Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25236
Timestamp: 2020-02-20 15:05:21
Document Index: 191111218

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'Artículo 294', 'in dubio', 'in dubio']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 10/2017
SENTENCIA 10/2017, de 30 de enero
“1.-Todas las imputaciones parten de relatar sus numerosas peripecias carcelarias y, sobre todo, su confluencia en uno u otro momento de la secuencia de los hechos en la cárcel de Topas (Salamanca). No dudamos de la admiración y sugestión de todos por las predicaciones de [figurando aquí el nombre de otro coacusado, finalmente condenado] incluso la comunión o aceptación de sus ideas fundamentalistas que se contienen en las numerosas cartas que, sin ninguna precaución o cautela se intercambiaban. Proclamaban sus convicciones ante los funcionarios de prisiones sin ocultar sus deseos de acabar con los infieles y anhelar la eliminación de líderes políticos. En todas sus manifestaciones está presente el estudio de la yihad y de los textos de la sharia para ser mejores musulmanes…
3. No se aprecia que hubieran decidido o aceptado participar de alguna forma en la imposición de esas ideas mediante la violencia terrorista.”
c) Mediante resolución de 10 de febrero de 2010 de la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia se dio traslado de la reclamación formulada al Consejo de Estado, que emitió dictamen en fecha 18 de marzo de 2010 en el que considera en relación con el delito de integración en banda terrorista por el que el demandante de amparo había sido acusado y absuelto que “[d]e forma muy escueta, la sentencia [de casación] reconoce la admiración y sujeción a las predicaciones de otro coencausado y condenado y destaca, incluso, la comunión o aceptación de sus ideas fundamentalistas … Por lo tanto, el Alto Tribunal constata unas determinadas relaciones entre los acusados aunque valora las declaraciones y confesiones de creencias en el sentido de que no acreditan la existencia de una integración en banda armada. Dicho en otros términos, la absolución se basa en que la prueba que obra en autos es insuficiente para apreciar la existencia del delito imputado y no, por el contrario, en que los acusados estuviesen nítidamente desvinculados de los hechos que se les imputaron”, por lo que llega a la conclusión de que “no se dan los requisitos exigidos” en el art. 294 LOPJ.
d) Mediante resolución de 25 de mayo de 2010, el Secretario de Estado de Justicia, por delegación del Ministro del departamento, resolvió desestimar la reclamación formulada por el demandante de amparo, reproduciendo, en el fundamento jurídico cuarto de la resolución, la argumentación contenida en el dictamen del Consejo de Estado. Contra la resolución indicada, interpuso el actor recurso de reposición en fecha 17 de julio de 2010, que fue desestimado por resolución del Secretario de Estado, igualmente por delegación del Ministro, de 7 de febrero de 2011, en la que se señala (fundamento jurídico 4) que “en el supuesto examinado, la absolución de los reclamantes, hoy recurrentes, se basa en que la prueba que obra en autos es insuficiente para apreciar la existencia del delito imputado y no porque los acusados estuviesen nítidamente desvinculados de los hechos que se les imputan”, añadiendo después (fundamento jurídico 5) que “[d]e acuerdo con lo anterior, y contrariamente a lo alegado, se significa que no puede concluirse que no halla [sic] existido actividad probatoria alguna, sino que, a la vista de la citada Sentencia absolutoria y demás actuaciones obrantes en el expediente, se considera que no se ha producido una indubitada falta de participación de los sujetos imputados en ese específico tipo de los hechos por los que fueron absueltos”.
e) Contra las resoluciones administrativas dictadas interpuso el ahora demandante de amparo recurso contencioso-administrativo en fecha 7 de enero de 2011, que fue admitido por decreto de 11 de enero de 2011 de la Secretaria Judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional. En la demanda, el recurrente afirma que las resoluciones administrativas impugnadas vulneraron su derecho a la presunción de inocencia, citando, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de julio de 2010 (asunto Tendam c. España) y afirmando que “[e]l caso resuelto por la Sentencia del TEDH en el asunto Tendam, en cuanto al alcance institucional del derecho fundamental de presunción de inocencia reconocido en la Constitución española, es sustancialmente igual al que trae lugar con el presente recurso. Como precisa el TEDH, en virtud del principio ‘in dubio pro reo’, el cual constituye una expresión concreta del principio de presunción de inocencia, no debe existir ninguna diferencia entre una absolución basada en la falta de pruebas y una absolución que derive de la constatación sin ningún género de dudas de la inocencia de una persona, motivo por el cual se debe generar y reconocer el derecho a la correspondiente indemnización a favor de mi mandante en los términos señalados”.
f) En fecha 30 de octubre de 2012, la Sala dictó Sentencia desestimando la pretensión formulada. Según razona la resolución, la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en las SSTS de 23 de noviembre de 2010 y 24 de mayo, 14 de junio y 8 de noviembre de 2011 determina que “no quedan amparados por el art. 294 LOPJ todos los supuestos de inexistencia del delito, sino únicamente aquellos en los que no concurre la acción típica, habiendo excluido la jurisprudencia como causa de responsabilidad patrimonial del Estado en estos casos, los supuestos de absolución por concurrir causas de exención de la responsabilidad criminal, ya sea por exclusión de la antijuridicidad, de la imputabilidad, de la culpabilidad o de la punibilidad o, en términos más generales, cuando existan causas de justificación o de inimputabilidad”, siendo esencial para determinar este extremo “atender al auténtico significado de la resolución pronunciada por la jurisdicción penal, sin que para ello resulten decisivas las expresiones más o menos acertadas de la sentencia absolutoria o del auto de sobreseimiento libre, pues es necesario deducirlo del relato de hechos probados y de la valoración de las pruebas realizada por el Juez o Tribunal penal, ya que sólo de su examen conjunto es posible obtener la conclusión de si se está ante una absolución o auto de sobreseimiento libre por inexistencia del hecho imputado —bien por no haber acaecido o por no ser constitutivo de infracción punible— o por ausencia acreditada de participación, o, por el contrario, ante una sentencia absolutoria en virtud del principio de presunción de inocencia por falta de pruebas”. Atendiendo a esta doctrina, la Sala considera que el art. 294 LOPJ no resulta aplicable al caso, pues, según se razona, “el actor fue absuelto del delito de integración en organización terrorista porque la prueba que constaba en los autos era insuficiente para apreciar el citado delito, no por la inexistencia objetiva del hecho, siendo otros imputados condenados en la misma causa por el delito de integración en banda terrorista”.
El actor realiza, para una mejor comprensión de la vulneración padecida, una exposición inicial acerca de la evolución de la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la aplicación del art. 294.1 LOPJ. Según señala, en la doctrina tradicional elaborada por el alto tribunal, la responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional se consideraba procedente en dos supuestos distintos. El primero de tales supuestos, conocido como “inexistencia objetiva del hecho”, abarcaba, según glosa el demandante, “los casos en los que no hubiera existido materialmente el hecho delictivo y también aquellos en los que existiendo el hecho éste fuera atípico”. Eran, en cambio, supuestos de “inexistencia subjetiva del hecho”, igualmente determinantes del derecho a la indemnización, aquellos en los que “resultara probada la falta de participación del inculpado, procesado o acusado en el hecho que se le hubiese atribuido, es decir, hecho delictivo existente con prueba de no haber participado en él”. El Tribunal Supremo, según alega el recurrente, ha rectificado después esa doctrina, restringiendo el alcance del derecho a la indemnización previsto en el art. 294.1 LOPJ. En la nueva doctrina del alto tribunal sólo puede reconocerse dicho derecho al resarcimiento en el primero de los dos supuestos aludidos, esto es, cuando ha quedado acreditada en el proceso penal la inexistencia material del hecho delictivo o la falta de tipicidad de la conducta enjuiciada. Los demás supuestos de absolución, incluyendo aquellos que se fundan en la aplicación del estándar probatorio propio del proceso penal (la cláusula in dubio pro reo) ya no son acreedores de indemnización alguna. Esta nueva doctrina habría sido la aplicada al recurrente, que fue absuelto justamente, según razona, por la falta de pruebas suficientes sobre su participación en el hecho delictivo que se le imputaba.
La nueva interpretación, más restrictiva, del texto del art. 294.1 LOPJ que ahora impera en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que el actor considera que ha sido aplicada por las resoluciones impugnadas, obedece, según se glosa en la demanda, a una errónea recepción, por parte de los tribunales españoles, de la doctrina del Tribunal Europeo recaída sobre esta materia y, en particular, de la STEDH de 13 de julio de 2010 (asunto Tendam c. España). A juicio del demandante de amparo, cuando esta resolución del Tribunal Europeo razona que “las sentencias absolutorias no se diferencian en función de los motivos que hayan sido tenidos en cuenta en cada ocasión por el juez penal” está poniendo de relieve, en realidad, que la razón de la absolución recaída en el proceso penal es indiferente a efectos de resarcimiento y que, por ello, idéntico efecto sobre el procedimiento de responsabilidad patrimonial por prisión provisional ha de tener una sentencia absolutoria basada en la insuficiencia de la prueba sobre la participación en el hecho delictivo (in dubio pro reo) que la Sentencia absolutoria fundada, en cambio, en la acreditación de la irrealidad del hecho delictivo mismo.
Para el caso de que el óbice aludido no sea apreciado, el Abogado del Estado interesa la desestimación del recurso por inexistencia de lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya que, según razona escuetamente, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el Tribunal Constitucional consideran que sea exigible, desde la óptica de los derechos fundamentales, la indemnización de los supuestos de prisión provisional, habiéndose limitado el Tribunal de Estrasburgo a señalar que una denegación indemnizatoria puede vulnerar el derecho a la presunción de inocencia si se funda en razones que supongan “extender una sombra de sospecha sobre la culpabilidad” del solicitante. Estamos, pues, según sostiene el Abogado del Estado, ante un puro problema de argumentación, óptica desde la cual nada puede reprocharse, según razona, a la resolución judicial impugnada, ya que en el Sentencia de la Audiencia Nacional no se advierte “una motivación o el empleo de un lenguaje que afecte a la culpabilidad del demandante sino que se limita, de forma estricta, a aplicar el supuesto legal.” De este modo, al constatar objetivamente que no concurre “el supuesto de hecho (hecho atípico o hecho no real) desestima la reclamación pero, en ningún momento, se entra a valorar los motivos de la absolución si fue por falta de pruebas o por no participación del absuelto, argumentación vedada por la doctrina del TEDH por vulneradora del principio ‘in dubio pro reo’”.
4. Sentada esta cuestión, el recurso de amparo ha de ser estimado por remisión a lo ya resuelto por el Pleno de este Tribunal en la STC 8/2017, de 19 de enero, resolución con la que el presente recurso guarda una identidad evidente. También en este supuesto las resoluciones impugnadas deniegan todas ellas la indemnización en consideración a que el principio in dubio pro reo, esto es, la insuficiencia de la prueba practicada para generar una convicción sobre la responsabilidad criminal más allá de toda duda razonable, ha sido el determinante de la absolución decretada en el proceso penal. Al operar así, las resoluciones administrativas y la resolución judicial que las confirma “cuestiona[n] la inocencia del demandante, lo que sucedía en los asuntos Puig Panella y Tendam … siguiendo la reciente STEDH de 16 de febrero de 2016 (asunto Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España) … de modo que se menospreció la presunción de inocencia” (STC 8/2017, de 19 de enero, FJ 7). Con arreglo a esta doctrina, las decisiones recurridas en este proceso constitucional suscitan dudas sobre la inocencia del denunciante, razón por la que deben ser anuladas a efectos de que sean sustituidas por otras compatibles con el derecho del actor a la presunción de inocencia.
1º Declarar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
2º Anular la Sentencia de 30 de octubre de 2012 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso núm. 8-2011, la resolución del Secretario de Estado de Justicia de 7 de febrero de 2011 y la resolución del Secretario de Estado de Justicia de 25 de mayo de 2010, recaídas en el expediente 476-2009, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial en los términos contenidos en el último fundamento jurídico de esta resolución.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Juan José González Rivas respecto de la Sentencia de 30 de enero de 2017, dictada en el recurso de amparo 7088-2012, al que se adhiere el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 7088-2012
Promovido por don Zelmat Salah en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia que denegaron su petición de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional denegó al recurrente en amparo, que había estado privado de libertad en una causa por la que finalmente fue absuelto, una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado a causa del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. La denegación de la indemnización solicitada utilizó una argumentación que vulneró el principio de presunción de inocencia. Se otorga el amparo en aplicación de la doctrina contenida en la STC 8/2017, de 19 de enero. La Sentencia anula las resoluciones previas denegatorias de la indemnización, ordenando retrotraer las actuaciones al momento anterior a dictarse la primera de ellas.
La especial trascendencia constitucional se justifica con base en que el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal.
El recurso de amparo ha de ser estimado por remisión a lo ya resuelto por el Pleno de este Tribunal en la STC 8/2017, de 19 de enero, resolución con la que el presente recurso guarda una identidad evidente [FJ 4].
Artículo 294, f. 3
Derecho a la presunción de inocenciaDerecho a la presunción de inocencia, Vulnerado, ff. 1 a 4
Indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de justiciaIndemnización por funcionamiento anormal de la Administración de justicia, ff. 3, 4
Indemnización por prisiónIndemnización por prisión, ff. 3, 4
Principio in dubio pro reoPrincipio in dubio pro reo, ff. 1, 3, 4