Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-01493-de-enero-21-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8bc167ce499fa0b6e0430a010151a0b6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-20 09:20:21
Document Index: 414315058

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 19', 'artículo 7', 'artículo 44', 'artículo 6', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 87', 'artículo 9', 'artículo 44', 'Artículo 19', 'Artículo 7', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 2', 'Artículo 11', 'Artículo 15', 'Artículo 21']

﻿ Sentencia 2008-01493 de enero 21 de 2010
SENTENCIA 2008-01493 DE 21 DE ENERO DE 2010
CONTENIDO:GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON LA PROHIBICIÓN DE VENTA, UTILIZACIÓN, MANIPULACIÓN O COMPRA DE PÓLVORA Y/O ELEMENTOS PIROTÉCNICOS, FUEGOS ARTIFICIALES POR PARTE DE MENORES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, GUARDIAN DE LA ACTIVIDAD PELIGROSA, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, derechos del niño
Sentencia 2008-01493 de enero 21 de 2010
Rad.: 25000-23-15-000-2008-01493-01(AC)
Actor: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Bogotá, D.C., veintiuno de enero de dos mil diez.
Decide la Sala la impugnación formulada por los municipios de Villa del Rosario (Norte de Santander), Guamal (Meta), El Bagre (Antioquia), La Apartada (Córdoba) y San Fernando (Bolívar) contra la sentencia de 27 de enero de 2009 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “A”, que decidió:
“1. TUTELAR los derechos de los niños a la vida e integridad física, en relación con los siguientes municipios (...) (confrontar lista que se encuentra en los folios 40 y 41).
2. En consecuencia, se dispondrá que los citados municipios, en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente tutela, desarrollen las siguientes actividades y todas aquellas que ellos consideren necesarias: i) Se expidan los actos administrativos que correspondan, a efectos de se de (sic) cumplimiento de la política legislativa adoptada mediante Ley 670 de 2001, (sic) Decreto Reglamentario 4481 de 2006, en especial los artículos 4º, 5º, 7º, 8º y 9º, en la finalidad de dar cumplimiento al artículo 44 de la Constitución Política donde se establece la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños entre ellos la vida, la integridad física y la salud, al igual que la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, en armonía con la disposición constitucional citada en el artículo 19(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Convención sobre los derechos del niño. ii) Desarrollen como mínimo una (1) campaña pedagógica dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la siguiente providencia en donde señalen los peligros de la manipulación de pólvora por menores de edad y las sanciones a los adultos responsables. iii) El Alcalde y las autoridades municipales que él convoque, realizará (sic) una campaña pedagógica a través de las diferentes instituciones, esto es (sic), Cuerpo de Bomberos, los diferentes colegios, las estaciones de policía, las entidades prestadoras de servicios de salud, las emisoras locales, periódicos y bandos de comunicación, a efectos de que ilustren a los ciudadanos acerca del manejo y uso de la pólvora y de la prohibición expresa de que esta sea manipulada por los niños so pena de las sanciones legales que deben ser conocidas por la ciudadanía en general, un (1) mes antes de la celebración de las fiestas patronales, religiosas y culturales y de otra índole que tengan el carácter de populares que se desarrollen en el municipio.
3. NEGAR la acción de tutela con relación a los demás municipios accionados que contestaron el escrito de tutela, por las razones expuestas en esta providencia, y que son los siguientes: (...) (confrontar lista que se encuentra en los folios 38 y 39).
4. Desvincular de la presente acción al Ministerio del Interior y de Justicia, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia (...)”.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) promovió acción de tutela, contra los alcaldes de los municipios del país en los que menores de edad se han lesionado por el uso de la pólvora, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la vida e integridad física de los niños, niñas y adolescentes (fls. 1 a 16 cdno. pppal.).
Los alcaldes accionados son (fl. 358 cdno. ppal.):
De los hechos narrados por el actor se advierten como relevantes los siguientes (fls. 1 a 10, cdno. ppal.):
El uso sin control de la pólvora, especialmente, en la época de fin de año y en las festividades de los municipios del país, ha producido graves accidentes para los menores de edad, que sufren lesiones, muchas de ellas irreversibles o fatales.
Según la información del Ministerio de la Protección Social, en el año 2008 se reportaron 162 casos de accidentes con pólvora, de los cuales 99 afectaron a menores de edad. Para 2007 la cifra fue mayor, pues, de 477 de casos, 247 involucraron a niños, niñas o adolescentes.
La Ley 670 de 2001, el Decreto Reglamentario 4481 de 2006 y el Código de la Infancia y la Adolescencia (L. 1098/2006) imponen sanciones a los representantes legales de menores que les permiten el uso de pólvora, fuegos pirotécnicos y globos, entre otros artículos inflamables.
El ICBF ha adelantado campañas para prevenir a la comunidad sobre los riesgos que corren los niños cuando manipulan pólvora. Empero, estas no han sido suficientes, pues, aún acontecen accidentes con artículos pirotécnicos.
Como el uso de la pólvora es una costumbre que hace parte de arraigadas tradiciones culturales en el país, es necesario que se restrinja su manipulación a expertos y, que se impida a los menores el acceso a ella. Para alcanzar este objetivo, es imperioso que las autoridades locales prohíban la venta y distribución de pólvora.
Aunado a lo anterior, se requiere que los accionados impulsen campañas de educación masivas con la colaboración de los medios de comunicación; hacer más drásticas las sanciones a los padres de los niños que resulten quemados por pólvora; implementar mecanismos de control a los “polvoreros”, tales como credenciales y permisos otorgados por las autoridades locales y; la inspección y vigilancia de dichas autoridades cuando se presenten espectáculos con juegos pirotécnicos.
La Corte Constitucional ha desarrollado la teoría del “estado de cosas inconstitucionales”, para instar a las autoridades administrativas a que diseñen políticas públicas para contrarrestar circunstancias que afectan a sectores importantes de la población o, que vulneran sistemáticamente derechos fundamentales.
Sostiene el actor que, con base en esta teoría, el juez constitucional debe intervenir en procura de la protección de los menores de edad, que por falta de prohibición del uso de la pólvora en algunos municipios, han sufrido accidentes por la manipulación de este elemento explosivo (fls. 1 a 9).
Para proteger los derechos a la vida e integridad física de los niños, niñas y adolescentes, el accionante solicitó que se ordenara a los alcaldes distritales y municipales prohibir la venta, utilización, manipulación o compra de pólvora y/o elementos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos.
Demandó que se restringiera la quema en vías públicas, zonas residenciales o comerciales, de llantas; alambres y; muñecos de cualquier material que contengan pólvora, fuegos artificiales o elementos que causen combustión. De manera que el uso de estos artículos quede a cargo de adultos especializados en su manipulación (fl. 299, cdno. ppal.).
Trámite procesal en primera instancia
El a quo, por auto de 15 de enero de 2009, accedió a la solicitud de medida provisional del accionante. Conforme al artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, ordenó a los alcaldes accionados desarrollar la actuación administrativa o policiva correspondiente para prohibir la venta y manipulación de pólvora a menores de edad, en los términos de la Ley 670 de 2001 y de los artículos 4º, 5º, 7º, 8º y 9º del Decreto 4481 de 2006
El Tribunal fundamentó la medida en el artículo 44 de la Constitución Política. Esta norma consagra la primacía de los derechos fundamentales de los niños y, el deber del Estado y de la sociedad de proteger la integridad física y la salud de aquellos (fls. 360 a 378, cdno. ppal.).
1. Municipio de Puerto Nariño. El alcalde informó que por Decreto 062 de 22 de diciembre de 2008, del que anexó copia, suspendió la expedición de permisos ocasionales para el comercio, expendio, utilización y empleo de juegos pirotécnicos y globos alimentados por fuego.
Se comprometió a realizar campañas y, a convocar a las autoridades municipales para que a través del Cuerpo de Bomberos, las instituciones educativas, la estación de policía y las entidades prestadoras de servicios de salud, se ilustre a la ciudadanía sobre los peligros del manejo y uso de la pólvora.
2. Municipio de San Juan de Urabá. El alcalde informó que por Decreto 145 de 19 de octubre de 2008, del que anexó copia, prohibió el transporte, venta y uso de la pólvora. Agregó que difundió la medida a través de la estación de la Policía y de los presidentes de las juntas de acción comunal de los seis corregimientos del municipio.
Sostuvo que no hubo casos de accidentes por manipulación de pólvora.
3. Municipio de Vigía del Fuerte. El alcalde manifestó que, por Decreto 136 de 30 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el uso de pólvora y de cualquier otro material que cause daños corporales a los niños, niñas y adolescentes durante las festividades navideñas, festejos populares, encuentros deportivos, culturales y/o cualquier actividad que genere celebración pública o privada.
Solicitó que se archivara la tutela por carencia actual de objeto, pues dictó las disposiciones que demanda el actor.
4. Municipio de Santa Fe de Antioquia. El alcalde informó que en el municipio no se han presentado accidentes con pólvora como resultado de las campañas adelantadas durante las festividades de fin de año. Solicitó que se tenga como cumplido el objetivo de la tutela por la administración.
5. Municipio de El Santuario. El Alcalde señaló que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 670 de 2001, profirió el Decreto 191 de 21 de noviembre de 2008, del que anexó copia, en el que adoptó medidas para controlar el transporte, comercialización y uso de la pólvora.
6. Municipio de Olaya. El Alcalde informó que desde hace varios años la Administración expidió decretos de prohibición del uso, venta, fabricación y manipulación de pólvora. Anexó copia del Decreto 048 de 24 de diciembre de 2008, e, informó que no se han presentado accidentes por el uso indebido de artículos pirotécnicos.
7. Municipio de Itagüí. El apoderado del municipio informó que el alcalde tomó las medidas necesarias para proteger a la población infantil. Destacó la expedición de los Decretos 1232 de 2008 y 115 de 20 de enero de 2009, que reglamentaron la fabricación, distribución y venta de pólvora.
8. Municipio de El Retiro. El alcalde informó que por Decreto 173 de 1 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el uso de la pólvora. Añadió que se realizaron campañas para que la población no permitiera la manipulación de artículos pirotécnicos a los niños. En razón de ello, no se presentaron casos de accidentes con pólvora.
9. Municipio de Peque. El alcalde allegó copia del Decreto 063 de 1 de diciembre de 2008, en el que se prohibió el expendio y uso de la pólvora.
10. Municipio de Envigado. El alcalde informó que es costumbre de la Administración expedir todos los años reglamentación sobre la fabricación, almacenamiento, expendio, transporte, distribución y uso de globos, pólvora, artículos pirotécnicos de toda clase y similares. Anexó copia de los Decretos 447 de 13 de noviembre de 2007, 414 de 24 de octubre de 2006 y 527 de 4 de noviembre de 2008.
11. Municipio de Concepción. El alcalde se opuso a las pretensiones de la tutela. Sostuvo que, por Decreto 081 de 10 de diciembre de 2008, prohibió la fabricación y expendio de pólvora. Señaló que el accionante desconoce la presunción de buena fe que cobija a los alcaldes del país, pues, la formulación de esta tutela ignora los esfuerzos que aquellos han realizado para evitar accidentes con artículos detonantes.
12. Municipio de Entrerríos. El alcalde informó que la administración ha expedido los Decretos 130 de 2004, 102 de 2005, 81 de 2006, 10 de 2007 y 063 de 2008, de los que anexó copia, en los que se prohibió el uso, venta y manipulación de pólvora, de acuerdo con la Ley 670 de 2001, el Decreto 4481 de 2006 y la Ordenanza 18 de 27 de septiembre de 2002 de la Asamblea Departamental de Antioquia.
13. Municipio de Carepa. El secretario general y de gobierno informó que por Decreto 169 de 6 de diciembre de 2008, del cual anexó copia, se prohibió la fabricación, transporte, almacenamiento, comercialización y uso de pólvora.
14. Municipio de Caldas. El alcalde informó que por Decreto 160 de 5 de diciembre de 2008, prohibió la venta, manipulación, porte, transporte y expendio de productos pirotécnicos, pólvora o juegos artificiales a los menores de edad.
15. Municipio de Urrao. El alcalde se opuso a la tutela por improcedente. Anexó copia del Decreto 135 de 3 de diciembre de 2008, por el que prohibió la comercialización y almacenamiento de pólvora elaborada con fósforo blanco.
16. Municipio de Giraldo. El alcalde señaló que, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada por el a quo, prohibió por el término de 60 días la producción, comercialización y uso de explosivos detonantes.
17. Municipio de El Bagre. El alcalde informó que por Decreto 262 de 4 de diciembre de 2008, del que anexó copia, suspendió el transporte, venta y almacenamiento de toda clase pólvora; prohibió la quema de años viejos; estableció un protocolo de atención médica a quemados y; fijó multas para los infractores de la prohibición.
Anexó copia del certificado de la policía, en el que se da cuenta de las actividades de registro y control a la venta de pólvora.
18. Municipio de Nechí. El alcalde remitió copia del Decreto 039 de 11 de diciembre de 2008, en el que prohibió la venta de fuegos artificiales y juegos pirotécnicos, y, estableció multas para quienes desconocieran la restricción.
19. Municipio de Uramita. El alcalde señaló que, por Decreto 097 de 4 de diciembre de 2008, del que anexó copia, adoptó medidas preventivas sobre el uso de la pólvora. Adujo que difundió este acto a través de la estación de policía y de la personería municipal. Destacó que gracias a la medida, ningún habitante del Municipio resultó quemado con fuegos artificiales. Para sustentar la afirmación, aportó certificación de la ESE Hospital Tobías Puerta.
20. Municipio de San Vicente Ferrer. El alcalde remitió el Decreto 012 de 23 de enero de 2009, en el que prohibió transitoriamente la venta, transporte y uso de pólvora.
21. Municipio de Amagá. La alcaldesa expuso que, en cumplimiento de la medida provisional decretada por el tribunal, expidió el Decreto 010 de 22 de enero de 2009, en el que prohibió la fabricación, venta, transporte, distribución y uso de pólvora y de globos inflamables.
22. Municipio de Ebéjico. El alcalde informó que, por Decreto 083 de 17 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta de pólvora y la manipulación de juegos pirotécnicos. Indicó que, con base en la norma, promovió campañas educativas para prevenir a la comunidad sobre los riesgos de la manipulación de artículos explosivos.
Pidió que se desestimen las pretensiones de la acción, pues, no ha incurrido en omisión que afecte los derechos de los menores. Recalcó que la tutela es improcedente, dado que el medio idóneo para reclamar la prohibición es la acción de cumplimiento.
23. Municipio de Buriticá. El alcalde informó que, por Decreto 092 de 23 diciembre de 2008, prohibió la comercialización y uso de pólvora. También, que promovió campañas por las emisoras locales para poner en conocimiento de la población la medida.
24. Municipio de Sabaneta. El secretario de gobierno y desarrollo ciudadano aclaró que la administración tomó las medidas necesarias para proteger la integridad física y la salud de los niños, niñas y los adultos. Precisó que, por Decreto 337 del 20 de noviembre de 2008, se restringió la manipulación de la pólvora a demostraciones públicas con autorización previa del Cuerpo de Bomberos.
25. Municipio de Yondó. El alcalde (e) se opuso a las pretensiones de la tutela. Adujo que esta carecía de objeto, pues, por Decreto 082 de 2007, prohibió la producción, almacenamiento, comercialización y uso de pólvora, fuegos artificiales y globos detonantes.
26. Municipio de San Carlos. La alcaldesa (e) informó que por Decreto 181 de 27 de noviembre de 2008, se estableció la prohibición de fabricación, venta, transporte y manipulación de pólvora.
Señaló que difundió el aludido acto por las emisoras locales, y, que en el año 2008 no ocurrieron accidentes con fuegos artificiales.
27. Municipio de Santo Tomás. Pese a que no es parte en la actuación, la Alcaldesa remitió copia del Decreto 115 de 4 de diciembre de 2008, en el que prohibió de manera transitoria el uso y distribución de pólvora.
28. Municipio de María La Baja. El alcalde informó que, por Decreto 0091 de 18 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta, uso y manipulación de pólvora.
29. Municipio de Santa Rosa del Sur. La alcaldesa (e) señaló que, por Decreto 065 de 2 de noviembre de 2007, se prohibió el uso de la pólvora. Agregó que se realizaron consejos de seguridad en los que se distribuyeron volantes con el fin de prevenir a la comunidad sobre accidentes con fuegos artificiales.
30. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. La asesora de la oficina jurídica de la alcaldía alegó que el municipio no debió incluirse como accionado en la tutela, pues, por Decreto 0833 de 30 de octubre de 2008, del que anexó copia, se prohibió todo uso, venta y manipulación de pólvora.
31. Municipio de Turbaná. El alcalde informó que, por Decreto 040 de 29 de marzo de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta, utilización y comercialización de pólvora.
32. Municipio de Ríoviejo. El secretario de gobierno remitió copia del Decreto 584 de 4 de diciembre de 2008, en el que recomendó a la población abstenerse de usar pólvora detonante o explosiva, y, convocó a los padres de familia para que previnieran a los niños sobre el uso de fuegos artificiales.
33. Municipio de San Juan de Nepomuceno. El alcalde informó que por Decreto 123 de 17 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la fabricación, venta, transporte, uso y manipulación de pólvora y facultó al comandante de policía para incautar y destruir los fuegos artificiales.
34. Municipio de San Jacinto. El alcalde remitió informe de las medidas tomadas para proteger los derechos fundamentales a la vida y la integridad física de niños, niñas y adolescentes; entre ellas, destacó el Decreto 135 de 5 de diciembre de 2008, en el que prohibió el expendio, uso de pólvora y publicidad de esta. Dicho acto fue difundido a través de la emisora local.
35. Municipio de San Jacinto del Cauca. El alcalde indicó que por Decreto 100 de 5 de diciembre de 2008, del cual que copia, prohibió la venta y uso de la pólvora en todo el municipio y, consagró multas para los adultos que permitieran manipular fuegos artificiales a los menores.
36. Municipio de Arroyohondo. El alcalde adujo que, en cumplimiento del Decreto 4481 de 2006, dictó el Decreto 125 de 23 de diciembre de 2008, del que anexó copia, en el que prohibió la venta de pólvora a menores de edad y estableció sanciones para los padres de los niños que usaran artículos pirotécnicos.
Recalcó que ordenó a la Policía realizar diligencias de registro y control para restringir la manipulación de fuegos artificiales.
37. Municipio de Villanueva. El alcalde indicó que, por Decreto 051 de 28 de noviembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta de pólvora y, estableció sanciones por su incumplimiento. Indicó que la restricción rige para todo tipo de festividades en las que se utilicen fuegos artificiales y, que promovió campañas para comunicar a la población la prohibición.
38. Municipio de Mahates. El alcalde informó que, por Decreto 001 de 18 de diciembre de 2008, prohibió totalmente la comercialización y uso de pólvora.
39. Municipio de San Estanislao de Kotska. El alcalde informó que por Decreto 135 de 7 de diciembre de 2008 prohibió el expendio, utilización, empleo y demostraciones de toda clase de elementos pirotécnicos y globos, para cuya elevación se utilice dispositivos alimentados por fuego.
40. Municipio de Clemencia. El alcalde informó que expidió los Decretos 085 de 10 de noviembre de 2008 y 091 de 5 de diciembre de 2008, a través de los que prohibió el uso de la pólvora. Estos actos fueron difundidos a través de la Emisora Local Comunitaria, comunicados directamente a los propietarios de establecimientos de comercio y, fijados en sitios públicos.
41. Municipio de Cantagallo. El alcalde informó que por Decreto 113 de 9 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el uso de pólvora negra explosiva.
Allegó copia del informe del centro de salud municipal, en el que se constata que no hubo casos de quemados con pólvora en la población.
42. Municipio de Achí. El alcalde manifestó que, por Decreto 140 de 5 de diciembre de 2008, del cual anexó copia, prohibió la venta, distribución y uso de juegos pirotécnicos y toda clase de elementos derivados de la pólvora.
43. Municipio de Muzo. El alcalde remitió copia del Decreto 052 de 2007 en el que prohibió el uso de la pólvora y de las actas de compromiso de los comercializadores autorizados de fuegos artificiales, que dan cuenta que estos se obligaron a adoptar medidas de seguridad y, a no vender pólvora a menores de edad. Informó que, por Decreto 005 de 2 de enero de 2009, amplió las restricciones a la venta, utilización, manipulación o compra de elementos detonantes.
44. Municipio de San Miguel de Sema. En escrito allegado al expediente con posterioridad al fallo de primera instancia, el alcalde informó que desde hace varios años se han expedido decretos (036 de 2006, 026 de 2007, 078 de 2008 y 008 de 23 de enero de 2009) para la prohibición de la venta, manipulación y distribución de pólvora, de acuerdo con el mandato de la Ley 670 de 2001.
Añadió que propició la implementación de campañas de prevención de accidentes con artículos detonantes, cuyo resultado fue la ausencia de niños quemados.
45. Municipio de Chivor. El apoderado del municipio solicitó que se negara por improcedente la tutela, dado que esta no es el mecanismo idóneo para cambiar las costumbres de los pueblos. Allegó copia del Decreto 019 de 18 de noviembre de 2008, en el que se reglamentó el uso y distribución de artículos pirotécnicos.
46. Municipio de Almeida. El alcalde adujo que, por Decreto 036 de 12 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el uso de la pólvora y, estableció restricciones para la quema de llantas y globos.
47. Municipio de Coper. El alcalde remitió copia del Decreto 107 de 16 de diciembre de 2008, por el que reglamentó el uso de la pólvora.
48. Municipio de La Victoria. El alcalde informó que, por Decreto 031 de 5 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta y uso de la pólvora a menores de edad.
49. Municipio de Quípama. Aunque no fue vinculado a la actuación, el alcalde anexó copia del Decreto 077 de 3 de diciembre de 2008, por el que prohibió el expendio, manipulación y quema de pólvora a los menores de edad.
50. Municipio de Victoria. Aunque no fue vinculado a la actuación, la coordinadora de salud municipal allegó copia del Decreto 087 de 5 de diciembre de 2008, en el que se prohibió el almacenamiento, fabricación, transporte, venta y quema de pólvora detonante.
Destacó que socializó el acto en las veredas que integran el municipio y, que realizó labores de inspección, vigilancia y control a los establecimientos comerciales que almacenen cualquier tipo de elemento detonante.
51. Municipio de Caldono. Pese a que no es parte en la actuación, el alcalde (e) remitió copia del Decreto 107 de 11 de diciembre de 2008, en el que se prohibió la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora. informó que la administración con la policía nacional, la unidad de atención medica en salud, las juntas de acción comunal, las organizaciones indígenas y diferentes instituciones educativas realizaron jornadas de capacitación sobre el control y vigilancia de la venta de elementos pirotécnicos.
52. Municipio de Pailitas. El secretario de gobierno allegó copia del Decreto 122 de 19 de noviembre de 2007, en el que se prohibió la fabricación, comercialización, venta, suministro y utilización de pólvora. También, adjuntó certificación del Gerente de la ESE Hospital Helí Moreno Blanco que da cuenta que en el Municipio no hubo quemados con pólvora.
53. Municipio de Atrato. El alcalde adujo que por Decreto 172 de 16 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la fabricación, venta, uso, distribución y manipulación de artículos pirotécnicos.
54. Municipio de Río Iró. El alcalde manifestó que, previo a la interposición de la presente tutela, había expedido el Decreto 144 de 8 de diciembre de 2008, del que anexó copia, por el que prohibió la quema de la pólvora. Por lo anterior se opuso a las pretensiones del accionante.
55. Municipio de Unguía. El alcalde manifestó que, por Decreto 225 de 10 de diciembre de 2008, reglamentó el uso de la pólvora; y que, de acuerdo con la medida cautelar decretada por el a quo, expidió el Decreto 008 de 26 de enero de 2009, en el que prohibió la manipulación de juegos pirotécnicos.
Anexó copia de dichos actos y del oficio del Hospital Local de Unguía que da constancia que en el municipio no hubo personas afectadas por quemaduras con pólvora.
56. Municipio de Montelíbano. La alcaldesa (e) indicó que, por Decreto 210 de 6 de diciembre de 2008, se prohibió el uso, transporte y comercio de pólvora. Informó que la administración promovió actividades con el propósito de proteger la integridad personal, en especial la de los niños. Y, señaló que estas tuvieron éxito, pues, no hubo accidentes con elementos detonantes.
57. Municipio de Momil. La alcaldesa informó que en reunión de 3 de diciembre de 2008, de la que anexó copia del acta, las autoridades municipales acordaron aplicar las disposiciones de la Ley 670 de 2001 y del Decreto 4481 de 2006. De manera que prohibieron la fabricación, expendio y uso de pólvora.
Anexó certificado de la ESE del municipio en el que se da cuenta que no hubo accidentes con pólvora.
58. Municipio de Montería. El jefe de la oficina asesora jurídica manifestó que, por Decreto 0763 de 1 de diciembre de 2008, del que anexó copia, se prohibió el almacenamiento, distribución, venta, manipulación y uso de artículos pirotécnicos y, de otros explosivos.
59. Municipio de Moñitos. El alcalde solicitó que se negara la tutela con relación al Municipio porque, en cumplimiento de la Ley 670 de 2001, expidió el Decreto 186 de 1º de diciembre de 2008, en el que prohibió la fabricación, almacenamiento, comercialización y uso de elementos pirotécnicos elaborados con fósforo blanco.
60. Municipio de Cereté. El alcalde adujo que la acción de tutela es improcedente, por cuanto existe otro medio de defensa, esto es, la acción de cumplimiento, para obtener la protección de los derechos fundamentales de los menores.
Informó que, por Decreto 128 de 2 de diciembre de 2008, prohibió el almacenamiento, distribución, manipulación, comercialización y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o cualquier otro elemento fabricado con pólvora. Indicó que esta medida evitó casos de personas quemadas por explosivos. Anexó copia del mencionado decreto y constancia de la ESE CAMU del municipio, en la que se indica que no hubo quemados.
61. Municipio de San Antero. El alcalde se opuso a la tutela. Sostuvo que no vulneró los derechos de los menores habitantes del municipio y, que la solicitud de amparo carece de objeto. Señaló que por Decreto 687 de 4 de noviembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el uso de la pólvora.
62. Municipio de Fosca. Pese a que no es parte en la actuación, el alcalde allegó copia de los Decretos 129 de 4 de diciembre de 2008 y 007 de 8 de enero de 2009, en los que reglamentó la venta de pólvora y adoptó medidas preventivas para la manipulación de artículos pirotécnicos.
63. Municipio de Fómeque. Pese a que no es parte en la actuación, el alcalde informó que por Decreto 97 de 2008, del que anexó copia, restringió la venta de pólvora y, facultó al comandante de policía para vigilar y tomar los correctivos necesarios para evitar accidentes con explosivos.
64. Municipio de Nemocón. Pese a que no es parte en la actuación, el alcalde adujo que desde 2007 expidió el Decreto 66 con el que prohibió la venta y uso de pólvora.
65. Municipio de La Calera. Pese a que no es parte en la actuación, el alcalde remitió copia del Decreto 067 de 26 de noviembre de 2007, por el que prohibió la venta de pólvora.
66. Municipio de La Vega. El alcalde se opuso a las pretensiones de la tutela. Adujo que el accionante no probó que en el Municipio ocurrieron accidentes con pólvora. Sostuvo, que a su juicio, la acción carece de sustento jurídico.
Señaló que la tutela es improcedente, de conformidad con el artículo 6 [1] del Decreto 2591 de 1991, pues, existen otros medios de defensa para obtener lo que se demanda. Alegó que no ha violado los derechos fundamentales de los menores, toda vez que, por Decreto 092 de 2006 la administración municipal reglamentó el almacenamiento, distribución, venta y manipulación de pólvora, según las exigencias de la Ley 670 de 2001.
67. Municipio de La Mesa. El alcalde informó que, por Decretos 116 de 13 de diciembre de 2008 y 23 de 21 de enero de 2009, de los que anexó copia, prohibió la venta, distribución y utilización de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales a menores de edad, y, adoptó las medidas de seguridad conforme con las directrices de la Ley 670 de 2001.
68. Municipio de Silvania. El alcalde explicó que, por Decreto 112 de 14 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el uso, venta, manipulación, distribución y transporte de pólvora durante las festividades de fin de año.
69. Municipio de Mosquera. El secretario jurídico de la alcaldía informó que, en cumplimiento de la Ley 670 de 2001 y del Decreto 4481 de 2006, se expidió el Decreto 190 de 2008, en el que se prohibió la comercialización, distribución y venta de pólvora, artículos pirotécnicos o juegos artificiales. Adujo que difundió los citados actos a través de la emisora comunitaria, repartió volantes y, dispuso la instalación de vallas informativas.
Pidió que se desvinculara de la actuación al Municipio, porque informó al ICBF Seccional Facatativá las medidas para la prevención de accidentes con pólvora.
70. Municipio de Manta. El personero municipal informó que realizó inspección a los establecimientos de venta de pólvora, en compañía de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, para verificar las medidas de seguridad, la idoneidad de las instalaciones y la pericia de los que manipulan la pólvora.
Adujo que, por Decreto 065 de 7 de diciembre de 2006, la alcaldía restringió la venta de fuegos artificiales a los menores de edad y a las personas embriagadas.
71. Municipio de Albania. La alcaldesa pidió que se exonerara al municipio de la orden de tutela, porque por Decreto 181 de 28 de noviembre de 2008, prohibió la venta de fuegos pirotécnicos y globos inflamables a menores de edad, y, fijó sanciones para los padres de los niños sorprendidos con pólvora y a los vendedores de esta.
72. Municipio de Miraflores. El alcalde señaló que, por Decreto 080 de 5 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el uso de pólvora y, especialmente su manipulación por menores de edad. Alegó que, con ocasión del requerimiento del a quo, expidió el Decreto 009 de 26 de enero de 2009, por el que restringió de forma definitiva el uso de la pólvora en el municipio.
Con el propósito de difundir dichas disposiciones realizó campañas en la Emisora Colombia Estéreo y en la comisaría de familia.
73. Municipio de Calamar. El alcalde se opuso a la tutela e indicó que no comprendía las razones por las que fue incluido en la actuación, toda vez que por Decreto 079 de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta, manipulación y transporte de pólvora. Sostuvo que, con la colaboración de las autoridades militares y de policía, previno a la comunidad sobre los peligros del uso de explosivos.
74. Municipio de San José del Guaviare. El alcalde manifestó que el municipio no aparecía en el informe del ICBF sobre las entidades que no habían prohibido la pólvora. Agregó que expidió los Decretos 151 de 3 de diciembre de 2008 y 119 de 29 de noviembre de 2007, mediante los que restringió la venta de fuegos pirotécnicos a solo artículos inofensivos, y, prohibió la venta de pólvora a menores de edad.
Alegó que la prohibición fue puesta en conocimiento de la población a través de la Policía Nacional, la estación de bomberos y el Hospital San José del Gaviare.
75. Municipio de El Retorno. La alcaldesa (e) señaló que por Decreto 111 de 5 de diciembre de 2008, del cual allegó copia, reguló el uso de la pólvora, de conformidad con la Ley 670 de 2001. Adujo que promovió compañas para la prevención y protección de accidentes con fuegos artificiales.
76. Municipio de Pitalito. Pese a que no es accionado, el alcalde informó que por Decreto 193 de 11 de diciembre de 2008, del cual anexó copia, restringió la venta de pólvora a las entidades públicas y privadas, las que deben garantizar su correcta manipulación.
77. Municipio de Tarqui. Aunque no es parte en la acción de tutela, el alcalde envió copia del Decreto 069 de 12 de diciembre de 2008, en el que prohibió la manipulación, expendio y porte de artículos pirotécnicos a menores de edad.
78. Municipio de Granada. El alcalde remitió copia del Decreto 006 de 20 de enero de 2009, el cual se expidió de acuerdo con el auto del a quo de 15 de enero de 2009, en el que se prohibió de forma transitoria la venta, utilización y manipulación de pólvora.
79. Municipio de Puerto López. El alcalde informó que, por Decreto 214 de 2008, prohibió la manipulación y venta de pólvora, y, únicamente autorizó la exhibición de fuegos artificiales a cargo de expertos.
80. Municipio de Castilla La Nueva. El alcalde adujo que, por Resolución 407 de 5 de noviembre de 2008, de la que anexó copia, prohibió la venta de pólvora a menores de 18 años, y, restringió la comercialización a mayores de edad.
Anexó certificación del Hospital ESE de Castilla La Nueva que da cuenta que no hubo accidentes con pólvora en la población.
81. Municipio de San Pablo. El alcalde adujo que por Decreto 103 de 6 de diciembre de 2008, del que anexó copia, restringió la venta, utilización y manipulación de pólvora a menores de edad. Recalcó que dicha disposición fue puesta en conocimiento de la dirección regional del ICBF sede Pasto, y, que fue difundida a través de la emisora local.
Señaló que, con ocasión de la prohibición, no se presentaron quemados en el Municipio.
82. Municipio de Ipiales. El alcalde informó que, por Decreto 236 de 31 de octubre de 2008, del que anexó copia, prohibió el uso, tenencia, transporte, comercialización y venta de material pirotécnico. Explicó que la medida tuvo como fundamento las reuniones de las autoridades municipales, tales como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Comisaría de Familia, el Cuerpo de Bomberos, la Policía de la Infancia y la Adolescencia, entre otras, en las que se vislumbró la necesidad de crear mecanismos de protección y prevención de accidentes con pólvora en la población infantil.
83. Municipio de La Florida. El alcalde señaló que, por Decreto 071 de 3 de diciembre de 2008, restringió el uso de la pólvora y materiales explosivos. Consideró que el municipio no está legitimado en la causa por pasiva, dado que ha tomado todas las medidas previstas por la Ley 670 de 2001.
Adujo que la tutela es improcedente, porque existe otro mecanismo de defensa judicial, a saber, la acción de cumplimiento.
84. Municipio de Consacá. El alcalde se opuso a la tutela, pues, a su juicio, esta carece de sustento por cuanto la administración municipal expidió el Decreto 111 de 4 de diciembre de 2008, del que anexó copia, en el que prohibió la venta, utilización y manipulación de pólvora. Destacó que no tiene reportado casos de accidentes con fuegos artificiales en menores de edad.
85. Municipio de Arboleda. El alcalde manifestó que por Decreto 102 de 10 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta y manipulación de pólvora. Informó que en el municipio no se presentó ningún caso de quemados por elementos detonantes.
86. Municipio de El Tambo. El alcalde informó que por Decreto 205 de 3 de diciembre de 2008, del que anexó copia, reglamentó el uso y manipulación de pólvora, por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva. Manifestó que la tutela debe declararse improcedente, ya que para el fin propuesto existe la acción de cumplimiento.
87. Municipio de Córdoba. El alcalde señaló que por Resolución 286 de 15 de diciembre de 2008, de la que anexó copia, prohibió todo tipo de actividad relacionada con el uso de la pólvora. Recalcó que durante los festejos de fin de año no se presentaron casos de quemaduras con fuegos artificiales.
88. Municipio de El Peñol. El alcalde informó que, por Decreto 199 de 1º de diciembre de 2008, del que anexó copia, adoptó medidas de control sobre el almacenamiento, transporte, venta y manipulación de juegos pirotécnicos y pólvora. Adujo que el municipio carece de legitimación en la causa por pasiva, pues, no incurrió en las omisiones alegadas por el accionante, y, que la acción se torna improcedente, toda vez que existe otro mecanismo de defensa judicial, a saber, la acción de cumplimiento.
89. Municipio de Ancuyá. El alcalde señaló que por Resolución 390 de 4 de diciembre de 2008, de la que anexó copia, prohibió el uso, transporte y comercialización de pólvora. Recalcó que esta prohibición fue puesta en conocimiento de la comunidad, y, que en coordinación con la Policía Nacional se verificó su cumplimiento.
Informó que en el municipio no se presentaron casos de accidentes con pólvora.
90. Municipio de El Contadero. El alcalde manifestó que por Decreto 039 de 5 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta de pólvora a menores de edad y, fijó sanciones para los que infrinjan la disposición. Recalcó la improcedencia de la tutela, pues, para el fin propuesto el actor contaba con la acción de cumplimiento.
93. Municipio de Guachucal. El alcalde informó que, por Decreto 089 de 1 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la utilización, transporte y manipulación de pólvora. Recalcó que, de acuerdo con la información del comandante de policía y de la gerencia del hospital, en el municipio no se presentaron accidentes con fuegos artificiales.
94. Municipio de Chachagüí. El alcalde indicó que por Decreto 063 de 9 de diciembre de 2008, del que anexó copia, reglamentó el uso y distribución de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales. Con base en lo anterior, afirmó que el Municipio ha adelantado todas las actuaciones para brindar protección a la población menor de edad.
Consideró que la acción de tutela es improcedente para el fin propuesto, pues, el accionante cuenta con la acción de cumplimiento de que trata la Ley 393 de 1997.
95. Municipio de Cuaspud - Carlosama. El alcalde informó que, en cumplimiento de la Ley 670 de 2000, profirió el Decreto 077 de 14 de noviembre de 2008, en el que prohibió la fabricación, venta, uso y manipulación de elementos pirotécnicos elaborados con fósforo blanco.
96. Municipio de Ospina. El alcalde informó que por Decreto 065 de 5 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la utilización, transporte y manipulación de pólvora. Adujo que en el municipio no hubo quemados con fuegos artificiales.
97. Municipio de Imués. El alcalde señaló que, por Decreto 042 de 5 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta de pólvora a menores de edad, y, ordenó a la ESE Santiago Apóstol atender prioritariamente a los quemados con artículos pirotécnicos.
98. Municipio de Mallama - Piedrancha. El alcalde manifestó que, por Decreto 041 de 5 de diciembre de 2008, del que anexó copia, estableció medidas de control a la fabricación, almacenamiento, transporte de fuegos artificiales, e, informó que según certificación de la ESE Centro de Salud Gran Mallama no hubo quemados con pólvora en el municipio.
99. Municipio de Samaniego. El secretario de gobierno informó que se expidió el Decreto 050 de 9 de diciembre de 2008, del que anexó copia, en el que se prohibió a los establecimientos de comercio la venta de pólvora a menores de edad. Señaló que se fijaron sanciones a los padres de los niños que sufran accidentes con fuegos artificiales.
100. Municipio de La Llanada. El asesor jurídico del municipio explicó que mediante Decreto 197 de 3 de Diciembre de 2008, del que anexó copia, se prohibió el uso de la pólvora y se concedieron facultades a la Policía Nacional para sancionar a quienes ejerzan actividad comercial con fuegos pirotécnicos.
Anexó certificaciones de la policía y del Hospital ESE San Juan Bosco que dan cuenta que en el municipio no hubo quemados con pólvora.
101. Municipio de Funes. El alcalde se opuso a la tutela y señaló que, con base en la normatividad que consagra y garantiza los derechos de los niños, expidió el Decreto 066 de 3 de diciembre de 2008 con el que prohibió la venta y distribución de pólvora a menores de edad e inexpertos.
102. Municipio de Linares. El alcalde manifestó que en las pasadas festividades no hubo accidentes con pólvora, y, que mediante Decreto 081 de 21 de diciembre de 2008 prohibió toda actividad relacionada con el uso de aquella.
103. Municipio de Yacuanquer. El alcalde informó que por Decreto 083 de 3 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el almacenamiento y venta de cualquier clase de pólvora. Restringió el uso de juegos pirotécnicos a presentaciones de la administración y de la parroquia de la población.
104. Municipio de Iles. El alcalde indicó que, mediante Decreto 058 de 10 de diciembre de 2004, se reglamentó la fabricación, almacenamiento, transporte, venta y manipulación de artículos pirotécnicos. Además, que realizó reuniones con los dueños de establecimientos de comercio, para adoptar acciones de prevención, vigilancia y control sobre el uso de detonantes.
105. Municipio de Puerres. El alcalde manifestó que por Decreto 045 de 27 de junio de 2008, del que anexó copia, prohibió el comercio, expendio, utilización, empleo de pólvora, juegos pirotécnicos y globos alimentados con fuego. Informó que en el centro de salud no se reportó ningún caso por quemaduras con elementos pirotécnicos.
106. Municipio de Nariño. El alcalde señaló que, por Decreto 047 de 1 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el uso de la pólvora. Señaló que con apoyo del Centro de Salud San Sebastián promovió un plan de contingencia para brindar la prestación del servicio de salud a los heridos por las celebraciones de fin de año.
Allegó certificación del aludido centro médico en la que se da cuenta que en el Municipio no hubo quemados con explosivos.
107. Municipio de La Cruz. El alcalde rindió informe y adjuntó copia del Decreto 375 de 1º de diciembre de 2008, modificado por el Decreto 411 de 18 del mismo mes, en el que reglamentó la venta, manipulación y fabricación de pólvora.
108. Municipio de Santa Bárbara Iscuandé. El alcalde señaló que, para la fecha de la presentación de la acción de tutela, por Decreto 0365 de 4 de diciembre de 2008 había prohibido el almacenamiento, transporte, venta y manipulación de juegos artificiales y, artículos pirotécnicos que contengan pólvora.
109. Municipio de Barbacoas. El alcalde informó que, por Decreto 075 de 2 de diciembre de 2008, del que anexó copia, restringió la venta ambulante y estacional de pólvora.
Alegó que en el municipio no se reportaron personas quemadas con pólvora durante el periodo comprendido entre 1º de diciembre de 2008 y el 1º de enero de 2009.
110. Municipio de Buesaco. El alcalde indicó que, por Decreto 077 de 27 de noviembre de 2008, del que anexó copia, adoptó medidas para el control de la fabricación, almacenamiento, transporte, venta y manipulación de juegos pirotécnicos.
Recalcó que realizó campañas con la Policía Nacional para prevenir el uso de la pólvora, y, que en el municipio solo se permite la manipulación de esta a personas con autorización.
111. Municipio de Gualmatán. El alcalde allegó informe en el que afirma que cumple el mandato constitucional de la protección de la vida e integridad física de las personas, pues, por Decreto 128 de 3 de diciembre de 2008, prohibió el uso de la pólvora en cualquier evento.
Manifestó que en los años 2007 y 2008 no se presentaron casos de personas quemadas por el uso de la pólvora y, que la administración y la ESE del Nivel local promovieron campañas para prevenir accidentes con explosivos.
112. Municipio de Hacarí. El alcalde solicitó la desvinculación del municipio de la actuación, toda vez que, por Decreto 055 de 26 de noviembre de 2008, prohibió a los menores de edad la manipulación, porte, almacenamiento y uso de pólvora, y, restringió la presentación de espectáculos con fuegos artificiales a eventos recreativos realizados por profesionales.
Indicó que puso en conocimiento del coordinador zonal del ICBF de Ocaña la prohibición, y, que, de acuerdo con la certificación de las IPS que funcionan en el municipio, no hubo accidentes con pólvora.
113. Municipio de Ocaña. El asesor jurídico del municipio solicitó que se desvinculara a la entidad, porque, por Decreto 013 de 26 de enero de 2009, del que anexó copia, se adoptaron las medidas de prohibición del uso de la pólvora a menores de edad, de conformidad con los mandatos de la Ley 670 de 2001.
114. Municipio de Santiago. El alcalde informó que, por Decreto 034 de 12 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta y manipulación de pólvora. Allegó certificado del coordinador del Centro de Salud Municipal en el que se da cuenta que en la población no hubo accidentes con elementos detonantes.
115. Municipio de Durania. El alcalde remitió copia de los decretos 066 de 5 de diciembre y 073 de 19 de diciembre de 2008, a través de los que reguló la venta y comercio de juegos pirotécnicos. Informó que la prohibición tenía carácter permanente.
116. Municipio de San Cayetano. El alcalde remitió copia del Decreto 070 de 10 de noviembre de 2008, por el que prohibió la venta ambulante y estacionaria de pólvora en espacio público y, la manipulación de dicho elemento a menores de edad.
117. Municipio de San Calixto. El alcalde informó que, por Decreto 023 de 18 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió toda actividad en la que se emplee la pólvora y elementos pirotécnicos. Adujo que por los medios de comunicación difundió la prohibición.
118. Municipio de El Tarra. El alcalde informó sobre las diferentes campañas que promovió para proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y, evitar el uso de la pólvora. Adujo que en Decreto 079 de 2 de diciembre de 2008, modificado por el Decreto 080 del 9 del mismo mes, prohibió la venta y quema de pólvora, con excepción de espectáculos de fuegos artificiales autorizados por la administración para festividades religiosas.
119. Municipio de San José de Cúcuta. La alcaldesa informó que, por Decreto 042 de 23 de enero de 2009, prohibió el uso, manipulación, fabricación, almacenamiento, distribución de fuegos artificiales y artículos pirotécnicos.
Adujo que las entidades prestadoras de salud tienen la orden de atender prioritariamente los menores accidentados con pólvora.
120. Municipio de Villagarzón. El alcalde sostuvo que por Decreto 043 de 23 de julio de 2008, del que anexó copia, adoptó las medidas de control al transporte, venta y manipulación de artículos pirotécnicos y, restringió su uso a personas con conocimientos técnicos. Indicó que, con ocasión de la celebración de carnavales de blancos y negros, expidió el Decreto 081 de 10 de diciembre de 2008 en el que estableció prohibiciones sobre el uso de fuegos artificiales en dichas festividades.
Agregó que para la vigilancia, control y cumplimiento de las prohibiciones vinculó a la Policía Nacional y al Ejército. En razón de ello, en el municipio no se presentaron casos de menores quemados con pólvora.
121. Municipio de Puerto Asís. El alcalde alegó que en el municipio no se presentaron accidentes con pólvora, por lo que no comprende las razones de su vinculación a la tutela. Informó que, por Decreto 328 de 10 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta y manipulación de pólvora a menores de edad y, restringió su uso a expertos, previamente autorizados por la Alcaldía.
122. Municipio de Valle del Guamuez. El alcalde informó que, por Decreto 577 de 2 de diciembre de 2008, adoptó medidas para la protección de los derechos de los niños, tales como campañas contra el uso de la pólvora y, la exhortación a la comunidad y a las instituciones municipales para que prevengan a los menores sobre los peligros de la manipulación de artículos pirotécnicos.
123. Municipio de San Francisco. El alcalde informó que, por Decreto 058 de 7 de diciembre de 2008, prohibió la venta de artículos pirotécnicos e instó a los padres de familia para que no permitieran a los menores manipular pólvora.
124. Municipio de Puerto Caicedo. El alcalde (e) se opuso a las pretensiones de la tutela. Adujo que esta carecía de objeto, pues, por Decreto 024 de 10 de diciembre de 2008, prohibió la producción, almacenamiento, comercialización y uso de pólvora, fuegos artificiales y globos detonantes.
125. Municipio de Sibundoy. El alcalde manifestó que, por Decreto 086 de 4 de diciembre de 2008, reglamentó el uso y distribución de artículos pirotécnicos, estableció condiciones de seguridad y, tomó medidas para garantizar la vida de los menores de edad.
Señaló que las entidades de salud del municipio y la Policía Nacional reportaron que no se presentaron casos de personas quemadas por manipulación de fuegos artificiales.
126. Municipio de Santiago. El alcalde señaló que, por Decreto 051 de 1º de diciembre de 2008, prohibió la comercialización y uso de pólvora y fuegos artificiales que contengan fósforo blanco. Asimismo, que tomó las medidas necesarias para dar a conocer la prohibición y las consecuencias de su infracción.
Allegó informe del Centro de Salud Santiago en el que se da cuenta de que no se presentaron personas quemadas en el mes de diciembre de 2008 y del oficio que remite el Decreto 051 al centro zonal del ICBF.
127. Municipio de Mocoa. El secretario de gobierno y política social manifestó que en las festividades de fin de año de 2008 solo se reportó una adolescente quemada con pólvora, pero no por haberla manipulado sino por observar un espectáculo pirotécnico a cargo de expertos.
Indicó que por Decreto 185 de 4 de diciembre de 2008 se prohibió el uso de pólvora, con excepción de personas especializadas; y, allegó certificación del Hospital José María Hernández en el que sustenta su dicho.
129. Municipio de Colón. El alcalde municipal allegó copia del Decreto 054 de 11 de diciembre de 2008, en el que prohibió la venta de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos a menores de edad. Adujo que difundió la medida a través de la emisora comunitaria y de la Policía Nacional.
130. Municipio de Salento. El alcalde se opuso a las pretensiones de la tutela. Señaló que por Decreto 089 de 1 de diciembre 2008 prohibió la venta, y fabricación de pólvora y restringió la manipulación de esta a expertos encargados de exhibiciones públicas.
Anexó registro fotográfico de las campañas de prevención de accidentes con artículos pirotécnicos que se adelantaron en el municipio y de las certificaciones de diferentes medios de comunicación sobre la puesta en conocimiento de la comunidad de la prohibición. También, allegó certificado del Director de la ESE Hospital San Vicente de Paul, en el que se da cuenta que en la población no hubo accidentes con pólvora.
131. Municipio de Armenia. La alcaldesa expuso que acogió el mandato de la Ley 670 de 2001, por lo que expidió el Decreto 0091 de 27 de noviembre de 2007, reformado por Decreto 083 de 28 de noviembre de 2008, que fijó los requisitos para la importación, fabricación, distribución, almacenamiento, transporte, uso y venta de productos pirotécnicos, pólvora detonante y explosiva.
Aseguró que, por Decreto 086 de 11 de diciembre de 2008, restringió la manipulación de pólvora a expertos y, que impulsó dos campañas educativas para sensibilizar a padres de familia y a la comunidad en general, sobre el peligro de las sustancias explosivas.
132. Municipio de Buenavista. El alcalde informó que convocó al Consejo de Seguridad Ciudadana para discutir las medidas pertinentes para evitar los accidentes con pólvora. Allegó copia del Decreto 027 de 29 de noviembre de 2008, por el que prohibió la fabricación, uso, distribución y venta de pólvora detonante en el Municipio.
133. Municipio de Belén de Umbría. El alcalde señaló que por Decreto 072 de 1 de diciembre de 2007, del que anexó copia, prohibió el comercio y utilización de juegos pirotécnicos y globos alimentados por fuego, y, condicionó la presentación de quemas de pólvora en público a la autorización del Cuerpo de Bomberos.
134. Municipio de La Celia. El secretario de gobierno y servicios administrativos informó que, por Decreto 0077 de 2 de diciembre de 2008, del que anexó copia, el Municipio adoptó las medidas de restricción a la fabricación, almacenamiento, venta y manipulación de artículos pirotécnicos.
135. Municipio de Santuario. El alcalde informó que, en cumplimiento de la Ley 670 de 2001 y del Decreto 4481 de 2006, expidió el Decreto 065 de 30 de noviembre de 2007, en el que se dispuso el control sobre fabricación, almacenamiento, transporte, venta y manipulación de fuegos artificiales o artículos pirotécnicos. Asimismo, que realizó campañas de prevención en los establecimientos educativos y lugares públicos para evitar accidentes con fuegos artificiales.
136. San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El gobernador quien cumple funciones de alcalde de San Andrés, conforme con la Ley 47 de 1993, informó que en el archipiélago nunca se han presentado accidentes con pólvora. Sustentó su dicho con las certificaciones del Hospital, de la Policía y de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario. Agregó que por Decreto 0439 de 21 de noviembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la fabricación, almacenamiento, transporte, venta y manipulación de pólvora, fuegos artificiales o artículos pirotécnicos.
La alcaldesa de providencia también manifestó que en el municipio no se han presentado accidentes con pólvora.
137. Municipio de California. El alcalde informó que, por Decreto 068 de 9 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el uso y expendio de pólvora a menores de edad, y, fijó sanciones por el incumplimiento de la medida. Recalcó que la prohibición fue puesta en conocimiento de la comunidad y de las autoridades locales.
138. Municipio de Girón. La secretaria general informó que, por Decreto 324 de 5 de diciembre de 2008, del que anexó copia, se prohibió toda actividad que conlleve el uso de pólvora en el municipio. Adujo que se realizaron operativos con el fin de controlar y verificar el cumplimiento de dicha disposición y, campañas pedagógicas de prevención de quemaduras y otras lesiones.
Señaló que el municipio ha respetado los derechos fundamentales de niños, toda vez que adoptó las medidas necesarias para evitar accidentes con fuegos artificiales. Solicitó que se declarara improcedente la tutela, pues, existe otro mecanismo de defensa para obtener las pretensiones.
139. Municipio de Palmar. La alcaldesa (e) informó que, por Decreto 059 de 3 de diciembre de 2008, del que anexó copia, se restringió el uso y manipulación de pólvora y, se establecieron sanciones por el incumplimiento de la medida. Señaló que dicho acto administrativo fue remitido a la inspección municipal de policía, a la comisaría de familia y a la seccional del ICBF en El Socorro.
Recalcó que el accionante cuenta con la acción popular o de cumplimiento para obtener las pretensiones de la solicitud de amparo.
140. Municipio de Bucaramanga. El alcalde (e) pidió que se declarara improcedente la tutela en relación con el municipio, pues, la administración adoptó las medidas de control idóneas sobre la fabricación, almacenamiento, transporte, venta, y manipulación de fuegos artificiales y artículos pirotécnicos. Señaló que, por Decretos 260 de 4 de diciembre de 2008 y 294 de 29 del mismo mes, restringió la utilización de los aludidos elementos a las demostraciones públicas recreativas, a cargo de expertos.
141. Municipio de San Vicente de Chucurí. El secretario general de gobierno informó que por Circular Externa 004 de 2 de diciembre de 2008, de la que anexó copia, se reglamentó la manipulación, venta de pólvora y juegos pirotécnicos, y, se prohibió la venta de estos elementos a menores de edad. Adujo que dicho acto fue puesto en conocimiento de la comunidad a través de los diferentes medios de comunicación local.
142. Municipio de Suaita. El alcalde manifestó que, por Decreto 046 de 1 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta y manipulación de pólvora a los menores de edad, conforme con el mandato de la Ley 670 de 2001 y del Decreto 4481 de 2001.
143. Municipio de San Juan de Betulia. La alcaldesa informó que, por Decreto 099 de 27 de noviembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta y uso de pólvora detonante durante las fiestas de fin de año. Señaló que autorizó al comandante de policía para que sellar los establecimientos que distribuyan elementos explosivos.
144. Municipio de Colosó. El alcalde señaló que por Decreto 113 de 9 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la comercialización y uso de pólvora detonante, y, facultó al comandante de policía a clausurar los establecimientos en los que se vendan explosivos.
145. Municipio de Ambalema. El alcalde remitió copia del Decreto 144 de 14 de diciembre de 2008, por el que prohibió la fabricación, almacenamiento, expendio, manipulación y uso de toda clase de pólvora.
146. Municipio de Cajamarca. El alcalde informó que, por Decreto 153 de 3 de diciembre de 2008, prohibió la manipulación y uso de pólvora. Indicó que, en cumplimiento de lo dispuesto por el a quo en auto de 15 de enero de 2009, expidió el decreto 005 de 2009 en el que fijó controles policivos para lograr el cumplimiento de los mandatos de la Ley 670 de 2001.
147. Municipio de Anzoátegui. El alcalde informó que, por Decreto 049 de 5 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta y uso de la pólvora, con el fin de evitar accidentes a los menores de edad.
148. Municipio de Rovira. El alcalde informó que, por Decreto 057 de 10 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el expendio y manipulación de pólvora negra o explosiva, voladores, totes y similares que contengan explosivos.
149. Municipio de Carmen de Apicalá. El alcalde señaló que, por Decreto 116 de 4 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió el expendio y uso de pólvora de cualquier tipo. Señaló que la disposición fue puesta en conocimiento de la comunidad a través de la Inspección de Policía, de la Comisaría de Familia y de la Iglesia.
150. Municipio de Planadas. El alcalde (e) informó que, por Decreto 166 de 16 de diciembre de 2008, prohibió la fabricación, venta, transporte de pólvora, e, impuso sanciones a los vendedores de fuegos artificiales y a los responsables de los menores que manipulen estos elementos.
Allegó certificación del Hospital Centro de Planadas en el que se da cuenta que en el municipio no hubo casos de quemados por pólvora.
151. Municipio de Armero Guayabal. El alcalde indicó que, por Decreto 194 de 3 de diciembre de 2008, prohibió la venta y manipulación de pólvora a menores de edad.
152. Municipio de Piedras. El alcalde recalcó que la administración es garante de los derechos fundamentales, por lo que dictó el Decreto 062 de 4 de diciembre de 2008, en el que prohibió la venta de artículos pirotécnicos.
153. Municipio de Ataco. La alcaldesa informó que, en cumplimiento de la Ley 670 de 2001, dictó el Decreto 114 de 17 de diciembre de 2008, en el que prohibió el uso común de pólvora y la venta de esta a menores.
Adujo que la administración brinda atención prioritaria a los menores quemados por fuegos artificiales, aunque como lo certificó el Hospital Nuestra Señora de Lourdes, en el municipio no hubo accidentes con pólvora.
154. Municipio de Guamo. El alcalde informó que, por Decreto 284 de 19 de diciembre de 2008, prohibió la fabricación, venta, uso, distribución y manipulación de artículos detonantes elaborados con fósforo blanco.
155. Municipio de Lérida. El secretario general y de gobierno remitió copia del Decreto 166 de 4 de diciembre de 2008, en el que se reglamentó el uso de la pólvora y la venta ocasional de esta y, se restringió su manipulación a expertos, previamente autorizados por la administración.
156. Municipio de Falán. Pese a que no fue vinculado a la actuación, el alcalde informó que, por Decreto 131 de 5 de diciembre de 2008, prohibió el uso, manipulación, fabricación, almacenamiento, venta, distribución y transporte de artículos pirotécnicos.
157. Municipio de San Luis. El alcalde allegó copia del Decreto 108 de 18 de diciembre de 2008, por el que prohibió el uso y venta de pólvora.
158. Municipio de Melgar. El jefe de la oficina jurídica de la alcaldía informó que, por Decreto 105 de 22 de diciembre de 2008, se prohibió la venta, uso, almacenamiento, conservación, transporte, distribución, manipulación de fuegos artificiales o artículos pirotécnicos en el municipio.
159. Municipio de La Unión. La alcaldesa señaló que, por Decretos 213 de 22 de diciembre y 215 de 29 de diciembre de 2008, de los que anexó copia, adoptó las prohibiciones de la Ley 670 de 2001 y del Decreto 4481 de 2006. Recalcó que promovió campañas educativas por los medios de comunicación para prevenir los accidentes con pólvora.
160. Municipio de Pradera. El alcalde (e) informó que, por Decreto 208 de 26 de noviembre de 2008, del cual que copia, se prohibió el uso de cualquier elemento que contenga pólvora y de artículos pirotécnicos. Señaló que la disposición fue puesta en conocimiento de la población a través de la Estación de Policía.
161. Municipio de Yumbo. El secretario de paz y convivencia indicó que la administración no ha expedido ninguna disposición que prohíba el uso de la pólvora, pues, la Ordenanza Departamental 145 de 2002 (Código Departamental de Policía del Valle del Cauca) reguló esta materia. Indicó que, pese a los esfuerzos del municipio y a la existencia de la prohibición, dos menores sufrieron accidentes con artículos detonantes.
162. Municipio de Ansermanuevo. El secretario de gobierno remitió copia del Decreto 070 de 25 de noviembre de 2008, por el que se reglamentó el uso, venta, fabricación y distribución de pólvora, de acuerdo con las previsiones de la Ley 670 de 2001.
163. Municipio de Vijes. El alcalde informó que, por Decreto 051 de 1 de diciembre de 2008, del que anexó copia, prohibió la venta y distribución de pólvora.
164. Municipio de Argelia. El alcalde adujo que, por Decreto 34 de 2 de diciembre de 2008, del cual que anexó copia, prohibió la venta de pólvora, artículos pirotécnicos y juegos artificiales. Señaló que dicha disposición fue puesta en conocimiento del ICBF.
165. Municipio de El Cerrito. El secretario de gobierno allegó copia del Decreto 229 de 2 de diciembre de 2008, por el que se prohibió el expendio de pólvora y otros elementos pirotécnicos. Informó que se realizaron campañas informativas e incautaciones de artículos pirotécnicos.
166. Municipio de Roldanillo. El alcalde informó que, por Decreto 057 de 6 de diciembre de 2001, del que anexó copia, se adoptaron medidas de control a la fabricación, transporte y venta de pólvora, y, autorizó a la Policía para imponer sanciones a los que contravengan la prohibición.
Recalcó que el Hospital San Antonio de Roldadillo no reportó casos de quemaduras con pólvora durante las festividades navideñas.
167. Municipio de Jamundí. La alcaldesa informó que, por Decreto 30-56-165 de 5 de diciembre de 2008, del que anexó copia, restringió la manipulación de pólvora a demostraciones públicas a cargo de expertos.
Indicó que para la presentación de espectáculos con fuegos artificiales el responsable, previamente autorizado, debía prestar caución para garantizar posibles daños a terceros con ocasión de la actividad.
168. Municipio de El Águila. El alcalde informó que la administración y la Policía Nacional realizaron campañas para evitar la manipulación de pólvora, especialmente, por niños, niñas y adolescentes. Indicó que, antes de la solicitud de tutela del ICBF, expidió el Decreto 066 de 13 de noviembre de 2008, por el que prohibió la manipulación de artículos pirotécnicos.
169. Municipio de Dagua. El alcalde manifestó que, por Decreto 195 de 4 de diciembre de 2008, prohibió la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de la pólvora y de elementos pirotécnicos fabricados con fósforo blanco.
Adujo que convocó a los padres de familia para que asumieran el debido cuidado de los menores y que previnieran accidentes con pólvora.
170. Municipio de Yotoco. El alcalde señaló que, por Decreto 641 de 5 de diciembre de 2005, restringió el uso de pólvora a demostraciones públicas con fines recreativos, previa autorización de la administración.
Manifestó que promovió campañas de salud y divulgación para poner en conocimiento de la comunidad el riesgo generado por el uso de fuegos artificiales.
171. Municipio de Trujillo. La secretaria de gobierno indicó que, por Decreto 093 de 29 de diciembre de 2008, se prohibió la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de todo tipo de pólvora.
172. Municipio de Ulloa. La alcaldesa allegó copia del Decreto 060 de 27 de noviembre de 2008, en el que prohibió la fabricación, expendio y manipulación de toda clase de pólvora.
Recalcó que en los últimos años no hubo personas quemadas en el municipio, y, que la alcaldía con acompañamiento de la Policía Nacional, el Hospital Municipal Pedro Sáenz, la Comisaría de Familia, la Personería, la Secretaría de Salud, las instituciones educativas, entre otras, han realizado campañas para la prevención de accidentes con explosivos.
173. Municipio de Carurú. El alcalde explicó que los habitantes del municipio no acostumbran a incluir en las festividades el uso de elementos detonantes debido a las secuelas que ha dejado la presencia constante del conflicto armado interno. Agregó que, por Decreto 064 de 17 de diciembre de 2004, del que anexó copia, se prohibió el expendio, uso y almacenamiento de pólvora.
174. Municipio de Cumaribo. El apoderado del municipio manifestó que, con el propósito de tomar medidas de seguridad contra hechos que atentan contra la vida y la integridad física de los menores, se expidió el Decreto 111 de 17 de diciembre de 2008, del que anexó copia, en el que se prohibió el uso y la manipulación de la pólvora. Indicó que el citado acto fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, para que esta ejerciera labores de control y vigilancia.
Destacó que se comunicó la prohibición al ICBF a través de correo electrónico, y, que en la población no hubo niños quemados con pólvora.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección “A”, mediante sentencia de 27 enero de 2009, accedió al amparo solicitado.
El a quo concluyó que la acción no debía prosperar respecto de los alcaldes que demostraron tomar medidas para la prohibición del uso y venta de pólvora a menores de edad y, que reglamentaron la fabricación, distribución y utilización de elementos pirotécnicos. Igualmente, negó la acción en relación con los mandatarios locales que cumplieron la medida provisional ordenada por auto de 15 de enero de 2009.
La relación de dichos alcaldes es la siguiente:
— Departamento de Antioquia: Itagüí, Giraldo, Sabaneta, Olaya, Santa Fe de Antioquia, El Retiro, Peque, Concepción, Envigado, San Carlos, Caldas, Carepa, Urrao, El Bagre, Entrerríos.
— Departamento del Atlántico: Santo Tomás.
— Departamento de Bolívar: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Mahates, Santa Rosa del Sur, San Juan Nepomuceno.
— Departamento de Boyacá: Chivor, Almeida, San Miguel de Sema.
— Departamento del Cauca: Caldoso.
— Departamento de Córdoba: Montelíbano y Momil.
— Departamento de Cundinamarca: Fosca, La Vega, Mosquera, Silvania, La Calera, La Mesa, Nemocón, Fómeque.
— Departamento del Chocó: Atrato y Unguía.
— Departamento del Guaviare: Miraflores, Calamar, San Jose del Guaviare.
— Departamento del Huila: Tarqui y Pitalito.
— Departamento del Meta: Puerto López, Granada y Castilla La Nueva.
— Departamento de Nariño: El Contadero, Ancuyá, El Peñol, Córdoba, El Tambo, Arboleda, Consacá, Puerres, Cuaspud, La Florida, Imues, Mallama— Piedra Ancha, Guachucal y Chachagüí.
— Departamento de Norte de Santander: Hacarí, Durania, San Calixto, Ocaña y Santiago.
— Departamento del Putumayo: Colón, Villa Garzón, Puerto Asís, San Francisco, Sibundoy, Valle de Guamuez y Mocoa.
— Departamento del Quindío: Salento.
— Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
— Departamento de Santander: California, San Vicente de Chucurí, Bucaramanga, Girón, Palmar y Suaita.
— Departamento del Tolima: Carmen de Apicalá, Anzoátegui, Rovira, Armero, Cajamarca, Planadas y Lérida.
— Departamento del Valle del Cauca: Argelia, Vijes, Pradera, Trujillo, El Cerrito, Yumbo y Ansermanuevo.
— Departamento del Vaupés: Carurú
— Departamento del Vichada: Cumaribo
En cuanto a los alcaldes frente a los que sí prosperó la acción, pues, no respondieron la tutela, el tribunal consideró que:
La Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 de Naciones Unidas y el artículo 44 de la Constitución Política prevén como norma fundamental de protección a los menores la prevalencia de sus derechos en el ordenamiento jurídico colombiano y, la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad para la efectividad de dicho mandato.
En la actualidad los menores gozan de pleno reconocimiento como sujetos de derecho y titulares de un interés superior jurídico de protección, gracias a la evolución de los instrumentos internacionales de derechos de la infancia.
En ese orden de ideas, los niños son objeto de protección especial y específica, la que debe responder a las necesidades que aquellos tengan durante las etapas de crecimiento y desarrollo, y, de la garantía a la vida digna y a la convivencia sana dentro de la sociedad.
Respecto de la manipulación de pólvora y fuegos artificiales por menores, el Legislador, mediante la Ley 670 de 2001, consagró la obligación para los adultos y padres de niños de prevenir el riesgo que implica que estos tengan acceso a elementos detonantes, y, facultó a las autoridades locales a permitir el uso y distribución de artículos pirotécnicos en los municipios, bajo estrictas medidas de seguridad.
En desarrollo de la ley, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4481 de 2006, en el que prohibió la manipulación y venta de artículos pirotécnicos a menores de edad y, dispuso que los niños encontrados con artículos explosivos deben ponerse a disposición del defensor de familia, para que este adopte las medidas de protección pertinentes.
Sobre la vocación de prosperidad de la tutela en la controversia sub iúdice, es claro que por el hecho de existir un estatuto de protección preferencial para los niños, la improcedencia de la acción, alegada por algunos de los accionados, no es cierta, pues, dentro de las diversas acciones previstas por el ordenamiento colombiano la tutela es el mecanismo idóneo y eficiente para evitar que continué el estado de vulnerabilidad de los menores que tienen acceso a la pólvora.
Además, el contacto de los niños con elementos pirotécnicos evidencia que quienes tienen a cargo su cuidado y protección, omiten el papel de vigías y dejan en situación de total indefensión a los menores.
En conclusión, todas las autoridades del Estado deben propender por lograr la protección real de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De manera que el juez de tutela debe intervenir para que los diversos organismos estatales prevengan que los menores sufran las consecuencias derivadas de accidentes con pólvora.
De otra parte, no existe el estado de cosas inconstitucional que alegó el actor en la solicitud de tutela. Aunque la manipulación de pólvora compromete la integridad de los niños, de esta circunstancia no se desprende la vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales que afecta a un número significativo de personas, como sí ocurre en casos en los que la Corte Constitucional ha hecho uso de esta figura, verbigracia, para la protección de desplazados o de los internos en cárceles y penitenciarias.
La relación de alcaldes tutelados por el a quo es la siguiente (*se advierte que los alcaldes de los municipios subrayados fueron incluidos por el a quo tanto en la lista de tutelados como en la lista respecto de los que no prosperó la acción):
— Departamento del Amazonas: Puerto Nariño.
— Departamento de Antioquia: Amagá, Buriticá, Caracolí, Ebéjico, Liborina, Murindó, Necoclí, Nechí, San Francisco, San Juan de Urabá, San Pedro, San Rafael, San Vicente, Santa Bárbara, Turbo, Uramita, Vigia del Fuerte y Yondó.
— Departamento de Bolívar: Achí, Altos del Rosario, Arenal, Arjona, Aroyohondo, Barranco de Loba, Cantagallo, Cicuco, Córdoba, Clemencia, Carmen de Bolívar, El Guamo, El Peñón, Hatillo de Loba, Magangué, Margarita, María La Baja, Montecristo, Mompox, Morales, Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Cristóbal, San Estanislao, San Fernando, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Catalina, Santa Rosa, Simití, Soplaviento, Talaigua Nuevo, Tiquisio, Turbaco, Turbaná, Villanueva y Zambrano.
— Departamento de Boyacá: Coper, La Victoria, Muzo y San Miguel de Sema*.
— Departamento del Cesar: Bosconia, Gamarra, González, Pelaya, Pueblo Bello, San Martín y Tamalameque.
— Departamento de Córdoba: Montería, Buenavista, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Las Córdobas, Moñitos, Planeta Rica, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento, Tierralta y Valencia.
— Departamento del Chocó: Acandí, Belén de Bajirá, Bojayá, El Carmen, Condoto, Nóvita, Rio Iró y Ungía*.
— Departamento de La Guajira: Albania y Barrancas.
— Departamento del Guaviare: El Retorno.
— Departamento del Meta: Guamal y La Macarena.
— Departamento de Nariño: Albán, Aldana, Barbacoas, Belén, Buesaco, Colón, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Rosario, El Tablón de Gómez, Funes, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Llanada, La Tola, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Magüí, Mosquera, Nariño, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Policarpo, Potosí, Providencia, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, Sandoná, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Santa Bárbara, Santacruz, Sapuyés, Taminago, Tangua, San Andrés de Tumaco, Túquerres y Yacuanquer.
— Departamento de Norte de Santander: El Tarra, Gramalote, Los Patios, Ocaña*, San Cayetano, Villa Caro y Villa del Rosario.
— Departamento del Putumayo: Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Leguízamo, San Miguel y Santiago.
— Departamento del Quindío: Buenavista y Córdoba.
— Departamento de Risaralda: Belén de Umbría, Marsella y Santuario.
— Departamento de Santander: Florián, Palmas del Socorro y Puerto Parra.
— Departamento de Sucre: Colosó, Chalán, El Roble y San Juan de Betulia.
— Departamento del Tolima: Alpujarra, Ambalema. Ataco, Casablanca, Cunday, Guamo, Melgar, Piedras, Planadas*, Purificación, Ríoblanco, Roncesvalles, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Valle de San Juan y Villa Rica.
— Departamento del Valle del Cauca: Caicedonia, Dagua, El Águila, El Dovio, Jamundí, Palmira, Roldadillo, Ulloa, Versalles, Vijes*, Yotoco y Zarzal.
— Departamento del Vaupés: Mitú y Taraira.
El tribunal ordenó a los alcaldes de estos municipios expedir los actos administrativos correspondientes para cumplir las disposiciones de la Ley 670 de 2001 y de los artículos 4º, 5º, 7º, 8º y 9º del Decreto 4481 de 2006, es decir, establecer la prohibición de venta y manipulación de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales a los menores de edad, y, restringir el uso de dichos elementos a especialistas.
Conminó a los aludidos mandatarios a desarrollar como mínimo una campaña pedagógica para prevenir a los menores sobre los peligros de manipulación de la pólvora, y, para poner en conocimiento de los adultos responsables las sanciones por permitir a los menores el acceso a elementos detonantes.
Y, dispuso que los alcaldes y las otras autoridades de sus municipios, debían realizar campañas pedagógicas a través de los cuerpos de bomberos, instituciones educativas, estaciones de policía, entidades prestadoras de servicios de salud y medios de comunicación, durante el mes anterior a la celebración de fiestas religiosas, patronales y culturales, con el fin de ilustrar a los ciudadanos sobre la prohibición del uso de la pólvora por menores de edad (fls. 435 a 518 cdno. ppal.).
— Municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander). La alcaldesa impugnó la decisión. Manifestó que dio cumplimiento a las disposiciones de la Ley 670 de 2001 con la expedición del Decreto 0181 de 21 de noviembre de 2008, por el que prohibió la manipulación y uso de artículos pirotécnicos a los menores de edad.
Adujo que, con apoyo de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos, adelantó la campaña de educación y prevención “No le quemen la Navidad a sus hijos”, en virtud de la que se repartieron volantes alusivos a la prevención de la manipulación de la pólvora por menores de edad. Adjuntó copia del informe de la policía, fotografías de dicha campaña y copia del Decreto 0181 de 2008.
Señaló que el accionante no demostró que los derechos constitucionales fundamentales de los niños se afectaron por los alcaldes municipales y, que la acción procedente para el fin pretendido por el ICBF es la de cumplimiento.
— Municipio de La Macarena (Meta). En escrito extemporáneo, el asesor jurídico impugnó la decisión. Pidió que se declarara que el alcalde no ha vulnerado los derechos de los niños.
Adujo que la tutela no debió prosperar en relación con el municipio, dado que se remitió copia del Decreto 096 de 16 de diciembre de 2008, por el que se reglamentó el uso y distribución de pólvora y, se prohibió la manipulación de esta a menores de edad. Destacó que en el municipio no se presentaron accidentes ni lesiones por el uso de artículos pirotécnicos.
— Municipio de San Fernando (Bolívar). En escrito extemporáneo, el alcalde impugnó la decisión y, solicitó que se le excluyera del fallo de tutela, toda vez que por Decreto 118 de 23 de diciembre de 2008 prohibió la fabricación, tenencia, comercialización y uso de elementos y juegos pirotécnicos con contenido de pólvora.
Sostuvo que remitió al ICBF copia del aludido decreto el 23 de diciembre de 2008 y, que en el municipio se realizaron campañas de prevención, con ayuda de la Policía Nacional, a través de la Emisora Siglo XXI. Recalcó que el Hospital Local San Fernando no reportó personas quemadas por el uso de pólvora.
— Municipio de La Apartada (Córdoba). En escrito extemporáneo, el alcalde municipal impugnó la decisión y, solicitó que se desvinculara al municipio de la actuación. Adujo que, en el término para contestar la tutela, envió las explicaciones requeridas por el tribunal con los respectivos soportes probatorios. Manifestó que escapó a su voluntad el hecho de que la contestación no se haya remitido por el ICBF o que haya sido enviada extemporáneamente.
Agregó que, por Decreto 155 de 9 de diciembre de 2008, prohibió el uso de la pólvora a menores de edad y promovió acciones concertadas con la policía para hacer efectiva la medida. Anexó copia del oficio enviado para la contestación de la acción de fecha 20 de febrero de 2009 y copia del decreto.
— Municipio de El Bagre (Antioquia). El alcalde impugnó la decisión. Reiteró los argumentos del escrito de oposición a la tutela. También, remitió copias de los certificados del Hospital Nuestra Señora del Carmen y del subintendente de la policía Alfonso Homez Rincón, en los que se da cuenta que en el municipio no hubo accidentes con fuegos artificiales.
— Municipio de Guamal (Meta). El apoderado del municipio impugnó la decisión y solicitó que se decretara la nulidad de lo actuado desde al auto admisorio o, en su defecto, que se negaran las pretensiones de la tutela, por cuanto se vulneró su derecho al debido proceso, pues, no tuvo la oportunidad de enterarse de la solicitud de amparo ni, mucho menos, de controvertirla.
Alegó que no se han afectado los derechos de los niños de la población, toda vez que, desde el año 2006, la alcaldía expidió una reglamentación sobre el manejo de la pólvora y, prohibió la manipulación de esta a menores de edad. Indicó que la administración municipal a través de la secretaría de gobierno, en coordinación con el comandante de la estación de policía, realizó un control efectivo y pedagógico sobre el cumplimiento de la prohibición.
Anexó copia del Decreto 101 de 3 de diciembre de 2004 que reglamentó el uso de la pólvora y, un informe del Cuerpo de Bomberos y de la estación de policía, sobre el acatamiento de la medida por parte de los establecimientos de comercio.
La acción de tutela, además, se caracteriza por ser personal, esto es, únicamente puede ser interpuesta por quien tenga interés en la protección de su derecho o por su representante (C.P., art. 86 [1]). Así mismo, debe tenerse en cuenta que el procedimiento es preferencial y sumario; el juez está facultado para proteger el derecho de manera efectiva, a través de órdenes que debe cumplir la persona frente a la cual se pide la tutela, como mecanismo para la inmediata garantía del derecho, no como restablecimiento del mismo, para lo cual existen otras acciones. Cuando la situación deba resolverse por el procedimiento ordinario, la protección que se otorgue mediante la tutela es de naturaleza transitoria; finalmente, si la protección que se solicita tiene que ver con hechos o situaciones cumplidas, consumadas e irreversibles, la acción procedente no es la de tutela sino la de reparación por la vía ordinaria, si a esta hubiere lugar.
Mediante el ejercicio de la presente acción se pretende que, para garantizar la protección de los derechos fundamentales a la vida e integridad física de los niños, niñas y adolescentes, se ordene a los alcaldes de los municipios y distritos, mencionados en los folios 2 a 8, prohibir la venta, utilización, manipulación o compra de pólvora y/o elementos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos.
También, que se ordene a los accionados impedir la quema en vías públicas de llantas, alambres y muñecos de cualquier material que contengan artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o elementos que causen combustión. Y, que la manipulación de artículos pirotécnicos quede a cargo de adultos especializados en la materia.
Para abordar el estudio de la controversia sub iúdice se propone el siguiente orden:
1. Procedencia de la acción
1.1. Normatividad sobre la venta, distribución, manipulación y uso de la pólvora.
1.2. Medios de defensa judicial para hacer efectiva la prohibición prevista en la Ley 670 de 2001 y en el Decreto 4481 de 2006.
2. Exhortación a las autoridades accionadas para que adopten todas las medidas necesarias para evitar accidentes con pólvora.
1. Procedencia de la acción.
Como se advirtió, la acción de tutela no es procedente como medio supletorio de otros instrumentos de defensa judicial, tampoco los suprime o desplaza, ni compite o alterna con ellos(2). No es factible que el interesado elija, según su discrecionalidad, entre la tutela y el medio de defensa previsto por la ley, porque siempre prevalece aquella(3).
La excepción a esta preceptiva es que el mecanismo de defensa judicial ordinario no resulte idóneo y eficaz, es decir, adecuado y contundente(4). Corresponde al juez verificar, en cada caso, si por sus características la acción ordinaria es suficiente para salvaguardar los derechos que se alegan vulnerados o amenazados. Desde luego, no es posible eludir las acciones ordinarias con el pretexto de que estas resultan engorrosas o demoradas. Si esto no fuera así, desaparecerían todas las acciones judiciales y la de tutela se tornaría en el único medio para decidir cualquier controversia.
En ese orden de ideas, le corresponde al juez proteger la subsidiariedad de la tutela, pues, de lo contrario esta se desnaturalizaría. El valor de la tutela es precisamente brindar un remedio expedito y eficaz en ausencia de un medio de defensa judicial ordinario. Todas las acciones judiciales están diseñadas para garantizar los derechos constitucionales y legales de quienes recurren a ellas.
No se desconoce la gran importancia de la acción de tutela, como institución jurídica. Sin embargo, su ejercicio debe ser razonado y coherente con las limitaciones que se han señalado. No es capricho del juez limitar el ejercicio de la acción de tutela, pues la Constitución es la que ordena su procedencia excepcional (C.P., art. 86 [3]).
Ahora bien, la tutela procede de forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable. Conforme con la jurisprudencia constitucional este perjuicio debe ser inminente, urgente y grave. De allí que demande la intervención impostergable del juez de tutela.
La inminencia del perjuicio se da porque está por suceder con prontitud, es decir, hay evidencia de su presencia real en corto tiempo. La urgencia se da porque es necesario tomar medidas proporcionales y rápidas para conjurar la proximidad del perjuicio. La gravedad se da por la intensidad del daño o, menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. Por la urgencia y gravedad, el amparo judicial debe ser impostergable, si este se pospone corre el riesgo de convertirse en ineficaz por inoportuno(5).
La tutela como mecanismo transitorio supone la existencia de otro medio de defensa judicial. En este caso, la presencia del medio judicial ordinario no impide al interesado acudir a la tutela, pero si lo obliga a hacer uso de dicho medio, pues, en caso de que el juez de tutela acceda al amparo, este solo es temporal.
En el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó la oposición de algunos de los alcaldes accionados, que adujeron la improcedencia de la tutela en la controversia sub iúdice por existir otro mecanismo de defensa judicial, como la acción de cumplimiento. Igual argumento presentaron los alcaldes que impugnaron la decisión del a quo.
Por tanto, es imperioso precisar si, frente a la alegada vulneración de los derechos a la vida e integridad física de los niños, niñas y adolescentes que habitan municipios en los que sus alcaldes no han restringido el uso de la pólvora o, no han promovido campañas educativas y de prevención sobre los riesgos de la manipulación de artículos pirotécnicos, la tutela procede como mecanismo de protección.
Empero, antes se precisará la normatividad que regula la prohibición del uso de la pólvora por menores, toda vez que es indispensable establecer el fundamento de la solicitud de tutela y, de contera, vislumbrar si existe otro medio de defensa judicial eficaz e idóneo.
La Ley 670 de 2001 desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución Política. Tiene como fin garantizar a los niños los derechos fundamentales a la vida, integridad física, salud y recreación. Para ello, establece las previsiones de protección al menor por el manejo de artículos o juegos pirotécnicos, prohíbe de forma absoluta la venta de esos elementos a infantes, e, impone a los padres el deber de orientar a sus hijos sobre la prohibición y de participar en campañas de prevención sobre el riesgo de manipular fuegos artificiales(6).
Para el control a la distribución de pólvora, la Ley 670 de 2001 faculta a los alcaldes municipales y distritales permitir esta actividad, siempre y cuando se haga con la observancia de las medidas de seguridad que determinen técnicamente las autoridades o cuerpos de bomberos para prevenir incendios o situaciones de peligro. Las medidas se condicionan a una clasificación de los fuegos artificiales según su nivel de riesgo, la que va desde los elementos inofensivos hasta los que únicamente pueden ser manipulados por expertos(7).
La ley en comento contempla sanciones para los adultos que permitan o induzcan a menores de edad a manipular fuegos artificiales y, a los representantes legales de los niños que resulten lesionados por el uso de pólvora, en el evento que aquellos sean responsables del accidente. En cuanto a los menores sorprendidos con artículos pirotécnicos, la norma ordena ponerlos a disposición del defensor de familia, que deberá determinar las medidas de protección a las que haya lugar(8).
Sobre el acceso a servicios de salud, la aludida ley obliga a los centros de salud y, a los hospitales públicos y privados a prestar de inmediato atención médico - hospitalaria de urgencia a los menores lesionados por artículos pirotécnicos, sin que se pueda aducir ningún motivo para negarla.
La Ley 670 de 2001 fue reglamentado por Decreto 4481 de 2006, que reitera la prohibición absoluta de venta de pólvora a menores de edad y, de que estos la manipulen. Además, establece los requisitos y normas de seguridad que los alcaldes deben tener en cuenta para otorgar permisos de distribución de artículos pirotécnicos(9).
Del análisis tanto de la Ley 670 de 2001 como del Decreto 4481 de 2006, se concluye que la prohibición de venta de pólvora a menores de edad o, su uso por estos tiene rango legal. De manera que no es potestativo de los alcaldes municipales o distritales establecer la prohibición, pues, como se explicó, dichas autoridades locales solo tienen la facultad de fijar las medidas sobre condiciones de seguridad para la distribución de artículos pirotécnicos y, de conocer de las infracciones a tales disposiciones.
Con fundamento en estas precisiones, se pasa al estudio de la petición del actor y, de la posibilidad de acceder a ella a través de la acción de tutela.
Se recuerda que el objetivo de la presente solicitud de tutela es que se ordene a los alcaldes de los municipios y distritos accionados prohibir la venta y distribución de pólvora y, de otros elementos explosivos. También que se restrinja la quema de muñecos y globos. Y, que en todo caso, que se disponga que la manipulación de los aludidos artículos esté a cargo de adultos especializados en la materia. Además que se promuevan campañas de prevención sobre los riesgos de la manipulación de pólvora y fuegos artificiales.
En concreto, el ICBF pretende que se ordene a los accionados dar cumplimiento a los mandatos de la Ley 670 de 2001 y del Decreto 4481 de 2006.
De acuerdo con el artículo 87 de la Constitución Política, toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.
De manera que, en el caso bajo estudio se advierte que el medio de defensa previsto por el ordenamiento para satisfacer la petición del actor no es la acción de tutela sino la acción de cumplimiento.
No obstante, se precisó que la presencia de un medio ordinario de defensa no conlleva automáticamente a descartar la procedencia de la acción de tutela. El juez del caso debe verificar si dicho medio es idóneo y eficaz, esto es, adecuado y contundente.
La acción de cumplimiento faculta a toda persona, incluso a los servidores públicos, a acudir ante la autoridad judicial —jueces administrativos— para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y, que es omitido por la autoridad(10).
El fin de esta acción es procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos. También, concretar los principios básicos del Estado y asegurar la vigencia de un orden justo. Lo anterior, bajo la premisa que ni la función legislativa ni la ejecutiva o administrativa se agotan con la simple formulación de normas o la expedición de actos administrativos. Por el contrario, los fines del Estado se logran cuando efectiva y realmente se cumplen las normas(11).
En ese orden de ideas, la acción de cumplimiento es el instrumento para dar eficacia al ordenamiento, para el caso la prohibición prevista en la Ley 670 de 2001 y en el Decreto 4481 de 2006, a través de la exigencia a las autoridades que desempeñen funciones públicas, para el caso alcaldes municipales y distritales, de ejecutar materialmente las normas contenidas en leyes y lo ordenado en actos administrativos.
Con base en estas precisiones, se concluye que la acción de cumplimiento es idónea o adecuada para satisfacer lo que se persigue con la acción de tutela.
Respecto de la eficacia del medio de defensa, se destaca que la acción de cumplimiento, de acuerdo con los artículos 11, 15 y 21 de la Ley 393 de 1997, tiene un trámite preferencial en el que el juez puede demandar de la autoridad renuente el cumplimiento inmediato de la norma inobservada. Aunado a lo anterior, una vez proferido el fallo que accede a la acción, el demandado tiene diez (10) días para acatar la sentencia(12).
De las características anotadas del procedimiento de la acción de cumplimiento, se concluye que esta ofrece un instrumento contundente para la consecución del objetivo que el actor planteó a través de la tutela, pues dicha acción otorga al juez un procedimiento breve y, con suficientes herramientas y facultades para lograr la efectividad de las normas incumplidas.
No pasa inadvertido el mandato del artículo 9º de la Ley 393 de 1997. Según este, la acción de cumplimiento no procede para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de tutela.
Sobre este punto es necesario aclarar lo siguiente:
La procedencia de la tutela se limita, además de los presupuestos mencionados, a que algún derecho fundamental se encuentre efectivamente amenazado o vulnerado. Entonces el juez de tutela no debe esperar la vulneración del derecho para conceder la protección, sino que debe procurar la defensa de derechos sobre los que exista amenaza.
No obstante, la jurisprudencia constitucional ha indicado que para que la amenaza haga viable la protección de la tutela, ella no puede ser una simple posibilidad de realización, “pues si ello fuera así, cualquier persona podría solicitar protección de los derechos fundamentales que eventualmente podrían serle vulnerados bajo cualquier contingencia de vida, protección que sería fácticamente (sic) imposible prodigarle, por tratarse de hechos inciertos y futuros (...)”(13).
Si no existe una razón objetiva, fundada y clara de la que se pueda inferir que los hechos u omisiones amenazan los derechos fundamentales del tutelante, no podrá concederse el amparo. En consecuencia, la amenaza debe ser contundente, cierta, ostensible, inminente y clara, para que la protección judicial de manera preventiva evite la realización del daño futuro(14).
En el caso concreto, el accionante fundamenta la amenaza a los derechos a la vida e integridad física de los niños, niñas y adolescentes en la posibilidad de que estos sufran accidentes por la manipulación de pólvora. Desde luego, la idea de que un menor se lesione con artículos explosivos es alarmante y demanda la intervención de todas las autoridades estatales para conjurar el peligro, como se precisará adelante. Empero, los accidentes, como su noción lo indica, se caracterizan por ser sucesos eventuales que resultan dañosos para las personas(15).
En razón del carácter eventual de los accidentes —supuesto en el que se edifica la solicitud de tutela—, es claro, que no existe una amenaza que reúna las características de contundencia, certeza, inminencia y claridad necesarias para la procedencia de la acción de tutela. En efecto, la amenaza de vulneración de algún derecho en la controversia sub iúdice tiene que ver con la ocurrencia de un hecho futuro e incierto, cuyo posible afectado se encuentra indeterminado.
Respecto de los accidentes que ya acontecieron, tampoco hay posibilidad de emplear la acción de tutela como un mecanismo de protección, pues, como se mencionó, esta no tiene el alcance de servir como instrumento de defensa judicial frente a situaciones consumadas e irreversibles (D. 2591/91, art. 6º [4]).
De manera que, según las anteriores precisiones, no hay lugar a aplicar la excepción de improcedencia de la acción de grupo (L. 393/97, art. 9º) en el asunto bajo estudio, porque no existe la posibilidad de proteger mediante tutela los derechos que se alegan amenazados.
Como de los argumentos expuestos se concluye que existe otro medio de defensa eficaz e idóneo para decidir la presente controversia, la tutela es improcedente, razón por la que se revocará el fallo impugnado y se negará la solicitud.
Todos los instrumentos internacionales sobre protección de derechos de los niños parten del presupuesto que estos, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidado especial, incluso el debido amparo legal, tanto antes como después del nacimiento(16).
El presupuesto de protección especial a la infancia ha propiciado la evolución de los mecanismos internacionales de amparo; en efecto, en principio estos tuvieron la categoría de declaraciones, a saber, la de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y la de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y, en un estadio superior se adoptaron bajo la figura de tratados internacionales de obligatorio cumplimiento para las partes, como la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989. Dicha evolución, también ha incentivado la creación de organismos especializados y de organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, a manera de ejemplo la UNICEF.
La protección de la infancia también es objeto de regulación de los instrumentos universales sobre derechos humanos, es así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 23 y 24) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10) reconocen los derechos de los niños y prevén la necesidad de brindarles especial cuidado y asistencia.
La Convención sobre los Derechos del Niño contempla que los Estados Partes tienen la obligación de respetar los derechos enunciados en el instrumento y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción (art. 2º [1]); de asegurar que todas las medidas sobre la infancia que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos estén conforme a la atención del interés superior del menor (art. 3º [1]); de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y; para cumplir con ese fin, adoptar todas las disposiciones legislativas y administrativas adecuadas (art. 3º [2])(17).
En el ámbito regional de protección de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 19) prevé que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado (negrita fuera del texto (sic)).
En cuanto al ordenamiento interno la Constitución Política (art. 2º) dispone como fin del Estado garantizar la convivencia pacífica y, como deber de las autoridades la misión de proteger a las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos fundamentales. Respecto de los niños el artículo 44 Superior establece la prevalencia de sus derechos fundamentales, entre otros, la integridad física y la salud y, establece el principio de corresponsabilidad, conforme al cual incumbe a la familia, a la sociedad y al Estado asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Como desarrollo del mandato constitucional el Legislador expidió la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), la cual tiene como objeto garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los niños consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y su restablecimiento cuando estén afectados (art. 2º).
Para instrumentalizar la prevalencia de los derechos de la infancia, el Código prevé que sus normas, entiéndase reglas y principios, son de orden público y su aplicación es preferente frente a las disposiciones de otras leyes. La interpretación y aplicación de dichas normas debe realizarse conforme con las disposiciones de la Constitución Política y de los tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia, especialmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, y, en todo caso se debe aplicar la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente (arts. 5º y 6º).
Para precisar la noción de interés superior de los niños es necesario acudir a la definición de la Ley 1098 de 2006 que lo entiende como el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los Derechos Humanos de los niños, que son universales, prevalentes e interdependientes (art. 8º); de manera que las actuaciones administrativas, judiciales o de cualquier naturaleza en las cuales se adopten medidas sobre los niños prevalecerán sobre otras, aún en el caso de que exista conflicto con los derechos de otra persona (arts. 8º y 9º).
De este recuento normativo, se concluye que los niños deben recibir del Estado, de la familia y de la sociedad el reconocimiento como sujetos especiales de derechos y titulares de la garantía del cumplimiento de estos, así como la prevención de amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato. Además, es obligación de los mencionados estamentos brindar una protección integral a la infancia, la que se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos (art. 7º).
Ahora bien, en relación con la solicitud del accionante es necesario insistir que la prohibición de la venta de pólvora a menores o su uso por estos tiene rango legal, por lo que la ausencia de regulación de este tema en normas del orden distrital o municipal no equivale a la existencia de una autorización para que los niños tengan acceso a los artículos pirotécnicos. También, se reitera que por la existencia de otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz, la tutela en el asunto bajo estudio deviene improcedente.
No obstante, en virtud de la medida provisional y del fallo que se dictaron en primera instancia, una gran parte de los alcaldes accionados, como se evidenció en el recuento de los hechos, adoptaron medidas para la regulación de la distribución y manipulación de pólvora en sus municipios y distritos y, promovieron campañas educativas para prevenir sobre los riegos por la manipulación de elementos explosivos.
Este esfuerzo institucional no puede ser ajeno a las consideraciones de este fallo. En razón de ello, se exhortará a los alcaldes accionados y en general a todas las autoridades que, conforme con la Ley 670 de 2001 y el Decreto 4481 de 2006, tienen la obligación de regular el uso y distribución de artículos pirotécnicos para que adopten todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes por la indebida manipulación de dichos artículos.
Además, se exhortará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que, a través de todas sus dependencias que hacen presencia en el territorio nacional, promueva las acciones de cumplimiento contra los alcaldes municipales y distritales renuentes a acatar los mandatos de la Ley 670 de 2001 y del Decreto 4481 de 2006.
1. Revócase el fallo de 27 de enero de 2009 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección “A”, proferido dentro de la acción de la referencia.
Niégase la solicitud de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Exhórtase a los alcaldes accionados y en general a todas las autoridades que, conforme con la Ley 670 de 2001 y el Decreto 4481 de 2006, tienen la obligación de regular el uso y distribución de artículos pirotécnicos para que adopten todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes por la indebida manipulación de dichos artículos.
3. Exhórtase al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que, a través de todas sus dependencias en el territorio nacional, promueva las acciones de cumplimiento contra los alcaldes municipales y distritales renuentes a acatar los mandatos de la Ley 670 de 2001 y del Decreto 4481 de 2006
Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia—William Giraldo Giraldo, Presidente de la Sección—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(1) Artículo 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
(2) Correa Henao, Nestor Raúl. Derecho Procesal de la Acción de Tutela. Grupo Editorial Ibáñez. Tercera Edición. Pág 84. Bogotá, D.C., 2009.
(3) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
(4) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-847 de 2003.
(5) Ver entre otras sentencias T-225 de 1993 y T-197 de 1996.
(6) Artículo 7º de la Ley 670 de 2001. “Se prohíbe totalmente la venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos a menores de edad y a personas en estado de embriaguez en todo el territorio nacional”.
(7) Artículo de la Ley 670 de 2001. “Los alcaldes municipales y distritales podrán permitir el uso y la distribución de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales estableciendo las condiciones de seguridad, que determinen técnicamente las autoridades o cuerpos de bomberos para prevenir incendios o situaciones de peligro, graduando en las siguientes categorías los artículos pirotécnicos o fuegos artificiales:
PAR.—Para la determinación de la clase de fuegos artificiales que correspondan a cada una de las categorías anteriores, las autoridades tendrán en cuenta la clasificación que sobre el particular establezca el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec o la entidad que haga sus veces”.
(8) Artículo 10 de la Ley 670 de 2001. “Los adultos que permitan o induzcan a menores de edad a manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o globos se les decomisará los productos y sufrirán una sanción civil consistente en la ejecución de tareas para la prevención y atención de emergencias que beneficien a la comunidad”.
Artículo 11 de la Ley 670 de 2001. “Si se encontrare un menor manipulando, portando, o usando inadecuadamente artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos, le será decomisado el producto y será conducido y, puesto a disposición de un defensor de familia, quien determinará las medidas de protección a adoptar”.
Artículo 14 de la Ley 670 de 2001. “El menor que resultare con quemaduras y daños corporales por el uso de artículos pirotécnicos, los centros de salud y hospitales públicos y privados, están obligados a prestar de inmediato la atención medico-hospitalaria de urgencia que requiera, sin que se pueda aducir motivo para negarla, ni siquiera de la ausencia de sus representantes legales, la falta de disponibilidad de dinero o falta de cupo.
PAR.—Los representantes legales del menor afectado por quemaduras ocasionadas por el uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o globos, a quienes se les encontrase responsables por acción o por omisión de la conducta de aquel, se les aplicará una sanción pecuniaria hasta por cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
(9) Artículo 2º del Decreto 4481 de 2006: “Protección a menores. Está prohibida toda venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos a menores de edad y a personas en estado de embriaguez en todo el territorio nacional. Si se encontrare un menor manipulando, portando o usando inadecuadamente artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos, le será decomisado el producto y será conducido y, puesto a disposición de un defensor de familia, quien determinará las medidas de protección a adoptar”.
(10) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-157 de 1998.
(12) Artículo 11 de la Ley 393 de 1997: “Trámite preferencial. La tramitación de la acción de cumplimiento estará a cargo del juez, en turno riguroso, y será sustanciada con prelación, para lo cual pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo la acción de tutela.
Cuando en la localidad donde se presente la acción de cumplimiento funcionen varios despachos judiciales de la misma jerarquía y especialidad de aquel ante el cual se ejerció, la misma se someterá a reparto que se realizará el mismo día y a la mayor brevedad. Una vez realizado el reparto de la solicitud de cumplimiento se remitirá inmediatamente al funcionario competente.
Los términos son perentorios e improrrogables”.
Artículo 15 de la Ley 393 de 1997: “En desarrollo del principio Constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el juez que conozca de la solicitud podrá ordenar el cumplimiento del deber omitido, prescindiendo de cualquier consideración formal, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave o inminente violación de un derecho por el incumplimiento del deber contenido en la ley o acto administrativo, salvo que en el término de traslado el demandado haya hecho uso de su derecho a pedir pruebas”.
Artículo 21 de la Ley 393 de 1997: “Concluida la etapa probatoria, si la hubiere, el juez dictará fallo, el que deberá contener:
5. Plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no podrá exceder de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el fallo. En caso de que fuese necesario un término mayor, el Juez lo definirá previa sustentación en la parte motiva de la sentencia (...)”.
(13) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-647 de 2003 y T-502 de 2006.
(14) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-677 de 1997.
(15) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Accidente: (...) Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas (...).
(16) Cfr. Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989.
(17) Esta convención fue aprobada mediante la Ley 12 de 1991.