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Timestamp: 2019-01-17 09:20:11
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BOE.es - Documento BOE-A-2013-8038
Documento BOE-A-2013-8038
Resolución de 17 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
«BOE» núm. 175, de 23 de julio de 2013, páginas 54108 a 54150 (43 págs.)
BOE-A-2013-8038
El fuerte aumento del desempleo constituye una de las principales consecuencias de la crisis económica en la que se halla inmerso nuestro país. Esta situación tiene una incidencia especial en determinados colectivos, afectando de manera especialmente grave a los jóvenes, con una tasa juvenil superior al 55 por ciento.
La existencia entre un número importante de jóvenes de bajos niveles de cualificación combinada con largos períodos de permanencia en el desempleo impide la adquisición de aquellas competencias personales y profesionales que se adquieren mediante la experiencia laboral y aumenta el riesgo de exclusión social entre muchas personas pertenecientes a este colectivo.
En este sentido, la reciente Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven contempla, entre las medidas de alto impacto a corto plazo, la extensión de los programas formativos dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad y los programas formativos con compromiso de contratación, con el objetivo de mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de los jóvenes. Para ello, se insta a los Servicios Públicos de Empleo a incorporar a su oferta de formación, mediante la correspondiente convocatoria de formación profesional para el empleo, nuevos programas de formación e inserción para jóvenes menores de treinta años que contemple, al menos, alguna de las siguientes actuaciones:
a) Acciones formativas dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad o módulos de certificados de profesionalidad.
b) Acciones formativas que incluyan compromiso de contratación.
En línea con ello se orienta el desarrollo del presente programa específico, de ámbito estatal, dirigido a la mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años.
De otra parte, dada la necesidad de optimizar los recursos económicos destinados al desarrollo del Programa, los proyectos objeto de financiación deberán orientarse a la adquisición de aquellas competencias profesionales que precisan las ocupaciones y empleos de sectores con potencial crecimiento y en aquellas otras que, a pesar de la situación de crisis económica, están mostrando una tendencia positiva en la evolución del empleo.
El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en su artículo 22.1,b) incluye la programación y gestión en el ámbito estatal de los programas específicos que establezca el Servicio Público de Empleo Estatal para la formación de personas con dificultades para su inserción o recualificación profesional, siendo desarrollado por la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en los términos establecidos en el título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así mismo, la disposición final tercera de dicha Orden faculta al Director General del Servicio Público de Empleo Estatal para dictar, en su ámbito competencial, las disposiciones que sean necesarias para su aplicación.
Asimismo, las recientes sentencias del Tribunal Constitucional en materia de formación profesional para el empleo han ratificado la plena constitucionalidad del actual sistema de ayudas a la formación y las competencias de la Administración General del Estado en esta materia.
1. La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria de subvenciones para la realización de un programa específico, de ámbito estatal, con la finalidad de mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años, con especial atención a quienes se hallan en situación de desempleo y a los de baja cualificación, mediante proyectos formativos que incluyan acciones de formación profesional para el empleo dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, prácticas profesionales no laborales en empresas y acciones formativas con compromiso de contratación.
Dicho programa deberá proporcionar a los participantes las competencias que les permitan adaptarse a los requerimientos del sistema productivo, específicamente en las ocupaciones de aquellos sectores que muestran una tendencia positiva en su actividad económica o un mayor potencial de crecimiento de empleo incluidos en el anexo I, así como en las ocupaciones correspondientes a los certificados de profesionalidad del anexo II.
2. La ejecución del programa previsto en esta convocatoria afectará a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía y facilitará la movilidad de los participantes en los mismos, requiriendo la coordinación unificada del Servicio Público de Empleo Estatal, según lo establecido en el artículo 13 h) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
Los proyectos que se desarrollen al amparo de esta convocatoria se podrán ejecutar desde la fecha de entrada en vigor de la presente resolución hasta el 31 de julio de 2014, salvo aquellas acciones de los mismos vinculadas a los certificados de profesionalidad cuya ejecución se iniciará a partir de la notificación de la resolución de concesión de la subvención. La fecha de finalización señalada podrá ser prorrogada si las circunstancias concurrentes durante el período de ejecución de los planes así lo aconsejaran.
