Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-625-de-octubre-1-de-2015-unificacion?documento=jurcol&contexto=jurcol_5aacc0c9fc2a49b38057c872f4948264&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-10 07:16:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 179', 'artículo 180', 'artículo 182', 'artículo 133', 'artículo 110', 'artículo 293', 'artículo 299', 'artículo 303', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 179', 'artículo 33', 'artículo 179', 'artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 299', 'artículo 48', 'artículo 299', 'artículo 55', 'artículo 48', 'artículo 31', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 31', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 29', 'Artículo 48', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 181', 'artículo 180', 'artículo 182', 'artículo 16', 'artículo 123', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 184', 'Artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 98', 'artículo 13', 'artículo 303', 'artículo 31']

﻿ Sentencia SU-625 de octubre 1 de 2015
SENTENCIA SU-625 DE 01 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:DE ACUERDO CON LA FIGURA DEL REMPLAZO PARA EFECTOS DE LA CONFIGURACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, AL GOBERNADOR ENCARGADO LE SON APLICABLES LAS MISMAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL TITULAR, HABIDA CUENTA QUE LA ACEPTACIÓN DEL ENCARGO SIEMPRE TRAE IMPLÍCITO EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES ASIGNADAS AL TITULAR. ASÍ LAS COSAS, ENTENDER QUE LA VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE GOBERNADOR MERECÍA LA SANCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE QUIEN, HABIENDO EJERCIDO DICHO CARGO, CON PREVIO DESCONOCIMIENTO DE LA LEY, TERMINÓ SIENDO ELEGIDO DIPUTADO, NO SE REVELA ARBITRARIO O CAPRICHOSO, SINO QUE, POR EL CONTRARIO, OBEDECE A UN CRITERIO RAZONABLE DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONGRESISTA, DIPUTADO, GOBERNADOR, INHABILIDAD ELECTORAL, PÉRDIDA DE INVESTIDURA, ACTUACIÓN DEL CONGRESISTA
Sentencia SU-625 de octubre 1 de 2015
Ref.: Expediente T-4.622.844
Demandado: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
Bogotá D.C., primero de octubre de dos mil quince.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 54 A del Acuerdo 5 de 1992 —Reglamento interno de la Corte Constitucional—(1), el magistrado ponente comunicó a la Sala Plena el contenido de la acción de tutela de la referencia, con el fin de que determinara si asumía o no su conocimiento, por estar dirigida contra una providencia del Consejo de Estado, máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En sesión celebrada el 15 de abril de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió asumir el conocimiento del caso sub examine, tal como consta en el acta de la misma fecha(2), y, en consecuencia, mediante auto del 16 de abril del mismo año, el magistrado ponente ordenó la suspensión de términos hasta que la Sala Plena adoptara la presente sentencia de unificación.
2.6. Impugnada la anterior decisión, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de marzo de 2013(3), decidió revocarla y decretar la pérdida de investidura de Marina Lozano Ropero. Ello, tras constatar que habiendo ejercido como gobernadora encargada el 28 de septiembre de 2010, se inscribió como candidata a la asamblea departamental de Norte de Santander el 29 de julio de 2011, es decir, diez (10) meses y un (1) día después, violando así el régimen de incompatibilidades de los gobernadores, en cuanto prohíbe que quien ejerza dicha dignidad se inscriba a cargos de elección popular durante el período para el cual fue elegido y hasta doce (12) meses después del vencimiento del mismo.
2.7. Inconforme con lo anterior, la actora presentó solicitud de aclaración y adición del fallo, la cual fue despachada desfavorablemente, mediante proveído del 11 de diciembre de 2013(4). Decisión contra la que interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado por improcedente.
• Copia simple de la sentencia proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 7 de marzo de 2013, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura de Marina Lozano Ropero (fls. 50 a 86).
• Copia simple de la providencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 11 de diciembre de 2013, que deniega la solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 7 de marzo de 2013 (fls. 87 a 94).
• Copia simple del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 26 de marzo de 2012, que resolvió, en primera instancia, la acción de pérdida de investidura contra Marina Lozano Ropero (fls. 95 a 123).
Por auto del 24 de junio de 2014, la Sección Segunda – Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y con el fin de conformar debidamente el contradictorio, ordenó ponerla en conocimiento de la autoridad judicial demandada y de terceros con interés legítimo, para efectos de que se pronunciaran respecto de los hechos y las pretensiones planteados en ella.
5.1. Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido por la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 54A del Acuerdo 5 de 1992, “Reglamento interno de la Corte Constitucional”.
3.1. La posibilidad de controvertir las decisiones judiciales a través del ejercicio de la acción de tutela, ha sido objeto de un amplio proceso de elaboración jurisprudencial por parte de esta corporación, tanto por vía de control concreto de constitucionalidad, como a través del control abstracto. Bajo esta premisa, se ha llegado a considerar que la acción de tutela contra providencias judiciales constituye un mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la primacía, prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales fundamentales, cuya realización es uno de los pilares esenciales del Estado Social y democrático de derecho(5).
3.3. En ese sentido, dada la naturaleza supletiva de la acción de tutela, la misma no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos en el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos de manera preferente, como quiera que, a través de su ejercicio, no se busca reemplazar los procedimientos ordinarios o especiales y, menos aún, pretermitir los mecanismos que dentro de estos se han establecido para controvertir las decisiones que se adopten(6).
3.4. Siguiendo esta línea interpretativa, el carácter excepcional y restrictivo al que se ha hecho expresa referencia, conduce necesariamente a afirmar que solo procederá la acción de tutela contra providencias judiciales, “en aquellos eventos en que se establezca una actuación del juzgador, manifiestamente contraria al orden jurídico y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En estos casos, el control en sede de amparo constitucional se justifica, toda vez que los pronunciamientos judiciales que no se ajustan a las reglas preestablecidas, y que afectan de forma indebida los derechos fundamentales, constituyen, en realidad, una desfiguración de la actividad judicial, que termina por deslegitimar la autoridad confiada al juez para administrar justicia, y que debe ser declarada constitucionalmente para dar primacía al derecho sustancial y salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados”(7).
3.7. Respecto de los primeros, denominados también requisitos formales, indicó que se trata de aquellos presupuestos cuyo cumplimiento forzoso es condición necesaria para que el juez constitucional pueda entrar a valorar, de fondo, el asunto puesto en su conocimiento. En cuanto a los segundos, llamados requisitos materiales, señaló que corresponden, específicamente, a los vicios o defectos presentes en el fallo judicial y que constituyen la fuente de vulneración de los derechos fundamentales(8).
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible(13). Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el Constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado [dentro] del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela(14). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”(15) (Resaltado fuera del texto original).
– La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.
– Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no solo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquel es razonable y legítima.
– Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, ‘[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto’(16).
i. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la Carta Política”(17).
3.12. En efecto, se observa que (i) la cuestión que se discute resulta de indudable relevancia constitucional, toda vez que se persigue la protección efectiva de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la conformación, ejercicio y control político, y a elegir y ser elegido, presuntamente trasgredidos, como consecuencia de una decisión judicial proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que ha cobrado firmeza; (ii) en la medida en que la pérdida de investidura fue decretada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, en segunda instancia, revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, favorable a la ahora demandante en tutela, es evidente que esta no tenía a su alcance ningún otro medio de defensa judicial, siendo la acción de tutela el único mecanismo efectivo para procurar la protección de sus derechos fundamentales. A ello, ha de agregarse que, a partir de la expedición de la Ley 617 de 2000, la sentencia que decrete la pérdida de investidura de los diputados no puede ser atacada por vía del recurso extraordinario de revisión, pues dicha ley solo previó el recurso de apelación para tales efectos(18); (iii) adicionalmente, se tiene que la acción de tutela de la referencia fue promovida en un término razonable y proporcional al hecho que originó la presunta vulneración, pues tan solo trascurrieron cuatro (4) meses y catorce (14) días desde la fecha en que se dictó la providencia que denegó la solicitud de aclaración del fallo censurado y la presentación de la acción de tutela(19); (iv) del mismo modo, considera la Corte que la demandante identificó claramente los hechos que, a su juicio, generaron la vulneración alegada y los derechos fundamentales presuntamente infringidos, aspectos que fueron abordados en el trámite del proceso de pérdida de investidura; (v) finalmente, es patente que la sentencia objeto de discusión no corresponde a un fallo de tutela.
4. Breve referencia al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de conflicto de intereses de los congresistas.
4.2. Con el propósito de “recuperar para el Congreso el prestigio, el buen nivel, el tono moral que [parecía] haberse disminuido”(20), así como “evitar que en el ejercicio del cargo de Congresista se utilice la investidura para ejercer cuestiones indebidas sobre otras ramas del Poder Público o sobre la comunidad en general”(21) y, de esa manera, “crear las condiciones que garanticen el mejor desempeño del cargo”(22), el Constituyente de 1991 introdujo en la Constitución Política un amplio régimen de inhabilidades e incompatibilidades y, por primera vez, un régimen de conflicto de intereses, para los congresistas(23).
4.3. El régimen de inhabilidades de los congresistas se encuentra regulado en el artículo 179 superior. En virtud de dicha norma, no podrán ser congresistas “(i) quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; (ii) quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección; (iii) quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección; (iv) quienes hayan perdido la investidura de congresista; (v) quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política; (vi) quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha; (vii) quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento; y, por último, (viii) nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”(24).
En relación con este punto, desde sus primeros pronunciamientos, la Corte ha explicado que las inhabilidades son “aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él; y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos”(25). En otros términos, se ha referido a ellas como aquellos “requisitos negativos, cuya ocurrencia implica la inelegibilidad de la persona en quien concurren”(26).
4.4. Por su parte, el artículo 180 de la Constitución Política se ocupa de fijar el régimen de incompatibilidades de los congresistas, desde el momento en que adquieren la condición de tales y por todo el período constitucional para el cual fueron elegidos(27). Conforme con dicha disposición, se les prohíbe “(i) desempeñar cargo o empleo público; (ii) gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición; (iii) ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos; y (iv) celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este, con algunas excepciones”(28).
Respecto de las incompatibilidades, la jurisprudencia constitucional ha precisado que “comporta[n] una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado”(29).
4.5. A su turno, el artículo 182 del mismo ordenamiento superior, consagra los elementos estructurales del régimen de conflicto de intereses y traslada a la órbita del legislador la regulación de todo lo relacionado con el mismo. Puntualmente, la norma dispone que “[l]os congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones”(30).
