Source: https://de.scribd.com/document/427459255/CONVENCION-DE-NUEVA-YORK-pdf
Timestamp: 2020-07-09 22:10:22
Document Index: 256231903

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CONVENCION DE NUEVA YORK.pdf | Jurisdicción | Convenio europeo de derechos humanos
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Ley 017
1011734.PDF Art. 17 Const. Mexicano
procedimiento administrativooooooooo
Reflexiones sobre el arbitraje y la jurisdicción.
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CARLOS ALBERTO SOTO COAGUILA (Perú)
JAN PAULSSON (Francia)
Ejecución de laudos extranjeros en la República Argentina. Colisión de Convenciones aplicables en el Cono Sur y la Convención de Nueva York
OSVALDO J. MARZORATI (Argentina)
papel da Convenção de Nova Iorque na evolução da
ALESSANDRA DE AZEVEDO DOMINGUES (Brasil)
La Convención sobre Reconocimiento y Ejecución
Laudos Arbitrales Extranjeros: Su interpretación y
aplicación en el Brasil
ADRIANA NOEMI PUCCI (Brasil)
La evolución de las normas de exequátur de laudos extranjeros en Chile
GONZALO FERNÁNDEZ RUÍZ (Chile) DYALÁ JIMÉNEZ FIGUERES (Costa Rica)
El arbitraje comercial en Chile y la Convención de Nueva York de 1958
ALEJANDRO ROMERO SEGUEL (Chile)
New York Convention Article II:
The arbitration agreement as applied in Asia
SALLY A. HARLOPE (Hong Kong)
El exequátur en Colombia a la luz de la Convención de Nueva York. ¿Son ejecutables únicamente los laudos arbitrales finales o definitivos, o lo son también aquellos parciales o interlocutorios?
DANIEL POSSE VELÁSQUEZ (Colombia)
Arbitrabilidad, Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras y legislación ecuatoriana
EDGAR NEIRA ORELLANA (Ecuador)
Aplicación e invalidación del Título 28 del Código de Estados Unidos, sección 1782, presentación de pruebas en arbitraje comercial internacional; ¿pueden la Convención de Nueva York y la doctrina de “manifiesta indiferencia de la ley” ayudar o perjudicar?
PEDRO J. MARTÍNEZ-FRAGA (EE.UU.)
Recent developments concerning the “writing” requirement in International Commercial Arbitration:
C. RYAN REETZ (EE.UU.)
La aplicación de la Convención de Nueva York en el ordenamiento jurídico interno de los Estados Unidos
JOHN H. ROONEY JR. (EE.UU.)
En el 50 aniversario de la Convención de Nueva York de 1958. ¿Reforma o superación?
JOSÉ MARÍA ALCÁNTARA GONZÁLEZ (España)
Eficacia impeditiva de la actuación de los tribunales como consecuencia de la celebración de convenio o cláusula arbitral
JUAN CARLOS CALVO CORBELLA (España)
La aplicación de la ley española a los arbitrajes internacionales seguidos en España o en un país extranjero
FAUSTINO CORDÓN MORENO (España)
Los Convenios de Nueva York y Ginebra: Reconocimiento y ejecución del laudo anulado en la sede
CREMADES (España)
La aplicación del Convenio de Nueva York de 1958 por parte de los tribunales españoles
ANTONIO GARCÍA PAREDES (España)
Pasado, presente y futuro de la Convención de Nueva York. Reseña con consideración del borrador de Van den Berg
CALVIN A. HAMILTON (España) LUIS CAPIEL (España)
La propuesta del Reino de España sobre el exequátur de laudos arbitrales extranjeros
Definición de laudo arbitral. Ámbito de aplicación. Tipos de laudo. Medidas cautelares. Carácter del laudo
JOSÉ LUIS MESEGUER VELASCO (España)
Reconocimiento y ejecución en España de laudos arbitrales dictados contra Estados soberanos y cesión de los mismos para su reconocimiento y ejecución por terceros
FÉLIX J. MONTERO MURIEL (España) CRISTINA CORTES (España)
Algunas cuestiones en torno a la “inarbitrabilidad de la diferencia” en el exequátur de laudos extranjeros
VICENTE L. MONTÉS (España)
Los segundos 50 años del Convenio de Nueva York:
Reflexiones sobre la falta de interpretación uniforme de algunos de sus preceptos
RAMÓN MULLERAT O.B.E. (España)
La aplicación del Convenio de Nueva York en España. Jurisprudencia del Tribunal Supremo español sobre el exequátur de laudos extranjeros en aplicación del Convenio de Nueva York
LUIS M. OLIVENCIA BRUGGER (España) ESTEFANÍA PORTILLO CABRERA (España)
Sentencias y arbitrajes nacionales, extranjeros e internacionales (Convención de Nueva York, Ley Modelo de CNUDMI / UNCITRAL y Derecho español)
MANUEL OLIVENCIA RUIZ (España)
La Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras: 1958-2008
FERNANDO POMBO GARCÍA (España)
La anulación del laudo: El marco general, el pacto de exclusión y el Orden Público
JESÚS REMÓN (España)
Arbitraje comercial internacional y la Convención de Nueva York de 1958
MIGUEL VIRGÓS SORIANO (España)
Problemas del control de los laudos bajo el Orden Público, en particular en materia de Derecho de la competencia
ALEXIS MOURRE (Francia)
Arbitrability, Still Through a Glass Darkly
Arbitration Agreements and Non-Signatories
NOAH RUBINS (Francia)
El Orden Público como obstáculo a la ejecución de laudos extranjeros. Experiencia italiana
GIORGIO MEO (Italia)
El artículo VII de la Convención de Nueva York y la ejecución de laudos anulados en el Estado del lugar sede del arbitraje
JAMES A. GRAHAM (México)
LEONEL PEREZNIETO CASTRO (México)
Notas sobre la coexistencia de las Convenciones de Nueva York y Panamá en materia de arbitraje comercial internacional
JULIÁN TREVIÑO MEIXUEIRO (México)
De la actualidad y aplicación de la Convención de Nueva York de 1958 a los arbitrajes transnacionales en materia de inversiones internacionales
MARGIE-LYS JAIME RAMÍREZ (Panamá)
La Convención más trascendente de la historia del Derecho privado
El problema de la deslocalización, la Convención de Nueva York y la nueva Ley de Arbitraje del Paraguay
ROBERTO MORENO RODRÍGUEZ-ALCALÁ (Paraguay)
El reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros en la Convención de Nueva York y la novísima Ley Peruana de Arbitraje: aciertos que fortalecen el arbitraje
NATALE AMPRIMO PLÁ (Perú)
El ámbito de aplicación de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras
Aplicación de la Convención de Nueva York en Portugal. Análisis de la jurisprudencia portuguesa
MANUEL CAVALEIRO BRANDÃO (Portugal)
jurisprudência portuguesa sobre o reconhecimento de
sentenças arbitrais estrangeiras no âmbito da Convenção de Nova Iorque de 1958
MIGUEL ESPERANÇA PINA (Portugal) FREDERICO BETTENCOURT FERREIRA (Portugal)
Reconocimiento y ejecución de las decisiones arbitrales
JOSÉ MIGUEL JÚDICE (Portugal)
Convenção de Nova Iorque e o direito interno português
NUNO SALAZAR CASANOVA (Portugal)
Anotaciones históricas y procedimentales de la Convención de Nueva York en Venezuela
CARLOS LEPERVANCHE MICHELENAAAAA (Venezuela)
El Orden Público sustantivo, el Orden Público procesal y la arbitrabilidad como causales de denegación del laudo:
Especial referencia a Venezuela y otros países de América Latina
ANDRÉS A. MEZGRAVIS (Venezuela)
AnexosAnexosAnexosAnexosAnexos
Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York de 1958)
Texto de la Convención de Nueva York de 1958
Situación actual de la Convención de Nueva York de 1958:
Proyecto de Reforma de la Convención de Nueva York del Profesor Albert Jan van den Berg
Hypothetical Draft Convention on the International Enforcement of Arbitration Agreements and Awards - Text
ALBERT JAN VAN DEN BERG (Bélgica)
Hypothetical Draft Convention on the International Enforcement of Arbitration Agreements and Awards - Explanatory Note
New York Convention 1958 and Hypothetical Draft Convention 2008
In Memoriam del Profesor Thomas W. Waelde (1949 - 2008)
FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA (Perú)
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LA CONVENCION DE NUEVA YORK DE 1958: 50 AÑOS DESPUÉS
L a Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, mejor conocida como la Con- vención de Nueva York, fue elaborada por las Naciones Unidas
en 1958 con la finalidad de facilitar los negocios, impulsar el comer- cio internacional y lograr superar los problemas para la ejecución de
sentencias arbitrales en todo el mundo.
Cuando se conmemoró el 40º Aniversario de la Convención en 1998, el entonces Secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) KOFI ANNAN, manifestó lo siguiente:
Este singular instrumento tiene muchas virtudes. Ha ido creando
respeto por las obligaciones vinculantes, ya sea asumidas por partes priva- das o por gobiernos. Ha inspirado confianza en el imperio del derecho. Y ha ayudado a asegurar soluciones justas cuando se han planteado dispu- tas sobre derechos u obligaciones contractuales. Como ustedes saben, el derecho internacional prospera en el imperio de la ley: sin este último, las partes se muestran reticentes a participar en transacciones comerciales transfronterizas o a realizar inversiones internacionales.
Por todas estas razones, la Convención es uno de los tratados de más éxito en la esfera del derecho mercantil, a la que se han adherido 117 Estados, incluidas las principales naciones comerciales. Ha servido de modelo para muchos textos legislativos internacionales subsiguientes so- bre arbitraje. Y ha demostrado al mundo, ya en el decenio de 1950, que las Naciones Unidas pueden ser una fuerza constructiva y de dirección en cuestiones que afectan a las relaciones entre los Estados y entre los agentes comerciales del escenario mundial”.
Al conmemorarse su 50º aniversario, entregamos a la comunidad arbitral peruana y extranjera este libro que contiene más de 50 valiosos trabajos sobre la Convención de Nueva York.
Recordemos brevemente la historia de la Convención.
En 1953 la Cámara de Comercio Internacional (CCI) redactó un pro- yecto que fue presentado al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Se trataba de un Proyecto de Convención para el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Internacionales. Sin embargo, la noción de sentencia arbitral internacional fue considerada en ese mo- mento un concepto demasiado progresista; por ello, el proyecto fue modi- ficado para referirse a sentencias arbitrales extranjeras.
A este proyecto se agregaron las propuestas del grupo holandés. La propuesta holandesa planteaba la eliminación del doble exequátur, por ende, sólo se debía exigir exequátur en el país donde se procurase ejecutar la sentencia y no en el país donde se había dictado. Otra propuesta del grupo holandés consistía en limitar lo más posible los motivos para denegar el reconocimiento y la ejecución y transferir la carga de la prueba de la exis- tencia de uno o más de estos motivos a la parte contra la que se procurase ejecutar la sentencia. Con estas propuestas, el proyecto final fue aprobado en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 10 de junio de 1958.
En la redacción de la Convención participaron distinguidos espe- cialistas como delegados de sus gobiernos. Entre sus autores, se recuer- da al profesor PIETER SANDERS de los Países Bajos, al doctor OTTOARNDT GLOSSNER de la República Federal de Alemania, a los profesores MARIO MATTEUCCI y EUGENIO MINOLI, quienes representaron a Italia, al pro- fesor Conseiller d’Etat GEORGES HOLLEAUX de Francia, al profesor ARTHUR BÜLOW de Alemania, al profesor BENJAMIN WORTLEY de Inglaterra, al profesor POINTET de Suiza y al señor HAIGHT en represen- tación de la CCI.
En la actualidad, 143 Estados han ratificado la Convención. Entre los Estados Partes se encuentran las principales naciones comerciales.
América Latina –un continente que durante largo tiempo fue hostil al arbitraje– ha ido desarrollando una visión de apertura a las nuevas necesi- dades y al creciente mercado global. Así, muchos países latinoamericanos han ido cambiando de postura en torno al uso y respeto de la solución de controversias en la vía arbitral, lo cual ha determinado un crecimiento exponencial del arbitraje en nuestra región.
APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK EN EL PERÚ
El Perú ratificó la Convención de Nueva York mediante Resolución Legislativa N° 24810 de fecha 25 de mayo de 1988, pero la Convención recién entró en vigor el 5 de octubre del mismo año. En consecuencia, nuestro país está obligado a aplicar la Convención de Nueva York al reco- nocimiento y ejecución de todos los laudos arbitrales extranjeros.
Con la dación de la nueva Ley de Arbitraje el 28 de junio de 2008 (1) , el Perú ha avanzado de manera consistente en la consolidación del arbitra- je a nivel local y latinoamericano.
En lo relativo al reconocimiento de laudos extranjeros, el artículo 74 establece que los laudos extranjeros pronunciados en un lugar que se halle fuera del territorio peruano serán reconocidos y ejecutados en el Perú de conformidad con los siguientes instrumentos:
a. La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sen- tencias Arbitrales Extranjeras, aprobada en Nueva York el 10 de junio de 1958, o
b. La Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Interna- cional, aprobada en Panamá el 30 de enero de 1975, o
c. Cualquier otro tratado sobre reconocimiento y ejecución de lau- dos arbitrales del cual sea parte el Perú.
Agrega el referido artículo que salvo que las partes hayan acordado algo distinto, el tratado aplicable será el más favorable a la parte que soli- cite el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero
De otro lado, el artículo 78 de la nueva Ley de Arbitraje establece las pautas que se deberán tener en cuenta cuando resulte aplicable la Conven- ción de Nueva York.
Con éstas y otras disposiciones se busca consolidar el arbitraje domés- tico e internacional en el Perú y, con ello, respetar y reconocer el valor de
(1) La nueva Ley de Arbitraje se aprobó mediante el Decreto Legislativo Nro. 1071 y se encuentra en vigor desde el 1 de setiembre de 2008. Posteriormente, el 10 de julio, se publicó una Fe de Erratas del Decreto Legislativo. El texto refundido, conteniendo el texto de la ley, la fe de erratas y la exposición de motivos, se puede consultar en el libro Nueva Ley Peruana de Arbitraje – Decreto Legislativo Nro. 1071 publicado por el INSTI- TUTO PERUANO DE ARBITRAJE, Magna Ediciones, Lima, enero de 2009.
los laudos arbitrales extranjeros que requieran de reconocimiento y ejecu- ción en nuestro país.
EL SEGUNDO VOLUMEN DE LA COLECCIÓN “ARBITRAJE COMERCIAL Y ARBITRAJE DE INVERSIÓN”
Considerando la importancia de la Convención de Nueva York y las bodas de oro que acaba de cumplir, el INSTITUTO PERUANO DE ARBITRA- JE – IPA coordinó la publicación de una obra colectiva en el Perú. Para este proyecto convocó a reconocidos árbitros de 20 países de los cinco continentes para que, desde diferentes perspectivas, analicen la Conven- ción de Nueva York, su aplicación y los problemas que se han advertido desde que entró en vigor.
En este sentido, en el segundo volumen de la colección Arbitraje Co- mercial y Arbitraje de Inversión, el lector encontrará trabajos sobre la inter- pretación y aplicación de la Convención de Nueva York en Argentina, Bra- sil, Chile, China (Hong Kong), Colombia, Ecuador, Estados Unidos de Norteamérica, España, Francia, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela.
Adicionalmente, la obra incluye como anexos, el texto original de la Convención de Nueva York, el estado actual de ratificación y adhesión de los países, y la propuesta de reforma total de la Convención de Nueva York elaborada por el distinguido profesor ALBERT JAN VAN DEN BERG.
EL INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE – IPA: UN CAMINO POR
El INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE – IPA nació en Lima hace 3 años, con la finalidad de promover y difundir el arbitraje en el Perú y América Latina, como el mecanismo eficiente y eficaz para la solución de controversias.
El IPA inició su actividad editorial con la publicación de una colección jurídica sobre Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversión. El primer volu- men de la colección, intitulado El Arbitraje en el Perú y el Mundo, se publi- có en abril de 2008 y reunió más de 50 trabajos sobre arbitraje comercial y de inversiones de los más destacados expertos en la materia. Al presen- tarse el primer volumen, el profesor FERNANDO DE TRAZEGNIES expresó:
debo decir que me siento muy satisfecho de cumplir con este encargo
porque realmente estamos ante un trabajo extraordinario y casi insólito
en nuestro medio: un enjundioso libro de casi mil páginas que contiene trabajos de importantes juristas tanto nacionales como extranjeros. Ahí están presentes como autores juristas bolivianos, canadienses, chilenos, co- lombianos, ecuatorianos, españoles, franceses, hindúes, ingleses, italianos, mexicanos, norteamericanos, panameños, paraguayos, suecos y venezola- nos. Es casi las Naciones Unidas del arbitraje”.
Continuando con su labor editorial, el IPA entrega el segundo volu- men de la colección dedicada exclusivamente al estudio de la Convención de Nueva York en 20 países de todo el mundo.
Próximamente el IPA publicará los Comentarios a la nueva Ley Perua- na de Arbitraje, bajo la dirección de los profesores ALFREDO BULLARD
GONZÁLEZ y CARLOS SOTO COAGUILA.
Estamos seguros que con el apoyo de las instituciones arbitrales pe- ruanas y extranjeras, y la participación de los árbitros peruanos y extranje- ros, el IPA continuará en este largo camino que ha empezado a recorrer.
En estas líneas, agradecemos a todas las personas e instituciones que de manera directa o indirecta han colaborado en la publicación del segundo volumen de la colección Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversión.
– A los 53 árbitros y juristas, nacionales e internacionales, que aceptaron la convocatoria del IPA y que oportunamente enviaron sus trabajos.
– A la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en especial a su decano Dr. FERNANDO CANTUARIAS SALAVERRY, por el apoyo institucional para la publica- ción del segundo volumen de la colección jurídica.
– A las instituciones nacionales e internacionales que apoyaron la publicación de esta magna obra:
• Arnold & Porter LLP
• Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política – CEDEP
• Cámara de Comercio Internacional – CCI
• Estudio Miranda & Amado Abogados
• Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados
• Estudio Rubio, Leguía, Normand & Asociados
• Estudio Amprimo Abogados
• Estudio Oré Guerrero Abogados
• Arbitre – Servicios Arbitrales Integrales
– A la Editorial Magna, en la persona de su gerente Sr. MIGUEL LA ROSA YARLEQUE, por su trabajo y esmero en la edición de esta obra, y sin cuyo concurso no sería posible tener una pulcra edición como la que hoy tiene el lector entre sus manos.
– A los miembros del INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE – IPA por su incansable y estoica labor en la edición y corrección de los textos de la obra:
• Orializ Carla Espinoza Soto
• Rider Ali Vera Moreno
• Milton Salinas Lázaro
• Jhon Jara Cano
• Rossmery Ponce Novoa
• Carol Apaza Moncada
– Al profesor y amigo JAN PAULSSON por el brillante prólogo que inaugura las páginas de esta obra.
Finalmente, el INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE invita a todos los interesados en el Arbitraje –abogados, árbitros, estudios jurídi- cos e instituciones nacionales e internacionales– a colaborar en su promoción y difusión.
S e ha dicho y repetido en muchas oportunidades que la Conven- ción de Nueva York es el instrumento legal más importante de la historia del comercio privado internacional. Ésta es una afirma-
ción extraordinaria –y ciertamente parece ser verdadera–. Todos los días se firman miles de contratos internacionales y, a manera de rutina, estos incluyen cláusulas de arbitraje. Es verdad que estas cláusulas se invocan con poca frecuencia. Uno de los motivos es la confianza que las partes tienen en la confiabilidad del proceso de arbitraje internacional. La presencia silenciosa de la Convención de Nueva York forma ahora parte de la cultura del comercio internacional. Los gerentes de todo el mundo tienen fe en la confiabilidad de los contratos celebrados con extranjeros. Asumen que las cláusulas arbitrales son confiables, a pesar de que no saben nada acerca de la Convención de Nueva York. Simple- mente piensan que las cláusulas se incluyen en los contratos porque generalmente funcionan. Y si sus asesores les han dicho que eso es así, es porque los abogados comprenden que la Convención de Nueva York finalmente garantiza que las cláusulas tengan efecto.
El valor de un proceso arbitral internacional confiable es incalcu- lable. Su importancia no radica en que promueve los intereses de los abogados o de los árbitros –realmente esto resulta trivial si se analiza el conjunto–. Su importancia tampoco radica en que beneficia a los negocios. Más bien, el gran logro es la base sobre la cual los inter- cambios económicos internacionales se pueden llevar a cabo con confianza, de una manera que permite el desarrollo de largo plazo –financiamiento de largo plazo, inversión de largo plazo, proyectos conjuntos de largo plazo, transferencia de tecnología y conocimientos a ser pagada a largo plazo–. Sin fe en la confiabilidad de los contratos, ninguna de estas opciones funcionaría. Las transacciones internacionales
se verían reducidas a las instancias elementales de pago al contado. Al final, las transacciones internacionales no podrían sostener el desarro- llo social e institucional.
Sin embargo, es probable que nadie que lea este volumen se deje llevar por una visión tan exuberante de la Convención de Nueva York y sus logros. Seguramente, sería absurdo asignar a la Conven- ción de Nueva York un rol dominante en la extraordinaria expansión del comercio internacional.
Por supuesto, algunos factores geopolíticos, como por ejemplo el fin de la Guerra Fría, han contribuido de manera significativa al desa- rrollo del comercio internacional. Por supuesto, la erosión de las ba- rreras que frenaban el comercio entre fronteras juega un rol prepon- derante. Por supuesto, también es verdad que la incompetencia, la pobreza y otras causas de debilidad pueden por sí mismas estimular el comercio internacional, ya que las contrapartes aparecen en escena ansiosas de explotar tales debilidades.
Pero veamos nuestro mundo con claridad. Los efectos de los eventos geopolíticos no son eternos (y tampoco podemos confiar siempre en ellos para estimular los intercambios económicos inter- nacionales, ya que podrían tener el efecto contrario). Con respecto a la corrupción, la incompetencia, la ineficiencia y la pobreza –bueno, consideramos que éstas son situaciones que tratamos de eliminar–; podrían haber estimulado muchas transacciones internacionales, pero no del tipo de las que queremos.
Por lo tanto, para que el comercio internacional florezca a largo plazo y sea beneficioso, debemos tratar de desarrollar confianza en la confiabilidad de los intercambios legales. Dentro de esta perspectiva, la Convención de Nueva York es un gran logro de cooperación interna- cional y representa una promesa aún mayor para el futuro. No debemos disculparnos por verla con euforia.
Pero no debemos ilusionarnos. El hecho es que la experiencia de la Convención de Nueva York no ha sido uniforme. A pesar de que casi 150 Estados han firmado la Convención, la verdad al desnudo es que aparentemente, al menos hablando de manera realista, no podemos es- perar que la Convención de Nueva York sea aplicada adecuada y fiel- mente ni siquiera en la mitad de esos 150 países.
La proclamación de la adhesión a un texto no es suficiente; el desa- rrollo institucional debe ser capaz de aplicar dicho texto.
Algunos de los países más grandes del mundo han suscrito la Con- vención de Nueva York pero son incapaces de demostrar que cuentan con un récord aceptable de cumplimiento judicial de sus términos. Cierta- mente, la implementación generalizada de la Convención de Nueva York es poco común fuera de aquellos países que tienen fuertes tradiciones institucionales y sistemas legales maduros. Tal vez no es coincidencia que los países a los que nos referimos son precisamente aquellos en los que la prosperidad está relativamente bien distribuida entre la población.
Podría ser que la respuesta fundamental no yace en las revisiones de su texto. La verdad es que, tal como lo demuestran los ensayos que se incluyen en este volumen, existen imperfecciones lamentables en la re- dacción de la Convención. Pero incluso si pudiésemos retroceder a 1958 y mejorar su texto con la sabiduría que da la experiencia, no podríamos evitar conservar algunas disposiciones relativamente genéricas que cons- tituyen vacíos y tratan sobre una serie de temas que van desde la arbitrabilidad hasta el Orden Público. En un instrumento que tiene como propósito ser aplicado a nivel internacional, pero que necesariamente ha sido expresado brevemente, es inevitable que algunas disposiciones importantes hayan sido redactadas de manera general. Para que la Con- vención tenga éxito, dichas disposiciones deben ser aplicadas de buena fe. El hecho práctico más importante que podemos resaltar sobre la Convención de Nueva York es que cuando se pone a prueba en los tribunales, la parte que trata de invocarla es generalmente la parte extranjera –y la parte que trata de evitar su aplicación (ya sea repudiar el arbitraje, no obstante el artículo 2, o evitar la ejecución de los lau- dos bajo los artículos 4 y 5) es generalmente la parte local–. Los jue- ces de primera instancia podrían ser especialmente susceptibles a la presión de los intereses locales en algunos casos en particular, espe- cialmente cuando no tienen experiencia en casos de alcance interna- cional. Los tribunales superiores tienden de manera natural a tener una visión más amplia, reconociendo que los casos individuales tie- nen ramificaciones más amplias y que los tratados internacionales tie- nen como propósito generar ventajas mutuas de manera global y de largo plazo. Si los tribunales de cada país aplican la Convención de manera implacablemente restrictiva, la Convención sería ilusoria.
El lector de este impresionante volumen haría bien en reflexionar en el camino a seguir para alcanzar la madurez en la aplicación de la Convención de Nueva York. Los especialistas y los intelectuales po- drían haber desarrollado un conocimiento profundo de este conciso pero complejo instrumento, pero ¿de qué sirve eso si el juez a cargo de un caso en particular no está consciente de ello y sucumbe a la tentación de favorecer a su compatriota? La posibilidad de que el tri- bunal de segunda instancia finalmente corrija la decisión de primera instancia no es suficiente para corregir esta disfunción; la Convención no tenía como propósito dar origen a procedimientos judiciales de cinco años o de una década, tenía como único propósito alentar el arbitraje como una alternativa a los tribunales. La situación parece ser distinta en países en los que los casos de implicancia internacional son asignados de inmediato a las jurisdicciones de segunda instancia res- ponsables del arbitraje y, por lo tanto, es probable que estén en capa- cidad de desarrollar una comprensión sofisticada de la Convención y sus mayores implicancias. Estas realidades institucionales son por lo menos tan importantes como una asimilación erudita de esta manifes- tación extremadamente importante del Derecho internacional.
París, marzo de 2009.
Socio - Jefe del Grupo de Arbitraje y Derecho Internacional Público Freshfields Bruckhaus Deringer, París
A RBITRAJE C OMERCIAL Y A RBITRAJE DE I NVERSIÓN , T. 2, 2009, pp. 25-59
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Por: ROQUE J. CAIVANO ( * )
SUMARIO: 1. Introducción. 2. Las facultades de los árbitros para “dic- tar” medidas cautelares. 2.1. Los fundamentos históricos de las tesis nega-
torias y su refutación. 2.2. El estado actual del tema. 3. La ejecución de las medidas cautelares en algunas legislaciones nacionales. 3.1. Holanda.
3.2. Suiza. 3.3. Reino Unido. 3.4. Alemania. 3.5. España. 3.6. Ley Modelo
de UNCITRAL. 3.7. Austria. 3.8. Nueva Zelanda. 3.9. Perú. 4. El quid de la cuestión: ¿se aplica la Convención de Nueva York a la ejecución de medi- das cautelares? 4.1. La intrínseca ejecutabilidad de las medidas cautelares.
4.2. La eficacia extraterritorial de las medidas cautelares. 4.3. La ejecución
de las medidas cautelares al amparo de la Convención de Nueva York.
4.4. Las normas que “califican” una decisión arbitral. 5. Algunas decisio-
nes judiciales. 5.1. “Resort Condominiums” (Australia). 5.2. “Publicis” (EE.UU.). 5.3. “Forever Living” (Argentina). 6. Algunas dificultades adi- cionales. 6.1. Qué debe entenderse por “medida cautelar”. 6.2. El problema de las medidas cautelares ex parte. 7. Conclusiones.
El artículo I de la Convención de Nueva York, al definir su ámbito de apli- cación, dispone que se aplicará al reco- nocimiento y la ejecución de las senten- cias arbitrales dictadas en el territorio de
un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias (artículo I.1) (1) . Más allá de aclarar que esa expresión no sólo com- prende las sentencias dictadas por los ár- bitros nombrados para casos determina-
Profesor de pregrado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano. Gerente Jurídico de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Argentina.
En su versión inglesa, la Convención alude a arbitral awards; en su versión francesa refiere a sentences arbitrales.
dos, sino también las sentencias dictadas por los órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido (artí- culo I.3), la Convención no brinda mayo- res precisiones acerca de qué debe enten- derse por “sentencia arbitral” (2) .
Es posible inferir, por un lado, que la Convención se refiere a decisiones adoptadas en el marco de un procedimien- to de resolución de conflictos que pueda calificar como arbitraje, lo cual supone que debe tratarse de un método en el cual las partes se sustraen a la jurisdicción de los tribunales judiciales y se someten a la decisión vinculante de un tercero que ob- tiene, a consecuencia de ello, atribucio- nes de naturaleza jurisdiccional. Como ya hemos señalado, en nuestra opinión, la Convención de Nueva York puede invo- carse para pretender el reconocimiento o ejecución de laudos dictados por árbitros de equidad o por peritos árbitros, así como aquellos que incorporan un acuerdo con- ciliatorio celebrado por las partes; pero no para hacer valer los efectos de las de- cisiones de los amigables componedores
del Derecho colombiano, ni las que adop- ten terceros llamados a integrar los térmi- nos de un contrato, ni las determinacio- nes emanadas de los Dipute Boards, ni los laudos irrituales del Derecho italiano, ni los dictámenes expertos de los Derechos alemán y holandés (3) .
Es posible, asimismo, inferir que la Convención abarca también los denomi- nados “laudos parciales”, es decir, aque- llos en los cuales los árbitros no resuel- ven la totalidad de las cuestiones que les fueron sometidas sino sólo algunas de ellas. Tal es el caso, por ejemplo, de los que deciden en primer lugar sobre la exis- tencia o validez del contrato y la respon- sabilidad de una de las partes en el incum- plimiento, posponiendo para un segundo laudo la determinación de la cuantía del daño ocasionado por dicho incumplimien- to. Aunque originariamente se planteó al- guna duda sobre la naturaleza de esas de- cisiones –y precisamente con la finalidad de eliminar esa duda–, algunas normas, tanto legales (4) como reglamentarias (5) , califican como laudo a cualquier decisión
“The New York Convention itself does not give a definition of what must be understood by an arbitral award”. VAN DEN BERG, Albert J. The New York Convention of 1958. La Haya: Kluwer, 1994. p. 44.
CAIVANO, Roque J. ¿Qué es “sentencia arbitral” a los fines de la Convención? Decisiones no jurisdicciona- les. En: TAWIL, Guido S. y ZULETA, Eduardo (directores). El arbitraje comercial internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario. Buenos Aires: Universidad del Rosario, Universidad de Buenos Aires y Abeledo-Perrot, 2008. pp. 69 y siguientes.
Ver, por ejemplo, Ley inglesa de Arbitraje (artículo 47.1), Ley de Derecho Internacional Privado de Suiza (artículo 188), Código Judicial belga (artículo 1699), Ley española de Arbitraje (artículo 37.1), Código Procesal Civil holandés (artículo 1049), Ley peruana de Arbitraje de 2008 (artículo 54).
En los EE.UU., se ha reconocido que un laudo parcial que decide sólo la cuestión referida a la responsa- bilidad de una de las partes es un laudo “final” a los fines de su revisión judicial al amparo de la Federal Arbitration Act. Ver, WILKINSON, John. The ‘finality’ principle and partial awards. En: CARBONNEAU, Thomas E. (director). Handbook on Commercial Arbitration. Nueva York: JurisNet, LLC, 2006. pp. 383 y siguientes.
En Francia, la Corte de Apelaciones de París consideró como “laudos” a las decisiones de los árbitros que resuelven de manera definitiva un litigio que les fuera sometido, sea que lo resuelvan en todo o en parte, que se refieran al fondo de la controversia, a cuestiones jurisdiccionales o aun a cuestiones de procedi- miento. Cour d’appel de Paris, 25/03/1994, in re Sardisud. Revue de l’arbitrage, 1994. p. 391.
Ver, por ejemplo, Reglamentos de Arbitraje de UNCITRAL (artículo 32.1), CCI (artículo 2.iii), London Court of International Arbitration (artículo 26.7), Stockholm Chamber of Commerce (artículo 38).
de los árbitros sobre el fondo, sea par- cial o final. En tal sentido, se ha hecho notar que “puede considerarse laudo toda decisión tomada por los árbitros después de haber considerado los argu- mentos de las partes y analizado minu- ciosamente los fundamentos invocados por ellas, que de manera definitiva y motivada ponga fin a una cuestión liti- giosa que las partes le han sometido, relacionada con el fondo del asunto” (6) .
Similares dudas se presentaron en relación con el tema que aquí analizamos, respecto del que, como veremos, ha habi- do opiniones doctrinarias y precedentes judiciales contradictorios.
2. LAS FACULTADES DE LOS ÁR- BITROS PARA “DICTAR” ME- DIDAS CAUTELARES
La ausencia en la Convención de Nueva York de toda referencia a la ejecu- ción de las decisiones cautelares de los
árbitros tiene alguna lógica: por entonces, era fuertemente discutida la facultad de los árbitros de adoptar medidas cautela- res (7) , por lo que no es extraño que la po- sibilidad de ejecutarlas extraterritorial- mente ni siquiera haya sido analizada.
2.1. Los fundamentos históricos de las tesis negatorias y su refutación
Tradicionalmente, las legislaciones han sido reticentes a otorgar a los árbi- tros la facultad de adoptar medidas cau- telares y han concentrado en los tribuna- les judiciales la función de decretar y eje- cutar estas medidas (8) . En general, estas decisiones de política legislativa estaban fuertemente influidas por un componen- te ideológico: o bien considerar a la ju- risdicción como una potestad exclusiva- mente estatal, emanada de la soberanía y ejercida por sus propios órganos (9) ; o bien asumir que la falta de imperium de los árbitros les impide adoptar medidas de esta naturaleza (10) .
MANTILLA SERRANO, Fernando. Ley de Arbitraje. Una perspectiva internacional. Madrid: Iustel, 2005. p. 210. Ver, igualmente, FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel y Berthold GOLDMAN. Traité de l’arbitrage com- mercial international. París: Litec, 1996. p. 750; VÁRADY, Tibor; BARCELÓ, John J. III y VON MEHREN, Arthur. International commercial arbitration. St. Paul: West Group, 1999. p. 508.
Veremos; sin embargo, que esa situación ha sido superada, lo que a su turno resultará definitorio para interpretar la Convención a la luz del estado actual de la cuestión.
FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. Arbitraje y justicia cautelar. En: Revista de la Corte Española de Arbitraje. Volumen XXII, 2007. pp. 23 y siguientes.
Ver, en general, LASCANO, David. Jurisdicción y competencia. Buenos Aires: Guillermo Kraft, 1941.
(10) Algunos tribunales judiciales han utilizado este razonamiento para negarse a ejecutar una medida cautelar dispuesta por un tribunal arbitral (ver Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata (Argentina), Sala 1ra. 7/07/1998, in re Sasso, Nicolás c. Neyra, Osbelia, Jurisprudencia Argentina, 1998-IV-47). Más curioso es que, en ocasiones, los mismos árbitros han recurrido a esa línea de pensamiento para negarse a dictar una medida cautelar que les fuera solicitada (ver Laudo final en el Caso CCI 6653, de 1993. En: ARNÁLDEZ, Jean-Jacques; DERAINS, Yves y HASCHER, Dominique. Collection of ICC Awards 1991 - 1995. París: ICC Publishing, 1997. p. 521.).
En la doctrina argentina, pueden verse los tradicionales comentarios a la legislación procesal: FASSI, Santiago. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas vigentes. Comentado. Anotado y concordado. Tomo III. Buenos Aires: Astrea, 1973. p. 489; COLOMBO, Carlos J. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1975. Tomo 2. p. 434.
Como hemos expuesto en otro tra- bajo (11) , en nuestra opinión, ninguno de los dos argumentos es cierto.
Respecto del primero, baste decir que el carácter jurisdiccional del arbitraje, que otrora dio lugar a intensos debates (12) , está hoy fuera de discusión. Tanto la doctri- na (13) , como la jurisprudencia (14) , son ma- yoritariamente contestes en reconocer que, sin perjuicio de su génesis convencional, el arbitraje tiene una naturaleza intrínse- camente jurisdiccional, en la medida que las funciones decisorias de los árbitros son comparables a las de un juez estatal, y que sus decisiones son equiparables a las sen- tencias judiciales: producen igualmente efecto de cosa juzgada y tienen idéntica
vía procesal para procurar su ejecución forzada. Y, siendo ello así, es evidente que la jurisdicción, entendida como la función de administrar justicia, en tanto procura al mismo tiempo mantener la paz social y dar respuesta a los intereses particulares de quienes están involucrados en el con- flicto, puede perfectamente ser ejercida por particulares (15) .
En relación con el segundo argumen- to, si bien carecen de la potestad de im- poner coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, las atribuciones deciso- rias de los árbitros no son menores que las de los jueces (16) . Lo que implica esa carencia es que no pueden hacerlas cum- plir forzadamente. Pero en modo alguno
CAIVANO, Roque J. La cláusula arbitral. Evolución histórica y comparada. Bogotá: Universidad del Rosario,
2008. pp. 358 y siguientes.
Ver GIUSTI, Gilberto. O Arbitro e o juiz: da função jurisdicional do árbitro e do juiz. En: Revista Brasileira de Arbitragem. Número 5, enero - marzo de 2005. pp. 7 y siguientes.
Ver, entre muchos otros, AYLWIN AZÓCAR, Patricio. El juicio arbitral. 5ta. Edición. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2005. pp. 37 y siguientes; CAIVANO, Roque J. Arbitraje. 2da. Edición. Buenos Aires: Ad Hoc, 2000. p. 100; CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y ARAMBURÚ YZAGA, Manuel Diego. El arbitraje en el Perú: desarro- llo actual y perspectivas futuras. Lima: Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, 1994. pp. 42 y siguientes (aunque destacan la esterilidad de la discusión); CREMADES, Bernardo M. El arbitraje en la doctrina consti- tucional española. En: Revista Internacional de Arbitraje. Número 6. Bogotá: Legis, enero-junio de 2007. pp. 13 y siguientes; CHILLÓN MEDINA, José María y MERINO MERCHÁN, José Fernando. Tratado de arbitraje privado interno e internacional. 2da. Edición. Madrid: Civitas, 1991. p. 119; FOUCHARD, Philippe, GAILLARD, Emmanuel y GOLDMAN, Berthold. Traité de l’arbitrage commercial international. París: Litec, 1996. p. 792; JARROSSON, Charles. La notion d’arbitrage. Número 785. París: LGDJ, 1987; JOFRÉ, Tomás. El juicio arbitral. En: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, 1923. Tomo II. pp. 545 y siguientes; OPPETIT, Bruno. Teoría del arbitraje. Bogotá: Legis, 2006. p. 57; REDFERN, Alan y HUNTER, Martin. Law and practice of international commercial arbitration. 4ta. Edición. Londres: Sweet & Maxwell, 2004. p. 10.
Ver, entre otros, en Argentina: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, 20/04/1992, in re BLANCO, Guillermo y otros c. Petroquímica Bahía Blanca S.A., Lexis-Nexis on line, Nº 70003765; Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27/12/1974, in re Yacimientos Petrolíferos Fiscales c. Sargo S.A., Rev. Fallos, 290: 458; Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11/11/1997, in re Yacimientos Carboníferos Fiscales, Rev. Fallos, 320: 2379; Corte Suprema de Justicia de la Nación, 31/05/1999, in re Rocca, J. C. c. Consultara S.A., Rev. Fallos, 322: 1100. En Colombia: Corte Constitucional, 14/03/2007, Sentencia SU- 174/2007, Expte. T-980.611. En España: Tribunal Constitucional, 28/10/1993, Auto 36/1993. En Perú: Tri- bunal Constitucional, 28/02/2006, in re CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando, Expte. 6167-2005-PHC/TC.
OPPETIT, Bruno. Teoría del arbitraje. Bogotá: Legis, 2006. pp. 43 y 46; RAMOS MÉNDEZ, Francisco. Medidas alternativas a la resolución de conflictos por vía judicial en el ámbito civil patrimonial. En: Justicia, 1994. Número 4. pp. 807 y siguientes; FELDSTEIN DE CÁRDENAS, Sara L. y LEONARDI DE HERBÓN, Hebe M. El arbitra- je. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1998. p. 59.
PALACIO, Lino E. Manual de derecho procesal civil. 11era. Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot,
1995. p. 888.
entraña una minusvalía de los árbitros res- pecto de la adopción de todas aquellas decisiones –definitivas o precautorias– que caigan dentro de su esfera de compe- tencia, pues para “decidir” –al fin de cuen- tas, un acto puramente intelectual– no se requiere de imperium. Si las partes dan a los árbitros poder jurisdiccional para el dictado de un laudo final, vinculante, ge- neralmente inapelable y revestido de la autoridad de la cosa juzgada sobre el fon- do de las cuestiones que le han sido so- metidas, no puede dejar de entenderse comprendido en esa jurisdicción el dicta- do de medidas cautelares, que no son sino accesorios de aquellas (17) , y que tienden a preservar la autoridad de los árbitros y la eficacia del procedimiento (18) .
A pesar de lo dicho, es razonable pensar que si al momento de discutirse la Convención de Nueva York ni siquie- ra era claro que los árbitros pudieran dic- tar medidas cautelares, mucho menos pueden los redactores haber pensado que fuesen ejecutables extraterritorialmente
por vía judicial. El silencio de la Con- vención sobre este aspecto, visto en re- trospectiva, es justificado. Con todo lo visionarios que demostraron ser los re- dactores de la Convención, no parece que pudieran haber imaginado el desarrollo que tendría, en el tiempo, la atribución de los árbitros para decretar medidas cau- telares. Por lo que no es ilógico que ha- yan guardado silencio sobre su ejecución extraterritorial, ni –como veremos– ese silencio puede ser interpretado como un impedimento para su aplicación.
2.2. El estado actual del tema
Aunque las soluciones no son ente- ramente uniformes (19) , la enorme mayo- ría de las leyes de arbitraje comparadas han establecido en forma expresa que, salvo pacto en contrario, los árbitros pue- den decretar medidas cautelares o provi- sionales (20) . En otros casos, no obstante que el tenor literal de las normas parecie- ra negar a los árbitros esta potestad, se ha
CAIVANO, Roque J. Medidas cautelares en el arbitraje. En: Jurisprudencia Argentina, 1998-IV-47.
“The authority to issue interim measures derives from the same source as the authority to render the award: the parties’ contractual consent to have their dispute resolved by the arbitral tribunal before which they are appearing. If the tribunal is to have the authority to resolve the dispute fully and effectively, it must have the authority to order interim measures to the extent necessary to preserve that authority”. DONOVAN, Donald Francis. The scope and enforceability of provisional measures in international commercial arbitra- tion. A survey of jurisdictions, the work of UNCITRAL and proposals for moving forward. ICCA Congress series. Número 11, 2003. pp. 82 y siguientes.
Algunas legislaciones, aun modernas, no dan a los árbitros la potestad de dictar medidas cautelares y, a lo sumo, los facultan a pedirlas al juez ordinario. Tal es el caso de las legislaciones sobre arbitraje de Costa Rica (artículo 52), Italia (artículo 818) y Suiza (para arbitrajes domésticos, artículo 26.1).
La Ley española de 1988, con todo lo que significó en la modernización del arbitraje en ese país, no contemplaba la posibilidad de que los árbitros dictasen medidas cautelares, interpretándose que ello impli- caba que carecían de tal potestad. BARONA VILAR, Silvia. Las medidas cautelares en el procedimiento arbitral español (según la nueva Ley de Arbitraje Número 36/1988). En: La Ley, 1991-A-905.
Aunque no siempre con el mismo alcance, pueden verse, entre otras, las legislaciones sobre arbitraje de Alemania (artículo 1041), Austria (artículo 593), Bélgica (artículo 1696.1), Bolivia (artículo 35), Canadá (artículo 17), Chile (artículo 17), Colombia (artículo 152), Ecuador (artículo 9), España (artículo 23), Gua- temala (artículo 22), Japón (artículo 24), Malasia (artículo 19.1), México (artículo 1433), Nicaragua (artícu- lo 43), Panamá (artículo 24), Paraguay (artículo 20), Perú (artículo 47), Suecia (artículo 25), Suiza (para arbitrajes internacionales, artículo 183), Túnez (artículo 62) y Venezuela (artículo 26).
interpretado que la limitación está dirigi- da a la ejecución compulsiva y no al mero dictado de la medida cautelar: tal es el caso de Brasil (21) y Uruguay (22) . Excep- cionalmente, algunas normas van aún más allá y dan a los propios árbitros ciertas facultades para hacer cumplir las medi- das cautelares que adoptan (23) .
Aun en el Derecho argentino, cuyas normas no son tan explícitas y que histó- ricamente han sido interpretadas como una prohibición, hoy se admite unánimemen- te que el dictado de medidas cautelares forma parte del conjunto de atribuciones que tienen los árbitros (24) . No obstante, subsisten algunas opiniones divergentes en torno a la ejecución de esas medidas: a nuestro juicio, la prohibición legal se di-
rige exclusivamente a los supuestos de eje- cución compulsiva o forzada de las medi- das cautelares y no impide que los árbitros intenten ponerlas en práctica de manera directa, sin requerir de una orden judi- cial (25) ; en contra, Peyrano considera que “en ningún caso los árbitros puedan ejecu- tar sus propias resoluciones cautelares” (26) .
El texto original de la Ley Modelo de UNCITRAL (de 1985) consagraba de ma- nera expresa la potestad de los árbitros de adoptar medidas provisionales cautelares respecto del objeto del litigio, salvo acuer- do en contrario de las partes (artículo 17). La reforma introducida en el año 2006 con- templa de manera más detallada este tema, uno de aquellos a los que el Grupo de Trabajo había dado prioridad (27) . La nece-
Ver artículo 22, Ley de Arbitraje 9307/1996 y comentarios en BATISTA MARTINS, Pedro A. Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem. Río de Janeiro: Editora Forense, 2008. pp. 243 y siguientes, con abundante cita de doctrina que coincide con esta opinión. Asimismo, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. Um comentário à Lei 9.307/96. San Pablo: Malheiros Editores, 1998. pp. 214 y siguientes; LEE, João Bosco. Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul. Curitiba: Juruá, 2002. pp. 160 y 161.
Ver artículo 488, Código General del Proceso y comentarios en GIUFFRA, Carolina. Teoría y práctica del proceso arbitral en el Código General del Proceso. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2007. pp. 71 y siguientes, con cita de doctrina que coincide con esta opinión. En contra, SANTOS BELANDRO, Rubén B. Seis lecciones sobre el arbitraje privado (interno e internacional). Montevideo: Asociación de Escribanos del Uruguay, 2002. p. 143. En forma menos terminante, expresando dudas sobre el alcance de la norma, BARRIOS DE ÁNGELIS, Dante. Manual de Arbitraje. Montevideo: Fundación de Cultura Universita- ria, 1973. p. 45.
Ver, por ejemplo, las legislaciones de Colombia (artículo 152), Ecuador (artículo 9.3) y Perú (artículo 48.1).
CAIVANO. Op. cit. en nota 17; CONIL PAZ, Alberto A. La lucha por el arbitraje (El caso de las medidas caute- lares). En: El Derecho, 181 - 238; PEYRANO, Jorge W. Medidas cautelares en los procesos arbitrales. En:
Jurisprudencia Argentina, 2004-III-898; ARAZI, Roland y ROJAS, Jorge. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales. Tomo III. Buenos Aires: Rubin- zal-Culzoni, 2001. p. 610; ZINNY, Jorge H. Medidas cautelares en el arbitraje”. En: Revista de Derecho Procesal. Número 1. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1998. p. 260; WAGNER, Horacio y PRATO, Osvaldo A. Acerca de la posibilidad de obtener medidas cautelares antes del dictado del laudo arbitral. En: La Ley, 1997-C-1362; ROSETTI, Graciela Susana. Las medidas cautelares en el arbitraje. En: La Ley, 1997-A-1016; MARTIN MARCHESINI, Gualtiero. Las medidas cautelares en el proceso arbitral comercia. En: La Ley, 2006-C- 1208. Ver, asimismo, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Argentina), Sala B, 20/11/2002, in re Soletanche Bachy Arg. S.A. c. Victorio Americo Gualtieri S.A. La Ley, 2003-D-415.
CAIVANO. Op. cit. En el mismo sentido, ZINNY. Op. cit., NOODT TAQUELA, María Blanca. El arbitraje en Argen- tina. Montevideo: Centro de Conciliación y Arbitraje y Bolsa de Comercio, 2000. p. 102; y ARAZI, Roland. Arbitraje nacional e internacional. En: La Ley, 2005-D-1433.
PEYRANO. Op. cit.
SANDERS, Pieter. UNCITRAL’s Model Law on international and commercial arbitration: Present situation and future. Arbitration International. Volumen 21. Número 4, 2005. pp. 443 y siguientes.
sidad de regular esta cuestión es explica- da por la creciente utilización de medidas cautelares en la práctica del arbitraje co- mercial internacional (Notas Explicativas de la Secretaría de la Comisión de Nacio- nes Unidas para el Derecho Mercantil In- ternacional sobre la Ley Modelo, parágra- fo 4), y el nuevo texto, en síntesis, da una respuesta satisfactoria a los problemas que estas medidas representan (28) .
La nueva versión mantiene el princi- pio de que los árbitros, salvo acuerdo en contrario de las partes, tienen la facultad de adoptar medidas provisionales caute- lares y define a éstas como cualquier me- dida temporaria –dictada antes del laudo sobre el fondo– mediante la cual el tribu- nal arbitral ordena a las partes mantener o reponer el estado de cosas, tomar o abs- tenerse de tomar acciones que pudieran perjudicar el procedimiento, preservar activos con los que el laudo podría ser satisfecho o resguardar pruebas relevan- tes para resolver el conflicto (artículo 17). En el artículo 17-A se regulan las condi- ciones para conceder medidas cautelares:
la parte que las solicita debe probar, a sa- tisfacción del tribunal arbitral, que existe un daño potencial que no podría subsa- narse de otro modo y que existe una razo- nable probabilidad de que el solicitante tenga éxito en su reclamo sobre el fondo. Asimismo, el texto actual incorpora la posibilidad de que los árbitros –si no se hubiese pactado lo contrario– dicten ór- denes preliminares inaudita parte, a fin de evitar que la sustanciación de una soli- citud de medida cautelar pudiera frustrar
su propósito (artículo 17-B). La nueva norma regula el trámite de la solicitud de medidas cautelares (artículo 17-C), la modificación, suspensión o levantamien- to (artículo 17-D), la contracautela que el tribunal arbitral puede exigir al solicitan- te (artículo 17-E), la posibilidad de exigir al solicitante que revele todas las circuns- tancias relevantes relativas a su solicitud (artículo 17-F), la responsabilidad del so- licitante por los costos y daños que pu- dieran resultar de ella (artículo 17-G), la forma en que deberá solicitarse el reco- nocimiento y ejecución extraterritorial de estas medidas (artículo 17-H) y las cau- sales por las cuales puede denegarse su reconocimiento o ejecución (artículo 17- I). Finalmente, contempla que los tribu- nales judiciales, aunque no sean los del lugar del arbitraje, pueden igualmente dic- tar medidas cautelares, las que se regirán por las normas previstas para regular los procedimientos judiciales, teniendo en con- sideración las especiales características del arbitraje internacional (artículo 17-J).
3. LA EJECUCIÓN DE LAS ME- DIDAS CAUTELARES EN AL- GUNAS LEGISLACIONES NA- CIONALES
La ejecución de las medidas caute- lares en el mismo Estado donde el tri- bunal arbitral tiene su sede no plantea mayores dificultades: serán ejecutables judicialmente de conformidad y por los medios que la legislación de ese Estado provea (29) . Los problemas –y las dudas–
MONDRAGÓN-LÓPEZ, Omar. Medidas cautelares ex parte en arbitraje internacional: la reforma del artículo 17 de la Ley Modelo UNCITRAL. En: Revista del Centro de Arbitraje de México, 10 de febrero de 2006.
Algunas, como la legislación argentina (CPCCN, artículo 753) prevén un mecanismo específico de ejecu- ción; otras, como la legislación española (Ley de Arbitraje, artículo 23.2) mandan que se ejecuten como los laudos definitivos.
suelen plantearse cuando la decisión cau- telar de los árbitros pretende hacerse va- ler en otro Estado, dado que la Conven- ción de Nueva York no se refiere expre- samente al tema y la mayoría de las legis- laciones nacionales nada dice acerca de cuál es la naturaleza de una decisión cau- telar adoptada por un tribunal arbitral, ni tampoco acerca de los medios previstos para su ejecución extraterritorial (30) .
Algunas pocas legislaciones, sin embargo, se ocupan más o menos directa- mente del tema.
3.1. Holanda
La legislación holandesa (1986) no faculta directamente a los árbitros a dic- tar medidas cautelares, sino que autoriza a las partes a otorgarles atribuciones para adoptar decisiones en un “procedimiento sumario” (31) , sujeto a algunas limitacio- nes (artículo 1051.1) (32) .
Cuando ello sucede, tales decisiones cautelares de los árbitros son expresamen-
te asimiladas a los laudos definitivos:
“serán consideradas un laudo arbitral, al que se aplicarán las disposiciones de las Secciones III a V del presente Título” (33) (artículo 1051.3) (34) .
3.2. Suiza
Como ya anticipamos, la legislación suiza sobre arbitraje doméstico no admi- te la posibilidad de que los árbitros dic- ten medidas cautelares: aunque prevé que las partes puedan someterse “voluntaria- mente” a las medidas cautelares “propues- tas” por los árbitros, dispone que los tri- bunales judiciales son los únicos compe- tentes para adoptarlas (35) .
En materia internacional, en cambio, la Ley de Derecho Internacional Privado de 1987, luego de establecer que los árbi- tros pueden, salvo pacto en contrario, dic- tar medidas cautelares, prevé que si las mismas no fuesen voluntariamente cum- plidas, el tribunal arbitral podrá requerir la asistencia del juez, quien deberá apli- car su propia legislación (artículo 183) (36) .
“Some laws provide for the enforcement of interim measures. In general these rules are limited to interim measures ordered by tribunals which have their seat in the country of the enforcing court. Where the tribunal has its seat in a different country these rules do not apply; nor do they cover the enforcement of interim measures abroad”. LEW, Julian D.M.; MISTELIS, Loukas A. y KRÖLL, Stefan M. Comparative internatio- nal commercial arbitration. La Haya: Kluwer Law International, 2003. p. 611.
El objeto de las decisiones adoptadas en el curso del referido “procedimiento sumario” es, en esencia, obtener un remedio provisional. SANDERS, Pieter. The new Dutch Arbitration Act. Arbitration International. Volumen 3. Número 3, 1987. pp. 194 y siguientes.
Code of Civil Procedure, Book Four: Arbitration, article 1051.1: “The parties may agree to empower the arbitral tribunal or its chairman to render an award in summary proceedings, within the limits imposed by article 289(1) (…)”.
Estas disposiciones son, precisamente, las que se refieren a la ejecución de los laudos.
Code of Civil Procedure, article 1051.3: “A decision rendered in summary arbitral proceedings shall be regarded as an arbitral award to which the provisions of Sections Three to Five inclusive of this Title shall be applicable”.
Concordat sur l’arbitrage (1969), article 26: “(1) Les autorités judiciaires ordinaires sont seules compéten- tes pour ordonner des mesures provisionnelles. (2) Toutefois, les parties peuvent se soumettre volontaire- ment aux mesures provisionnelles proposées par le tribunal arbitral”.
Loi fédérale sur le droit international privé, article 183: “(1) Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie. (2)
En acreditada opinión, esta norma debe ser interpretada como una autoriza- ción para que un tribunal judicial ejecute la medida cautelar dispuesta por los árbi- tros, a solicitud de éstos, cuando la parte no la cumpla voluntariamente (37) .
3.3. Reino Unido
La Ley inglesa de Arbitraje de 1996 dispone que, mediante un acuerdo expreso, las partes pueden conceder al tribunal arbi- tral facultades para dictar medidas cautela- res, tales como órdenes de pago provisio- nales o de disposición de bienes (artículo 39) (38) . Y, en casos en que así ocurra, salvo acuerdo en contrario de las partes, un tribu- nal judicial puede emitir una orden exigien- do a una de ellas el cumplimiento de una medida cautelar o provisoria emanada de un tribunal arbitral (artículo 42.1) (39) .
Sin embargo, parece dudoso que esta norma sea aplicable a medidas dispuestas
por árbitros con sede fuera del Reino Uni- do, desde que el artículo 1.2 de la misma ley establece que las disposiciones de la Parte I (entre las que se encuentra el artí- culo 48) serán de aplicación cuando la sede del arbitraje sea Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte (40) .
3.4. Alemania
La legislación alemana, reformada en 1998, también prevé que, salvo acuer- do en contrario, el tribunal arbitral po- drá, a petición de parte, ordenar las me- didas cautelares que considere necesarias con relación al objeto de la controver- sia (41) . En tal supuesto, esa medida po- drá ser ejecutada judicialmente. Debe hacerse notar, empero, que la norma no obliga al juez a ejecutarlas, sino que lo faculta a hacerlo: por un lado, dispone que el tribunal podrá, a pedido de parte, permitir la ejecución de una medida cau- telar (artículo 1041.2) (42) ; por el otro,
Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit”.
“The new statute may be understood to permit court intervention only upon the request of the arbitral tribunal if a party does not voluntarily comply with the arbitrators’ order”. GAILLARD, Emmanuel. A foreign view of the new Swiss Law on International Arbitration. En: Arbitration International. Volumen. 4. Número 1, 1988. pp. 25 y siguientes.
Arbitration Act, 1996, Section 39: “(1) The parties are free to agree that the tribunal shall have power to order on a provisional basis any relief which it would have power to grant in a final award. (2) This includes, for instance, making (a) a provisional order for the payment of money or the disposition of property as between the parties, or (b) an order to make an interim payment on account of the costs of the arbitration. (…) (4) Unless the parties agree to confer such power on the tribunal, the tribunal has no such power (…)”.
Arbitration Act, 1996, Section 42.1: “Unless otherwise agreed by the parties, the court may make an order requiring a party to comply with a peremptory order made by the tribunal”.
“English law does not provide for the applicability of section 42 if the seat of the arbitration is outside England, Wales or Northern Ireland. It is therefore not possible to apply for the enforcement of a ‘foreign’ arbitrator-granted interim order under this provision”. SCHAEFER, Jan K. New solutions for interim measures of protection in international commercial arbitration: English, German and Hong Kong law compared. En:
Electronic Journal of Comparative Law. Volumen. 2.2, agosto de 1998.
German Arbitration Act (Act on the Reform of the Law relating to Arbitral Proceedings, incorporated as Tenth Book of the Code of Civil Procedure), Section 1041.1: “Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may, at the request of a party, order such interim measures of protection as the arbitral tribunal may consider necessary in respect of the subject-matter of the dispute (…)”.
German Arbitration Act, Section 1041.2: “The court may, at the request of a party, permit enforcement of a measure referred to in subsection 1, unless application for a corresponding interim measure has already
expresamente lo autoriza a resolver sobre la ejecución, anulación o modificación de una medida cautelar (artículo 1062.3) (43) .
No existe acuerdo en la doctrina res- pecto de si esta norma es igualmente apli- cable a medidas cautelares “extranjeras”. En opinión de algunos autores, esta nor- ma sólo regiría para medidas cautelares que pretendan ejecutarse en Alemania, y que hayan sido dispuestas por un tribunal arbitral con sede en Alemania (44) . Para otros la cuestión es dudosa (45) . Y algunos opinan que de conformidad con la legis- lación alemana, podrá requerirse el auxi- lio judicial para la ejecución forzada aun de medidas cautelares dictadas por tribu- nales arbitrales con sede en el extranje- ro (46) . Esta última conclusión parece te- ner apoyo en el artículo 1062.2, que esta- blece la competencia de la Suprema Cor- te Regional del lugar donde la parte eje- cutada tenga su sede o su residencia habi- tual o donde se encuentren los bienes o
las cosas en disputa o afectadas por la medida “si el lugar del arbitraje en los casos a que se refiere el artículo 1062.1.3 está fuera de Alemania” (47) . Esta última norma es, precisamente, la que se refiere a la ejecución de medidas cautelares dis- puestas por un tribunal arbitral al amparo del artículo 1041.
La Ley de Arbitraje española (Nú- mero 60/2003) asimila las medidas cau- telares, a los fines de su ejecución forzo- sa, con los laudos. Por un lado establece la facultad de los árbitros de “adoptar las medidas cautelares que estimen necesa- rias respecto del objeto del litigio” (artí- culo 23.1). Por el otro, dispone que “a las decisiones arbitrales sobre medidas cau- telares, cualquiera que sea la forma que revistan, les serán de aplicación las nor- mas sobre anulación y ejecución forzosa de laudos” (artículo 23.2).
been made to a court. It may recast such an order if necessary for the purpose of enforcing the measure” (énfasis agregado).
German Arbitration Act, Section 1062.1: “The Higher Regional Court (‘Oberlandesgericht’) designated in the arbitration agreement or, failing such designation, the Higher Regional Court in whose district the place of arbitration is situated, is competent for decisions on applications relating to (…) 3. The enforce- ment, setting aside or amendment of an order for interim measures of protection by the arbitral tribunal” (énfasis agregado).
Ello fundamentalmente por cuanto el artículo 1025.1, al definir el ámbito de aplicación de la ley, dispone que ella se aplicará si el lugar del arbitraje está situado en Alemania. B ERGER , Klaus P. y K ESSEDJIAN , Catherine. The new German Arbitration Law in international perspective. La Haya: Kluwer Law Internatio- nal, 2000. p. 11.
REINER, Andreas. Les mesures provisoires et conservatoires et l’arbitrage international, notamment l’arbitrage CCI. En : Journal du Droit International. Número 125, 1998. pp. 853 y siguientes.
“Germany is the first country which provided for cross-border enforcement of arbitrator-granted interim relief in its national law. Under German law, arbitrator-granted interim relief can be enforced in Germany even if the seat of arbitration is outside Germany. This is a progressive, unilateral step to solve the cross- border enforcement issue especially relevant with respect to international commercial arbitrations. If all countries follow this example, the need for an international instrument to provide a cross-border enforce- ment mechanism for interim measures of protection can be relieved”. SCHAEFER. Op. cit.
German Arbitration Act, Section 1062.2: “If the place of arbitration in the cases referred to in subsection (…) 1.3 (…) is not in Germany, competence lies with the Higher Regional Court (‘Oberlandesgericht’) where the party opposing the application has his place of business or place of habitual residence, or where assets of that party or the property in dispute or affected by the measure is located, failing which the Berlin Higher Regional Court (‘Kammergericht’) shall be competent”.
En comentario a esta norma, se se- ñala que ella facilitará la ejecución en el extranjero de medidas cautelares dispues- tas por tribunales arbitrales cuya sede sea España: “con el fin de dotar (a las medidas cautelares) de la máxima eficacia, e inde- pendientemente de la calificación y forma que el árbitro le haya dado, las decisiones sobre medidas cautelares podrán ser eje- cutadas como si se tratara de laudos arbi- trales, lo cual no sólo permitirá su ejecu- ción en España, sino también su ejecución en el extranjero bajo la Convención de Nueva York, sobre la base de que, según el ordenamiento legal del país donde han sido dictadas (es decir, la Ley de Arbitraje es- pañola), se les considera laudos” (48) .
Sin embargo, otro autor pone en duda que los jueces españoles acepten, sobre esa base, ejecutar medidas cautelares dis- puestas por tribunales arbitrales con sede en el extranjero: “los (laudos) dictados en el extranjero no gozan necesariamente, cuando contengan medidas cautelares, del mismo tratamiento que los nacionales. Esto quiere decir que no es tan sencillo afirmar que las decisiones en la materia vayan a recibir, por la vía del artículo 23.2 de la Ley de Arbitraje, la misma conside- ración o trato que los dictados en España:
no en vano, el referido precepto habla de “anulación y ejecución forzosa” y nunca de reconocimiento y ejecución. La Ley de Arbitraje se refiere a decisiones arbitrales cautelares dictadas en España y a ser eje- cutadas en España, lo cual, cuando de ar- bitraje internacional se trata, le da un corto alcance en la práctica: no es usual, como
es sabido, que la sede del arbitraje coinci- da con la de los intereses, principales o se- cundarios, de ninguna de las partes” (49) .
3.6. Ley Modelo de UNCITRAL
La norma que más detalladamente
regula la cuestión es la nueva versión de
la Ley Modelo de UNCITRAL de 2006.
Por un lado, el artículo 17-H autori- za sin ambages la ejecución extraterrito- rial de las medidas cautelares: “(1) Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá como vinculante y, salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, será ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el tribunal competente, cualquiera que sea el Estado en donde haya sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en el artículo 17-I. (2) La parte que solicite o haya obtenido el reconoci- miento o la ejecución de una medida caute- lar informará sin demora al tribunal de toda revocación, suspensión o modificación que se ordene de dicha medida. (3) El tribunal
ante el que sea solicitado el reconocimiento
o la ejecución de una medida cautelar po-
drá, si lo considera oportuno, exigir de la parte solicitante que preste una garantía ade-
cuada, cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuan- do esa garantía sea necesaria para proteger los Derechos de terceros”.
Por el otro, el artículo 17-I establece los motivos para denegar el reconocimien- to o la ejecución y algunos límites a las facultades del juez del exequátur (50) .
MANTILLA SERRANO. Op. cit. p. 148.
FERNÁNDEZ ROZAS. Op. cit.
En nota al pie de este artículo se aclara que “Las condiciones enunciadas en el artículo 17-I tienen por objeto limitar el número de circunstancias en las que un tribunal podrá denegar la ejecución de una medida cautelar. No se menoscabará en nada el objetivo de armonización que se intenta lograr con estas disposi-
“(1) Podrá denegarse el reconocimiento
o la ejecución de una medida cautelar úni-
camente: (a) Si, al actuar a instancia de la parte afectada por la medida, al tribunal le consta que: (i) Dicha denegación está
justificada por alguno de los motivos
enunciados en los incisos i), ii), iii) o iv) del apartado a) del párrafo 1) del artículo
36 (51) ; o (ii) No se ha cumplido la deci-
sión del tribunal arbitral sobre la presta- ción de la garantía que corresponda a la medida cautelar otorgada por el tribunal arbitral; o (iii) La medida cautelar ha sido
revocada o suspendida por el tribunal ar-
bitral o, en caso de que esté facultado para hacerlo, por un tribunal del Estado en donde se tramite el procedimiento de ar- bitraje o conforme a cuyo Derecho dicha medida se otorgó; o (b) Si el tribunal re- suelve que: (i) La medida cautelar es in- compatible con las facultades que se le confieren, a menos que dicho tribunal de- cida reformular la medida para ajustarla a sus propias facultades y procedimientos
a efectos de poderla ejecutar sin modifi-
car su contenido; o bien que (ii) Alguno de los motivos de denegación enunciados en los incisos i) o ii) del apartado b) del párrafo 1) del artículo 36 es aplicable al
reconocimiento o a la ejecución de la medida cautelar (52) . (2) Toda determina- ción a la que llegue el tribunal respecto de cualquier motivo enunciado en el pá- rrafo 1) del presente artículo será única- mente aplicable para los fines de la soli- citud de reconocimiento y ejecución de la medida cautelar. El tribunal al que se so- licite el reconocimiento o la ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de dicho cometido, una revisión del contenido de la medida cautelar”.
La legislación de Austria, reformada en 2006, faculta a los árbitros, salvo pac- to en contrario, a dictar –a pedido de par- te y previa audiencia del afectado– las medidas cautelares o de protección que consideren necesarias en relación con la materia objeto de la disputa, cuando de otro modo la ejecución del laudo pudiera verse frustrada o impedida o hubiese pe- ligro de que se cause un daño irreparable (artículo 593.1) (53) .
Asimismo, a pedido de parte, el tri- bunal judicial competente en el lugar
ciones modelo si un Estado prevé en su legislación menos supuestos en los que pueda denegarse la ejecución de una medida cautelar”.
Estas casuales son: (i) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo; (ii) Que la parte contra la cual se invoca la decisión no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus Derechos; (iii) Que la decisión se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisio- nes que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; (iv) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuer- do, que no se han ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje.
Estas causales son: (i) Que el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; (ii) Que el reconoci- miento o la ejecución de la medida serían contrarios al Orden Público.
Austrian Code of Civil Procedure, Fourth Section: Arbitration Procedure, article 593.1: “Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may, at the request of a party order any party, after hearing such party, to take such interim measure of protection as the arbitral tribunal may consider necessary in respect of the subject matter of the dispute, as otherwise the enforcement of the claim would be frustrated or
donde el ejecutado tengo su sede, do- micilio o lugar habitual de sus negocios deberá ejecutar la medida, pudiendo, si se tratase de una medida desconocida en Austria, adaptarla a aquella conoci- da más parecida, o enmendarla para sal- vaguardar el objetivo que ella perseguía (artículo 593.3) (54) .
A continuación prevé las razones por las cuales el juez puede negarse a ejecu- tar la medida: (i) Si la sede del arbitraje es Austria y la medida está afectada por alguna de las causales previstas para anu- lar un laudo doméstico, tales como la inexistencia o invalidez del acuerdo arbi- tral, la violación al Derecho de defensa en juicio, el ejercicio excesivo de los po- deres del tribunal arbitral por compren- der materias no arbitrables o no someti- das a arbitraje, la irregular composición del tribunal arbitral y la violación al Or-
den Público; (ii) Si la sede del arbitraje no es Austria y la medida está afectada por alguna de las causales que permiten denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo extranjero; (iii) Si la ejecu- ción de la medida es incompatible con una previa orden judicial austríaca o con una orden judicial extranjera que fuese sus- ceptible de reconocimiento y ejecución en Austria; o (iv) Si la medida fuese desco- nocida en Austria y no hubiese posibili- dad de adaptarla o enmendarla para que encuadre en alguna de las conocidas (ar- tículo 593.4) (55) .
En el procedimiento de ejecución ju- dicial de la medida cautelar dictada por los árbitros el juez puede oír previamente a la parte contra la cual se intenta ejecutar, aun- que éste sólo podrá basar su oposición en las causales previstas en el numeral 4 del mismo artículo (artículo 593.5) (56) .
considerably impeded or there is a danger of an irretrievable damage. The arbitral tribunal may require any party to provide appropriate security in connection with such measure (…)”.
Austrian Code of Civil Procedure, article 593.3: “Upon application of a party the district court (‘Bezirksgeri- cht’) where the opponent of the endangered party has its seat, domicile or usual place of residence within this state at the time of the first filing of the plea, otherwise the district court (‘Bezirksgericht’) in whose area the measure of enforcement for the preliminary injunction shall take place, shall enforce such measure. Where the measure provides for a measure of protection unknown to Austrian law, the court can upon application and hearing of the opponent, execute such kind of measure of protection of Austrian law which comes closest to the measure of the arbitral tribunal. In this case the court can also upon application amend the measure of the arbitral tribunal in order to safeguard the realization of its purpose”.
Austrian Code of Civil Procedure, article 593.4: “The court shall refuse to enforce a measure under pa- ragraph (1) of this article, if: 1). The place of arbitration is in this state and the measure suffers a defect which would constitute a reason for setting aside an arbitral award of this state under articles 611 paragra- ph (2), 617 paragraph (6) and (7) or 618 of this law; 2). The place of arbitration is not in this state and the measure suffers a defect which would constitute cause for refusal of recognition or enforcement, in the case of a foreign arbitral award; 3). The enforcement of the measure would be incompatible with a court measure of this state which was either applied for or made earlier, or would be incompatible with a foreign court measure which was made earlier and which is to be recognised; 4). The measure provides for a measure of protection unknown to Austrian law and no appropriate measure of protection as provided by Austrian law was applied for”.
Austrian Code of Civil Procedure, article 593.5: “The court may hear the opponent prior to making its decision on the enforcement of the measure under paragraph (1) of this article. If the opponent was not heard prior to the taking of the decision, he can lodge an objection against the order of enforcement in the sense of article 397 of the Austrian Enforcement Act (‘Exekutionsordnung’). In both cases the oppo- nent may merely argue that there is a ground for refusing the enforcement as referred to in paragraph (4) of this article (…)”.
Finalmente, prevé que el juez debe- rá anular la orden de ejecución si: (i) El plazo de la medida dispuesta por los árbi- tros expiró; (ii) El tribunal arbitral la li- mitó o dejó sin efecto; (iii) Se da alguna de las circunstancias previstas en el artí- culo 399.1 de la Ley de Ejecución (“Exe- kutionsordnung”) (57) , a menos que esa cir- cunstancia hubiese sido expuesta ante los árbitros y rechazada por ellos, y no hu- biese obstáculos para reconocer esa deci- sión; o (iv) Se hubiese ofrecido una ga- rantía que hiciese innecesario ejecutarla (artículo 593.6) (58) .
3.8. Nueva Zelanda
Siguiendo esta misma línea, la legis- lación de Nueva Zelanda (según modifi- cación efectuada por Ley Nº 94 de 2007), dispone que una medida cautelar ordena-
da por un tribunal arbitral debe ser reco- nocida como vinculante y, salvo pacto en contrario, ejecutada por el juez competen- te de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente, independientemente del país donde haya sido dictada. Al mismo tiempo, impone al beneficiario de la me- dida cautelar el deber de informar inme- diatamente al juez de cualquier modifica- ción, suspensión o revocación de la me- dida. Y faculta al tribunal judicial a exigir una contracautela al ejecutante, si esa cuestión no fue ya decidida por los árbi- tros o ello es necesario para proteger los Derechos de terceros (artículo 17-L) (59) .
Luego contempla, siguiendo la nue- va versión de la Ley Modelo de UNCI- TRAL, las causales por los cuales el juez puede denegar el reconocimiento y la eje- cución de una medida cautelar arbitral (artículo 17-M) (60) .
Conforme esta legislación, los jueces austríacos tienen facultades para dejar sin efecto o limitar la ejecu- ción de una medida cautelar cuando: (i) Una medida menos gravosa puede igualmente cumplir la finali- dad, (ii) La medida dispuesta dejó de ser necesaria por haber variado las circunstancias, (iii) La parte afectada ofrece seguridades suficientes, o (iv) El Derecho que pretende asegurar ha sido denegado en una sentencia definitiva.
Austrian Code of Civil Procedure, article 593.6: “The court shall set aside the enforcement if: 1). The term of the measure as set by the arbitral tribunal has expired; 2). The arbitral tribunal has limited the scope of or set aside the measure; 3). A case as referred to in article 399 paragraph (1) numbers 1-4 of the Austrian Enforcement Act (‘Exekutionsordnung’) is given; unless such a circumstance was unsuccessfully put forward to the arbitral tribunal and no obstacles against acknowledgement (Paragraph 4) stand against the respec- tive decision of the arbitral tribunal; 4). A security as referred to in paragraph (1) of this article was provided which makes the enforcement unnecessary”.
New Zealand Arbitration Act, 1996, Schedule 1 (as amended on 18 October 2007, by section 8(4) of the Arbitration Amendment Act 2007 (2007 Número 94), article 17-L: “(1) An interim measure granted by an
arbitral tribunal must be recognised as binding and, unless otherwise provided by the arbitral tribunal, enfor- ced upon application to the competent Court, irrespective of the country in which it was granted. (2) Paragraph
(1) is subject to article 17M. (3) The applicant for recognition or enforcement of an interim measure under
article 35 must promptly inform the Court of any modification, suspension, or cancellation of that interim measure. (4) The Court may, if it considers it proper, order the applicant to provide appropriate security if: (a) the arbitral tribunal has not already made a decision with respect to the provision of security; or (b) the decision with respect to the provision of security is necessary to protect the rights of third parties”.
New Zealand Arbitration Act, article 17-M: “(1) Recognition or enforcement of an interim measure may be
refused only: (a) at the request of the respondent if the Court is satisfaced that: (i) the refusal is warranted on the grounds set out in article 36(1)(a)(i), (ii), or (iv); or (ii) the arbitral tribunal’s decision with respect to the provision of security in connection with the interim measure granted by it has not been complied with; or
(iii) the interim measure has been suspended or cancelled by the arbitral tribunal or, if so empowered, by
the Court of the country in which the arbitration took place or under the law of which that interim measure
Las razones por las cuales se adoptó esta normativa están explicadas en el in- forme de la comisión encargada de actua- lizar la Ley de Arbitraje: por un lado, in- crementar la seguridad jurídica, lo que se consigue describiendo el concepto de una medida cautelar, las condiciones para su otorgamiento y sus efectos, incluyendo la aclaración de que son ejecutables en Nue- va Zelanda aún las medidas cautelares dis- puestas por árbitros con sede en el extran- jero; por el otro, asegurar la consistencia de la legislación neocelandesa con la Ley Modelo de UNCITRAL y demostrar el in- terés del país en mantener sus normas ar- monizadas y actualizadas con las moder- nas tendencias en materia de arbitraje (61) .
3.9. Perú
Inspirada en estos modelos, la Ley de Arbitraje peruana de 2008 (aprobada por Decreto Legislativo Número 1071/ 2008 (62) , y en vigencia desde el 1 de sep- tiembre de 2008) contiene una norma que contempla de manera expresa la cuestión.
Conforme su artículo 48.4: “Toda medida cautelar ordenada por un tribu- nal arbitral cuyo lugar se halle fuera del territorio peruano podrá ser reconocida y ejecutada en el territorio nacional, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos
75, 76 y 77, con las siguientes particulari- dades: (a) Se podrá denegar la solicitud de reconocimiento, sólo por las causales
b, c y d del apartado 2 del artículo 75 (63) ,
cuando no se dé cumplimiento a lo dis-
puesto en el inciso d. de este apartado. (b)
La parte que pida el reconocimiento de la medida cautelar deberá presentar el ori-
ginal o copia de la decisión del tribunal arbitral, debiendo observar lo previsto en
el artículo 9. (c) Los plazos dispuestos en
los apartados 2 y 3 del artículo 76 serán de diez (10) días. (d) La autoridad judi- cial podrá exigir a la parte solicitante que preste una garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuando esa ga- rantía sea necesaria para proteger los de- rechos de terceros. Si no se da cumplimien- to, la autoridad judicial podrá rechazar
was granted; or (b) if the Court finds that: (i) the interim measure is incompatible with the powers conferred on the Court, unless the Court decides to reformulate the interim measure to the extent necessary to adapt
it to its own powers and procedures for the purposes of enforcing that interim measure and without modi-
fying its substance; or (ii) any of the grounds set out in article 36(1)(b) apply to the recognition and enforce-
ment of the interim measure. (2) A determination made by the Court on any ground in paragraph (1) is effective only for the purposes of the application to recognise and enforce the interim measure. (3) The Court must not, in making that determination, undertake a review of the substance of the interim measure”.
KAWHARU, Amokura. New Zealand’s Arbitration Law receives a tune-up. A Review of recent amendments to
the New Zealand Arbitration Act 1996. En: Arbitration International. Volumen 24. Número 3, 2008. pp. 405
Sobre el tema, ver CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y CAIVANO, Roque J. La nueva Ley de Arbitraje perua- na: Un nuevo salto a la modernidad. En: Revista Peruana de Arbitraje. Número 7. 2008. pp. 43 - 84.
Si se prueba que: (a) Una de las partes en el convenio arbitral estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho convenio no es válido, en virtud de la ley a la que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado al respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la medida; (b) La parte contra la cual se invoca la medida no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus Derechos; (c) La medida se refiere a una controversia no prevista en el convenio arbitral o contiene decisiones que exceden sus términos; (d) La composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes, o en defecto de tal acuerdo, que no se han ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje.
la solicitud de reconocimiento. (e) La au- toridad judicial que conoce de la ejecu- ción de la medida cautelar podrá recha- zar la solicitud, cuando la medida cau- telar sea incompatible con sus faculta- des, a menos que decida reformular la medida para ajustarla a sus propias fa- cultades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar, sin modificar su con- tenido ni desnaturalizarla”.
4. EL QUID DE LA CUESTIÓN: ¿SE APLICA LA CONVENCIÓN DE NUEVAYORK ALA EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES?
Aunque este era el específico objeti- vo de este trabajo, creímos necesario, para poner la cuestión en contexto, analizar previamente las facultades que se recono- cen generalmente a los árbitros para dic- tar medidas cautelares y la forma en que se ha ido admitiendo la posibilidad de obtener su ejecución forzada en sede ju- dicial, aun respecto de medidas dictadas por árbitros cuya sede está en otro país. Toca examinar, en este punto, si esa eje- cución judicial puede hacerse al amparo de la Convención de Nueva York.
Para ello, comenzaremos por expli- car por qué, a nuestro juicio, las medidas cautelares son inherentemente ejecutables, aun extraterritorialmente. Luego examina- remos la compatibilidad de estas medidas con los postulados de la Convención. An- ticipando que daremos respuesta afirmati- va a ese interrogante y sostendremos que
la Convención se aplica a toda decisión que
pueda calificarse como “laudo”, finalmen-
te analizaremos cuál es la ley conforme la
cual debe hacerse esa calificación.
4.1. La intrínseca ejecutabilidad de las medidas cautelares
En toda medida cautelar es posible
separar claramente dos fases: la “decisión”
y la “ejecución”. La primera implica un
ejercicio puramente intelectual, consisten-
te en emitir un pronunciamiento sobre la
procedencia y, en su caso, sobre la exten- sión, alcance y condiciones en que se con- cede la medida solicitada. La segunda, en cambio, implica hacerla cumplir, llevarla
a la práctica, lo que en caso de resistencia
puede hacer necesario el uso de coacción. Esta diferencia justifica sobradamente que los árbitros, a pesar de carecer de impe- rium, puedan decretar medidas cautelares, pues para ello no es necesario ejercer coer- ción alguna. Y también justifica que se provean remedios judiciales tendientes a obtener de los magistrados con imperium la compulsión necesaria para obtener su cumplimiento forzado.
Por definición, las cautelares son medidas que se disponen ante situaciones de riesgo o peligro que requieren ser ur- gentemente atendidas para evitar un per- juicio a una de las partes (64) . Y, aunque fuese cierto que en la práctica suelen ser espontáneamente cumplidas por el desti- natario (65) , no es posible descansar en la confianza de que ello sucederá.
Uno de los requisitos universalmente exigidos para la procedencia de una medida cautelar es la existencia de periculum in mora.
Algunos autores señalan que las partes generalmente cumplen voluntariamente con las medidas dispues- tas por los árbitros, para no predisponer al tribunal que todavía debe dictar el laudo definitivo. CRAIG, William Laurence, PARK; William W. y PAULSSON, Jan. International Chamber of Commerce Arbitration. 3ra. Edición. Nueva York: Oceana Publications, 2000. p. 460.
Las medidas cautelares no son reso- luciones puramente declarativas ni su ob- jeto se agota con el mero dictado. Tradu- cen la imposición de un deber, de una con- ducta –hacer o abstenerse de hacer– que constituye el fin último de su función, y que sirve para asegurar la eficacia del lau- do (66) . Por lo que, de no existir forma de hacerlas cumplir –aun contra la voluntad del destinatario– las mismas carecerían de todo sentido y utilidad (67) . Dicho de otro modo, el mero pronunciamiento sobre la procedencia de una medida cautelar de nada sirve si no es posible lograr que la conducta ordenada sea efectivamente lle- vada a cabo. Es casi de perogrullo enfati-
zar que las medidas cautelares son esen- cialmente, inherentemente ejecutables, pues el cumplimiento de la obligación que engendran es su destino natural (68) .
Consistentes con ello, algunas de las legislaciones nacionales que autorizan a los árbitros a dictar medidas cautelares esta- blecen, de manera expresa, el deber de los jueces de prestar su imperium para que sean ejecutadas (69) . Otras son menos terminan- tes, pero suficientemente claras en admitir una acción judicial tendiente a obtener la asistencia o auxilio de los jueces para su cumplimiento forzado (70) . Y aún en aque- llas que nada dicen sobre su ejecución (71) ,
“La utilidad misma del laudo para la parte favorecida depende de que pueda ejecutarse la medida provisional destinada a facilitar la ejecución ulterior”. Informe del Grupo de Trabajo de UNCITRAL sobre Arbitraje acerca de la labor realizada en su 32° período de sesiones (Viena, marzo de 2000), Documento A/CN. 9/468, p. 14.
“Because enforcement is one of the most important aspects of a successful arbitration, it is necessary to ensure proper enforcement of the critical interim measures or provisional remedies granted by arbitral tribunals (…) To make arbitrations effective, it is necessary to implement some mechanism that can ensure that interim measures can be appropriately granted and enforced”. WANG, William. International arbitration:
The need for uniform interim measures of relief. En: Brooklyn Journal of International Law. Volumen 28, 2003. pp. 1081 y siguientes.
“(T)he need of the parties for quick effective interim measures may only be satisfied by local courts, which have an increasing complementary and supportive role”. MARCHAC, Gregoire. Interim measures in interna- tional commercial arbitration under the ICC, AAA, LCIA and UNCITRAL rules. En: The American Review of International Arbitration. Volumen 10, 1999. pp. 123 y siguientes.
“The authority to issue interim measures of protection is inherent in, and essential to, the authority of courts and tribunals. At the most basic level, courts and tribunals function to resolve disputes between parties. If they are to do so, they must have the means while the dispute is pending to control the actions of the parties that have submitted the dispute to them to the end that the ultimate decision will count. Without that pros- pect, the arbitral process, no less than the judicial process, would be undermined”. DONOVAN, Donald Fran- cis. The scope and enforceability of provisional measures in international commercial arbitration. A survey of jurisdictions, the work of UNCITRAL and proposals for moving forward. In: ICCA Congress series. Núme- ro 11, 2003. pp. 82 y siguientes.
A título de ejemplo, la legislación austríaca dispone que, a pedido de parte, el tribunal judicial competen- te “debe” ejecutar la medida cautelar dispuesta por los árbitros (artículo 593.3). En similares términos puede verse la legislación panameña (artículo 24). Más enfáticamente, la legislación boliviana habilita el auxilio judicial para la ejecución de medidas cautelares dispuestas por los árbitros (artículo 36), obli- gando al juez a proveer la solicitud “sin sustanciación en un plazo máximo de cinco días de recibida” y estableciendo que “salvo que la medida solicitada sea contraria al Orden Público, la autoridad judicial competente se limitará a cumplir la solicitud sin juzgar sobre su procedencia o improcedencia ni admitir oposición o recursos” (artículo 37).
Ver, por ejemplo, la legislación suiza sobre arbitraje internacional (artículo 183.2) o la legislación de Túnez (artículo 62.2).
Tal es el caso de la originaria Ley Modelo de UNCITRAL de 1985 y de aquellas que han seguido literalmen- te su texto (por ejemplo, Chile, México o Japón).
es dable inferir que admiten la posibili- dad de hacerlas ejecutar judicialmente, pues no es lógico suponer que autorizan a los árbitros a disponer medidas cautela- res pero no habilitan un medio para que sean impuestas coercitivamente.
Este cuadro de situación permite pre- sentar una primera conclusión: salvo, na- turalmente, en aquellos países cuyas le- gislaciones no facultan a los árbitros a decretar medidas cautelares, no parece haber dificultades en obtener la ejecución forzada, por medio del tribunal judicial competente, de una medida cautelar or- denada por un tribunal arbitral cuya sede se encuentre en el mismo Estado donde se pretende su ejecución (72) .
4.2. La eficacia extraterritorial de las medidas cautelares
Las medidas cautelares ordenadas por jueces son generalmente ejecutables extraterritorialmente (73) . También lo son los laudos arbitrales definitivos. En am- bos casos, el fundamento es la coopera- ción internacional que los Estados acep- tan prestarse recíprocamente para que los actos cumplidos por tribunales competen- tes con sede en uno de ellos puedan ha- cerse cumplir en otros (74) .
En materia de arbitraje, ya desde la Convención de Ginebra de 1927, pero
especialmente a partir del extraordinario grado de adhesión que ha tenido la Con- vención de Nueva York, los Estados han aceptado ejecutar laudos arbitrales extran- jeros. Es decir, han accedido a poner las facultades de imperium de sus jueces para que las decisiones arbitrales sean efecti- vamente cumplidas. Más allá del enuncia- do principio de cooperación internacio- nal, la razón por la que se acepta la efica- cia extraterritorial de un laudo definitivo es que fue dictado por un tribunal compe- tente, al que las partes voluntariamente se sometieron, en uso de sus legítimas atri- buciones. Ese mismo razonamiento con- duciría a adoptar idéntico temperamento con las medidas cautelares arbitrales, que son también decisiones adoptadas por un tribunal igualmente competente y sobre la base de atribuciones que son igualmente legítimas. Si son ejecutables extraterrito- rialmente las decisiones que, como los laudos finales sobre el fondo, importan una afectación definitiva e irreversible del patrimonio del ejecutado: ¿por qué no serlo las medidas cautelares, que sólo lo afectan transitoria y provisionalmente?
Por otro lado, como se ha visto, las medidas cautelares arbitrales son ejecu- tables localmente. Lo que nos motiva a preguntarnos por qué esos efectos habrían de limitarse al mismo territorio en que el arbitraje tiene sede. Tal razonamiento
“Jurisdictions which allow interim measures to be ordered by arbitral tribunals also provide for the enforce- ment of such measures. This hypothesis (the enforcement of the arbitral interim measures in the country where the arbitral tribunal has its seat), therefore, should not give rise to any problems”. DI PIETRO, Dome- nico y PLATTE, Martin. Enforcement of international arbitration awards: The New York Convention of 1958. Londres: Cameron, May, 2001. p. 44.
Ver, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, la Convención sobre cumplimiento de medidas cautelares (CIDIP II - Medidas Cautelares, Montevideo, 1979).
La cooperación es uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional Privado. Tanto que ella procedería aun a falta de norma expresa que la prevea y, más bien, procedería siempre a excepción de aquellos casos en que una norma indique lo contrario. VÉSCOVI, Enrique. Derecho Procesal Civil Interna- cional. Montevideo: Idea, 2000. pp. 16 y siguientes.
llevaría a desvirtuar por completo el fati- goso camino que debió recorrerse para ob- tener el reconocimiento de facultades cau- telares en cabeza de los árbitros, e impli- caría un extraordinario retroceso en la his- toria, pues, en los hechos, nos volvería a los tiempos en que no se admitía que los árbitros dictaran medidas cautelares. Y, además, privaría al arbitraje internacional de una herramienta que es tanto o más ne- cesaria en controversias internacionales que en aquellas puramente domésticas (75) .
Finalmente, como también señala- mos, las medidas cautelares judiciales son ejecutables extraterritorialmente. Si los árbitros tienen atribuciones semejantes a las de los jueces en orden al dictado de medidas cautelares, y si éstas cumplen la misma finalidad en un proceso judicial que en un arbitraje (76) surge nuevamente la pregunta: ¿por qué dar a las medidas dicta- das por árbitros un tratamiento diferente?
Dicho de otro modo: si los laudos extranjeros definitivos son ejecutables, si las medidas cautelares judiciales ex- tranjeras son también ejecutables, y si las medidas cautelares arbitrales son ejecu- tables localmente, no se advierte razón para que éstas no tengan el mismo efec- to cuando pretenden ser ejecutadas en un Estado diferente. Lo cual, como es ob- vio, será la situación más frecuente en arbitrajes internacionales, dado que la
“neutralidad” buscada por las partes al escoger la sede del arbitraje usualmente deriva en que ninguna de las partes tiene vínculos con –y, por lo tanto, no tiene bienes en– ese país.
Nos hacemos cargo de que esta con- clusión no lleva, necesariamente, a infe- rir que la ejecución extraterritorial de una medida cautelar deba ser hecha al ampa- ro de la Convención de Nueva York (de ello nos ocuparemos seguidamente). Pero sirve como premisa inicial de nuestro ra- zonamiento: una medida cautelar emana- da de un árbitro autorizado para adop- tarla es una decisión intrínsecamente eje- cutable. Y es ejecutable por intermedio de un juez estatal, que presta auxilio a los árbitros haciendo uso de su imperium para que la medida dispuesta por los ár- bitros se efectivice, si no fuese espontá- neamente acatada.
Nuestra segunda conclusión, así, es que si una medida cautelar es ejecutable localmente, nada impide que tenga idén- ticos efectos fuera de ese Estado.
4.3. La ejecución de las medidas cau- telares al amparo de la Convención de Nueva York
El problema que resta analizar es si esa ejecución puede realizarse, ex- traterritorialmente, al amparo de la
“Provisional measures have particular importance in international disputes. Cases involving litigants from different nations pose special risks, including the increased danger that vital evidence will be taken out of the reach of relevant tribunals or that assets necessary to satisfy a judgment will be removed to a jurisdic- tion where enforcement is unlikely. As a consequence, provisional measures are often more significant in international litigation than in purely domestic cases”. BORN, Gary B. International commercial arbitration. La Haya: Kluwer Law International. 2da. Edición, 2001. p. 919.
“(T)he need to adopt remedies at an early stage, to ensure that the proceedings reach a normal conclusion and the proper effectiveness of the decision is of equal importance to the courts and to the arbitration process”. CREMADES, Bernardo M. Is exclusion of concurrent Courts’ jurisdiction over conservatory mea- sures to be introduced through a revision of the Convention? En: Journal of International Arbitration. Volumen 6. Número 3, 1989. pp. 105 y siguientes.
Convención de Nueva York. Es decir, si la Convención aplica a la ejecución de medidas cautelares.
Hemos señalado que la Convención de Nueva York nada dice sobre la ejecu- ción extraterritorial de las medidas cau- telares. Hemos justificado también su si- lencio, a partir de reconocer que, por aquel entonces, el mero dictado de me- didas cautelares por árbitros era un tema controvertido (77) .
Pensamos que ese silencio no puede ser interpretado como una prohibición. No encontramos, ni en el texto ni en los ante- cedentes de la Convención, nada que se oponga a reconocer como laudo arbitral a una decisión cautelar adoptada por un tri- bunal arbitral en ejercicio de las atribu- ciones que tiene para ello (78) .
Es cierto que la adopción de una medida cautelar no implica una decisión sobre el fondo de las cuestiones someti- das a los árbitros. Es igualmente cierto que esa resolución es –o puede ser– decidida
inaudita parte y sin sustanciación. Pero no es menos cierto que se trata de una re- solución que los árbitros dictan en uso de sus facultades, de naturaleza jurisdiccio- nal, y en el marco de un proceso que re- úne las condiciones generales que exige la Convención (79) . En efecto: las cuestio- nes a que se refieren las medidas cautela- res entran, sin esfuerzo, en la categoría de “diferencias” a que se refieren los artícu- los I.1) y V.1.c) de la Convención; y la decisión es “obligatoria” en el sentido del artículo V.1.e) (80) , dado que resuelven y clarifican los Derechos de las partes has- ta tanto se dicte el laudo final sobre las controversias de fondo, y ese es el mo- mento en que resulta útil su ejecución (81) .
Aunque puede argumentarse que no se trata de una decisión “definitiva” o “fi- nal”, dada su naturaleza provisoria y la facultad que el propio tribunal arbitral tiene de dejarla sin efecto, suspenderla o modificarla, debe tenerse en cuenta que:
(i) La Convención no requiere esta con- dición, sino sólo que la sentencia sea
“Historically, the principal legislative approach to the problem until de 1960s, was that of national Court’s exclusive jurisdiction in issuing interim measures”. DI PIETRO y PLATTE. Op. cit. p. 37.
En igual sentido, Rivera ha señalado: “La Convención no hace ninguna distinción, por lo que cualquier laudo puede ejecutarse o hacerse reconocer bajo sus términos, aunque no ponga fin a la disputa o sea meramente declarativo, siempre que la ley aplicable a la calificación del laudo como tal lo reconozca así”. RIVERA, Julio César. Arbitraje comercial internacional y doméstico. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2007. p. 696. Con relación al Derecho argentino, el mismo autor postula que “pueden someterse a exequátur los laudos que pretendan la ejecución de medidas cautelares, las destinadas a la producción de prueba y cualquier otra que para su concreción requiera un tribunal judicial de apoyo”. RIVERA. Op. cit. pp. 737 y 738.
Se trataría de un “laudo interlocutorio cuyo contenido será precisamente la adopción de una medida cautelar y luego ese laudo (podrá) ser ejecutado forzosamente por la jurisdicción estática”. LORCA NAVA- RRETE, Antonio María y SILGUERO ESTAGNAN, Joaquín. Derecho de arbitraje español. Madrid: Dykinson, 1994. p. 374.
DI PIETRO y PLATTE. Op. cit. en nota 72. p. 45; VAN DEN BERG, Albert J. The application of the New York Convention by the Courts. ICCA Congress series. Número 9 (Paris/1999). pp. 25 y siguientes.
“Such an award is not ‘interim’ in the sense of being an ‘intermediate’ step toward a further end. Rather, it is an end in itself, for its very purpose is to clarify the parties’ rights in the ‘interim’ period pending a final decision on the merits. The only meaningful point at which such an award may be enforced is when it is made, rather than after the arbitrators have completely concluded consideration of all the parties’ claims”. US Court for the Southern District of New York, 1985, in re Southern Seas Navigation Limited of Monrovia v. Petroleos Mexicanos of Mexico City, 606 F. Supp. 692 (S.D.N.Y. 1985).
“obligatoria” y no haya sido suspendida
anulada (artículo V.I.e) (82) ; (ii) Aun en
caso de haber sido solicitada su anula-
ción o suspensión, el juez del exequátur podrá igualmente ejecutarla solicitando del ejecutante garantías apropiadas (ar- tículo VI) (83) ; y (iii) Si la medida caute- lar es ulteriormente suspendida o modi- ficada, ello será efectuado a través de una decisión que será igualmente ejecutable como la primera (84) .
Aunque, ciertamente, no puede con- siderarse una opinión pacífica (85) , uno de los más reputados comentaristas de la Convención ha señalado que estas medi- das pueden ser ejecutadas con base en ella, siempre que la ley del lugar del arbitraje
las califique como laudos, lo cual sería deseable al contribuir a reforzar la efecti- vidad del arbitraje internacional (86) . En el mismo sentido, se ha dicho que esta inter- pretación respeta el principal propósito de la Convención de Nueva York, que no es otro que fortalecer la eficacia del arbitra- je internacional (87) . En idéntica dirección, se ha opinado que un laudo arbitral que adopta una medida cautelar es “definiti- vo”, no sólo porque tiene ese carácter “du- rante el tiempo que esté en vigencia, esto es (y por lo general), mientras el tribunal arbitral dicta su laudo final”, sino también porque, a través de esa decisión, el tribu- nal arbitral “resuelve definitivamente la solicitud que se le ha sometido de adop- tar o no una medida cautelar” (88) .
Artículo V: “1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la
parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide
el reconocimiento y la ejecución: (
anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia”.
Artículo VI: “Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo V, párrafo I, literal e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue garantías apropiadas”.
“In my opinion, there are no major obstacles to enforcing a ‘temporary’ award. An award will be enforced in accordance with its terms. If one of the terms is that the order contained in the award is for a limited period of time, the enforcement will correspondingly cover that period of time. If the interim award is subsequently rescinded, suspended or varied by an arbitral tribunal, that will as a rule be laid down in a subsequent interim award which can also be enforced”. VAN DEN BERG. Op. cit.
Berger, por ejemplo, opina que las medidas cautelares no resuelven definitivamente una cuestión, sino que cumplen una función esencialmente temporal e interina, respecto de cuestiones que serán objeto de decisión en el laudo definitivo. BERGER, Klaus P. International economic arbitration. La Haya: Kluwer Law International, 1993. p. 343.
En términos similares, aunque no de manera tan concluyente, Redfern y Hunter parecen compartir esta opinión, al señalar que las medidas cautelares, por definición, no resuelven de manera definitiva un aspec- to de la controversia y, por ello, “es improbable que satisfagan el requerimiento de ‘finalidad’ exigido por la Convención de Nueva York”. REDFERN, Alan y HUNTER, Martin. Law and practice of international commercial arbitration. 4ta. Edición. Londres: Sweet & Maxwell, 2004. p. 396.
Del mismo modo, sin dejar de reconocer que ello podría servir de paliativo para subsanar la falta de imperium de los árbitros, Pinsolle opina que una interpretación tan extensiva de la Convención de Nueva York no respetaría ni su texto ni su espíritu. PINSOLLE, Philippe. Observations - Cour d’appel de États-Unis (7e circuit) 14 mars 2000. En: Revue de l’arbitrage, 2000. Número 4. pp. 657 y siguientes.
“I maintain my opinion that an arbitral award providing for interim relief can be enforced under the Con- vention, provided that an arbitral decision providing for interim relief constitutes an arbitral award at the place of arbitration. As a matter of policy, enforceability of awards for interim relief under the Convention could greatly enhance the effectiveness of international arbitration (…) It would then be desirable if
e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido
Por nuestro lado, agregamos que uno de los avances que la Convención de Nue- va York tuvo respecto de su antecesora (la Convención de Ginebra de 1927) fue in- vertir el onus probandi respecto del cum- plimiento de los requisitos en ella esta- blecidos. Conforme la Convención de Ginebra, era el ejecutante quien tenía que acreditar ante el juez del exequátur que se verificaban los requisitos exigidos por el tratado; en la de Nueva York, en cam- bio, es el ejecutado quien debe probar que los requisitos no se encuentran cumplidos, lo que implica crear una presunción de ejecutabilidad que sólo cede –con excep- ción de los casos previstos en el artículo V.2)– cuando se acredita lo contrario 89 . Ello así, si un laudo –que la Convención no define– debe ser, presumidamente, eje- cutable salvo prueba en contrario, es ra- zonable interpretar que una decisión cau- telar estaría incluida en esta presunción inicial y sólo cedería si el ejecutado de- mostrase que las características de la me- dida cautelar no cumplen con los requi- sitos exigidos por la Convención.
4.4. Las normas que “califican” una decisión arbitral
En palabras de Van den Berg, si la Convención de Nueva York ha guardado silencio sobre qué debe considerarse “laudo” a los fines de su artículo I, es legítimo interpretar que se aplica a toda decisión que pueda ser calificada como tal en la legislación interna de cada país (90) . El problema se centra en deter- minar a través de cuál ley nacional debe efectuarse este análisis, es decir, cuál es la legislación nacional que el juez del exequátur debe examinar en procura de dilucidar si la medida cautelar es un lau- do al que pueda aplicarse la Convención,
no lo es: ¿su propia legislación nacional
la lex arbitri? (91) .
Pensamos que, ante la falta de preci- siones en la Convención acerca de qué constituye un laudo, la ley que “coman- da” la naturaleza de la decisión adoptada por los árbitros es la lex arbitri. Ello en- contraría sustento en la Convención, que remite a la lex arbitri para la determi-
interim measures directed by an arbitral tribunal could be enforced under the Convention”. VAN DEN BERG: Op. cit.
“This interpretation is in line with the purpose and objective of the Convention: enhancing arbitration’s effectiveness”. YESILIRMAK, Ali. Provisional measures. En: MISTELIS, Loukas y LEW, Julian (editores). Perva- sive problems in international arbitration. La Haya: Kluwer Law International, 2006. pp. 186 y siguientes.
SILVA ROMERO, Eduardo. Adopción de medidas cautelares por el juez y por el árbitro. Ponencia presentada en el II Congreso Internacional del Club Español del Arbitraje, El Arbitraje y la Jurisdicción, Madrid, 17 al 19 de junio de 2007.
JIMÉNEZ FIGUERES, Dyalá. Las convenciones anteriores a la Convención de Nueva York: discusiones y problemas. En: TAWIL, Guido S. y ZULETA, Eduardo (directores). El arbitraje comercial internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario. Buenos Aires: Universidad del Rosario, Universidad de Buenos Aires y Abeledo-Perrot, 2008. pp. 1 y siguientes.
“It seems therefore appropriate to distill the notion of what constitutes an arbitral award form what is gene- rally understood by arbitration in the national legal systems”. VAN DEN BERG. Op. cit. pp. 44 y 46.
Hemos de anotar aquí, a modo de breve digresión, que la lex arbitri es, usualmente la de la sede del arbitraje, aunque la Convención también admite que lo sea la de un país diferente al de la sede, si las partes escogieron una ley procesal distinta.
nación de validez del acuerdo arbitral (ar- tículo V.1.a) o de la regularidad del pro- cedimiento arbitral (artículo V.1.d). Si las dos precondiciones básicas que sostienen el laudo (el acuerdo arbitral y el procedi- miento) son determinadas –en ausencia de expresa elección convencional del Dere- cho aplicable– conforme la ley de la sede del arbitraje, tampoco parece descabella- do suponer que la ley que define la natu- raleza de la decisión adoptada por los ár- bitros y su calificación es la lex arbitri.
Es decir que la naturaleza de la de- cisión debe determinarse tomando en consideración el carácter que a esa deci- sión le atribuye la propia legislación in- terna del país de donde proviene. Aque- llas decisiones consideradas como lau- dos en el país de origen deben ser trata- das del mismo modo en la esfera inter- nacional y podrían ser ejecutadas al am- paro de la Convención.
Esta parece ser, por otra parte, la doctrina mayoritaria (92) . Van den Berg enseña que “un laudo arbitral que dis- ponga una medida cautelar puede ser eje- cutado al amparo de la Convención, siem- pre que tal decisión constituya un laudo
en el lugar del arbitraje” (93) . Para Zule- ta, “si el juez del reconocimiento y ejecu- ción definiera el concepto de laudo a par- tir de una ley nacional, tendría que apli- car, para efectos de esa definición, la ley del lugar del lugar en que o conforme a cuya ley se aplicó el laudo o la ley acor- dada por las partes como lex arbitri, y sólo de manera excepcional, por haber sido la ley acordada por las partes o por posible violación del Orden Público in- ternacional, aplicaría su propia ley, la ley del foro” (94) . En esa misma dirección, Pinsolle critica la decisión de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en el caso “Publicis” (que comentamos más adelante), haciendo notar que el tribunal juzgó el carácter definitivo de la deci- sión cautelar por aplicación de las nor- mas del Derecho norteamericano, sin ha- ber analizado si ella era tal conforme el Derecho de la sede del arbitraje (95) .
Sin embargo, una aclaración es rele- vante, a la luz de lo dispuesto en el artícu- lo VII de la Convención. Con base en el principio de “máxima eficacia” de la pro- pia Convención, ella establece que sus disposiciones “n(o) privarán a ninguna
A título de curiosidad, debe mencionarse, sin embargo, que las tres sentencias judiciales a que hacemos referencia en el capítulo siguiente, omitieron examinar si la decisión calificaba o no como laudo en los respectivos lugares donde los tribunales arbitrales tenían su sede, analizando la cuestión únicamente a la luz de su propia legislación.
“(A)n arbitral award providing for interim relief can be enforced under the Convention, provided that an arbitral decision providing for interim relief constitutes an arbitral award at the place of arbitration”. VAN DEN BERG. Op. cit. Asimismo, BERAUDO, Jean-Paul. Recognition and enforcement of interim measures of protec- tion ordered by arbitral tribunals. A Comparison with the Republic of Congo Pre-arbitral Referee Case. En:
Journal of International Arbitration. Volumen 22. Número 3, 2005. pp. 245 y siguientes, con cita de Poudret y Besson.
ZULETA, Eduardo. ¿Qué es una sentencia o laudo arbitral? El laudo parcial, el laudo final y el laudo interino. En: TAWIL, Guido S. y ZULETA, Eduardo (directores). El arbitraje comercial internacional. Estudio de la Con- vención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario. Buenos Aires: Universidad del Rosario, Univer- sidad de Buenos Aires y Abeledo-Perrot, 2008. pp. 50 y siguientes.
PINSOLLE. Op. cit.
de las partes interesadas de cualquier de- recho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los trata- dos del país donde dicha sentencia se in- voque” (artículo VII). Por lo tanto, si para el Derecho interno del país de la ejecu- ción una medida cautelar es un laudo, la Convención no parece oponerse. De modo que, si una medida cautelar no fuese con- siderada un laudo por la lex arbitri pero sí lo fuese de conformidad con las nor- mas internas del juez del exequátur, éste debería aplicar su propia legislación, que resultaría más favorable a la ejecución.
5. ALGUNAS DECISIONES JU- DICIALES
La jurisprudencia sobre la materia no es abundante. Tampoco es consistente, como puede verse en la reseña siguiente, que ilustra sobre las diferentes interpreta- ciones que los tribunales han efectuado.
5.1. “Resort Condominiums” (Australia)
En el caso “Resort Condominiums” (96) la Corte Suprema de Queensland resolvió que una medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral con sede en el extranjero no es un laudo en el sentido de la Con- vención de Nueva York, y no puede ser ejecutada al amparo de ese tratado.
Resort Condominiums International Inc. (RCI), una empresa que administra-
ba un sistema de tiempo compartido, ce- lebró un contrato de licencia o franquicia con Resort Condominiums Pty Ltd. Aus- tralasia (RCP) concediendo a esta última los Derechos para explotar el negocio en Australia, Fiji, Nueva Zelanda y Tahití, a cambio del pago de una regalía. El con- trato contenía una cláusula sometiendo las disputas a arbitraje, con sede en Indiana (EE.UU.), bajo las reglas de la American Arbitration Association.
Surgidas ciertas controversias entre las partes, y luego de algunas inciden- cias judiciales, el tribunal arbitral cons- tituido para conocer del caso dictó una “orden y sentencia cautelar” (interim ar- bitration order and award), ordenando
a RCP que cesara de actuar como fran-
quiciado y se abstuviera de celebrar acuerdos con otras empresas a esos mis- mos fines, hasta tanto se dictase el laudo definitivo. RCI pidió, ante los tribunales
australianos, la ejecución de esta orden, petición que fue finalmente rechazada por la Corte Suprema de Queensland.
Consideró la Corte que esa clase de órdenes son de naturaleza interlocutoria
y procedimental y no tienen como objeto
–ni como efecto– resolver las disputas surgidas entre las partes ni adjudicar los Derechos que a cada una de ellas corres- ponde. Son esencialmente provisorias y susceptibles de ser revocadas, suspendi- das o modificadas por el mismo tribunal que las dictó (97) . No se trata, sostuvo, de laudos (awards) que puedan ser ejecutados
Supreme Court of Queensland, 29/10/1993, in re Resort Condominiums International Inc. v. Bolwell, Yearbook of Commercial Arbitration. Volumen XX, 1995. pp. 628 y siguientes.
“These orders (…) are clearly of an interlocutory and procedural nature and in no way purport to finally resolve the disputes or any of them referred by RCI for decision or to finally resolve the legal rights of the parties. They are provisional only and liable to be rescinded, suspended, varied or reopened by the tribunal
Supreme Court of Queensland, 29/10/1993, in re Resort Condominiums
which pronounced them ( International Inc., citado.
al amparo de la Convención de Nueva York. En opinión de la Corte, la Conven- ción de Nueva York no contempla, como ejecutable, ninguna clase de laudo u or- den diferente de una decisión que deter- mine todas o algunas de las materias so- metidas a decisión de los árbitros, que además de vinculante para las partes, sea “final”. Y ello no sucede con las medidas cautelares, que no cumplen esas condicio- nes al resultar esencialmente precarias y modificables (98) . Por ello, concluyó que la “orden y sentencia cautelar” dispuesta por los árbitros no era una “sentencia ar- bitral” en el sentido que a este término le asigna la Convención de Nueva York. No obstante, la Corte concedió que la cues- tión era dudosa, y por “si las conclusio- nes precedentes fueran incorrectas”, ana- lizó las razones de fondo que justificaban denegar la ejecución. A consecuencia de ese análisis, determinó que “si la medida cautelar fuese un laudo en el sentido de la Convención y de la Ley de Arbitraje”, su ejecución debía ser denegada por consi- derarla contraria al Orden Público (99) .
5.2. “Publicis” (EE.UU.)
En sentido contrario, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito consi-
deró, en el caso “Publicis” (100) , que una medida cautelar es ejecutable, en los EE.UU., al amparo de la Convención de Nueva York.
En el caso, Publicis Communication (Publicis) y True North Communications (True North), habían acordado separarse tras haber mantenido un contrato de joint venture durante casi diez años. En el acuerdo de desvinculación incluyeron una cláusula tendiente a que las controversias que resultaran de él fuesen resueltas por arbitraje, con sede en Londres, adminis- trado por la London Court of Internatio- nal Arbitration, con aplicación del Regla- mento de Arbitraje de UNCITRAL.
Surgida una disputa acerca de la obligación de Publicis de enviar a True North cierta documentación sobre el pago de impuestos que ésta alegaba te- ner que presentar ante la oficina de im- puestos norteamericana, el tribunal arbi- tral dictó una “orden” exigiendo a Publi- cis el envío de cierta información a su contraparte. Incumplida esta orden por parte de Publicis, True North solicitó su “confirmación” ante los tribunales de Illi- nois, como paso previo a obtener la eje- cución compulsiva de esa medida.
“It does not appear that the Act or Convention contemplates any type of ‘award’ or ‘order’ of an arbitrator, other than an award which determines at least all or some of the matters referred to the arbitrator for decision (…) Whilst it is true that a valid interlocutory order is in one sense ‘binding’ on the parties to the arbitration agreement at least until it is varied or discharged by the tribunal which made it, (it is) clear that the award which may be enforced must be an award which is ‘final’ and ‘binding’ on the parties. An interlo- cutory order which may be rescinded, suspended, varied or reopened by the tribunal which pronounced it, is not ‘final’ and binding on the parties as referred to earlier in these reasons”. Supreme Court of Queens- land, 29/10/1993, in re Resort Condominiums International Inc., citado.
“In the result, I conclude that the ‘Interim Arbitration Order and Award’ made by the arbitrator on 16 July 1993 is not an ‘arbitral award’ within the meaning of the Convention (…) However, in the event that the foregoing conclusions are incorrect, I should deal with the points raised in opposition to recognition and enforcement, on the basis that the order is a foreign award”. Supreme Court of Queensland, 29/10/1993, in re Resort Condominiums International Inc., citado.
US Court of Appeal for the Seventh Circuit, 14/03/2000, in re Publicis Communication v. True North Com- munication, 206 F.3d 725 (7th Cir. 2000).
Al conocer del recurso interpuesto contra la decisión del Juez de Distrito, la Corte de Apelaciones entró de lleno al análisis de la naturaleza de esa “orden” emitida por los árbitros, ante la oposición de Publicis, que alegaba que la Conven- ción de Nueva York sólo admite la ejecu- ción de laudos (awards), debiendo enten- derse por tales únicamente a las decisio- nes que sean “finales”. La Corte de Ape- laciones señaló, en primer lugar, que la denominación que el tribunal le había dado a su decisión era irrelevante, y que para admitir o denegar su ejecución era preciso analizar su naturaleza, con abstrac- ción del nombre que se le hubiese dado, porque ello significaría un formalismo inadmisible (101) . Así, examinó la decisión adoptada por los árbitros, encontrando que ella era “final”, en tanto resolvía una cuestión controvertida que le había sido
sometida, e imponía a Publicis un plazo estricto para su cumplimiento (102) .
La Corte tomó asimismo en consi- deración, por analogía, otros precedentes –algunos del mismo tribunal y otros de diferentes Cortes de Apelaciones–, en los que se había resuelto que constituían lau- dos susceptibles de impugnación judicial al amparo de la Federal Arbitration Act, por ejemplo, las siguientes decisiones ar- bitrales: (i) Una medida cautelar consis- tente en ordenar a una parte entregar una carta de crédito para asegurar el eventual resultado del laudo (103) ; (ii) Una medida cautelar consistente en ordenar la forma- ción de una cuenta escrow por el monto reclamado (104) ; (iii) Una medida cautelar consistente en ordenar a una parte conti- nuar ejecutando el contrato hasta que se dicte el laudo definitivo (105) .
“Publicis’ position is that an arbitral ruling can be final in every respect, but unless the document bears the word ‘award’ it is not final and is unenforceable. This is extreme and untenable formalism. The New York Convention, the United Nations arbitration rules, and the commentators’ consistent use of the label ‘award’ when discussing final arbitral decisions does not bestow transcendental significance on the term. Their treatment of ‘award’ as interchangeable with final does not necessarily mean that synonyms such as decision, opinion, order, or ruling could not also be final. The content of a decision –not its nomenclature– determines finality”. US Court of Appeal for the Seventh Circuit, 14/03/2000, in re Publi- cis Communication, citado.
“As to whether Publicis had to turn over to True North tax records from 1994 to 1996, the arbitration tribunal’s October 30 order appears final. The tribunal summarized True North’s position that its claim ‘is extremely
urgent’ and Publicis’ contention that ‘no urgency exists and that the matter (
with the other claims’. The tribunal concluded that True North’s claim ‘is well founded’, said that interim measures were necessary, and directed Publicis to provide the 1994-1996 tax records to True North by November 23, 1998 (…). The tribunal’s order resolved the dispute, or was supposed to, at any rate. Produ- cing the documents wasn’t just some procedural matter: it was the very issue True North wanted arbitrated. The finality of the tribunal’s ruling is demonstrated by the deadline (…). A ruling on a discrete, time-sensitive issue may be final and ripe for confirmation even though other claims remain to be addressed by arbitra- tors”. US Court of Appeal for the Seventh Circuit, 14/03/2000, in re Publicis Communication, citado.
US Court of Appeal for the Seventh Circuit, 7/10/1994, in re Yasuda Fire & Marine Insurance Company of Europe v. Continental Casualty Company, 37 F.3d 345 (7th Cir. 1994).
US Court of Appeals for the Ninth Circuit, 5/06/1991, in re Pacific Reinsurance Management Corp. v. Ohio Reinsurance Corp., 935 F.2d 1019 (9th Cir. 1991). Hizo notar la Corte que, dada la importancia que las medidas cautelares tienen en orden a garantizar el sentido y la utilidad de los procesos arbitrales, su ejecución por los tribunales judiciales es esencial para preservar la integridad del arbitraje.
US Court of Appeals for the Sixth Circuit, 15/03/1984, in re Island Creek Coal Sales Co. v. City of Gaines- ville, 729 F.2d 1046. Esa decisión, dijo la Corte, es final porque resuelve definitivamente un aspecto de la controversia (si la parte debe continuar o no ejecutando el contrato durante el proceso arbitral), y es una decisión separada e independiente de las demás que deberá adoptar el tribunal en el laudo definitivo.
may be decided (
5.3. “Forever Living” (Argentina)
Aunque esta sentencia puede, inad- vertidamente, ser computada entre las que no consideran que las medidas cautelares sean laudos, esa conclusión no parece consistente con los verdaderos fundamen- tos por los cuales se denegó la ejecución de una medida cautelar dispuesta por un tribunal arbitral con sede en el extranjero.
En el caso (106) , Forever Living Pro- ducts Argentina S.R.L., Forever Living Products International Inc. y Aloe Vera of América Inc. (colectivamente, Forever Living) habían celebrado un contrato de- signando como “gerente de país” a Juan Beas y Antonia Moreno, para la adminis- tración de la firma local. El contrato con- tenía una cláusula sometiendo las contro- versias que pudieran surgir como conse- cuencia del contrato a arbitraje, con sede en Arizona (EE.UU.).
El árbitro designado dispuso –caute- larmente y hasta tanto se dictase el laudo definitivo– prohibir a los demandados la divulgación de toda clase de información confidencial recibida por ellos con motivo del contrato, y abstenerse de ejercer cual- quier acto comercial que compita con la actividad de Forever Living Products Ar- gentina S.R.L. Obtenida la medida caute- lar, Forever Living pidió su reconocimien- to y ejecución por vía de exequátur ante los tribunales argentinos. Concedido el re- conocimiento en primera instancia, los de- mandados apelaron. La Cámara de Apela- ciones revocó la sentencia y denegó el re- conocimiento de la medida cautelar.
En su dictamen previo, aunque el Fiscal hizo notar que, en los tratados in- vocados por los peticionantes (107) , “no se hace mención a la traba de medidas cau- telares ordenadas por árbitros”, el ver- dadero fundamento de su opinión contra- ria al reconocimiento fue el siguiente: “no advierto que emanen en forma clara las facultades del árbitro para dictar la cita- da medida”. La Cámara de Apelaciones, luego de señalar que “los fundamentos del dictamen fiscal, compartidos por este tri- bunal, son adecuados para estimar el re- curso”, acotó que: “de un lado, la cláu- sula de arbitraje contenida en el contra- to no prevé el dictado de medidas caute- lares como las que aquí se pretende eje- cutar; del otro, que la Ley 23.619 –que ratifica la Convención sobre el reconoci- miento y ejecución de las sentencias ar- bitrales extranjeras– dispone en su artí- culo V (inc. c), que se podrá denegar el reconocimiento y ejecución de la senten- cia a instancia de la parte contra la cual es invocada si contiene decisiones que ex- ceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria”.
Como puede apreciarse, la decisión de no reconocer y ejecutar una medida cautelar extranjera no se basó en que las decisiones cautelares no son laudos o que no están comprendidas en el concepto de sentencia de la Convención de Nueva York. Sin mayores argumentos (y sin ha- ber verificado si el reglamento aplicable o la lex arbitri lo permitían), lo que sos- tuvo es que se trataba de decisiones “que exced(ía)n los términos del acuerdo arbitral”.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, 11/04/2002, in re Forever Living Products Argen- tina S.R.L. c. Beas, Juan. En: La Ley, 2003-C-676.
La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias adoptada por la CIDIP I, Panamá, 1975; el Protocolo Adicional adoptado por la CIDIP II, Montevideo, 1979; y la Convención de Nueva York.
Más allá de lo erróneo de esta afirmación, que vuelve a los tiempos en que se discu-