Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/acuerdo-114-de-junio-13-de-2007-acuerdo-114-de-2007?documento=legcol&contexto=legcol_759920423a61f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 17:36:32
Document Index: 137124347

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 47', 'artículo 47', 'artículo 69', 'artículo 41', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 12', 'artículo 69', 'artículo 60', 'artículo 38', 'artículo 41', 'artículo 3', 'artículo 38', 'artículo 102', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 37']

﻿ ACUERDO 114 DE JUNIO 13 DE 2007
ACUERDO 114 DE 13 DE JUNIO DE 2007
CONTENIDO:INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL. REGLAMENTA EL USO Y MANEJO DE TERRENOS COMUNALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:REFORMA AGRARIA, MERCADEO AGROPECUARIO, ENTIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, BIEN, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, INTERVINIENTES EN EL DERECHO AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES, HACIENDA PÚBLICA
DIARIO OFICIAL N°:46776 DE OCTUBRE 9 DE 2007
VIGENCIA:DEROGADO POR EL ACUERDO 58 DE 2018 ARTÍCULO 47 DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.
ACUERDO 114 DE 2007
“Por el cual se reglamenta el uso y manejo de terrenos comunales”.
(Nota: Derogado por el Acuerdo 58 de 2018 artículo 47 de la Agencia Nacional de Tierras)
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 69 de la Ley 160 de 1994, el artículo 41 del Decreto 2663 de 1994 y el artículo 7º del Decreto 1300 de 2003, y
Que dentro de los objetivos de la Ley 160 de 1994, se encuentra regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación;
Que ante la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, ordenada por el Decreto 1292 de 2003, se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, mediante Decreto 1300 de 2003, el cual prevé en su artículo 24 que toda referencia normativa que se haga en las normas vigentes al Incora debe entenderse referida y atribuida al Incoder;
Que en desarrollo de lo anterior y conforme al numeral 13 del artículo 12 de la Ley 160 de 1994, corresponde al Incoder administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación, de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida la junta directiva;
Que el inciso 7º del artículo 69 de la Ley 160 de 1994 establece que en las sabanas y playones comunales que periódicamente se inunden a consecuencia de las avenidas de los ríos, lagunas o ciénagas, no se adelantarán programas de adquisición (debe entenderse de adjudicación) (1) de tierras, y que en las reglamentaciones que dicte el instituto sobre uso y manejo de tales terrenos, deberán determinarse las áreas que pueden ser objeto de ocupación individual, pero solo para fines de explotación con cultivos de pancoger;
Seguidamente, el inciso 8º del artículo 60 de la Ley 160 de 1994 prescribe que “Los playones y sabanas comunales constituyen reserva territorial del Estado y son imprescriptibles. No podrán ser objeto de cerramientos que tiendan a impedir el aprovechamiento de dichas tierras por los vecinos del lugar”;
Que las prescripciones hechas en la Ley 160 de 1994 respecto del carácter de imprescriptibles e inadjudicables que tienen esos terrenos, son reglamentadas por el capítulo VI del Decreto 2663 de 1994;
Esta norma, so pretexto de su protección, en su artículo 38 establece la conformación de una junta de defensa de terrenos comunales en los municipios donde existan sabanas o playones comunales, con la función primordial de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre terrenos comunales;
A su vez, el artículo 41 de la misma norma, ordena al Incoder elaborar el respectivo reglamento de uso y manejo de los playones y sabanas comunales, una vez delimitadas las áreas que los conforman, previo estudio de la tenencia de la tierra y naturaleza y clase de suelos, así como la situación socioeconómica de los usuarios;
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que por lo tanto, es deber correlativo del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. Asimismo, que es obligación de las autoridades públicas prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y conservar las áreas de especial importancia ecológica;
Que el artículo 3º, numeral 5º de la Ley 99 de 1993, asigna como función a las corporaciones autónomas regionales participar, con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con el fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;
Que en la actualidad, buena parte de los terrenos comunales se haya ocupada y explotada por personas distintas a quienes la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2663 de 1994 señalan como sus usuarios. Esta situación ha generado grandes conflictos por la tenencia de la tierra y ha privado a los campesinos y pescadores pobres de esas regiones, de la posibilidad de acceder a su explotación, agravando su situación socioeconómica y la de sus familias;
Por estas circunstancias, es indispensable reglamentar el uso y manejo adecuado de los terrenos comunales por parte de quienes la ley establece como usuarios, a efecto de contribuir a la solución de los conflictos que se presentan y de procurar el ordenamiento del territorio y la defensa de las tierras de la Nación;
Teniendo en cuenta que sobre los terrenos comunales no es procedente el establecimiento de unidades agrícolas familiares, UAF, y que existe un gran número de familias que requieren ser beneficiadas con el uso de esos terrenos en el presente reglamento se establecerán límites máximos de extensión para ser usados por los seleccionados, según unos puntajes y criterios de selección determinados. Toda vez que la calidad de las tierras varía en las sabanas y playones, las extensiones son diferentes;
Finalmente, se ha considerado ajustado, según las condiciones agrológicas de los terrenos, entender la ocupación y explotación individual para cultivos de pancoger viable únicamente en los playones comunales. En las sabanas comunales, por ser zonas planas generalmente cubiertas de pastos naturales, que tradicionalmente se ocupan con ganados en forma común por los vecinos del lugar, se prevé una utilización conjunta entre los usuarios seleccionados;
ART. 1º—Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto reglamentar el uso y manejo de los terrenos comunales.
