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Timestamp: 2019-10-14 16:43:08
Document Index: 222793814

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 86', 'artículo 29', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 13']

SENTENCIA STL5894-2016 DE 04 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TUTELA SOLO PROCEDE CUANDO SE VULNERA EN EL TRÁMITE EL DEBIDO PROCESO. SE RECUERDA QUE EL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO 2591 DE 1991, ORDENA QUE TODAS LAS PROVIDENCIAS QUE SE PROFIERAN EN DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA “SE NOTIFICARÁN A LAS PARTES O INTERVINIENTES POR EL MEDIO QUE EL JUEZ CONSIDERE MÁS EXPEDITO Y EFICAZ”, Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 5º DEL DECRETO 306 DE 1992, ES PARTE “LA PERSONA QUE EJERCE LA ACCIÓN DE TUTELA Y EL PARTICULAR, LA ENTIDAD O AUTORIDAD PÚBLICA CONTRA LA CUAL SE DIRIGE LA ACCIÓN DE TUTELA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 2591 DE 1991”. POR LO ANTERIOR, SE CONCLUYE QUE LA OBLIGATORIEDAD DE NOTIFICAR LA INICIACIÓN DEL TRÁMITE DE TUTELA NO SE LIMITA A LOS ACCIONADOS, SINO A TODO AQUEL QUE PUEDA RESULTAR AFECTADO CON LA DECISIÓN QUE SE TOME, ENTENDIÉNDOSE QUE DICHO CONOCIMIENTO NO PUEDE QUEDAR LIMITADO A LA MERA CALIDAD DE ESPECTADOR DE LA ACTUACIÓN, PUES LA COMUNICACIÓN SE REALIZA EN GARANTÍA AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA, Y POR ENDE, AL DEBIDO PROCESO DE AQUELLOS TERCEROS CON INTERÉS EN LA DECISIÓN QUE TOME EL JUEZ DE TUTELA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PARTES PROCESALES, NOTIFICACIÓN, NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Sentencia STL5894-2016/43194 de mayo 4 de 2016
STL5894-2016
Rad.: 43194
Procede la Corte a resolver en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Rafael Guillermo Vásquez Gómez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, trámite al cual se vinculó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial de la Sala Administrativa, Universidad de Pamplona, Diana Ibeth Hoyos Cardona, Laura Freidel Betancourt, Lina Marcela Ramos Giraldo, Robinson González Pérez, Gloria Patricia Ruano Bolaños, Mónica Jimena Reyes Martínez, Yazmín del Rosario Castillo Badel, Diego Fernando Guerrero Osejo, Andrés Medina Pineda, Karen Elizabeth Jurado Paredes, Diego Edinson Manrique Navarrete y Carolina Gómez Cerquera, y se ordenó la publicación del auto admisorio en la página web de la Rama Judicial con el fin de que se entere de la misma a los terceros interesados que puedan verse afectados con alguna decisión al respecto, por tener interés en el resultado de este trámite constitucional.
El promotor instauró acción de tutela para obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada.
Indicó que se inscribió al concurso de méritos publicado en el Acuerdo PSAA13-9939 de 2013, a través del cual se convocó a los cargos de funcionarios de la rama judicial y se postuló al de Juez Promiscuo Municipal; que por Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015, se publicó el resultado de la prueba de conocimientos, la cual superó toda vez que obtuvo 885,59 puntos.
Expuso que Diana Ibeth Hoyos Cardona, también se inscribió al concurso y optó al mismo cargo, pero no superó la prueba dado que fue calificada con 796,26 puntos; por lo que interpuso recurso de reposición, que le fue resuelto de manera desfavorable mediante acto administrativo CJRES15-252 de 24 de septiembre de 2015, en la cual se le indicó que “en la calificación del examen de conocimientos se excluyeron preguntas del componente común y específico, por razones de orden eminentemente técnico”; que ante el fracaso de su reposición promovió acción de tutela, la cual tramitó la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que mediante sentencia de 14 de abril de 2016, concedió el amparo a la actora y ordenó a la Universidad de Pamplona y a la Unidad de Carrera Administrativa calificar las preguntas excluidas.
Explicó que dicho trámite constitucional no se notificó en debida forma, en tanto no se publicó en la página web de la rama judicial, pese a lo cual, presentó impugnación una vez conoció la decisión de amparo; no obstante, por auto de 22 de abril de 2016, el Tribunal la negó al considerar que no estaba legitimado en la causa para promover tal recurso.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó como medida provisional suspender el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela emitido el 14 de abril de 2016 y, en últimas, pidió que se ordene al Tribunal que le conceda la impugnación interpuesta.
Mediante auto proferido el 27 de abril de 2016, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela, vinculó a las partes e intervinientes en la acción constitucional motivo de reproche, ordenó la publicación de dicho proveído en la página web de la Rama Judicial con el fin de que se entere de la misma a los terceros interesados que puedan verse afectados con alguna decisión al respecto, incorporó los documentos aportados como prueba, negó la medida provisional y dispuso su notificación a fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción.
Dentro del término del traslado, acudió al trámite Andrés Medina Pineda quien además de coadyuvar la petición de amparo del actor y pide que también se ampare el derecho su derecho fundamental al debido proceso a efecto de que también se les conceda la impugnación presentada en el trámite constitucional materia de controversia y dieron en cuenta que en otras acciones de tutela en las que han intervenido se ha dado trámite al mecanismo de impugnación por ellos interpuesto.
Así mismo, Laura Freidel Betancourt también coadyuvó la solicitud tutelar y solicitó que se ordene la notificación del fallo de tutela que concedió el amparo a Hoyos Cardona.
Las demás partes e interesados guardaron silencio.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De tiempo atrás, esta Sala de la Corte asumió el conocimiento de tutela contra providencia judicial, en tanto consideró que en eventuales casos las decisiones adoptadas en los procesos, podían ser lesivas de los derechos fundamentales, sin que las partes contaran con otros dispositivos procesales para remediar tales afectaciones.
Bajo claros derroteros se ha decantado sobre la excepcionalidad de la acción constitucional, en tanto, por su carácter superior, están inmersos principios como la cosa juzgada y la seguridad jurídica, cuyo fundamento en el ordenamiento jurídico está ligado a la paz social y a la certeza de las partes en la definición de los asuntos que le son confiados a los jueces.
De otra parte, el artículo 29 de la Constitución Política establece que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Esta disposición reconoce el principio de legalidad como fundamental en el ejercicio de las actividades tanto judiciales como administrativas, y comprende la regulación que previamente delimita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los asociados, de forma tal que ninguna actuación desplegada por quienes ejerzan dichas funciones dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentre sujeta a procedimientos señalados en la ley y en los reglamentos.
Al descender al caso puesto a consideración de la Sala, se observa que el promotor además de censurar la falta de notificación de los terceros interesados en el trámite tutelar que adelantó Diana Ibeth Hoyos Cardona contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad de Pamplona, cuestionó la decisión judicial proferida dentro del mismo por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 22 de abril de 2016, en tanto, le negó la impugnación interpuesta contra el amparo concedido el día 14 anterior, al estimar que no estaba legitimado en la causa, decisión que también se profirió frente a otros intervinientes(1).
Previo a cualquier otra consideración, se debe aclarar que la única posibilidad para que proceda tutela contra tutela, o contra la providencia emitida en el incidente de desacato, es cuando se vulnera en el trámite el debido proceso.
En el presente asunto, el actor afirmó que se vulneró el derecho fundamental alegado, toda vez que dicha acción constitucional “no se notificó en debido forma, en tanto no se publicó en la página web de la Rama Judicial, como lo vienen ordenando los demás operadores jurídicos constitucionales en otros trámites similares”; hecho que se verificó al consultar la página de la Rama Judicial, en específico las ventanas correspondientes a notificaciones de acciones de tutela(2), pues no se observa registro alguno relacionado con la demanda de amparo objeto de reproche; no obstante, del propio dicho del promotor es dable colegir que no solo conoció dicho trámite sino que intervino en él, al punto que afirmó: “presenté oposición dentro del término legal” e “inmediatamente conocí el fallo de tutela, presenté impugnación al mismo”.
