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Timestamp: 2020-06-04 00:16:08
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Tren Fugitivo Boliviano: marzo 2011
TRATADO DE PAZ Y AMISTAD SUSCRITO ENTRE CHILE Y BOLIVIA EN 1904 - Texto Completo
Tratado de Paz y Amistad suscrito entre Chile y Bolivia en 1904
Artículo I. Restablécense las relaciones de Paz y Amistad entre la República de Chile y la República de Bolivia, terminando, en consecuencia, el régimen establecido por el Pacto de Tregua.
Artículo II. Por el presente Tratado, quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por éste en virtud del artículo 2º del Pacto de Tregua de 4 de Abril de 1884. El límite de Sur a Norte entre Chile y Bolivia será el que se expresa a continuación:
Artículo IV. El Gobierno de Chile se obliga a entregar al Gobierno de Bolivia la cantidad de trescientas mil libras esterlinas en dinero efectivo y en dos parcialidades de ciento cincuenta mil libras; debiendo entregarse la primera parcialidad seis meses después de canjeadas las ratificaciones de este Tratado; y la segunda, un año después de la primera entrega.
Artículo V. La República de Chile destina a la cancelación definitiva de los créditos reconocidos por Bolivia, por indemnizaciones en favor de las Compañías mineras de Huanchaca, Oruro y Corocoro, y por el saldo del empréstito levantado en Chile en el año 1867, la suma de cuatro millones quinientos mil pesos, oro de diez y ocho peniques, pagadera, a opción de su Gobierno, en dinero efectivo o en bonos de su deuda externa estimados al precio que tengan en Londres el día en que se verifique el pago; y la cantidad de dos millones de pesos, oro de diez y ocho peniques, pagadera en la misma forma que la anterior, a la cancelación de los créditos provenientes de las siguientes obligaciones de Bolivia: los bonos emitidos o sea el empréstito levantado para la construcción del ferrocarril entre Mejillones y Caracoles, según contrato de 10 de julio de 1872; la deuda reconocida a favor de Don Pedro López Gama, representado por los Señores Alsop y Compañía, subrogatarios de los derechos de aquél; los créditos reconocidos en favor de Don Juan G. Meiggs, representado por Don Eduardo Squire, provenientes del contrato celebrado en 20 de marzo de 1876, sobre arrendamiento de salitreras en el Toco; y, finalmente, la suma reconocida en favor de Don Juan Garday.
Artículo VII. La República de Bolivia tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio. Por ahora señala por tales puertos habilitados para su comercio, los de Antofagasta y Arica.
Artículo VIII. Mientras las Altas Partes Contratantes acuerdan celebrar un tratado especial de comercio, el intercambio comercial entre ambas Repúblicas se regirá por las reglas de la más estricta igualdad con las aplicadas a las demás naciones y en ningún caso se colocará a los productos de cualquiera de las dos Partes en condiciones de inferioridad respecto de las de un tercero.
Artículo IX. Los productos naturales y manufacturados de Chile y las mercaderías nacionalizadas, para internarse a Bolivia, serán despachadas con la respectiva factura consular y con las guías de que habla la cláusula séptima. Los ganados de toda especie y los productos naturales de poco valor, podrán ser internados sin ninguna formalidad y despachados con la simple manifestación escrita en las aduanas.
FUENTE: http://www.arica.suritrek.cl/tratado%20Chile-Bolivia.htm
Los Tiempos, Cochabamba, 26-Mar-2011: El vicepresidente Álvaro García Linera no descartó como argumento para demandar a Chile ante tribunales, el "incumplimiento en reiteradas veces" por parte de ese país del Tratado de Paz de 1904, además de que éste ha sido "firmado en el marco de presión militar hacia Bolivia".
Asimismo, manifestó que ese tratado tiene "un conjunto de deficiencias internas que serán objeto de presentación en la demanda ante los tribunales".
"Son varios elementos que nos ponen en condiciones de legalidad para hacer el planteamiento tanto histórico como jurídico en el ámbito internacional", dijo.
Respecto a la posible impugnación de ese tratado, anunciada por el primer mandatario Evo Morales en su discurso del 23 de marzo, el presidente chileno, Sebastián Piñera, desahució esa intención. "Esto constituye una pretensión inaceptable y que implica dar prioridad a una norma interna (la Constitución Política) por sobre un tratado internacional, situación jurídicamente inadmisible", expresó Piñera el miércoles pasado.
El Vicepresidente tampoco precisó cuándo se presentará la demanda y si será La Haya el tribunal al que acudirá Bolivia, aunque dijo que era una opción, la misma que será definida por la comisión.
