Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/sc909_13.html
Timestamp: 2019-08-19 10:27:59
Document Index: 117612658

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'Artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 67', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 154', 'Artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 129', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 67', 'artículo 15', 'artículo 67', 'artículo 150', 'artículo 217', 'artículo 204']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-909_2013]
El Acuerdo aprobado mediante la Ley 1611 de 2013, y esta misma, se ajustan a la Constitución Política, en sus aspectos formales al haber satisfecho cabalmente los requisitos procedimentales normativamente establecidos para ello. Igualmente en lo material, por cuanto sin contrariedad alguna frente a la preceptiva nacional, cumple el propósito perseguido, que en este caso es deseo común de ambos países de facilitar el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior que tengas validez oficial en el sistema educativo de cada uno", logrado en plena observancia de los principios, objetivos y finalidades propios del Estado social de derecho, asumido como modelo político, económico y social por la República de Colombia.
El anuncio debe cumplir los siguientes requisitos: "a)	El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley. b)	El anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto. c)	La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos, determinable. d)	Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado".
Revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2013, Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010"
En el proceso de revisión automática del "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España", suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, y de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual fue aprobado.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el 11 de enero de 2013, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 1611 de 2013 "Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010"
TEXTO DEL ACUERDO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España" suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
Visto el texto del "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España", suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, en adelante "las Partes"
Tabla descriptiva de los estudios universitarios en España y Colombia
La Educación técnica profesional reúne las formaciones técnicas con objetivo profesional asegurando la práctica y el dominio de procedimientos técnicos. Estos estudios permiten obtener el título de "Técnico Profesional en..."
La Educación tecnológica comprende las formaciones tecnológicas tendientes a la aplicación y la práctica de conocimientos en un conjunto de actividades profesionales. Estos estudios permiten obtener el título de "Tecnólogo en..."
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en idioma español del "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España", suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.
Artículo 1°. Apruébase el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España", suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Director de Asuntos Jurídicos Internacionales (E), intervino en el proceso de la referencia y solicitó la declaratoria de EXEQUIBILIDAD del "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010" así como de la Ley 1611 de 2013, aprobatoria del mismo.
En primer lugar, indica que el Acuerdo objeto de estudio constituye un instrumento internacional idóneo para facilitar el mutuo reconocimiento de títulos y grados académicos de educación superior. De igual forma, busca promover la articulación de los sistemas de educación de la República de Colombia y el Reino de España y, fomentar la movilidad académica, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 y en consulta con los lineamientos de la "Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción", de la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO.
Universidad del Sinú-Extensión Bogotá. Exequibilidad
El rector de la Universidad del Sinú-Extensión Bogotá, intervino en el presente proceso para solicitar la exequibilidad de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el"Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010", teniendo en cuenta lo siguiente:
El Acuerdo no vulnera la Constitución, por el contrario se encuentra acorde con sus principios, valores y preceptos, pues las medidas que los Estados Partes adoptan en el referido Acuerdo tienden a reforzar los lazos culturales que históricamente une a estos dos países y su contenido responde a lo señalado en el artículo 9 de la constitución.
Explica que el mutuo reconocimiento de estudios va encaminado a desarrollar la cooperación educativa y cultural entre los dos Estados Partes, y facilitará a los nacionales colombianos hacer estudios de posgrados y así mejorar y perfeccionar su formación académica.
Afirma que el referido Acuerdo también eventualmente abriría a los colombianos la posibilidad de trabajar fuera del país y, en su respectivo campo profesional, siempre y cuando así lo permitan las políticas y las normas internas en materia laboral de los Estados Partes.
Sostiene que las medidas de persecución de estudios y actualización de información, así como el impulso de las Partes para la celebración de convenios entre sus universidades para el desarrollo de programas oficiales de grado y posgrados conjuntos, son medios eficaces para el desarrollo cultural y educativo del Acuerdo y, en nada viola alguna previsión constitucional.
En conclusión, estima que el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010" y su respectiva Ley aprobatoria (1611 de 2013) son EXEQUIBLES.
