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Timestamp: 2019-06-25 06:17:59
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﻿ PANORAMA EN TORNO A LAS LEYES OBJETADAS POR EL GOBIERNO QUE AFECTAN A LOS PENSIONADOS
CONTENIDO:SEGÚN CÁLCULOS OFICIALES, LA DISMINUCIÓN DE LA COTIZACIÓN A SALUD DE LOS PENSIONADOS REPRESENTARÍA UN MAYOR GASTO A CARGO DEL ESTADO, DE 100 BILLONES DE PESOS, ENTRE 2017 Y 2035.
TÍTULO:PANORAMA EN TORNO A LAS LEYES OBJETADAS POR EL GOBIERNO QUE AFECTAN A LOS PENSIONADOS
REVISTA ACTUALIDAD LABORAL N°:203, SEP.-OCT./2017, PÁGS. 6-11
Panorama en torno a las leyes objetadas por el Gobierno que afectan a los pensionados
El primer período legislativo del Congreso de la República culminó el 20 de junio del 2017, con dos novedades negativas para el gobierno, en el terreno de la seguridad social. En efecto, el órgano legislativo aprobó, sin el consentimiento gubernamental, la ley por la cual se modifica la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados y otra que cambia el número de semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres.
La primera ley redujo la cotización a salud de los pensionados de doce por ciento (12%) a cuatro por ciento (4%), de manera que el ocho por ciento (8%) del descuento quedó a cargo del presupuesto nacional. De otro lado, la segunda ley estableció que las mujeres con ingresos menores a dos salarios mínimos mensuales se podrán pensionar en el régimen de prima media con 1.150 semanas de cotización y no con las 1.300 semanas que exige la norma para todos los afiliados a este sistema.
Pero el Gobierno no se quedó de brazos cruzados ante las dificultades previstas para financiar, con recursos del Estado, los beneficios creados por las dos normas. En reacción a esto, el 18 de julio del 2017, dos días antes de instalarse la segunda legislatura, presentó las objeciones presidenciales a las dos leyes en el Congreso de la República.
Iván Chinchilla, profesor de la Universidad Nacional y asesor en pensiones, señala que en las objeciones del Gobierno a las dos leyes relacionadas con el tópico pensional se alegan vicios de forma surgidos durante el trámite en el Congreso de la República, pero eso se puede considerar “secundario”, porque, en tal circunstancia, cabría la posibilidad de volverlas a tramitar en el seno del órgano legislativo.
Por lo tanto, cree que el Gobierno está más interesado en que la Corte Constitucional declare inexequibles ambas leyes a partir del “argumento de sostenibilidad financiera”, es decir, por la falta de recursos del presupuesto nacional para cubrir el déficit que dejaría, en el sistema general de seguridad social en salud y pensiones, la aplicación de aquellas normas.
Chinchilla coincide con el planteamiento del Gobierno de que cualquier propuesta para modificar el régimen de pensiones debe formar parte de una reforma pensional integral, “porque es claro que el país la necesita”, aunque “no en los términos en que la proponen los fondos privados de pensiones, pero sí hay necesidad de revisar algunos aspectos”. Entonces, las dos leyes objetadas representan acciones a destiempo, con miras al objetivo esencial de buscar una reforma profunda, respecto a la cual existen suficientes jurídicas, económicas y políticas.
Sostiene que ambas leyes “son populistas desde la propuesta inicial hasta” lo que se aprobó finalmente. Sin embargo, “no me molestaba y me parece racional el proyecto que originalmente aprobó el Senado”. Establecer que a los jubilados con pensiones de hasta cuatro salarios mínimos mensuales “se les hiciera una reducción en la cotización de salud estaba perfecto, pero cuando se amplía el beneficio a todos los pensionados, se vuelve una propuesta populista” a favor de “personas que, finalmente, ya tienen una situación económica muy buena”.
“La disminución de la cotización en salud del doce por ciento (12%) al cuatro por ciento (4%), en términos de incremento real de la pensión de una persona con un salario mínimo son 60 mil pesos, que si bien cuantitativamente no son” un valor significativo, “para una familia donde el ingreso es un salario mínimo representa muchísimo. Pero cuando se mira ese descuento de los ocho puntos porcentuales en una mesada de 25 salarios mínimos mensuales, el valor está muy cercano a un millón y medio de pesos”, expresa Chinchilla.
La decisión de extender el descuento de la cotización de seguridad social en salud a la totalidad de los pensionados “es populista, porque alrededor de una discusión en torno a que se está pensando en la población pensionada como un grupo poco favorecido, se termina por favorecer a unas personas que ya tienen ingresos mensuales de 15 millones de pesos y de la nada, sin ningún manejo de los principios de solidaridad y proporcionalidad, se les va a generar un incremento de un millón y medio de pesos mensuales. Ahí hay una desproporción y eso, efectivamente, la vuelve populista”.
Si bien, la ley por medio de la cual se modifica el número de semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres y la ley que disminuye la cotización mensual al régimen contributivo de salud los pensionados coinciden en la falta de recursos financieros que garanticen la sostenibilidad de estas disposiciones, tienen “una gran diferencia”, porque la primera “sí atiende a personas que están, claramente, en una situación de desventaja. El hecho de que se haya limitado la disminución de semanas de cotización solamente a mujeres que tengan una tasa de cotización, en promedio, inferior a dos salarios mínimos, es un subsidio dirigido”, asegura Chinchilla.
“Entonces, se dirigen subsidios a personas que realmente los necesitan, por dos razones: una, el ingreso, pues se está enfocando en personas que tienen un bajo ingreso. Y, dos, por su condición de mujeres trabajadoras de base” que “han tenido dificultades de acceso al mercado laboral, de permanencia en el trabajo y, adicionalmente, por el desgaste que les ha producido el participar en la actividad laboral” que demanda un esfuerzo físico considerable y que “genera mayor necesidad de protección”. Afirma que en esta ley “sí hay una solidaridad dirigida”.
Si el descuento de la cotización de salud se hubiera mantenido para los pensionados con mesadas menores a cuatros salarios mínimos, “el proyecto de ley sería razonable y atendería el principio de solidaridad que debe tener cualquier sistema de seguridad social”, consagrado en Colombia por la Constitución. Chichilla manifiesta que en el país “se ha manipulado el concepto de solidaridad”, en relación con el sistema seguridad social.
La solidaridad implica el mayor compromiso económico de quienes tienen más ingresos con aquellas personas que reciben menos ingresos. “En Colombia, en temas de salud y pensiones, muchas veces, se invierten las situaciones y quienes tienen más reciben subsidios de la inmensa mayoría de la población”. A pesar de ser una postura impopular, “cuestiono el proyecto de ley que disminuye la cotización de salud” de los pensionados. “Me parece inapropiado, inequitativo y desproporcionado”, porque, en el país, “las estadísticas más favorables evidencian que solamente [el] 25 por ciento de la población que debería tener pensión, por su edad, la recibe. Eso implica que hay un 75 por ciento de personas que no la tienen”, a pesar de haber cumplido la edad para alcanzar tal beneficio.
“Esa cuarta parte de la población, si bien la gran mayoría recibe unos ingresos bajos”, tiene una pensión “en comparación con las otras tres cuartas partes de la población” que no la percibe, a pesar de contar con la edad de jubilación. “El hecho de que tengan una tasa de cotización del 12 por ciento”, con destino a seguridad social en salud, “permite que ellos contribuyan para que el 75 por ciento de la población que no lo tiene, acceda al servicio de salud”.
Fijar un descuento generalizado a la cotización de seguridad social en salud, de los pensionados, conduce a que sean más gravosos los subsidios que reciben las mesadas pensionales altas del llamado régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones, subsidios que oscilan entre 30 y 90 por ciento.
Según los indicadores del Gobierno, incluidos en la argumentación que objeta la ley, la “pensión de un salario mínimo mensual o de un salario mínimo y medio recibe un subsidio entre 25 y 30 por ciento”. En consecuencia, el Estado debe aportar, al menos, un porcentaje en este rango. Entre tanto, “una pensión que supere 25 salarios mínimos mensuales tiene un subsidio de 90 por ciento. Es decir que, la persona beneficiaria, durante su vida laboral, hizo un ahorro que equivale a 10 o 15 por ciento, en el mejor de los casos, de lo que va a recibir de pensión” subsidiada.
Solidaridad de los pensionados
“Esas son las cosas que se deben abordar en una reforma pensional. Hay que mirarlo de una manera integral”, asevera Chinchilla. Sin embargo, Colombia no debe “abandonar” las iniciativas novedosas relacionadas con el sistema general de seguridad social en salud y pensiones, pero conviene estudiarlas detenidamente, en aras de comprobar “si el país es capaz de hacer propuestas verdaderamente solidarias”.
A Chinchilla le parece “muy razonable” la primera propuesta aprobada por el Senado, conforme a la cual se establecía el descuento de la cotización a salud solamente para los pensionados que ganaran entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales. “Pero, si se quisiera ir mucho más allá”, un mecanismo “verdaderamente social” exigiría definir una escala de aportes pensionales a la seguridad social en salud en función del nivel del ingreso pensional.
“Por ejemplo, las mesadas de uno y dos salarios mínimos mensuales deberían aportar a salud cuatro por ciento” (4%) de estos valores. Pero, a partir de tales montos, la cotización a salud tendría que aumentar “en la misma medida en que se incremente la mesada”, es decir, progresivamente, de modo que las mesadas superiores a 15 millones de pesos pagarán, inclusive, cotizaciones superiores a doce por ciento (12%).
“Las mesadas pensionales, en Colombia, deberían tener un gravamen” al ingreso o una figura de contribución parafiscal que ya se aplica en nuestro país. “Hoy, las mesadas que superan diez salarios mínimos mensuales, por ley, desde el 2003 (Ley 797), aportan el uno por ciento al fondo de solidaridad pensional”. Una medida de tal naturaleza contribuiría a la redistribución del ingreso de la Nación y estaría acorde con la tendencia de la seguridad social moderna, anota Chinchilla.
“Independientemente de que haya modelos mejores, Colombia tiene un sistema de seguridad social que constitucionalmente supone como principios la universalidad y la solidaridad y, en ese orden de ideas, se deben buscar modelos que sean redistributivos”.
En relación con una futura reforma pensional, el asunto de las semanas de cotización será determinante, porque muy probablemente se tendrá que aumentar la edad de jubilación de los colombianos como consecuencia del incremento de expectativa de vida en el país. No obstante, tal decisión, que Chinchilla califica impopular, se debe valorar con sumo cuidado, porque “no se puede exigir a las personas que coticen 22, 23 o 26 años, cuando no hay fuentes de trabajo” estables.
“Definitivamente[,] es muy necesaria la disminución de semanas cotizadas a pensiones para las mujeres que están en una condición de inferioridad frente a la generalidad de los hombres”, pero se requiere que la medida también se extienda a los “hombres que tengan bajos ingresos”, porque ellos afrontan dificultades de acceso al mercado laboral y sufren el deterioro anticipado de la salud ante las duras condiciones en que deben trabajar.
Chinchilla explica que “un hombre o una mujer que han cotizado 20 años a pensiones sobre un salario mínimo o dos salarios mínimos mensuales, generalmente, desempeñan trabajos de alto desgaste físico y que generan, necesariamente, disminución de la expectativa de vida”. En ese contexto, considera justo que la reducción de las semanas de cotización a las pensiones se amplíe a ese segmento de hombres trabajadores.
A propósito de plantear ideas innovadoras, Chinchilla recuerda que la reforma pensional, adelantada mediante la Ley 797 del 2003, “es absolutamente regresiva; todo lo que propuso es malo, salvo un modelo interesante y es la forma en que se liquidan las pensiones en el régimen de prima media, donde hay un esquema en el que se le da un poco menos al que ha cotizado más y un poco más de pensión al que ha cotizado menos. Esa ley tiene un modelo de proporcionalidad inversa, un claro desarrollo de solidaridad. No son muchas las personas que se han dedicado a estudiar el fenómeno, porque ese sistema interesante quedó escondido en una ley terriblemente regresiva. Proporcionalidad y solidaridad es lo que reclamo en cualquiera de los dos proyectos objetados”.
La objeción del Gobierno, a las dos leyes, evidencia que respecto de estos temas se deben proponer reformas estructuradas que “contengan el desarrollo de los principios” de solidaridad y progresividad en los aportes de acuerdo con el nivel de ingresos laborales. Se trata de “entender que la seguridad social en Colombia tiene una tarea redistributiva y aquí nos cuesta mucho trabajo entenderlo”.
Si el Congreso de la República toma la decisión de pedir a la Corte Constitucional que resuelva el asunto de las objeciones a las dos leyes, “cobra importancia el estudio de fondo”. En tal situación, Chinchilla aspira a que “la Corte no se vaya a quedar solamente en el estudio de la viabilidad económica y de los vicios de forma que puedan tener, sino que, eventualmente, proponga que los proyectos de ley son válidos si se revisan ciertos aspectos”, en el Congreso de la República, encaminados a afianzar los principios de solidaridad y proporcionalidad.
Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, cree que la imposibilidad, alegada por el Gobierno, de financiar la ley que disminuye la cotización a salud de los pensionados “es un problema de priorización del gasto”, en función de los asuntos sociales. Resulta “cierto que hay un gasto derivado de esta ley y se deben cubrir esos cuatro billones de pesos, que no se recaudarían por vía de la cotización, pero hay una asignación del gasto desproporcionada” en el presupuesto nacional.
A raíz del trámite de la ley de presupuesto del 2018 se puso de manifiesto que “la promesa de que la paz traía la posibilidad de asignación de recursos a lo social se está empezando” a postergar, “porque el presupuesto sigue siendo mayormente para el rubro militar, no obstante estar, teóricamente, en posconflicto”.
Jaramillo insiste en que el eje del problema con la ley favorable a los pensionados y objetada por el Gobierno está en la priorización del gasto. Asimismo, analiza la realidad en un contexto de “afectación del poder adquisitivo de los pensionados”. Si un trabajador gana $100 de salario, al obtener la pensión, la tasa de reemplazo, conforme a la Ley 797 del 2003, “es regresiva gradualmente”.
Es decir, en la medida en que un trabajador gane mayor salario, recibirá menor valor como pensión. La mesada “va de 65 a 55 por ciento, en función de lo que un trabajador menos gane”. Entonces, si alguien vive con $100 como empleado, una vez pensionado, lo debe hacer con $55. “De esos $55 hay que descontarle el 12 por ciento de cotización a salud”. Pero, si un trabajador tiene salario integral, su ingreso mensual pasa de $100 a $70 y de este monto, al jubilarse, se le calcula 55 o 65 por ciento de pensión, cantidad de la cual se le debe descontar el 12 por ciento de cotización a salud. “Entonces, el poder adquisitivo quedó totalmente destruido”, en particular, para un millón doscientos mil pensionados con “una edad en la que tienen más necesidades”.
La decisión de establecer el descuento de la cotización en salud para los pensionados con mesadas iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales se adoptó, en el proyecto de ley, con el fin de “hacer viable la confrontación con las objeciones del Ministerio de Hacienda y hacerle saber que se iban a tomar en cuenta”, dado que el costo fiscal se reducía de 4 billones a 2.5 billones de pesos, anota Jaramillo.
Además, se pregunta “por qué razón el Ministerio de Hacienda no participó y se opuso” a las dos leyes, en el Congreso de la República, a pesar de la unidad nacional que logró conformar el Gobierno, con la mayor parte de los partidos políticos, lo cual le otorgaba mayorías al momento de votar en la legislatura. “Cómo permitió el Gobierno que se llegará a los cuatro debates”, en la Cámara de Representantes y en el Senado, “sin llamar la atención sobre las objeciones que tenía en ese momento” y solo manifestó su determinación de objetarlas cuando las leyes llegaron a sanción presidencial. “Mi lectura es que había desinterés en el tema y se subestimó; pensó que no era tan relevante” y que ambas leyes sucumbirían durante su trámite.
Con relación al trámite completo que surtieron, en el Congreso de la República, los dos proyectos de ley, a pesar de no contar con el respaldo del Gobierno, en la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) se considera que “infortunadamente, en este tipo de proyectos, priman intereses populistas, sin tener en cuenta que el derecho a la seguridad social se debe tomar en serio, y para ello hay que sopesar las restricciones presupuestales y el principio de solidaridad, con el fin de que no se creen beneficios en favor de unos pocos, ni expectativas que no se conduelen con la realidad del país”.
“Soy moderadamente pesimista”, dice Iván Jaramillo, con respecto a que las dos leyes objetadas se puedan convertir en normas del ordenamiento jurídico colombiano, porque en caso de reiniciar su trámite, en el Congreso, “ahora sí el Gobierno va a intervenir para hacer valer sus mayorías” y lo más probable sería que “logre archivar el tema definitivamente”.
Asimismo, no cree que el Congreso decida “llevar las leyes objetadas a la Corte Constitucional. En un Estado social de derecho es impresentable que gran parte de las demandas que llegan a la Corte Constitucional terminen resolviéndose por un tema de forma, de trámite legislativo, cuando hay antecedentes de cuál es el correcto trámite en el Congreso de la República para respetar las mayorías democráticas”, acota Jaramillo.
Respecto del argumento gubernamental, planteado en las objeciones, según el cual el proyecto a favor de los pensionados “es violatorio de los principios de equidad y progresividad en materia tributaria”, Jaramillo lo califica de “contraevidente, porque justamente paga lo mismo el pensionado que gana un salario mínimo mensual y quien gana 20 salarios mínimos mensuales”, pues en ambas situaciones se cotiza el doce por ciento (12%) a salud. La progresividad consiste en que “entre más gana una persona, pues más va subiendo la tasa para que contribuya en mayor medida que quienes ganan menos”.
En cuanto al argumento de inconstitucionalidad del proyecto concerniente a los pensionados por “violación a los principios de solidaridad y progresividad de la seguridad social establecidos en el artículo 48 de la Constitución Política”, Jaramillo sostiene que “no se viola la solidaridad, porque no se trata de eliminar la contribución, sino de hacer un ajuste para hacer viable la satisfacción de las necesidades vitales de las personas pensionadas”.
En lo concerniente a la eventual violación de los principios de solidaridad y progresividad de la seguridad social, del artículo 48 de la Constitución, en la ley que beneficia a los pensionados, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) manifiesta que el “derecho a la seguridad social debe respetar los principios de solidaridad, progresividad, equidad y eficacia, y las leyes que se expidan para desarrollar ese derecho, deben ser fieles a los mismos. Cuando no lo hacen y en su lugar generan privilegios para unos pocos, es posible que sean declarados inconstitucionales. La solidez de los argumentos la sopesará la Corte Constitucional”.
Otro de los argumentos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno señala que se “pone en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de cerca de 4.4 millones de afiliados debido a que se verán afectados los recursos disponibles para financiar los beneficios en salud a los que actualmente tienen derecho”. En relación con este razonamiento, Iván Daniel Jaramillo, de la Universidad del Rosario, insiste en que “es un problema de priorización del gasto, de cómo distribuir la torta presupuestal y a qué se le da más peso específico. El tema es de asignación de recursos del presupuesto nacional que no tienen por qué comprometer la salud y el bienestar de esas personas”.
En la objeción a la ley sobre la cotización a salud de los pensionados también se señala la “violación al principio de irretroactividad de la ley”, con relación a la cual Jaramillo asevera que “el legislador tiene potestad de establecer los efectos de la ley en el tiempo. Retroactividad es cuando se violan situaciones jurídicas consolidadas”. Pero lo dispuesto en la ley objetada, en lo atinente a que los efectos del descuento de la cotización a salud serían efectivos a partir del 1º de enero del 2017, “se denomina retrospectividad, no retroactividad”.
La retrospectividad se aplica a “situaciones en curso que el legislador tiene la potestad de corregir dentro de la vigencia fiscal que corresponda y que así se hagan los ajustes necesarios. Si la ley lo establece, salvo que viole derechos adquiridos, se puede perfectamente” fijar ese momento de vigencia y “aquí no veo que se viole ningún derecho adquirido”.
En lo relativo al proyecto de ley que reduce las semanas de cotización a pensión de las mujeres, el Gobierno argumenta inconstitucionalidad por establecer el beneficio tributario sin el aval del mismo, circunstancia frente a la cual Jaramillo afirma que el “Ministerio de Hacienda debió haber intervenido”. Ante un “Congreso donde el Gobierno tiene mayorías, donde tiene el control parlamentario, me parece impresentable manifestar que nunca se dieron cuenta del trámite, que fue bastante visible”.
En lo atinente al argumento de que el legislador omitió el deber de garantizar la sostenibilidad financiera de esta modificación al sistema pensional, “lo veo contraevidente, nuevamente, porque las mujeres, en definitiva, son merecedoras de unas acciones afirmativas para corregir las diferencias que hay en materia de género, en el país”, en el campo laboral. “No hay ningún respaldo científico a esa argumentación de la sostenibilidad del sistema”. El tema está vinculado, además, con “las dificultades que genera el modelo de competencia” entre los regímenes pensionales de prima media y el de ahorro individual.
Entonces, “hay que reformar el sistema de forma estructural para eliminar la competencia y de esa forma se puedan satisfacer todas las garantías” pensionales a la mujer.
A propósito del argumento gubernamental de que este beneficio a las mujeres “rompe el diseño de reparto de cargas públicas que atraviesa el régimen de prima media e impone obligaciones excesivas” a los demás afiliados al sistema pensional, Jaramillo advierte que las “mujeres, en el régimen de ahorro individual, tienen una carga mucho mayor que la de los hombres, porque se le calcula el monto de la pensión en función de la expectativa de vida. Ellas tienen una expectativa de vida diez años mayor que la de los hombres, con lo cual, en el régimen de ahorro individual, las mujeres reciben una carga mayor con el fin de alcanzar el monto necesario para pensionarse, carga que no tienen los hombres.
En contraste, sigue Jaramillo, “en el régimen de prima media se pensionan cinco años antes, pero eso no compensa todas las deficiencias que se tienen y, además, la carga que se les impone en el régimen de ahorro individual”. Pero, “la afectación del régimen de prima media es más por el modelo de competencia entre regímenes que por las acciones afirmativas que tiene el sistema para corregir los déficits y las brechas entre hombres y mujeres”, puntualiza Jaramillo.
En lo atinente a la ley que reduce las semanas de cotización a pensiones de las mujeres, Asofondos señala que en el “mercado laboral colombiano, en promedio, la mayoría de las mujeres cotizan 500 semanas o menos”. En consecuencia, “serán muy pocas las que se beneficiarán de este proyecto, a un costo fiscal muy alto para el país”.
En relación con el deber de garantizar la sostenibilidad financiera de la modificación del régimen de pensiones de las mujeres, Asofondos expresa que “a lo largo de todo el debate legislativo, tanto el gobierno como algunos gremios, presentaron al Congreso observaciones y cifras mostrando el impacto fiscal que tendrían las medidas propuestas, así como su efecto en términos de cobertura y equidad. No obstante, el Congreso decidió continuar con estos proyectos con el convencimiento de su utilidad. El órgano que deberá examinar si el Congreso omitió su deber de garantizar la sostenibilidad financiera será la Corte Constitucional”.
Para Asofondos, “si bien el proyecto de ley relativo a la cotización de salud de los pensionados afecta la sostenibilidad del sistema de salud, hay un problema de fondo frente [a este] y [a] cualquier proyecto de ley que afecte el derecho a la seguridad social y que no tenga en cuenta el principio de solidaridad”. Tal principio, el cual “implica que quienes reciben mayores recursos deben contribuir más para ayudar a los de menos recursos, no se respeta, cuando quienes pueden contribuir a la financiación del sistema, no lo hacen o lo hacen en menor proporción”.
La objeción de los dos proyectos de ley, por parte del Gobierno, refuerza la idea en torno a la necesidad de preparar una reforma pensional de fondo, cuyo diseño podría ponerse en manos de una comisión de expertos como la que se conformó con el fin de adelantar la reforma tributaria del 2016, instancia que tendría el desafío de recoger las visiones del problema que tienen los distintos sectores del país y formular una propuesta técnica para adelantar la reforma.
Costos fiscales de ley que reduce cotización a salud de los pensionados
Cotización de los pensionados a la salud
Estos son los seis argumentos que manifestó el Gobierno para objetar el proyecto de ley por el cual se modifica la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados:
1. El proyecto adolece de vicios en su formación, los cuales se pueden evidenciar de la siguiente manera:
— La votación del informe de conciliación carecía de unanimidad.
— En la sesión plenaria del 7 de junio del 2017, en la cual se aprobó el informe de conciliación, se eludió el debate parlamentario.
— La reapertura del trámite legislativo era procedente para subsanar los vicios de forma. Sin embargo, no se realizó la convalidación del vicio, porque la plenaria en la sesión del 20 de junio aprobó un informe de una subcomisión, cuya recomendación era ratificar la votación del 7 de junio (que se encontraba viciada), con lo cual se negó a los miembros de la plenaria del Senado la oportunidad de sanear el vicio en el que se había incurrido.
2. El proyecto es inconstitucional por violación del artículo 154 de la Constitución, en tanto establece una exención tributaria sin el aval expreso del Gobierno.
3. El proyecto de ley es violatorio de los principios de equidad y progresividad en materia tributaria, porque propone una modificación en la carga impositiva de un grupo específico de contribuyentes.
4. El proyecto es inconstitucional por violación a los principios de solidaridad y progresividad de la seguridad social, establecidos en el artículo 48 de la Constitución.
5. El proyecto de ley pone en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de una gran parte de la población (cerca de 4.4 millones de afiliados) debido a que se verán afectados los recursos disponibles para financiar los beneficios de salud a los que actualmente tienen derecho, por cuenta de la eliminación de una importante fuente de recursos.
Las objeciones presidenciales al proyecto de ley, por medio del cual se modifica el número de semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres, son las siguientes:
1. El proyecto es inconstitucional por violación del artículo 154 de la Constitución, en tanto establece un beneficio tributario sin el aval expreso del Gobierno.
2. El legislador ha omitido el deber de garantizar la sostenibilidad financiera de esta modificación al sistema pensional, lo cual constituye una violación directa del mandato contenido en el artículo 48 de la Constitución.
3. La creación de este beneficio rompe el diseño de reparto de cargas públicas que atraviesa el régimen pensional de prima media e impone obligaciones excesivas a los demás afiliados al sistema, sin prever medidas que permitan moderar el impacto financiero del proyecto.