Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0582_ES.html
Timestamp: 2019-09-23 07:41:55
Document Index: 263368905

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 24', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61']

Ciclo relativo al documento : RC-B8-0582/2018
Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei en nombre del Grupo ECR
– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión(2) (el nuevo Reglamento Financiero), y en particular su artículo 61 relativo a los conflictos de intereses,
– Vista la denuncia oficial presentada por Transparencia Internacional República Checa ante la Comisión el 19 de septiembre de 2018,
– Visto el dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión, de 19 de noviembre de 2018, titulado «Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds» (Impacto del artículo 61 del nuevo Reglamento Financiero (conflictos de intereses) en los pagos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)),
B. Considerando que las normas de contratación pública obligan a los Estados miembros a prevenir los conflictos de intereses (artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE(3)), en particular los intereses personales directos o indirectos, y que ya hay normas en vigor en relación con situaciones percibidas como conflictos de intereses o con obligaciones específicas en el marco de la gestión compartida (por ejemplo, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013(4));
C. Considerando que el 16 de julio de 2018 el Consejo adoptó su Posición sobre el nuevo Reglamento Financiero y el 18 de julio de 2018 se firmó la versión final del acto; que el artículo 61 del Reglamento Financiero, que prohíbe los conflictos de intereses, entró en vigor el 2 de agosto de 2018;
D. Considerando que el artículo 61, apartado 1, del Reglamento Financiero (conjuntamente con el artículo 61, apartado 3) establece:
ii) una obligación positiva de los agentes financieros de adoptar las medidas oportunas para evitar conflictos de intereses en las funciones que estén bajo su responsabilidad y de hacer frente a situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses;
E. Considerando que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(5), «el conflicto de intereses constituye en sí mismo y de forma objetiva una disfunción grave, sin que sea preciso tener en cuenta, para su calificación, las intenciones de los interesados y su buena o mala fe»; que la Comisión tiene la obligación de suspender los pagos de fondos de la Unión cuando exista una deficiencia grave en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control y cuando se revelen irregularidades graves no constatadas, no declaradas y no corregidas en relación con un conflicto de intereses;
F. Considerando que, el 19 de septiembre de 2018, Transparencia Internacional República Checa presentó una denuncia formal ante la Comisión en la que se aduce que el presidente del Gobierno checo, Andrej Babiš, ha infringido reiteradamente la legislación de la Unión y de la República Checa en materia de conflictos de intereses;
G. Considerando que se ha revelado que Andrej Babiš es el titular real de Agrofert, la empresa que controla el Grupo Agrofert, que incluye, entre otros, algunos importantes medios de comunicación checos, a través de los fondos fiduciarios AB I y AB II, de los que es tanto fundador como único beneficiario;
H. Considerando que Andrej Babiš también preside el Consejo checo para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;
I. Considerando que diversas empresas que pertenecen al Grupo Agrofert participan en proyectos subvencionados por el Fondo de Desarrollo Rural de la República Checa, financiado a su vez por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional;
J. Considerando que diversas empresas que pertenecen al Grupo Agrofert han recibido importantes cantidades de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el periodo 2014-2020, que van desde 42 millones EUR en 2013 hasta 82 millones EUR en 2017;
K. Considerando que el dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión afirma que, según la declaración de ingresos de los funcionarios checos, en el primer semestre de 2018 Andrej Babiš percibió ingresos por valor de 3,5 millones EUR del Grupo Agrofert a través de sus fondos fiduciarios;
L. Considerando que el Parlamento ha pedido reiteradamente a la Comisión en sus resoluciones sobre la aprobación de la gestión que agilice el procedimiento de liquidación con el objetivo de obtener información sobre el riesgo de un conflicto de intereses relativo al Fondo Estatal de Intervención Agrícola de la República Checa; y que el Parlamento ha subrayado que la ausencia de las medidas necesarias para evitar un conflicto de intereses podría obligar a las autoridades checas a retirar la acreditación del organismo pagador y podría dar lugar también a la imposición de correcciones financieras por parte de la Comisión;
M. Considerando que, en septiembre de 2018, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento decidió examinar este asunto en el marco de su procedimiento anual de aprobación de la gestión, en particular en las audiencias con los comisarios a quienes más afecta la cuestión;
N. Considerando que estas audiencias no aportaron a los diputados al Parlamento Europeo respuestas claras y suficientes sobre la situación del posible conflicto de intereses del presidente del Gobierno checo;
O. Considerando que, el 1 de diciembre de 2018, varios periódicos europeos, como The Guardian, Le Monde, De Standaard y Süddeutsche Zeitung, publicaron información sobre el dictamen jurídico emitido por el Servicio Jurídico de la Comisión, en el que se confirma el conflicto de intereses de Andrej Babiš;
1. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que la República Checa no haya respetado el artículo 61, apartado 1, del Reglamento Financiero en lo que respecta al conflicto de intereses del presidente del Gobierno checo y sus vínculos con el Grupo Agrofert;
2. Lamenta cualquier tipo de conflicto de intereses que pueda poner en peligro la ejecución del presupuesto de la Unión Europea y socavar la confianza de sus ciudadanos en la gestión correcta del dinero de los contribuyentes de la Unión; pide a la Comisión que garantice que se aplicará una política de tolerancia cero sin dobles raseros en lo que respecta a los conflictos de intereses de los políticos de la Unión, y que no busque excusas para justificar retrasos cuando se trata de proteger los intereses financieros de la Unión;
3. Recuerda su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión 2015(6), en la que «señala que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha iniciado una serie de investigaciones por presuntas irregularidades [...] sobre un proyecto en la República Checa conocido como "Nido de Cigüeña"» y «pide a la Comisión que informe a su comisión competente de inmediato una vez concluyan las investigaciones»; recuerda su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre la aprobación de la gestión 2016(7), en la que «acoge con satisfacción el hecho de que la OLAF haya concluido su investigación administrativa sobre el proyecto checo denominado “Stork Nest”» (Nido de Cigüeña) y «lamenta que la OLAF detectara graves irregularidades»;
4. Subraya que, dada la aplicabilidad directa del artículo 61, apartado 1, del Reglamento Financiero a los conflictos de intereses, todos los participantes en la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidos los jefes de Gobierno, son responsables del cumplimiento de la obligación de evitar conflictos de intereses y tratar las situaciones que pudieran percibirse objetivamente como tales;
5. Lamenta que la Comisión haya permanecido pasiva durante mucho tiempo, a pesar de la existencia de indicios sólidos desde 2014 de que Andrej Babiš tenía un conflicto de intereses en su función como ministro de Hacienda y, más tarde, presidente del Gobierno;
6. Recuerda la obligación de las autoridades nacionales de garantizar que la legislación de la Unión sobre conflictos de intereses se aplica en todos los casos y a todas las personas;
7. Pide a la Comisión que establezca un mecanismo de control para tratar la cuestión de los conflictos de intereses en los Estados miembros y que incluya entre sus prioridades la prevención activa de los mismos; pide a la Comisión que intervenga con decisión, especialmente cuando las autoridades nacionales no actúen para evitar los conflictos de intereses de sus más altos representantes;
8. Pide a la Comisión que dé curso a este asunto sin demora, sobre la base del dictamen de su Servicio Jurídico a raíz de la denuncia de Transparencia Internacional República Checa, y que aplique las medidas correctoras y los procedimientos necesarios para subsanar cualquier posible situación ilegal, en particular la suspensión del pago de toda financiación de la Unión al Grupo Agrofert hasta que se investigue y resuelva completamente el conflicto de intereses;
9. Pide a todas las autoridades nacionales y a los funcionarios de las administraciones públicas de la Unión que apliquen de forma proactiva el nuevo Reglamento Financiero, y en particular su artículo 61 relativo a los conflictos de intereses, para prevenir situaciones perjudiciales para la reputación de la Unión y la de sus Estados miembros, así como para la democracia y los intereses financieros de la Unión, y que den ejemplo trabajando por el bien común y no en beneficio propio;
10. Pide a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros que se aseguren de que la legislación nacional en materia de prevención de conflictos de intereses no sea contraria a la letra ni al espíritu del nuevo Reglamento Financiero;
11. Toma nota del dictamen elaborado por el Servicio Jurídico de la Comisión sobre el posible conflicto de intereses del actual presidente del Gobierno checo, Sr. Babiš, en el ejercicio de sus funciones de ministro de Hacienda en 2014; pide a la Comisión que investigue a fondo la legalidad de todas las subvenciones de la Unión abonadas al Grupo Agrofert desde que el Sr. Babiš entró en el Gobierno checo, teniendo en cuenta el anterior Reglamento Financiero, aplicable hasta el 2 de agosto de 2018, y su artículo sobre los conflictos de intereses;
12. Pide a la Comisión que publique todos los documentos de que disponga relacionados con el posible conflicto de intereses del presidente del Gobierno y del ministro de Agricultura de la República Checa y que explique las medidas que se propone adoptar para resolver la situación;
13. Insta a la Comisión a que recupere todos los fondos que se hayan pagado de forma ilegal o irregular;
14. Insiste en que debe haber plena transparencia en lo que respecta a las relaciones que Andrej Babiš pueda tener con el Grupo Agrofert y en que dichas relaciones no deben interferir en su función de presidente del Gobierno de la República Checa;
15. Pide al Consejo que, en consonancia con el artículo 61, apartado 1, del Reglamento Financiero, adopte todas las medidas necesarias y oportunas para prevenir los conflictos de intereses en el contexto de las negociaciones sobre el futuro presupuesto de la Unión y el próximo marco financiero plurianual;
16. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y al Gobierno y el Parlamento de la República Checa.
DO L 252 de 29.9.2017, p. 28.
Textos Aprobados, P8_TA(2018)0121.