Source: https://psicolog.org/gobierno-de-puerto-rico-18va-asamblea-2da-sesin.html
Timestamp: 2020-01-23 22:22:07
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 6080', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 6080']

Gobierno de puerto rico 18va. Asamblea 2da. Sesión
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El camino a la recuperación continúa: Puerto Rico se Levanta
CAPÍTULO I- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.1
Personal de respuesta inmediata
Proveedor de servicios de salud ”
CAPÍTULO II. SEGURIDAD PÚBLICA Artículo 2.1
CAPÍTULO III. SALUD PÚBLICA Artículo 3.1
CAPÍTULO 4 – TELECOMUNICACIONES Artículo 4.1
Artículo 4.3.- Planes de Contingencia para compañías de telecomunicaciones
CAPÍTULO 5- CONTRATACIÓN GUBERNAMENTAL Artículo 5.1
CAPÍTULO 6 – LICENCIAS, TERMINOS REGISTROS Y PAGOS Artículo 6.1.
Artículo 6.4.- Permisos de construcción de algunos comercios e industrias luego de declarada una emergencia.
Artículo 6.8.- Extensión de términos
CAPÍTULO 7 – ASUNTOS LABORALES Artículo 7.1
CAPÍTULO 8 –ASUNTOS CONTRIBUTIVOS, PRESUPUESTARIOS Y DE SEGUROS Artículo 8.1.- Medidas Contributivas de Emergencia.
Artículo 8.2.- Fondos del Presupuesto General y aquellos de emergencia recibidos por agencias federales
P. de la C. 1274
Presentado por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs-Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas-Rodríguez, Meléndez Ortiz, fMiranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Rodríguez Ruiz, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres González
Para establecer la “Ley para Atender Emergencias y Desastres en Puerto Rico”; a los fines de reforzar la preparación y recuperación de Puerto Rico ante una emergencia o desastre; reconocer las facultades y poderes del Gobernador de Puerto Rico durante un desastre o emergencia; disponer para la creación de un Grupo de Respuesta a Emergencias; disponer que facilidades de salud, égidas, asilos de anciano, gasolineras y supermercados cuenten con un generador eléctrico de emergencia con suficiente combustible para garantizar continuidad de servicios esenciales; disponer mayor rigurosidad en los planes de contingencia que deberá tener el Gobierno, los Municipios y algunos sectores de la empresa privada; enmendar los Artículos 6.06, 6.10 y 6.14 de la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”; enmendar el Artículo 6080.12 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 2.181 a la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, mejor conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de disponer un proceso de arbitraje sumario para casos de emergencia o desastre; reafirmar la autoridad legal bajo el estado de derecho actual de las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador durante el paso de los huracanes Irma y María en Puerto Rico; enmendar los Artículos 66 y 240 del Código Penal de Puerto Rico, Ley 146-2012, según enmendada; y para otros fines relacionados.
Durante el mes de septiembre de 2017, Puerto Rico recibió el impacto de dos poderosos huracanes que devastaron todos nuestros municipios. El 6 de septiembre de 2017, el huracán Irma, un huracán categoría 5, afectó directamente la isla municipio de Vieques y gran parte del noreste de Puerto Rico. Tras ese fenómeno atmosférico sobre un millón de residentes de Puerto Rico estuvieron sin servicio de energía eléctrica. Fue por ello que el Gobierno de Puerto Rico trabajó incansablemente para restituir el servicio eléctrico hasta lograr restablecer un 96% de los abonados. No obstante, mientras terminábamos de lidiar con los estragos de Irma, el 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico completo fue azotado por el huracán María, un poderoso huracán categoría 4 que arropó a Puerto Rico y cruzó de este a oeste, afectando a cada uno de los residentes de esta Isla. Tras su paso, la infraestructura de energía eléctrica y de telecomunicaciones, así como el servicio de agua potable se vieron severamente afectados, quedando inoperantes hasta el punto de que creó un precedente de destrucción nunca antes visto en la historia moderna de Puerto Rico. Con el paso de este poderoso ciclón, miles de hogares dejaron de existir o sufrieron daños severos, los cuales, en algunos casos, fueron irreparables. A partir de este momento, Puerto Rico enfrenta muchos retos de incalculable trascendencia en el ofrecimiento de servicios de salud, daño a la infraestructura, estabilidad de los servicios esenciales y allegar alimentos y agua a los más necesitados, entre muchos otros. A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, estos servicios aún no están disponibles para todos los puertorriqueños y seguimos trabajando para llevarle la normalidad a todos nuestros residentes.
A las pocas horas de este evento sin precedentes, el Gobierno local atendió emergencias como la ocurrida en Toa Baja para rescatar a miles de personas que se encontraban en los techos de sus residencias a consecuencia del paso del huracán.
Hemos trabajado con todos los sectores de la sociedad unidos como pueblo, sin importar credo, raza, condición social o ideales políticos, con el único objetivo de reconstruir nuestra Isla. Aunque no en las circunstancias idóneas, Puerto Rico se encuentra en la palestra pública nacional y mundial. A pesar de los contratiempos y dificultades, Puerto Rico se levantará y le demostrará a nuestra nación y al mundo que somos fuertes.
Han sido tiempos difíciles, pero cada día que pasa es mejor que el anterior y el Gobierno no descansará hasta que Puerto Rico y sus residentes logren levantarse más fuertes que nunca. Para ello, necesitamos reestructurar nuestro aparato gubernamental y darle más y mejores herramientas para lidiar con este tipo de emergencias.
Debemos contar con las mejores herramientas para atender este desastre y cualquier otro en el futuro. Esta Ley reconoce los contratiempos que enfrentamos en un evento que ocasionó este tipo de estragos. Ante los retos enfrentados y los que aún persisten, hemos aprendido nuestra lección como pueblo y estamos conscientes de que podemos prepararnos más eficientemente para la próxima emergencia. Tomando en consideración las facultades extraordinarias que ostenta el Gobernador ante la ocurrencia de una emergencia conforme a la Ley Núm. 20-2017, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública”, esta Ley otorga más garras al andamiaje de seguridad y de primera respuesta ante un desastre.
De otra parte, esta Asamblea Legislativa ha revisado las órdenes ejecutivas firmadas durante la emergencia por el Gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, así como aquellas determinaciones administrativas tomadas por las agencias, y entiende que todas fueron válidamente emitidas ante la situación de emergencia existente y conforme a las disposiciones de la Ley 211-1999 ya derogada y la Ley 20-2017 que comenzó a regir el 7 de octubre de 2017.
En la redacción de esta Ley, esta Asamblea Legislativa ha utilizado como modelo estatutos similares promulgados posterior al paso en otras jurisdicciones de los Estados Unidos de huracanes como Katrina y Sandy. Ya el Gobierno había tomado muchísimas de estas iniciativas en consideración para atender este desastre. No obstante, hemos incorporado otras iniciativas que nos ayudarán a lidiar mejor con emergencias y desastres futuros. La compleja gama de amenazas tradicionales y emergentes exige la aplicación de un enfoque unificado y coordinado para la atención de incidentes de emergencia, no sólo durante éstas, sino también durante las operaciones diarias del Gobierno estatal.
Según informes preliminares, los daños que sufrió Puerto Rico, incluyendo su infraestructura, podrían sobrepasar los $100 mil millones. Aún previo a la ocurrencia de este desastre natural sin comparación, la situación económica y fiscal de Puerto Rico se encontraba en su momento más frágil de los últimos tiempos. El recibir daños a nuestra infraestructura y economía de esta magnitud, nos ha colocado en un estado de emergencia sin precedentes acentuado por un déficit fiscal de $7,600 millones que heredamos de pasadas administraciones. El funcionamiento limitado del Gobierno y la situación económica de los puertorriqueños ha mermado sustancialmente los recaudos, al punto de que el Estado está en peligro de quedarse sin liquidez, sin la asistencia federal.
Este es el momento de reconstruir el Gobierno, de manera que sea ágil y eficiente para la ciudadanía: una estructura gubernamental menos burocrática que en momentos de emergencia pueda ejecutar y que cuente con las herramientas para volver a la normalidad rápidamente. En una situación donde todos los sectores se encuentran golpeados, nuestra prioridad es devolverle al Pueblo la estabilidad que tanto anhela y se merece. Será nuestro compromiso aprovechar esta emergencia al máximo para mejorar el funcionamiento efectivo del Gobierno.
Aunque son muchos los obstáculos que debemos superar en el camino hacia la recuperación definitiva, hay esperanza y optimismo en nuestra gente. Hay un nuevo amanecer en nuestra patria y no podemos defraudar a Puerto Rico. Debemos enfrentar la crisis como un gran reto, que podemos traducir en grandes oportunidades. No podemos aferrarnos a los modelos fracasados del pasado. Luego de la destrucción causada por el huracán María, debemos aprovechar la oportunidad, no para recuperar la vieja normalidad, sino para construir un nuevo y mejor Puerto Rico. Tenemos que aprovechar este momento para enfrentar los retos y procurar los grandes cambios que Puerto Rico necesita.
Artículo 1.1- Título.
Esta Ley se conocerá como la “Ley para Atender Emergencias y Desastres en Puerto Rico”.
Artículo 1.2- Primacía de esta Ley.
Esta Ley se aprueba en el ejercicio del poder de razón del Estado, así como en la facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa, reconocida en el Artículo II, Secciones 18 y 19 de la Constitución de Puerto Rico, de aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo, así como en casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud, la seguridad pública o los servicios gubernamentales esenciales. Por esta razón, esta Ley tendrá supremacía sobre cualquier otro estatuto, siempre que exista una declaración de emergencia emitida por el Gobernador de Puerto Rico. No obstante lo anterior, toda ley que incluya disposiciones de emergencia seguirán en vigor durante una declaración de emergencia, en la manera que no vayan en contravención con esta Ley.
Artículo 1.3- Declaración de Propósito y Política Pública.
En una isla tropical como Puerto Rico, vivimos a la merced de las inclemencias del tiempo y otras emergencias que aunque no provocadas por la naturaleza ponen en riesgo la vida, seguridad, propiedad o salud de nuestro Pueblo. Debido a la posibilidad existente de ocurrencias de emergencias y desastres de tamaño y destructividad sin precedentes como huracanes, inundaciones, incendios, terremotos, sabotaje u otra acción hostil, u otras causas naturales o provocadas por el hombre, y a fin de garantizar que los preparativos del Gobierno y el Pueblo sean adecuados para detectar, prepararse, investigar o recuperarse de tales emergencias o desastres, y en general, para preservar la vida y la propiedad de nuestros ciudadanos, resulta necesario:
(1) Conferirle al Gobernador de Puerto Rico los poderes provistos en esta Ley para atender cualquier emergencia.
(2) Que el plan de contingencia para el manejo de emergencias de todas las entidades de la Rama Ejecutiva y los Municipios, se prepare y apruebe sin demora y se mantenga actualizado.
(3) Reducir la vulnerabilidad de las personas y comunidades frente a los daños, lesiones y pérdidas de vidas y bienes, a causa de catástrofes naturales o por otra razón que atenta contra nuestro Pueblo o provocadas por el hombre, disturbios, actos de terrorismo o acciones militares o paramilitares hostiles.
(4) Prepararse para acciones oportunas y efectivas de desalojo, rescate, cuidado y tratamiento de víctimas o personas amenazadas por desastres o emergencias.
(5) Proporcionar la rápida restauración y recuperación de personas y bienes afectados por emergencias o desastres.
(6) Autorizar y proporcionar sistemas de cooperación por parte de agencias, municipios, organizaciones y entidades no gubernamentales, y ciudadanía general, relacionados a la prevención, mitigación, preparación y respuesta a desastres o emergencias.
