Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00064-de-septiembre-12-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e7281885271a03e4e0430a01015103e4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-20 02:42:04
Document Index: 320329183

Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 237', 'artículo 84', 'artículo 14', 'artículo 152', 'artículo 12', 'artículo 265', 'artículo 29', 'artículo 84', 'artículo 14', 'artículo 265', 'artículo 12', 'artículo 152', 'artículo 175', 'artículo 152', 'artículo 137', 'artículo 265', 'artículo 12', 'artículo 237', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 237', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 237', 'artículo 8', 'artículo 223', 'artículo 237', 'artículo 265', 'artículo 12', 'artículo 229', 'artículo 10']

﻿ Sentencia 2010-00064 de septiembre 12 de 2013
SENTENCIA 2010-00064 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:ACTOS DE TRÁMITE DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL. LAS DEMANDAS CONTRA LOS ACTOS DE TRÁMITE QUE SON EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE EL PRIMER ESCRUTINIO, PREVIO A LA DECLARATORIA DE LA ELECCIÓN, ESCAPAN DE SU FACULTAD PARA EJERCER CONTROL JURISDICCIONAL. SOLO PUEDEN SER SUJETOS DE CONTROL DE LEGALIDAD ANTE EL JUEZ CONTENCIOSO AQUELLOS QUE PONEN FIN A LA ACTUACIÓN, POR CUANTO SON LOS ÚNICOS QUE RESUELVEN DE FONDO SITUACIONES JURÍDICAS. LA INIMPUGNABILIDAD DE LOS ACTOS DE TRÁMITE NO SUPONE AUSENCIA DE CONTROL JUDICIAL, PUES ELLOS PUEDEN SER JUZGADOS EN LA MEDIDA EN QUE AFECTEN EL ACTO PRINCIPAL DE DECISIÓN, AUNQUE LA DEMANDA NO PUEDA DIRIGIRSE CONCRETAMENTE A ESTOS ACTOS PREVIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ESCRUTINIO, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, ACTA DE ESCRUTINIO, JUEZ, ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE
Sentencia 2010-00064 de septiembre 12 de 2013
Expediente: 11001032800020100006400
Demandante: Orsinia Patricia Polanco Jusayú
Demandado: Representantes a la Cámara - Circunscripción Indígena
La competencia de esta Sala para decidir en única instancia el presente asunto deriva del numeral 3º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597/88 artículo 2º y por la Ley 446/98 artículo 36, y del numeral 3º del artículo 13 del reglamento del Consejo de Estado (Ac. 58/99), modificado por el Acuerdo 55/2003 artículo 1º, por estar dirigida la demanda contra la elección de un Congresista.
2. Excepción de falta de jurisdicción.
La actora dirige su demanda electoral, además de las resoluciones 1619 de julio 10, 1701 de julio 14 y 1795 de 19 de julio —acto de elección—, todas de 2010, contra las siguientes actuaciones del CNE:
• Auto de 6 de julio de 2010, “Por medio del cual se ordena realizar el examen de los documentos electorales pertinentes de los municipios de Riosucio y Supía, departamento de Caldas, a partir de la fecha, en marco de la audiencia pública de escrutinios del Consejo Electoral”(11).
• Auto de 7 de julio de 2010, “Por medio del cual reconoce personería para actuar y se decide lo solicitado por el Dr. José Manuel Abuchaibe Escolar, en su calidad de apoderado de la señora Orsinia Polanco Jusayú, candidata por el Polo Democrático Alternativo a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Indígena”(12).
• Resolución 1515 de 7 de julio de 2010, “Por medio de la cual se rechaza la práctica de las pruebas solicitadas por el Dr. José Manuel Abuchaibe Escolar, en su condición de apoderado de la Señora Orsinia Polanco Jusayú, candidata del Polo Democrático Alternativo a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Indígena”(13).
La Sala advierte que los anteriores actos no son susceptibles de ser impugnados en demanda de nulidad electoral, por las siguientes razones:
El Código Contencioso Administrativo distingue entre actos definitivos y de trámite. Así, el artículo 50 dice de los primeros que “ponen fin a la actuación administrativa” y que “deciden directa o indirectamente el fondo del asunto”.
Sobre los segundos, el artículo 49 ibídem previene que contra ellos “No habrá recurso” y que “pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”.
A partir de lo anterior, la jurisprudencia ha indicado que “Entre los actos de trámite y los actos administrativos existe una diferencia de medio a fin”(14), porque los primeros agotan los pasos concatenados que resultan necesarios para producir los segundos. Nótese que a los actos de trámite ni siquiera les reconoce el carácter de actos administrativos, partiendo de la definición tradicional de estos últimos, es decir, “las manifestaciones de voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico”(15).
Es justamente por esa razón que las demandas en juicios de legalidad, por regla general, se dirigen contra los actos administrativos —valga agregar, los definitivos— y no contra los de trámite.
