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Timestamp: 2019-01-19 07:12:15
Document Index: 35761500

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 42', 'artículo 368', 'artículo 42', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 217']

﻿ SENTENCIA SC15173-2016/2011-00069 DE OCTUBRE 24 DE 2016
SENTENCIA SC15173-2016 DE 24 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:DECLARACIÓN DE UNIÓN MARITAL DE HECHO. LA SINGULARIDAD QUE LE ES PROPIA NO SE DESTRUYE POR EL HECHO DE QUE UN COMPAÑERO LE SEA INFIEL AL OTRO, PUES AQUELLA SOLO SE DISUELVE CON LA SEPARACIÓN FÍSICA Y DEFINITIVA DE LOS COMPAÑEROS PERMANENTES. LO ANTERIOR, NO PUEDE CONFUNDIRSE CON EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE FIDELIDAD MUTUO INMANENTE A ESA CLASE DE RELACIONES QUE EXIGE EL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. AUNQUE LA INFIDELIDAD GENERALMENTE CONDUCE A LA RUPTURA DE LA UNIÓN MARITAL, PUES ES UNA AFRENTA A LA LEALTAD Y AL RESPETO RECÍPROCO DEBIDO, CUANDO PERVIVE LA RELACIÓN DE PAREJA A PESAR DE CONOCERSE LA FALTA, SE ENTIENDE QUE EL AGRAVIADO LA PERDONÓ O TOLERÓ SIN AFECTAR LA COMUNIDAD DE VIDA. POR LO ANTERIOR, ASÍ SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA INFIDELIDAD, LA FALTA DE RELACIONES SEXUALES O LAS INTERMITENCIAS TEMPORALES DE TECHO, EN ALGUNOS DÍAS DE LA SEMANA, NADA DE ELLO INCIDE O DESDIBUJA LA COMUNIDAD DE VIDA PERMANENTE Y SINGULAR, PORQUE SE TRATA DE ELEMENTOS ACCIDENTALES QUE PUEDEN EXISTIR O DEJAR DE EXISTIR, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS. ES DECIR, LAS CIRCUNSTANCIAS SIGNIFICATIVAS DE TRATO PERSONAL Y SOCIAL TRASCIENDEN A LA CONFORMACIÓN DE UNA VERDADERA FAMILIA Y NO SE QUEDAN EN EL PLANO DE LA SIMPLE AMISTAD ÍNTIMA O SENTIMENTAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:FAMILIA, UNIÓN MARITAL DE HECHO, SUJETOS DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, EFECTOS DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, EFECTOS PATRIMONIALES DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, DEBER DE COHABITACIÓN, RECURSO DE CASACIÓN, CONFESIÓN, DECLARACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, DEMANDA DE DECLARACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, EXISTENCIA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, ACREDITACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, CONVIVENCIA DE LA FAMILIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:540 DE DICIEMBRE DE 2016, PÁG.2282
Sentencia SC15173-2016/2011-00069 de octubre 24 de 2016
Rad. 05001-31-10-008-2011-00069-01
(Aprobado en Sala de veinte de septiembre de dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis
Se decide el recurso de casación de María Victoria, Oscar Darío, José Roberto y Libardo Alberto Gaviria Ortiz, sucesores del causante José Libardo Gaviria Gaviria, respecto de la sentencia de 16 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Familia, en el proceso ordinario incoado por Eugenia Sierra Maya contra los recurrentes.
1.1. El petitum. Se contrae a declarar la existencia de una unión marital de hecho entre José Libardo Gaviria Gaviria y Eugenia Sierra Maya, desde junio de 1978 hasta el 2 de diciembre de 2010, fecha de la muerte de aquél, o en el periodo demostrado en el proceso, así como la respectiva sociedad patrimonial, su disolución y liquidación.
1.2. La causa petendi. La actora y el ahora fallecido convivieron en forma permanente y singular, como marido y mujer, durante el tiempo indicado; y pese a estar cada uno casado, sus respectivas sociedades conyugales se encontraban disueltas al inicio de la relación personal.
1.3. El escrito de réplica. Los convocados se opusieron a las pretensiones, en particular, frente a la ausencia de convivencia marital, pues José Libardo Gaviria Gaviria y Eugenia Sierra Maya, tenían residencia separada, así hayan compartido algunos aspectos de sus vidas. Él en la ciudad de Medellín, conservando vínculos con su esposa, hijos y familiares; y ella en el municipio de Copacabana.
1.4. La sentencia de primera instancia. El 23 de mayo de 2014, el Juzgado Octavo de Familia de Medellín, dando crédito a los convocados, desestimó la demanda.
2. EL FALLO DE SEGUNDO GRADO
2.1. Sentado el aspecto teórico, el Tribunal identificó la presencia de dos grupos de testigos, uno declarando la unión marital de hecho y el otro desvirtuándola.
2.1.1. El primero, conformado por Martha Lucía Duque Posada, María Edina Elsy Durán Loaiza, Cecilia de la Cruz García Ramírez, Elvia Rosa Ochoa Bernal, Olga María Uribe Montoya, Pedro José Hincapié Castañeda y Gilberto José Ospina Álvarez.
Según explica, los anteriores testimonios, en forma individual y en conjunto, refirieron la convivencia permanente y singular investigada, en el apartamento de José Libardo Gaviria Gaviria, en Medellín, y en la finca de Eugenia Sierra Maya, en Copacabana. En general, al habitar en aquél de lunes a jueves o viernes y en ésta de viernes a domingo, compartiendo la misma cama, así no estuvieran muchas veces juntos debido a sus negocios.
2.1.2. El otro, integrado por Luis Carlos Peña Marín, Guillermo León Rúa Álvarez, Luz Stella Lopera de Gómez, Jhon Jairo Gaviria Gaviria, Aura Luz García Paredes, Luz Marina Ospina Vargas y María Emilse Ramírez Muñoz.
Estos declarantes, afirmaron que José Libardo Gaviria Gaviria vivió solo en el apartamento del barrio Conquistadores de Medellín, hasta que murió; mientras con Eugenia Sierra Maya, sostuvo una simple relación de amistad y por esto la visitaba en su finca esporádicamente.
2.2. En sentir del ad-quem, el primer haz testifical era más sólido, pues los vacíos e inexactitudes internas eran menores, atribuibles al tiempo transcurrido; el dicho de los unidos por parentesco, se corroboraba con lo declarado por quienes no lo tenían; y ahí alineaban las dos personas más cercanas a la pareja, con quienes compartían el día a día, esto es, María Elsy Durán Loaiza, empleda del servicio, desde 1990 o 1991, tanto en el apartamento como en la oficina, y Pedro José Hincapié Castañeda, trasportador de ambos, con treinta y dos años de conocerlos.
La convivencia permanente y singular, también hallaba respaldo en las fotografías incorporadas; en la afiliación de Eugenia Sierra Maya por parte de José Libardo Gaviria Gaviria, al sistema de seguridad social en salud y medicina pre-pagada; y en la asistencia y cuidados brindados por aquélla a éste, incluyendo autorizaciones para que le aplicaran tratamientos médicos, en fin.
