Source: http://www.revistarap.com.ar/Derecho/administrativo/procedimiento_administrativo_i/sisterna_ramon_silvano_c_anses.html
Timestamp: 2018-09-19 08:35:18
Document Index: 196694317

Matched Legal Cases: ['Artículo 31', 'Artículo 12', 'Artículo 32', 'Artículo 14', 'Artículo 30', 'Artículo 26', 'Artículo 31', 'Artículo 12', 'Artículo 32', 'Artículo 14', 'Artículo 31', 'Artículo 12', 'Artículo 25']

Sisterna, Ramón Silvano c/ ANSeS
Proceso administrativo. Habilitación de instancia. Silencio y caducidad. Artículo 31 Ley Nº 19.549 modificado por el Artículo 12 Ley Nº 25.344. Alcance.
S.3053. XXXVIII. "Sisterna, Ramón Silvano c/ ANSeS".
Los integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social en remisión al dictamen del Ministerio Público del fuero confirmaron la resolución de la juez de grado que declaró de oficio no habilitada la instancia judicial (v. fs. 25, 35/vta. y 37 del principal, foliatura a citar, salvo indicación, en adelante).
Para así decidir, entendieron que el actor no había dado cumplimiento con los plazos establecidos para la plena operatividad del instituto del silencio en sede administrativa, ello en virtud de que transcurrieron casi diez años entre su solicitud de reajuste y la interposición de la demanda judicial. Asimismo, consideraron de aplicación al sub-lite las disposiciones contenidas en la Ley Nº 25.344 en cuanto modificó el Artículo 32 de la Ley Nº 19.549 y dejó sin efecto la posibilidad de obviar el reclamo administrativo previo en aquellas situaciones donde mediara una clara conducta del Estado que hiciera presumir la ineficacia cierta del procedimiento.
Contra dicho pronunciamiento y con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad de fallos judiciales la actora interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria, previo traslado de ley, motiva la presente queja.
En relación con él, creo necesario recordar que, si bien VE tiene reiteradamente dicho que a los fines del recurso extraordinario previsto en el Artículo 14 de la Ley Nº 48, revisten carácter de definitivas, no sólo aquellas sentencias que ponen fin al pleito e impiden su prosecución, sino también las que causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos: 310:1045; 312:2348; 323:1084; 325:2623 entre muchos otros), considero que en el caso la resolución que declaró no habilitada la instancia judicial es asimilable a una sentencia definitiva, en cuanto clausura totalmente el acceso del actor a la jurisdicción (Fallos: 312:1724).
Ello sentado, vale poner de resalto que la ley nacional de procedimientos administrativos prevee dos vías mediante las cuales se habilita la instancia judicial a efectos de accionar contra el Estado Nacional: la denominada impugnatoria o recursiva y la llamada reparatoria o reclamatoria. La primera de estas vías tiene por objeto la impugnación de actos administrativos mediante la necesaria deducción de los recursos administrativos que resulten procedentes, y la posterior interposición de acción judicial de impugnación de conformidad con los Artículos 23 a 27 de la Ley Nº 19.549. La restante, por el contrario, exige la promoción de reclamo administrativo previo con el objeto de cuestionar el accionar de la Administración que como tal no constituye un acto administrativo, o efectuar dicho reclamo como medio de impugnación directa de actos de alcance general.
En el sub lite, y tal como lo reconoce el quejoso, la presentación de fecha 17 de junio de 1992 tuvo el carácter de un reclamo administrativo en los términos del Artículo 30 de la ley de procedimientos administrativos, reclamo que fue iniciado a efectos de solicitar un reajuste de su haber previsional (v. fs. 5/7). En consecuencia, y contrariamente a lo argumentado por el apelante, no son de aplicación a estas actuaciones las disposiciones contenidas en el Artículo 26 de la Ley Nº 19.549 que presuponen el ejercicio previo de la vía impugnatoria o recursiva.