El carácter inimpugnable en sede judicial de los actos de trámite constituye jurisprudencia reiterada de esta corporación, la misma que se ha encargado de detallar las excepcionales ocasiones en que sí son demandables, orientada por el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, al que antes se hizo alusión(16).
En ese sentido, en el contexto del proceso electoral, la ley exige demandar “precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a estos”(17).
No obstante, en algunos casos pueden e incluso deben demandarse actos anteriores al que declara la elección. Así, el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, indica:
A partir de la norma transcrita, la jurisprudencia ha advertido que, en tratándose de demandas por causales objetivas de nulidad de la elección, es necesario demandar, además, los actos administrativos por medio de los cuales las autoridades electorales resuelven las solicitudes formuladas durante los escrutinios por los interesados en agotar el requisito de procedibilidad(18).
De igual manera, antes de la reforma constitucional, la jurisprudencia venía reconociendo la posibilidad de demandar los actos administrativos que resolvieran reclamaciones electorales, naturalmente junto con el acto de elección correspondiente(19).
De manera que en el contexto de las elecciones censuradas la acción de nulidad electoral debía instaurarse contra el acto de elección y podía dirigirse coetáneamente contra los actos administrativos que se hubieran pronunciado sobre las solicitudes formuladas para agotar el requisito de procedibilidad(20), como también frente a los actos administrativos que hubieran resuelto reclamaciones electorales, si es que los reparos versaban precisamente sobre las decisiones asumidas en dichos actos por las autoridades electorales.
La impugnabilidad de los actos proferidos por las autoridades electorales para decidir sobre irregularidades en la votación y los escrutinios, o sobre causales de reclamación, se explica en el hecho de que contienen pronunciamientos con carácter definitivo frente a la respectiva votación, es decir, se trata de manifestaciones de la administración con efectos jurídicos en los escrutinios porque así como los pueden mantener, también los pueden modificar e incluso llegar al extremo de la exclusión de la votación.
La Sección, en pronunciamiento reciente, reiteró su posición jurisprudencial en torno a que solamente los actos definitivos pueden ser pasibles de control de legalidad a través del contencioso de nulidad electoral, pero que no lo pueden ser los actos previos que no tengan carácter definitivo, frente a los cuales carece de jurisdicción. Al efecto sostuvo:
“Por lo mismo, no son pasibles de demanda de nulidad electoral los actos que pese a haber sido proferidos en el contexto de los escrutinios, no contienen decisiones administrativas definitivas concernientes a los mismos, como sucede con las asumidas para dar impulso a la actuación administrativa o con aquellos pronunciamientos que no tienen efecto jurídico alguno frente a los escrutinios. Es decir, que en tratándose de irregularidades en la votación y los escrutinios debe ser un pronunciamiento sobre la materialidad de las mismas, como sin duda lo serían las decisiones que eventualmente asuman las autoridades electorales en torno a falsedades en los registros electorales, bien para modificarlos o ya para dejarlos incólumes, y siempre y cuando esos actos sean demandados conjuntamente con el acto de elección”(21).
En el caso concreto, los autos del 6 y 7 de julio de 2010, expedidos por uno de los integrantes del CNE, y la Resolución 1515 de 7 de julio de 2010, suscrita por la presidenta y el vicepresidente de la misma entidad de la Organización Electoral, no son actos administrativos y en cambio sí corresponden a actos de trámite. Carecen de esa condición porque no asumen ninguna decisión de fondo frente a los escrutinios realizados en torno al acto de elección acusado; se trata sí de actuaciones que tuvieron por fin impulsar o adelantar el trámite de los escrutinios y la intervención misma del CNE, puesto que los autos, en su orden, dispusieron el examen de los documentos electorales y el rechazo de los recursos interpuestos contra el Auto CNE-JJVP-ajts-223 de 2 de julio de 2010, por medio del cual se “... ordenó el traslado de algunas tarjetas y documentos electorales del departamento de Caldas”, y porque la Resolución 1515 de 7 de julio de 2010, se ocupó del rechazo de algunas pruebas pedidas por el apoderado de la candidata Orsinia Polanco Jusayú.
Con todo, la inimpugnabilidad de los actos de trámite no es equivalente a ausencia de control jurisdiccional. Aunque la pretensión de nulidad no puede dirigirse directamente contra esos actos previos, la presunción de legalidad del acto definitivo al que sirven sí puede juzgarse con sustento en las irregularidades que hayan tenido lugar en los mismos, para lo cual bastaría invocar cualquiera de las causales generales de nulidad contempladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 2304 de 1989 artículo 14, según la anomalía de que se trate.
Así las cosas, la Sala declarará probada, de oficio, la excepción de falta de jurisdicción, respecto de las actuaciones mencionadas en este acápite (Auto jul. 6/2010, Auto jul. 7/2010 y Res. 1515/2010), frente a las cuales emitirá fallo inhibitorio.
