Source: https://www.derechoenzapatillas.com/2019/corto-con-su-ex-que-tenia-un-hijo-de-otra-relacion-ahora-debera-pasarle-alimentos/
Timestamp: 2020-06-06 11:43:19
Document Index: 300954773

Matched Legal Cases: ['artículo 676', 'artículo 659', 'artículo 673', 'artículo 659', 'artículo 7', 'artículo 646', 'artículo 659', 'artículo 646', 'artículo 669', 'artículo 548', 'de lege ferenda', 'artículo 26', 'artículo 83', 'artículo 36', 'artículo 83']

Los jueces obligaron al progenitor afin, no consanguíneo, a pasar alimentos a favor del hijo de su ex pareja. La obligación de pasar alimentos cuando no se es padre biológico.
Resulta que la madre del niño tuvo una relación con un hombre de La Pampa. Al parecer ella, la conviviente hasta que se separaron, conocía quien resultaba ser el padre biológico del niño pero, según él argumentó, le habría ocultado dicha información a su parte y a su familia (no se sabe si esto fue así o no).
Los jueces discutieron si ese progenitor afin, con quien el niño tuvo una relación como si fuese el padre biológico, estaba oblgado a pasarle alimentos a pesar de la ruptura de la relación de convivencia y sentimental con la madre. Su ex pareja, el padre afin (no biológico), se negó, aclaremos.
La mare estaba interesada en que su ex pareja contribuya con alimentos. Sobre el argumento del padre afin de que los pague el padre biológico, argumentó: “¿Por qué no dejar que sea el niño quien inste su verdadera filiación cuando lo desee?”
Según el nuevo código civil y comercial, la obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, tiene carácter subsidiario, es decir, solo en caso de que un padre o madre no pueda alimentar a sus hijos biológicos.
Además, dice que incluso cuando el progenitor afin esté obligado, cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia.
Sin embargo, agrega la norma, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia (artículo 676).
Es decir, en forma transitoria, el progenitor afin puede estar obligado a pasarle sumas de dinero a su ex concubino/a, a contribuir alimentos a su ex pareja conviviente en función del interés del niño. Los jueces discutieron la obligación del padre afín de contribuir al sustento del niño y su alcance.
En el caso, consideraron el desconocimiento del paradero del padre biológico, y la carencia de recursos de la madre, hace que el niño vea disminuido su sustento y ello constituye una excepción prevista en el art. 676 del Código Civil y Comercial.
Y agregaron que el cese de la obligación alimentaria del padre afín es por la disolución del vínculo matrimonial o ruptura de la convivencia, la excepción no pude tener un carácter permanente so pena de desnaturalizar el instituto de la obligación de la cuota asistencial a cargo del padre afín.
“Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolecente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio”.
En estos casos, el juez tiene que definir su duración de acuerdo con las siguientes pautas: a) condiciones económicas del alimentante, y b) necesidades del alimentado, para lo cual debe tenerse en cuenta el contenido de la obligación alimentaria establecido en el artículo 659.” (Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras,
Es decir, hicieron aplicación analógica de la obligación alimentaria del progenitor afín regulada en el art. 676 del CCyC en función del interés superior del niño.
De todos modos, la jurisprudencia sostuvo que si bien la contribución al sostenimiento del hijo del conviviente constituye en la actualidad una carga de familia, ello nunca podría ser en desmedro de la propia prole, ya que si tanto acento se ha puesto en la subsidiariedad de dicha obligación en relación a los titulares de la responsabilidad parental, con mayor razón deberá ceder ante la obligación que de manera principal y directa nace del vínculo parento filial propio. Es decir, primero responde el padre biológico, solo que en el caso de La Pampa, no se sabía quién era y la madre no tenía interés en iniciar la acción.
Los deberes del progenitor afin
Cuando se convive con los hijos de mi pareja el padre o madre afin tiene ciertos deberes para con ellos, entre ellos, ayudar en su crianza y educación, colaborar en su formación en las cuestiones diarias en la casa, y tomar decisiones frente a una urgencia, por ejemplo, si sucede un accidente. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 673.
Anexo con sentencias – deber alimentario del progenitor afin
Expte. Nº 6344-18 – “.. c/… s/impugnación de reconocimiento” – CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE GENERAL PICO (La Pampa) – SALA A – 24/06/2019
En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil diecinueve, se reúne en ACUERDO la SALA A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados ” S/IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO” (expte. Nº 6344/18 r.C.A.), venidos del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de esta Circunscripción. –
1.- La sentencia de primera instancia que admitió la acción de impugnación de reconocimiento de filiación de XXX contra NNN y decidió que XXXX continúe abonando la cuota alimentaria y la obra social a favor del niño en los términos del convenio de fs. 47/48, por aplicación analógica de la obligación alimentaria del progenitor afín regulada en el art. 676 del CCyC. (fs. 157/170 v.).-
C.F. apeló la decisión y expresó sus agravios a fs. 184/185, que fueron sustanciados con la representante del niño Sra. Defensora y con la progenitora D.V.A, contestándolos únicamente esta última a fs. 189/191.-
Arribada la causa a esta Alzada se corrió vista a la Asesora de Niñas, Niños y Adolescentes quien dictaminó a favor del mantenimiento de la decisión de la sentenciante a fs. 214/217, y sin más trámite pasan los autos a tratamiento del recurso.- –
2.- El recurrente pide que se deje sin efecto el punto V) del decisorio de primera instancia, y para fundarlo expresa que el interés superior del niño sobre el cual se basa gran parte del fallo atacado indica que la madre del menor necesariamente tiene que gestionar el reconocimiento de la filiación contra el padre biológico para que el niño se vincule con él y, por ende, le exija el cumplimiento de los deberes de todo padre biológico (vinculación, trato de padre e hijo, ayuda alimentaria, etc.); y agrega que, recién podría legalmente exigírsele su contribución en el caso de que el padre biológico se encuentre imposibilitado de cumplir con la obligación alimentaria respecto del niño.-
Concluye su queja incorporando el argumento de que la jueza falló ultra petita o en violación a lo peticionado por las partes pues la cuestión de la continuidad de los alimentos y de la cobertura de la obra social no fue planteado en los escritos constitutivos del proceso, lo que conspira contra el derecho de defensa en juicio y del debido proceso. –
