Source: http://www.escritosdederecho.com/2015_08_01_archive.html
Timestamp: 2017-04-26 13:41:11
Document Index: 144627358

Matched Legal Cases: ['artículo 192', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 47', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 47', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo\n4', 'artículo 47', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 47', 'artículo 86', 'artículo 43', 'artículo 41', 'Artículo 40', 'Artículo 43', 'in dubio', 'Artículo 25', 'Artículo\n13', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 47', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 47', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 47', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo\n47', 'artículo 41', 'Artículo 47', 'Artículo 94', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo\n1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 259', 'artículo 3', 'artículo 259']

Acuerdo y Sentencia 0123/2014 Tribunal de Cuentas.
| JURISPRUDENCIA TRIBUNAL DE CUENTAS
Juzgado: Tribunal de Cuentas Primera Sala.
Tipo de Resolución: Acuerdo y Sentencia Nº 0123/2014.
Causa: "VIDALIA VELAZQUEZ S. Y OTROS C/ RESOLUCIÓN N° 219,220, 221 Y 223 DEL 30 DE AGOSTO DE 2012, DICTADO POR LA SENAVE"
Palabras clave: tribunal de cuentas, acuerdo y sentencia, estabilidad provisoria, sumario administrativo, derecho a la defensa.
Contando con estabilidad provisoria al cumplir el plazo del periodo de prueba, surge la necesidad de sumario administrativo previo en los términos de la ley 1626/2000, para la procedencia de un despido justificado, mediando el debido proceso (derecho a la defensa), como medida al poder discrecional de la administración, en cuanto a las costas se aplica la teoría objetiva prevista en el artículo 192 del C.P.C. y son aplicadas a la perdidosa.
Acuerdo y Sentencia Nº 0123/2014
En la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción,
Capital de la República del Paraguay, a los veintisiete días
del mes de mayo de dos mil catorce, estando presentes los Excmos.
Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, los
Magistrados AMADO VERON DUARTE, MARTIN AVALOS y RODRIGO
A. ESCOBAR, en su Sala de Audiencias y Público
Despacho, bajo la Presidencia del Primero de los nombrados, por ante
mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente
caratulado: "VIDALIA VELAZQUEZ S. Y OTROS C/
RESOLUCIÓN N° 219,220, 221 Y 223 DEL 30 DE AGOSTO DE 2012, DICTADO
POR LA SENAVE"
Previo el estudio de los
antecedentes del caso, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió
plantear y votar la siguiente, CUESTIÓN:
ajustado a derecho el acto administrativo recurrido? Practicado el sorteo de ley para determinar
el orden de votación, dio el siguiente resultado: Dr.
AMADO VERON DUARTE, RODRIGO A. ESCOBAR Y MARTIN AVALOS.
EL EXCMO. MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, DR. AMADO
VERON DUARTE, DIJO: Que en fecha 07 de setiembre de
2012 (fojas 60/72), se presentan ante este Tribunal de Cuentas,
Primera Sala, la señora VIDALIA VELAZQUEZ SANTACRUZ y los señores
RODRIGO DAVID BENITEZ INSFRAN, ROGER MARTIN GONZALEZ PARRA y
FRANCISCO FIDEL GONCALVEZ BENITEZ por derecho propio y bajo
patrocinio de la Abogada SILVIA GONZALEZ DE ESCAURIZA a promover
demanda contencioso administrativa, en los siguientes
términos: “..Que vengo a promover demanda
contencioso-administrativa contra el Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, con domicilio en Humaitá 145
e/Ntra. Sra. de la Asunción e Independencia Nacional, Edificio
Planeta I, con motivo de las Resoluciones Nos. 219, 220, 221 y 223
todas de fecha 30 de agosto de 2012, suscritas por el Presidente de
la entidad, ING. AGR. JAIME AYALA por las que se dan por terminadas
las funciones de mis mandantes. Que por notificación N° 390/12 de
fecha 31 de agosto de 2012, suscrita por la Directora de la
Secretaría de Gestión Personas del SENAVE, Lic. Rossana Ozuna, fue
notificada mi mandante de la Resolución N° 221 del 30 de agosto de
2012. Que, la misma en su parte resolutiva dispone "Artículo A-
DAR POR DETERMINADAS las funciones de la señora Vidalia Velázquez
Santacruz, cotrt.1. N° 2.371.965 en el Servicio Nacional de Calidad
y Sanidad Vegetal y de Semillas- SENAVE, nombrado según Resolución
N° 204 de fecha 22 de marzo de 2011. Artículo 2o.- DAR LAS GRACIAS
a la señora Vidalia Velázquez Santacruz, con C.I. N° 2.371.965,
por los servicios prestados a la Institución. Artículo 3o.-
INDEMNIZAR, a la señora Vidalia Velázquez Santacruz, con C.I. N°
2.371.965, en los términos establecidos en la Ley y AUTORIZAR a la
Dirección General de Administración y Finanzas a proceder al pago
respectivo. Artículo 4o.- COMUNICAR, a quienes corresponda y
cumplida, archivar". Que la citada resolución por la cual
desvinculan a mi mandante refiere que "por Resolución N° 204
de fecha 22 de marzo de 2011 se nombra en el Servicio Nacional de
"Que, la Ley N° 1.626/00 "De la Función Pública" en
su artículo 47° dispone: "... La estabilidad se
adquirirá a los dos años ininterrumpidos de servicio en la función
pública". Que por la referida Resolución
204, a la Abog. Vidalia Velázquez Santacruz le fue asignada la
categoría C4Z - FF30, con vigencia a partir de fecha 02 de marzo de
2011. SR. RODRIGO BENÍTEZ. Que por Notificación N° 392/12 de fecha
31 de agosto de 2012, suscrita por la Directora de la Secretaría de
Gestión de Personas del SEN AVE, Lic. Rossana Ozuna, fue notificado
mi mandante de la Resolución N° 223 del 30 de agosto de 2012.- Que,
la misma en su parte resolutiva dispone "Artículo 1°.- DAR POR
TERMINADAS las funciones del señor Rodrigo Benítez, con C.I. N°
5.219.262 en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas- SENAVE, nombrado según Resolución N" 204 de fecha 22
de marzo de 2011. Artículo 2o.- DAR LAS GRACIAS a la señor Rodrigo
Benítez, con C.I. N° 5.219.262, por los servicios prestados a la
Institución. Artículo 3o.- INDEMNIZAR, al señor Rodrigo Benítez,
con C.I. N° 5.219.262, en los términos establecidos en la Ley y
AUTORIZAR a la Dirección General de Administración y Finanzas a
proceder al pago respectivo. Artículo 4o.- COMUNICAR, a quienes
corresponda y cumplida, archivar".-Que la citada resolución por
la cual desvinculan a mi mandante refiere que "por Resolución
N° 204 de fecha 22 de marzo de 2011 se nombra en el Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas- SENAVE, al Sr.
Rodrigo Benítez.." y "Que, la Ley N" 1.626/00 "De
la Función Pública" en su artículo 47o dispone: "...La
estabilidad se adquirirá a los dos años ininterrumpidos de servicio
en la función pública". Que por Resolución 204 de fecha 22 de
marzo de 2011, se nombra al señor Rodrigo David Benítez Insfrán,
con C.I. N" 5.219.262, en la categoría G9Q- FF30, con vigencia
a partir de fecha 02 de marzo de 2011. Que por Notificación N°
389/12 de fecha 31 de agosto de 2012, suscrita por la Directora de la
Secretaría de Gestión de Personas del SEN AVE, Lic. Rossana Ozuna,
fue notificado mi mandante de la Resolución N° 220 del 30 de agosto
de 2012.- Que, la Resolución en su parte resolutiva dispone:
"Artículo 1o.- DAR POR TERMINADAS las funciones del señor
Roger Martín González Parra, con C.I. N° 1.040.241 en el Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas- SEN AVE,
nombrado según Resolución N° 204 de fecha 22 de marzo de 2011.
Artículo 2o.- DAR LAS GRACIAS a la señor Roger Martín González
Parra, con C.I. N° 1.040.241, por los servicios prestados a la
Institución. Artículo 3°.- INDEMNIZAR, al señor Roger Martín
González Parra, con C.I. N° 1.040.241, en los términos
establecidos en la Ley y AUTORIZAR a la Dirección General de
Administración y Finanzas a proceder al pago respectivo. Artículo
4o.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archivar". Que
la citada resolución por la cual desvinculan a mi mandante refiere
que "por Resolución N0 204 de fecha 22 de marzo de 2011 se
nombra en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas- SEN AVE, al señor Roger Martín González Parra, con C.I.
