Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-122-de-abril-9-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_ce0b2d58c88c4d1ba1f1bee775090d96&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 13:12:08
Document Index: 72653454

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 10', 'artículo 44', 'artículo 98', 'artículo 44', 'artículo 9', 'artículo 88', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 67', 'artículo 44', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 10', 'artículo 49', 'artículo 82', 'artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 27', 'artículo 18', 'artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 13']

﻿ SENTENCIA T-122 DE ABRIL 9 DE 2018
SENTENCIA T-122 DE 09 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN Y SU COMPONENTE DE ACCESIBILIDAD. SE EXPLICA QUE LA PLENA SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE DE ACCESIBILIDAD MATERIAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN EXIGE QUE EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SE PRESTE DE UNA MANERA EFICAZ E IDÓNEA. LA EFICACIA IMPLICA QUE EL SERVICIO CUMPLA CON EL FIN PARA EL CUAL ES CONTRATADO, ES DECIR, QUE LOS BENEFICIARIOS PUEDAN TRASLADARSE DESDE SUS LUGARES DE RESIDENCIA HASTA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS QUE CURSAN SUS ESTUDIOS, Y VICEVERSA. LA IDONEIDAD, QUE SEA PRESTADO DE MANERA ADECUADA, ESTO ES, CON EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y CON LA GARANTÍA DE UN TRATO DIGNO PARA CADA UNO DE SUS BENEFICIARIOS. SE PRECISA ENTONCES QUE LAS CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTÁN DEFINIDAS EN LA SECCIÓN 10 DEL DECRETO 1079 DE 2015 (DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRANSPORTE). ESTA NORMATIVA INCLUYE MEDIDAS RELACIONADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS, LA VERIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA APLICABLE AL TRANSPORTE ESCOLAR, EL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN TERRITORIALES, LA CAPACITACIÓN DE LOS CONDUCTORES Y LOS REQUISITOS PARA CONDUCIR, ENTRE OTROS ASUNTOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA EDUCACIÓN, ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, ENTIDAD TERRITORIAL, SERVICIO DE TRANSPORTE, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TRANSPORTE ESCOLAR
Sentencia T-122 de abril 9 de 2018
Ref.: Expediente T-6.473.851
1. El 30 de mayo de 2017, Luis Daniel Abril Sinning, personero municipal de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena, actuando en representación de la menor Alixia Cecilia Cudriz Flórez y demás menores beneficiarios de rutas de transporte escolar en ese municipio(1), presentó acción de tutela en contra de la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto, la secretaría de Gobierno municipal de Santa Bárbara de Pinto, la Comisaría de Familia de Santa Bárbara de Pinto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - Centro Zonal Santa Ana, la Fundación para Brindar un Vivir Mejor (Fumvir) y la Cooperativa de Transportadores del Norte de Colombia (Cootranorte). Según el accionante, estas entidades amenazaron los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la educación, la igualdad y la dignidad humana de sus representados, al permitir la prestación del servicio de transporte escolar sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el Decreto 348 de 2015 y el contrato de prestación de servicios Nº CPS-MSB-001-2017, celebrado entre el municipio de Santa Bárbara de Pinto y Cootranorte.
2. El 27 de febrero de 2015, el personero municipal de Santa Bárbara de Pinto, Luis Daniel Abril Sinning, presentó una solicitud ante la entonces alcaldesa y el Comisario de Familia de ese municipio, “con el objetivo de que se tomaran las medidas administrativas correspondientes respecto al caso del trasporte escolar (y otros asuntos) ya que este no era apto para realizar el trasporte escolar de NNAs (niños, niñas y adolescentes), a lo cual no se recibió respuesta alguna”(2).
3. Un año y medio después, el 11 de julio de 2016, la personería municipal de Santa Bárbara de Pinto recibió una queja presentada por la Veeduría CDI Media Luna Cabecera Municipal, relacionada con el servicio de transporte escolar(3) que se les presta a los niños y las niñas que asisten a ese centro de desarrollo infantil (CDI) para recibir los beneficios de la estrategia de atención integral a la primera infancia, entre ellos, educación inicial, alimentación balanceada y atención en salud.
4. En virtud de dicha queja, el 4 de agosto de 2016, la personería municipal de Santa Bárbara de Pinto presentó un requerimiento relacionado con “los servicios prestados en el CDI Media Luna, entre los cuales se encontraba el tema del transporte escolar”, ante la alcaldía municipal, la corporación Incate (entonces operador del CDI), la secretaría de Gobierno municipal y la Comisaría de Familia. En dicho requerimiento se menciona que el servicio de transporte escolar “no cumple con los requerimientos de ley para esta clase de transporte, de acuerdo con las estipulaciones consagradas en el Decreto 348 de 2015”. Según el personero municipal, Luis Daniel Abril Sinning, “de dicho requerimiento no recibimos respuesta alguna, ni tampoco se tomaron las medidas pertinentes respecto al transporte escolar”(4).
5. Cerca de siete meses más tarde, el 7 de febrero de 2017, se llevó a cabo una reunión entre un equipo interdisciplinario del CDI Media Luna, transportadores y padres de familia. El fin de este encuentro era que los padres de familia conocieran la responsabilidad que asumían “frente a la implementación del transporte de moto vagón sin contar con todas las garantías de seguridad exigidas por el ICBF”. Según el acta suscrita por la coordinadora pedagógica Yolima de Jesús Alfaro Díaz(5), la responsabilidad “fue asumida en su totalidad por los padres de familia aduciendo que nunca había sucedido nada y que no tienen recursos para pagar transporte individual por eso aceptan el único transporte que les puede pagar la administración municipal”.
6. Un mes después, el 9 de marzo de 2017, la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto suscribió con la cooperativa de transportadores Cootranorte el contrato de prestación de servicios Nº CPS-MSB-001-2017, cuyo objeto es la “prestación del servicio de transporte escolar para las rutas asignadas por el municipio a la población estudiantil de las diferentes instituciones educativas y centros de desarrollo integral del municipio de Santa Bárbara de Pinto - Magdalena”(6).
7. El 23 de mayo de 2017, la personería municipal de Santa Bárbara de Pinto le solicitó a la alcaldía municipal, la secretaría de Gobierno municipal, la Comisaría de Familia y la fundación Fumvir tomar “medidas administrativas encaminadas a suspender inmediatamente el transporte informal que se viene prestando, y dar cumplimiento del contrato cuyo objeto es la prestación del servicio de transporte escolar terrestre para las diferentes instituciones educativas y del hogar agrupado(7) de la cabecera municipal de Santa Bárbara de Pinto - Magdalena, para garantizar la vida, integridad física y dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del servicio de transporte escolar”(8). Así mismo, le solicitó a la secretaría de Gobierno municipal copia de los documentos relacionados con el proceso de contratación del servicio de transporte escolar. En el expediente, no existe constancia de que se haya dado respuesta a esta solicitud.
8. Mediante queja presentada el 24 de mayo de 2017(9), Aníbal José Cudriz Domínguez, en su calidad de usuario y veedor ciudadano de los servicios que ofrece el CDI Media Luna, le manifestó a la personería municipal de Santa Bárbara de Pinto que el servicio de transporte escolar recibido por su hija, Alixia Cecilia Cudriz Flórez, y demás niños que asisten al CDI “no cuentan con los parámetros mínimos de seguridad, lo cual pone en riesgo la integridad física de los niños y su vida”. Por esa razón, solicitó que la Personería tomara “las acciones administrativas y/o judiciales, que vallan (sic) encaminadas a la protección de la integridad física y derechos fundamentales de los niños que reciben este mal servicio de transporte escolar en el CDI”. Con base en esta solicitud, el Personero Municipal de Santa Bárbara de Pinto interpuso la acción de tutela de la referencia.
9. El 25 de mayo de 2017, la coordinadora pedagógica Yolima de Jesús Alfaro Díaz convocó a una reunión en el CDI Media Luna, con el fin de informar a los padres de familia sobre la situación del servicio de transporte que se les presta a los niños y las niñas que asisten a ese establecimiento, así como los riesgos que se pueden presentar. En ella participaron, entre otros, la Comisaria de Familia, el Personero Municipal, un funcionario del ICBF y el Asesor Jurídico de la alcaldía. Según el acta firmada por la señora Alfaro Díaz(10), durante la jornada, se planteó “la necesidad de llegar a un acuerdo para que no se suspenda el servicio de transporte ya que se vulnera el derecho a la permanencia y a los cuatro tiempos de comida que el CDI proporciona a los niños y niñas”.
10. El actor sostiene que el servicio de transporte escolar que se les presta a los menores que asisten a las distintas instituciones educativas y CDI de Santa Bárbara de Pinto no cumple con las condiciones previstas por el contrato suscrito entre esa entidad territorial y Cootranorte, ni con las definidas en el Decreto 348 de 2015 “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor especial y se adoptan otras disposiciones”(11). Concretamente, señala que los vehículos no cuentan con los distintivos propios del transporte escolar ni tienen sillas individuales, sino que “por el contrario los NNA se sientan en el fondo del carro o motocarro donde hay es una colchoneta, no tienen extintores de incendios, kit de primeros auxilios y/o botiquín, y tampoco salida de emergencia”. Además, sostiene que estos vehículos transitan con sobrecupo, y que “a simple vista se percibe que pasan de los 10 años de uso”. En su criterio, esta situación pone en grave riesgo la vida y la integridad física de los menores.
2. Pretensiones y fundamentos de la solicitud de acción de tutela(12).
(ii) Prestar “el servicio de transporte escolar terrestre para las diferentes instituciones educativas y del hogar agrupado de la cabecera municipal de Santa Bárbara de Pinto - Magdalena, de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen la materia, y en el contrato suscrito entre el alcalde municipal y Cootranorte”.
(iii) “Abstenerse de dar por terminado de común acuerdo o unilateralmente el contrato de servicio de transporte escolar terrestre para las diferentes instituciones educativas y del hogar agrupado de la cabecera municipal de Santa Bárbara de Pinto - Magdalena”.
(i) A la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara de Pinto y a Cootranorte, “[t]omar las medidas correspondientes que permitan la continuidad del servicio de transporte escolar de acuerdo a las normas legales y el contrato de servicio de transporte escolar terrestre para las diferentes instituciones educativas y del hogar agrupado de la cabecera municipal de Santa Bárbara de Pinto - Magdalena”.
(iii) A la secretaría de Gobierno municipal de Santa Bárbara de Pinto o a quien corresponda, que “realice el seguimiento o supervisión del contrato de servicio de transporte escolar terrestre para las diferentes instituciones educativas y del hogar agrupado de la cabecera municipal de Santa Bárbara de Pinto - Magdalena”, y entregar “la información solicitada mediante solicitud de 23 de mayo del presente año (2017), respecto a la información contractual del contratista que presta el servicio de transporte escolar en el municipio”.
(vi) A la coordinadora del ICBF - Centro Zonal Santa Ana, Judith Páramo Acuña, “hacer más presencia y brindar más acompañamiento inmediato frente a las posibles amenazas a la vulneración de los derechos fundamentales de niños y niñas de los servicios que presta el CDI o el Programa de Cero a siempre que se prestan en las instalaciones de estos CDI, en el municipio, hacer un seguimiento al operador Fumvir de manera más oportuno (sic)”.
3.1. Alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto(13).
3.2. Comisaría de Familia de Santa Bárbara de Pinto(14).
3.3. Fumvir(15).
3.4. ICBF Dirección Regional Magdalena(16).
19. El director del ICBF Regional Magdalena, Joaquín González Iturriago, aseguró que ese instituto ha realizado los seguimientos correspondientes frente a las posibles amenazas a los derechos fundamentales de los niños y niñas beneficiarios de los servicios del CDI Media Luna. Sin embargo, precisó que la prestación del servicio de transporte escolar no es objeto del contrato de aportes Nº 471 suscrito el 12 de diciembre de 2016 por el ICBF con el operador Fumvir, “por lo que no es posible requerirle acciones alrededor de este tema toda vez que superan las obligaciones contraídas en el marco de dicho contrato”.
4.1. Primera instancia(17).
22. El Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara de Pinto, mediante auto del 1º de junio de 2017, decidió negar la medida provisional solicitada por el accionante, teniendo en cuenta que la acción de tutela busca, precisamente, “lograr lo solicitado en la medida provisional, luego entonces no tendría ningún sentido entrar a estudiar el caso en concreto si de antemano se estaría emitiendo el sentido del fallo”(18).
4.3. Segunda instancia(20).
32. El expediente de la referencia fue escogido para revisión de la Corte Constitucional, mediante el auto de 24 de noviembre de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Once(21). En el numeral décimo quinto de la parte resolutiva de dicha providencia, la Sala dispuso acumular los expedientes T-6.455.218 y T-6.473.851, por presentar unidad de materia, para que fueran fallados en una sola sentencia, si así lo consideraba la Sala de Revisión.
33. Al encontrar elementos que singularizan la situación fáctica y jurídica de los asuntos acumulados, la Sala Primera de Revisión, por medio del auto de 2 febrero de 2018(22), decretó la desacumulación procesal de los expedientes T-6.455.218 y T-6.473.851, para que cada uno sea fallado en una sentencia independiente.
34. Mediante el auto de 2 de febrero de 2018(23), el Magistrado Ponente dispuso que, por medio de la secretaría general, se recaudaran las siguientes pruebas:
34.1. A la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto, le solicitó un informe que diera cuenta de los siguientes asuntos: (i) la contratación del servicio de transporte escolar para la población estudiantil de las diferentes instituciones educativas y CDI de ese municipio; (ii) las condiciones en las que se presta el servicio de transporte escolar, y (iii) las quejas o solicitudes recibidas con ocasión de la prestación del servicio de transporte escolar. En concreto, se le solicitó informar:
34.1.1. Desde qué fecha el municipio de Santa Bárbara de Pinto le garantiza la prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las diferentes instituciones educativas y CDI.
34.1.2. Qué personas han sido contratistas de la prestación del servicio de transporte escolar, quiénes han ejercido la supervisión de los contratos celebrados y qué actividades y medidas de supervisión y control de esos contratos se han adelantado.
34.1.3. Qué quejas o solicitudes relacionadas con la prestación del servicio de transporte escolar se presentaron ante la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto durante 2017 y lo corrido del 2018.
34.1.4. Si antes de iniciar la ejecución del respectivo contrato, el municipio de Santa Bárbara de Pinto le garantiza la prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil; si este servicio cumple las condiciones previstas por el Decreto 348 de 2015 para los municipios con una población inferior a los 30.000 habitantes, y, en caso de que no se preste, cómo suple la población estudiantil la falta del servicio de transporte escolar. Además, si el municipio de Santa Bárbara de Pinto verificó que durante el año 2017 la prestación del servicio de transporte escolar cumplió las condiciones previstas por el Decreto 348 de 2015 y cuáles fueron sus conclusiones.
34.1.5. Si el contrato de prestación de servicios Nº CPS-MSB-001-2017, celebrado entre el municipio de Santa Bárbara de Pinto y Cootranorte fue ejecutado en su totalidad, prorrogado, suspendido, liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral o declarada su caducidad. Si no fue ejecutado en su totalidad, cuáles fueron las razones.
34.1.6. Si para la vigencia fiscal 2018, el municipio de Santa Bárbara de Pinto inició o prevé iniciar un proceso con el fin de contratar la prestación del servicio de transporte escolar para la población estudiantil de las diferentes instituciones educativas y CDI; si lo inició, en qué etapa se encuentra y cuál fue la última actuación adelantada; si prevé iniciarlo, qué actuaciones se han adelantado con ese propósito.
34.2. Así mismo, la sala le solicitó a la personería municipal de Santa Bárbara de Pinto un informe que diera cuenta de: (i) si en la actualidad, el municipio de Santa Bárbara de Pinto le está garantizando la prestación del servicio de transporte escolar a la población estudiantil de las diferentes instituciones educativas y CDI; (ii) si es así, en qué condiciones se está prestando ese servicio y, en particular, si cumple con lo previsto por el Decreto 348 de 2015 para los municipios con una población inferior a 30.000 habitantes; de lo contrario, cómo suple la población estudiantil la falta del servicio de transporte escolar; (iii) qué quejas o solicitudes relacionadas con la prestación del servicio de transporte escolar se presentaron ante la personería municipal de Santa Bárbara de Pinto durante 2017 y lo corrido de 2018.
35. Con el fin de procurar la obtención de las pruebas decretadas y garantizar la adecuada valoración de los medios de prueba recaudados, la sala resolvió suspender los términos del presente asunto, mediante el auto de 16 de febrero de 2018(24).
36. El 7 de marzo de 2018, la secretaría general de la Corte Constitucional le comunicó al despacho del Magistrado Sustanciador que, vencido el probatorio, se recibieron los informes solicitados a la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto y a la personería municipal de Santa Bárbara de Pinto(25).
5.2. Respuesta de la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto.
37. El 21 de febrero de 2018, la secretaría general de la Corte Constitucional recibió respuesta al oficio OPT-A-392/2018(26). En esta comunicación, la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto manifestó lo siguiente:
37.1. La entidad contrató el servicio de transporte escolar para la población estudiantil de las diferentes instituciones educativas y CDI de Santa Bárbara de Pinto, para los años 2016 y 2017. Con respecto a años anteriores, señaló haber encontrado “algunos archivos en la entidad, relacionados con la contratación del transporte escolar para los años 2008 a 2011 y el año 2013”.
37.2. “El servicio de transporte escolar ha venido siendo prestado por la empresa de transporte Cootranorte”.
37.3. “La supervisión de los distintos contratos de transporte escolar que ha ejecutado el municipio de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena, ha estado a cargo del funcionario titular de la secretaría de Gobierno del municipio, al no contar nuestro ente municipal con Secretaría de Educación”.
37.4. La secretaría de Gobierno municipal de Santa Bárbara de Pinto “realiza de manera permanente actividades de vigilancia encaminadas a corroborar la efectiva prestación del servicio” de transporte escolar. Esto “se confirma con cada uno de los rectores de las instituciones educativas, las juntas de acción comunal y las asociaciones de padres de familia”. Además, la empresa de transporte debe hacer llegar a la alcaldía “las actas firmadas por las autoridades educativas de cada uno de los colegios, donde se registra la prestación de la actividad”.
37.5. En las dependencias de la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto no se ha radicado “ninguna petición, queja o reclamo, concerniente al transporte escolar”.
37.6. El municipio de Santa Bárbara de Pinto vela por que “se garantice la prestación efectiva del servicio de transporte escolar”. Así, antes de que se inicie el calendario escolar, “se adelantan todas las gestiones contractuales para que, al ingreso a clases de los estudiantes, ya se encuentre contratado ese servicio”. Sin embargo, la contratación está sujeta “al giro de los recursos que realiza la Nación sobre este rubro en particular”.
37.7. Desde que inicia el proceso de contratación y durante la ejecución del contrato, la administración municipal “procura darle cumplimiento a la normatividad vigente para el tema del transporte escolar”. No obstante, en atención a las difíciles condiciones geográficas y meteorológicas, “la empresa que ejecuta el contrato de transporte escolar en el municipio, se ha visto en la necesidad de subcontratar el servicio de transporte con vehículos particulares tipo jeep y también con vehículos particulares tipo motocarro, con el visto bueno y autorización de la administración municipal”.
5.3. Respuesta de la personería municipal de Santa Bárbara de Pinto.
38. El 19 de febrero de 2018, la secretaría general de la Corte Constitucional recibió respuesta al oficio OPT-A-392/2018(27). En esta comunicación, la personería municipal de Santa Bárbara de Pinto manifestó lo siguiente:
38.1. El servicio de transporte escolar fue suspendido desde junio de 2017, y la administración municipal no lo ha contratado para el año 2018.
38.2. Ante la falta del servicio de transporte escolar, algunos menores son transportados por sus padres, en motocicletas con sobrecupo; otros son enviados en mototaxis, que llevan hasta cuatro niños, y otros son llevados a pie. Así mismo, la personería advirtió sobre “la gran inasistencia al CDI por falta del transporte escolar”, ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos económicos y “no cuentan para pagar un transporte particular”. Agregó que el panorama se agrava en las instituciones de la zona rural, “ya que son comunidades dispersas, los niños, niñas y adolescentes deben transportarse en burro, bicicletas, motocicletas particulares o moto taxis, caminando o en motocarros de carga”. Al respecto, aportó dos enlaces de internet(28) que dirigen a un reportaje televisivo sobre el servicio de transporte escolar en Santa Bárbara de Pinto, emitido el 14 de febrero de 2018 por Noticias RCN.
38.3. El 24 de mayo de 2017, se recibió la queja presentada por el señor Aníbal José Cudriz Domínguez, que fue aportada con la solicitud de tutela. En cuanto a nuevas quejas, la personería señaló que “han sido de manera verbal y de forma reiterada, ya que los miembros de la comunidad son bastante apáticos a denunciar”. Agregó que a pesar de que el contrato de prestación del servicio de transporte escolar celebrado por el municipio de Santa Bárbara de Pinto y Cootranorte en 2017 ya no está vigente, aún es necesario “contar con un transporte escolar digno”.
5.3. Medidas provisionales.
39. La Sala advirtió que en el expediente de la referencia obran piezas procesales, incluidos videos y fotografías, que dan cuenta de que los menores de edad usuarios de las rutas de transporte escolar del municipio de Santa Bárbara de Pinto se movilizan en vehículos cuyas condiciones pueden poner en riesgo su integridad física. Por esa razón, en el auto de 23 de febrero de 2018(29), resolvió ordenar, como medida provisional, que la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto dispusiera del parque automotor de la administración municipal, para transportar de manera segura a estos menores.
40. En oficio recibido por la secretaría general de la Corte Constitucional el día 8 de marzo de 2018(30), el alcalde de Santa Bárbara de Pinto, Ricardo Lucio Andrade Martínez, dio respuesta a la medida provisional ordenada en el auto de 23 de febrero de 2018. Según el mandatario, ese municipio no cuenta “con ningún vehículo dentro de los bienes de la administración municipal”. El funcionario aclaró que el único vehículo disponible es el utilizado por el alcalde para el cumplimiento de sus funciones; sin embargo, ese automotor “no pertenece a nuestro municipio y contamos con el mismo pero en calidad de arrendamiento”. En ese sentido, manifestó que “se nos hace imposible darle cumplimiento a la medida ordenada”.
42. El 9 de marzo de 2018, la secretaría general de la Corte Constitucional recibió respuesta al oficio Nº A-193/2018(31), en la que el jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Nacional de Protección, Alexander Torrado Jaime, informó que en la orden de trabajo Nº OT 262512, se dispuso estudiar el nivel de riesgo del señor Luis Daniel Abril Sinning, como miembro de la población objeto de protección a la que se refiere el numeral 15 del artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015. Agregó que esa unidad ya dio cumplimiento a la solicitud realizada por esta Sala de Revisión, “teniendo en cuenta que ya se inició la ruta de protección consagrada en el artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto 567 de 2016, con base en el cual se va a determinar cuál es el riesgo del señor Luis Daniel Abril Sinning”.
2. Problema jurídico y delimitación de la litis.
46.1. ¿Las condiciones en las que se les presta el servicio de transporte escolar a la niña Alixia Cecilia Cudriz Flórez y los demás menores de edad beneficiarios de las rutas que operan en el municipio de Santa Bárbara de Pinto representan una amenaza a sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la educación en su dimensión de accesibilidad material?
48. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela “mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre”(32), para la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. La acción de tutela resulta procedente cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial eficaz para la protección de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la consolidación de un perjuicio irremediable.
50. Como se señaló en el párrafo 48, el artículo 86 de la Constitución prevé que toda persona puede ejercer la acción de tutela para lograr la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En este sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991(33) dispone que la acción de tutela puede ser ejercida “por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales”, quien podrá actuar por sí misma, mediante representante o apoderado judicial, agente oficioso, el Defensor del Pueblo o los personeros municipales. Este requisito de procedencia tiene por finalidad garantizar que quien interponga la acción tenga un “interés directo y particular” respecto de las pretensiones elevadas, de manera que el juez constitucional pueda verificar que “lo reclamado es la protección de un derecho fundamental del propio demandante y no de otro”(34). A su vez, esta acción debe ser ejercida en contra del sujeto responsable de la presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, sea este una autoridad pública o un particular.
a) Legitimación en la causa por activa.
51. En el presente caso, se cumple con el requisito de legitimación en la causa por activa. El personero municipal de Santa Bárbara de Pinto, Luis Daniel Abril Sinning, interpuso la acción de tutela en representación de la niña Alixia Cecilia Cudriz Flórez y de los demás menores de edad beneficiarios de las rutas de transporte escolar de ese municipio, al estimar amenazados los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la educación, la igualdad y la dignidad humana de sus representados. De conformidad con los artículos 10 y 49(35) del Decreto 2591 de 1991, los personeros municipales, que tienen dentro de sus funciones defender los intereses de la sociedad, están legitimados para interponer la acción de tutela. Además, la jurisprudencia constitucional ha reconocido esa facultad, al señalar que “el Defensor del Pueblo en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales y en especial de las contenidas en el art. 282 de la Constitución Política, delegó en los personeros municipales en todo el país la facultad para interponer acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o se encuentre en situación de indefensión”(36).
52. Esta Corte también ha advertido que, en los casos que comprometen los derechos de los menores de edad, las autoridades tienen un deber de defensa especial y prevalente, pues se trata de sujetos de especial protección constitucional. De hecho, el artículo 44 de la Constitución Política pone en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado la obligación de asistir y proteger a los menores, para garantizar “el ejercicio pleno de sus derechos”. En esa media, agrega, “[c]ualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento”. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que “tratándose de la protección de los derechos fundamentales de los niños, la Constitución impone objetivamente la necesidad de su defensa, sin que interese realmente una especial calificación del sujeto que la promueve en razón, que es la misma Carta la que sostiene que en su defensa también debe intervenir la sociedad”(37).
53. Con todo, la propia Corte ha exigido que en la formulación de la acción de tutela por parte de los personeros municipales: (i) exista autorización expresa de la persona a la que representan, excepto cuando se trata de menores de edad o incapaces; (ii) se individualicen o determinen las personas perjudicadas y (iii) se argumente la forma en que se ven comprometidos sus derechos fundamentales(38), con el fin de determinar cuál es la amenaza que se ciñe sobre las personas afectadas. Para el efecto, “[e]s suficiente que aporten elementos que sean aptos para determinar a los sujetos rodeados por la solicitud y la decisión judicial”(39).
b) Legitimación en la causa por pasiva.
55. En primer lugar, la sala encuentra cumplido el requisito de legitimación en la causa por pasiva, en los casos de la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto - secretaría de Gobierno municipal y la Cooperativa de Transportadores del Norte de Colombia (Cootranorte). Por una parte, el municipio de Santa Bárbara de Pinto les ha suministrado el servicio de transporte escolar a los menores que asisten a las distintas instituciones educativas y CDI de esa entidad territorial. De otro lado, el 9 de marzo de 2017, suscribió con Cootranorte el contrato de prestación de servicios Nº CPS-MSB-001-2017, cuyo objeto es la “prestación del servicio de transporte escolar para las rutas asignadas por el municipio a la población estudiantil de las diferentes instituciones educativas y centros de desarrollo integral del municipio de Santa Bárbara de Pinto - Magdalena”. Justamente, las condiciones de prestación de ese servicio de transporte escolar son cuestionadas por el actor, mediante la acción de tutela de la referencia.
57. En cuanto a la Comisaría de Familia, la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) señala que su misión es “prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley”. Además, el artículo 98 prevé que “en los municipios donde no haya Defensor de Familia, las funciones que este Código le atribuye serán cumplidas por el comisario de familia”. Dentro de esas funciones está “[a]delantar de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes cuando tenga información sobre su vulneración o amenaza”(40). El actor puso en conocimiento de la Comisaría de Familia de Santa Bárbara de Pinto la presunta amenaza a los derechos a la educación, la integridad física y la vida de los niños y las niñas que asisten al CDI Media Luna, por la prestación del servicio de transporte escolar sin el cumplimiento de los requisitos legales. Dado que en ese municipio no existe Defensor de Familia, le corresponde a la Comisaría de Familia adelantar actuaciones encaminadas a la protección de esos derechos.
58. Por su parte, el ICBF, como organismo rector del sistema nacional de Bienestar Familiar, tiene dentro de sus objetivos “[l]ograr la protección integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia”(41). A este instituto le corresponde “la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas”. Dentro esas entidades están, precisamente, las defensorías y las comisarías de familia, tal como lo prevén los artículos 79 y 83 de la Ley 1098 de 2006.
59. Además, el ICBF Regional Magdalena celebró un contrato de aporte con la fundación Fumvir, para que esta administre “el servicio de atención a niños y niñas menores de 5 años o hasta su ingreso al grado transición, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad (…) en el marco de la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia ‘De Cero a Siempre’, en los servicios desarrollo infantil en medio familiar y centros de desarrollo infantil”(42). En virtud de ese contrato, la fundación Fumvir opera el CDI Media Luna, ubicado en Santa Bárbara de Pinto, al que asisten niñas y niños beneficiarios del servicio de transporte escolar que se cuestiona en la solicitud de tutela.
60. De acuerdo con el numeral 2.1.7 de la cláusula quinta del citado contrato de aporte, Fumvir debe “[r]ealizar las acciones requeridas para promover la garantía de derechos de los niños y las niñas”. Específicamente, el numeral 2.1.9. del contrato la obliga a “[i]nformar de manera oportuna a la entidad competente, las situaciones que amenacen o pongan en riesgo la vida e integridad física, emocional y mental de los niños beneficiarios de los servicios, de las cuales tengan conocimiento”. Así mismo, el numeral 2.1.10 dispone que deberá “[a]delantar las acciones para el seguimiento a la vulneración de derechos y realizar las gestiones con las entidades competentes cuando haya lugar”. Por su parte, el numeral 8 de la cláusula tercera prevé que el ICBF deberá “[p]rocurar la articulación de los servicios y competencias propias del ICBF frente a situaciones de riesgo en niños y niñas detectadas por las EAS (entidades administradoras del servicio —en este caso, Fumvir—) en la prestación de los servicios objeto del contrato”.
62. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del hecho que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. El requisito de la inmediatez tiene por finalidad preservar la naturaleza de la acción de tutela, concebida como “un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados”(43).
63. Con el fin de orientar la labor del juez de tutela, la jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios que ayudan a determinar, en cada caso, el cumplimiento del requisito de inmediatez: (i) la situación personal del peticionario, que puede hacer desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) el momento en el que se produce la vulneración, ya que pueden existir casos de violación permanente de derechos fundamentales; (iii) la naturaleza de la vulneración, pues la demora en la presentación de la tutela puede estar relacionada, precisamente, con la situación que, según el accionante, vulnera sus derechos fundamentales; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela, ya que si se trata de una providencia judicial, el análisis debe ser más estricto, y (v) los efectos de la tutela en los derechos de terceros, quienes tienen la expectativa legítima de que se proteja su seguridad jurídica(44).
64. Esta sala considera que la acción de tutela de la referencia cumple con el requisito de inmediatez. En efecto, la solicitud de tutela fue presentada el 30 de mayo de 2017, durante la ejecución del contrato de prestación del servicio de transporte escolar suscrito entre el municipio de Santa Bárbara de Pinto y Cootranorte(45). Ese servicio, según el actor, incumplía las condiciones técnicas y operativas previstas en el contrato y en las normas que regulan el transporte escolar, por lo que ponía en riesgo, entre otros derechos, la integridad física y la vida de los menores de edad beneficiarios. Es decir que la presunta vulneración de los derechos fundamentales de estos menores era actual, cuando se elevó la solicitud de amparo.
66. La acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial efectivo para la protección de sus derechos fundamentales o, en caso de existir tal recurso judicial, se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable(46). El carácter subsidiario de esta acción “impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales (…) y solo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional”(47).
67. No obstante, la Corte ha advertido que el estudio de la subsidiariedad de la acción de tutela no consiste en una mera verificación formal de la existencia de otros mecanismos judiciales o administrativos(48). Por el contrario, le corresponde al juez constitucional analizar la situación particular del accionante y los derechos cuya protección se solicita, con el fin de comprobar si aquellos resultan eficaces para la protección de los derechos fundamentales(49). Por ejemplo, en los asuntos que involucran derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, el análisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad debe tener en cuenta interés superior de los menores de edad, garantizado por el artículo 44 de la Constitución(50).
68. De manera reiterada, la Corte ha advertido que el juez constitucional debe determinar si los medios de defensa judicial disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien acude a la acción tutela(51). Si no es así, puede conceder el amparo de dos maneras distintas: (i) como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria, y (ii) como mecanismo definitivo de protección de los derechos fundamentales. El amparo procede como mecanismo transitorio, cuando las acciones ordinarias, si bien pueden proveer un remedio integral, no son lo suficientemente expeditas para evitar un perjuicio irremediable. Así mismo, procede como mecanismo definitivo, cuando el medio de defensa ordinario no ofrece una solución integral para la protección de los derechos fundamentales comprometidos.
69. A juicio de la sala, en el asunto de la referencia se cumple con el requisito de subsidiariedad. La acción de tutela plantea que el servicio de transporte escolar contratado por el municipio de Santa Bárbara de Pinto no cumple con las condiciones previstas en el respectivo contrato y en las normas que regulan la materia, lo que amenaza de manera grave e inminente los derechos a la vida y la integridad física de los menores de edad usuarios de esas rutas. En esa medida, como lo indicaron los jueces de instancia, la acción de cumplimiento sería, prima facie, procedente. En efecto, esa acción permite acudir ante la autoridad judicial, para exigir la realización o el cumplimiento de un deber que surge de una ley o acto administrativo, y que es omitido por una autoridad o un particular que ejerce funciones públicas. De esta manera, se procura “la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado social de derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo”(52).
70. En el caso que se analiza, el actor busca la protección de los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la educación de los menores de edad beneficiarios de las rutas de transporte escolar de Santa Bárbara de Pinto, que estima amenazados por la prestación deficiente de ese servicio. El artículo 9º de la Ley 393 de 1997 advierte que la acción de cumplimiento “no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela”, como son los derechos que el actor pide amparar. Por lo tanto, en este caso, la acción de cumplimiento no está llamada a prosperar.
71. Ahora bien, podría afirmarse que como el actor procura la protección de los derechos de un colectivo de personas, esto es, de los menores de edad que asisten a las distintas instituciones educativas y CDI en las rutas de transporte escolar contratadas por el municipio de Santa Bárbara de Pinto, serían procedentes las acciones populares previstas en el artículo 88 de la Constitución Política, y reguladas por la Ley 472 de 1998. Sin embargo, esta es una apreciación errada. La Ley 472 de 1998 define las acciones populares como “medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos”. La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a los derechos colectivos como aquellos que están en cabeza de una comunidad entera(53). Concretamente, ha dicho que se trata de “intereses de representación difusa, en la medida en que suponen la reivindicación de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas que, en potencia, pueden ser, incluso, todos los que integran una comunidad”(54). Con todo, ha precisado que el hecho de que se afecte a un número plural de personas no supone la violación de derechos colectivos(55).
72. La jurisprudencia constitucional también se ha pronunciado en ese sentido. Por ejemplo, la Sentencia T-357 de 2017 explica “que la cantidad de personas involucradas no es el factor que determina si corresponde acudir a la acción popular o de tutela, es el derecho discutido el que define cuál es el mecanismo judicial procedente”. De acuerdo con la Sentencia C-569 de 2004, los derechos colectivos “hacen referencia a derechos o bienes indivisibles, o supraindividuales, que se caracterizan por el hecho de que se proyectan de manera unitaria a toda una colectividad, sin que una persona pueda ser excluida de su goce por otras personas”. Ejemplos de este tipo de derechos son la seguridad y la salubridad públicas, la moralidad administrativa, el goce de un ambiente sano, la libre competencia económica, entre otros(56).
74. Cabe agregar que la acción de grupo tampoco es procedente en el caso sub examine. Si bien esta acción “recae sobre la afectación de todo tipo de derechos e intereses, sean estos colectivos o individuales”(57), su función es reparadora e indemnizatoria, es decir que opera una vez ha ocurrido un daño. En efecto, como lo dispone el artículo 3º de la Ley 472 de 1998, la acción de grupo “se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios”, que no es el fin perseguido en el asunto de la referencia.
4. El interés superior y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
76. La Constitución Política les otorga una protección especial a los niños, las niñas y los adolescentes(58). En su artículo 44(59), el ordenamiento superior prevé cinco reglas a favor de los menores de edad, que han sido identificadas por la jurisprudencia constitucional: (i) el reconocimiento del carácter fundamental de sus derechos; (ii) su protección frente a riesgos prohibidos; (iii) la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la asistencia y protección de los menores de edad; (iv) la garantía de su desarrollo integral, y (v) la prevalencia del interés superior de los menores de edad(60).
77. Esa protección especial también ha sido reconocida por tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, que integran el bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño(61) advierte que el interés superior de los menores de edad será “una consideración primordial” en “todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos”. Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(62) dispone que todo niño tiene derecho “a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”, mandato que replica el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(63).
78. En aplicación de esos preceptos superiores, la jurisprudencia constitucional ha advertido que la satisfacción de los derechos e intereses de los menores de edad “debe constituir el objetivo primario de toda actuación, sea oficial o sea privada, que les concierna”(64). En el caso de las entidades estatales, las actuaciones relacionadas con los niños, las niñas y los adolescentes se enmarcan en cuatro principios, identificados por el Comité de los Derechos del Niño(65): (i) no discriminación; (ii) derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; (iii) respeto a las opiniones del niño, y (iv) el interés superior del menor.
79. La Corte Constitucional ha definido las características de ese interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, cuya razón de ser es la plena satisfacción de sus derechos. En diversos pronunciamientos, ha dicho que el interés superior de los menores de edad es concreto, pues solo se puede determinar a partir de las circunstancias individuales de cada niño(66); es relacional, porque adquiere relevancia cuando los derechos de los niños entran en tensión con los de otra persona o grupo de personas(67); no es excluyente, ya que los derechos de los niños no son absolutos ni priman en todos los casos de colisión de derechos(68); es autónomo, pues el criterio determinante para establecerlo es la situación específica del niño, y es obligatorio para todos, en la medida que vincula a todas las autoridades del Estado, a la familia y a la sociedad en general.
80. Precisamente, al Estado le corresponde crear normas que propendan por el bienestar de los menores de edad, además de ofrecer mecanismos que les aseguren el mayor nivel de acceso posible a los servicios de asistencia que les preste y prever medios para sancionar las conductas que los afecten(69). En el caso colombiano, esas normas están contenidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, expedido mediante la Ley 1098 de 2006, que tiene como objetivos garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de los menores de edad previstos en la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos, y establecer normas sustantivas y procesales para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes.
81. Dicha normativa garantiza la protección integral de los menores de edad, entendida como su “reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”(70). A su vez, reconoce el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes como “el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”(71). Esa prevalencia de los derechos de los menores de edad, agrega, debe reflejarse “[e]n todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes”(72).
83. En primer lugar, esta ley señala que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una buena calidad de vida, que es “esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano”(73). Esa buena calidad de vida se traduce en la generación de condiciones que les aseguren, entre otras cosas, cuidado, protección, alimentación, servicios de salud y educación. En esa medida, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos, entendidos como “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral”(74). Ese desarrollo integral incluye la garantía de su derecho a la salud, que consiste no solo en la ausencia de enfermedades, sino en “un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico”(75).
84. El cuidado y la protección que la familia, la sociedad y el Estado les deben dar a los menores de edad busca garantizar su derecho a la integridad personal, en virtud del cual deben estar a salvo de “todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico”(76). En especial, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de maltrato o abuso, que incluye tanto las agresiones físicas o sicológicas, como todo “descuido, omisión o trato negligente”(77). La ley también prevé obligaciones de custodia y cuidado personal a favor de los menores de edad, que tienen como fin velar por su desarrollo integral y proteger su integridad física. La obligación de cuidado personal se extiende, además de los padres de los menores, “a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales”(78). En suma, como lo indica el numeral 19 del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006, los menores de edad deben ser protegidos contra cualquier acto que amenace o vulnere sus derechos.
5. Los derechos fundamentales de los niños, en el marco de la política pública de atención integral en la primera infancia ‘De cero a siempre’.
86. La Ley 1098 de 2006 se refiere expresamente al derecho al desarrollo integral en la primera infancia. Este derecho merece especial atención por parte de esta sala, ya que, en el asunto de la referencia, los menores de edad beneficiarios del servicio de transporte escolar cuestionado por el actor están en esa etapa de sus vidas, que va de los cero a los seis años de edad. Además, tal como lo ha dicho esta Corte, “la indefensión y la vulnerabilidad de los menores de edad, especialmente en su primera infancia, período en el que requieren mayor atención, los hace un grupo poblacional que necesita de una especial protección constitucional”. En ese sentido, requieren una atención diferenciada y preferencial, que garantice su desarrollo armónico e integral.
91. Un componente esencial de la política ‘De cero a siempre’ es la educación inicial, que es uno de los derechos impostergables de los niños y las niñas de cero a seis años de edad. El artículo 5º de la Ley 1804 de 2016 define la educación inicial como un proceso pedagógico mediante el cual estos menores “desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio”.
92. La Comisión Intersectorial de Primera Infancia, que tiene a su cargo la coordinación, articulación y gestión de la política pública para el desarrollo integral de la primera infancia(79), definió dos modalidades de educación inicial: la familiar y la institucional. La primera es una modalidad no convencional, que permite la atención integral de los niños y las niñas en entornos familiares y comunitarios. La segunda se imparte en establecimientos como los denominados centros de desarrollo infantil (CDI)(80), donde se coordinan acciones estatales relacionadas con la nutrición, la salud, la formación y el acompañamiento a las familias de los menores, mediante la gestión de un equipo interdisciplinario compuesto por docentes, auxiliares pedagógicos, sicólogos o trabajadores sociales, nutricionistas o enfermeros y personal administrativo(81).
94. Al respecto, la Comisión Intersectorial de Primera Infancia explicó que la atención y educación para la primera infancia que se imparte en la modalidad institucional en los CDI “tiene sentido en sí misma, esto es, no se constituye en medio o instrumento para etapas posteriores o niveles educativos más avanzados”(82). Con todo, agregó, los CDI son escenarios “donde la atención, el cuidado, la protección y la educación característicos de estos primeros años de vida, están vinculados al trabajo pedagógico”, que tiene como fin potenciar y promover el desarrollo de los niños y las niñas de manera armónica e integral(83).
6. El derecho fundamental a la educación. Componente de accesibilidad.
97. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación tiene la doble connotación de derecho y servicio público. Además, el artículo 44 superior se refiere a la educación como un derecho fundamental de los niños. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha aclarado que la educación es un derecho fundamental de todos los menores de 18 años(84). Con todo, esta Corte también ha señalado que “el derecho a la educación es un derecho fundamental, no solo de los niños y las niñas, sino de todas las personas”(85). Ese carácter fundamental del derecho a la educación se debe, entre otras cosas, al papel que desempeña “en la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza y (…) a su incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política”(86).
98. En un comienzo, la jurisprudencia constitucional consideró que solo el acceso y la permanencia en el sistema educativo hacían parte del entonces llamado “núcleo esencial” del derecho fundamental a la educación(87). Sin embargo, desde que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas profirió la Observación General Número 13(88), la Corte ha admitido que este derecho tiene cuatro componentes estructurales e interrelacionados: asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.
102. La jurisprudencia constitucional ha advertido que la garantía del componente de accesibilidad material del derecho a la educación implica que el Estado adopte medidas para eliminar las barreras que desincentiven el ingreso y la permanencia en el sistema educativo(89). Una de esas medidas es la prestación del servicio de transporte escolar, “especialmente cuando existen circunstancias geográficas que dificultan la movilidad, cuando los estudiantes viven en áreas rurales apartadas de los centros educativos, o cuando existen otros factores que les impiden acudir a las aulas por carecer de facilidades de transporte”(90).
104. La Corte también ha señalado que cuando los gastos de transporte escolar no pueden ser cubiertos por las familias de los menores, porque estas no cuentan con recursos económicos suficientes, “el transporte escolar se convierte en una barrera de acceso injustificada y desproporcionada”(91) que debe ser eliminada por el Estado. Por lo tanto, el servicio de transporte escolar “no debe ser tan solo ofrecido por las instituciones educativas, sino que en determinadas situaciones, dadas las condiciones económicas de los menores y sus familias, este deberá ser suministrado de manera gratuita para garantizar la accesibilidad económica del derecho fundamental a la educación”(92).
“1. En ningún caso se admitirán estudiantes de pie. Cada escolar ocupará un (1) puesto de acuerdo con la capacidad vehicular establecida en la ficha de homologación del vehículo y de la licencia de tránsito. // 2. Los vehículos de transporte escolar deben llevar letreros colocados en la parte delantera, trasera y laterales con la leyenda escolar. La leyenda delantera deberá estar invertida para poder ser leída a través de un retrovisor. // 3. Disponer de un sistema de comunicación bidireccional, entre la empresa, todos los conductores de los vehículos y el establecimiento educativo. // 4. Poseer dos puertas, no accionables por los escolares sin intervención del conductor o por el adulto acompañante, que garanticen el ascenso y descenso de los escolares. // 5. Poseer salidas de emergencia operables desde el interior y exterior, y tendrán un dispositivo que avise al conductor cuando estén completamente cerradas. // 6. Poseer luces intermitentes, cuatro colores ámbar en la parte superior delantera, y dos colores rojos y un color ámbar central en la parte superior trasera, las que accionarán en forma automática al momento de producirse la apertura de cualquiera de las puertas. // 7. Los asientos que no estén protegidos por el respaldo de otro anterior, además del cinturón de seguridad deberán contar con un elemento fijo, que les permita sujetarse y amortiguar el frenado del vehículo. // 8. Las sillas deben contar con cinturones de seguridad cumpliendo con la Norma Técnica Colombiana adoptada por el Ministerio de Transporte. // 9. Contar con ventanas cuyas aberturas practicables estén ubicadas de tal manera que impidan a los escolares sentados sacar los brazos por las mismas. Su abertura será, como máximo, del tercio superior de las mismas o lo establecido en las normas técnicas colombianas. // 10. En ningún caso los vehículos podrán transitar a velocidades superiores a las establecidas para este servicio en la Ley 1239 de 2008 o en aquella que la adicione, modifique o sustituya. // 11. Contar con elementos sonoros”.
108. Además, el decreto se refiere, de manera específica, a la prestación del servicio de transporte escolar en los municipios con una población inferior a los 30.000 habitantes, como es el caso de Santa Bárbara de Pinto(93). En estos municipios, los establecimientos educativos, las entidades territoriales o las secretarías de educación certificadas deben comunicarles las necesidades de prestación del servicio a por lo menos tres empresas de transporte habilitadas para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial. Si no existen estas empresas en su jurisdicción, el servicio “podrá ser prestado por empresas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto o colectivo municipal legalmente constituidas y habilitadas”, siempre y cuando cumplan todas las condiciones exigidas para el transporte escolar.
109. En caso de que tampoco existan estas empresas, el servicio puede ser prestado por “las personas naturales que destinaron sus vehículos de servicio particular al transporte escolar rural y que hubieren obtenido permiso de la autoridad municipal para operar dentro de su jurisdicción en vigencia del artículo 3º del Decreto 805 de 2008, modificado por el artículo 1º del Decreto 4817 de 2010, del Decreto 48 de 2013 o del Decreto 348 de 2015”. Este servicio puede ser prestado en automóvil, microbús, campero, camioneta, buseta o bus cuya antigüedad no supere los 10 años, excepto en el caso de los camperos que prestan el servicio de transporte escolar rural, que pueden exceder ese límite. Las condiciones de operación de estos vehículos son las previstas por el artículo 2.2.1.6.10.1.5 del Decreto 1079 de 2015, según el cual:
(i) Cuestión previa.
(ii) Verificación de la afectación de los derechos a la vida, la integridad personal y la educación, en el marco de la prestación del servicio de transporte escolar en Santa Bárbara de Pinto.
115. En efecto, el 9 de marzo de 2017, esas entidades suscribieron el contrato de prestación de servicios CPS-MSB-001-2017, con el objeto de prestar el “servicio de transporte escolar para las rutas asignadas por el municipio a la población estudiantil de las diferentes instituciones educativas y centros de desarrollo integral del municipio de Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)”. Dentro de las obligaciones estipuladas en ese contrato, Cootranorte se comprometió, entre otras cosas, a “[e]jecutar en forma idónea, transparente y eficaz el objeto del contrato”, “[u]tilizar únicamente los vehículos propuestos en su propuesta técnica” y “[g]arantizar la disponibilidad de personal para el cumplimiento del desarrollo total del objeto contractual”(94). Por su parte, el municipio adquirió, entre otras obligaciones, la de “[g]arantizar la supervisión del presente contrato a través de la secretaría de Gobierno”(95).
116. Desde que la administración municipal publicó la ficha técnica con las características y especificaciones del servicio de transporte escolar requerido(96), indicó que los vehículos en los que se prestaría deberían estar “en buenas condiciones mecánicas y técnicas”. Así mismo, dispuso que los vehículos ofrecidos por el proponente tendrían que cumplir, entre otras, las siguientes condiciones, que serían “aceptadas y firmadas” por este:
118. La exigencia de estos requisitos fue reiterada durante el proceso de contratación del servicio de transporte escolar, en las etapas correspondientes a estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y pliegos de condiciones definitivos(97). De hecho, al contestar a la pregunta sobre el cumplimiento de las condiciones legales de prestación del servicio formulada por el magistrado sustanciador en el auto de pruebas, el alcalde de Santa Bárbara de Pinto afirmó que “desde el inicio del proceso de contratación, hasta la ejecución del contrato mismo, siempre la administración municipal procura darle cumplimiento a la normatividad vigente para el tema del transporte escolar”(98).
120. Según el alcalde de Santa Bárbara de Pinto, “en atención a las difíciles condiciones geográficas y en ocasiones meteorológicas que padece nuestro municipio, la empresa que ejecuta el contrato de transporte escolar en el municipio se ha visto en la necesidad de subcontratar el servicio de transporte con vehículos particulares tipo jeep y también con vehículos particulares tipo motocarro, con el visto bueno y la autorización de la administración municipal”(99). El mandatario agregó que varias instituciones educativas “se encuentran en unas zonas de muy difícil acceso, a las cuales por la estrechez de la trocha, solamente pueden ingresar motocarros, debido a que, por efecto del invierno o la creciente del río Magdalena, las aguas se toman la trocha principal o camino real y estos vehículos son los únicos que se abren paso prácticamente por el monte, todo ello, con el fin que los estudiantes reciban sus clases”.
123. Ahora bien, la sala advierte que la prestación irregular del servicio de transporte escolar en Santa Bárbara de Pinto no es una situación derivada únicamente de la ejecución del contrato de prestación de servicios CPS-MSB-001-2017. El año anterior a la celebración de este contrato, esa entidad territorial suscribió con Cootranorte el contrato de prestación de servicios CPS-MSBP-001-2016, para la “prestación del servicio de transporte escolar para las rutas asignadas por el municipio a la población estudiantil de las diferentes instituciones educativas y centros de desarrollo integral del municipio de Santa Bárbara de Pinto - Magdalena”(100). Así mismo, el alcalde municipal manifestó haber encontrado, en los archivos de esa entidad territorial, documentos relacionados con la prestación del servicio de transporte escolar durante los años 2008 a 2011 y 2013(101).
124. Registros fotográficos aportados por el actor permiten observar que en los años 2015 y 2016, los menores de edad beneficiarios del servicio de transporte escolar en Santa Bárbara de Pinto también fueron movilizados en motocarros, que, como se indicó, incumplen las condiciones técnicas y operativas exigidas por el Decreto 1079 de 2015(102) y ponen en evidente y grave riesgo sus derechos a la vida y la integridad personal. Además, el alcalde de Santa Bárbara de Pinto afirmó que “[t]anto los inconvenientes de tipo geográfico, como losmediosdetransportequeinformalmenteseemplean cuando se hace necesario, no son asunto reciente ni exclusivo de esta administración municipal, todo lo contrario, ello se viene presentando desdelaaperturadelasinstitucioneseducativasenesteterritorio” (subrayados fuera de texto).
126. Como se indicó en el párrafo 110, las entidades territoriales deben realizar el seguimiento y control al cumplimiento de los contratos de prestación del servicio de transporte escolar. En el asunto de la referencia, la supervisión de los contratos de transporte escolar celebrados por el municipio de Santa Bárbara de Pinto ha estado a cargo de la secretaría de Gobierno, ante la inexistencia de una Secretaría de Educación en esa entidad territorial. No obstante, esa tarea se ha limitado a verificar “que los vehículos contratados estén cumpliendo con la actividad diaria de transportar a los estudiantes”(103). El seguimiento y control de las autoridades municipales no ha incluido la verificación de que el servicio se preste en condiciones idóneas; por el contrario, le han dado su visto bueno a su prestación irregular (informal, en los términos utilizados por el alcalde), con el grave riesgo que esto implica para la vida y la integridad física de los menores de edad beneficiarios. Con ello, no solo han incumplido sus obligaciones legales relacionadas con el servicio de transporte escolar, sino que han desconocido la obligación que, como autoridades, tienen de proteger y garantizar, de manera integral, los derechos e intereses de los menores de edad, ante cualquier situación que los amenace o vulnere.
127. Vale la pena reiterar que de acuerdo con el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés superior de los menores de edad debe ser una “consideración primordial” en todas las medidas a ellos referidas que tomen las autoridades administrativas. Además, como se indicó en el párrafo 78, las actuaciones relacionadas con los menores de edad que adelanten las entidades estatales deben estar guiadas, entre otros principios, por el respeto de sus derechos “a la vida, a la supervivencia y al desarrollo”. Así mismo, de acuerdo con el artículo 9º del Código de la Infancia y la Adolescencia, todo acto, decisión o medida administrativa relacionada con los niños, las niñas y los adolescentes debe reflejar la prevalencia de sus derechos. Para la sala, es claro que la administración municipal de Santa Bárbara de Pinto desconoció estos preceptos, al permitir que el servicio de transporte escolar se les prestara en condiciones deficientes e inseguras a los menores beneficiarios.
(iii) Verificación de la afectación diferencial de los derechos de los menores atendidos en el marco de la política pública ‘De cero a siempre’.
130. La administración municipal de Santa Bárbara de Pinto decidió, de mutuo acuerdo con Cootranorte, liquidar el contrato de prestación de servicios CPS-MSB-001-2017. Esto, según el alcalde, “a raíz de las denuncias y la acción de tutela interpuesta por la personería municipal, ya que se consideró que, en aras de no interferir con alguna decisión judicial que fuera impartida por el juzgado de conocimiento, lo mejor y más razonable era dejar sin efecto el contrato de transporte y esperar el resultado del amparo constitucional impetrado por el personero”. En consecuencia, el 20 de junio de 2017, esto es, cerca de tres meses después de su fecha de inicio(104), las partes suscribieron el acta de liquidación correspondiente, según la cual “el objeto del presente contrato se ejecutó y fue entregado por el contratista y recibida (sic) por el municipio de Santa Bárbara de Pinto, a entera satisfacción”(105).
131. Según el personero municipal de Santa Bárbara de Pinto, como el servicio de transporte escolar no se siguió prestando, algunos menores de edad “son transportados por los padres que tienen motocicletas, pero con sobrecupos y sin las mínimas precauciones de seguridad, algunos son enviados en moto taxis quienes llevan hasta 4 niños (…) en otros casos son llevados caminando por sus padres al CDI de la cabecera municipal”(106). El Personero agregó que en el CDI del municipio se registra una gran inasistencia, ocasionada por la falta de transporte, ya que “la gran mayoría de los padres son de escasos recursos económicos, y dadas las circunstancias laborales de los núcleos familiares, no cuentan para pagar un transporte particular”.
134. Tal como lo ha advertido la jurisprudencia constitucional, la accesibilidad y la permanencia en el servicio educativo exigen que se remuevan barreras “como la falta de transporte cuando esta represente un obstáculo para acudir a las instituciones de educación debido a las condiciones geográficas, de seguridad o de otra índole. Para ello, todas las entidades del Estado y la sociedad tienen un deber constitucional de adoptar medidas para hacer efectivo el disfrute del derecho a la educación de las niñas y los niños”(107). Esa obligación, a juicio de la sala, se torna especialmente relevante cuando se trata de las niñas y los niños que reciben su educación inicial en el marco de la política pública para el desarrollo integral de la primera infancia, etapa de la vida en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano.
(iv) Remedio judicial.
146. El personero municipal de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena, Luis Daniel Abril Sinning, interpuso acción de tutela en contra de la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto - secretaría de Gobierno municipal de Santa Bárbara de Pinto, la Comisaría de Familia de Santa Bárbara de Pinto, el ICBF - Centro Zonal Santa Ana, la fundación Fumvir y la cooperativa de transportadores Cootranorte, en representación de la menor Alixia Cecilia Cudriz Flórez y demás menores beneficiarios de rutas de transporte escolar en ese municipio. En su criterio, esas entidades vulneraron los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la educación, la igualdad y la dignidad humana de sus representados, al permitir la prestación del servicio de transporte escolar sin el cumplimiento de los requisitos legales.
1. LEVANTAR la suspensión de términos decretada mediante el auto de 16 de febrero de 2018.
2. LEVANTAR las medidas provisionales decretadas mediante el auto de 23 de febrero de 2018.
3. REVOCAR la sentencia de 10 de agosto de 2017 proferida por el Juzgado Único Promiscuo de Familia de El Banco, Magdalena, que revocó la sentencia de 20 de junio de 2017 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la educación de la menor Alixia Cecilia Cudriz Flórez y los demás menores de edad beneficiarios de las rutas de transporte escolar que operan en el municipio de Santa Bárbara de Pinto.
4. ORDENAR a la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto que tanto en el proceso contractual como en la ejecución del contrato de prestación del servicio de transporte escolar que llegue a suscribir para la vigencia 2018, garantice que ese servicio cumpla con las condiciones de verificación técnica y operativa previstas por el artículo 2.2.1.6.10.3 del Decreto 1079 de 2015, así como con las condiciones de operación enlistadas en el artículo 2.2.1.6.10.1.5 de ese mismo decreto, en caso de que el servicio se preste en vehículos particulares autorizados por la autoridad local. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones relacionadas con la prestación del servicio de transporte escolar que sean aplicables, contenidas en la sección 10 del capítulo 6 del citado decreto y demás normas concordantes. Para el efecto, la secretaría de Gobierno de Santa Bárbara de Pinto deberá realizar el seguimiento y control del cumplimiento de dicho contrato, en los términos del artículo 2.2.1.6.10.6 del Decreto 1079 de 2015.
5. ORDENAR a la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta providencia, inicie un diálogo significativo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Magdalena, la Fundación para un Vivir Mejor (Fumvir), la Comisaría de Familia de Santa Bárbara de Pinto y la personería municipal de Santa Bárbara de Pinto, con el fin de (i) identificar las medidas complementarias que garanticen que la prestación del servicio de transporte escolar, antes y durante la ejecución del contrato que para el efecto llegue a suscribir, no amenace ni ponga en riesgo los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la educación de los menores de edad beneficiarios, en los términos de la parte motiva de esta providencia. La identificación de estas medidas no podrá tardar más de tres días, una vez iniciado dicho diálogo. Así mismo, dentro de los tres días siguientes a la identificación de estas medidas, las entidades involucradas en el diálogo significativo deberán adelantar las gestiones necesarias ante las instancias y/o entidades competentes, con el fin de materializarlas. Además, una vez se ponga en marcha la prestación del servicio de transporte escolar, la alcaldía municipal de Santa Bárbara de Pinto deberá iniciar un diálogo significativo con esas mismas entidades, con el fin de (ii) hacer seguimiento y verificar que, efectivamente, el servicio de transporte escolar se esté prestando en condiciones que garanticen esos derechos fundamentales, sin perjuicio de las competencias de las autoridades competentes en materia de control fiscal y disciplinario, así como de las veedurías.
6. EXHORTAR a la Comisaría de Familia de Santa Bárbara de Pinto a que, en ejercicio de sus competencias, adelante de oficio las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los menores de edad beneficiarios de las rutas de transporte escolar que operan en ese municipio, y en particular de los niños y las niñas que asisten al CDI Media Luna, en caso de que se vean amenazados por la prestación irregular del servicio de transporte escolar.
7. EXHORTAR a la Fundación para un Vivir Mejor (Fumvir) a que informe de manera oportuna a las autoridades competentes las situaciones que amenacen o pongan en riesgo la vida e integridad física de los niños y las niñas que asisten al CDI Media Luna derivadas de la prestación del servicio de transporte escolar del que son beneficiarios.
8. EXHORTAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Magdalena a que articule con las entidades responsables de la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de los menores de edad en el ámbito de su competencia territorial las acciones necesarias para garantizar los derechos de los menores de edad beneficiarios del servicio de transporte escolar, y en particular de los niños y las niñas que asisten al CDI Media Luna, en caso de que se vean amenazados por su prestación irregular.
9. COMPULSAR COPIAS del expediente y de la presente sentencia a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Departamental del Magdalena y la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que, de acuerdo con sus competencias, investiguen las condiciones en las que fueron ejecutados los contratos de prestación de servicios CPS-MSB-001-2016 y CPS-MSB-001-2017 suscritos entre el municipio de Santa Bárbara de Pinto y la Cooperativa de Transportadores del Norte de Colombia (Cootranorte). Para el efecto, la secretaría general de la Corte realizará los desgloses y anotaciones respectivas.
1 El accionante se refiere, específicamente, a las rutas de transporte escolar que cubren los siguientes recorridos en el municipio de Santa Bárbara de Pinto: (i) Carreteal - San Pedro; (ii) Cundinamarca - Cundinamarca; (iii) Cienagueta - Santa Rosa - La Montaña - La Victoria - Aquí Sí; (iii) Pinto Viejo Barrio Arriba a CDI Media Luna; (iv) Pinto Viejo Barrio Abajo a CDI Media Luna; (v) Papelillo - El Carmen - María José a CDI Media Luna; (vi) San José - 2 de Noviembre - Nuevo Horizonte a CDI Media Luna, y (vii) Santa Bárbara - Concepción - Pueblo Nuevo a CDI Media Luna.
2 En el CD que obra al folio 23 del cuaderno principal, se encuentra copia digital de dicho requerimiento.
3 En el CD que obra al folio 23 del Cuaderno Principal, se encuentra copia digital de dicha queja.
4 En el CD que obra al folio 23 del cuaderno principal, se encuentra copia digital de los documentos mencionados.
5 Fls. 89 al 90, cdno. ppal.
6 En el CD que obra al folio 23 del cuaderno principal, se encuentra copia digital del acto de adjudicación del contrato.
7 Una lectura sistemática del escrito de solicitud de tutela y de los documentos aportados como prueba evidencia que la expresión “hogar agrupado” se utiliza para referirse al CDI Media Luna.
8 En el CD que obra al folio 23 del cuaderno principal, se encuentra copia digital del acto de adjudicación de dicha solicitud.
9 Fl. 22, cdno. ppal.
10 Fl. 42, cdno. ppal.
11 Las disposiciones normativas contenidas en este decreto fueron compiladas en el Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”.
12 Fls. 8 al 11, cdno. ppal.
13 Fls. 33 al 37, cdno. ppal.
14 Fls. 38 al 41, cdno. ppal.
15 Fls. 49 al 50, cdno. ppal.
16 Fls. 53 al 58, cdno. ppal.
17 Fls. 95 al 118, cdno. ppal.
18 Fls. 24 al 25, cdno. ppal.
19 Fls. 126 al 134, cdno. ppal.
20 Fls. 148 al 161, cdno. ppal.
21 Fls. 2 al 10, cdno. de revisión vto. La Sala de Selección Número Once estuvo integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos y Alejandro Linares Cantillo.
22 Fls. 14 al 20, cdno. de revisión vto.
23 Fls. 26 al 28, cdno, de revisión.
24 Fls. 22 al 28, cdno. de revisión.
25 Fl. 25, cdno. de revisión.
26 Fls. 31 al 37, cdno. de revisión.
27 Fls. 157 al 158, cdno. de revisión vto.
28 http://www.noticiasrcn.com/videos/justicia-rostro-el-riesgo-afrontan-los-ninos-pinto-magdalena-ir-al-colegio y https://twitter.com/NoticiasRCN/status/963468699813498882?s=08
29 Fls. 168 al 173, cdno. de revisión, vto.
30 Fls. 182 al 183, cdno. de revisión.
31 Fls. 179 al 180, cdno. de revisión.
32 Constitución de Política, artículo 86.
33 Decreto 2591 de 1991, artículo 10. Legitimidad e interés: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
34 Corte Constitucional, Sentencias T-678 de 2016 y T-176 de 2011.
35 Decreto 2591 de 1991, artículo 49. Delegación en personeros: “En cada municipio, el personero en su calidad de defensor en la respectiva entidad territorial podrá por delegación expresa del Defensor del Pueblo, interponer acciones de tutela o representarlo en las que este interponga directamente”.
36 Corte Constitucional, Sentencia T-234 de 1993.
37 Corte Constitucional, Sentencia T-540 de 2006.
38 Corte Constitucional, Sentencia T-085 de 2017.
40 Ley 1098 de 2006, artículo 82, numeral 1.
41 Decreto 936 de 2013, artículo 5º, numeral 1.
42 Fls. 60 al 83, cdno, ppal.
43 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
44 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
45 El acta de inicio del contrato de prestación de servicios CPS-MSB-001-2011, que obra al folio 67 del cuaderno de revisión, registra como fecha de inicio el día 17 de marzo de 2017.
46 Constitución Política, artículo 86.
47 Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009.
48 Corte Constitucional, Sentencia T-721 de 2012.
49 Corte Constitucional, sentencias T-043 de 2014, T-402 de 2012 y T-235 de 2010.
50 Ver, entre otras, las sentencias T-572 de 2009, T-090 de 2010, T- 671 de 2010, T-502 de 2011, T-844 de 2011, T-214 de 2014 y SU-696 de 2015.
51 Ver, entre otras, las sentencias SU-961 de 1999, SU-1052 de 2000, T-747 de 2008, T-500 de 2002, T-179 de 2003, T-705 de 2012 y T-347 de 2016.
52 Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicación: 11001-33-31-019-2007-00735-01, octubre 2 de 2014.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación: 2010-00680-0, agosto 15 de 2013.
56 El artículo 4º de la Ley 472 de 1998 hace una enumeración no taxativa de derechos e intereses colectivos, y advierte que “[i]gualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia”.
57 Corte Constitucional, Sentencia C-569 de 2004.
58 El artículo 3º de la Ley 1098 de 2006 señala que “se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad”.
59 El artículo 44 de la Constitución Política dispone: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. // La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. // Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
60 Corte Constitucional, Sentencia C-569 de 2016.
61 Aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
62 Aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
63 Aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
64 Véanse, por ejemplo, las sentencias C-239 de 2014, C-569 de 2016 y T-587 de 2017.
65 El Comité de los Derechos del Niño es el organismo encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados parte.
66 Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003.
67 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 1998.
68 Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003.
69 Corte Constitucional, Sentencia C-569 de 2016.
70 Ley 1098 de 2006, artículo 7º.
71 Ley 1098 de 2006, artículo 8º.
72 Ley 1098 de 2006, artículo 9º.
73 Ley 1098 de 2006, artículo 17.
74 Ley 1098 de 2006, artículo 24.
75 Ley 1098 de 2006, artículo 27.
76 Ley 1098 de 2006, artículo 18.
78 Ley 1098 de 2006, artículo 23.
79 Ley 1804 de 2016, artículo 10. La Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia fue creada mediante el Decreto 4875 de 2011.
80 También se imparte en hogares infantiles, hogares empresariales, hogares múltiples, jardines sociales, centros de reclusión de mujeres y preescolares integrales.
81 Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, Modalidades de Educación Inicial (documento), julio de 2012.
84 Véanse, por ejemplo, Corte Constitucional, sentencias T-324 de 1994, T-263 de 2007, T-546 de 2013 y T-129 de 2016.
85 Corte Constitucional, sentencias T-533 de 2009 y T-306 de 2011.
86 Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 2013.
87 Véanse, por ejemplo, Corte Constitucional, sentencias T-612 de 1992, T-329 de 1997, T-751 de 1999 y T-202 de 2000.
88 La Observación General Número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, adoptada en 1999, interpreta y clarifica el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
89 Corte Constitucional, Sentencias T-690 de 2012, T-458 de 2013, T-008 de 2016 y T-545 de 2016.
90 Corte Constitucional, Sentencia T-273 de 2014.
91 Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 2014.
92 Corte Constitucional, Sentencia T-105 de 2017.
93 De acuerdo con información del Censo General de Población 2005, Santa Bárbara de Pinto tiene un total de 10.919 habitantes (fuente: https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoCNPV).
94 Fls. 73 al 76, cdno. de revisión.
96 Fl. 23, cdno. ppal., CD, carpeta Pruebas transporte escolar, subcarpeta Proceso contractual del transporte escolar 2017, archivo 1. Ficha técnica de producto.
97 Esta información fue cotejada en la página web del Secop (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-426153). Además, la información relacionada con los estudios previos y los pliegos de condiciones definitivos obra en el expediente, en el fl. 23, cdno. ppal., CD, carpeta Pruebas transporte escolar, subcarpeta Proceso contractual del transporte escolar 2017.
98 Fl. 34, cdno. de revisión.
100 Fls. 138 al 142, cdno. de revisión.
101 Fl. 32, cdno. de revisión. Documentos relacionados con la prestación de estos servicios en los años 2007, 2009, 2010, 2011 y 2013 obran en los folios 145 a 149 del mismo cuaderno.
102 Fl. 23, cdno. ppal, CD, carpeta Pruebas transporte escolar, subcarpetas Transporte escolar 2015 y Transporte escolar 2016.
103 Fl. 33, cdno. de revisión.
104 De acuerdo con la información registrada en el Secop, el 4 de abril de 2007, inició la ejecución del contrato (fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-426153).
105 Fls. 59 al 60, cdno. de revisión.
106 Fl. 157, cdno. de revisión, vto.
107 Corte Constitucional, Sentencia T-273 de 2014.