Source: http://www.cladh.org/revista-idh/el-derecho-a-la-nacionalidad/
Timestamp: 2013-12-07 20:57:27
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El derecho a la nacionalidad « CLADH | Centro Latinoamericano de Derechos Humanos
Por Marcos Francisco del Rosario Rodríguez
Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana (México). Profesor titular de posgrado de la Universidad de La Sabana (Colombia). Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (México). Más información »
Doctor en Derecho con Mención Honorífica por la Universidad Panamericana (México). Maestría y estudios de posgrado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Juicio de Amparo. Profesor de posgrado y licenciatura en las materias de Teoría Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Ha impartido cursos y seminarios en diferentes universidades e instituciones nacionales e internacionales. Profesor titular de posgrado de la Universidad de La Sabana (Colombia). Investigador visitante en Fordham University Law School (Estados Unidos de Norteamérica). Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de la Ciudad de México, y del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Ha escrito diversos artículos en revistas indexadas y arbitradas, a nivel nacional e internacional, así como en varias obras colectivas. Coordinador de las obras colectivas: “Reflexiones en el contexto de los derechos políticos y civiles en México” (2008) y “Supremacía Constitucional” (2009), editados en conjunto por la Universidad Panamericana y la Editorial Porrúa. Autor de los libros “La Cláusula de Supremacía Constitucional” (2011), obra perteneciente a la Colección de Derecho Procesal Constitucional, de la Editorial Porrúa, “La primacía y universalidad de los Derechos Humanos” (2011), y “Soberanía: un concepto en extinción”, editadas por Ubijuris. Investigador Nivel 1, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Director Académico de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional y de la Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Humanos, en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (México).
El derecho a la nacionalidad es unos de los Derechos Humanos, que por su composición y características, ha recibido distinto trato en su regulación, puesto que, los marcos constitucionales han tendido a considerarlo más como un estatus jurídico de la persona, más que un derecho inherente per se. Si bien es cierto que, los distintos instrumentos internacionales, como es el caso de la Convención Americana, han dejado un cierto margen de discrecionalidad para los Estados en lo relativo a los modos de adquisición, lo que sí es un hecho, es que la nacionalidad es un derecho que no está supeditado a la voluntariedad política de los Estados. La importancia de proteger y garantizar el adecuado ejercicio del derecho a la nacionalidad es tal, que la pertinencia y viabilidad en la subsistencia de muchos otros derechos, depende precisamente de la eficacia de este Derecho. Palabras clave
Corte Interamericana, Derechos Humanos, Latinoamérica, Nacionalidad, Unión Europea
The right to nationality is one of the Human Rights, which by its composition and characteristics, has received different treatment in its regulation, since the constitutional frameworks have tended to regard it more as a person's legal status, rather than a human right. While it is true that various international instruments, such as the American Convention, have left a certain margin of discretion to States regarding modes of acquisition, it is a fact that the nationality is a right that is not subject to the voluntary policy of the states. The importance of protecting and ensuring the proper exercise of the right to nationality is such that the relevance and viability in the survival of many other rights depends precisely on the effectiveness of this right.
Sumario1. La regulación constitucional del derecho a la nacionalidad en América Latina.2. Análisis sobre las sentencias y opiniones relativas al derecho a la nacionalidad emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.2.1 Opinión Consultiva OC–4/84 del 19 de Enero de 1984 (Solicitada por el Gobierno de Costa Rica).2.2 Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú2.3 Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana2.4 Caso Ivcher Bronstein vs. Perú3. Naturaleza, titularidad y ejercicio del Derecho a la Nacionalidad.3.1 Naturaleza jurídica del derecho a la nacionalidad.3.2 Titularidad del derecho a la nacionalidad.4. La Unión Europea5. La doble nacionalidad5.1 Sujeto Pasivo6. Conclusiones7. Sentencias tomadas en consideración1. La regulación constitucional del derecho a la nacionalidad en América Latina.
En la escena latinoamericana, el derecho a la nacionalidad es reconocido por la totalidad de los países. Dicho reconocimiento varía en cuanto al grado de flexibilidad o rigidez de los requisitos establecidos por cada Constitución.
Una constante en cuanto a la regulación del derecho a la nacionalidad, es que todas las constituciones admiten los dos criterios tradicionales para la determinación de la nacionalidad: a) por nacimiento (ya sea por la vertiente ius soli o ius sanguinis); y 2) Por naturalización o vía legal.
Tradicionalmente, los sistemas constitucionales han reservado a las autoridades competentes, un margen de potestad para determinar los requisitos necesarios para la adquisición de la nacionalidad a través de la naturalización, así como para las modalidades para poder ejercer el derecho a la nacionalidad por nacimiento.
La temporalidad en la residencia, la intencionalidad de pertenencia a un determinado país, el hecho de contraer matrimonio, así como otros requisitos variables (ejemplo: el servicio prestado a favor de un Estado), son parámetros objetivos y perfectamente identificables en los contenidos de las distintas constituciones latinoamericanas.
Algunos países, enumeran un número mínimo de requisitos para la obtención de la nacionalidad, por parte de extranjeros que poseyendo el tiempo previsto constitucionalmente para la obtención de su residencia, pueden optar por una reducción del plazo, quedando esto a la discreción de la autoridad competente, tal es el caso de la República Argentina, cuya Constitución Política prevé lo siguiente:
Art. 8º Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en los demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias.
Art. 20º Los extranjeros… obtiene nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.
En otras constituciones los plazos para adquirir la nacionalidad por parte de los extranjeros se ven agravados en su normatividad, tanto en lo cuantitativo, como en lo cualitativo. Un ejemplo de ello es lo previsto por la Constitución Política de la República de Brasil, en la cual, conforme a lo previsto por el artículo 12, fracción II, inciso b), para que un extranjero pueda adquirir la nacionalidad por residencia efectiva, deberá contar con 30 años ininterrumpidos y sin condena penal alguna.
La preferencia que un sistema constitucional ofrece respecto a la adquisición de la nacionalidad por vía de naturalización, para aquellas personas que proceden de un Estado determinado, es una forma de regulación perceptible en las constituciones de Brasil (art. 12), Colombia (art. 96), El Salvador (art. 90), Guatemala (art. 145) y Honduras (art. 24). Dichos ordenamientos constitucionales flexibilizan la adquisición, tomando como sustento la cercanía o la vinculación de carácter cultural, histórica y lingüística que ciertos países poseen.
El agravamiento de los requisitos también varía en el caso de la adquisición de la nacionalidad por nacimiento. El ius soli y el ius sanguinis[1. Gómez Robledo, Alonso, 1994. Derecho Internacional y Nueva Ley de Nacionalidad Mexicana. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, UNAM, N. 80, México, pp. 682, 683], siguen incidiendo en la forma de obtener la nacionalidad.
En los sistemas constitucionales se reconoce la existencia del ius soli y ius sanguini, tomando en consideración como factor a la territorialidad, es decir, el lugar en que se nació, así como el vínculo sanguíneo de los ascendentes. Aunque parezcan parámetros de cierta universalidad, en algunas constituciones se tiene como excepción expresamente para la obtención de la titularidad de la nacionalidad, el hecho de que los padres se encuentren en una misión diplomática o en calidad de transeúntes, como en las Constituciones de Bolivia (art. 141), Brasil (art. 12), Chile (art. 10), Guatemala (art. 144), Honduras (art. 23), Nicaragua (art. 16) y República Dominicana (art. 11).
Algunos países contemplan la suspensión en el ejercicio de la nacionalidad. Dicho supuesto se da, cuando se cometen determinadas conductas prohibitivas, previstas así por los marcos constitucionales.
De igual forma, existen sistemas constitucionales que regulan la pérdida de la nacionalidad. En este aspecto, si la figura de pérdida de la nacionalidad prevista por el texto constitucional se deriva de la renuncia voluntaria de la persona, se está de acorde con la normatividad y sentido de la Convención Americana; cosa contraria es, si se contemplan supuestos como en las Constituciones de Chile (Art. 11, numerales 3º y 4) y Honduras (Art. 29).
La pérdida de la nacionalidad, emanada de un decreto o de algún acto de cancelación administrativa, pese a que sea prevista por los países antes mencionados –como se analizará más adelante–, no sólo es contraria a la normatividad de la Convención, sino que viola directamente la naturaleza, vigencia y ejercicio del derecho en cuestión.
El panorama actual de los diversos sistemas constitucionales latinoamericanos, evidencia que aún existen ciertas inadecuaciones en ciertos marcos constitucionales en relación al artículo 20 de la Convención Americana, principalmente en lo relativo a la pérdida de la nacionalidad. En muchas ocasiones, los requisitos establecidos a nivel constitucional, se perciben como auténticas mermas al ejercicio y eficacia del derecho a la nacionalidad.
Es por ello que las sentencias que se analizarán a continuación, ofrecen una perspectiva sobre los rubros que deben ser adicionados en los distintos marcos constitucionales, posibilitando con ello una verdadera armonía normativa y material, entre estas y la Convención Americana.
2. Análisis sobre las sentencias y opiniones relativas al derecho a la nacionalidad emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2.1 Opinión Consultiva OC–4/84 del 19 de Enero de 1984 (Solicitada por el Gobierno de Costa Rica).
En la Opinión Consultiva OC–4/84 del 19 de enero de 1984, presentada por Costa Rica ante la Corte Interamericana, se analizó por primera vez ante dicho órgano jurisdiccional internacional, los alcances del derecho a la nacionalidad. Esto derivado de una iniciativa de reforma que se discutiría en aquél entonces, ante el Poder Legislativo de esta nación centroamericana, cuya principal intención era modificar aspectos relativos a la adquisición de la nacionalidad: forma y modo.
La iniciativa de reforma constitucional contenía, principalmente cuatro aspectos destacados para ser contrastados a la luz de la Convención Americana:
1) El establecimiento de ciertos requisitos de preferencia para la adquisición de la nacionalidad por partes de extranjeros, cuando estos tuvieran como país de origen, aquellos determinados por el Constituyente; 2) La restricción para los extranjeros que tuviesen la procedencia de ciertos países, ya sea que fuesen nacidos o no, en el territorio costarricense; 3) El agravamiento de los requisitos para la adquisición de la nacionalidad y; 4) La restricción para que las mujeres costarricenses pudieran contraer matrimonio con algún hombre extranjero.
La iniciativa sometida de forma preventiva al órgano jurisdiccional interamericano, presentaba una serie de modificaciones que –al parecer– presuponía una merma a la vigencia del derecho a la nacionalidad. Cabe señalar que no existían antecedentes de consultas o juicios sobre el derecho en cuestión ante las instancias interamericanas, por lo que resultaba de suyo sumamente importante que la Corte fijara los primeros parámetros que permitiese medir los alcances y naturaleza de la nacionalidad como un derecho fundamental1. La iniciativa en cuestión, causó una fuerte controversia en Costa Rica. Por una parte, preveía el agravamiento de los requisitos para la adquisición de la nacionalidad, y por otra, la atenuación de requisitos para los extranjeros procedentes de ciertos países. En apariencia, había una situación de discriminación proveniente del Estado costarricense al colocar elementos de preferencia, así como la existencia de una violación grave al derecho a la nacionalidad, contenido en el artículo 20 de la Convención Americana. Además de lo señalado, tal vez los aspectos que más suspicacia generaron, fueron las limitantes contenidas en esta iniciativa, para que los cónyuges extranjeros que llegaran a contraer matrimonio con mujer costarricense, pudiesen obtener la nacionalidad, situación diametralmente distinta para los hombres costarricenses que se casaren con mujeres extranjeras.
Al respecto, la Corte Interamericana en su resolución consultiva, esbozó las líneas materiales sobre las que el derecho a la nacionalidad debe moverse. Por una parte, señaló que la iniciativa en nada lesionaba el derecho a la nacionalidad, y por tanto, no vulneraba normativamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, al pretender establecer parámetros distintos, para la adquisición de la nacionalidad por parte de extranjeros. La Corte advirtió, que era una facultad potestativa del Estado, la configuración y establecimiento de los modos de adquisición de la nacionalidad, es decir, el hecho de establecer criterios de preferencia no conlleva discriminación alguna, ni vulneración del derecho a la nacionalidad. Este criterio es coincidente de alguna forma, con lo que se ha sostenido por la doctrina2.
De igual forma –en su opinión– la Corte precisó, que el hecho de que los Estados adhirieran requisitos para la obtención de la nacionalidad por naturalización, no constituía discriminación contraria a la Convención.
En tal sentido, se puede advertir que el derecho a la nacionalidad conforme a la regulación prevista en la Convención, posee un sentido eminentemente limitativo, esto se traduce, que los Estados no pueden sustraerse de los mandatos imperativos incluidos en el artículo 20 de dicho ordenamiento. Por tanto, toda acción que no se encuentre estipulada en los supuestos normativos del artículo en cuestión, se infiere como una facultad potestativa o discrecionalidad para los Estados3.
Esto se explica, en razón de que toda regulación tendiente a condicionar las formas de obtención de la nacionalidad busca evitar los casos de nacionalidad simultánea o de apátridas; por lo que esto no imposibilita el ejercicio de cualquier persona para ejercer su derecho a la nacionalidad, ni implica una privación de éste4.
Dicha facultad potestativa de los Estados, no puede vislumbrarse como absoluta, ya que los requisitos de adquisición de nacionalidad por vía legal podrán variar o diferenciarse respecto a la procedencia nacional de las personas, pero no lo serán respecto al género, o cualquier otro factor que pudiese propiciar algún tipo de discriminación o estadio de desigualdad5.
Es por ello que la Corte fue contundente en su opinión, al precisar que si constituye discriminación el hecho de que la iniciativa de reforma prevenga condiciones de preferencia en la obtención de la naturalización para algunos de los cónyuges, en razón del género que se tenga, produciéndose con ello una inadecuación formal en relación a los artículos 17.4 y 24 de la Convención.
Dicha discriminación se motiva en la violación al principio de igualdad conyugal, la cual expresa la simetría y equilibrio que deben guardarse en la interacción vertida entre hombre y mujer, durante el matrimonio[7. Cfr. Aparisi, Ángela, 2007. Varón y mujer, complementarios, Ed. Palabra, Madrid, p. 60].
Por tanto, el proyecto de reforma según la opinión vertida por la Corte Interamericana, debía proyectar las mismas condiciones para toda persona que pretenda contraer matrimonio con persona extranjera, y no circunscribirse únicamente a las restricciones previstas para el supuesto de la mujer costarricense que se casare con varón extranjero.
El privilegiar a un género respecto de otro, no sólo reduce la vigencia del derecho a la nacionalidad, sino que vulnera la igualdad de condiciones –como se mencionó– entre los cónyuges, mermando la eficacia del derecho a contraer matrimonio, tutelado también por la Convención6.
2.2 Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú
En el caso Castillo Petruzzi vs. Perú, cuya sentencia se emitió el 30 de mayo de 1999, la Corte Interamericana esgrimió una serie de argumentos por demás interesantes, los cuales permitieron ahondar más sobre los alcances y límites en el ejercicio del derecho a la nacionalidad.
El caso se sitúa en el contexto social de la lucha que llevó a cabo el Estado peruano en los años noventa, en contra de los diversos grupos terroristas inmersos en su territorio7.
Entre los diversos esfuerzos para erradicar estos movimientos, el Estado peruano dictó diversas leyes sustentadas en un estado de excepción, derivado del contexto de emergencia imperante en aquella época. Siendo la premisa primordial el combate al terrorismo, las leyes que se dictaron, buscaban reducir la operatividad de estos grupos, por medio de acciones rápidas y certeras. Por ello, el contenido de tales normas preveía la aplicación de juicios sumarios, los cuales vulneraban los principios de certeza y seguridad jurídica8.
En el contexto de la aplicación de las legislaciones de emergencia, en especial, el Decreto Ley No. 25659 y el Decreto Ley No. 25708, fueron juzgados cuatro ciudadanos chilenos por el delito de traición a la patria. No sólo la imputación de tal delito causó controversia, sino también las graves violaciones procesales que se dieron durante la aplicación de dichas legislaciones.
Ante la instancia de la Comisión Interamericana, unos de los argumentos esgrimidos fue la violación al artículo 20 de la Convención Americana por parte de Perú, ya que al haber sentenciado a los ciudadanos chilenos por el delito de traición a la patria, se violó el derecho a la nacionalidad de estas personas, pues la conducta imputada como delito, está directamente vinculada al hecho de ser nacional.
Tomando en cuenta la posición esgrimida por la Comisión Interamericana, la nacionalidad se concibe como un vínculo de fidelidad voluntario hacia un Estado. Por tanto, la conducta establecida como punible, va dirigida a una categoría de personas, en este caso, todos aquellos que tengan la calidad de nacionales. En contra sentido, el Estado peruano, justificó la legitimidad y legalidad del Decreto, con el simple hecho de encontrarse frente a la presencia de actos y delitos considerados de lesa humanidad[11. Por crimen contra la humanidad, o "crimen de lesa humanidad", se entienden, a los efectos del Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en julio de 1998, diferentes tipos de actos inhumanos graves cuando reúnan dos requisitos: “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”. Abrisketa, Joana, 2006. Crimen contra la humanidad, Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo, Ed. Hegoa, Madrid, http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/47 Fecha de consulta: 15/06/10]. De igual forma, en posición contraria a la desarrollada por la Comisión, se sostuvo que la aplicación del contenido de la Ley Penal no permite hacer distingos de ninguna índole.
En la instancia ejercida ante la Corte Interamericana, por primera vez, se hilvanó una interpretación de tipo activista9, en la que se definió el derecho a la nacionalidad (legal), como el vínculo jurídico–político, mediante el cual, una persona se relaciona con un Estado (determinado), obligándose a una relación de lealtad y fidelidad10. El Estado por su parte, debe asegurarse de que la persona extranjera que aspire a obtener la nacionalidad, se encuentre efectivamente ligado al sistema de valores e intereses de la sociedad a la que pretende pertenecer.
La Corte –en su interpretación– le dio un sentido contractual a la naturaleza del derecho a la nacionalidad por vía de naturalización, mediante la cual, cada una de las partes se obliga voluntariamente a una serie de prestaciones y deberes, siendo implícita la del Estado, no así la de la persona extranjera. Destaca como condición esencial, el vínculo de carácter social y cultural del aspirante, es decir, no basta la simple intención de pertenecer, sino que el Estado debe constatar la unión a la realidad social del país en cuestión11.
En los puntos resolutivos, la Corte Interamericana declaró que no se había violado el artículo 20 de la Convención por parte del Perú. La interpretación de la Corte hizo extensivo el delito de traición a la patria a personas que pertenezcan a la categoría de extranjeros, sujetando la imputabilidad del mismo, a la conducta prevista en el supuesto. Por tanto, no se puede alegar una vulneración al derecho a la nacionalidad, cuando se incurran en acciones previstas como conductas ilícitas.
El Estado peruano fue condenado a modificar aquellas normas violatorias de la Convención, así como a pagar el reintegro de costas y gastos, pero no así la indemnización de los ciudadanos chilenos quienes sufrieron violaciones graves en sus derechos procesales, en concreto, al debido proceso y a la administración de justicia.
2.3 Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana
Otro caso ilustrativo sobre los alcances y contenidos del derecho a la nacionalidad, es el celebre caso de las niñas “Yean y Bosico vs. República Dominicana”, resuelto con sentencia fechada el 8 de septiembre de 2005.
En este caso, el Estado dominicano vulneró diversos derechos humanos de las víctimas, entre estos, el derecho a la nacionalidad. Esta violación ocurrió cuando la autoridad del Registro Civil negó el registro a las niñas Yean y Bosico, pese a haber nacido en territorio dominicano.
La negación del registro trajo consigo diversos efectos negativos para las menores, configurándose con esto un cuadro de violación grave a su dignidad como personas. Un primer efecto de dicha negación, fue haberlas mantenido en un estatus continuo de ilegalidad y vulnerabilidad social; siendo un agravante, el hecho de que se trataba de menores de edad[15. Conforme a los diversos tratados y acuerdos suscritos por la comunidad internacional, así como la mayoría de las legislaciones nacionales, prevén el reconocimiento de delitos en contra de menores de edad, siendo tipificados como conductas agravadas, por la vulnerabilidad de la condición física y psicológica de estos.]. En segundo lugar, impedir el acceso a la nacionalidad, generó que las niñas estuviesen bajo un estado de apátridas12, violando directamente con esto lo previsto por el artículo 20 de la Convención.
Derivado de la imposibilidad de las víctimas para obtener la nacionalidad, una de ellas, la niña Bosico, se vio impedida –arbitrariamente– de ejercer su derecho de acceso a la educación. Es por ello, que la Corte Interamericana advirtió una evidente vulneración al derecho a la nacionalidad.
Además de lo anterior, la Corte consideró que las niñas recibieron un tratamiento discriminatorio por la aplicación de requisitos distintos a los exigidos para menores de 13 años, como se puede apreciar en los párrafos 166 y 174 de la Sentencia.
Derechos fundamentales como el derecho al nombre, a la igualdad y a la personalidad jurídica, al encontrarse condicionada su vigencia al reconocimiento de la nacionalidad, se vieron afectados en su totalidad13.
Aunado a lo anterior, había un temor fundado por parte de los padres de las menores, de que las niñas fuesen expulsadas por carecer de las actas que demostrasen su personalidad y estatus jurídico, y con ello, ser separados materialmente de sus hijas; es decir, había un notorio estado de incertidumbre jurídica.
Estas violaciones a principios elementales de la dignidad humana, en la mayoría de las ocasiones, resulta imposible poder cuantificar la dimensión del daño, por carecer de parámetros de medición exactos, a diferencia de las mermas patrimoniales. A partir de este caso, por primera vez fueron valuados los daños cometidos a los principios fundamentales de la dignidad humana, permitiendo con ello fijar la indemnización por las afectaciones cometidas en la esfera individual de las niñas Yean y Bosico. Fue de esa manera como se conceptualizó la noción del “daño inmaterial”14.
En los puntos resolutivos de este caso, la Corte Interamericana declaró que la República Dominicana había violado los derechos a la nacionalidad e igualdad de las niñas Yean y Bosico.
Esta sentencia, sin duda es una de las más extensivas interpretativamente hablando, así como una de las más ricas argumentativamente, pues pone como base la negación por parte del Estado dominicano de reconocer el derecho a la nacionalidad de las menores, plasmando una verdadera pedagogía de cómo subsanar y reparar todos los derechos humanos quebrantados como efectos de dicha negación.
La reparación de los derechos humanos vulnerados prevista en la sentencia de la Corte, no se limitó única y exclusivamente a las menores, sino también a sus familiares. La Corte asumió la posición de que toda vez que los hechos acontecidos eran imputables al Estado Dominicano, este tenía el deber de reparar los daños efectuados, poniendo los medios necesarios para hacer cesar los efectos de las violaciones. De esta forma, siguiendo
el principio restitutio in integrum15, la Corte Interamericana garantizó la reparación del daños, cuyas vertientes se sustentan en tres puntos: 1) en el restablecimiento de la situación anterior a la violación de los derechos; 2) la configuración de las medidas indispensables, para asegurar en el marco constitucional y legal, se evite a futuro la afectación de derechos; y 3) el establecimiento de indemnizaciones, que deberán ser pagadas por el Estado responsable, como elemento compensatorio por los daños sufridos, cuando sea materialmente imposible una regresión al estado anterior de las cosas.
Fue hasta el 21 de septiembre de 2001, que el Estado dominicano decidió otorgarles el registro a las niñas Yean y Bosico, para que de esta manera pudieran adquirir de forma inmediata la nacionalidad dominicana.
Subsecuentemente al otorgamiento de la nacionalidad, la Corte ordenó a la República Dominicana que adoptara todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar la eficacia y vigencia de sus derechos fundamentales16.
De igual manera, el Estado dominicano como autor de las diversas violaciones cometidas a los derechos humanos de las menores y los daños inmateriales derivados de tales vulneraciones, se le declaró como sujeto de responsabilidad internacional insoslayable, estableciéndose por parte de la Corte, un acto público de reconocimiento como medida de reparación hacia las víctimas.
Sin duda, el presente caso se convirtió en paradigmático, no sólo por las directrices en materia del derecho a la nacionalidad y otros derechos relacionados con éste, sino también –como se señaló– por la exigencia de restituir –a través de una indemnización cuantificada a través de la ponderación de los jueces de la Corte– los daños inmateriales, que de alguna forma, vinieron a complementar de una mejor forma la función reparadora del actuar jurisdiccional de la Corte Interamericana.
Si bien, los Estados poseen un ámbito potestativo de regulación respecto a las formas y requisitos para la adquisición de la nacionalidad conforme los criterios de las Corte Interamericana, la discrecionalidad en el otorgamiento o no de la nacionalidad, tiene como puntos rectores y delimitadores los contenidos en el artículo 20 de la Convención. Por tanto, toda vez que los Estados incurran –ya sea por actos sub–lege, o bien, legales– en omisiones o en contradicciones con los supuestos normativos del numeral antes mencionado, serán inválidos a la luz del control de convencionalidad, ejercido por la Corte Interamericana17.
2.4 Caso Ivcher Bronstein vs. Perú
El último caso sujeto a análisis, es el caso denominado Ivcher Bronstein vs. Perú. La sentencia dictada en dicho caso, sin duda alguna resulta de sumo interés, pues de forma clara la Corte Interamericana detectó las vulneraciones derivadas de la violación directa del derecho a la nacionalidad. Los derechos humanos afectados no fueron objeto de una reducción por mera contingencia, sino que de un hecho matriz, de forma subsecuente y concatenada, se fueron suscitando hasta generar una serie de violaciones graves a la dignidad de Ivcher Bronstein, así como de su familia.
Ivcher Bronstein, prominente empresario del Perú fungía como Director–Presidente del Canal 2, entre otras múltiples actividades relacionadas con los negocios y la empresa. Bronstein había adquirido la nacionalidad peruana el 27 de octubre de 1984, a través de una resolución suprema dictada por el Presidente de la República.
Los contenidos trasmitidos por el canal 2, en específico por el programa “Contrapunto”, en los que se realizaban severas críticas al régimen, motivaron diversos intentos por parte de varios sectores, para que saliera el programa del aire. Bajo este contexto, el Estado peruano de manera unilateral, decidió privar de su nacionalidad a Ivcher, como consecuencia de las críticas vertidas en el canal del cual él era Director.
La notificación por parte de la autoridad competente respecto de la pérdida de la nacionalidad peruana, nunca se llevó a cabo, sino que fue a través de los medio impresos que Ivcher se enteró.
El caso fue llevado a la Comisión Interamericana, la cual solicitó a la Corte Interamericana su intervención en el marco de sus facultades, para el reestablecimiento de los derechos y atributos correspondientes de Ivcher. Dentro de las peticiones formuladas, la Comisión solicitaba garantizar además del derecho a la nacionalidad vulnerado, el derecho de propiedad, el derecho a la libertad de expresión, así como el pago de una indemnización por los daños y perjuicios cometidos por el Estado peruano, tomando para ello las medidas administrativas y legislativas necesarias, para evitar a futuro actos que incidan en afectaciones a estos derechos.
La Corte Interamericana dictó el 21 de noviembre de 2000, en base al artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 25 del Reglamento de la Corte, el establecimiento de medidas provisionales con el fin de proteger la integridad física, psíquica y moral, no sólo de Ivcher, sino también de su familia, la cual se había visto igualmente afectada.
El Estado peruano incumplió en una primera instancia con las recomendaciones de la Comisión, de igual forma, ante la instancia de la Corte, no contestó la demanda, ni asistió a los alegatos, ni a la audiencia respectiva, aduciendo la figura de retiro de la jurisdicción18.
El Estado peruano esgrimió dentro de sus argumentos para privar de la nacionalidad a Ivcher Bronstein, considerarle como una persona altamente peligrosa para la seguridad nacional, justificándose a plenitud la supresión del título de nacionalidad.
La Corte Interamericana, en base a la normatividad interamericana, impulsó de oficio el procedimiento hasta su conclusión, rechazando con esto el planteamiento por parte del Estado peruano de retirarse de su jurisdicción.
Conforme a los artículos 20 y 29 b) de la Convención, así como por los artículos 2.21 y 53 de la Constitución peruana, se prevé que la nacionalidad sólo se pierde por un acto voluntario de renuncia expresa, situación que en los hechos nunca sucedió, muy por el contrario, fue el propio Estado quien de manera directa y deliberada privó arbitrariamente al Sr. Bronstein de su nacionalidad, quebrantando integralmente su derecho a esta, así como otros derivados de esta acción.
Al privarle de su nacionalidad, como consecuencia de esto, se le impidió seguir fungiendo como Director–Presidente del Canal, ya que para ser propietario y poseedor de las acciones mayoritarias, es una condición sine qua non tener el status de nacional. Es decir, al verse imposibilitado para ejercer su derecho a la nacionalidad, hay una serie de derechos fundamentales derivados de dicha condición que se vieron afectados en su totalidad.
La Corte Interamericana definió que la nacionalidad debe ser considerada como un estado natural del ser humano, fundamento de su capacidad política y civil19. En ese sentido, la Corte vislumbró dos funciones esenciales del derecho a la nacionalidad. La primera función es dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en las relaciones Internacionales, vinculándolo con un Estado determinado, sea por el hecho de haber nacido ahí, o bien, que haya adquirido este estatus por naturalización. La segunda función es proteger a la persona en contra de toda privación arbitraria de su nacionalidad, ya que también se le estaría privando del ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Los Estados poseen un ámbito flexible de potestad para regular los modos de adquisición de la nacionalidad, teniendo como límite la exigencia de proteger integralmente la vigencia de los Derechos Humanos conforme al deber de todos los países firmantes de la Convención.
En los prolegómenos de la sentencia emitida el 6 de febrero de 2001, la Corte Interamericana señaló los alcances en la adquisición de la nacionalidad por parte de una persona extranjera, entre las cuales, la más importante sin duda, es la ruptura del vínculo de fidelidad con el Estado de origen.
En los puntos resolutivos de la sentencia, la Corte declaró que el Estado peruano violó el derecho a la nacionalidad, consagrado en el artículo 20.1 y 20.3 de la Convención Americana, en perjuicio de Ivcher Bronstein, además de otros derechos derivados de la violación de éste, como el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial, el derecho a propiedad privada y el derecho a la libertad de expresión. De igual forma, se incumplió con la obligación derivada del artículo 1.1, consistente en respetar todos y cada unos de los derechos reconocidos en la Convención.
Como parte también de los puntos resolutivos, se decidió que Perú tenía que investigar los hechos que generaron las violaciones materia del procedimiento y sentencia en cuestión, con el fin de sancionar a los responsables. De igual forma, ordenó al Estado peruano facilitar todas las condiciones para que Ivcher Bronstein llevara a cabo las gestiones necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista mayoritario de su compañía. Aunado a esto, la Corte estableció el pago de la indemnización por el daño moral ocasionado a Bronstein y su familia, restituyendo con esto la afectación recibida a su dignidad como persona.
3. Naturaleza, titularidad y ejercicio del Derecho a la Nacionalidad.
3.1 Naturaleza jurídica del derecho a la nacionalidad.
El derecho a la nacionalidad se ha reconocido tradicionalmente en los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, como un derecho de carácter inherente a la persona, ubicándose dentro de una dimensión axiológicamente universal20.
Si bien, el derecho a la nacionalidad es fundamental e inherente a cualquier persona, su estructura neurálgica de tipo universal es ciertamente reducida, poseyendo un gran margen de discrecionalidad o potestad en su regulación, limitación y aplicación para los Estados, como encargados de su protección y vigencia21.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 20, establece lo siguiente:
Como se puede advertir, el artículo 20 de la Convención, estipula dos aspectos esenciales: 1) El derecho a la nacionalidad de cualquier persona (ya sea a la del lugar en el que nació, o bien, de aquel que tenga la posibilidad de ejercer); y 2) la obligación directa que tiene todo Estado, de no privarle de su nacionalidad a cualquier persona, de forma arbitraria.
El primer aspecto esencial que se abordará, es la naturaleza político–jurídica del derecho a la nacionalidad. Es evidente, que esta condición de dicho derecho –de cierta manera– condiciona la abstracción en su regulación normativa, dejando con ello, no sólo que los Estados legislativamente lo estructuren, sino también a los órganos jurisdiccionales, los cuales deberán realizar un trabajo de concretización a través de sus resoluciones22.
En la tradición del Estado Moderno, en la que los derechos fundamentales fueron reducidos a prerrogativas dadas por éste23, los derechos de carácter político, tales como el derecho a la nacionalidad, se consideraban como estratégicos para la preservación de los valores nacionales, por lo que el ser nacional de algún Estado se definía en gran parte, por el vinculo étnico, lingüístico y cultural. En la medida de que el lazo nacional se consolidaba, el Estado –se creía así– se veía fortalecido y por tanto, la amenaza de alguna disolución o invasión externa se nulificaba.
Es por ello que el proteccionismo –característica del nacionalismo24– se hizo presente en buena parte de las Constituciones del siglo XX. Dicho proteccionismo privilegiaba en buena medida a los nacionales nacidos en el territorio y a los nacidos bajo un vínculo sanguíneo, por encima de los extranjeros que tuviesen la intención de adquirir la nacionalidad por vía legal.
Si bien, en los años recientes, fenómenos como el multiculturalismo, la globalización, regionalismo e inmigración, han permeado en las legislaciones de diversos Estados permitiendo una mayor flexibilidad en el establecimiento de criterios y condiciones para ejercer el derecho en cuestión, los Estados siguen reservándose los requisitos de concreción para la adquisición de la nacionalidad.
Es en este punto donde se puede percibir con claridad la dimensión política del derecho a la nacionalidad, el cual, no depende en su totalidad de la realidad existencial del hombre, sino de un margen potestativo de los Estados, quienes después de los lineamientos abstractos expresados en el artículo 20 de la Convención, se encuentran facultados para regular ampliamente el cómo y cuándo del acceso al estatus de nacional.
La dimensión política del derecho a la nacionalidad condiciona necesariamente la titularidad y el ejercicio de otros derechos fundamentales de esta misma índole, tales como los derechos políticos–electorales, los cuales requieren de forma sine qua non que la persona que pretenda ejercerlos, posea el estatus de nacional, pues de lo contrario será imposible ejercerlos25.
Si bien, los derechos políticos–electorales son derechos de índole fundamental, no pueden ejercerse plenamente sino se ha cumplido con una serie de requisitos, mismos que fungen como parámetros de desarrollo para estos. Esto significa que sólo las personas que hayan cumplido con las condicionantes establecidas por el texto constitucional y las leyes secundarias de la materia se encontrarán en posibilidad efectiva de ejercerlos. Es por ello, que los derechos políticos, aunque sean derechos fundamentales de carácter inalienable, su vigencia e intangibilidad sólo es parcial26. Sin duda, el derecho a la nacionalidad –como derecho matriz– es quien condiciona el ejercicio de los derechos políticos–electorales.
3.2 Titularidad del derecho a la nacionalidad.
El derecho a la nacionalidad reconocido en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que siendo universal, la titularidad de dicho derecho la ostenta toda persona por el hecho de serlo, es decir, que no hay ningún tipo de condición necesaria que deba cumplirse para su vigencia27.
Es oportuno señalar la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Si bien, existe una relación sensible y constante entre las dos, su esencia es completamente distinta. La nacionalidad es un presupuesto condicional para que exista la ciudadanía28. La calidad de ciudadano no es inherente al hombre, ya que no posee las características de inalienabilidad y universalidad. Por tanto, la titularidad del estatus de ciudadano puede circunscribirse perfectamente al cumplimiento de determinados requisitos y supuestos29.
La nacionalidad condiciona a la ciudadanía, pues sin esta es imposible adquirir el estatus de ciudadano; ya que todo ciudadano requiere ser nacional del Estado al cual pertenece o se encuentra vinculado para hacer efectivas las prerrogativas que le corresponde conforme dicho estatus. Como consecuencia de esto, sin el vínculo político de ciudadano es imposible el desarrollo de los derechos políticos y electorales30.
Por tal motivo, se ha señalado que el derecho a la nacionalidad funge especie de derecho madre o matriz, sin el cual, la simple existencia de los derechos políticos electorales resultaría imposible vislumbrar.
Trato aparte merece el derecho a la nacionalidad en la Unión Europea, en donde una serie de intereses fueron convergiendo y entrelazándose entre sí, configurando una concepción de ciudadanía común (o de la Unión). Esto derivado de la integración del derecho comunitario, que implica el reconocimiento pleno y por igual para los países miembros, de una serie de derechos fundamentales y prerrogativas, sin que éstas substituyan las funciones y responsabilidades de los Estados31.
Es el caso del derecho a la nacionalidad, cuyo contenido y alcances se ha venido desdoblando. Como consecuencia de la integración en un ius cogens, el derecho a la nacionalidad no se restringe a proteger y reconocer el vínculo político de una persona con un país determinado, sino que la unión se hace extensiva a todos los Estados miembro de la Unión. No es la conjunción de relaciones multinacionales, sino los efectos del derecho a la nacionalidad, la cual se ha edificado bajo una única noción compartida32.
Bajo estas condiciones, la titularidad del derecho a la nacionalidad en la Unión Europea, la tiene toda persona que posea un vínculo legítimo con algún país o algunos de los países miembros de la comunidad. El hecho de que se reconozca e identifique la nacionalidad de una persona con un Estado europeo, lo posibilita para ejercer el derecho a la nacionalidad en cualquier país miembro de la Unión, junto con los derechos derivados de esta configuración33.
Derivado de la ampliación del derecho a la nacionalidad, se propició el ejercicio a plenitud de la libertad de circulación por los distintos territorios de los Estados miembro de la Unión, derecho fundamental consagrado en el artículo 2 del Protocolo Adicional 4º de la Convención Europea de Derechos Humanos34.
El artículo 2 del mencionado Protocolo Adicional, menciona que: 1) Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado, tiene derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su residencia; 2) Toda persona es libre de abandonar cualquier país, incluso el suyo; 3) El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, seguridad pública35.
Si bien, el reconocimiento del derecho en cuestión surgió en buena medida para facilitar el intercambio y actividad económica36, a través de la libre entrada de las personas a los distintos Estados teniendo como fin el desarrollo profesional, o simplemente por cuestiones laborales de subsistencia,37 implica de facto una libertad deambulatoria por los diversos territorios, sin que existan restricciones de ningún tipo por poseer la nacionalidad comunitaria.
Como consecuencia lógica del hecho de ser nacional comunitario, las personas pueden circular libremente por los distintos territorios de los Estados con la única limitante de no atentar contra la seguridad nacional y pública, o por realizar actos que pongan en riesgo a la sociedad democrática. Además de lo anterior, para ejercer la libre deambulación se deben cumplir con los requisitos formales, como obtener todos los documentos de viaje, etc., pero fuera de estos supuestos, los individuos no serán sujetos a restricción o limitación de ninguna índole, pudiendo gozar de los beneficios sociales del Estado en el cual se resida: prestaciones, empleo, salud, educación, etc. 38.
Diversos sistemas constitucionales han optado por la inclusión de la figura de la doble nacionalidad, la cual consiste en reconocer a la persona su derecho a ejercer dos o más nacionalidades39. Esto implica –bajo este criterio–, que un individuo materialmente puede ejercer una nacionalidad, sin implicar que ha renunciado definitivamente a la posibilidad de ejercer otra(s) que bajo derecho le corresponde, ya sea por ius soli, ius sanguini o naturalización40.
Por otra parte, existen legislaciones que restringen totalmente el ejercicio de la doble nacionalidad, estipulando que la única será aquella que formal y materialmente se ostente a través de las diversas formas de adquisición previstas por la legislación constitucional.
El caso de Ecuador resulta muy ilustrativo, pues la regulación del derecho a la nacionalidad prevista por su ley fundamental es altamente progresista y flexible, haciendo más dúctil la concreción de dicho derecho41. Conforme a la tendencia actual, los sistemas constitucionales deberán considerar mecanismos que permitan un mayor margen de movimiento para sus habitantes. Factores como la migración, la globalización, la regionalización, entre otros, conllevan a que exista una constante deambulación, por lo que los Estados deberán diseñar estructuras jurídicas solventes para que se garanticen los derechos de toda persona, facilitando –en la medida de lo posible– que adquieran el estatus de nacional y ciudadano con independencia de su procedencia. Bajo el contexto actual, el concepto de nacionalidad y ciudadanía requiere ser lo suficientemente amplio, y de esta forma se protejan los diversos derechos fundamentales de las personas, sin que existan restricciones de ningún tipo por causas aducidas a la pertenencia o no a un Estado o a un grupo étnico determinado42.
5.1 Sujeto Pasivo
Como se ha venido analizando, el derecho a la nacionalidad posee una dimensión política, aspecto que evidencia una fuerte intervención del Estado, no sólo para su reconocimiento, sino también para su vigencia.
Son los Estados quienes poseen la obligación indelegable e insustituible de proteger el derecho a la nacionalidad de las personas. Como se vio en los casos desahogados y resueltos ante la Corte Interamericana, las afectaciones respecto al derecho a la nacionalidad de las personas que fueron demandantes ante la instancia interamericana, fueron en su totalidad por actos de los Estados.
El Estado se erige como sujeto pasivo, pues tiene el deber de cumplir con los supuestos establecidos a nivel constitucional y por la Convención Americana. Dicha obligación tiene dos vertientes: 1) La primera se materializa al momento de reconocer el derecho a la nacionalidad de las personas, conforme a los modos y formas previstas por la Constitución (armonizadas con los contenidos de la Convención en su artículo 20). A ninguna persona se le debe impedir el acceso y ejercicio de la nacionalidad que le corresponda, siendo por tanto el Estado el encargado de garantizar y hacer efectivo esta situación, ya que sólo él es quien puede reconocer la nacionalidad43; 2) La segunda obligación del Estado como sujeto pasivo es proteger el ejercicio constante y pleno del derecho a la nacionalidad de las personas, esto implica que se deberán establecer los mecanismos necesarios para que por ningún motivo o circunstancia, las personas puedan ser privadas de su nacionalidad de forma arbitraria.
El trasfondo de estas obligaciones, pueden sintetizarse en la permanente protección del Estado, para salvaguardar el acceso de las personas a la nacionalidad que le corresponde, así como la protección de cualquier acto que pudiera poner en riesgo su nacionalidad y otros derechos relacionados con ésta.
A diferencia de otros derechos fundamentales, los cuales pueden ser vulnerados por agentes distintos a los del Estado, en el caso del derecho a la nacionalidad se puede afirmar, que el sujeto pasivo está circunscrito a la figura del Estado por su función y ubicación como ente generador y defensor del estatus de nacionalidad de las personas44.
En las sentencias anteriormente comentadas, se puede evidenciar cómo la Corte Interamericana fue configurando los alcances del derecho a la nacionalidad, sobre todo en cuanto a los límites de los Estados en relación a su competencia.
La definición y concreción del derecho a la nacionalidad para su eficacia y funcionalidad depende en algunos aspectos, de la regulación que brinden los Estados, es decir, que en base a lo previsto por el artículo 20 de la Convención Americana, estos poseen la facultad potestativa para establecer los requisitos considerados como necesarios o indispensables para la adquisición de la nacionalidad, siempre y cuando no se genere con esto una situación de desigualdad o discriminación.
De igual forma, la Corte Interamericana ha tutelado de forma efectiva el punto número 3 del artículo 20 de la Convención, resarciendo las afectaciones cometidas a las personas que fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad, así como a aquellas a quienes se les impidió el acceso a esta, siendo que por derecho les correspondía.
Las reparaciones no sólo se han limitado al pago de indemnizaciones por los daños materiales o inmateriales, sino también en los mandatos emitidos por la Corte Interamericana hacia los Estados, para que diseñen en sus marcos constitucionales y legales, los mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio y adecuada protección del derecho a la nacionalidad.
El derecho a la nacionalidad en cuanto a su reconocimiento, tiende a un desdoblamiento por la mayor flexibilidad que ha venido adquiriendo, en gran parte por los fenómenos de multiculturalización y globalización que el mundo actual vive. Aunque sin duda, su principal reto en Latinoamérica, es que se concreticen los alcances del derecho a la nacionalidad, haciendo efectivo su ejercicio sin que existan factores políticos, sociales o económicos que impidan su reconocimiento o propicien su vulneración.
7. Sentencias tomadas en consideración
Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, resuelto con sentencia fechada del 6 de febrero de 2001.
Opinión Consultiva OC–4/84 del 19 de Enero de 1984 (Solicitada por el
Gobierno de Costa Rica).
Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, resuelto con sentencia fechada del
Caso Yean y Bosico vs. República Dominicana, resuelto con sentencia fechada el 8 de septiembre de 2005.
Se observa que en las primeras decisiones de la Corte fijó el alcance de su competencia para conocer de la incompatibilidad, no sólo de las “leyes internas”, sino también de las Constituciones Políticas vigentes o de un proyecto de reforma constitucional incompatibles con la Convención. Rey Cantor, Ernesto, 2008. Control de convencionalidad de las leyes y Derechos Humanos, Ed. Porrúa–IMDPC, México, p. 35 ↩
Cfr. Gómez Robledo, Alonso, Derecho Internacional y Nueva Ley de Nacionalidad Mexicana, op. cit. p. 680 ↩
Cfr. Segovia, Juan Fernando, 2004. Derechos Humanos y Constitucionalismo, Ed. Marcial Pons, Madrid, pp. 36, 37 ↩
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 17.2, se reconoce expresamente el derecho a contraer matrimonio que posee toda persona, teniendo como limites la edad y demás condicionantes que establezcan las leyes internas, siempre y cuando estas no propicien o generen una discriminación o situación de desigualdad. ↩
Cfr. Laplante, Lisa, J., 2007. The Law of remedies and the clean hands Doctrine: Exclusionary reparation policies in Peru’s political transition, American University International Law Review, Vol. 23, No. 1, pp. 51–90, ↩
Cfr. Gozaíni, Osvaldo, 2009. Tratado de Derecho Procesal Civil, Ed. La Ley, Buenos Aires, pp. 85, 86 ↩
Véase Guastini, Riccardo, 2007. Teoría e ideología de la interpretación constitucional, Ed. Trotta, España, pp. 64, 65 ↩
En la sentencia de 30 de Mayo de 1999 (Fondo, reparaciones y costas), en el punto 99, la Corte Interamericana señala: Este Tribunal ha definido el concepto de nacionalidad como “el vínculo jurídico político que liga a un apersona con un Estado determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección diplomática. La adquisición de este vínculo por parte de un extranjero, supone que éste cumpla las condiciones que el Estado ha establecido con el propósito de asegurarse de que el aspirante esté efectivamente vinculado con el sistema de valores e intereses de la sociedad a la que pretende pertenecer, lo dicho supone las “condiciones y procedimientos para esta adquisición (son) predominantes en el Derecho Interno. ↩
Tradicionalmente, se ha concebido la idea de que todo extranjero o inmigrante que pretenda residir en un país determinado, adopta los elementos culturales, lingüísticos y tradicionales prevalecientes en dicho país, es decir, tienden a integrarse a la cultura dominante, situación que evidencia la materialización de un vínculo solvente. Cfr. Kymlicka, Will, 2003. La política vernácula, Ed. Paidós, Madrid, p, 323 ↩
Conforme al artículo 1, del capítulo I, de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, se entiende por apátridas: a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. ↩
El punto en que aparecen las divergencias con los usos jurídicos se encuentra en la segunda parte de la definición de Marshall… la ciudadanía sería el status al que se asocian ex lege todos los derechos, de forma que ésta se convierte en denominación omnicomprensiva y en presupuesto común de todo ese conjunto de derechos que él llama “ciudadanía”: los derechos civiles, los derechos políticas y los derechos sociales… Para un jurista, la relación establecida por Marshall entre ciudadanía y las tres categorías de derechos que él mismo indica, resulta arbitraria, puesto que no todos estos derechos presuponen la ciudadanía como status único que incluye a todos los demás. Cfr. Ferrajoli, Luigi, 2002. Derechos y garantías. La ley del más débil, Ed. Trotta, Madrid, pp. 98–99 ↩
La obligación de reparar todo el daño causado, pero sólo el daño causado, supone siempre descubrir cuáles son y cuál es el alcance preciso de las alteraciones negativas que produce una lesión. Cuando se trata del daño no patrimonial, esta tarea impone la revisión del hombre mismo, como ser individual y social, así como la valoración de sus condiciones particulares, lo que, en no pocas ocasiones, implica considerar elementos de orden social, cultural, religioso y psicológico, entre otros, que escapan a los análisis objetivos propios del perjuicio causado a los intereses económicos. Cfr. M’Causland Sánchez, María Cecilia, 2008. Tipología y reparación del daño no patrimonial, Ed. Universidad del Externado, Bogotá. ↩
Cfr. Peral Rodríguez, Fernando, 1992. La restitutio in integum: el resarcimiento de los daños como prueba del valor, Revista Justicia: revista de derecho procesal, Universidad de La Rioja, No. 1, Logroño, pp. 103–112 ↩
Tejeda, Eddy, El caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Las sanciones que acarrea la privación arbitraria de la nacionalidad, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), http://www.flacso.org.do/libros/migracionyderechoshum/DILCIA_VIOLETA.pdf Fecha de consulta: 5/05/2010 ↩
García Morelos, Gumesindo, 2010. El control judicial difuso de convencionalidad de los derechos humanos por los tribunales ordinarios en México, Ed. UBI JUS, México, p. 26 ↩
Cfr. Monroy Cabra, Marco Gerardo, 2007. Ensayos de Teoría Constitucional y Derecho Internacional, Ed. Universidad del Rosario, Bogotá, pp. 430–448 ↩
Tejeda, Eddy, El caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Las sanciones que acarrea la privación arbitraria de la nacionalidad, op. cit. p. 5 ↩
Gómez Robledo, Alonso, Derecho Internacional y nueva ley de nacionalidad, op. cit. pp. 680–682 ↩
Cfr. Prieto Sanchís, Luis, 2007. Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial, Ed. Palestra, Lima, pp. 135–137 ↩
Cfr. Fioravanti, Maurizio, 2007. Constitución. De la antigüedad a nuestros días, Ed. Trotta, Madrid, pp. 136–138 ↩
Kymlicka, Will, Straehle, Christine, 2001. Cosmopolitismo, Estado–nación y nacionalismo de las minorías. Un análisis crítico de la literatura reciente, Ed. IIJ–UNAM, México, p. 65 ↩
Cfr. Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil. op. cit. p. 99 ↩
Del Rosario, Marcos, 2008. Reflexiones en el contexto de los derechos políticos y civiles en México, Ed. Porrúa, México ↩
Para la Corte, la nacionalidad es la expresión jurídica de un hecho social de conexión de un individuo con un Estado. Se trata de un derecho fundamental e inderogable de la persona humana, ya que permite que un individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad política. Como tal, la nacionalidad es un prerrequisito para el ejercicio de determinados derechos. TEJEDA, Eddy, El caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Las sanciones que acarrea la privación arbitraria de la nacionalidad, op. cit. p. 5 ↩
Cfr. Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil. op. cit. p. 98 ↩
Gómez Robledo, Alonso, Derecho Internacional y nueva ley de nacionalidad, op. cit. p. 683 ↩
Santos Villareal, Gabriel Mario, 2009. Doble nacionalidad. Marco conceptual y Derecho Comparado en América Latina, Ed. Cámara de Diputados LXI Legislatura–Centro de Documentación Información y Análisis, México, pp. 2–3 ↩
Cfr. Fernández Rodríguez, José Julio, 2008. Los fundamentos del Derecho Constitucional, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Lima, pp. 117–120 ↩
López Pina, Antonio, 2004. Europa, un proyecto irrenunciable. La Constitución para Europa desde la teoría constitucional, Ed. Dykinson, Madrid, p. 266 ↩
Ibídem p. 265 ↩
García Roca, Javier y Santolaya, Pablo, 2009. La Europa de los Derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, p. 930 ↩
Ibídem p. 933 ↩
Ibídem p. 932 ↩
Ibídem p. 935 ↩
Cfr. Santos Villareal, Gabriel Mario, Doble nacionalidad. Marco conceptual y Derecho Comparado en América Latina, op. cit. p. 8–9 ↩
Gómez Robledo, Alonso, Derecho Internacional y nueva ley de nacionalidad, op. cit. p. 682 ↩
Los artículos 6, 7 y 8, evidencian la cualidad de apertura de la Constitución, eliminando límites en el ejercicio y en la adquisición del derecho a la nacionalidad. ↩
Cfr. Sartori, Giovanni, 2002. La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Ed. Taurus, México, pp. 99–105 ↩
Gómez Robledo, Alonso, Derecho Internacional y nueva ley de nacionalidad, op. cit. p. 679 ↩