Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU004-18.htm
Timestamp: 2018-09-26 04:45:37
Document Index: 183299368

Matched Legal Cases: ['artículo 453', 'artículo 453', 'artículo 220', 'artículo 36', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 453']

SU004-18
El defecto fáctico se estructura cuando la decisión judicial es el producto de un proceso en el cual (i) se omitió la práctica de pruebas esenciales para definir el asunto; (ii) se practicaron pero no se valoraron bajo el tamiz de la sana crítica; y (iii) los medios de convicción son ilegales o carecen de idoneidad. El error debe ser palmario y que incida directamente en la decisión, puesto que el juez de tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por inexistencia del defecto fáctico alegado en proceso penal
En el caso concreto, se tiene que tanto en el fallo condenatorio como en el que se decidió no atender la solicitud de casación oficiosa, se evaluó globalmente el material probatorio arrimado a la investigación y a partir del mismo se llegó a la conclusión sobre la estructura de la conducta punible de fraude procesal y el comportamiento doloso del accionante. Las valoraciones realizadas por los accionados fueron juiciosas, serias y ante todo razonables con la prueba que tenían a su disposición, de manera que las soluciones dadas al caso no se advierten desenfocadas. De acuerdo con ello, las motivaciones de los funcionarios judiciales acusados no se muestran inconsistentes, ilógicas, ni caprichosas, como se precisa para la configuración del defecto fáctico.
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Como fundamento de la solicitud de amparo, relató los siguientes hechos[1]:
1. En el año 1999, los abogados Milthon Jiménez Lardo y Néstor Espinosa Guerrero adquirieron por remate, realizado en el Juzgado 30 Civil Municipal de Bogotá, la oficina 601 del edificio “Moanack Propiedad Horizontal”, la cual tenía una deuda de cuotas de administración desde 1995. El representante y administrador era el señor Alí de Jesús Dalel Varón, quien autorizó a la secretaria Martha Tibocha Camacho para que el 31 de mayo de 2000, recibiera $1’044.000 a los nuevos copropietarios, por concepto de “treinta y seis meses de expensas ordinarias de administración a razón de $29.000.oo cada una”[2], cuotas anticipadas.
2. No obstante lo anterior, en diciembre de 2002, el señor Alí de Jesús Dalel Varón suscribió una certificación en la cual consignó que los señores Jiménez Lardo y Espinosa Guerrero adeudaban “a la administración la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($3’879.096.oo), por concepto de expensas ordinarias, servicio de energía piso y ascensor, cuotas extraordinarias dejadas de pagar, según relación detallada adjunta, sin incluir intereses”[3].
3. Con fundamento en el certificado de deuda y a través de apoderado judicial, el señor Alí de Jesús Dalel Varón, en calidad de representante legal del edificio “Moanack Propiedad Horizontal”, presentó demanda ejecutiva contra los señores Néstor Espinosa Guerrero y Milton Jiménez Lardo. Demanda que correspondió al Juzgado 17 Civil Municipal de Bogotá, al cual le solicitó se librara mandamiento de pago por $3.275.296 de cuotas de administración causadas desde febrero de 1995 a enero de 2003, con sus respectivos intereses, más $603.800 por energía, ascensor y piso.
4. A través de auto del 3 de abril de 2003, el Juzgado 17 Civil Municipal de Bogotá emitió mandamiento de pago por las sumas antes señaladas y sus intereses[4].
5. El 11 de agosto de 2005, el despacho judicial profirió sentencia en la cual declaró oficiosamente probadas las excepciones de (i) “cobro de lo no debido respecto a las expensas cobradas con fecha anterior a la aprobación del remate por parte del Juzgado 30 Civil Municipal de Bogotá, es decir, 02 de marzo de 1999”, y (ii) pago parcial “respecto a las cuotas ordinarias de administración comprendidas entre mayo de 2000 y abril de 2003, y las causadas entre marzo de 1999 y marzo de 2000”. De otro lado, ordenó seguir adelante con la ejecución y practicar la liquidación del crédito por otra suma que adeudaban[5].
En la citada decisión, el funcionario judicial, estableció que los demandados, en marzo de 1999 y por remate, adquirieron el inmueble objeto de la acción; sin embargo, en la demanda se les estaba requiriendo el pago de las cuotas de administración desde febrero de 1995, cuando ellos no eran propietarios del mismo. Esa obligación no podía exigírseles porque conforme con las Leyes 182 de 1948[6] y 16 de 1985[7], era de cada uno de los dueños[8].
En ese orden, concluyó que “siendo el propietario el obligado para responder por las expensas causadas, se encuentra que los demandados adquirieron la obligación de pagar las cuotas de administración a partir de la fecha en que se aprobó el respectivo remate (marzo de 1999), y no desde la fecha en que fueron cobradas en la demanda”[9], por tanto, oficiosamente decretó la excepción de cobro de lo no debido.
6. Mediante escrito del 21 de septiembre de 2006, el señor Milthon Jiménez Lardo presentó ante la Fiscalía General de la Nación denuncia contra el señor Alí de Jesús Dalel Varón, porque “expidió cuenta de cobro, con carácter de título ejecutivo, por valor de tres millones ochocientos setenta y nueve mil cero noventa y seis pesos ($3.879.096,oo m/cte) por valor de las cuotas de administración adeudada por los propietarios de la oficina 601 (Néstor Espinosa y Milton Jiménez Lardo) antes de que se vencieran las 36 cuotas canceladas por anticipado de administración”, y con el mismo procedió a demandarlos ejecutivamente, cobrándoles cuotas desde 1995 hasta enero de 2003, “ignorando intencionalmente las 36 cuotas de administración canceladas anticipadamente”.
El 16 de febrero de 2007 se decretó la apertura de la investigación[10] por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal[11]. La Fiscalía en primera instancia decretó la preclusión de la instrucción, sin embargo, un Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá la revocó y, en su lugar, formuló acusación por el delito de fraude procesal. Frente al punible de falsedad en documento privado se decretó la extinción de la acción penal por prescripción.
(i) Que si bien el comportamiento del señor Dalel Varón “puede dar apariencia de ilegalidad, en el entendido de que el aquí procesado, según lo declarado por su secretaria de entonces Martha Josefa Tibocha Camacho y lo afirmado por el denunciante, tuvo conocimiento del pago adelantado de 36 cuotas en mayo de 2000, por parte de los propietarios de la oficina 601, también lo es que el certificado de deuda suscrito por el enjuiciado y elaborado por la aludida empleada, se ciñe a lo reflejado por los documentos contables a que hiciera referencia la perito forense del CTI”[12].
8. Segunda instancia. Recurrido el fallo por la parte civil, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, lo revocó y condenó a Dalel Varón a la pena principal de 6 años de prisión, multa de 200 smlmv. e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 5 años, además, se le sustituyó la prisión intramural por la domiciliaria[13]. Así mismo, condenó al acusado y al edificio “Moanack Propiedad Horizontal” al pago de los perjuicios causados a los ofendidos, por la suma de $27’653.391, según sentencia del 12 de agosto de 2015.