La progenitora del niño respondió el agravio solicitando su rechazo por desierto con expresa imposición de costas. Sin perjuicio de ello expresó que el recurrente incorpora fundamentos absolutamente extemporáneos en relación a su desconocimiento de la verdadera identidad del niño, que no refuta los argumentos de la sentencia basados en el interés superior del niño ni cuál sería el mejor interés para el niño en este caso, y se pregunta por qué no dejar que sea el niño quien inste su verdadera filiación cuando lo desee. –
Respecto de fallar en un aspecto que ninguna de las partes introdujo, específicamente la continuidad del pago de la cuota alimentaria, entiende correcta y justa la sentencia apelada porque protege al niño de la irresponsabilidad y mezquindad de los adultos que con sus actitudes lo han sometido a un desamparo afectivo sin tener en cuenta el daño que ocasionan.-
3.- Argumentación: Si bien el recurrente esgrime un solo agravio que se refiere al pago de la cuota alimentaria y obra social, el fundamento que lo contiene se divide en dos cuestiones: una referida a si le compete la obligación del pago de los alimentos, y la segunda es que la sentencia de grado ha violado el principio de congruencia.-
Teniendo en cuenta que esta última cuestión hace a la procedencia de la sentencia comenzaré desde ella el análisis del recurso, es decir, desde que el apelante sostiene que la jueza de grado ha violado el principio de congruencia al fallar “ultra petita”, habida cuenta que las partes en los respectivos escritos constitutivos del pleito, no han planteado nada sobre la obligación alimentaria del niño. –
La congruencia como la define Jorge W. Peyrano: “es la exigencia de que medie identidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que la dirima”. (El proceso civil. Principios y fundamentos, Astrea, Buenos Aires, 1978, p. 64). Ahora bien esto se da dentro de un margen dispositivo, es decir, cuando están en juego intereses individuales o privados, pero cuando se encuentra afectado un interés público, este principio -que no es de cáracter absoluto- cede en función de los valores predominantes en la sociedad, por ello el juez puede flexibilizarlo. En este sentido la destacada doctrinaria Mabel Alicia De los Santos advierte:”Al respecto cabe recordar que ´el tiempo modifica los principios fundamentales igual que cambia las reglas del derecho´ y que los valores predominantes en una sociedad y las concepciones vigentes sobre el modo de alcanzarlos incide en la jerarquía axiológica de los principios fundamentales. En el ámbito del proceso la modificación de la escala axiológica ha llevado a jerarquizar algunos principios procesales y a la flexibilización de los que no conducen siempre a la obtención de un proceso útil, así como a la armonización de los sistemas antagónicos con un criterio de eficacia” (La flexibilización de la congruencia • De los Santos, Mabel Alicia • Sup. Esp. Cuestiones Procesales Modernas 2005 (octubre), 80).-
Es muy claro que en el caso que nos ocupa están afectados los derechos a un niño, y justamente en ese marco la Convención de los Derechos del Niño, que nuestro país ha ratificado y tiene raigambre constitucional, está resguardando un interés superior de un sujeto vulnerable que todo magistrado debe proteger, so pena de generar responsabilidad internacional del Estado argentino. Por tanto cuando está en juego la subsistencia de un niño, se produce una merma en el derecho dispositivo, para que el juez pueda proteger al sujeto vulnerable. La doctrina acompaña estos conceptos: “El principio de congruencia es una derivación del principio o sistema dispositivo. Vale decir, que solo interviene cuando están involucrados meros intereses privados, sin que exista afectado un interés social. Sin embargo, éste está en juego cuando se trata de proteger a los niños o adolescentes. No hay discusión en la doctrina sobre este punto. Para indicarlo más precisamente, cuando en un proceso de familia intervienen menores de edad el sistema dispositivo está excluido. Bien se ha dicho que en estos casos´la indisponibilidad del derecho sustancial debatido supone que tales procesos civiles son, por necesaria consecuencia, plenamente inquisitivos; con la virtualidad que ello apareja´; o sea, que acontece ´la supresión del carácter dispositivo del proceso en todas sus manifestaciones…´ (Los niños y la actuación oficiosa de la judicatura: réplica a una crítica equívoca • Mizrahi, Mauricio L. • DFyP 2016 (agosto), 3). Por los motivos expuestos entiendo que la jueza de grado no ha violentado en su sentencia el principio de congruencia. –
El segundo punto del agravio esgrimido, la obligación alimentaria del “padre afín”, puede también a desdoblarse en dos cuestiones; la primera de carácter fáctico, en la cual el recurrente entiende que sobre la base de la documental de fs. 64; la madre de …, conocía quien resultaba ser el padre biológico del niño, y que ocultó dicha información a su parte y a su familia; el segundo tema es la obligación del padre afín de contribuir al sustento del niño y su alcance.-
En cuanto a la primera cuestión debo decir que el recurrente se limita a manifestar que fue ocultado a su parte que el niño poseía un padre biológico, basado en el certificado de bautismo. La sentencia de la magistrada de grado fue muy clara al considerar que en la documentación de fs. 64, -que se menciona en los agravios- obra que el apelante es padrino del niño, siendo que en ese instrumento consta el nombre de quien supuestamente puede ser el padre biológico de niño Si bien el instrumento es expedido el 15/02/2.017, la información contenida en él data de la fecha de bautismo acaecido el día 03/08/2.008. Además de ello, cabe agregar que F no constestó la demanda y tampoco se presentó a la audiencia preliminar, con las consecuencias que ello implica, es decir, el reconocimiento de los hechos en función del art. 338 del C.Pr. Inclusive de haber contestado la demanda pudo aclarar u ofrecer pruebas para demostrar lo que pretende, pero ahora a través de este agravio es tarde y lo hace en violación a lo dispuesto por el art. 258 del C.Pr. que se posiciona como una limitación ineludible a tal fin, al disponer expresamente que “La Cámara de Apelaciones no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia…”. Al respecto, destacada doctrina explica que “… para que la alzada pueda pronunciarse, es necesario que tales capítulos hayan sido propuestos a la decisión del juez de primera instancia, es decir, en los escritos introductorios que son las etapas adecuadas para lograr el pronunciamiento del a quo; y no en cualquier oportunidad que no resulte la adecuada para obtener el pronunciamiento del juez de primera instancia (como ocurriría si se plantea el capítulo al momento de alegar). Por supuesto, incluso con mayor razón, la expresión de agravios en el trámite del recurso de apelación no es la vía pertinente para introducir nuevos planteamientos o defensas que debieron deducirse en el correspondiente estadío procesal (Roberto G. Loutayf Ranea, “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, págs. 183/184, Astrea) (PANELO, Walter René C/ BORDA, Carlos Damián S/ DESPIDO INDIRECTO, expte. Nº 5876/16 r.C.A.). Con lo cual en esta cuestión el agravio carece de fundamentos sólidos para enervar los argumentos de la jueza de grado-
La segunda cuestión se centra en que la obligación alimentaria ha cesado, como padre afín, por disolución del vínculo matrimonial y por ello se encuentra solo en cabeza del padre biológico del niño. Estos solos fundamentos son escasos ante la contundencia argumental de la sentencia atacada. El hecho del desconocimiento del paradero del padre biológico, y la carencia de recursos de la madre, hace que el niño vea disminuido su sustento y ello constituye una excepción prevista en el art. 676 del Código Civil y Comercial, tal como lo dispuso la sentenciante. En este punto la expresión de agravios solo constituye una mera discrepancia con lo decidido por la jueza sobre la obligación de prestar alimentos del padre afín, y por ello en este punto considero esos argumentos como desiertos. Así esta alzada lo ha manifestado: “El hecho de que la crítica sea concreta se debe a que la misma tiene que referirse específicamente al error de la resolución por el cual se reclama ante la alzada, pues los agravios deben ser hechos de modo claro y explícito, aspecto que constituye una carga procesal y deben contener una indicación detallada de los pretendidos errores u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento. Que la crítica sea razonada, importa que la misma deba contener fundamentos y una explicación lógica de por qué el juez ha errado en su decisión, es decir, ha de presentarse una crítica precisa de cuáles son los errores que la resolución contiene, ya sea en la apreciación de los hechos y de la valoración de la prueba o de la aplicación de las normas jurídicas (ver Falcón Enrique M. – Colerio Juan P. ´Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial´, Tomo VIII, ps. 108/109; edit. Rubinzal Culzoni 2009; Palacio: ´Derecho Procesal Civil´, Tomo V, p. 261; 2ª edición actualizada. Reimpresión; edit. Abeledo Perrot 2005). Debe tenerse presente que, ni la mera discrepancia, disentimiento o disconformidad con el juez, en modo alguno constituyen una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas; es decir, la mera discrepancia o disconformidad con la solución sin aportarse razones que la desvirtúen o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios en los términos que lo exige el art. 246 del Código Procesal (ver Santi Mariana en: en Highton – Areán: “Código Procesal Civil…”, Tomo 5, p. 241, edit. Hammurabi 2006)…” (GAMALERIO, Silvia Griselda y otros c/ GROSSO, Carlos José y otro S/ REDARGUCIÓN DE FALSEDAD; expte. Nº 4811/11 r.C.A.).-
Ahora bien, la jueza omite disponer de un plazo de la obligación alimentaria del padre afín, y en ese sentido vale decir que esta obligación que emana del art. 676 del Código Civil y Comercial que delimita el cese de esta obligación cuando existe disolución del vínculo matrimonial, salvo en un caso como el de marras en el cual el niño se ve claramente perjudicado en su sustento y por ello la prestación alimentaria debe continuar, tal como lo resolvió la sentenciante. Pero el interrogante que debe formularse es hasta cuándo se mantiene esta obligación.-
Para responder a ello debo decir que siendo el principio general que el cese de la obligación alimentaria del padre afín es por la disolución del vínculo matrimonial o ruptura de la convivencia, la excepción no pude tener un carácter permanente so pena de desnaturalizar el instituto de la obligación de la cuota asistencial a cargo del padre afín. Así kemelmajer de Carlucci dice comentando el art. 676 del C.C. y C.: “Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolecente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, definiendo el juez su duración de acuerdo con las siguientes pautas: a) condiciones económicas del alimentante, y b) necesidades del alimentado, para lo cual debe tenerse en cuenta el contenido de la obligación alimentaria establecido en el artículo 659.” (el subrayado me pertenece) (Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras, Tratado de Derecho de Familia T° IV, pág. 273, Ed. Rubionzal Culzoni, año 2.014).-
Por lo tanto es muy claro que la sentenciante ha omitido disponer de un plazo límite hasta el cual se mantiene la obligación en cabeza del padre afín sobre el pago de la cuota asistencial; pero para fijarlo quien cuenta con los elementos de juicio necesarios es justamente la jueza de Primera Instancia, ya que ha tenido la inmediatez con las partes y conoce en esencia los diferentes conflictos suscitados entre ellas; por este motivo entiendo adecuado, que una vez firme la presente, la jueza deberá fijar una plazo razonable de la obligación de pago de la cuota asistencial del padre afín.-
Por lo tanto, cabe rechazar el recurso de apelación con costas, disponiendo que la jueza de grado fije un plazo hasta cuando el padre afín contribuirá con el pago de los alimentos o también denominada cuota asistencial, compresiva de la Obra Social al niño G.E.C.A. Es mi voto. –
RESUELVE: I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por C.F a fs. 179, con costas.-
II.- Disponer que, vueltos los autos a primera instancia, se establezca la duración de la medida dispuesta en el punto V de la sentencia de grado a favor del niño G.E.C. A.-
III.- Regular los honorarios de segunda instancia de los Dres. D. y P. en la suma conjunta de $___, y los de la Dra. B en la suma de $ ___, en ambos casos más el IVA si correspondiere. –
Sentencia de Córdoba – progenitor afin, deber alimentario
“M., S. M. y Otro- solicita homologación” – JUZGADO DE FAMILIA NÚMERO 6 DE CÓRDOBA – 31/08/2015 (Sentencia firme)
MENORES. INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA. Solicitud basada en el aumento del costo de vida y mayor edad de la alimentada. APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. Arts. 658 y 646 del CCCN. Accionado que invoca otras cargas de familia. Hija de su actual pareja. PROGENITOR AFÍN. Obligación alimentaria subsidiaria. Sostenimiento de la hija del conviviente que nunca podría ser en desmedro de la menor con quien tiene un vínculo filial propio. SE HACE LUGAR PARCIALMENTE A LA DEMANDA. Se fija nueva obligación de alimentos
“…atento la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y lo dispuesto por el artículo 7 de dicho cuerpo legal, el que dispone su aplicación inmediata para las relaciones y situaciones jurídicas existentes, será a tenor de dicha normativa conforme la cual procederé a resolver la presente incidencia.”
