Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/4827
Timestamp: 2020-07-04 06:36:06
Document Index: 297899479

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 43', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 73', 'Artículo 73', 'Artículo 129', 'Artículo 129', 'Artículo 129', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 117', 'Artículo 51']

HJ System - Decision: SENTENCIA 52/2003
SENTENCIA 52/2003, de 17 de marzo
ECLI:ES:TC:2003:52
1. El día 31 de julio de 2001 se presentó ante este Tribunal por el Procurador señor Caloto Carpintero, en nombre y representación de Bodegas y Viñedos Gómez Cruzado, S.A., un escrito promoviendo recurso de amparo contra la resolución judicial y la resolución administrativa de que se hacen mérito en el encabezamiento de la Sentencia.
a) Los veedores del Consejo Regulador de la denominación de origen calificada Rioja levantaron el día 25 de mayo de 1998 acta de inspección de la bodega de la que es titular en Haro (La Rioja) Bodegas y Viñedos Gómez Cruzado, S.A., inscrita en los registros del Consejo Regulador. A consecuencia de dicha actuación el Pleno del Consejo Regulador acordó incoar expediente sancionador, Acuerdo que se notifica a la entidad interesada el día 15 de julio de 1998. El expediente concluye por Resolución de 8 de febrero de 1999 del Consejo de Ministros en la que se impone una sanción de multa de 607.000 pesetas, así como la obligación de pagar otras 607.000 pesetas en sustitución del decomiso de las mercancías afectadas, como responsable de una infracción del art. 51.1.7 del Reglamento de la denominación de origen calificada Rioja y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 3 de abril de 1991 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (BOE de 9 de abril).
Se consideran probados los siguientes hechos: "A 25 de mayo de 1998, en la bodega de Haro (La Rioja), calle Cuevas nº 44-50, inscrita con el nº 1071CC026, de la que es titular 'Bodegas y Viñedos Gómez Cruzado' S.A., había almacenados 157.720 litros de vino tinto, mientras que los saldos de los documentos que acreditan el origen de dichas existencias de vino sumaban 153.754 litros de vino tinto, cosechas 1995 y 1996. La diferencia de 3.966 litros de vino sin la preceptiva documentación que ampare su origen como protegido por la Denominación de origen calificada Rioja es el 2,58 % de las existencias de procedencia acreditada documentalmente". En el apartado 2.2.6 de la Resolución, relativo a la "Valoración de las alegaciones" se hace constar: "En efecto, bajo la denominación común de infracciones 'por uso indebido de la denominación o por actos que puedan causarle perjuicio o desprestigio', el art. 51 enumera una serie de conductas perfectamente delimitadas, por lo que debe considerarse cometida una infracción siempre que una de tales conductas se haya dado en la práctica".
b) Contra la anterior Resolución la entidad sancionada interpone recurso contencioso- administrativo. El recurso se desestima por Sentencia de 26 de junio de 2001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo. Su fundamento jurídico 2 recoge: "Y procede rechazar esa petición de caducidad, de una parte, porque el día inicial del cómputo del plazo de los seis meses, no debe ser como el recurrente pretende, aquel en el que el Consejo Regulador ordenó la incoación del expediente, que ni si quiera obra en las actuaciones, y sí aquél, que real y formalmente inicia el expediente sancionador, nombra Instructor, señala los hechos y otorga periodo de prueba, esto es, el acuerdo de 15 de julio de 1998, y ello por un lado, porque es el único acuerdo que aparece notificado al afectado y es además el que ha producido efectos y podía haber sido impugnado, y por otro lado, porque la propia naturaleza del plazo y la del precepto, art. 20.6 del Real Decreto 1398/93, 'si no hubiera recaído resolución transcurridos seis meses de su iniciación', abona esta tesis, tanto porque esos seis meses se han de producir en un procedimiento 'en marcha' como porque la exigencia legal de incoación impone la necesidad de un acto expreso iniciador del expediente y ésta dadas sus características y contenido no es otro que el del 15 de agosto de 1998, citado, pues no es solo, que se denomine como acto iniciador del procedimiento, sino que además reúne todas las circunstancias formales y materiales para serlo. Y de otra parte porque para la existencia de la caducidad en el caso de autos, era preciso, además del transcurso de los seis meses, el que desde el cumplimiento de ese