Por otra parte, estimo que no resultan arbitrarias las conclusiones de los sentenciantes cuando afirman que la demanda judicial promovida por el recurrente se encuentra comprendida dentro de lo establecido por el Artículo 31 de la Ley Nº 19.549, texto según Ley Nº 25.344. Ello, en razón de que toda reforma de las leyes de procedimientos es de aplicación plena e inmediata, aun cuando la situación jurídica que constituye el objeto del litigio se haya configurado y desarrollado bajo la ley anterior. Las normas procedimentales tienen carácter de orden público por lo que no existe derecho adquirido a ser juzgado de conformidad con un determinado procedimiento (Fallos: 211:725; 215:467; 321:1865, entre otros). De allí que, los presupuestos de admisibilidad de la acción contencioso administrativa no puedan sino ser verificados de acuerdo con la ley de procedimientos vigente a la fecha de promoción de la demanda.
Por lo expuesto, soy de opinión que corresponde desestimar la presente queja.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2005.
Buenos Aires, 7 de febrero de 2006.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Sisterna, Ramón Silvano c/ ANSeS", para decidir sobre su procedencia.
1°) Que contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que confirmó el del juez de grado en cuanto había declarado de oficio no habilitada la instancia judicial, el actor dedujo recurso extraordinario cuya denegación origina la presente queja.
2°) Que el a quo sostuvo, haciendo suyos los fundamentos del señor Fiscal General, que el beneficiario de una jubilación había solicitado el reajuste de su haber ante la ANSeS y que solo después de casi diez años había deducido la demanda judicial sin acreditar que hubiese requerido pronto despacho en sede administrativa, por lo que no se habían cumplido los plazos legales para que tuviese plena operatividad el instituto del silencio.
3°) Que sobre esa base resolvió que resultaban de aplicación al caso las disposiciones del Artículo 12 de la Ley Nº 25.344, que eliminó la excepción contemplada por el Artículo 32, inc. e, de la Ley Nº 19.549 y consagró al reclamo administrativo previo como requisito sine qua non para la procedencia de la vía judicial en razón de que dicha ley había entrado en vigencia el día 30 de noviembre de 2000 y la demanda había sido deducida con posterioridad a esa fecha.
4°) Que los agravios del apelante suscitan el examen de cuestiones de naturaleza federal que autorizan la apertura de la instancia extraordinaria, pues la decisión tiene el alcance de una sentencia definitiva (Fallos: 324:1405), se encuentra en juego la interpretación de normas procesales con incidencia directa sobre derechos adquiridos bajo la órbita de una regulación anterior y media lesión a las garantías constitucionales invocadas (Artículo 14, inc. 2°, de la Ley Nº 48).
5°) Que aun cuando la nueva redacción del Artículo 31 de la ley de procedimientos administrativos, introducida por el Artículo 12 de la Ley Nº 25.344, prescribe un plazo perentorio de 90 días para deducir demanda en contra del Estado o de sus entes autárquicos, contados a partir de la notificación al interesado del acto expreso que agote la instancia administrativa o cuando hubiesen transcurrido 45 días del pedido de pronto despacho (Artículo 25), tal exigencia no puede recaer sobre aquellos supuestos en que el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción se hubiese configurado antes de la sanción de la nueva ley.
6°) Que el pedido de reajuste de haberes y pago de diferencias en sede administrativa, deducido con fecha 17 de junio de 1992 (fs. 5/7 de la causa principal), y la posterior solicitud de pronto despacho presentada el 30 de noviembre de 1994 (fs. 4), cuya existencia no fue advertida en las instancias anteriores, ponen en evidencia que se encontraban dadas las exigencias formales para la promoción de la demanda judicial establecidas en los Artículos 23 y 26 de la Ley Nº 19.549.
7°) Que esta Corte ha dicho que si bien es cierto que las leyes sobre procedimiento son de orden público y se aplican a las causas pendientes, también lo es que su aplicación se encuentra limitada a los supuestos en que no se prive de validez a los actos procesales cumplidos, ni se deje sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores; máxime cuando ello desbarataría una situación consolidada a favor del recurrente con privación de justicia respecto de derechos de naturaleza alimentaria que gozan de protección constitucional (Fallos: 319:2151 y 2215).
Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, el Tribunal resuelve: Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada. Devuélvanse los autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corresponda, dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Notifíquese, agréguese la queja al principal y devuélvase.
Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Carmen M. Argibay (en disidencia).
Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se desestima la queja. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese.