Source: http://www.consultasderecho.com/2014/03/
Timestamp: 2019-04-20 10:32:46
Document Index: 255064510

Matched Legal Cases: ['artículo 179', 'artículo 21', 'artículo 122', 'artículo 128', 'artículo 90', 'artículo 103', 'artículo 393']

Marzo 2014 - Consultas Derecho
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado embargo, Registro de la Propiedad	| 1 Respuesta | 31 Marzo, 2014 by consultasderecho
Publicado en Novedades	| Etiquetado consumidores y usuarios, contratos	| Deja una respuesta | 28 Marzo, 2014 by consultasderecho
¿En qué consiste el delito de insolvencia punible?
El actual art. 257 del Código Penal, no sólo es el sucesor del art. 519 que sancionaba el alzamiento de bienes, sino que además ha ampliado notablemente su contenido , pues junto con el tipo básico de alzamiento, consistente en la desaparición física del deudor con sus bienes, incluye una nueva modalidad de alzamiento consistente en la realización de «…cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones…», siempre que a consecuencia de este acto patrimonial u obligacional, el deudor se muestre insolvente ante la obligación, esta ampliación del tipo ha reforzado la naturaleza del delito como de estructura abierta.
Esta nueva modalidad delictiva que supone un acto de disposición u obligacional en perjuicio de un acreedor, puede entrar en colisión con la consolidada doctrina jurisprudencial que tiene declarado que el delito de alzamiento castiga la insolvencia, no la pretensión de acreedores, puesto que si el que recibe los bienes con injusta preferencia, es en todo caso titular de un crédito, se tratará de un problema de anulabilidad del negocio, situado extramuros del Código Penal. Es preciso deslindar en cada caso los ámbitos del ámbito civil y penal o dicho de otro modo, separar el negocio civil impugnable del delito de alzamiento de bienes.
Se estará ante una conducta de favorecimiento de acreedores, situada extramuros del Código Penal cuando el futuro insolvente solventa sus deudas con alguno de los acreedores, perjudicando al resto siempre que aquél no esté constreñido a satisfacer el crédito pospuesto en el pago, por el contrario, cuando exista este constreñimiento jurídico debe estimarse que no existe causa de justificación que ampare tal anticipación de pago , y que en consecuencia en la medida que con el pago efectuado se ha constituido en una situación de insolvencia, es decir, sin bienes, ante el resto de los acreedores, singularmente ante aquel acreedor que ostentaba un crédito ya realizable, ha de estimarse tal acción como incursa en el nuevo supuesto contemplado en el art. 257-1º párrafo segundo que sólo exige que el crédito pretendido sea ejecutivo, habiéndose ya iniciado la ejecución o siendo previsible su iniciación, debiéndose deducirse el elemento subjetivo tendencial consistente en la intención de causar perjuicio a los acreedores, como objetivo intentado, sin que se exija su efectividad, de la propia prueba indiciaria que exista al respecto en el supuesto contemplado, ya que, la acreditación de este elemento interno, como juicio de intenciones que anima la acción del culpable, se acreditará más bien por prueba indirecta o indiciaria, que por prueba directa.
En definitiva, el nuevo tipo que se comenta viene a sancionar todas aquellas maniobras del deudor que tienden a entorpecer, obstaculizar o impedir la satisfacción de un crédito para el que ya se esté en fase de ejecución o de previsible ejecución, en perjuicio del titular de dicho crédito (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de julio de 2001).
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado delito de alzamiento de bienes, delito de insolvencia punible	| Deja una respuesta | 27 Marzo, 2014 by consultasderecho
¿Es incompatible la pensión de orfandad con la pensión de invalidez absoluta?
Lo que aquí analizamos hoy es si la pensión de orfandad y la de invalidez en el grado de incapacidad permanente absoluta obedecen a la misma “incapacidad”.
El punto de interpretación se encuentra en el término en razón a la misma “incapacidad”. El término “incapacidad” que recoge en el artículo 179 de la Ley General de la Seguridad Social , no parece referirse al mismo cuadro de dolencias y su posible agravación o mejoría. La mejoría en la situación de invalidez que permite trabajar provocaría que la Entidad Gestora dejara sin efecto la orfandad que trae causa de la incapacidad para el trabajo (artículo 21.1 b) de la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General de la Seguridad Social). Por otro lado, la agravación de las dolencias no alteraría la condición de beneficiario de la pensión de orfandad que trae causa de esa incapacidad.
Por el contrario, el reconocimiento administrativo de una incapacidad laboral -para el trabajo-, generador de otra pensión del sistema de la Seguridad Social, sí que tiene incidencia en la relación de protección del sistema cuando el sujeto está percibiendo ya prestaciones con cargo al mismo. Y esa incidencia es la propia de toda incompatibilidad prevista en la normativa (artículo 122 de la Ley General de la Seguridad Social ) y que impide ser causante de dos prestaciones que tengan la misma finalidad de sustitución. En este caso en una y otra se generan, fundamentalmente, por la situación de incapacidad para todo trabajo por las mismas reducciones anatómicas y funcionales graves.
Esto es, si la incapacidad para el trabajo ha provocado que el huérfano sea beneficiario de la protección y la incapacidad para el trabajo es lo que también ha permitido generar la pensión de invalidez, lo que no es admisible es que esa misma incapacidad -la de no poder desarrollar toda actividad- le permite al trabajador percibir dos pensiones del sistema.
Y para ello no es posible acudir a contrastar el cuadro de dolencias que han permitido acceder a la orfandad y el que ha generado la invalidez en el grado de incapacidad permanente absoluta porque lo que se está valorando a unos y otros efectos no es el cuadro diagnóstico o lesiones sino la situación de “incapacidad para todo trabajo” y en este caso cualquier que sea el cuadro lo que uno y otro ha generado es la imposibilidad de prestar servicios en cualquier actividad profesional lo que permite estar protegido por el sistema ya para acceder a la pensión de orfandad o mantenerla ya para generar la de invalidez en aquel grado.
En consecuencia y en principio, resulta irrelevante que el demandante estuviera en 1993 en una determinada situación física y que en 2012 tuviera otra, lo trascendente es que la pensión de orfandad la ha obtenido por estar incapacitado para todo trabajo y la pensión de invalidez se la haya reconocido por el grado de absoluta -la misma incapacidad-, y no otra como la total u otra de grado inferior que pudiera, por ejemplo, haber generado por esas actividades profesionales que ha venido desarrollando siendo beneficiario de orfandad y compatibles con ella. Es por ello que, a nuestro juicio, la incompatibilidad declarada en la vía administrativa y en la instancia confirmada deba mantenerse (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 11 de febrero de 2014).
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado incapacidad permanente, incompatibilidades, orfandad, pensiones	| Deja una respuesta | 26 Marzo, 2014 by consultasderecho
Indemnización por el corte del suministro eléctrico
La empresa distribuidora podrá suspender o cortar el suministro eléctrico a consumidores privados a tarifa cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo.
A estos efectos, el requerimiento se practicara mediante remisión, a la dirección que a efectos de comunicación figura en el contrato de suministro a tarifa, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, identidad y contenido del mismo, quedando la empresa distribuidora obligada a conservar en su poder la acreditación de la notificación efectuada.
En el supuesto de rechazo de la notificación se especificarán las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite. Dicha comunicación deberá incluir el trámite de interrupción del suministro por impago precisando la fecha a partir de la que es interrumpida, de no abonarse en fecha anterior las cantidades adeudadas.
Para proceder a la suspensión del suministro por impago, la empresa distribuidora no podrá señalar como día para la interrupción un día festivo ni a aquellos que por cualquier motivo no exista servicio de atención al cliente tanto comercial como técnica a efectos de la reposición del suministro, y en víspera de aquellos días en que se dé alguna de estas circunstancias.
Efectuada la suspensión del suministro, éste será repuesto como máximo al día siguiente del abono de la cantidad adeudada y de los intereses que haya devengado de acuerdo con el artículo anterior y de la cantidad autorizada en concepto de reconexión del suministro.
La Audiencia Provincial de Valencia, en su Sentencia de fecha 14 de octubre de 2011, condena a la empresa suministradora de energía eléctrica al pago de una indemnización de 1.700 euros por haber tardado más de un día en reponer la luz, una vez cortada por impago. Los razonamientos fueron los siguientes:
a) En primer lugar, que debe requerirse fehacientemente de pago para que en el plazo de dos meses pueda realizarse.
b) En segundo lugar, una vez transcurrido ese período se acuerda la suspensión del suministro por impago que lleva aparejado la interrupción del suministro con los límites establecidos en cuanto al día en que debe realizarse en las condiciones indicadas en el apartado tres.
c) En el presente caso, con independencia de que el cliente adeudara algunas facturas en fecha uno de abril del 2010, el corte de suministro en aquella fecha, Jueves Santo, debido al calendario festivo de la Semana Santa, no respetó el derecho que al consumidor reconoce el apartado 3 para limitar las consecuencias nocivas del corte de suministro pues al ser el Viernes Santo festivo, el sábado Santo no hay servicio comercial y técnico al cliente a efectos de reposición, el domingo es festivo y el lunes también lo era en la Comunidad Valenciana, se vio privada de suministro eléctrico desde el 1 al 6 de abril, cuando de haberse cumplido la norma el suministro se hubiera repuesto el día 2 abril.
d) Es evidente que la empresa eléctrica no debió proceder al corte del suministro el día 1 pues el perjuicio que se causaba con esa actuación era manifiesto. El incumplimiento de esa norma ha generado perjuicios al cliente, por lo que debemos entrar en su enjuiciamiento de conformidad con el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado consumidores y usuarios, luz y gas	| Deja una respuesta | 24 Marzo, 2014 by consultasderecho
Convocadas oposiciones 25 plazas policía local Ayuntamiento de Bilbao
En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 25 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Bilbao, mediante oposición libre.
Publicado en Oposiciones	| Etiquetado función pública, funcionarios, oposiciones y concursos, pruebas selectivas	| Deja una respuesta | 24 Marzo, 2014 by consultasderecho
El bien jurídico protegido en el delito de intrusismo profesional está caracterizado por su carácter pluriofensivo: ofende al perjudicado, que es lesionado su derecho por la actividad del intruso; a la corporación profesional a la que afecta la conducta intrusa; y a la sociedad en su interés público en que sean idóneas las personas que ejercen determinadas profesiones para las que el Estado reglamenta el acceso a la actividad.
Aunque obviamente, el titular del bien jurídico sólo será el Estado, destacamos lo anterior para afirmar la caracterización plural de los sujetos afectados por la conducta intrusa. Ésta requiere, de una parte, la realización de actos propios de una profesión y de otro, por quien no está en posesión del necesario título académico u oficial que permite su realización. Se entiende por actos propios de una profesión aquellos que específicamente están reservados a una profesión, quedando excluidas de su realización aquellas personas que carezcan de la titulación precisa. Tal determinación de funciones deberá ser realizada desde una perspectiva objetiva de valoración social.
En efecto el tipo penal que describe el delito de intrusismo presenta una estructura de ley penal en blanco; “esto es, de normas penales incompletas en las que la conducta o la consecuencia jurídico-penal- no se encuentre agotadoramente prevista en ellas, debiendo acudirse para su integración a otra norma distinta.
Esta conclusión está sostenida no solo en el incuestionable carácter jurídico de los elementos que se remiten nociones como “título oficial” o que “habilite legalmente para su ejercicio”, sino esencialmente debido a que el régimen español de las profesiones tituladas - materia que conforma el sustrato de regulación del acto de intrusismo y cuyos aspectos más esenciales (“títulos oficiales”, “actos propios de una profesión”, etc.) son los que han de servir de complemento exegético al mismo - se configura como un sistema cerrado de reglamentación, con una consiguiente vinculación entre títulos y la actividad profesional correspondiente- que, en mayor o menos concreción, debe ser legalmente determinada, tal como viene a establecer el art. 36 CE al exigir que sea una ley la que regule el ejercicio de las profesiones tituladas.
Con esa medida habrán de ser precisamente normas jurídicas las que determinen qué deban ser actos propios de una profesión para cuyo ejercicio habilite un título oficial (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio de 2013).
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado delito de intrusismo profesional	| Deja una respuesta | 20 Marzo, 2014 by consultasderecho
No constituye carga familiar el préstamo hipotecario destinado a la adquisición de la vivienda familiar.
La sentencia recurrida condenó al padre divorciado al pago de la cuota del préstamo hipotecario que gravaba la vivienda familiar. Esta Sentencia es revocada por el Tribunal Supremo, quien considera que si el préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar fue concedido a los dos cónyuges, el préstamo debe ser pagado por ambos a partes iguales.
Resulta aplicable en el supuesto que nos ocupa la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Sentencias de fecha 31 de mayo 2006, 5 de noviembre de 2008, 28 de marzo 2011, 29 de abril de 2011 y 26 de noviembre de 2012, según las cuales, la hipoteca no puede ser considerada como carga del matrimonio, en el sentido que a esta expresión se reconoce en el artículo 90 del Código Civil, porque se trata de una deuda contraída para la adquisición del inmueble que debe satisfacerse por quienes ostentan título de dominio sobre el mismo de acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria, en este caso por ambos cónyuges, con independencia de si su disfrute es otorgado a un concreto copropietario y, por tanto, el pago de la hipoteca cuando ambos cónyuges son deudores y el bien les pertenece, no puede ser impuesta a uno solo de ellos, sino que debe ser relacionado y resuelto de acuerdo con el régimen de bienes correspondiente a cada matrimonio, que en el caso es el de separación de bienes.
Según la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de 2006, la noción de cargas del matrimonio debe identificarse con la de sostenimiento de la familia, debiendo ser atendidas tales cargas por ambos cónyuges en cuanto abarcan todas las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado por uno de los cónyuges para la atención de los hijos comunes (artículo 103.3.ª del Código Civil).
Pero no cabe considerar como cargas del matrimonio en caso de divorcio los gastos generados por ciertos bienes que, aun siendo de carácter común, no son bienes del matrimonio, pues en el año 2004 otorgaron los esposos la correspondiente escritura de capitulaciones matrimoniales y se acogieron al régimen de separación de bienes y la vivienda familiar que está gravada con la hipoteca la adquirieron por compra en el año 2006.
En consecuencia, la normativa aplicable a tal bien era la propia del régimen general de la copropiedad y, en concreto, el artículo 393 del Código Civil, que establece que el concurso de los partícipes en las cargas será proporcional a sus respectivas cuotas, que se presumen iguales (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de marzo de 2013).
Publicado en Opinión, Sentencias	| Etiquetado hipotecas, separación y divorcio	| Deja una respuesta | 18 Marzo, 2014 by consultasderecho