La estrategia y las razones por las cuáles el Gobierno decidió seguir esta nueva vía para reclamar a Chile una salida soberana al Pacífico, sería dada a conocer a los bolivianos el próximo lunes 28 por el presidente Evo Morales.
Diálogo y litigio
Por otra parte, en coincidencia con lo manifestado el jueves por el canciller David Choquehuanca, García Linera ratificó ayer, durante una rueda de prensa en La Paz, que mantendrá el diálogo con Chile y en paralelo demandará a ese país en tribunales internacionales por una salida "soberana" al Pacífico pese a que el presidente chileno, Sebastián Piñera, advirtió que ambos caminos son incompatibles.
"Bolivia no cierra las puertas del diálogo", pero "paralela y complementariamente" irá a cortes internacionales para pedir a Chile el acceso al Pacífico, que perdió en una guerra librada por ambos países a fines del siglo XIX, manifestó al anotar que no existe la disyuntiva entre los dos caminos.
"El diálogo entre pueblos, entre Gobiernos se mantiene; lo deseamos, lo buscaremos y si da resultados antes de que la propia demanda llegue a destino, excelente. Pero si estos acercamientos no dan resultados, contamos con la definición que pueda tomar un tribunal internacional", dijo Linera.
Afirmó que la estrategia de acudir a cortes internacionales se trabajó en forma paralela al diálogo iniciado en 2006 con la entonces presidenta chilena, Michelle Bachelet, porque Bolivia sabía "que esa opción de confianza y de diálogo bilateral sincero, franco podía requerir un complemento".
Recordó que Bolivia pidió en diciembre pasado "una propuesta formal" a Chile para continuar el diálogo, pero como no la hubo, entonces se decidió avanzar con la demanda.
"En los hechos, más allá de ciertas flexibilidades, siempre ha sido no", aseguró el Vicepresidente al convocar a los bolivianos a respaldar esta nueva decisión del Gobierno y las acciones futuras a seguirse.
Las reacciones de la oposición, mientras tanto, contra la decisión del acudir a tribunales internacionales continuaron ayer. En el Legislativo anunciaron que aguardarán unos días para conocer exactamente las intenciones del gobierno para convocar al Canciller a dar un informe en esa instancias legislativa.
Por su parte, los oficialistas ratificaron su respaldo a la decisión y justificaron la necesidad del giro que se dio en las relaciones con Chile.
Aprueban Tratado de Bogotá
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer el llamado Pacto de Bogotá de 1948, instrumento legal necesario para que Bolivia lleve a tribunales internacionales la demanda de salida soberana al océano Pacifico.
El proyecto fue remitido ayer a la Cámara de Senadores para su debate y aprobación, informó el titular de Diputados, Héctor Arce.
Según el legislador, el también conocido como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas viabilizará las acciones futuras para las relaciones internacionales que tenga Bolivia sobre el tema marítimo.
El miércoles pasado, el presidente Evo Morales recomendó a la Asamblea Legislativa viabilizar instrumentos legales de alcance internacional que posibiliten a Bolivia acudir a tribunales internacionales.
Además del Tratado de Bogotá, que posibilitará acudir a la Corte Internacional de la Haya, Bolivia también deberá ratificar el Tratado de Viena, según los juristas.
A juicio de Arce, esa estrategia es una opción digna y correcta, sin abandonar los avances multilaterales en la construcción de una realidad diferente.
El presidente Evo Morales convocó para el próximo lunes 28 a una reunión a dirigentes de las organizaciones sindicales e instituciones de la sociedad civil para explicarles las razones por las que se apelará a tribunales internacionales para impulsar la política boliviana de una salida soberana a las costas del Pacífico.
El canciller David Choquehuanca informó que el país decidió activar los mecanismos del Pacto de Bogotá, para encarar una solución a la centenaria demanda marítima boliviana y estos temas deben conocer las organizaciones sociales.
"Por eso que el presidente Evo Morales ha tomado la decisión de tener una reunión para informar y hacer conocer la política exterior de salida soberana al pacífico y la estrategia que ha tomado el Gobierno Nacional", dijo.
Al encuentro fueron invitados dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), magisterio urbano, rural, fabriles, juntas vecinales y otros sectores de la sociedad boliviana.
El Vicepresidente convocó a todos los bolivianos a unirse en torno a la decisión de acudir a tribunales internacionales.
El Pacto de Bogotá, también conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, fue suscrito el 30 de abril de 1948 por los países independientes de América reunidos en la IX Conferencia Panamericana en la ciudad de Bogotá, Colombia.
