Source: https://bolivia.infoleyes.com/norma/1521/ley-004
Timestamp: 2016-07-29 17:50:38
Document Index: 343031189

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 363', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 173', 'Artículo 225', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 105', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 177', 'Artículo 185', 'Artículo 230', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 344', 'Artículo 37', 'Artículo 366', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 1502', 'Artículo 1552', 'Artículo 1540', 'Artículo 1553', 'Artículo 36', 'Artículo 158', 'Artículo 25', 'Artículo 123', 'Artículo 25', 'Artículo 116']

Ley de Lucha contra la Corrupcion, Enriquecimiento Ilicito e Investigacion de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz (004) - Infoleyes BoliviaToggle navigation
Está viendo el TEXTO ORIGINAL (no actualizado) de la norma. Para consultar el TEXTO ORDENADO de la misma, con sus últimas actualizaciones, debe ingresar como usuario suscrito.Deseas ver el potencial de Infoleyes?Prueba gratis todos los beneficios por 30 díasEmpezar ahoraLey de Lucha contra la Corrupcion, Enriquecimiento Ilicito e Investigacion de Fortunas Marcelo Quiroga Santa CruzLey 00431 de Marzo, 2010VigenteVersión originalEVO MORALES AYMA PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIAPor cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,DECRETA:LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZCAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALESArtículo 1. (Objeto).La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos en el marco de laConstitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes. Artículo 2. (Definición de Corrupción).Es el requerimiento o la aceptado, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Artículo 3. (Finalidad).La presente Ley tiene por finalidad la prevención, acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil. Artículo 4. (Principios).Los principios que rigen la presente Ley son:
Imparcialidad en la Administración de Justicia.Toda boliviana y boliviano tiene el derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia. Artículo 5. (Ámbito de Aplicación).I.La presente Ley se aplica a:1) Los servidores y ex servidores públicos de todos los Órganos del Estado Plurinacional, sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o desconcentradas, y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas.2)Ministerio Público, Procuraduría General de Estado, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Bolivia, Contraloría General del Estado, Universidades y otras entidades de la estructura del Estado.3) Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.4)Entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica.5)Personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción causando daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos.II.Esta Ley, de conformidad con laConstitución Política del Estado, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicación preferente.CAPÍTULO IIDE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓNArtículo 6. (Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas).I.Se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, que estará integrada por:a)Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupciónb)Ministerio de Gobiernoc) Ministerio Públicod)Contraloría General del Estadoe)Unidad de Investigaciones Financierasf)Procuraduría General del Estadog)Representantes de la Sociedad Civil Organizada, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 y 242 de laConstitución Política del Estado y la Ley.II.El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, estará presidido por el Titular del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
III.El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, deberá reunirse en forma ordinaria por lo menos cuatro veces al año y extraordinariamente a convocatoria de cuatro de sus miembros. Artículo 7. (Atribuciones del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas).Las
atribuciones del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas son las siguientes:1.Proponer, supervisar y fiscalizar las políticas públicas, orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupción, para proteger y recuperar el patrimonio del Estado.2.Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, elaborado por el Ministerio del ramo, responsable de esas funciones.3.Evaluar la ejecución del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.4.Relacionarse con los gobiernos autónomos en lo relativo a sus atribuciones, conforme a la normativa establecida por laLey Marco de Autonomías y Descentralización. Artículo 8. (Obligación del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas de Informar sobre Resultados).El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas tiene la obligación de informar anualmente al Presidente del Estado Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Sociedad Civil Organizada, sobre el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción y las metas y resultados alcanzados en su ejecución. Artículo 9. (Control Social).De conformidad con laConstitución Política del Estado, el Control Social será ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción. Podrán participar del control social todos los actores sociales, de manera individual y/o colectiva. Artículo 10. (Derechos y Atribuciones del Control Social).De manera