El conocimiento del segundo conjunto testimonial, en cambio, era circunstancial y episódico. Lo componían dos abogados asesores de José Libardo Gaviria Gaviria y si uno declaró una relación de simple amistad entre la pareja, no se explica cómo pudo aconsejar a su cliente para testar a favor de la actora, su amiga; el portero del edificio, al no ser constante su presencia en el lugar; la dueña de un restaurante, por limitarse a afirmar un trato de amigos con el ahora causante; el sobrino de éste, al visitarlo esporádicamente; y dos conocidas, una de las cuales pretendió inclusive vincularlo sentimentalmente.
2.3. En lo demás, el juzgador, asido del primer grupo de testigos, dejó probada la duración de la convivencia, hasta el deceso de José Libardo Gaviria Gaviria, el 2 de diciembre de 2010; y el inicio de la misma, con la confesión de Eugenia Sierra Maya, quien en el interrogatorio había manifestado que “(…) [d]espués de 1985 ya estábamos conviviendo más en forma (…)”, no obstante, referirla en la demanda desde junio de 1978.
2.4. El Tribunal, por lo tanto, revocó el fallo apelado y declaró la unión marital de hecho entre José Libardo Gaviria Gaviria, fallecido, y Eugenia Sierra Maya, desde el 31 de diciembre de 1985, aplicando retrospectivamente la Ley 54 de 1990, hasta el 2 de diciembre de 2010, así como la consiguiente sociedad patrimonial de los compañeros permanentes, disuelta por ministerio de la ley.
La parte recurrente formuló dos cargos, ambos al abrigo del artículo 368, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil. Replicados por el extremo actor, la Corte los resolverá en el mismo orden propuesto.
4. CARGO PRIMERO
4.1. Denuncia la violación de los artículos 1º, 2º, 3º y 8º de la Ley 54 de 1990, 1º, 2º y 3º de la Ley 979 de 2005, como consecuencia de la comisión de errores de hecho.
4.2. Para los censores, el Tribunal, al declarar la unión marital, tergiversó la prueba testimonial, dando la espalda a “contradicciones graves en su contenido”, en cuanto “afirman la convivencia permanente entre semana y los fines de semana”, pero a su vez sostienen, indistintamente, que “vivían solos” o en “casas diferentes”.
4.2.1. Martha Lucía Duque Posada, por ejemplo, señaló que José Libardo, respecto de “Eugenia”, “siempre ha vivido solo”, pero le hizo decir a la deponente que no se refería a ellos mismos, sino con los hijos de cada uno.
4.2.2. Sobre el grado de sospecha del primer grupo de testigos, supuso que María Edina Elsy Durán Loaiza, la empleada doméstica, y Pedro José Hincapié Castañeda, el conductor, tenían parentesco con Eugenia y con José Libardo; además, “sus dichos no coinciden entre sí”.
En la misma dirección, al mencionar el segundo haz declarativo, con el fin de negar algún tipo de relación familiar con los supuestos compañeros permanentes, ignoró la prueba “testimonial y documental del parentesco”.
4.2.3. Pasó por alto observar que Aura Luz García Paredes y Luis Carlos Peña Marín, abogados de José Libardo Gaviria Gaviria, amén de ser sus vecinos, también compartieron momentos del día y de la noche con la pareja, y no únicamente con María Edina Elsy Durán Loaiza y Pedro José Hincapié Posada.
4.2.4. Cercenó la versión de Aura Luz García Paredes, pues alrededor del consejo del testamento, rechazado por su cliente y amigo, indicó que éste le reveló la intención de no querer formar sociedad conyugal ni patrimonial con la pretensora. En igual sentido, la declaración de Luis Carlos Peña Marín, quien manifestó la voluntad del ahora causante de evitar la convivencia de techo, mesa y lecho.
4.2.5. Supuso la seguridad social, aunque no lo referente a la medicina pre-pagada, desde junio de 1995, pero “en el marco de una relación sentimental” y no marital, como así lo explicaron los testigos del segundo grupo.
En ese contexto, la inferencia sobre la asistencia de la actora hacia su amigo íntimo, respecto de su enfermedad, autorizaciones y demás, no podía interpretarse como una relación de compañeros permanentes, por ser normal el hecho dentro de un trato sentimental de “tantos años”.
4.2.6. Dejó probado, sin estarlo, el inicio de la convivencia marital, sobre la base de un criterio de justicia, al tomar ligeramente la afirmación dubitativa de la propia demandante, quien la ubicó en un comienzo en 1978 y luego en 1985; y al calificar el hecho como confesión, siendo que “todas las declaraciones” dieron cuenta de las visitas asiduas de Eugenia a José Libardo, pero en los “años 80s”, sin referir si pernoctaba en su apartamento.
María Edina Elsy Durán Loaiza, se ubicó entre 1990 o 1991 y el 2 de diciembre de 2010; Pedro José Hincapié, en 1985, cuando la actora jugaba tenis y la llevaba a su casa en Medellín o a Copacabana; Martha Lucía Duque Posada y Cecilia de la Cruz García Ramírez, no precisaron el inicio de la unión marital, ni su finalización, menos cuando la última se remontó a diez años antes de 1985; lo mismo Olga María Uribe Montoya, al decir que “fue por ahí más o menos en el 90 o 92”; y Elvia Rosa Ochoa Bernal y Gilberto de Jesús Ospina Álvarez, no sabían de la “relación sentimental”.
4.2.7. En cuanto al segundo grupo testifical, omitió apreciar la época concreta de los hechos narrados en respaldo de la inexistencia de la unión marital.
El abogado Luis Carlos Peña Marín, entre 1990 y 2010, y su colega Aura Luz García Paredes, desde 2000; el portero del edificio, Guillermo León Rúa Álvarez, durante los últimos 18 años; Jhon Jairo Gaviria Gaviria, sobrino de José Libardo, “unos 20 años más o menos”; Luz Stella Lopera de Gómez, a partir de “finales de los años 80s” hasta 2004; Luz Marina Ospina Vargas, alrededor de 25 años anteriores a 2007; y María Emilse Ramírez Muñoz, también compañera sentimental del causante, entre 1991 y 1997.
Sobre el mismo tema, lo vertido por los demandados. María Victoria del Socorro Gaviria de Osorio, circunscribió la “unión marital” desde el 2000 o 2001, cuando se reconcilió con su padre; y Oscar Darío, Libardo Alberto y José Roberto Gaviria Ortiz, evocaron los hechos a partir del momento en que conocieron a Eugenia Sierra Maya, relatando situaciones acaecidas hasta la muerte de su progenitor, inclusive adicionando el último haberle conocido, en 1993, otra relación sentimental.
4.2.8. Omitió apreciar las “contradicciones” entre la confesión sobre ausencia de convivencia permanente, expresada por Eugenia Sierra Maya, y el dicho de la empleada María Edina Elsy Durán Loaiza y del conductor Pedro José Hincapié Castañeda, en cuanto, al decir de la demandante, “cuando jugaba tenis se quedaba para madrugar” y pernoctaba “una a dos veces a la semana dependiendo de la salud de don Libardo y cuando estaba muy enfermo se iba conmigo para la finca y allá lo cuidaba”.
4.2.9. Se equivocó al dejar demostrada, sin estarlo, la “comunidad de techo, lecho y mesa”.
María Edina Elsy Durán Loaiza, en efecto, es de oídas, pues iba por días al apartamento de José Libardo y no pernoctaba allí, además fue desmentida por la propia actora, según lo antes transcrito; Pedro José Hincapié Castañeda, se contradice con la referida confesión de la pretensora y no le consta la convivencia al decir que “me imagino”; Martha Lucia Duque Posada, si bien indicó la vida en común los “fines de semana en la finca y en la semana en el apartamento”, seguidamente afirmó que José Libardo “siempre ha vivido solo”, salvo cuando enfermaba; Cecilia de la Cruz García Ramírez, es ambigua, al decir que Eugenia residía en dos partes, “en principio de semana en Medellín (…) y el fin de semana estaba en Copacabana”, pero no se sabe dónde en la semana; y Olga María Uribe Montoya, es vaga, en punto de lo acaecido en Medellín, puesto que se refiere es a lo ocurrido en la finca, y además, por lo dicho, es desmentida por la propia demandante.
Igualmente, no tuvo por acreditado, estándolo, la convivencia separada, producto de cercenar el segundo haz testifical. Según Aura Luz García Paredes, abogada, “Libardo vivía solo en un apartamento” durante la semana y “él decía que no tenía ningún compromiso” con la actora; Luis Carlos Peña Marín, colega de la anterior, “Eugenia no se quedaba, no iba allá siquiera, es más, ella iba a recogerlo”; Guillermo León Rúa Álvarez, el portero del edificio, “Eugenia (…) lo visitaba de vez en cuando (…) nunca se quedaba amaneciendo”; Jhon Jairo Gaviria Gavira, sobrino, “Libardo vivía solo en el apartamento (…) y Eugenia vivía en Copacabana con las hijas”; Luz Stella Lopera de Gómez, “yo iba siempre al apartamento y Libardo vivía solo en el edificio”; Luz Marina Ospina Vargas, “a don Libardo le conocí muchas novias (…) vivía solo”; y María Emilse Ramírez Muñoz, “lo conocí a él viviendo [solo] (…) en su apartamento”, a donde dice que iba “muy de vez en cuando” y “en el 91 fuimos pareja hasta que él murió”.
Lo mismo aconteció con la confesión de Eugenia Sierra Maya, pues únicamente vio lo favorable y no lo manifestado en su contra. En concreto, cuando reconoce que José Libardo vivía en el apartamento sin ninguna compañía, inclusive que le pagó arriendo en el mismo edificio; y al aceptar la generosidad del causante con otras amigas, lo cual, por sí, explicaba su afiliación a medicina pre-pagada.
De igual modo, al omitir observar en la historia clínica que allí no figuraba quienes acompañaron al paciente mientras estuvo hospitalizado, de donde no necesariamente la demandante era la única que lo asistía y autorizaba los tratamientos, incluyendo el consentimiento informado; y las fotografías y constancias de pago a medicina pre-pagada, solo demostraban la “participación en actividades de recreo en un plano de amistad” y de benevolencia.
4.3. En suma, según los recurrentes, si bien existían “vacíos” en el “primer grupo de declarantes”, igualmente “atribuibles al tiempo que hace que sucedieron los hechos”, en lo demás, esto es, lo girado alrededor de la sentada unión marital de hecho, resulta contraevidente.
En concreto, al estar demostrado que la “pareja en vida no llevó su existencia como de casados entre sí (…), en un espacio físico doméstico donde efectivamente compartieran techo, lecho y mesa comunes”, “sin solución de continuidad”. Además, al haberse probado la falta de “exclusividad” o “singularidad”, ante la “infidelidad” o “coexistencia en la época referida de otros vínculos heterosexuales por parte del señor Liborio”, con mayor razón cuando para el 2010, no se podía predicar relaciones sexuales “fogosas”, pues él era de 80 años, con antecedentes de próstata, y ella de 76 años.
El Tribunal, por lo tanto, vulneró las normas citadas, al tener por acreditados, sin estarlo, los requisitos de la unión marital de hecho, esto es, la comunidad de vida permanente y singular.
4.4. Solicitan, en coherencia, casar la sentencia recurrida y en sede de instancia confirmar la del juzgado.
5.1. Declarada la unión marital de hecho entre el 31 de diciembre de 1985 y el 2 de diciembre de 2010, cuando falleció José Libardo Gaviria Gaviria, se precisa ante todo, en el cargo se aceptan la relación del causante con Eugenia Sierra Maya, en un comienzo, en los “años 80s”; inclusive “en el marco de una relación sentimental”, como explicación al hecho de la medicina pre-pagada a partir de junio de 1995, y a lo manifestado por el “segundo grupo de testigos”; o exteriorizada en los cuidados, la asistencia a la salud y el acompañamiento en la última enfermedad, producto de una amistad de “tantos años y con el grado de confianza”.
La polémica, en consecuencia, se reduce a establecer si las circunstancias significativas de ese trato personal y social, trascendieron a la conformación de una verdadera familia, por lo tanto, digna de protección, como lo sostuvo y concluyó el sentenciador acusado; o si únicamente, al decir de los demandados impugnantes, se quedaron en el plano de la simple amistad íntima o sentimental.
5.2. En el derecho patrio, a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, toda “comunidad de vida permanente y singular” entre dos personas no casadas o con impedimento para contraer nupcias, da lugar a una unión marital de hecho y a originar un auténtico estado civil, según doctrina probable de la Corte(1), que es otra de las formas de constituir familia natural o extramatrimonial, al lado del concubinato(2).
La normatividad vino a reconocer, satisfechas las premisas legales, con los alcances fijados por la jurisprudencia constitucional(3), una realidad social que era digna de tutelar positivamente, resultando después coherente con el artículo 42 de la Constitución Política, promulgada en julio de 1991, a cuyo tenor la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por vínculos naturales o jurídicos mediante la decisión autónoma de una pareja de unirse en matrimonio o la voluntad responsable de conformarla.
Lo anterior, incontrastablemente, fiel reflejo del derecho de toda persona al libre desarrollo de la personalidad, sin conocer más limites que los impuestos por los derechos de los demás y el mismo ordenamiento jurídico (artículo 16, ibídem).
Por esto, la unión marital de hecho, en palabras de esta Corporación, “(…) ya no es [un aspecto] meramente legal. De tal suerte que cualquier análisis en torno al punto impone necesariamente adelantarlo con vista en los nuevos valores y principios constitucionales que, por razones palmarias, en su sazón no pudo la ley conocer”(4).
5.3. Así, entonces, la “voluntad responsable de conformarla”, expresada o surgida de los hechos, y la “comunidad de vida permanente y singular”, se erigen en los requisitos sustanciales de la una unión marital de hecho.
5.3.1. En los albores de la Ley 54 de 1990, la existencia de una relación de esa naturaleza ineludiblemente necesitaba declaración judicial (artículo 4º), razón por la cual no era dable dejar sentada su existencia mediante un acuerdo expreso de voluntades, como sí en la actualidad. En un comienzo, supuestas las respectivas hipótesis normativas, limitada al resultado de una conciliación (artículos 40, numeral 3º de la Ley 640 de 2001 y 52 de la Ley 1395 de 2010); posteriormente, además, por el mutuo consentimiento de los compañeros permanentes, elevado a escritura pública (artículos 1º y 2º de la Ley 979 de 2005).
La voluntad implícita, en cambio, en los eventos en que la pareja no la manifiesta mediante uno cualquiera de los modos dichos, requiere declaración judicial. Se impone, cuando sus integrantes en forma clara y unánime actúan en dirección de conformar una familia, por ejemplo, disponiendo de sus vidas para compartir asuntos fundamentales de su ser, coincidiendo en metas, presentes y futuras, y bridándose respeto, socorro y ayuda mutua.
Como tiene explicado la Corte, “(…) presupone la conciencia de que forman un núcleo familiar, exteriorizado en la convivencia y la participación en todos los aspectos esenciales de su existencia, dispensándose afecto y socorro, guardándose mutuo respeto, propendiendo por el crecimiento personal, social y profesional del otro (…)”.(5)
De ahí, si el trato dispensado recíprocamente por sus componentes se aleja de esos principios básicos del comportamiento familiar, esto es, en cuanto lo contradicen, verbi gratia, una relación marital de independientes o de simples amantes, esto significa que el elemento volitivo en la dirección indicada no se ha podido estructurar.
5.3.2. La comunidad de vida, precisamente, se refiere a la conducta de la pareja en cuyo sustrato abreva, subyace y se afirma la intención de formar familia. El requisito, desde luego, no alude a la voluntad interna, en sí misma considerada, sino a los hechos de donde emana, como tales, al margen de cualquier ritualidad o formalismo.
Por esto, en coherencia con la jurisprudencia, la comunidad de vida se encuentra integrada por unos elementos “(…) fácticos objetivos, como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis (…)”(6).
Es la misma relación vivencial de los protagonistas, con independencia de las diferencias anejas, como es natural entenderlo, propias del desenvolvimiento de una relación de dicha naturaleza, ya sean personales, profesionales, laborales, económicas, en fin, y de los mecanismos surgidos para superarlas.
Lo esencial, entonces, es la convivencia marital, donde, respetando la individualidad de cada miembro, se conforma una auténtica comunión física y mental, con sentimientos de fraternidad, solidaridad y estímulo para afrontar las diversas situaciones del diario existir. Es el mismo proyecto de vida similar al de los casados, con objetivos comunes, dirigido a la realización personal y en conjunto, y a la conformación de un hogar doméstico, abierto, si se quiere, a la fecundidad.
5.3.3. El requisito de permanencia denota la estabilidad, continuidad o perseverancia en la comunidad de vida, al margen de elementos accidentales involucrados en su devenir, como acaece con el trato sexual, la cohabitación o su notoriedad, los cuales pueden existir o dejar de existir, según las circunstancias surgidas de la misma relación fáctica o establecidas por los interesados
La presencia de esas circunstancias no puede significar el aniquilamiento de los elementos internos de carácter psíquico en la pareja que fundan el entrecruzamiento de voluntades, inteligencia y afectos para hacerla permanente y duradera, pero que mucha veces externamente no aparecen ostensibles por circunstancias propias de los compañeros permanentes, por ejemplo, la cercanía en el parentesco, la diferencia de edades, las discriminaciones de género, la fuerza mayor, el caso fortuito o la satisfacción de las necesidades para la propia comunidad familiar, como cuando uno o ambos deben perentoriamente aceptar un empleo o un trabajo lejos del domicilio común, eso sí, conservando la singularidad.
5.3.4. Precisamente, la singularidad comporta una exclusiva o única unión marital de hecho, en respuesta al principio de monogamia aplicable a la familia natural, como una de las células básicas de la sociedad, igual y al lado de la jurídica, pero esto no quiere decir que estén prohibidas las relaciones simultáneas de la misma índole de uno o de ambos compañeros con terceras personas, sólo que cuando existen los efectos previstos en la ley quedan neutralizados, pues no habría lugar a ningún reconocimiento.
Como tiene explicado esta Corporación, “(…) establecida una unión marital de hecho, la singularidad que le es propia no se destruye por el hecho de que un compañero le sea infiel al otro, pues lo cierto es que aquella (…) solo se disuelve con la separación física y definitiva de los compañeros permanentes (…)”(7).
No se desconoce, la infidelidad generalmente conduce a la ruptura de la unión marital, pues constituye una afrenta a la lealtad y al respeto recíproco debido. Empero, pese a conocerse la falta, al pervivir la relación de pareja, se entiende que el agraviado la perdonó o toleró, sin afectar la comunidad de vida, pues como se indicó, con esa finalidad se requiere la separación física y definitiva, bastando para el efecto que “(…) uno de los compañeros, o ambos, decidan darla por terminada (…)”, como allí mismo se señaló.
5.1. El recurso de casación, suficientemente es conocido, tiene por mira desvirtuar la presunción de legalidad y acierto de la sentencia impugnada, bajo estrictas causales legales y en las precisas hipótesis normativas.
En esa dirección, siendo la Corte juez de la decisión del Tribunal y no del proceso, la sede extraordinaria excluye la posibilidad de provocar un nuevo análisis de las pruebas recaudadas más allá de la comprobación de los yerros probatorios denunciados en la censura, por ser un trabajo reservado a las instancias, claro, salvo en las hipótesis de proferirse sentencia sustitutiva al interior de la misma para proveer fallo d grado; tampoco constituye la oportunidad para oponer a la tarea libre y autónoma realizada por el juzgador, el criterio subjetivo de la parte recurrente en la materia.
De ahí, en temas probatorios, el objeto del recurso de casación no es la apreciación de las pruebas incorporadas, sino establecer si la valoración realizada por el Tribunal es acertada o razonable, o contraevidente. En otras palabras, si las circunstancias establecidas tienen o no respaldo en elementos de juicio dentro del expediente.
5.2.1. Los errores de hecho, por lo tanto, necesariamente se asocian con la presencia física de las pruebas en el dossier, ya al suponerse, ora al omitirse o al tergiversarse; o con su contenido objetivo, tanto por adición como por cercenamiento o alteración, una vez verificada su existencia material.
Se estructuran, en cualquier hipótesis, cuando son manifiestos, evidentes, producto del simple y llano parangón entre lo visto o dejado de otear por el juzgador acusado y la materialidad u objetividad de las pruebas. En adición, cuando son incidentes, trascendentes, vale decir, en la medida que hayan sido determinantes de la decisión final, en una relación necesaria de causa a efecto.
5.2.2. Los yerros, por lo mismo, deben referirse a cada prueba en particular, al margen de las demás. Si no fueron preteridas, ni imaginadas, sino distorsionadas, para hablar de mutilación de sus apartes, el contraste debe hacerse frente al contenido intrínseco de cada medio.
Ahora, cuando el parangón debe verificarse en función de otros elementos demostrativos, se entiende que todas las pruebas enfrentadas se apreciaron correctamente en los campos material y objetivo. En tal caso, los errores serían de eficacia jurídica, pues la confrontación extrínseca de medios, dirigida a mostrar incompatibilidades, concatenaciones y exclusiones, toca con su valoración en conjunto, al decir de la Corte, con una “(…) prescripción de la ley instituida para evaluar las pruebas (…)”(8), esto es, con la legalidad de la prueba, mas no con la materialidad u objetividad del medio probatorio, marco del error de hecho.
La distinción también cabe cuando, respecto del mismo hecho investigado, existen testimonios divergentes. Inclinado el Tribunal ante la alternativa probatoria ofrecida por uno cualquiera de los dos grupos de testigos, el error de hecho tendrá cabida en el caso de haber “(…) supuesto hechos no demostrados por los medios de convicción (…)”(9). En cambio, si fue correcta la fijación objetiva de las distintas pruebas, pero equivocada la “(…) apreciación, análisis y confrontación integral de los elementos probatorios (…)”(10), el problema sería de contemplación jurídica, vele decir, un error de derecho de índole probatoria.
5.2.3. En todo caso, las conclusiones en casación, edificadas a partir de la comisión de errores de hecho, no pueden ser argumentadas, fruto de análisis más profundos, sino que deben presentarse como las únicas posibles en el marco de la materialidad y objetividad de las pruebas, pues si surgen otras alternativas razonables, una de ellas base de la decisión, la escogida por el juzgador debe prevalecer.
De manera que no cualquier crítica en el terreno probatorio es idónea para hacer rodar un fallo cobijado por la presunción de legalidad y acierto, así venga soportada en una dialéctica más concienzuda. En casación, por lo tanto, la regla general es la equivocación incontrastable, porque si el yerro, en palabras de la Corte, “(…) no es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y más o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendría incidencia en el recurso extraordinario”(11).
5.3. Frente a lo expuesto, pasa a estudiarse si el Tribunal incurrió en los errores denunciados, al dar por establecida, sin estarlo, la unión marital de hecho entre José Libardo Gaviria Gaviria y Eugenia Sierra Maya.
5.3.1. Se precisa, sin embargo, como el ad-quem, al apreciar las pruebas las dividió en dos grupos, en su entender, “cada uno de los cuales sostiene lo contrario”, el análisis se limitará al que trajo a cuento para dejar sentada la “comunidad de vida permanente y singular”, porque de acuerdo con la sentencia impugnada, si ese otro haz demostrativo indicaba que José Libardo Gaviria Gaviria, “siempre vivió solo en el barrio conquistadores” de Medellín y que con Eugenia Sierra Maya únicamente “sostuvo una relación de amistad”, es decir, coincidía en “desvirtuar [esa] comunidad de vida permanente y singular”, lo así concluido, simplemente, beneficia a los demandados recurrentes.
Cuestión esa que apenas meramente se erige en una posibilidad o contingencia, sin la virtualidad de derrumbar la sentencia, al no demostrar que lo argumentado por el censor es la única y certera posición, porque no se trata de plantear una más, u otra posición divergente o antagónica, contraria o distinta a la sostenida por el Tribunal, sino mostrar que la de ésta es irracional, absurda o contraevidente, dada la soberanía del sentenciador en el campo probatorio bajo las reglas de la sana crítica, abogando por el otro grupo de testigos.
En otras palabras, en la hipótesis de los errores denunciados alrededor del conjunto de pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal para dejar sentada la unión marital de hecho, simplemente vendrían a confirmar, en coherencia con ese otro grupo testifical, que José Libardo Gaviria Gaviria y Eugenia Sierra Maya, no formaron una comunidad de vida permanente y singular.
5.3.2. Con todo, el Tribunal, sin más, no pudo incurrir en error de facto al apreciar cada uno de los integrantes de este último conjunto demostrativo, en particular, lo declarado por Luis Carlos Peña Marín y Aura Luz García Paredes (a la sazón los abogados del ahora causante), Guillermo León Rúa Álvarez (el portero del edificio), Jhon Jairo Gaviria Gavira (el sobrino), Luz Stella Lopera de Gómez, Luz Marina Ospina Vargas y María Emilse Ramírez Muñoz, porque si todos a una, indicaron que José Libardo Gaviria Gaviria “vivía solo” en el apartamento de Medellín, en lugar de desacuerdos, los recurrentes coinciden con lo fijado objetivamente por el juzgador acusado.
Igualmente, si en el cargo no se discute la relación de “tantos años”, para ser exactos, en un comienzo, en los “años 80s”, entre Eugenia Sierra Maya y José Libardo Gaviria Gaviria, hasta el fallecimiento de ese último, el ad-quem tampoco pudo incurrir en yerro alguno al dejar de observar o precisar la época correspondiente a las circunstancias narradas por cada uno de los testigos del segundo grupo, inclusive del primero, porque al margen de la calificación jurídica del trato personal dispensado, si los declarantes en términos generales de alguna manera en forma objetiva lo refieren y lo incluyen dentro de dicho marco temporal, resulta claro, entre juzgador y censores ningún disenso puede existir sobre el particular.
De otro lado, así la abogada Aura Luz García Paredes haya declarado que José Libardo Gaviria Gaviria le manifestó que Eugenia Sierra Maya “no es mi novia, ni tengo ningún compromiso con ella”, en fin, negó de cualquier modo la unión marital de hecho, y lo mismo su colega Luis Carlos Peña Marín, el error sería intrascendente, porque si se trata de acreditar contra lo así sostenido por la parte demandada, representada por herederos, la reproducción de lo dicho por el entonces ahora causante, ninguna incidencia tendría, pues todo ello simplemente lo favorecería (artículos 195, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil y 191, numeral 2º del Código General del Proceso). Es lo que se conoce como la prueba de la prueba de la confesión o de la versión de la propia parte.
5.4. Con relación al grupo testifical recibido por el Tribunal en apoyo de la unión marital de hecho, integrado por Martha Lucía Duque Posada, María Edina Elsy Durán Loaiza, Cecilia de la Cruz García Ramírez, Elvia Rosa Ochoa Bernal, Olga María Uribe Montoya, Pedro José Hincapié Castañeda y Gilberto José Ospina Álvarez, los recurrentes concretan varios errores de hecho.
5.4.1. En primer lugar, contradicciones intrínsecas, respecto de la empleada del servicio, María Edina Elsy Durán Loaiza, y el conductor, Pedro José Hincapié Castañeda, cuando afirman que “sus dichos no coinciden entre sí”. Además, al decir que fueron desmentidos por la actora Eugenia Sierra Maya. Así mismo, al resaltar la “contradicción” entre las versiones de María Edina Elsy Durán Loaiza y del abogado Luis Carlos Peña Marín. En fin, al indicar la falta de “mayores detalles y coincidencia”, y la “contradicción (…) evidente” en los “dichos del primer grupo de testigos (…) con los demás testimonios”.
En esa dirección, los errores denunciados no se estructuran, porque como supra quedó explicado, cuando se habla de divergencias entre pruebas, por lo tanto, externas, se entiende que fueron apreciados correctamente en los campos material y objetivo. La falta, si la hubo, habría que buscarla en el trabajo de valoración en conjunto efectuada por el juzgador, lo cual comporta un problema de netamente de eficacia jurídica.
5.4.2. A lo largo del cargo, los censores también critican la apreciación del mismo elenco testimonial, en cuanto el juzgador acusado no tuvo en cuenta las contradicciones internas de algunos declarantes.
Así, María Edina Elsy Durán Loaiza, la empleada, habló de la convivencia como marido y mujer en la finca de Copacabana, los fines de semana, y que José Libardo Gaviria Gaviria, vivía solo durante la semana en Medellín, pero a reglón seguido indicó que a este último lugar también iba Eugenia Sierra Maya “casi a diario” o “una a dos veces a la semana”. Igualmente, Pedro José Hincapié Castañeda, el conductor, señaló que ella vivió con los hijos en Medellín, “con don Libardo no”, empero, “luego refiere todo lo contrario”. Del mismo modo, Martha Lucía Duque Posada, fijó la vivienda de la pareja en Copacabana, los fines de semana, y en Medellín, entre semana, no obstante, a continuación sostuvo que ella no estableció su residencia en esa ciudad, excepto cuando Libardo “estaba enfermo”.
Se observa, sin embargo, el ad-quem al analizar “individualmente y en conjunto” ese acervo testifical, salvó cualquier incoherencia intrínseca, pues si bien reconoció que existían “algunos vacíos” e “imprecisiones”, señaló que se atribuían al “tiempo que hace que sucedieron los hechos” y al hecho de no haber percibido los testigos “todos los mismos episodios y en los mismos momentos”.
Ahora, si los recurrentes aceptan expresamente que “es cierto” loa relativo a los vacíos e imprecisiones, derivados del tiempo transcurrido, resulta claro, el juzgador de segundo grado tampoco pudo incurrir en yerro alguno al apreciar las pruebas sobre la comunidad de vida permanente y singular. Además, si lo esencial del contenido testimonial, es la concurrencia de hechos de la relación, al margen de si son narrados para un mismo o diferente momento, pero en todo caso dentro de un mismo marco temporal y espacial, pues todo depende de lo que cada declarante pudo haber percibido, en casación, como tiene explicado la Corte, “(…) no es repasando minuciosamente un testimonio en búsqueda de pequeñas máculas el camino más apropiado para demeritarlo”(12).
5.4.3. Los recurrentes, en otro apartado, sostienen que el Tribunal supuso el parentesco de María Edina Elsy Durán Loaiza, la empleada, y Pedro José Hincapié Castañeda, el conductor, respecto de José Libardo Gaviria Gaviria o de Eugenia Sierra Maya.
En la lógica de la acusación, lo expuesto por los citados testigos, debe demeritarse, puesto que éstos “no tienen parentesco” con uno u otro contendiente. En otras palabras, porque así lo tengan, la apreciación de esos medios se supeditaba a la prueba de la calidad respectiva.
Con todo, el error se descarta por completo, pues al margen de si los testigos son o no parientes de alguna de las partes, el Tribunal, sin aludir a una persona en particular del grupo testimonial en mención, simplemente superó cualquier motivo que haya puesto en tela de juicio la credibilidad o imparcialidad de cada deponente.
En su entender, “(…) a la luz del artículo 217 del C. de P.C., no puede catalogarse a los que están unidos a las partes por parentesco como testigos sospechosos (…), porque sus dichos coinciden entre sí y con los de aquellos que no tienen de vínculo con las partes (…)”.
Con todo, si los deponentes “no tienen parentesco” con ninguna de las partes, el juzgador acusado no pudo pasar por alto ese motivo de sospecha. Y si expresaron alguna relación familiar, al no estar en juego la misma en el proceso, bastaba la afirmación para tenerla existente, pues una cosa son las pruebas de un determinado estado civil, desde luego, solemnes, y otra, distinta, la de los hechos para establecerlo, en cuyo caso existe libertad probatoria.
5.4.4. Según los impugnantes, Martha Lucía Duque Posada, al rendir testimonio, dijo que José Libardo Gaviria Gaviria, sobre el trato con Eugenia Sierra Maya, “siempre ha vivido solo”, no obstante lo cual el ad-quem le hizo decir que no se refería a ellos mismos, sino con los hijos.
En el ámbito objetivo, ninguna falta se configura sobre el particular, porque si bien la declarante indicó que en el apartamento de Medellín el ahora causante “vivía solo, tenía su empleada”, lo demás no es cosecha del juzgador. En efecto, cuando se le preguntó “[d]esde cuando conoce que el señor Libardo vivía solo en el lugar que refiere”, ella fue quien precisó, no el juzgador, que “[s]iempre ha vivido solo, nunca ha vivido con los hijos, me refiero a eso”.
5.4.5. El escrito genitor y el interrogatorio absuelto por la actora Eugenia Sierra Maya, se recuerda, fueron apreciados por el Tribunal para dejar sentado el despunte de la unión marital de hecho, no su existencia, frente a ciertas contradicciones que subsumió como confesión, lo cual constituye el tema de debate en el cargo segundo.
En esa línea, el error de facto enarbolado alrededor, es inexistente, al no ser cierto que el sentenciador haya dejado acreditada la comunidad de vida permanente y singular con las manifestaciones efectuadas en favor por la propia pretensora. La falta se habría configurado en el evento de haber confesado expresamente la demandante (artículos 195, numeral 4º del Código de Procedimiento Civil y 191, numeral 4º del Código General del Proceso), que no hizo vida marital de hecho con José Libardo Gaviria Gaviria.
Esa no es la hipótesis del caso. En libelo introductor, por el contrario, la actora recabó la relación de pareja como marido y mujer, y lo mismo, en general, en el interrogatorio absuelto. Lo demás, son cuestiones acerca de la gestación y desarrollo de la unión marital de hecho, antes de 1985, cuando dice el ahora causante le pagó arriendo en el segundo piso del edificio donde él vivía, y después, época en que “ya estábamos como conviviendo más en forma” en el apartamento de Medellín y en la finca de Copacabana, así se repartieran el tiempo en uno o uno u otro lugar, debido a los negocios de cada uno.
5.4.6. En otro segmento, los recurrentes igualmente reprochan la apreciación objetiva de unos documentos. Los pagos efectuados, a partir de 1995, por el entonces compañero permanente para cubrir la medicina pre-pagada de la demandante, calificados como simple generosidad; la copia de la historia clínica y los consentimientos informados y autorizaciones, al no excluir, necesariamente, el concurso de otras personas para el efecto, pues nada consta al respecto; y unas fotografías, significativas de una simple participación en actividades de recreo y de amistad.
Los errores, sin embargo, no se configuran, porque como se observa, no se refieren al contenido objetivo de los documentos, sino a lo que, en la subjetividad de los recurrentes, pueden representar. Ahora, si de allí cabe inferir la benevolencia, la no exclusión de otras personas en atenciones en la salud y demás, o las actividades de recreo o amistad, pero también lo expuesto por el ad-quem, en cuanto no es común ver esos hechos en relaciones de simples amigos o de conocidos, resulta claro, esto último, al ser igualmente razonable, debe prevalecer.
5.4.7. De otra parte, así se encuentre demostrada la infidelidad de José Libardo Gaviria Gaviria, la falta de relaciones sexuales fogosas de la pareja en la ancianidad, en fin, o las intermitencias temporales de techo, en algunos días de la semana, nada de ello incide en la decisión adoptada, esto es, de ninguna manera desdibuja la comunidad de vida permanente y singular, porque como quedó explicado, se trata de elementos accidentales que pueden existir o dejar de existir, según las circunstancias concretas en causa. Desde luego, en punto del trato carnal, el eje central de la unión marital de hecho y del matrimonio no es propiamente la satisfacción de necesidades sexuales, sino otros valores de su surgimiento, como el auxilio, socorro y ayuda mutua.
5.4.8. En el contexto del cargo, los recurrentes insisten en que en el proceso obran pruebas demostrativas de la inexistencia de la unión marital de hecho. No obstante, para el Tribunal también existen otros medios que la establecen.
Así las cosas, en coherencia con los censores, si la “contradicción (…) evidente” en los “dichos del primer grupo de testigos (…) con los demás testimonios”, el supuesto problema sería de confrontación. Ahora, como esto implica que ambos grupos fueron correctamente apreciados en los campos material y objetivo, cual quedó estudiado, los errores no serían de hecho, sino de contemplación jurídica.
Y si la acusación no se desarrolla en ese sentido, nada debe responderse. En efecto, por ningún lado los impugnantes ponen de presente cómo el análisis conjunto realizado por el juzgador, dirigido a acoger un grupo testifical y descalificar el otro, riñe con las reglas de la sana crítica, esto es, de la lógica, de la ciencia o de la experiencia.
No se desconoce, en algunos apartados se habla de la contradicción de los testigos traídos para dejar sentada la unión marital de hecho, con la confesión en contrario de Eugenia Sierra Mayo. Empero, ninguna falta se configuró sobre el particular, porque ésta, en lugar de aceptar expresamente que no formó ninguna comunidad de vida permanente y singular con José Libardo Gaviria Gaviria, la reitera en la demanda y la recaba en el interrogatorio.
5.5. Por último, en el evento de haberse dejado acreditado, sin estarlo, la afiliación de Eugenia Sierra Maya por José Libardo Gaviria Gaviria, al sistema de seguridad social, no así a la medicina pre-pagada, inclusive en el caso de configurarse otros yerros probatorios, no habría lugar a derrumbar la sentencia cuestionada, porque al salir indemne del ataque esas otras conclusiones en el campo de los hechos y de las pruebas, las mismas, por sí, serían bastantes para seguir sosteniéndola.
Cuando la decisión atacada, tiene dicho esta Corporación, “(…) se basa en varios motivos jurídicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión jurisdiccional, no es difícil descubrir que si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada”(13).
5.6. En esa orden, el cargo resulta impróspero.
6. CARGO SEGUNDO
6.1. Acusa la violación indirecta de los 1º, 3º y 8º de la Ley 54 de 1990; 1º, 2º y 3º de la Ley 979 de 2005; 174, 177 y 195 del Código de Procedimiento Civil.
6.2. En sentir de los impugnantes, el Tribunal incurrió en la comisión de errores de derecho probatorios.
6.2.1. En primer lugar, al dar por acreditado el despunte de la unión marital de hecho entre Eugenia Sierra Maya y José Libardo Gaviria Gaviria, el 31 de diciembre de 1985, con lo sostenido y manifestado por aquella, cuando ello de manera alguna constituía confesión, dado que el hecho la favorecía y no beneficiaba a la parte contraria.
Si bien solicitó hacer la declaración “desde el mes de julio de 1978 hasta el 2 de diciembre de 2010, o en las fechas que resulten probadas en el proceso”, la renuncia a unos años carecía de esa connotación, pues como lo concluyó el juzgador, en ese interregno la relación no era permanente y singular, sino esporádica y plural, en cuanto José Libardo Gaviria Gaviria “convivía con su cónyuge”.
6.2.2. Así mismo, al considerar como “justo” el señalamiento de esa fecha, desconoció el principio de la necesidad de la prueba, llevando a la “(…) subjetividad absoluta del fallador, frente a lo que él considera justo o injusto, sin permitir controvertir su concepto interno, por medio de las pruebas en que se debía fundamentar”.
6.2.3. Finalmente, al tener como confesión la manifestación de Eugenia Sierra Maya, sobre la vida marital en su finca, siendo que la “(…) misma no se encuentra respaldada en los testimonios, quienes ven afectada totalmente su credibilidad, por haber mentido en relación con la convivencia que (…) existió en Medellín en el apartamento del difunto Libardo”.
6.3. En ese orden, los recurrentes consideran próspero el cargo y como secuela el quiebre de la sentencia recurrida y la confirmación de la apelada.
7.1. Suficientemente es conocido, los errores de derecho en el proceso de valoración de las pruebas atañen a su contemplación jurídica. Presuponen, como es apenas natural entender, que el sentenciador no se equivocó al constatar la existencia material de los medios de convicción en el proceso, tampoco al fijar su contenido objetivo.
7.1.1. Por esto, al fundamentarse el error de derecho, debe hacerse sobre la base de aceptarse tales tópicos, esto es, que la prueba, al decir de la Corte, “(…) fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia (…)”(14).
De ahí, suelen tener lugar, en general, cuando a una prueba en particular, siendo prohibida, incorporada irregular o extemporáneamente, o inidónea para acreditar determinado hecho, se le confiere, sin embargo, eficacia demostrativa; o cuando la valoración en conjunto trasgrede las reglas de la lógica, de la ciencia o de la experiencia.
En contraste, en los casos en que al respectivo medio se le niega tal mérito, no obstante estar permitido o ser regular, tempestivo o conducente, inclusive al salir avante en el trabajo de confrontación probatoria.
7.1.2. Según los artículos 195, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil y 191, numeral 2º del Código General del Proceso, existe confesión cuando la parte manifiesta hechos personales o que tenga o deba tener conocimiento, respecto de los cuales le producen consecuencias adversas o favorecen al extremo contrario.
No es confesión, por lo tanto, las afirmaciones que benefician a quien las hace, ni tampoco las efectuadas en perjuicio de su contradictor. La razón de ser estriba, de un lado, en que a nadie le está permitido fabricarse su propia prueba, y de otro, en la carga de probar, radicada por vía de principio en cabeza de cada litigante, los supuestos de las hipótesis normativas invocadas, con el propósito de lograr los efectos jurídicos perseguidos, salvo cuando se trata de hechos notorios y de afirmaciones o negaciones indefinidas.
Tampoco hay confesión, como se prevé en los artículos 200 del Código de Procedimiento Civil y 196 del Código General del Proceso, cuando la declaración de parte comprende hechos inconexos con el confesado, en cuyo caso deben apreciarse separadamente. En cambio, cuando guardan íntimamente conexión, sí hay confesión, solo que en ese evento debe aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones adicionadas.
En sentir de la Corte, “(…) [q]uien confiesa puede suprimir del hecho adverso que acepta alguna de las notas que lo distinguen, o bien agregarle otras; también es posible que reduzca o aumente sus dimensiones objetivas o, inclusive, que las acepte, pero estableciendo al suceso un distinto escenario temporal o espacial. En la práctica, tales hipótesis encierran confesión no divisible puesto que ninguna de esas o semejantes adiciones se desconectan del hecho como tal. Por ello, la Corte ha dicho que ´la inescindibilidad de la confesión es algo que debe ser mirado a la luz, no propiamente del carácter favorable que tenga la agregación que se introduce, sino de la íntima conexión que posea con el hecho confesado´ (…)”(15).
Se trata de la indivisibilidad de la confesión y la divisibilidad de la declaración de parte. Lo primero ocurre en la confesión calificada, no la pura o simple, por cuanto mal puede entenderse como veraz únicamente lo perjudicial al confesante y no cuanto lo favorece, salvo que exista prueba en contra del añadido. Lo segundo, en la confesión compuesta, pues si cada hecho inconexo tiene distinto gobierno probatorio, nada explicaría la inescindibilidad.
7.2. Frente a las anteriores directrices, los errores de derecho denunciados no se estructuran.
7.2.1. El Tribunal, para fijar el despunte de la unión marital de hecho entre José Libardo Gaviria Gaviria y Eugenia Sierra Maya, al echar mano del interrogatorio absuelto por ésta, no lo hizo como sucedáneo de haber incumplido el extremo demandado la carga probatoria de fijarla, porque evidentemente esa obligación estaba radicada en cabeza de la demandante. Distinto es que ese medio de convicción no fuere idóneo para el efecto.
De otra parte, si bien el juzgador estimó “justo” fijar el 31 de diciembre de 1985, el inicio de la comunidad de vida permanente y singular, no lo fue con un criterio de justicia, en sí mismo considerado, sino como inferencia de lo expresado por la propia actora en el interrogatorio, en cuanto señaló que “(…) [d]espués de 1985 ya estábamos como conviviendo más en forma (…)”. La respuesta, desde luego, en el campo de la objetividad de la prueba, no daba lugar a señalar esa fecha a comienzos o a mediados de ese año, ni a ninguna otra cualquiera.
El tema que concita en esta oportunidad a la atención de la Corte se relaciona con uno de los extremos temporales de la unión marital de hecho, no con su existencia, cuestión que, como quedó analizado en el cargo primero, salió indemne en casación. Por lo tanto, la supuesta mentira de la demandante en relación con el lugar de convivencia, es perfectamente separable de aquel otro.
7.2.2. En consecuencia, todo se reduce a establecer si era eficaz para dejar sentado el despunte de la relación marital, lo manifestado por Eugenia Sierra Maya en el interrogatorio, a cuyo tenor “(…) después de vivir en Torres del Río en el segundo piso (…), ya organizamos y nos fuimos para la finca pero estábamos mucha parte en el apartamento de Libardo, porque yo tenía mis negocios en la finca y él aquí, entonces nos repartíamos el tiempo. Después de 1985 ya estábamos como conviviendo más en forma (…)”.
Lo anterior, aparentemente, beneficia a la parte demandada, pero esto no es así, porque si el Tribunal identificó que la comunidad de vida permanente y singular se solicitó se declarara desde junio 1978, el recorte del tiempo, en últimas, beneficia a la parte demandada.
La modificación del elemento temporal, por lo tanto, conlleva una auténtica confesión, porque en el sustrato implica aceptar que la unión marital de hecho no se inició en una época anterior. La misma, por supuesto, no se desnaturaliza, al haberse solicitado los comienzos de la relación, en defecto, a partir de las fechas que resultaren probadas, puesto que, precisamente, los efectos ulteriores reconocidos llevan a concluir, respecto de la parte actora, que el Tribunal la castigó probatoriamente hablando.
7.2.3. Por lo demás, la posibilidad de desplazar la confesión indivisible tampoco se cumple, por cuanto en punto de la modificación introducida, ni siquiera se afirma la existencia de pruebas que la desvirtúe, por ejemplo, señalando otra fecha que beneficie al extremo pasivo.
En todo caso, la disquisición resulta intrascendente, porque si el problema se asocia con el inicio de la unión marital en 1985, no se podría pasar de largo lo sostenido por la parte recurrente, asida de ciertas pruebas y expresada en el contexto de la demanda de casación, lo cual supone es el reflejo de la realidad del proceso, sobre que del primer grupo de testigos era dable inferir que la “convivencia” data de “mediados de los años 80s”.
7.3. El cargo, por lo tanto, tampoco se abre paso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 16 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Familia, en el proceso ordinario incoado por Eugenia Sierra Maya contra María Victoria, Oscar Darío, José Roberto y Libardo Alberto Gaviria Ortiz, herederos del causante José Libardo Gaviria Gaviria.
Las costas en casación corren a cargo de los demandados recurrentes. En la liquidación, inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6’000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que la demanda fue replicada por la parte actora opositora.
Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco, En comisión de servicios—Luis Alonso Rico Puerta—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.
1 CSJ. Civil. Cfr. Autos de 18 de junio de 2008, expediente 00205, y de 19 de diciembre de 2008, expediente 01200. Sentencias de 11 de marzo de 2009, expediente 00197, y de 19 de diciembre de 2012, expediente 00003, entre otras.
3 La Corte Constitucional, en sentencia C-075 de 7 de febrero de 2007, resolvió “[d]eclarar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales”.
4 CSJ. Civil. Sentencia de 10 septiembre de 2003, radicación 7603.
5 CSJ. Civil. Sentencia de 5 de agosto de 2013, expediente 00084.
6 CSJ. Civil. Sentencia 239 de 12 de diciembre de 2001. Reiterada en fallos de 27 de julio de 2010, expediente 00558, y de 18 de diciembre de 2012, expediente 00313, entre otros.
7 CSJ. Civil. Sentencia de 5 de septiembre de 2005, expediente 00150.
8 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de abril de 2013, expediente 00533, reiterando varios precedentes.
9 CSJ. Civil. Sentencia de 24 de febrero de 1994 (CCXXVIII-335).
10 CSJ. Civil. Sentencia de 2 de diciembre de 2011, expediente 00050.
11 CSJ. Civil. Sentencia de 14 de febrero de 2014, reiterando sentencias 006 de 16 de marzo de 1999 y de 077 de 30 de julio de 2008, entre otras.
12 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de marzo de 2011, expediente 00091. Reiterando sentencia 084 de 21 de junio de 2006, expediente 00508.
13 Sentencia 134 de 27 de junio de 2005, reiterando G. J. Tomos LXXXVIII-596 y CLI-199.
14 CSJ. Civil. Sentencia de 30 de mayo de 2014, expediente 00080, reiterativa de las sentencias de 19 de octubre de 2000, expediente 5442, y de 23 de junio de 2011, expediente 00388.
15 CSJ. Civil. Sentencia de 12 de diciembre de 2005, expediente 00770, reiterando fallo de 053 de 26 de febrero de 1951.