Source: http://protocomunacaballito.blogspot.com.ar/2012/01/
Timestamp: 2017-12-12 23:21:01
Document Index: 27818708

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 41', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 81', 'artículo 30', 'artículo 11', 'artículo 2']

Proto Comuna Caballito: enero 2012
El sábado pasado relatamos cómo los recursos de amparo presentados por el presidente de la Asociación Civil Barrio La Imprenta para preservar los inmuebles de Puán 123 y Teodoro García 1733 sacaron a la luz otra de las trampas del Ministerio de Desarrollo Urbano y del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) para desafectar inmuebles ya protegidos.
Utilizan la curiosa figura de la “reconsideración”, que no deja de despertar suspicacias. Es que esas reconsideraciones las realizan sobre inmuebles que el mismo CAAP entendió que tenían valor patrimonial pocas semanas antes de la nueva decisión en contrario.
Recordemos que la reconsideración sólo puede aplicarla un órgano cuyas decisiones tienen carácter resolutivo –no es el caso del CAAP que es asesor– y cuando los efectos del acto administrativo “son definitivos o impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado”. Nada de esto ocurre con los dictámenes del consejo.
Tampoco ocurre con las resoluciones de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano porque, en estos casos, la incorporación al catálogo de bienes protegidos es en forma preventiva, y es la Legislatura quien con el tratamiento y aprobación de una ley de doble lectura cataloga el inmueble en forma definitiva.
Pero eso no es todo, los escritos del Dr. Guillermo Blousson revelan que en el caso del inmueble de la calle Puán el CAAP se reunió el 9 y 16 de agosto del año pasado para “reconsiderar” un dictamen anterior, en el que había resuelto que merecía ser protegido.
Tan es así, que ya se había dictado una resolución de la Subsecretaría de Planeamiento (Res. Nº196SSPLAN2011) para incorporarlo al catálogo preventivo. Esto quiere decir que estaban protegidos hasta tanto concluyera el proceso de catalogación y se dictara la ley inicial y luego la definitiva, o bien la Legislatura decidiera desestimar el proyecto.
Según las actas del CAAP, la votación resultó en un empate. Para llegar a esa situación, según explica el Dr. Blusson, “se consideró como válido el voto (por la descatalogación) del arquitecto Luna (representante del Plan Urbano Ambiental) que conforme consta en la misma nota del CAAP referida (del 16 de agosto de 2011) es una institución invitada con voz y sin voto, lo que además está taxativamente expresado en el reglamento que regula el procedimiento del CAAP”.
Es decir que, al mejor estilo del diputrucho de otras épocas, parece que hubo un consejerotrucho que votó sin tener derecho a hacerlo. Pero las irregularidades no terminan allí.
La prueba documental presentada por el abogado de la ONG demuestra que si bien no existió un empate –porque el voto del arquitecto Luna no era válido, y dos consejeros (el de la Sociedad Central de Arquitectos y el de la Comisión Especial de Patrimonio de la Legislatura) votaron por ratificar la catalogación y sólo uno (el del Cicop) por rectificar lo decidido con anterioridad–, se habría computado el voto del presidente del CAAP para desempatar la votación y autorizar la demolición.
El CAAP está presidido por Antonio Ledesma, que es a su vez director general de Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano. Lo curioso es que, según expresa el abogado, “no surge, ni de las actas ni de las notas CAAP, que el Sr. Ledesma haya producido el desempate durante la reunión, tal como exige el Reglamento del CAAP”. Tan es así que en el amparo se expresa que “ambas reuniones resultan nulas de nulidad insanable”, porque no se designó un presidente en su reemplazo.
En todo caso, Ledesma votó en soledad y con posterioridad a la sesión del consejo, algo que viola el reglamento de funcionamiento del órgano y el sentido común, y tal vez –abogados y fiscales deberían estudiarlo– también haya incurrido en delitos previstos en el Código Penal.
