Source: https://www.scribd.com/document/47641590/4-efectos-de-la-aplicacion-del-impuesto
Timestamp: 2017-12-17 03:47:30
Document Index: 249142743

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'Artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 4', 'Artículo 19', 'artículo 17', 'Artículo 147', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 317', 'artículo 335', 'artículo 133', 'artículo 545', 'artículo 115', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 19', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 145', 'artículo 317']

“Efectos de la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras a la luz de los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva” “Effects of the
application of the Tax to the Financial Transactions to the light of the non-confiscation principle and taxpaying capacity” Recibido: 14 de octubre de 2009 Aceptado: 13 de noviembre de 2009 Quintero Ch. , Luis A. Universidad Rafael Urdaneta (URU) De La Hoz S., Aminta I. Universidades Rafael Urdaneta (URU) y Universidad del Zulia (LUZ) RESUMEN El propósito de esta investigación es analizar el impuesto a las transacciones financieras y su relación con los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva. Metodológicamente, se clasifica como un estudio documental descriptivo transeccional, se diseñó un instrumento aplicado a siete (7) profesionales del área tributaria. Se concluyó que el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en relación con los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva, resultó ser confiscatorio porque afecta la liquidez del sujeto pasivo durante su vigencia al gravar la fuente del capital y no la renta, violando así garantías constitucionales como el derecho de propiedad y la capacidad contributiva, pues el hecho imponible del ITF no grava una manifestación de renta, sino el activo disponible y por ende el patrimonio de la empresa. Además, se evidencia que de acuerdo a la jurisprudencia consultada no hay maneras de medir a través de un índice la capacidad contributiva o económica. Palabras clave Gravamen a las Transacciones Financieras, Principio Confiscatoriedad, Capacidad Contributiva, Derecho de Propiedad ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the tax on financial transactions and their relationship with the principles of non-confiscation principle and contributory capacity. Methodologically, is classified as a descriptive documentary study transeccional, an instrument is designed applied to seven (7) the tax area professionals. It was concluded that the Tax to the financial transactions (ITF) in relation to the principles of non-confiscation principle
Volumen III Edición No. 1 – Año 2010
and contributory capacity was non-confiscation principle, because the liquidity of the taxable person during their lifetime affects the tax the source of capital and no income, thus violating constitutional guarantees as the right to property and the contributory capacity, therefore the taxable the ITF gravel is not a manifestation of income, but the available asset and Therefore the assets of the company. In addition, evidence that according to the consulted jurisprudence no ways to measure on an index the contributory or economic capacity. Keywords Non-confiscation principle, capacity and financial transactions Contributory, property law
Quintero Ch. , Luis A. Contador Público. Magister en Gerencia Tributaria / Docente de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), dictando la Cátedra Sistema Tributario en la carrera de Contaduría Pública. Investigador del área tributaria / e-mail: luisquintero27@hotmail.com De La Hoz S., Aminta I. Contador Público. Magister en Gerencia de Empresas Mención Operaciones / Docente de las Universidades Rafael Urdaneta (URU) y Universidad del Zulia (LUZ), dictando las cátedras del eje contable – financiero / Investigadora adscrita al Centro de Estudios de la Empresa y al Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (CEE-FCES-LUZ) / e-mail: amihoz@yahoo.es
Los Estados requieren de recursos para satisfacer las necesidades públicas, estos recursos constituyen los ingresos públicos, con los cuales cubre no solo los gastos públicos movilizados para atender las necesidades
indispensables de la población, sino también aquellos destinados en un momento determinado a reactivar una economía en recesión. Estos recursos provienen en su mayoría de los tributos u obligación de pago
de los ciudadanos de un país determinado de forma obligatoria a la Administración Tributaria de la Nación, entre los cuales se encuentra el impuesto a las transacciones financieras, impuesto a cargo de los usuarios del sistema financiero y entidades que lo conforman, el cual ha sido implantado en algunos países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Venezuela.
No obstante, todo tributo debe cumplir con los principios constitucionales establecidos para limitar al Poder tributario y como garantía de los derechos a los contribuyentes. La investigación se enmarcó en el orden científico dentro del área de la Gerencia Tributaria, en la línea de investigación de tributación en el sector público y privado. De acuerdo con su alcance, se ubicó como descriptiva documental. Se utilizaron las estrategias de observación y el análisis documental para el logro del objetivo general y específicos. En la presente investigación se realiza un análisis del impuesto a las transacciones financieras y su relación con el principio de no
confiscatoriedad y capacidad contributiva para considerar los posibles efectos. Los fundamentos teóricos de la investigación están conformados por conocimientos existentes sobre el impuesto a las transacciones financieras, sus características, deberes formales, así como los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva.
Impuesto a las Transacciones Financieras Inicialmente, se hace necesario considerar el término gravamen, tal como lo exponen autores que han escrito en esta área, entre estos Villegas (1999, p. 72), quien indica que los impuestos o gravámenes: “Son los tributos exigidos por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley
como hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado.” Por su parte, el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) es un gravamen a cargo de los usuarios del sistema financiero y entidades que lo conforman, grava movimientos financieros en los términos previstos en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y entidades Económicas sin
el hecho imponible del impuesto a las transacciones financieras 4 . Características del ITF El Código Orgánico Tributario en el artículo 3 establece los elementos de los tributos.Personalidad Jurídica. Parra (2006) y SENIAT (2007). que de acuerdo al numeral 1 indican los mecanismos constitutivos del tributo. alícuota. 1 – Año 2010 base imponible. la definición del hecho imponible al decir que es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.5 por ciento. teniendo el deber de presentar cada 15 días el monto del impuesto respectivo. Estos se detallarán a continuación. a saber: hecho imponible. 261. por ejemplo aquellas compañías que pagaran en efectivo algunas de sus obligaciones estaban sujetas al gravamen. sujetos pasivos y exenciones. Otra característica del Impuesto a las Transacciones Financieras es que gravó la cancelación de deudas efectuadas sin la mediación del sistema financiero. Hecho Imponible El Código Orgánico Tributario COT (2001). según lo estableció la Providencia Administrativa 0754. cuya base imponible está constituida por el importe total de cada débito en cuenta u operación gravada. de acuerdo con el cronograma de pago de los contribuyentes especiales y enterarlo en una oficina de fondos nacionales. establece en el Artículo 36. Boletín No. El Impuesto a las Transacciones Financieras se aplica a los sujetos pasivos de este impuesto así como aquellas personas jurídicas vinculadas jurídicamente con contribuyentes especiales por las cancelaciones que hagan sin mediación de instituciones financieras. La alícuota impositiva del impuesto es del 1. Por su parte. Volumen III Edición No. por el pago u otro medio de extinción.
valores. correspondía según lo establecido en el artículo 3 del Decreto Ley. Cuota parte proporcional de un monto global de acuerdo al glosario de términos de tributos internos (SENIAT). lo siguiente: Los débitos en cuentas bancarias. Valor numérico sobre el cual se aplica la alícuota 5 . La adquisición de cheques de gerencia en efectivo. Los débitos en cuentas que conformen sistemas de pagos organizados privados. definida por la ley que mide alguna dimensión económica del hecho imponible y que debe aplicarse a cada caso concreto a los efectos de la liquidación del impuesto. Volumen III Edición No. La transferencia de valores en custodia entre distintos titulares.aplicado en Venezuela en el año 2007. por el pago u otro medio de extinción. La cesión de cheques. no operados por el Banco Central de Venezuela y distintos del Sistema Nacional de Pagos. 1 – Año 2010 El artículo 14 del Decreto de Creación del ITF indica que la alícuota es del 1. porcentaje o escala de cantidades que sirven como base para la aplicación de un gravamen. y que tengan plazos no inferiores de dos 02 días hábiles bancarios. La cancelación de deudas efectuadas sin mediación del sistema financiero.5% Base imponible La base imponible es la magnitud susceptible de una expresión cuantitativa. aún cuando no exista un desembolso a través de una cuenta. Las operaciones activas efectuadas por bancos y otras instituciones financieras entre ellas mismas. Alícuota La alícuota es una cantidad fija. Los débitos en cuentas para pagos transfronterizos.
El artículo 4 del Decreto Ley. vinculadas jurídicamente con los sujetos pasivos de este impuesto. por las cancelaciones que hagan sin mediación de instituciones financieras. calificadas como sujeto pasivo especial. tales como las comunidades. en el Artículo 19 establece como sujeto pasivo “el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias. p. establecía como sujetos pasivos: Las personas jurídicas. Volumen III Edición No. sea en calidad de contribuyente o de responsable”. por las cancelaciones que hagan sin mediación de instituciones financieras. por razones de política económica o por principios 6 . Al respecto el Código Orgánico Tributario (COT. representan supuestos donde la ley tributaria a pesar de considerar el hecho imponible exime al sujeto pasivo de la totalidad del pago. De esta forma. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica. Las entidades económicas sin personalidad jurídica. el mandato de pagar el tributo”. 1 – Año 2010 Exenciones Las exenciones para Villegas (1998. o sea. 366). (Glosario tributos internos. Las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica. 2001). SENIAT 2007) Sujetos Pasivos En todo tributo surgen los sujetos pasivos y activos de la obligación tributaria. las sociedades irregulares o de hecho y los consorcios. “neutralizan la consecuencia normal derivada de la configuración del hecho imponible. por los pagos que hagan a cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras. por lo pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras. Cantidad neta en relación con la cual se aplican las tasas de impuesto.del impuesto.
7 . 1 – Año 2010 el artículo 17 del Decreto 5. En el Impuesto a las Transacciones Financieras. deberán hacerlo conforme a las reglas dictaminados por la Administración Tributaria.620 son la declaración y registro. la declaración y pago según Volumen III Edición No. los contribuyentes y responsables según el caso deben declarar y pagar diariamente si se trata de bancos u otras instituciones financieras o quincenalmente con forme al calendario de pagos de las retenciones del impuesto al valor agregado para contribuyentes especiales. (Perozo: 2008). en su Artículo 147 establece las declaraciones o manifestaciones como “fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben…”. los deberes formales establecidos en el Decreto de creación 5. aquellos sujetos que deban declarar y pagar el gravamen a las transacciones financieras. Consejos Comunales. Para el caso del ITF. entre las cuales destacaban las personas naturales. sin mediación de bancos u otras instituciones financieras.tributarios de generalidad y justicia. 9 y 10 del Decreto Ley que lo regulaba. depósitos en custodia y cualquier otro instrumento negociable. el impuesto que recae sobre la cancelación de deudas mediante el pago u otros mecanismos de extinción. valores. El Código Orgánico Tributario (COT.620. condominios residenciales. primer endoso realizado en cheques. Así. la República y entes políticos territoriales. entidades de carácter público. Deberes Formales Representan el conjunto de normas y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de los sujetos pasivos bien sea en calidad de contribuyentes y/o responsables frente a la administración tributaria. En el caso del Impuesto a las Transacciones Financieras aplicado en el año 2007 se encontraban consagradas en los artículos 8. 2001).
Principio de No Confiscatoriedad Este corresponde a la segunda categoría operacionalmente medida en la presente investigación.Igualmente. cuando los sujetos realicen la cancelación (compensación. según el artículo 22 del Decreto 5. 116 y 317 consagra el derecho de propiedad. el impuesto causado en virtud del presente decreto deberá registrase como débito en la cuenta bancaria respectiva en el caso de los agentes de percepción que son las instituciones no financieras. 8 . las garantías constitucionales se instituyen en una obligación o responsabilidad del Estado con las personas. así como las condiciones y limitaciones de la expropiación de bienes. Con respecto al registro. y como gastos no deducibles en los sujetos pasivos especiales. según lo refiere el artículo 19 del Decreto. la prohibición de confiscaciones y la prohibición de confiscatoriedad de los tributos. A su vez está asociado con las garantías constitucionales expresadas en la carta magna. novación y condonación) de deudas sin la intermediación del sistema financiero deben declarar y enterar el tributo correspondiente por la forma dispuesta por la Administración Tributaria a saber la planilla electrónica forma 99020. Así. 1 – Año 2010 para asegurar la vigencia de los derechos. Volumen III Edición No. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en los artículos 115. Violación de garantías constitucionales Las garantías constitucionales son mecanismos a utilizar para hacer efectivos los derechos consagrados por la Constitución. El término garantía significa obligación o responsabilidad.620 del Impuesto a las Transacciones Financieras.
27) El principio de no confiscatoriedad de los tributos “es uno de los principios constitucionales de justicia del deber de tributación”. al referirse al citado principio indica que éste se entiende como una garantía de eficacia del derecho de propiedad. a continuación se presentan las opiniones de algunos de ellos sobre esta temática.Doctrina La doctrina es el conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Osorio (1986) Numerosos tributaristas a nivel nacional e internacional han escrito sobre el principio de no confiscatoriedad. Volumen III Edición No. Según García (2002. p. ya que el prestigio y autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes.72) define el principio de no confiscatoriedad como: “un principio que se proyecta sobre el conjunto del sistema tributario a la manera de principio estructural de la constitución financiera que trata de garantizar el respeto por parte del sistema fiscal de otros valores y derechos consustanciales a la constitución económica como el derecho a la propiedad privada o a la libertad de empresa y la economía de mercado. 1 – Año 2010 Mientras que Guevara (2004). Baute (2005). p. Tiene importancia como fuente mediata del derecho. El autor español Rodríguez Bereijo citado por Fraga (2006. noción que tiene como fundamento los artículos 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que versan sobre la expropiación de bienes privados y la confiscación de bienes. tal como se sustenta en los artículos 33 y 38 de la Constitución española”. En este sentido. argumenta que el principio de no 9 .
