos -a los que me voy a referir a continuación- que el Gobierno ha obviado, que estamos en un Estado plurinacional y por
eso yo al inicio de mi intervención he manifestado abiertamente que este es un proyecto que se vuelve a legislar de espaldas a las comunidades autónomas, ya que hay dos o tres aspectos en los que se las maltrata de una manera importante. ¿Cuáles son estos dos aspectos que nosotros consideramos que laminan las competencias autonómicas? Porque hubiera sido muy importante que ustedes hubieran posibilitado este diálogo entre las diferentes fuerzas políticas para evitar debates innecesarios, ya que si los estatutos de autonomía existen están para algo y la legislación hay que cumplirla, y si estamos hablando de legislaciones que hacen referencia a leyes orgánicas aprobadas en esta Cámara, como el Estatuto de Autonomía del año 2006, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar legislaciones que van en la dirección de competencias autonómicas en dos campos que consideramos importantes.
En el artículo 3 plantean la creación de una oficina de defensa del consumidor de productos energéticos, a lo que se han referido también algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Desde esta perspectiva no hacía absolutamente ninguna falta que por parte del Gobierno central se creara una oficina de esta envergadura, de este calibre, ya que en este caso, por hablar de la Generalitat, tiene competencia exclusiva en materia de consumo que incluye en todo caso la defensa de los consumidores y los usuarios y el establecimiento de procedimientos administrativos, de quejas, reclamaciones y de las regulaciones de los órganos y procedimientos de mediación en materia de consumo. Por tanto, no comprendemos el porqué de esta decisión de incorporar al real decreto-ley la creación de una oficina de defensa del consumidor de productos energéticos sin contar en ningún momento con las comunidades autónomas. Vamos a esperar a ver cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista para que se puedan subsanar estas cuestiones que nosotros consideramos de gran calado político.
Hay otro aspecto que nos preocupa enormemente. En el artículo 2 del Real Decreto 1/2009, que estamos convalidando hoy, se plantea que en el ámbito de la cobertura autonómica y local las comunidades autónomas no podrán adjudicar a los prestadores de titularidad pública más del 50 por ciento del espacio radioeléctrico disponible para el servicio de televisión en el ámbito autonómico correspondiente de acuerdo con el Plan técnico nacional. Nosotros entendemos que esta disposición podría estar en discordancia con el artículo 146.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña al imponer una restricción organizativa sobre la forma de prestación pública y privada del servicio público de comunicación audiovisual, competencia esta que el mencionado artículo 146.1 reserva exclusivamente a la Generalitat, tanto desde el ámbito autonómico como desde el ámbito local. Por tanto, existen estas dos cuestiones que invaden competencias autonómicas y que probablemente, en el caso de que hubiera podido existir un diálogo fluido entre todas las formaciones políticas, hubiéramos podido evitar que, una vez más, el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero legislara de espaldas a las comunidades autónomas y planteara ante esta Cámara aspectos legislativos importantes, que consideramos que maltratan en gran manera aspectos legislativos sobre los que las comunidades autónomas, o al menos algunas de ellas, tenemos competencia exclusiva.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González Pons.
El señor GONZÁLEZ PONS: Señora presidenta, señorías, señor ministro, una vez más nos presentan unas medidas urgentes para el sector de las telecomunicaciones aprobadas por decreto-ley, por ley de cuatro artículos. Para este Gobierno parece que el sector de la televisión sufre un inquieto y permanente estado de excepción, dicho sea en el sentido de la emergencia. Sin embargo, y al mismo tiempo, llevamos esperando casi cinco años que traigan a la Cámara la prometida Ley General Audiovisual, por lo que tanto atolondramiento normativo más bien parece un parcheo constante de un gobierno que está perdiendo su capacidad legislativa.
Esto que tenemos hoy ante nosotros es un decreto-ley compuesto por un batiburrillo de disposiciones inquietantes que mezclan desde la televisión digital terrestre hasta la atención a los consumidores de energía eléctrica, que constituye con su oficina un auténtico astronauta dentro de este decreto-ley.
Como es conocido, solo hace dos años aparecieron dos nuevos canales de televisión en abierto. Esa aparición se produjo ya en plena transición hacia la televisión digital y, además, se produjo ya en un marco de exceso de operadores privados en el mercado de la publicidad televisiva.
Pues bien, la aparición de esos dos nuevos canales analógicos, esos dos nuevos canales en abierto vino justificada, señor ministro, en la necesidad de un mayor pluralismo. Resulta contradictorio que, solo unos años después, con la misma argumentación deba ceder ese interés general del mayor pluralismo a favor de otro interés concreto que el Gobierno debe conocer, pero que no le desvela a la Cámara y que se limita a llamarlo de forma eufemística, liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Señorías, si bien se mira, lo que el presente decreto-ley propone podría conducirnos matemáticamente a la misma situación en la que estábamos hace unos años, antes de la aparición de los dos últimos canales en abierto, cuando el Gobierno que ahora hace prevalecer las necesidades financieras del sector, estaba más preocupado por la pluralidad y por la competencia. Hace unos años, tres operadores, tres, le parecían al Gobierno insuficientes para garantizar la pluralidad informativa. Ahora mismo, tres operadores, tres, le parecen al Gobierno los idóneos para garantizar la pluralidad
informativa. En qué quedamos. Deberían aclararse ustedes antes de pedirnos el voto al resto de grupos de la Cámara. Es más, si lo piensan detenidamente SS.SS., con el presente decreto-ley se puede llegar a reducir el número de propietarios de medios de comunicación sin que se reduzca el número de canales de televisión, en lo que tradicionalmente se ha conocido como concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación tenga algo que ver con la pluralidad informativa es un misterio que al Grupo Socialista o al Gobierno corresponde desvelar.
Pero, señor ministro, el atolondramiento también es un mal consejero legislativo, porque los decretos urgentes y las normas urgentes sobre el mercado de la televisión aprobados en estos años sostienen tesis contradictorias. El mismo Gobierno que nos dijo que la pluralidad informativa se garantizaba prohibiendo las participaciones cruzadas en televisión, hoy nos dice que permitir las participaciones cruzadas en televisión garantiza la pluralidad informativa. El mismo Gobierno que aumentó el límite de tres cadenas privadas, para dar entrada a la Sexta, diciendo que era necesario para garantizar la pluralidad en los medios, ahora dice que no, que basta con tres canales privados para garantizar la pluralidad en los medios. Se lo vuelvo a decir, señorías, aclárense ustedes primero antes de pedirnos el voto al resto de grupos de la Cámara. Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con la necesidad de ayudar al mercado de la televisión para que se afronte la crisis económica que también a ellos les alcanza, pero este real decreto es un remiendo que no soluciona el verdadero problema: que el sector de la televisión en España es un mercado asimétrico en el que la televisión pública juega con la ventaja de la doble financiación; por un lado, el dinero de los contribuyentes y, por otro, el dinero de la publicidad. Por eso estas medidas van a ser poco eficaces si no van acompañadas de una política que resuelva de raíz el problema, afrontándolo tal cual es, por ejemplo, planteándose la supresión de la publicidad en las televisiones públicas en un plazo razonable. Ya les anticipo que si este real decreto termina tramitándose como ley, la posible supresión de la publicidad en las televisiones públicas será puesta encima de la mesa para su estudio por parte de mi grupo parlamentario.
Señorías, como principal novedad, la presente norma introduce el criterio de la audiencia del mercado televisivo a la hora de autorizar o no la fusión de cadenas, y a la hora de autorizar o no el cruce de participaciones. La audiencia es un concepto jurídicamente indeterminado; es un concepto etéreo. Cuánta audiencia tiene una televisión es más o menos tan indeterminado como quién resulta vencedor y vencido en una noche electoral. Desde el punto de vista jurídico -y la seguridad jurídica cuando hablamos del derecho fundamental a transmitir información pública es una garantía constitucional- la audiencia resulta un criterio variable, incierto, coyuntural, impreciso, mudable. Señorías, en nuestra opinión este decreto ley no tiene justificada su urgencia. Es malo desde el punto de vista técnico; no resuelve los problemas de fondo del sector; desde luego no está justificado por la cercanía de la televisión digital, que hace muchos años ya se sabe que va a llegar; puede reducir el número de propietarios, pero no el de canales, de manera que tampoco ayuda a reducir el mercado publicitario de las televisiones, y en ese sentido no ayuda a su supervivencia económica, y está plagado de errores gramaticales, de errores sintácticos que no han sido corregidos en el boletín, y por ejemplo cuenta con un artículo 1, pero carece de artículo 2.
Pese a todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular entiende que este decreto-ley puede apoyarse, porque es una demanda del sector, porque ha sido consensuado por el sector y demandado al Gobierno, porque las televisiones se lo han planteado a los ministros, y se lo han planteado porque no tienen Ley General Audiovisual. Y ante la ausencia de Ley General Audiovisual el sector, preocupado por su supervivencia, es normal que reclame al Gobierno un decreto-ley de estas características. Somos conscientes de la crisis que padece el sector, y por eso entendemos que este decreto-ley pueda votarse favorablemente. Señores de la mayoría, traigan, como prometieron, la Ley General Audiovisual; no más parches, traigan la Ley General Audiovisual, dennos una norma estable, propóngannos una norma permanente, transmitan seguridad jurídica al sector de las telecomunicaciones. Y si SS.SS. ya no cuentan con apoyos en la Cámara para poder traer una ley general audiovisual, descuiden, entre el resto de grupos tengan la certeza de que la vamos a hacer.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor González Pons.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Águeda.
Señorías, señor ministro, el Partido Socialista entiende que con este real decreto el Gobierno actúa en defensa de los intereses de los ciudadanos y también del sector audiovisual, porque actuar en defensa del interés de los ciudadanos es garantizar la cobertura absoluta en señal de televisión digital y la pluralidad de los medios de comunicación, así como garantizar la mejor defensa de los derechos de los consumidores, y porque actuar en defensa del sector audiovisual también es garantizar una seguridad jurídica y una serie de normas que permitan el buen desarrollo empresarial del sector audiovisual -y muy especialmente televisivo- español.
Decía antes que cobertura y pluralidad sí; cobertura porque, como todos ustedes saben, por ley la televisión pública en España tiene una obligación del 98 por ciento de cobertura, y las televisiones privadas del 96 por ciento, y es verdad que el sector sabe que es bien difícil garantizar
esa cobertura si no es acudiendo a métodos extraordinarios, como el que plantea el Gobierno en este real decreto, y veo que toda la Cámara coincide en señalar la bondad de este primer punto, que es garantizar que el satélite sea el que cubra ese cien por cien de cobertura, y que por tanto todos los operadores tengan ese cien por cien de cobertura a través del satélite; entiendo que hay un consenso en la Cámara sobre la bondad de esa propuesta. Como decía, también la pluralidad actúa en defensa del interés de los ciudadanos, y creo que con este real decreto el Gobierno encuentra el punto justo, el punto exacto entre permitir, por un lado, operaciones empresariales que garanticen el futuro del sector audiovisual en nuestro país, y conseguir, por otro lado, que eso no derive finalmente en una concentración de toda la televisión en pocas manos, para entendernos. Creo que el Gobierno hace una propuesta ajustada para garantizar ambas cosas y que las medidas que se proponen en materia de defensa del consumidor, especialmente en estos tiempos, son adecuadas y al no haber oído al Partido Popular referirse a ellas entiendo que estará de acuerdo con esas medidas en defensa del consumidor.
Algunas de las intervenciones que se han producido aquí me van a permitir aclarar dónde estamos y hacia dónde vamos, porque en estos debates, que a veces son demasiado técnicos para los ciudadanos, creo que es bueno que entiendan de dónde partimos y dónde estamos. Decía el representante de uno de los grupos que al Gobierno de España le falta una hoja de ruta clara en el sector audiovisual. Permítame que le diga que si algo no ha faltado ha sido una hoja de ruta clara -se lo voy a explicar-, que parte del análisis de una situación existente en el año 2004. El Partido Socialista y el Gobierno socialista se comprometieron a una reforma audiovisual que se basaba fundamentalmente, en primer lugar, en reformar la radio y la televisión públicas. Este Parlamento tuvo un debate de nueve meses, también tuvo un debate con un comité de expertos, y se aprobó una ley que ha permitido, entre otras cosas, que hoy el Consejo de Administración de Televisión Española y su presidente hayan sido elegidos por este Parlamento y no por el Gobierno de España, y que se haya acabado con una situación económica lamentable y de manipulación informativa en la radio y la televisión públicas en España. Por tanto, en primer lugar, punto cumplido: radio y televisión públicas.
En segundo lugar, en ese programa electoral se planteaba también el impulso de la televisión digital terrestre en nuestro país, y es bueno saber de dónde partimos. Creo que el representante del Partido Popular sabe bien de lo que estoy hablando. Cuando el Partido Socialista llega al Gobierno en el año 2004 el reparto de frecuencias de televisión digital terrestre estaba en manos de un solo operador llamado Quiero.Tv, que hoy no existe. Esa era la realidad del reparto y de la apuesta por la televisión digital terrestre -por cierto, se hablaba del apagón analógico para el año 2012 y el Gobierno socialista lo ha adelantado al año 2010-, ese era el pluralismo: todas las licencias en manos de un solo operador que, por cierto, quebró y hoy no existe, que era Quiero.Tv; esa es la herencia que teníamos cuando partimos y empezamos con esas medidas para impulsar la televisión digital terrestre, para adelantar el apagón analógico y para garantizar el pluralismo, de tal forma que hoy todos los operadores que hay en España tienen licencias de televisión digital terrestre a nivel nacional, cosa en la que creo que todo el sector está de acuerdo. Esa es la situación de la que partíamos, un pluralismo caracterizado por haber dejado todo el impulso de la televisión digital terrestre en manos de un solo operador. Esa era la realidad, y esa es la realidad que se ha corregido.
En esa hoja de ruta, además de la reforma de la radio y la televisión públicas, además del impulso de la televisión digital terrestre, estaba también -por supuesto que sí- garantizar el pluralismo en nuestro panorama audiovisual, y eso se ha hecho no solamente mediante la corrección y mediante ese nuevo Plan técnico de televisión digital terrestre, sino que también en materia analógica se tomaron medidas en la anterior legislatura que garantizaron un mayor pluralismo, y no sería bueno mezclar ahora lo que ocurrió en el plano analógico y lo que ocurrió en el plano digital. En todo caso el Gobierno ha garantizado ese mayor pluralismo que hoy existe y no existía hace tan solo ocho años en el panorama audiovisual español. Por lo tanto, hoja de ruta clara: no solamente mayor pluralismo, no solamente reforma de la radio y la televisión públicas, no solamente mayores garantías para el sector, sino que además es verdad -y yo coincido con algunos representantes en que es necesario, hay que hacerlo y hay que sacarlo en esta legislatura- que hace falta una reforma que dé mayores garantías jurídicas al sector, y eso se llama Ley General Audiovisual. Pero no es verdad que se haya tardado cinco años en hacer una Ley General Audiovisual, se ha tardado mucho más, porque el Partido Popular tuvo ocho años de mayoría absoluta en esta Cámara y no trajo esa Ley General Audiovisual, y yo lo lamento porque desde luego defiendo que venga esta ley general aquí, que está en la hoja de ruta de esa reforma audiovisual, y que entiendo que se debe consensuar con los grupos de esta Cámara. Pero un partido que gobernaba con mayoría absoluta, y que por cierto tenía un acuerdo político con el Partido Socialista para poder traer aquí esa reforma, esa ley general, no la trajo y por lo tanto yo estoy de acuerdo en que se traiga, pero hay que saber de dónde partíamos y lo importante de esto es que avancemos. En todo caso el sector es buen conocedor de esta situación y sabe bien que eso no se hizo cuando se tenía que haber hecho y cuando se podía haber hecho; pero yo defiendo, insisto, que esa Ley General Audiovisual, esa creación también del consejo de medios lleguen a esta Cámara y podamos acordarlo entre todos los grupos parlamentarios.
Ahora bien, se hablaba aquí también hoy -aunque no tenga mucho que ver, tendrá que ver en todo caso con la viabilidad empresarial de los grupos de comunicación- de recortes en la publicidad en el sector público.
Quiero recordar a esta Cámara que gracias al Gobierno socialista y gracias al Partido Socialista hemos tenido varios debates en esta Cámara -lo conocen bien varios de los portavoces que están aquí-, y fue precisamente el Partido Socialista el que en su programa electoral planteó recortes adicionales en la televisión pública. Lo hemos debatido varias veces en esta Cámara, lo hemos debatido en una Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal que establecía esa obligación para la televisión pública, y que no contó con el apoyo del Partido Popular. Lo hemos debatido en un mandato marco que ha aprobado esta Cámara, que también establecía esa obligación para la radio y la televisión públicas, y que tampoco contó con el apoyo del Partido Popular; y lo hemos debatido también en unos Presupuestos Generales del Estado que garantizan la financiación para Radiotelevisión Española, a través de un contrato-programa, donde también se establecía ese recorte adicional de la publicidad, y que tampoco contó con el apoyo del Partido Popular. Por tanto, hay un Gobierno que se está moviendo en ese sentido. No es ya que el Partido Popular en su día no recortara la publicidad en televisión, todo lo contrario; es que en su día el Partido Popular inundó Radiotelevisión Española de publicidad, como bien han dicho informes de la Intervención Delegada de Hacienda de los años 2002 y 2003; inundó Radiotelevisión Española de publicidad, por cierto en una práctica de dumping, rebajando los precios de tal forma que se perjudicó a todo el sector audiovisual. Lo ha denunciado todo el sector audiovisual, lo dijo la Intervención Delegada de Hacienda en la etapa del Partido Popular, y por lo tanto yo estoy de acuerdo, pero hay que saber de dónde parte cada uno, lo que hizo cada uno, y hasta dónde podemos llegar. Yo desde luego -aparte del currículum que en esto tiene el Partido Popular- insisto en que ha habido muchos debates en esta Cámara en los que hemos defendido eso, y el Partido Popular nunca ha estado.
Señorías, sin ánimo de polemizar, el Partido Socialista entiende que este es un paso más en esa reforma audiovisual, es un paso que va a dar mayores garantías jurídicas y mayores garantías empresariales al sector audiovisual, y que refuerza -sí, refuerza- un mayor pluralismo que va en beneficio, en defensa del interés de los ciudadanos. Por eso el Partido Socialista va a apoyar este real decreto y reitera hoy aquí desde la tribuna -yo quiero reiterarlo- el espíritu de voluntad, de acuerdo y de consenso sobre una reforma audiovisual que es necesaria, que demanda todo el sector, que va a ir en beneficio una vez más del sector y también de los ciudadanos, pero yo quiero que ese espíritu también contraste con el espíritu del resto de los grupos porque, insisto, el currículum de cada uno en este caso es complicado, y en aquella reforma no solamente había una mayoría absoluta, sino que había un acuerdo político con el Partido Socialista entonces en la oposición para poder llevar adelante esa reforma que, como digo, no solamente es buena para el sector, sino también para los ciudadanos. Sí hay una hoja de ruta clara, por supuesto que sí; la hay en materia de radiotelevisión pública con la reforma que se ha llevado a cabo; la hay para garantizar el pluralismo y la viabilidad del sector audiovisual de nuestro país, mediante la Ley -entonces- de impulso de la televisión digital terrestre, el plan técnico que en su día se impulsó, este nuevo real decreto y la ley general que tiene que llegar, por supuesto que sí, a estas Cortes Generales; y la hay también cuando se piensa hacer, por fin -y a ver si somos capaces de una vez en este país, porque el Partido Popular en su día no lo fue-, una regulación del sector audiovisual en una sola ley que evite la dispersión y la inseguridad que muchas veces se le genera a la industria audiovisual. Por todo eso, y reiterando esa voluntad de diálogo y de acuerdo con el resto de grupos, entendemos que es necesario, es bueno para el sector, y es bueno para los ciudadanos este real decreto, y pedimos el apoyo del resto de los grupos. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor López Águeda.
Acabado el debate de este turno pasaremos a votación del mismo al acabar el Pleno. Entiendo que por varios grupos se ha manifestado su voluntad de que se someta también a votación la tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley. Por tanto, pasaremos a las dos votaciones en su momento.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE 8 DE JUNIO DE 1957, SOBRE EL REGISTRO CIVIL, EN MATERIA DE INCAPACITACIONES, CARGOS TUTELARES Y ADMINISTRADORES DE PATRIMONIOS PROTEGIDOS, Y DE LA LEY 41/2003, DE 18 DE NOVIEMBRE, SOBRE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA CON ESTA FINALIDAD. (Número de expediente 121/000005.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación debatimos el punto VIII del orden del día: enmiendas del Senado; enmiendas que se hicieron al proyecto de ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.
El turno del Grupo Parlamentario Mixto no se va a usar. Pasamos al del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Tardà.
Señorías, el Senado ha introducido una nueva disposición final en la que se establece la obligación del Gobierno de remitir a las Cortes Generales, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, un proyecto de ley de mejora del tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos, con el fin de favorecer su constitución y mantenimiento en favor de las personas con discapacidad. En la elaboración de este proyecto de ley el Gobierno deberá recabar el parecer y las propuestas de la Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad y del Consejo Nacional de la Discapacidad. Dicha enmienda tiene una estrecha relación con dos enmiendas de nuestro grupo parlamentario que presentamos en su momento, tanto aquí como en el Senado, a través de nuestro grupo Entesa Catalana de Progrés. Efectivamente, la entrada en vigor de la ley del año 2003, la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, supuso un gran avance en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto introdujo una figura novedosa cuya principal razón de ser era justamente paliar los problemas fundamentalmente económicos que se derivan de las situaciones en las que las personas con discapacidad sobreviven a sus progenitores; situaciones que, debido al incremento de la esperanza de vida, se han visto multiplicadas en los últimos años, y ello hacía más imperativa esta resolución. No obstante, el patrimonio protegido no ha sido utilizado en el grado que hubiera sido deseable, atendiendo a la voluntad de resolver esta contradicción, habiéndose constituido únicamente 103 patrimonios protegidos a lo largo del año 2006, 169 a lo largo de 2007 y desconocemos, al menos nuestro grupo parlamentario, los datos del año 2008. Por tanto se hace necesaria, según nuestra opinión, su revisión al menos desde el punto de vista fiscal, por cuanto la fiscalidad de la que se dotó a esta figura no es del todo incentivadora para su constitución, al menos los datos a los cuales he aludido darían pie a pensar que la fiscalidad no es precisamente demasiado atractiva.
Por eso nuestro grupo parlamentario con las enmiendas propuestas en su día procedía a realizar ya las reformas legislativas oportunas, con el objetivo de incentivar la constitución de los patrimonios protegidos.
Ahora bien, creemos que la solución dada por el Senado, que es fruto de la transacción por la que se insta al Gobierno a presentar ante esta Cámara un proyecto de ley de carácter específico que recoja las propuestas de la Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad y del propio Consejo Nacional de la Discapacidad, puede desembocar en una regulación de carácter fiscal más precisa, que goce del beneplácito de las asociaciones vinculadas con la discapacidad, como puede ser Cermi, entidad que mantiene una excelente relación con los grupos parlamentarios, y que es fuente de información y de asesoramiento, que francamente hay que agradecer. Todo ello -gracias a esta enmienda que nos llega del Senado- puede contribuir a un incremento en el uso de esta figura mediante un tratamiento fiscal más sencillo y suficiente como para que contemple todas las fases por las que un patrimonio protegido de este tipo debe pasar, es decir, desde su constitución, pasando por un buen funcionamiento, disposiciones de bienes y/o de derechos aportados, así como regular de mejor manera su extinción. Entendemos que es una buena aportación del Senado, y ahora solo se trata de que aquello que está mandatado en esta ley se cumpla, puesto que la disposición así lo exige.
Con relación a este proyecto de ley importante lo mejor que se puede valorar de su contenido son las dos enmiendas presentadas en el Senado precisamente, señora presidenta, sin perjuicio de que nos preocupe que no se consigne, con relación al régimen tributario, que ex-post se mandata elaborar al Gobierno las previsiones previstas en la Ley del concierto económico de la Comunidad Autónoma Vasca y la Ley del Convenio. No sabemos si esto quiere decir que se van a continuar respetando los requerimientos dimanantes del concierto y convenio económico, o sencillamente que es una omisión del legislador. En todo caso, lo queremos consignar.
En cuanto a lo demás, señora presidenta, es una ley de relativa importancia, de escasa importancia, es una ley que regula los patrimonios protegidos desde una perspectiva registral, en cuanto a las competencias del registro central y de los registros municipales, con relación a la cual el Estado tiene una competencia por lo menos discutible. Puede considerarse legislación civil, legislación registral, en la cual la invocación que se realiza al 149.1.8ª de la Constitución atribuiría la competencia legislativa al Estado, pero la vis atractiva competencial podría ser otra también, y no es cuestión que deje de ser polémica ni baladí, señora presidenta, podría ser el 148.20ª relativo a la discapacidad, y entonces la competencia resultaría autonómica. No vamos a entrar o reabrir este debate en estos momentos, pero quiero indicarle, señora presidenta, que los verdaderos problemas de las situaciones de guarda, de las tutelas y de las curatelas no son los que resuelve este proyecto de ley, sino las modificaciones necesarias que deben acometerse en el propio Código Civil, con relación al terrible gravamen que para un tutor, para un curador, para una persona afecta por una situación de guarda y para el propio juez que la configura, que la crea y debe velar por
el cumplimiento de los requerimientos de la tutela de guarda, supone siempre. Un tutor, un guardador o un curador tiene que velar por el patrimonio del tutelado, tiene que intentar hacer todo lo necesario para su rehabilitación si procede de una discapacidad. Todas las tutelas no están vinculadas a la discapacidad, sino a otras circunstancias, como a través de un reduccionismo absurdo se consigna en este proyecto de ley.
En definitiva, el juez y el tutor deben dar cuentas trimestralmente -personas que no están cualificadas ni tienen conocimiento para ello- de la correcta gestión del patrimonio tutelado, de la realización de los actos pertinentes para su recuperación, y de otra serie de requerimientos que precisan una reflexión profunda por parte del grupo sobre la modificación del Código Civil con relación a la regulación de la situaciones de tutela, de curatela y de guarda con carácter general. Esto es un puro remedo, esto no sirve para solucionar los problemas de fondo de estas situaciones, y desde esa perspectiva, dada su irrelevancia, y dado que en el Senado se ha hecho algo razonablemente bueno, nuestro grupo va a votar las enmiendas del Senado.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario valora muy positivamente que hoy estas Cortes Generales aprueben definitivamente la Ley sobre patrimonios protegidos de los discapacitados. Esta tramitación se ha dilatado mucho en el tiempo.
Existía ya una propuesta en la pasada legislatura, que decayó con la disolución de las Cortes, y ahora hemos vuelto a tramitarla, pero este balance positivo no debe ocultar que todavía nos quedan muchos deberes pendientes. Tenemos que implantar un régimen fiscal específico, es necesario, nos lo pidió el Cermi, y nosotros presentamos una enmienda en este sentido. Finalmente en el Senado se ha aprobado una transacción que obliga al Gobierno a presentar próximamente una nueva propuesta con este régimen fiscal específico. Desde Convergència i Unió, como grupo que siempre ha apoyado a todo el colectivo de discapacitados, esperamos que ahora el Gobierno cumpla con la palabra dada y con el texto de esta enmienda, que a partir de hoy será ley, e igualmente cumpla con el colectivo de discapacidad presentando este nuevo proyecto de ley. Nuestro grupo parlamentario, que como bien saben SS.SS. tiene una gran sensibilidad en todos estos temas, estará pendiente y vigilará de cerca su cumplimiento.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, señora presidenta.
Para fijar la posición de nuestro grupo quería hacer en primer lugar una reflexión, ante la pregunta de los padres con hijos con discapacidad, que se plantean: qué va a ser de nuestros hijos el día que nosotros fallezcamos, quién se va a ocupar de su manutención, de su mantenimiento.
La respuesta a esta pregunta cristalizó en la Ley 43/2003, de creación de patrimonios protegidos para personas con discapacidad. De todos modos está claro, por la cantidad que se ha llevado a cabo, que esta creación de patrimonios protegidos, tal y como ha dicho ya el compañero que me ha precedido, no ha tenido la eficacia que se pretendía -solamente se constituyeron 103 en 2006 y 169 en 2007-, debido -y están de acuerdo los representantes del sector de la discapacidad- a la falta de incentivos fiscales, a la falta de atractivo para constituirlos. Las enmiendas que presentamos en el Congreso y su tramitación en el Senado, fundamentalmente las fiscales, pretendían hacerlo más atractivo rebajando esa fiscalidad, de modo que fuese más fácil y más seguro. Estábamos en sintonía con las demandas del sector, nos hacíamos eco de lo que el sector pretendía en este caso, que era establecer una fiscalidad atractiva para que fuese fácil crear esos patrimonios, que con el tiempo serían los que dieran respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad. En el trámite del Senado mantuvimos las enmiendas porque seguíamos con el mismo criterio, creíamos que era imprescindible.
Utilizando un casticismo, yo creo que el Partido Socialista sacó un conejo de la chistera cuando se comprometió a traer un proyecto de ley, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, para la mejora del tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos. Parece que esto satisfizo a los representantes del sector. Por supuesto, en ese compromiso de traer en el plazo de seis meses a las Cámaras el proyecto de ley de mejora en el tratamiento fiscal, el parecer y las propuestas tanto de la Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad como del Consejo Nacional de Discapacidad tenían que estar supervisados con carácter previo. El Partido Popular se hace eco de las demandas del sector. Siempre hemos dicho que estamos para el servicio de las personas y hablamos de todas las personas, sin tener en cuenta sexo, condición o circunstancias personales. Por lo tanto, si esta propuesta, esta enmienda transaccional que se elaboró en el Senado resolvía las pretensiones del sector, por nuestra parte no había inconveniente en cambiar el criterio que mantuvimos tanto aquí como en el Senado. En ese sentido, y de acuerdo con los representantes de las entidades que representan la mayor parte de la discapacidad en España, el Partido Popular no pretende salirse con la suya sino dar respuesta a esas necesidades para que efectivamente haya una buena fiscalidad, aunque sea dentro de seis meses. Por lo tanto, vamos a
votar a favor de las enmiendas que nos trae el Senado, pero sí quería especificar dos cosas.
Quiero dejar bien claro que vamos a estar muy atentos al cumplimiento del compromiso de que en el plazo de seis meses se presente en esta Cámara un proyecto de ley, de manera que se establezcan esas condiciones que satisfagan al sector; que no pase, por ejemplo, como con la Ley de 8 de julio de 2005, de modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio, cuando el Gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley sobre mediación, porque han pasado cuatro años y todavía no lo tenemos.
No deben prometer lo que no se pueda cumplir con este sector; es un sector que tiene muchas carencias, muchas necesidades, y unas promesas incumplidas produce un mayor grado de frustración que en otros sectores.
Les ruego que no jueguen con la discapacidad, que no traten de embaucar con bonitas palabras y promesas. El PP no está dispuesto a tolerar un incumplimiento con un sector de más de 3.800.000 personas en España que, insisto, todavía no tienen resueltas sus carencias y necesidades.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Vañó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con la misma brevedad que los portavoces que han intervenido para fijar la posición de sus grupos, quiero empezar mi intervención valorando positivamente este proyecto de ley.
El Senado nos remite un informe con dos enmiendas que están estrechamente relacionadas y que son objeto de estudio y análisis en este momento.
Evidentemente la postura del Grupo Parlamentario Socialista no puede distar de la que mantuvimos en la sede de la Cámara Alta por razones de coherencia parlamentaria y política. Coincidimos en que es necesario mejorar el tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos, pero no era oportuno introducir esta reforma fiscal en este proyecto de ley porque tiene otro objetivo, que es reformar la regulación y organización del registro. Por eso, nos parece mucho más acertada la postura de que el Gobierno remita en el plazo de seis meses un proyecto de ley para la mejora del tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos, porque abordar la fiscalidad de estos patrimonios exige un análisis más profundo y una revisión más detallada. Esta es la línea en la que está trabajando este Gobierno, buscando fórmulas jurídicas más apropiadas para conseguir este fin.
El largo título de este proyecto de ley demuestra, por tanto, la sensibilidad del Gobierno socialista hacia las personas con discapacidad.
Quiero indicar que esta preocupación es común a todas las formaciones políticas que conforman esta Cámara. Este proyecto de ley quiere dar cauce a un principio constitucional establecido en el artículo 49.2 que supone no solo respetar la igualdad sino promoverla. Sus señorías conocen que las sucesivas normas que se han ido dictando desde la entrada en vigor de la Constitución contenían mandatos a los poderes públicos en campos sanitarios, educativos, fiscales y laborales que han intentado paliar las adversas consecuencias que conlleva la discapacidad. Es una batalla difícil y posiblemente larga, porque la persona con discapacidad es persona antes que discapacitado.
Señor Vañó Ferre, no voy a criticar la Ley 41/2003, primero, porque no es políticamente correcto y, después, porque esta ley tuvo una aprobación unánime por parte de los grupos de esta Cámara. Además, cualquier medida que suponga de alguna manera ajustar los mecanismos de protección a las personas que más lo necesitan es siempre bienvenida. Puede que el mayor defecto de esa ley sea la ausencia de una de las notas que deben caracterizar o definir las leyes, es decir, la generalidad. Deben dictarse disposiciones generales y no conmemorativas, que tienen un efecto mediático inmediato pero que duran muy poco en el tiempo. Este proyecto de ley viene a resolver ciertas dudas generadas por la aplicación de la Ley 41/2003. En primer lugar, la determinación del domicilio en función del cual se fija la competencia del ministerio fiscal no ha de ser el del otorgamiento de la escritura pública, porque este criterio no era operativo, sino el del domicilio del discapacitado.
En segundo lugar, esta ley hace hincapié en la mejora de distintos aspectos del régimen jurídico del patrimonio protegido, como son la comunicación de su constitución al ministerio fiscal para los fines de control que se persiguen y que se traduce en un reforzamiento de las tareas de control del ministerio fiscal y de las nuevas obligaciones a los notarios. Y, en tercer lugar, supone la aclaración legal del concepto de actos de disposición de determinados bienes integrados en los patrimonios protegidos que, dada la disparidad de criterios detectados en la práctica, dificultaban la gestión de dichos patrimonios protegidos.
En cuanto a la filosofía que subyace en este proyecto de ley, lo más novedoso -aunque no haya trascendido a la opinión pública, especializada o no- son las medidas que inciden en reformar la regulación y organización del Registro Civil que, por cierto -y reitero-, es el objetivo del proyecto de ley. Se trata, por tanto, de posibilitar que el registro actúe como un mecanismo fiable de publicidad que permita supervisar la efectiva aplicación de la normativa relativa a la incapacidad judicial de las personas que no pueden gobernarse por sí mismas. Por tanto, el hilo conductor que se puede advertir en esta reforma de gran calado es que se aportan soluciones de manera directa e intencionada.
Para terminar, señorías, lo cierto es que en todos los grupos parlamentarios hay una buena disposición para sacar este proyecto de ley de la forma más consensuada posible. Y digo esto porque en anteriores trámites en esta Cámara se han producido modificaciones que agradecemos
y reconocemos porque han contribuido a mejorar el texto. Ahora será la experiencia la que muestre en el futuro si esta norma supone un paso hacia delante en nuestra legislación. En cualquier caso, quiero agradecer el estilo y el tono que han expresado los distintos portavoces de los grupos. Vamos a votar, como es lógico, a favor de este proyecto de ley que viene del Senado y que demanda todo el sector; un proyecto que, por cierto, ha contado con la valoración positiva del Cermi, del Comité español de representantes de personas con discapacidad.
Termino como empecé. La persona con discapacidad es persona antes que discapacitado. Citando a Federico de Castro, habría que predicar el deber general de respeto a la persona como valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Si el deber general de respeto hubiera penetrado en los ordenamientos jurídicos sobrarían normas para sectores particulares de personas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Juanes.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. (Número de expediente 121/000016.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto IX y último del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. En concreto, la del proyecto de ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios, a la que se ha presentado una enmienda de totalidad. Para la presentación del proyecto tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de vivienda.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Muchas gracias, señora presidenta.
Ocupo hoy la tribuna del Congreso de los Diputados para presentar y defender el proyecto de ley de fomento del alquiler y de eficiencia energética de los edificios, que modifica algunos aspectos sustanciales de tres leyes: de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Propiedad Horizontal, con el objeto de ensanchar nuestro mercado de alquiler y fomentar la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, objetivos que creo comparten todos los grupos de esta Cámara y, en consecuencia, deberían apoyar, votando en contra de la enmienda a la totalidad presentada contra el proyecto que defiendo.
El texto que hoy debatimos forma parte del Plan español para la dinamización de la economía y el empleo y tiene su origen en el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno que presentamos el 14 de agosto en Consejo de Ministros, en consonancia con la más que constatada necesidad de incrementar la oferta de viviendas en alquiler en nuestro país, especialmente a través de medidas que fortalezcan la seguridad jurídica de los propietarios y de los inquilinos. El proyecto de ley, como saben, fue finalmente aprobado por el Gobierno el pasado 12 de diciembre, con lo que SS.SS. pueden comprobar el gran esfuerzo de agilidad que hemos hecho para favorecer su rápida tramitación parlamentaria, esfuerzo que también hicimos para alcanzar el máximo consenso posible entre todos los agentes jurídicos, sociales, económicos y profesionales implicados de alguna forma en la reforma que hoy defendemos, con la finalidad de lograr un equilibrio razonable entre los derechos y los intereses de los arrendadores y de los arrendatarios. Así, durante los cuatro meses de la tramitación previa por el Gobierno, recibimos observaciones de una veintena de organizaciones, entre ellas los jóvenes, los promotores, propietarios, colegios profesionales como los administradores de fincas, los procuradores o abogados, entidades financieras y comunidades autónomas, entre otros, contribuciones que ayudaron a mejorar el texto del primer anteproyecto y que en buena medida se incorporaron al que SS.SS. van a debatir. También el Consejo General del Poder Judicial analizó en términos muy favorables el proyecto que nos ocupa y en su informe -y cito textualmente- señala que con esta propuesta, sin conculcación de ningún derecho, se gana en economía procesal y se favorece la celeridad del procedimiento, lo que debe ser objeto de valoración positiva. El proyecto responde, por tanto, a un debate que ya estaba en la sociedad y que también estaba en esta Cámara, singularmente a través de la proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y que fue tomada en consideración por este Pleno en noviembre del año pasado. Como podrán apreciar SS.SS., existen importantes coincidencias en la voluntad que inspira las propuestas, coincidencias que deseo contribuyan a reforzar el consenso que esperamos alcanzar en torno a esta reforma.
Por todo ello creemos que el proyecto ofrece soluciones ponderadas y razonables para los propietarios de viviendas alquiladas, y lo hace sin reducir en lo más mínimo las garantías de los arrendatarios de buena fe sino, antes al contrario, favoreciendo directamente sus intereses. Y es que de lo que aquí se trata, en suma, es de la resolución sin dilaciones indebidas de los conflictos arrendaticios o, dicho de otra manera, del buen funcionamiento de la Administración de Justicia en este concreto sector, sin olvidar que un mayor clima de confianza ayudará a que se reduzcan las garantías, los avales y las fianzas, a menudo excesivas, que se suelen exigir a los arrendatarios. No hace falta que recuerde que en algunos casos a algunos inquilinos se les está exigiendo hasta un año para poder alquilar un apartamento.
Otro aspecto que quiero resaltar está relacionado con un tema que también preocupa a SS.SS., que es la existencia de un gran número de viviendas desocupadas, lo
cual es claramente contradictorio e inaceptable tanto desde el punto de vista social como económico dadas las necesidades de vivienda de una buena parte de la población. Pues bien, para que estas viviendas se ofrezcan en alquiler es absolutamente necesario establecer un marco de seguridad jurídica más eficiente de forma que sus propietarios tengan la garantía de que van a cobrar sus rentas impagadas en un plazo razonable de tiempo.
Señorías, el fundamento de la ley que hoy trae el Gobierno radica en la importancia que le damos a la necesidad de impulsar definitivamente un amplio mercado de alquiler en nuestro país. Efectivamente, como muy bien saben, hoy han optado por vivir en alquiler apenas el 11 por ciento de las familias españolas, frente a una media de más del 40 por ciento de los países más avanzados de la Unión Europea, así que tenemos un largo camino que recorrer. Sí quisiera, si me lo permiten, hacer una puntualización, y es que el hecho de que una mayoría de familias españolas hayan optado por residir en una vivienda de su propiedad no nos parece en sí misma una mala noticia, garantiza el ahorro y les da tranquilidad patrimonial, pero esto no es incompatible con la existencia de un mercado amplio de alquiler, con viviendas de calidad y con rentas competitivas, de forma que puedan acceder a ellas aquellos ciudadanos para los que este, el alquiler, sea la mejor opción. Un mercado amplio de alquiler favorecerá la movilidad laboral, la emancipación de los jóvenes y la toma de decisiones personales que en ausencia de un hogar resultan imposibles o muy gravosas, de forma que garantiza, en suma, la libertad de elección de cada familia o de cada persona en su forma de acceder al hogar. En este mismo contexto se enmarcan muchas otras medidas promovidas por el Ministerio de Vivienda, como el impulso al alquiler protegido, al que hemos reservado el 40 por ciento de las actuaciones del Plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, o la promoción de alojamientos temporales en régimen de alquiler y con renta limitada para colectivos específicos, como jóvenes, personas mayores o personas especialmente vulnerables, así como el programa de alojamientos destinados a la comunidad universitaria o científica, sin olvidar las ayudas a los jóvenes para el acceso a la vivienda en alquiler o la recuperación de la deducción fiscal por rentas pagadas y recibidas por alquileres, que beneficia directamente a los ciudadanos con menores ingresos. Por tanto, el proyecto sobre el que van a debatir SS.SS. es una medida más, dentro de un amplio catálogo de actuaciones de fomento del alquiler, coherente con las prioridades del Gobierno en política de vivienda, por lo que pido a las señoras y a los señores diputados que no quieran ver en ella ni la única ni la más importante de las adoptadas hasta el momento con esta finalidad.
Señorías, quisiera recordarles un dato, y es que el 85 por ciento de los contratos de arrendamiento se realiza entre particulares, y aunque pareciera razonable pensar que la parte fuerte del contrato es siempre el arrendador, esto no responde siempre a la realidad. Seguramente todos ustedes conocerán, personalmente a través de amigos y familiares, o indirectamente a través de los medios de comunicación, ejemplos en los que esto se pone claramente de manifiesto. Les recuerdo el caso que han hecho público recientemente los medios de comunicación. A una pareja joven de Coslada que compró un piso y lo alquiló durante algunos años pensando que así tendría unos pequeños ingresos, el inquilino dejó de pagarles, sin embargo, ellos tienen que pagar la hipoteca y, dos años después, siguen viviendo en casa de sus padres. De esta forma quizás pueda comprenderse mejor que el propietario no siempre tiene por qué ser la parte fuerte del contrato. Además, como saben, los arrendatarios de mala fe pueden alargar el proceso de desahucio varios años, de forma que muchas veces resulta difícil o imposible recuperar las rentas debidas.
Esto es precisamente lo que queremos evitar si SS.SS. votan en contra de la enmienda a la totalidad y apoyan el proyecto de ley. Digo esto con la simple finalidad de resaltar el difícil pero imprescindible equilibrio entre intereses que a veces son contrapuestos, como son los del inquilino y el arrendatario, equilibrio que sin embargo sí creo que hemos alcanzado en el proyecto de ley que se somete hoy a la consideración de la Cámara.
El proyecto refuerza la seguridad jurídica de los contratos y la eficacia de la Administración de Justicia en los conflictos arrendaticios y, por tanto, favorece a ambas partes, tanto a propietarios como a inquilinos de buena fe, frente a los posibles abusos de la otra parte. Señor Herrera, el Gobierno comparte y hace suya la preocupación de su grupo por la situación en que se encuentran los hogares en alquiler que atraviesan dificultades económicas, pero también tiene claro que la protección a las familias no debe recaer sobre los arrendadores, a los que no se puede pedir que sufran indefinidamente el incumplimiento de los contratos, y tampoco puede descansar en el uso torticero o fraudulento de la justicia.
La responsabilidad para hacer frente a esa situación y para garantizar la protección social de las familias más desfavorecidas corresponde a los poderes públicos y el Gobierno la ha hecho suya con medidas importantes de ayuda a los inquilinos, como las contenidas en el Plan de Vivienda, la deducción en el impuesto sobre la renta de las rentas satisfechas en concepto de arrendamiento de la vivienda habitual para las familias de rentas más bajas, junto a todas las demás medidas de fomento del alquiler a las que me referí anteriormente.
Permítanme que destaque solo un par de pinceladas del proyecto, del contenido de la ley, para evitar que haya equívocos acerca del alcance de la reforma que proponemos. El proyecto, como decía al principio de la intervención, propone la modificación de tres leyes. En primer lugar, la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la que se amplían los supuestos en que no procede la prórroga obligatoria del contrato, para incluir aquellos casos en que el arrendador tenga necesidad de ocupar la vivienda para los familiares en primer grado de consanguinidad, además de mantener la excepción ya vigente en el caso de que la precisara para su propio uso.
La segunda ley que se modifica es la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otros en los siguientes aspectos. Se reducen determinados plazos, por ejemplo, para evitar la enervación de la acción de desahucio por pago, se reduce de dos meses a uno, o para el desalojo voluntario, introduciendo un nuevo plazo máximo de dos meses. Además se aclara el régimen jurídico de algunos aspectos de la ley que generaban retrasos o dudas de interpretación, como el domicilio para las citaciones o las reglas para la fijación de la cuantía de la demanda. El proceso se va a seguir a través de los trámites de juicio verbal en lugar de juicio ordinario, acortando sustancialmente el tiempo procesal, y por tanto vamos a introducir mayores facilidades procesales para el demandante, principalmente la acumulación de las acciones de desahucio y de reclamación de rentas, junto con la novedad de que una única sentencia puede conseguir el lanzamiento y las rentas de tramitación sin tener que acudir de nuevo a un proceso judicial para hacerlas efectivas.
Finalmente, el proyecto también afecta a la Ley de Propiedad Horizontal, con objeto de facilitar las mayorías necesarias en las juntas de propietarios para que la comunidad pueda afrontar la realización de obras de mejora en la eficiencia energética del edificio, evitando que la decisión unilateral de uno solo de los copropietarios pueda interferir en la voluntad colectiva. En este sentido, pido a SS.SS. que tengan en cuenta que el sector de la construcción es crucial en el debate sobre la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático, puesto que el consumo en este ámbito supone el 40 por ciento del total de la energía que se consume en la Unión Europea, y los hogares son uno de los sectores difusos más relevantes, ya que suponen el 17 por ciento del consumo energético total en España, solo por detrás del transporte y de la industria. Por todo ello, desde el ministerio que dirijo hemos desarrollado un programa específico de ayudas, conocido como el Plan Renove, para la rehabilitación y la eficiencia energética de edificios de viviendas que se integra en el nuevo Plan estatal de vivienda y rehabilitación. Como SS.SS. saben, este programa financia obras y mejoras en edificios y viviendas cuyo objeto sea mejorar la eficiencia energética, la higiene, la seguridad, la salubridad y la protección del medio ambiente, así como la utilización de energías renovables y la accesibilidad. La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que proponemos podrá facilitar la realización de estas actuaciones que están financiadas por el Plan Renove, y en este sentido es una medida complementaria del mismo.
Por todas las razones expuestas solicito de las señoras y los señores diputados que rechacen la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Creemos que el proyecto que hoy debatimos es pertinente y necesario, coherente con la coyuntura adversa que atraviesa el sector residencial y con la necesaria reforma estructural que necesita nuestro mercado inmobiliario y que además puede contribuir a facilitar el traspaso de viviendas vacantes del mercado de compra-venta al de alquiler, así como la puesta en arrendamiento de viviendas desocupadas, reforzando el aún exiguo parque existente. Soy muy consciente de que existen, como no puede ser de otra forma, distintas sensibilidades respecto a algunos detalles incluidos en el proyecto y que esto posiblemente se va a traducir en enmiendas al articulado que, una vez asumidas por la Cámara, permitirán perfeccionar el texto. No obstante, no parece razonable que una enmienda de devolución sea la vía adecuada para profundizar en el necesario debate.
Señorías, señoras y señores diputados, sabemos muy bien lo difícil que es hacer política de vivienda en tiempos de crisis, pero lo estamos haciendo y pueden dar fe de ello cientos de miles de ciudadanos. El proyecto que tienen ante ustedes es un elemento importante de esta política y responde a un propósito claro, coherente y con una enorme demanda social. Es un proyecto que ofrece una solución equilibrada a los obstáculos existentes para la puesta en alquiler de viviendas desocupadas, es una solución que ha sido avalada por el órgano de gobierno de jueces y magistrados y por las organizaciones representativas del sector y es una solución, en definitiva, que refuerza las garantías de propietarios e inquilinos, aumenta la confianza entre ellos y refuerza los cimientos en los que se asentará un mercado de alquiler más amplio, más fuerte y que, en definitiva, favorecerá el acceso a la vivienda de miles de ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra de la Vivienda.
Como les anuncié antes, a este proyecto de ley se ha presentado una enmienda de totalidad. Para su defensa, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.)
Señora Corredor, mi grupo va a perder la enmienda a la totalidad, y usted lo sabe. Pero esta enmienda a la totalidad tiene que servir para una cosa, para poner de manifiesto que el equilibrio que usted predica no lo ha conseguido ni mucho menos la ley. Si una persona que está en régimen de alquiler entra en una situación de desamparo, de paro, deja de recibir el subsidio de paro y en un mes no paga ese contrato, esa persona va a ser desahuciada. Eso no es un pequeño detalle, señora Corredor, es un dato, una realidad que pone de manifiesto que la ley se tiene que reorientar radicalmente y, si no, que el Gobierno vuelva a elaborarla. No es un pequeño detalle, señora Corredor, es lo que pone en evidencia que la ley no ha llegado al equilibrio perfecto. De hecho, hace apenas dos días, la relatora de Naciones Unidas sobre política de vivienda alertaba que en el presente año los embargos de viviendas en España pueden aumentar en un 194 por
ciento. La relatora explicaba que en el régimen de compra miles de personas van a ser lanzadas a una situación de exclusión y de pobreza por no poder pagar sus hipotecas. El problema está en que esta ley nos llega en un contexto de crisis profunda y sin las protecciones, sin las redes necesarias para evitar que personas que están en régimen de alquiler sean lanzadas a la calle y entren en esta situación de exclusión y de pobreza.
Asimismo, la relatora de Naciones Unidas nos decía que el problema está en que la vivienda en España ha acabado siendo considerada básicamente un negocio, que nunca se ha tenido presente que la vivienda también era un derecho. El problema está en que las medidas que se plantean fundamentalmente en este proyecto de ley continúan en esa misma lógica.
La relatora de Naciones Unidas nos ponía ejemplos como el de Manhattan, donde un porcentaje elevado de la vivienda protegida es vivienda en alquiler. De las palabras de la relatora se desprendía que la vivienda era entendida como un bien de consumo, cuando en nuestra opinión se tendría que transitar por otros terrenos. ¿Por qué no plantean ustedes, por ejemplo, la regulación por ley del alquiler con opción a compra para dar uso a esas viviendas que están desocupadas? ¿Por qué no plantean una reforma del reglamento del IBI que permita a aquellos ayuntamientos que lo deseen poder gravar la vivienda desocupada? ¿Por qué no plantean ustedes las desgravaciones por alquiler al que arrienda, tal y como hacen en las viviendas de compra, cuando ustedes saben que en la vivienda de compra hay una transferencia de capital Estado-promotor que ha encarecido el precio de la vivienda? ¿Por qué no hacen realidad las ayudas que anunciaron en campaña electoral? Porque usted sabe que hay comunidades que están gestionando muy bien y en cambio nos encontramos que las ayudas de su ministerio, por ejemplo en Cataluña, no llegan.
Señora ministra, usted sabe que este proyecto de ley se presenta en un contexto complicadísimo. La situación del acceso a la vivienda en los últimos años ha sido un problema, y lo cierto es que en este contexto el acceso a la vivienda continúa siendo un problema. Los precios han bajado más de un 20 por ciento pero el acceso a la vivienda no se está garantizando. Hoy existe crisis del sector, de la construcción, de la promoción, de la venta de inmuebles, y esto se da en paralelo con una caída de precios. Esta situación ha repercutido sobre el ejercicio del derecho a la vivienda a través de varios factores, recesión de créditos hipotecarios por parte de entidades financieras, caída de venta de pisos, incremento de impagos en los plazos de hipotecas e incremento del impago de las rentas de alquiler. Es cierto, y es por ello que si bien es deseable la adopción de medidas de fomento de la ampliación del mercado inmobiliario del alquiler, en el sentido de agilizar y facilitar los trámites para hacer frente a los impagos de rentas de manera que los propietarios puedan aumentar su confianza en el mercado del alquiler, también hay que tener en cuenta las repercusiones negativas en las economías más débiles.
Señorías, nuestro grupo no va a entrar en el tópico de que no hay que proteger más al propietario que al que alquila su piso. Estamos de acuerdo, pero las garantías que se establecen en el proyecto de ley son claramente insuficientes. Con sus reformas de las leyes de Arrendamientos Urbanos, de Enjuiciamiento Civil, de la Propiedad Horizontal no protegen precisamente al que alquila el piso. Desde el punto de vista del propietario, desde el punto de vista del arrendador el proyecto favorece la agilización de los trámites procesales en los juicios de desahucio por falta de pago. Plazos más cortos, notificaciones más fáciles y pactos de condonación de deuda por rentas impagadas a cambio del desalojo de la vivienda que son directamente ejecutivos. Por tanto, desde el punto de vista del arrendador el proyecto de ley es impecable, cierto es, pero todas estas medidas están siendo demandadas por el sector de los propietarios de viviendas en alquiler -usted lo sabe-, que tienen problemas para conseguir un desahucio rápido en el caso del impago de rentas o de finalización del plazo del contrato de arrendamiento. Pero, paradójicamente -y esto también lo sabe-, los administradores de fincas o los agentes inmobiliarios ven con absoluto escepticismo su propuesta, la del proyecto de ley, porque relativizan su eficacia. La cuestión, por tanto, acaba radicando más en un estado de opinión que en la práctica real ya que el problema está en la falta de agilidad de los juzgados.
Deberíamos centrarnos en mejorar la justicia en general y en particular, pero no en desproteger a miles de personas situando solo las garantías para el arrendador y no, en cambio, para el arrendatario. Por el contrario, ¿qué dicen los colectivos que defienden los derechos de los arrendatarios? Entienden que el hecho de que la falta de pago de una mensualidad de renta pueda dar lugar a un desahucio -sí, escuchan bien- deja a los inquilinos en una situación de absoluta vulnerabilidad y además esta se ve agravada por la dificultad de garantizar mediante políticas públicas el derecho a la vivienda de manera inmediata.
No se puede además, señora Corredor, dejar al margen, como si no afectase a esta ley, la situación económica actual, con una previsión de incremento del desempleo, con un escenario de recesión, con un marco en el que miles, centenares de miles de arrendatarios van a tener dificultades. ¿Se trata de proteger al arrendatario? Claro que sí, pero se trata de establecer medidas que garanticen que el arrendatario que está en una situación de extrema vulnerabilidad no quede de patitas en la calle al cabo de un mes, como se desprende del proyecto de ley. Se debe tener en cuenta, por tanto, que las medidas de fomento positivo para el alquiler que ya existen en algunos casos están dando resultados, que existen experiencias autonómicas exitosas y que lo que hace falta son más políticas públicas porque es lo que necesita el momento actual. Nosotros decimos que resulta dudoso que el proyecto sirva, que revitalice por sí, en términos reales, el mercado de alquiler; en cambio, afirmamos con toda rotundidad que va a significar una absoluta vulnerabilidad
para centenares de miles de arrendatarios que pueden ver peligrar precisamente el lugar donde hoy continúan viviendo.
Las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se proponen en el proyecto podrían resultar incluso viables en una situación económica distinta, pero, ¿saben ustedes lo que están haciendo hoy con este proyecto de ley? Pues que juegan con fuego y sitúan el riesgo de la exclusión y de la pobreza en miles de hogares, en miles de familias. Por eso nosotros decimos que el proyecto, la propuesta del Gobierno, es inviable e inoportuna si no va acompañada de otras medidas de protección del derecho a la vivienda de los ciudadanos cuyos ingresos se hayan visto afectados por la situación económica. Le pongo un ejemplo. En Francia se ha establecido la llamada tregua hibernal, que va del 1º de noviembre al 16 de marzo, en la que está prohibida la ejecución de los desahucios. Por el contrario, ustedes no plantean medidas que vayan precisamente en esta línea. Pues bien, yo le digo cuáles son nuestros límites, cuáles son los límites de un gobierno que se tiene que reivindicar mínimamente progresista o de izquierdas, y es que el problema no es la aritmética parlamentaria, la cuestión es para qué la aritmética parlamentaria.
Nosotros decimos que la aritmética parlamentaria tiene que ser para, por ejemplo, poner condiciones y hacer que cuando uno de los miembros de la familia está en situación de paro y no recibe prestación alguna esa persona no pueda ser desahuciada y que exista un fondo del Estado para garantizarlo. Esa es una medida concreta que garantiza que no se produzca la vulnerabilidad en la que van a entrar miles de familias. Una medida concreta es que cuando el arrendador se haya negado al cobro de la renta, haya puesto obstáculos o haya suministrado información engañosa al arrendatario, esa persona no pueda ser desahuciada. Esa es una medida concreta traída de legislación comparada europea, señora Corredor. Pero, lamentablemente, ustedes no plantean en el proyecto de ley ni la primera medida, en el país que más paro tiene de toda Europa, ni la segunda, cuando todos sabemos que existe mobbing inmobiliario en miles y miles de hogares.
Las aritméticas parlamentarias sirven para hacer políticas que están de acuerdo con lo que se piensa, y nosotros decimos que el proyecto de ley tiene pecados originales por no introducir medidas como las actuales.
¿Qué decimos? Que tienen que introducir un apartado específico para el acoso inmobiliario, para regular la responsabilidad de las administraciones públicas de proteger específicamente a los arrendatarios. Tenemos que introducir que cuando se produzca un deterioro físico de la finca porque el arrendador así lo quiera o así lo busque tiene que ser el arrendador el que cubra la rehabilitación de la finca y realoje al arrendatario y, si quiere, subirle el precio en un 20 por ciento, pero garantizando que no expulsan al arrendatario. Les decimos también que tienen que incorporar medidas como que por ley no se introduzca el tope legal de dos meses para el plazo voluntario de desalojo porque esto puede limitar la libertad de pacto entre las partes.
Ustedes dicen: máximo dos meses, y si no, de patitas a la calle. Eso es lo que ustedes nos dicen en su proyecto de ley. Deben introducir también, por ejemplo en una nueva disposición adicional, que se establezcan planes municipales de vivienda y parque de alquiler, como le pide la relatora de Naciones Unidas, porque entendemos que todos los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes deberían definir estos planes municipales de vivienda que contengan en su diagnóstico las necesidades de vivienda de la población y las medidas a adoptar, con plena autonomía municipal pero estableciendo la necesidad de que haya un porcentaje de vivienda de protección pública, que haya un porcentaje elevadísimo en régimen de alquiler protegido. Esto es lo que deberían ustedes plantear en un proyecto de ley que quiera garantizar el acceso a la vivienda y que no entienda la vivienda exclusivamente como un negocio, como un bien de consumo, sino también como un derecho. Por no hablar de las enmiendas que se quieren incorporar en materia de rehabilitación energética y eficiencia de los edificios para que el proyecto de ley no sea -si me lo permite en este terreno- lo anecdótico y vaya simplemente a facilitar a las comunidades de propietarios lo que puedan hacer, sino que realmente nos situemos en la media de la Unión Europea.
Voy concluyendo, señora presidenta, para añadir que por todo lo expuesto decimos que la ley tiene sobre todo inconvenientes, que puede haber un incremento notabilísimo de personas que entren en situación de exclusión y de pobreza por la ley; que la ley está pensada en un contexto económico que no tiene nada que ver con el actual, y si hemos presentado esta enmienda a la totalidad es porque entendemos que su Gobierno y su mayoría parlamentaria tienen que repensar qué leyes hacen y con quiénes las hacen. Sabemos que este proyecto de ley es lo que les planteaba la gente de Convergència i Unió en aquella proposición que se aprobó en el mes de noviembre, una proposición y una política pensadas no para los tiempos que corren sino para la lógica exclusivamente del negocio. Nosotros les decimos que si ustedes se comprometen a la reorientación radical de la ley podemos hablar, pero que si no, vamos a mantener esta enmienda a la totalidad porque la ley que han traído a esta Cámara deja a mucha gente en riesgo de exclusión y puede llevar a que, por no tener en cuenta las situaciones económicas, hagan ustedes un mal negocio, sin aumentar el porcentaje de viviendas de alquiler pero corriendo el riesgo de que miles y miles de personas sean desalojadas de sus casas y entren en situación de extrema pobreza y de exclusión.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Herrera.
No habiendo turno de réplica, para fijar posición tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Vasco, el señor Olabarría. (Pausa.) Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Macias.
Señorías, en primer lugar, nuestro grupo quiere mostrar su satisfacción no tanto por la enmienda a la totalidad del señor Herrera, que ya hablaremos de ella, sino porque hoy estemos aquí iniciando el debate parlamentario de este proyecto de ley del Gobierno -aunque en definitiva se está iniciando un debate parlamentario de unos textos legales, del proyecto de ley del Gobierno y de la proposición de ley iniciada por Convergència i Unió a la que se ha referido la señora ministra, y se lo agradezco- con el que culminará un largo proceso iniciado ya en la legislatura anterior, primero en el Congreso de los Diputados, sin éxito, y después con éxito en el Senado, donde se tomó en consideración, aunque no hubo tiempo para tramitarla, una proposición de ley, un texto legal que pudiera conllevar el perfeccionamiento del contrato del régimen de alquiler. Para nosotros este tema es muy importante. Por tanto, tengo que expresar la satisfacción de mi grupo de estar ya en la recta final de la tramitación.
Como podrán comprender SS.SS., el texto legal que nosotros vamos a utilizar como referencia en los debates va a ser el de Convergència i Unió, pero quiero anunciar que vamos a votar en contra de esta enmienda a la totalidad porque creo que el texto enviado por el Gobierno va a servir también en los trabajos de la ponencia.
Si me permiten SS.SS., y en línea con lo que la señora ministra también ha planteado, quisiera hacer algunas reflexiones sobre la vivienda en régimen de alquiler. Creo que la vivienda en régimen de alquiler -que en sí no es un bien protegido constitucionalmente, lo es el derecho de los ciudadanos a tener una vivienda digna-, desde el punto de vista de la percepción del conjunto de los ciudadanos, sí podría derivarse de que nuestra Constitución ampara unos derechos a que cualquier ciudadano pueda tener derecho a una vivienda, y si no quiere o no puede comprarla es lógico que tengamos un mecanismo con la máxima perfección posible que ampare a los ciudadanos que, porque quieren o porque no pueden tener otra, tienen este régimen de vivienda. Para que este mercado funcione, como todos los mercados, debe ser eficiente y para eso se tienen que dar una serie de circunstancias, y una de ellas, que es básica y que nos toca a nosotros, a las diputadas y los diputados, es que tengamos seguridad jurídica, que tengamos una legislación correcta y que no actúe de forma desincentivadora contra la existencia de este mercado. Cualquier análisis mínimamente serio que se haga de la legislación vigente en estos momentos señala unos puntos críticos -alguno de los cuales, por cierto, han sido parcialmente superados con reformas como la de 2003- que a todos nos convocan a reformarlos. Por tanto, la pretensión es positiva, el instrumento legal es adecuado y, en todo caso, ya lo perfeccionaremos en el trámite de las enmiendas.
Ahora bien, también me van a permitir, señoras y señores diputados, que, aprovechando que la señora ministra está entre nosotros, lo que siempre es de agradecer, diga que para que exista este mercado no solamente hace falta un buen corpus legal sino también que funcione el mercado, y a mi entender, ya que está directa o indirectamente protegido constitucionalmente el derecho de los ciudadanos, deberíamos -y aquí creo que el señor Herrera debería concentrar sus energías- disponer de un parque público importante de viviendas en alquiler para estos ciudadanos que no quieren o no pueden comprar una vivienda y a los que, en cualquier caso, haya expulsado o pudiera expulsar el mercado. Debo, por tanto, señora ministra, señoras y señores diputados, recordar las iniciativas de Convergència i Unió, algunas de ellas vivas, ya que tenemos la oportunidad en estos momentos de coadyuvar para que exista este parque público de viviendas de alquiler. Señora ministra, no hace mucho comentaba desde esta tribuna que hay 650.000 viviendas de stock inmobiliario, algunos -que no sé si saben más o menos que la señora ministra- lo cifran en un millón y cifran en un millón y medio la cantidad al final de este año. No sé qué país puede permitirse un activo extraordinario de un millón de viviendas desocupadas, inactivas. Alguien tendrá que estar pagando estos intereses, o alguien los tendrá que pagar: los promotores, la banca, las cajas y, si estas no pueden, dinero público, en definitiva, los ciudadanos. Este fenomenal stock se debe movilizar cuanto antes. Para nosotros, una manera social de movilizarlos, señora ministra, es que, incluso dando contenido a la famosa SPA, se considere la posibilidad de disponer de un parque público de viviendas de alquiler. Señor Herrera, sus correligionarios en Cataluña han planteado una iniciativa, que yo aplaudo, para adquirirlo, dentro de las posibilidades del Gobierno de la Generalitat. En este tema sí que puede usted -otros temas no los copie- copiar al Gobierno de la Generalitat.
Por tanto, la reflexión de hoy me parece oportuna porque hay que perfeccionar la legislación, pero no hay que olvidar que tenemos una asignatura pendiente.
Nosotros podemos comprender en ese sentido el planteamiento de algunas dudas aparecidas en la enmienda a la totalidad y también algunas aparecidas en el informe de la delegada de la ONU; un informe que, por cierto, tiene serios problemas, y es que a veces estos informes no reflejan bien la realidad. En este caso tengo serias dudas intelectuales sobre la calidad de este informe, pero nos alerta de algunos temas sobre los cuales debemos estar atentos. En este sentido, yo quisiera hacer dos reflexiones. La primera es que nuestra proposición de ley da vías de solución para alguno de los aspectos sobre los que nos alerta este informe y que han sido recogidos por el señor Herrera, como el mobbing inmobiliario. Por tanto, aquí tenemos, señor Herrera, algunos planteamientos para poder avanzar. Sin embargo, el planteamiento del señor Herrera, en su límite -ya sé que no es así-, puede llevarnos, en caso de aceptarlo, a aquello que a mi entender y el de los expertos está en el origen de que en estos momentos en España el mercado de viviendas en régimen de alquiler esté tan infradotado,
que es el hiperproteccionismo franquista, que es el responsable de que en España no haya régimen de viviendas de alquiler. Se dice que en España no hay cultura de alquiler, pero no es así. En España no hay viviendas en alquiler porque hubo una legislación que, por una farisaica protección del trabajador, de las clases populares si usted quiere, señor Herrera, se cargó la posibilidad de que en el futuro y durante muchos años hubiera vivienda en régimen de alquiler. Por tanto, a nosotros no nos van a pillar en estas ideas franquistas. Yo sé que usted está absolutamente alejado de esto, pero unos planteamientos hiperproteccionistas solo pueden contribuir a que volvamos a coartar la posibilidad, que en estos momentos a mi entender existe, de rehacer un parque para que los ciudadanos puedan elegir y los que no puedan elegir tengan una vivienda digna. Este es un tema en el que deberemos estar muy atentos en el debate en Comisión y habrá que procurar, protegiendo a estos ciudadanos, que no nos volvamos a cargar el mercado.
Nuestro grupo, por tanto, no va a votar a favor de esta enmienda, aunque nos gustaría, y lógicamente esto se va a plantear en el debate conjunto, que nuestro texto, que -permítame, señora ministra- es la madre de todos los textos en este sentido, fuera tomado como base en el debate en Comisión. Nosotros aplaudimos alguno de los elementos introducidos en el proyecto de ley del Gobierno, por ejemplo aspectos de eficiencia energética, que por cierto en Cataluña, gracias al Código Civil y a su actualización, en parte están ya resueltos, pero no nos negamos a que sean introducidos. En cualquier caso, este es un tema muy importante para nosotros, para la población y para los ciudadanos. Esta es una ley -creo que no digo nada nuevo- que vamos a poder consensuar como mínimo entre el Gobierno, su grupo y Convergència i Unió y creo que también entre otros muchos grupos. Por tanto, es un proyecto de ley que, a pesar de la precariedad en que hoy se encuentra el Gobierno en esta Cámara, tiene garantizada su aprobación. Sin embargo, me gustaría acabar pidiendo a todos que hagamos una ley importante, como son aquellas leyes en las cuales de una mayoría se puede pasar a la unanimidad. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Matos.
(Rumores.) Señorías, les rogaría que guardaran silencio, porque el tono es tan alto que a veces impide escuchar al orador. Muchas gracias.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señora presidenta, señora ministra, señorías, comienzo mi intervención anunciando nuestro voto en contra de la enmienda de totalidad presentada por Esquerra Republicana de Catalunya-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y defendida por el señor Herrera en la mañana de hoy. Estoy completamente seguro de que al señor Herrera no le sorprenderá la posición del Grupo Parlamentario Popular. El señor Herrera sabe, porque lo vivió directamente en la legislatura pasada, que la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el fin de flexibilizar el contrato de arrendamiento y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de dotar a ese contrato de mayor seguridad jurídica fueron dos de nuestros caballos de batalla en la legislatura pasada. También lo fue la liquidación de la Sociedad Pública de Alquiler, pero eso ya lo veremos más adelante. Lo que sí estoy seguro que debe haber sorprendido al señor Herrera es el cambio de posición del Gobierno y del Partido Socialista, que en la legislatura pasada una y otra vez rechazaban la modificación de ambas leyes que les proponíamos desde el Grupo Parlamentario Popular y desde Convergència i Unió.
Nosotros propusimos las citadas modificaciones a través de proposiciones no de ley en Comisión y ante el Pleno, de mociones y de proposiciones de ley de mi grupo parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado. En uno de esos debates, el 23 de junio de 2005, cuando yo mismo defendía la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, terminé mi intervención diciendo: Estamos absolutamente convencidos de que tarde o temprano, como parece que van a hacer con los juicios rápidos civiles -no lo han hecho-, modificarán la Ley de Arrendamientos Urbanos en términos similares a los que se propone en esta proposición de ley que ustedes rechazan hoy, es decir, liberalizando aún más el contrato de arrendamiento. Si hoy lo rechazan es para darnos una dosis más de talante -y concluía-, pero su rectificación es cuestión de tiempo. Ese tiempo, señora ministra, ha sido exactamente de tres años, ocho meses y diecisiete días, los que van desde aquel 23 de junio de 2005 a este 12 de marzo de 2009. En aquella ocasión, desde el Partido Popular proponíamos modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos acortando la duración del contrato. Hoy hacen ustedes lo mismo posibilitando la denegación anticipada de la prórroga. Proponíamos agilizar el proceso de desahucio, evitando la posibilidad de enervación del proceso. Hoy lo hacen ustedes reduciendo plazos, eliminando trámites, incluso admitiendo la posibilidad, en algunos supuestos concretos, de llevar a cabo el lanzamiento del inquilino sin notificación alguna al condenado. Es el apartado 3 del artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Yo sé que lo que ustedes van a argumentar es que sí querían hace tres años modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos pero no compartían los términos en que lo planteábamos, y eso es sencillamente falso. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Señorías, si ustedes hubieran querido modificar las leyes pero no estaban de acuerdo con los términos en los que lo planteábamos, bastaba admitirlas y haber presentado las enmiendas al articulado, que para eso tenían mayoría. Los motivos del rechazo eran otros. La iniciativa la habíamos presentado desde el Partido Popular o desde Convergència i Unió y además en ese tiempo ustedes estaban instalados en el talante y en la
demagogia también. Escuchen lo que decía uno de sus portavoces en otro de los debates que he citado el 24 de abril de 2007. Decía el portavoz socialista: Si es cierto lo que decía Víctor Hugo de que entre el poderoso y el débil, entre el rico y el pobre el derecho es la libertad, esto es solo cuando el derecho es buen derecho, cuando el derecho protege a todas las partes que lo merecen, no cuando el derecho se intenta utilizar para proteger solo a la parte más fuerte de la relación. Ricos y pobres, fuertes y débiles: eso es lo que pensaba hace tres años el Partido Socialista respecto a las modificaciones que hoy nos traen a está Cámara. Es verdad, ha cambiado completamente el lenguaje la señora ministra. Ha dicho en su intervención que el arrendador no es siempre la parte más fuerte de la relación contractual, y nosotros lo compartimos.
Por lo tanto, me alegro de que haya cambiado el lenguaje que mantenía en la legislatura pasada. Es decir, siempre hay primero rechazo de las propuestas que se le hacen desde otros grupos y demagogia, y después rectificación pobre y tardía. Lo mismo de siempre, lo mismo que con la inmigración, la política antiterrorista y la crisis económica: rectificación pobre y tardía.
En el texto de la enmienda a la totalidad y en su intervención de hoy el señor Herrera, en nombre de su grupo parlamentario, manifiesta que las medidas que se establecen en el proyecto de ley son inoportunas y prácticamente inviables en un contexto de crisis económica. No es cierto, señor Herrera, usted lo sabe, porque ustedes también se negaban a la modificación de la Ley de Arrendamiento Urbano y de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando la economía iba viento en popa en este país.
Ustedes siempre han rechazado que la rigidez y la inseguridad jurídica que hoy afecta al contrato de arrendamiento sean la causa del estancamiento del mercado del alquiler y de la existencia en España de cientos de miles de pisos vacíos, y precisamente eso es lo que pensamos desde el Partido Popular y también desde Convergència i Unió desde la legislatura pasada, y eso es lo que piensan, después de su rectificación, el Gobierno y el Partido Socialista. Señorías, es cierto que en España hay cientos de miles de viviendas vacías cuyos propietarios se niegan a incorporarlas al mercado del alquiler, y hay cientos de miles de ciudadanos, jóvenes en su mayoría, que desean independizarse y acceder a una vivienda. Ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones: cuando se le pregunta a un propietario que haya invertido sus ahorros en una vivienda distinta de la habitual o que la haya heredado de sus padres, por qué renuncia voluntariamente a una renta por pequeña que sea y prefiere mantenerla vacía, la respuesta es unánime: Porque convertirse en arrendador, en casero, es una auténtica aventura hoy en día. Hay propietarios que están esperando que sus hijos acaben sus estudios o que están temporalmente viviendo en otro municipio por motivos laborales y que saben que la prórroga forzosa les impediría recuperar su vivienda en cinco años; hay propietarios que saben de casos en que un propietario, por causa sobrevenida -un despido, una separación, una necesidad económica- de él mismo o de sus familiares más cercanos, necesita una vivienda que es de su propiedad y le es imposible recuperarla; y hay muchos propietarios que conocen casos de inquilinos que han dejado de pagar los alquileres y no han recuperado su vivienda hasta más de un año después. Son propietarios que por esos motivos se niegan a alquilar una vivienda que no usan, y eso es precisamente lo que tratamos de evitar.
Señorías, es lo más absurdo del mundo que hoy en España, después de la aprobación del divorcio exprés, sea más fácil separarse de un cónyuge con cuatro hijos en común y bienes gananciales que de un inquilino. Esto es sencillamente ridículo en este país. Por eso vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad y hemos presentado diversas enmiendas al articulado del proyecto de ley. Todas van dirigidas a flexibilizar el contrato de arrendamiento y a dotar a la relación contractual de más seguridad jurídica; más flexibilidad y más seguridad jurídica que la que propone el proyecto de ley. Por eso hemos propuesto modificaciones para facilitar la recuperación de la vivienda alquilada cuando el propietario la necesite para sí o para sus familiares directos; para evitar las triquiñuelas que impidan notificaciones de los juzgados; que faciliten el cobro de las cantidades impagadas, tanto del deudor como de sus avalistas; para que se agilice la ejecución de las sentencias o, en su caso, de los laudos arbitrales y para que, en los supuestos de sentencias o laudos condenatorios, se agilice el lanzamiento. También queremos que los propietarios se sientan más seguros a la hora de contratar y que sepan que no alquilan su vivienda a un profesional del impago, a un profesional de las dilaciones judiciales. Para ello hemos solicitado en nuestras enmiendas que el Gobierno remita a las Cortes un proyecto de ley por el que se cree un registro central de inscripción de sentencias firmes de desahucio que permita al propietario conocer si la persona a la que le va a alquilar ya ha tenido antecedentes y que no obligue a un arrendador a instar el auxilio judicial para recuperar la posesión de la vivienda alquilada. De este tipo de registros ya existen precedentes. No se pretende que se incorpore al registro la mera situación de impago, pues el propietario y el inquilino pueden pactar moratorias en el pago o en la entrega de las llaves. No vamos a penalizar a aquel que, simplemente, no pueda pagar su renta de alquiler, pero sí queremos penalizar...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Matos, por favor, ha acabado su tiempo. Tiene que terminar.
