Source: https://es.scribd.com/document/76459739/Informe-Encanta
Timestamp: 2017-09-26 14:53:17
Document Index: 105827866

Matched Legal Cases: ['Artículo 182', 'Artículo 182', 'Artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 182', 'Artículo 183', 'Artículo 38', 'Artículo 184', 'Artículo 40', 'Artículo 183', 'Artículo 187', 'Artículo 183', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 61', 'Artículo 299', 'Artículo 299', 'Artículo 2', 'Artículo 28', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 46', 'Artículo 46', 'Artículo 1', 'Artículo 299']

Cargado por Ancor Jorge Dorta
Descripción: Informe Encanta del año 2009 que propugna un cambio en el modelo de realción Canarias-EU
Informe Encanta del año 2009 que propugna un cambio en el modelo de realción Canarias-EU
“Vamos hacia un Mundo distinto, con cambios importantes del sistema económico de los últimos 20 años”
(R. RATO, ex Presidente del FMI, Abril 2009)
Pág. 1. MANIFIESTO 2. NUEVO RÉGIMEN DE ASOCIACIÓN ENTRE CANARIAS Y LA CE Elementos esenciales 3. RECUPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN HISTÓRICO ECONÓMICO-FISCAL Reafirmación de nuestra Foralidad de Ultramar El nuevo REFF 4. REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Adaptación al régimen de Asociación con la CE y al nuevo REFF 5. NUEVO MODELO DE DESARROLLO EQUILIBRADO, SOSTENIBLE, AUTOCENTRADO Y MULTILATERAL (MODESAM) Ejes fundamentales 9 3
6. ANEXOS I. AGOTAMIENTO DEL MODELO DE INTEGRACIÓN EN LA CE. Inviabilidad del Estatuto Permanente en el marco de las RUP II. LA FRUSTRADA COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. CON EL SAHARA OCCIDENTAL Un episodio que no debe repetirse. La compra-venta de pueblos, práctica de España con sus posesiones de ultramar III. FORALIDAD DE ULTRAMAR: HISTORIA DE LOS FUEROS CANARIOS DESDE LA CONQUISTA Y RESISTENCIA FRENTE A LOS DESAFUEROS DEL PODER CENTRAL IV. LA INQUIETANTE EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE CANARIAS 25 29
(1) El Encuentro por Canarias Territorio Asociado a la Comunidad Europea (CE), en adelante encanta, nace con el objetivo fundamental de la instauración de un nuevo régimen de relaciones entre Canarias y la CE, basado en la Asociación de los Países y Territorios de Ultramar (PTU), prevista en la IV Parte del Tratado Constitutivo de la CE y aplicable a Territorios no europeos pertenecientes a Estados miembros. Esta nueva forma de vinculación de Canarias con la CE quiere servir de base para la recuperación de nuestras principales señas de identidad económico-fiscales, de secular arraigo, como son las plenas libertades comerciales multilaterales con amplias franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo. Incorporando así las Islas a las nuevas corrientes de globalización y liberalización de intercambios a nivel planetario, de las cuales nos hemos constituido tradicionalmente en vanguardia, frente a “los errores históricos del proteccionismo de eras pasadas”, hoy abiertamente reconocidos por los foros económicos internacionales como uno de los obstáculos más perniciosos para el crecimiento y el desarrollo. Errores que las principales potencias mundiales se han comprometido solemnemente no volver a repetir. El encanta pretende, por tanto, la restitución de nuestra tradicional neutralidad comercial frente a los bloques económicos establecidos, renunciando a nuestra actual posición de beligerancia forzada, que nos identifica como parte del problema por integrar uno de dichos bloques. Deseamos que Canarias sirva de plataforma mediadora y catalizadora que ayude a la consecución de los acuerdos internacionales multilaterales en favor de las libertades comerciales que la Humanidad demanda. (2) Para el logro de dicho objetivo, el encanta se constituye como un movimiento social integral, de amplio espectro, donde tienen cabida todas las personas, partidos, sindicatos, ONG‟s, asociaciones de todo tipo, vecinales, empresariales, gremiales, profesionales, culturales, deportivas y sectoriales, sin distinción de credo ni ideología, que asuman la necesidad de que Canarias se convierta en Territorio Asociado a la CE, como vía para alcanzar el desarrollo económico y social al que aspiramos como pueblo. Una vez asumida la Asociación a la CE por parte de la Comunidad Canaria, será el Gobierno de Canarias, por mandato del Parlamento de Canarias, quien inste al Gobierno del Reino de España para que someta al Consejo Europeo, un proyecto de Tratado (”Tratado de las Islas Canarias”) por el que se modifique el Tratado Constitutivo de la CE, y se establezca un nuevo régimen aplicable a las relaciones con Canarias, basado en la IV Parte del mismo. (3) Esta Asociación a la CE propicia un nuevo marco jurídico, administrativo y económico de Canarias en el Estado español que debe concretarse en el que denominamos nuevo Régimen Económico-Fiscal y Foral (REFF), con la consiguiente Reforma del Estatuto de Autonomía y la implementación de un nuevo Modelo de Desarrollo Equilibrado, Sostenible, Autocentrado y Multilateral (MODESAM) para nuestro Archipiélago, que permita la consecución de los máximos niveles de riqueza, bienestar y calidad de vida que la Comunidad Canaria tiene la capacidad de generar, en tanto que Comunidad perteneciente a un Estado miembro de la UE.
(4) Un nuevo régimen de Asociación que surge como alternativa necesaria al agotamiento del modelo de integración en la CE, impuesto por el gobierno español hace más de dos décadas, que se ha revelado como insatisfactorio, al haberse producido el retroceso de la mayoría de los sectores y subsectores productivos -incluidos los que presumiblemente resultarían beneficiados, como el hortofrutícola de exportación- (Anexo I) e incrementado las desigualdades desfavorables con la media del Estado en niveles de desempleo –sobre todo femenino y juvenil-, salariales, precariedad laboral, acceso a la vivienda, coste de la vida, prestaciones sanitarias, pobreza y marginalidad social, todo ello acompañado de un crecimiento demográfico, muy superior al vegetativo, insoportable desde una perspectiva de planificación racional y desarrollo sostenible. Insatisfacción reiterada, además, ante la inviabilidad de la reivindicación de un Estatuto Permanente en el marco de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) (Anexo I), que diseñara las políticas comunitarias aplicadas a las Islas y su participación en los fondos estructurales y de cohesión, en función de nuestras limitaciones estructurales –y por tanto permanentes-, y no de nuestro nivel de renta en relación con la media comunitaria.
(Indicador éste claramente engañoso y distorsionador de la realidad canaria, pues tras el ingreso de los 12 nuevos estados miembros, mediterráneos y de Europa del este, Canarias alcanza el 90% de la media comunitaria, en cuanto a PIB/habitante, pero en nuestro contexto estatal ocupamos el furgón de cola, con el puesto nº 12 entre las 17 comunidades autónomas, con sólo un 65% del nivel de renta de las comunidades más desarrolladas y un 28% de personas situadas bajo el nivel de la pobreza frente a un 19% estatal, referente en el que descendemos al puesto nº 14 –sólo superados por Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura-. En cuanto a desempleo –un 26% en abril de 2009-, es tradicional que nuestra tasa sea la más alta y supere en unos 10 puntos la media estatal).
(5) Integración impuesta en el sentido literal del término, al rechazar el Parlamento de Canarias (22.06.1985) las condiciones recogidas para las Islas en el Tratado de Adhesión de España a las CC.EE., por entender que el Gobierno central no había negociado, ni defendido, adecuadamente nuestras especificidades históricas, pese a que el acervo comunitario siempre ha dado cabida a los regímenes especiales preexistentes de los Estados miembros con alguno de sus territorios, en el momento de la integración. Sirva como ejemplo el mantenimiento del estatus especial de las Islas de Man y Anglonormandas, incluyendo su restrictiva Ley de Residencia, al incorporarse el Reino Unido a la CEE, compatibilizado con la integración de sus producciones hortofrutícolas en la PAC. Sin embargo, el rechazo del Órgano soberano canario no fue tenido en consideración, al ratificarse días después dicho Tratado por el Parlamento español (12.07.1985), pese a las supuestas garantías establecidas en defensa de nuestro régimen especial, tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de Autonomía. El hecho de que 4 años después, en diciembre de 1989, el Parlamento de Canarias haya solicitado la plena integración de las Islas en la CEE, no atenúa las responsabilidades del Gobierno español por su nefasta defensa de los intereses canarios ante Bruselas, ya que dicha decisión fue forzada precisamente por las condiciones tan desfavorables en que se había producido nuestra parcial integración en 1985. Condiciones premeditada y negligentemente planteadas para que constituyeran una suerte de bomba de relojería a estallar unos años después, cuando finalizara el periodo transitorio de integración, como de hecho ocurrió. Conocida es en Canarias la eterna incomprensión y desasosiego que siempre generaron – salvo honrosas excepciones- en los burócratas centralistas españoles nuestros fueros históricos. De ahí la sensación extendida en las Islas de que nuevamente, como tantas veces ocurriera en el pasado, se escenificaba la fábula del lobo ejerciendo como pastor de ovejas.
(6) Para el encanta este nuevo atropello –pendiente de reparación como otros muchos- de nuestra Foralidad -consolidada y legitimada con el paso de los siglos-, se enmarca en una constante que jalona la historia de las relaciones de Canarias con el Estado desde la Conquista hasta la actualidad. Una historia de más de 5 siglos de fueros y desafueros, entre los que el referido desprecio del Parlamento canario, podría constituir el desafuero mayor. Foralidad que –conviene aclarar- no proviene de regímenes preexistentes del tipo de los incorporados por los antiguos reinos o feudos peninsulares a la Corona española, casos de Álava o Navarra, ya que en los Territorios de Ultramar la conquista violenta y colonización produjo la destrucción de los regímenes precoloniales, con la consiguiente aculturización y asimilación forzada por la potencia invasora. La nuestra es una Foralidad de Ultramar basada en un tracto sucesivo de normas excepcionales, fueros y derechos unas veces otorgados por la Corona y otras, arrancados por el pueblo canario al poder central, que adquieren carácter de Derecho Primario consolidado por su persistencia a través de los siglos. Y del que es beneficiaria la nueva sociedad canaria surgida tras el proceso de sincretismo y mestizaje habido entre los nativos precoloniales y los nuevos pobladores principalmente europeos. (Anexo III). Entendemos que no caben comparaciones, ni paralelismos, entre nuestra foralidad y los regímenes forales peninsulares -cosa que tampoco pretendemos hacer-, en la medida de que las situaciones de partida y los procesos de incorporación al Estado no son homologables, ni siquiera a la luz de la legislación internacional, que reconoce a Canarias como valor añadido, en tanto que antigua colonia de Ultramar –conquistada militarmente-, una serie de Derechos –independientemente de que los quiera ejercer o no- que en ningún caso otorga a los territorios forales peninsulares. (7) Una pretendida „integración‟, inviable para territorios alejados del continente europeo por la imposibilidad de beneficiarse de las principales políticas de cohesión e instrumentos potenciadores del mercado interior, como son las grandes redes transeuropeas de transportes, telecomunicaciones, combustibles, energía eléctrica, agua, gestión de residuos, etc…, ni –por consiguiente- de las economías de escala y sinergias que generan; reproduciendo además las históricas relaciones de dependencia, centro-periferia, con las antiguas metrópolis, ampliándolas ahora al conjunto de la CE. La endémica crisis económica y social instalada en las RUP francesas (Guadalupe, Martinica, Guyana y Reunión) es otra prueba de lo que afirmamos. De hecho, conceptos como „ultraperiferia‟ o „lejanía‟ no son manejados en las relaciones multilaterales sobre desarrollo y comercio internacional. En su lugar se habla de „nuevo orden internacional‟, „integración regional‟ –que ya la Comisión Europea ha empezado a considerar-, „cooperación al desarrollo‟, „eliminación de barreras al comercio‟ y, en todo caso, sólo se considera un hándicap geoestratégico la condición de países enclaves, por carecer de acceso al mar. Por tanto, ultraperiferia y lejanía son conceptos que delatan la existencia de un centro „ultradistante‟, que por esa misma condición, pierde toda lógica de centralidad. Las relaciones entre los pueblos tienden hoy a una interacción regional y poli céntrica, mientras los viejos centralismos y monopolios comerciales –del tipo de la „Casa de Contratación de Indias‟-, forman cada vez más parte del pasado.
(8) Este nuevo régimen de relaciones con la CE, pese a propiciar la aplicación sólo parcial del Tratado CE en Canarias y su no pertenencia al mercado interior, al que –insistimos- nos es físicamente imposible pertenecer, no implica desconexión, ni ruptura con las políticas comunitarias. Tal como asevera la Comisión Europea en el Libro Verde (SEC 2008, 2.067), que llama a la reflexión sobre las relaciones futuras entre la UE y los PTU, “éstos no pueden separarse de la UE y en cierto modo conforman sus confines, con una gran importancia estratégica como puestos avanzados de las políticas europeas”, añadiendo que “los PTU y la UE pertenecen a una misma familia.”. Por tanto, la Asociación, bien al contrario, favorece el mantenimiento de los vínculos estrechos y duraderos entre Canarias y la CE, a través de un régimen en el que ésta mantiene su compromiso e implicación en el desarrollo económico y social de las Islas, en virtud de los lazos históricos que unen a ambos territorios: “PRETENDIENDO reforzar la solidaridad de Europa con los países de ultramar y deseando asegurar el desarrollo de su prosperidad, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, según consta en el Preámbulo del Tratado CE. Una nueva forma de vinculación, regulada mediante un Acuerdo basado en el Derecho comunitario, que obliga a ambas partes, en calidad de socios preferentes, y se dota de mecanismos e instrumentos de planificación, seguimiento y aplicación mancomunados entre el Gobierno de Canarias, la Comisión Europea y el Gobierno español, bajo la Presidencia de la Comisión, la supervisión del Parlamento Europeo y el mandato del Consejo. No se trata, por tanto, de no querer “estar en” la CE, se trata de querer “estar con” la CE. Un estatus de Asociación que nos permite mantener nuestra CIUDADANÍA DE LA UNIÓN al ostentar la nacionalidad de un Estado miembro, participar en la elección del Parlamento Europeo y disfrutar del Derecho de Petición, mantener el Euro como moneda, asumir la jurisdicción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), acudir al Defensor del Pueblo Europeo y dirigirnos por escrito a cualquier Institución europea y recibir contestación, entre otros Derechos ciudadanos reconocidos a los nacionales de los PTU. Con este nuevo estatus, los canarios nos definiríamos como Ciudadanos de la Unión Europea, habitantes de un Territorio Asociado a la Comunidad Europea. (9) Este nuevo régimen de Asociación, no pretende equiparar a Canarias con el resto de PTU, de la misma forma que el actual régimen de integración no nos equipara a las llamadas regiones ultraperiféricas (RUP) de Portugal o Francia –sólo Madeira posee un nivel similar al nuestro-, ni el anterior Protocolo 2 del Tratado de Adhesión de España nos igualaba a Ceuta y Melilla. Tampoco se concibe para acceder a subvenciones y ayudas de la CE o disfrutar de una economía subsidiada. Su verdadero fin es dotar a las Islas de una serie de instrumentos permanentes de desarrollo, a la medida de nuestra situación geoestratégica y verdaderas potencialidades. Por consiguiente, <<estamos solicitando la caña y no el pescado>>. Instrumentos que nos permitan optimizar nuestra tantas veces ponderada renta de situación y desterrar el complejo de considerar la „lejanía‟ sólo desde su perfil adverso, ya que dicha situación geoestratégica, junto a nuestro peculiar clima, puede llegar a ser nuestra principal ventaja comparativa, como lo es para el turismo de invierno y las producciones agrícolas subtropicales y de contra temporada europea, y debe serlo también para el comercio, los servicios y la cooperación al desarrollo,
aprovechando el concepto contrapuesto de la „cercanía‟ y gran vecindad con nuestro espacio natural de influencia. En suma, hacer valer la doble dimensión de nuestra privilegiada latitud: sur del norte y norte del sur. El encanta entiende que son precisamente la dependencia e integración forzadas, las causas de que nuestra envidiable renta de situación devenga en „alejamiento‟. Son las políticas comunes uniformizadoras y restrictivas las que impiden rentabilizar nuestras verdaderas potencialidades y fomentan dicha dependencia, para hacer necesarias después las supuestas „ayudas‟ del pirómano disfrazado de bombero. Recordemos al efecto unos párrafos de la Exposición de Motivos del R.D. de Puertos Francos de 11 de Julio de 1852: “Sueltas las trabas que embarazan la acción mercantil se formará allí naturalmente un gran centro de contratación, acudirán los capitales, se crearán establecimientos…, y aquellas Islas serán el enlace y el punto de comunicación de apartados continentes” y “Sea cual fuere el sistema económico que prefiera la opinión de cada uno, nadie podrá negar que las condiciones mercantiles de las Islas Canarias, son esencialmente distintas que las que concurren en la Península”. Y también al inolvidable Antonio Carballo Cotanda quién dejó dicho en 1972: “Ningún esquema social puede prescindir, sea cual fuere su signo, y dadas las condiciones de la región canaria, del instrumento franco que nació en 1852”. (10) Los grandes cambios producidos en las regulaciones del comercio internacional y las perspectivas de una mayor liberalización a través de la OMC y la Ronda de Doha, configuran un escenario muy diferente al existente en 1986, cuando se produjo nuestra forzada integración en la CEE, tanto a nivel mundial como europeo. En virtud de esos cambios, con nuestra Asociación a la CE se garantiza el libre acceso de nuestras producciones originarias agrarias, pesqueras e industriales a los mercados europeos, con unas normas de origen muy beneficiosas para estas últimas. Creando un marco más favorable para las ayudas compensatorias, tanto europeas, como estatales y locales, que aminoren las desventajas de estos sectores, sin duda muy importantes económica y socialmente pese a su pequeña aportación al PIB canario (1.2 % para todo el Sector Agrario y menos del 1 % para el Subsector exportador). Dicha libertad de acceso a los mercados comunitarios, se establece bajo el principio de „no reciprocidad‟ que rige en las relaciones de Asociación entre la CE y los PTU, de tal forma que Canarias puede establecer, si lo considerase oportuno, derechos fiscales y aduaneros propios –incluso frente a las importaciones desde la CE- e instrumentos de salvaguardia para nuestros sectores estratégicos y sensibles, dadas las circunstancias estructurales desfavorables que enfrentan en las Islas. (11) En cuanto a las políticas de cooperación al desarrollo e integración regional y mundial, desde nuestro espacio natural de influencia (Macaronesia –Azores, Madeira y Cabo Verde (ACP)-, Marruecos, Sáhara Occidental, Suroeste de Argelia y Estados ACP de África Occidental, incluida la hispano parlante Guinea Ecuatorial), se pretende convertir a Canarias en protagonista imprescindible de dichas políticas, no sólo implementadas por la UE, sino también por Estados Unidos, China ó India, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, a través de organizaciones internacionales como el FMI, Banco Mundial, OCDE, etc…
Desarrollo e integración regional al que podemos aportar capital humano, formación, asistencia técnica y profesional, tecnología, infraestructuras, logística, e incluso, recursos económicos en forma de co financiación pública e inversión privada. Se trata, por tanto, de implementar verdaderas economías de plataforma –consustanciales al Archipiélago en el pasado- y ponerlas al servicio de un nuevo orden internacional que propicie la desaparición de las relaciones desiguales y el acceso de todos los pueblos a un nivel de desarrollo sostenible y digno. En ese terreno, Canarias puede y debe jugar un papel de palanca que ayude a levantar las economías de nuestros países vecinos, utilizando como punto de apoyo el estatus de Asociación a la CE. En definitiva, participar en la cooperación al desarrollo “no para poner la mano, sino para arrimar el hombro”. Entendemos que Canarias no se puede permitir la reedición –esta vez corregida y aumentada- del frustrado proceso de cooperación e integración regional con el Sahara Occidental, consecuencia de la mezquindad e irresponsabilidad política del Estado español, hace más de 3 décadas. Lamentable episodio que tiró por la borda un extraordinario exponente del diálogo de civilizaciones –hoy tan reivindicado-, como el que se había establecido espontáneamente entre un pueblo católico, como el canario, y otro musulmán, como el saharaui (Anexo II). Hoy el reto de nuestro protagonismo en el co desarrollo abarca una zona mucho más amplia de influencia, como se ha señalado, de la que en su día significó el Sahara. Y sólo desde la libertad de acción que propicia el régimen de Asociación puede afrontarse en toda su integridad. (12) En virtud de su historia y de sus especiales relaciones con los Estados miembros de la UE, los PTU al igual que Canarias, forman parte integrante de una sociedad que respeta los valores en que se basa la UE y los principios que emanan de las tradicionales Constituciones europeas, tales como el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales. Canarias y los PTU pueden contribuir activamente a la promoción de los valores „europeos‟ que comparten en una base geográfica muy amplia, en sus regiones respectivas. Pueden además ser „cabezas de puente‟ como, lo que la Comisión Europea llama, ´centros de experiencia y peritaje‟, en materias como el medio ambiente, Estado de Derecho, buena gobernanza, respeto de los Derechos Humanos –incluidos los de las minorías-, fomento de las buenas relaciones de amistad, principios de la economía de mercado regulado, innovación y desarrollo sostenible, entre otras. Los PTU “son una oportunidad para Europa”, como también ha dicho la Comisión, como antenas de la UE en regiones alejadas e imprescindibles para el despliegue de determinadas políticas europeas, como la que se diseña para los océanos y el cambio climático. (13) Por último, desde el punto de vista del encanta, la Asociación a la CE nos ofrece un mejor marco jurídico, más flexible, para resolver el grave problema del crecimiento demográfico incontrolado. (Ver Anexo IV). Las regulaciones en materia de establecimiento, acceso al empleo, actividades profesionales y segundas residencias, entre otras medidas, son factibles en el contexto de la Asociación, para regular los flujos migratorios incontrolados desde la UE, y reducen también el efecto llamada frente a la inmigración desde terceros países, al dejar de ser territorio continuo con la CE en materia de libre circulación de trabajadores y estar condicionado el acceso al empleo por medidas específicas y singulares.