La señora Orsinia Patricia Polanco Jusayú, por medio de apoderado, demandó la nulidad de la Resolución 1795 de 19 de julio de 2010, expedida por el CNE, en cuanto declaró elegido al señor Hernando Hernández Tapasco, inscrito por el Polo Democrático Alternativo, como Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas, para el período constitucional 2010-2014.
Invocó como violados los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 29, 40 numerales 1º y 2º, 123, 152 literal c) y 265 numerales 4º, 8º y 13 de la Constitución. Del Código Electoral los artículos 1º, 2º y 134 a 193. Y, del Código Contencioso Administrativo los artículos 84 y 223 numeral 2º.
Explicó que la transgresión de estas disposiciones se produjo porque una vez concluidos los escrutinios a nivel departamental y municipal, la demandante obtenía una votación total de 8.372 votos, frente a 8.301 del demandado, con una diferencia a su favor de 71 votos. Pero que a raíz de peticiones formuladas al CNE para agotar el requisito de procedibilidad, dicha entidad de la Organización Electoral con fundamento en el protocolo de revisión o Resolución 754 de 2010, procedió a revisar los escrutinios en los municipios de Riosucio y Supía, de donde es oriundo el señor Hernández Tapasco, dando como resultado que la accionante fuera superada por el demandado por 63 votos, con lo que obtuvo así la victoria electoral.
Señaló que la modificación a los escrutinios municipales de Riosucio y Supía la asumió el CNE mediante la Resolución 1619 de 10 de julio de 2010, acto que fue confirmado en todas sus partes por medio de la Resolución 1701 de 14 de julio de 2010.
Sin embargo, para la parte demandante la ilegalidad de esta actuación se funda en dos motivos. En primer lugar, en la falta de competencia del CNE. Para demostrarla propuso frente a la Resolución 754 de 2010 la excepción de inconstitucionalidad, pues en su opinión el CNE desbordó sus competencias y desconoció lo dispuesto en el artículo 152 literal c) de la Constitución, en virtud a que por tratarse del ejercicio de funciones electorales la reglamentación de la facultad de revisión que el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 le otorgó al CNE al modificar el artículo 265 constitucional, solamente puede provenir del Congreso de la República con la expedición de una ley estatutaria.
Sostuvo, además, que en los términos en que se concibió el protocolo de revisión, se alteró sustancialmente el debido proceso estructurado en el Código Electoral, porque se permitían recuentos con desconocimiento del principio de preclusividad, y porque se crearon instancias de decisión que de ninguna manera armonizaban con las autoridades electorales concebidas en dicha codificación. En fin, que se alteraba en forma importante el diseño legalmente previsto para los escrutinios electorales, a lo cual se sumaba el hecho de que a pesar de su naturaleza administrativa el CNE terminaba ocupándose de hechos constitutivos de causal de nulidad.
Y, en segundo lugar, que las resoluciones acusadas eran ilegales porque abrieron paso a la comisión de falsedades en los registros electorales, en especial en determinadas mesas de votación de los municipios de Riosucio y Supía, donde la señora Polanco Jusayú había derrotado electoralmente al señor Hernández Tapasco, pero que luego de la intervención del CNE la votación se cambió fraudulentamente, dando como resultado que el último fuera el elegido como Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena.
La Sala, para dar respuesta a los planteamientos, atenderá en primer término lo relativo a la incompetencia derivada de la excepción de inconstitucionalidad; y, posteriormente, examinará la documentación electoral a fin de establecer si se probó la falsedad alegada.
La competencia es un elemento inherente al debido proceso. Así lo señala el artículo 29 constitucional al prescribir que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (resaltados de la Sala). Es igualmente una expresión del principio de legalidad, que además de haber surgido para combatir la arbitrariedad de la administración, se implementó para imprimirle identidad al Estado de derecho, y para procurar que sus agentes no obraran conforme a sus propias apreciaciones, sino dentro de un marco funcional previa y legalmente concebido.
Por ello, todas las actuaciones de los servidores públicos que surjan al mundo jurídico por fuera de las atribuciones que la Constitución y la ley hayan fijado, nacen viciadas de nulidad, como así lo informa el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 7 de octubre de 1989, al precisar que los actos administrativos son nulos “cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes”. Nulidad que tiene efectos ex tunc o desde entonces, por la defensa de la legalidad en abstracto.
Ahora, es cierto que el CNE expidió la Resolución 754 de 9 de abril de 2010 para desarrollar la facultad de revisión prevista en el artículo 265 numeral 4º de la Constitución, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009, y que por su contenido ese organismo se arrogó atribuciones que le permitían intervenir durante los escrutinios y adoptar decisiones con la capacidad de modificar los resultados arrojados por las diferentes comisiones escrutadoras.
Igualmente es cierto que con el protocolo de revisión implementado con la Resolución 754 de 2010, el CNE mediante un reglamento o acto de carácter general terminó ocupándose del desarrollo de funciones electorales, con lo que a su vez desbordó su marco competencial, en la medida que según lo dispuesto en el artículo 152 literal c) de la Constitución, tal desarrollo solamente podía provenir del Congreso de la República a través de la expedición de una ley estatutaria. Es decir, se trataba de una materia a la que el constituyente le había conferido reserva de ley estatutaria.
Esa razón llevó a que esta Sección profiriera la sentencia de 18 de octubre de 2012, por medio de la cual declaró la nulidad de la Resolución 754 de 2010 o protocolo de revisión expedido por el CNE. Al efecto concluyó:
“A partir de todo lo anterior, esta Sala considera que el CNE carecía de competencia para dictar la Resolución 754 del 9 de abril de 2010, mediante la cual se adoptó el protocolo de revisión de escrutinios, toda vez que los temas regulados en la misma tienen reserva de ley estatutaria por lo que exceden la facultad reguladora en cabeza de la entidad demandada, así como también extralimitan la atribución constitucional del CNE para adoptar su propio reglamento”(22).
En la misma providencia estableció la Sala que el fallo anulatorio así expedido producía efectos erga omnes en los términos del artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, al igual que efectos ex tunc o hacia el pasado, con la precisión que no cobijaba las situaciones jurídicas consolidadas, así identificadas por el hecho de no haber sido objeto de censura jurisdiccional con base en la misma razón que llevó a la invalidez del protocolo de revisión o Resolución 754 de 2010. Sobre el particular concluyó el fallo en cuestión:
“De esta manera, la declaratoria de nulidad del acto administrativo retrotrae la situación jurídica a la que existía antes de la expedición del acto anulado, debiéndose tener como si este no hubiera existido, pero dejando a salvo de ese efecto retroactivo, en todo caso, las situaciones individuales consolidadas(23) y pudiendo verse afectadas solo aquellas no consolidadas o las que al tiempo de producirse el fallo eran objeto de debate o susceptibles de ser controvertidas ante las autoridades judiciales o administrativas(24), al igual que aquellas que por afectar derechos de terceros no puedan entenderse como consolidadas”(25).
Como la Resolución 754 de 2010 ya fue anulada por esta Sección, no es necesario que la Sala estudie la excepción de inconstitucionalidad propuesta en su contra por la parte demandante, pues con el fallo de 18 de octubre de 2012 se evidenció que el CNE, sin competencia para ello, reglamentó funciones electorales, lo que según lo dispuesto en el artículo 152 literal c) de la Constitución, únicamente puede hacer el Congreso de la República con la expedición de una ley estatutaria.
Del mismo modo, la Sala determinó con sentencia de 10 de mayo de 2013 que con fundamento en la nulidad declarada sobre el protocolo de revisión con fallo de 18 de octubre de 2012, y a la luz de la tesis de las situaciones jurídicas consolidadas, los actos administrativos de contenido particular y concreto —que no el acto de elección(26)— proferidos por el CNE en ejercicio de las atribuciones señaladas en la Resolución 754 de 2010, que fueron cuestionados jurisdiccionalmente por la falta de competencia de esa entidad de la organización electoral, eran nulos por falta de competencia, lo cual requería además de la formulación precisa del cargo de incompetencia, la correcta determinación de los casos de falsedad con la indicación de los candidatos, las mesas de votación y los votos que fueron objeto de modificación. Por ser totalmente pertinentes, la Sala cita lo considerado sobre el particular en la citada providencia:
“Por tanto, la situación individual de naturaleza electoral se habrá consolidado si frente a la misma no se propuso la correspondiente acción de nulidad electoral, ya que esa omisión junto al fenecimiento del término de caducidad, tornan intangible e inmodificable lo resuelto por las autoridades electorales. A contrario sensu, cuando las mismas decisiones han sido puestas en entredicho mediante la oportuna presentación de la respectiva demanda de nulidad electoral, no puede hablarse de situaciones jurídicas consolidadas, en virtud a que ha de esperarse que esta jurisdicción decida si los actos administrativos han vulnerado o no las normas jurídicas invocadas por quien funge como accionante.
Sin embargo, por virtud del principio de justicia rogada con asiento en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, es importante advertir que el operador jurídico debe practicar el control de legalidad de los actos acusados únicamente con respecto a las normas y a los cargos expresamente propuestos por el accionante. Por lo mismo, no resulta viable que esa labor de contrastación se surta con apoyo en normas jurídicas o en cargos que no fueron planteados con la demanda o con la corrección, como quiera que tal posibilidad riñe con el debido proceso y el derecho de defensa de la parte demandada, quien por supuesto no habrá tenido oportunidad para refutar las novísimas imputaciones.
Ahora, la falta de competencia del CNE en cuanto a la expedición del protocolo de revisión o Resolución 754 de 2010, que corroboró esta Sección en el fallo de 18 de octubre de 2012, igualmente se predica de los actos administrativos de contenido particular y concreto que fueron expedidos por el CNE en ejercicio de las potestades y procedimientos allí consagrados —diferentes al de elección—, y que fueron expresamente cuestionados por incompetencia dentro de los procesos antes citados por la misma razón que llevó a invalidar dicho protocolo de revisión.
Lo último, porque si el CNE incurrió en incompetencia funcional al desarrollar una materia que tenía reserva de ley estatutaria, con la misma razón los actores en los procesos mencionados afirmaron que no tenía competencia para conocer y decidir las situaciones particulares que fueron sometidas a su conocimiento durante los escrutinios relacionados con la elección de senadores de la República, período 2010-2014.
La ausencia de una reglamentación expedida por el Congreso de la República, mediante ley estatutaria, para que el CNE pueda practicar ese control administrativo, hace nulas las decisiones adoptadas con base en la Resolución 754 de 2010 siempre que fueran precisamente demandadas por esa transgresión a la Constitución, pues se reitera que la competencia no se adquiere a plenitud con la sola atribución de la función, ya que en tratándose del ejercicio de “funciones electorales”, es indispensable contar con el respectivo desarrollo legal estatutario que contemple los aspectos más relevantes y sustanciales de lo concerniente al procedimiento administrativo electoral, que habían sido regulados en el protocolo de revisión”(27).
Así las cosas, las resoluciones 1619 y 1701 de 2010 expedidas por el CNE únicamente se tendrán por nulas, por falta de competencia, si efectivamente fueron proferidas en ejercicio de la facultad de revisión consagrada en el artículo 265 numeral 4º de la Constitución, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009, pues si bien se trata de situaciones jurídicas no consolidadas porque fueron oportunamente cuestionadas ante la jurisdicción, el hecho de que hayan sido emitidas con fundamento en otras resoluciones vigentes en su momento, impedirá la aplicación de la misma tesis que se sostuvo en el fallo de Senado 2010-2014 para invalidar algunos pronunciamientos de esa entidad de la Organización Electoral.
La Sala, después de examinar el origen y contenido de los actos en cuestión, encontró que si bien se trata de actos administrativos emitidos por el CNE en el contexto de los escrutinios para Cámara de Representantes por Circunscripción Especial Indígena, ellos ciertamente no fueron expedidos con fundamento en la Resolución 754 de 2010 o protocolo de revisión.
En efecto, al consultar el epígrafe de la Resolución 1619 de 10 de julio de 2010 (fl. 23), se observa que la actuación fue promovida por los candidatos ahora litigantes para agotar el requisito de procedibilidad. Al respecto dice:
“Por medio de la cual se toman decisiones frente al trámite del agotamiento del requisito de procedibilidad invocado por el señor Hernando Hernández Tapasco, en su condición de candidato a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Indígena, y por el Dr. José Manuel Abuchaibe Escolar, en su calidad de apoderado de la candidata Orsinia Polanco Jusayú, relacionado con algunas mesas de votación en los municipios de Riosucio y Supía, departamento de Caldas, y se adoptan otras determinaciones” (resaltados de la Sala).
Así lo ratifica la Resolución 1701 de 14 de julio de 2010, por medio de la cual el CNE decidió adversamente el recurso de reposición formulado contra la Resolución 1619 de 2010, pues en su parte motiva se sostuvo:
“No es cierto, como lo indica el Dr. Abuchaibe Escolar, que el trámite de las solicitudes con las que se pretendía el agotamiento del requisito de procedibilidad, se haya realizado ciñéndose a lo establecido en la Resolución 754 de 2010.
Tiene claro la corporación que su Resolución 754 se aplica en el marco de un proceso de revisión de escrutinios, pues la misma establece el protocolo de acciones que se adelantarán en desarrollo de dicho procedimiento.
La actuación cuestionada se realizó, tal y como se delimitó en el numeral 2º de la Resolución 1619 de 2010, relativo a la competencia del Consejo Nacional Electoral, teniendo como preceptos rectores el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009, y el artículo 9º de la Resolución 552 de 2010, cánones que versan sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad” (fls. 66 y 67).
Huelga manifestar que la Resolución 552 de 2010 para la época en que fue expedida gozaba de plena presunción de legalidad, se hallaba vigente y por ende revestida de los atributos de obligatoriedad y ejecutividad que caracteriza a todo acto administrativo en esa circunstancia. Además, sobre dicha resolución no se solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.
Ahora bien, este aserto no solo es cierto formalmente sino también desde el punto de vista material, donde resulta igualmente evidente la ausencia de fundamentos jurídicos de los actos acusados en la Resolución 754 de 2010. Según el contenido de las peticiones formuladas por el señor Hernando Hernández Tapasco y por el apoderado de la demandante, cuyo contenido se copió parcialmente en la parte motiva de la Resolución 1619 de 2010, con ellas, además de invocarse el requisito de procedibilidad, se denunciaron irregularidades durante el escrutinio en los municipios de Riosucio y Supía. Es decir, que las peticiones estaban referidas a las inconsistencias mencionadas en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009, pues se invocó el citado requisito con el ánimo de acreditarlo posteriormente ante la jurisdicción mediante la puesta en conocimiento de “irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio”.
Por lo anterior, para la Sala las resoluciones 1619 y 1701 de 2010 no fueron expedidas por el CNE con fundamento en el protocolo de revisión contenido en la Resolución 754 de 2010, ya que esa entidad no actuó en ejercicio de la facultad de revisión sino que lo hizo con sustento en lo prescrito en el artículo 9º de la Resolución 552 de 10 de marzo de 2010 “Por la cual se establecen unos procedimientos de control a los escrutinios”.
Además, la Resolución 552 de 2010, en su integridad, estaba vigente para la fecha en que se expidieron las resoluciones 1619 y 1701 de 2010, y por ello ninguna objeción se podía hacer a su aplicación. Si bien es cierto que dicha resolución fue demandada ante esta Sección, igualmente lo es que solamente se impugnó la legalidad del artículo 10, que fue hallado conforme al ordenamiento jurídico pero en forma condicionada(28).
Por tanto, como los actos examinados no fueron expedidos por el CNE con fundamento en la Resolución 754 de 2010 o protocolo de revisión, sino con apoyo en la Resolución 552 de 2010, frente a la cual no se pidió su inaplicación, ni se formuló ningún reparo, y que en cambio se halló conforme al ordenamiento jurídico en forma condicionada, la Sala concluye que el cargo por incompetencia no es de recibo, ya que el CNE, en este caso, obró apoyado en un acto administrativo de carácter general que tenía plena vigencia.
Por último, y como bien lo ha expresado esta Sala(29) en torno a la oportunidad con que deben presentarse las peticiones de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009, las mismas deben radicarse ante la autoridad competente para producir el acto de elección, lo cual encarna cierta eventualidad o preclusión, pues no admite la Sala la posibilidad de que sea el interesado quien determine la autoridad que debe atender sus peticiones, máxime porque el procedimiento administrativo electoral es escalonado y preclusivo. Sobre el particular dijo la Sala:
Así, por ejemplo, si se trata de irregularidades concernientes a la elección de un alcalde municipal, la denuncia debe formularse ante la comisión escrutadora municipal y a más tardar, hasta antes de que la misma provea sobre la elección. No sería admisible, por tanto, que dichas inconsistencias se dieran a conocer directamente a los integrantes de la comisión escrutadora departamental o incluso al Consejo Nacional Electoral, puesto que se trata de autoridades incompetentes para conocer de primera mano las irregularidades sucedidas durante los escrutinios municipales, y porque solamente están autorizadas para conocer de las apelaciones que se formulen contra las decisiones de su respectivo inferior funcional”(30).
En suma, la Sala desestima el cargo de nulidad por incompetencia funcional del CNE, con lo cual quedan a su vez desestimados todos los reparos hechos contra la actuación surtida en torno a las resoluciones 1619 y 1701 de 2010.
3.2. Falsedad en los registros.
El cargo de falsedad que formula la demandante lo concreta en la votación obtenida por el candidato 206 del partido Polo Democrático Alternativo, referido a ciertas mesas de los municipios de Riosucio y Supía, en las que su votación fue aumentada sin una justificación válida mediante la expedición de las resoluciones 1619 y 1701 de 2010 del CNE, lo cual se establece, según ella, con la comparación de los votos registrados en los formularios E-14 y E-24.
El primer escrutinio que se realiza una vez concluida la jornada electoral corresponde hacerlo a los jurados de votación, quienes para ello extraen las tarjetas electorales de las urnas y proceden a determinar el número de votos depositado a favor de cada una de las distintas opciones políticas, incluidas por supuesto la alternativa del voto en blanco y las tarjetas no marcadas. Los resultados son consignados en el acta de escrutinio de jurados de votación, conocida como formulario E-14, del cual se expiden dos ejemplares, uno con destino al arca triclave y otro para los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. Después de lo anterior el escrutinio se hace a nivel zonal o municipal, dependiendo si el municipio está zonificado o no, con base en los formularios E-14, y los resultados del mismo son consignados en el formulario E-24 mesa a mesa, que discrimina la votación por candidatos y que por ello permite constatar si hay coincidencia entre lo escrutado por los jurados y por los integrantes de la respectiva comisión escrutadora.
En principio, los datos deben coincidir entre uno y otro escrutinio. Con todo, es válido que no exista esa concordancia siempre y cuando la modificación sea el resultado del recuento practicado por los miembros de la comisión escrutadora, que bien puede ser el resultado de la formulación de una reclamación o del recuento practicado en forma oficiosa ante la evidencia de tachaduras o enmendaduras. Si la disparidad entre los formularios E-14 y E-24 carece de una explicación válida, se configura la causal de nulidad del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, por falsedad o apocrificidad, como ya lo ha dicho en múltiples oportunidad esta Sección, así:
“Conviene precisar que los eventuales vicios de falsedad de las actas de escrutinio de los jurados de votación y de las comisiones escrutadoras zonales o municipales, tienen ocurrencia cuando existe disconformidad entre los datos consignados en el formulario E-14 y los datos registrados en el formulario E-24, es decir, cuando se presentan modificaciones en este último, sin que medie causa legal para ello, v. gr., recuento de votos. Así, la exigencia de la debida determinación del cargo bajo esta modalidad se cumple mediante la indicación de los siguientes requisitos: i.) zona, puesto y mesa donde se ubican los formularios que se cuestionan, ii) la existencia de diferencias o incongruencias entre los datos consignados en el formulario E-14 y los datos registrados por la respectiva comisión escrutadora en el E-24, con precisión del partido o del candidato respecto del cual se advierte esa discrepancia y, iii) que al ser distinto el dato consignado, no exista explicación o justificación para ello”(31).
La anterior posición jurisprudencial surgió cuando no se había expedido aún el Acto Legislativo 1 de 2009, mediante el cual se modificó la Constitución, entre otros aspectos, para adoptar el requisito de procedibilidad frente al proceso de nulidad electoral, contemplado en el parágrafo del artículo 237, por cuya virtud es menester que en las elecciones por voto popular se ponga en conocimiento de las autoridades electorales las irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, antes de que se profiera el acto de elección, pues solo así se podrá acudir ulteriormente a la jurisdicción a impugnar la elección por las mismas inconsistencias dadas a conocer a esas autoridades.
Por tanto, si a raíz de las peticiones elevadas para agotar el requisito de procedibilidad las autoridades electorales adoptan decisiones frente a los escrutinios para aumentar o disminuir la votación de los candidatos, la falsedad ya no se podrá verificar con solamente comparar los formularios E-14, E-24 y acta de escrutinio, pues será necesario tomar en cuenta el cambio realizado por dichas autoridades para dar curso al presupuesto constitucional, pero primordialmente la metodología que se haya empleado para efectuar el cambio.
Una de las formas en que al amparo del requisito de procedibilidad las autoridades electorales cambian la votación es mediante la confrontación de los documentos electorales en cita. Es decir, cuando comparan los registros de los formularios E-14 y E-24 e igualmente revisan las constancias dejadas en el acta por la respectiva comisión escrutadora. En este evento, la verificación de la falsedad de lo efectuado por la autoridad electoral bien puede seguirse haciendo por la jurisdicción bajo la forma tradicional, es decir, estudiando esos documentos electorales a fin de establecer si los hallazgos del juez electoral coinciden con los que hizo la autoridad electoral al abrigo del presupuesto constitucional. Si no son los mismos, es dable colegir que se trata de una falsedad.
Y, la otra metodología que según la experiencia ha sido utilizada por las autoridades electorales para dar respuesta a las peticiones radicadas a fin de agotar el requisito de procedibilidad, corresponde al recuento de la votación, que se desarrolla mediante el conteo directo de las tarjetas electorales depositadas en la urna.
En estos casos, la verificación de la falsedad por parte de la jurisdicción no se podrá hacer con solamente examinar los formularios E-14, E-24 y la respectiva acta de escrutinio, dado que la verdad que esos documentos cuentan es anterior a la intervención de la autoridad electoral para agotar el requisito de procedibilidad, y si como efecto del mismo se produjeron cambios en la votación por el recuento practicado, es claro que su veracidad no se puede desvirtuar con un hecho anterior. Le corresponderá, entonces, a los interesados acudir a la libertad de medios para acreditar que la votación producto del recuento efectuado para agotar procedibilidad no es cierta.
Pues bien, para determinar si es cierto que la votación obtenida por el candidato 206 del partido Polo Democrático Alternativo en las mesas indicadas en la demanda, pertenecientes a los municipios de Riosucio y Supía, es falsa, se hará el examen de los respectivos documentos electorales, es decir, los formularios E-14, E-24 y acta de escrutinio, así como la modificación que hizo el CNE con los actos acusados, que será identificada como E-24R, y el tipo de metodología utilizada.
