Source: http://crede.info/borrador-incompleto-de-la-sesin-plenaria-celebrada-el-da-3-de.html
Timestamp: 2019-11-12 02:53:11
Document Index: 64531835

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 31', 'artículo 18', 'artículo 95', 'artículo 31', 'artículo 95', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31']

9.1.5. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
9.1.6. PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.
El señor presidente da lectura a los puntos 9.1.5. y 9.1.6.
El señor PRESIDENTE: Estos proyectos de ley van a ser debatidos de manera conjunta dada la materia sobre la que versan, sin perjuicio de que las votaciones se hagan de manera separada.
Para la presentación de los dictámenes, en nombre de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene la palabra el senador Burgos García.
El señor BURGOS GARCÍA: Buenos días, senadores; buenos días señor ministro.
Subo a la tribuna para presentar, en nombre de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, dos dictámenes; el primero es el Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que tuvo su entrada en esta Cámara y fue publicada el 31 de julio de 2015 y se tramita por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el 5 de agosto.
A este proyecto de ley se han presentado 4 propuestas de veto: la número 1, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la número 2, de los señores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs, Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; y la número 4 del Grupo Socialista.
Además, se han formulado 132 enmiendas que se distribuyen de la siguiente forma: 1 a 22, del señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; 23 a 60, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 61 y 62, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; 63 a 111, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i de’Unió; 112 a 127, del Grupo Parlamentario Socialista; y 128 a 132, de la señora Julios Reyes, del Grupo Mixto.
El segundo dictamen se refiere al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, que tuvo su entrada y fue publicada el 17 de agosto de 2015. Se tramita por el procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el 24 de agosto.
A este segundo proyecto de ley se presentaron 4 propuestas de veto: la número 1 de la señora Mora Grande, del Grupo Mixto; la número 2 de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la número 3 de los señores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y la número 4 del Grupo Socialista.
De otra parte, se presentaron 18 enmiendas: 1 a 3 del señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; 4, de la señora Mora Grande, del Grupo Parlamentario Mixto; 5 a 10, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 11 a 14 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió y 15 a 18 del Grupo Socialista.
El pasado 26 de agosto se reunió la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, que acordó designar la siguiente ponencia para informar el proyecto de ley: por el Grupo Popular, doña María del Mar Angulo Martínez y doña Carlota Ripoll Juan; por el Grupo Socialista, doña María de los Ángeles Marra Domínguez y don Nicanor Sen Vélez; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, don Ferran Bel Accensi; por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, don José Montilla Aguilera; por el Grupo Vasco, doña Rut Martínez Muñoz y por el Grupo Mixto don Isidro Martínez Oblanca.
Para informar del proyecto de ley orgánica designó, por el Grupo Popular a María del Mar Angulo Martínez y a doña María Encina Regalado de los Cobos; por el Grupo Socialista a don Joan Lerma Blasco y don Juan María Vázquez García; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió a don Ferran Bel Accensi; por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya a don José Montilla Aguilera; por el Grupo Vasco a Rut Martínez Muñoz y por el Grupo Mixto a don Isidro Martínez Oblanca.
Dichas ponencias elevaron a la Comisión sus informes. En el del proyecto de ley introducían como modificación las enmiendas número 61 y 62, presentadas por el Grupo Popular, así como la corrección de un error material en el preámbulo. En cuanto al proyecto de ley orgánica, se mantenía en sus propios términos el proyecto remitido por el Congreso de los Diputados. Acto seguido, la comisión procedió a dictaminar ambos proyectos. Tras el debate correspondiente, se votaron las propuestas de veto, quedando todas ellas rechazadas. Posteriormente, se debatieron las enmiendas. Finalmente se sometieron a votación uno tras otro los textos propuestos por las ponencias en sus informes, resultando aprobadas ambas por 16 votos a favor y 10 en contra.
Han presentado votos particulares al proyecto de ley el Grupo Mixto respecto de las enmiendas 1 a 22 y 28 a 132; el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió respecto de la propuesta de veto número 3 y las enmiendas 63 a 111; el Grupo Socialista respecto de su propuesta de veto número 4 y las enmiendas 112 a 127; los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de la propuesta de veto número 1; los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de la propuesta de veto número 2; el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya respecto de las enmiendas 23 y 44 y respecto de las enmiendas 45 a 60. Además, el Grupo Socialista insta en su voto particular a la vuelta al texto del Congreso en la parte enmendada por las enmiendas aprobadas en Comisión.
Los votos particulares presentados al proyecto de ley orgánica son los siguientes: el Grupo Mixto respecto de las enmiendas 1 a 3; la señora Mora Grande, del Grupo Mixto, respecto de su propuesta de veto número 1 y la enmienda número 4; el Grupo Catalán de CiU respecto de las enmiendas 11 a 14; el Grupo Socialista, respecto de la propuesta de veto número 4 y las enmiendas 15 a 18; los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de la propuesta de veto número 2; los señores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, de la Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de su propuesta de veto número 3; el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, respecto de las enmiendas 9, 10 y 5 a 8.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Burgos.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Señorías, el Gobierno trae hoy al Senado el Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley general tributaria y el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y la publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Los objetivos de ambas normas son potenciar la lucha contra el fraude, reforzar la seguridad jurídica tanto de los contribuyentes como de la Administración tributaria en su acción y reducir los litigios en esta materia con una regulación más precisa y clara de todos los procedimientos de gestión del sistema tributario.
Señorías, podemos decir con toda propiedad que el sistema tributario es un reflejo fiel de un país. La estructura de la Administración tributaria, las leyes que la regulan, su capacidad de recaudación, la eficacia de los funcionarios que en ella trabajan, los resultados de la lucha contra el fraude, su imbricación en el contexto internacional, la sencillez y modernización de su modelo fiscal y, sobre todo, la equidad de sus impuestos nos dicen bien a las claras de qué país estamos hablando y cuáles son los objetivos, las ambiciones legítimas de ese país.
El Gobierno ha mantenido una línea muy definida en materia económica con el objetivo prioritario, exclusivo, de salir de la crisis económica y promover la creación de empleo. Hoy tengo el honor de presentar en el Senado estos dos proyectos de ley relacionados con la lucha contra el fraude fiscal, con la confianza de que hemos hecho lo que teníamos que hacer para que las cosas mejoraran en España, para que funcionáramos mejor como país. Lo que hemos hecho ha sido bueno para España, ha mejorado la vida de los españoles y, sobre todo, ha abierto las puertas de par en par a un futuro de mayor progreso y bienestar para todos.
Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha dado una gran importancia a la política fiscal y a la modernización del sistema tributario para conseguir sus metas económicas de crecimiento y creación de empleo. Sin duda, esta política ha sido ‑ya lo fue en el pasado‑ uno de los instrumentos más eficaces de cuantos hemos utilizado desde el comienzo de la legislatura, cuando fraguamos la estrategia de salida de la crisis, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, y lo hemos hecho aplicando una reforma fiscal que está siendo determinante en el crecimiento y la creación de empleo.
Los resultados que hemos ido consiguiendo estos años contrastan claramente con los resultados de los años anteriores, cuando, lejos de utilizar la política tributaria para parar el golpe de la crisis, para atender las causas de esa crisis y corregirlas, lejos de realizar una reforma fiscal que amortiguara incluso el daño social que amenazaba al país, lo que se hizo fueron palancas tributarias que agudizaron esta crisis. Y es que no se puede definir de otra manera el hecho de que en dos ejercicios la pérdida de recaudación tributaria fuera de 70 000 millones de euros, algo que no ocurrió en ningún país de la OCDE, y menos después de que el conjunto de las administraciones públicas consiguieran un superávit de más del 2% de producto interior bruto. Obviamente perdiendo 70 000 millones de euros y sin dominar el caballo del gasto público, se incurrió en un déficit de 11 puntos negativos de nuestro producto interior bruto; es decir, que pasamos de 2 puntos positivos a 11 negativos, 13 puntos de recorrido a la baja en la gestación del déficit público. Y todo ello iba unido a otros factores que se habían ido descuidando en nuestra economía, siendo el más importante ‑e insisto en ello‑ el del endeudamiento externo y la pérdida de competitividad que se estaba revelando, y que nos convirtió en un país muy vulnerable respecto de la crisis financiera internacional.
Estaba claro que de esa manera estaba ocurriendo lo que estamos llamando pérdida de recaudación, que se producía, además, en unos ámbitos como el del impuesto sobre sociedades. Y si era inevitable que ocurriera en el pago que realizan de dicho impuesto las pequeñas y medianas empresas como consecuencia de la desaparición de 300 000 de ellas, lo que ya no está claro es la pasividad del Gobierno anterior ante el hecho de que las grandes compañías de España apenas pagaran dicho impuesto, una circunstancia que realmente podemos calificar de auténtico escándalo.
En el año 2011 el tipo efectivo sobre el resultado contable positivo de los grupos consolidados en España se situaba en el 3,8% de media, lo que significaba que grandes compañías pertenecientes al Ibex 35 en España tenían un tipo efectivo de gravamen del 0%. Ese mismo año, en el 2011, los pagos a cuenta de los grupos consolidados empresariales ascendieron a 7626 millones de euros, mientras que en el 2014 esos mismos grupos pagaron de forma fraccionada y anticipada a la Hacienda pública 19 905 millones de euros. De 7626 a 19 905. Menos mal que gobernaba la derecha..., menos mal que realmente hubo un Gobierno con un cierto impulso y decisión a la hora de equilibrar de dónde vienen las fuentes de recaudación tributaria en España. En fin, eso de la derecha lo he dicho con cierta ironía. Ya sabemos que en nuestra sociedad no se debe hablar con ironía, pero, perdónenme, es que en este momento ya es inevitable recurrir a ella, y permítanme que la utilice incluso a primera hora de la mañana. (Risas.- Aplausos). Y es que, créanme, en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se trata de situaciones difíciles de aceptar cuando uno se enfrenta a ellas.
Pocos imaginaban entonces, después de aquellas elecciones generales de noviembre de 2011, que España iba a estar en las condiciones en las que se encuentra actualmente, sorprendiendo con una recuperación económica que llegó rápidamente y superando cualquier pronóstico optimista, una recuperación que iba a ser tan acusada que íbamos a pasar en apenas tres años de ser el país que ponía en riesgo la estabilidad de la zona euro a ser el que lideraría el crecimiento y la creación de empleo, incluso frente a otros Estados que en 2012 sin duda se encontraban en mejores condiciones económicas y financieras que nosotros. Todo esto sucede en tres años; entre el 2012 y el 2015. Es evidente que ello no es consecuencia de una coyuntura internacional favorable, como se repite y utilizan algunos como excusa, señorías, porque, en primer lugar, la coyuntura internacional sigue cargada de zozobra; o sea, que en el discurrir de la economía mundial de favorable hay lo justo, hay factores que juegan a favor, pero siempre hay otros que ensombrecen ese discurrir de la economía global.
España, afortunadamente, hoy está a la cabeza del mundo en desarrollo, en crecimiento económico, en generación de renta y, lo que es más importante y necesario para nosotros, los españoles, en creación de empleo. Y lo está ‑tengo que insistir‑ por lo que estamos abordando esta mañana, por razón de la política tributaria que hemos aplicado estos últimos años. Y voy a explicar también ahora mismo por qué, para enlazar con el contenido de estos proyectos de ley que en sí mismos completan todo un planteamiento de política tributaria en esta legislatura.
En el año 2012 estábamos ante un continuo deterioro de las bases imponibles, estábamos ante tensiones de gasto que sencillamente no podíamos financiar ante la insuficiencia de los impuestos para financiar ese gasto público y, en concreto, el propio gasto del Estado del bienestar. Es esa la razón por la que durante la primera fase de tratamiento de la crisis nuestro proyecto era estabilizar las finanzas públicas, incluso recurriendo a un incremento de impuestos limitado en el tiempo y equitativo en su distribución. Insisto, subimos los impuestos de manera limitada en el tiempo y equitativa en su distribución. La reforma impositiva realizada en el 2012 recuperó recaudación, gracias fundamentalmente a que consiguió una mayor aportación de las grandes empresas al impuesto sobre sociedades y una mayor contribución de las personas con mayores ingresos a través de un gravamen temporal en el impuesto sobre la renta. Fue una decisión comprometida y orientada a la salida de la crisis para que los impuestos también evitaran que tuviéramos que apelar a una reducción más intensa del gasto público, por eso insisto en que lo hicimos con equidad tributaria, de la misma manera que ahora, cuando este año 2015 hemos bajado los impuestos, lo hemos hecho subrayando y haciendo que mejore la equidad de nuestro sistema tributario.
También es cierto que en julio de 2012 tuvimos que apelar a una subida del IVA, que estaba recomendada por todas las instituciones europeas y por el Fondo Monetario Internacional, pero que no afectó al tipo superreducido porque es el que se aplica a productos de primera necesidad, incluyendo los culturales y, por tanto, el que sirve para proteger la cesta de la compra básica de las personas con menores niveles de renta en España, que pagan el tipo superreducido. También limitamos la subida del tipo reducido para que no afectara a sectores estratégicos de la economía como es el resto de la alimentación, los transportes de mercancías y, por descontado, sectores de actividad económica tan importantes como el turismo y la hostelería.
Estas decisiones en política tributaria consiguieron que no disminuyeran los ingresos en un momento de recesión económica ‑en el año 2012 caímos en materia de actividad incluso por encima del 2%, en este caso un 2,1% negativo‑; los ingresos, sin embargo, crecieron respecto del año anterior un 4,2%. ¿De dónde venía ese incremento de la recaudación? Venía de que realmente hubo 7000 millones de euros más de recaudación en el 2012 sobre el 2011 en un contexto de recesión económica. De esos 7000 millones de euros la aportación del impuesto sobre sociedades ascendió a 3344 millones de euros. Es decir, las grandes empresas de nuestro país aportaron la mitad de la subida de la recaudación del año 2012, mientras que la suma del IRPF y del IVA aportaba 2777 millones de euros, teniendo en cuenta que en el IRPF la aportación de las personas que teníamos más capacidad económica, más renta fue muy superior, puesto que el gravamen complementario era fuertemente progresivo, desde el 0,75% para las rentas inferiores a 7 puntos para las rentas superiores. La subida de impuestos fue equitativa, muy equitativa, y limitada en el tiempo, porque es ahora en 2015 cuando estamos bajando los impuestos: el IRPF y el impuesto sobre sociedades.
Entre 2012 y 2013 los pagos a cuenta de las grandes empresas y grupos se incrementaron en 7066 millones de euros, mientras que los de las empresas de reducido tamaño se rebajaron en 387 millones de euros. Las empresas de reducido tamaño pagaron menos porque había menos actividad económica y, por tanto, el esfuerzo recayó exclusivamente sobre las grandes empresas que operan en España. Permítanme que destaque que las reformas en el ámbito tributario, y en concreto en el impuesto sobre sociedades, también contribuyeron de manera decisiva a acelerar el proceso de desapalancamiento del sector privado a través de instrumentos como la limitación de la deducción de los gastos financieros y del Fondo de comercio o la supresión de la libertad de amortización. Eso hizo que los pasivos financieros netos del sector privado, que se habían reducido desde el 67% del PIB en 2008 al 53,5% en 2011, es decir, bajaron 13,5 puntos porcentuales del PIB en tres años, se redujeran en 39 puntos porcentuales del PIB desde 2012 hasta hoy. Esto parece muy técnico, parece de especialistas financieros, pero esta es la clave de la salida de la crisis de España, el desapalancamiento del sector privado, la reducción de los pasivos financieros netos de España. Fíjense, señorías, 39,2 puntos porcentuales del producto interior bruto, que significa que las compañías no financieras, las sociedades no financieras han bajado la deuda privada en 260 000 millones de euros desde el año 2012 hasta hoy, han tenido el reconocimiento del mercado y eso ha permitido una recapitalización de 300 000 millones de euros, que es lo que han recobrado en términos de valoración de su capital propio. Y también ha bajado la deuda privada de los hogares en 130 000 millones de euros desde el año 2012 a julio de 2015; las empresas 260 000 millones de euros y 130 000 millones de euros las familias. Las familias han tenido un incremento de la riqueza financiera neta del orden de 420 000 millones de euros, lo que representa un incremento del 51%. Por tanto, estamos ante una de las palancas de la salida de la crisis y del crecimiento económico. ¿De dónde viene el crecimiento económico? ¿Por qué la gente consume más? ¿Por qué hay recuperación económica? Viene de estos movimientos financieros. Las políticas económicas y las políticas tributarias tienen que velar para que esos cambios financieros tan profundos se distribuyan equitativamente entre las diferentes capas sociales que componen España.
