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Timestamp: 2019-11-22 13:28:15
Document Index: 376476133

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 135', 'artículo 120', 'artículo 232', 'artículo 235', 'artículo 260', 'artículo 95', 'artículo 95']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 580-3865, de 17/08/2015
cve: BOCG_D_10_580_3865
Con fecha 17 de agosto de 2015, ha tenido entrada en esta Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, relativo al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.
Declarado urgente, la Presidencia del Senado, en uso de la facultad que le confiere el artículo 104.3 del Reglamento del Senado y al amparo de lo previsto en su artículo 135.6, por apreciarse circunstancias que aconsejan modificar los plazos previstos en el apartado 1 de dicho artículo, ha acordado que el plazo, improrrogable, para la presentación de enmiendas y propuestas de veto finalice el próximo día 24 de agosto, lunes.
Palacio del Senado, 17 de agosto de 2015.—P.D. Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
El principio de publicidad de las actuaciones judiciales y las sentencias dictadas por los Tribunales se encuentra consagrado en el artículo 120 de la Constitución Española. Se trata de un principio que engarza con el principio de transparencia judicial y de control público del proceso, concebidos como garantías fundamentales del mismo. Así, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en su artículo 232, recoge el principio general de publicidad de las actuaciones judiciales y el artículo 235 bis establece respecto de las sentencias el acceso al texto de las mismas, fijando una serie de limitaciones. Asimismo, su artículo 260 realiza una referencia expresa a la posibilidad de que, por Ley, se establezca la preceptiva publicidad de las sentencias judiciales.
La modificación que se hace en esta Ley Orgánica se cohonesta con la de la Ley 58/2003, General Tributaria, efectuada por la Ley XX/XXX, que regula la posibilidad de publicar la identidad de quienes causan un mayor perjuicio económico a la Hacienda Pública, y por ende a toda la sociedad, introduciendo importantes excepciones al principio general de reserva tributaria establecido en el artículo 95 bis de la misma, excepción que se hace precisamente a la luz de tales principios. Pues bien, en conexión con tal modificación, y como complemento indisociable de la misma, se articula la que ahora se introduce con este texto, ya que resultaría incoherente que se publicara la identidad de quienes por unos u otros motivos han dejado de abonar sus obligaciones tributarias y sin embargo quedara oculta precisamente la de los grandes defraudadores, condenados en sentencia firme por delitos de esta naturaleza.
En el supuesto de los delitos relacionados con el fraude fiscal, existen diversas razones de interés público que fundamentan la reforma que se pretende impulsar, tal y como se ha señalado anteriormente. La finalidad perseguida es reforzar en este concreto ámbito los principios de publicidad judicial, transparencia y eficacia de las actividades públicas antes señalados, que por estar consagrados constitucionalmente y ser garantes de la consecución de los intereses generales, han de prevalecer en este caso sobre los derechos individuales a la intimidad o la protección de datos. No cabe olvidar que en el ámbito de la defraudación fiscal el bien jurídico protegido es en sí mismo un bien público, lo que refuerza la relevancia también pública de los delitos cometidos en este concreto ámbito frente a otros. En todo caso, en la reforma legal propuesta se introducen las garantías necesarias para garantizar la adecuada proporcionalidad de la medida, dotando así de la debida coherencia al nuevo modelo de publicidad de los datos tributarios previsto en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre General Tributaria, cuya naturaleza en ningún caso puede considerarse sancionadora.
Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.
«1. Es público el acceso a los datos personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias, cuando se hubieren dictado en virtud de los delitos previstos en los siguientes artículos:
2. En los casos previstos en el apartado anterior, el Secretario Judicial, emitirá certificado en el que se harán constar los siguientes datos:
3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en el caso de que el condenado o, en su caso, el responsable civil, hubiera satisfecho o consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial competente la totalidad de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos, con anterioridad a la firmeza de la sentencia.»
Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.
«Disposición final segunda. Carácter de la ley.