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Timestamp: 2019-04-22 02:53:22
Document Index: 345761697

Matched Legal Cases: ['Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29']

Guía De Formación Online : Derechos Fundamentales Constitución Española 1978
Vamos a tratar los artículos 15-29 de la Constitución 1978 para las oposiciones guardia civil y todas las oposiciones auxiliar administrativo. Se trata de un tema básico para prácticamente todas las oposiciones. Hablamos de la Sección 1ª del Capítulo 2 del Título I. Apréndete bien estos artículos, porque volveremos sobre ellos en próximos capítulos.
Derecho a la vida, a la integridad física y moral. Prohibición de la tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes. Se abole la pena de muerte, “salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. Las leyes militares también han abolido esta pena (lo que no quiere decir que no puedan aprobarla, ya que la Constitución da esta posibilidad).
Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto tanto de los individuos y las comunidades. Esta libertad no tiene limitaciones, salvo en sus manifestaciones, cuando sea necesario poner límites para mantener el orden público protegido por la ley. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tiene carácter estatal. Aún así, los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias de la sociedad española y por eso mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica (y las demás confesiones).
Artículo 17 Libertad y Seguridad Jurídica:
Nadie puede ser privado de su libertad a no ser según lo que establece la Constitución y en los casos y formas previstas en la Ley (sólo la ley penal puede imponer penas privativas de libertad).
Excepciones: hablamos del caso de la detención preventiva a discreción de la policía y con estas limitaciones:
La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al establecimiento de los hechos.
El detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial en el plazo de 72 horas. Este plazo tiene excepciones.
La persona detenida tiene los siguientes derechos:
- Ser informada de forma inmediata y de forma que pueda comprender de sus derechos.
-Debe ser informada de la razón por la que ha sido detenida
-El detenido no puede ser obligado a declarar.
-Tiene derecho a la asistencia de abogado en las diligencias policiales (cuando está en comisaria) y judiciales (ante el juez).
Habeas Corpus o “detención ilegal”:
Se trata de solicitar que nos envíen al juez directamente en caso de detención ilegal por la policía, o sea, que no se hayan seguido, por ejemplo, las normas que hemos visto hasta ahora.
Prisión Provisional: se trata de una medida cautelar mientras se tramita el procedimiento judicial por delito. El plazo máximo de esta prisión provisional viene determinado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Artículo 18 Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
El domicilio es Inviolable: o sea, no pueden hacerse entradas o registros en el mismo sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en casos de flagrante delito (o sea, que se sorprenda a alguien en pleno delito o justo después de cometerlo).
Secreto de las Comunicaciones: tienen el mismo tratamiento que el domicilio. Las comunicaciones son secretas, especialmente las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. O sea, sólo un juez puede permitir ver estas comunicaciones. Hoy en día, debemos extender este secreto a los emails. Tal como dice el último punto del artículo 18, la ley debe limitar el uso de la informática para garantizar el derecho al honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Artículo 19 Derecho a la Libertad de Movimientos y Residencia:
Los españoles tienen derecho a elegir donde quieren vivir así como moverse libremente por el territorio nacional. También tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que establezca la ley (y esto no se puede limitar por motivos políticos o ideológicos)
Artículo 20 Libertad de Pensamiento, Creación y Comunicación: LA LIBERTAD DE EXPESIÓN
Todos tienen derecho (y este derecho debe protegerse especialmente) a:
1) Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
2) Producción y Creación Literaria, artística, científica y técnica.
3) Libertad de Cátedra
4) Comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
Los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público están sometidos a control parlamentario y deben permitir el acceso de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estos medios de comunicación deben respetar los siguientes derechos:
1) Los derechos del Título I de la Constitución
2) Las leyes que desarrollan este Título I
3) Ante todo se debe respetar el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia.
Para proceder al secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información se requiere resolución judicial (no llega sólo la resolución administrativa).
Artículo 21 Derecho de Reunión
Todos tenemos derecho a reunirnos. El límite a la reunión es que sea pacífica y sin armas. Cuando la reunión tenga lugar lugares de tránsito público y manifestaciones, hay que dar comunicación previa a la autoridad y esta autoridad sólo puede prohibirlas en caso de que tengan razones fundadas para pensar que el orden público se verá alterado, con peligro para personas y bienes.
Artículo 22 Derecho de Asociación
Se permite crear asociaciones libremente pero con los siguientes límites:
Son ilegales las asociaciones que persiguen fines o utilizan medios tipificados como delito. También están prohibidas las asociaciones secretas y de carácter paramilitar. Las asociaciones también deben inscribirse en un registro para que sean públicas (no para obtener la autorización).
Las asociaciones sólo pueden ser disueltas o suspendidas por resolución judicial motivada (que se haya incumplido, por ejemplo, una de estas limitaciones básicas que acabamos de ver).
Artículo 23 Derecho a la Participación en los Asuntos Públicos (¡Oposiciones!).
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos de forma directa o por medio de representantes. Estos representantes se eligen mediante elecciones periódicas mediante el sufragio universal (todos pueden votar: antes no podían votar, por ejemplo, las mujeres o quienes no tuviesen un nivel de renta/clase social determinado).
Los ciudadanos también tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 24 Tutela Judicial Efectiva y Derecho a la Defensa.
1) Obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
2) Acceder al juez ordinario predeterminado por la ley (o sea, un juez establecido antes de cometerse el delito y no después de cometerlo).
3) Recibir la defensa y asistencia de un Letrado (abogado)
4) Ser informados de la acusación formulada contra nosotros.
5) Tener un proceso público sin dilaciones (retrasos) indebidos y con todas las garantías.
6) Utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.
7) No declarar contra sí mismos
8) No confesarse culpables
9) Presunción de Inocencia (todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario)
10) Prohibición de la indefensión (o sea, que no nos podamos defender frente a una acusación)
11) No estar obligado a declarar por razón de parentesco o de secreto profesional, sobre hechos presuntamente delictivos.
Artículo 25 Principio de Legalidad Penal y Derechos de los Reclusos
Legalidad Penal: significa que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en el momento en que se cometió la infracción.
Penas Privativas de Libertad: estas penas están orientadas a reeducar y reinsertar socialmente al recluso. No pueden consistir en trabajos forzados.
Derechos de los Reclusos: los reclusos también gozan de los derechos fundamentales recogidos en este Título I de la Constitución, eso sí, con exclusión de los derechos que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Evidentemente, el preso pierde su derecho fundamental a la libertad y a moverse libremente por el territorio nacional, por ejemplo.
El recluso también tiene derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social.
También tiene derecho a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
Como ya dijimos antes, la pena de privación de libertad sólo puede imponerse por el derecho penal. O sea, la Administración civil no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente (=como consecuencia de...) impliquen la privación de libertad.
Artículo 26 NO Tribunales de Honor
Quedan prohibidos los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración Civil y de las organizaciones profesionales.
Artículo 27 Derecho a la Educación
Todos tienen derecho a la educación, reconociéndose la libertad de enseñanza. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. También se establece la libertad para crear centros docentes, siempre que se respeten los principios constitucionales. Las Universidades gozarán de autonomía.
El objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Los Poderes Públicos deben:
1) Garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
2) Garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
3) Inspeccionar y homologar el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
4) Ayudar a los Centros Docentes que reúnan los requisitos marcados por la ley.
La ley también determinará la intervención de profesores, padres y alumnos en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que establezca la ley.
Artículo 28 Derecho a Sindicarse Libremente
Este derecho tiene una limitación o excepción que puede aplicarse a la sindicación de las Fuerzas o Institutos Armados o demás Cuerpos sometidos a Disciplina Militar. Los funcionarios públicos también contarán con una sindicación peculiar.
Libertad Sindical – Este derecho comprende:
1) Poder fundar sindicatos
2) Poder afiliarse al sindicato de nuestra elección (con Franco, por ejemplo, te obligaban a afiliarte a un sindicato). Hoy no hay obligación de afiliarse a un sindicato.
3) Los sindicatos tienen derecho a formar confederaciones y fundar organizaciones sindicales internacionales, así como afiliarse a las que ya existan.
4) Derecho de Huelga. Los trabajadores tienen derecho a hacer huelga para defender sus intereses. La única limitación es que se mantengan en funcionamiento los servicios esenciales de la comunidad (por eso fue tan grave la última huelga de controladores aéreos, donde se declaró incluso el estado de Excepción).
Igual que en el caso de las asociaciones y los colegios profesionales, los sindicatos deben contar con un funcionamiento interno democrático.
Artículo 29 Derecho de Petición
Todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. O sea: todos tenemos derecho a pedir algo al Estado (por ejemplo, recoger firmas para pedir algo). Esta petición debe ser siempre por escrito. Podemos hacerlo individualmente o en grupo.
En cambio, los miembros de las Fuerzas o Institutos Armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar NO pueden ejercer este derecho de forma colectiva. Pueden hacerlo de forma individual, siempre con arreglo a la legislación específica.
Deden Hidayat 12 de octubre de 2018, 8:55