plazo, transcurriesen treinta días más, y ello porque así expresamente lo dispone el art. 43.4 de la Ley 30/92 y porque en el propio artículo 20 del Real Decreto 1398/98, se hace también expresa referencia a tal artículo 43.4. Por otro lado, se ha de significar, que esta Sala en materia de caducidad de procedimiento, con la vigencia de las distintas normas que en la materia se han sucedido, ha otorgado prioridad a los efectos del cómputo del plazo, a la fecha de la notificación al interesado, así en Sentencias de 6 de febrero de 1998, 20 de diciembre de 1999. De esta forma siendo el acto que inicia el procedimiento el de 15 de julio de 1998 y estando acreditado en las actuaciones que la resolución que pone fin al expediente se notificó al interesado el 11 de febrero de 1999, es claro que no se había producido la caducidad del procedimiento que se alega".
En el fundamento jurídico 4 se razona: "Debiéndose señalar, no ya que la conducta sancionada está expresa y claramente definida, con lo que ciertamente se cumple la función de garantía que está llamada a desempeñar el tipo de infracción, al definir como infracción el art. 51.1.7 del Reglamento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada 'Rioja' 'la existencia de uva mostos o vinos en bodega inscrita sin preceptiva documentación que ampare su origen como producto protegido por la Denominación, o la existencia en bodegas de documentación que acredite unas existencias de uva, mostos o vino protegidos por la Denominación sin la contrapartida de esos productos', que es el supuesto de autos, sino que además esa previsión específica no es más que el desarrollo y la concreción de lo genéricamente previsto en la Ley del Vino y en el Decreto que la desarrolla, entre otros los artículos 73 y 119 a 123", añadiéndose más adelante "[y] respecto al segundo argumento, que si bien el Decreto 835/72 permite un error de hasta el 5 %, ello no es incompatible ni es contradictorio con que para el vino de Denominación de Origen Calificada 'Rioja' , la norma lo reduzca al 1 por ciento, pues el Decreto refiere esta exigencia genéricamente a todos los productores y a los elaboradores y la Orden de 3 de abril de 1991, lo refiere en exclusiva a los vinos de Denominación de Origen Calificada 'Rioja', no son ciertamente las mismas circunstancias y hay razones objetivas para alterar ese régimen general, que además, trata de extremar la exigencia para un fin concreto, la protección del uso de la Denominación de Origen Clasificada 'Rioja', en beneficio no ya de los consumidores sino de los propios productores, y esa previsión no es incluso ajena a la propia Ley del Vino y al Decreto 835/72 que lo desarrolla, que dedican una especial protección a la calidad y a la Denominación de Origen, art. 79 y siguientes".
3. La entidad sancionada dedujo recurso de amparo ante este Tribunal. Invoca como primer motivo la infracción del derecho reconocido en el art. 25.1 CE, que imputa a la Sentencia impugnada al aplicar el porcentaje de tolerancia previsto en el art. 51.1.7 de la Orden de 3 de abril de 1991, toda vez que carecería de cobertura de una norma jurídica con rango de ley formal. El art. 73 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo, establece un margen de tolerancia del 5 por 100 de las existencias reales en relación con las declaradas, mientras que la Orden Ministerial de 3 de abril de 1991, aplicada por la Sentencia, rebaja dicho margen al 1 por 100. Resulta que el margen representa un límite en el contenido de la potestad sancionadora, ya que los desajustes en más o en menos de las cantidades de vino declaradas dentro del porcentaje de tolerancia no son objeto de sanción. Por lo tanto constituye un elemento del tipo o una excusa absolutoria; es decir, estamos ante un elemento esencial definidor del contenido de la potestad sancionadora, lo que impone el respeto en su configuración al principio de legalidad contenido en el art. 25.1 CE, resultando insuficiente el rango normativo de la Orden de 3 de abril de 1991 para alterar dicho elemento esencial. La introducción de elementos sancionadores nuevos requiere el rango formal de Ley, y sabida es la doctrina constitucional respecto a que las normas sancionadoras anteriores a la Constitución no requieren ese rango, pero cuando la norma postconstitucional innova el ordenamiento, introduciendo elementos sancionadores nuevos, el rango formal ha de respetar el exigido por la norma fundamental, sin que la Ley 25/1970 y el Reglamento 835/1972 den cobertura para reducir el margen de tolerancia.
