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Timestamp: 2017-07-28 04:35:34
Document Index: 194995402

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 42', 'artículo 68', 'artículo 70', 'artículo 72']

Magistrados actuales Magistrados anteriores Relatoría Secretaría General Salas de Revisión 2016 Consulta de Procesos Main Decisions DERECHO DE LAS MUJERES A LA PARTICIPACION EN LA VIDA POLITICA Y PUBLICA DERECHO DE LAS MUJERES A LA PARTICIPACION EN LA VIDA POLITICA Y PUBLICA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CARLOS GAVIRIA DIAZ P.E. 010 Revisión constitucional del
proyecto de ley estatutaria no 62/98 senado y 158/98 cámara por la cual se
reglamenta la participación de la mujer en los niveles decisorios de las
diferentes ramas del poder publico
2011-06-23 C-490/11
ERNESTO VARGAS SILVA PE-031 Revisión de constitucionalidad
del proyecto de ley estatutaria 190/10 senado – 092/10 cámara. Por la cual
se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras
disposiciones. La corte constató que el trámite surtido al proyecto de ley
revisado cumplió con los requisitos legales y constitucionales que se exigen
para una ley de naturaleza estatutaria. Desde el punto de vista procedimental
se verificó el cumplimiento de los principios de unidad de materia,
consecutividad e identidad flexible. Frente al tema del censo electoral, la
corte estimó que se trataba de un instrumento técnico, idóneo y racional para
la planeación, ejecución y control de los comicios electorales por parte de
la organización electoral, pero que la exclusión automática del censo, por no
haber votado en las últimas elecciones, constituía una limitación que vulneraba
los derechos a la igualdad, a la participación en la conformación del poder
político y al sufragio en su dimensión universal y libre, desconociendo
además, la abstención como legítima expresión política. La corte excluyó una
norma que pretermitía la consulta a las comunidades étnicas indígenas y
afrodescendientes, respecto de la adopción de normas que las afectan
directamente, como era el caso de las listas en las circunscripciones
especiales de minorías étnicas, por lo que decidió declararla inexequible,
como igual hizo respecto de otras disposiciones por razones de orden
material. Para la corte, el proyecto de ley estatutaria cumple con dos
finalidades: primera). Ofrece herramientas dirigidas a fortalecer el sistema
de partidos y movimientos políticos, entre ellas (i) la aplicación uniforme
de la prohibición de doble militancia a todas las agrupaciones, con o sin
personería jurídica, (ii) la obligación de exigencias precisas en cuanto el
contenido de los estatutos; (iii) el reconocimiento estatal y la
obligatoriedad de los resultados de las consultas internas y populares que
realicen partidos y movimientos; (iv) la vinculación de los modos de
financiación al funcionamiento y pertenencia a dichas agrupaciones políticas;
(v) la exigencia de estructuras institucionales y procedimientos particulares
para el aval e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones públicas de
elección popular; y (vi) la prescripción de estímulos a la participación
política de mujeres, jóvenes y otras minorías; y segunda) contempla
instrumentos destinados a garantizar la responsabilidad de partidos y
movimientos respecto de faltas que vulneran los principios que guían el
proceso democrático, aspectos que se ven reflejados en (i) la determinación
de un régimen sancionatorio aplicable tanto a los partidos y movimientos,
como a sus directivos y (ii) la fijación de topes a la financiación privada
de partidos y movimientos políticos, como de las campañas electorales, al
igual que la identificación de fuentes de financiación prohibida. Estas
finalidades resultan válidas, en el marco propio del constitucionalismo
colombiano, que está especialmente interesado en evitar que el sistema de
partidos y movimientos resulte afectado por fenómenos dirigidos tanto a su
fragmentación y debilitamiento, como a su cooptación por parte de actores
ilegales, resultando la norma estatutaria compatible con la constitución y
con las reformas constitucionales de 2003 y 2009 que han llevado a una
reformulación del papel y las responsabilidades de los partidos y movimientos
políticos en la vida democrática de la nación, se declara, por su aspecto
formal, exequible el proyecto, salvo el inciso tercero del artículo 28, que
se declara inexequible. Así mismo, se declaran exequibles los artículos 1, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32,
33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 54 y 55 y exequibles
condicionados los artículos 2, 3, 12, 14, 22, 29, 36 y 50. Los artículos 10,
13, 28, 30, 45, 46, 47, 51 y 53, se declaran exequibles condicionados
2012-10-25 C-862/12
aspecto formal; exequible de manera condicionada el artículo 5; exequible el
artículo 24 salvo la expresión “unidad administrativa especial de las
artículo 25 salvo la expresión “unidad administrativa especial de las
juventudes”, que se declara inexequible; exequible el artículo 27 salvo la
juventudes”, que se declara inexequible; exequible el artículo 29 salvo la
inexequible; exequible el artículo 30 salvo las expresiones “el director de
que se declaran inexequibles; exequibilidad condicionada del artículo 42;
exequible el artículo 68 salvo los artículos definidos “las” que preceden a
inexequibles; exequible el artículo 70 salvo el parágrafo que se declara
inexequible; exequible el artículo 72 salvo la expresión “unidad nacional
2013-06-13 C-335/13
internacional de los derechos humanos. Exequible. Acerca de