Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l9-2006.t4.html
Timestamp: 2019-07-21 22:25:29
Document Index: 236655870

Matched Legal Cases: ['Artículo 54', 'Artículo 59', 'artículo 62', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 68', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 43', 'artículo 29', 'artículo 43', 'artículo 35', 'artículo 43', 'Artículo 45', 'artículo 43', 'Artículo 47', 'artículo 31', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 47', 'artículo 10', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 10', 'artículo 47', 'artículo 47', 'Artículo 53', 'artículo 10']

Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón. TÍTULO IV. Régimen Sancionador.
Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón.
Vigencia desde 14 de Diciembre de 2006. Esta revisión vigente desde 04 de Febrero de 2016
Artículo 54 Infracciones administrativas
1. Constituye infracción administrativa en materia de conformidad de la producción, transformación y comercialización alimentarias y de calidad diferenciada de los alimentos cualquier acción u omisión tipificada en la presente ley o en otras disposiciones legales de aplicación.
2. Las infracciones administrativas en dichas materias se clasifican en leves, graves y muy graves.
a) La firma o razón social que figure en la etiqueta o documentos de acompañamiento, sea nominalmente o mediante cualquier indicación que permita su identificación cierta, excepto cuando se demuestre que el tenedor ha falsificado o no ha conservado correctamente el producto, siempre que en el etiquetado se especificaran las condiciones de conservación.
b) También será responsable el elaborador o fabricante que no figure en el etiquetado o documentos de acompañamiento, si se prueba la connivencia. En el supuesto de que se hayan falsificado el etiquetado o documentos de acompañamiento, la responsabilidad corresponderá a quien los haya falsificado.
d) Si el producto envasado no aportara los datos necesarios para identificar al responsable, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, será considerado responsable quien comercializó el producto, salvo que pudiera identificarse al envasador, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al tenedor, conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente.
3. Se presumirá responsable de las infracciones en productos a granel o envasados sin etiqueta, o cuando en la etiqueta no figure ninguna firma o razón social, a su tenedor, excepto cuando pueda identificarse de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, y sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al actual.
4. De las infracciones cometidas por personas jurídicas, incluidos los órganos de gestión de las figuras de protección de calidad diferenciada y los órganos o entidades de control o certificación, serán responsables subsidiariamente los administradores o titulares de las mismas que no realizaran los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintieran el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaran acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.
7. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en esta ley será independiente de la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus responsables, sin perjuicio de que no puedan concurrir dos sanciones cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
1. No presentar el certificado acreditativo de la inscripción oficial de la empresa, industria, establecimiento, instalación, local, medio de transporte, actividad, alimento o materia o elemento alimentarios cuando fuera obligatoria dicha inscripción o no exhibirlo en el correspondiente local en la forma establecida legalmente.
2. No presentar dentro de los plazos marcados las declaraciones establecidas en la normativa alimentaria, o su presentación defectuosa, cuando las declaraciones sean obligatorias conforme a la normativa.
3. No tener a disposición, sin causa justificada, la documentación de los registros cuando fuera requerida para su control en actos de inspección.
4. Las inexactitudes o errores en registros o declaraciones cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta no rebase en un 15% esta última y ello no afecte a la naturaleza, calidad, características, composición, procedencia u origen de los productos. En caso de declaraciones o registros relativos a productos con alguna denominación geográfica u otra figura de protección de la calidad diferenciada, la infracción se entenderá cometida cuando la diferencia no rebase el 5%.
5. Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en el etiquetado, documentos de acompañamiento, documentos comerciales, registros, rotulación, presentación y embalaje de los alimentos o las materias y elementos alimentarios cuando estas inexactitudes, errores u omisiones no afecten a la naturaleza, identidad, calidad, características, composición, procedencia u origen de los mismos.
6. No tener actualizados los registros cuando no haya transcurrido más de un mes desde la fecha en que hubo de practicarse el primer asiento no reflejado, siempre que los asientos no registrados puedan justificarse mediante otra documentación.
7. No comunicar o inscribir las modificaciones de los datos ya declarados de las explotaciones e industrias agrarias y alimentarias, tales como las relativas a las ampliaciones o reducciones sustanciales, traslado, cambio de titularidad, cambio de domicilio social o cierre.
8. No tener identificados los depósitos, silos, contenedores y cualquier clase de envase de productos a granel o los productos que contengan, o su identificación de forma no clara o sin marcado indeleble e inequívoco, y, en su caso, no indicar el volumen nominal u otras indicaciones contempladas en la normativa de aplicación.
9. Aplicar tratamientos, prácticas o procesos de forma diferente a la establecida, siempre que no afecten a la composición, definición, identidad, naturaleza, características o calidad de los alimentos o las materias o elementos alimentarios y que no entrañen riesgos para la salud.
13. La discrepancia entre las características reales del alimento, la materia o elemento alimentarios y las que ofrezca el operador cuando se refieran a parámetros o elementos cuyo contenido estuviera limitado por la reglamentación de aplicación y su exceso o defecto no afecte a la propia naturaleza, identidad, definición reglamentaria, calidad, designación o denominación del producto y las diferencias no superen el doble de la tolerancia admitida reglamentariamente para el parámetro o elemento de que se trate.
14. No disponer de un sistema de registro y tratamiento de las reclamaciones y de localización rápida de retirada de productos no conformes.
16. No denunciar a la autoridad competente, cuando se tenga tal obligación, cualquier forma de fraude, alteración, adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en peligro la calidad de los productos, la protección del consumidor o los intereses generales, económicos o sociales del sector alimentario.
17. El incumplimiento de las medidas cautelares, siempre que se trate de incumplimientos meramente formales no tipificados como graves.
19. En general, el incumplimiento de las instrucciones que sobre su actividad emanen de las Administraciones competentes en materia de calidad alimentaria o de los órganos de gestión de las denominaciones geográficas de calidad cuando desarrollen actuaciones públicas que les sean propias y de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en las normas relacionadas con la producción y comercialización alimentarias, incluido el transporte, siempre que se trate de infracciones meramente formales no previstas en los artículos siguientes.
1. El ejercicio de actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción, transformación o comercialización de alimentos o materias y elementos alimentarios sin estar autorizados y, en su caso, debidamente inscritos, o cuando las actividades no estén contempladas en la mencionada autorización o la misma haya sido cancelada, en el caso de que la autorización o inscripción sea preceptiva.
2. El incumplimiento de las cláusulas de la autorización o de los requisitos exigibles, así como de los términos previstos en la misma.
3. La falta de inscripción de los alimentos o materias o elementos alimentarios en la forma que para cada uno de ellos se hubiera establecido.
4. No comunicar inmediatamente a la autoridad competente, desde que se tenga conocimiento, la comercialización de alimentos o materias o elementos alimentarios fabricados, elaborados o comercializados por el propio operador que no cumplan con la legislación en materia de conformidad y de calidad.
5. No disponer de un sistema de autocontrol de calidad o no llevarlo a la práctica.
6. La falta de datos en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad que deben constar conforme a las disposiciones aplicables, tales como la identidad de los suministradores y receptores de productos, así como no disponer de informaciones relativas a esos productos, como su identificación, naturaleza, origen, características cualitativas y condiciones de producción y distribución.
7. La falta de cualquiera de los elementos reglamentarios en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como la identificación, registros y documentación de acompañamiento de los productos, así como la falta de sistemas y procedimientos de trazabilidad que sean adecuados, comprensibles y estén puestos al día.
8. La tenencia o venta de productos a granel sin estar autorizados para ello, así como de sustancias no autorizadas por la legislación específica de aplicación o para cuya posesión o venta se carece de autorización.
13. La falta de registros, libros de registro comerciales, talonarios matrices de facturas de venta u otros documentos establecidos por las disposiciones vigentes, la constancia en ellos de información ilegible o incomprensible, o su gestión defectuosa, cuando ello dificulte verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de calidad alimentaria.
14. No conservar durante el tiempo establecido los registros, los originales de los documentos de acompañamiento de productos recibidos y las copias de los documentos de acompañamiento de productos expedidos.
15. No tener realizada una anotación en los registros cuando haya transcurrido más de un mes desde la fecha en que reglamentariamente hubo de practicarse o cuando, no habiendo transcurrido dicho periodo de tiempo, el asiento o los asientos no registrados no puedan justificarse mediante otra documentación.
16. La imposibilidad de correlacionar los productos que hay en las instalaciones con las características principales de estos productos que constan en los registros y documentación de acompañamiento o, en su caso, documentación comercial, así como que no consten las entradas y salidas de los productos ni las manipulaciones, tratamientos y prácticas que han sufrido.
17. Las inexactitudes, errores u omisiones de datos o informaciones en el etiquetado, documentos de acompañamiento, documentos comerciales, registros, rotulación, presentación y embalajes cuando esas inexactitudes, errores u omisiones afecten a la naturaleza, identidad, calidad, características, composición, procedencia u origen de los productos.
18. La imposibilidad de demostrar la exactitud de las informaciones que consten en el etiquetado, documentos de acompañamiento o documentos comerciales, así como de los productos utilizados en su producción o transformación.
19. No presentar, o presentar fuera del plazo establecido, las declaraciones que hayan de realizarse con relación a la ejecución de prácticas de elaboración y tratamiento de determinados productos, así como tener inexactitudes, errores u omisiones en estas declaraciones, cuando estos hechos afecten a la naturaleza, calidad, características, composición, procedencia u origen de los productos consignados.
20. Las inexactitudes o errores en los registros o declaraciones establecidos en la normativa alimentaria cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta rebase en un 15% esta última o cuando, no rebasándola, afecte a la naturaleza, calidad, características, composición, procedencia u origen de los productos. En caso de declaraciones o registros relativos a productos con alguna denominación geográfica u otra figura de protección de la calidad diferenciada, la infracción se entenderá cometida cuando la diferencia rebase el 5%.
21. La modificación de la verdadera identidad de los alimentos o las materias y elementos alimentarios mediante la falsificación de los datos o documentos que sirvieran para identificarlos.
22. La comercialización de alimentos, materias o elementos alimentarios sin el etiquetado correspondiente, documentos de acompañamiento, documentos comerciales, rotulación, presentación, embalajes, envases o recipientes que sean preceptivos, o bien que la información que contengan induzca a engaño a sus receptores o consumidores.
23. La utilización en el etiquetado, envases, embalajes, presentación, oferta, publicidad de los alimentos o las materias y elementos alimentarios de indicaciones, razones sociales, nombres o denominaciones comerciales, expresiones, signos, marcas, símbolos, emblemas, denominaciones, designaciones, calificaciones, clases de producto, indicaciones de origen o procedencia, indicaciones sobre el sistema de producción o elaboración que:
a) No correspondan al producto o que, por su similitud fonética, gráfica u ortográfica, puedan inducir a confusión, aunque vayan precedidos por los términos tipo, estilo, género, imitación, sucedáneo u otros análogos.
c) No correspondan al verdadero lugar de producción, fabricación, elaboración, envasado, comercialización o distribución.
24. La aplicación de tratamientos, prácticas o procesos que no estén autorizados por la normativa vigente o de manera diferente a la establecida, o la utilización de materias primas que no reúnan los requisitos mínimos de calidad establecidos en la normativa vigente, o la adición o sustracción de sustancias o elementos, cuando cualquiera de estas operaciones afecte a la composición, definición, identidad, naturaleza, características o calidad de los alimentos, materias o elementos alimentarios.
25. Las defraudaciones en las características de los alimentos o de las materias y elementos alimentarios, particularmente las relativas a la identidad, naturaleza, especie, composición, contenido, designación, definición reglamentaria, calidad, riqueza, peso, volumen o cantidad, exceso de humedad, contenido en principios útiles, aptitud para el uso o cualquier otra discrepancia que exista entre las características reales del alimento, materia o elemento de que se trate y las que ofrezca el operador alimentario, que no puedan tipificarse como infracción leve.
26. La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información requerida por los órganos competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a que se refiere la presente ley, así como suministrar información inexacta o documentación falsa. En particular, las acciones siguientes:
d) No proporcionar en el momento de la inspección toda la documentación, datos e informaciones que el personal de la Administración pública que realiza funciones inspectoras y el de los órganos de gestión de las denominaciones geográficas de calidad necesite para llevar a cabo sus funciones de investigación, y no permitir su comprobación.
27. La manipulación o disposición en cualquier forma, sin contar con la autorización del órgano competente, de mercancías intervenidas cautelarmente.
28. El traslado físico de mercancías intervenidas cautelarmente sin autorización del órgano competente, siempre que no se manipulen los precintos y las mercancías no hayan salido de las instalaciones donde fueron intervenidas.
29. La expedición, por parte de los órganos de control o certificación de las distintas figuras de calidad diferenciada, de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos, así como la realización de ensayos, pruebas o inspecciones de forma incompleta o con resultados inexactos, por una insuficiente constatación de los hechos o la deficiente aplicación de normas técnicas.
30. Los insultos leves y el trato desconsiderado a los inspectores acreditados o habilitados o a los instructores de los procedimientos sancionadores.
31. La reincidencia en la misma infracción leve en el último año. El plazo comenzará a contar desde el día de la comisión de la infracción, siendo preciso para su aplicación que la resolución sancionadora adquiera firmeza en vía administrativa.
32. El impago de las cuotas que se establezcan de acuerdo con los reglamentos de los órganos de gestión de las denominaciones geográficas de calidad y del Comité aragonés de agricultura ecológica.
1. La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres protegidos por una denominación geográfica u otras figuras de calidad diferenciada o que, por su similitud fonética o gráfica con los nombres protegidos o los signos o emblemas característicos, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque vayan acompañados de los términos tipo, estilo, género, imitación, sucedáneo u otros análogos.
2. No introducir en las etiquetas y presentación de los productos alimentarios los elementos suficientes para evitar la confusión de los consumidores sobre su calificación y procedencia, en aquellos casos en que se utiliza una misma marca, nombre comercial o razón social en la comercialización de productos incluidos en una determinada figura de protección de calidad diferenciada y en la de otros que no lo están.
7. Las infracciones graves cuando la alteración, adulteración, falsificación o fraude se extienda a terceros a quienes se facilita la sustancia, medios o procedimientos para realizarlas, encubrirlas o enmascararlas.
8. La transmisión a industrias agrarias y alimentarias, sea a título oneroso o gratuito, de alimentos, materias o elementos alimentarios no permitidos.
9. Las infracciones cometidas por los órganos de control o certificación de las distintas figuras de protección de la calidad cuando de las mismas resulte un daño muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna o el medio ambiente.
11. Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de presión al personal de la Administración y de los órganos de gestión de las figuras de protección de calidad diferenciada que realiza funciones de inspección, así como a los instructores de los procedimientos sancionadores.
12. La reincidencia en la misma infracción grave en los dos últimos años. El plazo comenzará a contar desde el día de la comisión de la infracción, siendo necesario para su aplicación que la resolución sancionadora adquiera firmeza en vía administrativa
Artículo 59 Concurrencia de infracciones
Cuando concurran dos o más infracciones imputables por los mismos hechos a un mismo sujeto y alguna de las mismas sea medio necesario para cometer otra, se impondrá como sanción conjunta la correspondiente a la infracción más grave.
a) El apercibimiento previsto en el artículo 62.
b) Multa desde 500 hasta 2.000 euros en caso de infracciones leves, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el valor de los productos objeto de la infracción.
c) Multa comprendida entre 2.001 y 30.000 euros para las faltas graves, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el 5% del volumen de ventas de los productos objeto de la infracción correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de iniciación del procedimiento sancionador.
d) Multa comprendida entre 30.001 y 300.000 euros para las faltas muy graves, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el 10% del volumen de ventas de los productos objeto de la infracción correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de iniciación del procedimiento sancionador.
2. No tendrá carácter de sanción la suspensión temporal o definitiva del derecho al uso de la denominación cuando ello sea resultado del incumplimiento de los requisitos que las disposiciones correspondientes exigen para el uso de los distintivos de la denominación.
3. No tendrá el carácter de sanción la clausura, cierre, cese, suspensión o interrupción temporal de las actividades empresariales, instalaciones, locales o establecimientos que no tengan las autorizaciones administrativas o registros preceptivos, mientras no se cumplan los requisitos exigidos.
4. Tampoco tendrá carácter de sanción la retirada, cautelar o definitiva, de los canales de producción o distribución de aquellos productos que sean suministrados por establecimientos que carezcan de la preceptiva autorización.
Artículo 61 Sanciones accesorias
1. En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy graves que sean cometidas por personas inscritas en los registros de una figura de calidad diferenciada, cuando las actuaciones realizadas hayan ocasionado un grave perjuicio o desprestigio a la denominación, marca o figura protegida, la autoridad a la que corresponda resolver el procedimiento podrá acordar, como sanción accesoria, la suspensión temporal del derecho al uso de dicha denominación, marca o figura de que se trate, o la baja definitiva de sus registros.
2. La suspensión temporal, que conllevará la pérdida del derecho a etiquetas u otros documentos propios de la figura, tendrá una duración máxima de tres años, si se trata de una infracción calificada como grave, y de cinco años, si se trata de una infracción muy grave.
3. La sanción de baja definitiva de sus registros solo podrá imponerse por faltas muy graves, e implicará la exclusión del infractor de los registros y, simultáneamente, la pérdida de los derechos inherentes a la denominación, marca o figura.
4. La autoridad a la que corresponda resolver el procedimiento podrá acordar como sanción accesoria el decomiso o destrucción de la documentación de presentación del producto, del material de identificación del mismo, así como de la mercancía adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada y de aquella que pueda suponer un riesgo para las personas, animales o vegetales. Serán de cuenta del infractor los gastos que originen las operaciones de intervención, depósito, decomiso y destrucción de la mercancía, incluida la indemnización al propietario de la mercancía decomisada cuando el mismo no sea el infractor.
6. En los supuestos de infracciones muy graves, el Consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón podrá decretar, por acuerdo motivado, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio donde se cometió la infracción por el plazo máximo de dos años, sin perjuicio, en todo caso, del pago por parte del infractor del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
7. Siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o daño efectivo para los intereses económicos del sector alimentario, reincidencia en infracciones graves o muy graves o acreditada intencionalidad en la comisión de las infracciones, la autoridad que resuelva el procedimiento sancionador podrá acordar que se hagan públicas las sanciones impuestas, siempre que hayan adquirido firmeza en vía administrativa, acompañadas del nombre de la empresa y de las personas naturales o jurídicas responsables, con expresa indicación de las infracciones cometidas.
Dichos datos se publicarán en el «Boletín Oficial de Aragón », en el Boletín Oficial del Estado si la empresa infractora es de ámbito estatal o internacional y en los medios de comunicación que se consideren oportunos.
8. Las sanciones contempladas en la presente ley serán compatibles con la pérdida o retirada de derechos económicos previstos en la normativa comunitaria.
Artículo 62 Apercibimiento
Si se comprueba la existencia de infracciones como consecuencia de una inspección, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá apercibir a la empresa para que subsane los defectos detectados en un plazo determinado, siempre y cuando no haya sido apercibida en el último año por un hecho igual o similar y la conducta carezca de efectos sobre la salud pública, los intereses de los consumidores y la credibilidad del sistema alimentario.
Artículo 63 Pérdida del derecho a la obtención de ayudas
La comisión de infracciones muy graves conllevará la pérdida, durante el plazo de un año siguiente a la firmeza de la resolución en vía administrativa, del derecho a obtener ayudas de la Comunidad Autónoma de Aragón vinculadas a la actividad agroalimentaria.
Artículo 64 Gradación de las sanciones
1. A efectos de su gradación, las sanciones se dividirán en tres grados iguales del siguiente modo:
- Grado inferior: de 500 a 1.000 euros.
- Grado medio: de 1.001 a 1.500 euros.
- Grado superior: de 1.501 a 2.000 euros.
- Grado inferior: de 2.001 a 11.333 euros.
- Grado medio: de 11.334 a 20.666 euros.
- Grado superior: de 20.667 a 30.000 euros.
- Grado inferior: de 30.001 a 120.000 euros.
- Grado medio: de 120.001 a 210.000 euros.
- Grado superior: de 210.001 a 300.000 euros.
2. Para la determinación concreta de la sanción a imponer, dentro de los grados asignados a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los criterios siguientes:
c) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme. Este plazo comenzará a contar desde el día de la comisión de la infracción, siendo necesario para su aplicación que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa.
3. No obstante lo recogido en el apartado anterior, el grado y la cuantía de la sanción podrán minorarse motivadamente, en atención a las circunstancias específicas del caso, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.
4. Los criterios de gradación recogidos en el apartado 2 no podrán utilizarse para agravar o atenuar la infracción cuando ya estén contenidos en la propia descripción de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo.
5. La resolución administrativa habrá de explicitar los criterios de gradación de la sanción tenidos en cuenta de entre los señalados en los apartados anteriores de este artículo. Cuando no se considere relevante a estos efectos alguna de las circunstancias enumeradas en dichos apartados, la sanción se impondrá en el grado inferior.
Artículo 65 Proporcionalidad y efectividad de la sanción
Las sanciones pecuniarias se impondrán de modo que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, y siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad y la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponer.
1. En el supuesto de que un infractor no cumpliera con las obligaciones impuestas como sanción o lo hiciera de forma incompleta, podrán imponérsele multas coercitivas con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento total de la sanción impuesta, no pudiendo el importe de cada multa exceder de 3.000 euros.
1. Las infracciones leves a que se refiere esta ley prescribirán al año; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los tres años. El término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiera cometido la infracción. La prescripción se interrumpirá desde el momento en que el presunto infractor reciba la notificación del acuerdo de iniciación.
2. El procedimiento sancionador podrá incoarse en cualquier momento en tanto no haya prescrito la presunta infracción que se impute en el acuerdo de iniciación.
3. Cuando exista toma de muestras, las actuaciones de la inspección se entenderán finalizadas después de haber practicado el análisis inicial.
4. Las sanciones leves reguladas en esta ley prescribirán al año de haber adquirido firmeza; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los tres años.
Artículo 68 Potestad sancionadora
1. Sin perjuicio de las competencias titularidad de las entidades locales, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la potestad sancionadora en materia de conformidad de la producción, transformación y comercialización alimentarias y de calidad diferenciada de los alimentos, que se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida.
2. El órgano competente para resolver, previa tramitación del correspondiente procedimiento, sancionará las infracciones en materia de conformidad y calidad diferenciada de la producción, transformación y comercialización alimentarias detectadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Son competentes para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley los órganos correspondientes de las entidades locales o de la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las competencias que a cada Administración le atribuye el ordenamiento jurídico.
a) La iniciación de los procedimientos sancionadores, por los directores de los Servicios Provinciales del Departamento de Agricultura y Alimentación de la provincia donde el operador alimentario tenga su domicilio o razón social.
- Los directores de los Servicios Provinciales, para las sanciones inferiores a 12.000 euros.
- El director general competente por razón de la materia, para las sanciones comprendidas entre 12.000 y 30.000 euros.
- El Consejero de Agricultura y Alimentación para las sanciones cuya cuantía supere los 30.000 euros.
4. El órgano competente para incoar designará instructor del procedimiento.
Artículo 70 Plazo para resolver
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al procedimiento será de doce meses, a contar desde la fecha de inicio del procedimiento administrativo sancionador, considerando como tal la fecha de notificación del acuerdo de incoación. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la resolución, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones.
2. En caso de que un procedimiento se suspenda o se paralice por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver.
Artículo 71 Procedimiento abreviado
En el supuesto de infracciones calificadas como leves, y si los hechos estuvieran recogidos en el acta correspondiente o se dedujeran de la documentación recogida por la inspección o de los resultados de los análisis, el expediente podrá instruirse mediante procedimiento abreviado.
1. Los órganos competentes para resolver podrán imponer sanciones de igual o menor gravedad que las propuestas por el instructor o bien declarar que no existe responsabilidad.
2. Cuando el órgano al que haya sido remitida la propuesta del instructor considere que las conductas declaradas probadas deben ser objeto de mayor sanción, remitirá el expediente al órgano que resulte competente, a su juicio, según el artículo 69, junto con la nueva propuesta de resolución. Una copia de esta propuesta será notificada al interesado para que pueda formular alegaciones al respecto en el plazo de diez días.
3. Cuando el órgano al que se remita la propuesta considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución y la sanción que considera que debe imponerse resulte de su competencia, igualmente concederá al interesado el trámite previsto en el apartado anterior.
Primera Normativa complementaria
1. En todo lo no contemplado en la presente ley, y en tanto no se aprueben las normas que la desarrollen o complementen, serán de aplicación la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón y la normativa estatal vigente sobre las materias que regula.
2. La Ley 1/1989, de 24 de febrero, de Artesanía de Aragón, y las disposiciones que la desarrollan no serán de aplicación en materia de artesanía alimentaria.
Segunda Bienes, derechos y obligaciones de los consejos reguladores y del Comité aragonés de agricultura ecológica
Los bienes, derechos y obligaciones que, a la entrada en vigor de esta ley, sean titularidad de los consejos reguladores y del Comité aragonés de agricultura ecológica pasarán, sin que se altere su situación jurídica, a ser titularidad de las nuevas corporaciones de derecho público, en cuanto entidades sucesoras de aquellos.
Tercera Personal de los consejos reguladores y del Comité aragonés de agricultura ecológica
Las nuevas corporaciones de derecho público, como sucesoras de los consejos reguladores y del Comité aragonés de agricultura ecológica, mantendrán en idénticos términos a los existentes a la entrada en vigor de esta ley sus obligaciones y derechos respecto a su personal laboral.
Cuarta Bebidas espirituosas
Las previsiones de esta ley se aplicarán a las bebidas espirituosas, así como a las denominaciones específicas y denominaciones geográficas de tales bebidas a las que se refiere el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo, de 23 de mayo de 1989, por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, organización y presentación de las bebidas espirituosas.
Quinta Productos agrarios no alimentarios
Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas que se reconozcan para productos agrarios no alimentarios se sujetarán a lo dispuesto en los capítulos II y VI del título III y en el título IV de esta ley.
Sexta Coordinación de controles
Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, y los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma con competencias en la materia coordinarán los controles y sistemas de información para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a los alimentos, en particular respecto a su trazabilidad.
Séptima Marcas de garantía alimentaria
En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Departamento de Agricultura y Alimentación será el órgano administrativo competente para autorizar los reglamentos de uso de marcas de garantía aplicadas a los productos alimentarios a las que se refiere el artículo 69 de la Ley 17/ 2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Octava Competencias del Departamento de Agricultura y Alimentación
Las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón relativas a las materias objeto de esta ley serán ejercidas por el Departamento de Agricultura y Alimentación, salvo que el Gobierno de Aragón las atribuya expresamente a otro departamento.
Novena Sistema de gestión de vinos de la tierra y de vinos de pago
Reglamentariamente se determinará la forma de gestión para los vinos de la tierra y los vinos de pago, pudiéndose establecer que se aplique lo previsto en esta ley para los consejos reguladores.
Primera Adaptación de los operadores alimentarios
1. Los operadores alimentarios tendrán un plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley para adaptar su régimen de aseguramiento de la calidad a las exigencias contenidas en el título II.
2. Durante el periodo de adaptación, los operadores deberán cumplir las obligaciones que les eran exigibles antes de la entrada en vigor de esta ley, y será de aplicación el sistema de infracciones y sanciones previsto en la normativa anterior.
Segunda Infracciones
Las infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa anterior, salvo cuando la nueva regulación resulte más favorable para el presunto infractor.
Tercera Registros existentes
1. Las inscripciones que consten en el Registro general de artesanos de Aragón relativas a actividades agroalimentarias, en el Registro de operadores de producción integrada o en cualquier otro registro existente a la entrada en vigor de esta ley y cuyo objeto resulte total o parcialmente coincidente con el de aquellos registros que se creen por o en ejecución de la misma, se trasladarán de oficio para su inscripción en el nuevo registro correspondiente.
2. En el caso de que las exigencias del nuevo Registro impidan la anotación de las anteriores inscripciones, reglamentariamente se determinará el plazo y forma para regularizar las inscripciones.
Cuarta Financiación de órganos de gestión
Mientras no se establezcan las cuotas internas definitivas, los consejos reguladores existentes, así como el Comité aragonés de agricultura ecológica, continuarán aplicando los importes que tengan establecidos conforme a la legislación hasta ahora vigente.
Quinta Adaptación de los reglamentos de denominaciones geográficas de calidad existentes
1. Los consejos reguladores existentes a la entrada en vigor de esta ley deberán presentar en el plazo máximo de un año el proyecto de adaptación de su respectivo reglamento a las previsiones de la misma, sometiéndolo a su aprobación por orden del Departamento de Agricultura y Alimentación.
2. En el caso de que en el plazo indicado no se hubiera presentado el proyecto de adaptación, la elaboración y aprobación del mismo podrán efectuarse por el Departamento de Agricultura y Alimentación.
3. Los consejos reguladores de las denominaciones geográficas de calidad existentes antes de la aprobación de esta ley tendrán la consideración de corporaciones de derecho público a partir de la entrada en vigor del respectivo reglamento por el que se adapten a las previsiones de la misma.
Véase O [ARAGÓN] 6 mayo 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen «Campo de Borja» («B.O.A.» 15 mayo). Véase O [ARAGÓN] 6 mayo 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen «Cariñena» («B.O.A.» 15 mayo). Véase O [ARAGÓN] 6 mayo 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen «Somontano» («B.O.A.» 15 mayo). Véase O [ARAGÓN] 6 mayo 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen «Calatayud» («B.O.A.» 15 mayo). Véase O [ARAGÓN] 17 marzo 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen protegida «Aceite del Bajo Aragón» («B.O.A.» 14 abril). Véase de O [ARAGÓN] 17 marzo 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen protegida «Melocotón de Calanda» («B.O.A.» 14 abril). Véase O [ARAGÓN] 6 febrero 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen protegida «Jamón de Teruel» («B.O.A.» 9 marzo).
Sexta Comité aragonés de agricultura ecológica
Aprobada la orden del Departamento de Agricultura y Alimentación en la que se establezca el nuevo régimen jurídico del Comité aragonés de agricultura ecológica, este pasará a tener la consideración de corporación de derecho público.
Séptima Acreditación de entidades de control y de certificación
A los efectos de lo exigido en los capítulos II y IV del título III de esta ley, y durante el plazo de tres años siguientes a su entrada en vigor, se entenderá cumplido el requisito de acreditación cuando la correspondiente solicitud presentada ante la Entidad Nacional de Acreditación (Enac) haya sido admitida a trámite y no haya sido resuelta.
1. Quedan derogados los artículos del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, que regulan la Tasa 18, por servicios de los consejos reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de productos agroalimentarios, y la Tasa 31, por servicios prestados por el Comité aragonés de agricultura ecológica.
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto en esta ley.
Primera Normativa de desarrollo
El Gobierno de Aragón dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y correcta aplicación de esta ley.
Se faculta al Gobierno de Aragón para actualizar la cuantía de las sanciones transcurridos tres años desde la entrada en vigor de esta ley, así como para actualizaciones posteriores con intervalo mínimo de un año cuando las circunstancias económicas y sociales lo requieran.
Así lo dispongo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón
BOA 20 Marzo 2007. Corrección de errores de la Ley 9/2006 de 30 Nov. CA Aragón (calidad alimentaria)
Letra a) del número 2 del artículo 6 redactada por el artículo 43.uno de la Ley [ARAGÓN] 2/2016, 28 enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón («B.O.A.» 3 febrero). Número 7 del artículo 29 derogado por el artículo 43.dos de la Ley [ARAGÓN] 2/2016, 28 enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón («B.O.A.» 3 febrero). Letra k) del número 2 del artículo 35 redactada por el artículo 43.tres de la Ley [ARAGÓN] 2/2016, 28 enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón («B.O.A.» 3 febrero). Artículo 45 redactado por el artículo 43.cuatro de la Ley [ARAGÓN] 2/2016, 28 enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón («B.O.A.» 3 febrero).
Artículo 47 redactado por el artículo 31 de la Ley [ARAGÓN] 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón («B.O.A.» 31 diciembre).
Letra a) del apartado 2 del artículo 39 redactada por el número uno del D Ley [ARAGÓN] 1/2010, 27 abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.A.» 5 mayo). Letra d) del apartado 2 del artículo 39 redactada por el número uno del D Ley [ARAGÓN] 1/2010, 27 abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.A.» 5 mayo). Letra a) del apartado 1 del artículo 47 redactada por el número dos del artículo 10 del D Ley [ARAGÓN] 1/2010, 27 abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.A.» 5 mayo). No obstante el tenor literal del citado apartado, la referencia efectuada al artículo 47.2.a), hay que entenderla realizada al artículo 47.1.a). Letra d) del apartado 1 del artículo 47 redactada por el número dos del artículo 10 del D Ley [ARAGÓN] 1/2010, 27 abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.A.» 5 mayo). No obstante el tenor literal del citado apartado, la referencia efectuada al artículo 47.2.b), hay que entenderla realizada al artículo 47.1.b). Artículo 53 redactado por el número tres del artículo 10 del D Ley [ARAGÓN] 1/2010, 27 abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.A.» 5 mayo).