Source: https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/2017/01/01/
Timestamp: 2017-02-23 14:01:31
Document Index: 348621224

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 46', 'artículo 150', 'artículo 23', 'artículo 46', 'artículo 150', 'Artículo 23', 'artículo 85', 'artículo 153', 'Artículo 46', 'Artículo 150', 'Artículo 4', 'artículo 177', 'artículo 178', 'artículo 177', 'artículo 178', 'Artículo 177', 'artículo 178', 'artículo 230', 'artículo 11', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 2', 'artículo 44', 'Artículo 3', 'artículo 141', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 289', 'artículo\n326', 'artículo 289', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 13', 'artículo 6', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo\n1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 2', 'Artículo 123', 'artículo 5', 'artículo 242', 'ARTÍCULO 242', 'artículo 3', 'artículo 125', 'artículo 7', 'artículo 22', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 52', 'artículo 94', 'artículo 31', 'artículo 52', 'artículo 118', 'artículo 52', 'artículo 52', 'Artículo 2', 'artículo 1']

01 | enero | 2017 | TRIBUTACION PERU Alan Emilio Matos Barzola
Decreto Legislativo 1311 Modifica el Código Tributario y de paso aclara el carácter supletorio del Decreto Legislativo 1272 y de la Ley 27444
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1311 DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades delegadas de conformidad con el último párrafo del numeral a.5) y numeral a.7) del literal a) del inciso 1) del artículo 2 de la Ley N.º 30506;
DECRETO LEGISLATIVO 1311 QUE MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO
Artículo 3. Modificación del artículo 23º, del penúltimo párrafo del artículo 46º, y del cuarto y quinto párrafos del artículo 150º del Código Tributario
Modifícanse el artículo 23º, el penúltimo párrafo del artículo 46º, y el cuarto y quinto párrafos del artículo 150º del Código Tributario, conforme a los textos siguientes:
“Artículo 23º. – FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN
Para presentar declaraciones y escritos, acceder a información de terceros independientes utilizados como comparables en virtud a las normas de precios de transferencia, interponer medios impugnatorios o recursos administrativos, desistirse o renunciar a derechos, así como recabar documentos que contengan
información protegida por la reserva tributaria a que se refiere el artículo 85º, la persona que actúe en nombre del titular deberá acreditar su representación mediante poder por documento público o privado con firma legalizada notarialmente o por fedatario designado por la Administración Tributaria o, de acuerdo a lo previsto en las normas que otorgan dichas facultades, según corresponda.
La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, cuando la Administración Tributaria pueda subsanarlo de oficio, o en su defecto, el deudor tributario acompañe el poder o subsane el defecto dentro del término de quince (15) días hábiles que deberá conceder para este fin la Administración Tributaria, salvo en los procedimientos de aprobación automática. Cuando el caso lo amerite, ésta podrá prorrogar dicho plazo por uno igual. En el caso
de las quejas y solicitudes presentadas al amparo del artículo 153º, el plazo para presentar el poder o subsanar el defecto será de cinco (5) días hábiles.
“Artículo 46º. – SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
“Artículo 150º.- PLAZO PARA RESOLVER LA APELACION
Artículo 4. Modificación del numeral 27 del artículo 177º; numeral 1 del artículo 178º; del vigésimo sétimo ítem del rubro 5 y del primer ítem del rubro 6 de las Tablas de Infracciones y Sanciones Tributarias I, II y III, del cuarto guión del rubro Notas y de las Notas (14) y (21) de las Tablas de Infracciones y Sanciones Tributarias I y II, y de la Nota (13) de la Tabla de Infracciones y Sanciones Tributarias III del Código Tributario
Modifícanse el numeral 27 del artículo 177º, numeral 1 del artículo 178º, el vigésimo sétimo ítem del rubro 5 y el primer ítem del rubro 6 de las Tablas de Infracciones y Sanciones Tributarias I, II y III, el cuarto guión del rubro Notas, las Notas (14) y (21) de las Tablas de Infracciones y Sanciones Tributarias I y II y, la Nota (13) de la Tabla de Infracciones y Sanciones Tributarias III del Código Tributario, conforme a los textos siguientes:
“Artículo 177º.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION, INFORMAR Y COMPARECER ANTE LA MISMA
incorrecto traslado de información de documentos fuentes, tales como libros y registros o comprobantes de pago, a una declaración, siendo posible de determinar el mencionado error de la simple observación de los documentos fuente pertinentes.
La presente disposición no es de aplicación a aquellas sanciones de multa impuestas por la comisión de la infracción del numeral 1 del artículo 178º por haber obtenido una devolución indebida.
Respecto de las sanciones de multa que se encuentren dentro de los alcances de la disposición precedente, la Administración Tributaria, cuando
1. Dejará sin efecto, a pedido de parte o de oficio, las resoluciones de multa, y de ser el caso, de oficio o a pedido de parte cualquier acción de cobranza que se
encuentre pendiente de aplicación.
2. Declarará la procedencia de oficio de las
reclamaciones que se encontraran en trámite.
1. El Tribunal Fiscal, de verificar la existencia del error de transcripción y de las condiciones establecidas en la primera disposición complementaria final, revocará las resoluciones apeladas o declarará fundadas las apelaciones de puro derecho, según corresponda, y
dejará sin efecto las resoluciones de multa emitidas respecto de las sanciones de multa a que se refiere la precitada disposición, para lo cual podrá requerir la información o documentación que permita corroborar el error de transcripción.
2. Tratándose de demandas contenciosoadministrativas en trámite, el Poder Judicial, a través de solicitud de parte, devolverá los actuados a la Administración Tributaria a fin que realice la verificación correspondiente y de ser el caso, proceda de acuerdo con lo previsto en el numeral 1) de la segunda disposición complementaria final precedente.
La SUNAT, el Tribunal Fiscal y otras Administraciones Tributarias se sujetarán a los principios de la potestad sancionadora previstos en los artículos 168º y 171º del Código Tributario, no siéndole de aplicación lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, según modificatoria por el Decreto Legislativo Nº 1272.
1. Precísase que no comprende las retenciones distintas a aquellas que tienen carácter definitivo y las percepciones, establecidas en las disposiciones legales de la materia, salvo cuando formen parte de un saldo de fraccionamiento general a que se refiere el párrafo 11.3 del artículo 11.
PRIMERA. Aplicación de la modificación del penúltimo párrafo del artículo 46º del Código Tributario
La modificación del penúltimo párrafo del artículo 46º del Código Tributario se aplica respecto de las reclamaciones que se interpongan a partir de la vigencia del presente decreto legislativo y, de ser el caso, de las apelaciones contra las resoluciones que las resuelvan o las denegatorias fictas de dichas reclamaciones.
ÚNICA. Derogación del numeral 25 del artículo 177º y del vigésimo quinto ítem del rubro 5 de las Tablas de Infracciones y Sanciones Tributarias I, II y III del Código Tributario
Deróganse el numeral 25 del artículo 177º y el vigésimo quinto ítem del rubro 5 de las Tablas de Infracciones y Sanciones Tributarias I, II y III del Código Tributario.
Descargar norma completa en el siguiente enlace: decreto-legislativo-1311-codigo-tributario-alan-emilio
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Alan Emilio en Arequipa 2016
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1310 DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA MEDIDAS ADICIONALES DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Que, el literal h) del numeral 1 del artículo 2 de la mencionada Ley, autoriza a legislar en materia de reactivación económica y formalización a fin de, entre otros, modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad operativa para llevarlas a cabo; emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales
y prestación de servicios sociales en los tres niveles de gobierno; dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública con la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos; así como dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano;
Que, en función de ello, se propone medidas adicionales que permitirán dotar al régimen jurídico que rige a la Administración Pública de disposiciones a favor del ciudadano en función a la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los procedimientos
administrativos, garantizando así los derechos e intereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional;
2.1. Las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad Regulatoria de todas las disposiciones normativas de alcance general, a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de ley, que establezcan procedimientos administrativos,
a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellos que
resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados,
redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley del
Procedimiento Administrativo General o a las normas
con rango de ley que les sirven de sustento. El requisito
también es exigible a las disposiciones que reglamenten
trámites creados en leyes o normas de rango de ley. Una
vez realizada esta evaluación deberán remitir su análisis a
la Comisión Multisectorial a que se refiere el numeral 2.3.
2.2. Mediante el Análisis de Calidad Regulatoria se
evalúan principios como el costo – beneficio, necesidad,
efectividad, proporcionalidad, de las disposiciones
normativas señaladas en el 2.1, conforme se establecerá
en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.
2.3. El Análisis de Calidad Regulatoria será validado
por una Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria
cuya conformación y funciones se aprueba en el marco
de lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, la cual será presidida por la Presidencia
2.4. El Análisis de Calidad Regulatoria debe ser
preparado y remitido a la Comisión Multisectorial de
Calidad Regulatoria para validación, conforme al siguiente
a) En el caso de disposiciones normativas vigentes
a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto
Legislativo, de acuerdo al cronograma que se establecerá
mediante Decreto Supremo, observando lo estipulado en
el numeral 2.6.
b) Antes de la aprobación de las disposiciones
normativas, si se trata de disposiciones nuevas emitidas
con posterioridad a la entrada en vigencia del presente
c) Antes del vencimiento de un plazo máximo de tres
años, desde su entrada en vigencia o desde su última
evaluación, de acuerdo al cronograma que para dichos
efecto se establezca, observando lo estipulado en el
numeral 2.7.
d) En el caso de modificaciones de las disposiciones
normativas vigentes, antes de que se introduzca a la
disposición normativa respectiva.