En el éxito de estas reformas en términos de desapalancamiento del sector privado la política tributaria tiene mucho que decir, y el reconocimiento de los mercados a las reformas, que refuerza la solvencia de los agentes, permite que haya una reactivación del crédito bancario, que busca rentabilidades donde ese crédito es más necesario, en la pequeña y mediana empresa, en los negocios que comienzan que pueden y deben ser los más rentables.
En definitiva, lo que hace todo esto es que aumenten y mejoren las bases de recaudación y, por tanto, que se recupere recaudación. Esta política fiscal es la que permite, junto al control del gasto público, reducir el déficit y que España recupere credibilidad internacional; una credibilidad que mientras estuvo bajo mínimos hizo que estuviéramos no solo al borde del rescate sino del colapso financiero, y que hoy vemos con muchísima más tranquilidad, más confianza, lo que hace que, obviamente, también se incremente sustancialmente la inversión extranjera en nuestro país e, insisto, se recomponga ese plano financiero que es clave para asentar la recuperación económica de España.
Una vez que en la segunda mitad del año 2013 se estabiliza la recaudación de los impuestos, la recaudación aportada por nuestro sistema tributario deja de caer, lo que permite que el Gobierno haga también una política presupuestaria más neutra en cuanto a actividad económica, y de esa forma la actividad económica empieza a superar la recesión.
En 2013, ya tomamos medidas muy importantes en apoyo a la fiscalidad de los emprendedores, dando cumplimiento a nuestro programa electoral –por cierto, el punto clave del programa electoral en materia tributaria era el apoyo a los emprendedores−, y empezamos a aprobar las reformas tributarias en esta misma Cámara, obviamente, en el Senado de España. Así, empezamos con la reducción en los dos primeros años del impuesto sobre sociedades; del IVA de Caja; el apoyo a los inversores de proximidad, los business angels; la deducción por inversión de beneficios; los incentivos fiscales fuertes a la I+D+i; las medidas para dinamizar el mercado inmobiliario de arrendamiento, las Socimi, que tanta importancia han tenido, y siguen teniendo, en España en la recuperación del sector inmobiliario; la bajada de retenciones a autónomos de menores ingresos, los que facturan menos de 15 000 euros; los nuevos estímulos para seguir reduciendo el endeudamiento que tanto daño había hecho a la economía, favoreciendo la refinanciación o reestructuraciones de deuda; iniciativas para mejorar la competitividad; la armonización de la imposición sobre depósitos bancarios, etcétera. Por tanto, ya empezamos a tomar medidas tributarias, como la tarifa plana de las cotizaciones a la Seguridad Social, que está también en la base de los estímulos fiscales para el crecimiento económico y la creación de empleo. También en el año 2013 pusimos en marcha la comisión de expertos para la reforma de nuestro sistema tributario que, con sus planteamientos y sus ideas, dieron lugar a iniciativas que ya se han tenido en cuenta en el proceso legislativo español para bajar los tributos desde 2015.
Voy a insistir en que, en 2014, las bases imponibles se incrementan un 2,6%, después de 6 años consecutivos de descensos. Esto es importantísimo porque estamos hablando de que los tributos están girando sobre nuevas bases imponibles, lo que significa que hay más empresas y que los agentes económicos, que son los que devengan esos impuestos, tienen mayor capacidad económica. Eso supone un incremento de bases imponibles que, repito, se produce por primera vez en el año 2014. Este incremento no obedece a que hayamos subido los impuestos; al contrario, responde a la mejora de la actividad económica que se está fraguando ya desde finales de 2012, que se plasma en la balanza por cuenta corriente, y es a mediados de 2013 cuando se concreta en el final de la recesión económica de nuestro país.
Por tanto, todo ello se estimula, insisto, desde la tributación, y en el año 2014 se crean más empresas en España. El PIB crece un 1,4%, se crean 400 000 puestos de trabajo, y eso abre el escenario para que, por fin, podamos bajar impuestos en materia tributaria, la recuperación de la recaudación hasta situarse en torno al 38% del producto interior bruto, y la mejora de la situación económica es lo que nos permite bajar impuestos desde comienzos del año 2015. Y lo hemos hecho de forma decidida, incluso valiente, porque las bajadas de impuestos de 2015 están programadas desde la primavera de 2014. Sin duda, estamos hablando de un escenario que todavía muchos ven incierto en el año 2015, pero que el Gobierno va confirmando con sus mejores pronósticos y sentando con sus políticas.
La rebaja final media en el IRPF, después de que tomáramos también la decisión de adelantar la bajada programada para enero de 2016, es muy sustancial respecto al IRPF a finales de la legislatura anterior. La rebaja llega al 27,4% para el 72% de los contribuyentes, que son los que cuentan con unos ingresos inferiores a 24 000 euros; además, para los que cobran un salario de hasta 12 000 euros al año −los llamados mileuristas− será del 100%. Estos contribuyentes directamente dejan de pagar el impuesto y ni siquiera tienen retenciones en su nómina.
Junto al IRPF también ponemos en marcha en el año 2015 una bajada del impuesto sobre sociedades en España, que tendrá continuidad en el año 2016.
¿Y cómo va la recaudación este año? Pues este año, señorías, les puedo adelantar en la mañana de hoy que, según cifras de la Agencia Tributaria −cifras provisionales, hasta agosto−, en el período enero−agosto del año 2015 la recaudación tributaria en España está creciendo por encima del 5%, absorbiendo, por tanto, una bajada de impuestos que ya hemos hecho en el mismo período de más de 2600 millones de euros. Esta es nuestra realidad tributaria; y detrás de esa realidad tributaria existen avances en la recaudación del IVA que pagan las pequeñas y medianas empresas. Hasta agosto, la recaudación del IVA de pymes está creciendo del orden del 12%. No está mal. ¿Qué es lo que revela esta cifra? Revela dos circunstancias: primera, que estamos en una recuperación económica muy sólida y lo más positivo es que se traslada al empleo y, segunda, que la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, porque no se puede recaudar tanto como estamos recaudando si no fuera porque estamos corrigiendo con mucha eficacia un fraude que se había extendido en nuestra sociedad; incluso, entendiéndolo, comprendiéndolo, aceptándolo, como respuesta a la crisis económica, cuando era al contrario ya que cuanto más se incurre en fraude fiscal más se ahonda la crisis económica y, por tanto, ahora estamos viviendo exactamente el proceso contrario. Es imposible explicar incrementos de recaudación tributaria como los que estamos viviendo solo desde la propia circunstancia de una economía en crecimiento porque, además, no tiene inflación, con lo cual el crecimiento en términos nominales es inferior al crecimiento en términos reales. Por tanto, es materialmente imposible.
Todo ello, obviamente, anima a seguir con estas políticas de bajada de impuestos. Están programadas en los presupuestos para 2016 bajadas del impuesto sobre sociedades y, no cabe duda, que con estas recaudaciones en claro progreso podremos plantearnos también a corto plazo nuevos descensos de figuras tributarias en nuestro país, nuevos descensos de impuestos, que vayan estimulando la actividad económica y garantizando con los incrementos de recaudación la consecución de los objetivos de déficit público. Por eso, estamos creciendo a la cabeza de Europa y, por eso, estamos creando empleo. Esa es la obligación de un gobernante: manejar adecuadamente los mecanismos fiscales que tiene a su disposición para convertirlos no solo en una recaudación financiadora de servicios públicos, que es absolutamente fundamental, sino en una recaudación compatible y estimulante de la actividad económica y en ello mucho tiene que ver mucho la política de lucha contra el fraude.
Señorías, la desigualdad marca un gran objetivo de carácter social en la salida de la crisis económica. La política tributaria puede y debe contribuir a que la recuperación económica se dirija también a evitar la desigualdad excesiva entre los españoles. Por eso, las rebajas fiscales que hemos introducido este año, como ya he descrito, van precisamente orientadas a mejorar el grado de desigualdad de los ciudadanos españoles. Gracias a nuestra reforma fiscal, hay más personas con rentas bajas que han dejado de pagar este año por el IRPF; gracias a nuestra reforma fiscal, las rentas medias y bajas pagan menos impuestos este año que a comienzos de la legislatura anterior; y gracias a nuestra reforma fiscal, las familias numerosas, las que tienen a su cargo a personas con discapacidad y las monoparentales cuentan con ayudas directas de Hacienda por valor de 1200 euros anuales, desde enero del año pasado. Por tanto, estamos favoreciendo también lo que llamamos más técnicamente un impuesto negativo sobre la renta.
Este es el camino y el futuro de la política tributaria avanzada: luchar para combatir la desigualdad a través de cambios, de rebaja de impuestos y mediante la introducción de impuestos negativos destinados a los colectivos que necesitan la mayor protección del Estado: la familia, la mujer trabajadora que ha sido madre y las familias con personas discapacitadas a su cargo. Otros plantean utilizar ayudas directas, pero insisto en que lo que estamos haciendo con la tributación es estimular que esas personas participen en la actividad económica y que, por tanto, con su actividad contribuyan al progreso económico del conjunto de los españoles. Por tanto, nosotros preferimos insistir en bajar los impuestos para estimular la actividad y beneficiar especialmente a las rentas medias y bajas, estableciendo siempre un mínimo exento que constituye de por sí una renta.
Quiero también insistir en la concienciación de los ciudadanos a la hora de pagar sus impuestos. Desde luego, si todos pagáramos los impuestos que nos corresponden, podríamos bajarlos más rápidamente todavía. Aquí está la prueba de cómo va realmente el aumento de recaudación consecuencia de la lucha contra el fraude que lleva adelante la Agencia Tributaria. Estamos haciendo que esa lucha contra el fraude, que ciertamente tiene una gran eficacia en sus resultados, permita la financiación de la bajada de impuestos. El fraude a la Hacienda pública no se puede tolerar porque es el mayor enemigo de la equidad y de la justicia fiscal. Por eso, estamos impulsando con leyes −como la que hoy traigo a esta Cámara− una administración tributaria más eficaz y moderna, y una mejora sustancial tanto en los resultados de recaudación como en la concienciación fiscal del conjunto de la sociedad.
Señorías, desde el año 2012, la Agencia Tributaria está recaudando cada ejercicio en la lucha contra el fraude el equivalente a más de un punto del producto interior bruto. En 2014 se consiguió la mayor recaudación de la historia, 12 318 millones de euros, y los resultados del primer semestre de este año constituyen el mayor arranque de un ejercicio, con 6611 millones de recaudación, un 20% más que en el primer semestre del año pasado. En estos tres primeros años y medio de legislatura ya se han recaudado más de 41 000 millones de euros −exactamente 41 396 millones de euros−, es decir, casi 5000 millones más que en los cuatro años anteriores de legislatura, y que son fruto del esfuerzo que se ha hecho en la prevención y en la lucha contra el fraude fiscal.
Los implicados en el fraude −como expresión genérica− son defraudadores; es decir, personas físicas o jurídicas que toman deliberadamente la decisión de defraudar en el pago de sus impuestos. Eso es lo que hay que perseguir, la insolidaridad de esas personas y empresas: personas que tienen nombres y apellidos, y empresas con su correspondiente razón social; personas y empresas contra las que hemos estado actuado estos años sin que nos haya importado quiénes eran, cuáles eran sus nombres, su afiliación política o su relevancia económica o social. Y, a partir de ahora, seguiremos haciéndolo con los nuevos medios que facilitan estos dos proyectos de ley.
Señorías, los resultados de la lucha contra el fraude son sobresalientes y son realmente el ejercicio de una voluntad política. El Gobierno fue firme desde el primer momento en el impulso de la lucha contra el fraude a través de iniciativas adoptadas en diversos ámbitos. Por un lado, con medidas de gestión, que han intensificado las actuaciones de la Agencia Tributaria. Aquí debo destacar el Plan especial de intensificación de actuaciones, aprobado el año pasado, que ha contado con la colaboración de los sindicatos de funcionarios y que ha permitido incrementar los ingresos directos de actuaciones de control casi un 25% respecto al año 2014. Este incremento ha supuesto a su vez una mejora en la retribución del personal de la Agencia Tributaria. Entre las medidas de lucha contra el fraude, en esta legislatura figura de manera especial la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, que incluye, entre otras medidas, la obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero en el modelo 720. Después de tres ejercicios de vigencia, más de 197 000 contribuyentes han declarado por primera vez activos en el exterior por un valor de 126 300 millones de euros. Señorías, 126 300 millones de euros identificados en esta segunda parte del año 2015 que no estaban identificados a comienzos del año 2012. ¡126 300 millones de euros! Esto es actuar con transparencia y normalizar la posición financiera de los agentes económicos en nuestro país. Esta situación permite ensanchar las bases imponibles declaradas y perseguir el fraude de aquellos residentes fiscales en España cuyas declaraciones fiscales no sean congruentes con los activos o rentas que tengan en el exterior. Tras las declaraciones presentadas el primer año, además de informar, los contribuyentes han ido actualizando su relación de bienes y derechos en el extranjero durante los dos ejercicios siguientes, reflejando separadamente aquellos que han sido extinguidos o revocados −aproximadamente 16 000 millones de euros en 2014 y 12 700 millones de euros en 2015−, y aquellos en los que se produce una alteración de valor superior a 20 000 euros −hasta 70 000 millones de euros en 2014 y casi 46 000 millones de euros en lo que llevamos del año 2015−. Por otra parte, es evidente que todos los convenios que ha firmado España con países que en origen fueron paraísos fiscales ha ido normalizando la situación de los contribuyentes de nuestro país, evitando el fraude que supone la ocultación de bienes en el extranjero.
Una de las iniciativas que más llama la atención en el Proyecto de Ley Orgánica y en el Proyecto de Ley de reforma de la ley general tributaria que hoy traemos a la Cámara, y que representa el broche a la reforma fiscal que les he descrito –me perdonarán sus señorías por haberme extendido en este asunto, pero si no, no se entendería a cuento de qué traemos al final de la legislatura estos proyectos de ley−, es la publicidad; dar publicidad durante los próximos meses a la lista de deudores de mayor cuantía con la administración y al contenido esencial de las sentencias firmes por delito fiscal.
Esa publicidad, que se ha conocido más popularmente como la lista de morosos, de deudores de mayor cuantía con la administración, podrá estar lista a final de año y, por tanto, publicada y difundida, cumpliendo el compromiso del Gobierno.
No hace falta que insista en aclarar que estas medidas no son un fin en sí mismo. El objetivo del Ministerio de Hacienda no es someter al escarnio público a nadie, a deudores o defraudadores, sino que ante el señalamiento de los hechos punibles, esos deudores y defraudadores modifiquen su conducta, su actitud, y se comprometan con el cumplimiento fiel de sus obligaciones tributarias.
Por tanto, lo que estamos haciendo en realidad es promover un instrumento que evite el fraude fiscal, un instrumento adicional a los que hemos ido introduciendo para incentivar el pago voluntario de deuda e impuesto. Lo que quiere el Gobierno es que todos los ciudadanos –insisto en la idea− y las empresas paguen lo que les corresponde y en el momento en que les corresponda; y, en especial, aquellos que tienen más medios para hacerlo. Algunos no lo hacen voluntariamente porque se parapetan detrás de la confidencialidad que otorgan las leyes, con carácter general, a los datos fiscales, y piensan que sus actos no van a ser conocidos por sus familiares o vecinos, ni mucho menos por sus clientes. Lo que hacemos ahora es levantar ese velo que oculta la identidad de aquellos ciudadanos y de aquellas empresas que han sido insolidarias y que han hecho un uso indebido de su capacidad económica. Por tanto, a partir de ahora quedan advertidos de que si se encuentran en esa situación lo que tienen que hacer es regularizarla cuanto antes, porque la falta de solidaridad que han demostrado hasta ahora ha perjudicado a la propia recuperación económica de España.
Esperamos que con esta medida, que introduce la transparencia en la lucha contra el fraude y la morosidad, aquellos que no parecen temer las multas y sanciones, aquellos que desprecian las leyes y se creen que están por encima de los demás cuando se trata de pagar impuestos, se lo piensen dos veces antes de defraudar. Si hasta ahora podían hacerlo pensando que nadie iba a conocer su secreto, a partir de la entrada en vigor de la ley sabrán que sus actos, además de la correspondiente sanción económica o judicial, serán de dominio público y pueden tener consecuencias sobre sus relaciones sociales y profesionales. Además de mayor transparencia, la sociedad también demanda que la administración cuente con instrumentos eficaces para hacer frente a las estructuras más sofisticadas de fraude que aprovechan los contribuyentes que tienen más capacidad para su desarrollo y aplicación. Así, la reforma de la Ley general tributaria introduce una nueva infracción tributaria grave por incumplimiento de las obligaciones fiscales mediante actos o negocios constitutivos de conflicto en la aplicación de la norma. Actuaciones artificiosas o fraudulentas dirigidas únicamente a obtener ahorros fiscales, abusando de lo establecido en las normas tributarias. Se trata, por tanto, de abordar los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal.
Además, para combatir la economía sumergida se mejora el método de estimación indirecta de las bases imponibles en los casos en los que la administración no dispone de los datos necesarios para su cálculo. Esto mejorará la seguridad jurídica al especificar legalmente el origen de los datos a utilizar y su aplicabilidad, tanto en la determinación de sus ingresos –ventas− como en la de sus gastos –compras−, y dota a la administración tributaria de un mejor instrumento contra la economía informal. Asimismo, la ley aclara y precisa el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea necesario en relación con obligaciones y derechos correspondientes a ejercicios no prescritos. Me parece importante destacar que en los casos de indicio de delito fiscal se modifica el procedimiento. Hasta ahora la norma general supone que cuando aparecen estos indicios el caso se remite al juez o a la Fiscalía, pero se paralizan las actuaciones administrativas y no se practica la liquidación, lo que perjudica a la Hacienda pública. A partir de ahora, la Agencia Tributaria podrá continuar con el procedimiento para liquidar y recaudar las cuantías defraudadas, a expensas de la decisión judicial. Con esta medida se busca adelantar y garantizar el cobro del dinero defraudado dentro del respeto a las garantías del proceso judicial.
Finalmente, la reforma introduce modificaciones para reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica. En el primero de los casos, también se amplía la facultad de los órganos de la administración tributaria para dictar decisiones interpretativas o aclaratorias de carácter vinculante que eviten así el conflicto de interpretaciones. También se abren nuevas líneas de colaboración entre contribuyentes y administración para fomentar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias y se sientan los fundamentos legales del proyecto de suministro inmediato de formación para la gestión del IVA en tiempo real, que empezará a funcionar el 1 de enero de 2017, después de las pruebas piloto que se desarrollarán en 2016.
Respecto a las medidas para incrementar la seguridad jurídica, se establecen nuevos plazos, más amplios, para el procedimiento de inspección y se mejoran las reglas para su cómputo, de manera que el contribuyente conozca claramente cuál es la fecha límite del procedimiento. Estos cambios suponen una importante simplificación de la normativa vigente, con reglas más claras y garantistas que contribuirán a una mayor eficacia administrativa y a una reducción significativa de la conflictividad tributaria en este ámbito.
Por otra parte, se aprueban medidas para agilizar la actuación de los tribunales económico−administrativos y reducir la litigiosidad, mejorando la regulación de los procedimientos y promoviendo la utilización de los medios electrónicos en todas sus fases. Entre otras novedades, se potencia el sistema de unificación de doctrina intratribunales y en el procedimiento abreviado se acortan algunos plazos de resolución.
Señorías, a lo largo de estos años el Gobierno ha impulsado una reforma de nuestro sistema fiscal que no está completa y, por eso, el Gobierno debe tener también la aspiración de continuar en la próxima legislatura con otros ámbitos de esa reforma fiscal. Se trataba de modernizar nuestro sistema tributario, de hacerlo más justo, equitativo, más eficiente en términos económicos y, por supuesto, también más eficaz en la lucha contra el fraude fiscal.
A pocos meses del final de legislatura podemos decir que la política que hemos impulsado ha tenido importantes consecuencias positivas, tanto en la realidad socioeconómica de España como en la mejora de la equidad del sistema y en la persecución de las prácticas fraudulentas. La reforma que proponemos ahora de la Ley general tributaria incide especialmente en este último aspecto. Insisto, el objetivo es mejorar la conciencia social de todos y estimular el pago voluntario mediante la persecución de los fraudes y deudas de mayor cuantía.
España puede vivir unos años de crecimiento económico y de creación de empleo que devuelvan el bienestar y las oportunidades que hemos perdido con esta crisis. Esa no es una esperanza o una quimera sino todo lo contrario, es una posibilidad cierta y real que podemos alcanzar si continuamos con políticas como la que estamos proponiendo en esta Cámara. En ese escenario se hace imprescindible intensificar la lucha contra la economía sumergida, que es la que hurta los derechos sociales a los trabajadores, y contra el fraude y las deudas tributarias, que atentan contra el Estado, contra el Estado de bienestar y obliga al resto de los ciudadanos a pagar con sus impuestos más de lo que les correspondería si todos los ciudadanos pagáramos los impuestos en la medida en la que estamos obligados.
Estamos, pues, empeñados en conseguir no solo esa sociedad del bienestar sino también mejorar en términos equitativos para conseguir una sociedad más justa. Y eso incluye una estructura fiscal más equitativa en la que todo el mundo pague los impuestos para que podamos seguir reduciéndolos; ya lo estamos haciendo en el año 2015, especialmente para las rentas medias y bajas.
Ese ha sido el ánimo, el contenido, el objetivo de la política tributaria desarrollada estos años y es el objetivo de la reforma que hoy traemos al Senado de España. Se trata de un objetivo, que estoy seguro de que es compartido por todos los grupos políticos de la Cámara, y es el objetivo por el que el Gobierno solicita el respaldo a estos proyectos de ley por parte de los grupos políticos de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos).
Pasamos al debate de las propuestas de veto.
La primera propuesta de veto es de la senadora Mora, del Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley orgánica.
Para su defensa tiene la palabra la senadora Mora por tiempo de quince minutos.
La señora MORA GRANDE: Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señorías, señor ministro.
Hemos presentado una propuesta de veto al proyecto de ley orgánica en lo referente a la modificación del nuevo artículo 135 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque entendemos que esta modificación es un mero maquillaje, es una reforma efectista de cara a las elecciones generales y tiene poco sentido, entre otras cosas porque ha habido muy poco debate, no se ha admitido ninguna enmienda ni ninguna transacción y no habido ninguna negociación con ningún grupo. Además cuenta con el dictamen contrario del Consejo Fiscal y de la mitad del Consejo General del Poder Judicial.
Es una ley, a pesar de lo que haya dicho el ministro, que crea desigualdad, porque no lucha ni contra los grandes defraudadores ni contra el gran fraude. Es muy loable la lucha contra el fraude fiscal, con la que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con la forma de luchar contra él. Nos parece que el fraude es una lacra muy importante contra la que hay que luchar y por el que la sociedad española muestra un gran interés, y sobre todo es más grave cuanto mayor es el poder adquisitivo, mayor notoriedad y mayor es la responsabilidad pública de los defraudadores.
No podemos compartir ni comprender cómo se publicita esta ley como un adalid en la lucha contra la injusticia social y fiscal cuando en realidad lo que se está haciendo es respaldar a los grandes defraudadores y permitirles pagar por su anonimato. Esta ley va a permitir que las grandes corporaciones tengan tiempo suficiente para establecer un fondo de contingencia en su contabilidad para pagar por su anonimato. Esa es la realidad, es puro populismo normativo en un asunto que es bastante importante para la sociedad y en el que hay un rechazo social indiscutible.
Por otra parte, nosotros entendemos que la reforma no debe hacerse en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que el encuadre jurídico debería ser en el Código Penal. Para nosotros, obviamente, y solo hay que leer la exposición de motivos de esta ley, esta medida tiene un carácter retributivo y aflictivo. De hecho, si uno la lee con detenimiento comprobará que la exposición de motivos lo avala, aunque se intente decir que no es así. Incluso hay numerosa jurisprudencia que afirma que la publicidad de sanciones tiene una naturaleza sancionadora, y como tal entendemos que el encaje debería hacerse en el Código Penal.
Como dijimos ayer en la Ley de enjuiciamiento criminal, entendemos que cualquier reforma penal, ya sea de una ley sustantiva o de una ley procesal, debe hacerse con suficiente consenso, con acuerdo y con la intervención de los operadores jurídicos penales, criminólogos y penalistas, ya que en la práctica, cuando se prescinde de ellos muchas veces nos encontramos con que la aplicación de esta normativa viene poco a orientar las penas de reinserción que postula el artículo 25 de la Constitución.
En cuanto a que tiene una naturaleza aflictiva y sancionadora, entendemos que el régimen transitorio medio que se aplica en la disposición transitoria es inconstitucional y es contrario al artículo 9.3 de la Constitución respecto a la irretroactividad de las posiciones sancionadoras y no favorables de derechos. De la exposición de motivos se desprende que viene a coincidir con los mismos principios de la pena; es decir, esta medida tiene un carácter de retribución, prevención general y prevención especial. Nos preguntamos cómo se pretende que el carácter de esta medida pueda ser útil para la prevención general cuando en realidad la ciudadanía va a admitir o va a asimilar que a los ricos, a los millonarios no se les va a aplicar esta norma. Consideramos que, de cara a la prevención general, no tiene ningún sentido.
En cuanto a la prevención especial, este grupo privilegiado va a poder salvarse de la aplicación de esta norma pagando; tampoco va a ser efectivo para ellos. Por lo tanto, entendemos que no tiene ningún sentido. Esta reforma, y perdónenme la expresión que voy a utilizar, nos parece una tomadura de pelo a la ciudadanía.
En la exposición de motivos se dice también que la finalidad de la norma es reforzar los principios de publicidad judicial, transparencia y eficacia de las actividades públicas. No entendemos cómo puede sostenerse que se va a utilizar la publicidad para luchar contra el fraude cuando en realidad no se aplica la norma a los mayores defraudadores, que van a poder saltarse esta norma; defraudadores que realizan conductas muy reprochables y que tienen conductas totalmente insolidarias. No lo podemos comprender. Además, nos parece absolutamente contradictorio utilizar el principio de transparencia en la lucha contra el fraude fiscal cuando en realidad en ningún momento se plantea dar publicidad a las personas que se acogen a la amnistía fiscal, y sería interesante para la prevención general en cuanto que contribuiría a evitar el fraude de cara a posteriores procedimientos extraordinarios de regularización tributaria. Tampoco se han planteado en ningún momento dar publicidad a los grandes defraudadores por sanción administrativa y que paguen por ello. Tampoco se han planteado en ningún momento hacer pública la lista Falciani de grandes contribuidores con fortunas en el extranjero y paraísos fiscales, lo cual ayudaría a la conciencia social de que hay que contribuir en España, de que hay que contribuir en tiempos de crisis en el Estado español, que, desde luego, es lo más patriótico, como les gusta a algunos comentar. Nos parece una reforma exigua que protege a los grandes defraudadores y que es mero maquillaje.
No podemos comprender, ni compartimos tampoco, que otros delitos del Código Penal que tienen bienes jurídicos igualmente protegidos en el mismo título, como los delitos contra la Seguridad Social, del Título XIV del Código Penal, no han sido incluidos en esta reforma. Por ese entendemos que realmente es un puro populismo mediático.
No entendemos tampoco absolutamente nada, por eso pensamos que esta reforma es una reforma efectista con vistas a las elecciones, que no prevea la publicidad para otros bienes jurídicos igualmente importantes para la sociedad, o incluso más, que son delitos muy graves contra intereses generales: los delitos de corrupción. Según el último CIS de julio de 2015, para la población española el segundo problema mayor en el Estado después del paro es la corrupción. Incluso para los votantes del PP este también es el segundo problema. Si realmente quieren evitar el fraude y que esta medida sirva para evitar estas conductas, como bien ha dicho el ministro hace un momento, ¿por qué no se incluyen los delitos del Título IX del Código Penal, delitos contra la Administración pública, delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y exacciones fiscales? Entendemos que el motivo es el uso electoralista de la ley. Estos delitos de corrupción socavan la confianza en las instituciones y en la democracia, son un ataque directo a la convivencia colectiva y son precisamente los delitos sobre los que mayor reprobación social existe. Por tanto, hacemos una llamada de atención para que tengan a bien introducirlos en algún momento. Hemos presentado este veto porque entendemos que va destinado a vender humo de cara a las elecciones y que los ciudadanos merecemos y necesitamos leyes que resuelvan nuestros problemas, no como esta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.
Los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa, han presentado dos propuestas de veto: la número 1 al proyecto de ley y la número 2 al proyecto de ley orgánica. Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Buenos días, señorías.
Aunque no esté presente, quiero agradecer al ministro que tenga la deferencia de venir al Senado a presentar sus proyectos de ley. Creo que es el único que lo hace con cierta regularidad, por lo que es de agradecer.
Quiero empezar la intervención de defensa de este veto que presento en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, junto con el senador Joan Saura, denunciando una vez más el disparate legislativo que estamos llevando a cabo. Vamos a discutir 37 proyectos de ley en dos meses, 9 proyectos de ley en este Pleno, y es un disparate. Esto de mesurar la legislación a partir del peso, de la cantidad de papel que eres capaz de poner encima de la mesa no sirve para nada. Quiero recordarles que el 36% de los proyectos de ley que hemos discutido en esta legislatura han sido por el procedimiento de urgencia; hoy también. Esto quiere decir que este Gobierno es incapaz de realizar una cierta planificación legislativa o que voluntariamente degrada el trabajo de los legisladores. Una vez más, quiero reiterar que el Senado no solo sigue sin reformar, sino que lo estamos degradando con la mala calidad del trabajo legislativo que realizamos en estas condiciones.
Para defender el veto, voy a seguir el hilo argumental que ha utilizado el ministro en su presentación y en aspectos que no ha dicho hoy pero que dijo en la defensa que realizó en el Congreso.
En primer lugar, el ministro Montoro ha afirmado que el sistema tributario es un espejo muy fiable de la situación de un país; en el Congreso decía: de la moral de una sociedad, y yo añadiría: de la moral de los Gobiernos. Su modelo fiscal y la equidad de sus impuestos nos dicen de qué país estamos hablando y cuáles son sus objetivos y ambiciones. Tiene toda la razón. Luego haré referencia a un aspecto tan central que informa, explica y justifica un modelo tributario, un sistema fiscal.
Como siempre, ha realizado una crítica a la herencia recibida –es un clásico de esta legislatura−, para pasar a continuación a loar la política fiscal llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ha justificado tanto la subida de los impuestos como la rebaja recientemente aprobada. También ha hecho un breve comentario sobre la amnistía fiscal, y ha subrayado la implicación de este Gobierno en la lucha contra el fraude y la potenciación de la Agencia Tributaria. Asimismo, ha hecho referencia, como no podía ser de otra manera, a la publicidad de los condenados por fraude fiscal. Por último, ha cerrado su intervención, como suele hacer, con una encendida defensa de las bondades económicas, sociales y de mejora de la equidad de nuestro sistema fiscal.
Señorías, a pocas semanas del final de la legislatura me permitirán que en la defensa de este veto haga un breve resumen del mandato del Gobierno de Rajoy. A diferencia de lo que opina el ministro de Hacienda, creo que los pilares básicos sobre los que este Gobierno ha construido sus políticas eran y son erróneos.
Ustedes, señorías del Partido Popular, prisioneros de su ideología neoliberal y de su supeditación a los dictados de la troika, han realizado un diagnóstico incorrecto de los motivos de la crisis, y el tratamiento dado ha tenido efectos nefastos. Y no solo hablo de los niveles de paro, de los incrementos de las desigualdades producto de sus políticas y del altísimo nivel de pobreza y de pobreza infantil; no solo hablo de una deuda desbocada. Por cierto, me sorprende, nos sorprende a todos y a todas que el ministro de Hacienda nunca hable de la deuda pública que tiene este país. Estamos casi en la cifra de 1 billón de euros, al cien por cien de nuestro PIB, y la deuda no existe. Es una especie de misterio que solo se puede explicar y justificar en que, como es dato negativo, no interesa hablar de él.
Su política proactiva, la única que han realizado, ha sido la devaluación interna como factor para ganar competitividad, pero, señorías, seguimos instalados en el mismo modelo productivo de baja calidad; es decir, no hemos aprendido nada de esta crisis. Es cierto que hay crecimiento –luego haré referencia a él−, es cierto que hay creación de empleo –también lo matizaré−, pero es que este Gobierno no ha aprendido nada de los motivos de la crisis, que no solo fue la crisis financiera y cómo nos afectó, no solo fue la burbuja inmobiliaria, sino que España tiene un modelo productivo de bajísima calidad, y donde se da el crecimiento, donde se está creando empleo sigue siendo en los sectores de baja calidad, muy frágiles y vulnerables a cualquier coyuntura global económicamente negativa.
Crecemos, sí, ¿pero con qué costes sociales? Diga lo que diga el señor ministro, crecemos gracias a Dragui, al precio del petróleo, a la convertibilidad del euro, a la inestabilidad de otros destinos turísticos; crecemos gracias a un ajuste muy duro impuesto a las clases populares; crecemos, sí, pero de forma desigual, con mayores desigualdades sociales, crecen las rentas de capital, pero no las del trabajo. Como decía antes, seguimos siendo muy frágiles. Miren lo que ha pasado estos últimos días con la crisis china. La economía española crece, pero, insisto, sobre pilares muy frágiles, lo que la hace muy vulnerable. Estamos creando empleo; es evidente que los datos de empleo crecen respecto de los años de destrucción de empleo, pero es un empleo precario y en sectores, insisto, muy vulnerables.
Decía el señor Montoro que el sistema tributario es el espejo de la moral de una sociedad, y es verdad. En nuestro país se pueden distinguir claramente dos sectores: una ciudadanía comprometida y consciente de sus responsabilidades fiscales, que es la mayoría, y una minoría parasitaria e inmoral apoyada por gobiernos como este, un Gobierno que en los momentos más agudos de la crisis se permitió hacer una amnistía fiscal que no logró los objetivos, los ingresos por los que se justificó y representó una verdadera afrenta hacia los contribuyentes. En España el modelo fiscal no es equitativo. Que para los del PP los socialistas lo hicieran peor no es ahora el debate; el debate ahora es qué hace el Gobierno de Rajoy, cuáles son sus políticas y qué leyes nos presenta.
Mi partido criticó con mucha fuerza a Zapatero cuando dijo aquello de que bajar impuestos era de izquierdas; creemos que fue un grave error. Pero en cuanto a lo derechas e izquierdas, les expondré unos datos: En el año 2003, último año completo del Gobierno de Aznar y en plena bonanza económica, el ingreso por el impuesto sobre sociedades era de 22 000 millones de euros; en 2007, en plena expansión económica, ese ingreso era de casi 45 000 millones de euros; en 2011, último año socialista, fue de 16 611 millones de euros; en 2014, según datos de la Agencia Tributaria, ese ingreso fue de 18 713. Pero lo que no ha dicho el señor Montoro es que del 2013 al 2014 fueron 1232 millones menos de ingresos y 2000 más que en 2011. Todo es bienvenido, señorías, pero esto tampoco es como para tirar cohetes. La cotización de las grandes corporaciones fue, como ha dicho el señor Montoro, del 3,8%, pero actualmente es del 5,3%. Es decir, que este Gobierno sigue instalado en una prima a las grandes corporaciones.
Señorías, en el año 2014 se incrementaron todos los impuestos, excepto el de sociedades, cuya recaudación, como antes decía, disminuyó en 1232 millones de euros. Pero es que el 68% de los incrementos que se han producido en 2014 respecto a 2012 se basan en impuestos indirectos, con lo cual seguimos instalados en un sistema poco equitativo, ya que los impuestos indirectos son los menos progresivos que existen.
Pero aún les daré más datos. De las 35 empresas del IBEX 35, 34 están presentes en paraísos fiscales. En 2013 se contabilizaron 810 filiales, un 44% más que en 2012. La inversión española en paraísos fiscales representa casi una cuarta parte del total de la inversión en el exterior, y un 12,4% es inversión circular, es decir inversión que sale de España y vuelve al país después de pasar por un paraíso fiscal. El 26,4% de la inversión española en el exterior son préstamos de empresas españolas a sus filiales. Y otro dato: según la Agencia Tributaria, el tipo efectivo que pagaron las grandes empresas en 2013 fue, como decía antes, del 5,3%, en tanto que las pymes pagaron un 16%. ¿Qué equidad hay en un impuesto sobre sociedades donde las pymes pagan el 16% mientras que las grandes corporaciones pagan el 5,3%? Podemos decir que con los socialistas ese dato era del 3,8%, pero ¡Menuda ambición! ¿En qué han mejorado ustedes? ¿A qué viene tanta palabrería para justificar luego el crecimiento de solo un punto y medio cuando las pymes pagan, insisto, casi tres veces más que las grandes corporaciones?
Antes de hablar del compromiso y la efectividad de este Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal quiero hacer referencia a otro aspecto que siempre se ignora en los debate sobre fiscalidad y a los que este Gobierno nunca hace referencia y es la elusión fiscal, es decir, todos aquellos instrumentos legales que existen, porque el Gobierno quiere, para eludir impuestos. Estoy hablando de las sicav, de las empresas de tenencia de valores extranjeros, de los abusos de los precios de transferencia, de los préstamos intragrupos, de la deslocalización de intangibles y de toda una serie de figuras que permiten que en este país las grandes corporaciones y las grandes fortunas eludan sus impuestos, y esto nunca sale a debate. Este Gobierno nunca ha hecho referencia a estos mecanismos de elusión fiscal y nosotros creemos que también es un factor que grava la equidad del modelo tributario español. Si mala es la elusión, peor es el fraude fiscal; estamos hablando de casi 60 000 millones de euros de los que el 72% proviene de las grandes empresas y grandes fortunas a las que no solo se les permite eludir, sino que a su vez defraudan. Está claro, y hay mucho estudios al respecto, que si fuéramos capaces de recaudar la mitad ‑que nos pondría en la media europea– de lo que se defrauda fiscalmente, incorporaríamos casi un 2,5 de PIB en ingresos tributarios.
Quiero hablar también de la Agencia Tributaria. Según el ministro de Hacienda, este Gobierno la ha reforzado, lo cual es una gran mentira. Yo creo que hay que hacer un poco de memoria y recordar que a lo largo de esta legislatura la Agencia Tributaria ha estado envuelta en polémicas, escándalos, ceses, etcétera. Les podría recordar el caso Nóos, los escándalos respecto a las donaciones al Partido Popular y el cese de un inspector que llevaba el caso de la gran empresa Cemex y que fue acompañada de la dimisión del jefe de Dependencia y Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes; podría hablar de los 320 ceses, dimisiones y cambios realizados en las principales y más sensibles áreas de la agencia; del último y muy reciente cese del delegado de la Agencia Tributaria en la región de Murcia por haber facilitado al magistrado encargado la información pericial del caso de corrupción de Novo Cartago, que afecta de lleno al PP de Murcia.
Una Agencia Tributaria, por otra parte, colapsada, con más de 1400 funcionarios que están en auxilio judicial, nada menos que la cuarta parte de los inspectores, maltratada presupuestariamente y con falta de personal ‑estamos por debajo de la media de la OCDE–. Una agencia que el ministro de Hacienda dice que va a reforzar, pero de tal manera que la disposición final octava del Proyecto de Ley del modelo tributario nos dice que esta ley, como todas estas últimas que estamos aprobando, no puede representar ningún incremento del gasto de personal ni de recursos. ¿Cómo va a reforzar la Agencia Tributaria si añade una disposición final que dice que sí pero sin que cueste un duro? O hablamos de la multiplicación de los panes y los peces o, señorías, no se entiende.
Quisiera finalizar refiriéndome a dos aspectos. Respecto a los defectos del modelo tributario español, estamos hablando de que el modelo está afectado por cuatro rufianes que defraudan, por cuatro aprovechados que eluden, o estamos hablando de un modelo enfermo desde el punto de vista social. Yo creo que tenemos un modelo tributario socialmente enfermo, porque no grava a los que más tienen, es injusto, no prima la equidad, la desproporción en la aportación entre las rentas del trabajo es evidente, es un modelo que permite a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones la elusión fiscal y no se combate con eficacia el fraude fiscal porque la Agencia Tributaria no tiene los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo.
Por último, quisiera terminar diciendo que con este modelo tributario lleno de escándalos, que prima a los más poderosos, que carga en las espaldas de las clases populares todo lo que representa el esfuerzo tributario, es un milagro que en España aún la gente quiera contribuir pagando sus impuestos, porque la pedagogía que hace este Gobierno con sus políticas fiscales es un desastre. Y por ello pido el apoyo a este veto.
Gracias, señor presidente, por el tiempo que me ha añadido. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.
Las senadoras Almiñana y Sequera y los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla y Sabaté han presentado la propuesta de veto número 2 al proyecto de ley y la número 3 al proyecto de ley orgánica. Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.
Señorías, yo voy a hablarles de las razones para vetar estos dos proyectos de ley en cuestión, pero no puedo resistirme, obviamente, a hacer referencia a la intervención del señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a pesar de que no nos acompañe en estos momentos, en primer lugar, como hacía el señor Guillot, para agradecerle su presencia para presentar los proyectos. Si bien, de su intervención ha dedicado en torno a una hora, más de tres cuartos de hora, a hablar no de los proyectos de ley sino de otras cuestiones. Ha venido a explicarnos lo de siempre, lo que podría servir para presentar cualquier proyecto de ley y lo que, por supuesto, seguro que volveremos a escuchar dentro de pocas semanas con motivo de la presentación de los presupuestos: que los socialistas lo hicimos muy mal, que el Gobierno de Mariano Rajoy, con él de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, lo está haciendo de maravilla y que somos la envidia del mundo mundial. Una intervención de pura propaganda, con un balance triunfalista de su gestión.
Yo voy a añadir algunas cosas de las que el señor ministro se ha olvidado en su intervención. Se ha olvidado de hablar, por ejemplo, de que el déficit, efectivamente, se ha reducido, pero quienes más han contribuido a la reducción del déficit no ha sido la Administración central, solo hay que repasar el cuadro que aprobamos en el mes de julio, han sido las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Es verdad, al señor ministro también se le ha olvidado hablar de la deuda, como decía el señor Guillot, porque no es que estemos cerca del billón es que lo hemos pasado. En junio, la deuda de España era de 1 053 025 millones de euros, es decir, en esta legislatura, gracias a la gestión del señor Montoro también ‑supongo, porque todo debe estar en el activo–, España se ha endeudado en más de 300 000 millones de euros, se le ha olvidado decirnos esto. Sí, es cierto que ahora se han bajado algunos impuestos, pero se ha olvidado de decirnos que antes de bajar un poco algunos de estos impuestos ‑sobre lo que ya hablamos en su momento– prácticamente los subió todos; también se ha olvidado de decirnos eso. Se ha olvidado de decirnos que gracias a la herencia recibida han podido utilizar el Fondo de reserva de la Seguridad Social, y de este fondo de reserva han sacado más de 43 000 millones para pagar las pensiones; también se ha olvidado el señor ministro de eso. Y se ha olvidado de decirnos los recortes substanciales que ha efectuado este Gobierno a las políticas del Estado del bienestar: a educación, a salud, a dependencia, a innovación, y, por supuesto, las consecuencias que eso ha tenido y tiene sobre la pobreza en nuestro país. También la pobreza ha crecido, y no lo decimos nosotros, lo dicen organismos independientes y organizaciones como Cáritas. La pobreza ha crecido también, supongo que gracias a la gestión, porque si ha crecido a lo largo de este periodo algo tendrá que ver el Gobierno, no digo que en todo, pero algo tendrá que ver el Gobierno. Eso por no hablar del empleo y de la calidad del empleo que se ha creado. Entre otras cosas, esto, aparte de en el total de horas trabajadas, se refleja también en los ingresos de la Seguridad Social. Porque, señorías, después de que ciertamente la economía dejara de caer y empezara a crecer, este Gobierno acabará la legislatura con prácticamente el mismo empleo que había en el año 2011, que era una situación preocupante, no digo que no, por supuesto que lo era, y también con unos ingresos de la Seguridad Social, con la salud de la Seguridad Social mucho más deteriorada de lo que lo estaba en el año 2011. También de eso nos podía haber hablado el señor ministro. Pero ha dedicado los últimos minutos de su intervención a hablarnos de las leyes, y eso es lo que yo voy a hacer.
Los senadores y senadoras socialistas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya hemos presentado un veto tanto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información en materia fiscal como al Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley general tributaria.
Comienzo refiriéndome al primero de los proyectos mencionados. El objetivo del proyecto de ley, según se desprende de su preámbulo, es aplicar el principio constitucional de publicidad de las actuaciones públicas y, especialmente, de las actuaciones judiciales y de las sentencias dictadas por los tribunales, con los límites que, obviamente, marca la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al principio de publicidad de las normas y a su aplicación específica a las sentencias firmes por fraude fiscal.
A tal fin, el proyecto añade un nuevo artículo, el 235 ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el acceso público a los datos personales contenidos en las sentencias firmes condenatorias por fraude fiscal, alzamiento de bienes, insolvencia punible y contrabando, que tienen como sujeto perjudicado a la Hacienda pública. Su anclaje constitucional es, obviamente, el derivado del artículo 31.1 de la Constitución, que define nuestro sistema tributario como justo, y la obligación de que todos han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Pues bien, la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990 se refiere a esta obligación y considera que la lucha contra el fraude fiscal es un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos y que es inherente a un sistema tributario justo del que habla precisamente la Constitución.
Ahora bien, la regulación que recoge el proyecto de ley, a nuestro entender, es timorata, insuficiente y no conseguirá los objetivos que dice perseguir sino que puede que alcance algunos contrarios. No responde a las demandas sociales de más transparencia, después de los bochornosos espectáculos que hemos visto y vivido protagonizados por defraudadores y corruptos que se han acogido a la amnistía fiscal; no digo que sean todos corruptos, pero sí defraudadores. La utilización de este mecanismo por personas imputadas y la alarma social que ello ha provocado hace necesaria la publicación de los datos de las personas beneficiarias de la amnistía para asegurar la transparencia y la lucha contra el fraude, el blanqueo y la corrupción. Pero el proyecto de ley no solo no lo contempla sino que prevé que solo se hará pública la identidad de los infractores tributarios si han sido condenados y no han abonado la cuota y la correspondiente sanción; es decir, se publicará el nombre de los defraudadores condenados, pero no de los que hayan pagado. Solo conoceremos la identidad de aquellos que no han querido o no hayan podido pagar o avalar. La identidad del defraudador condenado, con recursos económicos, y que pague continuará siendo opaca, y esto no es transparencia, señorías.
¿Por qué lo regulan así? Es lo que yo me pregunto, porque ustedes saben que no puede uno escudarse en el artículo 18.4 de la Constitución. Diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la C-92 y la C-93, de 9 de noviembre de 2010, referidas a la interpretación de los artículos 18 y 20 de la Directiva 95/46, y a los artículos 7 y 8, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, respecto a la validez de las disposiciones del derecho de la Unión, que establecen la publicación de datos personales de las personas físicas, nos dicen que el derecho a la protección de datos de carácter personal no constituye una prerrogativa absoluta sino que debe ser considerado en relación con su función en la sociedad. A pesar de ello, el Gobierno ha querido, después de varios borradores, descafeinar el texto, y muchos pensamos por qué.
Una segunda razón que motiva este primer veto es también la oportunidad perdida que supone no haber aprovechado este proyecto de ley para regular otros comportamientos defraudatorios de gran trascendencia para la Hacienda pública como son los delitos de fraude a la Seguridad Social o la indebida obtención de subvenciones y ayudas públicas.
Señorías, paso ahora a comentar también las razones que han motivado la presentación de nuestro otro veto al Proyecto de Ley de modificación de la Ley general tributaria. Según el preámbulo del mencionado proyecto de ley, sus objetivos serían los siguientes: el reforzamiento de la seguridad jurídica, tanto de los obligados tributarios como de la Administración tributaria y la reducción de la litigiosidad en esta materia; la prevención del fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias; y el incremento de la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, tratando de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración. En definitiva, mejorar, adaptar y completar la regulación del sistema tributario español, haciéndolo más justo y más eficaz.
Nosotros compartimos estos objetivos, lo que ocurre es que, desde nuestro punto de vista, el texto articulado del proyecto de ley no cumple con los objetivos que dice perseguir en su preámbulo. Consideramos que la Ley general tributaria, por supuesto, constituye un pilar básico para el correcto funcionamiento de nuestro sistema tributario, teniendo que adaptarse, obviamente, a las transformaciones del ordenamiento jurídico y a la práctica tributaria de nuestro país. De ahí que señalemos que no compartimos por insuficientes las medidas e instrumentos del proyecto de ley. En primer lugar, porque no responde a las demandas sociales de más transparencia −a eso me he referido cuando hablaba del veto al proyecto de ley orgánica−. El escándalo que supuso la amnistía fiscal, los casos conocidos de defraudadores y corruptos, así como por la regulación de este proyecto de ley orgánica y por la regulación del nuevo artículo 95 bis de la Ley general tributaria, este proyecto no solventa el problema de transparencia y de credibilidad cuando más lo necesita la Administración.
En segundo lugar, motivan también nuestro veto las relevantes deficiencias en la regulación del denominado conflicto en la aplicación de la norma tributaria en materia de prescripción o en la articulación de las infracciones y sanciones, por un lado, y la prescripción, por otro, como pone de relieve, por ejemplo, el informe del Consejo de Estado que reprocha la regulación de estos preceptos que contiene el proyecto de ley, considerándolos, además, no acertados y poco respetuosos con los principios constitucionales.
En tercer lugar, en lo referente a las actuaciones inspectoras, si bien nosotros compartimos la necesidad de ampliar los planes de las actuaciones −que, por cierto, fueron reducidos por este Gobierno−, no puede admitirse la desnaturalización de la prescripción como a nuestro entender propicia el texto del proyecto de ley.
En cuarto lugar, el proyecto de ley viene a consagrar en materia de delito fiscal la garantía de la impunidad. Podríamos decir que ya se instauró con la reforma del Código Penal, que ya ha hecho desaparecer las penas para quienes regularicen su situación tributaria. La desaparición de este delito arrastra, además, a otros posibles delitos conexos relacionados con él como el blanqueo. El proyecto de ley insiste en considerar la regulación como el verdadero reverso del delito, concepción esta que, por supuesto, nosotros rechazamos de plano.
En quinto lugar, el proyecto de ley, al introducir regulaciones de cuestionable viabilidad constitucional, desde nuestro punto de vista, otorgando a la Administración potestades de límites imprecisos, puede incidir negativamente en el principio de seguridad jurídica y especialmente en el de igualdad de todos los contribuyentes ante la ley. Todo ello después de una reforma fiscal, a la que sí que se ha referido el ministro, que ha comportado, desde nuestro punto de vista, un tratamiento más favorable a las rentas más altas y a las rentas de capital. Solo hay que ver dónde se concentrarán las mayores bajadas de impuestos: en aquellas personas, en aquellos contribuyentes –que no son muchos− que ganan más de 300 000 euros. Hoy, señorías, el sistema tributario es más injusto y menos equitativo y a ello habríamos de sumar esta modificación de la Ley general tributaria que consagra la desigualdad entre los contribuyentes, que verán cómo la norma se aplica con rigor a la mayoría y que comportamientos defraudatorios o elusivos más graves pueden relajarse por las impugnaciones de los contribuyentes de mayor capacidad económica y por la utilización de la ingeniería fiscal. Referente a esto hemos presentado algunas enmiendas para tratar de corregir esta cuestión.
En sexto lugar, la reforma que comporta el proyecto de ley deja de lado y orilla una reforma que sería más ambiciosa, que afrontara las necesidades reales, los nuevos problemas de aplicación de nuestro sistema tributario derivados de la globalización y de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Ello pasa por reforzar el papel de la Agencia Tributaria debilitada después de esta legislatura –también a eso se han referido algunas de las personas que me han precedido en el uso de la palabra−, carece de los medios adecuados y se ha debilitado en la lucha contra el fraude. Se trata de que la Agencia Tributaria, además, pueda hacer esta labor de lucha contra el fraude cada vez de manera más coordinada, por supuesto, con otras administraciones, y, especialmente, también con otros países en el marco de la Unión Europea.
Igualmente es necesario, desde nuestro punto de vista, plantearse la lucha contra el fraude, la evasión fiscal, los paraísos fiscales y las jurisdicciones no cooperativas y hacerlo por razones éticas y morales, pero también por razones sociales y económicas. No puede ser que, con unos tipos medios mayores que la media de la Unión Europea, la recaudación del PIB nos sitúe en la cola de los países de la Unión Europea. España debería liderar, a nivel europeo e internacional, acciones en la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal. Desde luego, pensamos que estos instrumentos que aprobaremos no van a ayudar mucho.
Señorías, estos problemas a los que me refería al final de mi intervención no existen o no son prioritarios para estos dos proyectos de ley. Por tanto, no se prevén en las normas las modificaciones legales que faciliten la lucha contra estas prácticas delincuenciales.
Para resumir y acabar, estamos ante una reforma parcial, limitada y con numerosísimas deficiencias de la Ley general tributaria que no responde a los problemas de nuestra situación tributaria de hoy en día y ante una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial que servirá en el fondo para encubrir a aquel defraudador que, aunque esté condenado, pague. Todas estas son razones suficientes para plantear estos dos vetos y solicitar la devolución de los proyectos.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió ha presentado la propuesta de veto número 3 al proyecto de ley.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Bel.
Señorías, como en otras ocasiones, vaya en primer lugar mi reconocimiento al señor Montoro porque es el único ministro que viene a presentar prácticamente todos los proyectos. Hasta ahora los presentaba, pero lo que ha hecho hoy ha sido un tanto peculiar: ha dedicado aproximadamente un 10% de su tiempo de intervención a presentar los dos proyectos y un 90% a hablar de su libro, con lo cual nos habilita a hacer exactamente lo mismo. Yo voy a dedicar un 10% de mi tiempo a presentar el veto que hemos propuesto y un 90% a presentar un veto sobrevenido al libro del señor Montoro.
Nuestro grupo ha presentado un veto al Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley general tributaria a pesar de que, si uno lee las primeras líneas del preámbulo de la ley, la verdad es que coincide con su contenido. ¿Es necesaria una reforma de la Ley general tributaria después de unos años de vigencia en unos tiempos en que la economía ha evolucionado de forma importante? Sí. ¿Es necesaria para luchar contra el fraude? Sí. ¿Es necesaria para incrementar la seguridad jurídica de todos los que intervienen? Sí. ¿Sería necesaria para reducir la litigiosidad en relación con el ámbito tributario? Sí. Por tanto, alguien puede pensar: ¿y por qué presentan un veto? Porque coincidimos en el desiderátum, pero este no se cumple ni se concreta –antes al contrario− en el texto propuesto. Desde nuestra óptica, el texto propuesto no incrementa la seguridad jurídica; al contrario, yo creo que la disminuye y abre puertas a que se incremente la litigiosidad. Se consolida el concepto de que la mayor parte de los contribuyentes tiene como objetivo defraudar y, por tanto, se les cercenan algunos derechos y posibilidades que la legislación actual ampara. Es verdad que puede incrementar la lucha contra el fraude, pero entendemos que se queda absolutamente corto.
Aparte del veto hemos presentado todo un conjunto de enmiendas que voy a defender posteriormente. Las voy a defender por moral, por dignidad, porque dan ganas de subir a la tribuna y decir: las doy por defendidas; ya que al final van a prosperar las mismas tanto si utilizo todo el tiempo como si no. Como decía el señor Guillot, estamos en un periodo de final de legislatura donde van pasando las leyes como si fuera esto una cadena de producción veinticuatro horas al día. No se admite ninguna enmienda y algunas de las que se admiten son exclusivamente del Partido Popular, lo cual nos deja un poco desanimados. En todo caso, vamos a presentar nuestras enmiendas; algunas son meramente técnicas y otras tienen más contenido. No obstante, hemos presentado un veto al proyecto porque, a pesar de coincidir con la necesidad de una reforma de la Ley general tributaria, la realidad es que no hay ninguna otra coincidencia.
Dicho esto, voy a presentar el veto al libro del señor ministro. El señor ministro ha venido aquí, como preámbulo de las elecciones –todo se entiende, hoy el presidente del Gobierno hablaba de si serían el día 13 o el 20 de diciembre−, y alguien podría entender que toda esta vorágine legislativa que se está produciendo al final del mandato forma parte simplemente de la precampaña electoral del mes de diciembre. En todo caso, los ciudadanos juzgarán. Pero, con motivo de estas leyes, el señor ministro comparece en el Senado –cosa que siempre es de agradecer− y empieza a hacer un repaso de la política del Gobierno en el ámbito tributario y fiscal a lo largo de los últimos cuatro años. No toca, pero este no deja de ser siempre un tema interesante. Y, claro, algunos de los logros señalados por el señor ministro, nosotros se los tenemos que matizar. Alguien me podría decir: no toca, pero sí toca porque estoy vetando la intervención del señor ministro, que no las leyes.
El señor ministro se ha jactado de que esta ha sido una buena legislatura, en la que el déficit de las administraciones públicas se ha reducido de forma importantísima y se ha incrementado la recaudación fiscal, y ha dado datos en relación con la recaudación del año 2015 que después mencionaré.
Veto a la reducción del déficit de las administraciones públicas. Veto a la totalidad. La reducción del déficit de las administraciones públicas se ha llevado a cabo prácticamente de forma exclusiva por parte de las administraciones territoriales: comunidades autónomas y corporaciones locales. Pueden repasar los datos de los últimos cuatro años. El ministro se ha olvidado de recordarlo. Se ha olvidado de recordar el gran esfuerzo que han hecho las corporaciones locales; de recordar el gran esfuerzo que se han visto obligadas a realizar las comunidades autónomas. La reducción del déficit de las administraciones públicas en el Estado español durante los últimos cuatro años lo han protagonizado las administraciones territoriales. Por tanto, no es de recibo que esta medalla se la pretenda adjudicar exclusivamente el Gobierno del Estado central. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).
Los objetivos de consolidación fiscal. Resulta paradójico que ustedes –yo hablo de mi libro−, posteriormente a estas leyes, presenten una ley de modificación presupuestaria que incrementa en 856 millones la partida del Ministerio de Defensa. ¿Esto se compensa a las comunidades autónomas, se compensa a las corporaciones locales? Por supuesto que no. Por tanto, reducción del déficit público sí, pero con dos grandes protagonistas: comunidades autónomas y corporaciones locales.
Se ha producido un incremento sustancial de la recaudación fiscal según el ministro. En primer lugar, porque se exigió un incremento de impuestos que no aparecía en su programa electoral y, posteriormente, gracias a esta sabiduría implícita de los miembros del Gobierno. Pues bien, tanto en uno como en otro caso –que no voy a discutir−, este incremento de la recaudación fiscal del que se jacta el señor ministro no ha beneficiado ni en un euro a las comunidades autónomas, que son las que se han visto abocadas a reducir más su déficit. Ni en un euro. Porque el incremento de recaudación del IVA, por el incremento de los tipos impositivos del IVA, el incremento de recaudación del IRPF, por el incremento de los tipos impositivos del IRPF −ninguno de los cuales figuraban en el programa electoral del Partido Popular−, han beneficiado exclusivamente al Gobierno central. Las comunidades autónomas no han visto ni un euro de este incremento de recaudación fiscal. Porque lo que les beneficiaba su participación del 50% se veía reducido en el Fondo de suficiencia. Por tanto, en ningún momento este incremento de recaudación fiscal, que no deja de ser un incremento del esfuerzo fiscal de cada uno de los ciudadanos de este Estado, ha beneficiado a las comunidades autónomas ni a las corporaciones locales. Exclusivamente ha beneficiado al Gobierno central. Y el señor ministro no lo ha recordado.
El señor ministro casi termina su intervención haciendo un repaso de la recaudación de los diferentes tributos a lo largo de este 2015. Y con satisfacción dice: A lo largo de 2015 la recaudación ha incrementado un 5% −felicidades, señor ministro−. Y, además, sepan ustedes que la recaudación del IVA de las pequeñas y medianas empresas ha incrementado un 12% −felicidades, señor ministro−. Entonces, la pregunta de mi grupo es: Si tanto ha incrementado la recaudación del IVA, ¿por qué no cumplen su compromiso de reducir el IVA cultural, como se comprometieron públicamente ministros y presidentes del Gobierno? (Aplausos). ¿Por qué no lo cumplen? ¿Por qué no aprovechan este gran incremento de la recaudación del IVA, que hoy ha anunciado el ministro, para cumplir su compromiso? Yo me comprometo a decirles que no será una medida electoral, será una medida de justicia, una medida con la que se comprometieron y que no están cumpliendo. Y no la están cumpliendo por partida doble, porque incrementaron el IVA cultural cuando no lo llevaban en el programa electoral y dijeron que cuando la recaudación lo permitiese lo reducirían, y no lo están reduciendo.
Hoy yo echo en falta una cosa, señor ministro –aunque no está el señor ministro aquí delante−, señores del PP, que junto a este anuncio del incremento del 12% de la recaudación del IVA de las pequeñas y medianas empresas, ustedes hayan anunciado: Vamos a cumplir nuestro compromiso y vamos a reducir el IVA cultural, tal y como habíamos anunciado. Porque si no, estos anuncios no tienen credibilidad. Mi pregunta es: ¿Y este anuncio de recaudación de un 5% de todos los tributos, me pueden explicar en qué va a beneficiar a la financiación de las comunidades autónomas? ¿Cataluña, aunque podríamos poner cualquier otra comunidad como ejemplo, va a beneficiarse en algo de este sobreesfuerzo del conjunto de la economía que paga más impuestos? Ya se lo contesto yo. No se va a beneficiar. ¿Las corporaciones locales se van a beneficiar? No se van a beneficiar. Aquí hay unos cuantos alcaldes. Hace pocas semanas habrán recibido una bonita notificación de la liquidación de la participación en tributos del Estado. La mayoría de ustedes, como yo mismo en mi ayuntamiento, tendrán liquidaciones negativas. Y el concejal de Hacienda me pregunta: Oye, alcalde, si incrementa tanto la recaudación, como están diciendo los del Gobierno central, ¿por qué me mandan liquidaciones negativas de la participación en los tributos del Estado? La verdad es que no es fácil contestarle, pero yo me esfuerzo y le contesto, aunque, como digo, no es fácil. Y la contestación es esta: Este incremento de recaudación que se está produciendo, se lo está apoderando exclusivamente el Gobierno central y no deja que participen en él ni las comunidades autónomas ni las corporaciones locales.
En base a esto presentamos un veto no solo al proyecto de ley, sino a la intervención que hoy mismo ha realizado el ministro presentando estos dos proyectos de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bel.
Por el Grupo Socialista, para defender el veto número 4 al proyecto de ley, tiene la palabra la senadora señora Marra.
La verdad es que yo subo a esta tribuna con el objetivo de hablar de estos dos proyectos de ley. Por cierto, dos proyectos de ley a los que el Grupo Socialista presenta vetos, también lo hicimos en el Congreso y, por lo tanto, solicitamos su devolución al Congreso de los Diputados. Pero no puedo por menos dejar de hacer referencia a la intervención del señor ministro.
Que el señor ministro diga que viene a esta Cámara a presentar estos proyectos de ley, que de los más de cincuenta minutos de intervención no haga referencia, apenas en cinco minutos, a hablar de ellos, realmente es vergonzoso, señorías del Partido Popular. Miren, es vergonzoso que el señor ministro utilice esta Cámara para dar mítines que no se cree nadie, nadie, señorías del Partido Popular, y que la abandone, por cierto, sin escuchar al resto de los portavoces de esta Cámara; que hable de las bondades de la economía y no diga la verdad porque realmente no dice la verdad, oculta información; que no tenga en cuenta factores externos, como la caída del precio del petróleo o la bajada del euro frente al dólar, o bien decisiones del propio Banco Central Europeo, decisiones, por cierto, que se han tomado en los últimos años y que el Partido Socialista ha venido reclamando a lo largo de toda esta legislatura. Es vergonzoso que no hable de cómo el Gobierno de Rajoy ha incrementado la deuda pública. Portavoces anteriores han hecho referencia a estos datos. Deuda pública cercana al cien por cien; estamos hablando de más de un billón de euros, más de 300 000 millones de euros de incremento con el Gobierno del señor Rajoy en esta legislatura. Es vergonzoso que el ministro no hable de cómo han vaciado la hucha de las pensiones: 37 700 millones de euros menos; de 66 815 millones de euros que teníamos a finales de 2011 –por cierto, durante toda la legislatura del Partido Socialista se incrementó esta hucha de las pensiones−, ahora tenemos 39 520 millones de euros y el recurso del Partido Popular siempre es recortar, vaciar la hucha de los pensionistas, poniendo en peligro el futuro de muchísimos ciudadanos de este país.
Sería conveniente, por ello lo solicito aquí, que ustedes, señorías del Partido Popular que en teoría tienen comunicación directa con el señor ministro, le recomendasen al ministro que se leyese encuestas tan importantes como las de Cáritas, la del CIS o, por ejemplo, la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que nos dice que la población en riesgo de pobreza y de exclusión social avanza en España sin precedentes, el 29% en este momento. O le hablasen de los recortes que se han realizado a lo largo de esta legislatura en bienestar social, salud, dependencia, educación… o le hablasen de la precariedad y la temporalidad del mercado de trabajo en nuestro país.
Para entrar más en el debate, porque mi objetivo a lo largo de estos quince minutos que tengo es hablar, precisamente, de estos dos proyectos de ley, sería conveniente que le recomendasen también al señor ministro que se lean estudios sumamente rigurosos que ya existen disponibles de cómo ha perjudicado y los efectos que ha tenido la reforma fiscal. Quiero recomendar algunos de los estudios, como es el caso del Fedea −por cierto, una fundación dependiente del Ministerio de Hacienda−, que nos viene a decir que los más beneficiados son los contribuyentes cuya renta está integrada mayoritariamente por rentas del ahorro, ganancias de patrimonio y también sujetos a rendimientos mobiliarios e inmobiliarios superiores al 90% de renta; y los menos beneficiados son, precisamente, aquellos contribuyentes con actividades económicas o bien del trabajo y con una renta superior al 90%. En definitiva, este estudio nos viene a decir que el 1% de contribuyentes más ricos, con más patrimonio, más riqueza, se van a llevar de esta rebaja fiscal tanto como 14 millones de contribuyentes, algo realmente vergonzoso.
Para no seguir hablando del señor ministro, quisiera centrarme ya en este proyecto de ley, que es el objetivo que tenemos los socialistas aquí.Reitero, es un proyecto de ley para el que pedimos la devolución al Congreso de los Diputados, y son varias las causas que nos llevan a hacerlo. En primer lugar, porque se han venido dilatando plazos, se ha venido retrasando su elaboración, y los numerosos problemas que presentaba inicialmente no se han resuelto, por el contrario, siguen muy vigentes con la modificación parcial que trae el Gobierno a esta Cámara.
Es un proyecto de ley que no cumple con la finalidad que en él se declara. Por cierto, ninguna de las declaraciones que en él se hacen se va a cumplir. Así, no se incrementará la seguridad jurídica en la aplicación de los tributos, muy al contrario, habrá mayor inseguridad jurídica, ni va a disminuir los niveles de litigiosidad; por el contrario, se incrementarán a la vez que harán más ineficaz la gestión de los tributos. Por lo tanto, no contribuirá, como bien se recoge en el mismo proyecto de ley -y sería conveniente que lo modificaran en esa línea- al cumplimiento efectivo del mandato del artículo 31 de nuestra Constitución y, por consiguiente, a la consecución de un sistema tributario que sea más justo y más equitativo, que es el objetivo que se debería tener con estos proyectos de ley.
Se trata, por tanto, de reformas parciales, limitadas, defectuosas, insuficientes, en especial en materia de publicidad de comportamientos defraudatorios. Se constata la renuncia del Gobierno del señor Rajoy a dar a conocer la identidad de los beneficiarios de la vergonzosa amnistía fiscal; una amnistía fiscal que tiene graves consecuencias económicas, además de ser muy cuestionable éticamente tanto para la sociedad en su conjunto como para la Hacienda pública. Es una medida tremendamente injusta y, además, el secretismo con el que el Gobierno del señor Rajoy ha venido ocultando a sus beneficiarios genera un rechazo unánime por parte de la ciudadanía. Son innumerables los medios de comunicación que han venido hablando de esta vergonzosa amnistía fiscal, que no solo ha servido para regularizar fondos hasta entonces ocultos a la Hacienda pública, sino que ha ido más allá, y ha sido tremendamente injusto para el resto de los ciudadanos al ocultar el origen de estos fondos, que en muchos casos proceden de actuaciones claramente delictivas.
Y no quisiéramos pensar mal, pero la pregunta que nos hacemos es por qué el Gobierno del señor Rajoy, por qué el Partido Popular no quiere hacer pública la identidad de personas, de sociedades y demás entidades que se acogen a esta amnistía fiscal. Solo el mantenimiento de este artículo 95, tal y como viene formulado, tal y como viene planteando en este proyecto de ley para el Grupo Parlamentario Socialista constituye una clara causa de oposición y de veto a este proyecto de ley.
De igual manera, no podemos compartir que el Gobierno de Rajoy no haga pública la identidad de los infractores tributarios; es decir, personas físicas y jurídicas que han sido sancionadas por la comisión de infracciones tributarias; hablamos, pues, de fraude fiscal, cuando estos hayan abonado la totalidad de la cuantía correspondiente a la sanción.
Fíjense en lo terrible e injusto que es esto; es decir, que aquellos que pagan eluden que su identidad sea publicada. Esta medida es, como digo, terriblemente injusta, además de claramente elitista. Con ello se nos dice que con independencia de la cuantía del fraude, de la infracción tributaria que se haya cometido, aquel contribuyente que posea recursos suficientes para evitar que su identidad se haga pública dejará de figurar en estas listas.
Señorías, con estas medidas del Partido Popular se está atentando contra el principio de igualdad, además de contra los de justicia y equidad que deben regir siempre en un sistema tributario. Ahí están la críticas fundadas que proceden del Consejo General del Poder Judicial así como del Consejo de Estado, sin contar con que no se haya recabado ningún informe pertinente del Consejo Económico y Social, de especial transcendencia en la regulación de estas materias.
En consecuencia, son numerosas las críticas que se hacen –reitero-, tanto por parte del Consejo General del Poder Judicial como por el Consejo de Estado; críticas y deficiencias que en estas leyes hacen referencia a la prescripción, no resultando permisible una imprescriptibilidad máxima o incluso incoherencia en los propios plazos de la actuación inspectora. Es un proyecto de ley que instaura garantías de impunidad en materia de delito fiscal, que con la reforma del Código Penal hace la excusa absolutoria, permite la exención de pena a quien regularice su situación tributaria. Desaparece, por tanto, el delito de regularización, arrastrando a delitos conexos, incluso blanqueo de capitales cuando regularizamos la situación tributaria. De ahí que insista en que esta regularización de la situación tributaria viene a ser, de hecho, un verdadero reverso del delito, una concepción de delito fiscal con la que estamos completamente en contra y ya se ha reiterado esa posición contraria por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Cuando se introducen estas regularizaciones se está cuestionando la viabilidad constitucional e incidiendo negativamente en principios fundamentales como el de seguridad jurídica. Habrá mayor inseguridad jurídica, pero sobre todo también se está cuestionando la igualdad de todos los contribuyentes ante la ley. Por tanto, no es admisible que se legisle en función de la capacidad económica, en función de la distinta capacidad que tienen de recurrir los actos que en su día se dicten a su amparo. Porque cuando lo hacen, señorías del PP, lo que provocan con este proyecto de ley es que aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica agoten todos los recursos en vía administrativa judicial, lo que claramente nos lleva a un sistema tributario más injusto, en la medida en que aquellos que tengan mayores recursos serán también los que podrán recurrir dichas sentencias. Tampoco este proyecto de ley va a reducir niveles de litigiosidad; por el contrario, señorías, se van a incrementar estos niveles. Señorías del Partido Popular, ¿acaso creen ustedes que aquellos contribuyentes que tengan capacidad económica no agotarán todos los recursos existentes para regularizar su situación tributaria para que desaparezca el delito, incluso el blanqueo de capitales? Todo lo contrario, estas personas agotarán hasta el último recurso. Por tanto, se incrementarán los niveles de litigiosidad, con el objetivo de que desaparezca el delito, incluso el de blanqueo de capitales. Una norma que se aplica con todo rigor para la mayoría, por cierto, en tanto la corrección y sanción de comportamientos defraudatorios o elusivos más grandes puedan quedar impunes para aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica.
En consecuencia, señorías, con este proyecto de ley tenemos un sistema tributario más injusto, con mayor discriminación, menos equitativo, que va a favorecer la redistribución de la carga tributaria orientada a favorecer a contribuyentes con mayores ingresos y ello nos va a llevar a una cruel desigualdad. Además de las deficiencias, de los problemas que acabo de enumerar, con estos proyectos de ley se está renunciando también a hacer frente a uno de los mayores problemas que en este momento tenemos en la sociedad española, se renuncia a fortalecer el papel de la Agencia Tributaria, de luchar eficazmente contra el fraude y la evasión fiscal, los paraísos fiscales y la jurisdicción no cooperativa. Se renuncia, en definitiva, a la necesidad de incrementar los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados especialmente a la lucha contra el fraude fiscal que permita situar a España en la media de los mayores países de la Unión Europea y paliar el efecto de la amortización de plazas previstas en dicha agencia. Esta renuncia se evidencia en los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno del señor Rajoy renuncia a incrementar los efectivos necesarios en esta Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal. En estos Presupuestos Generales del Estado se está recortando en casi 700 efectivos en esta agencia para la lucha contra el fraude fiscal. Pasaremos a tener 16 813 efectivos en 2016 frente a los 17 143 previstos. Así, señorías del PP, mal vamos a poder luchar contra esta lacra del fraude fiscal en nuestro país.
Se olvidan de la urgente e imperiosa necesidad que dice el Gobierno del señor Rajoy de adoptar medidas que restablezcan la independencia y la objetividad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que aporten seguridad y tranquilidad a sus funcionarios, que acaben con las constantes injerencias que por parte del Gobierno del señor Rajoy se están haciendo en la Agencia Tributaria, unas injerencias, señorías del Partido Popular, que están causando una daño irreparable para luchar contra el fraude fiscal. Se renuncia por parte del Gobierno del señor Rajoy, en la práctica, a adoptar medidas concretas de lucha contra la evasión y la elusión fiscal de las empresas multinacionales; no se han adoptado medidas de modificación legal necesarias para la legislación tributaria; no contempla infracciones específicas aplicables al comportamiento de algunas entidades financieras y consultoras que colaboran en el fraude y la evasión fiscal de grandes contribuyentes, sean estas personas físicas o empresas multinacionales.
En definitiva, señorías del PP, se olvidan de medidas necesarias que respondan a una determinación en la regeneración democrática de este país, algo que es realmente vergonzoso.
Termino ya, señorías. Esta es una reforma injusta, defectuosa, chapucera y desigual de la Ley General Tributaria y del proyecto de ley orgánica, que no aborda las modificaciones legales necesarias y urgentes para luchar con eficacia y equidad y con todos los medios humanos y materiales contra el fraude y la evasión fiscal de los contribuyentes con mayor capacidad económica.
Por todo ello, pedimos el apoyo de esta Cámara a estos dos vetos que presenta el Grupo Socialista a estos proyectos de ley y su devolución al Congreso de los Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora Marra.
En turno en contra, tiene la palabra la senadora Angulo.
Señorías, esta mañana quiero defender, en nombre del Grupo Popular, nuestro voto en contra de las propuestas de veto presentadas, pero sobre todo será un voto a favor de estos dos proyectos de ley que trae el Gobierno porque nuevamente son dos proyectos de ley que suponen un nuevo hito importante ‑lo decía el señor ministro− para el desarrollo de una estrategia fiscal, que comenzó en el minuto uno de la legislatura y que con estos proyectos de ley se perfecciona. Estrategia fiscal que ha explicado perfectamente el ministro Montoro, a quien, como portavoz del Grupo Popular, quiero agradecer su presencia para explicar todas y cada una de las leyes, todos y cada uno de los proyectos de ley a lo largo de la legislatura, y han sido muchos, no solo al final, sino desde el principio de la legislatura. También quiero agradecer el contenido, el trabajo y los resultados, que, como él muy bien ha explicado, requieren tiempo, porque explican por qué traemos hoy estos proyectos de ley y cuál ha sido la trayectoria, que culmina con la presentación de estos proyectos de ley.
Hace algo más de tres años, en el año 2011, subí a esta tribuna y dije que era un honor para mí presentar el primer compromiso del Partido Popular −primer compromiso cumplido−: traer a las Cámaras el Proyecto de Ley de estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria que ustedes tanto han denostado y de la que tanto han abominado a lo largo de tantas sesiones plenarias ha demostrado ser la llave que, una vez más, como ocurrió con otros gobiernos del Partido Popular, ha abierto la puerta del crecimiento y la creación de empleo, que hoy la mayoría de los portavoces han tenido que reconocer. Es un punto de inflexión, aunque llegue al final, reconocer que se está creciendo y creando empleo, a pesar de todos ustedes, que, como hoy, han presentado vetos prácticamente a todas y cada una de las leyes que el Gobierno del Partido Popular ha traído a esta Cámara en materia económica. Ese fue nuestro primer compromiso, esa fue nuestra primera ley.
España hoy, como decía el ministro, triplica el crecimiento de la Unión Europea y se crea empleo a un ritmo del 3,2%. Asimismo, se elevan las previsiones de crecimiento hasta el 3,3% para 2015. También se habla de la posibilidad muy real, que tenemos en la mano, de crear más de 1 millón de empleos entre 2014 y 2015.
Estas dos leyes, como les decía, son un hito importante, pero también ha habido otros hitos importantes. Asegurar el Estado del bienestar fue decisivo, señorías. Hoy, la senadora del Grupo Socialista, la señora Marra, se ha empleado a fondo al utilizar la palabra vergonzoso. Vergonzoso fue dejar más de 8 millones de facturas sin pagar, siete de cada diez facturas sociales. Eso hizo el socialismo, dejar la educación, la dependencia, la sanidad sin pagar y que fueran otros los que pagaran sus facturas.
Ahí estuvieron esos mecanismos, como el Fondo de pago a proveedores o el Fondo de liquidez autonómico, para pagar esas facturas, salvar 400 000 empleos y evitar una caída de tres puntos en el PIB, porque las facturas no se pagan con demagogia; algo sí hemos aprendido todos –menos quizá ustedes− de la crisis. Evitar el rescate fue vital. Usted hablaba de la hucha y yo hablo de los pensionistas que este año han recuperado 2085 millones de euros en poder adquisitivo, de esos pensionistas que, con el rescate, hubieran tenido que sufrir recortes importantes en sus pensiones, y que han visto cómo con un Gobierno popular se ha podido, no solo mantener –en vez de recortar como ustedes−, sino subir las pensiones todos los años, manteniendo también nuestro gasto social.
A algunos les podrá parecer que fue ayer, pero lo cierto es que en este tiempo hemos ido poniendo en marcha muchos compromisos: Esa Ley de emprendedores que ustedes también vetaron; esas tarifas planas para autónomos que ustedes también vetaron; esas medidas a favor de la creación de empleo que han ocupado un papel prioritario y central en la agenda política y económica del Gobierno de España, pero no en estos últimos meses de legislatura, sino que desde el minuto cero el Gobierno se ha empleado a fondo teniendo como eje vertebrador de todas sus políticas la creación de empleo.
En cuanto a la reforma fiscal, hablaban ustedes hoy de los efectos tremendamente negativos de dicha reforma, y el senador Bel se preguntaba en qué han beneficiado las políticas del Partido Popular a Cataluña. Pues han beneficiado a cientos de miles de autónomos catalanes que, porque ser españoles, han visto cómo se rebajaban las retenciones desde el minuto cero hasta el último decreto−ley aprobado por el Gobierno de España, bajando las retenciones al 15% con carácter previo para que puedan tener mayores oportunidades de seguir creando empleo; o esas familias numerosas para las que se aprobó un impuesto negativo, una paga de 1200 euros al año –de 100 euros al mes por anticipado−; o esas familias que tienen dependientes, hijos o mayores, a su cargo y a los que podrán atender con mayor facilidad.
En definitiva, señorías, esa rebaja fiscal es la más social, justa y equitativa con la que hemos contado. A pesar de que ustedes se rían saben muy bien que esta atiende y defiende sobre todo a los que menos capacidad tienen, saben muy bien que a los contribuyentes que menos renta tienen es a los que más apoya, esas rentas con ingresos menores a 24 000 euros que tienen una rebaja superior al 23,72% en el IRPF, ese 1 600 000 personas que han dejado de tributar por el IRPF o esas pequeñas y medianas empresas que han visto cómo se rebaja su impuesto sobre sociedades.
El cambio, señorías, es fruto del esfuerzo de toda la sociedad y es también fruto de una política económica y de las reformas que se han ido desarrollando, y es tremendamente injusto que después de tantos meses de no haber apoyado una sola medida, sean ustedes incapaces de reconocer ni el acierto de las reformas emprendidas ni el esfuerzo hecho por toda la sociedad. De hecho su líder, el señor Sánchez, decía hace un año que la recuperación económica se iba a esfumar, pero lejos de esfumarse, como hoy confirmaba el ministro, los ingresos tributarios siguen aumentando, y si los ingresos tributarios están aumentando a pesar de que hemos bajado los impuestos en este último año es porque hay más actividad económica, es porque se está creando empleo, es porque hay más riqueza, y de eso, senador Bel, se benefician todas las familias, todos los empresarios que crean empleo y todas las personas en toda España. Cuando se crea riqueza, cuando se crea empleo, y por tanto, como hoy ha explicado el ministro, cuando suben los ingresos tributarios un 5%, cuando aumentan los ingresos por el impuesto sobre sociedades hasta un 27% en los pagos a cuenta, significa que hay más riqueza y que hay más para repartir entre todos, y el Gobierno del Partido Popular está cumpliendo con su compromiso: en cuanto tenemos asegurado el pago de los servicios fundamentales, seguimos bajando los impuestos. Por eso, ese Decreto Ley 9/2015 ha venido a adelantar lo que teníamos pensado para el año 2016 al año 2015 porque supone devolver más a todos los españoles, por supuesto también a los catalanes que son españoles, porque son españoles, y supone también una palanca importante para seguir afianzando el crecimiento y la creación de empleo, como muy bien ha demostrado la reforma fiscal. Por lo tanto, nos estamos beneficiando todos de ese crecimiento y creación de empleo que esa reforma fiscal está demostrando.
Esos han sido los pilares de nuestra política fiscal, señorías, por eso siempre decimos que hemos sido capaces en el Partido Popular, y lo hemos tenido que hacer a pesar de ustedes, de encontrar en la política fiscal una magnífica forma de hacer política social y políticas de igualdad. Han vuelto con ese discurso que ustedes se traen de los ricos y los pobres que no puede esconder la realidad de que hicieron justo lo contrario de lo que dicen. Díganme de que presumen y les diré de qué carecen. Fueron ustedes los que permitieron, y lo ha dicho el ministro, lo tengo que recordar, que el impuesto sobre sociedades cayera en recaudación desde 45 000 millones de euros hasta 16 000 y, ¿quiénes eran los que menos pagaban? Las grandes empresas y los grupos consolidados. Lo ha dicho el ministro, muchas grandes empresas del Ibex 35 llegaron a pagar 0% en el impuesto sobre sociedades, y ustedes mirando para otro lado; el tipo medio estaba en el 3,8%, y ustedes mirando para otro lado; el impuesto sobre sociedades caía en recaudación un 63%, sobre todo en las grandes empresas, y ustedes mirando para otro lado. Esa es la realidad, en estos tres años hay aumentos de 52,6% en el 2012, aumentos del 26,3% en el 2013 en las grandes empresas, en las pequeñas empresas sin embargo en los pagos a cuenta de las pymes en el impuesto sobre sociedades hay un -6,1% en el 2012 y un -15,5% en el 2013.
No se puede venir aquí, señorías del Partido Socialista, a repetir los mismos argumentos que nos daban en abril, en septiembre o en diciembre del año 2012, no pueden venir a decir lo mismo porque los números les desmienten porque hablan con claridad de la realidad de las políticas y hablan también de resultados. Yo entiendo que ustedes, que han votado todo en contra, cuando ven estas cifras piensen a ver si pueden mentir otra vez para ganar unas elecciones. Pues lo tienen difícil porque los argumentos no pueden ser los mismos y porque la política fiscal del Partido Popular ha demostrado que ha sido un instrumento importantísimo para salir de la crisis.
Lo mismo ocurre si hablamos de la lucha contra el fraude, que es de lo que tratan estas dos leyes fundamentalmente, y tenemos también argumentos. No empezamos hoy la lucha contra el fraude, tenemos aprobada la Ley 7/2012, la más ambiciosa de la democracia en la lucha contra el fraude fiscal con la limitación a 2500 euros del pago en efectivo, o sobre todo esa obligación de declarar las cuentas, los bienes y todo tipo de derechos en el extranjero que han permitido aflorar 124 500 millones de euros que con ustedes estaban ocultos a la Hacienda pública española. Como decía muy bien el ministro los proyectos de ley que hoy traemos son un broche a esa lucha contra el fraude fiscal que empezó en el minuto cero y que viene a reflejar la importancia que estamos dando al sistema tributario que es más justo, más transparente y más eficaz también con estos proyectos de ley. Esta ley es para reducir la litigiosidad con facultades a los órganos de la Administración Tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias, o esa previsión también para hacer efectivo ese nuevo sistema de gestión del IVA del suministro inmediato de información, para fortalecer la seguridad jurídica, y se elimina un complejo sistema de dilaciones y de interrupciones no imputables a la Administración, para lo que se amplía también el procedimiento de inspección. Y, sobre todo, señorías, para prevenir y luchar contra el fraude fiscal, porque el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias es clave en un buen sistema tributario e incentivarlo es nuestra obligación. Y ahí está la clave de todo lo que se regula en cuanto a la publicidad. Tenemos que plantear que ese derecho o esa obligación de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que consagra el artículo 31 de la Constitución, ese deber de todos de contribuir tiene su reverso en el derecho que tenemos todos a exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias y también el fomento de todos los instrumentos de prevención en la lucha contra el fraude que incentiven el cumplimiento voluntario de los deberes tributarios. Eso es lo que viene a explicar la oportunidad y la necesidad de estas medidas, eso es lo que viene a explicar también su bondad, en la medida en que nos van a acercar a donde queremos llegar, y eso es lo que da respuesta también a algunas preguntas, como esa posibilidad de que paguen antes de tener sentencia firme. Eso es lo que voy a tratar de explicar.
Lo cierto es que también me sorprende que una vez más en la lucha contra el fraude fiscal tengamos que mirar a la izquierda y les encontremos a ustedes, a los de la izquierda, mirando para otro lado. Porque escuchándoles podría parecer que son ustedes los máximos defensores de publicar los nombres de los defraudadores y de los deudores a la Hacienda pública, pero son ustedes los que están una vez más intentando impedirlo con su voto, una vez más intentando impedir con su voto y con sus vetos que se adopten nuevas medidas contra el fraude fiscal, una vez más son ustedes los que votan en contra. Es el Partido Popular el que hoy viene a proponer la publicación de la identidad de quienes han sido condenados en sentencia firme por delitos contra la Hacienda pública, por delitos de insolvencia punible cuando el acreedor sea el erario público y por delitos de contrabando, y la publicación también, con la modificación de la Ley General Tributaria, de la lista de quienes tienen deudas y sanciones superiores a un millón de euros, en definitiva, la lista de quienes causan un mayor perjuicio a la Hacienda pública y, por tanto, a toda la sociedad. Se presenta al final de la legislatura, sí, pero viene a culminar muchas medidas que se emprendieron antes, senadora Mora, muchas medidas que han demostrado su efectividad, como ese modelo 720, como esa limitación del uso en efectivo y como tantas y tantas medidas incluidas en la Ley contra el fraude fiscal. Por lo tanto, es una ley que vuelve a ser una acción contra el fraude integral, contundente y rotunda y un paso importante, tanto en transparencia como en eficacia, por eso no entendemos cómo pueden votar en contra.
Como les decía, ese artículo 31 es el que justifica ese bien jurídico que es el deber de contribuir al pago de los servicios por parte de todos y ese derecho de todos a exigir el pago de los contribuyentes, de todos los contribuyentes. Esa obligación de los poderes públicos de asegurar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias deriva en que la publicación, señorías, no es un fin en sí mismo, como recuerda y deja muy claro el informe del Consejo General del Poder Judicial. La publicación no es un fin en sí mismo, es un instrumento para incentivar el pago voluntario de los que intentan no pagar o de los que intentan esconderse tras la confidencialidad de la que gozan los datos o la información tributaria y tratan de esconderse y no pagar. Por lo tanto, un instrumento para hacer que paguen.
En segundo lugar, en cuanto a cómo se conjugan los distintos derechos, de los que algunos portavoces han hablado, principio de publicidad de las actuaciones judiciales, derecho al honor y protección de la intimidad y artículo 31 de la Constitución española, el informe del Consejo General del Poder Judicial lo deja muy claro: Existen razones de interés público que justifican esta reforma. El reforzamiento de los principios de publicidad judicial, transparencia y eficacia de las actividades públicas, prevención y represión del fraude fiscal y el impulso de la lucha contra el fraude fiscal incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias son los intereses que deben primar sobre los derechos individuales a la intimidad y a la protección de datos.
Por tanto, en otro párrafo, el Consejo General del Poder Judicial señala que la publicidad de estas condenas cumple fundamentalmente una función de lucha contra el fraude fiscal. Y ustedes quieren impedir con su veto que aprobemos una medida importante de lucha contra el fraude fiscal que lleva consigo la publicación de esos datos. Por consiguiente, eficacia y transparencia; eso es lo que justifica esta medida. Los límites, señorías, están en la proporcionalidad: solo sentencias firmes, solo lo que se considera probado por una resolución judicial. Son límites jurídicos, señorías, no políticos.
En cuanto al carácter sancionador o no sancionador o procesal, también se pronuncia el Consejo General del Poder Judicial. Ustedes saben que no es una medida sancionadora. Estas medidas no tienen necesariamente una naturaleza sancionadora, precisamente porque existe un interés público, el sostenimiento de los gastos públicos, que conlleva el deber de todos a pagar, como consagra el artículo 31 de la Constitución, y que marca también el carácter procesal y no sancionador de la medida.
En definitiva, señorías, tenemos un proyecto de ley que pone el broche a esta lucha contra el fraude fiscal, que hemos intensificado, y en el que hemos trabajado desde el minuto 1 de la legislatura. Hay nuevas medidas con las que demostramos que, más allá de la demagogia, es el Partido Popular el que, una vez más, pone la firmeza, pone la contundencia...
Y es el que también está poniendo a disposición de todos los españoles los recursos que se generan con las medidas que hemos ido aprobando. Y ustedes, una vez más, con estos vetos, están tratando de impedirlo.
Nosotros votaremos a favor de la ley. Les invito a que retiren los vetos y a que se sumen a la lucha contra el fraude fiscal con medidas en pro de la transparencia y de la eficacia.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias. ¿Va a compartir turno? (Asentimiento).
Me sumo a las expresiones de agradecimiento por la presencia del ministro, aunque debería reconocer que la presentación de este proyecto en el Congreso de los Diputados se llevó a cabo prácticamente en mismos términos que ha utilizado hoy, y no ha sido precisamente una intervención exitosa. Si en el Congreso de los Diputados estos proyectos solo dieron lugar a una enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Socialista, tras la intervención del señor ministro en el trámite en el Senado ha cosechado cuatro vetos. En mi opinión, la razón de que se hayan presentado los vetos tiene mucho que ver con la forma de la intervención del señor ministro entonces y de nuevo esta mañana en esta presentación. Si la argumentación fundamental para la formulación de estos proyectos es el balance de la política fiscal de este Gobierno, que ha sido impugnada de forma reiterada, proyecto tras proyecto, por el conjunto de las fuerzas de la oposición, es lógico que la respuesta de esas fuerzas sea reproducir el rechazo que se manifestó a los proyectos anteriores. Desde esa perspectiva, y por coherencia, aunque no haya formulado veto en nombre de Izquierda Unida, apoyaré los vetos del resto de los grupos parlamentarios.
Entrando brevemente en la argumentación del señor ministro, este nos decía que la apuesta del Gobierno por la lucha contra el fraude fiscal tiene como colofón estos dos proyectos y que, a lo largo de la intervención que desde el ministerio y, como instrumento eficaz, de la Agencia Tributaria se ha desarrollado, se ha avanzado de forma notable en la lucha contra el fraude fiscal. Sin que yo vaya a defender en ningún caso la política en la materia de gobiernos anteriores, de los gobiernos del Partido Socialista, que dieron lugar ‑es verdad- a la situación que denunciaba el señor Montoro en el sentido de que los grupos consolidados al final de la legislatura del señor Zapatero contribuían al impuesto sobre sociedades solo con el 3%, no puedo reconocer que el conjunto de medidas articuladas que forman parte de estos dos proyectos haya significado un vuelco en esa situación.
Ayer, un medio de comunicación digital reflejaba que una empresa señera de nuestro país –voy a decir el nombre: El Corte Inglés, porque está publicado− desde el año 2011 ha pagado cero euros por el impuesto sobre sociedades y que en la cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 2014 la mayor parte de sus beneficios -en concreto, 103 millones de euros- respondían a compensaciones fiscales. Es decir, ustedes, formalmente, han articulado un mecanismo de lucha contra el fraude y a la vez han abierto la mano de los mecanismos que propician la elusión fiscal. Han abierto una autopista para que ni tan siquiera sea necesario correr el riesgo de defraudar e incurrir en delito. La elusión fiscal que, de alguna forma, se pretende encarrilar o, al menos, paliar con estas reformas, ha visto cómo sus oportunidades se han ampliado gracias a las reformas del Partido Popular. Es difícil reconocer esa vocación de lucha contra el fraude fiscal, cuando en la regulación que se introdujo del delito fiscal se subió el umbral para que el importe del fraude diera lugar a una responsabilidad penal. Es difícil creer que hay una voluntad seria de perseguir el delito fiscal cuando se produce una situación de exención de responsabilidad penal si quien cometió el delito fiscal regulariza su situación con la Hacienda pública. Yo creo que es el único delito que hay en nuestro Código Penal en el que si uno compensa el daño desaparece la responsabilidad penal. La vieja institución del arrepentimiento espontáneo, que significaba una reducción de la pena, se lleva a sus últimas consecuencias en el caso del delito fiscal, puesto que ya no es una reducción o un atenuante de la pena sino que se convierte en un caso de exención de la responsabilidad penal. Es difícil pensar que hay esa voluntad de lucha contra el fraude fiscal si se aprueba una amnistía fiscal –llámese proceso extraordinario de regularización− que ha permitido a conocidos delincuentes en otros ámbitos −porque es cierto que el fraude fiscal aparece en multitud de ocasiones vinculado a otros delitos relacionados con la corrupción− regularizar sus situaciones con la Hacienda pública. Y el señor ministro de Hacienda se podrá felicitar porque ello haya significado un incremento de la recaudación, pero los demás no nos podemos felicitar porque haya significado un incremento de la impunidad simultáneamente a ese incremento de la recaudación. Ese mensaje que se envía a la sociedad es absolutamente destructivo. Es el mensaje que refuerza que quien tiene dinero puede hacer lo que quiera en este país, porque pagando consigue que sus responsabilidades penales sean anuladas.
