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Timestamp: 2018-12-09 20:12:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 161', 'artículo 53', 'artículo 30', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 17', 'artículo 55']

Tema 1 Estado - Manu Muñoz
1. La Constitución Española de 1978. Características
1.3.1. Formal
1.3.2. Material
1.3.3. Preámbulo
2. Los principios constitucionales y los valores superiores
2.1. Título Preliminar
3.1. De los españoles y los extranjeros
3.1.1. Capítulo primero
3.2. Derechos y libertades
3.3. Derechos y deberes de los ciudadanos.
3.4. Principios rectores de la política social y económica
Se puede definir la Constitución desde el punto de vista político y del Derecho:
Desde el punto de vista político, es un factor de legitimación del sistema y un instrumento de integración de los diversos grupos sociales.
Desde el punto de vista del Derecho, es una norma jurídica que regula la estructura y competencias de las diversas instituciones del Estado, que preside y define el sistema de fuentes del derecho y que tiene vocación de aplicación directa en el concreto ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
También se puede definir desde un punto de vista formal y material:
Desde el punto de vista formal, tratamos de definir su esencia tomando como referencia su manifestación normativa, así, la Constitución se define como la norma suprema del ordenamiento jurídico (superley), la primera de las fuentes del ordenamiento jurídico, gozando de una superioridad jerárquica sobre el resto de normas, elaborada por el poder constituyente, el pueblo, en el ejercicio de su soberanía.
Desde el punto de vista material, la conceptualización de la Constitución se basa en su contenido, y no en su forma como en el caso anterior; según esta visión una Constitución establece los principios fundamentales que deben regir el orden social, político y económico de la sociedad en la que se aplica. Contiene pues, las reglas de funcionamiento básicas de una sociedad que se dota a sí misma de una norma superior bajo la que se articule toda la estructura política, social y económica.
La Constitución es además la plasmación y el instrumento de esos valores que están en el orígen de la idea constitucional y que suponen lo siguiente:
La definición de la estructura política del Estado.
La fijación del sistema de distribución del Poder.
La incorporación de un catálogo de derechos y libertades que, en su esencia, son indisponibles para el legislador ordinario, porque el constituyente y titular del poder (el pueblo) se los ha reservado como elemento de limitación del poder constituido.
Pactadas: Son el resultado de un pacto entre el rey y el pueblo.
Otorgadas: Se ofrecen como una concesión del monarca a la nación, siendo el rey el titular del poder constituyente.
Impuestas: Existe una participación activa de la representación de la sociedad en las decisiones políticas fundamentales.
Populares: Aquellas cuyo origen es directamente la sociedad, la cual por lo general se manifiesta a través de una asamblea.
La Constitución Española de 1978 se encontraría entre estas últimas.
B) Según su procedimiento de reforma
Rígidas: Se reforman mediante procedimientos legislativos extraordinarios y con formalidades superiores a las que se requieren para la aprobación de las leyes ordinarias.
Flexibles: Su contenido puede ser modificado siguiendo el mismo procedimiento que la aprobación de una ley ordinaria.
Pétreas: No se pueden modificar.
La Constitución Española de 1978 es rígida, en lo que a al procedimiento de su reforma se refiere.
C) Según su forma externa
Cerradas o codificadas: El texto es elaborado y aprobado en un único acto constituyente.
Abiertas: Se hallan dispersas en varios textos que se han ido añadiendo sucesivamente.
No escritas. Por ejemplo la del Reino Unido, que junto a leyes constitucionales escritas, cuenta con un gran número de costumbres constitucionales.
La Constitución Española de 1978 es de codificación en un sólo texto, por tanto es cerrada, a diferencia de las Leyes Fundamentales que vino a sustituir.
D) Según su extensión
Largas o extensas.
Cortas o breves.
La Constitución Española de 1978 es extensa, sólo superada por la de 1812, con 169 artículos y más de 17.000 palabras. Es fruto de su pragmatismo, debido además al laborioso consenso entre las distintas fuerzas políticas al elaborarla, lo que ha quedado reflejado en numerosos artículos del texto constitucional. De ahí su dificultad en su interpretación y aplicación, resultando fundamental la intervención del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, según el art. 1 de su Ley reguladora (la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre).
