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Timestamp: 2018-09-25 07:58:48
Document Index: 303838290

Matched Legal Cases: ['artículo 340', 'artículo 345', 'artículo 467', 'artículo 442', 'artículo 337', 'artículo 14', 'artículo 340', 'artículo 19', 'artículo 277', 'artículo 111']

﻿ Sentencia SP13938 de octubre 15 de 2014
SENTENCIA SP13938-2014 DE 15 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS. LOS DELITOS DE CONCIERTO PARA DELINQUIR Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS NO PUEDEN CONFUNDIRSE CON LA REBELIÓN, PUES AMPARAN BIENES JURÍDICOS DISTINTOS, ESTO ES, LA SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL PRIMER CASO, Y EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL, EN EL SEGUNDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CONCIERTO PARA DELINQUIR, TERRORISMO, REBELIÓN, DELITO, CÓDIGO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:518 DE FEBRERO DE 2015, PÁG.236
Sentencia SP13938 de octubre 15 de 2014
Rad.: 41253
Aprobado Acta 337
La Ley 906 de 2004 no consagra la causal de casación relacionada con la incongruencia entre la acusación y la sentencia, que está expresamente prevista en la Ley 600 de 2000 y en otras codificaciones, pero es indiscutible que cuando el juez profiere un fallo desconociendo los parámetros de la acusación, afecta las reglas del debido proceso en su estructura básica y las garantías debidas a las partes, por lo que el yerro es demandable por vía de la causal segunda (L. 906, art. 181).
Es que, la formulación de acusación materializa la pretensión punitiva del Estado y, por consiguiente, contiene los límites —fáctico y jurídico— dentro de los que puede desarrollarse la correspondiente acción, que se reflejan esencialmente en el principio de congruencia, mismo que procura la salvaguarda del derecho de defensa, evitando que al procesado se le sorprenda con una sentencia ajena a los cargos formulados de los cuales, por supuesto, no se defendió.
En extenso estudio referido a la evolución del principio en cuestión y los orígenes de la norma que ahora lo consagra en la Ley 906 de 2004, la Sala refirió(1):
Esto es así porque la congruencia tiene que ser entendida como parámetro de racionalidad en la relación que debe existir entre acusador y fallador pues lo ejecutado por el primero limita las facultades del segundo; y ello tiene que ser así porque siendo la Fiscalía General de la Nación quien a nombre del Estado ejerce la titularidad de la acción penal, los jueces no pueden ir más allá de lo propuesto como elementos fácticos y jurídicos de la acusación. Esto equivale a decir que los jueces no pueden derivar consecuencias adversas para el imputado o acusado, según sea el caso, ni de los elementos que no se derivan expresamente de los hechos planteados por la Fiscalía ni de los aspectos jurídicos que no hayan sido señalados de manera detallada y específica por el acusador so pena de incurrir en grave irregularidad que deslegitima e ilegaliza su proceder; dicho en forma simple: el juez solamente puede declarar la responsabilidad del acusado atendiendo los limitados y precisos términos que de factum y de iure le formula la Fiscalía, con lo cual le queda vedado ir más allá de los temas sobre los cuales gira la acusación(2).
La congruencia se debe predicar, y exigir, tanto de los elementos que describen los hechos como de los argumentos y las citas normativas específicas. Esto implica (i) que el aspecto fáctico mencionado en la acusación sí y solo sí es el que puede ser tenido en cuenta por el juez al momento de dictar sentencia. Si la prueba demuestra que los hechos no se presentaron como los relata la Fiscalía en el escrito de acusación, al juez no le quedará otro camino que el de resolver el asunto de manera contraria a las pretensiones de la acusadora; y, así mismo, (ii) la acusación debe ser completa desde el punto de vista jurídico (la que, en aras de la precisión, se extiende hasta el alegato final en el juicio oral), con lo cual se quiere significar que ella debe contener de manera expresa las normas que ameritan la comparecencia ante la justicia de una persona, bien en la audiencia de imputación o bien en los momentos de la acusación, de modo que en tales momentos la Fiscalía debe precisar los artículos del Código Penal en los que encajan los hechos narrados, tarea que debe hacerse con el debido cuidado para que de manera expresa se indiquen el o los delitos cometidos y las circunstancias específicas y genéricas que inciden en la punibilidad.
“Necesario es señalar, en pos de consolidar una línea jurisprudencial sólida frente a tal temática, que con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, la Sala ha superado la tesis, en su momento reinante sobre el denominado principio de congruencia estricto(3), para abrir paso a una postura morigerada frente a las facultades del juez en la sentencia(4)” (negrillas fuera de texto).
“La doctrina de la Corte ha entendido que debe existir congruencia entre la acusación y la sentencia en los términos previstos por el art. 448 del Código de Procedimiento Penal, en su doble connotación fáctica y jurídica, siendo posible, de manera excepcional, que el juez se aparte de la exacta imputación jurídica formulada por la Fiscalía, en la medida que la nueva respete los hechos y verse sobre un delito del mismo género y el cambio de calificación se oriente hacia una conducta punible de menor o igual entidad, siempre y cuando además se respete el núcleo fáctico de la acusación, así por ejemplo en CSJ SP, 27 Jul. 2007, rad. 26468 de 2007, CSJ SP, 3 Jun. 2009, 28649/09, CSJ AP. 7 Abr.
Resulta evidente que en este asunto no concurren todos los presupuestos anteriores, porque la Fiscalía anunció los mismos aspectos fácticos e idénticas definiciones jurídicas, desde la audiencia de formulación de imputación y las conservó en el escrito de acusación, en la formulación acusación —cuando incluso frente a una solicitud del Ministerio Público para que variara la calificación de concierto para delinquir por la de rebelión, respondió que decidía “mantener incólume el contenido de la acusación (…)”— y en los alegatos conclusivos; postura que no modificó en lo más mínimo al sustentar el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia.
Valga decir que la Fiscalía siempre aseguró que la procesada se dedicaba a la “venta y distribución de la revista resistencia internacional” y a realizar propaganda, “(…) evidenciándose el desarrollo de actividades a favor de la organización terrorista desde España, relacionados (sic) con la búsqueda de recursos( …), al igual que la acusó por adelantar actividades (…) especialmente en España y en consecuencia el acuerdo de voluntades directo entre la imputada y los integrantes de la organización terrorista de las Farc para la comisión de delitos que giran en torno a la financiación de una organización considerada y declarada como terrorista (…)” y adecuó esos comportamientos a las conductas punibles de administración de recursos relacionados con actividades terroristas y concierto para delinquir agravado, definidos en el Código Penal, artículos 345 (mod. L. 1121/2006, art. 16), concretamente por promover, apoyar, financiar, recolectar, aportar, recibir, administrar y organizar; y, 340, inciso 2º, (mod. L. 1121/2006, art. 19), este en consideración a que el concierto tenía la finalidad de administrar recursos relacionados con actividades terroristas.
Y, si bien la Sala en anteriores oportunidades consideró que el ente instructor debía solicitar de manera expresa la condena por un delito distinto al formulado en la acusación, lo cierto es que en la providencia CSJ SP, 16 mar. 2011, Rad. 32685, esta corporación precisó que esa exigencia merecía “(…) ser modificada en el sentido que los jueces de instancia se pueden apartar de la imputación jurídica formulada por la fiscalía hacia una degradada, siempre y cuando la conducta delictiva que se estructura en esta etapa procesal no obstante constituir una especie distinta a la prevista en la acusación, esté comprendida dentro del mismo género, comparta el núcleo fáctico y la nueva atribución soportada en los medios de prueba sea más favorable a los intereses del procesado (…)”.
Es indiscutible que la nueva calificación jurídica adoptada por el Tribunal versa sobre un delito para el que se consagra una sanción menor, empero corresponde a un género distinto, porque el concierto para delinquir y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas, forman parte del título XII del Código Penal “Delitos contra la seguridad pública”, al paso que la rebelión corresponde al título XVIII ídem “Delitos contra el régimen constitucional y legal”.
Entonces, aun cuando los jueces pueden apartarse de la imputación jurídica, es claro que tal evento solo tiene cabida cuando se trate de variar la calificación por otro delito del mismo género y de menor entidad, “(…) entendiéndose que aquel [mismo género] no se circunscribe de manera exclusiva y excluyente a la denominación específica de que se trate, sino que por el contrario hace apertura en sus alcances hacia la denominación genérica, valga decir, hacia un comportamiento que haga parte del mismo nomen iuris (…)”(5).
Leyla Yolima Ordóñez Mera —se insiste— fue llamada a responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
Los tipos penales que definen esas conductas (L. 599/2000 arts. 340 y 345), amparan el bien jurídico de la seguridad pública y cada uno se refiere a un ámbito específico de protección que impide confundirlos entre sí y con otros tipos penales, como el de rebelión (L. 599/2000 art. 467. “De los delitos contra el régimen constitucional y legal”).
Pues bien, el artículo 340 del Código Penal, señala que se incurre en concierto para delinquir “Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos” y que la pena prevista para esa conducta se incrementa “Cuando el concierto sea para cometer delitos de (…) administración de recursos relacionados con actividades terroristas (…)”, entre otros.
Por su parte, el artículo 345 ibídem, dispone que quien “(…) directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas (…)”, incurre en financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
De otro lado, la conducta punible de rebelión está definida en el artículo 467 del Código Penal en los siguientes términos: “Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión (…)”.
Con prescindencia de que el elemento normativo “empleo de las armas” se entienda literalmente como el acto de empuñar las armas con los propósitos mencionados; o que esa expresión abarque conductas como las de desarrollar labores de reclutamiento, adoctrinamiento, capacitación, financiamiento, ideología, planeación, milicia urbana o rural, comunicaciones, publicidad, infiltración, asistencia médica, logística, aprovisionamiento de armas, medicamentos, víveres, ropa, uniformes, celulares, etc., como lo ha explicado esta corporación, lo cierto es que ni ese aspecto ni los que aluden al derrocamiento del Gobierno Nacional, o a la supresión o modificación del régimen constitucional o legal vigentes, fueron objeto de debate y controversia durante el juicio oral.
A diferencia de lo que sostuvo el delegado de la Fiscalía en esta sede, es muy distinto que en la acusación le atribuyera a la procesada haberse concertado con otros para cometer delitos de administración de recursos relacionados con actividades terroristas y la efectiva gestión de esos recursos —por los que fue absuelta en primera instancia— a que el Tribunal argumente que esos comportamientos no tuvieron ocurrencia, porque —desde su particular perspectiva— lo que fácticamente se imputó y se debatió fue el empleo de las armas con la pretensión de derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente.
[S]ería del todo improcedente disponer la nulidad de lo actuado desde la audiencia de imputación, para que la fiscalía adoptara una nueva calificación jurídica, pues ello equivaldría a revivir etapas procesales ya superadas y a brindarle una segunda oportunidad al ente acusador para iniciar una vez más un trámite enjuiciatorio ya agotado, encaminado a corregir su incapacidad para llevarle al juez de conocimiento el convencimiento necesario para sustentar la materialidad de la conducta punible sobre la cual edificó su acusación, cuando dicha imputación la hubiera podido reorientar dentro de la misma actuación. En otras palabras, una nulidad en tal sentido equivaldría a permitir a la fiscalía que, ante su fracaso en demostrar los fundamentos de su pretensión, le asiste —luego de agotado el trámite procesal— una nueva oportunidad de encaminar su acusación, alternativa que no es posible por cuanto las etapas y los términos procesales se rigen por el principio de preclusión y, además, es evidente que en este caso no se configura ninguna de las causales que permitan la invalidación del juicio(6).
2. CONFIRMAR, por los motivos expuestos, el fallo de primera instancia en virtud del cual se absolvió a Leyla Yolima Ordóñez Mera.
3. CANCÉLENSE, por parte de la secretaría de la Sala de Casación Penal, las órdenes de captura emitidas en contra de la señora Ordóñez Mera y, por parte del fallador de primera instancia, líbrense las comunicaciones de ley.
(1) CSJ SP, 25 abril 2007, Rad. 26309.
(2) En el mismo sentido CSJ SP, 28 feb. 2007, Rad. 26087.
(3) “(…) la jurisprudencia de la Sala ha acogido lo que podría denominarse como el principio de congruencia estricto, bajo el entendido que el juez no puede condenar por conducta punible diferente a aquella por la que se acusó, ni siquiera para favorecer al implicado, al paso que, para el fiscal la congruencia es flexible o relativa, en tanto que puede pedir condena por delitos diferentes al de la acusación siempre que la nueva calificación se ajuste a los hechos y sea favorable para el acusado” Cfr. Sentencia del 27 de julio de 2007. Rad. 26468.
(4) Cfr. CSJ SP, 7 sep. 2011. Rad. 35293.
(5) CSJ SP, 16 mar. 2011, Rad. 32685.
(6) CSJ SP, 3 jun. 2009, Rad. 28649.
Es necesario anotar, sin embargo, que desde la SP, 27 de jul. de 2007, rad. 26468, la Sala viene admitiendo la posibilidad de variar en el fallo la calificación jurídica atribuida en la acusación, es decir, condenar por un delito distinto al contemplado en esta.
Sobre el particular, se señaló en la reseñada decisión que el fiscal bien puede “solicitar condena por un delito de igual género pero diverso a aquel formulado en la acusación —siempre, claro está, de menor entidad—, o pedir que se excluyan circunstancias de agravación, siempre y cuando —en ello la apertura no implica una regresión a métodos de juzgamiento anteriores— la nueva tipicidad imputada guarde identidad con el núcleo básico de la imputación, esto es, con el fundamento fáctico de la misma, pero además, que no implique desmedro para los derechos de todos los sujetos intervinientes” y sin que además no se haga más gravosa la situación del acusado.
1) Que obre solicitud expresa del respectivo fiscal.
2) Que el nuevo delito corresponda a uno del mismo género del contemplado en la acusación.
3) Que el cambio recaiga sobre un punible de igual o menor entidad.
4) Que se conserve el núcleo fáctico de la imputación. Y
5) Que no se afecten los derechos de los demás intervinientes.
“Si bien en el precedente citado por el defensor de Nelson Enrique Galvis Rojas(2), la Corte consideró que en la sistemática prevista en la Ley 906 de 2004 el juez puede condenar al acusado por un delito distinto al formulado en la acusación, siempre y cuando (i) el ente acusador así lo solicite de manera expresa, (ii) la nueva imputación verse sobre una conducta punible del mismo género, (iii) la modificación se debe orientar hacia un delito de menor entidad, (iv) la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación, y (v) no se debe afectar los derechos de los sujetos intervinientes, aquella primera exigencia merece ser modificada en el sentido que los jueces de instancia se pueden apartar de la imputación jurídica formulada por la fiscalía hacia una degradada, siempre y cuando la conducta delictiva que se estructura en esta etapa procesal no obstante constituir una especie distinta a la prevista en la acusación, esté comprendida dentro del mismo género, comparta el núcleo fáctico y la nueva atribución soportada en los medios de prueba sea más favorable a los intereses del procesado” (se resalta, en esta oportunidad).
“Necesario es señalar, en pos de consolidar una línea jurisprudencial sólida frente a tal temática, que con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, la Sala ha superado la tesis, en su momento reinante sobre el denominado principio de congruencia estricto(3), para abrir paso a una postura morigerada frente a las facultades del juez en la sentencia(4):
‘(…) Ahora, si bien el principio de congruencia impide al juez, cuando dicta el fallo, modificar completamente la denominación jurídica de los hechos, ello no es óbice para degradar la conducta a favor del procesado; por ejemplo, tomando en cuenta circunstancias que redunden en beneficio del procesado, atenuantes específicas o genéricas, o incluso condene por una ilicitud más leve, siempre y cuando no se afecten los derechos de los demás intervinientes’”.
“Lo expuesto en manera alguna implica sostener que, de acuerdo con lo acreditado en la fase probatoria del juicio, el juez no se halle facultado para condenar por un delito de menor entidad al imputado por la Fiscalía, para excluir circunstancias genéricas o específicas de agravación punitiva o para reconocer cualquier clase de atenuante genérica o específica que observe configurada, es decir, variar a favor del acusado la calificación jurídica de la conducta específicamente realizada por la Fiscalía, pero respetando siempre el núcleo fáctico de la acusación objeto de controversia en el juicio oral, como la Corte ha tenido ocasión de reiterarlo (…)”.
“(…) la doctrina de la Corte ha entendido que debe existir congruencia entre la acusación y la sentencia en los términos previstos por el art. 448 del Código de Procedimiento Penal, en su doble connotación fáctica y jurídica, siendo posible, de manera excepcional, que el juez se aparte de la exacta imputación jurídica formulada por la Fiscalía, en la medida que la nueva respete los hechos y verse sobre un delito del mismo género y el cambio de calificación se oriente hacia una conducta punible de menor o igual entidad, siempre y cuando además se respete el núcleo fáctico de la acusación, así por ejemplo en CSJ SP, 27 Jul. 2007, rad. 26468 de 2007, CSJ SP, 3 Jun. 2009, 28649/09, CSJ AP. 7 Abr. 2011, rad. 35179 de 2011 y CSJ SP, 24 Jul. 2012, rad. 32879”.
Es decir, en la sentencia del 27 de julio de 2007 se optó por establecer, para el caso de los procesos seguidos bajo la ritualidad regulada en la Ley 906 de 2004, la misma restricción que la jurisprudencia había impuesto con ocasión de la vigencia del Decreto 2700 de 1991. Sin embargo, no se advirtió que frente a este último se procedió en ese sentido porque la resolución de acusación, conforme al requisito previsto en su artículo 442, numeral 3º, debía contener “la calificación jurídica provisional, con señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente al Código Penal” (resalta la Sala).
Exigencia de esa índole, empero, no está establecida en la Ley 906 de 2004, que solo demanda, según el mandato del artículo 337, numeral 2, expresar en el escrito de acusación “una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible”.
Sobre el particular, no debe olvidarse que en la sistemática regulada en la Ley 906 de 2004 la calificación jurídica realizada por la Fiscalía también es provisional, según así lo ha dicho, igualmente, esta corporación, adquiriendo el carácter de definitiva solo aquella consignada en el fallo. En ese sentido se pronunció en el AP, 3 de jul. de 2013, rad. 33790, cuando expresó la Sala:
En este sentido no puede dejarse de considerar que solo al término del debate probatorio resulta posible afirmar que la calificación jurídica de la conducta es definitiva, toda vez que son los hechos que en el curso del juicio se lograron demostrar por las partes, los que le permiten al juez cumplir con su función constitucional de prodigar justicia, verificando si la adecuación típica propuesta por la Fiscalía como fundamento de la solicitud de condena, coincide o no con lo acreditado en el juicio, y realizando la tipificación definitiva según lo que declare probado en él, a fin de aplicar las correspondientes consecuencias jurídicas”.
Dicho supuesto fáctico la Fiscalía consideró que se enmarcaba en el tipo penal denominado financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y además en el de concierto para delinquir. Esos mismos hechos, sin embargo, el Tribunal de Bogotá los adecuó con acierto en el delito de rebelión, pues, como ha tenido oportunidad de expresarlo la Corte, este último no solo lo comete quien es combatiente, porta armas y se enfrenta a la Fuerza Pública, sino todo aquel que, comprometido con el ideario político de la organización alzada en armas, realiza actividades idóneas para el mantenimiento, fortalecimiento y funcionamiento de dicha agrupación.
Precisó la Sala en aquella oportunidad, cuando varió la forma de participación en la imputación por rebelión, que no es autor solamente el promotor armado en el conflicto, pues cuando se trata de organizaciones complejas —reconocidas como aparatos de poder u organizaciones de poder estructuradas, jerárquicamente afianzadas, con división de tareas, etc.—, a los actores que hacen parte del ala política, de la estructura económica y financiera del grupo (dedicados a labores de planeación, instrucción, adoctrinamiento, apoyo económico, financiero, publicidad, relaciones internacionales, infiltración, suministro, asistencia médica, logística), también se les considera autores del delito, en la medida que la naturaleza del aporte es fundamental en el éxito de la misión ilícita. En suma, porque financiar la rebelión es de la esencia de la coautoría”.
De otra parte, la rebelión comporta un punible de menor entidad respecto del de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas e, incluso, del de concierto para delinquir con fines terroristas. Obsérvese cómo mientras el primero de ellos, considerando el aumento de pena ordenado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, está sancionado con prisión de 8 a 13.5 años y multa de 133,33 a 300 salarios mínimos legales mensuales (C.P., art. 467), el segundo tiene prevista prisión de 13 a 22 años y multa de 1.300 a 15.000 salarios de la misma especie (C.P., art. 347, modificado por L. 1121/2006, art. 16). Por su parte, el inciso segundo del artículo 340 del estatuto punitivo, modificado por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, reprime el concierto para delinquir con fines terroristas con prisión de 8 a 18 años y multa de 2.700 a 3.000 salarios de la naturaleza en mención.
Como bien lo destaca el Procurador Delegado, entre las funciones que la Constitución Política atribuye al Ministerio Público está la prevista en el numeral 7 de su artículo 277, a cuyo tenor el Procurador General de la Nación por sí o por medio de sus delegados puede “(i)ntervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”.
Esta corporación se ha referido a las funciones que ostenta el Ministerio Público en el marco del sistema penal acusatorio contemplado en la precitada Ley 906 de 2004, y es así como en SP, 5 de oct. de 2011, rad. 30592 señaló que se trata de un “órgano propio” al cual dicha normativa lo autoriza hacer presencia dentro del proceso penal “para convalidar o legitimar los actos que afectan las garantías fundamentales; faculta su intervención frente a la disposición y el ejercicio de la acción penal; permite su participación activa en la realización de las audiencias; le concede cierta participación en la dinámica probatoria; le encomienda de manera especial y específica la protección de los intervinientes procesales; le otorga capacidad de injerencia en lo relacionado con la privación de la libertad; le encarga la protección de la legalidad de las decisiones judiciales; y, lo erige como garante de la imparcialidad, de la independencia judicial y del juez natural; para lo cual dispone frente a esos cometidos constitucionales de las acciones y recursos previstos en el ordenamiento” (se resalta, en esta oportunidad).
Más aún, no puede pasarse por alto que el artículo 111 de la Ley 906 de 2004 otorga al Ministerio Público, en desarrollo del Mandato Superior, la facultad para, como representante de la sociedad, solicitar condena o absolución de los acusados [numeral 2, literal b)]. Es claro que esa atribución comprende la de pedir condena por el delito que se adecúe realmente a los hechos imputados.
Solo así se podría materializar otra de las potestades que el precitado artículo defiere a dicho organismo, cual es “(p)rocurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la justicia” [numeral 1, literal c)], desde luego, sin afectar las garantías del procesado, pues no estaría dentro de sus facultades pretender la condena por un delito más grave al imputado en la acusación.
(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia junio 3 de 2009, radicado 28.649.
(3) “(…) la jurisprudencia de la Sala ha acogido lo que podría denominarse como el principio de congruencia estricto, bajo el entendido que el juez no puede condenar por conducta punible diferente a aquella por la que se acusó, ni siquiera para favorecer al implicado, al paso que, para el fiscal la congruencia es flexible o relativa, en tanto que puede pedir condena por delitos diferentes al de la acusación siempre que la nueva calificación se ajuste a los hechos y sea favorable para el acusado”. Cfr. Sentencia del 27 de julio de 2007. Radicación 26468.
(4) Cfr. sentencia del 7 de septiembre de 2011, radicación 35293.