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Timestamp: 2020-01-20 01:20:11
Document Index: 62659504

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 257', 'Artículo 71', 'Artículo 276', 'Artículo 3', 'Artículo 369']

WIPO/ACE/4/5
Ginebra, 1 a 2 de noviembre de 2007
MEDIDAS PENALES DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SANCIONES EN LA COMUNIDAD ANDINA
Documento preparado por Dr. Galo Pico Mantilla, Director General,
Centro de Estudios de la Integración, Comunidad Andida, Quito, Ecuador*
1. COMUNIDAD ANDINA
La Comunidad Andina, anteriormente denominada “Acuerdo de Cartagena”i, en la actualidad está integrada por cuatro “Países Miembros”: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Ahora bien, como para el caso de violación de los derechos de propiedad intelectual, la norma comunitaria no contiene preceptos sancionadores de carácter penal, excepto la anotación que haremos posteriormente de una disposición inaplicable, así mismo, es preciso dejar constancia de dos particulares especiales: el uno, el que, tanto por el carácter comunitario o supranacional de las normas expedidas por los órganos competentes de la organización, como por la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Andino, cuando hablamos de “Decisiones” de la Comunidad Andina, sabemos que se trata de normas con “identidad y autonomía propias”ii, cuyo valor jurídico es el de cumplimiento obligatorio y la aplicación directa en el territorio de los Países Miembrosiii, principios por los cuales prevalecen sobre el derecho interno de cada uno de los países asociados en las materias por ellas reguladas; y, el otro, el que, de acuerdo con lo dispuesto por la misma Decisión, los asuntos de Propiedad Industrial que no están regulados por esta norma comunitaria, se rigen únicamente por las normas legalmente establecidas por su propio derecho internoiv.
La “Comisión”, como órgano legislativo del entonces Acuerdo de Cartagena –hoy Comunidad Andina-, inició su acción normativa en asuntos relacionados con la propiedad intelectual mediante la aprobación de la muy conocida Decisión 85 titulada como “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” la misma que en distintos capítulos, regulaba las patentes de invención; los dibujos y modelos industriales; y, las marcas.
Particularmente, esta Decisión contiene un precepto que en la forma como podría entenderse, desborda la competencia legislativa de carácter comunitario. En efecto, su artículo 57 dice que la autoridad nacional competente puede ordenar “d) las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”, es decir que, en éstos términos, pretende conferir a la “autoridad nacional competente” la facultad para ordenar sanciones penales desconociendo, primero, que éstas facultades están atribuidas por las leyes nacionales a las autoridades o jueces de lo penal de los respectivos Países Miembros; y, segundo, que la “oficina nacional competente” es únicamente el “Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos”v; y que, por lo tanto, no puede ejercer funciones de Juez en materia penal en ninguno de los Países Miembros. En consecuencia, no obstante el carácter prevalente de la norma comunitaria, en esta parte resulta inaplicable porque la atribución administrativa concedida tanto por la Ley comunitaria como por la Ley nacional, a las citadas autoridades nacionales competentes no puede extenderse a la jurisdicción y competencia en materia penal que privativamente corresponde a los jueces nacionales, a quienes mediante el ordenamiento jurídico interno se les atribuyó estas facultades en cada uno de los cuatro países. Contrariamente a lo anterior, el artículo 257 de la Decisión 486, con acierto jurídico, dice que: “Los Países Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación de marcas;...”.
4. SANCIONES PENALESvi
4.5.2. En los Países Miembros de la Comunidad Andina, con excepción de Bolivia, las violaciones cometidas en contra de los preceptos establecidos para regular y proteger la Propiedad Intelectual constituyen delitos de acción pública; sin embargo, en el campo práctico del litigio judicial, el hecho de considerar estas violaciones como delitos de accion pública o de acción privada, no hace variar considerablemente el resultado numérico de las acciones penales iniciadas en los Ministerios Públicos o en las Judicaturas Nacionales, pues de acuerdo con las informaciones disponibles, el número de expedientes relacionados con la Propiedad Intelectual, es realmente mínimo en relación con el número de causas de orden penal que se registran en las jurisdicciones de cada uno de los Países Miembros. Frente a miles de miles de procesos o causas que se siguen por otro tipo de infracciones penales distintas a las violaciones de la Propiedad Intelectual no se encuentra sino apenas decenas de procesos iniciados por violación a los derechos de propiedad intelectual. Un caso concreto es el de Ecuador, país en el cual mientras por los medios de comunicación se conoce que existen miles de causas penales pendientes de resolución por parte de las autoridades judiciales -Jueces de lo Penal, Tribunales de lo Penal, Cortes Superiores y Corte Suprema de Justicia-, en el documento de la Función Judicial sobre las causas ingresadas últimamentevii vemos que en el año 2006 se han registrado apenas 13 procesos de los cuales una parte corresponde a la acción del Ministerio Fiscal y otra, a la acción de los particulares; y, que en el primer semestre del 2007, con la misma particularidad, se han registrado únicamente 4 casos; todos ellos sorteados para su tramitación entre los distintos Juzgados de lo Penal.
Colombia reformó el Código de Comercio mediante la Ley 603 de 27 de Julio del 2000 y al referirse a los “Informes de Gestión” dispuso que: “Art. 2. Las autoridades tributarias colombianas podrán verificar el estado de cumplimento de las normas sobre derechos de autor por parte de las sociedades para impedir que a través de su violación también se evadan tributos.”; y, Ecuador, por medio de la Superintendencia de Compañías aprobó una Resoluciónviii mediante la cual dispone que entre los puntos que deben contener los informes anuales de las Compañías sujetas a su control se debe hacer constar “El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos del autor por parte de la compañía”. Ahora bien, siendo esta disposición un requisito adicional que debe incorporarse a los informes anuales de los administradores de las compañías, resulta que su incumplimiento podría dar lugar a que la Superintendencia de Compañías, como organismo de control, pueda declarar de oficio o a petición de parte la disolución de la compañía de conformidad con la Ley de la materiaix, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a las que esta omisión pudiere dar lugar.
- Las sanciones penales por violación de los derechos de Propiedad Intelectual, no son iguales para casos similares en los países de la Comunidad Andina, mientras la pena de mayor tiempo de duración es de 8 años en Colombia de acuerdo con la reforma legal aprobada en el 2006, la de menor duración es la de 3 meses a 2 años en Bolivia.
- Todas las sanciones penales previstas en la legislación nacional de los cuatro países de la Comunidad Andina determinan un plazo mínimo y un máximo de duración, con la finalidad de que el juzgador pueda sancionar al culpable de la violación, con la privación de la libertad dentro de los indicados límites según sea la gravedad de la falta o el valor de las alegaciones introducidas en el expediente por parte de los imputados; todo esto, en la forma y condiciones establecidas en la respectiva norma nacional.
- En los casos conocidos, las acciones presentadas ante el Ministerio Público, aparecen impulsadas por los afectados por la violación, y por la intervención fiscal; más no se advierte que sean originadas por colaboración o insinuación de los propios imputados.
- En general, los Tribunales y Jueces de lo Penal, sujetándose en todo caso a los méritos del respectivo proceso si están facultados para imponer sanciones menos graves que las máximas establecidas por la Ley partiendo desde el mínimo plazo legislado para cada caso de infracción.
- Como se ha dicho anteriormente, en la legislación interna efectivamente si se ha dispuesto penas máximas y se ha establecido también penas mínimas para los diversos casos de violación.
- La determinación de la sanción con la referencia que se haga a cada elemento o modo de infracción, es decir, la especificación clara y concreta de cada uno de ellos en una norma sancionadora resulta siempre muy útil para el juzgador; inclusive tendría un gran sentido práctico si las legislaciones de los países que forman parte de la Comunidad Andina, como es el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, tuvieren en sus leyes nacionales una referencia similar para cada uno de los modos de infracción de los derechos protegidos por la Propiedad Intelectual.
- El juzgador no podría imponer sanciones más graves que las originalmente establecidas, salvo en los casos que por circunstancias agravantes la Ley tenga prevista una pena mayor, como podría ser la reincidencia en la violación acusada. Igual podría suceder si la Ley establecería la condena con una pena de mayor gravedad para cuando se compruebe la existencia de “vínculos con la delincuencia organizada”. En la materia que se estudia, tanto el Código Penal, como la Ley de Propiedad Industrial establece varias circunstancias agravantes. Esta última determina como tales: el apercibimiento sobre la violación; el producir daños a la salud; y las infracciones respecto de obras inéditas.
- En las legislaciones que se han estudiado no se encuentra expresamente determinada la relación de los infractores de los derechos de Propiedad Intelectual con la “delincuencia organizada”; sin embargo, es de concluir que toda conducta anormal de un imputado puede influir para la decisión final del juzgador.
El secuestro y la incautación de los bienes está previsto en las siguientes legislaciones: en Colombia se puede secuestrar la reproducción ilícita y adjudicarla al titular de los derechos de autor, mediante sentencia penal (Art. 236, Ley de Derechos de Autor); y, en Perú se puede incautar los ejemplares de procedencia ilícita y los aparatos utilizados para la comisión del delito y entregarlos a los titulares del derecho vulnerado, en caso de sentencia condenatoria.(Art. 224, Código Penal)
- En el caso de que los imputados fueren los representantes legales de una persona jurídica, es a ellos a quienes en virtud de esa representación les correspondería la responsabilidad en el ámbito de lo civil y lo administrativo; mientras que, la responsabilidad en el campo penal podría ser atribuible a las personas naturales por sus propios actos u omisiones, si ellos fueren los autores de determinado acto violatorio de los derechos de Propiedad Intelectual. Además, como habíamos manifestado anteriormente, en el caso de las Compañías y en un ámbito distinto al penal, advertimos que de acuerdo al ordenamiento jurídico interno del Ecuador, la inobservancia de las personas jurídicas a la disposición de incluir en los informes de cumplimiento lo relativo a las normas internas sobre Propiedad Intelectual podría dar lugar a la disolución de la Compañía, sin perjuicio de otras sanciones previstas en la respectiva legislación nacional y previo el trámite pertinente para cada una de ellas.
- En las causas por violación de derechos de Propiedad Intelectual si pueden existir acuerdos entre el acusador y el imputado, como de hecho existen, tanto dentro de la órbita judicial, como fuera de ella, especialmente durante la práctica de medidas cautelares. Por ejemplo, en Bolivia, el Artículo 71 de la Ley 1322 sobre Derechos de Autor dice: “Establécese un procedimiento administrativo de conciliación y arbitraje de mutuo acuerdo entre las partes previa a la instancia ordinaria, bajo la competencia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para resolver controversias civiles relativas a la materia de esta Ley.”
* Las opiniones contenidas en este documento son del autor y no reflejan necesariamente las de la Secretaría ni las de los Estados miembros de la OMPI.
i CÓDIGO DE LA COMUNIDAD ANDINA, Galo Pico Mantilla, Quito, 2004, pág. 7, Introducción. www.eumed.net/libros/2006c/196/index.htm
ii JURISPRUDENCIA ANDINA, Galo Pico Mantilla, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Quito, 1990, págs. 34 y sgts.
iii Artículos 2 y 3 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
iv Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
v Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina.
vi Anexo: “Sanciones Penales en la Comunidad Andina”
vii Anexo: 2006-2007
viii Resolución 04.Q.I.J.001, R.O 289, de 10 de marzo de 2004
ix Artículo 369 de la Ley de Compañías.
09/12/2007.