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Timestamp: 2018-12-14 10:44:23
Document Index: 392227233

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 222', 'artículo 220', 'artículo 228', 'artículo 222', 'artículo 222', 'artículo 222']

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO - Proceso No 20943 corte suprema de justicia
Proceso No 20943 corte suprema de justicia
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El Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal solicita en su concepto no casar la sentencia impugnada por las fallas técnicas de los libelos y por considerar que no asiste razón a los impugnantes, con base en los argumentos que a continuación se exponen, para lo cual procedió a estudiar de manera conjunta al cargo primero de las dos demandas, así como la tercera censura de la presentada a nombre de MIRYAM EMMA RODRIGUEZ y la segunda de la demanda a nombre de JOSÉ DOMINGO RODRIGUEZ.
1. Respecto del primer cargo: Nulidad por violación del derecho a la defensa determinada por variación de la calificación jurídica (primer cargo de la demanda a nombre de MIRYAM EMMA RODRIGUEZ y primer cargo de la demanda a nombre de JOSE DOMINGO RODRIGUEZ ROZO):
Comienza el Delegado por señalar que las propuestas de invalidación no están llamadas a prosperar, dado que los actores incurren en yerros que desconocen los principios de claridad y lógica que rigen esta impugnación extraordinaria, falencia que imposibilita acreditar la irregularidad sustancial denunciada.
Sobre los argumentos del defensor de MYRIAM EMMA RODRIGUEZ TAVERA, el Procurador Delegado expone que el actor “confunde el yerro derivado de una equivocada calificación jurídica, con el error consistente en la falta de congruencia entre la acusación y el fallo”, pues en el primer caso la falencia se produce en la acusación (error in iudicando o de mérito), que debía postular al amparo de la causal primera, dado que podía ser corregido dictando fallo de sustitución, siempre que la modificación no implicara cambio del género delictivo y no se agravara la situación del procesado.
En tanto que si el interés del defensor se orienta a la calificación que de la conducta se realizó en las sentencias, y a partir de ello alega que se sorprendió a su asistida con una imputación diversa de la planteada en la acusación, y que por tanto no tuvo oportunidad de defenderse en el juicio, le correspondía solicitar la invalidez del fallo por incongruencia con la resolución de acusación, cargo que debía presentar al amparo de la causal segunda de casación, o inclusive bajo la égida de la causal tercera, según lo ha señalado esta Sala, pues estaría aceptando que la calificación impartida en la acusación es correcta, circunstancia en la cual no es viable el fallo de sustitución, si no la declaratoria de nulidad de lo actuado.
Precisa el Delegado que “la incongruencia entre la imputación de la acusación y la sentencia, no es posible alegarla como causa de nulidad por error en la denominación jurídica de la infracción, y menos confundirla con el equívoco en el grado de participación”, además puntualiza que “el hecho de condenar como autor material a quien fue acusado como determinador, o viceversa, no origina un motivo de nulidad por violación al derecho de defensa, como lo alega el recurrente, porque el artículo 23 del Código Penal que rigió el asunto, le da igual tratamiento punitivo a ambas categorías de intervención en la conducta delictiva” y por tanto “con una decisión en tales condiciones no se atenta contra las garantías fundamentales del procesado, ya que en tal caso la situación de éste no resulta más gravosa o desmejorada”.
Además de las señaladas deficiencias técnicas, el Delegado expresa que tampoco tuvo lugar la sorpresiva variación de la calificación jurídica de la conducta en el fallo que denuncia el censor, pues la congruencia entre acusación y sentencia supone identidad fáctica y correspondencia entre la calificación de los hechos plasmada en la acusación y la establecida en el fallo; la primera es una condición absoluta, en tanto que la consonancia jurídica es relativa, dado que es permitido al fallador condenar por una especie delictiva distinta de la imputada en el pliego de cargos, siempre y cuando pertenezca al mismo género (título y capítulo), y no se desmejore la situación del procesado como consecuencia de una sanción mayor.
Por tanto, señala que en este asunto el actor no demuestra de manera alguna la incongruencia que postula, pues se limita a decir que en el fallo de segundo grado se desconoció la imputación fáctica, circunstancia que no es cierta, dado que en la sentencia no se le atribuyeron a su asistida hechos o actuaciones distintas de las incluidas en la resolución acusatoria, al punto que en la parte considerativa de esta providencia se indicó que los procesados debían responder por uso de documento público falso, agravado por haber participado en su adulteración, y a la vez que se les acusó como “autores determinadores” del referido delito. Ya en la parte resolutiva del pliego de cargos fueron acusados como “coautores” de estafa y uso de documento público agravado por participar en la falsificación.
Destaca el Delegado que en ninguna parte del fallo de primer grado se dice que la procesada hubiere actuado como autora material de la acción falsaria, como sin razón lo señala el demandante, ya imitando la firma del Notario o la de su cónyuge, o en la imposición de los sellos falsos, o en el diligenciamiento de su contenido.
También aduce que el a quo se limitó a rectificar la subsunción de los comportamientos verificada en la acusación, habida cuenta que si MIRYAM RODRIGUEZ había intervenido en la falsificación de los reconocimientos notariales estampados en la promesa de compraventa y en el poder para vender las cuotas de interés, al menos como determinadora, y posteriormente usó tales documentos espurios, tal proceder no se adecuaba al artículo 222 de la derogada legislación penal, sino al artículo 220 del mismo ordenamiento, agravado por la circunstancia establecida en el inciso segundo del 222 ejusdem, como lo ha señalado esta Sala2.
Y agrega que tal rectificación se realizó sin desconocer los supuestos de hecho puntualizados en la acusación, de donde se concluye la incolumnidad del derecho de defensa de la procesada, dado que no fue sorprendida con la atribución de circunstancias fácticas diferentes o desconocidas por ella y su defensor, y sólo se trató de una corrección hecha por el fallador que se encuentra facultado para hacer los ajustes necesarios en aras de salvaguardar el principio de legalidad y el debido proceso.
Respecto de los argumentos del defensor de JOSE DOMINGO RODRIGUEZ ROZO, el Delegado señala que tampoco tienen vocación de prosperidad, pues faltan a la claridad y lógica de este recurso, dado que se desconoce si cuando emplea el término “tipo subjetivo” se refiere a la clase de intervención en el comportamiento delictivo -como autor material, determinador o cómplice-, o si con el mismo alude a las formas de culpabilidad o modalidades de la conducta punible -dolosa, culposa, o preterintencional-, destacando que en todo caso, en la acusación fueron definidas la forma de participación y la modalidad de culpabilidad con la cual obró el acusado.
En efecto, afirma el Ministerio Público que en primer término no hay ambigüedad o indeterminación en el pliego de cargos, pues si el comportamiento atribuido al enjuiciado únicamente adquiere connotación penalmente relevante si se realiza a título de dolo, se entiende que la imputación del delito fue bajo esa concreta especie de culpabilidad, o modalidad de la conducta punible, como hoy se clasifica en el Código Penal vigente.
En segundo lugar, en cuanto a la forma de intervención en el delito, en la acusación se señaló de manera clara y categórica el comportamiento realizado como “coautor determinador” de las falsedades, aspecto que el instructor dedujo por el manifiesto interés que le asistía junto con EMMA MIRYAM RODRIGUEZ en sustraer de la sucesión de Alvaro Puig García el bien inmueble de la calle 125 A con carrera 35 y las acciones que aquel tenía en la Sociedad Las Vallas Ltda.
Concluye entonces, que si en la acusación se definió con absoluta nitidez tanto la forma de intervención del procesado en los hechos punibles, como la culpabilidad con la que desplegó su conducta, en manera alguna estuvo imposibilitada la defensa material o técnica para debatir en el juicio la concreta imputación hecha en la acusación, razón de más para que el cargo no deba prosperar.
2. Respecto del segundo cargo: Falso raciocinio que recayó sobre las pruebas que demostraban que la promesa de venta y el poder sí existieron (segundo cargo de la demanda a nombre de MIRYAM EMMA RODRIGUEZ).
Expone el Ministerio Público que si bien el actor acierta en la postulación del cargo por falta de aplicación del artículo 228 del Decreto 100 de 1980, lo cierto es que no consigue acreditar la efectiva ocurrencia del error de hecho por falso raciocinio que alega, pues en la demostración del reproche el demandante se limita a exponer sus propias conclusiones sobre ciertos medios de prueba documentales para concluir que tanto el negocio de compraventa del inmueble determinado en la promesa, como el de la venta de las cuotas de interés, en verdad ocurrieron y que por lo tanto, si el fallador hubiera estimado tales pruebas conforme lo plantea el censor, habría aceptado que las falsedades documentales aquí investigadas se produjeron para probar un hecho verdadero.
El Delegado resalta que al observar los fallos de primera y segunda instancia, que integran una unidad jurídica inescindible, se concluye que no es verdad que los falladores hubieran incurrido en el vicio de valoración probatoria atribuido por el demandante, pues lo cierto es que si bien los contratos de compraventa del inmueble y cesión de las cuotas de interés pudieron haber sido acordados en vida de Alvaro Puig García, jamás se cristalizaron como hechos ciertos, y por ello los procesados recurrieron a las falsedades, “no para probar que las transacciones se dieron, sino para evitar cualquier cuestionamiento de los supuestos negocios al interior de la sucesión de Puig García, dándole a aquellos documentos, merced a los reconocimientos espurios, el valor de plena prueba oponible entre las partes y contra terceros”.
Dice que el demandante olvidó que en esta impugnación extraordinaria no basta la simple disparidad de criterios entre la valoración de ad quem y la del demandante para acreditar un falso raciocinio, pues la doble presunción de acierto y legalidad que ampara a los fallos judiciales lo impide.
Por lo anotado manifiesta que el cargo no debe prosperar.
3. Respecto del tercer cargo: Falso juicio de identidad sobre el carácter público de los documentos (tercer cargo de la demanda a nombre de MIRYAM EMMA RODRIGUEZ y segundo cargo de la demanda a nombre de JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ).
Comienza el Procurador Delegado por señalar que los demandantes incurren en un “garrafal desacierto”, pues si censuran que los documentos privados fueron tenidos como públicos, se apartan de la argumentación del error de hecho por falso juicio de identidad que es de carácter objetivo y contemplativo en punto de la distorsión de la prueba, “e inopinadamente invaden la órbita de la violación directa, ya que lo alegado por ellos no es más que un error de juicio jurídico frente a los presupuestos de hecho debidamente probados”.
Destaca entonces que tal circunstancia condena la censura al fracaso en virtud del carácter rogado de este trámite, pues la falla no puede ser corregida por la Corte, pese a lo cual considera que tampoco le asiste razón a los actores en el fondo de su pretensión, “ya que no es cierto que los documentos sobre los que recayó la conducta falsaria sean de naturaleza privada”.
En efecto, puntualiza que los falladores de primero y segundo grado dejaron en claro que “uno es el carácter documental de la promesa de compraventa del bien inmueble y del poder para la venta de las acciones, y otro, autónomo y diferente, el de las diligencia de reconocimiento de firmas que se estampo a estos. La promesa y el poder son documentos privados por esencia, en la medida que su elaboración y contenido corresponde a la expresión de voluntad de sujetos particulares; en cambio, las diligencias de reconocimiento de firmas son también, por esencia, documentos públicos porque la atestación de veracidad que en ellas se hace sólo puede ser certificada por un funcionario investido de la facultad de dar fe pública, quien no es otro que el Notario”.
Precisa que si las referidas diligencias de reconocimiento de firmas fueron falsificadas por creación integral, ello no les quita la naturaleza de documentos públicos, pues tal discusión se encuentra agotada por la jurisprudencia3.
Y aduce que en las sentencias no se afirma que los referidos documentos conformen un solo contenido documental con las respectivas diligencias de reconocimiento de firmas, o que simultáneamente deban ser tenidos como privados y públicos, ni que por virtud de las apócrifas diligencias de reconocimiento los documentos hayan adquirido la connotación de públicos, pues claramente el ad quem señaló el carácter documental autónomo de ambos actos.
Concluye el Delegado que “el acto notarial de reconocimiento o autenticación de firmas, como actividad exclusiva atribuida a un empleado oficial con potestad certificadora, a quien la ley concede la labor de dar fe pública, indiscutiblemente se materializa como un documento autónomo susceptible de falsificación en todas sus modalidades.
En consecuencia, expresa que los acusados incurrieron en un concurso homogéneo de falsedad en documento publico, agravada por el uso, circunstancia que determina la improsperidad del cargo.
4. Respecto del cuarto cargo: Violación directa por aplicación indebida de los artículos 220 y 222 inciso 2º del Código Penal, y falta de aplicación del artículo 222 del mismo (cuarto cargo de la demanda a nombre de MIRYAM EMMA RODRIGUEZ).
Estima el Delegado que si bien desde el punto de vista técnico el cargo no merece reproche pues no cuestiona los hechos declarados y probados en la actuación, su argumentación va “en contravía de contundentes y científicos estudios jurisprudenciales que desde hace ya cerca de veinte años se mantienen incólumes frente al problema que quiere revivir como motivo para casar las decisiones adoptadas en las instancias”, dado que desde 1984 esta Sala aclaró y desentrañó el alcance de la modalidad delictiva plasmada en el artículo 222 de la derogada legislación penal.
En efecto, indica que desde aquella oportunidad se precisó que el primer inciso del artículo 222 del Decreto 100 de 1980 sanciona el uso del documento público sin haber concurrido a su falsificación, mientras que en su inciso segundo el uso del documento público falso por parte de quien participó en la adulteración está previsto como agravante de la acción falsificadora en general del documento público y, por lo tanto, el incremento allí consagrado debe hacerse con remisión a lo dispuesto en los artículos 218, 219 y 220 ejusdem, según sea el caso, y no con referencia a la pena prevista en el apartado primero de esa norma.
Entonces, el Ministerio Público expresa que carece de razón el argumento del demandante, lo cual conduce a la improsperidad de la censura.
Con base en lo expuesto, el Procurador Delegado considera que los cargos formulados en las demandas no están llamados a prosperar y en consecuencia sugiere a la Corte no casar el fallo recurrido.