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Timestamp: 2019-07-16 05:19:01
Document Index: 121937718

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Diario de Sesión: Sesión Especial N°90
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, ELIMINACIÓN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y FIN A LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS CON APORTES ESTATALES
ANEXOS SESION
PROYECTO DE ACUERDO, DE LOS SENADORES SEÑORES BIANCHI, LAGOS, NAVARRO, PROKURICA Y QUINTEROS, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA EL ENVÍO DE UN PROYECTO DE LEY QUE APLACE POR TRES AÑOS LA OBLIGACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE COTIZAR EN EL SISTEMA PREVISIONAL (S 1.795-12)
PROYECTO DE ACUERDO, DE LOS SENADORES SEÑORES BIANCHI, LAGOS Y ROSSI, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE EN EL MARCO DE LA REFORMA EDUCACIONAL CONSULTE LA CREACIÓN DE UN FONDO PARA EL TRASLADO AÉREO DE JÓVENES QUE VIVAN EN REGIONES Y COMUNAS EXTREMAS CON MOTIVO DE SU EDUCACIÓN SUPERIOR (S 1.796-12)
PROYECTO DE ACUERDO, DE LOS SENADORES SEÑORES OSSANDÓN Y GARCÍA-HUIDOBRO, SEÑORA VAN RYSSELBERGHE Y SEÑORES BIANCHI, COLOMA, DE URRESTI, GUILLIER, HORVATH, ORPIS, PÉREZ VARELA, PROKURICA Y TUMA, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, LA DEROGACIÓN DE LA LEY N° 20.765 QUE CREA EL MECANISMO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, MEPCO, CON EL FIN DE TRASPASAR ÍNTEGRAMENTE LA REDUCCIÓN DE PRECIOS A LOS CONSUMIDORES (S 1.797-12)
Sesión 90ª, en jueves 22 de enero de 2015
(De 9:11 a 12:47)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (9.366-04) (se aprueba en particular).................................................................................................
Concurrieron, además, la Ministra Secretaria General de la Presidencia , señora Ximena Rincón González; el Ministro de Educación , señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán. Asimismo, se encontraban presentes, el asesor legislativo del Ministro de Educación , señor Patricio Espinoza; la asesora del Ministerio de Educación, señora Misleya Vergara; el asesor del Comité Demócrata Cristiano, señor Pedro Montt; el abogado de la Fundación Jaime Guzmán, señor Jorge Barrera; y el abogado del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Jorge Avilés.
--Se abrió la sesión a las 9:11, en presencia de 16 señores Senadores.
De los Senadores señores Bianchi, Lagos, Navarro, Prokurica y Quinteros, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley para aplazar por tres años la obligación de los trabajadores independientes de cotizar en el sistema previsional (boletín Nº S 1.795-12).
De los Senadores señores Bianchi, Lagos y Rossi, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que en el marco de la reforma educacional consulte la creación de un fondo para el traslado aéreo de jóvenes, con motivo de su educación superior, que vivan en regiones y comunas extremas (boletín Nº S 1.796-12).
De los Senadores señores Ossandón y García-Huidobro, señora Van Rysselberghe y señores Bianchi, Coloma, De Urresti, Guillier, Horvath, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Tuma, con el que piden a Su Excelencia la Presidenta de la República la derogación de la ley N° 20.765, que crea el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), con el fin de traspasar íntegramente la reducción de precios a los consumidores (boletín Nº S 1.797-12).
Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, con segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.366-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 21 de octubre de 2014.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.
Hacienda y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, (segundo): sesión 86ª, en 20 de enero de 2015.
Sesiones 75ª, en 17 de diciembre de 2014 (queda pendiente su discusión en general); 76ª, en 17 de diciembre de 2014 (se aprueba en general); 87ª, en 20 de enero de 2015 (queda pendiente su discusión en particular); 88ª, en 21 de enero de 2015 (queda pendiente su discusión en particular); 89ª, en 21 de enero de 2015 (queda pendiente su discusión en particular).
En cuanto al articulado permanente, ayer quedaron pendientes dos situaciones: la primera, relativa al número 17) del artículo 2°, y la segunda, acerca de la nueva letra e), del número 2), del artículo 3°, sobre cuentas bancarias, respecto de la cual se pidieron algunas precisiones de redacción.
La Mesa dará a conocer el texto que se propone.
Señora Presidenta , sugeriría esperar la propuesta de redacción que se nos prometió por parte del Ministerio de Educación.
Los asesores de dicha Cartera ya la hicieron llegar a la Mesa.
Hubiese sido bueno contar con ella antes para poder analizarla.
Ya se le dará lectura, señor Senador.
Ayer casi hubo consenso en las modificaciones, que, básicamente, son tres.
Pero yo no las he visto, como tampoco los Senadores Montes y Harboe.
Escuchemos la redacción propuesta y después decidimos.
Si hace falta se pospondrá su análisis hasta que lleguen más Senadores y asesores a la Sala.
Todavía no tenemos ese texto, señora Presidenta .
Se va a fotocopiar, para luego repartirlo a Sus Señorías.
Sigamos en el orden que corresponde.
Habría que analizar el número 17) del artículo 2°, que ayer se pidió dejar pendiente para hoy.
Se efectuaría una sola votación, según el documento que se repartió a Sus Señorías ayer.
No sé si concluyó la revisión que motivó la solicitud de la Senadora señora Von Baer .
¿Lo podemos votar?
Respecto de este numeral se pidió postergar su votación, y ahora estaríamos en condiciones de efectuarla.
Mientras tanto, informo a la Sala que se está repartiendo la nueva redacción propuesta para la letra e), que ayer también se dejó pendiente.
En el número 17) se renovó la indicación N° 292, que pretendía eliminar la letra c).
Pero no fue renovada.
Se renovó, pero después se retiró.
Por eso se pidió una sola votación. Pero antes que ella se realizara se solicitó su postergación.
Está claro el punto.
Quienes estén de acuerdo con el número 17) del artículo 2° del proyecto votan que sí, y quienes lo rechazan, que no.
La norma no requiere quórum especial de aprobación.
Se está votando el número 17) del artículo 2°, cuyo texto se aprobó en general y no sufrió modificaciones en las Comisiones unidas.
Señor Secretario , repita exactamente lo que estamos votando para que se informen aquellos señores Senadores o señoras Senadoras que llegaron un poco después.
Está en votación el número 17 del artículo 2°, aprobado por la Cámara de Diputados y en general por el Senado.
No es de quórum especial.
¿Senadora señora Von Baer?
Tengo una sugerencia, señora Presidenta : ¿podemos suspender la sesión durante 15 minutos para ordenar la votación de los artículos transitorios?
Sí, pero estamos en votación y debemos terminarla primero.
¡Ah! perdón.
--Se aprueba el número 17) del artículo 2° del texto aprobado en general por el Senado (20 votos a favor y 13 votos en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.
Vamos a suspender la sesión por 15 minutos para decidir cómo analizaremos los artículos transitorios, y además para que Sus Señorías puedan revisar el texto de la redacción propuesta para la nueva letra e), del número 2), del artículo 3°.
¿No se puede votar eso?
No, porque quiero que cada uno de los Senadores tenga la oportunidad de examinarlo.
Señora Presidenta , alguien ha hecho circular una indicación, respecto a la cual no hay consenso aún, ni acuerdo para verla.
Entonces, para efectos de nuestro entendimiento colectivo, solamente quiero decir que ese texto que algunos funcionarios están repartiendo no cuenta con el apoyo suficiente por lo menos para poder discutirlo.
Es una sugerencia de los asesores que se hizo llegar a la Mesa, como se resolvió ayer, sobre lo cual se vería si concitaba acuerdo, y por eso dejamos pendiente su votación, como lo saben quienes llegaron puntualmente.
Ahora se suspende la sesión por 15 minutos para que se pongan de acuerdo sobre ese texto y acerca de cómo vamos a trabajar con los artículos transitorios.
--Se suspendió a las 9:23.
--Se reanudó a las 10:26.
Reinicio la sesión solo para citar a reunión de Comités, con el fin de formalizar los acuerdos alcanzados.
--Se suspendió a las 10:26.
--Se reanudó a las 10:32.
Los Comités han acordado el siguiente procedimiento para simplificar el debate y la votación:
-Durante 30 minutos se debatirá todo lo concerniente a plazos: 15 minutos para la Nueva Mayoría y 15 minutos para la Alianza, tiempo que se distribuirá según cómo lo estimen conveniente los Comités. Esperamos que ello sea comunicado oportunamente a la Mesa.
-Luego se discutirá lo relativo a autocompra y arriendos: 10 minutos por sector.
-Después se analizará lo referente al financiamiento compartido: 10 minutos por sector.
-Por último, se dará un tiempo para palabras finales: 10 minutos por sector.
En total, son 90 minutos. Con ello terminaríamos el debate justo a las 12, momento a partir del cual comenzaría la votación de lo que resta mediante un procedimiento resumido.
Antes de iniciar el debate del primer tema, debemos despachar una norma cuya redacción quedó pendiente ayer.
Señores Senadores, ha llegado la siguiente proposición para sustituir la letra e), nueva, del numeral 2) del artículo 3° del proyecto por la siguiente:
"Agrégase en la letra e) un párrafo segundo nuevo, pasando el actual párrafo segundo a ser tercero:
"La Superintendencia deberá mantener un registro de todas la cuentas bancarias en el que consten los ingresos que se destinen al cumplimiento de los fines educativos del establecimiento, de conformidad al artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, pudiendo requerir, mediante resolución fundada, los movimientos de estas operaciones en dichas cuentas bancarias y los antecedentes que los respalden. En relación a esta última facultad, ante la negativa del titular de la cuenta, la Superintendencia podrá solicitar al juez competente la entrega de dicha información.".".
La señora ALLENDE (Presidente).-
Hago presente que el texto propuesto requiere quórum especial para ser aprobado.
--Se aprueba la nueva letra e) del numeral 2) del artículo 3° (37 votos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Corresponde considerar los artículos transitorios.
Los primeros que se proponen tratan asuntos relativos a plazos y cronograma de implementación.
Señores Senadores, según el acuerdo de Comités, cada sector político dispone de 15 minutos para discutir la materia señalada.
Espero que hagan llegar a la Mesa la lista de quiénes intervendrán en cada caso.
Señor Presidente , este proyecto aborda cuatro pilares: lucro, copago, selección y gradualidad.
Este último tema -el señor Ministro de Educación lo ha llamado "una larga transición" o "una transición ordenada"- es tan importante como los otros tres objetivos: fin al lucro en educación con fondos públicos, fin al copago y fin a la selección.
¿Por qué? Porque este proyecto evidentemente es complejo, tal como lo fue la reforma tributaria.
A mi juicio, la implementación de esta futura ley reviste tanta relevancia como su contenido.
Hago un paralelo con la reforma tributaria, porque ahí también se contemplaron plazos. En dicho caso, la aplicación en régimen del nuevo sistema se programó hasta el año 2018. En el proyecto que nos ocupa, se fijó hasta el 2023 la aplicación gradual de las distintas normas que estamos aprobando.
¿Para qué? Para llevar tranquilidad a las comunidades educativas, a los padres y apoderados, a los profesores, a los sostenedores. En el fondo, la gradualidad, la transición pacífica y larga, es una forma de introducir confianza.
Fíjense en el cronograma.
¿Cuándo comenzará a regir esta ley? Primer plazo: el 1 de marzo de 2016; o sea, en poco más de un año.
Los colegios particulares subvencionados que persiguen fines de lucro, que se organizan en sociedades comerciales, legítimamente -porque esas han sido las reglas del juego durante 33 años-, dispondrán prácticamente de 3 años para transformarse en personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Segundo plazo: hasta el 31 de diciembre de 2017.
Ese es un lapso más que razonable para hacer el tránsito desde la entidad jurídica que busca lucrar hacia la que no persigue tal propósito.
Después se consideran otros 3 años de plazo para que dichos colegios -atención a lo que voy a decir- puedan autocomprar o autotransferir la propiedad del inmueble a la nueva fundación o corporación regida por la ley.
Inicialmente, se propuso que el Estado comprara tal infraestructura hasta por 5 mil 200 millones de dólares, como se consignaba en el informe financiero. Sin embargo, esa propuesta se desechó.
Ahora bien, ¿cómo el sostenedor dueño del inmueble va a realizar la autocompra a través de una inmobiliaria?
Primero, se hará a valor comercial, de acuerdo a la tasación que efectúe el banco y a satisfacción de la CORFO y del sostenedor.
Segundo, el crédito bancario contará con el cien por ciento de garantía estatal. La gente podría preguntar: ¿por qué los bancos se habrían de meter en esto? Porque van a correr cero riesgo, dado que la totalidad del préstamo estará garantizado por el Estado.
Tercero, el crédito, que el sostenedor recibirá al contado, se pagará a 25 años.
Cuarto, todo ello se hará contra la subvención que el establecimiento educacional recibirá durante esos 25 años.
En resumen, un sostenedor que es dueño del inmueble dispondrá de tres años para transformarse en corporación o fundación sin fines de lucro, y luego, de tres años más para transferirse a sí mismo o autocomprarse la propiedad del inmueble.
Por su parte, los colegios particulares subvencionados con menos de 400 alumnos, que son 3.796 (72 por ciento del total), no van a tener tres años, sino seis para seguir autoarrendándose o para mantener el contrato de arriendo con personas relacionadas.
Señora Presidenta , si esta gradualidad o transición ordenada no da tranquilidad a las partes, no sé qué lo hará.
Asimismo, existe el compromiso del Ministerio de Educación para crear una instancia encargada de realizar un monitoreo, una evaluación permanente de la marcha e implementación de la reforma educacional, para arribar a buen puerto.
Pero hay más. En un comienzo, el proyecto, al eliminar gradualmente el copago, dejaba a cientos de miles de alumnos y como a quinientos colegios sin solución respecto del aumento de la subvención y el fin al copago. Eso se terminó¿
Le doy treinta segundos más para que pueda redondear su idea.
Decía que eso se acabó. Y, en definitiva, no existe plazo para el término del copago.
Por lo tanto, hay aumento de la subvención y fin gradual del copago, sin plazo.
Tiene la palabra el Senador señor García, por cinco minutos.
Señora Presidenta , en primer lugar, yo quiero dejar establecido una constancia respecto del artículo segundo transitorio.
En los artículos transitorios muchas veces se dice que, para efectos de los arriendos, en fin, se entiende que los gastos que se ejecuten cumplen las normas de los gastos con fines educativos. Sin embargo, no hay ninguna norma que señale en forma expresa que durante el período de transición los dividendos que los sostenedores deban seguir pagando por los créditos contratados para la construcción de nuevos inmuebles o la adquisición de los actuales se considerarán fines educativos.
Uno perfectamente puede llegar a esa interpretación. Pero nosotros hubiésemos preferido una norma expresa, de tal manera que la Superintendencia de Educación el día de mañana no vaya a objetar dichos pagos.
Hicimos el punto, y quiero señalar que el Ministro de Educación estaba de acuerdo en acoger esta inquietud. Finalmente, se acordó que no era necesario agregar nada, ya que dentro de los fines educativos se halla el pago de arriendos y dividendos por infraestructura.
Por tanto, señora Presidenta , señor Secretario , queremos dejar expresa constancia de que los dividendos que se paguen por infraestructura durante el período de transición están en cumplimiento de los fines educativos, de manera que nadie va a poder discutir la legalidad o el buen uso de esos fondos.
Hecha esa constancia, yo quiero discrepar profundamente de la intervención del Senador Ignacio Walker. Él ha dicho que aquí, con las normas de gradualidad, debiera haber gran tranquilidad en las comunidades educativas.
No puede haber tranquilidad cuando yo estoy obligando a un sostenedor, primero, a cambiarse a una nueva fórmula jurídica para cumplir lo que la ley en proyecto mandata.
Ahí tenemos ya un cambio. Y, dicho sea de paso, no es el primero, ya que en legislaciones anteriores se los obligó a constituirse como sociedades con giro único. No es la primera vez que los estamos forzando a hacer cambios en su constitución jurídica.
En seguida, le decimos a ese sostenedor que tiene que autocomprarse la infraestructura. Y para ello se debe efectuar un cálculo que signifique que en ningún caso se va a pagar más del 25 por ciento de los ingresos de subvención en el cumplimiento de ese objetivo.
Pero otra norma establece, también, que si en un año se sobrepasa ese 25 por ciento, al año siguiente se le quita la subvención.
¿Cómo se entiende eso? Si voy a tener cumplir esta obligación el 2016 o el 2017, ahí fijo el monto en que se realiza la venta y, por lo tanto, determino el 25 por ciento. Pero, si sufro una caída de matrícula, una disminución de alumnos y en algún momento dejo de recibir los ingresos que permitan pagar ese 25 por ciento, que ya está comprometido con el banco -porque esto no es un invento del sostenedor-, me quitan la subvención del año siguiente. Eso dice la disposición. ¿Cómo funciono en ese caso?
Con normas como estas no puede haber tranquilidad en las comunidades de padres y apoderados; no puede haber tranquilidad en las comunidades de profesores; no puede haber tranquilidad en los sostenedores.
Esos artículos ameritan una profunda revisión. Y debimos haberla hecho ahora. Porque nadie entiende el apuro con que se ha tramitado esta iniciativa. Lo señaló con claridad el Senador Walker: la ley en proyecto entrará en vigencia el 1° de marzo del 2016. Para eso falta más de un año. Sin embargo, hay que despacharla ahora, para cumplir compromisos políticos; no importa que salga mala.
Yo confío en que en algún minuto, cuando comience a revisarse la normativa -y más vale que sea pronto-, se va a ver la necesidad de hacer rectificaciones. Y una de ellas, por supuesto, deberá corregir este castigo que se les está imponiendo a los sostenedores, de quitarles la subvención cuando sobrepasen para el pago de los créditos hipotecarios que deberán tomar para adquirir la infraestructura el 25 por ciento de sus ingresos.
Aquí también se establece el pago de arriendos, con unas fórmulas muy muy intrincadas y, además, una fórmula especial para aquellos colegios que tengan hasta 400 alumnos.
Durante la discusión en las Comisiones unidas de Educación y de Hacienda se nos prometió el estudio que demostraba que el corte, para que no fuera arbitrario, se tenía que hacer en 400 alumnos. En más de alguna oportunidad yo escuché decir al Senador Montes , que siempre cuenta con muy buena información, que el corte debía efectuarse en los 500 alumnos.
El señor Senador tuvo la gentileza de mostrarnos los estudios con los que contaba. Pero nunca logramos que el Ministerio de Educación nos entregara los estudios que demostraban que el corte se puede realizar en 400 estudiantes y no en 450 o en 500.
Por tanto, estamos ante una disposición absolutamente arbitraria, y eso no puede ser. ¿Por qué 400 alumnos? ¿Por qué no 500?
Concluyo, señora Presidenta, insistiendo en que para nosotros esta es una legislación profundamente equivocada.
Debo hacer constar que el Senador señor García hizo uso de 7 minutos.
Señora Presidenta, es claro que estamos frente a una reforma estructural, amplia, compleja. Y si uno mira la historia de Chile, se da cuenta de que nunca antes se ha llevado a cabo, en democracia, un cambio global del modelo educativo como el que estamos intentando ahora. En dictadura sí se hizo. Se nos impuso un modelo. Nadie pudo discutir; nadie pudo decir nada. En democracia, esto es tremendamente complejo. Y en eso estamos.
La ley en proyecto forma parte de un sistema de transformación estructural que también tiene que abordar los procesos de dirección y la vida misma de los colegios.
Aquí estamos estableciendo el marco para terminar con el mercado educativo -Sergio Diez se reía mucho de la idea de que la educación es un bien más de mercado y decía que los establecimientos educacionales no son empresas comerciales- y redefinir el rol de los colegios particulares subvencionados dentro de un modelo nacional de colaboración, de cooperación, en fin.
La implementación del proyecto está aprobada en los artículos anteriores y ahora debemos ver cómo se pone en marcha.
En lo personal, tengo inquietud sobre un aspecto que no puedo dejar de mencionar acá. Se refiere a la fecha de entrada en vigencia de la ley.
A mí me preocupa que en el proyecto se diga que ella empieza a regir el 1° de marzo de 2016. Lo normal en todas las leyes es que empiecen a regir una vez publicadas y cada una de sus partes tiene su propio calendario, en la medida en que hay artículos de implementación diferenciada. Sin embargo, aquí se dice que toda la ley se implementa a partir del 1° de marzo de 2016.
Dimos distintos argumentos para plantear nuestra preocupación de fondo por el hecho de que la ley no parta desde ya, pues todos los cambios que se introducen son tan fuertes e importantes que requieren empezar cuanto antes un proceso de transformación en el propio Ministerio de Educación para adaptarse a las nuevas realidades y asumir los desafíos.
Es cierto que algo se puede hacer. Pero, sabiendo cómo son las cosas, si no hay un mandato legal difícilmente se van a efectuar las adecuaciones.
Hemos planteado, por ejemplo, que la Superintendencia tendrá que adecuarse a los nuevos roles fundamentales que le impone la ley en proyecto. Entre otras cosas, deberá prepararse para las contabilidades completas que llevarán los colegios, a los que tendrá que asesorar para que el sistema se ponga en marcha en 2016 y se controle en 2017.
Si todo se posterga para el año 2016, recién en 2018 se podrá requerir el cumplimiento cabal de las exigencias.
A mí no me gusta la postergación de la selección para el año 2017. Siempre entendí que ello operaba en 2016. Por lo tanto, no me calza la selección que desde ya, en octubre y noviembre de este año, se iba a empezar a aplicar a la región única con menos de 300 alumnos -no sé exactamente cuántos- para empezar a desarrollar las capacidades con una gradualidad como la que señala el Senador Ignacio Walker .
No se trata de alterar la gradualidad, sino de tener cierta consistencia, sabiendo de las dificultades del propio Ministerio para adecuarse.
Se establece un Fondo Nacional de Educación Pública, y en octubre o noviembre del 2015 deberemos estar legislando sobre el particular en el Presupuesto, porque la ley en proyecto lo mandata. Pero esta recién entrará en vigencia en marzo del 2016. O sea, algo no coincide.
Le planteamos el punto al Ejecutivo, pues nos parece que tenemos argumentos. Dice que hay aspectos que no están incluidos en las definiciones específicas por temas. Por tanto, ello generaría ciertas dificultades.
Dado que no hay disposición para revisar lo de las fechas y hacer las adecuaciones pertinentes, yo pido lo mínimo, cual es que en esta Sala el Ministerio se comprometa explícitamente a iniciar en marzo de 2015 todo un proceso de modernización en función de estas tareas: anticipar acciones, orientar recursos, en fin. Porque si eso no se hace desde ya vamos a empezar el año 2016 con los mismos problemas y tendremos que postergar para 2017, para 2018.
Termino haciéndome cargo de una afirmación del Senador García.
Todas las leyes requieren precisiones. Por ejemplo, sobre la SEP, si no recuerdo mal, hemos legislado cuatro o cinco veces desde que salió la ley. Sobre la JEC, al menos en tres ocasiones. Para qué hablar del resto de las leyes sobre educación.
Las adecuaciones no constituyen problema. Y en este caso tendremos que efectuar una revisión de todas maneras: es parte del proceso legislativo.
Aquí lo importante es que queremos hacer cambios estructurales.
Sin embargo, la Derecha no desea esos cambios estructurales: considera que las cosas están bien.
Nosotros estimamos que están mal y que es necesario realizar transformaciones de aquella índole.
Por consiguiente, en función de los objetivos, estamos dispuestos a corregir en el camino cuanto sea necesario para hacer las cosas como corresponde.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma, por cuatro minutos.
Señora Presidenta, a diferencia de lo que dice el Senador Montes, nosotros no creemos que todo está bien: nos parece que algunas cosas andan bien y que no todo anda mal.
En los últimos 25 a 30 años se ha hecho un gran esfuerzo para cambiar Chile. Comparado con cualquier país de Latinoamérica, el nuestro exhibe grandes éxitos. Y ello tiene que ver con un modelo, le guste a quien le guste.
En educación ese modelo tiene que ver con un cambio muy significativo: de los padres de cada siete alumnos que están en la universidad, solo uno recibió educación superior.
¡Eso revela una transformación muy profunda!
¿Quiere decir aquello que ahí se agota el modelo? No. Hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, mejorar la calidad.
¡La calidad es la gran ausente de este proyecto!
Entonces, digamos las cosas por su nombre: unos quieren demoler el modelo y otros queremos mejorar la calidad del modelo.
Esa es la discusión que trasunta todo el debate que hemos tenido en esta oportunidad.
Con relación al punto concreto de los artículos primero a quinto transitorios, quiero referirme a tres inequidades que a mi juicio no tienen sentido. Y respecto de ellas hago reserva de constitucionalidad.
Primero, la discriminación entre quienes están y aquellos que quieren estar.
Al que quiere entrar para entregar educación se le cierra una puerta importante: la del arriendo.
El que está -lo vamos a explicar después- tiene una cosa muy complicada, compleja; pero la tiene.
Repito: para el que quiere entrar hay una barrera de entrada.
Señora Presidenta , a mí no me gustan para nada las barreras de entrada: es necesario abrir espacio para tener opciones.
Uno podrá discutir qué es mejor y qué es peor. Pero lo cierto es que aquí hoy se le pone una barrera de entrada muy fuerte a todo aquel que cuenta con un proyecto.
Se trata de una barrera de entrada para las nuevas generaciones. En efecto, eventualmente se van a mantener los mismos. Pero las nuevas generaciones y los proyectos nuevos no tienen lugar. Y los artículos cuarto y quinto transitorios se encargan de puntualizarlo.
Hay una segunda discriminación, que me parece sorprendente: la que se hace entre quienes arriendan y aquellos que no arriendan en la actualidad, respecto de los cuales se establece que unos podrán seguir operando con los relacionados y otros no.
Objetivamente, no veo dónde está el sentido último de la justicia de la disposición si, con relación a personas equivalentes que hoy están desarrollando determinada tarea, a unas se les permite continuar con un proceso y a otros no.
Y hay una tercera inequidad, más sorprendente todavía: la absoluta arbitrariedad sobre lo que pueden hacer los establecimientos que tienen más de 400 alumnos y aquellos que tienen menos de 400 alumnos.
Eso sí que es al tuntún. No existe ningún estudio serio, ni nacional ni internacional, que diga qué diferencia puede determinar que para colegios con más de 400 alumnos y para colegios con menos de 400 alumnos deben existir dos institucionalidades.
Esa es una discriminación arbitraria, porque no existe una razón objetiva que permita decir "A partir de ahí pasa algo".