A los fines de lograr los fines antes enumerados, se establece como política pública que todas las funciones de seguridad y preparación para emergencias se coordinen, en la manera posible, con las funciones del Gobierno federal, con el fin de que se puedan realizar los preparativos e implementar un uso más efectivo de los recursos y de las instalaciones disponibles, para hacer frente a cualquier emergencia o desastre.
Artículo 1.4- Definiciones.
(1) “Desalojo” - significa el movimiento organizado y supervisado, de la población civil de zonas de peligro o potencialmente peligrosas y su recepción y ubicación en áreas seguras.
(2) “Desastre” - significa el resultado de un evento natural o artificial que causa la pérdida de vidas, lesiones y daños a la propiedad, incluyendo, entre otros, desastres naturales como huracanes, tornados, terremotos, tormentas, inundaciones, fuertes vientos y otros eventos relacionados con el clima, incendios y desastres provocados por el hombre, incluidos, entre otros, incidentes con materiales peligrosos, derrames de petróleo, explosiones, disturbios civiles, calamidades públicas, actos de terrorismo, acciones militares hostiles y otros eventos relacionados.
(3) “Emergencia” — significa cualquier situación o circunstancia para la cual sean necesarios los esfuerzos estatales y municipales encaminados a salvar vidas y proteger propiedades, la salud y seguridad pública, o para minimizar o evitar el riesgo de que ocurra un desastre en cualquier parte de Puerto Rico. Esta definición incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
(a) La amenaza o condición real que ha sido o puede ser creada por un desastre; o
(b) (i) Cualquier evento natural o artificial u otra circunstancia que resulte en una interrupción de los servicios públicos y que afecte la seguridad, la salud o el bienestar de un residente de Puerto Rico o la capacidad del Gobierno para atender estas circunstancias; o
(ii) Cualquier instancia en que se dañe la propiedad de agencias de servicios esenciales y dicho daño crea una condición peligrosa para el público.
(iii) Cualquier emergencia nacional o estatal, incluidos actos de terrorismo o una autorización del Congreso o declaración presidencial de conformidad con la Resolución de los Poderes de Guerra (50 U.S.C. 1541 et seq.).
(4) “Personal de respuesta inmediata (first responders)” – significa el primer grupo organizado de respuesta y asistencia con la capacidad y misión de controlar, mitigar, y/o resolver la emergencia o desastre en cuestión, según determine el Gobernador.
(5) “Profesional de la salud” — significa cualquier practicante debidamente admitido a ejercer en Puerto Rico y cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos de América, de conformidad con las leyes, reglamentos aplicables, y órdenes, cualquiera de las profesiones del campo de la salud y el cuidado médico, tales como, pero sin limitarse a, médicos cirujanos, dentistas, farmacéuticos, enfermeros, médicos asistentes, tecnólogos médicos, psicólogos, o veterinarios, según autorizado por las correspondientes leyes de Puerto Rico, leyes federales, o las leyes de la jurisdicción de origen.
(6) “Proveedor de servicios de salud” — significa cualquier persona o entidad autorizada por las leyes de Puerto Rico, leyes federales o cualquier jurisdicción de los Estados Unidos de América, a prestar o proveer servicios de cuidado de salud médico-hospitalarios en Puerto Rico.
Artículo 1.5 – Poderes del Gobernador.
En el caso de una emergencia o desastre, el Gobernador emitirá una Orden Ejecutiva declarando el estado de emergencia o desastre, de conformidad con el ordenamiento vigente. Posterior a esa declaración inicial de emergencia o desastre, el Gobernador podrá enmendar dicha orden o emitir una nueva, para activar las disposiciones de emergencia contenidas en esta Ley.
Además de los poderes extraordinarios del Gobernador contenidos en la Ley Núm. 20-2017, se le reconocen los siguientes:
(1) Suspender las disposiciones de la aplicación de cualquier estatuto, ordenanza municipal, reglamento, orden, regla o decreto de cualquier índole, contrato o acuerdo, mientras dure el estado de emergencia que tenga como resultado una mejor respuesta a atender la misma.
(2) Utilizar recursos gubernamentales del gobierno estatal y cualquier gobierno municipal o privado, así como aquellos disponibles del gobierno federal.
(3) Suspender o limitar la venta, expendio o transportación de bebidas alcohólicas, armas de fuego, explosivos y combustible, así como declarar toques de queda.
(4) Emitir órdenes de desalojo o evacuación de cualquier índole.
Artículo 1.6 - Grupo de Respuesta a Emergencias.
Se crea el Grupo de Respuesta a Emergencias (GRE), el cual estará compuesto por los miembros que designe el Gobernador y su funcionamiento estará delimitado mediante Orden Ejecutiva. El GRE será el cuerpo estratégico de toma de decisiones para situaciones de emergencias o desastres en Puerto Rico, liderado por el Gobernador, el cual se asegurará de que la emergencia se trabaje con un enfoque unificado y coordinado, no solo durante la emergencia, sino también durante las operaciones diarias del gobierno estatal con posterioridad a la misma. Tendrá, además, facultad para imponer requisitos de funcionamiento a ciertos comercios y establecimientos en la eventualidad de una emergencia.
El GRE se asegurará que toda facilidad crítica de salud, según definida en la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, así como égidas, hogares de envejecientes, estaciones de gasolina, mayorista de combustible, asilos de ancianos, supermercados e hipermercados cuenten con un generador eléctrico que produzca la energía suficiente para continuar sus operaciones en casos donde no esté operando el sistema energético de la Autoridad de Energía Eléctrica. De igual forma, el GRE se asegurará que los establecimientos críticos en estas áreas cuenten con abastos de combustible suficientes para operar el generador eléctrico al menos diez (10) días después de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. De no contar con la capacidad para almacenar los abastos en sus facilidades, deberán proveer prueba fehaciente de que contará con el suplido del combustible por esa cantidad de días. El GRE creará excepciones que sean razonables para los pequeños y medianos comerciantes.
Estos requisitos son adicionales a cualquier otro requisito que la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Asuntos al Consumidor, el Departamento de Salud o cualquier dependencia adscrita a la Rama Ejecutiva con jurisdicción puedan imponer para el funcionamiento efectivo de estos establecimientos durante una emergencia o desastre.
Las facilidades de salud y los establecimientos dispuestos en este Artículo deberán contar con abastos de medicamentos y de artículos de primera necesidad suficientes, según aplique, para operar diez (10) días después de un evento de fuerza mayor. Los medicamentos que deberán ser almacenados por las facilidades de salud para estos eventos serán aquellos fijados por el Departamento de Salud y los artículos de primera necesidad que los negocios deberán tener para la venta al público general serán aquellos que determine el Departamento de Asuntos del Consumidor.
Las facilidades de salud y los establecimientos detallados en este Artículo deberán certificar al GRE el cumplimiento con lo dispuesto en esta Ley en o antes del 31 de mayo de cada año.
El GRE podrá promulgar la reglamentación necesaria para dar cumplimiento a esta Ley a los que no le aplicará las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
Artículo 1.7 – Planes de contingencia.
Los dueños, administradores, representantes autorizados, o sus sucesores, de facilidades o propiedades inmuebles que sirvan o se utilicen como refugio o que brinden servicios de salud, exceptuando los planteles escolares, deberán desarrollar y presentar al GRE un plan de contingencia el primero de junio de cada año. El GRE establecerá, mediante Reglamento, los requisitos de este plan de contingencia a tenor con las capacidades y servicios que brinden estos establecimientos.
Estas disposiciones también serán de aplicación a centros de envejecientes y égidas, según definidos por las leyes que regulan este tipo de industria. El Departamento de la Familia, en coordinación con el Departamento de la Vivienda y los municipios, presentará al GRE un inventario anual de todos los centros de envejecientes, égidas y centros de vivienda asistida a través de Puerto Rico y desarrollará un plan de contingencia para estos centros en respuesta a una situación de desastre o emergencia.
Artículo 1.8 - Asistencia de los Municipios.
En caso de que una emergencia o desastre ocurra en un municipio o municipios en específico, el restante de los gobiernos municipales a los que la emergencia o desastre no los hubiese afectado o que estén en mejores condiciones operacionales deberán poner a disposición del Gobernador todos los recursos disponibles, incluyendo, pero sin limitarse a, personal para lidiar con la emergencia o desastre, materiales y materia prima, equipo y servicios, documentos, información, bienes muebles e inmuebles, entre otros, según sea solicitado por el Gobernador o la persona designada por éste.
Artículo 1.9 – Congelación de Precios.
A. Una vez decretado un estado de emergencia o desastre por el Gobernador o Presidente de los Estados Unidos, según determine el Departamento de Asuntos al Consumidor, los precios de ciertos bienes y servicios serán congelados dentro del área o áreas en que se suscite la emergencia o desastre, de conformidad con los precios a los que ordinariamente y antes de que ocurriese la emergencia o desastre, se vendían, dispensaban o se hacían disponibles para el consumo.
Se autoriza al Departamento de Asuntos del Consumidor a emitir las órdenes de congelación de precios y/o cualquier decreto administrativo aplicable, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, estatutos y reglamentos aplicables a la emisión de órdenes de congelación de precios y/o cualquier determinación administrativa aplicable a los distintos bienes y servicios.
B. Cada venta u ofrecimiento de venta en violación a las disposiciones de este Artículo constituirá una violación por separado.
C. Las penalidades que el Departamento de Asuntos del Consumidor imponga conforme las leyes y reglamentos aplicables, y según autorizadas por esta Ley, serán distintas y separadas de cualquier otro remedio civil provisto por Ley.
Artículo 1.10 – Inmunidad de los funcionarios.
A. (1) El Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, funcionarios o representantes, y gobiernos municipales, dependencias, sus funcionarios o representantes, no serán responsables por muerte, lesión o daño ocasionado a cualquier persona o propiedad mientras esté vigente una declaración de emergencia por parte del Gobernador de Puerto Rico, si la actuación que provoca la muerte, lesión o daño se lleva a cabo en el cumplimiento de su deber de conformidad con esta Ley o en el intento de cumplimiento con cualquier otro estatuto, orden ejecutiva, reglamento o decreto administrativo aplicable. Disponiéndose que, cuando medie negligencia crasa o menosprecio con el debido cuidado, o que la muerte, lesión o daño se provoque deliberadamente e intencionalmente, por parte de cualquier agencia, funcionario o representante del gobierno estatal o municipal serán responsables por la muerte, lesión o daño ocasionado, según el ordenamiento jurídico vigente al momento de la emergencia.
(2) Asimismo, ningún recluso o prisionero bajo custodia y/o bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Junta de Libertad Bajo Palabra o de cualquier otra agencia de ley y orden, que tenga derecho a ser liberado por haber extinguido su sentencia o condiciones impuestas en su sentencia y que, a consecuencia de una declaración de emergencia, la agencia que ostente su jurisdicción no pueda liberarlo podrá incoar una reclamación ante los tribunales, o cualquier otro foro, por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia no haber sido liberado luego de haber extinguido su pena o las condiciones impuestas en su sentencia. No obstante, el Gobierno procederá a conceder su remedio tan pronto la situación así lo permita.
Artículo 1.11 – Distribución de combustible.
Las estaciones de gasolina y los mayoristas tendrán que tener planes de contingencia y de continuidad de operaciones y suplido ante una emergencia. Ese plan de contingencia será establecido con el GRE, quien tendrá la facultad de imponer requisitos específicos para la operación de los distribuidores, mayoristas y detallistas de combustible en una emergencia, tomando en consideración las capacidades de cada establecimiento.
El Departamento de Asuntos del Consumidor requerirá a los mayoristas establecer, en consulta con el sector privado, estaciones de gasolina para uso exclusivo de empleados o trabajadores de hospitales, agentes del orden público, de las industrias de la banca, telecomunicaciones, alimentos, seguridad, restaurantes, farmacias, producción de hielo, desperdicios sólidos, égidas y/o hogares de envejecientes, funerarias y pequeñas y medianas empresas brindando servicios necesarios para viabilizar y acelerar la recuperación de Puerto Rico, luego de decretarse una emergencia mediante orden ejecutiva. Para ello, los empleados tendrán que acudir a las gasolineras identificadas por los mayoristas con una identificación de su patrono o empresa.
Artículo 1.12 – Cuerpo de Auditores.
Se constituye un Cuerpo de Auditores compuesto por los auditores del Departamento de Hacienda y de aquellos empleados del Gobierno de Puerto Rico que posean conocimiento técnico sobre procesos de auditoría gubernamental. Disponiéndose que, a solicitud del Secretario de Hacienda, los jefes de agencias tienen el deber de tramitar inmediatamente cualquier solicitud para que auditores adscritos a su respectiva agencia formen parte del Cuerpo de Auditores creado mediante la presente Ley.
El Cuerpo de Auditores tendrá las siguientes funciones:
Analizará la manera en que se distribuyan los artículos de primera necesidad en toda la Isla, luego de un decreto de emergencia, y procurará que los mismos sean distribuidos de acuerdo con las necesidades identificadas por el Gobierno de Puerto Rico.
Evaluará el manejo de los daños en los 78 municipios de la Isla y sus agencias.
Fiscalizará, canalizará y se asegurará que las transacciones y procedimientos en las agencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico sean implementadas de manera ordenada y rápida, conforme las circunstancias particulares de cada caso.
Ofrecerá apoyo a las agencias en la implementación de los planes de contingencia y de los decretos administrativos emitidos en respuesta a la declaración de emergencia, procedimientos internos, ofrecimiento de servicios a la ciudadanía, distribución de los recursos y manejo de la emergencia, entre otros.
Rendirá informes en los que se evalúen las operaciones, determinen fallas y provean recomendaciones que mejoren la efectividad y eficiencia de dichas operaciones.
Fungirá como auditor o inspector de cualquier agencia que solicite los servicios.
Realizará cualquier otra función que el Gobernador le delegue, de conformidad con los propósitos establecidos en la presente Ley.
Artículo 1.13 – Se enmienda el inciso (b) del Artículo 6.06 de la Ley 20-2017, para que lea como sigue:
“Artículo 6.06. — Coordinación de Esfuerzos entre el Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Situación donde exista una declaración de estado de emergencia o desastre por el Gobernador de Puerto Rico:
En situaciones donde la intervención del Negociado sea pertinente, el Gobernador de Puerto Rico decretará, mediante Orden Ejecutiva, una declaración de estado de emergencia o desastre y el Comisionado, o cualquier persona que el Gobernador de Puerto Rico designe, será responsable por la coordinación, implantación y administración de los planes y programas de manejo de emergencias y desastres.
Artículo 1.14– Se enmienda el inciso (e) del Artículo 6.10 de la Ley 20-2017, para que lea como sigue:
“Artículo 6.10. — Poderes Extraordinarios del Gobernador de Puerto Rico.
En situaciones de emergencia o de desastre, el Gobernador de Puerto Rico podrá decretar, mediante proclama, que existe un estado de emergencia o desastre, según sea el caso, en todo el territorio de Puerto Rico o en parte del mismo. El Gobernador, mientras dure dicho estado de emergencia o desastre, tendrá, además de cualesquiera otros poderes conferidos por otras leyes, los siguientes:
(e) Podrá vender, arrendar o adquirir por compra o donación cualesquiera bienes muebles o inmuebles, o cualquier derecho sobre los mismos, que a su juicio considere útiles, convenientes o necesarios durante un estado de emergencia o desastre. Disponiéndose que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico efectuará un estudio sobre las propiedades del Estado y recomendará al Gobernador la forma y manera en que se dispondrán los mismos, sin sujeción a las disposiciones de la Ley 26-2017, mientras dure el período de emergencia. “
Artículo 1.15 - Se enmiendan los incisos (b) y (c) del Artículo 6.14 de la Ley 20-2017, para que lea como sigue:
“Artículo 6.14. — Violaciones y Penalidades.
Será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal, toda persona que realizare cualquiera de los siguientes actos:
No acate las órdenes del Gobernador en un periodo de emergencia incluyendo pero no limitada a una orden de evacuación de la población civil emitidas por el Gobernador, el Departamento o sus Negociados como parte de la ejecución de su plan en casos de emergencia o desastre. Se faculta al Departamento o sus Negociados, la policía municipal, o cualquier entidad o dependencia municipal de orden público, a remover en contra de su voluntad a cualquier persona que, a pesar de existir una orden de evacuación, insista en permanecer en una propiedad o lugar poniendo en peligro su vida o la de otros.
Obstruya las labores de desalojo, búsqueda, asistencia a víctimas, reconstrucción o evaluación e investigación de daños de agencias federales, estatales o municipales, mientras esté vigente un estado de emergencia promulgado por el Gobernador de Puerto Rico mediante una Orden Ejecutiva. No obstante, si la obstrucción aquí dispuesta impide que suministros de primera necesidad lleguen a la persona en necesidad de los mismos, se constituirá delito grave y la persona será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.
Artículo 2.1 - Toque de Queda.
El Gobernador, a su discreción, podrá establecer un toque de queda, su horario, duración y sus exclusiones, mediante Orden Ejecutiva.
Artículo 2.2 – Cuerpos de Oficiales de Paz.
El Gobernador de Puerto Rico tendrá el poder para activar un Cuerpo de Oficiales de Paz (Peace Officers) para que brinden apoyo y asistencia en el área de seguridad a los agentes de orden público estatales. Ese Cuerpo de Oficiales de Paz estará compuesto por todos los funcionarios de orden público federal o de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos de América, que tengan facultad en ley para efectuar arrestos y que estén en el desempeño de sus funciones, hasta que se emita orden en contrario.
El Cuerpo de Oficiales de Paz tendrá, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 11 de Procedimiento Criminal, completa autoridad y facultad en ley para realizar arrestos y desempeñar todas las funciones de sus cargos por infracciones a las leyes estatales, bajo los mismos términos y condiciones aplicables a los agentes de orden público estatales.
