Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-00281-de-febrero-20-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f72a6924a2b8011ee0430a010151011e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-18 01:24:35
Document Index: 53169430

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 5', 'artículo 340', 'artículo 218', 'artículo 3', 'artículo 2469', 'artículo 2469', 'artículo 2469', 'artículo 5', 'artículo 340', 'artículo 1618', 'artículo 2485', 'Artículo 340', 'artículo 340', 'artículo 2340']

﻿ Sentencia 2007-00281 de febrero 20 de 2014
SENTENCIA 2007-00281 DE 20 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:ACUERDOS DE TRANSACCIÓN – FACULTAD DEL LIQUIDADOR – CAJANAL. LA TRANSACCIÓN ES UN CONTRATO EN QUE LAS PARTES TERMINAN EXTRAJUDICIALMENTE UN LITIGIO PRESENTE O FUTURO, COMPORTA LA EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES E IMPLICA LA DETERMINACIÓN DE LOS INTERESES CONTRAPUESTOS DANDO CERTIDUMBRE A LA RELACIÓN JURÍDICA EN DISPUTA, A TRAVÉS DE CONCESIONES MUTUAS, QUE PRODUCE EL EFECTO DE COSA JUZGADA EN ÚLTIMA INSTANCIA ENTRE LAS PARTES. EL LIQUIDADOR DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL (CAJANAL) ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR ACUERDOS DE TRANSACCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DEL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO 4409 DEL 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, FUNCIONES DEL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD, LIQUIDADOR, TRANSACCIÓN, CAPACIDAD DE TRANSACCIÓN, EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN, OBJETO DE LA TRANSACCIÓN, CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, TRANSACCIÓN JUDICIAL
Sentencia 2007-00281 de febrero 20 de 2014
Rad.: 25000-23-24 000-2007 00281-01.
Actor: Unión Temporal RTS – Red Nacional de Servicios de Terapia Renal U.T.
Asunto: Apelación sentencia.
El problema jurídico que plantea el recurso de apelación, se contrae a determinar el contenido y alcance de las transacciones celebradas y debidamente aprobadas entre las sociedades integrantes de la Unión Temporal y Cajanal, en virtud de las cuales se dieron por terminados tanto el proceso arbitral convocado por dicha Unión Temporal para desatar las diferencias suscitadas entre la convocante y Cajanal con ocasión del Contrato 234 de marzo 31 de 2000 (y sus adicionales de diciembre 27 de 2000 y de 30 de enero de 2001), del Contrato 742 de abril 2 de 2001 (y sus adicionales), del Contrato 1217 de 1º de junio de 2001 y 2392 de diciembre 14 de 2001, así como el proceso de reparación directa iniciado por la misma Unión Temporal contra Cajanal, que cursó en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Lo anterior, por cuanto de acuerdo con los hechos de la demanda, los actos acusados y la contestación de la demanda, el asunto a dilucidar en el presente caso es si al expedir dichos actos el liquidador de Cajanal incurrió en falsa motivación al considerar en ellos que el valor descontado como anticipos sin legalizar no hacía parte del acuerdo de transacción celebrado entre las partes y reconocido judicialmente, habiendo lugar a reconocer en favor de la parte actora la suma de $755.237.476.
Para tal efecto, y de acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, se encuentran debidamente acreditados los siguientes hechos particulares y relevantes del caso que se examina.
1. La Resolución 291 de 8 de noviembre de 2005, que constituye el primero de los actos acusados y a cuyo epígrafe se hace referencia en las pretensiones de la demanda, señaló en su considerando 5.5(6):
“Reglas relacionadas con los procesos declarativos u ordinarios iniciados con anterioridad a la orden de liquidación que se encuentran en curso. Que las reclamaciones presentadas oportunamente relacionadas con procesos declarativos u ordinarios, iniciados con anterioridad a la orden de liquidación de Cajanal S.A. EPS en liquidación y que tengan el reconocimiento de pretensiones cuya existencia o cuantía está supeditada a decisión judicial, por no existir certeza sobre su existencia, cuantía y naturaleza y por no constituir obligaciones, claras, expresas y exigibles a cargo de la sociedad en liquidación, serán glosadas hasta el momento que la autoridad competente se pronuncie mediante providencia en firme sobre la existencia, cuantía y naturaleza de la acreencia cobrada y, en todo caso, el reconocimiento definitivo de estas reclamaciones también estará sujeto a las consideraciones generales para la aceptación, calificación y graduación establecidas en la presente resolución, aplicable en lo pertinente a cada caso particular.