“La obligación alimentaria a cargo de los padres tiene fundamento directo en los derechos deberes de la responsabilidad parental y su satisfacción recae sobre ambos progenitores de manera conjunta. Es deber de ambos titulares brindarles alimentos “conforme su condición y fortuna” (Art. 658 y 646 C. Civil y Comercial de la Nación) y según las necesidades de los hijos. Este deber es receptado asimismo a nivel supranacional de manera clara en la Convención de los Derechos del Niño en tanto que en su art. 27 inc. 2 establece que `a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño´, gozando de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN). Es por ello que la obligación de alimentos debe ser acorde a los ingresos del alimentante y a su situación personal, no siendo viable la subsistencia de prestaciones mínimas que no reflejen en los niños, niñas y adolescentes los reales emolumentos de sus padres ni que tampoco resulten insuficientes a la hora de subvenir sus necesidades básicas.”
“…se ha dicho que `… el Código se preocupa de dejar asentado que el niño sigue teniendo dos progenitores a quienes les caben todos los derechos y deberes como principales responsables en el cuidado y crianza de los hijos, siendo el progenitor afín una figura que complementa la dinámica de la vida cotidiana de los hijos, en beneficio de éstos… Así … el deber de colaboración del padre afín tiene como límite las posibilidades familiares a tal fin …el límite no es estricto, sino que estará determinada en relación con el vínculo que se genere tanto con el padre como con el hijo…´ (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Director Lorenzetti Ricardo Luis, Tomo IV 673. Ed. Rubinzal Culzoni.)”
“En el caso C. -de la niña de autos-, la responsabilidad del Sr. A. es de índole principal, derivada de la responsabilidad parental y abarcativa de todos los derechos y obligaciones de los progenitores – no sólo el alimentario -, los que a título enunciativo, se encuentran descriptos en el artículo 646 del C.C.yC. De lo dicho se desprende en consecuencia, que si bien la contribución al sostenimiento del hijo del conviviente constituye en la actualidad una carga de familia, ello nunca podría ser en desmedro de la propia prole, ya que si tanto acento se ha puesto en la subsidiariedad de dicha obligación en relación a los titulares de la responsabilidad parental, con mayor razón deberá ceder ante la obligación que de manera principal y directa nace del vínculo parento filial propio.”
VISTOS: Los autos caratulados “M., S. M. Y OTRO- SOLICITA HOMOLOGACION” de los que resulta que:
I) A fs. 105/108 comparece la Sra. S. M. M. con el patrocinio de la Dra. A. A. L., y manifiesta que promueve incidente en contra del demandado J. D. A. a fin de que se disponga aumentar la cuota alimentaria fijada por acuerdo homologado en estos obrados, consistente en la suma de pesos mil doscientos ($1.200), en favor de su hija menor de edad, C. A. M., atento al aumento en los costos del nivel de vida, como consecuencia de los procesos inflacionarios padecidos por el país provocado por el aumento masivo y generalizado de los precios, lo que es de público y notorio, siendo la modificación solicitada la siguiente:
Cuota alimentaria respecto de la niña C. A. M. a cargo del progenitor Sr. J. D. A., la que será mensual, consecutiva y por mes adelantado del 1 al 10 de cada mes mediante depósito bancario en la Cuenta N° XXXXX solicitando que la cuota alimentaria sea del 30% de sus haberes netos, teniendo como piso la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500). Pide se imponga las costas a la parte demandada. Señala que se arribó al acuerdo celebrado el día 21 de diciembre del año 2012, habiendo entablado con anterioridad demanda de aumento de cuota alimentaria en el mes de abril del año 2012. Que tal como surge de las constancias de autos, previamente a dar trámite a la demanda iniciada se debió oficiar al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas a los fines de efectuar la inscripción del reconocimiento del Sr. A ya que no constaba dicho reconocimiento inscripto en la partida
de nacimiento de la niña C. Que por decreto de fecha 18/10/2012 se suspendió el trámite de las actuaciones solicitando se oficie al Centro Judicial de mediación a los fines de tratar el tema de aumento de la cuota alimentaria, la que era de suma importancia para la niña, y teniendo en cuenta el tiempo de judicialización de dicho trámite se hizo necesario en diciembre de 2012 aceptar la cuota alimentaria de $1.200 propuesta por el Sr. A, quien no estaba dispuesto a afrontar una cuota mayor, todo ello evitando que sorprenda la feria judicial a su parte, con el consecuente tiempo que esto provoca y sin que la menor tenga una cuota alimentaria digna y aceptable. Expresa que el progenitor se encuentra trabajando en “S. D.” Sucursal C. R. y hasta hace un año y medio percibía la suma que variaba entre pesos cinco y seis mil mensuales.
Que actualmente continúa con el mismo trabajo pero percibe de salario la suma mensual que oscila entre los siete y ocho mil pesos mensuales. Que el progenitor vive en la casa de su madre y no paga alquiler alguno. Que a la fecha no tiene otra familia a su cargo, ni descendencia conocida. Manifiesta que el Sr. A sólo deposita la cuota acordada en forma informal del 15 al 25 de cada mes en la cuenta caja de ahorro del Bco. Pcia. de Córdoba Suc. Ciudadela N° XXXXXX, no teniendo contacto con la niña, por lo que jamás realiza un gasto extra, llevándola a almorzar o cenar, comprándole algún elemento necesario para el colegio o trasladándola al mismo. Que existe un abandono total en cuanto a su colaboración en la crianza de la niña y a nivel económico resulta insuficiente el aporte que brinda. En relación a la situación económica de la progenitora indica que sigue trabajando mensualmente en la empresa “S. S.A.” percibiendo la suma mensual de pesos cinco mil a cuatro mil aproximadamente, la que varía en más o en menos según se le asigne o no trabajar los días feriados. Expresa que su sueldo es inferior al del Sr. A, y si bien con C viven en el domicilio de la abuela materna, se hace cargo de todos los gastos que demanda el mantenimiento de una vivienda (gas, luz, teléfono, agua, etc) sumado a que debe afrontar todas las obligaciones que hacen al cuidado y atención de la niña, que no tiene contacto con el progenitor por ser esta su decisión. Relata que en el año 2012 la menor de edad debió practicar un tratamiento de ortodoncia cuyo costo fue de pesos nueve mil, debiendo solicitar a su hermano F. J. M. le facilite su tarjeta de crédito a fin de poder soportar dichos montos en cuotas. Que C. cada vez es más grande y requiere gastos de alimentación, transporte escolar y un mínimo de recreación que demanda un niño.
Indica que la niña continúa concurriendo al Colegio I. D. O., debiendo abonar la cuota mensual que en el año 2012, cuando se efectuó el acuerdo ascendía a pesos doscientos quince ($215) y actualmente la misma asciende a pesos quinientos sesenta y uno ($561). Que la niña ahora tiene 13 años de edad; las necesidades se han multiplicado, han comenzado las clases con todo los costos que ello trae aparejado. Al tener mayor edad su hija tiene más vida social, mayores responsabilidades escolares, todo lo que es notorio y se traduce en un relevante incremento de los gastos, lo que torna insuficiente la cuota total de pesos mil doscientos ($1200) acordado. Realiza una lista de gastos mensuales, indicando que ascienden aproximadamente a la suma de pesos tres mil seiscientos treinta y cuatro con ochenta centavos ($3.634,80), teniendo en cuenta que todos los meses existen gastos extras. Se agrega que no se han incorporado el rubro deportes y recreación, los cuales no puede realizar la niña en lugares ni públicos ni privados por no contar ni con el tiempo para trasladarla ni con el dinero para solventar dichos gastos. Que además los gastos mensuales se ven disminuidos ya que debe recurrir a la forma de pago mediante financiamiento, abonando la mayoría de los consumos con tarjeta de crédito y en cuotas.
Que en virtud de lo manifestado solicita que la cuota alimentaria a fijarse, a favor de su hija menor de edad la que será mensual, consecutiva y por mes adelantado, sea equivalente al treinta por ciento de lo que percibe el demandado previo descuento de ley, teniendo como piso la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500). Ofrece prueba documental-instrumental e informativa.
II) A fs. 131 se imprime el trámite incidental previsto en los arts. 87 y ss. de la Ley 7676 al pedido de aumento de cuota alimentaria y se corre traslado a la contraria. A fs. 138/139 comparece el Sr. J. D. A. con el patrocinio de la Dra. A. C. P., y manifiesta que viene a evacuar el traslado del incidente de modificación de cuota alimentaria iniciado en su contra por la Sra. M., y que le fuera notificado, solicitando el rechazo del mismo, y en cuanto la incidentista pretende un aumento desmedido de la asistencia alimentaria vigente. Indica que, sintetizando su pretensión, la incidentista sostiene que han variado las circunstancias de hecho tenidas en cuenta al momento de ser pactada la asistencia alimentaria, a saber: las necesidades del alimentado y las posibilidades económicas del alimentante para hacer frente al pago de la mesada alimentaria. Niega todos y cada uno de los hechos, afirmaciones y demás circunstancias vertidas por la incidentista, así como el derecho en que se basa y la documental por ella acompañada, salvo aquello que sea reconocido de manera expresa en el responde. Indica que en efecto con fecha 21/12/2012 acordaron con la Sra. M. el pago por su parte de una cuota alimentaria de pesos un mil doscientos ($1200), acuerdo que fuera homologado por ante este Tribunal y que consta en autos, suma que era acorde a las necesidades de la menor en ese momento. Niega, por no constarle y por ser afirmaciones vertidas exclusivamente por la incidentista basadas en observaciones subjetivas y sin comprobación alguna, que se haya producido un “relevante” incremento de los gastos que fueron tenidos en cuenta al momento de acordar el monto de la cuota alimentaria vigente. Niega que en la vida de la menor, que cuenta con 13 años de edad, las necesidades se hayan multiplicado, niega que ello se traduzca en un “relevante” incremento de los gastos que ella genera. Niega que la cuota alimentaria pactada sea insuficiente. Niega que por la alimentación, perfumería y limpieza la incidentista tenga un gasto de $1.025,74. Niega de manera categórica que en vestimenta para la menor gaste $1.664,16. Hace presente que esta cifra representa un 60% más de lo que afirma gastar en alimentación, lo cual llama poderosamente la atención. Niega que gaste $197 en celular de la menor y la incidentista, niega que gaste $328,80 en luz, niega que gaste $25 en agua, niega que la cuota mensual del colegio de la menor sea por $561. Niega que el total general de gastos realizados por la incidentista sea de $3.634,80. Continuando con la narrativa de los hechos, y en relación a sus posibilidades económicas para hacer frente a una cuota alimentaria de mayor monto, indica que las mismas no han variado, si bien toda vez percibir un mayor salario desde la fecha en que se firmó el acuerdo con la Sra. M., tal variación no ha sido sustancial. Que acompaña recibo de haberes por el mes de diciembre de 2014, del cual surge el monto por él percibido, teniendo presente que el mismo contiene ítems que no percibe de manera habitual todos los meses, por no formar parte de su salario habitual.
Que en el recibo acompañado se computan horas extras que realizó, así como un pago adicional por haber realizado labores durante un feriado nacional, montos con los que no puede contar todos los meses, ya que no dependen de él sino de que su empleador le permita realizar horas extras, y de que tenga un feriado nacional en el mes y que le toque trabajar durante el mismo. Es decir con todo ello, que su salario habitual es $7044,88. Por otro lado indica que sí posee una familia a cargo con la que es su pareja, Sra. S. D., y desde
hace ya 8 años. Junto a la Sra. D. han formado una familia, también junto a la hija de la referida quien cuenta con 15 años de edad. Manifiesta que si bien la Sra. D. realiza labores de manera esporádica como cocinera, ello no le aporta un ingreso estable ni sustancial, con lo que su salario es la fuente principal de sustento de su grupo familiar, debiendo afrontar con el mismo todos los gastos que se generan mes a mes en su vivienda. Que en referencia a lo afirmado por la Sra. M. respecto a que vive en la casa de su madre y no paga alquiler alguno, tales aseveraciones no son reales. Si bien, en efecto, habita con su familia en el que fuera domicilio materno, debe afrontar con su salario todos los gastos que surgen de la conservación del inmueble, además de los gastos mensuales de luz, agua, gas, etc. Advierte de la observación de la documental acompañada por la Sra. M., que la misma se compone de documentos privados que no emanan de él sino de terceros, por tanto, para ser valorados en juicio deben ser debidamente reconocidos por las personas de las que emanan. Así, rechaza la prueba documental acompañada por la incidentista, por no constarle su autenticidad. Solicita el rechazo del incidente de modificación de cuota alimentaria incoado en su contra, por el porcentaje solicitado por la incidentista. Sin embargo, y a los solos fines de coadyuvar en una resolución pronta de la situación planteada y evitar un desgaste jurisdiccional que implicaría la tramitación total del presente incidente, ofrece aumentar la mesada alimentaria actual en un porcentaje del veinte por ciento (20%) de sus haberes mensuales, con un piso mínimo de $1900. Lo ofrecido, manifiesta, sin que implique reconocimiento alguno por su parte de los hechos alegados por la Sra. M, ni cambio en su postura defensiva, sino a los únicos fines de acercar posiciones con la incidentista. Asimismo solicita que las costas del presente incidente sean establecidas por el orden causado. Ofrece prueba documental, testimonial y presuncional.
III) A fs. 140 se provee la prueba ofrecida, la que diligenciada se agrega a los presentes obrados. A fs. 170 se corre traslado a la Sra. Asesora de Familia interviniente, quien contesta a fs. 171/173. Realiza un análisis de la causa, y manifiesta que tal como quedara trabada la litis incidental de que se trata, se colige que las circunstancias invocadas por la progenitora de su representada, justifica parcialmente el incidente promovido. Ello pues, siguiendo el análisis del caso, considera que para determinar la procedencia de la incidencia incoada habrá de considerarse tanto las necesidades de la menor de autos como las posibilidades económicas del alimentante. Respecto del primer requisito, es sabido que las necesidades de los hijos menores de edad se presumen por su propia naturaleza. En cuanto a las posibilidades económicas del alimentante, de la prueba informativa diligenciada a fs. 160 se desprende que se desempeña como empleado de la empresa J. R. A. S.A., percibiendo al mes de enero de 2015 haberes por una suma de pesos ocho mil ochocientos cuarenta y siete ($8847).
Analiza los demás elementos probatorios de la causa, y concluye señalando que en función de la responsabilidad conjunta que poseen ambos padres en la crianza y educación de los hijos (art. 7 de la ley 26061), teniendo en cuenta el ofrecimiento efectuado por el Sr. A, quien cuenta con una fuente regular de ingresos mensuales, considera equitativo se fije como cuota alimentaria para C. y a cargo del señor J. D. A. en el veinticinco por ciento (25%) del total de las remuneraciones que percibe, previos los descuentos de ley, lo cual deberá abonarse conforme la modalidad establecida en autos.
Seguidamente se decreta autos; firme el mismo, queda la causa en estado de ser resuelta.
I) Que trabada la litis en los términos relatados ut-supra, la cuestión traída a resolver consiste en la solicitud de aumento de la cuota alimentaria que corresponde abonar al Sr. J. D. A. a favor de su hija menor de edad, C. A. M., a lo que se le imprimió el trámite establecido por del art. 87 ss. de la Ley 7676. Corrido traslado de ley a la contraria, ésta se opone y solicita su rechazo, realizando sin perjuicio de ello una propuesta conciliatoria.
III) Que entrando al análisis del caso sub examine, de las constancias de autos surge que con fecha 21 de diciembre de 2012 las partes arribaron a un acuerdo ante el Centro Judicial de Mediación, en relación a la cuota alimentaria a favor de la niña C., estableciendo la misma en la suma de pesos un mil doscientos ($1.200) mensuales. Dicho acuerdo fue homologado por Auto Número Cuarenta y Siete de fecha 29 de febrero de 2013 por el Juzgado de Familia de Cuarta Nominación, entonces actuante (fs. 90). Avocada la suscripta a fs. 91; a fs. 105/108 la Sra. M inicia ejecución del auto mencionado y promueve incidente de aumento, al cual se opuso el Sr. A, realiza no obstante ello un ofrecimiento de cuota alimentaria a favor de C. en la suma equivalente al veinte por ciento (20%) de su salario con un piso mínimo de $1900. Trabada así la litis, corresponde las pruebas y constancias de autos, a fin de evaluar la procedencia de la modificación de cuota alimentaria solicitada.
IV) Que la obligación alimentaria a cargo de los padres tiene fundamento directo en los derechos deberes de la responsabilidad parental y su satisfacción recae sobre ambos progenitores de manera conjunta. Es deber de ambos titulares brindarles alimentos “conforme su condición y fortuna” (Art. 658 y 646 C. Civil y Comercial de la Nación) y según las necesidades de los hijos. Este deber es receptado asimismo a nivel supranacional de manera clara en la Convención de los Derechos del Niño en tanto que en su art. 27 inc. 2 establece que “a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño”, gozando de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN). Es por ello que la obligación de alimentos debe ser acorde a los ingresos del alimentante y a su situación personal, no siendo viable la subsistencia de prestaciones mínimas que no reflejen en los niños, niñas y adolescentes los reales emolumentos de sus padres ni que tampoco resulten insuficientes a la hora de subvenir sus necesidades básicas.
Consecuentemente, la naturaleza de toda fijación alimentaria es de carácter mutable ya que la sentencia que la haya fijado así como los acuerdos a los que las partes hayan arribado no causan estado y pueden ser revisados ante la variación de las circunstancias de hecho que se hayan tenido en cuenta al momento de fijarla. Para su modificación, quien la invoca tendrá a su cargo demostrar que han variado dichos presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta al tiempo de establecerla, pero también será atendible un requerimiento de aumento del monto de la cuota si la que oportunamente se fijara fuera injusta o no alcanzara a cubrir las necesidades de los alimentados, máxime tratándose de prestaciones alimentarias que deben los progenitores a sus hijos menores de edad no convivientes.
V) Que en el presente caso cabe considerar como primera conclusión que las circunstancias de hecho existentes al momento del acuerdo de la última mesada alimentaria han variado, lo que justificaría su modificación. Así, la misma fue acordada hace ya tres años, por lo que el sólo transcurso del tiempo implica nuevas y mayores erogaciones en relación a C. ya que para su armonioso crecimiento y desarrollo se deben atender sus necesidades educativas y recreativas actuales. Sobre este punto tiene dicho la doctrina que “La jurisprudencia mayoritaria admite el aumento de la cuota fijada para los hijos menores cuando aumenta la edad de éstos, por presumir que ello se corresponde a un incremento en los gastos por alimentación, educación, vestimenta, esparcimiento y vida de relación… Es importante destacar, que cuando el aumento se solicita por esta causal (mayor edad del menor), el incremento en las necesidades del hijo no necesita ser probado…En forma concordante, se aceptó el aumento cuando además de la mayor edad el pedido se fundamentó en argumentos razonables, como ser el ingreso del hijo a la etapa escolar, pasar de la escuela primaria a la secundaria, el haber transcurrido varios años desde la fijación de la cuota teniendo en cuenta el incremento en el costo de vida o, al menos, el pasaje de una etapa de la vida del menor a otro como podría ser pasar de la niñez a la pubertad o a la adolescencia.” (Belluscio, Claudio A., “Alimentos debidos a los menores de edad”, Ed. García Alonso, Buenos Aires, 2007, p. 138/140). Lo señalado resulta aplicable al caso de autos ya que al momento de acordar las partes la cuota alimentaria hoy vigente C. tenía once años de edad, mientras que hoy cuenta con catorce años, y se encuentra transitando la plena adolescencia. Conforme los dichos de las partes, la joven se encuentra escolarizada, y ciertas erogaciones realizadas para su sostenimiento han sido acreditadas mediante prueba documental. Si bien los elementos probatorios acompañados son escasos, las necesidades de C. pueden presumirse conforme su edad. A su vez, habiéndose convenido una suma fija, cobra relevancia también la situación económica imperante en el país, y el aumento de los precios y costo de vida, de lo cual las necesidades de la joven no se encuentran exentas. En cuanto a la otra arista a tener en cuenta ante una solicitud de aumento de cuota alimentaria –esto es, las posibilidades del alimentante-, de fs. 155/161 surge que el Sr. J. D. A. trabaja para la empresa J. R. A. S.A., percibiendo una remuneración aproximada de pesos once mil trescientos cincuenta y dos con cincuenta y un centavos ($11.352,51). A su vez, de las declaraciones testimoniales incorporadas a fs. 164/167 se desprende que el Sr. A. convive con la Sra. M. S. D. y la hija de ella, y que sería el responsable prioritario del mantenimiento familiar. Con tales extremos quedan configurados en autos las dos pautas a tener en consideración a fin de evaluar la procedencia de la acción, esto es, por un lado las necesidades del alimentado y por el otro el potencial económico del alimentante, pautas que si bien antes surgían de los criterios jurisprudenciales y doctrinarios dominantes, actualmente tienen recepción legislativa en el artículo 659 del C.C.y C. Así, analizadas las constancias de autos es posible concluir que desde las perspectivas de las necesidades de la niña resulta procedente un aumento en la mesada alimentaria, por lo que a continuación se deberá analizar el quantum de la misma, teniendo presente lo solicitado por la Sra. M., y lo ofrecido por el Sr. A.
VI) Señalado lo precedente se concluye asimismo que habiéndose solicitado la determinación de la nueva obligación alimentaria en un porcentual de los ingresos del alimentante, quién trabaja en relación de dependencia, dicha petición resulta igualmente procedente. Así, al contar el progenitor con un trabajo estable conforme constancias de fs. 155/161, la fijación de la cuota alimentaria en un porcentaje de los haberes que percibe
resulta procedente toda vez que ello permite la adecuación permanente y automática del aporte alimentario al real caudal de ingresos del alimentante. Por otra parte, permite centrar la cuestión a resolver en determinar en qué porcentual de los ingresos del alimentante y en consecuencia su calidad de vida potencial, corresponde participar al hijo no conviviente. Ello asimismo importa desde lo jurisdiccional la posibilidad de sortear futuros incidentes. En este sentido y para mayor abundamiento desde hace ya largo tiempo la doctrina ha sostenido que “La determinación de la cuota en un porcentaje de los ingresos del alimentante, por lo general, va a ser adoptada cuando el alimentante trabaja en relación de dependencia y consta en su recibo de sueldo toda su remuneración. Es que, cuando el alimentante labora bajo relación de dependencia, fijarla en un porcentaje irrogará los siguientes beneficios: 1°) Para el alimentado resultará beneficioso, en cuanto ante un aumento de los ingresos del alimentante la cuota aumentará en forma automática, sin necesidad de interponer un incidente, tener que demostrar las circunstancias fácticas que justifican ese aumento y esperar —quizás durante varios meses— la fijación de una nueva cuota. En ese sentido, la jurisprudencia ha reconocido que acepta esta forma de pago por considerar que constituye un medio idóneo para evitar la proliferación de incidentes de aumento. 2°) Para el alimentante, si sus ingresos disminuyen la cuota se adaptará a ello, sin que sea necesario que deba iniciar una demanda incidental solicitando la reducción de aquella por tal motivo. Parte de la jurisprudencia, se ha expedido sobre la conveniencia de esta opción para el alimentante a fin de evitar la proliferación de incidentes de disminución de la cuota alimentaria. Otra jurisprudencia, también ha determinado su conveniencia para el alimentante, pero por otro fundamento: al no tener que interponer el alimentado —con este mecanismo— un incidente de aumento para incrementar el monto de la cuota, el deudor se evitará soportar el peso de las costas que —por tal incidente— se le impondrán…” (Belluscio, Claudio A., “Convenio de alimentos para los hijos menores de edad, cuando el alimentante trabaja bajo relación de dependencia”, Publicado en: DFyP 2009 (octubre), 56). Lo dicho y la autorizada opinión citada me eximen de mayores comentarios.
VII) Entrando al análisis del quantum a determinar cabe señalar que la suscripta coincide con lo expresado por la Sra. Asesora de Familia interviniente al evacuar su traslado (fs. 171/173), considerando adecuado establecer la nueva mesada alimentaria a cargo del Sr. J. D. A. y a favor de C. A. M. en la suma equivalente al veinticinco por ciento (25%) de todo lo que perciba el progenitor, previos los descuentos de ley, a abonarse conforme la modalidad establecida en autos (depósito bancario). A tal efecto debe tenerse en cuenta que se arriba a dicho porcentual por considerarlo justo en función de los extremos acreditados en autos, tales como los ingresos del alimentante y las necesidades de la niña conforme su edad, las que se presumen en virtud del costo de vida en el país. Cabe destacar asimismo que en cuanto a las cargas de familia invocadas por el incidentado, de las constancias de autos se extrae que C. sería la única hija que tiene el Sr. A, siendo la niña con la que convive hija de su actual pareja, la Sra. D. A tal efecto si bien no puede soslayarse la responsabilidad que en cuanto a su asistencia tiene el incidentado como progenitor afín y que tiene recepción legislativa en los artículos 672 y 673 del C.C.y C de la Nación, no resulta de igual consideración a los fines alimentarios lo relativo a ambas niñas.
En el caso de la hija de la Sra. D, la responsabilidad parental recae principalmente sobre sus propios padres, siendo la obligación de alimentos del Sr. A en cuanto progenitor afín subsidiaria (art. 676 del C.C.y C). En tal sentido, se destaca asimismo que su existencia y la
circunstancia antes expuesta de la convivencia entre el incidentado y la misma, sólo surge de los dichos del Sr. A. y las testimoniales de fs. 165 y 167, esto es de la propia Sra. D. y de una hermana del incidentado. En consecuencia, poco se ha probado acerca de la incidencia de dicha obligación en su capacidad económica. En tal sentido se ha dicho que “… el Código se preocupa de dejar asentado que el niño sigue teniendo dos progenitores a quienes les caben todos los derechos y deberes como principales responsables en el cuidado y crianza de los hijos, siendo el progenitor afín una figura que complementa la dinámica de la vida cotidiana de los hijos, en beneficio de éstos… Así … el deber de colaboración del padre afín tiene como límite las posibilidades familiares a tal fin …el límite no es estricto, sino que estará determinada en relación con el vínculo que se genere tanto con el padre como con el hijo…” (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Director Lorenzetti Ricardo Luis, Tomo IV 673. Ed. Rubinzal Culzoni.)
Por su parte, en el caso C. -de la niña de autos-, la responsabilidad del Sr. A. es de índole principal, derivada de la responsabilidad parental y abarcativa de todos los derechos y obligaciones de los progenitores – no sólo el alimentario -, los que a título enunciativo, se encuentran descriptos en el artículo 646 del C.C.yC. De lo dicho se desprende en consecuencia, que si bien la contribución al sostenimiento del hijo del conviviente constituye en la actualidad una carga de familia, ello nunca podría ser en desmedro de la propia prole, ya que si tanto acento se ha puesto en la subsidiariedad de dicha obligación en relación a los titulares de la responsabilidad parental, con mayor razón deberá ceder ante la obligación que de manera principal y directa nace del vínculo parento filial propio.
VIII) Que a tenor de lo dispuesto por el artículo 669 en consonancia con el artículo 548, ambos del C.C.y C, la nueva cantidad fijada en concepto de cuota alimentaria rige desde la fecha de la demanda incidental ( fs. 105/108). Dicho criterio constituye una pauta de índole legal, de expresa regulación en la norma citada, con lo que ha quedado superado el anterior criterio que establecía que la retroactividad se determinara a la fecha notificación de la demanda, tomando como base de lege ferenda lo dispuesto por el art. 650 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Bossert, Gustavo A, “Régimen jurídico de los alimentos”, Ed. Astrea, ed. 1993, pág. 398/399). Así, en el caso de autos, la nueva obligación aquí determinada rige desde el 03 de julio de 2014.
IX) Con relación a las costas, considero que deben imponerse a la vencida, esto al Sr. A. (art. 132 ley 7676). Doy razones: Si bien el mismo al contestar demanda realizó un ofrecimiento y entre lo peticionado y lo ofrecido lo resuelto resulta ser el punto medio; ello no se vincula con el ofrecimiento propiamente dicho sino más bien con los extremos de valoración ut supra mencionados. Tan es así que no podría considerarse en autos dicho ofrecimiento como un allanamiento parcial dado que en oportunidad de realizarlo al contestar demanda el demandado dijo textualmente: “… en síntesis, solicito el RECHAZO del incidente de Modificación de Cuota alimentaria incoado en mi contra por el porcentaje solicitado por la incidentista. Sin embargo, y a los solos fines de coadyuvar en una resolución pronta de la situación plantada y evitar un desgaste jurisdiccional que implicaría la tramitación total del presente incidente, ofrezco aumentar la mesada alimentaria en un porcentaje del veinte por ciento (20%) de mis haberes con un piso mínimo …” . En otras palabras la postura procesal asumida ha sido la oposición tajante, y de ello así como del resto de los argumentos valorados, sólo puede extraerse como conclusión válida la imposición de costas a su favor.
X) En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 de la ley arancelaria debe regularse honorarios al letrado de la contraria a la vencida en costas, habiendo comparecido en este caso la Sra. M. con el patrocinio de la Dra. A. A. L. (monotributista, fs. 178). A tal fin, resulta aplicable el artículo 83 inciso primero del C.A., el que establece que en los incidentes con contenido económico propio será aplicable el cincuenta por ciento (50%) de la escala del artículo 36 sobre la base económica. Que para determinar la base económica debe estarse a la diferencia entre la cuota oportunamente establecida y el monto que resulta de su modificación y multiplicarlo por 24 (Art. 75 ley 9459). La cuota originaria acordada consistía en la suma de pesos un mil doscientos ($1.200) mensuales; y la nueva mesada alimentaria equivale al veinticinco por ciento (25%) de los haberes que perciba el alimentante, previo descuentos obligatorios de ley. Conforme constancias de fs. 160, última remuneración acreditada en autos, la nueva cuota alimentaria ascendería a la suma de pesos dos mil ochocientos treinta y ocho con doce centavos ($2.838,12). Así, la diferencia a considerar equivale a la suma de pesos un mil seiscientos treinta y ocho con doce centavos ($1.638,12), la que multiplicada por veinticuatro (2 años) arroja la suma de pesos treinta y nueve mil trescientos quince con seis centavos ($39.315,06), quedando así entonces determinada la base regulatoria en los presentes. Conforme a la escala del art. 36 ibidem, resulta aplicable al presente el inc. a. Teniendo en cuenta las pautas cualitativas establecidas en el art. 39 ibidem incisos 5 y 2, estimo equitativo considerar atento el éxito obtenido y la complejidad que tuvo la incidencia, el equivalente al veintitrés por ciento (23%) de la base regulatoria, lo que asciende a la suma de pesos nueve mil cuarenta y dos con cuarenta y seis centavos ($9.042,46). Aplicando sobre dicho monto el artículo mencionado en primer lugar (artículo 83 inc. 1), el cincuenta por ciento (50%) arroja un resultado de pesos cuatro mil quinientos veintiuno con veintitrés centavos ($4.521,23), en lo que se regulan los honorarios de la Dra. A. A. L. a cargo del Sr. J. D. A.
Por todo lo expuesto y lo prescripto por los arts. 87/89, 132 y ctes. de la ley 7676, 646, 658, 659, 661 y cctes. del C.C. y C., y 27 inc 2 de la Convención de los Derechos del Niño, art. 26 de la ley 9459, y demás normas legales citadas.
RESUELVO: 1) Hacer lugar parcialmente al incidente de aumento de cuota alimentaria interpuesto por la Sra. S. M. M., y fijar la nueva obligación de alimentos a favor de C. A. M. y a cargo del Sr. J. D. A., en la suma equivalente al veinticinco por ciento (25%) de todo lo que perciba el progenitor, previos los descuentos de ley, a abonarse conforme la modalidad establecida en autos. Dicha suma rige desde el día 03 de julio de 2014. 2) Imponer las costas al Sr. J. D. A. 3) Regular los honorarios profesionales de la Dra. A. A. L. en la suma de pesos cuatro mil quinientos veintiuno con veintitrés centavos ($4.521,23), a cargo del Sr. J. D. A. Protocolícese, hágase saber y dése copia.
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