El objetivo del tratado es de imponer una obligación a los signatarios para resolver sus conflictos los medios pacíficos. También se les obliga a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas. Este pacto contempla como medios de solución pacífica de conflictos: los buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. Confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia.
El tratado entró en vigencia el 6 de mayo de 1949 y se registró en la ONU siete días más tarde. Entre los 21 países signatarios, sólo 15 lo ratificaron, ocho presentaron reservas y otro presentó una denuncia sobre éste (El Salvador).
Bolivia no ratificó el tratado y durante su aprobación la delegación boliviana formuló reserva al artículo VI, pues considera que los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las partes, cuando dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado.
Fecha: 26-Mar-2011
Publicado por Alan Vargas Lima en 12:03:00 p. m.
Etiquetas: ÁLVARO GARCÍA LINERA, DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA, MAR BOLIVIANO, TRATADO DE 1904
La Razón – 31 de marzo de 2011
La frontera de Chile llegaba hasta Tarapacá. Antofagasta formaba parte del territorio boliviano. Más al norte, Arica e Iquique eran parte del Perú. Chile sostenía que su soberanía corría desde el paralelo 23; Bolivia, que le correspondía hasta el paralelo 25. Ese debate se prolongó por cerca de 30 años, hasta que en 1863 el Congreso boliviano autorizó declarar la guerra a Chile, que había declarado como su propiedad dichos territorios, en caso de que no desocupe el Litoral boliviano. Estos acontecimientos tuvieron un giro importante luego del conflicto surgido entre Perú y España, en 1865.
Concluida esta disputa, se reinicia la reivindicación chilena hasta la firma del Tratado de 1866, que determina como línea divisoria el paralelo 24 del mar a los Andes, además de la repartición equitativa entre ambos países de los impuestos provenientes de la exportación del guano descubierto y por descubrir entre los grados 23 y 25.
Sin embargo, surgieron divergencias entre ambos países al momento de aplicar las cláusulas económicas, volviendo a crearse un clima de tensión que duró varios lustros. El 6 de agosto de 1874 se firma un nuevo Tratado dejando sin efecto el anterior, en este nuevo pacto se mantuvo como límite el paralelo 24 y la renuncia de Chile a sus derechos soberanos al norte de esa línea.
En 1878, el presidente Daza ordena al prefecto de Antofagasta cobrar 10 centavos por cada quintal de salitre exportado. Aprovechando esta violación al Tratado de 1874, Chile decide romperlo de manera unilateral. En 1879, su ejército ocupa el puerto de Antofagasta, reivindicando para sí los territorios situados entre los paralelos 23 y 24 antes cedidos a Bolivia. Finalizada la Guerra del Pacífico, se firma un Pacto de Tregua en 1884 que declaraba suspendidas las hostilidades entre ambos países. Dicho documento no especifica la pertenencia de los territorios ocupados entre los paralelos 23 y 24.
Finalmente, tras largos años de negociaciones y ante la presión de Chile se firma en 1904 el Tratado definitivo de paz entre ambos países, por el cual Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile en todos los territorios ocupados en virtud del Pacto de Tregua. Sin embargo, en ninguna parte de este documento se deroga o abroga el Tratado de 1874, que estableció que el límite entre ambos países era el paralelo 24, por tanto, los territorios bolivianos comprendidos en ese paralelo continúan siendo de Bolivia.
Por consiguiente, la posición del presidente Evo Morales de colocar el tema marítimo ante los tribunales internacionales es una decisión acertada que todos los bolivianos debemos respaldar.
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=127773&EditionId=2484
El Tratado boliviano-chileno de 20 de octubre de 1904
Una eventual demanda de nulidad del Tratado de 1904 –aun sin precisar ante qué instancia sería pertinente plantearla– aparentemente podría constituir un camino adecuado para la solución de la mediterraneidad de Bolivia. En efecto, cuando se cuenta con argumentos respaldados por hechos y evidencias incuestionables, en este caso la violencia y la amenaza, es comprensible que se aconseje demandar la nulidad de un pacto.
Pero cuando se trata de concretar una política revisionista de la situación creada por el Tratado de 1904, interponiendo una demanda de nulidad, surgen obstáculos difíciles de salvar. Esta comprobación no significa ignorar por anticipado la justicia de un planteamiento de esta naturaleza, sino que resulta de la necesidad de estudiar cuidadosamente esta posibilidad con dos líneas de razonamiento: la una, estrictamente técnico–jurídica, basada en principios universales reconocidos y en las normas internacionales en vigencia; y, la otra, considerando las peculiaridades del Derecho Internacional Público y, a la vez, tomando en cuenta el grado de avance de esta rama jurídica en los ciento veinticinco años que han transcurrido desde la suscripción del Tratado de 1904.
