Source: http://renovacionsindical.blogspot.com/2009/06/
Timestamp: 2018-04-19 19:14:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 451', 'artículo 1', 'artículo 8', 'e contrario', 'artículo 6', 'artículo 417']

Blog viejo de Renovación Sindical - Antioquia: junio 2009
"Como se ha informado, el Estado Colombiano fue llamado a comparecer ante la Comisión de Normas como uno de los 25 países que más incumplen los convenios de la OIT en el mundo".
Concluyó en Ginebra, Suiza, la 98 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, con un balance no muy satisfactorio para el Gobierno colombiano en lo que tiene que ver con las conclusiones que presentó la Comisión de Aplicación de Normas, tras escuchar las intervenciones de los representantes del gobierno, de las centrales sindicales y de los empresarios que asistieron a la sesión en la que se debatió el caso de Colombia, país que estaba incluido como uno de los 25 del mundo que más incumplen los convenios de la OIT.
Un llamamiento en favor de un compromiso más fuerte para que en Colombia se aplique de manera efectiva al cumplimiento del Convenio 87, relativo a los derechos de afiliación y asociación sindical, y se realicen esfuerzos tripartitos que aseguren un diálogo social más profundo y significativo, formuló en su informe de conclusiones la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT , al estudiar las observaciones que por incumplimiento (en la practica y en la legislación) se hacen al gobierno colombiano.
Como se ha informado, el Estado Colombiano fue llamado a comparecer ante la Comisión de Normas como uno de los 25 países que más incumplen los convenios de la OIT en el mundo, lista que completan: Bieolorusia, Birmania, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Congo, Etiopía, Guatemala, Irán, Israel, Italia, Corea, Kuwait, Malasia, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Rusia, Swaziland, Turquía y Venezuela.
El hecho que en los 3 años que lleva el Acuerdo Tripartito, la Comisión de Normas haya vuelto a llamar al gobierno colombiano a presentar información, significa, al menos, que dicho Acuerdo no se ha cumplido, y que en la Conferencia de la OIT del año 2010 el gobierno tendrá que presentar resultados concretos en todas las materias señaladas, o de lo contrario volverá a ser incluido en la lista de los 25.
La Comisión de Normas emitió sus conclusiones tras el debate en el que participaron los representantes del gobierno colombiano, de las centrales sindicales y de los empresarios presentes en la sesión, y luego de revisar el informe que previamente había presentado la Comisión de Expertos de la OIT.
Cabe recordar que esta Comisión de Expertos en su informe resaltó el incremento de la violencia contra el sindicalismo colombiano, que incluye asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte y una “preocupante situación de impunidad”, basada en el hecho de que el número de condenas por estos hechos siga siendo reducido, y que gran número de investigaciones se encuentren apenas en etapa preliminar. Asimismo, se refirió a la peligrosa estigmatización de los sindicalistas como simpatizantes de las guerrillas.
En lo referente a temas legislativos no resueltos satisfactoriamente por el Estado colombiano, la Comisión de Expertos aludió las formas de contratación tercerizadas, que encubren verdaderas relaciones de trabajo y no permiten la afiliación a sindicatos, como es el caso de las cooperativas de trabajo asociado; e hizo un llamado al Gobierno para que se levante la prohibición del derecho de huelga a las centrales y federaciones sindicales.
Conclusiones de la Comisión de Normas
Sobre el tema de la violencia antisindical, esta Comisión tomó nota de las preocupaciones en el sentido de que “el número de condenas por los asesinatos sigue siendo muy bajo, y de que las sentencias que han sido dictadas sólo se refieren a los autores materiales de la violencia y no a los instigadores”, y expresó la esperanza de que el Gobierno colombiano fortalezca el Poder Judicial para garantizar que todas las investigaciones se realicen rápida y eficientemente.
También instó al gobierno a que emita “un claro mensaje al más alto nivel sobre la importancia del papel que desempeñan las organizaciones sindicales en la sociedad, y de que no se tolerará la violencia antisindical”, y lo urgió para que “ponga término a la actual situación de violencia e impunidad a través de medidas y políticas innovadoras y eficaces aplicadas de manera continua”. Esto porque “un movimiento sindical sólo puede existir en un clima exento de violencia”.
Sobre el mismo tema, la Comisión apreció “las medidas positivas adoptadas por el Gobierno para reforzar la Oficina del Fiscal General y los consiguientes progresos en la lucha contra la violencia y la prevaleciente situación de impunidad. Aprecia también la reciente información relativa a la creación de un fondo de reparación para las víctimas de la violencia”.
En cuanto a las cuestiones legislativas pendientes, relacionadas con: derecho de los asociados de cooperativas a sindicalizarse, inscripción de organizaciones sindicales, arbitraje obligatorio, restricciones a las organizaciones de grado superior y otro tipo de limitaciones, la Comisión de Normas destacó algunas medidas tomadas por el gobierno de Colombia, y en especial las sentencias de la Corte Constitucional que han favorecido las libertades sindicales.
“Se han realizado progresos con la adopción de una nueva legislación que traslada a la autoridad judicial la competencia de declarar la ilegalidad de la huelga, que antes correspondía a la autoridad administrativa. Asimismo, la Comisión tomó nota con interés de la sentencia de la Corte Constitucional que parece establecer un procedimiento simplificado de registro de organizaciones sindicales para una mejor aplicación del artículo 2 del Convenio”.
Y sobre el tema de las cooperativas mostró su “preocupación manifiesta en cuanto al aumento del recurso a las cooperativas, a los contratos de servicios, y contratos civiles y comerciales, de un modo que obstaculizan el ejercicio de los derechos sindicales por parte de los trabajadores afectados por este tipo de contratos, así como los alegatos relativos a la existencia de un clima antisindical generalizado”.
En otro aparte la Comisión expresa “la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio núm. 87, consultando plenamente con los interlocutores sociales… Toma nota del compromiso manifestado por el Gobierno y los interlocutores sociales en cuanto al reforzamiento del diálogo social en el país”.
Finalmente subrayó la importancia de asegurar que este diálogo sea profundo y significativo, y alentó a todas las partes a “realizar esfuerzos concertados para que los mecanismos tripartitos existentes pasen a ser un foro regular que inspire confianza a todas las partes".
La huelga ya no puede ser limitada por el Presidente
Como una buena y estimulante noticia fue recibida en los medios laborales del país el reciente comunicado de la Corte Constitucional Colombiana (CCC), que da cuenta de la inexequibilidad del Parágrafo 2° del Artículo 1ª de la Ley 1210, conocida como “Ley de Huelga”, vigente en el país desde el 14 de julio del año pasado.
En concreto, lo que implica la decisión de la CCC al tumbar dicho parágrafo, es que el Presidente de la República pierde la facultad para determinar, según su criterio, la legalidad o ilegalidad de una huelga, hecho jurídico que sin duda representa un positivo avance en los derechos de las y los trabajadores colombianos. Además era una norma que no cumplía con los parámetros de la OIT.
El Parágrafo 2° del Artículo 1ª de la Ley 1210, que tumbó la Corte, expresa textualmente: “Si una huelga, en razón de su naturaleza o magnitud, afecta de manera grave la salud, la seguridad, el orden público o la economía en todo o en parte de la población, el Presidente de la República, previo concepto favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, puede ordenar en cualquier momento la cesación de la huelga, y que los diferendos que la provocaron sean sometidos a fallo arbitral”.
De esta manera la CCC con su sentencia C-349, que tuvo ponencia de Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, hizo valer los derechos del trabajo y los trabajadores sobre la decisión del Congreso de la República. Consideró que la facultad presidencial no respeta la condición material que impone la Constitución Nacional, pues la norma no establece un límite a servicios públicos esenciales, sino a situaciones de contexto que a juicio del presidente amerite su intervención, sin establecer “criterios estrictos, objetivos y razonables” que permitan evaluar la proporcionalidad y justificación del derecho de huelga.
“Por el contrario —argumenta la CCC en su comunicado—, el legislador acudió a criterios demasiado amplios y laxos relacionados con el interés general, la utilidad pública o la importancia económica de la actividad suspendida, que pueden ser predicables de muchas actividades, incluso aquellas que involucran la prestación de un servicio público, pero que no revisten la característica de esencial”. En otras palabras, en la práctica el Presidente de la República quedaba facultado para suspender todas las huelgas, puesto que por su misma naturaleza toda huelga paraliza la producción, genera pérdidas, eventualmente problemas de abastecimiento, y en general afecta la economía de la población.
Aunque es de aclarar que el Presidente Álvaro Uribe no hizo uso de esa prerrogativa en las huelgas y paros realizados con posterioridad a la Ley 1210 de 2008, especialmente los de los corteros de caña y de la Rama Judicial, que fueron los más largos y sonados. Sin embargo, sí recurrió a otros expedientes que en la práctica obstaculizaron y dieron al traste con la protesta laboral. En el caso de los corteros, el Ministerio de la Protección rindió un concepto en el que afirmaba que los trabajadores de cooperativas de trabajo asociado no podían realizar huelgas, lo que se convirtió en un obstáculo para la negociación y la solución del conflicto. En el caso del paro de los jueces agremiados en Asonal, el Presidente Uribe, debido a la falta de competencia de Ministerio de Protección Social para declarar ilegal la huelga, expidió una serie de decretos de conmoción interior, los cuales después fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, pero cuando ya habían logrado uno de sus cometidos: acabar con la movilización de Asonal.
Para entender un poco más el alcance de la decisión de la CCC, hagamos un poco de historia: la Ley 1210 de 2008, entre sus varias disposiciones corrigió una anomalía que se venía presentando en el país de tiempo atrás, que consistía en que no había un órgano imparcial que determinara la legalidad o ilegalidad de una huelga, pues tal potestad la tenían los inspectores del Ministerio de la Protección Social, en virtud del artículo 451 del Código Sustantivo de Trabajo (CST). Lo que a todas luces era contrario a los Convenios de OIT, pues implicaba una injerencia arbitraria del Estado en el derecho de huelga. De ahí las denuncias que en tal sentido reiteradamente hacía el movimiento sindical ante Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT, que a su vez ha realizado observaciones y recomendaciones en por los menos 12 aspectos fundamentales.
Después de muchos años de ignorar estas recomendaciones de la OIT, el Gobierno, en vista de las presiones, promovió el año pasado la Ley 1210, que sin embargo fue considerada insuficiente y polémica, pues aparte de no ajustarse en algunos aspectos a la Constitución Nacional, tampoco cumple con todos los estándares exigidos por OIT. Para empezar, esta Ley no fue consultada en la Comisión permanente de políticas salariales y laborales, y no supera los obstáculos legislativos que impiden el libre ejercicio de la huelga. Tan solo cambió la competencia para la declaratoria de ilegalidad de la huelga, modificó el tribunal de arbitramento obligatorio para la terminación de una huelga convirtiéndolo en un tribunal de arbitramento voluntario, creó un mecanismo alternativo para la solución de la huelga que prolonga por cinco días la posibilidad de buscar salidas en el marco de la Comisión de concertación de políticas salariales y laborales, y finalmente, le dio competencia al Presidente de la República para terminar las huelgas, que fue lo que la Corte declaró inexequible.
Algunas de las recomendaciones dirigidas a modificar prohibiciones contrarias a la libertad sindical y que no fueron acogidas por la nueva ley, son: la facultad del empleador para despedir a los trabajadores que hayan participado en una huelga calificada de ilegal, sin necesidad de levantar fuero alguno; la prohibición de realizar huelgas por incumplimiento de la convención colectiva o huelgas por solidaridad, o por trabajo a reglamento; la prohibición de las huelgas parciales, seccionales o locales; la prohibición de huelgas a federaciones y confederaciones, o las que hagan sindicatos por rama de actividad económica. Igualmente la Ley no definió qué se entiende por servicio público esencial para no limitar el derecho de huelga a todos los trabajadores del sector público, ni reguló la figura de la prestación de servicios mínimos.
Una prueba de estas limitaciones, es que en el 2008 se presentaron 80 acciones de protesta laboral y sindical, y entre ellas apenas dos huelgas, ambas en multinacionales del sector minero: Cerromatoso y Carbones del César. El resto fueron paros y protestas por fuera de los canales institucionales.
La pregunta que ahora el movimiento sindical se hace es: ¿Será que en los próximos meses se expedirá un nuevo decreto, o se presentará un nuevo proyecto de ley que busque crear una nueva herramienta jurídica para limitar el ejercicio de la huelga?, pues no podrán declarar la conmoción interior cada vez que se realice una huelga.
Todo esto lo que demuestra es que lo que realmente se requiere, y está pendiente, es una ley que regule la huelga de manera que la libertades sindicales no continúen siendo vulneradas.
La sentencia oficial de la CCC, con la firma de los magistrados y toda la argumentación jurídica, se conocerá en unas dos semanas.
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Editorial de la Bagatela No 37
Con Petro, acordemos el futuro.
Titulares del editorial:
I. El rechazo a la política de coalición: una decisión que mermará al Polo.
II. Es posible derrotar el referendo reeleccionista y el tercer período presidencial del uribismo.
III. Respaldamos a Gustavo Petro en la consulta abierta y ciudadana que escogerá el candidato presidencial del PDA.
IV. Marcelo Torres, candidato a la Alcaldía por el PDA y la Gran Alianza por la Salvación de Magangue.
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I. El rechazo a la política de coalición: una decisión que mermará al Polo
Aunque prácticamente no hayan sorprendido a nadie, los resultados de la Junta Nacional del Polo realizada a finales de abril revisten una gravedad imposible de pasar por alto. La Resolución aprobada, de convocatoria de la consulta del Polo para escoger candidato presidencial, condicionó el desarrollo de una política de coalición a que tenga “como base el candidato y el programa del Polo”. Tal condicionamiento, ambigua fórmula de inocultable sectarismo frente a las fuerzas democráticas del país, en realidad ha ratificado la negativa rotunda del acuerdo Anapo y asociados con la extrema izquierda del Polo a adelantar cualquier alianza con sectores de la democracia colombiana para enfrentar a Uribe Vélez en las presidenciales del 2010.
Más allá de los textos aprobados, el clima de agresividad contra Gustavo Petro y Luis Eduardo Garzón ha sido de tal calibre, que no hay hipérbole alguna en la aseveración de que la Resolución aprobada en la Junta fue concebida precisamente para excluirlos de la consulta, y que pretendió excluirlos porque ellos representan la más lúcida vocería de las fuerzas de la democracia colombiana dentro y fuera del Polo: la que sostiene que el papel primordial de éste no es contribuir, por acción u omisión, a la dispersión del campo democrático sino procurar unirlo ante la amenaza que encarna la segunda reelección de Uribe.
La Resolución, aprobada por la Junta Nacional, al subestimar el enorme peligro que entraña la reelección de Uribe para las posibilidades de las fuerzas democráticas de proseguir la lucha política legal, desconoce objetivamente la mayor necesidad del campo de la democracia colombiana de hoy, la de adelantar resueltamente una política de la más amplia coalición de fuerzas para enfrentar y derrotar la prórroga indefinida del uribismo, y propicia de modo efectivo la dispersión de las fuerzas antiuribistas del país y, por consiguiente, le sirve de hecho a la más oscura reacción política en su propósito reeleccionista. Guardadas las proporciones históricas, repite el trágico y trascendental error del Partido Comunista alemán frente al ascenso de Hitler al poder en 1933, al negarse obtusamente a practicar una política de coalición con la socialdemocracia germana, que de haberse llevado a cabo a tiempo, acaso habría podido salvar a Europa y al mundo del holocausto bélico al que lo arrojó el fascismo.
Con tal decisión, el Polo renuncia a jugar el papel que habría podido ponerlo a la cabeza de un grandioso movimiento por la transformación democrática del país, la de jalonar una política de frente único de las fuerzas democráticas. Tal el tamaño de la responsabilidad de quienes con la orientación prevaleciente en el PDA lo vienen empujando por un derrotero de declive tan anunciado como fatal para las fuerzas progresivas de Colombia.
II. Es posible derrotar el referendo y la reelección del uribismo
Es cierto que la política que proclamó oficialmente la alianza que hoy impone la orientación del PDA golpeó seriamente las posibilidades inmediatas de una coalición que enfrentara con opción de triunfo al reeleccionismo. Pero también lo es que, ante la clarísima decisión de Uribe de hacerse reelegir por segunda vez, la conclusión de que Uribe ya está reelegido y que se esfumó todo chance real de conformar una coalición del tipo aludido, resulta muy engañosa.
Por ningún motivo puede perderse de vista que aún en las encuestas que le son favorables, la influencia del presidente Uribe viene disminuyendo; que el giro de la política norteamericana a raíz de la elección de Obama no le es propicia; que medio establecimiento está opuesto a su nueva reelección; que en la sociedad colombiana se puso en marcha una dinámica objetiva de fuerzas diversas hacia una convergencia antiuribista; que escándalos de tanta gravedad como los crímenes de Estado llamados por la prensa falsos positivos, el de las “chuzadas” telefónicas del DAS a las Cortes, a la oposición política y al uribismo no reeleccionista, y el de los gigantescos beneficios económicos de los hijos del primer mandatario a partir de disposiciones oficiales, horadan inexorablemente el régimen; y sobre todo, que los efectos de la actual recesión mundial en marcha en Colombia pueden generar protestas sociales de incalculables consecuencias.
En el pulso que sigue entre los corifeos del Gobierno y las fuerzas de la democracia alrededor del referendo reeleccionista, de ningún modo puede concluirse de antemano que la balanza se inclinará a favor de los primeros. La campaña de abstención contra este referendo, que emerge como la tarea principal inmediata de los sectores sociales, del movimiento obrero y de las demás fuerzas democráticas de Colombia, cuenta con numerosos y muy fuertes simpatizantes. Y constituye un escenario privilegiado para reanimar y concretar la política de coalición antiuribista.
Se avecina una prueba de fuerza crucial. Y es claro que en la misma proporción en que se han restringido sustancialmente las condiciones para promover una política de amplia coalición democrática desde el PDA, se ha acrecido la necesidad de que sus sectores democráticos persistan en la voluntad de adelantar pasos, más allá del Polo, en esa dirección.
III. Respaldamos a Gustavo Petro en la consulta abierta y ciudadana que escogerá el candidato presidencial del PDA
Ante el peligro real de la ausencia de Gustavo Petro en la consulta del Polo –Luis Eduardo Garzón había ya anunciado su retiro del PDA y su no participación en la consulta, lo que confirmó en su columna de El Espectador del 27 de mayo– y que, por sustracción de materia, no tuviera lugar el 27 de septiembre, lo que hubiese traído gravísimas consecuencias para el futuro inmediato de la colectividad, el Comité Ejecutivo nombró una comisión para que se reuniera con el senador Petro y le ofreciera garantías adicionales a lo estipulado por la Resolución que aprobó la Junta Nacional. Posteriormente, en esa misma dirección, aprobó un Protocolo adicional y complementario. Aunque en el terreno concreto el Protocolo no modificó nada sustancial de lo establecido inicialmente, por lo menos, ante la opinión pública y las bases del Polo, quedó explícita la voluntad política de la mayoría del Partido –con la evidente excepción del sector que dirige el senador Robledo– de facilitar la participación de Gustavo Petro en la escogencia del candidato presidencial.
Gustavo Petro, el 29 de mayo, en el concurrido acto público en el que presentó su programa de gobierno Acordemos el futuro, organizado por el movimiento sindical y reseñado en esta edición de LA BAGATELA, anunció al país su permanencia en el Polo y su participación en la consulta abierta y ciudadana que escogerá al candidato presidencial. Lo hizo, según sus palabras, “porque Colombia necesita tener una izquierda democrática para llegar a un acuerdo para el futuro, sin ella, la democracia no será más profunda, ni Colombia encontrará el camino para superar la violencia”. Petro asume así una riesgosa apuesta que debe recibir el respaldo de los demócratas de Colombia, demócratas de adentro y de fuera del Polo, ya que el II Congreso estableció el mecanismo de consulta abierta, es decir, que en ella puede legítimamente participar todo colombiano mayor de edad, sin el requisito de militar en el Polo.
El PTC (moirista) expresa su total respaldo a la candidatura de Gustavo Petro por la posición que encarna sobre la necesidad de una convergencia para salvar a la nación de un tercer mandato uribista; por su concepción democrática sobre el Estado, la sociedad y el PDA; por su programa de gobierno; por su capacidad, valentía y patriotismo; por su profundo amor al pueblo y compromiso con la izquierda democrática. Todos nuestros militantes y amigos asumimos el compromiso de trabajar incansablemente para modificar una correlación de fuerzas, hoy desfavorable, y obtener una victoria en septiembre que abra camino al acuerdo nacional que requiere Colombia.
IV. Marcelo Torres, candidato a la Alcaldía por el PDA y la Gran Alianza por la Salvación de Magangué
Ante la convocatoria de elecciones atípicas para escoger el nuevo Alcalde de Magangué el cinco de julio, Marcelo Torres, a nombre del Polo, ha asumido el compromiso de enfrentar una dura ofensiva del poder mafioso por volver a controlar el estratégico municipio del Sur de Bolívar. Con el respaldo de una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales locales, llamada la Gran Alianza por la Salvación de Magangué, Marcelo adelanta una heroica campaña electoral en la que, en su contra, corren ríos de dinero y no escasean las amenazas del poderoso imperio económico local que recurre a todo para reconquistar su hegemonía en el municipio. ¡Y qué ironía!, hasta a la utilización de métodos legales.
La figura y la capacidad de Marcelo Torres, aunadas al entusiasmo, la amplitud y la vinculación con los intereses más caros de la población del equipo de trabajo que allí se ha conformado, lo han posicionado como la única opción capaz de lograr las transformaciones sociales y administrativas indispensables para superar el atraso y la pobreza de la comarca. Esa candidatura representa la democracia, el progreso, la participación ciudadana y la honestidad en el manejo de los dineros públicos. Pero, es evidente que la vida del candidato y la de los dirigentes de diferentes corrientes políticas que lo acompañan corren peligro y, de no movilizarse una veeduría internacional y nacional, el fraude electoral, patrocinado desde la Gobernación de Bolívar y la actual Alcaldía encargada, será el juez último de esta importante contienda.
El Polo, a través de su Presidente y su Secretario General ya lo hizo, pero desde estas páginas insistimos en exigir perentoriamente del Gobierno Nacional las garantías democráticas para que la población escoja libremente su mandatario local y se preserve la seguridad y la integridad del candidato de la democracia y de la decencia política.
Elecciones atípicas en Magangué el 5 de julio
Marcelo Torres, candidato a la alcaldía de Magangué
En valiente campaña, Marcelo Torres Benavides lidera la Gran Alianza por Magangué contra el poder mafioso. Renovación Magisterial y Sindical invitan a las mujeres y hombres en todo el país, nacidos o que les duele Magangué, que inviten a votar por el Compañero Marcelo Torres y contribuyan a su elección; como también, al Gran Acto de Cierre de Campaña, el próximo viernes 26 de junio.
- (1) Plana mayor del Polo acompañará a Marcelo en su acto de cierre de campaña este 26 de junio .
- (2) Marcelo es el Man!!!: Consenso de fuerzas políticas en torno a Marcelo Torres.
- (3) Crece el respaldo a Marcelo Torres, candidato a la alcaldía de Magangué.
- (4) Magangué protesta por el ilegal proceder del Gobernador de Bolívar. Leer más...
En valiente discurso, Petro acusa a Uribe por el tema de las chuzadas
A continuación encontrará cada uno de los enlaces que le permitirán visualizar el debate completo que sobre el tema de interceptaciones ilegales o más conocido como CHUZADAS, desarrolló el senador Gustavo Petro, el pasado martes 9 de junio en la Plenaria del Senado de la República.
CHUZADAS PARTE 1 CHUZADAS PARTE 2 CHUZADAS PARTE 3 CHUZADAS PARTE 4 CHUZADAS PARTE 5 CHUZADAS PARTE 6 CHUZADAS PARTE 7
Consulta del Polo es abierta y democrática
Carta abierta al Senador Robledo.
Luis Orlando Serrano, Comité Ejecutivo Distrital PDA Bogotá D.C
Tal y como lo reglamentó la Resolución 012 de 2009 emanada de la Dirección Nacional del PDA, para escoger el candidato presidencial del partido a las elecciones del 2010, se convocó a una consulta abierta y ciudadana, esto es, que en ella podrán participar y votar todas las personas con la única condición de presentar su cédula de ciudadanía entre las 8 AM y las 4 PM del domingo 27 de septiembre en las mesas de votación correspondientes, habilitadas plenamente en todos los municipios del país, como se hace en cualquier día normal de elecciones.
Se han difundido profusamente dos notas epistolares de su autoría, en las cuales reclama usted al periódico El Tiempo (mayo 31-09) y a la revista Cambio (junio 16 – 09) por considerar que sendos artículos publicados por dichos medios de prensa, pretenden interferir en la escogencia del candidato presidencial del PDA.
Me permito señalarle fraternalmente algunas reflexiones suscitadas por sus cartas a los medios.
No habrá ninguna restricción ni podrá haberla, para que hombres, mujeres, jóvenes, todos los colombianos y colombianas que quieran hacerlo, participen votando en la consulta del Polo.
Y para poder tener criterios, quienes vayan a votar, obviamente han de participar e intervenir en los debates o expresar libremente su opinión, cosa que puede hacerse en la radio, la televisión o en los medios escritos.
De manera que hablar de restricciones, discriminaciones o cualquier otra condición, como por ejemplo exigir que se deba ser afiliado para votar en la consulta abierta y ciudadana del PDA o para debatir sobre ella, va contra las decisiones adoptadas, lo que además es antidemocrático y excluyente.
No quisiéramos pensar que el sentido de sus reclamos a los medios de comunicación, es ahuyentar a todas las personas y a la ciudadanía que, sin pertenecer al Polo Democrático, se interesan y quieren participar tanto en los debates como en las votaciones de la jornada eleccionaria del Polo el 27 de septiembre.
Algunos pensamos, en discrepancia con usted, que todos los medios de comunicación, los sectores sociales, la ciudadanía toda, la comunidad, los medios de comunicación, todos quienes quieran hacerlo, pueden y deben participar en los debates, emitir sus opiniones libremente, intervenir en la decisión que se va a tomar en el Polo, el día 27 de septiembre, ya que esta elección reviste vital importancia para la democracia en Colombia, porque mas allá de escoger entre dos propuestas de candidatura, definirá el rumbo y el tipo de izquierda que requiere el país, se decidirá entre concepciones bien diferenciadas de la izquierda colombiana para ser gobierno y realizar transformaciones democráticas y sociales en la sociedad colombiana, así como determinará el grado de interlocución de nuestro partido el PDA con la totalidad del pueblo colombiano y sus diferentes expresiones y manifestaciones.
El 27 de septiembre se determinará cuál izquierda prevalece, la que quiere ser gobierno democrático y transparente o la que quiere quedarse en la oposición.
Es altamente saludable que muchas voces se pronuncien sobre el futuro de la más importante organización de izquierda democrática que se viene construyendo en nuestro país, además porque el PDA indudablemente es de la entraña y del sentimiento de todo el pueblo colombiano. De los sectores vulnerados y excluidos, pero también de otras personas y agrupaciones que libremente quieran acercarse dentro de los postulados fundantes del PDA, el pluralismo, el respeto por las diferencias y la no aceptación de la violencia como medio de hacer política.
No será mediante el ahuyentamiento y la mordaza a quienes no piensan idéntico, como vamos a convocar al pueblo colombiano para que se sume a la propuesta de un gobierno de izquierda democrática encabezado por el PDA. Mejor aún, mientras más colombianas y colombianos se interesen y participen en nuestros debates, que son públicos, abiertos y ciudadanos, mayor calado y seducción lograremos en la conciencia nacional, demostrando que podemos lograr acuerdos y consensos ya sean regionales o nacionales, para ratificar que nuestra lucha es por un país con equidad, respeto por los derechos humanos, justicia social y prevalencia del Estado Social de Derecho.
En otros apartes se queja usted de que dichos medios se refieran en tono de apoyo y en buenos términos al compañero Gustavo Petro. Esto si que es incomprensible, puesto que en el PDA todos debemos ver con buenos ojos el respaldo de los medios a todos quienes militamos en el PDA, así como satisfacen las menciones favorables de las encuestas a uno u otro precandidato, o los comentarios en defensa y respaldo de los medios al Senador Robledo ante la injustificada y feroz persecución que viene en su contra, en el marco de una estrategia nacional de persecución y amenazas contra toda la dirigencia y la militancia del Polo, según se ha constatado con los escándalos del DAS, los ataques a sindicalistas, estudiantes, lideres comunitarios y defensores de derechos humanos que hacen parte de nuestra organización política.
Y sobre la analogía que se hizo asimilando a Petro como David frente a Goliat, a diferencia de la molestia que a usted le causó, a muchos nos pareció una afortunada comparación, especialmente porque fue David quien finalmente salió victorioso. Esperamos que sea un acertado vaticinio.
Que florezcan cien propuestas, que se abra el debate público a toda la ciudadanía, que se pronuncien los colombianos, que haya una votación multitudinaria en nuestra consulta del 27 de septiembre, serán sucesos demostrativos de que el Polo está convocando al país. Con mayor razón si la meta es alcanzar cuando menos 1’500.000 votos. Será ésta la antesala de avances importantes en la conquista de la voluntad nacional para obtener las mayorías requeridas en las elecciones de presidencia y congreso en el 2010, para instaurar en nuestro país un gobierno presidido por la izquierda democrática.
Integrante Mesa de Coordinación.
Comité Ejecutivo Distrital PDA Bogotá D.C.
Petro vs. Goliat
Revista Cambio, Junio 10 de 2009
La consulta interna del Polo se volvió un debate sobre el tipo de izquierda que le conviene a la democracia.
No estoy de acuerdo con las críticas que le han llovido a Gustavo Petro por haberse quedado en el Polo para enfrentar a Carlos Gaviria en la elección del candidato presidencial del Partido. Le han dicho que su decisión fue precipitada porque no lo recibieron en el grupo de 'los quíntuples', que Gaviria tiene todo cocinado y que lo único que va a hacer es legitimar la victoria cantada del ex magistrado. Y que renunció a sus críticas sobre el clientelismo polista y se entregó a la aplanadora electoral de Jaime Dussán y de la Anapo.
Me parece, por el contrario, que si bien la apuesta de Petro es difícil y en principio la tiene perdida, salvó a la que hubiera sido una lánguida aclamación de Carlos Gaviria. Es posible que a este último le convenga la presencia de Petro: le apareció un contendor derrotable que le da credibilidad al proceso, tonifica a los votantes y le baja el volumen a las denuncias de 'Lucho' Garzón sobre la falta de garantías para las minorías dentro del Polo. Pero así como, según María Elvira Samper, con la ida de 'Lucho' todos perdieron, con la permanencia de Petro ganan ambos: Gaviria y él.
Siempre incisivo, innovador y sorprendente, Petro se beneficiará de la visibilidad que tendrá durante los meses de campaña, mientras que en la constelación de 'los quíntuples' habría pasado inadvertido. Y la percepción de que es una figura joven rebelada contra el representante de las maquinarias del PC, el Moir y la Anapo, será una carta valiosa. Aunque el último Congreso del Partido demostró que el ala radical es mayoritaria, existe un sector de electores que no son del Polo pero que votan amarillo. Tanto entre los 2,6 millones de Carlos Gaviria en la presidencial de 2006, como las cuantiosas votaciones con que Garzón y Samuel Moreno ganaron la Alcaldía de Bogotá, hubo electores externos que ahora Petro podría atraer, y en los últimos meses ha surgido un germen de polistas desilusionados que podría buscar refugio en el Senador.
Más allá de la visión pragmática, el enfrentamiento Gaviria-Petro tiene fondo. (Hay otros precandidatos inscritos que me parecen irrelevantes). Se trata de una definición sobre dos formas de entender la izquierda. Una tradicional y mamerta, y otra moderna y viable. Un nuevo capítulo de la discusión sobre si el Polo debe cerrarse a sus propias figuras para no hacer concesiones ideológicas, y otra que es partidaria de hacer alianzas con otras fuerzas para hacer factible su llegada al poder. Este debate lo han ganado hasta ahora los radicales y por eso el PDA no apoyó las candidaturas a alcaldías de aspirantes progresistas como Judith Porto en Cartagena, Alonso Salazar en Medellín y Jorge Iván Ospina en Cali. Ahora, en una consulta que es abierta —según decisión del Congreso Nacional no solo votarán quienes tienen carné— volverá a considerarse la crucial disyuntiva.
El punto de si la elección será interna —solo entre polistas inscritos— o abierta a todos los ciudadanos, es fundamental. A Petro le conviene la segunda alternativa que, en teoría, está acordada pero que en la práctica puede no funcionar por la coincidencia el 27 de septiembre de tres primarias para escoger candidatos presidenciales: la del Polo, y la de los partidos liberal y conservador. La dinámica lleva a que cada votante participe en la escogencia del abanderado de su partido y eso tiende a convertirlas en internas.
Sin embargo, la existencia de una izquierda capaz de triunfar en elecciones y de gobernar, es una pieza indispensable para una democracia, y en ese sentido el duelo entre 'David' Petro y 'Goliat' Gaviria es un asunto de interés general. Aunque todo parece cocinado para una nueva coronación de Gaviria, la controversia pública puede devolverle al Polo la luz que se apagó en los últimos meses.
Red de urgencias hopitalarias del magisterio
Red nacional de urgencias hopitalarias del magisterio.
El gobierno solicitará un nuevo concepto sobre el régimen pensional del Magisterio
El Congreso de la República fue el escenario donde el presidente del Senado, Doctor Hernán Andrade, la Comisión Accidental de Pensiones, la Comisión Negociadora de FECODE, los representantes Ramiro Devia, Gema López y Pedro Obando, el Ministro de Protección Social, Diego Palacios, la viceministra de Hacienda, Gloria Inés Cortés y el asesor del Ministerio de Educación Nacional, William Cruz, discutieron la vigencia del Régimen Especial Pensional del magisterio.
El interés por hacer respetar el Régimen Especial Pensional del magisterio y aclararle al Gobierno Nacional que el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005 exceptúa a los educadores y educadoras, fue el tema que sus representantes y los congresistas asistentes a la reunión plantearon a los tres ministerios.
En el encuentro el Ministro de Protección Social fue vehemente en expresar su inquietud por el debate que en torno al tema de los regímenes pensionales se ha suscitado, más aún, cuando al momento de discutirse en el Congreso la Ley 812 del 27 de junio de 2003 se llevó a cabo un acuerdo político donde se acordó respetar el Régimen Especial Pensional de los educadores.
Por su parte la viceministra de Hacienda señaló que del estudio adelantado por su despacho sobre el Acto Legislativo 01 de 2005, no se desprende que el Régimen Pensional del magisterio, sea un régimen exceptuado a diferencia del de la Fuerza Pública y el Presidente de la República, por lo tanto, se le deben respetar los derechos adquiridos a los educadores y educadoras que los tienen. De igual manera, fue claro en expresar que a los docentes nombrados a partir del 27 de junio de 2003, si se les aplicará lo que establece la Ley 812, es decir, el régimen general de pensiones, o Ley 100 de 1993, que establece la edad de 57 años para pensión.
La reunión ratificó los argumentos que FECODE y el Congreso han realizado en los últimos meses en cuanto al hecho de que el régimen del magisterio es exceptuado, y por tal motivo, el Gobierno Nacional no debe aplicar lo conceptuado por el Concejo de Estado porque no sólo desconocería los derechos de miles de docentes, sino que las demandas que se interpondrían por parte del magisterio del país significaría un hueco fiscal de alrededor de 60 billones de pesos.
Ante estos argumentos, los Ministerios de Hacienda, Educación y Protección Social expresaron la necesidad de solicitar un nuevo concepto sobre el tema del Régimen Especial Pensional, al Concejo de Estado, presentando una carta y todos los soportes respectivos que en torno a la discusión de este tema se ha dado.
La solicitud de un nuevo concepto por parte del gobierno no fue compartida por la Federación por considerar que el tema está claro, según lo contemplado en la Ley 812 de 2003 y los parágrafos 1º y 2º del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, y convoca al magisterio a mantenerse en estado de alerta y prepararse para una gran lucha en el segundo semestre para defender su régimen especial.
Boletín de prensa No 32 de Fecode
Por el rescate moral de la política
Por Fabio Villa, Ex-constituyente
Podrán decir que me ha dado por la religiosidad o por el moralismo, pero no me importa si algunos me indilgan estos calificativos, porque después de ver el debate sobre la Reforma Política y la forma como los partidos de la Para política actuaron, es una obligación moral rescatar la política de la inmoralidad.
Vea también: Defensa de Villa ante acusaciones de Diario el Tiempo por presuntos malos manejos en la administración de la Loteria de Bogotá.
Acaso no es inmoral la forma tan vil como los partidos y movimientos oficialistas de la para política, han expiado sus culpas, decidiendo no aplicarse sanción política alguna ante la ignominia que sus parlamentarios han cometido contra la democracia, contra la ley y contra los colombianos.
Es por ello que considero una obligación inaplazable rescatar la política de la inmoralidad, del crimen, de la corrupción, de la truculencia burocrática y de todos los males que la acompañan y la ponen a heder en la vida pública.
La realidad, es que el panorama político es incierto frente a los acontecimientos electorales, pero esa incertidumbre- que es normal siempre en época pre-electoral- hoy es terrible, ante la premisa de una segunda re-elección en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
La posibilidad de un tercer mandato en línea de Uribe Vélez, es mala para todos los partidos políticos, para la sociedad, para la institucionalidad, para la democracia de Colombia, pero paradójicamente, es más terrorífico para la propia coalición Uribista, que para nosotros los de la oposición.
No se puede olvidar que los Uribistas dependen de su jefe, el presidente, para decidir y eso los coloca en un nivel de indecisión solo entendible para un áulico o un sirviente incondicional, no para líderes políticos con aspiraciones presidenciales.
Ante este escenario político-electoral, la alternativa que nos queda ante la incertidumbre, es la de actuar con decisión sin esperar nada, es decir no colocar a la expectativa de los acontecimientos las decisiones políticas del momento.
En este sentido, Lucho Garzón hace bien en iniciar su campaña presidencial, lo mismo hace Gustavo Petro, quien tomó la determinación de enfrentar a Carlos Gaviria.
Las decisiones de Lucho y Petro, definitivamente son un respiro democrático ante las imposiciones caudillistas de izquierda y de derecha, aún con su panorama incierto y ante cálculos difíciles.
Pero además las posiciones adoptadas por Lucho y Petro, se convierten en motor del debate político tanto en el escenario de los llamados “Quíntuples”, como al interior y exterior del Polo Democrático Alternativo.
En el caso de Lucho su figura y carisma moverán opinión, generará debate y creará mejores condiciones para que la foto no solo sea una imagen fría sino el inicio de una larga faena por la democracia. ¡Ojala! esta apuesta pueda encarnar en un proyecto político que represente la decencia, la política social y la defensa a ultranza de valores democráticos y éticos, en procura de rescatar la moralidad de la política.
En el caso de Petro, él con su intrepidez y tozudez de siempre, con su valor civil y sus convicciones ha decidido dar una pelea a fondo por la democracia y por la convergencia al seno del PDA.
Petro decidió enfrentar la maquinaria clientelista y el fervor izquierdista que se tomo nuestro partido. ¡Ojala! su presencia en el debate, movilice opinión, entusiasme multitudes y permita que el voto de los aparatos no termine acabando definitivamente con la última esperanza que le queda al Polo.
Dura batalla con un gran líder a la cabeza para darla…
Yo por mi lado colocaré mis modestos esfuerzos al servicio de la convergencia, todo mi trabajo irá a que los “Quíntuples” terminen unidos en un proyecto electoral y político de largo plazo. Ese es un proyecto que necesita principios, ideas, propuestas y propósitos claros y no solamente mecanismos o candidato.
Es un proyecto donde juegan las aspiraciones personales, pero donde debe haber generosidad, grandeza y propósitos claros, que respete las reglas que se definan, pero también respeto a resultados inciertos- sobre un todo un proyecto de país- y no una iniciativa personal, que no surja en función o en contra de una persona, sea quien fuere, y tenga la importancia que tenga y eso incluye al Presidente de la República.
Con estas consideraciones y reflexiones empezaré a recorrer el país buscando el apoyo limpio y sincero de mis amigos y amigas y de mis compañeras y compañeros para el Senado de la República.
Como ciudadano, como Constituyente de 1991, y como candidato al Congreso, siempre estaré en disposición de defender la Constitución, de ayudar a construir la democracia, y hacer de Colombia un país más justo, equitativo e incluyente.
Trabajaré- en el lugar que me toque- porque la política retome el camino de la moral y de la ética que perdió hace ya mucho tiempo y para ello es que buscaré el apoyo en toda Colombia para llegar al Senado de la República.
Bogotá Junio 4 de 2009
14 de cada 100 personas que trabajan en Colombia, son niños y niñas
Que el 14.3% de la población ocupada sean personas menores de 17 años es, o debería ser, una vergüenza para cualquier país. Ese es el porcentaje del trabajo infantil en Colombia, donde, según las últimas cifras del DANE, 1´628.300 niños y niñas tienen una actividad laboral permanente; evidencia clara del gran déficit de trabajo decente y del elevado nivel de pobreza y bajos ingresos que padecen las familias colombianas, especialmente en el área rural.
El desempleo de los padres o sus precarias condiciones laborales, el limitado acceso a programas de educación, salud, alimentación y recreación, sumados a la inseguridad en los barrios y la pobreza producida por la desigual distribución de la riqueza nacional, siguen siendo las causas principales del trabajo infantil en Colombia. Los niños y niñas deben salir a trabajar para complementar los ingresos de sus hogares.
El DANE nos informa que en diferentes tipo de empleos laboran 786.567 niños y niñas entre 5 y 17 años, y en oficios del hogar (con 15 horas o más de jornada semanal) trabajan 841.733, para un total de 1´628.300, lo que significa una tasa real de trabajo infantil del 14.3%.
La principal rama de actividad de trabajo infantil es la agricultura, con un 36.4% y le sigue el comercio, con una tasa de 30.4%. Y en materia salarial, el 37,6% de los infantes trabajadores no recibe remuneración o ganancia, el 28% recibe hasta la cuarta parte del salario mínimo, el 28,1% entre la cuarta parte y un salario mínimo, y sólo el 5,8% más de un salario mínimo.
A pesar de la menor tasa de trabajo infantil en el caso de las niñas (4.2% frente al 9.4% de los niños), cualitativamente hay grandes diferencias en los tipos y condiciones laborales. Por ejemplo, del total de infantes que realizan oficios en el hogar por más de 15 horas cada semana, el 77% son niñas. Además las niñas participan en un 53% en el sector comercio, como trabajadoras familiares sin remuneración.
En cuanto a la relación campo-ciudad, mientras en el área rural la tasa de trabajo infantil fue de 10.9%, en las ciudades fue de 5.4%, a pesar de la disminución de 2 puntos con respecto al 2005.
Situación en Antioquia y Medellín
En Antioquia, y según la línea de base levantada por la Agencia presidencial para la Acción Social, la situación de trabajo infantil es preocupante. Es el departamento que padece con mayor rigor este flagelo, sobre todo en el campo, donde trabajan 24.500 niños y niñas. Los municipios de Anorí y Santa Fe de Antioquia presentan las mayores tasas de trabajo infantil en agricultura, mientras que Apartadó, zona de Urabá, presenta la tasa menor, situación que se explica por la alta formalización de las actividades agrícolas en esta zona y la presencia sindical, que prohíbe por convención colectiva el trabajo infantil en las fincas bananeras.
En Medellín y el Área Metropolitana, según cifras del DANE de 2007, hay 707.343 niños y niñas entre 5 y 17 años, de los cuales 60.023 entran en la categoría de infantes trabajadores, en el sector de las confecciones y textiles, la industria y el comercio; o que trabajan por más de 15 horas semanales en sus hogares. De esta infancia trabajadora, el 40% no asiste a la escuela.
El reclutamiento forzado es considerado como una de las peores formas de trabajo infantil, según el Convenio 182 de la OIT. En Colombia, el reclutamiento infantil es uno de los dos únicos indicadores humanitarios que, en lugar de decrecer, aumenta. Le sigue el uso de minas antipersona.
De acuerdo con el informe del Fiscal del Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, a comienzos de 2008 se registraron en Colombia entre 11.000 y 14.000 niños en el conflicto armado. Uno de cada 4 combatientes era un niño.
Sin embargo, los datos no son claros, pues los paramilitares prácticamente no entregaron a todos los niños y niñas reclutados en sus filas durante las desmovilizaciones. Además, el resurgimiento de bandas y células urbanas ha hecho que, posiblemente, las cifras sean mayores, situación denunciada ampliamente por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Una de las principales conclusiones de estudios y de organismos expertos es que el reclutamiento se concentra en niños pobres, como un fenómeno mayoritariamente rural. En el campo la pobreza constituye la línea directa hacia el reclutamiento forzado de niños y niñas, con especial vulnerabilidad de los indígenas y afrodescendientes, habitantes de veredas alejadas del casco urbano de los pueblos o ciudades, como zonas del Chocó, Antioquia, Córdoba, Guaviare, Putumayo, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, y Meta. Son las zonas que registran promedios más altos de permanencia.
Según la Misión de Apoyo de la OEA al Proceso de Paz(MAPP-OEA), estos reclutamientos se dan especialmente en la zona agroindustrial de Urabá, algunas comunas de Medellín, y varios sectores de los departamentos del Cesar y el Magdalena, que se han constituido en zonas de riesgo y territorios de disputa de las nuevas estructuras delincuenciales.
Sin embargo, el fenómeno tiende a urbanizarse, debido a la emergencia de nuevas estructuras delincuenciales que disputan territorios para su control, especialmente del negocio del narcotráfico.
Las soluciones frente al trabajo infantil
Se hace imperativo diseñar políticas públicas y programas de erradicación del trabajo infantil que vayan más allá de la prohibición, el control y el acceso a subsidios o programas temporales, pues éstas continúan siendo medidas paliativas a un problema que es de orden estructural.
La unión de voluntades del gobierno y la sociedad civil deben llevar a la consolidación de una política social que termine con la situación de vulnerabilidad en la medida que sus familias accedan a condiciones reales para una vida digna; que puedan tener, por ejemplo, una canasta básica de derechos; una renta básica para las satisfacción de necesidades como la alimentación, la salud, la educación; el empleo de adultos en condiciones de trabajo decente, y desarrollar acciones de responsabilidad social para garantizar la vivencia de sus derechos y el desarrollo integral a niños y niñas.
En la ciudad de Medellín se reconoce la labor del gobierno municipal para diseñar y desarrollar programas de acercamiento, sensibilización, reconocimiento y atención de las familias empobrecidas. De ahí que se observen efectos positivos en aquellos grupos familiares que reciben subsidio monetario, el cual en su mayoría es destinado a cubrir los costos de la canasta familiar y en gastos de salud. Lo que ha favorecido la permanencia de niños y niñas trabajadoras en el sistema escolar y disminuido su participación en actividades de trabajo. Sin embargo, resulta insuficiente para lograr erradicar completamente el trabajo infantil.
El 60 por ciento de la población colombiana vive en la pobreza y 11 millones, en la completa miseria. Qué bueno que, en plena crisis mundial, en este gobierno "pro ricos" -así califica Cecilia López al gobierno Uribe-, ganen tanto dinero los sectores financieros. En lo que va del 2009 ganaron 3,14 billones de pesos.
Qué envidia. Pero qué injusto que la estructura oficial funcione como reloj suizo en bien de unos pocos, mientras nada funciona para millones de colombianos que no tienen resueltas sus necesidades básicas. Son los que viven en la periferia de las ciudades, en humildes asentamientos, en urbanizaciones piratas o hacinados peor que animales en covachas de cartones y latas.
En Cartagena, por ejemplo, ciudad frecuentada por potentados, centro de foros internacionales, veraneadero de colombianos ricos, da dolor y vergüenza ver las miserables condiciones de barrios y corregimientos que, al lado de La Heroica, no tienen ni agua potable.
El caso es que el 60 por ciento de la población colombiana vive en la pobreza y 11 millones, en la completa miseria. El desempleo es del 13,1 por ciento y, a la vez que aumenta el empleo informal, decrece el empleo estable. El 36 por ciento de la población carece de servicios básicos. En vivienda de interés social, el déficit es de 2'300.000 unidades; no tiene vivienda digna 2'500.000 personas; 75.000 familias viven hacinadas; en 600.000 hogares no hay servicios públicos; 2'400.000 adultos se acuestan con hambre; 3'300.000 colombianos emigraron en busca de oportunidades.
"Esa migración desordenada ha creado una sociedad de huérfanos: hijos levantados por abuelos, pues sus padres viven en otros lugares", dice el senador del Quindío Ricardo Arias Mora, quien, alarmado por esos y otros problemas -descomposición social, violencia intrafamiliar, abandono infantil, paternidad irresponsable, droga, corrupción-, propone crear el Ministerio de la Familia, que le dé relevancia a la política social.
No es multiplicar burocracia, como piensan algunos, sino elevar al primer plano la descuidada política social. Es darle vida a una entidad con voz y voto en los Consejos de Ministros, pues la triste situación de gran parte del pueblo colombiano exige atención primordial de los poderes del Estado.
Así como el Gobierno gasta dinero público a manos llenas para fortalecer la estructura militar y dar recompensa a guerrilleros arrepentidos y al que colabore con la Seguridad Democrática -gastos que, según Arias, suman 19 billones de pesos-, dinero tiene que haber para resolver necesidades del pueblo al que le va mal por donde quiera que se mire.
"En la Colombia del siglo XXI, el 15 por ciento es analfabeto. La actividad sexual y el consumo de drogas comienzan a los 10 años de edad. Al día hay 1.000 abortos, 45 violaciones infantiles, 3 niños asesinados y 35.000 niños explotados sexualmente. Y son menores de 16 años los autores del 75 por ciento de los 84 asesinatos registrados a diario. En el 2008 desertaron del conflicto armado 3.108 menores y 40 por ciento de los reinsertados tienen de 18 a 26 años. Estas cifras aterradoras demuestran que la sociedad está enferma. Cincuenta años de conflicto ininterrumpido lo dejaron tendida en el camino", dice el senador Arias. Pero él piensa que un Ministerio de Familia, con el ICBF a la cabeza, más Acción Social, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y entidades afines, podrá proponer y ejecutar políticas de largo alcance, como tiene que ser la política social.
El ministerio idealizado por el senador Arias deberá ser tan importante como el Ministerio de Defensa. Y el Gobierno, hoy concentrado en la Seguridad Democrática, deberá entender que las gloriosas victorias militares no son todo, cuando el 70 por ciento de la población colombiana vive en condiciones infrahumanas.
La política pública para el adulto mayor es marginal y precaria
Para los adulto mayores, contar con una pensión se vuelve en asunto de vida o muerte, pues es la condición para escapar de la indigencia y para asegurarse condiciones de vida con dignidad y autonomía; y para muchas familias, dadas las características del mercado laboral colombiano, contar con este ingreso fijo también se vuelve una condición para escapar de la indigencia o la pobreza.
Bonificación a docentes y directivos docentes
Próximamente el gobierno departamental expedirá un Acto Administrativo reglamentando las Instituciones Educativas ubicadas en zonas de difícil acceso y establecer a que Docentes les harán el reconocimiento y pago de la bonificación establecida en el Decreto Nacional 1171 del 19 de abril de 2004.
La Junta Directiva, previendo que ningún educador o educadora que tenga el derecho quede por fuera del Acto Administrativo en mención se permite orientar a las subdirectivas lo siguiente:
1. Solicitar a los alcaldes y –o Directores de Núcleos Educativos el listado de instituciones educativas ubicadas en el área rural reportadas a la Secretaría de Educación Departamental.
2. Vigilar que estén incluidas las instituciones educativas que cumplan con todos los requisitos.
3. Tener en cuenta lo siguiente:
- Que la definición sobre áreas rurales es adoptada, en virtud del artículo 8 numeral 1 de la Ley 388 de 1997,por el concejo distrital o municipal, y al menos dos de los siguientes criterios:
a. Que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un desplazamiento hasta el perímetro urbano.
b. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado durante la mayor parte del año lectivo.
c. Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo, tenga una sola frecuencia (ida o vuelta) diaria.
. Bonificación. Los docentes y directivos docentes que laboren en establecimientos educativos estatales, cuyas sedes estén ubicadas en áreas rurales de difícil acceso, tendrán derecho a una
bonificación equivalente al quince por ciento (15%) del salario que devenguen.
- Esta bonificación se pagará proporcionalmente al tiempo laborado durante el año académico en las sedes de los establecimientos educativos estatales, ubicadas en áreas rurales de difícil acceso.
- Se dejará de causar si el docente es reubicado temporal o definitivamente en otra sede que no reúna las condiciones para el reconocimiento de este beneficio o cuando la respectiva sede del establecimiento pierda el carácter señalado en este decreto.
- No tendrá derecho a esta bonificación el docente que se encuentre suspendido en el ejercicio de su cargo o en situaciones administrativas de licencia o comisión no remuneradas.
NOTA: Las subdirectivas deben enviar la información solicitada, a mas tardar el martes 19 de mayo de 2009 a los fax 229 10 31-2291032 o a los siguientes correos electrónicos: adida@adida.org.co
OVER DORADO CARDONA HENRY MOSQUERA MOSQUERA
Sec. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN Y ASUNTOS INTERSINDICALES
El nuevo internacionalismo de los trabajadores: Estamos con la CSI
Fabio Arias - Fiscal de la CUT
El pasado 4 y 5 de mayo de 2009, el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT adelantó una evaluación acerca del desarrollo y alcances de las conclusiones de su V Congreso. Uno de los temas abordados correspondió al estado de la afiliación a la Confederación Sindical Internacional, CSI.
Al respecto se colocó en discusión el hecho de que varios sindicatos filiales de la Central han decidido afiliarse a otra confederación mundial, como la FSM (Federación Sindical Mundial).
Esta situación fue analizada y se consideró que dadas la obligaciones establecidas por los Estatutos de la CUT, y habiendo establecido en el V Congreso la afiliación a la CSI, los sindicatos filiales no deben tener doble afiliación internacional.
Frente a lo anterior, el Comité Ejecutivo acordó, por unanimidad, llamar a todos los sindicatos afiliados a no promover, ni aprobar la doble afiliación y a quienes lo hayan hecho después de la decisión del V Congreso, a reversar la doble afiliación. Adicionalmente, promoverá una amplia discusión para reflexionar al respecto y lograr el cumplimiento pleno de los Estatutos y la decisión del V Congreso.
Pero esta situación no es mero compromiso estatutario, es también una responsabilidad política de avanzar y desarrollar las conclusiones del V Congreso.
La CSI es la expresión mundial del nuevo internacionalismo de los trabajadores. Así lo entendió la mayoría de los delegados que aprobaron, en agosto de 2006, que la CUT fuera parte de la fundación de dicha confederación en noviembre del mismo año en la ciudad de Viena, Austria.
La CSI representa la mayor confederación de trabajadores y constituye una respuesta para centralizar las políticas y las acciones contra la globalización neoliberal y la profunda crisis económica actual que pretenden hacer pagar a los trabajadores. En este sentido la CSI ha expresado en los foros mundiales de la ONU, OIT y G20, entre otros, la voz de los trabajadores reclamando un cambio de modelo, una nueva gobernanza mundial (nuevas relaciones), un mayor papel del Estado en las regulaciones financieras y como agente económico que apalanque el desarrollo productivo y una atención especial al empleo y el trabajo decente.
Mención especial en este nuevo internacionalismo de los trabajadores corresponde al papel jugado por la AFL-CIO (Central de Trabajadores de Estados Unidos), la CLC de Canadá y la CES (Confederación Europea de Sindicatos), todos miembros de la CSI, frente a los TLC de Colombia con dichos países o grupos de países.
En esta situación siempre se han opuesto a que los gobiernos y congresos de dichos países aprueben estos TLC, haciendo en todos los casos, causa común con la CUT, la CTC y la CGT para rechazarlos, dada la violación de los derechos laborales, sindicales y humanos del Gobierno colombiano y la inconveniencia para el conjunto de los trabajadores colombianos y de los otros países con los cuales se pretende hacer el tratado.
Esta es una situación que ha logrado que dichos TLC no se hayan aprobado y su congelamiento y dilación es fruto de la resistencia de los trabajadores. Esto debemos celebrarlo. En ello radica, entre otras apreciaciones, la importancia y la necesidad de la afiliación a la CSI.
La CSI viene desarrollando amplias movilizaciones en todo el planeta, enarbolando la bandera contra la globalización neoliberal y reclamando un trabajo decente, es decir con derechos laborales y libertades sindicales y para ello ha constituido como fecha emblemática para la movilización y la protesta social, los días 7 de octubre de cada año.
La CSI también ha contribuido en todas nuestras denuncias internacionales frente a múltiples gobiernos, especialmente frente a la OIT, donde acompañados por ellos, logramos el Acuerdo Tripartito y la oficina de la OIT en el país y, este año, incluir a Colombia en la lista de los 25 casos que violan los convenios de la OIT.
Por todo lo anterior, se ve la conveniencia y alcances de la afiliación a la CSI y el deber de fortalecer nuestra presencia en dicho escenario.
Colombia en el banquiillo de la OIT
A Colombia le tocará sentarse en el “banquillo” de los acusados de la Conferencia 98 de la OIT (hace parte de la lista de 25 países que más incumplen los convenios de este organismo internacional). Pero el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de la Protección Social, y en un claro uso manipulado de la información, en un comunicado emitido hoy afirma totalmente lo contrario.
Colombia estará en el “banquillo” de los acusados en la OIT, pero el Gobierno manipula información y afirma lo contrario.
Mientras un comunicado del sindicalismo colombiano, firmado por los presidentes de la CUT, la CTC, la CGT y la CPC, da cuenta de la noticia de que la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT acordó incluir a Colombia en la lista de 25 países que estarán en el “banquillo de los acusados” en la 98 Conferencia de este organismo internacional, o sea sometidos a examen por sus incumplimientos en varios convenios, el Gobierno Colombiano, a través del Ministerio de la Protección Social, emitió un comunicado en sentido completamente contrario.
En efecto, el Gobierno señala que Colombia fue incluida en tal lista por “ser un caso de progreso de Normas Internacionales de Trabajo”, lo cual es inconsistente con lo que realmente ha ocurrido, y con el informe de la Comisión de Expertos que examinó el cumplimiento del Convenio 87, lo que deja ver un uso manipulado de la información por parte del Gobierno.
La inclusión de Colombia en la lista de los países que serán examinados en la Comisión de Normas de la Conferencia de la OIT, se dio luego de que el movimiento sindical presentara un informe crítico y consensuado sobre la situación laboral y sindical en el país; gestión en la cual tuvo el apoyo unánime de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y de la Confederación Sindical Internacional (CSI). El sólo hecho de ser incluido en esta lista, ya representa un revés para el Gobierno colombiano, empeñado como está en esconder la gravedad de la situación laboral y sindical mediante manipulaciones mediáticas.
De tal suerte que la semana próxima se realizará una sesión donde trabajadores, empleadores y Estados de todo el mundo debatirán sobre la grave situación laboral y sindical colombiana; no será de ninguna manera una sesión para avalar los supuestos avances que nuestro país ha tenido en esos temas, como lo señala sesgadamente el comunicado del Gobierno.
“Los trabajadores buscaremos que la Comisión de Normas emita un párrafo especial condenando la política antisindical y antilaboral que aplica el Gobierno en Colombia y exija cambios profundos para que se reestablezcan los derechos laborales y las libertades sindicales en nuestro país”, señalaron en su comunicado las centrales sindicales, que, como se ve, es muy diferente a lo que afirma el Gobierno.
Por su parte Carlos Torres, Secretario General Encargado de la CTC, al ser consultado sobre la interpretación que el Gobierno le ha dado al asunto, la calificó como un “despropósito”, toda vez que, independientemente de lo que el Gobierno diga a su favor, la realidad es que la violencia antisindical no ha cesado y los decretos y leyes que se han expedido en el último año, como el Decreto 535 que habla de concertación en los pliegos de peticiones de empleados públicos, la Ley de Huelga, y las disposiciones sobre cooperativas de trabajo asociado, no cumplen debidamente con los estándares de la OIT, para no hablar del creciente desempleo en el país.
Las observaciones de la Comisión de Expertos
El gobierno colombiano será llamado a responder por incumplimientos al Convenio 87, la Comisión de Expertos hace observaciones del siguiente tenor:
“La Comisión toma nota de que los comentarios de la CUT, la CGT y la CTC se refieren al incremento en la tasa de asesinatos de dirigentes y afiliados de organizaciones sindicales en 2008, que asciende a diez dirigentes sindicales y 30 sindicalistas. También señalan un incremento en el número de amenazas de muerte.
Las centrales sindicales reconocen los esfuerzos realizados por el Gobierno para brindar seguridad a los dirigentes y afiliados sindicales pero estiman que los mismos no son suficientes. Las organizaciones sindicales se refieren una vez más a que la estigmatización del movimiento sindical como simpatizante de las guerrillas o de movimientos de extrema izquierda los deja en una grave situación de vulnerabilidad”.
“La Comisión toma nota con profunda preocupación del incremento del número de dirigentes sindicales y afiliados asesinados. La Comisión insiste firmemente en la necesidad de erradicar la violencia para que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan ejercer libremente sus actividades. La Comisión urge firmemente una vez más al Gobierno a que siga tomando todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de los dirigentes y afiliados sindicales, a fin de permitir el debido ejercicio de los derechos garantizados por el Convenio”.
“La Comisión lamenta que el número de condenas pronunciadas siga siendo reducido y que gran número de investigaciones se encuentren solamente en su etapa preliminar”.
En lo referente a cuestiones legislativas y prácticas pendientes, la Comisión recuerda que desde hace numerosos años viene formulando comentarios sobre algunos temas que no han sido resueltos satisfactoriamente por el gobierno colombiano. Es el caso de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas tercerizadas de contratación, sobre las cuales señala:
“La Comisión se había referido a la utilización de diversas figuras contractuales, tales como las cooperativas de trabajo asociado, los contratos de prestación de servicios y los contratos civiles o mercantiles que encubren verdaderas relaciones de trabajo, y que se utilizan para efectuar funciones y tareas propias del giro normal de actividades de la entidad y en virtud de los cuales no se permite a los trabajadores constituir sindicatos o afiliarse a ellos…
En este sentido, la Comisión considera que los trabajadores asociados en cooperativas deberían poder constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente y afiliarse a las mismas. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar explícitamente que todos los trabajadores sin distinción, incluidos los trabajadores de las cooperativas y de otras figuras contractuales, independientemente de la existencia de un vínculo laboral, puedan gozar de las garantías del Convenio”.
En otro aparte, la Comisión hace un llamado al Gobierno para que modifique lo establecido en cuanto al derecho a la huelga, para que éste sea extensivo a las federaciones sindicales (CUT, CGT y CTC), incluso en los casos en los que la huelga sea motivada por razones económicas y sociales. Al respeto señala:
“La Comisión recuerda que en virtud del artículo 6 del Convenio, las garantías que se reconocen a las organizaciones de base son también extensivas a las organizaciones de nivel superior. En efecto, para poder defender mejor los intereses de sus miembros, las organizaciones de trabajadores y de empleadores han de tener derecho a constituir las federaciones y confederaciones que estimen convenientes, las cuales, por su parte, deberían disfrutar de los distintos derechos que se reconocen a las organizaciones de base, especialmente en lo que respecta a la libertad de funcionamiento, de actividades y de programas de acción… La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se modifique el artículo 417 inciso i) de manera que no se prohíba el derecho de huelga de las federaciones y confederaciones.
Como se ve, no es entonces cierto que el informe de la Comisión de Expertos de la OIT, citado por el Gobierno colombiano, resalte progresos. Por el contrario, manifiesta múltiples temas de preocupación.
Nota: El informe completo de la Comisión de Expertos se puede leer en la página oficial de la OIT (www.oit.org), buscando en el link “normas de trabajo” el capítulo que titula “informes de los órganos de control”, que está discriminado por países.
Por considerarlo de sumo interés, reproducimos esta presentación en diapositivas del Senador del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, que explica por qué una nueva reelección significa la instauración de una dictadura en Colombia, y un derribamiento de los principios democráticos de la Constitución de 1991. Ver Diapositivas
Pescadero Ituango, una puñalada a EPM
Pescadero Ituango: mucho más que un rifirrafe entre comadres es una puñalada artera al principal renglón de ingresos de las EPM, es decir, a la generación de energía.
Interventoría de Viviendas, Gestión Social Porce III.
Conocidas las infidencias sobre la “toma hostil” de la Sociedad Pescadero Ituango por parte de la Gobernación de Antioquia, a través del IDEA, mediante una fugaz y cuestionada operación accionaria, descritas en el libro “Pescadero Ituango: La Central de las Ambiciones”, del conocido periodista y escritor Germán Jiménez Morales, y que, a manera de novelón, condimenta con ingredientes de alcoba las flaquezas capitales en que incurrieron sus protagonistas: la soberbia, la gula, la intriga, la codicia, la envidia y la traición, nos corresponde a nosotros, como trabajadores, poner en su real dimensión política lo que significará para el futuro de las EPM, la ciudad y Antioquia tan turbia negociación.
Tal vez el monto de lo allí pagado, sin dejar de calificarlo como desmedido y lesivo para el patrimonio de los antioqueños, pasa a segundo plano, para ocuparnos de lo que significará para el futuro del país el que el proyecto más ambicioso e importante en los últimos tiempos del sector eléctrico colombiano, pase a manos privadas. Tal vez, atontados por el golpe propinado, no hemos dimensionado las reales consecuencias que tal decisión representará para la estabilidad de las EPM, sus trabajadores y las regiones donde ésta tiene asiento.
Las EPM hoy tienen 27 centrales de generación de energía, y entregan al sistema interconectado nacional 2597,6 MW, sin contar los 400MW que aportará Porce IV, y que representarán para enero de 2015 el 22.39% del mercado nacional. Basta comparar, entonces, las cifras para entender lo que significará la construcción de Pescadero Ituango, la cual por sí sola entregará al sistema 2.400 MW, es decir, casi los mismos megavatios (92%) que tiene que moler las EPM en sus 27 centrales. Suficiente como para vaticinar lo que se nos vino encima. Las EPM podrían iniciar el camino de su marchitamiento por cuenta del apetito voraz de la gobernación en manguala con el gobierno nacional. Hechos éstos que son reseñados con lupa de relojero en el libro citado y que se asemejan a lo sucedido con las telecomunicaciones, en donde el mercado lo dominan hoy dos grandes multinacionales. Apunta el escritor y periodista que “la visita de los ejecutivos de Vale do Río a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) en enero de 2008, no era nada gratuita. (...)
Justamente en la SAI se realizaron varias reuniones que presidió un personaje que llamaré el Maquiavelo de Pescadero. Se trata de un asesor ministerial que, cumpliendo directrices presidenciales, lleva unos seis años promoviendo este proyecto entre los inversionistas internacionales” (...) “Durante los años que lleva en la Presidencia Álvaro Uribe Vélez este asesor ha sido una especie de puente entre los accionistas de Pescadero Ituango y el gobierno nacional. Eso le ha permitido conocer, con lujo de detalles, las contradicciones al interior de esta sociedad, el tira y afloje entre el Departamento, EPM y los privados, así como el curso de las conversaciones con una multinacional que ingresó por la Casa de Nariño y otra que entró directamente por EPM”.
El escritor no señala por el nombre al asesor presidencial. Sin embargo, para despejar dudas sobre la participación de la Presidencia de la República sobre el millonario negocio, nos permitimos descubrir su identidad. Se trata de Sergio Restrepo Londoño, ex embajador en misión especial de Colombia en cinco países y ex presidente de la junta directiva de Cerro Matoso.
Restrepo, vocero de los socios minoritarios ante el Idea, es asesor para Colombia de la multinacional minera brasilera Vale do Río Doce, una de las compañías que tiene posibilidades de obtener una concesión a 25 años del proyecto Pescadero-Ituango, mediante una inversión que superaría los 2.290 millones de dólares
Conviene recordar que Vale do Río es la compañía minera más grande del mundo. Esta multinacional consume el diez por ciento de la energía de Brasil, lo cual es equivalente a dos veces la energía de Colombia. Es la segunda productora de níquel, la cuarta en aluminio y su interés en Pescadero reside en conseguir a precio de huevo el Kw. de energía para su planta de aluminio. Negocio que de materializarse con nuestros lacayos criollos, le permitirían construir su planta en Urabá.
Al Edificio Inteligente de las EPM vinieron también empresarios italianos y Valorem, esta última en condición de aliada de Alcoa, compañía norteamericana que ofreció la instalación de un puerto, ya fuera en Cartagena o en Santa Marta. Se suman a estos pulpos, los ofrecimientos del gobierno chino de comprar el cien por ciento de la Central, con una cifra que oscila entre los 1.000 y 1.500 millones de dólares. Dentro de las variadas propuestas se encuentra la firma de un contrato de energía a cincuenta años y a precios por debajo de los del mercado. Se supo que Vale estaba dispuesta a ser socia en un 20%. Que Alcoa en un 40%. y hacer partícipe a las EPM como socia de la planta de aluminio.
Es en esta puja de intereses del capital transnacional en que está en juego el futuro de las EPM. Mientras el gobierno nacional impulsa la venta de Pescadero a una multinacional, bajo la promesa de construir un puerto minero en Urabá y el impulso a la doble calzada Medellín-Urabá, que dejarían como un rey a Uribe Vélez, Antioquia y Medellín pignorarían su desarrollo local regional a las “generosidades” y “bondades” de las multinacionales a cambio de la entrega en bandeja de plata de las EPM.
Valiente negocio éste que busca sepultar a una empresa pública que ha sido motor de desarrollo regional y que año tras año traslada parte de sus abultadas ganancias al municipio de Medellín para inversión social y que contribuye con sus aportes a los corporaciones regionales y a los municipios en las áreas de influencia en donde la empresa desarrolla sus proyectos. No se nos puede olvidar que las EPM al absorber a EADE, dejó de recibir 500 mil millones de sus utilidades para lograr la tan anhelada paridad tarifaria en Antioquia. Hoy son 123 municipios beneficiados de tal medida que se constituye en un alivio, en la medida en que no se logre cambiar la actual política tarifaria contenida en la lesiva Ley 142 de 1994 que obliga a destinar casi el 30% de los ingresos de las familias al pago de la cuenta de los servicios públicos.
Que la Gobernación y el IDEA se apoyen en el clamor de los municipios a los cuales no llega la mano redentora del Estado y que reclaman justicia en la redistribución de los recursos para las regiones, es totalmente comprensible, pero no justifican de ningún modo el asalto cerrero de que fue objeto las EPM. Uribe Vélez, Alfredo Ramos y su escudero mayor, el gerente del IDEA, Álvaro Vásquez Osorio, tendrán que ser señalados por la historia como los sepultureros de las EPM, de llegar a cumplirse sus maquiavélicos propósitos.
Haga sus comentarios en sintraemsdes@etb.net.co
III Conferencia de la mujer trabajadora en Santa Marta
Aproximadamente 200 mujeres y hombres sindicalizados de todo el país, maestras, empleadas públicas, trabajadoras bancarias, bananeras, trabajadoras del campo, vendedoras de apuestas y enfermeras nos reunimos en Santa Marta, para deliberar sobre asuntos relacionados con el empleo y la participación.
Se contó con la asistencia de mujeres como:
Amanda Villatoro, secretaria de la CSA, Confederación Sindical de las Américas; Gloria Inés Ramírez, Senadora de la República; Ligia Inés Álzate, Directora del Departamento de la mujer de la CUT Nacional; Flor de María de Monzón, conferencista internacional; Florence Tomas y Juanita Barreto, entre otras.
La conferencia se inició con un profundo análisis de coyuntura a nivel nacional e internacional.
La metodología de trabajo por paneles permitió la reflexión y participación en temas como:
• Trabajo decente, vida digna para las mujeres, participación con paridad y equidad.
• Impactos de la crisis económica y financiera a nivel nacional.
• Mujer, género y trabajo no remunerado
• Igualdad de oportunidades y equidad de género.
• Autonomía y empoderamiento
• Economía del cuidado y trabajo doméstico
• Perspectiva e inclusión de género en el mundo sindical.
• Trabajo decente para afrontar la crisis.
• Mujer, conflicto y participación.
• Mujer y sindicalismo.
• Impactos del conflicto colombiano en los derechos humanos de las mujeres.
• Derechos de las mujeres y Participación.
En el segundo momento se inició la metodología de trabajo por mesas temáticas desde las cuales se realizaron las relatorías en temas como:
• TRABAJO DECENTE: MUJER RURAL, TRABAJO DECENTE Y SINDICALIZACIÓN FEMENINA.
• MUJER, PARTICIPACIÓN CON PARIDAD Y EQUIDAD
• DERECHOS HUMANOS, MUJERES Y SINDICALISMO
• INCIDENCIA DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA Y EN LA COYUNTURA COLOMBIANA ACTUAL (POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL)
La tercera Conferencia se unió en una gran plenaria y se acordaron las declaraciones y las resoluciones, entre las que cabe resaltar.
• La abstención activa al Referendo reeleccionista.
• La participación de la mujer trabajadora en la vida económica, social y política del país.
• La participación activa de las mujeres en los sindicatos.
• Las implicaciones de los TLC que el gobierno implementa, en especial con la Unión Europea, significa para aquel una negociación política, buscando el respaldo de la UE como adalid de los Derechos humanos y el poder de los sindicatos frente a este debate.
• El trabajo decente como: un umbral con derechos, una aspiración universal donde “El objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana", según Juan Somavia, Director General de la OIT. Con criterios de medición como:
 Salarios para una vida digna
 No a la explotación infantil
 Igualdad entre hombres y mujeres
 La sobreexplotación de los recursos naturales
 Derechos laborales
• El apoyo al POLO Democrático Alternativo, como el único partido que puede ayudar al país a salir de la crisis.
Por Patricia Elena Jiménez Rojas. (foto)
Fiscal ASDEM
Las mujeres soportamos la crisis.... el resorte no aguanta más.
Etiquetas: Encuentros, Mujer Trabajadora
Panorama de la situación de los trabajadores y trabajadores y de las organizaciones sindicales en Colombia
Panorama de la situación de los trabajadores y trabajadoras
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Diálogo intergeneracional entre los dirigentes sindicales de antioquia
“Retomar las experiencias para construir el presente”
Medellín, Museo de Antioquia, 4 de junio 2009
Esta foto es explícita en cuanto a la presencia de las tres generaciones en el acto. El veterano Belisario Restrepo, el actuante y presidente de la CUT Antioquia, Carlos Julio Díaz y la juventud plena, en cabeza de la compañera dirigente de Sintradian Hacienda Pública.
Con una presencia bastante cualificada se desarrollo el Primer Diálogo Intergeneracional Sindical, convocado por la Subdirectiva CUT Antioquia y la Escuela Nacional Sindical ENS, el pasado 4 de junio en las instalaciones del Museo de Antioquia, Sala Alcalde, en el cual se escucho a dirigentes de “vieja data”, exponer sus vivencias y conceptuar sobre la actualidad social del país.
Fue un evento muy fraternal lleno de recuerdos que evocó grandes jornadas de luchas y angustías, pero también de satisfacciones y triunfos. La gente quedó convocada para el próximo año, como un episodio de la conmemoración del 1° de Mayo.
Por Jose Juaquín Vasquez
Referendo por la dignidad y las garantias laborales
El Representante a la Cámara Venus Albeiro Silva, del Polo Democrático, el sábado 30 de mayo presentó oficialmente a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, el referendo por la dignidad y las garantias laborales, al cual le dió vía libre la Registraduría Nacional después de revisar las preguntas que serán puestas a consideración del pueblo.
1) APRUEBA USTED QUE EL TRABAJO DIURNO SEA EL COMPRENDIDO ENTRE LAS SEIS HORAS ( 6.a.m) Y LAS DIECIOCHO HORAS ( 6.p.m) Y EL TRABAJO NOCTURNO EL COMPRENDIO ENTRE LAS DIECIOCHO HORAS ( 6.p.m) A LAS SEIS HORAS (6.p.m) ?
2) APRUEBA USTED QUE LAS HORAS EXTRAS, RECARGOS NOCTURNOS Y LAS GARANTÍAS LABORALES SE VUELVAN A PAGAR EN EL PAÍS COMO ESTABAN ANTES DE LA REFORMA LABORAL DE LA LEY 789 DE 2003?
Si desea apoyar con su firma el REFERENDO POR LA DIGNIDAD Y LAS GARANTÍAS LABORALES, puede ponerse en contacto con Alvaro Pinto Rodríguez, alvaropintorodriguez@yahoo.es, 3107555815, 4799842.
Las firmas también se están recogiendo en las sedes del Referendo:
-SEDE NACIONAL: Calle 72C No 80J-21, Bosa Laureles, 7803879
-SEDE TEUSAQUILLO: Avenida Caracas No 40A-25, 2326285
-SEDE CENTRO: Carrera 17 No 24-43, Piso 2, 3340211, 3348632
Etiquetas: Polo Democrático, Referendo Laboral
Se fusionan Sintradian y Asodian Hacienda Pública
El informativo de Renovación Sindical entrevisto a Moises Sepulveda (foto), dirigente de Sintradian Hacienda Pública, sindicato que se formo recientemente por la fusión de Sintradian y Asodian Nacional y Hacienda Pública. La fiesta "democrática y sindical" que será la asamblea en la que se eligirá la nueva Junta Directiva Seccional, será el próximo 12 de junio. Se invita a los trabajadores a afiliarse al sindicato, a fortalecer la unidad, a luchar por las propuestas que son por "todos y para todos" y finalmente, a abstenerse de votar el referendo reeleccionista.
¿Cómo se llegó a la fusión de Sintradian y Asodian Hacienda Pública?
Este proceso de fusión viene desde una Asamblea que se hizo en Calima, Valle del Cauca, el año 2004. La declaración política de esa asamblea dio como resultado el compromiso de que Sintradian se tenía que fortalecer, y fortalecerse con los otros sindicatos de la Dian. A partir de este momento se empezó a trabajar para llegar a conversaciones con los presidentes de las otras asociaciones sindicales, que eran Asodian Nacional, y Asodian Federativo.
Se empezaron acercamientos, la Asamblea de 2006 en Melgar confirmó el compromiso, y se invitó a seguir las negociaciones con los Asodianes. Hasta que efectivamente esto se empezó a hacer realidad finalizando el año pasado, cuando Asodian Nacional y Sintradian hicimos algunos eventos juntos en la búsqueda de la firma de los decretos de ampliación de la planta, que llevaron a un Paro y la toma del Ministerio de Hacienda.
Ahí Asodian y Sintradian estuvieron presentes, y a raíz de eso se empezaron unas conversaciones más directas con el presidente de Asodian y Hacienda Pública (para ese entonces Asodian ya era Hacienda Pública) y se concretaron las conversaciones para fusionar los dos sindicatos. Esta fusión entre Sintradian y Asodian Nacional y Hacienda Pública se llevó a cabo el 22 y 23 de mayo, en el municipio de Sasaima – Cundinamarca, en una asamblea de fusión.
La idea es que aquí en Medellín el próximo 12 de Junio, también vamos a hacer la asamblea para elegir nueva junta directiva de Sintradian y Hacienda Pública que es como finalmente se quedó denominando el sindicato.
¿Qué ventajas trae la unión de los dos sindicatos?
Muchas ventajas. Decía Maquiavelo que divide y reinarás, entonces mientras más divididos estén los sindicatos en la Dian, más divididos van a estar los empleados y de alguna u otra forma el gobierno va a tomar ventaja de esta división. Mientras que si estamos unidos, vamos a luchar todos juntos por las mismas causas, vamos a hacer más presencia, vamos a ser más y nuestras solicitudes y nuestras negociaciones van a tener mejor eco, y vamos a tener en últimas mejores resultados.
Ya tuvimos una fusión con Asodian y Hacienda Pública, la idea es hacerle un llamado a Utradian y Sinedian (Los otros dos sindicatos). Con Utradian es un poco más difícil el proceso porque ellos tienen una metodología federativa, es decir, de sindicaticos y de que cada ciudad tenga su sindicato. Ideología que respetamos, pero que no compartimos, porque eso crea más división.
¿A qué acuerdo se tuvo para llegar a la unión?
Los acuerdos fueron la participación de los dos sindicatos en la Junta Directiva Nacional, en estos momento el Presidente de Sintradian y Hacienda Pública es el que hasta entonces era el presidente de Asodian, el Vicepresidente es el que era secretario de Asodian, es decir se optó inclusive porque la otra organización filial, amiga que es Asodian Nacional ocupara los dos puestos más importantes en el sindicato nuevo, con el fin de atraerlos.
Ese acuerdo fue muy bueno porque aunque éramos consiente de que de pronto se estaba entregando la dirigencia del sindicato, también se es consiente de que se está fortaleciendo el sindicato, los afiliados se aumentaron aproximadamente en un 40%, más o menos 400 afiliados, somos más. Esta fusión ha hecho que aquí en Medellín se halla logrado un número muy representativo de afiliación, hemos llegado ya ha los 150 afiliados, siendo el resultado de un trabajo muy serio que desde hace un año se viene realizando y abonado ahorita a la fusión de los sindicatos.
¿Por qué se está movilizando Sintradian Hacienda Pública en este momento?
En este momento Sintradian y Hacienda Pública tiene una propuesta de Pliego de Peticiones para entrar a negociar con el Director de la Dian y el Ministro de Hacienda. Tenemos una serie de propuestas, la propuesta bandera es que nos conviertan en salario un 26% que nosotros ganamos mensualmente por una prima extralegal, y así se van a ver beneficiados todos los compañeros en la Dian. El salario se nos va a ver representado en un alto porcentaje, esta es la consigna principal.
Pero hay otros puntos muy importantes, Sintradian está trabajando para que los supernumerarios de la Dian, se les cambie la denominación de su contrato, que se le cambie de supernumerario a provisional para que así tengan todos los beneficios que tenemos los funcionarios de planta.
Se están pidiendo otro tipo de reivindicaciones como por ejemplo, aumento de los permisos sindicales; Tenemos una solicitud bien complicada, pero que la gran mayoría de los funcionarios de la Dian considera que es necesaria, y es que saquen a la policía fiscal y aduanera de la Dian, porque consideramos que la Dian es una unidad administrativa especial, una unidad administrativa, y que no tiene nada que ver con los cuerpos armados.
La policía aduanera y fiscal se está metiendo más al área administrativa de la Dian. Y estamos avizorando que en un tiempo no muy lejano, esto se va a convertir en algo así como era el anterior resguardo de aduanas, con las consecuencias negativas que ello produce. Nosotros consideramos que las fuerzas armadas están para proteger a la ciudadanía, pero que en las entidades administrativas, especialmente en la Dian, no debiera de estar inmiscuida la policía fiscal y aduanera.
Tenemos otro punto muy importante en esta negociación y es que en las próximas convocatorias a los funcionarios de la Dian realmente se nos reconozca la experiencia, se nos reconozca el tiempo de servicios, y que en los perfiles que están diseñados para ingresar a la Dian se le de una prelación a los funcionarios que ya llevamos tiempo en la Dian, y se nos conceda un porcentaje o una ventaja frente a la gente de la calle, además que se corrijan muchos errores de los que sucedieron en el anterior concurso; En un concurso que acaba de pasar hubo situaciones que nos generan desconfianza. Queremos que los próximos concursos sean hechos de manera más transparente, que todos los funcionarios de la Dian tengamos las mismas posibilidades y podamos aspirar a un ascenso, el cual es un objetivo que estamos buscando hace mucho tiempo los empleados de la Dian.
¿Por qué va a luchar Sintradian en el terreno político a nivel nacional?
En términos generales nosotros nos identificamos con el Sector Democrático de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y estamos identificados con el Sector Democrático del Polo, aunque no estamos muy inmiscuidos en el proceso político del Polo.
En la Junta Directiva Nacional, y en la asamblea que se reunió en Sasaima, se llego a la conclusión que Sintradian Hacienda Pública a nivel nacional no apoyará la reelección (del presidente de la república) e invitara a una abstención activa, ni siquiera a participar con el no, si no a la abstención. Pensamos que es con la abstención que podríamos derrotar el fin de reelegir el presidente, que nos lleva cada vez más cerca de una dictadura.
¿Cuáles son las tareas inmediatas que tiene Sintradian Hacienda Pública en Antioquia y a nivel nacional?
Tenemos muchas tareas. Es inmediata la elección de Junta Directiva que se llevará a cabo el 12 de Junio, tendremos una celebración muy especial porque ese día nos acompañará la Junta Directiva Nacional, tendremos invitados de la CUT, de la Escuela Nacional Sindical (ENS), Renovación Sindical, del Insista, jóvenes sindicalistas, en fin va a ser toda una fiesta democrática y sindical, de fusión por así decirlo aquí en la seccional.
Independientemente de las personas que salgan electas en esa asamblea a la nueva Junta Directiva, tienen grandes tareas por hacer, y son: fortalecer aún más el sindicato aquí en la seccional, continuar con las capacitaciones en la ENS, continuar con las reuniones con los directores de impuesto y de aduanas para atacar los problemas de clima organizacional que se puedan dar en un momento dado, continuar con el trabajo con las bases, ayudar a los compañeros con los auxilios, con diferentes calamidades que les sucedan, seguir haciendo presencia en todas las marchas, en todos los eventos culturales, deportivos que se organicen a nivel social en el departamento, y en últimas continuar con las lides sindicales que hasta ahora y especialmente este último año se han llevado a cabo.
¿Alguna cosa que agregar?
Lo que hay por agregar es invitar a todos los compañeros funcionarios y supernumerarios a que se afilien, a recordarles que juntos somos más, que estamos próximos a iniciar la negociación del pliego de peticiones, y que no es lo mismo plantearle al director de la Dian y al ministro que somos 1500 afiliados a plantearle que somos 5000 o 6000 afiliados, eso pesa al momento de llegar a acuerdos y negociaciones.
Invitamos a que las personas que han sido apáticas nos acompañen en este proyecto que es por todos y para todos.
Esperamos en nuestra organización sindical a todos los funcionarios de la Dian, y obtendremos resultados óptimos, los mejores, los que esperamos, en el menor tiempo posible.
Etiquetas: Sintradian
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