ART. 2º—Campo de aplicación. Este reglamento se aplicará a los terrenos comunales que hayan sido objeto del procedimiento de deslinde, previsto en el capítulo IV del Decreto 2663 de 1994.
PAR.—En los que no exista claridad respecto a los linderos o exista conflicto en cuanto han sido ocupados por personas naturales o jurídicas que, sin el lleno de los requisitos legales, han pretendido apropiárselos, deberá adelantarse, previamente, el procedimiento de delimitación o deslinde establecido en el Decreto 2663 de 1994.
ART. 3º—Definiciones. En la interpretación y aplicación del presente acuerdo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones.
— Áreas indebidamente ocupadas. Son las porciones del terreno comunal ocupadas en contravención a las prohibiciones legales, o las ocupadas por personas que no reúnen los requisitos para ser usuarios de terrenos comunales.
— Área ocupable y explotable individualmente. Extensión de terreno ubicado dentro de los playones comunales, que cada usuario puede ocupar y explotar individualmente en cultivos de pancoger.
— Área comunal. Extensión de terreno ubicada dentro de las sabanas o playones comunales, que será compartida por los usuarios seleccionados para ese terreno, ya sea en cultivos transitorios o en ganadería.
— Campesinos y/o pescadores de escasos recursos económicos. Personas que dependan exclusivamente de las actividades agropecuarias y/o de la pesca artesanal, cuyos activos brutos no excedan los treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
— Junta de defensa de terrenos comunales. Organismo creado por el artículo 38 del Decreto 2663 de 1994, que debe funcionar en cada uno de los municipios donde existan playones y/o sabanas comunales. Está integrado por el alcalde municipal, el personero, un representante del concejo y dos representantes de los usuarios de esos terrenos y tiene como función primordial, velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre terrenos comunales se establezcan.
— Pancoger. Cultivos de periodo vegetativo corto, plantados y explotados directamente por los campesinos, con la finalidad primordial de asegurar la subsistencia alimentaria para su familia.
— Playones comunales. Terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman, o con las de los ríos en sus avenidas, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente y en forma común por los vecinos del lugar.
— Sabanas comunales. Zonas compuestas por terrenos baldíos planos cubiertos de pastos naturales, que han venido siendo ocupados tradicionalmente con ganados en forma común por los vecinos del lugar.
— Terrenos Comunales. Playones y/o sabanas comunales, definidos en los párrafos precedentes.
— Usuarios. Campesinos o pescadores de escasos recursos económicos que al reunir los requisitos previstos en este reglamento y ser seleccionados, se les permite el uso de los terrenos comunales, en forma individual y/o colectiva, como meros tenedores, luego de comprometerse a cumplir los deberes de conservación y demás que este reglamento les exige.