En ningún caso se garantiza la aprobación de las acciones formativas que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigor de esta resolución y con anterioridad a que se resuelvan las solicitudes de subvenciones para su financiación. En todo caso, el inicio de dichas acciones formativas deberá comunicarse en los términos y plazos señalados en el apartado 2, del artículo 19, de forma que, una vez dictada la resolución de concesión, sólo podrán financiarse las acciones formativas que hayan cumplido este requisito.
a) Acciones formativas que, no estando dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad completos, respondan a las necesidades de cualificación y/o a los requerimientos específicos de empleo de las ocupaciones pertenecientes a los sectores incluidos en el anexo I hacia los que se dirigen dichas acciones y contemplen necesariamente la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas.
1.ª Las acciones formativas podrán ser de modalidad presencial, teleformación y mixta (presencial y teleformación), con una duración mínima de 60 y máxima de 210 horas, incluidas las prácticas profesionales no laborales.
Se consideran acciones formativas vinculadas a las áreas prioritarias aquellas cuyos contenidos se correspondan en su totalidad con las siguientes: Internacionalización de la empresa, emprendimiento, innovación, desarrollo tecnológico de los procesos productivos, logística y eficiencia energética.
En las acciones formativas que se impartan en la modalidad de teleformación, el número de horas indicado en el párrafo anterior estará referido a la dedicación del tutor-formador y a la formación de los participantes. En estas acciones, las plataformas de teleformación y los tutores-formadores que impartan la formación deberán reunir los requisitos recogidos en el anexo V.
La entidad beneficiaria será la responsable de expedir y entregar o remitir a cada participante que haya finalizado la acción formativa un certificado de asistencia a la misma o bien un diploma cuando haya superado la formación con evaluación positiva. En ellos se hará constar, como mínimo, la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, duración y período de impartición de la acción, así como la duración, el período de realización y la empresa en la que se han realizado las prácticas.
b) Acciones formativas que incluyan compromisos de contratación y respondan a las necesidades de cualificación y/o a los requerimientos específicos de empleo hacia los que se dirigen dichas acciones.
Las acciones formativas estarán destinadas a los jóvenes desempleados ajustándose a las siguientes condiciones:
1.ª Las acciones formativas podrán ser de modalidad presencial, teleformación y mixta (presencial y teleformación), con una duración máxima de 210 horas. Cuando la acción esté vinculada a la obtención de un certificado de profesionalidad, podrá tener una duración superior.
Se consideran acciones formativas vinculadas a las áreas prioritarias, así como a los certificados de profesionalidad prioritarios, las señaladas en las letras a) y c) del apartado 1 de este artículo, respectivamente.
3.ª La formalización de la contratación prevista en este tipo de acciones deberá realizarse por parte de las empresas incluidas en la solicitud del proyecto y que hayan aportado los correspondientes compromisos de contratación.
Los participantes incorporados a las empresas deberán suponer al menos un 30 por ciento de los participantes que han finalizado la formación en el proyecto. La contratación se realizará a través de contratos laborales a tiempo completo, durante al menos 6 meses, o a tiempo parcial de media jornada, durante al menos 12 meses, o por el tiempo equivalente de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio colectivo de aplicación.
Los compromisos de contratación de las empresas deberán incluir la siguiente información:
1. Determinación de las necesidades formativas y puestos a cubrir.
2. Proceso de selección previo al de formación, en su caso.
3. Perfiles de las personas a contratar.
4. Número de participantes que se comprometen a contratar.
En el caso de que una empresa participe en varios proyectos, el contrato de un trabajador solo podrá imputarse a uno de los proyectos en los que participa.
c) Acciones formativas, de modalidad presencial, vinculadas a uno o varios de los certificados de profesionalidad del anexo II, con la acreditación correspondiente para quienes superen el proceso formativo.
El grado de prioridad (máxima y media) de las acciones formativas se encuentra determinado en dicho anexo. Los certificados de profesionalidad no relacionados en el mismo se considerarán de prioridad baja.
Estas acciones están destinadas a jóvenes ocupados y desempleados debiendo ajustarse a las siguientes condiciones:
1.ª La formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad se acreditará de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1 y 3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, así como en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, y en su normativa de desarrollo.
2.ª La formación mínima que se programe para ser acreditable por el Servicio Público de Empleo Estatal deberá corresponder a módulos de formación completos y deberá realizarse en centros o entidades de formación acreditados por el Servicio Público de Empleo Estatal o por los órganos competentes de las comunidades autónomas. Dichos centros y entidades deberán reunir los requisitos de idoneidad establecidos en los certificados correspondientes y mantenerlos durante la ejecución de la actividad formativa.