E) Según su estructura territorial del poder
Federales: Preexistencia de Estados, los cuales atribuyen a un ente superior parte de sus poderes.
Unitarias: El poder se encuentra centralizado.
La Constitución Española de 1978 se caracteriza por configurar al Estado como unitario regionalizado y no federal.
F) Según su forma de gobierno
Siguiendo este criterio se aprecia quien ostenta la Jefatura del Estado.
La Constitución Española de 1978, establece como forma política del Estado la monarquía parlamentaria, se trata de un régimen político democrático parlamentario clásico, también conocido por democracia occidental.
La Constitución Española de 1978 también es una Constitución inacabada, incompleta, que se remite en demasiadas ocasiones a normas de desarrollo.
Es imprecisa y ambigua, para permitir gobiernos con orientaciones políticas diversas.
Posee aplicabilidad directa e inmediata; no es sólo la norma primaria que establece el sistema de fuentes del Derecho, sino que ella misma es fuente del Derecho, es decir, origen inmediato de derechos y obligaciones.
Es fruto de la conciliación y el compromiso ideológico. No obstante todas las Constituciones democráticas son fruto de una conciliación o pacto previo. La característica en el caso español se concreta en que en la voluntad de esa negociación estuvo el hacer una nueva Constitución de nueva planta y no en reformar las leyes del régimen anterior; en aspectos concretos de la regulación contenida como la monarquía parlamentaria o la descentralización territorial y por último, adoptó algunas fórmulas abiertas, cuando no era posible seguir el consenso, optándose por dejar el texto abierto.
169 artículos distribuidos en un Título Preliminar y Diez Títulos numerados.
Una parte dogmática (Título Preliminar y Título I): Reconocimiento de los principios programáticos que van a inspirar el nuevo orden político. Lo vemos más adelante.
Una parte orgánica (Título II al Título X): Hace referencia a las bases de los órganos constitucionales, las relaciones entre ellos, las bases de la organización económica y territorial del Estado. También se dirige a regular y establecer de manera efectiva la organización política y jurídica del mismo organizando sus instituciones y repartiendo competencias. Y una regulación de las garantías de su mantenimiento y de los procedimientos para, excepcionalmente, proceder a su reforma o revisión.
CAPÍTULO PRIMERO: De las Cámaras (arts. 66 al 80)
CAPÍTULOS SEGUNDO: De la elaboración de las leyes (arts. 81 al 92)
CAPÍTULO TERCERO: De los Tratados Internacionales (arts. 93 al 96)
TITULO V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts.108 al 116)
Establece la responsabilidad del Gobierno ante el Congreso de los Diputados; regula la cuestión de confianza, la moción de censura, la dimisión del Gobierno y la disolución de las Cámaras a través de interpelaciones y preguntas y regula los estados de alarma, excepción y sitio.
TITULO VI. Del Poder Judicial (arts. 117 al 127)
Este Título establece el principio de subordinación de la riqueza al interés general, el principio de legalidad en materia tributaria y los principios básicos de régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales.
Regula el Tribunal de Cuentas y el régimen de elaboración de los Presupuestos del Estado. Reconoce la iniciativa de la actividad económica; la participación de los trabajadores en la Seguridad Social y la actividad de los organismos públicos, así como la posibilidad de planificación de la actividad económica.
TÍTULO VIII. De la organización territorial del Estado (arts. 137 al 158)
Regula los principios de organización territorial del Estado, la Administración Local y la Comunidades Autónomas. Está dividido en tres Capítulos:
CAPÍTULO PRIMERO: Principios Generales (arts. 137 al 139)
CAPÍTULO SEGUNDO: De la Administración Local (arts. 10 al 142)
CAPÍTULO TERCERO: De las Comunidades Autónomas (arts. 143 al 158)
TÍTULO X. Trata de la reforma constitucional (arts. 166 al 159)
Establece el procedimientos de reforma de la Constitución así como los límites temporales para efectuarla.
Profundizo en alguno de los Títulos al final de este tema.
Es una declaración de principios y valores, con gran valor político, puesto que señala los fundamentos del orden constitucional y los objetivos primarios que la Constitución persigue, pero sin fuerza jurídica:
La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
No tiene enunciado, pero trata sobre los principios, características y valores básicos y fundamentales en los que se sustenta el Estado Español.
Estamos frente a lo que se define como un estado descentralizado.
La unidad implica que existe una organización, que es el Estado, para todo el territorio nacional; pero los órganos del Estado no ostentan todo el poder, el cual se distribuye además entre los municipios, las provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, teniendo todos ellos autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Referencia a los principios de solidaridad e igualdad entre todas las zonas del territorio nacional, lo que implica la obligación de impedir privilegios de unas respecto a otras.
Aquí hay que hacer notar que por Real Decreto 905/2007, de 6 de julio, se han creado el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina para las Lenguas Oficiales.
Habrá que estar a lo dispuesto por la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, así como por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos.
Creación y ejercicio libres.
La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales
Principio de legalidad supone que los poderes públicos están sujetos al ámbito de sus competencias, y no pueden extralimitarse. Todas las actuaciones se condicionan al imperio de la ley, tanto las de los ciudadanos como las de la Administración.
Principio de jerarquía normativa supone que el ordenamiento jurídico se estructura de manera jerárquica, de modo que unas normas poseen rango superior a otras. La norma fundamental es la Constitución y a ella se subordinan las demás leyes, tanto en su contenido como en su procedimiento.
Principio de publicidad de las normas, las cuales deben ser publicadas en un diario oficial para que sean exigibles. Este principio asegura que todos los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones y puedan prever las consecuencias de sus actos. Esta garantía aparece como consecuencia ineluctable de la proclamación de España como un Estado de derecho, y se encuentra en íntima relación con el principio de seguridad jurídica.
El principio de seguridad jurídica es el principio en virtud del cual el ciudadano está amparado por una legislación no sujeta a continuos vaivenes. Significa, como afirma la doctrina mayoritaria, predictibilidad, es decir, que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias jurídicas que se derivan de un determinado acto, para lo cual es fundamental el principio de publicidad de las normas.
Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales; la irretroactividad significa que la ley se aplicará al futuro y no al pasado. Solamente pueden ser retroactivas las normas favorables.
Principio de interdicción de la arbitrariedad y principio de responsabilidad de los poderes públicos, de forma que los mismos sujeten su actividad a los poderes del Estado. Es decir, la Administración también está sometida al imperio de la ley y, cuando actúe excediendo de los límites legales, será responsable de los daños y perjuicios que cause por ello.
La Constitución clasifica los derechos y deberes fundamentales en los siguientes grupos:
Derechos y libertades de los ciudadanos.
Con 46 artículos, el Título I es el más amplio de nuestra Constitución. A lo largo de su articulado se reconocen y garantizan los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, así como la posible suspensión de los mismos.
Está dividido en 5 Capítulos, sirviendo el artículo 10 de introducción a todos ellos.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados paro España.
Conforme al artículo 10, párrafo 1 de la Constitución Española de 1978, son fundamento del orden político y de la paz social:
a) La dignidad de las persona, las libertades inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
b) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. ✓
c) La dignidad de la persona, las libertades inviolables que le son inherentes, la nacionalidad, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
d) La dignidad de la persona, los derechos y libertades inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aún cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.”
Los derechos y libertades de los extranjeros en España han sido regulados por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
El 27 de agosto de 1992, el Rey sancionó una reforma de la Constitución, dando una nueva redacción al apartado 2 del artículo 13, referente al derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales que, a partir de la misma, ha pasado a ser activo y pasivo. Esta reforma fue aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, el día 22 de julio de 1992, y del Senado, el día 30 de julio de 1992.
El derecho de sufragio activo es la facultad de votar en las elecciones. El derecho de sufragio pasivo es el derecho a ser candidato elegible en las elecciones.
Por la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, se abolió la pena de muerte en tiempo de guerra.
El art. 17.4 ha sido desarrollado por la L.O. 6/1984, de 24 de mayo, de regulación del procedimiento de habeas corpus.
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar a la Propia Imagen.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
Habrá que estar a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información. También debe tenerse en cuenta la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, parcialmente modificada por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
El derecho de reunión se ha regulado por Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.
El derecho de asociación se ha regulado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.
Referencia a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Debe tenerse en cuenta la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.”
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convecciones.
El derecho de educación ha sido regulado por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
2. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
El derecho de libre sindicación está regulado por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Entre los derechos fundamentales proclamados en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución se incluyen:
a) El derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
c) El derecho a la igualdad.
d) El derecho a sindicarse libremente. ✓
1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que detemine la ley.
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y derecho a la objeción de conciencia, regulado por la Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la Objeción de conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, desarrollada por el Real Decreto 700/1999, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria.
No obstante, es importante señalar que, a través de los Reales Decretos 247/2001, de 9 de marzo y 342/2001, de 4 de abril, quedan suspendidas la prestación del servicio militar y la prestación social sustitutoria del mismo respectivamente, a partir del 31 de diciembre de 2001.
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estado de Alarma, Excepción y Sitio, y la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
En relación con esta materia, debe hacerse mención a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, muy modificada con posterioridad.
Ha de tenerse en cuenta la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
1. Se reconoce el derecho a la propiedad intelectual privada y a la herencia.
Este derecho se ha regulado por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, así como por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
¿Cuál de las siguientes respuestas sólo hace referencia a conceptos recogidos en la Constitución Española en la Sección 1ª, capítulo II, Título I, denominada “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas?
a) Derecho a la libertad y seguridad. Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho de fundación.
b) Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
c) Libertad de empresa. Libertad de residencia y circulación.
d) Libertad de expresión. Derecho de reunión. Derecho a participar en asuntos funciones y cargos públicos. ✓
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
La Constitución Española de 1978 contempla la protección integral de los hijos y su igualdad ante la Ley con independencia de su filiación como:
a) Uno de los derechos fundamentales de la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título I.
b) Uno de los derechos y deberes de los ciudadanos de la Sección 2ª del Capítulo 2º del Título I.
c) Uno de los principios rectores de la política social y económica. ✓
d) Es un derecho que no se contempla expresamente en la Constitución.
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a).
Por tanto en el artículo 53 ser recoge el sistema de protección y garantías de todos los derechos enunciados en el Título I (arts. 14 al 52) con 3 niveles de protección:
Nivel máximo de garantías: Se recoge la protección de las libertades y derechos reconocidos en los artículos 14 al 29 incluyendo también la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.2. La vulneración de cualquiera de estos derechos permite al ciudadano acudir:
Ante los tribunales ordinarios con un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
En su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Nivel medio de garantías: Abarca la protección de los derechos comprendidos en el capítulo II (arts. 14 al 38) cuyas garantías son:
Los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos.
Regulación normativa a través de Ley respetando el contenido esencial que establece la constitución para dichos artículos.
Posibilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad ante la vulneración de cualquier derecho del Capítulo II.
Nivel mínimo de garantías: Contempla la protección de los derechos establecidos en el Capítulo III (arts. 39 al 52). Ante la vulneración de cualquiera de estos derechos sólo podrán se alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
El artículo 53.1 de la Constitución Española de 1978 dispone:
a) Que el contenido esencial de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título primero sólo puede regularse por Ley orgánica.
c) Que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I sólo puede regularse por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. ✓
d) Que los derechos y libertades reconocidos en el Título I sólo pueden ser regulados por ley orgánica.
Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1.a) y d) y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de los establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
De conformidad con el artículo 55.2 de la Constitución Española de 1978, entre los derechos que pueden ser suspendidos individualmente están:
a) La libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones.
b) El derecho al honor y el secreto de las comunicaciones.
c) La libertad de residencia y el secreto de las comunicaciones.
d) La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. ✓
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