Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/06/borrador-de-rdl-conocido-el-29-de-mayo.html
Timestamp: 2020-07-04 18:24:39
Document Index: 265987486

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 95', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 37', 'Artículo 42']

EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Borrador de RDL (conocido el 29 de mayo) y texto del RDL 20/2020 de 29 de mayo por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital. Comparación de los artículos modificados.
Borrador de RDL (conocido el 29 de mayo) y texto del RDL 20/2020 de 29 de mayo por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital. Comparación de los artículos modificados.
A primera hora de la mañana del viernes 29 de mayo tuve conocimiento de un documento titulado “Proyecto de Real Decreto-Ley xx/2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital”
No tengo constancia de que el texto fuera el presentado y debatido en el Consejo de Ministros del mismo día, si bien parece totalmente plausible que fuera así, con independencia de que se tratara o no del último borrador, ya que el RDL 20/2020 de 29 de mayo finalmente aprobado es prácticamente idéntico, a salvo de algunas modificaciones, de carácter formal en su mayoría.
A la espera de un comentario del conjunto de la norma, reproduzco los preceptos en los que se han producido modificaciones. Aparecen en negrita las pocas introducidas en el texto finalmente aprobado, y alguna que ha desaparecido del borrador, siendo algunas una mera reubicación en el RDL del contenido recogido en otros artículos, o en distinta numeración del mismo precepto, de dicho borrador.
RDL 20/2020
1º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
2º Los solicitantes de protección internacional, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
3º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, que acreditarán esta condición a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se desarrolle reglamentariamente.
4º Las mujeres víctimas de violencia de género o personas víctimas de violencia doméstica. Las situaciones de malos tratos se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género o doméstica hasta tanto se dicte la orden de protección. Las víctimas de violencia de género acreditarán esta condición por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 28 de diciembre.
d) Si no están trabajando, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.
Este requisito no se exigirá a las personas que por ser víctimas de violencia de género o doméstica hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.
Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente de menores, en los supuestos a) y b) del artículo 6.2, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas de violencia doméstica o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, o en otros supuestos justificados, que puedan determinarse reglamentariamente.
3. No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio valorado, de acuerdo con los criterios que se contemplan en el artículo 18 de este real decreto ley, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el Anexo II.
4. La percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan de manera que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la participación en el mercado laboral. En estos casos, se establecerán las condiciones por las que superar en un ejercicio los límites de rentas establecidos en el punto 2 del presente artículo por esta causa no supondrá la pérdida del derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario prestará especial atención a la participación de las personas con discapacidad y las familias monoparentales.
Las unidades de convivencia previstas en el artículo 6.2.a) deberán aportar la orden de protección a favor de la víctima, será también título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género o doméstica.
5. Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas Administraciones públicas.
En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la Administración que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas, de la Hacienda Foral de Navarra o Diputaciones Forales del País Vasco y de la Dirección General del Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.
6. La situación de demandante de empleo quedará acreditada con el documento expedido al efecto por la administración competente
1. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital mediante la coordinación y colaboración con los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como con las entidades del Tercer Sector de Acción Social. El diseño de estas estrategias se dirigirá a la remoción de los obstáculos sociales o laborales que dificultan el pleno ejercicio de derechos y socavan la cohesión social.
2. Los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán objetivo prioritario y tenidos en cuenta en el diseño de las bonificaciones en la contratación que apruebe el Gobierno.
2. La Comisión de Seguimiento estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y estará integrada por el Secretario de Estado de Seguridad Social, la Secretaría General de Inclusión, la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, los titulares de las Consejerías de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia y representantes de la Administración local. Cuando en razón de los asuntos a tratar no sea precisa la presencia de representantes de las Comunidades Autónomas o la Administración Local, la Comisión podrá constituirse sin aquellos a instancias de su secretario, siendo en estos casos preciso que se informe previamente a los representantes de dichas administraciones y se comunique el contenido del orden del día.
a) Evaluación del impacto del ingreso mínimo vital como instrumento para para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad económica, con especial atención a la pobreza infantil.
k) Evaluación y seguimiento de las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Sello de Inclusión Social al que se refiere la disposición adicional séptima y de la evolución en la participación en el mercado laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 8.4.
m) Cualquier otra función que se le atribuya reglamentariamente.
c) La tramitación de los convenios de colaboración que se suscriban con otros órganos de la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local.
1. Se crea el Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
2. El Consejo Consultivo estará presidido por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en él participarán, la Secretaria General de Inclusión, un miembro con rango de director general que designe el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, las organizaciones sindicales y empresariales más representativos, así como las entidades del Tercer Sector de Acción Social con mayor cobertura en el territorio español.
d) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la implantación de estrategias de inclusión, del Sello de Inclusión Social al que se refiere la disposición adicional séptima y de la evolución en la participación en el mercado laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 8.4.
2. Durante 2020 se dotará mediante modificación presupuestaria los créditos presupuestarios que resulten adecuados para el cumplimiento de esa previsión.
f) Si no están trabajando, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.
h) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstos en el artículo 28.1, en los términos que se establezcan.
e) Si no están trabajando, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.
f) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstos en el artículo 28.1, en los términos que se establezcan.
g) Cumplir cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya derivado la percepción o conservación indebida de la prestación.
b) No comunicar con carácter previo el desplazamiento al extranjero, cuando el mismo sea inferior a quince días al año.
Artículo 37. Control financiero permanente.
La modalidad de control ejercida sobre la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital será la de control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Uno. Se crea la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas….
El Ministerio de Hacienda habilitará los créditos necesarios para la modificación de la relación de puestos de trabajo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, tanto en su estructura central como provincial, y para la contratación del personal interino y encargo a medios propios que sean necesarios para la puesta en marcha inmediata de la nueva prestación, así como medios técnicos e informáticos. De igual modo, habilitará los créditos suficientes para la modificación de las relaciones de puestos de trabajo de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, la Gerencia de Informática y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, derivadas de la asunción de las nuevas funciones y del incremento en la carga de trabajo que se produzca por la gestión, la administración, el control, el pago y la asistencia jurídica necesarias para atender a la nueva prestación que se crea en este real decreto-ley.
1. Para financiar transferencias a la Seguridad Social que den soporte financiero al ingreso mínimo vital, se concede un crédito extraordinario en el presupuesto de la Sección 19 «Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social», Servicio 02 «Secretaría de Estado de la Seguridad Social», Programa 000X. «Transferencias entre Subsectores», Capítulo 4. «Transferencias corrientes», Artículo 42. «A la Seguridad Social» y Concepto 424. «Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar el ingreso mínimo vital», por importe de XXXXXX euros.
2. El crédito extraordinario que se concede en el presupuesto del Estado se financiará con Deuda Pública.
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá la prestación transitoria de ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que, a fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, reúnan los requisitos que se exponen en el apartado siguiente, siempre que el importe de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior a cincuenta euros mensuales.
“a) Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda y Función Pública o, en su caso, de las comunidades autónomas o de las diputaciones forales, se facilitarán, dentro de cada ejercicio anual, a las entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la gestión de las prestaciones económicas y, a petición de las mismas, los datos relativos a los niveles de renta, patrimonio y demás ingresos de los titulares de prestaciones en cuanto determinen el derecho a las mismas, así como de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a fin de verificar si aquellos cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente establecida
“Disposición adicional centésima cuadragésima primera. Creación de la Tarjeta Social Digital.
Cuatro. Las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas públicas responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas de contenido económico enumeradas en el apartado Dos facilitarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los datos identificativos de los titulares de las prestaciones económicas, así como, en cuanto determinen o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquéllas, de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o reconocimiento.
Los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda o, en su caso, de las diputaciones forales, dentro de cada ejercicio anual, facilitarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social información relativa a los niveles de renta de todos los ciudadanos.
A su vez, las administraciones públicas, entidades y organismos con competencias de gestión o de coordinación estatal en materia de discapacidad, dependencia, demanda de empleo, familia numerosa y cualquier otra situación subjetiva relevante, que así se determine reglamentariamente, están facilitarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social la información actualizada sobre estas situaciones en relación con todos los ciudadanos.
Disposición final séptima. Cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de inferior rango.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día 1 de junio de 2020, sin perjuicio de que, para la aplicación de las disposiciones transitorias, se podrán comenzar a realizar las operaciones técnicas necesarias para la puesta en marcha de la prestación desde la fecha de aprobación de este Real Decreto-ley.
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