El señor MATOS MASCAREÑO: Voy terminando, señora presidenta.
Queremos que en los casos en los que, para la recuperación de la vivienda, el propietario se vea obligado a instar judicialmente el lanzamiento lo pueda saber de antemano.
Señorías, una última reflexión.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Matos, yo estoy encantada de que nos haga todavía otra reflexión, pero ha pasado su tiempo con exceso. Debería ser muy breve. Se lo pido por favor.
El señor MATOS MASCAREÑO: Un minuto, señora presidenta.
Ya existe en esta Cámara, desde hace ocho meses, una proposición de ley de Convergència i Unió redactada en términos similares a este proyecto de ley, que han presentado ocho meses después. La señora ministra ha reconocido que los términos son muy similares. Tramitar dos leyes iguales con presentación de enmiendas a las dos es un sinsentido y una chapuza legislativa. Debe retirarse una de las dos iniciativas. Creemos que, por un mínimo de pudor, debe ser el Gobierno el que retire la suya e incorpore sus propuestas vía enmienda a la proposición de CiU presentada ocho meses antes.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Matos, por favor.
El señor MATOS MASCAREÑO: Sí, señora presidenta.
Es lo que, desde aquí, le solicitamos al Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Matos.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fuentes.
La señora FUENTES PACHECO: Señoras y señores diputados, subo hoy a la tribuna para posicionar al Grupo Parlamentario Socialista en contra de esta enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida. Lo hago desde el convencimiento de que hay otras vías para hacer efectivo lo que usted, señor Herrera, y el resto de los grupos de esta Cámara -tal y como se ha demostrado esta mañana en la tribuna- queremos.
Queremos fomentar el alquiler pero, fundamentalmente, queremos hacer posible el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Como usted bien ha dicho hoy en esta tribuna, las circunstancias indican que tenemos que luchar por los más débiles. Simplemente discrepamos usted y mi grupo, usted y yo, señor Herrera, en cómo podemos alcanzar la solución idónea para todos.
Si rechazamos hoy esta enmienda a la totalidad daremos celeridad al mercado de alquiler y estaremos haciendo posible una mayor seguridad jurídica, mayor oferta de vivienda, con lo que conseguiremos que el alquiler de vivienda sea más barato. Pero no entienda usted este proyecto de ley como la única medida que está poniendo en marcha este Gobierno para hacer efectivo ese derecho a la vivienda, para que los ciudadanos en un momento de crisis como el que estamos viviendo tengan más medidas de protección. Este proyecto de ley se enmarca dentro de un plan para dinamizar la economía que ha estudiado perfectamente cuál es la situación, que estamos readaptando día a día. No escuchará de mi boca que no vivimos una situación difícil, pero tengo la certeza de que este Gobierno está haciendo todo lo posible para que esta crisis no afecte a los más débiles y sobre todo para que situaciones que en el día a día afectan a ciudadanos concretos sean más llevaderas. Hablamos de la ley de fomento del alquiler, pero si devolvemos esta ley hoy al Gobierno tardará más meses en estar en la calle y en solventar los problemas reales.
Estamos hablando de un instrumento, solamente de un instrumento, y creo que entre todos, cuando empiece a debatirse en la Comisión, haremos posible lo más importante de una ley: que no sea solamente del Gobierno o del Grupo Parlamentario Socialista, sino que sea la ley de todos los grupos de esta Cámara y, fundamentalmente, que sea una ley útil para los ciudadanos, una ley que haga más efectivo algo tan importante como la seguridad jurídica.
Señor Herrera, usted decía que los agentes implicados, los administradores de fincas y los agentes inmobiliarios, estaban en desacuerdo con esta ley. Pues bien, han sido consultados todos los agentes sociales, así como las comunidades autónomas, comunidades autónomas que no han presentado objeciones y que en algunos casos están gobernadas por su grupo político.
También ha mencionado en esta Cámara que la falta de pago de una mensualidad podría dar lugar al desahucio. Eso no es cierto y usted lo sabe, señor Herrera. De hecho lo que ocurría con el artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos es que había una confusión. Decía que a partir de ese momento podría empezar el desahucio, pero no establecía cómo, y nos estamos encontrando con que un desahucio puede tardar hasta dos años en realizarse sin garantías de que el arrendador pueda cobrar las rentas que no haya percibido. ¿Quién pondría en esas circunstancias su vivienda en alquiler? De ahí que se pusiese en marcha la SPA, pretendiendo fomentar esta cultura del alquiler que actualmente en España no llega al 11 por ciento.
Se modificarán con esta ley la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Propiedad Horizontal. Estamos hablando de un cambio legislativo; un cambio que, como decía anteriormente, está apoyado también en un plan económico que intentará solventar situaciones específicas de personas que están viviendo un mal momento. Para eso tenemos los servicios sociales, para eso tenemos una red, para ayudar a los que tienen especiales dificultades, pero eso no quiere decir que no tengamos que garantizar el derecho de aquellos arrendadores de buena fe y fomentar que sea más barato el alquiler para aquellos arrendatarios de buena fe, arrendatarios que verían cómo disminuirían las garantías que actualmente están pidiendo los arrendadores, porque en muchos casos es casi una aventura poder alquilar.
Señor Herrera, hoy comenzamos un camino que será más fructífero para todos los ciudadanos si vamos de la mano. No vamos a partir de la premisa de que el proyecto de ley que nos envía el Gobierno va a ser el definitivo.
Hemos visto que en esta Cámara hay muchísimas ganas
de trabajar, y vamos a estar abiertos a todas las sugerencias que presenten los grupos políticos, pero sobre todo vamos a velar por algo tan importante para los ciudadanos como es la seguridad jurídica. Ante todo, tenemos que impedir que, basándose en una vaguedad jurídica, se estén cometiendo fraudes y abusos. Hemos de impedirlo, porque así haremos más rentable para todos los ciudadanos el mercado del alquiler, y para ello también estamos aumentando las garantías procesales.
Hablaba S.S. de modificar el acoso inmobiliario. Estamos totalmente de acuerdo, señor Herrera, pero eso ya se está haciendo con la modificación del Código Penal. Esta ley es una medida más dentro de un conjunto, y como tal hemos de verla. Tiene que pensar que en muy poquito tiempo, desde que se aprobó en agosto esta medida dentro del plan de dinamización, esta ministra ya la ha hecho efectiva y este proyecto de ley está en la Cámara. Queremos agilizar la política, queremos agilizar las medidas que van a afectar a los ciudadanos. Además, ya está en marcha y muy avanzado el Plan estatal de vivienda y rehabilitación. Por primera vez hablamos también de rehabilitación. Es una nueva forma de entender la política. Además, este plan habla ya de vivienda de alquiler protegida y de la necesidad de que esta sea una política pública. Hemos hablado del Plan Renove de vivienda. S.S. puede comprobar que son medidas perfectamente unidas y engarzadas. La política de vivienda no se puede entender de otra manera que no sea sumando todos los factores, tanto las personas a las que afecta como las que la hacen posible. De ahí que sea importantísimo el papel de las comunidades autónomas, a las que hemos implicado en todas las medidas que se están poniendo en marcha. También hemos puesto en marcha la renta básica de emancipación, para fomentar el alquiler y hacer que sea menos gravoso para los que quieren optar por él.
De igual modo, se están adoptando medidas que fomentan y protegen directamente al inquilino. Señor Herrera, no solo estamos cumpliendo lo que dice la ONU, sino que estamos yendo más allá. Se va más allá y se apuesta por un ministerio cuando se aumenta su presupuesto un 17 por ciento.
Señor Herrera, hoy vamos a votar en contra de la petición que trae a esta Cámara con un único fin: el de hacer posible que la ley se apruebe cuanto antes y que no sea solo una ley del Gobierno socialista y del Partido Socialista, sino una ley de toda la Cámara, porque lo que nos preocupa fundamentalmente es la situación que están viviendo todos los españoles.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fuentes.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, la Junta de Portavoces acordó el martes pasado la lectura de una declaración institucional de este Congreso de los Diputados en torno al día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Previamente al ejercicio de las votaciones, el señor secretario primero procederá a la lectura de la declaración.
El señor SECRETARIO (Barrero López): Con la venia, señora presidenta. En 1975 la Organización de Naciones Unidas invitó a sus países miembros a declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, a fin de tener presente que la lucha por los derechos humanos es también la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Tras la llegada de la democracia, desde esta Cámara se ha legislado a favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, haciendo explícito nuestro compromiso por la igualdad de género. En 2009, queremos hacer constar que en el Congreso de los Diputados celebramos el primer 8 de marzo tras cumplirse el 20º aniversario de la constitución de la Comisión Mixta para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer, y que han sido muchos los avances que hemos logrado a lo largo de estos años con el esfuerzo de todas y de todos.
Hoy, 20 años después, dicha Comisión se llama de Igualdad y tiene capacidad legislativa. Además, contamos con instrumentos legales avanzados para luchar contra la violencia de género y para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sin embargo, la realidad muestra que todavía queda mucho camino por recorrer. El reto de la igualdad continúa.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, queremos desde esta Cámara, como representantes de la soberanía popular, sumarnos a los actos de reconocimiento y homenaje celebrados a nivel mundial desde las primeras décadas del siglo pasado como día en el que de forma especial se visibiliza la realidad de las mujeres y la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, además de seguir trabajando de acuerdo con los compromisos asumidos en la plataforma y Declaración de Beijing, que se contienen en el informe aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, y reconocer el esfuerzo de toda la sociedad pero, sobre todo, el de todas las mujeres que, día a día, contribuyen en la lucha contra la violencia de género, contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, contra los techos de cristal, contra la brecha salarial y tantas otras brechas, a favor de la corresponsabilidad, a favor de la conciliación de la vida familiar y laboral y a favor de la no discriminación. Solo podremos avanzar en igualdad de derechos si continuamos en este camino mujeres y hombres juntos, la sociedad civil, los partidos políticos y los poderes públicos.
Hoy es el día en el que renovamos nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres con esta declaración, con la firme convicción de que con nuestro trabajo renovaremos nuestro compromiso el resto de días.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor secretario primero.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la votación, en primer lugar, de la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 317; en contra, 9; abstenciones, cuatro.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Queda convalidado.
Al haberse expresado por algunos grupos su voluntad de que este real decreto-ley se tramite como proyecto de ley, pasamos a continuación a la votación de su tramitación como proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 329; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Se tramitará como proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto VIII del orden del día: Enmiendas del Senado. Se trata de dos enmiendas que se van a votar de forma conjunta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 329; favorables, 329.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Quedan aprobadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Finalmente, punto IX del orden del día: Enmienda de totalidad al proyecto de ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, seis; en contra, 322; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Queda rechazada.