Source: https://tuscienciassociales-teodosio.blogspot.com/2011/01/411-constitucion-1978.html
Timestamp: 2018-02-25 13:35:26
Document Index: 307238251

Matched Legal Cases: ['artículo 155', 'artículo 13', 'artículo 135', 'artículo 122', 'artículo 135', 'artículo 13', 'artículo 167', 'artículo 57', 'artículo 69', 'artículo 87', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 38']

TUS CIENCIAS SOCIALES: 411 LA CONSTITUCIÓN DE 1978. DERECHOS FUNDAMENTALES. CRISIS Y REFORMA
411 LA CONSTITUCIÓN DE 1978. DERECHOS FUNDAMENTALES. CRISIS Y REFORMA
La Constitución española es fruto de un raro consenso político en un momento histórico en el que una nación entera que salía de una dictadura diseñaba un proyecto de país unido por los valores que recoge su primer artículo, un Estado social y democrático de Derecho basado en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Su promulgación, ya se ha dicho, ha servido de marco legal a un país cuyo desarrollo económico y social ha avanzado a velocidad de vértigo
La Constitución tiene unas características formales y materiales de singular relevancia. Es el conjunto de normas fundamentales del Ordenamiento jurídico de un Estado, aquéllas que lo constituyen. En nuestro caso, nuestra Constitución, en su artículo primero lo expresa con especial claridad: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho".
España se constituye en tal Estado por obra de la misma Constitución. En dicho proceso, la Constitución establece las reglas básicas del Estado; la Constitución lo es porque es constituyente. Ésta es la clave.
HIS-ESP-XX-constituciones
El día 6 el pueblo español ratificó mediante referéndum la actual Constitución con un resultado favorable apabullante. Desde entonces, cada año se conmemora oficialmente ese día aunque sin otorgarle el rango de fiesta nacional, tal como debería ser.
Por que, en efecto, la Constitución de 1978 es la gran constitución española, la primera en nuestra historia con carácter normativo, es decir, la primera que ha sido efectiva en la realidad social. Es cierto que aún no es la más longeva, dado que la canovista de 1876 duró 48 años. Pero la influencia del texto constitucional en nuestra vida social y política es incomparable con cualquier otra. A excepción de la Constitución de Cádiz y de la republicana de 1931, que apenas tuvieron vigencia, las constituciones anteriores fueron normas más parecidas a una ley que a lo que hoy es una constitución ya que podían ser modificadas por simples decisiones parlamentarias, sin ni siquiera requerir mayorías cualificadas. Incluso se dio el caso de que la Constitución de 1845 fue modificada en una ocasión por decreto-ley. En realidad, se llamaban constituciones por las materias que regulaban (instituciones políticas y derechos fundamentales) pero su rango normativo no era otro que el legal.
La Constitución actual, en cambio, es una norma emanada del poder constituyente que reside en el pueblo español, no de un poder constituido (art. 1.2 CE); su procedimiento de reforma es distinto y más dificultoso que el de las demás leyes (arts. 166-169 CE); y, además, su rango jerárquico es superior al resto de normas del ordenamiento (art. 9.1 CE), pudiendo el Tribunal Constitucional declarar nula cualquier norma con rango de ley contraria a la Constitución (arts. 159-165 CE). Por tanto, se trata de una norma jurídica suprema, debido a que emana del poder constituyente, y esta superioridad está garantizada por todo el entramado de poderes públicos que forman el Estado, tanto legislativos como ejecutivos y jurisdiccionales, cada uno dentro de sus competencias respectivas. Es en este sentido que la Constitución actual, tanto por su legitimidad como por eficacia jurídica, es incomparable con las anteriores.
Su valor político radica en que fue aprobada por una gran mayoría mediante consenso
Pero todavía es más incomparable desde el punto de vista político dado que es la primera en la historia, y aquí no hay excepciones, aprobada mediante el acuerdo de la inmensa mayoría de parlamentarios, al utilizar como método de elaboración el famoso consenso y, además, ratificada después por todos los ciudadanos en referéndum. No hay duda que todo ello ha dado a la Constitución un altísimo grado de legitimidad. Como sucede en las democracias maduras, en España el debate político sobre una determinada propuesta o medida suele empezar por su grado de legitimidad constitucional, es decir, por si dicha propuesta o medida es o no adecuada a la Constitución. Sólo después se pasa a tratar sobre su oportunidad o conveniencia políticas. Ello supone aceptar, implícitamente, que antes que nada la Constitución debe cumplirse y que la lealtad a la misma es ya de por sí uno de los más sólidos valores de la convivencia.
Ahora bien, lo que garantiza que la Constitución sea realmente un conjunto de normas jurídicas es la previsión de un sistema de poderes encargados de velar por su cumplimiento y, en su caso, de sancionar las infracciones.
Es crítico el papel del Poder Judicial pero, de forma todavía más especial, el del Tribunal Constitucional. La Constitución sería maculatura si los Tribunales y, en particular el Tribunal Constitucional, no castigasen los incumplimientos de sus disposiciones.
Hoy, sin embargo, el texto constitucional es objeto de constantes críticas y de numerosas propuestas de reforma. La escasa valoración de los políticos, y de la política misma, por parte de los ciudadanos, contribuye a ello. No obstante, estas críticas y propuestas no son desleales con la Constitución sino todo lo contrario en el caso de que los cambios que se propongan sean encauzados por los procedimientos constitucionalmente previstos. Una constitución no es una finalidad en sí misma sino el principal instrumento normativo del que se dota una sociedad para convivir de acuerdo con los valores de libertad e igualdad. Si el instrumento ya no sirve para alcanzar este objetivo, oponerse a su reforma es traicionar a esta sociedad pero no a la constitución.
A fuego lento. Sin prisa, pero sin pausa, el Congreso de los Diputados se prepara para comenzar los trabajos que en el futuro puedan alumbrar una reforma de la Constitución. Después de que el Rey defendiera en su última ronda de consultas la necesidad de no tener miedo y desdramatizar la renovación de la Carta Magna, parece haber cobrado fuerza entre los partidos la idea de que antes o después deberá acometerse.
CONSTITUCIÓN E HISTORIA
Desde la transición a la crisis actual
El desafío independentista del Gobierno catalán, los recortes sociales como respuesta a la peor crisis económica que ha sufrido España en la reciente etapa democrática y las tramas de corrupción que han salpicado a casi todas las instituciones en los últimos años han desencadenado un intenso debate sobre la conveniencia o no de cambiar la Constitución para combatir estos problemas.
El problema es que, enredados en las disputas, los gestores de la cosa pública se muestran incapaces de diseñar un nuevo proyecto de país o entusiasmar en su consolidación, salvo que su plan se sostenga en una trasnochada ensoñación independentista o en una cruzada contra ella. El problema, en fin, no es el artículo 155, sino que se haya tenido que recurrir a su aplicación. Porque es la acción (o inacción) política —y no una Constitución que inscribió en letras de oro las aspiraciones democráticas de este país— la que genera la desafección, la desconfianza hacia la política y las tensiones que han derivado en una grave crisis institucional como la catalana.
La reforma del texto constitucional no es, sin embargo, la solución a todos los problemas
Es un clamor que el Título VIII de la Constitución sobre la organización territorial necesita una actualización
Frente al consenso, en España se ha asentado el disenso, la incapacidad para negociar siquiera la puesta a punto de una buena Constitución que está plenamente alineada con sus homólogas europeas.
En un panorama de mayor fragmentación política esa tarea se vislumbra difícil, pero no imposible. Al fin y al cabo, la ausencia de mayorías absolutas obliga a desarrollar una mayor cintura negociadora.
Un poco de historia: La transición:
La Transición acabó hace tiempo, pero el debate sobre su legado está más vivo que nunca, entre quienes le atribuyen los actuales males del sistema y quienes la defienden como un proceso modélico que garantizó el paso pacífico de la dictadura a la democracia
En lo político: con la restauración de la Monarquía y la Transición
En lo económico: con los Pactos de la Moncloa (1977) y la reconversión industrial (1982-1986)
El modelo que se impone se base en:
Constitución de 1978: intocable
Alternancia de los partidos dinásticos
Cooptación de las élites de los agentes sociales en redes de privilegio
Pactos secretos con las élites nacionalistas
La crisis actual española refleja:
Desconfianza en la “clase política” (“No nos representan”, DRY)
Malestar social por los “recortes” (activa a la clase media y a los jóvenes)
Cuestionamiento de los pactos de la Transición (autonómico)
Factores determinantes en su evolución:
Situación económica a escala nacional e internacional: Crisis
Evolución de la cuestión catalana
¿Y de la llamada crisis moral?
Éstos son los pilares que están en crisis:
El modelo de acumulación especulativo y parasitario
Futuros posibles:
Continuismo (involucionista y autoritario)
Dialéctica revolución/contrarrevolución
REFORMA CONSTITUCIÓN:
La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de una Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional.
En realidad, PSOE y PP huyen de una reforma agravada de la Carta Magna como del agua caliente. Demasiados problemas
En España se reconocen dos formas: un procedimiento ordinario, que es el que debería aplicarse en el caso actual, y otro agravado (este último para diversos artículos de mayor relevancia constitucional, como la sucesión de la Corona).
Existe un axioma en el constitucionalismo mundial, y que consiste en que las constituciones que duran son aquellas que se reforman.
Una constitución que con el paso del tiempo no se reforma es claro que no obliga más que teóricamente y, por tanto, sólo puede significar que no sirve para nada y que el proceso político se desarrolla fuera de ella. Por el contrario, las constituciones que perduran, vinculando a gobernantes y a gobernados son las que se reforman, las que adaptan al paso del tiempo y a las necesidades de la sociedad. Entre las constituciones vigentes hoy en países democráticos, las dos más antiguas son la de EEUU de 1787 y la de Noruega de 1814. Si ambas han logrado superar los doscientos años de vida y siguen siendo vinculantes, se debe a que han sido reformadas en numerosas ocasiones.
Otras más jóvenes, pero con una antigüedad de 50 o más años, también han perdurado porque
se han llevado a cabo numerosas reformas.
En lo que se refiere a nuestra Constitución, la situación es enormemente curiosa. Se ha reformado,
podríamos decir que oficialmente sólo en dos ocasiones: la primera, obligada por la firma
del Tratado de Maastricht, que forzó a modificar levemente el artículo 13, a fin de que pudiesen
votar y ser elegidos en las elecciones municipales los residentes comunitarios en España. Y la
segunda, en agosto de 2011, para introducir en el artículo 135 la necesidad de contener el déficit, siguiendo los consejos de las instituciones europeas. En ambos casos la iniciativa de la reforma
vino de fuera, por lo que cabe sostener que una reforma constitucional verdaderamente autóctona no se ha producido todavía de forma regular. Y digo regular, porque sí ha habido varias reformas
de la Constitución por unas vías completamente anómalas, debiéndose hablar mejor de una mutación que de una reforma. En efecto, una reforma consiste en la modificación de la Constitución, según los procedimientos reglados en ella, y es una mutación, cuando se trastoca su contenido sin usar tales procedimientos. Sea lo que sea, el hecho es que se ha retorcido el sentido original de nuestra Constitución y ya no es la misma que los españoles aprobaron en un día como hoy hace 34 años.
Entre esas reformas heterodoxas o mutaciones, que han cambiado el sentido originario de nuestra Carta Magna, aunque hay varias más, sobresalen especialmente dos. La primera es la de 1984, cuando se cambió el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como se recordará, en lugar del sistema que establecía el artículo 122 para elegir a 12 de los miembros del CGPJ en representación de los jueces y magistrados, los cuales tenían que ser elegidos por ellos, se dispuso que los 20 miembros que lo componen fuesen elegidos por las Cortes. Esta modificación no era baladí, porque las consecuencias fueron enormemente graves. De nada sirvió que se recurriese por inconstitucionalidad manifiesta ese cambio ante el Tribunal Constitucional. Pues éste, en una sentencia pastelera, dijo que ambos sistemas eran constitucionales, aunque el mejor era el primero, el original. Parecía que por fin se iba a dar marcha atrás en esta cuestión, con la victoria del
PP. Sin embargo, el actual ministro de Justicia, empeñado en pasar a la historia como uno de los
más controvertidos de la democracia, no ha tramitado todavía, como prometió hace un año, la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para restablecer la plena constitucionalidad de la
La segunda mutación que ha sufrido la Constitución es la del Título VIII, que regula la organización
territorial del poder. Hasta 2004 el Estado de las Autonomías funcionó de forma aceptable.
Aznar, aun con concesiones a Cataluña, trató de equilibrar, desde el punto de vista competencial,
a las diferentes comunidades autónomas, pero a pesar de sus buenos deseos, como reconoce en
sus memorias, no cerró de forma definitiva el diseño del Estado autonómico. Este fallo lo aprovecharían tanto los nacionalistas vascos (sin éxito alguno), como los nacionalistas catalanes (con
demasiado éxito inicialmente). La puerta que conducía al Estado de las Anomalías quedaba abierta y en poco tiempo se iba a entrar en trompa.
Ya he dicho otras veces que el gran defecto de nuestro modelo de Estado es culpa tanto de la
Constitución, en su desastroso Título VIII, como de la Ley Electoral. Por una parte, la Constitución
reconoce como la base de la descentralización de nuestro Estado el llamado principio dispositivo,
que consiste en que las diferentes regiones podían, si así lo querían, acceder, en primer lugar, a
la autonomía. Y, en segundo lugar, podían, una vez que hubiesen accedido a ella, y en los casos
normales después de cinco años, asumir todas las competencias posibles, incluso aunque fuesen
competencias exclusivas del Estado, según lo señalado en los artículos 148, 149 y 150. Esta
posibilidad de ir aumentando sus competencias, en detrimento de las del Estado, no tenía por qué
significar un adelgazamiento excesivo de la supremacía del Estado central, sobre las comunidades
autónomas. Pero lo que sucedió fue precisamente lo contrario, gracias a la Ley Electoral,
que permite que los partidos nacionalistas estén representados de forma abusiva en el Congreso
de los Diputados, en lugar de estarlo sólo en el Senado que es la Cámara que se creó, aunque no
sea así, para que estuviesen presentes las diferentes comunidades autónomas, incluso a través
de partidos nacionalistas. Sea como fuere, la combinación de ambas circunstancias, el principio
dispositivo y la presencia de partidos nacionalistas en el Congreso ha convertido el Estado
de las Autonomías en un caballo desbocado. UN PRIMER intento de apropiación de las
competencias que el Estado no puede ceder para seguir siendo Estado fue el llamado Plan Ibarretxe
que pretendía que se aprobase un Estatuto que convertía de hecho a la Comunidad Autónoma
vasca en otro Estado. Afortunadamente naufragó en su presentación ante el Congreso de
los Diputados. Sin embargo, vino otro segundo intento, alentado de forma suicida por Zapatero,
que triunfó a medias, puesto que el Estatuto que aprobó el Parlamento catalán, como si fuese un
Parlamento constituyente, fue rebajado en alguna medida por el Congreso y más tarde por el
Tribunal Constitucional, que no tuvo arrestos para declarar el Estatuto inconstitucional en su conjunto
y no sólo en parte como hicieron. Con el Estatuto catalán recortado, con los Estatutos de
otras comunidades autónomas que le siguieron y copiaron, el Estado de las Autonomías se ha
convertido en un Estado que pone al descubierto, en una situación de crisis económica de enorme gravedad, sus tres mayores defectos que le convierten en inviable. En primer lugar, es un
Estado disfuncional por la complejidad asimétrica de las diversas comunidades autónomas. De Gaulle decía que gobernar un país como Francia, con más de 300 variedades de queso, era muy difícil.
En España tenemos la misma variedad de quesos y encima 17 legislaciones diferentes, que rompen la unidad del mercado y lo complican todo, por lo que el Estado de Autonomías no es que sea difícil de gobernar, es que resulta imposible. En segundo lugar, es un Estado elefantiásico con cientos de organismos y cargos políticos, que cuestan una fortuna y favorecen la corrupción porque no existe un control único y nacional.
Y, por último, es desigualitario, porque establece diferencias entre los españoles.
La consecuencia es que no podemos seguir así y es urgente modificar la Constitución, mediante
una reforma constitucional y no mediante la mutación que nos conduce a situaciones como la
de Cataluña, donde ya no rige la Constitución.
Por eso, cuando se afirma con frecuencia que nuestro Estado está más descentralizado que uno federal, se está confesando sin querer, que tenemos un Estado aberrante, porque el máximo de descentralización para que un Estado funcione es el que ofrece el federalismo clásico.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional. EL MUNDO 8/12/2012
Reforma reforma constitucional del artículo 135,
hecha en 2011 por el bipartito,
En menos de un mes y sin referéndum. PSOE y PP pactan el primer cambio de la norma fundamental en 30 años. 24-08-2011
La medida anunciada por Zapatero contará con el apoyo del Partido Popular, algo imprescindible para sacarla adelante, dado que cualquier modificación de la Constitución Española requiere el respaldo de tres quintos del Congreso y del Senado.
Entre PP y PSOE sumarían 321 escaños en el Congreso (169 de los socialistas y 152 del grupo popular) de los 350 existentes, porcentaje aún mayor en el Senado, donde estos grupos suman 226 de los 264 que componen la Cámara Alta.Tras la votación, se procedería a la disolución de las Cortes. Como ha explicado el presidente de la Cámara, José Bono, el trámite es viable porque "medido milimétricamente hay tiempo para reformar la Constitución antes de la disolución de las Cortes", si bien debería emprenderse "a más tardar este viernes",
Según fuentes del Gobierno, al tratarse de una modificación parcial, se aprobaría como Proposición de Ley, lo que permitiría eliminar los trámites de ponencia y comisión en las dos cámaras. De este modo, sólo sería necesario realizar las votaciones en el pleno, y se aglutinaría en una única sesión la toma en consideración y la aprobación inicial en el Congreso, informa Servimedia. En consecuencia, el trámite puede suponer apenas dos semanas desde la calificación de la proposición de ley por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados. Siempre y cuando no hubiera que convocar referéndum.
La Constitución sólo prevé la celebración de referéndum en este tipo de reforma en el caso de que lo soliciten, en los 15 días posteriores a su aprobación, un 10% de los miembros de cualquiera de las cámaras, lo que no parece probable. De tener que realizarlo, sería del todo imposible que la reforma estuviera concluida antes de finalizar la legislatura.