Esta corporación, interpretando el alcance de la anterior disposición constitucional, en la Sentencia C-1040 de 2005, señaló que aquella “tiene como objetivo proteger que el ejercicio del cargo de Congresista, por la importancia intrínseca que tiene el Congreso de la República como máximo órgano de representación popular, se cumpla dentro de un marco de justicia y bien común, de manera que los intereses privados, personales o familiares que en un determinado momento puedan tener o defender los parlamentarios, cedan ante el interés general que debe guiar el comportamiento de quienes acceden a dicha corporación, tal y como lo ordena el artículo 133 de la Carta Política”(31). En la misma sentencia, siguiendo los parámetros fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, puntualizó que el conflicto de intereses se configura “cuando existe una concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla”(32).
4.6. Finalmente, y en consonancia con las normas referenciadas, el artículo 110 de la Constitución Política consagra una prohibición de carácter general, conforme a la cual, quienes desempeñen funciones públicas(33) no podrán “hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de investidura”.
5. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores y diputados.
5.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 293 de la Carta Política, “[s]in perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones”.
5.2. En consonancia con el anterior mandato, ya se mencionó que el artículo 299 del mismo ordenamiento superior, dispone que “[e]l régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley”, y establece un límite, en el sentido de que “[n]o podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”. A su vez, el artículo 303 superior, señala que “la ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores [...]”.
5.3. En relación con el sentido y alcance de las anteriores disposiciones, la Corte ha sostenido que “los únicos límites del legislador para determinar los regímenes de calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos mencionados [diputados], son los parámetros establecidos de manera explícita por la misma Constitución. Por lo demás, el legislador tiene completa libertad para analizar y definir los hechos y las situaciones que constituyen inhabilidad o incompatibilidad para ejercer determinado cargo, así como el tiempo de vigencia de tales causales”(34).
5.4. En ejercicio de la potestad expresamente conferida por las normas constitucionales antes citadas, el legislador expidió, inicialmente, la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, la cual fue posteriormente modificada mediante la Ley 617 de 2000, por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. A través de la última de las leyes citadas, se regulan un conjunto de materias destinadas al fortalecimiento de las entidades territoriales(35), dentro de las cuales se destacan las reglas para la transparencia de la gestión departamental, municipal y distrital.
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fue elegido”(36) (Resaltado fuera de texto).
5.7. Para estos efectos y según reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado(37), con el ejercicio del cargo, a cualquier título, se configura la anterior prohibición. Por tanto, opera no solo cuando el gobernador es elegido popularmente, sino también cuando ejerce el cargo mediante otra forma de provisión como, por ejemplo, en provisionalidad, en comisión o en encargo.
“ART. 32.—Duración de las incompatibilidades de los gobernadores. Las incompatibilidades de los gobernadores a que se refieren los numerales 1º y 4º tendrán vigencia durante el período constitucional y hasta por doce (12) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7º tal término será de veinticuatro (24) meses en la respectiva circunscripción” (Resaltado fuera de texto).
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011(38), por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones, “ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política”.
“Undécimo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 29 del Proyecto de Ley Estatutaria objeto de revisión, bajo el entendido que el régimen de inhabilidades para los servidores públicos de elección popular referido en el inciso final del parágrafo 3º, no será superior al establecido para los congresistas en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución Política”(39).
[...]”(40) (Resaltado fuera de texto).
5.10. Acorde con ello, la inhabilidad para ser elegido diputado en razón del numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, en su primera parte, se corresponde con la causal 2ª del artículo 179 de la Constitución Política, respecto de los congresistas. Sin embargo, aquella resulta ser más estricta, en la medida en que la inhabilidad de diputado se extiende, además, a “quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento”.
5.11. De acuerdo con las anteriores consideraciones, es preciso señalar que, contrario a lo que sucede con los congresistas, la Constitución Política no contiene un régimen específico de inhabilidades e incompatibilidades para los gobernadores y diputados, más allá de establecer algunas prohibiciones generales aplicables a quienes desempeñan funciones públicas (C.P., art. 110). Por tal razón, es al legislador a quien le corresponde, por mandato expreso de los artículos 293, 299 y 303 superiores, la determinación del respectivo régimen jurídico al que habrán de someterse, el cual, se concreta en la Ley 617 de 2000, junto con la modificación introducida por el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, y no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas(41).
6. La pérdida de investidura.
6.1.1. La pérdida de investidura es una institución jurídica de carácter sancionatorio, cuya incorporación al ordenamiento jurídico interno tuvo lugar a partir de la Constitución Política de 1991. Desde ese punto de vista, es una institución relativamente nueva en el derecho colombiano, introducida por el Constituyente con el propósito de dignificar la posición de congresista, enaltecer sus responsabilidades y funciones, a tal grado que las consecuencias de la violación de los deberes, funciones y responsabilidades inherentes al cargo debieran corresponderse con una sanción igualmente drástica(42).
6.1.2. En ese orden de ideas, la pérdida de investidura fue concebida como un instrumento de control político(43) de los ciudadanos frente a las actuaciones de los congresistas, cuando quiera que estos incurran en violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses; incumplan los deberes inherentes al cargo; sean responsables por indebida destinación de dineros públicos; o por tráfico de influencias debidamente comprobado.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado” (Resaltado fuera de texto).
