Source: http://espanito.com/exp-98-002188-0166-la-res-2006-00894.html
Timestamp: 2020-01-21 17:55:54
Document Index: 402312134

Matched Legal Cases: ['artículo 1163', 'artículo 221', 'artículo 1163', 'artículo 90', 'artículo 94', 'artículo 90', 'artículo 31', 'artículo 180', 'artículo 560', 'artículo 602', 'artículo 560', 'artículo 42', 'artículo 452', 'artículo 608', 'artículo 91', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 121', 'artículo 13', 'artículo 94', 'artículo 161', 'artículo 559', 'artículo 222', 'artículo 452']

Exp: 98-002188-0166-la res: 2006-00894
Exp: 98-002188-0166-LA
Res: 2006-00894
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del veintidós de setiembre del dos mil seis.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por ÁLVARO ARIAS DÍAZ, ANA TERESA ARAYA VARGAS, GERMÁN ARAYA MONGE, HUGO ENRIQUE ÁNGULO AGUIRRE, ÁNGEL ALFREDO ACOSTA HERRERA, CRISTIAN MARIO ALEGRÍA CONEJO, JUAN ANTONIO ALEMÁN ALEMÁN, GISELLE ÁLVARADO VEGA, FERNANDO ANCHÍA CAMPOS, WILLIAM BARRANTES OVALDÍA, JORGE LUIS CASTRO ZÚÑIGA, JOSÉ ENRIQUE BARAHONA FONSECA, SANTIAGO BARBOZA ROJAS, ZORAIDA BARRANTES GUTIÉRREZ, VÍCTOR MANUEL BOLAÑOS MORA, RODRIGO HERNÁNDEZ CORRALES, MIGUEL ÁNGEL CERDAS CONTRERAS, WALTER COBLENTZ Mc. GUINNES, JESÚS CORDERO LOAIZA, JORGE EDUARDO CÓRDOBA BEJARANO, FRANCISCO COTO SOLANO, OLGA CAHO BOGANTES, MILTON ÓSCAR CAMACHO VARGAS, MARCOS GUILLERMO RAMÍREZ CAMARENO, HUGO EDUARDO CAMPOS VILLALOBOS, OLGA MARTA CARAZO AMADOR, MARÍA AUXILIADORA CARRILLO ROJAS, EDGAR CARVAJAL LIZANO, EDUARDO CASCANTE MANJARRÉZ, FILIMÓN CASTRILLO CASTRILLO, EILEEN CHAVES SALAS, JESÚS ÁLVARO CHAVARRÍA ÁVILA, FARID DUMANI VENEGAS, LUISA MARÍA DÍAZ HERNÁNDEZ, MARLENE FLORES ARAYA, CARLOS ANTONIO FLORES BALTODANO, GRETTY LORENA FERNÁNDEZ CASCANTE, ROLANDO FERNÁNDEZ GASSIAT, JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CABEZAS, JOSÉ FRANCISCO GUZMÁN GRANADOS, JORGE LUIS GARCÍA MARTÍNEZ, STEVE GIBB CAMPBELL, ELENA GÓMEZ AVILÉS, DANILO SAGOT GONZÁLEZ, LUIS MARVIN HURTADO CORRALES, MAX HERRERA PICADO, YAMILETTE JIMÉNEZ SOTO, LUIS JIMÉNEZ ÁLVARADO, PEDRO PORRAS JIMÉNEZ, EDUARDO JOHNSON ROSALES, FERNANDO LORENZO FERRAT, JOSÉ ROBERTO LÓPEZ SÁENZ, RAFAEL ENRIQUE MARTÍNEZ ZAMORA, CARLOS ALBERTO MIRANDA CHACÓN, EDGAR ALBERTO MORA MOYA, MARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES MURILLO, MARCO VINICIO MORALES PRADO, SANDRA MONTERO FLORES, ALFONSO MONTOYA VARGAS, LUIS ALBERTO MURILLO CALDERA, EDUARDO MORERA RAMÍREZ, OLGA MARTA PEÑA AZOFEIFA, MARGARITA PICADO ÁNGULO, ENRIQUE PICADO SEQUEIRA, ARTURO RAMÍREZ CHINCHILLA, ÁLVARO RETANA QUESADA, LUIS ALBERTO SALAZAR ZÚÑIGA, representado por su albacea; MARTA HIDALGO HIDALGO, GERARDO SOLANO VARELA, ÓSCAR LUIS TREJOS ANTÍLLÓN, LUIS JOSÉ TREJOS SOLÓRZANO, ÁLVARO THOMPSON QUESADA, TRINIDAD THOM ARCE, MANUEL EDUARDO GRANADOS UMAÑA, CARLOS LUIS VARGAS CARVAJAL, JOSÉ FRANCISCO VINDAS POVEDA, CARLOS ROBERTO VALVERDE UMAÑA, JOSÉ ALBERTO VALVERDE MONGE, GERMÁN MARTÍN VILLALOBOS CHAVES, ÓSCAR CAMACHO VINDAS, MARCO AURELIO ZÚÑIGA ZÚÑIGA Y GERARDO ZAMORA PICADO, contra BANCO DE COSTA RICA, representado por su apoderado general judicial licenciado Óscar Ramírez Azofeifa. Figura como apoderado especial judicial del los actores el licenciado Óscar Luis Trejos Antillón. Los dos últimos casados, abogados y vecinos de San José. Todos mayores.
1.- El apoderado de los actores, en escrito fechado quince de junio de mil novecientos noventa y ocho, promovió la presente acción para que en sentencia se condene al demandado al pago de: “... a) Se nos paguen las diferencias salariales dejadas de percibir durante las 104 semanas comprendidas entre el primero de julio de 1988 hasta el 30 de junio de 1990 por concepto del reajuste en el pago de la aplicación de una nueva escala salarial. b) Se nos paguen las diferencias salariales que por concepto de aguinaldo, vacaciones y horas extra, así como en el ajuste de las liquidaciones por despido con y sin responsabilidad patronal y por liquidaciones por acogerse a la respectiva pensión o jubilación, que nos corresponden por ajuste al salario comprendido en el mismo periodo antes señalado entre el primero de julio de 1988 hasta el 30 de junio de 1990. c) Se nos paguen los intereses sobre todas las sumas adeudadas, desde el momento en que surgió la obligación y hasta su efectivo pago, conforme lo dispone el numeral 1163 del Código Civil, todo lo cual se calculará en ejecución de sentencia. d) Se condene a la parte demandada al pago de las costas personales y procesales del presente proceso”.
2.- La parte demandada contestó la acción en los términos que indicó en el memorial de fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve y opuso las excepciones de caducidad, cosa juzgada, falta de derecho y la genérica sine actione agit.