Pero eso no es todo, la resolución de la Subsecretaría de Planeamiento incorporando al inmueble en el catálogo preventivo fue publicada el día 6 de mayo de 2011. La retractación del CAAP se produjo tres meses después, incumpliendo largamente el plazo de 10 días que fija el Código de Planeamiento Urbano para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley de catalogación a la Legislatura, tal como exige el párrafo 10.1.2.
¿Por qué el CAAP “reconsideró” un dictamen en el que decían que el inmueble tenía valor patrimonial? ¿Por qué votó el representante de una organización que tenía voz pero no voto? ¿Por qué el Sr. Ledesma “desempató” sin haber participado de las reuniones? ¿Por qué el Ministerio de Desarrollo Urbano demoró tres meses y no elevó el proyecto al jefe de Gobierno para que sea remitido a la Legislatura? ¿Por qué el expediente no siguió su trámite normal luego del primer dictamen del CAAP y volvió dos casilleros para atrás? Estas y otras preguntas son las que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y los miembros del CAAP –todos ellos funcionarios públicos– deberán responderle a la Justicia.
La Legislatura, por su parte, debería poner manos a la obra y elaborar un proyecto de ley para crear el Consejo de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, para que, al igual que sucede en otros países y ciudades del mundo, sea un organismo autónomo, profesional, rentado, respetado y prestigioso, quien decida sobre el destino de los inmuebles valiosos.
Publicadas por proto comuna caballito a la/s 1:48 p.m. No hay comentarios.:
Hasta 2007, cuando se sancionó la ley 2548, su función era casi decorativa, pero a partir de la existencia de esta norma se le otorgó el poder de desestimar inmuebles que a criterio de sus miembros no tuvieran valor patrimonial lo que equivale, en la práctica, a autorizar su demolición. Los dos primeros años actuaron –en general– con buen criterio.
Luego, todo cambió. Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano comprendieron que su afán depredador se veía impedido por ese ignoto órgano, y comenzaron a modificar su composición y a hacer cambiar de posición a muchos de sus integrantes, incluidos –curiosamente– los representantes del Ministerio de Cultura.
La primera y mayor acción depredadora del CAAP fue crear un listado de edificios “desestimados”, pero sobre los cuales nadie había pedido ningún tipo de autorización para demoler. Las consecuencias de este accionar fueron ya explicadas en reiteradas oportunidades en m2, y también que como corolario de la presión de los ciudadanos, la Justicia y la prensa, este sistema se dejó de lado.
Pero eso no impidió, en muchos otros casos, que el CAAP avalara la demolición de inmuebles que sin lugar a duda merecían protegerse. Tal vez, alertada de esta situación, es que la Dra. Andrea Danas en la medida precautelar que “prorrogó” la ley 2548 exigió que, a partir de ese momento, toda desestimación del CAAP deba ser remitida a su juzgado.
El otro atajo que los funcionarios de Desarrollo Urbano inventaron para facilitar su tarea depredadora fue la figura de la “reconsideración” de las decisiones del CAAP. Si la desestimación del valor patrimonial de un inmueble tiene una consecuencia inmediata: su demolición, la “estimación” de que un inmueble es valioso no implica su necesaria protección, sino que dispara el largo procedimiento de catalogación.
Este proceso concluye –o no– con la aprobación de una ley de doble lectura, y prevé dos oportunidades formales –una en el ámbito del Ejecutivo y otra en el ámbito de la Legislatura– para que el propietario exprese su oposición a la protección del bien.
Es más, el CAAP no dicta una resolución, sino que elabora un dictamen que puede ser tenido en cuenta por los legisladores para aprobar la catalogación, pero que en todo caso no es vinculante y puede ser dejado de lado.
Al tratarse de un órgano asesor y no resolutivo es absolutamente improcedente que se pretenda que sus decisiones puedan ser reconsideradas. En ese sentido, el procedimiento administrativo es claro, los recursos de reconsideración se pueden presentar frente a actos de un órgano ejecutivo y cuando éstos “son definitivos o impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado”.
Con los dictámenes del CAAP no ocurre ni una cosa ni la otra. Es además absurdo –y naturalmente podría despertar suspicacias– que una vez que reconocieron valor patrimonial en un inmueble, a los pocos días sus integrantes expresen la opinión contraria, más aún si esto se vuelve una práctica habitual como está sucediendo en el CAAP.
Es por eso que en los amparos presentados por el Dr. Blousson –en un caso la Justicia dictó una medida cautelar y en la otra una medida precautelar– los demandados son el Ministerio de Desarrollo Urbano y el CAAP.
En el caso del inmueble de la calle Puán 123 había dictaminado inicialmente a favor de la protección de bien, y el subsecretario de Desarrollo Urbano, Héctor Lostri, dictó la resolución Nº 196 - SSPLAN-2011, incorporándolo al Catálogo Preventivo de Inmuebles Protegidos.
Publicadas por proto comuna caballito a la/s 9:37 a.m. No hay comentarios.:
No permiten demoler sin que haya una inspección previa
Es obligatorio informar cuándo arranca la obra. La medida llega tras el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre. Los constructores deben avisar la fecha justa de la demolición o excavación, para facilitar los controles. Son los momentos más críticos.
Los empresarios de la construcción que estén por comenzar a levantar un edificio deberán informar la fecha exacta del inicio de obras , para facilitar los controles de parte del Gobierno porteño. Además, si tuvieran que demoler alguna estructura vieja, no podrán hacerlo sin una inspección previa.
Estos requisitos, que están vigentes desde el lunes pasado, llegan por la puesta en marcha de la ley N° 3.562, que fue sancionada por la Legislatura porteña en setiembre de 2010, un mes después del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, que dejó tres muertos. Si bien esta ley estaba vigente, el Ejecutivo no la había reglamentado cuando fue el derrumbe parcial del edificio de Bartolomé Mitre 1232, en noviembre pasado, en el que murió Isidoro Madueña, un hombre de 74 años que no escuchó el llamado para evacuar el edificio. Esa demora en poner en marcha la ley le valió a la administración macrista varias críticas de la oposición.
Por eso, la Agencia Gubernamental de Control estableció un nuevo mecanismo. Una vez que el empresario consiga el permiso para construir, deberá presentar ante el organismo, que atiende en Perón 2941, los planos, un seguro de responsabilidad civil por los riesgos que pudieran sufrir terceros, y el plan de trabajo, en el que deberán especificar los plazos de las distintas etapas de obra, para que el Estado pueda ir realizando las inspecciones correspondientes a cada etapa. Hasta ahora, los constructores podían iniciar la obra en cualquier momento desde que conseguían la habilitación.
En el caso de que tengan que hacer una demolición, el profesional responsable de la obra tendrá que pedir la inspección con una anticipación de 5 a 30 días hábiles. Esas tareas no podrán comenzar hasta tanto la AGC no haya corroborado que en la obra se tomaron todas las medidas de seguridad obligatorias por ley, como el refuerzo de las medianeras de los edificios aledaños.
En tanto, en el caso de las excavaciones de hasta 4 metros de profundidad, será obligatoria una inspección cuando se haya llegado al 10% de la ejecución de los trabajos. Pero si la excavación prevista fuera de más de 4 metros, habrá una segunda inspección obligatoria al llegar al 50% de avance. En este caso, en el momento de la inspección será obligatorio que esté presente el representante técnico encargado de la excavación, que además debe estar matriculado en el registro de excavadores que tiene el Gobierno porteño.
Con el boom de la construcción de los últimos años se multiplicaron los casos de edificios dañados o directamente caídos por obras mal hechas en los terrenos linderos. Los casos más graves fueron los del gimnasio de Villa Urquiza y el edificio de Once, pero hubo más antecedentes: el 12 de febrero, una grúa cayó sobre un edificio en Las Cañitas y destruyó varios departamentos; y en marzo de 2007 hubo una seguidilla de cuatro derrumbes seguidos en Caballito, Boedo, Palermo y Villa Crespo, entre otros ejemplos.
Las etapas de demolición y excavación son críticas. Según la propia AGC, en el 50% de los casos los accidentes de obra se produjeron en los primeros días de trabajo , sobre todo en las medianeras. Un 30% ocurrió al momento de la edificación y el 20% se dio por diversas causas en distintos momentos de las obras.
Entre el 1° y el 20 de diciembre, en la primera etapa de puesta en marcha de la ley N° 3.562, la AGC realizó 397 inspecciones a obras. En el 70% no se detectaron irregularidades y en el 28,5% se encontraron problemas menores, pero el 1,5% restante de las obras tuvieron que ser clausuradas porque no respetaban las medidas de seguridad o tenían problemas con la documentación. El 30% de las inspecciones se hicieron en Caballito y el 25% en Palermo, los dos barrios más visitados.
Tras el derrumbe de Once, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo denunció que había detectado 883 obras en riesgo y que el Gobierno porteño no había actuado, pero en la Ciudad respondieron que habían controlado a todas las obras que correspondía.
Publicadas por proto comuna caballito a la/s 11:05 a.m. No hay comentarios.:
Publicadas por proto comuna caballito a la/s 10:42 a.m. No hay comentarios.:
Publicadas por proto comuna caballito a la/s 9:25 a.m. No hay comentarios.:
(Un gran triunfo de la Proto Comuna Caballito que desde hace 4 años insistia en esta propuesta)
A partir de ahora, en el sitio web del Gobierno de la Ciudad se puede ver el expediente y seguir el progreso de cada obra que se está ejecutando en la CABA.
El reclamo por un mayor control sobre la ejecución de las obras de contrucción por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha mantenido como una petición constante desde el derrumbe del gimnasio Orión en Villa Urquiza en septiembre de 2010. Las autoridades han comenzado a responder a estas demandas de forma más urgente desde el fatal colapso del edificio de Bartolomé Mitre 1232 el 4 de noviembre pasado. Hace menos de un mes se reglamentó la Ley N° 3.562 que obliga a inspeccionar toda obra en construcción durante la etapa de demolición y excavación y a partir de ahora publicará en su página web el expediente de todas las obras que se están ejecutando en la CABA.
En el sitio web se podrá encontrar cualquier obra que haya sido registrada en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro y están a disposición todos los proyectos que fueron inscriptos a lo largo de 2011. En este registro, cualquier persona podrá acceder y encontrar el número de expediente, la fecha de registro, dirección, nomenclatura catastral (sección – manzana – parcela), tipo de obra y nombre del profesional de todas las construcciones que actualmente se están llevando a cabo en la ciudad.
Dgroc - Obras Registradas
Publicadas por proto comuna caballito a la/s 9:31 a.m. No hay comentarios.:
De esta manera, cualquier particular o empresa que pretenda demoler o modificar alguna de esas construcciones deberá pedirleautorización a un Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que decidirá si la edificación tiene o no valor patrimonial.
“Asociación Civil Basta de Demoler y otros c/GCBA s/ AMPARO (art. 14 CCABA)”
Ciudad de Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011.-
I.- A fs. 81/110 se presentan la “Asociación Civil Basta de
Demoler-por la Preservación del Patrimonio Arquitectónico de Buenos Aires”, representada
por su presidente Sra. María Carmen Arias Usandivaras y su vicepresidente Sr. Santiago Pusso;
la “Fundación Ciudad”, representada por su presidente Sra. Andreína de Luca de Caraballo; la
“Asociación Civil y Vecinal S.O.S. Caballito para una mejor calidad de Vida”, representada
por su presidente Sr. Rodolfo Enrique Diringuer. Todas las personas físicas se presentan, a su
vez, en calidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires e inician esta acción de amparo
colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-
Aducen que el Estado local ha implementado una política de
protección del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la Ciudad, a través de la
creación del procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP),
instrumentado mediante la Ley 2548, cuyo plazo de vigencia culminará el próximo
31/12/2011.-
En este sentido, refieren que en la Legislatura local se encuentran
en pleno trámite parlamentario, diversos proyectos de ley tendientes a la protección de aquellos
inmuebles de propiedad pública o privada que se encuentren emplazados dentro del territorio
de la Ciudad, cuyo planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o, en su
defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral correspondiente sea
anterior a dicha fecha; así como de aquellos que se encuentren incluidos en el inventario de la
Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la
categoría “Edificios Representativos”.-
Destacan que el debate legislativo de los proyectos de ley (v. fs.
46/69) no culminará en forma previa a la finalización del plazo de vigencia de la ley 2548.
Por este motivo, entienden que es necesario implementar una
protección preventiva del patrimonio histórico de la Ciudad comprendido en la norma referida.
De lo contrario, se configuraría una afectación grave e irreparable
a bienes jurídicos colectivos de raigambre constitucional como lo son el ambiente en general, y
el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la Ciudad.-
Así es que entablan esta acción de amparo con el objeto que se
ordene al GCBA que (i) complete el catálogo definitivo con el relevamiento de la totalidad de
los inmuebles de propiedad pública y privada comprendidos en el artículo 2 b) de la ley 2548;
(ii) culmine el proceso de evaluación del valor patrimonial de los inmuebles referidos en los
incisos a) y b) del artículo 2 de la ley 2548; (iii) efectivice un proceso de protección adecuada y
oportuna de aquellos inmuebles que presenten valor patrimonial; y (iv) se prohíba autorizar
permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo
registro de planos), respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada
incluidos en el artículo 2 de la ley 2548.-
Por lo tanto, a los efectos de no tornar ilusorio el objeto del
amparo, requieren como medida cautelar urgente que se ordene al GCBA la suspensión del
otorgamiento de autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o
cualquier construcción nueva (incluyendo registros de planos), respecto de la totalidad de los
inmuebles de propiedad pública o privada comprendidos dentro del artículo 2 de la ley 2548,
con excepción de aquellos en que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resuelva en
forma expresa e individualizada que el inmueble no posee valor patrimonial. Ello hasta tanto
recaiga sentencia definitiva en autos; o bien hasta tanto la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires culmine el procedimiento de debate parlamentario en torno a los proyectos de ley
referidos a la protección de los inmuebles objeto de esta acción (Expedientes Nº 1370-D-2011,
2162-D-2011, 2138-D-2011, 2206-D-2011, 2519-D-2011 y 2548-D-2011); o bien hasta que el
GCBA implemente un sistema de protección del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural
de la Ciudad, cuyos efectos resulten equiparables o superadores de los que implica la vigencia
de la Ley 2548.
Peticionan, además, que si la medida es decretada luego del día
31/12/2011, sus efectos sean retroactivos.-
Por último, requieren que se ordene al Poder Ejecutivo local que
realice el relevamiento e inventario de los inmuebles comprendidos en el artículo 2 de la ley
2548, para su puesta en consideración del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, a fin de
que se evalúe si los inmuebles poseen o no valor patrimonial.-
Subrayan que el objetivo de la ley 2548 fue, justamente,
establecer un sistema de protección preventiva del patrimonio para ciertos inmuebles (v. art. 2)
que debían ser catalogados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (v. art. 4, inc. c), a
fin de determinar si poseían o no valor patrimonial que debiese ser preservado.
La fecha de antigüedad de los inmuebles, resaltan, no fue elegida
en forma arbitraria, sino que responde a la vigencia del primer catastro de la Ciudad.-
Así, durante la vigencia de la ley 2548 se permitió la
efectivización de la actividad estatal de planificación de los inmuebles con valor patrimonial.
Sin embargo, esta tarea aún no se encuentra culminada. A punto tal, continúan, que el plazo de
vigencia de la norma debió ser prorrogado en dos oportunidades, mediante las leyes 3056 y
Por tal motivo, ante la inminente expiración del plazo de la
vigencia de la ley 2548, se presentaron cinco proyectos de similares características, con el
propósito de prorrogar la norma mencionada, cuyo debate no culminó durante el período de
sesiones ordinarias de la Legislatura.-
Ante esta situación, el 07/12/2011, se presentó un nuevo proyecto
de ley mediante el cual se promueve la catalogación de la totalidad de los inmuebles anteriores
al año 1941, y se establece un término de ciento ochenta (180) días para que el Poder Ejecutivo
efectúe el relevamiento e inventario de todos estos inmuebles y los ponga en consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.-
Fundan su derecho en la necesidad de proteger preventivamente
los inmuebles mientras se extienda el debate legislativo, en el derecho a un ambiente sano y
equilibrado, y en la omisión del GCBA de su obligación de proteger el patrimonio cultural,
urbanístico y arquitectónico de la ciudad.-
Solicitan la habilitación de días y horas inhábiles para resolver la
medida cautelar peticionada, cuya caución juratoria prestan a fs. 108 vta., y fundan su petición
a fs. 109, punto X.-
II.- En primer lugar es menester aclarar que esta acción de
amparo fue iniciada fuera del horario hábil judicial, por ante este Juzgado de turno, conforme
lo dispone la Resolución Nº 845-CM-2010.-
II.1.- En este contexto, debe subrayarse que mediante esta acción
de amparo pretende tutelarse el medio ambiente, protegido tanto en la Constitución Nacional
como en la Constitución local.-
En efecto, el derecho a un ambiente sano se encuentra
expresamente postulado y reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional donde se
establece que : "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la
ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las
normas que contemplen los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales."
Por su parte en el artículo 26 de la Constitución local se dispone
que: “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente
sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes
y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe
cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer. La Ciudad
es territorio no nuclear. Se prohíbe la producción de energía nucleoeléctrica y el ingreso, la
elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y residuos radiactivos. Se regula por
reglamentación especial y con control de autoridad competente, la gestión de las que sean
requeridas para usos biomedicinales, industriales o de investigación civil. Toda persona tiene
derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o
pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas."
A su vez, el artículo 27 dispone que "La Ciudad desarrolla en
forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las
políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área
metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y
permanente que promueve (...) 2.La preservación y restauración del patrimonio natural,
urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora."
Conforme el artículo 29 de la CCABA, “La Ciudad define un
Plan Urbano y Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades
académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el artículo 81,
que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras
públicas” y el artículo 30 CCABA establece la obligatoriedad de la evaluación previa del
impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y
su discusión en audiencia pública.-
Asimismo, cabe referirse al Plan Urbano Ambiental de la Ciudad
de Buenos Aires (PUA) que también contiene varias normas relativas a la protección del
patrimonio urbano.-
Así, el artículo 11 establece que “el Plan Urbano Ambiental
prestará una especial atención a la variable patrimonial con el objeto de desarrollarla,
incorporarla al proceso urbanístico e integrarla a las políticas de planeamiento, procurando
armonizar las tendencias de transformación y el resguardo de aquellas áreas, paisajes,
monumentos, edificios y otros elementos urbanos de relevante valor histórico, estético,
simbólico y/o testimonial” (art. 11 del PUA, ley 2930, sancionada el 13/11/2008, publicada el
08/01/2009 en el BOCBA Nº 3091).-
En suma, todos los habitantes de la Ciudad, por expreso
imperativo constitucional (tanto federal como local), tienen reconocido el derecho fundamental
a gozar de un ambiente sano, aspecto que incluye el planeamiento urbano de la Ciudad.-
Asimismo, la afectación del ambiente puede significar daños a la
salud de las personas, que también es un bien jurídico constitucional objeto de especial tutela
(art. 20 CCBA).-
II.2.- Por otro lado, a poco que se repare, es evidente que el
sistema de protección preventiva instaurado por la ley 2548 respecto de todos los inmuebles
que tengan un valor patrimonial, expira el 31/12/2011. Ello porque así lo establece la ley 3680
y porque ninguno de los proyectos de ley cuyo propósito es la prórroga del plazo de la ley
2548, agregados en autos, habría sido aprobado durante el curso de las sesiones legislativas
ordinarias.-
Precisamente los actores fundan el inicio de esta acción en el día
de hoy y con la necesidad de la habilitación de días y horas inhábiles, en la espera efectuada
hasta el día de ayer, 22 de diciembre de 2011, en la expectativa de que la Legislatura tratara en
la última sesión ordinaria, los proyectos mencionados, cuestión que, como se señaló
anteriormente, fracasó.
Adviértase que entre el día de hoy, 23/12/2011, hasta el
31/12/2011, sólo quedan tres días hábiles judiciales (v. Res. Nº 279-CM-2011). Este lapso no
parece suficiente para que, razonablemente, pueda protegerse el derecho invocado por los
amparistas.-
En efecto, dado que se trata de un amparo colectivo debería, en
forma previa a ordenarse su trámite, librar oficio a la Secretaría General de la Cámara del fuero
(v. Acordada Nº 5/2005), a fin de anoticiar su inicio. En caso de que no hubiese una acción
similar, se podría proveer su trámite y estudiar la procedencia de la cautelar solicitada.-
El tiempo que estos pasos previos imprescindibles puedan
acarrear y el inexorable vencimiento de la vigencia de la ley 2548, son dos motivos suficientes
para habilitar días y horas inhábiles en los términos del artículo 2 de la Resolución Nº 845-CM-
III.- Ahora bien, es menester destacar que aún resulta
fundamental contar con mayores elementos de juicio para resolver la medida cautelar
En primer lugar, este Juzgado desconoce si con anterioridad al
presente, se han iniciado juicios de amparo colectivo con similar o idéntico objeto, cuestión
que resulta imposible de indagar, dado el asueto decretado por el Consejo de la Magistratura y
el consiguiente fin de semana de las fiestas navideñas.
Ello no es un tema menor, si se tiene en cuenta que debe
preservarse la actuación judicial de la posibilidad de sentencias contradictorias, o que pudieran
interferir en la garantía del juez natural que el sistema de turnos instaurado ha excusado, en
aras de garantizar derechos constitucionales posiblemente afectados en tiempo inhábil cuya
solución suponga una demora de perjuicio irreparable.
Con estas consideraciones, estimo prudente entrar en el análisis
de la medida cautelar solicitada, evaluando, como se mencionó precedentemente, que quedan
escasos días para que la vigencia de la ley 2548 culmine.
De la lectura de los proyectos de ley agregados a fs. 46/69 se
advierte que la catalogación de la totalidad de los inmuebles cuyos planos hayan sido
registrados antes del 31 de diciembre de 1941, no se encuentra concluida.-
Es cierto también que la inminente expiración del sistema de
protección de la ley 2548 podría acarrear una desmedida solicitud de pedidos de demolición de
inmuebles con el objeto de construir nuevos edificios.-
Además, no debe soslayarse el espíritu que alentó la sanción de la
ley 2548 que fue, justamente, “...contar con una herramienta que permitiera rescatar aquellos
inmuebles que por su significado patrimonial, histórico o cultural resultaran de valor para la
preservación del patrimonio de la ciudad..” (v. fs. 68 vta.).-
Aún así, no resulta adecuada la concesión de una medida cautelar
como la que se solicita, sin conocer la posible iniciación de otros juicios de idéntico objeto ante
otro juzgado del fuero, y sin contar con información relativa al estado parlamentario de los
proyectos de ley oportunamente presentados ante la Legislatura local.
Si bien la actora ha acompañado copia simple de los proyectos
referidos, lo cierto es que resulta imprescindible contar con información actualizada y
fidedigna emanada del propio órgano legislativo.
Ello redunda en la necesidad de otorgar una medida precautelar
que contemple los derechos posiblemente afectados, a la vez que atienda a la transparencia de
la actuación judicial, que se traduce en la inexistencia de otros amparos referidos a la misma
cuestión, y en la que otro magistrado pudiera haber resuelto la medida requerida.
Por ello otorgaré la medida hasta tanto la Secretaría General del
Fuero informe acerca de la existencia de otro juicio similar (Acordada Nº 5/2005), y en caso de
inexistencia, ordenaré que se extiendan los efectos de lo aquí decidido hasta tanto la
Legislatura informe acabadamente al juzgado actuante en un plazo de 5 (cinco) días acerca de
estado parlamentario de todos los proyectos de ley presentados al efecto.
En esa inteligencia, se ordena al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires la suspensión del otorgamiento de autorizaciones o permisos de demolición,
reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo registros de planos),
respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada que se encuentren
emplazados dentro del territorio de la Ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31
de diciembre de 1941, o en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación
catastral correspondiente sea anterior a dicha fecha; así como de aquellos que se encuentren
incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires, en la categoría “Edificios Representativos”, cuyo valor patrimonial, no haya sido
evaluado. Todo ello con excepción de aquellos casos en que el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales resuelva en forma expresa e individualizada que el inmueble no posee valor
patrimonial y sin perjuicio de dejar aclarado que la presente decisión precautelar no afectará la
realización de todas aquellas medidas conservativas necesarias para preservar la vida o la salud
de las personas, previa evaluación que deberá efectuar el organismo técnico pertinente, y con la
debida información en autos.
1. Habilitar días y horas inhábiles, en los términos del art. 2 de la
Resolución Nº 845-CM-2010.
2. Por presentados, parte, por denunciados los domicilios reales y
por constituido el domicilio procesal en el lugar indicado.
3. Líbrese oficio por Secretaría a la Secretaría General del Fuero,
con el fin de informarle la existencia del presente juicio, partes, objeto y estado procesal para
su registro posterior, requiriendo asimismo, que informe sobre la existencia de otras causas de
similar objeto.
4. Líbrese oficio a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
con el fin de que informe acabadamente al juzgado actuante en un plazo de 5 (cinco) días
acerca del estado parlamentario de todos los proyectos de ley presentados con relación al
objeto de autos.
5. Como medida precautelar se ordena al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires la suspensión del otorgamiento de autorizaciones o permisos de demolición,
patrimonial y sin perjuicio de dejar aclarado que la presente decisión no afectará la realización
de todas aquellas medidas conservativas necesarias para preservar la vida o la salud de las
personas, previa evaluación que deberá efectuar el organismo técnico pertinente, y con la
debida información en autos, que deberá efectuarse dentro de los cinco días posteriores a su
realización. La medida adoptada tendrá vigencia hasta tanto la Secretaría General del Fuero
informe lo ordenado en el punto 3, o en caso de inexistencia de otro juicio similar, hasta tanto
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires informe lo ordenado en el punto 4. Cumplido lo
dispuesto, esta medida conservará su vigencia hasta que el magistrado actuante resuelva la
medida cautelar peticionada.
Todo ello previa caución juratoria de los amparistas que se
encuentra prestada en el punto VII.4. del escrito de demanda (v. fs. 108 vta.).-
5. Remítase este expediente el día martes 27 de diciembre de
2011 a las 9.00 hs. a la Secretaría General con el fin de que se proceda al sorteo del juez
6. Regístrese y notifíquese a la parte actora personalmente y a la
demandada mediante oficio a librarse por Secretaría.
Andrea Danas
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Etiquetas: PALABRA DE LA JUSTICIA, patrimonio en peligro
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