Artículo 2.3 – Dispensa; armas.
El Gobernador de Puerto Rico tendrá el poder de eximir temporeramente en una emergencia al personal de seguridad de compañías o empresas privadas debidamente licenciadas en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos de América, del cumplimiento de cualquier requisito impuesto por ley, reglamento, orden administrativa o directriz aplicable al procedimiento para la obtención de una licencia de portación de arma de fuego en Puerto Rico. Ello, siempre y cuando la compañía en cuestión acredite y certifique que los empleados que harían uso del diferimiento mencionado poseen una licencia de portación de armas válida y vigente en la jurisdicción de origen. Conforme a ello, y a fin de garantizar la seguridad y el orden público, el Secretario del Departamento de Seguridad Pública, posterior al recibo de la certificación expresada anteriormente expedirá una autorización y/o licencia especial provisional de portación de arma de fuego al personal identificado de las compañías o empresas aludidas.
No obstante lo anterior, se dispone que el personal de las empresas de seguridad así detalladas, tendrá un plazo jurisdiccional de treinta (30) días, a partir de que concluya la emergencia y se normalicen las operaciones en el Departamento de Seguridad Pública y en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, para que de permanecer en Puerto Rico, suplementen los documentos y cumplan con todos los requisitos de ley, reglamento, orden administrativa o directriz aplicable en la Ley de Armas de Puerto Rico para la obtención de la licencia de portación de armas de fuego.
En el caso de oficiales del orden público federales y de otros estados que se incorporen al Cuerpo de Oficiales de Paz, se autorizará a que porten sus armas de fuego de reglamento durante la emergencia.
CAPÍTULO III. SALUD PÚBLICA
Artículo 3.1 – Licencias de proveedores de servicios y profesionales de la salud.
El Gobernador de Puerto Rico podrá dispensar a los proveedores de servicios de salud y profesionales de la salud, de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos de América, que estén debidamente acreditados o licenciados, de los requisitos establecidos en cualquier ley que regule su profesión en la Isla y durante la emergencia podrán ejercer su profesión o brindar sus servicios en Puerto Rico, sin tener que solicitar una licencia provisional.
Los proveedores de salud o profesionales de la salud tienen que poseer una licencia profesional vigente y tener en su posesión copia de la misma y una identificación con foto. Aquellos proveedores o profesionales de la salud que rindan sus servicios según autorizados por este Artículo deberán enviar electrónicamente copia de su licencia estatal y copia de la identificación con foto a la agencia o junta de licenciamiento que regule la profesión en Puerto Rico.
El Gobernador mediante Orden Ejecutiva podrá tomar las medidas que entienda necesarias para garantizar los servicios de salud que se presten al Pueblo.
Artículo 3.2 – Cuerpo de Médicos Voluntarios.
El Gobernador podrá constituir un Cuerpo de Médicos Voluntarios para que brinden apoyo y asistencia en el área de la salud. Ese Cuerpo de Médicos Voluntarios estará compuesto por los médicos u osteópatas, y médicos asistentes, con licencia otorgada por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico; así como cualquier otro médico, osteópata y médico asistente debidamente acreditado o licenciado en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos de América.
Los médicos, osteópatas y médicos asistentes interesados en pertenecer al Cuerpo de Médicos Voluntarios deberán brindar sus servicios a través de todo Puerto Rico voluntariamente.
Las agencias mantendrán un registro de aquellos médicos, osteópatas y médicos asistentes que estén prestando servicios voluntarios en los procesos de emergencia, desastres y recuperación.
Aquellos miembros del Cuerpo no serán responsables por muerte, lesión o daño ocasionado a cualquier persona mientras esté vigente una declaración de emergencia por parte del Gobernador de Puerto Rico, si la actuación que provoca la muerte, lesión o daño se lleva a cabo en el cumplimiento de su deber de conformidad con esta Ley o en el intento de cumplimiento con cualquier otro estatuto, orden ejecutiva, reglamento o decreto administrativo aplicable. Esta inmunidad no será de aplicación en casos de negligencia crasa, intencional o de claro menosprecio en la seguridad pública.
Artículo 3.3 – Delegación de autorización al Secretario de Salud.
El Gobernador podrá autorizar al Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico a emitir cualquier orden, memorando, o decreto administrativo en el que exima a cualquier proveedor o profesional de la salud de cumplir con los requisitos de acreditación o licenciamiento establecidos en cualquier ley que regule la profesión en Puerto Rico.
CAPÍTULO 4 – TELECOMUNICACIONES
Artículo 4.1 – Acceso a facilidades de telecomunicación, facilidades dedicadas e infraestructura relacionada.
El Gobernador de Puerto Rico podrá autorizar a todas las agencias federales y estatales concernidas, principalmente a la “Federal Emergency Management Agency (FEMA)”y a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, y los empleados y/o contratistas de los distintos proveedores de servicio de telefonía celular en Puerto Rico, a utilizar los medios que razonablemente estimen necesarios para acceder a todas las torres de telecomunicaciones, facilidades dedicadas e infraestructura relacionadas, ubicadas en propiedad privada, cuyo acceso resulte necesario para la reparación y el restablecimiento de las telecomunicaciones y los servicios de data en Puerto Rico, de manera que la utilización de estos servicios resulte confiable y seguro.
Artículo 4.2 – Relevo de responsabilidad.
Mientras se encuentre vigente una declaración de estado de emergencia, quedarán relevadas de responsabilidad las agencias federales y estatales concernidas, y particularmente FEMA y la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, sus empleados, representantes, herederos, ejecutores, administradores, agentes, oficiales, directores, cesionarios y/o apoderados, y a los empleados, representantes, agentes, ejecutores, oficiales, directores, apoderados, afiliados, cesionarios y/o contratistas de los distintos proveedores de servicio de telefonía celular en Puerto Rico, de cualesquiera posibles causas de acción, ya sea de índole civil, criminal o en equidad, que surja, haya surgido o pueda surgir, que estén relacionadas con y/o sean derivadas, directa o indirectamente con las actuaciones tomadas dentro del marco de acción autorizado en el Artículo 4.1 de esta Ley.
