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Timestamp: 2020-01-22 23:30:37
Document Index: 270518062

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La diferencia en la igualdad: El desafío judicial para la inclusión de las comunidades aborígenes en un mundo pluricultural
The difference in equality. The judicial challenge for the inclusion of aboriginal communities in a multicultural world
Fecha de recepción: 30 de enero de 2008.
Fecha de dictamen: 11 de diciembre de 2008.
El artículo recuerda que los pueblos indígenas son sujetos del derecho internacional; por ello, en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, se debe fortalecer el principio de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, así como su aplicación a todos los individuos reconocidos internacionalmente. Se afirma que los pueblos indígenas de las Américas constituyen un segmento organizado, distintivo e integral de su población y tienen derecho a ser parte de la identidad nacional de los países, con un papel especial en el fortalecimiento de las instituciones del Estado y en la realización de la unidad nacional basada en principios democráticos; además, algunas de las concepciones e instituciones democráticas consagradas en las Constituciones de los Estados americanos tienen origen en instituciones de los pueblos indígenas, y muchos de sus actuales sistemas participativos de decisión y de autoridad contribuyen al perfeccionamiento de las democracias en las Américas. Por todo ello es urgente el desarrollo crí tico y reflexivo de la evolución en la concepción de pluriculturalidad, la cual contribuirá al desarrollo de un marco jurídico modelo que se ha vislumbrado en distintos países como Ecuador y Guatemala.
Palabras clave: Derechos humanos, multiculturalismo, comunidades aborígenes, inclusión, ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Both in the International System for Human Rights and in the Latin American Human Rights System, devices numerous international instruments have highlighted the important role that institutional lies with the courts- national and supra-as guarantors of the effective exercise of human rights, to enshrine the right of access to justice and provide an effective remedy before any violations of such rights, arising from acts or omissions of States or individuals, which also requires courts to have impartial and independent. It is important significance to ask questions about this matter relating to the validity of these rights from various Aboriginal communities and also the actual knowledge by the courts about multiculturalism and its evolution. The analysis of this article coadyuda critical to development and reflective of the evolution in the concept of multiculturalism, which is of paramount importance since it will contribute to developing a legal framework that embraces both systems, model that has been glimpsed in different countries such as Ecuador and Guatemala, giving assurances, and that through the inclusion will be achieved consensus among those who are not forced to delay their own values, and hence are enforcing best way to hold the Rights.
Keywords: Human Rights, Multiculturalism, Aboriginal Communities, Inclusion, Effective Exercise of Human Rights.
"El tipo ideal de `minoría' es un grupo que ha sido objeto de exclusión o discriminación por parte del Estado o sus ciudadanos a causa de sus características étnicas, nacionales, raciales, religiosas o lingüísticas o de su linaje".28
Martínez Paz define al pluralismo como un"sistema que abre las posibilidades para el desarrollo de los modos de ser, de actuar y de pensar de cada persona, sin ahogar la diversidad".29
Los indígenas deben "integrarse" a la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la población. Explícita o implícitamente la clase política considera que es necesario "chilenizar" a las poblaciones indígenas e impedir que se perfilen con sus propias particularidades Es por ello que predomina en la clase política un ambiente "asimilacionista" no superado. Cada vez que se proponen formas de relaciones interétnicas modernas, basadas en el reconocimiento mutuo, se producen las mismas reacciones ¿a caso no somos todos chilenos? A partir de esta mirada que no reconoce "al otro" se abre un escenario propicio para que vuelven todos los estereotipos y se juegue en un campo cada vez más fantasmagórico...32
Es lo que algunos de los jueces de la Corte denominan —en su voto razonado— la dimensión intertemporal.38 Ello nos conduce al concepto de propiedad comunitaria de las tierras,39 de insoslayable importancia en la temática que se analiza, que implica que "la tierra que ocupan les pertenece, a su vez ellos pertenecen a su tierra".40
El presente caso de la Corte se remonta a 1986, cuando miembros de las fuerzas armadas de Suriname atacaron la comunidad N'djuka Maroon de Moiwana. Los soldados supuestamente masacraron a más de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la comunidad. La Comisión presentó la demanda ante la CIDH el 20 de diciembre de 2002. Suriname presentó una serie de excepciones de carácter procesal por entender que su país recién ratificó la Convención Americana en 1987, y los hechos se suscitaron en 1986 negando de ese modo la competencia de la Corte en este caso.
tal ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia para víctimas y sus familiares; incluso, en el presente caso, ha creado en los miembros de la comunidad la convicción de que el Estado los discrimina activamente...58
c) la separación de los miembros de la comunidad de sus tierras tradicionales. "Los hechos probados demuestran que la conexión de la comunidad N'djuka a su tierra tradicional reviste vital importancia espiritual, cultural y material",59 la cual ha sido sistemáticamente violada al ser desplazados de sus propias tierras, provocando de ese modo muchos refugiados en la Guyana Francesa.
