Source: https://www.scribd.com/document/269350500/Sentencia-C-712-de-2005
Timestamp: 2019-04-18 11:35:43
Document Index: 140407758

Matched Legal Cases: ['artículo\n32', 'artículo 241', 'artículo 32', 'artículo 32', 'Artículo 32', 'artículo 87', 'Artículo 87', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 87', 'artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 29', 'Artículo 41', 'artículo 273', 'artículo 66', 'artículo 87', 'artículo 32', 'artículo 77', 'artículo 87', 'artículo 2', 'Artículo 30', 'Artículo 24', 'artículo 87', 'artículo 273', 'artículo 87', 'artículo 29', 'artículo 87', 'artículo 241', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 87', 'artículo 45', 'artículo 87', 'artículo 209', 'artículo 32', 'artículo 87', 'artículo 30', 'artículo 24', 'artículo 87', 'artículo 32', 'artículo 87', 'artículo 32', 'artículo 44', 'artículo 21', 'artículo 32', 'artículo 87']

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SENTENCIA SOBRE LA ACCIÓN CONTRACTUAL.
Apelacion Laboral Del Nuevo Codigo - Caballo Cocha
Nulidad de Los Contratos Swap en La Jurisprudencia
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Derecho Civi1
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Sentencia Tc Por Coaccion
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Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo
32 de la Ley 446 de 1998, por la cual “se adoptan como legislación
permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican
algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley
23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.
Actor: Álvaro Benito Escobar Henríquez
Bogotá, D.C., seis (06) de julio de dos mil cinco (2005)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los trámites
establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la
Constitución, el ciudadano Álvaro Benito Escobar Henríquez demandó
el inciso segundo (parcial) del artículo 32 de la Ley 446 de 1998.
Mediante Auto del quince (15) de diciembre de dos mil cuatro (2004),
el Magistrado Sustanciador admitió la demanda.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los
procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a
decidir acerca de la demanda en referencia.
A continuación se transcribe el artículo 32 de la Ley 446 de 1998,
demandado parcialmente en el presente proceso, y se subrayan los
apartes acusados:
Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas
del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de
Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”
Artículo 32. De las controversias contractuales. El artículo 87 del
Código Contencioso Administrativo, quedará así:
“Artículo 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las
partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia
o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o
restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento y que se condene al responsable a
indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión
de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones
de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso,
dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación,
notificación o publicación. La interposición de estas acciones no
interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del
contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos
solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del
El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo
podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El Juez Administrativo
queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente
demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá
hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus
causahabientes.
En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa se aplicará la regulación del
proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código
de Procedimiento Civil.”
“los actos con efectos procesales deben ser públicos tal y como expresa el artículo 29 de la Carta Constitucional para que realmente produzcan efectos”. Para el ciudadano demandante. las normas jurídicas que establecen los términos procesales y también en lo contencioso administrativo para la presentación de demandas. y no a tales terceros. puede computar el vencimiento de términos para incoar sus acciones a partir de situaciones públicas que ofrecen plena seguridad jurídica. que son ocultos a terceros. “de acuerdo con las normas constitucionales. La norma demandada “otorga a la simple celebración o firma de los contratos estatales (acto privado y oculto a los terceros) el efecto jurídico de terminar el plazo para la interposición de demandas de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos precontractuales y cambiar las normas de impugnación judicial de los actos precontractuales de la administración pública a quienes no intervienen en la firma de los mismos” (sic). notificaciones.1. En esa misma medida.3. cual es la simple firma de un contrato. En otras palabras. Precisa a este respecto que los actos jurídicos realizados en forma privada.1. puesto que así lo exige el artículo 29 de la Carta. “solamente son procesalmente oponibles entre las partes que intervienen en ellos”. Ese es el sentido. con base en los cuales. el actor presenta los siguientes argumentos: 1. Los hechos con base en los cuales se cuentan los términos procesales son y deben ser hechos públicos. 1. En sustento de esta afirmación. Explica que “La norma impugnada desconoce la necesidad constitucional de ‘un debido proceso público’ y otorga efectos en derecho a un acto privado de la administración pública y oculto a quienes no participan en él. pues solamente así puede garantizarse la existencia del debido proceso”. afirma el demandante. ejecutorias y otros actos públicos semejantes. de conformidad con el cual las personas tienen derecho a un “debido proceso público”.2. que afecta los derechos procesales de los terceros no intervinientes en tal acto privado”. “un acto privado y oculto a las personas en general y a los terceros interesados. del debido proceso público que protege el artículo 29 Superior: “por que los procesos y . 1. produce el efecto en derecho de cambiar las reglas de presentación de las demandas legalmente admisibles contra los actos precontractuales de las entidades públicas”. el particular afectado o la persona en general. caducidades de las mismas y ejercicio de acciones judiciales contra actos de la administración. El demandante considera que el aparte acusado desconoce el artículo 29 de la Constitución. cuentan dichos términos a partir de publicaciones.
afecta directa e inmediatamente a los referidos terceros. A partir de ese instante. ya que “la norma acusada dispone que desde el instante mismo de la firma del contrato estatal.5. a los terceros interesados en la licitación les está vedado presentar demandas de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos precontractuales. ni los terceros interesados ni los ciudadanos en general se pueden enterar sobre el momento de firma del contrato “que les modifica los términos y condiciones procesales dentro de los cuales pueden impugnarse los actos precontractuales”. independientemente de que puedan los ciudadanos acudir a otra vía judicial para pedir la nulidad del contrato estatal alegando la ilegalidad de sus actos previos. y de publicar la parte resolutiva en un medio idóneo cuando las decisiones afecten directa e inmediatamente a terceros que no hayan intervenido en la actuación. . Sin embargo. es decir. Esta situación “afecta sus posibilidades de impugnación adecuada de los actos precontractuales y es contraria al debido proceso. la obligación de notificarlos a los interesados. 1. “Con ello –expresa el actor-. 1.4. dada la falta de publicidad del acto de firma del contrato. a los ciudadanos en general les está vedado presentar demandas de nulidad contra los actos administrativos precontractuales”. Indica que en relación con los actos de la administración pública. expresa que “lo anterior es cierto. una actuación privada y oculta a terceros. deben ser públicas. los artículos 44 y 46 del Código Contencioso Administrativo establecen el principio de publicidad. Precisa adicionalmente que en virtud de la disposición acusada. es claro que el mencionado Código ha establecido disposiciones que garantizan el respeto del principio de la publicidad en las actuaciones de la administración pública como parte del debido proceso. actuaciones y diligencias ocultas no garantizan ni pueden garantizar la existencia de un debido proceso”. Principio que solicito sea amparado frente a la norma impugnada mediante esta demanda”.todas las fases que en ellos inciden. como es la firma de un contrato. tanto los terceros interesados como los ciudadanos en general quedan obligados a cambiar la forma de presentación de las demandas tendientes a impugnar los actos administrativos previos a la firma del contrato. Finalmente. A partir de ese instante.6. abiertas o conocidas. por que las personas no conocen el momento a partir del cual deja de ser conducente la acción de nulidad del acto administrativo y empieza a ser obligatoria la acción de nulidad del contrato”. que es la columna vertebral del sistema de impugnación de los actos precontractuales”. 1.
que fue objeto de un pronunciamiento previo de esta Corte. sino únicamente frente a los conceptos de impugnación que la misma sentencia estudia y sobre los cuales se pronuncia”. en la sentencia C-1048 de 2001. cargos y conceptos de violación de las normas constitucionales expresamente tratadas en la parte considerativa de la mencionada sentencia. implica que “el pronunciamiento de exequibilidad contenido en la citada sentencia está expresamente referido a los argumentos. que cualquier persona pueda demandar la nulidad de algunos de los actos preparatorios del mismo a través de las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho. El actor cita el siguiente aparte de la sentencia C-1048 de 2001. // Dice que la norma acusada impide a los ciudadanos acceder a una correcta . una vez suscrito el contrato administrativo de que se trate. La parte resolutiva de esta sentencia fue la siguiente: “En los términos de la parte considerativa de la presente decisión. para los cuales el Código Contencioso Administrativo había concedido un término de caducidad de 30 días. declarar EXEQUIBLES las expresiones: ‘Una vez celebrado este’ y ‘solamente’.2. no se ha presentado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto del aparte acusado. contenidas en el segundo inciso del artículo 87 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). El actor también señala las razones por las cuales. este pronunciamiento generó. el hecho de que la Corte hubiese declarado estos apartes exequibles “en los términos de la parte considerativa de la presente decisión”. en ninguno de sus apartes se hace un juicio de constitucionalidad frente a todo el texto de la Carta Política. en la que la Corte resumió los cargos de inconstitucionalidad respecto de los cuales habría de pronunciarse: “Sostiene que las disposiciones demandadas generan inseguridad jurídica. por que la celebración del contrato que ha sido adjudicado hace imposible demandar mediante la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho. en su criterio. modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998”. en la cual. Para el demandante. el demandante intenta demostrar cómo las normas acusadas impiden. no están acordes con el principio de razonabilidad y lesionan las normas constitucionales citadas. de tal modo que la suscripción del contrato se convierte en la mejor vía para sustraer dichos actos del control jurisdiccional del Estado. un efecto de cosa juzgada relativa. // Mediante la exposición de dos ejemplos ilustrativos. los actos administrativos previos a dicha celebración. respecto de los apartes demandados. En otras palabras.
se convierta en la mejor vía para sustraer los actos previos al contrato al control jurisdiccional del Estado. vulnere las previsiones del debido proceso porque la decisión sobre la legalidad de los actos previos pase a depender de la voluntad de quienes tienen a su cargo la suscripción del contrato respectivo. lo cual bien puede ser la pretensión única de la demanda”.administración de justicia. Respecto de este cargo. el fenómeno de cosa juzgada relativa que generó dicha sentencia no cobija el cargo presentado para ser resuelto por la Corte en el presente proceso. de tal modo que para atacarlos se impone necesariamente demandar todo el contrato. rompe con el principio de protección de los derechos de los asociados y vulnera las previsiones del debido proceso. afirma el actor que en la demanda por él presentada no se repite ninguno de los cargos señalados y resueltos en la sentencia C-1048/01. niegue la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan. el cual carece de las condiciones de publicidad exigidas por el artículo 29 de la Carta y por el principio del debido proceso. y no únicamente los actos previos. en el cual efectúa la siguiente apreciación: . y no únicamente los actos previos. no se pronunció la sentencia C-1048 de 2001 citada. rompa el principio de protección de los derechos de los asociados. no alegamos que la norma acusada: haga imposible demandar los actos previos al contrato. a diferencia de lo que ocurre en la demanda que dio origen a la sentencia C-1048/01. sin respetarse el principio de la publicidad establecido en el artículo 29 de la Constitución Nacional”. En este escrito nuestra inconformidad con la norma legal atacada se expresa por que se confieren importantes efectos procesales a un acto privado de la administración pública. niega su participación en las decisiones que los afectan. porque la decisión sobre la legalidad de los actos previos pasa a depender de la voluntad de quienes tienen a su cargo la suscripción del contrato respectivo. afirma el actor. Finalmente. el actor incluye en la demanda un acápite titulado “observaciones no relacionadas con el cargo formulado”. Con base en esta síntesis. De esta forma. “El cargo único de esta demanda consiste en que la norma acusada otorga efectos procesales a un acto privado. de tal modo que para atacarlos se imponga necesariamente demandar todo el contrato. (…) Tampoco en la presente demanda se aduce el supuesto quebranto de la norma constitucional por lo incierto que deviene el término para la presentación de las demandas de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho (como se hace la sentencia C1048/01). impida a los ciudadanos acceder a una correcta administración de justicia. 3. // En la presente demanda. lo cual bien puede ser la pretensión única de la demanda.
pues permite a todos los ciudadanos la oportunidad de demandar cualquier acto precontractual independiente a través del contencioso de nulidad. “ya sea contratación directa. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES 1. por cuanto toda la actividad contractual del Estado es de carácter público. no cabría la presente demanda”. así se desprende del Estatuto contractual.” Por otra parte. cuando señala. indica que la disposición acusada es respetuosa del debido proceso. podría ejercer la acción de simple nulidad:“así está permitido por nuestras leyes y por la jurisprudencia colombiana. que en los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes. intervino en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad de la disposición acusada. como límite preclusivo para la instauración de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos previos del contrato. Intervención de la Contraloría General de la República El ciudadano Miguel Eduardo Zabaleta Arias. para lo cual se establecerán etapas que permiten el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la oportunidad de expresar observaciones. en el término de treinta días que prescribe la norma”. cuando dice que los actos administrativos son susceptibles de la acción de simple . los contratos de las entidades públicas deben publicarse por mandato del Parágrafo 3º del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en desarrollo del principio de la publicidad exigido dentro del debido proceso. conceptos y decisiones que se rindan o adopten. por licitación pública o concurso de mérito. Agrega la normatividad en comento.“Dentro del régimen de contratación estatal. que las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público. En caso de que se trate de un particular ajeno al contrato. // En caso de que la norma acusada hubiese ordenado que las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho podrían incoarse hasta la publicación del respectivo contrato. sin violación de las normas constitucionales. permitiendo en el caso de la licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Carta Política (principio de publicidad – audiencia pública). obrando en su condición de representante de la Contraloría General de la República. Explica que la argumentación del demandante carece de justificación.“esto sí. Esta actuación sí haría pública la existencia del contrato respectivo y hubiese podido tomarse.
pues conforme ella misma lo señala en su tercer inciso. No quedan por ende desamparados. para que en un momento dado. en la cual la Corte afirmó sobre la disposición acusada lo siguiente: “De su parte.nulidad. nulidad y restablecimiento del derecho que regula el Código Contencioso Administrativo y la contractual que trae la Ley 80 de 1993”. es por eso que la aludida acción podrá intentarse por cualquier persona contra los actos de contenido general como contra los de contenido particular”. por lo que consideramos que al ciudadano común y corriente le sobran los mecanismos para vigilar la contratación estatal”. por las mismas razones. ni después de la celebración del contrato. “allegando la respectiva denuncia ante la Contraloría General de la República o ante la Procuraduría General de la Nación. por tener un interés jurídico. adelanten las investigaciones de carácter fiscal o disciplinario a que haya lugar. . sea durante la etapa precontractual o después de ella. o aun ser declarada de oficio por el juez administrativo”. si el interesado es parte del contrato. Adicionalmente. Por su parte. recuerda el representante de la Contraloría que en virtud del artículo 66 de la Ley 80 de 1993. pueden pedir la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad de los actos previos. Así. ni durante la etapa precontractual. resulta equivocada en cuanto afirma que dicha extinción tiene alcance de impedir la defensa judicial de los intereses de terceros participantes en la actividad precontractual. y según la jurisprudencia vigente pueden ser demandables en forma separada o independiente”. los ciudadanos disponen de otros medios de control distintos a las acciones que conforman el contencioso de nulidad. Por último. todo contrato estatal está sujeto a la vigilancia y control ciudadano. amén de que dicha nulidad absoluta. también puede ser invocada por el Ministerio Público. “dispone de tres acciones. la de simple nulidad. dichos terceros. En cuanto a la protección de los derechos de los terceros. que los actos administrativos previos al contrato son actos separables. la interpretación del demandante. según el caso. “Cabe recordar. ejercida con el exclusivo fin de la salvaguarda o mantenimiento del orden jurídico. La disposición no desprotege estos intereses. si bien es acertada en cuanto reconoce que la suscripción del contrato extingue anticipadamente el término de caducidad (como consecuencia de la extinción de las acciones no contractuales). la disposición acusada no viola el debido proceso. pues esta acción satisface sus pretensiones. cita la sentencia C-1048 de 2001.
estos límites buscan agilizar el proceso licitatorio y brindar estabilidad a las etapas ya cumplidas del mismo. “toda vez que las mismas expresiones se encuentran contenidas en el aparte ahora demandado y que los cargos formulados también se relacionan con la limitación de acceso a la administración de justicia por la supuesta imposibilidad de demandar mediante las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho los actos administrativos previos a la celebración del contrato y de saber con certeza cuándo vencerá el plazo para instaurar las demandas correspondientes”.2. con base en los siguientes argumentos: 2. pues a partir de la suscripción del mismo los actos precontractuales. pues buscan ampliar el espectro de garantías jurídicas reconocidas a los participantes en el proceso de contratación. la Corte afirmó que las reformas introducidas por la Ley 446 al artículo 87 del Código Contencioso Administrativo“tienen amplios alcances en lo que tiene que ver con el tema del control judicial de los actos previos o preparatorios del contrato administrativo. 2. que no obstante ser ajenos a la relación contractual pueden verse perjudicados por la actuación administrativa en las etapas precontractuales. “proceso que se dificultaría si cada uno de los actos . Fernando Gómez Mejía. unilaterales de la administración. en la sentencia C-1048 de 2001. las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte en tal oportunidad resultan plenamente aplicables al caso de la referencia. pues aquéllos pueden demandar independientemente del contrato y desde el momento de su expedición los actos administrativos ilegales que resulten lesivos de sus intereses (antes sólo podían demandarlos después de suscrito el contrato a través de las acciones contractuales. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia. salvo por las excepciones previstas). No obstante lo cual. La Corte Constitucional ya se pronunció sobre la acción y la oportunidad para demandar la ilegalidad de los actos precontractuales. Indica que para la Corte. Recuerda que en dicha providencia.2.3. El Director del Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia. se hacen inseparables para efectos de su control judicial. 2. intervino en el presente proceso para defender la constitucionalidad de la norma demandada.1. de tal manera que sólo pueden atacarse a través de la acción de nulidad absoluta del contrato”. la posición garantista se ve acompasada por un término de caducidad corto y por la fijación de un límite a la separabilidad de los actos previos que viene marcado por la celebración del contrato.
por cualquier persona que acredite un interés directo. pues éste. por los terceros con interés directo –interés que ha sido reconocido por la jurisprudencia del H. no es cierto que tal extinción tenga como efecto “impedir la defensa judicial de los intereses de terceros participantes en la actividad precontractual. puede ser protegido a través de la acción de nulidad absoluta del contrato. pues esta acción satisface sus pretensiones. por el agente del ministerio público. Expresa que la Corte indicó. “Estos límites en principio no tienen el alcance de eliminar ni la protección de los derechos de terceros interesados (quienes pueden impugnar los actos que los perjudiquen dentro del plazo de los treinta días que señala la disposición). 2.6. de “fijar un límite a la separabilidad de los actos previos. definiendo que a partir de la firma del contrato tales actos se hacen inseparables del mismo”. es decir. 2. amén de que dicha nulidad absoluta. No quedan por ende desamparados.administrativos separables se sometiera a plazos de caducidad más extensos y a la acción de simple nulidad sin término de caducidad. la cual puede ser incoada. pueden pedir la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad de los actos previos. o declarada de oficio”. que la voluntad del legislador había sido la de “impedir la interposición de las acciones no contractuales con posterioridad a la celebración del contrato”. ni la del interés general. los referidos actos previos sólo podrán ser impugnados a través de la acción de nulidad absoluta. por las mismas razones. 2. a través de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. también puede ser invocada por le Ministerio Público. Por otra parte. Finalmente.5. por tener un interés directo. desaparece la posibilidad de incoar tales acciones respecto de esta categoría de actos previos. A partir de ese momento. después de la celebración del contrato. “actualmente los terceros pueden demandar la nulidad de los actos previos al contrato. en esta providencia. según la regla general”. dichos terceros. Aunque la firma del contrato extingue el término de caducidad. Pero que una vez expirado este término o suscrito el contrato. recuerda que para la Corte. entre otras personas. En efecto. preservándolos de demandas que provienen de terceros sin interés directo. notificación o publicación. que puede ser alegada por las partes. Consejo de Estado . tales limitaciones buscan preservar la firmeza de los contratos administrativos ya suscritos. la disposición no desprotege estos intereses.4. o aun ser declarada de oficio por el juez administrativo”. dentro del término de caducidad de 30 días siguientes a su comunicación. pues conforme ella misma lo señala en su tercer inciso. ajenos a la relación contractual.
“y por lo tanto esta demanda debe ser resuelta y estudiada. pues lo que se alegó en aquella oportunidad como preceptiva constitucional violada fue el derecho de acceso a la administración de justicia. en los siguientes términos: “Es pertinente anotar que los actos separables del contrato fueron una invención del Consejo de Estado Francés. en su defecto.” En consecuencia. Dichos actos eran atacables por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. el interviniente solicita a la Corte “estarse a lo dispuesto en la sentencia C-1048 de 2001 o. En este caso. Alejandro Venegas Franco. en 1905 con el caso Martín. . INTERVENCIONES CIUDADANAS Intervención de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario El Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. de la Ley 446 de 1998.como existente en cabeza de los licitantes o proponentes-. afirma que no existe cosa juzgada constitucional. sin embargo. // Posteriormente. Precisa en primer lugar que esta misma disposición ya fue objeto de un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C-1048 de 2001. declarar exequible la disposición acusada”. intervino en este proceso para solicitar que la Corte declare la exequibilidad del artículo 32. la ilegalidad de los actos previos se puede alegar como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. el de declaratoria de desierta de la misma y el que califica y clasifica a los proponentes inscritos en la Cámara de Comercio. // La ley 80 de 1993 en su artículo 77 desarrolló los actos separables. inciso 2. Posteriormente el actual Código Contencioso acoge directamente los actos separables en el artículo 87. // Nuestro ordenamiento jurídico acogió esta teoría por interpretación jurisprudencial del Consejo de Estado. El resto de los actos se consideraron como contractuales y se impugnaban por medio de la acción de controversias contractuales. para proteger los derechos de toda persona interesada durante la etapa de formación del contrato. pero sólo instituyó como tales el acto de adjudicación de la licitación pública. Recuerda a continuación la trayectoria jurídica de la figura de los actos separables. mientras que en esta oportunidad se alega la vulneración del derecho constitucional al debido proceso”. quien derivó su aplicación del artículo 2 de la Ley 50 de 1936.
así mismo. de igual forma los interesados pueden atacar por acción de nulidad y restablecimiento del derecho los actos separables y luego de la firma también lo pueden hacer si demuestran un interés directo. violándose así los principios constitucionales de eficiencia.” Luego de este recuento. Adicionalmente. es palpable el interés garantista de la norma acusada. el Ministerio Público luego de producirse el perfeccionamiento está habilitado para interponer la acción contractual alegando una nulidad absoluta del mismo. Por último. indica que no asiste razón al demandante cuando afirma que la disposición acusada otorga efectos trascendentales a la firma del contrato en tanto acto privado. pues no podemos decir que se conculcan los derechos por el solo hecho de existir acciones diferentes para etapas distintas. no viola los derechos de los interesados. Adicionalmente esas intervenciones ocasionarían un desgaste innecesario para la administración y para la jurisdicción contenciosa. que puede ejercer cualquier ciudadano contra los actos separables. comunicación o publicación y no se limitó el número de actos separables en la ley. que “la fijación de esta etapa de la firma. pero con la particularidad de tener una caducidad de treinta días. el señor Procurador General de la Nación solicitó que la Corte declare exequible la .la ley 446 de 1998 permitió demandar por las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho cualquiera de los actos separables. su caducidad se estableció en 30 días contados a partir de la notificación. 3765. argumenta el interviniente que sería contrario al principio de seguridad jurídica el admitir que los actos precontractuales puedan ser demandados indefinidamente durante la etapa de desarrollo del contrato. “pues podrían intervenir personas que no tienen interés alguno y entorpecer la ejecución contractual.” Agrega. Así las cosas. pues esta última se ve salvaguardada por el ejercicio de la acción de nulidad simple. ni de la sociedad en general. pues ellos se encuentran amparados tanto en la etapa precontractual como en la del contrato en sí”.” CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Mediante concepto No. luego todos los licitantes conocen en qué tiempo se surtirá el perfeccionamiento. y en el pliego de condiciones se debe establecer con claridad cuál debe ser el término para que esto se lleve a cabo. recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 1 de marzo del año en curso. eficacia y economía de la administración pública. puesto que “la firma hace parte de la etapa de perfeccionamiento del contrato.
lo siguiente: “No asiste razón al ciudadano Escobar Henríquez cuando afirma que el acto de suscripción del contrato es oculto y que por ello sus efectos desconocen el derecho de las personas al debido proceso. Afirma. De la estructura de los procedimientos de selección. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público. ‘Artículo 30. prevé el ordenamiento citado: ‘Artículo 24.el proceso de contratación es público y la fecha para la suscripción del contrato con el cual termina la etapa de su perfeccionamiento es de conocimiento de las partes y de los terceros con interés directo.” También señala el Procurador que. de conformidad con la sentencia C-1048 de 2001. en una primera etapa u oportunidad procesal. objeto y cuantía’. En efecto. pueden acudir ante la jurisdicción especializada para impugnar por ilegalidad. los terceros con interés jurídico en el contrato. los actos administrativos precontractuales. de otra parte.disposición acusada. a través de la acción de nulidad absoluta del contrato –artículo 87 del Código Contencioso Administrativo-. “pues apunta a la protección y armonización del orden jurídico en cuanto contribuye a preservar la seguridad jurídica contractual racionalizando el ejercicio de las acciones contenciosas derivadas de la expedición de los actos previos al contrato y. las modificaciones introducidas al Código Contencioso Administrativo por la Ley 446 de 1998 en este punto tienen una finalidad constitucionalmente útil y válida. pues. toda vez que en virtud de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 – Estatuto General de la Contratación Pública. teniendo en cuenta su naturaleza. La licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas: (…) 9. En virtud de este principio: (…) 3. no vulnera los derechos de las personas para acceder a la administración de justicia a través del ejercicio de las acciones con las cuales se les garantiza la defensa de sus intereses en la actividad contractual. a través de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho y. en una etapa posterior. una vez suscrito el contrato. Del principio de transparencia. Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones o términos de referencia. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia . permitiendo en el caso de la licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política’. en relación con el cargo específico planteado por el actor.
contenidas en el segundo inciso del artículo 87 del . toda vez que hace imposible demandar mediante las referidas acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho los actos administrativos previos a dicha celebración. la Corte resumió así los cargos que había de resolver: “la norma agrega que una vez celebrado el contrato. Problemas jurídicos Corresponde a la Corte determinar en esta oportunidad si se desconoce el artículo 29 de la Constitución Política por el hecho de que. así mismo.P. Luego de pronunciarse sobre estos cargos. sin embargo. en el mismo aparte que se demanda. en virtud de la disposición acusada. es necesario determinar si sobre la disposición acusada ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. la Corte declaró exequible la norma. declarar EXEQUIBLES las expresiones “Una vez celebrado éste” y “solamente”. una vez ésta se ha verificado. así como al derecho de acceso a la administración de justicia. la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 87 (parcial) del Código Contencioso Administrativo. Marco Gerardo Monroy Cabra). la Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia toda vez que las normas acusadas hacen parte de un Decreto expedido por el Presidente con fundamento en facultades extraordinarias. Ausencia de cosa juzgada constitucional en el caso concreto.De acuerdo con el artículo 241 de la Carta Política. modificado por una ley de la República. restricción que el demandante estima contraria a los principios de seguridad jurídica y de buena fe. En tal oportunidad. Mediante sentencia C-1048 de 2001 (M. hace que no se pueda saber con certeza cuando vencerá el plazo para instaurar las demandas correspondientes”. Antes. en los siguientes términos: En los términos de la parte considerativa de la presente decisión. tal y como fue modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del mismo. la celebración de los contratos estatales haga cesar la posibilidad de demandar los actos administrativos precontractuales correspondientes por vía de las acciones contencioso-administrativas de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.
Además.Decreto 01 de 1984 (Código contencioso Administrativo). cuandoquiera que la Corte. Rodrigo Escobar Gil) y C-030 de 2003 (M. respecto del cargo específico ahora planteado. la Corte mantiene la competencia para examinar la constitucionalidad de la disposición demandada. como se deduce del problema jurídico recién planteado. de conformidad con la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado. lo cual conduce a que la proposición como un todo. En efecto. En esa medida. no haya sido objeto de ninguna sentencia. al estudiar la norma demandada. el cargo a resolver es diferente. Por la diferencia entre los cargos a resolver. en relación con el cargo específico formulado por el actor en el proceso de la referencia. “se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales. en este caso se trata de determinar si el hecho de que con la celebración del contrato cese la posibilidad de demandar los actos precontractuales por la vía del contencioso de nulidad. Según se ha explicado en las sentencias C-774 de 2001 (M. sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad. por no haber operado el fenómeno de la cosa juzgada absoluta. igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de su constitucionalidad.P. modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. En el presente proceso. así sostuvo que se presenta cuando: ‘el análisis de la Corte está claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de constitucionalidad. implica una vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la medida en que los interesados no tienen la posibilidad de conocer con certeza cuándo se ha de celebrar el contrato. . y por ende hasta cuándo tienen derecho a interponer las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho contra tales actos. este fenómeno opera “aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación”. considera la Corte que se está frente al fenómeno de la cosa juzgada relativa implícita. Álvaro Tafur Galvis). El sentido y la justificación de la disposición que se acusa. a lo cual se procederá en los apartados siguientes.P. sin ninguna referencia otros que pueden ser relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada’ (1)”. el pronunciamiento de la Corte recayó sobre una parte de la norma acusada en esta oportunidad. y de carácter mucho más específico que los resueltos por la Corte en la sentencia C-1048 de 2001.
en tal oportunidad la Corte estableció lo siguiente: “Como puede apreciarse.C. 136.A. por el agente del Ministerio Público.A. La modificación introducida por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 al artículo 87 del C..” Ahora. y respecto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. numeral 1°). según el inciso tercero no acusado de la disposición bajo examen. ii) El término para intentar el control judicial de dichos actos previos a través de las referidas acciones.C. la cual fija en cuatro meses el término de caducidad respectivo. es decir no tiene un término de caducidad (C. por cualquier persona o declarada de oficio. que no obstante ser ajenos a la relación contractual pueden verse perjudicados por la actuación administrativa en las etapas precontractuales. art. se señala en 30 días siguientes a su comunicación. o el que califica y clasifica a los proponentes inscritos en las cámaras de comercio. las innovaciones que el texto anterior introduce. permite demandar independientemente. la disposición en comento también modificó el artículo 45 de la Ley 80 de 1993. (C. Ahora ellos pueden demandar independientemente del contrato y desde el ... consisten en: i) Según el régimen de la Ley 80 de 1993. al haber dispuesto que podía ser alegada “. salvo las excepciones relativas al acto de adjudicación de la licitación. que había ampliado la titularidad de la acción de nulidad absoluta (2) de los contratos estatales. pues respecto la acción de simple nulidad en los demás casos puede interponerse en cualquier tiempo. iii) Por fuera del tema de la separabilidad de los actos previos.por las partes. (3) Estas modificaciones tienen para la Corte una precisa significación: de un lado. también el plazo señalado de 30 días resulta contrario a la regla general. solamente “cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta”. Este señalamiento constituye una excepción a las reglas generales sobre caducidad. los actos previos por regla general no eran demandables separadamente. 136 numeral 2°). notificación o publicación. al que la declara desierta.A.. En efecto. art. por la vía de la acción de nulidad o de la de nulidad y restablecimiento del derecho.C. buscan ampliar el espectro de garantías jurídicas reconocidas a los participantes en el proceso de contratación. todos los actos previos separables del contrato administrativo..Es pertinente traer a colación en este punto la doctrina constitucional que se sentó en la sentencia C-1048 de 2001 sobre el sentido y la justificación de la disposición que se revisa en este caso.
La nueva versión del artículo 87 del C. a juicio de la Corte. según la regla general. A partir de la suscripción del mismo los actos precontractuales. esta posición garantista se ve acompasada por un término de caducidad corto. de tal manera que sólo pueden atacarse a través de la acción de nulidad absoluta del contrato. la inseparabilidad una vez suscrito el contrato. salvo las excepciones vistas). unilaterales de la Administración. pretenden dar agilidad al proceso licitatorio. los actos administrativos ilegales que resulten lesivos de sus intereses (antes sólo podían demandarlos después de suscrito el contrato a través de las acciones contractuales. que se vinculan a la segunda de las mencionadas doctrinas. pone a este último al amparo de acciones incoadas con fines ajenos al bien común. o declarada de oficio. puede ser protegido a través de la acción de nulidad absoluta del contrato.C. y estabilidad a las etapas surtidas del mismo. que viene marcado por la celebración del contrato. y la de la inseparabilidad de los mismos. se hacen inseparables para efectos de su control judicial. combinando las ventajas garantistas y proteccionistas de los derechos de terceros a la relación contractual. que puede ser alegada por las partes. En efecto. dejando eso si a salvo la facultad del Ministerio Público para interponerla o del juez para decretarla de oficio. Ahora bien.A. estos límites en principio no tienen el alcance de eliminar ni la protección de los derechos de terceros interesados (quienes pueden impugnar los actos que los perjudiquen dentro del plazo de los treinta días que señala la disposición). las limitaciones comentadas también pretenden contribuir a la firmeza del contrato administrativo una vez que este ha sido suscrito. después de la celebración del contrato. pues éste. ni la del interés general. con los principios de eficacia y celeridad de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política.momento de su expedición. No obstante. pues como se vio la titularidad de la acción de simple nulidad se restringe a las personas que demuestren un interés directo en el contrato. Estos límites. y a la acción de simple nulidad sin término de caducidad. por cualquier persona que acredite un interés directo. propias de la primera. proceso que se dificultaría en exceso si cada uno de los actos administrativos separables se sometiera a plazos de caducidad más extensos. Y de otro lado. por el agente del ministerio público. y por la fijación de un límite a la separabilidad de los actos previos. sitúa a la legislación a medio camino entre la doctrina de la separabilidad absoluta de los actos previos. poniéndolo al amparo de todo tipo de demandas provenientes de terceros sin interés directo y ajenos a la relación contractual. .
La Corte estima que la norma ha sido objeto de dos interpretaciones diversas. la celebración del contrato . el plazo de caducidad que señala la norma. Sobre este supuesto edifica el cargo de violación constitucional. lo cual redunda en la denegación del derecho de acceso a la justicia. iii) Que “la interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio. En efecto. serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho”. cuando señala que “(u)na vez celebrado éste. Otros de los intervinientes llevan a cabo la misma interpretación del demandante. no dice en forma expresa que la firma del contrato extinga anticipadamente el plazo de caducidad señalado para interponer las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos previos al contrato administrativo. con ocasión de la actividad contractual. como lo alega la demanda. alegando que esta extinción anticipada conduce a una inseguridad jurídica respeto a la verdadera duración del plazo de caducidad y. Y iv) que una vez celebrado el contrato. La vista fiscal y el Ministerio de Justicia. especialmente el de terceros a la relación contractual que hayan participado en las etapas precontractuales. notificación o publicación del acto respectivo. este último contenido regulatorio de la disposición tiene el significado de establecer una extinción anticipada del término de caducidad señalado por la norma. pero que ninguna de ellas responde a la verdadera intención del legislador: según una la primera. la lectura del segundo inciso de la norma. 10. A juicio del demandante. la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. por lo cual no comparten las acusaciones de la demanda. debe la Corte establecer el alcance de la limitación impuesta por la norma acusada. abre la posibilidad de que tal plazo en algunos casos no exista o sea muy breve. “la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato”. ni la celebración y ejecución del contrato”. no extraen la misma conclusión. amén de incierto. ii) Que el término de caducidad de las referidas acciones será el de los 30 días siguientes a la comunicación. en ciertos casos. además.” En especial debe establecer si esta restricción tiene el alcance de eliminar o de recortar. El tenor literal de la disposición parcialmente acusada. lleva a concluir que el mismo dispone: i) Que “los actos proferidos antes de la celebración del contrato. la cual se produciría por la suscripción del contrato. desconociendo con ello el derecho de acceso a la administración de justicia. según el caso.Precisado lo anterior.
La disposición no desprotege estos intereses. por tener un interés directo. pueden pedir la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad de los actos previos. o aun ser declarada de oficio por el juez administrativo. por lo cual.extingue anticipadamente el término de caducidad y en consecuencia impide acudir posteriormente a las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho para impugnar los actos previos. pues esta acción satisface sus pretensiones. ha de resaltarse para efectos del presente proceso que en la sentencia que se cita. a juicio de la Corte las anteriores interpretaciones no consultan la verdadera intención del legislador. pues conforme ella misma lo señala en su tercer inciso. por las mismas razones. también puede ser invocada por el Ministerio Público. la cual puede extraerse de la lectura armónica de los incisos segundo y tercero de la disposición acusada. a juicio de la Corte es indicativa de la voluntad del legislador de fijar un límite a la separabilidad de los actos previos. la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato”. dichos terceros. con lo cual quedan desprotegidos los intereses de terceros no contratantes. (…)” De esta manera. sigue corriendo el término de caducidad. De su parte. resulta equivocada en cuanto afirma que dicha extinción tiene el alcance de impedir la defensa judicial de los intereses de terceros participantes en la actividad precontractual. si bien es acertada en cuanto reconoce que la suscripción del contrato extingue anticipadamente el término de caducidad (como consecuencia de la extinción de las acciones no contractuales). las intervenciones y la vista fiscal han omitido hacer . definiendo que a partir de la firma del contrato tales actos se hacen inseparables del mismo. No quedan por ende desamparados. la segunda interpretación referida es contraria al tenor literal de la disposición. amén de que dicha nulidad absoluta. pues la norma no lo dice expresamente. interpretación armónica que la demanda. la Corte dejó en claro que la posibilidad de demandar los actos administrativos precontractuales por vía de las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento cesa a partir de la celebración del contrato estatal respectivo. y que cuando tal celebración ocurre antes de que se hayan vencido los treinta días . pues es clara la intención legislativa de impedir la interposición de las acciones no contractuales con posterioridad a la celebración del contrato. según una segunda. tal celebración no extingue dicho plazo. a pesar de haberse celebrado el contrato. En efecto. “(u)na vez celebrado éste. especialmente de quienes participaron en el proceso de licitación. La expresión. la interpretación del demandante.
A. Esta misma postura ha sido adoptada con posterioridad por el Consejo de Estado. sin que pueda en esta hipótesis . modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. 87 del C. así mismo sufrió modificaciones lo estipulado en el parágrafo segundo. Dicho de otra manera. incluido el acto de adjudicación. en providencia de la Sección Tercera del trece de diciembre de 2001. y no en el general previsto por el art. cuando la norma señala que ‘una vez celebrado éste.C. De ahí que pueda afirmarse que cualquier persona dentro de ese plazo y en interés de legalidad puede demandar la nulidad de cualquiera de los actos previos a la celebración del contrato. De la misma manera. notificación o publicación.C.C. 87. 136. debe entenderse modificado por la preceptiva anterior el parágrafo 1º del art. cualquiera sea la acción que se escoja. podrá pedirse o bien la nulidad del contrato por ilegalidad del acto de adjudicación o la nulidad del acto de adjudicación y como consecuencia la del contrato. siguientes a su comunicación. sólo las personas interesadas o con interés jurídico directo. Y a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y en el mismo término. ya que sólo podrán impugnarse dentro del término especial de los 30 días. Por ejemplo.que otorga la norma como término de caducidad. Ahora bien. 136 del C. en cuanto en algunos casos si será necesario demandar la nulidad del contrato. estableció dicha Corporación: “El inciso segundo del artículo 87 del C. notificación o publicación.A. Como la norma lo indica. (se refiere al contrato). según el caso. 77 de la ley 80 de 1993. debe ahora armonizarse con lo dispuesto en el inciso segundo del art. estableció una innovación considerable en materia de caducidad de las acciones en contra de los actos previos a la celebración del contrato. pues aquello de que ‘para el ejercicio de las acciones contra los actos administrativos de la actividad contractual no es necesario demandar el contrato que los origina’. opera como una causal de extinción anticipada del término para hacer uso de las referidas acciones. los actos previos a la celebración del contrato serán susceptibles de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho las cuales caducarán en un término de treinta días a partir de su comunicación. en tanto la impugnación del acto de adjudicación debe ejercerse dentro del término especial señalado por el art. para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. en tanto los sustrajo de la aplicación general del plazo de caducidad de cuatro meses previsto en el art. haya que entender que una vez celebrado el contrato ya no se podrá instaurar esas acciones en forma separada o independiente y la ilegalidad de tales actos sólo podrá alegarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato.A. la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato’.
si el contrato adjudicado se suscribe antes del vencimiento de los treinta días señalados para la caducidad de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos. a condición de impugnar no sólo los actos sino necesariamente el contrato. o vencido este término. Sobre este particular. 87 citado. En este orden de ideas.A. ha de determinar la Corte si el hecho de que la posibilidad de interponer las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento contra los actos precontractuales deje de operar con la celebración del contrato. comparte la Corte las apreciaciones del Procurador General de la Nación cuando afirma que no asiste razón al demandante. expresión que fue declarada exequible en la sentencia C-1048 del 4 de octubre de 2001.C. 136 del C. o sea la de controversias contractuales prevista en el art. En efecto. 87 del C. en ejercicio de la acción contractual y dentro del término de caducidad de dos años previsto en el art. dispone el artículo 30 de la Ley 80 de 1993: “Art. háyase celebrado o no el contrato. que ya para ese momento debe haberse celebrado”. implica una violación del derecho al debido proceso en la medida en que el acto de suscripción del contrato es. Estas consideraciones armonizan con las apreciaciones hechas por la Corte Constitucional en el examen de la expresión ‘una vez celebrado este’ y ‘solamente’ contenida en el inciso segundo del art. debe especificarse en el pliego de condiciones o en los términos de referencia. La licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas: . De persistir su interés en impugnarlos podrá hacerlo a través de la acción contractual. que son de naturaleza pública. En tales condiciones. De la estructura de los procedimientos de selección.C. desconocido para los interesados. para las acciones contractuales. sólo podrá hacerlo como fundamento de la nulidad del contrato. la intención del legislador fue impedir que en contra de los actos previos al contrato se interpusieran acciones distintas a la contractual una vez este se hubiera celebrado. Dentro de este contexto. por cuanto el momento de la celebración del contrato.A.. quien esté legitimado para impugnarlos.hablarse de una acumulación indebida de pretensiones y en ambos casos la acción principal será la nulidad del contrato. según alega el actor. Lo cual significa que esa disposición favorece también a aquél proponente o interesado en impugnar cualquiera de los actos previos a la celebración del contrato y que dejó vencer el término de los 30 días fijados por la ley. por disposición legal. 30. es decir.
). Se trata de una carga que no resulta manifiestamente desproporcionada ni irrazonable. DECISIÓN . objeto y cuantía. términos de referencia o actos administrativos pertinentes habrá de suscribirse el contrato administrativo correspondiente. Ley 80 de 1993). Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones o términos de referencia. siempre que las necesidades de la administración así lo exijan. Ahora bien. considera la Corte que la disposición en comento impone una carga procesal mínima a los interesados en ejercer la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos precontractuales. en cualquier caso. a saber. La fecha de celebración del contrato ha de estar claramente establecida en los términos de referencia. 24. por medio de los canales públicos establecidos en la ley. No sobra reiterar que. cuyo término de caducidad es de dos años. para la defensa de sus derechos después de la celebración del contrato. y cualquier prórroga introducida por el jefe o representante de la entidad contratante habrá de efectuarse mediante acto administrativo sujeto al principio de publicidad que ha de guiar la actividad administrativa por mandato constitucional (art. desconocida para todos los interesados salvo para las partes que lo suscriben. no es cierto que la fecha de celebración del contrato estatal sea. y que -se reitera.(…) 9. C. teniendo en cuenta su naturaleza. al carecer de fundamento la afirmación del demandante sobre el carácter reservado del acto de firma del contrato estatal. el cargo por él formulado habrá de desestimarse. los interesados que se sientan afectados por los actos precontractuales podrán acudir. a la vía procesal de la acción contractual. sobre la fecha en que según los pliegos de condiciones.P. (…)” De esta forma. como afirma el actor. En esa medida.es de fácil cumplimiento. 209. la de estar debida y oportunamente informados. El jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y por un término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado. que son de público conocimiento por mandato del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. por la naturaleza pública tanto de los pliegos de condiciones y términos de referencia como de los actos administrativos mediante los cuales se introduzcan modificaciones a la fecha de celebración del contrato inicialmente prevista (art.
que declaró exequibles las expresiones “Una vez celebrado éste” y “solamente” contenidas en el segundo inciso del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.ESTARSE A LO RESUELTO. por el cargo analizado... Segundo. RESUELVE Primero. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Presidente JAIME ARAÚJO RENTERÍA Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA Magistrado JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado HUMBERTO SIERRA PORTO Magistrado . la Corte Constitucional de la República de Colombia. comuníquese. publíquese. según fue modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. el aparte acusado delartículo 87 del Código Contencioso Administrativo. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. en la sentencia C-1048 de 2001. modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Notifíquese.En mérito de lo expuesto.Declarar EXEQUIBLE.
no firma la presente sentencia por cuanto en la fecha. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten. 3o. (2) El artículo 44 de la Ley 80 de 1993 que consagra las CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. Se celebren con abuso o desviación de poder. preceptúa: Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: 1o. le fue aceptado impedimento para intervenir en la presente decisión.ÁLVARO TAFUR GALVIS Magistrado CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrada MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ Secretaria General La suscrita secretaria general de la Corte Constitucional HACE CONSTAR: Que el H. y . MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General Pie de página: (1) Auto 131 de 2000. Magistrado doctor RODRIGO ESCOBAR GIL. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley.. 4o. 2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal.
P Fabio Morón Díaz. la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “que acredite un interés directo”.A. (3) Mediante Sentencia C-221 de 1999.C.5o.Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta ley. M. . reformado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. contenida en el tercer inciso del artículo 87 del C. ahora demandado.
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