Source: http://elyoacusoargentino.blogspot.com/2016/08/
Timestamp: 2017-07-21 08:41:50
Document Index: 357369658

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 30', 'artículo 3', 'artículo 6']

Creo, pues, que estamos ante una muestra de la
importancia que la Convención atribuye a su propia jurisprudencia y a la
conveniencia de su mayor preservación posible. (…) Es lo cierto que como he dicho al principio,
desde los inicios de su funcionamiento en 1959, el Tribunal ha construido una
rica, abundante e interesante jurisprudencia, en la que cabe detectar una serie
de importantes principios interpretativos de la Convención, de los que
enseguida hablaré. El Tribunal (único, se
dijo, porque había sido suprimida la Comisión) constituido
el 1º de noviembre de 1998 –fecha de entrada en
vigor del Protocolo undécimo– contó con la
inmensa ventaja de disponer de un importante acervo, a saber, el tesoro de esos
principios; esto es, con una jurisprudencia
consolidada que, en sus grandes líneas,
sigue siendo utilizada en las más recientes sentencias. Y aun cuando
existen excepciones, cabe hablar por tanto de continuidad jurisprudencial entre
el viejo y el nuevo Tribunal. (…) Empezaré así mi curso hablando de los más
importantes principios interpretativos de la Convención, tal como los ha
construido el Tribunal. Estos principios son: primero,
autonomía de las nociones convencionales; segundo,
carácter efectivo y no ilusorio de la protección y su corolario de la
interpretación evolutiva de la Convención; tercero,
el uso de la figura de obligaciones positivas;
cuarto, el principio de proporcionalidad, y quinto
y último, la doctrina del margen de apreciación.
Y ofrezco ahora la siguiente reflexión en el marco de la dialéctica entre los
dos polos de atracción en la materia, respeto de los derechos humanos uno,
protección de la soberanía estatal, otro. Si el primer principio opera con
neutralidad por lo que se refiere a la dialéctica mencionada, el segundo,
tercero y cuarto conducen a interpretaciones extensivas y teleológicas de la
Convención, inclinados por tanto hacia la observancia más amplia posible de los
derechos fundamentales. En cuanto al último principio –la doctrina del margen
de apreciación– debo decir que tiene en cuenta muy fundamentalmente las
particularidades soberanas de cada Estado, aunque no por ello merece, al menos
bajo mi punto de vista, una conceptuación desfavorable desde la perspectiva de
los derechos humanos. Completado el análisis de los principios, cambiaré de
perspectiva para centrarme en dos temas o cuestiones que condicionan de modo
importante el funcionamiento del Tribunal, a saber, las medidas cautelares y su
obligatoriedad jurídica, de un lado; y el alcance de la jurisdicción ratione
loci, o si se quiere ratione personae, de otro lado. En el nuevo Tribunal, ambas cuestiones han dado
lugar a oscilaciones jurisprudenciales de cierto relieve y, por tanto, de gran
interés. Oscilaciones favorables al polo de atracción de los derechos humanos
la primera, y cercanas al de la soberanía de los Estados la segunda. Lo veremos
con cierto detenimiento tras el estudio de los grandes principios. Para
finalizar esta introducción, destaco la idea de que la lista de temas y
cuestiones que acabo de indicar no agota ni mucho menos todos los puntos de
interés tratados por el Tribunal en sus numerosas sentencias de los últimos
años. Insisto en que estamos ante una lista de temas y problemas que tiene
mucho más de selectiva que de exhaustiva, y ello, irremediablemente, puede
comportar una cierta arbitrariedad y la existencia de lagunas importantes. Es
este un riesgo que no me queda más remedio que asumir, porque en un curso
forzosamente limitado en el tiempo como es el que estoy comenzando, son
inevitables algunos e incluso muchos vacíos temáticos.