2.5. Las disposiciones normativas que establezcan
procedimientos administrativos que no estén incluidos o
comprendidos en el análisis que remitan las entidades del
a. Quedan automáticamente derogadas, en el caso
del literal a) del numeral 2.4, de acuerdo a lo dispuesto en
el numeral 2.6 del presente artículo.
b. No entran en vigencia en el caso de disposiciones
normativas nuevas.
c. Quedan automáticamente derogadas, en el caso del
literal c) del numeral 2.4, de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 2.7 del presente artículo.
d. No entran en vigencia en el caso de modificaciones
de disposiciones normativas.
2.6. Luego de validar el Análisis de Calidad Regulatoria
remitido por las entidades del Poder Ejecutivo, la Comisión
Multisectorial emite informes y propone las disposiciones
normativas y procedimientos que, por estar debidamente
justificados, deben ser ratificados o emitidos. Mediante
decretos supremos, con el voto aprobatorio del Consejo
de Ministros, se aprueba el listado de las disposiciones
normativas y procedimientos que se mantendrán vigentes
por un plazo que no podrá ser mayor a tres (03) años.
Quedan automáticamente derogadas las disposiciones
normativas no ratificadas expresamente luego de seguir
este procedimiento. Para el caso de las disposiciones
normativas vigentes a la fecha de entrada en vigencia
del presente Decreto Legislativo, el plazo máximo de
ratificación vence el 31 de diciembre del 2018, el mismo
que puede ser ampliado mediante Decreto Supremo con
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros hasta por
seis (06) meses adicionales, a propuesta de la Comisión
2.7. Las disposiciones normativas y procedimientos
ratificados están sujetos a validación en plazos que no
podrán ser superiores a tres (03) años. Para la validación
la entidad correspondiente debe sustentar los beneficios
y el efectivo cumplimiento de los objetivos perseguidos
por la norma, siendo aplicable el procedimiento a que se
refiere el numeral 2.6. del presente artículo. No es aplicable
el análisis para la ratificación de aquellas disposiciones
normativas y procedimientos que reconocen derechos a
los administrados no sujetos a plazo.
2.8. Sin perjuicio de la inexigibilidad de las disposiciones
normativas que no se ajusten a lo establecido en el
presente Decreto Legislativo y de la responsabilidad
administrativa que corresponda, los usuarios o
administrados podrán denunciar el incumplimiento de lo
establecido en el presente artículo ante la Comisión de
Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI la
que podrá tomar las medidas que correspondan según
2.9. Mediante Decreto Supremo refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos se emiten los lineamientos y disposiciones que
resulten necesarios para la aplicación de lo dispuesto en
2.10. La Comisión Multisectorial podrá proponer la
aprobación de directrices y lineamientos para, dentro del
marco de la presente norma y su reglamento, precisar
los alcances del Análisis de Calidad Regulatoria, la forma
de su presentación y tramitación, el uso de formularios
y formatos que faciliten su análisis y criterios para su
evaluación, a fin de hacer predecible y eficiente su análisis
por la referida Comisión.
2.11. Lo dispuesto en el presente artículo no es
de aplicación para las disposiciones normativas de
naturaleza tributaria, salvo los derechos de tramitación a
que se refiere el artículo 44 de La Ley N° 27444, Ley del
Artículo 3.- Simplificación para la emisión,
remisión y conservación de documentos en materia
En la emisión, remisión y conservación de documentos
en materia laboral, se autoriza el uso de tecnologías
de la digitalización, información y comunicación para la
sustitución de documentos físicos y firmas ológrafas, de
acuerdo a las siguientes disposiciones:
3.1 En todo tipo de documentos laborales, el
empleador puede sustituir su firma ológrafa y el sellado
manual por su firma digital, conforme a lo regulado por
el artículo 141-A del Código Civil; o, su firma electrónica,
emitida conforme a lo regulado por la Ley N° 27269, Ley
de Firmas y Certificados Digitales; así como hacer uso
de microformas, conforme a lo regulado por el Decreto
Legislativo N° 681.
3.2 Cuando el pago de las obligaciones laborales
económicas se deposite en cuenta por medio de empresas
del sistema financiero, el empleador puede sustituir la
impresión y entrega física de las boletas o constancias
de pago por la puesta a disposición al trabajador de
dichos documentos mediante el uso de tecnologías de
la información y comunicación, siempre que el medio
utilizado garantice la constancia de su emisión por parte
del empleador y un adecuado y razonable acceso por
parte del trabajador. En este supuesto no se requiere
firma de recepción del trabajador.
3.3 Cuando en el marco de un procedimiento
administrativo o inspectivo o a fin de acceder a servicios
de la Autoridad Administrativa de Trabajo, la autoridad
competente requiera la presentación de documentos
que forman parte de los archivos del empleador, de una
organización sindical, del trabajador, ex trabajador o de
terceros; estos pueden, a elección del administrado, ser
presentados en versión digitalizada del original.
