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Timestamp: 2019-07-17 12:23:25
Document Index: 374826275

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 79', 'artículo 13', 'artículo 61']

Expediente 5617-D-2018
Sumario: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y TERCIARIOS "CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA". CREACION.
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y TERCIARIOS
“CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”
Artículo 1°: Créase el PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS y TERCIARIOS “Centenario de la Reforma Universitaria” a fin de garantizar el derecho de acceso a la educación superior, tanto para carreras universitarias como institutos terciarios. El programa se desarrollará conforme a lo establecido en la presente ley y en las demás disposiciones reglamentarias.
Artículo 2°: El Programa Nacional “Centenario de la Reforma Universitaria” tiene como objetivo que los estudiantes con recursos económicos escasos puedan acceder a los estudios de educación superior otorgándoles una beca de ayuda económica.
Artículo 3°: La Autoridad de Aplicación del Programa será la Secretaría de Políticas Universitarias del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN.
Artículo 4°: El Programa será financiado por el Tesoro Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto para lo cual se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar los ajustes presupuestarios, modificaciones y transferencias de partidas que resulten necesarios para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Artículo 5°: Fíjese como monto inicial para la beca una suma no contributiva, personal e intransferible de $30.000 pagaderos en 12 cuotas calendario, a partir del mes siguiente al alta del/a estudiante al Programa. Este monto inicial se fijará a valores constantes del año 2018. En caso de que la sanción y reglamentación final de esta Ley se perfeccione en años posteriores, se deberá actualizar por medio del indicador RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo del estipendio.
Artículo 6: La autoridad de aplicación, cada año, determinará la cantidad de becas a otorgar. A partir de la sanción de esta ley, el monto del estipendio deberá ser actualizado mediante el indicador RIPTE, con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo del estipendio. La actualización se llevará adelante en cada mes de marzo, junio, septiembre y diciembre, con el porcentaje que se desprenda del mencionado indicador RIPTE para el acumulado del trimestre previo.
Artículo 7°: Comuníquese al PODER EJECUTIVO.
Señor Presidente, desde el inicio de la administración de la Alianza Cambiemos a fines de 2015, la economía argentina tuvo escasos momentos de crecimiento con impactos favorables para sectores significativos de la sociedad.
Por el contrario, el signo característico de la economía del actual gobierno llegando a los tres años de mandato, ha sido el de estancamiento con inflación, agravado por un proceso de endeudamiento sin antecedentes en tan poco tiempo. Primero mediante el endeudamiento con “los mercados” para terminar recayendo, recientemente, en el Fondo Monetario Internacional.
La ausencia de la “lluvia de inversiones” junto a la voluntad política del gobierno de no cobrar impuestos especialmente en aquellos sectores que gozan de rentas extraordinarias como el complejo exportador de granos y cereales y el minero, sumado a la fuga de capitales del circuito económico y agravado por la fuga de divisas por el turismo internacional, ubicaron nuevamente a la economía nacional en una situación de vulnerabilidad extrema asociada directamente con la restricción externa.
La respuesta de política económica lejos de atacar el origen del problema como es la escasez de divisas en una economía periférica, y por ende su administración responsable, se enfocó en su fetiche: el gasto público.
Es notable como aún algunos referentes públicos de la Alianza Cambiemos se presentan como gestores y técnicos eficientes, carentes de ideología cuando el sesgo ideológico es precisamente el fundamento que atraviesa su única obsesión de política económica: achicar el Estado.
El resultado de las acciones implementadas bajo esta definición no es otro que el de despedir trabajadores: en INTA, INTI, Télam, por nombrar los despidos recientes, ya que desde su asunción a fines de 2015 han despedido en todos los ministerios, organismos descentralizados y empresas del Estado.
Pero el ajuste no se reduce al sector público. Como consecuencia lineal a la apertura importadora sin ningún tipo de criterio sumado al aumento de los costos producto del aumento de tarifas de servicios públicos muy por encima de las variaciones en los precios de la economía, el resultado no ha sido otro que el obvio: empresas que se reconvierten dejando de producir para importar, empresas que ajustan para intentar “capear el temporal” hasta empresas que cierran; si son grandes porque trasladan sus líneas de producción; si son pequeñas porque no tienen otra opción.
El resultado de ello, en todos los casos, es que se afecta a lxs trabajadorxs o bien reduciéndose sus ingresos o bien quedándose sin ingresos. En paralelo, auspiciado por este gobierno con un discurso moderno y descontracturado se fomenta el emprendedurismo. Cuya contracara real no es otra cosa que el empleo precarizado, “low cost” y, en el mejor de los casos, con monotributo.
A todo este escenario, hay que agregar la cuestión inflacionaria. A casi tres años de gobierno de la administración Cambiemos, la variación de los precios de la economía de las familias argentinas se ubica en un 30% promedio anual. Si a este dato se le agrega que las paritarias firmadas para los trabajadores formales de la economía, estuvo en los 3 años por debajo, se cierra un círculo explicativo sobre el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías.
En la ecuación Cambiemos el salario es un costo y como tal debe ser el menor posible para aumentar las ganancias empresariales, así como para reducir el poder de los trabajadores y de sus organizaciones gremiales.
Un claro ejemplo de la lógica del gobierno se ve reflejado en la proyección de los principales indicadores económicos establecidos en el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional para el 2018, fácilmente contrastable con los valores reales en que en el corriente año se mueve la economía nacional.
Así fue como el proyecto de Presupuesto, y luego la Ley, se basó en los siguientes supuestos:
●	Crecimiento del 3,5%
●	Dólar promedio a 19,30,
●	15,7% de inflación
Señor Presidente, si se tratara de literatura lo denominaríamos como “ficciones orientadoras”. Pero no, se trata de la vida de los y las argentinas, revistiendo una gravedad que creíamos haber dejado atrás.
Los aumentos en la canasta alimentaria, de los precios en los servicios públicos como transporte, electricidad, gas, agua y los aumentos en otros consumos que componen la canasta de gasto de los hogares, como por ejemplo vestimenta o combustibles están produciendo estragos, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Este deterioro de la situación socio-económica es tan contundente e ineludible que un indicador como el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica viene alertando sobre el deterioro de las condiciones de vida para amplios sectores de la sociedad con la consecuencia del empobrecimiento. No es menor la referencia a la consultora de la UCA, ya que en otros tiempos era la referencia de los miembros de la administración Cambiemos al momento de hablar de estadísticas.
Endeudamiento y apertura tienen un sólo resultado posible: desindustrialización con exclusión social.
En este contexto dramático para la sociedad, y especialmente en lo que respecta a la presente iniciativa, es preciso resaltar que hay un sector que está siendo perjudicado directamente: el de las Universidades Públicas; ya que no sólo es víctima del ajuste irracional al que el gobierno está sometiendo al conjunto del sector público, sino que también es atacado desde el sesgo ideológico y el prejuicio de clase. La mejor evidencia de esto han sido los comentarios tanto del presidente Macri como de la Gobernadora Vidal, las escasas veces en que se refirieron a las universidades públicas.
Mauricio Macri preguntándose “qué es esto de universidades por todos lados” o diciendo que estudiar en la universidad “era un privilegio”, mientras que María Eugenia Vidal afirmó que “los pobres no llegan a la universidad”.
Como resultado de ello, las universidades nacionales, públicas, distribuidas federalmente en cada provincia de nuestro país están recibiendo un ataque sistemático e incesante.
Las Universidades están siendo sometidas por parte del gobierno a un ahogo financiero a través de la no transferencia de fondos establecidos por la Ley de Presupuesto. En los hechos, este ahogo tiene como consecuencia que en muchas casas de altos estudios no se están pagando los gastos de funcionamiento, es decir: limpieza, servicios públicos como electricidad, agua, calefacción, etc.; y en un número de universidades cada vez mayor, este ahogo se traduce en que a partir del mes de octubre no se podrán pagar los sueldos de docentes y no docentes. Este es el caso de la Universidad Nacional del Comahue, Quilmes, Arturo Jauretche, entre otras.
Situación similar es la que viven los institutos terciarios de todo el país que padecen el ahogo sistemático de este gobierno. La expresión mas reciente y que tomó mayor visibilizacion fue el proyecto de UNICABA que el oficialismo pretendía aprobar sin consultar a la comunidad educativa y que implicaba el cierre de 29 profesorados de formación docente. Los y las estudiantes terciarios están afectados por el contexto socioeconómico de crisis y fundamentalmente por la reducción de las Becas Bicentenario y Ayuda Económica y Progresar que pasaron de ser para todos los/as que necesitaran a sólo 3000 becas de “Compromiso Docente” en todo el país para quienes “muestren” aptitudes de vocación docente.
Asistimos a un plano del ataque a la educación superior en su conjunto que se manifiesta en las consecuencias socio económicas que afectan a la población que pretende acceder a las carreras universitarias y a las de formación terciaria. El deterioro general en las condiciones de vida que es resultado del proceso de empobrecimiento de la sociedad y que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de estudiantes universitarios.
Impacta en términos generales del mismo modo en que le afecta al conjunto de la sociedad (variación de precios, salarios por debajo de la inflación, subocupación, etc.) e impacta en términos específicos en el encarecimiento de los consumos propios (“canasta”) de un estudiante: desde el transporte pasando por la adquisición de materiales educativos, como por ejemplo libros, fotocopias, equipos e instrumentos, vestimenta específica como puede ser para alguien que estudia enfermería o medicina, entre otros.
Por todo ello es que es urge contar con una batería de instrumentos de política pública orientados a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación superior en la República Argentina.
Es necesario profundizar procesos inclusivos; como por ejemplo aquellos que permitieron la “primera generación de universitarixs” que no es otra cosa que el acceso al estudio de una carrera universitaria por parte de un miembro de una familia que nunca antes había logrado que uno de los suyos llegue a la universidad.
Este proceso que, por ejemplo, en las universidades del conurbano bonaerense, representa entre el 70% y el 90% de la matrícula estudiantil, resulta en una de las formas más concretas en que se puede visualizar la ampliación de derechos.
Lamentablemente el gobierno actual no cree en -ni quiere que- “los pobres puedan llegar a la universidad” así como tampoco cree que el acceso a la universidad sea un derecho a garantizar por el Estado, sino que es un “privilegio”. Por ello, no solo ataca las medidas directas para la inclusión educativa, sino también las indirectas -en cuanto al acceso educativo se refiere- como son las condiciones materiales de las mayorías.
La Ley 26.206 de Educación Nacional dispone en su artículo 79º la obligación del Estado Nacional a desarrollar Políticas de promoción de la igualdad educativa. En este sentido los Programas Nacionales de Becas para la Educación Superior vienen a constituirse en una de las herramientas principales de una política de promoción de la Igualdad educativa.
Los Programas de Becas se constituyen entonces en mecanismos que permiten alcanzar un mayor grado de igualdad educativa, en este caso en lo que respecta a la educación superior. Al mismo tiempo la Ley 24.521 de Educación Superior concede al estudiante el derecho a obtener becas y otros tipos de ayuda por parte del Estado cuando las condiciones socioeconómicas le impidieran acceder o continuar sus estudios (artículo 13º inciso c).
A su vez, y no menos relevante es lo que establece el artículo 61º de la Ley Nº 24.521 cuando otorga al Congreso de la Nación la facultad de disponer en el Presupuesto Nacional un porcentaje que deberá ser destinado específicamente a becas y subsidios para estudiantes de Educación Superior.
Con el correr de los años se fueron sumando al Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU), el Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) orientado a estudiantes de carreras científicas y tecnológicas y el Programa Nacional de Becas Tics (PNTICs) orientados a becar a alumnos de instituciones de Educación Superior que cursen carreras relacionadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. De este modo las Becas se constituyen no sólo en una herramienta para la promoción de la igualdad educativa, sino también en el caso del Programa Nacional de Becas Bicentenario y el Programa Nacional de Becas Tics en un intento de orientar la matrícula hacia carreras que se consideran prioritarias para el desarrollo nacional.
Por ello es que en este contexto nacional actual, de fuerte crisis económica, devaluación sin límites, estancamiento e inflación elevada con su contracara de pérdida de puestos de trabajo sumado a salarios de las mayorías que pierden poder de compra, urge elaborar estrategias de contención de estudiantes universitarios; especialmente para los sectores más vulnerables que lograron acceder a la universidad y que si no cuentan con el apoyo público son quienes más expuestos están al proceso de deserción educativa.
La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado.
Diputados SOLICITUD DE SER COFIRMANTE DEL DIPUTADO RAMOS (A SUS ANTECEDENTES)
Diputados SOLICITUD DE SER COFIRMANTE DEL DIPUTADO IGON (A SUS ANTECEDENTES)
Diputados SOLICITUD DE SER COFIRMANTES DE LOS DIPUTADOS CASTAGNETO; FRANA; FRANCO; BASTERRA Y DI STEFANO (A SUS ANTECEDENTES)