La única reforma, en 1992
La primera y única reforma constitucional realizada hasta el momento se produjo en el año 1992, y consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, recogido por el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastrich.
En aquel caso, se siguió el procedimiento de reforma parcial, establecido en el artículo 167, el mismo que regiría la modificación constitucional que plantea ahora Zapatero.
ELPAIS.COM, 24-08-2011
La reforma de la Constitución, aunque el reformista no es el camino habitual en España, que es el país que más constituciones ha aprobado desde los liberalismos
“La Constitución de 1978 es la única que fue consensuada. Desde 1808 todas habían sido imposiciones del partido en el poder, liberales o conservadores. Esto es a la vez la virtud y el inconveniente: cualquier reforma que se haga de la Constitución de 1978 tiene que ser consensuada”,
El jurista Santiago Muñoz Machado, miembro de la RAE y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ganó el Premio Nacional de Ensayo con un libro de título sobrio —Informe sobre España— y subtítulo espinoso:Repensar el Estado o destruirlo. Allí escribe párrafos como este:
“Cuando las Constituciones han durado más, como ocurrió con la de 1876, o está pasando con la de 1978 en la actualidad, ha sido porque la clase política y las élites sociales han conseguido trenzar sus intereses de modo que las ventajas de la estabilidad y el parasitismo sobre las instituciones públicas se reparta de un modo equilibrado entre ellos o, en su caso, procurando una razonable rotación en el disfrute de prebendas. Si la situación aprovecha a los principales actores políticos y sociales, existirán menos razones para cambiarla. El anquilosamiento o la congelación del régimen constitucional no es difícil si la trama se extiende por todo el territorio del Estado, apostando en cada lugar estratégico a un leal cacique local que asegure la aceptación pacífica, o incluso entusiasta, y desde luego participativa, del reparto del poder”.
Cuatro décadas después, a ese congelado institucional parece llegarle el tiempo del deshielo. El bipartidismo lleva tiempo amenazado desde la derecha, la izquierda y el centro —y “desde el centro-centro”, según algunas—. Mientras, la crisis económica y la desigualdad han hecho que ya sea historia el bienestar que, según Muñoz Machado, “camufló” la inadecuación del apartado del Estado para la correcta administración de los intereses públicos. La corrupción políticas, la reclamaciones nacionalistas, el endeudamiento público, la intervención económica extranjera, el desánimo popular... plantea las preguntas.
Vivimos en una época de cambio, no en un cambio de época. “La gente”, se ha cansado del conformismo de los dos partidos preponderantes, de su tendencia a no pensar en proyectos, sino en ocupar un puesto y dedicarse a sobrevivir. Eso ha llevado a la gente a indignarse. Los eslóganes del 15-M —“No nos representan”, “Democracia real ya”— han llegado al debate. En la democracia la soberanía popular se ejerce a través de un sistema de contrapesos y controles, de separación de poderes y vigilancias administrativas e informativas. Cuando en nombre de la seguridad recortan las libertades y se infaman con la tortura; cuando la desigualdad extremada hace imposible el ejercicio de la ciudadanía y la riqueza despótica compra las elecciones y corrompe la Administración y la política; y cuando el origen y el dinero determinan de manera absoluta la calidad de la educación o la salud cerrando a la mayoría la perspectiva del progreso y, por tanto, cualquier esperanza efectiva de igualdad, las preguntas aparecen.
¿Rotura, desgaste, envejecimiento, fin de era, cambio de ciclo? ¿Reformar o romper?
REFORMAS (PENDIENTES)
¿El fin de la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona (artículo 57.1), la inclusión de España en la integración europea (redacción de un nuevo título VII bis), la reforma del Senado (artículo 69) y la introducción de los nombres de las comunidades autónomas en la Carta Magna /artículos 137, 143 y Título Preliminar)?
PSOE propuso cuando llegó al poder en 2004:
- reformar el Senado, y profundizar en el carácter de cámara territorial del Senado
- nombrar a las comunidades autónomas e incluir en la Carta Magna la denominación de las 17 Comunidades Autónomas.
- y añadir una referencia a la Constitución europea
IU plantea:
"Hay que ir hacia un proceso constituyente en el que se abra un debate profundo sobre la reforma constitucional, abrir un proceso mucho más amplio en el que toda la sociedad y sus diferentes actores aporten y reflexionen, pero no solo sobre un nuevo texto, sino sobre un nuevo modelo de país que recoja la transformación social, política y económica que se ha producido en nuestro país"
Ciudadanos acordaron en su pacto de investidura al gobierno Rajoy del PP que avanzarían en acuerdos en materia de reforma constitucional, y que se cuenta con que los socialistas participarán también en la mesa de trabajo. Ciudadanos aseguran que «la reforma constitucional tiene que ser el colofón de una época de reformas», ya que por el camino se abordarán otros cambios legislativos que podrían requerir modificaciones constitucionales, por lo que sería más óptimo que la posible reforma contenga no solo los aspectos propios de la misma sino aquellos derivados de otras modificaciones normativas. «Lo mejor sería no empezar por la reforma constitucional»
PP señala en su gobierno de 2016:
Los límites que consideran infranqueables de cara a la negociación: la soberanía nacional, la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Y la reforma tendrá que contar obligatoriamente con un consenso parlamentario igual o superior al que impulso la Constitución de 1978.
¿REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA ?
La regeneración pasa sobre todo por introducir mecanismos de participación directa de la ciudadanía en la política.
LA DIFIFCULTAD DEL SISTEMA ELECTORAL
. Nuestro sistema electoral logra un difícil equilibrio entre la proporcionalidad en la distribución territorial de escaños a elegir en las diferentes provincias y la distribución proporcional de escaños entre candidaturas en función de resultados. Por eso, no parece sensato modificar el sistema electoral para buscar una mayor proporcionalidad y garantizar mejores resultados a partidos que se sienten infrarrepresentados o penalizados
Sobre la pretendida reforma del régimen electoral, se pueden introducir correcciones por la vía de modificaciones puntuales de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, sin necesidad de reformar la Constitución. Merecen mejoras, por ejemplo, algunas disfunciones de voto de los españoles en el exterior o facilitar el ejercicio del voto por parte de personas con discapacidad. Sin embargo, la modificación en profundidad del sistema electoral a través de una reforma constitucional parece diseñada según el exclusivo interés del partido que la propone.
