Source: https://hayderecho.com/2011/06/28/%C2%BFpueden-los-organos-de-la-administracion-inaplicar-un-reglamento-por-considerarlo-%E2%80%9Cilegal%E2%80%9D/
Timestamp: 2019-09-22 06:32:24
Document Index: 305350383

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 103', 'artículo 102', 'artículo 52', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 107']

¿Pueden los órganos de la Administración inaplicar un reglamento por considerarlo “ilegal”? – Hay Derecho
Hay temas que, sin ser de actualidad, tienen una importancia práctica indiscutible. Uno de ellos es el relativo a si los órganos administrativos están o no facultados para inaplicar normas reglamentarias supuestamente “ilegales” cuando los tribunales no han declarado dicha invalidez. Es ésta una cuestión compleja que se presta a muchos matices. Ni siquiera los grandes expertos piensan exactamente lo mismo. Intentaré esbozar el tema. Como, inevitablemente, quedarán cosas por decir, les invito a que opinen ustedes: con seguridad sabrán más que yo.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Juan José González Fernández https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Juan José González Fernández2011-06-28 06:12:072011-06-29 13:14:45¿Pueden los órganos de la Administración inaplicar un reglamento por considerarlo “ilegal”?
28 junio, 2011 en 08:12
Juan José, en principio estoy de acuerdo con tu opinión y la de mis compañeros Santamaría Pastor y Blanquer pero, como bien dices, la cuestión no es pacífica. Estamos ante una “patología” del Derecho y, en mi opinion, cabe la posibilidad de inaplicar el Reglamento cuando existe una colisión frontal y clara con la Ley formal. En este caso, la Administración podría inaplicar el Reglamento mediante la aplicación directa de la Ley que desarrolla el mismo (lo cual no atentaría contra la seguirdad jurídica sino todo lo contrario). Un cordial saludo
28 junio, 2011 en 08:50
Gracias por tu reflexión, José Luis. Estoy de acuerdo con ella, siempre que la ilegalidad sea clara.
Dejo aquí un trabajo del Prof. Domenech que trata el tema desde otro punto de vista.
28 junio, 2011 en 08:59
Coincido con los juristas ortodoxos, no lo puedo remediar por formacion. Yo tambien estudie el famoso principio de inderogabilidad singular de los reglamentos segun el cual ninguna autoridad o funcionario puede inaplicar un reglamento aunque se trate de una norma de rango inferior a la que tiene la autoridad y sea claramente ilegal. Pero con el guirigay normativo que tenemos me pregunto si es posible mantener hoy este tipo de posturas que responden a la existencia de un ordenamiento juridico solido y no al liquido que tenemos hoy, por utilizar la expresion derecho liquido de nuestro coeditor Rodrigo Tena que a su vez toma de ZYgmunt Bauman.
28 junio, 2011 en 10:04
Estimada Elisa, en mi opinión no se trata de un supuesto de aplicación del principio de inderogabilidad de los reglamentos, sino de la elección de la norma aplicable (“lex aptior gerendae”). Si existe la posibilidad de que se aplique una ley o un reglamento supuestamente ilegal -por colisión con la ley- en mi opinión el acto tiene cobertura normativa suficiente (la que le birnda la ley) y no habría infracción del principio “legem patere quam ipse feciste”. Puede que sea heterodoxo, pero esa es mi opnión. Un cordial saludo a todos
28 junio, 2011 en 11:13
En mi modesta opinión, hay que estar de acuerdo en la posición del autor del post. Dejar en manos de los órganos administrativos la facultad de inaplicar lor reglamentos supuestamente ilegales podría vulnerar gravemente la seguridad jurídica. No olvidemos que la Administración no es un ente uniforme con competencias generales, sino que, por mor del sistema de distribución de competencias, existen múltiple órganos que aplican las mismas normas. Imagínese las posibilidades de resoluciones diversas en cuanto a la “legalidad” de tal o cual reglamento. Lo más sano es que el órgano que tenga la potestad para ello lo revoque, o el tribunal competente, lo anule. Bastantes líos tenemos como para complicar un poco más las cosas atribuyendo potestades jurisdiccionales a los órganos administrativos.
28 junio, 2011 en 16:46
Un caso que merece comentarse es el registral, porque en este ámbito los funcionarios al cargo no sólo inaplican las resoluciones e instrucciones de la Dirección General de los Registros cuando las consideran ilegales, inaplican las ordenes si son contrarios a reglamentos, los reglamentos si son contrarios a las leyes, ¡y las leyes si son contrarias a la Constitución! Y, por supuesto, lo que es o no contrario lo deciden según su leal saber y entender, respecto del cual la revisión es casi imposible. Que alguien pueda defender este sistema me parece sencillamente increible.
28 junio, 2011 en 17:36
Aclaro que no pretendo justificar conductas como la que se denuncia por parte de la Dirección General de los Registros. Obviamente, si éste es su proceder me parece sencillamente aberrante y denunciable. El supuesto sobre el que he emitidoí mi opnión era meramente genérico y más bien se desarrolla en el contexto en el que es el propio particular quien reclama de la Administración con fundamento en una Ley aunque el Reglamento que la desarrolla diga otra cosa. Lo que sostengo es que no necesariamente el Reglamento ilegal (en clara contradicción con la ley) tiene que ser necesariamente aplicado en todos los casos. Y si se otorga prevalencia a la Ley no se incurre, de forma necesaria, en una infracción del principio que veta la inderogabilidad singular de los Reglamentos. Y esto no quiere decir que deterninadas conductas arbirarias (si son tales) no deban ser sancionadas. Eso es todo …
28 junio, 2011 en 17:06
Lo suyo es que cada persona decida lo que quiera, si señor!! Y ni siquiera cada jurista, porque no parece justo limitar a los juristas la potestad de inaplicar los reglamentos ilegales. Ya puestos reclamo este derecho para cada ingeniero, cada arquitecto, cada técnico, cada funcionario en suma con inquietudes jurídicas. Viva la seguridad jurídica.
Antonio Ordoñez Fernández Dice:
Me parece impecable el criterio de José Luis Villar Ezcurra. Cuando la norma relamentaria es claramente ilegal debe ser inaplicada. Lo contrario nos llevaría a un positivismo muy peligroso, donde el principio de jerarquía normativa estaría en grave en peligro. La cuestión, en la práctica, radica en determinar cuándo la norma reglamentaria es ilegal y la responsabilidad que pueda asumir el funcionario en el caso de incurrir en error. Y ello incide en todos los funcionarios públicos, incluidos los Notarios quienes deben analizar con responsabilidad la ilegalidad de un precepto reglamentario. Por ello, han dicho reiteradamente varias Audiencias Provinciales, que las Resoluciones de la Dirección General no son fuentes del derecho, debiendo los funcionarios (Notarios y Registradores) ajustarse al principio de jerarquía normativa y dar prevalencia, en todo caso, a las Sentencias del Tribunal Supremo, sobre las Resoluciones de la Dirección General, lo cual parece evidente ¿o no?
23 septiembre, 2011 en 09:44
Señor mío, lo que Vd. propone es simple y llanamente una quiebra del principio de legalidad, entendido en su amplia acepción de sometimiento de la Administración pública a la Constitución (artículo 9.1 de ésta), a la Ley y al Derecho (artículo 103.1). Los peligros a los que Vd. se refiere no son tales, pues existen en el ordenamiento los cauces necesarios (y los órganos competentes a tal fin) para realizar el control de legalidad (y constitucionalidad) de los reglamentos. Por elementales razones de seguridad jurídica (y de igualdad en la aplicación de las normas), el principio de inderogabilidad singular PROHÍBE actuaciones administrativas contrarias a un Reglamento vigente, incluso para el órgano productor de éste.
23 septiembre, 2011 en 12:54
Sra. MAT
Todos estamos de acuerdo con JL Villar. En caso de contradicción “clara y frontal” (como él dice) entre un reglamento y una ley formal, prima la ley. ¡Solo faltaría! En plan “puristas”, no hay objeción.
Veo que a casi todos les parece clara la posibilidad de inaplicación en el supuesto de incompatibilidad “clara y frontal” con la ley, y existen algunos ejemplos, como el de los reglamentos urbanísticos estatales tras la STC 61/1997 y la subsiguiente proliferación de leyes autonómicas sobre esta materia, aunque en ese caso el tema se complica aún más con la entrada en juego del principio de competencia.
29 junio, 2011 en 08:26
Hace tiempo me hubiera decantado por la inderogabilidad singular esa que dice Elisa. Sí, cuando había “ordenamiento” jurídico, que viene de “orden”. No como ahora.
De todos los post hasta el momento, y si me permiten la intromisión en el debate, entiendo que han quedado claros los siguientes pilares jurídicos de la cuestión:
Pero es que incluso en el caso expuesto en las últimas líneas del párrafo anterior, hay mecanismos en que la propia legislación ha otorgado al poder ejecutivo la posibilidad de ponerse en el lugar del judicial (figuradamente, claro), dictaminando qué es y qué no es conforme a la ley. Me refiero a la revision de oficio. Nótese que ésta sólo hace referencia a las disposiciones reglamentarias en el artículo 102.2 de la Ley 30/1992, mientras que la anulabilidad, la revocación y los recursos administrativos sólo son predicables de los actos administrativos, no de las disposiciones. Ahora bien: es de sobra conocido que el ejercicio de la revisión de oficio supone una “autoconfesión” de ilegalidad que ningún poder político está dispuesto a asumir, manteniendo la norma en vigor hasta abordarse la ocasión de la modificación reglamentaria. Por lo tanto, si el poder ejecutivo no tiene voluntad para hacer lo que la ley le permite hacer, no podemos otorgarle legitimidad a su voluntad de hacer lo que la Constitución no le permite hacer.
Respetando todas las opiniones, por todas las del Sr. Villar Ezcurra, a quien tanto he leido y aprendido, reconozco que no consigo encajar bien la pieza de la inderogabilidad singular de los reglamentos del artículo 52 de la Ley 30/1992. Ésta es un límite para las resoluciones administrativas, esto es, los actos administrativos; pero así como hay una expresa mención a la “inderogabilidad singular de la ley” en el artículo 6 LOPJ a favor de Jueces y Tribunales, no existe tal previsión en el ámbito administrativo. Luego, ¿por qué justificar la inaplicación de un reglamento sobre la base de lo que dice una ley, aplicando una norma que la ley no dice, pero sí dice expresamente para el poder judicial?.
La solución, a falta de voluntad política para incoar los preocedimientos de revisión de oficio de disposiciones administrativas, entiendo humildemente que pasaría porque el aplicador del derecho (estoy pensando fundamentalmente en los funcionarios a los que se ha hecho alusión en más de un post) argumentase en su informe correspondiente los motivos por los que interpreta que existe contradicción entre el reglamento y la ley, de forma que si el órgano político no adopta la revisión de oficio como cauce para el reconocimiento de la ilegalidad (por ser, como se dijo, una especie de “autoconfesión”), al menos la argumentación quedará exteriorizada a los efectos de que sea un tercero – normalmente el pobre ciudadano inundado por el aparato administrativo – quien ponga en marcha otros mecanismos – el judicial, qué remedio – para la erradicación de la contradicción.
En última instancia, otros mecanismos habrán de ser inventados. He pensado un largo rato en la posibilidad de aplicar, en última instancia, la vía de la responsabilidad para exigir los posibles daños derivados de estas contradicciones, pero siendo reglamentos, el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por los artículos 139.1 y 141.1 de la Ley 30/1992 se hace harto difícil (probablemente con mayor dificultad el de antijuridicidad). Pero casos hay, y estoy pensando principalmente en los planes urbanísticos. Es notorio que estos últimos son reglamentos extraños, en la medida en que sus mandatos se concretan mucho sobre el territorio, permitiendo una clara individualización del daño, pero la Administración siempre se amparará en que la ordenación, siendo una actividad reglamentaria, no presupone indemnizabilidad (artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo). Y, sin embargo, también son protagonistas de la negativa a su revisión de oficio. Y, sin embargo, también son protagonistas de claras contradicciones que sitúan al aplicador del derecho en un dilema jurídico-vital.
Antonio Ordoñez Fernandez Dice:
30 junio, 2011 en 18:59
La contradicción entre norma reglamentaria y norma con rango de Ley es más frecuente de lo deseable. Pero la contradicción no se produce sólo entre norma reglamentaria y norma con rango de Ley, sino que, incluso la contradicción, en múltiples ocasiones, se produce entre normas legales, o entre preceptos del mismo Código Civil o, sin ir más lejos, en la Ley de Sociedades de Capital. Eso lo sabemos todos los juristas y por supuesto los Notarios que en muchas ocasiones nos encontramos con el dilema de determinar cuál es el precepto aplicable; dilema que luego se traslada a los registradores, a la dirección general y a los tribunales de justicia.
jaime cuart Dice:
En mi opinión del artículo 107.3 de la LRJPAC se desprende claramente la posibilidad de que la administración inaplique una disposición general ilegal sin declarala ilegal, cuando conozca del recurso un órgano que no dictó la disposición.
Toni Nadal (apuntes sobre educación) La evolución conceptual del derecho de la discapacidad