Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20005886
Timestamp: 2019-07-20 20:50:57
Document Index: 108826235

Matched Legal Cases: ['artículo 531', 'artículo 531', 'artículo 531', 'artículo 531', 'Artículo 531', 'artículo 531', 'artículo 531', 'artículo 531', 'artículo 93', 'artículo 531', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 531', 'artículo 150', 'artículo 531', 'artículo 531', 'artículo 531', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 531', 'Artículo 531']

C-1033 de 2006
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020005886CC-SENTENCIAC1033200605/12/2006CC-SENTENCIA_C_1033__2006_05/12/2006200058862006Sentencia C-1033/06 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Inexistencia DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Formulación de un cargo concreto de naturaleza constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Concepto de violación INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -Improcedencia por cumplimiento de los requisitos de la demanda PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Aplicación ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar demanda no puede convertirse en un método tan estricto que haga nugatorio el derecho de los ciudadanos LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTOS Y POLITICA CRIMINAL- Alcance LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL- Límites CADUCIDAD -Concepto CADUCIDAD- Características PRESCRIPCION- Hace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso PRESCRIPCION- Efectos de la declaración DELITOS DE LESA HUMANIDAD -Imprescriptibilidad de la acción penal DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS -Imprescriptibilidad de la acción penal ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002- Finalidad DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS -Importancia DERECHOS DE VICTIMAS EN PROCESO PENAL -Ligado al respeto de la dignidad humana DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL- S uperación de la concepción que limitaba los derechos de las víctimas a una simple pretensión indemnizatoria DERECHO A LA VERDAD -Alcance DERECHO A LA JUSTICIA -Alcance REPARACION DE LA VICTIMA- Alcance DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL - Se predica tanto del investigado o acusado, como de las víctimas y perjudicados con la conducta ilícita PRESCRIPCION Y CADUCIDAD DE LA ACCION PENAL -Reducción por entrada en vigencia de nuevo sistema penal vulnera derechos de las víctimas/ REGIMEN DE TRANSICION EN NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL -Reducción de términos de prescripción y caducidad de la acción penal por entrada en vigencia de nuevo sistema penal es inconstitucional La reducción en una cuarta parte de los términos de prescripción y caducidad de las acciones penales que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) constituye un cambio intempestivo de las reglas de juego cuando el proceso ya se ha iniciado, disponiendo de los derechos de las víctimas en forma inconsulta, a favor del investigado o imputado. Para la Corte, ni la implantación del nuevo sistema penal acusatorio, ni la conveniencia de descongestionar, depurar y liquidar procesos penales anteriores a la entrada en vigencia de ese Código, justifica en manera alguna, ni sirve de sustento para clausurar la oportunidad de que prosigan esos procesos, en aras de garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La inoperancia judicial del Estado por la falta de investigación oportuna de las conductas punibles en perjuicio de los afectados, no sirve de sustento para la renuncia a la acción penal consagrada como un deber en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Tal posibilidad sin duda no resulta razonable ni proporcionada pues permite que prescriban delitos graves por la inercia de la Fiscalía. A ello debe sumarse que en relación con las conductas mas graves la norma permitiría con el simple cambio de competencia que tales delitos sean excluidos del listado de excepciones a la prescripción previsto en el artículo 531 de la Ley 906 de 2004. En ese orden de ideas la Corte considera que los cargos de inconstitucionalidad formulados por el actor en contra de los incisos primero y segundo del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 están llamados a prosperar y en consecuencia dichos incisos deben ser declarados inexequibles. UNIDAD NORMATIVA -Integración DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA -Vulneración DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL- Vulneración DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Vulneración SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD- Efectos retroactivos/ SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD- Efectos desde la publicación de la ley En aplicación de reiterada jurisprudencia y dado que se trata de la regulación de un beneficio que es contrario a la Constitución la inexequibilidad así declarada lo será desde la fecha de publicación de la Ley 906 de 2004. Empero es claro que los efectos retroactivos de la sentencia se aplicaran es en aquellos procesos en los que no se haya ya concretado la prescripción o caducidad especial cuya inexequibilidad se decreta. Referencia: expediente D-6282
Arturo Daniel López CobaCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisDemanda de inconstitucionalidad contra los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"D6282Identificadores20020005887true16643Versión original20005887Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
Artículo 531. Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos.Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.
