Source: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=39&p_numero=185&p_consec=49754
Timestamp: 2018-01-22 18:20:55
Document Index: 361660749

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 312', 'Artículo 2', 'artículo 312', 'Artículo 3', 'artículo 331', 'Artículo 331', 'Artículo 4', 'artículo 347', 'artículo 331', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 312', 'artículo 178', 'artículo 341']

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 185 DE 2017 CÁMARA.
por la cual se modifica la Ley 5ª de 1992 con el objeto de adoptar mecanismos que faciliten el cumplimiento de las funciones asignadas a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto adoptar mecanismos que faciliten el cumplimiento de las funciones de investigación asignadas a la Comisión de Acusaciones por el artículo 312 de la Ley 5ª de 1992.
Artículo 2°. Adiciónese el artículo 312 de la Ley 5ª de 1992, el cual quedará así:
Parágrafo 1°. Créase al interior de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes cinco (5) grupos de investigación que se encargarán de adelantar las investigaciones iniciadas con base en las denuncias y quejas formuladas en contra de los funcionarios con fuero constitucional, así como de elaborar el proyecto de acusación. Tres (3) se encargará de adelantar las investigaciones de tipo penal y dos (2) de las investigaciones por faltas disciplinarias.
Parágrafo 2°. Conformación de los Grupos de Investigación. Cada grupo investigador tendrá un coordinador que será elegido por la plenaria de la Cámara de Representantes para períodos de cuatro (4) años.
Los coordinadores de los grupos de investigación deben ser profesionales del derecho y cumplir los mismos requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A los así designados se les denominará como magistrados investigadores.
De los grupos de investigación harán parte tres (3) Representantes a la Cámara integrantes de la Comisión de Acusación e Investigación, que serán escogidos por sorteo y quienes ejercerán funciones de acompañamiento y control de las actividades adelantadas por el grupo de investigación al que pertenezcan.
Parágrafo 3°. La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación de la presente ley determinará los principios orientadores y las demás funciones de los grupos de investigación, así como la estructura orgánica requerida para el apoyo de las funciones de los Magistrados Investigadores, y los demás asuntos que resulten necesarios para su correcto funcionamiento.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 331 de la Ley 5ª de 1992, el cual quedará así:
Artículo 331. Reparto y ratificación de queja. El Presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, dentro de los dos (2) días siguientes, repartirá la denuncia o queja entre los Magistrados. A quien se le reparta se le denominará magistrado Investigador. Este, dentro de los dos (2) días siguientes, citará al denunciante o quejoso para que se ratifique bajo juramento. Si no se ratificare y no hubiere mérito para investigar oficiosamente, se archivará el asunto y el magistrado investigador informará de ello al Presidente de la Comisión.
En el mismo acto el Presidente de la Comisión designará entre los representantes que integran el grupo investigador al encargado de ejercer las funciones de Fiscal durante la etapa del juicio. A quien se le asigne esa función se le denominará Representante Acusador.
Artículo 4°. Modifíquese el inciso sexto del artículo 347 de la Ley 5ª de 1992, el cual quedará así:
Será acusador el Representante designado por la Comisión de Investigación y Acusación en los términos del artículo 331 de la presente ley.
Artículo 5°. Modifíquense los artículos 332, 333, 334, 340, 341 y 342 de la Ley 5ª de 1992, los cuales quedarán así:
La expresión ¿Representante Investigador¿ o ¿Representante¿ contenida en los artículos 332, 333, 334, 340, 341 y 342 de la Ley 5ª de 1992 se sustituye por la expresión Magistrado Investigador.
Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir del momento de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Los recientes casos de corrupción en los que han resultado vinculados magistrados de las Altas Cortes centraron la atención de los expertos y de la opinión pública sobre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con motivo de la competencia asignada por el artículo 312 de la Ley 5ª de 1992 para adelantar las investigaciones respecto de las denuncias y quejas formuladas contra los magistrados y altos funcionarios del Estado, por lo que la desaprobación a las actividades que realiza la Comisión han surgido de nuevo de todos los sectores de la sociedad que sin mayores discrepancias concluyen que la solución para juzgar de manera pronta y efectiva a los funcionarios con fuero es la eliminación de la Comisión, ante la falta de mayores resultados en las investigaciones a su cargo.
No obstante, frente a los nuevos hechos de corrupción, la Comisión de Acusaciones, por intermedio de los representantes investigadores, asumió con total profesionalismo la investigación iniciada contra los magistrados, decretando con prontitud las pruebas pertinentes y practicando las que permite el normal curso del proceso. Sin embargo, a pesar del compromiso existente la opinión generalizada es que no se espera que las actividades de la Comisión arrojen algún resultado, afirmación que soportan algunos en el hecho de que en 45 años de historia solo dos casos han terminado en acusación, los adelantados contra el general Gustavo Rojas Pinilla y el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt (1954 y 2016)[1][1], así como en el hecho de que la mayoría de los casos han sido archivados, se encuentran sin resolver o han prescrito pese a evidentes faltas disciplinarias o delitos.
En el debate público algunos señalan como el principal factor que obstaculiza el cumplimiento de las actividades de la Comisión el hecho de que esté integrada por dirigentes políticos acostumbrados a redactar leyes y no a realizar investigaciones penales, en otras palabras, la falta de especialidad en materia penal y disciplinaria por parte de quienes realizan las investigaciones.
Pero quienes censuran las actividades de la Comisión han pasado por alto analizar las circunstancias que influyen en los bajos resultados de las investigaciones y que afectarían el correcto funcionamiento de cualquier tribunal u organización, como lo es el hecho de no contar con una estructura organizacional especializada, permanente y suficiente que apoye y garantice el continuo desarrollo de los procesos con el objeto de obtener los resultados esperados por la sociedad. En su lugar, a los investigadores los apoya de manera principal un grupo de profesionales contratados por la modalidad de prestación de servicios que se encargan de asesorarlos y de apoyar el impulso procesal de los expedientes.
Y desde luego que los cambios permanentes que se realizan en el grupo de profesionales contratistas terminan por afectar el desarrollo de los procesos, lo que imposibilita realizar el trabajo en equipo y de establecer sistemas que faciliten la comunicación, coordinación e integración de los esfuerzos y actividades de los intervinientes, así como relaciones formales de subordinación.
Otro factor que menoscaba la credibilidad de la Comisión y el desarrollo de los procesos lo constituye el hecho de que los representantes investigadores no pueden destinar el tiempo suficiente a los casos asignados, porque tienen que cumplir con sus demás actividades legislativas y de control político, además de invitaciones a foros, congresos, entrevistas, reuniones con la comunidad y con sus electores. En cualquier caso también se debe tener en cuenta que un buen número de los casos asignados a la Comisión no han arrojado los resultados esperados por la sociedad porque una vez realizado su estudio y practicadas las pruebas pertinentes las denuncias o quejas han resultado ser infundadas.
Para resumir, se tiene que las mayores dificultades en el desarrollo de las investigaciones se presentan en la fase de investigación a causa de dos factores: 1. La falta de una estructura organizacional especializada y permanente que se encargue de apoyar o de adelantar la investigación, y 2. El tiempo limitado que pueden dedicar los representantes a las investigaciones.
Son diversas las propuestas que coinciden en crear un tribunal de aforados, bien sea por vía de una reforma constitucional, la convocatoria de un referendo o una asamblea constituyente, empero, quienes han propuesto esas iniciativas coinciden en afirmar que hacer una reforma por cualquiera de esos mecanismos será demorada y su aprobación estará condicionada al consenso al que deben llegar los interesados o afectados con las modificaciones a implementar.
Otros especialistas consideran que se pueden implementar modificaciones a la Ley 5ª de 1992, para crear una comisión de aforados que reemplace a la Comisión de Acusaciones, con la condición de que sea conformada por profesionales del derecho que cumplan los mismos requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema y que sean elegidos por mérito.
Cualquiera que sea el mecanismo de reforma definido, el nuevo organismo que se encargue de adelantar las investigaciones en contra de aforados, presentará escasos resultados en la medida en que no se le asignen los recursos humanos y técnicos necesarios para la ejecución de sus actividades.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, con el presente proyecto se propone modificar la Ley 5ª de 1992 con el propósito de adoptar los mecanismos que faciliten el desarrollo de las investigaciones a cargo de la Comisión de Investigación y Acusación, en las condiciones profesionales, técnicas y de organización requeridas para solucionar las deficiencias que en la actualidad las afectan.
Por consiguiente, se propone la creación de cinco grupos de investigación al interior de la Comisión de Acusaciones, que serían liderados por profesionales del derecho que cumplan con los mismos requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y elegidos por la plenaria de la Cámara de Representantes, previo concurso público, para períodos de cuatro (4) años contados a partir de su elección, quienes contarían con el apoyo de un equipo de trabajo conformado por profesionales especializados, asistentes y técnicos.
A los profesionales que lideren los grupos de investigación se propone denominarlos como magistrados investigadores, que se encargarían exclusivamente de realizar las investigaciones asignadas a la Comisión de Acusaciones, mediante la dirección, coordinación y control del desarrollo de los procesos de investigación y la elaboración de los proyectos de acusación
Las magistraturas contarán con sus propios equipos de trabajo, uno conformado por tres (3) Magistrados investigadores que se encargaría de adelantar las investigaciones de tipo penal y el otro por dos (2) Magistrados investigadores que se encargarían de las faltas disciplinarias.
El reparto de la denuncia o la queja lo continuaría realizando el Presidente de la Comisión de Investigación y Acusación mediante sorteo, garantizando el equilibrio en el número de casos asignados a los Magistrados investigación. Al mismo tiempo, y por igual procedimiento, designaría entre los representantes que integran la Comisión al encargado de ejercer las funciones de Acusador durante la etapa del juicio. El representante así designado ejercería durante la etapa de investigación las actividades de acompañamiento y seguimiento de las funciones que realice el Magistrado investigador asignado al caso y, estos a su vez, durante la etapa del juicio, asesorarían al representante acusador.
En la forma propuesta los Magistrados podrían realizar sus actividades con total independencia, pero estarían sujetos a los controles necesarios que garanticen el cabal cumplimiento de sus funciones, y por el hecho de no contar con fuero especial estarían expuestos a las sanciones disciplinarias mediante el procedimiento común aplicable a los funcionarios públicos, así como la posibilidad de ser investigados por la jurisdicción penal ordinaria.
Por lo tanto, con la iniciativa propuesta se adoptarían las herramientas que permitirían lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de investigación asignadas a la Comisión de Investigación y Acusación. Al tiempo que se evita la necesidad de tramitar una reforma constitucional, porque la Comisión continuaría ejerciendo la función acusar ante el Senado de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 178, en el entendido que históricamente los proceso contra los aforados se han truncado en la etapa de investigación y no en la de juzgamiento que se adelanta en el Senado, por consiguiente, si la investigación se adelanta en debida forma mayor será la posibilidad de que se asuma una decisión final en estricto derecho en la Cámara Alta.
Este proyecto de ley pretende solucionar las circunstancias que dificultan el cumplimiento de las funciones de investigación asignadas a la Comisión de Investigación y Acusación, para lo cual mediante la modificación de la Ley 5ª de 1992, se establecería la creación de la Unidad Especial de Investigación que se encargaría de coordinar y realizar con autonomía las investigaciones iniciadas con base en las denuncias o quejas que se formulen contra los funcionarios con fuero constitucional, actividad de investigación que culminaría con la presentación al Presidente de la Comisión de Investigación y Acusación del proyecto de resolución de acusación o de preclusión de la investigación en los términos del artículo 341 de la Ley 5ª de 1992, momento a partir del cual el magistrado investigador asignado al caso asumiría la función de asesorar al Representante designado para ejercer como Acusador durante la etapa del juicio. La reforma así propuesta permitiría que la unidad especializada, liderada por profesionales con amplia experiencia e idoneidad realice en debida forma y dentro de los términos legales las investigaciones, bajo la permanente vigilancia de la misma Comisión de Acusaciones y de los organismos de control.
El día 2 de noviembre del año 2017 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de Ley Orgánica número 185 de 2017 Cámara, con su correspondiente exposición de motivos, por el honorable Representante Édward Rodríguez Rodríguez.
[1][1] Semana, ¿Por qué nadie cree que pase algo en la Comisión de Acusación? 2017-08-17 http://www.semana.com/nacion/articulo/comision-de-acusacion-investigara-a-exmagistrados-leonidas-bustos-y-francisco-ricaurte/536769