Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=636239
Timestamp: 2019-05-26 22:26:26
Document Index: 190556801

Matched Legal Cases: ['artículo 114', 'artículo 109', 'artículo 114', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 50', 'artículo 19', 'artículo 102', 'artículo 103', 'artículo 102', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 102', 'artículo 93', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 93', 'artículo 102', 'artículo 19']

RESULTADO DE INVESTIGACIÓN SOBRE HECHOS PRODUCIDOS DURANTE ÚLTIMA CUENTA PRESIDENCIAL
PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN POR CARABINERO REFUGIADO EN DEPENDENCIAS DEL CONGRESO NACIONAL
VINDICACIÓN FRENTE A EXPRESIONES DE SENADOR SEÑOR CARLOS LARRAÍN
CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN GESTIÓN DE COMBUSTIBLE GASTADO Y DE DESECHOS RADIOACTIVOS
EXTENSIÓN A TODAS LAS JUBILADAS DE BONO POR HIJO NACIDO VIVO. PROYECTO DE ACUERDO
ANULACIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROYECTOS TURÍSTICOS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS. PROYECTO DE ACUERDO
APOYO A ACCIONES INTERNACIONALES CONTRA HAMBRUNA EN SOMALIA. PROYECTO DE ACUERDO
ELIMINACIÓN DE DESCUENTO DE 4 POR CIENTO A AFILIADOS DE EX CAJA DE PREVISIÓN DE MARINA MERCANTE. PROYECTO DE ACUERDO
6. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES QUINTANA, GÓMEZ, LAGOS, NAVARRO Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE TUTELA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD (7851-04)
7. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORAS ALLENDE Y RINCÓN Y SEÑORES ESCALONA, QUINTANA Y ROSSI, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN PARA FORTALECER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES (7852-03)
8. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR ESPINA, SEÑORA ALVEAR Y SEÑORES GÓMEZ, LARRAÍN (DON HERNÁN) Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHO A DEFENSA DE LOS IMPUTADOS (7854-07)
Sesión 41ª, en martes 9 de agosto de 2011
(De 16:15 a 19:4)
Resultado de investigación sobre hechos producidos durante última cuenta presidencial................................................................................................................
Petición de investigación por carabinero refugiado en dependencias del Congreso Nacional.....................................................................................................................
Vindicación frente a expresiones de Senador señor Carlos Larraín...............................
Acuerdos de Comités......................................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario, con el objeto de facultar a las matronas para recetar anticonceptivos (7245-11) (se aprueba en particular).................................................................................................
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre violencia escolar (7123-04) (se aprueban las modificaciones)...............................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre nulidad de despidos realizados para recontratar a un trabajador por una remuneración inferior (7633-13) (queda para segunda discusión)..........................................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la "Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos" (7097-10 (se aprueba en general y en particular)..............................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos organomercúricos (7036-11) (se aprueba en general)..................................................................................................................
Extensión a todas las jubiladas de bono por hijo nacido vivo. Proyecto de acuerdo (S 1383-12) (se aprueba)................................................................................................
Anulación de convocatoria pública para proyectos turísticos en áreas silvestres protegidas. Proyecto de acuerdo (S 1384-12) (se aprueba)........................................
Apoyo a acciones internacionales contra hambruna en Somalia. Proyecto de acuerdo (S 1385-12) (se aprueba)............................................................................................
Eliminación de descuento de 4 por ciento a afiliados de ex Caja de Previsión de Marina Mercante. Proyecto de acuerdo (S 1388-12) (se aprueba).............................
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- Las actas de las sesiones 37ª, ordinaria; 38ª y 39ª especiales, y 40ª, ordinaria, en 2 y 3 de agosto del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "suma", en relación con las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental (boletín N° 6.747-12).
2.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social (boletín N° 7.196-06).
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de ley que fomenta el mercado de cruceros turísticos (boletines N°s 7.528-06 y 7.285-06, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
Con los dos últimos informa que prestó su aprobación, con las enmiendas que indica, a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental (boletín N° 6.747-12) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas.
2.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social (boletín N° 7.196-06) (con urgencia calificada de "suma").
Nueve del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero remite copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto de ley sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización (boletín N° 5.083-04).
Con el siguiente envía copia autorizada de la resolución dictada respecto de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 38, inciso quinto, de la ley N° 18.933; 2° de la ley N° 20.015, y 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes.
Con los siete últimos envía copia autorizada de las sentencias definitivas dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 38 y 38 ter de la ley N° 18.933; 2° de la ley N° 20.015, y 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes.
Remite el informe final del proceso de zonificación del borde costero de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en respuesta a petición formulada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto.
Atiende petición de información, enviada en nombre del Senador señor Frei, relativa a financiamiento del proyecto "Reposición Planta de Tratamiento Aguas Servidas Los Pellines", presentado por la Municipalidad de Llanquihue.
Da respuesta a solicitud, cursada en nombre del Senador señor Bianchi, para otorgar una tarde de asueto a funcionarios del sector público en la comuna de Puerto Natales con ocasión de su centenario.
Atiende petición de información, remitida en nombre del Senador señor Navarro, en materia de bombas lacrimógenas utilizadas por Carabineros de Chile.
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre avance del proceso de reconstrucción de la torre del hospital de Concepción, así como del plazo estimado para reconstruir el hospital de Angol.
Da respuesta a información, requerida en nombre del Senador señor Navarro, en materia de fiscalizaciones efectuadas en la planta Pudahuel de Hidronor S. A.
Responde a acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Senadores señoras Alvear y Rincón y señores Chahuán, Coloma, García, Quintana y Sabag, respecto de la declaración del 17 de mayo como "Día Nacional del Reciclaje" (boletín Nº S 1.362-12).
Contesta solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Quintana, sobre proyectos de generación eléctrica y piscicultura en la comuna de Melipeuco.
Se pronuncia acerca de consulta de plazos para promulgación de reglamentos de la ley N° 20.380, sobre Protección de Animales, enviada en nombre del Senador señor Navarro.
Atiende solicitud de antecedentes sobre condición de barcazas que realizan el servicio de transbordadores a la zona austral, requerida en nombre del Senador señor Horvath.
Informa el curso dado a petición de antecedentes sobre Convenio de Zonas Contiguas entre la Región de Los Lagos y la Región de Aysén, remitida en nombre del Senador señor Horvath.
Responde petición, cursada en nombre del Senador señor Escalona, sobre factibilidad de un proyecto de ley relativo al otorgamiento de un bono extraordinario de invierno focalizado en las familias más vulnerables del país.
Contesta petición, enviada en nombre del Senador señor Horvath, sobre factibilidad de una iniciativa legal que prorrogue la vigencia de la ley N° 20.460, que faculta al Servicio de Tesorerías para otorgar facilidades de pago a contribuyentes por impuestos morosos.
Remite información estadística relativa a actividades de inspección realizadas en el período 2007-2010, solicitada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto.
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Gómez, Escalona, Frei, Lagos y Navarro, en primer trámite constitucional, sobre información al Congreso Nacional en materia presupuestaria (boletín N° 7.414-05).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede permiso a las madres de hijos discapacitados para ausentarse del trabajo (boletín N° 6.725-13).
De los Senadores señores Quintana, Gómez, Lagos, Navarro y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto de reforma constitucional sobre tutela del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad (boletín N° 7.851-04).
De los Senadores señoras Allende y Rincón y señores Escalona, Quintana y Rossi, con la que dan inicio a un proyecto de ley que regula los contratos de adhesión para fortalecer los derechos de los consumidores (boletín N° 7.852-03).
De los Senadores señor Espina, señora Alvear y señores Gómez, Larraín Fernández y Walker (don Patricio), con la que inician un proyecto de ley sobre derecho a defensa de los imputados (boletín N° 7.854-07).
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el 31 de mayo recién pasado solicité a la Mesa iniciar una investigación para determinar si las personas que ocasionaron disturbios al interior del Salón Plenario durante la cuenta presidencial del 21 de mayo último efectivamente ocuparon invitaciones entregadas al señor Vicepresidente del Senado, tal como se indicó por la prensa.
Además, pedí que se me informara si el Presidente de la Corporación cumplió con su obligación de "poner a disposición de la justicia al individuo que promueva desórdenes en cualquier lugar del recinto".
Han pasado casi 90 días, y hasta la fecha no he tenido respuesta sobre el particular.
Por consiguiente, solicito, si es factible, que se me informe cuál ha sido el resultado de esa investigación y si los hechos que aparecieron publicados en los medios de comunicación son reales.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, le solicito a la Mesa recabar autorización para que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento pueda sesionar simultáneamente con la Sala a partir de las 18, a fin de ocuparse en el proyecto de ley sobre derecho a defensa de los imputados, del que se acaba de dar cuenta.
Se trata de una iniciativa de artículo único, en la cual hemos concordado los diferentes Senadores de la Comisión y también uno de sus ex miembros.
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa ha recibido igualmente otras peticiones para funcionar en paralelo con el Hemiciclo: de la Comisión de Economía, a partir de las 18; de la de Transportes y Telecomunicaciones, desde las 17, y de la de Educación, después de las 19.
--Se conceden las autorizaciones.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, pido que se abra un nuevo plazo para presentar indicaciones, solo por diez minutos, al proyecto que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores para dotar de atribuciones en materia financiera, entre otros, al Servicio Nacional del Consumidor.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero pedir a la Mesa tomar cartas en el asunto, ojalá muy seriamente -imagino que puede recabar toda la información sobre el particular, pues la noticia incluso ya ha aparecido en los diarios- respecto del carabinero infiltrado en la protesta estudiantil que se refugió en la Guardia del Congreso.
Considero muy grave que debamos vivir una situación como la descrita. Es más que lamentable. Me gustaría que hubiera -lo digo sinceramente- el máximo de transparencia, y que este Parlamento deslindara responsabilidades.
No sé bien lo que pasó. Pero que un carabinero infiltrado, denunciado por los estudiantes, se refugie en la garita del Congreso; que sea protegido por los carabineros de acá, reconociendo en él a un par, y que se diga que se encontraba realizando una operación de inteligencia, por lo que se lo llevan y se niegan a identificarlo, no es algo frente a lo cual podamos permanecer indiferentes.
Yo solo pido a la Mesa preocuparse de investigar a fondo lo que ocurrió, para deslindar responsabilidades. No podemos quedarnos tranquilos ante la ocurrencia de hechos de esta naturaleza, mientras se manifiestan los estudiantes afuera del Congreso.
El señor GIRARDI (Presidente).- Así se hará, señora Senadora.
El señor GIRARDI (Presidente).- Ha pedido la palabra el Honorable señor Quintana.
¿Para referirse a la Cuenta, señor Senador?
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quiero hacer uso del derecho de vindicación que me confiere el artículo 114 del Reglamento, por cuanto ha sido dañado el buen nombre de las personas a que hace alusión su artículo 109.
El señor GIRARDI (Presidente).- Adelante, señor Senador.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, es por todos conocido que el país mira a la clase política con desgano, desdén y desconfianza. Las últimas encuestas no solamente hacen un juicio lapidario del Gobierno, la Alianza y la Concertación, sino que también ponen un manto de duda sobre el quehacer del Congreso Nacional, cuestionando su representatividad y sintonía con la ciudadanía. Hoy el Bicentenario de nuestro cuerpo legislativo se ha visto empañado por las bajas cifras de aprobación y el amplio rechazo ciudadano.
Se trata de un escenario complejo y preocupante.
Por eso, resulta difícil entender una frase proferida por el Senador Carlos Larraín en el último Consejo de Renovación Nacional. Ese desagradable episodio solo viene a aumentar el desprestigio de instituciones fundamentales de la República, yendo a un camino completamente antagónico al que la ciudadanía espera de nosotros.
A algunos, quizás, ese tipo de expresiones podrá provocar risa. A mí, sin embargo, me produce inquietud. Decir "No nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos, que están instalados muchos de ellos, desgraciadamente, en un Parlamento que no supimos ganar", es, a todas luces, una frase de la dictadura, de un pasado que tiñó de sangre la historia de Chile, y que hoy hemos podido ver a través de las pantallas de Televisión Nacional en la serie Los archivos del Cardenal, producción también cuestionada por el Senador Carlos Larraín.
El Senado siempre ha mantenido el respeto entre sus pares, quizás porque llegar aquí no ha sido para nadie fácil y requiere un tránsito largo de aprendizaje, donde el respeto a quienes piensan distinto es un requisito democrático.
Probablemente, para el Senador Carlos Larraín este fair play no sea relevante. Su salto al Senado fue casi una pirueta digna del gimnasta Tomás González. Por eso tal vez lanza a diestra y siniestra expresiones de ese tipo contra sus pares.
Miro a mis colegas Senadores y me pregunto, como muchos de los ciudadanos de la patria, ¿dónde están los inútiles subversivos en el Parlamento? ¿El Senador Carlos Larraín habrá dirigido esas bochornosas palabras quizás al Senador Ruiz-Esquide, a la Senadora Alvear, al Senador Bianchi, al Senador Muñoz Aburto, al Senador Rossi? ¿Es acaso motivo de esa rabia verbal tener una postura de adhesión y simpatía al movimiento estudiantil?
Nadie sobra en Chile. Es a lo mejor esta premisa democrática la que debemos recuperar. Nadie es inútil en esta Sala, y el término subversivo no habita en el Senado de la República, espacio dedicado por naturaleza a la palabra, el debate y la tradición republicana.
Durante mucho tiempo los chilenos tuvimos que soportar un estilo de autoridades que escondían el abuso, el racismo y la tortura en el uso de un estilo de humor casi patológico. Me refiero a los por todos conocidos "martes del Almirante Merino", quien fue Presidente de la Junta Militar de Gobierno. En sus frases encontramos la calificación de "humanoides" a los militantes comunistas; de "auquénidos metamorfoseados", para referirse a los hermanos bolivianos, y de "Chapulín Colorado", para denominar el ex Cardenal Francisco Fresno.
¡Vaya similitud entre las expresiones del ex Presidente de la Junta Militar y las del Senador Carlos Larraín!
El gran poeta Vicente Huidobro escribió, con notable claridad, que "cuando la palabra no da vida, mata". Es quizás lo que ha ocurrido con este desagradable episodio, al dejar a nuestro Senado dando una pésima señal pública.
Esperemos, por el bien de Chile, que el Senador Carlos Larraín siga usando exitosamente el humor, pero no para esconder el odio hacia quienes piensan distinto.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Muchas gracias, señor Presidente.
También quiero hacer uso del derecho de vindicación consagrado en el artículo 114 del Reglamento, en relación con las expresiones vertidas por el Senador designado Carlos Larraín el día sábado recién pasado.
Textualmente declaró: "No nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos", agregando, a continuación, que "están instalados, muchos de ellos, desgraciadamente, en un Parlamento que no supimos ganar".
Por su intermedio, señor Presidente, quiero pedirle al Senador designado Carlos Larraín que especifique a quiénes se refiere. Porque imputaciones al voleo, como "muchos de ellos", responden a la construcción clásica de la Derecha chilena para no sufrir querellas.
El señor CHAHUÁN.- ¡Más respeto!
El señor LAGOS.- Senador Chahuán, no estoy hablando con usted.
El señor PROKURICA.- ¡Respete igual!
El señor LAGOS.- ¡Yo no le he faltado el respeto a nadie, Senador Prokurica!
Si quieren, me tomo todo el tiempo del mundo en esta vindicación.
Interrumpan nomás, porque esta sesión está siendo transmitida por televisión. Escuchen atentamente, y solidaricen con palabras poco felices, que vienen a polarizar aún más el clima político en Chile.
Fueron expresiones tristes, malas. Y aunque el Senador Carlos Larraín señaló después que no se refería a gente del Parlamento, sino a los violentistas, la verdad es que la frase completa no deja lugar a duda.
Entonces, lo que yo espero, más allá de que el asunto vaya o no a la Comisión de Ética, es que el Senador designado Carlos Larraín especifique a quiénes se refiere.
Estoy acostumbrado a escucharle expresiones propias, simpáticas, chistosas, hirientes y machistas, pero estas se pasaron de la raya.
Por lo tanto, al Senador Carlos Larraín le corresponde individualizar a aquellos parlamentarios que son inútiles subversivos, entendiendo, por supuesto, cuál es el juego político que se hace al calor de una masa de militantes de un partido. Pero me parece que hay que conservar al menos cierta dignidad a la hora de expresarse respecto de personas que desempeñan su mismo cargo, la gran mayoría de ellas, ciertamente, elegidas. Solo un 11 por ciento, que no es poco, son "designados" en este Congreso.
Creo que con expresiones como esas se está caro para ser Senador. ¡Hasta para designado!
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, no pretendo contestar por el Senador Carlos Larraín. Pero creo que el ambiente de la Cámara Alta debiera tratar de alumbrar una discusión poco feliz respecto de varias opiniones.
Me parece que la frase con la que termina el Senador Lagos tampoco es de respeto para nuestra Corporación.
Cuando uno escucha declaraciones como las del Diputado Teillier, que dicen: "Maquiavelo Hinzpeter quiere muertos a toda costa para culpar a los estudiantes", no sé si eso es propio de un parlamentario.
Aquí se hacen cargos contra un Senador, quien integra legítimamente esta Corporación de acuerdo a la Carta Fundamental, los que resultan muy descalificadores en las declaraciones vertidas acá también.
Y hay otras, como la del Senador Navarro, quien señala: "Oposición no debe tramitar ningún proyecto de ley del gobierno hasta que éste ingrese Ley de Educación pactada". Bloqueo legislativo total.
Esto es francamente un lenguaje que no aporta.
Además de esas, leo otras al azar, como las del Diputado Aguiló, quien se refiere de manera específica al Senador Carlos Larraín, y que a mi juicio son graves no solo porque descalifican sino porque producen un verdadero asesinato de imagen. Y son riesgosas, pues hay muchas personas que parecieran gozar con esto.
Daré lectura a una de ellas: "Lo que quiere el gobierno autoritario es que discutamos sobre J. Gajardo".
¿Este es un Gobierno autoritario? Yo entiendo que es una democracia.
Hoy leía a un articulista de un medio de comunicación que sostenía que cuando la Izquierda se encontraba en el Gobierno la democracia era intocable. Y ahora que hay uno que no es de esa corriente política, se le saca el piso a como dé lugar. En estos momentos en el Parlamento no se puede debatir: el debate se hace en la calle. Y hay que desestabilizar a full al Gobierno de turno.
Creo que esto no ayuda en nada.
Termino con otra frase del Diputado Aguiló: "Criminal noruego de extrema derecha dice que tiene familia en Chile... En una de esas es Carlos Larraín".
Sinceramente, pienso que es preciso leer los medios de comunicación para saber interpretar las cosas.
Por supuesto tiene que existir un nivel de lenguaje entre nosotros. Sin embargo no veo una actitud de los señores Senadores para poder representar realmente lo que es nuestra Corporación. Y digo derechamente que uno a veces va más lejos de lo que debiera. Pero el ambiente de nuestra Cámara, el ambiente democrático tendría que significar también un respeto entre todos, y no que cuando un Senador contesta producto de las agresiones mencionadas -no son menores- se incendie la pradera al escuchar solo a uno de los lados.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, he sido aludido por los Senadores Quintana y Lagos. Por su intermedio, trataré de responder.
Desde luego, a raíz de lo que sostuve en esa reunión, ofrecí toda clase de desarrollos acerca del significado de mi expresión. Dejé muy en claro que me refería efectivamente a quienes salen a las calles a romper; que se enmascaran; que tiran bombas molotov; que golpean a la policía; que impiden la vida ciudadana, que, en definitiva, se han apropiado de las calles principales, no solo en Santiago, sino también en Valparaíso. Yo no he visto a Senador alguno en esos trajines, afortunadamente.
Ahora bien, en ningún caso mencioné a un Senador, porque, aunque son muy jóvenes y muy ágiles, no los veo tirando piedras en las esquinas. Me admira, sí, que alguno se sienta aludido. En ese evento es posible aplicar el dicho de que se ponga el sayo quien quiera ponérselo.
No puedo dejar de expresar que existe mucha evidencia -y hoy se amplió, por si hiciera falta- en cuanto a que hay personas de inclinación violenta que quieren efectivamente romper el orden, o el poco orden que queda ya en las calles. Y si no podemos comentar tal circunstancia y hacer alcances sobre ella, entonces significa que nos encontramos en una situación de capitis diminutio.
Eso sí, existe una hipersensibilidad en esta materia. Porque francamente era muy difícil que algún Senador, por pobre idea que posea de sí mismo -a veces puede ser justificada-, se sintiera aludido. En realidad no me pasó por la cabeza.
Sin embargo, yo he sido objeto de comentarios muy agudos, entre comillas. Como uno que citó especialmente aquí el Senador Prokurica, de un Diputado -la Cámara Baja también forma parte del Parlamento, Senador señor Lagos- que me acusa de ser pariente del asesino en serie noruego.
Supongo que la Mesa, donde se cultiva la protección corporativa, también pudo haber hecho algo al respecto, ¿o no?
Asimismo, debo señalar que a veces compruebo en esta Sala, con gran admiración, que quienes piden un trato muy sereno y ponderado asisten impertérritos a verdaderas diatribas que se intercambian. El miércoles pasado vi cómo un Senador acusó al señor Ministro de Hacienda de ser parte -no hizo la calificación legal- en la gestión financiera de una empresa que había quebrado con gran estrépito y con daños cuantiosísimos en el mercado chileno y en el extranjero. Y nadie dice nada sobre la propiedad del lenguaje. Nos remontamos al almirante Merino, en circunstancias de que contamos aquí con ejemplos bastante más directos. Porque lo de los auquénidos fue una tontera de marca mayor no más, pero por lo menos no estaba referido a una persona determinada...
El señor LAGOS.- ¡A todo el pueblo boliviano!
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Y aquí se hacen cargos muy graves.
Por otra parte, don Guillermo Teillier, miembro del Parlamento también, me acusa de ser un "viejo fascista". Yo viejo soy, pero fascista no he sido nunca. Al contrario, soy un antifascista convencido. Y una de las razones por las cuales soy anticomunista es porque el gran socio que tuvieron el fascismo y el nacionalsocialismo en Europa fue precisamente el comunismo: 1939-1941, pacto Von Ribbentrop-Molotov; y se siguió con la repartición de Polonia, y luego con la distribución del centro de Europa, etcétera.
Si produje alguna incomodidad en alguien que se identificó con quienes andan haciendo destrozos en la calle, pido excusas si es necesario. Pero nunca pensé en algún colega. No son los trámites en los que se ve a los Senadores habitualmente.
Eso sí, solicito a la Mesa, que ha sido tan activa en la defensa de personas innominadas, que se les solicite también a los Senadores de enfrente que no me digan que soy un brazo de la Dictadura, que encarno el odio, que soy machista...
El señor LAGOS.- Homofóbico.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Y don Ricardo Lagos me llama "designado" varias veces.
El señor LAGOS.- Ahí no cometo injusticia.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Yo no efectué esa designación. Responde a una norma de una Constitución en la cual el padre del Senador Lagos tuvo mucho que ver. Así que eso lo entiendo: es entretenido, pero no lo considero muy grave.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, solo confirmo, por su intermedio, que el Senador Carlos Larraín no tuvo la capacidad para señalar a quién se refería.
El señor ROSSI.- ¿Sobre el proyecto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Sobre lo que Su Señoría estime...
El señor ROSSI.- Quería referirme a la iniciativa que se encuentra en el primer lugar de la tabla, porque me están esperando unas personas afuera...
El señor GIRARDI (Presidente).- Primero tenemos que...
El señor CANTERO.- Terminemos y empecemos a tratar la tabla.
El señor ROSSI.- Si quiere, señor Presidente, también puedo ejercer el derecho de vindicación. No tengo problema...
El señor GIRARDI (Presidente).- Si Su Señoría lo estima necesario...
El señor ROSSI.- Porque acabo de sostener un altercado con el Ministro de Salud. Pero para qué vamos a profundizar en eso.
El señor GIRARDI (Presidente).- Para dar cuenta de los acuerdos de Comités, tiene la palabra el señor Secretario.
