Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2003/11/registro-oficial-27-de-noviembre-del-2003
Timestamp: 2019-12-09 20:54:16
Document Index: 218569199

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 7', 'Artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 23']

Registro Oficial. 27 de NOVIEMBRE del 2003
Jueves, 27 de Noviembre del 2003 - R. O. No. 220
1056 Amplíase por igual la\n declaratoria del estado de emergencia, otorgada mediante Decreto\n Ejecutivo No. 784 de 27 de agosto de 2003, publicado en el Registro\n Oficial No. 161 de 3 de septiembre del presente año, a\n los cantones Quero, Cevallos, Mocha, Pelileo y Tisaleo y, los\n sectores de Juvie Grande y Pondoa de la provincia de Tungurahua\n y, a Penipe y Guano de la provincia de Chimborazo
292 Autorízase la emisión\n e impresión de cuarenta mil (40.000) autoadhesivos de\n seguridad (stickers): veinte mil (20.000) para los originales\n y veinte mil (20.000) para las copias de "Registros Artesanales".
-\n Convenio para\n la represión de actos ilícitos contra la Seguridad\n de la Navegación Marítima.
CONSEJO\n NACIONAL DE VALORES
CNV-004-2003\n Refórmase\n el Reglamento para los fondos de inversión, expedido mediante\n resolución No CNV-003-2002 de 6 de febrero del mismo\n año, publicado en el Registro Oficial No 529 de 7 de marzo\n de 2002
\n SANIDAD AGROPECUARIA:
006\n Suspéndece\n por el lapso de 90 días la importación de aves\n para la reproducción, huevos fértiles, productos\n y subproductos de origen aviar, procedentes y de Colombia hasta\n que el ICA remita la información técnica solicitada.
SUPERINTENDENCIA\n DE COMPAÑÍAS:
Q.IMV.03.005 Autorízase el mecanismo\n de negociación para los valores de renta fija no inscritos\n en la Bolsa y/o en el Registro del Mercado de Valores
SUPERINTENDENCIA\n DE TELECOMINICACIONES:
ST-2003-0079\n Derógase\n la Resolución No ST-2001-0642 de 23 de noviembre de 2001,\n publicado en el Registro Oficial No 465 de 30 de noviembre de\n 2001.
ST-2003-0081 Fijase una contribución\n equivalente al 60% de los valores que cobra el Consejo Nacional\n de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL, a los\n concesionarios y operadores de sistemas por concepto de concesión\n y utilización de frecuencias de radiodifusión,\n canales de televisión, sistemas de audio y vides por suscripción\n y otros servicios de radiodifusión y televisión.
-\n Extractos de absolución\n de consultas del mes de julio del presente año de varias\n instituciones.
238-2003\n Compañía\n MERCUCORP S.A. en contra de Laura Pillajo Coloma viuda de Maridueña
239-2003\n Bolívar\n Arévalo Villacís en contra de Carmen Espinoza Tigre.
240-2003\n Vicente Ferrer\n Bohórquez Antón en contra de Julio Guerrero Morá
241-2003\n Julio César\n Moreno Escobar en contra de Humberto Lautaro Corres Gilbert.
242-2003 Cruz Alejandro Estrada Mosquera\n en contra de la Unión Regional de la Organización\n Campesina del Litoral, UROCAL
27-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de los artículos 81 y 82 literales a) y e) de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera.\n Actor: INTERNA-TIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, Marca: E+DISEÑO\n (mixta). Proceso interno N0 6834.
0044.2003-HD Revócase la resolución\n subida en grado y concédese el hábeas data solicitado\n por la doctora Minan Graciela Encarnación Alvarado
0047.2003-HD Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el hábeas date Interpuesto\n por Francisco Nicolás Chiriboga Carpio
0322-2003-RA Niégase el amparo interpuesto\n por la señora Rossana Katherine Cabrera Polanco y confirmase\n la resolución del Juez Primero de lo Civil de El Oro
0469-2003-RA Concédese el amparo\n interpuesto por el profesor José Francisco Narváez\n Carpio y revócase la resolución del Juez Cuarto\n de lo Civil de Guayaquil
0537-2003-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n solicitado por el señor Aurelio Franklin Vilogne Ripalda.
0541-2003-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n solicitado por la señora María Avelina Uguña\n Zari y otra.
-\n Cantón La Libertad:\n De las edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal.\n \n
Que, es de conocimiento público que a consecuencia\n de la prolongada actividad eruptiva del volcán Tungurahua,\n vastas zonas, dentro de su área de influencia, están\n siendo severamente afectadas afrontando graves daños y\n destrucción en la agricultura y ganadería;
Que, aparte de los ingentes daños materiales y económicos,\n hállase en riesgo la salud e integridad de los moradores\n de dichas zonas, en cuya ayuda es obligación del Estado\n acudir, debiendo adoptarse además las medidas precautelatorias\n que fueren menester para mitigar los efectos de este fenómeno\n natural; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos\n 180 y 181 de la Constitución Política de la República,
ARTICULO PRIMERO.- Ampliase por igual período la declaratoria\n del estado de emergencia, otorgada mediante Decreto Ejecutivo\n No. 784 de 27 de agosto de 2003, publicado en el Registro Oficial\n No. 161 de 3 de septiembre del presente año, a los cantones\n Quero, Cevallos, Mocha, Pelileo y Tisaleo y, los sectores de\n Juive Grande y Pondoa de la provincia de Tungurahua y, a Penipe\n y Guano de la provincia de Chimborazo.
