Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5400787&fecha=16/07/2015
Timestamp: 2019-11-19 06:17:33
Document Index: 199869567

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 88', 'artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 43', 'Artículo 25', 'artículo 73', 'artículo 93', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 93']

DOF: 16/07/2015
PROGRAMA de Atención Integral a Víctimas 2014-2018.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
El Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con fundamento en los artículos 1 y 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción ii, 83, 88, fracción iii, 114, fracción iv, 115, fracciones iii y vii, 116, fracciones vi y x, 118, fracciones iv y vi, y 119, fracción iv, de la Ley General de Víctimas; y 19 y 39, fracción vi, del Reglamento de la Ley General de Víctimas, y
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en su artículo 1o., la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Que con la reforma constitucional mexicana de 18 de junio de 2008, se hizo un reconocimiento expreso a los derechos de las personas en situación de víctimas en su artículo 20, apartado C.
Que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, relativa a los Derechos sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, y la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005, relativa a los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, ambas aprobadas por la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas, señalan el trato y respeto a la dignidad y derechos humanos que debe dárseles a las personas en situación de víctimas, así como la adopción de diversas medidas para garantizar su seguridad, bienestar físico y psicológico.
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta nacional México en Paz, establece garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, contemplando la implementación de políticas en materia de atención a víctimas de delitos y violación de derechos humanos.
Que de manera particular, la estrategia 1.5.3 del Plan Nacional de Desarrollo contempla "proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos", previendo líneas de acción acorde al funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Que en la meta nacional México con Responsabilidad Global, dentro de la estrategia 5.4.4, se contempla "diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes".
Que de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas encargado de proponer políticas públicas en materia de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las personas en situación de víctimas.
Que es fundamental para la consecución de los fines del Estado mexicano en la atención a víctimas contar con un programa que reoriente, dirija, coordine, ejecute y supervise la política pública en la materia.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con fundamento en la fracción iii del artículo 88 de la Ley General de Víctimas y 19 del Reglamento de la Ley General de Víctimas, elaboró para aprobación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas el
QUE INCLUYE EL PROGRAMA ANUAL 2015
ANEXO A. CORRESPONDENCIA DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES RESPONSABLES EN EL PROGRAMA POR ESTRATEGIA
Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité contra la Tortura, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Enmiendas a los artículos 17, párrafo 7, y 18, párrafo 5, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores.
Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad.
Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921, y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, concluido en la misma ciudad el 11 de octubre de 1933.
Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Enmiendas al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Convención Relativa a la Esclavitud.
Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud.
Protocolo que Enmienda la Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926.
Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios.
Convención sobre Extradición.
Convención celebrada entre México y varias naciones, sobre Condiciones de los Extranjeros.
Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Convención sobre Nacionalidad de la Mujer.
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada.
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo.
Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
Convenio 105 de la Organización Internacional del Trabajo Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso (1957).
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, 1989).
Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y Femenina por un Trabajo de Igual Valor (Convenio Número 100 de la Organización Internacional del Trabajo, 1951).
Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (Convenio Número 111 de la Organización Internacional del Trabajo, 1958).
Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio (Convenio Número 29 de la Organización Internacional del Trabajo, 1930).
Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (Convenio Número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, 1999).
Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas (Convenio Número 159 de la Organización Internacional del Trabajo, 1983).
Convenio sobre Asilo Diplomático.
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Decreto que dispone que el Ejecutivo de la Unión haga al Secretario General de las Naciones Unidas la declaración que indica, reconociendo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en las controversias que señala.
Reglamento de la Corte Internacional de Justicia.
Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.
Resolución 60/251 de la Asamblea General estableciendo el Consejo de Derechos Humanos.
Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos. Construcción Institucional del Consejo de Derechos Humanos.
Resolución de la Asamblea General 48/141, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Acuerdo entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos Relativo al Establecimiento de una Oficina en México.
Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional.
Declaración de los Principios sobre Libertad de Expresión.
Declaración sobre Asilo Territorial.
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.
Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz.
Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de la Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos.
Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social.
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones.
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad.
Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingísticas.
Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que No son Nacionales del País en que Viven.
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder.
Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra.
Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional.
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos.
Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición.
Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Declaración de Durban).
Declaración y el Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993.
Cartas y otros instrumentos
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador.
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.
Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad.
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil -Directrices de Riad-.
Directrices sobre la Función de los Fiscales.
Manual de los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul).
Manual para Parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo.
Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.
Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura.
Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad.
Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas y Detenidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad.
Principios Rectores para la Reglamentación de los Ficheros Computadorizados de Datos Personales.
Principios Relativos a la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.
Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las Controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.
Proclamación de Teherán Sobre el Respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales.
Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación Relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.
Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes -Reglas de Bangkok-.
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores -Reglas de Beijing-.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de Libertad -Reglas de Tokio-.
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte.
Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ley de Vivienda.
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Ley Federal de Radio y Televisión.
Ley General de Derechos Lingísticos de los Pueblos Indígenas.
Ley General de Víctimas.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.
Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos.
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.
Reglamento Interior de la Secretaría de Marina.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos.
Acuerdo por el que se establecen las Bases del mecanismo de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno Federal, para el diseño y construcción de manera conjunta, de políticas públicas que contribuyan a la gobernabilidad y desarrollo político del país.
Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las dependencias y entidades de la Administración Pública federal, y la Procuraduría General de la República.
Acuerdo por el que se establecen las Reglas generales para expedir las constancias que acrediten la realización de actividades a organizaciones de la sociedad civil, en materia cívica o de derechos humanos.
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal para el ejercicio fiscal 2014.
Oficio Circular No. C/003/12, a través del cual se reitera a los subprocuradores, fiscales especiales, visitador general, titular de la Agencia Federal de Investigación, titulares de las unidades especializadas, titulares de los órganos desconcentrados, coordinadores, directores generales, agentes del Ministerio Público de la Federación y agentes de la Policía Federal Ministerial, que las personas que sean detenidas deberán ser puestas de manera inmediata y sin demora a disposición de la autoridad correspondiente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Acuerdo A/126/10.
Lineamientos generales y normas técnicas para el funcionamiento del Sistema de Compilación de las Disposiciones Jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo federal para su difusión a través de la red electrónica de datos.
Programa Especial de Migración 2014-2018.
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.
Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.
Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018.
Convenio de colaboración en el marco del respeto a los derechos humanos que celebran la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Convenio de colaboración para implementar y desarrollar el Sistema de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, que celebran la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Convenio marco de coordinación en materia de derechos humanos, que celebran la Secretaría de Gobernación, las 31 entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal.
Introducción y descripción metodológica
Para la elaboración del presente diagnóstico se recurrió a diversas fuentes: por una parte, se tomaron datos provenientes de informes, documentos y reportes -algunos de éstos recogidos en los programas nacionales que se relacionan con el Programa de Atención Integral a Víctimas (PAIV), a saber, el Programa Nacional de Procuración de Justicia (PNPJ), el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) y el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) y, por la otra, en cumplimiento a la Ley General de Víctimas (LGV) se realizaron cuatro ejercicios destinados a obtener información de las autoridades, de expertas y expertos en la materia, de la población en general, así como de las propias víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que se dedican al tema.
Estos ejercicios se realizaron con la finalidad de generar la mayor participación posible de estos sectores para obtener la información diagnóstica y orientar las acciones propuestas en el PAIV. Así, se efectuaron seis foros de análisis (en adelante foros) en las ciudades de Culiacán, Monterrey, Morelia, Cuernavaca, Boca del Río y en el Distrito Federal, en las que se convocó a organizaciones y a víctimas(1) para que, en el seno de las mesas de trabajo organizadas para abordar los temas previstos en el artículo 93 de la LGV,(2) se discutieran experiencias de victimización primaria y secundaria, así como sus expectativas y propuestas para que el PAIV constituyera una respuesta para sus legítimos reclamos. Cabe señalar que la riqueza y el valor de los insumos obtenidos en los foros constituyen la fuente principal de este diagnóstico.
De igual forma, se diseñó un formato (en adelante la Consulta) para la detección de las necesidades en materia de atención a víctimas y se solicitó a 243 instituciones, entidades y organismos públicos relacionados con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) que lo contestaran. Como resultado, se recibió información de los 31 estados(3) y el Distrito Federal y del Gobierno Federal. Las autoridades estatales que remitieron el formato fueron 99 de 160; universidades estatales, 14 de 32; organismos de derechos humanos, 22 de 32 y del Gobierno Federal participaron 16 de 19 dependencias.
El tercer ejercicio consistió en un cuestionario (en adelante el Cuestionario) dirigido a la población que quisiera aportar abierta y libremente su experiencia y propuestas para el PAIV. En este caso, el Cuestionario estuvo disponible en la página web de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y fue llenado y enviado por 102 personas.
Finalmente, con el objetivo de obtener información de expertos en la temática, la CEAV definió una lista de académicas(os), servidores(as) públicos(as) y representantes de la sociedad civil a quienes se les realizó una
entrevista abierta semiestructurada con el fin de conocer sus impresiones sobre la atención a las víctimas y recibir propuestas para el PAIV. La referencia a lo dicho por ellas se atribuye en adelante a las y los expertos.
Este procedimiento permitió integrar la información necesaria para diagnosticar la situación actual de las víctimas en el país, señalar su problemática y establecer, a partir de la misma, los objetivos, las estrategias y las líneas de acción necesarios para reducirla.
Análisis de los insumos
1. Descoordinación entre las instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) para lograr su adecuado funcionamiento
La LGV es producto de una amplia movilización social que materializó la inconformidad de un numeroso grupo de víctimas, así como de las organizaciones de la sociedad civil, debido a la ausencia de soluciones eficientes a los problemas asociados con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño. Esto se expresa en la exposición de motivos que dio lugar a la primera versión de la LGV, en la que textualmente se afirma que la creciente inseguridad, la expansión del crimen y la impunidad motivan la inconformidad, el dolor, el miedo, la reprobación y la indignación de las víctimas.
De ahí que el punto de partida de una política nacional de atención integral a víctimas requiera de un serio compromiso con ellas: un trato y una atención adecuada a sus necesidades, y reconocer que la victimización configura un proceso que comienza, pero no se agota, con el hecho victimizante, sino que puede continuar en caso de una indebida atención o respuesta por parte de las instituciones encargadas de atenderlas.
A ese respecto, es importante reconocer que las acciones de coordinación interinstitucional entre las instancias que conforman el SNAV son insuficientes para garantizar los derechos de las víctimas. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) mencionaron que la duplicidad de funciones que existe en las instancias federales y locales ocasiona confusión y obstaculiza el acceso a los derechos de las víctimas; además, que la falta de homogeneidad de los programas de política pública y la legislación dificulta que se proporcione la misma calidad de atención para las víctimas.
Un aspecto relevante para las OSC y las víctimas es que las instituciones que conforman el SNAV cuenten con mecanismos confiables de ingreso y capacitación para las y los servidores públicos encargados de la atención a víctimas, a fin de mejorar la calidad del servicio que prestan.
Para las OSC es importante reforzar su participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos humanos y atención a víctimas. Lo anterior se destaca al considerar que su labor no es reconocida por las autoridades y, en muchas ocasiones, se obstaculiza el trabajo de acompañamiento y participación de las víctimas en la etapa de investigación ministerial.
Por su parte, las y los expertos hicieron hincapié en la poca capacidad de respuesta de las instituciones de atención a víctimas ante las necesidades de atención primaria; esto se interpreta, según los entrevistados, como ausencia de capital humano y de recursos que solventen la gran demanda de atención a víctimas de manera inmediata.
Aunado a lo anterior, la impresión general es que la ausencia de un enfoque de acceso pleno, adecuado y efectivo a la justicia de las víctimas se debe al desconocimiento de sus problemas, necesidades y, particularmente, del origen de las diversas situaciones por las que atraviesan.
Por lo anterior, el reto para las instituciones que integran el SNAV es lograr una coordinación interinstitucional capaz de otorgar una atención integral y, por ende, formalizar los convenios de colaboración que se requieran con las dependencias tanto federales como estatales y del Distrito Federal con facultades en la materia, así como consolidar una relación efectiva con las organizaciones de la sociedad civil.
2. Deficiente acceso, de manera integral, a una asistencia, atención, protección y reparación para las víctimas
La atención que reciben las víctimas en México no resuelve sus problemas y en ocasiones puede, incluso, empeorarlos, lo que provoca que la política pública en la materia no haya resultado oportuna ni adecuada.
De igual forma, sobresale la falta de un modelo de atención integral a víctimas que articule tanto a las diferentes autoridades obligadas como a las instituciones de asistencia pública, y que contemple un enfoque psicosocial, de educación y asistencia social.
En las discusiones de los foros regionales, las organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación respecto de la posibilidad de que las diversas instancias de investigación y administración de justicia destinadas a la atención de víctimas pudieran no ser aptas para preservar la privacidad de los datos personales, garantizar su seguridad e integridad psicofísica ni generar ambientes de confianza. Se desprende también que, en vez de armonización legislativa, existe una construcción diferenciada de los objetivos de la
justicia penal y la justicia para las víctimas, cuando en realidad se trata de lo mismo.
Se hizo notar la ausencia de una perspectiva de justicia restaurativa frente a la prevalencia del enfoque punitivo, el cual fomenta la impunidad y no abona beneficios a la reparación ni a la atención de las necesidades médicas, psicológicas y sociales de las víctimas. Se mencionó también que si no se respetan los derechos de las personas sometidas a una acusación penal no sólo no se logra impartir justicia, sino que se crean nuevas víctimas y se reproducen ciclos de violencia.
En este sentido, se señaló que existe la percepción de que la labor que ha llevado a cabo el Poder Judicial (a niveles federal y local) con relación a la protección de víctimas no es la adecuada, ello podría generar vías de justificación de otros operadores de justicia para la negación de un acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas, sin que hasta el momento se haya presentado una solución.
Las OSC señalaron también que las formas de reparación del daño por las vías penal y civil son inadecuadas: la primera se enfoca sólo en la sanción y la segunda (de existir la posibilidad de agotar la vía) en el aspecto pecuniario, sin contemplar los estándares internacionales, además de que no incorporan otro tipo de medidas para asegurar la reparación integral.
Por otro lado, destaca la gran ausencia de coordinación por parte de las autoridades para garantizar que las víctimas y/o familiares accedan a las medidas de reparación que menciona la LGV, tal es el caso de programas productivos, de becas, de empleo u otros mecanismos que garanticen una reparación integral.
3. Desconfianza a las instituciones gubernamentales e incapacidad de los servidores públicos para la atención y acompañamiento a víctimas del delito o violaciones a sus derechos humanos
En este sentido, los resultados obtenidos a través del Cuestionario coinciden en que las razones para no denunciar son la desconfianza en la autoridad o en las instituciones, además del miedo a represalias y carencia de recursos económicos. De igual forma, la mayoría que sí denunciaron calificaron como "muy malo" el trato que recibieron por parte de la autoridad,(4) y en un 32 % de los casos, los resultados obtenidos después de denunciar no fueron satisfactorios, lo que atribuyeron a diversas circunstancias, tales como la falta de capacitación de las y los servidores públicos.
De acuerdo con las y los expertos, la falta de confianza ciudadana en las instituciones es producto de la reputación que éstas tienen frente a la opinión pública debido a la ausencia de resultados satisfactorios para las personas en situación de víctimas usuarias,(5) lo cual implica restablecer la confianza institucional como una acción dirigida a garantizar el acceso a la justicia.
La victimización secundaria inicia con el incumplimiento de obligaciones y omisiones de la autoridad frente al derecho de las personas. La información obtenida en los foros respalda este hecho: la revictimización se manifiesta de diversas formas, lo cual significa que el trato inadecuado y la falta de resultados se presentan de forma acumulativa.
De acuerdo con los participantes en los foros, la cantidad de autoridades existentes -federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, tribunales, procuradurías, fiscalías, comisiones de derechos humanos, la CEAV y sus delegaciones y, en ocasiones, los consejos nacionales y estatales para prevenir la discriminación- representan para las víctimas un "laberinto" que incrementa la incertidumbre y la confusión. En este sentido, se hizo notar que las procuradurías, fiscalías y las comisiones de derechos humanos divergen en sus criterios de atención a víctimas porque no existe un modelo único de atención legal, médica y psicosocial. En su opinión, una de las principales deficiencias es que aún no se han armonizado las políticas institucionales ni los reglamentos interiores de las autoridades federal y locales con la Ley General de Víctimas, incluidas las de los organismos públicos autónomos. En resumen: las víctimas enfrentan obstáculos para acercarse a las instituciones, ya sea para denunciar o para solicitar ayuda.
La capacitación de las y los servidores públicos no es suficiente y efectiva para fomentar y consolidar una cultura de respeto por los derechos humanos. De acuerdo con el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014:
Desde que nacemos en el seno de la multiplicidad de familias que hoy conforman a México se aprende a discriminar, conducta que se va amplificando y sofisticando a medida que las instituciones socializantes agregan nuevos elementos o complejizan los adquiridos en casa. Es así como las escuelas, las iglesias, los clubes deportivos y sociales, los medios de comunicación, la calle, los espacios públicos, de diversión y culturales, los espacios laborales y gubernamentales, el transporte, van conformando una mezcla compleja de prácticas y concepciones discriminatorias, normalizadas a
fuerza de la repetición y frente a la ausencia de elementos decodificadores y cuestionadores de esa estructuración social y esas prácticas de clara dominación cultural.
Para las víctimas la situación no es distinta. Con frecuencia enfrentan estigmas que provienen de estereotipos instalados en el imaginario social, en buena medida reafirmados por algunas autoridades para su discriminación o para evadir la responsabilidad institucional. No es extraño escuchar que "las víctimas lo son porque participan de circunstancias que propician su victimización".
En estrecha vinculación con la falta de difusión de los derechos de las víctimas, una de las principales fuentes de violación a sus derechos está relacionada con la ausencia de capacitación adecuada de las y los servidores públicos que las atienden, si bien, de acuerdo con la Consulta, en general las instituciones reportan acciones de capacitación en la percepción de las víctimas, mientras que las organizaciones señalan un déficit muy importante en este rubro.
De acuerdo con las y los expertos entrevistados, la falta de capacitación se refleja de diversas formas. En su opinión el tema abarca al menos tres aspectos sustantivos: por una parte, la falta de capacidad técnica especializada, seguida por la ausencia de enfoques que provean acompañamiento psicosocial y, en tercer lugar, la carencia de actitudes que generen empatía con las víctimas.
Sobre el primer punto, destaca la ausencia de una perspectiva jurídica victimal, de modo que la asesoría jurídica que se brinda a las víctimas carece también de este enfoque. En este sentido, se insistió en la falta de profesionales que acompañen a las víctimas con perspectiva psicosocial. Es claro que la asesoría jurídica es importante, pero en la mirada de las y los expertos entrevistados, el hecho de que no se haya implementado el acompañamiento psicosocial tiene un impacto negativo en el estado anímico, lo que dificulta enfrentar las dramáticas situaciones que implica el hecho de ser víctima y que las personas abandonen este estatus y se reintegren a las actividades que realizaban antes del hecho victimizante.
El tercer rubro se refiere a la persistencia de actitudes y valores contrarios a los derechos humanos y a las perspectivas de género, infancia, discapacidad, pobreza y de pertenencia a pueblos y comunidades indígenas, lo que fomenta el maltrato, la discriminación y la exclusión de quienes son miembros de estas poblaciones y comunidades históricamente vulneradas.
Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas coincidieron en los foros en que, independientemente de la existencia de protocolos y circulares con lineamientos generales para la investigación de algunos delitos, la ausencia de capacidades técnicas para traducir los hechos en hipótesis legales idóneas dificulta la sanción de los responsables y la reparación del daño a las víctimas.
Se reconoció que, en algunas circunstancias, existen servidores públicos capaces de brindar un servicio adecuado, pero también se señaló que a veces, justamente por ello, son acosados, amenazados u hostigados por sus propios superiores u otros actores partícipes de los delitos que son denunciados (como sucede con los casos en que los agresores de las víctimas tienen algún vínculo con la delincuencia organizada). A ese respecto se señaló que no existe ningún mecanismo que salvaguarde la independencia e integridad de las y los servidores públicos en situaciones de riesgo, de la misma manera en que no se cuenta con ningún tipo de información oficial sobre el tema, pues son situaciones que no son reportadas ni denunciadas.
Además, las organizaciones, colectivos y víctimas señalaron que la preocupante y excesiva carga de trabajo ha generado en ellos el síndrome conocido como burn-out,(6) patología descrita desde 1969 -y que se identificó por primera vez en personal público primer respondiente (oficiales de policía)- sin que sus instituciones procuren proporcionarles capacitación o contención adecuada a sus necesidades. Las y los servidores públicos que actualmente tienen contacto con víctimas, principalmente las y los que se encargan de su atención psicológica, son altamente propensos a desarrollar este síndrome, por lo que se estima urgente brindar servicios de higiene mental al personal.
4. Falta de acceso de las víctimas a las medidas establecidas en la LGV que atiendan su situación de vulnerabilidad con enfoque diferenciado
La LGV mandata una atención diferenciada para las víctimas; sin embargo, la información recogida para el diagnóstico demuestra la ausencia de instrumentos para acceder a ella, algunas de las razones que se encontraron se mencionan a continuación.
Por una parte, aunque el siglo xxi ha sido escenario de luchas sociales reivindicatorias de la identidad humana, a causa de procesos estructurales de dominación -el caso de las mujeres, las y los miembros de la población lésbica, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI), los pueblos y comunidades indígenas, las niñas, niños y adolescentes y las personas con discapacidad, entre otras manifestaciones identitarias- este proceso de visibilización no ha representado un empoderamiento automático de estas identidades frente al dominio histórico del que son víctimas, ni tampoco el respeto pleno a sus derechos. Desafortunadamente, en el país se sigue viviendo una cotidianeidad plagada de prejuicios y
estigmas que producen continuamente la discriminación y exclusión.
De acuerdo con las encuestas nacionales sobre discriminación 2005 y 2010 (ENADIS), la sociedad mexicana responsabiliza a la población que vive discriminación por padecerla; crea barreras ante lo que considera diferente y lo que percibe como un riesgo o amenaza; opina que hay personas que merecen privilegios y que la diversidad, en lugar de enriquecer, provoca divisiones. En el PRONAIND se afirma que las ENADIS reflejan clasismo, misoginia, racismo, xenofobia, intolerancia religiosa y homofobia presentes en la sociedad, y que en México hay actitudes, valores y creencias basadas en prejuicios y estigmas que sostienen visiones supremacistas como el racismo o el machismo, o basadas en el temor, miedo y/o rechazo exacerbado, como la homofobia o la xenofobia, que se traducen en una denegación de derechos o privilegios, por razones asociadas con características fenotípicas, raciales, etarias, sexogenéricas, culturales o étnicas.
Algunos datos de la ENADIS 2010 señalan que:
· El 26% de la población encuestada estimó que no se respetaron sus derechos por no tener dinero y una de cada 10 personas estuvo de acuerdo con que "los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente".
· La mitad de las personas lesbianas, homosexuales o bisexuales encuestadas consideran que el principal problema que enfrentan es la discriminación, seguida por la falta de aceptación y las críticas y burlas. Cuatro de cada 10 personas en México no estaría dispuesta a compartir su casa con lesbianas y homosexuales.
· Con frecuencia se piensa que las personas que provienen "de fuera" provocan divisiones. En nuestro país más de 6 de cada 10 personas consideran que las y los inmigrantes provocan divisiones en la comunidad (mucho o poco).
· Aunque prácticamente toda la sociedad (98%) se muestra abierta a tomar en consideración la opinión de las personas adultas mayores en las decisiones familiares, también aceptan que no darles trabajo a causa de su edad es una práctica muy frecuente. En el mismo sentido, 36 % de la población encuestada sostuvo que las y los jóvenes no estudian ni trabajan "porque no quieren hacerlo", mientras que las y los jóvenes argumentaron ausencia de oportunidades educativas y laborales.
Sobre este punto, las organizaciones y víctimas participantes en los foros consideraron que las agendas en materia de grupos de población específicos (como mujeres, niñas, niños, adolescentes, migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores o la comunidad LGBTTTI) no son visibles y no se encuentran coordinadas, lo que se traduce en negligencia en la atención de quienes pertenecen a estos sectores de población. En su opinión, es necesario tener instrumentos que garanticen la atención específica y diferenciada que marca la LGV cuando las víctimas pertenecen a poblaciones y colectivos históricamente vulnerados. Tal es el caso, por lo menos, de los siguientes:
El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) ha insistido constantemente en la necesidad de construir la política pública con perspectiva de infancia en el caso de niñas, niños y adolescentes víctimas. La edad juega un rol de mayor relevancia en múltiples situaciones victimizantes. Un ejemplo claro de ello tiene que ver con la elevada exposición que tienen niñas, niños y adolescentes frente a delitos como la trata de personas o a situaciones como la violencia escolar e institucional -por ejemplo, respecto del sistema de cuidados alternativos-. En todos los casos, la persona adulta tiene la obligación de evitar que las niñas, los niños y los adolescentes se vean involucrados en los procesos de victimización. Es necesario que esa obligación tenga en cuenta los principios de interés superior y autonomía progresiva contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 4o. de la CPEUM.
La ausencia de perspectiva de género tiene diversos efectos relacionados con la situación de violencia contra las mujeres. Por una parte, se insistió en la deficiente atención médica, psicológica y legal que se les brinda, enfatizando la discriminación que provoca la prevalencia de estereotipos de género al momento en el que una mujer presenta una denuncia o inicia un juicio civil o familiar, lo que incluye la insistencia de los funcionarios en conciliar con el agresor este tipo de casos.
Fue señalado con principal preocupación el hecho de que aún se niega el derecho a las víctimas de violencia sexual de acceder a servicios de salud integrales de manera oportuna, que incluyan tratamientos de profilaxis postexposición, pastilla de anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo (ILE).
También se cuestionó la política de refugio para mujeres víctimas de violencia familiar y sexual que, aun
con la intención de brindarles protección, genera un aislamiento social mientras que el perpetrador queda en absoluta libertad.
Igualmente importante es considerar los efectos que la homofobia y la transfobia tienen en la vida e integridad de las personas. A la discriminación que sufren por su orientación e identidad psicosexual hay que sumar la atención prejuiciada de la que son objeto cuando son víctimas, ya sea del delito o del sistema de justicia penal, especialmente en el ámbito carcelario.
· Personas indígenas
En relación con la población indígena victimizada, los datos oficiales no permiten identificar el número de víctimas pertenecientes a estas comunidades y pueblos originarios; sin embargo, las organizaciones señalaron que se calcula que alrededor de 15.5 millones de víctimas son indígenas, y de ellas 8.1 millones son mujeres. En los foros realizados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se hizo notar que aún no se cuenta con un centro nacional de traductores en lenguas indígenas(7) o con algún mecanismo de control efectivo de consulta pública con pueblos indígenas.
· Personas migrantes
También se expuso la ausencia de mecanismos de protección para las personas migrantes, quienes resultan ser criminalizadas. Su condición irregular y el temor a la deportación que conlleva les dificulta el acceso a la justicia y al mismo tiempo los convierte en un blanco fácil del abuso de autoridades policiales y de los grupos criminales. De acuerdo con el PND a México se internan de manera indocumentada alrededor de 140,000 extranjeros al año.(8) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos calculó en 2010 la existencia de alrededor de 11,333 migrantes víctimas de secuestro.(9)
Desafortunadamente, el escenario de la migración no documentada constituye uno de los ámbitos que más víctimas genera, dado el elevado riesgo de vulneración que implica, y que no sólo afecta a personas adultas sino de manera significativa a la niñez migrante no acompañada. A las probabilidades de ser internado en una estación migratoria para, posteriormente, ser deportado, hay que añadir las de resultar secuestrado, de perder la vida y, aun después de muerto, la de no ser hallado o identificado. Hay que considerar, además, los cruces que se dan con otros delitos como la trata de personas, lo que complica aún más su atención. De ahí que el tema de la migración requiera también de un enfoque especializado.
· Personas desplazadas
Otro fenómeno que debe ser visto con una perspectiva especial es el desplazamiento forzado interno producto de situaciones violentas. De acuerdo con algunas organizaciones de la sociedad civil y víctimas, este sector ha sido invisibilizado por las autoridades aun cuando es innegable que muchas personas han tenido que prescindir de sus viviendas y propiedades, del acceso a la educación, los sistemas de salud e, incluso, de sus trabajos, por el miedo, presión, acoso, hostigamientos o atentados que sufren contra sus vidas, integridad o bienes por parte de sectores específicos del crimen o de servidores públicos. Por su parte, la CNDH reconoció que existían alrededor de 150,000 personas desplazadas internas registradas(10) y un total de 48,750 homicidios violentos al 31 de diciembre de 2012.(11)
Las personas con discapacidad constituyen otro sector de la población que se enfrenta con diversas barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones, en el entorno físico, transporte, información y comunicaciones, así como en el acceso a la justicia.
· Personas adultas mayores
En los foros también se reconoció que las políticas públicas y el acceso a servicios de salud de los adultos mayores no es uniforme en el país, ni existen mecanismos específicos para su atención y protección cuando son víctimas de algún delito o bien cuando sufren la prisión preventiva o compurgan una pena.
· Periodistas y defensores
Otro de los sectores severamente afectados por la violencia en el país son las y los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos. La CNDH registró desde enero de 2005 a diciembre de 2012 18 homicidios de personas defensoras, 2 desaparecidos y 310 expedientes relativos a agravios cometidos contra defensores.(12) Con relación a este sector, organizaciones de la sociedad civil señalan que a pesar de que los números de víctimas son imprecisos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) registró 95 homicidios de periodistas desde enero de 2000 hasta el 30 de junio del 2013.
5. Inadecuado acceso a las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos
Reconocer la imperiosa necesidad de otorgar a las víctimas de delito y violaciones a sus derechos humanos una atención especializada que comprenda la reparación integral del daño conlleva a contextualizar la situación actual en materia de delincuencia y las exigencias por parte de la sociedad en ese sentido.
Entre 2001 y 2011 la delincuencia se incrementó en un 83% en el fuero federal;(13) como consecuencia de ello es que entre 2010 y 2013 el número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 22.5 millones, lo que representa un incremento de más del 26 % en sólo tres años.(14)
Fuente: Elaboración propia con base en la ENVIPE 2011, 2012, 2013, 2014.
De modo más particular, el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2014, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que entre enero y julio de 2014 el número de víctimas directas registradas en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión dan cuenta de 21,567 víctimas de homicidio -incluidos los homicidios culposos y dolosos-, 1,186 víctimas de secuestros y 4,109 víctimas de extorsiones.(15)
Entre 2007 y 2010, México presentó un crecimiento anual del delito de homicidio de casi un 30 %.(16) Este aumento coincide con el alza de otros delitos como el secuestro, que desde el 2008 registra nuevos casos cada año y que sigue siendo especialmente grave en estados como Tamaulipas, México, Michoacán, Morelos y Veracruz, y la extorsión, cuyo crecimiento se dio casi en un 50% entre 2011 y 2013 y que afecta, en mayor número, a los estados de México, Jalisco y el Distrito Federal.
Un escenario similar puede apreciarse en lo que se refiere a la trata de personas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)(17) existen entre 16,000 y 20,000 niñas y niños que son víctimas de este delito y señala que entre 2009 y 2014 esa institución tuvo conocimiento de 2,105 averiguaciones previas relacionadas con trata.(18)
Los registros oficiales de los delitos representan sólo una cara del problema, aunado a estos datos hay que considerar también la llamada cifra negra, que da cuenta del número de delitos que no se denuncian, y la impunidad de aquellos que no se castigan, con énfasis en la relación que existe entre ambas. El Programa Nacional de Procuración de Justicia (PNPJ) cita datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) para demostrar que en 2010 el dato de no denuncia alcanzó el 92%, lo que significa de hecho que nueve de cada 10 delitos no se denunciaron en ese año. Durante 2011 y 2012 la cifra negra se mantuvo en niveles alrededor del 92% (91.6% y 92.1%, respectivamente); sin embargo, esta cifra alcanzó un nivel de 93.8% en el 2013, lo que significa que sólo se denunciaron durante el último año seis de cada 100 delitos.(19)
En lo que se refiere a la impunidad propiamente dicha -los delitos que siendo denunciados no se castigan- el PNPJ también aporta cifras importantes. En el fuero federal, entre 1999 y 2012, de un aproximado de 2 millones de denuncias sólo un poco más de 300,000 resultaron en sentencia condenatoria; este dato demuestra que sólo el 15% de los delitos denunciados en ese periodo dio lugar a una sanción penal. En el ámbito estatal esta cifra se disminuye casi a la mitad, lo que significa que mientras que en el fuero federal sólo 15 de cada 100 delitos denunciados se castiga, en el fuero común esta cifra decae a siete de cada 100.
Con respecto a las demandas de la sociedad civil, al referirse a los delitos en materia de violencia (feminicidios, familiar, sexual, trata y tráfico de personas), desplazamientos, desapariciones y desapariciones forzadas, tortura, violaciones a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se señalan una serie de obstáculos a los que se enfrentan para acceder de una manera integral a la atención especializada.
Al mencionar en específico a las personas que son víctimas de afectaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se enfrentan a la negación de su calidad de víctimas y a no contar con una jurisdicción especializada en la materia que les dé acceso y participación activa en los procesos, aunado a la falta de garantías efectivas para el control de conflictos de intereses.
Se mencionó la falta de una Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas y de un mecanismo de protección de personas migrantes, además señalan como inadecuado el actual marco jurídico en materia de prevención y atención a víctimas de trata de personas, así como del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Se reiteraron varias deficiencias que dificultan la adecuada investigación y procesamiento de la desaparición de personas, tales como la inexistencia de un registro nacional de personas desaparecidas que permita realizar cruces de información con las bases de datos de las instituciones forenses.(20) Se enfatizó en la necesidad de modificar el plazo de 72 horas para que las autoridades acepten una denuncia, inicien una averiguación previa y comiencen con la búsqueda de las personas de forma inmediata. En ese sentido, destacan las dificultades para acreditar y ejercer el derecho a la coadyuvancia de las víctimas o una adecuada valoración de los medios de prueba ofrecidos por los familiares de las víctimas directas; consideran que es uno de los mayores obstáculos para un adecuado desarrollo de la investigación.
Señalaron como preocupante la falta de capacidad técnica de las instituciones periciales para la preservación de escenas y recopilación de material probatorio cuando, por ejemplo, se han descubierto fosas clandestinas en diversas zonas del país. En particular, señalan que no hay homogeneidad en la metodología de investigación, registro y bases de datos de detenciones, fallecimientos, datos de cuerpos encontrados, métodos empleados para el reconocimiento de personas y datos genéticos. Consideran además que las víctimas y las autoridades investigadoras no tienen fácil acceso a la información.
El hecho de que muchos familiares de personas desaparecidas no sean nacionales también revela la falta de acuerdos de coordinación binacionales o regionales que faciliten el intercambio de información para la localización de víctimas, así como la necesidad de crear un mecanismo de certificación en la entrega de
restos de personas desaparecidas.
Se destaca también la inexistencia de un adecuado control de la cadena de custodia y presentación de las personas ante alguna autoridad pública, lo cual deja en estado de indefensión a las víctimas, a las personas detenidas y a sus familiares y no permite una aplicación adecuada de sanciones penales o disciplinarias contra el personal, pues no son susceptibles de ser identificadas.
Otra situación relevante es lo señalado por las OSC consultadas en relación con las irregularidades y abusos cometidos por las corporaciones de seguridad pública al no identificarse y utilizar la fuerza sin respetar los estándares de derechos humanos.
Se enfatizó la ausencia de investigaciones especializadas en materia de violencia (feminicidios, familiar, sexual, trata y tráfico de personas), desplazamientos, desapariciones y tortura, entre otras, que retroalimenten a los poderes Legislativo y Ejecutivo a fin de comprender y determinar cuál es la mejor forma, a corto, mediano y largo plazo, de prevenirla y erradicarla.
Como instrumento programático el PAIV rige a todas las autoridades involucradas en el SNAV en materia de víctimas. Su implementación es coordinada por la CEAV e implica el trabajo conjunto de los tres ámbitos de Gobierno, los tres poderes, los organismos autónomos, los diferentes sectores de la sociedad civil así como la participación de la iniciativa privada. Para el logro de sus objetivos el PAIV requiere también de la contribución de aquellos otros programas de la Administración Pública Federal que se asocian con la atención y protección de las víctimas.
El carácter nacional del PAIV refrenda la convicción de que los gobiernos locales son de primordial importancia en el alcance de sus objetivos, ya que en muchos casos son quienes tienen la proximidad con las víctimas así como el conocimiento del territorio y las problemáticas locales. Por ello sus acciones, alineadas a los objetivos, estrategias y líneas de acción del PAIV, son de vital importancia para la atención y protección de las víctimas al igual que para evitar la victimización secundaria. En este sentido, los municipios y delegaciones tienen un papel central. El apoyo y coordinación de las entidades federativas en la realización de los diagnósticos así como el diseño y evaluación de las líneas de acción se hacen necesarios para lograr una efectiva implementación y alcance de los objetivos planteados.
Estos procesos se complementan y fortalecen con el trabajo articulado de quienes integran el SNAV, proponiendo el diseño de estrategias multisectoriales y transversales así como con lineamientos generales que permitan llevar a cabo las acciones definidas por el Programa.
El Gobierno Federal, como responsable de guiar la política pública de atención y protección a víctimas a través del PAIV conforme a la LGV, deberá buscar que, de manera coordinada con las entidades federativas, municipios y delegaciones, se articulen los diferentes programas para la obtención de resultados integrales que contribuyan a que las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos hagan frente de una manera más adecuada a los daños sufridos y con la superación de éstos se reincorporen a la sociedad.
Tabla de alineación a las metas nacionales
Objetivo de la Meta Nacional
Objetivos del PAIV
Estrategias PAIV
1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad.
Objetivo 1. Fortalecer la coordinación entre las instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas para lograr su adecuado funcionamiento.
Estrategia 1.1. Fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Estrategia 1.2. Reforzar y consolidar los servicios, mecanismos e instituciones para la asistencia y atención de víctimas en todas las entidades federativas.
Estrategia 1.3. Incrementar las acciones de coordinación interinstitucional entre las instancias del SNAV y OSC para garantizar los derechos de las víctimas.
Estrategia 1.4. Difundir los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales.
Objetivo 2. Asegurar a las víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección.
Estrategia 2.2. Implementar medidas de atención a las víctimas en materia de acceso a la justicia.
Estrategia 2.4. Implementar medidas para la reparación integral de las víctimas.
Estrategia 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos.
Estrategia 1.5.2. Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación.
Estrategia 1.5.3. Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos.
Estrategia 2.1. Instrumentar acciones de ayuda provisional, de emergencia y de asistencia médica a víctimas.
Estrategia 2.3. Implementar medidas de atención a las víctimas en materia económica, de educación y de desarrollo social.
Objetivo 3. Consolidar la cultura de respeto a los derechos humanos en las y los servidores públicos responsables de asistir a víctimas.
Estrategia 3.1. Promover conocimientos, actitudes y condiciones favorables para los servidores públicos que garanticen el ejercicio de los derechos de las víctimas.
Estrategia 3.2. Fortalecer la formación de las y los servidores públicos de las instancias del SNAV.
Objetivo 4. Garantizar a las víctimas el acceso a las medidas de atención, con enfoque diferenciado y énfasis en condiciones de vulnerabilidad.
Estrategia 4.1. Promover una atención integral a mujeres víctimas de todo tipo de violencia.
Estrategia 4.2. Promover una atención adecuada a víctimas según sus necesidades del ciclo vital.
Estrategia 4.3. Promover una atención adecuada de personas con discapacidad que son víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos.
Estrategia 4.4. Promover una atención integral a personas indígenas víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos.
Estrategia 4.5. Promover una atención integral de personas migrantes que son víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos.
Estrategia 4.6. Promover una atención adecuada a víctimas de desplazamiento interno forzado.
Objetivo 5. Generar medidas de prevención, atención, asistencia y reparación para las víctimas de delitos específicos y violaciones a derechos humanos.
Estrategia 5.1. Promover una atención integral a víctimas de violencia sexual y trata de personas.
Estrategia 5.2. Salvaguardar una atención integral a víctimas de detenciones arbitrarias.
Estrategia 5.3. Promover una atención adecuada de víctimas de homicidio y feminicidio.
Estrategia 5.4. Promover una atención adecuada de víctimas de secuestro.
Estrategia 5.5. Promover mecanismos para la identificación y atención de casos de víctimas de tortura.
Estrategia 5.6. Promover mecanismos para la identificación y atención de casos de víctimas de desaparición y desaparición forzada de personas.
Estrategia 5.7. Desarrollar instrumentos para la atención integral de víctimas de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional.
Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria.
Estrategia 5.4.5. Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria.
Estrategia 4.5. Promover una atención integral de personas migrantes que son víctimas del delito o violaciones a derechos humanos.
El Programa de Atención Integral a Víctimas, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece cuatro objetivos asociados con las Metas Nacionales "México en Paz" y "México con Responsabilidad Global", así como con dos estrategias transversales:
1) Gobierno Cercano y Moderno.
2) Perspectiva de Género.
Todos los objetivos, estrategias y acciones de este Programa atienden los principios de dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad e interdependencia, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, no victimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente.
Atendiendo a los resultados del diagnóstico, los planteamientos anteriores y el reconocimiento de que este Programa se enmarca en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en general, y en materia de víctimas en lo particular, se propone por objetivo marco el artículo 2, fracción II, de la Ley General de Víctimas, el cual señala lo siguiente:
Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
Para su cumplimiento, se propone la definición de los siguientes objetivos específicos:
Objetivo 1. Fortalecer la coordinación entre las instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas para lograr su adecuado funcionamiento
El Estado mexicano debe instrumentar todas las acciones posibles para la atención adecuada y oportuna de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. En este sentido, y en atención al principio de igualdad y no discriminación, todas las instituciones, según sus competencias y facultades, deberán garantizar sus derechos.
Considerando que el proceso de reconocimiento de las obligaciones del Estado mexicano con relación a las víctimas está en proceso de consolidación, se debe incrementar, paulatinamente, el número de instituciones, de personal especializado, de servicios y de otras acciones institucionales para la atención de las víctimas. Un elemento central de dicho esfuerzo es garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas en los términos de la Ley General de Víctimas.
Estrategia 1.1. Fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas
1.1.1. Celebrar convenios de colaboración entre las instituciones que conforman el SNAV para garantizar el cumplimiento del objetivo marco del PAIV.
1.1.2. Impulsar la armonización normativa en las instituciones del SNAV respecto a la atención y reparación integral a las víctimas.
1.1.3. Fomentar y dar seguimiento a la armonización legislativa de las entidades federativas con la Ley General de Víctimas.
1.1.4. Promover modelos de atención diferenciada a víctimas por parte de las instancias que integran el SNAV.
1.1.5. Establecer reglas de operación para el funcionamiento eficiente y transparente del RENAVI y los registros de las entidades federativas.
1.1.6. Identificar problemáticas y necesidades de las víctimas de acuerdo a la competencia y especialidad de las instituciones integrantes del SNAV.
1.1.7. Diseñar e implementar los mecanismos de evaluación de las acciones emprendidas por el SNAV.
1.1.8. Establecer reglas de operación para el funcionamiento transparente de los fondos de atención y reparación integral de las víctimas.
1.1.9. Promover la programación presupuestal para la adopción de medidas de ayuda provisional y de emergencia en las instituciones del SNAV.
Estrategia 1.2. Reforzar y consolidar los servicios, mecanismos e instituciones para la asistencia y atención de víctimas en todas las entidades federativas
1.2.1. Impulsar la instalación de comisiones ejecutivas de atención a víctimas en las entidades federativas conforme a la LGV.
1.2.2. Monitorear la cobertura y calidad de los servicios de asistencia, ayuda inmediata, alojamiento, protección y atención en cada entidad federativa.
1.2.3. Mejorar la infraestructura de las instancias públicas de asistencia y atención conforme a las normas oficiales y tratados internacionales.
1.2.4. Monitorear las tendencias de violencia en las entidades federativas para generar recomendaciones que activen mecanismos de prevención y atención especializada.
1.2.5. Fomentar el desarrollo y la aplicación de programas estatales y municipales de atención integral a víctimas.
Estrategia 1.3. Incrementar las acciones de coordinación interinstitucional entre las instancias del SNAV y OSC para garantizar los derechos de las víctimas
1.3.1. Reforzar y/o desarrollar los procesos de canalización, orientación, referencia y contrarreferencia de las víctimas entre las instancias que conforman SNAV.
1.3.2. Impulsar mecanismos para detección y atención de situaciones de riesgo de los integrantes de las OSC que trabajan con víctimas.
1.3.3. Incorporar la participación de las víctimas y OSC en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas.
1.3.4. Generar y fortalecer mecanismos para la participación de las OSC en la atención y asistencia a víctimas.
Estrategia 1.4. Difundir los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales
1.4.1. Difundir información sobre los derechos y medidas contenidas en la LGV en lenguas indígenas y accesibles para personas con discapacidad.
1.4.2. Difundir, en lenguaje claro y sencillo, las atribuciones de la CEAV y de las comisiones ejecutivas de las entidades federativas.
1.4.3. Instrumentar campañas al interior de las instituciones para dar a conocer las obligaciones del Estado respecto a las víctimas.
1.4.4. Diseñar y ejecutar campañas para promover la cultura de la denuncia.
1.4.5. Formular e implementar campañas de cultura de paz y resolución no violenta de conflictos.
Objetivo 2. Asegurar a las víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección
El Estado mexicano deberá asegurar ayuda provisional, especializada y oportuna a las víctimas del delito o de violación a sus derechos humanos a fin de atender sus necesidades inmediatas como consecuencia del hecho victimizante; asimismo, garantizar su derecho al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.
La víctima deberá recibir las medidas de asistencia y protección que resulten pertinentes por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho, con independencia del lugar donde ella se encuentre; acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y
procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces.
Estrategia 2.1. Instrumentar acciones de ayuda provisional, de emergencia y de asistencia médica a víctimas
2.1.1. Implementar el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) de manera coordinada entre las autoridades e instituciones de asistencia pública.
2.1.2. Aplicar protocolos de primer contacto que detecten riesgos, atiendan crisis, determinen el daño y proporcionen contención a las víctimas.
2.1.3. Elaborar catálogos de los programas y servicios de asistencia y atención de instituciones privadas y públicas de los tres ámbitos.
2.1.4. Programar recursos suficientes para el reembolso de los gastos comprobables en que incurra la víctima contemplados en la LGV.
2.1.5. Proporcionar a la víctima el acompañamiento psicológico o psiquiátrico como parte de la reparación integral del daño.
2.1.6. Promover que las instituciones de salud pública tengan personal especializado e insumos necesarios para atender a víctimas médica y psicológicamente.
Estrategia 2.2. Implementar medidas de atención a las víctimas en materia de acceso a la justicia
2.2.1. Brindar a la víctima asesoría e información sobre los recursos y procedimientos para la defensa de sus derechos.
2.2.2. Asignar un(a) asesor(a) jurídico a las víctimas durante la investigación, el juicio y la etapa posterior, incluidos los procedimientos administrativos.
2.2.3. Promover que los ministerios públicos soliciten al juez la reparación del daño material y moral en favor de las víctimas.
2.2.4. Diseñar programas de capacitación que garanticen la aplicación del principio propersona en procesos ante el Poder Judicial.
2.2.5. Fomentar la adecuación de instalaciones en instancias de investigación y administración de justicia para preservar la privacidad de las víctimas.
2.2.6. Promover que las y los jueces del Poder Judicial incluyan en sus sentencias las medidas de reparación integral del daño.
2.2.7. Impulsar el acceso a peritajes y asistencia de expertos independientes en el marco de la investigación del hecho victimizante.
Estrategia 2.3. Implementar medidas de atención a las víctimas en materia económica, de educación y de desarrollo social
2.3.1. Promover las acciones necesarias para lograr el acceso de las víctimas al sistema educativo y asegurar su permanencia.
2.3.2. Fomentar la implementación de becas de estudio para las víctimas hasta la educación superior.
2.3.3. Difundir información sobre programas, reglas de acceso, de operación, recursos y cobertura en materia de desarrollo social y económico.
2.3.4. Impulsar acuerdos interinstitucionales para incorporar a las víctimas que lo requieran a programas de desarrollo social, productivos o de empleo.
Estrategia 2.4. Implementar medidas para la reparación integral de las víctimas
2.4.1. Establecer lineamientos y protocolos para garantizar la reparación integral conforme a lo
dispuesto en la LGV y los estándares internacionales.
2.4.2. Analizar recomendaciones y sentencias dictadas por la Corte IDH y organismos internacionales para el diseño de políticas públicas.
2.4.3. Promover el uso de mecanismos eficientes para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.
2.4.4. Fomentar la "disculpa pública" como medida de reparación para restablecer la dignidad y reputación de las víctimas.
2.4.5. Implementar programas de formación, capacitación y orientación ocupacional para las víctimas como parte de la reparación integral.
Objetivo 3. Consolidar la cultura de respeto a los derechos humanos en las y los servidores públicos responsables de asistir a víctimas
El Estado mexicano deberá desarrollar y promover la formación de servidores públicos de todos los órdenes de gobierno y poderes que lo integran, para que en el ámbito de su competencia respeten, protejan, garanticen y permitan el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.
Los servidores públicos deberán implementar las acciones necesarias para la prevención, persecución, sanción y erradicación de hechos victimizantes, los cuales deberán garantizar el respeto de los derechos humanos conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Víctimas y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
En ningún momento los servidores públicos obstaculizarán ni condicionarán el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así como a los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos por la ley.
Estrategia 3.1. Promover conocimientos, actitudes y condiciones favorables para los servidores públicos que garanticen el ejercicio de los derechos de las víctimas
3.1.1. Implementar protocolos en materia de atención a víctimas para las y los servidores públicos que eviten discriminación, criminalización o revictimización.
3.1.2. Elaborar y actualizar códigos de ética para las y los servidores públicos que eviten discriminación, criminalización o revictimización.
3.1.3. Iniciar quejas sobre violaciones a derechos humanos para que las y los servidores públicos sean sancionados conforme a la LFRSP.
3.1.4. Interponer las denuncias sobre violaciones a derechos humanos para que las y los servidores públicos sean sancionados penalmente cuando corresponda.
3.1.5. Promover condiciones de seguridad para el personal encargado de la atención a víctimas y operadores de justicia susceptibles de agresiones.
3.1.6. Prevenir y atender las consecuencias del impacto laboral y emocional de las y los servidores públicos que trabajan con víctimas.
3.1.7. Impulsar el incremento de las y los servidores públicos con especialización en género, enfoque de derechos humanos y atención diferenciada.
Estrategia 3.2. Fortalecer la formación de las y los servidores públicos de las instancias del SNAV
3.2.1. Sensibilizar a las y los servidores públicos de las instituciones del SNAV, particularmente aquellas que tengan contacto con víctimas.
3.2.2. Instruir a las y los servidores públicos sobre los derechos de las víctimas conforme a la LGV.
3.2.3. Actualizar y capacitar a servidores públicos que brindan servicios periciales en materia de derechos humanos y atención especializada.
3.2.4. Fomentar la actualización de programas formativos con enfoque de derechos humanos para personal encargado de investigación y procuración de justicia.
3.2.5. Promover el conocimiento sobre derechos de las víctimas como criterio para ingreso y promoción de las y los servidores públicos.
3.2.6. Capacitar al personal de las instituciones de investigación, justicia y seguridad sobre la obligatoriedad de la aplicación de la LGV.
3.2.7 Impulsar que las instituciones cuenten con el personal capacitado para garantizar los derechos sexuales de las víctimas.
Objetivo 4. Garantizar a las víctimas el acceso a las medidas de atención, con enfoque diferenciado y énfasis en condiciones de vulnerabilidad
Reconocer la situación de víctimas que pertenecen a poblaciones y colectivos históricamente vulnerados requiere que el Estado mexicano instrumente medidas para una atención integral y diferenciada con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos.
Permite visibilizar las vulnerabilidades en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, lo que implica una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. Conlleva la suma de esfuerzos que aseguren el acceso total a los derechos y medidas que ordena la Ley General de Víctimas.
Estrategia 4.1. Promover una atención integral a mujeres víctimas de todo tipo de violencia
4.1.1. Implementar mecanismos de identificación de casos de violencia contra las mujeres.
4.1.2. Implementar capacitaciones específicas para la atención de mujeres víctimas de violencia con perspectiva de género y derechos humanos.
4.1.3. Evaluar la pertinencia del uso de la mediación y la conciliación en temas de violencia familiar en entidades federativas.
4.1.4. Promover la implementación de programas para la rehabilitación y reinserción social de las personas agresoras.
Estrategia 4.2. Promover una atención adecuada a víctimas según sus necesidades del ciclo vital
4.2.1 Impulsar medidas de detección oportuna y atención integral sobre los tipos de violencia que sufren niñas, niños y adolescentes.
4.2.2. Implementar mecanismos para que las niñas, niños y adolescentes puedan solicitar apoyo y asistencia sin acompañamiento de un adulto.
4.2.3. Promover fortalecimiento de instituciones encargadas de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de víctimas.
4.2.4. Realizar estudios sobre los tipos de violencia que sufren los adultos mayores.
4.2.5. Implementar un modelo de atención integral adecuado para las personas adultas mayores víctimas.
Estrategia 4.3. Promover una atención adecuada para personas con discapacidad que son víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos
4.3.1. Evaluar e implementar una estrategia de desinstitucionalización de las personas con discapacidad.
4.3.2. Diseñar programas de apoyo para que las personas con discapacidad vivan de forma independiente en la comunidad.
4.3.3. Evaluar y generar programas para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad privadas de libertad conforme a los tratados internacionales.
4.3.4. Promover que todas las instituciones cuenten con condiciones de accesibilidad.
4.3.5. Garantizar condiciones de acceso a la justicia para personas con discapacidad, en cualquier procedimiento, incluso durante la investigación del delito.
4.3.6. Celebrar convenios para asegurar la disponibilidad de intérpretes certificados para la atención
Estrategia 4.4. Promover una atención integral a personas indígenas víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos
4.4.1. Establecer convenios con el INALI para el servicio de traductores en las etapas de atención a víctimas de pueblos indígenas.
4.4.2. Promover la aplicación del consentimiento previo e informado de consulta pública a pueblos y comunidades indígenas en proyectos de infraestructura.
4.4.3. Desarrollar protocolos y códigos de conducta de atención con enfoque de interculturalidad para las y los servidores públicos.
Estrategia 4.5. Promover una atención integral de personas migrantes que son víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos
4.5.1. Promover convenios con los consulados para agilizar el proceso de emisión o recuperación de documentos de identificación de víctimas migrantes.
4.5.2. Generar mecanismos para emitir una identificación a los mexicanos deportados que se encuentren fuera de su lugar de origen.
4.5.3. Fomentar el respeto a los derechos humanos de las víctimas migrantes, independientemente de su calidad migratoria.
4.5.4. Impulsar la no criminalización e imposición de sanciones administrativas a favor de migrantes que denuncien ante el Ministerio Público.
4.5.5. Promover el derecho de los migrantes a ser informados de su situación jurídica, investigaciones y notificación consular.
4.5.6. Generar mecanismos de certificación de las estaciones migratorias y albergues temporales de las OSC que brindan apoyo a migrantes víctimas.
4.5.7. Promover mecanismos nacionales para la implementación del Estatuto de los Refugiados.
4.5.8. Garantizar interés superior de niñas y niños migrantes no acompañados y establecer su aseguramiento en estaciones migratorias como último recurso.
4.5.9. Capacitar y certificar al personal de atención migratoria en técnicas de empleo de la fuerza.
4.5.10. Promover el otorgamiento de visas humanitarias a personas víctimas migrantes y privilegiar mecanismos de reintegración familiar.
Estrategia 4.6. Promover una atención adecuada a víctimas de desplazamiento interno forzado
4.6.1. Impulsar el análisis legislativo sobre desplazamiento interno para garantizar medidas de prevención, protección y soluciones duraderas a personas desplazadas.
4.6.2. Elaborar diagnósticos que permitan establecer la magnitud del problema del desplazamiento interno forzado.
4.6.3. Garantizar mecanismos de asistencia y protección para niñas, niños y adolescentes no acompañados priorizando la reunificación familiar.
Objetivo 5. Generar medidas de prevención, atención, asistencia y reparación para las víctimas de delitos específicos y violaciones a derechos humanos
El Estado mexicano debe promover una atención integral a las víctimas directas, indirectas y potenciales. Además, deberán instrumentarse medidas para su atención integral, especialmente en los casos de violencia sexual, familiar, trata y tráfico de personas, detenciones arbitrarias, desplazamiento interno forzado, secuestro, tortura, desaparición y desaparición forzada de personas, homicidio, feminicidio, discriminación, así como violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Estrategia 5.1. Promover una atención integral a víctimas de violencia sexual y trata de personas
5.1.1. Difundir ampliamente entre la sociedad los mecanismos para exigir los derechos de las víctimas de violencia sexual.
5.1.2. Diseñar e implementar políticas específicas para la atención integral de víctimas de violencia sexual.
5.1.3. Fomentar la creación de sistemas adecuados para que las víctimas de violencia sexual denuncien de manera segura y confidencial.
5.1.4. Impulsar la detección oportuna y la atención integral de casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.
5.1.5. Promover la normatividad para que las instituciones detecten y atiendan, conforme a la LGV, casos de violencia sexual contra LGBTTTI.
5.1.6. Proponer la armonización legislativa en materia de ILE en caso de violación sexual, como lo establece la LGV.
5.1.7. Impulsar que instituciones garanticen y tengan insumos para proporcionar atención inmediata a víctimas de violencia sexual (postexposición, PAE e ILE).
5.1.8. Realizar estudios sobre los efectos que han tenido las reformas al delito de estupro y proponer las modificaciones pertinentes.
5.1.9. Promover convenios con OSC e iniciativa privada para que participen en la prevención y denuncia de casos de trata.
5.1.10. Desarrollar programas para mejorar los albergues y refugios de las OSC que brindan apoyo a víctimas de trata.
Estrategia 5.2. Salvaguardar una atención integral a víctimas de detenciones arbitrarias
5.2.1. Promover que el personal de seguridad pública, SEDENA y SEMAR porte el uniforme e identificación siempre que realice cualquier detención.
5.2.2. Fortalecer la coordinación interinstitucional y modificaciones al marco legal para que la sociedad pueda consultar el Registro Nacional de Detenidos.
5.2.3. Gestionar que la prisión preventiva se realice conforme a los principios establecidos por la Corte IDH y otros estándares internacionales.
5.2.4. Impulsar el registro de los diversos momentos de la detención y las autoridades involucradas para establecer una cadena de custodia.
5.2.5. Impulsar que los recursos judiciales sean accesibles, adecuados y efectivos para las víctimas de detenciones arbitrarias.
5.2.6 Elaborar un protocolo de actuación para los operadores jurídicos sobre los derechos y consecuencias que conlleva la detención arbitraria.
5.2.7. Evaluar las medidas administrativas disciplinarias y su aplicación al personal a cargo de los lugares de detención.
5.2.8. Promover la modificación constitucional para eliminar la figura del arraigo.
Estrategia 5.3. Promover una atención adecuada de víctimas de homicidio y feminicidio
5.3.1. Promover la debida aplicación de protocolos de investigación de homicidios y feminicidios, haciendo énfasis en hallazgos de fosas clandestinas.
5.3.2. Promover la disponibilidad de laboratorios móviles en el lugar del hallazgo para una adecuada investigación.
5.3.3. Elaborar un modelo de investigación y atención de homicidios múltiples que garantice los derechos de las víctimas.
5.3.4. Diseñar y establecer un mecanismo de coordinación entre las diversas bases de datos de personas fallecidas.
5.3.5. Promover en todo el país la instrumentación de la Central de Emergencias C4 y de denuncias anónimas 089.
5.3.6. Implementar programas para cubrir los gastos funerarios en casos de homicidio y feminicidio aplicable a los tres ámbitos de Gobierno.
5.3.7. Impulsar la armonización legislativa sobre la tipificación del delito de feminicidio.
5.3.8. Promover las reformas legislativas necesarias para incluir el delito de homicidio como crimen relacionado con delincuencia organizada.
Estrategia 5.4. Promover una atención adecuada de víctimas de secuestro
5.4.1. Diseñar e implementar un Modelo de Atención a Víctimas de Secuestro con pleno acompañamiento y enfoque psicosocial.
5.4.2. Realizar estudios victimológicos a través de grupos de trabajo interdisciplinarios.
5.4.3. Elaborar un estudio comparativo de mejores prácticas con el objetivo de identificar los modelos de atención vigentes.
5.4.4. Emitir y difundir el manual interinstitucional para la implementación del Modelo de Atención a Víctimas de Secuestro.
5.4.5. Elaborar protocolos especializados, acorde al Modelo de Atención a Víctimas de Secuestro, para las y los servidores públicos.
Estrategia 5.5. Promover mecanismos para la identificación y atención de casos de víctimas de tortura
5.5.1. Impulsar que las procuradurías realicen eficazmente las investigaciones en materia de tortura.
5.5.2. Capacitar al personal de las procuradurías y organismos públicos autónomos de derechos humanos para la aplicación del Protocolo de Estambul.
5.5.3. Promover la aplicación del Protocolo de Estambul por peritos ajenos a la dependencia de las y los servidores públicos acusados.
5.5.4. Facilitar la aplicación de exámenes del Protocolo de Estambul por peritos designados por la víctima de acuerdo a la LGV.
5.5.5. Capacitar técnicamente al personal ministerial y judicial para la correcta clasificación del delito de tortura.
5.5.6. Capacitar al personal médico adscrito a los lugares de detención para la detección oportuna de indicios de tortura.
5.5.7. Promover las acciones para el fortalecimiento y autonomía del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
5.5.8. Promover la adopción de una ley general contra la tortura, adecuando las normas a los estándares internacionales sobre la materia.
Estrategia 5.6. Promover mecanismos para la identificación y atención de casos de víctimas de desaparición y desaparición forzada de personas
5.6.1. Impulsar la creación del Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas y de una Ley General de Personas Desaparecidas.
5.6.2. Promover el incremento de equipos especializados en búsqueda de personas desaparecidas y realizar estudios victimológicos sobre desaparición y desaparición forzada.
5.6.3. Instrumentar un modelo de atención para familiares de personas víctimas de desaparición y desaparición forzada.
5.6.4. Promover la búsqueda inmediata de la persona reportada como desaparecida ante la PGR ²( ²1) y en las procuradurías estatales.
5.6.5. Garantizar que la información sobre personas desaparecidas en poder del Estado sea accesible para las víctimas y las autoridades investigadoras.
5.6.6. Promover la homologación de los procedimientos para la aplicación de las pruebas de ADN en toda la República.
5.6.7. Impulsar la implementación de bases de datos y la creación de un banco nacional de muestras de material genético.
5.6.8. Promover acuerdos sobre el intercambio de información para la localización y entrega de restos a familiares de personas desaparecidas.
5.6.9. Fomentar la incorporación, en todo el país, de la figura de la declaración de ausencia por desaparición.
5.6.10. Promover el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales.
Estrategia 5.7. Desarrollar instrumentos para la atención integral de víctimas de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
5.7.1. Difundir los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como sus mecanismos de protección y principales formas de victimización.
5.7.2. Realizar propuestas de políticas públicas o recomendaciones para atender las situaciones violatorias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
5.7.3. Identificar y atender las causas de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y sus efectos.
5.7.4. Promover estudios que vinculen la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con otras formas de violencia.
Los indicadores que se presentan en esta sección tienen el objetivo de generar y sistematizar información que facilite el seguimiento de las acciones que se plantean en los objetivos del Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018 y reconocer si estas acciones están logrando generar la incidencia esperada.
Para cada objetivo del PAIV se diseñaron un máximo de tres y un mínimo de un indicador. Adicionalmente, se incluye un indicador de seguimiento sobre la inclusión de los principios y enfoques generales de la LGV (inclusión de la perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, protección integral de los derechos de la infancia y enfoque diferencial y especializado) en las acciones que se desprenden del PAIV.
1. Fortalecer el funcionamiento y la coordinación de las entidades e instituciones que integran y se vinculan al Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
1.1. Porcentaje de avance en la elaboración, implementación y seguimiento de un índice de satisfacción de las víctimas con relación a la atención recibida por las instancias del SNAV que ofrecen servicios de atención a víctimas.
1.2. Índice de cobertura de las campañas de divulgación de los derechos de las víctimas y las obligaciones de las y los servidores públicos.
1.3. Porcentaje de convenios celebrados entre las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas con respecto a los planeados en el PAIV.
2. Asegurar a las víctimas el acceso efectivo a las medidas que requieren para la protección y garantía de sus derechos.
2.1. Porcentaje de víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas que han recibido medidas previstas en la LGV.
2.2. Porcentaje de acciones realizadas establecidas en los convenios de colaboración relacionadas directamente con las líneas de acción del PAIV
3. Consolidar las capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes favorables de las y los servidores públicos de las instituciones responsables de la asistencia y atención integral a víctimas.
3.1. Porcentaje de personal capacitado con respecto a las metas establecidas en el Programa Anual de Capacitación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
3.2. Porcentaje de personal certificado del total de servidores públicos capacitados conforme al Programa Anual de Capacitación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
4. Garantizar a las víctimas el acceso a las medidas de atención, con enfoque diferenciado y énfasis en condiciones de vulnerabilidad.
4.1. Porcentaje de avance en la elaboración e implementación de modelos de atención, protocolos y estudios con enfoque diferenciado.
5. Generar medidas de prevención, atención, asistencia y reparación para las víctimas de delitos específicos y violaciones a derechos humanos.
5.1. Porcentaje de avance en la elaboración e implementación de modelos, protocolos y estudios para la atención de víctimas de delitos específicos.
Seguimiento a los principios y enfoques generales de la LGV: perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y enfoque diferencial y especializado.
Indicador de seguimiento a los principios y enfoques generales de la LGV.
Ficha del indicador 1.1.
Diseñar e implementar un mecanismo para medir el grado de satisfacción de las víctimas con respecto a la atención que reciben en las instituciones del SNAV.
Observaciones/método de cálculo
PAI= Porcentaje de avance en la elaboración, implementación y seguimiento de un índice de satisfacción de las víctimas con relación a la atención recibida por las instancias del SNAV que ofrecen servicios de atención a víctimas.
PAI= (0.3 [E1] + 0.4 [E2] + 0.3[E3]) x 100
E1= 1 si se ha cumplido con la etapa 1
E1= 0 si no se ha cumplido con la etapa 1
E2= 1 si se ha cumplido con la etapa 2
E2= 0 si no se ha cumplido con la etapa 2
E3= 1 si se ha cumplido con la etapa 3
E3= 0 si no se ha cumplido con la etapa 3
Dirección General de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación de la CEAV
Anexo. Consideraciones para el cálculo de la meta
El proceso para diseñar este índice se divide en tres etapas:
1) Diseño y elaboración del instrumento.
2) Implementación.
3) Seguimiento.
Durante el primer año se plantea llevar a cabo el diseño e implementación del instrumento y a partir del segundo año se le dará seguimiento al comportamiento del índice de satisfacción. En la actualización del PAIV en 2015 se incluirá el índice de satisfacción como un indicador adicional y se tomará el valor de la implementación como línea de base para el establecimiento de metas posteriores.
La implementación de este índice tendrá como insumo principal una encuesta de satisfacción que se aplicará en las distintas instancias del SNAV bajo la orientación de lo que determine el Modelo Integral de Atención a Víctimas, el cual será publicado durante los primeros meses del año 2015.
El cálculo del índice de satisfacción se llevará a cabo a partir de la ponderación de cuatro dimensiones de análisis, donde cada dimensión se medirá a partir de 1 a 5 preguntas relacionadas con la atención recibida por parte de las personas víctimas con base en una escala de Likert.
El índice se construirá de acuerdo a una ponderación de las cuatro dimensiones con base en la siguiente fórmula:
Para el cálculo del indicador se tomarán los siguientes valores dependiendo de la cobertura geográfica, los medios de difusión que se utilicen y la implementación de las campañas en lenguas indígenas:
Ei= 1 si la entidad federativa i ha implementado alguna campaña de difusión.
Ei= 0 si la entidad federativa i no ha implementado ninguna campaña de difusión.
EAi= 1 si la entidad federativa i ha implementado alguna campaña de difusión en medios audiovisuales.
EAi = 0 si la entidad federativa i no ha implementado ninguna campaña de difusión en medios audiovisuales.
ERi = 1 si la entidad federativa i ha implementado alguna campaña de difusión en medios radiofónicos.
ERi = 0 si la entidad federativa i no ha implementado ninguna campaña de difusión en medios radiofónicos.
EIi = 1 si la entidad federativa i ha implementado alguna campaña de difusión en medios impresos.
EIi = 0 si la entidad federativa i no ha implementado ninguna campaña de difusión en medios impresos.
EDi = 0 si la entidad federativa i no ha implementado ninguna campaña de difusión en medios digitales.
EDi = 1 si la entidad federativa i ha implementado alguna campaña de difusión en medios digitales.
ELi = 0 si la entidad federativa i no ha implementado ninguna campaña de difusión en lenguas indígenas.
ELi = 1 si la entidad federativa i ha implementado alguna campaña de difusión en lenguas indígenas.
Línea de base 2014
Se plantea una meta del 60% para el primer año la cual es alcanzable si se implementa, al menos, una campaña de difusión de los derechos de las víctimas en todas las entidades federativas o una campaña de difusión nacional. En caso de establecer campañas en más de un medio de comunicación en todas las entidades federativas se puede avanzar en el indicador más allá del 60% y hasta el 100%. Se espera llegar al menos al 90% de la meta para el 2018.
En función de los elementos de las campañas de divulgación (objetivos, presupuesto, región, cobertura, mensaje, y medios) se diseñarán e implementarán, cuando sea viable y oportuno, herramientas de evaluación sobre el impacto de las campañas en la población y el cumplimiento de los objetivos de la misma.
Ficha del indicador 1.3.
Permite conocer el número de convenios celebrados entre las instituciones del SNAV con respecto a los planeados en el PAIV.
PCC = Porcentaje de convenios celebrados entre las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas con respecto a los planeados en el PAIV.
PCC = [NCC / PD] x 100
NCC = Número de convenios celebrados entre las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
PD = Número de convenios planeados en el PAIV.
Dirección General del Vinculación Interinstitucional de la CEAV
Instituciones que forman parte del SNAV
Anexo: Consideraciones para el cálculo de la meta
**Las acciones que se refieren a la celebración de convenios entre las instituciones del SNAV son las
4.3.6. Celebrar convenios para asegurar la disponibilidad de intérpretes certificados para la atención de personas con discapacidad.
4.4.1. Celebrar convenios con el INALI para el servicio de traductores en las etapas de atención a víctimas de pueblos indígenas
4.5.1. Promover convenios con los consulados para agilizar el proceso de emisión o recuperación de los documentos de identificación de víctimas migrantes.
Ficha del indicador 2.1.
2.1. Porcentaje de víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas que han recibido medidas de atención y asistencia previstas en la LGV.
Permite conocer el porcentaje de víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas que han recibido medidas de atención y asistencia establecidas en la LGV durante el periodo de referencia.
PVRA = Porcentaje de víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas que han recibido medidas de atención y asistencia señaladas en la LGV durante el periodo de referencia.
PVRA= [ VRA / VIR ] x 100
VRA = Número de víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas que han recibido medidas de atención y asistencia establecidas en la LGV durante el periodo de referencia.
VIR = Número de víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas en el periodo de referencia.
Comportamiento creciente conforme a los resultados del primer año.
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley General de Víctimas:
Se entiende por asistencia al conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.
Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos.
Dado que el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) es un sistema de reciente creación aún no se cuenta con datos a nivel nacional que sean representativos sobre el porcentaje de víctimas registradas en el RENAVI que han recibido medidas de atención y asistencia. De acuerdo con los resultados del indicador en 2015 se establecerán las metas anuales hasta el 2018.
Ficha del indicador 2.2.
2.2. Porcentaje de acciones realizadas establecidas en los convenios de colaboración relacionadas directamente con las líneas de acción del PAIV.
Permite dar seguimiento a la implementación de las acciones establecidas en los convenios de colaboración celebrados con las instituciones del SNAV, específicamente a las actividades directamente relacionadas con las líneas de acción del PAIV.
PACC = Porcentaje de acciones realizadas, establecidas en los convenios de colaboración, relacionadas directamente con las líneas de acción del PAIV
PACC = [NACC / PD] x 100
NACC = Número de acciones llevadas a cabo, establecidas en los convenios de colaboración, relacionadas directamente con las líneas de acción del PAIV
PD = Número de acciones establecidas en los convenios de colaboración, relacionadas directamente con las líneas de acción del PAIV
Se llevará a cabo un monitoreo de las acciones establecidas en los convenios de colaboración celebrados
con las instituciones del SNAV que estén directamente relacionadas con las líneas de acción del PAIV, a fin de dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de las mismas.
Ficha del indicador 3.1.
Permite conocer el porcentaje de las y los servidores públicos capacitados con respecto a las metas establecidas en el Programa Anual de Capacitación de la CEAV.
PPC = Porcentaje de personal capacitado con respecto a las metas establecidas en el Programa Anual de Capacitación.
PPC = [NSC / MSC] x 100
NSC = Número de las y los servidores públicos capacitados en el periodo de referencia
MSC = Meta de las y los servidores públicos a capacitar establecida en el Programa Anual de Capacitación de la CEAV
Ficha del indicador 3.2.
3. Consolidar las capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes favorables de las y los servidores públicos de las instituciones responsables de la asistencia y la atención integral a víctimas.
Permite conocer el porcentaje de las y los servidores públicos que han cumplido con los requisitos para ser certificados del total de las y los servidores públicos capacitados.
PPCE = Porcentaje de personal certificado del total de las y los servidores públicos capacitados.
PPCE = [NSCE / NSC] x 100
NSCE = Número de las y los servidores públicos certificados en el periodo de referencia
La capacitación y la certificación son procesos independientes; los capacitados podrán optar por certificarse, pero este proceso será opcional. Iniciar el proceso de certificación por parte de las y los servidores públicos no implica su obtención.
Ficha del indicador 4.1.
Permite dar seguimiento a la elaboración e implementación de modelos, protocolos y estudios en el SNAV con enfoque diferenciado y específicos para grupos de población en situación de vulnerabilidad en relación a los planeados en el PAIV.
PAMED = Porcentaje de avance en la elaboración e implementación de modelos de atención, protocolos y estudios con enfoque diferenciado.
PAMED = ( 0.5 [NMPE / MEDP] + 0.5 [NMPI/MEP]) x 100
NMPE = Número de modelos, protocolos y estudios elaborados
NMPI = Número de modelos y protocolos implementados
MEDP = Modelos, protocolos y estudios con enfoque diferenciado planeados en el PAIV
Informe Anual de la CEAV
Para el 2015 se establece una meta de 50%, lo cual implica la elaboración de todos los instrumentos que se enlistan a continuación. Se plantea la implementación gradual de los modelos y protocolos incluidos en dicha lista para lograr la meta del 100% en el 2018.
***Las acciones que se refieren a la elaboración de modelos, protocolos y diagnósticos con enfoque diferenciado y para grupos específicos de la población son las siguientes:
4.2.4. Realizar estudios sobre los tipos de violencia que sufren los adultos mayores
Ficha del indicador 5.1.
Permite dar seguimiento a la elaboración e implementación de modelos, protocolos y estudios para la atención a víctimas de delitos específicos conforme a lo planeado en el PAIV.
PAMDE = Porcentaje de avance en la elaboración e implementación de modelos, protocolos y estudios para la atención de víctimas de delitos específicos.
PAMDE = ( 0.5 [NMPE / MDEP] + 0.5 [NMPI/MDEP]) x 100
MDEP = Modelos, protocolos y estudios para la atención a víctimas de delitos específicos planeados en el PAIV
****Las acciones que se refieren a la elaboración de modelos, protocolos y estudios para la atención a víctimas de delitos específicos planeados en el PAIV son las siguientes:
5.1.8. Realizar estudios sobre los efectos que han tenido las reformas al delito de estupro y proponer las modificaciones pertinentes
5.4.2. Realizar estudios victimológicos sobre el secuestro a través de grupos de trabajo interinstitucionales.
5.4.3. Elaborar un estudio comparativo de mejores prácticas con el objetivo de identificar los modelos
de atención vigentes.
5.6.1. Impulsar la creación del Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas y de una Ley General de Personas Desaparecidas
5.6.5. Realizar estudios victimológicos sobre la desaparición y desaparición forzada.
Ficha del indicador de seguimiento a los principios y enfoques generales de la LGV
Indicador de seguimiento a los principios y enfoques generales de la LGV
Se propone un indicador de referencia sobre la inclusión de los principios generales de perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y del enfoque diferencial y especializado.
ISP = Indicador de seguimiento a los principios y enfoques generales de la LGV
Las instituciones que hayan realizado las acciones a las que se refiere el indicador
Anexo. Consideraciones para el cálculo del indicador
Para el cálculo del indicador se tomarán los siguientes valores:
P1 = 1 si las acciones llevadas a cabo incluyen perspectiva de género
P1 = 0 si las acciones llevadas a cabo no incluyen perspectiva de género
P2 = 1 si las acciones llevadas a cabo incluyen perspectiva de derechos humanos
P2 = 0 si las acciones llevadas a cabo no incluyen perspectiva de derechos humanos
P3 = 1 si las acciones llevadas a cabo incluyen la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
P3 = 0 si las acciones llevadas a cabo no incluyen la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
P4 = 1 si las acciones llevadas a cabo incluyen enfoque diferencial y especializado
P4 = 0 si las acciones llevadas a cabo no incluyen enfoque diferencial y especializado
Anexo de implementación del indicador
Este indicador está diseñado para funcionar de manera complementaria con algunos de los indicadores vinculados con cada uno de los cuatro objetivos del Programa. En caso de que las acciones relacionadas con el indicador cumplan con todos los principios y enfoques generales, el indicador de seguimiento tomará el valor de 1 y el indicador compuesto tendrá el mismo valor que el original. En caso de que no se cumpla con alguno de los principios o enfoques generales, el indicador de seguimiento tomará un valor menor a uno (hasta 0.5), lo que provocará que el indicador compuesto sea menor que el original.
De esta manera, se genera un impacto negativo en el indicador original en caso de que no se incluyan la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y el enfoque diferencial y especializado en las acciones que se llevan a cabo, lo que facilita dar seguimiento a la incorporación de los principios en las acciones relacionadas con la implementación del PAIV.
La selección de estos indicadores se presenta en la tabla siguiente.
Tabla de indicadores compuestos con perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos,
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y con enfoque diferencial y
Con el propósito de cumplir con el mandato de transparencia y rendición de cuentas al que la CEAV está obligada, el Programa de Atención Integral a Víctimas y sus informes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas se harán públicos en: www.ceav.gob.mx/transparencia/participacion-ciudadana/
La CEAV pondrá a disposición de la sociedad mexicana no sólo el PAIV, sino los informes, reportes de avance, evaluaciones y evolución de los indicadores que den cuenta de su cumplimiento.
Asimismo, conforme al Acuerdo 01/2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el PAIV será publicado en la página electrónica de la CEAV al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ADN: Ácido Desoxirribonucleico
Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
ENADIS: Encuesta Nacional de Discriminación
FEADLE: Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión
ILE: Interrupción Legal del Embarazo
LGV: Ley General de Víctimas
LFRSP: Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
LGBTTTI: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual
MAIS: Modelo de Atención Integral en Salud
OSC: Organización de la Sociedad Civil
PAE: Pastilla de Anticoncepción de Emergencia
PAIV: Programa de Atención Integral a Víctimas
PGR: Procuraduría General de la República
PNDH: Plan Nacional de Derechos Humanos
PNPJ: Programa Nacional de Procuración de Justicia
PRONAIND: Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación
RENAVI: Registro Nacional de Víctimas
SNAV: Sistema Nacional de Atención a Víctimas
El PAIV, como instrumento programático, rige a todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos y organizaciones públicas o privadas encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 y 82 y el Título Séptimo "De la Distribución de Competencias" de la Ley General de Víctimas.
La implementación del Programa de Atención Integral a Víctimas se desarrollará a través del Manual de Operación, en el que se establecen las autoridades encargadas de realizar las líneas de acción específicas de acuerdo al ámbito de su competencia. Dicha implementación será coordinada por la CEAV y para el seguimiento y cumplimiento del PAIV el SNAV podrá integrar comités especializados. Su implementación requiere del trabajo conjunto de los tres ámbitos de Gobierno, los tres poderes, los organismos autónomos, los diferentes sectores de la sociedad civil, así como la participación de la iniciativa privada.
Es importante destacar que la correspondencia no es limitativa y podrá ampliarse a través de la celebración de convenios de colaboración específicos.
Dependencias/Entidades responsables
Secretaría de Gobernación (1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3)
Secretaría de Relaciones Exteriores (1.1.1)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1.1.9)
Secretaría de Desarrollo Social (1.1.1)
Secretaría de Educación Pública (1.1.1)
Secretaría de Salud federal y de las entidades federativas (1.1.1)
Consejería Jurídica del Ejecutivo federal (1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (1.1.1 y 1.1.4)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 y 1.1.9)
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (1.1.4)
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (1.1.4)
Instituto Nacional de las Mujeres (1.1.4)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (1.1.1 y 1.1.4)
Poder Legislativo federal y de las entidades federativas (1.1.2, 1.1.3 y 1.1.9)
Poder Judicial federal y de las entidades federativas (1.1.1)
Secretaría de Gobernación (1.2.1, 1.2.2 y 1.2.4)
Secretaría de Salud federal y de las entidades federativas (1.2.3)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (1.2.4)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (1.2.2 y 1.2.4)
Poder Legislativo federal y de las entidades federativas (1.2.5)
Secretaría de Gobernación (1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (1.3.2)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 y 1.3.4)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (1.3.1, 1.3.2 y 1.3.4)
Secretaría de Gobernación (1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Secretaría de la Defensa Nacional (1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Secretaría de Marina (1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Secretaría de Relaciones Exteriores (1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Secretaría de Educación Pública (1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Secretaría de Salud federal y de las entidades federativas (1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Instituto Nacional de las Mujeres (1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Instituto Nacional de la Juventud (1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5)
Poder Judicial federal y de las entidades federativas (1.4.1 y 1.4.4)
Instituto Mexicano del Seguro Social (2.1.1, 2.1.5 y 2.1.6)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (2.1.1, 2.1.5 y 2.1.6)
Secretaría de Gobernación (2.1.2 y 2.1.3)
Secretaría de Salud federal y de las entidades federativas (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 y 2.1.6)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (2.1.2 y 2.1.3)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 y 2.1.6)
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2.1.6)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (2.1.2 y 2.1.3)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (2.2.1, 2.2.3 y 2.2.7)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 y 2.2.7)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (2.2.1 y 2.2.7)
Poder Judicial federal y de las entidades federativas (2.2.1, 2.2.4, 2.2.5 y 2.2.6)
Secretaría de Desarrollo Social federal y de las entidades federativas (2.3.3 y 2.3.4)
Secretaría de Economía (2.3.3)
Secretaría de Educación Pública federal y de las entidades federativas (2.3.1 y 2.3.2)
Instituto Politécnico Nacional (2.3.1)
Universidad Nacional Autónoma de México (2.3.1)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4)
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2.3.3)
Instituto Nacional de las Mujeres (2.3.4)
Instituto Nacional de la Juventud (2.3.4)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (2.3.1)
Secretaría de Gobernación (2.4.1, 2.4.2 y 2.4.4)
Secretaría de Relaciones Exteriores (2.4.2)
Secretaría de Educación Pública federal y de las entidades federativas (2.4.5)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (2.4.3)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 y 2.4.5)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (2.4.1, 2.4.4 y 2.4.5)
Poder Judicial federal y de las entidades federativas (2.4.3)
Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal y de las entidades federativas (2.4.5)
Secretaría de Gobernación (3.1.1, 3.1.2 y 3.1.7)
Secretaría de Relaciones Exteriores (3.1.2)
Secretaría de la Defensa Nacional (3.1.1 y 3.1.2)
Secretaría de Marina (3.1.1 y 3.1.2)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (3.1.2)
Secretaría de Desarrollo Social (3.1.2)
Secretaría de Educación Pública (3.1.2)
Secretaría de Salud federal y de las entidades federativas (3.1.2 y 3.1.6)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (3.1.1, 3.1.2 y 3.1.7)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 y 3.1.7)
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (3.1.2)
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (3.1.2)
Instituto Nacional de las Mujeres (3.1.2)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 y 3.1.7)
Poder Judicial federal y de las entidades federativas (3.1.1 y 3.1.7)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 y 3.2.7)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (3.2.1 y 3.2.4)
Secretaría de Gobernación (4.1.1 y 4.1.2)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4)
Instituto Nacional de las Mujeres (4.1.1, 4.1.2 y 4.1.4)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (4.1.1, 4.1.2 y 4.1.4)
Poder Judicial federal y de las entidades federativas (4.1.3)
Secretaría de Educación Pública (4.2.1 y 4.2.2)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (4.2.4)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5)
Instituto Nacional de la Juventud (4.2.1 y 4.2.2)
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (4.2.4 y 4.2.5)
Secretaría de Relaciones Exteriores (4.3.3)
Secretaría de Salud federal y de las entidades federativas (4.3.1)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (4.3.5)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 y 4.3.6)
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4)
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 y 4.3.6)
Poder Judicial federal y de las entidades federativas (4.3.5)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3)
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3)
Secretaría de Gobernación (4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9 y 4.5.10)
Secretaría de Relaciones Exteriores (4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.5.6 y 4.5.10)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (4.5.7)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (4.5.4)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.7, 4.5.9 y 4.5.10)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (4.5.3, 4.5.4 y 4.5.5)
Secretaría de Gobernación (4.6.2 y 4.6.3)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (4.6.1, 4.6.2 y 4.6.3)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (4.6.1)
Secretaría de Gobernación (5.1.5, 5.1.6, 5.1.8 y 5.1.10)
Secretaría de Salud federal y de las entidades federativas (5.1.1 y 5.1.7)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.9 y 5.1.10)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9 y 5.1.10)
Instituto Nacional de las Mujeres (5.1.1)
Instituto Nacional de la Juventud (5.1.1)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.7)
Poder Legislativo federal y de las entidades federativas (5.1.5, 5.1.6 y 5.1.8)
Poder Judicial federal y de las entidades federativas (5.1.3 y 5.1.9)
Secretaría de Gobernación (5.2.2 y 5.2.3)
Secretaría de la Defensa Nacional (5.2.1)
Secretaría de Marina (5.2.1)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (5.2.1, 5.2.4 y 5.2.7)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 y 5.2.6)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 y 5.2.7)
Poder Legislativo federal y de las entidades federativas (5.2.2 y 5.2.8)
Poder Judicial federal y de las entidades federativas (5.2.5)
Secretaría de Gobernación (5.3.4, 5.3.5 y 5.3.6)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 y 5.3.5)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6 y 5.3.7)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (5.3.1)
Poder Legislativo federal y poderes legislativos de las entidades federativas (5.3.8)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (5.4.1)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 y 5.4.5)
Secretaría de Gobernación (5.5.7 y 5.5.8)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (5.5.1, 5.5.4, 5.5.5 y 5.5.6)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.6, 5.5.7 y 5.5.8)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (5.5.3)
Poder Legislativo federal y de las entidades federativas (5.5.8)
Secretaría de Gobernación (5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9 y 5.6.10)
Secretaría de Relaciones Exteriores (5.6.9)
Procuraduría General de la República y de las entidades federativas (5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.8 y 5.6.9)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9 y 5.6.10)
Poder Legislativo federal y de las entidades federativas (5.6.10)
Secretaría de Desarrollo Social (5.7.3)
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (5.7.3)
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales de atención a víctimas (5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 y 5.7.4)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales (5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 y 5.7.4)
Así lo aprobó el Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas en la ciudad de México, Distrito Federal, en su Primera Sesión Ordinaria 2015, celebrada el veinte de mayo de 2015.- El licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y presidente del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.- El licenciado César Horacio Duarte Jáquez, gobernador del Estado de Chihuahua y coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores.- El licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.- El licenciado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputado del Congreso de la Unión y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.- El maestro Roberto Gil Zuarth, senador del Congreso de la Unión y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.- La licenciada Yudit del Rincón Castro, diputada del Congreso del Estado de Sinaloa y presidenta de la Conferencia Permanente de Congresos Locales.- El licenciado Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura Federal.- El licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- El doctor Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.- El licenciado Adrián Franco Zevada, comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.- La doctora Susana Thalía Pedroza de la Llave, comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.- El doctor Julio Antonio Hernández Barros, comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.- La licenciada Aixa Amalia Alvarado Gurany, presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Nuevo León.- El maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y secretario técnico del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.- Rúbrica.
(R.- 415406)
1 La lista de organizaciones y de víctimas que participaron en los foros se encuentra en la página de la CEAV: http://www.ceav.gob.mx/transparencia/participacion-ciudadana/
2 De acuerdo con el artículo 93:
A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:
I. Comité de violencia familiar;
II. Comité de violencia sexual;
III. Comité de trata y tráfico de personas;
IV. Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas;
V. Comité de personas víctimas de homicidio;
VI. Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;
VII. Comité de detención arbitraria;
VIII. Comité interdisciplinario evaluador, y
IX. Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
3 La única respuesta que se recibió de Nayarit fue de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit, que participó en tiempo y forma, sin que ninguna otra autoridad del mismo estado enviara información para realizar la Consulta.
4 En una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a âmuy buenoâ, 2 a âbuenoâ, 3 a âregularâ, 4 a âmaloâ y 5 a âmuy maloâ.
5 Ver, por ejemplo, A. Rublí y D. Vargas, quienes señalan a la policía entre las instituciones del sistema con más bajo nivel de confianza, seguida de las instituciones de procuración de justicia (cfr. âConfianza en las instituciones de seguridad públicaâ, en A. Moreno (coord.), Confianza en las instituciones. México en perspectiva comparada, México, CESOP /ITAM, 2010, p. 249 ss.). Coincide con ello Consulta Mitofsky, que señala a la policía entre las instituciones que menor confianza generan en la sociedad (ver consulta.mx/web/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/198-mexico-confianza-en-las-instituciones).
6 El burn-out (síndrome de "estar quemado") es una manifestación del desgaste personal del trabajador resultado de la interacción diaria entre el trabajo que realiza y sus especiales circunstancias que lo distinguen como persona. Crea una gran insatisfacción con el trabajo realizado y constituye un agotamiento en todos los niveles del yo interior. La primera señal se presenta como un agotamiento emocional, un cansancio físico y un estado de desánimo. Cfr. Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, España, volumen 2, número 4, 2012, p. 4.
7 En este sentido se tiene conocimiento de que el Consejo de la Judicatura Federal suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para integrar un padrón de intérpretes y defensores que hablen lenguas indígenas.
8 Plan Nacional de Desarrollo. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013.
9 CNDH, Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México, 2011, p. 26. Disponible en: www.cndh.org.mx
10 CNDH, Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, p. 33. Disponible en: www.cndh.org.mx
11 Ibíd., p. 42.
12 Ibíd., p. 30.
13 Cfr. el documento Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial, p. 17. Disponible en: http://www.gobernacion.gob.mx/archivosPortal/pdf/Bases120213.pdf
14 Estos datos corresponden a los publicados en la ENVIPE 2011 y la ENVIPE 2014 que se refieren al número de víctimas del año inmediato anterior.
15 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014, p. 2. Disponible en: http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1406/1/images/publicacionvictimasjul14.pdf
16 México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C., Indicadores de Víctimas Visibles e Invisibles de Homicidio, noviembre, 2012, p. 11. Disponible en: http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/02/MEX-
EVA_INDX_IVVI-HLOW.pdf
17 CNDH, Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, p. 49. Disponible en: www.cndh.org.mx
18 Cfr. su informe La trata de Personas, México, CNDH, 2012. Disponible en www.cndh.org.mx
19 ENVIPE, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012, 2013 y 2014.
20 Vale la pena mencionar que, de acuerdo con el presidente de la CNDH, existen 24,800 personas desaparecidas (cfr. http://noticieros.televisa.com/mexico/1405/cndh-reporta-24-mil-800-desaparecidos-mexico/). Por su parte, Human Rights Watch tiene documentados 250 casos de desaparición forzada ocurridos entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2012; de ellos, 1 de cada 2 tiene pruebas claras de haber sido cometidos por agentes del Estado (cfr. http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0213sp_ForUpload_0_0.pdf). Aunque las cifras varían de acuerdo con quien las presenta, lo cierto es que esta incertidumbre refleja la ausencia de registros confiables.
21 En términos del transitorio décimo sexto del Decreto de reforma constitucional, de 10 de febrero de 2014, cambiará su denominación a Fiscalía General de la República âen la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesariasâ, siempre y cuando el Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.