Source: http://econn.org/concepto-02005666-de-2002-febrero-28-superintendencia-de-indus.html
Timestamp: 2019-03-23 17:32:00
Document Index: 233533780

Matched Legal Cases: ['artículo 333', 'artículo 334', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 333', 'artículo 334', 'artículo 46', 'artículo 47']

CONCEPTO 02005666 DE 2002
De conformidad con el artículo 333 de la Constitución Política, son principios orientadores del Estado Social de Derecho Colombiano la libertad de empresa y la libertad de competencia. [1] Paralelamente, el artículo 334 atribuye al Estado la dirección general de la economía. [2]
Ahora bien, la doctrina ha definido la competencia económica como el "ejercicio de la libertad en procura de captar la clientela, colocando en el mercado productos y servicios a precios, calidades y en condiciones contractuales diferentes a los demás participantes." [3] (Subrayado fuera de texto).
En consecuencia, dentro de una economía de mercado competitivo, como el colombiano, "el precio y las demás señales e indicadores de productividad y rentabilidad tienden a mantenerse libres de distorsiones y de esta manera se crean los incentivos necesarios para que los empresarios destinen los recursos productivos a las áreas en donde sirven más a ellos y al país." [4] (Subrayado fuera de texto).
Es así como, partiendo de los principios constitucionales expuestos, el artículo 1 de la ley 155 de 1959, modificado por el artículo 1 del decreto 3307 de 1963 prohibe "los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y, en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos."
Es claro entonces que, el objetivo de las normas citadas que prohiben los acuerdos, convenios y en general, todas las prácticas, procedimientos y sistemas tendientes a limitar la libre competencia, "se orienta a reprimir las limitaciones a la competencia y tutela la prevalencia de ésta en el mercado, como columna vertebral de la economía de mercado." [5] Es decir, estas normas se orientan a lograr la prevalencia de la libre competencia "para consolidar con su presencia y normal desarrollo, el imperio de un sistema económico que tenga como soporte la libre iniciativa privada, a fin de que el desempeño de los distintos participantes se realice libre de trabas, y los resultados que de su libre ejercicio obtengan, sean fruto del natural desempeño de las reglas de la oferta y la demanda; protección que, al ser otorgada, les impone de igual manera, como obligación, la de abstenerse de restringir la libertad de competencia." [6] (Subrayado fuera de texto).
En concordancia con lo expuesto, el artículo 46 del decreto 2153 de 1992 establece que "en los términos de la ley 155 de 1959 y del presente decreto están prohibidas las conductas que afecten la libre competencia en los mercados." [7] A renglón seguido, el mismo decreto 2153 enuncia algunas conductas que se consideran contrarias a la libre competencia, entre ellas los acuerdos y actos restrictivos. [8]
1.2. Acuerdos anticompetitivos de fijación de precios
Dentro de este marco, la referida norma enumera algunos acuerdos contrarios a la libre competencia entre los cuales están "los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios." [9]
Dicha prohibición obedece a que como ya se dijo, dentro de un mercado libre y competitivo los precios deben ser fijados de conformidad con el libre juego de la oferta y la demanda. Así lo explica la doctrina al señalar que "cuando la propiedad privada y la libertad de intercambio están presentes, los precios del mercado registran las elecciones literalmente de millones de consumidores, productores y proveedores de recursos, y las ponen en armonía. Los precios reflejan información acerca del consumidor, costos y asuntos relacionados con oportunidad del momento, localización y circunstancias, que está mucho más allá de la comprensión de cualquier individuo o autoridad de planeación central. Este único dato sumario - el precio del mercado - proporciona a los productores todo lo que ellos necesitan saber para poner en armonía sus acciones con las acciones y preferencias de los demás. El precio del mercado dirige y motiva a productores y proveedores de recursos, para que ofrezcan esas cosas que los demás valoran altamente en relación con los costos de las mismas." [10]
De conformidad con lo anterior, se concluye que al tenor de las normas constitucionales y legales en materia de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, los acuerdos de fijación de precios están prohibidos y por lo tanto, en caso de comprobarse su ocurrencia, una vez realizada la investigación correspondiente, son sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Ahora bien, teniendo en cuenta que a través de un concepto y con la información suministrada por usted no es posible determinar si efectivamente en la situación planteada se presenta un acuerdo de precios, procedemos a trasladar su comunicación al grupo de Averiguaciones Preliminares y Seguimiento de la Delegatura de Promoción de la Competencia, para el trámite correspondiente.
Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones puede dirigirse a nuestra página de internet www.sic.gov.co
[1] Constitución Política de Colombia, artículo 333.
[2] Ibídem, artículo 334.
ARCHILA PEÑALOSA, Emilio José. Antecedentes constitucionales y régimen de prácticas comerciales restictivas. Artículo publicado en la revista de la Asociación Nacional de Industriales. Bogotá, 1994. "La intención manifiesta de los constituyentes al redactar la norma que comentamos, puede resumirse en cuatro objetivos: ampliar el ámbito de la libertad económica; perfeccionar los elementos de la economía de mercado; precisar la responsabilidad del estado en la conducción de la economía y el proceso de desarrollo; y dotar al Estado de instrumentos eficaces para el logro de dichos propósitos."
[3] GOMEZ LEYVA, Delio. De las Restricciones, del Abuso y de la deslealtad en la Competencia Económica. Cámara de Comercio de Bogotá, 1998. Pág 105.
[4] ARCHILA PEÑALOSA, Emilio José. Criterios de aplicación de las normas de la competencia. Artículo incluido en la publicación seminarios 5 del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana - CEDEC. Bogotá, 1997.
[5] GOMEZ LEYVA, Op. Cit. Pág. 104.
[6] Ibídem, pág 98.
[7] Decreto 2153 de 1992, artículo 46.
[8] ARCHILA. Criterios de aplicación de las normas de competencia. Artículo. Cit. "...Frente al escenario antes indicado, encontramos los mercados en donde existen fallas, esto es, mercados en los cuales un participante individual, o un conjunto de ellos determinan discrecionalmente el precio u otros factores relacionados que tengan la fuerza de fijar el número o las condiciones de las transacciones. Ese poder en el marcado puede aparecer como resultado de la eficiencia de la empresa respectiva para satisfacción de su segmento. Pero también puede ser el resultado de una limitación de la competencia, bien sea mediante conductas tendientes a erigir barreras al comercio o la adopción de acuerdos colusivos encaminados a determinar el precio y el volumen, u otras prácticas anticompetitivas similares.
"Estas fallas de mercado, la determinación unilateral de las condiciones de precio y otros factores, implican una distorsión de los indicativos de rentabilidad y utilidad y por lo tanto conllevan a una ineficiente destinación de los recursos productivos, afectando de manera negativa los resultados de la industria y el bienestar de la sociedad
[9] Decreto 2153, artículo 47, numeral 1.
[10] GWARTNEY, James D., STROUP, Richard. Lo que todos deben saber sobre economía y prosperidad. Fondo editorial Legis 1994. Págs 30 y 31.
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