Source: https://referenciajuridica.wordpress.com/2013/08/
Timestamp: 2018-04-24 06:35:35
Document Index: 357685758

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 43', 'artículo 47', 'artículo 56', 'artículo 87', 'artículo 71', 'artículo 169', 'artículo 768', 'artículo 442']

agosto | 2013 | Referencia Juridica
Establece el Consejo de Estado modificaciones a la Ley Penal y Ley de Procedimiento Penal. Regulaciones complementarias
Deja un comentario Publicado por referenciajuridica en 29 agosto, 2013
El Consejo de Estado mediante el Decreto-Ley No. 310 de 29 de mayo del 2013, “Modificativo del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Penal, dispuso que el Consejo de Ministros establecerá el procedimiento para su cumplimiento en lo concerniente a determinar sobre comercialización de los bienes decomisados o confiscados en procesos penales abonando al Presupuesto del Estado el resultado de la operación financiera.
El precitado Decreto-Ley No. 310 entrará en vigor el 1ro. de octubre, con los fundamentos modificados, quedando pendiente aun la promulgación de las normas complementarias a cargo del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior, cada cual en el marco de su competencia en lo referente a la ejecutoria.
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular adoptó con fecha 9 de octubre del 2012 el Acuerdo No. 309, actualizando la Instrucción No. 201, refiriendo al Taller sobre Técnicas de Derecho Penal en Cuba, el gobierno reconoció la existencia de 55mil sancionados internados en instalaciones de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, la Sociedad Civil Independiente (Opositora al Gobierno) denuncio la existencia de más de 80mil, a toda luz se requiere un procedimiento para agilizar ambas cifras para alcanzar estándares internacionales de población penal en comparación con la población nacional. Independientemente de ello los niveles de vida en prisiones y otros centros penitenciarios son atentatorios a los derechos para penados.
En el recién concluido Segundo Período de Sesiones de la 8va. Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno esbozó un alto nivel de indisciplinas sociales que atentan sustancialmente contra la sociedad y el progreso desmedido de acciones delictivas, en menos de veinte años la población cubana ha retrocedido en un desnivel entre educación y cultura, la falta de valores a cargo de la familia y que la escuela viene a profundizar en conocimientos técnicos-profesionales en favor de la sociedad, es el resultado de la pérdida de valores humanos y divinos que caracterizó la idiosincrasia del cubano, llamó a emprender proyectos para recuperar lo perdido.
Sin enmarcarlo dentro de una despenalización, con independencia de lo anterior, el Consejo de Estado dispuso la modificación de la Ley Penal, en lo referente a:
a) Apartado 3 del artículo 8
b) Inciso b) apartado 3 del artículo 43
c) Se adiciona al artículo 47, un apartado que será el 4
d) Apartado 3 del artículo 56
e) Apartado 1 del artículo 87
f) Disposición Especial
g) Se derogan los incisos b) y c) del artículo 71.
Referente a lo modificado en aquellos delitos dispone en que el límite máximo no exceda de tres años de privación de libertad o multa de hasta mil cuotas o ambas, la autoridad facultada para remitir el conocimiento al Tribunal, está facultada para imponer al infractor una multa administrativa siempre que la comisión del delito sea de escasa peligrosidad social, las características del infractor y las consecuencias del delito, requiriendo la aprobación del Fiscal. En los casos en que el Tribunal considere que la sanción mínima prevista resulta excesiva, puede adecuar excepcionalmente la sanción dentro del marco actual. Aplicar la sanción conjunta a los sancionados que se hallen extinguiendo dos o más sanciones, para lo cual el Tribunal Provincial del territorio donde se encuentre cumpliendo, reclamará los antecedentes de las causas y procederá. Los sancionados que repentinamente sufran enajenación mental, se decretará su internamiento en un hospital psiquiátrico que determine el Tribunal Provincial, quedando expedita la determinación final de conformidad con lo que establece la Ley de Procedimiento Penal. Establecer un procedimiento referente al comiso de los bienes, de la forma que establece el Decreto No. 313.
Referente a la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal:
a) Se modifican los Artículos 7, 8 y 9, 378, 382 y 384, 416, 492 y 495
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en sesión ordinaria celebrada el 15 de junio del 2011, dispuso la aprobación de la Instrucción No. 211, poniendo en vigor la Guía metodológica para la realización del juicio oral en el procedimiento ordinario, con aplicación de la supletoria para el resto de los procedimientos especiales previstos por la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, esta norma carece de la divulgación y conocimiento de los tribunales, así como para los letrados representantes de los procesados.
De esta modificación penal, llama la atención el nivel de determinación de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria para dar traslado al Fiscal actuante, se requiere de un control para evitar hechos de corrupción. El procedimiento de quejas de la población por violación de procedimientos de orden interior por parte de la Policía Nacional revolucionario, de los Órganos de la Seguridad del Estado y otras instituciones afines no cumplen con los objetivos previstos.
El Consejo de Ministros estableció su Decreto No. 313, de 18 de junio del 2013, “Sobre el depósito, conservación y disposición de los bienes muebles que se ocupan en procesos penales y confiscatorios administrativos” regulando puntualmente.
De acuerdo a la norma, con la naturaleza de los bienes ocupados, el Banco Central de Cuba y los Organismos de la Administración Central del Estado, constituidos como autoridad facultada. Estos organismos dispondrán “el destino final de los bienes depositados” así como determinar cuál de sus organizaciones subordinadas se constituyen en entidades depositarias de los bienes. El procedimiento dispuesto se ajusta a bienes muebles.
En el presente procedimiento el Ministerio de Finanzas y Precios tiene un peso determinante, teniendo en cuenta que se vincula directamente al Presupuesto del Estado. El Estado y el Gobierno ha proveído a ese Ministerio de amplias facultades para el control de las finanzas de la nación, extremo nunca ante reconocido y resuelto para el desenvolvimiento de sus facultades. En las Reuniones Ampliadas del Consejo de Ministros, el General-Presidente le otorga a la Ministra un papel determinante en la política del estado y del gobierno dentro del marco de su desempeño.
Otras facultades por Organismos:
a) El Banco Central de Cuba, Resolución No. 71-2013, de 15 de julio del 2013, “Actualización de la legislación bancaria para depósitos de valores y bienes en custodia y administración”. Dinero en efectivo, títulos-valores, instrumentos de créditos y otros documentos representativos de valor, oro, plata u otros metales preciosos, amonedados o no, o cualquier bien confeccionado con metales preciosos, piedras preciosas, así como prendas, joyas, alhajas u objetos confeccionados con piedras y metales preciosos o con alguno de estos materiales solamente.
b) El Ministerio de Finanzas y Precios, Resolución No. 283-2013, de 15 de julio del 2013, “Procedimiento contable, de precios y financiamiento de los bienes ocupados en procesos penales o confiscatorios administrativos”. (1) Destino e ingreso al Presupuesto del Estado, (2) Tratamiento Financiero, De la planificación de los gastos anuales por el depósito, almacenaje, custodia, mantenimiento y tasación de los bienes ocupados. Registro y Procedimiento Contable. (3) Formación de Precios. (4) Indemnización financiera. (5) Control Interno.
c) El Ministerio del interior, pendiente de disponer su complementaria, la que se fundamenta en armamento, explosivos, medios de iniciación y pirotécnicos, drogas ilícitas, cajas de seguridad, alarmas y similares, así como medios tecnológicos de interés para la Seguridad del estado y el orden Interior.
d) Ministerio de Energía y Minas, Resolución No. 202-2013, de 19 de julio del 2013, “Procedimiento en relación con el depósito, conservación y destino de los bienes muebles que se ocupen en procesos penales o confiscatorios administrativos”. Plantas eléctricas de emergencia, cilindros de gas licuado, de petróleo, combustibles y lubricantes, cables eléctricos de alta tensión y angulares de torres de transmisión eléctrica.
e) Ministerio de Comunicaciones, Resolución No. 252-2013, de 15 de julio del 2013, “Procedimiento para la recepción, conservación, entrega, comercialización y destrucción de bienes en depósito que controla la Agencia de Control y Supervisión”. Equipos y medios de cómputo, de comunicaciones y sus accesorios.
f) Ministerio de Cultura. Resolución No. 60-2013, de 15 de julio del 2013, “Reglamento para el depósito, la custodia, conservación y destino final de los bienes culturales, muebles con valor patrimonial y museable y de otros bienes muebles de interés cultural para la nación, decomisados o confiscados en procesos penales o confiscatorios administrativos”. Bienes culturales y otras de arte de valor patrimonial o museable u otros bienes de interés cultural para la nación.
g) Ministerio de Salud Pública, Resolución No. 405-2013, de 15 de julio del 2013, “Procedimiento para la recepción, control sanitario, conservación, entrega, comercialización y destino final de los bienes en depósito en el Ministerio de Salud Pública, y regulaciones higiénico-sanitarias a aplicar con los bienes que se van a depositar que no sean para el consumo humano”. Medicamentos, productos y sustancias para la salud.
h) Ministerio de Industrias, Resolución No. 57-2013, de 15 de julio del 2013, “Procedimiento para la ejecución del Decreto-Ley No. 313, designación de entidades subordinadas como depositarias y comercializadoras de bienes sujetos a procesos penales y confiscatorios administrativos”. Vehículos de motor, remolques y semirremolques, cuñas, partes, piezas, accesorios y cilindros de gases industriales.
i) Ministerio de la Agricultura, Resolución No. 473-2013, de 15 de julio del 2013, “Regulaciones para la ejecución del decreto-Ley No. 313 y designación de entidades depositarias y determinación del uso de bienes confiscados”. Animales, producciones agrícolas y forestales, carretas de tracción, carretones, insumos y maquinarias agrícolas, partes y piezas.
j) Ministerio del Comercio Interior, Resolución No. 261-2013, de 15 de julio del 2013, “Procedimiento para la recepción, conservación, entrega, comercialización de los bienes en depósito” Destino final de otros bienes no especificados con anterioridad.
Reglas para el Depósito, Conservación y Disposición de los Bienes, así como
Con la Disposición Transitoria que los depósitos efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de Decreto, se ajustará de conformidad con lo esté establece.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias queda facultado para adecuar la aplicación de la norma que nos ocupa, atendiendo a las características estructurales y funcionales de la institución.
Es de destacar el nivel de organización y perfección legislativa presentada en la edición extraordinaria No. 21 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, publicada el 21 de agosto del 2013, donde aparece la norma del Consejo de Ministros y las complementarias del Banco Central de Cuba y demás Organismos de la Administración Central del Estado, cada cual dentro de sus facultades sobre el asunto.
Llama la atención, independientemente de la necesidad de lograr el orden de procedimiento legal, que se disponga reglamentar sobre un tema tan recurrente vinculado a operaciones policiales y de investigaciones-técnicas criminales como consecuencia de la política del estado y del gobierno contra la corrupción administrativa en especial y las indisciplinas sociales reseñadas por el General-Presidente en el discurso de clausura del Segundo Período de Sesiones de la actual Legislatura, se ha conocido que recientemente se han dispuesto operativos policiales, procesos penales sujetos a la legislación penal y las correspondientes confiscaciones y multas por infracciones del objeto y perfil de las licencias otorgadas de conformidad con la Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el sistema del trabajo por cuenta propia.
La Disposición Final Cuarta establece que “se derogan cuantas disposiciones legales y reglamentos, de igual o inferior jerarquía, se opongan a lo que por la presente se establece”, esta disposición carece de profesionalidad dentro de la especialidad del Derecho Administrativo, debe ser suplantada por dejar claro, determinante y sin lugar a interpretación alguna la derogatoria del Decreto-Ley, así se resguardan los derechos ciudadanos.
Bibliografía, asesoría y consultas, mediante https://referenciajuridica.wordpress.com y dr.renelopez@yahoo.es
Determinación del Ministerio de Justicia afecta a solicitantes de certificaciones de antecedentes penales
Deja un comentario Publicado por referenciajuridica en 19 agosto, 2013
La simplificación de los trámites de la población y la organización del sistema de Registros de la nación figuran entre las prioridades para el perfeccionamiento de los sistemas de dirección, el origen del tema es que no existe un cuerpo legal que regule el tema de la Atención a la Población y el Procedimiento sobre los Trámites que la población tiene que ejecutar para encausar asuntos ante los Órganos Locales del Poder Popular, el Sistema Empresarial, los Organismos de la Administración Central del Estado, instituciones del Estado, el Gobierno y el Partido, así como otras entidades destinadas fundamentalmente a la prestación de los servicios, los Tribunales y la Fiscalía. La población se refiere con un alarmante estado de opinión muy desfavorable sobre la actividad de las Direcciones Municipales y Provinciales de la Vivienda, incluido el sistema del Arquitecto de la Comunidad y las Notarias, los Registros del Estado Civil, de la Propiedad y de Sancionados.
El General de División Leonardo Andoyo, Segundo Jefe del esquema de implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba ha manifestado la necesidad de resolver esta problemática con los resultados que puedan arrojar la experiencia práctica en las provincias Artemisa y Mayabeque, al paso de dos años no se prevé la solución inmediata a uno de los problemas más acuciantes del gobierno revolucionario y que prolifera desmedidamente contra la ciudadanía: La tramitación de certificaciones legales,
De los Antecedentes Penales:
Constituyen antecedentes penales las sanciones impuestas en sentencia firme por los Tribunales Populares con excepción de la amonestación, así como la multa inferior a doscientas cuotas. Las sanciones impuestas por los Tribunales Militares por delitos no militares con excepción de la amonestación, así como la multa inferior a las doscientas cuotas. Las sanciones impuestas por los Tribunales Militares por delitos militares cuando expresamente así se dispongan en la propia sentencia. Las sanciones impuestas a ciudadanos cubanos por Tribunales Extranjeros en los casos y con las condiciones establecidas en la legislación.
El Registro Central de Sancionados, subordinado al Ministerio de Justicia, tiene tres objetivos, registrar los antecedentes penales, certificarlos y cancelarlos, todos ellos de conformidad con lo previsto por la Ley No. 62, Código Penal, de 29 de diciembre de 1987.
La tarifa para el pago de la prestación de la solicitud de antecedentes penales es de $5,00MN mediante un sello del timbre, en el caso de ser solicitado y será presentado para trámites nacionales, para trámites en el exterior y en sedes diplomáticas se requiere la legalización del documento en la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuando la solicitud se tramita desde el exterior mediante la Consultoría Jurídica Internacional, el pago es de $100CUC,
El pago de la tarifa referida al impuesto sobre documentos que establece la Ley No. Ley Tributaria, de
Para la prestación de servicios a la ciudadanía se estructuró inicialmente 19 oficinas de trámites a nivel nacional para la solicitud de certificaciones que acreditan los antecedentes penales, en algunos territorios distantes procede la tramitación por intermedio de los Registros del Estado Civil, en La Habana con independencia del Registro Central de Sancionados, funcionan 4 localizados en:
a) Avenida 51 esquina a calle 90, Marianao, Tlf. 2605271
b) ORelly entre Aguacate y Compostela, la Habana Vieja, Tlf. 8660648
c) Zona 1, Alamar, Tlf. 7652819
d) Calle 100 y Avenida de Boyeros, Tlf. 6437412
El Ministerio de Justicia determinó en el mes de julio del presente año que las solicitudes de certificaciones de antecedentes penales que se tramiten en provincia La Habana procederá desde las Oficinas de Trámite, eliminando la prestación de servicio que se brindaba desde la Oficina Central del Registro Central, sito en calle Línea esquina E. Vedado, la Habana, quedando la misma para la tramitación Cancelación de Antecedentes Penales, la que procede:
a) A instancia del sancionado mediante un escrito promocional dirigido al Ministerio de Justicia, interesando cancelarla, de conformidad con lo que establece la Ley No. 62, Código Penal.
b) Haber extinguido el sancionado todas las sanciones impuestas, ya sea por cumplimiento o en el caso de indulto, remisión condicional, libertad condicional en los términos en que se estableció su cumplimiento.
c) Haber observado el sancionado con posterioridad al cumplimiento de la sentencia o desde que fue indultado, o puesto en libertad condicional, una conducta ajustada a las normas de convivencia social y una actitud positiva ante el trabajo.
d) De los anterior se ajusta a los siguientes términos:
1. El de diez años cuando la sanción impuesta sea de privación de libertad de diez años y un día a treinta años,
2. El de ocho años cuando la sanción impuesta sea de privación de libertad de seis años y un día a diez años,
3. El de cinco años cuando la sanción impuesta sea de privación de libertad de tres años y un día a seis años,
4. El de tres años cuando la sanción impuesta sea de privación de libertad de un a tres años,
5. El de un año cuando se trate de cualquier otra sanción.
Para prestar el servicio de solicitud de antecedentes penales , las Oficinas Territoriales tienen que entrar en la Red del Ministerio de Justicia, para llenar el indicativo que se envía al Registro Central, este en el término de tres días hábiles lo procesa y entrega al solicitante, si hay errores de procesos registrales, se requiere la subsanación.
Diariamente en estas Oficinas de Trámites atienden un promedio de 300 personas, para solicitar y posteriormente volver a brindar la atención con vista a para recoger la certificación, por lo que se incrementa al doble la atención a promoventes, sin respaldo técnico- profesional ni material, en condiciones laborales y de prestación de servicio carentes de las mínimas condiciones.
Las entidades estatales hacen uso indebido y desmedido de estas certificaciones para cualquier trámite, incluyendo la solicitud de empleo, aún cuando los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Seguridad Social establecieron la Resolución Conjunta No. 1, de 12 de julio del 2001, regulando el proceder sobre el tema, con la incidencia de modificarse la legislación migratoria mediante el Decreto-Ley No. 302, los antecedentes penales es documento imprescindible para la tramitación de visas temporales o salida definitiva del país.
Marx Marambio gana demanda interpuesta contra empresa cubana
Deja un comentario Publicado por referenciajuridica en 4 agosto, 2013
Marx Marambio ganó la demanda interpuesta ante la Corte de Arbitraje Internacional contra la empresa cubana Coralsa, debiéndole pagar una indemnización de $17,523.095USD a la entidad Ingelco copropiedad del referido empresario chileno, por no colaborar en el proceso de liquidación de la empresa de alimentos Rio Zaza, con igual participación en el capital de inversión extranjera radicada en Cuba, la que fue intervenida y traspasada, sin mandato judicial, al capital del Grupo de Administración del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, teniendo en cuenta los niveles de eficiencia y eficacia financiera y con un perfil material que permite su continuidad y desarrollo, con la consiguiente restructuración y depuración del capital humano, ubicando en los cargos preferenciales a personas confiables, en la categoría de jefes, oficiales y trabajadores civiles de las FAR.
Marx interpuso la demanda con la pretensión de ser indemnizado por los daños y perjuicios y la reparación moral, teniendo en cuenta los elementos públicos que el gobierno cubano vertió contra su persona, sin argumentar el estrecho vinculo que existió con el Comandante en Jefe Fidel Castro y del cual el General de Ejército Raúl Castro se desentendió cuando trazo la estrategia de apoderarse del patrimonio resultado de millonarias cuentas en el dividendo a de ambas partes. En el proceso de investigación se ventilo la propuesta del primero de disponer un sobreseimiento penal parcial a favor de Marx, en virtud de lo dispuesto por la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta los importantes, estratégicos y secretos servicios brindados al gobierno revolucionario, propuesta que fue desestimada por el actual mandatario.
La Corte estuvo integrada por los jueces Alexis Mourre, francés, Presidente, Francisco Omego Vicuña, Chileno, Arbitro y por Rodolfo Dávalos Fernández, cubano, Juez, (Presidente de la Corte de Arbitraje del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Mercantil y Comercial, ex Director Jurídico del Instituto Nacional de la Vivienda. ex Director del Bufete Internacional de la Corporación CIMEX, Miembro del Equipo de Asesoría por la parte cubana, en el proceso seguido contra los cinco espías cubanos sujetos a sanciones impuestas por las Cortes de Estados Unidos, Asesor del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en materia de contratación y litigios arbitrales, de regreso a Cuba tendrá que brindar una información detallada del negativo cumplimiento de su misión como representante legal, sin haber podido lograr el resultado positivo tantas veces anunciado en círculos de profesionales y políticos, defendiendo de ese modo la determinación del gobierno del General-Presidente de ratificar el fallo del Tribunal de confiscar a ambos empresarios los bienes, derechos y acciones radicados en territorio cubano.
El fallo fue emitido el 17 de julio en Paris, por la Corte, dependencia de la Corte Internacional de Comercio, la parte cubana queda obligada a pagar $500MIL-USD por costas procesales, el cumplimiento del fallo se cumplirá dentro del término de sesenta (60) días, quedando la entidad cubana Coralsa como titular del patrimonio, cuya copropiedad decurso por 16 anos del prósperos negocios, hasta que el gobierno cubano determino encausar a los hermanos Marx y Marcell Marambio por delitos de cohecho, estafa, falsificación de documentos bancarios y de contratación de carácter continuado, conexos de corrupción administrativa, los mismos fueron sancionados en ausencia por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana a penas de veinte (20) y quince (15) anos respectivamente, declarados prófugos de la justicia y requeridos sin éxito alguno por búsqueda y captura de los Órganos del Ministerio del Interior. En el mismo proceso fue sancionado a quince (15) anos de prisión el ex Ministro de la Industria Alimenticia, decano del Consejo de Ministros y un grupo de funcionarios y empresarios. Otro proceso vinculado a los hermanos Marambio quedo sustanciado con el procesamiento de funcionarios y empresarios del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba y del subsistema Gerencial de la Inversión Extranjera, el General de División Rogelio Acevedo, Presidente del referido Instituto no fue encausado, administrativamente fue separado del cargo.
Existen elementos que justifican la acción del gobierno para el procesamiento penal de estas personas, la fundamental fue un informe confidencial del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba sobre sustanciales afectaciones al capital de la parte cubana de la Compañía de Producción, Distribución y Comercialización de Productos Alimenticios, vinculado al desvió de operaciones aéreas dentro del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), todas ellas con millonarias operaciones fraudulentas en el mercado internacional, con probado desvió a depósitos en bancos extranjeros, sustentando un capital personal para todos los participantes. Otro elemento de peso fue la interervencuion de Marx en el proceso de eleccion presidencial, apartándose de la preferencia del Gobierno-Partido cubanos, En noviembre del 2009 se prueba la última entrada en Cuba de Marx, estudiando, controlando y verificando con una estrategia financiera los resultados desastrosos de la entidad después que el gobierno dispuso la ejecución del llamado “Corralito” a las cuentas de los inversionistas extranjeros radicados en el país, como resultado de la estrategia gubernamental de lograr fondos para las operaciones de gobierno, las cuentas bancarias gubernamentales estaban en niveles tan bajos que impedían sobrevivir ejecutivamente, fundamentalmente para lograr la compra de $88Millones-USD en alimentos a Estados Unidos por intermedio de la Empresa ALIMPORT del Ministerio del Comercio Exterior, una de las últimas transacciones ejecutadas por el Sr. Pedro Álvarez, Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, el que pudo burlar los operativos de seguridad que pesaban sobre él, sujeto a un proceso penal tipificado por corrupción y desfalco a la economía cubana en miles de millones de pesos convertibles y otros negocios concertados en diferentes países, finalmente Álvarez se radico en Estados Unidos con la gran incógnita de la vía que utilizo para abandonar el país sin el menor riesgo de ser detenido.
El gobierno de la República de Chile, por conducto de su embajada en La Habana estuvo monitoreando todo el proceso, así como el hecho de producirse el fallecimiento del Sr. Roberto Fraudando, gerente representante en Cuba, después de investigaciones criminales y de aceptar el resultado de las mismas, el cadáver fue incinerado y repatriado a su país, sin ulteriores declaraciones.
Por lo pronto, el gobierno de Cuba tiene la obligación de cumplir con el fallo de la Corte de Arbitraje, sacar la amarga experiencia que la prepotencia no es sinónimo de justicia, aun cuando eminentes abogados como el Dr. Rodolfo Dávalos Fernández prometieron regresar con el escudo.
Ver: Procesos penales por corrupción administrativa y Disolución (publicado el 20 de junio del 2011), y Liquidación de la Empresa Mixta Rio Zaza. S.A. Marx Marambio, (publicado el 11 de abril del 2012), en https://referenciajuridica.wordpress.com
La legislación invocada puede ser solicitada mediante dr.renelopez@yahoo.es y https://referenciajuridica.wordpress.com
Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A. Max Marambio
comentario Publicado por referenciajuridica el 11 abril, 2012
La Habana.- La Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de La Habana, mediante Providencia de fecha 1ero. de marzo del 2012, dispuso publicar en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria No. 11, el Aviso, disponiendo que en el expediente No. 194-2010, radicado en proceso ordinario sobre la Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A. establecido por la Corporación Alimentaria S.A. perteneciente al Ministerio de la Industria Alimenticia.
En atención a lo interesado, la Sala dispuso emplazar a la demandada Sociedad Mercantil de nacionalidad Panameña Ingelco S.A. para que se persone y responda a la demanda, en el término de sesenta días hábiles contados a partir de la publicación del Aviso en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, por ser desconocido el domicilio legal, de conformidad con lo que establece el artículo 169 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tendrá como conforme con los hechos de la demanda, sin necesidad de la práctica de pruebas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 768 de la citada Ley, del mismo modo, se notifica a la demandada, Sociedad Mercantil de nacionalidad Panameña Ingelco S.A. el Auto de fecha 13 de julio del 2011 que dispuso la modificación de las medidas cautelares. A la vez, convoca a las partes para la vista para analizar la modificación de las medidas cautelares, la que se celebrará el 30 de julio del 2012, a las diez de la mañana. No se determina el lugar de la vista, grave error procesal, que impide la asistencia de los convocados.
El proceso en cuestión viene a resolver la provisionalidad de las medidas cautelares, en virtud de lo que dispone la Ley No. 77, Ley de la Inversión Extranjera, teniendo en cuenta que el Sr. Max Marambio, en el mes de mayo del 2011, fue sancionado, en ausencia, declarado en rebeldía de conformidad con lo que establece el artículo 442 y siguientes de la Ley No. 5, de Procedimiento Penal, en un proceso seguido por corrupción administrativa, tipificado de cohecho, estafa y falsificación de documentos bancarios.
La sentencia que dispone sanción de veinte años de privación de libertad, dictada por el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, no fue recurrida en casación ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo.
Las autoridades dispusieron además la búsqueda y captura internacional, como prófugo de la justicia cubana. Marambio, por su parte, interpuso demanda ante la Organización Internacional de Comercio, la que aún se encuentra en proceso, sin pronunciamiento procesal. Como sanción accesoria el Tribunal se pronunció por la confiscación de todos los bienes, derechos y acciones de los bienes patrimonio personal del precitado Marambio.
La Corporación Alimentaria S.A. conforma el patrimonio del estado cubano representado por el Ministerio de la Industria Alimenticia, organismo que quedó fusionado con el Ministerio de la Pesca, después de haber sido reestructurado, con los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y verificaciones fiscales por parte de la Fiscalía General de la República, al organismo central y todo su sistema empresarial, resultando sancionado Alejandro Roca, quien ocupaba el cargo de Ministro de la Industria Alimenticia, y otros funcionarios cubanos por delitos asociados a la corrupción administrativa.
Max y su hermano Marcell, sancionado en ausencia por los tribunales cubanos, a quince años de prisión por delitos asociados a la corrupción administrativa, también estuvieron vinculados a esta tipificación delictiva en la gestión de inversiones y negocios con el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, en especial su Empresa Cubana de Aviación y la Empresa Mixta Comercializadora Sol y Son, donde resultaron sancionados un grupo de funcionarios y empleados. El General de División Rogelio Acevedo, Presidente del referido Instituto no fue procesado penalmente.
En este proceso no se había hecho referencia a los vínculos financieros-comerciales de Max con el Sistema Empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para apoyar la actividad técnica específica, así como la propiamente derivada de sus proyectos de inversión, hace tres meses, fueron detenidos y encausados altos oficiales que dirigían la Empresa TECNOTEX-GAESA-MINFAR, por corrupción administrativa, vinculados a los hermanos Marambio, se desconoce la sustanciación del proceso penal.
En el año 2008, el gobierno dispuso la adopción del llamado corralito económico, congelando todos los fondos y activos de las inversiones extranjeras que operaban en el país, con la adopción de estas medidas que impidieron operar las cuentas bancarias, las inversiones quedaron bloqueadas en sus indicadores según las licencias otorgadas por la Cámara de Comercio, el Banco Central y el objeto empresarial aprobado para las instituciones estatales cubanas.
El gobierno ha dado instrucciones al Banco Central de estructurar formas de pago con compensación para el reintegró de los referidos fondos. Es significativo que varios de los inversionistas extranjeros con fuertes negocios en Cuba, fueron sancionados por corrupción administrativa, confiscando sus bienes, en virtud de lo dispuesto por la Ley penal, y posteriormente expulsados del país, por lo que todo el capital pasó al patrimonio del gobierno cubano.
Uno de los hechos más significativos fue la salida ilegal del país de Pedro Álvarez, el que había ocupado el cargo de Director de la Empresa ALIMPORT, perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, posteriormente promovido a Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, el que se encontraba en proceso de investigación por graves delitos de corrupción administrativa, se radicó en Estados Unidos, en Cuba se abrió un proceso investigativo dentro del Ministerio del Interior para conocer el móvil utilizado para burlar los operativos de vigilancia que habían sido activados para evitar que evadiera la justicia. Marambio pudo haber estado detrás de este significativo hecho donde primó la estrategia con la consolidación de la acción.
La empresa ALIMPORT es la única comercializadora con facultades para invertir en Estados Unidos, según acuerdos entre ambos países, previa aprobación de licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro.
Max Marambio. Chile, Santa Cruz, 1947.
Max conoció a Fidel Castro en el año 1966, de visita a Cuba con su padre, el ex diputado socialista Joel Marambio. Fidel apadrinó al muchacho y lo alista en las Tropas Especiales. A principio de los setenta lo envía a Chile para dirigir el Grupo de Amigos del Presidente Salvador Allende, a cargo de la seguridad presidencial. La confianza se puso a prueba al defender a tiros la embajada de Cuba en Santiago. En septiembre de 1973 se establece definitivamente en la isla. Asciende a cargos preferenciales en la Jefatura de la Dirección de Inteligencia Cubana, fundamentalmente en el apoyo logístico y financiero a los movimientos revolucionarios que proliferaban en América Latina, y que apoyaba el Partido Comunista de Cuba, con la estrategia aprobada por Fidel Castro, y junto a los hermanos La Guardia, participó en misiones directamente encomendadas por el Comandante en Jefe.
A finales de la década del 70, Marambio liquidó los bienes patrimoniales de Cuba en Chile, como parte de la Inmobiliaria Santa Cruz, con buenos resultados y excelentes comisiones, este hecho lo hizo público al acceder a declaraciones periodísticas al ex canciller cubano Alcibiades Hidalgo, el que logró evadir el control de la seguridad cubana y radicarse posteriormente en Estados Unidos.
La consagración al vínculo Max Marambio con Cuba se destacan en el libro autobiográfico Las Armas de Ayer, con el prólogo a cargo del escritor Gabriel García Márquez y criterios positivos de Fidel Castro.
Max colaboró como productor ejecutivo, por instrucciones de Fidel, en la filmación de la serie televisiva Nazca–1990 y en la película Me alquilo para Soñar-1992, basadas ambas en textos del Gabo, colaboró con la logística y el financiamiento de la constitución de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, como forma de estimular los vínculos con la insurgencia de los movimientos revolucionarios, ya en estado de decadencia como paso al proceso de democratización.
Posteriormente, integra la Corporación Cimex con resultados muy positivos en burlar el embargo económico dispuesto por el gobierno de Estados Unidos, separado del cargo por corrupción administrativa, es designado a cargo de la técnica automovilística de la Seguridad del Estado.
Después de un período de tiempo es rehabilitado personalmente por Fidel, este le encomienda la misión de estructurar la inversión extranjera en Cuba, al aprobarse el Decreto-Ley No. 50, como antecedente de la vigente Ley No.77, le entregan un millonario capital para abrir el camino a las inversiones extranjeras, crean entidades fantasmas con sede en Panamá, donde radicó inicialmente la Corporación Cimex y el Banco Internacional Financiero S.A. Habanatur ejecutó acciones en Miami, con la fachada de una gerencia panameña, con la presidencia de Carlos Alfonso González, identidad falsa de Max.
El ex general José Abrante Fernández, Ministro del Interior. El Coronel Tony la Guardia y otros Oficiales conformaron el Departamento MC estructurando las actividades de comercio ilegal, para evadir el embargo económico dispuesto por el gobierno de Estados Unidos, como tuvieron éxito, el negocio proliferó a Europa, este desempeño que a finales de la década del 80 los llevaron a comercializar el oro y la plata en poder de la población cubana, desarrollaron el turismo extranjero con varias alternativas, se enrolaron en el mercado de la droga y corrupción administrativa, la que tuvo como resultado el proceso penal, radicado la Causa No. 1-89, siendo sancionados a la pena máxima el General de División Ochoa y el Coronel La Guardia, así como los ayudantes de ambos, los demás oficiales recibieron sanciones de privación de libertad, posteriormente fueron liberados en licencia extrapenal y condicional. Marambio fue investigado pero no fue instruido de cargos.
Max es el hombre que conoce y domina los secretos de la revolución cubana en múltiples variantes históricas, todas ellas en las que Fidel había tenido el papel protagónico de las estrategias. Fidel se ha sentido comprometido con Max.
En el proceso penal seguido contra Max, inicialmente, por orden de Fidel, se propuso el sobreseimiento parcial de la causa, determinación que fue revocada por Raúl, atendiendo al extremo que Marambio nunca tuvo vínculos con el General-Presidente.
Procesos penales por corrupción administrativa
Dejar un comentarioPublicado por referenciajuridica el 20 junio, 2011
La Fiscalía General de la República, en cumplimiento por la Ley No. 83 de 11 de Julio de 1987 y su Reglamento, dispuso la ejecución de una verificación fiscal a la empresa estatal “Cubana de Aviación”, teniendo en cuenta los elementos de hecho y de derecho que referían graves violaciones de las normas legales, con interconexión con el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, Organismo de la Administración Central del Estado, los elementos aportados en el informe-conclusiones de la verificación fiscal, conllevó al gobierno a disponer que la Contraloría General de la República, a tenor de lo que establece la Ley No. 107 de fecha 1ero. De agosto del 2009, y con el total apoyo del General-Presidente Raúl Castro a la inmediata intervención de la administración interna de ambas entidades.
De esta acción se detectaron graves violaciones de las normas de contabilidad, finanzas y economía (recursos financieros y materiales así como recursos humanos) y con un especial pronunciamiento a la contratación económica vinculada con la economía nacional y con entidades mixtas y extranjeras, en especial con la Empresa Mixta Sol y Son, copropiedad del estado cubano y del inversionista extranjero chileno Max Marambio.
El elemento detonante fue la utilización reiterada del parque aéreo de Cubana de Aviación para operaciones al margen de las reglamentarias con el consiguiente afectación financiera a la línea aérea y por tanto al servicio previsto a los usuarios, pasajeros y cargas, como actividad prevista por la Resolución-Objeto Social de la Entidad aprobada por el Ministerio de Economía y Planificación, para lograr lo anterior se falseaba la información y se reportaban reparaciones en el exterior, la pretensión era adquirir naves se segunda mano para esta utilización, con la consiguiente afectación millonaria al presupuesto estatal, estas naves estarían a nombre de personas naturales.
Los hechos se desarrollaron en lo fundamental después de la determinación del gobierno cubano de disponer el llamado “Corralito” como resultado de la escasez de divisas, lo que trajo consigo la inamovilidad de pagos, afectándose sustancialmente la ejecución del cumplimiento de los contratos económicos concertados, por lo que los inversionistas extranjeros y los funcionarios cubanos, al margen de lo dispuesto comenzaron a promover iniciativas propias para lograr ganancias, que no eran recogidas en los controles contables, en este caso, la Embajada de Chile en Cuba recibió a sus ciudadanos pidiendo resguardo a sus inversiones afectadas, teniendo en cuenta que el gobierno cubano había priorizado $800 millones USD para compra de alimentos a Estados Unidos. Es cuando en enero del 2010 la embajada chilena en La Habana tiene conocimiento extraoficial de una profunda investigación fiscal a la entidad mixta Río Zaza, inversionista del Ministerio de la Industria Alimenticia, se realizan contactos con el gerente Roberto Braudrand, de esta investigación-fiscal se relacionan otras en la Empresa Mixta Sol y Son, inversionista de la Empresa Estatal”Cubana de Aviación” también copropiedad del antes mencionado Sr. Marambio. Desde un principio se definieron las acciones como violaciones de lo preceptuado por la Ley No. 62, Código Penal que se consideraban como constitutivas de delitos de corrupción administrativa.
Se produce el fallecimiento del Sr. Braudrand, en condiciones muy confusas , pero el gobierno chileno, luego de exigir claridad en el proceso de investigaciones necrológicas, aceptó las conclusiones, el cadáver fue incinerado y las cenizas trasladas a Chile, quedando cerrado el incidente en cuestión.
Avanzada la investigación, el General de División ® Rogelio Acevedo solicitó vacaciones o licencia para ser atendido por sus dolencias de enfermedad cardiovascular, la esposa de este Sra. Ofelia, se desempeñaba como una de las principales funcionarias de la entidad mixta Sol y Son, vinculada a la empresa estatal Cubana de Aviación, manteniendo estrechos vínculos con la también entidad mixta Rio Zaza, inversionista del Ministerio de la Industria Alimenticia, la referida esposa se mantuvo con limitación de libertad desde el mismo inicio de la investigación hasta la celebración del juicio, donde resultó sancionada, El hecho de acceder al pedido de vacaciones al General Acevedo, se le mantuvo un total control de sus acciones, fundamentalmente por el hecho de tomar medidas para impedir una salida ilegal del país, luego de haberse producido la salida ilegal del país del empresario Pedro Álvarez, Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, sujeto a proceso penal, sin que hasta la fecha se tenga por esclarecida la forma utilizada en que burló a la seguridad cubana para lograr ingresar en Estados Unidos, extremo objeto de análisis y determinaciones para la sustitución de los altos mandos de la Seguridad del Estado, lo que ha sido utilizado por el General-Presidente para promover a otros oficiales de su entera confianza e intereses..
En un informe denominado “El reino de los come candelas millonarios” en relación a altos dirigentes del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno, así como de empresarios cubanos, texto que el gobierno cubano desmintió, hace relación a las millonarias cuentas bancarias que altos funcionarios y empresarios estatales cubanos mantienen en el exterior, entre ellos el General de División Acevedo y el ex ministro del Ministerio de la Industria Alimenticia Alejandro Roca, lo que en este proceso ha resultado probado lo detallado en la información señalada, la pretensión de mantener un caudal en el exterior se fundamenta el respaldo para cuando llegue el momento del final del actual sistema gubernamental cubano.
Como resultado de estas procesos investigativos, se dispuso la instrucción penal de directivos y funcionarios cubanos y de los hermanos Max y Marcell Marambio, inversionistas chilenos. El Teniente Coronel Francisco Miguel Estrada Portales, Instructor Penal del Órgano de Instrucción del Ministerio del Interior envió los requerimientos por intermedio de la Fiscalía General de la República de Chile, al decursar el término establecidos, ambos ciudadanos no respondieron ni se personaron a los requerimientos del proceso, fueron declarados en rebeldía. El Sr. Max Marambio promovió una demanda ante la Organización Mundial de Comercio en contra del Gobierno de Cuba por afectaciones a su patrimonio.
Fidel Castro propuso, atendiendo el desarrollo de la instrucción el sobreseimiento parcial de la causa a favor de Max, en virtud de lo dispuesto por la Ley No. 5 de Procedimiento Penal fundamentando los estrechos vínculos y los servicios prestados por este a la política oficial del gobierno revolucionario, el General-Presidente desconoce la iniciativa de Fidel y dispone que continúe el proceso penal, declarados ambos en rebeldía, como establece la antes mencionada Ley de Procedimiento Penal, sujeto a las conclusiones provisionales dictadas por el Fiscal actuante.
Todo indica que el Sr. Marambio fue separando sus intereses personales como inversionista extranjero afectado de la política del gobierno cubano, realmente el referido Max fue catalogado como “el hombre de confianza de Fidel Castro” desde finales de la década del 60 a principios del 70, cuando la jefatura de la seguridad personal del ex presidente chileno Salvador Allende, una vez radicado en cuba, llegó a ocupar importantes cargos en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, con una marcada participación en la firma comercial Cimex del Ministerio del Interior y de su Departamento MC, vinculado a los dramáticos hechos probados de narcotráfico, donde fueron sancionados y ejecutados varios altos militares, entre ellos el General Ochoa y el Coronel Tony La Guardia, este último muy vinculado a Max, después de la sustanciación del juicio manipulado por Fidel Castro. Un gran escándalo relacionado con la comercialización del oro y la plata a ciudadanos cubanos en los años 1987-1989 por la financiera Cimex-MC-MININT, con destino de las valiosas joyas a altos dirigentes y militares cubanos y para el financiamiento de los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Ahora la situación creada, con un interés marcado por la izquierda y la derecha, el gobierno y los órganos de la Fiscalía y los Tribunales chilenos en esclarecer los hechos concurrentes del fallecimiento de Salvador Allende, desmintiendo de hecho la versión del gobierno de Cuba, con la posibilidad real de una ejecución de crimen político por parte de oficiales de la inteligencia cubana siguiendo instrucciones directas de Fidel Castro.
Celebrada la vista del juicio oral, público pero controlada la asistencia a los intereses de la Seguridad del Estado, la Sala Segunda del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana dictó sentencia contra el ex-ministro del Ministerio de la Industria Alimenticia Alejandro Roca Iglesias y el empresario chileno Max Marambio Rodríguez. sancionados a quince y veinte años de privación de libertad, respectivamente, por delitos asociados a corrupción administrativa, en el caso del inversionista extranjero el proceso continuo en su contra al declararse en rebeldía, al incumplir los requerimientos de personaría del investigador-instructor y del propio tribunal.
Con fecha del 2011, la precitada Sala Segunda dictó sentencia contra los directivos y funcionarios de la empresa estatal Cubana de Aviación y de la empresa mixta Sol y Son, por delitos asociados a corrupción administrativa, atentando contra la economía nacional y los valores que establece el Código de Ética Profesional que debe primar en el desempeño de sus funciones, como sigue:
Oscar Pau leyva y Miguel Ángel Almaguer, a diez años de privación de libertad,
Ramón Valdivia Acosta, Oscar González Rodríguez y Reinaldo Torres Hernández a ocho años de privación de libertad,
Roberto Hernández Iglesia a siete años de privación de libertad
Lucy Hortensia Leal Díaz a seis años de privación de libertad,
Francisco Lázaro Márquez Granda y Javier Sánchez Egozcue a cinco años de privación de libertad,
Lourdes Esmeralda Fernández Díaz, Elio Hildo Mora Despaigne, Dagoberto Guerrero Cabrera y Sonia Alpizar López a cinco años de privación de libertad, subsidiada por limitación de libertad,
Eugenio Serapio Civil Mejías a cuatro años de privación de libertad, subsidiada por limitación de libertad
Y a Bárbara Alina Barrios Capdevila a tres años de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional sin internamiento
Al ciudadano chileno-inversionista extranjero en Cuba Marcell Marambio Rodríguez a quince años de privación de libertad
La Sentencia fue notificada y fue recurrida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular en recurso de casación, en la actualidad se encuentra en trámite.
Con fecha 9 de junio del 2011 la antes nombrada Sala de lo Penal dictó sentencia contra ex directivos y ex funcionarios del Ministerio de la Industria Alimenticia y la empresa mixta Rio Zaza, sancionando a los mismos como sigue, por delitos relacionados con la corrupción administrativa como sigue:
Cecilio Hernández Rodríguez, ex viceministro del Ministerio de la Industria Alimenticia, Maritza Ramos Hernández, Ofelia Grisell Lipak Rubí y a Rafael Alonso Gutiérrez, a cinco años de privación de libertad,
Natividad Gisela Sánchez González, Alvadio Rafael Ruíz Vaquero y Jorge Luis Galván Pérez a cuatro años de privación de libertad
Y a Lucy Hortensia Leal Díaz a tres años de privación de libertad.
Asimismo resultó sancionado Jorge Cabrera Torres a cinco años de privación de libertad, subsidiado por trabajo correccional con internamiento,
Jesús Ignacio Montes Oliva y Juan Clemente Morgado Cansío a cuatro años de privación de libertad, subsidiado por limitación de libertad.
En los tres procesos relacionados con la corrupción administrativa, quedan probados, según el Tribunal Provincial delitos de soborno en efectivo y otras dádivas ilegales, desviaron o permitieron la desviación de recursos de la economía nacional, falsificación de documentos públicos, privados, bancarios y de comercio, informacionales o documentos estatales, abuso de atribuciones y el ejercicio de los contenidos propios de los cargos que ocupaban para beneficios de intereses lucrativos, etc.
En la información brindada por el Tribunal, teniendo en cuenta que las sentencias se notifican a las partes y a los representantes legales de estos, no se pronuncia sobre la confiscación de bienes y la pérdida de derechos ciudadanos, las sentencias en cuestión fueron recurridas dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, en recurso de casación está pendiente de ser resuelto.
En las notas informativas expedidas por el Tribunal no se hace referencia a las cuentas bancarias depositadas en el exterior, tampoco a los cuantiosos bienes materiales.
En el proceso investigativo-instrucción y en el propiamente penal seguido contra los inculpados, no constan acciones contra el General de División ® Rogelio Acevedo ex presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, el que fue liberado de sus funciones mediante Acuerdo del Consejo de Estado, a propuesta del General-Presidente Raúl Castro.
Lo anterior es el resultado del currículo del General Acevedo con más de cincuenta y tantos años como alto oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y fue liberado de sus funciones militares para desempeñar el cargo de Presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, un cargo de confianza y seguridad al régimen. Los dos hermanos Rogelio y Enrique Acevedo fueron dignos de la confianza de Fidel y de Raúl hasta este momento.
