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Timestamp: 2017-11-22 08:45:34
Document Index: 192286603

Matched Legal Cases: ['Artículo 16', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 40', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'artículo 35', 'Artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'Artículo 12', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 63', 'artículo 63']

Justicia social nº 83 red by COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA - issuu
Ejemplar gratuito | Número 83 | Enero - Marzo 2016 | www.cgssevilla.com de Graduados Sociales de Sevilla
Acercamiento de los valores de la Justicia a las aulas 16
Artículo de Juan Casal Cansino, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo. Entrevista a José Ramón Barrera, colegiado y vicepresidente, por concesión Cruz Orden de San Raimundo de Peñafort. Artículo de Mª Isabel Romero Pradas, Catedrática EU de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla.
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Asamblea Anual En esta ocasión queremos aprovechar estas primeras líneas de editorial a refrescar y recordar la importancia y la oportunidad que nos brinda la celebración de nuestra Asamblea Anual de Colegiados.
la que cada año desde este Colegio Profesional, tanto por parte de toda la Junta de Gobierno como del personal de Administración, contamos con todos en la convocatoria anual de nuestra Asamblea.
Valgan estas líneas no para recordaros que la asistencia a la Asamblea Anual es estatutariamente una obligación colegial, sino para procurar contagiaros de la ilusión que debe presidir este momento en nuestra agenda en que, entre colegas, nos toca hacer balance, autocrítica y alcanzar compromisos con nosotros mismos para seguir impulsando la profesión y nuestro buen hacer profesional.
Es un momento y una excusa para que tod@s podamos compartir inquietudes, experiencias, sugerencias y, como no, críticas que nos permitan no sólo hacer balance de nuestra trayectoria como institución sino, lo que es más importante, renovarnos en energías, proyectos e ilusiones a futuro.
La Asamblea Anual es un momento de reencuentro y de estrechar lazos entre todos los que amamos y sufrimos el día a día de nuestra profesión, una oportunidad para el diálogo, el debate, la suma de ideas e inquietudes de todos que ha de servirnos para establecer los hitos y proyectos por los que decidamos que ha de caminar nuestro prestigio profesional, nuestros despachos, nuestros anhelos, nuestras vidas en última instancia. Nuestro día a día, nuestra cotidianeidad está muy condicionada a nuestra vida profesional y, por ello, debemos decidir y colaborar entre todos en cómo queremos que sea la realidad del ejercicio de los Graduados Sociales. Es momento de sumar, porque la opinión y experiencia de todos los colegiados ha de ser la fuente de inspiración y lógica de qué queremos, qué tenemos que corregir, qué podemos aportar a nuestra sociedad y por qué queremos que nuestra profesión avance en uno u otro sentido. Tenemos la obligación de ser muy conscientes que si hoy por hoy la profesión de Graduado Social ha ganado respeto y reconocimiento popular e institucional es porque antes que nosotros otros compañeros se organizaron y aprovecharon bien en su día todas las cosas positivas que se derivan de poder reunirnos todos y poder poner cosas en común en el formato de una Asamblea de Colegiados. Por tanto, la participación activa de todos en nuestra Asamblea anual es fundamental y, en el fondo, forma parte de un ritual de agradecimiento a todos los que antes que nosotros, en consenso y buen ejemplo, establecieron las bases, las estrategias y los compromisos del camino que se ha recorrido hasta la fecha. El motivo de dedicaros estas líneas no es otro que procurar contagiaros de la misma ilusión y entusiasmo con
Graduados Sociales n.º 83 • 2016
Es un momento y una excusa para que tod@s podamos compartir inquietudes, experiencias, sugerencias y, como no, críticas que nos permitan no sólo hacer balance de nuestra trayectoria como institución sino, lo que es más importante, renovarnos en energías, proyectos e ilusiones a futuro. Su contenido no se limita únicamente al momento concreto en que marcamos en la agenda su celebración sino que durante todo el año estaremos esperando de vuestras propuestas y vuestras aportaciones para debatir, aprobar y hacer una realidad en la profesión gracias a la ilusión y esfuerzo de todos los Colegiados. Nuestra profesión siempre se ha caracterizado y dado ejemplo a esta sociedad de un afán de superación y perfeccionamiento sobre el que, necesariamente, nos interesa reflexionar y renovar. Debemos seguir dando ejemplo y nunca perder las ilusiones que nos hacen una profesión única, presente en la sociedad y valiente ante los cambios y los retos.
Edita: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Consejo Editorial: Laura Gil Cantos Juan José Guijarro Baco Alejandro Nisa Ávila Ana María Ruiz Girona José Antonio Ortiz Márquez Director: Rafael Hidalgo Romero.
Editorial 03 Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 05 Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales 06 Colegios de Graduados Sociales de Andalucía 07 Cursos y Jornadas 09
Vida Colegial 10
Redacción y Fotografía: Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla
Universidad 15 Artículo 16
Administración: María José Naranjo Marín Maria Eugenia Palacios García Rosario Morgado Jiménez Documentación, Publicidad y Distribución: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. C/. Amor de Dios, 25 41002 Sevilla Teléfono: 954 415 206 Fax: 954 413 868 E-mail: prensacgs@cgssevilla. com Web: www.cgssevilla.com Diseño e Impresión: J. de Haro Artes Gráficas, S.L. Parque Industrial PISA C/ Brújula, 52. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla Teléfono: 954 180 010
José Ramón Barrera Hurtado
Movimiento Colegial 33 Artículo 35
Laura Gil Cantos Juan José Guijarro Baco Alejandro Nisa Ávila
Artículo 36 Número 83 Enero-Marzo 2016
Dr. Pedro Hermoso
Jurisprudencia 38 Ocio 42 Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial
LLAMAMIENTO A COLEGIADOS El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores en la revista Justicia Social.
El Consejo Editorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla insta a la participación de nuestros colegiados en los próximos números de la revista ‘Justicia Social’, si bien se reserva el derecho a publicar el texto remitido. Aquellos que deseen aportar su artículo (de extensión delimitada) referido a alguna materia laboral, pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección cgs@cgssevilla.com.
Consejo General de Colegios Oficiales Graduados Sociales
Audiencia al pleno del Consejo General de Graduados Sociales de España El pasado 11 de febrero su Majestad el Rey recibió a los miembros del órgano superior de gobierno colegial de los Graduados Sociales, que acudieron al Palacio de La Zarzuela encabezados por su presidente, Javier San Martín.
En esta audiencia, se hizo entrega a Su Majestad de la Gran Cruz de la Justicia Social, la más alta distinción que concede el Consejo General para reconocer a una persona o a una entidad por actos y hechos relevantes con un significado especial para el mundo de la Jurisdicción Social. En el discurso pronunciado por el presidente Javier San Martín sirvió para hacer un repaso de la historia de la profesión y de su quehacer diario, de la importancia que tiene para la sociedad la labor silenciosa del Graduado Social que sin lugar a dudas, con su trabajo ayuda al establecimiento de unas sólidas, pacíficas y justas relaciones laborales, contribuyendo con ello, al bienestar del ciudadano y al progreso del país. Asimismo, el Presidente del Consejo General quiso resaltar las dos razones fundamentales por las que el Pleno aprobó la concesión de esta Gran Cruz: La primera, por la labor regia demostrada en su mandato por el Rey Felipe VI, no solamente en la representación del pais en el exterior, sino también la cuestiones internas, demostrado a todos con valentía que su puesto no solamente proviene de su condición de heredero de la Corona, sino de su capacidad personal y profesional para llevarla dignamente. Por último, la segunda de las razones que argumentan esta concesión, es la © Casa S. M. el Rey
categoría personal y humana, que su Majestad el Rey mantiene como hijo, como padre y como hermano, que en estas situaciones tan complicadas por las que estamos atravesando, está demostrando tener una actitud solamente digna de un Rey. Por su parte, su Majestad el Rey agradeció las palabras y la distinción otorgada hacia su persona, alabando el trabajo que hacen todos los Graduados Sociales de manera discreta, sin notoriedad mediática, pero con una eficacia fundamental y primordial para que una sociedad evolucione. Destacó la importancia del correcto asesoramiento a las PYMES, de la adecuada aplicación de políticas en Prevención de Riesgos Laborales, de la labores de mediación que muchas veces ejerce un Graduado Social entre el empresario y el trabajador, de su representación técnica antes los Juzgados de lo Social, o de su trabajo en cuestiones tan primordiales como son la correcta aplicación de la normativa en materia de Seguridad Social. Todas ellas actividades que ayudan a mantener el correcto funcionamiento de un Estado y por tanto ayudan al crecimiento de nuestro País. Los Presidentes de prácticamente todos los Colegios Oficiales de Graduados Sociales quisieron arropar con su presencia esta decisión aprobada por unanimidad en el pleno del 19 de diciembre de 2014, que tuvo el informe favorable emitido por los Patronos de la Fundación Justicia Social y que hoy ha visto culminado con este acto de entrega. Un hecho sin lugar a dudas, relevante en los tiempos que vivimos de divergencias ideológicas y separatismos, que hacen pensar, que el respeto, el consenso, y la unidad para conseguir un fin común, siempre deben prevalecer a las ideologías que cada uno sienta, defienda o represente.
Acuerdo de colaboración entre el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales do Territorial de Economía y Empleo, Juan José Martín y del Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, J. Esteban Sánchez, los cuales expresaron su satisfacción por dicho acuerdo, en el que también se recoge programaciones informativas en torno a la intermediación laboral. J. Esteban Sánchez indicó que el convenio es una buena oportunidad para que los colegiados, casi 4.000 en Andalucía, tengan un mayor conocimiento del funcionamiento del SERCLA. A su vez Ángel Gallego considera que los graduados sociales son un El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales suscriben un convenio de colaboración que tiene como objetivo facilitar que los graduados sociales colegiados puedan asistir como observadores a las sesiones de negociación y mediación que se llevan a cabo en el seno del CARL, a través del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA). Para la firma del convenio se ha contado con la presencia del Presidente del CARL, Ángel Gallego, el Delega-
Resulta muy positivo que se incorporen a la cultura del diálogo que define a un órgano como el CARL, y que lo haga tanto en materia de negociación colectiva como en la solución extrajudicial de conflictos en los que media el SERCLA. 6
J. Esteban Sánchez indicó que el convenio es una buena oportunidad para que los colegiados, casi 4.000 en Andalucía, tengan un mayor conocimiento del funcionamiento del SERCLA colectivo que trabaja en el asesoramiento de empresas y en las intervenciones que se realizan en los procedimientos laborales, por lo que resulta muy positivo que se incorporen a la cultura del diálogo que define a un órgano como el CARL, y que lo haga tanto en materia de negociación colectiva como en la solución extrajudicial de conflictos en los que media el SERCLA. Juan José Martín quiso subrayar que en Granada los graduados sociales que se incorporen al SERCLA tendrán la oportunidad de comprobar el trabajo y los resultados que se vienen obteniendo en las negociaciones colectivas, lo que ha propiciado acuerdos que evitaron la conflictividad laboral en muchos casos.
Jornada sobre novedades laborales/fiscales 2016 en el Colegio de Graduados Sociales de Granada
En la tarde del pasado día 1 de Marzo se celebró una jornada bajo el título “Novedades Laborales y Fiscales 2016”, que recogió las principales modificaciones que se están produciendo en el ámbito laboral y fiscal. Saber sobre estos cambios y sus implicaciones exige a los profesionales disponer de información sobre las últimas novedades que permitan una mejor eficiencia en su trabajo, tanto en lo que respecta al conocimiento del marco legal como en la aplicación de los cambios. Para dar a conocer éstas novedades laborales se contó con la intervención del Presidente del Colegio, J.
Saber sobre estos cambios y sus implicaciones exige a los profesionales disponer de información sobre las últimas novedades que permitan una mejor eficiencia en su trabajo, tanto en lo que respecta al conocimiento del marco legal como en la aplicación de los cambios. Esteban Sánchez, que ya había realizado otra intervención de similares características, el pasado 8 de Febrero, demostrando el meritorio y trabajado prestigio que los Graduados Sociales han logrado en el terreno de la jurisdicción social.
El Colegio de Graduados Sociales de Málaga participa en las actividades formativas del Colegio Sagrado Corazón, Las Esclavas de Málaga. Por tercer año consecutivo, se celebró este encuentro que tuvo lugar el 11 de marzo de este 2016 y la idea es continuar esta iniciativa en otros centros de la capital y la provincia. Aquí vemos al vicepresidente, Eduardo Ruiz Vegas y el director de la Escuela de Prácticas del Colegio en el taller de orientación profesional con alumnos del centro. El objetivo explicar en qué consiste la profesión de Graduado Social y atender las dudas y consultas de los alumnos respecto al día a día de este oficio.
XIV Jornadas de Trabajo y Seguridad Social en Almería
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería celebró durante los días 17 y 18 de Marzo, en el Salón de Actos del Museo Arqueológico de Almería, las XIV JORNADAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. El programa de estas decimocuartas Jornadas, presentó grandes novedades por las temáticas de índole laboral y de seguridad social que fueron tratados por expertos en la materia, Magistrados, Jueces y Catedráticos, que las convirtieron en un foro de opinión donde todos los profesionales y operadores jurídicos sociales debatieron la actual crisis que asola nuestro País. La reforma del mercado laboral y la puesta en marcha de nuevas medidas fiscales fueron temas que despertaron la atención de los presentes, asuntos en los que pudieron aportar propuestas, alzando su opinión a la sociedad y a los medios de comunicación.
En este foro, se ha tenido la oportunidad de debatir interesantes temas que repercuten en el actual mercado laboral en España: “Novedades Legales y Jurisprudenciales en los delitos contra la Seguridad Social”, “La incidencia de las nuevas tecnologías (videovigilancia, grabaciones, detectives, WhatsApp, Facebook, etc) en las relaciones laborales y como medio de prueba en el proceso laboral. Doctrina jurisprudencial”, “Accidentes de Trabajo. Cuantificación del daño. Aplicación de la nueva ley del Baremo. Evolución de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo”, “Transnacionalización del Derecho del Trabajo y empresas multinacionales. Problemática jurídica”, “El informe de Detective Privado en el Proceso Laboral. Requisitos para su validez como medio de prueba”, “Novedades de la nueva Ley General Tributaria”, “Puntos críticos del Despido Objetivo por faltas de asistencia al trabajo, ineptitud o falta de adaptación”. En definitiva, los Graduados Sociales de España, Andalucía y Almería, operadores jurídicos altamente cualificados, en materia laboral y de seguridad social, están haciendo historia, su historia, que es también, nuestra historia, labrada fundamentalmente por la ilusión en el progreso de los trabajadores y de las empresas para que, en suma, el bienestar que en su día alcanzó España y los españoles, se renueve con la creación de empleo, la creación de empresas y la mejora de la calidad de vida de los españoles.
Jornada técnica de los Graduados Sociales de Cádiz sobre percepciones de la Seguridad Social go del Inspector de Trabajo y Seguridad Social Antonio Benavides Vico. A la cita, celebrada en el salón de actos del edificio Heracles, en la Zona Franca de Cádiz, asistieron más de 60 profesionales, encabezados por la Junta de Gobierno del Colegio y su Presidente, José Blas Fernández. Esta jornada se organizó en colaboración con MC Mutual, con el fin de analizar la configuración jurídica de la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social.
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta celebró el pasado día 18 de marzo una jornada divulgativa bajo el título “Percepciones computables y no computables en la base de cotización”, que corrió a car-
El ponente abordó, desde un punto de vista eminentemente práctico, las remuneraciones y percepciones que son computables y no computables en la base de cotización. A lo largo de la sesión informativa también se revisaron, de forma exhaustiva, los requisitos y los criterios administrativos que son de aplicación.
Jornada divulgativa sobre la actualización normativa de Seguridad Social Alrededor de 150 colegiados y colaboradores de MC Mutual han participado en la jornada divulgativa celebrada el pasado día 22 de febrero en nuestra sede colegial bajo el título 'Actualización normativa de Seguridad Social: LPGE 2016, Ley 31/2015, Orden ESS/1187/2015’, desarrollada dentro del marco de colaboración suscrito con dicha Mutua en materia de formación. La ponencia corrió a cargo del Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Benavides Vico, que estuvo acompañado por la Directora Provincial de MC Mutual, Margarita
Campos y nuestra Vocal de Formación Vanesa García. Benavides trató de forma práctica las novedades socio-laborales incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, con especial referencia a la modificación de la regulación del cuadro II de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y al nuevo complemento por maternidad. Asimismo, incidió en las medidas más relevantes de las tarifas reducidas de autónomos y autoempleo, de la Ley 31/2015; y analizó la entrada en vigor de la Orden ESS/1187/2015, por la que se desarrolla el RD 625/2014, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.
Curso online 'Mediación Civil y mercantil' de formación jurídica. Nuestra Escuela de Práctica Profesional estimó oportuno convocar CURSO SOBRE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL, en la modalidad online a través de Formación Jurídica, plataforma de formación para los colegiados del Colegio de Abogados de Sevilla. Con fecha de inicio el día 1 de marzo y finalización el día 1 de mayo de los corrientes, este curso tiene como objetivo el reforzar las competencias de nuestra profesión adquiriendo los conocimientos y habilidades suficientes para el ejercicio profesional de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Este curso aportará a los alumnos la formación exigida en la Ley 5/2012, de 6 de Julio, de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles y Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que completó la regulación legal en materia de formación y responsabilidad civil de los mediadores. La duración es de 100 horas, estando compuesto por un 65% de formación teórica y un 35% de formación práctica. Del mismo modo, está homologado ante el Ministerio de Justicia, por ello, tras la superación del curso los alumnos podrán inscribirse en el Registro de mediadores del Ministerio de Justicia.
Jornada técnica ‘práctica pericial en la jurisdicción social’ En colaboración con CESMA, Mutua de Andalucía y de Ceuta, el pasado día 10 de marzo se celebró la Jornada Técnica ‘Práctica Pericial en la Jurisdicción Social’. La ponencia corrió a cargo de Alberto Bobo Blanco, Graduado Social, Técnico Superior en PRL y Perito Judicial en PRL, que estuvo acompañado
por el Director Provincial de la Mutua, Francisco Rincón y nuestro Vicepresidente y Secretario Juan Antonio Montes y su intervención versó sobre el Perito Judicial en PRL, la base de la prueba pericial, ergonomía e incapacidad, concepto de profesión habitual, el trabajo: teoría o realidad, técnicas para analizar y recoger información, elementos de prueba en la incapacidad y en las EEPP y la estructura del dictamen e Incapacidades laborales.
Medalla de Oro al Mérito Profesional a Francisco Fernández Romero
El abogado y profesor universitario Francisco Fernández Romero, fue distinguido, por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, con la Medalla de Oro al Mérito Profesional (con distintivo rojo y amarillo). Es Doctor en Derecho y Abogado experto en contratación, perteneciendo a diversos Consejos Asesores y además, ha sido jefe de contratación en empresas públicas publicando varios libros.
Es Doctor en Derecho y Abogado experto en contratación, perteneciendo a diversos Consejos Asesores y además, ha sido jefe de contratación en empresas públicas publicando varios libros. El acto tuvo lugar en la sede del Colegio de Abogados de Sevilla e hizo la entrega de la medalla el Secretario General de Empleo de la Junta de Andalucía, Julio Coca, contando con la presencia del Decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, acompañado por el presidente del Consejo General de Relaciones Industriales, José Andrés Magallón, por el Secretario General de la misma entidad, Rafael Ruiz Calatrava, así como el Presidente de este Colegio Oficial.
Medalla del Mérito a la Justicia a Miguel Carpintero Pérez El pasado día 15 de marzo, nuestro Presidente Rafael Hidalgo acudió a la sede del Colegio de Abogados de Sevilla, para participar en el acto de imposición de la Medalla de Oro del Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Graduado Social colegiado en calidad de Emérito y letrado Miguel Carpintero Pérez. Este merecido homenaje, concedido por el Ministerio de Justicia, contó con la presencia de otras destacadas
autoridades como son el Decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, que realizó la imposición y la Presidenta de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Begoña Rodríguez Álvarez, amén de numerosos compañeros, familiares y amigos de este letrado con más de cuarenta años en la abogacía.
Imposición de la Medalla de Oro del Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Graduado Social colegiado en calidad de Emérito y letrado Miguel Carpintero Pérez. 10
Semana Santa presidente 2º y Secretario Juan Antonio Montes, así como el Hermano Mayor del Dulce Nombre, Manuel Casal, el Teniente de Hermano Mayor, Enrique Machado y Vicente Guzmán, Rector de la Universidad Pablo de Olavide. Asimismo, nuestra Patrona procesionó, junto a Nuestro Padre Jesús ante Anás, en estación de Penitencia en la que lució el mencionado bastón de mando. Acompañaron a María Santísima del Dulce Nombre en representación de nuestra Corporación el Presidente, Vicepresidente 2º y Vocal de Junta de Gobierno María Paez.
Como cada Martes Santo, la Iglesia de San Lorenzo, y con ella todo el barrio que lleva su nombre, se convirtió desde primeras horas de la mañana hasta la salida de la cofradía del Dulce Nombre en el epicentro de la devoción de muchos sevillanos. A primera hora de la mañana la imagen de María Santísima del Dulce Nombre, sobre su paso plateado situado sobre el crucero de la Iglesia, era partícipe de las numerosas personas que se daban cita para presenciar el ya habitual acto de entrega del bastón de mando, tras la Misa preparatoria para la Estación de Penitencia, a la Santa Iglesia Catedral, para procesionar con el mismo, lo que se produjo por la tarde. Previamente el Hermano Mayor, Manuel Casal, se dirigió a los presentes en el acto, que calificó de prueba de la unión de Colegio de Graduados Sociales y María Santísima del Dulce Nombre. Asimismo recordó los grandes lazos que unen desde hace muchos años a ambas Corporaciones deseando que la Virgen derrame Justicia sobre la sociedad sevillana. Testigo de la ceremonia de entrega realizada por el Presidente de nuestro Colegio, Rafael Hidalgo, fueron Vice-
Nuestro Presidente, representando a los Graduados Sociales sevillanos en la procesión del Miércoles Santo, en la Hermandad de las Siete Palabras, junto con el Decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo y la Decana del Colegio de Procuradores, Isabel Escartín. Del sector judicial acompañaron el Presidente de la Audiencia de Sevilla, Damian Álvarez, Francisco Guerrero, Juez Decano de Sevilla, siendo algunas de las muchas personalidades que acompañaron a la Hermandad. Llegando la conclusión de la Semana Grande de Sevilla, como ya viene siendo tradicional, diversos representantes de nuestro Colegio como nuestro Presidente Rafael Hidalgo, y nuestros Vocales de Junta de Gobierno Carlos Barrera y José Antonio Ortiz, participaron en la procesión de la Hermandad del Santo Entierro del Sábado Santo, acompañando a las Sagradas imágenes de la Hermandad, junto con las numerosas representaciones de los distintos estamentos y corporaciones civiles, militares y religiosas de la Ciudad de Sevilla.
Acercamiento de los valores de la justicia a las aulas Los pasados días 29 y 30 de marzo, en nuestra sede colegial, tuvo lugar un encuentro entre la Junta de Gobierno de este colegio con alumnos de primaria del colegio Nuestra Sra. de la Merced de San Vicente. El objetivo era acercar los valores de la justicia a los alumnos que disfrutaron de la proyección de un cuento, una breve introducción a la separación de poderes y hasta un simulacro de juicio, ataviados con las pertinentes togas.
El objetivo era acercar los valores de la justicia a los alumnos que disfrutaron de la proyección de un cuento, una breve introducción a la separación de poderes y hasta un simulacro de juicio, ataviados con las pertinentes togas. En el acto participaron tanto el presidente como los vicepresidentes del Colegio, así como varios vocales de la Junta de Gobierno. Reproducimos el artículo que Francisco Correal publicó con motivo de dicha visita en el Diario de Sevilla. El niño que jugaba a que era juez Pedagogía. Alumnos de un colegio de Sevilla escenifican un simulacro de juicio en una clase práctica sobre la Justicia en la sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales MARIO salió del colegio con la cantinela bien aprendida: "Silencio en la sala", "Ocupen sus asientos", "Sea breve, por favor". Los latiguillos que le tocó repetir en la visita que los alumnos del colegio de las Mercedarias de San Vicente hicieron al Colegio Oficial de Graduados Sociales en su sede de la calle Amor de Dios. Allí, con asesoramiento profesional, en primera sesión los de primero y segundo de Primaria, en segunda los de tercero y cuarto disfrutaron de lo lindo con sendos simulacros de juicio. Al volver a casa, probablemente les contarían a sus padres que la Justicia es ciega no porque se niegue a ver la realidad sino como prueba de su neutralidad. José Ramón Barrera, vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, pidió cuatro voluntarios y se
alzaron cuarenta manos. Eso sí que es justicia popular. Mario fue elegido para presidir el juicio. "Mi padre es juez", decía para celebrar la coincidencia. Completaban la escena el secretario judicial, la acusadora y la defensora. Faltaba el acusado. Pepito era su nombre ficticio. Todos querían ser Pepito. Yo soy Pepito, decían todos como el Espartaco de Kubrick. Al final fue Pepita. Su defensora debería demostrar con pruebas y buenos testigos que no había copiado "en el examen de Mates". Antes del juicio, los más pequeños vieron un cuento sobre la Justicia producido por la Universidad mexicana de Tlaxcala con una lección fundamental: no hay igualdad sin diferencia; no hay diferencia sin igualdad. Juan Antonio Montes explicó los tres poderes a una clase con tres Lucas. En la mesa, un ejemplar de la Constitución y otro de la Biblia. Margarita Herrero y Venancio Castellano, del Colegio de Graduados, asistían a estos alevines de la futura judicatura. Se produjo el relevo. Con los alumnos de tercero y cuarto, entre ocho y diez años, se elevó un grado la pedagogía. "¿Quién sabe qué es la democracia?", preguntó a bocajarro un colegial. "El candidato más votado es el presidente", dijo uno de los alumnos. Esa matemática no funciona. Les faltan entre ocho y diez años para alcanzar la mayoría de edad que les permita ejercer el derecho al voto. Los de cuarto ya lo han practicado para elegir a Sara delegada de curso. Y tienen sus ideas muy bien asentadas sobre el objetivo del Congreso de los Diputados. "Hablar para votar, hablar diciendo sí o no", dice
MARIO salió del colegio con la cantinela bien aprendida: "Silencio en la sala", "Ocupen sus asientos", "Sea breve, por favor". Los latiguillos que le tocó repetir en la visita que los alumnos del colegio de las Mercedarias de San Vicente hicieron al Colegio Oficial de Graduados Sociales en su sede de la calle Amor de Dios. Graduados Sociales n.º 83 • 2016
Vida Colegial Iago. "Dar ideas para mejorar la sociedad", dice un compañero. Del cuento infantil del sabio y el príncipe que vieron los más pequeños se pasó a la técnica del cómic. Los tres síes a la Democracia, la Justicia y la Libertad de la Mafalda de Quino. O una viñeta muy expresiva, tipo Perich o Sir Cámara, con un potentado que dice "la justicia tiene que ser moderna y eficaz", mientras que un hombre pequeño, acuciado por el tamaño de su interlocutor, se limita a decir "yo sólo quiero que sea justa". Con esta visita el Colegio de Graduados Sociales quiere dar a conocer a los escolares la vivencia cotidiana de conceptos como justicia, libertad o igualdad. La Revolución Francesa en la calle Amor de Dios, tercera sede de esta institución colegial desde su fundación en Sevilla en 1970. En el segundo simulacro de juicio, el papel de juez recayó en Fernando, escoltado por tres alumnas para el resto de cometidos judiciales. "No me extraña", dice José Ramón Barrera, "en la última promoción de jueces, de 135 un total de 99 son mujeres". Sofía hizo de secretaria judicial; Ángela era la defensora y María la acusadora, empeñada en demostrar la culpabilidad de Paquito en un nuevo caso de copiar en un examen. La prueba del delito era un pañuelo: para la acusación, el soporte de la chuleta; para la defensa, prueba fehaciente de que su cliente había estado resfriado. Finalmente fue absuelto. "Anuncio recurso en este mismo momento", proclamó el asistente de la acusación. El presidente de la mesa pedía concreción. "Este niño tiene madera de juez", decía la seño Tere.
Los miembros del Colegio se quedaron sorprendidos del nivel de las preguntas y el síndrome del telediario de los alumnos. Los miembros del Colegio se quedaron sorprendidos del nivel de las preguntas y el síndrome del telediario de los alumnos. Cuando uno de los organizadores habló del complicado panorama político y citó los nombres de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, del patio de butacas salían más nombres: Albert Rivera, Pablo Iglesias. Los niños preguntaron si un juez puede ser castigado. "Que le pregunten a Baltasar Garzón, o a Francisco Serrano, que es amigo mío, cometió un error y tuvo que dejar de ser juez", dijo uno de los colegiados. La balanza simboliza la imparcialidad de la Justicia y la espada su poder. Un compendio de aciertos y errores. "¿Cristiano Ronaldo no falla nunca? ¿Y Messi?". La analogía no fallaba. La Justicia es ciega, pero nunca fue sorda ni muda. Ayer no hubo recreo, pero lo convalidaron por un juicio con togas de juguete. Una clase magistral sobre los deberes y las obligaciones. ¡No hay derecho a tantos deberes!
Acto de imposición de la Cruz de 1ª clase de San Raimundo de Peñafort a Fernando Piruat El solemne acto tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Sevilla, siendo el Decano de esta entidad, José Joaquín Gallardo, quien hizo los honores de imponer tal distinción concedida por el Ministerio de Justicia y contó con la presencia de nuestro Presidente, Rafael Hidalgo, que quiso acompañar en este gran día a este letrado con más de cincuenta años de ejercicio de su profesión.
El letrado Fernando Piruat de la Barrera, recibió el pasado día 30 de marzo, la Cruz de 1ª Clase de San Raimundo de Peñafort.
Entre los asistentes numerosos letrados, amigos y familiares del homenajeado así como de diversas autoridades, entre ellas, la Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en Sevilla, Begoña Rodríguez Álvarez; el Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Damián Álvarez; el Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo; el Juez Decano, Francisco Guerrero, así como la Secretaria Coordinadora, Auxiliadora Luque.
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(1) Prima válida durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/04/2016 y el 01/12/2016 sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. Edad máxima de contratación 60 años y sin límite de edad de permanencia.
Reconocimiento al profesor Rodríguez Benot más relevante que está adquiriendo la Corporación en la sociedad sevillana, por la labor social que se presta tanto por nuestros colegiados como por el propio Colegio, la intervención de nuestro Colegio en el desarrollo de los planes de estudios y la importancia de la colaboración entre ambas entidades para el desarrollo académico de los alumnos y futuros profesionales. Días después, en fecha 11 de marzo, se celebró un almuerzo homenaje en el Real Club de Golf de Sevilla donde asistieron numerosos compañeros y amigos, así como miembros de nuestra Junta de Gobierno.
En fecha 22 de febrero del presente año contamos con la agradable visita del Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pablo de Olavide, Andrés Rodríguez Benot, que fue invitado por nuestro Presidente, Rafael Hidalgo, para reconocerle la labor desarrollada durante su mandato como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, mandato que ha finalizado recientemente. En un encuentro distendido, el profesor Rodríguez Benot y nuestro Presidente destacaron el lugar cada vez
Reconocimiento de la labor desarrollada durante su mandato como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, mandato que ha finalizado recientemente.
Evaluación Master en Gestión en Facultad CCTT. La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla ha llevado a cabo el proceso de la Renovación de la Acreditación del Título de Máster en Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos. Este proceso de renovación de los títulos incluye una fase de Evaluación Externa, en la que evaluadores de la Agencia Andaluza del Conocimiento verifican los resultados del título y el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos previamente. El resultado de esta fase de la Evaluación Externa es el informe de la Evaluación Final de la Renovación de la Acreditación. En la Visita un grupo de evaluadores externos a la Universidad nombrados por la AGAE analiza la información del título y realiza una visita al Centro y se entrevista con todos los colectivos que tienen vinculación con el título.
Los colectivos establecidos son: Representantes Institucionales, Representantes del título, Profesorado, Estudiantes, PAS, Egresados, Empleadores, Visita a las Instalaciones y Audiencia Pública. Nuestra Corporación fue seleccionada en el colectivo correspondiente como Empleadores del Título de Máster en Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos para intercambiar opiniones con los Evaluadores Externos, motivo por el cual participaron nuestras Vocales responsables, Ana María Ruiz y Vanesa García, a las Audiencias convocadas el pasado día 30 de marzo en Sala de Juntas del Decanato de dicha la Facultad.
Casal Cansino Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla Profesor Asociado Universidad Pablo de Olavide
La obligación de registro de horas ordinarias, extraordinarias y horario por parte del empresario
Junto con el derecho a la percepción del salario debido en tiempo y forma, el derecho a la realización de tiempo de trabajo pactado, y el correlativo al disfrute de los preceptivos periodos de descanso, sin duda es el que tiene mayor influencia en la vida de las personas trabajadoras. A nadie se le escapa la trascendencia que estos derechos derivados del contrato individual de trabajo tienen no sólo en la ordenación del quehacer profesional del trabajador, sino también en el desenvolvimiento personal del mismo, más aún cuando se relacionada con la pertinente conciliación de las obligaciones laborales con las familiares. El trabajador como consecuencia de la suscripción del contrato de trabajo se compromete, a cambio de una retribución, a prestar los servicios pactados con su empresario; pero este compromiso se refiere a un tiempo cierto, cuya ampliación o modificación trasciende lo pactado. Es por ello por lo que en la legislación laboral se imponen una serie de obligaciones al empresario en relación con esta materia, en aras de la debida garantía de estos derechos del trabajador. A esta influencia en las personas cabe añadir componentes como la posible existencia de situaciones de competencia desleal entre empresas (la que cumple con sus obligaciones, frente a la que no lo hace), el necesario reparto de un bien tan preciado en la actualidad como es el propio trabajo, o los perjuicios que se pueden provocar a la solvencia del Sistema de Seguridad Social (en relación con altas a tiempo parcial de carácter fraudulento, por la realización de jornadas de trabajo a tiempo completo o en un porcentaje superior al declarado, o por la ausencia de cotización de las horas extraordinarias), que además tendrá influencia en las posibles pensiones del mismo a las que pudieren tener derecho los trabajadores en el futuro, con el consi-
guiente nuevo perjuicio a estos y de nuevo a su familia. No obstante las medidas tendentes a garantizar la efectividad de estos derechos, en la evolución que va teniendo nuestro Derecho del Trabajo, tienen que convivir con aquéllas que cada nueva reforma laboral va imponiendo con el fin de garantizar la flexibilidad interna que reclaman las empresas para su adecuado desenvolvimiento en un mercado global cada día más competitivo y para adaptarse a sus propias necesidades productivas. Flexibilidad que, bien gestionada, no debe generar la existencia de excesos de jornada, pues estos tendrían una evidente influencia negativa en la productividad del trabajador, que al que menos interesa es al propio empleador.
A nadie se le escapa la trascendencia que estos derechos derivados del contrato individual de trabajo tienen no sólo en la ordenación del quehacer profesional del trabajador, sino también en el desenvolvimiento personal del mismo. Graduados Sociales n.º 83 • 2016
Artículo Regulación jurídica del tiempo de trabajo. La conjugación de todos estos intereses es el reto al que se enfrenta la regulación en nuestro Derecho laboral del tiempo de trabajo. La legislación esencial de esta materia se incluye en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, actualmente contenido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (en adelante ET), concretamente en la Sección 5 del Capítulo II de su Título I. Se añade a la misma el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, así como los distintos convenios colectivos, tanto sectoriales como de empresa, que suelen regular esta materia a fin de adaptar la normativa a las peculiaridades de cada actividad o unidad productiva (con este fin la Ley deja un amplio margen de maniobra a la negociación colectiva en este ámbito). La regulación jurídica de la jornada de trabajo tradicionalmente se ha centrado en dos aspectos fundamentales: el establecimiento de una jornada máxima de trabajo (con la consiguiente previsión de periodos mínimos de descanso -en cumplimiento del mandato a los poderes públicos para que garanticen el descanso necesario contenido en el Artículo 40.2. de la Constitución española-) y el tratamiento de las horas extraordinarias. Precisamente el establecimiento de las medidas de flexibilidad en la materia ya apuntadas, determina que las normas sobre control de la jornada de trabajo desarrollada por el trabajador se erijan en esenciales, fundamentalmente en lo referido al registro de la misma. Así el Artículo 34 del ET regula la duración de la jornada de trabajo, que será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo, siendo su duración máxima ordinaria de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual (apartado 1), pudiendo el propio convenio colectivo o, en su defecto, el acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores establecer su distribución irregular a lo largo del año, facultándose a la empresa a que, en defecto de este último, efectúe la misma hasta en un diez por ciento -si bien respetando en todo caso los periodos mínimos de descanso y debiendo preavisar el día y la hora al trabajador, con una antelación mínima de cinco días, y las medidas de compensación previstas expresamente- (apartado 2). Se impone en el mismo precepto un descanso mínimo entre jornadas de doce horas y que el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias -dejando a salvo la regulación contenida al respecto en el convenio colectivo o, en su defecto, el posible acuerdo que exista entre la empresa y los representantes de los trabajadores (que deberá respetar en todo caso el descanso entre jornadas)-. Se regula en el mismo Artículo el periodo mínimo de descanso de quince minu-
tos durante la jornada cuando su duración continuada exceda de seis horas (apartado 4), la previsión de que el tiempo de trabajo se computará teniendo en cuenta que el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo tanto al comienzo como al final de la jornada diaria de trabajo (apartado 5), y la imposición a la empresa de la obligación de elaborar cada año un calendario laboral, que debe exponer en un lugar visible de cada centro de trabajo (apartado 6). Finalmente se regula en el apartado 8 la previsión de establecimiento de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador en la negociación colectiva, añadiendo una previsión meramente programática de promoción de estas medidas. Por su parte el Artículo 35 del ET se dedica a la regulación de las horas extraordinarias, incluyendo una definición legal de las mismas en su apartado 1: “aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo” fijada de acuerdo con lo previsto en el Artículo 34. Añade este apartado la previsión de que mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonarlas en la cuantía que se fije -en ningún caso inferior al valor de la hora ordinaria de trabajo-, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido, añadiéndose una opción del propio legislador en favor de esta última posibilidad (dentro de los cuatro meses siguientes a su realización) en ausencia de este pacto. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, o el número proporcional de ellas en los casos de contratos a tiempo parcial o fijo discontinuo, sin que se computen a estos efectos las compensadas con descanso (apartado 2), y su realización será siempre voluntaria -salvo que, dentro de los límites establecidos, su realización se hubiere pactado en convenio colectivo o contrato de trabajo(apartado 4). Las obligaciones de registro de jornada se incorporan al apartado 5 del precepto, conteniéndose en el apartado 3 la regulación de las horas extraordinarias por fuerza mayor, definiéndolas, e incorporando la previsión de que no se tendrán en cuenta a efectos de la determinación de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral ni para el cómputo de las horas extraordinarias realizadas para aplicar su tope máximo legal. Finalmente en el Artículo 36 del ET se regula el trabajo nocturno y a turnos, haciendo lo propio su Artículo 37 en relación con el descanso semanal, las fiestas y los permisos laborales y su Artículo 38 con las vacaciones. Por su parte los artículos 34.apartados 3 y 4, y 37.1 del ET establecen reglas especiales para los trabajadores menores de dieciocho años.
Artículo La jornada de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial.
Esencial resulta la regulación del tiempo de trabajo a desarrollar por el trabajador en relación con los contratados a tiempo parcial, contenida en el Artículo 12 del ET. Ya en su propia definición legal se hace referencia a la jornada de trabajo, al considerar que el “contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable”, es decir, de un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar -y si no lo hubiere se tendrá en cuenta la prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal(apartado 1). En el apartado 4 del Artículo 12 del ET se incorporan las diferentes reglas que rigen el contrato a tiempo parcial. La primera de ellas ratifica el carácter esencial de su vinculación a la jornada de trabajo, pues, tras afirmar que el contrato debe formalizarse necesariamente por escrito, dispone que en él “deberá figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas, así como el modo de su distribución según lo previsto en convenio colectivo”, añadiendo que, de no observarse estas exigencias, “el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios” [Artículo 12.4.a)]. Otras reglas relativas a la jornada de estos trabajadores se contienen en el apartado 4 aludido: •	Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la ejecución de una jornada diaria inferior a la de los trabajadores a tiempo completo y esta se realice de forma partida, solo será posible efectuar una única interrupción en la misma, salvo que se disponga otra cosa mediante convenio colectivo [Artículo 12.4.b)]. •	Estos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo por fuerza mayor [Artículo 12.4.c)]. La regulación de las horas complementarias se incluye en el Artículo 12.5, considerándose como tales “las realizadas como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial”. No obstante, con carácter previo el Artículo 12.4.c) aclara que la suma de estas horas y las ordinarias no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el Artículo 12.1, es decir que con la realización de estas horas, aún pactadas y voluntarias, no se puede convertir de facto a un trabajador a tiempo parcial en uno a tiempo completo [para ello está la posibilidad de conversión del contrato prevista en el Artículo 12.4.e)].
En principio se podrá exigir la realización de horas complementarias cuando su realización se hubiera pactado expresamente con el trabajador, por escrito y de forma específica [Artículo 12.5.a)], que únicamente podrá efectuarse cuando la jornada del trabajador no sea inferior a diez horas semanales en cómputo anual [Artículo 12.5.b)]. Existe una limitación expresa en cuanto a su número [Artículo 12.5.c)] y la posibilidad de la renuncia del trabajador a este pacto cuando concurran determinadas circunstancias [Artículo 12.5.e)], exigiéndose que el trabajador conozca el día y la hora de su realización con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio colectivo establezca un plazo de preaviso inferior [Artículo 12.5.d)]. No obstante, en los contratos a tiempo parcial de duración indefinida con una jornada de trabajo no inferior a la anteriormente expresada, el empresario en cualquier momento podrá ofrecer al trabajador la realización de horas complementarias de aceptación voluntaria (la negativa a su realización no es sancionable), sin existencia de pacto previo; el número de estas horas no podrá superar el 15 % (ampliables al 30 % por convenio colectivo) de la jornada ordinaria del trabajador, y no se computarán a efectos de los porcentajes de horas complementarias pactadas [Artículo 12.5.g)]. La realización de horas complementarias está en todo caso sujeta a los límites generales existentes en materia de jornada y descansos [Artículo 12.5.h)]. La obligación general de registro de la jornada de trabajo Como se ha adelantado, el Artículo 35.5 del ET dispone que: “A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”. Podría pensarse que esta obligación de registro de la jornada de trabajo únicamente resulta exigible en el supuesto en el que efectivamente se realicen horas extraordinarias por parte del trabajador, es decir, cuando se ejecuten horas de trabajo sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, según la definición legal contenida en el Artículo 35.1 del ET. Sin embargo la interpretación que se ha venido consolidando en el orden jurisdiccional, que ha sido asumida en el ámbito administrativo, es bien distinta. Analizando la misma, se pueden llegar a varias conclusiones en relación con el apartado del precepto transcrito: A) El registro de la jornada diaria del trabajador es obligatorio, con independencia de que se realicen o no horas extraordinarias. No resulta aceptable la afirma-
Artículo ción de que no se lleva a cabo dicho registro ante la ausencia de realización de horas extraordinarias, pues el registro diario de la jornada es el presupuesto que permite la contabilización de todas las horas que se hagan, para deducir luego la existencia de las que se califiquen como extraordinarias. Esta es la tesis que ha venido manteniendo la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al resolver recursos sobre actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; por ejemplo en su Sentencia de 25 de septiembre de 2002 (TSJ Andalucía sede Sevilla, recurso 1338/1998) indica que: <<La segunda cuestión sobre la que hemos de pronunciarnos es la que se refiere a la infracción que se dice cometida del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (…). La recurrente cree que
Como se ha adelantado, el Artículo 35.5 del ET dispone que: “A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”. la sanción que se le impone es fruto de una errónea interpretación del precepto, puesto que a su juicio esa obligación del registro diario de la jornada del trabajador sólo es exigible cuando se trata de computar las horas extraordinarias trabajadas, y como en este caso no consta que se hagan esas horas no tiene obligación alguna de cumplimentar el mandato del artículo. Nada más lejos de la realidad; lo que impone el artículo 35.5 del Estatuto a la empresa es el deber de llevar en todo caso un registro diario de la jornada que realice el trabajador totalizándose la misma generalmente con carácter mensual, o, si se quiere, como expone la ley, en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente. Que finalmente esa obligación se dirige a facilitar el control del cómputo de las horas extraor-
dinarias que puedan realizarse es innegable, pero no lo es menos que para que eso pueda ocurrir se hace preciso el control diario de la jornada que ha de hacerse en todos los casos>>, y en la Sentencia de 6 de noviembre de 2006 (TSJ de Andalucía, sede de Málaga, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 1509/2006) expresa que <<Ante el hecho de que el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores establezca que “a efectos del cómputo de horas extraordinarias...” no se puede concluir que solamente cuando éstas existan haya que hacer constar las ordinarias y ello porque según la tesis de la parte nunca podían computarse aquellas toda vez que para determinar su existencia es obvio que es preciso computar las horas ordinarias (...)>>, así como que la finalidad de la norma es <<el que los trabajadores puedan conocer la totalidad de las horas trabajadas a fin de poder determinar si el cómputo total así como el concepto aplicado, ordinarias y extraordinarias, es ajustado a la realidad del trabajo realizado así como a los límites legales>>. Esta argumentación ha sido asumida en ámbito de lo Social; así la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en una reciente Sentencia de fecha 4 de diciembre de 2015 (Sentencia 207/2015) ha entendido que el presupuesto constitutivo para el control efectivo de las horas extraordinarias es la existencia previa del registro diario de jornada, afirmando que: <<Para ello, conviene subrayar que la previsión contenida en el art. 35.5 ET , como recuerda la STS 11-12-2003 y reitera STS 25- 04-2006, rec. 147/2005, “tiene por objeto procurar al trabajador un medio de prueba documental, que facilite la acreditación, de otra parte siempre difícil, de la realización de horas extraordinarias, cuya probanza le incumbe”. De este medio obligacional de patentización de las horas extraordinarias deriva que sea el trabajador el primer y principal destinatario de la obligación empresarial de elaborar “a efectos del cómputo de horas extraordinarias la jornada de cada trabajador ... entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente” .- Queda claro, por tanto, que en el resumen no se contiene el número de horas extraordinarias realizado diariamente, sino la jornada realizada diariamente. Así pues, si la razón de ser de este precepto es procurar al trabajador un medio de prueba documental para acreditar la realización de horas extraordinarias, parece evidente que el registro de la jornada diaria es la herramienta, promovida por el legislador, para asegurar efectivamente el control de las horas extraordinarias.Si no fuera así, si el registro diario de la jornada solo fuera obligatorio cuando se realicen horas extraordinarias, provocaríamos un círculo vicioso, que vaciaría de contenido la institución y sus fines, puesto que el presupuesto, para que las horas extraordinarias tengan
Artículo dicha consideración, es que se realicen sobre la duración máxima de la jornada de trabajo (…). Avala lo expuesto los informes de la Inspección de Trabajo (…), que permiten concluir inequívocamente que los Inspectores de Trabajo no pueden controlar si se superan o no los límites de la jornada ordinaria, si no existe el registro de jornada diaria regulado en el art. 35.5 ET, cuya finalidad es registrar la jornada diaria por esa razón, tal y como mantiene la jurisprudencia.- En efecto, los resúmenes diarios, referidos en el art. 35.5 ET , no tienen que reflejar horas extraordinarias, puesto que una jornada diaria puede prolongarse sin que se produzcan horas extraordinarias, que solo concurrirán cuando se supere, en cómputo anual, la jornada de cuarenta horas semanales, sino reflejar día a día la jornada realizada, que es el único medio para constatar si se superaron o no los límites de la jornada ordinaria.>> Dicha conclusión, según entiende la propia Sentencia, no puede enervarse porque en la empresa <<existan múltiples horarios, algunos de los cuales se ejecutan de modo flexible, puesto que dicha complejidad exige aún más, si cabe, el registro diario de jornada, que es el único modo de comprobar si los trabajadores realizan la jornada pactada o la superan>>. Finaliza la Sentencia con un reproche a la empresa: <<Por lo demás, el registro diario de jornada, que podrá instrumentarse de múltiples maneras, constituye una herramienta de modernización de las relaciones laborales, que se generalizó en las grandes empresas en el siglo XX, siendo sorprendente que una entidad de la relevancia de (…) no lo haya instrumentado a estas alturas del siglo XXI>>. En idéntico sentido se ha pronunciado la misma Sala de la Audiencia Nacional en Sentencia de 19 febrero de 2016 (Sentencia 25/2016). En el ámbito administrativo la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social recientemente también ha aludido a la obligatoriedad del registro diario de la jornada como presupuesto, y no como consecuencia, de la existencia de horas extraordinarias. En informes de 31 de julio de 2014 y 1 de marzo de 2016, indica lo siguiente: “para saber, para comprobar si se han realizado horas extraordinarias, es preciso conocer con exactitud el número de horas ordinarias de trabajo realizadas. Quizá podría decirse que si las horas extraordinarias son voluntarias para el trabajador, salvo lo pactado, será conocida su realización de antemano y a partir de ese momento podría comenzar el cómputo. Sin embargo eso no es suficiente. Primero, como hemos dicho, porque las horas extraordinarias son la diferencia entre el total de horas trabajadas en un cierto período y el número de horas ordinarias de ese mismo período; segundo, porque esa jornada ordinaria puede ser distribuida irregularmente a lo largo
del año (art. 34.2 TRET); y, tercero, porque incluso horas trabajadas por encima de la jornada ordinaria no tendrán que ser contadas como tales, si se han compensado con descanso (art. 35.2 TRET).” B) El registro de la jornada deberá ser diario e incluir el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador, con el fin de determinar las horas realmente realizadas cada día por cada uno de ellos. No resulta aceptable para la acreditación de su cumplimiento prácticas como la exhibición del horario general de aplicación en la empresa, o de los cuadrantes horarios elaborados para determinados periodos. Éstos se formulan ex ante y contendrán una previsión de trabajo para dicho periodo; pero no concretarán las horas efectivamente trabajadas en el mismo, que sólo se conocerán ex post como consecuencia de la llevanza del registro de jornada. Sólo mediante este registro se podrá determinar la realización efectiva de horas por encima de la jornada ordinaria de trabajo, legal o pactada, que serán las que tengan la condición de extraordinarias. C) La comprobación de la existencia del registro de la jornada diaria de trabajo (por ejemplo a efectuar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) debe poder realizarse en el centro de trabajo, lo que evita la posibilidad de su creación posterior, así como de su manipulación o alteración de los registros que contenga. D) No existe modelo oficial de registro de jornada. Los modelos o tipos de registro que utilice la empresa serán los que ella misma elija libremente, dado que la norma nada dice sobre este particular. No obstante debe ser un sistema de registro que garantice la fiabilidad y la invariabilidad de los datos. Cuando se utilicen sistemas de registro por medios electrónicos o informáticos, como de fichaje por medio de tarjeta magnética o similar, huella dactilar o mediante ordenador, éstos deberán permitir la impresión de los registros correspondientes al año en curso o al periodo que se considere, ante, por ejemplo, un requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Todas las conclusiones anteriormente expresadas se contienen en la reciente Instrucción 3/2016 sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias, dictada por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La obligación de registro de la jornada de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial El Artículo 12.4.c) del ET dispone que los trabajadores a tiempo parcial no pueden realizar horas extraordi-
Artículo narias. Únicamente podrán efectuar las derivadas de fuerza mayor, previstas en el Artículo 35.3 del ET (“las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes”), así como horas complementarias. Establece el apartado indicado que “En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las previamente pactadas y las voluntarias, no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el apartado 1” del Artículo 35. Añade el citado apartado que “A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias (…)”. La finalidad de control del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el precepto, y particularmente de las horas ordinarias y de las complementarias trabajadas, queda meridianamente clara al emplear el legislador la expresión “A estos efectos”. De forma expresa se establece en el apartado 4.c) del Artículo 12 del ET que el empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años. La propia norma incluye una primera consecuencia del incumplimiento de estos deberes de registro por parte del empresario (a las que habría que añadir las sancionadoras en el orden social): “En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios”. Estas obligaciones de registro de jornada diario y conservación de los resúmenes mensuales se imponen tras la promulgación del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, que las incorpora a la nueva redacción del Artículo 12 del ET [concretamente a su apartado 5.h)]; estas exigencias se establecen para todos los contratos a tiempo parcial vigentes o posteriores a la entrada en vigor de la citada norma (22 de diciembre de 2013). Se exceptúan de dichas obligaciones los trabajos en el servicio doméstico, según dispone la Disposición Transitoria Única.2 del Real Decreto-Ley 16/2013. En relación con la obligación de registro de jornada de los trabajadores a tiempo parcial es posible efectuar las siguientes precisiones: A) La obligación de registro de la jornada es predicable
respecto de la totalidad de trabajadores con contrato a tiempo parcial, con independencia de que realicen o no horas complementarias. B) El registro de la jornada deberá ser diario, siendo aplicables las consideraciones efectuadas con anterioridad con carácter general en relación con esta obligación, incluidas las referidas a la ausencia de modelo oficial. C) El registro diario de la jornada de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial deberá comprender no únicamente el número de horas ordinarias o complementarias realizadas cada día, sino también el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador. D) Consecuente con lo anterior, el registro debe realizarse y permanecer en el centro de trabajo. Debe quedar a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no resultando aceptable la presentación posterior del mismo en caso de eventuales requerimientos formulados en el curso de actuaciones inspectoras. E) Con base en el registro diario de la jornada de trabajo se deberán, a la finalización del mes en curso, totalizar las jornadas realizadas por cada trabajador en el correspondiente resumen mensual. En consecuencia, teniendo en cuenta que la obligación empresarial de registrar diariamente la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se extiende a toda la vida del contrato, corresponde al empleador la prueba de su cumplimiento, que no puede ser otra que la conservación del registro diario de jornada del mes en curso y del resumen mensual de los meses anteriores, entendiendo dichos resúmenes como la totalización de los registros diarios de cada periodo de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial. Todas estas conclusiones se han incorporado a la Instrucción 1/2015, sobre intensificación del control de la contratación a tiempo parcial, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Conclusión. Las medidas de flexibilidad introducidas en materia de tiempo de trabajo por las sucesivas reformas laborales han llevado aparejadas determinadas exigencias a las empresas en cuanto al necesario control de la jornada de trabajo. La medida esencial, a estos efectos, es la de registro de la jornada efectivamente desarrollada por el trabajador, que se configura como garantía del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, y, en consecuencia, de la debida compatibilización del trabajo con el derecho al descanso y a la vida personal y familiar del trabajador.
Jose Ramón Barrera Hurtado
“La palabra mueve, el ejemplo arrastra”
P.- Empezaste muy joven, ¿qué te llevó a esta profesión, siendo en aquellos años un joven de El Coronil, de padre militar?
aplicación todo el Título II del Libro VI y especialmente con referencia a los arts. 187, 542.3, y 546 de la LOPJ.
R.- Bueno, siempre he sido una persona a la que no le han faltado las inquietudes, por tanto, ya desde muy joven sentí la necesidad de poner mi granito de arena para contribuir a crear una sociedad más justa. Para ello milité en distintas organizaciones que me hicieron ver que lo que la sociedad necesitaba, y sigue necesitando, es el ejemplo, es decir, menos hablar y más hacer, porque el que dice y no hace trabaja en el vacio, por eso, entré de lleno. Empecé joven, me sentía atraído por una profesión liberal (Graduado Social), con la que me identificaba plenamente, y más aún con su lema (Justicia Social), que defendía con verdadera pasión y humildad la justicia en el campo socio laboral.
Muy importante, por ser también una reivindicación histórica, es la firma en la segunda instancia del Recurso de Suplicación, por aplicación de la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que ha quedado incluida en los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y, como no, recientemente, la inclusión en la asistencia jurídica gratuita, labor que el Colegio de Sevilla, altruistamente, lleva realizando desde hace más de tres años.
Como todos saben, las dificultades iniciales en el ejercicio de la profesión fueron muchas, pero eso quizás nos hizo más fuertes, pues nunca brilla más la robustez de una persona que ante la adversidad y cuando es víctima de la injusticia. Afortunadamente, y a día de hoy, esas dificultades iniciales son inexistentes gracias al esfuerzo y trabajo de todas las compañeras y compañeros que nos han precedido y que siguen firmes e inalterables en su verdadero compromiso con la profesión. Terminé los estudios en 1986, la tesina en junio de 1987, e inmediatamente me incorporé como colegiado en Julio de 1987, mi primer juicio fue en septiembre de ese año con el llmo. Sr. D. Benito Recuero, del que guardo un entrañable recuerdo. Aunque realmente mi incorporación al mundo laboral fue antes, había estudiado Idiomas en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla y estuve trabajando en distintas empresas del sector turístico, donde tuve muchas oportunidades de viajar y perfeccionar idiomas como el inglés y el francés, compaginando dicha actividad con los estudios de Graduado Social. P.- ¿Qué logros destacarías de la profesión desde que te colegiaste hace 30 años, hasta ahora? R.- Han sido muchos para tan breves líneas, ya desde 1982 se nos concede la Medalla Colectiva al mérito en el Trabajo, en el art. 545.3 de la LOPJ se reconoce la función del Graduado Social como representante técnico de las partes, igualmente le es de
Un magnifico logro es haber contado con un activo importante como son las distintas compañeras y compañeros que nos han precedido en el ejercicio de la profesión, sin cuyo inestimable esfuerzo y espíritu de sacrificio hubiera sido muy difícil pensar en una profesión ágil, joven, fuerte, dinámica, necesaria y altamente especializada en las materias del mundo del trabajo y la seguridad social. En definitiva, con nuestro trabajo hemos sabido liberarnos poco a poco de la esclavitud de las opiniones ajenas. P.- ¿Y qué echas de menos de la profesión o del conjunto de los profesionales? R: Ahora mismo, yo creo que estamos en una situación extraordinaria en cuanto a competencias y reconocimientos, pero, siempre hay algo por hacer y nos queda aún mucho camino por recorrer. Hemos perdido en exclusividad grandes parcelas, como la Prevención de Riesgos Laborales, yo estudié la ordenanza de 1974, pero hemos ganado otras, también muy importantes. La Prevención de Riesgos Laborales es una de las grandes parcelas en las que nosotros hemos demostrado nuestra verdadera profesionalidad, difícil es encontrar un ejemplar de esta revista en la que no se publique algún artículo relacionado con la materia preventiva. Hemos realizado una verdadera labor de proselitismo con nuestros clientes a la hora de trasladarles la obligatoriedad de la implantación en las empresas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sin duda fueron los colegiados los que contribuyeron a dar firmeza a la Ley de Prevención, esa convicción de nuestro
Entrevista colectivo en este ámbito y su éxito no ha sido reconocido suficientemente. Al igual que los Habilitados de la Seguridad Social, que prácticamente han desaparecido, no sé a quién, pero puede que no interese esa magnifica labor social que se estaba haciendo, y no hay que tener tapujos y decir las cosas claras. También echo de menos la debida reciprocidad de trato de algunas administraciones, y lo digo, la TGSS, creo que todas y todos mis compañeras y compañeros estarán de acuerdo con ello, no es de recibo, no es justo, que se nos siga tratando de esta forma, pese a que hemos sido y seguimos siendo los mejores colaboradores de dicha institución. El sistema RED es hoy una realidad gracias a la labor del colectivo, al igual que otros sistemas como DELTA, CRETA, GESCONTRATA, etc. Realizamos labores de funcionarios externos sin percibir nada, de ahí, una vez más nuestra grandeza, no queremos nada, sólo que nos permitan realizar nuestro trabajo con dignidad y sin trabas. En cuanto al conjunto de los compañeros y compañeras, no echo de menos nada, simplemente trasladarles desde aquí mi orgullo por haberme permitido conocerlos y representarlos en la responsabilidad que me encomiendan, espero haberlo hecho con el honor y la dignidad que ellos se merecen y darle las gracias por su comprensión, respeto y generosidad. P.- Tu deriva profesional, permite el vocablo, ya que eres un gran navegante por aguas de El Puerto de Santa Maria, en los últimos 17 años, está unida a la vida colegial, desde la Junta de Gobierno. Has estado presente ocupando puestos representativos prácticamente en todos los hechos y avatares que han influido en las relaciones en los últimos años de nuestro colectivo, ¿qué te ha motivado a sacrificar gran parte de tu vida en esta empresa? R.- Bueno, creo que sí se puede decir en términos marineros, la deriva es el ángulo formado por la derrota, que es la trayectoria de la embarcación y el rumbo por el efecto de la corriente, lo decía al principio, desde siempre he sido persona con inquietudes, esas inquietudes me han permitido moverme en dos escenarios distintos pero que en mi caso se complementan, uno, el mar físico y otro, el mar de la vida, le doy gracias a Dios por haberme permitido conocer ambos. No sé si soy un gran navegante, creo que no, la verdad es que lo intento y después de tantos años algo conozco, pero siempre le digo al mar lo que decía el poeta a su amada (amor háblame de ti, porque de mi ya sé lo bastante poco). Siempre quiero aprender en todos los ámbitos de la vida y éste es uno de ellos. En cuanto a la vida colegial, y en primer lugar, tengo que decir que para mí es un verdadero honor representar a mis compañeros en todo aquello que me demanden, por tanto no es un sacrifico, aunque para ello tenga que sacrificar parte de mi ocio y de mi familia, sin cuya comprensión hubiera sido imposible el desarrollo de mis responsabilidades colegiales. Tanto otros compañeros, como yo, pensábamos que había que darle un nuevo enfoque a la vida colegial, un nuevo sentido, en
definitiva una nueva trayectoria, y no porque la anterior estuviera mal, sino porque sinceramente creíamos en lo que estábamos haciendo y democráticamente así lo conseguimos tras las elecciones. No ha sido un camino fácil, pero he tenido la suerte de contar con magníficos y magníficas compañeros y compañeras de Junta de Gobierno, a los que les estoy, sin excepción, muy agradecido, con su Presidente Rafael Hidalgo al frente, me han enseñado mucho y siguen haciéndolo, porque es difícil mantenerse inerte cuando trabajas con personas que, como ellos, transmiten ilusión. No sé si lo conseguiremos, pero seguimos trabajando con ganas y convencimiento en que la credibilidad y legitimación social de una organización como la nuestra se basa en su responsabilidad, esto es, en su capacidad de dar respuesta a las expectativas planteadas. P.- ¿Cómo está la profesión?, ¿le ves solución?, ¿se exige mucho a los profesionales y no se les reconocen sus derechos, lo que está motivando que caigan en el desánimo y falta de estímulo para sacrificar su tiempo en la formación?, ¿qué mensaje darías a los Graduados Sociales? R.- La profesión está en una magnifica situación, hay que ser positivo, hemos conseguido transmitir nuestra profesionalidad al mundo del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, debemos seguir insistiendo en nuestro mayor activo, la preparación y formación constante, desde el Colegio es una actuación prioritaria. Se exige mucho al igual que en otras profesiones. Nosotros tenemos la suerte de que somos una profesión actualmente fuerte y preparada, nunca nos ha dado miedo la implantación de nuevas tecnologías y hemos afrontado los retos con valentía, orgullo y preparación. Aún hay mucho mercado para los compañeros que se van incorporando, siempre existen parcelas desocupadas o carentes de personas que dominen su funcionamiento. Siempre he dicho y repetido que nuestra fuerza como profesionales, lo que nos hace insustituibles y nos produce más beneficios (no sólo económicos), es la capacitación técnica, más que la letra de los convenios colectivos y leyes, más que la lucha reivindicativa. Un colectivo más competente y mejor preparado será el secreto para ser mejor valorado socialmente, ser ejemplo también nos hará más fuertes a la hora de exigir nuestros derechos, mi mensaje, por tanto, es de ilusión, que crean lo que hacen y que hagan lo que crean, formación y perseverancia en sus cometidos. P.- ¿Cómo recibiste la noticia? ¿qué ha representado para ti la concesión de la “Cruz de San Raimundo de Peñafort”? R.- Pues mira, como nos enteramos de muchas noticias en nuestra profesión, mediante un correo certificado del Ministerio de Justicia, creía que era una notificación de las muchas que recibimos en nuestros despachos, pero, fue la grata noticia. Como no podía ser de otra forma, lo primero fue hacer partícipe a mi mujer, que también es Graduado Social, y a mis dos hijos, que no han tomado este camino pero que han sufrido mis largas ausencias e interminables jornadas de trabajo. Yo no soy muy amigo de homenajes y medallas, pero reconozco que a nadie le amarga un dulce y a mí tampoco. Es cierto que la
Entrevista concesión de esta distinción me enorgullece, es algo que nunca esperé ni por asomo y por ello me ha sorprendido gratamente, lo único que he hecho en mi vida ha sido trabajar con mayor o menor acierto y tratar de contribuir a crear una profesión, la de Graduado Social, libre, fuerte, consolidada, mejor preparada y además necesaria. Considero que el gran honor concedido a mi persona es también el premio de mucha gente y no sólo del que lo recoge, es un reconocimiento a la profesión y a todo nuestro colectivo, y a ellos se lo dedico, llevaré dicha condecoración con honor, poniendo quizás aún más empeño en las tareas que el porvenir me depare. Me consta la labor y el esfuerzo de mis compañeros de Junta con mi querido amigo y Presidente Rafael al frente, que por unanimidad han perseverado con ilusión y cariño en la petición de esta condecoración y, como no, al Presidente de nuestro Consejo General, Javier San Martin, sin cuyo inestimable esfuerzo y generosidad no hubiera sido posible ni esta concesión ni muchos de los logros conseguidos en la profesión. Sois mi mayor activo, gracias una vez más a todos. P.- Hay compañeros que dicen que es un reconocimiento a unos de los Graduados Sociales que más pleitea de Sevilla, ¿hay parte de verdad en ello? R.- Si digo que los Graduados Sociales en los procedimientos laborales y de Seguridad Social son Juristas de reconocido prestigio, y plenamente reconocidos como parte importante de las tres profesiones jurídicas, estoy plasmando una realidad. Siem-
pre he llevado con gran orgullo ser de los primeros en vestirme con la toga, estoy enamorado de mi profesión y efectivamente eso me ha llevado a celebrar en torno a más de 3.700 juicios. Sigo creyendo firmemente en la justicia, y en todos aquellos que tienen la difícil labor de impartirla, causa verdadera perplejidad en estos tiempos que corren ver la carencia de medios de que disponen desde el primero hasta el último de los intervinientes y que suplen con su trabajo. La justicia debe ser grande, firme y con capacidad de gestión y sobre todo justa, que es lo que yo creo. P.- Por último la pregunta más “difícil” ¿si una de tus fortalezas según terceras personas es la conciliación, cómo concilias tu vida familiar y laboral, y más cuando tu mujer comparte profesión? R.- Eso ya es más complicado, porque no sólo hay que saber derecho, también obligaciones, sin duda ayuda la mediación y conciliación, pero he tenido la suerte de conocer y tener una mujer, la de mi vida, que también es Graduado Social. A mí no me ha limitado nunca, y el hecho de compartir experiencias laborales ha enriquecido nuestro matrimonio, siempre con mucha complicidad, sin su ayuda no habría sido posible llegar a buen puerto todos los días, pues llámense tocados por la fortuna aquellos en quien concurre, amor, trabajo y pasión, y en este sentido me siento muy afortunado.
Mª Isabel Romero Pradas Catedrática EU de Derecho Procesal Universidad de Sevilla
En memoria de Ignacio Ugalde González, compañero entrañable y amigo. Su recuerdo permanece entre nosotros I. PLANTEAMIENTO II. ACTOS PREVIOS AL PROCESO 1. Conciliación y mediación previas 2. Agotamiento de la vía administrativa previa: la administración como demandada III. CONCILIACIÓN JUDICIAL, CONVENIOS TRANSACCIONALES Y MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 1. Adelanto de la conciliación judicial 2. Acuerdo durante la celebración del juicio 3. Convenio transaccional 4. Mediación intrajudicial IV. MEDIACIÓN LABORAL 1. La solución extrajudicial en el ámbito laboral 2. La opción de la mediación V. REFLEXIÓN FINAL: HACIA UNA APUESTA DECIDIDA POR LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL I. PLANTEAMIENTO El Título V del Libro Primero de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social1, con la rúbrica “De la evitación del proceso”, regula los tradicionales trámites previos obligatorios en el ámbito social: la conciliación y −desde 2011 también− la mediación previas, en un primer capítulo2, y la reclamación administrativa previa, aunque la rúbrica del capítulo correspondiente reza −también desde 2011− “del agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial”.
En adelante, LJS.
2 Se adiciona la referencia a los laudos arbitrales, con toda falta de rigor técnico, por recogerse en este capítulo las escasas disposiciones que la ley procesal laboral dedica a la institución del arbitraje (arts. 65.2 y 3 y 68.2).
A pesar del aparente paralelismo entre ambas instituciones, lo cierto es que responden a fundamentos y finalidades bien distintas, si bien coinciden efectivamente en que, además de constituir requisitos previos al proceso laboral, tanto el resultado positivo de la conciliación o la mediación como la respuesta positiva de la Administración en vía previa habrán evitado el proceso posterior. Sin embargo, la conciliación previa laboral desde sus orígenes, coexistiendo con la conciliación judicial, ha sido considerada como nota distintiva de este ámbito jurisdiccional, por constituir dos instancias u opciones para que las partes lleguen a un acuerdo que evite el proceso o, en su caso, la sentencia judicial. Por el contrario, la reclamación administrativa previa exigida en el ámbito civil y en el laboral, responde a la situación especial que ocupa la Administración demandada en ámbitos distintos al contencioso-administrativo. Parece momento oportuno para reflexionar acerca de la conveniencia, la actual regulación y la exigencia de requisitos previos obligatorios en el proceso laboral, teniendo en consideración la justificación de su establecimiento en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. Porque, ciertamente, nuestro TC viene avalando la instauración de requisitos preprocesales imperativos3, pero debemos poner de manifiesto que también se ha tenido que pronunciar en muchas ocasiones sobre su exigibilidad debido a la posible obstaculización del acceso a la vía judicial y consecuente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, consolidando una doctrina proclive a flexibilizar la exigencia de estos requisitos, tenerlos por cumplidos auque no se hayan
Por todas, STC 217/1991, de 14 de noviembre.
Artículo agotado correctamente y, sobre todo, si se ha conseguido la finalidad última por ellos perseguida4 y, en definitiva, teniendo que otorgar el amparo en considerables supuestos planteados por vulneraciones de este derecho fundamental con origen en el cumplimiento del requisito previo5. Lo que queremos plantear en estas líneas no es, por supuesto, un estudio completo de los requisitos previos al proceso laboral, sino compartir algunas reflexiones que en el momento actual y a propósito de los mismos, nos sugiere esta cuestión en relación, sobre todo, con las posibilidades de solución del conflicto por las propias partes a través de la autocomposición.
Parece momento oportuno para reflexionar acerca de la conveniencia, la actual regulación y la exigencia de requisitos previos obligatorios en el proceso laboral, teniendo en consideración la justificación de su establecimiento en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva II. ACTOS PREVIOS AL PROCESO 1. Conciliación y mediación previas La conciliación previa laboral, con origen en la conciliación sindical instaurada en nuestro país a mitad del siglo pasado, ha sido el cauce que como requisito previo al proceso se ha venido exigiendo, con carácter general en el ámbito jurisdiccional social. Su instauración supuso una doble instancia conciliatoria en este ámbito, lo que puso de manifiesto el interés del legislador por la solución pacífica de los conflictos laborales. A pesar de que en ocasiones se ha visto como elemento ralentizador del acceso al proceso y trámite superfluo, debe reconocerse que ha servido para canalizar gran
SSTC 118/1987, de 8 de julio y 11/1988, de 2 de febrero
5 Entre otras muchas, SSTC 1/1983, de 13 de enero,; 350/y 354/1993, de 22 y 29 de noviembre respectivamente. Vid. también, respecto al cumplimiento del requisito de conciliación previa, las SSTC 69/1997, de 10de abril y 185/2013, de 4 de noviembre.
número de acuerdos en este ámbito que han evitado el proceso judicial, pues, aunque con cierta timidez y de forma menos clara en un principio, desde la LPL de 19906, la eficacia de los acuerdos de conciliación previa se equipara a los de la judicial, ejecutándose por los trámites de ejecución de sentencias (art. 68.1 LJS). Además, y entre otras novedades, el texto de 1990 abrió la puerta a la conciliación ante órganos creados por la negociación colectiva, por lo que junto al servicio administrativo correspondiente al que se atribuyó este trámite −tras la creación y pronta desaparición del IMAC7 −, con el nuevo texto también podía agotarse el trámite previo ante los órganos creados por vía convencional. En realidad y sin entrar en la evolución de los sistemas autónomos de solución de conflictos creados por la negociación colectiva, lo cierto es que los distintos acuerdos que se fueron suscribiendo, tanto a nivel estatal como de comunidad autónoma, han previsto trámites de mediación o conciliación-mediación, inicialmente y de forma preferente para conflictos colectivos, pero también en muchos casos para individuales, que vienen cumpliendo un importante papel en la solución del conflicto laboral, y que, como en ellos se indica, sustituyen al trámite de conciliación −o mediación, tras la LJS− previa. Estos acuerdos de solución extrajudicial de conflictos han supuesto un importante impulso a la mediación laboral que, hasta entonces, sólo estaba parcialmente contemplada ante la Administración Laboral y la Inspección de Trabajo8. Así, cuando la LJS de 2011 se refiere a la mediación previa por primera vez en la regulación de este proceso, no está más que reconociendo expresamente la realidad de estos procedimientos creados por vía convencional, limitándose a adicionar el término “mediación” al de “conciliación” en el capítulo I del Título V (arts. 63 a 68)9. Aunque, no obstante, no puede desconocerse, como el propio Preámbulo de la LJS expresa, que con el nuevo texto, conciliación extrajudicial y mediación −también del arbitraje− aparecen reforzadas10. Así debe entenderse la previsión del nuevo núm. 3 del art. 64, que para potenciar la utilización de estos procedimientos
6 Ley de Procedimiento Laboral, Texto Articulado aprobado por el Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril. 7
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
8 Vid. ampliamente, MERCADER UGUINA, “Relaciones laborales y solución extrajudicial de controversias”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 11, 2007, págs. 89 y ss.; ORDEÑANA GEZURAGA, La conciliación y la mediación en cuanto instrumentos extrajurisdiccionales para solventar el conflicto laboral, Comares, Granada, 2009; y GRANADOS ROMERA, Mª I., La solución de conflictos colectivos laborales: especial referencia a los sistemas autónomos, Tirant lo Blanch, Granada, 2009. 9
Apartado VI, párrafo undécimo.
Apartado IV, párrafo segundo.
Artículo dispone que “cuando por la naturaleza de la pretensión ejercitada pudiera tener eficacia jurídica el acuerdo de conciliación o de mediación que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de común acuerdo a tales vías previas, se suspenderán los plazos de caducidad o se interrumpirán los de prescripción” en la forma establecida en el art. 65. Por lo demás, podemos concluir que la LJS mantiene este tradicional requisito de conciliación o mediación previa obligatorio en los términos de los arts. 63, 64 y 156 LJS, con sus bondades y sus inconvenientes, del que debe destacarse la eficacia del acuerdo obtenido que, sin necedad de ratificación ante el juez o tribunal, constituye “título para iniciar acciones ejecutivas”, pudiendo “llevarse a efecto por los trámites previstos en el Libro Cuarto de esta Ley”, los de ejecución de sentencia11. No se olvide que si se trata de conflictos colectivos, la eficacia es la referida en los arts. 156.2 LJS y 91.2 ET, con posibilidad de ejecución en la medida en que resulte de la aplicación de los arts. 68, 160.3 y 247 LJS12. 2. Agotamiento de la vía administrativa previa: la administración como demandada Ha sido tradicional en nuestro Derecho, de conformidad con el Título VIII de la Ley 30/1992, exigir la reclamación en vía administrativa previa al ejercicio de acciones civiles o laborales, requisito que para el ámbito social, desde 1990 se regula en el capítulo II del Título V del libro primero LPL (arts. 69 a 73), con especial referencia a la que se exige en materia de prestaciones de seguridad social, a lo que con la LJS de 2011 se añaden otras formas de agotamiento de la vía administrativa por medio de recurso administrativo ordinario como consecuencia de la atracción al orden social del conocimiento sobre los recursos contra resoluciones administrativas en materia laboral13. La constitucionalidad de la reclamación previa ha sido proclamada en numerosas ocasiones por el TC, de manera que su establecimiento no impide el acceso al proceso14. Sin embargo, la nueva regulación del procedimiento administrativo llevada a cabo por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entrará en vigor al año de su publicación en el BOE, ya no exige la recla-
11 Cfr. art. 25 Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 12 Vid. ROMERO PRADAS, Mª I., “Perspectivas actuales de la mediación civil y laboral” (con GONZÁLEZ CANO, Mª I.), Crónica Jurídica Hispalense, Revista de la Facultad de Derecho, nº 10/ 2012, págs.450 y ss. 13 Preámbulo LJS, apartado VI, párrafos decimotercero y decimocuarto. 14
Por odas, STC 330/2006, de 20 de noviembre.
mación previa al ejercicio de acciones civiles y laborales. En consecuencia, se modifican los oportunos preceptos de la LJS para suprimir las referencias a esta reclamación previa todavía preceptiva −y hasta tanto entre en vigor el nuevo texto− cuando se va a demandar a la Administración Pública empleadora en el ámbito laboral15. La explicación del legislador es tan sencilla y escasa como se expresa en el preámbulo del texto legal16: “de acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas”. Tantos esfuerzos vertidos en explicar y justificar la exigencia de este requisito previo resultan ahora totalmente obviados y carentes de virtualidad, aunque lo que realmente sorprende no es la supresión en sí, sino la ausencia de una explicación coherente y proporcionada a la exigibilidad que se viene haciendo del propio requisito. De este modo y, de acuerdo con las modificaciones introducidas en la LJS, fundamentalmente −aunque no sólo− en los arts. 64, 69,70, 72 y 73 (en vigor a partir próximo dos de octubre), las demandas frente a las Administraciones Públicas no requerirán la reclamación previa sino, en su caso, el agotamiento de la vía administrativa cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable, y siempre que el supuesto no venga exceptuado conforme a lo previsto en el art. 70 LJS. Eso sí, la reclamación previa se mantiene en materia de prestaciones de seguridad social conforme a los disposiciones de los arts. 71 a 73 LJS. III. CONCILIACIÓN JUDICIAL, CONVENIOS TRANSACCIONALES Y MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL La LJS no sólo ha pretendido potenciar la solución extrajudicial a través de la conciliación o mediación previas al proceso, sino que, como el mismo Preámbulo expresa, se permite la posibilidad de transacción judicial en cualquier momento del proceso, incluida la ejecución17, y entre las novedades destacadas llamadas a agilizar la jurisdicción social, se menciona también el impulso que se da tanto a la mediación previa como a la intraprocesal18. El refuerzo de la conciliación y el confesado impulso de la mediación, se insertan en una serie de dispersas
Disposición final tercera de la Ley 39/2015.
Apartado V, párrafo vigésimo.
Apartado V, párrafo sexto.
Artículo previsiones impregnadas de un claro espíritu favorecedor de la solución extrajudicial en general y de la negociada o autocompositiva en particular, por supuesto plausible, pero a todas luces insuficiente en el momento actual, sobre todo porque lleva bastante tiempo demandándose una adecuada ordenación y regulación de estos institutos en el ámbito laboral19. Pues bien, en efecto, la LJS apuesta de manera bastante visible por la potenciación de las soluciones pactadas y la consecuente finalización del proceso por acuerdo entre las partes. En unos casos se han introducido medidas concretas que denotan en determinados momentos de la tramitación el interés y la preferencia del legislador por el acuerdo de las partes como solución a la tramitación del proceso y, en su caso, a la decisión judicial. En otras, y con la misma finalidad, se lleva al texto de la Ley la posibilidad de transacción en cualquier momento del proceso que ya estaba prevista con carácter general en el art. 19 LEC, referida a la fase de recurso y a la ejecución. Por último y, además de todo lo anterior, se apuesta tímidamente por la mediación intrajudicial, a la que se impulsa −junto a la previa− según el preámbulo, pero de la que la única manifestación prevista queda muy lejos de las posibilidades que ofrece la mediación en el momento actual. 1. Adelanto de la conciliación judicial Se dispone en el art. 82 LJS, el que regula el señalamiento de los actos de conciliación judicial y juicio, que en las cédulas de citación se hará constar, entre otros extremos, que los litigantes “podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento”20. Se introduce con esta previsión la posibilidad abierta de que las partes formalicen el acuerdo ante el secretario judicial sin esperar el día del señalamiento, lo que sin duda representa un impulso de la institución, aunque para este viaje no eran precisas tantas alforjas. En realidad lo que se hace es establecer expresamente la posibilidad de que el secretario judicial convalide los acuerdos entre las partes logrados antes del día señalado para los actos de conciliación judicial y juicio. Pero no supone una convocatoria para la conciliación judicial adelantada en el tiempo, que podría haber sido otra opción. Decimos esto porque se trataría únicamente de convalidar con la aprobación del secretario judicial
el acuerdo alcanzado estrictamente entre las partes21, fuera del proceso, a modo de una transacción que, de de este modo, se convertirá en judicial y título de ejecución. Pues bien, no parece que si las partes han concluido sin acuerdo la conciliación previa, vayan a lograr de manera tan próxima la solución del conflicto. Tal vez la dilatación en el señalamiento por la acumulación de asuntos sociales en los últimos años podría ser el motivo por el que las partes consideraran ahora más adecuado el acuerdo cediendo en sus posturas iniciales, pero esto siempre sería posible, de manera que la previsión legal tendría un carácter meramente formal de consecución del título y podría haberse saldado con la remisión a la conciliación tal como se hacer de manera seguida en el precepto con la mediación en vía previa. Como se ha advertido por algún autor, esta conciliación judicial se desvincula totalmente de su configuración inicial como acto inmediatamente anterior a la celebración del juicio, desvinculación que permite que el secretario judicial ya no sea necesariamente el que propicie el acuerdo en un acto intercalado antes del juicio y donde el secretario cumple una función de advertir a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles, en garantía de la posición de las partes y teniendo en cuenta la innecesaria defensa técnica en instancia característica del proceso laboral22. Y lo que se nos antoja aún más grave, la previsión desapodera al secretario judicial de la “labor mediadora que le es propia” que en la conciliación le asignan la LOPJ (art. 456.6.c) y la LJS (at. 84.1), que queda toralmente desvirtuada. 2. Acuerdo durante la celebración del juicio Al haberse asignado la conciliación judicial al secretario judicial, hoy denominado Letrado de la Administración de Justicia, el art. 84.3 LPL, en la redacción dada por el art. décimo de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, tuvo que contener previsión similar a la del actual 84.3 LJS, por cuanto la competencia del secretario es sólo la de la conciliación que se lleva a cabo como acto separado, aunque en única convocatoria, anterior al juicio., en este sentido, dispone el actual art. 84.3 LJS que “en caso de no haber avenencia ante el secretario judicial y procederse a la celebración del juicio, la aprobación del acuerdo conciliatorio que, en su caso, alcanzasen las partes en dicho momento corresponderá al juez o tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resolución oral o escrita documentada
19 LANTARÓN BARQUÍN, D., Ordenación de la solución extrajudicial de los conflictos laborales, Lex Nova, Valladolid, 2003, pág. 52
21 Señala el art. 84.1 LJS que, “corresponderá al secretario judicial la aprobación del acuerdo alcanzado por las partes antes del día señalado para los actos de conciliación y juicio”.
20 “Así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley”, como se analiza Infra, 4.
22 ESTEVE SEGARRA, A.,, “El proceso ordinario”, La reforma del proceso laboral (Directores: BLASCO PELLICER, A. y GOERLICH PESET, J.M.), Valencia, 2013, pág. 242.
Artículo en el propio acuerdo” y que “sólo cabrá nueva intervención del secretario judicial aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa”23. Enmarcada entre las medidas con las que la LJS impulsa la solución negociada de los conflictos laborales, resulta, sin embargo, bastante llamativa y extraña por su ubicación en el art. 85 LJS, el que regula la celebración del juicio en relación a los actos de alegación, la previsión del núm. 8 cuando dispone que “el juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que exista oposición de alguna de las partes, podrá suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de no alcanzarse el mismo en ese momento proseguirá la celebración del juicio”. No parece muy probable que en este estadio de la celebración del juicio, después de la fijación de los hechos conformes y controvertidos y tras la práctica de las pruebas, las partes estén dispuestas al acuerdo y, en todo caso, no tiene mucho sentido que se suscite esta cuestión de oficio, tal vez sería más acertado después de las conclusiones, y todo ello, sin olvidar, que la posibilidad del acuerdo está abierta según las previsiones generales tanto del art. 84.3 LJS como del 19 LEC. 3. Convenio transaccional Por otra parte, como decíamos, se concreta la posibilidad de que las partes alcancen el acuerdo en momento distinto y posterior al acto del juicio, concretamente en fase de recurso y en ejecución. En efecto, no se trata estrictamente de instancias conciliatorias, sino que, acertadamente, el legislador se refiere en estos casos al posible acuerdo o convenio transaccional alcanzado entre las partes, indicando que una vez homologado por el órgano jurisdiccional que se encuentre tramitando el recurso, “sustituye el contenido de lo resuelto en la sentencia o sentencias anteriormente dictadas en el proceso” y “constituye título ejecutivo” (art. 235.4 LJS), mientras que en ejecución, la resolución de homologación del acuerdo es título ejecutivo en sustitución del inicial (art. 246.4 LJS). Téngase en cuenta, por lo demás, que la aprobación del acuerdo, como el de conciliación, exige que el órgano judicial no aprecie perjuicio grave para las partes o terceros, fraude de ley o abuso de derecho, o incluso que sea contrario al interés público (arts. 84.2, 235.4 y 246.4 LJS) y que también la impugnación de estas transacciones se regirá por lo previsto para la impugnación de la conciliación (arts. 235.4, 246.5 y 84.6 LJS).
23 Con anterioridad, lo que disponía el art. 84.3 LPL es que “se podrá aprobar la avenencia en cualquier momento antes de dictar sentencia”.
4. Mediación intrajudicial Finalmente, como ya se ha señalado, el legislador afirma que se impulsa la mediación “intraprocesal”. Las únicas previsiones al respecto son las del art. 82.3 LJS, esto es, la ya comentada del posible acuerdo entre las partes sin esperar a la fecha del señalamiento, y hemos calificado de “adelanto”, y la de “someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley”. En sentido estricto, esta sería la única referencia en el texto legal a la mediación que, puede pensarse, se ha entendido como intrajudicial y que no es más que un reenvío a la vía previa ante los órganos creados por vía convencional, ya que es en estos acuerdos de solución extrajudicial en los que se suelen contener trámites de mediación o conciliación-mediación sustitutivos de la conciliación previa administrativa.
En el momento actual, las soluciones alcanzadas por las partes pueden representar en muchas ocasiones una forma más adecuada de resolver las controversias entre partes que, además, generalmente, están llamadas a continuar su relación, como sucede con las cuestiones derivadas del contrato de trabajo Pues bien, si ya hemos manifestado la esterilidad de la primera previsión, y sin que desmerezca la apuesta del legislador por la potenciación de estas figuras, en el caso del reenvío a la mediación de los arts. 63 y ss. LJS, podríamos afirmar que con la misma el esquema se repite y tampoco se concreta en un avance significativo, auque ahora el mecanismo que el legislador utiliza para impulsar la mediación es el posible acuerdo alcanzado fuera del proceso y ante órganos no jurisdiccionales. De nuevo, el instrumento resulta bastante limitado, pudiendo apreciarse que, en realidad, se estaría buscando el intento de solución del conflicto y, sobre todo, de constitución del título de ejecución, cuando ya las partes habrán tenido esa opción de manera inmediatamente anterior en el trámite preprocesal. A mayor abundamiento, cuesta encontrar el sentido a la previ-
Artículo sión de que la advertencia no ocasiona la suspensión, “salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no podrá exceder de quince días”. A nadie se le escapará que las podrían utiliza este mecanismo de igual manera aunque no se les indicara desde el órgano jurisdiccional. Y, no sólo eso, tampoco se corresponde muy bien con los principios que inspiran la mediación que se haya previsto un plazo máximo de suspensión tan breve, como es el de quince días, cuando a buen seguro la fecha señalada para el juicio será bastante tiempo después. IV. MEDIACIÓN LABORAL En el momento actual, las soluciones alcanzadas por las partes pueden representar en muchas ocasiones una forma más adecuada de resolver las controversias entre partes que, además, generalmente, están llamadas a continuar su relación, como sucede con las cuestiones derivadas del contrato de trabajo. Todas las ventajas de este tipo de soluciones y, en particular, de la mediación, cobran especial sentido cuando la media de tiempo en obtener respuesta judicial en asuntos laborales se ha visto tan incrementada en los últimos tiempos. Una solución pactada y obtenido en menos tiempo sin duda redunda en beneficio de las partes y del propio sistema de justicia. 1. La solución extrajudicial en el ámbito laboral No cabe ninguna duda de la idoneidad del ámbito de las relaciones laborales para la adopción de soluciones negociadas de los conflictos surgidos entre trabajadores y empresarios24. Precisamente en este ámbito la evolución de los métodos alternativos de solución de conflictos y, en particular, de los autocompositivos y las soluciones negociadas, ha sido específica y particular. No se olvide que, junto a la conciliación judicial instaurada desde un inicio en este proceso y a la que ya se distanció del modelo civil, a mediados del siglo pasado se instaura la conciliación previa, no judicial, como requisito para acceder al proceso laboral. Tenemos así dos instancias conciliatorias previstas con carácter general, que se vienen manteniendo desde su instauración, y que constituyen una clara muestra del interés del legislador por la solución pacífica de los conflictos laborales. Se da la paradoja, sin embargo, de que la regulación de la solución extrajudicial laboral, aparentemente la más desarrollada, y salvando si acaso a la conciliación, es bastante deficiente, dispersa e incompleta. Esta es pre-
24 Vid. BARONA VILAR, S., Solución extrajurisdiccional de conflictos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 242.
cisamente una de las razones en las que se fundamente la escasa aplicación y efectividad de los sistemas extrajudiciales en el ámbito laboral. No se olvide que el sistema extrajudicial no es autosuficiente, sino que depende totalmente del jurisdiccional, por lo que resulta imprescindible que el legislador prevea de manera suficiente y lo más exhaustiva posible las relaciones de los medios no judiciales con el sistema judicial. Así lo exige la seguridad jurídica y la efectividad del propio sistema. Como afirma DESDENTADO, la eficacia jurídica de un sistema extrajudicial de composición reside precisamente en las normas procesales que regulan sus relaciones con el sistema judicial25. En esta singular evolución, puede apuntarse brevemente que a partir de los años setenta se quiso impulsar la solución extrajudicial dotando a la administración laboral y a la Inspección de trabajo de funciones de conciliación, mediación y arbitraje. Además, a partir de la LPL de 1990 y sobre todo de la reforma laboral de 1994, el impulso de estos sistemas desde la negociación colectiva a través de los distintos acuerdos estatal y autonómicos de solución extrajudicial, dan paso a una nueva etapa en la que si bien se incrementa la eficacia de la solución extrajudicial también lo hace la dispersión normativa, a lo que la regulación del proceso laboral no ha sabido responder adecuadamente. Puede decirse que tampoco la LJS, a pesar de sus expresas intenciones de potenciar la solución extrajudicial, y habiendo adoptado medidas claramente favorecedoras de tales soluciones, como venimos exponiendo, ha sabido enmendar las deficiencias de la regulación ni se ha atrevido a apostar decididamente por las mismas26. 2. La opción de la mediación Asistimos en los últimos años a un importante desarrollo de la mediación en todos los ámbitos. Los avances han sido significativos aunque parece que la sociedad sigue reacia a cambiar la mentalidad del diálogo por la de la contienda judicial para solucionar sus conflictos. La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, además del desarrollo que en el ámbito autonómico venía teniendo fundamentalmente la familiar, dota a la institución en el ámbito civil y mercantil de la base jurídica precisa para un efectivo despegue de este mecanismo de solución de conflictos, aunque parece, después de unos años ya de vigencia, que sigue sin calar en el conjunto de ciudadanos. Son
25 DESDENTADO BONETE, “El tratamiento procesal de los procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos laborales”, en DESDENTADO BONETE y CACHÓN VILLAR, Reforma y crisis del proceso social (1994-1996), Pamplona, Aranzadi, 1996, pág. 235. 26 Claro ejemplo, aunque queda al margen de nuestras consideraciones, lo constituye la parca, confusa y mal ubicada regulación de la institución del arbitraje.
Artículo muchos los esfuerzos que desde el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, así como las distintas instituciones y entidades promotoras de la mediación, están procurando la aplicación generalizada de este método de solución de conflictos en los distintos ámbitos jurisdiccionales y, aunque falta camino por andar, se están consiguiendo importantes experiencias de mediación intrajudicial en distintas jurisdicciones. Debe dejarse constancia de que la Ley de mediación excluye expresamente de su ámbito de aplicación, junto a la mediación penal, con las Administraciones Públicas y en materia de consumo, a la mediación laboral. Y aunque, como expresa su Preámbulo, “las exclusiones previstas en la presente norma no lo son para limitar la mediación en los ámbitos a que se refieren sino para reservar su regulación a las normas sectoriales correspondientes27, nos parece que no hay impedimento para que en materia laboral −y también de consumo− se aplicara de manera general y supletoria el texto legal. Queremos decir con esto que, si el motivo de la exclusión es la regulación propia laboral, cuando para ese ámbito se demanda un desarrollo completo y claro de la solución extrajudicial incluida la mediación, no se alcanza a entender por qué no puede aplicarse de manera supletoria en tanto resulte adecuada a las especialidades previstas para la mediación laboral. Aparte de lo anterior, en el ámbito laboral se están llevando a cabo desde hace unos años experiencias piloto en Juzgados de lo Social que permiten derivar a las partes desde el órgano jurisdiccional a servicios de mediación que no tienen por qué limitarse a los determinados por el art. 82.3 LJS, de una manera más eficaz y directa, en la líneas marcada por el Protocolo de mediación social de la Guía para la práctica de la mediación intrajudicial elaborada por el CGPJ. V. REFLEXIÓN FINAL: HACIA UNA APUESTA DECIDIDA POR LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL Como conclusión o reflexión final debemos adentrarnos en valorar, en el momento actual, la regulación de la solución autónoma del conflicto laboral, esto es, las posibilidades que se ofrecen para que las partes solucionen el asunto sin necesidad de acudir al proceso o del pronunciamiento judicial para resolver la cuestión. La primera idea a destacar en esta reflexión no puede ser otra que la plasmación en la LJS del principio dispositivo, recogida con carácter general en el art. 19 LEC, posibilitando la terminación del proceso mediante un acuerdo de voluntades de las partes del conflicto en cualquier momento del proceso, incluida la fase de recurso y de ejecución.
Apartado II, párrafo sexto.
En segundo lugar, es característica del ámbito laboral la instauración de un trámite previo de conciliación que, aunque en un momento determinado pretendió fundamentalmente evitar la avalancha de asuntos que llegaban a las Magistraturas de Trabajo, se convirtió en un instrumento efectivo de solución de conflictos al brindar a las partes la ocasión de obtener un acuerdo con plenos efectos y reconocido por el ordenamiento como título de ejecución. No obstante, se vino poniendo de manifiesto la dificultad para mantener dos instancias conciliatorias como era la previa y la judicial, abogándose por la conversión en facultativa de la primera, y ello a pesar de que su constitucionalidad siempre ha estado plenamente reconocida28. Por otra parte, la mediación propiamente dicha ha estado prácticamente ausente del ámbito laboral, en el que se ha optado por figuras un tanto híbridas con independencia de la denominación, y como se ha dicho más arriba, no se ha recogido el término en la ley hasta la LJS de 2011. En realidad, ha sido la creación de órganos distintos al servicio administrativo la que ha introducido figuras de mediación, o conciliación-mediación, con una dinámica que sí se corresponde con la institución29. Se pone de manifiesto, en todo caso, la paradoja que supone asumir una regulación propia para el ámbito laboral de la mediación y la casi ausencia de la misma, a veces traducida en una dispersión normativa que cuesta justificar. Como ya hemos afirmado, la inclusión de la mediación en el capítulo primero del Título V del Libro I no es más que la adición del término junto al de conciliación y la plasmación en el texto de la realidad que supone que el trámite ante los órganos creados por vía convencional que sustituyen la conciliación administrativa suelen ser instancias de mediación. Lo mismo debemos concluir en atención a la referencia que de nuevo el art. 82.3 LJS realiza a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de esta Ley, pues no cabe pensar que la actividad llevada a cabo por el servicio administrativo sea distinta a la que se viene realizando. Pues bien, la reflexión que se impone pasa por considerar la realidad de la mediación y su progresiva implantación en los distintos ámbitos, también en el laboral, ante el convencimiento de las ventajas que su utilización supone para nuestro sistema de justicia. Este espíritu lo apreciamos en el legislador de la LJS, en su Preámbulo, como hemos destacado, y además, coexistiendo con los avances para la efectiva y generalizada utilización de
28 BARTOMEUS PLANA, J. y D., “La doble instancia conciliatoria en el procedimiento laboral”, Estudios sobre la Ley de Procedimiento Laboral (coord.: ALARCÓN CARACUEL, M.R.), Madrid, 1991, pág., 96. 29 Vid. ampliamente, ROMERO PRADAS, Mª I., “Perspectivas actuales de la mediación civil y laboral” (con GONZÁLEZ CANO, Mª I.), cit., págs. 433 y ss.
Artículo la mediación intrajudicial en nuestros juzgados que se vienen realizando (protocolos y guías, acuerdos entre el CGPJ y las distintas Administraciones con competencia en materia de justicia para potenciarla, jornadas de información, etc.), de nuevo la institución está presente en las últimas reformas procesales, en este caso, la llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la LOPJ. En esta norma, las menciones a la mediación, además de en el art. 22 y el nuevo 22 octies, en relación a la competencia de los tribunales españoles para incluir los acuerdos de mediación dictados en el extranjero, se encuentran en el art. 438, al incluirla entre las funciones a asumir por los servicios comunes procesales, y en el 456, al incluir ahora a la mediación, junto a la conciliación, entre las competencias, cuando así lo prevean las leyes procesales, de los Letrados de la Administración de Justicia.
nos parece importantísimo potenciar la mediación intrajudicial en todos los supuestos en los que desde el órgano jurisdiccional se considere que es posible y conveniente acudir a este procedimiento Todo lo anterior conduce a cuestionarnos la conveniencia de mantener el trámite previo obligatorio de conciliación o mediación, que en más ocasiones de las deseadas se convierte en un mero formalismo sin suponer una ocasión real para que las partes puedan lograr un acuerdo, sirviendo única y exclusivamente para cumplimentar el requisito exigido por la ley. Tal vez fuera más adecuado propiciar procedimientos efectivos tendentes al acuerdo (de mediación o conciliación), con los mismos efectos en cuanto a la suspensión e interrupción de plazos para el ejercicio de las acciones30, y eficacia en su caso del acuerdo, pero a los que las partes
Como se dispone en el art. 4 LM.
acudan de manera voluntaria, en los que se podría dar entrada incluso a servicios de mediación distintos al prestado por el servicio administrativo o por los órganos creados por vía convencional. Entendemos que de este modo las partes tienen garantizada la oportunidad de solucionar el conflicto sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional. Los términos en los que se el art. 63 LJS cuando determina el órgano conciliador o mediador como el “servicio administrativo correspondiente” o el que “asuma estas funciones” que podrá constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el art. 83 ET −también mediante los acuerdos de interés profesional a los que se refieren el art. 13 y el 18.1 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo−, no descartarían prima facie esta posibilidad. Por otra parte y para finalizar esta reflexión, nos parece importantísimo potenciar la mediación intrajudicial en todos los supuestos en los que desde el órgano jurisdiccional se considere que es posible y conveniente acudir a este procedimiento. En este sentido, la previsión del art. 82.3 LJS nos parece muy oportuna aunque insuficiente si nos atenemos estrictamente a las opciones que de manera expresa refiere. Es decir, el momento de admisión de la demanda y señalamiento del juicio en el proceso laboral, con la citación para los actos de conciliación judicial y juicio, deviene sumamente idóneo para que a partir de ahí las partes tengan ocasión de acudir a la mediación desde el propio órgano jurisdiccional. En este sentido, además de la oportunidad de celebrar la conciliación judicial antes del día previsto, lo que sin duda resulta positivo aunque limitado al acuerdo previo de las partes, entendemos que es la derivación a la mediación la que puede proporcionar acercamientos entre las partes y, en su caso, la efectiva solución del conflicto. Por eso resulta fundamental que jueces y secretarios estén formados en mediación, más bien este último por ser competencia asignada por la LOPJ, a fin de remitir a mediación aquellos asuntos en los que consideren que el procedimiento puede tener un resultado positivo. Es aquí donde entendemos, como expone el Protocolo del CGPJ, que debe informarse a las partes y a los profesionales, en su caso, de la disponibilidad del servicio de mediación, que puede ser distinto a los ofrecidos por el art. 63 al que se refiere el 82.3 LJS31.
31 Vid. el Protocolo de mediación social, pág. 132, donde se indica que el legislador ha configurado el servicio de mediación ante el órgano administrativo o el que suma sus funciones como una posibilidad, lo que no significa realidad, ni tampoco exclusividad, por lo que se considera que existe espacio para el desarrollo de otras experiencias vinculadas de distinta manera a los tribunales.
Movimiento Colegial Incidencias colegiales Enero - Marzo 2016 ALTAS EJERCIENTE LIBRE
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Colegiado: 1814
Andrés Pérez Alonso
Avda. República Argentina, nº3 5-B
C/ Monte Olivete, 14A
955 67 31 80
615 42 10 00
Colegiado: 1815
Colegiado: 1819
Noemi Sánchez López
Astronomía, 1. T-1 Pta. 5ª. Mod. 10
Carlos de Cepeda, Nº 2 Plta. 3. Pta.10
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Colegiado: 1820
Colegiado: 1823
José Luis González Estupiñán
Carlos Javier Campo Muñiz
Avda. Sta. Clara de Cuba, 1 Bloq. 1 6º D
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628 99 02 52
663 03 82 65
Cristina Montero Chamorro
Pastora María Monge Fernández
Mª Carmen Sánchez Cabeza
María Natividad Fernández Vivas
Roberto Jiménez Muñoz
Movimiento Artículo Colegial REINCORPORACIÓN EJERCIENTE LIBRE
Francisco Javier Bracho Pérez
CAMBIOS DE MODALIDAD EJERCIENTE LIBRE A NO EJERCIENTE
NO EJERCIENTE A EJERCIENTE LIBRE
Colegiado: 1806
Virginia Jimenez Moreno Domicilio profesional:
Esperanza Trinidad, 9. Blq. 10. 1ºA
626 26 38 45
José Manuel Jiménez Callejo
Javier Ortíz Bautista
EJERCIENTE LIBRE A EMÉRITO
José Julio Haro Martos
José Trillo Robles
BAJAS NO EJERCIENTE
Antonio Jesús Domínguez Alonso
BAJA POR FALLECIMIENTO NO EJERCIENTE
Ricardo Manuel Ragel Sanz
José Ignacio Ugalde González
Un año en las ondas de COPE En abril del 2015 un nuevo programa llegaba a las ondas sevillanas a través de una las de las emisoras de radio con más tradición de la ciudad, Cadena Cope, patrocinado por la empresa Dabo Consulting y presentado por la periodista Irene Ramos. Comenzaba su andadura con la intervención de nuestros compañeros José Ramón Barrera y Juan Carlos Castro. “La Tarde de los Graduados Sociales”, así fue como se le llamó, nace con la intención de acercar a los oyentes al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, planteándoles cuestiones de su día a día, haciendo sentir cercana y comprensible una materia tan dinámica y compleja. Una veintena de compañeros han ido pasando cada semana por el micrófono azul de calle Rioja. Desde los profesionales más veteranos a los más jóvenes han expuesto su conocimiento y dominio de la materia que trabajan día a día, siendo una vía de sacar el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las aulas, despachos y juzgados donde a veces entre artículos, decretos, órdenes y leyes se hace un galimatías para los expertos y ya ni que decir tiene lo que supone para el ciudadano de a pie. Diversos han sido los temas tratados cada miércoles por la tarde a eso de la hora del café, desde despidos, reclamaciones de cantidad, incapacidades, modificaciones de contrato, maternidad, incapacidad tem-
poral, jubilación, desempleo, mutuas de accidentes, convenios colectivos, regímenes de la seguridad social, cotización, convenios especiales e incluso asuntos fiscales de renta, sociedades y novedades legales. Con el nuevo año llegó un formato menos rígido que lo hace diferente, donde se responden consultas que nos llegan a través de nuestra Oficina Gratuita de Orientación Socio laboral, donde hablamos sobre un tema y entrevistamos a un compañero, ya que cada Graduado Social tiene su historia, sus peculiaridades, su campo de trabajo y sus anécdotas. Como no hacer referencia al inestimable “ojo periodístico” de Irene Ramos, conductora del espacio, quien en muchas ocasiones sus preguntas son propias de alguien neófito en la materia, y como profesionales siempre le decimos al salir del estudio “buena pregunta, cualquier oyente se lo estaría preguntando”. Por último, queremos dar las gracias a la empresa patrocinadora Dabo Consulting y a los compañeros que han dedicado y dedican su tiempo en este proyecto, sin los cuales no hubiera sido posible cumplir su Primer Aniversario; Gracias y Feliz Cumpleaños. Vocalía de Comunicación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla
Responsable Dpto. Plan General de Absentismo Activa Mutua.
Laboralidad de las disfonías: Nódulos vocales
El desarrollo de una actividad profesional implica la dedicación constante y cotidiana a una serie de funciones y tareas que se mantienen, a menudo, en el tiempo. Cuanto más específica y concreta es esa actividad, más repetitivas y monótonas acostumbran a ser esas funciones y tareas. Si bien el uso repetido de un órgano conduce a una adaptación progresiva para esa función, en condiciones ideales de esfuerzo y recuperación cíclicas, en situaciones donde se exceda el uso, y por tanto devenga en abuso, aparecen trastornos. Las alteraciones de la voz para los profesionales que dependen de ella para ejercer su trabajo, pueden responder a esta etiología. Los profesionales de la voz son todos aquellos trabajadores que tienen la voz como herramienta fundamental para el desarrollo de su actividad laboral. Este colectivo incluye al personal dedicado a la docencia (primera categoría profesional con riesgo de padecer enfermedades profesionales de la voz según la Organización Internacional de Trabajo) pero también a tele-operadores, cantantes, actores, locutores, conferenciantes, etc. Si la prevalencia de los trastornos de la voz en población general es del 5%, en el colectivo de profesionales de la voz, esta prevalencia asciende hasta el 17%-57%, pudiendo derivar, frecuentemente, en causa de incapacidad temporal, con el consiguiente impacto multinivel que condiciona este trastorno a efectos de enfermedad y absentismo para el trabajador, la empresa y el Estado. Es por todo ello, que resulta tan relevante el correcto abordaje de este tipo de alteraciones de la voz. Conocerlas, prevenirlas, identificarlas y tratarlas correcta-
mente será prioritario para la medicina laboral en este sector. Las causas que están relacionadas con la aparición de trastornos de la voz incluyen factores ambientales como el grado de humedad, las temperaturas extremas y ventilación, así como la existencia de irritantes y/o contaminantes ambientales, entre otros. También son causa los factores organizativos, como exceso de horas haciendo uso de la voz, sobrecarga de trabajo, falta de pausas periódicas o la escasa formación en el uso de la voz y la prevención de sus trastornos. Pero también existen factores personales, no relacionados con el entorno laboral, entre las que se incluyen los factores constitucionales, como la edad, el sexo, la condición física, la existencia de hábitos tóxicos (como el tabaco y el alcohol) la alimentación y el uso de medicamentos, entre otros. El mal usado término afonía, define la pérdida total de la capacidad de fonación. Es el término disfonía el que define al trastorno de la voz por alteración de las cualidades de ésta y que, por tanto, impide la consecución de las actividades profesionales para este sector. Estas disfonías pueden ser funcionales, donde no existe una lesión estructural identificable, normalmente secundarias al uso inadecuado de la voz, y por tanto se resuelven con el uso correcto de ésta. Pueden ser orgánicas: malformaciones, traumatismos, derivadas de enfermedades neurológicas, alérgicas, endocrinas, etc. Y por último mixtas donde conviven causas combinadas de abuso vocal y existencia de alteraciones orgánicas. Estas últimas afectarán inicialmente de forma aguda y, en caso de no cesar el abuso, pueden devenir en crónicas y permanecer más estables en el tiempo, constituyendo lesiones de tipo inflamatorio-edematoso como
Artículo son el edema de Reinke, los pólipos, los pseudoquistes y los nódulos vocales.
medades profesionales, denominadas actualmente mutuas colaboradoras de la seguridad social.
Éstos últimos, los nódulos vocales, deben considerarse como enfermedad profesional, desde su inclusión en el anexo 1 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de Seguridad Social (grupo 2, agente L, subagente 01, actividad 01, código 2L0101).
El correcto abordaje por la mutua debe incluir una anamnesis orientada y detallada que incorpore información sobre el esfuerzo vocal en horas de dedicación a la semana y antigüedad en la profesión. El uso de un test específico para valoración de los trastornos de la voz como el VHI-10 (Voice Handicap Index) será de indudable ayuda.
No pueden ser considerados EP, el edema de Reinke, los pólipos y el granuloma de contacto por considerarse relacionada su aparición con la irritación crónica derivada del abuso de la voz, junto con otros irritantes como el tabaco, y el ácido gástrico condicionado por el reflujogastroesofágico. Los nódulos vocales aparecen por el abuso continuo de las cuerdas vocales, produciéndose un engrosamiento progresivo del tejido de éstas. Cuánto mayor y más prolongado sea este abuso, mayor tamaño y consistencia adquirirán los nódulos. Ante la aparición en un profesional de la voz de carraspeo, necesidad de toser, secreciones, sensación de cuerpo extraño, falta de control de la voz, sensación de pérdida de esta o voz rota o ronca, el trabajador debe dirigirse a su mutua de accidentes de trabajo y enfer-
La valoración médica debe incluir una minuciosa exploración oro-faríngea, para descartar otro tipo de lesiones o posibles etiologías alternativas como las infecciones de vías respiratorias altas. Finalmente, está indicada la derivación al médico especialista en otorrinolaringología (ORL) para la confirmación diagnóstica y tratamiento específico. Afortunadamente, en general, estos trastornos son tratables y curables, y su mayoría (75-80%) se resuelven con tratamiento médico básico, reposo y rehabilitación vocal. Sólo un porcentaje menor de casos requieren de tratamientos más específicos. Si bien, el mayor esfuerzo debe estar siempre encaminado a la prevención de estos
SENTENCIA 118/2016 TRIBUNAL SUPREMO de 18/02/2016 Sentencia de la Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo, dictada en Unificación de Doctrina, de fecha 16 de Febrero: límites que resultan aplicables en aquellos casos en que se han prestado servicios antes y después del día 12 de Febrero de 2012. Esta importante Sentencia estudia y clarifica la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 3/2012, de 6 de Julio que vino a implantar dos cálculos de indemnizaciones diferentes según el tiempo de trabajo prestado antes y/o después del 12 de Febrero de 2012. El Tribunal Supremo clarifica que en aquellos casos en que por la antigüedad del trabajador el importe indemnizatorio que le corresponde hasta el 12 de Febrero de 2012 superase los 720 días de nuevo límite máximo de indemnización por despido improcedente, el tiempo de prestación de servicios que realice el trabajador con posterioridad a dicha fecha es irrelevante a efectos del cálculo de la indemnización por despido, por lo que la indemnización de despido improcedente, de superar el citado límite de 720 días, queda limitada a la cuantía resultante a febrero de 2012, aun cuando no se haya alcanzado el tope absoluto de las 42 mensualidades que anteriormente establecía el Estatuto de los Trabajadores.
El Tribunal Supremo se pronuncia en el sentido de no tener en cuenta los servicios prestados por el trabajador posteriores al 12 de Febrero de 2012 si con anterioridad ya ha alcanzado los 720 días del nuevo tope máximo de indemnización por despido improcedente, siendo éste el tope a abonar en su caso. No es fácil determinar el exacto alcance que posea esta norma intertemporal, dirigida a dulcificar la rebaja de la cuantía indemnizatoria que la Ley 3/2012 llevó a cabo (de 45 a 33 días por año; de 42 a 24 mensualidades como máximo). En la STS 29 septiembre 2014 (rec. 3065/2013) el TS realizó una primera aproximación al tema, conforme a la cual si el día 12 de febrero de 2012 se hubieran superado los 720 días indemnizatorios (aplicando el módulo de 45 días por año) sería posible seguir devengando indemnizaciones (a razón de 33 días por año) hasta alcanzar el módulo de las 42 mensualidades. Posteriormente, al resolver el recurso 1624/2014, en la STS de 2 de febrero de 2016, el TS concluyó que el importe indemnizatorio por el período de servicios anterior al 12 de febrero de 2012 no podía ser superior a cuarenta y dos mensualidades en ningún caso, con independencia de que posteriormente se hayan prestado servicios. El Tribunal Supremo, al respecto, realiza las siguientes matizaciones: a) La Disposición Transitoria solo se aplica a los supuestos en que el contrato se ha celebrado con anterioridad a 12 de febrero de 2012; la fecha inicial de cómputo, en supuestos (como el presente) de unidad esencial del
Jurisprudencia vínculo es claro que se retrotrae hasta el inicio del periodo computable. b) Cuando, por aplicación de este precepto, se toman en cuenta periodos de servicio anteriores y posteriores al 12 de febrero de 2012 “el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario”. c) De manera excepcional, este tope de 720 días de salario puede obviarse si por el periodo anterior a 12 de febrero de 2012 ya se ha devengado una cuantía superior. d) En sentido contrario, la norma implica que si por el periodo de prestación de servicios anterior a 12 de febrero de 2012 no se ha sobrepasado el tope de 720 días tampoco puede saltarse como consecuencia de la posterior actividad. e) Si los 720 días indemnizatorios se superan atendiendo a los servicios prestados antes de 12 de febrero de 2012 hay que aplicar un segundo tope: el correspondiente a lo devengado en esa fecha. A su vez, esta cuantía no puede superar las 42 mensualidades. f ) Quienes a 12 de febrero de 2012 no habían alcanzado los 720 días indemnizatorios (con el módulo de 45 días por año) siguen devengando indemnización por el periodo posterior (con el módulo de 33 días). El referido tope de los 720 opera para el importe global derivado de ambos periodos. g) El cálculo de cada uno de los dos periodos es autónomo y se realiza tomando en cuenta los años de servicio, “prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año” en los dos supuestos. Por ministerio de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/2012 (actual Transitoria Undécima del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, dimanante del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) deben diferenciarse dos periodos de prestación de servicios, actuando la fecha del 12 de febrero de 2012 como separadora. Para el tiempo anterior a 12 de febrero de 2012 opera una indemnización de “45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año”. Eso significa que debemos contabilizar diecinueve años y dos meses de actividad; el prorrateo por meses desemboca en el devengo de 3,75 días indemnizatorios por cada mensualidad de servicios prestados (45:12 = 3,75) Puesto que 19 años (19 x 12 = 228) y dos meses equivalen a doscientas treinta mensualidades (228 + 2 = 230), el total de días indemnizatorios (230 x 3,75 = 862,5) supera los 720 días indemnizatorios.
D) Ello significa que opera la excepción: la indemnización será de 862,5 días de salario. Prescribe la norma que “se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso”. Es evidente que esa cuantía máxima (42 x 30 = 1260 días) está muy alejada de la devengada por el trabajador (862,5 días). La transformación de esos días indemnizatorios (862,5) en cantidad monetaria (862,5 x 109,24 = 94.219) arroja una cifra distinta a la reconocida en el fallo inicial de la sentencia (74.386,87 €) y en el Auto aclaratorio (79.471,94 €) pero también a la interesada por el recurso casacional (89.134,27). Comprobación práctica e inmejorable de las dificultades interpretativas que la norma en cuestión suscita. E) De acuerdo con lo razonado en el apartado anterior, aunque no se hubiera alcanzado el máximo indemnizatorio absoluto de las 42 mensualidades, el tiempo de servicios posterior a 12 de febrero de 2012 es inhábil para acrecentar la cuantía fijada. Dicho de otro modo: al entrar en vigor la reforma legislativa de 2012 (Real Decreto-Ley 3/2012, respetado por Ley 3/2012) el trabajador ha prestado servicios por tiempo superior a 19 años y eso provoca que el ulterior trabajo resulte inocuo desde la perspectiva de la Disposición Transitoria Quinta aplicable al caso.
SENTENCIA 618/2016 TRIBUNAL SUPREMO de 19/02/2016. Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en recurso de Casación e Infracción Procesal, de fecha 19-02-2016, que señala e interpreta el concepto de “Gran Invalidez” y la ayuda de tercera persona, en un procedimiento de reclamación de daños a una compañía de seguros por accidente de tráfico. Esta Sentencia establece que debió calificarse la situación de la lesionada como de gran invalidez, pues las paraplejias vienen expresamente incluidas en la definición del gran invalido en el baremo, unido al reconocimiento de una minusvalía del 84% y a la declaración de
Jurisprudencia la Seguridad Social, unido a que precisa de la ayuda de terceras personas. Y, asimismo, dice el Tribunal Supremo que cabe concluir que no se puede penalizar a quien con su sacrificio personal y capacidad de autosuperación consigue avanzar (limitadamente) para mitigar su déficit de movilidad. Mantener lo contrario sería desincentivar la reinserción de los parapléjicos. En tal sentido, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido:: 1. Que, en la tabla IV del anexo de la Ley 8/2004 se recoge la paraplejia como secuela permanente susceptible de integrar el concepto de gran inválido.
ría de desear) se facilita el movimiento del parapléjico en una silla de ruedas, pero ello no significa que pueda entenderse que deja de precisar la ayuda de terceras personas, para el resto de sus actividades.
2.Que, en la misma tabla se refiere que han de ser personas afectadas por la referida secuela permanente que requiera la ayuda de otra persona, pero sin concretar que la ayuda haya de ser integral.
La Sala de lo Civil concluye que no se puede penalizar a quien con su sacrificio personal y capacidad de autosuperación consigue avanzar (limitadamente) para mitigar su déficit de movilidad. Mantener lo contrario sería desincentivar la reinserción de los parapléjicos.
Que, de los informes periciales aportados se deduce que la afectada precisa de ayuda de otra persona salvo que el medio esté adaptado. Entiende esta Sala que si un trayecto no tiene barreras arquitectónicas (como se-
Por ello, se declara que al incluir el baremo la paraplejia (parálisis total de miembros inferiores) en la gran invalidez, no se aprecian razones para excluirla en este caso. En la resolución recurrida se valora como dato importante que la afectada ha obtenido el permiso de conducir de vehículos adaptados y de ello deduce que no precisa significativamente de la ayuda de otra persona.
En el mismo sentido se pronuncia la sentencia de la Sala 4ª del TS de 3 de marzo de 2014, rec. 1246/2013.
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Ocio LIBROS IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE CERVANTES 2016 conmemoración el IV Centenario de la muerte de Cervantes Desde 1 de enero de 2016 comenzó el año Cervantes, dedicado, en el cuarto centenario de su muerte, al más célebre escritor en lengua española de todos los tiempos. El 22 de abril de 1616, a la edad de sesenta y ocho años, murió en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), efeméride que se recordará en todo el mundo, y especialmente en el ámbito hispanohablante, con distintas actividades institucionales y editoriales. En algunas de ellas participará activamente la Real Academia Española (RAE), que ha publicado en los últimos meses tres ediciones del Quijote y otras obras de su autor, desde los Entremeses y las Novelas ejemplares hasta La Galatea, dentro de su colección Biblioteca Clásica, dirigida por el académico Francisco Rico. En 2016 han salido de imprenta las Comedidas y tragedias y está prevista la aparición de Viaje del Parnaso y la poesía completa de Cervantes y, ya en 2017, llegará a las librerías Persiles y Sigismunda.
EXPOSICIÓN ‘FRANCISCO PACHECO. TEÓRICO, ARTISTA Y MAESTRO El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge Francisco Pacheco. Teórico, artista y maestro. Un artista complejo, profundo, intelectual y de gran talento que dejó huella del Naturalismo en el Barroco, pero ensombrecido por ser suegro de Velázquez. La muestra propone al espectador una revisión de la figura del artista, mostrando parte de su producción y su entorno cultural y artístico, y reivindicando todos sus perfiles. Un repaso a su obra, con la que consiguió ser uno de los más destacados en la historia del arte español, pero también en otros ámbitos como la filosofía o la poesía, donde ejerció una gran influencia. Fecha: Desde 17 de marzo de 2016 hasta 12 de junio de 2016 Museo de Bellas Artes de Sevilla Dirección: Plaza del Museo, 9
CERÁMICA CENTRO CERÁMICA TRIANA El Centro de la Cerámica de Triana, creado en la antigua fábrica de Santa Ana, ubicada en Triana y uno de los últimos centros de producción de cerámica de Sevilla capital, cuenta con piezas cerámicas ideadas por Aníbal González y que decoraron la monumental Plaza de España, piezas de la colección museográfica del Ayuntamiento hispalense, obras prestadas por el coleccionista Vicente Carranza, la Junta de Andalucía y el Estado, con una selección a cargo del catedrático de historia del arte Alfonso Pleguezuelo. La antigua fábrica Cerámica Santa Ana ha sido objeto de un cuidadoso proceso de rehabilitación, que ha conservado numerosos elementos tradicionales de la fábrica y ha dado forma a nuevos espacios donde se desarrollarán diferentes actividades: visitas a las viejas instalaciones, a la colección permanente de cerámica, a exposiciones temporales, etc., además de los talleres artesanales que se están ideando para reactivar la tradición alfarera trianera.
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Justicia social nº 83 red