N0 1.040.241." y "Que, la Ley N' 1.626/00 "De la
Función Pública" en su artículo 47° dispone:
"...La estabilidad se adquirirá a los dos años ininterrumpidos
de servicio en la función pública". Que por Resolución 204 de
fecha 22 de marzo de 2011, se nombra al seño Roger Martín González
Parra, con C.I. N° 1.040.241r, en la categoría C52 - FF30, con
vigencia a partir de fecha 02 de marzo de 2011.- SR. FRANCISCO FIDEL
GONCALVEZ. Que por Notificación N° 388/12 de fecha 31 de agosto de
2012, suscrita por la Directora de la Secretaria de Gestión de
Personas del SEN AVE, Lic. Rossana Ozuna, fue notificado mi mandante
de la Resolución N" 219 del 30 de agosto de 2012.
Que, la Resolución en su parte resolutiva
dispone "Articulo lo.- DAR POR TERMINADAS las funciones del
señor Francisco Fidel González Benítez, con C.L N" 1.540.027
en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-
SENAVE, nombrado según Resolución N" 204 de fecha 22 de marzo de 2011. Artículo 2o.- DAR LAS GRACIAS al señor Francisco Fidel
González Benítez, con C.I. N° 1.540.027, por los servicios
prestados a la Institución. Artículo 3o - INDEMNIZAR, al señor
Francisco Fidel González Benítez, con C.I. N" 1.540.027, en
los términos establecidos en la Ley y AUTORIZAR a la Dirección
General de Administración y Finanzas a proceder al pago respectivo.
Artículo 4o - COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archivar"
Que la citada resolución por la cual desvinculan a mi mandante
refiere que "por Resolución N" 204 de fecha 22 de marzo de
2011 se nombra en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semillas- SENAVE, a Francisco Fidel González Benítez, con C.I.
N" 1.540.027." y "Que, la Ley N° 1.626/00 "De
la Función Pública" en su artículo 47° dispone:
de servicio en la función pública".- Que por Resolución 204
de fecha 22 de marzo de 2011, se nombra al señor Francisco
Fidel González Benítez, con C.I. N° 1.540.027, en la categoría
C4Z - FF30, con vigencia a partir de fecha 02 de marzo de 2011.-
FUNDAMENTOS JURIDICO PROCESALES. Primero. En cuanto a la jurisdicción
y competencia se refiere, corresponde a la jurisdicción contencioso
administrativa el conocimiento del presente recurso y el órgano
jurisdiccional al que me dirijo es el competente de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XII, arts. 86 y sgts. de la Ley
1626/00 "De la Función Pública". Segundo. Que tratándose
los actores de funcionarios públicos ¡legalmente despedidos y
consecuentemente, lesionados en sus derechos subjetivos por los actos
administrativos dictados por la autoridad pública (Resoluciones de
despido SENA VE Nos. 221, 223, 220, 225 y 219, todas de fecha 30 de
agosto de 2012), tienen capacidad procesal conforme con el art. 49
inc. i) que determina entre los derechos de los funcionarios
públicos, el de interponer los recursos administrativos y las
acciones judiciales que hagan a la defensa de sus derechos y art. 86
de la Ley 1626/00, que dispone: "Las cuestiones litigiosas
suscitadas entre los funcionarios públicos y el Estado serán
competencia del Tribunal de Cuentas".- Tercero. Impugnabilidad
del acto recurrido. El presente recurso contencioso administrativo es
admisible, de conformidad con el artículo 86 de la Ley
1626/00 antes transcripto y con el art. 87 del mismo cuerpo
legal que decreta: "El recurso de reconsideración sólo
procederá contra las resoluciones dictadas por la autoridad
administrativa, cuando ellas no emanasen de la máxima autoridad
jerárquica del organismo o entidad respectivo y no tendrá efecto
suspensivo. Cuando la resolución hubiese sido dictada por la máxima
autoridad del organismo o entidad, quedará expedita la vía para su
apelación ante la instancia". LITISPENDENCIA. Manifiesto bajo
fe de juramento que no existen otros juicios pendientes sobre el
mismo asunto en el que tengan intervención mis mandantes.
ANTECEDENTES DEL HECHO..PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Mientras que a las
personas de Derecho Privado les rige la regla "está permitido
todo lo que no está prohibida", el agente estatal está en
posición radicalmente distinta. La autoridad no se puede limitar a
examinar si el acto no le está prohibido, debe examinar que el mismo
esté positivamente autorizado, lo que es distinto a la licitud de
los actos jurídicos privados. En el caso que motiva esta acción, el
inc. ñ) del art. 13 de la Ley 2459/04 "Que Crea el
SENAVE" dispone que se encuentra entre las atribuciones del
Presidente del SENAVE la de "Nombrar previa selección a
funcionarios, contratar, trasladar, remover y disponer sumarios
administrativos, DE ACUERDO A LAS NORMAS JURÍDICAS VIGENTES".
DESVINCULACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. Sobre la desvinculación
del funcionario público, cabe hacer las siguientes referencias: "El
funcionario público de carrera que haya adquirido estabilidad no
puede ser despedido sin causa y sin previo sumario administrativo.
Conforme a la Ley N° 1626 de la Función Pública, el despido o
destitución constituye una sanción que puede ser aplicada en caso
de incurrir en una falta grave comprobada en un sumario
administrativo. La Ley se refiere, por un lado, a la estabilidad
provisoria que se adquiere una vez cumplido el periodo de prueba de
seis meses (Art. 19, Ley N° 1616). Por otra parte, hace alusión a
la estabilidad definitiva que es la adquirida por el funcionario
público una vez transcurrido dos años ininterrumpidos de servicio
en la función pública siempre que aprueben las evaluaciones
contempladas en el reglamento interno del organismo o entidad del
Estado. El sumario administrativo, que constituye un procedimiento
necesario para aplicar sanciones disciplinarias por faltas graves, es
instruido por un funcionario nombrado por la Secretaría de la
Función Pública a pedido de la máxima autoridad de la entidad de
la cual dependa el funcionario. El instructor tiene un plazo de 60
días hábiles para concluir el sumario, prorrogables por otros 20
días. En el sumario debe darse intervención al funcionario acusado
para que tenga la oportunidad de ejercer su defensa y aportar
las pruebas de descargo. De acuerdo a la ley, la resolución que
recayese en el sumario debe ser fundada y pronunciarse sobre la
comprobación de los hechos investigados, la culpabilidad o inocencia
del acusado y, en su caso, la sanción correspondiente. La aplicación
de la pena queda a cargo de la máxima autoridad de la entidad, quien
debe implementarla en un plazo de cinco días. La facultad de la
entidad del Estado para aplicar las sanciones prescribe luego de un
año contado desde el día en que se hubiese tenido conocimiento de
la acción u omisión que origina la sanción. De acuerdo a la Ley,
el funcionario despedido puede plantear una demanda contencioso-
administrativa. La revocación judicial de la destitución genera la
obligación de reponer al funcionario en el cargo que ocupaba o en
otro de similar categoría y remuneración, jf Además, se le debe
pagar los salarios caídos2 (artículo 43). Si no fuera posible la
reincorporación en el plazo de dos meses, el afectado tiene derecho
a la indemnización establecida en el Código del Trabajo para el
despido sin causa (Art.45). Además de la destitución previo
sumario, existen otras causas de terminación de funciones, a saber:
(i) la renuncia del funcionario; (ii) la jubilación obligatoria;
(iii) la supresión o fusión del cargo; (iv) muerte; (v) incapacidad
física o mental debidamente comprobada. La Ley también contempla la
posibilidad de implementar "Programas de retiro voluntario"
basados "...en jubilaciones anticipadas equivalentes a los
porcentajes que corresponderían de la jubilación ordinaria según
el tiempo de aporte a la caja respectiva, conforme a la escala que se
indica más adelante y el funcionario tenga más de cincuenta años
de edad o, alternativamente, indemnizaciones compensatorias
proporcionales a su antigüedad y sujetas a los montos que al
respecto establezca el Código del Trabajo para el despido
injustificado".(Art. 142, Ley N° 1626/2000). Con respecto a la
supresión o fusión de cargo, cabe decir que dicha medida solo puede
ser dispuesta mediante ley, dado que los cargos son creados en la Ley
del Presupuesto. La supresión o fusión de cargo solo es motivo de
terminación defunciones en los casos en los cuales no se cree o
establezca otro cargo similar. Si se creare otro cargo de carácter
similar o con otra denominación, el funcionario afectado tiene el
derecho a ocupar ese cargo. En ningún caso, la supresión del cargo
puede utilizarse como un medio para encubrir un despido. De acuerdo
al artículo 41 de la Ley N° 1626, el funcionario afectado
por la supresión de su cargo y que haya cumplido con el periodo de
prueba, tiene derecho a: (i) permanecer en disponibilidad sin goce de
sueldo por el término de un año; con prioridad para ser
reincorporado si existiesen otras necesidades de incorporación de
personal; (ii) Percibir la indemnización prevista en el Código del
Trabajo para el despido sin causa y por la falta de preaviso. Otra
causal de desvinculación mencionada en la Ley (Art. 21) es la
reprobación en dos exámenes consecutivos de evaluación. "Reforma
del Servicio Civil. Desvinculación del Personal Público en el
Paraguay. Enrique Sosa Arrúa., págs. 9x 10.- Por lo tanto, las
causales de terminación de la relación laboral entre el funcionario
público y el Estado, se encuentran taxativamente enumeradas en la
Ley 1.626 y no existe una diferencia establecida en la Ley en
relación a la desvinculación de funcionarios con estabilidad
provisoria y definitiva. ESTABILIDAD PROVISORIA. En la fecha de la
notificación del despido de mis mandantes, todos ellos tenían una
antigüedad en el cargo de 1 año, 5 meses y 29 días por lo que
conforme con el art. 18 de la Ley 1.626, habían superado
el plazo de prueba GOZABAN DE ESTABILIDAD PROVISORIA. Durante el
periodo de estabilidad provisoria el funcionario puede ser
desvinculado unilateralmente por vía de la destitución e
inhabilitación, previo sumario administrativo instruido ante la
comisión de una falta grave o por no haber superado
satisfactoriamente la evaluación de desempeño que la Administración
debe realizar al funcionario, al término de los dos primeros años
contados desde su nombramiento. Establece el Art. 43 de la
Ley 1626 que la destitución del funcionario público "deberá
estar precedida de faifa condenatorio recaído en correspondiente
sumario administrativo". En resumen: que la pérdida del derecho
al cargo sólo puede ser impuesta por causa justificada en sumario
administrativo. (Carlos Villagra Maffíodo. Derecho Administrativo.