Tampoco fueron procesados otros funcionarios, dirigentes y cuadros de la empresa estatal Cubana de Aviación, los Vicepresidentes y demás directivos del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, los que tienen su obligación, entre otros, de controlar la gestión empresarial de Cuba de Aviación, así como los dirigentes del Departamento de Transporte del Comité Central y Provincial del Partido Comunista de Cuba en su obligación como Instructores de vincularse al Comité, los Núcleos y los propios militantes del Partido de la entidad, y los oficiales de control y seguridad que deben velar por el cumplimiento de las normas legales y políticas, así como las propias de la contrainteligencia militar, esto se justifica porque ninguno de ellos hubiera podido promover elementos contra el hombre de toda la confianza del General-Presidente y de Fidel, todos proceden del Ejercito rebelde y por tanto del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Es significativo estos procesos penales ejemplarizantes, y en especial donde se tienen como parte a inversionistas extranjeros, se analizan en detalles en el marco de las reuniones mensuales del Consejo de Ministros presididas por el General Raúl Castro, donde asisten además los miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido, de las Presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General, así como los máximos dirigentes de las organizaciones política e invitados. Se presenta en cada sesión un informe-análisis promovido por la Controladora General de la República sobre la corrupción administrativa, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo informan sobre los procesos de investigación-instrucción penal y la sustanciación de los procesos en cuestión, respectivamente.
En los últimos días se presenta con marcada atención la ejecución de los contratos concertados entre los Gobiernos de Cuba y de Brasil del ex presidente Lula, para el desarrollo del Puerto de El Mariel, hay informes que llaman la atención a que el origen de estos vínculos contractuales están fundamentado en intereses y acciones personales del ex presidente Lula y de la familia Castro-Callejas, este ultimo condominio salta a la luz, con los traspasos de todo lo eficiente y con eficacia de resultados empresariales de entidades de la economía nacional al Sistema Empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que dirige el Coronel Luis Alberto López Callejas y que su ejecutivo antecesor fue el General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, actual Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, hombre de confianza del General-Presidente
Estados Unidos concede visas múltiples de entrada a ciudadanos cubanos
Deja un comentario Publicado por referenciajuridica en 1 agosto, 2013
EL Gobierno de Estados Unidos concede visas múltiples a ciudadanos cubanos como un paso que favorecerá el flujo de visitas familiares desde Cuba, válidas por un período de cinco años, siempre cumpliendo las formalidades del procedimiento migratorio.
La medida será anunciada hoy 1ro. de agosto y cobrará vigencia a partir de la fecha, por lo que se acortaran sensiblemente el procesamiento del otorgamiento de visas y los solicitantes no tendrán que esperar meses o años para el otorgamiento de visas por una sola vez, se reduce la carga financiera, abonando la tarifa establecida de $160,CUC.
La determinación del gobierno estadounidense se produce tras la reciente celebración de una ronda de conversaciones migratorias con el gobierno cubano, la USINT informó que en el primer semestre del actual año se otorgaron 17,767 visas de visitantes, con un incremento del 79%, de las 20mil anuales concertadas, quedando probado la buena fe por parte del gobierno de Estados Unidos de cumplir con los precitados acuerdos y ajustarlo a las condiciones actuales migratorias para los cubanos.
El Consejo de Estado de la República de Cuba modificó mediante su Decreto-Ley No. 302 las regulaciones migratorias que mantenían rígida y con estrecho margen el otorgamiento de autorización de salida del país temporal o definitiva, extremo que ha propiciado la pretensión de los cubanos a emigrar o viajar al exterior.
La medida de referencia, desmiente las declaraciones de fecha 28 de junio del 2013, publicadas en el periódico Granma Internacional, “El Negocio es negar visas, no otorgar visas” en un Blogs oficialista que denunciaba sucios manejos de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba para el otorgamiento de visas, tratando de enmascarar desconocer el incremento sustancial de entrevistas de solicitud de visas de no-emigrantes, en todos los casos la negativa se ajusta conforme a derecho del procedimiento migratorio, se hace un cálculo malintencionado de la recaudación por el concepto de entrevistas, sin poder probar la comisión del delito de corrupción administrativa por parte de los funcionarios consulares, teniendo en cuenta que la entidad posee un sistema de control que no deja vía para hechos delictivos.
La Sección de Intereses publicó una nota en que desmentía tales imputaciones, con el especial pronunciamiento que “Los esfuerzos por mejorar el servicio a los solicitantes de visas de turismo ha aumentado durante el último año el número de entrevistas temporales de 120 o 150 diarias a unas 500 actualmente. Esto ha reducido significativamente el tiempo de espera para un turno de entrevista de visa temporal y estamos empeñados en reducir este tiempo aun más a finales de 2013”. “Si comparamos los primeros seis meses de 2012 con el mismo periodo de 2013, el número de visas temporales concedidas a solicitantes cubanos para viajar a los Estados Unidos aumento en un 79% de 9,369 a 16,767”. “El pasado año la Sección de Intereses autorizo a mas de 29mil cubanos a emigrar legalmente a los Estados Unidos”. Según los Acuerdos Migratorios firmados entre Cuba y los Estados Unidos en 1994, los Estados Unidos tienen el compromiso de emitir un mínimo de 20mil documentos migratorios anuales”. “La tarifa de pago para una visa de no-emigrante es de $160USD o CUC, esta tarifa cubre el costo de la realización de la entrevista incluyendo el salario de los empleados y los gastos operacionales. La Sección de Intereses no opera en beneficio propio para obtener ganancias. Esta tarifa de pago es la misma que se aplica en todas las embajadas y consulados de los Estados Unidos en el mundo”. “Los Estados Unidos apoyan la emigración segura, legal y ordenada, e insta a los posibles emigrantes a considerar las opciones legales que están disponibles para ellos en lugar de arriesgarse a un viaje peligroso e ilegal en una balsa u otra vía de este tipo”. Y para dejar claro la posición de la Sección de Intereses en relación a los pronunciamientos injustificados y falta de prueba “La Sección de Intereses de Estados Unidos toma los actos de corrupción como una acusación muy seria, y solicita a cualquiera que tenga información sobre uno de estos hechos por parte de algún empleado de contacte inmediatamente nuestra Oficina de Seguridad Regional a través del 839-4100”. Nunca antes se habían hecho público razones claras y determinantes.
La política del gobierno cubano de modificar su legislación migratoria con el fin de estimular las visitas temporales responde a cuestiones económicas, la inyección de capital fuerte a las arcas gubernamentales por este concepto es relevante, se le suma la modificación de las normas de la Aduana General de la República que permite al viajero cubano de regreso poder acceder legalmente una carga de efectos materiales hasta el momento totalmente prohibidos, lo que estimula a una y otras visitas, ahora con la determinación de la visa mixta, en el término de cinco años puede viajar reiteradamente por el costo de $160CUC, echando por tierra los elementos publicado en el periódico Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La determinación de la administración estadounidense viene a reparar el espacio de odio, rencor, separación y olvido promovido por la Revolución en estos cincuenta y tantos años al separar a la familia cubana radicada en ambas partes del diferendo, una vez más las palabras de amor y reconciliación del Papa Juan Pablo II se recogen como estrategia de amor y entendimiento entre cubanos.