De las áreas y su utilización
ART. 4º—Identificación de áreas. El grupo técnico territorial del Incoder donde se ubique el terreno comunal, practicará una visita técnica al mismo, con el fin de determinar sus características agroecológicas, el estado de tenencia de los terrenos y la situación socioeconómica de los ocupantes. De dicha visita elaborará un mapa de la zona y un informe técnico en el que establecerá:
a) El área para uso y manejo individual o comunal dentro de los playones;
b) El área para uso y manejo comunal, dentro de las sabanas;
c) Áreas protectoras, si existieren;
d) El estado general de la actual tenencia de la tierra;
e) La situación socioeconómica de los ocupantes.
ART. 5º—Concepto autoridad ambiental. Una vez realizada la visita técnica, el Incoder solicitará a la corporación autónoma regional o de desarrollo sostenible que tenga jurisdicción sobre los terrenos comunales en los que pretende autorizarse el uso, determinar en qué área de terreno comunal es viable autorizar dicho uso a campesinos y pescadores que cumplan los requisitos y se sometan al proceso de selección que seguidamente se establece. Para que la entidad realice este proceso, el Incoder le suministrará los mapas y el informe técnico producidos como resultado de la visita técnica.
Si pasado un término de dos (2) meses dicha autoridad no se ha pronunciado sobre la solicitud, el Incoder, con personal técnicamente idóneo, procederá a determinar dichas franjas.
ART. 6º—Número de usuarios. Para determinar el número de usuarios que pueden seleccionarse se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos:
a) Las necesidades de carácter redistributivo regional;
b) La caracterización del uso del terreno para el desarrollo de una economía campesina de subsistencia;
c) La explotación del suelo que genere un excedente económico familiar como mínimo de 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes;
d) El apoyo con asistencia técnica, aplicación de tecnología apropiada al terreno comunal, capacitación y asesoría para el mercadeo de excedentes comercializables;
e) La identificación de la clase agrológica o capacidad de uso del suelo del terreno;
f) La fragilidad de los ecosistemas y sus altos niveles de intervención.
En los playones comunales podrá autorizarse el uso en un área mínima de 2,5 hectáreas y en una máxima de 5 hectáreas y en sabanas comunales podrá autorizarse el uso en un área mínima de 5 hectáreas y en una máxima de 10 hectáreas.
Para el cumplimiento de los anteriores criterios el GTT del Incoder deberá realizar un cálculo de ingresos netos con respecto del hectareaje que se requiere para el establecimiento de especies vegetales y/o menores, para cada uno de los aspirantes seleccionados, con el fin de determinar el área que puede autorizarse dentro de los rangos de hectareaje establecidos. Esto deberá quedar consignado en un concepto favorable del funcionario del grupo técnico territorial o grupo integral con énfasis en pesca.
En todo caso, la autorización de uso en terrenos comunales, sea individual o común, debe tener en cuenta la misma área por cada uno de los usuarios.
ART. 7º—Clases de uso. En terrenos de sabana, por su naturaleza, solo podrá autorizarse el uso comunal, bien sea para el establecimiento de cultivos de pancoger, pesca o ganadería. En terrenos de playón podrán determinarse zonas de uso comunal, además de los terrenos de ocupación individual, para explotación exclusiva con cultivos de pancoger.
En ambos casos, la selección de usuarios se hará siguiendo el procedimiento establecido en los siguientes capítulos.
ART. 8º—Criterios de elegibilidad. Podrán ser usuarios de los terrenos comunales, los aspirantes que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser campesino o pescador, hombre o mujer, mayor de 16 años;
b) No poseer activos totales brutos que superen los treinta (30) salarios mínimos mensuales vigentes (smmlv);
c) No ser propietario o poseedor de tierras;
d) Residir o trabajar en la zona del municipio donde se ubica el respectivo terreno comunal;
e) No tener ingresos mensuales familiares que superen un (1) salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), y
f) Obtener un puntaje no inferior a sesenta (60) puntos en la calificación.
PAR.—Serán sujetos de atención preferente para definir la calidad de usuarios, los aspirantes, mujeres u hombres, que tengan la condición de jefe de hogar, según la descripción del artículo 102 de la Ley 160 de 1994, así como la aspirante que se encuentre en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez.
ART. 9º—Factores de calificación y asignación de puntajes. La calificación del aspirante se efectuará conforme a los siguientes factores y puntajes:
a) Activos totales brutos. Máximo treinta (30) puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:
Hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes: 30 puntos
De 11 a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes: 25 puntos
De 21 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes: 20 puntos;
b) Personas a cargo: Máximo 30 puntos. Se dará una calificación de cinco (5) puntos por cada hijo menor de 16 años, o persona del grupo familiar que por incapacidad permanente dependa económicamente del aspirante;
c) Vinculación al municipio o región. Máximo veinte (20) puntos. Se asignarán cuatro (4) puntos por cada año de vinculación a actividades agropecuarias o pesqueras al municipio o municipios en cuya jurisdicción se encuentre el respectivo terreno comunal;
d) Condición de hombre o mujer campesinos o pescadores jefe de hogar, mujer en situación de desprotección, o reservista: máximo diez (10) puntos. Se asignarán diez (10) puntos al hombre o mujer campesinos o pescadores que tengan la condición de jefe de hogar, a la mujer campesina o pescadora que se encuentre en estado de desprotección económica y social por causa de la violencia, el abandono o la viudez, y al campesino o pescador que haya prestado el servicio militar obligatorio;
e) Ocupación previa de los terrenos comunales. Máximo diez (10) puntos. Se asignarán diez (10) puntos al hombre o mujer campesinos o pescadores que al momento de la selección de usuarios se encuentren ocupando los terrenos comunales.
PAR. 1º—La autorización para usar los terrenos comunales se otorgará de mayor a menor puntaje, de modo que siempre tengan prelación los aspirantes que registren mayor puntaje.
PAR. 2º—Cuando dos o más aspirantes hayan obtenido igual puntaje, se preferirá a quien registre el menor valor de activos totales brutos y si el empate subsiste, a quien registre mayor puntaje en el criterio de vinculación al municipio o región.
Registro e inscripción de aspirantes
ART. 10.—Formulario de inscripción. Los aspirantes a ser usuarios de los terrenos comunales objeto de este reglamento, deberán consignar la información requerida en los respectivos formularios de inscripción que para el efecto suministre gratuitamente el Incoder, a través de sus dependencias regionales o en las secretarías de agricultura, corregidurías, centros provinciales de gestión agroempresarial o Umatas.
Los formularios diligenciados podrán presentarse en las citadas dependencias. Para constancia, estas expedirán una certificación sobre su recepción, con anotación de la fecha correspondiente.
Al formulario deberán anexarse los documentos que respalden la información suministrada.
La falta de veracidad en los datos que suministren los solicitantes, invalida la inscripción, ocasiona la pérdida de la opción a la selección, y será causal de la pérdida de la calidad de usuario, si esta ya se adquirió.
Los grupos técnicos territoriales llevarán un registro cronológico de los aspirantes a usuarios de los terrenos comunales, con base en el formulario de inscripción.
PAR. 1º—Todos los campesinos y pescadores aspirantes a la autorización de uso de los terrenos comunales deben diligenciar y presentar formulario de inscripción para someterse al proceso de selección, es decir tanto aquellos que por primera vez pretenden usar las áreas de explotación individual o comunal, como aquellos que han efectuado algún tipo de asentamiento en los terrenos.
PAR. 2º—A los ocupantes que no resulten seleccionados, el Incoder deberá adelantarles el procedimiento de recuperación del baldío indebidamente ocupado, conforme al procedimiento previsto en el Decreto 2664 de 1994.
PAR. 3º—Los contratos de comodato que hayan sido suscritos por el entonces Incora sobre terrenos comunales serán revisados y los comodatarios se someterán al procedimiento de selección y en un todo al presente reglamento.
ART. 11.—Convocatoria. Con el fin de conformar el registro de aspirantes a usuarios de terrenos comunales y someterlos a la calificación y selección previstas en este reglamento, las oficinas de enlace territorial del Incoder realizarán una convocatoria pública de inscripción a los aspirantes, cada que sea procedente otorgar autorización de uso de los terrenos comunales que se encuentren ubicados en el área de su jurisdicción.
Los avisos de convocatoria serán publicados por una (1) vez en un diario de amplia circulación en la ciudad sede del grupo técnico territorial, con cinco (5) días de anticipación respecto de la fecha de apertura.
ART. 12.—Revisión de formularios y precalificación. Los coordinadores de los grupos técnicos territoriales o de los grupos integrales con énfasis en pesca, según el caso, y dos (2) funcionarios vinculados al mismo grupo se encargarán de revisar, verificar y establecer plenamente la información que suministren los aspirantes. En desarrollo de esta labor les corresponde:
1. Recibir, estudiar y revisar los formularios de inscripción que presenten los aspirantes, observando las siguientes reglas:
a) Efectuar los cruces de información necesaria para verificar que los aspirantes no sean propietarios ni poseedores de predios rurales;
b) Gestionar los cruces de información indispensables para establecer la cuantía de los ingresos y los activos familiares;
c) Llevar a cabo los cruces de información necesarios para verificar los antecedentes penales del solicitante, su cónyuge o compañero permanente, a través de los sistemas de información que establezca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, y
d) En general, adelantar la revisión de todos los documentos para determinar su autenticidad y pertinencia, así como la veracidad de la información respectiva.
2. Realizar, en un término no mayor de cinco (5) días comunes contados a partir del día hábil siguiente al cierre de la convocatoria de que trata el artículo 10, la precalificación de los formularios, según los factores de calificación establecidos en este acuerdo, desarrollando para tal fin las siguientes actividades:
a) Establecer la precalificación numérica de los aspirantes que hayan adjuntado la información y la documentación exigida, conforme con los factores de calificación y puntajes establecidos;
b) Conformar una lista de potenciales usuarios elegibles, de mayor a menor, según el puntaje obtenido y hasta el mínimo exigido de sesenta puntos;
c) Conformar una lista de los aspirantes no elegibles, con arreglo a los requisitos exigidos;
d) Conformar una lista de formularios no precalificados por no haber reunido los requisitos mínimos, aportando la información o documentos requeridos o por haber incurrido en falsedades o inexactitudes.
3. Presentar al jefe de la oficina de enlace territorial, dentro del término previsto en el numeral 2º de este artículo, los resultados de la precalificación, junto con las listas que se señalan anteriormente. Dichos resultados deberán registrarse en un acta de revisión que suscribirán los funcionarios que adelantan estas actividades.
El acta con los resultados de revisión de los formularios de inscripción y la propuesta de precalificación, será revisada y estudiada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo, por el jefe de la OET, quien la remitirá al comité de selección de usuarios para su análisis y consideración.
De la selección de usuarios
ART. 13.—Comité de selección. En cada oficina de enlace territorial (OET) del Incoder funcionará, un comité de selección de usuarios, de carácter asesor, cuyas decisiones no serán obligatorias para el jefe de la OET. En caso de desacuerdo con la propuesta de selección que le presente el comité, la decisión que adopte el jefe de la respectiva oficina de enlace territorial será motivada y ajustada a las reglas de sus competencias legales y reglamentarias.
El comité de selección de usuarios, estará integrado de la siguiente manera:
1. El jefe de la oficina de enlace territorial.
2. El coordinador del grupo técnico territorial, o el coordinador del grupo integral con énfasis en pesca, según el caso;
3. Un representante de las organizaciones campesinas del lugar donde están ubicados los terrenos comunales.
4. Un representante de las organizaciones de pescadores del lugar donde están ubicados los terrenos comunales.
5. Un delegado de la junta de defensa de terrenos comunales del municipio.
6. El procurador ambiental y agrario con jurisdicción dentro del área donde se ubican los terrenos comunales, sobre los cuales se organiza el uso quien asistirá como invitado con voz, pero sin voto; (arreglar).
7. El director de la Umata, del Centro provincial de gestión agroempresarial o de la Corporación Autónoma Regional con presencia en el lugar donde se ubican los terrenos comunales, quien asistirá como invitado con voz, pero sin voto.
8. Un abogado del respectivo grupo técnico territorial o grupo integral con énfasis en pesca, con funciones exclusivas de asesoría.
Los representantes de las organizaciones campesinas y de pescadores, así como el delegado de la junta de defensa de terrenos comunales serán designados por las respectivas organizaciones y la junta, a solicitud del Jefe de la OET del Incoder, para que por periodos de un (1) año ejerzan sus actividades de colaboración y participación en ese proceso.
El comité de selección de usuarios deliberará y podrá formular las recomendaciones correspondientes al Incoder, con la mitad más uno de sus integrantes, y será convocado por el jefe de la oficina de enlace territorial con diez (10) días de anticipación a la reunión respectiva.
ART. 14.—Funciones del comité de selección. Son funciones del comité de selección de usuarios, las siguientes:
1. Examinar las carpetas que contienen los formularios y demás documentos presentados por los aspirantes, así como las actas de revisión, para determinar el cumplimiento de las condiciones y requisitos de elegibilidad de los mismos.
2. Verificar la lista y los documentos de los aspirantes no precalificados.
3. Revisar y analizar las prioridades que, en el marco de la elegibilidad, se presenten para la selección de los usuarios.
4. Evaluar las precalificaciones, formulando los comentarios, correcciones o reservas que considere necesarias.
5. Estudiar las oposiciones u objeciones que se presenten a las solicitudes de inscripción en el registro departamental de aspirantes o a la selección que se hubiere propuesto o aprobado respecto de un aspirante y presentar las conclusiones y recomendaciones respectivas al jefe de la oficina de enlace territorial.
6. Recomendar al jefe de la oficina de enlace territorial del Incoder, la inscripción en el registro departamental de aspirantes y su selección como usuarios de los terrenos comunales, con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y las establecidas en este acuerdo.
El pronunciamiento del comité de selección de usuarios tendrá en cuenta la atención preferencial consignada en la ley, respecto de determinados aspirantes y constará en acta que será suscrita al culminar la sesión, por todos los intervinientes.
Si pese a haber sido convocado en los términos del artículo 11 del presente reglamento, el comité no sesiona por falta de quórum, las precalificaciones efectuadas por el respectivo GTT o GIEP, revisadas y aceptadas por el respectivo Jefe de OET, quedarán en firme.
Del registro departamental de aspirantes
ART. 15.—Conformación del registro. En cada oficina de enlace territorial del Incoder se llevará un registro departamental de aspirantes a usuarios de terrenos comunales, en el cual solo aparecerán los aspirantes seleccionados que hubieren obtenido una calificación no inferior a sesenta (60) puntos.
ART. 16.—Oposición a la inscripción y selección. Cualquier persona podrá oponerse, con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, a la inscripción y selección de un aspirante a ser usuario de un terreno comunal.
La oposición será resuelta, mediante resolución motivada, por el jefe de la oficina de enlace territorial, previo pronunciamiento del comité de selección, siguiendo para ello el procedimiento ordinario de las actuaciones administrativas, contemplado en el código contencioso administrativo, y garantizando al peticionario inscrito o seleccionado el debido proceso.
De la autorización de uso de los terrenos comunales, la organización y la condición jurídica de los usuarios
ART. 17.—Resolución de autorización de uso. Evaluadas y verificadas las recomendaciones del comité de selección, si no hubieren objeciones que formularles por hallarsen ajustada a la ley y a los reglamentos, o en firme la preselección hecha por el GTT o GIEP respectivo, el jefe de la oficina de enlace territorial, en un plazo no mayor de cinco (5) días, expedirá la resolución por la cual se autoriza indefinidamente el uso del terreno comunal.
Este acto administrativo debe precisar el nombre de las personas seleccionadas, los deberes de los usuarios, los aspectos relacionados con la distribución y uso de las áreas del terreno y las prohibiciones establecidas para su uso y manejo y las aclaraciones de que en cualquier momento, por razones que le lleven a concluir la necesidad de recuperar los terrenos o de mantenerlos inexplorados, el Incoder puede revocar la autorización y de que atendiendo a las condiciones especiales de los terrenos comunales, los usuarios asumen a su cuenta y riego las siembras o proyectos que decidan implementar en los terrenos y las eventuales pérdidas que ocasionen inundaciones o avenidas de las aguas, entre otros asuntos.
La resolución así expedida, constituirá prueba de la condición de usuario de quienes en ella figuran como tales.
PAR.—Las resoluciones que autorizan el uso individual en los terrenos de playones comunales indicarán la ubicación del área individual que corresponde usar a cada beneficiario, de acuerdo a ciertos linderos y mojones sencillos que atiendan la prohibición legal de levantar cercas o divisiones.
ART. 18.—Sustitución de usuarios. Todo cambio de usuario, deberá hacerse con base en el registro departamental de aspirantes previamente conformado. Para tal efecto, si el usuario inicialmente seleccionado da aviso al GTT o GIEP del Incoder acerca de su intención de ser sustituido, o el Incoder verifica el incumplimiento de alguno de los deberes establecidos en relación con la autorización de uso, se llamará a quien haya obtenido el siguiente puntaje de calificación en la selección. En caso de no existir aspirantes en cola se recibirán nuevas solicitudes y se adelantará el procedimiento establecido en el presente reglamento. El cambio aprobado, deberá oficializarse mediante resolución expedida por la OET respectiva.
PAR.—Salvo fuerza mayor o caso fortuito, que deberá ser demostrado por el interesado, la sustitución que se realice sin el cumplimiento de lo previsto en este artículo, configurará una ocupación indebida por parte del nuevo ocupante y le generará una inhabilidad al beneficiario de la autorización de uso para ser autorizado nuevamente como usuario de terrenos comunales: a su vez, el nuevo ocupante de un terreno comunal en el que ya se surtió el proceso general de autorización de uso, no podrá ser autorizado como beneficiario de dicho terreno comunal, dada su ocupación ilegítima.
ART. 19.—Organización. Para la explotación en forma común, los usuarios seleccionados deberán organizarse bajo cualquier forma asociativa, a fin de aportar su trabajo, industria, servicios u otros bienes en común, con el fin de desarrollar los objetivos de explotación y conservación establecidos para los respectivos terrenos comunales.
Los estatutos de la persona jurídica que se conformen establecerán criterios generales relativos a la forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios y los demás que exige el Código de Comercio, acordes a la regulación legal de cada tipo de sociedad. En todo caso, deberán respetar estrictamente los deberes y limitaciones establecidos en el presente acuerdo.
ART. 20.—Junta de terrenos comunales. En todos los terrenos comunales donde se autorice el uso a campesinos y pescadores de escasos recursos, se propenderá a la conformación de la junta de defensa de terrenos comunales, que se encargará de velar por el uso y manejo adecuado de los terrenos, en consonancia con lo establecido en el presente reglamento y en las normas ambientales, de fomentar y mantener la convivencia pacífica entre los usuarios y sus vecinos.
PAR.—Los representantes de los usuarios serán elegidos por asamblea general de usuarios.
ART. 21.—Condición jurídica. Los usuarios de los terrenos comunales son meros tenedores, con derecho al uso de las áreas que ocupan, dado el carácter de imprescriptibles, inembargables e inadjudicables que comportan esos terrenos.
Criterios de manejo
ART. 22.—Deberes. Son deberes de los usuarios:
a) Cumplir con las previsiones establecidas en el presente reglamento;
b) No construir obras o realizar actos que impidan el acceso, trabajo y explotación de los demás usuarios en el terreno comunal objeto de ocupación;
c) Plantar en su área de ocupación individual en terrenos de playón solo cultivos de pancoger;
d) Explotar de manera directa y/o con ayuda de su familia el área de terreno asignada individual o conjuntamente;
e) Respetar las normas relacionadas con la protección y uso de los recursos naturales;
f) Acatar las recomendaciones sugeridas por la asociación de usuarios, la junta de defensa de terrenos comunales, el Incoder y la autoridad ambiental;
g) No abandonar, sin justificación plena, la explotación del predio ni transferir su uso a otra persona, sin que tal sustitución haya sido previamente aprobada por el Incoder.
PAR.—El incumplimiento de cualquiera de los deberes relacionados conllevará la pérdida de la condición de usuario y el consecuente deber para el Incoder de impartir orden para que el usuario desaloje el predio ocupado, una vez coseche los productos que esté cultivando, o enajene las mejoras a un nuevo ocupante seleccionado por la OET del Incoder.
ART. 23.—Ordenación ambiental. Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, conservación, alinderamiento, administración, manejo de suelos, cuencas hidrográficas en los respectivos terrenos comunales, son de obligatorio cumplimiento para el Incoder en el proceso de autorización de uso y para los usuarios seleccionados en el manejo que le den una vez autorizados por el Incoder.
ART. 24.—Cultivos a plantar. Una vez seleccionados los usuarios y las respectivas áreas objeto de autorización de uso individual o común dentro de los terrenos comunales, el grupo técnico territorial del Incoder concertará con los usuarios seleccionados los cultivos que pueden plantarse, con base en el estudio técnico elaborado y las posibilidades y preferencias de los usuarios.
ART. 25.—Explotación directa del terreno. Solo los usuarios seleccionados podrán usar y aprovechar el correspondiente terreno comunal. En ese sentido, el Incoder no puede permitir en ningún caso que personas diferentes usufructúen dicha área y si verifica comportamientos que contravengan esta disposición, deberá adelantar el procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, de acuerdo al procedimiento previsto en el Decreto 2664 de 1994.
ART. 26.—Condiciones de cultivo. Los cultivos que se establezcan en el área respectiva, guardarán los límites establecidos por la autoridad ambiental y en ellos no podrán utilizarse sustancias químicas para el control de plagas o enfermedades.
ART. 27.—Permanencia como usuario. El terreno comunal y sus recursos, solo pueden continuar siendo aprovechados en el largo plazo por los usuarios que den el uso y manejo correctos al mismo.
ART. 28.—Acciones interinstitucionales. Las acciones adelantadas por los usuarios del terreno comunal, serán complementadas mediante la acción activa y el compromiso permanente de la autoridad ambiental de la zona y el municipio, a través de la secretaría de agricultura o la dependencia que cumpla dichas funciones, en términos de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental.
ART. 29.—Instancia de control. El seguimiento al cumplimiento de lo previsto en el presente reglamento en cada terreno comunal, lo hará la asamblea general de usuarios, que en ese sentido, deberá reunirse periódicamente para evaluar el desarrollo de los compromisos de los usuarios y hacer ajustes en caso de ser necesario, con la aprobación de la mayoría calificada de los integrantes.
ART. 30.—Actividades y prácticas indebidas. Sin perjuicio de las demás prohibiciones consagradas en disposiciones vigentes para esta clase de terrenos, se establecen las siguientes prohibiciones, de manera enumerativa:
a) Las actividades que produzcan sedimentación en los playones tales como la deforestación de las orillas de los caños que alimentan los mismos o en el contorno de los playones. De igual forma, prácticas indebidas en las labores agropecuarias que conlleven la contaminación del agua, el arrastre de suelo y generen procesos erosivos, incidiendo tanto en el volumen, como en la calidad del agua;
b) Las prácticas inadecuadas como la modificación del cause natural de los caños que alimentan los playones y desagües de los mismos, eliminar la vegetación que se encuentra sobre el agua para capturar los peces, así como la vegetación natural y espontánea que crece a lo largo de las citadas fuentes;
c) La utilización de técnicas indebidas para el aprovechamiento de recursos o sobreexplotación de algunos de ellos, como ocurre con la captura de peces sin la talla permitida y el uso de redes inapropiadas para la pesca, con tamaños de ojo inferiores a los permitidos;
d) La pesca con venenos extraídos de plantas toxicas o con dinamita u otros elementos que afecten la riqueza íctica, los recursos naturales y el medio ambiente;
e) La intervención y transformación del área definida como forestal protectora, dentro del terreno comunal;
f) La construcción de viviendas de carácter permanente o transitoria;
g) La extracción y el tráfico ilegal de aves, reptiles, mamíferos y demás especies existentes en el terreno comunal.
ART. 31.—Educación ambiental. El municipio, la junta de defensa de terrenos comunales y la asociación de usuarios buscarán el apoyo de la autoridad ambiental de la zona, para que formule e implemente un plan de acción para tratar temas de educación ambiental y manejo de recursos naturales, que contribuya al cumplimiento del plan de manejo establecido en este reglamento.
ART. 32.—Exploración de alternativas económicas. Sin perjuicio de las competencias del Incoder en materia de administración de tierras de la Nación y en especial las que constituyen reserva territorial del estado, el Incoder brindará apoyo al municipio, la junta de defensa de terrenos comunales y la asociación de usuarios para explorar la conveniencia de sembrar alevinos de especies comerciales, previo diagnóstico de las potencialidades en el mercado, buscando con ello otra opción económica y, a la vez, la recuperación de la población de las especies nativas.
ART. 33.—Acompañamiento del Incoder. El Incoder ejercerá seguimiento, asesoría y acompañamiento, para lograr la correcta aplicación del presente reglamento y el adecuado uso y manejo de los terrenos comunales objeto del mismo.
ART. 34.—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en Bogotá, D.C., a 13 de junio de 2007.
(1) En ese sentido, hace claridad el Decreto 2663 de 1994 al establecer en el artículo 37 que los playones y sabanas comunales no son adjudicables.