3.4 Para todo efecto legal, los empleadores están
obligados a conservar los documentos y constancias de
pago de las obligaciones laborales económicas solamente
hasta cinco años después de efectuado el pago.
Las instancias administrativas, inspectivas, judiciales
y arbitrales deben observar esta disposición en sus
actuaciones. Para el caso de la Oficina de Normalización
Previsional, el empleador podrá destruir la información
de planillas de pagos de periodos anteriores a julio de
1999 previa digitalización con valor legal o entregarla
físicamente a la mencionada entidad.
3.5 Para el acceso a los servicios de la Autoridad
Administrativa de Trabajo, dispuestos mediante el Decreto
Legislativo N° 910, sólo se requiere la acreditación del
vínculo laboral vigente o finalizado, según sea el caso.
Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo se regula las disposiciones
establecidas en este artículo.
Artículo 4.- Curatela especial para personas adultas
mayores para efectos pensionarios y devolución del
4.1 Procede la curatela especial en la vía notarial
para las personas adultas mayores definidas por el
artículo 2 de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta
Mayor que tengan la calidad de pensionistas o que sean
beneficiarios de Ley N° 29625, Ley de Devolución de
Dinero del FONAVI a los Trabajadores que Contribuyeron
al Mismo, con el único objeto de que puedan percibir su
pensión, beneficios derivados de ésta o devolución de
aportes económicos y siempre que cumplan la condición
establecida en el inciso 2 del artículo 43 o en el inciso 3
del artículo 44 del Código Civil.
4.2 El curador de la curatela especial tiene como
obligación efectuar el cobro de la pensión, beneficios
derivados de ésta o devolución de aportes económicos,
debiendo rendir cuenta de los gastos efectuados
conforme a las disposiciones establecidas mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables.
4.3 La curatela especial para personas adultas
mayores pensionistas a que se refiere el numeral 4.1 del
presente artículo corresponde en el siguiente orden:
1. Al cónyuge no separado judicial o notarialmente,
siempre que cumpla lo establecido en el artículo 289 del
2. Al conviviente, conforme a lo dispuesto en el artículo
326 del Código Civil, siempre que cumpla lo establecido
en el artículo 289 del Código Civil.
3. A los descendientes, prefiriéndose el más próximo
al más remoto y en igualdad de grado, al más idóneo.
5. A los Directores de los Centros de Atención
Residencial para Personas Adultas Mayores – CARPAM
del sector público, con autorización expresa del Titular del
4.4 Para la curatela especial se debe presentar una
solicitud debidamente firmada que contenga los nombres
y apellidos, número de documento de identidad y
dirección domiciliaria del solicitante y de la persona adulta
mayor, pensionista o beneficiario de la Ley N° 29625,
a) Título o medio probatorio que acredite la condición
de cónyuge, conviviente, descendientes, hermanos o
de Director de un Centro de Atención Residencial para
Personas Adultas Mayores del sector público, según
corresponda. Para el caso de Director de un Centro de
Atención Residencial para Personas Adultas Mayores,
adicionalmente deberá presentar la autorización expresa
del Titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
b) Certificación médica señalando expresamente
que la persona adulta mayor cumple con la condición
establecida en el inciso 2 del artículo 43 o en el inciso 3 del
artículo 44 del Código Civil, la que se entiende expedida
bajo juramento o promesa de veracidad, debiendo ser
ratificada ante el Notario Público.
4.5 Una vez presentada la solicitud de curatela
especial, el Notario Público manda a publicar un extracto
de la solicitud de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 de la Ley N° 26662, Ley de Competencia
Notarial en Asuntos No Contenciosos. Transcurridos
quince (15) días hábiles desde la publicación del último
aviso, sin que se hubiera formulado oposición, el Notario
Público extiende la escritura pública con la curatela
especial, nombrando al curador especial y señalando
sus facultades y obligaciones, de conformidad con lo
establecido en el numeral 4.1 del presente artículo.
4.6 Cumplido el trámite indicado en el numeral
anterior, el Notario Público remite partes al registro
personal de los Registros Públicos. En caso de oposición,
se procede conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley N° 26662. Si cualquiera de los solicitantes o el médico
proporcionan información falsa para sustentar el pedido
ante el Notario Público, será pasible de responsabilidad
penal conforme a la ley de la materia.
4.7 Rigen para la curatela especial regulada en el
presente artículo las reglas relativas a la curatela del
Código Civil, en lo que no se oponga al presente artículo.