Acá se ha adaptado un mono que no calza por ningún lado en la idea de procurar abrir un espacio de entendimiento.
Se trata, pues, de tres arbitrariedades, de tres discriminaciones absurdas.
El problema -con esto termino- se habría arreglado en forma muy simple permitiendo los arriendos a un precio justo.
Sin embargo, como aquí la sospecha le gana a la confianza y se cree que todos son frescos, se establece un conjunto de reglas complejísimas, arbitrarias, que en vez de facilitar la reforma la dificultan.
¡Y aquí la calidad, una vez más, está ausente!
Señora Presidenta, uno de los aspectos positivos de estas normas transitorias es que dejan muy en evidencia la verdadera naturaleza de este proyecto.
Aquí lo que importa es cómo se irán aplicando el contrato de arriendo, la subvención; se habla de los cambios estructurales del Ministerio de Educación, en fin. Es decir, estamos frente a una iniciativa que toca todo el aspecto educacional en su entorno. Sin embargo, no aborda aquello que se halla verdaderamente mal en el ámbito educacional, que están sufriendo nuestros niños, los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes.
Verán pasar esta reforma por fuera, porque se trata de puros cambios estructurales; no hay nada sustantivo, cualitativo.
De nuevo, pues, queda la gran deuda. Se está gastando mucha plata, pero nada de ella va para mejorar la calidad de la educación.
En seguida, la gradualidad permite dejar al descubierto dos problemas.
El primero ha sido una constante: al Gobierno y a la Nueva Mayoría les interesa más legislar rápido que legislar bien.
Si estas normas van a empezar a regir en 2016, ¿cuál es el apuro para sacar este proyecto ahora a mata caballo?
Lo importante es cumplir un objetivo político, no mejorar la calidad de la educación, que -como ya hemos visto- pareciera no ser verdadera prioridad en el Gobierno.
En segundo término, se dice que esta gradualidad da tranquilidad.
Yo no tengo tan claro eso, señora Presidenta . A mí más bien me da la sensación de que se trata de una suerte de agonía prolongada, que generará incertidumbre. Ello, porque no sabemos cómo se irán dando las cosas, cuál va a ser el efecto de estas normas.
Finalmente, algo positivo de la transitoriedad.
Uno, como la reforma se aplicará de a poco, sus efectos negativos en la educación se van a ir percibiendo y, por ende, la experimentación permitirá corregirla en el tiempo.
Ahora, quizás lo más importante es que la ley en proyecto se podrá cambiar. Porque el rechazo que ha tenido la reforma educacional en la opinión pública, en la comunidad escolar, en la comunidad de profesores del ámbito de la enseñanza particular subvencionada se irá comprendiendo por toda la población.
En consecuencia, espero que en las próximas elecciones, dado que la reforma va a estar todavía en proceso de aplicación, podamos recuperar el sentido común. Y espero asimismo que los recursos de la reforma tributaria, en vez de dilapidarse en compras o arriendos de edificios o en subsidios para infraestructura y equipamiento, se concentren en lo que realmente importa: el mejoramiento de las inequitativas situaciones que afectan hoy a cientos de miles de chilenos por no tener acceso a una buena educación.
Los próximos comicios presidenciales nos van a dar la oportunidad de detener este proceso para cambiar lo que ahora se está haciendo en forma precipitada para cumplir fines políticos e ideológicos y no para mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, por cuatro minutos.
Señora Presidenta , en el epílogo del debate de esta histórica reforma educacional he escuchado con atención la opinión de la UDI, la opinión de la Derecha. Y quedo preocupado.
El Senador Larraín nos anticipa que esta reforma va a fracasar. Y dice que hay que detener este proceso, que esto se podrá cambiar, que la ciudadanía lo va a rechazar.
Yo quiero preguntarles si nos van a acompañar o no en hacer realidad esta reforma, o si deberemos combatirlos día a día, como lo hemos hecho durante toda la tramitación.
No se rindieron en el proceso. Y los felicito. Pero quiero decirles que, aunque sigan realizando oposición a esta reforma, ella se va a hacer: con gradualidad, despejando todos los fantasmas. Y si algún colegio quiere cerrar en marzo, vamos a examinar la situación. Pero no aceptaremos que se sacrifique y se utilice a los niños de Chile para llevar a cabo la predicción del oráculo Larraín: ¡la ley en proyecto va a fracasar!, ¡la reforma se va a detener!, ¡en los próximos comicios presidenciales esto va a cambiar!
¡Eso es generar incertidumbre!
Para quienes reclaman certeza, tranquilidad, paz para el desarrollo económico de la nación, lo que hace la Derecha es minar el terreno; es, en el epílogo, anticipar que todo va a cambiar; es augurar el peor de los escenarios.
Queremos decirles que hemos recogido todas las observaciones que han hecho. Hemos despejados todos los fantasmas.
Cuando con el Diputado Ulloa nos juntamos en el Colegio Salesianos de Concepción, todos los sostenedores nos miraban desconfiados. Les dijimos: "Habrá precio de mercado. ¡No van a perder ni un peso! ¡Podrán ser propietarios de sus establecimientos!
¡Lo que se ha sostenido aquí es una falacia, una mentira!
En efecto, los establecimientos se van a comprar con el dinero destinado hoy a arriendo. Y esto lo sabe cualquier dueña de casa, cualquier familia de trabajadores: ¡cuando se paga arriendo se bota el dinero!
Con el mismo dinero del arriendo, que actualmente se saca de la subvención, se van a pagar dividendos por veinticinco años, al cabo de los cuales los sostenedores serán propietario del establecimiento.
Se trata, pues, de una adecuación económica tremendamente positiva.
Aquí se plantea el término del arriendo como una violación de los derechos económicos.
Por el contrario, al propietario se le pagará a precio de mercado y al contado, cash. Y si el propietario es el mismo sostenedor, le van a pagar al inicio lo que valga el establecimiento, y cash: todo el dinero de una vez. Más aún: se lo va a premiar, porque la sociedad sin fines de lucro que se forme va a poder comprarlo para ella.
Entonces, creo que ese augurio fatalista de la Derecha está destinado al fracaso.
Vamos a comenzar con la reforma. Es necesario ver, Ministro , si partiremos en Aisén, en Magallanes o en Arica. Hay decisiones que tomar; pero es menester hacerlo con tranquilidad, con buen ánimo, y no conspirativamente.
¡Yo acuso a la UDI de conspirar contra la reforma!
Y espero que no haya ningún establecimiento ni propietario de establecimiento que quieran cerrar en marzo para causar problemas.
Porque, señor Ministro , en el ánimo odioso, conspirativo, destructivo de parte de la UDI veo una situación muy compleja, que se expresa en la oposición tenaz que ha hecho.
Esta es una reforma que ha interpretado a muchas familias. Y si algunos aún dudan, es porque se les ha mentido.
Se lo dije, Ministro : ¡Perdimos la batalla comunicacional!
Sin embargo, hemos logrado un buen proyecto. Y tenemos la mejor disposición para sacarlo adelante, aun contra la voluntad de la UDI, que señala que intentará hacerlo fracasar.
Los plazos son adecuados; podemos mejorarlos en las restantes iniciativas.
¡Este proyecto está llamado a cambiar la historia de nuestro país!
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez, por cinco minutos.
Señora Presidenta , yo estoy convencida de que no solo el Estado puede sostener algo tan importante como la educación pública, y asimismo, de que esta no puede ser sostenida únicamente por el mercado: tiene que haber necesariamente una alianza entre el sector público y el sector privado.
¿Y por qué digo aquello? Porque se le expresó a la opinión pública que esta reforma iba a hacer un cambio drástico en el sustento de la educación de nuestros niños y niñas, sobre todo de la particular subvencionada, pero no ha sido así.
Esta reforma únicamente cambia el eje en la propiedad de los colegios y hace una injerencia total con respecto al Estado; pero esto, no solo en la propiedad: también lo intenta en muchos de los contenidos.
Por esa razón me pronuncié en contra de la idea de legislar. Y por lo mismo he ido votando en su mérito cada uno de los artículos del proyecto.
Considero muy importante señalar que a lo largo de muchísimos años, y también en los Gobiernos anteriores de la Concertación, se fue enquistando el lucro en la educación pública. Y lo digo con autoridad moral, pues tiempo atrás voté en contra del lucro con fondos fiscales, lo cual me valió reproches muy duros de mi sector político, la Centroderecha, a mi juicio bastante injustos. Y me pronuncié en aquella forma por lo siguiente: estoy convencida de que es problema de los privados lo que hagan con su plata; pero cuando se reciben subsidios del Estado para educación pública, ello no puede convertirse en un negocio.
Por ese motivo, es muy importante tener en cuenta que ser emprendedor de la educación no es lo mismo que tener un holding educacional o muchos colegios.
La mayoría de los emprendedores de la educación son profesores o gente vinculada al mundo de la docencia.
Son personas que tienen un colegio, o a lo más, dos, con pocos alumnos.
Son personas que transpiran sus proyectos educativos y los aman.
Son personas que se han endeudado para mantener y sostener sus proyectos educativos.
Son personas, en su gran mayoría, que no tienen propiedad sobre sus colegios.
Son personas que contrajeron créditos bancarios para trabajar en la educación.
Por tales razones, hay que dar la mayor flexibilidad posible a la transición que está imponiendo el Gobierno para el traspaso de los proyectos educativos.
Por lo mismo, quiero destacar la indicación número 329, de mi autoría, que excepciona a los sostenedores que persigan lucro de la obligación de tener fines educativos; ello, hasta que se hayan transformado en personas jurídicas sin fines de lucro.
El Ejecutivo aprobó esa indicación con modificaciones, disponiendo que a los sostenedores con fines de lucro no se les exigirán fines educativos hasta el 31 de diciembre de 2017 solo con respecto a los recursos.
Bueno: algo es algo.
Se trataba de una cuestión muy importante para los emprendedores de la educación. Y me siento satisfecha de haber podido apoyarlos.
De otro lado, quiero rescatar lo que dijo el Senador García -y creo que también el Senador Larraín- con respecto a la gradualidad.
Me parece positiva la gradualidad en la aplicación de la reforma. Porque, a no dudarlo, esta provocará muchos trastornos, sobre todo en los establecimientos más pequeños y en los colegios especiales.
Desde ese punto de vista, es importante que, como las diversas normas se irán aplicando gradualmente en las regiones -en la mía, la de Valparaíso, no habrá inmediatez-, se vayan haciendo las modificaciones pertinentes. Porque, sin duda, esta reforma va a generar un enorme impacto, pero no solo en la propiedad de los colegios, sino también en los educandos.
Para concluir, quiero señalar que lo más significativo es lo que deberemos ver a futuro en materia de contenidos, malla curricular, número de alumnos por aula, profesores y educadoras de párvulos bien pagados, en fin.
Tendremos que hacer un trabajo muy concienzudo en cuanto a contenidos y calidad de la educación pública, que son -y no la reforma- lo que realmente va a revolucionar el futuro de Chile.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Con esta intervención terminamos la discusión del primer bloque.
Entramos al segundo bloque, que tiene que ver con la autocompra y el arriendo.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar, por cinco minutos.
Señora Presidenta , en estas materias se pueden presentar diversas situaciones con relación al proyecto de ley que estamos discutiendo y aprobando.
Me voy a referir en primer lugar al arriendo.
Las corporaciones sin fines de lucro -iglesias, fundaciones-pueden seguir arrendando a relacionados sin fines de lucro.
Se mantiene el contrato de arriendo. El canon equivale a 11 por ciento del avalúo fiscal. Los contratos serán por ocho años, renovables, y podrán denunciarse con cuatro de anticipación. Se respetan todos los contratos vigentes.
Los sostenedores con fines de lucro pasarán a ser sin fines de lucro, pues van a transformarse en corporaciones. Se distingue entre colegios de menos de cuatrocientos alumnos y de más de cuatrocientos alumnos. En ambos casos se respetan los contratos vigentes por el plazo por el cual están contemplados.
En los colegios de menos de cuatrocientos alumnos podrá haber contratos de arriendo, con canon equivalente a 11 por ciento del avalúo fiscal, durante el plazo de tres años iniciales y mientras se transforman en corporaciones sin fines de lucro, y hasta por seis años más. Es decir, en total se podría llegar hasta nueve años de arrendamiento.
Luego de ese plazo tienen dos modalidades.
Una, la factibilidad de celebrar un contrato llamado "de uso", que podría tener una retribución del orden de 4,2 por ciento del avalúo fiscal.
Y dos, es factible vender el colegio a la nueva corporación sin fines de lucro, con aval del Estado, a 100 por ciento del valor de mercado. En este caso no es factible seguir arrendando a un relacionado.
Los sostenedores que tengan más de cuatrocientos alumnos podrán seguir arrendando; se respetarán los contratos vigentes, y, en todo caso, será factible celebrar contratos hasta 2017. Ese año deberán transformarse en corporaciones sin fines de lucro; por tanto, tendrán que transferir la propiedad, de acuerdo con el mecanismo descrito -aval del Estado y a 100 por ciento del valor de mercado-, a la nueva corporación sin fines de lucro, que será la dueña de la propiedad, lo que elimina el problema del arriendo.
Como señalaba, podrán hacer aquello durante todo el período de los tres años, mientras se transforman en corporaciones sin fines de lucro, más tres años. O sea, pueden llegar hasta seis años.
Ahora, las corporaciones con fines de lucro podrán transformarse en corporaciones sin fines de lucro; y les será factible arrendar cuando dejen de ser relacionadas. Se discutió el punto en las Comisiones unidas, y quedó claro que así será. Pero deben quedar como no relacionadas para los efectos de suscribir los contratos pertinentes.
Es del caso hacer presente que el propietario queda facultado para solicitarle al Servicio de Impuestos Internos la revisión del avalúo fiscal del inmueble; que el establecimiento se venderá a 100 por ciento del valor de mercado, y que respecto de los créditos contraídos en empresas bancarias será factible contar con la garantía de la CORFO.
Todo esto, por supuesto, no es fácil. Y a veces cuesta mucho asimilarlo.
La reforma en análisis es muy compleja. Y, seguramente (yo le he planteado una situación al propio Ministro ; y lo han hecho también los sostenedores), a lo largo del tiempo deberemos hacer revisiones.
El proceso tendrá una marcha blanca. Y si son necesarias adecuaciones, habrá que efectuarlas, para cumplir con el objetivo de lograr un mecanismo que cumpla el objetivo de otorgar una educación de calidad, inclusiva y no excluyente.
Asimismo, se le ha señalado al Ministro -y lo dejo puesto sobre la mesa- que, para que opere realmente la transferencia de la propiedad hacia las corporaciones sin fines de lucro, deberemos ver lo concerniente a la ganancia de capital.
Discúlpeme, Su Señoría, pero se le acabó el tiempo.
Tengo anotado al Senador señor García, por cinco minutos, según lo que me entregó la Senadora señora Von Baer. Pero parece que hay un problema.
Mientras Sus Señorías se ponen de acuerdo, tiene la palabra el Senador señor Coloma, por cinco minutos.
Señora Presidenta , respecto a este conjunto o paquete de indicaciones, que va básicamente del artículo 5° al artículo 8° transitorios, yo solo quiero hacer referencia, atendido el tiempo disponible, a dos materias particularmente complejas que se presentan a esta discusión y cuyos alcances es bueno conocer.
De partida, aquí se habla de la capacidad de compra de quienes pueden recibir el aval del Estado para la adquisición de determinados bienes.
¿Qué es sorprendente en esas disposiciones?
Primero, la fijación del precio de venta final que deberá pagarse para ser propietario de un establecimiento educacional.
Aquí no se usa el concepto de precio justo, sino que se dice (esto es muy importante) que el pago se hará con "hasta una doceava parte del 11% del avalúo fiscal (...) hasta el término de veinticinco años".
Admitamos que es una forma curiosísima de establecer el precio definitivo: este surge de multiplicar un porcentaje del avalúo fiscal por veinticinco años.
El Ministro dice que hay una especie de regla no escrita, sumamente tácita, en el sentido de que el avalúo es más o menos el 60 por ciento del valor comercial y que eso supondría, con la tasa actual, que es baja, más o menos 1,6 por ciento.
Creo que esa es una muy mal fórmula para calcular los precios a que se transfieren los bienes de que se trata.
Fíjense lo que significa: que, al final, el Estado, a través de la subvención, le entrega recursos al subvencionado particular en la medida que, por veinticinco años, paga mes a mes hasta 11 por ciento del avalúo fiscal.
¡Así se determina el precio mágico!
Es un sistema de lo más raro y complejo que hay, y no aborda las realidades locales.
Hay lugares en que el inmueble puede ser muy importante dentro del establecimiento educacional. En otros puede tener mucho menos valor. Pero aquí se igualan los valores. Y mi impresión es la de que los interesados van a tratar de comprar los inmuebles menos valorados, no los mejor ubicados, para dedicarlos a otros objetivos. Son los peor situados los que van a tener este beneficio tácito.
Me parece que se trata de un mecanismo impropio para fijar la forma como el Estado compromete sus recursos.
Y existe un segundo punto que quiero marcar, para que nos quede claro a todos, pero en especial a las bancadas del frente: aquí hay un tremendo espacio para que el Estado se vea obligado a financiar fierros. Porque de eso se trata.
En el proyecto original se logró plantear cuánto iba a significar esto: 400 millones de dólares por año y más o menos 4 mil 800 millones de dólares en el conjunto.
O sea, ¡estamos gastando más de la mitad de la reforma tributaria en comprar, avalar o financiar vía subvención fierros de colegios particulares subvencionados que hoy funcionan!
Eso es totalmente absurdo. La reforma tributaria no fue aprobada para comprar fierros, sino para mejorar la calidad de la educación. Pero, conforme al sistema diseñado, se está diciendo: "Yo voy a avalar" -el aval del Estado cuesta plata; pregúntenle al Ministro de Hacienda cómo están las cuentas internacionales- "y, además, garantizo el pago vía un porcentaje de la subvención".
¡Esa es la peor manera de usar los recursos fiscales! ¡La peor! Son fondos que pudieron destinarse a pagarles mejor a los profesores, a innovar técnicamente, a horas lectivas. Me expresan que ello se va a hacer después, pero ahora se gastaría una cantidad gigantesca de dinero en este otro objetivo.
Y lo peor es que el Estado va a estar, en determinadas condiciones, obligado a hacerlo. Si un sostenedor quiere comprar el bien, va a pedir una tasación a la CORFO, y si no le gusta, hay un tercero. O sea, el precio final se fijará entre tres.
Desconocemos el costo. No existen estudios financieros. Es una suposición sobre la base de lo que señaló el proyecto original.
¿Para esto se quería la reforma educacional? ¿Para comprar fierros y no mejorar la calidad de la educación?
Dejo formulada la pregunta.
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi
Señora Presidenta , solo quisiera transmitir un mensaje a la ciudadanía, especialmente a los padres y apoderados y a los alumnos, porque aquí se ha dicho que los colegios van a cerrar con la ley en proyecto. La verdad es que no lo hará ninguno, ya que las condiciones son tan beneficiosas que, de hecho, ya muchos sostenedores me han manifestado que lo que hemos hecho en esta Corporación les permitirá seguir en el ámbito educativo.
¡Que lo escuche el Senador señor Coloma!
¿A quién le vende el inmueble uno de ellos que es dueño? A sí mismo, y pasa a ser el presidente de una corporación educacional sin fines de lucro. Pero lo mantiene. Y revestirá la condición mencionada. Sigue en el rubro educativo.
Por si fuera poco, el Estado pagará el establecimiento en el valor comercial -se compromete una garantía estatal- y reconocerá lo invertido, e incluso más, porque una gran parte corresponde a la subvención. Ello, sin contar la jornada escolar completa, los aportes de capital.
En consecuencia, qué más beneficioso para un sostenedor puede ser que le digan: "Usted permanece en el ámbito educativo, se transforma en corporación, se queda con su inmueble y le cancelo el valor comercial, plata con la que podrá hacer negocios, y, además, voy a pagarle una remuneración por la gestión del establecimiento en esa entidad".
En realidad, se trata de un asunto educativo, pero si lo vemos desde este otro punto de vista, es un negocio redondo para los sostenedores. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que alguno de ellos salga del sistema.
Deseo dirigirme también al ciudadano que no entiende bien lo del arriendo, lo del contrato, en fin. Se puede poner un ejemplo bien simple: si se da la posibilidad de adquirir una casa con un dividendo igual a lo que se pagaría por un arriendo, ¿qué se hace? Por mi parte, compro la propiedad, porque será mía después de que termine de pagarla.
La Oposición falta a la verdad cuando afirma que el Estado va a gastar tanta plata. En la actualidad, la está desembolsando en los arriendos, vía subvención. El 70 por ciento de los establecimientos se arriendan a sí mismos, sin ninguna regulación, lo que es un camino para el lucro. Terminamos con eso: todos los recursos a educación.
A diferencia de antes, en que la plata se ha botado y destinado a lucrar, toda ella se destinará a que el inmueble quede en la corporación, afecto a fines educativos. La entidad solo se puede dedicar a la educación de nuestros hijos. Nunca más un niño va a estar sujeto a los vaivenes del mercado inmobiliario. ¡Cuántos de ellos han quedado en la calle a mediados de año, sin colegio, porque de repente al dueño del inmueble le ofrecieron un mejor precio, ante la posibilidad de construir un centro comercial! La educación merece certeza. Por eso, hemos dicho que constituye un derecho social, no un negocio.
Así que, desde el punto de vista de los intereses de los sostenedores, no hay ninguna razón para que cierren escuelas. La afirmación en contrario ha sido parte de una campaña del terror, con pocos argumentos. Lo he consignado claramente: se autocompra, en el fondo, porque el sostenedor sigue con el establecimiento en la corporación; se le paga el valor comercial, para que haga negocios en lo que quiera, mas no en educación, y más encima, se le remunera. Y protegemos a los niños y su derecho a la educación.
De otro lado, les resolvemos la dificultad a los colegios más chicos. ¿No querían deshacerse del inmueble? Bueno, se les entrega un estipendio por el uso de la infraestructura para fines educativos. ¿Es un arriendo? No, porque este se termina entre partes relacionadas. Se están cubriendo los costos de mantención y de mejoras.
Alguien podría oponerme: "Pero eso es lo mismo". No. El arriendo es tres veces el valor de ese pago.
En consecuencia, estamos solucionando los problemas de los sostenedores -no hay ninguna razón para que un establecimiento cierre- y protegiendo el derecho sagrado de los niños a la educación.
han gritado "mentira" desde las tribunas.
Esta es la única vez que voy a decirlo.
El público sabe perfectamente bien, porque ha venido asistiendo, que se encuentra absolutamente prohibida cualquier expresión, a favor o en contra. No haré otra advertencia. Si se vuelve a incurrir en ello, las tribunas van a ser despejadas, porque el Senado se hace respetar.
Señora Presidenta , las cifras que hemos conocido durante la tramitación de la iniciativa indican que el 70 por ciento de los sostenedores son profesores. No constituyen ningún holding ni son capitalistas dedicados a la educación. Y el 90 por ciento de ellos posee un solo colegio. Son personas de esfuerzo, de trabajo, que un día tuvieron la idea de llevar adelante su propio proyecto educativo. Y eso ahora vamos a castigarlo severamente.
Se pregunta aquí: "¿Qué les preocupa a los sostenedores, si las condiciones de arriendo o de autocompra que les estamos ofreciendo son espléndidas?". Lo que no se dice es que tendrá lugar una enorme pérdida patrimonial, primero, porque el monto de la venta va a tener directa relación con el 25 por ciento tope de la subvención que es preciso destinar al pago del crédito hipotecario, pero, además, porque se fija un valor de no más allá de 110 unidades de fomento por alumno. Es decir, aquellos colegios con un gimnasio, un campo deportivo y una inversión mucho mayor en infraestructura obviamente resultarán los más perjudicados. ¿Qué van a hacer? En lugar de ser particulares subvencionados, con copago -ello se está prohibiendo-, se transformarán en particulares pagados o simplemente cerrarán.
Entonces, en lugar de incluir, de apuntar a que más niños modestos accedan a una enseñanza de mejor calidad, vamos a estar restringiendo, excluyendo, limitando las posibilidades de una mejor educación para miles de pequeños provenientes de hogares vulnerables o de clase media emergente. Esa es la consecuencia de las normas que estamos aprobando. Por eso, abrigamos la convicción de que se trata de un error.
Y, además, en las conversaciones de pasillo que hemos sostenido durante estos días, muchos Honorables colegas, transversalmente -es preciso decirlo con claridad-, manifiestan: "La autocompra es un error. Lo que debimos contemplar es simplemente un arriendo regulado". Porque, en el fondo, lo que se está haciendo al permitirse la compra a través de créditos hipotecarios que se financien con el 25 por ciento de la subvención ¿es trasladar adónde el legítimo lucro del profesor sostenedor de un solo colegio? A los bancos, a las instituciones financieras. Estamos aumentando la concentración económica en lugar de disminuirla. Esa es la consecuencia práctica del texto que estamos despachando.
Y aunque muchos de Sus Señorías -no todos- son conscientes de lo que se lleva a cabo, acogen estas normas presionados, sin libertad de acción, haciéndole un profundo daño al sistema educativo, porque un grupo de Diputados, básicamente de la llamada "bancada estudiantil", ha manifestado su oposición y dicho: "Es necesario terminar con el lucro".
¡Si lo que tenemos que considerar es lo que las familias resuelven cada año al matricular! No somos nosotros los que las inducimos a optar por un colegio particular subvencionado: son ellas las que deciden. ¡Y tienen sus buenas razones para hacerlo!
Fortalezcamos la educación pública. Por ahí debimos haber partido, de tal manera que todo fuera más equilibrado. Y a ver qué resolución toman padres y apoderados respecto a la educación de sus hijos. Pero no sigamos restringiendo las posibilidades de los niños más vulnerables y de los de clase media emergente. ¡Es un crimen -discúlpenme la expresión- lo que estamos haciendo con sus oportunidades!
Entramos al bloque de discusión sobre el financiamiento compartido.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana, por siete minutos.
Señora Presidenta, dicho sistema es uno de los tres elementos responsables de la regulación en vigencia y de las distorsiones que impiden la calidad, la igualdad de oportunidades y todo lo que hemos expuesto.
Luego de la discusión general y del estudio en las Comisiones unidas, he llegado a la convicción de que es el instrumento segregador por antonomasia. Dicho de otro modo, hemos debatido mucho acerca de la segregación, pero este es el factor más perverso, posiblemente, y que impacta de una manera más compleja e irreversible en la calidad y, en especial, en los estudiantes.
Según Juan Pablo Valenzuela , experto en educación, "el financiamiento compartido es una expresión de la segregación que existe en el país".
Cristián Bellei aclara que el cobro a las familias reduce la libertad de elección, promoviendo la conformación de escuelas homogéneas y aumentando la segregación social del sistema escolar. Es decir, ello es injusto cuando hay recursos del Estado comprometidos.
La verdad es que, de todos los investigadores que recibimos, ninguno lo defendió. Probablemente, esta es la razón por la cual es la materia en que menos discrepancias existieron, en general, con los sectores de la Oposición.
Lo que estamos planteando es una gradualidad en el reemplazo de unidad de fomento por unidad de fomento.
Había sectores que postulaban una sustitución de unidad de subvención educacional por unidad de subvención educacional, pero este mecanismo es un tanto mentiroso, porque nunca permitiría terminar con el sistema ni un reemplazo efectivo. Significaría prolongar la situación y no abordarla en serio.
El asunto se relaciona directamente con la gratuidad. Hemos hecho mucha referencia a ella, que se encuentra también en la Constitución.
Las bancadas de enfrente mencionan bastante la libertad de enseñanza, también contemplada en la Carta. A ratos, uno advierte que algunos quisieran mantenerla en un altar, especialmente cuando va asociada a la libertad de emprendimiento, de negocio, y al mercado, que es lo que termina hoy día con el proyecto.
Repito que nosotros hemos enfatizado -así lo han hecho el Ministro señor Eyzaguirre y los encargados de la reforma- en la gratuidad.
¿Qué se registra hoy día en el sistema escolar? Que dicho elemento no supera el 70 por ciento -eso es lo real-, por el financiamiento compartido.
Seguramente, algunos integrantes de las bancadas de enfrente nos expresarán: "Sí, pero la Concertación, en su oportunidad"¿ Creo que este es el momento de asumir también nuestra responsabilidad. Lo hacemos con humildad reconociendo que esa coalición efectivamente incorporó un elemento que distorsionó claramente las opciones de los jóvenes y terminó generando un mecanismo, altamente disperso, que no trajo calidad.
Recordemos que el sistema no se contempla en los países de la OCDE.
Alguien citaba por ahí el caso de los Estados Unidos, pero si en algunos estados existe la figura, nunca está asociada al financiamiento público ni combinada con una lógica de subvención, como la existente en Chile.
Lo mismo se podría decir de Holanda, de Bélgica, con regulaciones parecidas a la nuestra.
Nuevamente, al igual que en la discusión sobre el lucro, nos hallamos ante una porción importante del experimento. Ya decíamos ayer que nuestra estructura es altamente heterogénea, pero, por la vía del financiamiento compartido, existe homogeneidad al interior de un establecimiento. Y eso es tremendamente complejo por ser, finalmente, lo que impide que nuestros niños se junten, como en la película Machuca.
Ello es lo que determina hoy día escuelas para ricos y escuelas para pobres. Como decía muy bien Mario Waissbluth , es como un tren en que los jóvenes que han tenido la suerte de nacer en una familia de altos ingresos van en el primer vagón; los de copago alto, en el siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar a los que viajan en aquellos donde no hay copago y corresponden a la oferta que alcanzó a conseguir la familia.
Es importante consignar en la discusión que el financiamiento compartido no ha traído calidad. Se estima, incluso, que si hay algún mejoramiento educativo, este se registra recién en los copagos altos, donde terminar va a costarnos un poco más.
En el caso de un copago inferior a 10 mil pesos, el impacto es nulo. ¡Pero nulo! Y los establecimientos son muchos. Las familias de cientos de miles de jóvenes pagan algo en ellos -para decir que lo hacen- y eso no provoca efectos. En Matemáticas, creo que se observa algo recién cerca de los 20 mil pesos, según varios estudios, en los cuales participaron especialistas como Alejandra Mizala , entre otros. En Lenguaje, nada.
En la actualidad, un 70 por ciento de jóvenes estudian gratis. Al término del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se llegará a un 93 por ciento, y se estima que, en diez años -así está planteado el sistema-, se alcanzará el 97 por ciento. Va a costarnos más el tramo de un 3 por ciento, correspondiente a las familias que copagan algo así como 40 mil pesos o un poco más.
Ahora, me refiero solo a la transición, pero también es preciso agregar que vamos a contar con dos herramientas más de financiamiento: una subvención de gratuidad, que empieza, desde luego, a partir de 2016, y una subvención escolar preferencial de clase media, con relación al tercer y cuarto quintiles, lo que hemos señalado muchas veces. Hubo intentos del Gobierno anterior en la misma dirección. Por supuesto, existen requisitos: sin fines de lucro y sin financiamiento compartido.
Termino puntualizando que ello va a significar, a partir de 2018, ya en régimen, algo así como mil 200 millones de dólares adicionales a los 6 mil millones de la subvención.
Entonces, claramente es necesario respaldar el proyecto. El financiamiento compartido restringe la libertad de la familia y la gratuidad hace todo lo contrario, pues amplía sus opciones. Por eso, en buena hora terminamos con el sistema, que tanto mal les ha hecho a nuestros niños y jóvenes.
Señora Presidenta , dos promesas de la última campaña electoral fueron la de una educación de calidad y la de su carácter gratuito.
La propia Primera Mandataria se preguntó, en algún momento, quién podría querer gratis algo que fuera de mala calidad.
Lo que finalmente está saliendo con la reforma que nos ocupa es que la educación no va a ser gratuita para todos ni de calidad, porque, en vez de gastar la plata de la reforma tributaria realmente en aumentar en forma fuerte la subvención, la estamos empleando en comprar la infraestructura de colegios ya existentes.
Se expresa que el 97 por ciento de los establecimientos van a ser gratuitos en un momento. ¿Pero van a ser gratuitos y de calidad? No. Porque el Estado todavía no puede garantizar, con la inversión que está haciendo, una educación de calidad.
Por lo tanto, tendremos educación gratuita, pero no se va a poder garantizar la calidad. Y es ahí donde esta reforma se torna profundamente injusta.
Y quiero tomarme un segundo para explicar por qué.
Porque hoy día hay papás que reciben una subvención de parte del Estado de 60 mil pesos. Con el aporte adicional que hará este último, de alrededor de 30 mil pesos, la mensualidad que tendrán para la educación de sus hijos será de 90 mil pesos.
Yo pregunto: ¿Se garantiza una educación de calidad con 90 mil pesos? La verdad es que no. Una educación de calidad cuesta muchísimo más. Los expertos señalan que un poco más de 200 mil pesos.
Vámonos al otro lado. Hay padres que hoy reciben una subvención del Estado de 60 mil pesos y agregan un copago de 80 mil pesos, con lo que llegan a una mensualidad de 140 mil pesos. Ellos todavía se encuentran bastante por encima de los 90 mil pesos de aquellos papás cuyos hijos serán los primeros en recibir una educación gratuita.
O sea, aquí tenemos la primera discriminación y la primera gran injusticia. Habrá niños que se educarán gratis, con 90 mil pesos, y niños cuyos papás podrán seguir poniendo el financiamiento compartido y que se educarán con 140 mil pesos. Alejandra Mizala manifestó que esa brecha sí hacía una diferencia respecto a la calidad.
¿Qué va a pasar? Que a los papás cuyos hijos reciban educación gratis, de 90 mil pesos, se les prohibirá hacer un aporte adicional. Pero otros papás podrán seguir aportando un copago.
¿Es eso justo? Creo que es profundamente injusto.
Nosotros consideramos que los papás tienen que poder contribuir a la educación de sus hijos mientras el Estado no esté en condiciones de garantizar una educación de calidad.
Acá, señora Presidenta , en vez de luchar en contra de la desigualdad, la estamos profundizando. Los papás cuyos hijos reciban educación gratuita no podrán aportar ni aunque sea 10, 20 mil pesos para acercarse a los 140 mil pesos de quienes podrán seguir cancelando un copago. Pero, adicionalmente, estarán muy, muy lejos de aquellos papás a los que les es posible acceder a un colegio particular pagado.
Por lo tanto, señora Presidenta , vamos a tener, en una parte de la población, educación gratis. Pero el Estado no puede, con lo que pone sobre la mesa, garantizar educación de calidad.
En consecuencia, no se cumplirá lo que la Presidenta ha dicho que quiere. No tendremos educación gratuita y de calidad. Es posible que haya educación gratis. Pero lo que el Estado está invirtiendo no permite garantizar calidad. Por consiguiente, habrá educación gratis para los que no la pueden pagar, pero de mala calidad.
Esa no es una buena noticia, señora Presidenta .
Tiene la palabra el Senador señor Espina, hasta por cinco minutos.
Señora Presidenta , creo que en este capítulo del copago, como ha ocurrido a propósito de la admisión y de las demás áreas de este proyecto, lo que en definitiva está en juego es una visión absolutamente distinta, entre la Nueva Mayoría y nosotros, respecto de un tema fundamental para el desarrollo y progreso de una sociedad. Y ello dice relación con el valor del mérito y el esfuerzo.
Esta iniciativa -que es mala y que, lamentablemente, deteriora la educación de nuestros niños- simplemente va tomando medidas que eliminan el mérito y el esfuerzo de los niños -ya lo vimos en el tema de la selección- y, en este caso, también el aporte de los padres.
Cuando se estableció el copago, se hizo sobre la base de que el Estado no tenía recursos para financiar la educación. Pero el fin último era que esos fondos contribuyeran a financiar una educación de calidad.
Además, creo que cuando la Nueva Mayoría toma estas decisiones lo hace simplemente sin querer oír ni escuchar lo que piensan los chilenos.
He citado, en diversas oportunidades, las encuestas del CEP.
En la de julio de 2014 -la última de que disponemos- se pregunta: "¿Cree Ud. que es bueno que los padres puedan complementar el subsidio educacional que otorga el Estado a través de un copago (pagando matricula y/o colegiatura) para mejorar la educación de sus hijos, o Ud. cree que esto debiera estar prohibido?".
Los padres chilenos -que son lo importante y lo relevante para quienes legislan- consideran que "Es bueno que los padres puedan complementar el subsidio" en un 52 por ciento. Y se oponen al copago solo un 37 por ciento.
O sea, una vez más, la mayoría de los chilenos coincide con lo que nosotros hemos sostenido: que el esfuerzo, la contribución de los padres (como en el caso de la selección, el esfuerzo de los niños), es lo que ellos esperan que los legisladores tomen en cuenta.
Pero hay otra pregunta igualmente relevante.
Se consulta: "¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el copago (pago de matrícula y/o colegiatura) genera más compromiso de los padres con la educación de sus hijos?".
El 55 por ciento de los chilenos (de todos los sectores políticos, no solo de la Derecha) cree que es bueno, porque genera una mayor vinculación con el establecimiento educacional, que los padres puedan aportar.
Entonces, lo primero que uno debe comprender es por qué el 55 por ciento de los chilenos rechaza esta reforma, en todas las encuestas. Eso es difícil de entender en la lógica con que operan la Izquierda y la Nueva Mayoría. Y es que la gran mayoría de los chilenos quiere poder contribuir a la educación de sus hijos y siente, además, que esto le permite tener una vinculación más estrecha con ella.
Nosotros presentamos una indicación para ir terminando gradualmente con el copago, bajo la lógica de que lo ideal en una sociedad es que los padres no deban contribuir a la educación de sus hijos, porque probablemente tienen otras prioridades. Pero incluimos un elemento que resultaba de la esencia: que ese copago terminara en la medida que nosotros lográramos llegar a ciertos estándares de calidad que justificaran que no resulta necesario en una sociedad el aporte de los padres.
¿Estamos hoy en condiciones de sostener que el hecho de que los padres dejen de contribuir con sus hijos va a garantizar calidad? No.
Y hay un tema de fondo.
Si los padres, en forma voluntaria, desean contribuir a la educación de sus hijos mientras no se garantice la calidad de esta, ¿por qué la sociedad debe impedirlo? ¿Por qué hacer que el mérito y el esfuerzo de un padre simplemente termine antes de que este sepa que la educación de sus hijos será de calidad?
Por tales razones, señora Presidenta , creemos que este es otro de los aspectos que terminan poniendo una lápida al mérito, al esfuerzo, para sencillamente contar con una educación de menos calidad que la actual.
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe, por un minuto.
Señora Presidenta , deseo hacer presentes dos cosas.
En primer lugar, yo creo que estas normas transitorias no van a mejorar la calidad ni tampoco atacan el fondo del problema. En verdad, solo lo hacen un poco más digerible y básicamente permiten que se llegue al fondo del proyecto con un poco más de lentitud.
Sin embargo, quiero hacerme cargo, de manera breve, de algunas aseveraciones que se han efectuado acá.
Se ha dicho que la baja en las encuestas es fruto de una campaña del terror, que la campaña comunicacional se ha perdido.
Les tengo una mala noticia: mientras más se ha esforzado el Gobierno en dar a conocer la reforma educacional, más la rechaza la gente. Esta es una mala reforma, rechazada por la ciudadanía, y que, efectivamente, no apunta a la calidad. ¿Y por qué? Porque, tal como dijo el Senador Quintana, esta reforma busca mejorar la gratuidad y no la calidad.
Lamentablemente, este sesgo ideológico lo van a pagar nuestros niños.
Saludo a la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, quien nos acompaña. En nombre de todo el Senado, le expresamos nuestro sentimiento de solidaridad por la reciente muerte de su padre.
Tiene la palabra el Senador señor Montes, por tres minutos.
Señora Presidenta , seré muy telegráfico.
En cuanto al artículo primero, relativo a la vigencia de la ley, espero que el Ministro diga algo respecto a cómo pretende implementar toda esta reforma mientras no haya ley. Ojalá que lo señale antes. Entiendo que se va a votar por separado.
En segundo lugar, quiero dejar una constancia. Creo que todo el debate sobre los arriendos estuvo demasiado influido por lo que ocurrió en la educación superior y no se asumió la realidad de la educación escolar.
El arriendo es una variable posible de controlar; más que los bienes muebles, más que la contratación de servicios, porque es un contrato, en el Conservador de Bienes Raíces, y por muchos años. Acá vamos a tener Superintendencia, vamos a tener contabilidad completa, vamos a tener a Impuestos Internos; por tanto, era más fácil de controlar.
Y a mí me preocupa mucho en lo que está terminando este modelo: con una responsabilidad del Estado, en avales, para 1.500 colegios, equivalentes a 3 mil millones de dólares, más o menos. Y eso me parece muy complejo. Espero que en el camino se explore construir mayorías, consensos, para perfeccionar estas soluciones, porque así son estas leyes de cambios estructurales. Pensar que se resuelven de una sola vez no es real.
En tercer lugar, sobre el financiamiento compartido, celebro que después de veintiún años estemos terminando con un modelo que, si bien aportó 600 millones de dólares, provocó mucha segregación, no ayudó mayormente a mejorar la educación, y generó un sistema que pretendía competir. Se crearon 3 mil colegios, sí. Pero la verdad es que eso fue en desmedro de la educación pública. Partimos, el 93, con 3 por ciento de la matrícula, cuando se hicieron esos cambios. Hoy, estamos en un 35 por ciento de la matrícula.
Celebro también que después de tanto tiempo hayamos terminado con esta distorsión de nuestro sistema. No se trata de que los padres no puedan aportar; se trata de un modelo de aporte que es segregador. Los padres siempre han aportado. Los que no están en financiamiento compartido también aportan, aunque de otras maneras.
Este modelo de aporte significó segregación educativa, porque seleccionó a las familias de acuerdo a la billetera de los padres, y significó, igualmente, segregación cultural.
En la historia de Chile, la escuela y el liceo fueron un lugar donde la gente distinta se encontraba. Son parte de la base de nuestra democracia, de nuestras formas de convivir.
El financiamiento compartido fue una muy mala idea. Desde el comienzo hubo una minoría que la rechazamos: siete Diputados en ese entonces. Y se hizo sin debatirse siquiera en la Comisión de Educación en aquel momento.
Yo estoy muy contento de que ahora finalmente, después de 21 años, lo terminemos y pensemos, como parte de un nuevo sistema educacional, en otras formas a través de las cuales los padres participen de los procesos educativos.
Con esta intervención, hemos concluido el bloque de discusión sobre el financiamiento compartido.
Entramos, entonces, al último bloque: el debate relacionado con el cierre.
Tiene la palabra el Senador Ignacio Walker, hasta por cinco minutos.
Señora Presidenta , un amigo me relató que, estando en una asamblea en Osorno, con unos doscientos padres y apoderados -donde había, obviamente, mucha inquietud-, él trató de explicar el proyecto.
Una señora pidió la palabra y le expresó: "Mire, yo no entiendo por qué usted me impide pagar 10 mil pesos, como copago o financiamiento compartido, para tratar de procurar una mejor educación para mi hijo y, sobre todo, para tratar de que él, en este proceso educacional" -lo dijo derechamente- "no tenga malas juntas".
Otra señora, en la misma asamblea, pidió la palabra y manifestó: "Mire, señora, yo, al igual que usted, pago 10 mil pesos en este colegio, y lo encuentro muy importante. Pero ¿sabe? Hay otra persona, en esta misma comuna de Osorno, que está en otro colegio y paga 20 mil pesos de financiamiento compartido. ¿Y sabe para qué? Para que su hijo no estudie ni con el suyo ni con el mío".
Entonces, cuando estamos terminando con el copago, cuando estamos terminando con la selección arbitraria, cuando están cayendo las barreras de entrada, estamos diciéndole a la familia chilena: "Usted va a elegir el colegio para sus hijos. Usted va a expresar su preferencia. Y el sistema de admisión va a respetar esa preferencia. Usted va a postular al colegio al que quiere que asistan sus hijos. Y en este proceso de postulación y admisión no va a haber selección arbitraria, ni socioeconómica; no va a haber descreme".
Voy a contar una segunda anécdota. La primera era sobre el copago y la selección.
Hace un año y medio, Arturo Fointaine , cuando concurrió a hablar en relación con uno de los proyectos que presentamos para poner fin al lucro con fondos públicos en educación, dijo, entre otras cosas: "El problema del lucro con fondos públicos en educación es que un sostenedor, tratándose de fondos de libre disposición -como se entendía por lo menos hasta ahora-, puede que, entre invertir en un laboratorio o comprarse una casa en Pucón" -porque son de libre disposición, insistió Fontaine - "puede, legítimamente, elegir comprarse la casa en Pucón". Y eso es una distorsión.
Aquello hoy día se acaba.
Esos fondos ya no serán de libre disposición para el sostenedor, porque el artículo 3°, el tan vilipendiado artículo 3°, dispone la afectación, no la libre disposición. Es decir, los recursos públicos seguirán siendo públicos y solo se podrán destinar a los fines educativos y al proyecto educativo.
Señora Presidenta , estamos terminando ocho meses de debate, y nosotros, como Democracia Cristiana, tenemos la tranquilidad de que, manteniendo los objetivos, fundamentos y justificación del proyecto, lo hemos perfeccionado, corregido, rectificado y modificado en los mecanismos, instrumentos y modalidades tendientes a mejorarlo y optimizarlo con cambios sustantivos respecto de lo que era su versión oficial inicial del 22 de mayo.
¿Es ahora ideal o perfecto? No.
¿Es complejo? Muy complejo.
¿Es perfectible? Sin duda, muy perfectible.
Y por eso haremos un seguimiento, monitoreo y evaluación permanentes, para tratar de que llegue a buen puerto.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer, por cinco minutos.
Señora Presidenta , hoy estamos terminando el proceso de votación de una reforma educacional que, de educación y de calidad de educación, no tiene mucho, pero, de reforma ideológica, muchísimo.
¿Por qué? Porque es una reforma que aumenta fuertemente el control del Estado. Y, por otra parte, pone un manto de sospecha profundo sobre el aporte que hace y ha hecho la sociedad civil en la educación de nuestro país desde el siglo XIX.
Esta es una tradición profunda en nuestro país, a la que esta reforma le pone encima un manto de duda muy grande.
Por el camino de aumentar el control del Estado, por una mirada política, por una mirada ideológica, esta reforma va a terminar ahogando la creatividad y la diversidad de proyectos educativos distintos en nuestro territorio.
Por otra parte, es una reforma absolutamente ciega a la calidad de la educación, porque va a destruir colegios emblemáticos, como el Instituto Nacional, y establecimientos que tienen buenos resultados y mérito académico en regiones; porque puede que en razón de ella se cierren colegios particulares subvencionados que hoy entregan educación de calidad en nuestro país y que atienden a familias de clase media y a familias vulnerables.
Es una reforma ciega a la calidad, destruye colegios emblemáticos y, probablemente, hará que colegios subvencionados de calidad cierren o se transformen en particulares pagados.
Es una reforma, señora Presidenta , profundamente injusta y discriminatoria, porque hoy los papás que tienen a sus hijos en colegios particulares pagados pueden aportar lo que quieran para su mejor educación, pero los papás de clase media y de familias vulnerables, que necesitan la ayuda del Estado, no pueden contribuir, aunque el Estado todavía no ponga dinero suficiente sobre la mesa para garantizar una educación de calidad.
Es una reforma injusta, porque a los colegios particulares pagados les será posible seleccionar por mérito académico, pero a los públicos no. Y, por tanto, morirán los Institutos Nacionales y aumentará la desigualdad, pues hoy estamos cerrando un trampolín muy importante para la movilidad social.
Adicionalmente, es una reforma sorda. Aquí todos señalan: "Esto lo vamos a tener que arreglar, quizás, en el camino", "tal vez no funcionará bien", "debimos votar a favor porque, en realidad, tenemos un acuerdo político" y "en verdad, no sabemos muy bien si resultará".
Yo les quiero decir que esto es muy muy poco responsable, pues acá estamos jugando con los sueños de niños, de familias que van a sufrir las consecuencias. No son los hijos de las personas sentadas en esta Sala. ¡No! Son los hijos de familias de clase media y de familias vulnerables.
Señora Presidenta , quiero utilizar el último minuto de esta larga discusión para agradecer y mandar una palabra de respeto a todos aquellos sostenedores privados que hoy, por un sesgo político, han sido tachados casi de delincuentes y sobre los que han levantado un manto de sospecha, por el aporte entregado a la educación de calidad de nuestro país.
Y también quiero decirles a los papás y a las mamás que tienen a sus niños en colegios particulares subvencionados, a quienes han catalogado de arribistas, que entiendo que, al igual que la Senadora que habla, realizan un esfuerzo tremendo por entregarles la mejor educación a sus hijos.
Ellos han luchado por una mejor educación para sus hijos, pues quieren que exista mayor movilidad social; porque quieren que no haya la injusticia de que aquellos que pueden pagar dispongan de todo respecto a la selección, respecto a contar con mayores recursos para la formación de sus niños, respecto a que prime el mérito académico en sus colegios.
Entiendo que ustedes, papás y mamás de la clase media de nuestro país, están luchando -y van a seguir haciéndolo- por una mejor educación para sus hijos, pues ahí se ubican los sueños del futuro de Chile.
Y quiero señalar, señora Presidenta , que con esta reforma educacional estamos achatando el país y, además, con ella vamos a perder muchos talentos: talentos tremendamente relevantes para el desarrollo de la nación; talentos de la clase media y de las familias más vulnerables.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, por tres minutos.
Señora Presidenta , no sé si emocionarme con las palabras de algunos de los parlamentarios de las bancadas de enfrente, de la Derecha. Pero quienes conocemos la historia y aquellos que se informan adecuadamente saben que el presente debate, conservador o progresista, viene de 1860 y se ha repetido en la primera década de 1900 hasta 1920.
¿Quiénes eran los conservadores de antaño, de hace cien años?: Blanco Viel, Walker Martínez , Errázuriz Urmeneta , Matte Pérez , Senadores conservadores que reaccionaban frente a la Instrucción Primaria Obligatoria.
"El hecho mismo de que la lei entre a decidir sobre la suerte futura de los hijos, imponiendo la obligación de mandarlos a una escuela i de adquirir cierto mínimum de conocimientos, importa forzosamente la creación de un derecho injustificado e irracional en favor del Estado i una supeditación del derecho de la familia por la intervención del funcionario público".
Los conservadores de ayer son los mismos conservadores de hoy: no han cambiado nada. Y las consecuencias trágicas que auguran, por suerte la historia se encargará de desecharlas.
Porque hoy se pierden talentos.
Porque hoy no hay oportunidades para los jóvenes humildes de la patria.
Porque hoy hay marginación: solo aquellos que asisten a escuelas particulares pagadas pueden aspirar masivamente a la universidad. ¿Y el resto?: que vaya a los institutos o universidades pagadas, donde las familias deben endeudarse.
Hay un fracaso total del modelo educacional que ustedes impusieron. No lo dice Alejandro Navarro ni la Nueva Mayoría, sino la OCDE, la misma institución que ustedes miran con los mejores ojos, donde están las sociedades capitalistas neoliberales. Esa OCDE señala que el modelo que ustedes impusieron hace 34 años fracasó. Y ahora lo estamos cambiando, precisamente para ofrecer mayores oportunidades a niños talentosos que se pierden al asistir a malas escuelas. Porque el modelo es excluyente: hay selección, hay copago y hay lucro.
Por eso repusimos el rol debido del Estado. Aquí no existe intervencionismo ni toma de posesión. Hay un rol adecuado para corregir los defectos de un sistema fracasado; probadamente fracasado.
Vamos a innovar. Y tengo la convicción de que el nuevo sistema permitirá mayor igualdad.
Yo estudié en una escuela pública, de la Sociedad de Instrucción Primaria. Estudié en un liceo con números. Y quiero manifestarles que en esos establecimientos no todos tienen la oportunidad de poder salir adelante, pues, efectivamente, las condiciones sociales determinan muchas veces el éxito o el fracaso de la persona. Y la presente reforma educacional aborda esas condiciones sociales de manera integral, para dar a todos los niños y niñas de Chile la oportunidad de surgir en la vida; de ser buen hombre, buena mujer, y un ciudadano útil para la patria.
Esa es la reforma educacional que hoy estamos aprobando.
Tiene la palabra el Senador señor Allamand, por cinco minutos.
Señora Presidenta , estamos llegando al final del presente debate. Y de las intervenciones de quienes me han antecedido ha quedado más que clara cuál ha sido siempre la inspiración del proyecto que nos ocupa, que es un texto legal profundamente contrario a la voluntad de los padres de familia y, sobre todo, que tiene un claro sesgo anti educación particular subvencionada.
Lejos de perfeccionar un sistema que, pese a sus defectos, es el mejor de América Latina , aquí vamos a afectar gravemente la libertad de enseñanza.
Señora Presidenta , se afecta la libertad de enseñanza cuando se determina que para abrir un nuevo colegio particular subvencionado habrá que requerir la autorización de un funcionario público.
Se afecta la libertad de enseñanza cuando se erradica de todo el sistema educacional el mérito, el rendimiento, las buenas notas, el esfuerzo y se reemplaza por el azar.
Se afecta la libertad de enseñanza cuando se establece que los proyectos educativos no podrán tener sistemas de admisión coherentes con su singularidad. ¡Claro, salvo para los colegios particulares pagados...!
Y digamos la verdad: muchos de los académicos que se han referido al tema y varios parlamentarios quieren imponerles a numerosas familias que manden a sus hijos a colegios donde jamás enviarían a los propios.
Se afecta, sin duda, la libertad de enseñanza cuando con obcecación se impide -y aquí la responsabilidad del señor Ministro de Educación es muy alta- siquiera encontrar una salida razonable para la pésima solución que hoy se ofrece al Instituto Nacional.
Se afecta, sin duda, la libertad de enseñanza cuando se les impide a los padres, frente al menguado aporte del Estado, contribuir para que los colegios a los que sus hijos van puedan disponer de mejores profesores, de mayores instalaciones, a fin de perfeccionar sus proyectos educativos.
Se afecta, sin duda, la libertad de enseñanza cuando, contrariamente a todas las prescripciones del mundo en la materia, que apuntan a la autonomía de los colegios, esta se transforma en letra muerta. De ahora en adelante, los sostenedores solo podrán hacer en sus colegios aquello que los funcionarios del Ministerio de Educación autoricen.
La autonomía, base de escuelas eficientes, eficaces, con proyectos educativos positivos, es el alma de los colegios. Y esa autonomía, hoy, salvo lo que resuelva el Tribunal Constitucional, se transforma en letra muerta.
Y más allá de la retórica, digan lo que digan, los sostenedores, los gestores, cuando incurran en alguna infracción administrativa, dentro de una jungla de normas mal construidas, verán pender sobre sus cabezas siempre la amenaza de muy injustas sanciones penales.
Este proyecto no va a mejorar la educación chilena, pero sí va a dañar y a erosionar la libertad de enseñanza.
Nos han querido convencer de que la postergación que la Democracia Cristiana habría obtenido es tranquilizadora. Absurdo: es pedirle a un sentenciado a muerte que esté contento porque se aplaza su ejecución en dos semanas.
Aquí, la Democracia Cristiana tuvo que elegir entre el futuro de la educación chilena, el futuro de las familias de clase media y el futuro de la Nueva Mayoría. Y, contrariamente a su historia, eligió por el de la Nueva Mayoría.
Una para los sostenedores, a fin de darles las gracias y decirles que les podrán quitar sus colegios y colocar todo tipo de arbitrarias regulaciones, pero nunca les podrán quitar el orgullo de haber contribuido durante más de tres décadas a una mejor educación, a abrirles horizontes de esperanza a muchos niños a quienes no llegaba la educación pública.
A esos sostenedores, vaya nuestro agradecimiento.
Y a los padres de familia que se han movilizado a lo largo de todo este año también quiero agradecerles y decirles que esto no termina aquí. En democracia siempre se pueden revertir las malas decisiones. Y continuaremos luchando para que en Chile haya libertad de enseñanza de verdad.
Tiene la palabra el Senador señor Rossi, por dos minutos.
En verdad, señora Presidenta , hoy estamos celebrando un triunfo histórico no solo de la Nueva Mayoría, sino también de tantas y tantos que durante más de treinta años han tratado de cambiar este sistema impuesto en dictadura, al igual que el binominal.
Esta semana terminamos con el sistema binominal, heredado de la dictadura, y hoy lo hacemos con este sistema educativo basado en el mercado, que discrimina, que segrega y que no aporta calidad. Si fuera tan bueno, no estaríamos intentando cambiarlo.
Este día también es importante porque constituye un triunfo histórico de las fuerzas progresistas que ven en la educación un bien público, un derecho social.
Estamos concretando un compromiso solemne que la Presidenta Bachelet y esta coalición suscribieron hace más de dos años, mediante el cual todos los partidos de la Nueva Mayoría se comprometieron a terminar con la educación de mercado, a terminar con la exclusión y segregación, a terminar con la discriminación, para empezar a mejorar la calidad en un sistema que no entregue a los niños una educación de acuerdo al dinero que los padres tienen en el bolsillo, sino una relacionada con las necesidades educativas de todos y de todas.
El sistema que estamos fundando se basa en la igualdad de oportunidades como pilar fundamental para un nuevo sistema educativo.
Así que -repito- es un día histórico, un día para celebrar.
En este momento ha llegado a la Mesa un documento mediante el cual el Senador señor Jorge Pizarro solicita permiso constitucional para ausentarse del país a contar del día lunes 26 del presente mes, para asistir a la Reunión Interparlamentaria Mixta Chile y Unión Europea.
Les ruego poner la máxima atención porque, según lo acordado, vamos a empezar a votar uno tras otro los artículos. Así que estén atentos a lo que va a señalar el señor Secretario , para no tener que repetirlo.
Conforme al documento que Sus Señorías tienen en su poder, se han hecho algunas agrupaciones de los artículos transitorios.
Se deja constancia de que todas las adecuaciones formales quedan aprobadas.
La Secretaría señalará, en el momento oportuno, los artículos que deben ser aprobados con quórum especial dentro de las votaciones que se efectuarán.
Se entienden retiradas todas las indicaciones renovadas que recaen en dichos artículos.
--Se retiran.
Corresponde votar el artículo primero transitorio, que no es de quórum especial.
--Se aprueba el artículo primero transitorio propuesto por las Comisiones unidas (37 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
A continuación, están los artículos segundo (de quórum orgánico constitucional), tercero, cuarto y quinto transitorios.
--Se aprueban los artículos segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios (23 votos a favor y 14 en contra), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.
Señora Presidenta, no se marcó mi voto en contra.
Se hace presente la intención de voto negativo del Senador señor Espina.
Quiero hacer reserva de constitucionalidad acerca de estas disposiciones.
Se deja constancia de ello.
En seguida, corresponde votar el artículo sexto transitorio, donde no hay normas de quórum especial.
--Se aprueba el artículo sexto transitorio (23 votos a favor y 15 en contra).
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.
Después, vienen los artículos séptimo a decimosexto, donde el artículo decimoquinto tiene rango orgánico constitucional.
--Se aprueban los artículos séptimo a decimosexto (23 votos a favor y 15 votos en contra), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido.
A continuación, corresponde votar el artículo decimoséptimo transitorio, que no es de quórum especial.
--Se aprueba el artículo decimoséptimo transitorio (23 votos a favor y 15 en contra).
El siguiente es el artículo decimoctavo transitorio (páginas 192 a 194 del informe comparado).
No es norma de quórum especial.
--Se aprueba el artículo decimoctavo transitorio (23 votos a favor y 15 en contra).
En seguida, corresponde votar el artículo decimonoveno transitorio (página 194 del comparado).
--Se aprueba el artículo decimonoveno transitorio (23 votos a favor y 15 en contra).
Ahora hay que resolver el artículo vigésimo transitorio.
Tampoco es norma de quórum especial.
--Se aprueba el artículo vigésimo transitorio (38 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
A continuación, se deben votar los artículos vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero transitorios (páginas 195 a 202 del boletín comparado).
No hay normas de quórum especial.
--Se aprueban los artículos vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero transitorios (23 votos a favor y 15 en contra).
El siguiente es el artículo vigésimo cuarto transitorio (página 202 del comparado).
Es de quórum simple.
--Se aprueba el artículo vigésimo cuarto transitorio (36 votos).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Señora Presidenta , los Senadores Pérez Varela y García no quedaron registrados o no alcanzaron a votar.
¿Ambos votaban a favor?
Se dejará constancia de la intención de voto favorable de Sus Señorías.
En seguida, corresponde votar el artículo vigésimo quinto transitorio (página 203 del comparado).
No requiere quórum especial para ser aprobado.
--Se aprueba el artículo vigésimo quinto transitorio (23 votos contra 15).
A continuación, hay que votar el artículo vigésimo sexto transitorio (páginas 203 a 206 del comparado).
Es norma de quórum simple.
Señora Presidenta , hago reserva de constitucionalidad respecto de esta disposición.
--Se aprueba el artículo vigésimo sexto transitorio (23 votos a favor y 14 en contra).
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.
Señora Presidenta, solicito que agregue mi voto en contra, por favor.
Se dejará constancia de la intención de voto negativo de Su Señoría.
Corresponde votar el artículo vigésimo séptimo transitorio (página 207 del comparado).
--Se aprueba el artículo vigésimo séptimo transitorio (23 a favor y 15 en contra).
En seguida, corresponde votar los artículos vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo segundo transitorios (páginas 207 a 210 del informe comparado).
Son normas de quórum simple.
--Se aprueban los artículos vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo segundo transitorios (38 votos favorables).
A continuación, la Sala debe pronunciarse sobre el artículo trigésimo primero transitorio (página 209 del comparado), respecto del cual se pidió votación separada.
--Se aprueba el artículo trigésimo primero transitorio (23 votos a favor, 1 en contra y 14 abstenciones).
Votó en contra el señor Ossandón.
Se abstuvieron las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Ahora corresponde votar los artículos trigésimo tercero, trigésimo cuarto, trigésimo quinto, trigésimo sexto y trigésimo octavo transitorios (páginas 210 a 212, más la 214, del informe comparado).
No son normas de quórum especial.
--Se aprueban los artículos trigésimo tercero, trigésimo cuarto, trigésimo quinto, trigésimo sexto y trigésimo octavo transitorios (23 votos a favor y 15 en contra).
La última votación, señores Senadores, recae en el artículo trigésimo séptimo transitorio (página 212 del boletín comparado).
Es una norma de quórum simple.
--Se aprueba el artículo trigésimo séptimo transitorio (37 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El Senador señor Lagos tuvo problema con el sistema.
Se dejará constancia de la intención de voto favorable de Su Señoría.
Señoras y señores Senadores, hemos terminado la tramitación del proyecto.
--(Aplausos en la Sala y manifestaciones en tribunas).
¡Despejen las tribunas!
¡Ruego a los señores carabineros despejar las tribunas!
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Educación ).-
En primer lugar, me hago un deber agradecer a las señoras Senadoras y a los señores Senadores por lo que yo calificaría como una importante dosis de lealtad republicana.
Más allá de las pasiones que esta materia desata, lo que alguna veces nos hace caer en suposición de intenciones o en caricaturas de lo que el otro piensa, en general todas y todos han hecho su mejor esfuerzo por defender sus principios y sus convicciones. En el fondo, hemos tenido el debate que un proyecto de tal envergadura merece.
Las reformas estructurales siempre son extremadamente complejas, porque afectan la base del funcionamiento de la vida en común. Por lo mismo, sus resultados y necesidades no son aparentes. Resultan fundamentales, pero no representan necesariamente algo demasiado tangible.
Por ello, son muy difíciles de consensuar.
Me he dedicado una vida entera al estudio de las políticas públicas y sociales. Lo he hecho en Chile y también he podido supervisar programas públicos en decenas de economías y sociedades en otras partes del mundo.
Las reformas estructurales, además, suelen producir escepticismo e incertidumbre. Quienes están detrás de los modelos antiguos se oponen de modo muy visible a cambiarlos. Estos existen por una razón: objetivamente, para favorecer a algunos.
Por eso es tan difícil modificar las estructuras y por eso el intento de reformarlas genera, como dije, mucha incertidumbre y escepticismo.
Aquí se ha sostenido -y es legítimo que así se piense- que cambiar el modelo educacional, que es lo que hace esta reforma, no mejorará la calidad de la educación, razón por la cual esta iniciativa es completamente innecesaria.
Ante ello, por rigor intelectual, cabe preguntar: si el modelo que define nuestra educación no es importante, ¿por qué se hizo un esfuerzo tan grande el año 81 por modificar sus bases?, ¿por qué se asoció a ese cambio la promesa de una educación de calidad para Chile?
Si los que implantaron este modelo educacional tuvieron derecho a pensar en su minuto que ese fundamento era la raíz de todo, ¿por qué nosotros no podríamos estimar que el modelo que hemos propuesto, que hoy ha recibido el apoyo mayoritario del Senado, lo cual agradezco, representa realmente la forma de seguir adelante?
Carece de consistencia lógica argumentar que era importante el cambio de sistema en un sentido, pero no en otro diferente.
Las virtudes del modelo que estamos estableciendo para el conjunto de la educación están respaldadas de manera contundente en la literatura y en la experiencia empírica de todos los países que han logrado construir buenos sistemas educacionales. Si bien se observan diferencias, todos se sustentan en una base inclusiva: no es ni el color de piel, ni la religión, ni la capacidad de pago, ni el capital cultural de los padres lo que determina las oportunidades de los niños.
La sociedad occidental está construida sobre ese pacto social.
Más allá de las distancias que se producen en función de los méritos y esfuerzos que haga cada cual en la vida, no es posible trasladar esas diferencias de forma mecánica a un punto de partida desigual, porque los talentos están distribuidos en todas partes. Por tanto, si no igualamos las posibilidades de los niños al nacer, para que realicen su proyecto, para que sean buenas personas, buenos ciudadanos y para que contribuyan al desarrollo de todos, simplemente la sociedad se estanca y se llena de guetos y de resentimiento.
Eso es, ni más ni menos, lo que hemos pretendido al rehacer nuestro modelo educacional, de modo que las oportunidades estén distribuidas conforme al esfuerzo y al talento, y no a facultades adscritas que no dependen de nuestras niñas y nuestros niños.
Esta reforma es para los 12 mil colegios de Chile, no específicamente para el sistema particular subvencionado, ni para el público o el privado. Cada uno de estos cuenta con regulaciones propias.
Como bien se ha dicho, una cosa es establecer diferencias y otra, discriminaciones arbitrarias. Son estas últimas las que el proyecto ha tratado rigurosamente de terminar.
Eso sí, hay mayor claridad regulatoria en las materias que afectan a casi el 93 por ciento de nuestra comunidad, que son las relativas al mundo subvencionado.
Creo que Chile ha evolucionado, históricamente -y eso se respeta plenamente en la iniciativa-, hacia un modelo ejemplar de pluralismo, en el cual el Estado se hace la obligación de financiar todos los proyectos educativos que tanto él directamente como el sector privado indirectamente les ofrezcan a nuestras niñas y nuestros niños.
Y ustedes han visto que, a través de todas las disposiciones de esta propuesta legislativa, se fortalecen, con más recursos y con una alta dosis de dignidad y de autonomía, los proyectos educativos privados.
En ese sentido, se trata de un modelo casi único en el mundo. De hecho, en cuanto al mero ejercicio de la decisión de las familias, es mucho más liberal que los sistemas más libres que existen en el planeta, como los de Holanda o Bélgica.
Reitero: nuestro modelo es un ejemplo de pluralismo. Pero el pluralismo no puede ser excusa para discriminar arbitrariamente, permitiendo a algunos acceder a un tipo de educación y dejando a otros en una diferente.
¡Todavía falta mucho, señora Presidenta !
Desde luego, debemos implementar esta reforma desde ya. Como bien señaló el Senador Montes, no podemos dejar que el año 2015 transcurra sin que nada suceda. Los temas administrativos, que son de responsabilidad del Ministerio, comenzarán a ser implementados una vez que la Cámara de Diputados ratifique lo hecho por el Honorable Senado y el proyecto se transforme en ley.
Asimismo, los agentes educacionales deberán ajustarse a una nueva estructura de rendición de cuentas, a los nuevos métodos que esta normativa imparte. Por eso su acción legal comienza en marzo del próximo año.
Además de implementar esta reforma, señora Presidenta , tenemos que replantear nuestra educación pública. Sin duda, entendiendo, en un sentido más lato, que esta es tanto aquella que provee el Estado directamente como la que proporcionan los privados a través del esquema subvencionado, la educación tradicionalmente pública o estatal deja mucho que desear. Y, obviamente, la ley en proyecto no la mejora de manera espontánea. Por tanto, hay que trabajar directamente en eso.
Al respecto, por ejemplo, podremos discutir una vez más el rol de nuestros colegios estatales emblemáticos en el contexto de la nueva estructura de la educación pública. Creemos que esos establecimientos tienen -así ha sido históricamente- una tremenda tarea de fertilización hacia el resto de la comunidad.
Evidentemente, deberemos discutir a fondo -espero que cuando se haga el debate tengamos muchas más voluntades concurrentes que ahora- cómo le garantizaremos a Chile que vamos a contar con los mejores profesores y los mejores directivos escolares.
Ustedes ya lo saben. Más de 20 mil profesores, a lo largo de nuestro país, han debatido las primeras ideas. Y en marzo ello será una realidad en este Parlamento. Lo discutiremos.
Tenemos muy buenas noticias que darles tanto a los docentes y a los directivos cuanto a las familias y a todos ustedes sobre la forma como pensamos mejorar la relación entre la educación y nuestros profesores.
Hemos de rediscutir lo atinente a la regulación y el financiamiento de nuestras universidades.
Sabemos que muchos estudiantes enfrentan enormes problemas para cancelar los aranceles. Y sabemos también que muchas familias deben asumir gastos para el costeo de actividades universitarias extras que no tienen por qué ser de cargo de ellas, como las de investigación y las de relacionamiento con la comunidad.
Habrá que debatir a fondo qué es de cargo de la familia, qué familias pueden pagar, cómo irá avanzando la gratuidad.
Mantendremos los oídos abiertos y tendremos una flexibilidad enorme para corregir nuestros errores. Pero, igualmente, nos asisten las convicciones más profundas para salir adelante. De lo contrario los países se quedan estancados, como lo ha demostrado fehacientemente la historia.
Agradezco a todos los Senadores y a todas Senadoras por la colaboración que prestaron para posibilitar la tramitación de este proyecto.
--Se levantó a las 12:47.
La ley 20.255 del año 2008 que estableció la Reforma previsional, dentro de las diversas modificaciones que efectuó al sistema, una de las más importantes y controvertidas fue la obligación progresiva que se impuso a las personas independientes de acudir a una AFP y solicitar imponer en forma voluntaria o en caso contrario obligar al Servicio de Impuestos Internos de informar a la Tesorería General de la República, quién pagará las cotizaciones previsionales con cargo a las cantidades retenidas como impuesto por concepto de Honorarios.
Para efectos de dicha obligación de cotización obligatoria se considera como renta imponible, el 80% de las rentas brutas gravadas por el artículo 42 N° 2 de la Ley de Impuesto a la Renta. Dicha renta imponible no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior a 720 UF a la fecha de cotizar.
La Ley también estipula que los requisitos que deben tener las personas son; tener menos de 55 años los hombres o 50 años las mujeres al 1 de enero del 2012, ya que los trabajadores mayores de esa edad no estarán obligados a cotizar, como tampoco los trabajadores independientes afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen antiguo administradas por el IPS o a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) o a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).
Dicha obligación de cotización de los trabajadores independientes ha tenido una implementación gradual que comenzó el año 2012 año en donde se estableció una cotización de un 40% de la renta imponible y se cotizaba salvo que el trabajador expresara su voluntad contraria.
El año 2013 el límite llego a un 70% y el 2014 al 100% de la renta imponible manteniéndose en ambos años la cotización obligatoria, salvo que el trabajador manifieste su voluntad contraria.
Para el presente año 2015 la novedad consiste en que la facultad que tenía el trabajador para manifestar su voluntad de no cotizar se termina, exigiéndose a todo evento la obligatoriedad de cotizar.
Respecto a esta obligación legal de cotizar que se impondrá a partir del presente año, creemos por un lado que ésta encuentra una cierta justificación en asegurar una pensión digna para aquellas personas que hoy en día no cotizan, y al mismo tiempo no sobrecargar al Estado en el pago de pensiones básicas solidarias.
Sin embargo, luego de dicha reforma, la realidad nos ha demostrado que nuestro sistema previsional todavía demuestra injusticias y fallas que exigen una profunda reestructuración, puesto que las pensiones que el sistema de cotización individual paga al momento de jubilarse, están muy lejos de cumplir con las expectativas de los cotizantes, siendo el sistema un muy buen negocio para las administradoras de los fondos de pensiones y una muy mala inversión para los cotizantes.
Este desequilibrio en los beneficios del Sistema, entre AFPs y cotizantes, y que debe ser reformado, para ir avanzando hacia un sistema de financiamiento tripartito y solidario (con aportes del empleador, trabajador y el Estado) nos hace plantear la absoluta necesidad de postergar la obligación de cotización que comienza a regir a partir del año 2015, mientras no se cuente con una reforma al sistema de pensiones que dé una garantía de justicia y equidad en materia de sistema previsional, puesto que esta cotización obligatoria, solo contribuirá a incrementar las utilidades de las AFPs.
Por lo anterior es que se solicita el siguiente:
Solicitar a S.E Presidenta de la República doña Michelle Bachelet Jeria y a la señora Ministra del Trabajo doña Javiera Blanco Suarez mediante el envío de un proyecto de ley que modifique la ley 20.255, que estableció la reforma previsional, de manera que la obligación de cotizar que se impone desde el año 2015 a los trabajadores independientes se vea aplazada por 3 años más, de manera que dicha obligación se haga efectiva solo una vez que se efectúe una reforma al sistema que garantice un financiamiento tripartito y solidario del mismo.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.
Ley 16.708 conocida como Ley Lorca, publicada en el Diario Oficial el 15 de Noviembre de 1967 fijó tarifas aéreas entre las ciudades de Santiago y Punta Arenas y viceversa para determinados conjuntos artísticos, deportivos y estudiantiles, creando para su financiamiento un impuesto de un 2% de las tarifas de los pasajes aéreos.
Dicha Ley perdió su vigencia al perder su carácter de propiedad del Estado la Línea Aérea Nacional que era la obligada a establecer tarifas especiales para determinadas personas que viajaban entre Punta Arenas y Santiago, en especial los estudiantes.
Sin perjuicio del término de dicha ley, hoy en día persiste la realidad de muchos jóvenes que viven en Regiones y comunas Extremas, tales como la Región de Magallanes, Aysén, de Arica y Parinacota, las Provincias de Chiloé y Palena y las Islas de Juan Fernández y de Pascua, y que deben cursar sus estudios superiores en otras Regiones, en especial deben irse a la Región Metropolitana, cuestión que no pueden efectuar, puesto que no cuentan con los recursos para su traslado aéreo, el único posible, dadas, las distancias existentes entre la Región donde viven y la Región donde deben estudiar.
Por lo anterior, es que dentro del proceso de Reforma Educacional que nuestro país vive, es que creemos necesario volver a establecer algún mecanismo que permita a dichos jóvenes acceder a la Educación Superior incluida la Técnica Profesional, que solo pueden recibir en Instituciones de Educación Superior que no existen en su Región.
El artículo 37 transitorio del proyecto de ley que regula la admisión de los las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, Boletín 9366-04, crea un Fondo destinado a la recuperación y fortalecimiento de la educación pública, en todos sus niveles y modalidades de un monto de $ 250.000.000 miles.
El mismo artículo 37 transitorio, establece que mediante decreto del Ministerio de Educación, visado por el Ministerio de Hacienda, se establecerán los mecanismos de distribución de estos recursos, los usos específicos en que se emplearán, y las formas y procedimientos de entrega y rendición de los mismos.
Junto con lo anterior, en el presupuesto de los Gobiernos Regionales así como del propio Ministerio de Educación existen recursos que permitirían pasajes aéreos para aquellos estudiantes que tengan que trasladarse para cursar sus estudios superiores en Universidades que no son parte del sistema público.
Por lo anterior es que se solicita que dentro del marco de reforma educacional que vive el país, se considere la creación de un Fondo para el traslado aéreo de jóvenes que vivan en regiones y comunas extremas y que deban trasladarse para estudiar en Instituciones de Educación Superior y Técnica Profesional que se ubican en otras Regiones del país.
Dicho Fondo se financiaría con los recursos que aporte el Fondo de fortalecimiento y
recuperación publica que crea el artículo 37 transitorio del proyecto de ley que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, Boletín 9366-04, y con los fondos que aporten los Gobiernos Regionales y el propio Ministerio de Educación.
Por las razones anteriores es que venimos a presentar el siguiente:
Solicitar a S. E. Presidenta de la República doña Michelle Bachelet Jeria y al Señor Ministro de Educación don Nicolás Eyzaguirre Guzmán que dentro del marco de reforma educacional que vive el país, se considere la creación de un Fondo para el traslado aéreo de jóvenes que vivan en Regiones y comunas extremas, y que deban trasladarse para estudiar en Instituciones de Educación Superior, incluida la Técnica Profesional, que se ubican en otras Regiones.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.
1. Que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) fue creado por la Ley N° 20.765, publicada el 9 de julio de 2014, con la finalidad de establecer un mecanismo de estabilización de los precios de venta internos de los combustibles incluidos en la Ley N° 18.502.
2. Que la razón que fundamenta la existencia del mecanismo, obedece a las constantes alzas históricas de los precios del combustible y a la creencia del regulador de que el consumidor creería necesario morigerar las variaciones periódicas del precio.
3. Que según datos de Econsult, en las últimas bajas del precio del combustible refinado, debido a la existencia de este mecanismo, el precio real que han pagado los consumidores de este hidrocarburo es, en promedio, del orden de un 46% más alto de lo que pagarían si no existiese el Mepco.
En este contexto, cabe señalar que la variación de los precios no es, en esencia, perjudicial ni ventajosa, ya que el consumidor espera poder beneficiarse de una variación positiva (una baja de precio). Por esto, no se justifica un sistema de estabilización donde, finalmente, el usuario puede llegar a pagar incluso más que el precio del mercado, solo que en espacios de tiempo más prolongados.
4. Que Mepco se ha convertido en una importante herramienta de recaudación fiscal al mantener, artificialmente, un precio más elevado del litro de combustible por un tiempo más prolongado, por tanto, aumentando la base imponible del IVA.
5. Que debido a que la existencia del Mepco parece justificarse sólo por su importancia en la recaudación fiscal del IVA, parece razonable considerar su eliminación en vista que la razón de existencia del mecanismo, es decir, las constantes alzas del precio del combustible, no se verificarían en el futuro cercano debido a cambios sustanciales en el mercado de los hidrocarburos, explicados por los avances en la explotación del shale gas, entre otros.
6. Que en los últimos meses, se han verificado constantes bajas del precio de los combustibles refinados y que, por la existencia del Mepco, dichas bajas no han sido traspasadas íntegramente al consumidor.
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que disponga el envío de una ley derogatoria de la Ley N° 20.765 que crea el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), con el fin de hacer efectivas íntegramente las bajas de precio del combustible.
(Fdo.): Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Jacqueline van Rysselberghe, Senadora.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Alfonso de Urresti Longton, Senador.- Alejandro Guillier Álvarez, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.