5.ª El solicitante facilitará a los alumnos la información y documentación necesaria para que, en caso de superar todos los módulos correspondientes a un certificado de profesionalidad, éste les sea expedido por la administración laboral competente. De igual forma, facilitará la información y documentación necesarias para que los alumnos que no superen la totalidad de los módulos asociados al certificado de profesionalidad y superen los módulos asociados a una o varias unidades de competencia del mismo, reciban una certificación de los módulos superados, que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas, según el modelo establecido en el anexo II Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
2. Asimismo, serán subvencionables como costes asociados las siguientes actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto:
b) Obtención de información que permita identificar los perfiles formativos de los participantes en relación con las exigencias del proceso formativo.
3. En los proyectos previstos en el artículo 4.1 y 3 no se podrán incluir más de 400 participantes en el conjunto del proyecto, ni una ayuda solicitada superior a 1.280.000 euros. No se admitirán a trámite las solicitudes que superen estos límites.
1. Proyectos compuestos por acciones formativas previstas en el artículo 3.1.a), que contemplan la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas, y/o 3.1.c), dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad.
2. Proyectos compuestos por acciones formativas previstas en el artículo 3.1.b), que incluyen compromisos de contratación.
3. Proyectos compuestos por acciones formativas previstas en el artículo 3.1.c), dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad.
2. Las empresas en las que se realicen las prácticas deberán contar con un mínimo de tres trabajadores asalariados en el momento del inicio de la práctica y el número de participantes en las prácticas no podrá ser superior al número de trabajadores asalariados de la empresa. El puesto de trabajo en el que se realicen las prácticas deberá ser adecuado para el ejercicio de las competencias objeto de la formación recibida.
3. La duración de las prácticas supondrá un mínimo del treinta y un máximo del cuarenta por ciento de la duración de las respectivas acciones formativas. Asimismo, la duración deberá ser común para todos los participantes de la misma acción formativa a la que la práctica vaya asociada.
4. Las prácticas profesionales no laborales se podrán desarrollar durante la ejecución de las acciones formativas, siempre que los participantes hayan realizado un mínimo del treinta por ciento de la formación teórica y en horario compatible con el de la acción formativa. Así mismo, podrán realizarse una vez concluida la acción formativa siempre que se respete el periodo de ejecución de la presente convocatoria. En ambos casos, será necesario que se haya superado con evaluación positiva la formación teórica realizada.
6. La entidad beneficiaria y la empresa interesada suscribirán el modelo de acuerdo que figura como anexo IV. Las empresas conservarán una copia de dicho acuerdo junto con el informe del tutor sobre la realización de las prácticas profesionales no laborales.
3. Antes del comienzo de los módulos de formación práctica, las empresas pondrán en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores los acuerdos o convenios que se suscriban al efecto, así como una relación de los participantes en aquellas.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1, los proyectos objeto de financiación irán destinados a jóvenes menores de treinta años, con especial atención a los de baja cualificación y a quienes se hallan en situación de desempleo, que deseen mejorar sus competencias profesionales para aumentar sus posibilidades de inserción o permanencia en el mercado de trabajo.
Tendrán prioridad en la realización de las acciones formativas los jóvenes menores de treinta años en los que se den alguna de las siguientes circunstancias: que tengan baja cualificación, sean desempleados de larga duración, no hayan accedido a su primer empleo o procedan del Plan Prepara.
Se considerarán desempleados de larga duración aquellas personas que lleven inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la selección.
Las personas desempleadas participantes, menores de treinta años, deberán estar inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo y serán propuestas por los mismos, previa solicitud de las entidades beneficiarias.
Al inicio de la acción formativa, las entidades beneficiarias deberán remitir a los Servicios Públicos de Empleo correspondientes la relación de personas desempleadas participantes con el objeto de que, si procede, suspendan la demanda de empleo. Las citadas entidades entregarán a los demandantes de empleo una hoja informativa del Servicio Público de Empleo Estatal, disponible en la página web de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (www.fundaciontripartita.org), sobre la situación en que puede quedar su demanda de empleo durante su participación en la acción formativa.
Así mismo, recogerá las solicitudes cumplimentadas y las remitirá, en los quince primeros días tras la finalización por cada participante de su formación correspondiente, a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, junto con la comunicación de asistencia a la formación, en el modelo que se publicará en la página de internet de la citada Fundación.
