Source: https://it.scribd.com/doc/59414858/Tesis-Daniel-Mauricio-Tejeda-Ayestas
Timestamp: 2020-01-27 19:24:47
Document Index: 26842616

Matched Legal Cases: ['Artículo 25', 'Artículo 239', 'Artículo 239', 'Artículo 243', 'Artículo 239', 'Artículo 239', 'Artículo 243', 'Artículo 243', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 25', 'Artículo 3', 'Artículo 47', 'Artículo 23', 'Artículo 2', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 53', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 99', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 183', 'Artículo 97', 'Artículo 183', 'Artículo 97', 'Artículo 47', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 49', 'Artículo 48', 'Artículo 371', 'Artículo 94', 'Artículo 17', 'Artículo 94', 'Artículo 94', 'Artículo 94', 'Artículo 94', 'Artículo 112', 'Artículo 112', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 368', 'Artículo 368', 'Artículo 1', 'Artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 5', 'Artículo 91', 'Artículo 94', 'Artículo 18', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 37', 'Artículo 44', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 3']

Tesis Daniel Mauricio Tejeda Ayestas | Impuestos | Estado (política)
Tesis Daniel Mauricio Tejeda Ayestas
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES DE LOS PROFESIONALES COMO CONTRIBUYENTES DEL FISCO
DANIEL MAURICIO TEJEDA AYESTAS
Lic. Bonerge Amílcar Mejía Orellana
Lic. Eddy Giovanni Orellana Donis
Lic. Erick Rolando Huitz Enríquez
Br. Jorge Emilio Morales Quezada
Br. Manuel de Jesús Urrutia Osorio
Lic. Avidán Ortíz Orellana
TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXÁMEN TÉCNICO PROFESIONAL
Luis Roberto Romero Rivera
Licda. Johana Carolina Granados
Jorge Mario Álvarez Quirós
Licda. I leana Noemí Villatoro
Licda. Crista Ruiz de Juárez
NOTA: “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas en la tesis”.(Artículo 25 del Reglamento para los Exámenes Téc- nico Profesionales de Abogacía y Notariado y Público de Tesis)
Señor de toda gracia, quien nos llamo a su gloria eterna en Jesucristo, a Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos, Amén.
A MIS PADRES: José Gilberto Tejeda Villavicencio (Q.E.P.D.) e Hilda Ayestas Raudales de Tejeda. Por sus sacrificios, desvelos, esfuerzos, oraciones y porque han ofrendado lo mejor de sí para verme hoy aquí. MI ETERNO AMOR PARA USTEDES, LOS AMO.
A MIS HERMANOS: I lena y Edras. Por cuidar de mí y porque sin su amor no hubiera alcanzado nada.
A MI CUÑADA:
A MI SOBRINO:
Thelma Barrios de Tejeda. Por su valioso apoyo.
José Alejandro. Por ser mi alegría en momentos difíciles.
A MIS MAESTROS Y CATEDRÁTICOS: En Especial a: Ana Marta Guzmán, Ubaldina Ramírez de Estrada, Isabel de De León (Q.E.P.D.), Bonerge Mejía Orellana, Mario Gordillo Galindo, Juan Carlos Corona López, Viviana Vega, Estuardo Castellanos. Porque gracias a todos ustedes hoy puedo comprender la estrofa del Himno del Maestro que dice “Ser maestro es llevar en las manos una antorcha de luz encendida” porque con sus enseñazas han iluminado mi vida.
AL LICENCIADO: Carlos Pivaral González. Asesor del presente trabajo de tesis, que con su sabiduría me dirigió en esta ardua labor.
AL LICENCIADO: Jorge Luis Granados Valiente. Revisor del presente trabajo de tesis, gracias por su valiosa amistad, su apoyo y su cariño incondicional.
Esli Santos: Por apoyarme en todo y brindarme su cariño.
MIS AMIGOS: En especial a Miriam Camey, Jorge de la Torre, Juan Carlos de la Torre, Willard Alfaro, Gabriela Mejía, Roberto García, Carlos Lucero Paz, Humberto Díaz, Alma Azucena Díaz, Carmen Marroquín Mejicano. Por que con su valiosa ayuda he podido alcanzar esta meta.
TODOS MIS FAMILIARES:
Con especial gratitud a cada uno de ellos.
A LA TRICENTENARIA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en especial a la FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Casa de estudios que me albergo para hacer de mí un profesional digno.
1. Los Tributos
1.1. Teoría General de los tributos …………………………………………………….
1.1.1. Concepto de tributo ………………………………………………………
1.1.2. Origen de los tributos ………………………………………………
1.1.3. Necesidad de los tributos ……………………………………
1.1.4. Finalidad de la tributación …………………………………………
1.1.5. Noción general de la teoría jurídica de la tributación ………………
1.1.6. Potestad tributaria del Estado ………………………………
1.1.7. Características del poder tributario ………………………………
1.1.7.1. Carácter originario ………………………………………………
1.1.7.2. Carácter irrenunciable ………………………………
1.1.7.3. Carácter indelegable ………………………………………………
1.1.7.4. Carácter imprescriptible ……………………………
1.1.7.5. Carácter legal ………………………………………
1.1.7.6. Carácter limitado ……………………………………
1.1.8. Competencia tributaria ………………………………………
1.1.9. Limitaciones a la potestad tributaria ………………………
1.1.10. La justicia tributaria ………………………………………………
1.2. Clasificación de los tributos ………………………………………………………
1.2.1. La tasa ………………………………………………………………………
1.2.2. Las contribuciones especiales ……………………………………………
Los impuestos …………………………………………………
1.3. Principios constitucionales del derecho tributario guatemalteco
1.3.1. Principio de legalidad ………………………………………………
1.3.2. Principio de capacidad contributiva o capacidad de pago ……
1.4. Regulación jurídica de los tributos en Guatemala
2. Los Contribuyentes
2.1. Concepto ………………………………………………………………
2.2. Clasificación doctrinaria …………………………………………………………
2.2.1. Sujeto activo ………………………………………………………………
2.2.2. Sujeto pasivo ………………………………………………………………
2.3. Clasificación de la legislación tributaria de Guatemala ………………………
3.1. Concepto ………………………………………………………………
3.2. Clasificación de las obligaciones tributarias ……………………………………
3.2.1. Obligaciones tributarias materiales ………………………………………
3.2.2. Obligaciones tributarias formales ………………………………………….
3.3. Cumplimiento de las obligaciones tributarias ……………………………………
3.3.1. Cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales ……………
3.3.1.1. Pago ………………………………………………………………
3.3.1.2. Compensación ……………………………………………………
3.3.1.3. Confusión …………………………………………………………
3.3.1.4. Condonación …………………………………………
3.3.1.5. Prescripción ………………………………………………………
3.3.2. Cumplimiento de las obligaciones tributarias formales …
Obligaciones tributarias formales ………………………………
4. Obligaciones tributarias formales de los profesionales como contribuyentes del fisco
4.1. Obligaciones tributarias formales específicas de los profesionales como
contribuyentes del fisco …………………………………………………………
4.1.1. Inscripción o actualización como contribuyente
4.1.2. Autorización de documentos ……………………………………………….
4.1.3. Habilitación de libros contables ……………………………………………
4.1.4. Declaración y pago de impuestos mensuales ……………………………
4.1.4.1. Impuesto al valor agregado ……………………………………
4.1.4.2. Impuesto sobre la renta ……………………………
4.1.5. Declaración y pago de impuesto sobre la renta anual ………………
4.1.5.1. Profesional en ejercicio liberal de su profesión …
4.1.5.2. Profesional empleado en relación de dependencia…………….
4.1.6. Conservación de documentos y registros contables ……
4.2. Guía para el cumplimiento de las obligaciones tributarias básicas de los
profesionales como contribuyentes del fisco ……………………………………
CONCLUSIONES …………………………………………………………………………
RECOMENDACIONES …………………………………………………………………
ANEXOS …………………………………………………………………………………….
BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………………….
Deviene la realización del presente trabajo de investigación de la necesidad de dotar a los profesionales de las diversas ramas del saber humano de una herramienta teórico práctica que coadyuve al correcto cumplimiento de uno de los deberes cívicos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, como es contribuir con el Estado para que éste pueda alcanzar su fin supremo que es el bien común, contribución que en el sentido económico financiero se establece a través del pago de tributos.
El pago de los tributos se corrobora por medio del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias formales pues de ellas nace el vínculo jurídico tributario que liga al contribuyente con la Administración Tributaria.
Las obligaciones tributarias formales con las que deben de cumplir los profesionales se encuentran reguladas dentro del ordenamiento jurídico tributario en forma genérica; es decir, no existe una clasificación especificando cuáles son las que los profesionales obligatoriamente deben de cumplir, por lo que es necesario establecer cuáles son y en qué forma se les da cumplimiento, ya que el incumplimiento de estas obligaciones tributarias puede repercutir en sanciones que pueden ir en desmedro de la actividad profesional.
El problema radica, básicamente, en la inexistencia de información adecuada para que el profesional conozca que desde el momento que obtiene el título facultativo, para el ejercicio de su profesión, adquiere obligaciones tributarias formales que son de cumplimiento obligatorio.
El principal objetivo de la presente investigación es proveer a los profesionales de una guía práctica con los fundamentos básicos necesarios, tanto jurídicos como contables, para que desde el momento que obtengan su título facultativo pueda cumplir de manera eficaz y eficiente con las obligaciones tributarias formales que les atañen.
Para poder ilustrar a los profesionales de una manera clara y precisa, el presente trabajo de investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos: En el primero se establece que son los tributos a través de tres aspectos importantes como lo son la teoría general de la creación de tributos, los principios constitucionales del derecho tributario guatemalteco y la regulación jurídica de los tributos en Guatemala.
En el capítulo segundo se establece quiénes son los contribuyentes dando para ello un concepto, la clasificación doctrinaria y finalmente la clasificación que regula el ordenamiento jurídico tributario.
El capítulo tercero se refiere a las obligaciones tributarias a través de establecer el concepto de obligación tributaria, la clasificación de las mismas y cómo se cumplen las obligaciones tributarias.
Finalmente, el capítulo cuarto aborda el tema de las obligaciones tributarias formales específicas que los profesionales deben de cumplir como contribuyentes del fisco y propone una guía para coadyuvar al profesional a que este cumplimiento sea de en una forma eficaz y eficiente.
1.1. Teoría General de los Tributos
1.1.1. Concepto de tributo
La palabra tributo proviene del de la voz latina tributum, que era utilizada en la antigua Roma hasta el año 168 A. de C. para designar el impuesto que debía pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo y que era recaudado por tribus. Durante el imperio, la palabro tributo se utilizó como el nombre de los distintos gravámenes fiscales que pesaban directamente sobre los propietarios de tierras sometidas al Senado se denominaban stipendium (estipendio). Entre una y otra contribución existía diferencia importante el tributo imperial se cobraba directamente a los contribuyentes, mientras el senatorial lo satisfacía la ciudad, que a su vez lo repartía después dentro de sus habitantes, especialmente los terratenientes.
Uno de los aspectos de la soberanía es el conocido Poder Imperio, facultad del Estado Romano que le permitía el dominio absoluto sobre los pueblos conquistados sometiéndolos a su autoridad e imponiéndoles la obligación de aportarle recursos.
Tomando esa idea, se puede decir que en virtud de su poder imperio el Estado cuenta con la facultad de exigir determinados recursos al particular, pero es indispensable dejar asentado que no toda imposición a los particulares podrá tener el carácter de exacción tributaria, al existir otro tipo de ingresos que, a pesar de ser exigidos por el poder soberano, no tienen esa característica, como se puede citar el caso de las multas, que su imposición se debe a un hecho ilícito y su finalidad es, ante todo, un castigo por desobedecer un mandato legal y desanimar así la práctica de ese tipo de conductas. 1
1 Sáenz de Bujanda, Fernando, Hacienda y Derecho. Pág. 139.
1.1.2. Origen de los tributos
Los reyes con el objeto de incrementar su patrimonio y el de sus súbditos se mantenían en constantes guerras con sus vecinos pues el resultado de la victoria era la obtención de los tesoros del derrotado y la adquisición de nuevas tierras y súbditos. Esta situación de constantes guerras eran propiciadas por los nobles o principales del reino, pues de acuerdo al botín logrado así era la riqueza y bienestar de que gozaban. Como en algunas oportunidades las guerras se prolongaban demasiado, las finanzas del Rey se veían disminuidas y a veces al borde de la bancarrota total, situaciones que hicieron que el Rey se viera en la necesidad de solicitar de los principales nobles la colaboración para el sostenimiento del reino y de sus ejércitos. Las prestaciones solicitadas exclusivamente a los principales del reino, crecen con las necesidades de las guerras a un ritmo tan vertiginoso que obligan a los reyes a dirigirse no solo a los nobles, sino directamente hacia sus súbditos en demanda de nuevos recursos.
Vemos así que las ayudas consentidas del vasallo al señor y en general todos los tributos que el Rey solicitó de sus súbditos durante la baja Edad Media, no por consideraciones de interés público, sino, al menos en un principio por intereses recíprocos.
Siempre, como consecuencia de las guerras, el Rey impone su poder a los nobles y a sus súbditos y agrega a los vencidos para sostener a sus ejércitos, crea tributos que deben ser pagados por todos en forma obligatoria.
Esta ampliación de la base contribuyente obligó a dar entrada a los representantes en el primitivo Consejo del Rey, después denominado Comunes, Cortes o Estados Generales. Así, pues, desde el nacimiento de las Cortes, la representación de las Sociedad Estamental tuvo participación directa en la aprobación de los impuestos con cierta preponderancia del Estado llano, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIII. Sin embargo este triunfo de la idea de limitación del poder real, no significa
afirmar la existencia de lo que, andando en el tiempo, habría de constituir el contenido del principio de legalidad tributaria. El consentimiento del tributo se presenta como un derecho de los súbditos opuesto a la facultad de los monarcas de acudir constantemente a ellos en demanda de recursos, pero desde el punto de vista del súbdito es fundamentalmente un derecho de defensa, una garantía y una seguridad frente a la arbitrariedad y abuso de los reyes.
Puede establecerse de esta forma que el origen primario de los tributos fue la ambición de los reyes y de los nobles por adquirir nuevas riquezas, que para obtener dicho objetivo era necesario mantener grandes ejércitos, los cuales para su mantenimiento requerían la utilización de grandes cantidades de bienes, los que al ya no poder ser suministrados por el propio Rey hizo necesaria la petición de colaboración a los nobles, y al no alcanzar dicha colaboración se impone la contribución obligatoria para el súbdito, la cual después se hace extensiva a los vencidos de la guerra.
1.1.3. Necesidad de los tributos
El economista inglés Charles M. Allan 2 expone: “La economía perfectamente competitiva, se presenta, al menos a primera vista como capaz de funcionar de un modo muy satisfactorio sin que intervenga formalmente el Estado, y por consiguiente, sin tributación”. Dicho autor sostiene que existe un sistema de economía que regula la producción de los bienes que necesitamos, y que por lo tanto, no se justifica la intervención del Estado al sostener: “Cuando observamos la economía de Occidente, este sistema estilizado de mercado parece verosímil, como una aproximación a lo que sucedería si se suprimiera la actuación del Estado ¿Porqué, entonces si disponemos de ésta maquinaria autorregulada para producir bienes que necesitamos, tenemos al gigantesco aparato que representa el sector público?.
2 Allan, Charles M. La Teoría de la Tributación. Pág. 54
La respuesta a la interrogante planteada por Charles M. Allan 3 se puede dividir en tres segmentos: Primero: El Estado proporciona bienes sociales y bienes meritorios porque algunos de estos bienes poseen características que los hacen poco aptos para su previsión a través del mercado; segundo: El Estado gasta el dinero para mantener a los pobres; y tercero: El Estado actúa para corregir ciertos fallos del mercado en orden de su buen funcionamiento como mecanismo planificador. O sea, que no obstante propugnar por la no intervención del Estado, se justifica su existencia e intervención al reconocer que determinados bienes o servicios sólo pueden ser suministrados por el Estado, entre los que se puede señalar: La defensa nacional, administración de justicia, limpieza de calles, alumbrado público.
Por otra parte se encuentra el criterio de la mayoría de autores que son contrarios al criterio anterior, y quienes exponen: “Desde tiempos pretéritos, el hombre tiende a vivir en sociedad, y esta colectividad engendra necesidades distintas de las que tiene el individuo en su consideración aislada. Vemos así que cuando el ser humano resuelve integrarse a la colectividad, esta reunión de individualidades supone diversos ideales comunes que primariamente son el defenderse recíprocamente, crear normas de convivencia que regulen la interdependencia armoniosa y velar por su acatamiento, así como buscar el medio de resolver sus controversias y castigar a los infractores con el mayor grado de justicia. Estos ideales, cuya concreción es ineludible para que exista cohesión entre seres solidarios, y no simplemente yuxtaposición de individualidades una al lado de la otra, da lugar a las necesidades públicas. Como esas necesidades son de imposible satisfacción debida mediante esfuerzos aislados de las individualidades, el ser humano asociado tiende a buscar a alguien que auné esos esfuerzos. Desde comienzos de la vida comunitaria se nota la predisposición de subordinarse a un jefe (patriarca, jeque, caudillo, cacique) o a un grupo dominante con el poder de mando suficiente (poder imperio), como para dar solución a los problemas comunes de los grupos constituidos. Con la evolución que
3 Allan, Charles M. Ob.Cit. Pág. 62
traen los siglos, las agrupaciones crecen y se perfeccionan convirtiéndose en estados mediante la conjunción de tres elementos: Población, territorio y gobierno. Es así como el Estado es el obligado de proporcionar una serie de servicios públicos, para la satisfacción de necesidades generales como: la defensa de su territorio, la administración de justicia, educación, la salud pública. Para satisfacer las necesidades públicas mediante la prestación de los servicios correspondientes, es menester realizar erogaciones que suponen los ingresos previos. Observemos por lo pronto la necesidad de que el Estado efectué gastos. Si el Estado necesita gastar, es evidente que debe contar con los medios pecuniarios necesarios para afrontar tales erogaciones, el Estado debe pues, tener ingresos y ahí es cuando se establece la necesidad de crear los tributos.
1.1.4. Finalidad de la tributación
El Estado como ente destinado a la atención constante y permanente de los intereses generales de la colectividad, necesita obtener recursos para poder cumplir con su fin primordial de satisfacer las necesidades públicas, o sea que la finalidad de la tributación es la obtención de recursos para el cumplimiento de los fines sociales de el Estado.
1.1.5. Noción general de la teoría jurídica de la tributación
Se les reconoce a los juristas alemanes realizadores de la Teoría Jurídica de la Tributación.
italianos, el mérito de ser
Los tributos constituyen la más importante clase de ingresos del Estado moderno para obtener los medios económicos que le permitan realizar sus fines, entre los que se encuentra la prestación de los servicios públicos y la satisfacción de las necesidades generales.
Corresponde a la ciencia económica establecer los impuestos y las consecuencias de la individualización de las fuentes de ingresos y gastos, pero es competencia exclusiva del jurista el estudio de los instrumentos establecidos en el derecho, para procurar el dinero al ente público para que este lo administre y lo gaste en la realización de actos considerados útiles o necesarios para el ente por sí mismo y cumpla con sus fines institucionales.
1.1.6. Potestad tributaria del Estado
La denominación de Potestad Tributaria no es aceptada unilateralmente, pues existe a este respecto diversas opiniones. En efecto se habla de “Supremacía tributaria”, Micheli la denomina “Potestad fiscal”; Ingroso la denomina “Poder de imposición”; y Guiliani Fonrouge la denomina “Poder tributario”. Para comprender con mayor claridad a que se refiere este término se puede citar algunas definiciones dadas por connotados tratadistas:
Guiliani Fonrouge la define como: “La facultad o la posibilidad jurídica del Estado, de establecer obligaciones tributarias o de eximir de ellas a las personas que se hallan en su jurisdicción”. Sergio Francisco de la Garza dice que: “Recibe el nombre de poder tributario la facultad del Estado en virtud de la cual puede imponer a los particulares, la obligación de aportar una parte de su riqueza para el ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas”. Berliri, citado por Carlos M. Guiliani Fonrouge dice que: “El poder tributario es la facultad de sancionar normas jurídicas de las cuales se derive o puede derivar, a cargo de determinados individuos o de determinadas categorías de individuos, la obligación de pagar un impuesto o de respetar un limite tributario. Es, en suma la potestad de gravar”.
Héctor Villegas por su parte dice que: “La potestad tributaria (o poder tributario), es la facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria espacial”.
La potestad tributaria, considerada en un plano abstracto, significa, por un lado, supremacía, y, por otro, sujeción. Es decir: La existencia de un ente que se coloca en un plano superior y preeminente, y frente a él, a una masa indiscriminada de individuos ubicada en el plano inferior. El tratadista Héctor Villegas aclara que: “La potestad tributaria es la capacidad potencial de obtener coactivamente prestaciones pecuniarias de los individuos y de requerir el cumplimiento de los deberes necesarios de tal obtención. Pero ella no es todavía un derecho de crédito contra un deudor determinado ni un derecho a exigir prestaciones formales, por lo contrario, no existen deberes concretos correlativos de la potestad tributaria, abstractamente considerada, sino un status de sujeción por parte de quienes están bajo su ámbito espacial. Tal status significa sometimiento de tales personas a normas tributarias de un Estado, pero ello no entraña un deber tributario sino simplemente una sujeción”.
Es necesario entonces tener presente que cuando el Estado se convierte en titular de un derecho subjetivo tributario, frente a el tendrá a obligados a dar, hacer o no hacer. Mientras ello no suceda y la potestad tributaria se mantenga en el plano de lo abstracto como mera facultad, el Estado encontrará a su frente a la comunidad en su conjunto, es decir, a un conglomerado de sujetos indeterminados.
Se puede decir que la potestad tributaria se expresa en la supremacía constitucional, o sea la facultad que exclusivamente le concede la Constitución Política de la República de Guatemala al Estado para poder imponer tributos, lo cual es inherente al Estado debido a su poder imperio; y que se ejerce cuando el órgano correspondiente, o sea el Congreso de la Republica establece los tributos en una ley, que vincula a el sujeto activo ( el Estado) con los sujetos pasivos (los contribuyentes) de la relación jurídico tributaria.
1.1.7. Características del poder tributario
1.1.7.1. Carácter originario
Porque el poder tributario corresponde al Estado desde el punto en que posee la soberanía política y, como consecuencia, posee la soberanía tributaria. El Estado es, pues, el titular del poder tributario
1.1.7.2. Carácter irrenunciable
Dado que el poder tributario se manifiesta en la ley y por lo tanto, el Estado no
puede desprenderse de esta potestad, puesto que perdería con ello un atributo especial, dejando de ser un Estado soberano.
1.1.7.3. Carácter Indelegable
El Estado no puede traspasar, delegar o ceder a otro Estado o ente extraño del Estado mismo, su atributo de dictar leyes tributarias, debido a que el poder tributario es parte de la soberanía de cada Estado.
1.1.7.4. Carácter imprescriptible
El poder tributario no prescribe con el paso del tiempo, y por ello no puede considerarse que el ente público haya hecho dejación de su derecho al no haberlo
ejercido.
1.1.7.5. Carácter legal
El poder tributario se establece en normas legislativas de carácter constitucional; así tenemos que el Artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, otorga el poder tributario al Estado, para que este por medio del Organismo Legislativo, pueda decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales
1.1.7.6. Carácter limitado La potestad tributaria está limitada por diversos principios y preceptos de carácter legal, principalmente los principios y preceptos constitucionales.
1.1.8. Competencia tributaria
Paralelamente al poder tributario o potestad tributaria está la facultad de ejercitarlo en el plano de lo material, a lo cual Hensel llama “Competencia tributaria”. El poder o la potestad tributaria es inherente al Estado y no puede ser suprimido, delegado ni cedido; pero el poder de hacerlo efectivo en la realidad de las cosas, o sea la competencia tributaria, si puede transferirse y otorgarse a personas o entes paraestatales o privados, para hacer efectiva la prestación.
Se puede decir que la competencia tributaria consiste, en la facultad de realizar la aplicación concreta de la norma por parte de la autoridad administrativa, la cual si puede ser delegada a entes privados para su cumplimiento, a diferencia de la indelegabilidad de la cual esta revestida la potestad tributaria por su carácter de facultad exclusiva del Estado, o como dice Sergio Francisco de la Garza, en su obra derecho financiero mexicano, “La competencia tributaria consiste en poder recaudar el tributo cuando se ha producido el hecho generador”.
1.1.9. Limitaciones a la potestad tributaria
Tal como lo indica Héctor Villegas, la potestad tributaria no es omnímoda sino que se halla limitada en los modernos Estados de derecho. En su origen el tributo significo la imposición que el Estado ejercía sobre el particular y aún siguió teniendo ese carácter cuando su aprobación quedó confiada a los “consejos del reino”, “representaciones corporativas” e incluso a las “asambleas populares”.
Mal podría hablarse de garantías de los súbditos cuando la aprobación se
sin normas fijas destinadas a regular los casos
otorgaba en forma genérica y individuales.
El cambio fundamental se produce cuando los modernos Estados constitucionales deciden garantizar los derechos tributarios de los particulares resolviendo que la potestad tributaria solo puede ejercerse mediante la Ley.
La potestad tributaria entonces se transforma de la facultad estatal de crear unilateralmente tributos a la facultad de dictar normas jurídicas objetivas que crean tributos y posibilitan el cobro de los mismos a los obligados.
La primera y fundamental limitación a la potestad tributaria la encontramos regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece en el Artículo 239 el principio de legalidad y reserva de ley, principio a través del cual se ordena que la potestad tributaria debe ser ejercida íntegramente por medio de normas legales.
Claro está que el principio de legalidad y reserva de ley, es sólo una garantía formal de competencia en cuando al órgano productor de la norma y en cuanto a la forma en que debe emitirse, pero no constituye, en si mismo, garantía de justicia, equidad y razonabilidad en la imposición. Por tal motivo, las constituciones incorporan también el principio de capacidad contributiva o capacidad de pago que constituye un límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria. Este principio, capacidad contributiva o capacidad de pago, esta regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 243.
Los principios de legalidad, reserva de ley y capacidad contributiva constituyen el estatuto básico de defensa del contribuyente en contra de la potestad tributaria.
El poder tributario, poder fiscal, potestad tributaria o poder de imposición, en los Estados modernos, que rigen su vida por sus constituciones, y que conforme al sistema de la división de poderes, es atribuido exclusivamente al poder legislativo, el cual lo ejerce en el momento en que expide leyes que determinan qué hechos o situaciones son los que al producirse en la realidad generan para los particulares la obligación del pago de contribuciones. En el caso concreto de nuestro país, la potestad tributaria se ejerce a través del Organismo Legislativo, cuando expide leyes tributarias, y corresponde al Organismo Ejecutivo, en su carácter de administrador fiscal, el determinar o comprobar cuando se han producido en la realidad esos hechos o situaciones que generan la obligación de pagar esas contribuciones, señalar o determinar la cuantía de los pagos o bien verificar si las prestaciones que se han realizado se encuentran ajustadas a la ley. En nuestra Constitución Política, dentro de lo específicamente referido a los principios que limitan directamente a la potestad tributaria, tenemos: Principio de legalidad, principio de reserva de ley, el principio de capacidad de pago o capacidad contributiva; y dentro de los principios que limitan la potestad tributaria en forma indirecta tenemos, por ejemplo: La libertad y la igualdad, la libertad de acción, el derecho de defensa, la no prisión por deuda.
1.1.10. La justicia tributaria
Es necesario antes de concretar lo que es justicia tributaria comprender que esta es una acepción doctrinaria compuesta por dos valores que en suma representan una potestad exclusiva del Estado.
Justicia definida en strictu sensu se dice que es: “Virtud que inclina a dar a cada uno lo que corresponde”. 4 Sin embargo se debe entender que en sentido jurídico justicia equivale a lo que es conforme a Derecho, claro esta que aún en este sentido justicia y derecho no son siempre coincidentes, ya que puede haber derechos injustos.
4 Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 411
El termino “Tributaria” dentro de esta categoría jurídica debe entenderse como “Potestad tributaria” que es: “la facultad o posibilidad exclusiva del Estado de establecer y regular los tributos” 5 .
En este orden de ideas, justicia tributaria se puede definir como: “la potestad en virtud de la cual el Estado reclama de los contribuyentes lo que conforme a derecho le corresponde para poder desarrollar sus funciones y dar cumplimiento de esta forma a su fin supremo que es el bien común”. En el entendido que la justicia tributaria es en si la suma de los más altos principios de los cuales debe estar dotado no solo el sistema tributario de un país sino también todas las leyes que regulen lo relativo ha esta materia pues a través de este elemento se logra que la carga tributaria se compatible con la justicia social. Dentro de los principios que conforman a la justicia tributaria se tienen:
Principio de equidad Principio de igualdad Principio de capacidad contributiva o capacidad de pago Principio de generalidad Principio de no confiscatoriedad
Sin embargo es necesario entender que la justicia en este importante sector de la vida social de un Estado la cual no depende sólo de una correcta formulación de leyes tributarias sustantivas, sino también de manera decisiva, de una regulación de la actividad administrativa y de los recursos para que exista una verdadera justicia tributaria con la cual se cumpla el fin teleológico del Estado que es el bien común.
El principio de justicia tributaria se afirman a través de que un tributo no sea manifiestamente desproporcionado o injusto, situación que se da cuando el tributo legislado incurre en cualquiera de las siguientes infracciones constitucionales: afecta en su esencia el derecho de propiedad u otra garantía constitucional; impide el desarrollo
5 Irías Girón, Juan Miguel, Catálogo de términos y sus acepciones utilizadas en administración financiera y administración tributaria. Pág. 221
de una actividad empresarial lícita, torna ineficiente llevarla a cabo o la desincentiva, estorba o vuelve económicamente aventurada por la drástica reducción de los márgenes de utilidad legítima; coarta la libertad de trabajo; o, sustrae del patrimonio del contribuyente una porción sustancial de la utilidad, renta o capital gravado, al punto de constituirse en confiscatorio. El principio de justicia tributaria es el enlace que debe de existir entre la potestad tributaria, que es exclusiva del Estado, y la justicia social de modo que los impuestos recaudados por el Estado regresen a su destinatario legal, que es el contribuyente, en forma de obras que cumplan con el fin supremo de el origen del Estado que es el bien común.
1.2. Clasificación de los tributos
Entre los ingresos de derecho público del Estado se encuentran los tributos, de estos, los más importantes son los impuestos, luego las contribuciones especiales y las tasas. La verdad es que el derecho positivo no recoge siempre esta clasificación, utilizando indistintamente los términos como sinónimos.
1.2.1. La tasa
Doctrinariamente se le reconoce como un tributo, pero en nuestra legislación tributaria, concretamente el Código Tributario, en el capítulo II, al referirse a los tributos señala que en las clases de tributos se encuentran únicamente los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales, no reconoce como un tributo la existencia de la tasa, de igual forma la Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 239 regula que Congreso de la República es el único ente facultado para crear impuestos, contribuciones especiales y arbitrios y no hace referencia en ninguna parte de su contenido sobre la existencia de la tasa. Como consecuencia de lo anterior, existe entre nuestra legislación y la doctrina una discrepancia sobre si la tasa es un tributo o no, doctrinariamente se considera a la tasa como un tributo.
La tasa, consiste en una prestación pecuniaria que el Estado exige a quienes hacen uso actual de un servicio público.
El Estado exige un pago como contrapartida por un servicio individual, cobra una suma de dinero cuando proporciona por su parte, un servicio individual y personal a quien paga. Esto la distingue del impuesto, en que no existe correlación entre lo que se paga y alguna prestación particular; el impuesto es una carga general, con el fin de financiar las necesidades del Estado que son también las de la comunidad, pero sin fin específico.
1.2.1. Las contribuciones especiales
En la doctrina se han encontrado algunas contradicciones con respecto a esta figura, pues autores como Sergio de la Garza, Guiliani Fonrouge y Flores Zavala, la han considerado como un tributo; sin embargo, la doctrina de Maurice Duverger ya no la denomina contribución especial sino la deja inmersa en una nueva figura llamada por él “Parafiscalidad”. Emilio Margain Manautou, en su obra Introducción al estudio del derecho tributario mexicano, definió “La contribución especial como una prestación que los particulares pagan obligatoriamente al Estado como contribución a los gastos que ocasionó la realización de una obra o servicio de interés general y que lo beneficia en forma especifica”.
Las contribuciones especiales, se distinguen de los impuestos, no obstante que constantemente se usen como términos sinónimos, ya que aquellas se impone a los contribuyentes que se verán directamente beneficiados con los recursos provenientes de su pago.
Se caracterizan por la existencia de un beneficio actual o futuro, debido a la realización de una obra pública o bien de ciertos servicios o actividades especiales que
pueden beneficiar a grupos determinados, pero que al mismo tiempo benefician
1.1.3. Los impuestos
El impuesto es la exacción efectuada por el Estado sobre el patrimonio de los
contribuyentes con el fin de subvenir las necesidades públicas. A esta noción
introductoria del impuesto, demasiado breve para ser exacta, hay que añadir algunas
Actualmente, el elemento de coacción es consubstancial a la noción de
impuesto. A este respecto, conviene evitar una confusión, sin duda es acertado afirmar
que el impuesto no puede establecerse más que con el consentimiento del
contribuyente, pero no se trata de un consentimiento directo, de una manifestación de
voluntad individual. Ello significa solamente que, en régimen representativo, el impuesto
no puede ser establecido por el ejecutivo, sino que sólo puede serlo por las asambleas.
Pero para el contribuyente individual el pago del impuesto será obligatorio y podrá
exigírsele por la fuerza.
En cuanto al fundamento, cabe señalar una cierta evolución de la doctrina.
Estuvo largo tiempo en boga aquella que afirmaba que el deber de pagar el impuesto
resultaba una especie de obligación contractual que liga al Estado con los ciudadanos.
Esa idea está en la base de dos teorías del impuesto.
Según la “Teoría del impuesto prima de seguro”, el impuesto debería ser pagado por los
particulares en razón de la seguridad que el Estado proporciona a su persona y a sus
bienes; y, según la “Teoría del precio de los servicios prestados por el Estado” , el
impuesto es el precio que el individuo paga a cambio de los servicios que el Estado
presta a la comunidad, y por tanto a cada uno de sus miembros.
Como puede observarse fácilmente, estas teorías del contrato fiscal responden a
la teoría política del contrato social. Pero está claro que el Estado no aparece a
consecuencia de un pacto, no es una institución convencional, sino un organismo
naturalmente emanado de la historia al que los individuos se hallan sometidos por una
ley de necesidad y no por una adherencia voluntaria. Por consiguiente, el fundamento
del impuesto no puede ser contractual: Reside en la soberanía del Estado. Por su naturaleza, no es ni una prima de seguro, ni el precio de los servicios prestados, sino una deuda social, cuyos deudores son los ciudadanos por el solo hecho y la sola razón de formar parte de la comunidad social, cuya más alta expresión es el Estado.
Del hecho de que el impuesto sea una deuda social resultan las siguientes consecuencias: En primer lugar, se encuentra justificado de la generalidad y de la universalidad del impuesto, por lo que ningún ciudadano está dispensado de contribuir con las cargas públicas. Por otra parte, el impuesto no corresponde a ninguna contraprestación especial. Del mismo modo que el fundamento del impuesto no es un servicio prestado, su medida no es la contraprestación de una ventaja determinada. La medida de la participación al pago del impuesto la constituye la capacidad contributiva, noción ésta que parece remontarse a Adam Smith, según quien: “Los súbditos de cada Estado deben de contribuir al mantenimiento del gobierno en la medida de lo posible en proporción a su capacidad respectiva”. De la observancia o no de esta máxima resulta la igualdad del impuesto. La capacidad contributiva matiza y atempera el principio de la universalidad y generalidad del impuesto. En cuanto a la finalidad del impuesto, hay que señalar también, una evolución doctrinaria, bajo la presión de los acontecimientos que han conducido a la ampliación del papel del Estado y su progresiva intervención en la economía nacional. En un principio, se confirió al impuesto una finalidad exclusivamente fiscal. Entre el impuesto y el gasto público existía una relación tan estrecha que éste era a la vez el objeto y la medida de aquél. El impuesto era exclusivamente el sistema de recaudar los fondos necesarios para cubrir los gastos de Estado. Por otra parte, aparecida esta doctrina en pleno auge del liberalismo económico, se entendía que dichos gastos debían reducirse al mínimo, puesto que las actividades del Estado tendrían que verse indefectiblemente tachadas de ineficiencia. Toda suma gastada en impuestos era una detracción de las fortunas privadas de los particulares, una merma de sus posibilidades empresariales, una desventaja para el crecimiento de la economía nacional. Lo esencial era que los impuestos ejercieran la menor influencia posible sobre las finanzas privadas.
Para el Estado moderno los impuestos no solamente son un medio para asegurar la cobertura de sus gastos de administración, sino también, y sobre todo, un medio de intervenir en la vida social, de ejercer una presión sobre los ciudadanos para organizar el conjunto de la nación. El viejo principio de igualdad entre gastos e ingresos públicos se pierde, con las modernas medidas de política fiscal.
Es necesario determinar el contenido del derecho constitucional tributario, teniendo en cuenta los límites que se derivan de su propia naturaleza, según la definición y tratamiento jurídico que le dispensa la norma constitucional y de su debida articulación con los demás derechos y preceptos constitucionales, los problemas que se pretende presentar como limitación a un derecho, para la debida protección de los demás, no es más que la interpretación sistemática y unitaria de la Constitución Política de la República de Guatemala lo que desplaza la necesidad de realizar una ponderación de valores o jerarquización de derechos.
De la debida articulación o interacción del derecho de propiedad, con los demás derechos y preceptos constitucionales se deduce, sin el mayor esfuerzo, que aquel no implica un valladar, que ponga al individuo a resguardo, de la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento del Estado; tampoco el derecho del Estado de apropiarse a de la riqueza privada, mediante el establecimiento de tributos, es ilimitado, ya que ello implicaría un desconocer el derecho de propiedad, de ahí que en forma explicita en la constitución fluyan principios básicos constitucionales tributarios, que fijan los limites de la potestad tributaria del Estado.