enunciativa pero no limitativa, son derechos y atribuciones del Control Social:a)Identificar y denunciar hechos de corrupción ante autoridades competentes.b)Identificar y denunciar la falta de transparencia ante las autoridades competentes.c)Coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupción. Artículo 11. (Tribunales y Juzgados Anticorrupción).I.Se crea los Tribunales y Juzgados Anticorrupción, los cuales tendrán competencia para conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción y delitos vinculados, todo en el marco de respeto al pluralismo jurídico.II.El Consejo de la Magistratura designará en cada departamento el número de jueces necesarios para conocer y resolver los procesos, de acuerdo a laConstitución Política del Estado. Artículo 12. (Fiscales Especializados Anticorrupción).El Fiscal General del Estado, conforme a laLey Orgánica del Ministerio Público, designará en cada Departamento a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción y delitos vinculados. Artículo 13. (Investigadores Especializados de la Policía Boliviana).La Policía Boliviana contará con investigadores especializados anticorrupción, dentro de una División de Lucha Contra la Corrupción en cada Departamento, quienes desempeñarán sus actividades bajo la dirección funcional de los fiscales. Articulo 14. (Obligación de Constituirse en Parte Querellante).La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por Ley, deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos éstos, debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes. Su omisión importará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley. Artículo 15. (Jurisdicción Indígena Originaria Campesina).La aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina se regirá conforme disponen los Artículos 190, 191 y 192 de laConstitución Política del Estadoy la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Artículo 16. (Sistema de Evaluación Permanente).Los jueces, fiscales y policías especializados estarán sujetos a un sistema de evaluación permanente implementado en cada entidad, tomando en cuenta los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, para garantizar la probidad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones; En este sistema de evaluación tendrá participación el Control Social. Artículo 17. (Protección de los Denunciantes y Testigos).I.Se establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos que estará a cargo del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, de acuerdo a reglamento.II.El Sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a denunciantes y testigos, así como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros partícipes directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento.III.El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, guardará reserva de la identidad de las personas particulares y servidoras o servidores públicos que denuncien hechos y/o delitos de corrupción y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones.IV.En caso de pronunciarse sentencia absolutoria, conforme el inc. 3) del Artículo 363 delCódigo de Procedimiento Penal, ejecutoriada la misma, la instancia jurisdiccional que tomó conocimiento inicial del proceso, a solicitud de la parte interesada levantará la reserva de identidad en el plazo máximo de 72 horas. Sin perjuicio que el acusado inicie la acción recriminatoria contra el titular de la acción penal. Artículo 18. (Atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras).Además de las establecidas por Ley, la Unidad de Investigaciones Financieras tendrá las siguientes atribuciones:1.A requerimiento escrito del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Procuraduría General del Estado y/o de los Fiscales Anticorrupción, o de oficio, analizará y realizará actividades de inteligencia financiera y patrimonial, para identificar presuntos hechos o delitos de corrupción.2.Remitir los resultados del análisis y antecedentes al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Procuraduría General del Estado, Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente, cuando así corresponda. Artículo 19. (Exención de Secreto o Confidencialidad).I.No se podrá invocar secreto o confidencialidad en materia de valores y seguros, comercial, tributario y económico cuando la Unidad de Investigaciones Financieras, Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado requieran información para el cumplimiento de sus funciones; esta información será obtenida sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno.II.La información obtenida sólo podrá ser utilizada a objeto de investigar delitos de corrupción y vinculados, y estará libre de todo pago de valores judiciales y administrativos. Artículo 20. (Exención de Secreto Bancario para Investigación de Delitos de Corrupción).I.No existe confidencialidad en cuanto a las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en procesos judiciales, en los casos en que se presuma la comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas, en los que se investiguen delitos de corrupción y en procesos de recuperación de bienes defraudados al Estado.II.Los servidores públicos podrán renunciar de manera voluntaria al secreto bancario. La renuncia efectuada quedará sin efecto cuando el servidor público concluya sus funciones. Artículo 21. (Deber de Informar).I.Tienen el deber de remitir toda la información solicitada por la Unidad de Investigaciones Financieras, dentro de una investigación que se esté llevando a cabo, las siguientes entidades y sujetos dedicados a:a)Compra y venta de armas de fuego, vehículos, metales, obras de arte, sellos postales y objetos arqueológicos;b)Comercio de joyas, piedras preciosas y monedas;c)Juegos de azar, casinos, loterías y bingos;d)Actividades hoteleras, de turismo y de agencias de viaje;e) Actividades relacionadas con la cadena productiva de recursos naturales estratégicos;f)Actividades relacionadas concia construcción de carreteras y/o infraestructura vial;g)Despachadores de aduanas, y empresas de importación y exportación;h)Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones;i)Actividades inmobiliarias, y de compra y venta de inmuebles;j)Servicios de inversión;k)Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas;l)Actividades con movimiento de efectivo susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero y otras actividades financieras, económicas, comerciales establecidas en elCódigo de Comercio.II.Las entidades o sujetos mencionados en los incisos anteriores deberán informar de oficio a la Unidad de Investigaciones Financieras cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividades, detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción. Artículo 22. (Manejo de la Información).I.La información obtenida por la Unidad de Investigaciones Financieras, no podrá ser compartida ni publicada en la fase de análisis e investigación.II.Cuando la Unidad de Investigaciones Financieras considere que la información contiene presuntos hechos de corrupción, la remitirá con todos sus antecedentes al Ministerio Público y la pondrá en conocimiento del Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la Corrupción y de la Procuraduría General del Estado.III.Esta información valorada por el Ministerio Público, podrá ser presentada como prueba en los procesos penales. Artículo 23. (Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado).I.Créase el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado - SIIARBE, a cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción. El mismo tiene por objeto la centralización e intercambio de información de las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción, para diseñar y aplicar políticas y estrategias preventivas, represivas y sancionatorias, además del eficiente seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la lucha contra la corrupción.II.El SIIARBE tendrá dentro sus atribuciones la verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas de aquellos servidores públicos clasificados de acuerdo a indicadores, parámetros y criterios definidos por las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción.III.Un Decreto Supremo establecerá sus alcances, organización interna, atribuciones y procedimientos a ser aplicados.CAPÍTULO IIIDELITOS DE CORRUPCIÓNArtículo 24. (Sistematización de los Delitos de Corrupción y Vinculados).Además de los tipificados en el presente Capítulo, se consideran delitos de corrupción los contenidos en los siguientes Artículos del Código Penal: 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, párrafo segundo de los Artículos 153 y 154, 157, 158, 172 bis, párrafo cuarto del Artículo 173, 173 bis, 174, 221, párrafo primero de los Artículos 222 y 224, párrafo segundo del Artículo 225.
Son considerados delitos vinculados con corrupción, los contenidos en los siguientes Artículos del Código Penal: 132, 132 bis, 143, 150 bis, 153, 154, 177, 185 bis, 228, 228 bis, 229 y 230. Artículo 25. (Creación de Nuevos Tipos Penales).Se crean los siguientes tipos penales:1)Uso indebido de bienes y servicios públicos;2)Enriquecimiento ilícito;3)Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado;4)Favorecimiento al enriquecimiento ilícito;5.Cohecho activo transnacional;6)Cohecho pasivo transnacional;7)Obstrucción de la justicia; y8) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Articulo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos).La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.
será de tres a ocho años y reparación del daño causado.La pena del párrafo primero, será aplicada al particular o servidor público que utilice los servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal, dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o destinados. Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito).La servidora pública o servidor público, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al
Estado).La persona natural, que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. Artículo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito).El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras y comerciales, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos días. Artículo 30. (Cohecho Activo Transnacional).El que prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero, o de una organización internacional pública, beneficios como dádivas, favores o ventajas, que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días. Artículo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional).El funcionario publico extranjero o funcionario de una organización internacional pública que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cincuenta a quinientos días. Artículo 32. (Obstrucción de la Justicia).El que utilice fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de treinta a quinientos días.Se agravará la sanción en una mitad a quienes utilicen la fuerza física, amenazas o intimación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces, fiscales, policías y otros servidores responsables de luchar contra la corrupción. Artículo 33. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas).El que falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días. Artículo 34. (Modificaciones e Incorporaciones al Código Penal).Se modifican los Artículos 105, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 173, 173 Bis, 174, 177, 185 Bis, 221, 222, 224, 225, 228, 229 y 230 del Código Penal, y se incorporan los Artículos 150 Bis, 172 Bis y 228 Bis, de acuerdo al siguiente texto: Artículo 105. (Términos para la Prescripción de la Pena). La potestad para ejecutar la pena prescribe:1)En diez años, si se trata de pena privativa de libertad mayor de seis años.2)En siete años, tratándose de penas privativas de libertad menores de seis años y mayores de dos.3) En cinco años, si se trata de las demás penas.Estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse. No procederá la prescripción de la pena, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción.
Artículo 150 Bis. (Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas por Particulares). El delito previsto en el artículo anterior también será aplicado a los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores, y demás profesionales respecto a los actos en los cuales por razón de su oficio intervienen y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los bienes pertenecientes a sus pupilos, curados, testamentarias, concursos, liquidaciones y actos análogos, con una pena privativa de libertad de cinco a diez años y multa de treinta a quinientos días.Artículo 151. (Concusión). La servidora o el servidor público o autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.
Artículo 177. (Negativa o Retardo de Justicia). El funcionario judicial o administrativo que en ejercicio de la función pública con jurisdicción y competencia, administrando justicia, retardare o incumpliere los términos en los cuales les corresponda pronunciarse sobre los trámites, gestiones, resoluciones o sentencias conforme a las leyes procedimentales, a la equidad y justicia y a la pronta administración de ella, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.Artículo 185 Bis. (Legitimación de Ganancias Ilícitas). El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de:
Artículo 230. (Franquicias, Liberaciones o Privilegios Ilegales). El que obtuviere, usare o negociare ilegalmente liberaciones, franquicias, privilegios diplomáticos o de otra naturaleza, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.La servidora o el servidor público que concediere, usare o negociare ilegalmente tales liberaciones, franquicias o privilegios, será sancionado con la pena establecida en el párrafo anterior, agravada en un tercio. Artículo 35. (Denuncia Voluntaria).Toda persona que hubiere participado o participe como instigador, cómplice o encubridor, que voluntariamente denuncie y colabore en la investigación y juzgamiento de los delitos sistematizados en los Artículos 24 y 25 de la presente Ley, se beneficiará con la reducción de dos tercios de la pena que le correspondiere.CAPÍTULO IVINCLUSIONES Y MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOPENAL, CÓDIGO CIVIL Y LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICOArtículo 36. (Inclusión de Artículos en el Código de Procedimiento Penal).Se incluyen en el Código de Procedimiento Penal, los artículos 29 Bis, 91 Bis, 148 Bis, 253 Bis y 344 Bis, según el siguiente Texto:
Artículo 344 Bis. (Procedimiento de Juicio Oral en Rebeldía por Delitos de Corrupción). En caso de constatarse la incomparecencia del imputado por delitos de corrupción, se lo declarará rebelde y se señalará nuevo día de audiencia de juicio oral para su celebración en su ausencia, con la participación de su defensor de oficio, en este caso, se notificará al rebelde con esta resolución mediante edictos. Artículo 37. (Modificaciones al Código de Procedimiento Penal).Se modifican los artículos 90, 366 y 368 del Código de Procedimiento Penal, según el siguiente texto:
Artículo 366. (Suspensión Condicional de la Pena). La jueza o el juez o tribunal, previo los Informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos:1.Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración;2.Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco años.
No procederá el perdón judicial, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción. Artículo 38. (Régimen Aplicable a la Investigación).Los delitos de corrupción se acogerán en su procedimiento de investigación y juzgamiento a lo establecido en elCódigo de Procedimiento Penal, en todo lo que no contravenga a lo dispuesto en esta Ley. Artículo 39. (Modificaciones al Código Civil).Se modifican los Artículos 1502 1552 y 1553 delCódigo Civil, de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 1502. (Excepciones). La prescripción no corre:1)Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio del Estado, hasta treinta días después de haber cesado en sus funciones.2)Contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo, hasta que la condición se cumpla o el día llegue.3)Contra el heredero con beneficio de inventario, respecto a los créditos que tenga contra la sucesión.4)Entre cónyuges.5)Respecto a una acción de garantía, hasta que tenga lugar la evicción.6)En cuanto a las deudas por daños económicos causados al Estado.7)En los demás casos establecidos por la ley.Artículo 1552. (Anotación Preventiva en el Registro).I.Podrán pedir a la autoridad jurisdiccional la anotación preventiva de sus derechos en el registro público:1)Quien demanda en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o que se constituya, declare, modifique o extinga cualquier derecho real.2)Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado sobre bienes inmuebles del deudor.3)Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la que se condena al demandado a que cumpla una obligación.4)Quien deduce demanda para obtener sentencia sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la libre disposición de los bienes, según el Artículo 1540 inciso 14).5)Quien tenga un título cuya inscripción definitiva no puede hacerse por falta de algún requisito subsanable.6)La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, para efectos de protección del Patrimonio del Estado.II.En los casos previstos por el artículo presente y cuando se trate de bienes muebles sujetos a registro, la anotación se practicará en los registros correspondientes.Artículo 1553. (Término de la anotación preventiva).I.La anotación preventiva caducará si a los dos años de su fecha no es convertida en inscripción. El juez puede prorrogar el término por un nuevo lapso de un año, que no perjudicará a tercero si no se asienta a su vez en el registro.II.La anotación preventiva se convertirá en inscripción cuando se presente la sentencia favorable pasada en autoridad de cosa juzgada, o se demuestre haberse subsanado la causa que impedía momentáneamente la inscripción y ella en estos casos produce todos sus efectos desde la fecha de la anotación, sin embargo de cualesquier derecho inscrito en el intérvalo.III.La anotación preventiva a favor del Estado caducará a los cuatro años, prorrogables a dos más, si no es convertida en inscripción definitiva. Articulo 40. (Inclusión en la Ley Orgánica del Ministerio Público).Se incluye el numeral 36) del Artículo 36 de laLey Nº 2175, Ley Orgánica del Ministerio Publico, con el siguiente texto: 36) Designar en cada Departamento a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción.DISPOSICIÓN DEROGATORIAÚnica.Quedan derogadas las siguientes normas:a)Artículo 158 de laLey Nº 1488 de 14 de abril de 1993 (Ley de Bancos Entidades y Financieras, modificada por la Ley Nº 2297 de 20 de diciembre de 2001 - Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera).b)Toda disposición legal contraria a la presente Ley.DISPOSICIONES TRANSITORIASPrimera.Hasta que los juzgados anticorrupción creados en el Articulo 11 de la presente Ley no se encuentren en funcionamiento, los jueces que conocen y tramitan procesos penales otorgarán prioridad en el trámite y resolución a los procesos en los que estén en juego los intereses del Estado. Segunda.Los casos que se tramiten por delitos de corrupción deberán ser conocidos por las juezas, los jueces y tribunales, hasta que se elijan a los nuevos juzgados anticorrupción y posteriormente serán trasladados a ellos.DISPOSICIONES FINALESPrimera.Las acciones de investigación y juzgamiento de delitos permanentes de corrupción y vinculados a ésta, establecidos en el Artículo 25 numerales 2) y 3) de la presente Ley, deben ser aplicados por las autoridades competentes en el marco del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado.
Los numerales 1), 4), 5), 6), 7) y 8) del Artículo 25, serán tramitados en el marco del Artículo 116, parágrafo II de la Constitución Política del Estado. Segunda. (Del Financiamiento).El Estado garantizará el financiamiento anual de las políticas y proyectos de lucha contra la corrupción con recursos propios, para garantizar adecuados márgenes de investigación, acusación y juzgamiento.Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.
FDO. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio Llorentty Soliz, Nilda Copa Condori, Nardy Suxo Iturri. Comentarios