Estas reclamaciones se encuentran relacionadas en el Anexo 6 de la presente resolución, el cual hace parte integral de la misma.”
En la misma resolución se reflejó un valor por concepto de anticipos sin legalizar por parte de la unión temporal de $1.155.524.821,oo y por saldos deudores varios por valor de $48.507.032.347,20(7).
2. De igual forma, el numeral 5.17 de dicha resolución se refirió a los descuentos posteriores a la expedición de la misma, así:
“Reglas para los descuentos que se apliquen con posterioridad a la presente resolución: Que teniendo en cuenta que al momento de ordenarse la liquidación de Cajanal S.A. EPS en liquidación, la sociedad no había cumplido con el proceso de saneamiento contable establecido en la Ley 716 de 2001, modificada por la Ley 901 de 2004, y que al ordenarse la liquidación de hace necesario el cumplimiento de términos perentorios, se debió surtir simultáneamente el proceso de depuración contable con el de calificación de acreencias, razón por la cual cualquier hecho o pago que surja y que demuestre la existencia de un saldo a favor de Cajanal S.A. EPS en liquidación a cargo de un acreedor reconocido, será descontado en el momento del pago, independientemente que dicho valor no se encuentre identificado y relacionado en la presente resolución. Lo anterior teniendo en cuenta que los recursos que posee la sociedad son de carácter público, a los cuales conforme a la Constitución y la ley, se les debe dar la destinación específica que para ello se establece. En los casos en que se establezca esta situación, se expedirá el respectivo acto administrativo motivado que podrá ser controvertido a través del recurso de reposición que otorga la ley a cada acreedor” (subrayas fuera de texto).
3. A folio 75 del cuaderno anexos de la demanda obra el Acta 24 de 30 de mayo de 2006, intitulada “Citación para revisar descuentos por pagos efectuados por Cajanal EPS con anterioridad al 30-12-04 aplicados en proceso de reclamación”, en la cual se indica que comparecieron funcionarios de Cajanal y el apoderado de la unión temporal, “(…) con el fin de llevar a cabo la revisión de los documentos para el saneamiento contable de que trata la Ley (…), se citó al acreedor con el fin de que revise los descuentos a aplicar al valor reconocido en la Resolución 291 del 8 de noviembre de 2005, como embargos, anticipos no legalizados, sanciones multas, etc., montos estos que aparecen en los registros contables de esta sociedad, con corte a diciembre 31 de 2004 y que serán descontados al monto total del valor reconocido”, precisándose, además, que el propósito de la reunión es aclarar los anticipos registrados en la contabilidad de Cajanal y que figuran sin legalizar por valor de $1.155.524.821, para cuyo efecto intercambian diskettes con la información pertinente.
4. Acta 9 del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de Cajanal de 15 de agosto de 2006(8), en la que se da fe de la reunión que sostuvieron el liquidador de Cajanal, el coordinador del área administrativa y financiera, el coordinador del área jurídica y un abogado de la misma área, y la secretaría técnica, con el fin de discutir una nueva fórmula de arreglo en los procesos adelantados por la unión temporal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal de Arbitramento adelantado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en la cual se consigna textualmente lo siguiente:
“Teniendo en cuenta lo informado por la apoderada de la sociedad, lo pretendido por RTS, lo manifestado por la doctora Fanny Santamaría y el análisis de la propuesta y posibles resultados de los procesos realizado por el área jurídica, los miembros del comité recomiendan conciliar con TRS (sic), proponiendo como valor a reconocer por los procesos que cursan ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal de Arbitramento adelantado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, contra Cajanal, la suma de $3.500.000.00, valor que se pagará de acuerdo con el marco normativo del proceso liquidatorio y en los tiempos que se establezcan para el pago a prorrata (…)” (subrayas y negrillas fuera de texto).