“Es claro que la pérdida de investidura es la sanción más grave que puede imponerse a un Congresista, no solamente por el carácter mismo de las faltas respecto de las cuales ha sido prevista y por el inocultable daño que su comisión ocasiona al Congreso y al interés colectivo, sino en cuanto a las consecuencias del fallo, ya que implica la separación inmediata de las funciones que el condenado venía ejerciendo como integrante de la rama legislativa y, por expresa disposición de la propia Carta, la inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro”(44).
6.1.5. Por otra parte, “si bien la alta dignidad que corresponde a quien debe ejercer la función legislativa, y la necesidad de preservar impoluta la imagen de la más alta corporación democrática, explican tanto la gravedad de la sanción como la brevedad del procedimiento —será decretada en un término no mayor de veinte días hábiles—(45), esas mismas condiciones abogan a favor del más estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso”(46). En tal virtud, se ha hecho énfasis en que las causales de pérdida de investidura “son de derecho estricto, de orden público y de interpretación restrictiva”(47), de tal suerte que “no cabe su aplicación por analogía ni por extensión”(48).
6.1.6. Finalmente, cabe señalar que la pérdida de investidura “es una institución autónoma en relación con otros regímenes de responsabilidad de los servidores públicos, sin que el adelantamiento de dos o más procesos por la misma conducta, comporte indefectiblemente la violación del principio universal del non bis in ídem”(49)(50).
6.2. La pérdida de investidura de los diputados.
“ART. 291.—Los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura. Los contralores y personeros solo asistirán a las juntas directivas y consejos de administración que operen en las respectivas entidades territoriales, cuando sean expresamente invitados con fines específicos” (Resaltado fuera de texto).
7. La violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura de los diputados.
7.1. El artículo 48 de la Ley 617 de 2000, al enumerar las causales de pérdida de investidura de los diputados, concejales municipales y distritales, y miembros de las juntas administradoras locales, no hace mención expresa a la violación del régimen de “inhabilidades” como causal de pérdida de investidura. No obstante, partiendo de una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico vigente, la jurisprudencia del Consejo de Estado(51) ha sostenido que el desconocimiento del régimen de inhabilidades, pese a no estar contenido en la citada disposición, continúa siendo una causal de pérdida de investidura de los diputados, conforme con la remisión del artículo 299 de la Constitución, en virtud del cual, el régimen de “inhabilidades” e incompatibilidades de los diputados “no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas”; norma que, a su vez, ha de ser entendida en el sentido de que, siendo la violación del régimen de inhabilidades causal de pérdida de investidura de los congresistas, también lo es para los diputados, pues comparten dicho régimen de acuerdo con la remisión constitucional antes mencionada.
“No puede desconocerse que esta es norma posterior [L. 617/2000, art. 48] y contiene una relación de los diversos eventos en que diputados, concejales distritales y municipales y miembros de las juntas administradoras locales, perderán su investidura, entre los cuales, si bien se omitió la violación del régimen de inhabilidades no por ello puede concluirse que haya sido voluntad del legislador suprimir dicha causal en lo concerniente a los concejales, que es la materia a la que se contrae el presente asunto, pues en el numeral 6º, ibídem, quedó plasmada la posibilidad de que otras normas también pudieran consagrar causales de pérdida de investidura para esta categoría de servidores públicos, por lo que, frente a una situación como la aquí dilucidada, necesariamente hay que remitirse a la reglamentación contenida en la Ley 136 de 1994 [...]”(52).
De tal manera que no obstante que el artículo 48 de la Ley 617, en lo que toca con los diputados no consagró expresamente como causal de pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades, como la violación de dicho régimen sí constituye causal de pérdida de investidura para los Congresistas lo es también para aquellos en la medida en que comparten dicho régimen, por la remisión que hace el artículo 299 constitucional”(53).
La Sala considera que la interpretación que de la Constitución realiza el Consejo de Estado y, en particular la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, no solamente es razonable, sino que, además, se inscribe dentro del marco de sus funciones, porque siendo la Constitución norma de normas, sus contenidos irradian todo el ordenamiento jurídico y orientan la actuación de los jueces, quienes deben interpretar las leyes de conformidad con la Constitución e incluso aplicarla directamente cuando su preceptiva permita regular un asunto que no tiene respuesta en la ley o cuando la respuesta legal contradice en forma manifiesta los mandatos superiores”.
De la anterior trascripción se concluye que la tesis de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, según la cual la violación del régimen de inhabilidades es a su vez una causal de pérdida de investidura de diputados, por no haber sido derogado en lo pertinente el artículo 55 de la Ley 136 de 1994 por el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 fue encontrada razonable y ajustada a la Constitución en la sentencia antes referida y por lo tanto las sentencias que la apliquen no incurren en un defecto sustantivo”(54).
8.1. La causal que condujo a decretar la pérdida de investidura de la demandante.
8.1.1. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación dentro del proceso de pérdida de investidura seguido contra Marina Lozano Ropero, la despojó de su investidura como diputada de la asamblea departamental de Norte de Santander, al encontrar que había incurrido en la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 31.7 de la Ley 617 de 2000, en cuya virtud, el gobernador, así como quien sea designado en su reemplazo, no podrá “inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fue elegido” y hasta doce (12) meses después del vencimiento del mismo en la respectiva circunscripción(55).
8.1.2. El ad quem dio por probado que la ahora demandante en sede de tutela, habiéndose desempeñado, por un día, como gobernadora encargada del departamento de Norte de Santander(56), violó el régimen de incompatibilidades de los gobernadores, al inscribirse(57) como candidata a la asamblea departamental en esa misma circunscripción territorial, dentro de los doce (12) meses siguientes a la terminación del encargo. En consecuencia, siendo la violación del régimen de incompatibilidades causal de pérdida de investidura de los diputados, según lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 617 de 2000, decretó la referida sanción.
8.2. La sentencia mediante la cual se decretó la pérdida de investidura de la demandante y sus fundamentos.
8.2.5. Acorde con ello sostuvo que, según lo dispuesto en los artículos 31.7 y 32 de la Ley 617 de 2000, constituye causal de incompatibilidad de los gobernadores —sin importar el título—, inscribirse como candidatos a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fueron elegidos y hasta doce (12) meses después del vencimiento del mismo. Prohibición, cuyo desconocimiento, en los términos de los numerales 1º y 6º del artículo 48 de la misma ley, acarrea la pérdida de investidura.
8.3. Revisión de la sentencia objeto de cuestionamiento a la luz del defecto sustantivo.
A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar, que cuando una decisión judicial se profiere de conformidad con un determinado criterio jurídico, con una lógica y razonable interpretación de las normas aplicables al caso, con la debida valoración del material probatorio obrante en el expediente y con conocimiento del precedente jurisprudencial aplicable, como sucede en esta causa, no resulta admisible la procedencia del amparo constitucional contra providencias judiciales, toda vez que ello supone una intromisión arbitraria del juez de tutela, que afecta gravemente la autonomía e independencia judicial, en la medida en que restringe la competencia de los jueces para aplicar la ley y fijar su sentido y alcance en un asunto determinado(58).
8.3.5. En igual sentido ha de referirse la Corte al segundo de los cargos formulados por la actora, según el cual las incompatibilidades previstas en el artículo 31 de la Ley 617 de 2000, únicamente se extienden al gobernador elegido o a quien sea designado en su reemplazo, entendido por tal, aquel que designa el Presidente de la República en los casos de falta absoluta(59), y no a quien lo ejerce a título de encargo o por delegación.
Frente a esta acusación, es menester destacar que en la sentencia censurada, el juez contencioso hizo una breve reseña acerca del tratamiento que en la jurisprudencia del Consejo de Estado se le ha dado a la figura del remplazo para efectos de la configuración de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Así pues, acogiendo el criterio mayoritariamente aceptado, tanto por la Sección Primera(60) como por la Sección Quinta(61) de esa corporación, sostuvo que al gobernador encargado le son aplicables las mismas inhabilidades e incompatibilidades del titular, habida cuenta que la aceptación del encargo siempre trae implícito el desempeño de funciones constitucionales y legales asignadas al titular.
Esta Corte encuentra lógica, razonable y, por tanto, ajustada a la Constitución, la motivación expuesta por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a quien por competencia y dada su especialidad(62) le corresponde conocer, en segunda instancia, de los procesos de pérdida de investidura, para apartarse de la postura asumida por la Sección Quinta en la sentencia del 6 de diciembre de 2012, pues se observa que, en realidad, dicho fallo de nulidad electoral no recoge el pensamiento mayoritario de la corporación en esta materia. Ello es así, por cuanto que, con posterioridad al mismo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, al pronunciarse sobre una demanda de pérdida de investidura promovida contra un representante a la cámara por haber ejercido como gobernador encargado antes de su elección como congresista, en la sentencia del 22 de enero de 2013, retomó la línea jurisprudencial inicialmente acogida y reiteró, en relación con los artículos 31.7 y 32 de la Ley 617 de 2000, que “la incompatibilidad prevista en las disposiciones referidas está dirigida a quienes ocupen el cargo de gobernadores de departamentos a cualquier título, lo que comprende a quienes hayan sido elegidos para dichos cargos y a quienes accedan a ellos en condición de encargados o para reemplazar faltas absolutas de los titulares del cargo(63)“ (Resaltado fuera de texto).
Sin embargo, como quiera que en esa oportunidad la solicitud de pérdida de investidura iba dirigida hacia un representante a la cámara, advirtió que “en atención a la reserva constitucional de las causales de pérdida de investidura de los congresistas, no [era] válido hacer extensiva al demandado la causal de incompatibilidad establecida en los artículos 31.7 y 32 de la Ley 617 de 2000”, por cuanto que la misma “solo es aplicable a quienes ejerzan el cargo de gobernadores, a cualquier título, cuando aspiren a cargos de elección popular diferentes al de Congresista o Presidente de la República” (Resaltado fuera de texto).
9. Las incompatibilidades definidas para un cargo, cuando se extienden más allá del período dispuesto para el ejercicio del mismo, constituyen inhabilidades genéricas para aspirar y/o acceder a otros cargos.
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fue elegido”(Resaltado fuera de texto).
9.5. Una lectura de las disposiciones antes citadas permite concluir que los gobernadores, así como quienes sean designados en su remplazo —sin importar el título—, no podrán inscribirse como candidatos a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fueron elegidos y hasta por doce (12) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia.
9.8. Desde sus primeros pronunciamientos, esta Corte ha destacado que las incompatibilidades definidas para un cargo, cuando se extienden más allá del período dispuesto para el ejercicio del mismo(64), constituyen inhabilidades genéricas para aspirar y/o acceder a otros cargos.
9.9. Tal consideración quedó expuesta, por primera vez, en la Sentencia C-194 de 1995, a propósito de una demanda de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 96.7 de la Ley 136 de 1994(65), que prohibía a los alcaldes inscribirse como candidatos a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fueron elegidos y durante los seis meses siguientes al mismo, actualmente derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000. En esa oportunidad se expresó lo siguiente:
“[...] De otra parte, la norma acusada merece la misma crítica ya consignada en relación con el artículo 47, puesto que al ampliar, por fuera del tiempo en que se ejerce el cargo, la proscripción de una serie de ocupaciones y gestiones que en ese lapso posterior ya no pueden ser “incompatibles” con la alcaldía por no existir simultaneidad, hace una referencia impropia, que en el caso del numeral 7º —relativo a la inscripción como candidato a cargos de elección popular— convierte la prohibición, anexa al empleo que se venía ejerciendo, en una inhabilidad genérica, referente a todo destino para el cual la persona pudiera ser escogida por el pueblo”.
“Como se ha venido analizando, aunque la denominación de incompatibilidad es impropia y hubiera sido mejor que el legislador las hubiera llamado prohibiciones, inhabilidades genéricas o condiciones de inelegibilidad, lo cierto es que en el caso concreto la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de 31 de julio de 2009 no incurrió en una vía hecho o en un error manifiesto y grosero en la interpretación de los artículos 38 y 39 de la Ley 617 de 2000, ya que como se ha establecido en la jurisprudencia constitucional reseñada, las incompatibilidades pueden extender su vigencia en el tiempo que determine el legislador en aras de proteger el interés público y la igualdad electoral. Por ende, considera la Sala que la interpretación sobre este punto no fue errónea ni se incurrió en un defecto sustantivo” (Resaltado fuera de texto).
9.11. Del mismo modo, en la reciente Sentencia SU-515 de 2013, al decidir sobre una acción de tutela instaurada contra una providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura de una diputada bajo la causal de violación del régimen de incompatibilidades de gobernador (L. 617/2000, arts. 31.7 y 32), la Sala Plena de la corporación sostuvo:
“En contraste con el razonamiento presentado por la actora, las incompatibilidades establecidas para un cargo, cuando se extienden en el tiempo, constituyen prohibiciones e inhabilidades genéricas para ocupar otros empleos, todo para garantizar la moralización, la idoneidad, la probidad, la imparcialidad y la eficacia de quienes van a ejercer determinadas obligaciones en la administración pública” (Resaltado fuera de texto).
9.12. Así las cosas, la prohibición dirigida al gobernador o a quien sea designado en su reemplazo —sin importar el título—, de inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular dentro de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del período para el cual fue elegido o designado, pese a la impropiedad de los artículos 31 y 32 de la Ley 617 de 2000 que la reducen a una causal de incompatibilidad, materialmente, constituye una inhabilidad genérica para acceder a otros cargos o empleos públicos. En tal virtud, quien habiendo ejercido como gobernador, se inscriba como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular, como es el caso de la asamblea departamental, dentro de los doce (12) meses siguientes a la cesación de sus funciones, incurre en causal de inhabilidad para ser elegido diputado.
9.16. En lo que respecta a esta decisión, la Corte no advierte que para efectos de despojar de su investidura a la actora, el juez contencioso haya hecho una aplicación extensiva del régimen de incompatibilidades de gobernador (L. 617/2000, art. 31.7) a quien tenía la condición de diputada, pues, como ya se mencionó, lo que, en principio, constituía una incompatibilidad para el gobernador —inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fue elegido—, al prolongarse la prohibición más allá del lapso dispuesto para el ejercicio del cargo —doce (12) meses después del vencimiento del mismo—, se convirtió en una inhabilidad que, en este caso, le impedía a Marina Lozano Ropero inscribirse como candidata y, por tanto, ser elegida diputada.
9.17. Sostener, como lo hizo el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que la diputada Marina Lozano Ropero no se encontraba sometida a la observancia del régimen de incompatibilidades de gobernador sino al régimen de inhabilidades de diputado y que, conforme con este, no existe mérito para despojarla de su investidura, en razón de que ejerció como gobernadora encargada (28/10/2010) trece (13) meses y un (1) día antes de su elección como diputada (30/11/2011), implicaría desconocer de plano el otro extremo de la ley —la prohibición de inscribirse como candidata dentro del plazo señalado por el legislador—, cuyo acatamiento era condición necesaria para que su aspiración, de concretarse, se produjera bajo los más altos estándares de probidad, moralidad e imparcialidad, como valores que deben guiar la labor de quien accede a cargos públicos, máxime cuando dichos cargos reflejan la voluntad popular.
10. Análisis de la acusación formulada por desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-515 de 2013.
• En la Sentencia SU-515 de 2013, la pérdida de investidura de la diputada Flora Perdomo Andrade se fundamentó en la causal prevista en el artículo 48.1 de la Ley 617 de 2000, por violación del régimen de incompatibilidades. Lo anterior, tras encontrar probado que la diputada se inscribió como candidata a la asamblea departamental del Huila, veinte (20) meses y ocho (8) días después de su designación como gobernadora encargada de ese mismo departamento, en clara contradicción con lo dispuesto en los artículos 31.7 y 32 del citado ordenamiento. Cabe destacar, que para ese entonces no se encontraba vigente la Ley 1475 de 2011 que, como ya se mencionó, redujo el término de la prohibición de 24 a 12 meses.
• En la Sentencia SU-515 de 2013, la Corte concluyó que la providencia que despojó de su investidura a la diputada Flora Perdomo Andrade no se enmarcaba en ninguna de las causales específicas de procedencia que en esa oportunidad se alegaron(66). Sin embargo, como quiera que, en sede de revisión, la actora solicitó que, en virtud del principio de favorabilidad, se diera aplicación al artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, la Corte accedió a dicha pretensión. En consecuencia, al considerar que para ese momento la conducta por la cual fue sancionada Flora Perdomo Andrade, esto es, haberse desempeñado como gobernadora encargada veinte (20) meses antes de su inscripción como candidata a la asamblea departamental, ya no estaba prohibida ni admitía reproche alguno, no existía razón para que se siguieran manteniendo las consecuencias negativas derivadas de la misma.
Como consecuencia, la Sala concluye que la base de la sanción proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado perdió su fundamento jurídico a partir del 14 de julio de 2011 ya que desde la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011 esa inhabilidad solo comprende los doce meses anteriores a la fecha de la elección. (Sic)”.
• Con todo, y por si los anteriores argumentos no fueran suficientes para descartar de plano el posible desconocimiento del precedente constitucional, la Sala encuentra que la pérdida de investidura de Marina Lozano Ropero se dispuso mediante providencia del 7 de marzo de 2013 y la Sentencia SU-515 de 2013 se dictó el 1º de agosto de ese mismo año. Por tal razón, siendo esta última decisión posterior al fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, no constituía precedente alguno aplicable al presente caso y, en consecuencia, ningún reproche merece lo decidido por el juez de la causa.
1. LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el presente caso, decretada por la Sala Cuarta de Revisión, mediante auto del 16 de abril de 2015.
2. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo proferido por la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 11 de agosto de 2014, dentro de la acción de tutela promovida por Marina Lozano Ropero, contra la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Magistrados: María Victoria Calle Correa, presidenta (e), impedida—Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez, con salvamento de voto—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado, con aclaración de voto—Jorge Iván Palacio Palacio—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, con aclaración de voto—Alberto Rojas Ríos, con aclaración de voto—Luis Ernesto Vargas Silva.
(1) “[...] para los fines establecidos en las normas vigentes, después de haber sido escogidos autónomamente por la Sala de Selección competente, los fallos sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual determinará si asume su conocimiento [...]”.
(2) Acta de Sala Plena 23 del 15 de abril de 2015.
(3) Notificada por edicto el 21 de mayo de 2013.
(4) Notificado por estado el 30 de enero de 2014.
(5) Sobre el particular, consultar, entre otras, las sentencias T-217 de 2010, T-285 2010, T-707 de 2010, T-018 de 2011 y T-271 de 2013.
(6) Consultar, entre otras, las sentencias T-500 de 1995 y T-285 de 2010.
(7) Sentencias T-271 de 2013 y T-047 de 2014.
(8) Sobre el particular, consultar, entre otras, las sentencias C-590 de 2005, T-789 de 2008, T-217 de 2010, T-285 de 2010, T-973 de 2011 y T-271 de 2013.
(9) Sentencia 173 de 1993, cuyo pronunciamiento ha sido reiterado en las sentencias T-707 de 2010 y T-037 de 2015.
(10) Sentencia T-504 de 2000 y T-037 de 2015.
(11) Consultar, entre otras, las sentencias T-315 de 2005 y T-343 de 2012.
(12) Sentencia T-008 de 1998, reiterada recientemente en las sentencias T-271 de 2013 y T-037 de 2015.
(13) Sentencia T-658 de 1998, reiterada recientemente en las sentencias T-271 de 2013 y T-037 de 2015.
(14) Sentencias T-088 de 1999, SU-1219 de 2001 y T-271 de 2013.
(16) Sentencia T-590 del 2009.
(17) Acápite contenido en la Sentencia T-271 de 2013.
(18) Artículo 48, Ley 617 de 2000.
(19) Conforme con la certificación expedida por el secretario de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 13 de marzo de 2014, la sentencia proferida el 7 de marzo de 2013 quedó debidamente ejecutoriada el 4 de febrero de 2014.
(20) Antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Discusión del artículo 179 de la Constitución Política. Ponente: Luis Guillermo Nieto Roa. Sesión del 3 de abril de 1991.
(23) Brito Ruiz, Fernando; Quintero González, Leonel y Fernández, John James. La pérdida de investidura. Segunda Edición. Leyer. 2007. Pág. 18 y 19.
(24) Constitución Política, artículo 179.
(25) Sentencia C-558 de 1994.
(26) Sentencia C-483 de 1998.
(27) Constitución Política, artículo 181. “Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior.
(28) Constitución Política, artículo 180.
(29) Sentencia C-181 de 1997.
(30) Por expresa remisión constitucional del artículo 182 Superior, la Ley 5ª de 1992, en sus artículos 286 a 295, y la Ley 144 de 1994, en su artículo 16, regulan lo concerniente al procedimiento que ha de adelantarse en materia de conflicto de intereses, así como los impedimentos y las recusaciones de los congresistas.
(31) Sentencia C-1040 de 2005.
(32) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Flavio Rodríguez Arce. 28 de abril de 2004. Radicación 1572.
(33) Constitución Política, artículo 123.
(34) Sentencia C-1412 de 2000.
(35) Exposición de motivos de la Ley 617 de 2000.
(36) El texto completo del artículo 31 de la Ley 617 de 2000, es el siguiente:
(37) Consultar, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Roberto Medina López. 5 de octubre de 2001. Radicación 11001-03-28-000-2001-0003-01 (2463). Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: María Claudia Rojas Lasso. 2 de diciembre de 2010. Radicación 2010-00055-01.
(38) “ART. 29.—Candidatos de coalición. (...) Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política”.
(39) Sentencia C-490 de 2011.
(40) El texto completo del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, es el siguiente:
o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad <tercer grado de consanguinidad>, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”.
(41) Sentencia C-540 de 2001.
(42) Sentencia C-319 de 1994.
(43) Cepeda Ulloa, Fernando. Pérdida de investidura 1991-2011. Primera edición. Universidad del Rosario. 2012.
(44) Sentencia C-247 de 1995.
(45) Constitución Política, artículo 184.
(46) Sentencia C-247 de 1995.
(47) Sentencia T-1232 de 2003.
(48) Sentencia C-987 de 2007.
(49) Sentencia T-935 de 2009.
(50) Por ejemplo, el proceso de pérdida de investidura se ha distinguido del proceso penal y del proceso electoral.
(51) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 23 de julio de 2002. Radicación 68001-23-15-000-2001-0183-01(IJ-024).
Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 24 de abril de 2003. Radicación 41001-23-31-000-2002-01067-01(8705).
Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero. 15 de mayo de 2003. Radicación 23001-23-31-000-2002-00587-01 (8707).
(52) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 23 de julio de 2002. Radicación 68001-23-15-000-2001-0183-01(IJ-024).
(53) Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 24 de abril de 2003. Radicación 41001-23-31-000-2002-01067-01(8705)
(54) Sentencia T-935 de 2009.
(55) Artículo 32 de la Ley 617 de 2000, modificado por el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.
(56) 28 de septiembre de 2010.
(57) 29 de julio de 2011.
(58) Ver, entre otras, las sentencias T-217 de 2010, T-018 de 2011 y SU-226 de 2013.
(59) De acuerdo con los dispuesto en el artículo 98 de la Ley 136 de 1994, las causas que originan falta absoluta son: a) la muerte; b) la renuncia aceptada; c) la incapacidad física permanente; d) la declaratoria de nulidad por su elección; e) la interdicción judicial; f) la destitución; g) la revocatoria del mandato; h) la incapacidad por enfermedad superior a 180 días.
(60) Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: María Claudia Rojas Lasso. 5 de octubre de 2001. Radicación 2010-00055-01.
(61) Consejo de Estado, Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Roberto Medina López. 5 de octubre de 2001. Radicación 11001-03-28-000-2001-0003-01 (2463);
Consejo de Estado, Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: María Nohemí Hernández Pinzón. 11 de diciembre de 2003. Radicación 11001-03-28-000-2003-0014-01 (3111);
Consejo de Estado, Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Mauricio Torres cuervo. 29 de enero de 2009. Radicación 76001-23-31-000-2007-01606-01;
Consejo de Estado, Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: María Nohemí Hernández Pinzón. 31 de julio de 2009. Radicación 76001-23-31-000-2007-01477-02.
(62) Acuerdo 58 de 1999 —Reglamento interno del Consejo de Estado—, artículo 13.
(63) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 22 de enero de 2013. Radicación 11001-03-15-000-2011-01312-00 (PI).
(64) Entiéndase el período tanto objetivo como subjetivo, esto es, el período institucional de cuatro años que establece el artículo 303 de la Constitución Política para el gobernador elegido y el tiempo efectivo de la función desempeñada por una persona en concreto, como es el caso de quien lo ejerce a título de encargo.
(65) “ART. 96.—Incompatibilidades. Los alcaldes, así como los que lo reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán:
(66) En esa oportunidad, la demandante sostuvo que el fallo que decretó la pérdida de su investidura incurrió en un defecto sustantivo, (i) por aplicación extensiva del régimen de incompatibilidades de gobernador en su calidad de diputada; (ii) error grave de interpretación de la expresión “gobernador o de quien sea designado en su reemplazo”, contenida en el artículo 31 de la Ley 617 de 2000; y (iii) desconocimiento de los principios que orientan el derecho administrativo sancionador. En un defecto fáctico, por incorrecta valoración de las pruebas allegadas al proceso, pues no se demostró su posesión como gobernadora en encargo; y en un defecto material por desconocimiento del precedente judicial aplicable sobre la materia.