Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-671-de-1995?documento=legcol&contexto=legcol_7599204147dcf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 06:32:07
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﻿ DECRETO 671 DE 1995
DECRETO 671 DE 26 DE ABRIL DE 1995
CONTENIDO:CONVENCIÓN DE LA ONU CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, PROMULGACIÓN CON DECLARACIONES Y RESERVAS
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1023, MAYO 30 DE 1995, PG. 634
“Por el cual se promulga la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988”.
Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944 dispone en su artículo 1º que los tratados, convenios, convenciones, acuerdos, arreglos u otros actos internacionales aprobados por el Congreso, no se consideran vigentes como leyes internas mientras no hayan sido perfeccionados por el gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación u otra formalidad equivalente;
Que la misma ley en su artículo 2º, ordena la promulgación de los tratados y convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a Colombia y dispone que en el respectivo decreto de promulgación quede insertado el texto de las reservas que el gobierno quiera mantener o formularse en el momento del depósito de ratificaciones;
Que el 20 de diciembre de 1988 Colombia firmó en Viena la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”;
Que el Congreso Nacional, mediante la Ley 67 del 23 de agosto de 1993, aprobó la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, y dispuso que el Gobierno Nacional formule las reservas y declaraciones que adelante se transcriben, al depositar el respectivo instrumento de ratificación;
Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-176 del 12 de abril de 1994, declaró exequibles la citada ley y la convención, con las precisiones y declaraciones contenidas en el fallo;
Que el 10 de junio de 1994, se procedió a depositar el instrumento de ratificación de la mencionada convención ante el secretario general de las naciones unidas, con acatamiento de lo decidido por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional;
Que de conformidad con lo dispuesto en su artículo 29, la convención entró en vigor para Colombia el 10 de septiembre de 1994;
ART. 1º—Promúlgase la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988.
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, debidamente autenticada por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
ART. 2º—Alcance de la presente convención. 1. El propósito de la presente convención es promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional. En el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído en virtud de la presente convención, las partes adoptarán las medidas necesarias, comprendidas las de orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.
a) i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la convención de 1961, en la convención de 1961 en su forma enmendada o en el convenio de 1971.
ii) El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la convención de 1961 y en la convención de 1961 en su forma enmendada.
v) La organización, la gestión o la financiación de alguno de los delitos enumerados en los precedentes apartados i), ii), iii) y iv);
ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos, y
i) La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, que de tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos.
ii) La posesión de equipos o materiales o sustancias enumeradas en el cuadro I y el cuadro II, a sabiendas de que se utilizan o se habrán de utilizar en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para tales fines.
4. a) Cada una de las partes dispondrá que por la comisión de los delitos tipificados, de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo se apliquen sanciones proporcionadas a la gravedad de esos delitos, tales como la pena de prisión u otras formas de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso;
10. A los fines de la cooperación entre las partes prevista en la presente convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5º, 6º, 7º y 9º, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las partes.
ART. 4º—Competencia. 1. Cada una de las partes: a) Adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º:
ii) Cuando el delito se cometa a bordo de una nave que enarbole su pabellón o de una aeronave matriculada con arreglo a su legislación en el momento de cometerse el delito, y
iii) Cuando el delito sea uno de los tipificados de conformidad con el apartado iv) del inciso c) del párrafo 1 del artículo 3º y se cometa fuera de su territorio con miras a perpetrar en él uno de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º.
2. Cada una de las partes: a) Adoptará también las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicha parte no lo extradite a otra basándose en que:
b) Podrá adoptar también las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicha parte no lo extradite a otra.
a) Del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto, y
b) De estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º.
4. a) Al recibirse una solicitud formulada con arreglo al presente artículo por otra parte que sea competente respecto de un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º, la parte en cuyo territorio se encuentren el producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros de los elementos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo:
b) Al recibirse una solicitud formulada con arreglo al presente artículo por otra parte que sea competente por respecto de un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º, la parte requerida adoptará medidas para la identificación, la detección y el embargo preventivo o la incautación del producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, con miras al eventual decomiso que se ordene, ya sea por la parte requirente o, cuando se haya formulado una solicitud con arreglo al inciso a) del presente párrafo, por la parte requerida;
d) Será aplicable, mutatis mutandis, lo dispuesto en los párrafos 6 a 19 del artículo 7º. Además de la información enumerada en el párrafo 10 del artículo 7º, las solicitudes formuladas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:
i) En el caso de una solicitud correspondiente al apartado i del inciso a) del presente párrafo, una descripción de los bienes por decomisar y una exposición de los hechos en que se funde la parte requirente que sea suficiente para que la parte requerida pueda tramitar el mandamiento con arreglo a su derecho interno.
ii) En el caso de una solicitud correspondiente al apartado ii del inciso a), una copia admisible en derecho de un mandamiento de decomiso expedido por la parte requirente que sirva de fundamento a la solicitud, una exposición de los hechos e información sobre el alcance de la solicitud de ejecución del mandamiento.
5. a) La parte que haya decomisado el producto o los bienes conforme a los párrafos 1 ó 4 del presente artículo dispondrá de ellos en la forma prevista por su derecho interno y sus procedimientos administrativos, y
ii) Repartirse con otras partes, conforme a un criterio prestablecido o definido para cada caso, dicho producto o dichos bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes, con arreglo a lo previsto por su derecho interno, sus procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan concertado a este fin.
ii) De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o convertido, o
ART. 6º—Extradición. 1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por las partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º.
a) Si no lo extradita por un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º por los motivos enunciados en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 4º, presentar el caso ante sus autoridades competentes para enjuiciarlo, salvo que se haya acordado otra cosa con la parte requirente, y
b) Si no lo extradita por un delito de ese tipo y se ha declarado competente en relación con ese delito de conformidad con el inciso b) del párrafo 2 del artículo 4º, presentar el caso ante sus autoridades competentes para enjuiciarlo, salvo que la parte requirente solicite otra cosa a efectos de salvaguardar su competencia legítima.
ART. 7º—Asistencia judicial recíproca. 1. Las partes se prestarán a tenor de lo dispuesto en el presente artículo, la más amplia asistencia judicial recíproca en las investigaciones, procesos y actuaciones judiciales referentes a delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º.
c) Cuando el derecho interno de la parte requerida prohíba a sus autoridades acceder a una solicitud formulada en relación con un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigación, procesamiento o actuaciones en el ejercicio de su propia competencia, y
ART. 8º—Remisión de actuaciones penales. Las partes considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el procesamiento por los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º, cuando se estime que esa remisión obrará en interés de una correcta administración de justicia.
ART. 9º—Otras formas de cooperación y capacitación. 1. Las partes colaborarán estrechamente entre sí, en armonía con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de detección y represión orientadas a suprimir la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º. Deberán, en particular, sobre la base de acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales:
a) Establecer y mantener canales de comunicación entre sus organismos y servicios competentes a fin de facilitar el intercambio rápido y seguro de información sobre todos los aspectos de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º, incluso, siempre que las partes interesadas lo estimen oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
b) Cooperar en la realización de indagaciones, con respecto a delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º y de carácter internacional, acerca:
i) De la identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º.
2. Cada una de la partes, en la medida necesaria, iniciará, desarrollará o perfeccionará programas específicos de capacitación destinados a su personal de detección y represión o de otra índole, incluido el personal aduanero, encargado de suprimir los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º. En particular, estos programas se referirán a:
a) Los métodos utilizados en la detección y supresión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º;
b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º, en particular en los Estados de tránsito, y medidas adecuadas para contrarrestar su utilización;
d) La detección y vigilancia del movimiento del producto y los bienes derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º, y de los estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en el cuadro I y el cuadro II, y de los instrumentos que se utilicen o se pretenda utilizar en la comisión de dichos delitos;
ART. 11.—Entrega vigilada. 1. Si lo permiten los principios fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, las partes adoptarán las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades, para que se pueda utilizar de forma adecuada, en el plano internacional, la técnica de entrega vigilada, de conformidad con acuerdos o arreglos mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las personas implicadas en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º y de entablar acciones legales contra ellas.
a) Que la sustancia se emplea con frecuencia en la fabricación ilícita de un estupefaciente o de una sustancia sicotrópica, y
b) El secretario general transmitirá copias de la solicitud de revisión y de la información pertinente a la comisión, a la junta y a todas las partes, invitándolas a presentar sus observaciones dentro del plazo de 90 días. Todas las observaciones que se reciban se comunicarán al consejo para que éste las examine, y
8. a) Sin perjuicio de las disposiciones de carácter general del párrafo 1º del presente artículo y de lo dispuesto en la convención de 1961, en la convención de 1961 en su forma enmendada y en el convenio de 1971, las partes tomarán las medidas que estimen oportunas para vigilar la fabricación y la distribución de sustancias que figuren en los cuadros I y II que se realicen dentro de su territorio, y
ii) Controlar bajo licencia el establecimiento y los locales en que se realicen las mencionadas fabricación o distribución.
c) Notificar, lo antes posible, a las autoridades y servicios competentes de las partes interesadas si hay razones para presumir que la importación, la exportación o el tránsito de una sustancia que figura en el cuadro I o el cuadro II se destina a la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, facilitando, en particular, información sobre los medios de pago y cualesquiera otros elementos esenciales en los que se funda esa presunción;
10. a) Además de lo dispuesto en el párrafo 9º, y a petición de la parte interesada dirigida al secretariado general, cada una de las partes de cuyo territorio se vaya a exportar una de las sustancias que figuran en el cuadro I velará por que, antes de la exportación, sus autoridades competentes proporcionen la siguiente información a las autoridades competentes del país importador:
iv) El punto de entrada y la fecha de envío previstos.
v) Cualquier otra información que acuerden mutuamente las partes, y
b) Cualquier sustancia que no figure en el cuadro I o el cuadro II, pero de la que se sepa que se emplea en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas y que, a juicio de esa parte, sea considerada lo bastante importante para ser señalada a la atención de la junta, y
ART. 15.—Transportistas comerciales. 1. Las partes adoptarán medidas adecuadas a fin de garantizar que los medios de transporte utilizados por los transportistas comerciales no lo sean para cometer delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º; entre esas medidas podrán figurar la concertación de arreglos especiales con los transportistas comerciales.
ii) El estímulo de la integridad moral del personal, y
iii) La denuncia a las autoridades competentes, en la primera ocasión, de cualquier circunstancia sospechosa que pueda estar relacionada con la comisión de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3º.
ART. 16.—Documentos comerciales y etiquetas de las exportaciones. 1. Cada una de las partes exigirá que las exportaciones lícitas de estupefacientes y sustancias sicotrópicas estén debidamente documentadas. Además de los requisitos de documentación previstos en el artículo 31 de la convención de 1961, en su forma enmendada y en el artículo 12 del convenio de 1971, en los documentos comerciales, tales como facturas, manifiestos de carga, documentos aduaneros y de transporte y otros documentos relativos al envío, deberán indicarse los nombres de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas que se exporten, tal como figuren en las listas correspondientes de la convención de 1961, de la convención de 1961 en su forma enmendada y del convenio de 1971, así como la cantidad exportada y el nombre y la dirección del exportador, del importador y, cuando sea posible, del consignatario.
5. Cuando se adopte una medida de conformidad con el presente artículo, las partes interesadas tendrán debidamente en cuenta la necesidad de no poner en peligro la seguridad de la vida en el mar ni la de nave y la carga y de no perjudicar los intereses comerciales y jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier otro Estado interesado.
7. A los efectos de los párrafos 3º y 4º del presente artículo, las partes responderán con celeridad a las solicitudes de otras partes de que se averigüe si una nave que esté enarbolando su pabellón está autorizada a hacerlo, así como a las solicitudes de autorización que se presenten a tenor de lo previsto en el párrafo 3. Cada Estado, en el momento de entrar a ser parte en la presente convención, designará una o, en caso necesario, varias autoridades para que se encarguen de recibir dichas solicitudes y de responder a ellas. Esa designación será dada a conocer, por conducto del secretario general, a todas las demás partes, dentro del mes siguiente a la designación.
11. Toda medida adoptada de conformidad con el presente artículo tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no interferir en los derechos y obligaciones de los Estados ribereños o en el ejercicio de su competencia, que sean conformes con el derecho marítimo internacional, ni de menoscabar esos derechos, obligaciones o competencias.
ART. 20.—Información que deben suministrar las partes. 1. Las partes suministrarán, por mediación del secretario general, información a la comisión sobre el funcionamiento de la presente convención en sus territorios, y, en particular:
ART. 21.—Funciones de la comisión. La comisión tendrá autoridad para estudiar todas las cuestiones relacionadas con los objetivos de la presente convención, y, en particular:
a) Si, sobre la base de su examen de la información a disposición de ella, del secretario general o de la comisión, o de la información comunicada por órganos de las Naciones Unidas, la junta tiene motivos para creer que no se cumplen los objetivos de la presente convención en asuntos de su competencia, la junta podrá invitar a una o más partes a suministrar toda información pertinente, y
3. Para cada organización regional de integración económica a la que se hace referencia en el inciso c) del artículo 26, que deposite un instrumento relativo a un acto de confirmación formal o un instrumento de adhesión, la presente convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que se haya efectuado ese depósito, o en la fecha en que la presente convención entre en vigor conforme al párrafo 1º del presente artículo, si está última es posterior.
ART. 31.—Enmiendas. 1. Cualquiera de las partes podrá proponer una enmienda a la presente convención. Dicha parte comunicará el texto de cualquier enmienda así propuesta y los motivos de la misma al secretario general, quien, a su vez, comunicará la enmienda propuesta a las demás partes y les preguntará si la aceptan. En el caso de que la propuesta de enmienda así distribuida no haya sido rechazada por ninguna de las partes dentro de los veinticuatro meses siguientes a su distribución, se considerará que la enmienda ha sido aceptada y entrará en vigor respecto de cada una de las partes noventa días después de que esa parte haya depositado ante el secretario general un instrumento en el que exprese su consentimiento a quedar obligada por esa enmienda.
Hecha en Viena, en uno solo original, el día 20 de diciembre de 1988.
Que la presente es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 17 de abril de 1995.
ART. 2º—Reprodúcese, para los efectos pertinentes, el instrumento de ratificación depositado ante el secretario general de las Naciones Unidas el 10 de junio de 1994, que contiene las reservas y declaraciones formuladas y cuyo texto es el siguiente:
“César Gaviria Trujillo, Presidente de la República de Colombia, a todos los que las presentes vieren
Por cuanto se ha de proceder al depósito del instrumento de ratificación por parte del Gobierno de Colombia a la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988.
Por cuanto el Congreso Nacional, mediante la Ley 67 de 23 de agosto de 1993, aprobó la citada convención y dispuso que el Gobierno Nacional formularía reservas y declaraciones al depositar el respectivo instrumento de ratificación.
Por cuanto la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-176 de 1994 del 12 de abril de 1994, declaró exequibles la citada ley y la convención, con las precisiones y declaraciones contenidas en el fallo.
Por cuanto, en cumplimiento de la ley y en acatamiento de lo decidido por la Corte Constitucional, es procedente que el Gobierno de Colombia formule las siguientes reservas y declaraciones al momento de depositar el instrumento de ratificación de la convención:
1. Colombia no se obliga por el artículo 3º, párrafos 6º y 9º y el artículo 6º de la convención, por ser contrarios al artículo 35 de su Constitución Política en cuanto a la prohibición de extraditar colombianos por nacimiento.
2. Colombia, en virtud del párrafo 7º del artículo 5º de la convención, no se considera obligada a establecer la inversión de la carga de la prueba.
3. Colombia formula reserva respecto del artículo 9º, párrafo 1º, incisos b), c), d) y e), de la convención en cuanto se oponga a la autonomía e independencia de las autoridades judiciales para conocer de la investigación y juzgamiento de los delitos.
1. Ninguna parte de la convención podrá interpretarse en el sentido de obligar a Colombia a adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otro carácter que vulneran o restrinjan su sistema constitucional y legal o vayan más allá de los tratados en que sea parte contratante el Estado colombiano.
2. Colombia entiende que el tratamiento que la convención da al cultivo de la hoja de coca como infracción penal debe armonizarse con una política de desarrollo alternativo, tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas involucradas y la protección del medio ambiente. En el mismo sentido, Colombia entiende que el trato discriminatorio, inequitativo y restrictivo que se le da en los mercados internacionales a sus productos agrícolas de exportación, en nada contribuye al control de los cultivos ilícitos pues, por el contrario, es causa del deterioro social y ecológico en las zonas afectadas. Así mismo, el Estado colombiano se reserva el derecho de evaluar de manera autónoma el impacto ecológico de las políticas contra el narcotráfico, puesto que aquellas que tengan efectos negativos sobre los ecosistemas son contrarias a la Constitución.
9. Colombia entiende que la remisión de actuaciones penales a que alude el artículo 8º de la convención, se hará de tal forma que no se vulneren las garantías constitucionales del derecho de defensa. Así mismo, Colombia declara, en cuanto al párrafo 10 del artículo 6º de la convención, que, en la ejecución de sentencias extranjeras, debe procederse conforme al inciso 2º del artículo 35 de su Constitución Política y demás normas legales y constitucionales.
Las obligaciones internacionales derivadas del artículo 3º numeral 1º literal c) y numeral 2º así como del artículo 11 se contraen de manera condicionada al respeto de los principios constitucionales colombianos, y con base en las 3 reservas así como en las 9 declaraciones trans-critas, que hacen compatible la convención con el ordenamiento constitucional colombiano.
He venido en aceptarla, aprobarla y en disponer que se tenga como ley de la República, comprometiendo para su observancia el honor nacional, a cuyo efecto expido el presente instrumento de ratificación, para ser depositado ante el secretario general de las Naciones Unidas, dejando constancia de las reservas y declaraciones anteriormente citadas.
Dadas y firmadas de mi mano, selladas con el sello de la República y refrendadas por la Ministra de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Santafé de Bogotá, a los nueve (9) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Nohemí Sanín de Rubio”.