5. Sendos acuerdos de transacción firmados por los apoderados de Cajanal y de la unión temporal, dirigidos y presentados ante el tribunal de arbitramento del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y ante la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca(9), en el primero de los cuales se informa y solicita lo siguiente:
“(…) que entre las partes involucradas en el presente proceso se ha llegado al siguiente acuerdo transaccional que cubre todas las pretensiones de la demanda, intereses moratorios, costas y agencias en derecho, en los siguientes términos:
1. La Unión Temporal RTS solicita en este trámite el reconocimiento y pago de la suma de $3.602.580.954 por concepto de servicios de salud prestados a los afiliados de la convocada de conformidad con los contratos 234 de marzo 31 de 2000 y sus adicionales del 27 de diciembre de 2000 y el 30 de enero de 2001; contrato 742 de abril 2 de 2001 y sus adicionales; contrato 1217 de 1 de junio de 2001 y 2392 del 14 de noviembre de 2001.
2. El comité de defensa judicial y conciliación de la demandada en sesión de fecha agosto 15 de 2006 de la cual se adelantó el Acta 9 de 2006, previas las auditorías médicas y contables, autorizó conciliar o transigir con la Unión Temporal RTS en la suma neta de $3.500.000.000 que cubre las pretensiones de las dos demandas, junto con sus intereses, costas y agencias en derecho, las que dieron lugar a los procesos adelantados por la mencionada IPS y que cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Reparación Directa 2002-0949) y ante la Cámara de Comercio (Tribunal de Arbitramento).
3. A esta suma se llegó una vez conciliadas y depuradas todas las cuentas relativas a tales procesos y una vez aplicados o deducidos todos los anticipos que Cajanal entregó a la citada IPS durante todo el tiempo en que mantuvieron relaciones contractuales.
4. Así las cosas, el valor por el cual se transigen las pretensiones del presente proceso asciende a la suma de dos mil quinientos treinta y ocho millones cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($2.538.041.852), suma que se reconoce como crédito cierto dentro del proceso liquidatorio de Cajanal S.A. ESP en liquidación y que se cancelará conforme a la prorrata y forma de pago que se establezca dentro de dicho proceso liquidatorio, de acuerdo con las reglas establecidas en el marco normativo aplicable a dicho trámite.
5. La IPS Unión Temporal RTS – Red Nacional de Servicios de Terapia Renal acepta que el pago del crédito así reconocido se lleve a cabo dentro del proceso liquidatorio, en los mismos términos que se aplicarán a los demás acreedores de su misma clase.
6. Con base en los anterior solicitamos al Honorable Tribunal se acepte el presente acuerdo transaccional en los términos previstos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, se dé por terminado este trámite arbitral sin condena en costas ni agencias en derecho.
7. En memorial separado las partes solicitarán la aprobación del acuerdo transaccional en lo referente al proceso que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”(10) (subrayas y negrillas fuera de texto).
6. Acta 20 de la reunión del tribunal de arbitramento celebrada el 27 de octubre de 2006 que habría de dirimir las controversias suscitadas entre las sociedades que integraron la Unión Temporal y Cajanal, en la cual al inicio se consigna lo siguiente:
Que el 6 de octubre de 2006 las partes de manera conjunta presentaron ante la secretaría escrito mediante el cual resolvieron transigir total y definitivamente la controversia sometida a decisión de este Tribunal, habiendo dado lectura al contenido del mismo. Informó también el secretario que el señor agente del Ministerio Público fue notificado por secretaría del acuerdo transaccional celebrado entre las partes, respecto del cual se pronunció mediante escrito del 24 de octubre de 2006, en el que manifestó que una vez estudiado el acuerdo mencionado, en el mismo se han observaron (sic) y acataron los requisitos formales contemplados en los artículos 340 y 341 del CPC, así como en el artículo 218 del CCA, toda vez que la transacción fue suscrita por los apoderados de las partes quienes contaban con facultad expresa para tales fines, además de haberse incluido la totalidad de los asuntos y pretensiones debatidas en el proceso. En cuanto a la entidad demandada, precisó el señor agente del Ministerio Público que ella se encuentra facultada para transigir, por cuanto el representante legal —liquidador— cuenta con la facultad para ello otorgada por medio del Decreto 4409 de diciembre 30 de 2004” (subrayas y negrillas fuera de texto).
En tal virtud, previa consideración acerca de que “Examinado el alcance de la transacción celebrada por las partes, y verificada su capacidad para ello, el Tribunal encuentra que dicha transacción involucra todos los requisitos sustanciales exigidos para la existencia y validez de dicho negocio jurídico e involucra además la totalidad de las cuestiones debatidas en el proceso (…)”, resolvió su aprobación y la terminación del proceso arbitral.