Artículo 9. Seguro de accidentes obligatorio para los participantes que realicen formación presencial y el módulo de formación práctica en centros de trabajo.
Se deberá disponer de una póliza de seguro de accidente, con carácter previo al inicio de la acción formativa, que se ajustará tanto al período de duración teórico-práctico de la acción formativa, como a su horario diario, debiendo cubrir los gastos de accidente «in itinere», los riesgos derivados de las visitas de los alumnos a empresas u otros establecimientos que se organicen en apoyo al desarrollo de las acciones formativas.
El seguro deberá cubrir, según sea el caso, todo el periodo formativo, la duración de las prácticas en las empresas y el módulo de formación práctica vinculado a los certificados de profesionalidad.
1. Los proyectos subvencionables que se realicen al amparo de esta convocatoria se financiarán con cargo al crédito presupuestario 19.101.241A.482.50 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio 2013.
2. La financiación máxima correspondiente a esta convocatoria se eleva a 41.331.375,83 euros, según el siguiente desglose:
a) Proyectos previstos en el artículo 4.1, 15.292.609,05 euros.
b) Proyectos previstos en el artículo 4.2, 11.159.471,48 euros.
c) Proyectos previstos en el artículo 4.3, 14.879.295,30 euros.
En todo caso, la Dirección General podrá solicitar a cada una de las entidades la información precisa para la elaboración del citado informe.
Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos intersectoriales de acuerdo con los siguientes requisitos:
i. Encontrarse inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos a fecha de publicación de la presente convocatoria.
ii. Tener sede, propia o a través de sus asociaciones intersectoriales asociadas, en al menos, tres comunidades autónomas, a fecha de publicación de la presente convocatoria.
iii. Disponer de una plantilla media durante los seis primeros meses del año 2013 de, al menos, dos trabajadores contratados directamente por la solicitante, uno de los cuales, lo será a tiempo completo durante todo el periodo señalado.
v. En ningún caso tendrán carácter intersectorial aquellas entidades que sean miembros de un órgano consultivo institucional de participación de carácter sectorial.
e) Las fundaciones de ámbito estatal, inscritas en el Registro estatal correspondiente, que tengan entre sus fines estatutarios la formación y/o la recualificación de personas ocupadas y desempleadas, y que su actividad principal esté relacionada con los objetivos y contenidos de las acciones formativas incluidas en el proyecto de formación o con los colectivos específicos a quienes se dirigen.
2. Para la ejecución de proyectos previstos en el artículo 4.2, las empresas o grupos de empresas, con centros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, y demás entidades de ámbito estatal que, teniendo entre sus fines, objeto o ámbito de actuación, según sus estatutos, la formación profesional para el empleo y/o la recualificación de personas ocupadas y desempleadas, aporten compromisos de contratación de un conjunto de empresas situadas en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía.
Una empresa o entidad solo podrá presentar una solicitud y no podrá participar en otro proyecto de los previstos en el artículo 4.2. Si participase, se denegará la solicitud presentada por dicha empresa o entidad.
En ningún caso, la contratación derivada de los citados compromisos tendrá como objeto la prestación de servicios en otras empresas distintas a las que han firmado los compromisos de contratación presentados en la solicitud.
a) Los centros o entidades de formación con implantación en más de una comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, con acreditación en el certificado o certificados de profesionalidad para los que presenten el proyecto formativo.
b) Las agrupaciones previstas en el artículo 3.6 de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, con presencia en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, constituidas por centros o entidades de formación con implantación en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, públicos o privados, inscritos en el Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación y acreditados en el certificado o certificados de profesionalidad para los que presenten el proyecto formativo.
Asimismo, agrupaciones con presencia en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, constituidas por centros o entidades de formación acreditados en el certificado o certificados de profesionalidad para los que presenten el proyecto formativo y que con anterioridad al 1 de enero de 2013 estén vinculados entre sí por una relación jurídica que acredite una titularidad común, tengan el mismo nombre comercial, la misma estructura accionarial, o consoliden sus cuentas o estén asociados o vinculados estatutariamente a una organización empresarial o sindical de ámbito estatal.
Un mismo CIF o un mismo vínculo, de los señalados en el párrafo anterior, no podrá ser utilizado para más de una agrupación de centros o entidades de formación. De lo contrario se admitirá a trámite la solicitud de agrupación que vaya dirigida al mayor número de participantes. Si tuvieran el mismo número de participantes, se admitirá a trámite aquella que se haya presentado en primer lugar. En caso de que existan centros de formación que tengan el mismo Código de Identificación Fiscal, la individualización del centro, a los efectos de su acreditación para impartir la actividad formativa, vendrá determinada por el establecimiento en el que se encuentre la instalación acreditada para la impartición de la formación según conste en el Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación.
Se podrá subcontratar la gestión administrativa del plan cuando dicha gestión no conlleve funciones de programación y coordinación del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
5. Las entidades solicitantes, previstas en el apartado 3, de este artículo, deberán garantizar que los potenciales beneficiarios disponen de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo la actividad para la que se solicita la subvención. Para ello deberán acreditar los siguientes extremos:
1. Capacidad económica y financiera, entendiéndose por tal un volumen de negocio (facturación asociada a la formación realizada) en el ejercicio anterior superior a la subvención solicitada.
2. Instalaciones y recursos humanos de la entidad que se destinarán a la ejecución del proyecto.
6. Asimismo, las entidades solicitantes previstas en este artículo tienen que haber desarrollado con regularidad funciones de ejecución o, al menos, de programación y coordinación de actividades formativas durante los 12 meses previos a la publicación de la presente convocatoria, debiendo acreditar que durante ese período han mantenido una plantilla media de al menos dos trabajadores.
2. El plazo para la presentación de solicitudes finalizará a los 20 días naturales a partir de la fecha de entrada en vigor de esta resolución.
1. Cada solicitud deberá contener un único proyecto. Una entidad solo podrá presentar un proyecto por cada uno de los tipos previstos en el artículo 4. Si se presenta más de una solicitud para un mismo tipo de proyecto se requerirá al solicitante para que opte por una de las solicitudes en el plazo máximo de 10 días. En caso contrario, no se admitirá a trámite ninguna de las solicitudes presentadas por el mismo.
c) Identificación y firma del representante legal autorizado que formula la solicitud.
d) Sector o sectores de actividad en los que está previsto desarrollar el proyecto, cuando se trate de los previstos en el artículo 4.1.
e) Número de destinatarios por proyecto e importe de la subvención solicitada, detallando los participantes y el número de horas de formación teórica y práctica, en su caso, por cada acción formativa.
f) Respecto a las acciones formativas vinculadas a los certificados de profesionalidad, identificar las mismas mediante los códigos del respectivo certificado o del módulo formativo a impartir.
g) Declaración del solicitante sobre la veracidad de la información y los datos aportados en la solicitud, y, en su caso, autorización al órgano concedente para solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social.
h) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario.
i) Información relativa a los criterios de valoración técnica de las solicitudes.
b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad, así como autorización por parte de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante al Servicio Público de Empleo Estatal para que éste compruebe sus datos mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procesos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. En caso de no prestar este consentimiento, dicha persona deberá aportar fotocopia del documento nacional de identidad.
f) En relación con los proyectos previstos en el artículo 11.3, copia de la acreditación del centro o entidad de formación para impartir la formación de las especialidades solicitadas en el ámbito o ámbitos territoriales que correspondan a la ejecución del proyecto y declaración responsable firmada por el representante legal del correspondiente centro o entidad de formación de que disponen de los medios necesarios y mantienen los requisitos establecidos en los reales decretos que dieron lugar a tal acreditación
g) Documento que acredite la plantilla del solicitante. Relación de las personas de que dispone la entidad solicitante para funciones de programación, coordinación y ejecución del plan de formación, con indicación de sus categorías, perfiles y funciones. Deberá acompañarse el informe de vida laboral de empresa (VILEM) de la entidad solicitante.
h) Compromisos de contratación de cada una de las empresas que colabore en los proyectos 4.2, firmados por los representantes legales de las mismas.
i) Declaración responsable del representante legal a la que se refiere el artículo 11.5.
j) Documentación acreditativa de la vinculación de los centros que forman las agrupaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 11.3.b)
f) Duración y contenidos de las acciones. En el supuesto de las acciones formativas vinculadas a los certificados de profesionalidad, habrá que incluir los certificados respectivos y los módulos formativos para las que se solicita la financiación. Dichas acciones deberán corresponderse con certificados de profesionalidad completos, o con módulos formativos completos, según los casos.
i) Actividades de orientación profesional y asesoramiento técnico a los participantes durante la ejecución del proyecto (no subvencionable).
Asimismo, la entidad solicitante, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá autorizar expresamente al Servicio Público de Empleo Estatal para recabar de otros organismos públicos o privados datos relativos al cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 10.5 de la presente convocatoria.
Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en esta convocatoria, el Servicio Público de Empleo Estatal, a través de la Gerencia de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, podrá requerir a las personas interesadas la subsanación de la misma en el plazo de 10 días, aportando la documentación requerida.
a) Adecuación de la oferta formativa del proyecto a las acciones/áreas prioritarias definidas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Este apartado tendrá un peso máximo del 35 por ciento de la valoración total.
2.º Eficiencia económica del proyecto en función del coste/hora/participante previsto, con el límite que se establezca con la metodología de valoración técnica.
4.º Alcance del proyecto en cuanto a su ejecución territorial.
5.º Existencia de actividades de orientación profesional y asesoramiento técnico a los participantes durante la ejecución del proyecto (no subvencionable).
d.1 Para los proyectos previstos en el artículo 4.1 y 4.2
d.1.1 Planificación didáctica y de la evaluación del aprendizaje.
d.1.2 Utilización de medios tecnológicos innovadores en la impartición de las acciones formativas y demás material didáctico utilizado tanto por los formadores como por los participantes.
d.2 Para los proyectos previstos en el artículo 4.3
d.2.1 Diversificación de la oferta en acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad.
d.3 Acciones previstas en el proyecto según artículo 3.1.a), b) y c)
d.3.1 Acciones previstas en el artículo 3.1.a): d.3.1.a) propuesta de prácticas no laborales a realizar y d.3.1.b) mecanismos de seguimiento en la ejecución de las prácticas.
d.3.2 Acciones previstas en el artículo 3.1.b): d.3.2.a) propuesta de compromiso de contratación y d.3.2.b) formación especializada en tecnologías de la información y las comunicaciones y economía digital.
d.3.3 Acciones previstas en el artículo 3.1.c): d.3.3.a) propuesta de certificados de profesionalidad completos y d.3.3.b) demanda de acciones formativas prioritarias vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad en la convocatoria que se hayan solicitado en menor medida.
Respecto del módulo de formación práctica de los certificados de profesionalidad, el módulo económico máximo aplicable a la financiación del centro o entidad de formación por los costes de la actividad del tutor será de 1,5 euros por alumno y hora de práctica, de conformidad con lo establecido en el artículo 5. bis.3 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre. Así mismo, el módulo económico máximo aplicable a la financiación de la práctica profesional no laboral en la empresa será de 1,5 euros por alumno y hora de práctica.
2. Se financiarán los proyectos de acuerdo con el orden de puntuación resultante de la valoración técnica obtenida hasta agotar el crédito disponible. A igualdad de puntuación, se financiará aquella solicitud que obtenga mayor puntuación en la valoración técnica del criterio señalado en la letra a) del artículo 15. Si tuvieren la misma, aquella que tenga mayor puntuación en el criterio de la letra d) del citado artículo. Si obtuviesen la misma puntuación en ambos criterios, se financiarán los proyectos formativos con dicha igualdad de puntuación en proporción a las cuantías de las ayudas solicitadas y los fondos disponibles que resten por asignar.
3. Contra las resoluciones dictadas por la Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal cabrá interponer recurso de alzada, ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En relación con los proyectos formativos aprobados deberá mantenerse el ámbito estatal en la ejecución de los mismos. El ámbito estatal lo define el domicilio del alumno en el caso de desempleado y el domicilio del centro de trabajo en el caso de los ocupados.
En el caso de entidades que agrupen empresas de más de una comunidad autónoma, previstas en el artículo 4.2, se deberá garantizar la contratación también en más de una comunidad autónoma. Durante la ejecución de estos proyectos, se admitirá la sustitución de empresas que, por causas sobrevenidas, no puedan asumir la contratación comprometida, siempre que los correspondientes compromisos de contratación se asuman por empresas de similares características. Asimismo, durante la ejecución del proyecto se admitirá la incorporación de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones de la convocatoria, añadan nuevos compromisos de contratación.
3. Una vez concluida la impartición de cada grupo formativo y hasta el plazo máximo de tres meses tras la finalización de todas las acciones formativas del proyecto, se podrá remitir la certificación de cada grupo formativo finalizado por la que se comunica la relación de alumnos que han finalizado la formación así como los abandonos producidos. Esta comunicación se realizará telemáticamente en el modelo normalizado disponible en la página de Internet de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y podrán indicarse los costes directos en los que se haya incurrido durante la ejecución del grupo o acción.
6. Las entidades que hayan sido solicitantes de subvenciones que hayan sido denegadas en esta convocatoria, no podrán actuar como subcontratadas en la ejecución de los proyectos del mismo tipo para el que solicitaron la subvención.
7. La autorización previa del órgano concedente a que hacen referencia los apartados 3 y 7.d) del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se realizará mediante resolución emitida en el plazo de 20 días desde la solicitud de la autorización presentada por quien tiene la consideración de beneficiario, según el artículo 11 de la citada Ley. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente. A estos efectos las entidades subcontratantes deberán aportar los contratos que se vayan a formalizar para su previa autorización.
8. A los efectos de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, modificada por Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se considerará que el beneficiario ha cumplido lo allí establecido cuando justifique de modo razonado que la elección del proveedor responde a criterios de eficacia y economía, teniendo en cuenta el proyecto a realizar y el ámbito en que éste se desarrolla, tal como establece la disposición adicional quinta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
3. En todo caso, los beneficiarios realizarán una evaluación y control de la calidad de los proyectos formativos que ejecuten. Las consecuencias derivadas de su incumplimiento serán las contempladas en la Instrucción de justificación de la subvención aprobada mediante resolución de la Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal.
A tal fin, los beneficiarios deberán cubrir una muestra representativa que alcance al menos el 5 por ciento de los grupos a los que se haya impartido la formación, incluidas las prácticas. Dicha muestra cubrirá las acciones del proyecto de formación tanto las priorizadas en el ámbito correspondiente como las transversales, así como las modalidades de impartición presentes en el proyecto.
Verificación en tiempo real del correcto desarrollo del proceso formativo en aspectos tales como: Locales, profesorado, horario, adecuación al programa, entre otros.
En su caso, comprobación documental del cumplimiento por parte de los centros de formación de sus obligaciones en relación con el proyecto de formación: Existencia de subcontratación autorizada por una sola vez, control de asistencia, gratuidad de la formación, publicidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social /Servicio Público de Empleo Estatal, entre otros extremos.
Visitas de control interno a las oficinas donde se organiza o gestiona el proyecto de formación respecto del cumplimiento de los trámites y comunicaciones a realizar frente al órgano concedente.
Se podrán realizar aquellas actuaciones de evaluación que los beneficiarios consideren adecuadas para asegurar la eficacia, eficiencia y calidad de sus proyectos de formación.
En el marco de la memoria de actuación justificativa prevista en el artículo 21.3, se presentará un Informe de resultados que contendrá:
4. Asimismo, los centros acreditados para la impartición de las acciones formativas vinculadas con los certificados de profesionalidad, se someterán a las actuaciones de seguimiento y control de la calidad que realizará el Servicio Público de Empleo Estatal para asegurar que aquellos cumplen, a efectos de la impartición de dichas acciones, con la adecuación de la planificación didáctica y de evaluación y demás requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, apartados 5 y 6, del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación, modificado por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo.
c) Las tres ofertas que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, modificada por Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, deba haber solicitado el beneficiario, salvo cuando éste se acoja a lo dispuesto en la disposición adicional quinta apartado dos de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
4. Para las actividades de evaluación y control descritas en los apartados 1 y 3 del artículo 20 de esta convocatoria, las entidades beneficiarias deberán destinar una parte de la subvención de acuerdo con los siguientes límites:
Subvenciones de 50.001 a 150.000 €: 4,5% de la subvención obtenida y con el límite de 6.000 €.
Subvenciones de 150.001 a 250.000 €: 4% de la subvención obtenida y con el límite de 8.750 €.
Subvenciones de 250.001 a 500.000 €: 3,5% de la subvención obtenida y con el límite de 15.000 €.
Subvenciones de 500.000 a 1.000.000 €: 3% de la subvención obtenida y con el límite de 25.000 €.
Subvenciones superiores a 1.000.000 €: 2.5% de la subvención obtenida y con el límite de 50.000 €.
Subvenciones de superiores a 500.000: 3% de la subvención obtenida y con el límite de 25.000 €.
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas aplicables, así como de las condiciones que se hayan establecido en la resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente la subvención percibida y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 37 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
Madrid, 17 de julio de 2013.–La Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle.