Source: http://cuestionesempresariales.blogspot.com/2013/12/
Timestamp: 2018-07-19 23:19:02
Document Index: 399839587

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 5', 'artículo 40', 'artículo 77', 'artículo 19', 'artículo 44', 'artículo 77']

Derecho y empresa: diciembre 2013
Sentencia de condena suspendida y reglas de conducta
Sentenciados con pena suspendida y reglas de conducta: ¿Para qué sirven?
El sentenciado que ha sido beneficiado con la suspensión de la pena de prisión está obligado a cumplir con las reglas de conducta impuestas, por el período señalado en la sentencia emitida por el juez penal, tales como no frecuentar determinados lugares, no ausentarse de la ciudad, comparecer mensualmente al juzgado, etc. Sin perjuicio de admitir que es discutible que estas medidas ayuden efectivamente a la rehabilitación, o impidan que el sentenciado cometa otro delito, el caso es que son obligatorias, pese a lo cual hay sentenciados que lo olvidan, o ignoran que el incumplimiento de esas reglas puede generar consecuencias lamentables para ellos.
Estas consecuencias pueden ir desde una amonestación, pasando por una extensión del plazo de suspensión de la pena y las reglas de conducta, hasta la revocación de la suspensión y la aplicación de la prisión efectiva. Si el fiscal o la parte agraviada por el delito acusan la falta de observancia de las reglas, el juez puede optar por aplicar cualquiera de las tres alternativas antes mencionadas. Siendo la revocatoria la sanción más severa, su uso debe ser excepcional y su aplicación debe atender a criterios de razonabilidad y proporcionalidad; y fundada en una prudente apreciación judicial, previo emplazamiento o apercibimiento al condenado. Al revocarse la suspensión de la pena, se deja sin efecto la libertad condicional y se vuelve la condena en calidad de efectiva, debiendo ser recluido en el penal, por disposición del juez encargado de la ejecución.
La pena suspendida, entonces, no es sinónimo de libertad absoluta; pues el sentenciado está obligado a cumplir las reglas de conducta, que el juez impondrá al otorgar la condena condicional, así como el apercibimiento respectivo en caso de incumplimiento, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 59° del Código Penal; por lo tanto se podrá hacer efectivo el apercibimiento si el sentenciado incumple las reglas y a pesar de los requerimientos efectuados, se mantiene renuente al cumplimiento. Es por ello que la pena, las reglas de conducta y el apercibimiento deben ser claros, al emitirse la sentencia condenatoria. Incluso es posible que la revocación se pueda aplicar si ha sido establecida como única sanción en la sentencia, en caso de incumplimiento de las reglas de conducta. Eso es lo que solicitan la mayoría de fiscales a pedido de la parte agraviada, por lo que el sentenciado debe ser consciente de lo que haya establecido su sentencia.
Por otro lado, la revocación de la pena es obligatoria si el sentenciado es condenado por la comisión de un nuevo delito doloso cuya pena privativa de libertad sea superior a tres años, sin importar si se trata del mismo o de otra clase de delito.
Otro tema importante es el pago de la reparación civil. Aunque para muchos resulta inconstitucional, que ante el incumplimiento de pago se revoque la suspensión; hay pronunciamientos que avalan la decisión. En nuestra opinión, el pago de la reparación civil debe ser efectuada en el plazo señalado en la sentencia y de acuerdo a las cuotas establecidas y ante el incumplimiento, merece la aplicación de la sanción de revocación de la suspensión; pues hay casos en los que el sentenciado, que ha sido condenado al pago de una suma de dinero a favor de una empresa agraviada; aun cuando tiene los medios, incumple con el pago de la reparación civil, con el argumento que no hay prisión por deudas, y que la reparación civil tiene naturaleza civil y no penal. Lo cierto es que una de las reglas de conducta establecidas en la sentencia, es el pago de la reparación civil, por ello su incumplimiento origina la revocatoria de la suspensión de la pena, salvo que el condenado sea insolvente.
Sobre el particular se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, afirmando que no es correcto afirmar que el pago de la reparación civil como regla tiene naturaleza civil, sino por el contrario, opera como “una condición cuyo cumplimiento determina la inejecución de una sanción penal”, por lo cual en su opinión, su imposición como regla de conducta resulta legítima. La Corte Suprema también admite la inclusión del pago de la reparación civil como regla de conducta. De allí que su falta de pago pueda acarrear la prisión efectiva, llegado el caso.
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Instalaciones fijas como base imponible del Impuesto Predial
TANQUES, INSTALACIONES E IMPUESTO PREDIAL
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¿QUÉ HACER ANTE UNA MULTA LABORAL?
Conocido por todos es el hecho que en una relación laboral el empleador tiene a su cargo un sinnúmero de obligaciones respecto al trabajador, entre las que destacan, además del pago de una remuneración justa y acorde con las labores realizadas, el pago de beneficios sociales. Pero, ¿qué sucede si el empleador no cumple alguna? En este supuesto se tiene que además del hecho que el trabajador pueda demandar su pago judicialmente, lo que normalmente se produce tras su cese, el empleador puede ser sujeto de imposición de una multa administrativa, producto de una actuación inspectiva en la que se haya constatado el incumplimiento de alguna disposición en materia laboral.
Pongámonos en el caso concreto que al día 26 del mes de diciembre de un año determinado, el empleador no ha cumplido con pagarles a sus trabajadores la gratificación por navidad; recordemos de conformidad con lo establecido en la Ley de Gratificaciones, Ley N° 27735, el empleador se encuentra obligado a pagar dicha gratificación en los primeros 15 días del mes de diciembre (artículo 5), por lo que se tiene que en el supuesto descrito cualquiera de sus trabajadores se encuentra facultado para acudir ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y denunciar tal hecho, lo cual será motivo del inicio de las actuaciones inspectivas correspondientes. Si el inspector constata que efectivamente el empleador no ha cumplido con efectuar el pago oportuno de gratificaciones, procederá a levantar la respectiva acta de infracción, la misma que dará inicio al procedimiento administrativo sancionador, y contendrá la propuesta de multa por la infracción detectada.
Frente al panorama descrito, lo normal es que el empleador se preocupe, pues además de tener que pagarle la gratificación a sus trabajadores, tendrá que pagar una multa. Sin embargo, no todo está perdido, pues existen formas de lograr que si bien la infracción no desaparezca, el monto por la multa a pagar sí sea cuantitativamente menor.
La primera de ellas consiste en el cuestionamiento de la multa originalmente impuesta, lo cual implica analizar, entre otras cosas, si la misma se ajusta o no a los términos de razonabilidad y proporcionalidad, pilares de todo procedimiento administrativo sancionador. Así pues, debe recordarse que las multas por comisión de infracciones se imponen teniendo en cuenta 2 criterios: la gravedad de la infracción y el número de trabajadores afectados; por lo que si en el caso concreto se tiene que la multa impuesta no se ajusta a la realidad de las cosas, la misma podrá ser cuestionada, pues como su mismo nombre lo dice, el acta de infracción únicamente contiene una propuesta de multa, lo cual indica desde ya que la misma no es definitiva.
En estos casos, el empleador contará con dos oportunidades para efectuar dicho cuestionamiento, la primera de ellas es inmediatamente tras la notificación del acta de infracción, con la realización de los descargos respectivos, para lo cual contará con 15 días hábiles. Y la segunda, es mediante la interposición del respectivo recurso de apelación, el mismo que deberá ser interpuesto dentro del tercer día hábil de haber sido notificado con la resolución que pone fin al procedimiento administrativo sancionador y aplica la multa.
Otra opción es la de solicitar la reducción de la multa propuesta en el acta de infracción, reducción que puede variar entre el 30% y el 50%, lo mismo que dependerá de la rapidez con la que el empleador subsane la infracción cometida. Así, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Inspección del Trabajo (artículo 40), la multa originalmente propuesta se reducirá al 30%, si es que el empleador lograra acreditar que ha cumplido con subsanar la infracción cometida desde que fue notificado con el acta de infracción hasta antes del vencimiento del plazo para la interposición del recurso de apelación (32 días hábiles en total desde la notificación del acta de infracción). Mientras que si por el contrario, la subsanación se produjera dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del recurso de apelación, la multa se reduciría sólo al 50%.
