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Timestamp: 2020-07-10 00:05:33
Document Index: 236511576

Matched Legal Cases: ['Artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 149', 'artículo 11', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 30', 'artículo 1', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'artículo 53', 'Artículo 22', 'artículo 7', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'artículo 76', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 517', 'Artículo 93', 'artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'artículo 77', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'artículo 31', 'artículo 96', 'artículo 94', 'artículo 4', 'artículo 1']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1998-12320
Documento consolidado BOE-A-1998-12320
Ley 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de Cataluña.
«DOGC» núm. 2632, de 05/05/1998, «BOE» núm. 127, de 28/05/1998.
BOE-A-1998-12320
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/1998/04/17/5/con
Modificación publicada el 06/07/2007
Modificación publicada el 29/05/2000
Texto inicial publicado el 05/05/1998
Artículo 93 bis
Artículo 93 ter
Artículo 93 quáter
Artículo 93 quinquies
Norma derogada, con efectos de 30 de marzo de 2020, por la disposición derogatoria 1.a) y disposición final 2.1 de la Ley 10/2019, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2020-443
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de Cataluña.
Cataluña cuenta con 580 kilómetros de costa, que tradicionalmente han ocupado un lugar preeminente en su proyección mediterránea.
Los puertos de Cataluña, en un principio destinados al comercio y a la actividad pesquera, se han ido transformando como resultado de una serie de procesos económicos y sociales, condicionados por la propia función que desarrollan, con el consiguiente resultado que comporta la configuración de unas infraestructuras portuarias con carácter multifuncional a lo largo de nuestra costa.
Por otra parte, la larga tradición de la práctica de los deportes náuticos en Cataluña, propiciada principalmente por los clubes náuticos, y el incremento progresivo del número de aficionados a la náutica deportiva, significó en una primera etapa la utilización y el aprovechamiento de las infraestructuras de los puertos comerciales para la construcción de dársenas destinadas a embarcaciones deportivas, que evolucionó en una etapa posterior hacia la construcción de puertos específicamente destinados a la navegación deportiva y de recreo. En este sentido, la práctica deportiva, que inicialmente se situó dentro de los puertos comerciales y pesqueros, con cuyas actividades todavía se compagina en muchos de éstos, se ha ido consolidando con la construcción de puertos expresamente destinados a esta finalidad, fruto de la creciente utilización de embarcaciones menores.
El conjunto de los puertos y de las instalaciones náuticas de nuestro litoral constituye un sistema portuario que cubre las necesidades del transporte marítimo en la triple vertiente, comercial, pesquera y deportiva, y que se puede configurar básicamente en dos grupos de acuerdo con la gestión correspondiente: Los puertos gestionados directamente por la Administración de la Generalidad y los puertos y las dársenas construidos y explotados en régimen de concesión administrativa, fruto de la promoción y de la inversión privadas.
Desde esta perspectiva, la presente Ley pretende dar respuesta a las necesidades reales que piden los destinatarios del servicio portuario, ya sean usuarios de los puertos gestionados por la propia Administración, ya lo sean de los puertos que gestionan los titulares de con cesiones administrativas, con las especificidades propias de cada sector.
Se crea la entidad de derecho público Puertos de la Generalidad, a la cual corresponden las funciones asignadas por la presente Ley.
Por lo que respecta a los puertos de promoción privada, construidos y gestionados a través de concesión administrativa y que se destinan principalmente a las embarcaciones deportivas y de recreo, la Ley pretende incidir de una forma significativa no solamente en la obra pública que ellos mismos implican, sino también en la prestación del servicio al que la obra sirve de soporte. Las funciones administrativas encaminadas al otorgamiento de la concesión y también a su control y su tutela se mantienen a favor del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas mediante la Dirección General competente en materia de puertos.
En la regulación del procedimiento de otorgamiento de concesiones para la construcción y la explotación de los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas, se establece la coordinación necesaria entre las diferentes administraciones con competencias concurrentes, y también los mecanismos que garanticen la viabilidad de la construcción y explotación de la obra.
Con relación a los usos permitidos en las zonas de servicio portuarias, la Ley reconoce la singularidad que reviste su gestión. Los puertos constituyen una realidad económica y social y un elemento dinamizador de la economía del municipio y de su área de influencia y, en este sentido, han ido incorporando una considerable oferta complementaria que, estrechamente vinculada y complementaria de la actividad principal, contribuye a su rentabilidad.
Por otra parte, se ha considerado necesario regular las urbanizaciones marítimo-terrestres equiparándolas a los puertos convencionales, con las especificaciones propias de una instalación de estas características.
Finalmente, se regula el régimen de policía tipificando las infracciones y las sanciones en el ámbito portuario.
El artículo 9.15 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de puertos, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.20 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en relación a los puertos de interés general, la marina mercante, el abanderamiento de buques, la iluminación de costas y las señales marítimas. Asimismo, corresponde a la Generalidad la potestad de ejecución de la legislación estatal con relación a los puertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa, en virtud del artículo 11.8 del Estatuto de Autonomía.
De acuerdo con las disposiciones constitucionales y estatutarias, mediante el Real Decreto 2876/1980, de 12 de diciembre, se procedió a los traspasos de funciones y de servicios de la Administración del Estado a la Generalidad en materia de puertos, y se transfirió la titularidad de todos los puertos, sujetos o no a régimen de concesión, existentes en el litoral catalán, salvo los puertos de Barcelona y de Tarragona. También se traspasó todo el resto de instalaciones portuarias menores de carácter deportivo existentes en Cataluña.
Mediante la Ley 4/1982, de 5 de abril, se creó la Comisión de Puertos de Cataluña, organismo autónomo encargado de la gestión del servicio público portuario. Esta Ley fue desarrollada posteriormente mediante el Decreto 325/1992, que aprobaba el Reglamento de gestión de los puertos adscritos a la Comisión de Puertos de Cataluña.
La necesidad de regular de una forma unitaria la competencia asumida estatutariamente avala la oportunidad de elaborar una normativa propia que regule tanto los puertos gestionados directamente por la Administración de la Generalidad como los puertos y las dársenas construidos y explotados en régimen de concesión administrativa.
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Se modifica el apartado 1 por el art. 53.1 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-737.
Texto original, publicado el 05/05/1998, en vigor a partir del 06/05/1998.
Artículo 4. Elementos y características técnicas.
Artículo 5. Estructura administrativa.
1. Las competencias que en materia de puertos corresponden a la Generalidad se ejercen mediante el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y la entidad de derecho público Puertos de la Generalidad, de acuerdo con lo que establecen la presente Ley y las normas reglamentarias que la desarrollen.
2. A efectos de la presente Ley, tienen la consideración de Administración portuaria el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y Puertos de la Generalidad.
1. Corresponde al Gobierno de la Generalidad la aprobación definitiva de los proyectos que comportan la construcción de nuevos puertos y el otorgamiento, si procede, de las concesiones para su construcción y explotación.
2. Corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas:
a) La aprobación definitiva de los proyectos de ampliación de un puerto que impliquen una ampliación del dominio público marítimo-terrestre ocupado.
b) La aprobación definitiva de los proyectos de construcción de dársenas, de instalaciones marítimas y de marinas interiores de competencia de la Generalidad, y el otorgamiento, si procede, de la concesión para su construcción y explotación.
c) La aprobación definitiva de los anclajes de los puertos naturales, de acuerdo con los planes de usos de temporada, con el informe previo vinculante de los órganos competentes en materia de marina mercante, y la resolución sobre su gestión. El Departamento de Medio Ambiente emitirá un informe con carácter preceptivo antes de la aprobación definitiva.
3. Corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, mediante la Dirección General competente en materia de puertos, la tutela y el control de los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas y las marinas interiores sujetas a concesión de construcción y de explotación, de acuerdo con las disposiciones del título de concesión respectivo y con plena sujeción a la presente Ley y a su desarrollo reglamentario y, en particular, la autorización para hacer obras y actividades congruentes con los usos portuarios en las respectivas zonas de servicio.
4. La aprobación de los proyectos y las obras a que se refiere el presente artículo se entiende sin perjuicio de las competencias urbanísticas municipales y, de acuerdo con lo que establece el artículo 30, sin perjuicio del otorgamiento de la correspondiente licencia de obras.
Entidad de derecho público Puertos de la Generalidad
Creación y funciones de Puertos de la Generalidad
1. Se crea la entidad de derecho público Puertos de la Generalidad, con personalidad jurídica propia, de las reguladas por el artículo 1.b) de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la Empresa Pública Catalana, la cual se adscribe al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, tiene como finalidad gestionar el dominio público portuario de la Generalidad que se le encomiende y los fondos que le sean adscritos, en la forma establecida por la presente Ley y ajusta su actividad al derecho privado, con carácter general. No obstante, queda sometido al derecho público:
a) El régimen de funcionamiento de los órganos colegiados.
b) Las relaciones con el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y con otros entes públicos.
c) Las relaciones jurídicas externas que se deriven de actos de limitación, intervención, control y sancionadores, los expropiatorios y, en general, cualquier acto que implique actuación de soberanía o ejercicio de potestades administrativas.
2. Puertos de la Generalidad tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa y económica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines de forma que garantice la eficacia y la diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios.
3. De acuerdo con las normas por las cuales se rige, puede adquirir, incluso como beneficiario de expropiación forzosa, poseer, reivindicar, permutar, gravar o alienar toda clase de bienes, concertar créditos y contratos, establecer y explotar obras y servicios, obligarse, interponer recursos, ejercer acciones judiciales y ejecutar las actividades reguladas por las Leyes.
Para la consecución de sus objetivos, Puertos de la Generalidad ejerce las funciones siguientes:
a) La organización, la gestión y la administración de los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas y las marinas interiores que gestione directa o indirectamente el ente público, incluida la gestión, recaudación y revisión de los tributos portuarios, así como la planificación, la confección de proyectos, la ejecución y la conservación de sus obras e instalaciones, de acuerdo con la normativa urbanística aprobada.
b) La ordenación de los usos dentro de las zonas portuarias y la formulación de los instrumentos de planeamiento portuario establecidos por la presente Ley que, de acuerdo con la planificación urbanística, prevean su desarrollo.
c) La dirección, la organización y la gestión de los servicios afectos al dominio público portuario que tenga adscritos, la dirección de servicios complementarios y especiales; el practicaje, el remolque y el amarre; la recogida de residuos procedentes de buques, y el régimen de policía y de circulación por los muelles y la zona de servicio.
d) La formulación de planes de emergencia del puerto, conjuntamente con los municipios y de conformidad con la normativa sectorial aplicable.
e) La gestión de la señalización portuaria y el otorgamiento de las concesiones de la retirada de residuos Marpol.
f) En general, cualquier otra función necesaria para facilitar el tráfico marítimo portuario y conseguir la rentabilidad y la productividad de la explotación del dominio público portuario que tenga adscrito.
Se modifica la letra a) por el art. 53.2 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-737.
Artículo 9. Zonas portuarias.
1. Para llevar a cabo sus funciones, Puertos de la Generalidad se organiza territorialmente en las siguientes zonas portuarias:
a) Zona portuaria norte, que tiene como límites territoriales desde la frontera de Francia hasta el río Tordera.
b) Zona portuaria centro, que tiene como límites territoriales desde el río Tordera hasta el término municipal de Cubelles con Cunit.
c) Zona portuaria sur, que tiene como límites territoriales desde el término municipal de Cunit hasta el río Senia.
2. Las zonas portuarias de Puertos de la Generalidad definidas por el apartado 1 se agruparán organizativamente.
Artículo 10. Dominio público portuario adscrito a Puertos de la Generalidad.
Integran el dominio público portuario adscrito a Puertos de la Generalidad los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas que se enumeran en el anexo y los que se le adscriban por acuerdo del Gobierno.
Artículo 11. Órganos.
Los órganos de la entidad Puertos de la Generalidad son los siguientes:
c) De consulta y asistencia:
Se modifica la letra c) por el art. 135 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-12320.
Artículo 12. Comité Ejecutivo.
1. El Comité Ejecutivo es el órgano rector colegiado de Puertos de la Generalidad y está constituido por los miembros siguientes:
c) El Gerente o la Gerente, con voz y sin voto.
d) Un número de vocales que debe determinar el Gobierno, entre los cuales tiene que haber necesariamente representantes de la Administración de la Generalidad, de las administraciones locales y de las entidades cuya actividad esté relacionada con las competencias de Puertos de la Generalidad. Los representantes de las administraciones locales deben ser como mínimo dos en representación de los municipios en cuyo término municipal hay un puerto adscrito a Puertos de la Generalidad.
2. El vicepresidente o vicepresidenta substituye el presidente o presidenta en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejerce las funciones que le son encomendadas o delegadas por el presidente o presidenta.
3. A las reuniones del Comité Ejecutivo asiste un Secretario o Secretaria, con voz y sin voto, designado por el Presidente o Presidenta.
4. Cuando el orden del día de la sesión incluya la consideración específica de un tema que pueda afectar a un colectivo determinado, se consultará a algún representante de este colectivo.
Se modifica el apartado 1.d) por el art. 136 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
Se modifica el apartado 2 por el art. 64.1 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2002-1485.
Artículo 13. Funciones del Comité Ejecutivo.
1. Corresponde al Comité Ejecutivo:
a) Fijar las directrices generales de actuación del ente, de conformidad con los objetivos generales de política portuaria del Gobierno de la Generalidad.
b) Aprobar el anteproyecto de programa de actuación, de inversiones y de financiación de Puertos de la Generalidad correspondiente al ejercicio siguiente.
c) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de explotación y de capital del ente, el balance anual y la memoria de Puertos de la Generalidad.
d) Proponer al Presidente o Presidenta la aprobación de los contratos.
e) Autorizar la inscripción en el censo de la entidad de consignatarios de las empresas de estiba y comercializadoras de pescado, teniendo en cuenta el censo actual u otros.
g) Acordar la constitución de consorcios, con la autorización previa del Gobierno de la Generalidad.
h) Otorgar concesiones y autorizaciones para la ocupación de superficie de dominio público en las zonas portuarias y para el derecho de utilización de las instalaciones y proceder a la modificación, el rescate, la reversión y la caducidad o la extinción de las mismas, de acuerdo con los pliegos de condiciones generales aprobados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.
i) Aprobar provisionalmente, de acuerdo con la normativa urbanística correspondiente, los proyectos de obras a ejecutar por Puertos de la Generalidad.
j) Adoptar acuerdos en materia de tributos portuarios y precios privados.vas normas relativas a los servicios portuarios.
l) Emitir informe sobre las normas generales relativas a los servicios portuarios.
m) Formular y proponer al Consejero o Consejera de Política Territorial y Obras Públicas, con el informe municipal previo, la aprobación del plan de delimitación de la zona de servicio portuaria y, en su caso, el plan especial del sistema portuario.
n) Ejercer las funciones de policía que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y controlar, en la operativa portuaria de competencia de la Generalidad, el cumplimiento de los reglamentos de mercancías peligrosas, los de seguridad e higiene y los de los sistemas de seguridad y de incendios, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos de la Generalidad.
2. El Comité Ejecutivo puede delegar en el Gerente o la Gerente y en el Presidente o Presidenta las funciones atribuidas en el apartado 1, salvo las que por Ley sean indelegables.
3. El Comité Ejecutivo se reúne en sesiones ordinarias con una periodicidad trimestral. También se puede reunir en sesiones extraordinarias, siempre que lo acuerde el Presidente o Presidenta o a petición, por lo menos, de una tercera parte de sus miembros.
Se suprime el apartado 4 por el arat. 137 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
Se modifica el apartado 1.j) por el art. 53.3 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-737.
Artículo 14. La Presidencia.
El presidente o presidenta y el vicepresidente o vicepresidenta del ente son nombrados por el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.
Se modifica por el art. 64.2 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2002-1485.
1. El Presidente o Presidenta de Puertos de la Generalidad lo es también de su Comité Ejecutivo y le corresponden las funciones siguientes:
a) Ejercer la representación de Puertos de la Generalidad y del Comité Ejecutivo.
b) Convocar las reuniones del Comité Ejecutivo, señalando el lugar, el día, la hora y el orden del día.
c) Presidir y dirigir las sesiones del Comité Ejecutivo y dirimir los empates con su voto de calidad.
d) Autorizar con su firma el acta de sesiones y de certificaciones.
e) Acordar contratos y convenios, como órgano de contratación de Puertos de la Generalidad.
f) Acordar el ejercicio de las acciones y los recursos que corresponden a la entidad en defensa de sus intereses ante las Administraciones públicas y los Tribunales de Justicia.
g) Las que, si procede, le delegue el Comité Ejecutivo.
h) Cualquier otra función que no sea asignada por la presente Ley a los otros órganos del ente.
2. El Presidente o Presidenta de Puertos de la Generalidad puede delegar sus funciones en el Vicepresidente o Vicepresidenta.
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 150, de 24 de junio de 1998. Ref. BOE-A-1998-14943.
Sección 2.ª Órganos de gestión
Artículo 16. La Gerencia.
1. El Gerente o la Gerente lleva a cabo la gestión ordinaria de Puertos de la Generalidad bajo la dirección del Presidente o Presidenta y del Comité Ejecutivo, el cual propone para su nombramiento al Consejero o Consejera de Política Territorial y Obras Públicas.
2. Corresponde al Gerente o la Gerente el ejercicio de las funciones siguientes:
a) Gestionar y dirigir el ente en los aspectos administrativos y técnicos.
b) Dirigir los recursos humanos, y también organizar el funcionamiento interno de Puertos de la Generalidad y ejecutar los acuerdos del Comité Ejecutivo en esta materia.
c) Gestionar los recursos económicos y ordenar los gastos y los pagos, dentro de los límites establecidos por el Comité Ejecutivo.
d) Proponer al Comité Ejecutivo la aprobación de la plantilla y el régimen retributivo del personal.
e) Aprobar en los aspectos técnicos los proyectos de obras.
f) Proponer al Presidente o Presidenta, a petición del Comité Ejecutivo, la formalización de contratos y de convenios.
g) Elaborar y presentar al Comité Ejecutivo el anteproyecto de presupuesto de explotación y de capital, las cuentas y la memoria anual de Puertos de la Generalidad.
h) Elaborar y presentar al Comité Ejecutivo el anteproyecto de programa de actuación, de inversión y de financiación.
i) Elaborar y proponer al Comité Ejecutivo las normas generales de los servicios portuarios.
j) Proponer al Comité Ejecutivo la constitución de consorcios.
k) Impulsar los expedientes sancionadores que en el ámbito de Puertos de la Generalidad puedan tramitarse y elevar la propuesta de resolución a los órganos competentes para imponer sanciones.
l) Ejercer las facultades que le sean delegadas por el Comité Ejecutivo y por la Presidencia.
[Bloque 27: #s3]
Sección 3.ª Órganos de consulta y asistencia
Artículo 17. Consejo Asesor.
1. El Consejo Asesor de Puertos de la Generalidad es el órgano en el que están representados todos los sectores interesados en el ámbito portuario catalán, a fin de cooperar en la consecución de los objetivos que le son propios.
2. El Consejo Asesor de Puertos de la Generalidad está integrado por el presidente o presidenta del ente, por el vicepresidente o vicepresidenta, por el gerente o la gerente y por un número de vocales que debe determinar el Gobierno, entre los cuales debe haber necesariamente representantes de la Administración de la Generalidad, de las administraciones locales en cuyo término municipal haya un puerto adscrito a Puertos de la Generalidad y de las entidades cuya actividad esté relacionada con las competencias de Puertos de la Generalidad.»
3. El secretario o secretaria del Consejo Asesor de Puertos de la Generalidad es el mismo que el del Comité Ejecutivo del ente y asiste a las sesiones con voz y sin voto.
4. El Consejo Asesor se reúne en sesión ordinaria al menos dos veces al año, y en sesión extraordinaria siempre que lo soliciten el presidente o presidenta o un tercio de los miembros.
Se modifica por el art. 138 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
a) Informar sobre el anteproyecto de presupuesto de explotación y de capital de Puertos de la Generalidad.
b) Proponer al Comité Ejecutivo la aprobación de las normas generales relativas a los servicios portuarios.
c) Informar sobre el programa de actuación, inversión y financiación de Puertos de la Generalidad.
d) Informar sobre el balance y la memoria anual de Puertos de la Generalidad.
e) Informar sobre la fijación de las tarifas y los cánones que debe aplicar Puertos de la Generalidad.
f) Informar sobre la constitución de consorcios.
g) Informar sobre las operaciones de crédito concertadas por la entidad.
h) Asesorar el ente en todas las cuestiones relacionadas con las actividades de Puertos de la Generalidad y emitir informe sobre cualquier asunto sobre el que sea consultado en el ámbito de sus competencias.
i) Informar sobre la propuesta de tarifas por los servicios que se presten y de las tasas que debe aplicar Puertos de la Generalidad.
j) Cualquier otra que le pueda ser conferida de acuerdo con la legislación vigente.
Se modifica por el art. 139 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-547.
[Bloque 30: #s4]
Sección 4.ª Zonas portuarias
Artículo 19. Estructura funcional.
1. Para el desarrollo de sus funciones, Puertos de la Generalidad cuenta con la estructura orgánica suficiente para atender sus objetivos, de acuerdo con las zonas en que se organiza territorialmente.
2. El responsable o la responsable territorial de cada zona portuaria lleva a cabo la gestión directa de la correspondiente zona portuaria y de las autorizaciones de actividad y de prestación de servicios portuarios, de acuerdo con las directrices que dicte el gerente o la gerente de Puertos de la Generalidad, y ejerce las funciones asignadas reglamentariamente.
Se modifica el apartado 2 por el art. 140 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
1. Los recursos de Puertos de la Generalidad son:
a) Los tributos portuarios y los ingresos que tengan el carácter de recursos de derecho privado obtenidos en el ejercicio de sus funciones.
b) Los productos de los cánones por concesiones y autorizaciones administrativas en los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas y las marinas interiores de titularidad de la Generalidad de Cataluña.
c) Las cantidades obtenidas por la alienación de activos fijos y por el rendimiento de los bienes y los valores que constituyen su patrimonio.
d) Las dotaciones o subvenciones que se consignen en los presupuestos de la Generalidad y el resto de subvenciones y de auxilios de cualquier otro tipo que pueda recibir de otras entidades públicas.
e) Los procedentes de los créditos, los préstamos y las otras operaciones financieras que puedan concertarse y que estén reflejadas en la Ley de Presupuestos de la Generalidad.
f) El producto del régimen sancionador establecido por la presente Ley.
g) El resto de ingresos que se autoricen.
2. Los recursos de Puertos de la Generalidad tienen carácter finalista, ya que se destinan a la consecución de los objetivos de la entidad, y por lo tanto a la mejora, las inversiones y el desarrollo del sistema portuario catalán de la competencia de la Generalidad.
Se modifica el apartado 1.a) por el art. 53.4 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-737.
Artículo 21. Régimen presupuestario y de contabilidad.
1. El presupuesto de Puertos de la Generalidad es anual y está sujeto a las disposiciones sobre presupuestos de las entidades de derecho público que deben ajustar su actividad al derecho privado, conforme a lo que dispone la Ley del Estatuto de la Empresa Pública Catalana.
2. Puertos de la Generalidad ordenará su contabilidad de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública y queda sometida al control financiero mediante auditorías, de acuerdo con lo que dispone el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas.
3. Puertos de la Generalidad suscribirá con la Generalidad, mediante el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y previo informe de los Departamentos de la Presidencia y de Economía y Finanzas, un Convenio que incluirá, como mínimo, las cláusulas recogidas por el artículo 53 del texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña. La duración del Convenio es de cuatro años, sin perjuicio de una actualización anual en función de las previsiones presupuestarias o de los objetivos.
Artículo 22. Régimen jurídico público y privado.
La actividad de Puertos de la Generalidad se rige, con carácter general, por el derecho privado en los términos establecidos por el artículo 7 y con las especificaciones determinadas por los artículos 23, 24, 25 y 26.
La contratación de obras, servicios y suministros de Puertos de la Generalidad se regirá por lo que establece la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, y garantizará los principios de publicidad y de libre concurrencia.
Artículo 24. Personal.
1. Las relaciones entre Puertos de la Generalidad y su personal se rigen por el Derecho Laboral, salvo las plazas que en atención a la naturaleza de su contenido quedan reservadas a funcionarios y funcionarias públicos.
2. La selección de personal de Puertos de la Generalidad se hará dentro de los límites presupuestarios, y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad y, salvo el personal directivo y de confianza, mediante publicidad.
Artículo 25. Régimen patrimonial.
El patrimonio de Puertos de la Generalidad está constituido por los bienes que le son adscritos y los que adquiera en virtud de cualquier título de acuerdo con la presente Ley. La gestión del patrimonio se ajusta a lo que disponen la Ley del Estatuto de la Empresa Pública Catalana y la legislación de patrimonio de la Generalidad.
Artículo 26. Recursos y actos administrativos.
1. Los recursos administrativos, reclamaciones y revisiones formulados contra los actos dictados en ejercicio de potestades administrativas por los órganos de gobierno y de gestión de Puertos de la Generalidad se rigen por lo establecido por la legislación sobre régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas.
2. Para la interposición de recursos administrativos, el Comité Ejecutivo tiene como órgano superior el presidente o presidenta de Puertos de la Generalidad.
3. Los actos administrativos del presidente o presidenta de Puertos de la Generalidad ponen fin a la vía administrativa.
Se modifica por el art. 141 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
[Bloque 41: #lii]
Artículo 27. Definición.
Artículo 28. Destinación.
Artículo 29. Delimitación.
Artículo 30. Actividades, instalaciones y construcciones permitidas.
[Bloque 47: #tii-2]
Artículo 31. Objeto, carácter y vigencia.
Artículo 32. Contenido.
Artículo 33. Redacción y aprobación.
Artículo 34. Actualización.
Artículo 35. Coordinación con el planeamiento urbanístico.
Artículo 36. Planificación urbanística general.
[Bloque 57: #tiii]
Artículo 38. Iniciativa pública.
Artículo 39. Convocatoria de concursos.
Artículo 40. Iniciativa privada.
Sección 1.ª Puertos artificiales
[Bloque 64: #ss1]
Subsección 1.ª Iniciación del procedimiento
Artículo 41. Solicitud de la concesión.
Artículo 42. Adecuación y viabilidad.
[Bloque 67: #ss2]
Artículo 43. Solicitud de informes.
Artículo 44. Informe de adscripción.
Artículo 45. Aprobación técnica.
Artículo 46. Información pública.
Artículo 47. Declaración de impacto medioambiental.
Artículo 48. Proyecto constructivo.
Artículo 49. Oferta de condiciones.
Artículo 50. Pluralidad de solicitudes.
2. A la vista de los informes recibidos, la Dirección General competente en materia de puertos aprobará técnicamente el proyecto que reporte una mayor utilidad pública. Únicamente si hay una identidad entre las solicitudes presentadas se tendrá en cuenta la fecha de presentación y se dará preferencia a la primera de las presentadas.
[Bloque 76: #ss3]
Subsección 3.ª Otorgamiento de la concesión
[Bloque 77: #a51]
Artículo 51. Resolución de otorgamiento y efectos.
Artículo 52. Naturaleza y duración.
Artículo 53. Condiciones del otorgamiento.
[Bloque 81: #ss4]
Subsección 4.ª Obras de construcción y protección del medio natural
[Bloque 82: #a55]
Artículo 55. Obras e instalaciones.
[Bloque 83: #a56]
Artículo 56. Protección del medio natural y de la calidad de las aguas marítimas.
[Bloque 84: #ss5]
Subsección 5.ª Explotación
[Bloque 85: #a57]
Artículo 57. Régimen general.
Artículo 58. Canon de ocupación.
Artículo 59. Servicios portuarios.
[Bloque 88: #a60]
Artículo 60. Cesión de elementos portuarios.
4. En la forma que se establezca por vía reglamentaria por razón de sus características específicas, en los puertos se reservará un porcentaje de la superficie total de los lugares de amarre y anclaje y de las plazas de estancia en tierra para el uso público de los buques y de las embarcaciones transeúntes. En cualquier caso, este porcentaje no puede ser inferior al 10 por 100.
[Bloque 89: #a61]
Artículo 61. Control administrativo.
[Bloque 90: #a62]
Artículo 62. Transmisión y constitución de garantías.
[Bloque 91: #a63]
Artículo 63. Modificación.
[Bloque 92: #a64]
Artículo 64. Extinción de la concesión: Causas.
[Bloque 93: #a65]
Artículo 65. Extinción por causa imputable al concesionario.
[Bloque 94: #a66]
Artículo 66. Extinción por mutuo acuerdo.
Artículo 67. Reversión.
Artículo 68. Continuación de la explotación.
Se añade el apartado 7 por el art. 29 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo. Ref. BOE-A-2000-11470.
Última actualización, publicada el 29/05/2000, en vigor a partir del 30/05/2000.
[Bloque 97: #s2-2]
Sección 2.ª Dársenas e instalaciones marítimas de la Generalidad
[Bloque 98: #a69]
Artículo 69. Concesión para la construcción y explotación.
[Bloque 99: #tiv]
Se modifica por el art. 142 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
[Bloque 100: #ci-4]
[Bloque 101: #s1-3]
[Bloque 102: #a70]
Artículo 70. Dominio público portuario de la Generalidad.
[Bloque 103: #a71]
Artículo 71. Utilización del dominio público portuario.
1. Para la utilización del dominio público portuario para usos en que concurran circunstancias especiales de exclusividad, intensidad, peligrosidad o rentabilidad, o que requieran la ejecución de obras o instalaciones, debe exigirse siempre el otorgamiento de la autorización o concesión administrativa correspondiente, que debe acreditar su canon o cánones, de conformidad con lo dispuesto por la presente ley.
Se modifica el apartado 1 por el art. 143 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
[Bloque 104: #a72]
Artículo 72. Procedimiento de otorgamiento.
1. El procedimiento para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público portuario puede iniciarse de oficio mediante la convocatoria del concurso correspondiente o a instancia de una persona física o jurídica interesada.
4. El plazo para resolver y notificar el procedimiento de otorgamiento de concesiones administrativas para la ocupación del dominio público portuario de la zona de servicios de los puertos adscritos a Puertos de la Generalidad, por un período superior a tres años o por otro inferior pero con obras o instalaciones no desmontables, es de nueve meses. Transcurrido este plazo, la solicitud se entiende desestimada.
Se modifica por el art. 144 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
Artículo 73. Título de otorgamiento.
Artículo 74. Fianza definitiva.
Artículo 75. Modificación, extinción y revocación.
Artículo 76. Registro de usos.
[Bloque 109: #s2-3]
Sección 2.ª Autorizaciones
[Bloque 110: #a77]
Artículo 77. Ámbito.
6. El ejercicio de actividades en los espacios portuarios está sujeto a comunicación previa cuando no implique la ocupación privativa del dominio público portuario y su duración no exceda de un mes, sin perjuicio de lo dispuesto por el apartado 1. La comunicación previa debe presentarse diez días antes del inicio de la actividad.
Se añade el apartado 6 por el art. 145 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
Última actualización, publicada el 30/12/2011, en vigor a partir del 30/12/2011.
[Bloque 111: #a78]
Artículo 78. Extinción y revocación.
[Bloque 112: #a79]
Artículo 79. Prohibición de vertidos.
[Bloque 113: #a80]
Artículo 80. Recepción de residuos.
[Bloque 114: #a81]
Artículo 81. Obras de dragado.
[Bloque 115: #s3-2]
Sección 3.ª Concesiones
Artículo 82. Ámbito y duración.
Artículo 83. Transmisión y gravamen.
Artículo 84. Especialidades de la tramitación.
2. El Comité Ejecutivo de Puertos de la Generalidad puede autorizar, con audiencia de los ayuntamientos afectados, sin más trámite, las obras de mantenimiento, reparación y rehabilitación de una concesión administrativa, así como las obras de mejoramiento que no implican cambios sustanciales respecto de los proyectos aprobados y las ampliaciones concesionales con superficie de dominio público portuario colindante con un porcentaje inferior al 10% de la superficie fijada en el acta de reconocimiento.
3. Las concesiones, una vez otorgadas, deben inscribirse en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 76.
Se modifica el apartado 2 y se añade el 3 por el art. 146 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
[Bloque 119: #a85]
Artículo 85. Declaración de utilidad pública.
[Bloque 120: #a86]
Artículo 86. Título de otorgamiento.
[Bloque 121: #a87]
Artículo 87. Reversión.
[Bloque 122: #cii-4]
[Bloque 123: #s1-4]
Sección 1.ª Servicios portuarios
[Bloque 124: #a88]
Artículo 88. Concepto de servicios portuarios.
[Bloque 125: #s2-4]
Sección 2.ª Régimen de prestación de los servicios portuarios
[Bloque 126: #a89]
Artículo 89. Régimen de prestación.
[Bloque 127: #ciii-2]
[Bloque 128: #s1-5]
[Bloque 129: #a90]
Artículo 90. Principio de rentabilidad.
[Bloque 130: #s2-5]
Sección 2.ª Tasas y Cánones
Se modifica por la disposición modificativa 1 del Decreto Legislativo 2/2010, de 3 de agosto. Ref. BOE-A-2010-13884.
Última actualización, publicada el 05/08/2010, en vigor a partir del 01/01/2011.
[Bloque 131: #a91]
Artículo 91. Tasas aplicables por Puertos de la Generalidad.
Las tasas aplicables por Puertos de la Generalidad son objeto de regulación específica en un texto con rango legal.
Se modifica por la disposición modificativa 2 del Decreto Legislativo 2/2010, de 3 de agosto. Ref. BOE-A-2010-13884.
[Bloque 132: #a92]
Artículo 92. Canon por prestación de servicios al público y desarrollo de actividades comerciales e industriales.
a) Se establece sobre el volumen de tráfico portuario, en una cuantía de hasta 40, 80 y 160 pesetas por tonelada a chorro líquido, sólido o mercancía general, respectivamente, cuando este tráfico es objetivamente mensurable.
[Bloque 133: #s3-3]
Sección tercera. Precios privados
Se modifica por el art. 53.7 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-737.
[Bloque 134: #a93]
Artículo 93. Ámbito y determinación.
Corresponde a Puertos de la Generalidad determinar el precio exigible a los particulares en contraprestación por las actividades económicas portuarias y servicios varios que lleva a cabo a solicitud de estos particulares.
Se modifica por los arts. 53.5 y 53.7 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-737.
Se modifica por el art. 30 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo. Ref. BOE-A-2000-11470.
Modificación publicada el 29/05/2000, en vigor a partir del 30/05/2000.
[Bloque 135: #a93bis]
Artículo 93 bis. Revisión y actualización de los precios privados.
1. Corresponde a Puertos de la Generalidad revisar el precio que puede exigir a los particulares en contraprestación por las actividades económicas portuarias y servicios diversos que lleva a cabo a solicitud de estos particulares.
2. Los precios establecidos por Puertos de la Generalidad se entienden automáticamente actualizados el 1 de enero de cada año, en una proporción equivalente al 100% de la variación interanual experimentada por el índice general de precios al consumo en Cataluña.
Se añade por el art. 53.7 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-737.
[Bloque 136: #a93ter]
Artículo 93 ter. Exigibilidad.
1. Puertos de la Generalidad puede exigir el pago del precio de las actividades económicas portuarias y servicios diversos desde el momento que recibe la petición de la persona interesada. A tal efecto, la entidad debe expedir la correspondiente factura. El solicitante o la solicitante debe hacerla efectiva en el plazo de treinta días naturales a contar desde su notificación.
2. Puertos de la Generalidad puede exigir un depósito previo o la constitución de avales para garantizar el cobro de las facturas emitidas, por el importe correspondiente.
3. Transcurrido el plazo de pago sin que el solicitante o la solicitante haya hecho efectivo el precio exigido, la Gerencia de Puertos de la Generalidad debe certificar esta circunstancia y debe notificarlo a la persona obligada al pago. La cantidad debida genera el interés legal de dinero vigente incrementado en dos puntos durante el período en el que se haya incurrido en mora.
4. Si la persona obligada al pago ha constituido alguna garantía, Puertos de la Generalidad, con el requerimiento previo a la persona interesada, debe proceder al cobro de la cantidad debida con cargo a la dicha garantía. En otro caso, Puertos de la Generalidad debe reclamar la cantidad debida ante los órganos de la jurisdicción ordinaria. El certificado emitido por la Gerencia de Puertos de la Generalidad tiene la consideración de título ejecutivo a los efectos de la acción ejecutiva, de acuerdo con lo establecido por el artículo 517 de la Ley del Estado 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, y permite la promoción del proceso de ejecución correspondiente con independencia del importe efectivamente reclamado. La falta de pago de los intereses devengados durante el período en el que se ha incurrido en mora habilita igualmente a Puertos de la Generalidad para el ejercicio de la acción ejecutiva en la forma establecida por este artículo.
[Bloque 137: #a93quater]
Artículo 93 quater. Reclamación previa en la vía judicial civil.
1. En materia de precios privados por la realización de actividades económicas portuarias, las personas interesadas deben formular reclamación previa por la vía administrativa al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado contra Puertos de la Generalidad, en la forma establecida por la legislación sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. Corresponde al consejero o consejera competente en materia de puertos la resolución de las reclamaciones previas por la vía administrativa al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado en esta materia. La resolución debe dictarse en el plazo de tres meses a contar desde la entrada de la reclamación en el registro del órgano competente para resolver. El vencimiento del plazo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución de la reclamación determina su desestimación. La interposición de la reclamación previa no suspende la obligación de efectuar el pago de la factura en la forma establecida por el artículo 93 ter.
[Bloque 138: #s4-2]
Sección cuarta. Utilización de instalaciones bajo el régimen de concesión
Se añade por el art. 53.8 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-737.
[Bloque 139: #a93quinquies]
Artículo 93 quinquies. Utilización de instalaciones bajo el régimen de concesión.
El tráfico portuario que utiliza instalaciones bajo el régimen de concesión administrativa, construidas o no por particulares, está sujeto al pago a Puertos de la Generalidad de las contraprestaciones que correspondan, según el régimen jurídico aplicable, que se establecen en las cláusulas de la concesión, con las bonificaciones y las exenciones que se determinen.
[Bloque 140: #liii]
[Bloque 141: #a94]
Artículo 94. Elementos.
Artículo 95. Franja de servicio náutico.
[Bloque 143: #a96]
Artículo 96. Concesión de las marinas interiores.
[Bloque 144: #a97]
Artículo 97. Tipos de amarres.
[Bloque 145: #a98]
Artículo 98. Registro de usuarios.
[Bloque 146: #a99]
Artículo 99. Uso turístico de los canales.
[Bloque 147: #a100]
Artículo 100. Inscripción registral y división de elementos.
[Bloque 148: #liv]
[Bloque 149: #ti-3]
[Bloque 150: #a101]
Artículo 101. Inspección y vigilancia.
2. La actuación inspectora debe ser realizada por el personal específicamente designado y autorizado por la Administración portuaria. En cualquier caso, este personal tiene la consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y en los actos de servicio.
Se modifica el apartado 2 por el art. 147 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
[Bloque 151: #tii-3]
[Bloque 152: #ci-5]
Artículo 102. Tipificación.
1. Tienen la consideración de infracción administrativa en el ámbito portuario las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas por la presente ley. En materia de tributos portuarios se aplica el régimen de infracciones y sanciones establecido por la Ley del Estado 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, y por las disposiciones que la complementan o desarrollan.
k) La realización de las actividades a las que se refiere el artículo 77.6 sin haberlo comunicado previamente a la Administración portuaria.
Se añade el apartado 3.k) por el art. 148 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
Se modifica el apartado 1 por el art. 53.6 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-737.
Redactado el apartado 4.e) conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 150, de 24 de junio de 1998. Ref. BOE-A-1998-14943.
[Bloque 154: #a103]
Artículo 103. Prescripción de las infracciones.
El plazo de prescripción de las infracciones es de tres años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves. Este plazo se empieza a contar desde la fecha en que ha sido cometida la infracción. Si ésta es continuada, desde la fecha en que se ha realizado el último acto con que ha sido consumada. Si los hechos, los actos o las omisiones constitutivos de infracción son desconocidos por falta de signos externos, el plazo empieza a contar a partir de la fecha en que éstos se manifiesten.
[Bloque 155: #cii-5]
Artículo 104. Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones administrativas las personas físicas o jurídicas siguientes:
Artículo 105. Iniciación y tramitación.
1. El procedimiento administrativo sancionador se tramitará de acuerdo con lo que disponen la presente Ley y la normativa sobre procedimiento sancionador aplicable a los ámbitos de competencia de la Generalidad, y se ajustará a los principios establecidos en la legislación vigente de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Artículo 106. Medidas cautelares.
1. Una vez incoado el expediente sancionador, la Administración portuaria puede adoptar, a propuesta del instructor o instructora del expediente y mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer, para preservar los intereses generales o para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.
[Bloque 159: #ciii-3]
Artículo 107. Multas y graduación.
1. Las infracciones reguladas por la presente Ley son sancionables con las multas siguientes:
a) Las infracciones leves, hasta 750.000 pesetas.
b) Las infracciones graves, hasta 20.000.000 de pesetas.
c) Las infracciones muy graves, hasta 40.000.000 de pesetas.
[Bloque 161: #a108]
Artículo 108. Órganos competentes.
1. La competencia para imponer las multas corresponde, con carácter indelegable, a los órganos siguientes:
a) El Director o Directora general competente en materia de puertos, hasta 750.000 pesetas.
b) El Consejero o Consejera de Política Territorial y Obras Públicas, hasta 20.000.000 de pesetas.
c) El Gobierno de la Generalidad, hasta 40.000.000 de pesetas.
[Bloque 162: #a109]
Artículo 109. Inhabilitación.
En caso de infracciones graves o muy graves, y ateniendo a las circunstancias que concurran, el órgano competente para imponer la sanción correspondiente puede acordar también la inhabilitación del infractor para ser titular de autorizaciones y de concesiones administrativas por un plazo no superior a un año en caso de infracciones graves y hasta tres años en las muy graves. Esta sanción se gradúa según los criterios que establece este capítulo.
[Bloque 163: #a110]
Artículo 110. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año. El plazo de prescripción de las sanciones se inicia el día siguiente a aquel en que ha adquirido firmeza la resolución que las impone.
[Bloque 164: #a111]
Artículo 111. Multas coercitivas.
1. Para la ejecución de los actos administrativos que implican una obligación de los destinatarios, conforme a la presente Ley, la autoridad portuaria puede imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo que dispone la legislación administrativa general y con los correspondientes requerimientos y advertencias previos.
2. Las multas coercitivas, que pueden ser reiteradas, no pueden ser de cuantía superior a 75.000 pesetas cada una.
[Bloque 165: #a112]
Artículo 112. Responsabilidad por daños causados al dominio público.
1. La imposición de sanciones es independiente de la obligación, exigible en cualquier momento, de restituir los bienes y de reponer la situación alterada al estado anterior a la comisión de la infracción, y de la obligación de indemnizar los daños y los perjuicios causados.
[Bloque 166: #a113]
Artículo 113. Ejecución forzosa.
1. El importe de las multas y de los gastos ocasionados por la ejecución subsidiaria de las actuaciones de restitución y de reposición de los bienes al estado anterior a la comisión de la infracción, y también el importe de las indemnizaciones por daños y perjuicios, puede ser exigido por vía de apremio.
[Bloque 167: #daprimera]
Disposición adicional primera. Servicio de dragado y trasvase de arenas de los puertos de Cataluña.
El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas puede establecer un servicio de dragados y de trasvases de arenas de los puertos de Cataluña, que puede ser gestionado en cualquiera de las modalidades directas o indirectas que establece la legislación vigente. Los concesionarios que resulten beneficiarios del servicio mencionado tienen la consideración de sujetos pasivos obligados a satisfacer las tarifas correspondientes. Esta actividad está sujeta, si procede, a los informes correspondientes del Departamento de Medio Ambiente y de la Demarcación de Costas.
[Bloque 168: #dasegunda]
Disposición adicional segunda. Concesiones administrativas.
La Generalidad mantiene las competencias plenas sobre las concesiones administrativas existentes en la zona costera mientras se mantengan los usos autorizados.
[Bloque 169: #datercera]
Disposición adicional tercera. Relación de puestos de trabajo.
El Gobierno, por decreto, establecerá la relación de puestos de trabajo de Puertos de la Generalidad, especificando las categorías y las funciones que correspondan a cada uno de ellos.
[Bloque 170: #da]
Disposición adicional cuarta. Gestión de las infraestructuras portuarias situadas en Barcelona.
La Generalidad, en ejercicio de sus competencias, puede delegar al Ayuntamiento de Barcelona, en los términos que se acuerden entre ambas administraciones, las competencias relacionadas con la gestión de las infraestructuras portuarias situadas en esta ciudad.
Se añade por el art. 203 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo. Ref. BOE-A-2017-7353
[Bloque 171: #dtprimera]
Disposición transitoria primera. Plan de puertos de Cataluña.
1. Mientras no se apruebe el Plan de puertos de la Generalidad que establece el artículo 31, continúa vigente el Plan de puertos deportivos aprobado por acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 10 de abril de 1984, publicado en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña" el 6 de junio de 1984.
Redactado el apartado 1 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 150, de 24 de junio de 1998. Ref. BOE-A-1998-14943.
[Bloque 172: #dtsegunda]
Disposición transitoria segunda. Concesiones existentes.
1. Las concesiones para la construcción y la explotación de puertos, dársenas e instalaciones marítimas que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de la presente Ley se regulan por el régimen de continuación de la explotación establecido por los artículos 67.3 y 68.
[Bloque 173: #dttercera]
Disposición transitoria tercera. Legalización y adaptación de las marinas interiores existentes.
1. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, las marinas interiores existentes en la costa catalana que no hayan sido legalizadas para una utilización náutico-portuaria presentarán una solicitud que se adapte a las determinaciones que prescribe el libro III, a fin y a efecto de obtener la concesión a que se refiere el artículo 96, con las particularidades siguientes:
Del proyecto y del plano de las obras y de las instalaciones náutico-portuarias existentes en la marina, delimitando perfectamente su perímetro en sus porciones de agua y de tierra, con una descripción de sus elementos conforme a lo que dispone el artículo 94, y con indicación de los amarres de uso privativo, vinculados o no a una parcela colindante, y de los de uso público tarifado, aportando una relación de usuarios de la marina.
De los instrumentos de planeamiento urbanístico que acrediten la legalidad urbanística de las obras y de las instalaciones existentes.
Del proyecto de obras y de instalaciones necesarias para que la marina cumpla todas las características técnicas, los elementos, los servicios y los otros requisitos exigidos legalmente conforme a lo que dispone el artículo 4, si procede. En este caso, la solicitud irá acompañada del resguardo acreditativo de una fianza provisional por importe del 2 por 100 del presupuesto de las mencionadas obras e instalaciones.
De un estudio económico-financiero de la gestión y de la explotación de la marina.
De la propuesta del correspondiente reglamento de explotación y tarifas.
De la propuesta de régimen jurídico de la comunidad de usuarios de la marina, con la indicación del coeficiente que corresponde a cada unidad de reparto de gastos.
[Bloque 174: #dtcuaa]
Disposición transitoria cuarta. Bienes y medios de la Comisión de Puertos de Cataluña y régimen del personal.
1. Los bienes y los medios materiales de la Comisión de Puertos de Cataluña quedan integrados en la entidad de derecho público Puertos de la Generalidad, que se crea, de conformidad con el artículo 1.b) de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la Empresa Pública Catalana, de acuerdo con su naturaleza jurídica originaria.
[Bloque 175: #dtquinta]
Disposición transitoria quinta. Moratoria de construcción.
Se establece una moratoria en la construcción de nuevos puertos y marinas interiores por un período inicial de tres años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley. Esta moratoria no afecta a las instalaciones cuya tramitación ya se haya iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley, y tampoco a las obras de remodelación o de ampliación de los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas o las marinas interiores ya existentes. Esta moratoria se prorrogará automáticamente por un plazo de dos años más, salvo que el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, con un estudio previo sobre la ocupación del litoral catalán, la demanda de lugares de amarre y las condiciones medioambientales y con el informe preceptivo del Departamento de Medio Ambiente, acuerde la conveniencia de levantarla.
[Bloque 176: #dtsexta]
Disposición transitoria sexta. Cánones aplicables.
Se deroga por la disposición derogatoria.3 del Decreto Legislativo 2/2010, de 3 de agosto. Ref. BOE-A-2010-13884.
[Bloque 177: #dtseptima]
Disposición transitoria séptima. Composición del Consejo Asesor de Puertos de la Generalidad.
Mientras el Gobierno no determine el número y la distribución de las vocalías del Comité Ejecutivo y del Consejo Asesor de Puertos de la Generalidad, el Consejo mantiene la composición actual.
Se añade por el art. 150 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
[Bloque 178: #dd]
[Bloque 179: #dfprimera]
[Bloque 180: #dfsegunda]
[Bloque 181: #dftercera]
[Bloque 182: #dfcuaa]
[Bloque 183: #firma]
Palacio de la Generalidad, 17 de abril de 1998.