por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y por excelencia por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Villegas. punto a partir del cual se da una infracción al principio de no confiscatoriedad contemplado en el artículo 317 constitucional. Jarach. por 10 . entre otros: no pueden establecerse tributos que sobrepasen un límite cuantitativo racional que supongan una detracción sustancial del patrimonio de los contribuyentes. 1 – Año 2010 alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República según lo previsto en el artículo 335 de la Constitución Nacional. así pues la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada.confiscatoriedad constituye una restricción a la acción del Estado. La constitucionalidad del sistema tributario y la consagración de principios ordenadores de la materia. En el caso venezolano. deben conllevar a la búsqueda de valores entre los mismos. evitar la extinción de riqueza o patrimonio del contribuyente por los tributos. Valdés Costa. Para puntualizar este principio. la jurisprudencia en materia tributaria es dictada por los Tribunales Contencioso Administrativo. Palacios (2007) enuncia lo siguiente de acuerdo a consultas a trabajos de investigación realizados por Neumark. sin crearse contradicción entre el deber de contribuir de los ciudadanos y la labor de recaudación de la Administración Tributaria. Sainz de Bujanda. cuyas interpretaciones sobre el contenido y Volumen III Edición No. Jurisprudencia La jurisprudencia es según el autor Osorio (1986) la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción. que se incluye en la Constitución con la finalidad de restringir la voracidad recaudadora del sistema tributario actual y en consecuencia.
p. con el pretexto del deber de contribuir. … suponga destrucción del patrimonio que los contribuyentes ostentaban antes de su entrada en vigor”. el Tribunal Constitucional de España en Sentencia constitucional de 4 de octubre de 1990 (citado por Sainz de Bujanda . indica que hace participar a todos los particulares en el costo de las cargas públicas y en las medidas de sus propias capacidades. desarrollando una función disciplinaria dentro del Derecho. (citado por Octavio. Fraga 11 . Continúa la referida sentencia destacando.ello. Volumen III Edición No. En tal sentido. en Sentencia del 15-2-1966 del Tribunal de apelaciones de Impuesto sobre la Renta. Al respecto. 111). ha expresado que un impuesto es confiscatorio cuando de la prueba rendida surja la absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o capital. han sido dictadas diferentes jurisprudencias a fin de garantizar el equilibrio requerido para un adecuado funcionamiento del Estado. Adicionalmente. la Corte Suprema de la Nación Argentina. 2005). Ante esta posición. considera que la prohibición de confiscatoriedad supone incorporar otra exigencia lógica que obliga a no agotar la riqueza imponible.1993). indica: “habrá de considerarse inconstitucional todo tributo que. lo prohibido no es la confiscación. asevera que pueden ser considerados como instrumentos normativos fundamentales para la realización de los valores superiores del ordenamiento. Por su parte. en reiterados pronunciamientos. se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades. 1 – Año 2010 sino que la imposición tenga carácter confiscatorio. sería evidente que el sistema fiscal tendría dicho efecto si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias. Donde el Derecho Tributario debe sentar base en el orden jurídico. 2002). los principios constitucionales son una categoría distinta de los principios generales del Derecho. así lo refiere Villegas (1998). Sainz de Bujanda (1993. Casanova (citada por Guerrero. En este sentido. al respecto.
la evolución de la jurisprudencia venezolana en cuanto a los Volumen III Edición No. donde han sido declaradas con lugar medidas cautelares innominadas o acciones constitucionales de 12 . para los ataques singulares sobre bienes determinados. 1 – Año 2010 tributos confiscatorios. no pueden justificarse solo en la privación de la propiedad”. De allí. pero que atentan contra los sujetos pasivos de la imposición. la doctrina italiana hace mención al comiso o decomiso. el comiso. argumenta “En materia tributaria la prohibición de que los tributos tengan efectos confiscatorios. el primer criterio. un segundo criterio. o debería utilizarse. 66). De este modo. un tercer criterio. el término comiso se utiliza. así como la confiscación se produce sobre al generalidad de los bienes. puede sistematizarse en tres criterios sostenidos por las sentencias. y su ocurrencia sería violatorio de las garantías constitucionales del contribuyente ante la potestad tributaria del Estado. p. Fraga (2006) afirma que los efectos confiscatorios de los tributos se producen como consecuencia de exacciones patrimoniales sin carácter sancionatorio. reseñado por Guerrero (2002). compuesto por aquellas sentencias que señalan que los tributos no pueden ser arbitrarios o desproporcionados. según lo señala Alfonzo (2004). como magnitud contenida dentro de los hechos imponibles. En este contexto. al gravar hechos que no son manifestaciones de capacidad contributiva o al exceder el gravamen proporcional y racional que corresponde a las manifestaciones de capacidad descritas por el legislador como hechos imponibles Dentro de este contexto. el término confiscación debería reservarse para los ataques a la propiedad abarcadores de la totalidad del patrimonio sin compensación. la confiscatoriedad de un gravamen solo podrá establecerse en función del concepto de capacidad económica.(2006. constituido por al negativa a la admisión de tributos confiscatorios y la negativa de establecer limitaciones al Poder Tributario.
un tributo desigual o discriminatorio es confiscatorio al destruir la propiedad y desconocer el principio de legalidad ante las cargas públicas y capacidad contributiva. Derecho de propiedad Volumen III Edición No. percepción de una renta o tráfico de bienes. En consecuencia. 13 . Considerando lo anteriormente expuesto. uno de los vicios de más difícil limitación en la dinámica de la actuación tributaria de los Poderes Públicos. concebidas como titularidad de un patrimonio. la capacidad económica del contribuyente es una sola pudiendo verse afectada por la pluralidad de tributos establecidos en los diferentes niveles del Estado. aisladamente concebido. El objeto del derecho de propiedad esta constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación. De allí. éste sería confiscatorio. No obstante. la propiedad es considerado por Morán (2002) como el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien. por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo. inconstitucional. en Venezuela este principio es causa y el límite de contribuir no pudiendo exigir algún tributo a quien carezca de riqueza o de medios para producirla. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien. no constituya per se un acto consfiscatorio. y por ende. Así. sin más limitaciones que las que imponga la ley. si el impuesto tiene incidencia sobre el capital. Para que se cumpla tal condición. 1 – Año 2010 En Derecho. Al respecto. por cuanto existe la posibilidad de que un tributo. cuando asevera el efecto confiscatorio es quizás.amparo cautelar. en general. o parte del mismo en un período determinado. conviene citar a Romero (2005). el principio de capacidad contributiva obliga al legislador establecer normas donde la participación del ciudadano en el sostenimiento del gasto público se realice de acuerdo con las posibilidades económicas.
que el bien exista en cantidad limitada. está enmarcada en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuesto. ya que si no lo fuera. 1 – Año 2010 De allí que el Estado en el ejercicio de su potestad tributaria debe respetar este derecho a la vez que persiste el deber de todos los ciudadanos de contribuir para el sostenimiento de los gastos públicos. carecería de fin la apropiación. disfrute y disposición de sus bienes. Con relación al derecho de propiedad. donde en su artículo 545 menciona que la propiedad es el derecho de usar.se requieren tres condiciones: que el bien sea útil. sólo puede existir en tanto y en cuanto el sujeto pasivo de la imposición sea propietario de bienes con los cuales pueda aportar al 14 . porque de otro modo no podrá actuarse. exclusividad y a la acción de su propietario. la relación entre el derecho de propiedad y la tributación. este es el principio cardinal sobre el cual descansa el poder del Estado para crear tributos. gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. En este sentido fraga (1999) menciona que el deber de contribuir es el derecho implícito del derecho a la propiedad pues la posibilidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. tasas y contribuciones que establezca la ley. El artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho de propiedad al establecer que toda persona tiene derecho al uso. (2002) (limitaciones de carácter extrínseco). El derecho de propiedad es el más completo que se puede tener sobre una cosa: la cosa se halla sometida a la voluntad. y que sea susceptible de ocupación. sin más límites que los que marca la Ley o los provocados por "la concurrencia de varios derechos incompatibles en su ilimitado ejercicio". así como las potestades y competencias para determinarlos y recaudarlos. tal como lo expresa Lasarte. Volumen III Edición No. la disposición específica que lo regula es el Código Civil venezolano (1982). En otro orden de ideas. goce.
Baute y Planchart (2000. p. A criterio de Ramírez. la cual es considerada como detracción de riqueza de mano de los particulares hacia manos estatales. Y concluye su argumento asegurando que la constitución protege la propiedad privada en el mismo plano constitucional. No 15 . Octavio (2005) y Pérez (1996). pues en su definición emplean los términos capacidad económica o capacidad contributiva. Principio Capacidad Económica o Contributiva Este principio tiene su base legal en Venezuela en el artículo 316 de su Carga Magna. 1 – Año 2010 cargas tributarias en la medida económica y real que fácticamente le viene dada a un sujeto frente a su propia situación fiscal en un período determinado.18). un uso indistinto para referirse a este principio. impidiendo que los tributos tengan alcance confiscatorio. el Principio de capacidad económica consiste en la aptitud para soportar las Volumen III Edición No. En contraste con Naveira Spisso (1991) citado por Fraga (1999) el derecho de propiedad no ampara a nadie para no contribuir en la proporción que constitucionalmente le corresponda.fisco a título de contribución. Existe autores como Fraga (2006). medida con base en la cual aporta la contribución debida al Estado. Naveira citado por Fraga (1999) presenta esta relación y expone que es de dependencia mutua puesto que no hay tributación sin reconocimiento del derecho de propiedad y esto se desprende de la definición de tributación. Con respecto a esta relación por García (2002) resume el equilibrio entre el derecho de propiedad y el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado al señalar que la propiedad necesita estar expresamente protegida por la propia constitución de otro derecho también reconocido por ello: el derecho del Estado a exigir a los contribuyentes el pago de los tributos. entre otros.
capacidad económica o capacidad contributiva. De allí que con la capacidad económica la persona puede atender sus necesidades y compromisos económicos. el nombre del mismo de acuerdo a lo que estable la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 316 es capacidad económica. La capacidad económica es individual y única para cada sujeto tal como lo plantea Palacios (2009). esta última suele ser superior a la primera después de la conciliación que exige la Ley del Impuesto sobre la Renta (2007) de los gastos no deducibles. La capacidad económica es un concepto jurídico indeterminado que utiliza el contribuyente para referirse a la posibilidad de las personas de pagar tributos. “…el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente…” En relación al uso de la expresión correcta. 1 – Año 2010 por gastos que no son deducibles como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). por lo que los supuestos que integran el hecho imponible deben ser valorados atendiendo al conjunto de principios que junto al de capacidad contributiva forman los principios de justicia del sistema tributario a saber progresividad y no confiscatoriedad. 16 . puesto que la empresa incurre en gastos para generar la renta y obtiene una utilidad (capacidad económica) la cual se ve mermada Volumen III Edición No. mientras que con la capacidad contributiva además de poseer la primera tiene la posibilidad de soportar el pago de tributos. Fraga (2006) menciona que existe una coincidencia en cuanto a que la carga impositiva debe recaer sobre cada quien de acuerdo con su capacidad. pero nunca lo contrario.obstante. Algunos diferencian la capacidad económica de la contributiva y señalan que puede existir la primera sin que se tenga la segunda. Un ejemplo para entender la diferencia entre la capacidad económica y la contributiva es la diferencia entre la utilidad financiera de una empresa y la renta neta gravable.
Arocha (2003) define este principio como una garantía que posee el contribuyente para evitar que se grave sin identificar la capacidad Volumen III Edición No. Por su parte. mayor será su contribución con el Estado. también debe tenerse en cuenta que cada uno lo hará de acuerdo con sus posibilidades económicas pudiendo incluso presentarse el caso de que ciertas categorías de sujetos queden relevados de ese deber de contribuir en virtud de que no alcanzan ciertas condiciones mínimas frente a las cuales el Estado exige el pago de tributos sin que se produjese una situación insostenible para estos individuos. En este sentido. la capacidad económica representa la medida. razón o proporción de cada tributación individual de los sujetos obligados al sostenimiento de los gastos públicos. en búsqueda de la justa distribución de las cargas tributarias como base fundamental para el cumplimiento de otros principios constitucionales como: el de igualdad. 198). generalidad. En adición. la capacidad contributiva es un principio que sirve de adecuada matización frente al postulado de la generalidad e igualdad tributaria puesto que si bien es cierto que todos los ciudadanos están obligados a contribuir con el sostenimiento del gasto público (art. según lo prevé el artículo 316 constitucional. Como se puede apreciar. la capacidad contributiva funciona como elemento objetivo y al mismo tiempo como límite para el ejercicio de poder de imposición. 133 de la CRBV). una vez cubiertos los gastos vitales e ineludibles del sujeto”. aptos en cantidad y en calidad para hacer frente al pago del impuesto. 1 – Año 2010 económica. Este principio trae consigo la equidad en el repartimiento de la carga tributaria. Palacios y Korodoy (2008) 17 . expresa sobre este principio lo siguiente: “La capacidad contributiva supone en el sujeto tributario la titularidad de un patrimonio o de una renta. En tal sentido. los sujetos que obtengan mayores ingresos. p.Por otra parte. en efecto. proporcionalidad y no confiscatoriedad. Sainz (citado por Villegas 1999.
por debajo del cual no pueda exigirse el pago de tributos a los ciudadanos).expresa la capacidad económica como individual y única para cada sujeto. Jarach. los cuales ya han sido citados arriba como parte de las características de este impuesto. que para esta investigación son los referidos al ITF. En segundo lugar aquellos ciudadanos que posean mayores medios económicos deberán tener una mayor participación en el sostenimiento de las cargas públicas. El consenso con respecto a este principio a nivel del Derecho Comparado se basa en las siguientes premisas. 260 18 . el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (citado por Fraga. 1999). 1 – Año 2010 doble propósito. Tercero el legislador no puede escoger hechos generadores o bases imponibles que no reflejen directa o indirectamente indicios de capacidad económica. Valdés Costa. se presenta el caso sustentado en la Sentencia No. si bien todos los ciudadanos tienen la obligación de contribuir con el sostenimiento de las cargas públicas. Sainz de Bujanda. En atención a esto. convirtiéndose a su vez en garantía individual permitiendo alcanzar un equilibrio de justicia social en la distribución de las cargas públicas. jurídico y político constitucional de los ciudadanos a contribuir con los gastos públicos. de acuerdo a consultas hechas por Palacios (2008) de trabajos de investigación que apoyan el concepto de capacidad contributiva realizadas por Neumark. Villegas. por lo que los supuestos que integran el hecho imponible deben ser valorados a los fines de determinar esta capacidad relativa. con motivo del proceso constituyente y dentro de la propuesta sobre el sistema tributario. el primer es legitimar la distribución del gastos público y el segundo limitar al ejercicio de la potestad tributaria constituyendo el mandato moral. entre otros: Primero. cada uno debe hacerlo de acuerdo con sus aptitudes económicas debiendo siempre el legislador dejar un margen (mínimo exento. indica este principio con Volumen III Edición No. A su vez.
emitidas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en fechas 15 y 29 de noviembre de 2002. se habrá producido una detracción del derecho de propiedad al adelantar un impuesto indebido o no causado.585.419 y SNAT/2002/1. con el monto del impuesto a ser enterado.455. versus SENIAT contra las Providencias Administrativas números SNAT/2002/1. respectivamente (publicadas en Gacetas Oficiales números 37. a lo que se suma la situación gravosa que se presenta por la lentitud de la Administración Tributaria frente a los trámites de reintegro o pago de lo indebido. y que se impida a los proveedores de 19 . Sostiene que por efecto de la aplicación de los actos recurridos se vulnera el principio de capacidad contributiva establecida en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y.455. Señala el apoderado de la sociedad mercantil recurrente que las referidas providencias administrativas vulneran sus derechos constitucionales. de fechas 19 de noviembre y 05 de diciembre de 2002.573 y 37. en consecuencia el derecho de propiedad de su representada. solicita la suspensión de los efectos de las providencias números SNAT/2002/1. de fechas 15 y 29 de noviembre de 2002. ya que constituye una detracción anticipada del impuesto. mediante las cuales “se designan a los contribuyentes especiales como agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado”. expresa que los actos administrativos impugnados violan su derecho a la propiedad. ajena completamente a la realidad del contribuyente y determinada en forma presuntiva.A. Concretamente.” (sic) Por lo expuesto. también respectivamente). toda vez que asegura que “la Volumen III Edición No.419 y SNAT/2002/1. Explica que en este caso. respectivamente. pues fijan y ordenan el enteramiento al Fisco de cantidades que posiblemente no se correspondan al final del período. 1 – Año 2010 retención a la que obligan las Providencias Administrativas están divorciadas del principio constitucional de capacidad contributiva. C.del 28 de Febrero de 2008 de Master Circuito.
Lo anterior perjudica a su representada al obligarla a pagar un impuesto indebido o no causado. Respecto de la presunta violación del principio de legalidad tributaria en la cual. 1 – Año 2010 algunos casos. y que la obligación tributaria para cada período mensual. incurren las providencias impugnadas. en detrimento de su representada. En respuesta. Además. a su decir. señala que ésta se produce por cuanto dichos actos administrativos regulan aspectos del tributo sometidos a la reserva legal. que le retengan anticipadamente el monto generado por concepto de impuesto al valor agregado. toda vez que en 20 . señala el apoderado que con los actos administrativos de fechas 15 y 29 de noviembre de 2002. se violentan los preceptos constitucionales que consagran el principio de legalidad en materia tributaria. en Volumen III Edición No. C. al introducir modificaciones que inciden sobre la base imponible y otros elementos esenciales del tributo. el derecho de propiedad. la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia advierte que la retención que se ordena efectuar a los contribuyentes especiales en nada incide sobre su capacidad contributiva. de un 25% de sus operaciones de venta gravables. sido igualmente calificados como contribuyentes especiales y funjan como agentes de retención de conformidad con las providencias impugnadas). con ocasión de las relaciones comerciales entre ellos y Master Circuito.A. al 100% de los débitos fiscales. Explica que esto se hace patente por vía de una determinación que parte de la presunción de que las empresas sólo generan créditos fiscales derivados de costos y gastos. asciende al 75% y. la no confiscatoriedad del tributo y el derecho a la libertad económica.bienes y servicios (los que cuales mantienen hayan relaciones comerciales con su representada. y a realizar el consiguiente trámite de los reintegros ante la Administración Tributaria. la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad contributiva.
se impone su estudio en estrecha relación con las potestades tributarias del Estado y sus límites materiales: la capacidad contributiva y la no confiscatoriedad del tributo. encargados de detraer el importe tributario respecto de las operaciones comerciales que realicen con los contribuyentes ordinarios del señalado impuesto. habiéndose declarado improcedentes las protecciones constitucionales solicitadas anteriormente y no existiendo en autos 21 . Así. En este sentido. los contribuyentes especiales sólo participan con el carácter de agentes de retención. no confiscatoriedad del tributo. derecho de propiedad y libertad económica están íntimamente vinculados entre sí. Del análisis de los autos y de los argumentos expuestos a lo largo de la presente decisión. que si bien son sujetos pasivos de la obligación tributaria. no ostentan la condición de contribuyentes sobre los cuales se verifica el hecho generador del señalado impuesto. la denuncia en análisis. por el contrario. en los términos en los cuales ha sido planteada por la accionante. así. De allí que no sólo sea necesario determinar el carácter confiscatorio del tributo. los mismos sólo ostentan la condición de responsables de pago en calidad de agentes de retención. al punto de que pudiera operar una suerte de interdependencia en la vigencia de los preceptos constitucionales antes mencionados. por tanto. constata la Sala que la presunta agraviada no expuso de manera clara en qué forma le fue conculcado el derecho a la libertad económica. estima la Sala que la alegada violación constitucional no se materializa en el caso de autos. las cuales son garantías del contribuyente ante el poder impositivo de éste. sino Volumen III Edición No.el procedimiento establecido en las providencias referidas para llevar a cabo dicha retención. en los términos en los cuales han sido planteados por la accionante. 1 – Año 2010 también la vulneración de su derecho de propiedad y libre disponibilidad de los montos retenidos. no puede ser analizada en su acepción genérica. capacidad contributiva. En consecuencia.
o cualesquier otra de las actividades que. debida originalmente a un beneficiario pero represada por razones fiscales por el pagador. declarar improcedente la protección cautelar solicitada. la compra de un cheque de gerencia o incluso el pago de deudas sin intermediación del sistema financiero. resulta imperioso para esta Sala Político-Administrativa. definidas como hecho imponible. proporcionalidad y progresividad. si una transacción financiera. no confiscatoriedad. cuando asevera que “ambos surgen de la necesidad de calificar un tributo de excesivo para tacharlo de inconstitucional”. constituyen o no una manifestación de renta. tal como lo indica Octavio (2005. 1 – Año 2010 Finalmente. presenta mayor relación con el principio de no confiscatoriedad. Volumen III Edición No. actuando en sede constitucional. tanto a nivel constitucional como doctrinario y jurisprudencial. el pago de impuestos municipales los cuales son gravados en proporción a los ingresos brutos sin considerar los costos y gastos asociados a la producción de la renta. por cuanto contiene una prohibición 22 . Además. En atención a las consideraciones presentadas desde el punto de vista teórico y las observadas en el caso. es necesario discutir. el principio de capacidad económica es autónomo involucrando la igualdad. A pesar de la existencia y reconocimiento de los principios de no confiscatoriedad y capacidad contributiva.elementos de convicción que induzcan a esta instancia a presumir la existencia de una violación actual o inminente del derecho en referencia. en la actualidad existen en Venezuela varias situaciones en las que pudiera entenderse como una violación directa de los citados principios como por ejemplo la obligatoriedad del pago de retenciones del impuesto al valor agregado ya que estas constituyen una reserva de una suma de dinero atribuidas como impuesto o crédito. cabe preguntarse si el impuesto a las transacciones financieras considera la capacidad económica del contribuyente. como un débito en cuenta. 40). con respecto al tributo que nos ocupa. No obstante. p.
aún cuando se trata de un impuesto pagado. donde se establece este principio. equidad y afectación del patrimonio. Progresividad Garay (2000. A continuación. mayor porcentaje de impuesto. sean en proporción a sus ingresos o manifestaciones de capacidad contributiva”. 1 – Año 2010 más necesarias. señala que: “El principio de progresividad. Sobre la base de lo antes planteados. p. a la luz de los principios constitucionales de no confiscatoriedad y capacidad contributiva y esta relación se establece con la exposición de premisas tales como: progresividad. el autor especifica que la palabra progresividad se refiere aquí a impuestos como el de renta.130). conocido igualmente como el de la proporcionalidad. Dentro de este contexto. atendiendo al principio de la progresividad”. el principio de progresividad tiene su razón de ser en la justa aplicación de las cargas tributarias entre los sujetos 23 . que exige la fijación de los tributos a los ciudadanos habitantes de un país. Impuesto a las Transacciones Financieras y los Principios de no confiscatoriedad y Capacidad Contributiva Se busca examinar el ITF. Esto se basa en que le causa menos sacrificio al rico entregar. digamos.expresa de no permitir la deducibilidad de este impuesto para efectos de la determinación del enriquecimiento neto gravable en materia de Impuesto sobre la Renta (ISLR). donde a mayor renta. en comentarios realizados al artículo 316 de la Constitución de Venezuela de 1999. una parte de su renta. que al de pocos ingresos entregar el mismo porcentaje pues tendría que privarse de cosas Volumen III Edición No. Moya (2006). al decir “que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente. un gasto de cumplimiento obligatorio para obtener la renta. se abordarán cada una de ellas.
”. Equidad La justicia según Fraga (2006) es dar a cada quien lo que se merece de allí que en el ámbito tributario significa que cada quien debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de impuestos. En este orden de ideas. tasas y contribuciones según sus posibilidades. afirma que: “La justa distribución de las cargas.pasivos de una economía. está apareada con la capacidad económica del contribuyente.. dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. 11). el autor Acedo (1993. Ruan (1998. Esa inequidad surge según el autor: (a) cuando la imposición excede el marco de la racionalidad o razonabilidad y (b) cuando el gravamen despoja o exacciona el patrimonio o asfixia la capacidad productiva del contribuyente. 1 – Año 2010 Fraga (1999) hace referencia al tributo confiscatorio como una violación al principio de justicia o equidad ya que dicho principio fija un preciso límite al poder tributario. p. y por esto tiene que haber una correspondencia progresiva entre la capacidad o el patrimonio de los contribuyentes y la dimensión de la carga tributaria”. 15). La Constitución de 1999 de la República de Venezuela. En referencia a este principio. El principio de justicia tributaria exige que cada quien soporte la carga 24 . p. más allá del cual él mismo resulta inequitativo. consagra en su artículo 316 lo siguiente: “El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas. manifiesta que este principio consiste en: “..que haya una verdadera igualdad de sacrificio.. tanto así que la justa distribución existirá en la medida de que se le preste adecuada atención a la capacidad. pues esta última permite la graduación de la primera.. En el caso del ITF...” Volumen III Edición No. no busca la progresividad a pesar de ser una de sus premisas según la exposición de motivos del Decreto 5620 puesto que es un impuesto con una tarifa única.
Estas normas son las contempladas en los artículos 133.tributaria de acuerdo con su capacidad contributiva. En este sentido señala Rosales (2005) que la Constitución de 1999 contempla tres normas que contienen los valores más resaltantes del sistema tributario venezolano los cuales limitan el ejercicio de las potestades tributarias por parte de los diferentes niveles y órganos del poder público que están llamados a conducir con el convencimiento de sus virtudes y a encausar con las fuerzas de su autoridad al poder y la sociedad. Bajo este principio también se puede considerar la limitación derivada del principio de justicia tributaria tomando en cuenta la capacidad contributiva. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente. atendiendo el principio de progresividad así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. Liquidez Avellaneda (1996) define la liquidez como el estado de la posición de efectivo 25 . Volumen III Edición No. la prohibición de confiscatoriedad y la igualdad tributaria. todos ellos enmarcados dentro de un fundamental valor de justicia tributaria. 1 – Año 2010 Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio De estos postulados constitucionales se distingue la consagración del principio de igualdad tributaria. el cual va de la mano con los principios de consulta a la capacidad contributiva y el principio de no confiscatoriedad. tasas y contribuciones que establezca la ley. 316 y 317 de la Constitución. para ello se sustenta en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. a saber: Toda persona tiene el derecho de coadyuvar los gastos públicos mediante el pago de impuesto.
Este concepto de liquidez pone de relieve que todo tributo. esto es en dinero. éstos pagos efectuados en efectivo. carga o imposición merma el capital de trabajo. pasa por alto lo pagado por el ITF. por cuanto su mecanismo de aplicación implica el pago de este impuesto hasta tres veces: primero. pero el ITF posee una característica particular. Esta se puede determinar a través de índices que miden las características de los activos que componen la situación a corto plazo y la calificación de la situación financiera a corto plazo que se muestre en un periodo de tiempo. como Volumen III Edición No. es decir la capacidad que tiene una compañía para pagar sus obligaciones a corto plazo o a su vencimiento. siendo un gasto tanto ineludible. con empleo del efectivo en las operaciones de la empresa. 1 – Año 2010 el reembolso de caja chica. Los índices que se aplican para la determinación de las características del activo corriente son: (a) Capital de trabajo neto. luego. 26 . (c) acido y (d) superácido. como normal y necesario para producir la renta. para la determinación del mismo. pues implica la erogación de efectivo para cumplir con el pago de impuestos. define la liquidez como la características de los activos según la cual éstos pueden convertirse más o menos fácil en efectivo. es decir se pueden convertir fácilmente en dinero. Chillida (2005) y De La Hoz (2006). y autores como Palacios (2007) apoyan esta tesis.de una empresa y la capacidad de cumplir con sus obligaciones cuando venzan. pues es por mandato de ley. De La Hoz (2006). Para Chillida (2005) la liquidez es el estado de los elementos patrimoniales de una economía según el cual pueden realizarse fácilmente. al momento de declarar el ISLR. éstos serán abordados o detallados a continuación de acuerdo a lo planteado por Avellaneda (1996). (b) solvencia. o pago de nómina. deben ser declarados también como hecho imponible. al efectuar débitos en cuenta u otras operaciones a través del sistema financiero. y para completar la espiral.
con mercancías compradas o producidas. está formado por los medios económicos y financieros con los que cuenta una empresa para realizar sus operaciones. a fin de que sean adecuados y necesarios para el funcionamiento de la organización. podrán obtener mayor o menor utilidad o rentabilidad en las operaciones de las empresas con respecto a lo planificado o proyectado. como costos fijos y muchas veces. El patrimonio empresarial suele ser afectado por la realización de gastos no planificados dentro de su estructura. Avellaneda (1996) comenta que forman parte de los gastos de operaciones y que son desembolsos que hacen posible llevar a cabo las actividades de la empresa Adicionalmente. aunque ponerle precio es un problema de difícil solución. supone el 27 . indica que los gastos generales y administrativos son considerados como gastos operativos que no se identifican. como es el caso de la aplicación de nuevos impuestos por parte del Estado. Son considerados. 1 – Año 2010 constantemente los gastos administrativos. Nickerson (1992). También denominado patrimonio neto. la gerencia de las empresas evalúan Volumen III Edición No. a corto plazo. El pago de un tributo o en consecuencia de una sanción tributaria que pudiera resultar exagerado o desproporcionada (confiscatorio). En virtud de lo anteriormente planteado. con el tiempo son regulados por decisiones directivas. el cual se verá aumentado con la obtención de beneficios o aportaciones de accionistas y disminuido si se producen pérdidas o distribución de dividendos. que dependiendo de las gestiones de control de gastos a nivel administrativo.Afectación del patrimonio El patrimonio. y tampoco con operaciones de venta. Haciendo referencia a los gastos administrativos. No constituyen parte del costo del inventario. se registran como costos del período. se refiere a bienes afectos a la actividad empresarial con valor económico. de modo.
es difícil aseverar que la ocurrencia de alguna de las actividades que constituyeron hecho imponible del tributo. sean verdaderamente una manifestación de renta por parte del sujeto pasivo. Volumen III Edición No. dice que “El impuesto previsto en este decreto con rango. pudiendo ocasionar un desequilibrio patrimonial. como lo que prevé el Decreto 5. valor y fuerza de Ley no será deducible del Impuesto sobre la Renta”. 28 .hecho de efectuar un desembolso representando un sacrificio a un esfuerzo económico. el cual según Fraga (1999) se da cuando el uso de ficciones y presunciones en las leyes fiscales conduce a que la imposición recaiga sobre hechos que no son manifestaciones de capacidad contributiva. En este caso se produce una detracción patrimonial que es ajena al legítimo ejercicio del poder de imposición y al cumplimiento cabal del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. como los débitos en cuentas bancarias. puesto que con estas operaciones no se da un incremento patrimonial o renta. una ficción legal creada por el legislador con fines meramente recaudatorios. afectando el normal desarrollo de sus actividades lucrativas. De la indeducibilidad del impuesto. En la afectación del patrimonio es necesario considerar el gravamen de hechos que no son manifestaciones de capacidad contributiva. las cesiones de cheques. la adquisición de cheques de gerencia o la cancelación de deudas sin mediación del sistema financiero por el pago u otro medio de extinción. y no mas bien. sino que forma parte del conjunto de actividades necesarias para mantener la entidad económica en marcha.620 del Impuesto a las Transacciones Financieras. 1 – Año 2010 Por otra parte al hablar de la afectación del patrimonio también es necesario abordar la indeducibilidad del impuesto para la determinación del enriquecimiento neto gravable. en su artículo 19. En el caso del impuesto a las transacciones financieras.
vienen a ser un elemento de depuración y determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta. gastos y condiciones en que se produce la renta llega a una expresión bastante válida y depurada de la capacidad económica para tributar. comenta este autor que al dictarse leyes contentivas de este tipo Volumen III Edición No. comenta Carmona (2008) que últimamente se ha convertido en una tendencia legislativa el incluir en leyes creadoras de tributos (impuesto a las transacciones financieras. de las Deducciones y del Enriquecimiento Neto. establece en el artículo 27 que para obtener el enriquecimiento neto global se harán de la renta bruta las deducciones que establece el mismo artículo y deben corresponder a egresos causados no imputables al costo. la de ser un tributo personal. que al tomar en consideración los costos. normales y necesarios. en el numeral 3 establece como gastos deducibles los impuestos pagados por los contribuyentes por razón de actividades económicas o de bienes productores de renta. Los tributos constituyen egresos ineludibles para la producción del enriquecimiento. atentando contra su mayor cualidad. lo cual a juicio del autor. no sólo supone una colisión contra la norma prevista en el numeral 3 del artículo 27 de la Ley de ISLR. impuesto de juegos de envite y azar y la Ley de Contribución especial del mercado internacional de Hidrocarburos) la prohibición de deducir lo pagado por concepto de dichos tributos.La ley de ISLR (2007) en el Capítulo III. 1 – Año 2010 de normas se distorsiona la base de cálculo del Impuesto sobre la Renta. En Venezuela. hechos en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. sino también la posible violación de la garantía constitucional de que el sistema tributario debe atender a la capacidad contributiva. 29 . que deben ser reconocidos para determinar el enriquecimiento neto gravable. Asimismo. y.
también lo considera como un impuesto indirecto. sujetos pasivos y exenciones. se consideran los establecidos en forma general en el artículo 145 del Código Orgánico Tributario (2001) y en el propio Decreto de creación del gravamen a las transacciones financieras. real.CONSIDERACIONES FINALES Después de haber completado el análisis y discusión de los resultados obtenidos a partir de la recopilación y tratamiento de datos basado en un método de investigación combinado. al identificar los deberes formales. Villegas (1999) y la Gerencia General de servicios jurídicos del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT: 2009). se puede concluir lo siguiente de acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación: En primer lugar. De allí que todos los sujetos pasivos. pagan la misma Volumen III Edición No. indirecto y de fácil recaudación tal como lo plantea Campodonico (2004). Entre las características se tiene que es un impuesto extraordinario. También se puede decir que es un impuesto regresivo por cuanto no extraen recursos del contribuyente en función de su capacidad de pago. alícuota. es decir análisis teórico de la temática abordada y a la vez la recolección de la información producto de la aplicación de una entrevista no estructurada a siete sujetos expertos en el área tributaria. declaración y registros precisos de los débitos en cuenta o 30 . 1 – Año 2010 cantidad de impuestos. En otro orden de ideas. Además. éstos deberes formales implican el suministro de información. al identificar las características del gravamen a las transacciones financieras. y de la regresividad a la confiscatoriedad sólo hay un paso. independientemente de su nivel de ingreso. base imponible. con lo cual este impuesto se torna regresivo. se evidencian como particularidades principales los elementos constitutivos del impuesto a las Transacciones Financieras a saber hecho imponible.
se distorsiona la base de cálculo del enriquecimiento neto gravable. según lo contienen los artículos 20 al 22 del decreto de creación del ITF. 3) no afecta la renta sino directamente al patrimonio. estaría en condiciones de apreciar si se trata de un gravamen proporcional y racional que corresponda a una Volumen III Edición No. 2) no extraen recursos del contribuyente en función de su capacidad de pago. La no confiscatoriedad supone la existencia de limitaciones cuantitativas y cualitativas al poder tributario y ésta es una labor que podría ser llevada a cabo por el juez en cada caso concreto quien. es confiscatorio. al gravar hechos que no son manifestaciones de capacidad contributiva o al exceder el gravamen proporcional y racional que corresponde a las manifestaciones de capacidad económica descritos por el legislador como hechos imponibles. al establecer la relación entre el gravamen a las transacciones financieras y el principio de no confiscatoriedad. Se concluyó que es un impuesto indirecto. y confiscatorio puesto que: 1) no considera la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. vista las pruebas que le sean presentadas dentro del proceso. 0754. Los efectos confiscatorios de los tributos se producen como consecuencia de exacciones patrimoniales sin carácter sancionatorio pero que atentan contra los sujetos pasivos de la imposición. en especial referencia al ITF. a la vez que atenta contra la capacidad económica de la empresa y a la larga merma su 31 . debiendo ser enterado de forma diaria por los agentes de percepción. como son los bancos.cancelación de deudas. 4) al no ser deducible del Impuesto sobre la renta. regresivo. y cada 15 días en el caso de los sujetos pasivos especiales según lo especificado en la Providencia Administrativa No. 1 – Año 2010 manifestación de capacidad económica. afectó la liquidez de los sujetos pasivos durante su vigencia Noviembre 2007 a Junio 2008 por la disminución de los recursos. Por último. con respecto a éste. a saber efectivo en caja o bancos.
Además. y este tipo de impuestos no toman en cuenta la capacidad contributiva sino que son establecidos en un porcentaje específico y por una actividad o hecho determinado sin considerar las características que pudiese tener el sujeto pasivo de esa actividad. al no poder deducirlo de los ingresos para obtener la renta neta gravable. se puede recomendar lo siguiente: 32 . la relación presentada entre el ITF y el principio de la capacidad contributiva se demuestra al observar que éste es un impuesto proporcional. es importante destacar que por los elementos presentados se trata de un impuesto confiscatorio y que corresponde al sujeto pasivo especial el solicitar o no la nulidad del acto administrativo por parte de la administración tributaria donde se excluya esta partida como un gasto normal y necesario para producir la renta siendo un impuesto efectivamente pagado. por lo que al aumentar la carga tributaria se presenta una disminución de las utilidades y por ende el patrimonio de la empresa. También es importante considerar que no se observa un patrón de medición Volumen III Edición No. RECOMENDACIONES Tomando en consideración el análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación y las conclusiones derivadas a partir de los mismos. sino los débitos en las cuentas bancarias y las cancelaciones de deudas efectuadas sin mediación del sistema financiero. real. 1 – Año 2010 o índice que permita determinar la capacidad contributiva o cuando un tributo o un conjunto de tributos o un conjunto de cargas impositivas. también puede observarse que es real y regresivo.patrimonio. invadiendo la esfera de uno de los principales tributos. Y considerando sus efectos a futuro. atacando la fuente de la renta y no la renta misma. pues no grava una manifestación de renta. pues no toma en cuenta la situación económica del sujeto pasivo. el Impuesto Sobre la Renta. Además.
Mantener la posición de caracterizar el impuesto ITF como indirecto tal como lo establece la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Sistema Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT. es cuestionable por el nivel de los precios del petróleo para los años 2007 y 2008 con respecto al sacrificio que significó para los contribuyentes en su flujo de caja y su estructura de costos. lográndose mayor celeridad en la recaudación puesto que a través del sistema financiero se reportan diariamente. Circunscribir la aplicación de este impuesto al sistema financiero para reducción de costos en los sujetos pasivos especiales al disminuir o reducir las actividades que constituyen el hecho imponible del ITF limitándolas a Volumen III Edición No. 1 – Año 2010 aquellas que se realicen a través de los bancos como los débitos en cuentas bancarias. el respeto a la capacidad económica 33 . tomando en consideración que a pesar de no ser deducible legalmente no puede negarse que los sujetos pasivos especiales van a trasladar el costo que representa para ellos este impuesto a los precios de los productos o servicios de acuerdo a lo que se puede desprender de los comentarios de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del SENIAT. por lo que es necesario determinar si debe prevalecer la necesidad que tiene el Estado de recaudar fondos sobre el efecto inflacionario que este tipo de impuestos genera en la economía. constituye una restricción a la acción del Estado limitando al sistema tributario y garantizando a su vez al contribuyente. Identificando este impuesto como indirecto se evita la confusión generada en el entorno económico tributario como un impuesto directo o indirecto. 2009) y Silva y Trujillo (2003) quienes comentan que afecta la manifestación mediata de la capacidad contributiva del sujeto pasivo sin establecer diferenciaciones conforme a la capacidad contributiva individual. El principio de no confiscatoriedad contemplado en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además la temporalidad de este impuesto es cuestionable.
Venezuela : Editorial Torino. Expresa referencia a los impuestos que lesionan derechos y garantías constitucionales.5% al afectar al activo disponible durante su vigencia afecta directamente al patrimonio y por tanto resultan perjudiciales para la economía en general. 34 . L. Venezuela: Editorial Jurídica Venezolana. para propiciar seguridad jurídica y el funcionamiento armónico del sistema tributario en el país. Volumen III Edición No. Venezuela: Ediciones Torres Paz&Araujo. Cambio Político y Reforma del Estado en Venezuela. pues los sujetos pasivos siempre buscarán la recuperación de forma directa o indirecta de lo pagado por dicho tributo contribuyendo al incremento de la inflación. 1 – Año 2010 Diccionario bilingüe de términos financieros. (1996). España: Editorial Tecnos. El poder tributario y los Derechos y Garantías Constitucionales como límites a su ejercicio. (1975). G. A. C. AVELLANEDA. (2006). Colombia: Editorial McGRAW-HILL. BREWER-CARIAS. 2da edición. CARACAS FRAGA. (2004). por lo cual tributos de este tipo que a pesar de tener una alícuota relativamente baja del 1. (2005) Análisis e Interpretación de Balances. ALFONZO. Jurisprudencia. Proponer la erradicación de todas las ficciones y presunciones contenidas en las leyes tributarias que conducen a que la imposición recaigan sobre hechos que no son manifestaciones de capacidad contributiva. a los fines de la determinación de la renta neta gravable. Límites Cuantitativos de la Imposición en Venezuela. Principios Constitucionales de la Tributación. J.o contributiva y a la propiedad privada. C. UCV Ediciones de la Biblioteca EBUC. Limitar a la Ley ISLR la determinación de las partidas deducibles. Madrid. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Libros: ACEDO. (1993). CHILLIDA.
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