10. Concepto del Ministerio Público. Solicitud de casación oficiosa. En el término de traslado, la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal presentó su concepto, en el cual solicitó se casara la sentencia de segunda instancia y se declarara la nulidad del proceso a partir de la resolución que admitió la demanda de constitución de parte civil contra el Edificio Moanack PH. Por otro lado, solicitó la casación oficiosa de lo relacionado con el señor Dalel Varón, puesto que en su sentir “la controversia planteada el sub lite (sic) entraña un asunto de naturaleza eminentemente civil y, además, que la misma fue definida por la jurisdicción civil correspondiente”[14]. Situación que sustentó con la decisión inhibitoria dictada en primera instancia por la Fiscalía 203 Seccional y el fallo absolutorio, en los que siempre trataron el caso como un asunto de carácter civil.
11. Fallo de casación. El 6 de julio de 2016, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia casó parcialmente el fallo impugnado, en el sentido de declarar la nulidad “sólo en lo concerniente a la condena impuesta a la persona jurídica denominada Edificio Moanack P.H., acorde con lo planteado por el impugnante”, y de otro lado, no accedió a la solicitud de casación oficiosa incoada por la Procuradora Delegada del Ministerio Público, puesto que no presentó “argumentos idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara el fallo impugnado”[15]. No obstante, la Corte fue más allá y aclaró algunos aspectos planteados en el memorial[16], en consideración a que el fallo condenatorio se impuso en segunda instancia.
13. Señaló el accionante que la tutela tenía como finalidad que “el Juez Constitucional analice (…) si los elementos de juicio con material probatorio (sic) obrante a las diligencias con Prueba Documental fueron suficientes para tomar la decisión de 12 de agosto de 2015, o si por el contrario al darse la misma se incurrió en vías de Hecho (sic) para lesionar mi derecho, situación que de hecho y derecho involucra a la Sentencia proferida con fecha 6 de julio de 2016 por la H. Magistrada de la Sala de Casación Penal Dra. Patricia Salazar Cuellar”[17].
14. Alegó que mientras el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá lo absolvió al considerar que su actuar no se “enmarcaba” dentro de los postulados del artículo 453[18] del C. Penal, puesto que no existía prueba sobre la certeza de la conducta punible y su responsabilidad; la Sala Penal del Tribunal Superior, en sentencia del 12 de agosto de 2015, afirmó lo contrario, en tanto advirtió que “tenía pleno conocimiento y conciencia de que varios de los valores que certificó en la cuenta para el ejercicio de la Acción Ejecutiva no eran exigibles a los demandados, y, sin embargo voluntaria e intencionalmente la firmó, y puso en movimiento el mandato judicial, con los resultados judiciales que se han referido”.
16. En su sentir, la postura de la Sala de Casación Penal es “un absurdo jurídico, ya que, en similares términos se presentó por mi defensor la demanda de casación de 14 de octubre de 2015, constituyéndose en esta forma una violación directa del derecho que afecta el principio fundamental de mi libertad y llevando esa circunstancia a vías de hecho (…) ya que con lo atrás puesto de presente por el Ministerio Público (…) quedó demostrado que yo como accionante no violé el espíritu de la norma a que se refiere el artículo 453 del Código Penal”.
20. A través de auto del 12 de enero de 2017, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, admitió la acción de tutela, ordenó dar traslado a las autoridades judiciales accionadas y vincular a las partes e intervinientes en el proceso penal que se tramitó al accionante, para que ejercieran el derecho de defensa. Se allegaron las siguientes respuestas[19]:
21. El Juez 49 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, al cual se le asignó la causa, luego de desaparecer el despacho homólogo 51[20], informó que recibió el expediente el 22 de agosto de 2016, es decir, cuando el proceso había terminado, por tanto, su actuación se limitó a expedir las copias para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. En ese orden, indicó que “no tuvo injerencia alguna en las decisiones que finiquitaron el juicio en este asunto, y que además, el mismo le fue reasignado a esta oficina luego de surtirse las actuaciones descritas en precedencia, cuando ya solo restaba su alistamiento para enviarlo a los Juzgados ejecutores de las condenas impuestas (…). Por lo anterior, este Juzgado se allana a las decisiones finales así adoptadas en el proceso y, por consiguiente, a la determinación que se adopte por esa Colegiatura dentro de la acción de tutela”[21].
23. El Juez 17 Civil Municipal de Bogotá manifestó: “me atengo a las actuaciones desplegadas por el Despacho dentro del expediente entorno (sic) al asunto objeto de la presente acción constitucional”[22].
24. El Juez 51 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá informó que desde el 7 de septiembre de 2015 ese despacho hace parte del Sistema Penal Acusatorio, por tanto, los expedientes fueron reasignados a los demás juzgados que aún funcionan bajo la Ley 600 de 2000[23] .
En ese orden, concluyó la Sala de Casación Civil: “es palmario el fracaso de este auxilio, por cuanto, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional”[24].
26. Mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2017, el señor Alí de Jesús Dalel Varón, a través de apoderado judicial, impugnó la decisión. Señaló que negar el amparo por la carencia de técnica para sustentar el recurso extraordinario de casación “puede ir en desmedro de los más elementales derechos del accionante, toda vez que al parecer se estaría haciendo prevalecer la justicia formal sobre la justicia material (…) incurriendo en una protuberante injusticia material que priva de la libertad a una persona de la tercera edad (…) así sea en su domicilio”[25].
27. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 15 de marzo de 2017, confirmó el fallo en tanto participaba de los argumentos expuestos por su homóloga Civil para negar el amparo puesto que “efectivamente no se cumple con el requisito de la subsidiariedad connatural de la acción de tutela, el cual supone que el presunto afectado en sus garantías esenciales debe recorrer primero los mecanismos ordinarios de defensa judicial establecidos por el legislador, so pena de que si no lo hizo, su incuria se traduzca en signo inequívoco de asentamiento a lo resuelto por el juez natural de la controversia. Lo anterior, por cuanto si bien el accionante interpuso el recurso extraordinario de casación contra la sentencia que por esta vía cuestiona, este fue inadmitido por la Sala de Casación Penal al verificar que no cumplía los presupuestos de ley para su estudio de fondo”[26] .
- Fotocopia del fallo del 15 de mayo de 2015, expedido por el Juzgado 52 Penal del Circuito de Bogotá, a través del cual absolvió al señor Alí de Jesús Dalel Varón[27].
-Fotocopia de la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 12 de agosto de 2015, por medio de la cual revocó el fallo absolutorio y, en su lugar, condenó a Dalel Varón a 6 años de prisión, multa de 200 smlmv., y le concedió la prisión domiciliaria. Así mismo, condenó al procesado y al edificio Moanack P.H. “solidariamente” al pago de perjuicios ocasionados a los denunciantes por la suma de $27’653.391, dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia[28].
- Fotocopia de la demanda de casación suscrita por el apoderado de Alí de Jesús Dalel Varón, presentada el 14 de octubre de 2015 en la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá[29].
- Fotocopia de la providencia del 20 de enero de 2016, emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual (i) inadmitió la demanda de casación interpuesta por el apoderado del procesado y (ii) admitió la presentada por el representante legal del Edificio Moanack P.H.[30].
- Fotocopia de solicitud de insistencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, presentada el 26 de enero de 2016, para que se modifique la decisión del 20 de enero de 2016 y se admita la demanda[31].
- Fotocopia del escrito firmado por el apoderado del señor Dalel Varón, dirigido a la Procuraduría General de la Nación, solicitando que en su intervención se “sugiera a la ponente la imposibilidad de Cazar (sic) la sentencia respecto de las pretensiones deprecadas por el representante legal del Edificio Moanack P.H.” y, además, requiera que se revise la decisión del 20 de enero de 2016 en su numeral 1º; y se admita la demanda de casación. Solicitud presentada a la Procuraduría General de la Nación el 18 de febrero de 2016[32].
- Fotocopia de solicitud de nulidad de los numerales 1º y 2º de la providencia del 20 de enero de 2016 emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Petición radicada el 18 de marzo de 2016 en la Secretaría de la corporación en cita[33].
- Copia del concepto emitido por la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal dentro de la demanda de casación interpuesta por el apoderado del edificio Moanack P.H.[34].
- Fotocopia de la solicitud de reconsideración de la decisión del 20 de enero de 2016, presentada el 15 de abril de 2016 en la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuya pretensión consiste en que se revoque el numeral 1º y se admita la demanda de casación[35].
- Fotocopia de la sentencia del 6 de julio de 2016, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual casó parcialmente el fallo impugnado, “en el sentido de declarar la nulidad solo en lo concerniente a la condena impuesta a la persona jurídica denominada Edificio Moanack P.H.” y en lo demás se mantuvo la decisión[36].
- Fotocopia de recurso de súplica, también suscrito por el apoderado del condenado, para que se revoque la decisión del 6 de julio de 2016[37].
1. A través de escrito del 30 de mayo de 2017, la Procuraduría General de la Nación presentó insistencia[38] y, mediante auto del 16 de junio de 2017, la Sala número seis[39] decidió seleccionar el expediente para revisión.
a. Solicitó al Juzgado 49 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá remitiera en calidad de préstamo el proceso radicado núm. 2015-1796, adelantado a Alí de Jesús Dalel Varón, por el delito de fraude procesal, incluyendo, en caso de existir, los audios de las audiencias.
c. Solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil remitir copia de la tarjeta alfabética de la cédula de ciudadanía núm. 2930462 a nombre del señor Alí de Jesús Dalel Varón.
f. El Secretario del Juzgado 49 Penal del Circuito –Ley 600 de 2000- de Bogotá, remitió 15 cuadernos correspondientes al proceso impulsado al señor Dalel Varón.
De igual manera, en sentencia SU-539 de 2012 esta Corporación resaltó que la acción de tutela contra sentencias judiciales es “un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias de relevancia constitucional. En este sentido, la acción de tutela contra una decisión judicial es concebida como un ‘juicio de validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de asuntos ya abordados en el proceso ordinario”[40].
En sentencia T-103 de 2014, la Corte reiteró esa posición al señalar que “bajo ningún motivo, [puede considerarse la acción de tutela] como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”[41]. Por tanto, “el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa judicial constituye un requisito ineludible para la procedencia de la acción de tutela, salvo que por razones extraordinarias, el juez constitucional compruebe que los otros medios judiciales no son eficaces para la protección de las garantías invocadas”.
A través de sentencia SU-391 de 2016, la Sala Plena actualizó uno de los requisitos de procedencia[42] de la acción de tutela contra providencias judiciales, al afirmar que el amparo es improcedente cuando se trata de discutir sentencias de tutela, sino también cuando se cuestionan providencias que deciden acciones de nulidad por inconstitucionalidad: “considera la Corte que es improcedente la acción de tutela (…) y, se agrega en esta oportunidad, contra decisiones del Consejo de Estado que resuelven acciones de nulidad por inconstitucionalidad”.
Recientemente, en sentencia T-090 de 2017, la Corte mantuvo esa tesis al considerar que con el fin de “salvaguardar el valor de la cosa juzgada, la garantía de la seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, la acción de tutela no procede contra decisiones jurisdiccionales. No obstante, excepcionalmente se ha admitido esa posibilidad cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad del recurso de amparo y la providencia acusada incurre en algunas de las causales específicas que han sido previamente señaladas”[43].
2. Causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[45]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[46]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[47]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[48]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[49]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”[50] (resalto añadido).
3. Análisis de las causales genéricas de procedibilidad excepcional de la tutela interpuesta por el señor Alí de Jesús Dalel Varón
Como se señaló en apartes anteriores de esta decisión, la jurisprudencia de la Corte excepcionalmente admite la acción de tutela en eventos donde el funcionario incurre en ostensibles y graves actuaciones de hecho; sin embargo ella es procedente[51] siempre que se cumpla con los (i) requisitos generales de procedibilidad, a través de los cuales se establece si la decisión atacada puede ser examinada por el juez constitucional; y (ii) las causales específicas o especiales, que definen la suerte de la decisión demandada, en la medida que permiten establecer si se violaron o no los derechos invocados.
(i) El señor Alí de Jesús Dalel Varón fue investigado, acusado y condenado en segunda instancia[52] por el delito de fraude procesal a 6 años de prisión, multa de 200 smlmv e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años; además, se le sustituyó la medida intramural por la domiciliaria. En ese orden, los cargos contra las decisiones los fundamenta en presuntas violaciones a los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, los cuales de llegarse a estructurar resultan de relevancia constitucional, máxime cuando el actor es una persona de 78 años edad, privada de su libertad y que una de las accionadas es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.
De otro lado, de llegar a demostrarse vulneraciones al debido proceso podría resultar afectado el derecho a la dignidad humana[53] y se desconocería uno de los fines esenciales del Estado como es la vigencia de un orden justo[54].
(ii) El accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, puesto que contra la sentencia de segunda instancia interpuso el recurso de casación y respecto de la decisión que denegó la casación oficiosa, no procede recurso alguno. Tampoco puede ejercer la acción de revisión, puesto que las causales contenidas en el artículo 220[55] de la Ley 600 de 2000 no se ajustan al caso debatido. Y si bien la demanda de casación oficiosa fue negada por falta de los requisitos legales, la Corte en este evento flexibiliza el requisito de subsidiariedad y lo da por superado por tratarse el actor de un sujeto de especial protección, puesto que es una persona de 78 años de edad que se encuentra descontando la pena en prisión domiciliaria.