PERE MACIAS I ARAU,
[Bloque 184: #ani]
1.1 a 1.5. (Derogados).
a) La Administración portuaria, si procede, debe suspender la facturación de los servicios respecto de las mercancías, las embarcaciones, los vehículos o cualquier objeto o artilugio que previamente declare en abandono.
b) A los efectos de lo establecido por la letra a, se entiende que hay abandono a partir de los cinco meses de impago o cuando el posible valor en venta no alcance el importe de la facturación emitida no abandonada; todo ello, sin perjuicio de la competencia de la Administración de aduanas en la determinación del abandono de mercancías incluidas en procedimiento de despacho. Se consideran directamente abandonados los bienes descritos que se encuentren en la zona de servicio portuaria sin autorización y que no tengan matrícula o datos suficientes para identificar a la persona propietaria o consignataria.
c) Previamente a la declaración de abandono, debe publicarse mediante edicto en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" y en el tablón de anuncios del ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor, por un plazo no inferior a veinte días naturales, la tramitación del expediente de abandono, para que el propietario o propietaria o quien en derecho proceda pueda abonar sus deudas y retirar los bienes en presunto abandono. Una vez transcurrido dicho plazo, debe realizarse, sin más trámite, la declaración de abandono y debe ponerse a la venta en subasta pública, previo anuncio en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" y en el tablón de anuncios del ayuntamiento del último domicilio conocido, con una antelación de quince días.
d) Corresponde a la Administración portuaria la propiedad de los barcos, vehículos y otros objetos y bienes que han sido declarados en situación de abandono, así como las cantidades obtenidas en caso de enajenación mediante subasta pública.
e) Los barcos, los vehículos, la maquinaria y los utensilios en general que permanecen en la zona de servicio portuaria por un período superior a un mes en el mismo lugar y presentan desperfectos que permiten presumir racionalmente su situación de abandono y la condición de desecho deben tratarse como residuos.
f.1 El arqueo bruto es el que como tal figura en el certificado internacional extendido de acuerdo con el Convenio internacional sobre arqueo de buques, aprobado en Londres el 23 de junio de 1969 ("Boletín Oficial del Estado" de 15 de septiembre de 1982), denominado abreviadamente GT. Si un buque no dispone del mencionado certificado puede recurrir al valor que como tal figure en el "Lloyd's Register of Shipping".
En el supuesto de que el buque presente un certificado de su arqueo bruto medido según el procedimiento del Estado de su bandera, denominado abreviadamente TRB, o sea éste el que aparezca en el "Lloyd's Register of Shipping", Puertos de la Generalidad debe asignar un nuevo arqueo a partir de las dimensiones básicas del buque. Dicha asignación debe realizarse aplicando la siguiente fórmula:
f.2 El calado máximo es el calado de trazado definido según la regla 4.2 del Reglamento para la determinación de los arqueos bruto y neto de los buques, que figura como anexo I del Convenio internacional sobre arqueo de buques, de 23 de junio de 1969, y, en su defecto, el que figura en el "Lloyd's Register of Shipping".
2 y 3. (Derogados).
Hora de grúa de menos de 6 toneladas: 55,28 euros.
Hora de grúa de más de 6 toneladas: 71,53 euros.
Hora de grúa de más de 12 toneladas: 106,09 euros.
Pesaje (personal incluido): 3,48 €.
3. Carretillas, 18,41 euros.
Los servicios de báscula, grúas móviles y fijas, y carretones, prestados fuera de la jornada laboral ordinaria, se facturan con un recargo del 25 por 100, siempre que no sean en días festivos u horarios nocturnos, supuesto en el que el recargo es del 50 por 100.
4.2. (Derogado).
2. Previa solicitud y justificación de los consumos necesarios, para consumos eléctricos superiores a 30.000 kilovatios por año y para consumos de agua superiores a 2.000 metros cúbicos por año, se aplica hasta el 50 por 100 de los incrementos fijados sobre el precio de suministro.
4.4. (Derogado).
4.5. (Suprimido).
La base para la liquidación de esta tarifa es el número de unidades del servicio prestado en cada caso. La cuantía de esta tarifa se fija de acuerdo con la naturaleza y peculiaridad del servicio, teniendo en cuenta el valor real de mercado de los servicios prestados y actividades realizadas.
Se modifica el apartado 1.7 por el art. 149 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
Se deroga, excepto los apartados 1.6 a 1.10, y los apartados 4.1, 4.3 y 4.6 por la disposición derogatoria única.1 y 2 del Decreto Legislativo 2/2010, de 3 de agosto. Ref. BOE-A-2010-13884.
Se incrementan en un 5% las cuantías de las tarifas establecidas por la prestación de los servicios portuarios generales G-1, G-2, G-3 y G-5 y de los servicios portuarios específicos E-1, E-2 y E-4 por el art. 43 de la Ley 16/2008, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-1257.
Se incrementan en un 2 % las cuantías de las tarifas por los servicios generales G-1, G-2, G-3 y G-5 y por los servicios específicos E-1, E-2, E-4, por el art. 26 de la Ley 17/2007, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-3656.
Se incrementan en un 2 % las cuantías de las tarifas por los servicios generales G-1, G-2, G-3 y G-5 y también por los servicios específicos E-1, E-2 y E-4, por el art. 28 de la Ley 5/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-14803.
Se modifican varias tarifas de los apartados 3 y 4 por el art. 21 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-2647.
Se modifican varias tarifas de los apartados 3 y 4 por el art. 28 de la Ley 7/2004, de 16 de julio. Ref. BOE-A-2004-16713.
Se modifican varias tarifas de los apartados 3 y 4 por el art. 65 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-1056.
Se modifican las tarifas G-3, establecidas por la letra b del apartado 3.3.4, tarifa E-1, establecida por el punto 2 del apartado 4.1.4, la tarifa E-4, establecida en la letra a del apartado 4.4.4, tarifa E-1 del punto 1 del apartado 4.1.4, y la tarifa E-2 del punto 1 del apartado 4.2.4; y se incrementan en un 3 % las tarifas establecidas por los apartados 3.1.4 de la tarifa G-1, apartado 3.2.4 de la tarifa G-2, letra a del apartado 3.3.4 de la tarifa G-3, apartado 3.5.4 de la tarifa G-5, punto 1 del apartado 4.1.4 de la tarifa E-1, punto 3 del apartado 4.1.4 de la tarifa E-1, punto 1 del apartado 4.2.4 de la tarifa E-2, apartado 4.4.4 de la tarifa E-4, apartado 4.5.4 de la tarifa E-5, todas ellas por el art. 42 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2002-1485.
Se modifica por los arts. 27, y disposiciones adicionales 3 y 11 de la Ley 15/2000, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2001-1616.
Se añade por el art. 31.2 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo. Ref. BOE-A-1998-12320.
Modificación publicada el 05/08/2010, en vigor a partir del 01/01/2011.
Modificación publicada el 06/07/2007, en vigor a partir del 07/07/2007.
Modificación publicada el 31/12/2004, en vigor a partir del 01/01/2015.
Texto añadido, publicado el 29/05/2000, en vigor a partir del 30/05/2000.
[Bloque 185: #anii]
Integran el dominio público portuario adscrito a Puertos de la Generalidad los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas que se enumeran a continuación:
Embarcadero de Portbou, puerto de Llançà, puerto de Port de la Selva, puerto de Roses, puerto de l’Escala, puerto de l’Estartit, puerto de Palamós, puerto de Sant Feliu de Guíxols, puerto de Blanes, puerto de Arenys de Mar, puerto de Mataró, dársena pesquera del Masnou, puerto del Garraf, puerto de Vilanova i la Geltrú, dársena pesquera de Torredembarra, puerto de Cambrils, puerto de l’Ametlla de Mar, puerto de l’Ampolla, embarcadero de Deltebre, embarcadero de Sant Jaume d’Enveja, embarcadero de Tortosa, puerto de Sant Carles de la Ràpita, puerto de les Cases d’Alcanar, embarcadero de Amposta, y puertos industriales de Badalona, Vallcarca y Alcanar.
Se renumera por el art. 31.1 de la Ley 4/2000, de 26 de mayo. Ref. BOE-A-2000-11470.