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Timestamp: 2019-09-20 22:50:11
Document Index: 6340853

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'e contrario', 'e contrario', 'e contrario', 'e contrario', 'e contrario', 'e contrario', 'artículo 24', 'artículo 120', 'e contrario', 'e contrario', 'e contrario', 'E CONTRARIO']

Impuganacion del recurso de apelación
Marginal : 69345870
AL JUZGADO DE INSTR UCCIÓN Nº…DE…… PARA LA AUDIENCIA PROVINCIAL
DON……………, mayor de edad, cuyos demás datos obran en el procedimiento al margen referenciado y actuando en nombre y representación propia, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que en fecha 17 de enero del año en curso se me da traslado del recurso de apelación formulado por el Procurador de los tribunales DON…………………, en nombre de DON…………., contra la Sentencia dictada en el Juicio de Faltas arriba reseñado, y no estando conforme con el mismo, por medio del presente escrito vengo a presentar en tiempo y forma IMPUGNACIÓN DEL RECURSO DE A PELACIÓN fundándolo en las siguientes
Con carácter previo, y entendiendo que los motivos Primero, Segundo y Tercero del Recurso instado de contrario se pueden refundir en uno solo, esto es, error en la valoración de la prueba , procedemos a dar contestación a los tres en la siguiente consideración :
PRIMERA.- ERROR EN LA VALORA CION DE LA PR UEBA.
Manifestar nuestra oposición con los motivos de impugnación alegados de contrario primero, segundo y tercero, en el sentido de que el apelante trata de sustituir el criterio valorativo del juez "a quo" por el suyo propio, entendiendo como probados hechos que en modo alguno han resultado acreditados a lo largo del procedimiento ni en el acto del plenario . Si bien es cierto que en orden a la valoración de la prueba son igualmente libres para apreciarla en conciencia tanto el juez de instancia como el de apelación, es al primero, por razones de inmediación en su percepción, al que aprovecha al máximo las pruebas practicadas en el acto del juicio, Por ello es por lo que la fijación de los hechos llevada a cabo por la resolución recurrida ha de servir de punto de partida para el órgano de apelación y solo podrá rectificarse por inexactitud o manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba o cuando el relato histórico fuese oscuro, impreciso , incompleto, etc. Así lo determina numerosa jurisprudencia SSAAPP de Albacete, de 28 de octubre de 1980 y de 17 de octubre de 1981; de Badajoz, de 20 de febrero de 1984; de Pontevedra , de 10 de mayo de 1984 de Logroño, de 30 de enero de 1985; de Jaén, de 1O de junio de 1985; de Madrid , de 9 de septiembre de 1999; entre otras muchas ; circunstancia que no se da en ningún caso en el supuesto que nos ocupa .
Así, el Juez "a quo" gracias a ese principio de inmediación anteriormente expresado y entendido como el contacto directo de los órganos jurisdiccionales con los sujetos y con los hechos, es el que emite, al tenor de lo expresado en el acto de la Vista, un dictamen valorativo de los hechos que dan lugar al procedimiento. En este caso, la Sentencia, en sus hechos probados se expresa en los siguientes términos: "Se considera que los hechos han quedado suficientemente probados a través de la prueba practicada, que ha sido valorada en su conjunto" .Es decir, que el juez de instancia para alcanzar la convicción que refleja en los hechos probados y que , fruto de la misma, es resultado que se recoge en el fallo de la sentencia, realizando una valoración de la prueba practicada en todo el procedimiento
En este sentido, hay reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional según la cual la valoración de la prueba y el d erecho a la pr esunci ón de inocen cia re conocido en el art. 24.2° de la Constitución comporta en el orden penal la concurrencia de cuatro exigencias de cuya existencia depende el mantenimiento de la verdad interina de inculpabilidad o su decaimiento en base al resultado de la valoración de la prueba de cargo. Tales exigencias son:
La carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal y sus circunstancias de ejecución y sobre la intervención que en ellos haya tenido el imputado, corresponde exclusivamente a la acusación , sin que le sea exigible a la defensa una «probatio diabolica» sobre hechos negativos . Debe recordarse que el ámbito de actuación de la presunción de inocencia son los hechos en la doble dirección indicada, nunca las calificaciones jurídicas (SSTS 11 y 19 de diciembre de 1995 ( Marginal Aranzadi : RJ 1995\9233 y RJ 1 995\9380), 11 de marzo, 2 de abril y 17 de mayo de 1996 ( Marginal Aranzadi : RJ 1996\ 1 9 12, RJ 1996\3215 y RJ 1 996\3888)).
Sólo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisor y con observancia de los principios de contradicción y publicidad con la excepción de los supuestos de prueba preconstituida y anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea o se prevea imposible, -art. 730 LECrim­ y siempre que se garantice el derecho de defensa y la posibilidad de contradicción.
e) La prueba de cargo cuya valoración puede ser tenida en cuenta en orden a provocar el decaimiento de la presunción de inocencia puede ser tanto la prueba directa como la indirecta o de indicios.
d) La valoración crítica de toda la prueba practicada es potestad exclusiva del órgano judicial, que la ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración. Por ello es competencia exclusiva del Tribunal sentenciador -art. 741LECrim- determinar si en orden a obtener el correspondiente juicio de certeza en un contenido incriminatrio con decaimiento de la presunción de inocencia, o si por el contrario debe aquella presunción ser mantenida , deben primarse las pruebas de cargo directa s o indirectas, o por el contrario las de descargo.
Por todo lo dicho con anterioridad entendemos que la Sentencia dictada por el Juzgador de instancia y objeto de recurso por la parte apelante se adecua perfectamente a las normas previstas en nuestro Ordenamiento Jurídico, estando perfectamente motivada y, a través de los argumentos que en la misma se exponen, concretamente en sus fundamentos jurídicos, podemos observar como por el juzgador, tras examinar en conciencia las pruebas practicadas en el acto del Juicio y las razones expuestas por las partes en el mismo, llega a una conclusión clara y determinante. Frente a esta circunstancia el recurrente, dicho sea con el máximo respeto, ofrece una versión propia y, por tanto, obviamente interesada, entendiendo que su valoración y no la del juez de instancia debe de prevalecer. En este sentido hemos de decir que corresponde al órgano judicial valorar las pruebas y decidir en función de las mismas, cumpliendo así con nuestro ordenamiento jurídico. Pero sin entrar en valoración alguna, esta parte considera que ha quedado objetivamente acreditado en el procedimiento los siguientes extremos:
.- Ambas las partes acuden al acto del juicio en calidad de denunciantes y denunciados , ya que todos acuden a comisaria a formular denuncia, siendo la formulada por el condenado-apelante una denuncia por unos presuntos daños realizados por Don……..en su local al cortarle una chimenea de evacuación de humos que daba a la vivienda de este, y la formulada por Don…….por una falta de lesiones, injurias y amenazas.
.- Existen partes de asistencia facultativa que acreditan la existencia de las lesiones, por lo que luego se dirá al respecto, así como informe del médico forense que objetiviza las mismas. Y ello debemos destacarlo, ya que si bien es cierto que no obran en Autos los primeros ello es debido a que el forense no los adjuntó tras la visita de Don…………., sino que se limitó a observarlos y plasmar su contenido en su informe de sanidad . No debemos olvidar que en la citación a médico forense se indica, conforme establece la Ley al respecto, que el interesado debe acudir con cuantos documentos y partes de asistencia facutativa obren en su poder y que tengan relevancia, dimanen directamente del incidente que se está enjuiciando, de otro modo, como no debe de ser menos, el forense ha de dejar plasmado en su informe cualquier anomalía, tal como que no se adjuntan al momento de la visita dichos informes médicos. En el presente caso Don………….., hizo uso de su derecho a llevar cuantos partes facultativos tuviere en su poder en el momento de la visita al médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción… de…., partes donde se reflejaba tanto el origen de las lesiones como los días de curación de las mismas, todos ellos impeditivos. Si dichos partes no obran en Autos es única y exclusivamente porque el forense no los adjuntó, valorando su contenido en su informe de sanidad que si se encuentra unido al Procedimiento .
.- Los propios intervinientes no niegan la existencia del incidente, sino que reconociendo la existencia del mismo, dan razones que justifican su presencia en los propios hechos objeto de juicio.
Ante todas estas circunstancias el juez de instancia condena al apelante como autor de sendas faltas de injurias y lesiones (no así la de amenazas al entenderse dentro de las lesiones), estableciendo las indemnizaciones derivadas de las lesiones ocasionadas, absolviendo a Don……….de la falta de daños dolosos por la que venía siendo imputado, considerando que dicha falta no tiene relevancia penal y que, de ser cierta su versión, ha de ser la vía jurisdiccional civil la adecuada para ventilar ese asunto porque al momento de cortar el tubo el bar del apelante no tenía licencia de apertura al público , estando clausurado por el Ilmo. Ayuntamiento de…..al no reunir las condiciones exigidas para tal actividad; en prueba de todo ello únicamente indicar que el apelante­ condenado en ningún momento aporta al Juzgado, a pesar de serie requerida en varias ocasiones, la valoración de los daños y perjuicios causados, y ello simplemente porque no los hubo al encontrarse clausurado el establecimiento .
Frente a todo ello el recurrente pretende imponer su propio criterio, indicando una errónea valoración de la prueba por el juez "a quo". Es más, y a pesar de lo que se dice de contrario en el escrito de recurso, el Juez de instancia analiza las manifestaciones de los implicados así como el informe médico-forense siendo su valoración , en conciencia, la de alcanzar la suficiencia necesaria como para fundar una sentencia condenatoria del condenado-recurrente .
Nos parece legítimo que a la parte apelante no le guste o discrepe del resultado de la valoración que hace el juzgador y, por ende, de lo actuado en el procedimiento, pero ello no puede suponer que, tanto en la fase de Plenario como en cualquiera otra previa a esta, no se hayan cumplido con rigor las previsiones legales que contempla la Ley al respecto . El Juez utiliza y emplea los medios para alcanzar los juicios de valor que la Ley pone a su disposición obteniendo un resultado que solo puede ser favorable a los intereses de una de las dos partes que concurren a un Juicio, lo cual puede significar que una de estas partes esté en disconformidad con ese resultado, pero aquello que nos disguste de una sentencia no podemos automáticamente achacarlo a que no se hayan utilizado para obtener la misma los medios legales previstos . En definitiva, en el caso que nos ocupa, el Juez de instancia ha valorado libre y en conciencia la prueba en todo su conjunto, y con ello cumple con su obligación que al respecto le impone la norma, sin que pueda acogerse la pretensión del apelante de querer modificar la valoración del Juez por la suya propia
Finalmente, añadir que incluso el Ministerio Fiscal, personado en el Procedimiento solicitó el su informe la condena para el hoy recurrente, así como la acusación particular de Don…….., pidiendo para éste la absolución, términos que quedan plasmados en la Sentencia que consideramos intachable, estando perfectamente motivada y valorada la prueba, por lo cual, a nuestro humilde entender, debe de ser confirmada en esta instancia y en su consecuencia desestimado el recurso interpuesto de contrario.
SEGUNDA.- FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA (Cuarto del recurso)
Entendemos, salvo mejor criterio, y dicho sea en estrictos términos de defensa que el motivo cuarto del recurso presentado de contrario debería serlo, a tenor de su contenido, por infracción de precepto legal, art. 638 en relación con el art. 50.5 del código penal de proporcionalidad de la pena que sería más correcto, pues lo que se debate es el "quantum indemnizatorio" de las lesiones ocasionadas a Don…………; en cualquier caso, y en relación con lo expuesto de contrario, pasamos a mostrar nuestra oposición con el motivo alegado de contrario hasta aquí examinado, manifestando, en primer lugar que con carácter general, es incontrovertido que el quantum indemnizatorio no es impugnable en segunda instancia salvo que, de acuerdo con el principio acusatorio, por el Juzgador a quo se haya concedido más de lo pedido o se haya n utilizado criterios no ajustados a lo prevenido legalmente, hechos ambos que en modo alguno se producen en el presente supuesto. En este sentido debemos citar STS 26-12-84 (RJ 1984\6647), 8-7-86 (RJ 1986\3902), 23-3-87 ( 1987\2199) entre otras muchas ; y en segundo lugar que es conocida la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias 175/ 1992 de 2 de noviembre [RTC 1992\ 175), 19 1/ 1992 de 16 de noviembre [RTC 1992\191], 232/1992 de 14 de diciembre [RTC 1992\232) y 26/1993 de 25 de enero [RTC 1993\26]) en el sentido de que en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24. 1 de la Constitución se comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho es decir motivada y razonada. lejos de la arbitrariedad y razonable extraña al capricho o puro voluntarismo. La exigencia de motivación es hoy una exigencia constitucional, prevista en el artículo 120.3 de la Constitución, no siendo, en definitiva, sino la consecuencia de la propia función judicial y de su vinculación a la Ley (art. 117.1 CE), así como del sistema de recursos establecidos en la leyes orgánicas y procesales.
Es por ello claro que el interesado o parte ha de conocer las razones decisivas, el fundamento de las decisiones que le afecten, en tanto que instrumentos necesarios para su posible impugnación y utilización de los recursos.
De lo antedicho no cabe exigir que esa fundamentación sea absolutamente exhaustiva , ni debe tampoco expresar el completo proceso lógico que ha conducido al órgano judicial a su decisión (Sentencias del Tribunal Constitucional números 56 de 1987 [RTC 1 987\56], 36 de 1987 (RTC 1987\36] y 70 de 1990 (RTC 1990\70]) ya que, no obstante lo dicho, el deber de motivación no exige una ponderación acabada v exhaustiva sobre las cuestiones planteadas, siendo doctrina jurisprudencial (STS de 21 de enero de 1994 (RJ 1994\89D que la motivación, como obligación constitucional, se cumple con una escueta v concisa exposición.
Asimismo es preciso distinguir entre las alegaciones aducidas por las partes en apoyo de sus pretensiones y éstas en sí mismas consideradas, dado que, respecto a las primeras [alegaciones que apoyan la pretensión] no sería necesaria para la satisfacción del derecho referido una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global y genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas.
Así el Juez de Instancia realiza una valoración de las lesiones ocasionadas y de su cuantía indemnizatoria en función de lo reflejado en el informe médico-forense obrante en Autos y que no fue impugnado de contrario en tiempo y forma sino en el momento del informe final , como acertadamente refiere la Sentencia, por lo cual deviene prueba de cargo firme y objetiva, con plena eficacia probatoria, donde se refieren una serie de lesiones así como los días de curación. Llegados a este punto y en cuanto al "quantum indemnizatorio" establecido por el Juez de Instancia, simplemente recordar que los días de curación de las lesiones también lo fueron de impedimento y que, por tanto, el Juez es libre, dentro de unos parámetros lógicos, para fijar la cantidad de dicho "quantum"; así y siendo impeditivos los días de curación, por el Juzgador de Instancia se entiende adecuar la indemnización en 60 € por cada uno de los días, habida cuenta de que no está obligado a seguir normas al respecto, debiendo recordar que el baremo objetivado en la Ley 30/95, de 8 de noviembre, es aplicable taxativamente a las lesiones ocasionadas respecto a la circulación de vehículos a fin de regular y controlar a las Compañías de Seguros en tal aspecto; no entendemos aplicable al presente caso dicho baremo y, en cualquier caso, la cantidad fijada por el Juez "a quo" es ajustada y adecuada a las cantidades que vienen estableciendo, para casos similares, los Juzgados de Instrucción de….., que fijan en 30 € el día de curación no impeditivo y en 60 € el impeditivo.
Por último y en virtud de todo lo expuesto, entendemos que la Sentencia dictada en el presente Procedimiento resulta intachable, estando perfectamente motivada y valorada adecuadamente la prueba , sobretodo por la facultad discrecional que atribuye la Ley a los Jueces para que en el ámbito de las faltas, como es el caso, apliquen las penas a su prudente arbitrio, por lo cual, a nuestro humilde entender, debe de ser confirmada en esta instancia y en su consecuencia desestimado el recurso interpuesto de contrario.
TERCERA.- Quinta del Recurso
En cuanto a este "motivo" de apelación esta parte nada tiene que manifestar salvo que cuando Don……….compró la casa efectivamente existía el bar y el tubo, pero lo que no se dice de contrario es que en esa fecha todo el inmueble pertenecía a una misma familia que era la que regentaba el susodicho bar; puesta a la venta la finca, Don…………adquiere su vivienda, no siendo hasta más tarde cuando el apelante alquila el local-bar haciendo uso de su estructura sin permiso ni licencia de apertura, ocasionando molestias por ruidos, humos y malos olores al resto de vecinos, motivo por el cual el Ilmo. Ayuntamiento de……. (……) clausura el bar por falta de licencia de apertura así como porque el tubo de salida de humos no estaba instalado conforme a la normativa que viene siendo exigida por el Ayuntamiento; precisamente por ello, y no por otra circunstancia , Don………procedió a cortar el tubo actuando en su calidad de Presidente de la citada Comunidad de Vecinos y con permiso expreso del Ayuntamiento para hacerlo .
AL JUZGADO SUPLICO, que habiendo por presentado este escrito, lo admita, teniendo por IMPUGNADO EN TIEMPO Y FORMA EL RECURSO DE APELACION INSTADO DE CONTRARIO contra la Sentencia pronunciada en el presente Juicio de Faltas, y admitiéndolo, previos los trámites legales oportunos, remitir todo, junto a las actuaciones originales a la Ilma. Audiencia Providencial de…….. , a fin, de que en su día, se dicte Sentencia por la que, desestimando la alzada de instancia, confirme la Sentencia recurrida en todos sus extremos, condenando en costas al apelante.
Es de Justicia, que insto en…., a… de….. del año….
OTROSl DIGO: Que a efectos de notificaciones se designa el despacho profesional del letrado suscribiente, Don…………., sito en esta….., (…….), C/…………………
AL JUZGADO SUPLICO que tenga por designado el domicilio que se menciona a efectos de notificaciones, por ser de justicia que reitero para principal y otrosí en lugar y fecha arriba indicados .
Fdo.:………….