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Timestamp: 2017-11-20 11:41:52
Document Index: 301643208

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 140', 'artículo 188', 'artículo 6', 'artículo 140', 'Artículo 9', 'Artículo 86', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 154']

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Res: 2005-00355
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del trece de mayo de dos mil cinco.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por el señor Arturo Robles Coronas en su condición de presidente del Sindicato de Profesionales y Técnicos del Consejo Nacional de Producción, en representación de los servidores CARLOS MANUEL ARROYO ALVARADO, ALFONSO ÁVILA BENAVIDES, ROSA EUGENIA BRENES SEQUEIRA, YADIRA CENTENO CASTAÑEDA, ARTURO GUILLÉN FUENTES, soltero, ELIDIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ RONALD RAMÍREZ CARRANZA, JAZMÍN RENAULD MORA, FERNANDO RODRÍGUEZ VÍQUEZ, MARIO ALBERTO SALGUERO RODRÍGUEZ, JOSÉ ARNOLDO VALERIO RODRÍGUEZ, soltero, JORGE ENRIQUE VARGAS MURILLO, ROBERTO VEGA GUTIÉRREZ, RODRIGO VEGA MATAMOROS, divorciado, ALBERTO MURILLO CALVO, ALFREDO CAMPOS COTO, GILBERTO ARAYA SOTO, HAZEL VINDAS PÉREZ, soltera, JOSÉ RODOLFO CASTILLO ARIAS, SANDRA SABORÍO SOLERA, soltera, VINICIO SOLANO GARCÍA, VIVIANA CORTEZ LEDEZMA, soltera y AURIEL ABARCA CALDERÓN, contra CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, representado por su apoderado generalísimo Carlos Cruz Chang, ingeniero agrónomo. Figura como apoderado del demandado el licenciado Juan Luis Vargas Vargas, abogado. Los dos últimos vecinos de San José. Todos mayores y casados, con las excepciones indicadas.
1.- El presidente del Sindicato de Profesionales y Técnicos del Consejo Nacional de Producción en escrito fechado nueve de octubre del dos mil, promovió el presente proceso para que en sentencia se condene al demandado a pagarle a sus representados el 11% de diferencias entre el aumento de cuatro mil colones a la base acordado a partir del primero de julio de 1995 y a la inflación acumulada en el período de noviembre de 1994 a mayo 1995, el diferencial salarial reclamado en sus salarios, aguinaldos, vacaciones, salario escolar, anualidades, jornada extraordinaria de forma retroactiva, intereses y ambas costas de esta acción.
2.- El representante del demandado contestó la acción en los términos que indica en el memorial de fecha tres de setiembre de dos mil uno y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de interés actual y prescripción.
3.- La Jueza, licenciada Maritza Azofeifa Meneses, por sentencia de las diez horas dos minutos del cinco de setiembre de dos mil tres, dispuso: “De conformidad con los fundamentos expuestos, citas de derecho y jurisprudencias citadas SE DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN POR LAS RAZONES DE FONDO. SE ACOGE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO Y FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM PASIVA, FALTA DE INTERÉS ACUTAL Y POR TANTO SE DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXREMOS la presente demanda ordinaria laboral incoada por HERIBERTO ALVARADO LORÍA en su condición de Presidente del Sindicato de Profesionales y Técnicos del Consejo Nacional de Producción, cédula jurídica 4-000-42146 en representación de los funcionarios por (sic) CARLOS MANUEL ARROYO ALVARADO, ALFONSO ÁVILA BENAVIDES, ROSA EUGENIA BRENES SEQUEIRA, YADIRA CENTENO CASTAÑEDA, ARTURO GUILLÉN FUENTES, ELIDIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ RONALD RAMÍREZ CARRANZA, JAZMÍN RENAULD MORA, FERNANDO RODRÍGUEZ VÍQUEZ, MARIO ALBERTO SALGUERO RODRÍGUEZ, JOSÉ ARNOLDO VALERIO RODRÍGUEZ, JORGE ENRIQUE VARGAS MURILLO, ROBERTO VEGA GUTIÉRREZ, RODRIGO VEGA MATAMOROS, ALBERTO MURILLO CALVO, ALFREDO CAMPOS COTO, GILBERTO ARAYA SOTO, HAZEL VINDAS PÉREZ, JOSÉ RODOLFO CASTILLO ARIAS, SANDRA SABORÍO SOLERA, VINICIO SOLANO GARCÍA, VIVIANA CORTEZ LEDEZMA, AURIEL ABARCA CALDERÓN contra CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, representado por el señor Carlos Cruz Chang, quien otorgó Poder Especial Judicial al Lic. Juan Luis Vargas Vargas. Las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y defectuosa representación fueron resueltas oportunamente. Se tuvo por desistida la excepción de caducidad. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual debe interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se debe exponer, en forma verbal o escrita los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 inciso c y d (sic); votos de la Sala Constitucional Números 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y voto de la Sala Segunda Número 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999. Se falla este asunto sin especial condenatoria en costas”.
4.- El representante de los accionantes apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los licenciados Luis Fdo. Salazar Alvarado, Mayita Ramón Barquero y Guillermo Bonillas Vindas, por sentencia de las ocho horas cuarenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil cuatro, resolvió: “Se declara que en los procedimientos no se observan defectos u omisiones causantes de nulidad o indefensión. Se confirma el fallo apelado”.
5.- El representante de los actores formula recurso, para ante esta Sala, en memorial de data veinte de enero de dos mil cinco, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.
6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
Redacta la Magistrada Villanueva Monge; y,
I.- ANTECEDENTES: Los (as) actores (as) formularon este proceso para que en sentencia se obligara al Consejo Nacional de Producción a que se le reconociera y se les pagara el aumento salarial correspondiente a la diferencia entre el aumento acordado, de cuatro mil colones, y la inflación acumulada en el período de noviembre de 1.994 a mayo de 1.995, del 11,49%, a partir del 1° de julio de 1.996, tanto en la base como en los demás pluses salariales, de forma retroactiva y hacia futuro, sin necesidad de nueva gestión, así como los intereses y ambas costas (folios 1-2). La demanda fue contestada negativamente por el representante de la entidad accionada, quien opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación, falta de interés, prescripción, caducidad (desistida posteriormente, ver folio 105), defectuosa representación y falta de agotamiento de la vía administrativa (denegada interlocutoriamente, folios 93-94). La juzgadora de primera instancia declaró sin lugar la demanda y resolvió sin especial condena en costas (folios 120-128). Lo resuelto fue apelado por la parte actora, pero la Sección Primera del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, confirmó la sentencia del A-quo (folios 141-146).
II.- LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE: Ante la Sala, el representante de las y los demandantes muestra disconformidad con lo resuelto en las instancias precedentes. Señala que el acuerdo del 21 de setiembre de 1.995 de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público fue aplicado a los y las accionantes, al aumentárseles sus salarios base en la suma de cuatro mil colones. Así, considera que tal acuerdo fue incorporado en sus contratos de trabajo, por lo que estima que debe respetarse dicha aplicación y concedérseles el aumento reclamado. Con base en tal argumento, pretende la revocatoria de lo fallado y que, en su lugar, se acojan las pretensiones planteadas en la demanda (folios 155-1).
III.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO DEL RECURRENTE: Analizado el planteamiento de la parte que recurre, la Sala arriba a la conclusión de que no puede hacerse reparo alguno a lo resuelto por el órgano de alzada. En efecto, tal y como se ha indicado durante el transcurso de la litis, el 21 de setiembre de 1.995, la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público dispuso el aumento salarial que regiría para el segundo semestre de 1.995, en los siguientes términos: “A. Incrementar los salarios base de los trabajadores del sector público en la suma de ¢4.000 mensuales, retroactivo al mes de julio de 1.995. B. El pago del incremento correspondiente a los meses de julio, agosto, setiembre y octubre, se realizará en la segunda quincena del mes de octubre, a partir del mes de noviembre el incremento se incorporará dentro del pago normal. C. El diferencial entre el aumento aquí acordado y la inflación acumulada en el período noviembre 1.994-mayo 1.995 (11.49%) será cancelado en dos tractos consecutivos a partir del mes de julio de 1.996.” (La negrita no está en el original). No obstante la existencia de ese acuerdo, la Sala Constitucional, mediante sentencia número 1.822, de las 15:46 horas del 7 de marzo del 2.001, declaró la inconstitucionalidad del artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 23.646-H, del 14 de setiembre de 1.994, por el cual se había otorgado fuerza vinculante a los acuerdos de dicha Comisión, respecto de los aumentos por el costo de vida para los empleados del sector público, al considerar que concederle tal atribución conllevaba un desplazamiento de competencias intransferibles, lo que lesionaba el artículo 140 inciso 7) de la Constitución Política. En ese sentido, en el voto citado, se indicó:
“De los antecedentes transcritos, se colige que al ser la materia salarial parte de la política de gobierno, corresponde entonces al Poder Ejecutivo adoptar con carácter vinculante las decisiones en ese campo del sector público centralizado quedando las entidades autónomas sometidas a las directrices de carácter general que en materia de salarios dicte ese Poder de la República. Consecuente con lo anterior, al estar la materia salarial fuera de la esfera de autonomía de las instituciones autónomas y sometida a las disposiciones de rango legal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Constitución Política, es claro que no puede el Poder Ejecutivo, vía decreto, otorgar, con fuerza vinculante, la decisión final sobre el tema a las resoluciones emanadas de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, como lo pretende hacer con el artículo 6 impugnado, ya que hacerlo resulta opuesto a la Carta Fundamental. En efecto, la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, es un foro creado para el diálogo y para realizar una serie de actos preparatorios en torno a la fijación de la política salarial para ese sector, pero no puede tener el poder de decidir, con carácter definitivo, los aumentos salariales; es decir, no puede ser la última instancia en esta materia. La fijación de la política salarial para el sector público, es una competencia constitucionalmente atribuida al Poder Ejecutivo, de manera que éste no puede delegarla vía Decreto en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, sin transgredir el artículo 140 inciso 7) de la Constitución Política. En síntesis: es un principio general del Derecho de la Constitución, el que ninguno de los Poderes pueda delegar el ejercicio de funciones que le son propias (párrafo segundo del Artículo 9 constitucional) y en desarrollo de este principio, el Artículo 86 de la Ley General de la Administración Pública, ha dispuesto que no se pueden transferir competencias de los órganos constitucionales de la Administración que estén regulados únicamente en la Constitución y si la premisa de la que se parte para dictar esta sentencia, es la de que la fijación de los salarios en el sector público le está reservado, por Constitución, al Poder Ejecutivo, entonces la norma cuestionada, como se dijo, resulta contraria al principio indicado.”
La declaratoria de inconstitucionalidad llevó aparejada un dimensionamiento, de conformidad con el cual la Sala consideró que la nulidad declarada debía hacerse sin perjuicio de los derechos declarados y reconocidos a los servidores públicos, de forma tal que toda aquella recomendación hecha por la Comisión Negociadora que hubiere sido acogida y aplicada por el Poder Ejecutivo debía mantenerse. En ese sentido, la Sala Constitucional dejó claro lo siguiente:
“Los razonamientos expuestos llevan a la Sala a declarar con lugar la acción, lo que tiene como consecuencia, en virtud de los efectos declarativos y retroactivos del fallo a la fecha de vigencia de la norma que se anula, salvo los derechos adquiridos de buena fe (artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), que en principio se deba anular y dejar sin efectos jurídicos, todo lo actuado por la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Pero la Sala es consciente de que tal proceder produce graves dislocaciones de la seguridad jurídica, la justicia o la paz sociales, puesto que implicaría desconocer los derechos ya declarados y reconocidos a los servidores públicos que, consecuentemente, lo han sido de buena fe, porque el reconocimiento se hizo en aplicación de procedimientos y de la normativa, que han estado vigentes desde el mes de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro; y no es sino en noviembre del dos mil, sea, seis años después, cuando son cuestionados en esta vía. Ello implica que a una parte del sector público se le haya reconocido ese derecho en la vía administrativa o jurisdiccional y, en otros casos, aún se disputa el derecho, con fundamento en los precedentes jurisprudenciales. Así las cosas, de conformidad con lo que establece el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Sala dimensiona los efectos de su sentencia, en el sentido que las actuaciones de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, que se declara inconstitucional, surten los efectos que le son propios, incluyendo en los casos que sirven de base a la presente acción de inconstitucionalidad. Esto significa que la Sala le reconoce efectos jurídicos a la actuación de la Comisión, en tanto actuó como órgano asesor e informante del sistema, que recomendó aumentos de salarios, para que sea el Poder Ejecutivo el que decidiera, en ejercicio de su propia competencia, lo que en Derecho corresponda. Si lo dispuesto por la Comisión Negociadora, fue luego aceptado por el Poder Ejecutivo y acogido por él en la vía correspondiente (por ejemplo, mediante Decreto o mediante incorporación directa al salario de los servidores públicos), los efectos de esa actuación no son ahora revisables; si por el contrario, el Poder Ejecutivo no aceptó o rechazó lo acordado por la Comisión, lo que ésta dispuso no podrá vincular a los órganos públicos, pues los efectos propios del respectivo pronunciamiento, no son más que de asesoría o de informe, que no son vinculantes.” (La negrita y el subrayado no están en el original).
De conformidad con lo expuesto, queda claro que el dimensionamiento dispuesto en el citado voto, lo fue para respetar precisamente los derechos adquiridos de los empleados públicos, mas de lo trascrito se desprende que no se considerarían como tales los acuerdos de la Comisión que no hubieran sido avalados por el Poder Ejecutivo. En el caso bajo análisis, de conformidad con los hechos que se tuvieron por acreditados en la primera instancia, y que no fueron impugnados por alguna de las partes, se tiene que “El Poder Ejecutivo, reconoció el pago de cuatro mil colones a la base en la forma acordada por la Comisión negociadora, no así el diferencial existente entre el once coma cuarenta y nueve por ciento de inflación acumulada.” (Folio 121. La negrita no es del original). En consecuencia, no existe derecho adquirido alguno respecto de la aplicación de este aumento, como lo alega el recurrente; pues, lo único que admitió el Poder Ejecutivo fue la aplicación de la suma de cuatro mil colones, apuntada en el primer punto de aquel acuerdo de la Comisión Negociadora. Por consiguiente, con base en la resolución constitucional citada, de efectos vinculantes erga omnes, resulta improcedente acoger el reclamo del recurrente. Es oportuno anotar, que de conformidad con los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, a todas las entidades públicas les está permitido actuar cuando existe una norma que las autoriza y en este caso no existe ninguna. Se confirma el fallo impugnado.
Se confirma la sentencia recurrida. De conformidad con el artículo 154, párrafo final, del Código Procesal Civil, se hace constar, que la Magistrada Zarela María Villanueva Monge, concurrió con su voto al dictado de esta sentencia, pero no firmó por estar imposibilitada para hacerlo, por encontrarse fuera de sus funciones.
Zarela María Villanueva Monge Bernardo van der Laat Echeverría
Julia Varela Araya Rolando Vega Robert
yaz.-