Source: http://www.procuradores-alicante.es/page/traslados.html
Timestamp: 2019-11-22 16:40:17
Document Index: 225478342

Matched Legal Cases: ['artículo 276', 'artículo 28', 'artículo 135', 'artículo 151', 'artículo 154', 'artículo 162', 'artículo 267', 'artículo 265', 'artículo 268', 'artículo 274', 'artículo 276', 'artículo 278', 'artículo 318', 'artículo 231']

Traslados Escritos - CB Procuradores
PRIMERO) REGULACIÓN EN LA LEY 1/2000 DE ENJUICIAMIENTO CIVIL y modificación por Ley 41/07.
SEGUNDO) SENTENCIA T. CONSTITUCIONAL. SUBSANACIÓN DEL DEFECTO.
TERCERO) AUTO SECCIÓN 6ª AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE. SUBSANACIÓN DEL DEFECTO.
CUARTO) INSTRUCCIÓN PARA REGLAMENTACIÓN SERVICIO DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL T.S.J. CATALUÑA. (13 MARZO 2001).
QUINTO) AUTO TRIBUNAL SUPREMO AUSENCIA DE TRASLADO DE COPIAS. INSUBSANABLE
La regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil:
(.....)Pieza importante de este nuevo diseño son los procuradores de los Tribunales, que, por su condición de representantes de las partes y de profesionales con conocimientos técnicos sobre el proceso, están en condiciones de recibir notificaciones y de llevar a cabo el traslado a la parte contraria de muchos escritos y documentos. Para la tramitación de los procesos sin dilaciones indebidas, se confía también en los mismos Colegios de Procuradores para el eficaz funcionamiento de sus servicios de notificación, previstos ya en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En cuanto a la regulación de la entrega de copias de escritos y documentos y su traslado a las demás partes, es innovación de importancia la ya aludida de encomendar el traslado a los Procuradores, cuando éstos intervengan y se hayan personado. El tribunal tendrá por efectuado el traslado desde que le conste la entrega de las copias al servicio de notificación organizado por el Colegio de Procuradores. De este modo, se descarga racionalmente a los órganos jurisdiccionales y, singularmente, al personal no jurisdiccional de un trabajo, que, bien mirado, resulta innecesario e impropio que realicen, en inevitable detrimento de otros. Pero, además, el nuevo sistema permitirá, como antes se apuntó, eliminar «tiempos muertos», pues desde la presentación con traslado acreditado, comenzarán a computarse los plazos para llevar a cabo cualquier actuación procesal ulterior.
Articulo 26. Aceptación del poder. Deberes del procurador.
2. Aceptado el poder, el procurador quedará obligado: 4.º A trasladar los escritos de su poderdante y de su letrado a los procuradores de las restantes partes en la forma prevista en el artículo 276.
Articulo 28. Representación pasiva del procurador.
Articulo 273. Presentación de copias de escritos y documentos.
Articulo 274. Traslado por el tribunal de las copias a las otras partes interesadas, cuando no intervengan procuradores.
Articulo 275. Efectos de la no presentación de copias.
Articulo 276. Traslado de copias de escritos y documentos cuando intervenga procurador. Traslado por el tribunal del escrito de demanda y análogos.
2. El procurador efectuará el traslado entregando al servicio de recepción de notificaciones a que alude el apartado 3 del artículo 28, la copia o copias de los escritos y documentos, que irán destinadas a los procuradores de las restantes partes y litisconsortes. Un Secretario Judicial u oficial designado recibirá las copias presentadas, que, una vez fechadas y selladas, entregará al encargado del servicio, debiendo además firmar el primero un justificante de que se ha realizado el traslado.
Dicho justificante deberá entregarse junto con los escritos y documentos que se presenten al tribunal.
Articulo 277. Efectos de la omisión del traslado mediante procurador.
Articulo 278. Efectos del traslado respecto del curso y cómputo de plazos.
Articulo 279. Función de las copias.
Articulo 280. Denuncia de inexactitud de una copia y efectos.
La Ley 41/2007, de 7 de diciembre, (BOE 08.12.07) modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, modificando en su DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil, según establece : "Primero. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil.
1. Se modifica el artículo 135 de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado de la forma siguiente:
2. El artículo 151 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
3. El apartado 2 del artículo 154 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
4. El artículo 162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, info-telecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.
5. El artículo 267 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
Cuando sean públicos los documentos que hayan de aportarse conforme a lo dispuesto en el artículo 265, podrán presentarse por copia simple, ya sea en soporte papel o, en su caso, en soporte electrónico a través de imagen digitalizada incorporada como anexo que habrá de ir firmado mediante firma electrónica reconocida y, si se impugnara su autenticidad, podrá llevarse a los autos original, copia o certificación del documento con los requisitos necesarios para que surta sus efectos probatorios.
6. El artículo 268 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
7. El artículo 274 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
8. El artículo 276 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
9. El artículo 278 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
10. El artículo 318 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:
STC 107/2005, de 9 de mayo de 2005
b) El Juzgado dictó providencia el 14 de mayo de 2001 (notificada el 22 del mismo mes y año), en la que, con entrega de la copia aportada a la parte contraria, se resolvía no haber lugar a la admisión del recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el art. 277 LEC. Las demandantes de amparo formularon recurso de reposición preparatorio del de queja contra dicha providencia, alegando, entre otras cuestiones, la vulneración del art. 24.1 CE, por la privación del recurso de apelación ante una presunta omisión de un requisito procesal de escasa entidad que, en todo caso, podía haber sido subsanado. El recurso fue desestimado por Auto de 17 de julio de 2001, que tuvo por preparado el recurso de queja. El Juzgado rechazó la interpretación del art. 277 LEC realizada por las recurrentes y la posibilidad de subsanación al amparo del art. 231 LEC. Sostuvo el Juzgado que la sanción a la ausencia del traslado de copias de documentos prevista en el art. 276 LEC es tener por no presentado el escrito en cuestión y, aun reconociendo que el escrito podría volver a presentarse en la forma debida, añadía la consideración de que “[n]o es la no presentación del escrito en debida forma lo que conduce a la no admisión del recurso de apelación, sino el hecho de que cuando el escrito se ha presentado ha precluido la posibilidad de subsanar el defecto porque ha vencido el plazo para recurrir”.
c) Interpuesto recurso de queja, la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid lo desestimó mediante Auto de 29 de enero de 2002. La Sala confirmó la postura mantenida por el Juzgado, afirmando que el art. 277 LEC para nada se remite o hace referencia alguna a otra consecuencia jurídica de la omisión del requisito previsto en el art. 276 LEC que no fuera la sanción de inadmisión. Es más, “en el proyecto inicial de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se preveía la subsanación, aun con imposición de multa al procurador. Sin embargo, en la redacción final del precepto se establecía la consecuencia de la inadmisión que conlleva el no tener por preparado el recurso de apelación. Lo único factible es la subsanación del defecto de acreditar el cumplimiento del requisito conforme a lo dispuesto en el artículo 231, pero nunca su cumplimiento extemporáneo, que ya impediría la presentación del escrito de preparación en el plazo procesal hábil para ello”.
En opinión del Fiscal, ni siquiera sería posible considerar que la presentación del recurso adolecía de un defecto subsanable que se ha sancionado de manera desproporcionada, porque la sanción establecida por la LEC es la de inadmisión del recurso, que es la que ha sido acordada. Y, en cuanto a la subsanación, como señala la resolución de la Audiencia, no se puede olvidar que, durante la tramitación parlamentaria de la LEC, desapareció la posibilidad de subsanar, originariamente prevista en el proyecto, y que, en todo caso, lo que únicamente se podría subsanar es la falta de acreditación de la presentación, pero no la presentación misma, porque si se reconociera la posibilidad de subsanar ésta se estaría permitiendo el cumplimiento extemporáneo de un requisito a cuya observancia se subordina la admisión del escrito que contenga el acto que se pretende realizar. Dicho con palabras de este Tribunal, la técnica procesal de la subsanación sólo resulta de aplicación respecto de requisitos que “no se configuren como presupuestos procesales de indeclinable cumplimiento en tiempo y forma” (STC 46/2004, FJ 5).
Por lo demás, apunta el Fiscal que la compatibilidad de tal decisión de inadmisión del recurso, por haber sido presentado sin acreditar que se ha hecho entrega de las copias a las demás partes, con las exigencias derivadas del derecho de acceso al recurso ha sido reconocida ya por la práctica de este Tribunal que, en el recurso de amparo núm. 5965-2002, acordó por unanimidad el 25 de julio de 2003 la inadmisión de la demanda en la que se articulaba una pretensión semejante a la que aquí se plantea, y, si bien es cierto que la resolución referida, por la forma que adopta, no puede considerarse apta para que este tribunal exprese su doctrina, también lo es que la misma resultó ratificada en el ATC 122/2004.
a) En cuanto al alcance de la primera vertiente del art. 14 CE, igualdad “ante la ley”, hemos señalado en reiteradas ocasiones que tal principio impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha justificación. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados, por lo que para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción deben ser proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos [entre otras, SSTC 152/2003, de 17 de julio, FJ 5 c); 255/2004, de 22 de diciembre, FJ 4; y 10/2005, de 20 de enero, FJ 5].
En el supuesto examinado, basta contrastar el precepto de la Ley de enjuiciamiento civil invocado por las actoras con el que ha determinado que se les inadmitiese el recurso de apelación para llegar a la conclusión de que el término de comparación que ofrecen para ilustrar la desigualdad denunciada no es homogéneo, pues se trata de supuestos diferentes —traslado de copias cuando las partes no actúen representadas por Procuradores y cuando intervengan estos profesionales—, para los que resulta lícito que la normativa procesal prevea consecuencias distintas, especialmente si se toma en consideración la desigual formación técnica que se puede suponer en uno y otro supuesto a los intervinientes en el proceso judicial. En consecuencia, no cabe apreciar que la distinta regulación resulte atentatoria al principio de igualdad en el presente caso.
b) Por lo que se refiere a la otra perspectiva, esto es, a la igualdad en la aplicación judicial de la ley, según reiterada doctrina constitucional, para que pueda verse vulnerado el mencionado derecho fundamental es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos (sistematizados, entre las más recientes, en la STC 29/2005, de 14 de febrero, FJ 6, y en las que en ella se citan), de entre los que podemos destacar, a los efectos que aquí interesan, la acreditación de un tertium comparationis, ya que el juicio de igualdad sólo puede realizarse sobre la comparación entre la Sentencia impugnada y las precedentes resoluciones del mismo órgano judicial que, en casos sustancialmente iguales, hayan sido resueltos de forma contradictoria; o, como se dice en la STC 122/2001, de 4 de junio, FJ 2, se requiere que estemos “ante un mismo órgano jurisdiccional, ante dos casos sucesivos y exactamente iguales desde la perspectiva jurídica con la que se les enjuició y, finalmente, ante un palmario cambio de criterio del órgano jurisdiccional”, pues “lo que invariablemente hemos exigido en tales supuestos es que un mismo órgano no modifique arbitrariamente sus decisiones en casos sustancialmente idénticos (STC 8/1981)”. Este presupuesto implica no sólo que los supuestos enjuiciados sean sustancialmente iguales, sino, además, que exista identidad de órgano judicial, entendiendo por tal, en los casos de órganos colegiados, no sólo la identidad de Sala, sino también la de Sección, al considerarse éstas como órganos jurisdiccionales con entidad diferenciada (SSTC 102/2000, de 10 de abril, FJ 2; 122/2001, de 4 de junio, FJ 5; y 140/2003, de 14 de julio, FJ 4, entre otras).
En este sentido, señalamos en la STC 187/2004, de 2 de noviembre, FJ 2, que los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial han de llevar a cabo una adecuada ponderación de los defectos que adviertan en los actos procesales de las partes, guardando en sus decisiones la debida proporcionalidad entre la irregularidad cometida y la sanción que debe acarrear, y procurando, siempre que ello sea posible, la subsanación del defecto o irregularidad a fin de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial. Y añadimos que “[e]n dicha ponderación debe atenderse a la entidad del defecto y a su incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida, así como a su trascendencia para las g
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