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Timestamp: 2018-01-16 23:26:03
Document Index: 318773528

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 139', 'artículo 177', 'artículo 63', 'artículo 21', 'artículo 6']

Comunicado de Prensa de 26 de noviembre de 2008
CC SC 1159 de 2008
¿La atribución a los Notarios de la función de declarar la prescripción adquisitiva del derecho de dominio sobre inmuebles urbanos considerados como vivienda de interés social, en las condiciones indicadas en las normas demandadas, vulnera el artículo 116 de la Constitución? Es claro que la atribución conferida en las disposiciones demandadas, habilita a los Notarios para declarar o reconocer la adquisición del derecho de propiedad en virtud de la prescripción adquisitiva sobre bienes inmuebles ajenos, lo cual implica necesariamente la extinción del derecho de propiedad anterior. Para la Corte, la finalidad de dicha actuación confiere a ésta una naturaleza necesariamente contenciosa, fundada en un conflicto jurídico de intereses que el Estado debe resolver en forma independiente e imparcial, a favor de una parte y en contra de otra, con carácter obligatorio y definitivo, o sea, con valor de cosa juzgada, lo cual es propio de la jurisdicción. De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, la regla general es que las funciones jurisdiccionales son ejercidas por la rama judicial del poder público y la excepción, que tales funciones sean ejercidas por otras entidades u órganos. En el caso de los particulares, el precepto constitucional sólo admite el ejercicio excepcional de la función jurisdiccional en calidad de árbitros, conciliadores y jurados de conciencia, supuestos en los cuales no encajan los Notarios. A su vez, los Notarios no pueden considerarse que son autoridades administrativas, ya que su función no desarrolla únicamente un servicio público, sino que ejercen una actividad bien distinta que no encaja en las funciones tradicionales de las ramas del poder, como depositario de la fe pública en virtud de una delegación estatal, con claro interés general. Por lo expuesto, los Notarios no pueden ser titulares de la función jurisdiccional de declarar la prescripción adquisitiva de de dominio. Ley 1183 de 2008, "por medio de la cual se asignan unas funciones a los Notarios"; Arts. 10, 11, 12, 13, y 14 : INEXEQUIBLES
CC SC 1158 de 2008
¿La obligación de contratar la prestación los servicios de promoción y prevención en materia de salud para los afiliados al régimen subsidiado, exclusivamente con las empresas Sociales del Estado, vulnera tanto el derecho de los afiliados a elegir libremente y en igualdad de condiciones el prestador del servicio, como el derecho de los particulares a competir y participar en el suministro eficiente y oportuno de los servicios de salud? La garantía de libre escogencia del prestador directo del servicio de salud, reiteró que no se trata de un derecho absoluto, como quiera que está limitado a la oferta de servicios y la capacidad instalada de los prestadores de servicio. Además, la medida de contratar esos servicios de promoción y prevención con entidades de la red pública de salud, busca que no se abandone a los fines lucrativos propios de la libertad empresa sino que sea una tarea esencialmente pública. Finalmente, no elimina el modelo de libre empresa y de libre competencia, pues la limitación sólo opera para el régimen subsidiado y no excluye a las EPS particulares de la promoción y prevención en materia de salud. Ley 1122 de 2007, "por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 14, Lit.f (parcial) : Exequible
CC SC 1157 de 2008
Ley 1153 de 2007, "Por medio de la cual se establece el tratamiento de las pequeñas causas en materia penal"; cosa juzgada INEXEQUIBLE
CC SC 1156 de 2008
Ley 1180 de 2007, "por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional" hecho en Nueva York el 9 de Septiembre de 2002" Exequible. SV
CC SC 1155 de 2008
¿Excedió las facultades conferidas mediante el numeral 11) del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 el Gobierno Nacional al definir la enfermedad profesional, asignar a éste la atribución para determinar cuales son las enfermedades calificadas en esta categoría y la forma de reconocer una enfermedad profesional? En esencia y de acuerdo con lo que ha señalado la jurisprudencia, las facultades otorgadas por el citado numeral 11, desde el punto de vista de su contenido material, estaban dirigidas de una parte, a dictar las normas necesarias para crear, establecer, modificar, reformar, rehacer o poner en orden, el conjunto de organismos creados, los recursos y bienes destinados a la función de administrar el Sistema de Riesgos Profesionales, dosificando su uso para obtener un mayor rendimiento y optimización de este Sistema. De otra, las facultades fueron otorgadas al Presidente de la República por el legislador para "organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" y no "para organizar el Sistema General de Riesgos Profesionales". De este modo, es el término administración el que en definitiva precisa el contenido y límite material de la norma habilitante. De conformidad con la línea jurisprudencial construida por la Corte, definir qué se considera como enfermedad profesional, quien determina las enfermedades que se consideran como tales y cómo se reconoce una enfermedad profesional, constituyen contenidos jurídicos totalmente ajenos al objetivo propuesto por las facultades extraordinarias, esto es, "organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales". Precisó que en esta materia, regirán las normas legales anteriores a la expedición de este decreto ley. Decreto 1295 de 1994, "por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales"; Art. 11 : INEXEQUIBLE. S.V
CC SC 1154 de 2008
¿Al prohibir el embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones de las entidades territoriales y disponer que el pago de acreencias laborales se hará efectivo con ingresos corrientes de libre destinación en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes, vulnera los preceptos constitucionales referentes a la igualdad, el acceso a la justicia, la cláusula de reserva de ley, la efectividad de los derechos y los principios fundantes del Estado, o si por el contrario, dicha prohibición se ajusta a los mandatos constitucionales sobre inembargabilidad de recursos públicos y destinación social exclusiva de esos recursos?. Decreto con fuerza de ley. La Corporación reiteró los lineamientos trazados por la jurisprudencia en relación con el fundamento constitucional de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación como regla general y las excepciones referentes a los créditos u obligaciones de origen laboral con miras a hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y la que tiene que ver con los créditos reconocidos en las sentencias judiciales, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. En estos dos casos, ratificó que es posible su ejecución dieciocho meses después del momento en que son exigibles o de la ejecutoria de la respectiva sentencia, en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso específico de la prohibición del embargo de recursos del Sistema General de Participaciones creado mediante el Acto Legislativo No. 1 de 2001, la Corte señaló que está amparada por el artículo 63 de la Constitución que autoriza al Legislador para determinar qué bienes y recursos públicos son inembargables. Desde esta perspectiva, es claro que la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones persigue fines constitucionalmente legítimos compatibles con la naturaleza y destino de esos. Si bien la Corte resaltó el avance que representa el que la norma acusada acepte la imposición de medidas cautelares en caso del pago de obligaciones laborales, su aplicación limitada a los ingresos corrientes de libre destinación, con cargos la "vigencia o vigencias subsiguientes", puede convertir en nugatorio el pago efectivo de dichas obligaciones. Por ello, la declaración de exequibilidad de los apartes acusados del artículo 21 del Decreto 28 de 2008, se condicionó en el sentido de reafirmar la aplicación del plazo máximo de dieciocho meses para la cancelación de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia y agotadas los ingresos corrientes de libre destinación, se acuda a los ingresos de destinación efectiva. Decreto 28 de 2008, "por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones"; Art. 21 (parcial) CONDICIONALMENTE exequible. S.V
CC SC 1153 de 2008
La contribución establecida en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, para los contratistas de obra pública o que celebren contratos de adición y a favor de la Nación, Departamento o Municipio: ¿desconoce el principio de legalidad tributaria (art. 338 C.P.), al no definir con precisión el hecho gravado? - ¿vulnera los derechos a la igualdad (art. 13 C.P.) y a la libre competencia económica (art. 333 C.P.) de las entidades derecho público que compiten con entidades particulares en la contratación de obras, frente a las empresas privadas que desarrollan el mismo objeto y no deben pagar ese gravamen?. No cabe otra interpretación plausible según la cual el contrato al que se refiere es el definido en el estatuto de contratación estatal – art. 32, Ley 80 de 1993- a partir de elementos subjetivos referentes a la calidad pública de la entidad contratante. La contribución que establece constituye un gravamen general que obliga a todas aquellas personas que celebren contratos de obra pública con entidades estatales, sin distinción alguna. SV : No determina de manera clara y específica el hecho gravable. Ley 1106 de 2006, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones"; Art. 6, Inc. 1o.(Mod. El Art. 37 de la Ley 782 de 2002) : Exequible
CC SC 1152 de 2008
Proyecto de ley No 066 de 2006 Senado, 225 de 2008 Cámara, "Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997". ¿Desconoce la autonomía de los municipios y distritos para disponer sobre los usos del suelo en su territorio, el mandato legal contenido en los artículos 3 y 4 del presente proyecto, dirigido a las autoridades municipales y distritales para que autoricen la construcción o habilitación de bahías de estacionamiento con sitios demarcados que faciliten las condiciones de accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad y-o movilidad reducida? ¿Vulneran el principio de unidad de materia?