Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1333
Timestamp: 2018-03-18 15:32:36
Document Index: 102871546

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 117', 'Artículo 26', 'Artículo 85', 'Artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 115', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 27', 'artículo 73', 'Artículo 73', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 87', 'Artículo 87', 'artículo 64', 'artículo 64', 'Artículo 127', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 127', 'artículo 11', 'artículo 58', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 58', 'artículo 10', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 72', 'artículo 58', 'artículo 37', 'artículo 26', 'artículo 109']

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 12 DE FEBRERO DE 2013.
-EL C. PRESIDENTE ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO: (11:10 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores.
-LA C. SECRETARIA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 74 ciudadanos senadores y senadoras.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se abre la sesión del martes 12 de febrero correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Compañeros senadores: Informo a ustedes que la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, suscribió un acuerdo para constituir el Consejo Consultivo de Diplomacia Parlamentaria, al cual solicito a la Secretaría dé lectura.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Doy lectura al acuerdo:
Primero.- Se conforma el Consejo Consultivo de Diplomacia Parlamentaria, instancia plural que apoyará en la Mesa Directiva en la planeación de las tareas que tiene a su cargo en materia de diplomacia parlamentaria y de relaciones internacionales.
Segundo.- Dicho Consejo se conformará por todos los integrantes de la Mesa Directiva y los presidentes de las ocho comisiones de Relaciones Exteriores.
Tercero.- La Presidencia del Consejo Consultivo de Diplomacia Parlamentaria, estará a cargo del Presidente de la Mesa Directiva, en caso de ausencia, será suplido por uno de los vicepresidentes de este órgano de gobierno.
Cuarto.- El Consejo Consultivo contará con el apoyo de la coordinación general del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, y no dispondrá de presupuesto propio, salvo que así lo acuerde la Mesa Directiva.
Además, el Consejo podrá formar grupos de trabajo que se encargarán de organizar la realización de tareas específicas.
Estos grupos de trabajo estarán conformados por dos integrantes de la Mesa Directiva, por quien presida la comisión de Relaciones Exteriores y por quien presida la comisión de Relaciones Exteriores que corresponda, según la materia que e trate.
La coordinación general del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, realizará las funciones del secretariado técnico, tanto para el Consejo Consultivo, como para los grupos de trabajo.
Quinto.- El Consejo Consultivo remitirá el plan de trabajo y el calendario de actividades respectivo, a la Mesa Directiva para su consideración. Dentro de los primeros quince días de cada año de ejercicio legislativo.
Además dará seguimiento a los acuerdos que en materia internacional y de diplomacia parlamentaria, adopte la Mesa Directiva.
Sexto.- La Mesa Directiva impulsará de manera institucional las resoluciones del Consejo Consultivo en el ámbito internacional parlamentario.
Único.- Por esta ocasión el Consejo Consultivo entregará el plan de trabajo y el calendario de actividades correspondiente, dentro de los primeros quince días del mes de febrero.
Senado de la República, a los once días del mes de febrero de dos mil trece.
Mesa Directiva. Firman todos los integrantes.
De no haber comentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Aprobado el acuerdo para constituir el Consejo Consultivo de Diplomacia Parlamentaria.
Pasamos al siguiente acuerdo.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió una comunicación de la directiva de la comisión de Justicia, con la que remite acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y metodología para la celebración de audiencias públicas, respecto de las iniciativas presentadas para la expedición del nuevo Código de Procedimientos Penales.
-EL C. PRESIDENTE JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió un oficio de la comisión Bicameral del Canal de Televisión, por el que informa que el pasado 6 de febrero, se llevó a cabo su sesión de instalación, y se eligió a los integrantes de su mesa directiva.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite propuesta de nombramientos de empleados superiores de Hacienda, a favor de los ciudadanos Marcela Andrade Martínez, como titular de la Unidad de Coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Oscar Molina Chie, como Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.
Jaime Eusebio Flores Carrasco, como Administrador General Jurídico del Servicio de Administración Tributaria. Y
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese dicha documentación a la comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió con el remite Informe Semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al período julio-diciembre de 2012.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Remítase dicha información, a la comisión de Comunicaciones y Transportes.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, su Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones correspondiente al tercer trimestre de 2012.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Remítase copia del informe referido, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió un acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que expresa al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, su simpatía por la posibilidad de una reforma migratoria integral.
En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al senador José Francisco Yunes Zorrilla, para presentar a nombre propio y del senador Emilio Gamboa Patrón y de los senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, los siguientes asuntos:
Un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73 y 117 de nuestra Constitución.
Un proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, y se reforma la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Deuda Pública.
En el uso de la palabra el senador José Francisco Yunes Zorrilla.
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, muy buenas tardes. Con el permiso del senador presidente.
Destacando la presencia de las señoras senadoras y de los señores senadores de esta legislatura.
Acudo a esta tribuna, con mucho aprecio y mucho respeto, para presentar dos iniciativas.
Dos iniciativas, en conjunto con el senador Emilio Gamboa, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; de mis compañeros integrantes del grupo y también de los señores senadores integrantes del Partido Verde Ecologista de México, a quienes agradecemos su confianza y su respaldo.
Dos iniciativas consecuentes, con la expresión histórica que acompaña y respalda al Partido Revolucionario Institucional.
Aquélla que tiene que ver con los principios federales, de total y completo respeto al federalismo; con la expresión histórica que recoge nuestra grupo parlamentario y que tiene que ver con el uso responsable de las finanzas públicas; con la expresión histórica que implica el utilizar todos los instrumentos políticos y financieros al servicio de la población.
Por eso es que en el marco del Pacto por México, consideramos de suma importancia, tomar medidas que ayuden a las entidades federativas y a los municipios, a evitar problemas de solvencia financiera, que repercuta en el bienestar y en el desarrollo del país.
Los senadores del Partido Revolucionario Institucional…
(SIGUE 2ª. PARTE)… de solvencia financiera, que repercutan en el bienestar y en el desarrollo del país.
Los senadores del Partido Revolucionario Institucional y los senadores del Partido Verde Ecologista de México, somos sensibles a las preocupaciones de estados y municipios, y refrendamos nuestro compromiso con la consolidación de una estructura de finanzas públicas sanas.
Ambas iniciativas que se presentan tienen por objeto establecer un nuevo marco jurídico para el manejo sostenible de las finanzas públicas, incluyendo el uso responsable y moderado del endeudamiento público para financiar el desarrollo.
A raíz de la problemática que se ha identificado en los niveles de endeudamiento público de algunas entidades federativas y de algunos municipios, resulta impostergable atender la misma con un enfoque integral. Es decir, no sólo atender la coyuntura que prevalece en estos momentos, sino realizar una reforma de fondo que atienda dicha problemática de manera definitiva.
De esta manera no sólo es necesario establecer nuevas reglas para la contratación del endeudamiento público, sino un nuevo marco jurídico que permita buscar, equiparar en los tres órdenes de gobierno el manejo de las finanzas públicas en su conjunto y el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo.
Con una visión integral se propone, primero, la adición a la fracción VI del artículo 73 y reformar el artículo 117, fracción VIII de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión, para legislar en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, incluyendo en las leyes que se expidan en dichas materias principios presupuestarios de deuda pública y de transparencia aplicables a la federación, los estados y los municipios, así como en el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, creando así un nuevo esquema de endeudamiento público para los estados y los municipios.
No se pretende de forma alguna que la regulación presupuestaria de deuda pública y transparencia se vuelva materia federal, sino que el Congreso de la Unión establezca los principios generales aplicables a dichas materias en todos los órdenes de gobierno para lograr los objetivos descritos. Pero que sean éstos los responsables de aplicar dichos principios conforme a la legislación local que establezcan en el marco de la regulación nacional.
En segundo término, se propone una iniciativa con proyecto de decreto por la que se expida la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Y se reforman las leyes General de Deuda Pública y la Ley de Coordinación Fiscal.
El objetivo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, es establecer los principios generales que deberán observar las entidades federativas y los municipios para asegurar un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
La nueva ley tiene tres ejes rectores.
Uno.- El equilibrio presupuestal, exceptuando los casos de inversión y desastres naturales en los cuales se tendrá un periodo límite para volver al equilibrio.
Segundo.- Un uso prudente de deuda sujetando la afectación de participaciones a un límite que depende de sus ingresos disponibles. Y
Tercero.- Un esquema de incentivos en la implementación de la deuda estatal garantizada que promueva el ordenamiento de las finanzas pública a través de convenios con medidas específicas para cada entidad.
En este sentido, se proponen principios generales en materia presupuestaria de endeudamiento y de transparencia que se apliquen de manera homóloga en dichos órdenes de gobierno con algunas diferencias en la aplicación de dichos principios en los municipios en el reconocimiento de la diferencia del manejo de las finanzas públicas y en el desarrollo institucional de dicho orden institucional.
Amigos senadores, señoras senadores.
El Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional cumple al presentar esta iniciativa con el compromiso suscrito de tiempo atrás en materia de deuda pública, de manejo responsable de las finanzas públicas, de apego a los principios de transparencia y de rendición de cuentas.
El Partido Revolucionario Institucional, con representación en esta Cámara de Senadores, se suma a la preocupación de los distintos senadores, de los distintos grupos parlamentarios para hacer de la deuda pública un instrumento que financie desarrollo y que explique el crecimiento de los municipios en términos de su administración y de su respuesta en términos de su compromiso social frente a la gente.
Queda a disposición de la Mesa Directiva de esta Cámara esta iniciativa propuesta por el senador Emilio Gamboa.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador José Francisco Yunes Zorrilla.
-EL C. SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA (Desde su escaño): Para propósitos de la presentación de esta iniciativa del senador Yunes y del senador Emilio Gamboa.
El tema de deuda estados y municipios es un tema que interesa de manera muy especial al Senado de la República.
Ya hay iniciativas de senadores del PRD, la presentada por Armando Ríos Pitter y por Benjamín Robles; y propuestas de Punto de Acuerdo desde la Comisión Permanente del receso anterior.
Ya hay iniciativas del Partido Acción Nacional. Y hoy se presenta la relativa al Partido Revolucionario Institucional.
Eso acredita el interés del Senado sobre el tema de deuda, estados y municipios. Hay condiciones para que acá en el Senado se construya una propuesta común.
Hay condiciones y este es un ejemplo de cómo el Senado puede tomar temas del interés nacional de que sea en un órgano del Congreso de la Unión donde se construyan estas propuestas.
Por tanto, expreso la voluntad del Grupo Parlamentario del PRD para entablar de inmediato negociaciones con todos los grupos parlamentarios y poder construir una propuesta común.
Felicito a la bancada del PRI por la propuesta presentada en esta sesión.
Felicito a la bancada del PAN por la propuesta presentada la semana anterior.
Y desde luego felicito a los senadores del PRD que presentaron su propuesta y han hecho suyo este tema.
La solicitud es también para que se turne a la Comisión de Hacienda, además la de Puntos Constitucionales. Porque en la lógica del Proceso Legislativo, aún cuando primero tendrá que ver reforma constitucional, paralelamente se tendrá que estar construyendo la Reforma a la Ley Secundaria, a éstas que hoy forman parte de la iniciativa.
Entonces el exhorto es a las bancadas para que podamos instalar de inmediato la negociación que nos conduzca a la construcción de una propuesta.
De verdad mis felicitaciones a todos ustedes. Gracias.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador Miguel Barbosa.
Con gusto tomamos en cuenta la inquietud que usted ha presentado. Y tal y como se….
Sonido por favor en el escaño de Francisco Domínguez.
-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN (Desde su escaño): Presidente, para sumarnos a la propuesta del senador Miguel Barbosa, del PRD. Y festejar la iniciativa de reforma constitucional de deuda estados y municipios, que la semana pasada presentara el senador Carlos Mendoza. Y cierto que el senador Ríos Pitter mandó su propuesta en la Permanente y hoy lo hace el presidente de la Comisión de Hacienda del Partido Revolucionario Institucional. Y aceptar departe del Grupo Parlamentario del PAN que empecemos de inmediato un tema trascendente para los estados y municipios de este país.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador Francisco Domínguez. Desde luego se turnará esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, a la de Estudios Legislativos, Segunda, y también con vista…..
(Sigue 3ª parte). . . . . . . . . . . . para los Estados y Municipios de este país.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Francisco Domínguez, desde luego se turnará esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, a la de Estudios Legislativos Segunda, y también con vista a la Comisión de Hacienda tal y como se hizo en las iniciativas que se presentaran en sesiones anteriores.
El proyecto de ley de disciplina financiera y reformas a otras leyes en la materia se turnará a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera.
A continuación, se le concede el uso de la tribuna a la Senadora Adriana Dávila Fernández para presentar, a nombre propio y del Senador Ernesto Cordero Arroyo y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con el aval del grupo, un proyecto de decreto que reforma el Artículo 26, Constitucional, en el uso de la palabra, señora senadora.
- LA C. SENADORA DAVILA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente, efectivamente estoy aquí para presentar a nombre propio, del Senador Ernesto Cordero y del Grupo Parlamentario de Acción Nacional una iniciativa para dar autonomía al Consejo Nacional de Evaluación y Política Publica.
México es un país que por muchos años ha luchado por establecer y consolidar un sistema de gobierno democrático y libre de pobreza, son muchos los retos que debemos enfrentar.
Los mexicanos con mucho esfuerzo y perseverancia nos hemos dado a instituciones fuertes y autónomas que nos han permitido dar paso firme en su democratización.
Así superamos el régimen autoritario y centralista que gobernó durante décadas. Así, además de reformas transcendentales como la de seguridad y justicia de 2008 ó la de derechos humanos de 2011, también se ha fortalecido la desconcentración del poder mediante la separación de poderes propia de las grandes democracias.
Los titulares de los poderes ejecutivos federal, estatales y municipales no pueden ser juez y parte en la evaluación de programas y políticas públicas.
Lo anterior implica que las distintas funciones estatales no corresponden a un solo sujeto, sino que se dividen entre los distintos poderes de la unión.
De esta manera, se ha fortalecido el control del poder mediante la creación de organismos autónomos cuyo objetivo principal es la rendición de cuentas de los otros poderes.
Así, la democracia se extiende con base en un sistema de control de las actividades del Poder Ejecutivo quien de ninguna manera debe actuar de forma arbitraria y desmedida.
Esos organismos autónomos tienen como punto toral su autonomía jerárquica al no depender directamente de ninguno de los otros poderes. Es decir, deben ser independientes, no estar sometidos a ningún poder en la toma de decisiones que debe ser, insisto, autónoma y con base elementos indicadores y criterios.
Por eso, el uso de recursos económicos para combatir la pobreza debe ser evaluada por un ente autónomo al Ejecutivo; debe tener indicadores claros, sin sesgos ni tintes políticos.
Sin lugar a dudas la pobreza debe ser combatida con todos los medios que el Estado tiene a su disposición.
Es inadmisible que en México existan seres humanos sometidos a la falta de alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.
La lucha contra la pobreza debe estar bien enfocada y no prestarse a la obtención de beneficios para quienes manejan programas de desarrollo social.
Por eso, resulta indispensable contar con un organismo autónomo que evalúe las políticas públicas en la materia, y que mida la pobreza de forma objetiva.
Si la política social busca ser un mecanismo para generar condiciones de equidad social mediante la inversión del Estado para eliminar la pobreza, entonces, las políticas sociales implementadas por el Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales tienen que ser real y eficientemente evaluadas por un órgano ajeno a dicho poder que garantiza su independencia respecto de cualquier otro poder constituido.
El CONEVAL ha enfocado su valor en el diseño, capacidades técnicas para generar datos objetivos sobre la aplicación de la política social y la medición de la pobreza, y que ambos casos sean de utilidad para mejorar la toma de decisiones en la materia.
El Artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social dispone que la administración del CONEVAL esté a cargo de un comité directivo presido por el Secretario de Desarrollo Social quien es nombrado directamente por el Presidente de la República. Por tanto, el CONEVAL se encuentra subordinado en la voluntad del Ejecutivo Federal debido a que su administrador y su órgano operativo son nombrados por él.
De tal manea que están sujetas a las circunstancias políticas y voluntad del Presidente careciendo de autonomía para sus decisiones y funciones.
Con la presente iniciativa pretendemos evitar que las evaluaciones hechas por el CONEVAL carezcan de unilateralidad y discrecionalidad; en consecuencia se generarán mejores políticas que sean coherentes y responsables ante el problema de la pobreza que aqueja a México.
La LX iniciativa tiene por objeto dotar de autonomía constitucional al CONEVAL, y que cuente con independencia suficiente para cumplir con sus objetivos convirtiéndose en una institución digna de credibilidad y rigor técnico que contribuya a la mejora de la política de desarrollo social.
En tal virtud, se propone cambiar el contenido del apartado B del Artículo 26 de la Constitución para cambiar la denominación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social por el de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que será un organismo constitucional autónomo público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios.
Este organismo tendrá a su cargo la evaluación de la política de desarrollo social mediante la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de los programas de desarrollo social para corregirlos, modificarlos, adicionarlos o reorientarlos.
Los miembros de este organismo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.
También es importante señalar que las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán organismos con autonomía constitucional para la evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal.
De esta manera en Acción Nacional seguiremos trabajando por la defensa de nuestra democracia y por la consolidación de una sociedad moderna carente de pobreza y como un desarrollo constante.
Con la presente propuesta, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional da pasos firmes hacia el cumplimiento de su agenda legislativa para el presente período ordinario consistente en brindar autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como establecer en los demás niveles de gobierno de existencia de mecanismos que evalúen de forma independiente y objetiva las políticas públicas en materia de desarrollo social, lo que sin duda brindará un mejor andamiaje en la evolución y diseño efectivo de éstas.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Adriana Dávila Fernández, túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera.
A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se modifica el Artículo Sexto Constitucional, en el uso de la palabra, señor senador.
- EL C. SENADOR SANCHEZ JIMENEZ: Muchas gracias, senador Presidente, pediría que se inserte completo el texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros, senadoras y senadores: La Reforma al Artículo Sexto Constitucional que hoy presentamos trasciende a las libertades clásicas o derechos humanos de primera generación: La libertad de expresión, el derecho a la información y la constitucionalización de la opinión pública forman las potestades con mayor grado de evolución en nuestro siglo.}
Nuestro objetivo, consolidar el derecho a la información, robustecer el derecho de todos y todas a recibir información, a investigarla, y sobre todo a opinar en los asuntos que son de carácter público del interés de la república.
Pretendemos acabar con la anquilosada Ley de Imprenta, y dar paso a una nueva ley que tenga por objeto ampliar la libertad de expresión y proteger a la opinión pública.
Con los cambios sugeridos el día de hoy, nos comprometemos con os trabajadores de los medios de comunicación a instituir los derechos del secreto profesional y la cláusula de conciencia, que nadie pueda ser separado de su trabajo por opiniones vertidas.
Consolidar el derecho de periodistas y ciudadanos para que en el espacio público todos tengan la máxima libertad de acotar a los poderes del Estado y los monopolios de opinión. Nuestro objetivo es la ciudadanización plena de la política.
En la democracia es indispensable evaluar el desempeño de todas las instituciones, las públicas o privadas del gobierno, de las empresas, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, de la prensa y de los medios de comunicación.
(Sigue 4ª. Parte)…públicas o privadas, del gobierno, de las empresas, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, de la prensa y de los medios de comunicación, de la economía, de los sistemas sociales y de todos los asuntos de interés social, ésta es la nueva cara de la democracia.
Por eso, proponemos que la publicidad comercial, social y política que se difunda en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, Internet, o cualquier otro de carácter público, esté sujeta al interés público en cuanto a la veracidad del objeto, hechos, calidad y particularidades del producto que se promocione.
Queremos que se combatan todas las formas de publicidad encubierta o publicidad integrada que tengan por objeto confundir o vulnerar el derecho a la información.
Para nosotros, como ciudadanos, es importante saber de todos los asuntos públicos, y más cuando éstos transitan por el espacio público o por espectros radioeléctricos, aéreos o del subsuelo, así como bandas anchas que pertenecen a la nación.
Nuestra propuesta de reforma considera como sujetos obligados a informar a los particulares que realicen actividades relacionadas con la prestación de un servicio público, que realicen actividades económicas derivadas de la explotación concesionada de bienes de la nación o la producción, almacenamiento y distribución de alimentos.
El artículo 6º de la Constitución fue reformado en 1975 para dar cabida al derecho a la información; las consecuentes reformas, entre las que debe incluirse la votada en este Senado de la República en el pasado período ordinario de sesiones, especificaron y dotaron de reglamentación legal e institucional al derecho a la información pública.
Sin embargo, el derecho a la información y su correlativo, la libertad de expresión, no se agotan en el ámbito de los órganos del Estado.
Sobre la abrogación de la Ley de Imprenta quedarán abolidos todos los delitos consecuencia de la manifestación de ideas, la censura y la mordaza del Estado y de las corporaciones privadas.
La sociedad de la información es un hecho, el siglo XXI se muestra ante todos en las autopistas de la información, demandando trasformar nuestra noción tradicional de comunicación unidireccional del siglo XX por el diálogo multitudinario y multidireccional. Por eso, no sólo defendemos al representante de un medio de comunicación, sino también a su audiencia.
Aquí introducimos la figura del defensor de la audiencia frente a los medios de radio, televisión, prensa e internet. Entendiendo por audiencia a los ciudadanos que auditan los contenidos mediante la réplica y el derecho a la información veraz, ponderada y diversa.
Buscamos defender a los que se comunican con otros a través de las redes sociales, reconociendo que la red es el paradigma de las nuevas formas de comunicación e información, ya no es posible la comunicación unidireccional, es ya multidireccional.
Por eso, es necesario que la Constitución reconozca la influencia de las estructuras de información en la concepción del derecho a la información. Es preciso entender e impulsar el desarrollo tecnológico a fin de eliminar la brecha digital en la que hoy vive México, por eso promovemos el acceso libre a Internet y al desarrollo tecnológico de la comunicación facilitando la libre actuación de las redes sociales.
Senadoras y senadores, la iniciativa que hoy presentamos es indispensable, previa a una reforma en materia de Telecomunicaciones, a la par de legislar en competencias, en terceras cadenas, en sanciones, en instituciones de Telecomunicaciones debemos garantizar el espacio público para el poder ciudadano.
Nuestra propuesta de adicionar el apartado C se presenta acorde a la reforma al artículo 6º constitucional aprobada en este Senado de la República y que se encuentra en tránsito de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados y las Legislaturas de los Estados, de tal forma que al terminar el paso de aquella por el Constituyente Permanente y de aceptarse la que aquí presentamos, el nuevo artículo 6º constaría de tres apartados el A, el B y éste, el C.
En esta reforma el ciudadano deja de ser un espectador ante los monopolios y reclama su participación en el espacio público. Por tanto, la propuesta de reforma constitucional que presentamos a ustedes, tiene por objeto que el Estado mexicano actúe como garante de la libre circulación de informaciones para que los mexicanos conozcamos lo que ocurre en la realidad nacional y así se pueda formar una opinión sobre ella.
Por el engrandecimiento de la Patria y sus hijos, ahora vulnerables en la era digital.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Luis Sánchez Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
-LA C. SENADORA MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO: Compañeras y compañeros senadores:
El federalismo fiscal garantiza una mayor equidad en el tratamiento de subsidios y participaciones, con objeto de equilibrar las limitaciones de los gobiernos locales, de aprovechar las ventajas de esos gobiernos y de ciertos servicios y bienes públicos para que estén presentes sin importar la capacidad de pago de las regiones. De ahí la importancia de que el conjunto federado colabore tanto en la conformación, como en la participación de recursos del Estado.
Las Entidades miembros de la Federación no han logrado transformar sus instituciones políticas y jurídicas, ni diseñado reformas administrativas que impulsen su autonomía, dependiendo de la autorización de recursos para enfrentar las necesidades de sus Municipios y localidades. Por ello, debe entenderse que en un sistema federado las partes son las que dan fortaleza a su existencia y desarrollo, éstas no son meras divisiones administrativas, puesto que constitucionalmente se les reconoce personalidad jurídica propia y autonomía.
Habiendo señalado lo anterior, en primer término, me gustaría recordar la manera en que el Estado federal mexicano tuvo su origen, ya que siempre podemos encontrar la razón de ser de las cosas y posiblemente las soluciones a los problemas que lo rodean estudiando a profundidad su formación y fuente, ésta no es ni será la excepción.
El Estado mexicano era un territorio sólidamente centralizado que tuvo una desagregación provincial a diferencia de otros países que llevaron a cabo el proceso de federalismo por un método de agregación. Jurídicamente esto afectó exponencialmente a los gobiernos estatales en cuanto a sus facultades, autonomía y principalmente a sus constituciones locales, siempre supeditadas a la federal. Incluso las atribuciones que le son otorgadas están avasalladas a la amplificación que tengan las facultades otorgadas por la Constitución General a los funcionarios federales.
Por lo anterior, debemos de pasar de un federalismo orgánico a un federalismo cooperativo en donde la designación de facultades se vea repartida, integral y equilibradamente, de manera que podamos dotar de verdadera autonomía a las localidades, como lo expresa nuestra Carta Magna.
En materia fiscal los recursos económicos de ven inequitativamente distribuidos, en donde sólo uno de los tres niveles de Gobierno se ve beneficiado con la mayor parte del caudal y, por lo tanto, el Municipio, siendo piedra angular tanto en el sistema económico, político y de la añorada democracia, se ve limitado en su accionar.
Con el fenómeno de la globalización, permeando la vida cotidiana tanto de entidades, como de municipios, resulta inexorable la obligación como legisladores de repensar, y consecuentemente de replantear la determinación de competencias para que las unidades individuales que conforman el todo se vean fortalecidas, de manera que las personas que las habitan puedan percibir una fuerte economía no sólo en sentido macroeconómico.
Como ya se ha dicho, la razón del federalismo que tenemos el día de hoy tiene razones históricas, sin embargo, es momento de hacer una nueva historia en aras del bienestar colectivo, y especialmente del equilibrio de las localidades más marginadas, tal es el caso de los municipios de Aldama y San Juan Cancuc, en Chiapas, por citar solo algunos.
Es necesario este cambio para poder conseguir los objetivos y fines que como Estado y gobierno…
(SIGUE 5ª PARTE).... Aldama y San Juan “Cancugue”, en Chiapas, por citar sólo algunos. Es necesario este cambio para poder conseguir los objetivos y fines que como Estado y Gobierno están obligados a proporcionar a sus habitantes, debemos de entender y asumir que todo ordenamiento es perfectible, sobre todo cuando los cambios globales afecta nuestro territorio, romper paradigmas es nuestro deber y también nuestra necesidad.
En el Sistema Tributario Mexicano la facultad impositiva sólo se reconoce a la Federación y a los Estados. El municipio carece de potestad fiscal, si bien el artículo 115 constitucional enumera los servicios que presta el municipio, estos tienen derecho a recibir los ingresos sobre propiedad inmobiliaria, y los servicios públicos que por ley se le atribuyen pero no puede establecer impuestos por sí solo, esto se determina por la legislatura local.
Como senadora de la República estoy convencida que las haciendas públicas de los municipios en nuestro país, actualmente se encuentran imposibilitadas para atender oportuna la demanda social de bienes y servicios públicos, que garanticen un óptimo desarrollo, por ello es necesario aumentar las participaciones y las aportaciones que se destinan al municipio, para avanzar en la construcción de un sistema fiscal que no vulnere el sistema federal.
Los municipios se ven sobre limitados debido a su carencia, atributiva para establecer impuestos y se atienen a lo que la entidad federativa determina en la materia, lo que margina su maniobrar para poder cumplir con los propósitos colectivos que les debe a sus pobladores.
Si bien se debe de tener un respeto irrestricto para evitar la doble “tributación”, también se debe eficientar la distribución de los ingresos fiscales, de manera que las entidades y los municipios tengan la capacidad suficiente para cumplir con los fines que condiciona su existencia.
Las modificaciones que se pretenden llevar acabo con esta iniciativa resultan un cambio contundente en el combate al desequilibrio, social y a la distribución inequitativa, promoviendo el desarrollo económico y social de los estados y municipios, siempre atento apego a la normativa correspondiente y sin menoscabar las facultades federales.
Nueva Alianza promueve la libertad, la igualdad y la dignidad, principios que únicamente pueden ser alcanzados con un reparto adecuado de los recursos económicos entre los niveles de gobierno para que cada uno pueda emplearlos en las materias que más los afectan.
Unicamente con un reparto justo y equitativo podrá eliminarse la marginación que afecta a diversos estados y específicamente a muchos de los municipios del país. Nuestro partido comprende que únicamente con el desarrollo social, cultural y económico podemos, tanto mujeres como hombres construir un futuro plausible, el escenario sólo puede ser viable cuando entidades proveen las suficiencias con los recursos necesarios para hacerlo.
Si bien es cierto que más recursos no es sinónimo de eficiencia, el ejercicio responsable de los mismos, sí lo es para el bien común. Por lo anterior, la propuesta de reforma de diversos artículos que se propone a la Ley de Coordinación Fiscal, pretenden fortalecer el acceso de los municipios a las participaciones federales, con la finalidad de que estos cuenten con los recursos necesarios para crear la infraestructura de tecnologías de información y comunicación necesarias para aumentar sus capacidades de captación y administración de recursos en el ámbito municipal, de este modo reafirmamos nuestro compromiso con las más y los más necesitados, atacando una de las contrariedades más profusas que afectan la realidad económica de entidades y municipios y, por lo tanto, directamente a las personas que lo transigen.
Asimismo, pugnamos por políticas de desarrollo regional compartido, que incentiven el impulso de lo local, así como la creación de condiciones de equidad entre zonas rurales y urbanas, dentro de un mismo estado, reconociendo la importancia de la concurrencia de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno.
Combatimos enérgicamente los niveles indignantes e inaceptables hacia como todas las formas de expresión de la pobreza en México; como alguna vez un gran precursor de la paz y la equidad social, por todos conocido hizo notar: No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. Por su atención muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias senadora Arriola, muchísimas gracias. Su proyecto se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, primera. Señor senador, Lavalle, ¿con qué propósito?
-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: (Desde su escaño). Solicitarle a la senadora si me permite adherirme a su iniciativa. Se toma nota. Muchísimas gracias.
tiene ahora el uso de la palabra el señor senador Humberto Domingo Mayans Canabal, a nombre propio y del senador Aarón Irizar López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que adiciona la fracción vigésima novena R al artículo 73 constitucional. En uso de la voz.
-EL C. SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL: Con su permiso, señor presidente de la Mesa Directiva, he solicitado el uso de la palabra para someter a mi nombre y de manera conjunta con el senador Aaron Irizar López, una iniciativa de decreto que adiciona la fracción 29 R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan las bases de coordinación y la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal, y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias para regular la explotación, uso, aprovechamiento, distribución, control, preservación y calidad de las aguas nacionales, en los términos del artículo cuarto y 27 de nuestra Constitución.
Amigas y amigos senadores, a nadie escapa la necesidad imperiosa en esta etapa histórica que vive nuestro país de impulsar un renovado federalismo, que en medio de la mundialización de la economía y de la globalización galopante que vivimos, fortalezca a las entidades federativas y a los municipios y con ello a nuestra federación; a nuestra nación.
Como lo señalan diversos autores, entre otros los mexicanos Jorge Carpizo y Fernando Serrano “Migallón”, en el sistema federal el poder está organizado de tal manera que existe el incentivo de la cooperación funcional, y es ahí donde las entidades desarrollan una doble función, nacional y local con derechos y obligaciones constitucionalmente delimitados.
Este impulso tendrá que venir a diferencia de lo sucedido históricamente en nuestro país de las regiones hacia el centro, fortaleciendo con ello el estado nacional en su conjunto.
Carlos Fuentes señalaba, el gran escritor mexicano, que no hay globalidad que valga sin localidad que cuente. Son muchos los temas importantes que tenemos que revisar en los tres órdenes de gobierno, pues cada autoridad debe contar con poderes claramente definidos expresados en normas, para el ejercicio de su competencia, con la finalidad de impulsar el desarrollo nacional, particularmente en materias vitales para el progreso y el bienestar de México.
Por eso hoy el tema que ponemos a la consideración de esta soberanía es el aprovechamiento y administración de las aguas nacionales que consideramos de vital importancia y de seguridad nacional.
En México la regla es que por principio las aguas subterráneas y superficiales son nacionales, el origen de ello proviene de un proceso centralizador que inicia desde 1888 con la Ley de Vías Generales de Comunicación, que continúo con la Ley sobre Aprovechamientos de Agua de Jurisdicción Federal de 1910, se abrió camino en la Constitución de 1917, y posteriormente con la Ley sobre Irrigación con Aguas Nacionales de 1926, la Ley de Aguas de Propiedad Federal desde 1929, la Ley Federal de Aguas de 1972, la Ley de Aguas Nacionales de 92, y las reformas y adiciones a esta en 2004.
Múltiples son las consecuencias de la carencia de una política integral y nacional sobre el manejo del agua. Hoy todavía padecemos centralización en el manejo y administración del agua, obstáculos técnicos y administrativos para la explotación sustentable, señalamientos de corrupción en la obtención de concesiones y transmisiones de derechos, disputa por el recurso de las tierras colindantes, burocratización en los apoyos para atender desastres, lentitud y parcialidad en la construcción de la infraestructura hidroagrícola y muchas más que han generado conflictos y enfrentamientos sociales, ocasionando un ....
(Sigue 6ª parte). . . parcialidad en la construcción de la infraestructura hidroagrícola y muchas más que han generado conflictos y enfrentamientos sociales ocasionando una creciente competencia por el agua que ha limitado el bienestar social y el desarrollo económico en diversas regiones, el agua, sabemos todos, es un bien, estratégico, escaso, no renovable, por eso desde nuestro punto de vista a este Senado le corresponde, democratizar, el aprovechamiento de las aguas nacionales, o sea, abrir la puerta al federalismo hídrico, para optimizar su aprovechamiento en bien de toda la sociedad mexicana y de los tres órdenes de gobierno.
Lo señalamos porque el aprovechamiento de este recurso presenta una desigual distribución, según la CONAGUA, la zona con mayor cantidad de agua es el sureste, el cual concentra el 68 por ciento, constituyendo tan sólo en el Estado de Tabasco, la séptima reserva mundial de agua, en el centro del país la situación es de escasez, teniendo en la ciudad de México una de las reservas más bajas del país y en el norte encontramos ya grandes extensiones en proceso acelerado de desertificación.
Dentro de este lamentable panorama entre el 50 por ciento del agua se desperdicia por la mala calidad de la red abastecedora, se calcula que hay 11 millones de mexicanos de más de 114 que hoy somos que no tienen acceso a este líquido, y 24 millones no tienen acceso a sistema de alcantarillado.
Entre los años 2000 y 2005, la disponibilidad por habitante disminuyó de 4 mil 841 metros cúbicos por año a 4 mil 573 metros cúbicos por año, y las proyecciones, del Consejo Nacional de Población indican que para el año 2030 la disponibilidad media de agua por habitantes se reducirá a 3 mil 705 metros cúbicos por año.
Esa crítica situación nos demanda acciones contundentes para preservar la cantidad y la calidad de las aguas nacionales, actualizando en primera instancia el marco legal, pues en algunos casos existen concurrencias y competencias parciales en los diferentes órdenes de gobierno, que inhiben la coordinación, generan incertidumbre y reducen el beneficio social, económico y ambiental que se pueden lograr en diferentes cuentas del país, en el texto del artículo 73 de la Constitución Federal se observa cómo la colaboración y el establecimiento de atribuciones específicas entre federación, entidades y municipios, se han reducido en la expedición de leyes federales en materia como educación, salud, seguridad pública, asentamientos humanos, protección al ambiente y a equilibrio ecológico y turismo entre otras, pero no en un tema tan importante y vital como el manejo de los recursos hídricos del país.
Lo señalamos, porque, consideramos, que para que una Ley General pueda expedirse, debe existir una disposición constitucional que determine la concurrencia y que faculte al Congreso para emitirla.
La actual Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27, es una norma acotada, pues regula sólo las atribuciones, del Ejecutivo Federal y de sus dependencias, confinando a los gobiernos estatales y municipales a participar dentro de los consejos de cuenca, opinando y coordinándose con la autoridad federal, sin tener facultades expresas, por ejemplo, sobre disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos, programas de inversiones entre otras importantes materias, la carencia de atribuciones expresas ha obligado a que las autoridades locales realicen sistemáticamente gestiones y exhortos a la federación para la solución de controversias jurídicas, mantenimiento de infraestructuras, atención a desastres naturales, construcción de infraestructura hidroagrícola y solución de conflictos sociales, relacionados con el aprovechamiento y manejo del agua, que ponen en riesgo, en muchos casos, la gobernabilidad, en las entidades federativas por las exigencias ciudadanas a resolver tales problemas, frente a las nuevas condiciones globales, producidas por el cambio climático, los fenómenos meteorológicos y la creciente demanda y escasez de este vital líquido se vuelve inexcusable una nueva estrategia, nacional, para mejorar el desarrollo técnico, administrativo, financiero y jurídico del sector agua en México, invirtiendo el proceso, hasta ahora acontecido.
Por eso consideramos importante esta propuesta de reforma constitucional, que nos permita transitar de una atribución exclusiva de la federación a la consolidación corresponsable de los tres órdenes de gobierno y de un nuevo manejo hídrico, tal como lo señaló el Presidente Enrique Peña Nieto y su campaña política, y se estableció en el pacto por México en los compromisos, 50, 51 y 52.
Por lo antes expuesto, presentamos conjuntamente con el Senador Aarón Irizar López, esta iniciativa para reformar la fracción XXIXR al artículo 73 de la Constitución, con la finalidad de establecer la base constitucional, que otorgue facultades al Congreso de la Unión, para legislar en la materia, posteriormente, será necesario reflexionar y trabajar sobre la conveniencia de expedir una Ley General de Aguas Nacionales, que define una nueva política hidrológica en el país.
La propuesta la establecemos en los siguientes términos a saber:
Artículo 73.- El Congreso, tiene la facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación y la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias para regular la explotación, uso, aprovechamiento, control, preservación y calidad de las aguas nacionales en los términos de los artículos 4º y 27 de la Constitución.
Amigas y amigos senadores, les solicito amablemente su apoyo, para la aprobación de esta iniciativa de suma importancia, para el desarrollo y el bienestar nacional.
Señor Presidente, le solicito respetuosamente se turne también para su opinión a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Muchas gracias, muy agradecido, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor Senador Humberto Mayans.
Se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda con opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 87bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente.
-LA. C. SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Le solicito que la presente iniciativa sea integrada tal cual al Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros senadores, me presento ante este pleno a proponer, adicionar un párrafo, al artículo 87bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
El objeto es crear un mandato expreso a la SEMARNAT, para que como autoridad federal en la materia elabore la norma oficial mexicana que determine los principios básicos del concepto trato digno y respetuoso.
La problemática es que actualmente la justicia penal se aplica con todo su peso en aquellos poseedores de animales de vida silvestre que no cuentan con la legal procedencia.
Sin embargo en México hay problema grave de falta de trato digno y respetuoso de ejemplares en algunos circos, zoológicos, unidades de manejo, comercios, colecciones privadas y mascotas.
Si bien es cierto que ya existen dentro de la Ley enunciados que tratan de conceptualizar lo que debe de observarse en el cautiverio de un ejemplar de vida silvestre en condiciones de respeto y dignidad, también es cierto que ante litigios penales o administrativos, esta figura no cuenta con mayores elementos que lo ya inscrito en esta iniciativa.
El trato digno y respetuoso parece ser bien entendido en la ley como una obligación de los ciudadanos mexicanos para proveer de respeto y bienestar a las especies, sin embargo, en la práctica, las autoridades encargadas de normar y procurar, justicia ambiental, como lo son la PGR, la SEMARNAT, la PROFEPA, las Secretarías y Procuradurías Ambientales, jueces y magistrados, no cuentan con una referencia expresa sobre acciones humanas específicas que conducen a los ejemplares de via silvestre en cautiverio a llevar una vida digna y de respeto, bajo condiciones que eviten o disminuyan la atención, el sufrimiento, el traumatismo y el dolor, teniendo en cuenta sus características, tal y como lo indica la Ley General de Vida….
(Sigue 7ª parte)…o disminuya la atención, el sufrimiento, el traumatismo y el dolor, teniendo en cuenta sus características tal como lo indica la Ley General de Vida Silvestre.
No resulta suficiente la sola denominación de respeto y dignidad, ya que se trata de conceptos subjetivos que cada individuo puede entender de manera que mejor le parezca, sienta o favorezca.
Como ejemplo tenemos, que hasta hoy, la causa legal más robusta que no se pone a discusión, cuando una autoridad decomisa un ejemplar de la vida silvestre es la falta de legal procedencia, sin que el tema de trato digno y respetuoso sea una premisa fundamental para sancionar a los gobernados por un cautiverio en condiciones indignas para los animales, lo cual genera una mala conducta social hacia estos seres vivos, ya que la problemática real y constante sobre el cautiverio e inadecuadas condiciones, es sobre todo de aquellos ejemplos que son adquiridos por los particulares en calidad de mascotas y que por sus características biológicas y de crecimiento con el paso del tiempo no son debidamente dotados de los diversos insumos que logren llevarlos a una calidad de vida que les permita desarrollarse como seres vivos.
Así es como se solicita que a través de la inscripción de este mandato, la SEMARNAT, a través de los expertos en la materia a los que deberá convocar y escuchar, deberá crear el lineamiento legal lo más específico posible para al menos, los grandes grupos o especies animales sujetos al cautiverio, y por supuesto el Senado de la República apoyará en todo lo posible esta tarea, que tal como lo marca la Ley de Metrología y Normalización, deberá ser revisada y actualizada al menos cada 5 años.
Por lo anterior, propongo el siguiente proyecto de decreto.
Se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para que dar como sigue:
Artículo 87 bis II.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.
Corresponde al Gobierno Federal expedir la Norma Oficial Mexicana que determine los principios básicos de trato digno y respetuoso previstos en esta ley, así como vigilar su cumplimiento.
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y la expedición de la Norma Oficial Mexicana deberá expedirse por la secretaría a más tardar dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, al mes de febrero del año 2013.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, Senadora Garza Galván.
-Se turna su Iniciativa a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente; y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, y como lo ha solicitado, se inserta esta Iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates.
-Tome nota la secretaría de las adiciones.
-¿Está de acuerdo, Senadora Garza, en adicionar?
-LA C. SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN (Desde su escaño): Por supuesto que sí, señor Presidente.
-Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que adiciona el artículo 64-A de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria.
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, señor Presidente; Mesa Directiva.
Quisiera presentar una Iniciativa con proyecto de decreto que contiene la propuesta de adicionar al artículo 64-A de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria, bajo la siguiente exposición de motivos.
Quisiera, primero, decirles que esta Iniciativa la firma:
El Coordinador del PRD, Miguel Angel Barbosa;
Isidro Pedraza;
El Senador Adolfo Romero Lainas y, la de la voz, con el aval del grupo parlamentario.
Las remuneraciones de los funcionarios públicos del Gobierno Federal se establecen anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que exista una normatividad específica para determinar su monto.
Hasta 2009, las percepciones de los funcionarios públicos, además de no estar reguladas, adolecían de transparencia, ya que no era obligatorio publicarlas.
En agosto de 2009 se hicieron reformas a la Constitución para transparentar las percepciones de los servidores públicos y de los tres poderes de la unión y de los tres órdenes de gobierno, así como establecer como tope máximo a las percepciones de los servidores públicos el asignado al Presidente de la República, el asignado a él.
En la fracción VI del Artículo 127 de la Constitución se establece: “Que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo”.
A la fecha, no se ha establecido la legislación que haga efectivo el mandato constitucional, ya que la remuneración del Presidente de la República se establece de manera discrecional en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que exista un criterio para su determinación. Simplemente se aplica un porcentaje de incremento al aprobado el año anterior.
Al no establecerse un criterio específico para determinar la remuneración del Presidente la República, ésta se ha mantenido en niveles muy elevados en comparación con los prevalecientes para la mayoría de los mexicanos.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, ahí se establece que la remuneración bruta total para el Presidente de la República, será de 4 millones 210 mil 186 pesos anuales, lo que equivale a 183 salarios mínimos generales promedio de las tres áreas geográficas para las que se determina dichos salarios mínimos.
La remuneración del Presidente de la República, y como consecuencia de ésta, la de los altos funcionarios son inequitativas en relación con las de la mayoría de los mexicanos.
El salario diario promedio de la población ocupada al tercer trimestre de 2012 era de 184 pesos, equivalente a 3 salarios mínimos, cantidades inaceptablemente inferiores a los 183 salarios mínimos que se pagan al Presidente de la República con el dinero de todos los mexicanos.
En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, levantada por el INEGI en 2010, se consigna que el ingreso promedio del 10 por ciento de los hogares de mayores ingresos, el (Decil X), fue de 484 mil 458 pesos anuales.
En ese año las remuneraciones del Presidente de la República ascenderán a 4 millones 13 mil 103 pesos, 8.3 veces más que el promedio del ingreso del 10 por ciento de las familias más ricas del país, lo que ubica al Presidente de la República en situación de privilegio dentro del grupo de población más favorecido.
No sólo el Presidente está en esta condición de privilegio, ya que la estructura salarial de los funcionarios de mayor nivel del sector público también elevadas remuneraciones como, por ejemplo, las remuneraciones de los directores generales oscilan entre el 42 y el 91 por ciento de las del Presidente de la República, es decir, equivalen a entre 77 y 166 salarios mínimos. Por encima de los directores generales están también jefes de unidad, oficiales mayores, subsecretarios y secretarios de estado.
Mientras los ingresos de los altos funcionarios públicos se mantienen en niveles que los ubican en condiciones de privilegio, los de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras se deterioran constantemente.
Entre 2005 y 2012, el número de trabajadores con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas se incrementó 20 por ciento.
La percepción neta, percepción bruta menos los impuestos mensual del Presidente de la República es de 254 mil 65 pesos, cantidad suficiente para comprar 107 canastas alimentarias y no alimentarias, establecidas por el (CONEVAL).
Frente a este panorama tenemos que no ha habido una respuesta solidaria de los altos funcionarios públicos a la precaria situación en la que se encuentra una gran parte de la población…
(Sigue 8ª. Parte)…respuesta solidaria de los altos funcionarios públicos, a la precaria situación en la que se encuentra una gran parte de la población, que por lo menos reconozca su condición de privilegio, adecuando sus percepciones a niveles menos inequitativos.
Por ello se propone adicionar a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 64-A, en el que se establezca que el tope máximo de la remuneración del Presidente de la República, sea equivalente a 100 salarios mínimos.
Al establecer el tope salarial del Presidente de la República, en 100 salarios mínimos, no sólo impactará positivamente al Ejecutivo Federal, ya que como lo marca la Constitución, se señalaría también, a los tres poderes de la Unión y a los tres órdenes de Gobierno. Además, que se ajustarían automáticamente en función de los salarios mínimos.
De conformidad a lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 64-A a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo Único.- Se adiciona el artículo 64-A a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
La remuneración bruta que se asigne anualmente al Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no podrá exceder al equivalente de 100 salarios mínimos del área geográfica A.
Para la asignación de las remuneraciones de los demás servidores públicos, se observará lo establecido en el artículo 127 de la Constitución.
Es cuanto, senadoras y senadores.
Se turna su iniciativa a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Tiene, ahora, el uso de la tribuna la senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Honorable Asamblea: México posee 11 mil kilómetros de litorales y costas, y la actividad pesquera se ha convertido en una de las más importantes en nuestro país.
Esta enorme línea costera y la gran biodiversidad marina, fueron, en su momento, percepción de que los recursos marinos son inagotables y los podemos seguir explotando sin consecuencia alguna.
Este concepto, de recursos ilimitados, permeó durante décadas sobre los bosques, sobre la vida silvestre, tanto en las especie sujetas a pesca, como las especies sujetas a propósitos comerciales.
Todavía en el año 2003, se mencionaba que el Océano era capaz de producir más proteínas animales, de lo que podría consumir la población humana; varias veces mayor de la que ahora existe.
Así que, solo a diez años nadie podría sostener esto. Los hechos demuestran que las especies pesqueras se encuentran al límite de la sobreexplotación, y que los mares y los océanos son incapaces de soportar las tasas de explotación, que le hemos impuesto en todo el mundo, no sólo en México.
Los informes más recientes de las Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dejan ver que de las 441 especies utilizadas para la pesca del mundo, el 52% se encuentra explotada en su máximo nivel; sin posibilidades de expansión futura y con riesgo con declinar, por mal manejo.
El 20% se encuentra medianamente explotado.
Y el 17% sobreexplotado.
Así que, realmente la tasa de recuperación es prácticamente inviable.
Estos datos son contundentes y hay que atenderlos.
En México, la situación no es mucho mejor. Evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de la Pesca, para el período 1994-2000, señalan que el 85% de las pesquerías mexicanas ya están a su máximo nivel sostenible o en deterioro total. Así que sólo el 15% tiene potencial de desarrollo.
Si analizamos las cartas nacionales de pesca, de los años 2000 al 2012, encontramos que para el litoral Pacífico, han pasado de un status de máximo rendimiento sostenible, a deterioro total las pesquerías de róbalo, de pez vela, de cayo de hacha en Baja California Sur, y la almenada chocolata, en zonas de Baja California.
Para el litoral del Golfo de México, tenemos la misma situación para el huachinango, para el pargo, para la lisa, la almeja en Veracruz, así como los langostinos del Río Papaloapan y Pantepec.
De igual forma en el Pacífico y en el Golfo de México y el Caribe, comenzaron en deterioro continuo, con este status las pesquerías de camarón rosado, camarón rojo, camarón de roca y los caracoles rosado y blanco.
Así es que, como vemos, las especies mexicanas, se encuentran en deterioro constante y continuo, y debemos de atender este problema.
Encontramos que además este problema tiene una incidencia en la crisis pesquera del país. El primer problema es que las artes de pesca, no son selectivas y son altamente destructivas. Esto ha tenido como consecuencia, que se capturen incidentalmente especies no objetivo, es decir, especies que no están sujetas al comercio y que se descartan muertas al mar.
Así es que, se pierde no sólo el potencial de la especie, sino que nuestra capacidad de reproducirla y nuestra capacidad de comerciar con ellas.
Como es el caso de la vaquita, las tortugas y algunas otras que se encuentran en peligro de extinción.
Las redes de arrastre, por ejemplo, que devastan todo el fondo marino, se han comparado con la deforestación de nuestros bosques, perdiéndose no sólo las especies, sino también los servicios ambientales.
Estos datos, por sí solos, nos permiten ver que no se han tomado las medidas necesarias para evitar las francas caídas de capturas de las especies pesqueras, ni de un abordaje adecuado que evite la pesca incidental a nivel tan gran, aún dentro de las áreas protegidas.
Nos resulta evidente que algo se está haciendo mal. Que no se está haciendo con respecto a conservar y no se está teniendo un balance adecuado, entre el mar y sus recursos.
Se deben incorporar nuevos conocimientos científicos al desarrollo sustentable de las pesquerías, para tener un desarrollo ambiental y, sobre todo, un desarrollo económico de largo plazo para nuestro país.
Nos resulta claro, que las especies de peces comerciales, llámese tiburón, atún, peces de escama, no son objeto de una producción controlada, como es la ganadería o la producción avícola.
Estos tipos de producción se dan en espacios o actividades de manejo intensivo, controlado por el ser humano, en donde incluimos la cría y la reproducción y por eso las podemos explotar.
Pero no sucede lo mismo con las especies pesqueras. Sencillamente no tenemos el control sobre la crianza, y no tenemos el control sobre la reproducción, porque resulta que el Océano no es un espacio controlado, como la tierra firme.
No podemos hacer parcelas, ni establecer límites. El Océano, sin duda, es indivisible. Creo que no se los tengo que explicar yo, los organismos microscópicos, los pastos marinos, los arrecifes, los peces, los depredadores, todos coexisten en un cierto frágil balance y en un cierto equilibrio.
Así es que, entender esta compleja cadena, se conoce como el enfoque ecosistémico. La pesca, es la captura de especies que se dan de forma natural, en el medio silvestre; y es una extracción de vía silvestre de su medio natural.
Así es que, son organismos que de forma natural, nacen en el mar, se crean en el mar y son removidos de su medio.
Por esta razón, creo, que debe de implementarse una ciencia mucho más moderna, con una visión mucho más amplia y con un criterio mucho más congruente.
Que nos permita, primero que nada, la productividad de largo plazo y la sobrevivencia de las especies, por obvias razones, porque si no hay especies no tenemos productividad y no tenemos el desarrollo económico adecuado para nuestros pescadores.
Por esta razón, vengo a esta soberanía, para presentar esta iniciativa con proyecto de decreto, para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el objeto de reformar los artículos 32 bis y 35 de la misma, para transferir, como lo tenía originalmente atribuciones de pesca, a la hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De la lógica que aquí les expongo, se deduce que al haber llevado la administración de las pesquerías al sector productivo de Sagarpa en el año 2000, no se han mostrado beneficios sobre las especies pesqueras, ni sobre las especies capturas incidentalmente.
Pero sobre todo, no se ha mostrado beneficio en el nivel de vida de los pescadores ribereños, que ven como año tras año se agotan sus recursos pesqueros y que generan…
(SIGUE 9ª. PARTE)... beneficios en el nivel de vida de los pescadores ribereños que ven cómo año tras año se agotan sus recursos pesqueros y que generan una ansiedad y una confusión terrible.
Es por esto que las actividades pesqueras no deben realizarse sobre una base de una visión puramente productiva, sino que deben de ser considerados dentro del principio precautorio, dentro de la externalidad y el enfoque ecosistémico.
Repito, para que tengan el recurso en el largo plazo y que sostengan su productividad debe de haber un balance entre el cuidado del medio ambiente y el cuidado de sus recursos.
Por tanto no puede manejarse desde dos dependencias diversas, sino bajo una visión de integralidad y sustentabilidad.
Finalmente, someto esta iniciativa para devolver el sector pesca al sector ambiental, con lo que estaríamos dando un primer paso para el ordenamiento marino y su biodiversidad, lo cual nos permitirá un mejor manejo de mediano y largo plazo y contemplar medidas más congruentes y verdaderamente sostenibles para el desarrollo y conservación de nuestro país.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Gracias. Senador Ríos Pitter.
-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITTER (Desde su escaño): Preguntarle a la senadora si me permite adherirme a su iniciativa.
-EL C. PREIDENTE BURGOS GARCÍA: Tome nota la secretaría de las solicitudes de adhesión.
Tomamos nota, señor senador López Brito, Ernesto Ruffo.
¿Para qué asunto, señor senador López Brito?
-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO (Desde su escaño): Solicitando, con mucho respeto, que esta iniciativa sea también turnada a la Comisión de Pesca, ordinaria de este Senado, considerando que, bueno, ya estuvo el Sector Pesquero y Acuícola del país en bajo administración de SEMARNAT. Ahorita está en el área de SAGARPA. Consideramos que esto debe de analizarse y le estoy pidiendo el turno también en Comisiones Unidas para la Comisión de Pesca.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Sí, señor senador. Con opinión, dado que están cubiertos… los anteriores, se le turna a la comisión, se le amplía el curso para opinión. Muchas gracias.
Compañeros, compañeras senadores:
Se reanuda la sesión. Pasamos a la discusión y votación de los dictámenes inscritos en el orden del día.
Ahora tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
Informo a la asamblea que a este dictamen se le dio primera lectura en sesión del pasado 20 de diciembre. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica si se omite su lectura.
(La asamblea no asienta).
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Informo a la asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
(Sigue 13ª parte) …… por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Señor Presidente, se emitieron 90 votos en pro, 0 en contra, ya estaba contado el Senador Penchyna.
En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VI y VII del artículo 10 y se adiciona la fracción VIII del mismo artículo de la Ley General de Educación.
Informo a ustedes que este dictamen tuvo su primera lectura el pasado 20 de diciembre.
Debido a que ese dictamen se encuentra publicado en la gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se omite su lectura.
-Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.(La Asamblea asiente)
No habiendo quién haga uso de la palabra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento, para informar de la votación.
-LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos en pro, 0 votos en contra.
Consecuentemente, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VI y VII del artículo 10, y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo de la Ley General de Educación.
Tenemos ahora la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos.
Informo a esta Asamblea, que en este dictamen se dio primera lectura en la sesión del pasado 20 de diciembre.
Debido a que se encuentra publicado en la gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si reomite su lectura.
En uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Es importante recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, determinará previa consulta con los órganos legislativos, referidos, la…
(Sigue 14ª parte)…su negativa.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, Senadora Angélica De la Peña.
-No habiendo más participaciones, procederemos a votar este dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción Vigésima Primera Bis, al artículo 47 a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Se emitieron 94 votos en pro, y 0 votos en contra. Es el resultado, señor Presidente.
-Consecuentemente queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción Vigésima Primera Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.
Me permito informarle a ustedes que a petición de los grupos parlamentarios, el dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los estados y de sus bienes, se retiró del Orden del Día.
Tenemos la segunda lectura a 6 dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, y para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Chipre en Mérida, con circunscripción consular en el Estado de Yucatán.
Hago de su conocimiento que estos dictámenes tuvieron su primera lectura el pasado día 20 de diciembre, y debido a que se encuentran publicados en la gaceta de este día, consulte la secretaría a la Asamblea --en votación económica-- si se omite su lectura.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea --en votación económica-- si se omite la lectura de los 6 dictámenes de la Comisión de Gobernación.
-No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
-Abrase el sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para recoger la votación nominal de los 6 proyectos de decreto.
(Sigue 15ª. Parte)… -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se recibieron 85 votos a favor, ningún voto en contra, señor presidente.
Por tanto quedan aprobados los decretos que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.
Y para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Chipre, en Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.
Se remiten al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
Me permito informar a la Asamblea, que se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la solicitud del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que se le conceda permiso para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Doy lectura a la comunicación.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento, que mediante oficio número DEP0207/13, el licenciado Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante este honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional “Juan Mora Fernández” en Grado de Gran Cruz, Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al Congreso de la Unión, para la obtención de permiso respectivo y copia certificada del acta de nacimiento, así como copia simple del curriculum vitae, de la identificación oficial y de la notificación, en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión, para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
El subsecretario, licenciado Felipe Solís Acero.
En virtud de la proximidad de la fecha para la visita de Estado en donde se impondría esta condecoración, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución, y se pone a discusión de inmediato.
Consecuentemente, queda a discusión el siguiente proyecto de decreto:
Único.- El Congreso de la Unión concede permiso al licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional “Juan Mora Fernández” en Grado de Gran Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.
No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
(SIGUE 16ª. PARTE) -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos en pro; 0 votos en contra.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias. Aprobado el proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández en Grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica.
Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se establece el Día 27 de febrero como el Día Nacional por la Inclusión Laboral.
Vengo a presentar un Punto de Acuerdo, a nombre mío y de mis compañeras, con el propósito de establecer el Día de la Inclusión Laboral.
Pido a la Presidencia pueda recoger íntegramente este Punto de Acuerdo que tiene una serie de Exposiciones de Motivos que reflejan la necesidad de visibilizar una fecha con la importancia que tiene el tema.
Ustedes recodarán que México en el año 2000, se estableció y firmó los objetivos del milenio. Y uno de los objetivos del milenio consideramos uno de los de mayor importancia es la igualdad laboral.
El antecedente que tenemos en nuestro país es grave por la falta de posibilidad de empleo que tienen sectores importantes de la sociedad.
Y si hablamos de mujeres pudiéramos hablar que ha sido un gran debate el tema de cómo la mujer accede al empleo, la manera de cómo se selecciona, cómo se le otorga a la posibilidad de empleo, a qué nivel se le otorga y los sueldos que a igual empleo no es igual salario en relación al otro género.
Pero si nos vamos al tema de la discapacidad, aún es mayor el problema de sectores minoritarios, como el de discapacidad, de sexo servidoras, de otros grupos que también han padecido el problema de la inclusión laboral.
Nosotros consideramos que no es suficiente que México suscriba los objetivos del milenio, sino que cumpla con dichos objetivos del desarrollo que no lo ha logrado.
Por eso, señor presidente, he presentado este Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución a propósito de que se pueda establecer el 27 de febrero como el Día de la Inclusión Laboral, como una muestra clara de nuestro país a cumplir con estos objetivos y con un testimonio de todavía la discriminación que se tiene en materia laboral, sin alcanzar la igualdad que tanto hemos pregonado.
Por eso este Puno de Acuerdo dice de la manera siguiente.
Se establece el Día 27 de febrero como el Día Nacional de la inclusión laboral, a efecto de reconocer la modernidad de la legislación mexicana.
En cuanto a las oportunidades laborales, así como reconocer que todos y todas y cada una y cada uno de los mexicanos, sin importar el origen étnico, género, enfermedad, preferencia sexual y demás circunstancias que pudieran situarlo en situación de vulnerabilidad, sea el impedimento para tener acceso a un trabajo, digno y/o decente, respetando en todo momento los derechos humanos y así poder seguir con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, suscritos por nuestro país.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias. Perdón, señor senador.
-EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS (Desde su escaño): Preguntarle a la senadora si me permite sumarme a su propuesta.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Tome nota la secretaría de las solicitudes para adherirse a la propuesta.
Estamos tomando nota de todo. Muchas gracias.
Como lo ha solicitado la senadora Diva Gastélum, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
Sí están de acuerdo, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión.
En uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias senadora Angélica de la Peña.
No habiendo más…..
(Sigue 17ª parte). . . . . . . . . . . ........lo conducente en ese sentido, muchas gracias por su atención.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña; no habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría, perdón, señor Senador Lozano, adelante.
- EL C. SENADOR LOZANO ALARCON: Muchas gracias, señor Presidente, bueno, pues yo también me quiero sumar a esta propuesta que hace nuestra compañera Senadora Hadamira Gastelum para que declaremos el 27 de febrero como el Día Nacional por la Inclusión Laboral.
Es muy importante recordar que recientemente al aprobar las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, agregamos pues, no solamente un artículo, sino una serie de artículos vinculados como lo que llamamos el trabajo decente, y que este es un término acotado a nivel internacional por la propia Organización Internacional del Trabajo, y ese trabajo decente, precisamente de lo que habla entre otras consideraciones es de la necesidad de la inclusión de los grupos vulnerables al mercado de trabajo, con dignidad, sin discriminación, en condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, y todo aquello que debe rodear al trabajo dentro de la economía formal.
De tal manera que, el declarar este 27 de febrero, bueno, todos los 27 de febrero, como el Día Nacional por la Inclusión Laboral, debe ser también motivo de una conciencia colectiva constante, permanente de que se deben hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, porque las personas con discapacidad, los menores de edad, las señoras en condiciones de precariedad por su situación social o personal tengan un trato digno, adecuado para hacer el trabajo, para ascender y para permanecer en el trabajo; nuestros jornaleros agrícolas, los trabajadores domésticos, todos estos grupos, que, insisto, les tenemos que llamar vulnerables, porque esa es condición, de vulnerabilidad y de fragilidad.
De tal manera que, yo, de veras felicito a la Senadora Diva Gastelum por esta iniciativa, y yo estoy seguro que todos nos vamos a sumar para apoyarlo, pero, insisto, que no solamente sea un día en el que recordemos que ahí están los grupos vulnerables, y que les hacemos un súper homenaje por quedar bien, pero que en realidad en la práctica no estamos avanzando gran cosa.
Que desde las Normas Oficiales Mexicanas todas las disposiciones administrativas reglamentarias, legales y constitucionales, tengamos siempre presente la importancia de atender con la dignidad humana que requieren los trabajadores y trabajadoras en condiciones de vulnerabilidad para que la inclusión laboral sea precisamente una condición de vida constante, permanente de nosotros como legisladores, pero en general de todo nuestro país.
- LA C. SENADORA DE LA PEÑA GOMEZ (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente, ¿me permite hacer una observación? No tuvo desperdicio su intervención, pero quisiera que usted pudiera acotar cuando se refiere al trabajo de personas menores de edad, que se está refiriendo a quienes simplemente pueden hacerlo legalmente; entonces, yo creo que sería importante que lo acotáramos, para que en el Diario de los Debates no quedara que las personas, los menores de edad tienen derecho al trabajo y hay que darles mejores condiciones de trabajo. Yo creo que sería pertinente que usted lo afirmara.
- EL C. SENADOR LOZANO ALARCON: Tiene usted toda la razón, y de hecho, qué bueno que incluso la reforma a la Ley Federal del Trabajo acordamos ya tipificar como delito el trabajo de los menores de 14 años, fuera del círculo familiar. Tiene usted toda la razón, y sí quisiera que en el Diario de los Debates quede esta precisión que nos hace la recomendación la senadora.
Muchísimas gracias. Con permiso.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Muchas gracias, no habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por la Senadora Gastelum.
- LA C. SECRETARIA SENADORA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada, quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Aprobada la propuesta, hágase la inserción completa en el Diario de los Debates, comuníquese.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Fernando Herrera Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
- EL C. SENADOR HERRERA AVILA: Gracias. Compañeras y compañeros senadores: Como sabemos, en fechas recientes la actual administración federal anunció la implementación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Siendo su objetivo declarado atender a las personas en condición de pobreza extrema, y con carencia en el acceso a la alimentación.
En el Partido Acción Nacional estamos plenamente convencidos de que la atención prioritaria que el Estado Mexicano debe asignarle al combate a la pobreza, tan cierto es que durante los gobierno del PAN hubo un incremento sin precedentes en el presupuesto y población atendida por los programa sociales.
Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen iniciativas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en el PAN estamos sumamente preocupados por el diseño de dicho programa, el cual da muestras claras de opacidad y de asistencialismo.
En primer lugar, no sabemos por qué se seleccionaron esos 400 municipios.
En la referida cruzada se señalan 400 municipios como supuestamente prioritarios. Cabe decir que previamente la Cámara de Diputados en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2013, definió 1,088 municipios como prioritarios para la ejecución de los diferentes programas de la SEDESOL.
Todos estos 1,088 municipios son clasificados de alta o muy alta marginación; mientras que entre los 400 municipios de la Cruzada Contra el Hambre se incluyeron municipios de baja o muy baja marginación.
Es decir, siguiendo criterios, objetivos de prioridad no queda clara la inclusión de la totalidad de los referidos 400 municipios en el programa.
El Municipio de Saltillo y de Torreón en Coahuila, en orden progresivo está en el número 2,400, 2,600 aproximadamente, y sin embargo, están incluidos en estos 400 municipios que contempla el decreto de la Cruzada Contra el Hambre.
Este ejemplo, es uno de los muchos que se han venido repitiendo en cada uno de los estados, y que de manera reiterada llaman la atención para pedir una explicación al respecto.
En un ejercicio elemental de transparencia es necesario que se nos expliquen los criterios utilizados para seleccionar los 400 municipios, pareciera que otras variables, distintas a la pobreza han guiado dicha selección de municipios, y desde luego queremos conocer dichos criterios que se han utilizado.
Un segundo elemento de duda, se refiere a las acciones que realizan las diferentes dependencias federales y gobiernos locales involucrados en la Cruzada.
En el decreto que da origen a la referida Cruzada Contra el Hambre se menciona que participan Secretarías de Estado, pero no explica las acciones específicas que implementará cada una de ellas; tampoco se nos ha informado si esta participación implicará modificaciones en el diseño de los programas ya existentes, y en la aplicación del presupuesto ya aprobado en la Cámara de Diputados.
Además, no se nos ha explicado, si en caso de que el Gobierno Federal llegue a acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas si habrá mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y en su caso la Cámara de Diputados, si pudiera revisar estas cuentas y, desde luego los resultados.
Una tercera fuente de duda se refiere a los mecanismos de evaluación.
En los gobiernos del PAN los programas sociales se caracterizaron por ser evaluados y sus resultados publicados para conocimiento de la sociedad y los expertos.
Además de las evaluaciones eran coordinador por el CONEVAL y efectuadas estas evaluaciones por expertos y académicos independientes, todo ello de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.
Cualquier esfuerzo por combatir el hambre, es loable, pero que sea creíble, y no mera demagogia.....
(Sigue 18ª. Parte)...de acuerdo con las mejores prácticas internacionales cualquier esfuerzo por combatir el hambre es loable, pero que sea creíble y no mera demagogia.
Es necesario que estos esfuerzos sean evaluables, es fundamental que el gobierno federal nos muestre en el sistema de indicadores y los avances puntuales que seguirá la cruzada para medir sus resultados, que en su caso justificarían su continuidad y crecimiento.
Finalmente, preocupa sobremanera el tema del padrón de beneficiarios de este nuevo programa, simple y llanamente no conocemos el padrón de beneficiarios que se utilizará. Actualmente ya existe un padrón público de beneficiarios relativo a todos los programas de Desarrollo Social.
Por todo lo anterior, compañeros y compañeras senadoras, en el resolutivo de punto de acuerdo que proponemos pedimos que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que comparezca ante esta soberanía, en Comisiones, y exponga el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre y los criterios con los que fueron seleccionados los 400 municipios beneficiados.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Muchas gracias, Senador Herrera Ávila. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Les recuerdo que esta votación es de dos terceras partes para aceptar la urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene ahora la palabra el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya a nombre propio…
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Dígame, senadora.
-LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: (Desde su escaño) Le solicito votación nominal porque no quedó claro en el punto de acuerdo anterior, si es usted tan amable.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: A juicio de esta Presidencia es que no se reúne el requisito de dos terceras partes en la votación, coincidente con la afirmación que hace nuestra Secretaria, por eso es que damos turno a la Comisión, señora Senadora.
Vamos a continuar con la Sesión.
Tiene ahora la palabra el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya a nombre propio y de los Senadores Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero Hicks, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Víctor Hermosillo y Celada, para presentar punto de acuerdo en relación con la reforma migratoria en los Estados Unidos de Norteamérica.
-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Gracias, señor Presidente.
Con el permiso de la Presidencia, he solicito el uso de la palabra para abordar un tema que es, desde mi punto de vista, de fundamental interés para este Pleno del Senado de la República, tiene que ver con facultades exclusivas otorgadas en la Constitución a esta Cámara de Senadores, me refiero a un pronunciamiento en relación a medidas que se están discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos respecto al tema de la reforma migratoria.
Quiero subrayar, como lo ha planteado ya el Presidente de la Mesa Directiva, que suscribimos este punto de acuerdo senadores de varios grupos parlamentarios, además de un servidor del PRD está la compañera Senadora Marcela Guerra, del PRI; Juan Carlos Romero, del Partido Acción Nacional; Ana Gabriela Guevara, del Partido del Trabajo; y Don Víctor Hermosillo, del Partido Acción Nacional.
Planteamos que el Senado de la República debe hacer un pronunciamiento a manera de punto de acuerdo referido a la reforma migratoria integral en los Estados Unidos. Proponemos que en ese punto de acuerdo podamos establecer el beneplácito del Senado mexicano, y hacer un amplio reconocimiento al Congreso de los Estados Unidos de América y al propio Presidente Obama por este paso que nos parece fundamental, que atiende a una realidad en los Estados Unidos y que involucra, sin duda alguna, a muchas mexicanas y mexicanos que han tenido que cruzar la frontera para buscar oportunidades en los Estados Unidos.
Proponemos, por supuesto, también en el punto de acuerdo de referencia, subrayar lo que para nosotros es un tema fundamental, que debe sujetarse cualquier tipo de acciones que se emprendan desde los Estados Unidos en esta materia con apego a los derechos humanos de nuestros connacionales. El hecho de que estén viviendo y trabajando en los Estados Unidos no hace que nos olvide que debemos de estar también propugnando por el respeto a sus derechos humanos.
Déjenme ir por parte en referencia a este punto de acuerdo. Repito, constituye lo que nosotros vemos como una realidad en los Estados Unidos. Recientemente 4 senadores demócratas, 4 senadores republicanos presentaron conjuntamente una propuesta de reforma migratoria que también fue avalada por el Presidente Obama de los Estados Unidos, en ella se plantean varios temas, y yo solamente abordaré algunos que para nosotros revisten singular interés, porque plantea, entre otras cosas, en que debe buscarse que el sistema migratorio de los Estados Unidos se humanice con el propósito de reunificar a las familias de los inmigrantes.
Nos parece que ese es un propósito que es fundamental, también que hemos propugnado en nuestro país para que así sea con los mexicanos, repito, que han cruzado la frontera. Planea, por supuesto, el tema de que se, uno de los objetivos fundamentales es que se pueda otorgar la residencia para obtener la ciudadanía de estos mexicanos y de estos indocumentados de muchas partes del planeta.
Se plantea, algo que para nosotros es fundamental, que se les pueda otorgar este estatus provisional de residencia y de empleo, y no importa que vayan a tener que esperar cinco años, a mí me parece que en la lucha que están dando muchos de nuestros paisanos allá, sumados a estos once millones de indocumentados, es una lucha que empieza a ver una luz al final del túnel.
Quiero subrayar que para el país nuestro es importante. Hay que reconocer que los migrantes mexicanos que trabajan y que residen en los Estados Unidos también están contribuyendo de manera muy importante a esa economía, y por eso es que este Senado también tiene la oportunidad de involucrarse en este tema.
Los mexicanos que están trabajando allá han logrado una contribución al Producto Interno Bruto de 1994 al 2010. Han visto cómo se ha cuadruplicado gracias al esfuerzo de muchos de nuestros paisanos.
En el 2010 el aporte del trabajo a la economía, del trabajo de los indocumentados mexicanos a la economía estadounidense ascendió a la cifra nada despreciable de 586 mil millones de dólares. Esa cifra equivale al 4% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, al 38% del Producto Interno Bruto mexicano, y representa, para anotar la importancia de lo que estamos hablando, al 76% de la inversión extranjera directa captada en nuestro país.
Esa es la importancia del tema que se está empezando a discutir y que nos parece, así lo hemos planteado, senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios, que es oportuno este pronunciamiento del Senado de la República en función a dos planteamientos que quiero acotar. Lo que planteamos es que el Senado felicite y exprese un amplio reconocimiento al Congreso de los Estados Unidos de América, al Presidente Barack Obama, por este gran paso hacia una reforma migratoria…
(SIGUE 19ª PARTE).... el Congreso de los Estados Unidos de América al Presidente Barack Obama, por este gran paso hacia una reforma migratoria integral, que permita el establecimiento de un sistema de inmigración legal consecuente de la herencia como nación de leyes y como países migrantes.
Y un segundo punto en este acuerdo, es de que se exhorta respetuosamente al Congreso de los Estados Unidos de América a concretar esta importante reforma migratoria a la brevedad posible alcanzando acuerdos en beneficio, por supuesto, del pueblo americano, pero también de los millones de inmigrantes residentes en esa nación.
Y así mismo, para que ambas partes, dice nuestro punto de acuerdo, para que ambas partes que integran el proyecto de reforma se sujeten en todo momento al libre ejercicio de los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados y al respeto de los derechos laborales y al reforzamiento de la seguridad fronteriza en la misma sea “implementada” respetando en todo momento la relación bilateral. Estos son los puntos, el punto de acuerdo, dos puntos de acuerdo que proponemos al pleno, creo que es muy importante que el Senado de la República haga un pronunciamiento en un tema de tanta importancia no solamente para Estados Unidos, por su realidad, sino también para México, por la gran cantidad de mexicanas y de mexicanos que viven, que trabajan en los Estados Unidos. Es cuanto, senador presidente. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, senador Robles. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.
Enseguida se concede el uso de la tribuna al senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas estatales a realiza de manera oportuna, expedita, exhaustiva e imparcial, investigaciones sobre las denuncias de desapariciones de personas recibidas en sus dependencias.
-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA: Con su permiso, señor presidente; senadores, senadoras hago uso de la tribuna para tocar un tema muy delicado, y me refiero a las desapariciones, en muchos casos forzadas de mujeres, niñas, jóvenes y hombres de quienes se desconoce su ubicación y paradero.
Sin lugar a dudas dicha práctica se intensificó de manera alarmante en el sexenio anterior. Lamentablemente son las secuelas que dejó la fracasada estrategia implementada para combatir el crimen organizado.
Los operativos empleados para erradicar las redes el narcotráfico por parte de las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional, no funcionaron, es más, en ocasiones dichos operativos terminaron con detenciones de personas inocentes.
Es absurdo negar la existencia, la inexistencia de estas desapariciones, todo lo contrario, se ha generado un incremento en ellas y esto se debe en gran medida a que no hay una coacción jurídica y efectiva para evitar que las autoridades incurran en tan lamentable práctica.
Tan solo en la anterior administración federal, en cinco años las desapariciones de personas aumentaron en más de un 300 por ciento, apareciendo entre otros como autores de esta práctica inhumana, el Ejército y la Marina, es decir, las instituciones encargadas de la seguridad nacional son las propias responsables de las desapariciones forzadas y violaciones en muchos de los casos.
El Diario estadounidense The Washington Post, señaló que aproximadamente 25 mil personas se encuentran registras en calidad de desaparecidas, según documentos de la Procuraduría General de la República.
Por otra parte, el Centro de Investigación y Capacitación “Propuesta” Cívica A.C., publicó en su portal de Internet una base de datos que revela que un poco más de 20 mil personas se encuentran reportadas como desaparecidas.
No obstante, la cifra puede ser mayor, ya que existen muchos casos de desapariciones que no son denunciadas ante las autoridades por temor a represalias o simplemente por desconfianza en las dependencias de seguridad pública, y lo que es más lamentable, no existe una cifra oficial sobre el número exacto de personas que se encuentran desparecidas.
Lo anterior trae como consecuencia que familiares de las víctimas tengan que realizar sus propias búsquedas e investigaciones sobre el paradero de sus parientes, poniéndose también en una situación de riesgo ante el crimen organizado o autoridades corruptas, esto es: padres, madres, hermanas, hermanos e hijos, se convierten y adquieren el papel de investigadores, función que en teoría, sólo en teoría las instituciones destinadas para tal efecto tendrían que realizar, algo que es verdaderamente triste, y que además se está volviendo una práctica común en nuestro país.
Esta realidad contradice severamente lo estipulado en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pues establece en su articulo 12 que cada estado parte velará porque toda persona que alegue que alguien que ha sido sometido a una desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial.
Compañeras y compañeros legisladores, no debemos seguir guardando silencio ante un malestar tan grave como es la desaparición de personas, el dolor y el sufrimiento que esta práctica provoca en sus familiares es indescriptible, esta terrible patología demuestra la ineficiencia por parte del Estado Mexicano para salvaguardar y proteger la vida de sus ciudadanos, por tal razón el primordial objetivo del presente punto de acuerdo es solicitar al Gobierno Federal elabore una base de datos exhaustiva y precisa de las personas desparecidas, la cual, entre otros datos, deberá de contener información de vital importancia para su pronta localización.
Pues como señala Human Rights, la información contenida en el ADN es una herramienta indispensable para la búsqueda de estas personas a nivel nacional. Por ejemplo podrían compararse los datos con los registros de hospitales, morgues, cárceles, y cruces fronterizos.
Tan solo la inclusión de este elemento en la base de datos brindará valiosa información para identificar a una gran cantidad de personas de quienes se desconoce tanto su identidad como su paradero; información esencial que permitirá paulatinamente difundir ante los familiares de desaparecidos y víctimas del narcotráfico, su situación.
Adicionalmente, generará certidumbre entre los familiares de las personas desaparecidas, promoviendo la denuncia de estos hechos, y un aumento de confianza en que efectivamente conocerán el paradero de sus familiares desaparecidos.
Asimismo, vengo a esta tribuna para exhortar respetuosamente a la Procuraduría General de la República, y a sus homólogas estatales para que realicen de manera oportuna, expedita, exhaustiva e imparcial investigaciones sobre todas las denuncias de desapariciones de personas recibidas en sus dependencias.
Y finalmente, solicitar a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, un informe pormenorizado en la que se detallen las acciones que emprenderán, a fin de eliminar la desaparición, a fin de eliminar la práctica de desapariciones de personas. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, senador Monreal. Túrnese a la Comisión de Justicia. Senador Landeros, dígame, senador.
-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Desde su escaño). Preguntarle al orador si me permite suscribir el punto, y más aun sugerirle toda vez que es de turno a comisión, que una vez que se discuta el dictamen ahí, que se incluya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque tiene una buena base de datos, creo que se debe de articular en este punto de acuerdo. Es cuanto, gracias.....
(Sigue 20ª parte). . . se discuta el dictamen ahí que se incluya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque tiene una buena base de datos, creo que se debe de articular en este punto de acuerdo. Es cuanto, gracias.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Se concede el turno a la Comisión de Derechos Humanos, tomamos nota de su apoyo, gracias.
Tiene ahora la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Titular del Ejecutivo Federal a abstenerse del otorgamiento de los permisos para la siembra comercial del maíz transgénico en México.
Dígame, Senadora Sansores.
-LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN (Desde su escaño): Le pido si lo turna a Comisiones, solamente, gracias.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Senador Juárez Cisneros.
Se concede el uso de la tribuna al Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar un estudio de factibilidad para instalar una central de abastos en la región de Tierra Caliente en el Estado de Guerrero.
-EL C. SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS: Muchas gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros senadores, es un asunto local, pero que para nosotros los guerrerenses y para quienes habitan en la región de Tierra Caliente de Guerrero, es fundamental y agradezco, de antemano su atención.
En Guerrero, más de 800 mil gentes viven precisamente de las actividades del campo, somos un estado productor en productos como la copra, jamaica, limón, muy importantes y exportadores de limón y mango, los productores de la región de tierra caliente perviven y comparten la problemática que en general en estados con rezago social como guerrero enfrentan nuestras hermanas y hermanos, productores en el campo, el intermediarismo y en el caso específico de la tierra caliente, los productos vienen al D.F, a la Central de Abastos y luego regresan para el consumo a la gente de la región con el impacto en el precio que eso conlleva.
Los créditos son insuficientes y no se tiene una adecuada organización empresarial, lo que limita la posibilidad de que puedan comercializar con éxito sus productos.
Se trata de que se articule eficientemente la acción del gobierno federal y estatal con los productores de esa región.
La región de Tierra Caliente que colinda con el estado de México y Michoacán, destaca, porque es la región con mayor capacidad productiva, con mayor posibilidad de desarrollo en la producción de productos agrícolas, tiene la infraestructura más amplia y más consolidada del Estado en materia hidráulica, dispone de una adecuada comunicación, y tiene una cercanía relativa con centros de comercialización.
Sin embargo nos damos cuenta que no obstante estas ventajas para el acopio, la distribución y la comercialización de productos agropecuarios no se dispone de una central de abastos en esta región que hoy enfrenta problemas sociales muy importantes en materia de violencia, de confrontación, de desarticulación, de muchas familias que están buscando salir de esta zona para encontrar opciones, y me parece que es importante mirar hacia el aspecto productivo y darle a nuestras paisanas y paisanos la posibilidad de que se arraiguen en su zona y que tengan la posibilidad de vivir con dignidad y aprovechar las ventajas comparaciones que la región tiene.
Por eso este punto de acuerdo que hoy pongo a su consideración es muy sencillo y muy elemental, pero de gran significado para la gente de la tierra caliente, exhortar a la Secretaría de Economía a que de inmediato, a la brevedad posible realice un estudio de factibilidad para instalar una Central de Abastos en la región de Tierra Caliente, con el objeto de impulsar la cadena de valor de los productos agroalimentarios producidos en el estado y facilitar su abasto eficiente y costeable para los productores de esta zona.
Por su atención, muchas gracias, es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias señor Senador Juárez Cisneros.
Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Senador Ríos Piter, ¿dígame?
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER (Desde su escaño): Preguntarle al Senador René Juárez si me permite sumarme a su punto de acuerdo.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Acepta su apoyo. Gracias.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias de la administración pública federal para que tomen en cuenta ciertas cualidades en las personas que vayan a ser designadas como delegados.
-LA C. SENADORA ADRIANA DIAZ LIZAMA: Con el permiso del señor Presidente de la Mesa Directiva, me permito someter a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Sabemos que el pasado 1º de diciembre de 2012 tomó protesta el nuevo titular del Ejecutivo.
Por tanto la transmisión de ese Poder Ejecutivo en nuestro país, normalmente conlleva el cambio de la titularidad de las dependencias enumerado en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Asimismo, cuando se produce el cambio de los titulares ya anunciado, éstos a su vez realizan el cambio de los funcionarios que encabezan las delegaciones en cada entidad federativa.
Resulta obvio que las delegaciones de las entidades son una pieza fundamental en el alcance de los objetivos del estado a través del Poder Ejecutivo, en su nivel federal, pues al ser nivel geopolítico de más cercanía a la ciudadanía, es aquel en el que se refleja y se contempla la trópicalización de los problemas y su conjunción con la operación de programas.
En ese sentido se destaca la importancia de las cualidades, características, así como las capacidades de quienes ocupan la titularidad de cada una de las delegaciones.
Es de destacar que la responsabilidad adquirida por el servidor público, genera legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia del desempeño de sus funciones, lo cual debe ser en todo momento aprovechado por la administración pública.
Asimismo es importante hacer notar que la falta de permanencia transexenal de titulares de delegaciones con experiencia, capacidad, conocimiento y perfil, por dar prevalencia a un criterio subjetivo, político, muchas veces, de beneficio partidista, por qué no decirlo así, desnaturaliza los fines y alcances y propósitos del estado, que resulta ser el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, pero sobre todo el bien común de la colectividad reflejado en la individualidad.
Ahora bien, no se omite, ni pasa desapercibido el concepto de gobernabilidad, de que requiere echar mano un gobierno para poder llevar a cabo sus planes de acción y la consecución de sus metas, más sin embargo esta pretendida gobernabilidad no puede ser el escaparate que permita el amiguismo, la politización, el tráfico de influencias ni el pago de favores políticos materializados en el nombramiento de titulares de las delegaciones de la administración pública federal.
Es así que entorno al funcionamiento de las delegaciones, el nombramiento de sus titulares y del personal que las integra, así como al ejercicio de las atribuciones, previsiones y recursos aprobados, en ocasión de la transición gubernamental que se vive en nuestro país y ante el eminente riesgo de partidización y politización electoral en la designación de estos puestos públicos, es que se propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, y a los responsables de sus dependencias observar los puntos siguientes.
Primero, tomar en cuenta la preparación académica, experiencia en el desempeño del cargo, análisis de existencia de expedientes de responsabilidad como efectos de probidad en el cargo, así como tiempo en el cargo público.
Analizar eficiencia, eficacia, en el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas que en su caso tenga bajo su responsabilidad…
(Sigue 21ª parte)…público.
Analizar eficiencia, eficacia en el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas, que en su caso tenga bajo su responsabilidad la dependencia respecto del titular que pretenda ser removido, tomando en cuenta las características de los problemas regionales, estatales o de la jurisdicción territorial que tengan a su cargo.
Evitar el nombramiento de titulares en base a la improvisación, el influyentismo y la evidente relación partidista respecto del Gobierno Federal.
Previo a la remoción del titular que hoy en día se encuentra en funciones, realizar una auscultación del nombramiento con los principales sectores sociales en quienes recaiga el beneficio de la actividad pública.
Por todo lo anterior expuesto, es que someto a la consideración de este Senado de la República, el punto de acuerdo único con respecto, con pleno respeto a la autodeterminación del Poder Ejecutivo Federal, y a la división de poderes del Senado de la República, exhorto a los titulares de las dependencias de la administración pública federal, a efecto de que antes de emitir nombramientos a favor de personas que no hayan desempeñado el cargo de titular de delegaciones de la administración pública federal, con anterioridad, sean ponderadas entre el funcionario pretendido a sustituir y el pretendido sustituto, las siguientes características: probidad, capacidad, experiencia, preparación académica, formación curricular y continuidad en el cargo.
Por ser esto de obvia y urgente resolución, y con la facultad que me confiere este Senado, solicito a la Mesa Directiva se someta a votación y sea de urgente resolución en este momento.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 109 y 110 del Reglamento, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea --en votación económica-- si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
-Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita la cancelación de los permisos de siembra de maíz transgénico y la implementación de un programa emergente para fomentar la producción nacional de maíz en nuestro país.
Como es del conocimiento público en México existen 28 millones de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria, esto es 25 por ciento de la población del país, uno de cada cuatro mexicanos. Resulta inaceptable, pero lo que es inusitado es que 20 millones de mexicanos o sea el 80 por ciento de la población con hambre vive en el campo, ahí donde se producen los alimentos, ahí donde deberíamos de tener garantizada la seguridad alimentaria.
En días pasados, en el estado de Sinaloa se reportaron pérdidas en la producción de maíz producto de una helada atípica, afortunadamente menor a la del 2011.
Al finalizar el ciclo pasado, los Estados Unidos, debido a una fuerte sequía cerraron con una pérdida de 45 millones de toneladas en su producción de maíz, más del doble de nuestra producción nacional, junto con ello justamente con la aprobación al acuerdo para atender el precipicio fiscal, el Congreso de ese país aprobó en su punto 12: “prolongar la estructura de apoyos y subsidios a la producción agrícola” lo que significa seguir subsidiando la producción de etanol y jarabe de alta fructuosa a partir del maíz, lo que podría traer como consecuencia que se reduzca la disponibilidad del maíz en el mercado mundial, de donde nosotros dependemos e importamos 13 millones de toneladas, y que haya desabasto, o que se consiga a precios de mercado bajo especulación, o bien, que solo nos envíen alta fructosa nuestros vecinos y socios del norte castigando más los precios de nuestra caña de azúcar.
Dentro de los principales compromisos de campaña del licenciado Enrique Peña Nieto, esta el relativo a disminuir las importaciones de maíz y fríjol a partir de fomentar la producción nacional.
Desafortunadamente en la recientemente avisada Cruzada Nacional contra el Hambre no se hizo mención alguna de como se lograría fomentar la producción nacional para reducir nuestra dependencia del extranjero, estimada por la Auditoria Superior de la Federación en un 42 por ciento de lo que consumimos.
El viernes 25 de enero del año en curso, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática nos informó que tan solo en 10 años las importaciones de maíz se han multiplicado en 400 por ciento, fenómeno que se replica con las importaciones de fríjol.
Es patente que la política ejercida en las décadas pasadas de importar alimentos y no producirlos es muy nociva, esto pone en riesgo la seguridad nacional y compromete nuestra soberanía, si quieres poner a un pueblo de rodillas limítale o quítale la comida, esta práctica ha producido millones de mexicanos en extrema pobreza, la ampliación de la franja de pobreza alimentaria, y la injustificable inanición por hambre, la aniquilación del sistema productivo local desde las pequeñas extensiones territoriales, la potencial pérdida absoluta de las semillas autóctonas y de los sistemas más básicos de producción incluyendo los de autoconsumo.
En este escenario existen voces que señalan que la solución es autorizar la siembra de maíz transgénico, a sabiendas que como nos lo han demostrado varios científicos, entre otros, Antonio Turrent, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad; La bióloga Alma Pineyro, candidata a doctora en el Instituto de Ecología de la UNAM, señalaron que el maíz transgénico no produce más, tampoco reduce costos pues usa mas agroquímicos y sí agrede nuestra biodiversidad e incrementa nuestra dependencia alimentaria y económica, así como tecnológica.
Diversas organizaciones campesinas e indígenas, han señalado puntualmente los problemas de este tipo de producción, demandando la cancelación de los permisos para la siembra de semilla transgénica en nuestro país.
Está documentado que el maíz es el principal alimento de México, que nos otorga el 39 por ciento de las proteínas y el 53 por ciento de las calorías necesarias para nuestra actividad cotidiana y nuestra sobrevivencia, aunado a la tradición de semillas nativas que han acompañado el desarrollo histórico de los pueblos de México y Mesoamérica.
Nuestra vocación agrícola milenaria, debe dar prioridad al desarrollo de semillas nativas, generando la investigación y tecnología que permita desarrollarlas, atendiendo la diversidad de cultivos, el empleo de fertilizantes orgánicos, la implementación de una reserva estratégica de granos a favor de una verdadera la soberanía alimentaria de México.
No sobra decir que contamos con instituciones universitarias de vanguardia que han quedado al margen, por una errónea política de masificar las importaciones.
Las semillas nativas, constituyen un patrimonio de la humanidad, contra las semillas transgénicas que son patentes de la inversión privada, y ante su uso, son más los problemas que las soluciones que ofrece, ya que incluso puede generar la judicialización del campo, involucrando el pago de litigios por el pago que resulte con las mezclas que se den con el maíz nativo, incluso porque en México no se exige un etiquetado de las semillas, por lo cual, es imposible distinguir si el maíz transgénico está siendo mezclado o sembrado junto con maíz nativo, siendo así que las variedades transgénicas están sujetas a derecho de patente entonces aquellos agricultores que tengan en sus maíces nativos transgenes, pueden eventualmente ser demandados por infracción de patentes.
Solicito respetuosamente, por lo anterior, someter a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Primero.- El Senado de la República, exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la (SAGARPA), a que cancelen los permisos autorizados por la administración federal anterior para la siembra comercial del maíz transgénico por poner esto en riesgo a nuestra biodiversidad y a nuestra base alimentaria.
Segundo.- El Senado de la República, exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), elabore un plan nacional para el fomento a la producción social del maíz y fríjol para reducir la dependencia alimentaria de estos productos.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de febrero del año 2013.
-Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).
-Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Informo a ustedes que el Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto…
(Sigue 22ª. Parte)… del senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto, por el que reforman diversas constitucionales en materia de desarrollo metropolitano.
Por lo que esta Presidencia, emite atenta excitativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponda.
Les informo que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a comisiones.
Las y los senadores que deseen mantener inscrito su asunto, sólo deben de hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.
La intervención de la agenda política, así como las efemérides inscritas en el orden del día, se integrarán al Diario de los Debates.
Se cita a la siguiente sesión del próximo jueves 14 de febrero, a las once horas.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1333