Source: http://www.franciscosantana.net/2014/07/casacion-sin-reenvio-sala-de-casacion.html
Timestamp: 2020-01-19 14:50:14
Document Index: 112882020

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 557', 'artículo 73', 'in dubio', 'artículo 129', 'artículo 108', 'artículo 2', 'artículo 117', 'artículo 108', 'artículo 117', 'artículo 249', 'artículo 249', 'artículo 58', 'artículo 58', 'In dubio']

“…El Tribunal de la recurrida niega la indexación de la suma demandada en Bolívares (sic) a la que condenó al pago a la demandada, aludiendo que la indexación se solicitó en forma genérica sobre todas las cantidades, sin distinción alguna acerca de si la cantidad era en bolívares o en dólares. Esto se contradice con su fallo, ya que como se desprende de la sentencia de marras, el A-Quo (sic) hace una distinción de la indexación de la suma demandada en dólares americanos y no la realiza con relación al monto demandado y condenado a pagar en bolívares, aduciendo que “el actor demandó la aplicación de la indexación sobre todas las cantidades demandadas” y por ello declara “no ha lugar la indexación en los términos peticionados por el actor”. Deja de aplicar el sentenciador el principio constitucional de la expectativa plausible, ya que si se pronunció con relación a los dólares americanos, aún y cuando la petición fue general, no lo efectuó de la misma manera con relación a la suma demandada y condenada en bolívares. Mutatis mutandi, el caso es igual, así que el sentenciador pudo haber aislado la suma en bolívares sin los intereses demandados y acordar la indexación de la mencionada suma a la que condenó a pagar a la demandada
Es criterio de quien aquí denuncia, que el sentenciador ha debido aplicar la indexación sobre la suma demandada en bolívares –que llegó a ser determinada por el sentenciador en la cifra deVeinticuatro (sic) Mil (sic) Novecientos (sic) Cuatro (sic) Bolívares (sic) con Treinta (sic) céntimos (Bs. 24.904, 30) y negar la indexación de la suma demandada por los intereses que dichos bolívares generara y no negar al indexación, cuando existen unas normativas expresas de las leyes que señalan que tal corrección monetaria se encuentra, a todas luces, ajustada a derecho.
Por todo lo antes expuesto ciudadanos Magistrados, les solicito que el fallo sólo sea casado en el punto específico de la indexación del monto demandado en bolívares que asciende a la cifra deVeinticuatro (sic) Mil (sic) Novecientos (sic) Cuatro (sic) Bolívares (sic) con treinta céntimos (Bs. 24.904,30) y se ordene que el cálculo de la misma se realice pro experticia complementaria del fallo, con el nombramiento de un solo perito que puede ser el Banco Central de Venezuela, desde las fechas que ustedes juzguen oportuno indicar, sugiriéndoles desde la fecha del rechazo hasta la fecha del cálculo, ya que ustedes-además del resto de los jueces de la República- se han de constituir en tutores del débil jurídico y proteger sus intereses, aunque los mismos no hayan sido debidamente demandados…”.
Ahora bien, el vicio de falta de aplicación, se produce cuando se niega vigencia a una norma dispuesta para resolver el conflicto. Sobre el particular, esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, señalando que “…si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún (sic) cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún (sic) cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó…”. (Vid. Sentencia de fecha 1° de marzo de 2012, caso: Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V y otros).
“…Artículo 1.271.- El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe.
“…El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento para el asegurado o el beneficiario. Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro. El beneficiario tendrá derecho a la corrección monetaria en el caso de retardo en el pago de la indemnización.
Las partes podrán sin embargo establecer previamente que la indemnización será una cantidad determinada independientemente del valor del interés asegurado…”
“…De la interpretación de la norma antes transcita, se verifica que el legislador previo el principio indemnizatorio, previendo que para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro. Asimismo, determina el derecho para el beneficiario de obtener la corrección monetaria en caso de retardo en el pago de la obligación por parte de la aseguradora y ese derecho nace a partir del momento en que se produce el retardo…”.
“…TERCERO: Decididas las defensas previas, pasa esta Alzada a emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, para lo cual observa:
La parte actora alega que el staphylococcus aureus fue la bacteria que infectó al difunto Carlos Enrique Lozada Morales produciéndole la muerte y que toda la familia del asegurado estaba infectada por la dicha bacteria, que en las exclusiones de la póliza no aparece que la infección ocasionada por esta bacteria esté expresamente excluida de la póliza, por lo que se considera incluida según lo previsto en el artículo 557 del Código de Comercio. Por su parte la demandada, alega a su favor que la prueba aportada de la infección de la familia es improcedente, ya que esto no forma parte del contradictorio y se aferró a la exclusiones indicadas en las cláusulas que aparecen en el anexo No. 001/97 de la póliza internacional y al pie del formato de recibo de la póliza nacional, aduciendo que la infección se produjo como producto del cambio de la válvula aórtica, lo que no se demostró pues no se aportaron pruebas de ello.
De la comunicación remitida por la Superintendencia de Seguros anexa al oficio en cuestión, se observa, que como bien dice el ente administrativo, mediante el oficio 00276 de fecha 30 de enero de 1984, el para aquel momento Superintendente de Seguros, ciudadano Boris Pérez Soto, le dio respuesta a la empresa Seguros Cordillera, hoy Multinacional de Seguros, de la aprobación del modelo de Recibo de Prima (f.167), todo esto obligó a la parte actora, a solicitar al Tribunal en diligencia de fecha 26 de Enero de 2005 (f. 224), que de acuerdo a lo establecido en el art. 401 del Código de Procedimiento Civil, se ratificara por el Tribunal la solicitud de la información requerida de si la cláusula había sido aprobada o no por el ente regulador, lo cual fue acordado por el Tribunal mediante auto de fecha 10 de diciembre de 2005 (f. 234) y ratificado en fecha 20 de diciembre de 2005, dirigido a la Superintendencia de Seguros, obteniendo respuesta por el ente regulador de la actividad aseguradora, en fecha 4 de mayo de 2006 mediante oficio FSS-2-1-001810 003786, en el cual la Superintendente de Seguros ciudadana Ludmila Soto, ratifica “...que tal cláusula no fue aprobada por esa institución...”.
Esta nulidad de la cláusula en cuestión es absoluta, ya que las Leyes de Interés Social, entre las que se encuentran la de la Actividad Aseguradora o las antiguas Leyes de Seguros y Reaseguros, la de Protección al Consumidor y al Usuario, - hoy denominada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios-, han estipulado esta nulidad, las últimas mencionadas en sus artículos 87.5 (LPCU), 73.5 (LDPABS) el artículo 73 del Decreto Ley de fecha 2008. Por lo tanto, y aplicando estos artículos a los contratos de marras y hoy principios constitucionales ya referidos, las cláusulas estipuladas en los contratos de Hospitalización Cirugía y Maternidad nacional e internacional pactados por el asegurado fallecido Carlos Enrique Lozada Morales con la demandada, en los cuales se lee:
• En el párrafo denominado “OBSERVACIONES”, en la que se indica: -en la póliza Internacional: “Queda excluido o exento de cobertura toda secuela o enfermedad a consecuencia de reemplazo valvular al titular.”; -en la póliza Nacional: “No dan derecho a reembolso ni a prestación alguna por esta póliza, los gastos incurridos por secuelas y/o consecuencias de reemplazo Válvula Aórtico”.
La parte demandada se opuso a la prueba consistente al oficio FSS-2-1-001810 003786 de fecha 4 de mayo de 2006, aduciendo que la misma se evacuó fuera del lapso probatorio (f. 236). Con respecto a ello, el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional en sentencia No. 1089, de fecha 22 de junio de 2001, Exp. No. 01-0892, con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, en el caso de Williams Chacón Noguera dejó asentado el siguiente criterio:
Como puede observarse, el Tribunal tiene la obligación de impulsar el proceso, ya que el Juez es el director del mismo, por lo que si una prueba que fue promovida en la oportunidad correspondiente y cuyo oficio solicitando la información requerida no ha sido respondido por el ente al cual se le pidió la información, como es el caso de autos; el Tribunal tiene la obligación utilizando los medios legales a su alcance, de ratificar el oficio y pedir al ente al cual se le requiere la información, que le responda debidamente. Esto fue lo que hizo el a quo según se desprende del oficio No. 2005-2657 de fecha 20 de diciembre de 2005, del Tribunal que riela a los folios 232 y 233, quien a solicitud de la actora (f. 224 y 231), nuevamente oficia a la Superintendencia de Seguros para que le informe: “Si la Superintendencia de Seguros aprobó la cláusula que modifica el contenido de la póliza No. 34-06-015369 que dice: “NO DAN DERECHO A REEMBOLSO NI A PRESTACIÓN ALGUNA POR ESTA PÓLIZA LOS GASTOS INCURRIDOS POR SECUELA Y/O CONSCUENCIA DE REEMPLAZO DE VÁVULA AORTICA”; solicitó además que se le informara: “si la expresión “Aprobado por la Superintendencia de Seguros mediante oficio No. 00276 de fecha 30 de enero de 1984” ¿es del cuadro sólo de la póliza o con dicha cláusula de exclusión?”. Como antes se dijo, tal oficio obtuvo respuesta en tiempo hábil por la Superintendencia de Seguros hoy de Actividad Aseguradora, en fecha 4 de mayo de 2006, folio 236, quedando la prueba en cuestión debidamente evacuada y Así se declara.
