Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Peru.369.01.htm
Timestamp: 2017-03-30 02:32:55
Document Index: 46197849

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 135', 'artículo 8', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'Artículo 387', 'Artículo 25']

Perú 369/2001 Inadmisibilidad
1. Mediante petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la CIDH” o “la Comisión”) el 7 de junio de 2001, Luis Bedoya Escurra (en adelante "el peticionario") denunció que la República del Perú (en adelante "Perú", "el Estado" o "el Estado peruano") violó, en perjuicio, de su padre el señor Luis Guillermo Bedoya de Vivanco el derecho a la integridad personal, a la libertad, a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a la igualdad y a los derechos políticos, consagrados respectivamente en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención" o la "Convención Americana"), en concordancia con el artículo 1(1) del citado instrumento internacional. Las violaciones denunciadas se relacionan con el trámite del proceso penal adelantado en contra de la presunta víctima por la justicia peruana y la posterior sentencia condenatoria por el delito de peculado, que le impuso la pena privativa de la libertad de cinco años y la restitución de la suma de veinticinco mil dólares a favor del fisco nacional. 2. Respecto de la admisibilidad de la denuncia, el peticionario refirió en un primer momento, la imposibilidad de agotamiento del recurso interno por la ausencia del debido proceso en el Perú y luego, que la sentencia de 14 de noviembre de 2003 que puso fin al proceso en segunda instancia, daba por terminado la jurisdicción nacional y se abría la competencia de la CIDH para pronunciarse sobre el fondo del asunto. 3. El Estado a su vez manifiesta que no hubo violación a los derechos consagrados en la Convención Americana y que el peticionario no había agotado el recurso interno disponible para acudir ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
III. POSICIONES DE LAS PARTES RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD A. El peticionario
6. El peticionario relata que el 7 de enero de 2001, por medios de televisión se reveló la existencia de unos videos en los cuales aparecía su padre Luis Guillermo Bedoya de Vivanco, recibiendo de manos de Vladimiro Montesinos Torres, Asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, la suma de veinticinco mil dólares americanos como aporte para su campaña política para la elección de alcalde de la municipalidad de Miraflores, situación que reconoció públicamente y ante los funcionarios judiciales que inicialmente lo citaron para interrogarlo al efecto. Argumenta el peticionario, que dicha suma de dinero fue entregada por Vladimiro Montesinos a título personal, sin ningún tipo de compromiso y que se trataba de una mínima parte del dinero de los fondos de la campaña a la citada alcaldía. 7. Por tales hechos, el 22 de enero de 2001, la Fiscalía abrió investigación en contra de Vladimiro Montesinos Torres, como presunto autor del delito en contra de la administración pública, delito de malversación de fondos, en agravio del Estado, así como en contra de José Tomás González Reátegui y Luis Bedoya de Vivanco como presuntos cómplices. El 25 de enero de 2001, la Fiscalía formalizó la denuncia en contra de las personas ya indicadas, pero bajo el cargo de peculado sin que para ello existiera prueba alguna. Como consecuencia de lo anterior, en el mismo día, el 41 Juzgado Penal de Lima abrió instrucción en contra de Luis Bedoya de Vivanco por presunta complicidad en la comisión del delito de peculado, profirió mandato de detención preventiva y dispuso el embargo preventivo sobre sus bienes en la suma de $ 14.000 dólares aproximadamente. 8. Indica el peticionario, que el expediente fue remitido al 38 Juzgado Penal de Lima, el cual mediante resolución de 6 de febrero de 2001, revocó el auto de apertura de instrucción en el extremo de la decisión de la detención preventiva y dispuso la comparecencia restringida del señor Bedoya de Vivanco bajo caución. Tal decisión fue recurrida en apelación por el Procurador Ad hoc y el 2 de mayo de 2001, la Sala Penal Especial revocó el auto impugnado para reformarlo con la imposición de mandato de detención preventiva. Frente a esta decisión, la defensa de su padre presentó recurso de nulidad que fue declarado improcedente el 8 de mayo de 2001 y seguidamente uno de queja por denegatoria del recurso de nulidad, este último negado por resolución de 10 de mayo de 2001. Como consecuencia de la medida de detención preventiva impuesta, el señor Luis Bedoya de Vivanco, fue suspendido en su mandato de Alcalde de Miraflores.
9. Indica el peticionario, que al haberse variado la calificación de la denuncia presentada por la Fiscalía del delito de malversación de fondos al de peculado, se vulneró el derecho de libertad de su padre. En el delito de malversación de fondos, el máximo de la pena es inferior a cuatro años[2], y en el delito de peculado, el máximo de la pena a imponer supera los cuatro años,[3] por lo tanto la variación de la calificación tenía como objetivo la imposición de la detención preventiva. Que tal decisión se tomó además, sin atender los parámetros del artículo 135 del Código Procesal Penal,[4] que establece para la determinación detención preventiva, la concurrencia de tres requisitos como son la existencia de suficientes elementos probatorios del hecho doloso imputado, que la sanción a imponer sea superior a cuatro años y que exista suficientes elementos probatorios para concluir que el procesado intentará eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. 10. El peticionario critica la adecuación de la conducta de peculado en la modalidad de cómplice que se le hiciera a la presunta víctima, bajo el argumento que tal figura es de absurda aplicación en este caso, por cuanto Bedoya de Vivanco para la fecha de los hechos no era funcionario público. Que además, la complicidad señalada a su padre, está basada en un acto post delictivo como fue la entrega de dinero que hizo Vladimiro Montesinos Torres, en forma posterior a la apropiación de los caudales del Estado, y la complicidad en estos delitos se predica de actos sin los cuales no se hubiera podido configurar el delito. 11. Que de haberse dado una debida y legal adecuación típica del hecho al momento de la denuncia y de la apertura de instrucción, ésta tendría que ser por el delito de receptación,[5] delito con una pena menor a los cuatro años, y en consecuencia la detención preventiva no se había producido. Pero que el Estado peruano para impedir el ejercicio de su derecho a la libertad y en consecuencia el derecho político a ejercer la alcaldía de Miraflores que obtuvo por mandato popular en las urnas, tramitaba el proceso por el delito de peculado. 12. Posteriormente, indica el peticionario, que el 6 de diciembre de 2001, Luis Guillermo Bedoya de Vivanco, presentó una acción de habeas corpus contra los Vocales Superiores de la Sala Penal Especializada en delitos de corrupción, por haber confirmado dicho colegiado el 11 de octubre de 2001, la resolución emitida por el Primer Juzgado Penal Especial de fecha 27 de julio de 2001, que dispuso ratificar la decisión de detención preventiva que venía siendo objeto.
18. Finalmente, manifestó el peticionario, que el Estado había emitido el decreto 27770 de 27 de junio de 2002, que regula el otorgamiento de los beneficios penales y penitenciarios en forma más restrictiva para las personas condenadas por delitos contra la administración pública. Dicha normativa estaría violando el principio de legalidad para su caso por cuanto la emisión fue posterior a los hechos por los cuales se le condenó, y la normativa penitenciaria que estuvo vigente para ese entonces era más benéfica. Así, la anterior legislación señalaba que por cada 2 días de trabajo se computaba 1 día de detención y en el nuevo decreto establece 5 días de trabajo por 1 día de detención. B. El Estado
22. En cuanto a las alegaciones de persecución política, falta de peligrosidad procesal y la supuesta atipicidad de la conducta imputada, afirmó que corresponde a los jueces y Tribunales peruanos, quienes en forma autónoma, calificarán de acuerdo a lo actuado en el proceso penal, si el señor Bedoya de Vivanco incurrió en la conducta sindicada y si existen o no razones para mantener la medida coercitiva impuesta. Todo esto dentro del debido proceso en que actúan lo jueces independientes y profesionales y en el cual la presunta víctima ejerce plenamente su derecho a la defensa. 23. Que para el momento de la contestación de la petición, aún estaba por agotar el recurso interno dentro del procedimiento penal con la interposición de la excepción de la naturaleza de acción, la apelación del mandato de detención y la solicitud de libertad provisional, mecanismos previstos en el Código Procesal Penal vigente, reclamando la inadmisibilidad de la petición al no haberse verificado el agotamiento de la jurisdicción interna. 24. Posteriormente el Estado manifestó que la defensa del señor Luis Guillermo Bedoya de Vivanco en el proceso penal, se ha ejercido sin restricción ni limitación alguna ajustándose a lo previsto en el artículo 8 de la Convención Americana. Que mediante la sentencia del Tribunal Constitucional de enero 29 de 2002 que declaró fundado el habeas corpus a favor del procesado, ordenándose su inmediata excarcelación sin perjuicio de adoptarse las medidas procesales pertinentes para asegurar su comparecencia al proceso, no subsistiría las causas que motivaron la denuncia ante la CIDH. 25. Sobre la alegada interferencia política en el poder judicial, y con ello la vulneración a las garantías del debido proceso en el enjuiciamiento del señor Bedoya de Vivanco, el Estado indicó que no existía prueba al respecto. Que las diferentes reacciones que se habrían dado a la decisión del Tribunal Constitucional de conceder por vía de habeas corpus la libertad del procesado, indica la trascendencia que ha adquirido el caso dentro de la importancia jurídica y social de la lucha contra la corrupción, pues los hechos atribuidos al sindicado se tratan de un evidente y público acto de corrupción. Que por ello, el Estado no puede rehuir la acción de investigar, procesar y sancionar, a través del poder judicial, a las personas que cometieron actos de corrupción.
28. Dicha acción fue desestimada en primera instancia por el Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima por resolución de 14 de enero de 2003, al considerar que mediante Resolución Administrativa Nº 088-2001, se autorizó la conformación de la Sala Penal Especializada a fin de que conociera los procesos instaurados en contra del señor Vladimiro Montesinos Torres. Que siendo así, los magistrados han ejercido funciones correspondientes a su cargo y que los argumentos sobre la violación al principio de legalidad por el procesamiento de que era objeto el señor Luis Guillermo Bedoya de Vivanco, debían ser analizados dentro del proceso penal ordinario. La negativa a la acción de
habeas corpus, fue confirmada en vía de recurso de apelación por la Segunda Sala Especializada en lo Penal. Indicó el Estado que tal decisión fue cuestionada por vía de recurso de extraordinario, resuelto por la Corte Superior de Justicia de Lima el 17 de febrero de 2003, que declaró improcedente la acción.
A. Competencia ratione personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae de la Comisión Interamericana 30. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quien Perú se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Perú es parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. 31. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
32. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana dispone que la admisibilidad de una petición presentada ante la Comisión está sujeta al requisito de "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. El artículo 46(2) de la Convención establece tres supuestos en los que no se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos: a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y c) que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 33. En el trámite de esta petición, el Estado ha sostenido desde su primera respuesta, que el peticionario y la presunta víctima no habían agotado los recursos internos como quiera que el señor Luis Guillermo Bedoya de Vivanco tenía pendiente de interponer dentro del proceso penal que se le adelantaba la excepción de la naturaleza de acción, la apelación del mandato de detención y la solicitud de libertad provisional, mecanismos previstos en el Código Procesal Penal vigente. 34. De la información sobreviniente de las partes, está acreditado que el peticionario y la presunta víctima intentaron tales recursos en sede interna sin que ellos prosperaran, lo que no significa que tales recursos no sean idóneos, ya que el mero hecho de que un recurso no produzca un resultado favorable no es evidencia de la inexistencia de recursos idóneos para tutelar la situación de que se trata.[8] De otro lado, han coincidido las partes en que el recurso interno estaría agotado con la emisión de la sentencia de segunda instancia que puso fin al proceso penal proferida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia el 14 de noviembre de 2003, que condenó al señor Luis Guillermo Bedoya de Vivanco como cómplice del delito contra la Administración Pública –peculado--en agravio del Estado, imponiéndole cinco años de pena privativa de la libertad efectiva y la reparación civil en quinientos mil nuevos soles, suma de dinero que deberá ser cubierta en forma solidaria junto con los otros dos sentenciados, Vladimiro Montesinos Torres y José Tomás González Reátegui. 35. La Comisión considera entonces, que agotado el recurso interno, debe pronunciarse en este momento sobre la admisibilidad de la petición de acuerdo a los argumentos presentados por las partes. 2. Plazo de presentación 36. Debido a que la petición ha sido presentada a la Comisión el 7 de junio de 2001, fecha antes de que se hubiera agotado la vía interna con la sentencia de 14 de noviembre de 2003 de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra dentro del plazo establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención.
4. Caracterización de los hechos alegados 38. El peticionario ha alegado que el Estado peruano violó en perjuicio del señor Luis Guillermo Bedoya De Vivanco, los derechos protegidos por la Convención Americana en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 23 durante el proceso que se llevó en su contra por el delito de peculado.
44 . Por lo anterior, la Comisión considera que no tiene competencia para resolver el asunto de fondo y por lo tanto, se inhibe de analizarlo debido a que los hechos no caracterizan una violación a los derechos consagrados en la Convención Americana. V. CONCLUSIONES
[3] Código Penal. Artículo 387.- Peculado. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de diez años. Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años. (*) (*) Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley Nº 26198, publicada el 13.06.93
Artículo 25.- Complicidad primaria y complicidad secundaria. El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena.
[9] CIDH. Informe Nº 39/96, Caso 11.673, (Marzioni- Argentina), 15 de octubre de 1996. [10]
CIDH Informe 55/97, Noviembre 18 de 1997. Juan Carlos Abella. Caso 11.137. Argentina. Párrafo 85
Ib. cita 9, párrafo 42.