En lo relativo, a la violación del debido proceso (art. 29 C.P.), afirma que con la expedición de los incisos acusados el Legislador no tomó en cuenta que el derecho aludido se predica no solamente al investigado o acusado, sino también de las víctimas y perjudicados con el ilícito. Precisa que con dichos incisos se desconoce i) la presunción de inocencia "pues es el Estado mediante su investigación dentro de los términos procesales quien debe desvirtuarla", ii) el principio de contradicción de la prueba, pues la práctica de pruebas queda en suspenso al operar en cualquier momento la prescripción, y iii) las formas propias de cada juicio, por cuanto "las reglas de juego" son cambiadas de manera intempestiva cuando el proceso se ha iniciado por el Legislador, "quien es un tercero que no es parte en el proceso" pero que sin embargo, "dispone de los derechos de las partes en forma inconsulta y a favor del investigado o imputado".
No obstante, en subsidio, solicita que las disposiciones acusadas sean declaradas exequibles por cuanto: i) De acuerdo con la cláusula general de competencia el Legislador es autónomo para fijar un régimen de transición que contenga los términos de prescripción y caducidad de la acción penal, dentro del marco de la política criminal que adelanta el Estado, con el fin de facilitar la implementación del sistema acusatorio en Colombia, lo cual se justifica plenamente por la necesidad de asegurar la efectividad de valores y principios superiores como el de la Justicia, la prevalencia del interés general, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo[2], ii) No le asiste razón al demandante cuando afirma que las expresiones acusadas vulneran la dignidad humana y los artículos 13, 29 y 229 superiores porque las reducciones de los términos de prescripción y caducidad de la acción penal se enmarcan en una política criminal razonada y proporcionada y garantizan que haya "transcurrido un lapso de tiempo razonable y suficiente para la correspondiente acción de las autoridades competentes"; iii) El actor no toma en cuenta la necesidad de interpretar los incisos acusados de forma sistemática con el resto del artículo 531 y en armonía con las demás disposiciones de la Ley 906 de 2004 y en este sentido desconoce por ejemplo que en el inciso tercero del referido artículo 531 de la Ley 906 de 2004 el legislador dispuso algunos casos en los que no opera la reducción del término de prescripción como en el de los delitos más graves que conoce la justicia especializada; iv) Las disposiciones acusadas tienen una finalidad constitucionalmente legítima, a saber, la de facilitar la transición al esquema procesal diseñado a partir del Acto Legislativo 03 de 2002 mediante la descongestión de los despachos judiciales[3]; v) La voluntad del Legislador fue consagrar un cuidadoso y adecuado régimen de transición de tal manera que no se presentaran traumatismos ni caos y se evitaran fenómenos como la impunidad, tal como quedó plasmado en los debates realizados durante los trámites del Acto Legislativo 03 de 2002 y de la Ley 906 de 2005 en el Congreso de la República ; vi) El Legislador tiene una amplia potestad de configuración en el diseño de normas de procedimiento penal y el Congreso de la República en ejercicio de esa potestad puede regular aspectos relacionados con la prescripción de las acciones penales sin más límites que los principios y valores superiores, en la medida en que la figura de la prescripción en materia penal hace parte importante de la política criminal en cuanto límite temporal al ejercicio del poder punitivo del Estado y está enderezada a dar seguridad jurídica a los destinatarios y censurar o castigar la desidia estatal. vii), debe tenerse en cuenta que la fijación de términos prescriptivos es determinada en gran parte por la naturaleza de los delitos investigados, criterio que no es el único considerado por el legislador para adoptar dichas medidas[4].
Recuerda que dentro de los elementos de la "política criminal" tal como ha sido definida por la Corte Constitucional en varias de sus providencias[6] figuran necesariamente las disposiciones que señalan los términos de prescripción de la acción penal. Precisa además que en este campo el legislador no está obligado a optar por una única fórmula que se aplique a todos los delitos por igual pues "lo que pretende este instituto es regular de una forma razonable el tiempo prudencial que el legislador considera propio para el ejercicio de la acción penal en cierto tipo de delitos". Recuerda que en esta materia la Corte ha señalado que solamente "en los casos de manifiesta e innegable desproporción o palmaria irrazonabilidad" corresponde al juez Constitucional declarar la inexequibilidad de este tipo de disposiciones.