Ocurre con las iniciativas de modificación de la circunscripción electoral o la reducción del número mínimo de diputados asignados a cada provincia, que carecen de consenso
Mecanismos de participación directa
Cambiar dos artículos de la Constitución para eliminar los aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno.
El sistema electoral que rige las votaciones tiene algunas claves que se explican a continuación.
Ley D'hondt, número de escaños, circunscripciones... Aunque se crea lo contrario, el voto no vale igual en todas las circunscripciones.Elegimos a 350 diputados que representan a 52 circunscripciónes, y el reparto de los parlamentarios se hace según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.Nuestro país usa la ley D'hondt para calcular los escaños que corresponden a cada partidoEste sistema es poco beneficioso para partidos como IU o UPyD, como confirman los expertos.
El voto de los electores que acudan este domingo a las urnas no vale lo mismo en todas las circunscripciones y su traducción en escaños depende de varios factores.
¿A cuántos diputados elegimos?
El Congreso se compone de 350 diputados que representan a 52 circunscripciones. El reparto de diputados por circunscripción se hace según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Según esta norma, Ceuta y Melilla disponen de un diputado cada una, mientras que el resto de circunscripciones (provincias) tienen asignados dos diputados como mínimo y el resto se reparten según la población empadronada.
Esto hace que Madrid y Barcelona sean las circunscripciones con más diputados, 36 y 31, respectivamente, y Soria la provincia con menos, los dos mínimos.
¿Cuál es el sistema de elección en los comicios generales en España?
En España se utiliza la llamada ley D'hondt, que es un sistema de cálculo proporcional creado a finales del siglo XIX por el jurista belga Victor D'Hondt.
Además de España, lo utilizan muchos otros países como Argentina, Francia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Israel o Japón.
¿En qué consiste el sistema D'hondt y cómo se aplica en España?según sus votos. Para empezar, en cada circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el 3 % de los votos válidos emitidos.
Con el resto de las candidaturas, se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos. Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etc., hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción.
Un ejemplo Imaginemos que en una provincia se reparten cinco diputados y hay tres partidos que han conseguido más del 3% de los votos válidos emitidos
Hay que dividir el número de votos que ha obtenido cada partido por 1, 2, 3, 4 y 5. Tendríamos así quince cocientes, y de todos ellos los que obtienen escaño son los cinco cocientes más altos.
Partido A: 80.000 VOTOS
Partido B: 65.000 VOTOS
Partido C: 23.000 VOTOS
PARTIDO VOTOS/1 VOTOS/2 VOTOS/3 VOTOS/4 VOTOS/5
A 80.000(1) 40.000(3) 26.666(5) 20.000 16.000
B 65.000(2) 32.500(4) 21.666 16.250 13.000
C 23.000 11.500 7.666 5.750 4.600
Los escaños se asignan por orden, según los cocientes, de mayor a menor, de forma que el primer diputado lo consigue el partido A (80.000), el segundo es para el B (65.000), el tercero vuelve a ser del A (40.000), el cuarto del B (32.500) y el quinto otra vez para el A (26.666). Mientras, el partido C se ha quedado fuera por muy poco.
¿Es justo este sistema? ¿A quién beneficia? Según los expertos consultados, podría mejorarse, porque sin duda los beneficiados son los partidos mayoritarios y los perjudicados, los pequeños.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona Josep María Reniú entiende que este método fuera el elegido en su momento para garantizar gobiernos fuertes en la aún joven democracia española, pero ahora, insiste, no es el adecuado.
Asegura, por ejemplo, que da con facilidad mayorías absolutas y, aunque esto no pase, el partido ganador concentra el poder suficiente para no tener que necesitar mucho a los demás a la hora de sacar adelante iniciativas en el Congreso.
La profesora de Derecho Constitucional de la UNED María Acracia Núñez admite que el sistema no es perfecto pero es "menos malo" que otros como el proporcional directo, que se usa en Reino Unido, en el que sólo obtiene representación el que más votos tiene en cada circunscripción.
Reconoce, no obstante, que los grandes son los mejor parados de este sistema
Tampoco les benefician los votos en blanco, porque son considerados válidos para hallar el porcentaje mínimo del 3% y eso hace que después sean necesarios muchos más votos para cada escaño.
Mientras, otros partidos que concentran sus votos en pocas circunscripciones consiguen más representación pese a tener menos votos en el conjunto del país.
INICIATIVA POPULAR?
“En la Transición había miedo a la democracia participativa. Los constituyentes se justificaban en que había demasiados partidos y lo que se pretendía era un sistema de partidos estable. Se quería evitar una situación similar a la de Italia, donde el Partido Radical aprovechaba los referéndum para mover al pueblo”. Pero aunque considera que el artículo 87 de la Constitución es uno de los muchos
que deberían reformarse, también advertir del error que supone victimizar exclusivamente la desventaja de la que parte la iniciativa popular: “El reglamento del Congreso da preferencia a los proyectos de ley del Gobierno y no a todas las demás proposiciones de ley. El Gobierno siempre tiene la posibilidad de no tomarlas en consideración”.
Por tanto, no parece que el mayor escollo para que una Iniciativa legislativa popular vea la luz en España sea el elevado número de firmas necesarias -500.000 ya que, de superar ese umbral, las posibilidades de éxito siguen siendo prácticamente nulas. Y a la vista del gran número de iniciativas presentadas, la estricta lista de materias excluidas -encabezada por las reservadas a Ley Orgánica- tampoco supone un desincentivo para que los ciudadanos recurran a este canal de reivindicación legislativa.
Pero también hay que tener en cuenta que el objetivo de estas iniciativas es conseguir la satisfacción de las necesidades ciudadanas por medio del desarrollo de legislación, tarea principalmente reservada al poder legislativo como representante de esa voluntad. Por eso, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, prevé un escenario de concurrencia entre la iniciativa legislativa política y la ciudadana. Una iniciativa puede ser inadmitida por considerarse que ya existe en las Cortes un proyecto o proposición de Ley que versa sobre el mismo objeto.
El respaldo que otorgan más de 500.000 firmas puede suponer un toque de atención a la clase política para que decida llevar a cabo su propia iniciativa haciendo innecesaria la popular
Derechos sociales/individuales/empresariales
¿Es lógico que en una situación así prolifere la corrupción, que no es sólo económica sino también política y moral?
Sufre el Estado de derecho, con grave merma de la seguridad jurídica, que es su principal sustento. Como democracia y gobierno de las leyes son realidades conceptualmente inseparables, cuando enferman lo hacen conjuntamente, que es lo que hoy nos sucede.
LAICO O ACONFESIONAL
El PSOE aprobó en su Conferencia Política de 2013 eliminar la referencia a la Iglesia católica en la Constitución, pero Pradas sostiene que ese será un aspecto abierto al debate.
MONARQUÍA.JEFATURA DEL ESTADO
Discutible, no irrenunciable
Ni el PSOE ni el PP plantean cambiar el artículo 1.3 que establece que la forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria. IU sí defiende la República. “Pero indican que es un elemento secundario para nosotros”
La reforma de la sucesión al Trono, pendiente
La última vez que se habló de reformar la Constitución fue en la primera Legislatura de Zapatero, con motivo del nacimiento de la primogénita de los Príncipes de Asturias, Leonor. Entonces, el Ejecutivo tenía prevista una modificación constitucional, con objeto de reformar el artículo referido a la sucesión al Trono que antepone al varón a la hora de reinar. En ese caso, al modificarse el Título II, la convocatoria de referéndum es obligada.
"La sucesión en el Trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos".
Todos los partidos están de acuerdo con eliminar la discriminación a la mujer en el acceso a la Corona
EL PROBLEMA DE LA POLITIZACIÓN Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL POLÍTICO
¿Por qué nuestra democracia amenaza con convertirse en una partitocracia? ¿Falta de consenso?
¿La gestación del bipartidismo?
La partitocracia como factor de abuso y poder en las instituciones merece una profunda revisión, sin sustituir la solidez alcanzada con la democracia representativa por la «democracia directa»
es un partido político español que en el espectro político se sitúa en el centroizquierda,Fue fundado en 1879 por Pablo Iglesias, y durante cien años se definió como un partido de clase obrera, socialistamarxista hasta que en 1979, en el 28.º Congreso del partido, aceptó la economía de mercado, renunciando a toda relación con el marxismo.
El Partido Popular (PP)
es un partido político conservador español situado en el centro derecha o la derecha política. Fue fundado en 1989, cuando adoptó su denominación actual, que sustituyó a la de Alianza Popular.Definido en sus estatutos como de «centro reformista» e inspirado en los valores del humanismo cristiano
Los partidos políticos de reciente creación son pequeños y acaban de empezar
Podemos ha conseguido algo inédito al abrir brecha en el cartel político español y romper el predominio de los dos grandes partidos. Tras su abrupta emergencia en las elecciones europeas llegó Ciudadanos y ambos partidos son, desde coordenadas distintas, los que capitalizan el descontento con nuestra tradicional oferta política.
Podemos es un movimiento ciudadano que quiere presentarse y convertirse en partido político con una ideología de izquierda. Funciona en círculos. La estrategia de Podemos basada en la agregación de electores de distintas ideologías con un discurso transversal en busca del voto emocional parece funcionar con éxito- Nace del desencanto de cientos de miles de españoles frente a la respuesta política, económica y social del establishment y los viejos partidos ante la crisis global que comenzó en 2007. Una fuerza que creció rápidamente de la mano de unos líderes políticos de marcado acento populista, que aprovecharon el desconcierto inicial de las fuerzas tradicionales para captar varios millones de votos con unas propuestas radicales que muy pronto calaron en el clima de desesperanza de una España en crisis
Ha logrado un crecimiento inédito en la democracia española sigue rentabilizando el enfado ciudadano. Cuando el 15 de mayo de 2011, las calles y plazas se llenaron de indignados, muchos fueron los que les reclamaron que además de protestar, pusieran sobre la mesa propuestas. Pero ese movimiento de indignación no llegó a materializarse en una oferta electoral y, a pesar de gozar de amplias simpatías entre la ciudadanía, la indignación no acabó de entrar en las urnas. Unos años más tarde, Podemos está tratando de capitalizar los sentimientos y anhelos que el 15-M representó.
En 2014 recoge una mayoría en la intención de voto de la ciudadanía, por encima de los dos partidos dinásticos- La formación, fundada en enero, se beneficia de la falta de credibilidad del resto de partidos políticos
PODEMOS. Marcha Madrid. 31 enero 2015. Alejandro Ruesga
El 20-D de 2015 Podemos se afianza desde esta noche como tercera fuerza política. La formación emergente y sus alianzas en Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana lograron 69 escaños en el Congreso, confirmaron la remontada, aunque quedaron lejos de disputar la segunda posición al PSOE, uno de los objetivos de Pablo Iglesias. El líder partido, que se fundó en enero de 2014 para romper el bipartidismo, evitó hablar de pactos pero prometió “tender la mano” a cambio de reformas.
Con las elecciones municipales de 2015 los líderes de Podemos supieron aliarse con candidaturas de éxito en algunas de las principales capitales españolas. Ello les llevó a firmar acuerdos con otras fuerzas populistas en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Galicia, que les aportaron muy buenos resultados en las elecciones generales de diciembre de 2015 y, en menor medida, en junio de 2016.
Sin embargo, esas coaliciones parece que se están agrietando ahora . En primer lugar, la promesa incumplida de Iglesias a sus socios de que tendrían grupo parlamentario propio en el Congreso fue el inicio de un desencanto que se ha acrecentado ahora con motivo de los comicios de Galicia y el País Vasco.
Además, sus principales figuras políticas municipales (Manuela Carmena en Madrid y Ada Colau en Barcelona) se han desmarcado de forma ostentosa del aparato oficial de Podemos cuando éste ha querido sacar partido de un éxito que no le corresponde. Eso sin contar el fracaso de la coalición con Izquierda Unida que les ha llevado a perder casi un millón de votos en las pasadas elecciones.
Podemos tiene ante sí un serio problema de crecimiento y de identidad. Han perdido la inercia positiva que lograron al asumir los ideales del 15M y su estructura interna es cada vez más autoritaria frente a sus aliados territoriales
¿2016...?
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) o simplemente Ciudadanos, cuyo presidente es Albert Rivera. Fundado en 2006 en Barcelona, siendo su germen la plataforma cívica Ciutadans de Catalunya, con los años se ha extendido a toda España, alcanzando representación en diversos órganos legislativos de comunidades autónomas, en el Parlamento Europeo y en algunos municipios del país. Se autodefine como un partido constitucionalista, postnacionalista y progresista.
Su ideario de mínimos se articula en los siguientes ejes:
-Defensa de la Constitución española de 1978, buscando cerrar el modelo autonómico y de competencias transferidas
-La convivencia interterritorial y la equidad de derechos y deberes entre todas las regiones españolas, y, sobre todo, entre todos los españoles.
-El Estado debe promover la igualdad de oportunidades de forma que ni el origen étnico, ni el idioma, ni el sexo, ni la posición económica de la familia, determine privilegios.
-Neutralidad de la Administración pública tanto en aspectos religiosos como identitarios, y defensa de los valores democráticos e ilustrados. Los sentimientos y las identidades (nacionales, regionales, religiosas, etc.) son respetables en tanto que actividades privadas, pero no se puede permitir que se impongan por delante de los derechos públicos de los individuos
En el año 2016 ha cobrado protagonismos en las elecciones celebradas. Y aunquese constituye como 4 fuerzas del estado, sus pactos intentan convertirse en un partido bisagra para la gobernabilidad, por los lo que presenta una serie de iniciativas a pactar con los partidos mayoritarios.
En 2015, escribía: "Nosotros defendemos, como ocurre en otros países de Europa, que la socialdemocracia y el liberalismo pueden ser defendidos sin entrar en contradicciones". Pero, en 2017, se le caía de su discurso uno de esos términos y sentenciaba: "Soy liberal, progresista, europeísta y español".
la reforma del Senado para que estén representados los Gobiernos autonómicos y que no sea una Cámara de segunda vuelta sino que pueda tomar decisiones por sí misma; y recoger en una sola disposición adicional de la Constitución todas las singularidades que ya contempla la Ley Fundamental (el concierto fiscal vasco y navarro, la insularidad...) pero “no singularidades nuevas”.
¿PODER JUDICIAL?
. ¿A qué se debe el pésimo funcionamiento de nuestra justicia?
Hoy la Constitución establece que los magistrados del TC son propuestos por el Congreso, el Senado, el Gobierno y el CGPJ. Este sistema garantiza una elección con legitimidad democrática plural, siempre bajo la exigencia de que se trate de juristas de reconocida competencia con amplia experiencia.
Los Tribunales y, en concreto, el Constitucional, no se pueden substraer del debate político y del consiguiente riesgo de su politización;
y la propia naturaleza de las normas constitucionales habilita un amplio margen de interpretación del que se puede servir aquella politización para legitimar cualquier decisión del Gobierno.
Las normas constitucionales tienen que ser amplias por su propia función fundante o constituyente del Estado
El planteamiento de la extrema izquierda es drástico y carente de futuro. Pretende abrir un debate sobre la eliminación del Tribunal Constitucional para entregar sus competencias al Supremo, y cambios drásticos en el procedimiento de elección de sus miembros. Incluso, que haya cargos unipersonales como el de fiscal general o defensor del Pueblo elegidos solo por los ciudadanos. Para la selección de órganos colegiados como el CGPJ, el Tribunal de Cuentas o el TC, se propone un sistema mixto en el que el 30 por ciento sea designado por los ciudadanos, el 40 por elección corporativa y otro 30 por sorteo, eliminando criterios de mérito y capacidad. La propuesta de Ciudadanos de «despolitizar» la elección del Tribunal encomendándola a una comisión de expertos es
discutible en la medida en que revela una preocupante desconfianza hacia la democracia parlamentaria
Para modificar la elección del Consejo General del Poder Judicial y la presidencia del Tribunal Supremo también hay variantes. Del CGPJ depende la selección de magistrados del Supremo, y hoy por hoy los vocales del Consejo son elegidos por reparto de cuotas a instancias de los partidos. Un sistema mixto en el que los jueces eligiesen a una parte de sus representantes supondría recuperar un útil debate del pasado. Pero el temor de los partidos es el corporativismo que impondrían las asociaciones judiciales y la pérdida de un «control» sobre la elección de los cargos judiciales. En cualquier caso, sería modificable a través de una ley orgánica, y no de la Constitución.
El caso del fiscal general del Estado no es muy diferente. Algunas propuestas radican en que no sea nombrado por el Gobierno, sino por las Cortes, de modo que el riesgo de «politización» que se pretende conjurar persistiría en cualquier caso. La sustitución de la perniciosa partitocracia no debe confundirse con una deslegitimación absoluta de nuestro sistema.
-->Gráfico: Composición del TC
ELMUNDO.COM, David Alameda Jueves 20/01/2011
REGIONES/NACIONES/, COMPETENCIAS/MODELO FEDERAL
¿Cambio del Título VIII de la Ley Fundamental para "fijar una lista de las competencias de cada entidad territorial" ?
Los artículos que definen las competencias de cada administración (148, 149 y 150) han provocado en estos años numerosos conflictos ante el Tribunal Constitucional. La Ley de Leyes mantiene abierta esta cuestión a través del artículo 150.2, que permite delegar en las autonomías ciertas facultades de competencia estatal. Todos los partidos son partidarios de acabar con estos conflictos mediante una definición precisa y cerrada de las competencias de cada administración.
El reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español parece un mejor encaje de nuestras mal llamadas naciones sin Estado en la Constitución después de someterla a una profunda reforma. Se trata de una demanda presentada de manera formal en 1998, cuando PNV, CiU y BNG, evocando los pactos de la Triple Alianza de 1923 y el que dio origen a Galeuzca diez años después, firmaron una declaración en Barcelona, recordando que cumplidos 20 años de democracia continuaba sin resolverse “la articulación del Estado español como plurinacional”.
El punto de partida de esta historia no había más que provincias, las establecidas por los liberales en 1833. Décadas después, un grupo de diputados y senadores catalanes plantearon en 1906 al Gobierno de Su Majestad “La cuestión catalana”, que consistía en elevar las cuatro provincias de Cataluña al estatuto de región dotada de un derecho originario a la autonomía. De su reconocimiento por el Estado, esperaban aquellos parlamentarios, el resurgir de las energías dormidas de todas las regiones de España: la causa de Cataluña, escribían, “es la causa de todas las regiones españolas”; la autonomía, también. Hubo que esperar, sin embargo, a la proclamación de la República para que una Constitución española recogiera, por impulso catalán, el derecho de una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, a organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado español. En los años de República en paz solo se constituyó una región autónoma, Cataluña, aunque otras dos, País Vasco y Galicia, plebiscitaron también Estatutos de autonomía antes de que la rebelión militar los arrasara a todos por la fuerza de las armas y del terror. En el exilio abundaron los debates sobre la futura configuración del Estado, ahora como Comunidad Ibérica de Naciones, o como Confederación de Nacionalidades españolas o ibéricas, o como España como nación de naciones, y hasta de España, según la veía Pere Bosch Gimpera, como “una supernacionalidad en la que cabían todas las nacionalidades”.En resumen, se debatieron dos proyectos de futuro: uno, muy arraigado en círculos del exilio catalán, vasco y gallego, dibujaba el mapa a base de cuatro naciones confederadas: Castilla, Cataluña, Galicia y Euskadi, entendiendo que, para equilibrar el peso de las tres últimas con la primera, Cataluña abarcaría el conjunto de países catalanes y Euskadi se extendería por Navarra y tierras limítrofes de Aragón; el otro, de preferente acogida por castellanos, contaba hasta catorce nacionalidades, reproduciendo más o menos el mapa de los estados diseñados en la no nata Constitución federal de la República de 1873.
La Constitución de 1978 en términos calcados de la de 1931: provincias limítrofes con características históricas, económicas y culturales comunes. Cuáles eran nacionalidades y cuáles regiones quedó implícitamente entendido con el reconocimiento del derecho a dotarse de Estatuto por la vía rápida a los territorios que “en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía”, o sea, por este orden: Cataluña, Euskadi y Galicia, aunque Andalucía se subió de un triple salto al mismo carro .
Tras el desarrollo de los Estatutos, las regiones se sienten satisfechas con el grado de autonomía alcanzado durante esos años, pero las nacionalidades, precisamente porque las regiones disfrutaban ya del nivel máximo de competencias, se encontraban ante la terrible amenaza de la “uniformización”. Las regiones procedieron a redefinirse en los estatutos de nueva planta aprobados entre 2006 y 2010. Los Gobiernos de las comunidades autónomas dedicaron parte notable de sus recursos, primero, a recuperar “señas de identidad” para, olvidándose de la lealtad o solidaridad federal, embarcarse en la construcción de identidades diferenciadas, remontando la diferencia a una forja de los antepasad. De entidad regional, Cantabria pasó a identificarse como comunidad histórica, denominación adoptada también por Asturias. Aragón se definió como nacionalidad histórica en 2007, lo mismo que el pueblo valenciano, que al constituirse en Comunidad autónoma lo hacía como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica. De manera, que mientras las nacionalidades se convertían en naciones, o en realidades nacionales, las regiones, salvo Castilla-La Mancha y Murcia, se identificaron, por las razones históricas poéticamente inventadas en los preámbulos de sus nuevos estatutos, en comunidades históricas, en nacionalidades históricas, o simplemente, en nacionalidades.
Así con la diferencia colectiva han convertido cada nación o nacionalidad en sujeto de derechos históricos, comenzando por el derecho a decidir, en el que tomaron la delantera los vascos, siguieron los catalanes y ahora, como parte de un “momento destituyente” reivindica la CUP y otros populismos
El debate quedas pendiente partiendo que las comunidades autónomas, sean naciones, nacionalidades o, todavía, regiones, son poderes del Estado y que, como tales, tienen su palabra que decir en todo lo que se refiera a una reforma constitucional
PARA SABER MÁS,VER:
SANTOS JULIÁ: Apenas quedan ya regiones en España, elpais.es, 6-11-2017 (Adaptación)
En la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico del Congreso de los Diputados, reunida en 2018. Señala Herrero de Miñón, ha admitido que el Título VIII, que hace referencia a la organización territorial del Estado, ha tenido un balance positivo, aunque tiene “un defecto fundamental” desde su punto de vista: “No establece un sistema, sino normas procesuales para llegar a un sistema”, lo cual deja un vacío con normas “que en gran parte están obsoletas”. Ese modelo, ha referido, plantea “problemas en tres escalones de la Administración”, en los municipios, las provincias y las comunides. Para resolverlos, apuntó, “la vía más clara es la reforma constitucional”. Pero esta reforma, “si procede en su día”, enfatizó, tiene que ser “muy estudiada y muy pactada”. Con todo, apuntó que “hay alternativas” más allá de la reforma, como la mutación constitucional, que consiste en mantener los textos cambiando el sentido.
ECONOMÍA/ ESTADO DEL BIENESTAR
El blindaje de los servicios sociales
La Constitución de 1978 ha servido al proyecto de modernización de España, incorporándola al mundo democrático, dotándola de un esquema autonómico y activando las virtualidades de la economía social de mercado. La reforma que ahora debe diseñarse adquiere su pleno sentido en la necesidad de afrontar una nueva fase de actualización.
La Constitución de 1978 es del tipo abierta, es decir que, por ejemplo, en el tema económico permite tanto la economía de mercado como la planificación (artículo 38) sin indicar si ésta puede ser vinculante o indicativa. El desarrollo de los tratados internacionales ha sesgado totalmente lo anterior.
La filosofía progresiva de la fiscalidad, el carácter vinculante de los convenios colectivos, la posibilidad de la iniciativa pública en la economía, etc. son contenidos totalmente olvidados e incumplidos.
PSOE, IU, UPyD y Podemos, en distinto grado cada uno, defienden modificar el capítulo de derechos para proteger el Estado de bienestar en un momento de “desmantelamiento”. Los socialistas quieren incluir entre los derechos fundamentales la sanidad y los servicios sociales, para darles la misma categoría que ahora tiene la educación.
Debemos mirar lejos es en el objetivo de facilitar la mejora de las políticas públicas. No es aceptable que uno de los principales países de la Unión Europea en un mundo globalizado siga siendo farolillo rojo en muchos aspectos esenciales de la vida pública: la calidad educativa, la capacitación profesional, la innovación, la eficacia institucional, la igualdad de oportunidades
Etiquetas: HIS-ESP-XXI-constituciones