3.- La jueza, licenciada Elena María Kikut Calvo, por sentencia de las diez horas dieciocho minutos del veintisiete de noviembre del dos mil tres, dispuso: “Se declara con lugar la demanda interpuesta por Arias Díaz Alvarado, Araya Vargas Ana Teresa, Araya Monge Germán, Angulo Aguirre Hugo Enrique, Acosta Herrera Ángel Alfredo, Alegría Conejo Cristian Mario, Alemán Alemán Juan Antonio, Alvarado Vega Giselle, Anchí Campos Fernando, Barrantes Ovaldía William, Castro Zúñiga Jorge Luis, Barahona Fonseca José, Barboza Rojas Santiago, Barrantes Gutiérrez Zoraida, Bolaños Mora Víctor Manuel, Hernández Corrales Rodrigo, Cerdas Contreras Miguel Ángel, Coblentz Mac. Guinnes Walter, Cordero Loaiza Jesús, Córdoba Bejarano Jorge Eduardo, Coto Solano Francisco,Caho Bogantes Olga, Camacho Vargas Milton Óscar, Ramírez Camareno Marcos, Campos Villalobos Hugo Eduardo, Carazo Amador Olga Marta, Carrillo Rojas María Auxiliadora, Cascante Manjares Eduardo, Castrillo Castrillo Filemón, Chaves Salas Hielen, Chavarría Ávila Jesús Álvaro, Díaz Hernández Luisa María, Flores Araya Marlene, Flores Baltodano Carlos Antonio, Fernández Cascante Gretty Lorena, Fernández Gasita Rolando, González Cabezas José María, Guzmán Granados José Francisco, García Martínez Jorge Luis, Gibb Campell Steve, Gómez Avilez Elena, Sagot González Danilo, Hurtado Corrales Luis Marvín, Herrera Prado Max, Jiménez Soto Yamileth, Jiménez Alvarado Luis, Porras Jiménez Pedro, Jonson Rosales Eduardo, Lorenzo Ferrat Fernando, López Sáenz José Roberto, Martínez Zamora Rafael Enrique, Miranda Chacón Carlos Alberto, Mora Moya Edgar, Morales Murillo María de los Ángeles, Morales Prado Marco V., Montero Flores Sandra, Montoya Vargas Alfonso, Murillo Caldera Luis Alberto, Morera Ramírez Eduardo, Peña Azofeifa Olga Marta, Picado Ángulo Margarita, Picado Sequeiro Enrique, Ramírez Chinchilla Arturo, Marta Hidalgo, en representación como albacea de Retana Quesada Álvaro, Solano Varela Gerardo, Trejos Solórzano Luis José, Thompson Quesada Álvaro, Thonson Arce Trinidad, Granados Umaña Manuel Eduardo, Vargas Carvajal Carlos Luis, Vindas Poveda José Francisco, Valverde Umaña Carlos Roberto, Villalobos Chaves Germán Martín, Camacho Vindas Óscar, Zúñiga Zúñiga Marco A, Zamora Picado Gerardo, contra el Banco de Costa Rica representado por Manuel Gerardo Quesada Baudrit. Debe el Banco de Costa Rica cancelarle a los actores las diferencias salariales originadas en la nueva escala salarial que van de julio de mil novecientos ochenta y ocho a junio de mil novecientos noventa, además debe el Banco demandado cancelar esas diferencias en cuanto al rubro de aguinaldo, y vacaciones durante ese periodo. Los cálculos se harán en fase de ejecución de fallo. Se acoge la excepción de prescripción en cuanto a los actores, Retana Quesada Alvarado, Porras Jiménez Pedro, Dumani Venegas Farid, Carvajal Lizano Edgar, Valverde Monge José, rechazándose la demanda en cuanto estos actores por la razón antes indicada. Se rechaza la excepción de cosa juzgada y caducidad; se rechaza la excepción de falta de derecho, sobre lo concedido y se declara con lugar sobre lo rechazado. Sobre la genérica de sine actione agit comprensiva de la de falta de derecho, falta de legitimación y falta de interés, se rechaza la de falta de legitimación y la de falta de interés, y no se resuelve sobre la de falta de derecho, ya que esta defensa fue resuelta en forma independiente. SOBRE INTERESES: se condena al demandado al pago de los intereses legales a partir de la presentación de la demanda hasta la firmeza de la sentencia, calculándose al tipo legal establecido en el artículo 1163 del Código Civil y sus Reformas, cálculos que se hacen de acuerdo con los títulos de depósito a seis meses plazo, establecidos por el Banco Nacional de Costa Rica. SOBRE COSTAS. Se condena a la parte demandada al pago de las costas, fijándose los honorarios de abogado en un veinte por ciento del total de la condenatoria, de conformidad con lo que establece el artículo 221 del Código Procesal Civil y 494 del Código de Trabajo. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 incisos c) y d) (sic); votos de la Sala Constitucional números 5798, de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y voto de la Sala Segunda número 386, de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999). Publicado en el Boletín Judicial Número 148 del viernes tres de agosto del 2001, circular de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia Número 79-2001”.
4.- El apoderado de la parte actora solicitó adición y aclaración de la anterior sentencia. La jueza, por resolución de las diez horas veintinueve minutos del ocho de abril del dos mil cinco, resolvió: “…En cuanto a los números de cédula se aclara la sentencia N° 3866 de las diez horas dieciocho minutos del veintisiete de noviembre del año dos mil tres ya que por error material en el dictado de la sentencia, se consignó el número de cédula de José Alberto Valverde Monge, cédula 2-200-554 cuando lo correcto es número 2-200-559, por lo que procede la aclaración en este único aspecto…”.
5.- Ambas partes apelaron y el Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta, del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los licenciados Álvaro Moya Arias, Óscar Ugalde Miranda y Nelson Rodríguez Jiménez, por sentencia de las dieciocho horas cincuenta minutos del veintiocho de octubre del dos mil cinco, resolvió: “Se declara, que en la tramitación de este asunto, no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o indefensión. Se revoca parcialmente la resolución recurrida. Se acoge la excepción de prescripción. Se declara prescrita la acción y en consecuencia, sin lugar la demanda, para los siguientes actores: Guiselle Alvarado Vega, William Barrantes Ovaldía, Víctor Manuel Bolaños Mora, Olga Calvo Bogantes, Marco Ramírez Camareno, Hugo Eduardo Campos Villalobos, Filemón Castrillo Castrillo, Eileen Chaves Salas, Jesús Álvaro Chavarría Ávila, Luisa María Díaz Hernández, Carlos A. Flores Baltodano, Gretty L. Fernández Gassiat, José Francisco Guzmán Granados, Steve Gibb Campell, José Roberto López Sáenz, Carlos Alberto Miranda Chacón, Edgar Mora Moya, María de los Ángeles Morales Murillo, Sandra Montero Flores, Luis Alberto Murillo Caldera, Eduardo Morera Ramírez, Margarita Picado Angulo, Gerardo Solano Varela, Álvaro Thompson Quesada, Manuel Eduardo Granados Umaña, Germán M. Villalobos Chaves, Óscar Camacho Vindas y Óscar Luis Trejos Antillón. Se acoge la excepción de cosa juzgada, en contra de los siguientes accionantes: Jorge Luis Castro Zúñiga, Cristian Mario Alegría Conejo, Juan Antonio Alemán Alemán, Walter Coblentz Mc Guinness, Marlene Flores Araya, José María González Cabezas, Óscar Enrique Camacho Vindas, Carlos Roberto Valverde Umaña, Filemón Castrillo Castrillo, Elena Gómez Avilés, Edgar Mora Moya, Olga Martha Calvo Bogantes, Germán Villalobos Chaves, José Barahona Fonseca y Olga Martha Peña Azofeifa, declarándose sin lugar la demanda, en relación con ellos. Tanto para los actores, que se les declara prescrito su derecho, como para los que se les rechaza la demanda, por acogerse la excepción de cosa juzgada, se resuelve este asunto sin especial condena en costas. En cuanto a los restantes actores, se modifica la resolución recurrida en la fecha de inicio de cómputo de intereses, los cuales se fijan a partir de 1 de julio de 1988 y hasta su efectivo pago. En todo lo demás, se confirma la sentencia apelada.
6.- La parte demandada formuló recurso, para ante esta Sala, en memorial de data ocho de noviembre del dos mil cinco, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.
Redacta la Magistrada Meseguer Monge; y,
I.- Sobre la base de que la administración del Banco de Costa Rica conforme al numeral 90 del laudo arbitral y su adición, les reconoció la diferencia salarial de acuerdo a la nueva Escala Salarial a partir de julio de 1988 y hasta junio de 1990, pese a lo cual, solo se les canceló lo correspondiente al mes de julio de 1990, quedando pendientes de pago las diferencias de ciento cuatro semanas, los actores plantearon la demanda a efecto de que en sentencia se disponga lo siguiente: “... a) Se nos paguen las diferencias salariales dejadas de percibir durante las 104 semanas comprendidas entre el primero de julio de 1988 hasta el 30 de junio de 1990 por concepto del reajuste en el pago de la aplicación de una nueva escala salarial. b) Se nos paguen las diferencias salariales que por concepto de aguinaldo, vacaciones y horas extra, así como en el ajuste de las liquidaciones por despido con y sin responsabilidad patronal y por liquidaciones por acogerse a la respectiva pensión o jubilación, que nos corresponden por ajuste al salario comprendido en el mismo periodo antes señalado entre el primero de julio de 1988 hasta el 30 de junio de 1990. c) Se nos paguen los intereses sobre todas las sumas adeudadas, desde el momento en que surgió la obligación y hasta su efectivo pago, conforme lo dispone el numeral 1163 del Código Civil, todo lo cual se calculará en ejecución de sentencia. d) Se condene a la parte demandada al pago de las costas personales y procesales del presente proceso” (folios 1 a 6).-
II.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante sentencia de N° 3866, de las 10:18 horas del 27 de noviembre del 2003 declaró con lugar la demanda interpuesta por los siguientes actores: Arias Díaz Álvaro, Araya Vargas Ana Teresa, Araya Monge German, Angulo Aguirre Hugo Enrique, Acosta Herrera Ángel Alfredo, Alegría Conejo Cristian Mario, Alemán Alemán Juan Antonio, Alvarado Vega Guiselle, Anchía Campos Fernando, Barrantes Ovaldía William, Castro Zúñiga Jorge Luis, Barahona Fonseca José, Barboza Rojas Santiago, Barrantes Gutiérrez Zoraida, Bolaños Mora Víctor Manuel, Hernández Corrales Rodrigo, Cerdas Contreras Miguel Ángel, Coblentz Mc. Guinnes Walter, Cordero Loaiza Jesús, Córdoba Bejarano Jorge Eduardo, Coto Solano Francisco, Caho Bogantes Olga, Camacho Vargas Milton Óscar, Ramírez Camareno Marcos, Campos Villalobos Hugo Eduardo, Carazo Amador Olga Marta, Carrillo Rojas María Auxiliadora, Cascante Manjarrés Eduardo, Castrillo Castrillo Filemón, Chaves Salas Eileen, Chavarría Ávila Jesús Álvaro, Díaz Hernández Luisa María, Flores Araya Marlene, Flores Baltodano Carlos Antonio, Fernández Cascante Gretty Lorena, Fernández Gassiat Rolando, González Cabezas José María, Guzmán Granados José Francisco, García Martínez Jorge Luis, Gibb Campell Steve, Gómez Avilés Elena, Sagot González Danilo, Hurtado Corrales Luis Marvin, Herrera Prado Max, Jiménez Soto Yamileth, Jiménez Alvarado Luis, Porras Jiménez Pedro, Johnson Rosales Eduardo, Lorenzo Ferrat Fernando, López Sáenz José Roberto, Martínez Zamora Rafael Enrique, Miranda Chacón Carlos Alberto, Mora Moya Edgar, Morales Murillo María de los Ángeles, Morales Prado Marco V, Montero Flores Sandra, Montoya Vargas Alfonso, Murillo Caldera Luis Alberto, Morera Ramírez Eduardo, Peña Azofeifa Olga Marta, Picado Angulo Margarita, Picado Sequeira Enrique, Ramírez Chinchilla Arturo, Marta Hidalgo en representación como albacea de Retana Quesada Álvaro, Solano Varela Gerardo, Trejos Solórzano Luis José, Thompson Quesada Álvaro, Thonson Arce Trinidad, Granados Umaña Manuel Eduardo, Vargas Carvajal Carlos Luis, Vindas Poveda José Francisco, Valverde Umaña Carlos Roberto, Villalobos Chaves German Martín, Camacho Vindas Óscar, Zúñiga Zúñiga Marco A. y Zamora Picado Gerardo. Condenó al Banco de Costa Rica a pagarles las diferencias salariales originadas en la nueva escala salarial que van de julio de 1988 a junio de 1990 y sus diferencias en los extremos de vacaciones y aguinaldo de ese periodo; cuya determinación se dejó para la etapa de ejecución de sentencia. Por otro lado, acogió la excepción de prescripción en cuanto a los actores Retana Quesada Álvaro, Porras Jiménez Pedro, Dumani Venegas Farid, Carvajal Lizano Edgar y Valverde Monge José. Denegó las excepciones de cosa juzgada y caducidad. Respecto de lo concedido declaró sin lugar la excepción de falta de derecho y la estimó en lo denegado. La excepción genérica de sine actione agit se rechazó en cuanto comprensiva de la de falta de legitimación y falta de interés, pues la de falta de derecho que también comprende fue resuelta en forma independiente. Condenó al accionado al pago de intereses a partir de la presentación de la demanda hasta la firmeza de la sentencia conforme con el artículo 1163 del Código Civil y sus reformas. Por último, impuso las costas a la parte demandada, fijando los honorarios de abogado en un veinte por ciento del total de la condenatoria (folios 691 a 722). Por resolución de las 10:29 horas del 8 de abril del 2005, se resolvió una solicitud de adición y aclaración. Tomando en cuenta que no se dio traslado de la demanda al Banco respecto de los actores Marco Riley Chambers, María Teresa Cabrera Robles, Fernando Orozco Mejía y Ronald Rodríguez Barrantes, se denegó la solicitud de adicionar el fallo con relación a ellos. Se consideró ajustado a derecho lo resuelto sobre intereses y se corrigió el número de cédula de identidad del demandante José Alberto Valverde Monge (folio 850).-
III.- La Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo, por Voto de N° 0495 de las 18:50 horas, del 28 de octubre del 2005 revocó parcialmente dicho pronunciamiento, declarando prescrita la acción y, en consecuencia, sin lugar la demanda de Guiselle Alvarado Vega, William Barrantes Ovaldía, Víctor Manuel Bolaños Mora, Olga Calvo Bogantes, Marco Ramírez Camareno, Hugo Eduardo Campos Villalobos, Filemón Castrillo Castrillo, Eileen Chaves Salas, Jesús Álvaro Chavarría Ávila, Luisa María Díaz Hernández, Carlos A. Flores Baltodano, Gretty L. Fernández Gassiat, José Francisco Guzmán Granados, Steve Gibb Campell, José Roberto López Sáenz, Carlos Alberto Miranda Chacón, Edgar Mora Moya, María de los Ángeles Morales Murillo, Sandra Montero Flores, Luis Alberto Murillo Caldera, Eduardo Morera Ramírez, Margarita Picado Angulo, Gerardo Solano Varela, Álvaro Thompson Quesada, Manuel Eduardo Granados Umaña, Germán M. Villalobos Chaves, Óscar Camacho Vindas y Óscar Luis Trejos Antillón. Además, acogió la excepción de cosa juzgada y por tanto desestimó la demanda con relación a Jorge Luis Castro Zúñiga, Cristian Mario Alegría Conejo, Juan Antonio Alemán Alemán, Walter Coblentz Mc Guinness, Marlene Flores Araya, José María González Cabezas, Óscar Enrique Camacho Vindas, Carlos Roberto Valverde Umaña, Filemón Castrillo Castrillo, Elena Gómez Avilés, Edgar Mora Moya, Olga Martha Calvo Bogantes, Germán Villalobos Chaves, José Barahona Fonseca y Olga Martha Peña Azofeifa. Respecto de los demandantes a los cuales se les declaró prescrito el derecho o se acogió la excepción de cosa juzgada, se resolvió el asunto sin especial condena en costas. En cuanto a los restantes actores se modificó la resolución recurrida en la fecha de inicio de intereses, para fijarlos a partir del 1° de julio de 1988 y hasta su efectivo pago. En lo demás, confirmó lo dispuesto por el a quo (folios 861 a 881). Ante la Sala recurren ambas partes.-
IV.- El apoderado general judicial del Banco de Costa Rica alega que la sentencia impugnada desconoce la jurisprudencia obligatoria y general de la Sala Constitucional que declaró inconstitucionales los laudos mediante votos números 1696-92 del 28 de agosto y 3285-92 del 30 de octubre, ambos de 1992, pues, si el Tribunal debe hacer remisión al laudo de 1988 (inconstitucional desde 1992) para reconocer una petición iniciada en 1998, resuelve con base en una norma inconstitucional y con fundamento en “… una norma administrativa que no constituye un derecho adquirido”. Invoca la errónea aplicación del artículo 90 de dicho laudo, el cual no confiere un derecho a que los futuros estudios de valoración y clasificación de puestos rijan a partir del 1° de julio de 1988 ni establece un compromiso para hacer un estudio de ese tipo con vigencia retroactiva. Para el recurrente si el Estudio de clasificación y valoración de puestos lo aprobó la Junta Directiva en 1990 no existe derecho para hacer reclamo alguno, el cual tampoco se ha acreditado que se hubiere obtenido por parte de los trabajadores con antelación o simultaneidad a la vigencia del laudo ni que en el referido Estudio sea el que dé origen a un pago retroactivo al año 1988. Agrega que la pretensión planteada en 1998 debe entenderse denegada por acto implícito, porque el acto de aprobación del Estudio de 1990 con rige a partir del 1° de julio de ese año negó implícitamente cualquier otro pago en fecha anterior. Da cuenta que los juzgadores presuponen los montos adeudados porque no se probaron. Señala que para la procedencia legal del incremento y de su correspondiente pago, el laudo como norma de derecho público, de conformidad con las normas presupuestarias imperativas de la propia Constitución Política (disposiciones 180 y 184) y de la Ley de Administración Financiera de la República estableció un requisito o condición esencial, cual es, la aprobación previa del órgano contralor (artículo 94). Por otro lado, alega que la resolución 1158 del 1° de diciembre de 1988 que homologa el laudo, no es una sentencia según lo reconoció la Sala Segunda en su Voto número 36, de las 10:00 horas, del 6 de febrero de 1998, sino, una norma administrativa y, por ende, no tiene el carácter de cosa juzgada. Se insiste en que el artículo 90 de ese instrumento colectivo no confiere ningún derecho a revaloración y clasificación anterior o concomitante a su fecha de rige y si la Junta Directiva reconoce una cancelación a partir del 1° de julio de 1990 es claro que negó cualquier otro pago general anterior. En todo caso, dice que según la Ley General de la Administración Pública la nulidad absoluta de los actos administrativos se convalida en cuatro años, por lo que no se puede establecer en la vía judicial que el acto de 1990 es inválido, máxime si el reclamo se hace en 1998. Se muestra inconformidad con la desaplicación del artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. También, con cita del referido Voto N° 36 del año 1998 se discrepa por la inaplicabilidad de la caducidad, dado que se omitió gestionar el reclamo administrativo antes de octubre de 1991, fecha en que caducó el derecho. Insiste en que “…la actuación del Banco de Costa Rica en la especie, resulta apegada a los preceptos legales y constitucionales, pues procuró y pagó a los servidores su derecho cuando correspondía legalmente (SEA CUANDO SE CONFIRIÓ EL DERECHO AL APROBARSE EL ESTUDIO DE VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS EN EL AÑO DE 1990 Y NO ANTES CUANDO NO EXISTÍA NINGUNO) sin dejar saldos al descubierto, cuando hubo presupuesto aprobado con respeto del principio del artículo 180 de la Constitución y de los mandatos de la Ley de la Administración Financiera y las competencias de la Contraloría General de la República …”. Se califica como erróneo el haber considerado que los aumentos por costo de vida corresponden al Estudio Integral de Clasificación y Valoración de Puestos. El recurrente llama la atención que se acoja la excepción de cosa juzgada con base en el fallo 36-98 pero que no se incluya al señor Luis A. Salazar Zúñiga, hoy su sucesión representada por la albacea Marta Hidalgo Hidalgo, quien también figuró como actor en aquel otro proceso. Con base en la prueba evacuada y la presentada para mejor resolver con el recurso de apelación, se pide revisar lo resuelto sobre prescripción, respecto de los señores Álvaro Arias Díaz, Rolando Fernández Gassiat y Carlos Luis Vargas Carvajal. También se solicita tener a la vista al resolver la prueba constante en el expediente que dio origen a la referida resolución de esta Sala número 36 de 1998. Con base en lo expuesto, se pide revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, acoger las excepciones improcedentemente rechazadas total o parcialmente desestimando la demanda en todos sus extremos. Por último, tomando en cuenta que ha litigado con evidente buena fe pide la revocatoria de la condenatoria en costas.-
V.- El representante de los actores también se muestra inconforme con aquel pronunciamiento incurriendo en el error de llamar al escrito presentado oportunamente ante la Sala como una ampliación de los alegatos del recurso de apelación, adición y aclaración. Pese a ello, en atención a la informalidad que caracteriza a la materia que nos ocupa, se entrarán a conocer los agravios planteados. En primer término invoca la improcedencia de aplicar el instituto de la cosa juzgada material como lo hizo el Tribunal con base en el aludido Voto N° 36-98, al no existir igualdad de partes, objeto y causa, pues, en ese otro proceso lo que se resolvió fue que UNEBANCO no tenía legitimación para representar a los empleados del Banco de Costa Rica, razón por la cual estos mismos empleados debieron gestionar la demanda a través de un licenciado en derecho que los representara. Se indica que en la lista de beneficiarios e incluidos en sentencia por un error material se señaló un número de cédula o no se incluyó a las siguientes personas: Nombre correcto y número de cédula: 1. Carlos Roberto Valverde Umaña, cédula de identidad número 2-171-089; 2.- José Alberto Valverde Monge, cédula de identidad número 2-200-554; 3.- Óscar Milton Camacho Vargas, cédula de identidad número 1-571-757. Nombres y número de cédula no incluidos en la lista: Marco Riley Chambers, cédula 1-721-421; 2.- María Teresa Cabrera Robles, cédula 9-042-865; 3.- Fernando Orozco Mejía, cédula 1-576-289; 4.- Ronald Rodríguez Barrantes, cédula 1-576-243. Según se indica en el recurso todas esas personas firmaron el reclamo para el agotamiento de la vía administrativa, escrito de demanda y poder especial, por lo que la sentencia omisa a su respecto les ha causado una grave lesión. Con base en esas consideraciones pide se corrija dicho fallo y, además, se revoque lo resuelto sobre la cosa juzgada material. En lo que respecta al renglón de intereses se pide computarlos desde que surgió la obligación y no desde la presentación de la demanda.-
VI.- RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA: Con cita del Voto de esta Sala número 36-98, se muestra inconformidad por no haberse acogido la excepción de caducidad. Tal y como se indica en el fallo impugnado, dependiendo de la integración de esta Sala, se han externado distintos criterios acerca de la aplicación de esa defensa prevista en la normativa administrativa respecto de reclamos contra el Estado o demás entidades del Sector Públicos. No obstante, la última integración propietaria de este órgano, se ha referido al punto y con voto de mayoría ha reiterado la tesis acerca de su improcedencia, cuyas consideraciones se mantienen para este asunto. En primer término debe indicarse, que de conformidad con la doctrina, la caducidad de un derecho, puede aplicarse, siempre y cuando esté previsto expresamente a su respecto, lo que no sucede en el caso analizado, en el que por el contrario, está excluido por el ordenamiento para los derechos pretendidos, en virtud de lo resuelto expresamente por la Sala Constitucional en su Voto número 5969 de las 15:21 horas, del 16 de noviembre de 1993 y de lo que resulta de la misma ley. Por otro lado, por mandato expreso de los numerales 1° y 4°, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el plazo de caducidad de dos meses que prevé dicha normativa no es de aplicación en la jurisdicción laboral y como las pretensiones deducidas en la demanda son de carácter laboral ventilables en la jurisdicción de trabajo, no cabe aplicar la caducidad invocada por el recurrente. Además, el instituto de la caducidad tampoco podría aplicarse por analogía o extensión no sólo por la referida exclusión legal, sino, además, porque se trata de normas sancionatorias, cuya aplicación en aquella forma no es posible, mucho menos en perjuicio de los trabajadores (doctrina de los artículos 13 del Código Civil y 17 del de Trabajo). A lo anterior, cabe agregar que el referido Voto de la