Artículo 5.- Autorización excepcional para viajes
Dispóngase que para el viaje de niños o adolescentes
fuera del país, en caso de fallecimiento de uno de los
padres o de estar reconocido el hijo por uno solo de
ellos, la autorización notarial otorgada por el padre
sobreviviente o por el que efectuó el reconocimiento
tendrá vigencia indeterminada, salvo que este sea
revocado. En el permiso notarial debe constar haber
tenido a la vista la partida de defunción o la de nacimiento
correspondiente y debe indicar la vigencia indeterminada
Artículo 6- Reconocimiento de titularidad
de registros, certificados, permisos, licencias,
autorizaciones y procedimientos administrativos en
casos de reorganización de sociedades y cambios de
6.1 En los casos de fusión de sociedades, todos
los registros, certificados, permisos, licencias y
autorizaciones de titularidad de las sociedades que se
extinguen se entienden transferidos de pleno derecho a
la sociedad absorbente o incorporante. Ninguna entidad
pública puede desconocer los derechos adquiridos
por las sociedades absorbentes o incorporantes como
consecuencia de la fusión. Esta disposición no aplica para
los casos vinculados a recursos hidrobiológicos.
6.2 La transferencia de la titularidad aplica a
partir de la entrada en vigencia de la fusión y debe
ser comunicada por las sociedades absorbentes o
incorporantes a las entidades de la administración
pública correspondientes en la cual se manifieste
que se mantienen las condiciones que permitieron el
otorgamiento de los títulos, consignando los datos de
los documentos por los que se formalizó la fusión, los
datos de su inscripción en los Registros Públicos y
los cambios en el RUC en caso fuere necesario. Las
entidades realizan por este solo mérito los cambios que
correspondan en sus propios registros.
6.3 Las sociedades absorbentes o incorporantes
se subrogarán de manera automática en la posición de
las sociedades que se extinguen en todo procedimiento
administrativo que se encuentre en trámite referido a
las sociedades que se disuelven por la fusión, desde la
fecha de la comunicación de la fusión a la entidad pública
6.4 Las reglas establecidas en este artículo son
de aplicación también a los procesos de escisión y de
reorganización simple de sociedades, respecto de los
registros, certificados, permisos, licencias y autorizaciones
y procedimientos administrativos relacionados a los
bienes, derechos, obligaciones u operaciones que
se transfieran como consecuencia de la escisión o la
reorganización simple y que se identifiquen en la escritura
pública correspondiente.
6.5 En los casos de cambio de denominación
social, los registros, certificados, permisos, licencias y
autorizaciones se mantienen vigentes y las entidades
correspondientes de la administración pública realizan
los cambios en sus propios registros por el solo mérito
de la presentación de copia simple de la escritura
pública de modificación de estatutos y Declaración
6.6 Bajo ningún concepto se debe exigir trámite
o documento adicional a la comunicación de la
reorganización societaria o el cambio de nombre, bajo
responsabilidad del titular de la entidad pública.
6.7 El ejercicio de los derechos señalados en el
presente artículo no limita la facultad de las entidades
de la administración pública de ejercer sus competencias
en materia de fiscalización posterior a fin de evaluar si
las circunstancias que permitieron el otorgamiento de los
títulos habilitantes se mantienen, así como verificar la
veracidad de la información contenida en la Declaración
Jurada. Las entidades públicas pueden revocar los
títulos habilitantes siempre y cuando las condiciones
para su otorgamiento, conforme a lo dispuesto en las
normas aplicables, hayan variado como consecuencia
de la fusión, escisión, reorganización simple o cambio de
Artículo 7.- Autorización para el uso total o parcial
de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados en
La autorización para el uso total o parcial de lunas
o vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos tendrá
vigencia indeterminada y será otorgada únicamente al
vehículo. Se eliminan las autorizaciones otorgadas a los
conductores y/o propietarios de vehículos.
Las autorizaciones para el uso total o parcial de
lunas o vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos
vigentes a la fecha de publicación de la presente norma
tendrán vigencia indeterminada y se entiende otorgada
En caso que el vehículo cambie de propietario, se
debe solicitar una nueva autorización.
Artículo 8.- Sistemas de Trámite Documentario de
las Entidades de la Administración Pública
Las entidades de la Administración Pública deben
interconectar sus sistemas de trámite documentario o
equivalentes para el envío automático de documentos
electrónicos entre dichas entidades a través de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE
administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros
a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática – ONGEI.
Las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus
sistemas de trámite documentario o equivalentes para el
envío automático de documentos electrónicos con otras
entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y
unidades, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Presidente del Consejo de Ministros se establecen
los plazos aplicables a las demás entidades de la
Administración Pública, y cualquier otra disposición que
resulte necesaria para la digitalización e integración de
sus sistemas de trámite documentario o equivalentes.
El “Diario Oficial El Peruano Electrónico” tiene el
mismo valor legal que la versión física. Las publicaciones
efectuadas en el “Diario Oficial El Peruano Electrónico”
tienen pleno efecto y validez.
Mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros, y refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, se establece las publicaciones que deben
efectuarse en “Diario Oficial El Peruano Electrónico”.
Todas las exigencias de publicación en el Diario Oficial El
Peruano se entienden cumplidas con la publicación en el
“Diario Oficial El Peruano Electrónico”.