Una advertencia adicional: Para considerar los aspectos jurídicos en este asunto, se parte de un hecho incontrastable: Bolivia nació a la vida independiente con un territorio costero bajo su soberanía. No habrá, por tanto, mención a la majadería de ciertos historiadores chilenos que sostienen que Bolivia nunca tuvo acceso al Océano Pacífico. En un notable trabajo, el que fue diplomático e historiador, don Juan Siles Guevara, expone contundentemente, como lo hicieron muchos otros esclarecidos bolivianos, nuestros títulos sobre el territorio del Litoral. Esto exime de insistir en un alegado y en una exposición más de los derechos originales.
a) Se entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular.”
El profesor Charles Rosseau, ofrece esta definición de los tratados internacionales: “Cualquiera que sea su denominación, el tratado internacional se nos aparece como un acuerdo entre sujetos del derecho de gentes destinado a producir determinados efectos jurídicos”.
El profesor César Sepúlveda, afirma: “Los tratados son por excelencia la manifestación más objetiva de la vida de relación de los miembros de la comunidad internacional. Pueden definirse, en sentido amplio, como los acuerdos entre dos o más Estados soberanos para crear, para modificar o para extinguir una relación jurídica entre ellos”. Habrá que mencionar que los tratados también son los suscritos por otros sujetos internacionales recientemente reconocidos en esta calidad, como los organismos internacionales.
Por otra parte, un tratado, para su conclusión, supone varias fases: la negociación, la firma y la ratificación según el procedimiento constitucional que establezca el ordenamiento jurídico interno de las partes. Sobre la negociación no existen normas definidas, aunque generalmente éstas se desarrollan entre agentes diplomáticos de las partes. En algunos casos, especialmente en convenios comerciales y de integración, se ha hecho frecuente que las negociaciones sean encomendadas a técnicos y especialistas. En realidad, la negociación de un tratado es una fase preliminar de la que no nacen obligaciones pues el vínculo jurídico se establece con la firma y la ratificación.
Uno de esos requisitos consagrados para la validez de los tratados es que, quienes los firman cuenten con la expresa representación de su gobierno. El poder otorgado a quien está encargado por su país para suscribir un tratado, se consigna en un documento –plenipotencia o plenos poderes– autorizado y suscrito por el respectivo Jefe de Estado que es el conductor de las relaciones exteriores de su país.
Para la suscripción del Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904, el Presidente de la República de Bolivia otorgó plenos poderes al Plenipotenciario don Alberto Gutiérrez y el Presidente de Chile al Ministro de Relaciones Exteriores don Emilio Bello Codesido. Conforme a la práctica establecida, a la firma del tratado, se canjearon los respectivos plenos poderes “hallándolos en buena y debida forma”.
Pese a que las formas en el Tratado fueron inobjetables a la firma del tratado, surgió una importante cuestión referida al territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24. En efecto, el artículo 2° establece que “...quedan reconocidos de dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por éste en virtud del artículo 2° del Pacto de Tregua de 4 de abril de de 1884”. Inmediatamente fue advertido que no se mencionaba expresamente el territorio comprendido entre los mencionados paralelos, aunque se indicaba que el tratado se refería al “dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por éste...”. Esto fue resuelto a menos de dos meses de la suscripción del Tratado.
Recientemente se expuso nuevamente la cuestión, como un punto que podría favorecer a Bolivia en la recuperación de ese territorio, presuntamente no cedido a Chile por el Tratado de 1904. Quizá por falta de difusión se desconocía que hubo una posterior aclaración. En efecto, el 15 de noviembre de 1904, en el Acta Aclaratoria del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia, suscrita en Santiago por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Luis A. Vergara y el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Chile, don Alberto Gutiérrez, se recoge lo expuesto por el representante boliviano, en sentido de que “...debidamente autorizado por su Gobierno, no tenía inconveniente para hacer la declaración pedida por el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, esto es, que el Gobierno de Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile en el territorio situado entre los paralelos 23 y 24 de latitud meridional, desde el mar hasta el actual deslinde con la República Argentina”. En realidad, de no darse la aclaración, Bolivia quizá hubiera podido jurídicamente, pero siempre en el campo teórico, reclamar soberanía sobre el territorio mencionado, aunque hubiera supuesto una solución de continuidad del territorio chileno, sin conexión con Bolivia.
La otra cuestión es mucho más importante y dramática. El Tratado de 1904 fue producto de la imposición, respaldada por la fuerza; fue el resultado de la conquista y suscrito cuando Chile ocupaba militarmente el territorio que fuera incuestionablemente boliviano. Claro que hay chilenos, que sostienen majaderamente que el Tratado de 1904 no fue resultado de la presión y la amenaza, puesto que, cuando se suscribió –dicen– no había tropas chilenas en territorio boliviano. La distorsión, se hace notoria ante la evidencia, reconocida aún en el tratado de 1904: “... quedan reconocidos del dominio absoluto de Chile los territorios ocupados por éste...”.
Pero es más: Chile, en el tiempo en que se negoció, suscribió y ratificó el mencionado tratado, ocupaba por la fuerza con pleno control militar, como resultado de una guerra, el territorio boliviano del Litoral y sus poblaciones y puertos como Antofagasta, Mejillones y Tocopilla y la población de Calama. Aunque con diferentes connotaciones a las que tienen los pactos en el derecho común, es inobjetable que hubo violencia y, por tanto, un vicio en el consentimiento. Se trató, en efecto, del consentimiento dado por una Nación amenazada, como lo prueba la nota de 13 de agosto de 1900 enviada al Gobierno de Bolivia por el representante diplomático chileno en La Paz, Abraham König. He aquí algo de lo dicho en esa carta:
“...sabido es de todos los que conocen los recursos de mi país –Chile–, que su poder ofensivo se ha centuplicado en los últimos veinte años”.
Aunque lo anterior constituye una evidencia, el avance del derecho internacional y, en especial, del derecho de los tratados, no siempre es –por increíble que parezca al jurista– una causal para invocar la nulidad de lo pactado.
Y no es que no se haya intentado este camino.
4. EL CAMINO DE LA REVISIÓN DEL TRATADO DE 20 DE OCTUBRE DE 1904.
a) Demanda de nulidad del Tratado de 1904 ante organismos internacionales
Habrá que recordar que el artículo 19 del Tratado de Versalles que constituyó la Liga de las Naciones, expresaba: “De tiempo en tiempo, la Asamblea podrá invitar a los Estados miembros de la Liga a proceder a un nuevo examen de los tratados que hayan llegado a ser inaplicables, así como de las situaciones internacionales cuyo mantenimiento pudiera poner en peligro la paz del mundo”.
Entre las atribuciones de dicho organismo, no figuraba la de revisar, per se, un tratado internacional; lo que sí estaba entre sus facultades, era “invitar a los Estados” a “un nuevo examen”. Y como la demanda era la revisión por parte de la organización internacional, no fue sorprendente que según el criterio de la comisión creada para estudiar la demanda –como había sido planteada– ésta resultara inadmisible “porque la Asamblea de la Sociedad de las Naciones no puede modificar por sí misma ningún pacto y porque la revisión de los tratados es de la sola competencia de los Estados contratantes”.
Jorge Escobari Cusicanqui –seguramente recogiendo una referencia del miembro de la delegación boliviana a la Asamblea de la Liga, Carlos Víctor Aramayo, en sentido de que el fallo sólo se centró en una cuestión de procedimiento–, afirma que la comisión nombrada por la Asamblea de la Liga de las Naciones, “fundó su informe desfavorable en la forma..., sin llegar a pronunciarse sobre el fondo de la misma”. No hay tal. El texto del informe de la comisión, cuando menciona que “tal como ha sido presentada la demanda de Bolivia”, se refiere a una demanda (la boliviana) orientada a que sea el propio organismo el que resuelva el tema. En efecto “para obtener de la Liga de las Naciones la revisión de Tratado de Paz...”, decía la demanda boliviana, o sea que se pedía que sea este organismo el que decida la revisión del Tratado de 1904, sin promover, como lo disponía el Tratado de Versalles, la aprobación de una invitación de la Asamblea para que los propios países signatarios del Tratado impugnado consideren la revisión del mismo.
En las relaciones exteriores hay, como se ya se ha mencionado anteriormente en este trabajo, un decisivo componente político que frecuentemente se sobrepone a consideraciones jurídicas. Lo jurídico, en efecto, no siempre es reconocido en un mundo en el que no se ha llegado a la conformación de un ente con poderes supranacionales para resolver, por sí mismo, las controversias, entre ellas las limítrofes, si no se cuenta, para ello, con el asentimiento de las partes.
El argumento de que el tratado fue impuesto por la fuerza –aunque ampliamente conocido y probado– no resultó convincente para la Sociedad de las Naciones. Se acababa de salir de la más terrible guerra librada hasta entonces y, como consecuencia de ella, se había establecido un estatuto territorial diferente al vigente antes de la llamada la “Gran Guerra” (luego se la conocería como la Primera Guerra Mundial).
Cuando se presentó la demanda boliviana ante la Sociedad de las Naciones, hay que reiterarlo, no había llegado el tiempo –aún no ha llegado– en que un organismo internacional tenga la facultad de restablecer el derecho o la justicia dañados por un tratado de límites impuesto por la fuerza.
La revisión de los tratados con la participación de los organismos internacionales, es un importante tema de debate en la doctrina del Derecho Internacional Público. Un claro criterio al respecto es el expuesto por el profesor Charles Rousseau: “El problema que plantea la revisión de las normas convencionales es, en verdad, el problema fundamental del derecho internacional, ya que para el jurista carece de sentido la noción de acto intangible, tanto en el orden internacional como en el interno. Por ello no es posible silenciar el hecho de que el artículo 19 (del Tratado de Versalles) permaneció inaplicado, de modo sistemático, durante los veinte años de funcionamiento de la Sociedad de las Naciones y que, a partir de 1935, potencias interesadas en el mantenimiento del statu quo existente en Europa, se mostraron más dispuestas a admitir su cambio por medio de la fuerza que a aceptar voluntariamente su revisión pacífica”.
El avance que se esperaba tampoco se dio al término de un nuevo conflicto generalizado (la Segunda Guerra Mundial, 1939–1946). En la Carta de San Francisco que creó la Organización de Naciones Unidas, no hubo una repetición, aun tímida o limitada, de lo dispuesto por el artículo 19 del Tratado de Versalles. En efecto, no se incluyó ningún procedimiento para la revisión de los tratados, ni siquiera en la forma de recomendación o invitación a los Estados para que negocien el tema. Se limitó a que la Asamblea General puede “recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones...que pudieran perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre las naciones...” (Artículo 14 de la Carta). El artículo 12, numeral I, a este respecto establece una disposición aún más restrictiva: “Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna la Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación”.
La anodina norma de la Carta de las Naciones Unidas, también es comentada por el Profesor Charles Rousseau: “Por desgracia, la experiencia de la primera posguerra no parece haber servido de mucho, ya que, a diferencia del Pacto de la S. de N. –que por lo menos había previsto un mecanismo de revisión– la Carta de las Naciones Unidas no ha incluido en su texto ningún procedimiento de modificación de los tratados”. Y lo que resulta más preocupante: “En estas condiciones es de temer que la inevitable adecuación del derecho a la realidad acabe efectuándose, tarde o temprano, con procedimientos extrajurídicos, en detrimento del derecho y de la paz”.
Por el Tratado de Límites de 6 de agosto de 1874, Bolivia y Chile, se menciona que ambas partes “han determinado celebrar un nuevo tratado de límites que modificando el celebrado en el año 1866...”.
El enfoque jurídico del mandatario boliviano, ciertamente coincidía con la línea de pensamiento del Profesor Rousseau, antes citado y que vale la pena repetir: “El problema que plantea la revisión de las normas convencionales es, en verdad, el problema fundamental del derecho internacional, ya que para el jurista carece de sentido la noción de acto intangible, tanto en el orden internacional como en el interno”. Pero lo notorio y curioso es que Guevara Arze se refirió a “nuestro planteamiento formal... para la sustitución de aquellos Tratados que determinaron nuestra mediterraneidad”, planteamiento que –fuera del discurso presidencial– no fue presentado a la Asamblea General de la OEA por la delegación boliviana encabezada por el canciller de entonces, Gustavo Fernández Saavedra. En cambio, se presentó un proyecto de resolución instando a Chile y Bolivia a negociar para que Bolivia obtenga un “acceso soberano y útil al océano Pacífico”. El proyecto de resolución, al fin, fue formalmente propuesto por el canciller venezolano y aprobado por los representantes de América que estuvieron presentes a tiempo de su consideración.
¿Qué fue lo que determinó la incongruencia entre el discurso presidencial y la acción de la Cancillería? Quizá predominó, luego de un último análisis –por cierto posterior a la solemne declaración presidencial– el criterio realista de que el planteamiento de “sustitución” no habría concitado entonces el apoyo de los países de América. Walter Montenegro Soria revela que “en las diversas tareas (seguramente de preparación de las negociaciones para obtener el apoyo mayoritario de los países de la OEA al proyecto de resolución que al fin fue aprobada) intervinieron personalmente el Canciller Fernández, el Subsecretario General Alfredo Jiménez C. y el propio presidente Guevara”. Esto sugiere que el Presidente Guevara modificó su posición en este punto, cuya definición es y será esencial en la política boliviana a seguir en el empeño de resolver el problema de la mediterraneidad que enclaustra al país.
En los tres últimos intentos concertados entre Bolivia y Chile para negociar una solución de la mediterraneidad (1950, 1975 y 1987), no hubo proposición boliviana para revisar el Tratado de 1904, puesto que las fórmulas de solución negociadas no afectaban a ese Tratado. Es más, Bolivia, ante la falta del avance jurídico internacional que permita demandar la revisión de un tratado por un organismo internacional, no tuvo más remedio que actuar en el marco de los pactos suscritos. Este es el caso de una eventual cesión de una salida soberana al mar por una porción del territorio de Arica, que requeriría un acuerdo peruano–chileno, en virtud del Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929 que esos países tienen suscrito, pero no supondría modificación del Tratado boliviano–chileno de 1904.
Respecto de la validez de los tratados, recientemente se han convenido reglas que han sido recogidas en la ya citada Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 23 de mayo de 1969 –entró en vigor el 27 de enero de 1980 a la trigésima quinta ratificación–, entre las que se destaca, precisamente, la que se refiere a la “nulidad o terminación de un tratado” por vicios del consentimiento.
Por otra parte, y esto es importante tomar en consideración, la Convención de Viena no es retroactiva, por lo que sus normas –incluidas las que se refieren a las causas de la nulidad de los tratados– no son aplicables al Tratado boliviano – chileno de 20 de octubre de 1904. Sin embargo, vale la pena mencionar esas disposiciones sobre la nulidad de los tratados:
“52. Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.”
En la Parte V, Sección Cuarta, numeral 65 de la Convención se establece un procedimiento a seguir en una acción que tienda a anular un tratado por vicios del consentimiento.
Parece pertinente repetir, una vez más, aquello de que “...hay algo más fuerte que la voluntad de los hombres y que acabará por imponerse: el imperativo geográfico... Complemento esencial de la montaña es el mar y hacia éste acaba por abrirse paso, aunque para ello se requiera de siglos...”
FUENTE: http://www.hoybolivia.com/Blog.php?IdBlog=36757&tit=el_tratado_boliviano-chileno_de_20_de_octubre_de_1904
La presión chilena fue asfixiante. En 1900, un ministro de mentalidad y arrogancia prusianas fue enviado a Bolivia con un ultimátum. En un texto amenazador dejó, empero, claramente establecido que el Litoral era boliviano y que Chile lo tomó como un botín. En medio de gran controversia política y con posiciones encontradas de los diferentes sectores de opinión en el país, se produjo la firma del tratado entre Bolivia y Chile. Estaba destinado a poner punto final a las desavenencias entre los dos países, algo que no se ha logrado hasta ahora. He aquí un texto resumido del controvertido convenio.
TRATADO DE PAZ, AMISTAD Y COMERCIO SUSCRITO ENTRE BOLIVIA Y CHILE - 20 de octubre de 1904
Artículo I. Restablécense las relaciones de Paz y Amistad entre la República de Chile y la República de Bolivia terminando, en consecuencia, el régimen establecido en el Pacto de Tregua.
Artículo II. Por el presente tratado quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por éste en virtud del artículo segundo del Pacto de Tregua de 4 de abril de 1884. El límite de sur a norte entre Chile y Bolivia, será el que se expresa a continuación: De la cumbre más alta del cerro Zapaleri en línea a la cumbre más alta del cerro Guayaques en la latitud aproximada de veintidós grados 54 minutos. (A continuación hay una muy extensa y detallada descripción de los límites).
Artículo III. Con el fin de estrechar las relaciones políticas y comerciales de ambas repúblicas, las Altas Partes Contratantes convienen en unir el puerto de Arica con el Alto de La Paz por un ferrocarril, cuya construcción contratará a su costa el Gobierno de Chile dentro del plazo de un año contado desde la ratificación del presente Tratado. La propiedad de la sección boliviana de este ferrocarril se traspasará a Bolivia a la expiración del plazo de 15 años desde el día en que esté totalmente terminado.
Artículo IV. El Gobierno de Chile se obliga a entregar al Gobierno de Bolivia la cantidad de trescientas mil libras esterlinas, en dinero efectivo y en dos parcialidades de ciento cincuenta mil libras, debiendo canjearse la primera parcialidad seis meses después de canjeadas las ratificaciones de este Tratado, y la segunda, un año después de la primera entrega.
Artículo V. La República de Chile destina a la cancelación definitiva de los créditos reconocidos por Bolivia por indemnización en favor de las compañías mineras de Huanchaca, Oruro y Corocoro y por el saldo del empréstito levantado en Chile el año 1867, la suma de cuatro millones quinientos mil pesos oro de 18 peniques.
Artículo VII. La República de Bolivia tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio. Por ahora se señala por tales puertos habilitados para su comercio, los de Antofagasta y Arica. Las agencias cuidarán que las mercaderías destinadas en tránsito se dirijan del muelle a la estación del ferrocarril y se carguen y transporten hasta las aduanas de Bolivia en vagones cerrados y sellados con guías que indiquen el número de bultos, peso y marca, número y contenido que serán canjeados con tornaguías.
Artículo VIII. Mientras las Altas Partes Contratantes acuerdan celebrar un tratado especial de comercio, el intercambio comercial entre ambas repúblicas se regirá por las reglas de la más estricta igualdad con las aplicadas a las demás naciones y, en ningún caso, se colocará a los productos de cualquiera de las dos partes en condiciones de inferioridad respecto a las de un tercero.
Artículo IX. Los productos naturales y manufacturados de Chile y las mercaderías nacionalizadas, para internarse en Bolivia serán despachadas con la respectiva factura consular y con las guías de que habla la cláusula séptima. Los ganados de toda especie y los productos naturales de poco valor podrán ser internados sin ninguna formalidad y despachados con la simple manifestación escrita en las aduanas.
Artículo X. Los productos naturales y manufacturados de Bolivia, en tránsito para el extranjero, serán exportados con guías y franqueados por las aduanas de Bolivia o por los funcionarios encargados de este objeto. Por el puerto de Arica, el comercio de importación se verificará con iguales formalidades que el de Antofagasta, debiendo franquearse en este puerto las guías de tránsito con las mismas especificaciones que las indicadas en los artículos anteriores.
Artículo XI. No pudiendo Bolivia poner en práctica este sistema inmediatamente, continuará observándose por el término de un año el que se halla establecido actualmente en Antofagasta, que se hará extensivo al puerto de Arica.
El Pacto de Tregua y el Tratado de Paz. El Pacto de Tregua suscrito entre Bolivia y Chile en 1884 (que puso fin al estado de beligerancia que hasta entonces existía), entregó en administración temporal de este país parte del Litoral boliviano, entre los paralelos 23 y 24. Se dejó, por consiguiente, abierta la posibilidad de que una vez ajustado el convenio definitivo de paz, ese pedazo (que sólo representaba una tercera parte del territorio disputado), volviera a la soberanía boliviana. Sin embargo, mediante el Tratado de 1904, Bolivia, bajo nueva amenaza de guerra por parte de Chile, fue obligado a renunciar a perpetuidad en favor de este país, los cuatro grados geográficos del antiguo Litoral.
La victoria, Ley Suprema de las naciones. Correspondió al señor Abraham Koening, enviado diplomático de Chile en Bolivia, lanzar el ultimátum contenido en los siguientes términos:
Esta brutal y sucia amenaza tuvo la virtud, al menos, de reconocer que el Litoral fue siempre boliviano y que Chile se apoderó de él por la fuerza. Tal como, en fecha reciente, lo habían hecho Alemania y Estados Unidos. Estaba claro que si Bolivia persistía en su empeño de no ceder territorio mediante un tratado, la conquista podía reanudarse hacia el corazón del país. Así lo entendió el gobernante partido liberal bajo la presidencia de su jefe, el general Ismael Montes.
La ratificación de este tratado, que tuvo lugar al año siguiente, encontró una férrea oposición congresal. Entre los parlamentarios que adoptaron esta línea destacaron Daniel Salamanca (Cochabamba), Carlos V. Romero (Chuquisaca), Pablo E. Roca (Santa Cruz) y Tomás O\\'Connor (Tarija). Su elocuencia y patriotismo nada pudieron frente a la férrea decisión oficialista de consumar la entrega a cambio de un ferrocarril y 300 mil libras esterlinas. La oposición (que pronto se iba a convertir en Partido Republicano) lo consideró como una vulgar venta de territorio.
http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia32063.asp
Véase también: Datos Históricos sobre el tratado bilateral entre Bolivia y Chile de 1904
Etiquetas: 132 AÑOS, BOLIVIA Y CHILE, DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA, REINTEGRACIÓN MARÍTIMA, TRATADO DE 1904