Las compañías que ofrecen servicios de telecomunicaciones deberán contar con un plan de contingencia aprobado por el GRE. Este plan incluirá un plan de continuidad de servicios ante una emergencia o desastre en el caso de que haya una falla en el servicio de energía eléctrica.
CAPÍTULO 5- CONTRATACIÓN GUBERNAMENTAL
Artículo 5.1 – Contratación y Compras en el Gobierno durante una emergencia.
El Gobernador podrá eximir a los contratistas y a cualquier agencia, instrumentalidad, corporación pública y/o entidad adscrita a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de cumplir con cualquier requisito impuesto por ley, reglamento, orden administrativa o directriz aplicable que regule el proceso de contratación gubernamental para atender la emergencia o asegurar la continuidad de operación del Gobierno y sus dependencias. Del mismo modo, el Gobernador podrá eximir del proceso regular de compras (“procurement”) a cualquier agencia, instrumentalidad, corporación pública y/o entidad adscrita a la Rama Ejecutiva, de cualquier reglamento, orden administrativa, ley o directriz aplicable para atender la emergencia o asegurar la operación del Gobierno.
No obstante lo anterior, se dispone que los términos y condiciones de la obligación contraida deberán constar por escrito, con especificación de la fecha de otorgamiento, objeto de la obligación, monto total obligado y la firma de las personas autorizadas para suscribirlos.
Las agencias concernidas tendrán noventa (90) días después de que concluya la emergencia y se normalicen las operaciones para requerir, obtener y/o suplementar los documentos y/o cumplir con cualquier requisito establecido por ley, reglamento, u orden administrativa aplicable.
En aquellos casos en que las agencias concernidas otorguen algún contrato, éstas tendrán treinta (30) días después de que concluya la emergencia y se normalicen las operaciones del Gobierno para registrar los mismos ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Cualquier obligación suscrita durante el periodo de emergencia, y hasta que concluya la misma y se normalicen las operaciones del Gobierno, se considerará exenta del cumplimiento de cualquier requisito dispuesto en ley, reglamento, orden administrativa o directriz aplicable, que regule el proceso de contratación y/o de compra gubernamental.
CAPÍTULO 6 – LICENCIAS, TERMINOS REGISTROS Y PAGOS
Artículo 6.1. – Dispensa a licencias profesionales.
El Gobernador podrá otorgar una dispensa a cualquier profesión o servicio para atender una emergencia o desastre que requiera una licencia en Puerto Rico y conforme a dicha dispensa las personas o servicios cubiertos podrán ejercer la profesión o el servicio en Puerto Rico, sin tener que solicitar una licencia provisional, mientras se encuentra asistiendo en la emergencia. El Gobernador mediante Orden Ejecutiva podrá tomar las medidas que entienda necesarias para garantizar que se presten los servicios necesarios para la emergencia y la recuperación.
Artículo 6.2. – Arrendamientos de bienes inmuebles privados.
El Gobernador podrá eximir a las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y/o entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico del cumplimiento con los requisitos impuestos en la ley para el arrendamiento de bienes inmuebles privados.
Cualquier arrendamiento de un bien inmueble privado convenido en o luego de la vigencia de la declaración de emergencia y hasta que concluya la emergencia y hasta que se normalicen las operaciones del Gobierno, se considerará exento del cumplimiento con las disposiciones que exija la ley y estará sujeto a lo que el Gobernador disponga por orden ejecutiva.
Artículo 6.3. – Reconstrucción.
El Gobernador podrá eximir a toda persona natural o jurídica que se dedique a realizar mejoras, modificaciones, alteraciones, instalaciones y reparaciones esenciales en edificaciones dedicadas a vivienda y/o someta una propuesta u oferta de construcción, administre o dirija o en cualquier otra forma directa o indirecta, asuma la dirección de una obra o construcción, según se defina en los reglamentos del Departamento de Asuntos del Consumidor. También podrán estar exentos del requisito de inscripción los subcontratistas o cualquier contratista especializado, y toda persona que se dedique a la industria de la construcción, como por ejemplo: movimiento de terreno; cercos, traslado y demolición de estructuras; sistemas de saneamientos; toldos; excavación de zanjas; contratista de gabinete; carpinteros independientes; albañiles independientes; instaladores de losas y azulejos; instaladores de puertas y ventanas; contratista de obras de cristales; impermeabilizadores; selladores y reparadores de techo; maestro y/u oficial plomero; peritos electricistas; técnicos de refrigeración y aire acondicionado; contratista de piscina; contratista de servicios de mantenimiento; soldadores independientes; instaladores y servicios de mantenimiento de sistemas de equipos de seguridad electrónica; dueños de equipos pesados que realizan trabajos de construcción y limpieza; jardineros; y cualquier otro que pueda ser categorizado como contratista y/o realice trabajos de construcción, según definan los reglamentos del Departamento de Asuntos del Consumidor.
Luego de emitida una Orden Ejecutiva de emergencia de conformidad con las disposiciones de esta Ley, el Gobernador podrá mediante Orden Ejecutiva eximir a comercios, industrias u entidades gubernamentales del trámite ordinario los permisos de construcción o urbanización a presentarse ante la Oficina de Gerencia de Permisos o algún Municipio Autónomo aplicable, como paso previo a efectuar cualquier obra de reconstrucción, reparación o reposición para restablecer la infraestructura de Puerto Rico y aliviar las necesidades básicas de la población. No obstante lo anterior, el proponente deberá cumplir con cualesquiera requisitos que puedan establecer mediante Orden Administrativa la Junta de Planificación y/o la Oficina de Gerencia de Permisos.
Podrá acogerse a las disposiciones de este Artículo aquellas solicitudes, sean gubernamentales o privadas, relacionadas a las necesidades esenciales y apremiantes de la ciudadanía. Estas incluyen, pero sin limitarse a: combustible, alimentos (incluyendo preparación de alimentos), agua potable, hielo, transportación, medicamentos, servicios médicos y hospitalarios, telecomunicaciones, producción y venta de materiales de construcción y otros usos o actividades afines con suplir las necesidades esenciales dirigidas a atender el estado de emergencia.
Esta dispensa tendrá vigencia mientras dure el periodo de emergencia declarado por el Gobernador o por el término que establezca el Gobernador mediante Orden Ejecutiva.
Artículo 6.5. – Transporte de combustible.
Sujeto a los términos y condiciones de cualquier dispensa que en su día conceda el Departamento de Transportación de los Estados Unidos de América, el Gobernador podrá eximir a toda persona natural o jurídica que posea licencia de conducir vigente expedida por el Gobierno de Puerto Rico, y que quiera ejercer como conductor de un vehículo de servicio público, de cumplir u obtener la certificación o endoso para el transporte de combustible, como gasolina, diésel y otros productos derivados del petróleo en las vías de rodaje de la jurisdicción de Puerto Rico.
Se podrá autorizar la entrada de todo vehículo de transporte de combustible disponible a cualquier centro de distribución de combustible y sus derivados.
Artículo 6.6. – Industrias reguladas por la Comisión del Servicio Público.
El Gobernador podrá eximir a cualquier industria regulada por la Comisión de Servicio Público, de cualquier licencia, autorización, certificación, dispensa, permisos, requisitos, establecidos mediante ley, reglamento, orden, memorando, u otro, que administre, requiera o emita dicha entidad.
Artículo 6.7. – Suspensión del pago de peajes.
El Gobernador podrá suspender el pago de peajes e implementará las medidas que considere pertinentes para el pago de las tarifas de los mismos mediante Orden Ejecutiva.
Se faculta al Gobernador de Puerto Rico a que, en una emergencia declarada, pueda extender por un término razonable cualquier término estatutario, contractual o administrativo, incluyendo aquellos términos aplicables a la Rama Judicial para recursos regulados por Ley. Esto incluirá cualquier término que corra o esté corriendo para el cual sea razonable entender que su cumplimiento es de dificultad o imposibilidad para la persona natural o jurídica.
De igual forma, una vez declarada una emergencia, los jefes de agencia, corporación pública, junta, instrumentalidad o cualquier dependencia adscrita a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico podrán conceder moratorias o extensiones de permisos, autorizaciones, licencias, pagos, intereses y cualquier otro servicio que presten.
CAPÍTULO 7 – ASUNTOS LABORALES
Artículo 7.1 – Convenios colectivos.
A. Una vez declarada una emergencia de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, el Gobernador podrá suspender la vigencia de todos los convenios colectivos de las agencias adscritas a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, por el periodo que estime conveniente para flexibilizar la utilización del recurso humano del Gobierno.
B. Se faculta al Gobernador a conceder beneficios especiales y remuneración a los empleados públicos que determine para incentivar.
C. Los jefes de agencia podrán autorizar y pagar horas extras mientras dure el periodo de emergencia, sin que sea necesario cumplir con el orden de prioridad establecido en la Ley Núm. 26-2017, según enmendada.
D. Se faculta al Gobernador a extender a los empleados públicos que estime pertinente el periodo para tomar excesos de licencias hasta 6 meses luego de concluida la emergencia sin aplicación de la Ley 26-2017.
CAPÍTULO 8 –ASUNTOS CONTRIBUTIVOS, PRESUPUESTARIOS Y DE SEGUROS
Artículo 8.1.- Medidas Contributivas de Emergencia.
En caso de una emergencia declarada, el Gobernador podrá autorizar al Secretario de Hacienda para ser el ente central que coordinará la política pública contributiva y para ejecutar las acciones autorizadas del Gobierno en materias contributivas e impositivas para atender la emergencia y su recuperación.
Durante un periodo de emergencia declarado, el Gobernador podrá autorizar al Secretario de Hacienda a tomar aquellas medidas contributivas de emergencia que entienda razonablemente prudentes y necesarias para asistir a los contribuyentes. Entre las medidas contributivas que podrá tomar se encuentran:
Flexibilizar, reducir, modificar, extender o suspender, durante el periodo que dure la emergencia, el cobro de cualquier cargo, tarifa, tasa, impuesto, arbitrio, interés, penalidad, recargo, término o cualquier otro cargo o proceso que tenga el Secretario de Hacienda a favor de un contribuyente para viabilizar la recuperación o atender la emergencia. A tales fines, el Secretario emitirá una decisión administrativa en la que describirá su proceder de conformidad con este Artículo. Esta decisión administrativa, tendrá vigencia durante el tiempo que dure la emergencia.
El Secretario de Hacienda será la persona que coordinará con otros entes impositivos, ya sean estatales o municipales, para que se puedan extender términos y/o conceder exenciones específicas, según sea el caso. Esta facultad incluirá el poder para ordenar a esa agencia estatal o dependencia municipal a cumplir con alguna de las facultades enumeradas en el inciso (a) anterior según determine el Gobernador.
Coordinar con otros entes impositivos estatales y municipales la política pública contributiva del Gobernador de Puerto Rico contenida en una declaración de emergencia.
Una vez declarada una emergencia, el Gobernador podrá transferir aquellas partidas necesarias dentro del presupuesto de las agencias de la Rama Ejecutiva para poder lidiar con la emergencia y su recuperación de la manera más eficiente posible.
De igual forma, el Gobernador dispondrá la recepción, utilización y asignación de todos aquellos fondos federales que sean asignados a Puerto Rico por agencias federales como consecuencia de una emergencia que no estén atados a una asignación o programa específico. Esto incluye toda asignación del Federal Emergency Management Agency (FEMA) y/o cualquier asignación de fondos por parte del Congreso de los Estados Unidos.
Artículo 8.3.- Se enmienda el Artículo 6080.12 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que lea como sigue: