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Timestamp: 2018-08-19 19:16:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 219']

Gaceta: LXII/1SPO-101/39739
Propone que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, deberán integrarse con al menos el 45% de candidatos propietario y suplentes del mismo género.
Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barrón, Luisa María Calderón Hinojosa, Marcela Guerra Castillo, Laura Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortíz Domínguez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arely Gómez González, Luz María Beristain Navarrete, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román, Martha Palafox Gutiérrez,Senadoras de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 y se adiciona un numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:
“una mayoría de electores deberá contar con la mayoría de los representantes, y una minoría de electores deberá tener siempre una minoría de representantes. Hombre por hombre, estarán representados tan cabalmente como la mayoría. A menos que no lo estén no habrá un gobierno equitativo, sino un régimen de desigualdad y privilegio; una porción del pueblo gobernará al resto; habrá una parte a la cual se le negará su justa y equitativa participación de influencia en la representación, en contra de todo gobierno justo; pero, sobre todo, en contra del principio de la democracia, la cual proclama a la igualdad como a su misma raíz y fundamento”
John Stuart Mill, Consideraciones sobre el Gobierno Representativo.
Bajo esa lógica a las mujeres nos ha sido negada nuestra participación de influencia en la representación, esto porque a pesar de que somos el 51.2% de la población del País (INEGI 2010), de ningún modo estamos ni cerca de ese mismo número en representación política en las Cámaras del Congreso de la Unión, en pleno siglo XXI y con todos los avances democráticos a nivel mundial, las mujeres nos encontramos subrepresentadas en el sistema político mexicano.
El vocablo equidad nos remite a un principio democrático que se encuentra íntimamente vinculado a la primicia de igualdad normativa, sin embargo, es ineludible hacer saber la diferencia entre estos dos vocablos.
En nuestra Constitución está consagrada la igualdad como una garantía universal de tratar a los diferentes como iguales en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones; sin embargo la equidad parte de la igualdad en las diferencias de género.
Para poder entender este punto debemos remitirnos a dos categorías de análisis: sexo y género. El sexo alude a las características biológicas de hombres y mujeres y el género son todas aquellas características culturales, políticas, jurídicas, económicas y sociales asignadas socialmente dependiendo de la situación del sexo en una construcción sociocultural. Con esto podemos afirmar que la igualdad y la equidad de género no son conceptos equivales ni reemplazables.
Ahora bien, la representación política tiene que ver en lo absoluto con la equidad de género debido a que la inclusión de cuotas contrarresta la asimetría que existe entre hombres y mujeres en la ocupación de cargos de representación política en los parlamentos, congresos o asambleas legislativas. Esta representación la podemos dividir en dos categorías: la representación descriptiva y la representación sustantiva; la primera solo se basa en el incremento del número de mujeres en puestos electivos; la segunda es la representación de los intereses de los representados, dando pauta a que los intereses de las mujeres se encuentren en resoluciones legislativas y en políticas públicas.
Las cuotas son definidas, como bien lo señala Blanca Olivia Peña, como un mecanismo que ayuda a corregir el déficit democrático que elude la representación política de diversos sectores de la sociedad, entre ellos las mujeres, las cuales están subrepresentadas en los gobiernos a pesar de que son más del 50 por ciento de la población.
Sin embargo, las cuotas de género son una condición necesaria pero no suficiente, debemos de observar que esta medida es temporal y tienen un diferente trato legal, aunque reconocemos que gracias a este mecanismo si se ha incrementado el número de mujeres en los cargos de elección popular “los resultados del proceso electoral federal de 2009 indican que el efecto de la reforma a las cuotas de género fue acotado y mixto. Por un lado, el incremento de la cuota de género de 30 a 40% produjo un aumento en la proporción de candidatas (de 35% en 2006 a 38.9% en 2009)”
Las cuotas constituyen una acción afirmativa que se apoya en el principio jurídico de discriminación positiva, es decir, todas aquellas acciones que pretenden establecer políticas que son dirigidas a reducir o eliminar las prácticas discriminatorias en contra de ciertos sectores. Su propósito es compensar a éstos sectores recibiendo un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos, servicios o bienes mejorando su calidad de vida.
Debemos tener claro que el éxito de las cuotas de género, dependen en gran parte de un contexto institucional favorable, no es suficiente asegurar la presencia de mujeres en las listas partidarias, se necesita una serie de elementos para que también se aumente su número de elección y de esta forma tener acciones positivas que se materialicen en el terreno político-electoral.
Desde el ámbito legislativo, las cuotas de género son una herramienta que debe analizarse para adecuar su funcionamiento y el alcance de sus fines.
Los constantes fraudes de algunos Partidos Políticos para evitar el cumplimiento de la cuota de género, hicieron necesario que el máximo Tribunal en materia electoral de nuestro país, dictara diversas sentencias en las cuales optó por potenciar los derechos de representación equitativa de las mujeres al ponderar la aplicación de estos sobre la legislación contenida en el Código Federal de Procedimientos Electorales.
En el caso de las “Juanitas” se proponían al electorado candidatas destinadas desde un principio a ser sustituidas por suplentes de sexo masculino. Dichas diputadas solicitaban licencia el primer día de sesión de la LXI legislatura, esto con el fin de dejarsu lugar a los hombres.
Por otro lado los partidos políticos también usaban la excepción contenida en el numeral 2 del artículo 219, alegando que no se cumplía la cuota de género toda vez que los candidatos se eligieron con base en un procedimiento democrático.
El Tribunal Electoral del poder judicial logró en los pasados comicios detener esta simulación para cumplir con la cuota de género, a través de la sentencia SUP-JDC-12624-2011.
Dentro de la sentencia SUP-JDC-12624-2011, encontramos dos aportaciones principales a la equidad de género:
Todos los suplentes que integren el cuarenta por ciento de las formulas de candidatos del mismo género deberán pertenecer al mismo género que sus propietarios, para el Tribunal Electoral esto no es una recomendación a los partidos, por el contrario constituye una verdadera obligación para postular candidatos. (evitar las “Juanitas”).
Anulación de la excepción a la cuota de género contenida en el numeral segundo del artículo 219, en el sentido que al no haber dentro de la legislación electoral una disposición que defina que se debe de entender por procedimiento democrático intrapartidista (inhibir que a través de un supuesto procedimiento democrático intrapartidista se evite cumplir con la cuota de género).
La sentencia SUP-JDC-12624-2011, constituye un hito en la vida político electoral de las mujeres en nuestro país, gracias a esta decisión jurisdiccional hoy en la Cámara de Senadores contamos con la participación de 42 mujeres electas a través del principio de mayoría relativa y representación proporcional, en relación con la pasada LXI legislatura en la cual sólo había 30 mujeres. Por su parte en la Cámara de Diputados encontramos que en la LXII legislatura fueron electas, por ambos principios, 184 mujeres, frente a 168 que fueron electas en la LXI legislatura.
Para sustentar la necesidad de una reforma al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a pesar de las diversas sentencias que buscan maximizar el derecho de representación de las mujeres, resulta interesante analizar algunos de los argumentos del Magistrado Flavio Galván Rivera respecto a la Sentencia SUP-JDC-12624/2011:
“Se impone un deber jurídico no previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la legislación electoral federal, en cuanto que la fórmula completa, para el registro de una candidatura, corresponda a miembros (propietario y suplente) del mismo género.
2. Se contraviene el principio democrático que debe imperar en los procedimientos electorales federales, previsto en los artículos 39, 40 y 41, párrafo segundo, base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que se vulnera el artículo 219, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la determinación consistente en que en el caso de que el partido político elija a sus candidatos de mayoría relativa, mediante un procedimiento de elección democrático, deberá presentar como mínimo ciento veinte y veintiséis candidatos propietarios de un mismo género, a diputados y senadores, respectivamente.”
Desde una perspectiva estrictamente positivista del derecho, los argumentos del Magistrado Galván son innegables, sin embargo la postura del Tribunal Electoral se aleja del positivismo clásico y se acerca al garantismo, al desaplicar una norma cuyo pedigrí es inferior para proteger un principio superior contenido en la Constitución.
Las interpretaciones de los tribunales son mutables, y dependen de sí en su integración hay un mayor número de sujetos afines a una u otra corriente filosófica del derecho, esta mutabilidad hoy resulta beneficiosa para las mujeres, pero quizá mañana no lo sea. A efecto de evitar que interpretación judicial supla las funciones del Congreso, es necesario realizar adecuaciones a la Legislación electoral, con el único fin de proteger los derechos de representación política de las mujeres de fraudes por parte de algunos partidos políticos.
Para garantizar la equidad de género resulta necesario que, cuando cualquiera de los géneros se encuentre subrepresentado, la formula en su totalidad se integren por candidatos del mismo sexo
No obstante lo anterior en la realidad encontramos un sinfín de simulaciones de los partidos para evitar cumplir con la cuota de género, en detrimento de los derechos de representación política de las mujeres. Casos icónicos como el de las “Juanitas” el cual consistía en establecer candidaturas integradas por mujer/hombre para, una vez ganada la contienda electoral, hacer renunciar a la mujer con el fin de que el suplente hombre ejerciera el puesto de elección popular.
El objeto de la presente iniciativa se centra en la necesidad de adecuar las normas que establecen la cuota de género para las elecciones de legisladores federales en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de antemano sabemos que las diversas interpretaciones que ha realizado la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral han potenciado la igualdad de las mujeres para participar en la política, sin embargo resulta necesario que el Poder Legislativo se pronuncie sobre el tema.
En particular son varias las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial que tienen este objetivo, en particular la sentencia SUP-JDC-12624/2011, destaca como una decisión histórica, puesto que gracias a ésta en la LXII Legislatura del Congreso aumentó significativamente el número de legisladoras en ambas Cámaras, en la de Diputados actualmente hay 184 diputadas y 42 senadoras.
Reforma al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Derivado de la sentencia SUP-JDC-12624/2011 resulta necesario adecuar la legislación a efecto de:
Exigir expresamente que los candidatos suplentes sean del mismo sexo que los propietarios, para ello se debe diseñar un mecanismo que no privilegié ninguno de los géneros, pero que mantenga la paridad entre éstos.
Es necesario que la regla del 45% sea aplicable en todos los sistemas, el proporcional, pero también el mayoritario, lo cual obliga a modificar el apartado segundo del artículo 219.
La subrepresentación política es el no “actuar, de manera receptiva ante ellos, en el interés de los representados”, es decir, no se cumplen con dos condiciones:
1) Los ciudadanos deben tener intereses identificables por los representantes.
2) Los representantes deben tener una buena disposición a actuar en la promoción de dichos intereses.
Para ello, deben de existir mecanismos para que la ciudadanía exprese sus preferencias políticas, evitando una presencia minoritaria de las mujeres en la vida pública del país.
Derivado de las adecuaciones que se realizan para fortalecer la cuota de género y con ello potenciar la equidad de la representación política en las Cámaras, resulta necesario definir en el artículo 219 qué se entenderá por subrepresentación.
Creemos necesario establecer un referente para la autoridad electoral a efecto de que determine cuando un genero estará subrepresentado en las Cámaras del Congreso, para ello se propone establecer una relación porcentual entre el porcentaje de hombres y mujeres inscritos en el padrón electoral y el número de éstos en las Cámaras de Senadores y Diputados.
Para determinar que existe una subrepresentación se deberán comparar estas cifras con el número de escaños o curules que ocupan cada uno de los géneros dentro de las Cámaras, por ejemplo en este momento el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados es de 37% mujeres (183 legisladoras) versus el 63% hombres (317 legisladores), entre estas cifras no paridad pues uno de los géneros se encuentra por debajo del 45%, por lo tanto en los próximos comicios la autoridad electoral deberá ordenar que las solicitudes de registro que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse por candidatos propietario y suplente del mismo género. De esta forma se minimiza el acto discriminatorio, mejorando la calidad del sistema democrático por medio de un impacto positivo, otorgando al ciudadano diferentes puntos de vista en las decisiones políticas y la legitimidad de las instituciones se verán fortalecidas.
Se propone realizar las siguientes adecuaciones:
1. La totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores ya sea por el principio de representación proporcional, o por el de mayoría,que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta y cinco por ciento de candidatos de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
2. Para maximizar el principio de paridad entre hombres y mujeres y la representación de éstos en el Congreso de la Unión, cuando alguno de los géneros hubiera sido subrepresentado en el proceso electoral inmediato anterior en cualquiera de las Cámaras del Congreso, las solicitudes de registro que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse por candidatos propietario y suplente del mismo género, en el número suficiente para lograr la paridad.
3. Se entenderá que un género se encuentra subrepresentado cuando su presencia porcentual en cualquiera de las Cámaras del Congreso no corresponda al cuarenta y cinco por ciento de candidatos de un mismo género.
La reforma tiene como objeto obligar a los partidos y coaliciones a que presenten como mínimo un 45% de candidatos no sólo en las listas que se someten al sistema proporcional, sino también en las contiendas que se ventilan por el principio de mayoría, incluso en el caso de que hayan sido propuestos después de un proceso de elección intrapartidista, y, en segundo lugar, establecer que en caso de existir subrepresentación de alguno de los géneros en cualquiera de las cámaras, será obligatorio que la fórmula completa sea del mismo sexo, es decir, no sólo con los candidatos propietarios sino también con los suplentes.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:
Por el que se reforman los numerales 1 y 2 y se adiciona un numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar de la siguiente forma:
Artículo Único. Se reforman los numerales 1 y 2 y se adiciona un numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
1. La totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores ya sea por el principio de representación proporcional, o por el de mayoría, que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta y cinco por ciento de candidatos de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 2013.
[1] Aparicio, Javier, et. al. Evaluación de la perspectiva de género en plataformas de partidos políticos, candidaturas y cargos de elecciónde 2009, CIDE, 2009, P. 5 (consulta en línea: http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c8.pdf)
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39739