Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561076-rdleg-3-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-de-empleo.html
Timestamp: 2019-04-22 14:13:46
Document Index: 238454499

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 33', 'artículo 2', 'artículo 117', 'artículo 21', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 33', 'artículo 2', 'artículo 117', 'artículo 21', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 138', 'artículo 349', 'artículo 18', 'artículo 21']

Vigencia desde 13 de Noviembre de 2015. Revisión vigente desde 05 de Julio de 2018
Artículo único Aprobación del texto refundido de la Ley de Empleo
Artículo 5 Instrumentos de la política de empleo
Artículo 9 Instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo
Artículo 10 Estrategia Española de Activación para el Empleo
Artículo 11 Planes Anuales de Política de Empleo
Artículo 12 El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
Artículo 13 Principios de organización y funcionamiento
Artículo 16 Naturaleza y régimen jurídico
Artículo 19 Concepto y competencias
Artículo 21 Régimen presupuestario de fondos de empleo de ámbito nacional
Artículo 22 Políticas activas de empleo cofinanciadas por los fondos de la Unión Europea
Artículo 23 Órganos de seguimiento y control de los fondos de empleo de ámbito nacional
Artículo 24 Fondo de políticas de empleo
Artículo 25 Financiación autonómica de las políticas activas de empleo
Artículo 26 Personas y empresas usuarias de los servicios
Artículo 27 Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo
Artículo 28 Enfoque personalizado de los servicios
Artículo 29 Itinerario individual y personalizado de empleo
Artículo 30 Colectivos prioritarios
Artículo 31 Concepto de la intermediación laboral
Artículo 32 Agentes de la intermediación
Artículo 33 Agencias de colocación
Artículo 34 Principios básicos de la intermediación laboral
Artículo 35 Discriminación en el acceso al empleo
Artículo 36 Concepto de las políticas activas de empleo
Artículo 37 Principios generales de las políticas activas de empleo
Artículo 38 Desarrollo de las políticas activas de empleo
Artículo 39 Evaluación continuada de las políticas activas de empleo
Artículo 40 Sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
Artículo 41 La inscripción como demandantes de empleo y suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo
Artículo 42 Cooperación y colaboración entre los servicios públicos de empleo que gestionan las políticas activas y el Servicio Público de Empleo Estatal en materia de protección económica frente al desempleo
Número 4 del artículo 41 redactado por la disposición final trigésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio).
Número 5 del artículo 41 introducido por la disposición final trigésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio).
Número 2 de artículo 33 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 69/2018, de 21 de junio («B.O.E» 25 julio 2018), en cuanto da nueva redacción al artículo 2.4 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por extensión de la declaración de inconstitucionalidad del mismo inciso del artículo 117.2 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, por el que se da nueva redacción al artículo 21 bis.2 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo.
Téngase en cuenta que la disposición adicional septuagésima séptima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («B.O.E.» 30 octubre) establece que durante el año 2016 queda en suspenso la aplicación de la disposición adicional quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, sobre Plan integral de empleo de Canarias.
La Sentencia TC (Sala Pleno) 272/2015, de 17 diciembre, declara inconstitucional y nulo, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 5, el art. 7 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que da nueva redacción al apartado 4 del art. 27 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en el inciso de su párrafo segundo “y será documento suficiente para que el Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, inicie el procedimiento sancionador que corresponda”; declaración que se extiende a la actual reproducción de este inciso en el párrafo segundo del apartado 4 del art. 41 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre («B.O.E» 22 enero 2016). El fundamento jurídico 5 fija el alcance de la declaración de nulidad en un doble sentido. En primer lugar, la nulidad ha de referirse a la competencia para sancionar las conductas tipificadas en el art. 24.4.a) y b) LISOS, en los casos de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial. En segundo lugar, siguiendo en este punto la doctrina recogida, entre otras, en las SSTC 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9; 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8; y 104/2013, FJ 4, debemos modular en el tiempo los efectos de dicha declaración de nulidad. En las Sentencias citadas declaramos que en supuestos como el que ahora nos ocupa, atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren, debe traerse a colación el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). A ello responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes «no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada» en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales. La modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad no se limita a preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC, debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica también reclama que -en el asunto que nos ocupa- esta declaración de inconstitucionalidad sólo sea eficaz pro futuro ; esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme. El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes.
Véase la Res. de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el R.D. Legislativo 3/2015, de 23 de octubre («B.O.E.» 15 marzo).
Véase la Res. de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto de 2016, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2016, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el R.D. Legislativo 3/2015, de 23 de octubre («B.O.E.» 31 agosto).
2. Las personas físicas o jurídicas, incluidas las empresas de trabajo temporal, que deseen actuar como agencias de colocación deberán presentar con carácter previo una declaración responsable. Esta declaración responsable se presentará ante el Servicio Público de Empleo Estatal en el supuesto de que la agencia pretenda realizar su actividad desde centros de trabajo establecidos en dos o más comunidades autónomas o utilizando exclusivamente medios electrónicos o por el equivalente de la comunidad autónoma, en el caso de que la agencia pretenda desarrollar su actividad desde centros de trabajo establecidos únicamente en el territorio de esa comunidad. Número 2 de artículo 33 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 69/2018, de 21 de junio («B.O.E» 25 julio 2018), en cuanto da nueva redacción al artículo 2.4 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por extensión de la declaración de inconstitucionalidad del mismo inciso del artículo 117.2 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, por el que se da nueva redacción al artículo 21 bis.2 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo.
4. Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los servicios públicos de empleo, una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, deberán participar en las políticas activas de empleo que se determinen en el itinerario de inserción, sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social . Los servicios públicos de empleo competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, comunicando la sanción impuesta, en su caso, en el momento en que se imponga, al Servicio Público de Empleo Estatal o al Instituto Social de la Marina, según corresponda, para su ejecución.
Número 4 del artículo 41 redactado por la disposición final trigésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio). Vigencia: 5 julio 2018
Número 5 del artículo 41 introducido por la disposición final trigésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio). Vigencia: 5 julio 2018
Considerando la situación económica, social y laboral de Canarias, dada su condición de región ultraperiférica derivada de su insularidad y lejanía reconocida por el artículo 138.1 de la Constitución Española y por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, teniendo en cuenta los fondos estructurales, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en orden a incrementar el empleo en su territorio, el Estado podrá participar en la financiación de un Plan integral de empleo que se dotará, de forma diferenciada, en el estado de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, para su gestión directa por dicha comunidad autónoma, no integrado en la reserva de crédito a que se refiere el artículo 18.h) y que será independiente de la asignación de los fondos de empleo de ámbito nacional, regulados en el artículo 21, que le correspondan.