“La empresa de seguros puede asumir todos, algunos o parte de los riesgos a que esté expuesta la persona o bien asegurado, según el tipo de contrato. Si las condiciones generales o particulares de la póliza no limitan el seguro a determinado riesgo, la empresa de seguros responderá de todos ellos, salvo las disposiciones contrarias de la ley”.
“El contrato de seguros puede cubrir toda clase de riesgos si existe interés asegurable; salvo prohibición expresa de la ley.”.
La demandada pretende que sean desconocidas las pruebas que determinan que el grupo familiar del asegurado fallecido Carlos Enrique Lozada Morales, presentaron infección por staphylococcus aureus. Esto es un hecho sobrevenido que incide en el proceso, toda vez que la demandada plantea su defensa de fondo, en el supuesto de que el asegurado fallecido se infectó a consecuencia del cambio de válvula aórtica, con el objeto de basar su rechazo en las cláusulas declaradas previamente nulas por este juzgador. El hecho sobrevenido está confirmado por medio de las testimoniales de la ciudadana Betty de los Ángeles Joya Cumano y del ciudadano Dr. Freddy García Heres; deduciendo de la declaración del último de los nombrados que: 1.- El fallecido egresó sin infección alguna de la Clínica donde se realizó la operación y 2.- que la dicha infección se produjo después de cinco o seis meses de haber sido operado.
De la declaración de la ciudadana Betty Joya se demuestra: 1.- Que la familia que convivía con el difunto contrajo igualmente la bacteria denominada staphylococcus aureus y 2.- que la ciudadana Betty Joya, quien convivía en la residencia de los Lozada Sampedro, también se infectó con la bacteria -todo lo cual fue ratificado por la declaración de la Infectólogo Pediatra Dra. Laddy Margarita Casanova, Médico tratante del –se reitera-, para entonces menor Rafael Augusto Lozada Sanpedro; todo lo que permite concluir a este sentenciador por ser una presunción sobre los hechos demostrados que son graves, precisos y concordantes, que el mencionado Carlos Enrique Lozada Morales, no se infectó como consecuencia de la intervención quirúrgica realizada con ocasión del cambio de válvula aórtica, ya que para el momento en que fue dado de alta de la Clínica, éste estaba totalmente aséptico, es decir, sin infección alguna.
De otra parte, el Tribunal determina que la posibilidad de que se haya contaminado el asegurado en su casa es total, ya que la familia que residía con él estaba contaminada por la bacteria que le causó el deceso al ciudadano Carlos Enrique Lozada Morales. Asimismo, quedó evidenciado, de los hechos notorios comunicacionales traídos a los autos por la actora en sus escritos de informes que fueron ratificados por ante este Tribunal, que el staphylococcus aureus es una bacteria que todos los humanos tenemos en piel, -esto se compagina con la declaración de la Dra. Laddy Margarita Casanova- y que puede penetrar al organismo por una simple herida; en la Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología que transcribió la actora en sus informes presentados en Primera Instancia y ratificados por ante esta Superioridad se señala, que las bacterias pueden entrar al cuerpo de distintas formas. Según la Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association, (AHA), algunas de las maneras más comunes incluyen las siguientes: Procedimientos odontológicos (incluyendo la limpieza dental profesional) y que la infección podría ocasionarla también el consumo de alimentos no lavados debidamente o por Amigdalectomía o adenoidectomía; examen de las vías respiratorias con un instrumento conocido como broncoscopio rígido; ciertos tipos de cirugía de las vías respiratorias, el tracto gastrointestinal o el tracto urinario; cirugía de la vesícula biliar o de la próstata.
Siendo como en efecto es que la demandada no demostró en forma por demás indubitable su alegato de que el finado se había infectado a consecuencia del cambio de válvula aórtica; pero aún y cuando lo hubiera demostrado, esto no la eximiría de su responsabilidad de pago, ya que como antes se decretó por este Tribunal, las cláusulas de exclusión que ella empleó como defensa a su favor, son nulas de nulidad absoluta ab initio; pero además, la infección por la bacteria staphylococcus auerus no está excluida expresamente de la póliza, por lo que se considera amparada por el contrato y Así se decide.
Asimismo, con relación al deducible del 70% alegado por la demandada, aduciendo que los centros de salud -nacional e internacional- donde fue atendido el asegurado y de donde emanaron los gastos que deben ser indemnizados por ésta, no eran Clínicas afiliadas y por lo tanto ella estaría obligada a cancelar únicamente el setenta por ciento (70%) de los gastos según el contrato.
Por otra parte la demandada alega, que la cobertura de la póliza nacional No. 34-06-015369 se agotó con el pago de los cuatro millones de bolívares (Bs. 4.000.000,00) que realizó la aseguradora a consecuencia de la operación; esto es cierto y quedó demostrado su dicho con la información obtenida del Centro Médico “Dr. Rafael Guerra Méndez”, que corre al folio 217; pero la Póliza Internacional No. 77-06-000015, como bien indica la actora, es una póliza que cubre a nivel mundial -incluyendo a Venezuela-, por lo que los gastos que excedan la cifra antes señalada deben ser cancelados por la póliza internacional; lo decidido está acorde con el principio in dubio pro asegurado. Así se decide.
Con relación al agotamiento de la cobertura de las pólizas en cuestión, tenemos que al folio 217 riela información suministrada por el Centro Médico “Dr. Rafael Guerra Méndez”, a la cual este juzgador le otorga plena validez, desprendiéndose de la misma que la deuda por los gastos incurridos por la estadía del paciente Carlos Enrique Lozada Morales en ese centro hospitalario, ascendió a la suma de veintiocho millones novecientos cuatro mil doscientos noventa y seis bolívares con veintisiete céntimos (Bs. 28.904.296,27), de los cuales la empresa de seguros canceló la cantidad de cuatro millones de bolívares (Bs. 4.000.000,00), quedando un saldo de veinticuatro millones novecientos cuatro mil doscientos noventa y seis bolívares con veintisiete céntimos (Bs. 24.904.296,27) y no como se señala en el informe de veinticuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos noventa y seis bolívares con veintisiete céntimos (Bs. 24.843.296,27).
De otra parte se demuestra que los herederos del fallecido Carlos Enrique Lozada Morales cancelaron al centro de atención médica la suma de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00), quedando una suma por cancelar a la Clínica según su cálculo -el cual no concuerda con el que hace este Tribunal- de nueve millones cuatro mil doscientos noventa y seis bolívares con veintisiete céntimos (Bs. 9.004.296,27); de esto se desprende que el monto a pagar por la empresa aseguradora derivado de la Póliza Internacional con relación a lo adeudado en Venezuela es la cantidad de veinticuatro millones novecientos cuatro mil doscientos noventa y seis bolívares con veintisiete céntimos (Bs. 24.904.296,27), hoy equivalentes a Bs.f 24.904,30 cifra ésta adeudada por la aseguradora y cuyo monto se le condena a pagar y Así se decide.
Por lo tanto, exigirle a la actora que realice la ratificación del documento por medio de la testifical, transgrede el citado principio que este sentenciador tiene el deber de proteger de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia de los créditos indexados reseñada al inicio y del artículo 129.5 de la Ley de la Actividad Aseguradora, causándole indefensión total a la demandante al dejarla vulnerable (artículos 49 y 21. 2 Constitucional), toda vez que esta parte de la prueba es para la actora imposible de ejecutar; el sentenciador se basa en el amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual -los jueces- pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar (sentencia de la Sala Constitucional No. 1834 de fecha 9 de agosto de 2002, Rocío Eleonora Granados Uribe, ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, Expediente 01-2700) y Así se decide.
El Tribunal determina que estos requisitos exigidos -certificación médica e información de instituciones hospitalarias- se verificaron, ya que el informe médico del interventor principal en la que se efectúa la certificación de la defunción del ciudadano Carlos Enrique Lozada Morales, que riela al f. 37, se lee cual fue el diagnóstico médico y se evidencia de qué institución emana la información.
Al ser presentada la carta de rechazo, las condiciones de las pólizas y la declaración del médico interventor Dr. Leonardo Rodríguez, del “The Cleveland Clinic Fundation”, lejos de impugnar la demandada se valió de esos elementos probatorios para fundar sus defensas, lo que evidencia que estos mecanismos demostrativos son reconocidos por la demandada, de estos elementos probatorios devienen los indicios de la existencia de las facturas originadas en “The Cleveland Clinic Fundation” por los servicios dispensados al asegurado fallecido Carlos Enrique Lozada Morales, los cuales ascienden a la cantidad de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dólares americanos con setenta céntimos (US $ 160.638,70), suma esta que la demandada negó adeudar; pero además adujo, que para el caso que fuera condenada al pago de la cifra antes señalada, existía en las condiciones de la póliza un deducible de cinco mil dólares (US $ 5.000,00). Esta última defensa es un indicio que ratifica, la convicción de la demandada de tener en su poder las facturas en cuestión, ya que pide que en caso de ser condenada al pago del monto demandado en dólares, se le deduzca la suma antes señalada por el deducible contratado. Por otra parte, al negar la demandada que los gastos generales causados por la estadía del fallecido Carlos Enrique Lozada Morales, en la clínica de los Estados Unidos, hayan ascendido a la suma de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dólares americanos con setenta céntimos (US $ 160.638,70), (f. 403), por interpretación en contrario y objetiva que realiza este sentenciador, se entiende que la demandada está aceptando que se originaron unos gastos por tal concepto, pero que los mismos no ascendieron a la cifra reclamada.
El autor Enrico Tulio Liebman sobre este aspecto en su obra “Manual de Derecho Procesal Civil” dice:
El reconocimiento que hace la parte demandada de que existe una deuda pero que esta no asciende a la cifra demandada en dólares -al negar que los gastos generales causados por la estadía del fallecido CARLOS ENRIQUE LOZADA MORALES, en la clínica de los Estados Unidos, hayan ascendido a la suma de Ciento Sesenta Mil Seiscientos Treinta y Ocho Dólares con Setenta céntimos ($ 160.638,70), (f. 403)-, es, a la luz de la doctrina citada, como una admisión de los hechos y que tiene pleno valor probatorio para el quien sentencia al acumularla con los indicios antes señalados que son graves, precisos y concordantes y demuestran la existencia de las facturas emanadas de “The Cleveland Clinic Fundation” por los servicios dispensados al asegurado fallecido Carlos Enrique Lozada Morales, cuyo monto debe ser pagado por la accionada y Así se decide.
El tratadista argentino en temas de seguros Rubén S. Stiglitz, en su obra “Derecho de Seguros”, Tomo II, al tratar sobre el tema, expone:
Otro argumento esgrimido por la aseguradora es que ella reembolsa al asegurado los gastos pagados en la institución hospitalaria, es decir, que su única obligación es -según su dicho- de “reintegrar lo pagado” y si el asegurado no ha cancelado previamente las facturas y gastos en la institución hospitalaria, ella no tiene el derecho de reintegrar suma alguna de dinero. Este alegato es contrario a derecho, ya que la aseguradora al contratar estipuló en la póliza: “El pago de las prestaciones aquí previstas se efectuará al Asegurado titular o directamente a la Institución hospitalaria Afiliada, según sea el caso.”(f.25 y su vto.).
Así tenemos que, el seguro ciertamente es una deuda de valor, pero si la empresa de seguros no cancela dentro del lapso establecido en la ley el monto de la indemnización, deberá cancelar intereses moratorios, ya que tal deuda de valor al no ser saldada se transforma en una deuda dineraria líquida y exigible, que conforme a lo establecido en el artículo 108 del Código de Comercio en concordancia con el artículo 2 numeral 12 -por ser el seguro un acto de comercio-, el no cancelar la deuda líquida y exigible que se genera de pleno derecho -como el caso de autos- devenga indefectiblemente intereses corrientes en el mercado, siempre que éste no exceda del doce por ciento (12%) anual. La Sala de Casación Civil en el juicio de Transporte LP 33 vs Zurich de Seguros, con ponencia del Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, en sentencia de fecha 23 de octubre del 2009, sentencia No. RC. 00574, Expediente No. 09-219:
“…Al respecto es oportuno indicar que ambos son mecanismos de ajuste del valor de la obligación para la oportunidad de pago, a diferencia de los intereses legales cuya naturaleza es resarcitoria, por lo que al tener la misma causa y fin, esto es: el ajuste de las cantidades reclamadas para el momento en que se dicta la sentencia y se condena al pago, uno por la variación del dólar y el otro por el retardo procesal, la aplicación de uno excluye al otro. Por tanto, si se ajusta la cantidad al nuevo valor del dólar para el momento de la condena de pago, se restablece el equilibrio económico para esa oportunidad y, por ende, no podría proceder la indexación. Lo mismo al contrario, si el juez acuerda la corrección monetaria del monto en bolívares estimado en la demanda, no procedería al ajuste al nuevo valor del dólar, por cuanto como -se explicó- uno excluye al otro…”.
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PERECIDO el recurso de casación anunciado por la sociedad mercantil MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A., al no haberlo formalizado dentro del lapso procesal correspondiente, por lo que procede la condenatoria en costas del recurso, de acuerdo con lo pautado en los artículos 320 del Código de Procedimiento Civil; CON LUGAR el recurso de casación anunciado por la ciudadana EVELYN SAMPEDRO DE LOZADA contra la sentencia dictada en fecha 26 de junio de 2013, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; CASA SIN REENVÍO la sentencia recurrida; y en consecuencia, se declara: 1) PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 11 de agosto de 2009, por la parte demandada, contra la decisión proferida en fecha 31 de marzo de 2008, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 2) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de cobro de bolívares interpuesta por la ciudadana EVELYN SAMPEDRO DE LOZADA, contra la aseguradora MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A., y en consecuencia condena a la demandada a pagar a la actora las siguientes cantidades: 1) La suma de veinticuatro mil novecientos cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 24.904,30), por concepto de gastos producidos en el centro Médico “Dr. Rafael Guerra Méndez” en la ciudad de Valencia. 2) La cantidad de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dólares americanos con setenta céntimos (US $ 160.638,70) por concepto de gastos generados con ocasión a la hospitalización del asegurado fallecido Carlos Enrique Lozada Morales, en “The Cleveland Clinic Fundation”, o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deberá calcularse con base en el “Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)”, emanado del Banco Central de Venezuela, según lo reglado en los Convenios Cambiarios números 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, respectivamente, convenios éstos que autorizan que personas jurídicas de carácter privado, similares a la condenada a pagar, puedan realizar operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo así como de títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la República, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente público o privado, nacional o extranjero, que estén inscritos y tengan cotización en los mercados internacionales; 3) Los intereses moratorios que se generen tomando como base la suma de veinticuatro mil novecientos cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 24.904,30), calculados a la tasa del uno por ciento (1%) mensual, -doce por ciento (12%) anual- según lo dispuesto en el artículo 108 del Código de Comercio, y sobre la base de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dólares americanos con setenta céntimos (US $ 160.638,70), en su equivalente en moneda nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, intereses éstos que deberán calcularse mediante experticia complementaria realizada por expertos señalados o designados por el tribunal a quo, conforme a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, quienes efectuarán dicho cálculo tomando como base el referido “Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)”, en el período comprendido desde el 2 de octubre de 2001, inclusive, hasta el día 26 de junio de 2002, fecha en la que se interpuso la demanda; 4) Se acuerda la indexación de la cantidad de veinticuatro mil novecientos cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 24.904,30), de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, contados a partir de la fecha 10 de julio de 2001 en la que se admitió la demanda, hasta la fecha en que el fallo quede definitivamente firme.
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“…Ahora bien en relación al artículo 58 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguros, se evidencia que en el caso de autos se cumplió con el supuesto de hecho ahí previsto, pues la aseguradora MULTINACIONAL DE SEGUROS C.A., no solo reconoció que deuda, sino aunado a ello evidenció que debió intereses moratorios, que de acuerdo al contenido del citado artículo cuando se dan estos dos presupuestos el asegurado tiene derecho a la indexación, en consecuencia, el juez de alzada al no aplicar el contenido del citado artículo negó la indexación solicitada por el actor en su libelo de demanda, razón por la cual se evidencia que al (sic) ad quem incurrió en la infracción del artículo 58 eiusdem, al no condenar al pago de la indexación de las cantidades adeudadas en Bolívares...”.(Destacados de lo transcrito).
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