Precisamente por eso, una de las primeras cosas que se aconseja a los empleadores es que tan pronto sean notificados con la propuesta de multa, procedan a subsanar la infracción cometida; pues mientras más rápido subsanen, menor será el monto a pagar por concepto de la misma. Así pues, siguiendo el ejemplo de la gratificación, si la multa propuesta por el inspector asciende a la suma de S/. 17,982 Nuevos Soles (infracción grave, con 141 trabajadores afectados = 81% de 6 UIT), si el empleador cumple con pagar el íntegro de las gratificaciones a la totalidad de sus trabajadores inmediatamente tras la notificación del acta de infracción, al reducirse la multa al 30%, el mismo sólo tendría que pagar por dicho concepto la suma de S/. 5,394.60 Nuevos Soles. Por el contrario, si el empleador esperara hasta que el recurso de apelación se resuelva para recién proceder al pago de las gratificaciones a sus trabajadores, dado que la reducción de la multa en éstos casos es sólo al 50%, el monto a pagar por concepto de la misma ya no sería de S/. 5,394.60 sino de S/. 8,991 Nuevos Soles.
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Facultades discrecionales en materia tributaria y sus límites
CUANDO SE ENTIENDE LO QUE SE QUIERE ENTENDER
Existe una gran diferencia entre lo que puede hacer un particular y lo que puede hacer un funcionario público, pese a que en muchas ocasiones estos últimos se confunden y creen equivocadamente que ambas cosas son iguales. El principio y derecho de la libertad personal, contenido en el art. 2 de la Constitución: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, solo es aplicable a los particulares. Eso se explica, por supuesto, desde que se aprecia esa libertad como una garantía de los ciudadanos frente al enorme poder del aparato estatal.
Pero el campo de actuación del funcionario público es completamente distinto: solo puede hacer lo que la ley le autorice a hacer. En ese sentido, no puede innovar en cuanto a sus funciones, ni puede crearse nuevas funciones o facultades, no importa si le parecen muy necesarias o convenientes, porque primero tendrían que cambiar las leyes y luego sus procedimientos. En el tema tributario, nos encontramos muchas veces con el mismo error: los auditores de SUNAT suelen andar realizando creaciones heroicas en cuanto a mecanismos de presunción, por ejemplo, por lo cual si se reclama del resultado la auditoría se declara finalmente nula, pero luego que la administración y el contribuyente han gastado tiempo, dinero y esfuerzo en algo inútil.
Si esto es así, ¿por qué entonces sigue ocurriendo? Hay muchas causas, pero esta vez solo queremos referirnos a una que, lamentablemente, proviene desde la misma ley. El caso es que la norma IV del Título Preliminar del Código Tributario señala que “en los casos en que la Administración Tributaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente optará por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público, dentro del marco que establece la ley”. Como se sabe, tanto las facultades de fiscalización como de sanción que tiene SUNAT son discrecionales, de modo que esta entidad usa esta regla para decidir qué hacer con los contribuyentes.
El problema es que la administración tributaria considera que el interés público que le toca resguardar es sencillamente la “recaudación”, y por tanto considera que está facultada para escoger siempre lo que signifique más recaudación, sin importar si con ello perjudica innecesariamente al contribuyente. ¿En un caso de fiscalización existe la posibilidad de usar tanto la base cierta como la base presunta? Entonces el auditor decide usar la presunción, solo porque arroja un resultado varias veces mayor a la base cierta.
El error en esta concepción estriba en asumir que el único interés público es la recaudación, cuando la potestad tributaria implica mucho más: conforme al art. 74 de la Constitución, implica además el respeto a los derechos fundamentales de las personas, por lo que no se puede escoger tan alegremente, porque el funcionario no es un particular que busca asegurar solo su propio interés. Por eso, no debería importar solo cuánto se recauda, sino también cómo se recauda.
Y ya que la misma norma del Código Tributario indica que esa discrecionalidad debe ejercerse dentro del marco de la ley, es necesario recordarle a los funcionarios que existe también una Norma IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo numeral 1.4 señala lo siguiente: “Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. Este es el verdadero sentido de la discrecionalidad, que SUNAT ha perdido de vista por completo en los últimos tiempos, por haberse obsesionado con la mera recaudación, cuando hay otros intereses públicos en juego tan o más importantes: los derechos de las personas. Salvo que nos hayan cambiado el modelo de estado democrático de derecho que menciona la Constitución, y no nos hayamos dado cuenta.
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LA SUBORDINACION COMO ELEMENTO DETERMINANTE DE LA RELACION LABORAL
Publicado por Daniel Montes en 18:30 No hay comentarios:
El delito de daños: ¿Qué hacer si somos víctimas?
Publicado por Daniel Montes en 12:01 1 comentario:
Deducción como gasto de utilidades a los trabajadores
DEDUCCION POR UTILIDADES A LOS TRABAJADORES
Publicado por Daniel Montes en 7:22 No hay comentarios:
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Registro de contratos laborales y desnaturalización
El Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 77 establece de manera clara y expresa una lista taxativa de las causales de desnaturalización de los contratos a plazo fijo (contratos sujetos a modalidad). En dicha lista no se establece que la falta del registro ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, de los contratos modales suscritos entre el empleador y el trabajador, sea un supuesto o causal de desnaturalización de los contratos antes mencionados.
Además, en virtud del Decreto Legislativo 910, Ley general de Inspección Laboral y Defensa del Trabajador, que en su artículo 19 establece los tipos de infracción y su graduación, es así que el incumplimiento del registro de los contratos modales al Ministerio de Trabajo es considerado como una falta grave, tal como lo complementa el artículo 44 del Decreto Supremo 020-2001-TR, Reglamento de La ley General de Inspección Laboral y Defensa del Trabajador.
Cabe precisar, que en el supuesto que el empleador no cumpla con el registro de dichos contratos en el plazo de 15 días que la norma establece, esto implica la imposición de una multa determinada en virtud de los valores que establecen los cuerpos normativos antes mencionados, mas no la invalidez del contrato.
Ahora bien, como se puede observar, lo que existe entre el empleador y la autoridad de trabajo competente es una relación administrativa, el cual frente a una conducta infractora es merecedora del pago de una multa, puesto que SE TRATA DE UNA OBLIGACIÓN MERAMENTE FORMAL Y ADMINISTRATIVA, la cual no debe generar en los contratos suscritos entre ambas partes (trabajador-empleador) efectos diferentes a la naturaleza de la infracción, de tal manera que se genere la invalidez del contrato mismo y por ende el contrato a plazo fijo suscrito se convierta en un contrato a plazo indeterminado.
Por tal motivo, en opinión particular, la falta de registro debe ser considerada como una falta formal que posea efectos EXCLUSIVAMENTE administrativos, mas no repercutir en la esfera laboral de los contratos suscritos, es así que el inspector no debe poseer la facultad de determinar la naturaleza indefinida de los contratos a plazo fijo suscritos, sino más bien mantenerse en la línea de sus facultades, las cuales son la imposición de multas administrativas, a través de un proceso administrativo sancionador, regulado en la Ley 27774 Ley de Procedimiento Administrativo General.
En ese orden de ideas, queda clara la distinción existente entre una infracción a nivel administrativa - puesto que tiene como origen el incumplimiento de normas directas impuestas por la administración- y las causales de desnaturalización de los contratos a plazo fijo establecidas en el artículo 77 del Decreto Legislativo 728, puesto que es considerada como una lista taxativa, en la cual no se establece de manera clara la falta de registro como causa de desnaturalización contractual, lo cual pretende la autoridad laboral al realizar una interpretación forzada de la norma. Y debería tenerse en cuenta, además, que la desnaturalización corresponde en principio a una situación real que no se condice con el motivo que justifique el contrato modal, lo que no sucede con la falta de registro; sobre todo cuando por otro lado, dicho registro no le añade prácticamente nada al contrato, cuando la autoridad laboral no hace nada con dichos contratos.
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