Regulaciones que nada tienen que ver con el disfrute exclusivo de privilegios económicos, sociales ó naturales, ni con la preservación de una determinada identidad cultural, que es fruto precisamente de un rico sincretismo histórico, ni tampoco con el debate existente a nivel mundial sobre las migraciones SurNorte, sino con la defensa de una sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento de la biodiversidad en un territorio insular, reducido, vulnerable y frágil, que obliga a establecer una lógica discriminación positiva a favor de la población local. ___________________________________________________________________________________
2. NUEVO RÉGIMEN DE ASOCIACIÓN ENTRE CANARIAS Y LA CE
2.0. FUNDAMENTOS DE DERECHO COMUNITARIO La posibilidad de aplicar este régimen de Asociación al Archipiélago Canario queda claramente establecida en el Artículo 182 de la IV PARTE del Tratado CE: <<Los Estados miembros convienen en asociar a la Comunidad los Países y Territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino Unido>>. Condiciones ambas, la territorialidad no europea y las relaciones especiales con su Estado, que cumple sobradamente Canarias, al estar situadas geográficamente fuera de Europa y haber mantenido históricamente unas especiales relaciones con el Reino de España: conquista violenta y colonización, estatus de territorio de ultramar, cédulas reales específicas, cabildos, puertos francos, franquicias fiscales sobre el consumo, ausencia de monopolios, incentivos fiscales singulares y muchos otros tipos de fueros, tanto económico-fiscales, como administrativos y políticos, unas veces otorgados y otras conquistados mediante fuertes luchas frente al poder central, que conforman una Foralidad de Ultramar claramente diferenciada de los distintos regímenes coexistentes en la Metrópoli. Siendo además la única comunidad del Estado, junto a los enclaves de Ceuta y Melilla, que puede aspirar a dicho estatus de Asociación a la CE, al ser el resto geográficamente europeas.
(La mención de cuatro Estados en el Artículo 182 no tiene carácter excluyente, ya que inicialmente figuraron sólo Francia y Países Bajos como fundadores que poseían PTU, posteriormente fue incorporado el Reino Unido al producirse su integración en las Comunidades aportando también sus PTU y, por último, se incluyó a Dinamarca al solicitar la Asociación de Groenlandia, que en principio se había integrado en la CE junto al resto del Reino. A estos cuatro Estados se añadiría, por tanto, la mención del Reino de España al producirse la Asociación de Canarias a la CE).
Las normas que han de conformar el nuevo Régimen de Relaciones entre Canarias y la CE, se fundamentarán, de una parte, en las disposiciones generales contempladas en el Tratado CE, especialmente en su IV Parte, artículos 182 al 188, (Derecho primario) y de otra, en las sucesivas Decisiones del Consejo ó Decisiones de Asociación Ultramar –la última vigente de 27.11.2001 (2001/822/CE), modificada por la D. 2007/249/CE, que la amplía hasta el 31.12.2013-, destinadas a aplicar los principios base enunciados en dichos artículos, y las disposiciones especiales suplementarias adoptadas hasta la fecha para algunos Países y Territorios de Ultramar (PTU), integrantes del Anexo II
de dicho Tratado, que podríamos englobar dentro de la denominación “Acervo PTU” (Derecho derivado). Asimismo se propondrán algunas disposiciones suplementarias para Canarias, no aplicadas hasta ahora a los PTU, que el encanta entiende se identifican con el mencionado Acervo PTU, además de otras aplicadas excepcionalmente en algunos Estados miembros. Debe señalarse que según la terminología comunitaria, la noción de <<Territorio>> incluye, además de las Islas, las aguas territoriales.
2.1. DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES A LOS PTU. CIUDADANÍA DE LA UNIÓN A diferencia de los Terceros Países, todos los nacionales de los PTU son ciudadanos europeos, en el sentido del Art. 17 del Tratado CE, de Amsterdam, que establece que “será CIUDADANO DE LA UNIÓN toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro” y en virtud de los Artículos 18 al 22, son titulares del derecho a circular y residir libremente en los Estados miembros, regulándose mediante convenios diferenciados el libre ejercicio de actividades profesionales y laborales. Asimismo, pueden votar en las Elecciones al Parlamento Europeo en las condiciones establecidas por el Estado miembro al que están vinculados, como es el caso de los PTU franceses, y ejercer el Derecho de Petición ante dicho Parlamento. En cuestiones relacionadas con el régimen especial de Asociación, los PTU están bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia (TJCE). Como cualquier Ciudadano de la Unión, pueden acudir al Defensor del Pueblo Europeo, dirigirse por escrito a cualquier Institución europea y recibir contestación.
2.2. INSTITUCIONES COMUNES, AMBITOS DE COOPERACIÓN E INSTRUMENTOS 2.2.1. GESTION MANCOMUNADA CANARIAS-COMISION EUROPEA-ESTADO Según el Artículo 4 de la última Decisión de Asociación Ultramar, el Gobierno de Canarias asumirá en primer lugar la responsabilidad de DEFINIR las estrategias de asociación y desarrollo, y de APLICAR las mismas mediante la PREPARACION, junto con la Comisión y el Gobierno español, de los Documentos Únicos de Programación (DOCUP) y los programas de cooperación. Para su aplicación, las partes se guiarán por los principios de transparencia, subsidiariedad y eficacia, permitiendo la intervención de las autoridades insulares y locales, la sociedad civil, las organizaciones socio profesionales y sindicales, los prestatarios de servicios a la población y las ONG. Para abordar cualquier problema que surja entre los PTU y la CE, acerca de los procedimientos y resultados de la Asociación, existe un Foro de Diálogo entre la Comisión, los PTU y los Estados miembros implicados (Foro PTU). Además se mantendrá una concertación por separado entre el Gobierno de Canarias, la Comisión y el Gobierno español, para llevar a la práctica los objetivos y principios de la Asociación. Esta concertación trilateral se denomina “MANCOMUNIDAD Canarias-Comisión-Estado”, en cuyo seno se crearán los Grupos de Trabajo necesarios.
La Presidencia del Foro PTU, la Mancomunidad y los Grupos de Trabajo corresponde a la Comisión, lo mismo que la Secretaría de los Grupos de Trabajo, a los que podrá asistir un representante del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 2.2.2. RELACIONES DE NO RECIPROCIDAD La filosofía que impregna las relaciones de Asociación está basada en el principio de no reciprocidad, de tal manera que la CE permite a los PTU la aplicación de políticas propias en materia de establecimiento, acceso al empleo, intercambios comerciales, aranceles y fiscalidad, sin exigir la CE otra contrapartida que un trato no menos favorable que el otorgado a la nación más favorecida, la no discriminación entre Estados miembros y la aplicación de medidas de salvaguardia excepcionales caso de producirse desequilibrios graves en sectores económicos, regiones o Estados miembros. Esto es así porque la UE acepta, en principio, el criterio de que “no hay mayor injusticia que tratar iguales a los desiguales”. 2.2.3. ÁMBITOS DE LA COOPERACIÓN La contribución de la CE en el ámbito de la cooperación es, como se ha dicho en nuestro Manifiesto, una gran oportunidad para que Canarias pueda jugar un papel protagonista decisivo en la aplicación de esas políticas, en nuestro espacio natural de influencia. Como también lo son otras políticas de cooperación implementadas por EE.UU. y otras potencias emergentes como China e India, y organismos internacionales y multilaterales. En este sentido las políticas de cooperación comunitarias incluyen de igual manera a los PTU y a los ACP, que sí están en nuestro espacio natural de influencia. Pero también a países en desarrollo como Marruecos y Argelia (suroeste). Sin olvidar determinados programas transnacionales a desarrollar con Azores y Madeira. Para facilitar estas políticas los PTU tienen permitido asistir como observadores a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. De esta forma se contribuye a un orden internacional más justo, pero también se ofrecen oportunidades para nuestros profesionales, empresas y resto de operadores, que actuando fuera del Archipiélago, pueden contribuir a nuestro progreso y desarrollo endógeno. Los ámbitos de la cooperación al desarrollo impulsados por la CE, donde puede y debe producirse la implicación de Canarias, son: Los SECTORES PRODUCTIVOS, agricultura (incluidos los subsectores de riegos, semillas y abonos), bosques (sobre todo repoblación, control de la erosión y desertización), pesca (incluidas la icticultura y piscicultura), desarrollo rural, industria (incluida la artesanía y agroindustria), minería, energía (sobre todo las renovables), transportes, comunicaciones, aguas (sobre todo depuración y potabilización), gestión de residuos, servicios bancarios, financieros y empresariales, y el desarrollo tecnológico, sus aplicaciones e investigación. El DESARROLLO DEL COMERCIO, desde la concepción, hasta la transformación, comercialización, distribución y transporte; instituciones de seguro y crédito; ferias, exposiciones y misiones comerciales. Los SERVICIOS Y EL TURISMO, el transporte marítimo y aéreo, telecomunicaciones, participación en la sociedad de la información y adaptación a las nuevas tecnologías. Desarrollo del turismo sostenible (incluyendo la promoción y comercialización, recursos humanos, formación y asistencia técnica).
Los SECTORES SOCIALES, el desarrollo humano y social, enseñanza y formación, sanidad, lucha contra las toxicomanías, biodiversidad (conservación, explotación y gestión), vivienda y desarrollo urbano integrado (incluidas las infraestructuras), fomento de la identidad cultural. La COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONALES Y SUBREGIONALES. Permite aplicar programas en los ámbitos mencionados, entre varios PTU, países vecinos (ACP o no) y regiones ultraperiféricas con inversiones y programas transfronterizos. 2.2.4. INSTRUMENTOS DE LA COOPERACION Y PROTAGONISMO CANARIO La cooperación para el desarrollo cuenta con una financiación y asistencia técnica, a través, principalmente, del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y el BEI, pero necesita de una co financiación con otras instituciones y con terceros. Asimismo, necesita abrir dicha cofinanciación a la inversión privada directa, nacional y extranjera. En dichos capítulos de co financiación pública y privada, debe producirse, como hemos indicado, la implicación de Canarias, para su espacio natural de influencia, siempre y cuando por parte de la UE y otras potencias e instituciones internacionales, se adopten medidas para mantener un clima de inversión previsible y seguro, con un trato justo y equitativo para los inversores, junto a unas instituciones de intermediación financiera eficaces. Los operadores canarios susceptibles de protagonizar esta cooperación podrán ser, además del Gobierno y las empresas, los poderes públicos locales, ONG‟s, agrupaciones profesionales y grupos de iniciativas locales, cooperativas, sindicatos, organizaciones civiles, de mujeres, de jóvenes, instituciones de enseñanza e investigación, iglesias y cualquier asociación que pueda aportar su contribución material y/o humana, sobre todo en proyectos descentralizados y micro proyectos. En definitiva, una gran parte del tejido económico y social de Canarias, puede encontrar en las políticas de cooperación una nueva forma de incrementar su operatividad y diversificar sus actividades, dentro del nuevo estatus de Asociación de Canarias a la CE. 2.2.5. COMPROMISO DE LA CE CON EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE CANARIAS COMO PTU El Tratado CE en su I PARTE, (PRINCIPIOS), contempla en el Artículo 3, Apartado S, que para alcanzar sus fines, la acción de la Comunidad implicará <<La Asociación de los Países y Territorios de Ultramar, a fin de incrementar los intercambios y continuar en el común esfuerzo por el desarrollo económico y social>>. El régimen de Asociación de Canarias a la CE, propuesto por el encanta, garantiza por tanto, el apoyo comunitario al desarrollo económico y social del Archipiélago, desde los Principios que inspiran la constitución de la CE. Además, en su IV PARTE, Artículo 182, la CE reafirma dicho compromiso con el siguiente párrafo: <<El fin de la Asociación será la promoción del desarrollo económico y social de los Países y Territorios, así como el establecimiento de estrechas relaciones económicas entre éstos y la Comunidad en su conjunto. De conformidad con los Principios enunciados en el preámbulo del presente Tratado, la Asociación deberá, en primer lugar, contribuir a favorecer los intereses de los habitantes de dichos Países y Territorios y su prosperidad, de modo que puedan alcanzar el desarrollo económico, social y cultural a que aspiran>>.
En el Artículo 183.3 insiste en tal compromiso: <<Los Estados miembros contribuirán a las inversiones que requiera el desarrollo progresivo de estos Países y Territorios>>. Esta contribución de la UE a nuestro desarrollo económico, social y cultural, quedará establecida a través de los sucesivos DOCUP que se aprueben para Canarias, teniendo en consideración las características especiales del Archipiélago dentro de los PTU, con financiación estatal y comunitaria.
2.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS PTU 2.3.1.1. LIBRE ACCESO DE PRODUCTOS ORIGINARIOS A LA CE Los Artículos 183 y 184 de la IV Parte del Tratado CE, garantizan el libre acceso de los productos originarios de Canarias a la Comunidad, cuestión fundamental para nuestras producciones agrarias e industriales que cumplan las normas de origen. Esto es así en la actualidad al haber desaparecido las políticas comerciales contenidas en las antiguas OCM, tras los compromisos asumidos por la CE en la Organización Mundial del Comercio (OMC), manteniéndose sólo los derechos de aduana (tarificación) como medidas protectoras en frontera, y tener estos derechos de aduana prohibida su aplicación a los PTU (Art. 184.1). Según el Artículo 38 de la Decisión de Asociación Ultramar vigente, la CE tampoco aplicará restricciones cuantitativas, ni medidas de efecto equivalente. La noción de Producto Originario, según el Anexo III de dicha Decisión, no se refiere sólo a los productos enteramente obtenidos en los PTU, sino también a los productos obtenidos en los PTU que contengan materias importadas pero suficientemente transformadas o elaboradas en los PTU, considerándose además a los PTU como un único territorio, e incluyendo los productos de la pesca marítima extraídos fuera de sus aguas territoriales por sus buques o elaborados en sus buques factoría. Asimismo, las materias originarias de la CE y los ACP se consideran originarias de los PTU, cuando se incorporen a un producto obtenido en los PTU, lo que origina la Acumulación de Origen ACP/CE-PTU. Esta interpretación amplia del concepto de <<Producto Originario>> es muy importante para el libre acceso de nuestras exportaciones industriales a la CE, aunque no debe causar perturbaciones graves en sectores, regiones o Estados miembros, que podrían dar lugar a la aplicación de medidas coyunturales de salvaguardia. En este terreno, debe planificarse una distribución espacial de nuestras exportaciones que mantenga los flujos tradicionales a los destinos también tradicionales, a la vez que trate de conquistar nuevas cuotas en los mercados recién incorporados de la UE ampliada a 27 miembros, sobre todo en el Este de Europa, como forma de incrementar nuestras exportaciones sin distorsionar los mercados. 2.3.1.2. ESTABILIDAD DE INGRESOS POR EXPORTACIÓN AGRÍCOLA Desde la Decisión de Asociación de Ultramar 91/482, se estableció un fondo para garantizar la estabilidad de los ingresos por exportación de los productos agrícolas, el STABEX, de importancia especial para las frutas, hortalizas y flores producidas en Canarias, ante la erosión de la preferencia comunitaria por la liberalización de los mercados internacionales. Dicho fondo puede complementarse con aportaciones estatales y del Gobierno canario, al no estar sometido el régimen de Asociación a los rígidos reglamentos comunitarios de las Ayudas de Estado. Asimismo, es posible implementar otras medidas de apoyo, por tratarse de sectores estratégicos y sensibles, como ayudas a la comercialización, al transporte, al mantenimiento del medio rural, bonificaciones fiscales, exenciones favorables a los inputs y materias primas, etc…
2.3.2. DERECHOS ADUANEROS Y FISCALES PROPIOS El Artículo 184.3 establece que: <<No obstante, los Países y Territorios podrán percibir derechos de aduana para satisfacer las exigencias de su desarrollo y las necesidades de su industrialización ó derechos de carácter fiscal destinados a nutrir su presupuesto>>. Por tanto, Canarias podría establecer derechos ó arbitrios a la importación de productos comunitarios –y de terceros países-, con carácter de apoyo a determinadas producciones agrarias e industriales, para mercado interno y la exportación. También podrá dotarse de una fiscalidad propia, tal como se contempla en el nuevo REFF propuesto. Según el Artículo 40 de la Decisión de Asociación Ultramar, se podrán establecer también las restricciones cuantitativas que se consideren necesarias a las importaciones de la CE y terceros países, como instrumento de salvaguardia de determinadas producciones estratégicas o sensibles. 2.3.3. REGULACIONES DEL DERECHO DE ESTABLECIMIENTO Según el Artículo 183.5 del Tratado CE, el Derecho de Establecimiento de los nacionales de Estados miembros en los PTU y viceversa, se regula en virtud de lo dispuesto en Capítulo 2, que prohíbe cualquier restricción, pero entendiendo por establecimiento el ejercicio de actividades no asalariadas, las propias de profesionales liberales y las destinadas a la creación de empresas y sociedades mercantiles. No obstante, dicho Artículo prevé la adopción de disposiciones especiales para los PTU, que se aprueben en virtud del Artículo 187 y, en efecto, la Decisión de Asociación de Ultramar vigente, en aplicación de este último Artículo, ha dispuesto que en lo referente al establecimiento y la prestación de servicios, los PTU sólo están obligados a aplicar a las sociedades, nacionales y empresas de los Estados miembros un trato no menos favorable que a las de un país tercero, no haciendo discriminaciones entre los Estados miembros. Por tanto, el régimen de Asociación permite aplicar medidas específicas para el establecimiento de sociedades y profesionales de la CE en Canarias, que según la propuesta del encanta y con referencia a los nacionales comunitarios, sólo podrán establecerse si ostentan la VECINDAD CIVIL ESPECIAL CANARIA (VCEC), de derecho ó de hecho, según las normas establecidas en el nuevo REFF y Estatuto de Autonomía propuestos. 2.3.4. REGULACIONES PARA EL ACCESO A LOS CONCURSOS PUBLICOS En virtud del Artículo 183.4, la Asociación de Canarias a la CE, sólo obliga a la participación de personas físicas y jurídicas de los Estados miembros, en convocatorias para adjudicación de obras, servicios y suministros en las Islas, que cuenten con inversiones financiadas por la UE. Debiendo ser el porcentaje de financiación de la CE, según la propuesta el encanta, superior a las tres cuartas partes del total de la inversión requerida, lo que debe recogerse como disposición suplementaria en el Convenio de Asociación. En este caso no se exigirá la VCEC a los nacionales aspirantes comunitarios. Siendo el resto de concursos públicos, convocados con criterios de selección preferentes para los aspirantes establecidos en Canarias, que cumplan con unos medios e infraestructuras reales y suficientes para hacer frente a los concursos sin apoyos de empresas foráneas, sean matrices o no. 2.3.5. REGULACIONES DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES La IV Parte del Tratado CE permite regular la libre circulación de trabajadores comunitarios (Art.186), mediante convenios especiales. El Artículo 45. 3 de la Decisión de Asociación Ultramar establece que: “Con objeto de fomentar o sostener el empleo local, las autoridades de los PTU podrán establecer 14
normativas a favor de sus habitantes y de las actividades locales”, lo que permite priorizar el acceso de los trabajadores canarios a los empleos asalariados generados en las Islas. En tal sentido, según la propuesta del encanta, para poder ejercer en las Islas actividades asalariadas, tanto autónomas como por cuenta ajena, los trabajadores de la UE deben ostentar la VCEC, de derecho ó de hecho, y cumplir la normativa establecida en el nuevo REFF y Estatuto de Autonomía propuestos. 2.3.6. REGULACIONES COMERCIALES, MONETARIAS Y FISCALES. USO DEL EURO Los PTU pueden adoptar el Euro como moneda. Actualmente se usa en algunos PTU franceses: San Pedro y Miquelón y Mayotte. Próximamente está previsto en el pacífico: Wallis y Fortuna, Nueva Caledonia y Polinesia Francesa. Otros PTU tienen monedas locales, o la Libra Esterlina en algunos PTU británicos. Los PTU deben aplicar unas normas de competencia sanas y eficaces, que prohíban las prácticas que la falseen y los abusos de posición dominante. Asimismo deben asumir la protección de propiedad intelectual, la normalización y certificación, respeto del medioambiente, normas laborales, protección de los consumidores y prohibición de medidas proteccionistas encubiertas, evitar la doble imposición y prevenir la evasión o el fraude fiscal. La Decisión de Asociación Ultramar vigente recoge, además, las siguientes regulaciones: 2.3.6.1. PAGOS CORRIENTES Y MOVIMIENTOS DE CAPITAL Según el Artículo 47 de la Decisión de Asociación Ultramar vigente, los estados miembros y los PTU no impondrán ninguna restricción a los pagos en moneda convertible entre nacionales de la CE y de los PTU, ni tampoco restringirán la libertad de movimientos de capitales en relación con las inversiones directas realizadas en sociedades y las inversiones realizadas con arreglo a las disposiciones de esta Decisión del Consejo, ni la liquidación o repatriación de dichas inversiones y beneficios resultantes, una vez liquidados de impuestos correspondientes. 2.3.6.2. RÉGIMEN FISCAL Y ADUANERO DE LOS CONTRATOS FINANCIADOS POR LA UNION EUROPEA Los PTU deben aplicar a los contratos financiados por la CE el régimen fiscal y aduanero del Estado más favorecido. Dichos contratos no estarán sujetos a derechos de timbre y registro ni exacciones fiscales de efecto equivalente, pero el registro puede aplicar tasas por prestación de servicios. Los beneficios o ingresos resultantes de la ejecución de estos contratos se gravarán de acuerdo con el régimen fiscal interno de cada PTU, siempre que las personas físicas o jurídicas tengan sede permanente en el PTU, o que la duración de la ejecución del contrato supere los 6 meses. Se acogerán al régimen de importación temporal, los materiales para la ejecución de los contratos de obras y el material profesional necesario para la ejecución de los contratos de servicios. Las importaciones para un contrato de suministro estarán exentas de aranceles de entrada, gravámenes o derechos fiscales de efecto equivalente.
2.3.7. LIBRE ACCESO A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL En virtud de la Asociación, las personas de los PTU pueden acceder a la Formación Profesional en la UE en igualdad de condiciones que las de los Estados miembros. Los programas comunitarios enumerados en el Anexo II de la Decisión de Asociación Ultramar (DAU) también están abiertos a la participación de personas, organismos privados e instituciones de los PTU: -Educación y Formación (Leonardo, Itinerarios Europeos, Sócrates, juventud). -A favor de las Empresas (Empresa y Espíritu Empresarial, Artesanía, Euro management, Capital Generador PYME). -I+D e innovación, Programa Marco (Temáticos, Horizontales). -Culturales y Audiovisuales. Por la modificación introducida por la D. 2007/249/CE, quedan abiertos a los PTU todos los programas comunitarios, actualizándose además dicho Anexo con nuevos programas para el periodo 2007-2013, el 7º Programa Marco, MEDIA 2007, CULTURA 2007-2013 y la consolidación del Centro CE-JAPON para la cooperación industrial.
2.4. DISPOSICIONES DE EXCEPCIÓN EN TERRITORIO COMUNITARIO 2.4.1. LIMITACIONES A LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA SEGUNDA RESIDENCIA Para aminorar la presión demográfica y su incidencia sobre el medio natural por la construcción de nuevas edificaciones y la ocupación de zonas rurales para usos residenciales –en clara competencia por el territorio y los recursos naturales-, la adquisición de bienes inmuebles distintos de las viviendas de residencia permanente, por ciudadanos comunitarios en Canarias, se podrá limitar con medidas similares a las vigentes en Dinamarca, a las que se refiere el Protocolo 16 del Tratado CE, medidas éstas complementarias con las pertinentes de ordenación territorial, que incluyen también a la población local.
2.5. CAMBIO DE ESTATUTO AL ACCEDER UN PTU A LA INDEPENDENCIA La vigente Decisión de Asociación de Ultramar, del Consejo Europeo, de 27.11.2001, en su Artículo 61, bajo el título <<Cambio de Estatuto>> establece lo siguiente: “Si un PTU accede a la independencia se le podrá seguir aplicando provisionalmente el régimen previsto por la presente Decisión, en las condiciones que establezca el Consejo”.
2.6. LISTA DE LOS PTU 2.6.1.- LISTA ORIGINAL. ANEXO IV DEL TRATADO CEE Se relacionan en primer lugar los PTU incluidos originalmente en el Anexo IV del Tratado CEE que posteriormente han accedido a la independencia, algunos de los cuales han cambiado de denominación y configuración territorial. Esta lista se completa con los PTU actualmente existentes que se relacionan en el siguiente apartado 2.5.2.: África occidental francesa: Senegal, Sudán, Guinea, Costa de Marfil, Dahomey, Mauritania, Niger, Alto Volta (Burkina Faso) África ecuatorial francesa: Congo Medio, Ubangui-Chari, Chad, Gabón Archipiélago de Comores, Madagascar, Costa francesa de los Somalíes, Togo, Camerún, Congo belga, Ruanda Urundi, Somalia italiana, Brunei, Islas Seychelles Nueva Guinea, Nuevas Hébridas, Islas de la Línea, Islas Gilbert y Elice, Islas Salomón Bahamas, Bermudas (No Autónomo), Honduras británica (Belice) Estados asociados del Caribe: Antigua, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, San Cristóbal y Nieves 2.6.2.- LISTA ACTUAL VIGENTE. ANEXO II DEL TRATADO CE -PTU Franceses.-Nueva Caledonia y Dependencias, Polinesia francesa, Islas Wallis y Futuna, (Pacífico); Isla Mayotte (Índico, Comores); San Pedro y Miquelón (junto a Terranova); Territorios Australes y Antárticos -PTU Holandeses.- Aruba, Bonaire, Curazao, Saba, San Eustaquio, San Martin, (Antillas) -PTU Británicos.- Anguila, Montserrat, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, (Caribe); Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, Santa Helena, Ascensión, Tristan da Cunha, (Atlántico sur); Territorio británico del Índico (Islas Chagos); Islas Pitcairn, (Pacífico); Territorio Antártico -PTU Danés.- Groenlandia 2.6.3.- PTU CON ESTATUS DE TERRITORIO NO AUTÓNOMO Estos PTU tienen reconocido su Derecho a la Autodeterminación por la ONU: Nueva Caledonia, Anguila, Caimán, Malvinas, Montserrat, Pitcairn, Santa Helena, Ascensión, Tristan da Cunha, Turcas y Caicos, Islas Vírgenes. Groenlandia ha realizado en Noviembre de 2008 un referéndum donde ha aprobado una reforma de su Estatuto de Autonomía que contempla el Derecho a la Autodeterminación.
3. RECUPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN HISTÓRICO ECONÓMICO-FISCAL
Reafirmación de nuestra Foralidad de Ultramar. El nuevo REFF
3.0. CARÁCTER FORAL DEL RÉGIMEN HISTÓRICO ECONÓMICO-FISCAL (Anexo III) („Fueros‟: “Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una provincia, a una ciudad ó a una persona”, Diccionario de la RAE) -APLICACABILIDAD A CANARIAS DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN (“La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”) -VIGENCIA DEL R.D. DE 11.07.1852 Y LAS LEYES DE 10.06.1870 y 06.03.1900 DE PUERTOS FRANCOS -ILEGITIMIDAD DE LA NORMATIVA PROMULGADA EN EL PERIODO DICTATORIAL (1923-1931 y 1936-1975)
3.1. EL NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO-FISCAL y FORAL (REFF): <<TERRITORIO FORAL DE ULTRAMAR ASOCIADO A LA CE, DE BAJA TRIBUTACIÓN, CON AMPLIAS FRANQUICIAS ADUANERAS Y FISCALES SOBRE EL CONSUMO E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN>> (“La fiscalidad debe buscar la riqueza, porque la riqueza busca la fiscalidad que le es más favorable”) 3.1.1 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA EXCLUSIVA (ATCE): CONCIERTO CON EL ESTADO Y SISTEMA DE CUPOS IMPOSICIÓN DIRECTA PROGRESIVA
-Canarias aporta al Estado fondos por unos 4.000 millones de € anuales más de los que recibe, por todos los conceptos: seguridad social, impuestos, beneficios de Correos y Telégrafos, Puertos del Estado, AENA y otras sociedades estatales, y transferencias fiscales invisibles por beneficios generados en Canarias por bancos, aseguradoras, constructoras, empresas turísticas, grandes almacenes, distribuidoras y comercializadoras con domicilio fiscal fuera de Canarias. A esto deben añadirse las ventajas que para la economía española representa el reservarse casi en exclusiva el mercado de consumo canario. -El Estado nunca ha respetado, siquiera, los artículos 95 y 96 del REF, que le obligan a un nivel mínimo de inversión en Canarias igual, al menos, a la media estatal. Pese a que Canarias es contribuyente neta a las arcas del Estado
3.1.1.1. DOMICILIACIÓN FISCAL EN CANARIAS DE TODAS LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE EJERZAN ACTIVIDADES EN LAS ISLAS. TRIBUTACIÓN EXCLUSIVA DE TODA LA IMPOSICIÓN DIRECTA ( IS, IRPF, IRNR) A LA ATCE. VECINDAD CIVIL ESPECIAL CANARIA (VCEC) PARA EJERCER ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ASALARIADAS EN CANARIAS (Ver Epígrafe 4.1) 3.1.2. FRANQUICIAS ADUANERAS E IMPOSICIÓN INDIRECTA REDUCIDA RECUPERACIÓN DEL ‘PARAÍSO‟ COMERCIAL (Precios de Zona Más Favorecida) 3.1.2.1. IMPUESTOS ESPECIALES -Sobre actividades relacionadas con la salud y el medioambiente: Combustibles, Actividades contaminantes, Alcoholes y Tabacos, Uso y mantenimiento de infraestructuras públicas. 3.1.2.2. ARBITRIOS INSULARES A LA IMPORTACIÓN (AIM) -Arbitrios de Régimen Local. Recuperación de los Arbitrios de los Cabildos vigentes desde 1914 -Tipos reducidos del 1 al 5 %, sólo a las importaciones -Carácter recaudatorio para corporaciones locales, Cabildos y Ayuntamientos -No disuasorios: no obstáculo al libre comercio -Incidencia no significativa sobre precios al consumo -Exenciones, modulaciones y devoluciones sobre productos de primera necesidad e inputs y materias primas destinadas a producciones locales estratégicas y sensibles (PES) 3.1.2.3. ARBITRIO A LA IMPORTACIÓN PARA EL APOYO A LAS PRODUCCIONES LOCALES ESTRATÉGICAS Y SENSIBLES (AIM-PES) -Destino finalista de apoyo a las PES -Listado muy reducido de PES -Tipo máximo equivalente a la TEC-CE -Compatibilidad con otras medidas de apoyo a las PES: ayudas al transporte, comercialización, sostenimiento del medio rural, bonificaciones fiscales, tratamiento especial a los inputs y materias primas 3.1.2.4. ARBITRIO SOBRE EL LUJO -Finalidad social. Tipos compatibles con la fijación de Precios de Zona Más Favorecida 3.1.2.5. DEPÓSITOS COMERCIALES EXENTOS PARA REEXPORTACIÓN 3.1.3. INCENTIVOS ECONÓMICOS Y FISCALES A LA INVERSIÓN
-BONIFICACIONES POR EXPORTACIÓN -RESERVA PARA INVERSIONES. AMPLIACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE MATERIALIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL MODESAM. NORMAS SOBRE COMPETENCIA ESPECÍFICAS
-RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL Y BANCARIA
3.1.4. COMPENSACIONES POR INSULARIDAD Y DOBLE INSULARIDAD EN DESPLAZAMIENTOS, TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES, ENERGÍA, AGUA, RESÍDUOS 3.1.5. LIBERALIZACIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES -REGISTRO CANARIO DE BUQUES Y NAVIERAS -NO APLICACIÓN DEL RÉGIMEN COMUNTARIO DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN (ETS) AL TRANSPORTE AÉREO CON ORIGEN O DESTINO CANARIO. TRATAMIENTO ANÁLOGO A OTROS DESTINOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NO COMUNITARIOS
4. REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
4.0. ADAPTACIÓN AL RÉGIMEN DE ASOCIACIÓN A LA CE Y AL NUEVO REFF. El Parlamento de Canarias aprobará las modificaciones pertinentes del Estatuto de Autonomía para adaptarlo a las disposiciones emanadas del nuevo Régimen de Asociación Canarias-CE y nuevo REFF, recogidos en los capítulos 2 y 3 de este Documento Base. Dichas disposiciones, para su aplicación y efectividad, necesitan ser complementadas con las siguientes: 4.0.1. DISPOSICIONES GENERALES <<El Pueblo Canario, en tanto que pueblo atlántico, ejerce su autogobierno como Nacionalidad diferenciada del Estado español, integrante de la Unión Europea como Territorio Asociado a la Comunidad Europea>>. 4.1. LA VECINDAD CIVIL ESPECIAL CANARIA Determinados fueros históricos, que conforman nuestra Foralidad de Ultramar, son patrimonio exclusivo de los vecinos de Canarias y no es justo que para su usufructo baste con una mera inscripción administrativa en un Registro, sin mediar tiempo alguno de residencia efectiva en Canarias, o vinculación familiar directa con vecinos de las Islas. Por otra parte, el inquietante problema del crecimiento demográfico incontrolado en Canarias (Ver anexo IV) es contemplado desde diferentes posiciones. Unas simplemente lo desconocen e irreconocen, calificando de „racista‟ el simple hecho de plantearlo. Otras lo reconocen pero se abstienen de proponer soluciones, que no sean las „comisiones de estudio‟ y las consignas populistas exentas de medidas legales de acompañamiento.
El encanta entiende que no puede hablarse de un problema concreto sin aportar soluciones concretas al mismo, por lo que, como una de las medidas destinadas a frenar el crecimiento demográfico de Canarias, propone la creación de la Vecindad Civil Especial Canaria (VCEC), por aplicación de los artículos 14 y 15 del Código Civil. La VCEC vendría a añadirse a otros regímenes de vecindad civil especial, al margen de la común, existentes en el Estado español, como son: la Foral del País Vasco, la del Derecho Civil de Cataluña, la del Derecho Civil de Baleares, la del Derecho de Galicia, la del Derecho Civil de Aragón, la del Derecho Civil Foral de Navarra, la del Fuero del Baylío (Badajoz) y la de Tierra de Ayala (Álava). En su virtud, será necesario ostentar la VCEC, de Derecho por los españoles, ó de Hecho por los extranjeros, para realizar actividades profesionales o laborales, tanto autónomas como por cuenta ajena, en Canarias y poder disfrutar de los incentivos económico-fiscales y compensaciones por insularidad y doble insularidad establecidos en el nuevo REFF. Entre las condiciones para adquirir la VCEC, que disfrutan por derecho propio los nacidos en Canarias, sus hijos y sus cónyuges, destaca la exigencia de residencia administrativa previa en Canarias por un periodo mínimo no interrumpido de 2 años, para españoles no nacidos en Canarias. Los extranjeros que cumplan dicha condición podrán solicitar la VCEC de Hecho. A tal efecto, se crearán los Registros de VCEC de Hecho, en los Ayuntamientos donde figuren empadronados los extranjeros, para la inscripción de los que adquieran la VCEC una vez cumplidos los plazos de residencia estipulados. La residencia administrativa se entenderá como residencia permanente, efectiva y real. A tal efecto, el Gobierno de Canarias arbitrará las medidas de comprobación y control pertinentes, para la prevención de fraudes sobre falsas residencias. No obstante, el Gobierno de Canarias podrá otorgar la VCEC en supuestos excepcionales, como es el caso de administradores o directivos foráneos asalariados de empresas de nueva creación, que signifiquen una importante cifra de inversión y creación de puestos de trabajo. Asimismo para la contratación de asistentes de personas dependientes, especialistas, técnicos, deportistas y enseñantes de alta cualificación, no disponibles en el mercado laboral canario. La VCEC estará en vigor hasta que se establezca una legislación especial reguladora de la condición de residente en Canarias (Ley de Residencia), en cuyo caso, se adaptará a las condiciones fijadas en dicha legislación especial.
4.2. MAR TERRITORIAL. GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS MARINOS Nuestro Mar Territorial abarca 12 millas en torno a cada Isla. Canarias debe tener competencias exclusivas en la gestión y explotación de todos los recursos incluidos en su Mar Territorial. Al ser Canarias un Archipiélago de Estado y no un Estado Archipielágico, según el Derecho Marítimo Internacional vigente no es posible establecer las aguas archipielágicas dentro del perímetro de bases rectas trazado desde los puntos insulares más exteriores del archipiélago, ni una Zona Económica Exclusiva (ZEE) a partir del mismo.
El Gobierno de Canarias exigirá a la UE que, en el marco de su Tratado de Asociación con Marruecos, se establezcan garantías para una gestión y explotación sostenible de los recursos ubicados en la ZEE marroquí colindante con nuestro Mar Territorial. Ante unas eventuales negociaciones entre el Estado, la UE y Marruecos para la modificación del actual status quo respecto a los derechos marítimos en la zona cercana a nuestro Mar Territorial, las Instituciones y pueblo de Canarias deben ser consultados y tendrán, en última instancia, la responsabilidad de aceptar o no (Derecho de Veto) las contrapartidas exigidas por Marruecos, en virtud de las disposiciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ver Anexo II.b). En el caso de que el Sahara Occidental pase a formar parte de Marruecos con el reconocimiento de la ONU, el Estado español exigirá como condición irrenunciable el establecimiento de la mediana entre Marruecos y el Archipiélago canario. 4.3. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS EN COSTAS, PUERTOS Y AEROPUERTOS 4.4. COMPETENCIAS COMPARTIDAS EN TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 4.5. COMPETENCIAS COMPARTIDAS EN SEGURIDAD SOCIAL Co gestión del régimen económico Compensación de la atención sanitaria a desplazados no cotizantes en Canarias Canarias aporta unos 1.100 millones de €/año más de los que recibe, a la caja única de la SS, pese a soportar un grave problema de listas de espera
5. NUEVO MODELO DE DESARROLLO
EQUIILIBRADO, SOSTENIBLE, AUTOCENTRADO Y MULTILATERAL
(MODESAM)
5.1. DESARROLLO EQUILIBRADO
5.1.1. MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB 5.1.1.1. Reseña del desarrollo industrial de Puerto Rico (año 2007) Tradicionalmente se ha incurrido en el error de tomar como referencia a zonas industriales con reducidos costes sociales, caso de Singapur, Hong Kong, Taiwan, etc… No es el caso de Puerto Rico, territorio de población, superficie, recursos humanos, naturales, materias primas y costes laborales y sociales equiparables a Canarias.
Mercados de exportación también equiparables en poder adquisitivo: Puerto Rico: Norteamérica, Centroamérica y Caribe Canarias: Unión Europea y África Occidental Población: 3.940.000 Hab. Superficie: 9.104 KM2 PIB: 86.500 millones USD (el doble que Canarias) PIB/hab: 22.085 m USD (similar a Canarias, con casi el doble de población) Distribución del PIB por sectores: Agrario 0.4 % Industrial 44.4 % (Canarias 4,13 %, un 10 %) Servicios 55.2 % Exportaciones totales: 10.641 m USD (unas 20 veces más que Canarias) Importaciones totales: 7.006 m USD Desempleo (2007): 11.6 % (menos de la mitad que Canarias) Sector Industrial: PIB: 38.400 m USD = 30.000 m € (Canarias, 1.325 m €. Casi los 32.000 m € del total PIB canario en 2007) Principales subsectores.: Farmaceútico, Electrónica, Textil, Petroquímica y Biotecnología. 5.1.2. INCORPORACIÓN A LA III REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 5.1.2.1. ENERGIAS RENOVABLES -Eólica, solar, marina, geotérmica, biomasa 5.1.2.2. DESALACIÓN, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS 5.1.2.3. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. I + D + i -Formación de capital humano en función de los nuevos retos tecnológicos -Banda ancha, informatización y digitalización total. Wi-Fi libre en toda Canarias -Facilitar la implantación en Canarias de plataformas de nubes de servidores, para acercar procesadores y usuarios en nuestro espacio natural de influencia, con utilización de energía eólica y solar, tanto para el funcionamiento de los procesadores, como para las torres de enfriamiento con agua del mar (“informática verde”). 5.1.3. MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES AGRARIO Y PESQUERO EN EL PIB -Política agraria y rural específica para Canarias -Medidas de apoyo al mantenimiento del sector exportador -Modernización tecnológica de los invernaderos y aprovechamiento de energía solar para producción de energía eléctrica -Potenciación del medio rural y mercado interior
-Incremento cuota de autoabastecimiento. Incentivos al autoconsumo -Fomento de la agricultura ecológica -Estricto control fronterizo fitosanitario -Vigilancia de la seguridad alimentaria -Acuerdos pesqueros diferenciados para la flota matriculada y con base en Canarias -Acuicultura y piscicultura 5.2. DESARROLLO SOSTENIBLE
-Preservación medioambiental y de la biodiversidad -Lucha contra las causas y efectos del cambio climático -Contribución a una gestión sostenible de los océanos -Potenciación de las energías limpias y la eficiencia energética -Regulación del crecimiento demográfico
-En función de los recursos endógenos naturales y humanos -Bilingüismo integral: institucional y formativo
-Economía de plataforma. Logística, infraestructuras y medios de transporte y comunicaciones suficientes con nuestra área natural de influencia geográfica -Establecimiento en Canarias de Sedes y Oficinas de Organismos Multilaterales -Cooperación al desarrollo e integración regional. Relaciones preferentes con la UE en las políticas de co desarrollo, pero también con USA y otras potencias emergentes con importante implantación africana, como China e India -Co gestión y participación en el control multilateral de los recursos energéticos naturales
AGOTAMIENTO DEL MODELO DE INTEGRACIÓN EN LA CE
Inviabilidad del Estatuto Permanente en el marco de las RUP
El actual escenario que se está configurando en la economía mundial y las relaciones multilaterales, de una parte, y en el nivel interno europeo, de otra, dista mucho del existente en 1989, cuando se produce la forzada integración de Canarias en la CEE. Tanto, que las recetas proteccionistas han evolucionado hacia la eliminación de las barreras al comercio internacional, en el marco de la Ronda Doha de la OMC, como forma de favorecer el crecimiento económico mundial y el desarrollo de los países más atrasados. A nivel europeo, el correlato ha sido la erosión irreversible de la preferencia comunitaria, con el desmantelamiento de las políticas comerciales que constituían la médula de la PAC y su sustitución por la arancelización como única forma de protección frente a la competencia de terceros países. Por consiguiente, Canarias se lanzó a la piscina del proteccionismo europeo cuando le estaban vaciando el agua. Tal como se recoge en el Punto 5 de nuestro Manifiesto, la negligente negociación de los intereses agrícolas exportadores canarios por el Gobierno español, originó la forzada decisión del Parlamento de Canarias de diciembre de 1989, aunque sus aspectos favorables sólo tuvieron vigencia durante poco más de la década que duró la nueva OCM del plátano y comenzó a modificarse la de frutas y hortalizas. A cambio se renunciaba a nuestro tradicional régimen de franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo, ya deterioradas por la ilegítima Ley del REF de 1972 promulgada por la dictadura franquista, para terminar, 20 años después, obligados a regresar al punto de partida de la liberalización comercial, esta vez de la mano de la globalización. Tal como se verá en siguientes epígrafes, el modelo de integración impuesto en 1989 está agotado: los sectores productivos que supuestamente debían beneficiarse con la plena integración han retrocedido significativamente en términos absolutos, la industria ha seguido la misma senda, los indicadores sociales negativos se han mantenido ó empeorado (ver Punto 4 de nuestro Manifiesto) y sólo la transferencia de fondos estructurales –que estaban igualmente garantizados con el estatus anterior de integración parcial-, significaron una cierta inyección de recursos para la realización de determinadas infraestructuras importantes, todo ello mientras se mantuvo nuestra calificación de región Objetivo 1, actualmente perdida, pese a la filosofía derrochada a favor de las RUP en el Artículo 299.2 del Tratado CE, de Amsterdam. I.a. Retroceso de los sectores productivos I.a.a. En lo referente al Sector Agrario, debe distinguirse entre el Subsector exportador y el de autoabastecimiento. Dentro del primero, nos referiremos a los dos productos hegemónicos, plátano y tomate. En el segundo, escogeremos dos indicadores de alta significación como la papa, integrante tradicional del paisaje de medianías e importante capítulo exportador en un pasado no muy lejano, y el ganado vacuno, en animales y producción láctea, como elemento emblemático del medio rural. Los años de referencia serán 1986, cuando aún no ha surtido efecto la integración parcial en la CEE, fuera de la PAC; 1990, cuando comienza la plena integración y 2007, como escenario actual:
Subsector exportador agrícola Año 1986 Exportación plátanos = 361.254 TM Exportación tomates = 175.715 TM (85-86) Subsector autoabastecimiento Producción papas Animales vacuno Animales vacuno ordeño Leche vaca millones litros = 161.539 TM = 32.555 = 14.110 = 44 111.950 TM 29.754 17.044 62 85.605 TM 20.316 7.713 41 Año 1990 353.801 TM 192.827 TM (90-91) Año 2007 326.558 TM 127.865 TM (07-08)
Varios son los datos que denotan el retroceso agrario tras la plena integración en la PAC. La exportación platanera actual desciende un 10 % respecto a 1986 y un 8 % respecto a 1990. La tomatera desciende un 27 % respecto a la campaña 85-86 y un 34 % respecto a la 90-91. No faltará quien argumente que fuera de la PAC las cifras serían aún peores, pero lo cierto es que estos sectores apostaban por mejorar sus expectativas y no por reducirlas con la integración. La realidad es que el tomate no ganó cuota de mercado con la eliminación de los precios de referencia en abril, pues son los precios de la competencia europea los que lo expulsan de aquél. En cuanto al plátano, corría evidentes riesgos con el fin de la reserva del mercado español, pero no es menos cierto que las producciones de los países terceros ACP se mantuvieron, mientras que las canarias disminuyeron y no parece muy pretencioso aspirar a unos resultados no menos favorables que los países terceros preferenciales. Este producto erosiona alarmantemente su preferencia comunitaria con la arancelización, con unas perspectivas pesimistas de mayor reducción del actual arancel de 176 €/TM –ya de por sí poco disuasorio- para el plátano dólar en los próximos años, y la desaparición del contingente para los ACP, con la consiguiente deslocalización de las multinacionales hacia estos países africanos más cercanos a Europa. En el acuerdo UE-Ecuador (primer exportador mundial) –USA, se contempla una primera reducción hasta 148 €/TM y otra posterior hasta los 114 €/TM. En los acuerdos previstos con los países centroamericanos y andinos está previsto un descenso hasta los 96 €/TM. Su supervivencia, y también la del tomate, dependerán principalmente de las ayudas directas comunitarias, estatales y canarias, más factibles con el estatus de Asociación, tal como se señala en el Epígrafe 2.3.1.2. Asimismo, pueden beneficiarse de las medidas contempladas en el nuevo REFF para producciones estratégicas y sensibles (PES). Claro descenso también del Subsector de autoabastecimiento, pese a las políticas de apoyo del POSEICAN: la producción de papas desciende casi a la mitad de las cifras anteriores a la integración, cuando contaba con la protección de los derechos reguladores, retrocediendo también el subsector vacuno, cárnico y lácteo, producciones por cierto de las más protegidas por la PAC a nivel continental. Está claro que el famoso milagro de
Lourdes (“virgencita déjame al menos como estaba”) tampoco se produjo para nuestro agro con la integración en la CE. El modelo de Asociación y el nuevo REFF propuestos aportan medidas para el mantenimiento de las producciones de exportación, con un marco más favorable de apoyos directos e indirectos, lo mismo que para la implementación de una política agraria propia, que incremente el nivel de autoabastecimiento alimentario y el sostenimiento del medio rural. I.a.b. Respecto al Sector Industrial, excluyendo la producción de energía, manejaremos el criterio de su participación en el PIB canario, la cual ha descendido a la mitad desde 1990 hasta el 2007, con la siguiente secuencia: 1990 (9.1 %) / 1995 (8.0 %) / 2000 (6.5 %) / 2007 (4.1%) Todo ello pese a los instrumentos incorporados tras la integración que se prometían potenciadores del Sector, como el REA y la ZEC, anunciada ésta como factor de diversificación del sistema productivo. Algunos responsables públicos llegaron a considerarla plataforma para un „Silicon Valley‟ canario. Sin embargo, en base a su testimonial impacto sobre la economía canaria tras una década de funcionamiento, tanto en número de empresas, como creación de empleo y formación bruta de capital, más que un instrumento económico debería considerarse un „juguete virtual‟, para entretener a algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda. En los Capítulos dedicados al nuevo REFF y al MODESAM se proponen medidas en el marco de la Asociación a la UE, para equilibrar nuestro modelo productivo por la vía de incrementar la participación del Sector Industrial en el total del PIB canario. El modelo de Puerto Rico, Estado Asociado a EE. UU., con un 44 % de participación (Epígrafe 5.1.1.1.), nos puede dar muchas claves para la consecución de dicho objetivo. I.b. Mantenimiento del criterio de ayudas en base al PIB/hab. Ayudas estructurales en torno al 0.5% del PIB canario Insuficiencia del Art. 299.2 del Tratado CE Desde el mismo momento que se abre el proceso negociador hacia la plena integración en la CEE en 1990, la reivindicación de un Estatuto Permanente para Canarias como RUP ha sido una constante. Fundamentalmente se argumentaba que al ser nuestras limitaciones, de carácter estructural y por tanto, permanentes, las ayudas y las medidas específicas deberían tener también ese carácter. Se rechazaba que el nivel máximo de ayudas se fijara según el PIB/hab, que para las regiones Objetivo 1 se situaba en el 75 % de la media comunitaria. En el anterior Periodo 2000-2006 se siguió considerando a Canarias Objetivo 1, pese a superar ese 75 %, pero con la integración de los nuevos países mediterráneos y del Este, hasta conformar la Europa de los 27, Canarias supera el 90 % de la media comunitaria. La consecuencia ha sido que para el Periodo 2007-2013 ha dejado de ser considerada Objetivo 1, denominado ahora Objetivo Convergencia, para integrar el Objetivo de Regiones Afectadas por el Efecto Crecimiento y las ayudas estructurales para este periodo en las Islas se han reducido a más de la mitad, demostrando la inviabilidad de la reivindicación de un Estatuto Permanente, al mantenerse el criterio de concesión de ayudas en función del PIB/hab. Existen además serias dudas de que éstas se mantengan a partir del 2013. Además de estar sometidas a periódicas revisiones, lo mismo que el resto de las llamadas “ayudas de Estado” contenidas en el REF, que entrecomillamos por tratarse de instrumentos económicos y fiscales propios, que pudieran aplicarse también –con mayor amplitud y efectividad- fuera del mercado interior.
Sólo cabe hablar, por consiguiente, de un trato diferenciado como RUP, en virtud del Artículo 299.2 del Tratado CE, de Amsterdam, claramente insatisfactorio para las aspiraciones canarias y que no compensa las desventajas de la plena integración. En la práctica, un Estatuto de „Incertidumbre‟ Permanente. Los estudios conocidos hasta la fecha sobre la influencia de los fondos europeos en la economía canaria, su impacto sobre la producción y el empleo, y el crecimiento anual, arrojan poca luz sobre los resultados finales. Entre otros motivos, porque se compara el escenario de los diferentes programas operativos (1994-1999 y 20002006), e incluso periodos más amplios desde 1986 a 2006, con escenarios de plena integración „pura y dura‟ sin ayudas de la CE, pero no con modelos alternativos fuera de la Unión Aduanera, ya sea con integración parcial en algunas políticas como la PAC, ó del tipo de la Asociación a la CE que se propone por el encanta. I.b.a. Balance de Fondos Europeos para Canarias y „Fondos‟ Canarios para España Pese al carácter casi mítico que rodea a los Fondos Europeos para Canarias, estructurales y de cohesión, estos representaban anualmente poco más del 1 % del PIB canario, durante el periodo Objetivo 1, siendo generalmente aceptado que para generar empleo debe crecerse por encima del 2 %. Siempre sin olvidar que Canarias tenía acceso a dichos fondos desde 1986, sin necesidad de estar plenamente integrada. Considerando las medias anuales de aportaciones a Canarias del FEDER, FSE, FEADER, FEP y Fondos de Cohesión, en Euros constantes de 2004, esta sería la secuencia de los 3 últimos periodos de programación: 1994-99 = 401.1 millones de Euros/año 2000-06 = 441.5 ,, 2007-13 = 197.0 ,, Es decir, un 44,6 % del periodo anterior. Es relevante señalar que esta cantidad representa en torno al 0.5 % del PIB canario y un 2.4 % de los Presupuestos Generales de Canarias para 2007. A estas cifras debe añadirse unos 200 millones de Euros de ayudas anuales a través del POSEICAN para los sectores agrario e industrial agroalimentario. Principalmente para el plátano y, en menor medida, para el tomate e incluyendo las ayudas del REA, que compensan en parte los sobrecostes de abastecimiento por el encarecimiento que supone la integración en la Unión Aduanera. Sirvan estas informaciones para situar en su justa medida las aportaciones comunitarias a la economía de las Islas, que algunos consideran „el cuerno de la abundancia de la Europa providencia‟. Si tenemos en cuenta que Canarias es contribuyente neta al Estado en unos 4.000 millones de €/año, este „retorno‟ europeo de unos 400 millones de € anuales representa un 10 % de aquéllos „Fondos‟ Canarios para España que aportamos, a un Estado miembro al fin, como superávit frente a los que de él recibimos. Dejamos la valoración de este balance al libre criterio de cada cual.
LA FRUSTRADA COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL CON EL SAHARA OCCIDENTAL
II.a. Un episodio que no debe repetirse Entendemos que Canarias no se puede permitir la reedición –esta vez corregida y aumentada- del frustrado proceso de cooperación e integración regional con el Sahara Occidental, consecuencia de la mezquindad e irresponsabilidad política del Estado español, hace más de 3 décadas. Lamentable episodio que tiró por la borda un extraordinario exponente del diálogo de civilizaciones –hoy tan reivindicado-, como el que se había establecido espontáneamente entre un pueblo católico, como el canario, y otro musulmán, como el saharaui. De haber cumplido el Estado español su obligación moral e histórica de propiciar un Estado Saharaui, como hiciera unos años antes con Guinea Ecuatorial, Canarias hubiera podido desempeñar un papel decisivo en su nacimiento y consolidación, desde la perspectiva del respeto a la soberanía saharaui, el co desarrollo y las relaciones entre iguales. Una plataforma logística privilegiada para la construcción nacional saharaui, con incalculables efectos inducidos sobre el desarrollo de las Islas. Por el contrario, la vergonzante venta del territorio a Marruecos (ver Apartado II.b siguiente), además de las trágicas consecuencias genocidas sobre el pueblo saharaui, y el monopolio de aquél reino sobre el desarrollo económico de sus ahora provincias del „Gran Sur‟, significó también entregar las dos asas de la misma tenaza a una sola potencia, que adquirió así el total control geoestratégico sobre nuestras desguarnecidas espaldas continentales africanas. Tampoco puede soslayarse el negativo impacto sobre nuestra economía del precipitado abandono del territorio, con la problemática añadida de los evacuados, quiebras de empresas e interrupción de un floreciente comercio, secuelas que se padecieron casi exclusivamente en Canarias durante años, sin olvidar el largo periodo en que Fuerteventura tuvo que soportar las secuelas de la presencia de la Legión también evacuada del Sahara. Hoy el reto de nuestro protagonismo en la cooperación abarca un área mucho más amplia, como venimos señalando, del que en su día significó el Sahara, con nuevos instrumentos multilaterales de ayuda al desarrollo y la incorporación de otras potencias no europeas, como EE.UU., China e India, con las que Canarias debe interactuar para contribuir de forma importante al desarrollo africano. Nuestro papel en este co desarrollo, tras la oportunidad histórica perdida con el Sahara, puede resarcirse con creces en el nuevo escenario internacional que nos toca vivir hoy. Para ello es imprescindible que Canarias asuma su neutralidad ante los bloques comerciales en conflicto y deje de ser identificada comercialmente como parte de uno de ellos: la „Europa fortaleza‟. Sólo desde la libertad de acción que propicia el régimen de Asociación a la CE, al margen de apretados cinturones aduaneros y políticas proteccionistas, puede aprovecharse en toda su integridad este nuevo escenario apasionante de libertades comerciales, multilateralidad y progreso que se abre en nuestro cercano espacio natural de influencia.
II.b. La compra-venta de pueblos, práctica de España con sus posesiones de ultramar · La Florida.- Habitada por el pueblo Seminola y criollo, vendida a EE.UU. en 1819 por 5 millones de USD. Previamente España colabora con EE.UU. a sofocar militarmente la proclamación de la independencia de 1817, que había sido auspiciada por Simón Bolívar. · Cuba y Puerto Rico.- Son entregadas a EE.UU. y no a las fuerzas nativas que aspiraban a la independencia, tras finalizar la Guerra Hispano Estadounidense en 1898. En Santiago de Cuba es sacrificada la flota española obligándola a salir de su inexpugnable bahía por el Gobierno de Sagasta, contra la voluntad del Almirante Cervera, para que resultara hundida por la flota americana superior en buques y capacidad artillera, que esperaba fuera de la bocana de El Morro. Esta vergonzante medida política se toma para justificar, ante la opinión pública española, la rendición de España ante EE.UU. y el fin de la guerra. (Otras opiniones justifican la salida de la flota española por la inminente caída de Santiago en manos estadounidenses y mambisas. Ello para evitar la captura de la flota, pero no su segura destrucción por la flota americana. Sospechosa y torpe decisión que causó 371 muertes españolas a cambio de una americana). En Ciares (Puerto Rico), el ejército español, después de rendirse a EE.UU., sofocó la proclamación independentista portorriqueña. · Filipinas y Guam.- Son vendidas a EE.UU. en 1898 al finalizar la guerra, en 20 millones de USD, incluyendo en el precio a Puerto Rico.
· Islas Marianas, Carolinas y Palaos.- Vendidas a Alemania por 25 millones de Pesetas en 1899.
· Sahara Occidental.- Entregado a Marruecos y Mauritania en 1976, a cambio de continuar España con la explotación de las minas de fosfatos de Bucraa y el banco pesquero, condiciones posteriormente incumplidas por Marruecos, que había ocupado todo el territorio ante la retirada mauritana. En Noviembre de 1975 la Marcha Verde de Marruecos invadió el norte del Sahara Occidental, acudiendo el Jefe del Estado español en funciones, Príncipe Juan Carlos, a los acuartelamientos de El Aaiun para arengar a las tropas españolas asegurando que „derramarían hasta la última gota de sangre‟ para defender el territorio. En Febrero de 1976 España abandona el Sahara produciéndose el éxodo de gran parte de los saharauis hacia la frontera con Argelia, la guerra y la intervención de la ONU. Desde entonces, al que fuera Príncipe de España por designación franquista, se le recuerda entre los saharauis como „El Rey mentiroso‟.
III. FORALIDAD DE ULTRAMAR:
HISTORIA DE LOS FUEROS CANARIOS DESDE LA CONQUISTA Y RESISTENCIA FRENTE A LOS DESAFUEROS DEL PODER CENTRAL Según el diccionario de la RAE, se definen como „Fueros‟: “Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una provincia, a una ciudad ó a una persona”. Desde el mismo momento de la Conquista de las Islas en el Siglo XV por la Corona de Castilla, hasta nuestros días, se han venido acumulando en Canarias numerosos fueros respecto al régimen común estatal, que han ido configurando un corpus jurídico, administrativo y económico-fiscal claramente diferenciado, y definiendo una específica FORALIDAD DE ULTRAMAR, diferenciada también de otros regímenes forales reconocidos en el Estado español. Esta foralidad, como afirmamos en el Punto 6 de nuestro MANIFIESTO, no se basa en regímenes preexistentes como los incorporados por los antiguos reinos o feudos peninsulares a la nueva Corona española, casos de Álava o Navarra, ya que en los territorios de Ultramar la conquista violenta y colonización produce la destrucción de los regímenes precoloniales, con la consiguiente aculturización y asimilación forzada por la potencia invasora. La Foralidad de Ultramar se basa en una sucesión de normas excepcionales, fueros y derechos otorgados por la Corona, durante y después de la Conquista, que adquieren carácter de Derecho Primario consolidado por su persistencia a través de los siglos. Foralidad de la que es beneficiaria la nueva sociedad canaria surgida tras el proceso de sincretismo y mestizaje habido entre los nativos precoloniales y los nuevos pobladores principalmente europeos. En este apartado haremos una reseña de los más destacados fueros concedidos por el poder central ó conquistados tras largas luchas del pueblo canario frente a aquél, señalando también los más importantes incumplimientos ó desafueros cometidos por las autoridades estatales y la resistencia de Canarias a los mismos: una historia de fueros y desafueros.
III.a. Antiguo Régimen
-PACTO DE CALATAYUD.Se suscribe en dicha ciudad sede de la Corte, entre los Reyes Católicos y el Guanarteme de Gáldar, tras su capitulación pactada con el representante de la Corona en Gran Canaria y se plasma en la Real Cédula de 30.05.1481. Otorga a los nativos cristianizados su libertad personal y de residencia, equiparándoles en derechos civiles a los castellanos.
(Algunos historiadores ven en este Pacto el reconocimiento de Canarias como reino preexistente unido mediante un acuerdo político a Castilla y Aragón, y de la nobleza canaria de forma equiparable a la castellana).
-PROHIBICIÓN DE ESCLAVIZAR A LOS NATIVOS CRISTIANIZADOS.Durante la conquista y ocupación de las Islas, la Corona de Castilla prohibió la esclavización de los aborígenes que se sometieran a la fe católica. Esta prohibición era vulnerada sistemáticamente por sus
mandos militares, dando lugar a numerosas reclamaciones ante la Corte por familiares o representantes de los esclavizados para conseguir su libertad. -FUERO DE GRAN CANARIA.Aprobado por los Reyes Católicos el 20.12,1494. Su ámbito de aplicación es ampliado a La Palma y Tenerife, una vez conquistadas. Fija las competencias de la autoridades civiles, militares, judiciales y religiosas, de forma análoga al Fuero de Baza aplicado al Reino de Granada. Regulan la actividad económica y comercial mediante Reales Cédulas específicas para la Isla, como la de 1487. Su ámbito de aplicación se extiende a La Palma y Tenerife una vez conquistadas. -PACTO DE LOS REALEJOS.Se firma el 25.07.1496, entre el Adelantado de los Reyes Católicos y los Reinos de Taoro, Tegueste, Tacoronte y Anaga. En Septiembre lo suscriben Adeje, Abona, Daute e Icod. Establece un acuerdo de carácter confederal entre estos reinos y los „reinos de las Españas‟, de igual a igual, aceptando la soberanía común de los Reyes Católicos. Autores como Juan Bethencourt Alfonso reivindican, en base a este Pacto confederal, la co soberanía de Canarias y España en pié de igualdad, sin sumisión a la Corona española, aunque reconociéndole su jefatura del Estado común. -EXENCIÓN DE ALCABALAS, MONEDAS, PECHOS Y TRIBUTOS.Por Reales Cédulas (RC) de 1487 y 1507. Significaban la exención parcial de la imposición directa vigente en el resto del Reino y la franquicia fiscal al consumo. Se mantuvieron otros tributos como los Diezmos Eclesiásticos al Cabildo Catedral, cuyas 2/9 partes se aportaban a la Corona como Tercios Reales. -APLICACIÓN PARCIAL DEL ALMOJARIFAZGO.Arancel „ad valorem‟ para importaciones y exportaciones, con tipos más reducidos que en Andalucía., que oscilaron del 3 al 6 %, con exenciones como a la importación de leña para evitar la deforestación, por su gran consumo en los ingenios azucareros. -NO SUJECCIÓN AL MONOPOLIO DE LA CASA DE CONTRATACIÓN DE INDIAS.Por RC de 1505 de Fernando el Católico. Régimen de excepción respecto de la Metrópoli, para el tráfico comercial con América monopolizado por Sevilla. Precedente de la no aplicación de monopolios en Canarias. Por RC de 1518 se declara libre de derechos. Significaba la franquicia comercial con América de los puertos de las islas realengas: Gran Canaria, Tenerife y La Palma. -CREACIÓN DE LOS ANTIGUOS CABILDOS CON AMPLIAS COMPETENCIAS Y TRIBUTOS PROPIOS.En las Islas Realengas se implantan los antiguos Cabildos como ayuntamientos únicos insulares. En las de Señorío se constituyen también pero bajo el control directo de los Señores en cuanto a asignación de funciones y nombramientos. Se mantienen hasta 1812.
A diferencia de los Concejos o ayuntamientos castellanos, tienen amplias competencias de gobierno. Legislaban con sus propias Ordenanzas Insulares (1531 en Gran Canaria, 1540 y 1542 en Tenerife) y establecían sus propios Derechos ó Tributos, como los gravámenes a la importación y exportación: el ‘Haber del Peso’ para su financiación y el ‘Uno por Ciento’ como Donativo a la Corona. El Haber del Peso se considera el precedente de los Arbitrios Insulares. Desde un principio se consideran compatibles con las franquicias por sus tipos reducidos, no proteccionistas, ni disuasorios frente al libre comercio y destinados a financiación local.
Entre sus principales COMPETENCIAS –aunque atendían prácticamente a todas las funciones de gobierno- cabe destacar: Derecho de Petición a la Corona y de ‘Placet’ (obedecer pero no cumplir órdenes reales caso de
contrafuero, solicitando a la Corona su anulación); elaboración de Informes a la Corona y Capitanes
Generales a petición de éstos; designación de apoderados o diputados para representación ante la Corte, así como de agentes comerciales en el extranjero; ordenación de la policía urbana y rural; ordenación de cultivos, control de precios, vigilancia del comercio interior y exterior; regulación del valor de la moneda; fijación de jornales, administración de la Hacienda insular; otorgar licencias de castrenses como alcaides, condestables y artilleros. -AUTORIZACIÓN DE MONEDA PROPIA AL CABILDO DE TENERIFE.Por RC de 1549 se faculta al Cabildo de Tenerife para acuñar moneda en la fábrica de Sevilla: moneda de Plata y Vellón (Reales y Bamba antigua). Privilegio que mantiene durante más de 2 siglos, hasta 1776, cuando se sustituye por la de Castilla e Indias. -ALTERACIÓN DE LAS FRANQUICIAS Y ANULACIÓN POR PROTESTAS CANARIAS.En 1618, por Felipe III, se introduce el arancel de 1 Ducado por pipa de vino exportada, para financiar fortificaciones de Ceuta y muelle de Gibraltar, y en 1643, por Felipe IV, el Papel Sellado. Estas disposiciones son anuladas ante las reclamaciones de los Cabildos, por vulnerar la RC de 1518 y la franquicia fiscal al consumo. -PROHIBICIÓN Y RESTABLECIMIENTO DEL TRÁFICO CON AMÉRICA.El régimen especial de comercio de Canarias con América origina permanentes tensiones con el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla. En 1649 Felipe IV prohíbe este tráfico con América pero tiene que restaurarlo ante las protestas surgidas en Canarias. Para contentar a la Casa de Contratación lo convierte en un régimen prorrogable anualmente, pero permanente en la práctica. -VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD DE DERECHOS EN EL COMERCIO CON AMÉRICA.· Establecidos por la RC de 1518, se vulnera con la inclusión de Canarias en el Régimen General de Contribuciones a las Importaciones de Indias de 1657. Al Almojarifazgo se le añaden otros derechos como las Averías (seguro de protección al retorno de buques) y Consulado. construcción; tribunales de apelación civil y criminal; propuesta y nombramiento de cargos
· En 1658 los Cabildos condicionan el pago del „Uno por Ciento‟ de Donativo a la Corona a la obtención de determinados fueros y mercedes. En 1682 se destinan a fortificaciones. En 1686 dejan de gravarse las mercancías trasladadas desde otras islas donde hubieran pagado el tributo. · En 1676 se introducen las llamadas „Contribuciones en Sangre‟: obligación de embarcar 5 familias de 5 miembros por cada 100 toneladas de mercancía, o una compensación económica. En contrapartida se suprimen las Averías. En las mismas fechas se introduce la `‟Limosna de San Telmo‟ (Hospicio de Sevilla) y los derechos de Anclaje. Estos desafueros son objeto de continuas reclamaciones y quejas ante la Corona. -LIMITACIONES DE LAS FRANQUICIAS EN EL INICIO DEL PERIODO BORBÓNICO (1708-1765). REVUELTAS EN CANARIAS. LINCHAMIENTO DEL INTENDENTE CEBALLOS. CONFABULACIÓN SOCIAL ANTIMONOPOLISTA · Por RC de 1708, de Felipe V, se introducen nuevas vulneraciones de las franquicias aduaneras que tienen que ser inmediatamente suspendidas por las protestas de los Cabildos. Nos referimos al incremento de 6 Escudos de Plata por pipa de vino exportada, el 4 % de entrada por ilícito comercial y el 15 % de entrada de mercancías en pabellón de neutrales. · En 1714, tras finalizar la Guerra de Sucesión, Felipe V promulga el Decreto de Nueva Planta marcadamente uniformista y centralista, aplicando el Derecho público castellano en todos los territorios de su Reino. Son malos tiempos para los fueros canarios. · En 1718 se crea el restrictivo Reglamento para el Comercio Canarias-América, que elimina las franquicias aduaneras, limita el tonelaje a exportar y ratifica las „Contribuciones en Sangre‟. En 1717 se había decretado el Estanco del Tabaco como monopolio estatal, originándose revueltas populares que obligan al Administrador del Estanco, Diego Navarro, a huir de Tenerife para evitar su linchamiento popular, el 17.01.1718, y culminan –esta vez sí- con el linchamiento tumultuario del representante civil de la Corona, el Intendente Ceballos, en Santa Cruz de Tenerife, el 19.06.1720. En estas insurrecciones subyace la oposición popular a la modificación de los fueros históricos, pero también el respaldo –cuando no la inducción directa- de las autoridades locales civiles, militares, judiciales y eclesiásticas, fenómeno que algunos analistas califican de „confabulación social‟ contra el monopolio de la Casa de Contratación, los estancos y fiscalizaciones estatales. Evidencia de que „todo el mundo‟ en Canarias, de un modo u otro, obtenía beneficios de las franquicias. No obstante, una semana después del linchamiento fueron ahorcados 12 nativos, elegidos más o menos al azar, más que nada para guardar las formas.
El infeliz Ceballos, funcionario recién llegado al fin y que llegó a solicitar a la Corona –alma de Dios- el traslado del Capitán General por obstaculizar su labor como recaudador de la Hacienda Real, quizá no tuviera tiempo de „aclimatarse‟ y entender cómo se manejaban las cosas por la colonia. Aunque debió haber aprendido más de la escapada „en tablas‟ de Navarro, dos años y medio antes.
-ESTATUS INTERNACIONAL COMERCIAL ESPECIAL DE CANARIAS DURANTE EL SIGLO XVIII.Durante este siglo se alternan los periodos de guerras con Inglaterra, produciéndose bloqueos del tráfico marítimo con la Metrópoli. En contra de las prohibiciones generales, la Corona permite el comercio con buques y países neutrales y enemigos, configurándose „de facto‟ un estatus internacional comercial especial para Canarias. En 1741, Felipe V, permite la introducción de víveres en buques neutrales desde Inglaterra, pese a estar en guerra. En 1762, Carlos III, mantiene dicho permiso pero introduciendo aranceles del 6 % a víveres y 15 % a otras mercaderías. El pago debía realizarse en vino canario.
José Murphy, en sus célebres <<Reflexiones>> de 1821, alude a estas singularidades en el comercio internacional para justificar la reivindicación de las franquicias. -APERTURA COMERCIAL EN ESPAÑA Y EXCEPCIONES CANARIAS.En 1765 Carlos III decreta el fin de la Casa de Contratación (trasladada a Cádiz desde 1717) y promulga una reforma de aduanas y aranceles basada en el libre comercio. En 1772 se aplica en Canarias con limitaciones de tráfico con algunos puertos americanos. En 1778 promulga el Reglamento de Aranceles para el Comercio Libre entre España y América. Para Canarias se establece un régimen comercial de excepción, respecto a la Metrópoli, con EE.UU. y las potencias europeas, como plataforma para el comercio de éstas con sus colonias africanas y americanas. En 1786 se eliminan las „Contribuciones en Sangre‟, se rebaja de 18 a 8 Reales el pago por Registros a Caracas y se permite reexportar el 25 % de carga extranjera.
III.b. Siglo XIX hasta1852
-PRIMER PRONUNCIAMIENTO INSTITUCIONAL INDEPENDENTISTA CANARIO (1810).Durante la invasión napoleónica de la Metrópoli se crea en 1808 la Junta Suprema de Canarias en La Laguna que, surgida de una convocatoria del Cabildo de Tenerife, pretendió imponer su autoridad manifestación del pleito entre los sectores dominantes de Tenerife y Gran Canaria. también en Gran Canaria sin conseguirlo. Algunos analistas ven en este episodio la primera
En Las Palmas se constituye el Cabildo General Permanente de Canarias, siendo disueltos ambos por el Consejo de Regencia de Cádiz en 1809, que crea una Junta Central para todo el Reino. El Cabildo General niega obediencia al Consejo de Regencia y proclama un gobierno independiente en 1810, desconociendo también la Comandancia General y la Audiencia, y declarando la autoridad del Pueblo. General la capitalidad provisionalmente en Santa Cruz de Tenerife. La proclama no prospera y en 1912 se instaura la Diputación Provincial, estableciendo el Comandante
Este pronunciamiento independentista es paralelo a las insurrecciones en las colonias americanas, como la declaración de guerra independentista por la Junta Provincial de Caracas también de 1810.
En Garachico, ya en 1819, arriba un navío ‘insurgente’ de Venezuela con representantes de dicha de la presencia de Simón Bolívar en dicha expedición.
Junta caraqueña que es agasajada por las autoridades locales. Algunos historiadores llegan a sospechar
Tanto desde la Junta Suprema como del Cabildo General se plantean posibles escenarios al margen de la soberanía española, desde la Independencia, hasta la Asociación a otra potencia: Inglaterra, EE.UU., Brasil o la Gran Colombia. -SOLICITUD DE PUERTOS FRANCOS EN LA PALMA.La Junta Subalterna de La Palma solicita los Puertos Francos en 1809. -NUEVA ETAPA DE LIMITACIONES AL LIBRE COMERCIO. CONSTITUCIÓN OPOSICIÓN CANARIA.UNIFORMISTA DE 1812 Y
Finalizando la ocupación napoleónica de España se proclama la primera Constitución por las Cortes de Cádiz (19.03.1812) que pone fin al Antiguo Régimen. Se establece un régimen uniformista a través de las Diputaciones Provinciales, se crean los Ayuntamientos y se disuelven los antiguos Cabildos. Se suprimen las exenciones arancelarias vigentes y se implanta un rearme arancelario generalizado. Dificultades para la reclamación del respeto de los fueros históricos, por el permanente Estado de Excepción durante y después de la guerra contra Francia y los sucesivos periodos absolutistas de Fernando VII. -PROVINCIALISMO, PUGNA POR LA CAPITALIDAD Y BI PROVINCILISMO (1812-1852).Los antiguos Cabildos propiciaban una autonomía económica insular y la interacción entre las Islas era escasa, teniendo las tres realengas relaciones directas con la Metrópoli y con Indias. La instauración de la Provincia, como primer régimen administrativo común a todas las Islas, pero de carácter centralista, abre la lógica pugna por la hegemonía y la capitalidad entre los sectores dominantes de Las Palmas y Tenerife, y, en ésta última, entre S/C de Tenerife y La Laguna. Este fenómeno es poco usual en otros archipiélagos y territorios, caracterizados por el surgimiento de una ciudad capital destacada sobre el resto. En Canarias se desarrollan de forma equiparable las dos islas centrales y sus dos capitales –en Tenerife, primero en La Laguna y después en Santa Cruz-, tanto económica, como poblacionalmente, siendo la lucha por la hegemonía política y económica consustancial a este tipo de configuraciones bipolares. De ahí la necesidad de mantener los equilibrios mediante fórmulas imaginativas y adaptadas a su idiosincrasia social, como hubiera sido el fortalecimiento de los Cabildos y su coordinación por un órgano mancomunado. Por contra, fueron desmantelados importándose de la Metrópoli el esquema provincialista centralizado que propició la confrontación, entre otras razones, por no contemplar la capitalidad compartida que debió instaurarse desde un principio, pero también por la discriminación de unas islas respecto de otras según la correlación política dominante en cada momento en la Diputación.
En octubre de 1810, las Cortes de Cádiz fijan la sede de la Junta Preparatoria Electoral y de la Diputación Provincial resultante de las Elecciones en Las Palmas, por tener ubicada la Audiencia, con el acuerdo de los 4 diputados canarios –uno de Gran Canaria, dos de Tenerife y otro de La Gomera en General La Buria, la establece en Santa Cruz de Tenerife el 05.11.1812, sin que las Cortes le impusieran su inicial resolución. Como respuesta, los sectores dominantes de Las Palmas comienzan su pugna por la división provincial, negándose a acudir los representantes de Gran Canaria a la elección de la Diputación (30.05.1813). En 1822 las Cortes confirman oficialmente la capitalidad de Santa Cruz de Tenerife. representación de las Islas poblacionalmente menores-. Pero de forma arbitraria, el Comandante
La cacicada del Comandante General, aunque no fuera premeditada, sí que sirvió para poner de manifiesto la confrontación de intereses entre los sectores dominantes de Las Palmas y Tenerife, ‘descubrimiento’ muy valioso para la una garantía para el mantenimiento de su soberanía en las Islas. Corona que ante los varapalos sufridos en otras colonias, comienza a ver en aquella pugna –convenientemente manejada-
La Diputación Provincial atraviesa por distintas fases de precariedad institucional coincidiendo con las sucesivas crisis políticas en la Metrópoli, produciéndose frecuentes amagos de división provincial:
· En 1813 deja de actuar la Diputación por el Manifiesto Real de Valencia y no vuelve a funcionar
hasta 1820 (Trienio Liberal y acatamiento constitucional de Fernando VII). Cesa de nuevo en 1824 por el enfrentamiento del Rey con los liberales. Se reanuda en 1836 tras la Sublevación de La Granja y el acatamiento constitucional de la Reina Regente. · Durante la Regencia de Espartero, el 25.10.1840, se crea una Junta Provincial de Gobierno en Las Palmas dependiente directamente de Madrid, con una nueva provincia integrada por Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, nombrándose Comandante General y jefe político. 5 días después se crea en S/C de Tenerife la Junta Provincial Gubernativa de Canarias, paralizándose la Diputación Provincial. El 01.01.1841 se disuelven ambas Juntas Provinciales restaurándose la Diputación Provincial –la primera división provincial oficial había durado 2 meses y 5 días-. · El 29.07.1841 se presenta en Cortes el proyecto de división provincial de González Bravo sin prosperar. El 26.07.1843 aprovechando la sublevación contra Espartero y la declaración anticipada de mayoría de edad de Isabel II se crean Juntas Independientes en Las Palmas y La Laguna, aunque por poco tiempo.
· El 17.03.1852 Bravo y Murillo establece 2 Secciones de la Diputación Provincial, cada una con un Sub Gobierno, en Las Palmas y S/C de Tenerife, dando al Capitán General el título de Gobernador con facultades dirimentes. -NUEVOS ARANCELES DE ADUANAS DE 1820, OPOSICIÓN INSTITUCIONAL CANARIA Y DECRETO DE EXCEPCIONALIDAD.El 05.10.1820 se decretan los Nuevos Aranceles de Aduanas, aplicables también a Canarias, con prohibición de importaciones de determinados productos e incremento de derechos a otros. El Real Consulado de Canarias, en marzo de 1821, redacta un Memorial dirigido al Congreso contra su aplicación en las Islas. Mientras se resuelve la solicitud, la Diputación Provincial suspende parcialmente la aplicación del nuevo arancel. El político y comerciante tinerfeño José Murphy, co autor del Memorial, publica en ese año su obra <<Breves reflexiones sobre los nuevos aranceles de aduanas>> y se erige en portavoz oficioso de las protestas institucionales canarias, de la Diputación, Consulado y Ayuntamientos. Sus planteamientos van más allá de la crítica a la aplicación del arancel general y plantean la problemática general canaria, constituyéndose en fundamento de la posterior Declaración de Puertos Francos de 1852 y la reivindicación autonomista canaria. Como resultado de estas luchas, las Cortes decretan, el 20.01.1822, medidas arancelarias excepcionales para Canarias con el fin de facilitar el comercio internacional. A partir de ese momento se incrementa el comercio con Inglaterra, EE.UU. y Francia, llegando a superar al establecido con la Metrópoli. Este año se reimplanta el Papel Sellado tras el fallido intento de 1643. -INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS
EN EL CONTINENTE AMERICANO (1823).Ante la debacle colonial en el Continente americano, en la Metrópoli se produce la Restauración Absolutista de Fernando VII, pero en lo comercial se recuperan los aranceles de libre comercio de Carlos III. En 1826 se aplican otros aranceles más restrictivos. -ARANCEL ESPECIAL DE CANARIAS (1831).Ante las reclamaciones canarias, Fernando VII dicta la Real Orden de 12.10.1931, creando el Arancel Especial Canario con cláusula de salvaguardia para la no aplicación del arancel peninsular y exención de derechos de navegación para buques que arriban a refrescar. -SOLICITUD DE PUERTOS FRANCOS PARA TENERIFE (1842).Movimiento de opinión puerto franquista para Tenerife dirigido por el naturalista lagunero Manuel de Ossuna y Saviñón. -PRIMERA FISCALIDAD MODERNA ESPAÑOLA DE 1845 Y REARME PROTECCIONISTA.En 1845 se produce la Reforma Tributaria de Mon y Santillán que establece la primera fiscalidad moderna en España, con las Contribuciones de Inmuebles, Consumos, Industrial y Comercial. Se reintroducen aranceles
proteccionistas y monopolios fiscales. Todo ello con fuertes protestas de la sociedad civil canaria. Como compensación se cancelan las deudas con la Corona y se abre la autorización de emigración a América, que se había suspendido en 1812. -SEQUÍA, PLAGAS, EPIDEMIAS, EMIGRACIÓN. RECLAMACIÓN DE FRANQUICIAS.A partir de 1846 se suceden periodos de extrema sequía y plagas de langosta, con pérdida de cosechas, hambrunas y emigraciones a América. En Gran Canaria y Tenerife se declaran epidemias de fiebre amarilla. En 1851 se declara el cólera morbo en Gran Canaria, con feroz cuarentena y pérdida del 10 % de población en 6 meses. Como alternativa a esta lamentable situación las peticiones de puertos francos se suceden: en 1847, el Cónsul de Francia en Tenerife, Sabin Berthelot, despliega una campaña en la prensa; en 1851, el ex Gobernador Manuel Rafael de Vargas, insiste también en la prensa tras la proclamación de puertos francos en Madeira y Goree (Senegal); ese mismo año lo solicitan oficialmente la Junta de Comercio y la Diputación Provincial.
III.c. 1852-1900
-REAL DECRETO DE PUERTOS FRANCOS DE 11.06.1852 (y su desarrollo por varias Reales Órdenes posteriores).Establece la libertad comercial de importación y exportación de mercancías, declarando puertos francos a los de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Arrecife, Puerto Cabras y San Sebastián. Representa la superación del uniformismo constitucional surgido de 1812, que había laminado las antiguas franquicias y tiene el mérito de crearse en un contexto nada favorable, sólo 11 años después de la unificación de la aduana española, al suprimirse la existente con los territorios vascos exentos, por lo que se establece la única barrera aduanera interna en el Estado. Franquicia administrativa y prohibición de monopolios fiscales y comerciales, incluidas todas las rentas estancadas como el tabaco. Como excepción mantiene el Papel Sellado. Franquicia aduanera con exención de aranceles de aduanas, arbitrios y derechos de consumo, con excepciones para algunos productos sujetos y determinados derechos: -Cereales.- Para proteger la producción local, aplicación a la importación del arancel general. -Tabacos.- Arbitrio de compensación para la importación de labores y hoja del extranjero y ultramar. -Azúcar.- Aplicación del arancel general e impuesto de consumo a importaciones del extranjero y ultramar, caso de existir producción local. -Los buques extranjeros no están exentos de aranceles. Pero los matriculados en Canarias y para tráfico interinsular, sí lo están. -Arbitrio del 1/1000 a la entrada de mercancías, de Puertos y Faros -Derechos de Navegación.- Carga y descarga, y embarque y desembarque de pasajeros -Derechos de Sanidad.- Cuarentena y lazareto -Derechos de Consumo a mercancías extranjeras.- A la importación y exportación. Genera protestas canarias, pero el Ministerio de Hacienda argumenta que no son aranceles, sino imposición indirecta. Distingue tres áreas de comercio: 1ª) Comercio interior interinsular.- Libertad de abanderamiento de buques extranjeros en Canarias, para tráfico interinsular, 2ª) Comercio exterior con el extranjero y ultramar.- Exclusiva de
importación de azúcar para S/C de Tenerife, Las Palmas y S/C de La Palma y 3ª) Comercio exterior con Península y Baleares (PyB).- Reservado para buques españoles no abanderados o construidos en Canarias y considerado cabotaje. Los puertos canarios se consideran extranjeros para el comercio con PyB. Régimen especial para las exportaciones canarias a PyB.- Se aplica el „beneficio de cabotaje‟ (exención del arancel) a los productos „típicos‟ (originarios) de Canarias, agrarios, pesqueros e industriales (normas de origen). Para gozar de la exención se imponen los registros para un listado de producciones originarias exentas. La exportación de azúcar canaria a PyB se reserva a los 3 puertos principales. CONCIERTO DE COMPENSACIÓN, entre el Ministerio de Hacienda y la Diputación Provincial.Se calcula el déficit de rentas de tabaco y aduanas no recibidas por el Erario al aplicar las franquicias en 1.700.000 Reales de Vellón (RV). Para compensarlo se establece un CUPO inferior de 1.200.000 RV a satisfacer por la Diputación Provincial., por entenderse que el desarrollo económico generado por los Puertos Francos produciría un gran incremento en el resto de la recaudación de impuestos estatales. Para recaudar por la Diputación Provincial y destinados al pago del Cupo se crean determinados Arbitrios compensatorios sobre el tabaco y se le cede el Arbitrio del 1/1000 de Puertos y Faros. También destinados al pago del Cupo la Hacienda estatal recaudaría un incremento del 2 % en la Contribución Territorial y del 50 % sobre el Subsidio de Comercio. Un usurero „Concierto Fonil‟.- Los déficits de recaudación serían cubiertos por la Diputación y las Juntas de Comercio, pero el superávit sería siempre para la Hacienda estatal. Una suerte de „CONCIERTO FONIL‟ –la parte estrecha para Canarias- claramente abusivo y transgresor del principio de compensación, para convertirse en un instrumento recaudatorio libre para el Erario. Hasta tal punto fue abusivo, que pese al amplio superávit recaudado durante el periodo de aplicación del sistema, hasta 1900, (unas 872.000 Pesetas) y los exponenciales ingresos fiscales derivados del „boom‟ comercial generado por los Puertos Francos, la Hacienda estatal –en un miserable ejercicio de usura- reclamó los déficit producidos en 9 ejercicios (unas 358.000 pesetas en total) y para su recaudación estableció un Arbitrio Transitorio, sobre un artículo de primera necesidad como los cereales (Ley 06.03.1900), que fue suprimido 9 meses después al recaudarse tal cantidad. Esta medida tiene muy negativo impacto en Fuerteventura por afectar a sus exportaciones cerealeras a Sevilla. . -LEY DE PUERTOS FRANCOS DE 1870.Ratifica el régimen de Puertos Francos y lo eleva a categoría de LEY ESPECIAL, otorgándole la garantía de no poder ser derogado sino mediante otra ley especial. Amplía la lista de puertos francos a Valverde y cualquier otro puerto de las Islas.
-BALANCE ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS FRANQUICIAS (1852-1900).A) Resultados económicos: Incremento espectacular de la arribada de buques y comercio exterior, de la exportación de productos canarios y pesca, de la importación con mejora del abastecimiento. Inicio del turismo europeo. Veamos las estadísticas de arribada de vapores: en Las Palmas, 47 en 1863 y 2.258 en 1900; en S/C de Tenerife, 448 en 1883 y 1.375 en 1897. Sobran comentarios. Los planteamientos proteccionistas sobre los cereales, azúcar y tabaco no prosperaron, por su casi desaparición. Si prospera el Sector pesquero. Sustitución de la cochinilla por el plátano.
B) Resultados sociales: Los principales beneficiarios son la clase mercantil, propietarios productores de exportación y el capital inversionista extranjero. Pero también los sectores populares al disminuir la carga fiscal indirecta y el coste de la vida, con un mejor acceso a bienes de consumo. Estos resultados son asimétricos para las diferentes islas por el coste de la doble insularidad. Más beneficiados los 3 puertos principales. C) Resultados políticos: el régimen de franquicias constituye un factor de concienciación y cohesión regional. Aún en los momentos más álgidos de la pugna por la capitalidad y el bi provincialismo, existe una sinergia interinsular muy importante, frente al poder central, en reclamación y defensa de las franquicias. Debe señalarse que al régimen de franquicias se unieron otros factores coadyuvantes al crecimiento económico canario: la mejora sanitaria con la apertura en 1882 del Lazareto de Gando, el cable telegráfico con la Metrópoli en 1883 con la mejora de las comunicaciones, el comercio y el turismo, la creación de los Depósitos Comerciales en 1883, el desarrollo de la navegación a vapor, el crecimiento del imperio naval británico y los nuevos puertos de La Luz y S/C de Tenerife (inicio). -MUCHO MÁS QUE EXENCIONES ADUANERAS Y FISCALES.El conjunto de Decretos, Reales Órdenes y Leyes que configuran el régimen de franquicias, más que un simple régimen de exenciones aduaneras y fiscales, constituyen todo un modelo de derecho administrativo especial y de desarrollo económico: agrario, pesquero, industrial, comercial y turístico. Tal como en la Exposición de Motivos del RD de Puertos Francos quedaba plasmado: “La declaración de franquicias se haya enlazada con miras más lejanas que progresivamente se irán desenvolviendo. El cultivo del tabaco, la inmensa pesquería en la costa africana, el comercio con Fernando Poo y Annobón…”. -PUGNA BI PROVINCIALISTA (1852-1873).El 03.03.1854 se anula la división de Bravo y Murillo. Ese mismo año, tras el golpe militar de O’Donell y Cánovas, y el regreso y coalición con Espartero, aparecen de nuevo las Juntas Gubernativas de Las Palmas y S/C de Tenerife. En 1858 se restablece la subdivisión en 2 Secciones de Bravo y Murillo. Tras el derrocamiento de Isabel II en Septiembre de 1868, se crea una Junta Suprema de Gobierno en Las Palmas hasta el 14.12.1868. En 1869 se restaura la Diputación Provincial. -EL COMPROMISO ESTÉVANEZ:
PROPUESTA DE ESTADO CANARIO FEDERADO.El Militar y político canario, Diputado del Partido Republicano Federal y Ministro de la I República, Nicolás Estévanez y Murphy, suscribe un compromiso con los diputados de Canarias en 1873 para la creación de un Estado Canario, con 2 sub Estados y una Dieta (Parlamento) alternante, en el marco de un Estado federal español. Esta iniciativa se frustra por el golpe de estado de Pavía, en enero de 1874, y la supresión del régimen democrático republicano.
-CAMBIO DE TÁCTICA DE LOS BI PROVINCIALISTAS DE LAS PALMAS:
ENGRANDECIMIENTO DE LA ISLA.Durante el reinado de Alfonso XII a partir de 1875, los sectores dominantes de Gran Canaria, liderados
por Fernando León y Castillo, aparcan la reivindicación bi provincialista y aprovechando su influencia política en Madrid como Subsecretario del Ministerio de Ultramar y luego Ministro y Diplomático, enfocan su lucha por la hegemonía al engrandecimiento de Gran Canaria: construcción del nuevo Puerto de La Luz (1883-1902), escala de los correos a las Antillas, puertos de Las Nieves y Sardina del Norte, Lazareto de Gando, extensión del cable telegráfico, faros. La pugna política no se olvida del todo: del 22 de Marzo al 30 de Agosto de 1893 se suprime la Capitanía General y sustituye por una Comandancia General alternante. -DESASTRE DEL 98. CANARIAS PRINCIPAL TERRITORIO DE ULTRAMAR.Tras la guerra con EE.UU. en 1898, con la entrega de Cuba y Puerto Rico, y la venta de Filipinas y otras islas del Pacífico, Canarias pasa a ser el principal Territorio de Ultramar español. Se mantienen además Guinea Ecuatorial (hasta 1968), Sidi Ifni (hasta 1969), Sahara Occidental (hasta 1975) y las plazas de soberanía norteafricanas e Islotes adyacentes. Posteriormente, durante parte del Siglo XX, España ocupa el Protectorado del Norte de Marruecos (hasta 1956). La ampliación y ratificación de las franquicias canarias se produce, según valoraciones surgidas en la época, por el ‘síndrome’ padecido por el Gobierno central tras el Desastre del 98. De hecho, EE.UU. llega a plantearse la ocupación del Archipiélago, desistiendo a petición de Inglaterra que ya tenía importantes intereses económicos en las Islas.
III.d. Siglo XX hasta 1923
-LEY DE PUERTOS FRANCOS DE 1900. BASE LEGAL DE LOS FUEROS CANARIOS CONTEMPORÁNEOS.Ratifica y amplia las franquicias de 1852. Sustituye a la Ley de 1870 como LEY ESPECIAL y mantiene su vigencia jurídica hasta la actualidad por no haber sido derogada por otra ley especial. Ha sido objeto de numerosas vulneraciones desde su promulgación, como en adelante se verá. Es la piedra angular sobre la que descansa la vigencia legal de las franquicias canarias. En su Artículo 2º establece: “Serán libres de todo derecho ó impuesto, sea cual fuere su denominación y quedarán exceptuadas de los monopolios establecidos o que puedan establecerse, todas las mercancías que se importen o exporten en Canarias, a excepción de las siguientes…” (listado reducido). Se suprime no sólo el arancel sino toda la renta de aduanas, lo que significa la exención fiscal del comercio exterior, es decir, de todo derecho ó impuesto –como los de consumo- por exportaciones e importaciones. En
definitiva, se establece la franquicia aduanera y fiscal sobre el consumo en lo referente a imposición estatal sobre comercio exterior. Amplia su ámbito de aplicación a toda Canarias y no sólo a los puertos, convirtiéndolas en TERRITORIOS FRANCOS. Se elimina la protección a los cereales por su escasa producción, el Arbitrio del 1/1000 de Puertos y Faros, y los recargos del 2 % a la Contribución Territorial y del 50 % a la Comercial. Se mantiene el régimen especial para las exportaciones originarias canarias a PyB. El tabaco cultivado en Canarias y sus labores deben destinarse a las fábricas del Monopolio y su comercialización por la Sociedad Arrendataria. Excepciones de las franquicias en la Ley 1900.Sólo los buques extranjeros matriculados en Canarias de menos de 50 TM Moorsen de capacidad, destinados al tráfico interinsular, están exentos del arancel estatal. Como nuevas figuras para recaudar el Cupo del Concierto Compensatorio, se crean las siguientes: -Para un listado reducido de productos sujetos, se fija un Arbitrio (menor que el arancel en PyB) sólo a la importación, pese a que la ley posibilitaba también a la exportación. -Se mantienen los impuestos sobre tabaco y azúcar, exceptuando la producción local de azúcares y derivados. -Impuesto de Transporte sobre embarque y desembarque de pasaje, metálico y mercancías, con un límite no superior al 50 % de la cuota estatal. -Derecho de Policía Sanitaria que mantiene la cuota estatal. Concierto de Compensación por arriendo hasta 1907Se fija un cupo de 1 millón de Pesetas/año, con concurso público para el arriendo de la recaudación de impuestos compensatorios antes señalados, para aspirantes que superen dicha cifra, por un tiempo de 5 a 10 años, con derecho a prelación para las asociaciones de gremios frente a la Diputación. El Primer Arriendo se adjudica, el 22.05.1900, por 2 millones de Pesetas/año, a la Asociación Provincial de Gremios de Puertos Habilitados, formado por contribuyentes, propietarios e industriales, de carácter interinsular. Este arriendo se rescinde por falta de pago y se adjudica un Segundo Arriendo, el 02.07.1902, por 1.002.000 Pesetas/año, a la Asociación Provincial de Gremios Comerciales, Industriales y Cosecheros, también interinsular. Al finalizar este Segundo Arriendo, una Real Orden obliga al rescate de la recaudación a favor de la Hacienda pública, con lo que desaparece el Concierto de Compensación –vigente durante 55 años- y el Cupo. El pretexto compensatorio vuelve a convertirse en instrumento recaudatorio fiscal, como ocurriera con el „Concierto Fonil‟ anterior. Tal era la riqueza generada por la actividad comercial, a la que la voracidad recaudadora de la Hacienda pública no podía sustraerse. -BALANCE DE LAS FRANQUICIAS A PARTIR DE 1900.A) Resultados fiscales: Tal como se preveía en la Exposición de motivos de RD de 1852, la ausencia de recaudación estatal por aranceles y rentas estancadas consecuencia de las franquicias, “es un sacrificio que no se hace sin compensación y sin una esperanza más que probable de recibir con grandes creces un ulterior resarcimiento, a medida que la prosperidad de aquéllas Islas llegue al punto que se ha de elevar”.
El control por la Hacienda pública, a partir de 1907, de la recaudación de arbitrios compensatorios, pese a que los eventuales déficits respecto al Cupo establecido se cubrirían por la arrendataria, denota el gran negocio de tal recaudación. A ello debe añadirse el incremento de la recaudación del resto de la imposición directa e indirecta estatal, consecuencia del desarrollo económico propiciado por las franquicias. B) Resultados políticos: El régimen especial consolida la foralidad canaria con la ampliación de las franquicias, convirtiendo las Islas en Territorios Francos, característica que se combina con el aumento de protagonismo por haberse convertido en el principal Territorio de Ultramar español, tras el Desastre del 98. La penetración del capital extranjero europeo –sobre todo británico- hasta 1936, le confiere una mayor internacionalización que el resto del Estado. Se mantiene como factor de cohesión regional la defensa de las franquicias, con asociaciones gremiales interinsulares durante el arriendo. C) Resultados económicos.- Los espectaculares resultados económicos de la etapa anterior se mantienen e incrementan hasta 1925, pese a las convulsiones vividas durante la época a nivel europeo y mundial. La modernización de las estructuras productivas e infraestructuras en esta etapa es muy importante, con participación decisiva de capital privado extranjero, sobre todo británico, vinculado al comercio, la actividad portuaria, las exportaciones agrícolas y el turismo. -VULNERACIÓN DE LAS FRANQUICIAS ADMINISTRATIVAS EN EL TRÁFICO MARÍTIMO.Pese a la ampliación de la exención monopolística de la Ley de 1900, se limita la libertad de bandera incluso para el tráfico interinsular. En 1904 se reserva éste a los buques de bandera nacional. En 1909 se autoriza a los buques extranjeros a hacer el cabotaje con P y B, pero en 1925 vuelve a reservarse a los españoles. -PROVINCIALISMO, BI PROVINCIALISMO Y REGIONALISMO (FINALES DEL XIX - INICIOS DEL XX).La irrupción a nivel estatal del regionalismo ó federalismo, tanto a finales del XIX, como a principios del XX, tiene como es lógico, su correlato en Canarias. Frente al núcleo duro bi provincialista de Las Palmas, vinculado a los sectores económicos dominantes liderados por León y Castillo, y al provincialista de Tenerife, surgen en todas las Islas movimientos favorables a la unidad regional y la autonomía. A partir de la I República (1873) aparecen los planteamientos federalistas en las Islas bajo la influencia de las ideas de Pi y Margall, surgiendo la destacada figura de Nicolás Estévanez, impulsor del ya mencionado ‘Compromiso por el Estado Canario Federado’.
· Asesinato de Leandro Fajardo en Lanzarote.- En las Elecciones a la Diputación Provincial de 1896, se concreta una alianza en Fuerteventura y Lanzarote, bajo el liderazgo de Manuel Velázquez Cabrera y Leandro Fajardo Cabrera respectivamente, en base a la reivindicación de representación directa en la
Diputación, de la cual carecían las islas menores como mejor prueba de su incapacidad para satisfacer las aspiraciones de todas las Islas. Ambas logran la anhelada representación directa, pero en la misma noche de las Elecciones es asesinado a tiros en su domicilio Leandro Perdomo. El Partido Liberal de León y Castillo, que siempre argumentó la unidad de las tres islas orientales a favor de la división provincial, emitió un comunicado negando su responsabilidad en el crimen. A principios del siglo XX comienza a replantearse en España, tras la pérdida de las penúltimas colonias de Ultramar, la organización administrativa del Estado. El Gobierno de Maura (1907) plantea un nuevo Régimen de Administración Local. Ya en esta época había surgido con fuerza el movimiento regionalista y republicano en Cataluña, con la coalición Solidaridad Catalana que gana 40 de los 44 escaños en disputa, en la Elecciones de 1906. El éxito de sus planteamientos descentralizadores, federalizantes y republicanos, origina muchos adeptos en todo el Reino a favor de una estructura autonomista regional o federal del mismo. También en Canarias. En Las Palmas, en 1907, se impone el Partido Liberal defensor del bi provincialismo, pero surgen otras iniciativas regionalistas vinculadas a los sectores populares, igual que en las demás Islas. En 1908 se realizan Asambleas Insulares en Tenerife y La Palma donde se aprueban propuestas a favor de una Autonomía Insular, los Cabildos, una Asamblea Regional y un Delegado de Gobierno en cada Isla. No prescinden de la Diputación Provincial y la capitalidad tinerfeña, pero en cierta forma las vacían de contenido.
Estas propuestas no tienen eco en Madrid. En Agosto de 1909 se produce la Semana Trágica catalana y Alfonso XIII sustituye a Maura (Conservador) por Moret (Liberal), con el que ganan peso los bi provincialistas liberales de León y Castillo: en el Proyecto de Régimen Local que se discute en las
Cortes, el Diputado leonista Perojo logra introducir una enmienda creando una Sección de la residencia alternativa del Gobernador de Canarias en S/C de Tenerife y Las Palmas.
Comisión Provincial en Las Palmas. El 15.11.1909 se dicta un RD cuyo Artículo 28 establece la
Ante lo que se considera un avance de las tesis bi provincialistas se crea una comisión parlamentaria de Tenerife y La Palma, que plantea a Moret la anulación del citado Artículo, pero la polémica Presidente abre un proceso de información pública para debatir la cuestión. Este proceso de consultas se ratifica en 1910 por el Gobierno de Canalejas, mediante el ‘Cuestionario Merino’. Además de la esperada propuesta bi provincialista de lo sectores dominantes de Gran Canaria surgen las siguientes propuestas en toda Canarias: suscitada afectaba ya a toda la organización político administrativa de las Islas, por lo que el
A) Propuesta dirigida a las islas menores por una Asamblea popular de La Palma (20.08.1910) y bajo el liderazgo del abogado Pedro Pérez Díaz, contra la división provincial, por un régimen autonómico, la creación de los Cabildos Insulares y una Asamblea Regional en sustitución de la Diputación. Esta propuesta surge de forma autónoma frente a los grupos de poder de Tenerife y pone en evidencia una vez más el reduccionismo que plantea una única pugna entre sectores dominantes de las dos islas centrales. Célebre fue la consigna palmera contra el bi provincialismo: “No queremos ser colonia de
Tenerife”.
B) Propuesta de Plebiscito a iniciativa del político majorero Manuel Velázquez Cabrera, en defensa de las Islas menores, que inicia su recogida de firmas el 21.07.1910, alcanzando las 3.338 rúbricas, en 21 pueblos y 5 corporaciones. Esta iniciativa contradecía los supuestos intereses comunes de las Islas
orientales aducidos por León y Castillo. De hecho Velázquez tuvo que recurrir a la protección policial frente a las amenazas de los liberales gran canarios y el asesinato del conejero Leandro Fajardo flotando en el ambiente. No entra en la dicotomía unidad/división y solicita un organismo de administración insular -la Junta-, con atribuciones para establecer una relación entre ellas a nivel regional y representación parlamentaria en Cortes para cada isla. Propone además que las Juntas sustituyan en sus funciones a la Diputación y que el Gobierno central participe directamente en sus tareas de gestión. Entiende que el problema para las islas menores es la institución provincial en sí misma y que su desdoblamiento en 2 diputaciones no resuelve la contradicción entre islas centrales y periféricas.
C) Propuesta de la Asamblea popular celebrada en S/C de Tenerife, en 1911, lógicamente contra la división provincial, por el mantenimiento de su capitalidad y la recreación de los Cabildos para ejecutar funciones análogas a la Diputación, pero a nivel insular. y D) Propuesta autonomista canaria surgida en Gran Canaria desde 2 ámbitos: el Grupo Autonomista del periódico “La Mañana” dirigido por Rafael Ramírez Doreste –cuya redacción fue asaltada por turbas bi provincialistas en varias ocasiones-, y el Partido Republicano Federal de Franchy y Roca.
Tras el proceso de información pública, el Ministro de Gobernación, Ruiz Valarino, presenta el en Cortes de las Islas Canarias”, claramente bi provincialista. Este Proyecto debe someterse a Dictamen
08.05.1911 en el Congreso el “Proyecto de Ley sobre Organización Administrativa y Representación de una Comisión Parlamentaria e información pública, suscitando múltiples disturbios y protestas en las Islas. Dicho Dictamen presentado el 14.06.1911 tiene carácter salomónico: favorable a la división provincial, pero también a los Cabildos.
Tras las presiones regionalistas, el Presidente Canalejas, el 25.05.1912, introduce en el Proyecto de Ley la posibilidad de crear Mancomunidades entre 2 ó más Cabildos, abriendo para el futuro la posibilidad de una Mancomunidad regional, como organismo intermedio entre los Cabildos y el Poder central, que nunca llega a concretarse. El primer Dictamen mencionado termina por retirarse el de la Ley de Cabildos de 11.07.1912: 21.06.1812, presentándose otro, ya definitivo, que descarta la división provincial y resulta ser la base · Capitanía General en S/C de Tenerife y Audiencia Provincial en Las Palmas. Audiencia Territorial en S/C de Tenerife con jurisdicción en las Islas occidentales. Diputación Provincial única, con 2 Comisiones provinciales. Cabildos Insulares con Mancomunidades entre dos ó más de ellos. -RESTAURACIÓN DE LOS CABILDOS INSULARES (1912).La Ley de Cabildos y su desarrollo por otras disposiciones posteriores significa el primer reconocimiento post constitucional de un régimen administrativo especial canario, con tres niveles: municipal, insular y regional –este supeditado a la creación de una mancomunidad de los 7 cabildos-. A la vez de la restauración de una antigua institución, los Cabildos realengos, aunque sin llegar a la amplitud de competencias de éstos. Sin embargo, el escalón regional quedaba incardinado en la Diputación, que no sólo carecía de conexión orgánica con los Cabildos, sino que estaban en abierta contradicción. Lamentablemente, la aspiración de los regionalistas a favor de una Asamblea Regional ó Mancomunidad de Cabildos, como órgano autonómico canario, no pudo concretarse con la Ley de Cabildos, manteniéndose –lo que algunos historiadores denominan- el ‘germen de la discordia’ de la Diputación Provincial.
La aprobación del Reglamento Provisional de los Cabildos, por RO de 12.10.1912, plantea conflictos de competencias entre Diputación y Cabildos, para satisfacción de los bi provincialistas de Las Palmas regionalista se había cerrado en falso al no establecerse los órganos regionales ó autonómicos, de coordinación de los Cabildos, ni desarrollarse la propuesta –prevista en la Ley- de mancomunidades a nivel regional. - FINANCIACIÓN DE LOS CABILDOS. LOS ARBITRIOS INSULARES.Los Arbitrios Insulares se establecen en diferente fecha en cada isla, a solicitud de los Cabildos mediante Reales Órdenes: Gran Canaria (Enero 1914) ante la insatisfacción por las aportaciones de la Diputación Provincial, Tenerife (Febrero 1914), Lanzarote, Gomera y La Palma (1915), Fuerteventura (1918) y El Hierro (1927). Se conciben como instrumentos de financiación de Régimen Local y se consideran una recreación del „Haber del Peso‟ de los Cabildos realengos. Desde su implantación resultan polémicos al entenderse que vulneraban las franquicias (Artículo 2º de la Ley de Puertos Francos de 1900). Dicha polémica arreció a partir de 1960 en que fueron muy combatidos por los comerciantes, con recursos ante los Tribunales que no prosperaron. Éstos en todo lo que significara postergar las funciones de la Diputación Provincial. Claramente, el proceso
resolvieron que se trataba de imposición de Régimen Local y que la ley de 1900 se refería a imposición estatal. Se establecieron de dos clases: 1) Arbitrio „ad valorem‟ a la importación y exportación, con exenciones de carácter social (importación de productos de primera necesidad) y económico (materias primas y exportación de productos originarios canarios). Los tipos oscilaron desde el 2 % (La Palma y Fuerteventura), 3 % (Gran Canaria y Tenerife), 4 % (Lanzarote), al 5 % (Hierro y Gomera), como ejercicio de autonomía normativa insular. La recaudación se compartía con los Ayuntamientos mediante las Cartas Municipales. Éstos podían introducir recargos: 2 % Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. También se estableció la participación por resoluciones estatales especiales: 36.74 % en Lanzarote, 5 % para El Hierro y 1 % La Gomera. 2) Arbitrios Especiales: Sobre Importación y Fabricación de Alcoholes y Aguardientes (Gran Canaria, Tenerife y La Palma), id. Cerveza (Gran Canaria y Tenerife), id. Tabaco (30 % Cabildos y 70 % Ayuntamientos, para lucha contra el desempleo). -GIRO MUNDIAL HACIA EL PROTECCIONISMO.Durante el periodo comprendido desde la Primera Guerra Mundial (1914-1918) hasta el „crack‟ financiero de 1929, se impone el intervencionismo administrativo en el comercio exterior y un nuevo orden económico mundial basado en el proteccionismo. Ante el retroceso del comercio, comienzan a alzarse voces en Canarias contra las franquicias y a favor del proteccionismo, como pretexto para un cambio de modelo hacia la industrialización. -VULNERACIÓN DE LAS FRANQUICIAS POR TASAS PARAFISCALES (1916).En clara trasgresión del Artículo 2º de la Ley de 1900, por la Ley de 23.12.1916, se crean los Derechos Obvencionales de los Puertos Francos que gravan las operaciones de aprovisionamiento, carga, pasaje y cabotaje en Canarias. Se convalida en 1964 mediante Decreto que remite a la Ley de Exacciones y Tasas Parafiscales.
III.e. Periodo Dictatorial (1923-1975), con paréntesis de la II República
-DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923), RETROCESO REGIONALISTA, DIVISIÓN PROVINCIAL DE 1927.-
· Se produce primero un ‘espejismo regionalista’ en 1925 con la supresión de la Diputación Provincial y la creación de la Mancomunidad Interinsular de Cabildos, manteniéndose la Provincia con capital en S/C de Tenerife.
· Por RD de 21.09.1927, en plena suspensión de las libertades democráticas, el Dictador Primo de Rivera decreta la división provincial, con 2 mancomunidades provinciales de Cabildos, ilegítimo sistema administrativo que se mantiene hasta el advenimiento de la pre Autonomía en 1977. -PARÉNTESIS DE LA II REPÚBLICA. PROYECTOS DE ESTATUTOS AUTONOMISTAS Y
PROPUESTAS AUTODETERMINISTAS.Con el advenimiento de la II República y la nueva Constitución, en 1931, se plantean varios proyectos de Estatutos de Autonomía para Canarias, como los de Gil Roldán (1932) y Junco Toral (1933). vez- la Autodeterminación de Canarias. -DICTADURA FRANQUISTA, BASE DE LA DESNATURALIZACIÓN DE LAS FRANQUICIAS.La Guerra Civil y II Guerra Mundial abren un nuevo periodo de excepción bélica, con incremento del control estatal del comercio, que no desaparece tras la finalización del periodo de excepción de la postguerra. Las intervenciones económicas „al servicio de de las tareas del abastecimiento y de la reconstrucción nacional‟, se convirtieron en endémicas al cesar las circunstancias extraordinarias, originando el ocaso paulatino de las franquicias canarias. Aparecen de forma progresiva nuevas técnicas reguladoras del comercio exterior: control aduanero, contingentación, cupos, licencias de importación y exportación, control monetario, etc… y nuevos impuestos que vulneran las franquicias sobre el consumo: · Por Decreto franquista de 30.11.1936 se crean los Regímenes de Comercio de Estado (RCE) · En 1939 la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT) como monopolio a nivel estatal, incluyendo a Canarias · De 1941 a 1946 el Mando Económico de Canarias dirigido por el Capitán General · Por Ley Larraz de 16.12.1940 se aplican a Canarias los Impuestos de Usos y Consumos · Ordenanzas de Aduanas de 17.01.1947 · Por Ley 26.12.1957 se aplica el Impuesto General en sus tres variedades, sobre el Gasto, sobre el Lujo y de Compensación, gravándose la importación en Canarias de los productos sujetos · Ley Arancelaria de 1960 ratificando los RCE, con excepción de los productos petrolíferos y el tabaco en rama · Se aplican otros Impuestos como el de Transporte Exterior, Derechos Sanitarios y Timbre de Aduanas · Asimismo, Tasas sobre Licencias de Importación y Exportación, Percepciones sobre productos derivados del campo y Servicios Agronómicos, e Impuestos de Salida Internacional en aeropuertos, entre otros · Ley de Reforma Tributaria de 1964 Algunos de estos impuestos se continuaron aplicando pese a Sentencias del Tribunal Supremo –como la de 08.02.1964- y Salas de lo Contencioso, declarando su no sujeción por vulneración de la Ley de 1900. Tales eran las garantías jurídicas del régimen franquista. -EL SÍNDROME ESQUIZOIDE: „RATIFICAR‟ DESNATURALIZÁNDOLO EL RÉGIMEN DE FRANQUICIAS No obstante, la legislación aduanera, arancelaria y tributaria citada no constituye ninguna ley especial que anule las franquicias de la Ley de 1900. De hecho, ratifican los puertos francos y la condición exenta del territorio canario. Pero en la práctica, con desaparición la franquicia administrativa exterior, la aplicación de fiscalidad sobre el consumo y, en ocasiones, también tasas aduaneras, se desnaturalizan las franquicias y libertades comerciales. De hecho, a partir de la Ley Arancelaria de 01.05.1960 no puede considerarse el régimen económico-fiscal canario como propiamente de puertos francos, por los efectos que el intervencionismo económico produce sobre el principio de franquicia administrativa. Algunas fuerzas políticas, estatales y canarias, asumen en sus programas electorales –por primera
Se instaura así, a partir de la Dictadura franquista, un síndrome esquizoide habitual de la Administración estatal, asumido posteriormente por la autonómica: „ratificar‟ las franquicias canarias desnaturalizándolas. Práctica que se ha mantenido hasta la actualidad, cada vez que se trate de reformar el histórico régimen económico-fiscal canario, hoy prácticamente desmantelado. -CONQUISTA DEL MERCADO CANARIO PARA ESPAÑA. APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE COMERCIO DE ESTADO. Conviene hacer una reseña de su aplicación ya que, al mantenerse después de la postguerra, desaparecidas las dificultades de suministro, indican la voluntad del Estado español de que las Islas se conviertan en colonia de mercado para la producción española, en detrimento de la libertad comercial consagrada por las franquicias y obligando a Canarias a comprar artículos de primera necesidad a precios superiores a los internacionales: · El trigo, las harinas y el azúcar se importan por la CAT, pero el trigo se comercializa por el Servicio Nacional de Cereales que percibe su canon en Canarias igual que en P y B, el azúcar mantiene precio único en todo el Estado –para proteger su producción remolachera- y la importación de harinas sigue sometida al comercio de Estado. · Para los aceites alimenticios –excepto de cacahuete y soja-, incluido el de oliva, no se conceden licencias de importación para proteger la producción española. · Tampoco para alcoholes, para obligar a Canarias a consumir los excedentes españoles. . -MOVIMIENTO AUTONOMISTA CANARIO, „Canarias Libre‟.A finales de la Década de los 50 aparecen las primeras luchas obreristas en Canarias durante la Dictadura franquista. En 1960 es condenado a muerte y ejecutado con garrote vil Juan García Suárez, „El Corredera‟, en Las Palmas, militante antifranquista „alzado‟ en la clandestinidad desde la Guerra Civil. En 1961 se crea el Movimiento Autonomista Canario (MAC) bajo la consigna de „Canarias Libre‟, de orientación autonomista de izquierdas, dirigido por los abogados laboralistas Antonio Cubillo en Tenerife, junto a Fernando Sagaseta y Carlos Suárez, „Látigo Negro‟, en Las Palmas, que organizan las primeras huelgas obreras durante el franquismo. --COMIENZO DEL DESARROLLO TURÍSTICO (1963).Cambio del modelo económico: terciarización, crecimiento de los sectores Construcción, Turismo, Servicios, Comercio e Industria agroalimentaria, migraciones interiores desde medianías e islas menores a nuevas zonas turísticas costeras, retroceso de las zonas rurales, freno a la emigración. - ESTATUTO REGIONAL DEL IUDE DE 1972.Paralelamente a los trabajos de la Comisión Interministerial para la redacción del nuevo REF, se abre en Canarias un debate público en el que surgen voces regionalistas que tratan de convertirlo en un verdadero Estatuto regional. Vana aspiración en pleno tardo franquismo.
El seminario universitario, Instituto Universitario de la Empresa (IUDE) de La Laguna, es la instancia más avanzada de carácter no oficial que interviene en dicho debate, aportando una propuesta de Estatuto Regional en Marzo de 1972. Cabe destacar los siguientes elementos esenciales: · RÉGIMEN ECONÓMICO Y SOCIAL.- Regionalismo. Economía mixta. Banco Regional Canario. Libertad comercial. Gestión de Puertos y Aeropuertos. · SISTEMA FISCAL AUTÓNOMO.- Autonomía tributaria. Imposición directa progresiva. Imposición indirecta limitada. Régimen similar a los conciertos con el Estado. Franquicias. · RÉGIMEN ADMINISTRATIVO.- Consejo Regional, Cabildos y Ayuntamientos por elección directa. -LEY DEL REF DE 1972. CONSAGRACIÓN DEL OCASO DE LAS FRANQUICIAS.Esta Ley viene a consagrar las vulneraciones de las franquicias que se habían venido operando desde el inicio de la Dictadura franquista, recopilándolas en un solo texto legal, añadiendo nuevas e importantes trasgresiones e incorporando alguna novedad favorable de menor entidad. Es, por tanto, ilegítima por partida doble al vulnerar la vigente Ley de Puertos Francos de 1900 y ser impuesta de forma dictatorial. No obstante, pudo haber sido peor, pues los primeros borradores del Ministerio de Hacienda hacían tabla rasa de las franquicias proponiendo una homologación fiscal con el Estado, pero la reacción de la sociedad canaria en su conjunto –con la excepción de algún subsector industrial favorable al proteccionismo- fue tan virulenta que obligó al mismísimo Gobierno franquista a retroceder en sus aspiraciones uniformistas. De nuevo vuelven a jugar las franquicias un papel cohesionador en Canarias.
Todo un Régimen dictatorial basado en adhesiones inquebrantables y unidad monolítica también fue víctima de las seculares contradicciones Canarias-España, al producirse el rechazo de su esquema uniformista por parte de sus propios representantes „orgánicos‟ en las Islas.
El REF en su Artículo 1º recoge como una de sus finalidades „Ratificar actualizándolo el régimen de franquicias‟, pero en realidad eleva a la categoría de Ley el ya mencionado síndrome esquizoide, instaurado por dicha Administración franquista, de „ratificar‟ las franquicias canarias a base de desnaturalizarlas: · La actualización -por la modernización de la navegación- de la exención arancelaria de la Ley de 1900, para los buques extranjeros de menos de 50 Toneladas Moorsen dedicados al cabotaje interinsular, es claramente insuficiente é inútil ya que la establece en 250 TRB, cuando en esos años ya no eran rentables buques de menos de 1000 TRB. Lo mismo ocurre con los buques de pesca a los que establece la exención hasta las 150 TRB, siendo de 800 a 1000 TRB el mínimo de rentabilidad de la época. · Se eliminan los Arbitrios a la Importación compensatorios para el Erario, de la Ley de 1900, aunque se referían a un listado reducido y con escaso nivel recaudatorio. (*) RECOPILACIÓN DE NORMATIVA YA EXISTENTE CON AJUSTES.· En su Artículo 2º reconoce el principio de libertad comercial de las Islas restringiéndolo con el mantenimiento del Régimen de Comercio de Estado, que representa la intervención administrativa más avanzada en el comercio exterior, en contraposición absoluta a la franquicia. En el Artículo 3º establece que „no será de aplicación ningún 51
monopolio‟, pero sin obstáculo para seguir aplicando el Régimen de Comercio de Estado. Esquizofrenia administrativa en estado puro e importante retroceso –ratificado mediante Ley- respecto a la Ley de 1900, aunque sin llegar a anularla por no ser el REF una ley especial. · Mantiene la reserva para las navieras españolas del tráfico entre Canarias y PyB, con fletes superiores al mercado internacional, con lo que obliga al financiamiento de este incompetente Sector español. · Confirma la exención que ya existía del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) en los tramos producción-consumo e importación-consumo y la amplía, como novedad, a los transportes entre islas y con P y B. Pero también confirma su aplicación a ejecuciones de obra, arrendamientos de bienes y prestación de servicios. · Recoge la supresión del Impuesto Estatal sobre el Lujo, que ya había sido declarada ilegal por los Tribunales, por vulnerar las franquicias fiscales estatales sobre el consumo. · Mantiene el régimen de excepción ya existente sobre Impuestos Especiales. · Derechos reguladores agrícolas. Se confirma su aplicación. · Ampliación del FPI desde el 50 % -implantado en todo el Estado- hasta el 90 % de la base imponible del Impuesto de Sociedades. (*) NO RECIPROCIDAD FAVORABLE AL ESTADO Y PERSEVERANCIA EN LA CONQUISTA DEL CONSUMO ISLEÑO. CANARIAS COLONIA DE MERCADO PARA ESPAÑA El principio de no reciprocidad se aplica a las relaciones comerciales entre diferentes zonas pero favoreciendo al más débil, en el caso Canarias-Estado se aplica en favor del más fuerte: · Tráfico Canarias-P y B.- No se le aplica la Desgravación Fiscal por exportación. Los productos „naturales‟ canarios no están sujetos al Arancel, ni al Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores (ICGI), ni al IGTE por importación en P y B. Los productos industriales canarios con materias primas españolas o nacionalizadas –o extranjeras no superiores al 10 % de su valor- tampoco pagan Arancel, ni ICGI pero si el 1.5 % de IGTE salvo bonificación, también pagan Impuestos Especiales igual que en P y B. Con materias primas o semielaboradas extranjeras –con normas de origen muy restrictivas- ó españolas desgravadas por exportación, pagan la parte del arancel correspondiente a productos extranjeros, el ICGI y el IGTE como si fueran extranjeros pero bonificados hasta un 60 %. · Tráfico Canarias-extranjero.- Las exportaciones canarias se benefician de la Desgravación Fiscal al extranjero, pero no a P y B, manteniéndose la norma tal como se venía aplicando desde 1961, que abarcaba también las exportaciones al África española. · Tráfico P y B-Canarias.- Las exportaciones de P y B a Canarias se benefician de la Desgravación Fiscal por exportación –desgravación de tributos indirectos con prima encubierta-, creando notorias injusticias con el tráfico inverso Canarias-P y B, incluso en el estricto campo de la tributación. Para mercancías de igual naturaleza a las fabricadas en Canarias susceptibles de aplicarles la Tarifa Especial (TE) si fueran extranjeras, no se benefician de la Desgravación Fiscal por exportación, salvo la diferencia que supere a la TE. No estamos, por tanto, ante la no aplicación de la Desgravación sino ante su aplicación reducida, según los casos.
· A esta no aplicación de la Desgravación en el sentido Canarias-P y B, mientras se aplica en sentido contrario – con primas encubiertas incluidas-, hay que añadir que la devolución tanto de la imposición indirecta estatal, como de la local, para exportaciones al extranjero y a Canarias de productos de P y B, se hace con cargo a la Hacienda estatal, mientras que la Desgravación de las exportaciones canarias al extranjero la costea la Hacienda local, que resulta así discriminada por la Hacienda estatal frente a las Haciendas locales de P y B. Si además, esta Ley exime del pago de la Tarifa Especial del Arbitrio a las importaciones de P y B, y fija un tipo de Arbitrio de Entrada muy inferior al Arancel de P y B -manteniendo el Régimen de Comercio de Estado y la reserva del tráfico marítimo para sus navieras-, puede concluirse que la no reciprocidad favorable al Estado y las ventajas comparativas de los productos y servicios de P y B en el mercado canario constituyen la nueva política comercial del Gobierno, con el claro objetivo de conquistar para las producciones españolas la máxima cuota del mercado canario, a costa del desconocimiento de nuestras franquicias. Un colonialismo de nuevo cuño que nos convierte en su COLONIA DE MERCADO. (*) ARBITRIOS INSULARES A LA IMPORTACIÓN.· Se mantiene el Arbitrio Insular pero sólo a la importación del extranjero, P y B, y con carácter único para todas las Islas, aunque el anterior Arbitrio, en la fase de exportación, no se aplicaba a las producciones canarias. · La exenciones son muy reducidas respecto a las contempladas para los anteriores Arbitrios: productos alimenticios de primera necesidad, bienes de equipo y utillaje nuevos, medicinas, periódicos, libros y revistas, régimen de viajeros, suministros para el Estado y Corporaciones Locales, convenios internacionales. Se echan en falta respecto a las anteriores exenciones las materias primas e inputs necesarios para las producciones locales agrarias, pesqueras e industriales, mobiliarios y objetos domésticos, suministro de buques, muestrarios comerciales, donaciones. · Se establecen 2 tarifas: T. General, de tipos no mayores al 5 % CIF y T. Especial, para productos industriales y agrarios del extranjero, de igual naturaleza a los producidos en Canarias. Comenzó a aplicarse en 1978. La recaudación de Tarifa Especial, pese a su carácter proteccionista, no tenía carácter finalista de apoyo a las producciones locales concernidas. Era, por tanto, de carácter fiscal recaudatorio con efectos indirectos proteccionistas, claramente trasgresora de las franquicias aduaneras. De hecho los tipos aplicados superaron en muchas ocasiones al Arancel estatal y comunitario (TEC). · Se suprime el Arbitrio Especial de Cabildos sobre Importación y Fabricación de Alcoholes y Aguardientes, para incorporarlos al listado general del Arbitrio. · El nuevo planteamiento del Arbitrio Insular restringe la autonomía normativa de los Cabildos. (*) ARBITRIO SOBRE EL LUJO.- Sustituye al extinguido Impuesto Estatal, nutriendo ahora la Hacienda local. Tipos excesivos. (*) Subsanación parcial de una discriminación histórica al establecer la participación canaria en el reparto del Fondo Nacional de Haciendas Municipales. Se recoge como novedad, pero aplicándose en la práctica una participación más baja que el resto del Estado.
III.f. 1975-1986
-CONSTITUCIÓN DE 1978. RESURGIMENTO REGIONALISTA. APARICIÓN DEL INDEPENDENTISMO COMO FENÓMENO SOCIAL.· Tras el comienzo de las emisiones de radio desde Argel en 1976 de ‘La Voz de Canarias Libre’, bajo la dirección del MPAIAC, surge en las Islas un amplio sentimiento independentista. Por primera vez, alcanza dimensiones de masas, ya que episodios anteriores como los protagonizados por Secundino Delgado a finales el Siglo XIX y principios el XX, sin minusvalorar su valor histórico precursor, no contaron con suficiente apoyo popular.
· En las primeras Elecciones de 1977 la coalición autodeterminista Pueblo Canario Unido obtiene un representación en las Cortes y presencia institucional en muchos Ayuntamientos y Cabildos, incluyendo la Alcaldía de la ciudad más poblada, Las Palmas de Gran Canaria.
importante resultado. En 1979 bajo la denominación de Unión del Pueblo Canario (UPC) obtiene
· Atentado terrorista de Estado en Argel, en 1978, organizado por el Gobierno español, contra el líder independentista Antonio Cubillo cuando iba a desplazarse a Nueva York, para solicitar en la ONU el estatus de Territorio No Autónomo para Canarias, con apoyo de la OUA. · La Constitución de 1978 propicia la creación de comunidades autónomas, con la consiguiente reaparición del regionalismo y nacionalismo en todo el Estado. En Canarias reaparecen los nacionalista, al plantear la UPC la autodeterminación. · La Constitución en su Disposición Adicional Tercera estipula que la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias requerirá Informe Previo del Parlamento de Canarias. En la Disposición Adicional Primera es mucho más contundente: “LA CONSTITUCIÓN AMPARA Y RESPETA LOS DERECHOS HISTÓRICOS DE LOS TERRITORIOS FORALES”. planteamientos regionalistas con la constitución de una Junta Pre Autonómica, sin representación
-ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 1982. DEBILITAMIENTO DE LOS CABILDOS.· Redactado con el mimetismo de los partidos estatales en Canarias (AP, UCD y PSOE) respecto a los procesos autonómicos de las Comunidades menos reivindicativas del Estado. Escasa consideración del
histórico rol de los Cabildos en la construcción autonómica. Debilitamiento de los Cabildos, despojo de su autonomía financiera. Desequilibrios y mantenimiento larvado de la pugna entre los sectores dominantes de Gran Canaria y Tenerife. Oportunidad perdida para construir la Autonomía desde la articulación de unos Cabildos fuertes, asignatura pendiente desde 1912, o más bien desde 1812 cuando fueron suprimidos para implantar la Diputación Provincial. · Como novedad positiva, desaparece el bi provincialismo administrativo que se reduce a los órganos estatales no transferidos. · Al orillarse el protagonismo de los gobiernos insulares, como auténticos cimientos de la Autonomía e
imponerla desde arriba, el Gobierno Autónomo reproduce los vicios centralistas de la antigua Provincia única y aunque se trate de implantar un equilibrio institucional entre Las Palmas y Tenerife, en la práctica se imponen los abusos de posición dominante según la correlación de fuerzas políticas existente en el seno del Gobierno Autónomo en cada periodo. La consecuencia es el fracaso de de este modelo autonómico como instrumento cohesionador de Canarias y la escasa adhesión que suscita entre el pueblo canario en su conjunto. · Circunloquio metafísico aritmético sobre el preceptivo Informe Previo para la Reforma del REF: Según la Disposición Adicional Tercera de la Constitución es preceptivo el Informe Previo del Parlamento de Canarias para modificar el REF. El Estatuto de Autonomía en sus Artículos 45 (1982) y 46 (1996) establece que “sólo podrá ser modificado previo informe del Parlamento de Canarias, que
para ser favorable, deberá ser aprobado por las 2/3 partes de sus miembros”.
Esta redacción se interpretaba por los exégetas del autonomismo oficial como base para entender que el Preceptivo Informe Previo tenía carácter vinculante. No en vano, afirmaban con razón, se establece lo que bastaría una mayoría simple. un quorum de mayoría absoluta que no tendría sentido si el Informe Previo fuera sólo consultivo, para
El supuesto ‘carácter vinculante’ del Informe Previo, es otro de los mitos del llamado autogobierno canario. De hecho llega a alardearse del mismo, sin rubor, en la propaganda institucional del Gobierno y Parlamento de Canarias, como la realizada con motivo del 20 Aniversario del Estatuto, en 2002, cuando se afirma en un libreto propagandístico divulgativo del Estatuto (Pág. 52), editado por aquéllas instituciones que : “Constitucionalmente es el único caso en el que las Cortes Generales deben
consultar al Parlamento de Canarias cada vez que quieran modificar el régimen especial canario: Sólo podrá hacerlo con el voto favorable de 2/3 de sus miembros”.
Por lo visto, nunca existió el Informe Previo para la Reforma del REF como consecuencia del Tratado de Adhesión a la CEE, que se tradujo en el rechazo del Parlamento de Canarias, el 22.06.1985, por mayoría de sus miembros, totalmente ignorado por el Gobierno y Parlamento español. Tampoco las
Sentencias del Tribunal Constitucional negando dicho carácter vinculante con motivo de la introducción de impuestos que vulneraban las franquicias fiscales sobre el consumo. El circunloquio metafísico aritmético del Artículo 46 del Estatuto no consigue enmascarar la triste
realidad: no se trata de un Informe Previo Vinculante, sino de una Audiencia Previa de Cortesía al Parlamento de Canarias, tras la cual el Parlamento español puede modificar cuánto y cómo quiera con las prisas- hasta de la susodicha audiencia previa de cortesía. nuestro régimen especial, tal como ha venido haciendo hasta la actualidad, olvidándose en ocasiones –
· Reaparición en el Estatuto del ‘síndrome esquizoide’: ‘Ratificar’ desnaturalizándolo el régimen de franquicias:
Tal como hemos afirmado, este síndrome se instaura con el franquismo, pero mantiene su vigencia en el post franquismo, afectando incluso a la Administración autonómica. En el mismo Artículo 46 se establece: “Canarias goza de un régimen económico-fiscal especial, constitucionalmente reconocido,
basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo”. Pero, ya bajo la afectación del síndrome esquizoide, los legisladores añaden: “Dicho régimen incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como Región Ultraperiférica”, que
conllevan el desmantelamiento de las franquicias.
III.g. Desde 1986
-FORZADA INTEGRACIÓN EN LA CEE (1985).En el punto 5 del MANIFIESTO se recoge este acontecimiento, que hemos calificado como el desafuero mayor, por el absoluto desprecio del Gobierno español a la negativa del Parlamento de Canarias a las condiciones de integración de las Islas en la CEE, antecedente inmediato del definitivo desmantelamiento de las franquicias históricas canarias. -INTEGRACIÓN EN LA UNIÓN ADUANERA (1991).Con la decisión de plena integración en la CEE de Diciembre de 1989, obligada por las nefastas condiciones tramadas en 1985 para nuestras exportaciones agrarias, se pone fin a las franquicias aduaneras que aún se mantenían, aplicándose en las Islas la política arancelaria comunitaria frente a terceros países. El proceso de integración se establece a través de un periodo transitorio recogido en el Reglamento 1911/91, del Consejo y otros posteriores que lo desarrollan. Para supuestamente compensar la lejanía e insularidad se aprueba la Decisión POSEICAN 314/91, del Consejo. (Ver Punto 4 del Manifiesto y Anexo I). 56
-REFORMAS DEL REF DE 1991 y 1994.· Se recogen una serie de “Ayudas de Estado” con finalidad regional, autorizadas por la CE, sometidas a revisión con carácter temporal. Aplicables con mayor amplitud y garantías fuera del mercado interior. · Incumplimientos de los Artículos 95 y 96 de la Ley del REF de 1991, sobre la financiación estatal a Canarias, (Ver epígrafe 3.1.1.). · Introducción de un IVA encubierto, el IGIC, que grava por primera vez las importaciones. Supresión de las franquicias fiscales al consumo. · Modificaciones en los Arbitrios y la imposición indirecta para adaptarla a la normativa comunitaria. -REPLANTEAMIENTO REGIONALISTA/NACIONALISTA (1993).Con el fin de reforzar la posición negociadora y reivindicativa de Canarias frente al Estado, se produce en 1993 la unificación de las fuerzas políticas de ámbito territorial canario, en torno a 3 objetivos en la CE y la reforma del Estatuto de Autonomía hacia un mayor autogobierno. Se trata de crear una bilateralidad con el Estado, que no era posible si en la parte negociadora canaria estaban presentes los partidos de disciplina estatal. En 1993 se constituye una nueva mayoría parlamentaria bajo el nombre de COALICIÓN CANARIA y un nuevo Gobierno de corte nacionalista. En 1995, los nacionalistas vencen ampliamente en las Elecciones autonómicas, con lo que se evidenciaba el respaldo popular a la nueva estrategia política de Canarias frente al Estado. fundamentales: la reforma de las bases económicas del nuevo REF , el Estatuto Permanente como RUP
-REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 1996 Circunloquio metafísico sobre la supuesta condición de Nacionalidad de la Comunidad Autónoma. Los recelos de la Administración española.Las diferentes Comunidades del Estado español que asumen su condición de Nacionalidad, lo plasman claramente en sus Estatutos de Autonomía: · “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma…”
· “El Pueblo Vasco, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma,…” · “Galicia, nacionalidad histórica, se constituye en Comunidad Autónoma para acceder a su Autogobierno…” · “Aragón, en expresión de su unidad e identidad históricas como nacionalidad, en el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución española reconoce, accede a su Autogobierno.…” · “Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye n Comunidad Autónoma…”.
En el Estatuto de Autonomía de 1982 no se mencionaba el término nacionalidad: “Canarias, como
expresión de su identidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma…”
Pero en la Reforma de 1996 –en pleno auge del voto nacionalista- se anunció el reconocimiento, en el
nuevo texto, de Canarias como Nacionalidad. Sin embargo, entendemos que del ‘circunloquio
metafísico’ que constituye la redacción del párrafo correspondiente, no se deduce necesariamente
que el Estatuto establezca que Canarias sea una Nacionalidad, veamos:
“Canarias, como expresión de su identidad singular, y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma,…”
El texto viene a decir exactamente que Canarias ejerce el derecho al autogobierno reconocido a toda nacionalidad, es decir, que lo ejerce como si fuera una Nacionalidad ó de forma asimilable al de una Nacionalidad. Sin embargo entendemos, alterando el popular refrán, que: “no sólo debe parecerlo,
sino también serlo” y es claro que el Artículo 1º del Estatuto de Autonomía de Canarias no establece
Estatutos citados.
taxativamente que Canarias sea una Nacionalidad, tal como claramente se expresa en los demás
La pregunta que surge es, ¿porqué los legisladores recurrieron a esta trampa semántica?. Pareciera que: · Su condición de Territorio de Ultramar extraeuropeo · La forma de incorporación a España mediante conquista violenta de las aportaciones al mestizaje que lo define y diferencia de otros Territorios no europeos, despoblados en el momento de su conquista · Su evolución socio económica desigual y dependiente · El reconocimiento por parte de España –hasta hace poco más de un siglo- de su estatus colonial, · La conformación de su población en la que está presente el substrato étnico pre colonial, como una
como principales factores -que no concurren en otros territorios del Estado-, portadores de un valor añadido para el reconocimiento a Canarias de determinados Derechos en Organismos internacionales, como pudiera ser el estatus de Territorio No Autónomo, si las autoridades representativas canarias lo solicitaran, preocupan mucho a los legisladores españoles. De ahí que se hile muy fino a la hora de legislar sobre las Islas, para no crear precedentes que, en un futuro, pudieran tener repercusiones jurídicas ante aquéllos Organismos. Esta línea argumental puede explicar también las evasivas del Gobierno español cada vez que se reivindican desde Canarias las aguas archipielágicas o la Zona Económica Exclusiva. O la forma sospechosamente negligente en que fueron negociadas las condiciones de integración de Canarias a la CEE en 1985. Contrasta, sin embargo, este recelo centralista con la naturalidad con que se implantó y practicó el Principio de Extranjería en las relaciones comerciales Canarias-Estado, tras la declaración de las personas, cuando procedentes de Canarias introducían mercancías en el régimen de viajeros en P y B, y eran sometidas a controles aduaneros sin ninguna clase de traumas, ni segundas lecturas políticas. franquicias en 1852, que se mantuvo incluso durante el periodo franquista, afectando también a las
-ESTATUS ESPECIAL RUP. INVIABILIDAD DEL ESTATUTO PERMANENTE.El modelo de integración en la CE se aplica con ciertas modulaciones, hasta la actualidad, dentro de un estatus especial de región ultraperiférica (RUP), reconocido en el Artículo 299.2 del Tratado CE, de Amsterdam (1997), pero sin llegar a concretarse la reivindicación del Estatuto Permanente. Dicho trato especial, coincide –como se ha dicho- en su periodo de aplicación con el retroceso de los sectores productivos y el deterioro de los principales indicadores sociales, evidenciando el agotamiento del modelo de integración en la CE implantado a partir de 1991 (Ver Punto 4 del Manifiesto y Anexo I). - EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES CANARIAS DESDE P y B, Y TERCEROS PAÍSES (Siglo XX).(Porcentajes sobre el total de importaciones) Años PyB 3º Países CEE Resto -------------------------------------------------------------------------1900 12 88 74 14 1960 1976 1980 1986 1990 2000 19 39 38 50 52 62 81 61 62 50 48 38 31 9 13 17 20 20 50 52 49 33 28 18
· CONQUISTA DEL MERCADO CANARIO POR LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS.- Gracias a los Puertos Francos, a principios del Siglo XX, Canarias se suministraba en un 88 % desde Terceros Países, fundamentalmente europeos como Inglaterra, y sólo un 12 % del resto del Estado (P y B). El comercio británico con África y su predominio marítimo, junto a su importante presencia empresarial y portuaria en Canarias, convertían a las Islas en colonia comercial británica. El intervencionismo y la protección otorgada a las producciones de PyB durante el franquismo, con la desaparición en la práctica de la franquicia administrativa exterior canaria, desafuero reforzado con la Ley del REF de 1972, propician la conquista paulatina del mercado canario, para las producciones españolas, llegando hasta una cuota de un 50 % en 1986. A partir del 2000 supera el 60 %, convirtiendo claramente a las Islas en colonia de mercado para las empresas españolas. · Pese a ello, se produce una importante internacionalización del comercio exterior canario a partir de 1960. Es esta época, con un desarrollo globalizado de la economía mundial, sobre todo gracias a la modernización del transporte y las comunicaciones, la que debe tomarse de referencia para evaluar las ventajas de las franquicias canarias, y no el comienzo del Siglo XX. · Antes de la integración en la CEE, hasta 1980, España ganaba cuota de mercado en Canarias a costa de las importaciones europeas. A partir de esa etapa, las importaciones europeas se recuperan a costa de las de Terceros Países, ya que Canarias compraba las producciones europeas a precios subvencionados con las restituciones a la exportación. Algo que suele olvidarse cuando se habla de nuestras importaciones europeas antes de la integración. · Después de la integración en la Unión Aduanera (1991), las importaciones canarias de terceros países se reducen a un 18 %. · El precio pagado es la desaparición del atractivo comercio de bazar y el encarecimiento de los costes de la vida y de producción en las Islas, pese a las medidas correctoras del Régimen Especial de Abastecimientos (REA) del POSEICAN. De hecho, tras su aplicación junto al resto de medidas que acompañaron a la plena integración en la CE, a partir de 1991, se produce el retroceso de los sectores productivos, exportador y de autoabastecimiento, y el deterioro de los principales indicadores sociales (ver Punto 4 del MANIFIESTO y Anexo I).
____________________________________________________________________ IV. LA INQUIETANTE EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE CANARIAS
En opinión del encanta, nuestras Islas, con su fragilidad y vulnerabilidad medioambiental, y su escasez de recursos naturales, hace ya tiempo que sobrepasaron su punto de saturación poblacional, con una densidad superior a los 300 habitantes por km2, si incluimos la población transeúnte y más del doble en relación con el territorio habitable que representa sólo un 40% del total, descartando espacios protegidos, altitudes superiores a 1.200 metros y superficies orográficamente de difícil acceso con pendientes superiores al 30%, -recordemos que tradicionalmente nuestra demografía siempre fue considerada como un indicador de subdesarrollo-. Pero de ese 40.64% de suelo apto, una vez descontado el actualmente ocupado, queda reducido al 20.81% de suelo disponible, según las Directrices de Ordenación General del Gobierno de Canarias, que distribuído por Islas arroja cifras de casi escasez total para algunas: La Palma 4.2%, El Hierro 6.6%, La Gomera 7.1%, Gran
Canaria 13.2%. Tenerife 15%, Lanzarote 30.4% y Fuerteventura 42.6%, antes de su declaración como Reserva de la Biosfera. PRECARIO EQUILIBRIO POBLACIÓN-TERRITORIO Esta realidad insoslayable amenaza peligrosamente nuestro precario equilibrio población-territorio, que no se ve afectado sólo por el consumo físico del suelo, sino por las actividades que lo utilizan como soporte para satisfacer la demanda de bienes y servicios, desde una perspectiva de gestión sostenible de los recursos naturales, bienestar y calidad de vida. En la última década se ha alcanzado un inquietante crecimiento de residentes del 26%, que tiene ciertamente motivaciones laborales y profesionales, pero también de migración medioambiental, relacionadas las primeras, con un modelo de desarrollo depredador que demanda importación de población –al más rancio estilo de las políticas de colonización ultramarinas-, como ha ocurrido en los últimos años para retroalimentar el desenfrenado tren construcción-turismo. En un territorio tan presionado por la demografía, el desarrollo sostenible sólo puede ser factible si se planifica de forma autocentrada, es decir, en función de sus propios recursos disponibles –incluidos los humanos-, de tal forma que para cualquier actividad económica que no pudiera desarrollarse en base a nuestro capital humano endógeno, su implantación sería sencillamente desechable. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL La sostenibilidad medioambiental de nuestro Archipiélago no puede permitirse seguir incrementando su demografía, por la vía migratoria, sólo para defender intereses puramente empresariales. Ya que la creación de puestos de trabajo -una de las motivaciones que se esgrimen desde la ética inversora-, debe entenderse como forma de combatir el desempleo de la población local. Si por el contrario, necesita importación de mano de obra foránea, es evidente que no contribuye a resolver nuestro grave problema de desempleo, que supera ampliamente la media estatal. Lógico es, por tanto, que dichas inversiones se dirijan en otra dirección que sí ayude a resolver este problema, evitando a la vez contribuir a la superpoblación de las Islas. Pero además, Canarias es una tentación muy fuerte para satisfacer una de las nuevas demandas del mundo desarrollado, como es la migración medioambiental, por lo que no puede obviarse que otra de las motivaciones fundamentales para optar por la residencia en las Islas –para los ciudadanos comunitarios, incluídos los del resto del Estado- es su clima privilegiado y sus valores naturales que, paradójicamente, corren el riesgo de desaparecer con una inmigración descontrolada. Cabe señalar que más de la mitad de los extranjeros residentes en Canarias son nacionales de la UE, excluido el Estado español. Una vez rebasada la barrera de los 2 millones de residentes, el crecimiento cuantitativo poblacional debe ser claramente cuestionado, en relación inversa al crecimiento cualitativo y formativo de nuestra gente. Nuestro crecimiento vegetativo –que a pesar de disminuir respecto a su tendencia histórica, sigue siendo positivo- y el producido por los emigrantes canarios retornados y sus familias, junto a las reagrupaciones familiares de los residentes foráneos, garantizan ya un incremento poblacional que va a seguir presionando de forma sostenida sobre el escaso territorio. Entendemos que además de estas aportaciones que pueden considerarse normales, sólo serían aconsejables otras con carácter selectivo y excepcional. Necesitamos un desarrollo sostenible y por ello el encanta hace su propuesta de Modelo de Desarrollo Equilibrado, Sostenible, Autocentrado y Multilateral (MODESAM), recogida en este Documento Base. Pero también deben adoptarse, en el corto plazo, medidas encaminadas a frenar el crecimiento demográfico por la vía
migratoria, mientras paralelamente se fomenta la formación de capital humano a partir de nuestros propios recursos poblacionales. Exclusivamente las medidas correctoras del tipo de la moratoria de construcciones turísticas y otras de ordenación territorial, que atemperan la oferta laboral, no consiguen reducir significativamente los flujos migratorios hacia Canarias, sobre todo los de origen comunitario –guiados por criterios ambientalistas-, ni los precedentes de terceros países africanos, asiáticos ó hispanoamericanos –insertados en la inercia general Sur-Norte-. Sobre este último segmento cabe también reflexionar sobre el factor de atracción que supone el plus medioambiental canario, más similar al de sus países de origen, con menores necesidades calóricas alimenticias y requerimientos de habitabilidad menos exigentes frente a las inclemencias climáticas y, por tanto, con mejores recursos de supervivencia que en las zonas invernalmente frías. LA ASOCIACIÓN, MARCO JURÍDICO MÁS APROPIADO Desde nuestro punto de vista, la Asociación a la CE nos ofrece un mejor marco jurídico más flexible, para resolver graves problemas como este del crecimiento demográfico incontrolado. Las regulaciones propuestas en materia de establecimiento, acceso al empleo, actividades profesionales y segundas residencias, entre otras medidas, son factibles en el contexto de la Asociación, para regular los flujos migratorios incontrolados desde la UE, y reducen también el efecto llamada frente a la inmigración desde terceros países, al dejar de ser territorio continuo con la UE en materia de libre circulación por estar condicionado el acceso al empleo y las actividades profesionales mediante disposiciones específicas y singulares. Regulaciones que nada tienen que ver con el disfrute exclusivo de privilegios económicos, sociales o naturales, ni con la preservación de una determinada identidad cultural, que es fruto precisamente de un rico sincretismo histórico, ni tampoco con el debate existente a nivel mundial sobre las migraciones SurNorte, sino –como se ha dicho- con la defensa de una sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento de la biodiversidad en un territorio insular, reducido, vulnerable y frágil, que obliga a establecer una lógica discriminación en favor de la población local. Por otra parte, estas regulaciones específicas se justifican aún más ante la nueva legislación española que permite la adquisición de la nacionalidad a nuestros nietos y el consiguiente incremento inmediato de nuestros censos, con decenas –o centenares- de miles de nuevas incorporaciones precedentes de países hispanoamericanos. Para el encanta esta nueva legislación pudiera estar justificada para el Estado español por su escaso crecimiento vegetativo, pero debe llamar a la reflexión su aplicación a la segunda generación de descendientes de emigrantes canarios, que quizá debería canalizarse sólo a través de expedientes de reagrupación familiar solicitados desde las Islas. Como en tantas otras ocasiones, creemos estar ante una legislación beneficiosa para el Estado e in asumible para Canarias.
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