Por eso, respaldaremos los vetos que se han planteado, y en el trámite de enmiendas intentaremos mejorar el proyecto para que de verdad se aproxime a los objetivos que tan grandilocuentemente ha enunciado el señor ministro en su intervención y que también se reflejan en el preámbulo.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Iglesias.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Mora.
La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.
Señora Angulo, no haga demagogia, no venda que estamos en contra de intentar luchar contra el fraude, cuando la realidad es que con esta ley orgánica lo que ustedes van a hacer es defender a los grandes defraudadores millonarios que son capaces de pagar por su anonimato. Esa es la realidad, se mire como se mire. Por supuesto, vamos a mantener el veto, y en este turno voy a comentar los datos que nos han expuesto tanto el señor Montoro como usted.
Nos han comentado que han hecho un gran esfuerzo en la lucha contra el fraude y que, de hecho, han conseguido unas cifras récord de ingresos en la lucha contra el fraude que están destinadas a reducir los impuestos. Nos hablan de 40 000 millones de euros, pero son datos absolutamente engañosos, porque ustedes están incluyendo en esa contabilidad tanto el dinero de declaraciones complementarias como las cantidades afloradas con la amnistía fiscal, y eso no tiene nada que ver con el fraude; por lo menos, las declaraciones complementarias. Sería muy interesante, pues, que dieran desglosados esos datos.
Por otra parte, nos comentan que todos esos millones aflorados suponen, por supuesto, el gran éxito de esta política y de todas estas reformas legislativas, pero la realidad es que todos esos millones no suponen ni el 15% total de la economía sumergida. Según todos los informes, el fraude y la economía sumergida están entre el 20 y el 25% del PIB. Según los datos de Gestha, equivale más o menos al 24,6% del PIB, lo cual supone 253 000 millones de euros. Hay un crecimiento de 60 000 millones desde que se inició la crisis. Como dato mucho más visible podemos decir que el 77% del fraude fiscal en nuestro país queda impune; o sea, que mucho éxito realmente no hay. Y el motivo de que quede impune el 77% del fraude fiscal es que ustedes destinan el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria a perseguir los pequeños fraudes, las irregularidades de los autónomos y de las pymes y solamente destinan el 20% de los recursos a luchar contra el fraude más cuantioso y sofisticado de las grandes fortunas, de los grandes capitales y de las grandes corporaciones, que representa las tres cuartas partes del fraude en España. Así que, por favor, no nos hable de demagogia. Ustedes dieron órdenes a la Agencia Tributaria para cruzar datos de las empleadas del hogar cuando cambió la regulación o, por ejemplo, para cruzar los datos de los abuelos emigrantes retornados. De ahí es de donde sacan la lucha contra el fraude. Por favor, no nos hable de demagogia.
Para luchar contra el fraude sería fundamental –esta es nuestra propuesta− ampliar los medios de la Agencia Tributaria, pero en el presupuesto para 2016 se cuenta con 33 millones de euros menos y 3191 efectivos menos que en 2010. Ustedes están explotando al funcionariado –permítanme la expresión-, que, por supuesto, está dando de sí y ejerciendo su función pública de una forma absolutamente eficaz y encomiable, pero en realidad sin medios. Están forzando, sobre todo, a sacar cantidad y no calidad.
Nos ha hablado de mejorar la litigiosidad con las reformas que han hecho, pero la realidad es que se invierte muy poco en investigación y en formación. Y hay que decir que el 50% de las liquidaciones de la Agencia Tributaria son tumbadas por el Tribunal Económico−Administrativo y el resto de tribunales. Me parece un dato bastante llamativo que demuestra que realmente necesitan medios personales. Eso sería luchar contra el fraude fiscal. Además, la Agencia Tributaria, precisamente por falta de medios humanos y falta de inversión en formación, tiene una deuda pendiente en relación con sus liquidaciones de 51 millones de euros. Desde que empezó la crisis en 2007, se ha producido un aumento del 88% de la deuda pendiente de cobro. Me parecen datos bastante llamativos.
En cuanto al modelo 720, con el que se vanaglorian de aflorar dinero del extranjero, Montoro nos ha hablado ahora mismo de 126 000 millones, y usted, de 124 500, que en realidad corresponden también a bienes y rentas ya declarados en cuanto que las declaraciones complementarias, a la vez que se creaba el modelo 720, no subieron –si no, desde luego, tendrían que haber subido-. Sin embargo, desde el año 2013 han disminuido muchísimo, entre otras cosas, porque quienes se han acogido a la amnistía fiscal no han realizado esas declaraciones complementarias...
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando, por favor.
En los datos sobre el modelo 720 ustedes incluyen, por ejemplo, la renta de los pensionistas extranjeros que viven en España, que tienen sus bienes y rentas en España y que tributan aquí y en su país; y, desde luego, no podemos hablar de fraude fiscal. Así que, por favor, no nos hable de demagogia. Vamos a ver si nos responde a estos datos.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Mora.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora señora Martínez.
Aprovecho este turno de posicionamiento respecto de los vetos para hacer una exposición general del que será el voto favorable de nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley. Y les voy a explicar por qué. Entendemos que este proyecto de ley, sin ser suficiente ni una medida exclusiva para acabar con el fraude fiscal, mejora algunos aspectos de la Ley general tributaria de 2003, que ya reguló esta materia.
Las obligaciones tributarias, entendidas estas como la obligación de todos ciudadanos a contribuir a los gastos generales y a la redistribución de la riqueza del territorio en el que viven, son un derecho de configuración legal y, por tanto, superior, en cuanto a rango y su defensa, a otros derechos que pueden verse afectados por esta norma, como el derecho a la intimidad o el derecho al honor. Esto, como decía, ya estaba previsto en la Ley general tributaria del año 2003, pero es cierto que en la publicación de los datos de los defraudadores fiscales se encontraban exentos los grandes defraudadores. Y este proyecto de ley viene a corregir precisamente esta laguna; por tanto, entendemos que es positivo.
Pero no todo lo que dice esta modificación de la ley nos parece adecuado o suficiente, y en este sentido reitero mi posicionamiento inicial. Se establecen una serie de excepciones a la publicación de los datos de los defraudadores fiscales, como es el caso de aquellos que, de forma previa a la emisión de la sentencia firme, puedan reparar el daño causado. Entendemos que esto juega en beneficio de aquellos que cuentan con los recursos económicos suficientes como para poder reparar el daño causado y que, una vez más, se discrimina a los pequeños defraudadores respecto de los grandes defraudadores, que, al fin y al cabo, son el objeto de este proyecto de ley. Es una pega, es evidente que no es un proyecto de ley que agote el fraude fiscal, pero entendemos que es mejor de lo que teníamos hasta ahora.
Hay otra discrepancia de carácter casi casi filosófico −me imagino que los juristas disfrutarán debatiéndola−, en el sentido de si la medida relativa a la publicación de los datos personales de los defraudadores fiscales se considera una pena o no. Es una cuestión casi epistemológica para los juristas, pero es importante tenerla en cuenta e introducirla en el debate. Nosotros consideramos que sí es una pena, ya que priva del derecho a la intimidad y al honor a los ciudadanos, pero siempre con el objetivo de buscar dos principios: la prevención general y la prevención especial. Como decía antes, los derechos específicos configurados legalmente han de tener primacía sobre estos otros. Pero también es cierto que, si admitimos que es una pena –y es muy difícil que nos puedan convencer de que esta publicación de los datos no lo es−, esta no puede ser aplicada con carácter retroactivo. Este es un principio que viene avalado por la Constitución y por el propio régimen jurídico.
Por tanto, consideramos que esta ley supone una mejora, porque, efectivamente, introduce el elemento disuasorio que supone la publicación de los datos para todos los defraudadores. Por ello, mi grupo parlamentario, como no puede ser de otra manera, aunque mantiene discrepancias puntuales con el proyecto de ley, y entendiendo que por sí mismo no va a ser suficiente para acabar con el fraude fiscal, pensamos que introduce mejoras que consideramos beneficiosas, no solo ya para el lavado de cara que puedan tener algunos partidos políticos respecto de los defraudadores fiscales que ha habido en torno a sus filas, sino para el conjunto de la economía y la ciudadanía en general.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador señor Guillot.
¿Va a compartir turno? (Asentimiento).
Señorías, antes lo ha hecho el ministro de Hacienda, el señor Montoro, y luego usted, señora Angulo, en su intervención. Siempre tienen expresiones de desprecio de la izquierda. Solamente la izquierda española ha hecho cosas mal. Bien, ha tenido momentos más positivos y otros más negativos, pero quiero recordar una cosa: nunca nunca en la historia de España, ustedes, los conservadores, han apoyado la conquista de ningún derecho. Los derechos en este país los ha conquistado la izquierda. Y siempre con su oposición. Con lo cual, relájese. Relájese. (Aplausos).
El modelo tributario español es injusto. No es equitativo. Incumple un principio básico: el de la progresividad. Incumple un principio tan elemental como el de que pague más quien más tiene. Y eso es por sus políticas, que están plasmando una realidad que se ve muy clara en cifras. El impuesto sobre sociedades no solo ha disminuido en 2014 respecto de 2013, sino que las grandes corporaciones solo pagan un 5,3% de sus beneficios. Y las pymes, un 16%. Explique usted cómo es posible. Y no me hable de Zapatero, hábleme de ahora. Hábleme de por qué las pymes pagan un 16% y las grandes corporaciones, un 5,3%. Hábleme de cómo puede ser que el 47,3% del total recaudado sean impuestos indirectos, que es lo menos progresivo que existe. Hábleme de por qué las rentas del trabajo hoy son ya el 80% de la base imponible del IRPF. Hábleme de por qué solo los impuestos indirectos de 2012 a 2014 crecen el 68%. Hábleme del fraude fiscal. Hablemos del fraude fiscal. ¿Es poco o mucho lo recaudado? Antes la senadora portavoz de Podemos ya hacía una referencia a desglosar las cifras. Repito: ¿es poco o mucho? Si es por el esfuerzo que ha realizado la inspección de la Agencia Tributaria, es mucho. Si es por la voluntad de este Gobierno, es poquísimo. Ustedes han ido degradando la Agencia Tributaria, y no solo con sus escándalos, no solo con su manipulación -se han llegado hasta a filtrar datos de Esperanza Aguirre; se atreven a todo-, sino que presupuestariamente han ido laminando su capacidad de intervención, sus posibilidades, sus recursos, su personal.
Señora Angulo, usted está de acuerdo con la disposición final octava de esta ley, que dice: Las medidas incorporadas en esta ley se implementarán sin incremento de dotaciones, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. ¿Cómo vamos a reforzar la Agencia Tributaria? ¿Cómo va a ser esta agencia efectiva en la lucha contra el fraude? Señora Angulo, la inversión española en paraísos fiscales representa casi una cuarta parte del total de la inversión exterior española. Estamos hablando de una realidad, y la intento plasmar con datos de la Agencia Tributaria que avalan que este modelo no es equitativo, no es progresivo y que con este modelo fiscal no paga más quien más tiene.
En cuanto a la elusión fiscal, ustedes tienen dos variables: nunca hablan de la deuda pública –también ha hecho usted caso omiso de hablar de un aspecto tan importante− y nunca hablan de la elusión fiscal, es decir, de todas las estratagemas y triquiñuelas que algunos utilizan para no pagar impuestos. ¿Usted está de acuerdo con las sicav? ¿Usted está de acuerdo con las empresas de tenencia de valores extranjeros, nuestro particular paraíso fiscal, que representan el 22,1% de la inversión que llega a España y no es productiva? ¿Usted está de acuerdo con los préstamos intragrupo, con la deslocalización de intangibles que permitió a Amancio Ortega ahorrarse 325 millones de euros de 2009 a 2013 en los convenios de doble imposición? Si usted está de acuerdo con todo esto, usted está favoreciendo la elusión fiscal, que es legal pero es inmoral, y más en un país que ha atravesado y atraviesa una situación social tan delicada.
Me dice que esta ley es el broche final de esta legislatura. ¿Sabe cuál es su broche final? Que seguimos con más de 4 millones de parados. Este Gobierno perfecto, este Gobierno que lo hace todo tan bien, sigue con más de 4 millones de parados y con un incremento brutal del trabajo precario, con lo cual, se está produciendo una precarización de la sociedad.
Se incrementan la pobreza y la exclusión, cuestiones de las que ustedes nunca hablan, y especialmente se incrementa la pobreza infantil. Se incrementan también las desigualdades. La aportación del trabajo a la renta nacional ha disminuido en estos años. Continúan los desahucios. Aparecen nuevas formas de pobreza: pobreza energética, pobreza laboral… El 12% de los trabajadores y trabajadoras, aunque tenga trabajo, no llega a final de mes, no pueden garantizar unas mínimas condiciones de vida. Con lo cual, señora Angulo y señorías del PP, es mentira que el esfuerzo lo hayamos hecho todos; el esfuerzo lo han hecho la clase trabajadora, las capas populares y las capas medias. Los de siempre, los suyos, no han realizado ningún esfuerzo, ninguno. Tampoco lo han hecho a nivel de la contribución fiscal. Quienes aportan en los impuestos son aquellos que también han pagado los efectos de la crisis. Esto es lo que ustedes han conseguido. Pagarán la crisis socialmente, con más pobreza, con más desigualdad, y encima pagarán los impuestos. Y los que la provocaron ni pagan impuestos ni han pagado los costes de esta crisis. Este es el colofón de su política.
Permítame también hacer referencia a lo que antes decía usted sobre la estabilidad presupuestaria. Mire, la estabilidad presupuestaria ha sido uno de los gravísimos errores de las políticas de la Unión Europea, en primer lugar, porque se han incumplido. El objetivo de reducción al 3% del déficit en 2013 no lo ha cumplido nadie, y no solo no lo ha cumplido nadie sino que ha significado una distorsión tremenda para nuestras sociedades, nuestras economías y, fundamentalmente, para el empleo. En 2008, la Confederación Europea de Sindicatos alertaba de ello y proponía que había que reducir medio punto por año –si la hubiéramos hecho caso ya estaríamos en este 3% o acercándonos, dependiendo de cada país− y así poder liberar recursos para potenciar el crecimiento económico y, sobre todo, para poder proteger a aquellos que estaban sufriendo con mayor impacto la crisis. Ustedes hicieron caso omiso de eso, porque entre los paseos de Mariano Rajoy con Angela Merkel se impuso que había que cumplir, con toda la ortodoxia y rigidez del mundo, unos objetivos que eran incumplibles. Se lo dijimos en 2012 en el debate de esta ley y así lo ha demostrado la realidad.
Con lo cual, señora Angulo, yo, sin despreciar a la derecha –la necesitamos, porque al final es un factor de estabilidad de nuestra democracia−, les pediría, y sobre todo a usted, mayor rigor intelectual, un mejor manejo de los datos y, sobre todo, que piense alguna vez que aquellos que han pagado la crisis, aquellos que están pagando sus impuestos, aquellos que en definitiva están levantando el país, son los que ustedes desprecian más.
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