La demandante denuncia que tiene lugar otra vulneración del mismo principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), en conexión con la del principio de presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ello porque la aplicación del tipo administrativo previsto en el art. 51.1.7 de la Orden de 3 de abril de 1991 requiere el elemento subjetivo de que los actos u omisiones en él previstos causen perjuicio o desprestigio a la denominación de origen. En este caso no han sido acreditados ni durante la tramitación del expediente administrativo ni en fase probatoria del recurso contencioso- administrativo, por lo que la subsunción de los hechos resulta de una aplicación analógica in malam partem. Tampoco se habría probado la infracción, ya que el desajuste está dentro del 5 por 100 de tolerancia, pudiéndose dar el caso de que se impusiera la misma sanción cuando la infracción fuera acompañada de un daño o perjuicio para la denominación.
4. La Sección Segunda de este Tribunal acordó por providencia de 20 de septiembre de 2001 admitir a trámite la demanda de amparo y a tenor de los dispuesto en el art. 51 LOTC que se requiriese a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y a la Subdirección General de Planificación Alimentaria (Dirección General de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) para que el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio del recurso contencioso-administrativo núm. 120/99 y expediente sancionador núm. 3345 incoado por el Consejo Regulador de la denominación de origen calificada Rioja, interesándose al mismo tiempo que se procediera a la práctica de los emplazamientos pertinentes.
5. El Abogado del Estado, en escrito registrado a 9 de diciembre de 2002, dedujo alegaciones, interesando una Sentencia denegatoria de la petición de amparo.
6. La entidad demandante de amparo dedujo escrito de alegaciones el día 12 de diciembre de 2002, reproduciendo las contenidas en su demanda
7. El Ministerio Fiscal, por su parte, se opuso a la pretensión de amparo en escrito de 16 de diciembre de 2002.
Rechaza el Ministerio Fiscal que se haya dado una vulneración del art. 25.1 CE al ser tenido en cuenta el porcentaje de tolerancia del 1 por 100, previsto en el art. 51.1.7 de la Orden de 3 de abril de 1991. No ha existido desconocimiento de la garantía formal respecto a la sanción impuesta, ni tampoco en cuanto a la infracción tipificada en el citado art. 51.1.7. Se trata del incumplimiento de una obligación de los bodegueros -la de tener documentación de las existencias de las bodegas- establecida, no en la Orden Ministerial de 3 de abril de 1991, sino que se impone en los Reglamentos CEE núms. 822/87 y 2238/93, obligación cuyo control corresponde a los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen (art. 87.3 de la Ley 25/1970). Recoger la obligación establecida por la Ley como infracción y señalar a esa infracción una sanción dentro de los límites legales es un supuesto de colaboración Ley- Reglamento amparado por la doctrina constitucional. En consecuencia, no tiene sentido la comparación de los márgenes de tolerancia del art. 51.1.7 de la Orden y del art. 73.2 del Decreto, ya que se refieren a obligaciones distintas.
8. Por providencia de 6 de marzo de 2003 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año.
1. La petición de amparo se dirige frente a la Sentencia de 26 de junio de 2001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y también frente al Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de febrero de 1999, como se infiere del suplico de la demanda, en que se interesa asimismo la nulidad de esta última Resolución. En ella, la demandante de amparo, Bodegas y Viñedos Gómez Cruzado, S.A., es sancionada como responsable de una infracción del art. 51.1.7 del Reglamento de la denominación de origen calificada Rioja (Orden Ministerial de 3 de abril de 1991), al almacenar en su bodega determinado volumen de vino sin la preceptiva documentación que acreditase íntegramente su procedencia como protegida de la denominación, en una proporción del 2,58 por 100 respecto de las existencias de procedencia documentada. La Sentencia del Tribunal Supremo la confirma, al desestimar el recurso contencioso-administrativo que la sancionada había interpuesto.
2. La entidad demandante achaca diversas vulneraciones constitucionales a la Sentencia impugnada. La primera, infracción del principio de legalidad penal que proclama el art. 25.1 CE, al entender que se le limita el porcentaje de tolerancia al 1 por 100 previsto en el art. 51.1.7 de la Orden de 3 de abril de 1991 -frente al 5 por 100 del art. 73 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo-, toda vez que el margen reducido que establece aquella Orden carecería de cobertura con rango de Ley formal. El mismo principio del art. 25.1 CE, en conexión con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), alega que se lesiona cuando es sancionada por el tipo del mencionado art. 51.1.7 de la Orden de 3 de abril de 1991 sin que, a su juicio, se haya acreditado un perjuicio o desprestigio a la denominación de origen, o su uso indebido. Por último, aduce vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al tener como arbitrario el criterio judicial aplicado en la determinación del dies a quo del plazo de caducidad del expediente administrativo sancionador. Estamos, por tanto, ante un amparo mixto (arts. 43 y 44 LOTC), pues, según se deduce de los argumentos impugnatorios y del propio suplico de la demanda, la demandante cuestiona la resolución administrativa sancionadora, no reparada por la posterior Sentencia, y esta última por arbitrariedad en lo relativo a la caducidad del expediente administrativo sancionador.
3. Con carácter previo hemos de examinar el óbice de admisión propuesto por el Abogado del Estado, quien denuncia que la demandante no sometió a la consideración del órgano judicial sus alegaciones concernientes a la falta de acreditación del perjuicio o desprestigio de la denominación, o de su uso indebido, ni menos las conectó en la dimensión constitucional centrada en el art. 25.1 CE. Si bien cabe el examen de esta cuestión una vez superado el trámite de admisión (SSTC 99/1993, de 22 de marzo, FJ único; 12/2001, de 29 de enero, FJ 1; 184/2001, de 17 de septiembre, FJ 2 y 165/2002, de 17 de septiembre, FJ 2), el óbice no puede ser asumido. La alegación de la demandante ya había sido planteada en el expediente administrativo sancionador y la reprodujo oportunamente en la vía procesal con expresa invocación del principio de legalidad reconocido en el art. 25.1 CE, como resulta del examen de la demanda de amparo. Ello supone una acotación suficiente del problema constitucional, más allá de un planteamiento meramente implícito o sobreentendido, que otorgó al órgano judicial ocasión para pronunciarse sobre la posible vulneración (SSTC 187/1995, de 18 de diciembre, FJ 2; 198/2001, de 4 de octubre, FJ 2 y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 4). De este modo hemos de tener por cumplida la carga del art. 44.1 c) LOTC, con la que se trata de preservar el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de amparo, que resultaría desvirtuado si ante ella se plantearan cuestiones sobre las que previamente, a través de la vías procesales oportunas, no se ha dado ocasión de pronunciarse a los órganos de la jurisdicción ordinaria correspondiente (SSTC 90/1999, de 26 de mayo, FJ 2; 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 2; 310/2000, de 18 de diciembre, FJ 2; y 133/2002, de 3 de junio, FJ 3).
4. Con el fin de un adecuado enjuiciamiento de todas las cuestiones de fondo que se suscitan en el presente recurso, es aconsejable alterar el orden que la demandante nos propone para su examen, debiendo comenzar con la queja fundada en el derecho a la tutela judicial efectiva que la parte dirige a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo. Como ya se expuso, la demandante califica de arbitrario, y por ende lesivo del derecho reconocido en el art. 24.1 CE, el criterio al que se acoge la Sentencia del Tribunal Supremo según el cual debe tenerse por dies a quo del plazo de caducidad del expediente administrativo sancionador aquél en que se notifica al interesado el acuerdo de incoación.
5. Cumple examinar ahora las quejas -de distinto orden- desde las que la demandante hace derivar una lesión constitucional del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE). En uno de sus motivos, la peticionaria de amparo intenta conectar aquel principio con el derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE, alegato este que ha de tenerse por un mero instrumento del primero, visto que lo que se denuncia en concreto es la aplicación analógica o extensiva in malam partem del tipo infractor descrito en el art. 51.1.7 del Reglamento de la denominación Rioja, en tanto, según se dice, no se acreditaron en momento alguno circunstancias determinantes de perjuicio o desprestigio de dicha denominación.
6. En la argumentación de la entidad demandante, la limitación del margen de tolerancia sobre los hechos infractores al 1 por 100 previsto en el art. 51.1.7 del Reglamento del Rioja (Orden Ministerial de 3 de abril de 1991), y no hasta el 5 por 100 del art. 73 del Reglamento del estatuto del vino (Decreto 835/1972, de 23 de marzo), implica, por falta de cobertura legal, el desconocimiento de la garantía formal ínsita al principio de legalidad penal (art. 25.1 CE).
7. Es preciso el recordatorio de nuestra doctrina por la que el derecho fundamental enunciado en el art. 25.1 CE incorpora la regla nullum crimen nulla poena sine lege, extendiéndola incluso al ordenamiento sancionador administrativo, que comprende una doble garantía. La primera, de orden material y de alcance absoluto, tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, que refleja la especial trascendencia del principio de seguridad en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual y se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. La segunda es de carácter formal, y se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y reguladoras de estas sanciones, por cuanto, como este Tribunal ha señalado reiteradamente, el término "legislación vigente" contenido en dicho art. 25.1 CE es expresivo de una reserva de Ley en materia sancionadora (SSTC 61/1990, de 29 de marzo, FJ 7; 60/2000, de 2 de marzo, FJ 3; 25/2002, de 11 de febrero, FJ 4; y 113/2002, de 9 de mayo, FJ 3). A este respecto es preciso reiterar que en el contexto de las infracciones y sanciones administrativas el alcance de la reserva de ley no puede ser tan riguroso como lo es por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto; y ello tanto por razones que atañen al modelo constitucional de distribución de las potestades públicas como por el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria en determinadas materias, o bien, por último, por exigencias de prudencia o de oportunidad (STC 42/1987, de 7 de abril, FJ 2). En todo caso, el art. 25.1 CE exige la necesaria cobertura de la potestad sancionadora de la Administración en una norma de rango legal habida cuenta del carácter excepcional que presentan los poderes sancionatorios en manos de la Administración (SSTC 3/1988, de 21 de enero, FJ 9, y 305/1993, de 25 de octubre, FJ 3). De ahí que la reserva de Ley en este ámbito tendría una eficacia relativa o limitada (STC 177/1992, de 2 de noviembre, FJ 2), que no excluye la colaboración reglamentaria en la propia tarea de tipificación de las infracciones y atribución de las correspondientes sanciones, pero sí que tales remisiones hicieran posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley (STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 4).
8. Bajo el enunciado de "infracciones por uso indebido de la denominación o ... actos que puedan causarle perjuicio o desprestigio", el art. 51.1 del Reglamento de la denominación de origen calificada Rioja tipifica en su apartado 7 la conducta por la que la demandante fue sancionada. Tratamos, por tanto, de una infracción en materia de denominaciones de origen. A fin de dilucidar la relevancia constitucional de los problemas suscitados en este motivo de amparo, parece oportuna una referencia a los rasgos más significativos de su normativa. Su regulación sustantiva arranca del Capítulo I del Título III de la Ley de 2 de diciembre de 1970 del Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes, también conocida por "Estatuto del vino", en cuyo art. 79 las denominaciones de origen se definen, lógicamente, por referencia al vino y derivados, aunque sea posible encontrar una definición más amplia de la categoría en nuestra STC 211/1990, de 20 de diciembre, al decir que "según la doctrina, la denominación de origen es un nombre geográfico renombrado que se utiliza en el mercado para designar un producto, característico de esa procedencia específica, fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar geográfico al que corresponde el nombre usado como denominación y que permite conocer que ese producto reúne determinadas características y cualidades" (FJ 2). Desde el punto de vista organizativo el legislador ha encomendado la defensa de la calidad de las denominaciones de origen a los denominados Consejos Reguladores, que han sido calificados como órganos desconcentrados de la Administración y dentro de los cuales se da una representación de los intereses colectivos de los viticultores y elaboradores que desean beneficiarse del reconocimiento y reglamentación de la denominación, para lo que deben integrarse en el Consejo Regulador, mediante un acto voluntario de inscripción por el que se obligan a cumplir las disposiciones del reglamento de cada denominación, más rigurosas que las que con carácter general asumen el resto de empresarios y productores del sector.
9. No obstante lo expuesto, no podemos detenernos en la anterior comprobación: habremos de seguir indagando en el fundamento de legalidad penal del precepto sancionador aplicado, a fin de cerciorarnos de que bien todos sus elementos cumplen con las exigencias de carácter formal que impone el art. 25.1 CE, bien en algún momento el art. 51.1.7 del Reglamento del Rioja contradice o se aleja de ese fundamento constitucional.
10. Como dijimos en nuestra STC 42/1987, de 7 de abril, a partir de la entrada en vigor de la Constitución toda remisión a la potestad reglamentaria para la definición de nuevas infracciones o la introducción de nuevas sanciones carece de virtualidad y eficacia, pues si el reenvío al reglamento contenido en una norma legal sin contenido material alguno no puede producir efectos, con mayor razón aún debe predicarse la falta de eficacia respecto a la remisión en segundo grado establecida en norma sin fuerza de ley. Y ello, aunque esta última contenga una regulación suficiente, si bien incompleta, de las conductas ilícitas y las sanciones aplicables, ya que tal regulación no sana las insuficiencias atribuibles a la propia Ley que le sirve de cobertura, en atención al cumplimiento de la reserva constitucional de Ley (FJ 3). Igual es el sentido de nuestra STC 177/1992, de 2 de noviembre, que recuerda que la pervivencia de normas reglamentarias sancionadoras preconstitucionales tiene como importante límite la imposibilidad de que con posterioridad a la Constitución se actualicen dichas normas por la misma vía reglamentaria, puesto que ello no respetaría el sistema de producción de normas jurídicas impuestas en la Constitución (FJ 3).
11. Comprobada la anterior infracción constitucional, debe otorgarse a la demandante el amparo del derecho fundamental que le reconoce el art. 25.1 CE, pues fue sancionada por la comisión de una infracción reglamentaria carente de cobertura legal. Por lo que deben anularse tanto la Resolución del Consejo de Ministros que sancionó a la demandante como la Sentencia que la confirmó, pues lesionaron el derecho de la demandante a la legalidad sancionadora.
1º Reconocer el derecho de la entidad demandante a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE).
2º Anular el Acuerdo sancionador de 8 de febrero de 1999 del Consejo de Ministros, expediente 3345-R, y la Sentencia de 26 de junio de 2001 dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 120/99 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo.
Type and record number Recurso de amparo 4456-2001
Promovido por Bodegas y Viñedos Gómez Cruzado, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó parcialmente su demanda contra el Consejo de Ministros sobre multa por infracción en la elaboración de vino
La Administración se apoya en una normativa reglamentaria sancionadora, aprobada con posterioridad a la Constitución y tributaria inmediata de una regulación preconstitucional que incumple las exigencias formales del principio de legalidad penal [FJ 10].
Reserva de ley en materia sancionadora y normas preconstitucionales (SSTC 101/1988, 6/1994, 113/2002) [FFJJ 7 y 10].
La limitación del margen de tolerancia sobre los hechos infractores al 1 por 100 previsto en el art. 51.1.7 del Reglamento del Rioja y no hasta el 5 por 100 del art. 73 del Reglamento del estatuto del vino, no implica, por falta de cobertura legal, el desconocimiento de la garantía formal ínsita al principio de legalidad penal [FJ 6].
Toda norma sancionadora admite diversas interpretaciones como consecuencia natural, entre otros factores, de la vaguedad del lenguaje, el carácter genérico de las normas y su inserción en un sistema normativo relativamente complejo ( SSTC 189/1998, 167/2001) [FJ 6].
El art. 51.1 del Reglamento de la denominación de origen calificada Rioja enumera una serie de conductas perfectamente delimitadas, por lo que debe considerarse cometida una infracción siempre que una de tales conductas se haya dado en la práctica [FJ 5].
En el momento aplicativo del ejercicio de las potestades sancionadoras por los poderes públicos, éstos están sometidos al principio de tipicidad, como garantía material (STC 75/2002) [FJ 5].
El criterio al que se acoge la Sentencia según el cual debe tenerse por dies a quo del plazo de caducidad del expediente administrativo sancionador aquel en que se notifica al interesado el acuerdo de incoación, no resulta de una argumentación aparente o de mero voluntarismo, ni es expresión de un proceso deductivo absurdo o que parta de premisas inexistentes o patentemente erróneas ( SSTC 82/2002, 198/2002) [FJ 4].
La «relación de sujeción especial» no es una norma constitucional, sino la descripción de ciertas situaciones y relaciones administrativas donde la Constitución, o la ley de acuerdo con la Constitución, han modulado los derechos constitucionales de los ciudadanos (STC 132/2001) [FJ 9].
La norma aplicable al caso concreto, subsumiendo en las normas los hechos, es una cuestión de estricta legalidad que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales [FJ 6].
El recurso de amparo no es cauce para dirimir discrepancias relativas a la selección, interpretación y aplicación de la legalidad (STC 228/2001) [FJ 4].
Hemos de tener por cumplida la carga del art. 44.1 c) LOTC, con la que se trata de preservar el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de amparo (STC 133/2002) [FJ 3].
Deben anularse tanto la Resolución del Consejo de Ministros que sancionó a la demandante como la Sentencia que la confirmó, pues lesionaron el derecho de la demandante a la legalidad sancionadora [FJ 11].
Capítulo I, título II, f. 8
Artículo 93.1, f. 8
Artículo 93.2, f. 8
Artículo 73, ff. 2, 6
Artículo 73.2, ff. 2, 6
Artículo 129.1, f. 8
Artículo 129.2, f. 8
Artículo 129.2 c), ff. 8, 10
Artículo 24.2 (derecho a la presunción de inocencia), ff. 2, 5
Artículo 25.1, ff. 2, 3, 5 a 10
Artículo 117.3, ff. 4, 6
Artículo 51.1.7, ff. 1, 2, 5, 6, 8 a 10
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2001 (recurso contencioso-administrativo núm. 120-1999)
Exclusión de un derecho al acierto judicialExclusión de un derecho al acierto judicial, f. 4
Principio de legalidad sancionadoraPrincipio de legalidad sancionadora, ff. 5, 7, 9
Sanciones administrativas sin cobertura legalSanciones administrativas sin cobertura legal, ff. 8 a 10
Relaciones de especial sujeciónRelaciones de especial sujeción, f. 9