No obstante, señala que si la Corte decide abordar el análisis de las disposiciones demandadas en aplicación del principiopro actione, las mismas deben ser declaradas exequibles frente a los cargos analizados.
Para el demandante los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal" vulneran i) el principio de dignidad humana (art. 1° C.P.) por cuanto limitan la posibilidad de las víctimas y perjudicados de acudir al Estado para obtener justicia, verdad y reparación y por cuanto cualquier acción contraria al esclarecimientos de los hechos desconoce dicha dignidad, ii) el principio de igualdad pues establecen un trato discriminatorio para las víctimas y perjudicados si se les compara con la situación del procesado, al que se le favorece con la prescripción y quien ya tenía el "privilegio de la presunción de inocencia" que se pretendía desvirtuar en el proceso ; iii) el debido proceso (art. 29 C.P.) pues con la prescripción a las víctimas se les impide desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, no podrán controvertir las pruebas que este eventualmente haya presentado ni presentar las que ellas tengan y se les cambian las reglas de juego de un proceso en el que "el legislador no es parte" y sin embargo termina favoreciendo al investigado o imputado; iv) Los artículos 229 y 250 superiores, por cuanto se premia la inoperancia judicial para averiguar oportunamente las conductas punibles y se priva así a las víctimas del acceso a la justicia, al tiempo que se deja de lado la obligación constitucional de la Fiscalía de perseguir los delitos y v) el artículo 93 de la Constitución pues se obliga así a las víctimas y perjudicados a acudir a los tribunales internacionales para solicitar una adecuada administración de justicia, dado que el Estado competente para hacerlo no la administró oportunamente y no les brindó un recurso judicial efectivo.
El interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, y en subsidio declarar la exequibilidad de los incisos demandados. Destaca que i) El Legislador tiene una amplia potestad de configuración en el diseño de normas de procedimiento penal y es autónomo para fijar un régimen de transición que contenga los términos de prescripción y caducidad de la acción penal, con el fin de facilitar la implementación del sistema acusatorio, ii) las reducciones de los términos de prescripción y caducidad de la acción penal que establecen las disposiciones acusadas se enmarcan en una política criminal razonada y proporcionada y garantizan que haya "transcurrido un lapso de tiempo razonable y suficiente para la correspondiente acción de las autoridades competentes"; iii) El actor desconoce que en el inciso tercero del referido artículo 531 de la Ley 906 de 2004 el legislador dispuso algunos casos en los que no opera la reducción del término de prescripción; iv) en cuanto límite temporal al ejercicio del poder punitivo del Estado la prescripción está enderezada a dar seguridad jurídica a los destinatarios y censurar o castigar la desidia estatal.
El señor Fiscal General de la Nación, igualmente solicita a la Corte declarar la exequibilidad de las disposiciones acusadas y para el efecto hace énfasis en que i) El Constituyente quiso que uno de los elementos del derecho a la libertad personal fuera la prescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad, ii) Establecer como lo pretende el actor la imprescriptibilidad de la acción penal, violaría el artículo 28 de la Constitución y además el artículo 2° numeral 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; iii) Dentro de los elementos de la "política criminal" encomendada al legislador figuran necesariamente las disposiciones que señalan los términos de prescripción de la acción penal, materia sobre la que solamente "en los casos de manifiesta e innegable desproporción o palmaria irrazonabilidad" corresponde al juez Constitucional declarar la inexequibilidad de este tipo de disposiciones; iv) No es cierto, contrario a lo afirmado por el actor, que cualquier acción contraria al esclarecimiento de los hechos sea atentatoria de la dignidad humana; v) La confusión del actor radica en que solo aborda uno de los extremos del proceso penal: el de las víctimas, olvidando que también está involucrado en un proceso penal el indiciado, imputado o acusado quien tiene derecho a que el Estado investigue dentro de un determinado tiempo la presunta comisión de un hecho punible; vi) Si se compara el tiempo mínimo de tres años a que alude el artículo 531 de la ley 906 de 2004 con los establecidos en el nuevo estatuto procesal acusatorio, se tiene que concluir que el mismo es proporcionalmente amplio para efectuar una investigación.
Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del Legislador en estas áreas, se encuentra aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir esto, que en desarrollo de sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la sentencia C-592/98 (M.P. Fabio Morón Díaz),"el legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros"[20].
3.2.2 Para efectos de la presente sentencia resulta relevante recordar que la Corte ha hecho énfasis en que el legislador, autorizado por el artículo 150, numerales 1o. y 2o., de la Constitución Política, cuenta con potestad de configuración para instituir las formas, con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas[21] y en este sentido para adelantar la regulación de los procedimientos judiciales y de las instituciones vinculadas con ellos. En virtud de la cláusula general de competencia legislativa, la ley puede regular, entre otras, "las ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios para conocer de determinados asuntos, los recursos, los términos, el régimen probatorio, los mecanismos de publicidad de las actuaciones."[22]
"Libertad de configuración que está plenamente justificada pues tal como lo sostiene el Jefe del Ministerio Público el nuevo término de prescripción que establece la ley tiene como finalidad el otorgamiento de un tiempo prudencial en el cual el Estado debe realizar las actuaciones tendientes a establecer la responsabilidad del sindicado, y para éste una nueva oportunidad procesal para estructurar su defensa."[24]
En igual sentido la Corte ha expresado, por ejemplo, que "la diferencia de trato entre empleados oficiales y particulares, en materia de prescripción de la acción penal, se justifica por la existencia de la potestad estatal para fijar la política criminal frente a determinados delitos, según su gravedad, complejidad, consecuencias y dificultades probatorias, sin que sea posible afirmar la vulneración del derecho a la igualdad"[25].
"Por supuesto, ello no significa que el único criterio razonable para fijar el término de prescripción de la acción penal sea la gravedad de la conducta, pues dentro del diseño de la política criminal del Estado el legislador puede determinar el término de prescripción a partir de otros criterios valorativos que desde una perspectiva constitucional sean igualmente válidos a las consideraciones de tipo dogmático o axiológico. Entre ellos, pueden considerarse la necesidad de erradicar la impunidad frente a delitos en los cuales resulta especialmente difícil recopilar pruebas o juzgar efectivamente a los responsables."[26]
3.2.3.2 Por su parte la prescripción de la acción penal "es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción"[32].
La Corte ha destacado igualmente que la misma encuentra fundamento en el principio de la seguridad jurídica ya que la finalidad esencial de la prescripción de la acción penal está íntimamente vinculada con el derecho que tiene todo procesado de que se le defina su situación jurídica, pues "ni el sindicado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado califique el sumario o profiera una sentencia condenatoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad".[34]
La Corte en las sentencias C-873 de 2003[37] C-591[38] y C-592[39] de 2005 hizo un extenso análisis tanto de los elementos esenciales y las principales características del nuevo sistema, como de los parámetros de interpretación aplicables a las normas dictadas en desarrollo de dicha reforma, al cual resulta pertinente remitirse para introducir el análisis de los cargos planteados en el presente proceso contra los incisos 1 y 2 del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
En la referida Ley 906 de 2004 en el capítulo II sobre "Régimen de transición" del Libro VII sobre "Régimen de implementación" se introdujo el artículo 531 -del que hacen parte los incisos acusados- en el que se estableció un "Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos" tendiente a facilitar la referida implementación del nuevo sistema y a -como se señaló en la exposición de motivos respectiva[41]- "evitar un caos" respecto de los procesos en curso regidos por la Ley 600 de 2000.
Para el actor los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal" vulneran i) el principio de dignidad humana (art. 1° C.P.) por cuanto la reducción de términos de caducidad y prescripción que ellos establecen limita la posibilidad de las víctimas y perjudicados de acudir al Estado para obtener justicia, verdad y reparación y cualquier acción contraria al esclarecimientos de los hechos desconoce dicha dignidad, ii) el principio de igualdad pues con dicha reducción establecen un trato discriminatorio para las víctimas y perjudicados si se les compara con la situación del procesado, al que se le favorece con el anticipo de la prescripción y quien ya tenía el "privilegio de la presunción de inocencia" que se pretendía desvirtuar en el proceso ; iii) el debido proceso (art. 29 C.P.) pues con el anticipo de la prescripción a las víctimas se les impide desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, no podrán controvertir las pruebas que éste eventualmente haya presentado ni presentar las que ellas tengan y se les cambian las reglas de juego de un proceso en el que "el legislador no es parte" y sin embargo termina favoreciendo al investigado o imputado; iv) Los artículos 229 y 250 superiores, por cuanto se priva así a las víctimas del acceso a la justicia, al tiempo que se deja de lado la obligación constitucional de la Fiscalía de perseguir los delitos y v) el artículo 93 de la Constitución pues se obliga así a las víctimas y perjudicados a acudir a los tribunales internacionales para solicitar una adecuada administración de justicia, dado que el Estado competente para hacerlo no la administró oportunamente y no les brindó un recurso judicial efectivo.
4.1 Débe recordarse que tal como lo ha reconocido esta Corporación[47], en un Estado Social de Derecho y en una democracia participativa (artículo 1, CP), los derechos de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes y, por ello, el Constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima. Así el numeral 4 del artículo 250 Superior antes de su reforma por el Acto Legislativo 03 de 2002, señalaba que el Fiscal General de la Nación debía "velar por la protección de las víctimas." Además, el numeral 1 del mismo artículo expresa que deberá "tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito". Actualmente en dicho artículo 250 se señala que en ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: "1.Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas." Así mismo según el numeral 6 deberá "Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. El mismo artículo señala en el numeral 7 que deberá : Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal" al tiempo que señala que "la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa". Es decir que con dicho Acto Legislativo el énfasis dado a los derechos de las víctimas resulta evidente.
Ello coincide con el planteamiento hecho por la Corte[48] en el sentido de que en un Estado Social de Derecho, que consagra como principios medulares la búsqueda de la justicia (CP preámbulo y art. 2) y el acceso a la justicia (CP art. 229), "el derecho procesal penal no sólo debe regular y controlar el poder sancionador del Estado en beneficio del acusado -esto es en función de quien padece el proceso- sino que debe también hacer efectivos los derechos de la víctima -esto es de quien ha padecido el delito-, puesto que 'la víctima es verdaderamente la encarnación viviente del bien jurídico que busca ser protegido por la política criminal' "[49].
"El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, que dice que "Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana", las víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha optado el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón de la comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano. Por el contrario, el principio de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados por un delito sea exclusivamente de naturaleza económica."[52]
"1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos.[53]
"3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito"[54].
4.9.11.8. La acción penal es imprescriptible respecto de delitos como el de desaparición forzada de personas. Lo anterior por varias razones: el interés en erradicar la impunidad, la necesidad de que la sociedad y los afectados conozcan la verdad y se atribuyan las responsabilidades individuales e institucionales correspondientes, y en general que se garantice el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación por los daños"[55].
DeclararINEXEQUIBLE el artículo 531 de la Ley 906 de 2004 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", a partir de la fecha de publicación de la Ley 906 de 2004.
Inexequible Artículo 531 LEY_906_2004_31/08/2004
Conviene recordar que, en armonía con las anteriores apreciaciones, en distintas oportunidades la Corporación ha hecho énfasis en que los derechos constitucionales de las víctimas están sujetos a límites y bajo esta premisa ha señalado, por ejemplo, que "la reparación integral de los perjuicios ocasionados por la conducta punible no es un derecho absoluto" y que en su regulación el legislador puede ejercer su potestad de configuración sin desconocer que la indemnización debe ser justa[57].
[19] Al respecto la Corte en la sentencia C- 420/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño señaló "Si bien es cierto que el parlamento no es, ni mucho menos, la única instancia del poder público en la que se pueden diseñar estrategias de política criminal, no puede desconocerse que su decisión de acudir a la penalización de comportamientos no sólo es legítima frente a la Carta por tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino también porque ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio democrático. Es una conquista del mundo civilizado que normas tan trascendentes en el ámbito de los derechos fundamentales como las que tipifican conductas penales y atribuyen penas y medidas de seguridad a sus autores o partícipes, sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses particulares o necesidades coyunturales.
[45] Ley 589 de 2000 art. 15. "Los delitos que tipifica la presente ley -genocidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y tortura- serán de conocimiento de los jueces penales de circuito especializados".