Así, pese a que dicha acción de amparo no fue registrada en la página web correspondiente, tal circunstancia no puede ser alegada como violatoria de las garantías constitucionales a su favor, pues tal como se anotó, tuvo conocimiento e intervino en la misma, luego entonces, la eventual vulneración gravita en la negativa a la concesión de la impugnación, toda vez que el Tribunal consideró Vásquez Gómez, entre otros, no estaba legitimado en la causa.
En esa dirección, es preciso recordar que el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, ordena que todas las providencias que se profieran en desarrollo de la acción de tutela “se notificarán a las partes o intervinientes por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”, y de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, es parte “la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991”.
De lo anterior resulta claro que la obligatoriedad de notificar la iniciación del trámite de tutela no se limita a los accionados, sino a todo aquel que pueda resultar afectado con la decisión que se tome, entendiéndose que dicho conocimiento no puede quedar limitado a la mera calidad de espectador de la actuación, pues la comunicación se realiza en garantía al derecho de contradicción y defensa, y por ende, al debido proceso de aquellos terceros con interés en la decisión que tome el juez de tutela.
De esta manera, para la Sala es evidente la legitimación que tiene el actor en las resultas del trámite constitucional iniciado por Diana Ibeth Hoyos Cardona, toda vez que involucra la actuación surtida en el concurso de méritos por medio del cual se convocó a los interesados a vincularse a los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, máxime cuando a la fecha de iniciación de aquella acción, ya se había emitido el acto administrativo a través del cual se dio a conocer los aspirantes que habían superado la prueba de conocimientos, advirtiéndose que el actor, al igual que Hoyos Cardona, se postuló al cargo de Juez Promiscuo Municipal, con la diferencia que aquél obtuvo el puntaje suficiente(3) para continuar en el mismo.
Así las cosas, para la Sala resulta evidente e indiscutible el interés que le asiste al promotor en las resultas del trámite constitucional censurado y, por tanto, la negativa de conceder la impugnación propuesta por el actor configuró la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
En ese orden, para reparar la transgresión a tal garantía superior, se ordenará a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que en un término no mayor de 2 días, se pronuncie frente a la impugnación interpuesta por Rafael Guillermo Vásquez Gómez, sin consideración al argumento expuesto en el auto de 22 de abril de 2016.
En relación al amparo pretendido frente a los casos particulares de los intervinientes Laura Freidel Betancourt y Andrés Medina Pineda, la Sala se abstendrá de emitir cualquier pronunciamiento, pues eventualmente se estaría en presencia de elementos constitutivos de nuevas acciones de tutela, que desnaturaliza la figura jurídica de la coadyuvancia; lo anterior, en la medida que alegan la transgresión de derechos fundamentales propios, bajo supuestos de hechos y pretensiones disímiles a los consignados en el escrito introductor de esta acción; máxime que de concederlos se pondría en riesgo el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa de la parte accionada.
Resta señalar que cualquier circunstancia que pueda invalidar la actuación del trámite constitucional auscultado, deberá ser solicitada ante las autoridades que conocen de la misma, para que el juez natural del asunto se pronuncie al respecto.
1. CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de Rafael Guillermo Vásquez Gómez, de conformidad a las razones que anteceden.
2. ORDENAR a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que en un término no mayor de 2 días, se pronuncie frente a la impugnación interpuesta por Rafael Guillermo Vásquez Gómez, sin consideración al argumento expuesto en el auto de 22 de abril de 2016.
4. Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala.—Gerardo Botero Zuluaga.—Jorge Mauricio Burgos Ruiz.—Fernando Castillo Cadena.—Clara Cecilia Dueñas Quevedo.—Rigoberto Echeverri Bueno.—Luis Gabriel Miranda Buelvas.
1 Lina Marcela Ramos Giraldo, Robinson González Pérez, Gloria Patricia Ruano Bolaños, Mónica Jimena Reyes Martínez, Yazmín del Rosario Castillo Badel, Diego Fernando Guerrero Osejo, Andrés Medina Pineda, Karen Elizabeth Jurado Paredes, Diego Edinson Manrique Navarrete y Carolina Gómez Cerquera (fl. 106).
2 https://www.ramajudicial.gov.co/tutelas y https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/avisos-de-interes2
3 https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10635/3963932/C22-CJRES15-20-Anexo.pdf/c799c9a3-a21b-4af9-a067-db65a606d051