7. Providencia de 9 de noviembre de 2006 de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca(11), mediante la cual, previa transcripción del escrito de transacción celebrado entre Cajanal y la Unión Temporal y las pretensiones de la demanda instaurada en ejercicio de la acción de reparación directa por las sociedades que integran dicha Unión Temporal en contra de Cajanal, se aceptó la referida transacción y se declaró terminado el proceso.
8. Resolución 300 de 15 de noviembre de 2005, que constituye el segundo de los actos acusados, mediante la cual el liquidador de Cajanal adoptó la decisión de “Aclarar las causales de glosa contenidas en la Tabla Nº 1 componente médico y administrativo desde el Código 1.1 hasta el 8.6 del considerando 9.6 de la Resolución 291 del 8 de noviembre de 2005, estableciendo como definitivas las indicadas a continuación (…)”(12).
9. Resolución 1006 de 29 de diciembre de 2006(13), por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por las sociedades que integraron la Unión Temporal contra las resoluciones 291 de 8 de noviembre de 2005 y 300 de 15 de noviembre de 2005, en cuya parte resolutiva se dispuso, entre otros aspectos:
“ART. TERCERO.—Descontar anticipos sin legalizar por valor de setecientos cincuenta y cinco millones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos m/cte ($755.237.476,oo) y saldos deudores varios por valor de cuarenta y ocho millones siete mil quinientos veintiséis pesos con veinte centavos ($48.507.526.20) (sic) de acuerdo al anexo 16 que forma parte del presente acto administrativo”.
10. Resolución 166 de 22 de marzo de 2007(14), por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1006 de 29 de diciembre de 2006, en el sentido de modificar el artículo 3º de la Resolución 1006 de 29 de diciembre de 2008. Entre las varias solicitudes que formularon las recurrentes, integrantes de la Unión Temporal, se encuentra la de eliminar “(…) los descuentos por anticipos no legalizados por la suma de $755.237.476,oo y los descuentos por supuestos pagos hechos a través de compañías aseguradoras por la suma de $564.269.594,oo”, respecto de la cual, así se pronunció Cajanal:
“Respecto de la primera petición elevada en su recurso de reposición, la auditoría decidió ratificar el valor de los descuentos por anticipos no legalizados por la suma de setecientos cincuenta y cinco millones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos ($755.237.476), toda vez que dichos anticipos reflejados en el anexo 22 de la Resolución 1006 de 29 de diciembre de 2006, se encuentran debidamente soportados tal y como se expuso en el considerando vigérsimo (sic) primero de la mencionada resolución, agregando que corresponden a vigencias posteriores al año 2002 y, en consecuencia, no hacen parte de los servicios de salud reclamados por la entidad acreedora en la acción de reparación directa de Radicación 2005-0949 que cursó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en el tribunal de arbitramento constituido para dirimir las controversias contractuales surgidas entre las dos entidades, tal y como lo expone la certificación expedida por el contador y el coordinador de interventoría de Cajanal S.A. EPS en liquidación del 28 de febrero de 2007 y el texto de los memoriales contentivos de la transacción que suscribieron los apoderados judiciales de Unión Temporal RTS – Red Nacional de Servicios de Terapia Renal UT y Cajanal S.A. EPS en liquidación, para dar fin de forma anticipada a los mencionados procesos judiciales, que al tenor señalan (…) Es claro que el texto de cada una de las transacciones que cita el acreedor, así “A esta suma se llegó una vez conciliadas y depuradas todas las cuentas relativas a tales proceso y una vez aplicados y deducidos todos los anticipos que Cajanal entregó a la citada IPS durante el tiempo que mantuvieron relaciones contractuales”, hace referencia a los anticipos y descuentos sustento de los procesos contenciosos, por lo que no pueden cobijar períodos posteriores, pues ello desbordaría el objeto mismo de los citados procesos y por ello de la transacción”.
En virtud de la anterior consideración, en el artículo tercero de su parte resolutiva modificó el artículo tercero de la Resolución 1006 de 29 de diciembre de 2006, en sentido de descontar anticipos sin legalizar por la suma de $755.237.476 y saldos deudores varios por valor de $15.234.380.
Ahora bien, considera la Sala que las pruebas allegadas al expediente, son suficientes para demostrar de manera fehaciente que la transacción a la que se llegó por las partes se refirió única y exclusivamente a los litigios surgidos entre ellas con ocasión de la demanda de reparación directa que la Unión Temporal presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la sometida al tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, conclusión a la cual se llega con base en las siguientes reflexiones:
El artículo 2469 del Código Civil indica que la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.
En otros términos, la transacción pone fin a un litigio presente o futuro, comporta la extinción de obligaciones e implica la determinación de los intereses contrapuestos dando certidumbre a la relación jurídica en disputa, a través de concesiones mutuas, que produce el efecto de cosa juzgada en última instancia entre las partes (C.C., art. 2483 ).
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha indicado:
“La transacción es uno de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, aunque regido por el derecho privado, en particular por el artículo 2469 del Código Civil, a cuyo tenor:
‘ART. 2469.—La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio o precaven un litigio eventual.
No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa’.
En efecto, la transacción es un arreglo amigable de un conflicto surgido entre las partes, que esté pendiente de decisión judicial o que no haya sido sometido aún a ella, por medio de concesiones recíprocas, pues no hay transacción si una de las partes se limita a renunciar a sus derechos y la otra a imponer los suyos(15).
Por eso, puede ser definida la transacción como un negocio jurídico por el cual las partes terminan una contienda nacida o previenen una por nacer, haciéndose concesiones recíprocas(16). Desde el punto de vista procesal es un medio anormal de ponerle fin al proceso, cuando se refiere a la totalidad de las cuestiones debatidas entre las partes del mismo o, en el evento de ser parcial, clausura el debate en relación con las pretensiones sobre las cuales haga referencia(17).
Es decir, el artículo 2469 del Código Civil le otorga a la transacción el carácter de negocio jurídico extrajudicial; y de existir un conflicto pendiente entre las partes que lo celebran, con efectos procesales de terminación del respectivo litigio, siempre que se allegue prueba del mismo para que el juez pueda valorarlo, constatarlo y proceder a finalizar el proceso(18), en el sentido de que en adelante carece de objeto, porque ya no habría materia para un fallo y en fin, porque lo que se busca con el juicio y la sentencia ya se obtuvo por las propias partes, que en ejercicio de la autonomía privada, han compuesto o solucionado directamente sus diferencia (…)(19)”.
En lo que tiene que ver con las facultades del liquidador de Cajanal para suscribir acuerdos de transacción, se tiene que el numeral 13 del artículo 5º del Decreto 4409 de 2004(20), por el cual se ordena la disolución y liquidación de Cajanal S.A. EPS, dispone que el liquidador se encuentra facultado para transigir judicial o extrajudicialmente en los procesos y reclamaciones que se presenten en la liquidación.
Ahora bien, planteado el alcance que la jurisprudencia ha dado a la figura jurídica de la transacción, cabe precisar las cuestiones que originaron el que entre la parte actora y Cajanal se suscribieran sendos acuerdos de transacción, información que se extrae de los actos acusados, de la demanda y de su contestación y del alegato de conclusión de la parte demandada, pues no fue posible corroborarlos con los documentos idóneos y pertinentes(21), por no haber sido allegados al proceso, en la siguiente forma:
1. En el proceso de liquidación de Cajanal, el 21 de febrero de 2005 la parte actora solicitó el reconocimiento y pago de la suma de $3.881.737.437,oo por concepto de servicios de salud prestados a dicha sociedad de conformidad con los contratos 234 de 31 de marzo de 2000 y sus adicionales de 27 de diciembre de 2000 y de 30 de enero de 2001; contrato 742 de abril 2 de 2001 y sus adicionales; contrato 1214 de 1º de junio de 2001 y 2392 de 14 de noviembre de 2001, que dieron lugar a la convocatoria e instalación de un tribunal de arbitramento que dirimiera los conflictos surgido en la ejecución de los mismos.
2. En el mismo proceso de liquidación y en la misma fecha, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la suma de $1.230.476.659,oo, por concepto de servicios de salud prestados a los afiliados de CAJANAL durante los años 1997 a 2000, que dio lugar a la acción de reparación directa presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3. En el Acta 24 de 30 de mayo de 2006, de que atrás se da cuenta, consta que se reunieron los representantes de Cajanal y de la parte actora en este proceso “con el fin de llevar a cabo la revisión de los documentos para el saneamiento contable (…) y aclarar los anticipos registrados en la contabilidad de Cajanal y que figuran sin legalizar por valor de $1.1555.524.821”, para lo cual intercambiaron diskettes, lo cual es contrario a lo manifestado en el hecho 5 de la demanda, en que se afirma que en dicha reunión se planteó que la legalización y la aplicación de los anticipos entregados por Cajanal por valor de $1.155.524.821.00, era fundamental para lograr un acuerdo de transacción sobre los créditos pretendidos en los procesos arbitral y judicial.
4. Como consta en el Acta 9 del comité de defensa judicial y conciliación de Cajanal de 15 de agosto de 2006, a la que atrás se hizo referencia, la suma que se acordó reconocer a la Unión Temporal como valor “(…) por los procesos que cursan ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal de Arbitramento adelantado ante la Cámara de Comercio de Bogotá (…)”, fue de $3.500.000.000, y en la misma no se hace referencia alguna a que el reconocimiento de dicha suma involucre anticipos pendientes de legalizar.
5. En el acuerdo transaccional que Cajanal y la Unión Temporal presentaron ante los tribunales Administrativo de Cundinamarca y de arbitramento, se indica que dicho acuerdo “(…) cubre el valor total de las pretensiones de la demanda, intereses moratorios, costas y agencias en derecho (…)”(22).
En el numeral 2 del referido acuerdo se reitera que la autorización que dio el comité de defensa judicial y conciliación de Cajanal lo fue “(…) para conciliar o transigir con la demandante en la suma de $3.500.000.000 que cubre las pretensiones de las dos demandas, junto con sus intereses, costas y agencias en derecho, que dieron lugar a los procesos adelantados por la mencionada IPS y que cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Reparación Directa 2002-0949) y ante la Cámara de Comercio (tribunal de arbitramento)”.
En el numeral 3 del mismo acuerdo se plasma que “A esta suma se llegó una vez depuradas y conciliadas todas las cuentas relativas a tales procesos y una vez aplicados y deducidos todos los anticipos que Cajanal entregó a la citada IPS durante todo el tiempo que mantuvieron relaciones comerciales”.
6. En el Acta 20 de 27 de octubre de 2006 del tribunal de arbitramento convocado para dirimir las controversias surgidas entre las partes por la ejecución de los contratos de que da cuenta en numeral 1 que antecede, consta que se dio aprobación a la transacción celebrada entre las partes (Cajanal y Unión Temporal), previa consideración acerca de que dicho negocio jurídico involucra la totalidad de las cuestiones debatidas en el proceso.
De acuerdo con las verificaciones anteriores, para la Sala no cabe duda que el acuerdo de transacción que se llevó a cabo entre los representantes de Cajanal y de la Unión Temporal y que conllevó a que se dieran por terminados los referidos procesos, tuvo por única y exclusiva finalidad poner fin a todas las cuestiones que en ellos se debatieron y solo a ellas, sin que puedan dar lugar a inferir o suponer que la misma abarcó, se extendió o incluyó los avances que entregó Cajanal a dicha Unión Temporal por fuera de lo discutido en dichos procesos o que no tuvieran relación directa con los mismos, y que se encontraban pendientes de legalización.
Lo anterior lo corrobora el hecho de que si el artículo 340 del CPC establece que la transacción será aceptada por el juez y se declarará terminado el proceso, si se celebró entre todas las partes y ”si versa sobre las cuestiones debatidas”, la aceptación que de ella se hizo y en los términos que se plasmó por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el tribunal de arbitramento, demuestra a cabalidad que el acuerdo transaccional se limitó a poner fin a los procesos que ante ellos se adelantaban, y en momento alguno, se reitera, a dar por saneados o legalizados los avances que Cajanal entregó a la Unión Temporal por fuera de lo discutido en ellos.
De otra parte, considera la Sala que cuando en el acuerdo transaccional se dice que a la suma conciliada se llegó “(…) una vez aplicados o deducidos todos los anticipos que Cajanal entregó a la citada IPS durante todo el tiempo en que mantuvieron relaciones comerciales”, en sana lógica y en aplicación del principio de interpretación de los contratos consagrado en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, “Conocida claramente la voluntad de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras”, ha de entenderse que se refiere a aquellos anticipos que se produjeron en el curso de las relaciones contractuales que dieron origen a los mencionados procesos, puesto que la transacción tuvo por único objeto terminar anticipadamente los mismos y no para zanjar todas las diferencias que en relación con anticipos no legalizados existieran al momento de ordenarse la disolución y liquidación de Cajanal o pudieran presentarse durante el trámite del proceso liquidatorio de la misma.
En suma, considera la Sala que la sentencia recurrida da un alcance diferente al pactado por las partes en el acuerdo conciliatorio, pues resulta evidente que a la luz del artículo 2485 del Código Civil, la transacción estaba encaminada a determinar los derechos y obligaciones debatidos en sede judicial y arbitral, y de ella no es posible deducir ni inferir que su objeto se extendiera a incluir obligaciones diferentes a las exigidas en los procesos que le dieron origen.
De consiguiente, se impone la revocatoria de la sentencia recurrida y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte dispositiva de esta providencia.
REVÓCASE la sentencia de 16 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone:
(6) Folios 83 a 84 ib.
(7) Folio 247 ib.
(8) Folios 73 a 74 ib.
(9) 6 de octubre y 20 de octubre de 2006, respectivamente.
(10) Folios 69 a 70 ib. En el mismo sentido, a folios 70 a 71 obra memorial dirigido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuyo numeral 4 se indica que “(…) las pretensiones del presente proceso ascienden a la suma de novecientos sesenta y un millones novecientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y ocho pesos ($961.958.148,oo)”.
(11) Folios 62 a 69 cuaderno “Anexos de la demanda”.
(12) Folios 238 a 253 ib.
(13) Folios 255 a 480 ib.
(14) Folios 481 a 494 ib.
(15) Cfr. Hinestrosa, Fernando, Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Tercera Edición, Marzo de 2007, Pág. 735 y ss.
(16) Cfr. Josserand, Louis, Derecho Civil y Contratos, Tomo II, Ed. Jurídicas Europa-América, 1984, Pág. 389.
(17) “Artículo 340. CPC —Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, núm. 162—. Oportunidad y trámite. En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. También podrán transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia. // Para que la transacción surta efectos procesales, deberá presentarse solicitud escrita por quienes la hayan celebrado, tal como se dispone para la demanda, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este, según fuere el caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción autenticado; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes, por tres días. // El juez aceptará la transacción que se ajuste a las prescripciones sustanciales y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme. Si la transacción solo recae sobre una parte del litigio o de la actuación posterior a este continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción. El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en efecto diferido, y el que resuelva sobre la transacción total lo serán en el efecto suspensivo. // Cuando el proceso termine por transacción o esta sea parcial, no habrá lugar a costas, salvo que las partes convengan otra cosa. // Si la transacción requiere licencia y aprobación judicial, el mismo juez que conoce del proceso resolverá sobre estas; si para ello se requieren pruebas que no obren en el expediente, el juez las decretará de oficio o a solicitud de parte y para practicarlas otorgará un término de cinco días o señalará fecha y hora para la audiencia, según el caso”.
(18) Sobre el control jurisdiccional de la transacción ha dicho la Corte Suprema de Justicia: “Para que el acuerdo transaccional sustituya la jurisdicción, porque auto comporte el conflicto de intereses, precisa no solo su ajuste a las prescripciones sustanciales, sino que la petición cumpla con los requisitos formales que para surtir efectos procesales establece el artículo 340 ibídem, pues no sobra advertir que ellos penden de la aprobación por parte del juez o magistrado. De manera que el juez controla la transacción desde un doble ángulo: como contrato, caso en el cual vela porque él cumpla los requisitos sustanciales, y como medio anormal de ponerle fin al proceso, cuando recae sobre la totalidad de las cuestiones debatidas (pero también cuando es parcial), exigiendo las condiciones formales que para tal acto procesal consagra el artículo 2340 ibídem”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 5 de noviembre de 1996, Exp. 4546.
(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C. P. Ruth Stella Palacio, Sentencia de 28 de febrero de 2011, Rad. 2003-003490-1.
(20) “ART. 5º.—Funciones del liquidador. El liquidador adelantará bajo se (sic) inmediata dirección y responsabilidad el proceso de liquidación de la sociedad Cajanal S.A. EPS en liquidación, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:
13. Transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente en los procesos y reclamaciones que se presenten dentro de la liquidación, atendiendo las reglas sobre prelación de créditos establecida en las normas que regulan la materia”.
(21) Por “pertinentes” ha de entenderse las copias de los procesos que se surtieron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ante el tribunal de arbitramento.
(22) Folios 69 a 74 cuaderno “Anexos de la demanda”.