Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S92-01.html
Timestamp: 2018-10-20 16:11:18
Document Index: 171328972

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 336', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 10', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 1']

José Francisco Rivas Fernández v. Venezuela, Caso 12.307, Informe No. 92/01, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser./L/V/II.114 Doc. 5 rev. 1 en 356 (2001).
INFORME N° 92/01
1. El 5 de julio de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ("los peticionarios"), en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela ("el Estado") por la detención ilegal, incomunicación y desaparición forzada de José Francisco Rivas Fernández. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"), tales como la obligación general de respetar los derechos (artículo 1(1)); derecho a la vida (artículo 4); derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7), derecho a las garantías judiciales (artículo 8(1)) y a una debida protección judicial (artículo 25) y el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
2. El Estado considera que no se encuentran agotados los recursos de la jurisdicción interna, en razón de que los hechos están siendo investigados por el Ministerio Público, y la Defensoría del Pueblo conjuntamente con los Tribunales venezolanos. Que el recurso de habeas corpus no es el medio adecuado para la investigación de los hechos denunciados, y que la investigación es una obligación de medio y no de resultado, por lo cual, no hay violación de la misma cuando no se produce el resultado esperado.
3. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 1(1), 4, 5, 7, 8(1) y 25 de la Convención Americana, así como el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
4. La petición fue presentada el 5 de julio de 2000 y transmitida al Estado venezolano el 12 de julio de 2000 bajo el número 12.307, solicitándosele información. El Estado presentó sus observaciones el 27 de agosto de 2000, las que fueron transmitidas a los peticionarios el 8 de septiembre de 2000. Los peticionarios solicitaron una prórroga el 13 de octubre de 2000 para contestar las observaciones correspondientes a la respuesta del Estado venezolano; la Comisión le concedió 30 días a partir del 27 de octubre de 2000. Los peticionarios presentaron sus observaciones el 28 de noviembre de 2000. Las correspondientes observaciones adicionales a la respuesta del Estado fueron enviadas por la CIDH el 5 de diciembre de 2000. La Comisión Interamericana celebró una audiencia sobre el caso con ambas partes el 27 de febrero de 2001, durante su 110° período de sesiones. El 23 de mayo los peticionarios remitieron a la CIDH información adicional que fue trasmitida al Gobierno venezolano el 9 de mayo de 2001. El Estado venezolano envió el informe del Ministerio Público de Venezuela el 20 de agosto de 2001.
5. El día 15 de diciembre de 1999, fecha en que se realizó el referéndum aprobatorio del proyecto de la Constitución, tanto en el Estado Vargas como en otras zonas del país, la magnitud de las lluvias eran un tema de preocupación. Venezuela en estos días vivió las consecuencias del peor desastre natural de su historia contemporánea.
7. Los peticionarios alegan que el 21 de diciembre de 1999, aproximadamente a las 7:30 p.m., el joven José Francisco Rivas Fernández, de veinticuatro años de edad, se encontraba sentado en la puerta de la casa de Acción Democrática (AD) ubicada en Carabelleda, Estado Vargas, lugar en el cual se encontraban refugiadas algunas familias de damnificados, entre las cuales se encontraba la suya. A esa misma hora comenzaba un "toque de queda" no decretado oficialmente por el Gobierno de Venezuela, en donde los efectivos militares, pertenecientes al Batallón de Paracaidistas, hacían sonar silbatos para que todos se refugiaran en sus hogares.
8. A los 10 minutos de haber sonado el silbato, los efectivos militares regresaron, y comenzaron a disparar al aire. José Francisco Rivas Fernández se quedó sentado en la puerta. Al verlo, los militares le preguntaron si había visto correr a alguien y él contestó que no. Inmediatamente un sargento de apellido Rondón, quien dirigía el grupo militar, acompañado de aproximadamente siete efectivos, le indicó con tono amenazante que no estaban cazando, lo arrojó al suelo y comenzaron a darle patadas. Posteriormente le quitaron los zapatos y con las trenzas le amarraron las manos a la espalda mientras que el sargento le decía "mátalo, mátalo, que ese es un perro sarnoso"; "Ese es un delincuente", "dale duro", mientras lo seguían golpeando. En ese momento, ante tal situación intervinieron los padres de la víctima, así como otras personas que se encontraban en dicho centro de refugio, quienes solicitaban que no lo maltrataran y que lo dejaran en libertad, no obstante, los militares no desistieron de su objetivo, y se lo llevaran detenido, mientras le decían a los padres de José Rivas "si quieren rescatarlo, rescátenlo después, cuando se lo haya tragado la oscuridad".
9. Un testigo afirma que observó cuando el joven era trasladado, por una comisión militar, hacia un sector denominado Quebrada Seca, mientras era golpeado fuertemente, al igual que otras dos personas más que también se encontraban detenidas.
10. El 22 de diciembre al preguntar los padres de la víctima por su hijo, al sargento de apellido Rondón, quien lo había detenido, éste le informó que lo habían entregado a la DISIP.
11. Los familiares de la víctima lo han buscado en distintos lugares del Estado Vargas, e incluso del Distrito Federal, sin obtener resultado alguno.
12. El 28 de enero de 2000 se interpuso un recurso de habeas corpus por la Abogada Celia Méndez, representante de la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas.
13. El 11 de febrero de 2000 el Juzgado Sexto de Control del Estado Vargas declaró que no había materia sobre la cual decidir, fundamentando su decisión en el informe del Cap. (Ej.) Eliecer Otaiza Castillo, Director General de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), en la cual notifica que: "...de la revisión de los archivos y constancias de novedades, de estos servicios, no se refleja la detención del ciudadano José Francisco Rivas Fernández".
14. El 17 de febrero de 2000 la Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas confirmó la decisión del Tribunal sexto de Control mediante la cual declaró que no tenía materia sobre la cual decidir en relación con el recurso de habeas corpus interpuesto a favor de José Francisco Rivas Fernández.
15. En relación al agotamiento de los recursos internos en el caso de la desaparición forzada de José Francisco Rivas, los peticionarios solicitaron la opinión del Dr. Jesús María Casal experto en Derecho Constitucional venezolano quien señalo que:
c) La revisión no es una tercera instancia de amparo; por el contrario, la revisión recae sobre sentencias de amparo o de control de constitucionalidad definitivamente firmes, revestidas con la autoridad de la cosa juzgada. De allí que sea un mecanismo de carácter no sólo extraordinario, sino incluso excepcional, correspondiente a la Sala Constitucional, determinar de manera selectiva la admisión o tramitación de las revisiones en los casos que considere relevantes.
16. Con la interposición del recurso de habeas corpus el 28 de enero de 2000 ante el Tribunal Quinto de Control del Circuito del Estado Vargas, quien declara que no hay materia sobre la cual decidir el 1º de febrero 2000, y la confirmación de ésta el 10 de febrero de 2000 por la Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, los peticionarios consideran que se han agotado los recursos internos de Venezuela.
17. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran por parte del Estado de Venezuela la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; tales como el derecho a respetar y garantizar los derechos (artículo 1(1)), derecho a la vida (artículo 4), a la integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), a las garantías judiciales y protección judicial (artículos 8(1) y 25), y el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
18. El Estado de Venezuela considera que no se han agotado los recursos internos, dado que actualmente se están tramitando acciones e investigaciones impulsadas por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo conjuntamente con los Tribunales venezolanos, dirigidas al esclarecimiento de los hechos acaecidos en el Estado Vargas.
22. Señala también que respecto de la decisión de negar el recurso de habeas corpus interpuesto procede la revisión a través de la Sala Constitucional, que puede declarar la nulidad de la decisión para que se inicie un nuevo trámite de habeas corpus, como ha ocurrido en el caso de la desaparición del señor Monasterios,[1] donde la Sala Constitucional primeramente declaró inadmisible el amparo incoado por el Defensor del Pueblo del Área Metropolitana de Caracas contra la decisión judicial denegatoria del habeas corpus, en un caso relativo a una presunta desaparición forzada. La Sala adujo que ya se había agotado la doble instancia en materia de amparo, por lo que no cabía ejercer un nuevo amparo constitucional: el derecho a la tutela judicial rápida y eficaz de los derechos constitucionales debía considerarse satisfecho (sentencia del 25 de abril de 2000). Pero luego la misma Sala Constitucional decide ejercer la facultad excepcional y discrecional de revisión prevista en el numeral 10 del artículo 336.
23. Que a instancias del Ministerio Público se puede acceder a la revisión constitucional y proceder a ejercer acciones penales con el propósito de esclarecer los hechos y determinar el paradero del desaparecido; que mientras no se haya encontrado a la persona viva o su cadáver, la investigación no ha concluido y por ende no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna.
A. Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión Interamericana.
24. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. Dichas denuncias señalan como presuntas víctimas a personas individuales, respecto a quienes Venezuela se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención. En lo concerniente al Estado, la Comisión observa que Venezuela es Estado parte de la Convención Americana, al haberla ratificado el 9 de agosto de 1977. Asimismo, la CIDH observa que en cuanto a la competencia pasiva en ratione personae, es un principio general del derecho internacional que el Estado debe responder por los actos de todos sus órganos, incluidos los de su Poder Judicial. Por ello, la Comisión es competente en la presente petición.
28. La cuestión del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna está dispuesta en el artículo 46 (1)(a) y (b) de la Convención Americana.
29. Los peticionarios consideran que con la interposición del recurso de habeas corpus el 28 de enero de 2000 ante el Tribunal Sexto del Circuito del Estado Vargas, quien declaró que no hay materia sobre la cual decidir, y la confirmación de ésta el 17 de febrero por la Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, se han agotado los recursos internos de Venezuela.
30. El Estado de Venezuela alegó la falta de agotamiento de los recursos internos en fecha 24 de agosto de 2000, en virtud de que la petición que nos ocupa se encuentra en estado de investigación activa y permanente, mediante la práctica constante de actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, por el Ministerio Publico, y la Defensoría del Pueblo conjuntamente con los Tribunales venezolanos
31. En el caso sub lite la Comisión observa que el recurso de habeas corpus fue rechazado en primera instancia el 11 de febrero de 2000, siendo confirmada esta decisión por la Corte de Apelación el 17 de febrero del mismo año. Si bien es cierto que el Estado afirma que a los familiares de la víctima todavía les falta agotar el recurso de revisión, a juicio de la Comisión este recurso no es el adecuado para dar con el paradero de la víctima en un caso de desaparición forzada. Tal como lo ha señalado la Honorable Corte a partir de sus primeros casos contenciosos:
32. El Estado venezolano también afirma que se ofició al Fiscal Superior del Estado Vargas para que de inmediato ordenase el inicio de las averiguaciones respectivas, “lo que significa que con dicha decisión no quedaban agotados los recursos de la jurisdicción interna, sino que era necesario impulsar los señalados por el Tribunal”. La Comisión considera importante la labor que viene realizando el Estado en la identificación de los responsables de los hechos materia del presente caso, ya que, efectivamente, el proceso penal es el adecuado para tal fin. Sin embargo, tal como lo ha señalado la Corte:"(e)l habeas corpus tiene como finalidad, no solo garantizar la libertad y la integridad personal, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida".[3] Teniendo en consideración que la presunta víctima desapareció el 21 de diciembre de1999, la Comisión considera que el Estado ha tenido más que un plazo razonable para dar con el paradero de José Francisco Rivas Fernández. Asimismo, la Comisión debe manifestar que una vez rechazado el recurso de habeas corpus en ambas instancias por el Poder Judicial, los recursos de la jurisdicción interna han sido plenamente agotados. Tal como señala el artículo 10 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es Estado Parte, “el derecho [de una víctima] a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces se conservará como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva”. Ha transcurrido un año y nueve meses y la presunta víctima permanece todavía en calidad de desaparecida.
33. Con respecto a lo señalado por el Estado de que los familiares deben agotar el proceso penal que está en curso, la Comisión debe reiterar su doctrina la cual establece que:
Tratándose de delitos de acción pública - y aun en los dependientes de instancia privada- no es válido exigirle a la víctima o a sus familiares el agotamiento de los recursos internos, ya que es función del Estado preservar el orden público y, por ende, es su obligación actuar la ley penal promoviendo o impulsando el proceso hasta el final. Tal como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de investigar "debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad".[4]
34. Por lo tanto la Comisión considera que los peticionarios agotaron los recursos internos con la decisión de la Corte de Apelación en el recurso de habeas corpus.
35. En relación a la cita que hace el Estado sobre la jurisprudencia de la Corte de que la obligación de investigar es "de medio, más no de resultado, por lo que en consecuencia no hay violación de la misma cuando no se produce el resultado esperado", cabe señalar que el mismo tribunal también ha manifestado que "En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. Sin embargo, [dicha investigación] debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa".[6]
36. La petición fue presentada el 5 de julio de 2000, dentro del plazo de seis meses que establece el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana, por lo que dicho requisito se halla igualmente cumplido.
37. El expediente del presente caso no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se halla pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46(1)(d) y en el artículo 47(d) de la Convención Americana.
38. La CIDH considera que los hechos alegados, en caso de resultar ciertos, caracterizarían violaciones de los derechos garantizados en los artículos 1(1), 4, 5, 7, 8(1) y 25 de la Convención Americana, y el artículo 1 y concordantes de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
39. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión.
[2] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, serie C N°4, párr. 65.
[4] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, pág. 73, párr.177.
[5] Informe Anual 1997, Caso Arges Sequeira Mangas vs. República de Nicaragua, pág. 735, párr. 97.