Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-1179-de-noviembre-17-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204212b0f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-19 07:07:02
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 530', 'artículo 1', 'artículo 530', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 530', 'artículo 530', 'artículo 530']

﻿ SENTENCIA C-1179 DE NOVIEMBRE 17 DE 2005
SENTENCIA C-1179 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:RÉGIMEN DE APLICACIÓN PROGRESIVA DEL NUEVO SISTEMA PENAL EN LOS DISTRITOS JUDICIALES. SE ESTA A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA C-801 DE 2005 QUE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 530 DE LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA PENAL ACUSATORIO, DISTRITO JUDICIAL
Sentencia C-1179 de noviembre 17 de 2005
Sentencia C-1179 de 2005
Ref.: Expediente D-5812
Actor: Leonel Gustavo Cáceres Cáceres.
ART. 530.—Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del primero de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del primero de enero de 2006, incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Vitervo y Tunja.
Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1º) de enero de 2008.
El demandante considera que la norma acusada infringe el artículo 1º de la Constitución, por las siguientes razones:
2. La “aplicación del artículo acusado es una clara violación del orden constitucional registrado como principio”.
3. El mayor peso que tienen los principios en el orden jurídico, frente a normas que como la demandada carece de tal categoría, conduce a que el principio de unidad previsto en la Carta inhiba al legislativo para que pueda “socavar territorialmente las garantías y los principios fundamentales constitucionales, como ocurre con la aplicación parcial de la Ley 906 de 2004 en atención a su artículo 530”.
4. La esencia del estado unitario radica en la conservación de su unidad política y jurídica, comprometiendo en ello las funciones legislativa, judicial, electoral y de control. La República unitaria garantiza los criterios de soberanía e igualdad de sus asociados determinando límites a las labores de descentralización del Estado. El artículo demandado puede socavar territorialmente las garantías y los principios fundamentales constitucionales, pues no se cumpliría el mandato constitucional de que “todo aquel que se encuentre en la misma situación fáctica será acreedor a la misma consecuencia de derecho” condición que no se cumpliría para quienes cometieron el delito en los distritos judiciales en que no ha empezado a operar el sistema.
5. Respecto de la aplicación del sistema acusatorio, señala el demandante que “se ha presentado desde ya, la violación de las garantías constitucionales como son el derecho a la igualdad, el principio de favorabilidad, y demás garantías de orden sustancial aplicables en Colombia” (resaltó la Corte).
6. Manifiesta que respecto del derecho a la igualdad y los criterios de favorabilidad solicita el pronunciamiento de la Corte (resaltó).
A. La Fiscalía General de la Nación.
1. La aplicación progresiva del nuevo sistema procesal penal está autorizada por la Constitución, en cuanto la norma acusada es el desarrollo del artículo 5º del Acto Legislativo 3 de 2002.
3. No existe infracción al artículo 1º de la Constitución Política por que no existen autoridades locales, federales, territoriales descentralizadas o desconcentradas de carácter administrativo, legislativo o judicial, que tengan competencia o capacidad jurídica en la aplicación del nuevo sistema procesal penal en los distritos judiciales entre los años 2005 a 2008.
4. La norma acusada no es contraria al principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 superior, toda vez que en la interpretación y aplicación de la reforma, debe tenerse en cuenta el principio de unidad de la Constitución, y en consecuencia la aplicación del principio de favorabilidad en casos concretos no puede desconocerse bajo ninguna circunstancia, tal como lo señaló la Corte en las sentencias C-592 de 2005 y T-708 de 2005.
B. El Ministerio del Interior y de Justicia.
1. Fue voluntad del constituyente derivado, facultar al legislador para que desarrollara el mandato previsto en los artículos 5º y 4º transitorio del Acto Legislativo 3 de 2002 que establece la gradualidad como método para la implementación del sistema.
3. La implementación gradual del nuevo esquema procesal que estableció el Acto Legislativo 3 de 2002 tiene una clara función garantizadora de la seguridad jurídica de los asociados, condición especial para la vida y desenvolvimiento de una nación en Estado social de derecho, con el objeto de evitar el caos procesal, facilitando una etapa de transición necesaria que reconozca la coexistencia de los dos sistemas.
4. El hecho de que a partir del 1º de enero se aplique en forma gradual en algunos distritos judiciales el nuevo sistema, mientras que en otros distritos la investigación y el juzgamiento se siga rigiendo por el sistema mixto, previsto en la Ley 600 de 2000, no desconoce los derechos a la igualdad ni el principio de favorabilidad que hace parte del debido proceso, consagrados en los artículos 13 y 29 de la Carta Política, toda vez que en ambos esquemas los procesos están sometidos al principio de legalidad. Además, tanto en uno como en otro, se brindan todas las garantías a las partes e intervinientes en el proceso, y se protegen sus derechos fundamentales por parte de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público.
1. La norma demandada lejos de atentar contra las normas constitucionales, las desarrolla, en particular el artículo 5º del Acto Legislativo 3 de 2002 que estableció que la reforma constitucional se aplicará “de acuerdo con la gradualidad que determine la ley” y esta aplicación “se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1º de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva”.
3. Los esfuerzos del legislador y del propio constituyente para asegurar la vigencia adecuada y segura del ordenamiento jurídico, en particular teniendo en cuenta las dificultades que encarna una reforma de esta trascendencia, no constituyen violación al principio de unidad de la República, sino maneras de preservar el propio sistema de improvisaciones que hubiesen podido generar un “estado de cosas inconstitucional”.
El demandante manifiesta que la norma demandada es contraria a la Constitución por violación del principio de unidad de la República (1º), lo cual se proyecta en violación de garantías constitucionales como el derecho a la igualdad y el principio de favorabilidad consagradas en los artículos 13 y 29 de la Carta.
Los intervinientes coinciden en señalar que la norma es exequible, en cuanto se limita a desarrollar, sin desbordamientos, normas constitucionales —A.L. 3/2002, arts. 5º y 4º trans.—, que explícitamente contemplan la gradualidad como criterio de política criminal para la implementación del nuevo sistema penal, y que promueve valores constitucionales como el de garantizar la seguridad jurídica de los asociados, propiciando una etapa de transición que reconozca la coexistencia de los dos sistemas, y preserve la justicia penal del caos, que podría generar una implementación generalizada y abrupta.
C. Solución.
1. Cuestión Preliminar. Cosa juzgada constitucional.
Según el demandante la norma acusada, al implantar un régimen de aplicación progresiva del nuevo sistema penal, en los distritos judiciales, viola el artículo 1º de la Constitución que establece la organización unitaria de la República. Sin embargo, toda su argumentación gira en torno a la presunta violación de garantías constitucionales que, en su criterio, se deriva de la gradualidad en la implementación del sistema. En este sentido señala que se trata de normas sustanciales que desarrollan derechos como los de igualdad y favorabilidad, las cuales deben regir en todo el territorio nacional y no de manera fragmentada.
Aduce que “quien delinque en un distrito diferente al hoy definido por el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, no puede acceder a que se le apliquen los beneficios, como por ejemplo el de la norma más favorable, el desconocimiento del principio constitucional de república unitaria conlleva a la violación de las garantías constitucionales por parte del artículo 530 de la Ley 906 de 2004”. Y agrega que, “todo aquel que se encuentre en la misma situación fáctica será acreedor a la misma consecuencia de derecho, situación que no se cumple para quienes cometieron el delito fuera de los distritos judiciales” en los que se aplica actualmente el sistema por virtud de la progresividad.
Finalmente solicita un pronunciamiento de la Corte “respecto del derecho a la igualdad y los criterios de favorabilidad”.
1.2. Los cargos analizados en la Sentencia C- 801 de 2005.
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C- 801 de agosto 2 de 2005, que declaró la EXEQUIBILIDAD, por los mismos cargos, del artículo 530 de la Ley 906 de 2004.