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Timestamp: 2018-06-23 19:24:27
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El derecho del trabajo. Caracteristicas. Principios constitucionales. Las fuentes del ordenamiento laboral. Especial referencia a los convenios colectivos. El personal laboral de la administracion. Contratacion de personal laboral
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EL DERECHO DEL TRABAJO. CARACTERISTICAS. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LAS FUENTES DEL ORDENAMIENTO LABORAL. ESPECIAL REFERENCIA A LOS CONVENIOS COLECTIVOS. EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION. CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL. EL CONVENIO COLECTIVO UNICO.
4. LAS FUENTES DEL ORDENAMIENTO LABORAL. ESPECIAL REFERENCIA A LOS CONVENIOS COLECTIVOS
5. EL EMPLEO PÚBLICO. CLASES Y ESTRUCTURA
6. EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION
7. CONTRATACION DEL PERSONAL LABORAL
8. CONVENIO UNICO
.- La intervención del Estado en la regulación de las condiciones de trabajo, tuvo una influencia decisiva en la aparición y afirmación del Derecho del Trabajo como disciplina jurídica autónoma, ordenadora de las relaciones laborales.
Hasta el momento del intervencionismo, el Código Civil fue el marco en que se desenvolvieron las relaciones de trabajo, bajo la escueta regulación del arrendamiento de servicios. La parvedad normativa en la regulación del arrendamiento de servicios en el Código de Napoleón, y en aquellos otros como el español formados bajo su directa influencia, es superada por el comienzo de la intervención legislativa estatal y por la negociación colectiva.
El acuerdo entre las partes, que en un principio había constituido la única fuente de regulación de la relación jurídica, ve mermada progresivamente su función, y de forma creciente va a quedar reducida al establecimiento del vínculo jurídico obligacional, puesto que las normas legales y convencionales, de naturaleza imperativa, se imponen de forma obligatoria.
Con la progresiva intervención estatal en la fijación de las condiciones de trabajo, comienza a surgir como figura jurídica nueva y distinta, el contrato de trabajo, en tanto que encuadra las relaciones empresario-trabajador.
El contrato de trabajo presenta una originalidad no sólo terminológica, sino de su propia naturaleza respecto a otras figuras contractuales como la compraventa, el mandato o la sociedad, y es que la actividad laboral, objeto de la prestación del trabajador, es inseparable de la persona que lo realiza, creándose al mismo tiempo, una relación patrimonial y personal.
Sobre esta realidad social básica, representada por la generalización del trabajo libre, por cuenta ajena, remunerado y dependiente, surgida como consecuencia de la aparición y consolidación de la sociedad industrial y encuadrada jurídicamente por el contrato de trabajo, se afianza progresivamente un sector diferenciado del ordenamiento jurídico que alcanza identidad propia , separándose cada vez con mayor claridad de los principios generales del ordenamiento Civil; el Derecho del Trabajo como rama jurídica autónoma.
Dejando de lado en este momento las primeras leyes intervencionistas en las relaciones laborales, fragmentarias y fundamentalmente orientadas a la solución de concretos problemas sociales, la mayor parte de la doctrina científica está de acuerdo en señalar como momento de la aparición del Derecho del Trabajo la década de 1920-1930, en que se da ya una legislación obrera de cierta entidad y una incipiente elaboración científica, junto a la promulgación de las primeras leyes o Códigos de Trabajo.
Esta autonomía se consolida progresivamente, por cuanto a la especialísima relación jurídica que le sirve de centro y justificación y al principio de intervención legislativa que acompaña al Derecho del Trabajo desde su nacimiento, se ha de añadir la especialidad de sus fuentes normativas, principalmente la muy original representada por el convenio colectivo de condiciones de trabajo y la creciente importancia que adquieren los elementos colectivos.
Derecho del Trabajo será, con y desde los presupuestos anteriores, la parte especial del ordenamiento jurídico general, que regula la relación jurídico-laboral. En un sentido estricto o jurídico positivo, Derecho del Trabajo será el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación de servicios personal, libre, por cuenta ajena y en situación de subordinación o dependencia (Alonso García).
.- El contrato de trabajo, cuya fuerza expansiva alcanza a la casi totalidad de relaciones en que se produce el intercambio trabajo-remuneración, es una figura contractual típica, perfectamente separable de otras aún cuando pueda mantener alguna afinidad, que goza de una regulación unitaria y con unos principios informadores propios y distintos de cualquier otro contrato contemplado por el ordenamiento juridico.
Son sus características o notas definitorias:
Es oneroso, en tanto que supone que cada parte (trabajador y empresario) experimenta una carga o sacrificio, con la prestación a la que se obliga; prestación de servicios el trabajador, y retribución a cargo del empresario.
Tiene carácter sinalagmático, dado el carácter recíproco de las prestaciones de las partes, de modo que cada prestación actúa como presupuesto necesario de su recíproca; así, no surge la obligación para el empresario de pagar el salario, si el trabajador no presta los servicios convenidos, y recíprocamente.
Es conmutativo, en cuanto cada parte al contratar, tiene como ciertas las prestaciones a las que se obliga, es decir, el beneficio o perjuicio que el contrato puede causarles.
Es un contrato de tracto sucesivo o de ejecución continuada, en tanto sus efectos no se agotan en el mismo acto del contrato, sino que se prolongan y dilatan en el tiempo.
Estos caracteres que definen el contrato de trabajo, son enteramente predicables del concepto jurídico positivo del artículo 1 del estatuto de los Trabajadores vigente. Analizando en concreto este precepto legal, hallamos además como típicas del contrato de trabajo, las siguientes notas:
Voluntariedad. Los servicios a que el trabajador se obliga en virtud del contrato de trabajo, han de realizarse voluntariamente, como expresión del carácter libre del trabajo, que es por oposición al trabajo forzoso, el que regula y contempla el Derecho del Trabajo. El carácter voluntario de la prestación es algo inherente a toda relación contractual.
La prestación de servicios constituye la obligación básica del trabajador y es al mismo tiempo el objeto del contrato de trabajo. Se trata de una prestación de actividad, no de resultado. Si bien toda actividad laboral es en principio útil o productiva, o conduce de manera más o menos inmediata a un resultado útil o productivo, la utilidad de este resultado es indiferente y no integra la deuda contractual del trabajador.
En el término de servicios que utiliza el estatuto de los Trabajadores, se comprende cualquier tipo de trabajo, ya sea manual o intelectual. Se trata en todo caso de servicios prestados personalmente por el trabajador contratante, dado el carácter personalísimo de la prestación laboral.
Retribución. Los servicios del trabajador han de ser retribuidos. La remuneración de la actividad laboral es también una nota básica del contrato de trabajo e integra la deuda contractual del empresario. Si no hay retribución de los servicios del trabajador, no hay contrato de trabajo. La retribución del trabajo es el salario, que a su vez es lo que obtiene el trabajador a cambio de su actividad o de la prestación de sus servicios. Trabajo y salario son dos elementos claves del contrato de trabajo, como objeto inmediato que son de las recíprocas obligaciones contraídas en virtud del contrato por trabajador y empresario.
Ajenidad. Los servicios se prestan por cuenta ajena; se prestan por el trabajador para otro o ajeno, que es el empresario, quien adquiere por el contrato la titularidad de los frutos o resultados del trabajo. No se trata de que el trabajador adquiera primero la titularidad del resultado de su esfuerzo, y posteriormente lo ceda o transmita al empresario, sino que existe una cesión anticipada o a priori, por el mero hecho de celebrar el contrato, en virtud del cual el ajeno (empresario) adquiere de modo originario la propiedad del resultado del trabajo. Gran parte de la doctrina laboral, hoy dominante (por todos Alonso Olea, De La Villa) ven en la ajenidad la nota definidora y esencia misma del contrato de trabajo, frente a la nota de dependencia o subordinación que en otros tiempos, y aún hoy para otra parte de la doctrina (por todos Rodriguez Piñero) caracterizó el contrato de trabajo.
Dependencia o subordinación. Los servicios del trabajador se prestan dentro del ámbito de organización y dirección del empresario o empleador. Esta es la expresión que utiliza el vigente Estatuto de los Trabajadores para referirse a la nota de dependencia, como característica del contrato de trabajo, en lugar de los de subordinación o dependencia ajena, presente en textos positivos anteriores (Ley de Contrato de Trabajo de 1944 y Ley de Relaciones Laborales de 1976). La nota de dependencia ha sido objeto de exhaustivo análisis en la copiosa jurisprudencia sobre el tema, evolucionando desde considerar la dependencia o subordinación del trabajador al empresario en un sentido muy estricto y riguroso para calificar el contrato como de trabajo, hasta la más moderna de debilitamiento de la noción de dependencia, estimando ésta “no como una subordinación rigurosa y absoluta del trabajador a su patrono, sino que basta para que haya que apreciarla que se halle comprendida dentro del círculo rector y disciplinario de éste” (Sentencia Tribunal Supremo de 20 de junio de 1966). Este concepto amplio de dependencia es el que recoge el estatuto de los Trabajadores al hablar de “ámbito de organización y dirección del empresario”.
.- La Constitución es la norma fundamental rectora y ordenadora de la comunidad organizada en Estado. En el estudio de las fuentes del Derecho jurídico-positivas , la Constitución ocupa el lugar preeminente en cuanto es la norma jurídica de más alto rango, ante la que ceden todas las demás.
La Constitución es, en este primordial aspecto, fuente de fuentes; de ella emana y ella asigna el poder de normar y a sus formas y procedimientos ha de ajustarse el ejercicio de este poder (Alonso Olea).
La Constitución establece la estructura y funcionamiento del Estado, de los que es parte el sistema de producción de normas, en su triple vertiente de señalar: cuales son las fuentes de producción en sentido propio, es decir, los poderes sociales a los que se atribuye potestad normativa; cuales sean las fuentes en sentido traslativo, es decir, las formas de exteriorización de la voluntad normativa de los órganos a los que se reconoce la facultad de normar y los distintos tipos de Ley en sentido material; y cuales sean los procedimientos a utilizar en cada caso por los poderes normativos.
La propia Constitución, como singular tipo de norma jurídica, tiene y emana de un poder normativo que, de acuerdo con el artículo 1.2 es el pueblo español, en el que reide la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado.
Para el Derecho del Trabajo, la Constitución como fuente corresponde con las que se pueden calificar de comunes, en tanto que es fuente del Derecho del Trabajo, como de las demás ramas del ordenamiento jurídico, y al mismo tiempo que una fuente muy cualificada, no solo por su rango jurídico, sino también porque en ella se contemplan importantes materias de carácter laboral y específicas de la realidad social acotada por dicha disciplina.
El proceso de constitucionalización del Derecho del Trabajo se inicia en España con la Constitución de 1931, que en su artículo 1º definía a España como una “República de trabajadores de todas clases”; se consideraba al trabajo como “obligación social” y se garantizaba al trabajador “las condiciones necesarias de una existencia digna”; la elevación a rango constitucional de los derechos laborales más importantes, se mantiene en las Leyes Fundamentales del Régimen inmediatamente posterior, singularmente con el Fuero del Trabajo de 1938, íntegramente dedicada, aún en su carácter programático, a la materia laboral.
La Constitución de 1978 contiene muchos y variados pronunciamientos sobre temas laborales, pudiendo distinguirse tres apartados:
Pronunciamientos contenidos en el Título Preliminar y en la Sección 1ª. Capítulo II del Título I, rubricado como “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, que son los más enérgicamente protegidos y que se caracterizan fundamentalmente porque, de conformidad con el artículo 81.1 de la Constitución, el desarrollo de sus normas ha de hacerse por Ley Orgánica y porque el desconocimiento de los derechos que proclama fundamentan de modo inmediato el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el procedimiento sumario que prevé el artículo 53. Se trata de derechos que, por su cualidad de fundamentales gozan de una protección privilegiada.
Como específicamente laborales, se incluyen en este primer apartado:
El derecho a la libertad sindical. “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas Armadas o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio por los funcionarios públicos”. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato” (artículo 28.1).
El derecho de huelga: “se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.(artículo 28.2)
El derecho de los condenados a penas de prisión a un “trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social”. (artículo 25.2).
También se pueden incluir en este apartado otra serie de derechos y deberes fundamentales, que tienen una evidente repercusión laboral al ser aplicados en el ámbito regulado por el Derecho del Trabajo, entre los que se puede mencionar el derecho a la libertad ideológica y religiosa del artículo 16, en íntima conexión con el principio de no discriminación en las relaciones laborales por razón de ideas religiosas o políticas, a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores; el derecho a la intimidad personal del artículo 16, cuyo reflejo laboral es la prohibición de “realizar registros sobre la persona del trabajador, en su taquilla o efectos personales” salvo cuando sean absolutamente necesarios, a que se refiere el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores y algunos más , que siendo propios de todos los ciudadanos, al aplicarse al ciudadano trabajador se modalizan, con lógico reflejo en los textos legales laborales.
Los pronunciamientos insertos en la Sección 2ª, del Capitulo II, Título I de la Constitución, intitulado “De los derechos y deberes de los ciudadanos”. Estos derechos, que también vinculan a todas los poderes públicos, a diferencia de los incluidos anteriormente, no necesitan de Ley Orgánica para su desarrollo, ni su desconocimiento lleva habilitado el recurso de amparo y el procedimiento sumario ante el Tribunal Constitucional.
Se pueden mencionar entre otros:
El deber de todos los españoles de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo (artículo 35.1).
La ley regulará el Estatuto de los Trabajadores ( artículo 35.2).
El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, que la ley garantizará, así como la fuerza vinculante de los convenios (artículo 37.1).
El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que garantice este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar los servicios esenciales de la comunidad (artículo 37.2).
Los pronunciamientos contenidos en el Capítulo III del Título I, bajo la rúbrica “De los principios rectores de la política social y económica”. Los principios en él enunciados, de acuerdo con el artículo 53.3 de la Constitución “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”. No cabe recurso de inconstitucionalidad ni desarrollo por Ley Orgánica: “Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.
Bajo este apartado, y como específicamente laborales, se comprenden, sumariamente expuestos:
El mantenimiento de un Régimen Público de Seguridad Social con especial atención al desempleo (artículo 41).
La salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero (artículo 42).
La protección y tratamiento especial para los minusválidos (artículo 49).
La suficiencia económica de las pensiones para la tercera edad (artículo 50).
El pronunciamiento más significativo y extenso de los comprendidos en este apartado: “los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo, y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados (artículo 40.2).
4. LAS FUENTES DEL ORDENAMIENTO LABORAL. ESPECIAL REFERENCIA A LOS CONVENIOS COLECTIVOS.
El estudio de las fuentes del Derecho del Trabajo y del Derecho en general, precisa partir de unos conceptos previos, que son propios de la Teoría General del Derecho.
Se ha de distinguir entre fuentes “en sentido propio” o mediatas y fuentes “en sentido traslativo” o inmediatas.
Fuentes en sentido propio son los poderes sociales con facultad normativa creadora, en expresión del profesor Castro, y también reciben por ello la denominación de fuentes de producción. Fuentes en sentido traslativo, también llamadas fuentes de conocimiento, son las formas a través de las cuales se manifiesta esta facultad normativa de los poderes sociales, al expresar los mandatos generales y objetivos en que la norma consiste.
El Derecho nace de los poderes sociales con facultad normativa, que son fundamentalmente el Estado y la comunidad. La expresión jurídica de la potestad normativa del Estado es la Ley, norma general, de carácter obligatorio, comprendiendo en esta denominación los distintos tipos de leyes. La expresión jurídica de la potestad normativa de la comunidad no estructurada formalmente, es la costumbre.
Aplicando estos conceptos básicos, predicables de cualquier disciplina jurídica, al Derecho del Trabajo, se observa que presenta características especiales. Tiene unas fuentes comunes, como pueden ser la ley o la costumbre, pero tiene también unas fuentes especiales que son propias y típicas , exclusivas del Derecho del Trabajo, que no se dan en los demás sectores del ordenamiento jurídico, cual son los convenios colectivos de condiciones de trabajo, que emanan, no ya del Estado, sino de poderes sociales con facultad normativa , que son los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales, y cuya expresión jurídica es el convenio colectivo.
Tenemos así en esta disciplina, una fuente de producción o poder normativo específico: los sindicatos y asociaciones empresariales, y una fuente de conocimiento o traslativa también típica y especial: el convenio colectivo de condiciones de trabajo.
Son fuentes comunes del Derecho del Trabajo, en el sentido de fuentes de conocimiento, de acuerdo con el artículo 19 del Código Civil, la ley, la costumbre y los Principios Generales del Derecho; el Derecho del Trabajo comparte estas fuentes con los demás sectores del ordenamiento jurídico, que sin embargo, se modalizan de forma peculiar al aplicarse a la materia laboral, y así, la costumbre laboral tiene rasgos especiales que la distinguen de la costumbre general.
El Estatuto de los Trabajadores, fuente jurídico positiva emanada del poder normativo del Estado, enumera las fuentes que regulan los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral en su extenso artículo 3:
Uno.- Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:
Dos.- Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar.
Tres.- Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual respecto de los conceptos cuantificables.
Cuatro.- Los usos y costumbres sólo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa.
Cinco.- Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.
Como se dijo, el Estatuto de los Trabajadores realiza una pormenorizada relación y regulación de las fuentes del Derecho del Trabajo, de la cual se extrae la existencia de fuentes comunes a todo nuestro ordenamiento jurídico, y otras propias y características de la materia objeto de estudio.
Sin entrar por tanto en el estudio pormenorizado de aquellas que son comunes, nos centraremos en la costumbre, siquiera brevemente y en la fundamental de convenios colectivos.
La costumbre como fuente de Derecho del Trabajo, tiene una significación más restringida que la costumbre general o costumbre civil, en tanto que el concepto general de costumbre como norma, viene doblemente condicionado por las calificaciones de local y profesional, notas que deben concurrir no de modo alternativo, sino simultáneo; deben darse las dos conjuntamente.
La nota de local, hace referencia a la localidad, “usos y costumbres de cada localidad” era la expresión empleada por la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, lo que implica que no caben costumbres laborales de carácter comarcal o provincial.
La nota de profesional es típica del Derecho del Trabajo; ha de ser la costumbre de la profesión, es decir, utilizada por los trabajadores y empresarios de una determinada rama de la producción o de un determinado oficio o profesión, no una costumbre local general.
La conjunción simultánea de ambas notas es la costumbre laboral, a aplicar como norma jurídica y como tal obligatoria, en defecto de ley en sentido material, convenio colectivo o, y esto es importante, de las clausulas y condiciones establecidas en contrato individual de trabajo.
Ejemplos de costumbre laboral, por remisión expresa del Estatuto de los Trabajadores son:
El artículo 20.2 “en el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el trabajador debe al empresario la obligación y colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes e instrucciones por aquel en el ejercicio regular de sus facultades de dirección, y en su defecto, por los usos y costumbres”.
El artículo 29.1 “La liquidación y pago del salario, se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme los usos y costumbres”.
El artículo 49.4 “el contrato de trabajo se extinguirá….por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalan los convenios colectivos o la costumbre del lugar”.