Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654191
Timestamp: 2019-09-23 16:25:15
Document Index: 72929114

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 127', 'e contrario', 'artículo 127', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 31', 'artículo 57', 'artículo 71', 'artículo 50', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 82', 'artículo 48', 'artículo 49']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 3
INDULTO GENERAL CON MOTIVO DE JUBILEO 2000
ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Fernandez Fernandez
SEXTA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-CHILE
ESTATUTO DE DERECHOS DEL RECLUSO
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRE CIUDAD DE PALENA Y LAGO PALENA. OFICIO
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
FALTA DE RESPUESTA A PEDIDO DE INFORMACIÓN SOBRE ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y PARQUE PUMALÍN
INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
MODERNIZACIÓN DE SISTEMA CARCELARIO
DAÑO ECOLÓGICO POR ACCIDENTE DE BUQUE-TANQUE JOSÉ FUCHS EN CANALES DE ZONA AUSTRAL. OFICIOS
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE SECTOR AGROPECUARIO. OFICIO
MEJORAMIENTO EN TRAMO DE CARRETERA AUSTRAL. OFICIO
ESTADO DE OBRAS EN PUERTO YENDEGAIA. OFICIO
HUELGA LEGAL EN EMPRESA ESTATAL RADOMIRO TOMIC (SEGUNDA REGIÓN). OFICIO
ANEXOS DE SESIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR SABAG, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN LO RELATIVO A LAS CAUSALES DE CESACIÓN EN EL CARGO DE DIPUTADO O SENADOR (2724-07)
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES HORVATH, RUIZ DE GIORGIO, STANGE Y VEGA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y EVALUACIÓN DE EFECTOS PRODUCIDOS POR DETERIORO DE LA CAPA DE OZONO (2725-12)
Sesión 3ª, en miércoles 6 de junio de 2001
(De 16:21 a 18:45)
Proyecto de ley, en tercer trámite, sobre indulto general con motivo del Jubileo 2000 (2633-07)
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre Chile y Estados Unidos de América (2546-10) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre Chile y Estados Unidos de América (2524-10) (se aprueba en general y particular)
Sexta Reunión Interparlamentaria México-Chile (intervención de los señores Viera Gallo y Cantero)
Estatuto de derechos del recluso (observaciones del señor Bitar)
Construcción de camino entre ciudad de Palena y Lago Palena. Oficio (observaciones del señor Stange)
Falta de respuesta a pedido de información sobre acuerdo entre Gobierno y Parque Pumalín (observaciones del señor Stange)
Modernización de sistema carcelario (observaciones del señor Fernández)
Daño ecológico por accidente de buque tanque José Fuchs en canales de zona austral. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Programa de reactivación y protección de sector agropecuario. Oficio (observaciones del señor Horvath)
Mejoramiento en tramo de carretera austral. Oficio (observaciones del señor Horvath)
Estado de obras en Puerto Yendegaia. Oficio (observaciones del señor Horvath)
Huelga legal en empresa estatal Radomiro Tomic (Segunda Región). Oficio (observaciones del señor Cantero)
Construcción de camino entre ciudad de Palena y Lago Palena. Oficio (observaciones del señor Horvath)
Concurrieron, además, los señores Ministros de Relaciones Exteriores subrogante; de Justicia y del Trabajo y Previsión Social, y las señoras Subsecretaria de Previsión Social y Jefa del Departamento ALCA y América del Norte de la Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 19 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 42ª y 44ª, ordinarias, en sus partes secretas, en 8 y 9 de mayo del año en curso, respectivamente; y las correspondientes a las sesiones 45ª, ordinaria, en 15 de mayo; 46ª, especial, y 47ª, ordinaria, ambas en 16 de mayo, todas del año en curso, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que inicia un proyecto que flexibiliza las inversiones de los fondos mutuos y compañías de seguro; crea la Administradora General de Fondos; facilita la internacionalización de la banca, y perfecciona las leyes de sociedades anónimas y de fondos de inversión. (Boletín Nº 2722-05).
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República , con el que hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", al proyecto que flexibiliza las inversiones de los fondos mutuos y compañías de seguros; crea la Administradora General de Fondos; facilita la internacionalización de la banca, y perfecciona las leyes de sociedades anónimas y de fondos de inversión. (Boletín Nº 2722-05).
De la Cámara de Diputados, con el que comunica que ha aprobado la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la libre creación artística y elimina la censura cinematográfica, sustituyéndola por un sistema de calificación. (Boletín Nº 2016-07).
--Se toma conocimiento y, de acuerdo a la facultad que le confiere el artículo 117 de la Carta Fundamental, el Presidente del Senado convocará a sesión de Congreso Pleno para los efectos de lo dispuesto en la señalada norma constitucional, lo que se comunicará oportunamente a los señores Parlamentarios.
Del señor Ministro del Interior , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a los daños causados por los temporales de marzo pasado en las localidades de la zona austral que indica, y a la posibilidad de disponer fondos para paliar los daños ocasionados.
De la señora Ministra de Relaciones Exteriores, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Martínez, con el que complementa otro anterior referido a chilenos fallecidos en el extranjero en procesos de violencia civil en Guatemala y Nicaragua.
--Queda a disposición de los señores Senadores, remitiéndose el documento a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, respecto al cumplimiento, por parte de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, del punto 2 del Acuerdo suscrito en 1997 entre el Gobierno de Chile, el señor Douglas Tompkins y el representante del Bosque Pumalín Foundation.
Del señor Ministro de Defensa Nacional , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la factibilidad de potenciar los frentes de trabajo que se realizan en la construcción de la carretera longitudinal austral con colaboración del Cuerpo Militar del Trabajo.
Del señor Ministro de Hacienda , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido a la resolución que indica del Servicio de Impuestos Internos que obliga al vendedor a gravar con 5 por ciento de impuesto el precio de la carne, cuando la venta es efectuada a mayoristas en operaciones realizadas desde la Zona Franca de Iquique a la Zona Franca de Extensión.
De la señora Ministra de Educación, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relacionado con las dificultades que aquejan a los alumnos de la jornada nocturna del liceo A-6 de Iquique.
Del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a las deficiencias en la estructura y construcción que presentan 280 viviendas de la población Villa Los Poetas de Puerto Montt.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, referido a los desafíos que plantea el documento denominado "Propuesta de Política de Gestión de la Información Territorial en el Contexto de la Modernización del Estado de Chile".
Dos del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta a sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath:
Uno, referido a los antecedentes justificativos del decreto supremo que modificó el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana.
Y otro, tocante al mercado de productos que cumplen las normas sobre sello de origen y las exigencias internacionales de producción limpia, así como los precios que podrían alcanzar los productos nacionales en el mercado externo si fueren obtenidos bajo tales condiciones.
Del señor Contralor General de la República , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, sobre las últimas fiscalizaciones efectuadas a la Municipalidad de Santa Cruz, Sexta Región.
Del señor Director de Presupuestos, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, concerniente al eventual incumplimiento de la Dirección de Vialidad en el pago de contratos a empresas del rubro.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a los efectos que tendrían en el alza de tarifas de los servicios eléctricos, de agua potable y de comunicaciones los conflictos generados por el emplazamiento territorial de los mismos.
Del señor Director de la Oficina Nacional de Emergencia, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relacionado con los planes de contingencia, recursos y medios de que dispone esa entidad para abordar los trastornos producidos por situaciones de emergencia.
Del señor Intendente Regional de Tarapacá , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, acerca del proyecto denominado "Construcción Embalse Umiña", en Quebrada de Camiña, comuna de Camiña".
Tres del señor Intendente de la Sexta Región , con los que contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Moreno:
El primero, relativo a la designación de la Municipalidad de Pichilemu como Unidad Técnica para la construcción de los proyectos de electrificación rural que menciona, con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
El segundo, referido a la entrega de fondos para la construcción de defensas fluviales en la ribera sur del río Cachapoal y la reparación del badén Nº 1 del camino de Ranquilco, comuna de Litueche.
El último, tocante a la posibilidad de destinar un terreno al Comité pro Gimnasio para Rosario a fin de construir un recinto deportivo en esa comuna.
Del señor Jefe de Gabinete del señor General Director de Carabineros, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Diez, relativo a la posibilidad de extender a la ciudad de Temuco iniciativas sobre seguridad ciudadana que se realizan en Santiago.
Del señor Gobernador Provincial de Valparaíso , con el que contesta un oficio enviado por expresas instrucciones del señor Presidente del Senado , acerca de los hechos acaecidos el 29 de mayo, con ocasión de una marcha de estudiantes secundarios y la necesidad de que, en lo sucesivo, se adopten resguardos especiales en las inmediaciones del edificio sede del Poder Legislativo.
De la señora Jefa de la División de Educación Superior, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Presidente del Senado , referido a la presentación de estudiantes de la Universidad Regional El Libertador, en orden a que el cierre de la referida institución se efectúe el 30 de abril de 2002, con el objeto de que los alumnos puedan terminar el presente año académico.
Del señor Gobernador Provincial de Osorno , con el que solicita que se designe a un señor Senador para que, en representación de la Corporación, integre la Comisión Especial creada en virtud del artículo 4º de la ley Nº 19.632, que autorizó erigir un monumento en la ciudad de Osorno en memoria de don Juan Amador Barrientos Adriazola.
--Pasa a Comités.
De Su Excelencia el Presidente de la República de Colombia , con el que agradece a los señores Senadores de la República de Chile el proyecto de acuerdo y mensaje de solidaridad, comprensión y respaldo al proceso de paz que buscan el Gobierno y el pueblo de su país.
Del Senador señor Andrés Zaldívar, con el que retira de tramitación el proyecto de acuerdo, del cual es autor, sobre modificación del Estatuto del Personal de la Biblioteca del Congreso Nacional.
--Queda retirado el mencionado proyecto de acuerdo.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con el que comunica que en sesión de ayer acordó, por la unanimidad de sus miembros, formar el Grupo de Amistad Chileno-Brasileño, invitando a los señores Senadores que deseen integrarlo a que se inscriban en la Secretaría de la Comisión, antes del 15 de junio en curso.
Del Senador señor Sabag, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional en lo relativo a las causales de cesación en el cargo de Diputado o Senador. (Boletín Nº 2.724-07).
De los Honorables señores Horvath, Ruiz De Giorgio, Stange y Vega, con la que inician un proyecto de ley que establece mecanismos de protección y de evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono. (Boletín Nº 2.725-12).
En la sesión de ayer el Senado aprobó en general el proyecto que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, respecto del cual quedó pendiente la fijación del plazo para presentar indicaciones. Se propuso para tal efecto el 18 de junio, a las 12.
Como en esa oportunidad no fue posible adoptar una decisión por carecer del quórum correspondiente, reitero la proposición en tal sentido.
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Ríos, Sabag, Silva, Viera-Gallo y Urenda, en tercer trámite constitucional, sobre indulto general con motivo del Jubileo 2000, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2633-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Ríos, Sabag, Silva, Viera-Gallo y Urenda).
En tercer trámite, sesión 1ª, en 5 de junio de 2001.
Derechos Humanos, sesión 16ª, en 12 de diciembre de 2000.
Sesión 18ª, en 13 de diciembre de 2000 (se aprueba en general y particular).
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo modificaciones a los artículos 1º, 3º, 5º, 6º y 7º del proyecto despachado por el Senado en el primer trámite.
La Secretaría ha elaborado un texto comparado que contempla el proyecto despachado por el Senado y las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Finalmente, cabe hacer presente que para ser aprobadas las enmiendas de la Cámara de Diputados deben serlo, respecto del artículo 6º, con el voto conforme de los dos tercios de los señores Senadores en ejercicio, esto es, de 31 señores Senadores, por tratarse de delitos consignados en el artículo 9º de la Constitución Política, y en lo referente a los artículos 1º, 3º, 5º y 7º, con el voto conforme de veinticuatro señores Senadores, por tratarse de normas de quórum calificado.
Señor Presidente , ante todo debo recordar que el proyecto sobre indulto general con motivo del Jubileo 2000 fue aprobado unánimemente por esta Corporación, por treinta y tres votos, después de lo cual pasó a la Cámara de Diputados. La iniciativa consagra un indulto general para las personas privadas de libertad, condenadas por sentencia ejecutoriada, a la fecha de publicación de esta ley, por delitos cuya pena sea igual o inferior a cinco años. A ellas se les reducen las penas en dos meses por cada año. No se trata de un indulto que les permita salir en libertad en forma inmediata, sino que se les aplica la rebaja mencionada.
Asimismo, se imponen ciertas restricciones a quienes puedan optar a tal beneficio. Se excluyen delitos como violación, homicidio -consignado en el artículo 6º-, todo lo relacionado con hechos de violencia, y se incluyen exclusivamente los delitos o faltas menores como manejo en estado de ebriedad que no produzca resultado de muerte ni lesiones graves. Hay una restricción muy fuerte respecto de quienes pueden ser favorecidos por esta ley, si es aprobada en definitiva.
Los reincidentes tampoco podrán acceder a este beneficio, ni se aplicará cuando las víctimas sean menores de edad. No tendrán derecho las personas a las cuales se les hubiere revocado la libertad condicional. Hay una gran restricción en lo relacionado con la aplicación de esta norma, pues en el momento en que fue planteada su finalidad fue responder a una petición de índole humanitaria de la Iglesia Católica.
¿Cuáles fueron los cambios introducidos por la Cámara de Diputados al texto original aprobado por el Senado?
En primer lugar, cuando se planteó en el Senado que podía quedar en libertad una persona mayor de 80 años, cualquiera fuera el delito cometido, se consultó a Gendarmería si había o no reclusos en los recintos penales en condiciones de ser beneficiados con esta norma. Dicho Servicio contestó que no los había y, por lo tanto, la Cámara estimó que, siendo una disposición que por tal motivo no podría ser aplicada, era preferible establecer que a los mayores de 70 años se les aplicara una rebaja única de seis meses, pero siempre respecto de los delitos incluidos en el beneficio. En consecuencia, en este caso también quedan excluidos violación, homicidio, robo, etcétera, que, como dije, están señalados en el artículo 6º.
En segundo lugar, se establece...
Cómo no, señor Senador.
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de ella, señor Senador.
Señor Presidente , yo no entiendo bien la modificación de la Cámara al artículo 1º del Senado, que concede el indulto general, en la forma que señala la ley, a los condenados por sentencia ejecutoriada que estuvieren cumpliendo sus penas, sea en forma efectiva o acogidos a algunos de los medios alternativos considerados en la ley Nº 18.216. La Cámara suprimió la frase "estuvieren cumpliendo sus penas, sea en forma efectiva" por "estuvieren cumpliendo efectivamente sus penas, en libertad condicional". De manera que si el condenado no está en libertad condicional, no puede acceder al indulto.
La enmienda de la Cámara no produce ningún efecto de desocupación de lugares carcelarios, si ya están en libertad condicional. Hace ilusorio el beneficio, pues quienes están en libertad serán favorecidos en cuanto a que la obligación de firmar se reducirá en algunos meses.
Falta agregar la letra "o".
La Secretaría me informa que el texto diría lo siguiente: "estuvieren cumpliendo efectivamente sus penas, en libertad condicional o acogidos a alguno de los beneficios contemplados en la ley Nº 18.216".
Y los que estuvieren cumpliendo las penas efectivas, los que están adentro de los recintos.
"Que estuvieren cumpliendo efectivamente sus penas".
No, porque después se dice "en libertad condicional".
Ése es otro caso. La norma dice después "o acogidos a alguno de los beneficios contemplados en la ley Nº 18.216".
No es así, señor Presidente .
Si hay coma, el problema está resuelto.
Es como lo indicó el señor Presidente .
Es necesario juntar los textos, pues lo que pasa es que se está reemplazando una parte de la norma.
En realidad, está bien. Retiro mi objeción, señor Presidente .
En el fondo, se reemplazó la frase "sea en forma efectiva" por la palabra "efectivamente".
O sea, "en libertad condicional, o acogidos...".
Así es, están consideradas las tres situaciones.
Puede continuar el señor Ministro .
Como decía, se establece una reducción adicional de seis meses a los condenados que tuvieren más de 70 años, salvo que hubieren incurrido en los delitos excluidos y a los cuales me referí: violación, homicidio, robo. Nadie condenado por éstos tiene derecho a obtener el beneficio.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 6º, la enfermedad invalidante puede ser invocada por cualquier persona, incluso por el propio Servicio de Gendarmería. Aquí -a nuestro juicio, correctamente- se exige que el Instituto Médico Legal informe si alguien se encuentra en condiciones de optar al beneficio, porque, de otro modo, cualquiera podría hacerlo alegando que padece una enfermedad grave e irrecuperable. Entonces, se establece la obligación de que tal organismo certifique si efectivamente la persona cumple o no con el requisito exigido.
A continuación, en el mismo artículo 6º, se agrega que, en el caso de indultados por enfermedad -con las obligaciones copulativas establecidas- y que hayan sido condenados por conducta terrorista, la pena de extrañamiento se aplicará sólo cuando conste que un tercer Estado recibirá a los beneficiados. La norma aprobada por el Senado no contempla esta salvaguardia; o sea, significa que, promulgada la ley, el condenado queda en libertad de inmediato. La modificación de la Cámara de Diputados persigue asegurar que otro país reciba al beneficiado por la conmutación. Así se cumple el deseo del Parlamento respecto de ese tipo de delitos.
Otro cambio consiste en aplicar a los condenados a penas inferiores a seis meses un indulto equivalente a treinta días de rebaja. ¿Por qué? Porque, en general, las penas van de seis meses a cinco años, y los condenados a menos de seis meses no reciben beneficio alguno. Y los treinta días son la mitad de lo que puede recibir un recluido a un año. Por ejemplo, en el caso del manejo en estado de ebriedad, un condenado a seis meses y un día recibiría el indulto, el cual no se aplicaría si la pena fuera de seis meses o menos. De manera que se estableció esa alternativa.
De otro lado, se perfecciona la redacción del artículo 7º estableciéndose que los beneficios del indulto quedan sujetos a la obligación de no volver a delinquir. Esto significa que quien es objeto de indulto y luego comete un crimen o simple delito -por ejemplo, manejo en estado de ebriedad- debe cumplir la nueva pena, más el período rebajado por concepto del indulto.
En el artículo 5º se modifica la redacción del texto del Senado expresándose que la libertad condicional no es un beneficio. Nosotros hemos sostenido permanentemente que aquélla no es un beneficio, sino una decisión que debe ser previamente revisada por los organismos pertinentes. Pero es sólo una enmienda redaccional.
En el artículo 3º se reordenan los delitos, para que el texto tenga mayor coherencia. En cuanto a los relacionados con el Código Penal, se parte con las sanciones mayores; se sigue con las leyes especiales, etcétera. Se trata de una enmienda que procura precisar más la redacción.
Ésas son, señor Presidente , las modificaciones fundamentales planteadas por la Cámara de Diputados. En términos globales, se ha acotado y restringido bastante la aplicación del indulto general.
Por último, debo puntualizar que el artículo 6º de la iniciativa requiere para su aprobación el voto conforme de dos tercios de los Senadores en ejercicio, tal como señaló la Secretaría. Según indiqué al principio de mi intervención -y lo reitero-, la Cámara Alta aprobó la iniciativa por unanimidad. Entonces, es indispensable contar con los 31 votos que precisa dicho precepto de quórum especial.
En discusión las enmiendas de la Cámara de Diputados recaídas en el artículo 1º.
Señor Presidente , el señor Ministro de Justicia dio una explicación muy completa. De modo que, por intermedio de Su Señoría, propongo a la Sala que aprobemos en conjunto las modificaciones que introdujo la Cámara Baja, que, a mi juicio, son plenamente concordantes con el espíritu del proyecto.
Deseo, sí, hacer una consideración general.
Esta iniciativa fue fruto de una moción de los cinco Senadores que integramos la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y obtuvo la aprobación unánime de esta Sala. Sin embargo, en forma inexplicable -por lo menos para mí-, estuvo cinco meses en la Cámara de Diputados, donde su aprobación fue gatillada por la tragedia de la cárcel de Iquique, en que 26 reclusos, muchos de ellos primerizos -gente con un promedio de 24 ó 25 años de edad-, encontraron la muerte debido al grado de hacinamiento en que se hallan las cárceles.
Entonces, de una parte, estamos contentos por el avance de este proyecto, pues constituye un paso importante en la búsqueda del justo equilibrio entre la seguridad ciudadana y el hecho de que no exista un sistema carcelario ineficiente por el hacinamiento imperante en los penales; empero, de otra, lamentamos que haya transcurrido tanto tiempo y que sólo una desgracia como la de Iquique motivara la aprobación prestada por la Cámara Baja.
En todo caso, creo que valdría la pena que todos los Senadores aprobáramos el conjunto de modificaciones.
Señor Presidente , entre la discusión anterior y ésta acaeció el hecho a que se refirió el Senador señor Viera-Gallo .
Por representar a la Primera Región ; por haber estado el día de la tragedia y los siguientes en Iquique, en la cárcel y en el cementerio; e inclusive, por conocer a muchachos que perecieron ahí, no puedo sino hacer resaltar la necesidad de una política más potente, para humanizar el sistema carcelario, concentrar el esfuerzo en retener en los penales a los sujetos más peligrosos y procurar la rehabilitación de los primerizos.
En el caso de Iquique, sólo quiero puntualizar que se trataba de 26 jóvenes, 18 de los cuales tenían 18 años; todos eran primerizos; 20 se hallaban recluidos por robo y enfrentaban procesos larguísimos (estoy seguro de que con la reforma procesal penal, que acortará los procesos, lo ocurrido no se repetirá).
Asimismo, quiero dejar testimonio en esta sesión del dolor que embargó a la comunidad iquiqueña por aquella tragedia y expresar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas.
Me parece del caso, además, hacer presente la necesidad de que el Senado, al despachar esta iniciativa -se trata de un paso positivo para aliviar la situación de hacinamiento que afecta a las cárceles del norte de Chile, donde existe un número muy alto de presos de origen boliviano y peruano-, con el agregado atinente a la pena de extrañamiento, se encamine en la dirección de abordar pronto el proyecto sobre penas alternativas y un conjunto de otras medidas, como la expansión de la superficie carcelaria y lo que en el último tiempo hemos denominado -se conversó con el señor Ministro , quien acogió bien la idea- "Estatuto para los reos", donde se contemplen ciertos derechos básicos.
En esa línea y considerando el hecho referido, que no podemos dejar de lado en un debate de esta naturaleza, me parece aún más urgente la aprobación del proyecto que nos ocupa.
Por tanto, me sumo a la proposición de que acojamos las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, para despachar inmediatamente la iniciativa.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
Señor Presidente , también entregaré mi voto favorable a este proyecto.
Me alegra que hoy día se hable de crear 3 mil 500 plazas de funcionarios para el sistema penal chileno. En tres oportunidades he debido presidir la Subcomisión de Presupuestos donde se debaten precisamente los recursos para nuestro sistema carcelario, que depende del Ministerio de Justicia, y en forma permanente y sistemática me he encontrado con la oposición tenaz de algunos señores Parlamentarios al aumento de plazas en Gendarmería. Ello me parece incomprensible. Y se exige una y otra información, llegándose a requerimientos ilimitados.
El hecho de que tres funcionarios estuvieran resguardando a mil seiscientos detenidos revela que el sistema penal chileno adolece de gravísimas fallas. En muchas oportunidades, las condiciones materiales que afligen a los reclusos angustian por igual a quienes desempeñan la difícil función de vigilarlos.
Es de esperar que, al aplicarse a nivel nacional la reforma procesal penal, la situación de muchos detenidos que enfrentan procesos pendientes de larguísima duración, por la lentitud del sistema judicial, se defina de una vez por todas y se determine si son inocentes o culpables.
En consecuencia, por conocer el trabajo de los funcionarios de Gendarmería de Chile, a quienes en numerosas oportunidades se critica, ignorando las condiciones en que laboran, entregaré mi voto afirmativo a este proyecto.
Tras la exposición del Senador señor Fernández, último orador inscrito, comenzará la votación.
Señor Presidente , daré mi voto favorable al proyecto, porque es de toda justicia. Y me parece que las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados no alteran de manera sustancial lo que ya aprobó unánimemente el Senado.
En todo caso, esta iniciativa no dice relación exclusivamente al reciente problema carcelario que aquí se dio a conocer y que tuvo tan dramáticas consecuencias.
Al respecto, pienso que el señor Ministro de Justicia debería considerar la necesidad de introducir un cambio que haga efectiva la garantía constitucional de la libertad provisional. Porque, si analizamos el caso de las personas que murieron en Iquique, comprobaremos que la mayor parte -si no todas- estaban sometidas a proceso, pero no condenadas. O sea, perfectamente podían haber estado fuera del establecimiento penitenciario en cuestión, pero, a raíz de resoluciones judiciales atentatorias contra dicha garantía constitucional, se hallaban dentro de él.
En nuestro país existe una situación que debemos corregir. El derecho a la libertad provisional sólo puede restringirse en los casos que la Constitución señala: cuando la detención se considere necesaria para las investigaciones del sumario -en el caso de Iquique, numerosas personas se encontraban recluidas durante muchos meses y ni siquiera habían sido llamadas por el tribunal- o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.
Me parece que la aplicación efectiva de la garantía constitucional en comento podría liberar a gran cantidad de personas que están cumpliendo anticipadamente una pena sin haber sido condenadas, lo que resulta absurdo.
De otra parte -algo dijo el señor Ministro sobre el punto-, la cantidad de presos por el delito de manejar en estado de ebriedad sin causar lesiones, según las cifras y antecedentes disponibles, puede llenar una cárcel del país. Estimo que en ese caso corresponde otro tipo de sanciones, que pueden ser más eficaces que la privación de libertad: obligar a rehabilitarse o a seguir cursos específicos, imponer multas, etcétera. La pena corporal aplicada al referido delito, por un lado, no contribuye a la rehabilitación del hechor, y por otro, dificulta la solución del problema carcelario.
Por tanto, sería conveniente que el señor Ministro de Justicia analizara todos estos casos, para procurar que los jueces den cumplimiento a la garantía constitucional mencionada y para que respecto de ciertos delitos las personas no necesariamente estén detenidas durante el proceso (reitero que, en el caso del penal de Iquique, muchos presos -por no decir todos- se hallaban sometidos a proceso, pero no condenados), tanto más cuanto que se encuentran amparadas por la presunción de inocencia.
Me gustaría, señor Presidente, que normas de esa naturaleza se consagraran en nuestra legislación.
En votación económica la primera enmienda introducida por la Cámara de Diputados al artículo 1º del proyecto.
--Se aprueba (31 votos).
Si le parece a la Sala, daremos por aprobadas con la misma votación las restantes modificaciones de la Cámara Baja.
--Se aprueban (31 votos), y queda terminada la discusión del proyecto.
El señor Ministro Secretario General de la Presidencia solicitó autorización para que ingresen a la Sala y participen en la discusión de los siguientes proyectos la Subsecretaria de Previsión Social, señora Ariadna Hornckohl, y la Jefa del Departamento ALCA y América del Norte de la Cancillería, doña Alicia Frohmann.
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el "Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América" y sus anexos, suscritos en Santiago el 21 de octubre de 1999, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2546-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 19ª, en 19 de diciembre de 2000.
Relaciones Exteriores, sesión 31ª, en 21 de marzo de 2001.
El referido instrumento internacional tiene como objetivo principal acordar con los Estados Unidos de América un convenio de transporte aéreo, similar a otros de este tipo, en el marco de la política de cielos abiertos que en materia aerocomercial sustenta Chile.
El informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, luego de describir el Acuerdo, reseña la discusión suscitada a su respecto y concluye proponiendo a la Sala, por la unanimidad de sus miembros (Honorables señores Bombal, Gazmuri, Martínez, Romero y Valdés), que el proyecto sea aprobado en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe señalar que dicho organismo técnico sugiere a la Sala, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, que el asunto se discuta en general y particular a la vez.
Señor Presidente , la Comisión de Relaciones Exteriores despachó dos proyectos que aprueban -el que se halla en discusión- un Acuerdo de Transporte Aéreo y -el que se tratará en seguida- un Convenio sobre Seguridad Social entre Chile y Estados Unidos de América.
Sin embargo, en este momento, cumpliendo un cometido que me entregó ayer ese organismo técnico, haré una síntesis de las exposiciones que ante él efectuaron el Presidente de la Asociación de Exportadores de Chile y el Presidente de la Asociación de Exportadores de Productos Congelados sobre las consecuencias de las medidas antidumping impuestas por Estados Unidos.
Para posibilitar a Sus Señorías una mejor comprensión del asunto, pedí distribuir ejemplares donde se contienen los respectivos planteamientos.
El primero de los invitados, don Ronald Bown , nos ilustró acerca de la acusación que hoy afecta a la uva de mesa chilena. Dicha denuncia, formulada por un grupo de productores del valle de Coachella, del Estado de California, dio lugar a un proceso antidumping que, de prosperar, afectará gravemente a las exportaciones de nuestro país.
En el caso particular que nos ocupa, existe además el fundado temor de sentar un precedente contrario a las exigencias legales mínimas para iniciar un proceso por dumping. En efecto, se acogió a tramitación una acusación presentada por un grupo de productores que representan menos de 8 por ciento de la industria supuestamente afectada, en circunstancias de que el mínimo de representatividad exigido es de 25 por ciento. Tal "flexibilidad" podría generar una seguidilla de acusaciones, fundadas o no, en las cuales la representatividad del sector involucrado quede relegada a un indebido segundo lugar.
A lo anterior se suman las características propias de los procesos de la legislación norteamericana, que dispone plazos breves y perentorios, origina exhaustivas investigaciones y culmina con el establecimiento de severas medidas económicas, cuya aplicación impacta de manera seria a la industria exportadora. Hoy, las medidas antidumping prácticamente constituyen al mismo país en juez y parte.
A mayor abundamiento, los costos que tales procesos involucran se elevan por sobre montos muy importantes, en el caso de las uvas, éstos alcanzan alrededor de 3 millones y medio de dólares, en la mejor de las situaciones, y su financiamiento no sólo es difícil de lograr, sino además merma ostensiblemente el resultado final de la exportación.
Al respecto, se estima de la máxima conveniencia crear un fondo de aporte y/o financiamiento que contribuya a solventar los referidos costos. Sobre esa materia, cabe recordar que el Senado aprobó unánimemente un proyecto de acuerdo en el cual expresamente se solicitó al Supremo Gobierno "un efectivo respaldo a "un Fondo de Defensa de Productos Chilenos en los Mercados Internacionales" para enfrentar en el futuro de mejor manera las barreras y acusaciones que pueden sucederse, creando una Dirección Económica-Agrícola en la Cancillería que vele por los legítimos intereses agropecuarios chilenos permanentemente afectados por subsidios y proteccionismos.".
Por su parte, el señor Cristián Stewart , Presidente de la Asociación de Exportadores de Productos Congelados , señaló a la Comisión el caso de las frambuesas congeladas exportadas por Chile a Estados Unidos. Éstas han sido recientemente objeto de una nueva acusación por "subsidios". Situación no menos grave que la anterior en la medida de que las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas al país del norte representan actualmente el 55 por ciento de la importación de dicho producto efectuada por Estados Unidos. Cabe considerar también que al interior de la exportación chilena de productos congelados el rubro de la frambuesa representa el 49 por ciento, por lo que no resulta difícil vislumbrar el fuerte impacto que recibiría dicha industria a raíz de cualquier obstáculo que se le imponga en el mercado internacional, en especial el norteamericano que, hoy por hoy, es uno de los principales destinatarios de dicho producto en el exterior.
En consecuencia, el tema que nos ocupa resulta del mayor interés, atendidas las significativas implicancias que tiene en la economía nacional. Nos encontramos frente a un problema país, para cuya solución es necesaria la participación inexcusable de los diversos sectores del quehacer nacional.
En ese sentido se enmarcó la referida audiencia, donde, además, el señor Director de Relaciones Económicas Internacionales , don Osvaldo Rosales , nos ilustró respecto de los pasos seguidos por el Gobierno en la materia en comento.
La Comisión, finalmente, ha querido entregar a cada uno de los señores Senadores una copia de las exposiciones de nuestros invitados, las que se encuentran a disposición de Sus Señorías.
En relación con el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social ente la República de Chile y los Estados Unidos de América, suscrito en Santiago de Chile, el 16 de febrero de 2000, cabe señalar que fue informado favorablemente por la Comisión de Relaciones Exteriores al Honorable Senado.
Dicho Convenio se enmarca en el contexto de la política sostenida en los últimos años en orden a conferir una debida protección a los trabajadores migrantes en materia previsional, para lo cual nuestro país ha suscrito instrumentos de esa clase con diversas naciones americanas y europeas.
Se pretende, de ese modo, que los beneficios sociales otorgados por uno de los Estados contratantes puedan percibirse en el otro, sin que deban cumplirse determinadas exigencias de residencia ni que la cuantía del beneficio experimente reducciones. La situación descrita configura la institución jurídica denominada "exportación de pensiones".
El contenido del Convenio se consigna, de manera sintética, en el informe que Sus Señorías tienen a su disposición.
Respecto del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América y sus anexos, suscrito el 21 de octubre de 1999, debo hacer presente que también fue aprobado por la unanimidad de la Comisión.
El objetivo del proyecto de acuerdo que nos ocupa se orienta a concretar con Estados Unidos de América un convenio de transporte aéreo en el marco de la política de cielos abiertos que en materia aerocomercial ha sustentado nuestro país en los últimos años, con vistas a conseguir un libre ingreso a los mercados, libertad tarifaria y una mínima intervención de la autoridad.
Según señalaran personeros de la Cancillería, se trata del acuerdo más importante de esa naturaleza celebrado hasta la fecha por Chile, por el volumen de negocios que representa para las empresas chilenas, esto es, 40 por ciento de sus ventas totales.
Cabe hacer presente que las relaciones aerocomerciales entre ambos países se han regido hasta hoy por un Convenio sobre Transporte Aéreo de 1949, de carácter restrictivo, que ha sido complementado mediante Acuerdos Transitorios en los que el número de vuelos y los puntos a operar quedaron limitados.
El instrumento que nos ocupa fue negociado en 1997 en Washington, y su firma quedó supeditada, por exigencia de Chile, a que Estados Unidos otorgara inmunidad antimonopolio a alianzas entre líneas aéreas de ambos Estados signatarios. Tal reconocimiento de inmunidad, otorgado poco antes de su suscripción, permite a las empresas chilenas beneficiarse ampliamente con el Tratado, pues podrán concertar acuerdos de cooperación con empresas norteamericanas que recogen y distribuyen el mercado dentro de Estados Unidos y, a través de su red de rutas, al resto del mundo.
El contenido del Convenio se encuentra sintetizado en el respectivo informe que Sus Señorías tienen a su disposición, debiendo destacarse en todo caso que se trata de un instrumento particularmente conveniente para nuestro país. En efecto, a su amparo las empresas de ambos países podrán operar el número de vuelos que les convenga, en las rutas y con los derechos de tráfico que deseen -incluyendo el tráfico entre el territorio de la Contraparte y cualquier tercer país del mundo- y con las tarifas que cada una estime conveniente. Además, podrán concertar acuerdos de código compartido entre ellas o con empresas de terceros países. En suma, el nivel de apertura de los cielos es ilimitado, salvo en el tráfico interno o cabotaje, que queda reservado a las aerolíneas nacionales de cada país.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente, respecto de los dos proyectos de acuerdo, así como del resumen de la audiencia celebrada con los exportadores sobre el dumping que afecta a la uva y la denuncia de subsidios de las frambuesas congeladas.
Señor Presidente , no sé cómo discutiremos las materias expuestas. Sólo deseo referirme a la primera parte de la exposición del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , la cual decía relación al problema de las medidas antidumping aplicadas por Estados Unidos a la uva de mesa chilena.
Quiero hacer presente mi enorme inquietud por tal situación, que no es aislada dentro de la política norteamericana de defensa de sus intereses comerciales, pues, cada vez que un nicho de su mercado empieza a verse afectado de manera significativa, comienzan a estudiar las posibles aplicaciones de la legislación antidumping contra esos productos. Chile ha sufrido en diversos momentos los efectos de esa normativa, como en el caso de los salmones, de la madera, de la uva -recientemente-, y otros que quizás sería largo enumerar. Y esto, que nos afecta a nosotros, también perjudica cada cierto tiempo a otros países.
El problema no es menor. Tal actitud, que a lo mejor mirada desde un punto de vista interno de Estados Unidos es muy valiosa, pero que, observada desde la óptica de las relaciones que se desean desarrollar en el ámbito del comercio, fundadas en el valor de la libertad, la apertura y la competencia leal, se ve obscurecida por ese tipo de prácticas. Y la situación se complica más por cuanto en este momento tratamos de avanzar en negociaciones tendientes a concretar un tratado de libre comercio con esa nación. Sobre dicha materia, independientemente de considerar sus ventajas y desventajas, en una declaración, firmada por la mayoría de los integrantes del Senado norteamericano, se pregunta al Presidente de ese país cómo va a resguardar -son palabras textuales- la legislación de protección comercial existente allí en relación con los acuerdos que se estudian con Chile.
Por lo tanto, sin el referido acuerdo comercial no sólo sufrimos hoy la aplicación de tal normativa -que es esencialmente política y que en diversas ocasiones no ha sido más que una forma de encarecer el ingreso de productos chilenos al mercado estadounidense-, sino que, en vísperas de un convenio que debiera reflejar una actitud distinta, de mayor confianza e incluso de búsqueda de mecanismos de solución de controversias diferentes de los ya establecidos, la preocupación de Estados Unidos se centra en continuar aplicando la legislación sobre protección comercial frente al posible ingreso de productos chilenos a raíz del referido tratado de libre comercio.
En consecuencia, señor Presidente, no veo que se avance en esta materia y me inquieta la posición de los legisladores norteamericanos en cuanto a la forma de relacionarse con nosotros.
Chile es un país pequeño en el contexto internacional, sin embargo, debido a la apertura de su política económica en las últimas décadas, ha logrado una fuerte presencia en el mercado mundial y los ingresos provenientes del comercio exterior representan hoy, desde el punto de vista del producto bruto anual, una cifra cercana a 40 por ciento, probablemente. En consecuencia, el caso no es menor para nosotros y es importante defender la situación de nuestros productores.
Lo anterior debe llevar no sólo a una actitud coherente en la defensa, cuando se dan esas hipótesis, sino que particularmente es preciso prever lo que puede significar el que se mantenga la legislación protectora en la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, señor Presidente , lo primero que quisiera plantear es que se oficie a la señora Ministra de Relaciones Exteriores , quien conduce esa negociación, acerca de la necesidad de advertir que la conservación de tal normativa puede ser incompatible con el espíritu que busca Chile al efectuar dichas gestiones.
De lo contrario, sería razonable pensar en el diseño de una legislación de protección comercial idéntica a la estadounidense, respecto de los productos provenientes del extranjero, y ver la manera de que rija por lo menos frente a frente con Estados Unidos, como una manera de asegurarse de que aquello que esa nación nos aplica también podemos emplearlo nosotros, si se firma el tratado de libre comercio.
Y lo digo, en particular, porque si algún área se ve amenazada, eventualmente, con ese instrumento es precisamente la agrícola. La experiencia de nuestra asociación con el MERCOSUR ha sido bastante dramática para los productos agropecuarios y la balanza comercial ha sido crecientemente deficitaria con los países signatarios de ese convenio. Si el cuadro se repite con Estados Unidos, obviamente nos encontraremos frente a una situación muchísimo más dramática, con efectos de difícil proyección.
Por lo tanto, si nos hallamos ante la vigencia de una legislación que genera perjuicios y que se puede promover por motivos de conveniencia, al final, de los intereses económicos particulares de sectores estadounidenses, nosotros, en el ánimo de la reciprocidad, debiéramos buscar el establecimiento de mecanismos semejantes. Expondré en los próximos días medidas referentes al MERCOSUR, pero, específicamente en cuanto a lo que pasa con Estados Unidos, me parece importante tener claro que se requerirá emplear sus mismos criterios de protección, para poder hallarse en igualdad de términos y proteger a los sectores productivos -que, en primer lugar, son los agrícolas, pero que también comprenden a los de la pequeña y mediana empresa- frente a una actitud que juzgo contradictoria en el sentido de que ese país se erige en el promotor del libre comercio, pero, cada vez que sus intereses son tocados, se convierte de inmediato en extremadamente proteccionista.
Deseo subrayar, además, la necesaria solidaridad que debe existir con los afectados por esas disposiciones. Cuando las aplica una potencia tan fuerte como Estados Unidos, los sectores productivos en que ellas repercuten se ven en una situación de mucho deterioro. Y solicito especialmente que Relaciones Exteriores, que ha defendido y ha acompañado a nuestros productores, mantenga un particular acercamiento y respaldo a quienes sufran los efectos de esas acciones de proteccionismo excesivo, que resultan contrarias a nuestros intereses económicos.
Creo que no solamente se debe buscar la reciprocidad, sino que no cabe la menor duda de que no se puede dejar a los particulares defenderse solos cuando intereses económicos chilenos en el exterior sean perjudicados en la forma señalada. Si bien las autoridades ya han actuado en tal sentido, queremos pedirles que procedan con especial esmero al respecto, especialmente en relación con aquellos países con los que se han celebrado o se negocian acuerdos de libre comercio, de manera de asegurar que nuestros productores se vean acompañados, que dispongan de las facilidades con que cuentan el Gobierno y el aparato estatal, en Chile y en el extranjero, para garantizar el mejor resultado de los reclamos.
Incluso, se trata de buscar algún apoyo material cuando sea necesario y los propios sectores privados no sean capaces de abocarse a una defensa. Porque, más que a una situación particular, en definitiva ello dice relación a una política del país, afectada hoy en relación con un tema determinado. Pero, si respecto de este último no hay fuerza, como Estado, para defender una posición, en el futuro difícilmente se podrá lograr éxito en otras.
El apoyo al productor se vincula hoy a las uvas. Ayer fue el salmón. Mañana será cualquier otro rubro que lo requiera, y no solamente al agropecuario. Y, por ello, la política y los precedentes se deben configurar cuando se presentan las dificultades.
Ésas son las consideraciones que quería manifestar, señor Presidente , a propósito del informe emitido, que valoro mucho. Y estimo que se deberían tomar medidas claras, como digo, en el ámbito mencionado y adquirir conciencia de lo que significa entrar con tanta fuerza al área del libre comercio cuando los países que más la promueven son los que más reaccionan al verse afectados sus intereses.
Señor Presidente , el Honorable señor Romero , Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha dado cuenta muy fiel de la reunión de ayer y la información recibida.
Comparto plenamente las observaciones formuladas por el Senador señor Larraín. Quisiera agregar, por mi parte, que estoy muy preocupado, porque a los antecedentes y estudios sobre las actitudes de Estados Unidos hacia nosotros y otros países se suma ahora el caso concreto de las uvas y otros productos -sobre todo, de la frambuesa-, que es extremadamente grave.
De hecho, ello es parte del proceso de globalización. No cabe duda. Uno se expone a esas realidades. Pero da la impresión -y así quedó aclarado ayer por los propios exportadores o dirigentes agrícolas- de que, con motivo de la negociación que Chile ha iniciado con Estados Unidos, se han excitado algunos productores, que ven en nuestro país a un competidor. Por lo tanto, invocan una ley extremadamente protectora, agregada a otra que todavía no entra en operación pero que ya se encuentra designada con número y autor -su reglamento ha sido urgido en los últimos días-, la cual establece que las multas y derechos que se perciban con motivo del cuerpo legal antidumping van en beneficio integral del denunciante. De manera que constituye un incentivo para denunciar. Y las cantidades se aplican de inmediato. Después viene el juicio, pero éste es muy largo y difícil.
La verdad es que la agricultura estadounidense se halla extremadamente protegida. Para el año en curso, la disposición presupuestaria adiciona 23 mil millones de dólares a lo que ya se dispone por obra de los Estados y los municipios, lo que mantiene "flotando" un número de actividades agrícolas absolutamente alejadas de la realidad de los mercados. Y, por lo tanto, nos castigan.
La dificultad, además, deriva no solamente de que la ley es antidumping en el sentido tradicional, vale decir, de producciones que se venden bajo el costo. En el caso de la uva, como en el de las frambuesas, se sanciona a Chile no porque se haya estudiado el costo de producción, sino porque se aplicó el otro criterio de la normativa: como en Europa o en otros mercados nuestro país ha vendido más caro, el que lo hiciera más barato en Estados Unidos determinó que los productores locales exigieran aplicar el mismo precio. Lo que sucedió fue que el año pasado Chile vendió en Europa por razones de clima y de precio, pero este último, que era bueno, de pronto cayó, lo que es normal, y luego se compró más barato en Estados Unidos el despacho de un barco, por lo que se nos acusa de no vender en el mundo toda nuestra uva al mismo precio y se pide un castigo. Entonces, se llega a que no solamente se trata de una ley antidumping respecto del costo, sino también de otra serie de factores vinculados al examen que se practica.
Ello reviste una gravedad enorme en el caso de la uva, que fue una exportación más bien pequeña. Sin embargo, los funcionarios chilenos calculan que el castigo sería de 20 millones de dólares anuales y duraría cinco años. O sea, Chile perdería 100 millones de dólares de aplicarse una disposición de esta naturaleza, la cual es resuelta por un tribunal integrado por personas cuyo nombramiento lo hace el Senado, por una parte, y el Presidente , por otra. Vale decir, lo integran cinco de Oposición y cinco de Gobierno.
Tuve la experiencia de saber de esta mecánica con motivo de la acusación surgida en el caso de los salmones. Conozco muy bien la situación, y puedo manifestar que es totalmente arbitraria, porque, una vez recibida la prueba por parte de esas autoridades, el peso de ella recae en el denunciado, y no en el denunciante. Además, se cuenta con muy poco tiempo para conformar una defensa. De manera tal que los productores de frambuesas, que exportan alrededor de 20 ó 25 millones de dólares -prácticamente son del sur de Chile y cubren el 30 por ciento del mercado americano de importación-, deben contestar la acusación en 20 días, en circunstancias de que los formularios llegan al sexto día. O sea, disponen de ese lapso para presentar su defensa, en inglés y en el lugar correspondiente. Cabe destacar que, aun cuando están asociados, se trata de pequeños productores.
Por lo tanto, nos encontramos realmente ante circunstancias que destruyen su capacidad de asociación -así lo manifestaron ellos-, porque ciertos agricultores, desesperadamente, pueden arreglarse por fuera, como también otros aceptar la multa o, bien, algunos rechazarla. De esta forma se estrangula la organización empresarial; se hace muy difícil mantenerla, y, por último, todo ello representa un costo muy elevado.
Los recursos anuales de que dispone el Gobierno para hacer frente a esta situación alcanzan a un millón de dólares. Sin embargo, sólo en el caso de la uva la defensa involucra un gasto de 2 millones 500 mil dólares, dinero que deben arriesgar los productores. Los grandes pueden hacerlo, no así los pequeños. Por eso, es necesario buscar una fórmula sobre la base de establecer un seguro en el que participen el Estado y los empresarios.
Por último, hice presente -con alguna observación del Presidente de la Comisión - que se trata de un problema que provoca gran preocupación. Porque esta ley antidumping fue impuesta a México, y está operando en su contra. Estuve en dicho país y pude comprobar que existen cientos de acusaciones. Sin embargo, su situación es muy particular, por cuanto es el segundo cliente de Estados Unidos -el primero es Canadá- y no puede tener dificultades en sus negociaciones. El 80 por ciento de las exportaciones de México van al país del norte. De manera que su situación es muy difícil. Y algo similar fue impuesto también a Canadá.
Según los expertos -así lo reconoce el propio Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería , don Osvaldo Rosales -, es improbable que Estados Unidos renuncie a la ley antidumping en favor de Chile, por cuanto eso lo obligaría a hacerlo con respecto a la defensa de los demás países.
Por lo tanto, estamos frente a una situación -según la información del Gobierno- sine qua non para la posibilidad de un libre comercio, que es anhelada por todos, pues se inserta en la línea de apertura de la política oficial chilena, que ha sido muy beneficiosa. Sin embargo, surge esa condición, la cual es extremadamente grave.
No creo que lo anterior pueda ser corregido con sólo invocar las normas de la Organización Mundial de Comercio, ya que éstas se aplican a posteriori, cuando el daño se ha producido. Como lo dijo ayer el presidente de los exportadores, el hecho de que durante dos o tres años no se pueda vender a Estados Unidos algún tipo de productos, castiga el prestigio de Chile. Si así sucede, tampoco sería posible que vendiera en otras partes, porque también sería acusado de dumping.
Deseaba formular tales observaciones porque, a mi juicio, se trata de una materia extremadamente delicada para un país cuya agricultura está en transformación y su destino es exportar, pero que se encuentra sujeto a las dificultades descritas.
Señor Presidente , al igual que los señores Senadores que me precedieron, deseo referirme a la materia que ha sido abordada a raíz del análisis de este acuerdo.
Si bien es un convenio específico en lo que dice relación al transporte aéreo, toca un aspecto central que interesa al Estado chileno y a la nación en general, cual es el tipo de acuerdos a que podemos llegar con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio.
En mi opinión, el tema no sólo debe debatirse en el Senado, sino también en las distintas instancias de nuestro país, con plena información y conocimiento, con representación de los sectores, a fin de que conozcamos realmente las ventajas y desventajas, las limitaciones y riesgos, con los que podemos enfrentarnos ante la firma de un tratado de esta naturaleza.
¿Por qué digo lo anterior? Porque, como aquí lo han manifestado varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, Chile seguirá siendo exportador de productos naturales renovables y, particularmente, de aquellos provenientes del sector agrícola, frutícola o del mar. El cobre posee una lógica aparte y funciona en virtud de una normativa y una tradición que, sobre la base de introducirle algunas modificaciones, en nuestro país tiene hoy, por lo menos, un ritmo determinado.
Pero ¿qué ocurre? Nos damos cuenta de que se están aplicando, no las reglas del MERCOSUR, porque aún no comienzan a tener efecto concreto en Chile, sino las medidas de rebaja arancelaria, que han abierto la importación de determinados volúmenes de producción y que, prácticamente, han llevado a una situación de crisis a vastos sectores de la agricultura chilena. Se ha más que duplicado la importación de maíz; ha aumentado en 40 ó 50 por ciento la de trigo; se ha incrementado la vinculada a los rubros en los cuales nuestro país tiene capacidad para producir. Esto ha echado abajo los precios y, por ende, la rentabilidad de quienes trabajan en el ámbito agrícola, afectando principalmente a los pequeños y medianos sectores, como también a muchos otros de la zona centro-sur del país.
Lo anterior ha significado introducir el concepto de la sustitución de los cultivos tradicionales, la reconversión y modernización de la agricultura. Los rubros mencionados acá -uva, frambuesa y otros derivados, como los berries- son el producto concreto de un esfuerzo realizado por el país para reconvertir o sustituir cultivos tradicionales y generar una fórmula de ingresos que le permita mantener en funcionamiento poblaciones que de otra manera tendrían que abandonar las zonas rurales y trasladarse a las urbanas.
Nadie en el Senado es partidario de eso, aun cuando es posible que no hayamos adoptado en conjunto las medidas para rectificar ese fenómeno.
Ahora bien, ¿qué ocurre en los casos concretos de la uva y la frambuesa? En cuanto al primero, un pequeño productor americano -sólo uno- cuya empresa no tiene significación real en ese mercado, presentó una demanda en contra de la exportación de uvas chilenas, realizada con anterioridad, porque en ese momento ella afectó el precio de su producción para venderla en el mercado californiano. Esa persona acusó a Chile de estar haciendo dumping, vale decir, de usar subterfugios artificiales para entrar en el mercado americano pagando menos y vendiendo sus productos a un precio menor.
¿Cómo hicieron ese cálculo? Compararon la venta de nuestra uva en Hong Kong, donde un barco demora casi 30 días en llegar, o en la Unión Europea, donde tarda entre 18 a 20 días, en circunstancias de que la fruta llega a Estados Unidos en 10 ó 12 días. De esa forma establecieron la diferencia de precios. Pero hasta el más ingenuo o torpe en materia de negocios sabe que el transporte en un barco durante 30 días es más caro que uno que llega en 12 días. Y dijeron: "¡Ah! Los chilenos están vendiendo a precios distintos dependiendo del lugar donde envían su producto; por lo tanto, existe dumping". A partir de ahí generaron el sistema en contra del Gobierno y de los productores chilenos, acusándonos, mediante un procedimiento de absoluta indefensión para nosotros. Porque basta el reclamo de una persona para que se desate un mecanismo cuya defensa cuesta a Chile, según nuestros exportadores de uva -y excúsenme que rectifique al Senador señor Valdés -, no 2 millones 500 mil dólares, sino 3 millones 500 mil dólares, sin saber cuál será el resultado. A esto se acompaña la eventual acusación en contra de la exportación de frambuesas.
Si prospera la acusación de dumping respecto de las uvas chilenas y se establece la sanción de recargar en 99,9 por ciento -es lo que se obliga a pagar al importador americano, el que automáticamente se lo transmitirá al exportador chileno-, significará que nuestro país va a comprometer la totalidad del valor de la uva exportada a Estados Unidos en el pago de la sanción; vale decir, cambiará todo por nada.
En el caso de la frambuesa ocurre exactamente lo mismo. Pese a tratarse de un volumen mucho menor, el costo de los estudios de abogados, de los "lobbystas" y de la gente que tiene que actuar en Estados Unidos supera largamente el valor a percibir por la exportación de frambuesas.
En consecuencia, los Senadores tenemos el derecho y la obligación de preguntarnos en qué condiciones se negociará. Sería pretencioso decir que desde aquí, unilateralmente, podremos lograr que el Gobierno estadounidense cambie sus leyes. O que en razón de que en el Parlamento chileno se levantaron voces sobre el asunto se modificará un mecanismo que, incluso, importadores norteamericanos comienzan a cuestionar, porque empieza a afectar la cadena de negocios dentro de su propia economía.
¿Adónde conduce lo que indico, señor Presidente ? Estados Unidos tiene una capacidad estratégica de producción de alimentos y de colocación de excedentes que ningún otro país en el mundo posee hoy. Quienes conocemos profesionalmente el tema sabemos que a esa nación no le interesan coyunturalmente los mercados chilenos del trigo, del maíz o de las oleaginosas, sino establecer un sistema al estilo del que aplicó durante 20 ó 30 años a través del programa mundial de alimentos, consistente en colocar sus excedentes en países en desarrollo sobre la base de ligarlos a programas de asistencia y ayuda, de las connotaciones que todos conocemos.
Lo que actualmente busca Estados Unidos, en defensa de su derecho, es un acuerdo estratégico. Si lo suscribe con Chile y éste no logra proteger su agricultura, en el caso de América Latina "clavará la pica en Flandes" y, obviamente, comenzará el problema de desgranar el choclo.
Por lo tanto, en mi opinión, los Senadores y en general los miembros del Congreso tenemos la obligación de decir al Gobierno: "No podemos negociar el acuerdo sin resguardar estratégicamente nuestra agricultura y los productos provenientes de ella.".
¡Ésa es la visión del Estado hacia adelante! ¿Cómo lo haremos? Dependerá de la articulación y la calidad con que nos movamos.
Sería un acto de ingenuidad, que costaría muchísimo al país, apresurarnos a firmar ese convenio para formar parte del club de los grandes y tener una tarjeta plástica "de oro" que nos permita mostrarnos en otros mercados, porque en el fondo, sin pretenderlo, estaríamos entregando la posibilidad de defender nuestro desarrollo territorial.
Los ejemplos de la uva y la frambuesa ponen al descubierto lo que debe negociarse y la forma de hacerlo. En toda negociación los Estados reservan (usando el lenguaje con que se actúa en ese campo) sectores o subsectores estratégicos. Chile tiene la obligación de reservar su sector agrícola en esta negociación.
Señor Presidente, el Senador señor Silva me pide una interrupción. Con la venia de la Mesa, con agrado se la concedo.
Puede hacer uso de la interrupción, Su Señoría.
Sólo deseo recordar que cuando se trató la cuestión de la uva años atrás, nuestro país invocó que se aplicase el Tratado Bryan-Suárez Mujica . No había razón alguna para suponer una oposición de Estados Unidos. Sin embargo, arbitrariamente así lo hizo y se negó a aceptar un instrumento aprobado precisamente para solucionar situaciones de esa naturaleza.
Ahora que se está negociando -como señaló Su Señoría-, quizás sería útil sugerir a la Cancillería la necesidad de invocar ese tratado, que se encuentra plenamente vigente y ha sido desconocido por el país del norte de modo arbitrario.
Puede continuar el Honorable señor Moreno.
Agradezco la complementación del señor Senador .
Señor Presidente , hago mío el argumento del Honorable señor Silva y creo que debe oficiarse al Presidente de la República y a la Cancillería con el objeto de que dicho antecedente se incorpore dentro del material que se ha de estar utilizando.
Pero antes concluiré mi intervención.
Estimo prematuro pronunciarnos aquí sin saber cuáles son las condiciones en que se firmará el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, tal como procedí en la Comisión de Relaciones Exteriores ayer, en presencia de uno de los negociadores del Ministerio del ramo, debo manifestar que el Senador que habla tiene reservas acerca de la forma como se está abordando el tema agrícola en la negociación con Estados Unidos. Y esa reserva emana de la poca y no significativa información de que disponemos sobre la manera en que se está conduciendo la negociación.
Por eso, señor Presidente , solicito oficiar, en mi nombre, a la señora Ministra de Relaciones Exteriores haciéndole presente nuestro propósito de conocer con anterioridad y en detalle los elementos en los cuales se funda la negociación respecto del sector agrícola, porque ello condicionará claramente nuestra posición final frente a esta situación.
Se remitirá el oficio solicitado por Su Señoría, como, asimismo, el requerido por el Honorable señor Larraín.
Tiene la palabra el señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante.
El señor GARCÍA ( Ministro de Relaciones Exteriores subrogante ).-
Señor Presidente , quiero manifestar que el Ejecutivo comparte las preocupaciones señaladas por los señores Senadores; destacar que ese tipo de inquietudes ha iluminado su quehacer en la materia desde hace varios años, y que ha expresado su molestia y desacuerdo con las medidas iniciadas por el Gobierno de Estados Unidos, tanto en lo concerniente a la uva como a la frambuesa.
En ambos casos el Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería expresó ese desacuerdo ante el Departamento de Comercio, trasladándose a Washington para tal efecto. Además, la señora Ministra de Relaciones Exteriores ofició en igual sentido al Secretario de Estado , al Secretario de Comercio y al Director del USTR ( United States Trade Representative) . Y precisamente hoy día el señor Ministro de Economía se reúne con este último personero para reiterar la preocupación del Gobierno de Chile en torno de estos asuntos.
Lo anterior demuestra que no hemos cesado de exponer nuestras inquietudes. También iniciamos acciones frente a la Organización Mundial de Comercio para impugnar los procedimientos de la legislación estadounidense y muy particularmente la enmienda Byrd, a que hizo referencia el Senador señor Valdés , por estimar que beneficia en demasía a quienes inician acusaciones de dumping en los Estados Unidos.
Como es de público conocimiento, aparte lo anterior, el Gobierno chileno ha dado a conocer su deseo de que en el futuro tratado con Estados Unidos no se aplique la normativa antidumping. Es efectivo lo señalado por varios señores Senadores en el sentido de que se trata de una solicitud ambiciosa, que ya fue denegada a los dos principales socios comerciales de ese país: Canadá y México . En todo caso, mantendremos nuestra posición.
La Cancillería ha elaborado alternativas para enfrentar la situación ante la eventualidad de que se rechace la petición. Ellas consisten en implementar de distinta manera los procedimientos con que actualmente cuenta la legislación estadounidense, de tal forma de resguardar los intereses de los productores chilenos. Lógicamente, éste será un elemento crucial de las negociaciones.
Como recordó el Senador señor Moreno , el Parlamento norteamericano, y en particular los Senadores, plantearon a su Gobierno cierta inquietud en esta materia. Y el Gobierno de Chile, por su parte, recibe muy bien la observación de los miembros de esta Alta Cámara en orden a sentarnos en iguales condiciones de negociación frente a Estados Unidos.
De otro lado, concuerdo en que este asunto debe ser encarado como país en su conjunto, en estrecha colaboración con el sector privado. Así ha ocurrido cada vez que hemos tenido problemas de esa índole. Tanto en el pasado como en la actualidad trabajamos en estrecha vinculación con los empresarios privados, a fin de proteger los intereses nacionales. Y así acontece en estos instantes en lo relativo a la uva y la frambuesa. Con relación a ésta, cabe recordar que no sólo se acusa de dumping a los exportadores privados, sino también al Estado, por supuestos subsidios a ellos. Por consiguiente, el Gobierno está resguardando directamente los intereses fiscales y, además, colabora en la defensa de los del sector privado.
En esta materia, acogimos este año, por primera vez, una sugerencia del Senado en el sentido de crear un fondo de defensa para las exportaciones. Podría considerarse insuficiente la cantidad de recursos que mantiene dicho fondo; pero hay que recordar que el criterio para impugnar mecanismos de apoyo del sector público al privado, según la Organización Mundial de Comercio, es que éstos sean selectivos y que sólo beneficien a los exportadores. De allí la aprensión o el resguardo que debemos tener en el uso y sobre todo en la magnitud en que se emplea este tipo de instrumentos.
Vamos a persistir en el esfuerzo que tanto el Gobierno como el sector privado han iniciado al contratar estudios de abogados en Estados Unidos para defender nuestros intereses. Y, como lo he señalado, la negociación, en el ámbito de mecanismos de antidumping, va a ser un elemento crucial del Acuerdo de Libre Comercio que esperamos suscribir con Estados Unidos. Ciertamente vamos a informar tanto al Honorable Senado como a toda la ciudadanía, sobre las negociaciones llevadas a cabo respecto de este instrumento internacional. Así ha ocurrido en los casos anteriores. Es de nuestro interés dar a conocer acabadamente el contenido de los acuerdos de libre comercio, para que el país sepa lo que se decide, y también porque estamos firmemente convencidos de que tales convenios son muy positivos para Chile.
Termino señalando que la exposición del Senador señor Romero sobre los dos instrumentos específicos que corresponde votar, el de Seguridad Social y el de Transporte Aéreo, representa muy bien el pensamiento del Gobierno, y coincidimos con los señores Senadores que ya en la Comisión aprobaron dichos tratados.
Ofrezco la palabra al Senador señor Frei, último inscrito. Después de su intervención, se proccderá a votar.
Señor Presidente, deseo agregar a lo ya dicho un par de comentarios, aun cuando, en realidad, nos hemos desviado del asunto central del debate: la aprobación de los dos convenios internacionales.
En primer término, quiero destacar la importancia que esta materia tiene para muchos compatriotas que viven en el extranjero. Ella forma parte de la política seguida en los últimos años, y que ha permitido firmar más de quince acuerdos con la mayoría de los países europeos, donde vivieron muchos chilenos exiliados, al igual que en algunos latinoamericanos. Hoy se agrega Estados Unidos, conforme a un sistema que, a mi juicio, está inserto en un proyecto de gran importancia social para nuestros connacionales que han residido por años en el extranjero.
En segundo lugar, el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos -como lo expresó el Senador señor Romero - es uno de los más importantes suscritos por Chile. Significa que hoy nuestra principal línea aérea esté presente en los mercados del País del Norte; que llegue a todas las ciudades de esa nación y tenga inversiones en el Aeropuerto Internacional de Miami, punto de ingreso de más de 30 por ciento de nuestras exportaciones. Tal vez es hoy la línea aérea que posee el mayor terminal, incluso más grande que los de las mismas compañías norteamericanas en ese lugar. Por ello, el acuerdo en debate viene a comprobar la importancia que para las aerolíneas chilenas significa contar con cielos abiertos.
Respecto del asunto suscitado, creo que se trata de una materia clave, y tal vez constituye el punto fundamental del Acuerdo de Libre Comercio con aquel país. Como lo señaló el señor Ministro , Chile mantiene acuerdos con México y Canadá. Y en el curso de las conversaciones con este última país, precisamente lo relativo a la ley antidumping constituyó un punto fundamental. Sé que Canadá no es lo mismo que Estados Unidos, ni alcanza la misma importancia en materia agrícola. Pero este punto fue zanjado en el acuerdo a que se llegó en el Tratado de Libre Comercio con Canadá, resuelto adecuadamente para los intereses chilenos.
Según tal convenio, actualmente Canadá no puede aplicar de manera unilateral leyes antidumping, asunto que está absolutamente regulado. Por lo tanto, me parece que este asunto será clave en el desarrollo del acuerdo con Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio; de lo contrario tendríamos que entrar a la aplicación de la reciprocidad planteada por el Honorable señor Larraín respecto de este tipo de política. El problema radica en que nosotros estamos exportando productos agroindustriales, al igual que lo hace Estados Unidos.
Sin embargo, concuerdo con lo planteado aquí en cuanto a que en el equipo negociador de la Cancillería debe haber conciencia de que éste es, tal vez, el punto más importante del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y habrá que tomar todas las medidas para salvarlo. Así actuamos en el caso de Canadá, y hoy tenemos un sistema que lo regula absolutamente.
Por lo tanto, creo que hay que analizar esta medida muy a fondo, porque va a ser clave para el desarrollo de todos nuestros productos agroindustriales.
En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo con el Gobierno de Estados Unidos de América
Como en la Comisión de Relaciones Exteriores este proyecto fue aprobado por unanimidad, propongo a la Sala acogerlo en los mismos términos.
--Se aprueba por unanimidad, con el voto favorable de 25 señores Senadores.
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y Estados Unidos, suscrito en Santiago de Chile el 16 de febrero del año 2000, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2524-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 13 de diciembre de 2000.
Relaciones Exteriores, sesión 34ª, en 4 de abril de 2001.
El convenio tiene por objeto principal permitir a los nacionales de los Estados partes efectuar cotizaciones previsionales en ambos Estados; mantener la continuidad de su historia previsional, y acceder en consecuencia al goce de los derechos que les confieren los respectivos sistemas de seguridad social.
La iniciativa se encuentra informada por la Comisión de Relaciones Exteriores, la que, luego de reseñar el instrumento internacional en estudio, describe el debate suscitado en ella, y concluye proponiendo a la Sala, por la unanimidad de sus miembros -Honorables señores Bombal, Gazmuri, Martínez, Romero y Valdés- aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe destacar que la Comisión de Relaciones Exteriores establece que las normas del convenio regulan materias sobre seguridad social, por lo que deben ser aprobadas con quórum calificado, esto es con el voto conforme de 24 señores Senadores.
Finalmente, la Comisión propone, de conformidad al tenor del artículo 127 del Reglamento, discutir esta iniciativa en general y particular, a la vez.
Si le parece a la Sala, considerando que la Comisión informante también aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo, propongo a la Sala aprobarlo en los mismos términos.
Ha llegado a la Mesa una indicación suscrita por los Honorables señores Díez, Chadwick, Hamilton, Aburto y Silva, en la que proponen que el proyecto que compatibiliza la actividad docente y profesional de los funcionarios públicos, que está en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sea discutido en ella en general y particular.
Del señor CHADWICK:
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Director de Vialidad de la Sexta Región , acerca de CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN RIGOLEMU, COMUNA DE MALLOA (SEXTA REGIÓN).
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Ministro del Interior , respecto de APLICACIÓN DE PROGRAMA "COMUNA SEGURA "EN PUNTA ARENAS Y EN PUERTO NATALES (UNDÉCIMA REGIÓN).
A los señores Comandante en Jefe de la Armada , Subsecretario de Pesca , Director del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional , Superintendente de Electricidad y Combustibles, y señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente , concerniente a ACCIDENTE DE BUQUE PETROLERO ARGENTINO EN CANAL MORALEDA (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Defensa Nacional , sobre SUPRESIÓN DE SOBRECOTIZACIÓN A PERSONAL DE CAPREDENA Y DIPRECA.
A la señora Ministra de Salud , en lo relativo a SITUACIÓN DE INSALUBRIDAD EN DIVERSAS POBLACIONES DE ARICA
Al señor Ministro de Vivienda y Bienes Nacionales , con relación a DESIGNACIÓN DE TOPÓGRAFO PARA CÁLCULO DE PRECIOS DE SITIOS PARA POBLADORES DE ALTO HOSPICIO
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , acerca de ALCANCE DE MEDIDAS DE PLAN INTEGRAL PARA POBLADORES DE ALTO HOSPICIO
A los señores Intendente de Tarapacá y Director Ejecutivo del Programa Chile Barrio , relativos a MEDIDAS APLICADAS EN VILLA QUITASOLES, CONFORME A PROGRAMA "CHILE BARRIO"
A los señores Intendente de Tarapacá y Presidente Nacional del Cuerpo de Bomberos , respecto de CUARTEL E IMPLEMENTOS PARA BOMBEROS DE ALTO HOSPICIO (TODOS DE LA PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Obras Públicas , con relación a INQUIETUD DE POBLADORES POR OBRAS EN MOLO DE PELLUHUE Y EN CALETA DE CURANIPE (SÉPTIMA REGIÓN).
Al señor Gobernador de Cautín , relativo a COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS RESPECTO DE AGRICULTURA DE NOVENA REGIÓN, y a SUBSIDIO DE AGUA POTABLE PARA PENSIONADOS ASISTENCIALES, Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA EN NOVENA REGIÓN
Al señor Subsecretario de Guerra , con relación a PERMANENCIA DE REGIMIENTO YUNGAY EN SAN FELIPE (QUINTA REGIÓN).
En el turno del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , entre los días 30 Y 31 de mayo y 1º del presente mes de junio, se celebró en el puerto de Manzanillo, en los Estados Unidos Mexicanos, la VI Reunión Interparlamentaria entre congresales de ambos países.
En representación del Senado de Chile, participaron los Senadores señores Cantero y Sabag y el que habla; y los Diputados señora Isabel Allende y señores Carlos Caminondo , Iván Mesías , Alejandro Navarro y Manuel Rojas .
En dicha reunión, que fue muy fructífera, se trataron diversos temas, entre ellos el relativo a la actividad pesquera en ambos países, y el de la reciente reforma constitucional en materia indígena, que fue de particular interés para nosotros, por ser el fruto de la negociación que se realizó en el Congreso mexicano, a raíz de la situación de los pueblos indígenas originarios de ese país.
Tal reforma constitucional tendrá que ser ratificada por los distintos estados de México, y puede ser un antecedente importante para los cambios constitucionales que a la vez se estudian en la comisión respectiva aquí en Chile.
Fuera de esos asuntos de índole particular, se analizaron otros relacionados con el sistema educacional, la homologación de los grados académicos y títulos profesionales, intercambio académico y de becas, pasantías de profesorado mediante seminarios y cursos especializados; y de la misma manera, se propone vincular las bibliotecas de ambos Congresos por medio de un sistema electrónico.
No obstante, quizá el tema más relevante se refiere a la creación del área de libre comercio de las Américas, dada su importancia para la región, lo que exige la conformación de un bloque económico y comercial en el marco de la globalización de la economía mundial.
Dentro de ese marco general, se materializó el éxito alcanzado por el Tratado de Libre Comercio entre Chile y México; y, en verdad, tanto funcionarios de la propia Cancillería chilena -estuvo presente el Embajador , don Luis Maira - como de la parte del país azteca -concurrió su Embajador en Chile, don Ricardo Valero - nos señalaron que el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones ha sido uno de los más exitosos.
Junto con lo anterior, se hizo presente, sin embargo, que existen algunos problemas pendientes en el comercio entre ambas naciones. El más importante -si no en su volumen, por lo menos para el sector- es el referente a las exportaciones de fósforos chilenos hacia el mercado mexicano. Y se planteó por parte de la delegación chilena que se pudiera resolver el problema de manera amistosa y satisfactoria mediante una negociación directa, sin necesidad de llegar a un panel en la OMC, dado que los fósforos chilenos han sido clasificados como explosivos por la autoridad mexicana, lo que hace muy difícil la negociación.
Por otro lado, se analizó el papel de ambos países en el foro de la cooperación económica Asia-Pacífico y el papel que puede jugar la Universidad de Manzanillo, que tiene un estudio especializado en esta materia.
De especial importancia es que se haya acordado realizar una reunión específica sobre los Tratados de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá y con la Unión Europea, en la que se los evaluara y se determinaran sus desafíos y resultados, así como la experiencia chilena en materia de negociación con esas naciones. Cabe señalar a los señores Senadores -lo que seguramente ya sabrán- que existen solamente dos países en el mundo que tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con la Comunidad Europea a la vez: México e Israel. Y el tercero que quiere estar en esa situación es Chile, y por eso es muy relevante para nosotros y para las negociaciones en curso evaluar cuál ha sido el comportamiento de la economía mexicana frente a la existencia de tales tratados.
En mi opinión, junto con esta información, sería conveniente repartir a los señores Senadores el resumen de cuadros respecto a la situación de la economía mexicana en relación con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y, en general, con las distintas áreas del mundo. Yo creo que sería muy ilustrativo para los señores Senadores.
Insisto en que debemos fijar la fecha de esa reunión especial del Comité chileno-mexicano sobre el problema de los tratados de libre comercio. Creemos que es una tarea de gran relevancia si se considera lo que nuestro país está viviendo.
En síntesis, fue una reunión muy importante para estrechar los vínculos entre estos dos países que hoy están plenamente integrados desde el punto de vista económico y que, además, tienen una visión común en el campo de las relaciones internacionales, tanto desde el punto de los principios como de su acción práctica en la arena internacional y, por otra parte, por el importante papel que los parlamentarios podemos jugar en el estrechamiento de los vínculos entre ambos países, dada la nueva configuración del Gobierno mexicano. Se tuvo en cuenta, también, que el Presidente Fox realizará una visita de Estado a Chile, precisamente el día antes de la Cumbre de los Jefes de Estado del Grupo de Río.
Es todo lo que puedo informar. No sé si el Honorable señor Cantero desea complementar lo dicho por mí en esta ocasión.
Señor Presidente , deseo reiterar el éxito que los TLC han tenido para México, en particular el relativo a Estados Unidos y a la Unión Europea así como la importancia del alto interés y la voluntad de establecer una alianza estratégica chileno-mexicana, la cual permita orientarse hacia la construcción de un bloque económico comercial que se apoye mutuamente en los distintos foros y, también, en las distintas instancias donde se verifique cualquier análisis u oportunidad de establecer nuestras ventajas comparativas; asimismo, en la posibilidad de establecer estrategias comunes para defender a nuestros exportadores frente a cualquier tipo de agresión, como las que se han mencionado el día de hoy en la Sala, como el caso de las uvas y otras tantas acusaciones de dumping que han terminado dañando nuestra economía o generándole serios inconvenientes. Hay una voluntad de establecer una alianza estratégica entre Chile y México para enfrentar en esta materia una iniciativa común.
Y, finalmente, quizá vale la pena resaltar dos cuestiones que me parecieron muy relevantes. La primera, la alta calidad del trabajo de preparación en el ámbito técnico de este esfuerzo. Realmente se hizo una labor muy interesante, con la participación de diversos protagonistas del ámbito mexicano, de alta calificación técnica y con información de primera línea, que permitió ilustrar de mejor forma a la delegación chilena. Y lo segundo, es dejar de manifiesto el inmenso cariño que tanto los organizadores como la autoridades y la comunidad mexicana en general demostraron hacia la delegación chilena, el cual se entendió y asumió como una muestra del aprecio de ese pueblo hacia el chileno. Realmente fuimos testigos de una demostración casi excesiva de muestras de cariño y de afecto hacia nuestro país, cuestión que agradecimos y pusimos de manifiesto en el momento de despedirnos, entregando en nombre del Parlamento chileno una medalla recordatoria en honor de aquellos que se destacaron en la organización.
Solicito al señor Viera-Gallo que haga llegar a la Mesa los documentos a que ha hecho mención para distribuirlos entre los señores Senadores.
Corresponde el turno al Comité institucionales Nº 1.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
Señor Presidente , en esta ocasión deseo exponer las bases de un plan-país en materia carcelaria y de rehabilitación. Me mueven y conmueven los acontecimientos ocurridos en mi Región de Tarapacá, donde murieron 26 jóvenes que estaban procesados y donde, en la misma semana, hubo una huelga de hambre que alcanzó a 600 presos en la cárcel de Arica.
Ambas tragedias me han convencido de que Chile debe orientar rumbos hacia un plan nacional que contenga un importante elemento de humanización del tratamiento de los reos. Considero que toda nuestra tradición de estos años, en virtud del incremento de la delincuencia y de la preocupación por ese tema, ha sido solicitar más penas, más castigos. Pienso que ha llegado la hora de ver también al preso como un ser humano y de adoptar medidas que tiendan a su rehabilitación y a brindarle condiciones más humanas. Por esa razón, y sobre la base de estos antecedentes, he solicitado del Gobierno -y creo que debe ser una materia que el Senado respalde- la elaboración de un estatuto de derechos del recluso, que contemple un conjunto importante de elementos que van desde la superficie en metros cuadrados por recluso que debe tener una cárcel, hasta normas escritas y al alcance de cualquier ciudadano, en materia de salud, de rehabilitación, de alimentación, de visitas.
También, en esta misma línea de innovación que complementa las iniciativas que el Gobierno ha puesto en operación y que ha intensificado después de esta desgracia -la más grande de la historia carcelaria de la República-, está la necesidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley -en lo posible con carácter de urgencia- que establezca penas alternativas a la cárcel, en particular cuando se trata de delitos menores, a fin de que el reo pague su deuda con la sociedad desarrollando labores sociales que faciliten su rehabilitación.
La situación actual nos conduce a plantear con urgencia un programa de modernización de la infraestructura carcelaria, teniendo en cuenta el respeto a la dignidad humana y la racionalización de los recursos.
Un plan de esa naturaleza debe contemplar, entre otros elementos, la expansión de la infraestructura carcelaria. Hoy nuestras cárceles tienen capacidad para 20 mil presos, pero su población penal alcanza a 35 mil. El Gobierno se ha puesto como meta la construcción de 10 cárceles más para el 2004 -iniciativa que respaldo-, con capacidad para dos mil personas cada una. Es decir, se contemplan 20 mil espacios adicionales. El costo estimado por cada recinto penal es de 16 mil millones de pesos. De modo que estamos hablando de 160 mil millones de pesos en un plan hasta el 2004.
Sin embargo, también debemos entender que lo relacionado con la delincuencia y la rehabilitación de los condenados no se resuelve sólo con la creación de nuevas cárceles. Por lo tanto, es necesario acompañar estas decisiones con otras.
Pues bien, dentro de este plan de modernización, un segundo aspecto que deseo destacar es la necesidad de aumentar el número de gendarmes. Sobre este punto, existe el compromiso de duplicar su número en el transcurso de la presente Administración, lo que considero indispensable para bajar el coeficiente aproximado de 10 presos por gendarme a una cifra cercana a 5 presos por gendarme, cifra que en los países más desarrollados llega hasta 2 presos por gendarme. Asimismo, la capacitación de los gendarmes es una materia clave en el campo de la rehabilitación.
En cuanto a la administración de los penales, debemos reforzar la idea de entregar en concesión a privados la administración y gestión de los recintos penitenciarios en todo aquello que no signifique vigilancia, custodia y seguridad de las cárceles. Debemos hacer la prueba, pues ello puede significar importantes ahorros, mejoramiento de la gestión y del tratamiento de los presos, si Gendarmería se especializa en lo que es su función.
No obstante, dentro de esta innovación lo más importante es el respeto a la dignidad humana. Sobre el particular, debo expresar que los recursos disponibles para rehabilitación son muy exiguos, pues hemos privilegiado la seguridad por sobre la rehabilitación. Por lo tanto, debemos hacer un giro para complementar las preocupaciones de seguridad con las de rehabilitación.
Es cierto que el hacinamiento es una cuestión fundamental que puede despejarse por la vía de la ampliación de la superficie carcelaria, como lo hemos señalado. Pero también ello se puede lograr mediante penas alternativas, así como con proyectos, como el denominado "Jubileo 2000", que hace unas horas aprobó el Senado, y con otras iniciativas que pronto deberemos firmar, como el Tratado de Transferencia de Presos con el Perú -creo que lo mismo debemos hacer con Bolivia-, lo cual nos permitirá, a través del intercambio, despejar en parte nuestras cárceles y brindar mejores condiciones a los reos chilenos.
En este segundo gran punto de la dignidad humana, quiero retomar el rubro que mencioné al inicio de esta exposición: el estatuto del recluso. Al respecto, he visto con interés que el Gobierno, por medio del señor Ministro de Justicia , ha señalado su voluntad de constituir un equipo con participación de la Fundación Paz Ciudadana, de la ucual soy vicepresidente. Ella, en mi opinión, puede efectuar un aporte en esta materia.
En el campo de la rehabilitación, es posible establecer nuevas formas de acuerdo entre las empresas y Gendarmería. Se pueden crear incentivos monetarios para los reclusos que trabajan allí y que están adiestrándose para su posterior salida. Asimismo, en todos los diseños de cárceles nuevas deben contemplarse espacios suficientemente amplios que permitan el funcionamiento de talleres.
En el ámbito de la racionalización -tercera área de un plan país en materia penitenciaria-, creo indispensable reiterar lo que señalé en un comienzo respecto del sistema de penas alternativas estableciendo un catálogo de sanciones más diversificado. Pero, además, es necesario ir a la creación de un órgano ejecutor, que garantice el adecuado control sobre el cumplimiento de las penas, cosa que no existe en Chile. Es necesario contar con informes técnicos para apoyar la decisión respecto de las penas por aplicar en cada caso.
Con todo, la reforma de la justicia en curso es, al final de cuentas, la tarea esencial. Sobre el particular, hemos solicitado al Gobierno adelantar su aplicación en la Primera Región , por ser una de las que tiene mayor número de procesos en materia de drogas. Pero en el intertanto, en el plazo que media entre la puesta en marcha de la reforma procesal-penal y el Ministerio Público y la situación actual, debemos adoptar medidas que aceleren los procesos. En ese sentido, conviene considerar la posibilidad de disponer de jueces adjuntos y que los secretarios de los juzgados puedan cumplir funciones de respaldo a los jueces en aquellos procesos que llevan más de seis meses y cuyos afectados se encuentran en la cárcel. Estoy seguro de que una acción de esa naturaleza daría resultados importantes en el corto plazo.
El Gobierno, después del drama ocurrido en el norte, ha tomado decisiones relevantes. Ha destinado 2 mil 500 millones de pesos para conectar en breve plazo los penales con los bomberos, así como la disposición de equipos especiales y mecanismos de segregación del fuego que otorguen mayor seguridad a dichos recintos y se eviten dramas como los que hemos vivido.
También soy partidario del envío de un proyecto de ley que premie la buena conducta de los reclusos, cuestión que se está estudiando. Considero relevante, por ejemplo, el establecimiento de una disminución de las penas en dos meses por cada año de buena conducta, pero si el reo incurre en una falta, se anula todo el tiempo acumulado, de manera de establecer un incentivo para permanecer en esa línea. Lo mismo podría aplicarse a los procesados cuando son condenados por un mismo delito, caso en el cual esa ventaja desaparece.
Pienso que todas estas acciones apuntan en la dirección correcta. Sobre el particular, debo expresar que el promedio mundial de reos con relación a la población es de aproximadamente 0,1 por ciento. En el caso chileno, la proporción es bastante elevada: 0,24 por ciento. Argentina, con una población superior al doble de la chilena tiene el mismo número de reos.
Además, y de acuerdo a las últimas cifras que he recibido de Gendarmería, en el caso nuestro, el 40 por ciento de los 35 mil reos corresponde a procesados, y el 7 por ciento, a detenidos por breve tiempo. Es decir, prácticamente, la mitad de la población penal está constituida por procesados o detenidos, y sólo el 52 por ciento son condenados.
Paradójicamente, y al mismo tiempo, una parte importante de los condenados por delitos más graves, -como lo he venido denunciando, para lo cual he tomado contacto con los ministerios respectivos- no están en las cárceles. He hecho presente esta situación a los tribunales y la Corte Suprema ha ordenado hacer una revisión de todos los casos de condenados a más de 5 años que se encuentran prófugos y que alcanzan a más de mil. Ello nos coloca de nuevo en la necesidad de poner el acento en que las cárceles mantengan sólo a los condenados más peligrosos, a fin de aliviarlas. Los procesados -primerizos o jóvenes- por delitos menores, ciertamente pueden ser rehabilitados, o es posible hallar otra forma de arreglar su situación garantizando la seguridad de la población.
Los antecedentes que he expuesto hoy en el Senado son parte -como dije- de una nueva visión que se puede articular adecuadamente. En materia carcelaria debemos incorporar el concepto de humanización, poniendo énfasis en la rehabilitación, a fin de que se complemente la seguridad. Pero que no se se trate sólo de una seguridad represiva, sino que también exista la idea de que esas personas van a reintegrarse a la sociedad.
La calidad y respeto de los derechos humanos de una sociedad se miden por la forma en que ésta trata a los recluidos y a los marginales. Hoy, conforme a lo que he podido apreciar en las cárceles de mi Región, puedo decir que me han impactado las condiciones de inhumanidad, como también el trabajo muy delicado y tenso de los gendarmes.
Señor Presidente , procuro que la gran desgracia ocurrida en el norte de nuestro país constituya una campanada que nos oriente hacia un avance importante que complemente los programas del Gobierno, los cuales me parecen positivos, con nuevos componentes que he señalado en esta ocasión.
Señor Presidente, deseo respaldar el planteamiento formulado por el Senador señor Bitar.
Asimismo, quiero señalar la conveniencia de ampliar la experiencia llevada a cabo por Gendarmería y el Ministerio de Justicia en la zona sur austral, en Melimoyu, donde los procesados se hallan detenidos en áreas libres en las cuales realizan trabajos. Además, hay que tratar de agotar todas las posibilidades en cuanto a aplicar penas alternativas a las de privación de libertad -tales como la de efectuar labores en beneficio de la comunidad- a las personas que, por carecer del dinero para pagar multas, deben quedar recluidas en la cárcel.
En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Stange.
Señor Presidente , en el sur de la provincia de Palena, comuna del mismo nombre, cercana a la Undécima Región, se encuentra ubicado un lago que, por el lado chileno, se llama "Palena" -con aproximadamente 40 kilómetros de extensión- y por el lado argentino se denomina "General Wintter".
Dicho lago compartido desagua a través del río Corcovado, que en su comienzo recorre territorio argentino y después vuelve al lado chileno donde se denomina "Río Palena", y penetra al golfo Corcovado , en Puerto Raúl Marín Balmaceda .
En el lado chileno, y abarcando hasta el límite internacional, se encuentra la reserva forestal "Lago Palena", de aproximadamente 49 mil hectáreas de superficie.
La ciudad más cercana a dicho lago es Palena, ubicada al norte y a 35 kilómetros más o menos de distancia de aquél, y el único camino que los une es un precario sendero para caballos. Por lo tanto, es difícil mantener soberanía en ese vasto sector chileno.
Por el lado argentino, en cambio, se puede acceder al referido lago -que se halla a 900 metros de altura sobre el nivel del mar- por caminos que van desde las localidades de José de San Martín, Esquel , etcétera. Por lo tanto, turistas o pobladores del sector pueden llegar directamente al lago, que tiene abundancia en peces y está rodeado -especialmente en el lado chileno- por bosques de lenga.
La Ilustre Municipalidad de Palena , con fondos propios, se esfuerza por construir un camino entre la ciudad y el mencionado lago, pues comprende la innegable importancia que representa ese sector en cuanto a atracción turística y como zona maderera. Es así como hasta el momento se han construido 8 kilómetros de camino rudimentario, apto solamente para vehículos todo terreno.
En época de verano, solamente Carabineros y CONAF instalan cuarteles o cabañas a orillas del lago. En invierno no existe vigilancia en ese amplio sector deshabitado, dado que se encuentra cubierto por nieve.
Dada la importancia que se ha atribuido al Plan Austral y la necesidad de incorporar ese trascendente sector del territorio nacional a vías medianas de comunicación terrestre, se estima imprescindible que, a la mayor brevedad, se terminen de construir los aproximadamente 23 kilómetros de camino que aún restan.
Actualmente, ese camino no está considerado en los planes del Ministerio de Obras Públicas ni del Comando Militar del Trabajo.
Por lo anterior, y para evitar el aislamiento de ese vasto sector desconocido por la mayoría del país, solicito que se oficie, en mi nombre, al Ministro de Obras Públicas , señor Carlos Cruz Lorenzen , para que en el Presupuesto del año 2002 se consideren fondos suficientes a fin de que la Municipalidad de Palena pueda continuar ese trabajo, privilegiando mano de obra local.
Señor Presidente , por otra parte, solicito que la Oficina de Informaciones del Senado ponga en conocimiento de la Contraloría General de la República el hecho de que el señor Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia no ha dado respuesta a dos oficios remitidos anteriormente para recabar la información que el Senador que habla ha solicitado en seis oportunidades en cuanto al cumplimiento del acuerdo entre Parque Pumalín y el Gobierno chileno.
Ruego a Su Señoría que, conforme al Reglamento, haga dicha solicitud directamente a la Oficina de Informaciones a través de una comunicación.
¿No quedaría constancia de ello en la Versión Taquigráfica?
Se deja constancia de la petición y que ésta, conforme al derecho que le asiste como Senador, se hará directamente a la Oficina de Informaciones.
Señor Presidente , ha conmovido al país el incendio y la muerte de 26 jóvenes reclusos en la cárcel de Iquique, el 20 de mayo pasado, lo que obliga a replantearse todo el sistema carcelario chileno.
Se ha hablado mucho al respecto a lo largo de décadas; pero, en realidad, es poco lo sustancial que se ha avanzado en esta materia.
Hay que reconocer que las voces técnicas venían anticipando hace décadas que se iba a llegar inevitablemente a situaciones como la que allí se produjo.
Es indudable que, desgraciadamente, y pese a las buenas intenciones de todos los sectores, y al estremecimiento de la conciencia nacional que esas muertes han provocado, ese hecho puede repetirse en cualquier momento en un penal chileno.
La crisis total del sistema carcelario-penintenciario chileno queda perfectamente ejemplificada en el hecho de que, en la noche del trágico siniestro, se encontraban a cargo de la custodia de más de mil 400 reclusos sólo apenas tres gendarmes, número claramente insuficiente para tal efecto.
Chile tiene una organización privada estructurada desde 1992, denominada "Fundación Paz Ciudadana", que es técnica y no política, pluralista en su composición, que colabora con todos los sectores e instancias vinculadas a la prevención y control de la delincuencia.
Esa Fundación ha dedicado casi una década a estudiar el problema en comento a la luz de la más exitosa experiencia internacional comparada. Tiene ya un diagnóstico básico fundado y líneas precisas y priorizadas respecto de qué puede hacerse para mejorar la realidad carcelaria chilena ahora. Sobre esa base, ha propuesto hace poco al Gobierno un completo conjunto de políticas y medidas que el país debería abordar para modernizar integralmente su sistema penintenciario-carcelario.
Me parece razonable que el Gobierno, que permanentemente llama a la participación y la colaboración de la comunidad, se apoye, en este caso, en la opinión especializada de esa entidad.
Y, por sobre todo, cabe desear que la acción en ese campo se haga realidad en el más corto plazo posible, y no quede sólo en un anuncio oficial o en una aspiración programática más.
Lo que se está planteando por los especialistas en este ámbito es una sistematización de conceptos y acciones que señala la técnica y el sentido común. Desde luego, y como cuestión previa, que no podrán alcanzarse progresos significativos si sólo se adoptan medidas inorgánicas, respecto de aspectos parciales.
Chile necesita emprender ahora una política global, coherente e innovadora, técnica y pragmática.
Para esa política, nuestro país no requiere partir hoy de la nada ni reinventarlo todo. Por el contrario, en cuanto a dicha información, está en situación de alta ventaja comparativa respecto de América Latina y de otros países en desarrollo: dispone de estadísticas comparativamente mejores y puede examinar la recolección sistematizada de una amplia experiencia internacional y adaptarla a su realidad.
Desde tal perspectiva, es evidente que lo más prioritario es, ahora, modernizar la gestión de los recintos penales.
Sobre el particular, el Gobierno contempla una adaptación del modelo francés, que entrega al sector privado el diseño y la construcción de dichos recintos, así como la provisión de todos los servicios correspondientes, exceptuada la custodia de los reclusos.
Lo anterior constituye, con respecto a la situación actual, un avance importante, que debe permitir una mayor racionalización de los recursos disponibles.
Sin perjuicio de ello, es probablemente la opción más conservadora de progreso dentro de las alternativas existentes en la práctica internacional.
Más innovador es el modelo anglosajón, que incluye también, y en forma creciente, la gestión privada plena, comenzando por los reclusos de menor compromiso delictivo y evolucionando paulatinamente hasta recintos destinados a los de mayor peligrosidad.
En todo caso, el Estado se reserva siempre las funciones normativas, la fijación de los niveles de seguridad, las condiciones humanitarias, el financiamiento del sistema y la supervisión general.
El modelo anglosajón, en muchos casos, incluye además los sistemas de cárcel-industria y, en general, la posibilidad de contratación de la mano de obra reclusa con remuneración a niveles de mercado. Esto, porque el trabajo de los reclusos en vinculación con el mercado y la empresa privada ofrece las mejores perspectivas de rehabilitación; de reinserción postpenitenciaria; de consecuencial menor reincidencia; de adecuada segregación interna de la población, y de orden y seguridad dentro de los recintos.
Nada de eso es teoría, sino práctica que viene desarrollándose por tres, cuatro o más décadas en el mundo anglosajón, precisamente como respuesta a crisis similares a la que Chile enfrenta actualmente.
El segundo componente fundamental de esta nueva política penitenciario-carcelaria, que estimo de la mayor importancia tanto práctica como en el plano del debido resguardo de la libertad de las personas, ha de ser la racionalización de la prisión preventiva, sobre la base de criterios técnicos. Ello significa, en términos prácticos, que las cárceles deben dejar de encontrarse sobrepobladas por gran número de personas que bien podrían no estar recluidas. Eso es indispensable para evitar la otra cara de la misma medalla: que se encuentren libres muchos delincuentes que sí deberían estar recluidos.
Se trata de una noción básica de uso alternativo de los recursos, que es necesario traducir urgentemente en esta nueva política carcelaria.
Para tal efecto, algunas medidas podrían ser de fácil adopción y de efecto inmediato, pero no aparecen consideradas o no se les asigna debida prioridad en los anuncios formulados hasta ahora.
1º) Desde luego, que los tribunales den preciso alcance y sentido a la letra d) del Nº 7º del artículo 19 de la Carta Fundamental, que expresamente contempla la posibilidad de la detención domiciliaria. Esa norma fundamental dispone que las personas pueden ser arrestadas, detenidas o sujetas a prisión preventiva sólo "en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto". En consecuencia, bastaría que los jueces consideraran esta opción, que la Carta les abre ampliamente, para reducir la congestión carcelaria.
A mi juicio, la jerarquía de la norma constitucional es tal, que no requiere una ley especial que habilite para hacer uso de la referida opción.
Se trata de una discusión y de una concepción antiguas, que ignoran el principio de supremacía constitucional.
Podrá decirse que algunos no respetarán la detención domiciliaria. Es cierto. Pero el grueso sí lo hará.
Por otra parte, no pocos se evaden hoy de los recintos penales públicos o se dan maña para nunca ingresar a ellos, pese a la existencia de una resolución judicial, lo cual, lógicamente, no invalida la opción de dichos penales públicos.
2º) Asimismo, los tribunales deberían dar pleno alcance a la letra e) del Nº 7º del mismo artículo 19, donde se dispone que "La libertad provisional procederá" -tal es la regla general- "a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.".
Tal es el condicionante. Y, por su naturaleza, debe ser interpretado restrictivamente, ya que, según la misma Carta Fundamental lo indica de modo inequívoco, la libertad provisional procede como regla general y lo excepcional debe ser la detención o prisión preventiva.
Es lamentable que la práctica siga imponiendo el criterio contrario, sin base constitucional alguna. Y no existiendo esa mala práctica, con toda seguridad podrían evitarse muchos de los problemas ocurridos en el presente.
En este aspecto, señor Presidente, las reacciones emocionales frente al problema delictivo han determinado en las autoridades judiciales y, muchas veces, en los colegisladores una oscilación constante entre mayor rigor y mayor permisividad.
La resultante confusión de criterios contradictorios ha llevado a una desorientación generalizada de la ciudadanía y de los propios jueces, con un alto costo económico y social.
La congestión carcelaria es, en parte, consecuencia de esa confusión.
La reforma procesal penal, recogiendo conceptos modernos, amplió la gama de penas alternativas a la reclusión. Pero le falta, para hacer realmente eficaz dicha gama, la creación de un organismo técnico que asesore a las autoridades judiciales y penitenciarias sobre cómo resolver cada caso.
También en esta materia existe experiencia internacional: los llamados "servicios prejudiciales" (pre-trial services), órganos asesores técnicos que, sobre bases de perfil psicológico y diversas metodologías ya largamente probadas, plantean una recomendación fundada en cuanto a la probabilidad de que la concesión de determinado beneficio -la libertad provisional, típicamente- signifique o no un riesgo para la sociedad o el ofendido.
No es sensato que, con un déficit carcelario ya superior a 40 por ciento y que sigue creciendo, Chile tenga el equivalente a uno o más penales completamente ocupados por personas que no están condenadas, sino procesadas.
Incluso, cabría contemplar la dictación de normas que consideren cierto margen de flexibilidad a Gendarmería o al juez para conceder beneficios condicionales en casos calificados, previo informe favorable de un ente técnico de esta especie.
La figura del juez de cumplimiento de penas, existente en la legislación comparada, es una de las proposiciones técnicas que resulta urgente acoger, entre otros motivos, para terminar con el péndulo entre el rigor y la permisividad respecto de la libertad provisional, hoy entregada al azar de los más variados criterios, intuiciones y emociones.
Nada es ciento por ciento infalible, por supuesto. Pero un sistema semejante a aquel es mejor que la simple intuición actual o que el atochamiento indiscriminado e innecesario de las cárceles. Y, a este último respecto, no podemos olvidar que los reclusos muertos en Iquique no eran condenados, sino procesados.
Igualmente, existe una multiplicidad de delitos menores que no requerirían pena corporal. El caso más frecuente es el de la conducción en estado de ebriedad cuando no se causa daño a terceros. A todas luces, el encarcelamiento por tal motivo debe ser reemplazado, sin más demora, por multas o por otras penas alternativas. No es sensato que el equivalente a la población de un penal completo o más esté constituido por esa clase de infractores.
En todo caso, cabe recordar que la cárcel es un instrumento en extremo caro para la sociedad, tanto en lo económico como en lo social. Esto último, porque en la realidad chilena actual la cárcel constituye una muy importante fuente de contagio criminógeno que, por tanto, favorece la reincidencia.
En fin, resulta igualmente necesario y justo establecer con toda precisión cuáles son los derechos de los reclusos, que el Estado, sea él gestor o contralor de los recintos penales, debe respetar y hacer respetar.
La sanción constitucional y legal que la civilización admite hoy para el condenado es la pérdida de la libertad y, en algunos casos, de derechos cívicos por cierto tiempo.
No es aceptable, por el contrario, que se someta al recluso a otros riesgos, a vejámenes o, de hecho, a castigos que no prevé la norma jurídica pero que sí consagra la práctica.
Sin embargo, resulta evidente que proclamar los derechos de los reclusos equivale a sólo escribir una aspiración programática más si el Estado no es capaz de resolver simultáneamente el problema de gestión que conduce al hacinamiento y al déficit de infraestructura, servicios y dotación.
No obstante, el reconocimiento legal de niveles mínimos de dignidad para los reclusos fijaría al menos una dirección y una meta, y precisaría las exigencias que aquéllos pueden legítimamente formular y que serían ética y políticamente demandables a la autoridad.
Algunas de estas ideas ya están contenidas en las proposiciones técnicas que se han hecho llegar al Gobierno a través de la Fundación Paz Ciudadana.
Cabe desear que las innovaciones se sobrepongan a la oposición de ciertos sectores tradicionalistas y de intereses gremiales que a veces pueden hacer fracasar las medidas sugeridas. Cabe desear, sobre todo, que así ocurra sin más tardanza, antes de que se olvide el horror de Iquique o de que algo semejante se repita en otro recinto.
Señor Presidente , me referiré en primer lugar al accidente, en los canales de la zona austral, del buque-tanque " José Fuchs ", de origen argentino y bandera panameña, que sufrió un golpe con roturas. Ello ocurrió el 25 de mayo recién pasado, a las 21:30, en la salida del canal Darwin , al enfrentar la zona interior del canal Moraleda , con un aviso previo sobre cambio de ruta de la embarcación por malas condiciones del tiempo.
El buque-tanque en cuestión tiene 215 metros de eslora, 30 metros de manga y un registro grueso de 32 mil 157 toneladas. En el momento del accidente, transportaba una carga superior a 57 millones de litros de petróleo crudo, provenientes de Caleta Olivia, para ser procesados en San Vicente, en la Octava Región.
La Armada de Chile, por los procedimientos de control existentes en todas las áreas jurisdiccionales, tuvo información oportuna de lo sucedido y reaccionó con mucha celeridad, disponiendo el envío de los elementos necesarios para enfrentar la emergencia. En ésta han participado sobre ochocientas personas, más naves, patrulleras -provenientes de distintas partes de Chile, particularmente de Aisén y de la Décima Región-, aviones y helicópteros. La empresa responsable intervino en la acción. Después llegaron transbordadores y equipos de limpieza.
Todo ello provocó gran conmoción en la zona austral, si bien, producto tal vez del matrimonio de Cecilia Bolocco con Carlos Saúl Menem , el 26 de mayo, las relevantes consecuencias del accidente no fueron debidamente captadas y no recibieron de la prensa la atención que merecían.
Lo grave de la situación -y, obviamente, la Armada está investigando al respecto- fue que el buque-tanque, en vez de detener su marcha en el momento del accidente, cuando se genera una suerte de tapón natural, por ser el petróleo más liviano que el agua, continuó navegando a lo largo de cincuenta millas, hasta que la Armada lo obligó a recalar en un refugio ubicado en Puerto Ballena. Este trayecto dejó una gran mancha de petróleo derramado, estimada entre cien mil y trescientos cincuenta mil litros, que afecta a un área bastante extensa, donde se desarrollan actividades de pesca artesanal, de extracción de mariscos y recursos bentónicos y de acuicultura.
Desde la perspectiva del desarrollo de la zona austral -lo he planteado reiteradamente, desde hace casi doce años, en este Congreso Nacional, y antes, en otros foros-, el nuevo cobre de Chile, en términos económicos, lo constituye el potencial cultivo del mar de esa área interior de aquella zona, cuyo centro de gravedad es la Región de Aisén. Y ello, no sólo por su borde costero, gran perímetro y aguas interiores, sino también por la calidad del agua y las favorables condiciones ecológicas ambientales.
Un accidente como el protagonizado por el buque-tanque José Fuchs constituye una señal de advertencia, una campanada de alerta, para buscar fórmulas que impidan ese tipo de catástrofes en el futuro.
Antes de formular algunas proposiciones, quiero destacar que la Armada, aparte el personal, las naves y otros elementos destinados a enfrentar la emergencia, llevó una cantidad enorme de rollo absorbente, barreras de contención, dispersantes, e incluso lo que, junto con esa Institución, el Gobierno chileno pensaba regalar al de Ecuador a raíz de un derrame semejante que se produjo, con gran consternación mundial, en las islas Galápagos .
Medidas como ésas permitieron en este caso reducir de manera notable el impacto ambiental.
El buque-tanque en cuestión, con reparaciones, llegó hoy a Talcahuano, donde, tras verificarse la cantidad de petróleo que queda en los estanques, se cuantificará con exactitud el total derramado.
En consecuencia, me parece necesario adoptar mecanismos tendientes a evitar la repetición de accidentes de tal naturaleza.
A mi juicio, uno de ellos es la instalación de posicionadores satelitales en las naves mercantes, partiendo en una primera instancia con las que llevan carga riesgosa o por sí mismas constituyen riesgo. De esta manera será posible seguir, tal como se hace en el caso de las pesqueras, el trayecto de aquellas embarcaciones.
Además, debería evitarse la navegación por los canales. Entiendo que, por las condiciones del mar abierto en las áreas jurisdiccionales chilenas, necesariamente los barcos deben buscar refugios o trayectos interiores en situaciones de excepción. En tal sentido, el posicionador satelital puede ser de suma utilidad.
Perdón, señor Senador, pero terminó el tiempo de su Comité.
El resto del tiempo que necesito me lo cedió Renovación Nacional, que es parte de la Alianza.
Su Señoría puede continuar en el turno del Comité Renovación Nacional.
Señor Presidente , creo factible actuar en los lugares de mayor potencial productivo actual y futuro, en las áreas que señalé, junto con las actividades recreativas y de turismo, definiendo, en conjunto con los organismos competentes -como la Armada, la Subsecretaría de Transportes y las organizaciones de la Marina Mercante-, áreas de refugio y trayecto bien precisadas para casos en los cuales no se pueda navegar por mar exterior.
Sabemos que Chile es de los países más rigurosos en cuanto a exigencias, mecanismos de control y preparación para que las naves no sufran accidentes. Reconozco eso. Y, asimismo, felicito a la Armada por su pronta y efectiva reacción en el accidente a que me referí. Pero creo que se trata de un ejemplo que debemos recoger, para evitar la repetición de situaciones de esa índole en lo futuro.
Por eso, solicito que se informe sobre esta materia, que se requieran los antecedentes del caso, más las observaciones que correspondan, ante las sugerencias planteadas, al señor Comandante en Jefe de la Armada , al señor Director del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional , a la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, al señor Subsecretario de Pesca , a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y al señor Subsecretario de Transportes .
Por otra parte, solicito requerir al Ministerio de Agricultura, y específicamente al INDAP, los antecedentes relativos a quiénes han sido beneficiados en la Región de Aisén, desglosados por provincias y comunas, con los programas de reactivación y protección del sector agropecuario -en particular, con bonificación de limpia, fertilizantes, cercos, galpones-; a los inscritos para el otorgamiento de esos beneficios, de acuerdo con la ley y los reglamentos; a aquellos que no los han percibido, y a los criterios aplicados para la selección del caso.
De otro lado, solicito oficiar al señor Ministro de Obras Públicas a fin de que proporcione los antecedentes relativos al mejoramiento de la Carretera Austral en el acceso a Cochrane -capital de la provincia Capitán Prat-, en el sector Pampa González-Puente Chacabuco . Las obras pertinentes -existe el compromiso de llevarlas a cabo este año- han sido postergadas.
Estoy hablando de un tramo de la Carretera Austral muy peligroso, que, por ese motivo, debe ser reparado en forma gradual.
Por eso, solicito el envío de los antecedentes que posee el Ministerio y el cumplimiento del compromiso contraído.
Por último, señor Presidente, quiero conocer los antecedentes relativos al desarrollo del puerto de Yendegaia, que es el mejor de Chile en el canal Beagle.
El área particular que había en ese sector fue comprada por fundaciones ecologistas, al parecer vinculadas con los proyectos que lleva adelante Douglas Tompkins. Se está construyendo el camino por Tierra del Fuego, desde Estancia Vicuña hacia Yendegaia , y se está solicitando, incluso, la apertura de nuevos frentes de trabajo para desarrollar el referido sector.
Interesa sobremanera que las autoridades competentes informen en qué medida se están salvaguardando las áreas para el desarrollo portuario de la zona en comento. En tal virtud, solicito requerir los antecedentes del caso a los Ministerios de Bienes Nacionales, de Obras Públicas y de Defensa Nacional, y a la Armada de Chile.
--Se anuncia el envío de todos los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Horvath, conforme al Reglamento.
En el resto del tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
Señor Presidente , deseo manifestar mi preocupación ante un hecho que, si bien es de común ocurrencia, se registra en la zona que represento y provoca un impacto fuerte en la economía nacional.
Se trata de una prevención acerca del proceso de negociación colectiva de una empresa del Estado, Radomiro Tomic, donde, al no encontrarse acuerdo, se ha puesto en práctica el mecanismo extremo de la huelga legal, declarada a partir del 31 de mayo y que afecta a 398 trabajadores, lo cual, obviamente, representa un costo muy alto para el erario.
Como dije, se trata de una empresa del Estado (es la Quinta División de CODELCO-Chile) y, en consecuencia, cualquier alteración de su proceso productivo, que tanto aporta al país, significa una pérdida de recursos muy importante.
En este sentido, quiero hacer un llamado a los trabajadores a tener prudencia y a reconocer la situación que afecta hoy al país, de tal manera que sus expectativas sean suficientemente moderadas para permitir su atención por la cúpula directiva de la empresa. Asimismo, insto, por una parte, a la Vicepresidencia Ejecutiva de CODELCO y, por otra, a don Luis Farías , Gerente de Radomiro Tomic, para que se arbitren medidas que, en la forma más expedita y rápida, posibiliten el feliz término de este conflicto laboral que altera la tranquilidad en esta zona que represento y que, por cierto, pone en tensión también a la familia de los trabajadores involucrados.
Espero que, en el más breve plazo, se logre una solución.
Las expectativas de los trabajadores no alcanzan al millón de dólares. Y, en realidad, los costos que se están generando producto de esta tensión en el proceso de negociación, a mi juicio, exceden por mucho lo que en su momento fueron las aspiraciones de los trabajadores. De tal manera que espero que se remita al señor Gerente de Radomiro Tomic y al representante de los trabajadores copia de mi intervención.
Señor Senador , en realidad me veo en una situación problemática. La norma constitucional no permite a los Parlamentarios intervenir en conflictos colectivos. Por lo tanto, no estoy en condiciones de poder enviar ese oficio.
Señor Presidente , no se está interviniendo en esta materia. Lo que se está haciendo es expresar, por un lado, la intención de que este conflicto se supere cuanto antes y, por otro, que quienes están llamados a superarlo, en uso legítimo de sus facultades, son los negociadores, en este caso la empresa y los trabajadores.
Lo que planteé es mi interés de que las expectativas sean suficientemente prudentes, de manera que no se altere la adecuada negociación. Porque normalmente en Chile se usa la estrategia del "tejo extremadamente pasado", lo que finalmente conduce a estas tensiones que son absolutamente indeseables.
En el entendido de que se trata sólo de un llamado a las partes en conflicto, se enviarán los oficios solicitados.
Señor Presidente , brevemente deseo adherir al oficio solicitado por el Honorable señor Stange relativo a la construcción de un camino desde Alto Palena al Lago Palena.
Participé en un estudio de ese camino en la década de los 80 junto al doctor Federico Haecker, el Coronel Guillermo Van Schouwen y don Hilario Lincomán, con el apoyo de los pobladores de Alto Palena y de un actual consejero regional, don Carlos Oyarzo, proveniente del sector de Lago Verde.
Este camino longitudinal "transcordillerano" -por llamarlo de algún modo- iría desde Alto Palena , pasando por Lago Palena y Lago Verde, hasta La Tapera .
Los antecedentes se encuentran en el Ministerio de Obras Públicas y también en el Comando de Ingenieros del Ejército.
Queremos incentivar la construcción de este camino en forma gradual, el que, además, podría calzar muy bien con el Sendero de Chile, que, con el apoyo de la CONAMA, implementa el Gobierno en dichos sectores, permitiendo unir a las dos Regiones de la zona austral del país.
En este sentido, solicito que también se oficie en mi nombre al señor Ministro de Obras Públicas respecto de esta materia.
--Se levantó a las 18:45.
Es una opinión ampliamente compartida que en la Constitución de 1980 existe una manifiesta exageración en cuanto a las causases de cesación en sus cargos de los parlamentarios.
Por lo anterior, ya en 1989 -antes de su plena entrada vigencia- se le introdujo algunas modificaciones en esta materia.
Desde que se reiniciaron las actividades del Congreso Nacional en 1990 se ha continuado planteando una serie de dudas y reparos a las disposiciones que regulan las inhabilidades parlamentarias, especialmente las contenidas en el artículo 57 de la Ley Suprema.
En efecto, ya en julio de ese año esta H. Comisión de Constitución, Legislación y Justicia informó la consulta de la Sala acerca de la exacta interpretación de los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Carta Fundamental.
En esta ocasión vengo en someter a trámite la moción contenida en esta presentación, con el objeto de modificar el mencionado artículo 57. Se- trata de dar mayor razonabilidad a sus preceptos, a todas luces excesivamente severos, y permitir el normal desempeño de las funciones parlamentarias.
Como sabemos, las múltiples innovaciones que contienen estas normas en relación con el artículo 31 de la Constitución de 1925, que regulaba esta materia, amplían significativamente las limitaciones que afectan a los parlamentarios regulando un cuadro de inhabilidades sobrevinientes claramente exagerado y limitativo de las funciones y responsabilidades propias de los diputados y senadores.
Además, la Constitución de 1980 radicó el examen y sanción de dichas inhabilidades en el Tribunal Constitucional, en tanto que la de 1925 encargaba a la Cámara correspondiente declarar la inhabilidad o incapacidad de que se tratara.
Se ha argumentado que estas normas buscan revestir el cargo parlamentario de una independencia que fortalezca el ejercicio de dichas funciones ante eventuales presiones ilegítimas que puede sufrir el representante, así como reducir las situaciones en que también éste puede incurrir en un uso inconveniente de su investidura.
Como sus Señorías podrán observar, lo anterior no es sino una
burda falacia: la independencia que necesitan los representantes de] pueblo es aquella que les permite realizar lo necesario para cumplir adecuadamente sus tareas, sin estar constantemente amenazados con la pérdida del cargo.
También cabe hacer presente que el texto del artículo 57 fue redactada "en términos tales que los parlamentarios no puedan ejercer ningún tipo de influencia ante funcionarios para asuntos de interés local o nacional y, como contrapartida, mencionar en el texto constitucional que el lugar idóneo para planear tales peticiones es la Sala de la Cámara respectiva, o dirigirlas por oficio." (Jaime Guzmán, Comisión Ortúzar, sesión Nº 352, página 2209). Se trata, la anterior, de una visión estrecha de la labor de los congresales, que busca arrinconar a quienes la desarrollan dentro de límites tan estrechos que no se condicen con la trascendencia y naturaleza de la misma.
Olvida que entre las funciones parlamentarias la representativa es primordial. En los sistemas democráticos, la representación la encomiendan las comunidades a quienes consideran que pueden laborar a favor de ellas, poniendo a su servicio sus capacidades y habilidades para, argumentar, negociar, etc., a fin de defender las causas e intereses de sus representados. Esta representación se confiere por el acto de la elección, y sin ella no tendrían origen, desarrollo ni finalidad las demás funciones que cumple todo parlamentario.
Cabe poner de relieve, asimismo, que en el último tiempo distintas -iniciativas han venido a estructurar y fortalecer mecanismos destinados a precaver y sancionar eventuales usos indebidos de la condición parlamentaria.
Podemos citar la ley Nº 19.653, sobre probidad administrativa, cuyo artículo 71 consagra una importante regulación tendiente a asegurar la probidad en la conducta parlamentaria y obliga a los congresales a efectuar declaraciones de intereses.
Debemos mencionar, también, los recientes avances en el castigo al tráfico de influencias.
Por su parte, las propias Cámaras recientemente han avanzado en forma significativa en su regulación, interna en este ámbito. La de Diputados dictó ya un Código de Etica Parlamentaria que proscribe conductas y establece sanciones. El Senado ,en tanto, se encuentra estudiando un cuerpo normativo análogo. Ambas Cámaras han dictado las normas reglamentarias que desarrollan los preceptos relativos a probidad y declaración de intereses de los parlamentarios. Desde otro punto de vista, resulta inadecuado entregar al Tribunal Constitucional el conocimiento y resolución de requerimientos relativos a supuestas transgresiones de parlamentarios a las mencionadas normas. Es más razonable que, como ocurría durante la vigencia de la Constitución de 1925 y como ocurre en muchos países del mundo, sean las propias Cámaras las encargadas de fiscalizar, controlar y sancionar a sus miembros.
Sostenemos lo anterior en las siguientes palabras del profesor Santaolalla: " ... los actos genuinos del Parlamento plantean además una cuestión de filosofía política sobre el titular último del poder en el Estado democrático, pues si se trata del ejercicio de las funciones supremas (legislativa, presupuestaria y contralora del Gobierno, entre otras), no sometidas a la ley con excepción de la constitucional, el control que pudiese ejercerse sobre el Parlamento sería un control político, de oportunidad, punto en el cual sería inexplicable que instituciones sin legitimidad democrática se alzasen sobre las Cámaras para fiscalizar su comportamiento. Estas pueden ciertamente errar en su comportamiento, pero al menos están sometidas al veredicto popular en tiempo fijo, y con ello a la decisión última del titular de la soberanía. Lo contrario ocurre con los poderes ejecutivo y, especialmente, judicial, circunstancia que les incapacita, desde la lógica democrática para una función como la comentada. El puro sentido común indica que los actos políticos de un órgano político no admiten otro control que no sea el puramente político." (Derecho Parlamentario, pág. 73).
En nuestro medio, razonando en la misma línea, los ministros del Tribunal Constitucional, señores Jiménez y Colombo, expresaron: "...cuando a un órgano previsto en la Constitución como el Tribunal Constitucional se le ha dado la autoridad para hacer cesar en el cargo a un parlamentario en ejercicio, en los casos que la Carta Fundamental señala, constituye una situación excepcional y extraordinaria que debe ser fehacientemente acreditada. Lo anterior, en atención a que con la petición del requerimiento se pretende afectar, además del derecho constitucional señalado precedentemente, aquel que pertenece a los ciudadanos que en una elección han expresado su voluntad de ser representados por un determinado parlamentario. Es decir, se está afectando el ejercicio de la soberanía popular a que se refiere el artículo 50 de la Constitución." (Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 190, de 7 de diciembre de 1994). En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vengo en presentar a tramitación el siguiente PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
"Articulo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Politica:
1. Elimínase en el inciso segundo del artículo 57, la oración "en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza", pasando la coma (,) que la precede a ser punto seguido.
2. Suprímense los incisos cuarto y quinto del artículo 57.
3. Elimínase el número 11 del artículo 82.
4. Agrégase el siguiente número 3) al artículo 48: "3) Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los diputados.".
5. Agrégase el siguiente número 11) al artículo 49: "3) Pronunciarse sobre las inhabilidades. incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los senadores.".
(FDO.): Hosaín Sabag Castillo, Senador
1.- Las evidencias del deterioro creciente de la capa de ozono atmosférico del hemisferio sur y de sus efectos que afectan negativamente a los seres vivos, muy especialmente los de Chile, que lo hace ser un país víctima de las naciones que producen elementos reductores del ozono atmosférico.
2.- La necesidad de informar oportunamente a la comunidad acerca de los efectos que produce la radiación ultravioleta debido al deterioro de la capa de ozono en lugares determinados.
3.- La conveniencia de coordinar la información y hacer consistentes los distintos medios de medición. de la radiación.
4.- El que los sistemas de protección a la radiación solar y su fracción ultravioleta deben ser normalizados y tener la información correspondiente.
5.- El requerimiento de contar oportunamente con la información de los efectos que produce la radiación en los seres humanos así como en la flora y fauna y por ello también en los recursos asociados, y con estos antecedentes poder exigir el apoyo a la medición y las indemnizaciones que puedan corresponder ante los países productores de elementos que deterioran el ozono y poder representarlos ante organismos internacionales.
6.- La conveniencia de que los productos que degradan la capa de ozono sean conocidos por los consumidores.
7.- El que se cuenta con una red de medición de radiación ultravioleta en el país y que es conveniente completaría y mantenerla.
8.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la protección de la salud, garantizados por los artículos Nº 8 y Nº 9 de la Constitución Política de la República.
Es que venimos en presentar la siguiente:
MOCIÓN DE LEY ASEGURA MECANISMOS PARA PROTEGERSE Y EVALUAR LOS EFECTOS QUE OCASIONA EL DETERIORO DE LA CAPA DE OZONO
Los informes meteorológicos emitidos por medios de comunicación social en el país deberán incluir antecedentes acerca de la radiación ultravioleta y sus fracciones y de los riesgos asociados. El organismo competente de meteorología velará por la coordinación y asegurará el contar con la información correspondiente.
Los productos que contengan elementos, o que en su fabricación hayan tenido uso de elementos que deterioren el ozono atmosférico deberán llevar una advertencia que señale:
"Advertencia, este producto contiene o en su fabricación se han utilizado elementos que deterioran la capa de ozono".
Los filtros, protectores solares, anteojos protectores y otros productos protectores, deberán llevar indicaciones en tal aspecto que señalen el factor de protección relativo a la equivalencia de tiempo de exposición a la radiación sin protector.
Los contratos laborales en que las personas están expuestas a la radiación solar con radiación ultravioleta, deberán especificar el uso de los elementos protectores correspondientes.
Los efectos que se produzcan en los seres humanos, flora y fauna y recursos asociados, deberán ser evaluados anualmente por los organismos competentes y coordinadores en un informe cuyo resumen deberá ser dado a conocer a la comunidad anualmente,y además tener ésta libre acceso.
La contravención a los artículos 1, 2, 3 y 4 será sancionada con multas de 1 hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales.
Fdo.): Antonio Horvath Kiss, José Ruiz De Giorgio, Rodolfo Stange Oelckers, Ramón Vega Hidalgo, Senadores