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Timestamp: 2017-11-24 03:55:53
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Aprendiendo Constitucional: ¿Qué es el juicio de amparo?
0 Amparo, Aprendiendo Constitucional 8:13
El juicio de amparo es una controversia de orden público, sometida a un tribunal imparcial con la finalidad de que resuelva respecto de la afectación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución.
En el caso de México los artículos que constituyen el fundamento del juicio de amparo son el 103 y 107 de la Constitución Federal.
¿Qué tipos de controversias son materia del juicio de amparo?
Las controversias suscitadas con motivo de los actos, omisiones y normas emitidas por las autoridades que vulneren los derechos humanos de los particulares que están reconocidos en nuestra Constitución. Es por ello que el juicio de amparo es considerado tanto un mecanismo de protección de derechos humanos como un mecanismo que garantiza la supremacía constitucional.
A continuación se cita el artículo 103 constitucional que sirve de fundamento a lo dicho en el párrafo anterior:
Se dice que el juicio de amparo es de orden público en virtud de que el tema de derechos humanos afecta no solamente intereses particulares sino que afecta a la sociedad e incluso el ámbito internacional según la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo reconoce en la sentencia del Caso de la Masacre de Río Negro vs Guatemala 4 de septiembre de 2012 serie C número. 250, párrafo 27:
27. Dado que los procesos ante esta Corte se refieren a la tutela de los derechos humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes, el Tribunal debe velar porque los actos de allanamiento resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano. En esta tarea no se limita únicamente a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes.
¿Quiénes intervienen en un juicio de amparo?
Toda vez que los derechos humanos son de vital importancia para la sociedad y que los aspectos en juego trascienden intereses individuales, los sujetos que están involucrados en el trámite y desahogo de un juicio de amparo son:
1. El particular que resiente la afectación en sus derechos humanos, que técnicamente recibe el nombre de quejoso o promovente del juicio de amparo.
En relación a este punto conviene citar la fracción I del artículo 107 Constitucional:
2. La autoridad que emitió el acto (sea una conducta positiva u omisión) a quien se le denomina Autoridad Responsable.
La ley de amparo establece respecto de las autoridades responsables lo siguiente:
3. Los terceros interesados, que básicamente son otros particulares a los cuales les beneficia la subsistencia del acto reclamado. Respecto de ellos la Ley de Amparo realiza una lista exhaustiva de quienes serán considerados terceros interesados en el juicio:
“Artículo 5…
d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no
ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio
e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.”
4. El Ministerio Público, quien básicamente tiene por función cuidar los intereses de la sociedad y las cuestiones de orden público.
¿Quién resuelve un juicio de amparo?
En términos del artículo 103 de la Constitución, son los tribunales federales quienes conocen de los amparos promovidos contra los actos de autoridad.
En términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quienes resuelven los juicios de amparo son: los jueces de distrito, los tribunales unitarios de circuito, los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Conviene mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ser el tribunal de mayor jerarquía en el Estado Mexicano solamente conoce de los asuntos más importantes del país.
¿Qué derechos se pueden reclamar por medio de un juicio de amparo?
Los derechos humanos expresamente reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales que haya celebrado el Estado Mexicano. Es importante aclarar que los derechos humanos de naturaleza electoral cuentan con un sistema especial de protección previsto en el artículo 99 Constitucional es por ello que el artículo 107 excluye a los derechos electorales del ámbito de protección del juicio de amparo.
“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:”
¿Cuántos tipos de juicio de amparo existen?
Hay múltiples clasificaciones respecto del juicio de amparo, pero atendiendo a la vía en que se promueven existen dos tipos de juicio de amparo: el primero de ello es el juicio de amparo directo y el otro es el amparo indirecto.
El amparo directo tiene por objeto de impugnación las resoluciones jurisdiccionales definitivas, mientras que el amparo indirecto sirve para impugnar el resto de los actos de autoridad.
¿Cuál es el objeto de la acción de amparo?
Los fines que busca la acción de amparo son:
a) La declaración de anticonstitucionalidad del acto reclamado.
b) La restitución en el pleno goce de los derechos humanos transgredidos.
c) En caso de que la restitución sea imposible o muy gravosa para la sociedad la indemnización correspondiente lo anterior con fundamento en la fracción XVI del artículo 107 Constitucional.
“Artículo 107.Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.”
d) La adopción de medidas preventivas que protejan al quejoso ante la repetición del acto reclamado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1° Constitucional, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en el Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, Párrafo 77:
“77. Finalmente, es obligación del Estado, según el deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención, asegurar que estas graves violaciones no se vuelvan a repetir. En consecuencia, debe hacer todas las gestiones necesarias para lograr este fin. Las medidas preventivas y de no repetición empiezan con la revelación y reconocimiento de las atrocidades del pasado, como lo ordenara esta Corte en la sentencia de fondo. La sociedad tiene el derecho a conocer la verdad en cuanto a tales crímenes con el propósito de que tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro.”
Dentro de las medidas preventivas y de no repetición se puede mencionar el tipo penal previsto en el artículo 267 de la Ley de Amparo que requiere la existencia previa de una sentencia firme que declare la anticonstitucionalidad del acto reclamado para poder actualizarse:
Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente:
Conviene precisar que tratándose de este supuesto, el efecto preventivo del amparo tiene alcances particulares tanto en su dimensión subjetiva como en su dimensión objetivo.
En otras palabras la prevención solo se da respecto del quejoso que obtuvo la sentencia favorable y respecto de la autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo (dimensión subjetiva).
Por lo que hace a la dimensión objetiva, el efecto preventivo solamente se da respecto de una acto idéntico al declarado anticonstitucional por el Juez de Amparo (dimensión objetiva).
Otro efecto preventivo del amparo, se observa en el caso de la declaratoria general de inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 107 Constitucional, ya que dicha declaratoria previene que otros destinatarios de la ley declarada como inconstitucional sean afectados en sus derechos humanos:
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