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Timestamp: 2018-12-12 21:43:43
Document Index: 387185702

Matched Legal Cases: ['artículo 256', 'artículo 112', 'artículo 59', 'artículo 19', 'artículo 71', 'artículo 99', 'artículo 35', 'artículo 35']

﻿ SENTENCIA 2014-00268 DE DICIEMBRE 6 DE 2016
SENTENCIA 2014-00268 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:EFECTOS DE NO NOTIFICAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DE UN PROCESO DISCIPLINARIO. EN PRIMERA MEDIDA SE RECORDÓ QUE SE DEBEN NOTIFICAR PERSONALMENTE AL DISCIPLINABLE EL AUTO DE TRÁMITE DE APERTURA DE PROCESO, LOS FALLOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA, LAS DEMÁS DECISIONES QUE PONGAN FIN A LA ACTUACIÓN, EL AUTO QUE NIEGA EL RECURSO DE APELACIÓN, EL QUE DECIDE SOBRE LA REHABILITACIÓN Y LA RESOLUCIÓN QUE SANCIONA AL RECUSANTE TEMERARIO. DE AHÍ QUE ANTE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DE LA DEFENSA DEL DISCIPLINADO CUANDO NO SE SURTEN ESTAS ACTUACIONES COMO LO ESTABLECE LA LEY, ES POR ELLO QUE EL ALTO TRIBUNAL CONCLUYÓ QUE SE DEBE DECLARAR LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CON EL FIN DE QUE EL INTERESADO PUEDA APELAR DICHA DECISIÓN Y, DE ESTA FORMA, SE LE GARANTICEN SUS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ABOGADO, GARANTÍAS EN EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA ABOGADO
Sentencia 2014-00268 de diciembre 6 de 2016
Rad.: 700011102000201400268 01
Aprobado según Acta de Sala 110 de la fecha.
Bogotá D.C., seis de diciembre de dos mil dieciséis.
Competencia. Es competente la Sala para conocer el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º, del artículo 256 de la Constitución Política y el numeral 4º, del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura”, concordante con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
Debe señalarse que tal facultad constitucional y legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia el primero (1º) de julio de 2015 del Acto Legislativo 2 de 2015, en donde se creó el nuevo órgano rector disciplinable, en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del citado artículo 19 que señala: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, siendo por lo tanto absolutamente claro que la atribución legal de esta Alta Corte de disciplinar a los profesionales del derecho, se mantiene en el tiempo hasta tanto entre a funcionar la referida Comisión.
“6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”.
De la Nulidad. La doctora Martha Isabel Castañeda Curvelo, Viceprocuradora General de la Nación, solicitó se declare la nulidad de la actuación por considerar que las garantías constitucionales al debido proceso y derecho de defensa se vulneraron toda vez que al investigado no se le envió la respectiva comunicación a la dirección aportada por el quejoso en el memorial obrante a folio 31 del cuaderno original, lo que llevaba a inferir que el disciplinado no tuvo conocimiento de la sentencia sancionatoria.
La Ley 1123 de 2007, señala los parámetros normativos a tener en cuenta en la actuación disciplinaria contra los abogados, regido por el principio constitucional del debido proceso, a saber:
“ART. 6º—Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código”.
El artículo 71 ibídem, establece:
“ART. 71.—Notificación personal. Se notificarán personalmente el auto de trámite de apertura de proceso, las sentencias de primera y segunda instancia, las demás decisiones que pongan fin a la actuación, el auto que niega el recurso de apelación, el que decide sobre la rehabilitación, la resolución que sanciona al recusante temerario.
A su vez los artículos 98, y 99 ibídem, preceptúan:
“ART. 99.—Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto”.
Ahora bien, de conformidad con el principio de trascendencia, la Corte Constitucional han considerado que la nulidad no puede invocarse solo en interés de la ley, sino que es necesario que la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales o socave las bases fundamentales del juicio, de tal manera que su declaratoria se encuentra orientada a que se corrijan errores prominentes en la tramitación del proceso y en el tratamiento del disciplinado.
Así, en virtud de los principios que rigen las nulidades, esta corporación ha venido sosteniendo la tesis que su declaratoria constituye un remedio extremo el cual solo puede decretarse cuando la grave inconsistencia procesal no pueda corregirse sino rehaciendo parte del trámite, tarea que corresponde asumir a esta Colegiatura de manera oficiosa, conforme lo dispone el artículo 99 de la Ley 1123 de 2007 a efecto de garantizar a plenitud las garantías superiores al disciplinado.
Sobre este tema —de las nulidades—, ha dicho la Corte Constitucional:
“La nulidad consecuencia del principio de legalidad del proceso, busca establecer la intangibilidad de las formas propias de cada juicio, por ser estas el marco dentro del cual puede ejercer el estado su derecho de sancionar, y por cuanto constituyen la garantía de la persona respecto de la salvaguarda de su libertad y del aseguramiento de oportunidades y medios idóneos para su defensa”(2).
Bajo los anteriores parámetros legales y jurisprudenciales, debe analizarse la legalidad del trámite impreso a la investigación disciplinaria seguida contra el abogado José Vicente González Vergara, a efectos de determinar la envergadura del defecto en el cual la Sala de instancia incurrió al notificar al disciplinado la sentencia de primera instancia.
En efecto tal como lo advirtió la representante del Ministerio Público, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, el 3 de marzo de 2016 profirió fallo sancionatorio y a efectos de su notificación envió oficios al disciplinado a la carrera 18 Nº 22-17 de Sincelejo y a la carrera 36A Nº 23B-77 de esa misma ciudad, así consta en la planilla de la Red Postal 4-72.
A folio 125 obra constancia del citador David Cortes Lezcano, en la que informó no haber podido entregar el oficio en la “carrera 19 Nº 23B-77 EF Eduardo V ofic. 403 debido a que en la dirección aportada no reside y se desconoce su ubicación” luego de lo cual procedió a la notificación por edicto.
La dirección a la que a lo largo del proceso se le enviaron las comunicaciones al disciplinado y que fueron conocidas por este ya que allegó memoriales en los que se excusaba por no poder asistir y solicitaba nueva fecha – es la calle 19 Nº 20-20 Edificio Eduardo V oficina 403 de Sincelejo, pero en efecto, a allí no se remitió oficio en el que se le pusiera en conocimiento la sentencia proferida, si bien aparece en nomenclatura en el documento obrante a folio 124 este no se envió, toda vez que no obra constancia en la planilla de la Red Postal 4-72 visible en copia a folio 127 y la dirección a la que se dirigió el citador, de la cual dejó constancia en el folio 125, es una diferente.
Encuentra la Sala que la indebida notificación de la sentencia proferida el 3 de marzo de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, que sancionó al abogado José Vicente González Vergara con multa de tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2014, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, en efecto quebrantó los derechos al debido proceso y a la defensa del disciplinado, quien a raíz de este hecho se vio privado de la posibilidad de reaccionar y ejercer su defensa en forma personal, presentando si a bien lo tenía recurso de apelación.
En consecuencia, ante la violación del derecho al debido proceso del disciplinado, se declarará la nulidad de lo actuado a partir de la notificación de la sentencia de primera instancia inclusive, para que se notifique al disciplinado a la calle 19 Nº 20-20 Edificio Eduardo V oficina 403 de Sincelejo, y este si a bien lo tiene pueda apelar dicha decisión.
En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
1. DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado en el presente proceso disciplinario, desde la notificación de la sentencia proferida el 3 de marzo de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, mediante la cual sancionó al abogado José Vicente González Vergara con multa de tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2014, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
2 C-181 de 2002.