La implementación del presente Decreto Legislativo
se financia con cargo al presupuesto institucional de
las entidades involucradas, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia
al día siguiente de su publicación, salvo lo dispuesto
en el artículo 9 que regula el Diario Oficial El Peruano
Electrónico, el cual entra en vigencia el primer día hábil
del mes siguiente a la fecha de publicación del decreto
supremo a que se refiere el citado artículo.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un
plazo de 30 días adecúa el TUO del Reglamento Nacional
de Tránsito – Código de Tránsito, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, de acuerdo a
las modificaciones introducidas a la Ley N° 28084, Ley
que regula el parqueo especial para vehículo ocupados
por personas con discapacidad por el presente Decreto
Tercera.- Falta de carácter disciplinario por el
incumplimiento de las disposiciones y plazos
Constituye falta de carácter disciplinario del directivo o
servidor bajo cualquier régimen y modalidad contractual con
la entidad de la Administración Pública, el incumplimiento
de las disposiciones y plazos establecidos en el presente
Decreto Legislativo. La falta será sancionada según su
gravedad, previo proceso administrativo.
El procedimiento administrativo disciplinario, la
graduación y determinación de la sanción, se rigen por
las normas del régimen disciplinario y sancionador de la
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
El titular de la entidad es el responsable del
cumplimiento de la presente disposición.
Cuarta.- Disposiciones para la implementación
del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo
que aprueba diversas medidas de simplificación
Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N°
1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas
de simplificación administrativa, no son aplicables a
las personas jurídicas señaladas en el numeral 8 del
Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del
La prohibición establecida en el literal c) del numeral
5.1 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1246 no es
aplicable en los procedimientos en ejercicio de la patria
Lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N°
1246 no exime de la obligación a cargo de los ciudadanos
de renovar su Documento Nacional de Identidad.
Queda sin efecto la declaración jurada a que hace
referencia el segundo párrafo del artículo 9 del Decreto
Legislativo N° 1246.
Durante el plazo de tres (3) años, las personas con
discapacidad que conduzcan o sean ocupantes de
unidades vehiculares pueden usar el parqueo especial
en los estacionamientos públicos y privados exhibiendo,
indistintamente, el Certificado de Discapacidad, el Carné
de Inscripción en el Registro Nacional de las Personas
con Discapacidad o el distintivo vehicular portable de
CONADIS a que se refiere el artículo 4 de la Ley N°
28084, Ley que regula el parqueo especial para vehículo
ocupados por personas con discapacidad, en un lugar
visible del vehículo y durante el tiempo que permanezca
Primera.- Incorporación del numeral 11 al artículo
1 de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en
Incorpórase el numeral 11 al artículo 1 de la Ley
N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No
Contenciosos, en los siguientes términos:
“Artículo 1.- Asuntos No Contenciosos.- Los
interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder
Judicial o ante el notario para tramitar según corresponda
los siguientes asuntos:
11. Curatela para personas adultas mayores que
tengan la calidad de pensionistas o beneficiarios de la Ley
N° 29625, Ley de Devolución de Dinero del FONAVI a los
Trabajadores que Contribuyeron al Mismo.”
Segunda.- Modificación de la Ley N° 28084, Ley que
regula el parqueo especial para vehículos ocupados
Modifícase el artículo 4 de la Ley N° 28084, Ley que
regula el parqueo especial para vehículo ocupados por
personas con discapacidad, el cual queda redactado de
“Artículo 4.- Documento habilitante para el uso de
las zonas de parqueo destinadas para personas con
Las personas con discapacidad que conduzcan o que
sean ocupantes de unidades vehiculares tienen derecho
al uso del parqueo especial en los estacionamientos
públicos y privados, exhibiendo el distintivo vehicular
emitido por el CONADIS, en un lugar visible del vehículo y
durante el tiempo que permanezca estacionado.
El CONADIS regula las características del distintivo
vehicular portable, personal e intransferible. Dicho
distintivo será emitido mediante trámite automático y
gratuito, cuyo único requisito es contar con el Carné de
Inscripción en el Registro Nacional de las Personas con
Discapacidad.”
Tercera.- Modificación del artículo 123-A del
Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del
Modifícase el artículo 123-A del Decreto Legislativo N°
1049, Decreto Legislativo del Notariado, incorporado por
el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1232, cuyo texto
“Artículo 123-A.- Nulidad de escrituras públicas y
Son nulas de pleno derecho las escrituras públicas
de actos de disposición o de constitución de gravamen,
realizados por personas naturales sobre predios ubicados
fuera del ámbito territorial del notario. Asimismo, la nulidad
alcanza a las certificaciones de firmas realizadas por el
notario, en virtud de una norma especial en los formularios
o documentos privados; sin perjuicio de que de oficio se
instaure al notario el proceso disciplinario establecido en
el Título IV de la presente ley.
La presente disposición no se aplica al cónsul cuando
realiza funciones notariales.
Asimismo, la restricción no alcanza a los servicios
notariales que utilizan el sistema de identificación de
comparación biométrica de las huellas dactilares que
brinda el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
RENIEC. En caso de extranjeros identificados con carné
de extranjería, las transacciones o actuaciones pueden
realizarse ante notario de cualquier circunscripción
que cuente con acceso a la base de datos de la
Los Colegios de Notarios llevarán un registro de los
notarios que cuenten con herramientas tecnológicas
acreditadas para la plena identificación de las personas
naturales que intervienen en los actos que se refiere el
presente artículo y lo publique en su portal institucional”.
Derógase el artículo 5 de la Ley N° 28084, Ley que
regula el parqueo especial para vehículos ocupados por
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
Tagged with 1310 decreto legislativo, Decreto Legislativo 1310	Decreto Legislativo 1295 Modifica el artículo 242 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Decreto Legislativo Nº 1295 DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 242 DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
2.1 Las sanciones de destitución o despido que queden firmes o que hayan agotado la vía
administrativa, y hayan sido debidamente notificadas, acarrean la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública y para prestar servicios por cinco
(5) años, no pudiendo reingresar a prestar servicios
al Estado o a empresa del Estado, bajo cualquier
forma o modalidad, por dicho plazo. Su inscripción en
el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores
Civiles es obligatoria. También es obligatoria la
inscripción en el Registro la inhabilitación cuando
se imponga como sanción principal, una vez que se
haya agotado la vía administrativa o que el acto haya
quedado firme; y que el acto haya sido debidamente
2.2 Las personas con sentencia condenatoria
consentida y/o ejecutoriada, por alguno de los delitos
previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389,
393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400
y 401 del Código Penal, no pueden prestar servicios a favor del Estado, bajo cualquier forma o modalidad. La
inscripción de la condena en el Registro de Sanciones
para servidores civiles es obligatoria. En caso se
encuentren bajo alguna modalidad de vinculación con el
Estado, éste debe ser resuelta.
3.1 Es obligación de las Oficinas de Recursos
Humanos, o quien haga sus veces, de las entidades
comprendidas en el artículo I del Título Preliminar de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General con excepción de las mencionadas en el inciso
8, inscribir las sanciones así como sus modificaciones y
rectificaciones, tramitadas de acuerdo al procedimiento
correspondiente dentro de los plazos y formas que
indique el reglamento.
3.2 Las sentencias consentidas y/o ejecutoriadas,
por alguno de los delitos previstos en los artículos 382,
383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397,
397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal deberán ser
notificadas por el Poder Judicial a la Autoridad Nacional
del Servicio Civil para que ésta proceda a realizar
la inscripción en el Registro Nacional de Sanciones
contra Servidores Civiles, en el plazo que establezca el
3.3 La inobservancia de lo dispuesto en los párrafos
que anteceden será considerada falta administrativa
4.1 En todo proceso de incorporación de personas al
Estado, sea cual fuere la modalidad, es obligación de los
titulares de las Oficinas de Recursos Humanos, o quien
haga sus veces, de las entidades a que hace referencia
el numeral 3.1 del artículo 3 de la presente norma,
verificar de modo previo a la vinculación, que la persona
no se encuentre inhabilitado para ejercer función pública
conforme al Registro Nacional de Sanciones contra
Servidores Civiles.
4.2 La Autoridad Nacional del Servicio Civil publica
mensualmente en su página web, la relación de los
nuevos inscritos en el mes correspondiente. Los titulares
de las Oficinas de Recursos Humanos, o quien haga sus
veces deben revisar el referido listado.
4.3 La no verificación de la información contenida
en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores
Civiles, así como la contratación de una persona
inscrita en el mismo, es considerada falta administrativa
La Autoridad Nacional del Servicio Civil administra
Civiles emitiendo los instrumentos técnicos normativos
necesarios para su funcionamiento y supervisa el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 125 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil
aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. La
supervisión se realiza de conformidad a las normas sobre
Las sanciones inscritas en el Registro Nacional de
Sanciones contra Servidores Civiles son de acceso
público en tanto se mantengan vigentes.
Las entidades que registran las sanciones deben
atender las solicitudes de rectificación de errores
materiales en el plazo de diez (10) días hábiles.
La Contraloría tiene la obligación de inscribir en
Civiles, las sanciones que aplica en sus procedimientos
administrativos sancionadores, de acuerdo a lo que
A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo,
debe entenderse que toda referencia normativa al Registro
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, alude al
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.
La Autoridad Nacional del Servicio Civil tiene un plazo
de 180 días para adecuar el actual Registro Nacional
de Sanciones de Destitución y Despido a las exigencias
que demanda el Registro Nacional de Sanciones contra
Servidores Civiles, contados desde la aprobación del
el Registro Único de Condenados Inhabilitados, creado
mediante Decreto Legislativo Nº 1243; el Registro
Nacional de Sanciones Disciplinarias de la Policía
Nacional del Perú, creado por el Decreto Legislativo Nº
1150; así como cualquier otro registro vinculado a la
materia, se integran al Registro Nacional de Sanciones
contra Servidores Civiles, conforme a las disposiciones
reglamentarias correspondientes.
En el plazo de 60 días, el Poder Ejecutivo reglamenta
El deber de reglamentación incluye lo estipulado en
la Única Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1243.
se financia con cargo al presupuesto institucional de las
entidades involucradas sin demandar recursos adicionales
Modifícase el literal e) e incorpórase el literal f) al
artículo 7, así como modifícase el literal d) del artículo 22
de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, de
acuerdo con el texto siguiente:
e) No contar con sentencia condenatoria consentida
y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos en los
artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394,
395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código
Penal o sanción administrativa que acarree inhabilitación,
inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra
d) Contar con sentencia condenatoria consentida y/o
ejecutoriada por alguno de los delitos previstos en los
Incorpórase el numeral 4.3 al artículo 4, así como el
literal i) al artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 10576,
Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, de acuerdo con
Son requisitos para la celebración del contrato
administrativo de servicios:
4.3. No contar con sentencia condenatoria consentida
El Contrato Administrativo de Servicios se extingue
i) Contar con sentencia condenatoria consentida y/o
Son causales de destitución, la transgresión por
acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones
y prohibiciones en el ejercicio de la función docente,
considerado como muy grave.
También se consideran faltas o fracciones muy graves,
pasibles de destitución, las siguiente:
j) Haber sido condenado por los delitos previstos en
los artíclos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394,
395, 396, 397, 397-A, 398, 399 y 400 y 401 del Código
Penal, inscritos en el Registro Nacional de Sanciones
contra Servidores Civiles.
El servidor penitenciario se encuentra en situación
de retiro por término de la carrera cuando ha culminado
definitivamente su vínculo laboral con el Inpe. El retiro por
término de la carrera del servidor penitenciario se produce
e) Contar consentencia condenatoria consentida y/o
Penal inscrita en el Registro Nacional de Sanciones
contra Servidores Civiles”.
Para participar en los concursos nacionales se
a) Contar con título universitario o grado académico de
maestría o doctorado;
b) No estar inhabilitado para ejercer función pública
por decisión administrativa firme o sentencia judicial con
calidad de cosa juzgada;
c) Contar al menos con el mínimo de experiencia
profesional, de acuerdo con lo que señale el Reglamento;
d) No contar sentencia condenatoria consentida y/o
e) Otros requisitos generales o específicos que
establezca la Autoridad para cada proceso.
Podrán postular las personas que se encuentren al
servicio de la Administración Pública bajo cualquier forma
de contratación”.
Filed under Actualidad y Derecho, Reforma Tributaria 2016-2017
Tagged with 1295 decreto legislativo, Decreto Legislativo 1295, ley 27444	Decreto Supremo 406-2016-EF fija en S/.35,017 mensual la compensación económica de los magistrados del Tribunal Constitucional
Decreto supremo Nº 406-2016-EF Aprueban monto por concepto de compensación económica de los magistrados del Tribunal Constitucional conforme a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil aprueba un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y la prestación de servicios a cargo de estas;
Que el literal a) del artículo 3 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala que el funcionario público es un representante político o cargo público representativo que ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado; dirige o interviene en la conducción de la entidad, así como aprueba políticas y normas;
Que, el artículo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece la clasificación de los
funcionarios públicos, disponiendo que la compensación económica para dichos funcionarios se aprueba mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, excepto para los Congresistas de la República y Parlamentarios Andinos, cuyos ingresos son fijados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política del Perú y el artículo 31 de la citada Ley N° 30057;
Que, la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, dispone que para la emisión del decreto supremo a que se refiere el artículo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el Tribunal Constitucional queda exonerado de lo establecido en la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final y los artículos 6 y 9 de la Ley N° 30518 y en lo establecido en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 28212 y sus modificatorias; y tal implementación no se sujeta a la aprobación del cuadro de puestos de cada entidad;
Que, en el marco de la implementación progresiva de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, resulta necesario establecer el monto por concepto de compensación económica de los magistrados del Tribunal Constitucional;
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el artículo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y en la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
La presente norma tiene por objeto establecer el monto correspondiente a la compensación económica de los magistrados del Tribunal Constitucional, a los que se refiere el numeral 1) del literal b) del artículo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y aprobar disposiciones para su otorgamiento. Dicho monto es el establecido en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Determinación del monto mensual de la Compensación Económica
Para el otorgamiento de la compensación económica establecida en el artículo 1 de la presente norma, se debe contar previamente con el registro en el “Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público”, a cargo de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas.
El monto de la compensación económica se pagará a razón de doce (12) veces por año, más dos (2) veces por concepto de aguinaldos, uno (1) por Fiestas Patrias y uno (1) por Navidad.
Establézcase que a partir de la vigencia del presente decreto supremo, los magistrados del Tribunal Constitucional sólo perciben la compensación económica dispuesta en el presente artículo.
Lo establecido en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional del Tribunal Constitucional.
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