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Timestamp: 2018-10-23 10:17:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 53', 'artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 86', 'artículo 8', 'artículo 36']

﻿ SENTENCIA T-483 DE OCTUBRE 27 DE 1993
SENTENCIA T-483 DE 27 DE OCTUBRE DE 1993
CONTENIDO:TRASLADO DE EMPLEADOS, CONDICIONES LABORALES DIGNAS Y JUSTAS
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, IUS VARIANDI, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, ADMISIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, TRASLADO DEL TRABAJADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:265 DE ENERO DE 1994, PÁG.122
Sentencia T-483 de octubre 27 de 1993
EXTRACTOS: «Cuando la Constitución declara en su artículo 1º que Colombia es un Estado social de derecho otorga sentido nuevo a la integridad del orden jurídico: le imprime un carácter dinámico y le señala derroteros más amplios y ambiciosos.
El trabajo es uno de los valores esenciales de nuestra organizción política, tal como lo declara el preámbulo de la Constitución y lo reafirma su artículo 1º al señalarlo como uno de los fundamentos del Estado social de derecho.
Como ya lo dijo esta Corte, el mandato constitucional de protegerlo como derecho-deber afecta a todas las ramas y poderes públicos y tiende al cumplimiento de uno de los fines primordiales del Estado: el de garantizar la efectividd de los principios, derechos y deberes plasmados en la Constitución, particularmente los que, para el caso del trabajo, se derivan del esfuerzo y la labor del hombre (cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia del 29 de mayo de 1992, Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).
Se protege el trabajo como derecho fundamental en todas sus modalidades y se asegura el derecho de toda persona a desempeñarlo en condiciones dignas y justas (art. 25 CN).
No se trata tan sólo de que se defienda insti-tucionalmente la posibilidad y la obligación de alcanzar una ubicación laboral y de permanecer en ella, sino de un concepto cualificado por la Constitución que se relaciona con las características de la vinculación laboral y con el desempeño de la tarea que a la persona se confía en lo referente al modo, tiempo y lugar en que ella se cumple, todo lo cual tiene que corresponder a la dignidad del ser humano y realizar en el caso concreto el concepto de justicia.
Esta Corte se refirió al tema en la sentencia 479 del 13 de agosto de 1992, en al cual se subrayó que la perspectiva humana en la conducción de toda política estatal sobre trabajo constituye elemento medular de la concepción del Estado social de derecho, “según el cual el Estado y las instituciones políticas y jurídicas que se fundan en su estructura tienen por objetivo y razón de ser a la persona y no a la inversa, de donde se concluye que ningún proyecto de desarrollo económico ni esquema alguno de organización social pueden constituirse lícitamente si olvidan al hombre como medida y destino final de su establecimiento”.
De ello se desprende que toda medida que afec-te las condiciones de trabajo, en especial si tiende a modificarlas, debe ser considerada y sometida a previo análisis sobre la base insustituible del factor humano y de las circunstancias en medio de las cuales actúa.
Aquí debe decirse que los poderes discrecionales, con frecuencia invocados en el manejo de personal y que tienen origen en la ley, no pueden ser absolutos si se los mira desde la perspecti-va constitucional. Han de ejercerse sobre una base que, de suyo, los limita: la del artículo 25 de la Constitución que garantiza unas condiciones dignas y justas por fuera de las cuales nadie está obligado a trabajar.
Para esta Corte, “una administración buro-cratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado social de derecho” (cfr. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-499 de agosto 21 de 1992, Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Ha advertido esta Corte que el llamado jus variandi —entendido como la facultad que tiene el patrono de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo del mismo, en virtud del poder subordinante que ejerce sobre sus trabajadores— está “determinado por las conveniencias razonables y justas que surgen de las necesidades de la empresa” (se subraya) y que de todas maneras “habrá de preservarse el honor, la dignidad, los intereses, los derechos mínimos y la seguridad del trabajador” (cfr. Corte Constitucional, sentencia T-407 del 5 de junio de 1992, Magistrado Ponente: Dr. Simón Rodríguez Rodríguez).
El ius variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas (art. 25 CN), así como por los principios mínimos fundamentales señalados por el artículo 53 de la Carta en lo que concierne al estatuto del trabajo. Y, por supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado. En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador deberá apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación que los consulte de manera adecuada y coherente. En últimas, debe tomar en cuenta que mediante aquélla no queda revestido de unas atribuciones omnímodas que toman al trabajador como simple pieza integrante de la totalidad sino como ser humano libre, responsable y digno en quien debe cristalizarse la administración de justicia distributiva a cargo del patrono.
Procedencia de la tutela para reclamar condiciones laborales dignas y justas.
La Corte Constitucional ha sido constante y enfática en la afirmación de que la acción de tutela no es el mecanismo jurídico indicado para resolver conflictos de derecho laboral, pues al respecto existen medios de defensa judicial expresamente previstos por el legislador, los cuales, en los términos del artículo 86 de la Constitución, hacen que aquélla resulte improcedente (ver, por ejemplo, la sentencia T-441 del 12 de octubre de 1993, proferida por esta misma Sala).
No obstante, también se hace necesario insistir en que, cuando lo que se persigue es la defensa de un derecho fundamental de naturaleza constitucional y no simplemente una prestación legal, los objetos de uno y otro proceso —el de tutela y el laboral— no coinciden y, por tanto, no puede hacerse valer el último como medio apto para la protección del derecho violado o amenazado.
“...la acción de tutela es improcedente cuando para los fines de la protección efectiva del derecho fundamental amenazado o vulnerando, existe otro medio de defensa judicial, salvo el caso del perjuicio irremediable.
Grave error es el de negar la protección judicial impetrada aludiendo a un medio de defensa judicial que recae sobre objeto distinto del que dio lugar a la demanda de tutela” (cfr. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-441 del 12 de octubre de 1993).
Así pues, si se trata de reclamar la protección específica y concreta de las condiciones dignas y justas en medio de las cuales se desempeña el trabajo, puede intentarse la acción de tutela, en lo que respecta únicamente a ese derecho fundamental.
Entiende la Corte que en estos casos y en relación específica con la cabal aplicación de la norma constitucional, el medio legal puede surtir sus efectos apenas en el terreno de la relación laboral a la luz de las disposiciones de la misma jerarquía aplicables a ella, pero carecer de aptitud y suficiencia para garantizar la certeza del derecho fundamental considerado en sí mismo. Esto es precisamente lo que debe evaluar el juez de tutela con el fin de hacer efectiva la garantía constitucional, concediendo la protección de manera definitiva si del análisis resulta que no hay otro medio de defensa judicial, o tran-sitoria, con el objeto de evitar un perjuicio irremediable, cuando a pesar de existir aquél, verificada la situación concreta del peticionario, ello se haga menester en guarda del derecho fundamental.
En ese orden de ideas, frente a un acto administrativo de traslado o cambio del lugar de trabajo, si él se analiza bajo la óptica del artículo 25 de la Constitución, bien puede acontecer que, pese a la discrecionalidad legal invocada por el patrono en ejercicio del jus variandi, las condiciones nuevas en las cuales habrá de actuar el trabajador en el lugar que para continuar laborando se le ha señalado, no sean dignas y justas, even-to en el cual el acto correspondiente puede ser objeto de tutela transitoria, para inaplicarlo al caso concreto, mientras se decide de fondo sobre su validez.
En todo caso, debe recordarse que los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones, y también los particulares, no están sujetos únicamente a la ley sino también y primordialmente a la Constitución (artículos 4º, 6º y 123 CN). Por tanto, no pueden consultar tan sólo la preceptiva legal sino que deben ajustarse íntegramente a los principios y mandatos constitucionales.
El caso concreto. La tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, inaplicación del acto particular.
No obstante, debe observarse que la resolución mediante la cual se ordenó el traslado del peticionario es un acto administrativo en relación con el cual obra la presunción de legalidad únicamente desvirtuable por decisión de la jurisdicción contencioso administrativa, la cual tie-ne la última palabra si el interesado hizo uso de los medios de defensa que le brinda el Código Contencioso Administrativo, dentro de la oportunidad legal correspondiente.
Según dicha norma, aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, el juez puede señalar expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente “sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”. En todo caso —agrega— el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela”. Este término —advierte la Corte— únicamente es viable siempre y cuando quepa dentro del término de caducidad de la correspondiente acción contencioso administrativa, según las reglas generales.
La misma disposición señala que cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y las demás procedentes ante la jurisdicción contencioso administrativa. “En estos casos —indica el precepto— el juez, si lo estima procedente, podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso”.
“La posibilidad de conceder este tipo específico de protección judicial es excepcional, según se desprende del artículo 86 de la Constitución, y por tanto el alcance de las normas pertinentes es de interpretación estricta. No se busca que el juez de tutela asuma la competencia del ordinario o especializado entrando a resolver de fondo el asunto litigioso planteado, sino de ofrecer al titular del derecho un medio expedito y eficaz para evitar un daño respecto del cual la decisión judicial definitiva llegaría demasiado tarde y apenas haría posible un resarcimiento ‘’a posteriori”, es decir, sobre la base de un hecho cumplido.
El carácter precario de la medida y la incompetencia del juez de tutela para penetrar en el terreno reservado a otra jurisdicción (cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-543, octubre 1º de 1992), lo cual es aplicación del principio constitucional sobre autonomía de los jueces (artículos 228 y 230 CN), están claramente subra-yados en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991 —destinado específicamente al tema del amparo transitorio— cuando obliga al juez de tutela a expresar en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo la acción instaurada por el afectado. Este, en todo caso, deberá ejercer la acción correspondiente en un término máximo de cuatro meses a partir del fallo de tutela, cuyos efectos cesarán si así no lo hace (...).
Lo que es posible decretar en esta hipótesis es una inaplicación temporal al caso concreto, considerada la particular y específica situación en que se encuentra el solicitante, así que no recae propiamente sobre la materialidad del acto administrativo, como sí acontece con la figura de la suspensión provisional. No tiene, entonces, el alcance de la misma y, por ende, excepción hecha de la inaplicación que pueda favorecer al petente a fin de evitarle un daño irrreparable, el acto administrativo como tal permanece incólume mientras no sea suspendido provisionalmente por la jurisdicción contencioso administrativa o anulado por ella.
Debe repararse por otra parte en que el punto materia de análisis —a diferencia del que constituye el objeto de la providencia mediante la cual se resuelve acerca de la solicitud de suspensión provisional en los procesos contencioso administrativos— no es el relativo a una posible oposición flagrante entre el acto demandado y las normas superiores a las que está sometido, sino la situación de hecho en la cual puede hallarse una persona frente a un acto cuya aplicación concreta implique, en su caso, efectos inmediatos e irremediables que vulneren sus derechos constitucionales fundamentales” (cfr. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-203 del 26 de mayo de 1993).
Ahora bien, si el titular de la acción correspondiente, es decir, la persona así protegida por el ordenamiento jurídico, hace uso de ella y, en efecto, tiene acceso a la administración de justicia, su demanda de defensa judicial ha sido satisfecha, quedando, eso si, sujeto a la decisión del tribunal competente, y no tiene razón alguna para acudir a un mecanismo como la tutela, ideado precisamente para cuando esos otros medios específicos, previstos y regulados, que le dan acceso a la administración de justicia, no existen.
Si, por el contrario, el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella dentro del tiempo que la ley le otorga, no podrá esperar que el Estado despliegue su actividad jurisdiccional pa-ra ofrecerle la protección que necesita, pero su situación, entonces, no es imputable al Estado o a sus agentes, sino que obedece a su propia incuria, a su negligencia, al hecho de haberse abstenido de utilizar los medios de los cuales gozaba para su defensa. En tales situaciones, menos aún puede ser invocada la tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida para revivir los términos de caducidad ni para subsanar los efectos del descuido en que haya podido incurrir el accionante” (cfr. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, fallo T-007 del 13 de mayo de 1992).
1. MODIFICAR las sentencias proferidas por el Juzgado Laboral del Circuito y por la Sala Civil Laboral del Tribunal de Distrito Judicial de Popayán el once (11) de mayo y el diez (10) de junio del presente año, respectivamente, en el sentido de conceder la tutela impetrada únicamente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, siempre y cuando el peticionario haya hecho uso de la acción correspondiente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2. LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991».
(Sentencia T-483 de octubre 27 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).