Pag. 199). La desvinculación de mis mandantes no fue resultado de un
sumario administrativo. Es así que fueron sancionados con la
destitución sin haber tenido el derecho a la defensa. Que es
pacífica ¡a interpretación de la Corte Suprema de Justica en
cuanto a la falta de distinción entre estabilidad provisoria v
definitiva a la hora de realizar un despido una vez superado el
periodo probatorio. Cabe realizar la siguiente cita: "En
resumidas cuentas, dice la Corte Suprema de Justicia: "En
relación a la aplicación de los derechos a los que están sujetos
los funcionarios, y conforme a la norma legal citada precedentemente la misma no realiza una distinción clara entre los
que poseen estabilidad provisoria y la estabilidad definitiva. Así,
regla la destitución como uno de los medios de terminación de la
relación jurídica entre los organismos estatales y los agentes de
la administración pública (Artículo 40 inc. d) e instituye que la
destitución del funcionario debe estar precedida de fallo
condenatorio recaído en el correspondiente sumario administrativo
(Artículo 43), sin realizar ninguna distinción entre funcionario
con estabilidad provisoria o definitiva. Corresponde entonces al
Juzgador la aplicación correcta de la terminología utilizada dentro
del texto legal a fin adquiridos por los funcionarios." Reforma
Paraguay. Enrique Sosa Arrúa. pág. 19. JURISPRUDENCIA Tribunal de
Cuentas, la Sala. López Fischer, Rafael Ramón c/Dto. 1243 de fecha
31/12J2008 Poder Ejecutivo. (Ac. y Sent. N° 65). 13 de abril de
2011. El actor se agravia contra el Decreto citado por el Poder
Ejecutivo que dio por terminadas sus funciones en el Gabinete Civil
de la Presidencia de la República. El Tribunal de Cuentas, primera
sala, resuelve revocar la resolución recurrida y disponer la
reposición del actor y el pago de los salarios caídos. "Que,
analizada la cuestión planteada en autos encontramos que el art.
18 de la Ley 1626/00 "De la Función Pública"
establece: "El nombramiento de un funcionario tendrá carácter
provisorio durante un periodo de seis meses, considerándose éste
como un plazo de prueba. Durante dicho período cualquiera de las
partes podrá dar por terminada la relación jurídica sin
indemnizaban ni preaviso alguno". A su vez el art. 19 de la
misma Ley dispone que: "Cumplido el período de prueba sin que
las partes hayan hecho uso de la facultad establecida en el artículo
anterior, el funcionario adquirirá estabilidad provisoria hasta el
cumplimiento del plazo previsto en el Cap. VII de esta Ley"
Conforme a las disposiciones que anteceden, es mi opinión que
corresponden subsumir los actos desplegados por el actor Sr. Rafael
Ramón López Fischer (el de haber acumulado suficiente antigüedad
(17 meses), para adquirir la estabilidad provisoria, conforme surge
claramente del cómputo del período que lleva como funcionario del
Gabinete Civil de la Presidencia de la República nombrado por
Decreto del Poder Ejecutivo N° 10.670 de fecha 30 de julio de 2007)
a la precitadas normativas. Que, concordante con las normas legales
precedentemente invocadas, el art. 43 de la Ley 1626/00
perceptúa: "La destitución del funcionario público será
dispuesta por la autoridad que lo designó y deberá estar precedida
de fallo condenatorio recaído en el correspondiente sumario
administrativo", por lo que resulta más que claro el texto de
la mencionada Ley; el cual no es facultativo para la autoridad
administrativa sino imperativo, debiendo necesariamente la demandada
(Poder Ejecutivo) para proceder a la destitución de un funcionario
público, disponer por el conducto pertinente; es decir la
instrucción de un sumario administrativo cuya tramitación arroje
como resultado un fallo condenatorio; correspondiendo por ende la
remisión del caso que nos ocupa a lo reglado en la presente Ley (Ley
1626/2000) en lo referente a la destitución. Que, el art. 44 de
la citada Ley señala: "La revocación judicial de la
destitución del funcionario público, producirá su inmediata
reposición en el cargo que ocupaba o en otro de similar categoría y
remuneración, y se le pagará los salarios caídos" y el art.
45 dispone que: "Si no fuera posible la reincorporación
del funcionario público en el plazo de dos meses de haber quedado
firme y ejecutoriada la sentencia respectiva, el afectado tendrá
derecho a la indemnización equivalente a la establecida en el Código
del Trabajo para el despido sin causa. Si hubiese adquirido la
estabilidad, la indemnización será también la establecida por la
legislación laboral para tales casos"; por lo que sin lugar a
dudas los citados artículos amparan plenamente al recurrente, pues
siendo poseedor de la "estabilidad provisoria" prevista en
el art. 19 de la Ley 1626/00 "De la Función Pública"
y habiendo sido conculcados derechos consagrados en nuestra Carta
Magna tales como: art. 86 del Derecho al Trabajo: "Todos
los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito,
libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. La
Ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella
otorga al trabajador son irrenunciables". Art. 94 De
la estabilidad y de la indemnización: "El derecho a la
estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites
que la Ley establezca, así como su derecho a la indemnización en
caso de despido injustificado". Art. 102 De los
derechos laborales de los funcionarios y de los empleados públicos:
"Los funcionarios y los empleados públicos gozan de los
derechos establecidos en esta Constitución en la sección de
derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas
carreras dentro de los límites establecidos por la Ley y con
resguardo de los derechos adquiridos"; este Tribunal concluye
que la autoridad administrativa deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en dichas disposiciones legales y en consecuencia deberá
revocarse el acto administrativo impugnado en autos. Que, por las
consideraciones que anteceden, sustento el criterio que debe hacerse
lugar a la presente demanda contencioso administrativa deducida por
el Sr. Rafael Ramón López Fischer, contra el Dec. N° 1243 de fecha
31 de diciembre de 2008, dictada por el Poder Ejecutivo y voto por
revocar el Decreto demandado a las mismas deben ser impuestas-a la
perdidosa. Es mi voto. Los Dres. Escobar Espinola y Ojeda
manifestaron: Adherirse al voto del Miembro preopinante por sus
mismos fundamentos". 2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. EXPEDIENTE:
"RAFAEL ROJAS IBIETA C/ RESOLUCIÓN N2 1543X002, DE FECHA
01/07/2002, DICTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN S/ NULIDAD".
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO ONCE. Ministros de la Sala Penal,
Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y WILDO
RIENZI GALEANO.- "Por otra parte es importante mencionar que
nuestro ordenamiento, Ley 1626/00, instituye dos tipos de
estabilidad: una provisoria y otra definitiva. La primera se adquiere
tras haber sobrepasado los seis meses de prueba, y la segunda a los
dos años de ejercicio interrumpido en la función pública, siempre
que hayan aprobado las evaluaciones contempladas en el reglamento
interno de la entidad en que se encuentren prestando servicio (Arts.
19, 20, 47). En relación a la aplicación de los derechos a los que
están sujetos los funcionarios, la citada legislación no realiza
una distinción entre los que poseen estabilidad provisoria y la
estabilidad definitiva. Así, regla la destitución como uno de los
medios de terminación de la relación jurídica entre los organismos
estatales y los agentes de la administración pública (Art. 40 inc.
d) e instituye que la destitución del funcionario debe estar
precedida de fallo condenatorio recaído en el correspondiente
sumario administrativo (Art. 43), sin realizar ninguna distinción
entre funcionario con estabilidad provisoria o definitiva.
Corresponde entonces al Juzgador la aplicación correcta de la
terminología utilizada dentro del texto legal a fin de evitar abusos
de parte de los Administradores Públicos en cuanto a los derechos
adquiridos por los funcionarios. Sobre el tema, el profesor Miguel
Marienhoff expresa: "Para que los funcionarios y empleados
estatales gocen efectiva y permanentemente de las garantías
inherentes a su status requiérese en los hombres de gobierno una
estructura ético-cívica que excluya toda posibilidad de que se
emitan normas o que se adopten disposiciones que al lesionar las
prerrogativas de dichos funcionarios y empleados resulten
incompatibles con las exigencia de un Estado de Derecho y con la idea
misma de justicia" (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo
lll-B, Pág. 112)". "Dado que la situación jurídica del
Sr. Rafael Antonio Rojas, se encuadra dentro de las previsiones
del Art. 19 de la Ley 1626, debido a que sobrepasó el
periodo de prueba requerido legalmente para adquirir la estabilidad
laboral, la única manera de cesarlo en sus funciones era mediante un
fallo condenatorio precedido de un sumario administrativo, o en su
defecto, que haya reprobado sucesivamente dos exámenes de
evaluación. Como en autos no se ha acreditado el cumplimiento de
estas exigencias, el despido del accionante resulta injustificado,
puesto que la atribución del Intendente para remover a los
funcionarios municipales se encuentra limitada por las disposiciones
legales que rigen la materia.-"Por tanto, teniendo en cuenta las
manifestaciones formuladas antecedentemente, y las normas legales
supracitadas, corresponde confirmar la sentencia recurrida, con
expresa imposición de costas a la parte perdidosa. Es mi Voto. A su
turno, los Doctores SINDULFO BLANCO y RIENZI GALEANO, manifiestan que
se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos". 3.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EXPEDIENTE: "VICTOR HUGO DARDANO NÚÑEZ
SILVERA C/DECRETO N° 900 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2003, DICTADO
POR EL PODER EJECUTIVO". ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO:
Setecientos treinta y uno. Ministros de la Corte Suprema de Justicia,
Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, WILDO RIENZI
GALEANO Y SINDULFO BLANCO. Por lo referido en los parágrafos
precedentes, el demandante esta asistido del derecho a la estabilidad
en el meses. De esta manera, la única vía legal de truncar la
carrera administrativa del trabajador, era mediante un sumario
administrativo donde se comprobara la comisión de una falta que
amerite su destitución. Como en el caso subexámine no se dio
cumplimiento a este requisito legal, el despido deviene
injustificado".- Portas razones expuestas precedentemente,
corresponde confirmar la resolución apelada con costas en ambas
instancias en virtud al Art. 192 del Código Procesal
Civil. Es mi voto. A sus turnos los Ministros WILDO RIENZI GALEANO y
SINDULFO BLANCO, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por
los mismos términos".-. EXPEDIENTE: "MARTA BEATRIZ GORIZ
ESCUDERO DE DÁVALOS C/ RESOLUCIÓN N* 670/2002 DE FECHA 26/03/02
DICTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN". ACUERDO Y SENTENCIA
NÚMERO: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.- "En la ciudad de Asunción,
Capital de la República del Paraguay, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil cinco, estando reunidos en la Sala de
Acuerdos los Señores Ministros de la Excma. Corte Suprema de
Justicia, Sala Penal, los Dres. SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ
PUCHETA DE CORRE y WILDO RIENZI GALEANO.-La actora de la demanda fue
nombrada a través de la Resolución D.R.H. N- 87 de fecha 31 de
enero de 2001 (fs. 31) por Resolución N9 de 670 de 26 de marzo de
2002, fue destituida del cargo (fs. 5); es decir, luego de 1 año y
casi 2 meses servir a la institución: Para ese entonces, la misma ya
gozaba de la estabilidad provisoria prevista en el Art. 19 de
la Ley N9 1626/00 al haber sobrepasado ampliamente el periodo de
prueba (6 meses). En cuanto a la terminación de la relación laboral
entre los funcionarios públicos con estabilidad y el Estado, la Ley
de la Función Pública en su Art. 48, preceptúa que esta: "...
se regiré por lo establecido en esta ley y, supletoriamente, por el
Código del Trabajo". Como el citado articulado no hace
distinciones entre funcionarios con estabilidad provisoria y aquellos
funcionarios con estabilidad definitiva, corresponde aplicar dicha
normativa a todos los funcionarios que hayan alcanzado estabilidad,
sea esta provisoria o definitiva, pues no cabe hacer distingos donde
la ley no lo hace. Lo dicho se ve reforzado con la aplicación de la
regla "in dubio pro operario", en virtud de la cual el
juzgador o intérprete debe elegir entre los varios sentidos posibles
de una misma norma, aquella cuya interpretación sea más favorable
al trabajador. Si bien, la ley prevé la destitución como una de las
causas por las cuales la entidad u organismo estatal puede dar por
terminada la relación jurídica laboral con un funcionario (Art.
40 inc. d); para que la medida adoptada sea válida se requiere
la concurrencia de dos requisitos: a) que sea dispuesta por la
autoridad que lo designó, y b) que este precedido por un fallo
(Art. 43). En este contexto, para su desvinculación hacía falta un
sumario administrativo previo que respaldara la aplicación de la
disposición adoptada por el municipio. Al obviar dicho trámite, el
acto administrativo cuestionado deviene arbitrario y manifiestamente
ilegal, pues se dictó con absoluta indefensión de la afectada en
flagrante violación a las leyes que rigen la materia. El derecho a
la estabilidad en el cargo debe ser objeto de una consideración
especial, en razón de que si no está asegurado desaparecen todos
los demás derechos del funcionario. Si no se encuentra protegida, la
situación jurídica de los agentes públicos estaría signada por la
incertidumbre a la que conlleva la falta de seguridad legal. Sobre
este tema, el profesor Miguel Maríhoff expresa: "Para que los
funcionarios y empleados estatales gocen efectiva y permanentemente
de las garantías inherentes a su status requiérase normas o que se
adopten disposiciones que al lesionar las prerrogativas de dichos
funcionarios y empleados resulten incompatibles con las exigencias de
un Estado de derecho y con la idea misma de justicia" (Tratado
de Derecho Administrativo, Tomo lll-B, Pág. 12). En base a las
consideraciones vertidas en los parágrafos precedentes, no cabe más
que confirmar el fallo recurrido en todos sus términos, con costas a
la perdidosa en virtud del Principio General estatuido en el Art.
192 del Código Procesal Civil. Es mi voto. A su turno, los
Doctores PUCHETA y RIENZI GALEANO manifiestan que se adhieren al voto
que antecede por los mismos fundamentos". DERECHO: Que el
despido de mis mandantes fue injustificado e ilegal. Es así que: 1.
SE TRANSGREDIÓ EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL CARGO, derecho de
permanencia en el cargo, o "derecho al cargo" (art 49inc
f). Ley 1626/00). Al ser violado este derecho, desaparecen a su vez
todos los demás derechos del funcionario. 2. FUERON DESPEDIDOS NO
OBSTANTE HABER SIDO EVALUADOS SATISFACTORIAMENTE, en una valoración
de desempeño realizada a los funcionarios del SENAVE en cumplimiento
del art. 20 de la Ley 1626, documentos que se encuentra en
la Secretaria de Gestión de Personas. 3. FUERON DESPEDIDOS SIN FALLO
CONDENATORIO EN SUMARIO ADMINISTRATIVO: contraviniendo el art.
43 de la Ley 1626 que dispone que la destitución del
funcionario público "deberá estar precedida de fallo
condenatorio recaído en correspondiente sumario
administrativo".4.FUER0N VIOLADAS DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES: Las resoluciones impugnadas violaron los siguientes
derechos constitucionales, Inter alias, los arts. 16 (Derecho a la
Defensa), 17 (Garantías Procesales en Proceso que conlleve Pena o
Sanción), 94 (De la Estabilidad Laboral); Art. 102 (Equiparación de
Derechos Laborales Constitucionales entre Públicos y Privados), a
los que hay que sumarles los artículos de la Ley 1626/00 "De la
Función Pública"; de la Ley 2459/04 "Que Crea el Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, l VE" y el
Código del Trabajo en los artículos individualizados. 5. SE HAN
INCUMPLIDO DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO A DEL DECRETO
8334/2012 QUE REGLAMENTA LA LEY DE PRESUPUESTO. Inciso C) Normas y
Procedimientos Aplicables para cada caso; c.6) "Será requisito
previo a la solicitud de modificación del Anexo de Personal un
informe técnico a la DGASP y BE sobre la aplicación de los
principios emanados en el Sistema de Clasificación de Cargos
Administrativos del Decreto No. 196/2003" y c.8)"Todas las
modificaciones del Anexo de Personal de conformidad a lo establecido
en el Artículo 25 de la Ley 1535/99, deben ser autorizadas
por Ley, con excepción de los procedimientos especiales previstos en
los Arts. 70, 91, 97 y 103 (último párrafo) Ley 4581 y
sus reglamentaciones dispuestos en el presente Decreto. A tal efecto,
sobre la base de las solicitudes debidamente presentadas en tiempo y
forma, el MH elaborará el proyecto de ley correspondiente y lo
remitirá al Congreso Nacional a más tardar para el 31 de octubre de
2012, de acuerdo a los criterios y políticas salariales. No se
cuestiona aquí la facultad en la función pública de remover a
funcionarios, pero ésta facultad es reglada y no discrecional,
guardando el debido proceso legal y estando configurada una justa
causa demostrada en un sumario administrativo previo- Corresponde
hacer extensiva la responsabilidad que se deriva de las resoluciones
cuestionadas, al titular del SENA VE, quien las suscribió, lo que se
adecúa a las previsiones contenidas en el art. 106 de la
Constitución Nacional que se refiere a los actos ilícitos de los
agentes que dispone: "Ningún funcionario o empleado público
está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones,
delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones
serán personalmente responsables, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria del Estado con derecho de este a repetir
el pago de lo que llegase a abonaren tal concepto". Termina solicitando, que previo los
trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dicte
Sentencia, haciendo lugar a la presente demanda contencioso
administrativa. Que en fecha 06 de mayo de 2013 (fojas
108/112), se presentan ante este Tribunal de Cuentas, Primera Sala,
la Abogada RITA LIDA FLEITAS en representación SERVICIO NACIONAL DE
CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE) a contestar demanda
contencioso administrativa, en los siguientes términos: “..Que,
por el presente escrito, en tiempo y forma, vengo a CONTESTAR LA
DEMANDA PROMOVIDA POR LA ABOG. VID ALIA VELAZQUEZ, Y LOS SEÑORES;
RODRIGO BENITEZ, ROGER GONZALEZ Y FRANCISCO FIDEL GONCALVEZ a través
de su representante legal Abog. Silvia González, CONTRA LA
RESOLUCION N° 219, 220, 221 Y 223 DEL 30 DE AGOSTO DE 2012 DICTADA
POR EL SEN A VE., la cual ha sido dictada conforme a normas jurídicas
vigentes, en los siguientes términos.- Que, el Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), institución regida
por la Ley N° 2.459/04, ha obrado conforme a mandatos
constitucionales y legales al dictar las Resoluciones Nros. 219,
220,221 y 223 de fecha 30 de agosto de 2012, firmada por el
Presidente del SENAVE, el Ing. Agr. Jaime Ayala nombrado según
Decreto del Poder Ejecutivo N° 9163 de fecha 26 de junio de 2012
Que, la Ley N° 2459/04 "Que crea el Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)" en su Artículo
13° estatuye: "Son atribuciones y funciones del
Presidente:... ñ) nombrar previa selección a funcionarios,
contratar, trasladar, remover y disponer sumarios administrativos, de
acuerdo a las normas jurídicas vigentes"; por tanto, el acto
administrativo impugnado (Resolución N° 219,220,221, y 223 de fecha
30 de agosto de 2012) goza de absoluta legalidad y legitimidad, pues
fue dictado dentro de las atribuciones conferidas por la Ley N°
2.459/04, al Presidente del SENAVE. -ANTECEDENTES DEL HECHO Que, la
representante legal manifiesta cuanto sigue: "Que por
notificación N° 390/12 de fecha 31 de agosto de 2012, suscrita por
la Directora de la Secretaria de Gestión de Personas del SEN AVE,
Lic. Rossana Ozuna, fue notificada mi mandante de la Resolución N°
221 de fecha 30 de agosto de 2012.Que, la misma en su parte
resolutiva dispone: "Articulo lo.- DAR POR TERMINADAS las
funciones de la señora Vidalia Velázquez Santacruz, con C.I.N0
2.371.965 en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas - SENAVE, nombrado según Resolución N° 204 de fecha 22 de
marzo de 2011. Artículo 2o.- DAR LAS GRACIAS a la señora Vidalia
Velázquez Santacmz, con C.I.N0 2.371.965, por los servicios
prestados a la Institución. Artículo 3o.- INDEMNIZAR, a la Vidalia
Velázquez Santacruz, con C.I.NO 2.371.965, en los términos
4o - COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archivar ".Que
que "por Resolución N° 204 de fecha 22 de marzo de 2011 se
Semillas - SENAVE, a la Sra. Vidalia Velázquez Santacruz..."y
Que la Ley N° 1.626/00 "De la Función Pública " en su
artículo 47o dispone: "...La estabilidad se adquirirá a los
dos años ininterrumpidos de servicio en la función pública".
Que por la referida Resolución 204, a la Abog. Vidalia Velázquez
Santacruz le fue asignada la categoría C4Z - FF30, con
vigencia a partir de fecha 02 de marzo de 2011.- SR. RODRIGO BENITEZ.
Que por Notificación N° 392/12 de fecha 31 de agosto de 2012,
suscrita por la Directora de la Secretaria de Gestión de Personas
del SEN AVE, Lic. Rossana Ozuna, fue notificado mi mandante de la
Resolución N° 223 de fecha 30 de agosto de 2012.-Que, la misma en
su parte resolutiva dispone: "Articulo V.- DAR POR TERMINADAS
las funciones del señor Rodrigo Benítez, con C.I.N05.219.262 en el
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas -
SENAVE, nombrado según Resolución N° 204 de fecha 22 de marzo de
2011. Artículo 2o.- DAR LAS GRACIAS al señor Rodrigo Benítez, con
C.I.N°5.219.262, por los servicios prestados a la Institución.
Artículo 3o.- INDEMNIZAR, al señor Rodrigo Benítez, con
C.I.N°5.219.262, en los términos establecidos en la Ley y AUTORIZAR
a la Dirección General de Administración y Finanzas a proceder al
pago respectivo. Artículo 4o- COMUNICAR, a quienes corresponda y
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - SENAVE, al señor Rodrigo
Benítez..." y Que la Ley N° 1.626/00 "De la Función
Pública "en su artículo 47o dispone: "...La
en la función pública".- Que por la referida Resolución 204,
al señor Rodrigo David Benítez Insfrán, con C.I.N0 5.219.262, en
la categoría G9Q - FF30, con vigencia a partir de fecha 02 de marzo
de 2011. SR. ROGER GONZÁLEZ. Que por Notificación N° 389/12 de
Secretaria de Gestión de Personas del SENAVE, Lic. Rossana Ozuna,
fue notificado mi mandante de la Resolución N° 220 de fecha 30 de
agosto de 2012. Que, la Resolución en su parte resolutiva dispone:
Roger González Parra, con C.I.N0 1.040.241 en el Servicio Nacional
de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - SENAVE, nombrado según
Resolución N° 204 de fecha 22 de marzo de 2011. Artículo 2o.-DAR
LAS GRACIAS al señor Roger González Parra, con C.I. N° 1.040.24
INDEMNIZAR, al señor Roger González Parra, con C.I.N0 1.040.24, en
Artículo 4o.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida,
archivar". Que la citada resolución por la cual desvinculan a
mi mandante refiere que "por Resolución N° 204 de fecha 22 de
marzo de 2011 se nombra en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas - SENA VE, al señor Roger Martin González
Parra, con C.I.NO 1.040.241. " y Que la Ley N° 1.626/00 "De
la Función Pública "en su artículo 47o dispone: "...La
al señor Roger Martin González Parra, con C.I.N0 1.040.241, en la
categoría C52- FF30, con vigencia a partir de fecha 02 de marzo de
2011. SR FRANCISCO FIDEL GONCALVEZ. Que por Notificación N° 388/12
de fecha 31 de agosto de 2012, suscrita por la Directora de la
Secretaria de Gestión de Personas del SEN AVE, Lic. Rossana Ozuna,
fue notificado mi mandante de la Resolución N° 219 de fecha 30 de
"Articulo lo.- DAR POR TERMINADAS las funciones del señor
Francisco Fidel González Benítez, con C.I.NO 1.540.027 en el
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - SEN
AVE, nombrado según Resolución N° 204 de fecha 22 de marzo de
2011. Artículo 2o - DAR LAS GRACIAS al señor Francisco Fidel
González Benítez, con C.I.N0 1.540027, por los servicios prestados
a la Institución. Artículo 3o.- INDEMNIZAR, al señor Francisco
Fidel González Benítez con C.I. N0 1.540.027en los términos
Administración y Finanzas a proceder al pago respectivo. Articulo
40.- COMUNICAR a quienes correspondería y cumplida, archivar".
Que la citada resolución por la cual desvinculan a mi mandante refiere que "por Resolución N° 204 de fecha 22 de marzo de
de Semillas - SENAVE, al señor Francisco Fidel González Benítez,,
con C.I. N° 1.540027." y Que la Ley N° 1.626/00 "De la
Función Pública "en su artículo 47° dispone: "...La estabilidad se adquirirá a los dos años ininterrumpidos
de servicio en la función pública". - Que por la referida
Resolución 204, al señor Francisco Fidel González Benítez, con
C.I. N° 1.540027, en la categoría C4Z-FF30, con vigencia a partir
de fecha 02 de marzo de 2011. Que, la representante legal de los
recurrentes sigue diciendo; Que en fecha de la notificación del
despido de mis mandantes, todos ellos tenían una antigüedad en el
cargo de 1 año, 5 meses y 29 días por lo que conforme con el art.
18 de la Ley 1.626, habían superado el plazo de prueba y GOZABAN DE
ESTABILIDAD PROVISORIA. Durante el periodo de estabilidad provisoria
el funcionario puede ser desvinculado unilateralmente por vía de la
destitución e inhabilitación, previo sumario administrativo
instruido ante la comisión de una falta grave o por no haber
superado satisfactoriamente la evaluación de desempeño que la
Administración debe realizar al funcionario, al término de los dos
primeros años contados desde su nombramiento. Que, en referencia a
lo manifestado por la representante legal de los recurrentes cabe
manifestar que: SRA. VIDALIA VELÁZQUEZ: La misma fue nombrada según
Resolución N° 185 de fecha 11 de marzo de 2011 que fuera modificada
por Resolución N° 204 de fecha 22 de marzo de 2011, estableciéndose
la vigencia del nombramiento desde el 2 de marzo de 2011. Que, la
señora VIDALIA VELÁZQUEZ fue desvinculada según Resolución N°
221/12 de fecha 30 de agosto de 2012; por lo que a la fecha de su
desvinculación la misma no había alcanzado la estabilidad
definitiva establecida en el artículo 47 de la Ley N° 1626/00 "De
la Función Pública"; motivo por el cual no se ha realizado
sumario administrativo alguno. Sin embargo, se ha procedido a la
liquidación de la indemnización correspondiente según lo establece
la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública" y el Código
del Trabajo. SR. RODRIGO BENITEZ: El mismo fue nombrado según
la vigencia del nombramiento desde el 2 de marzo de 2011. Que, el Sr.
RODRIGO BENITEZ fue desvinculado según Resolución N° 223/12 de
fecha 30 de agosto de 2012; por lo que en fecha de su desvinculación
el mismo no había alcanzado la estabilidad definitiva establecida en
el artículo 47 de la Ley N° 1626/00 "De la Función
Pública"; motivo por el cual no se ha realizado sumario
administrativo alguno. Sin embargo, se ha procedido a la liquidación
de la indemnización correspondiente según lo establece la Ley N°
1626/00 "De la Función Pública" y el Código del Trabajo.
SR. ROGER GONZÁLEZ: El mismo fue nombrado según Resolución N° 185
de fecha 11 de marzo de 2011 que fuera modificada por Resolución N°
204 de fecha 22 de marzo de 2011, estableciéndose la vigencia del
nombramiento desde el 2 de marzo de 2011. Que, el Sr. ROGER GONZÁLEZ
fue desvinculado según Resolución N° 220/12 de fecha 30 de agosto
de 2012; por lo que en fecha de su desvinculación el mismo no había
alcanzado la estabilidad definitiva establecida en el artículo
47 de la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública";
motivo por el cual no se ha realizado sumario administrativo alguno.
Sin embargo, se ha procedido a la liquidación de la indemnización
correspondiente según lo establece la Ley N° 1626/00 "De la
Función Pública" y el Código del Trabajo.SR. FRANCISCO FIDEL
GONCALVEZ: El mismo fue nombrado según Resolución N° 185 de fecha
11 de marzo de 2011 que fuera modificada por Resolución N° 204 de
fecha 22 de marzo de 2011, estableciéndose la vigencia del
nombramiento desde el 2 de marzo de 2011. Que, el Sr FRANCISCO FIDEL
GONCALVEZ: fue desvinculado según Resolución N° 219/12 de fecha 30
de agosto de 2012; por lo que en fecha de su desvinculación el mismo
no había alcanzado la estabilidad definitiva establecida en
Que, la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública" dispone
en su artículo 41: "Cumplido el periodo de prueba
establecido en la presente Ley, el funcionario público cuya relación
jurídica con el Estado termine...percibirá la indemnización
prevista en el Código del Trabajo para el despido sin causa y por la
falta de preaviso". Asimismo en su Artículo 47° establece. "Se
entenderá por estabilidad el derecho de los funcionarios públicos a
conservar el cargo y la jerarquía alcanzados en el respectivo
escalafón. La estabilidad se adquirirá a los dos años
ininterrumpidos de servicio en la función pública". Que, cabe
resaltar lo resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia, en el Acuerdo y Sentencia N° 1207 del 16 de octubre de
2006, que expresa cuanto sigue: "....La estabilidad en el
trabajo es una institución inminentemente laboral, que surge en el
derecho como una respuesta ante la injusticia desatada por el despido
arbitrario. La Constitución Nacional trae una norma protectora del
instituto cuando dispone en su Artículo 94 que: "El derecho a
la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites
los casos de despido injustificado". Pero adviértase que
ella está garantizada "dentro de los límites que la ley
establezca.....". La estabilidad constituye, sin lugar a dudas,
la institución más avanzada y al mismo tiempo más cuestionada que
contempla nuestra legislación laboral [ ]superado el periodo de
prueba que establece en la etapa inicial del contrato de trabajo,
cuya Aduración es de 30 a 60 días, según se trate de trabajadores
no especializados o calificados, durante el cualquiera de las partes
puede dar por terminado el contrato, sin recurrir en responsabilidad
alguna, el trabajador ingresa a la etapa de preestabilidad o de
calificación y que en nuestro medio se conoce con el nombre de
"efectividad" en el empleo. La jurisprudencia viene
protegiendo sistemáticamente esta etapa mediante la llamada
"estabilidad general del trabajador", basando en ello el
principio de la inversión de la prueba de los casos de conflictos
judiciales. Durante este periodo el trabajador, puede eventualmente
ser despedido, mediante el pago de indemnizaciones correspondientes
establecidas en los Art. 90 y 91 del C.T.".—Que,
por tanto, conforme a los fundamentos expresados precedentemente, el
(SENAVE), a través de su Presidente, Ing. Agr. Jaime Ayala Godoy, ha
obrado conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 1.626/00
"De la Función Pública" y en su Ley de creación la Ley
N° 2.459/04, al dictar las Resoluciones Nros 219,220,221 y 223 de
fecha 30 de agosto de 2012, gozando dichas resoluciones de absoluta
legitimidad y legalidad. Asimismo, cabe recalcar que el monto
correspondiente a la indemnización de los recurrentes se encuentra a
disposición de los mismos en el Departamento de Tesorería de la
Institución. Que, respecto a la Ley N° 213/1993 QUE ESTABLECE EL
CÓDIGO DEL TRABAJO en su Artículo 91 establece: "En
caso de despido sin justa causa dispuesto por el empleador, habiendo
o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una
indemnización equivalente a 15 salarios diarios por cada año de
servicio o fracción de seis meses, calculado en la forma mencionada
en el inciso b) del artículo siguiente "Artículo 92° dispone:
"El preaviso y las indemnizaciones de que tratan los artículos
anteriores, se regirán por las siguientes reglas;...b) la
indemnización que corresponde se calculará tomando como base el
promedio de los salarios devengados por el trabajador, durante los
últimos seis meses que tenga la vigencia el contrato o fracción de
tiempo menor, si no se hubiese ajustado dicho término". Que,
igualmente es importante resaltar que para promover una demanda
contencioso administrativa contra resoluciones administrativas,
según Ley N° 1462/35 de fecha 18 de julio de 1935, se deberá
reunir los siguientes requisitos: a) Que causen estado y no haya por
consiguiente recurso administrativo contra ellas; b) Que la
resolución de administración proceda del uso de sus facultades
regladas; c) Que no exista otro juicio pendiente, d) Que la
resolución vulnere un derecho administrativo pre-establecido a favor
del demandante y e) Que se halle abonada la cuantía del impuesto u
otra liquidación de cuentas ordenada por el Tribunal de Cuentas; sin
embargo los recurrentes no han determinado claramente en su escrito
de demanda cuál o cuáles fueron los derechos administrativos
pre-establecidos a su favor que hayan sido vulnerados con el
dictamiento de las Resoluciones N° 219, 220, 221 y 223 de fecha 30
de agosto de 2012. Que, de las disposiciones contenidas en la Ley N°
2459/04 "Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (SENAVE)" y en la Ley N° 1.626/00 "De
la Función Pública", y el Código del Trabajo constancias en
autos, se deduce que EL SENAVE, A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE, ING. AGR.
JAIME AYALA, HA OBRADO DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, AL DICTAR
LAS RESOLUCIONES Nros 219, 220, 221 y 223, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE
2012, MOTIVO POR EL CUAL LA DEMANDA PROMOVIDA POR LA ABOG. VIDALIA
VELAZQUEZ, Y LOS SEÑORES; RODRIGO BENITEZ, ROGER GONZALEZ Y
FRANCISCO FIDEL GONCALVEZ a través de su representante legal, Abog.
Silvia González, CONTRA LAS RESOLUCIONES N° 219, 220,221 Y 223 DEL
30 DE AGOSTO DE 2012 DICTADAS POR EL SENAVE DEBE SER RECHAZADA POR
IMPROCEDENTE, ORDENÁNDOSE EN CONSECUENCIA EL ARCHIVAMIENTO DEL
EXPEDIENTE."- Termina solicitando que previo los
tramites de estilo, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala dicte
Sentencia, rechazando la presente demanda contencioso -
administrativa, y imponiendo costas a la accionante. Que por A.I. N° 331 de fecha 20 de mayo de
2013, este Tribunal se Declaró competente para entender en el
presente juicio, y existiendo hechos que probar, recibió la causa a
prueba por el termino de ley. Que, por proveído de fecha 20 de agosto de
2013 (fs. 122 vito.), se declaró clausurado el periodo probatorio en
el presente juicio. Agregándose las pruebas instrumentales
mencionadas en estos autos. LLAMANDOSE AUTOS PARA
RESOLVER. Y EL EXCMO. MIEMBRO DR. AMADO VERON
DUARTE PROSIGUIÓ DICIENDO: Que en fecha 07 de
setiembre de 2012 (fojas 60/72), se presentan ante este Tribunal de
Cuentas, Primera Sala, la señora VIDALIA VELAZQUEZ SANTACRUZ y los
señores RODRIGO DAVID BENITEZ INSFRAN, ROGER MARTIN GONZALEZ PARRA y
demanda contencioso administrativa contra la RESOLUCIÓN N° 219,220,
221 Y 223 DEL 30 DE AGOSTO DE 2012, DICTADO POR LA SENAVE,
argumentando que el caso que mota esta acción es el inc. ñ)
del art. 13 de la Ley N° 2459/04 "QUE CREA EL SENAVE"
que dispone que se encuentra entre sus atribuciones del Presidente
del SENAVE la de "Nombrar previa selección a funcionarios,
ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES"...En la fecha de notificación
del despido de mis mandantes, todos ellos tenia una antigüedad en el
cargo de 1 año, 5 meses y 29 días por lo que conforme al art. 18 de
la Ley 1626, habían superado el plazo de prueba y GOZABAN DE
ESTABILIDAD PROVISORIA..." Que en fecha 06 de mayo de 2013 (fojas
contencioso administrativa, solicitando el rechazo de la misma, en
base a los siguientes fundamentos: "...Que, la Ley de la
"Función Pública" dispone en su art. 41: "Cumplido
el periodo de prueba establecido en la presente ley, el funcionario
público cuya relación jurídica con el Estado termine, percibirá
la indemnización prevista en el Código del Trabajo para el despido
sin causa para el despido sin causa y por la falta de preaviso".
Así mismo en su art. 47 establece: Se entenderé por
estabilidad el derecho de los funcionario a conservar el cargo y la
jerarquía alcanzados en el respectivo escalafón. La estabilidad se
pública. Que por este medio los actores impugnan lo
dispuesto por las Resoluciones N° 219, 220, 221 y 223 de fecha 30 de
agosto de 2012 (fs. 94/101), por las que se DAN por
terminadas las funciones de los funcionarios FRANCISCO
FIDEL GONCALVEZ BENITEZ, ROGER MARTIN GONZALEZ PARRA, VIDAL/A
VELAZQUEZ SANTACRUZ y RODRIGO BENITEZ en el SERVICIO NACIONAL DE
CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS - SENAVE y a la vez se
establece a los mismos la INDEMNIZACION pertinente. Que los señores FRANCISCO FIDEL GONCALVEZ
BENITEZ, ROGER MARTIN GONZALEZ PARRA, VIDALIA VELAZQUEZ SANTACRUZ y
RODRIGO BENITEZ fueron NOMBRADOS por Resolución N° 204 de fecha 22
de marzo de 2011 (fs. 8). Que, luego de ser analizados lo expuesto por
las partes en estos autos, en el escrito de demanda y su contestación
respectivamente, encontramos que por medio de la presente acción
contenciosa -administrativa los Señores FRANCISCO FIDEL GONCALVEZ
RODRIGO BENITEZ, pretenden se deje sin efecto la Resolución N° 219,
220, 221 y 223 de fecha 30 de agosto de 2012, dictada por la SENAVE,
en el cual se resolvió dar por terminada de forma unilateral, la
relación laboral existente entre dicha Institución y los actores,
luego de haber prestado servicios durante un año y cinco meses desde
que fueron nombrados por Resolución N° 204 de fecha 22 de marzo de
2011 (fs. 8). Asimismo, durante el desarrollo del proceso vemos que
el demandado en estos autos no ha ofrecido prueba alguna en la etapa
probatoria, a fin de acreditar la certeza y validez de sus
afirmaciones desvirtuando de ese modo las vertidas por los actores,
por lo que debemos valorar y analizar las afirmaciones de los Señores
FRANCISCO FIDEL GONCALVEZ BENITEZ, ROGER MARTIN GONZALEZ PARRA,
VIDALIA VELAZQUEZ SANTACRUZ y RODRIGO BENITEZ, y de acuerdo a nuestro
sano criterio, resolver sobre el fondo de la cuestión sin tener
pruebas en su contra que puedan ser valoradas del mismo modo. Que el citado acto administrativo dispuso en
lo pertinente lo siguiente: "RESOLUCIÓN N° 219/2012 Artículo
1o) DAR POR TERMINADAS las funciones del señor Francisco Fidel
Goncálvez Benítez.. RESOLUCION N° 220/2012...Artículo 1° DAR POR
TERMINADAS las funciones del señor Roger Martin González
Parra...RESOLUCION N° 221/2012... Artículo 1°) DAR POR TERMINADAS
las funciones de la señora Vidalia Velázquez Santacruz...
RESOLUCION N° 221/2012...Artículo 1o) DAR POR TERMINADAS las
funciones de la señora Vidalia Velázquez Santacruz... RESOLUCION N°
223/2012...Artículo 1o) DAR POR TERMINADAS las funciones del señor
Rodrigo Benítez..."- Que los actores de la presente demanda, se
agravian por lo resuelto por la SENAVE debido a que las citadas
Resoluciones dan por terminada la relación jurídico - laboral
existente entre la SENAVE y los señores FRANCISCO FIDEL GONCALVEZ
RODRIGO BENITEZ, sin que previamente halla mediado sumario
administrativo alguno tal como lo establece la ley 1626 de la Función
Pública que rige dicha Institución. En relación al tema el art.
18 de la Ley 1626/2000 establece: "El nombramiento de un
funcionario tendrá carácter provisorio durante un periodo de seis
meses, considerándose este como un plazo de prueba. Durante dicho
periodo cualquier de las partes podrá dar por terminada la relación
jurídica sin indemnización ni preaviso alguno". Asimismo,
el art. 19 del mismo cuerpo legal establece:
"...cumplido el periodo de pruebas sin que las partes hayan
hecho de la facultad establecida en el artículo anterior, el
funcionario adquirirá estabilidad provisoria hasta el cumplimiento
del plazo previsto en el Capítulo VII de esta Ley", en
consecuencia, surge a prima facie que los actores han cumplido con el
requisito de seis meses establecido como periodo de prueba, debido a
la antigüedad de un año y cinco meses con la que cuentan, por
tanto, los mismos ya adquirieron el status como funcionario de
carrera con estabilidad provisoria, teniendo el derecho a no ser
despedido de la Institución sin las formalidades prescripta en la
ley para ello, pues ese derecho surge como una limitación al poder
discrecional de la Administración de despedir al trabajador, sin los
procedimientos previos. Ahora bien en relación al tema, según la
doctrina, la estabilidad a la que hacen mención los artículos
citados recientemente, se refiere a la llamada protección contra el
despido la cual es una de las medidas adoptadas por las legislaciones
para evitar el despido arbitrario a! funcionario, por parte de la
Administración, precautelando de este modo sus derechos,
constituyéndose en una garantía para el funcionario, caso contrario
el trabajador estaría siempre inseguro en su puesto laboral. Que en torno a la legalidad de la decisión
adoptada a través de las resoluciones administrativas, consistente
en que el funcionario público no podrá ser despedido sin sumario
administrativo previo, conforme está establecido en el art.
43 de la Ley 1626/2000 que establece: "La destitución del
funcionario público será dispuesta por la autoridad que lo designó
y deberá estar precedida de fallo condenatorio recaído en el
correspondiente sumario administrativo...". Por lo que cabe
concluir, que los actos administrativos impugnados lesionan
gravemente el derecho de los accionante, puesto que fue dictada de
manera arbitraria sin derecho a la defensa, y sin haberse tenido en
cuenta el requisito exigido por la norma contenida en el citado
artículo, por lo cual no se ajusta a derecho, hallando
consecuentemente este preopinante fundamento suficiente para revocar
la resolución impugnada por los accionantes, en consecuencia, deben
ser revocados la RESOLUCIÓN N° 219, 220, 221 y 223 DE FECHA 30 DE
AGOSTO DE 2012 DICTADA POR LA SENAVE. En cuanto a las costas debe ser impuesta a
la parte perdidosa, en función a la teoría objetiva prevista en
el Art. 192 del C.P.C.- ES MI VOTO. Con lo que se dio por terminado el acto
previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Miembros
del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por ante mí, el Secretario
Autorizante quedando acordada la Sentencia que sigue:
Asunción, 27 de mayo de 2014.
VISTO: El mérito que ofrece
el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos,
EL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA
1.- HACER LUGAR a la demanda
contencioso - administrativa planteada por VIDALIA
VELAZQUEZ SANTACRUZ y los señores RODRIGO DAVID BENITEZ INSFRAN,
ROGER MARTIN GONZALEZ PARRA y FRANCISCO FIDEL GONCALVEZ BENITEZ
contra la RESOLUCIÓN N° 219, 220, 221 y 223 DE FECHA 30 DE AGOSTO
DE 2012 DICTADA POR LA SENAVE y, en consecuencia,
corresponde;
2.- REVOCAR la RESOLUCIÓN
N° 219, 220, 221 y 223 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2012 DICTADA POR LA
SENAVE, debiendo REPONER a la
señora VIDALIA VELAZQUEZ SANTACRUZ y los señores
FRANCISCO FIDEL GONCALVEZ BENITEZ a sus respectivos
cargos, o en otro cargo de igual categoría y remuneración y, el
pago de los salarios caídos desde que ha dejado de percibir, de
conformidad a lo dispuesto en el exordio de la presente resolución. 3.- IMPONER LAS COSTAS a
la perdidosa.
4.- ANOTAR, registrar,
notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Dr. Amado Veron Duarte. Miembro
Rodrigo A. Escobar E. Miembro
A. Martín Avalos Valdez.
ACORDADA Nº 953 del 24 de febrero del 2015. Que amplia la integración del Consejo de Administración Judicial con el cargo de Consejero de Auditoría y Control de la Gestión Administrativa - Financiera.
| ACORDADAS 2015
ACORDADA Nº 953 del 24 de febrero del 2015. Que amplia la integración del Consejo de Administración Judicial con el cargo de Consejero de Auditoría y Control de la Gestión Administrativa - Financiera.(*)
Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veinticuatro
días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las once
horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de
y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Alicia Beatriz Pucheta de
Correa, Gladys Ester Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Miguel Oscar
Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay y Luis María
Benítez Riera, ante mí, el Secretario autorizante;
el artículo 259 de la Constitución Nacional, establece los deberes
y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la de
ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder
Judicial y dictar su propio reglamento interno.
La Ley 609/95,
por su parte, que organiza la Corte Suprema de Justicia, dispone
entre otros deberes y atribuciones: “b) Dictar su propio reglamento
interno, las acordadas, y todos los actos que fueren necesarios para
la mejor organización y eficiencia de la administración de
justicia; n) Designar a los funcionarios y empleados del Poder
Judicial; I) Iniciar y presentar proyectos de ley que tengan relación
con la organización y funcionamiento de la administración de
justicia y de los auxiliares de la justicia; j) Elaborar el
anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial;”.
Por Acordada
751/2012 se resolvió modificar el organigrama de la Corte Suprema de
Justicia, delegando la Administración Presupuestaria, Financiera,
Contable y Patrimonial de la Institución en un Consejo de
Administración Judicial, el cual se constituirá en la máxima
autoridad, a los efectos establecidos en todas las normativas que
regulan el funcionamiento Presupuestario, Financiero, Contable y
Patrimonial de las instituciones del Estado que resulten aplicables,
considerando el principio de autarquía presupuestaria del Poder
Judicial. Dicho Consejo está integrado de la siguiente manera: -
-1 (un) Ministro/a
de la Corte Suprema de Justicia y -3 (tres)
Conforme a lo señalado y en vista de la necesidad
de maximizar y optimizar el servicio ofrecido a la sociedad,
corresponde ampliar la integración del Consejo de Administración
con el cargo de Consejero de Auditoría y Control de la Gestión
Administrativa - Financiera.
Que, el artículo 3ro. de la Ley Nº
609/95, “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 259, incisos 1 y 2 de
la Constitución Nacional, regula como deberes y atribuciones de la
misma, dictar su propio reglamento interno, las Acordadas y todos los
actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia
Por tanto, en uso de sus
A C U E R D
Art. 1º.- AMPLIAR la integración del Consejo de
Administración Judicial con el cargo de Consejero de Auditoría y
Control de la Gestión Administrativa - Financiera.
Art. 2 º.-
observación: el título de la presente acordada no es parte integrante del texto original del mismo, siendo agregada por nuestra web para una rápida compresión del contenido del mismo.
ACORDADA Nº 952 del 24 de febrero del 2015. Que modifica el alcance la Acordada Nº 893 de fecha 17 de junio de 2014.
ACORDADA Nº 952 del 24 de febrero del 2015. Que modifica el alcance la Acordada Nº 893 de fecha 17 de junio de 2014.(*)
por Acordada Nº 893 del 17 de junio de 2014, la Corte Suprema de
Justicia resolvió: “…Art. 1º.- AMPLIAR el alcance la Acordada
Nº 656 de fecha 9 de noviembre de 2010 en el sentido de establecer
la forma de aplicación de las sustituciones mencionadas en ella, de
la siguiente manera: primeramente, los Jueces de la localidad serán
reemplazados por los Jueces de la misma localidad que le siguen en el
orden mencionado en la Acordada Nº 656/10, siempre; luego por los
Jueces de la localidad más cercana; agotados éstos y los de la
Circunscripción Judicial, por los Jueces de la Circunscripción
Judicial más cercana en razón a la distancia y por último, serán
reemplazados por los Abogados Matriculados del Foro. Art. 2º.-
ESTABLECER el orden de la Circunscripción Judicial más cercana, con
el fin de la sustitución referida en el artículo anterior; quedando
establecida de la siguiente forma: …De la Circunscripción Judicial
de Presidente Hayes, a la Circunscripción Judicial de Boquerón…”.
En cuanto al orden de sustitución de la Circunscripción
Judicial de Presidente Hayes a Boquerón, teniendo en cuenta la
distancia comprendida entre las dos localidades y en el afán de
facilitar el acceso a la justicia para los ciudadanos, corresponde
modificar dicho orden, dejando establecido que de la Circunscripción
Judicial de Presidente Hayes, se pasará a la Circunscripción
Judicial de la Capital. Que, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 3, inciso b) de la Ley 609/95 “Que organiza
la Corte Suprema de Justicia”, son deberes y atribuciones de la
Corte Suprema de Justicia, en pleno: “dictar su propio reglamento
la mejor organización y eficacia de la administración de
MODIFICAR el alcance la Acordada Nº 893 de fecha 17 de junio de 2014
quedando establecida el orden de sustitución de la siguiente forma:
- De la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, pasa a
La Circunscripción Judicial de la Capital.
observación: el título de la presente acordada no es parte integrante del texto original siendo agregada por nuestra web con la intención de facilitar el rápido entendimiento de su contenido.