Recurso de hecho deducido por la Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T'Oi en la causa Co Ind del Pueblo Wichi Hoktek T'Oi c/ Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia, 11 de julio de 2002.
En el caso preciso, la Secretaría Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, en ejercicio de sus facultades administrativas, autorizó en 1996 la deforestación indiscriminada de los Catastros Rurales del Departamento San Martín sobre una superficie de 120 hectáreas, ante lo cual, la Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T'Oi, reconocida tribu de la provincia de Salta, intentó se dejaran sin efecto por vía judicial ordinaria tales actos administrativos, por considerarse abusivos, plenamente agraviantes al medio ambiente y a la integridad y derecho sobre el territorio que actualmente está siendo ocupado por la mencionada comunidad indígena. Ante ello, y su consecuente negativa se promovió una acción de amparo, la cual también fue rechazada. Ante las frecuentadas negativas por parte de los órganos judiciales de la provincia, se optó por interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien luego de un análisis determinó revisar nuevamente las sentencias de los tribunales, anulándolas como actos jurisdiccionales válidos y dio lugar a la acción tutelada por el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional.
Pero cuando la solución, lejos de estar próxima en nuestro sistema, se desvanece en un cúmulo de intereses que priman por sobre derechos fundamentales que hacen a nuestra integridad, la respuesta debe buscarse por fuera: países que no cumplan con sus garantías y no respeten sus valores fundantes deben ser penados y condenados a su cumplimiento coactivo. Los derechos humanos no conocen de fronteras y tampoco deben saber de límites, su protección debe procurarse por cualquier medio y bajo cualquier circunstancia. La condición humana es previa a cualquier organización institucional política, y que esta misma debe obedecer a sus necesidades, y a la inversa... la justicia es porque los hombres son y deben...
Albarracín, Lelia Inés, "Multiculturalidad y plurilingüismo: el derecho al uso de la propia lengua", ponencia presentada en las VI Jornadas Internacionales de Educación: Complejidad, Rupturas y Desafíos, Ciudad de Concordia, Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Administración, del 4 al 6 de septiembre de 2003. [ Links ]
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1 Señalaba el filósofo italiano que "respecto de los derechos del hombre el problema grave de nuestro tiempo era no el de fundamentarlos sino el de protegerlos", agregando más adelante que "el problema al que nos enfrentamos, en efecto, no es filosófico sino jurídico y, en un sentido más amplio, político. No se trata tanto de saber cuáles y cuántos son esos derechos, cuál es su naturaleza y fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que pese a las declaraciones solemnes resulten continuamente violados", Bobbio, Norberto, El problema de la guerra y las vías de la paz, trad. de Jorge Binaghi, Barcelona, Altaya, 1998, pp. 129 y ss.
2 En este sentido, destacando este rol de los tribunales en un Estado constitucional de derecho, se ha sostenido desde la doctrina especializada que "la incorporación de los derechos fundamentales en el nivel constitucional, cambia la relación entre el juez y la ley y asigna a la jurisdicción una función de garantía del ciudadano frente a las violaciones de cualquier nivel de la legalidad por parte de los poderes públicos", Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, trad. de Perfecto A. Ibáñez, Madrid, Trotta, 2004, pp. 26 y ss.
3 En efecto, así se desprende de los artículos 8o. y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; del artículo 2o., apdos. 3, inc. a), artículo 9o., apdos. 3 y 4, y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y de los artículos 8o. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.
4 Para el análisis de los precedentes jurisprudenciales argentinos, hemos seleccionado los emitidos luego de la reforma constitucional de 1994, mediante la que se introdujo el artículo 75, inc. 17 en la Constitución argentina, lo que importó una sustancial modificación del tratamiento constitucional de la cuestión, con respecto al texto anterior, artículo 67, inc. 15.
5 En las Constituciones latinoamericanas podemos observar la consagración de los derechos de los pueblos indígenas: Constitución Nacional de la República Argentina de 1853-1860 y sus reformas de 1994: artículo 75 inc. 17 (preexistencia étnica y cultural, identidad, educación bilingüe e intercultural, personería jurídica, tierras comunitarias, desarrollo humano, participación en la gestión, poderes concurrentes); Constitución Política del Estado de Bolivia 1966-1967 y sus reformas: artículo 171 (tierras comunitarias, identidad, lenguas, costumbres, instituciones, personería jurídica, derecho consuetudinario con límite constitucional); Constitución Política de Colombia, de 1991 y sus reformas: artículo 7o. (diversidad étnica y cultural), artículo 8o. (protección de riquezas naturales y culturales), artículo 10 (idioma); Constitución Política de la República del Ecuador, de 1979 y sus reformas: artículo 4o. (condena colonialismo, neocolonialismo y de discriminación o segregación racial, derecho a liberarse de lo condenado en el mismo artículo), artículo 110 (defensores públicos para indígenas); Constitución Política de la República de Guatemala, de 1985 y sus modificatorias: artículo 57 (Derecho a la cultura), Artículo 58 (Identidad cultural), Artículo 66 (Protección a grupos étnicos), artículo 67 (Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas), Artículo 68 (Tierras para comunidades indígenas), Artículo 143 (Idioma oficial).
6 Figueroa, Viviana Elsa, "Ambiente, derechos humanos y comunidades indígenas", Derechos humanos y ambiente en la República argentina. Propuestas para una agenda nacional, Córdoba, Centro de Derechos Humanos y Ambiente, 2005, p. 115.
7 Ibidem, p. 116.
8 Robledo, Federico Justiniano, "La necesidad de humanizar la legislación de protección a nuestros pueblos indígenas", Revista Debates de Actualidad de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, año XX, núm. 195, mayo-noviembre de 2005, Santa Fe, República Argentina, 27 de octubre de 2005, p. 24.
9 Robledo, Federico Justiniano, "La necesidad de humanizar la legislación de protección a nuestros pueblos indígenas", Revista Debates de Actualidad de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, cit., nota 8, p. 24.
10 Figueroa, Viviana Elsa, op. cit., nota 6, p. 132.
11 Cfr. Menchú Tum, Rigoberta, "Los derechos de los indígenas: Rigoberta Menchú Tum y síntesis de su entrevista con Guianni Miná ", en la ocasión del Foro de Porto Alegre 2002, "Un Mundo Mejor es Posible", Le Monde Diplomatic, Sperling & Kupfer, 2002, p. 115.
12 Iglesia y Comunidad Nacional, XLII Asamblea Plenaria, del 4 al 9 de mayo de 1981, Conferencia Episcopal Argentina, Oficina de Libro, República Argentina, 1990, p. 30.
13 Robledo, Federico Justiniano, op. cit., nota 8, p. 28.
14 Figueroa, Viviana Elsa, op. cit., nota 6, p. 126.
15 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, derivados de la Ley que preside al desarrollo de la civilización en la América del Sur", Córdoba, República de Argentina, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2002, p. 185.
16 Figueroa, Viviana Elsa, op. cit., nota 6, p. 130.
17 Ibidem, p. 131.
19 Cançado Trindade, António Augusto, entiende que "El concepto de cultura— originado del `colere' romano, significando cultivar, tomar en cuenta, cuidar y preservar—, se manifestó, originalmente, en la agricultura (el cuidado con la tierra) ", Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia del 29 de marzo de 2006, serie C, núm. 146, en su voto particular, considerando núm. 4. Cfr. http://www.cor teidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_cancado_146_esp2.doc.
20 Martínez Paz, Fernando, El mundo jurídico multidimensional, Córdoba, Advocatus, 1996, p. 16.
21 Robledo, Federico Justiniano, op. cit., nota 8, p. 28.
22 Consejo de Juventud de España, Exclusión social: una realidad a superar, Madrid, España, Consejo de Juventud de España, 2003, pp. 7 y 8.
23 Caso Yatama vs. Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005. El 17 de junio de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Nicaragua la cual se originó en la denuncia recibida en la Secretaría de la Comisión el 26 de abril de 2001. La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 8o., 25 y 23 (derechos políticos) de CADH, todos ellos en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por el partido político regional indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (en adelante "Yatama"). Según lo alegado por la Comisión, dichas personas fueron excluidas de participar en las elecciones municipales realizadas el 5 de noviembre de 2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur (en adelante la "RAAN" y la "RAAS"), como consecuencia de la resolución emitida el 15 de agosto de 2000 por el Consejo Supremo Electoral. En la demanda se indicó que las presuntas víctimas presentaron diversos recursos contra dicha resolución y, finalmente, el 25 de octubre de 2000 la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua declaró improcedente un recurso de amparo interpuesto por éstos (cfr. considerandos 1 a 3). La Corte Interamericana resolvió al respecto: "2. El Estado violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los candidatos propuestos por Yatama para participar en las elecciones municipales de 2000, en los términos de los párrafos 147 a 164 de la presente sentencia. "3. El Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los candidatos propuestos por Yatama para participar en las elecciones municipales de 2000, en los términos de los párrafos 165 a 176 de la presente sentencia. "4. El Estado violó los derechos políticos y el derecho a la igualdad ante la ley consagrados en los artículos 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los candidatos propuestos por Yatama para participar en las elecciones municipales de 2000, en los términos de los párrafos 201 a 229 de la presente sentencia". Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, sentencia de 23 de junio de 2005, serie C núm. 127, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf.
24 Para algunos autores el elemento cuantitativo es accesorio. La ONU admite inclusive, la posibilidad de "mayorías en situación minoritaria": "durante el régimen comunista la población cristiana fue numéricamente mayoritaria, aun cuando pudiere calificarse de minoría; y, sin duda, bajo el régimen de apartheid en Sudáfrica, la mayoría negra fue también una minoría". De "mayorías minoritarias" habla J. de Lucas, citado por Sanchís, Luis Pietro, "Igualdad y minorías", Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Madrid, núm. 5, año II, 1995, p. 121.
25 Si no hay subordinación o dependencia la situación en la que se encuentra la minoría no podrá reputarse minoritaria. Por ejemplo: la situación de la minoría blanca durante el apartheid de Sudáfrica.
26 El elemento subjetivo es un factor que determina que la existencia de las minorías sea una cuestión dinámica. La voluntad de ser diferente no es una decisión invariable ni perpetua, debe reafirmarse día a día. Muchas agrupaciones minoritarias, propietarias de una cultura propia, optan por la asimilación con sociedad mayoritaria, lo cual produce, al decir de García Canclini, las denominadas "culturas híbridas".
27 Robledo, Federico, "Derecho de las minorías en un mundo multicultural y globalizado" , Globalización, democracia y paz. La visión de los jóvenes, ensayo distinguido en el Concurso Literario Interno de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, Córdoba, República Argentina, OAJNU, 2005, pp. 95 y 96.
28 Daes, Erika Irene, E/CN.4/Sub.2/2000/10, Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 52o. periodo de sesiones, tema 8 del programa provisional —prevención de la discriminación y protección a las minorías— "Documento de trabajo sobre la relación y las diferencias entre los derechos de las personas pertenecientes a minorías y los derechos de los pueblos indígenas", 19 de julio de 2000, punto 48.
29 Martínez Paz, Fernando, El mundo jurídico multidimensional, Córdoba, República Argentina, Advocatus, 1996, p. 23.
30 Diéne, Doudou, "Eliminating racism in a changing world: arguments for a new strategy", Anti-Discrimination,vol. 1, p. 16. Traducido a partir de: "It's possible to define pluralism as recognition, protection, promotion of and respect for diversity. Pluralism expresses in its profoundest sense both the recognition and protection afforde to ethni, cultural or spiritual specificities, and the acceptance of those values wich, n a given society, reachi out beyond and transcend those specificities. In this sense, then, pluralism is the operartive value in the unity/diversity dialectic that offers the firmest base for stability and harmony in multicultural society".
31 Robledo, Federico Justiniano, Bases constitucionales del proceso. ¿Se asegura la independencia del Poder Judicial desde la óptica de las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa a través de los nuevos órganos de control: el Defensor del Pueblo? , Córdoba, República Argentina, tesis doctoral en la UNC, 2006, t. I, p. 128.
32 Bengolea, José, "Indígenas, institucionalidad y relaciones interétnicas en Chile", Política y sociedad en Chile. Antiguas y nuevas caras, Santiago de Chile, Hidalgo Paulo, 2005, pp. 144 y 146.
33 Ibidem, p. 145.
34 Hitters, Juan Carlos, "La jurisprudencia de la Corte Interamericana como guía para la interpretación de la Constitución (El Pacto de San José de Costa Rica, en la postura de la Corte Suprema Nacional)", El Derecho, 1995, t. 164, p. 1238.
35 Así, por ejemplo en Fallos 310:518, 311:2497, 318:514, 319:1840, 321:3555, 323:4130, como también en la causa Espósito, Miguel A., del 23 de diciembre de 2004.
36 Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de octubre de 2001, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf, accedido el 3 de septiembre de 2006, voto razonado conjunto de los jueces A. A. Cançado Trindade, M. Pacheco Gómez y A. Abreu Burelli, considerando segundo.
37 Caso de la Comunidad Mayagna... , cit., nota anterior, párrafo 149.
38 Caso de la Comunidad Mayagna.. ., op. cit., nota 36, voto razonado conjunto de los jueces A. A. Cançado Trindade, M. Pacheco Gómez y A. Abreu Burelli, considerando octavo.
39 La propiedad comunitaria de tierras de posesión ancestral por parte de comunidades indígenas ha tenido recepción normativa en muchos países latinoamericanos. Así, por ejemplo, Nicaragua (artículos 5o., 89 y 180, Constitución Política), Argentina (artículo 75 inc. 17, Constitución Nacional), entre otros. También el Convenio 169 de la OIT se refiere a la cuestión: "los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación" (artículo 13.1) y "Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan" (artículo 14.1).
40 Caso de la Comunidad Mayagna..., op. cit., nota 36, voto razonado conjunto de los jueces A. A. Cançado Trindade, M. Pacheco Gómez y A. Abreu Burelli., considerando octavo.
41 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, Buenos Aires, Ediar, 1999, t. III, p. 119.
42 Bidegain, Carlos María, Curso de derecho constitucional, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995, t. II, p. 45.
43 "Lo que se denomina genéricamente derecho consuetudinario indígena no es un cuerpo estructurado, ni mucho menos codificado; son una serie de prácticas reales que se llevan a cabo de manera distinta en diferentes comunidades, para resolver una serie de problemas de administración de justicia, resolución de conflictos, mantenimiento del orden interno, normatividad de los reclamos interpersonales, vinculación con el mundo exterior, etcétera. En el derecho consuetudinario, la tierra, al vincularla con los seres humanos, es vista como un lugar espiritual, puesto que cuenta con sitios sagrados, con bosque, etcétera. Esa vinculación del ser humano con el territorio no necesariamente está escrita, es algo que se vive en lo cotidiano" (peritaje de Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum, antropólogo y sociólogo, Caso de la Comunidad Mayagna.. ., op. cit., nota 36).
44 Caso de la Comunidad Mayagna..., op. cit., nota 36, voto razonado conjunto de los jueces A. A. Cançado Trindade, M. Pacheco Gómez y A. Abreu Burelli, considerando sexto in fine.
45 El derecho consuetudinario indígena se caracteriza por ser un "fenómeno esencialmente dinámico, que por ello, se resiste, en principio, a ser encorsetado en categorías jurídicas preestablecidas, que operarían sin referencia al contexto social y cultural en el que éste se produce, representando una visión abstracta e incluso sesgada de la realidad social. Este carácter dinámico, esencial en el derecho consuetudinario, rechazaría entonces toda idea de positivización" (Barale, Laura et al., "Las comunidades indígenas en la Reforma Constitucional del 1994. Del Principio de Identidad a las Circunstancias de Justicia", Semanario Jurídico. Fallos y Dotrina, Córdoba, República Argentina, núm. 1324, enero de 2001, p. 17).
46 Caso de la Comunidad Mayagna..., op. cit., nota 36, párrafo 151. En este sentido nos advierte la doctrina: "El respeto que se debe a las culturas indígenas no puede llevar a su marginación de los beneficios del desarrollo, que abarcan aspectos sanitarios, educativos, de infraestructura de caminos, energía, vivienda... Además, tampoco puede admitir prácticas contrarias a los derechos humanos más elementales, aun cuando estén incorporadas a sus hábitos culturales", Bidegain, Carlos María, op. cit., nota 42, p. 37.
47 Ibidem, párrafo 145. Cabe destacar que no hay solamente una sola forma posible de usar y gozar de los bienes, sino que cada pueblo, según sus costumbres, características y creencias realizar un determinado "uso y goce de los bienes", por lo que dichos conceptos no son ajenos al ámbito histórico en el que se insertan.
48 Ibidem, voto razonado conjunto de los jueces A. A. Cançado Trindade, M. Pacheco Gómez y A. Abreu Burelli, considerando catorce.
49 Así, por ejemplo, lo contemplan las Constituciones de Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil, entre otras.
50 Bidegain, Carlos María, op. cit., nota 42, p. 39.
51 Barale, Laura et al. , op. cit., nota 45, p. 16.
52 Rivera, José Antonio, "Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en el sistema constitucional boliviano", Anuario 2005 de Derecho Constitucional Latinoamericano, Montevideo, vol. 11, 2005, t. I, p. 210.
53 Caso de la Comunidad Mayagna.. ., op. cit., nota 36, pfo. 89.
54 Rivera, José Antonio, op. cit., nota 52, p. 202.
55 Ibidem, pp. 203 y 204.
56 Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname, sentencia del 15 de junio de 2005, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp.pdf, párrafo 3.
57 El artículo 5o. de la Convención Americana de Derechos Humanos reza que: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
58 Caso de la Comunidad Moiwana, op. cit., nota 56, párrafo 94.
59 Ibidem, párrafo 101.
60 El artículo 22 de la Convención Americana establece que: 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede se restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.
61 Caso de la Comunidad Moiwana, op. cit., nota 56, párrafo 111, punto 9.
62 El artículo 21 de la Convención Americana dispone: 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
63 Caso de la Comunidad Moiwana, op. cit., nota 56, pfo. 131.
64 Ibidem, pfo. 147.
65 Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, sentencia del 10 de septiembre de 1993 (artículo 63.1 CADH), serie C, núm. 15, CIDH, Secretaría, San José, Costa Rica, 1994.
66 Caso de la Comunidad Moiwana, op. cit., nota 56, pfo. 91.
67 Convención de Viena, artículos 26 y 27.
68 Caso de la Comunidad Moiwana, op. cit., párrafo 167.
69 Constitución Nacional Argentina, Constitución de la Provincia de Salta, Ley 7070 de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, Ley 7107 de Áreas Protegidas de la Provincia de Salta, Ley 25.675 denominada Ley General de Ambiente o de Presupuestos Mínimos, Ley de Defensa de la Riqueza Forestal Núm. 13.273, Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre, Ley 24.375 de Aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ley 24.701 de Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los Países afectados por Sequía Grave o Desertificación, Ley 22.344. Aprueba la Convención Internacional sobre Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres (CITES), Tratado de Asunción, República de Paraguay fundacional del Mercosur.
70 Hualpa, Eduardo Raúl, "Sin despojos. Derecho a la participación mapuche-tehuelche", Cuadernos de ENEPA, Chubut, núm. 4, 2003.
71 Carnota, Walter, "Iguales pero distintos. Los indígenas de cara a la Constitución Nacional", Constitución de la Nación Argentina, Santa Fe, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, 2003, t. I, pp. 238 y 239.
72 Aclárase al lector: artículo 14, Convenio OIT, parte pertinente, apartado 2: "Los gobiernos deberán las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión".
73 B. O. del 12 de noviembre de 1985, crea también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Debieron transcurrir más de tres años para que dicha normativa fuera reglamentada, lo que se concretó por medio del Decreto Nacional 155/89, B. O. del 17 de febrero de 1989.
74 Fernández, Edgardo R. s/usurpación, Juzgado de Instrucción núm. II de San Carlos de Bariloche, 21 de abril de 2004.
75 Albarracín, Lelia Inés, "Multiculturalidad y plurilingüismo: el derecho al uso de la propia lengua", VI Jornadas Internacionales de Educación: Complejidad, Rupturas y Desafíos, Ciudad de Concordia, Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional de Entre Ríos, del 4 al 6 de septiembre de 2003.
76 Bazán, Vìctor, "De indios a pueblos indígenas; de la asimilación al pluralismo cultural", Constitución de la Nación Argentina, Santa Fe, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, 2003, t. I, p. 181.
77 Artículos 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 43 de la Constitución Nacional y 12 del Convenio 169 de la OIT, parte pertinente de este último: "Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces".
78 CSJN, Caso Strada, Fallos 308:490, 1986; Caso Di Mascio, Fallos 311:2478, 1988.
79 Las cursivas representan en este caso un adelanto a la valoración crítica de caso por el autor.
80 Urquizo Olaechea, José (dir.), Revista Peruana de Ciencias Penales, Lima, núm. 4, año II, julio-diciembre de 1994, p. 693.
81 Picolotti, Romina y Bordenave Sofía, Caso Comunidad Paynemil, "Los derechos humanos y el medio ambiente", Vega, Juan Carlos (dir.), Derechos humanos: legalidad y jurisdicción supranacional, Córdoba, Editorial Mediterránea, 2006, p. 207.
82 Con ocasión de la toma de posesión del mandatario peruano, Alejandro Toledo, los presidentes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) suscribieron la Declaración de Machu Picchu sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la Pobreza, entre dichos participantes se encuentra el titular correspondiente de nuestro país, así como Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, el Príncipe de Asturias y el secretario de la Comunidad Andina, Lima, Machu Picchu, 28 y 29 de julio de 2001.
83 Caso Sede, Alfredo y Otros c/Vila, Herminia y otro s/Desalojo, III Circunscripción Judicial de Río Negro, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y Minería núm. 5, secretaría única, San Carlos de Bariloche, 12 de agosto de 2004.
84 Mato, Daniel, "Movimiento indígena ecuatoriano: construcción política y epistémica", Compilación, estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder, CLACSO/FaCES/UCV, Caracas, marzo de 2002.
85 Aclárese al lector, artículo 183, Código Penal, "Daños": "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado".
86 Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, "Puel, Raúl sobre Daño, del 12 de marzo de 1999", publicado en www.bioetica.org.com.
87 Rúa, Fernando de la, "La casación penal", Buenos Aires, Depalma, 1994, p. 140.
88 Aclárese al lector: en virtud del artículo 34 incs. 1 y 6 del Código Penal; parte pertinente, no son punibles: 1) El que no haya podido al momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. 6) El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende...
89 Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, t. IV, p. 373.
90 Kalinsky, Beatriz, Diversidad sociocultural y formas punitivas del Estado. En busca de respuestas antropológicas al sistema jurídico penal en el sur de la Provincia del Neuquén, Argentina, Alteridades, 1996, p. 92.
91 Ramírez, Silvina," Diversidad cultural y sistema penal: necesidad de un abordaje multidisciplinario, pena y Estado, justicia penal y comunidades indígenas", Revista Latinoamericana de Política Criminal, Buenos Aires, año 4, núm. 4, 2000, p. 65.
92 Yrigoyen Fajardo, Raquel, Pautas para el reconocimiento constitucional del derecho indígena y su coordinación con el derecho estatal,Guatemala, Fundación Myrna Mack, 1999, cap. 2.
93 Revista Mexicana de Justicia, vol. V, núm. 4, octubre-diciembre, México, 1987.
94 Arias Jorge Meliton c/Comisión Municipal de El Huecu s/acción de inconstitucionalidad, Neuquén, Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, 1o. de julio de 2005.
95 Al respecto se encontraron numerosos antecedentes de este Tribunal Superior de Justicia plasmados en R. I., núms. 1146/94, 1150/94, 1328/96, entre otros.
96 Chase Miguel-Sardi, Augusto y Brun Miguel Ángel Enciso, Hacia una tesis jurídica de la antropología social del apoyo en el Paraguay, Asunción, Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 1990, p. 33.
97 Elizalde H., Antonio, Las nuevas utopías de la diversidad, lo deseable vuelve a ser posible, Santiago de Chile, Polis, Editorial Universidad Bolivariana, vol. II, núm. 6, 2003, p. 523.
98 Shakespeare, William, Hamlet, acto tercero, escena VIII (el Príncipe de Dinamarca les aconseja sobre cómo representar su obra —en virtud del crimen que habían cometido a su padre— a los comediantes 1, 2, 3 y 4).
99 Calamandrei, Piero, El elogio de los jueces, escrito por un abogado, Buenos Aires, Librería El Foro, 1997, p. 69.