Source: http://composi.info/informe-de-fondo-v3.html?page=9
Timestamp: 2020-02-29 07:15:06
Document Index: 10592916

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 57', 'Artículo 13', 'Artículo 57', 'artículo 57', 'e contrario', 'artículo 13', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 215', 'artículo 8', 'artículo 1']

El conocimiento del caso por la justicia penal militar
La diligencia en la investigación
Derecho a las garantías y la protección judicial (artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) en relación con la obligación de respetar los derechos humanos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículos 1.1 y 2 del mencionado instrumento) y artículo I.b) y IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
Los artículos de la Convención Americana referidos en el titular de la presente sección establecen lo siguiente:
El artículo 1.1 de la Convención establece
El artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece que los Estados partes en dicha Convención se comprometen a “sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo”.
Asimismo, el artículo IX de la CISDFP establece lo siguiente:
De la jurisprudencia interamericana resulta que, cuando se trata de la denuncia de la desaparición de una persona, existe un vínculo inescindible entre la respuesta estatal y la protección de la vida e integridad de la persona que se denuncia desaparecida. La naturaleza inmediata y exhaustiva de la respuesta estatal es independiente de si se trata de una posible desaparición de manos de particulares o de manos de agentes estatales. La Comisión reitera que cuando haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad274.
La Corte ha expresado que los Estados están obligados a proveer recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos (artículo 25), los cuales deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1) todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)275.
Así la Corte ha señalado que la obligación de investigar implica que una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos276, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales277. Este deber es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios278. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse279.
Además, en cuanto a la debida diligencia durante el desarrollo de la investigación, la Corte Interamericana ha establecido que “cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”280. A ese respecto, el Estado tiene que demostrar que ha realizado una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial281, la cual debe estar orientada a explorar todas las líneas investigativas posibles282. El Estado puede ser responsable por no “ordenar, practicar o valorar pruebas” que pueden ser fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos283.
La Comisión observa, además, que el estándar de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Masneva v. Ucrania a efectos de satisfacer la debida diligencia en la investigación cuando de los hechos surgen indicios de un homicidio causado por agentes estatales es que “la investigación no será efectiva a menos de que toda la evidencia sea propiamente analizada y las conclusiones consistentes y razonadas” 284.
La Corte ha establecido el deber del Estado de investigar los hechos mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte de la persona desaparecida y la necesidad de brindar un recurso sencillo y rápido para el caso, con las debidas garantías285. La Comisión recuerda en este sentido que los Estados deben garantizar el derecho a la verdad de la víctima o de sus familiares a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención286.
Finalmente, el derecho a conocer la verdad ha sido reconocido en diversos instrumentos de Naciones Unidas y por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)287. Por su parte, la Corte Interamericana ha determinado el contenido del derecho a conocer la verdad, en particular, en casos de desaparición forzada. En el caso Velásquez Rodríguez la Corte afirmó la existencia de un “derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos”288. En este tipo de casos se entiende que los familiares de la persona desaparecida son víctima de los hechos constitutivos de la desaparición forzada, al tratarse de una verdadera forma de tortura por la incertidumbre sobre su suerte y por la imposibilidad de darles asistencia legal, moral y material, lo que les confiere el derecho a que los hechos sean investigados y que los responsables sean procesados y, en su caso, sancionados289.
Tomando en cuenta los alegatos de las partes y los hechos establecidos en el presente caso, la Comisión analizará el cumplimiento de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial y el deber de investigar un supuesto de desaparición forzada de personas, en el siguiente orden: 1. El conocimiento del caso por la justicia penal militar; 2. La diligencia en la investigación; y 3. El plazo razonable.
La Comisión recuerda que los fueros especiales, como la justicia penal militar, deben tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminados a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a la propia entidad. Así, la Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de analizar la estructura y composición de tribunales especiales, como los militares, a la luz de los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura. Algunos factores relevantes que justifican una aplicación restrictiva de la justicia militar son: i) el hecho de que sus integrantes sean oficiales en servicio activo y estén subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando; ii) el hecho de que su nombramiento no dependa de su competencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judiciales; y iii) el hecho de que no cuenten con garantías suficientes de inamovilidad. Esto ha llevado a la conclusión de que dichos tribunales carecen de independencia e imparcialidad para conocer de violaciones de derechos humanos290.
Tomando en consideración los anteriores criterios, tanto la Comisión como la Corte Interamericana se ha referido a la incompatibilidad de la Convención Americana con la aplicación del fuero penal militar a potenciales violaciones de derechos humanos, indicando lo problemático que resulta para la garantía de independencia e imparcialidad el hecho de que sean las propias fuerzas armadas las “encargadas de juzgar a sus mismos pares por la ejecución de civiles”291. De esta forma, tratándose de fueros especiales, como la jurisdicción militar, la Corte Interamericana ha señalado que sólo deben juzgar a personal militar activo “por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar” 292.
La actuación del fuero penal militar en este caso se dio con base en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el entonces vigente artículo 57 del Código de Justicia Militar, los cuales señalaban lo siguiente:
Artículo 13.- Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar.
Artículo 57.- Son delitos de la disciplina militar: […] II. Los del orden común o federal cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan:
a).- Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo; […] Cuando en los casos de la fracción II concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar.
Específicamente, en el presente caso, la jurisdicción militar ejerció competencia con base en lo dispuesto en esta norma del Código de Justicia Militar293 que extendía la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen relación con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense294. Al respecto la Comisión nota que el 13 de enero de 2010 la Agencia Séptima del Ministerio Público de la Federación declinó competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia Militar al considerar que de las constancias y diligencias que integraban la averiguación previa “se desprende la posible comisión del delito de abuso de autoridad en donde al parecer intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por lo que en virtud del artículo 57 II.a resulta competente la Procuraduría de Justicia Militar “295.
La investigación permaneció en la justicia militar hasta el 29 de diciembre de 2011, es decir por el lapso de un año y diez meses. Asimismo, la Comisión destaca que la declinatoria al fuero ordinario no obedeció a la naturaleza del delito sino a que en la justicia militar se determinó que no existían pruebas respecto de la participación de miembros del ejército en los hechos de la desaparición.
En el presente caso, al tratarse de un supuesto de desaparición forzada de personas, resulta evidente que los bienes jurídicos son ajenos a la justicia militar, por lo que la Comisión considera que la aplicación de la justicia militar al caso concreto resultó violatoria del derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia.
La CIDH estima innecesario examinar de forma pormenorizada las omisiones e irregularidades cometidas en el marco de la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia Militar. Lo anterior, debido a que el conocimiento de crímenes que acarrean violaciones de derechos humanos por parte de autoridades judiciales militares es per se contrario al derecho de las víctimas o sus familiares a ser oídos por un tribunal competente, independiente e imparcial296.
La Comisión observa además que la aplicación de la justicia militar al caso concreto se debió al marco normativo vigente al momento de los hechos, específicamente el artículo 13 de la Constitución y 57 del Código de Justicia Militar. Los órganos del sistema interamericano se han referido ya a la incompatibilidad de la aplicación del fuero militar dispuesta en dicha disposición del Código de Justicia Militar, con las obligaciones contenidas en la Convención Americana. En particular, en el caso Radilla Pacheco Vs. México, la Corte Interamericana señaló que:
el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar es una disposición amplia e imprecisa que impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado. La posibilidad de que los tribunales castrenses juzguen a todo militar al que se le imputa un delito ordinario, por el sólo hecho de estar en servicio, implica que el fuero se otorga por la mera circunstancia de ser militar. En tal sentido, aunque el delito sea cometido por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal castrense297.
En virtud de ello, la Corte ordenó que “[e]l Estado debe, en un plazo razonable, adoptar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”298. Dicha orden fue reiterada en tres casos posteriores respecto de México en los que constató la aplicación inconvencional del fuero penal militar, con base en el artículo 57.II.a) del Código de Justicia Militar299. En cumplimiento de lo anterior, el 13 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial la reforma a dicha normativa que establece que las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de civiles no pueden ser conocidos por la justicia militar.
Debido a que al momento en que los hechos del caso fueron conocidos por la justicia militar aún no se había efectuado esta reforma, la Comisión considera que el Estado incumplió con su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno en los términos del artículo 2 de la Convención.
En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que al mantener un marco normativo que permitió la aplicación de la justicia militar al presente caso, el Estado de México violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, específicamente el derecho a contar con una autoridades competentes, independiente e imparcial, conforme a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, así como de sus familiares conforme a los párrafos 59-61 del presente informe. Asimismo, la Comisión considera que el Estado incumplió las obligaciones derivadas del artículo IX de la CIDFP.
En primer lugar, la Comisión observa que el recurso de amparo interpuesto por José Angel Alvarado Favela el 6 de enero de 2010 no activó una búsqueda inmediata de las tres personas desaparecidas pues, conforme a su regulación para ese momento, dicho recurso fue rechazado por falta de ratificación de los propios interesados, esto es, las personas desaparecidas. En ese sentido, este recurso tanto en su regulación como en su aplicación, no constituyó un mecanismo efectivo para responder a una denuncia sobre posible desaparición forzada.
En cuanto a las investigaciones penales, la Comisión observa que a partir de los hechos se iniciaron múltiples investigaciones de manera simultánea. Así, los hechos del presente caso han sido conocidos, en casi seis años por al menos cinco entidades estatales con mandato para llevar a cabo investigaciones penales: la PGR, Delegación Chihuahua; la Procuraduría General de Justicia Militar; la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua; la PGR, FEVIMTRA; y finalmente la PGR en la causa concentrada desde 2013.
De lo anterior resulta que el Estado tardó más de tres años en determinar la entidad que, conforme a la naturaleza del caso, era la competente para efectuar la investigación penal. Esto no solamente revela la ausencia de coordinación entre las distintas entidades sino que implicó que gran parte de las actuaciones de las autoridades estatales, en las etapas más cruciales de la investigación, se relacionaran con las declinatorias de competencia, acumulaciones de causas y otras cuestiones formales, y no con la búsqueda de las víctimas desaparecidas con la inmediatez y exhaustividad que exige un caso como el presente.
La Comisión observa que el Estado ha descrito en términos numéricos la cantidad de testimonios, pruebas documentales, inspecciones, dictámenes periciales, entre otros, que se han practicado a lo largo de las investigaciones. Sin embargo, de un estudio integral de las mismas, la Comisión no ha podido identificar cuáles son las líneas de investigación específicas que se han seguido, cómo las autoridades estatales han determinado dichas líneas ni la manera en que las mismas se han conducido con la diligencia necesaria y han permitido establecer estrategias de búsqueda realmente vinculadas a los indicios de participación de agentes estatales que aparecieron desde el inicio de las investigaciones.
Así por ejemplo, si bien se han efectuado algunas diligencias concretas de búsqueda, la Comisión no encuentra que las mismas estuvieran ligadas a líneas de investigación serias y acordes con los indicios de participación del Ejército en los hechos. De hecho, con base en la revisión de todas las actuaciones disponibles, la Comisión no ha logrado identificar los elementos que llevaron a las autoridades estatales a la determinación de lugares de inspección como por ejemplo el lugar conocido como “tiro de mina” ni su posible relación con el presente caso.
Por el contrario, cuando se han intentado llevar a cabo diligencias vinculadas directamente con la posible presencia de las víctimas desaparecidas en el 35 Batallón de Infantería, las autoridades militares no han colaborado en la realización de dichas pruebas. La propia FEVIMTRA dejó constancia de esta situación. La Comisión destaca que la línea de investigación que vincula a personal del 35 Batallón de Infantería ha sido asumida de manera reciente en el marco de la investigación concentrada en la PGR, no obstante los indicios al respecto aparecieron desde las etapas tempranas de la investigación. Asimismo, tal como indicó el grupo de expertos internacionales, no se diseñó e implementó efectivamente una línea de investigación sobre el posible vínculo de los hechos con las investigaciones por lo sucedido a un grupo de policías federales. La Comisión destaca que las declaraciones de funcionarios estatales que apuntaban a dicho vínculo, fueron rendidas desde el inicio en el marco de la investigación en la justicia penal militar.
De otra parte, la Comisión observa que cuando han surgido elementos que requerían de una respuesta inmediata como la llamada presuntamente de Nitza Paola Alvarado Espinoza el 3 de febrero de 2010, las autoridades a cargo de la investigación demoraron injustificadamente la práctica de pruebas y el análisis de sus resultados, dejando sin perspectiva de efectividad cualquier respuesta sobre la procedencia de la llamada, la cual tuvo lugar largos meses después de que se denunció la misma y se limitó a concluir que se trató de una línea telefónica usada para fines extorsivos. Tampoco se determinó oportunamente la posición satelital del lugar del cual provino, lo cual, de haberse efectuado inmediatamente, hubiera podido arrojar información sobre el posible paradero de al menos una de las personas desaparecidas.
Otro aspecto que no fue investigado a profundidad y sobre el cual el Estado no ha aportado una explicación satisfactoria se relaciona con la camioneta de la cual habrían sido sustraídos José Ángel Alvarado Herrera y Nitza Paola Alvarado Espinoza. Es información no controvertida que dicha camioneta quedó bajo custodia estatal precisamente el día de la desaparición y que la misma fue devuelta a María de Jesús Alvarado Espinoza el 15 de febrero de 2015. A pesar de la relevancia del hecho de que la camioneta vinculada a la desaparición estuviere bajo custodia estatal, no se desarrolló una línea de investigación sobre cómo la camioneta llegó a los patios de la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte.
Adicionalmente, la Comisión observa que otro aspecto que ha obstaculizado el avance diligente de la investigación tiene que ver con las distintas calificaciones que han tenido los hechos en el marco de las múltiples investigaciones que se han iniciado. Así, a pesar de que desde las denuncias iniciales aparecían claramente elementos que permitían considerar la posible comisión de una desaparición forzada, los hechos fueron calificados en varias oportunidades y por varias entidades investigativas como “abuso de autoridad” o “privación ilegal de libertad”, siendo recién en mayo de 2012, dos años y medio después del inicio de la desaparición, que los hechos fueron calificados por primera vez como una posible desaparición forzada, lo que motivó una declinatoria de competencia al fuero federal. Sin embargo, en el fuero federal continuó investigándose bajo otros delitos, siendo muy recientemente que se ha retomado la calificación de lo sucedido como una posible desaparición forzada.
Sobre este punto, si bien corresponde a las autoridades internas establecer los tipos penales aplicables en el marco de sus competencias, puede ocurrir que calificaciones inadecuadas a nivel internos se constituyan en un factor de impunidad, o bien porque no responden a la gravedad de la conducta, o bien porque impide la investigación exhaustiva de todos los elementos constitutivos de una grave violaciones de derechos humanos. Es por ello que varios instrumentos internacionales relativos a graves violaciones de derechos humanos como la tortura o la desaparición forzada obligan a los Estados partes a tipificar adecuadamente en el marco de sus legislaciones internas los delitos respectivos. Esto implica que, cuando se tengan elementos para considerar que ha ocurrido un hecho de desaparición forzada, las investigaciones respectivas deben iniciarse bajo dicho tipo penal pues, de lo contrario, no se estarían investigando elementos tan esenciales de esta grave violación de derechos humanos como lo es el encubrimiento o la negativa a dar información.
La Comisión considera que la falta de identificación y consistencia, desde el inicio de las investigaciones, de los hechos denunciados como una posible desaparición forzada, tuvo un impacto en la manera en que se desplegó la investigación y en la asignación equivocada de competencias durante años, afectando la diligencia e inmediatez requerida en estos casos. La Comisión observa que este tema continúa siendo materia de debate en las investigaciones internas. En efecto, si bien, el 31 de marzo de 2014 la Fiscalía presentó una orden de aprehensión en contra de un elemento del ejército, el Juez que conoció de dicha solicitud la denegó por considerar que no se acreditó el tercero de los elementos del delito de desaparición forzada previsto por el artículo 215-A. La Comisión nota que la PGR llamó la atención respecto a que el titular del órgano jurisdiccional que denegó la orden de aprehensión analizó un expediente de más de once mil fojas en menos de 24 horas.
Finalmente, la Comisión observa que tampoco se han investigado diligentemente las amenazas recibidas por parte de la familia Alvarado, las cuales han sido denunciadas oportunamente. Al menos dos han sido graves amenazas de muerte y, por sus contenidos, las mismas parecieran vincularse con la participación de miembros de la familia en la búsqueda de sus seres queridos y en la lucha por la obtención de justicia. La Comisión observa que la fuente de dichas amenazas no ha sido esclarecida hasta el momento y que tampoco se han vinculado como posibles elementos relevantes en las investigaciones sobre la desaparición de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes.
Todos los anteriores elementos, tomados en su conjunto, permiten concluir que el Estado no ha investigado los hechos del presente caso con la debida diligencia, en violación de los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, así como de sus familiares conforme a los párrafos 59 al 61 del presente informe.
El artículo 8.1 de la Convención Americana establece, como uno de los elementos del debido proceso, que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. Según los términos de dicha norma, la Comisión tomará en consideración, a la luz de las circunstancias concretas del caso, los elementos que los órganos del sistema interamericano han tomado en cuenta, a saber: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; y iii) la conducta de las autoridades judiciales; y iv) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso 300. La Corte Interamericana ha establecido que una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales301, por lo cual, corresponde al Estado exponer y probar la razón por la cual se ha requerido más tiempo del razonable para dictar sentencia definitiva en un caso particular302.
Desde que el Estado tomó conocimiento de los hechos del caso mediante la denuncia de los familiares al día siguiente de la desaparición hasta la fecha, han transcurrido 5 años y 10 meses.
En cuanto al primer elemento, el caso puede entenderse, en principio, complejo. La Comisión recuerda que aún en casos que puedan considerarse complejos por su propia naturaleza, resulta necesario que el Estado en cuestión argumente específicamente las razones por las cuales la complejidad ha afectado concretamente las investigaciones. La Comisión considera que ello no ha sucedido en el presente caso. De la revisión de los expedientes con que cuenta la Comisión resulta que no fue la complejidad la que ha provocado que a la fecha se haya identificado tan sólo a un posible responsable de manera muy reciente, no se hubieran esclarecido los hechos ni impuesto las sanciones respectivas. Por el contrario, como fue descrito en la sección anterior, el caso ha sido conocido por múltiples autoridades quienes se han trasladado durante años la competencia y muchos de los elementos que podrían haber generado el diseño e implementación de líneas de investigación que vinculaban a agentes estatales, surgieron desde el inicio sin que se les diera adecuado seguimiento.
En cuanto a la actuación de las autoridades estatales, la Comisión reitera las múltiples falencias descritas en la sección relativa a la debida diligencia. Además, la Comisión observa que existieron varios periodos de inactividad, sin que los mismos hayan sido justificados específicamente por parte del Estado. Así por ejemplo, en el año 2012 solamente se registraron diligencias entre el 3 de enero de y 9 de febrero de 2012, y no tiene información respecto a si se realizaron diligencias adicionales durante todo ese año. La Comisión resalta también en este punto lo ya indicado en el sentido de que autoridades en el marco de la justicia penal militar obstaculizaron en varias oportunidades la práctica de prueba relacionada la posible responsabilidad del Ejército en los hechos. Por su parte, y no obstante en un caso como el presente el deber de investigar corresponde de oficio al Estado, la Comisión observa que los familiares y testigos han contribuido activamente rindiendo declaraciones en las investigaciones judiciales. Asimismo, sus representantes legales han dado seguimiento e impulso a la investigación.
En virtud de los anteriores consideraciones, la Comisión concluye que el Estado ha incumplido la garantía de plazo razonable en la investigación de los hechos del presente caso, en violación de los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, así como de sus familiares conforme a los párrafos 57 – 59 del presente informe. Asimismo, la Comisión concluye que el Estado incumplió su obligación de investigar derivada del artículo I.b) de la CIDFP.