(iv) Revisada la acción de tutela se percibe que el actor mínimamente identificó los hechos que, en su sentir, originaron la violación de los derechos fundamentales. En efecto, mostró conformidad con el hecho que en primera instancia se le hubiera absuelto del cargo en tanto se consideró que su actuar no se adecuaba al punible de fraude procesal, e inconformidad con la segunda instancia, puesto que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo condenó bajo el argumento que, “tenía pleno conocimiento y conciencia de que varios de los valores que certificó en la cuenta para el ejercicio de la acción ejecutiva no eran exigibles a los demandados, y, sin embargo voluntaria e intencionalmente la firmó, y puso en movimiento el mandato judicial”[56].
4. Causales específicas de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[57] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[58].
i. Violación directa de la Constitución”. “Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto[59]; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución[60]”.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto fáctico se presenta cuando el funcionario judicial emite una providencia “(…) sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina[61], como consecuencia de una omisión en el decreto[62] o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios”.
El defecto fáctico se puede estructurar a partir de una dimensión negativa y otra positiva, “La negativa surge de las omisiones o descuido de los funcionarios judiciales en las etapas probatorias, verbi gratia, (i) cuando sin justificación alguna no valora los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; (ii) resuelve el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión[63]; y (iii) por no ejercer la actividad probatoria de oficio, es decir, no ordenar oficiosamente la práctica de pruebas, cuando las normas procesales y constitucionales así lo determinan”[64].
Será positiva la dimensión, cuando se trata de acciones positivas del juez, por tanto, se incurre en ella “(i) cuando se evalúa y resuelve con fundamento en pruebas ilícitas, siempre que estas sean el fundamento de la providencia[65]; y (ii) decidir con pruebas, que por disposición de la ley, no es demostrativa del hecho objeto de la decisión”[66].
Sobre las manifestaciones del defecto fáctico, esta Corporación[67], en la sentencia SU-515 de 2013, las resumió en los siguientes términos:
1. Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido[68].
2. Defecto fáctico por la ausencia de valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[69].
3. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva[70]”.
La Corte ha precisado que la acción de tutela puede fundamentarse en el defecto fáctico sólo cuando se demuestra que el funcionario judicial valoró la prueba de manera arbitraria. Ello significa que el yerro en la valoración de los medios de convicción, “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, en la medida que el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[71].
En sentencia SU-768 de 2014, esta Corporación mantuvo esa línea al indicar: “entendiendo que la autonomía judicial alcanza su máxima expresión en el análisis probatorio, el defecto fáctico debe satisfacer los requisitos de irrazonabilidad y trascendencia[72]: (i) El error denunciado debe ser ‘ostensible, flagrante y manifiesto’[73], y (ii) debe tener ‘incidencia directa’, ’transcendencia fundamental’ o ’repercusión sustancia” en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir que, de no haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta”[74].
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no solo es autónomo sino que sus actuaciones están amparados por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquel es razonable y legitima”[75].
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[76].
De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente de tutela, se estableció que efectivamente el señor Alí de Jesús Dalel Varón[77], en calidad de representante legal y administrador del edificio “Moanack PH”, luego de suscribir una certificación en la cual afirmó que los propietarios de la oficina 601 tenían una deuda con la copropiedad superior a lo realmente debido, los demandó en proceso ejecutivo. El citado documento es del siguiente tenor[78]:
Esa situación originó el proceso penal que en primera instancia se resolvió de manera favorable al accionante, en tanto se le absolvió del cargo de fraude procesal, bajo el argumento de que el asunto era de carácter civil y, por tanto, la conducta era atípica[79]. En segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, luego de hacer un análisis integral de la prueba, revocó el fallo y, en su lugar, lo condenó[80].
Interpuesta la demanda de casación fue inadmitida por no reunir los requisitos legales. Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al decidir la demanda de casación interpuesta por el apoderado del edificio “Moanack P.H.”, se pronunció de manera negativa sobre la solicitud de casación oficiosa[81].
En efecto, se indicó por el Ministerio Público que en la segunda instancia ni en la casación se tuvo en cuenta una prueba esencial “como lo era el dictamen pericial efectuado por el CTI, donde dejó en claro que la certificación contable que originó el cobro ejecutivo incluyó tanto las obligaciones no adeudadas por el denunciante como aquellas que efectivamente éste sí adeudaba”[82]. En ese sentido, afirmó que se estaba haciendo prevalecer la forma sobre la sustancia a través del mecanismo técnico de la casación y con ello se afectaba el derecho de un ciudadano de la tercera edad, “con una clara debilidad manifiesta desprendida de su condición personal, que sin duda no pueden pasar desapercibidas (…)”.
No obstante que no explicó la manera en que podía incidir ese medio probatorio en las providencias emitidas por las accionadas o si de haberse tenido en cuenta la decisión producida en cada Corporación hubiese sido diferente, la Corte considera oportuno observar que, en efecto, la Fiscalía 218 Seccional, en auto del 10 de julio de 2007, solicitó al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación un “perito contador” para que realizara “inspección judicial sobre la carpeta de la oficina 601”[83].
Efectivamente el perito contador practicó la inspección judicial el 31 de julio de 2007, sin embargo no emitió el “dictamen” en los términos solicitados por la Fiscal, porque no encontró la documentación necesaria. Según el administrador de la época no había “carpeta especifica de la oficina 601, no existen libros contables (…), no existe contabilidad manual ni sistematizada. Dentro de los anexos al balance, se pudo constatar que figuran anexos de deudores morosos donde aparece que la oficina 601 en el año 1999 tenía una deuda de $3’783.654.00 y en el año 2000 $1.370.382.00. Sin embargo no fue posible verificar si la disminución del saldo se debió al abono de $1.044.000.00”[84].
La redacción de las conclusiones es la consecuencia final de todo lo anterior, y supone, una exposición racional e inteligible de los resultados derivados de los análisis y operaciones realizadas por el perito conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte. Así pues, el dictamen pericial no es otra cosa que la formalización por escrito de los anteriores pasos”[85].
De otro lado, debe repararse que esa prueba –dictamen pericial- tampoco fue discutida en el proceso ordinario. En efecto, revisado el expediente penal se advierte que en la audiencia pública[86] la defensa no la alegó y menos el Ministerio Público, puesto que no asistió a la diligencia[87]. Igualmente, luego de emitida y recurrida la sentencia absolutoria de primera instancia, el defensor presentó escrito solicitando se mantuviera la decisión, sin embargo, no hizo alusión a ella[88], como tampoco lo discutió en la demanda de casación[89]. Finalmente, en el concepto de la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal en ninguno de los apartes se hizo referencia al “dictamen pericial”.
Como igualmente conocía -el procesado- que en aquella asamblea se había designado una comisión para que estudiara las diferencias que resultaran del acuerdo celebrado entre él y los denunciantes, “es decir, había un compromiso pendiente de tratativas tendientes a un arreglo de parte de la deuda, no sobre las cuotas de administración, sino sobre las cuotas de energía para el ascensor y (áreas comunes) del piso, cuota extraordinaria, intereses y otras expensas. O aún más podría decirse que también se discutiría si las cuotas de administración adelantadas se podían dejar en $29.000 como las acordó el administrador, o debían ajustarse a otro valor. Pero en todo caso, había un compromiso pendiente para aclarar los valores a cobrar”[90].
No obstante lo anterior, el señor Alí de Jesús Dalel Varón “expidió la certificación y relación de deudas mes a mes”, incluyendo “cuotas de administración desde 1995 hasta febrero de 1999 que no correspondían a los nuevos propietarios, cuotas de 1999 y 2000 que habían pagado los nuevos propietarios, 36 cuotas pagadas por anticipado por estos nuevos propietarios entre mayo de 2000 y abril de 2003 (…)”, y con ella –la cual presta mérito ejecutivo- procedió a demandar a los nuevos dueños de la oficina 601.
De esa manera, se utilizó dañinamente el aparato de administración de justicia con grave desmedro del principio de justicia ante muchas personas, específicamente ante los demandados, sin que se interponga causal alguna de inculpabilidad, pues no hay causas de inimputabilidad, ni coacción ajena determinante o error de prohibición alegable (…) ”[91].
La Corte Suprema luego de referirse a la situación fáctica que fundamentó la resolución de acusación, las sentencias de primera y segunda instancia, y lo argumentado por la Delegada del Ministerio Público, lo primero que resaltó fue que ésta, prácticamente, presentó “una nueva demanda de casación”, pero bajo un planteamiento diferente al expuesto por el defensor, quien se orientó por la ausencia de conocimiento del procesado sobre el pago anticipado de las 36 cuotas de administración; mientras que la Procuradora en su alegato no propuso ni explicó “la existencia de un error que tenga la entidad suficiente para ser corregido en sede de casación. Visto de otra manera, no presenta argumentos idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara el fallo impugnado”[92].
Sobre esa premisa, la Corte consideró que era inadmisible porque el engaño al funcionario judicial “no solo es relevante cuando se pretende lograr el pago de una obligación inexistente, sino además cuando el demandante lo hace incurrir en error para que ordene el pago de una suma superior a lo realmente adeudado”[93].
(iv) El Ministerio Público insistentemente, dijo la Corte, sostuvo que el Juez Civil “actuó en derecho”, refiriéndose al auto en que se corrigió el error y ordenó continuar con la ejecución, “pero no mencionó siquiera la decisión judicial emitida a raíz del documento presentado por el demandante (auto del tres de abril de 2003), a sabiendas de que en la acusación se resaltó que ese pronunciamiento judicial era el que debía tenerse en cuenta para analizar la configuración del delito de fraude procesal”. De esa manera, se consideró, que eludió el “tema central de debate”, puesto que en este evento no se discutía si el Juez ‘actuó en derecho’, cuando corrigió lo atinente al monto del mandamiento de pago” sino “si la decisión inicial (la del tres de abril de 2003) fue producto del engaño generado a raíz de la presentación de un documento que presta mérito ejecutivo y que no daba cuenta de la realidad”[94].
(v) Señaló que la Delegada Penal igualmente tergiversó el debate, puesto que el Tribunal Superior de Bogotá hizo un análisis “pormenorizado” del documento base de la ejecución para concluir en la existencia del delito; mientras que ella se limitó a resaltar que en el Acta Anual de Copropietarios No. 63 constaba que el procesado “mencionó que los demandantes habían realizado el abono por valor de $1’044.000, y que en un oficio emitido el 21 de marzo de 2001 hizo constar la misma situación y se refirió a un faltante de $1.358.250” y a partir de allí concluyó que ni el acta ni el oficio “tenían la aptitud procesal o presupuesto de idoneidad para provocar la equivocación del servidor público, en este caso el juez 17 Civil Municipal de Bogotá”[95].
(viii) Con relación al dolo, indicó la Corte, que la Delegada, “en contravía de las reglas que rigen el recurso de casación, que ella debe conocer bien”, no analizó las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal Superior de Bogotá y a partir de las cuales encontró presente este elemento. Ella simplemente se limitó a dar sus puntos de vista sobre la interpretación que se le debía dar al Acta de Asamblea de Copropietarios No. 63 (que fue considerada por el ad quem) y a una nota que el procesado envió a los denunciantes.
Finalmente, la Sala Penal señaló, que si bien los asuntos se resuelven de acuerdo con las competencias de cada jurisdicción, no es menos cierto que cuando “en cualquiera de ellas se perpetra un atentado contra la eficaz y recta impartición de justicia, que pueda subsumirse en alguno de los tipos penales consagrados por el legislador en orden a proteger ese bien jurídico, se activa la competencia de la jurisdicción penal, tal y como sucedió en este caso, según lo declarado por el Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo cuya presunción de legalidad y acierto no pudo ser derruida, primero, por el defensor del procesado, a través de la demanda de casación, que fue inadmitida por las razones atrás indicadas, y luego por la representante del Ministerio Público, a través de la solicitud analizada a lo largo de este acápite”[96].
De otro lado, conviene recordar que el juez de tutela no está para corregir o replantear demandas de casación, en los términos exigidos por la ley, como efectivamente ocurrió en este evento con el accionante, quien en escasos doce (12) renglones, mostró su inconformidad[97] con el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que condujo a su inadmisión. De manera similar sucedió con la solicitud de la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, quien a pesar de que debía conocer la técnica de la casación, la desconoció y, además, presentó una solicitud de casación “oficiosa”. Incurias de esas no pueden ser suplidas de ninguna manera por el juez constitucional.
Para terminar, no puede olvidarse que la casación oficiosa como su nombre lo indica es una atribución que, dentro de su autonomía, ejerce la Corte Suprema de Justicia, sin necesidad de solicitudes –no rogada-, cuando advierte que se han vulnerado derechos fundamentales o se hace necesario para la unificación de la jurisprudencia, entre otros[98], situaciones que no halló presentes en este caso.
Examinada la demanda de tutela, se observa que los fallos emitidos por las autoridades judiciales accionadas no fueron atacados por ausencia de pruebas o porque estas fuesen ilegales o inidóneas, sino por una posible valoración indebida de la prueba. Es decir, se acusa a las autoridades judiciales accionadas de incurrir en la dimensión positiva del defecto fáctico, que acontece cuando “en contra de la evidencia probatoria”[99] el funcionario judicial decide apartarse totalmente de los hechos probados y resuelve a su arbitrio. Importa tener presente que para la estructuración del vicio se precisa que sea “ostensible, flagrante y manifiesto”, además, que tenga incidencia directa en la decisión.
Para esta Corporación, la manera como las demandadas en tutela manejaron y culminaron la valoración de los diversos medios de convicción allegados al expediente penal no se insinúa arbitraria o irracional que exceda el ejercicio de sus funciones y determine la existencia de vicios que afecten los derechos fundamentales constitucionales del actor consagrados en los artículos 28[100] y 29[101] de la Carta.
Si las decisiones de las autoridades judiciales accionadas, estuvieron fundamentadas en la prueba legal y oportunamente allegada al expediente, no es posible acceder a las pretensiones del actor, quien a través de esta acción busca reabrir el debate de un proceso ya terminado e imponer la interpretación que de la prueba realizó la Delegada de la Procuraduría al solicitar la casación oficiosa, situación que la Corte Constitucional no puede acompañar puesto que se atentaría contra el principio de la autonomía e independencia de los jueces[102], fundamento esencial del estado de derecho y del respeto y acatamiento que deben tener las decisiones judiciales.
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en este proceso por medio de auto del tres (3) de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Segundo.- CONFIRMAR las sentencias proferidas el 15 de marzo y 8 de febrero de 2017 emitidas por las Salas de Casación Laboral y Civil de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, a través de la cuales negaron la tutela interpuesta por el señor Alí de Jesús Dalel Varón, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Tercero.- Líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 y devuélvanse los expedientes penales remitidos en préstamo.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Asunto de naturaleza eminentemente civil no debió haber sido criminalizado y visto a la luz de las normas que rigen el derecho penal (Salvamento de voto)
Debo manifestar mi desconcierto con que un asunto de naturaleza eminentemente civil haya terminado por ser criminalizado y visto a la luz de las normas que rigen el derecho penal.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Tribunal incurrió en un evidente error sustancial cuando afirmó que la Ley 182 de 1948 prohibía cobrar a los nuevos propietarios las deudas por cuotas ordinarias de administración impagadas por los anteriores propietarios (Salvamento de voto)
El Tribunal incurrió en un evidente error sustancial cuando afirmó que la Ley 182 de 1948 prohibía cobrar a los nuevos propietarios las deudas por cuotas ordinarias de administración impagadas por los anteriores propietarios. En mi criterio la referida ley no estableció tal prohibición. De hecho, sin perjuicio de que en la actualidad la Ley 675 de 2001 claramente consagre la solidaridad entre el antiguo y nuevo propietario para el pago de dichas expensas, un sector de la doctrina y de la jurisprudencia durante la vigencia de la legislación anterior sobre la materia consideró que dichas obligaciones eran propter rem, esto es, obligaciones que surgen de la “carga que se impone al que tiene el derecho de propiedad u otros derechos reales principales sobre una cosa”. En suma, para la suscrita es claro que al imponer la condena, el Tribunal equiparó la razonable interpretación de la ley con la figura del dolo[108], lo que supone una grave vulneración al debido proceso y a la libertad del accionante.
Ref. Expediente T-6.095.840
1. Debo manifestar mi desconcierto con que un asunto de naturaleza eminentemente civil haya terminado por ser criminalizado y visto a la luz de las normas que rigen el derecho penal. Si el señor Alí de Jesús Dalel Varón expidió cuenta de cobro con carácter de título ejecutivo oponible a los señores Néstor Espinosa Guerrero y Milton Jiménez Lardo por un valor que no consideraba el pago adelantado de 36 cuotas de administración que éstos anteriormente hubieran hecho y, sobre todo, correspondiente a una suma que, supuestamente, no se les podía cobrar en su condición de nuevos propietarios por estar éste a cargo de los anteriores dueños del inmueble con arreglo a lo previsto en la Ley 182 de 1948, la controversia sobre su exigibilidad a los ejecutados nunca debió trascender al campo penal. Para oponerse a dicha ejecución los ejecutados contaban con las excepciones de mérito que consideraran con arreglo al art. 509 del Código de Procedimiento Civil (CPC); excepciones dentro de las cuales están la excepción de pago parcial y de cobro de lo no debido que los ejecutados efectivamente presentaron y que redujeron sustancialmente la obligación contenida en el respectivo mandamiento de pago. Pero, insisto, una cosa es que las excepciones de mérito presentadas por los ejecutados hubieran prosperado sobre una parte de la suma que incorporó el mandamiento de pago (recuérdese que, de todos modos, el juzgado de conocimiento “ordenó seguir adelante con la ejecución y practicar la liquidación del crédito por otra suma que [los ejecutados] adeudaban”), y otra cosa muy distinta es que la referida prosperidad de dichas excepciones pudiera traducirse en los supuestos que subyacen al tipo de fraude procesal. De ser así, la prosperidad de cualquier excepción que se presentara contra un título que sobre el papel fuera “claro, expreso y exigible” en los términos del art. 488 del CPC[103], automáticamente daría lugar a que, de oficio, el juez civil del caso de viera en el deber de compulsar copias de la respectiva actuación a la Fiscalía General de la Nación. Y ante tal contingencia no sería extraño que quienes se consideraran acreedores de eventuales obligaciones claras expresas y exigibles se abstuvieran de acudir a las acciones que para su cobro prevé la ley civil, temiendo su posterior procesamiento penal como consecuencia de su eventual ausencia de derecho al respectivo cobro coercitivo. Lamentablemente, hoy percibo la anterior situación de criminalización del derecho civil como una de las razones por las cuales, por lo menos en la actualidad, el derecho penal viene siendo utilizado como una ilegítima herramienta de amedrentamiento al servicio de quien aspira sacar mejor -pero no necesariamente justo- partido dentro de cualquiera de las múltiples controversias que ordinariamente se suscitan entre quienes celebran negocios jurídicos.
2. Más allá de lo anterior, no comprendo cómo es que el Tribunal Superior de Bogotá supuso el dolo del señor Alí de Jesús Dalel Varón dentro del referido proceso ejecutivo con base en que, en palabras de la Corte, “el conocimiento que tenía el procesado sobre (…) que a [los ejecutados] no se les podía cobrar las porciones debidas por los anteriores propietarios de 1995 a 1999”, esto último, según se cita de la sentencia del Tribunal, “por disposición de la Ley de Propiedad Horizontal, 182 de 1948”. ¿Es que acaso cualquier interpretación de la ley distinta a la que acoja el operador jurídico del caso deriva en dolo o siquiera culpa? ¿No es acaso el proceso judicial el escenario en donde las partes debaten libremente sobre el genuino sentido y campo de aplicación de las normas jurídicas intentando, cada una, persuadir al juez para que acoja su argumentación? Por lo menos en mi entender, el Tribunal incurrió en un evidente error sustancial cuando afirmó que la Ley 182 de 1948 prohibía cobrar a los nuevos propietarios las deudas por cuotas ordinarias de administración impagadas por los anteriores propietarios. En mi criterio la referida ley no estableció tal prohibición. De hecho, sin perjuicio de que en la actualidad la Ley 675 de 2001 claramente consagre la solidaridad entre el antiguo y nuevo propietario para el pago de dichas expensas[104], un sector de la doctrina y de la jurisprudencia durante la vigencia de la legislación anterior sobre la materia consideró que dichas obligaciones eran propter rem, esto es, obligaciones que surgen de la “carga que se impone al que tiene el derecho de propiedad u otros derechos reales principales sobre una cosa”[105]. Sólo a título de ejemplo véase cómo en la obra La Propiedad Horizontal y su Administración[106], en edición de 1999 (anterior a la expedición de la Ley 675 de 2001), al tratar sobre los Responsables del pago de las cuotas de administración, el autor explica: “Siempre será responsable del pago de las cuotas de administración el copropietario o propietario de las unidades privadas. (…). Por encima de lo acordado, es el propietario, quien es responsable, de ahí que es importante que al momento de adquirir las unidades privadas averiguar el estado de cuenta con la administración.”. Así mismo, el profesor Fernando Hinestrosa, al tratar sobre la Obligación real o “propter rem”, enseñó que: “Al contemplar, por ejemplo, el caso del deber del propietario su cuota de gastos en la pared divisoria común (art. 904 c.c.), o del mismo en los casos de conservación y reparación de las cosas comunes en el régimen de propiedad horizontal (Ley 182 de 1984 (sic) art. 6º Ley 16 de 1985; arts. 29 y 22 Ley 675 de 2001), inmediatamente se piensa en la relación obligatoria; pero también se advierte que esa situación se presenta para el sujeto pasivo en virtud de una determinada ubicación suya respecto de un derecho real y sólo en razón de ella”[107]. En suma, para la suscrita es claro que al imponer la condena, el Tribunal equiparó la razonable interpretación de la ley con la figura del dolo[108], lo que supone una grave vulneración al debido proceso y a la libertad del accionante.
[1] Los hechos relatados en el escrito de tutela fueron complementados con la información posterior allegada al expediente.
[2] Fl. 64 cuad. 1 expediente penal
[3] Fl. 38, c. 1, exp. penal
[4] Fls. 14 y 15, c. 1 penal
[5] Fls. 4 y ss. cuaderno 1 del proceso penal.
[6] "Sobre régimen de la propiedad de pisos y departamentos de un mismo edificio".
[7] Por la cual se modifica la Ley 182 de 1948.
[9] Fl. 8.
[10] En el desarrollo del proceso se allegaron como medios de prueba relevantes: (i) el testimonio del denunciante, fls. 89 y ss. ibídem; (ii) testimonio de la secretaria de la copropiedad Martha Josefa Tibocha Camacho, fls. 130 a 135 ibidem. (iii) Así mismo se aportaron actas de las asambleas de copropietarios y (iv) un informe del Cuerpo Técnico de Investigaciones –CTI- de la Fiscalía General de la Nación, en el cual se indica por el perito que una vez acudió a la oficina 201 del edificio Moanack con el fin de practicar inspección y responder las preguntas propuestas por la Fiscalía 218 Seccional, fue informado por el señor José Antonio Salazar Ramírez lo siguiente: “No hay una carpeta específica de la oficina 601, que no existen libros contables porque el administrador que estuvo hasta el 6 de diciembre 2004 (…) no existe contabilidad manual ni sistematizada. De igual manera manifestó que no podía colocar a disposición el estado de cuenta de la oficina 601 porque no le fue entregada (…) Dentro de los anexos al balance, se pudo constatar que figuran anexos de deudores morosos donde aparece que la oficina 601 en el año 1999 tenía una deuda de $3’783.654.00 y en el año 2000 $1.370.382.00. Sin embargo no fue posible verificar si la disminución del saldo se debió al abono de $1.044.000.00 hecho por los señores Milton Jiménez Lardo y Néstor Espinosa Guerrero según recibo de pago del 31 de mayo de 2000, toda vez que no se contó con el estado de cuenta discriminado de la oficina 601 desde el año 1995 al 200 (…) no es posible determinar si la relación de cobro que se hizo en la demanda ejecutiva presentada por el doctor (…) coincide con lo efectivamente adeudado por los propietarios de la oficina 601, como tampoco verificar el valor de lo adeudado por la oficina por concepto de administración, al momento en que los señores (…) se presentaron como nuevos propietarios.// En cuanto a que concepto contable se aplicó el pago de $1.44.000.00 (sic) no fue posible determinarlo por no contarse con ningún tipo de contabilidad (…)”, fls. 171 y 172 c. penal No. 1.
[11] Fls. 68 y ss.
[12] Fl. 42 c. ppal de tutela.
[13] Se le concedió en atención a que la pena impuesta fue inferior a 8 años de prisión, el delito no está incluido en la lista taxativa del art. 68A del C. Penal, el procesado no ha sido condenado en los últimos 5 años por delito doloso y se trata de una persona que desarrolla actividades profesionales destacadas en la comunidad.
[14] Fl. 201 c. ppal de tutela.
[15] Fl. 83 c. ppal de tutela.
[16] Al respecto se profundizará más adelante.
[17] Fl. 2 cuaderno principal.
[18] “Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”.
[19] A pesar de que en el folio 165 del cuaderno de primera, en la copia de un correo electrónico se indica que se adjunta respuesta del Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la misma no aparece en el expediente.
[20] Desapareció como despacho del sistema penal consagrado en la Ley 600 de 2000, y se mantuvo como Juzgado con funciones de conocimiento, esto es, a cargo de los asuntos tramitados por la Ley 906 de 2004.
[21] Fls. 114 y 115, c. ppal de tutela.
[22] Fl. 162.
[23] Fl. 78.
[24] Fl. 216.
[25] Fl. 233.
[26] Fl. 6 c. segunda instancia.
[27] Fls. 32 y ss.
[28] Fl. 46 y ss.
[29] Fls. 9 y ss. c. principal de tutela.
[30] Fls. 58 y ss.
[31] Fls. 25 y ss.
[32] Fls. 22 y ss.
[33] Fls. 17 y ss.
[34] Fls. 190 y ss.
[35] Fls. 20 y ss.
[36] Fls. 66 y ss.
[37] Fls. 30 y ss.
[38] Señaló la Procuraduría que era conveniente seleccionar el expediente, porque se hallaba de por medio “el derecho a la libertad de una persona de la tercera edad, al inadvertirse una prueba relevante, como lo era el dictamen pericial efectuado por el CTI, donde dejó en claro que la certificación contable que originó el cobro ejecutivo incluyó tanto las obligaciones no adeudadas por el denunciante como aquellas que efectivamente éste si adeudaba. Esta prueba fue pasada por alto por el juez de segunda instancia, y no tenida en cuenta en la instancia de casación simplemente porque el apoderado del señor Alí Dalel, no la argumentó”. Indicó, además, que la falta de argumentación no puede ser obstáculo para que se casara de manera oficiosa la sentencia y se corrigiera el error de hecho en que incurrió el ad quem. En síntesis, consideró que se estaba haciendo prevalecer la justicia formal sobre la material. Fls. 3 y 4, cuaderno de revisión.
[39] Integrada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado y Diana Fajardo Rivera
[40] Sentencia T-555 de 2009.
[41] Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2012.
[42] De los planteados en sentencia C-590 de 2005.
[43] Sentencia T-116 de 2016.
[44] Sentencia T-173 de 1993.
[45] Sentencia T-504 de 2000.
[46] Ver entre otras Sentencia T-315 de 2005.
[47] Sentencias SU-159 de 2000 y T-008 de 1998.
[48] Sentencia T-658 de 1998.
[49] Sentencias SU-1219 de 2001 y T-088 de 1999.
[50] Sentencia T-590 de 2005.
[51] Sentencia C-590 de 2005. En esa ocasión, la Corte Constitucional declaró inexequible una norma en la cual se disponía que contra los fallos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los que se declarara fundada una causal propuesta, no procedía recurso “ni acción”. Esta Corporación sostuvo entonces que sí procedía acción de tutela, con determinados requisitos.
[52] En primera instancia fue absuelto.
[53] Artículo 1º C. Política: “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa a y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
[54] Artículo 2º C. P. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
[55] “Procedencia. La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:
Lo dispuesto en los numerales 4 y 5 se aplicará también en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria”.
[56] Fl. 4 c. principal de tutela.
[57] Sentencia T-522 de 2001.
[58] Cfr. Sentencias T-462 de 2003; T-1031, SU-1184 de 2001; y T-1625 de 2000.
[59] Dice la Corte en la Sentencia C–590 de 2002 que se deja de aplicar una disposición iusfundamental en los casos en que, “… si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.
[60] Sentencia SU-198 de 2013. En la sentencia C–590 de 2005 se reconoció autonomía a esta causal de procedibilidad de la acción de tutela, y se establecieron algunos criterios para su aplicación.
[61] Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como “la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[62] Cabe resaltar que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental, que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
[63] Sentencia C-590 de 2005.
[64] Sentencia SU-355 de 2017.
[65] Sentencia SU-159 de 2000.
[66] Sentencia SU-455 de 2017 y T-1082 de 2007, entre otras.
[67] Sentencia T-138 de 2011.
[68] Sentencia T-902 de 2005.
[71] Sentencias T-442 de 1994.
[72] Sentencia T-060 de 2012.
[73] Sentencias T-064, T-456, T-217, T-067 y T-009 de 2010. En similar sentido, las sentencia T-505 de 2010 y T-014 de 2011.
[74] Sentencia T-067 de 2010. En igual sentido, sentencia T-009 de 2010 y T-466 de 2012.
[75] Sentencias T-314 de 2013 y T-214 de 2012.
[76] Sentencia T-590 de 2009
[77] De 78 años de edad, administrador de empresas y pensionado por el Congreso de la República por haber ejercido como Representante a la Cámara.
[78] Adjunto a ese documento se anexó el listado de todos los meses que entre 1995 y 2002 se adeudaban.
[79] Respecto del delito de falsedad en documento privado, en la segunda instancia de la Fiscalía General de la Nación, se decretó la prescripción de la acción penal.
[80] Prueba de toda la situación fáctica son las decisiones aportadas al expediente, como las copias de los fallos del Juzgado 17 Civil Municipal, del Juzgado 51 Penal del Circuito, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, obrantes en el cuaderno de primera instancia de la tutela y los anexos del expediente penal.
[81] Fl. 88 c. ppal. de tutela.
[82] Fl. 4 c. de revisión.
[83] A fin de que verificara “el valor de la cuota de administración de dicha oficina desde el año 1995 especificando cada año. El valor de lo adeudado por concepto de administración al momento en que los señores Milthon Jiménez Lardo y Néstor Espinosa Guerrero se presentan como nuevos propietarios. Una vez se canceló por parte de los señores (…) la suma de un millón cuarenta y cuatro mil pesos según recibo de pago del 31 de mayo del 2000, a qué conceptos contablemente se tuvo en cuenta dicha (sic) pago de dinero, es decir a qué partidas fue aplicada. Indicar si la relación de cobros que se hizo en la demanda ejecutiva presentada por el doctor (…) y que obra en el expediente (…) coinciden con las obligaciones reales que tenía la oficina 601 y los conceptos adeudados”. Fls. 136 c. penal núm. 1.
[84] Fls. 171 y 172 c. penal No. 1. Subraya fuera de texto.
[85] Sentencia T-796 de 2006. Resalto fuera del original.
[86] Celebrada el 6 de abril de 2015 en el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá.
[87] Ver fls. 48 a 60 del cuaderno penal No. 3.
[88] Ver fls. 96 a 98, c. penal No. 2.
[89] Ver fls. 9 a 16 c. ppal de tutela.
[90] Resalto fuera de texto.
[91] Resalto fuera de texto.
[92] Fl. 83.
[93] Fl. 84.
[94] Fl. 86.
[95] Fls. 86 vto.
[96] Fl. 87 vto.
[97] “La H. Magistrada Ponente ante la Sala de Casación Penal desestimó la postura de Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal con el argumento que expone a través de la sentencia de 6 de julio de 2016, postura que por demás es coadyuvante de un absurdo jurídico, ya que, en similares términos se presentó por mi defensor la demanda de Casación de 14 de octubre de 2015, constituyéndose en esta forma una violación directa del derecho que afecta el principio fundamental de mi libertad y llevando esa circunstancia a vías de hecho tanto en la decisión del accionado como de la misma Magistrada Ponente a través de la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, ya que, con lo atrás puesto de presente por el Ministerio Público garante de la sociedad quedó demostrado que yo como accionante no violé el espíritu de la norma a que se refiere el artículo 453 del Código Penal”, fl. 4 c. ppal. de tutela.
[98] Art. 206 Ley 600 de 2000: “La casacón debe tener por fines “...la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal, la reparación de los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida y la unificación de la jurisprudencia nacional”.
[99] Sentencia T-902 de 2005.
[100] “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.
[101] “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.
[102] Art. 228 C. Pol. “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.
[103] Actualmente art. 422 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso.
[104] Ver Ley 675 de 2001, art. 29. No obstante, en sentencia T-11 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte dijo: “a juicio de este Tribunal, se puede concluir que la Ley 675 de 2001, le otorgó a las obligaciones que surgen por el pago de expensas comunes a favor de los conjuntos residenciales, la naturaleza de obligaciones propter rem, las cuales se definen como aquellas prestaciones en las que una persona se obliga a dar, hacer o no hacer alguna cosa, como consecuencia de la titularidad que se ejerce sobre un derecho real, como lo es, en el presente caso, el derecho de dominio o propiedad (C.C., art. 665). Desde esta perspectiva, aun en los casos de venta forzada por vía judicial, es indiscutible que el adquiriente de un bien inmueble asume el compromiso de cancelar los cuotas de administración que por el pago de las expensas comunes se deban por el anterior propietario a la copropiedad, al momento de llevarse a cabo la transferencia del derecho de dominio. Sin embargo, como se reconoce en el ordenamiento civil, las sumas que se paguen por el comprador en cumplimiento de dicha obligación son susceptibles de recobro a través del ejercicio del derecho de subrogación.”
[105] C-493/97, M.P. Fabio Morón Díaz. En el mismo sentido ver: Ospina Fernández, Guillermo. Régimen legal de las obligaciones. Editorial Temis, 1998. Pág. 211.
[106] Martínez Díaz, Andrés. La Propiedad Horizontal y su Administración. Ediciones Librería del Profesional. Edición 1999. Pág. 156.
[107] Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones I. Universidad Externado de Colombia. 2ª edición, 2004. Pág. 300.
[108] Las subrayas no son del texto original.