ARTICULO SEGUNDO.- Ordénase que los ministerios de\n Gobierno y Policía, Defensa Nacional, Obras Públicas\n y Comunicaciones, Salud Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda,\n Agricultura y Ganadería y la Dirección Nacional\n de Defensa Civil, en lo que a cada cual le correspondiere, dispongan\n la ejecución inmediata de las acciones que fueren indispensables\n para contrarrestar los daños ocasionados en dichas localidades\n y áreas rurales, como consecuencia de la actividad volcánica\n del Tungurahua y para precautelar la integridad y supervivencia\n de los moradores de dichas zonas.
ARTICULO TERCERO.- Para el efecto, los ministerios y dependencias\n antes señalados, contarán con los recursos de las\n reasignaciones que autorice la Presidencia de la República,\n así como el producto de donaciones nacionales, internacionales\n y, de ser necesario, con los recursos provenientes de préstamos\n e instituciones financieras públicas.
ARTICULO CUARTO.- De la ejecución de este decreto,\n que entrará en vigencia desde la presente fecha, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguense\n a los ministros de Gobierno y Policía, Defensa Nacional,\n Economía y Finanzas, Obras Públicas y Comunicaciones,\n Salud Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda y Agricultura\n y Ganadería.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 20 de noviembre,\n 2003.
Que según lo prescrito en artículo 1 del Acuerdo\n Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial No. 690\n de 12 de octubre de 1978, el Instituto Geográfico Militar\n es el único organismo autorizado para que, en sus propios\n talleres, imprima especies valoradas;
Que el artículo 3 del referido Acuerdo Ministerial\n No. 488, establece que para la emisión de especies valoradas\n se debe expedir el correspondiente acuerdo;
Que con oficio No. 185-DF-2003 de 16 de septiembre de 2003,\n el Director Financiero del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos,\n solicite a esta Secretaría de Estado la entrega de 20.000\n autoadhesivos de seguridad (stickers), a fin de resellar los\n formularios "Registros Artesanales' que fueron debidamente\n emitidos en el año 1999;
Que mediante memorando No. 152 de 3 de octubre de 2003, el\n Funcionario Responsable de la Administración y Custodia\n de Especies Fiscales de la Subsecretaría de Tesorería\n de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas,\n remite la propuesta sobre las especificaciones que deben tener\n las especies valoradas referidas en el considerando anterior;
Que con oficio No. STN-2003-5 126 de 6 de octubre de 2003,\n el Subsecretario de Tesorería de la Nación, solicite\n al Subsecretario Administrativo disponer a quien corresponda\n la elaboración del acuerdo ministerial, contrato y demás\n trámites que sc requieran para la emisión de cuarenta\n mil (40.000) autoadhesivos de seguridad (stickers): veinte mil\n (20.000) para los originales y veinte mil (20.000) para las copias\n de "Registros Artesanales", a un valor de comercialización\n de diez dólares de los Estados Unidos de América\n 00/100 cada uno (USD 10,00); y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 3 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial\n No. 690 de 12 de octubre de 1978,
Art. 1.- Autorizar la emisión e impresión de\n cuarenta mil (40.000) autoadhesivos de seguridad (stickers):\n veinte mil (20.000) para los originales y veinte mil (20.000)\n para las copias de "Registros Artesanales", a un valor\n de comercialización de diez dólares de los Estados\n Unidos de América 00/100 cada uno (USD 10,00)
Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 12 noviembre de 2003.
f.) Diego Roberto Porras A., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas Enc.
CONVENIO PARA LA REPRESION DE ACTOS\n ILICITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA
\n NAVEGACION MARITIMA
TENIENDO PRESENTES los propósitos y principios de la\n Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la\n paz y la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones\n de amistad y cooperación entre los Estados,
RECONOCIENDO en particular que todo individuo tiene derecho\n a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, como\n se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos\n y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por la escalada mundial de los actos\n de terrorismo en todas sus formas, que ponen en peligro vidas\n humanas inocentes o causan su pérdida, comprometen las\n libertades fundamentales y atentan gravemente contra la dignidad\n del ser humano.
CONSIDERANDO que los actos ilícitos contra la seguridad\n de la navegación marítima comprometen la seguridad\n de las personas y de los bienes, afectan gravemente a la explotación\n de los servicios marítimos y socavan la confianza de los\n pueblos del mundo en la seguridad de la navegación marítima.
CONSIDERANDO que la realización de tales actos preocupa\n gravemente a toda la comunidad internacional.
CONVENCIDOS de la necesidad urgente de fomentar la cooperación\n internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar\n medidas eficaces y prácticas para la prevención\n de todos los actos ilícitos contra la seguridad de la\n navegación marítima y para el enjuiciamiento y\n castigo de sus perpetradores.
RECORDANDO la Resolución 40/61 de la Asamblea General\n de las Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1985, en la que,\n entre otras cosas, se "inste a todos los Estados, unilateralmente\n y en cooperación con otros Estados, y con los órganos\n competentes de las Naciones Unidas, a que contribuyan a la eliminación\n gradual de las causas subyacentes del terrorismo internacional\n y a que presten especial atención a todas las situaciones,\n incluidos el colonialismo y el racismo, así como aquellas\n en que haya violaciones masivas y patentes de los derechos humanos\n y las libertades fundamentales, o las de ocupación extranjera,\n que puedan dar origen al terrorismo internacional y poner en\n peligro la paz y la seguridad internacionales".
RECORDANDO ASIMISMO que la Resolución 40/61 "condena\n inequívocamente y califica de criminales todos los actos,\n métodos y prácticas de terrorismo, dondequiera\n y por quienquiera sean cometidos, incluidos los que ponen en\n peligro las relaciones de amistad entre los Estados y su seguridad".
RECORDANDO TAMBIEN que mediante la Resolución 40/61\n se invitó a la Organización Marítima Internacional\n a que estudiara "el problema del terrorismo a bordo de barcos\n o contra éstos con miras a formular recomendaciones sobre\n la adopción de medidas apropiadas".
TENIENDO EN CUENTA la Resolución A.584(14) de 20 de\n noviembre de 1985, de la Asamblea de la Organización Marítima\n Internacional, que insta a que se elaboren medidas para prevenir\n los actos ilícitos que amenazan la seguridad del buque\n y la salvaguardia de su pasaje y tripulación.
OBSERVANDO que los actos de la tripulación, que están\n sujetos a la disciplina normal de a bordo, quedan fuera del ámbito\n del presente convento.
\n AFIRMANDO la conveniencia de someter a revisión constante\n las reglas y normas relativas a la prevención y sanción\n de los actos ilícitos contra los buques y las personas\n a bordo de éstos, de manera que tales reglas y normas\n puedan actualizarse cuando sea necesario y, en tal sentido, tomando\n nota con satisfacción de las medidas para prevenir los\n actos ilícitos contra los pasajeros y tripulantes a bordo\n de los buques, recomendadas por el Comité de Seguridad\n Marítima de la Organización Marítima Internacional.
AFIRMANDO ADEMAS que las materias no reguladas por el presente\n convenio seguirán rigiéndose por las normas y principios\n de derecho internacional general.
RECONOCIENDO la necesidad de que todos los Estados, al combatir\n los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación\n marítima, se ajusten estrictamente a las normas y principios\n de derecho internacional general,
Artículo 1.- A los efectos del presente convenio, por\n "buque" se entenderá toda nave del tipo que\n sea, no sujeta de manera permanente al fondo marino, incluidos\n vehículos de sustentación dinámica, sumergibles\n o cualquier otro artefacto flotante.
a)	A los buques de guerra; ni,
b)	A los buques propiedad de un Estado, o utilizados por éste,\n cuando estén destinados a servir como unidades navales\n auxiliares o a fines de índole aduanera o policial; ni,
c)	A los buques que hayan sido retirados de la navegación\n o desarmados.
2.	Nada de lo dispuesto en el presente convenio afecta a las\n inmunidades de los buques de guerra y otros buques de Estado\n destinados a fines no comerciales.
a)	Se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante\n violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación;\n o,
b)	Realice algún acto de violencia contra una persona\n que se halle a bordo de un buque, si dicho acto puede poner en\n peligro la navegación segura de ese buque; o.
c)	Destruya un buque o cause daños a un buque o a su\n carga que puedan poner en peligro la navegación segura\n de ese buque; o,
d)	Coloque ó haga colocar en un buque, por cualquier\n medio, un artefacto o una sustancia que pueda destruir el buque,\n o causar daños al buque o a su carga que pongan o puedan\n poner en peligro la navegación segur; del buque; o,
e)	Destruya o cause daños importantes en las instalaciones\n y servicios de navegación marítima o entorpezca\n gravemente su funcionamiento, si cualquiera de tales actos puede\n poner en peligro la navegación segura de un buque; o,
f)	Difunda información a sabiendas de que es falsa,\n poniendo así en peligro la navegación segura de\n un buque; o,
g)	Lesione o mate a cualquier persona, en relación\n con la comisión o la tentativa de comisión de cualquiera\n de los delitos enunciados en los apartados a) a f).
a)	Intente cometer cualquiera de los delitos enunciados en\n el párrafo 1; o,
b)	Induzca a cometer cualquiera de los delitos enunciados\n en el párrafo 1, perpetrados por cualquier persona, o\n sea de otro modo cómplice de la persona que comete tal\n delito; o,
c)	Amenace con cometer, formulando o no una condición,\n de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna,\n con ánimo de obligar a una persona física o jurídica\n a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo, cualquiera de\n los delitos enunciados en los apartados b), c) y e) del párrafo\n 1, si la amenaza puede poner en peligro la navegación\n segura del buque de que se trate.
1.	El presente convenio se aplicará si el buque está\n navegando, o su plan de navegación prevé navegar,\n hacia aguas situadas más allá del límite\n exterior del mar territorial de un solo Estado, o más\n allá de los límites laterales de su mar territorial\n con Estados adyacentes, a través de ellas o procedente\n de las mismas.
2.	En los casos en que el convenio no sea aplicable de conformidad\n con el artículo 1, lo será no obstante si el delincuente\n o el presunto delincuente es hallado en el territorio de un Estado\n Parte distinto del Estado a que se hace referencia en el párrafo\n 1.
Artículo 5.- Cada Estado se obliga a establecer para\n los delitos enunciados en el artículo 3 penas adecuadas\n en las que se tenga en cuenta la naturaleza grave de dichos delitos.
1.	Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias\n para establecer su jurisdicción respecto de los delitos\n enunciados en el artículo 3 cuando el delito sea cometido:
a)	Contra un buque o a bordo de un buque que en el momento\n en que se comete el delito enarbole el pabellón de ese\n Estado; o,
b)	En el territorio de ese Estado, incluido su mar territorial;\n o,
2.	Un Estado Parte podrá también establecer\n su jurisdicción respecto de cualquiera de tales delitos\n cuando:
a)	Sea cometido por una persona apátrida cuya residencia\n habitual se halle en ese Estado; o,
b)	Un nacional de ese Estado resulte aprehendido, amenazado,\n lesionado o muerto durante la comisión del delito; o,
c)	Sea cometido en un intento de obligar a ese Estado a hacer\n o no hacer alguna cosa.
3.	Todo Estado Parte que haya establecido la jurisdicción\n indicada en el párrafo 2 lo notificará al Secretario\n General de la Organización Marítima Internacional\n (en adelante llamado "el Secretario General"). Si ese\n Estado Parte deroga con posterioridad tal jurisdicción\n lo notificará al Secretario General.
4.	Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias\n para establecer su jurisdicción respecto de los delitos\n enunciados en el artículo 3, en los casos en que el presunto\n delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda\n la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan\n establecido jurisdicción de conformidad con los párrafos\n 1 y 2 del presente artículo.
5.	El presente convenio no excluye ninguna jurisdicción\n penal ejercida de conformidad con la legislación interna.
1.	Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente\n o el presunto delincuente, si estima que las circunstancias lo\n justifican, procederá, de conformidad con su legislación,\n a la detención de éste o tomará otras medidas\n para asegurar su presencia durante el tiempo que sea necesario\n a fin de permitir la tramitación de un procedimiento penal\n o de extradición.
2.	Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación\n preliminar de los hechos, con arreglo a su propia legislación.
3.	Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas\n mencionadas en el párrafo 1 tendrá derecho a:
a)	Ponerse sin demore en comunicación con el representante\n competente más próximo del Estado del que sea nacional\n o al que competa por otras razones establecer dicha comunicación\n o, si se trata de una persona apátrida, del Estado en\n cuyo territorio tenga su residencia habitual; y,
4.	Los derechos a que se hace referencia en el párrafo\n 3 se ejercerán de conformidad con las leyes y reglamentos\n del Estado en cuyo territorio se halle el delincuente o presunto\n delincuente, a condición, no obstante, de que las leyes\n y reglamentos mencionados permitan que se cumpla plenamente el\n propósito de los derechos enunciados en el párrafo\n 3.
5.	Cuando un Estado Parte, en virtud del presente artículo,\n detenga a una persona, notificará inmediatamente tal detención\n y las circunstancias que la justifican a los Estados que hayan\n establecido jurisdicción de conformidad con el párrafo\n 1 del artículo 6 y, si le considera conveniente, a todos\n los demás Estados interesados. El Estado que proceda a\n la investigación preliminar prevista en el párrafo\n 2 del presente artículo comunicará sin dilación\n los resultados de ésta a los Estados antes mencionados\n e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
1.	El Capitán de un buque de un Estado Parte (el "Estado\n del pabellón") podrá entregar a las autoridades\n de cualquier otro Estado Parte (el "Estado receptor")\n a cualquier persona respecto de la que tenga razones fundadas\n para creer que ha cometido alguno de los delitos enunciados en\n el artículo 3.
2.	El Estado del pabellón se asegurará de que\n el Capitán de un buque de su pabellón tenga, siempre\n que sea factible y a ser posible antes de entrar en el mar territorial\n del Estado receptor llevando a bordo a cualquier persona a la\n que el Capitán se disponga a entregar de conformidad con\n lo dispuesto en el párrafo 1, la obligación de\n comunicar a las autoridades del Estado receptor su propósito\n de entregar a esa persona y las razones para ello.
3.	El Estado receptor aceptará la entrega, salvo cuando\n tenga razones para estimar que el convenio no es aplicable a\n los hechos que motivan la entrega, y procederá de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 7. Toda negativa de aceptar\n una entrega deberá ir acompañada de una exposición\n de las razones de tal negativa.
4.	El Estado del pabellón se asegurará de que\n el Capitán de un buque de su pabellón tenga la\n obligación de suministrar a las autoridades del Estado\n receptor las pruebas relacionadas con el presunto delito que\n obren en poder del Capitán.
5.	El Estado receptor que haya aceptado la entrega de una\n persona de conformidad con lo dispuesto en el párrafo\n 3, podrá a su vez pedir al Estado del pabellón\n que acepte la entrega de esa persona. El Estado del pabellón\n examinará cualquier petición de esa índole\n y si la acepte procederá de conformidad con lo dispuesto\n en el articulo 7. Si el Estado del pabellón rechaza la\n petición, entregará al Estado receptor una exposición\n de sus razones para tal rechazo.
Artículo 9.- Nada de lo dispuesto en el presente convenio\n afectará a las reglas de derecho internacional relativas\n a la competencia que tienen los Estados para investigar o ejercer\n su jurisdicción a bordo de buques que no enarbolen su\n pabellón.
1.	El Estado Parte en cuyo territorio sea hallado el delincuente\n o presunto delincuente, en los casos a los que es aplicable el\n artículo 6, si no procede a la extradición del\n mismo, someterá sin dilación el caso a sus autoridades\n competentes a efectos de enjuiciamiento, mediante el procedimiento\n judicial acorde con la legislación de dicho Estado, sin\n excepción alguna y con independencia de que el delito\n haya sido o no cometido en su territorio.
Dichas autoridades tomarán su decisión en las\n mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito\n de naturaleza grave, de acuerdo con la legislación de\n dicho Estado.
2.	Toda persona encausada en relación con cualquiera\n de los delitos enunciados en el articulo 3 recibirá garantías\n de un trato justo en todas las fases del procedimiento, incluido\n el disfrute de todos los derechos y garantías estipulados\n para dicho procedimiento en la legislación del Estado\n del territorio en que se halla.
1.	Los delitos enunciados en el artículo 3 se considerarán\n incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición\n en todo tratado de extradición celebrado entre Estados\n Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos\n como casos de extradición en todo tratado de extradición\n que celebren entre si.
2.	Si un Estado Parte que subordine la extradición\n a la existencia de un tratado recibe de otro Estado Parte, con\n el que no tiene tratado, una solicitud de extradición,\n el Estado Parte requerido podrá, a su elección,\n considerar, el presente convenio como la base jurídica\n para la extradición referente a los delitos enunciados\n en el artículo 3. La extradición estará\n sujeta a las demás condiciones exigidas por la legislación\n del Estado Parte requerido.
3.	Los Estados Partes que no subordinen la extradición\n a la existencia de un tratado reconocerán los delitos\n enunciados en el articulo 3 como casos de extradición\n entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por\n la legislación del Estado requerido.
4.	En caso necesario, los delitos enunciados en el artículo\n 3, a fines de extradición entre los Estados Partes, se\n considerarán como si se hubiesen cometido no sólo\n en el lugar en que fueron perpetrados sino también en\n un lugar dentro de la jurisdicción del Estado Parte que\n requiere la extradición.
5.	Un Estado Parte que reciba más de una solicitud\n de extradición de parte de Estados que hayan establecido\n su jurisdicción de conformidad con el articulo 7 y que\n resuelva no enjuiciar, tendrá debidamente en cuenta, al\n seleccionar el Estado al cual concede la extradición del\n delincuente o del presunto delincuente, los intereses y responsabilidades\n del Estado Parte cuyo pabellón enarbolaba el buque en\n el momento de la comisión del delito.
6.	Al estudiar una solicitud de extradición de un presunto\n delincuente de conformidad con el presente convenio, el Estado\n requerido tendrá debidamente en cuenta si los derechos\n de esa persona, tal como se enuncian en el párrafo 3 del\n artículo 7, pueden ser ejercidos en el Estado requirente.
7.	Respecto de los delitos definidos en el presente convenio,\n las disposiciones de todos los tratados y arreglos de extradición\n aplicables entre Estados Partes quedan modificadas entre los\n Estados Partes en la medida en que sean incompatibles con el\n presente convenio.
1.	Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio\n posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo\n a los delitos enunciados en el artículo 3, incluyendo\n el auxilio para la obtención de pruebas necesarias para\n el proceso que obren en su poder.
2.	Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que\n les incumban en virtud del párrafo 1 de conformidad con\n los tratados de auxilio judicial reciproco que existan entre\n ellos. En ausencia de dichos tratados, los Estados Partes se\n prestarán dicho auxilio de conformidad con su legislación\n interna.
1.	Los Estados Partes cooperarán en la prevención\n de los delitos enunciados en el artículo 3, en particular:
a)	Adoptando todas las medidas factibles a fin de impedir\n que se prepare en sus respectivos territorios la comisión\n de dichos delitos, tanto dentro como fuera de ellos; y,
b)	Intercambiando información, de conformidad con su\n legislación interna, y coordinando medidas administrativas\n y de otra índole adoptadas, según proceda, para\n impedir que se cometan los delitos enunciados en el artículo\n 3.
2.	Cuando, con motivo de haberse cometido un delito enunciado\n en el artículo 3, se produzca retraso o interrupción\n en la travesía de un buque, todo Estado Parte en cuyo\n territorio se encuentren el buque, los pasajeros o la tripulación,\n estará obligado a hacer todo lo posible para evitar que\n el buque, sus pasajeros, sus tripulantes o su carga sean objeto\n de inmovilización o demore indebidas.
Artículo 14.- Todo Estado Parte que tenga razones para\n creer que se va a cometer uno de los delitos enunciados en el\n artículo 3, suministrará lo antes posible, de acuerdo\n con su legislación interna, toda la información\n pertinente de que disponga a los Estados que, a su juicio, puedan\n establecer jurisdicción de conformidad con el artículo\n 7.
1.	Cada Estado Parte comunicará lo antes posible al\n Secretario General, actuando de conformidad con su legislación\n interna, cualquier información pertinente que tenga en\n su poder referente a:
b)	Las medidas tomadas conforme al párrafo 2 del artículo\n 13; y,
c)	Las medidas tomadas en relación con el delincuente\n o el presunto delincuente y, especialmente, el resultado de todo\n procedimiento de extradición u otro procedimiento judicial.
2.	El Estado Parte en que se entable una acción penal\n contra el presunto delincuente comunicará, de conformidad\n con su legislación interna, el resultado final de esa\n acción al Secretario General.
3.	El Secretario General trasladará la información\n transmitida de conformidad con los párrafos 1 y 2 a todos\n los Estados Partes, a todos los miembros de la Organización\n Marítima Internacional (en adelante llamada "la Organización"),\n a los demás Estados interesados y a las organizaciones\n intergubernamentales de carácter internacional pertinentes.
1.	Toda controversia que surja entre dos o más Estados\n Partes con respecto a la interpretación o aplicación\n del presente convenio que no pueda ser resuelta mediante negociaciones\n dentro de un plazo razonable se someterá a arbitraje a\n petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses\n contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud\n de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre\n la forma de arbitraje, cualquiera de las Partes podrá\n someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia,\n mediante una solicitud presentada de conformidad con el estatuto\n de la Corte.
2.	Cada Estado podrá, en el momento de la firma o ratificación,\n aceptación o aprobación del presente convenio,\n o de su adhesión a 61, declarar que no se considere obligado\n por una cualquiera o por ninguna de las disposiciones del párrafo\n 1. Los demás Estados Partes no quedarán obligados\n por tales disposiciones ante un Estado Parte que haya formulado\n tal reserva.
3.	Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad\n con el párrafo 2 podrá retirarla en cualquier momento\n mediante notificación dirigida al Secretario General.
1.	El presente convenio estará abierto el 10 de marzo\n de 1988, en Roma, a la firma de los Estados participantes en\n la Conferencia internacional sobre la represión de actos\n ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima,\n y desde el 14 de marzo de 1988 hasta el 9 de marzo de 1989, en\n la sede de la Organización, a la firma de todos los Estados.\n Después de ese plazo, seguirá abierto a la adhesión.
2.	Los Estados podrán manifestar su consentimiento\n en obligarse por el presente convenio mediante:
a)	Firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación\n o aprobación; o,
b)	Firma a reserva de ratificación, aceptación\n o aprobación, seguida de ratificación, aceptación\n o aprobación; o,
3.	La ratificación, aceptación, aprobación\n o adhesión se efectuarán depositando ante el Secretario\n General el instrumento que proceda.
1.	El presente convenio entrará en vigor noventa días\n después de la fecha en que quince Estados lo hayan firmado\n sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación\n o aprobación o hayan depositado el oportuno instru-mento\n de ratificación, aceptación, aprobación\n o adhesión.
2.	Para un Estado que deposite un instrumento de ratificación,\n aceptación, aprobación o adhesión respecto\n del presente Convenio una vez satisfechas las condiciones para\n la entrada en vigor de éste, la ratificación, aceptación,\n aprobación o adhesión surtirá efecto noventa\n días después de la fecha en que se haya efectuado\n tal depósito.
1.	El presente convenio podrá ser denunciado por un\n Estado Parte en cualquier momento posterior a la expiración\n de un plazo de un año a contar de la fecha en que el presente\n Convenio haya entrado en vigor para dicho Estado.
2.	La denuncia se efectuará depositando un instrumento\n de denuncia ante el Secretario General.
3.	La denuncia surtirá efecto transcurrido un año\n a partir de la recepción, por parte del Secretario General,\n del instrumento de denuncia, o cualquier otro plazo más\n largo que pueda ser fijado en dicho instrumento.
1. La organización podrá convocar una conferencia\n con objeto de revisar o enmendar el presente convenio.
\n 2.	El Secretario General convocará una conferencia de\n los Estados Partes en el presente convenio con objeto de revisarlo\n o enmendarlo, a petición de un tercio de los Estados Partes\n o de diez Estados Partes, si esta cifra es mayor.
3.	Todo instrumento de ratificación, aceptación,\n aprobación o adhesión depositado con posterioridad\n a la entrada en vigor de-una enmienda al presente convenio se\n entenderá que es aplicable al convenio, en su forma enmendada.
1.	El presente convenio será depositado ante el Secretario
\n 2.	El Secretario General:
a)	Informará a todos los Estados que hayan firmado\n el convenio o se hayan adherido al mismo, y a todos los miembros\n de la Organización, de:
i)	Cada nueva firma y cada nuevo depósito de instrumento\n de ratificación, aceptación, aprobación\n o adhesión, y de la fecha en que se produzca;
iii)	Todo depósito de un instrumento de denuncia del\n presente convenio y de la fecha en que se recibió dicho\n instrumento, así como de la fecha en que la denuncia surta\n efecto; y,
iv)	La recepción de toda declaración o notificación\n formulada en virtud del presente convenio; y,
b)	Remitirá ejemplares auténticos certificados\n del presente Convenio a todos los Estados que lo hayan firmado\n o se hayan adherido al mismo.
3.	Tan pronto como el presente Convenio entre en vigor, el\n depositario remitirá un ejemplar auténtico certificado\n del mismo al Secretario General de las Naciones Unidas a fines\n de registro y publicación, de conformidad con el artículo\n 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
El presente Convenio está redactado en un solo ejemplar\n en los idiomas árabes, chino, español, francés,\n inglés y ruso, y cada uno de estos textos tendrá\n la misma autenticidad.
EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados\n al efecto por sus respectivos gobiernos, firman el presente convenio.
HECHO EN Roma el día diez de marzo de mil novecientos\n ochenta y ocho.
COPIA AUTENTICA CERTIFICADA en los idiomas español,\n francés e inglés del Convenio para la represión\n de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación\n marítima, hecho en Roma ellO de marzo de 1988, cuyo original\n se ha depositado ante el Secretario General de la Organización\n Marítima Internacional.
Por el Secretario General de la Organización Marítima\n Internacional.
Londres, a 1 de junio de 1988.
Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra\n en los archivos de la Dirección General de Tratados del\n Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quito, a 13 de noviembre de 2003.
f.) Roberto Ponce, Director General de Tratados.
No. CNV-004-2003
Que, el artículo II de la Ley de Mercado de Valores\n define a la oferta pública de valores como la propuesta\n dirigida al público en general, o a sectores específicos\n de éste, de acuerdo a las normas de carácter general\n que para el efecto dicte el CNV, con el propósito de negociar\n valores en el mercado;
Que, el literal b) del Art. 76 de la Ley de Mercado de Valores\n dice que "fondos colectivos son aquellos que tienen como\n finalidad invertir en valores de proyectos productivos específicos...";
Que, el inciso segundo del Art. 81 de la Ley de Mercado de\n Valores establece que la colocación primaria de las cuotas\n de los fondos colectivos se realizará a través\n de oferta pública;
Que, el Art. 86 de la Ley de Mercado de Valores dice: Las\n cuotas de fondos colectivos serán valores de oferta pública\n y sus emisiones se inscribirán en el Registro del Mercado\n de Valores. El C.N.V., establecerá mediante norma de carácter\n general, la información y antecedentes que deberá\n presentar al efecto;
Que, el articulo 20 del Reglamento de fondos de inversión,\n exige para la inscripción del fondo colectivo en el Registro\n del Mercado de Valores, presentar el prospecto de oferta pública,\n de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de Oferta\n Pública y la calificación de riesgo otorgada por\n una empresa calificadora de riesgo;
Que, es necesario reglamentar los fondos colectivos objeto\n de una oferte pública primaria dirigida; y,
En uso de las facultades legales y reglamentarias,
REFORMAR EL REGLAMENTO PARA LOS FONDOS DE INVERSION, EXPEDIDO\n MEDIANTE RESOLUCION No. CNV-003-2002 DE 6 DE FEBRERO DEL AÑO\n 2002, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 529 DE 7 DE MARZO\n DE 2002, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:
Dentro del Título IV que trata "DE LA CONSTITUCION\n Y AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS", añádase,\n a continuación del artículo 23, un capítulo\n único que trate "DE LOS FONDOS COLECTIVOS Y LA OFERTA\n PUBLICA PRIMARIA DIRIGIDA DE LAS CUOTAS", el cual contendrá\n los subsiguientes artículos innumerados:
Art. ... De los fondos colectivos y la oferta pública\n primaria dirigida de las cuotas.- En los casos de constitución\n de fondos colectivos a los que se refiere el Art. 76 letra b)\n de la Ley de Mercado de Valores, en los que el sector de inversionistas\n constituyentes del fondo se encuentre previamente identificado,\n deberá realizarse un proceso de oferte pública\n dirigida, de acuerdo con lo establecido en el Art. 11 de dicha\n ley.
El carácter de oferta pública primaria dirigida\n deberá constar en el prospecto en el que se identificará\n claramente el sector de inversionistas. El mismo prospecto determinará\n si la oferta pública secundaria será dirigida a\n un sector de inversionistas o abierta al público en general.
La emisión de las cuotas de participación del\n fondo podrá dividirse por serie y clases y podrá\n ser colocada por tramos, utilizando cualquiera de los mecanismos\n establecidos en el Art. 49 de la Ley de Mercado de Valores.
Si en la constitución del fondo participa una institución\n del sector público y el monto de su inversión se\n encuentra en la situación a que alude el inciso primero\n del Art. 37 de la Ley de Mercado de Valores, dicha institución\n pública deberá realizar la transacción utilizando\n el mecanismo de subasta serializada e interconectada.
Para su incorporación inicial al fondo colectivo, los\n inversionistas que adquieran las respectivas cuotas, deberán\n suscribir el contrato de incorporación al fondo colectivo.
Artículo ... Del contenido del prospecto de oferta\n pública.- El prospecto de oferte pública dirigido\n exclusivamente a los participes iniciales de un fondo colectivo,\n que son los aportantes de los recursos para formar el patrimonio\n común del fondo, contendrá al menos la siguiente\n información:
a)	Titulo "PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA
\n DIRIGIDA A LOS CONSTITUYENTES - APORTANTES DE UN FONDO COLECTIVO",\n debidamente destacado;
b)	Denominación del fondo;
c)	Plazo de duración;
d)	La calificación de riesgo otorgada a la emisión;
e)	Nombre de la administradora de fondos que administra el\n fondo colectivo;
f)	Número y fecha de resolución de autorización\n de funcionamiento de la compañía administradora\n de fondos y número de inscripción en el Registro\n del Mercado de Valores;
g)	Número y fecha de la resolución expedida\n por la Superintendencia, de Compañías que autoriza\n el funcionamiento del fondo, aprueba la oferte pública\n y dispone la inscripción de la respectiva emisión\n en el Registro del Mercado de Valores; y,
h)	Cláusula de exclusión de responsabilidad\n según lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Mercado de\n Valores.
Resumen de información sobre el fondo.
a)	Objetivo del fondo y características generales;
b)	Política de inversión de los recursos del\n fondo colectivo;
c)	Determinación del monto del patrimonio del fondo\n colectivo, número de cuotas en que se divide y valor nominal\n de cada una de las cuotas;
d)	Normas para la valoración de las cuotas;
e)	Información y periodicidad de la información\n que debe proporcionar a los aportantes;
f)	Indicación del nombre del diario en que se efectuará\n las publicaciones informativas para los aportantes; y,
g)	Denominación social, domicilio y, de ser el caso,\n grupo financiero al que pertenece el custodio de los valores\n en los que invertirá el fondo.
Artículo ... Del contrato de incorporación...\n El contrato de incorporación inicial al fondo deberá\n contener al menos la información prevista en el artículo\n 22 de este reglamento.
Artículo ... De la calificación de riesgo.-\n La calificación de riesgo inicial requerida para la emisión\n de las cuotas de participación en los fondos colectivos\n en que los aportantes de los recursos están previamente\n identificados, deberá efectuarse considerando:
>	La solvencia técnica de la sociedad administradora\n del
\n fondo colectivo.
>	La política de inversión que debe constar\n en el reglamento interno del fondo.
>	El plan de negocios del fondo o el proyecto específico,\n según corresponda al objeto del fondo.
En la revisión de la calificación se deberá\n considerar además:
>	La pérdida esperada por el no pago, pago parcial\n o pago fuera del plazo establecido de los créditos o inversiones\n que mantenga el fondo.
Artículo ... De la Junta de Inversiones.- El fondo\n colectivo constituido con aportantes de recursos en una oferte\n pública dirigida, podrá constituir una Junta de\n Inversiones exclusiva del fondo. En ese caso, el Reglamento interno\n del fondo colectivo deberá especificar su integración,\n la forma de calificar a sus integrantes, observando su idoneidad\n en función de sus objetivos y de los proyectos específicos\n a los que va dirigido dicho proyecto, las funciones que va a\n cumplir y los procedimientos operativos en el desempeño\n de sus funciones.
Artículo ... De la remisión de información.-\n El envío de información deberá hacerse en\n los formatos y en los medios que la Superintendencia de Compañías\n establezca para el efecto.
Dada y firmada en Quito, a siete de noviembre de dos mil tres.
f.) Fabián Albuja Chaves, Superintendente de Compañías,\n Presidente del Consejo Nacional de Valores.
Es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta\n Secretada.
f.) Ab. Marcia Villalobos de Gangotena, Secretaria del Concejo\n Nacional de Valores.
EL SERVICIO ECUATORIANO DE SANIDAD
\n AGROPECUARIA - SESA
Que, la Ley de Sanidad Animal, mediante el artículo\n 2 dispone las medidas para prevenir el aparecimiento de enfermedades,\n controlar las que se presenten y erradicarlas;
Que, en granjas avícolas localizadas al sur del departamento\n de Nariño de la República de Colombia, colindante\n con nuestro país, se han presentado varios episodios epidemiológicos\n con cuadros de enfermedades respiratorias aviares;
Que, el activo intercambio comercial formal e informal de\n aves vivas, huevos fértiles huevos de plato, productos\n y subproductos de origen aviar, entre los dos países,\n que se realiza vía terrestre representa un riesgo especialmente\n para el material genético que el Ecuador importa de Colombia;
Que, el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria SESA\n ha solicitado al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, los resultados\n de las pruebas diagnósticas realizadas en muestras tomadas\n de las explotaciones avícolas afectadas;
Que, es mandato legal controlar y reforzar las medidas de\n prevención sanitaria con la finalidad de mantener el status\n sanitario del país y evitar la introducci