Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-22205-de-enero-27-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_ba31c19263ad0176e0430a0101510176&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 02:33:06
Document Index: 152325520

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 40', 'artículo 90', 'artículo 242', 'artículo 66', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 339', 'artículo 90', 'artículo 277', 'artículo 177', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 26', 'artículo 68', 'artículo 2332', 'artículo 106', 'artículo 249', 'artículo 171', 'artículo 55', 'artículo 115', 'artículo 362', 'artículo 40', 'artículo 136', 'artículo 136']

﻿ Sentencia 22205 de enero 27 de 2012
SENTENCIA 22205 DE 27 DE ENERO DE 2012
CONTENIDO:INCAUTACIÓN ILÍCITA DE BIENES. GENERARA RESPONSABILIDAD AL ESTADO, SI SE LLEGARE COMPROBAR QUE LOS BIENES QUE FUERON INCAUTADOS SON DE PROCEDENCIA LICITA, Y SE PROVOCA UN DAÑO ANTIJURÍDICO EL CUAL DEBERÁ SER RESARCIDO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA REPARACIÓN PECUNIARIA DEBERÁ COMPRENDER EL DETERIORO Y DAÑO DE LOS BIENES INCAUTADOS AL IGUAL QUE LOS GASTOS PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE HAYA INCURRIDO LA VICTIMA OBJETO DE LA INCAUTACIÓN DE SUS BIENES, GENERÁNDOSE RESPONSABILIDAD A TÍTULO DE ERROR JUDICIAL Y DE UN DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, INCAUTACIÓN DE BIEN, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ERROR EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL
Sentencia 22205 de enero 27 de 2012
Expediente: 22.205 (R-5296)
Actor: José Jairo Lenis Giraldo y otros
Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación formulados por las partes contra la sentencia de 27 de julio de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida por los actores en $ 36’000.000 para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales, y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 1997(2), para que un proceso fuese de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 13’446.000(3).
De otro lado, es menester anotar que el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala que la apelación se entenderá interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que, en razón de la reforma, fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”; sin embargo, cuando ambas partes hubieren apelado la providencia, como ocurrió en el sub judice, o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
2.2. Responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia.
Antes de entrar a regir la Constitución Política de 1991, la Sección Tercera del Consejo de Estado distinguió entre lo que denominó: i) responsabilidad derivada de la administración de justicia, que la asimiló a una falla en la prestación del servicio y consideró, por ejemplo, que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes, o por sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo custodia de las autoridades judiciales(4); y, ii) la derivada del error judicial, la cual en un principio fue rechazada por la jurisprudencia de esta corporación, bajo el entendido de que, en los eventos en los cuales los funcionarios judiciales incurrieren en errores en desarrollo de su actividad de los que se derivaran daños para los administrados, quien comprometía la responsabilidad era el propio funcionario judicial y no el Estado. En esa misma línea se entendió que admitir la responsabilidad derivada del error judicial implicaría el desconocimiento del principio de cosa juzgada, en cuya virtud no es posible que un aspecto ya decidido por el juez sea fallado nuevamente, de tal suerte que los daños causados como consecuencia de ese error judicial únicamente comprometían la responsabilidad personal del funcionario judicial, en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil(5), esto es, cuando fueran causados como consecuencia de un error inexcusable.
De manera excepcional, la corporación llegó a reconocer la responsabilidad de la administración de justicia en aquellos eventos en los que el funcionario judicial, aún en el ejercicio de sus funciones, incurriera en una vía de hecho y causara lesión a una de las partes, sus apoderados, un auxiliar de la justicia o un tercero(6).
La Constitución Política de 1991 establece como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de todas las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales. En una decisión de 22 de julio de 1994, Expediente 9043, la Sección Tercera aseguró que, en aplicación del artículo 90 de la Constitución Política, no existía duda alguna en torno a que los errores judiciales pueden ser fuente de reclamaciones por quienes resultaren dañados o perjudicados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pudiere caberle al funcionario judicial.
En los artículos 232 y siguientes del Decreto 2700 de 1991 —antiguo Código de Procedimiento Penal—, fue consagrada la acción de revisión, a través de la cual se contempló la posibilidad de reabrir un juicio ya clausurado, cuando se ha incurrido en error judicial. Dicha acción constituye una excepción a la intangibilidad de la cosa juzgada. A su turno, el artículo 242 del mismo ordenamiento consagró el derecho a la indemnización de los perjuicios que se hubieren causado con dicho proceso, aspecto frente al cual la Sección Tercera ha declarado la responsabilidad de la administración sin dificultad alguna(7).
Para que se abra paso la responsabilidad patrimonial del Estado, por el error judicial, es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que dicho error esté contenido en una providencia judicial; ii) que esta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado hubiere interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes.
Es preciso anotar que se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho. Dicha responsabilidad también se hace extensiva a los errores en que incurran los demás agentes del Estado que, sin pertenecer a la rama jurisdiccional, cumplan la función de administrar justicia(8). El error judicial puede ser de hecho o de derecho, en este último caso por interpretación errónea, falta de aplicación o indebida aplicación de la norma procedente, pero además deben quedar incluidas en el concepto de error jurisdiccional las providencias que contraríen el orden constitucional(9).
No es necesario que la providencia sea constitutiva de una vía de hecho, esto es, que se trate de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que obedezca a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, como lo entendió la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996(10), porque ello implicaría desconocer la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición prevé que se debe indemnizar todo daño antijurídico que llegare a ocasionarse, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa(11).
Dado que el artículo 90 de la Constitución de 1991 y la Ley 270 de 1996 conciben el error judicial de una manera objetiva, para su configuración basta que la providencia que lo contenga cause un daño antijurídico y que este resulte imputable a la administración de justicia, pues la noción de culpa grave o dolo queda diferida a los eventos en los que se pretenda demostrar la responsabilidad personal del funcionario.
Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no solo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”(12).
Hechas las anteriores precisiones, puede concluirse que en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política de 1991, inclusive antes, como se anotó, y de la Ley 270 de 1996, el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, siempre que estén acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, esto es, que se haya causado un daño antijurídico, que este resulte imputable a una actuación u omisión de la autoridad vinculada a la rama judicial y que exista un nexo causal entre el primero y el segundo.
Interpretando el contenido de la demanda, puede dilucidarse que los actores pretenden, en este caso, que se declare la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación como consecuencia de las medidas implementadas por dicha entidad, las cuales se materializaron a través de una providencia judicial que ordenó la ocupación del inmueble que habitaban los demandantes en calidad de arrendatarios y la incautación de varios vehículos y dinero en efectivo que allí se encontraban, supuestamente porque estos provenían de actividades derivadas del narcotráfico, lo cual se demostró que no era cierto, al punto que la Fiscalía Regional de Bogotá, mediante resolución de 23 de diciembre de 1996, ordenó la entrega definitiva de los bienes incautados a los demandantes, por estimar que no existía vínculo alguno entre estos y el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, decisión que fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, el 27 de febrero de 1997.
Asimismo, los demandantes hicieron consistir la falla de la administración de justicia en el avanzado estado de deterioro que presentaban los vehículos particulares de su propiedad, al momento de serles restituidos por la Fiscalía General de la Nación.
De lo expuesto, se infiere que los daños perseguidos por los demandantes se habrían originado, por un lado, debido a un error judicial, pues fue a través de una decisión de la administración de justicia, proferida por la Fiscalía Regional de Bogotá, que se ordenó la ocupación del inmueble en el que residían los demandantes, como arrendatarios, y la incautación de dinero en efectivo y de los vehículos que allí se encontraban; por el otro, debido a un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en la medida en que los vehículos particulares, de propiedad de los demandantes, que permanecieron en los patios oficiales por disposición de la Fiscalía General de la Nación, fueron restituidos a los actores en avanzado estado de deterioro.
En el primer evento, esto es, por el error judicial, el término de dos años que contemplaba el ordenamiento legal para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio de la acción de reparación directa, aplicable para la época de los hechos(13), debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la resolución de 27 de febrero de 1997, proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, a través de la cual se confirmó la resolución de 23 de diciembre de 1996, proferida por la Fiscalía Regional de Bogotá, mediante la cual se ordenó la entrega definitiva de los bienes de propiedad de los demandantes, por estimar que su procedencia era lícita; es decir, con la expedición de la citada resolución de febrero de 1997 se concretó el daño sufrido por los demandantes.
Así, si se contabiliza el término de caducidad desde la expedición de la resolución de 27 de febrero de 1997, toda vez que no obra prueba en el plenario de la fecha de su ejecutoria, no hay duda que para la época de presentación de la demanda, esto es, 21 de noviembre de 1997, la acción no estaba caducada.
En el segundo evento, esto es, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad debe contabilizarse a partir de la entrega material de los vehículos averiados, ya que solo hasta ese momento los propietarios se pudieron percatar de los daños que presentaban, hecho que se materializó, en el caso de la volqueta de placas ALA-261, el 9 de mayo de 1997 y, en el caso del campero de placas BAY-582, el 22 de agosto de 1997, según certificación suscrita por el propietario del parqueadero donde permanecieron inmovilizados los vehículos, documento que obra en original (fls. 42, 43, cdno. 1). En ese orden de ideas, es claro que la demanda instaurada por los actores el 21 de noviembre de 1997, se presentó dentro del término de ley.
En el presente asunto, se deberá establecer, por un lado, si la actuación de la Fiscalía General de la Nación, relacionada con la ocupación del inmueble en el cual habitaban los demandantes y la incautación de los vehículos y dinero en efectivo que allí se encontraban, configuró un error judicial, en la medida en que la Fiscalía Regional de Bogotá, mediante resolución de 23 de diciembre de 1996, confirmada a través de resolución de 27 de febrero de 1997, proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, ordenó la devolución definitiva de los bienes incautados, por estimar que estos no tenían procedencia ilegal alguna; por otro lado, deberá establecerse si el avanzado estado de deterioro que presentaban los vehículos del señor Lenis Giraldo, al momento de su restitución, configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
De conformidad con las pruebas válidamente decretadas y aportadas al plenario, se encuentra acreditado que, el 29 de noviembre de 1995, la Fiscalía Seccional de Buenaventura, en cumplimiento de una comisión judicial proferida el 28 de noviembre del mismo año por la Fiscalía Regional de Bogotá, ocupó, con el apoyo operativo de la Infantería de Marina de la Armada Nacional, el inmueble ubicado en la carrera 36 Nº 4 A-17 y 4 A-57 del barrio Juan XXIII de Buenaventura, cuyo arrendatario era el señor José Jairo Lenis Giraldo, quien fue designado por la Fiscalía depositario provisional de los bienes incautados, con la obligación de consignar mensualmente el canon de arrendamiento en una oficina de depósitos judiciales del Banco Popular. En la misma diligencia fueron incautados los taxis de placas: BKF-524, VKE-975, VKE-905, VKF-215, VKF-248, VKF-494, VKF-213, VKF-112, VKF-252 y VKF-277, la volqueta particular de placas ALA-261 y el campero particular de placas BAY-582, según indican las actas de ocupación e incautación, visibles a folios 6 a 10 del cuaderno 1, documentos que obran en copia auténtica.
Luego, mediante Resolución 46 de 23 de diciembre de 1996, la Fiscalía Regional de Bogotá dispuso lo siguiente:
“Primero: ordenar la entrega definitiva de los vehículos identificados con las placas: VKF-524, VKE-975, VKF-215, VKF-494, VKF-213, ALA-261 al señor José Jairo Lenis Giraldo, por ser su legal propietario y acorde los razonamientos que quedaron expuestos en el texto de este pronunciamiento.
“Segundo: ordenar la entrega definitiva de los vehículos identificados con placas: VKE-905, VKF-248, VKF-252, VKF-277, VKF-112 a los señores Lucimar Escobar de Lenis, José Freider Lenis Giraldo, Marco Tulio Grisales Cañizales, César Ruiz Perea y Heliud Estrada (respectivamente en su orden) por ser sus legales propietarios y acorde los razonamientos que quedaron expuestos en el texto de este pronunciamiento.
“Tercero: ordenar la entrega definitiva de los $ 11.000.000 (once millones de pesos) que contiene el título judicial 060165 del Banco de la República al señor José Jairo Lenis Giraldo por ser su legítimo propietario y por las razones que quedaron expuestas en el texto de este pronunciamiento.
“Cuarto: ordenar que se reintegre a José Jairo Lenis Giraldo la suma de $ 3.589.725 (tres millones quinientos ochenta y nueve mil setecientos veinticinco pesos m/cte.) que se encuentran a órdenes de este despacho en títulos de depósito judicial. Dineros que fueron generados por concepto del trabajo de los vehículos de servicio público que se entregan por medio de esta resolución, amen de las razones que quedaron expuestas claramente consignadas en el texto de esta decisión.
“Quinto: abstenerse de pronunciar esta oficina sobre la situación del vehículo de placas BAY-582, por las razones que quedaron expuestas en el texto de este pronunciamiento” (fls. 21, 22, cdno. 1).
Los siguientes hechos y consideraciones fueron expuestos por la Fiscalía para proferir la decisión anterior (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):
“El día 29 de noviembre de 1995, en cumplimiento de comisión, un Fiscal Seccional de Buenaventura al momento de hacer efectiva la ocupación de los inmuebles ubicados en la carrera 36 Nº 4A-56 y 4 A-17 del barrio Juan 23 de Buenaventura Valle, tomó la determinación de incautar unos coches y dinero que en esos inmuebles se encontraban: dando en depósito provisional a José Jairo Lenis Giraldo la totalidad de carruajes que en el parqueadero de ese inmueble se encontraban: menos una volqueta y un montero Mitsubishi de propiedad de Lenis Giraldo, los que fueron remitidos en custodia a los patios departamentales de Buenaventura Valle. De igual manera, dispuso el decomiso de $ 11.000.000 de pesos que se encontraban en el inmueble donde dormía la familia de José Jairo Lenis Giraldo, por considerar que tenían relación —la consecución de estos bienes— con las actividades delictuales de la familia Patiño Fómeque.
“Aparece probado mediante certificado de tradición que tiene Lenis Giraldo sobre los vehículos identificados con las placas VKF-524, VKE-975, VKF-215, VKF-494, VKF-213, ALA-261. No ocurriendo lo mismo en referencia al vehículo identificado con placas BAY-582, pues no se ha podido hacer llegar al incidente el certificado de tradición de este campero; amen que el señor Lenis Giraldo, al reclamar su entrega tan solo aporta al despacho fotocopia simple de la tarjeta del seguro obligatorio y factura cambiaria de compraventa en donde aparecen los términos de compra sobre el referido vehículo de placas BAY-582; mas no se aporta ni certificado de tradición ni tarjeta de propiedad.
“Entonces, actuando conforme lo ordena nuestra legislación procedimental vigente, procederemos a pronunciarnos tan solo de aquellos automóviles sobre los cuales se ha demostrado la propiedad, y que son en últimas los identificados con placas: VKF-524, VKE-975, VKF-215, VKF-494, VKF-213, ALA-261. Igual se hará en referencia a los $ 11.000.000 que fueran decomisados en instancias de la diligencia de ocupación efectuada sobre el inmueble que habitaba Lenis Giraldo para el mes de noviembre de 1995.
“Recordemos que para el mes de noviembre de 1995, un Fiscal Regional de esta sede ordenó ocupar los predios identificados con la nomenclatura urbana número Cra. 36 Nº 4 A-56 y 4 A-17 del barrio Juan 23 de la ciudad de Buenaventura Valle. Bienes inmuebles que aparecieron como de propiedad de Deicy Fómeque y Joaquín Gustavo Patiño, padres del confeso narcotraficante Víctor Julio Patiño Fómeque.
“Dentro de ese marco de la investigación, esta oficina determinó, dentro del fin legal autorizado por el legislador, investigar en realidad cuál era la relación existente entre Lenis Giraldo y los miembros de la familia del confeso narcotraficante Víctor Julio Patiño Fómeque, para de acuerdo con el resultado de lo investigado, decidir la entrega o no de los bienes que reclamaba como suyos Lenis Giraldo.
“Es de esta forma que el resultado que arrojaron las pesquisas nos llevan a establecer que en efecto la única relación que existía entre Lenis Giraldo y la familia Patiño Fómeque era un contrato de arrendamiento realizado sobre el inmueble ubicado en la carrera 36 Nº 4 A-56 y 4 A-17.
“También pudimos establecer de las pesquisas que el señor Lenis Giraldo ha sido reconocido hombre (sic) que trabaja en el sector del transporte en Buenaventura, Valle, y de allí la razón para que en su poder se hallan (sic) encontrado varios taxis, unos de su propiedad y otros que se encontraban dentro de su parqueadero por administrarlos para terceras personas. También se ha demostrado con prueba documental y testimonial —certificados bancarios de las empresas que han vendido carros a Lenis Giraldo desde el año de 1989, amen de las personas que utilizaron sus servicios como administrador de taxis en Buenaventura— la forma en que el señor Lenis Giraldo adquirió sus coches y para ello se allegó al incidente documentación variada donde certifica que Lenis Giraldo ha sido favorecido por varios préstamos bancarios que le dieron la base para hacer las transacciones comerciales sobre los vehículos de marras, de los cuales reclama su entrega definitiva, amen de tener bajo su administración varios carros de terceras personas, los cuales también se reparaban en el pequeño taller que para esos eventos había instalado en el parqueadero que hacía parte del inmueble que le alquiló a Deicy Fómeque y Joaquín Gustavo Patiño.
“Sobre la cantidad de dinero que se encontró en el inmueble ocupado, se pudo corroborar el dicho de Lenis Giraldo en el sentido que estos dineros le habían sido reembolsados por el señor José Félix Ocoró Minota, a quien se los había prestado algunos meses antes para cancelar un dinero requerido para una intervención quirúrgica.
“Con lo anterior hemos de reconocer que hasta el presente momento no se ha establecido participación del señor Lenis Giraldo en el ilícito endilgado a Víctor Julio Patiño Fómeque y menos del imputado a los señores Deyci Fómeque y Joaquín Gustavo Patiño; por el contrario, se ha demostrado que lo único que unía a Lenis Giraldo con la familia Patiño Fómeque era un contrato de arrendamiento que recaía sobre unos inmuebles de propiedad de los padres de Víctor Julio Patiño Fómeque, que hoy se encuentran ocupados.
“Razón la anterior para que esta oficina ordene la entrega definitiva de los vehículos de placas VKF-524, VKE-975, VKF-215, VKF-494, VKF-213, ALA-261 al señor José Jairo Lenis Giraldo, que es su legítimo propietario. Igual orden se dará en referencia a los $ 11.000.000 (once millones de pesos) que fueran decomisados en el inmueble ubicado en la carrera 36 Nº 4 A-17 de propiedad de Lenis Giraldo. Título de depósito judicial del Banco de la República de Buenaventura, oficina 018-título No. 060165 por valor de $ 11.000.000 (once millones de pesos) cuenta Fiscalía Regional de Bogotá 9800002-9 (título que se encuentra guardado en bóveda de seguridad de la coordinación de esta unidad de Fiscalía).
“Sobre los dineros consignados por Lenis Giraldo en títulos de depósito judicial.
“De otro lado y como quiera que el señor Lenis Giraldo ha consignado en la misma cuenta de depósitos judiciales los dineros por concepto de arrendamiento del bien inmueble ocupado, amen de la mitad del producido diario de los vehículos incautados y dados a él en depósito provisional por parte de un Fiscal Seccional de Buenaventura Valle, se hace necesario devolverle a Lenis Giraldo la cantidad que exceda a la que mensualmente se depositó por concepto de arrendamiento. Lo anterior se hace en razón a la entrega de vehículos y dinero ordenada en esta resolución.
“En títulos valores se encuentra certificación que Lenis Giraldo ha consignado a órdenes de la Fiscalía Regional de Bogotá la suma total de $ 9.743.725. Resultado que se desprende de sumar $ 2.700.000 (pago por arrendamiento) más $ 7.043.725 (pago por ingreso de los taxis dados en depósito provisional).
“arrendamiento que debió consignar —lo que no hizo cumplidamente— desde diciembre de 1995 hasta agosto de 1996.
(9 meses de arriendo a $ 450.000 pesos mensuales) igual a $ 4’050.000.
“Arrendamientos con el aumento legal a partir del mes de septiembre de 1996 hasta diciembre de 1996.
“Teniendo en cuenta que el aumento del canon de arrendamiento es el que da el IPC, que para el año de 1996 fue del 17%. Entonces tenemos que $ 450.000 más 17% nos da un incremento de $ 76.500 mensuales para un total de $ 526.000, que debió consignar a partir del mes de septiembre de 1996 hasta el mes de diciembre del mismo año, para totalizar $ 2’104.000.
“En realidad, Lenis Giraldo debió consignar por concepto de arrendamiento, la suma de $ 6.154.000.
“Dinero realmente consignado por concepto de arrendamiento:
“Según consta en los depósitos judiciales que reposan en la bóveda de seguridad de esta unidad de Fiscalía se empezó a consignar el dinero por concepto de cánones de arrendamiento a partir del día 25 de junio de 1996 hasta el 21 de noviembre de los corrientes, que totalizaría un valor de $ 2’700.000.
“Dinero consignado por concepto de taxis:
“Total $ 7.043.325
“Dinero para entregar a José Jairo Lenis Giraldo:
“Al señor José Jairo Lenis Giraldo se le reintegrará un valor de $ 3.589.725 en títulos de depósito judicial, por concepto del dinero consignado y generado por el trabajo de los vehículos de servicio público, de que trata esta resolución.
“La anterior suma de dinero es el resultado de restarle al gran total de $ 9.743.725 la suma de $ 6.154.000 (dinero que debió consignar a órdenes de este despacho por concepto de arrendamiento de los inmuebles ocupados).
“Sobre los (sic) vehículo de placas BAY-582.
“1. En referencia al vehículo Mitsubishi de placas BAY-582 es menester informar que hasta la fecha de este pronunciamiento, al diligenciamiento incidental no se ha glosado certificado de tradición del mencionado rodante, pese a haberse solicitado en reiteradas oportunidades. Además, notaremos (sic) que dentro de los documentos que aporta el señor Lenis Giraldo para demostrar la propiedad sobre este campero de placas BAY-582, se encuentra una fotocopia simple de factura cambiaria de compraventa y una tarjeta de seguro obligatorio; pero nada aporta en referencia al certificado de tradición. Y hasta la fecha de este pronunciamiento no nos ha llegado respuesta de tránsito sobre la licitud que se ha hecho de hacer (sic) llegar a esta oficina el certificado de propiedad sobre este campero.
“En razón de lo anterior, esta oficina se abstendrá de pronunciarse sobre la entrega de este vehículo hasta tanto nos llegue la certificación legal de la persona sobre quien recae la propiedad legal de este vehículo.
“De los taxis identificados con placas VKE-905, VKF-248, VKF-252, VKF-277, VKF-112 hemos podido establecer mediante prueba documental y testimonial que sus propietarios son los señores Lucimar Escobar de Lenis, José Freider Lenis Giraldo, Marco Tulio Grisales Cañizales, César Ruiz Perea y Heliud Estrada (respectivamente en su orden).
“De estos automotores se ha podido demostrar que se encontraban en el parqueadero ubicado en el barrio Juan 23 de Buenaventura Valle, por estar bajo la administración de José Jairo Lenis Giraldo.
“Así lo han manifestado sus propietarios en diligencia de declaración glosada en los infolios, amen de lo dicho en referencia a este tópico por Lenis Giraldo en diligencia de testimonio.
“Es de esta forma que tampoco en referencia a los propietarios de estos carruajes se ha logrado establecer vínculo con la familia del confeso narcotraficante Patiño Fómeque; y lo único que se vislumbra del investigativo es que se dio esta relación causal por el hecho de haber estado esos vehículos guardados en un parqueadero que Lenis Giraldo había alquilado de los señores Deicy Fómeque y Joaquín Gustavo Patiño.
“Entonces al no existir prueba que nos muestre a los señores Lucimar Escobar de Lenis, José Freider Lenis Giraldo, Marco Tulio Grisales Cañizales, César Ruiz Perea y Heliud Estrada relacionados en actuación delictual con la familia Patiño Fómeque, hemos de ordenar la entrega definitiva de los vehículos identificados con placas VKE-905, VKF-248, VKF 252, VKF-277 Y VKF-112 a sus legítimos propietarios. Estos carros taxi se encuentran en la actualidad en depósito provisional de José Jairo Lenis Giraldo (...) “(fls. 11 a 22, cdno. 1).
El 27 de febrero de 1997, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional confirmó la decisión anterior, por estimar que:
“De un lado no se presenta dubitación alguna respecto de la legítima titularidad de los automotores comprometidos en esta investigación, de placas VKE-905, VKF-248, VKF-252, VKF-277, VKF-112, cuyos propietarios son José Jairo Lenis Giraldo, Lucimar Escobar de Lenis, José Freider Lenis Giraldo, Marco Tulio Grisales Cañizales, César Ruiz Perea y Heliud Estrada, como puede concluirse de la documentación que milita en el expediente, cumpliéndose de esta manera con el primer presupuesto que la ley impone, esto es, la debida propiedad del objeto a reintegrar.
“Por otra parte se cuenta en el plenario con pruebas que permiten concluir que las actividades de José Jairo Lenis Giraldo, le han permitido a través de los años adquirir no uno, sino muchos vehículos, como se desprende del análisis de las diferentes probanzas que al afecto reposan en el legajo, tales como declaraciones de las diferentes personas que tienen conocimiento de sus lícitas actividades, así como certificaciones de las diferentes entidades bancarias que le han otorgado créditos, entre otras, la de folio 77 cuaderno 1, expedida por el subgerente de negocios bancarios del Banco Cafetero, donde aparecen relacionados un total de catorce (14) créditos entre los años 1984 a 1988 inclusive: Banco de Occidente, quien certifica a través de su director de soporte administrativo-división Contraloría, tres (3) préstamos compendiados a partir de 1992 hasta 1996 inclusive (...), lo que permite inferir que efectivamente la adquisición de los mismos ha sido a base de arduos trabajos e incluso de créditos con las diferentes corporaciones que han contribuido para ello.
“Igualmente, a través del legajo, se observan declaraciones (...) ante el funcionario encargado de dirigir la presente investigación de terceras personas que vieron comprometidos sus vehículos en este investigativo, esto es Lucimar Escobar de Lenis, José Freider Lenis Giraldo, Marco Tulio Cañizales, César Ruiz Perea y Heliud Estrada de las que se colige que efectivamente habían entregado sus rodantes al señor José Jairo Lenis Giraldo en administración, razón por demás lógica para que estos hubiesen sido hallados en el parqueadero del pluricitado Lenis Giraldo.
“De otro lado, en lo atinente al requisito de ajenidad (sic) participativa de los titulares interesados en el presunto acontecer delictivo, fácil es observar que al interior de la foliatura no existe ningún elemento de convicción del cual se pueda edificar el más mínimo vestigio de compromiso delictual en cabeza tanto de Lenis Giraldo como de las terceras personas ya relacionadas en el presente proveído, pues como acertadamente lo expusiera el a quo, la única relación existente entre el confeso narcotraficante Víctor Julio Patiño Fómeque y su familia con José Jairo Lenis Giraldo no es otra que un simple contrato de arrendamiento en que aparece como arrendador Deicy Fómeque Campos, siendo arrendatario José Jairo y fiador José Hoover Rojas Duque, el cual entró a regir a partir del 16 de agosto de 1989, continuando vigente a la fecha (...).
“Continuando la revisión de las entregas, es la oportunidad para referirnos a las sumas de dinero que igualmente ordenara devolver el fiscal instructor y que consta en títulos de depósitos judiciales.
“Al efecto, como primera medida se observa en autos que la afirmación hecha por Lenis Giraldo con respecto a los once millones de pesos ($ 11.000.000) decomisados en el teatro de los acontecimientos encontró respaldo probatorio, pues la persona citada por él como su deudor por dicha cantidad, esto es, el ingeniero José Félix Orozco Minota (alcalde municipal de Buenaventura), efectivamente se hizo presente dentro del investigativo para confirmar el dicho de aquel, manifestando haber recibido de sus manos la suma de $ 10.000.000 en calidad de préstamo, reconociendo incluso que no fue cumplido en el pago de dicha obligación de acuerdo a lo previamente pactado con su acreedor, para finalmente cancelarle la cantidad de $ 11.000.000, reconociendo $ 1.000.000 por concepto de intereses.
“Finalmente ninguna polémica ni minucioso estudio merece la entrega de la otra cantidad de dinero, es decir, tres millones quinientos ochenta y nueve mil setecientos veinticinco pesos ($ 3.589.725), pues dicha suma obedece al reintegro que se le debe hacer por concepto de los diferentes valores consignados como consecuencia del producido de los vehículos que tenía en administración y algunos cánones de arrendamiento.
“Corolario de lo anterior y al no vislumbrarse vínculo alguno ora por parte de José Jairo Lenis Giraldo ni de las terceras personas que se vieron afectadas con la presente investigación con la familia de Patiño Fómeque, ni con actividades ilegales, forzoso resulta entonces confirmar la determinación consultada y así se expresará en la parte resolutiva del presente interlocutorio” (fls. 23 a 29, cdno. 1).
a. Hecho generador del daño y su relación con el servicio
Las pruebas reveladas indican que la Fiscalía General de la Nación ordenó la ocupación del predio que habitaban los demandantes y la incautación de los bienes de su propiedad, supuestamente porque estos provenían de actividades ilícitas.
En dicho procedimiento, fueron incautados los taxis de placas VKF-524, VKE-975, VKF-215, VKF-494 y VKF-213, la volqueta y el campero particulares de placas ALA-261 y BAY-582, en su orden, todos de propiedad del señor José Jairo Lenis Giraldo, quien demostró dicha condición dentro del incidente promovido por su abogado defensor en el proceso penal contra los propietarios del inmueble objeto de la ocupación, según quedó establecido en la resolución de 23 de diciembre de 1996, proferida por la Fiscalía Regional de Bogotá, confirmada por la resolución de 27 de febrero de 1997, proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional. Asimismo, fueron incautados los taxis de placas VKE-095, VKF-248, VKF-252, VKF-277 y VKF-112, de propiedad de terceras personas, los cuales eran administrados por el señor José Jairo Lenis Giraldo. En la misma diligencia fue incautada la suma de $ 11’000.000.
Es de anotar que los vehículos de servicio público que fueron cobijados con la medida de la demandada se entregaron en depósito provisional al señor Lenis Giraldo, a quien se le impuso la obligación de consignar mensualmente el 50% del producido diario de los automotores, en una cuenta de depósitos judiciales a nombre de la Fiscalía General de la Nación.
Si bien en el plenario no obra copia de la providencia mediante la cual la Fiscalía Regional de Bogotá ordenó la ocupación e incautación del predio y los bienes de los demandantes, para cuyo efecto comisionó a la Fiscalía Seccional de Buenaventura, es claro, de conformidad con los demás medios probatorios aportados al proceso, entre ellos, el acta de ocupación e incautación 023 de 29 de noviembre de 1995, que los hechos que dieron lugar a la presente causa tuvieron origen en una decisión judicial proferida por la Fiscalía Regional de Bogotá, el 28 de noviembre de 1995. Así se desprende del acta citada:
“En Buenaventura-Valle, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, siendo las 6.10 p.m. horas, en compañía del secretario para el caso y con el apoyo operativo de la Infantería de Marina al mando del Cabo 2-destacado en B/tura. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal y demás normas concordantes, cumpliendo lo ordenado en resolución de fecha veintiocho (28) de noviembre del año en curso, emitida por un Fiscal Regional de Bogotá, D.C., con base en la comisión antecedente nos hicimos presentes en el inmueble arriba indicado, donde fuimos atendidos por el señor(a) Miriam Godoy, identificada con la cédula de ciudadanía 29.539.471, quien manifestó ser el arrendatario respecto de dicho bien, a esta persona se le entera de la naturaleza y objeto de la presente diligencia (se resalta) (fls. 6 a 8, cdno. 1).
Para la Sala, no hay duda que la decisión adoptada por la Fiscalía Regional de Bogotá, el 28 de noviembre de 1995, por medio de la cual se comisionó a la Fiscalía Seccional de Buenaventura para que practicara una diligencia de ocupación e incautación de bienes, en el inmueble ubicado en la carrera 36 Nº 4 A-56 y 4 A-17 de la ciudad de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, constituye un acto típicamente jurisdiccional, proferido dentro de un proceso por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones, lo que comporta la prestación del servicio de administración de justicia a cargo del Estado.
De la misma manera, para la Sala es claro que, en el asunto sub examine, también se dan los presupuestos que configuran un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues la prueba documental y testimonial arrimada al proceso (fls. 30 a 43, cdno. 1; fls. 49 a 57, cdno. 2), a la cual se hará alusión más adelante, cuando se proceda a la tasación de los perjuicios causados a los demandantes, deja en evidencia que los vehículos particulares de placas ALA-261 y BAY-582, de propiedad de los demandantes, los cuales permanecieron en los patios oficiales por orden de la Fiscalía General de la Nación, fueron restituidos por dicha entidad en avanzado estado de deterioro.
b. Daño antijurídico
De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de todas las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales, las cuales pueden llegar a comprometer la responsabilidad del Estado, bien a través de decisiones contenidas en providencias judiciales proferidas en ejercicio de sus funciones, o bien a través de acciones u omisiones constitutivas de falla, que se produzcan con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia.
En el presente asunto, la Fiscalía Regional de Bogotá ordenó la ocupación del inmueble que habitaban los demandantes y la incautación de los vehículos y dinero en efectivo que allí se encontraban, por estimar que existían varios indicios acerca del vínculo de tales bienes con el reconocido narcotraficante Víctor Patiño Fómeque; sin embargo, a medida que fue transcurriendo la investigación penal y se fueron develando las distintas pruebas, la Fiscalía pudo establecer que el inmueble ocupado era de propiedad de los padres del citado narcotraficante y que el único vínculo de los demandantes con la familia del mencionado señor era un contrato de arrendamiento; igualmente, se estableció que los vehículos y el dinero incautados habían sido obtenidos por los actores de forma legal, por lo que, a través de resolución de 23 de diciembre de 1996, la Fiscalía Regional de Bogotá ordenó la entrega definitiva de tales bienes a sus propietarios, decisión que fue confirmada íntegramente, el 27 de febrero de 1997, por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional.
Si bien en el sub lite se desconoce qué pruebas o indicios tuvo en cuenta la Fiscalía Regional de Bogotá para implementar las medidas que afectaron a los demandantes, lo cierto es que dicha entidad comprobó que estos nada tenían que ver con las actividades ilícitas desarrolladas por el citado narcotraficante; por lo tanto, las medidas que ellos debieron padecer, materializadas a través de una providencia judicial, se tornaron injustas, pues los actores no tenían el deber jurídico de soportarlas.
Desde esa perspectiva, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se les exija a los demandantes que asuman en forma inerme y como si se tratase de una carga pública que todos los administrados debieran asumir en condiciones de igualdad, la ocupación del inmueble que habitaban y la incautación del dinero en efectivo y de los vehículos que allí se encontraban, a través de los cuales desarrollaban una actividad lícita y obtenían el sustento económico. Sin duda, los errores judiciales pueden ser fuente de reclamaciones por quienes resulten perjudicados, independientemente de la responsabilidad que pudiera caberle al funcionario judicial.
De la misma manera, los actores no tenían por qué soportar que los vehículos particulares de su propiedad, incautados por la Fiscalía e inmovilizados en los patios oficiales, fueran restituidos por esta en avanzado estado de deterioro.
Resulta evidente, pues, que las medidas de la Fiscalía General de la Nación que afectaron a los demandantes les causó un daño antijurídico, en consideración a que se demostró que ellos nada tenían que ver con el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque y que sus bienes habían sido obtenidos con el fruto del trabajo, de modo que sufrieron afectación en su patrimonio económico y moral, pues los vehículos de servicio público incautados eran el medio a través del cual la familia Lenis Godoy derivaba el sustento económico, aunado al hecho de que el señor José Jairo Lenis Giraldo y su familia eran personas reconocidas en la sociedad y que gozaban de buena reputación. Tampoco estaban obligados los actores a soportar el deterioro de los vehículos de servicio particular que permanecieron retenidos en los patios oficiales a órdenes de la Fiscalía General de la Nación y que les fueron restituidos en avanzado estado de deterioro, como se verá más adelante.
Ese menoscabo patrimonial y moral no tenía que ser soportado por los demandantes, no solo porque va más allá de lo que normalmente las personas deben soportar por el hecho de vivir en una sociedad jurídicamente organizada, sino porque tales medidas obedecieron a decisiones judiciales erráticas, si se tiene en cuenta que se estableció en el proceso penal, seguido contra los propietarios del inmueble que habitaban los demandantes en calidad de arrendatarios, que ni los unos ni los otros tenían nada que ver con actividades provenientes del narcotráfico, tal como se evidencia en las resoluciones proferidas por la Fiscalía General de la Nación, a través de las cuales se ordenó la entrega definitiva de los bienes incautados.
c. Nexo de causalidad existente entre la conducta de la administración de justicia y el daño antijurídico experimentado por los demandantes
Como se dejó anotado, las decisiones proferidas por la Fiscalía General de la Nación y la conducta de dicha Institución en cuanto al deterioro de los vehículos de servicio particular de propiedad de los demandantes fueron la causa del daño antijurídico que estos debieron soportar; por consiguiente, el daño resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación a título de error judicial y de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Los actores pretenden en este caso que se les reconozca el pago de daño emergente y lucro cesante, el primero de los cuales corresponde a la pérdida o disminución efectivamente sufrida en el patrimonio como consecuencia del hecho dañoso, mientras que el segundo está constituido por la ganancia o utilidad que esperaba percibir y que en un estado normal de cosas habría reportado de no presentarse el hecho dañoso(14).
a. Los actores solicitaron en la demanda que se condenara a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por dicho concepto, la suma de $ 6’667.000, correspondiente a los gastos de reparación de los automotores de servicio particular de placas ALA-261 y BAY-582, de propiedad del señor José Jairo Lenis Giraldo, condición que fue demostrada en el proceso penal con la correspondiente tarjeta de propiedad y el respectivo certificado de tradición, tal como quedó establecido en las decisiones proferidas por la Fiscalía General de la Nación mediante las cuales se ordenó su entrega definitiva. Igualmente, solicitaron la suma de $ 3’984.000, por concepto de pago de parqueadero (fl. 134, cdno. 1).
El 16 de septiembre de 1997, el propietario del parqueadero denominado “Central”, donde fueron inmovilizados los citados automotores por orden de la Fiscalía General de la Nación, expidió la siguiente certificación:
“1. Que el día treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) ingresaron al establecimiento denominado ‘Parqueadero central’, ubicado en la calle 6ª, a la altura de la carrera 6ª de esta ciudad de Buenaventura, el vehículo de clase campero, color rojo, de placas BAY-582, de servicio particular, y la volqueta de color blanco, de placas ALA-261, de servicio particular, ambos de propiedad del señor José Jairo Lenis Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía 6.288.232 de El Cerrito (Valle del Cauca).
“2. Que los vehículos en mención ingresaron en perfecto estado de funcionamiento mecánico, eléctrico, de sistemas de control y seguridad, de lámina y pintura, etc., pues lo hicieron rodando por sus propios medios.
“3. Que los automotores fueron ingresados por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación, los cuales manifestaron que los vehículos quedaban inmovilizados y a disposición de la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá y solo podrían salir con la autorización de dicho ente oficial.
“4. Que los vehículos mencionados fueron entregados a su propietario, así: a) La volqueta de placas ALA-261, el día nueve (9) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997), y b) El campero Mitsubishi de placas BAY-582, el día veintidós (22) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997), en razón a que su dueño presentó en cada oportunidad la respectiva autorización de entrega proveniente de la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá (se resalta).
“5. Que el señor José Jairo Lenis Giraldo, propietario de los vehículos, tuvo que cancelar por concepto de costos del servicio de parqueadero la suma de tres millones novecientos ochenta y cuatro mil ($ 3.984.000.oo) pesos mda./cte., discriminados así: a) Por la volqueta dos millones cien mil pesos ($ 2.100.000.oo) mda/cte., a razón de cuatro mil pesos ($ 4.000.oo) pesos mda./cte., diarios; b) Por el campero un millón ochocientos ochenta y cuatro mil pesos ($ 1.884.000.oo) mda./cte., a razón de tres mil pesos (3.000.oo) mda./cte., diarios.
“6. Que a consecuencia de la inmovilización a que estaban sometidos los automotores, los mismos se deterioraron gravemente, al punto que al momento de de ser entregados a su dueño, presentaban daños en el sistema de frenos (pegados), rodamiento (pegados), motor de arranque (pegado), sistema eléctrico (oxidado), cojinería (rota por roedores), lámina y pintura (deteriorada y oxidada totalmente), entre otros.
“7. Que durante el tiempo que se encontraron inmovilizados los vehículos en las instalaciones del parqueadero a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, ninguna persona de esa u otra entidad estatal, se hizo presente en estas dependencias para prestarle mantenimiento a los vehículos antes enunciados (se resalta).
“8. Que doy fe de lo anterior en virtud a que el suscrito Carlos Julio Restrepo Franco, en mi calidad de propietario del parqueadero, estaba presente en el mismo cuando los vehículos fueron inmovilizados y dejados en el parqueadero; además, he venido trabajando en el mismo continuamente durante todo el tiempo que los vehículos estuvieron inmovilizados; y pro (sic) último yo mismo los entregué al señor José Jairo Lenis Giraldo, por orden de la Fiscalía General de la Nación” (fls. 42, 43, cdno. 1).
El señor César Ruiz Perea, quien para la época de los hechos se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, y que el día de los hechos se encontraba en el parqueadero-taller del señor José Jairo Lenis Giraldo, en declaración rendida en el curso de este proceso, manifestó lo siguiente:
“El señor Lenis ha gozado de nombre en Buenaventura como una de las personas dedicadas al transporte que mejor mantiene los vehículos, luego en lo que yo pude ver en el momento del allanamiento, esos estaban en perfecto estado, posteriormente y debido al tiempo en el que estuvieron sometidos a sol y agua en el estacionamiento, esos vehículos se los devolvieron en un estado deplorable (...)” (fls. 51, 52, cdno. 2).
A su turno, la señora María Eugenia Alzate Guzmán manifestó que los automotores del señor Lenis Giraldo que fueron inmovilizados por la Fiscalía General de la Nación se encontraban en buen estado cuando se produjo la diligencia de incautación, pero fueron restituidos a su propietario en avanzado estado de deterioro y este debió someterlos a reparación (fls. 53, 54, cdno. 2). Por su parte, el doctor Harvey Córdoba Sandoval, quien para la época de los hechos defendió los intereses del señor Lenis Giraldo en el proceso penal que la Fiscalía adelantó contra los propietarios del inmueble que habitaban los demandantes en calidad de arrendatarios, manifestó: “Noté también que los vehículos que sacó la Fiscalía de estas instalaciones a los patios autorizados están aquí en Buenaventura totalmente a la intemperie, con un clima de alto contenido de oxidante que hicieron presa fácil a estos vehículos a un deterioro que los dejó inservibles” (fls. 55, 56, cdno. 2).
Las fotografías aportadas al proceso por la parte actora, visibles a folios 30 a 33 del cuaderno 1, evidencian el avanzado estado de deterioro de los vehículos, particularmente el de la volqueta de placas ALA-261, documentos que podrán valorase, en el sub judice, habida cuenta de que pueden ser confrontados con los demás medios de prueba que militan en el expediente, como por ejemplo, la certificación del parqueadero donde permanecieron retenidos los automotores a órdenes de la Fiscalía General de la Nación y las declaraciones a las que se hizo alusión anteriormente, de donde se desprende que los vehículos se encontraban en buenas condiciones técnicas y mecánicas cuando fueron incautados, pero al momento de ser restituidos a sus propietarios evidenciaban un avanzado estado de deterioro.
Según la factura 0050 expedida el 19 de septiembre de 1997 por el “Taller La 44”, especializado en servicios de lámina y pintura, por un valor de $ 1’850.000, el campero Mitsubishi de placas BAY-582 fue sometido a revisión de frenos, rodamientos y sistema eléctrico; cambio de tapicería, batería, rodillos, retenes, bandas y chapas y pintura (fl. 40, cdno. 1).
Según la factura 0036 expedida el 23 de julio de 1997 por el “Taller La 44”, por un valor de $ 3’800.000, la volqueta de placas ALA-261 fue sometida a revisión de frenos, rodamientos y sistema eléctrico; cambio de tapicería, bomba hidráulica, batería, diafragmas, bandas, rodillos y retenes, lámina y pintura (fls. 41, cdno. 1).
Las citadas facturas pueden ser valoradas, en la medida en que obran en original, indican con precisión las reparaciones realizadas a los vehículos, los cambios de las piezas averiadas, se especifica en detalle el valor de cada uno de los ítems, la fecha, la persona que sufragó los gastos, el nombre del taller donde fueron reparados, etc., y no fueron tachadas de falsas. Sumando el valor de las dos facturas, se obtiene un total de $ 5’650.000, por concepto de gastos de reparación de los dos automotores de servicio particular de propiedad del señor Lenis Giraldo.
Como ya se vio, también se encuentra acreditado que el señor Lenis Giraldo pagó la suma de $ 3’984.000, por concepto de parqueadero, según certificación expedida por el señor Carlos Julio Restrepo Franco, propietario del parqueadero “Central”, lugar al que la Fiscalía trasladó los automotores mencionados, documento que, a juicio de la Sala, constituye plena prueba en torno a que los automotores permanecieron inmovilizados, por orden de la Fiscalía Regional de Bogotá, entre el 30 de noviembre de 1995 y el 9 de mayo de 1997, en el caso de la volqueta de placas ALA-261 y, entre el 30 de noviembre de 1995 y el 22 de agosto de 1997, en el caso del campero de placas BAY-582, así como en torno al pago realizado por concepto de parqueadero, sumas que no fueron cuestionadas por la entidad demandada.
En total, el señor José Jairo Lenis Giraldo pagó la suma de $ 9’634.000. Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 9’634.000) multiplicada por la cifra que arroja dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta la sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual se efectuaron los pagos, esto es, septiembre de 1997, es decir:
Ra = $ 24’087.206
b. Los actores también solicitaron que se condenara a la demandada a pagarles la suma de $ 15’000.000, correspondientes a los honorarios sufragados al doctor Harvey Córdoba Sandoval, quien los representó en el trámite incidental dentro del proceso penal contra los propietarios del predio ocupado (fl. 135, cdno. 1).
A folio 37 del cuaderno 1 obra un recibo original por $ 15’000.000, que el señor José Jairo Lenis Giraldo entregó al doctor Harvey Córdoba Sandoval, el 22 de diciembre de 1995, “por pago a representación judicial como abogado ante la Fiscalía Regional en el proceso de la referencia incidente 03 preliminar 060 (unidad de Derechos Humanos) y preliminar 051 (unidad Lavado de Activo)”.
En cuanto a los documentos privados emanados de terceros, el numeral 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil dispone que “los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación”. En el sub lite, la entidad demandada no formuló solicitud alguna de ratificación del recibo mencionado atrás, de tal suerte que el mismo permite acreditar el rubro reclamado por los demandantes.
En todo caso, es menester anotar que el doctor Córdoba Sandoval, en declaración que rindió en este proceso, manifestó que les cobró a los demandantes honorarios elevados para atender los requerimientos del proceso penal, pues tuvo que desplazarse en varias oportunidades a la Fiscalía Regional de Bogotá, circunstancia que implicó gastos en tiquetes aéreos y hospedaje (fls. 54, 55, cdno. 1).
Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma de dinero que debió sufragar el señor Lenis Giraldo, por concepto de honorarios de abogado en el proceso penal) multiplicada por la cifra que resulte de dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual se realizó el pago, esto es, diciembre de 1995.
Ra = $ 52’413.572
c. Los actores solicitaron el pago de $ 9’052.300, correspondiente a gastos de tiquetes aéreos y desplazamiento del señor José Jairo Lenis Giraldo hacia la ciudad de Bogotá, para atender los requerimientos del proceso penal (fl. 135, cdno. 1).
Para acreditar el monto pretendido, los demandantes aportaron al proceso una certificación expedida por un contador público, donde aparecen relacionados 12 viajes que habría realizado el señor Lenis Giraldo entre la ciudad de Buenaventura y Bogotá y el costo correspondiente de cada uno de ellos, durante el período comprendido entre el 18 de diciembre de 1995 y el 12 de septiembre de 1997 (fls. 34, 35, cdno. 1). Para la Sala, dicho documento, por sí solo, sin ningún soporte u otros medios de prueba que lo respalden, no resulta suficiente para acreditar los viajes que habría realizado el citado señor a la ciudad de Bogotá y mucho menos para demostrar el valor de lo que este habría pagado por concepto de transporte aéreo. Se echan de menos, por ejemplo, los tiquetes aéreos o alguna certificación de la aerolínea que acredite que, efectivamente, esta los expidió a nombre del señor Lenis Giraldo para que él se desplazara entre las ciudades mencionadas; por lo tanto, dicha pretensión no puede prosperar.
d. Los actores solicitaron el pago de $ 13’000.000, correspondiente al 50% del producido de los vehículos de servicio público incautados que fueron entregados en depósito provisional al señor Lenis Giraldo, cuyo valor la Fiscalía ordenó reintegrar a los demandantes y que hasta la fecha de presentación de la demanda aún no había sido restituido (fl. 153, cdno. 1).
No obstante la suma pretendida por los actores, lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación ordenó la restitución de $ 3’589.725, por dicho concepto, decisión frente a la cual el demandante no formuló reparo alguno, de lo cual se infiere que este estuvo de acuerdo con dicho monto.
Ahora bien, la parte actora manifestó en la demanda que la suma pretendida aún no le había sido restituida por la enjuiciada, afirmación que se entiende realizada bajo la gravedad del juramento. Igual manifestación hizo en el recurso de apelación, y dado que se trata de una negación indefinida que, a términos del inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no requiere prueba, pues en este evento la carga probatoria se invierte, correspondiéndole a la entidad demandada demostrar que sí restituyó la suma reclamada por los actores, aspecto este que no se encuentra acreditado en el proceso, motivo por el cual la Sala condenará a la demandada al pago de $ 3’589.725, suma que corresponde a lo consignado por el señor José Jairo Lenis Giraldo a la Fiscalía General de la Nación, por concepto del producido diario de los vehículos de servicio público que le fueron entregados en provisionalidad.
Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma de dinero que debe restituírsele al señor Lenis Giraldo) multiplicada por la cifra que dé de dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que se profirió la resolución de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, esto es, 27 de febrero de 1997, que confirmó la Resolución de la Fiscalía Regional de Bogotá mediante la cual se ordenó el reintegro de dicha suma de dinero.
Ra = $ 9’838.171
Total daño emergente $ 86’338.949
3.1.2. Lucro cesante.
a. Los actores solicitaron en la demanda que se condenara a la Fiscalía General de la Nación al pago de $ 77’112.000, pues la inmovilización de la volqueta de placas ALA-261 imposibilitó la celebración de un contrato con la empresa Conalvías, cuyo objeto era el alquiler del automotor que sería utilizado en la construcción de la carretera Loboguerrero-Cali (fl. 153, cdno. 1).
A folio 16 del cuaderno 1 obra una certificación del contador público Egidio Rivas Santos, según la cual la volqueta de placas ALA-261 se encontraba trabajando con la empresa Conalvías, en la construcción de la carretera Loboguerrero-Cali, y que debido a la inmovilización del automotor los actores dejaron de percibir la suma anotada anteriormente.
No obstante lo dicho, lo cierto es que esa certificación, por si sola, sin estar acompañada con otros medios de prueba que la respalden, no resulta suficiente para demostrar que el automotor se encontraba vinculado a la empresa Conalvías cuando fue inmovilizado, ni mucho menos acredita las sumas de dinero que habría dejado de percibir el propietario como consecuencia de la situación descrita, pues ni siquiera se conocen las condiciones en las que se habría pactado dicha relación negocial, ya que no se aportó el contrato celebrado entre el señor José Jairo Lenis Giraldo, propietario del automotor, y la empresa Conalvías, ni ningún otro medio de prueba que permita establecer a la Sala que efectivamente dicha relación sí existió, razón suficiente para negar la pretensión solicitada.
b. Los actores también pidieron que se condenara a la demandada a pagar la suma de $ 19’842.500, correspondiente a lo dejado de producir por el taxi de placas VKF-253, el cual habría sido retirado del servicio público por el señor Lenis Giraldo, durante el período comprendido entre el 29 de noviembre de 1995 y el 22 de agosto de 1997, para destinarlo a sus asuntos personales y comerciales, ante la inmovilización del campero particular de placas BAY-582 en el cual se desplazaba diariamente (fl. 154, cdno. 1).
Si bien es razonable que la inmovilización del vehículo de uso particular del señor Lenis Giraldo lo hubiere obligado a él a utilizar uno de los vehículos de servicio público para atender sus asuntos personales y comerciales, con el detrimento económico que ello implicaba por la imposibilidad de usufructuarlo, lo cierto es que no se acreditó en el plenario qué sumas de dinero dejaron de ingresar a su patrimonio como consecuencia de dicha situación, pues la certificación aportada al proceso por el contador público del citado señor no permite, por si sola, establecer que el taxi de placas VKF-253 hubiere dejado de reportar la suma de $ 19’842.500 entre el 29 de noviembre de 1995 y el 22 de agosto de 1997, pues ni siquiera se demostró en el proceso cuál era el producido diario del vehículo mencionado, de tal suerte que la Sala negará dicha pretensión.
c. Los actores solicitaron el pago de $ 7’320.134, correspondientes a los intereses comerciales dejados de percibir por la incautación indebida de la suma de $ 11’000.000, durante el período comprendido entre el 29 de noviembre de 1995 y el 22 de agosto de 1997 (fl. 137,cdno. 1) .
Como se anotó anteriormente, la Fiscalía les incautó a los actores la suma de $ 11’000.000, cuya devolución se hizo efectiva el 22 de agosto de 1997. A pesar de que a lo largo del proceso se viene sosteniendo que el señor Lenis Giraldo desarrollaba una actividad comercial, pues era un reconocido empresario del transporte en la región, actividad de la cual derivada el sustento económico de su familia, lo cierto es que no acreditó la calidad de comerciante.
Al respecto, el artículo 20 del Código de Comercio señala que son mercantiles para todos los efectos legales, entre otras actividades, las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados.
Por su parte, el artículo 19 del mismo ordenamiento legal prevé que todo comerciante está obligado a matricularse en el registro mercantil, a inscribir en este todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija dicha formalidad, a llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, a conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y los demás documentos relacionados con sus negocios o actividades, etc., pero en el plenario no obra prueba alguna que demuestre que el citado señor cumpliera con al menos una de tales condiciones o exigencias, de donde se colige que este no acreditó la calidad de comerciante.
Cabe destacar que el registro mercantil es una obligación profesional del comerciante, que se deriva de dicha calidad, la cual se adquiere por el ejercicio profesional de actos de comercio. El artículo 26 del Código de Comercio señala que el registro mercantil “tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros, documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad”. A su turno, el artículo 68 prevé que los libros y papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente.
Habida cuenta de que, en el presente asunto, el señor José Jairo Lenis Giraldo no demostró que era comerciante, el interés que habrá de reconocérsele, por la pérdida de la rentabilidad del dinero, será el legal del 6% anual(15) —C.C., art. 2232—, obteniendo así la suma de $ 1’141.800, según la siguiente liquidación:
Valor histórico = $ 11’000.000
Número de meses = 20,76 (29 de noviembre de 1995 hasta 22 de agosto de 1997)
i= $ 1’141.800
La suma anterior será actualizada. Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 1’141.800) multiplicada por la suma que arroja dividir por el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que dicha suma de dinero fue restituida a los actores.
Ra = $ 2’890.512
d. Los actores solicitaron que se condenara a la demandada a pagar los intereses comerciales de $ 13’000.000, que corresponden al 50% del producido de los vehículos de servicio público incautados, cuyo valor la Fiscalía ordenó reintegrar a los demandantes y que hasta la fecha de presentación de la demanda aún no había sido restituido (fl. 153, cdno. 1).
Si bien los actores pretenden el pago de intereses comerciales de $ 13’000.000, lo cierto es que, como se dijo anteriormente, la Fiscalía General de la Nación ordenó la devolución de $ 3’589.725, que corresponde al 50% del producido de los vehículos entregados en depósito provisional al señor Lenis Giraldo y que este consignó en una cuenta de depósitos judiciales a órdenes de la Fiscalía, suma de dinero que aún no ha sido restituida, según lo manifestado por los actores en la demanda y en el recurso de apelación, circunstancia que la enjuiciada no desvirtuó en el proceso; por lo tanto, la Sala condenará a la demandada a pagar los intereses causados sobre la suma de $ 3’589.725, a una tasa del 6% anual y no sobre los $ 13’000.000 como lo pretenden los actores, por las razones anotadas anteriormente, calculados desde la fecha en la que el señor Lenis Giraldo consignó el dinero en la cuenta de depósitos judiciales a nombre de la Fiscalía General de la Nación, hasta el 27 de febrero de 1997, cuando la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional confirmó la resolución de 23 de diciembre de 1996, proferida por la Fiscalía Regional de Bogotá, a través de la cual se ordenó la devolución de la suma de dinero anotada.
Cabe mencionar que la parte actora manifestó a lo largo del proceso que la enjuiciada no le restituyó la suma reclamada, de lo cual se infiere que, a partir de la fecha en la que se ordenó la entrega del dinero, dicha entidad se constituyó en mora, lo que daría lugar al reconocimiento de intereses moratorios a partir del incumplimiento de dicha obligación; pero, debido a que estos no fueron solicitados en la demanda, no se podrán reconocer oficiosamente y, por lo tanto, la Sala condenará a la demandada a pagar intereses legales del 6% anual, según el artículo 2332 del Código Civil, sobre la suma de $ 3’589.725, por el rendimiento que dejó de percibir dicha suma de dinero, calculados desde el 25 de junio de 1996 hasta el 27 de febrero de 1997, esto es, la suma de $ 144.665, según la siguiente liquidación:
Valor histórico = $ 3’589.725
Número de meses = 8,06 (25 de junio de 1996 hasta el 27 de febrero de 1997).
i = $ 144.665
La suma anterior será actualizada. Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 144.665) multiplicada por la cifra resultante de dividir por el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que dicha suma de dinero debió haber sido restituida a los actores.
Ra = $ 396.475
e. Los actores solicitaron el pago de $ 27’000.000, correspondiente a los intereses comerciales de varios créditos que debió solicitar el señor José Jairo Lenis Giraldo, los cuales fueron respaldados a través de letras de cambio (fls. 137 a 139, cdno. 1).
Para este efecto, aportaron con la demanda varias copias autenticadas de letras de cambio, suscritas por el señor Lenis Giraldo a favor de José Frey Lenis Giraldo, por un valor de $ 6’800.000; a favor de Aleyda Giraldo de Perafán, por un valor de $ 4’000.000; a favor de María Adalgisa Arias López, por un valor de $ 2’500.000; a favor de Cleotilde Ospina, por un valor de $ 2’700.000; a favor de Farley Carvajal, por un valor de $ 5’000.000; a favor de Alvaro de Jesús Galvis Rodríguez, por un valor de $ 3’000.000, y a favor de Hubert Rosas Duque, por un valor de $ 3’000.000 (fls. 60 a 63, cdno. 1).
No obstante ello, lo cierto es que dicha pretensión no resulta procedente en este caso, si se tiene en cuenta que no hay prueba de que exista relación alguna entre las sumas contenidas en las citadas letras de cambio y los hechos narrados en la demanda.
Total lucro cesante $ 3’286.987
f. Los actores solicitaron en la demanda la suma de $ 42’000.000, por concepto de la afectación al good will del señor José Jairo Lenis Giraldo, de quien se dijo que era un próspero empresario del transporte en la ciudad de Buenaventura, pues las medidas implementadas por la Fiscalía General de la Nación afectaron su desempeño en el ámbito comercial en el cual desarrollaba sus actividades, particularmente “por la pérdida de la credibilidad comercial en el sector transporte, máxime cuando con motivo de la incautación de que fue víctima le fueron cerrados los créditos y suministros de mercancías” (fl. 157, cdno. 1), a lo cual se sumó “la acentuada disminución de su actividad mercantil, por no poder entre otras actividades desarrollar las acostumbradas compraventas de automotores, por razón del bloqueo comercial, y el consecuente desvío de la clientela debido a la medida preventiva que recayó sobres sus bienes” (fl. 157, cdno. 1).
Doctrinaria y jurisprudencialmente el “good will” ha sido definido como el “buen nombre o fama comercial en un conglomerado económico-social determinado”. En nuestro ordenamiento jurídico no existe una disposición normativa que lo defina; sin embargo, el Decreto 2650 de 1993 o plan único de cuentas para comerciantes se refiere a su registro contable como crédito comercial y la jurisprudencia ha establecido que tal concepto corresponde a(16):
“(...) el buen nombre o fama comercial en un conglomerado económico social determinado, bien intangible que conlleva beneficios tales como el reconocimiento de los consumidores al producto o servicio y a la empresa que lo suministra, la confianza y credibilidad de la empresa, la calificación positiva del consumidor a las características del producto y el derecho a la clientela, esta última con protección jurídica positiva en las normas que consagran la prohibición de las conductas de competencia desleal (L. 256/96). El contenido patrimonial de este derecho no tiene parámetros precisos y por tanto generalmente corresponde a un estimado del potencial de mercado y su rentabilidad (...)”(17).
Con base en lo anterior, se llega a la conclusión que la afectación al buen nombre o good will se puede ocasionar tanto en perjuicios de tipo patrimonial en la modalidad de lucro cesante, por cuanto puede llegar a perder su crédito mercantil y las relaciones comerciales, pero también puede generarse un perjuicio de tipo moral porque puede ocurrir “que se presente o no un menoscabo económico o que se disminuyan sus beneficios, pero de todos modos la difamación ha afectado objetivamente la apreciación de la imagen o la reputación que de ella se tiene en la comunidad”(18).
Como puede verse, el “good will” está asociado al buen nombre o reconocimiento de un producto o servicio determinado dentro de un conglomerado económico-social. En el sub lite, los demandantes aseguraron que la credibilidad comercial y crediticia del señor José Jairo Lenis Giraldo se vio fuertemente afectada con la actuación de la Fiscalía General de la Nación, pues las medidas que debió soportar fueron de público conocimiento; sin embargo, como se anotó anteriormente, aquél no demostró la calidad de comerciante bajo los postulados de la ley mercantil, de tal suerte que ningún perjuicio pudo haber sufrido ante dicha situación, por lo cual la Sala negará la pretensión solicitada por la afectación de su buen nombre comercial y crediticio.
No obstante, lo cierto es que la imagen, la honra y el buen nombre del señor José Jairo Lenis Giraldo se vieron afectados socialmente como consecuencia de la actuación desarrollada en su contra por la Fiscalía General de la Nación, lo cual, sin duda, le produjo un daño de tipo moral que deberá resarcirse, como se verá a continuación.
Por este concepto, los actores solicitaron en la demanda el equivalente en pesos a 3000 gramos de oro para cada uno de ellos. Manifestaron que las medidas de la Fiscalía General de la Nación, mediante las cuales fue ocupado el inmueble de habitación de los demandantes e incautados varios vehículos y dinero en efectivo que allí se encontraban, bajo el supuesto de que tales bienes provenían de actividades relacionadas con el narcotráfico, afectaron el buen nombre de la familia, la cual gozaba de excelente reputación en el seno de la sociedad, con mayor razón cuando tal hecho ocurrió en una ciudad como Buenaventura, pues tildar a una persona de haber participado en un ilícito es marcarlo de por vida. Eso fue lo que ocurrió con el señor Lenis Giraldo y su familia, quienes sufrieron una grave afectación de tipo moral y patrimonial por los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación, tal como lo revelan los distintos medios de prueba aportados al plenario.
En declaración rendida en el curso de este proceso, el señor Javier Alzate Londoño, amigo personal de la familia, manifestó lo siguiente:
“(...) Los problemas presentados a nivel del núcleo familiar fueron impresionantes, materialmente hablando el estatus de vida que llevaba se acabó de un tajo, ya no tenía su vehículo particular para transitar, no tenía con qué arreglar la vivienda, la alimentación en su casa se volvió bastante molesta, las pensiones de los hijos en el colegio se atrazaron (sic), de manera moral no dormía él (sic), casi todos los días lloraba en la casa y en la oficina, no dormía, los hijos comenzaron a ser rechazados por los compañeros del colegio acusados de ser hijos de narcotraficante, las reuniones sociales a las que eran invitados brillaban por su ausencia, se le acabaron su amigos, nadie quería saber de él ni de su familia (...)” (fls. 66, 67, cdno. 2).
La señora Marisol Caicedo Bonet dijo que:
“(...) Antes de ese suceso tan desagradable y bochornoso él nunca mostró afecciones de salud, mientras que después de los sucedido mostró decaimiento, se le agudizó el problema del oído, se desmoralizó, se le acabaron las ganas de seguir luchando por su familia, y sé que tuvo tratamientos médicos (...)” (fls. 49, 50, cdno. 2).
Por su parte, César Ruiz Perea aseguró:
“Esas personas se encontraban sumamente nerviosas, sin comprender exactamente de qué se trataba todo lo que estaba sucediendo, en los días siguientes tuve la penosa experiencia de ver como los niños y como el señor Jairo sufrían y se vieron afectados en su salud por todos lo acontecido y por la incertidumbre de no conocer lo que vendría en el futuro. Jairo en esos días prácticamente abandonó su empresa, viéndose el decaimiento de la misma debido a la poca atención que por las circunstancias vividas le prestaba la persona que conocía exactamente que había que hacer en cada momento” (fls. 51, 52, cdno. 2).
Al proceso se allegaron varias certificaciones de médicos que aluden al estado anímico de los integrantes de la familia Lenis Godoy, donde se constata que estos sufrieron fuertes trastornos de tipo sicológico como consecuencia de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación. Así, por ejemplo, el médico Jorge Ernesto Perafán Giraldo manifestó:
“En el mes de diciembre de 1995 José Jairo y Miriam me consultaron por conductas cuestionables en sus dos hijos, quienes estaban presentado cuadros alucinatorios, fobias, pesadillas, cambios de comportamiento, agresividad, disminución del rendimiento escolar, llanto infundado, nerviosismo marcado, aislamiento, estados depresivos severos, entre otros.
“Analizando el caso y teniendo en cuenta que los padres presentaban condiciones similares, se llegó a la conclusión que todo guardaba relación con un allanamiento practicado el día 29 de noviembre del mismo año en la casa de estos, con marcada presencia de uniformados, dotados con sofisticadas armas, equipos de comunicación, quienes vigilando el movimiento de todos y cada uno de los ahí presentes, incluidos los niños, ofrecieron un irreverente espectáculo que desconoció totalmente los derechos del niño torturándolos psicológicamente y colocando a sus padres como unos delincuentes de alta peligrosidad quedando esta imagen como un sello imborrable en sus mentes.
“Reiniciamos las terapias de grupo y en ocasiones personalizadas, nuevamente en el mes de mayo, terapias estas encaminadas a borrar ese tormentoso pasado golpeado aún más por las dificultades económicas consecuencia de los mismos allanamientos y este es el momento, que si es cierto hay una mejoría, también es cierto, quedaron huellas para todos que nunca podrán ser borradas” (fls. 44, 45, cdno. 1).
La psicóloga Ana Delhi Manyoma certificó que el señor José Jairo Lenis Giraldo fue sometido a tratamiento psicológico, el 5 de diciembre de 1995, por presentar “Inestabilidad emocional” (fl. 46, cdno. 1). A la señora Miriam Godoy se le diagnosticó “Tensión nerviosa” y debió ser sometida a psicoterapia (fl. 47, cdno. 1). A su turno, los menores Sindy Angélica Lenis y Jairo Andrés Lenis Godoy presentaron problemas emocionales y fueron sometidos a tratamiento psicológico, a partir del 14 de diciembre de 1995 (fls. 48, 49, cdno. 1).
Se encuentra acreditado en el proceso que Sindy Angélica y Jairo Andrés Lenis Godoy son hijos de José Jairo Lenis Giraldo y Miriam Godoy, según los registros civiles de nacimiento provenientes de la Notaría Primera del Círculo de Buenaventura, visibles a folios 2 y 3 del cuaderno 1.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra acreditado el perjuicio moral sufrido por los demandantes como consecuencia de las medidas implementadas por la Fiscalía General de la Nación. Acreditado, entonces, el parentesco de los demandantes y la afectación psicológica que estos sufrieron por las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, la Sala condenará a la demandada a resarcirles los perjuicios a ellos causados.
En cuanto se refiere a la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala abandonó el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se consideró, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y sugirió la imposición de condenas por una suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(19).
Teniendo en cuenta lo anterior y, de conformidad con los parámetros trazados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Sala condenará a la entidad demandada a pagar la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes para José Jairo Lenis Giraldo. Igual suma será reconocida tanto a Miriam Godoy, como a Sindy Angélica Lenis Godoy y a Jairo Andrés Lenis Godoy.
Los demandantes solicitaron que se condenara a la demandada a pagar una suma equivalente en pesos a 4000 gramos de oro para cada uno de ellos, por el deterioro o disminución de la capacidad auditiva del señor José Jairo Lenis Giraldo como consecuencia de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación.
La Fonoaudióloga Susana Elena Pastoriza certificó, el 5 de noviembre de 1997, que el señor José Jairo Lenis Giraldo es paciente suyo desde hace 10 años y que este padece pérdida auditiva neurosensorial profunda, la cual ha sido progresiva en los últimos años (fls. 50, cdno. 1).
Puede inferirse del anterior documento que, para la época de los hechos narrados en la demanda, el citado señor ya padecía la limitación física en el oído, por la cual reclama y, si bien con el transcurso del tiempo esta pudo haberse agravado, no existen elementos de juicio que permitan inferir a la Sala que ello hubiese obedecido a las medidas implementadas por la Fiscalía General de la Nación sobre los bienes de de los demandantes. En consecuencia, la Sala negará la pretensión solicitada.
Los actores dirigieron la demanda contra la Nación - Fiscalía General de la Nación. La Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado que, no obstante que la Fiscalía pertenece a la rama judicial, ella goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido por el artículo 249 de la Constitución Política y, por lo tanto, las condenas que llegaren a imponerse como consecuencia de las decisiones proferidas por la Fiscalía deberán ser cumplidas o pagadas con su propio presupuesto(20).
La Sala se abstendrá de condenar en costas a las demandadas, por cuanto la conducta procesal desarrollada por ellas no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
1. MODIFÍCASE la sentencia de 27 de julio de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación por los hechos imputados en la demanda; en su lugar:
a. DECLÁRASE la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación por los daños causados a los demandantes como consecuencia de un error judicial y de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
b. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada una de las siguientes personas: Miriam Godoy, Sindy Angélica Lenis Godoy y Jairo Andrés Lenis Godoy. La misma suma de dinero, esto es, 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, será reconocida a la sucesión de José Jairo Lenis Giraldo.
c. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, a favor de la sucesión de José Jairo Lenis Giraldo, la suma de ochenta y seis millones trescientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos ($ 86’338.949) m/cte., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.
d. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, a favor de la sucesión de José Jairo Lenis Giraldo, la suma de tres millones doscientos ochenta y seis mil novecientos ochenta y siete pesos ($ 3’286.987) m/cte., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.
e. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
f. ABSTIÉNESE de condenar en costas.
3. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil
(2) La demanda fue instaurada el 21 de noviembre de 1997
(3) Decreto 597 de 1988
(4) Ver, entre otras: sentencias de 10 de noviembre de 1967, Expediente 868; de 31 de julio de 1976, Expediente 1808; de 24 de mayo de 1990, Expediente 5451
(5) El artículo 40 del Código de Procedimiento Civil disponía: “Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos: 1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad. 2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto. 3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo del recurso que la parte dejó de interponer”. En Sentencia C-244A de 30 de mayo de 1996, la Corte Constitucional declaró que esta norma fue subrogada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que reguló totalmente el tema.
(6) Sala Plena, sentencia de 16 de diciembre de 1987, Expediente R-01, C.P.
(7) Ver: sentencias de 30 de mayo de 2002, Expediente 13.275 y 14 de agosto de 1997, Expediente 13.258.
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.528.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 1997, Expediente 13.258.
(10) Sentencia C-037 de 1996.
(11) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente 10.285.
(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, Expediente 14.307.
(13) Según el artículo 136 Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos —D. 2304/89—, el término de caducidad de la acción de reparación directa era de dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.
Con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, norma que modificó el artículo 136 del Decreto 2304 de 1989, se estableció que la acción de reparación directa caducaría al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa (se resalta).
(14) Sentencia de 3 de octubre de 2003, Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia; M.P. José Fernando Ramírez Gómez.
(15) Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación (C.E., Sec. Tercera, sent., abr. 22/2009, Exp. 17.616).
(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 22 de junio de 2011, Expediente 16.703.
(17) Nota original de la sentencia citada: sentencia de 10 de julio de 1997, Expediente: 10.229.
(18) Nota original de la sentencia citada: sentencia de 20 de noviembre de 2008, Expediente 17.031.
(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, Expedientes 13.232-15.646.
(20) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 5 de junio de 2001, Expediente C-376, reiterada a través de sentencia de 11 de febrero de 2009, Sección Tercera, Expediente 15.769, y sentencia de 27 de abril de 20011(sic), Sección Tercera, Subsección A, Expediente 20.749.