Academia Colombiana de Jurisprudencia. Exequibilidad
La Academia Colombiana de Jurisprudencia intervino en el presente proceso, para solicitar la EXEQUIBILIDAD del "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010" y de la Ley 1611 de 2013 que lo aprobó. Lo anterior, bajo el argumento de que el citado Acuerdo mantiene y preserva la soberanía nacional, ya que una manifestación de la misma es la capacidad del Estado de celebrar tratados internacionales que respeten la legislación nacional que rige en Colombia respecto del otorgamiento de títulos y el reconocimiento de los otorgados en España.
Ministerio de Educación Nacional. Exequibilidad
La representante legal del Ministerio de Educación Nacional, intervino en el presente proceso para solicitar se declare la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010", teniendo en cuenta lo siguiente:
El Ministerio que representa ha manifestado que con la declaratoria de constitucionalidad de la Ley, se obtendría un reforzamiento de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 25 y 26 de la Carta Constitucional, teniendo en cuenta que con la validación de los preceptos del acuerdo, se abre la puerta a los nacionales que se encuentran radicados en España y quieren desempeñarse laboralmente conforme a los títulos académicos que, luego de cursar y aprobar programas académicos en instituciones de educación superior reconocidas oficialmente en Colombia, obtuvieron de manera legal y por ende certificaría su capacidad e idoneidad para ejercer tales habilidades en territorio Español.
Indica que para el Ministerio que representa, de aprobarse el Acuerdo, se favorecería a los nacionales y/o extranjeros que una vez culminados sus estudios de pregrado o posgrado en reconocidas instituciones de educación superior españolas, deseen retornar al país a ejercer sus profesiones, obteniéndose como beneficio: (i) el desarrollo de nuevas tecnologías y tesis académicas no conocidas en el territorio nacional, (ii) la generación de empresa mediante la inversión extrajera derivada del traslado de capital humano capacitado en el extranjero, (iii) la generación de garantías e incentivos para recuperar el material humano colombiano calificado que se encuentra radicado en el extranjero, entre otras.
Sostiene que es de gran importancia resaltar que de conformidad con el artículo IV de la Ley 1611 de 2013, el reconocimiento de títulos producirá los efectos que cada parte confiera a sus propios títulos oficiales, siempre y cuando el título sometido a reconocimiento no se refiera a profesiones reguladas por el país receptor. A juicio del Ministerio, dicha disposición, robustece el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 constitucional, ya que garantiza la competencia laboral en paridad de condiciones, ya que no sólo somete la demostración del profesionalismo a la exhibición de un título de educación superior, sino que exige el cumplimiento de las reglamentaciones que cada país impone a sus nacionales con respecto a las profesiones que se encuentren reguladas.
Afirma que otra materia importante que regula el mencionado Acuerdo, es la correspondiente al impulso por parte de los gobiernos partes, a la celebración de convenios entre universidades para el desarrollo de programas de educación superior conjuntos, lo cual fomenta la internacionalización de la educación y el mejoramiento continuo de la calidad de los programas académicos, abriéndose de esta manera nuevos horizontes para la población educativa.
Finalmente, considera de gran importancia la declaración de EXEQUIBILIDAD de la Ley 1611 de 2013, puesto que permite alcanzar una de las metas que tiene el Gobierno Nacional frente al tema educativo, la cual es la internacionalización de la educación. Adicionalmente, abre la posibilidad a los nacionales colombianos, de traer al país nuevos conocimientos en búsqueda del continuo mejoramiento de los procesos sociales, industriales y económicos de la nación.
Asociación Colombiana de Facultades de Derecho-ACOFADE Exequibilidad
El Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho - ACOFADE, intervino en el presente proceso para solicitar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010", teniendo en cuenta lo siguiente:
Sostiene el representante de ACOFADE que el Acuerdo en mención y la ley que lo aprueba no contravienen la Constitución, es más, a su juicio, dicho acuerdo constituye un instrumento de apoyo, no sólo con relación al instrumento internacional de las instituciones colombianas de educación superior sino, a la oportunidad que estas tienen de fortalecer la integración iberoamericana, los lazos socioculturales, así como la tendencia signada por el Estado Colombiano en la globalización de todas las áreas del saber.
Sostiene que el artículo 1 de la Carta de 1991, consagra a Colombia como un Estado Social de Derecho, fundado en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y en la prevalencia del interés general. En lo que se encuentra inmersa la obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales, y la educación es un derecho fundamental. Así mismo, hace referencia al artículo 2 de la Carta que consagra a su vez, los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales, se establece entre otros, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las personas y los demás derechos y libertades, en los cuales se encuentra el acceso a la educación, que comprende no sólo recibir formación sino el título correspondiente que acredite su idoneidad.
De igual manera, hace mención al artículo 67 de la Constitución, el cual estipula que la Educación es un servicio público, prestado o no directamente por el Estado, consagrado como derecho fundamental, tal y como lo ha manifestado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia. (Sentencias T- 539 de 2009, T- 009 de 2009 entre otras)
Indica que con relación al control de constitucionalidad, es importante destacar que la Corte Constitucional se ha pronunciado en otros casos similares al que hoy es objeto de discusión. En dicho sentido, la Sentencia C- 750 de 2008, al ejercer el control de constitucionalidad sobre un convenio de igual naturaleza, declaró la constitucionalidad de la ley aprobatoria del convenio de cooperación comercial sucrito entre Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Por último, afirma la asociación, que la Ley 1611 es constitucional, tanto en la forma como en el fondo, pero corresponde a la sabiduría de la Corte, determinar si se debe modular o condicionar dicha interpretación, determinando si corresponde al Gobierno Colombiano garantizar que se establezcan mecanismos alternos que respeten íntegramente el principio de igualdad, para que no se configure con dicha norma un trato discriminatorio en nuestro país entre las universidades acreditadas y las que no lo están, puesto que el acuerdo sólo es aplicable para aquellas que sí se encuentran debidamente acreditadas.
De acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para ejercer el control integral de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. La Ley 1611 de 2013 "Por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España", suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, es aprobatoria de un tratado público por lo que, tanto desde el punto de vista material como formal, esta Corporación es competente para adelantar su estudio de constitucionalidad. Razón por la cual, se procederá a realizar un análisis sobre dicho control.
EL CONTROL AUTOMÁTICO SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LAS LEYES QUE LOS APRUEBAN IMPLICA REALIZAR UN CONTROL INTEGRAL DEL PROCEDIMIENTO
Previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental.
Es automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental.
Es integral en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional.
Tiene fuerza de cosa juzgada.
Es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y
Cumple una función preventiva, en cuanto tiene la finalidad de detectar previamente a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos a la preceptiva superior del Estado colombiano.
"La supremacía de la Constitución (C.P. art. 4) y la necesidad de garantizar la efectividad de los compromisos internacionales (C.P. art. 9) exigen que la Corte examine y decida definitivamente, en forma automática y previa, si un tratado internacional está conforme o no con los mandatos constitucionales. En efecto, la Carta de 1991 diseñó el control constitucional previo de los tratados internacionales como un mecanismo que permite garantizar al mismo tiempo la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los compromisos internacionales por el Estado colombiano. Así, el control constitucional previo se ubica en un sistema de relaciones de coordinación entre los órganos públicos, pues impulsa el proceso de perfeccionamiento de los instrumentos internacionales, los cuales habiendo cumplido las fases de negociación, adopción, confirmación presidencial del texto celebrado por el delegado plenipotenciario, aprobación por parte del Congreso y sanción presidencial, buscan preservar la supremacía de la Constitución, sobre la base de que todos los tratados internacionales tienen vocación para producir efectos jurídicos vinculantes para los Estados que lo ratifican.
En cuanto al control por eventuales vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República".
Así, en la Sentencia C-1002 de 2003[53] dispuso que "La Corte ha afirmado en forma reiterada que el control de constitucionalidad que ejerce respecto de los Tratados y de sus leyes aprobatorias, comprende la totalidad del contenido de esos actos jurídicos, tanto en sus aspectos formales como materiales."
Análisis formal de la suscripción y aprobación del Convenio.
El "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España", fue suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, por la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín Cuellar[57], en representación del Estado colombiano, quien conforme con lo establecido en el literal a) del numeral 2º, del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[58], no requiere de la presentación de plenos poderes para ejecutar los actos relativos a dicha celebración.
Trámite previo: en el presente caso no era necesario agotar la consulta previa.
Con fundamento en estas disposiciones, entre otras, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho de las comunidades étnicas a la identidad étnica y cultural, el cual, en los términos de la sentencia T-778 de 2005[60], tiene como finalidad "(...) que las comunidades que no ostentan los valores culturales y sociales de la sociedad mayoritaria puedan ejercer sus derechos fundamentales de acuerdo con su propia manera de ver el mundo. Ello implica que también los individuos que pertenecen a una comunidad indígena puedan expresarse y autodeterminarse de acuerdo con su cosmovisión cultural dentro y fuera de sus territorios."(Subrayado fuera de texto)
En este orden, ha dicho la Corte que el derecho a la libre determinación comprende el derecho de las comunidades étnicas a "(...) determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno; a darse o conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida; y de adoptar las decisiones internas o locales que estime más adecuadas para la conservación o protección de esos fines".[2]Así, la consagración de este derecho, junto con el de otros derechos de las comunidades étnicas, como se manifestó en la sentencia C-030 de 2008, parte del reconocimiento del valor intrínseco de las comunidades étnicas como grupos diferenciados culturalmente.
"En el ámbito externo, el respeto por la autonomía de las comunidades indígenas exige reconocer el derecho de tales grupos, a participar en las decisiones que los afectan. Ese reconocimiento supone que en las relaciones entre estos pueblos y el Estado, la consulta previa a las comunidades indígenas juega un rol necesario en los términos previamente enunciados, para asegurar que las aspiraciones culturales, espirituales y políticas de los pueblos indígenas sean consideradas en el ejercicio de las demás atribuciones y competencias de la Administración. Por lo tanto, estos pueblos tienen el derecho a ser consultados previamente con relación a las decisiones que los afecten, en los términos que determine la Constitución y la ley. Un segundo ámbito de protección, también externo, tiene que ver con la participación política de estas comunidades, en la esfera de representación nacional en el Congreso. Así, las comunidades indígenas tienen el derecho de participar en la circunscripción especial electoral prevista para ellas, de acuerdo con la Constitución. (...)
Finalmente, existe un tercer ámbito de reconocimiento a la autonomía de estas comunidades que es de orden interno, y que está relacionado con las formas de autogobierno y de autodeterminación de las reglas jurídicas al interior de los pueblos indígenas. Ello supone el derecho de las comunidades, (i) a decidir su forma de gobierno (CP art. 330); (ii) el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (C.P. art. 246) y (iii) el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios, con los límites que señale la Constitución y la ley. La autonomía política y jurídica, relacionada de este modo con una autogestión territorial, actúa así como un instrumento de reafirmación de la identidad de las comunidades indígenas, las cuales, mediante el ejercicio de sus prácticas tradicionales, avanzan en el fortalecimiento de sus autoridades internas y en el auto-reconocimiento de sus espacios de expresión colectiva".(Subrayado fuera de texto)
"La consulta debe efectuarse en un momento previo a la radicación del proyecto en el Congreso de la República, para que los resultados del proceso de participación incidan en el contenido de la iniciativa que se somete a consideración; no obstante, durante el trámite legislativo en el Congreso de la República dicho proceso participativo no se interrumpe." (Subrayado original)
"De este modo, cuando se adopten medidas en aplicación del convenio, cabe distinguir dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y tribales: el que corresponde a las políticas y programas que de alguna manera les conciernan, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho general de participación, y el que corresponde a las medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el cual se ha previsto un deber de consulta."
En relación con las decisiones que afectan directamente a las comunidades étnicas, esta misma sentencia precisó que "lo que debe ser objeto de consulta son aquellas medidas susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales y no aquellas disposiciones que se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos". Concluyendo que en cada caso concreto debe establecerse si opera el deber de consulta, bien sea porque se está ante la perspectiva de adoptar una medida legislativa que de manera directa y específica regula situaciones de las comunidades étnicas, o porque del contenido material se desprende una posible afectación de tales comunidades en ámbitos que le son propios.
Ahora bien, a fin de establecer si la consulta es obligatoria en un caso concreto, por afectar directamente a las mencionadas comunidades, la jurisprudencia constitucional ha señalada que hay "afectación directa cuando la ley altera el status de la persona o comunidad bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficios. De manera que procede la consulta, cuando la ley contiene disposiciones susceptibles de dar lugar a una afectación directa a los destinatarios, independientemente de que tal afecto sea positivo o negativo, aspecto éste que debe ser, precisamente, objeto de la consulta."[63]
Trámite de aprobación del proyecto de ley en el Congreso de la República
Por su parte, en virtud de lo previsto en el artículo 154 Superior, la iniciación del procedimiento legislativo debe efectuarse en el Senado de la República, toda vez que la ley que aprueba un instrumento público se inscribe en la órbita de las relaciones internacionales. En efecto, de acuerdo con el inciso final del artículo 154 de la Carta, "Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado".(subrayado fuera de texto)
"Cabe, señalar en relación a este último aspecto que el procedimiento de expedición de las leyes aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias, pues la Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto a la necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo establece el inciso final del artículo 154 de la Carta"[65].
Publicación de la ponencia para primer debate:
Anuncio y aprobación en primer debate:
"Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003):
1. Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España", suscrito en mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
En la parte final del acta, el Presidente de la Comisión indica: "Se levanta la sesión y se cita para mañana a las 10 de la mañana."
"Proposición:
En consecuencia, la señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, nombra como ponente para el segundo debate al mismo Senador Edgar Gómez Román". (Negrillas y subrayado fuera del texto)
Ponencia para segundo debate:
Anuncio y aprobación del proyecto en segundo debate:
"...Anuncio de proyectos
"Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.(...) Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado".(Subrayado fuera de texto)
Al final se lee: "Siendo las 6:50 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 11 de septiembre de 2012, a las 3:00 p. m..."
Debe tenerse en cuenta que la iniciativa fue aprobada en cada uno de los debates, tanto en comisiones como en plenaria. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en cada una de las etapas del trámite legislativo el proyecto fue aprobado por unanimidad y a través de votación ordinaria. Así, aunque el artículo 133 CP prescribe que las votaciones de las corporaciones públicas serán nominales y públicas, difirió las excepciones a la Ley. Por tanto, el artículo 129 R.C., modificado por el artículo 1 de la Ley 143 de 2011 estipula en su numeral 16 que no se requerirá votación nominal y pública "cuando en el trámite del proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros".
"La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España", suscrito en mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto del Orden del Día".
"Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003 y estos proyectos van a ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
En efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en la sesión del 28 de noviembre de 2012, según consta en el Acta No. 23 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 224 del 22 de abril de 2013[77]. De acuerdo con certificación expedida por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de fecha 14 de febrero de 2013, allegada a esta Corporación el 21 de febrero del mismo año, la aprobación se dio "por votación ordinaria unánime" con el SI de los 13 Honorables Representantes presentes, pues 5 de los 18 se encontraba ausentes con excusa, tal y como consta en el acta mencionada."[78](Negrillas fuera de texto)
Ponencia para la Plenaria de la Cámara de Representantes:
Anuncio y aprobación de la Plenaria:
"Dirección de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
Sí señor Presidente se anuncian proyectos para la Sesión Plenaria del día 13 de diciembre de 2012, de acuerdo al Acto Legislativo número 01 de 2003 o para la siguiente sesión donde se voten y discuten proyectos de ley o proyectos de Acto Legislativo. (...)Proyecto de ley número 141 de 2012 Cámara 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010".
"Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido aprobado, señor Presidente"
Ha sido aprobado, señor Presidente".
Sanción Presidencial y envío a la Corte Constitucional
CONSTITUCIONALIDAD DEL TRÁMITE DADO A LA LEY 1461 DE 2011.
Oportunidad en la radicación del proyecto de ley en el Senado de la República.
Oportunidad de la publicación del proyecto de ley y cumplimiento del mínimo de debates para su aprobación.
Cumplimiento del primer inciso del artículo 160 Superior
Cumplimiento del quórum decisorio.
Cumplimiento del requisito de anuncio del artículo 160 constitucional, tal como fue modificado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003
"Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación."
Según lo establece la jurisprudencia pertinente, esta disposición busca evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones siguientes[93]. Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de"permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas"[94].
"a)	El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley.
d)	Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado".
Cumplimiento del artículo 162 de la Constitución.
El artículo 162 de la Constitución Política señala que "Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las Cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas". (Subrayado fuera de texto)
ANÁLISIS MATERIAL SOBRE EL CONTENIDO Y ESTIPULACIONES DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL APROBADO MEDIANTE LA LEY 1611 DE 2013
Del propósito de este Acuerdo y de su adecuación constitucional
De lo expuesto con anterioridad, puede deducirse que, el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos de Educación superior Universitaria, firmado en Mar del Plata, Argentina, en diciembre de 2010, entre la República de Colombia y el Reino de España, e incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1611 de 2013, que ahora se revisan, son una muestra del "deseo común de ambos países de facilitar el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior que tengas validez oficial en el sistema educativo de cada uno".
Compatibilidad del Acuerdo con la Carta Política
Frente a lo cual, esta Corte en la Sentencia T-638 de 1999[97], indicó que la Constitución "ha reconocido a la educación el carácter de derecho fundamental, en cuanto constituye el medio idóneo para acceder en forma permanente al conocimiento y alcanzar el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano. Se trata, en realidad, de un derecho inalienable y consustancial al hombre que contribuye decididamente a la ejecución del principio de igualdad material contenido en el preámbulo y los artículos 5° y 13 superiores, pues 'en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona'".
"El artículo 67 de la Constitución establece en forma expresa que la educación primordialmente es una función social. "Este concepto de función social tiene su origen en los Estudios sobre la Transformación del Estado de León Duguit, que sostenía que: "Todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que cumplir, una cierta tarea que ejecutar. Y ése es precisamente el fundamento de la regla de derecho que se impone a todos, grandes y pequeños, gobernantes y gobernados... Todo hombre tiene una función social que llenar, y por consecuencia tienen el deber social de desempeñarla; tiene el deber de desenvolver, tan completamente como le sea posible, su individualidad física, intelectual y moral para cumplir esa función de la mejor manera posible y nadie puede entorpecer ese libre desenvolvimiento". "De la tesis de la función social de la educación surge entonces la educación como "derecho-deber", que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural".[98]
Teniendo en cuenta las precisiones descritas con anterioridad, para esta Corte dichas consideraciones justifican la adopción del presente Acuerdo y la exequibilidad de la Ley 1611 de 2013 que lo aprueba, por la importancia de afianzar los nexos entre la República de Colombia y el Reino de España en el área educativa, "bajo un criterio de correspondencia, generando espacios de movilidad e intercambio de experiencias e información, así como la transferencia de expertos en las distintas áreas sobre la materia", con reciprocidad en el apoyo intelectual, intercambio de experiencias, la divulgación mutua de conocimientos y la cooperación en diferentes ámbitos, hacia la mejor comprensión, vinculación e integración entre el pueblo colombiano y el español.
Siguiendo con el mismo lineamiento, lo acordado no genera contradicciones ni dificultades frente a la regulación constitucional colombiana, contrario sensu, se encuentra dentro de su marco axiológico y compagina con las tendencias globalizantes, lo anterior, conforme a lo estipulado en el numeral 4° del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual indica: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales". [99]
Aunado a ello, dentro de los derechos sociales, económicos y culturales referidos en la Constitución de 1991 en su capitulo 2, título II, el artículo 67 consagra la educación como una garantía fundamental, inherente, inalienable y esencial de la persona[100] y un servicio público que tiene una función social, pretendiendo el acceso "al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura" por cuyo intermedio se "formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia", correspondiéndole al Estado regular y ejercer la "suprema inspección y vigilancia", velando por su calidad y el cumplimiento de sus fines.
Igualmente en lo material, por cuanto sin contrariedad alguna frente a la preceptiva nacional, cumple el propósito perseguido, que en este caso es deseo común de ambos países de facilitar el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior que tengas validez oficial en el sistema educativo de cada uno", logrado en plena observancia de los principios, objetivos y finalidades propios del Estado social de derecho, asumido como modelo político, económico y social por la República de Colombia.
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España", suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España", suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.
[51] MP, Dr. Alexei Julio Estrada
[55] El artículo 150-14 de la Constitución, señala que corresponde al Congreso la función de "Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados".
La Ley 5 de 1992, artículo 217, refiere: "CONDICIONES EN SU TRÁMITE. Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales. El texto de los Tratados no puede ser objeto de enmienda. Las propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los Tratados y Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo ordinario. Las Comisiones competentes elevarán a las plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización solicitada". Dicha disposición orgánica fue declarada exequible en la sentencia C-227 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía. Cft. sentencia C-578 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[56] Ley 5 de 1992, artículo 204. "TRÁMITE. Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento".
[65] Sentencia C-334 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[92] "Por el cual se adopta una Reforma Política constitucional y se dictan otras disposiciones"
[95] Sentencia C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[96] "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes"