Source: http://leyprotecciondatos.blogspot.com/2009/01/
Timestamp: 2017-07-24 16:35:15
Document Index: 277617779

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 38', 'artículo 69', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 39']

Ley de Protección de Datos Personales - Sanciones LOPD: 1/01/09 - 1/02/09
1. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente.A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado.Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos procedimientos.Sin embargo en el en el procedimiento sancionador PS/00514/2008, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a la entidad L.L.L., titular de "ANAIS CENTRO MÉDICO ESTÉTICO", vista la denuncia presentada por D. C.C.C., se demostró que el afectado, tras recibir mensajes SMS con publicidad del citado centro, intentó ejercer su derecho de cancelación a través del correo electrónico indicado a tal efecto en la página web de la denunciada, sin que dejar por ello de recibir SMS publicitarios, lo que llevó a la presentación de la denuncia.
Art. 22.1 LSSI,
Alguien dirá que tengo un sentido del humor un tanto retorcido, pero me he reído leyendo el Informe 685/2008 del Gabinete Jurídico de la AEPD.Resulta que algún ingenuo envía una consulta a la AEPD acerca de las dificultades que le plantea el cumplimiento del deber de información impuesto por el artículo 5 de la LOPD. La consultante indica que “tiene una base de datos que alberga información de alrededor de 47.000 clientes”, sin indicar el modo en que los datos fueron obtenidos y si fueron facilitados a la consultante por el interesado o los obtuvo de otras fuentes.El Informe comienza por aclarar que tal deber "no es una cuestión novedosa en el presente momento" y explica las diferentes fases:La antigua Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, cuyo artículo 5.1 imponía el citado deber de información en el momento de la recogida de los datos del interesado. La citada Ley entró en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 31 de enero de 1993, y en todo caso daba un año de plazo para informar a los interesados cuyos datos hubiesen sido recogidos con anterioridad.El artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, vigente desde 14 de enero de 2000 impone el deber de informar a los afectados.El Informe pone entonces en claro el concepto "deber de informar":Quiere ello decir que cuando los datos se recogen de los afectados el deber de información al afectado no es posterior al tratamiento de sus datos, sino previo, debiendo verificarse en el momento en que el dato es recogido, sin que sea admisible considerar que será posible informar posteriormente a la recogida del dato acerca del tratamiento del mismo.Con lo que concluye:Teniendo en cuenta lo que se acaba de indicar y lo señalado expresamente por la consultante en el escrito dirigido a esta Agencia, la citada consultante debía haber cumplido con el deber de informar a los 47000 afectados de los que reconoce tratar datos de carácter sin haber cumplido con este deber hace, según los casos, nueve, quince o dieciséis años, por lo que no parece razonable que se invoque en el presente momento el elevado coste derivado del cumplimiento de una obligación tan largo tiempo pospuesto.En fin, que resulta complicado sostener la tesis de que un largo incumplimiento legal me coloca en una situación complicada para cumplir ahora.Y cuanto más se demore, peor.
En el presente caso, ha quedado acreditado que la entidad imputada remitió dos fax con contenido comercial al denunciante. No consta que la entidad imputada hubiese obtenido el consentimiento previo, expreso e inequívoco del destinatario de los dos fax que justificase los envíos denunciados. Por lo tanto, nos encontramos ante la vulneración de uno de los derechos de los abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas recogidos en el artículo 38.3.h) de la LGT, desarrollado en el artículo 69.1 del mencionado Real Decreto 424/2005.Y se añade una apostilla muy interesante:
Por otro lado, aunque los datos del destinatario de los faxes con contenido comercial hubieran sido obtenidos de la guías telefónicas editadas en papel, este hecho no exime de la obligación de obtener el consentimiento del destinatario de aquéllos para la remisión de envíos publicitarios vía fax, por cuanto las mismas no constituyen fuentes de acceso público para la remisión de faxes, de acuerdo con la LSSI y la LGT.Dichas guías sí son fuentes de acceso público para un tratamiento de datos de acuerdo con la LOPD, pero para la remisión de escritos por correo ordinario.Y por lo tanto, con fecha 24 de septiembre de 2008, apenas 4 meses y un día después de la denuncia, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
A ello debemos añadir que el IVAFE es una asociación sin ánimo de lucro, tal y como explicó su representante legal y queda reflejado en el acta de visita, y que únicamente presta un servicio que no conlleva contraprestación económica alguna, que consiste en “informar a empresas y trabajadores de cursos GRATUITOS de interés general y facilitar a los interesados los trámites de inscripción para tramitarla a las entidades que desarrollan la formación”, no constituyendo en ningún modo actividad económica o comercial al no recibir por ello ingresos ni directos, ni indirectos de ningún tipo (ni subvenciones, ni patrocinios, etc..) Por todo ello debemos llegar a la conclusión que el envío de la información realizada por el IVAFE no puede ser sancionada al amparo de la Ley de Servicios de la Sociedad y Comercio Electrónico (LSSI) por entender que la condición de asociación sin ánimo de lucro, y el hecho de prestar un servicio consistente en informar de cursos gratuitos de interés general para empresas y trabajadores así como facilitar los tramites de inscripción a los interesados, no supone en ningún modo actividad económica para el IVAFE dado que no obtiene retribución, ni directa ni indirecta, por la prestación del citado servicio tal y como se ha explicado con anterioridad, por lo que queda excluido de aplicación de la LSSI.Sin embargo, puesto que ningún artículo de la LSSI regula la exigencia del consentimiento previo en función de la existencia o no de lucro, la alegación es desestimada y
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:PRIMERO: IMPONER al INSTITUTO VALENCIANO PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL, por una infracción del artículo 38.3.h) de la LGT, tipificada como leve en el artículo 38.4.d) de la LSSI, una multa de 600 € (seiscientos euros), de conformidad con lo establecido en el artículo 39.1.c) y 40 de la citada LSSI.