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Timestamp: 2019-10-19 00:59:24
Document Index: 1672395

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 129', 'artículo 7', 'artículo 75', 'artículo 133', 'artículo 7']

Nuevo decreto que regula la admisión del alumnado en centros docentes de CyL: infantil, primaria, ESO y bachillerato. - Stecyl-i
Se regula la admisión del alumnado en centros docentes de CyL: infantil, primaria, ESO y bachillerato.
Queda derogado el Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula en el título II, capítulo III, la escolarización en centros públicos y privados concertados, estableciendo en el artículo 84.1 que las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de forma que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores, y que, en todo caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.
Por Decreto 11/2013, de 14 de marzo, se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. Esta normativa dictada siguiendo los principios que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ha sido garantía eficaz del derecho a la educación, ha permitido el acceso a los centros docentes sostenidos con fondos públicos en condiciones de igualdad y ha impulsado la libre elección de centro.
Se pretende avanzar en la distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en los centros sostenidos con fondos públicos que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a través de medidas tales como la reserva obligatoria de plazas en todos los centros para este alumnado, en evitar la segregación escolar en las actuaciones de planificación educativa o en la escolarización del alumnado con desventaja económica, social o cultural fuera del proceso ordinario.
En aras de conseguir procedimientos más eficientes y eficaces se ha realizado un cambio notable en la estructura y desarrollo de los procesos que establecía el Decreto 11/2013, de 14 de marzo, de forma que los tres periodos existentes, ordinario, extraordinario y excepcional, pasan a integrarse en dos, ordinario y excepcional, resolviéndose en el proceso ordinario una parte importante de los supuestos que ahora se derivaban al extraordinario, garantizando con ello una posible adjudicación de plazas más rápida a las personas interesadas.
El presente Decreto se adecúa a los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. A tales efectos, tanto en el preámbulo como en el articulado se hacen constar los fines perseguidos con esta regulación, resultando ser el instrumento más adecuado para la consecución de los mismos ya que no sería técnicamente viable alcanzar los objetivos perseguidos a través de la modificación del Decreto 11/2013, de 14 de marzo. Asimismo, quedan asegurados los principios de proporcionalidad de la regulación con el fin pretendido, y el de seguridad jurídica, en el sentido de su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable que permita un conocimiento claro del mismo a toda la comunidad educativa.
En lo que respecta a su adecuación con los principios de eficiencia y transparencia, este Decreto cumple con el primero, por cuanto que en un uso racional de los recursos públicos, reorganiza los procesos y rebaja las cargas administrativas innecesarias, adecuándose también y de manera esencial al principio de transparencia, en los términos del artículo 7, apartados c) y d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y con carácter previo a la elaboración del presente decreto se ha sustanciado consulta pública a través del Portal de Gobierno Abierto de conformidad con el artículo 75.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en relación con el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
a) Garantía de acceso a la enseñanza. Todo el alumnado tiene derecho a una plaza escolar que les garantice la enseñanza básica, obligatoria y gratuita.
b) Libre elección de centro. El alumnado mayor de edad o, en caso contrario, sus progenitores o tutores legales, podrán elegir entre la oferta de centros docentes sostenidos con fondos públicos y obtener plaza en aquellos que tengan vacantes disponibles.
c) No discriminación. No podrán establecerse criterios discriminatorios para los solicitantes de plaza escolar según se establezca en la legislación básica que se dicte en materia de educación, ni podrán exigirse declaraciones que puedan afectar a la intimidad o creencias de los mismos.
d) Gratuidad. No se podrá exigir el pago de cuotas de entrada u otras cantidades en la enseñanza básica y gratuita, salvo las expresamente previstas en la normativa vigente.
e) Igualdad en la aplicación en las normas de admisión. La consejería competente en materia de educación garantizará la igualdad en la aplicación de las normas de admisión en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
f) Calidad educativa e igualdad de oportunidades. La consejería competente en materia de educación garantizará una adecuada y equilibrada distribución entre todos los centros sostenidos con fondos públicos del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
g) Cohesión social. La consejería competente en materia de educación arbitrará las medidas correctoras que sean necesarias para evitar la segregación escolar del alumnado que tenga algún tipo de desventaja social, cultural o económica.
h) Acceso no condicionado a pruebas. No podrá condicionarse la admisión del alumnado al resultado de pruebas o exámenes, salvo que así esté previsto en la normativa reguladora de las correspondientes enseñanzas. En ningún caso podrá tenerse en cuenta el expediente académico en el proceso de admisión para las enseñanzas obligatorias.
i) Cumplimiento de requisitos. Para ser admitido en un centro docente será necesario reunir los requisitos académicos, de edad o cualquier otro que sea exigido por el ordenamiento jurídico para el nivel educativo y curso al que se pretenda acceder.
j) Garantía de continuidad en el centro. Se garantiza al alumnado admitido en un centro docente sostenido con fondos públicos la permanencia en el mismo hasta la finalización de las enseñanzas obligatorias que imparta sostenidas con fondos públicos, salvo los cambios producidos por voluntad de las personas interesadas o por aplicación de alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre derechos y deberes de los alumnos, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos exigidos para la admisión y la permanencia por el ordenamiento jurídico. Esta garantía de continuidad se traslada igualmente al centro de adscripción en el cambio de etapa educativa.
CAPÍTULO II: Órganos de apoyo al proceso de admisión
a) Proponer las directrices básicas para la armonización del proceso de admisión en todas las provincias.
b) Analizar los parámetros característicos de la admisión del alumnado, su efecto en los indicadores del proceso de admisión y la evolución de los mismos.
c) Proponer áreas de mejora y líneas de actuación para la optimización del proceso de admisión.
d) Proponer las medidas necesarias para implementar las mejoras que se determinen al respecto de la planificación y gestión del proceso de admisión.
a) Velar por que los centros cumplan con el deber de información a que se refiere el artículo 7.
b) Colaborar en las actuaciones de gestión necesarias para optimizar el desarrollo y resolución del proceso de admisión.
c) Supervisar la asignación de plazas del alumnado con carácter previo a la resolución del proceso ordinario.
d) Supervisar la asignación de las plazas escolares disponibles al alumnado que no haya obtenido plaza en los centros solicitados o que solicite plaza fuera del proceso ordinario.
e) Disponer medidas para llevar a cabo la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, en los términos establecidos en este decreto.
f) Cualesquiera otras que determine la consejería competente en materia de educación.
CAPÍTULO III: El proceso de admisión
Sección 1.ª: Aspectos generales del proceso
Sección 2.ª: Actuaciones de planificación
a) Enfermedad grave o particulares circunstancias de salud.
b) Determinada discapacidad específica.
c) Usuario de transporte o de residencia escolares en centros públicos.
d) Para garantizar la continuidad de programas u opciones educativas no extensivas como la enseñanza bilingüe.
Sección 3.ª: Proceso ordinario de admisión
a) Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro docente solicitado y de progenitores o tutores legales que trabajen en el mismo.
b) Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus progenitores o tutores legales al centro docente solicitado.
c) Rentas anuales per cápita de la unidad familiar.
e) Concurrencia de discapacidad en el alumnado o en alguno de sus progenitores o hermanos o hermanas.
g) El expediente académico del alumnado en caso de optar a enseñanzas de bachillerato, conforme a lo que se determine por la consejería competente en materia de educación.
a) Dar publicidad a la información relativa a todos aquellos extremos necesarios para garantizar la transparencia y la objetividad del proceso de admisión, así como al resultado de las actuaciones que se deriven de la aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.
b) Dar a conocer las plazas escolares vacantes del centro, por cursos, de acuerdo con la planificación de la consejería competente en materia de educación.
c) Publicar las listas con el alumnado que ha solicitado plaza en el centro y la puntuación obtenida.
b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos o hermanas matriculados.
Sección 4.ª: Admisión fuera del proceso ordinario
Queda derogado Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.
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