Todo derecho tiene límites, que se derivan de su propia naturaleza, además de los que se originan por su articulación con otros derechos y preceptos constitucionales. Los primeros que constituyen los contornos del derecho, o la libertad de que se trata,
resultan de la propia norma constitucional y abarcan la identificación del ámbito de la
realidad aludido por la norma constitucional.
La descripción de los derechos y libertades que se consagran en los textos
constitucionales es de carácter abstracto ya que no menciona las múltiples modalidades
y circunstancias de tiempo y lugar que puede revestir su ejercicio, ni la pluralidad de
potestades que puede asignar el individuo, para el debido goce de sus derechos.
Los principios básicos constitucionales tributarios que limitan efectivamente la
potestad tributaria del Estado son: Principio de legalidad y principio de capacidad
contributiva o capacidad de pago, los cuales en el ordenamiento jurídico guatemalteco
se encuentran regulados en los Artículos 239 y 243 de la Constitución Política de la
1.3.1. Principio de legalidad
Es un principio que emana de las luchas políticas contra el Estado absoluto,
afirmando, de acuerdo a la doctrina inglesa y norteamericana, la necesidad de la
aprobación parlamentaria de los impuestos para su validez. Desde este aspecto este
principio se funda en el postulado “No taxation without representation” (no gravamen sin
representación). Confluyen en esta sentencia el pensamiento económico liberal que
considera que el impuesto como una restricción a la propiedad y el pensamiento jurídico
político contractualista, que exige el consentimiento del pueblo, a través de sus
representantes para la validez de los impuestos.
En el ordenamiento legal guatemalteco el principio de legalidad esta regulado
con la Constitución Política de la República en el Artículo 239, en este artículo se
consagra este principio debido a que en el se establece que la única fuente creadora de
tributos puede ser la ley, normando que es potestad exclusiva del Congreso de la
República decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, así como las bases
de recaudación de dichos
Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos
ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las
necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria así como
determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes:
c) El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad tributaria;
d) La base imponible y el tipo impositivo
e) Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos ; y,
Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que
contradiga o tergiversen las normas reguladoras de las bases de recaudación del
tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se
concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los
procedimientos que faciliten su recaudación”.
La Constitución Política de la República de Guatemala , en forma específica, da
en materia tributaria, prevalencia especial al principio de legalidad al establecer en la
misma norma que son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la
ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de
recaudación del tributo, y las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas
bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a
establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. En congruencia con esta
disposición, el Código Tributario enfatiza su vigencia con la finalidad de evitar
arbitrariedades y abusos de poder y desarrollar la regulación constitucional restrictiva de
la función legislativa en materia tributaria.
1.3.2. Principio de capacidad contributiva o capacidad de pago
Este principio básico constitucional tributario garantizado por la Constitución
Política de la República de Guatemala, debe cobrar efectividad mediante la creación de
impuestos que respondan de tal forma que, a mayor capacidad contributiva, la
incidencia debe ser mayor y, de esta forma, el sacrificio será igual. Para lograr un
sistema justo y equitativo deben de tomarse en cuenta las aptitudes personales y tomar
en consideración las diversidades individuales de acuerdo a la capacidad económica
personal de cada contribuyente; para esto el legislador, debe fijar los parámetros que
hagan efectivo este principio que limita el poder tributario del Estado, utilizando tarifas
progresivas que establezcan tipos impositivos mínimos y máximos, y a la vez,
establecer exenciones que excluyan de la tributación a determinados sujetos y a
determinados montos como mínimos vitales, y también debe de contemplarse en la ley
la depuración de la base imponible, excluyendo del gravamen, los gastos necesario
para poder producir la renta.
En el ordenamiento jurídico guatemalteco el principio de capacidad contributiva o
capacidad de pago esta regulado en la Constitución Política de la República de
Guatemala en el Artículo 243, el cual en su parte conducente regula: “Artículo 243.
Principio de Capacidad de Pago.- El sistema tributario debe ser justo y equitativo.
Para el efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de
capacidad de pago…”.
Para poder comprender exactamente el orden de la regulación jurídica de los
tributos en Guatemala es necesario conocer lo que es el orden jurídico.
Orden jurídico “Es el conjunto de normas positivas vigentes relacionadas entre si
y escalonadas o jerarquizadas, que rigen en cada momento de la vida y las instituciones
de toda clase dentro de una nación determinada. Esas normas, en opinión de muchos
filósofos, han de tomarse en un sentido amplio, ya que están formadas no sólo por la
constitución política y las leyes ordinarias, sino también por los reglamentos, por las
disposiciones de las autoridades administrativas, por las sentencias judiciales, por las
costumbres y hasta por los contratos en cuanto regulan las relaciones entre las partes
contratantes. La importancia de cada una de esas normas es diferente y va de mayor a
menor; por lo cual las inferiores toman su fundamento de las inmediatamente superiores. A esta jerarquización o escalonamiento es a lo que Merkl y Kelsen denominaron “Pirámide jurídica”. El orden jurídico es tan esencial para la existencia de un país, que sin el no se concibe la vida social”. 6
Partiendo entonces de que Guatemala es un Estado Constitucional y que respeta el orden jurídico, la normativa jurídico tributaria inicia en la Constitución Política de la Republica de Guatemala al establecer en sus Artículos 239 y 243 los principios básicos constitucionales de legalidad tributaria y capacidad contributiva respectivamente, principios que vienen a ser el pilar fundamental de toda las normas de orden tributario.
Continuando con el escalonamiento del orden jurídico la legislación guatemalteca establece leyes ordinarias, escalón que en materia tributaria se puede dividir en dos segmentos: El primer segmento es de aplicación general a todas las distintas relaciones jurídico tributarias, estando este contenido en el Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código Tributario; y, un segundo segmento que esta conformado por todas las distintas leyes con las que se regulan los diferentes impuestos como por ejemplo el Decreto 26-92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley del Impuesto sobre la Renta; el Decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley del Impuesto al Valor Agregado; el Decreto 37-92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos; el Decreto 431 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley sobre el Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones.
Finalmente en materia tributaria y siempre dentro del escalonamiento del orden jurídico se encuentran ubicadas las normas reglamentarias, que son las herramientas con las cuales se logra la correcta aplicación e interpretación de los preceptos de las normas ordinarias y sobre todo porque a través de ellas se establece lo relativo a la
6 Ossorio, Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 517
forma de recaudación de los distintos impuestos establecidos. Dentro de este escalón tenemos por Ejemplo: El Acuerdo Gubernativo 206-2004 contiene el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta; el Acuerdo Gubernativo 311-97 que contiene el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; el Acuerdo Gubernativo 737-92 que contiene el Reglamento de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos.
2.1. Concepto Contribuyente es el obligado al pago de contribuciones 7 . Persona natural o jurídica a quien la ley le impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.
Héctor Villegas 8 manifiesta que: “recibe el nombre de contribuyente el destinatario legal tributario que debe pagar el tributo al fisco, pues al estar a él referido el mandato de pago tributario, pasa a ser sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria principal”. Se trata de un deudor a título propio, cuya capacidad contributiva tomó en cuenta el legislador al crear el tributo, es entonces el realizador del hecho generador y quien por consiguiente sufre en sus bienes el detrimento económico tributario.
2.2. Clasificación doctrinaria
La doctrina tributaria clasifica a los integrantes de la relación jurídico-tributaria únicamente en: sujeto activo y sujeto pasivo; siendo en el orden el sujeto activo el Estado y el sujeto pasivo el contribuyente o responsable.
2.2.1. Sujeto activo
El único ente con autoridad, para exigir tributos es el Estado en uso de su poder imperio en su territorio, por esta razón se le denomina “sujeto activo”, toda vez que es el que promueve el cumplimiento de la obligación tributaria, estableciendo el sujeto obligado o sujeto pasivo, el motivo o los actos afectos, tiempo y forma en que deberá darse, el cumplimiento de la carga impositiva.
7 Ossorio Manuel, Ob.Cit. Pág. 175
8 Villegas, Héctor B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Pág. 219
2.2.2. Sujeto pasivo
Es la persona física o jurídica que según la ley resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto. Su determinación ha de efectuarse por ley (principio de reserva de ley). La obligación principal consiste en el pago de la deuda tributaria, siendo accesorias a aquella la formulación de cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo, la llevanza y conservación de los libros de contabilidad, registros y demás documentos, el deber de facilitar la práctica de las inspecciones y comprobaciones y proporcionar los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.
El sujeto pasivo es el obligado al pago del tributo dentro de la relación tributaria. Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que según la ley resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto o como responsable del mismo. 9
2.3. Clasificación de la legislación tributaria de Guatemala
La legislación tributaria de Guatemala inicia principalmente la clasificación de contribuyentes en el Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene del Código Tributario, cuerpo normativo que regula en su Artículo 21 quienes son contribuyentes, solamente que lo hace denominándoles “Obligado por deuda propia” regulando:”Artículo 21.-Obligado por deuda propia. Son los contribuyentes, las personas individuales, prescindiendo de su capacidad legal, según el derecho privado y las personas jurídicas, que realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador”.
9 Irías Girón, Juan Miguel, Catálogo de términos y sus acepciones utilizadas en administración financiera y administración tributaria. Pág. 282
Así mismo, el citado cuerpo legal también recoge dentro de su normativa a los que denomina “Obligados por deuda ajena” y estos son, según el propio texto de la ley, “Artículo 25.- Obligado por deuda ajena: Es responsable la persona que sin tener el carácter de contribuyente, debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este”; en doctrina a este tipo de contribuyentes se les denomina “responsables”, ya que sin ser contribuyentes adquieren la calidad como tal cuando por disposición de la ley deben de cumplir responsabilidades tributarias que solo le atañen a un contribuyente.
En este orden de ideas el Código Tributario regula que tanto los contribuyentes como los responsables “están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales de los impuestos…” 10 por lo tanto este cuerpo normativo considera que ambos son los “sujetos pasivos” de la relación jurídico tributaria.
El Decreto 26-92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley del Impuesto sobre la Renta, regula en su capítulo II, Artículo 3 “Contribuyente: Son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las personas individuales y jurídicas domiciliadas o no en Guatemala, que obtengan rentas en el país, independientemente de su nacionalidad o residencia y por lo tanto están obligadas al pago del impuesto cuando se verifique el hecho generador del mismo.
El Decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presenta lo que son los denominados “pequeños contribuyentes” en el Artículo 47 definiendo que: “Los contribuyentes que sean personas individuales, cuyo monto de ventas anuales o de servicios prestados, no exceda de sesenta mil quetzales (Q60,000.00), podrán acogerse al régimen de tributación simplificada de pequeños contribuyentes”.
10 Congreso de la República de Guatemala, Decreto 6-91, Código Tributario, Sección Segunda, Artículo 23.
Finalmente el Acuerdo Gubernativo 311-97 del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual contiene el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su titulo I, capítulo I, Artículo 2 , numerales 3 y 4, regula que los contribuyentes son: “Toda persona individual o jurídica, con inclusión de las copropiedades, sociedades irregulares, sociedades de hecho y otros entes similares, aunque no tengan personalidad jurídica propia, que realicen en forma habitual ventas de bienes , sean estos de su propia producción o adquiridos a terceros, prestaciones de servicios. También se incluye al Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas, cuando efectúen ventas afectas o servicios afectos al Impuesto al Valor Agregado”.
3.1. Concepto Manuel Ossorio, citando a Gómez Navarro, define que: “Obligación tributaria es la que en forma unilateral establece el Estado en ejercicio del poder de imponer, exigible coactivamente de quienes se encuentran sometidos a su soberanía, cuando respecto de ellos se verifica al hecho generador previsto en la ley”. 11
Juan Miguel Irías Girón define que:”Obligación Tributaria es el vínculo jurídico de carácter personal, entre la administración tributaria y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al darse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y se conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente”. 12
El Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código Tributario, regula en su Artículo 14 la definición legal de obligación tributaria y expone: “Artículo 14.- Concepto de Obligación tributaria. Obligación Tributaria es el vínculo jurídico de carácter personal, entre la Administración Tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente”.
11 Ossorio, Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales. Pág.505
12 Irías Girón, Juan Miguel, Catálogo de términos y sus acepciones utilizadas en administración financiera y administración tributaria. Pág. 198
3.2. Clasificación de las obligaciones tributarias
3.2.1. Obligaciones tributarias materiales
Las obligaciones tributarias materiales son aquellas que contiene el presupuesto legal hipotético y condicionante, cuya configuración fáctica, en determinado lugar y tiempo y con respecto de una persona, da lugar a la pretensión crediticia tributaria, hecho imponible. Además, son normas que establecen tácita o expresamente quien es el pretensor, sujeto activo, y quien o quienes pueden llegar a ser los obligados al pago, sujetos pasivos. 13 Dicho en otras palabras las obligaciones tributarias materiales están contenidas en el derecho tributario material que “Es el conjunto de normas jurídicas que la administración fiscal utiliza para comprobar si corresponde que determinada persona pague determinado tributo, y , en su caso, cuál será el importe que por tal concepto el Estado deba percibir ; es decir, el derecho tributario material se ocupa nada menos que de la vital cuestión de decidir cómo se origina la pretensión fiscal de cobrar el impuesto a determinada persona”. 14 Las obligaciones tributarias materiales son las que están compuestas básicamente de dos factores que son: 1. La determinación del impuesto, y, 2. El pago del impuesto. Su acaecimiento depende de el encuadramiento positivo de la actividad que realiza el sujeto pasivo dentro de lo que las diversas leyes tributarias norman como “el hecho generador” de la relación jurídico tributaria.
3.2.2. Obligaciones tributarias formales
Las obligaciones tributarias formales son aquellas en las cuales las diversas leyes tributarias imponen al sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria obligaciones que consisten en hacer, no hacer o soportar.
13 Villegas, Héctor B. Ob.Cit. Pág. 245
14 Villegas, Héctor B. Ob.Cit. Pág. 325
Las obligaciones tributarias formales son las establecidas por el derecho tributario formal que “es el conjunto de normas que suministra las reglas de cómo debe procederse para que el tributo legislativamente creado se transforme en el tributo fiscalmente percibido” 15 .
En otras palabras las obligaciones tributarias formales son requisitos establecidos en las diversas leyes tributarias cuyo cumplimiento es obligatorio y regularmente consiste en, por ejemplo: Presentar la declaración de impuesto, concurrir a una citación fiscal, permitir la fiscalización de los libros de contabilidad, extender los comprobantes por las ventas efectuadas, conservar los documentos por un plazo determinado. Es de aclarar que a pesar de que dichas obligaciones no conllevan el pago de un impuesto, su incumplimiento puede generar sanciones que pueden ser desde las de carácter pecuniario hasta convertirse en delitos penales. En la legislación tributaria guatemalteca se encuentran reguladas las obligaciones tributarias formales en el título III, capítulo II, secciones primera, cuarta, quinta y séptima del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código Tributario.
3.3. Cumplimiento de las obligaciones tributarias
3.3.1. Cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales
Las obligaciones tributarias materiales se extinguen cuando el contribuyente cumple con la obligación y satisface la prestación tributaria o cuando la ley extingue o autoriza a declarar por cumplida y extinguida la obligación. En el derecho fiscal, según Raúl Rodríguez Lobato, sólo se admiten como formas de extinción de las obligaciones tributarias: El pago, la prescripción, la compensación, la condonación y la cancelación 16 .
15 Villegas Héctor B. Ob.Cit. Pag. 325
16 Rodríguez Lobato, Raúl, Derecho fiscal. Pág. 167
En la legislación guatemalteca el Artículo 35 del Decreto 6-91 del Congreso de la
República de Guatemala regula cuales son los medios de extinción de las obligaciones
tributarias formales: “Artículo 35.- Medios de Extinción.- La obligación tributaria se
extingue por los siguiente medios: 1. Pago; 2.Compensación; 3.Confusión;
4.Condonación o remisión; 5.Prescripción”.
Haciendo un breve análisis entre la doctrina y lo que regula la legislación
tributaria guatemalteca es de notar que el ordenamiento jurídico incluye dentro de la
formas de extinción a la confusión, siendo esta forma de extinción necesaria por la
forma como esta establecido en el Decreto 431 del Congreso de la República, que
contiene la Ley de Herencias, legados y donaciones, en su Artículo 53 la posibilidad de
que el Estado sea declarado heredero en lo relativo a las herencias vacantes,
quedando entonces el mismo Estado como sujeto activo y sujeto pasivo si dentro del
proceso sucesorio es declarado heredero.
3.3.1.1. Pago
El pago es el modo por excelencia para extinguir la obligación fiscal y en
palabras de De la Garza, citado por Héctor Villegas, es “El que satisface plenamente
los fines y propósitos de la relación tributaria, porque satisface la pretensión creditoria
del sujeto activo”. El pago es el cumplimiento del sujeto pasivo de su obligación,
satisfaciendo a favor del sujeto activo la prestación tributaria.
3.3.1.2. Compensación
Rafael de Pina define la compensación como el modo de la extinción de las
obligaciones recíprocas que produce su efecto en la medida en que el importe de una
se encuentra comprendido en la otra. De acuerdo con la anterior definición, se puede
decir que la compensación, como forma extintiva de la obligación fiscal, tiene lugar
cuando fisco y contribuyente son acreedores y deudores recíprocos, situación que
puede venir de la aplicación de una misma ley fiscal o de dos diferentes. Es requisito
indispensable que para que sea operante la compensación que las deudas recíprocas sean líquidas y exigibles, o sea, que estén precisadas en cuanto a su cuantía y que su pago no pueda rehusarse conforme a Derecho.
En Guatemala, se admite la compensación como una de las formas de extinguir o cumplir las obligaciones fiscales, aún más, admite la legislación tributaria dos tipos de compensaciones, una denominada simplemente “compensación” y la otra denominada “compensación especial”. Al efecto, el Artículo 43 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código Tributario, regula: “Artículo 43.- Compensación.-Se compensaran de oficio o a petición del contribuyente o responsable, de los créditos tributarios líquidos y exigibles por la Administración Tributaria, con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable, referentes a períodos no prescritos, empezando por los mas antiguos y aunque provengan de distinto tributo siempre que su recaudación este a cargo del mismo órgano de la Administración Tributaria. La compensación entre saldos deudores y acreedores de carácter tributario, tendrá efectos en la cuenta corriente hasta el límite del saldo menor. Para el efecto, se aplicaran las normas establecidas en el Artículo 99 de este Código sobre cuenta corriente tributaria.”; y el Artículo 44, del citado cuerpo legal, regula: “Artículo 44. Compensación Especial.- El contribuyente o responsable podrá pedir la compensación total o parcial de sus deudas tributarias con otros créditos tributarios líquidos y exigibles que tenga a su favor, aún cuando sean administrados por distinto órgano de la Administración Tributaria. La petición se hará ante el Ministerio de Finanzas Públicas.”
La compensación, dentro de las formas de extinción de las obligaciones tributarias es, aparte del pago, la que con más frecuencia se utiliza por los contribuyentes debido a la utilización del crédito fiscal que se obtiene en cada período de liquidación, ya sea mensual o anual, por medio de la presentación de la respectiva declaración con la cual se demuestre que el adeudo tributario, pago del impuesto, ha quedado cubierto por compensación.
3.3.1.3. Confusión
Esta forma de extinción de la obligación tributaria, consiste en que en el sujeto
activo de la obligación tributaria se da la categoría de acreedor y deudor a la vez y
como consecuencia se obtiene extinguida la obligación tributaria. La confusión nunca
podrá operar en la calidad de sujeto pasivo, pues éste no podrá ser en ningún momento
acreedor tributario.
En materia tributaria en Guatemala, la definición de esta forma de extinción de
las obligaciones tributarias esta contenida en el capítulo IV, sección cuarta, del Decreto
6-91 del Congreso de la República de Guatemala, que regula: “Artículo 45. Concepto.-
La reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y
deudor, extingue esa obligación”.
En Guatemala, esta figura de extinción de la obligaciones tributarias se puede
ejemplificar únicamente a través de lo regulado en el Decreto 431 del Congreso de la
República de Guatemala, que contiene la Ley de Herencias, legados y donaciones, en
lo relativo a las herencias vacantes, cuando el Estado ha sido declarado heredero, pues
reúne sólo en ese particular caso las calidades de sujeto pasivo y sujeto activo de la
relación tributaria.
3.3.1.4. Condonación
La principal atribución del Estado dentro de las obligaciones tributarias es la de
ser el sujeto activo, por lo tanto, le corresponde exigir el cumplimiento de las
obligaciones y esta atribución es irrenunciable, salvo en los casos excepcionales en que
se presenten situaciones extraordinarias. La figura jurídica tributaria que permite al
Estado, dado el caso, renunciar legalmente al cumplimiento de la obligación fiscal, es la
condonación, que consiste en la facultad que le concede la ley a la autoridad
hacendaria para declarar extinguido un crédito fiscal y en su caso, las obligaciones con
el fisco relacionadas.
La legislación tributaria guatemalteca denomina a esta forma de extinción como
“condonación o remisión” según lo establecido en la sección quinta, del capítulo IV, del
Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y para tal efecto norma en su Artículo 46 “Condonación.- La obligación del pago de los tributos causados, sólo puede ser condonada o remitida por ley. Las multas y los recargos pueden ser condonados o remitidos por el Presidente de la República, de conformidad con lo establecido por el Artículo 183, inciso r), de la Constitución Política, sin perjuicio de las atribuciones propias del Congreso de la República y de lo establecido en el Artículo 97 de este Código”. Lo relevante de este forma de extinción es que en el sistema tributario guatemalteco le confiere la categoría de atribución constitucional exclusiva del Presidente de la República, ya que es el único facultado directamente para concederla, según lo estipulado en el Artículo 183, inciso r), de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 97 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala.
3.3.1.5. Prescripción
La prescripción es la extinción del derecho de crédito por el transcurso de un tiempo determinado. El derecho fiscal admite la prescripción como una de las formas de extinción tanto de la obligación fiscal como de la obligación de reembolso, por lo tanto, la prescripción puede operar tanto a favor de los contribuyentes y en contra del Estado, como a favor de éste y en contra de aquellos. Si el fisco ha satisfecho plenamente su presupuesto, falta la razón para que indefinidamente subsista su derecho a percibir cantidades que se previnieron como necesarias en periodos anteriores y correlativamente debe sancionarse la negligencia de los particulares al no reclamar oportunamente la devolución de lo pagado indebidamente, por lo tanto, en bien del orden público y de la seguridad y certeza en las relaciones del Estado con los contribuyentes, el derecho de la autoridad fiscal para determinar o exigir prestaciones tributarias y la obligación de las mismas autoridades para restituir las pagadas o cubiertas indebidamente, se extinguen por prescripción.
Con respecto a la prescripción como medio para la extinción o cumplimiento de las obligaciones tributarias el Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código Tributario, regula en su capítulo IV, sección sexta lo relativo a esta figura jurídica, específicamente en su Artículo 47, el cual regula: “Artículo 47.- Plazos.- El derecho de la Administración Tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o responsables, deberá ejercitarse dentro del plazo de cuatro (4) años. En igual plazo deberán los contribuyentes o responsables ejercitar su derecho de repetición, en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente cobrado por concepto de tributos, intereses, recargo y multas”; así mismo, el citado cuerpo legal regula en su Artículo 48 una “prescripción especial” que solamente obra a favor de la Administración Tributaria en contra de los contribuyentes, y que literalmente norma: “Artículo 48.- Prescripción Especial.- No obstante lo establecido en el artículo anterior el plazo de la prescripción se ampliará a ocho años, cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la Administración Tributaria”, y, finalmente, establece el Artículo 49 del mismo cuerpo legal a partir de que momento se dará inicio el conteo del plazo de prescripción: “Artículo 49. Computo de los plazos de la prescripción.- Los plazos establecidos en los Artículos 47 y 48 de este Código, se contarán a partir de la fecha en que se produjo el vencimiento de la obligación de pagar el tributo”.
Es de suma importancia el hacer notar que siendo la prescripción una de las figuras jurídicas más controversiales el ordenamiento jurídico tributario guatemalteco, específicamente en los Artículos 47 y 48 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, que regula en su contenido claramente lo relativo a los plazos, que son de cuatro años para los contribuyentes y de ocho años cuando favorece a la administración tributaria, en que opera la prescripción y a partir de que momento se inicia a contar el plazo para su efectividad, pero lo contenido en el Artículo 48 del citado cuerpo legal es violatorio del principio de equidad y de igualdad, pues lo otorga de manera exclusiva a la administración tributaria un plazo mayor, ocho años, para que
opere la prescripción en su contra dando lugar así a la inoperatividad de la justicia tributaria
3.3.2. Cumplimiento de las obligaciones tributarias formales
Las obligaciones tributarias formales, a diferencia de las obligaciones tributarias materiales, se cumplen en diversos momentos o tiempos debido a que son obligaciones cuyo cumplimiento es individual una de la otra pero que a la vez es interdependiente, quiere decir por Ejemplo: Un abogado presta sus servicios profesionales a una persona “X” y le extiende la correspondiente factura, en este momento cumple con la obligación formal de emitir factura por sus servicios prestados; pero por alguna razón no cumple con presentar las declaraciones de impuestos correspondientes que la emisión de la factura se generan, entonces incumple con otra obligación formal que es la presentación de las declaraciones de impuestos. En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico tributario guatemalteco, específicamente el Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, que contiene el Código Tributario, regula las obligaciones tributarias formales que son de cumplimiento obligatorio para todos los contribuyentes, ya sea para los que ejercen una profesión en forma liberal o para los que se desempeñan como empleados en relación de dependencia y en todo caso para aquellas personas que sus actividades se encuadren dentro de el hecho generador que automáticamente las compele al cumplimiento de las mismas.
Las obligaciones tributarias formales se encuentran dispersas en el Decreto 6-91 del Congreso de la República y sus reformas, que contiene el Código Tributario, por lo que para facilitar su estudio y compresión a continuación en una forma descriptiva, se ha elaborado en resumen de cada una de ellas, el que contiene: 1) La obligación formal de la que se trata; 2) La denominación que le otorga la ley; 3) La sanción a la que se hace acreedor el contribuyente que incumpla con la obligación; y, 4) El fundamento de ley que le confiere vida jurídica la obligación formal.
3.3.2.1. Obligaciones tributarias formales
• Actualización o modificación de los datos de inscripción ante el Registro Tributario Unificado. Denominación legal: Omisión de dar aviso a la administración tributaria de cualquier modificación a los datos de inscripción, del domicilio fiscal o de cambio de contador. Todo ello dentro de un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que se produjo la modificación. Sanción: Multa de treinta quetzales (Q30.00) por cada día de atraso hasta una sanción máxima de un mil quetzales (Q1,000.00) Fundamento legal: Artículos 94 numeral 1; 112 numeral 1 literal “b” y numeral 5 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene el Código Tributario.
• Cumplir con llenar correctamente todos lo datos que se imponen en los formularios de declaraciones de impuestos así como también con los requisitos adicionales que el formulario de declaración requiera, como por ejemplo los anexos de detalle de ciertos rubros específicos. Denominación legal: Omisión o alteración del número de identificación tributaria, o de cualquier otro requisito exigido en las declaraciones de tributos, en los documentos de importación y en cualquier otro documento que se presente o deba presentarse ante la Administración Tributaria. Sanción: Multa de cien quetzales (Q100.00) por cada documento. El máximo de la sanción no podrá exceder de un mil quetzales (Q1,000.00) mensuales. Fundamento legal: Artículos 94 numeral 2 y 112 numeral 1 literales “b” y “c” del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas que contiene el Código Tributario.
• Extender factura cada que vez que venda bienes o preste servicios ó exigir la correspondiente factura en la compra de bienes o en la adquisición de servicios. Denominación legal: Adquirir bienes o servicios sin exigir la documentación legal correspondiente. Sanción: Multa del cien por ciento (100%) del impuesto omitido en cada operación. Fundamento legal: Artículos 94 numeral 3 y 112 numeral 2 del Decreto 6-91 del Congreso de la República, y sus reformas, que contiene el Código Tributario.
• Habilitar, autorizar y tener al día los libros de contabilidad que le correspondan. Denominación legal: No tener los libros contables que obligan el Código de Comercio y las leyes tributarias específicas o no llevar al día dichos libros y registros contables. Se entiende que están al día, si todas las operaciones se encuentran asentadas en los libros y registros debidamente autorizados y habilitados dentro de los dos (2) meses inmediatos siguientes. Sanción: Multa de un mil quetzales (Q1,000.00) cada vez que se fiscalice al contribuyente y se establezca la infracción. Fundamento legal. Artículos 94 numeral 4, y 112 numeral 1 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene el Código Tributario.
• Tener los libros de contabilidad, las declaraciones de impuestos y documentos de respaldo (facturas, pólizas de importación o exportación, notas de crédito o notas de débito) de cada una de las operaciones registradas en el domicilio fiscal o en la oficina de contador nombrado. Denominación legal. Llevar o mantener los libros y registros contables en forma o lugares distintos de los que obligan el Código de Comercio y las respectivas leyes tributarias especificas.
Sanción: Multa de un mil quetzales (Q1,000.00) cada vez que se fiscalice al contribuyente y se establezca la infracción Fundamento legal: Artículos 94 ,numeral 5, y 112 ,numeral 1 literal “d” y numeral 2 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene el Código Tributario; y, Artículo 371 del Decreto 2-70, y sus reformas, que contiene el Código de Comercio de Guatemala.
• Incluir en el precio de los servicios prestados o de los bienes vendidos, los impuestos que correspondan. Denominación legal: Ofertar los bienes y los servicios sin incluir en el precio el impuesto correspondiente cuando así lo establezca la ley tributaria específica. Sanción: Multa de dos mil quetzales (Q2,000.00) cada vez que se establezca la infracción. Fundamento legal: Artículo 94 numeral 6 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene el Código Tributario; y, Artículo 17 del Acuerdo Gubernativo 311-97 , que contiene el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Fungir como agente retenedor de impuestos, cuando así lo ordene la Ley tributaria específica. Denominación legal: Omitir la percepción o retención de tributos de acuerdo con las normas establecidas en el Código Tributario y en las leyes específicas de cada impuesto. Sanción: Multa equivalente al impuesto cuya percepción o retención se omitiere. Fundamento legal: Artículo 94 numeral 7 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene el Código Tributario; y, Artículos 9 y 31 del Acuerdo Gubernativo 206-2004, que contiene el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Utilizar documentos, tales como facturas, notas de crédito, notas de débito u otros documentos contables, con los requisitos que establecen las leyes tributarias y sus reglamentos. Denominación legal: Emitir facturas, tiquetes, notas de crédito, nota de débito, recibos u otros documentos exigidos por las leyes tributarias específicas que no cumplan con los requisitos según la Ley específica. Sanción: Multa de cien quetzales (Q100.00) por cada documento. El máximo de la sanción será de cinco mil quetzales (Q5,000.00) en cada período mensual. Fundamento legal: Artículo 94 numeral 8 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene el Código Tributario; y, Artículos 32, 32 “a”, 33, 34, 35 y 36 del Acuerdo Gubernativo 311-97, que contiene el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
• Presentar las declaraciones de impuestos en los plazos establecidos para tal efecto. Denominación legal: Presentar las declaraciones de impuestos después del plazo establecido en la ley tributaria específica. Sanción: Multa de treinta quetzales (Q30.00) diarios por cada día de atraso con un máximo de seiscientos quetzales (Q600.00) cuando la declaración deba presentarse en forma semanal o mensual; de un mil quinientos quetzales (Q1,500.00) cuando la declaración deba presentar en forma trimestral, y, de tres mil quetzales (Q3,000.00) cuando la declaración deba presentarse en forma anual. Fundamento legal. Artículos 94 ,numeral 9, y 112 numeral 1, literal “c” del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene el Código Tributario.
• Acudir a las citaciones que le haga la Superintendencia de Administración Tributaria o cualquiera de sus dependencias.
Denominación legal: No concurrir a las oficinas tributarias cuando su presencia sea requerida Sanción: Multa de un mil quetzales (Q1000.00) cada vez que sea citado y no concurriere. Fundamento legal: Artículos 94 ,numeral 10, y 112 numeral 6, del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene el Código Tributario
• Dar, el comprador, el aviso de traspaso de vehículos usados por el cambio de propietario. Denominación legal: Dar aviso después de plazo que indica la ley especifica, al Registro correspondiente, del traspaso de vehículos usados, por cambio de propietario. En este caso el obligado a dar el aviso correspondiente es el comprador del vehículo. Sanción: Multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del impuesto omitido, determinado conforme a la tarifa fija que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Fundamento legal: Artículo 94 numeral 11 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene el Código Tributario; y , Artículos 55, 56 y 57 del Decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Dar aviso dentro del plazo que establece la Ley sobre Circulación de Vehículos terrestres, marítimos y aéreos, de cualquier cambio en las características del vehículo. Denominación legal: Dar aviso después del plazo que establece la Ley del Impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos de cualquier cambio producido en las características de los vehículos inscritos en el Registro correspondiente. Sanción: Multa de quinientos quetzales (Q500.00).
Fundamento legal: Artículo 94 numeral 12 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas que contiene el Código Tributario.
• Conservar facturas, declaraciones de impuestos, libros de contabilidad y demás documentos contables por un plazo de cuatro (4) años fiscales, sin contar el año fiscal en curso. Denominación legal: Conservar en forma ordenada, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, libros, documentos, archivos o sistemas informáticos del contribuyente que se relacionen con sus actividades económicas para establecer la base imponible de los tributos y comprobar la cancelación de las obligaciones tributarias. Sanción: Multa equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos mensuales brutos obtenidos por el contribuyente durante el último período mensual, trimestral o anual, declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar. Fundamento legal. Artículos 93 y 112 numeral 2 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene el Código Tributario.
• Permitir el ejercicio de la acción fiscalizadora por los funcionarios autorizados para tal efecto. Denominación legal: Facilitar a los funcionario fiscales autorizados, las inspecciones o verificaciones en cualquier local, establecimiento, cajas registradoras y archivos, así como camiones, tanques, buques, aeronaves y otros medios de transporte. Sanción: Multa equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último período mensual, trimestral o anual declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar. Si para el cumplimiento de lo requerido por la Administración Tributaria es necesaria la intervención de Juez competente, se aplicará a lo dispuesto a la acción fiscalizadora tipificada en el Código Penal.
Fundamento legal: Artículos 93 y 112 numeral 3 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala.
• Verificar en forma constante el correo electrónico. Denominación legal: Por lo menos una vez cada mes calendario, el contribuyente o su responsable deberá consultar los mensajes que la Administración Tributaria le haya enviado a su respectivo buzón electrónico. Sanción: Aún no se impone ningún tipo de sanción. Fundamento legal: Artículo 112 numeral 8 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene el Código Tributario.
4. Obligaciones tributarias formales de los profesionales como contribuyentes del
contribuyentes del fisco
La inscripción o actualización como contribuyente es el primer paso que el
profesional debe de realizar para dar inicio a su relación jurídico tributaria con el fisco
como parte de sus obligaciones tributarias formales, este primer paso se encuentra
regulado por el Artículo 112 numeral 1 inciso “b” del Decreto 6-91 del Congreso de la
República de Guatemala, que contiene el Código Tributario; así como también están
reguladas en el citado cuerpo legal las sanciones por el incumplimiento a esta
obligación tributaria formal en los Artículos 85 numeral 1 y 94 numeral 1.
Comúnmente se le conoce al proceso de inscripción como la obtención del
Número de Identificación Tributaria o Número de N.I.T., el que consiste en un registro
alfanumérico a través del cual la Superintendencia de Administración Tributaria registra
e identifica a una persona como contribuyente, actualmente la obtención del Número de
Identificación Tributaria (N.I.T.) es automática ya que se otorga este número de
identificación tributaria en forma conjunta con la obtención de la primer cédula de
La actualización como contribuyente es un proceso a través del cual la persona
que ya se encuentra inscrita, en el registro tributario unificado, como contribuyente le da
aviso a la superintendencia de administración tributaria que alguno o algunos de sus
datos de la primera inscripción han sufrido alguna modificación, por Ejemplo: Daniel
Tejeda Ayestas, se registró en mil novecientos noventa y cuatro, ante el Registro
Tributario Unificado como empleado en relación de dependencia pero el día veinte de junio de dos mil cinco se gradúa de profesional como abogado y notario, y decide ya no ser más empleado en relación de dependencia sino dedicarse al ejercicio liberal de su profesión, a partir de la fecha de modificación de su calidad como contribuyente, de empleado en relación de dependencia a profesional en ejercicio de su profesión en forma liberal, tiene un plazo de treinta días hábiles para notificar a la superintendencia de administración tributaria de la modificación de su status como contribuyente.
Para llevar a cabo cualquiera de los dos procesos, de inscripción o de actualización como contribuyente, es necesario que se reúnan los requisitos siguientes:
• Obtener y llenar un formulario de Inscripción o Actualización como contribuyente (ver ejemplos en anexo A, páginas 65, 66, 67 y 68 ) , actualmente es el formulario SAT- 14, el cual esta se puede encontrar disponible en cualquier agencia de la superintendencia de administración tributaria SAT, a un costo de un quetzal por unidad;
• Presentar ante la ventanilla del Registro Tributario Unificado la cédula de vecindad original y adjuntar fotocopia de la misma al formulario SAT-14 debidamente lleno; y,
• Presentar ante la ventanilla del registro tributario unificado la constancia de colegiado activo original y adjuntar fotocopia de la misma al formulario SAT-14 debidamente lleno.
Es importante advertir que este primer paso lo debe de efectuar el contribuyente en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de que adquiera la calidad de profesional en ejercicio liberal o que como profesional en ejercicio liberal modifique cualquiera de sus datos de inscripción original, como puede ser: cambio de domicilio fiscal, cambio de contador ó cambio de dirección comercial; ya que al no efectuar dentro de dicho plazo la inscripción o modificación se puede hacer acreedor a las sanciones establecidas en los Artículos 84 numeral 1, que consiste en cierre temporal de sus actividades profesionales, ó 94 numeral 1 del Código Tributario, que consisten en multa de treinta quetzales diarios hasta un máximo de un mil quetzales.
El cumplimiento de esta primer obligación tributaria formal se puede realizar en cualquier agencia de la superintendencia de administración tributaria (SAT).
4.1.2. Autorización de documentos
De la realización del primer paso, que es el registro como contribuyente, se desprenden una serie de obligaciones tributarias formales que son necesarias para poder desarrollar la actividad profesional, la primera de ellas, es la autorización de los documentos contables para el registros de los ingresos, esto de conformidad con lo regulado en el Artículo 36 del Decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, que contiene la Ley del Impuesto al Valor Agregado, “Artículo 36.- Obligación de autorizar documentos. Los contribuyentes para documentar sus operaciones de venta o de prestación de servicios, deben obtener autorización de la Administración Tributaria para el uso de facturas, notas de débitos y notas de crédito, según corresponda…”.
El profesional en ejercicio liberal tiene que autorizar facturas y notas de crédito, las primeras con el fin de comprobar sus ingresos a través de la prestación de sus servicios, y, las segundas para ser utilizadas para cuando tenga la necesidad de anular alguna de las facturas ya emitidas que no hayan sido canceladas o pagadas por causas ajenas a su voluntad.
Para la autorización de los documentos los requisitos son:
• Estar debidamente inscrito como contribuyente, específicamente como profesional en ejercicio liberal de la profesión, y con datos actualizados en el registro tributario unificado de la superintendencia de administración tributaria;
• Obtener y llenar un formulario de autorización de documentos, actualmente es el formulario SAT-42 (ver anexo A página 69 y 70), este formulario es gratuito y se puede obtener en cualquier agencia de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT); y además acompañar al formulario fotocopia completa de su cédula
de vecindad.
El procedimiento de obtención de autorización de documentos consiste en la
presentación de los requisitos anteriormente expuestos ante la ventanilla de
autorización de documentos de cualquier agencia de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT), donde posteriormente a verificar que no hayan errores
en el formulario le entregaran la autorización de documentos, para que la lleve a una
imprenta de su confianza en donde le elaborarán los documentos autorizados.
4.1.3. Habilitación de libros contables
Los libros contables que los profesionales deben de habilitar par el registro de
sus operaciones son únicamente los denominados “libros fiscales”, que son los libros de
registro de ventas de bienes y servicios prestados y de compras de bienes y servicios
adquiridos, esto debido a que no procede que lleven un contabilidad completa porque a
tal actividad solo están obligados los comerciantes, como lo regula el Artículo 368 del
Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código de
Comercio de la República de Guatemala,” Artículo 368.-(Reformado por el Artículo 1 del
Decreto 40-99 del Congreso de la República). Contabilidad y registros indispensables.-
Los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, de
acuerdo con el sistema de partida doble y usando los principios de contabilidad
generalmente aceptados. Para este efecto deberán llevar, los siguientes libros o
registros: 1. Inventarios; 2. De primera entrada o diario; 3. Mayor o centralizador; 4. De
Estados financieros. Además podrán utilizar los otros que estimen necesario por
exigencias contables o administrativas o en virtud de otras leyes especiales.
Los “libros fiscales” son los que nacen por imposición de una ley tributaria, en
Guatemala su origen esta regulado en el Artículo 37 del Decreto 27-92 del Congreso de
la República de Guatemala y sus reformas, que contiene la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, : “Artículo 37. De los libros de compras y ventas.- Independientemente de las
obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. El reglamento indicará la forma y condiciones que deberán reunir tales libros que podrán ser llevados en forma manual o computarizada”.
Para lo obtención de la habilitación de los libros de registro de compras de bienes y servicios adquiridos y de venta de bienes o servicios prestados es necesario:
• Obtener y llevar un formulario de habilitación de libros, que actualmente es el formulario SAT-52 (ver anexo A, páginas 71 y 72), este formulario es gratuito y se puede obtener en cualquier agencia de la superintendencia de administración tributaria (SAT);
• Presentar cédula de vecindad original y fotocopia.
El procedimiento para la habilitación de libros consiste en la presentación de los requisitos indicados anteriormente, ante la ventanilla de autorización de documentos y habilitación de libros de cualquier agencia de la superintendencia de administración tributaria en donde posteriormente a verificar los datos consignados en el formulario correspondiente se le extiende una orden de pago, debido a que los libros y registros de contabilidad están afectos al pago del impuesto del timbre fiscal de conformidad con lo regulado en el Artículo 5 numeral 4 del Decreto 37-92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, en la cual le cobrarán cincuenta centavos de quetzal (Q0.50) por cada hoja de libro que habilite, con la orden de pago debe dirigirse a las cajas fiscales a efectuar el pago y posteriormente al pago regresar a la ventanilla de habilitación de libros en donde le entregarán los stikers de habilitación, si son libros computarizados, ó le colocarán los stikers en los libros, si son libros manuales.
4.1.4. Declaración y pago de impuestos mensuales
Una vez cumplidas las tres primeras obligaciones tributarias formales, como lo
son la inscripción o actualización como contribuyente, la autorización de documentos y
la habilitación de libros, surge la cuarta obligación, que es el pago de impuestos
En la actualidad el profesional en ejercicio liberal esta sujeto a la presentación y
pago de dos impuestos mensuales: Por una parte el impuesto al valor agregado y por la
otra el impuesto sobre la renta.
4.1.4.1. Impuesto al valor agregado
El impuesto al valor agregado, que esta regulado en el Decreto 27-92 y sus
reformas del Congreso de la República de Guatemala, se paga sobre una tarifa
mensual del doce por ciento (12%), su base de calculo es la sumatoria de las facturas
emitidas por los servicios prestados en un mismo mes calendario, las cuales conforman
el débito fiscal; de igual forma y con la misma tarifa del doce por ciento (12%) las
facturas recibidas por la adquisición de bienes o servicios en un mismo mes calendario,
siempre y cuando estas facturas de compras estén ligadas directamente al
mantenimiento de la fuente productora de ingresos, deben ser sumadas para conformar
el crédito fiscal. La cantidad de impuesto a pagar será la diferencia que exista entre
débito fiscal y crédito fiscal. Este impuesto se paga por mensualidades vencidas y
durante el mes siguiente a la fecha en que fueron emitidas las facturas. Actualmente la
declaración del impuesto al valor agregado IVA, se presenta en el formulario SAT-2013
(ver anexo A, páginas 73 y 74).
Para una mejor comprensión de lo anteriormente expuesto, se presenta el
siguiente ejemplo: Daniel Tejeda Ayestas, en ejercicio de su profesión como Abogado y
Notario emitió cinco facturas por la prestación de sus servicios profesionales durante el
mes de mayo del año dos mil cinco, por valor total de once mil doscientos quetzales y
adquirió,
cinco, lo siguiente:
Combustible para su vehículo por valor de novecientos quetzales, pago el alquiler de su oficina por dos mil quinientos quetzales, compro útiles de oficina por quinientos quetzales, pago el servicio de teléfono por trescientos quetzales, parqueo para su vehículo por doscientos cincuenta quetzales, ¿Cuánto tiene que pagar de impuesto al valor agregado?.
Servicios prestados : Q11,200.00
Determinación del IVA Débito fiscal:
Base de pago para el impuesto = Total ingresos Q11,200.00 / 1.12 = Q10,0000 Impuesto por pagar o IVA Débito fiscal = Q10,000.00 x 12% = Q1,200.00
Tarifa del IVA: 12%
Compra de combustible Alquiler de oficina Útiles para oficina Servicio de Teléfono Paqueo de vehículo Total de egresos
Q 4,450.00
Egresos Q 4,500.00
Determinación del IVA Crédito fiscal Base para el crédito por IVA = Total egresos Q4,450.00 / 1.12= Q3,973.22 Impuesto por cobrar o IVA crédito fiscal: Q3, 973.22 X 12% = Q 476.79
Tarifa del impuesto: 12%
Determinación del Impuesto a ingresar en Cajas Fiscales:
IVA Débito Fiscal IVA Crédito Fiscal
Pueden darse tres variantes diferentes a la expuesta con anterioridad:
• Cuando existe un crédito fiscal a favor del contribuyente: Con base en el ejemplo anterior, podemos invertir los valores e imaginar que los ingresos fueron los Q4,450.00 y los egresos Q11,200.00, en este supuesto el resultado de las operaciones matemáticas arroja que son mayores los egresos a los ingresos y por lo tanto en lugar de existir un “impuesto a pagar de Q723. 00” existiría un “crédito fiscal de Q723.00” a favor del contribuyente, este crédito fiscal es traslativo a los siguientes meses hasta agotarse su valor con los subsiguientes debitos fiscales.
• Cuando no se han facturado servicios pero si se han adquirido bienes o servicios: En este supuesto se debe de hacer la operación matemática correspondiente al cálculo del crédito fiscal y presentar la correspondiente declaración para gozar del crédito fiscal, que puede ser utilizado en declaraciones posteriores hasta agotar su valor.
• Cuando no ha habido facturas de ingresos ni de egresos: Esto quiere decir cuando el contribuyente no ha tenido ningún tipo de movimiento, o sea, no ha vendido ni comprado nada, tiene la obligación de presentar la declaración de impuesto en la cual hará constar que efectivamente no ha tenido movimiento; debiendo en este caso presentar el correspondiente formulario debidamente lleno, en cuanto a los datos de identificación del contribuyente así como el período que declara y en las casillas correspondientes a los valores deberá colocar “ceros” ó anular la casilla con una línea horizontal en señal de que no hay valores que reportar, únicamente si tiene crédito fiscal de la declaración inmediata anterior lo hará constar para poder seguir gozando del beneficio, caso contrario lo perderá.
La presentación de la declaración del impuesto al valor agregado en forma mensual es obligatoria para los profesionales debido a que es parte de sus obligaciones tributarias formales, la omisión de la presentación de la declaración lo hace incurrir en sanciones las cuales son:
• Cuando hay impuesto a pagar:
Si lo detecta la Superintendencia de Administración Tributaria por acción fiscalizadora, la sanción será del cien por ciento (100%) del impuesto omitido más intereses resarcitorios y mora. Si lo hace el contribuyente en forma voluntaria pero extemporánea, la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento (50%) Fundamento legal: Artículo 91 del Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código Tributario.
• Cuando no hay impuesto a pagar:
Si lo detecta la Superintendencia de Administración Tributaria por acción fiscalizadora, la sanción será de treinta quetzales (Q30.00) diarios hasta un máximo de seiscientos quetzales (Q600.00) Si lo hace el contribuyente en forma voluntaria pero extemporánea, la sanción será reducida a un veinticinco por ciento (25%) Fundamento legal: Artículo 94 numeral 9 del Decreto 6-91 del Congreso de la República, que contiene el Código Tributario.
4.1.4.2. Impuesto sobre la renta
Debido a las modificaciones introducidas por el Artículo 18 del Decreto 18-04 del Congreso de la República de Guatemala al Decreto 26-92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que crea el Artículo 44 “A” de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el que se regula lo relativo a el tipo impositivo y régimen para personas individuales o jurídicas no mercantiles y que en su parte conducente norma: “Artículo 44 “A”. Tipo impositivo y régimen para personas individuales o jurídicas no mercantiles.- Las personas individuales que presten servicios profesionales, servicios técnicos o de naturaleza no mercantil o servicios de arrendamiento y los que obtengan sus ingresos por concepto de dietas así como las
personas jurídicas no mercantiles domiciliadas en el país que presten servicios técnicos
o de naturaleza no mercantil o servicios de arrendamiento, deberán pagar el impuesto
aplicando a renta imponible a que se refiere el Artículo 37 ”B” de esta ley, el tipo
impositivo del cinco por ciento (5%). Dicho impuesto se pagará mediante retención
definitiva o directamente en las cajas fiscales, de conformidad con las normas que se
detallan los siguientes párrafos.- Los contribuyentes a que se refiere este artículo
indicarán en las facturas que emitan que están sujetos a retención del cinco por ciento
(5%). - … Cuando las personas descritas en el primer párrafo de este artículo presten
servicios a personas individuales que no lleven contabilidad completa o cuando por
cualquier causa no se les hubiere retenido el impuesto, deberán aplicar la tarifa del
cinco por ciento (5%) sobre los ingresos gravados que no fueron objeto de retención y
pagar el impuesto directamente a la administración tributaria, en forma mensual dentro
de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a aquél en que se emitió la
factura respectiva o percibió el ingreso, lo que ocurra primero, utilizando los formularios
que proporcionará la administración tributaria al costo de su impresión o por los otros
medios que ésta determine…” .
De lo anterior se puede inferir que el profesional universitario esta clasificado
dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta como “actividad no mercantil” y que por lo
tanto esta sujeto a retención del impuesto en una tarifa del cinco por ciento (5%), y que
en todo caso cuando no le retengan el impuesto tiene la obligación de enterarlo a las
cajas fiscales.
Para determinar el monto del impuesto sobre la renta que va a ser retenido,
primero se divide el total de la factura dentro del valor de uno punto doce (1.12), que es
el factor de conversión del impuesto al valor agregado, para determinar cual es el valor
de los servicios que se han prestado sin el impuesto al valor agregado o sea el “valor
base”, posteriormente se multiplica el “valor base” por la tarifa del impuesto sobre la
renta, actualmente cinco por ciento (5%), y el resultado de dicha multiplicación es el
impuesto sobre la renta que deben retener o en el caso que no efectúen la retención el
valor que se debe enterar en la cajas fiscales
Para aclarar lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente ejemplo: Daniel Mauricio Tejeda Ayestas presta sus servicios profesionales como Abogado y Notario, durante el mes de mayo de dos mil cinco y extiende una factura por quince mil quetzales (Q15,000.00) a nombre de Aceros de Guatemala S.A. Determinación del valor base Q15,000.00 / 1.12 = 13,392.85 = Valor base Determinación del impuesto sobre la renta Q 13,392.85 X 5% = 669.64 = Impuesto sobre la renta Si le efectúan la retención correspondiente al momento de pagarle sus honorarios le entregaran un cheque por Q14,330.36 y le entregarán una constancia de retención de impuesto sobre la renta por Q669.64; en el caso de que no le efectuarán la retención correspondiente deberá enterar a cajas fiscales el valor de Q669.64 por concepto de impuesto sobre la renta en el formulario que la administración tributaria tenga determinado para tal efecto, actualmente es el SAT-1044 (ver anexo A, página 75 y 76).
4.1.5. Declaración y pago de Impuesto sobre la renta anual
En lo relativo a la declaración anual del impuesto sobre la renta es necesario aclarar que la administración tributaria con el propósito de lograr una mejor fiscalización de los contribuyentes efectuó una separación de las actividades económicas que se pueden desarrollar, especialmente los profesionales que pueden ejercer su profesión en forma liberal y como empleado en relación de dependencia, dicha separación la hizo a través de establecer un formulario especifico para declarar el impuesto sobre la renta anual de acuerdo a la actividad que se desarrolle ya sea como profesional en ejercicio liberal y/o como empleado en relación de dependencia, dando como resultado que si una persona desarrolla ambas actividades por cada una de ellas debe presentar un formulario y no como se hacía anteriormente en forma consolidada en un sólo formulario.
Por tal razón y para facilitar la comprensión de cómo y que debe hacerse en
cada forma de declaración se separará este tópico en dos partes una en cuanto a la
declaración como profesional en ejercicio liberal de la profesión y la otra como
empleado en relación de dependencia.
4.1.5.1. Profesional en el libre ejercicio de su profesión
Los profesionales por la clasificación que hace el Artículo 44 “A” del Decreto 26-
92 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley del Impuesto sobre
la Renta, en el cual se determina que desarrollan actividades no mercantiles, tienen que
presentar una declaración anual del impuesto sobre la renta denominada “Declaración
informativa”, esto debido a que el impuesto sobre la renta ya ha sido pagado
mensualmente, ya sea mediante retención mensual definitiva o se ha enterado
directamente en las cajas fiscales mediante declaración y pago mensual.
Al establecer que son actividades no mercantiles es porque son contribuyentes
que prestan servicios profesionales que son de naturaleza no mercantil o sea no tienen
calidad de comerciantes, según lo regulado por el Artículo 9 del Decreto 2-70 del
Congreso de la República de Guatemala, que contiene del Código de Comercio de
Guatemala, que regula: “Artículo 9. No son comerciantes.- No son comerciantes: 1.- Los
que ejercen una profesión liberal …” y además porque no están obligados a llevar una
contabilidad completa, por su misma naturaleza no mercantil, sino solamente están
obligados a llevar los libros “Fiscales” o sea los libros de registro de compras de bienes
y servicios y de registro de venta de bienes y servicios prestados.
Por lo tanto, la declaración anual de impuesto sobre la renta solamente es un
resumen que confirma lo que ya mensualmente ha sido previamente declarado
debiendo para tal efecto llenar un formulario SAT-1181 detallando los ingresos
percibidos en la columna relativa a “Actividades no mercantiles” e indicando la
sumatoria los pagos mensuales realizados o las retenciones recibidas, adjuntando a la
declaración la copia de los pagos efectuados y/o la copia de las retenciones que le
practicaron, que debe de coincidir con la multiplicación que se haga de el total de ingresos por el cinco por ciento (5%) que es la tarifa impositiva del impuesto sobre la renta (ver anexo A, páginas 77 y 78).
4.1.5.2. Profesional empleado en relación de dependencia
Al estar empleado en relación de dependencia el profesional adquiere la obligación de presentar por los ingresos que percibe su declaración anual de impuesto sobre la renta, esta declaración es independiente de la declaración como profesional en ejercicio liberal de la profesión, debiéndose presentar en un formulario especial que para tal efecto proporciona la administración tributaria.
Para efecto de esta declaración, el profesional, goza del beneficio de la planilla de crédito por impuesto al valor agregado la cual debe presentar dentro de primeros diez (10) días hábiles del mes de enero, esta planilla esta constituida por los bienes y servicios adquiridos durante el período de liquidación definitiva anual, para uso personal del contribuyente y su familia, hasta por un monto equivalente a la tarifa del impuesto al valor agregado aplicada a su renta neta obtenida en dicho período.
La renta neta de las personas empleadas en relación de dependencia esta constituida por: los sueldos y salarios, comisiones, gastos de representación cuando no deban ser comprobados, bonificaciones, incluida la creada por el Decreto 78-89, Bonificación incentivo para el sector privado, y otras remuneraciones similares.
Es de aclarar que para los efectos de esta declaración y de conformidad con lo que solicita el nuevo formulario de declaración, SAT-1171 (ver anexo A, páginas 79 y 80), deben incluirse todos los ingresos que se perciben aún cuando estos estén exentos como por ejemplo: la bonificación otorgada por el Decreto 42-92 del Congreso de la República, que contiene la Ley de bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público; el aguinaldo, otorgado por el Decreto 76-78 del Congreso de la
República.-
4.1.6. Conservación de documentos contables
Los documentos contables y registros contables de los profesionales, que están constituidos por: La constancia de inscripción ante el registro tributario unificado, las autorizaciones de facturas, las copias de las facturas emitidas, los libros de registro de compras de bienes y servicios adquiridos y los de ventas de bienes y servicios prestados, las declaraciones de impuestos, tanto mensuales como anuales, las facturas de bienes y servicios adquiridos; deben de ser conservados en forma ordenada por un plazo de cuatro años fiscales, sin contar el año fiscal que esta en curso, ya que este es el plazo que tiene el período de prescripción.- Este plazo de cuatro años es la cantidad de tiempo que la administración tributaria tiene para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes.
4.2. Guía para el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales básicas de los profesionales universitarios como contribuyentes del fisco
El cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales es de suma importancia debido a que con ello está dando cumplimiento no sólo a lo ordenado por las leyes tributarias ordinarias sino también a los preceptos constitucionales, ya que es obligación de todos contribuir con el sostenimiento del Estado para que este a través del correcto pago de impuestos logre el fin supremo por el cual esta organizado como lo es el bien común. En aras de contribuir con el fortalecimiento tanto de la justicia tributaria como de la justicia social, al obtener un correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, se propone las siguiente Guía de las obligaciones tributarias básicas de los profesionales universitarios como contribuyentes del fisco:
Guía para el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales básicas de los profesionales universitarios como contribuyentes del Fisco
Daniel Mauricio Tejeda Ayestas Como parte del Trabajo de Tesis, titulada “Obligaciones Tributarias formales de los profesionales como contribuyentes del fisco”, previo a optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y a los títulos profesionales de Abogado y Notario.
Ahora que usted ya es un profesional graduado, recuerde que tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias para evitar dificultades en el ejercicio de su profesión y además para cumplir con uno de sus deberes como ciudadano.
A continuación se le presentan las cinco obligaciones tributarias básicas:
Inscripción o actualización como
contribuyente ante el fisco.
La inscripción o actualización como contribuyente ante el Fisco, puede hacerla en cualquier agencia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
a. Cédula de vecindad
b. Constancia de colegiado activo
c. Llenar un formulario SAT-14
2. Habilitación de libros de compras y de ventas; y, autorización facturas y notas de crédito.
La habilitación de libros de compras y de ventas y la autorización de facturas y notas de crédito puede hacerse en cualquier agencia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
b. Llenar formulario SAT-42 para los libros de compras y ventas
c. Llenar formulario SAT-52 para las facturas y las notas de crédito
Observaciones: Por cada hoja de libro que usted habilite debe pagar Impuesto sobre el Timbre Fiscal por valor de Q0.50 (cincuenta centavos de quetzal).
3. Declaración y pago de impuestos mensuales:
Tarifa: 12% mensual
La declaración y pago del IVA se puede realizar en cualquier agencia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y/o en cualquier banco del sistema. Requisitos:
a. Se presenta en el formulario SAT-
b. La presentación de la declaración es obligatoria, aunque no haya impuesto que pagar
c. Se debe presentar durante el mes calendario siguiente a la facturación
3.2. Impuesto Sobre la Renta (ISR) mensual
Tarifa: 5% mensual La declaración y pago del ISR se puede realizar en cualquier agencia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y/o en cualquier banco del sistema. Requisitos:
a. Se presenta el formulario SAT-1044
c. Se presenta durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de facturación
4. Declaración y pago de Impuesto Sobre la Renta anual.
4.1. ISR como profesional liberal
La declaración anual del ISR como profesional liberal se puede presentar en cualquier agencia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y/o en cualquier banco del sistema. Requisitos:
b. La presentación de la declaración es obligatoria aunque no se haya facturado durante el año fiscal
c. Se presenta del 1 de enero al 31 de
marzo de cada año Observaciones: esta declaración es solamente informativa, ya que el ISR se ha pagado o ha sido retenido en forma mensual.
4.2. ISR del profesional como empleado en
La declaración del ISR del profesional como empleado en relación de dependencia se puede presentar en cualquier agencia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y/o en cualquier banco del sistema. Requisitos:
a. Se presenta en formulario SAT-1171
b. Se puede acompañar la planilla de crédito fiscal por el IVA debidamente presentada y sellada por la SAT
c. La presentación de la declaración es obligatoria, aunque no haya impuesto que pagar. Observación: Esta declaración la deben presentar los profesionales en forma obligatoria aunque sus ingresos no superen el mínimun vital de Q36,000.00 anuales.
5. Conservar las facturas emitidas y recibidas, las notas de crédito, los libros de compras y de ventas y las declaraciones de impuestos hasta que concluya el período de prescripción.
El período de prescripción dura un lapso de cuatro años fiscales anteriores, sin contar el año fiscal que está corriendo.
Esta guía es para evitar sanciones fiscales en el ejercicio de la profesión, no importando su especialidad.
1.- Los tributos al ser una de las mayores fuentes de ingresos para el Estado deben de ser creados conforme a la teoría general de los tributos, incluyendo dentro de esta a la justicia social ya que solamente así se lograra que los tributos sean devueltos a la población en forma de proyectos que coadyuven al desarrollo social.
2.- La administración tributaria debe dar mayor énfasis a la difusión de la cultura tributaria a través de la divulgación de las obligaciones tributarias formales de los contribuyentes, especialmente para los profesionales universitarios.
3.- Para que los profesionales universitarios cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias formales es necesario dotarlos desde el momento de su graduación de una herramienta que los guíe, pues aunque si bien es cierto y de conformidad con el Artículo 3 del Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley del Organismo Judicial, nadie puede alegar ignorancia de la ley, en el ordenamiento jurídico tributario no existen normas que detallen específicamente cuales son las obligaciones tributarias formales de los profesionales universitarios.
4.- Al aportar un manual práctico para que los profesionales universitarios como contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias básicas, tanto el Estado, como sujeto activo, y los profesionales como sujetos pasivos, se verán beneficiados ya que el sujeto activo no tendrá necesidad de conminar coercitivamente al sujeto pasivo y este a su vez tendrá una herramienta que lo oriente al correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales evitando la coerción por parte del sujeto activo, lo que redundará en un ahorro significativo para ambas partes.
1.- Para la creación de tributos es necesario incluir dentro de la teoría general de los tributos a la justicia tributaria para que la norma jurídica tributaria no sólo cumpla con los principios constitucionales tributarios sino también coadyuve a la justicia social que redunda en que el Estado alcance el propósito de su creación y su fin supremo que es el bien común.
2.- Que la administración tributaria difunda en las universidades la cultura tributaria a través de divulgar cuales son las obligaciones tributarias formales específicas de los profesionales como contribuyentes ante el fisco.
3.- Para facilitar el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias formales de los profesionales como contribuyentes del fisco, el Estado a través de la superintendencia de administración tributaria en coordinación con cada una de las Universidades del país, deben proveer a las distintas facultades universitarias de la “Guía para el cumplimiento de las obligaciones tributarias básicas de los profesionales universitarios como contribuyentes del fisco” que propongo.
ANEXO A: FORMULARIOS DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS
Formulario de inscripción o actualización como contribuyente, sin datos
Formulario de inscripción o actualización como contribuyente correctamente lleno
Formulario para autorización de impresión y uso de documentos, sin datos
Formulario para autorización de impresión de documentos, correctamente lleno
Formulario para solicitud de habilitación de libros de contabilidad, sin datos
Formulario de solicitud de habilitación de libros de contabilidad, correctamente lleno