Sala Constitucional, de manera expresa excluyó, en relación con los derechos de esta naturaleza, la aplicación de técnicas que suponen su abandono o renuncia, al menos tácita, como, en el procedimiento administrativo, el acto consentido o la caducidad misma, dejando a salvo únicamente la prescripción, en la forma dicha y por las razones que el mismo fallo constitucional explica. Si a ello se suma la imposibilidad de aplicar al campo laboral un instituto propio del ámbito administrativo debe concluirse que existe un impedimento absoluto de aplicarlo en perjuicio de los actores por la vía de la interpretación. Más bien, en armonía con lo que viene dicho, tratándose como se trata de derechos garantizados fundamentalmente, la actuación del operador de las normas jurídicas debe ser siempre en pro de la vigencia del derecho. A la luz del indicado Voto sólo es posible sancionar a los trabajadores con la extinción de sus derechos derivados del contrato de trabajo o incorporados a él, como sucede en el presente caso, por abandono o renuncia, a través del instituto de la prescripción en los términos dispuestos y dimensionados en esa misma sentencia y nunca por medio de otros mecanismos, como el de la caducidad, a lo que debe estarse por imperativo legal (numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) (sobre el particular, ver en igual sentido, entre otros, los Votos del año 2003 números 505 de las 9:50 horas del 24 de setiembre, 605 de las 9:10 horas del 24 de octubre y, 644 de las 9:50 horas del 5 de noviembre; y, del 2004 los números 117 de las 9:50 horas del 25 de febrero, 142 de las 9:40 horas del 10 de marzo).-
VII.- En lo que toca a la prescripción, la Sala observa en primer término que la parte demandada no invocó esa excepción al trabarse la litis, limitándose a interponer la defensa de cosa juzgada con relación a algunos actores (apartado de excepciones con relación al párrafo tercero del punto sexto) así como la de caducidad, falta de derecho, incompetencia por razón de la materia y la genérica de sine actione agit. A pesar de esa situación y contrario al contenido de su resultando II, en el considerando III el Juzgado entró a analizarla para acogerla respecto de los actores Álvaro Retana Quesada, Pedro Porras Jiménez, Farid Dumani Venegas, Edgar Carvajal Lizano y José Valverde Monge. Por su parte el fallo de segunda instancia declaró prescrito el reclamo de los siguientes demandantes: Guiselle Alvarado Vega, William Barrantes Ovaldía, Víctor Manuel Bolaños Mora, Olga Calvo Bogantes, Marco Ramírez Camareno, Hugo Eduardo Campos Villalobos, Filemón Castrillo Castrillo, Eileen Chaves Salas, Jesús Álvaro Chavarría Ávila, Luisa María Díaz Hernández, Carlos A. Flores Baltodano, Gretty L. Fernández Gassiat (sic), José Francisco Guzmán Granados, Steve Gibb Campell, José Roberto López Sáenz, Carlos Alberto Miranda Chacón, Edgar Mora Moya, María de los Ángeles Morales Murillo, Sandra Montero Flores, Luis Alberto Murillo Caldera, Eduardo Morera Ramírez, Margarita Picado Angulo, Gerardo Solano Varela, Álvaro Thompson Quesada, Manuel Eduardo Granados Umaña, Germán M. Villalobos Chaves, Óscar Camacho Vindas y Óscar Luis Trejos Antillón. Ante la Sala, la representación del Banco pide revisar lo resuelto sobre prescripción, respecto de los señores Álvaro Arias Díaz, Rolando Fernández Gassiat y Carlos Luis Vargas Carvajal. El punto de si la defensa fue planteada oportunamente y si respecto de ella se dio audiencia en tiempo a la parte actora, no puede conocerlo la Sala, no sólo porque no se ha planteado como agravio en esta instancia, sino porque en segunda instancia las partes partieron de que los juzgadores podían entrar a conocer si el derecho de los actores estaba prescrito (artículo 560 del Código de Trabajo). En ese orden de ideas, debe revisarse si el derecho de los demandantes aludidos en el recurso en verdad prescribió. Para ello, debe tomarse en cuenta que de acuerdo con el mencionado Voto de la Sala Constitucional número 5969 de las 15:21 horas, del 16 de noviembre de 1993, el término de prescripción aplicable al caso es el contenido en el artículo 602 del Código de Trabajo, el cual reza: “Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de contratos de trabajo prescribirán en el término de seis meses, contados desde la fecha de extinción de dichos contratos”. Según se desprende de los documentos visibles a folios 759 y 760, tomados en cuenta en la sentencia impugnada para resolver, los actores que se dirá dejaron de trabajar para el demandado, el señor Álvaro Arias Díaz el 1° de marzo de 1991, Rolando Fernández Gassiat el 16 de agosto de 1996 y Carlos Luis Vargas Carvajal el 31 de mayo de 1998. Esos actores presentaron un reclamo administrativo el 8 de diciembre de 1997 (folios 13 a 16). La demanda fue interpuesta el 15 de junio de 1998 (folio 1). De lo anterior, se deduce que para la fecha de aquel reclamo administrativo ya habían transcurrido sobradamente más de seis meses de terminada la relación laboral entre los señores Arias Díaz y Fernández Gassiat. No ocurre lo mismo en relación con el señor Vargas Carvajal, quien acudió a la vía administrativa cuando aún no había cesado en sus labores e interpuso la demanda tan sólo quince días después de la cesación. En consecuencia cabe declarar la prescripción de los derechos reclamados por Arias Díaz y Fernández Gassiat.-
VIII.- En cuanto a lo resuelto respecto de la defensa de cosa juzgada la Sala encuentra irregularidades consentidas por las partes. Así, dicha excepción sólo se planteó respecto de algunos actores (folio 52) y no se observa que con posterioridad a trabarse la litis, efectivamente se hubiese invocado como tal con relación a otros demandantes. Sin embargo, se resolvió en sentencia en términos generales, por lo que pareciera que se siguió el proceso partiendo de que dicha defensa se había interpuesto en la contestación de la demanda respecto de todos. Además, no se tomó en cuenta que ya se había resuelto interlocutoriamente (folios 72 y 73). Pese a ello, la Sala se encuentra inhibida de variar el fallo (artículo 560 del Código de Trabajo ya citado), debiendo limitarse a resolver el agravio planteado según el cual, el Tribunal omitió estimar la excepción de cosa juzgada con relación al señor Luis A. Salazar Zúñiga, hoy su sucesión, quien figuró como actor en el proceso que culminó con el fallo de esta Sala Número 36, de las 10:00 horas del 6 de febrero de 1998. Se ha reiterado el criterio de que el fundamento del instituto de la cosa juzgada material es el principio de seguridad jurídica. La sentencia con esa autoridad tiene como atributos: la coercibilidad y la inmutabilidad. Tal y como se indicó en el Voto número 206, de las 9:30 horas, del 14 de agosto de 1998, con ella se pretende evitar la incertidumbre que se produciría con el replanteamiento sucesivo de los asuntos decididos en sentencia. Por su relevancia en nuestro ordenamiento jurídico tiene rango constitucional. Según el artículo 42 de la Constitución Política: “Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión". En el Derecho Civil, la desarrollan los numerales 162 y siguientes del Código Procesal Civil, que corresponde al apartado denominado “Efectos procesales de la sentencia". Sobre el particular, en el Voto número 143, de las 16:10 horas, del 4 de julio de 1997, se resolvió: “III. Al resolver en forma definitiva de las controversias sometidas a su conocimiento, el Estado, a través del Poder Judicial, asume y pone en operación una importante función constitucional: la jurisdiccional. Para que esta función pueda efectuarse de manera eficaz, las decisiones inherentes al ejercicio de la potestad otorgada, revisten dos características fundamentales: inmutabilidad y definitividad absolutas. Solamente en casos de excepción, contemplados por la ley, tales características pueden ser relativas. A esta particularidad de la función jurisdiccional, se denomina en doctrina, COSA JUZGADA. Por su medio se establece que la voluntad del Estado, contenida en la ley, es definitiva e inmutable para el caso concreto, lo cual es básico para la certeza y la seguridad jurídicas. Esa voluntad es declarada por el Juez en sentencia. De esa manera se busca poner fin a los asuntos decididos en un fallo jurisdiccional e impedir el sucesivo replanteamiento del conflicto, para evitar la incertidumbre jurídica; todo propende a la eficacia y a la eficiencia de esa otra función constitucional del Estado. En nuestro medio, los fallos emitidos en un proceso ordinario o abreviado, así como aquellas otras resoluciones señaladas en forma taxativa por ley, tienen autoridad de la cosa juzgada material. Para que la sentencia incida en otro proceso, produzca cosa juzgada, es imprescindible que en ambos procesos exista identidad de partes, causa y objeto, y que, sea opuesta como excepción, en el plazo establecido al efecto ...”. El numeral 162 del Código Procesal Civil, aplicable a la materia laboral a tenor de lo dispuesto por el artículo 452 del de Trabajo, dispone: “Cosa juzgada material. Las sentencias firmes dictadas en procesos ordinarios o abreviados, producen la autoridad y la eficacia de la cosa juzgada material. También producirán aquellas resoluciones a las cuales la ley les confiera expresamente ese efecto./ Los efectos de la cosa juzgada material se limitan a lo resolutivo de la sentencia y no a sus fundamentos, lo cual hace indiscutible , en otro proceso, la existencia o la no existencia de la relación jurídica que ella declara./ No producirá cosa juzgada el pronunciamiento sobre alimentos, patria potestad, guarda, crianza y educación de los hijos menores”. Por su parte, el numeral 163 siguiente dispone: “Requisitos. Para que la sentencia firme produzca cosa juzgada material en relación con otro proceso, será necesario que en ambos casos sean iguales las partes, el objeto y la causa.” (énfasis suplido). Según se puede apreciar, en el expediente número 1138 del año 1991, en el cual se pronunció el Voto 36-98 invocado por el recurrente y que se ha tenido a la vista, figuró entre los demandantes el señor Carlos Alberto Salazar Zúniga, al otorgarle un poder especial judicial al licenciado Carlos Rodríguez Rescia, para que lo representara en el juicio (folio 78 del legajo de ese proceso denominado “Diferencia por aplicación de Escala Salarial. Poder Especial Judicial”). La demanda fue interpuesta contra el Banco de Costa Rica, incluyéndose como pretensión que: “… se ordene en sentencia que el demandado está obligado a reconocer a los actores el pago por diferencia de escala salarial a partir del mes de julio de 1988 hasta el mes de junio de 1990 inclusive, el pago de los intereses respectivos en cada caso, para todos y cada uno de los trabajadores; así como los reajustes salariales que entraron en vigencia desde julio de 1988; debiendo el accionado realizar además los reajustes correspondientes para pagar a los actores las diferencias por vacaciones y aguinaldo ya cancelados, a saber, periodos de 1 de julio de 1988 primero de julio de 1990 (sic), así como su incidencia hasta la fecha de su efectivo pago, una vez firme el fallo, por dichos conceptos; así como la implicación en la no aplicación oportuna de lo expresamente ordenado en la cláusula noventa del fallo arbitral ut-supra indicado; y demás consecuencias que de dicho reajuste corresponda o que pudiera resultar. Los intereses legales sobre todas las sumas que efectivamente se paguen; AMBAS COSTAS DE LA PRESENTE ACCIÓN así como los daños y perjuicios” (folios 2 a 4 de ese otro expediente). Todo con base en un laudo arbitral y en el acuerdo de Junta Directiva N° 54-90. Interpretando la parte dispositiva de la referida sentencia 36-98 a la luz de sus consideraciones, fácilmente se puede colegir que se acogió la caducidad de oficio respecto de los derechos reclamados por los actores representados por el licenciado Rodríguez Rescia. De ahí que, por cumplirse con los requisitos de identidad de partes, objeto y causa, respecto del señor Carlos Alberto Salazar Zúniga, procede acoger la excepción de cosa juzgada.-
IX.- En lo que respecta al fondo del asunto, en primer término debe indicarse que la inconformidad relativa a que los juzgadores presuponen los montos adeudados porque no se probaron, no puede entrarse a analizar al no haber sido planteada en segunda instancia (artículo 608 del Código Procesal Civil aplicable a la materia laboral a tenor de lo dispuesto por el numeral 452 del de Trabajo).-
X.- En la sesión de Junta Directiva del Banco accionado N° 54-90, del 25 de junio de 1990, visible a folios 100 y siguientes, el señor Subgerente General de Banca Siegfried Schosinsky Nevermann, dio cuenta de que en la sesión N° 25-86, Artículo VII, celebrada el 24 de marzo de 1986, la Junta Directiva autorizó llevar a cabo un estudio integral de puestos, mediante la contratación de consultores en la materia. Asimismo, refirió que en la sesión N° 116-86, Artículo VII del 10 de diciembre del mismo año, se adjudicó el Concurso de Antecedentes N° 3582 “Estudio Integral de Clasificación y Valoración de Puestos” a la oferta de los Licenciados Raúl Heraud Calvo y Eduardo Zumbado Jiménez. En esa misma oportunidad brindó un detalle de los resultados del referido Estudio, específicamente de los sueldos básicos recomendados por la firma consultora para cada una de las categorías, actualizados con el aumento por costo de la vida del 16.94% “que rigió a partir del 1° de julio de 1989”. Por lo expuesto, la Junta Directiva acordó: “1.- Aprobar el Estudio Integral de Clasificación y Valoración de Puestos del Banco de Costa Rica, cuya implementación se efectuará a partir del 1 de julio de 1990. Para tal efecto se deberán realizar las modificaciones presupuestarias que correspondan, e incluir el costo de su aplicación, que asciende aproximadamente a ¢45.0 millones, en la segunda modificación al Presupuesto Ordinario del presente año, la cual se incluiría con el aumento general que se efectuará a partir del 1 de julio de 1990. 2.- Modificar la escala de salarios vigente, conforme se indica en el detalle que se transcribe en la parte expositiva de este acuerdo. 3.- Encargar al señor Gerente General Lic. Rodolfo Ulloa Antillón para que gire las instrucciones del caso, a efecto de que se le envíe una circular al personal de la Institución comunicándole la resolución tomada en esta oportunidad, haciéndole la observación que esta Junta Directiva reconoce que a pesar de que el monto del ajuste no es muy significativo individualmente, al Banco le representa una erogación anual de ¢90.0 millones. Asimismo se le deberá manifestar al personal que, de conformidad con lo que establece el artículo 91 del Laudo Arbitral Vigente, se está procediendo a revisar el aumento salarial anual que le corresponde de acuerdo con el aumento de costo de vida, por lo que oportunamente se les comunicará lo correspondiente”. En el caso concreto, interesa determinar si los actores tienen un derecho adquirido a recibir desde el 1° de julio de 1988 los beneficios económicos de ese Estudio de Clasificación y Valoración de Puestos aprobado en 1990 cuyos efectos fueron dispuestos a partir del 1° de julio de ese año. El artículo 90 del Laudo Arbitral N° 657 del 30 de junio de 1988 dictado por la Sección Primera del Tribunal Superior de Trabajo de San José, adicionado mediante Voto N° 1158, del 1° de diciembre siguiente, invocado para respaldar la tesis de la parte actora, literalmente expresa: “COMISION DE CLASIFICACION Y VALORACIÓN DE PUESTOS Y DE LA ESCALA DE SUELDOS Cualquier estudio de clasificación y valoración de puestos, sea de carácter individual o integral, que se realice en el Banco, será resuelto en forma definitiva y exclusiva por la Administración Superior del Banco. El resultado que no sea de la aceptación del empleado, será sometido a la consideración de la Comisión de Clasificación y Valoración de Puestos, que hará la recomendación correspondiente a la Gerencia para su resolución definitiva. Dicha Comisión estará integrada así: a) El Jefe General de Recursos Humanos o su suplente b) El Jefe de la Sección Investigación y Políticas de Personal o su Suplente c) El Jefe de la Sección de Análisis Administrativo o su Suplente d) El Delegado Sindical de la Oficina a que pertenece el puesto o su Suplente y e) Un miembro de la Junta Directiva de Unebanco o su Suplente. Se adiciona: Los derechos que se hubiesen obtenido por clasificación y valoración de puestos, se regirán a partir del 1 de julio de 1988” (énfasis suplido). No se comparte la tesis invocada en el recurso, sobre la inexistencia de fundamento para dar mayores alcances al Estudio aprobado en 1990, que los dispuestos por la Administración. Si bien es cierto, la redacción de la norma citada no es lo suficientemente clara, las referencias mencionadas permiten interpretar, sin lugar a dudas, de que al momento de la adopción del instrumento arbitral, se estaba tomando en cuenta como un derecho adquirido de los trabajadores, los resultados del Estudio de Clasificación y de Valoración de Puestos que ya se estaba realizando y que se había ordenado hacer desde 1986. Es decir, en esa oportunidad, se imponía, por razones de justicia laboral, brindarle efectos extensivos a los resultados que arrojara el Estudio, retrotrayéndolos a la fecha que definitivamente se insertó en el artículo 90. Esa interpretación se impone como razonable, toda vez que, el trabajo se venía realizando desde mucho tiempo antes, época para la cual se consideró la necesidad de una nueva clasificación y valoración de los puestos, se entiende, porque la que regía hasta el momento no armonizaba con la realidad laboral y organizativa de la entidad bancaria. La fecha tomada en consideración en el citado numeral 90 (1° de julio de 1988), armoniza con la dispuesta como fecha de rige de los aumentos salariales anuales al amparo de la cláusula 58. Cláusula esta otra que ya la Sala tuvo la oportunidad de interpretar, en ese mismo sentido en el Voto N° 175, de las 14:40 horas, del 20 de agosto de 1997.-
XI.- Es cierto que mediante el Voto de la Sala Constitucional N° 1696, de las 15:30 horas del 23 de junio de 1992, se declararon inconstitucionales los artículos 368 (parte segunda) y 497 a 553 del Código de Trabajo (antigua numeración), respecto de las administraciones públicas con régimen de empleo de naturaleza pública. Ese fallo fue adicionado y aclarado, mediante el Voto N° 3285, de las 15:00 horas, del 30 de octubre de 1992, en los siguientes términos: “a) En cuanto a los laudos sin plazo, con prórroga automática o prorrogados de hecho, las cláusulas que reconozcan derechos directamente a favor de los servidores o de sus organizaciones sociales, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 1993, por razones de equidad; las restantes cláusulas se tendrán por fenecidas a la fecha de publicación del fallo de la Sala; b) al vencer los laudos conforme a su plazo o según la regla del apartado anterior, se mantendrán los derechos adquiridos y las situaciones consolidadas al amparo de los laudos por los trabajadores protegidos actualmente por ellos ...”. Respecto de los derechos adquiridos esta otra resolución consideró: “Entiende la Sala que el derecho adquirido sería el que se ha obtenido en firme, por la vigencia del laudo, aún cuando a hoy aquel haya fenecido formalmente, por manera que se ha incorporado a la relación, en la medida en que no haya necesidad de acudir nuevamente al texto, clausulado o mecanismos allí establecidos (porque evidentemente ya no es posible), para que se produzca el derecho o beneficio”. Ese mismo Tribunal precisó el concepto de “derecho adquirido”, en su Voto N° 2765, de las 15:03 horas del 20 de mayo de 1997, en el cual indicó: “Los conceptos de "derecho adquirido" y "situación jurídica consolidada" aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la "situación jurídica consolidada" representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que-por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado- haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). Desde esta óptica, la situación de la persona viene dada por una proposición lógica del tipo «si..., entonces...»; vale decir: si se ha dado el hecho condicionante, entonces la "situación jurídica consolidada" implica que, necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado. En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege tornándola intangible la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica…”. Según el artículo 121 del Laudo 657, del 30 de junio de 1988 y adicionado por resolución número 1158 del 1° de diciembre de ese año, su fecha de vigencia es de dos años a partir de la firmeza del mismo, es decir, a partir del día 9 siguiente. Mas, en esa norma también se hizo constar lo siguiente: “No obstante las garantías y derechos que otorga a las partes, seguirán vigentes hasta tanto no se tenga un nuevo instrumento legal, que continúe regulando las relaciones entre el Banco, sus trabajadores y Unebanco”. Tomando en cuenta que el Estudio de Clasificación y de Valoración de Puestos fue aprobado el 25 de junio de 1990 y que como se analizó, sus efectos económicos los debió reconocer la entidad bancaria, desde el 1° de julio de 1988, en aplicación de los antecedentes jurisprudenciales citados, vinculantes para esta otra Sala a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, debemos arribar a la conclusión de que la anulación del instrumento arbitral, dispuesta con posterioridad, dejó a salvo los derechos de los servidores, que como los actores, para entonces ya los habían adquirido, pues habían nacido y se habían incorporado a su relación de empleo, cuando el laudo estaba vigente.-
XII.- La parte recurrente alega que para la procedencia legal del incremento y de su correspondiente pago, el laudo estableció un requisito o condición esencial, cual es, la aprobación previa del órgano contralor (artículo 94). La referida norma establece: “Con el fin de dar contenido económico a todos los artículos de este Laudo, así como a la ejecución de la dedicación profesional, cuando se dé el caso de aumentos directos de sueldos, o cuando resulten los salarios mínimos y otros por antigüedad y méritos, se deberá confeccionar y remitir de inmediato a la Contraloría General de la República el correspondiente presupuesto para el trámite legal”. De ese numeral no se desprende que el contenido económico se incluyera como un requisito para la existencia del derecho, pues, en esos términos no se dispuso. Por otro lado, en el recurso se señala que la resolución 1158 del 1° de diciembre de 1988 que homologa el laudo, no es una sentencia según lo reconoció esta Sala en su Voto número 36, de las 10:00 horas, del 6 de febrero de 1998, sino, una norma administrativa y, por ende, no tiene el carácter de cosa juzgada. Para la jurisprudencia los laudos son sentencias entre las partes, pero no para los terceros, para quienes sólo producen un efecto normativo, producto de una actividad que en el fondo es legislativa, delegada a la jurisdicción, con el propósito de que los conflictos económico-sociales del ámbito laboral puedan resolverse en forma flexible. Aún cuando los actores no litigaran en el proceso colectivo, el Laudo es una ley que puede ser invocada por ellos, es decir, por todos los funcionarios que se encuentren en la misma situación de quienes figuraron como parte en aquel proceso: “IV.- Los laudos arbitrales, dictados para solucionar conflictos colectivos de carácter económico-social, son, entre las partes, sentencias jurisdiccionales y, como tales, pueden considerarse con fuerza de cosa juzgada. Sin embargo, en ellos, ese efecto, reviste características distintas al propio de las individuales, ya que tienen una vigencia temporal y, su mandato, puede adaptarse a circunstancias sobrevinientes... Su contenido típico es normativo y, sólo por vía de excepción, incluyen extremos declarativos o constitutivos de derechos individuales (obligaciones concretas); caso en el cual, en ese aspecto, pueden estimarse, además, decisiones ejecutivas. Ciertamente, a diferencia de los fallos que resuelven conflictos jurídicos individuales, con fundamento en textos legales ya dictados, los laudos de análisis, lo que hacen es crear normas, a las que deben ajustarse las relaciones particulares que estén en las misma situación de disposición creada. "El juez, dentro del proceso colectivo de trabajo, más que una sentencia dicta una norma de Derecho Público, a la cual habrán de ajustarse cuantos se encuentren en las circunstancias previstas en la norma que la sentencia representa. Se consideran aquí los intereses de una categoría profesional, más que los particulares de los individuos que los componen." (Cabanellas, Guillermo, Derecho de los Conflictos Laborales, Buenos Aires, Biblioteca Omeba, 1966, N° 444). La sentencia colectiva es, entonces, "...el resultado de una controversia, pero no se funda en un texto legal, no reconoce un derecho preexistente, lo cual desvirtúa precisamente su carácter de sentencia; crea la norma a la cual han de ajustarse las sucesivas relaciones jurídicas. Es sin duda, el resultado de un ordenamiento en el cual el Estado delega facultades legislativas en uno de sus órganos jurisdiccionales, que de esa manera ha de resolver el conflicto que se le plantea. Al dictar la norma a la cual habrán de ajustarse las relaciones individuales, dentro de la categoría profesional de que se trate, el magistrado de trabajo está creando Derecho, y no aplicando éste; dicta la norma, no la aplica. Se convierte así el magistrado de trabajo en una jurisdicción especial, y además especializada, con facultades legislativas." (Ibíd, N° 451)... Según la doctrina, la sentencia colectiva "...tiene un doble aspecto: a) para las partes que han litigado, se trata de una verdadera sentencia y de un acto jurisdiccional; b) para los terceros, trabajadores o patronos a quienes alcanza sin haber actuado expresamente, constituye una pura actividad legislativa. Sea un acto jurídico para las partes en litigio, y una disposición de orden normativo para los terceros a quienes se aplica." (Couture, Eduardo J., "Algunas nociones de Derecho Procesal del Trabajo", en Estudios de Derechos Procesal Civil, Tomo I, pp. 272 y ss.). En realidad, agrega Cabanellas, este tipo de pronunciamientos "...no interpreta o restablece derechos, sino que crea la norma. No se trata de resolver conflictos individuales para establecer la condena de la parte vencida y proclamación jurídica de la vencedora; sino de fijar después de un procedimiento privativo de esa acción, determinadas disposiciones que tienen, hasta cierto punto, el valor de una ley, por declarar derechos, de futura vigencia para todos los comprendidos en la situación controvertida y fallada." (Op. cit., No. 446).- “ (Voto N° 124, de las 14:30 horas, del 20 de mayo de 1998). En este caso, no se acreditó que los actores fueran parte del proceso que culminó con el mencionado laudo, por lo que debemos partir que a su respecto, es norma profesional y no sentencia. Una vez nacida a la vida jurídica, la norma que crea el derecho mediante el laudo arbitral, no podría eludirse su aplicación, aduciéndose problemas de orden presupuestario, pues, como se dijo, sus efectos son de carácter netamente normativo para quienes no fueron parte en el proceso y para quienes sí figuraron como tales es una sentencia, debiendo cumplirse sin discusión alguna.-
XIII.- RECURSO DE LA PARTE ACTORA: Se alega que en la lista de beneficiarios e incluidos en sentencia por un error material se señaló un número de cédula o no se incluyó a las siguientes personas: Nombre correcto y número de cédula: 1.- Carlos Roberto Valverde Umaña, cédula de identidad número 2-171-089; 2.- José Alberto Valverde Monge, cédula de identidad número 2-200-554; 3.- Óscar Milton Camacho Vargas, cédula de identidad número 1-571-757. Nombres y número de cédula no incluidos en la lista: Marco Riley Chambers, cédula 1-721-421; 2.- María Teresa Cabrera Robles, cédula 9-042-865; 3.- Fernando Orozco Mejía, cédula 1-576-289; 4.- Ronald Rodríguez Barrantes, cédula 1-576-243. Según se indica en el recurso todas esas personas firmaron el reclamo para el agotamiento de la vía administrativa, escrito de demanda y poder especial, por lo que la sentencia omisa a su respecto les ha causado una grave lesión. Efectivamente, lleva razón el recurrente en cuanto observa los siguientes errores materiales en el encabezado de la sentencia impugnada, los cuales procede corregir a tenor de lo dispuesto por el artículo 161 del Código Procesal Civil aplicable a la materia laboral por remisión del 452 del de Trabajo: el nombre correcto de Camacho Vargas es Óscar Milton y no Milton Óscar y; el número de cédula de Valverde Umaña es 2-171-089 y no 2-170-089. No se aprecia error alguno en cuanto al nombre o número de documento de identidad del señor José Alberto Valverde Monge, cédula 2-200-554. En la parte dispositiva de la sentencia impugnada, al amparo de aquella norma debe corregirse el segundo apellido de la actora Gretty L. Fernández para que diga Cascante y no Gassiat como con error se indicó. Por otro lado, esta Sala no puede entrar a conocer el reclamo relacionado con la omisión de incluir a los señores Marco Riley Chambers, cédula 1-721-421; María Teresa Cabrera Robles, cédula 9-042-865; Fernando Orozco Mejía, cédula 1-576-289 y Ronald Rodríguez Barrantes, cédula 1-576-243; por tratarse de un problema de congruencia del fallo el cual es de naturaleza formal y no de fondo (artículo 559 del Código de Trabajo).
XIV.- Para la parte actora es improcedente la aplicación de la cosa juzgada material como lo hizo el Tribunal con base en el aludido Voto N° 36-98, al no existir igualdad de partes, objeto y causa. Para brindar respuesta a ese agravio basta con remitirse al análisis realizado en el Considerando IV de este fallo.-
XV.- En cuanto al extremo de intereses se pide computarlos desde que surgió la obligación y no desde la presentación de la demanda. La parte carece de interés para hacer dicho reclamo, dado que en la sentencia impugnada se modificó el fallo del a quo en ese aspecto, para reconocer intereses a partir del 1° de julio de 1988 y hasta su efectivo pago.-
XVI.- En armonía con lo expuesto, procede revocar el fallo en cuanto denegó la excepción de prescripción respecto de los derechos reclamados por Álvaro Arias Díaz y Rolando Fernández Gassiat, para en su lugar, acogerla. También debe revocarse la denegatoria de la excepción de cosa juzgada con relación al reclamo del señor Carlos Alberto Salazar Zúniga, debiendo esta defensa declararse con lugar. Como consecuencia de lo anterior, la demanda de esos actores debe denegarse sin especial condenatoria en costas, por haber litigado con evidente buena fe (artículo 222 del Código Procesal Civil aplicable conforme con el artículo 452 del de Trabajo). Procede corregir los errores materiales contenidos en el encabezado del fallo para que se indique que el nombre correcto del actor Camacho Vargas, cédula de identidad número uno-quinientos setenta y uno-setecientos cincuenta y siete, es Óscar Milton y no Milton Óscar y el número de cédula de identidad de Carlos Roberto Valverde Umaña, es dos-ciento setenta y uno-cero ochenta y nueve y no dos-ciento setenta cero ochenta y nueve. Asimismo procede corregir el segundo apellido de la actora Gretty L. Fernández el cual es Cascante y no “Gassiat” como con error se consignó en la parte dispositiva del fallo. En lo demás objeto de agravio, procede mantener lo resuelto.-
Se revoca el fallo impugnado en cuanto denegó la excepción de prescripción respecto de los derechos reclamados por Álvaro Arias Díaz y Rolando Fernández Gassiat, para, en su lugar, acogerla. También se revoca la denegatoria de la excepción de cosa juzgada en relación con el reclamo del señor Carlos Alberto Salazar Zúniga, defensa que se declara con lugar. En consecuencia, se deniega la demanda respecto de los actores Arias Díaz, Fernández Gassiat y Salazar Zúñiga, sin especial condenatoria en costas. Se corrigen los errores materiales contenidos en el encabezado del fallo, para que se indique que el nombre correcto del actor Camacho Vargas, cédula de identidad número uno-quinientos setenta y uno-setecientos cincuenta y siete, es Óscar Milton y no Milton Óscar y el número de cédula de identidad de Carlos Roberto Valverde Umaña es dos-ciento setenta y uno-cero ochenta y nueve y no dos-ciento setenta cero ochenta y nueve. Asimismo se corrige el segundo apellido de la actora Gretty L. Fernández el cual es Cascante y no “Gassiat” como con error se consignó en la parte dispositiva del fallo. En lo demás objeto de agravio, procede mantener lo resuelto.-
Zarela María Villanueva Monge
Ana Luisa Meseguer Monge Óscar Bejarano Coto