1.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea juzgados de policía local en las comunas que indica, hasta el martes 16 de agosto, a las 13.
2.- Citar a sesión especial de la Corporación para el martes 16 de agosto, de 15:30 a 16 horas, con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile.
3.- Someter nuevamente a votación el proyecto de acuerdo referido a las consultas indígenas en el marco del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la sesión ordinaria del próximo martes 16 de agosto.
4.- Colocar en la tabla de la sesión ordinaria de ese mismo día el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En seguida, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre violencia escolar, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
En tercer trámite constitucional, sesión 18ª, en 17 de mayo de 2011.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (segundo), sesión 78ª, en 21 de diciembre de 2010.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (tercer trámite): sesión 37ª, en 2 de agosto de 2011.
Sesiones 55ª, en 28 de septiembre de 2010 (se aprueba en general); 79ª, en 22 de diciembre de 2010 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Sala debe abocarse a la discusión de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados a la iniciativa legal en examen, la cual se originó en moción de los Honorables señores Cantero, Lagos y Walker (don Ignacio) y de los entonces Senadores señores Allamand y Chadwick.
Dichas modificaciones, incorporadas en el segundo trámite constitucional, fueron aprobadas por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado, tal como se consigna en el informe que Sus Señorías tienen en sus escritorios, conforme a una decisión adoptada por la unanimidad de sus miembros presentes: Honorables señores Cantero, Larraín (don Hernán), Quintana y Walker (don Ignacio).
Cabe consignar que todas las enmiendas requieren para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión las modificaciones.
Tiene la palabra al Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, el proyecto en análisis obedece a una antiquísima necesidad, ante lo que se ha ido observando en educación, y tiende a evitar el maltrato y la forma grosera en que, de repente, un alumno es atacado por superiores, incluso por profesores o administrativos, o por niños con mayor fuerza, lo que ha obligado, en algunos casos, hasta al retiro en determinados colegios.
Entiendo que en este debate nos pronunciaremos en general y en particular, y solo deseo formular algunas observaciones sobre la materia.
La primera de ellas apunta a preguntarse, independientemente de que la situación se registre en los colegios, por qué tiene lugar de tal modo y por qué han aumentado tanto la dureza entre los escolares y la forma brutal en que las personas mayores se relacionan en ciertas oportunidades.
Mi sensación -y lo he dicho muchas veces- es que hoy día impera en toda la sociedad una violencia que ha surgido más fuertemente dentro de lo que representa el modelo capitalista, el cual ordena que la regla de oro, en definitiva, es la competitividad. Y esta última se exagera en determinados momentos, al punto de que se transmite con una fuerza increíble, obviamente, a través de los medios de comunicación. Está probado que, en Chile, cualquier niño, hasta los 13 años, ha visto alrededor de 10 mil a 12 mil actos de violencia en programas de televisión.
Ello obliga a pensar en el efecto que se provoca. En España se llegó a algo que parece bastante curioso, dadas las condiciones de plenísima libertad en la televisión que ese país ha exhibido en los últimos años. Se concluyó que era necesario aplicar lo que se llamó, en su tiempo, "autocensura" o una suerte de precaución frente a la programación chatarra.
¿Qué significó lo anterior? Que los canales, el Colegio de Periodistas y las instituciones gubernamentales, tanto nacionales como regionales o provinciales, celebraron un pacto en orden a evitar al máximo la violencia, ya que es una de las consecuencias más graves en la medida en que los niños, al menos hasta los 13 o 14 años, por mucho que cuenten con un discernimiento adecuado, carecen de una noción exacta -y ello se ha probado en estudios bastante exhaustivos- acerca de cuál es la verdad entre lo que ven y la realidad objetiva, o la concordancia de ambas cosas. Y eso ha llevado a que exista una especie de violencia inducida.
Es algo que también se aprecia en la situación que se presenta en nuestra sociedad. Y lo estamos viendo en estos días de una manera bastante clara. La violencia es parte de la comunidad internacional, y en Chile no escapamos al fenómeno.
La cuestión se traduce, entonces, en que es necesario formar de un modo distinto a los jóvenes, quienes pueden llegar, con una orientación adecuada, a una suerte de precaución, de prevención del maltrato.
Hace muchos años -entre 1993 y 2000- presentamos, junto con otros Senadores, un proyecto sobre maltrato infantil. Y una de las cosas que logramos fue que se contemplaran todas las situaciones conocidas en ese momento acerca de la manera de evaluar o estudiar tal conducta.
Sin embargo, no conseguimos que se dispusieran clases sobre derechos humanos, que se determinara una formación sobre el respeto por la gente en los estudiantes y los colegios.
Entiendo que todavía anda circulando otra iniciativa que también ayuda en la materia.
Pero, para acortar el debate, basta señalar que, al parecer, todos votaremos a favor de las enmiendas propuestas.
La iniciativa constituye un avance importante, porque lo que no se hace de niño...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Termino en seguida, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene un minuto adicional.
Como digo, lo que no se hace de niño guarda relación con lo que sucede en el período posnatal. La esencia del proyecto sobre tal materia es dar a los menores durante su primer semestre de vida -y ojalá más tiempo, hasta dos o tres años, en otros aspectos- la suficiente capacidad para variar su forma de vida y su correlación endocrinológica, lo que puede cambiar las conductas de los niños.
Por eso, vamos a votar favorablemente.
En todo caso, señor Presidente, si no se hacen sonar los timbres desde ya, no alcanzaremos el quórum requerido.
El señor WALKER (don Patricio).- ¡Que se abra la votación!
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Así es!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Sí, abrámosla!
Dado que hay dos Comisiones sesionando en paralelo con la Sala, tenemos dos opciones: suspender la votación hasta más tarde -habría que fijar una hora para votar y pasar al próximo proyecto- o abrirla.
El señor WALKER (don Ignacio).- Votemos ahora.
El señor LARRAÍN.- Y que se avise a las Comisiones.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entonces, abriremos la votación y se pedirá a los miembros de las Comisiones que vengan a emitir su pronunciamiento.
En votación las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, deseo hacer una consulta a la Secretaría.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ESPINA.- ¿Existe un texto comparado de esta iniciativa? Porque lo que tengo en mi escritorio es solo el informe del proyecto, en tercer trámite constitucional, sobre violencia escolar.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Vamos a formular la consulta.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Secretaría solo tiene el informe.
El señor ESPINA.- En ese caso, para una mejor comprensión de los proyectos, sería de mucha utilidad hacia el futuro contar con un texto comparado donde apareciera la legislación vigente, el proyecto despachado por el Senado y las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Esa es la manera más fácil de darse cuenta de los cambios experimentados por la iniciativa.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Mesa comparte plenamente su juicio, señor Senador. Por eso estamos solicitando una explicación al Secretario de la Comisión de Educación.
Me acaban de precisar la información: el comparado existe y se encuentra en el sistema electrónico. Ello obedece a una de las medidas que se han tomado para "salvar los árboles"; es decir, para consumir menos papel.
De ser necesario, se puede imprimir. Pero está disponible en el sistema computacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker, para fundar su voto.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, solo quiero reiterar la importancia del proyecto que nos ocupa.
Soy coautor de la moción respectiva, la que debe mucho a la labor desarrollada en esta Corporación por el ex Senador señor Allamand.
La tramitación de la iniciativa ha tenido una trayectoria, a mi parecer, bastante virtuosa. Empezamos con una mentalidad, como suele ocurrir en estos casos, sancionatoria (cómo castigar el bullying, el matonaje, el hostigamiento, de ocurrencia diaria en los 11 mil establecimientos educacionales -o en la mayoría de ellos- y que afectan especialmente a los niños), y pasamos a una lógica que, aunque tiene algo de punitivo, aspira a instaurar una nueva cultura al interior de los colegios del país.
Hay mucha conciencia de nuestra cultura y, en materia educacional, de los derechos, pero poca conciencia de los deberes y las obligaciones.
Este proyecto de ley plantea un conjunto de deberes y obligaciones -además de los derechos garantizados a nivel constitucional y legal- a los distintos estamentos que componen la comunidad escolar: a los directores, a los órganos directivos, a los profesores, a los padres y apoderados, y en especial, a los alumnos y las alumnas, quienes suelen ser sujetos tanto activos como pasivos de una ignominia que sufren a diario -en forma anónima, por lo general- miles de niños y niñas en Chile.
Entonces, el primer aporte de la iniciativa es llamar la atención sobre la necesidad de reforzar los deberes y las obligaciones, junto con los derechos, al interior de los 11 mil establecimientos educativos.
En segundo lugar, se dispone que cada uno de ellos cuente con un reglamento que vele por la convivencia escolar y que contenga los derechos y, sobre todo, los deberes y las obligaciones de los distintos actores. Además, se requieren protocolos de actuación: ¿Qué hacer cuando alguien tiene información acerca de un caso de hostigamiento, de matonaje, de bullying? ¿Cuáles derechos y deberes operan en tal situación? ¿Ante quién se debe reportar el hecho?
Esos son algunos de los aspectos que el proyecto propone incluir en los reglamentos.
Y en tercer término, aunque no es lo medular, también se consideran sanciones -especialmente, multas-, para cuando los derechos y las obligaciones consagradas en esta futura ley sean infringidos al interior de un establecimiento educacional.
Por lo tanto, por primera vez en la historia de Chile se legisla en esta materia, más que para sancionar -reitero: la propuesta es un texto bastante preventivo y disuasivo-, para formar una nueva cultura que rija la convivencia escolar en los colegios.
Por ello, celebro que la iniciativa se haya aprobado en el primer trámite constitucional en el Senado.
Insisto: este proyecto se inició en una moción. No todos los días aprobamos propuestas legislativas con este origen.
Creo que la Cámara de Diputados, que actuó en este caso como Cámara revisora, hizo aportes muy significativos en el segundo trámite constitucional, especialmente en la dirección, más que de sancionar, de prevenir, introduciendo incentivos que apunten a desarrollar buenas prácticas en los establecimientos educacionales.
En este tercer trámite, estamos concluyendo el debate de una iniciativa muy esperada por la comunidad escolar.
A diario vemos reportajes, sobre todo en televisión, acerca de cómo se pasa a llevar la integridad sicológica de los niños; cómo se les inhibe y humilla a través de diversas formas de matonaje, hostigamiento o bullying al interior de los recintos educacionales.
Por lo tanto, llamo a la Corporación a aprobar el proyecto para que se convierta en ley, normativa que será muy bienvenida por la sociedad, en general, y no solo por la comunidad educativa, y que apunta a sentar las bases y a incentivar el surgimiento de una nueva cultura de sana convivencia escolar tendiente a evitar -erradicar, en lo posible- la violencia escolar.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, deseo formularles una consulta a los autores de la moción. Entiendo que el único presente en la Sala es el Senador señor Ignacio Walker.
La Cámara de Diputados eliminó varias disposiciones aprobadas por el Senado. Quiero que alguien me explique el fundamento de ello, porque no queda claro en el informe.
Si revisamos el comparado, veremos que la Cámara Baja -salvo que esté leyendo muy mal el texto- rechazó íntegramente los números 1, 2 y 3. Es decir, quedaron fuera las seis primeras páginas de dicho documento.
Y el primer precepto que se modifica es el número 4, letra a): se propone intercalar, en el inciso segundo del artículo 15 de la ley, a continuación de la expresión "proyecto educativo", la oración "promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, conforme a lo establecido en el párrafo tercero de este título".
Aprovecho, señor Presidente, de hacer una sugerencia respecto de la elaboración de los comparados.
Pienso que nuestros informes son muy difíciles de entender. De verdad. He tratado, durante todos estos años, sin ningún éxito, de que los comparados en tercer trámite contengan una columna donde aparezca el texto final propuesto.
A cualquier persona que lea la tercera columna del comparado del presente proyecto ("Modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados") le costará comprender cómo quedará el articulado en definitiva. Y muchos de estos textos llegan a manos de la prensa, de terceras personas, de estudiantes interesados, en fin.
¡Resulta muy difícil entender las leyes!
Por lo tanto, señor Presidente, como tema aparte, sugiero que en los comparados se agregue una columna que contenga el texto final, incluidas las enmiendas propuestas por la Cámara Baja. Así, cualquier persona (joven, profesor) que analice la iniciativa podrá entender lo que se plantea. Si no, le resultará muy difícil comprenderlo.
Sin perjuicio de ello, solicito que alguien me clarifique las razones que tuvo la Cámara de Diputados para modificar sustancialmente lo aprobado por el Senado y agregar el párrafo 3° "Convivencia Escolar".
De los autores del proyecto, al único que veo en la Sala es al Senador señor Ignacio Walker. No sé si él, o la Secretaría en subsidio, pudiera explicar el punto.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana, Presidente de la Comisión de Educación.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, por supuesto, voy a respaldar el proyecto, que la Comisión de Educación estudió en profundidad.
Son varios los autores de la moción pertinente: Senadores señores Ignacio Walker y Cantero, y el ex Senador señor Allamand, entre otros.
La iniciativa efectivamente experimentó muchas modificaciones, y no solo en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado.
El texto original estaba planteado más bien en términos punitivos, lo que es importante por cuanto hay que ver cómo limitar los comportamientos de maltratos producidos entre pares. Y recalco: es entre pares; no se trata de cualquier tipo de violencia, de abuso sistemático, reiterado, psicológico.
En un primer momento -insisto-, sobre la base de la premisa de que había que ponerle atajo a esto de una vez por todas, se pensó en medidas más bien persecutorias.
Sin embargo, como estamos hablando de escolares, el carácter preventivo que se le fue dando a la iniciativa mejoró su texto.
Ahora ingresa a la Sala uno de los autores de la moción, el Senador señor Cantero, quien podrá responder con mayor propiedad las preguntas del Honorable señor Espina.
Señor Presidente, simplemente quiero señalar que el proyecto, tal como quedó redactado, permitirá cautelar el bien protegido que nos interesa: la integridad física y psicológica de los estudiantes.
Además, pienso que es muy importante haber mantenido intactas en la discusión las cuatro áreas a las que se les pueden asignar recursos. Me refiero a las que contempla la iniciativa sobre subvención escolar preferencial, que la Comisión de Educación despachó hace tan solo seis días.
El Gobierno quería modificar precisamente la concerniente a la convivencia escolar y quedarse solo con una de las áreas. Naturalmente todos los municipios, los sostenedores educacionales iban a optar, entre las cuatro categorías, por aquella que les garantizara mayor flexibilidad presupuestaria, que es la de gestión de recursos, pues esta les permitiría contratar profesores, en fin.
Pues bien, junto con el Senador señor Ignacio Walker, insistimos mucho en la necesidad de mantener firme el área de convivencia escolar, lo cual posibilita que el proyecto tenga una expresión en términos de recursos; es decir, habrá fondos para que el Consejo Escolar en cada recinto educacional no sea letra muerta. Me refiero al órgano que estará integrado, entre otros, por el director del establecimiento, por un profesor designado entre sus pares, por el presidente del centro de padres y apoderados y por el presidente del centro de alumnos.
Señor Presidente, la iniciativa que nos ocupa apunta en la dirección de frenar la agresión escolar, conocida como "bullying".
Encuestas recientes de la Organización Mundial de la Salud sitúan a Chile entre los países donde más está creciendo tal fenómeno. Se habla de que el bullying, especialmente hacia los más chicos, bordea el 40 por ciento. Esta cifra es muy alta para una nación como la nuestra.
Esta materia forma parte también de los asuntos que la sociedad chilena está debatiendo como uno de los graves problemas que tenemos en educación. Es probable que la convivencia escolar sea un asunto no medible, distinto de lo que sucede con las asignaturas y las calificaciones, pero igual es relevante para la promoción de valores y para lo que recibe finalmente el estudiante en su proceso formativo.
En consecuencia, que el menor lleve adelante su proceso educacional sin la amenaza de tener en forma permanente un compañero que lo hostigue, golpee o dañe psicológicamente constituye un bien jurídico importante y una garantía que debe otorgar nuestro sistema escolar.
En tal sentido, señor Presidente, el proyecto es tremendamente necesario.
Por eso, con todo gusto, voto a favor las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, también deseo manifestar mi aprobación a la iniciativa y felicitar a los autores de la moción, todos miembros de la Comisión de Educación en su momento.
Además, el proyecto contó con el apoyo del Ministerio de Educación.
Me tocó participar en algunas reuniones donde se discutió el asunto, por lo que puedo decir que se ha hecho un trabajo bastante serio.
El bullying -desgraciadamente, no hemos castellanizado la palabra- es una especie de maltrato particular.
El señor WALKER (don Ignacio).- De matonaje.
El señor LARRAÍN.- Exactamente, constituye una suerte de matonaje, que revela conductas de agresión física o psicológica que se repiten en el tiempo y que, como tales, son un atentado al sentido de la dimensión formativa que tienen los establecimientos educacionales por definición.
Y, por lo tanto, no podemos como sociedad permanecer indiferentes a una situación que se ha ido intensificando y multiplicando.
Al final, no nos es factible dejar de pensar que la convivencia escolar es en sí misma una forma de aprendizaje progresivo y permanente.
En el caso particular que nos ocupa, debemos entender que el bullying constituye una forma de discriminación. Es un grupo el que discrimina en contra de otros por distintas razones: por su aspecto físico, por sus habilidades intelectuales, etcétera, que lamentablemente terminan por implicar una cadena de complicidad, de silencio de los partícipes, sobre hechos que afectan a otros alumnos. Y a veces, incluso, ante la mirada de un profesor que los tolera o no es capaz de tomar medidas al respecto.
Por cierto, al no hacer nada y al callar, se convierten en cómplices.
Debemos asumir esta situación y sancionarla por un camino efectivo.
El proyecto en análisis permite al Ministerio de Educación intervenir y multar a los colegios que no tomen en serio el bullying, pero también deja a estos la capacidad de reglamentar y sancionar de distintas maneras tales conductas.
Resulta interesante constatar que efectivamente el bullying ya no es, por desgracia, un fenómeno episódico, sino que se ha convertido en una conducta mucho más extendida de lo que uno pudiera imaginar.
De acuerdo a una encuesta hecha por el Ministerio de Educación en 2010 -la primera que se aplica para conocer cifras reales de este fenómeno- el 86 por ciento de los alumnos encuestados declararon haber presenciado frecuentemente insultos y burlas; el 71 por ciento ha visto peleas; el 69 por ciento dice que se cometen robos o hurtos en la sala de clases; el 60 por ciento señaló que sus compañeros rompen o dañan infraestructura del colegio en que estudian; el 50 por ciento reconoció haber recibido amenazas y hostigamiento.
Es decir, no hablamos de situaciones menores, sino de hechos bastante más extendidos y generalizados.
Por ese mismo motivo, considero muy necesario y urgente asumir esta realidad y buscar caminos que permitan abordarla. Es parte del proceso educativo.
Ello no se ha hecho, y por eso esta iniciativa y el apoyo que ha recibido del Gobierno nos llevan a pensar que se está trabajando como corresponde: parlamentarios que se hacen responsables de esta situación y una autoridad que apoya y da más fundamentos a un proyecto que estoy seguro contribuirá a reducir este fenómeno que, desgraciadamente, se ha instalado entre los estudiantes chilenos.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, es muy grato ver cómo una iniciativa de esta naturaleza llega al término de su tramitación.
Quiero recordar que los principales impulsores de ella fueron dos parlamentarios que hoy se desempeñan como Ministros: los entonces Senadores señores Chadwick y Allamand. Ellos fueron los primeros que levantaron una iniciativa concreta y que buscaron respaldo en esta línea.
Vaya para estos, entonces, el reconocimiento. Porque el proyecto en debate -como digo, llega ya a su fase final de tramitación- constituye un valioso aporte, pues permite entender el enfoque de la violencia escolar dentro de la comunidad educativa; establece responsabilidades; incorpora definiciones que me parecen oportunas y positivas, toda vez que, como se señaló, hay un ambiente de violencia escolar exacerbado, que por lo demás parece ser un fenómeno creciente y al cual de una vez por todas debemos regular y ponerle coto.
Lo que busca esta normativa es que toda acción violenta física o psicológica, agresión u hostigamiento que involucre a un miembro de la comunidad educativa sea sancionado. También establece que revestirá particular gravedad cuando aquella sea realizada por personas que cumplan algún rol de autoridad dentro del establecimiento. Asimismo, dispone que se sancionará al colegio que no tome debida nota ni adopte las medidas pertinentes y correctivas. También se crea un Comité de Buena Convivencia Escolar, el cual debe estar inserto dentro del marco del proyecto educativo y que tiene por objeto promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento.
Me parece que las definiciones sobre convivencia escolar contenidas en el artículo 16 son muy pertinentes; colaboran mucho al entendimiento y la comprensión.
Seguramente, en el ejercicio de estas normas iremos observando alguna necesidad de corrección. Y eso será siempre útil.
Entonces, señor Presidente, quiero expresar mi alegría por observar que en un plazo bastante breve esta iniciativa va a terminar su tramitación.
Con todo -lo deseo manifestar-, como desafío hacia delante hay una cuestión que no está siendo considerada con la atención requerida: la violencia que observamos en los programas de televisión fundamentalmente. Son por lo menos tres las horas en que las pantallas interactúan con nuestros niños.
En esa línea, me parece que tendremos que hacer esfuerzos para volver a cautelar el tiempo que los menores pasan frente a la televisión en el horario familiar, en particular el espacio infantil.
Desde esa perspectiva, quizás el desafío mayor tiene que ver -y esto es simplemente prospectivo, porque no se halla contenido en el proyecto de ley en discusión, pero pienso que constituye una cuestión interesante de considerar- con lo que especialistas en estas materias califican como "el manejo de emociones en el ámbito escolar".
Nuestros niños no son educados respecto a cómo manejar las emociones.
Hemos visto precisamente en estos días incluso a toda la estructura educacional actuando en la calle. Y observamos violencia. Por cierto, acción y reacción, pues aquí tampoco se trata de caricaturizar a ningún sector.
Lo concreto es que hemos observado el enfoque dual: el esfuerzo claramente intencionado de determinados miembros de la comunidad educativa por mantener un espacio de expresión ciudadana en paz, en armonía, con simpatía, con empatía respecto de las ideas que buscan defender; y el accionar de otros, que pueden ser minoritarios, pero causan un efecto tremendamente violento en la comunidad nacional, que expresan sus sentimientos con una virulencia y violencia inusitadas.
Lo que resulta más paradójico es que estos últimos son los que claman al cielo por sus derechos; pero no están dispuestos a respetar los de los demás.
Esa cuestión me parece muy interesante.
Especialistas del ámbito educativo y también del área de salud mental del Ministerio de Salud nos recomendaban considerar hacia el futuro el introducir en el ámbito de la sala de clases lo que se ha denominado como "una instrucción para el manejo de las emociones", que permita mejorar la interacción social entre los miembros de la comunidad educativa.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra para fundamentar el voto el Senador señor Orpis
El señor ORPIS.- Señor Presidente, en mi opinión, este proyecto es tremendamente oportuno. Y al aprobarlo, quiero plantear una reflexión: estamos abordando lo relativo a la violencia a nivel escolar. Pero esto es la expresión de algo mucho más profundo.
La pregunta que uno debería hacerse es: ¿La violencia se está generando solo a nivel escolar?
Me explico: cuando uno ve a través de distintas imágenes a niños resolver los conflictos por la vía de la violencia, debe comprender que ello ocurre porque al final estamos viviendo en una sociedad profundamente violenta, que ha llegado incluso al nivel escolar.
Yo, simplemente, quiero llamar la atención sobre el particular.
Hoy día, si uno observa lo que ocurre en ciertos barrios a lo largo del país, se da cuenta de que los problemas allí se resuelven y se imponen territorios a través de la violencia. El código es la amenaza, el chantaje.
Esa es la conducta normal que se expresa en las relaciones personales. Y cuando la violencia pasa a ser el método habitual para solucionar las diferencias de la vida en comunidad, tiene distintas expresiones en los diversos ámbitos, siendo uno de ellos el escolar.
A mi juicio, el asunto va mucho más allá de la esfera educacional, porque se ha instalado en amplios sectores de la comunidad, que definitivamente han decido desarrollar su vida en común utilizando la violencia. Y lo que vemos en el nivel escolar no es nada más que el efecto de ello. Ahora, si esa violencia se expresa en tal plano, es porque normalmente también la hay en la casa, en la familia, en el barrio.
Por lo tanto, esta reflexión deberíamos extenderla mucho más allá de abordar el bullying en este proyecto. Resulta evidente la importancia de analizar tal problema a nivel escolar, porque allí es precisamente donde se forman las personas. Y, en consecuencia, al colocarlo en el terreno legislativo, se le está dando una prioridad significativa.
Sin embargo, se deben abrir los ojos, porque la violencia trasciende el ámbito estudiantil, como expresión de algo mucho más profundo que se está viviendo en la comunidad y en la sociedad toda.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto favorable a las enmiendas introducidas al proyecto con algunas reflexiones, que se añaden a las ya realizadas.
Lo de la violencia escolar, efectivamente, viene a ser como un espejo de ciertos patrones culturales que se están desarrollando en la vida social.
Yo durante muchos años hice clases, alrededor de 18 o 19 años. Y la verdad es que el ambiente en las escuelas, cuando decidí no continuar, se veía muy deteriorado comparado con el de hace 16 o 18 años, cuando empecé a notar un cambio en el modelo de conducta que había hasta ese momento.
Por eso, a mi juicio, el énfasis debe estar hoy día puesto en lo que ocurre en la sala de clases.
No cabe duda de que el rol de la escuela contemporánea se ha visto acrecentado por la ocurrencia -así lo hemos presenciado- de un fenómeno muy doloroso: la virtual desaparición de la estructura familiar. Entonces, en la medida en que ella disminuía, o -mejor dicho- se filtraba, el papel de la escuela se agrandaba.
En consecuencia, todo lo que pueda conducir a una mejor convivencia en los establecimientos educacionales se debe tratar de apuntalar.
Por eso también duele que, a veces, el propio gremio de los profesores no entienda que debe sustentar y acentuar el valor de la ley. La conducta individual, por supuesto, puede asociarse al recto uso de la razón, pudiendo esta ir sola, acompañada de la religión o combinada con otros factores como familia-escuela-profesor. Pero el rol del educador es determinante.
De ahí, entonces, que los profesores deben respetar y proteger la legislación vigente, lo que resulta muy importante.
Hemos visto estos días algunos episodios que nos hacen dudar acerca de la convicción del propio profesorado acerca de lo necesario que es contar con un marco legal dentro del cual desarrollar su tarea.
Solo me resta agregar que votaré a favor de las enmiendas, con mucho gusto. Y confío en que ellas conduzcan a un mejor desarrollo de la labor de los profesores en el aula.
--Se aprueban las modificaciones de la Cámara de Diputados (31 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Escalona y Muñoz Aburto, en primer trámite constitucional, sobre nulidad de despidos realizados para recontratar a trabajadores por una remuneración inferior, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es establecer la nulidad del despido de un trabajador cuando se realice con el fin de contratarlo nuevamente, ya sea en forma inmediata o en un período próximo, con una remuneración inferior a la pactada anteriormente.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y le dio aprobación a la idea de legislar con los votos a favor de los Senadores señora Rincón y señores Bianchi y Muñoz Aburto y el voto en contra del Honorable señor Kuschel.
El texto del proyecto que se propone aprobar en general se transcribe en el informe de la Comisión.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión general.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, presentamos esta iniciativa motivados por la situación que afectaba a los trabajadores de la industria del salmón en la Región de Los Lagos, particularmente en la provincia de Llanquihue, comuna de Puerto Montt, pero también en la provincia de Chiloé, en las comunas de Ancud, Castro y Quellón, en las cuales se ha estado utilizando el mecanismo de despido de trabajadores para luego recontratarlos en condiciones inferiores a las originales.
Se trata de una situación grave.
En el caso de la comuna de Puerto Montt, en el mes de marzo, una empresa del salmón despidió a 400 personas e inmediatamente después, a través de avisos difundidos de manera amplia, procedió a la recontratación de un número similar de trabajadores en condiciones claramente desventajosas y muy lejanas a las originales, es decir, a las que tenían al momento del despido.
En consecuencia, resulta evidente la presencia de una práctica antilaboral, profundamente antipopular, que afecta de manera severa a los asalariados, en este caso del sector de la salmonicultura.
Debo hacer presente que en el curso del 2009 el Senado procedió a estudiar, debatir y aprobar el proyecto de ley que permitió renegociar las deudas de las empresas salmoneras -compromisos de elevado volumen contraídos con la banca-, generadas a partir de la epidemia del virus ISA, que significó el quiebre de la capacidad productiva de un número muy importante de aquellas; el despido de cerca de 30 mil trabajadores, y un impacto laboral que afectó a cerca de 50 o 60 mil personas, provocando en la Región de Los Lagos una situación social y económica sumamente compleja, precaria y angustiosa para decenas de miles de familias.
Entonces, la Administración de la Presidenta Bachelet solicitó a los parlamentarios en ese momento de Gobierno que respaldáramos dicha iniciativa vinculada a la salmonicultura, con el argumento principal de que era indispensable introducir modificaciones legales que permitiesen renegociar los endeudamientos de la industria, lo cual les permitiría seguir adelante y evitar el colapso completo, con pérdida de otras decenas de miles de puestos de trabajo.
En consecuencia, a pesar de públicas discrepancias entre los parlamentarios de la Concertación en el Senado, nos empeñamos en sacar adelante ese proyecto de ley. Durante el debate del mismo los representantes de la industria del salmón asumieron un compromiso. Señalaron con claridad que aceptaban la necesidad de un nuevo trato laboral que posibilitara efectivamente relaciones de cooperación entre trabajadores e industriales y que condujese a una mejor situación.
Debo decir que en la discusión de la Comisión de Pesca eso fue reconocido, porque los representantes del sector estuvieron contestes en que había abusos y reiteradas prácticas antisindicales. Ello se reflejó incluso en que la "ley del salmón" incluyera un artículo transitorio que obligaba al Ministerio del Trabajo a formular un estatuto especial para los trabajadores del rubro, dada la coyuntura de serio menoscabo y atropello que se registró en el curso de los debates legislativos de aquella ley.
Sin embargo, he de señalar, con mucho pesar, que el espíritu que se comprometió en el Senado, en el sentido de iniciar un nuevo trato, no se respetó. En la actualidad, en numerosas comunas de la Región de Los Lagos, en las provincias de Chiloé, de Palena, de Llanquihue, se lleva a cabo una extensa implementación de trabajo precario, sobre la base de la masificación del sistema llamado "part time", con jornadas que no son completas y donde no existe contrato indefinido. Se trata de empleos que se hacen precarios intencionalmente, con el propósito de abaratar el costo de la fuerza laboral.
Estas jornadas part time han empujado a un sector de la fuerza laboral de la Región de Los Lagos a remuneraciones que se encuentran bastante distantes de alcanzar siquiera el salario mínimo, sobre el cual se legisló hace no muchas semanas en el Congreso Nacional. Una parte muy importante de trabajadores y trabajadoras retornaron a sus hogares. La mayoría desarrolla economías de subsistencia. Muchos son recolectores de leña en los bosques o se dedican a otras labores que apenas les permiten sobrevivir.
Tenía razón la ex Presidenta Bachelet cuando solicitó a quienes éramos parlamentarios de Gobierno en aquel entonces que concurriéramos con nuestro voto favorable para sacar adelante la industria del salmón, en ese momento en serios aprietos. Pero esa actitud no ha recibido la respuesta que aquí se comprometió, en orden a establecer un nuevo trato con los trabajadores y trabajadoras del sector de la salmonicultura.
El hecho más notorio de las prácticas antilaborales es el que mencioné al comienzo de mi intervención: despidos masivos, para después recontratar en condiciones enteramente alejadas de las originales, por cierto ya sin contrato indefinido y sin las garantías ni el resguardo de la protección social que, se supone, nuestra nación hoy está en condiciones de brindar a todos quienes viven de su trabajo.
Por esos motivos, con el Senador Muñoz Aburto hemos presentado este proyecto, a fin de que dicha práctica antilaboral no se extienda, no se masifique, no se repita y, en lo posible, se termine, con el propósito de ir estableciendo efectivamente las bases de una relación laboral constructiva, de cooperación y no de abusos, que busque sacar adelante la tarea común y no aplastar al sector laboral.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero formular algunas consultas a quienes participaron en la Comisión de Trabajo aprobando la moción en análisis.
Entendiendo perfectamente bien su sentido, que ha explicado el Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra, me pregunto si una reacción a un hecho puntual no nos podría dejar con las manos amarradas en forma permanente.
Por ejemplo, es posible que se produzca una situación crítica que efectivamente afecte a una industria o a una empresa determinada de cualquier rubro. Hemos visto en estos días que la volatilidad de los mercados es una realidad que de pronto deja en condición compleja a más de una empresa.
¿Qué pasa si eso finalmente ocurre? Una fórmula de solución es que reduzca sus costos en remuneraciones. Y ahí puede darse el escenario de que ponga fin a la contratación de sus empleados y los recontrate, pero con un sueldo inferior. Esa es una alternativa. La otra es pactar con los propios trabajadores una reducción de sus salarios porque, de lo contrario, la empresa tiene que cerrarse o quebrar.
Yo entiendo que alguien puede aprovecharse de tal circunstancia. Pero también es cierto que hay situaciones objetivas donde se registran los problemas descritos.
¿Cómo los enfrentamos, si se dan?
Otro caso es el de una persona contratada para desarrollar una obra determinada. Cuando esta termina, se la contrata para otra, pero con un sueldo diferente, pues la ocupación tiene una naturaleza distinta.
¿Qué ocurre ahí? ¿No se la podría contratar?
Yo entiendo la defensa de los derechos y comparto el espíritu de la iniciativa. Pero me gustaría tener claridad respecto de estas inquietudes, que surgen a primera vista de la lectura del texto.
Finalmente, también deseo preguntar sobre el tenor de la norma que señala: "Será nulo el despido de un trabajador realizado con el propósito de volver a contratarlo, inmediatamente o en un período próximo, por una remuneración inferior".
¿Qué se entiende por "período próximo"? ¿Cómo se debe interpretar la disposición? Porque, si una empresa quiere hacer trampa, la letra del precepto lo permitiría. ¿Período próximo son tres semanas, tres meses, un año? No lo sé.
Señor Presidente, encuentro loable el espíritu de la moción, que, por lo que pude entender, responde a abusos concretos cometidos en una situación determinada. Por supuesto, resulta razonable una reacción para evitarlos hacia el futuro, pero la norma propuesta, tal como está, a lo mejor trae consecuencias negativas para los propios trabajadores en ciertas hipótesis.
Yo pregunto: ¿eso no es algo que se quisiera evitar?
Por lo tanto, señor Presidente, me gustaría que alguien se hiciera cargo de las inquietudes planteadas, ya sea uno de los autores de la moción o un miembro de la Comisión, como medida para mejor resolver.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, Honorables colegas, espero aclarar algunas de las legítimas aprensiones formuladas por el Senador Hernán Larraín.
En efecto, el proyecto busca impedir aquellas prácticas abusivas que realizan algunos empleadores que, al no poder modificar de común acuerdo con el trabajador condiciones impuestas en el respectivo contrato, le ponen fin a la relación laboral y lo recontratan por una remuneración inferior. Esta es una práctica contraria a los trabajadores, que los obliga a aceptar un sueldo inferior por la misma labor que han estado desarrollando durante mucho tiempo.
Sin embargo, la normativa no afectaría, por ejemplo, a los contratos por obra, que son de distinta naturaleza y tienen diferentes condiciones, las que pueden variar según cómo se los adjudiquen los empleadores.
Nuestro Código del Trabajo consagra una serie de instituciones que protegen a una de las partes de la relación laboral entre empleador y trabajador. Una de ellas es el salario mínimo, y otra, el establecimiento de condiciones que deben ser respaldadas por el primero, pero también por el segundo.
Lamentablemente, como dije denantes, cuando el empleador no puede cambiar unilateralmente las condiciones del contrato, recurre a lo expresado por el Senador Escalona: finiquitar al trabajador y recontratarlo por una remuneración bastante inferior.
Lo que nosotros queremos es que se apruebe la idea de legislar, a fin de que, durante el plazo para la presentación de indicaciones, se puedan recoger todas las inquietudes que aquí se han planteado.
Justamente el término para declarar la nulidad del contrato no se menciona en el texto porque esperamos que sea fruto de alguna indicación de los Honorables colegas. En lo personal, me parece que no debiera ser superior a 60 días, pero eso habrá que determinarlo en la discusión particular de la iniciativa.
Algunas inquietudes ya fueron analizadas en la Comisión de Trabajo, estando presente en ella la Ministra del ramo, oportunidad en la cual se concordó con el Ejecutivo la aprobación general del proyecto para precisar sus alcances durante el debate de su articulado, de manera de transformarlo en un instrumento realmente efectivo, que proteja a los trabajadores cuando sean despedidos y recontratados con salarios más bajos.
Estimo que la normativa salva abusos y prácticas contrarias a los trabajadores, las cuales, desafortunadamente, se han convertido en normales y corrientes en algunas actividades, donde se los presiona para poner término a sus contratos y después suscribir una nueva convención.
Espero que en la discusión particular podamos perfeccionar el proyecto y resolver allí las inquietudes que aquí se han hecho presentes y que también planteó la Ministra del Trabajo. Están vinculadas principalmente con la longitud del plazo (60 días o más) para declarar la nulidad del contrato.
Quiero destacar que en la legislación comparada hay referencias de protección a los trabajadores cuando estos son despedidos y recontratados. En Brasil, por ejemplo, se declara nulo el nuevo contrato cuando estipula remuneraciones más bajas que el anterior por la prestación de servicios similares. En Argentina esta situación no se halla regulada en el Código Laboral, pero sí a propósito de un organismo parecido a nuestra Dirección del Trabajo, donde también se sanciona con nulidad o invalidez a los contratos suscritos después del finiquito y por remuneraciones inferiores, en claro perjuicio para los trabajadores.
Por lo expuesto, señor Presidente, solicito la aprobación general del proyecto, confiando en que durante la discusión particular será mejorado con las indicaciones que los Honorables colegas formulen en la Comisión del ramo.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, no tengo ninguna duda de la sana intención con que actuaron los Honorables señores Escalona y Muñoz Aburto al proponer al Senado esta iniciativa de ley.
Uno los escucha y, obviamente, no puede sino reconocer que se cometen abusos. Pero ninguno de nosotros está por mantenerlos, protegerlos, ni tampoco por aceptarlos.
Sin embargo, siento que la propuesta finalmente puede resultar dañina para los propios trabajadores.
Y esto, por dos razones.
La primera, porque una empresa, frente a una situación económica difícil o que esté comenzando a perder mercados, puede tener que recurrir a ofrecer a un trabajador su despido, pero, al mismo tiempo, para que no quede desempleado -en muchas comunas las fuentes de ocupación son muy escasas- y porque son necesarios sus servicios, decirle: "Mire, yo en realidad lo puedo recontratar, o contratar de nuevo, pero por una remuneración más baja".
Eso ocurre en el sector agrícola; en las pequeñas empresas, principalmente, y en las comunas más distantes y con mayor ruralidad de nuestro país.
Aquí, de aprobarse una normativa para impedir tal circunstancia, la única opción posible sería despedir al trabajador y contratar a otro de afuera por un salario inferior.
Claro, lo contrario significa forzar a la persona a aceptar un sueldo menor, porque la contrapartida de ello es, en definitiva, su cesantía. Y, frente a esa disyuntiva, pienso que la propuesta es una mala solución.
Yo prefiero que el trabajador mantenga su fuente laboral, si está dispuesto, obviamente, a aceptar una remuneración más baja.
Asimismo, es mejor que sea recontratado porque, al ser despedido, tendrá derecho a recibir la indemnización correspondiente. Y recordemos que nadie se entiende legalmente exonerado de su empleo si no están sus imposiciones al día. Por tanto, al momento de producirse el finiquito, se deberá verificar el cumplimiento de todas las disposiciones laborales y previsionales vigentes. Y luego de ello vendrá, en consecuencia, el nuevo contrato, protegiéndose y respetándose siempre, siempre, los derechos remuneracionales y previsionales de los trabajadores.
Por eso, señor Presidente, a pesar de que entiendo perfectamente la intención de los autores de la iniciativa, voy a votar en contra, pues considero que nuestra función es castigar y sancionar los abusos, pero no impedir que un trabajador, en el momento de verse enfrentado a la disyuntiva del desempleo o de mantener su ocupación, aunque con una remuneración menor, opte, legítimamente, por esta última alternativa.
El señor GIRARDI (Presidente).- Informo a Sus Señorías que el Senador señor Muñoz Aburto ha pedido segunda discusión para el proyecto.
El señor ESPINA.- Dado que se solicitó segunda discusión, hasta aquí llegamos, señor Presidente.
No tiene sentido comenzar ahora el debate.
El señor GIRARDI (Presidente).- A continuación se halla inscrito el Senador señor Kuschel.
¿Su Señoría desea intervenir de todas maneras o en la próxima sesión?
El señor KUSCHEL.- No sé si vale la pena participar en esta ocasión o más adelante.
El señor LARRAÍN.- Más adelante.
El señor KUSCHEL.- Bueno, al igual que el colega Espina, hasta aquí no más llegamos, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Hago presente que la segunda discusión se efectuará mañana, no más adelante.
El señor LARRAÍN.- Quiero plantear una proposición, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, más que dejar la iniciativa para segunda discusión, a lo mejor sería conveniente -se lo sugiero a sus autores- volverla a Comisión, para que se discuta en general y en particular.
Ello, con el fin de que el órgano técnico despeje las inquietudes surgidas aquí; perfeccione el texto para sancionar las prácticas abusivas a que pueden dar lugar sus disposiciones, y clarifique las circunstancias en las cuales ha de restringirse la modalidad propuesta. Porque tal vez una buena intención puede acarrear consecuencias negativas para los propios trabajadores.
Eso es lo que propongo como alternativa a la segunda discusión, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en la forma señalada?
El señor MUÑOZ ABURTO.- No, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Hay oposición.
Los oradores inscritos podrán intervenir en la sesión ordinaria de mañana.
El señor GIRARDI (Presidente).- Ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Espina, señora Alvear y señores Gómez, Larraín (don Hernán) y Walker (don Patricio), sobre derecho a defensa de los imputados.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la "Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos", aprobada el 5 de septiembre de 1997 en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7097-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Relaciones Exteriores: sesión 24ª, en 8 de junio de 2011.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 37ª, en 2 agosto de 2011.
Sesión 26ª, en 15 de junio de 2011 (queda pendiente su discusión en general).
El objetivo de esta Convención es mantener un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radioactivos; asegurar que en todas las etapas de la gestión del combustible y de desechos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales, y prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar estas en caso de que se produjesen.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Larraín (don Hernán), Kuschel, Letelier y Tuma.
Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales adoptó igual decisión, también unánimemente por sus integrantes presentes, Senadoras señoras Allende y Alvear y el ex Senador señor Longueira.
Cabe destacar que la iniciativa requiere para su aprobación los votos conformes de 20 señores Senadores.
Hay que dejar constancia del quórum, señor Senador.
Les solicito a Sus Señorías ejercer el derecho a voto.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (22 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Coloma, Escalona, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Uriarte, Von Baer, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prohíbe y elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos organomercúricos, con informe de la Comisión de Salud.
La finalidad principal de la iniciativa es prohibir la fabricación, importación, comercialización o distribución, a cualquier título, de todo tipo de vacunas que contengan timerosal o compuestos organomercúricos.
Asimismo, se ordena la destrucción de las vacunas con los compuestos antes mencionados en el plazo de seis meses, contado desde la publicación de la ley.
La Comisión de Salud discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Chahuán, Girardi, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
Su texto se transcribe en la parte pertinente del primer informe.
Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
Señor Presidente, con relación a este proyecto de ley, referente a una materia fundamental de salud pública como el programa de vacunación, puedo manifestar que después de las interesantes exposiciones habidas en la Comisión de Salud del Senado tanto por dos de los autores de la moción aprobada en la Cámara de Diputados como de expertos médicos, científicos y asimismo de la Directora de la Corporación Bioautismo, quien nos relató su vivencia personal en cuanto a la enfermedad que afecta a su hijo, no nos cabe sino dar nuestra aprobación a la idea de legislar, sin perjuicio de continuar con su debate durante su tramitación en particular.
En efecto, las vacunas que se emplean en todos los países desde 1930 contienen timerosal, compuesto orgánico-mercúrico que se utiliza como preservante de aquellas. El timerosal presenta un alto porcentaje de mercurio, metal que es muy peligroso para la salud.
Durante bastante tiempo se sostuvo que el timerosal tenía incidencia en la prevalencia del autismo en los niños, pero estudios científicos más recientes han demostrado que dicho compuesto no constituye la causa basal, pero sí puede significar un determinante en la generación de dicha enfermedad.
Por otra parte, se sabe que la concentración de timerosal en las vacunas que se aplican en Chile excede los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
En todo caso, y concordando con la opinión de los expertos y autoridades sectoriales que concurrieron a la Comisión de Salud, estimo que en la administración de vacunas que no contienen timerosal debe aplicarse el denominado "principio precautorio", ya que cuando no hay conclusiones categóricas sobre los beneficios o perjuicios que un fármaco o compuesto orgánico pueda producir, es preciso abstenerse de suministrarlo, justamente en atención a normas elementales de precaución y prudencia.
Entonces, es menester que se vaya efectuando una sustitución racional de las vacunas que actualmente contienen timerosal o trazas de este compuesto por aquellas que no lo incluyen, lo cual demandará un costo adicional para el presupuesto del Ministerio de Salud, hecho que me lleva a sostener que el proyecto habrá de ser conocido también por la Comisión de Hacienda.
Asimismo, deberán contemplarse los recursos necesarios para ese objetivo en la próxima Ley de Presupuestos.
De igual modo, y tal como lo sostuve en la Comisión, tiene que proporcionarse información suficiente respecto de la existencia de este compuesto en las vacunas, a fin de que la población pueda adoptar la decisión de vacunarse con pleno conocimiento de sus componentes y los efectos que estos producen.
Finalmente, durante la discusión particular de la iniciativa, deberemos abocarnos a definir el plazo que se otorgará para el reemplazo de las vacunas que contengan timerosal y si esta sustitución ha de ser absoluta o si será necesario mantener algunas de ellas con solo trazas de dicho compuesto, con muy bajo riesgo, dado que se requiere su permanencia por los beneficios que pueda reportar a la salud de la población.
Por estas consideraciones, doy mi voto favorable a este interesante proyecto de ley en su discusión general.
Efectivamente, acá debatimos -y para ello concurrimos a una reunión con el Subsecretario de Salud Pública- la posibilidad de llevar a cabo un estudio acerca del programa regular de vacunación que hoy rige en nuestro país, particularmente en lo que dice relación con la llamada "vacuna pentavalente". En la actualidad existe una escasa disposición de ella en el mercado y, por otra parte, es la que contiene trazas de timerosal o mercurio.
En ese contexto, después de escuchar incluso a expertos internacionales que vinieron a la Comisión, nos asistió la convicción de que debe imperar un principio precautorio. Este mismo principio lo llevó a la práctica el propio Ministerio de Salud e inició el reemplazo de aquellas vacunas que contenían timerosal o trazas de mercurio. Y el compromiso es de que en el corto plazo -habrá que definirlo en la discusión particular; se habló de un año y medio- se implemente un programa de vacunación libre de timerosal o trazas de mercurio que permita dar garantías a la población de que no corre peligro de adquirir un autismo regresivo.
Este es, a mi juicio, un tema fundamental.
Felicito a los Diputados autores de la moción y, por las razones dadas, llamo a los señores Senadores a votar favorablemente la idea de legislar.
Señor Presidente, desde hace mucho tiempo familias agrupadas y organizadas, con jóvenes o niños que padecen de autismo, venían denunciando esta situación y, más bien, un completo abandono de parte del Estado.
Está claro que la prevalencia del autismo en Chile ha aumentado de manera progresiva, así como también el consumo de timerosal, en particular su contenido en las vacunas.
Hace treinta años se presentaba un caso de autismo por cada diez mil niños, asociado a causas congénitas. Hoy se constata que esa cifra se mantiene, pero que en Estados Unidos de Norteamérica uno de cada ciento diez niños sufre dicho trastorno.
En Chile no hay registro estadístico de la enfermedad.
La primera pregunta es: ¿Vamos a contar con un registro de esa naturaleza a fin de configurar medidas de política pública sobre la base de nuestra propia experiencia y no de la existente en el exterior?
Los países que producen esta vacuna no la pueden emplear en niños, pero su fabricación es permitida y la exportan a naciones del tercer mundo. Chile no se halla entre estas últimas. Pero su uso es admitido.
Existe una controversia al respecto.
Algunos estudios científicos afirman que el timerosal no es la causa del autismo. Sin embargo, es importante destacar que este compuesto ha sido proscrito de la medicina veterinaria en todo el mundo. En los años 50 del siglo anterior se eliminó el timerosal en las vacunas que empleaban los países que conformaban la ex Unión Soviética y allí se encuentran las tasas de autismo más bajas del planeta.
A partir de 1999, muchas naciones comenzaron a excluir el mercurio de la composición de las vacunas, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la FDA de los Estados Unidos.
El autismo por intoxicación con mercurio se presenta en niños que nacen completamente sanos. Los programas de vacunación en Chile utilizan productos que contienen timerosal en concentraciones que exceden, con mucho, los límites recomendados por la OMS, pero en algunas clínicas privadas se hallan disponibles vacunas sin dicho componente.
Entonces, ¿cuál es la acción preventiva del Ministerio de Salud frente a un hecho comprobado?
Se dice que el timerosal no causa daño. Sin embargo, debo recordarles a los Senadores presentes en la Sala que en la década de los sesenta mi padre, quien fumaba mucho, nos relataba el debate que se originó en esa época en torno a si el tabaco producía o no cáncer. Y las tabacaleras gastaron millones y millones en desvirtuar los estudios científicos y en afirmar que no lo ocasionaba. Es más, esas industrias invirtieron centenares, miles de millones de dólares en fomentar el consumo del tabaco.
Yo siento que este debate, cuando se hallan involucrados cuantiosos recursos económicos, en particular de la industria farmacéutica, nos debe llevar a aplicar el principio preventivo recomendado por la OMS, por las Naciones Unidas toda vez que existan dudas. Y hoy día hay no solo dudas, sino hechos relevantes, pruebas y experiencias significativas que demuestran que el timerosal debe ser proscrito de las vacunas y no utilizarse en nuestro país.
Si existen vacunas en el sistema privado de salud que no lo contienen, mi pregunta es por qué ellas no están disponibles también en el sector público para que sean el padre y la madre, junto con su médico, los que decidan qué tipo de vacuna se coloca a su hijo.
¿Será más cara la que no contiene timerosal? Veremos cómo enfrentamos ese problema.
La Corporación Bioautismo ha planteado esta situación desde hace mucho tiempo con antecedentes que son meritorios.
En 1981 la vacuna fue removida del mercado de Japón y en 1996, del de los Estados Unidos. ¡En 1996 y estamos en el 2011! O sea, llegamos con más de 15 años de retraso a tener la certeza médica para impulsar una política de salud pública en torno a las vacunas.
Señor Presidente, espero que el proyecto sea aprobado por el Senado. Desde ya cuenta con mi voto a favor.
Agradezco la persistente campaña, la tenacidad de las familias con niños que padecen autismo, las que han sostenido que esta es una enfermedad provocada.
En la política a menudo tenemos la desviación de llamar "autistas" a aquellos que no quieren escuchar y esas agrupaciones, con toda razón, se sienten ofendidas. En todo caso, debo manifestar que sí es posible prevenir el autismo -tal vez el "autismo" político no lo podamos remediar nunca- de manera eficaz, pero solo si media una política de Estado, una política de salud pública.
En ese sentido, me gustaría no tener que esperar el trámite de esta iniciativa. Porque en el proyecto de ley de Presupuestos para el ejercicio fiscal del año 2012...
Decía que para la ejecución presupuestaria del año 2012 debiera estar considerado el mayor costo que irrogará al Ministerio de Salud el proyecto en debate, esto es, la prohibición de fabricación, importación, comercialización o distribución a cualquier título, de todo tipo de vacunas que, dentro de sus compuestos, contengan en cualquier nivel de concentración, timerosal o compuestos organomercúricos.
Señor Presidente, voto a favor de la iniciativa que nos ocupa, anhelando que el Ministerio de Salud pueda asumir, desde ya, todas las acciones posibles tendientes a mitigar, reparar, atender a las familias afectadas, pero particularmente a impedir que la vacuna en comento se siga aplicando en Chile.
Señor Presidente, seré muy breve. Simplemente, deseo señalar que voto a favor y que lo hago con mucho entusiasmo, toda vez que me parece que esta iniciativa contribuye a dar respuesta a la inquietud de madres y padres y de familiares de personas que hoy día sufren la enfermedad en comento y que, con absoluta razón, sospechan que la provocó la aplicación inadecuada de vacunas.
En el caso del norte, la situación se agrava en Antofagasta y Arica a raíz de la presencia excesiva de plomo debido a malas operaciones industriales de minerales que llegaban, principalmente desde Bolivia, con una manipulación francamente criminal, lo cual hoy día, por fortuna, se ha remediado en forma muy importante, para el beneplácito y la tranquilidad de los ciudadanos de la zona.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Quintana, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Propongo el lunes 29 de agosto, a las 12.
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Bianchi, señora Allende y señores Cantero, Chahuán, Escalona, Horvath, Prokurica, Sabag y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1383-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 37ª, en 2 de agosto de 2011.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es solicitarle a Su Excelencia el Presidente de la República que envíe a tramitación legislativa un proyecto que incorpore a todas las mujeres jubiladas en el otorgamiento del bono por hijo nacido vivo, con independencia de si tal requisito se cumplió con anterioridad al año 2009.
Votaron los señores Cantero, Chahuán, Escalona, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Bianchi, señora Allende y señores Cantero, Escalona, Girardi, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto y Sabag.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1384-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El texto propone solicitar al Ejecutivo la anulación de la convocatoria pública para proyectos de desarrollo turístico en 12 áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y el establecimiento de requisitos para los proyectos que se pretenda ejecutar en el Parque Nacional Torres del Paine ante un eventual llamado a una nueva convocatoria pública.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (12 votos a favor, 1 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Cantero, Escalona, Girardi, Horvath, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Muñoz Aburto, Quintana y Sabag.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1385-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto de acuerdo tiene por finalidad solicitarle a Su Excelencia el Presidente de la República proponer y apoyar en la ONU y en otros foros internacionales acciones en ayuda de los millones de seres humanos, especialmente niños, de Somalia que están sufriendo un estado de hambruna declarado como tal por las Naciones Unidas.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos afirmativos).
Votaron la señora Allende y los señores Cantero, Escalona, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Prokurica, Quintana y Walker (don Patricio).
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Muñoz Aburto y Bianchi, señora Allende y señores Gómez, Letelier, Quintana, Rossi y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1388-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 40ª, en 3 de agosto de 2011.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es solicitarle al Ejecutivo que se elimine el descuento de 4 por ciento que, con fines previsionales, se aplica a los afiliados de la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante.
El señor GIRARDI (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
Al señor Ministro de Salud, solicitándole INSTRUCCIONES A DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE PARA EMISIÓN DE INFORME SOBRE DOS CESFAM DE COMUNA DE LINARES, y
al señor Intendente de la Región del Maule, para que entregue ANTECEDENTES ACERCA DE CESFAM LUIS NAVARRETE Y ÓSCAR BONILLA (comuna de Linares).
El señor GIRARDI (Presidente).- Se levanta la sesión.
Acogiendo las demandas que nos han planteado junto a los estudiantes de todo Chile, la sociedad civil, venimos en proponer una reforma a la Constitución Política de la República, que establece como un derecho constitucional, susceptible de ser tutelado a través del Recurso de Protección, el derecho a la Educación Pública, Gratuita y de Calidad.
En el documento BASES PARA UN ACUERDO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN CHILENA que nos han entregado los estudiantes universitarios, los secundarios y los profesores, se propone como un eje fundamental de la reforma a la educación chilena, la Reforma Constitucional, donde se consagre la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado asuma la responsabilidad de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media.
En el mismo documento, se establece que "La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. La educación debe ser capaz de formar sujetos, profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social. La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica. En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social. Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país."
Los Senadores patrocinantes y demás adherentes que suscriben, acogiendo plenamente lo planteado en el referido documento BASES PARA UN ACUERDO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN CHILENA, vienen en someter a la consideración de este H. Congreso Nacional, el siguiente:
Artículo único: se introducen las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:
1.- En el numeral 10 del artículo 19, a continuación del punto y aparte, que se elimina, se agrega la frase "de calidad, y la gratuidad de la Educación Pública”.
2.- En el inciso sexto del numeral 10 del artículo 19, se intercala entre las palabras "fomentar" y "el", la siguiente frase: "y financiar".
3.- Se intercala, en el inciso sexto del numeral 10 del artículo 19, entre las palabras "educación" y "en" la palabra "pública".
4.- Se intercala, en el inciso primero del artículo 20, después del guarismo 9°, el siguiente "10°".
(Fdo.): Jaime Quintana Leal, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.
La realidad de las relaciones comerciales en el mundo de hoy ha evidenciado una serie de dificultades que enfrentan la gran mayoría de los consumidores de nuestro país, a la hora de hacer efectivos sus derechos y encontrar una real protección de los mismos. Lo anteriormente descrito, se explica por la asimetría contractual que existe entre los consumidores y las grandes cadenas de proveedores que hoy desarrollan y controlan el comercio.
Nuestra actual ley de protección de los derechos del consumidor adolece de serias deficiencias a la hora de cumplir el propósito para el cual fue dictada, esto es, normar las relaciones entre proveedores y consumidores. Esto hace necesario introducir ciertas modificaciones a este cuerpo normativo, con el objetivo de que los consumidores puedan acceder a productos y servicios idóneos y seguros; gocen, ejerzan y utilicen los derechos y los mecanismos efectivos para su protección; reduciendo la asimetría informativa; corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses.
En el transcurso del año 2009 los consumidores fueron víctimas de uno de los peores delitos que pueden cometerse en una economía de libre mercado, como fue colusión de las tres cadenas más grandes de farmacias. Los consumidores quedaron desamparados, mientras las asociaciones de consumidores y el Servicio Nacional del Consumidor quedaron impedidos de iniciar acciones colectivas, por no considerarse en la ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores las infracciones a la libre competencia consideradas en el decreto ley número 211. Este año hemos sido testigos de un nuevo abuso por parte de grandes cadenas de proveedores, específicamente, del sector del "Retail", lo que evidencia aún más la necesidad de fortalecer la protección de los intereses tanto individuales como colectivos de los consumidores de nuestro país.
La necesidad de modificación de la ley de protección de los derechos de los consumidores debe mirarse desde un aspecto íntegro y general, que permita perfeccionar dicho cuerpo legal desde varios puntos de vista. En efecto, es necesario adecuar el texto legal en diversas materias relativas a los contratos de adhesión, información y publicidad, ofertas y promociones, normas procedimentales, etc. Solo una modificación integral y transversal permitirá entregar a los consumidores herramientas legales eficaces en la defensa real de sus derechos, apuntando a un sistema comercial y financiero con la menor cantidad de abusos posibles y donde éstos se sancionen drásticamente para efectos de desincentivar.
El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir modificaciones a la ley de protección de los derechos de los consumidores, N°19.496, en materia de contratos de adhesión, responsabilidad por incumplimiento de obligaciones, información y publicidad, promociones y oferta, créditos y procedimiento.
Es por eso que sobre la base de estos antecedentes vengo en proponer el siguiente proyecto de ley:
Artículo único.- Modifíquese la ley N° 19.496 en los siguientes sentidos:
1. Agréguese un nuevo inciso 2° en el artículo 12° del siguiente tenor: "Sin perjuicio de lo anterior, será obligación para los proveedores detallar todos y cada uno de los cobros de contenidos en las boletas, facturas o cuentas de servicios, como también hacer llegar al consumidor la correspondiente boleta con al menos 5 días de anticipación al vencimiento de la obligación. Si el consumidor logra acreditar el retardo en la entrega de boleta sólo pagará intereses moratorias y gastos de cobranza a partir del 5° día contado desde la recepción de la boleta. Se prohíbe al proveedor traspasar los costos de la referida información a los consumidores”.
2. En el artículo 16 agréguese las nuevas letras h) e i) del siguiente tenor:
"h) Representen o contengan mandatos abiertos a la empresa o proveedor emisor del respectivo contrato, que le faculten para suscribir en representación del consumidor, convenios de pago, repactaciones o cualquier otras modalidades de pago, distinta a la convenida originalmente, sin informar ni obtener aceptación expresa del consumidor".
"i) Contengan la obligatoriedad de contratar productos o servicios asociados al crédito ofrecido o concedido por el proveedor, sea como condición para contratar, conceder un crédito o vender un producto".
3. En el artículo 24° sustitúyase el inciso 1° por el del siguiente tenor: "Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas con multa de hasta 100 unidades tributarias mensuales, sino tuvieren señalada una sanción diferente, para el caso concreto".
4. En el artículo 26° sustitúyase el inciso 1° por el del siguiente tenor: "Las acciones que persigan la responsabilidad de un proveedor y que se sancionen de acuerdo a la presente ley, prescribirán en el plazo de dos años, contados desde que se haya incurrido en la infracción respectiva".
5. En el artículo 26° agréguese un nuevo inciso 3° del siguiente tenor: "El plazo señalado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de este, el consumidor o una asociación de consumidores, interponga un reclamo por los hechos motivo de la infracción, ante el Servicio Nacional del Consumidor. Este plazo seguirá corriendo una vez concluido dicho trámite ante este organismo, lo que se acreditará con la notificación que éste, deberá hacer al recurrente y al proveedor objeto de la reclamación, mediante carta certificada. En esta se deberá, además, informar al consumidor que de no quedar satisfecho con la respuesta recibida, le asiste el derecho de recurrir al tribunal respectivo en defensa de sus derechos''.
6. En el artículo 30° agréguese nuevos incisos 6° y 7° del siguiente tenor: "Para el caso de productos farmacéuticos, tales como medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, los establecimientos farmacéuticos, deberán poner a disposición del consumidor un listado de precios de estos productos, ordenados alfabéticamente, a partir de su denominación común internacional. Para el cumplimiento de lo dispuesto en este inciso, no será suficiente exhibir los respectivos precios en sistemas computacionales o digitales, que permitan su fácil manipulación.
Para los efectos de probar las infracciones al presente artículo, serán ministros de fe, sin perjuicio de los demás medios probatorios de que pueda valerse el consumidor, el Sernac o una asociación de consumidores, Carabineros de Chile y, los inspectores municipales, en uso de sus respectivas facultades".
7. Agréguese un nuevo artículo 30 bis del siguiente tenor: "Los proveedores en general, incluyendo las empresas comercializadoras al detalle "retail" y los supermercados, no podrán discriminar ni en precios, ofertas, promociones, ni en condiciones de venta más favorables, en relación al medio de pago empleado para realizar una compra".
8. En el artículo 35° agréguese un nuevo inciso 4° del siguiente tenor: "En caso que la promoción u oferta se trate del ofrecimiento de un número determinado de productos, se deberá indicar la cantidad exacta de los mismos, que se encuentran afectos a la promoción u oferta, no siendo suficiente, para el cumplimiento de lo dispuesto en este inciso, la utilización de expresiones tales como hasta agotar stock u otras similares. A su vez, el proveedor deberá informar en el mismo bloque publicitario, en que se publicita la oferta o promoción de un bien o servicio, de la duración o vigencia temporal de la correspondiente oferta o promoción".
9. En el artículo 37° agréguese una nueva letra g) del siguiente tenor:
"g) Que la contratación de seguros es absolutamente voluntaria e independiente de la contratación del crédito ofrecido o bien, de la repactación o renegociación de un crédito. La oferta de seguros asociados a contratos de crédito, contratos de adhesión, repactación o renegociación de crédito, deberá presentarse mediante una propuesta escrita que se entregue al consumidor respectivo. Esa propuesta debe cumplir con todas las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros en esta materia y formularse en un documento separado e independiente de la solicitud de afiliación del crédito respectivo.
Los emisores no podrán condicionar la celebración del contrato de crédito, contrato de adhesión, repactación o renegociación de crédito, en su caso, a la contratación por parte del titular de uno o más seguros asociados, salvo aquellos exigidos en cumplimiento de una norma legal”.
10. Agréguese un nuevo artículo 37 bis del siguiente tenor: "La cobranza extrajudicial procederá solo al vigésimo día de mora. Las empresas que desempeñan esta función no podrán realizar cobros de cualquier tipo en intervalos inferiores a 72 horas, incluyendo los cobros telefónicos, los cuales sólo se podrán realizar al número telefónicos que señale expresamente para tales efectos el consumidor".
11. En el artículo 50° c) agréguese un nuevo inciso 4° del siguiente tenor: "En la apreciación de la prueba, sin perjuicio de las reglas generales, el juez deberá tener especial consideración de que en caso de duda insalvable, en el sentido de las normas de esta ley o cuando exista duda sobre los alcances de las cláusulas de los contratos de adhesión, deberán interpretarse en el sentido más favorable al consumidor".
(Fdo.): Isabel Allende Bussi, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.
El presente proyecto de ley aborda dos órdenes de materias:
1.- Fijación de la oportunidad en la cual el Estado debe proporcionar un defensor al imputado por un delito si éste no nombrare a uno particular:
1.1.- La ley N° 20.516 modificó la Constitución Política de la República introduciendo un nuevo párrafo cuarto al numeral 3° del artículo 19, que es del siguiente tenor:
“Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.”
1.2.- De esta manera, la norma constitucional estableció el derecho irrenunciable de todo imputado a que el Estado le proporcione un abogado defensor si no hubiese nombrado uno de su confianza, abandonando a la ley la determinación del momento a partir del cual puede ejercerse ese derecho.
1.3.- En consecuencia, la disposición contiene un verdadero mandato al legislador para que determine la oportunidad procesal en la cual se hace exigible esa obligación al Estado, por tener el derecho del imputado carácter irrenunciable.
1.4.- El artículo 102 del Código Procesal Penal, en armonía con los artículos 7°, 8° y 93 letra b) del mismo Código, establece que el derecho del imputado a ser asistido por abogado puede ejercerse a partir del primer acto del procedimiento que se dirija en su contra, ya sea que se realice ante la policía, ante el Ministerio Público o ante un tribunal.
1.5.- Cosa distinta es, sin embargo, el momento a partir del cual ese derecho pasa a ser una obligación exigible al Estado, si el imputado no hubiese nombrado un defensor particular. Conforme al mandato constitucional, la ley debe precisar ese momento, y es a partir de él puede operar artículo 103 del Código Procesal Penal, que sanciona con la nulidad procesal aquellas actuaciones realizadas en ausencia del defensor cuando, conforme a la ley, su participación es obligatoria.
1.6.- En este sentido, el inciso 1° del artículo 102 del Código Procesal Penal señala que el nombramiento del defensor “deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado el imputado.” Por lo tanto, la ley debe establecer como oportunidad para los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, uno que esté en armonía con la disposición legal referida.
1.7.- El presente proyecto de ley tiene por finalidad dar cumplimiento al mandato del párrafo cuarto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución de la República, fijando la oportunidad en la cual el Estado debe designar en forma irrenunciable para el imputado a un abogado defensor si no hubiere designado uno particular.
1.8.- Dicha oportunidad debe ser, a lo menos, la primera audiencia judicial a la que deba comparecer el imputado y, con tal finalidad el proyecto modifica los artículos 8° y 102 inciso 1°, ambos del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar expresamente cuál es el momento que la norma constitucional ordena a la ley determinar.
1.9.- Junto con lo anterior, se propone, en el inciso 1° del artículo 102 del citado Código, suprimir la frase: “el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien”. Existen las siguientes razones para ello.
1.10.- La primera es que si la oportunidad en que obligatoriamente el Estado debe nombrar un defensor al imputado que carezca de abogado es, a más tardar, la primera audiencia judicial a que debe comparecer, lo lógico es que sea el tribunal ante quien se celebra la audiencia respectiva –un juez de garantía- quien lo nombre. La otra razón es que, en la práctica, el Ministerio Público no designa abogados de la Defensoría Penal Pública a los imputados que carecen de un defensor.
2.- Fortalecimiento de la lectura de los derechos al imputado:
2.1.- Además de cumplir con el mandato constitucional, el proyecto de ley que someto a vuestra consideración tiene por finalidad fortalecer el respeto por los derechos que asisten al imputado desde el primer acto de procedimiento en su contra y, en forma muy especial, el derecho a guardar silencio.
2.2.- Para ello se propone modificar el artículo 93 letra g) del Código Procesal Penal en el sentido de que en la primera declaración que preste el imputado ante el fiscal o la policía, la advertencia del derecho a no declarar debe hacerse en términos expresos y mediante una fórmula preestablecida referente a los efectos que pueda ocasionar la renuncia a ese derecho. La expresión utilizada, que encuentra su origen en la Ley Miranda de los Estados Unidos de América, goza de un amplio conocimiento en la población y es de muy fácil comprensión.
2.3.- Este fortalecimiento del respeto por los derechos del imputado es particularmente importante en los casos en que el imputado ha renunciado a su derecho a contar con un abogado defensor respecto de actuaciones realizadas antes de la primera audiencia judicial a que fuere citado(declaración ante el fiscal o ante la policía por delegación del fiscal). La mayor debilidad en que hipotéticamente podría encontrarse un imputado que renunció a su derecho a ser asistido por un abogado defensor se compensa adecuadamente mediante una lectura del derecho a guardar silencio mediante una fórmula simple y fácilmente entendible por todas las personas.
2.4.- Adicionalmente se consagra la obligación de dejar constancia, en el registro respectivo, de haberse realizado la lectura de derechos en la forma que se propone en el proyecto de ley.
2.5.- Distinta es la situación de una audiencia judicial a la que deba comparecer el imputado pues en ese caso opera el derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor nombrado por el Estado si el imputado no hubiere designado a uno particular.
2.6.- En esa audiencia, en presencia de un juez de garantía y con la necesaria asistencia de un abogado defensor, no parece indispensable el empleo de fórmulas que den garantía de eficacia al ejercicio del derecho a guardar silencio.
“Artículo único- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:
1) En el inciso primero del artículo 8° y a continuación del punto final que sigue a la palabra “contra”, el que pasa a ser punto seguido, agréguese la frase siguiente:
“De conformidad al párrafo cuarto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el imputado que no nombrare un defensor tiene el derecho irrenunciable a ser asistido por uno proporcionado por el Estado a más tardar desde la primera audiencia judicial a la que comparezca.”
2) Agréganse las siguientes oraciones a la letra g) del inciso segundo del artículo 93 del Código Procesal Penal, reemplazando el punto y coma final (;) por un punto seguido (.):
“Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 91 y 102, el imputado, al ser informado de su derecho a guardar silencio en la primera declaración que preste ante el fiscal o la policía, en su caso, se le expresará lo siguiente: “Tiene derecho a guardar silencio. Si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra.”. De ello se dejará constancia en el registro respectivo;”.
3) Modifícase el inciso 1° del artículo 102 en los siguientes términos:
a) Suprímase la frase “el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien”.
b) En la oración final, intercálese, entre la coma (,) que sigue a la palabra “caso” y la expresión “la designación”, la frase: “y para los efectos de la oportunidad a la que alude el artículo 19, numeral 3°, párrafo cuarto de la Constitución Política de la República,”.
(Fdo.): Alberto Espina Otero, Senador.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.