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Timestamp: 2018-03-18 00:17:51
Document Index: 172740956

Matched Legal Cases: ['artículo 190', 'artículo 188', 'artículo 176', 'artículo 43', 'artículo 189', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 189', 'artículo 191', 'artículo 192', 'artículo 30', 'artículo 35', 'artículo 191', 'artículo 192', 'artículo 200', 'artículo 37', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 193', 'artículo 74']

Lunes, 29 Junio 2015 11:46
Published in Gobierno Regional
Conformación de regiones.
Como unidades geoeconómicas sostenibles e igualación inicial con departamentos
Necesidad de cumplimiento de condiciones
Introducción de subsistemas normativos regionales
Atribución de competencia para reglamentar competencia regional
Aplicación de principio de efecto útil en asignación de competencia
Compatibilidad del principio de taxatividad con los poderes implícitos de los gobiernos regionales
Alcances del referéndum
Autonomía a nivel del Derecho Público interno
Necesidad de respetar unidad del Estado y la subsidiariedad
Respeto del carácter unitario del Estado
Compatibilidad con el Estado unitario
Unidad e indivisibilidad del Estado como límites
Noción de principio de subsidiariedad
Fijación de competencias nacionales y regionales
Organización del territorio de la República.
Configuración de subsistemas normativos con la creación de gobiernos locales y regionales
Límites de la actividad legislativa del Gobierno Nacional, gobiernos locales y regionales
Efecto de la reordenación de la distribución territorial
Noción de normas de competencia
Relación entre los principios de competencia y de jerarquía normativa
Diferencias entre los principios de competencia y de jerarquía normativa
Forma de Estado y test de competencia en conflictos normativos
Noción de principio de competencia
Noción de competencias exclusivas
Noción de competencias compartidas
Noción de competencias delegadas
Aplicación del principio de competencia en la articulación de las normas regionales y nacionales
Condiciones para la aplicación del principio de competencia
AUTONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
FINES Y ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
Competencias de los gobiernos regionales.
Promoción y regulación y competencias exclusivas
Competencias compartidas con los gobiernos locales
Relación con gobiernos nacional y locales, sociedad civil y ejecución del plan de desarrollo regional
Dictar normas relativas a la gestión regional
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
Bienes y rentas de los gobiernos regionales.
Tributos creados por ley a su favor
Como parte del proceso descentralista, existirá una nueva configuración territorial del país. En este marco, aparecen las regiones, las mismas que se presentan como unidades geoeconómicas sostenibles, y cuya creación se ha realizado “sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles” artículo 190 de la Constitución.
Hay que tener en cuenta para la conformación de las regiones una serie de condiciones que deben cumplirse necesariamente para una integración y la posibilidad de dichas regiones, máxime si deberán compartir una serie de beneficios que serán utilizados al máximo, gracias a una serie de recursos.
La creación de gobiernos regionales con competencias normativas comporta la introducción de tantos subsistemas normativos como gobiernos regionales existan al interior del ordenamiento jurídico peruano. Tal derecho regional, sin embargo, tiene un ámbito de vigencia y aplicación delimitado territorialmente a la circunscripción de cada gobierno regional, además de encontrarse sometido a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional, particularmente, a la LBD y a la LOGR.
Cada vez que una norma (constitucional o legal) confiere una competencia a los gobiernos regionales, debe entenderse como que esta contiene normas implícitas de subcompetencia para reglamentar la norma legal, sin las cuales el ejercicio de la competencia conferida a los gobiernos regionales carecería de eficacia práctica o utilidad.
El principio del efecto útil (...) pretende flexibilizar la rigidez del principio de taxatividad, de modo que la predeterminación difusa en torno a los alcances de una competencia por la ley orgánica o la Constitución, no termine por entorpecer un proceso que, en principio, se ha previsto como progresivo y ordenado conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias (artículo 188 de la Constitución).
El principio de taxatividad de competencias no es incompatible con el reconocimiento de que los gobiernos regionales también pueden realizar aquellas competencias reglamentarias no previstas legal ni constitucionalmente, pero que sin embargo son consustanciales al ejercicio de las previstas expresamente (poderes implícitos), o constituyan una directa manifestación y exteriorización de los principios que rigen a los gobiernos regionales dentro de un Estado unitario y descentralizado.
Cuando se convoca a elecciones para la conformación de las nuevas regiones (macrorregiones), y, de esta forma, coadyuvar al proceso descentralista en que está inmerso el país, el ciudadano lo hace con la firme convicción de responder a un planteamiento respecto a una propuesta de unificación de las actuales regiones.
Pero la proposición sometida a escrutinio popular es única, indisoluble, singular e indivisible. Tan solo se podrá aceptar o rechazar la propuesta total presentada a los electores, pues solo así se estará cumpliendo lo dispuesto por el artículo 176 de la Constitución.
A los ciudadanos se les presenta una oferta de unificación con determinadas características y que se encuentra sustentada plenamente en un expediente técnico, tal como se ha podido observar; por lo tanto, es inadmisible que se pueda llegar a aceptar que se cambie su voto por uno no realizado por ellos.
Lo importante del actual proceso descentralizador es que la autonomía ha sido revisada para el caso de todos los gobiernos reconocidos. Es decir, tanto el Gobierno nacional como el Regional y el Local poseen autonomía a nivel del Derecho Público Interno, pero solo el Gobierno Nacional detenta la soberanía a nivel del Derecho Público Internacional.
El Estado de nuestro país es unitario, pero a la vez, con un gran compromiso hacia el futuro: su descentralización, tal como se presenta en la Constitución: “Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado” artículo 43 de la Constitución.
Por tanto, por más descentralización que exista el gobierno no puede dejar de ser unitario. La consecuencia de una afirmación como esta es trascendente para configurar el tipo de Estado que es el Perú. Para no dejar dudas al respecto, se ha señalado que “el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación” artículo 189 de la Constitución (...).
La unidad estatal constituye el fundamento de la organización y marcha de la estructura del Estado peruano. Respetando su contenido, existe una redistribución funcional y territorial. Es así como se subordina el principio de jerarquía normativa al de competencia: la unidad prima sobre la diversidad (...).
Sobre todo el ámbito en el que se desarrolla la descentralización es administrativo, y en cierta forma territorial, judicial y legislativa. Pero es el Estado unidad el que mantiene la función legislativa básica con el fin de mantener la unidad del país. Hablando en estricto del tema legislativo, este compete al Congreso de la República, salvo en las materias que el bloque de constitucionalidad demande para los gobiernos regionales y municipales.
Por más que la cláusula de residualidad no está expresamente reconocida en la Constitución, a diferencia de lo que sucede en ordenamientos comparados. No obstante esta aseveración, a partir del principio de unidad analizado, cabe señalar que las competencias regionales solo serán aquellas que explícitamente estén consagradas en a Constitución y en las leyes de de-sarrollo de descentralización, de modo que lo que no esté señalado en ellas, corresponde a la competencia exclusiva del Gobierno Central.
El carácter descentralizado del Estado peruano (...) no es incompatible con la configuración de Estado unitario, desde el momento que si bien ella supone el establecimiento de órganos de poder territorialmente delimitados, a los cuales se les dota de autonomía política, económica y administrativa, sin embargo, su ejercicio debe realizarse dentro de lo previsto por la Constitución y las leyes marco que regulan el reparto competencial de los gobiernos regionales y municipales (...).
Si bien el gobierno del Perú es descentralizado, su Estado es uno e indivisible (artículo 43 de la Constitución), motivo por el cual ninguna política descentralizadora puede soportar decisiones gubernativas incompatibles o asistemáticas. Por el contrario, el proceso de descentralización debe ser concebido como el sistema más eficiente para asegurar el desarrollo integral del país.
Atendiendo al objetivo primordial del proceso descentralizador (el desarrollo integral del país) que es posible reconocer los límites del mismo y, por ende, del carácter autonómico de las distintas regiones.
El objetivo principal de dichos límites que, a su vez, actúa como principio informante de toda política descentralizadora, es el reconocimiento de la unicidad e indivisibilidad del Estado.
En efecto, Estado unitario e indivisible de gobierno descentralizado no son, en absoluto, conceptos contrapuestos. Por el contrario, es la aplicación armónica de dichos principios la que permite al Estado cumplir con uno de sus deberes primordiales; a saber, “la promoción del desarrollo integral y equilibrado de la Nación” (artículo 44 de la Constitución).
El principio de subsidiariedad tiene por objeto garantizar una toma de decisión lo más cerca posible del ciudadano, comprobándose constantemente que la acción que debe emprenderse a escala nacional se justifica en relación con las posibilidades que ofrece el nivel regional o local.
La unidad estatal constituye el fundamento de la organización y marcha de la estructura del Estado peruano. Respetando su contenido, existe una redistribución funcional y territorial. Es así como se subordina el principio de jerarquía normativa al de competencia: se reconoce la diversidad dentro de la discrecionalidad.
A partir de un concepto como el de unidad estatal, se prevé una suerte de cláusula residual, que en caso de duda razonable sobre la titularidad de la competencia, esta se determina a partir de un test de la competencia, (...) pero que se debe establecer a partir del bloque de constitucionalidad (...). Pero el criterio básico relacionado con la unidad y las atribuciones nacionales, y su p, es determinar si la materia es de interés general del Estado.
La creación de gobiernos regionales y locales, cada uno con competencias normativas propias, comporta la introducción de tantos subsistemas normativos como gobiernos regionales y locales puedan existir. Este derecho regional y local, sin embargo, tienen un ámbito de vigencia y aplicación delimitado territorialmente a la circunscripción de cada instancia de gobierno (regional o local) y, además, se encuentra sometido a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional, particularmente a la LBD Ley de Bases de la Descentralización y a la LOGR Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Debe remarcarse la necesidad de que las normas que (...) los gobiernos regionales y locales puedan expedir no alteren “la unidad e integridad del Estado y de la Nación” (artículo 189 de la Constitución); no interfieran en las funciones y atribuciones de los gobiernos locales (artículo 191 de la Constitución) y que las materias que ellas regulen deba realizarse “en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo” (artículo 192 de la Constitución), ahora, en relación al gobierno nacional, debe remarcarse que este no es enteramente libre para regular cualquier materia, sino que ha de sujetarse al reparto de competencias constitucional y legalmente establecidos, constituyendo este reparto un límite de orden material y competencial para el ejercicio de su función legislativa.
La reordenación de la distribución territorial del poder tiene la propiedad de limitar la capacidad normativa del gobierno nacional.
Las normas de competencia son aquellas que de modos diversos establecen “el ámbito de materia” sobre el que puede ejercerse una competencia normativa y que, en consecuencia, condicionan la validez de los actos normativos, y, derivadamente, la de las disposiciones o normas creadas por ellos.
El principio de jerarquía es presupuesto del principio de competencia, ya que la invalidez de una norma que “invade” competencias surge en virtud de la violación de aquella norma superior que anteladamente había fijado la distribución de competencias.
El principio de competencia no determina la nulidad de las normas que infringen, sino que devela la superioridad jerárquica de aquellas normas que tienen como objeto la delimitación y reparto de materias o funciones.
De acuerdo con el principio de jerarquía normativa, la invalidación de una norma de menor jerarquía se produce cuando existe contradicción con una norma superior; de conformidad con el principio de competencia, la norma deviene en nula por el simple hecho de regular una materia que está vedada para ser regulada por ella.
En el caso del ordenamiento jurídico nacional, determinado por nuestra Constitución, para la aplicación del criterio de competencia, cuando se trate de conflictos normativos entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, es conveniente considerar la forma de Estado que configura nuestra Constitución y el test de la competencia desarrollado por este Tribunal para el caso del Perú.
El principio de competencia, como técnica de articulación del sistema de fuentes, presupone una pluralidad de autoridades normativas capaces de expedir normas que formalmente tienen el mismo rango, aunque, algunas veces, no tengan el mismo ámbito de vigencia y aplicabilidad territorial.
El principio de competencia consiste en asignar a determinadas clases de normas la regulación únicamente de ciertas materias, de modo tal que la norma de que se trate es la única que puede regularlas en concreto y, además, solo puede ocuparse de ella.
Las competencias exclusivas son aquellas materias asignadas en exclusividad a favor de organismos constitucionales, las cuales serán positivas si son susceptibles de ser delegadas, o negativas si son privativas del órgano respectivo, es decir, no solo exclusivas sino también excluyentes.
Las competencias compartidas o concurrentes son aquellas materias divididas en determinadas áreas de atención, repartiéndose responsabilidades entre dos o más niveles de gobierno, actividad coherente con los principios de cooperación y de tutela y control de los organismos constitucionales autónomos.
Las competencias delegadas son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada.
Si determinadas normas regionales no son jerárquicamente subordinadas a las del gobierno central, su articulación con estas no puede sustentarse bajo el principio de jerarquía, sino conforme al principio de competencia, según el cual, en el ámbito competencial de las regiones, la norma regional excluye a la norma del gobierno central y, en general, a la de cualquier otro ordenamiento (v. gr. del gobierno local). A su vez, en el ámbito de competencia del gobierno nacional, quedan excluidas las normas regionales y locales, y así sucesivamente.
Una adecuada articulación de las fuentes del derecho regional, tanto con las fuentes del derecho nacional como con las del derecho local, exige que se delimite los ámbitos para los cuales cada una de ellas es competente. Obviamente, tal delimitación no puede realizarse sino mediante el ya referido principio de competencia.
Para que una antinomia entre dos normas del mismo rango sea resuelta mediante el principio de competencia, es preciso que:
a) Se trate de un conflicto entre dos fuentes cuya fuente de producción proviene de distintos órganos con competencia normativa;
b) Entre ambas, no exista una relación jerárquica; y,
c) Sus relaciones sean reguladas por una norma jerárquicamente superior (...).
La resolución de contradicciones normativas mediante el principio de competencia, por cierto, no se superpone ni desplaza al principio de jerarquía normativa. Y es que la aplicación del principio de competencia no solo presupone una antinomia entre dos fuentes del mismo rango, sino también que ambas se encuentren subordinadas jerárquicamente a una norma superior, como la Constitución, que es la que establece, directa o indirectamente, la repartición del ámbito competencial de cada una de ellas, así como su ámbito de vigencia espacial.
Según la Constitución, los gobiernos regionales tienen autonomía económica. De otro lado, se señala que estos están compuestos por diversos órganos, como son el Consejo Regional, la Presidencia y el Consejo de Coordinación Regional.
De la conjunción de tales normas se puede comprender que tal capacidad de manejo económico no puede corresponder tan solo a uno de los órganos en detrimento de los otros.
Si bien la descripción del procedimiento artículo 30 de la Ley Nº 27876, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales es bastante escueta, el artículo en cuestión hace a la existencia de un procedimiento específico destinado a determinar si efectivamente la autoridad regional incurrió en la causal que se le imputa.
Asimismo, la decisión sobre la vacancia o no de la autoridad regional al Consejo Regional, siendo que su decisión podrá ser apelada al Jurado Nacional de Elecciones, quien resuelve en última y definitiva instancia.
A partir de la reforma constitucional, se les han asignado genéricamente diversos temas, y se le asigna a los gobiernos regionales la posibilidad de su promoción y regulación, aunque es recientemente cuando se ha desarrollado con amplitud por medio de ley cada uno de ellos: “Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley”.
En el ámbito legal, se ha terminado yendo más lejos, al separarse su tipo de competencias. Es así como se han considerado como exclusivas las señaladas en el artículo 35 de la Ley de Bases de la Descentralización.
Frente a las competencias exclusivas de las regiones, se considera que son de índole compartido, tanto con el gobierno nacional como con el local, las siguientes: “a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo. b) Salud pública. c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. e) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales. f) Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales regionales. g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados. h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles. i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley”.
En el caso de los gobiernos regionales, estos estarán en constante relación con el nacional y los locales. Así, estará en coordinación con las municipalidades; colaborará bilateralmente con los otros gobiernos (en un triple sentido: intercambio informativo, creación de organismos mixtos y conferencia permanente entre sí); tendrá el aval del gobierno nacional para los préstamos; y, sus políticas tendrán que estar en armonía con las nacionales y las locales. Pero además de estas relaciones, también estará muy cerca de la sociedad civil, y ello se dará a través de dos instancias: su participación para elaborar el Plan de Desarrollo Regional y su integración en el Consejo de Coordinación Regional.
El artículo 191 de la Constitución dispone que los gobiernos regionales tienen autonomía política. El inciso 6 del artículo 192 de la Constitución establece que los gobiernos regionales son competentes para dictar normas inherentes a la gestión regional. A su turno, el inciso 4 del artículo 200 de la Norma Suprema confiere rango de ley a las normas regionales de carácter general.
Por tanto, sobre la base de su autonomía política, los gobiernos regionales se constituyen en los órganos productores de normas regionales de carácter general con rango de ley, las cuales en nuestro sistema de fuentes se denominan ordenanzas regionales, conforme al artículo 37 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Regiones.
Las normas regionales (...) por solo citar algunas cuyas reglas de producción normativa, como es evidente, no provienen solo de la Constitución, sino también de aquellas fuentes, como la ley, a las que aquellas remite.
La Constitución (artículo 192) no reconoce expresamente a los gobiernos regionales la competencia para declarar un bien como Patrimonio Cultural de la Nación; lo que no obsta para que dichos gobiernos puedan realizar propuestas a fin de que un determinado bien sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación.
De una interpretación sistemática de las normas reguladoras del reparto de competencias en materia de declaración del Patrimonio Cultural de la Nación se desprende que:
a) Los gobiernos regionales no tienen competencia para declarar que un bien pueda tener la condición de patrimonio cultural de la Nación. Tal declaración, cualquiera sea el lugar en el que se encuentre el bien, corresponde al Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, dentro de los ámbitos de competencia de estos tres órganos de carácter nacional.
b) Los gobiernos regionales sí tienen competencia, en cambio, para promover la declaración de un bien que se encuentre en su ámbito territorial como patrimonio cultural. También la tienen en materia de “protección” y “conservación” sobre los bienes del patrimonio cultural de la Nación que se encuentren dentro del ámbito territorial de la Región respectiva.
Como quiera que la Constitución ha conferido al legislador orgánico la facultad de establecer el elenco de competencias de los gobiernos regionales, y que al desarrollarse estas, mediante la Ley Orgánica del Gobierno Regional, no se ha previsto que estos sean competentes para declarar a determinados bienes como Patrimonio Cultural, sea Regional o de la Nación.
Es plenamente compatible (...) lo previsto por el inciso 3 del artículo 192 de la Constitución, en concordancia con lo establecido en su inciso 3, artículo 193, los cuales establecen que los gobiernos regionales pueden administrar tributos, siempre que hayan sido creados por ley a su favor. En interpretación sistemática con el artículo 74 de la Constitución, debe entenderse que, tratándose de aranceles o tasas, la creación de estos a favor de las regiones puede realizarse a través de decretos supremos.
En buena cuenta, un gobierno regional solo puede administrar un tributo y, consecuentemente, determinar su distribución, siempre que haya sido investido de tal facultad por el Congreso de la República, vía ley, o por el Poder Ejecutivo, vía decreto legislativo o decreto supremo, en este último caso, siempre que se trate de aranceles o tasas.
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