En cuanto a la autonomía de las nociones convencionales, debemos señalar que éste es uno de los grandes
de la Convención, que ha utilizado el Tribunal. Y es que, inevitablemente y
como no podía ser de otro modo, muchas de las expresiones utilizadas en ella y
en los protocolos adicionales se basan en nociones tomadas de los sistemas
jurídicos de los Estados miembros. Esto ocurre muy particularmente en el
artículo 6, que es el que señala las garantías del juicio equitativo. Efectivamente,
según resulta del encabezamiento de la disposición, esas exigencias son de aplicación a los «litigios sobre
derechos y obligaciones de carácter civil» y «al
fundamento de una acusación en materia penal». Pues bien, es obvio que si estas
expresiones fuesen interpretados atendiendo al Derecho interno de cada Estado
demandado, y teniendo en cuenta el distinto
alcance y amplitud que poseen en cada uno de ellos, el nivel de protección ofrecido por la Convención
carecería de uniformidad. Sería distinto para
cada Estado demandado, lo cual es
incompatible con los principios inspiradores del sistema. Para evitar esta consecuencia indeseable, el Tribunal no solo toma en consideración el Derecho
interno del Estado demandado y los de los otros Estados partes en la
Convención, sino sobre todo y principalmente el
sentido que él mismo atribuye de modo autónomo a
las definiciones convencionales. Es decir, el Tribunal se siente
obligado a mirar más allá de las apariencias y a profundizar en el análisis de
la realidad del procedimiento nacional en cuestión. (…)
En relación con el principio que nos ocupa, es
interesante señalar que la sentencia de 19 de octubre de 2006, recaída en el
caso Kók contra Turquía, considera aplicable las garantías del artículo 6 a un
litigio en que la demandante pretendía el derecho a continuar con los estudios
de una especialización médica, que había iniciado en otro país. La cuestión se
consideró, pues, civil. Siguiendo con el examen del principio, recordemos que el artículo 6 de la Convención enuncia
también el derecho a un juicio equitativo para los supuestos en que un tribunal
examina el fundamento de una acusación en materia penal. Aquí de nuevo el
Tribunal ha aplicado la idea de autonomía de las nociones convencionales en relación con las definiciones utilizadas por los Derechos internos de los Estados partes en la
Convención, preconizando de un modo general una interpretación amplia de aquella noción; esto es, una concepción
sustantiva o de fondo más que formal.
Así, en una sentencia del nuevo Tribunal, la
dictada el día 5 de octubre de 2000 en el caso Maaouia contra Francia, se ha confirmado
la doctrina anterior de que los procedimientos de expulsión de extranjeros no
entran en el campo de aplicación del artículo 6º de la Convención. Ni se
refieren a litigios de carácter civil ni nada tienen que ver con una acusación
en materia penal. Es sabido de otra
parte que si el artículo 6 de la
Convención concede las garantías del juicio equitativo a las personas que sean
objeto de una acusación penal, a las víctimas del
delito no se les reconocen esas garantías. Quedan desprotegidas desde este
punto de vista. Y voy a
citar ahora un ejemplo no lejano de desprotección. Se trata de la decisión de 29 de marzo de 2001
en el caso de la Asociación de víctimas del terrorismo contra España. La
entidad demandante invocaba la violación del artículo 6.1. de la Convención
como consecuencia de la puesta en libertad de los miembros de la llamada mesa
nacional de Herri batasuna, alegando como argumento de fondo que no había
podido rebatir los motivos que tuvo el Tribunal Constitucional para dictar su
sentencia. Más como esa asociación se limitó a ejercer la acusación popular sin
pedir responsabilidad civil, el Tribunal europeo se vio precisado a declarar
inadmisible la demanda en cuanto incompatible con la Convención ¿Qué ocurre sin
embargo si una querella penal tiene algún
tipo de contenido o coloración patrimonial porque
se solicita lo que en España llamamos la responsabilidad civil subsidiaria? ¿Estaremos
en tal supuesto ante un litigio civil sometido en todos sus elementos a las
garantías del juicio equitativo? La jurisprudencia sobre esta cuestión no era
del todo nítida ni consecuente con las exigencias de la seguridad jurídica,
pero el Tribunal la ha clarificado en su sentencia de 12 de febrero de 2004
dictada en el asunto Pérez contra Francia. El mayor interés de esta decisión radica en el hecho de
que para la determinación de si un litigio es
civil y cae bajo el ámbito de aplicación del artículo 6º, el Tribunal atiende
por supuesto al principio de autonomía de las nociones convencionales pero tiene en cuenta también el contenido y los efectos que se den al derecho invocado en el sistema jurídico nacional. Y visto que
en el Derecho francés se permite a la víctima de un delito constituirse en
«parte civil» a efectos, entre otros, de obtener una indemnización por el daño
sufrido, estamos ante un procedimiento que debe gozar de las garantías del
artículo 6 de la Convención, y ello aunque en el caso concreto no se hubiese
solicitado una reparación. Se trata de una interpretación jurisprudencial extensiva o teleológica, digna del mayor encomio en la medida en que contribuye a aliviar la irritante
desprotección de las víctimas. Todo ésto en lo que atañe al
principio de autonomía de las nociones convencionales. Publicado por
Autonomía de las nociones convencionales y la doctrina del margen de apreciación
cuanto a este último, señalaba que se
consideraba que el delito de lesa humanidad,
requería inexorablemente la conexión a un conflicto armado. Recién en la década de los 90, o
sea 20 años después, se decidió
mediante pronunciamientos de diversos de tribunales internacionales creados por
la ONU, que en adelante tal
exigencia no era requerida, para poder calificar como delito de lesa humanidad la actividad aberrante de un acusado. Este tema salía de lo opinable,
para ingresar en la taxativa afirmación de que no es necesaria una conexión con
un conflicto armado, para que el delito de lesa humanidad pueda ser calificado
como tal. El valor de la jurisprudencia es fundamental en el tema que estamos
tocando. Tanto es así que, de hecho, paulatinamente se ha ido unificando la misma
respecto a todo lo relacionado con la violación de los derechos humanos.
No pasamos por alto que, en el caso anterior,
relacionado con imputaciones a los guerrilleros, tanto la defensa de ellos como
el propio Ministerio Público que inocultablemente siente una cierta inclinación
comprensiva hacia el accionar de los terroristas, fueron partidarios acérrimos,
de insistir en que los episodios bélicos tantas veces reseñados, no podían
calificarse como conflicto armado no internacional. Las derivaciones de tal afirmación conllevan a que se reconsidere el tema y
nos inclina a aplicar en los casos en que corresponde hacerlo, tanto la
legislación penal interna como el derecho consuetudinario internacional que regían para esa época, en razón de ser normas más favorables hacia los
encartados. Nos referimos a
todos los casos, no sólo los que se
siguen a los que otrora fueron guerrilleros y se les imputa delitos de lesa humanidad. Pero si nos detenemos a considerar que, la
situación varía asimétricamente cuando los imputados son los integrantes de las
FF.AA. argentinas y de las fuerzas de Seguridad, nos encontramos frente a un
formidable escollo. La Justicia
argentina, no puede proceder
de una forma en los casos en que los imputados son del bando otrora de los
terroristas subversivos y, de una manera completamente distinta cuando se trata de integrantes de las fuerzas que
los reprimieron en nombre del Estado. No podemos hacer a un lado, que los jueces se
encuentran aplicando, en casos de esta naturaleza una justicia que es
Universal. No olvidemos que en consecuencia, acuden a precedentes nacionales e
internacionales y aún más, aplican leyes no escritas, pero que son valoradas
como normas internacionales consuetudinarias, ya que se trata del derecho
internacional humanitario. Cuando nuestra Justicia, los eventos similares los
trata de manera distinta, con una débil justificación, es evidente que debemos
reflexionar muy profundamente, tratando de evitar cometer una arbitrariedad
jurídica. Una situación de tal naturaleza no sólo se ha visto cuando se aplicó
el derecho penal internacional, en diversos países latinoamericanos, sino que
se ha producido también, en países de la Comunidad Europea. Pero el Tribunal
Europeo de os Derechos humanos, enfrentó tal situación y la Comunidad pudo
evitar que los tribunales incurran en arbitrariedades para con los
justiciables. El hasta enero de 2007 presidente del Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos, el profesor Luzius Wildhaber, citado por el famoso
especialista español en derecho internacional, José A. Pastor Ridruejo, Profesor
Emérito de Derecho Internacional en la Universidad Complutense, a la sazón un antiguo
juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su obra “Cursos” hizo referencia
a este entuerto, fruto de su experiencia y del estudio de diversos casos que
pasaron por ante este tribunal. Señalaba que “decidir casos similares de modo diferente puede constituir un atentado al principio de
igualdad ante la ley; puede violar las
expectativas legítimas de quienes buscan justicia; y puede ser visto como un intento de legislar, tarea encomendada únicamente al legislador elegido de modo
democrático. En principio, pues, lo conveniente es que el
Tribunal respete y se atenga a su propia jurisprudencia. Ahora bien, como ha
puesto de relieve el mismo profesor, no hay nada mecánico en la doctrina del
precedente y así, el Tribunal no ha tenido problemas en cambiar su línea
jurisprudencial cuando ha encontrado razones
imperiosas para no seguirla, y ello sobre
todo a fin de reflejar cambios en la mentalidad
y en los sentimientos que imperan en cada
momento en la sociedad. Se trata del importante principio
de interpretación evolutiva de la Convención,
corolario de la doctrina del carácter efectivo y no ilusorio de los derechos,
(…). “Insistiendo
en la idea expuesta de que el respeto al
precedente refuerza la seguridad jurídica, señalamos
a continuación otra de las importantes funciones de la jurisprudencia, que es la de engendrar en casos especialmente
importantes y sensibles los principios de
naturaleza constitucional que conformarían el
llamado orden público europeo. Y es que ante la preocupante
situación creada por la incontenible avalancha de demandas que entorpecen el
cabal funcionamiento del sistema, agravada además por la timidez e incluso el
fracaso de los intentos de reforma, hay quien ha sugerido una modificación
radical y de gran calado: privar al Tribunal de su papel reparador, suprimiendo
el recurso individual, y asignarle únicamente una función constitucional que se
desempeñaría a través de decisiones de principio generadoras de jurisprudencia.”
“Debo decir que una de las personas que ha hecho
esta sugerencia no es un jurista audaz o ignorante. Se trata nada menos de
quién desde el 1º de noviembre de 1998 hasta el 18 de enero de 2007 ha asumido
la responsabilidad del ejercicio de la presidencia, el ya citado eminente juez
y profesor suizo Luzius Wildhaber. Pero doy otro dato, ciertamente elocuente,
acerca de la importancia de la jurisprudencia del Tribunal. Se trata de la
manera como los autores del Protocolo undécimo –el Protocolo de reforma de 11
de mayo de 1994, en vigor desde el 1 de noviembre de 1998– concibieron el
cambio de la línea jurisprudencial. En efecto, si una Sala de 7 de jueces –que es la que examina normalmente y en primera instancia el
fondo de las demandas admitidas– se
encuentra en la tesitura de abandonar o cambiar
una línea jurisprudencial, no lo puede hacer
por sí misma. En virtud de lo prescrito por el
artículo 30 de la Convención –tal como quedó
redactado tras la enmienda realizada por el Protocolo undécimo– esa Sala debe renunciar
a conocer del caso y ha de remitirlo a la gran
Sala de 17 jueces. Consiguientemente, solo esta Sala de composición
amplia puede separarse de una línea jurisprudencial consolidada. Nunca una Sala
de 7 jueces y por supuesto tampoco los comités de tres jueces que por
unanimidad y después de trámites sumamente sucintos están facultados para
declarar inadmisibles las demandas. (Capítulo
Decidir casos similares de modo diferente puede constituir un atentado al principio de igualdad ante la ley
Capítulo 876 - Puede utilizarse la fuerza letal contra los combatientes o sea las personas que tienen derecho a participar directamente en las hostilidades. Anciano ex militar conducido esposado ante el Tribunal
Recordemos que Argentina, sostiene en forma taxativa que, en la década del 70, no existió un conflicto armado no internacional, entre el Estado Argentino y las agrupaciones subversivas, que intentaban hacerse del poder, derribando al gobierno constitucional o al de facto. Si adoptamos tal postura, caeremos inexorablemente en que no es factible aplicar en el caso normas internacionales referidas al derecho de la guerra, puesto que como hemos afirmado, la ausencia de un conflicto armado nos obliga a la aplicación del derecho de los derechos humanos. Publicado por
Puede utilizarse la fuerza letal contra los combatientes o sea las personas que tienen derecho a participar directamente en las hostilidades
debemos señalar algo que, no por sabido, forzoso es repetirlo ya que es de
fundamental importancia y prueba sin más, que los
otrora subversivos pretenden con los juicios
de lesa humanidad, utilizar esta patraña
judicial a fin de poder vengarse de la
derrota sufrida a manos del Estado Argentino, al
que atacaron de las más variadas formas. Los
otrora terroristas –calificativo que ellos en
ocasiones lo reemplazan como “soldados” de fuerzas armadas revolucionarias- optaron por negar en forma
taxativa, que en la década del 70 en el país
haya habido una guerra civil. Nos dicen que funcionarios del Estado,
abusando de sus cargos han cometido todo tipo de tropelías, han cometido hechos
aberrantes, han violado los derechos humanos de “civiles” o sea de ciudadanos
civiles de nuestro país, persiguiéndolos, acusados por la ideología que
profesaban, llegando incluso a ser víctimas de torturas y de asesinatos o
desapariciones. De allí que han sido juzgados y condenados por la Justicia
argentina, centenares de imputados por tales delitos y calificándose los
eventos como delitos de lesa humanidad, y otros imputados están a la espera de
que los jueces se pronuncien. Hemos señalado
que, ante la existencia de un CAI o de un
CANI, se activan las normas del DIH. Recordemos a los civiles armados, que integrando
formaciones irregulares, atacaron el cuartel del Regimiento del Ejército
Argentino, sito en la localidad de La Tablada, durante la presidencia
constitucional del Dr. Raúl Alfonsín. En su oportunidad la C.I. Interamericana
de los Derechos Humanos, calificó la actividad desarrollada durante el lapso en
que se desarrollaron los hechos bélicos, como un conflicto armado no
internacional. Maguer lo dictaminado por ese órgano internacional, nuestra
justicia hizo “oídos sordos” a la interpretación citada, a pesar del origen de
ella y de lo que tiene resuelto la CSJ al respecto, e imparte justicia “a la
criolla” es decir, en forma vernácula, dependiendo de quienes son las partes. Hemos
señalado que, ante los abusos de autoridad estatal, se activan las normas contenidas
en el derecho internacional de los derechos humanos y esencialmente hemos
puntualizado que éste regula las relaciones entre un Estado y sus habitantes,
imponiendo este derecho obligaciones del Estado hacia aquéllos. Ni éso han
respetado algunos magistrados argentinos. “En cambio, el DIH de los conflictos armados no internacionales impone
expresamente obligaciones tanto a los Estados como a los grupos armados
organizados no estatales, como queda de relieve en
el artículo 3 común.”
sanguinarios guerrilleros que asolaron nuestra Patria, pasado el conflicto
armado, optaron por disimularlo. Pasaron por alto que ellos habían
confeccionado una suerte de código de justicia militar, que aplicaron en más de
una ocasión. Pasaron por alto que ellos, una vez que llevaban a cabo una acción
bélica, se encargaban por medio de sus órganos de difusión clandestinos, de publicitar
el evento en forma por demás minuciosa, con el propósito de infundir el terror
en la población, objeto de tales actividades. Pasaron por alto que cuando
viajaban a algún país de Europa, a fin de divulgar sus actividades en la
Argentina, se presentaban ante la prensa europea que los entrevistaba, luciendo
trajes militares, de un supuesto ejército de liberación cuya misión era “liberar”
a nuestra Patria de una supuesta opresión de
algún imperialismo del mundo. No
intentaron nunca explicarnos que motivó, que
ellos atacaran a las autoridades constitucionales surgidas de una elección
libre donde se votó al presidente argentino,
quien obtuvo casi el 60% de los sufragios de la ciudadanía. Hasta
los imputados del ataque al cuartel militar de La Tablada, optaron por este
proceder ladino, arguyendo en sus pueriles descargos, que ellos ingresaron a la
sede del mismo, fin de “ayudar” al personal militar que estaba defendiéndolo.
Torpe, inane e increíble maniobra defensiva que posiblemente no engaña ni a sus
autores. Prosiguiendo
con la exposición anterior sobre la falta de
claridad, en los CANI, de la influencia
recíproca entre las normas del derecho internacional humanitario y las del
sobre el uso de la fuerza, entre las razones que abonan tal
circunstancia podemos citar, en primer término “la existencia y la aplicación
del principio de lex specialis en un CANI. Mientras que,
como ya se ha indicado, el DIH aplicable en
los CAI contiene toda una serie de normas sobre la conducción de las
hostilidades, las normas convencionales
correspondientes a los CANI son en general escasas. Por esta razón, algunos opinan que no hay
lex specialis en los CANI y que el derecho de los derechos humanos subsana la
deficiencia. Esta posición, afirman otros, no tiene fundamentos fácticos.” No es
ocioso señalar que el derecho internacional humanitario, no se origina en los
Convenios de Ginebra de 1949, este derecho se
conocía con anterioridad a esa fecha, bajo la
denominación de derecho internacional de la
guerra. Este Derecho no contemplaba los conflictos armados internos, el derecho penal internacional tampoco contempló los crímenes de guerra en conflictos armados internos en su origen (CANI). Así lo
ha sostenido el Tribunal Europeo de los
derechos humanos in re Kononov vs. Letonia, 36376/04 Judgment (Merits and Just Satisfaction) Court (Gran Chamber) 17 de mayo 2010, pág 210. (Chinchón
Álvarez, Derecho internacional y transiciones a la democracia).
mayoría de las normas del DIH sobre la
conducción de las hostilidades son consuetudinarias por naturaleza y son aplicables independientemente
de la clasificación del conflicto, como se
establece en el Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, publicado en
2005. Por lo tanto, existen normas de DIH aplicables a los CANI. La cuestión de
saber quién puede ser objeto de un ataque según el DIH, es decir, cómo
interpretar la norma de que las personas civiles están protegidas contra los ataques directos,
salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal
participación sigue siendo muy debatida desde el punto de vista jurídico, especialmente respecto a las situaciones de CANI. El CICR
expresó su opinión al respecto con la
publicación, en 2009, de una Guía para
interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario (véase
más adelante). Cabe recordar, sin embargo, que la Guía trata de la
participación directa en las hostilidades a la luz del DIH únicamente, sin menoscabo
de otras ramas del derecho –en especial del derecho de los derechos humanos–
que puedan ser simultáneamente aplicables a una situación concreta.
jurisprudencia internacional y regional es
disímil respecto a la relación entre el DIH y los derechos humanos, especialmente por lo que atañe al alcance de la protección del derecho a la vida en un CANI.
En la mayoría de los casos se ha tratado de violaciones del derecho a la vida
de personas civiles en los que la aplicación, sea del DIH sea del derecho de
los derechos humanos, hubieran tenido, en esencia, los mismos efectos. Los tribunales y cortes aún
tienen que abordar de forma concluyente la
influencia recíproca entre el DIH y el derecho de los derechos humanos en cuanto al hecho de tomar como objetivo y matar a personas que estén participando directamente en las hostilidades.
Por último, pero no por ello menos importante, está la cuestión de la normativa jurídica aplicable al uso de la fuerza por grupos armados no estatales. En este caso también es válido lo que ya se ha dicho más arriba en
relación con la (no) aplicabilidad del derecho de los derechos humanos a los
grupos armados organizados, y huelga abordar de nuevo aquí la cuestión. En esencia, la conclusión
a que se llega de lo dicho más arriba es que
el uso de la fuerza letal por parte de un Estado
en un CANI requiere un análisis fáctico de la influencia recíproca entre las disposiciones del DIH y las de los derechos humanos. Para los
Estados, la conclusión jurídica dependerá de los tratados en que sean Partes,
del derecho consuetudin
ario, y, por supuesto, de las disposiciones del derecho
el uso de la fuerza letal por parte de un Estado en un CANI requiere un análisis fáctico de la influencia recíproca entre las disposiciones del DIH y las de los derechos humanos.
al documento tantas veces referido, originado en el Comité Internacional de la
Cruz Roja, citado precedentemente, recordemos que nos señala: “El derecho de los derechos humanos tiene como finalidad proteger
a las personas contra los abusos de poder
por parte del Estado y no depende de la noción
de la conducción de las hostilidades entre partes en un conflicto armado, sino del mantenimiento del
orden público. Las normas sobre el uso de la fuerza en este último
caso orientan esencialmente sobre la forma en que el Estado protege la vida
cuando es necesario prevenir delitos, efectuar o ayudar en la detención legal
de delincuentes o presuntos delincuentes y mantener el orden público y la
seguridad. La línea
fundamental, en cuanto al uso de la fuerza
letal de conformidad con los principios
relativos al cumplimiento de la ley que se rigen
por el derecho de los derechos humanos, es
que se puede recurrir intencionalmente a la
fuerza letal para proteger la vida sólo como último recurso, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de
ninguna manera el logro del resultado previsto (pero siempre se debe disponer de esos otros medios). Las normas de los derechos humanos dimanantes del derecho indicativo y la
jurisprudencia también dejan claro que la
norma de necesidad «estricta» o «absoluta» acompaña a cualquier uso de la
fuerza letal, lo que significa que el uso intencional de la fuerza letal no debe exceder lo que sea
estricta o absolutamente necesario para proteger
cuyo acatamiento es esencial para la conducción tanto de operaciones militares
como de mantenimiento del orden público, no fue
concebido de la misma forma en DIH y en el derecho de los derechos humanos.
El DIH prohíbe los ataques contra objetivos
militares «cuando sea de prever que causarán
incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista». La principal distinción entre
las correspondientes normas de DIH y de derechos humanos es que la finalidad del
principio de proporcionalidad del DIH es limitar
los daños incidentales ('colaterales') para proteger a las personas y los bienes, reconociendo, no obstante, que se puede llevar a cabo una
operación aunque se pueda causar ese daño,
siempre que no sea excesivo en relación con
la ventaja militar concreta y directa prevista. En cambio, cuando
un agente estatal utiliza la fuerza contra un individuo de conformidad con el derecho de los derechos humanos, el principio de proporcionalidad modera esa fuerza tomando en cuenta el
efecto que ésta tiene sobre la persona misma,
lo que lleva a la necesidad de utilizar la menor
cantidad de fuerza necesaria y restringir el
uso de la fuerza letal.
compendioso examen permite la conclusión
de que la lógica y los criterios que rigen el uso
de la fuerza letal según el DIH y el
derecho de los derechos humanos no coinciden, debido a la diferencia que hay en las circunstancias a que se
aplican las normas respectivas. La cuestión clave
es, por lo tanto, la influencia recíproca
entre estas normas en situaciones de conflicto
armado. La respuesta es más clara en el caso
de los CAI que en el caso de los CANI, y
depende también de la cuestión de lex specialis.” (…)
primera declaración que hizo la Corte Internacional de Justicia sobre
la aplicación delos derechos humanos en situaciones de conflicto armado, es
decir la «Opinión consultiva sobre la legalidad de
la amenaza o el empleo de armas nucleares», la
Corte observó que la protección prevista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no cesa en tiempo de guerra y que, en principio, el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente se
aplica también en tiempo de hostilidades.
La Corte añadió que el
criterio para determinar si la privación de la vida es arbitraria hay que
referirse a la lex specialis aplicable, a saber,
el derecho aplicable en caso de conflicto
armado, que regula las situaciones de
también «que un caso de pérdida de vida, a causa del empleo de un arma determinada
en una situación de guerra, se considere un caso de privación arbitraria de la vida
que contraviene el artículo 6 del Pacto, es cosa que sólo se puede decidir por
remisión al derecho aplicable en caso de conflicto armado y no por deducción de
las disposiciones del Pacto». Desde entonces, nada deja pensar que la Corte
haya cambiado de opinión sobre esta cuestión.
que el DIH constituye la lex specialis que rige el examen de la licitud del
uso de la fuerza en un CAI, cuando, por supuesto, se recurra a la fuerza letal
contra combatientes y contra otras personas
que participan directamente en las hostilidades. Este
conjunto de normas fue específicamente elaborado para regular la conducción de
las hostilidades en esos conflictos y reglamenta el uso de la fuerza de forma
suficientemente pormenorizada. Sin embargo, no se puede deducir de ello que es fácil determinar si se
debe recurrir a las normas sobre la conducción de las hostilidades o a las normas sobre el mantenimiento del orden público en
caso de CAI. Para ilustrar la dificultad, más adelante se examina el
problema que plantea la aplicación de los dos derechos en situaciones de ocupación.
Del mismo modo, hay casos de violencia en los CAI, como los motines o los
disturbios interiores, en los que sería inadecuado aplicar las normas del DIH
sobre la conducción de las hostilidades.” (…) La
influencia recíproca entre las normas de DIH y
las normas de derechos humanos sobre el uso de la fuerza es menos clara en un CANI y ello por diferentes razones. A continuación, se examinan brevemente algunas de
ellas.” Publicado por
La influencia recíproca entre las normas de DIH y las normas de derechos humanos sobre el uso de la fuerza es menos clara en un CANI