Munic. Z P M E-14 E-24 Acta E-24 R Metodología Normal
Riosucio 01 01 004 0 65 Sin novedad (fl. 38, cdno. 2) 62 Recuento de tarjetas Sí
Riosucio 02 02 002 0 30 Hubo recuento (fl. 88, cdno. 2) 29 Recuento de tarjetas Sí
Riosucio 99 01 003 0 0 Sin novedad (fl. 96, cdno. 2) 51 Recuento de tarjetas Sí
Riosucio 99 17 010 0 0 Sin novedad (fl. 103, cdno. 2) 43 Recuento de tarjetas Sí
Riosucio 99 20 001 0 54 Sin novedad (fl. 103, cdno. 2) 54 Recuento de tarjetas Sí
Riosucio 99 25 001 0 37 Sin novedad (fl. 105, cdno. 2) 38 Recuento de tarjetas Sí
Riosucio 99 60 001 0 79 Hubo recuento (fl. 105, cdno. 2) 79 Recuento de tarjetas Sí
Riosucio 99 60 002 0 77 Sin novedad (fl. 106, cdno. 2) 77 Recuento de tarjetas Sí
Supía 00 00 005 0 0 Sin novedad (fl. 240, cdno. 2) 11 Recuento de tarjetas Sí
Supía 00 00 009 9 9 Sin novedad (fl. 240, cdno. 2) NA No aplica Sí
Supía 00 00 044 17 17 Sin novedad (fl. 243, cdno. 2) NA No aplica Sí
Las pruebas que respaldan los datos anteriores se relacionan en la siguiente tabla:
Dpto. Munic. Z P M P / C E-14 E-24
Caldas Riosucio 01 01 04 11 / 206 fl. 217, cdno. 2 fl. 129, cdno. 2
Caldas Riosucio 02 02 02 11 / 206 fl. 36, cdno. 1 fl. 36, cdno. 1
Caldas Riosucio 99 01 03 11 / 206 fl. 220, cdno. 2 fl. 148, cdno. 2
Caldas Riosucio 99 17 10 11 / 206 fl. 223, cdno. 2 fl. 166, cdno. 2
Caldas Riosucio 99 20 01 11 / 206 fl. 226, cdno. 2 fl. 166, cdno. 2
Caldas Riosucio 99 25 01 11 / 206 fl. 229, cdno. 2 fl. 202, cdno. 2
Caldas Riosucio 99 60 01 11 / 206 fl. 232, cdno. 2 fl. 202, cdno. 2
Caldas Riosucio 99 60 02 11 / 206 fl. 235, cdno. 2 fl. 202, cdno. 2
Caldas Supía 00 00 05 11 / 206 fl. 323, cdno. 2 fl. 272, cdno. 2
Caldas Supía 00 00 09 11 / 206 fl. 326, cdno. 2 fl. 272, cdno. 2
Caldas Supía 00 00 44 11 / 206 fl. 329, cdno. 2 fl. 290, cdno. 2
El examen de documentos electorales revela que pese a la intervención del CNE en las mesas 00-00-09 y 00-00-44 del municipio de Supía, no se hizo ninguna modificación porque dicha autoridad dejo, para el primer caso, la siguiente constancia: “Si bien en el formulario E-14 no se registra votación por el candidato 206 del Polo, en el formulario E-24 municipal se le contabilizan los 9 votos que reclama. No amerita pronunciamiento por parte de la corporación”. (fl. 47, cdno. 1). Y, en cuanto a la otra mesa, dijo: “En el formulario E-24 municipal se contabilizan los 17 votos que reclama el candidato 206 del Polo. No amerita pronunciamiento por parte de la corporación” (fl. 53, cdno. 1).
En las demás mesas de votación, el CNE si bien revisó los formularios E-14, E-24 y acta de escrutinio municipal, las peticiones las decidió mediante recuento de tarjetas electorales, como así lo hizo saber en cada caso, pues siempre escribió “Examinadas las tarjetas electorales, se encontró:...”, y después de ello hizo las precisiones en torno a la votación obtenida por los distintos candidatos.
Además de los documentos mencionados en precedencia, el proceso no cuenta con ningún medio de prueba que demuestre que el recuento efectuado por el CNE en cada una de las mesas indicadas faltó a la verdad, presunción que como ya se dijo, no se puede desvirtuar con los documentos electorales anteriores al formulario E-24R, puesto que por esa misma razón cronológica constituyen una realidad que fue superada bajo el principio de buena fe, por la actuación del CNE.
La Sala interpreta que los planteamientos esgrimidos contra las resoluciones 1619 y 1701 de 2010, referidos a falta de competencia funcional del CNE porque profirió esos actos con fundamento en la Resolución 754 de 2010 pese a que era contraria al ordenamiento constitucional, son la base para abrir paso a la falsedad en los documentos electorales. Por lo mismo, al haberse desvirtuado la aseveración de la demandante, concerniente a que los actos acusados se profirieron con base en el protocolo de revisión, cuando en verdad fueron dictados con apoyo en la Resolución 552 de 2010 del CNE, la falsedad quedó sin respaldo probatorio, pues habiéndose realizados los cambios en la votación mediante recuento de tarjetas electorales, la sola presencia de los formularios E-14, E-24 y acta de escrutinio municipal, resulta insuficiente para probar lo aseverado. En pocas palabras, la parte actora no cumplió con la carga de probar que los resultados electorales determinados mediante recuento por el CNE son falsos.
En consonancia con lo discurrido en precedencia, se declarará probada la excepción de falta de jurisdicción frente a los autos de 6 y 7 de julio de 2010, y de la Resolución 1515 de 7 de julio del mismo año, expedidos por el CNE, en atención a que se trata de pronunciamientos que no tienen la calidad de actos administrativos, pues no asumieron decisiones frente a los resultados del escrutinio, en el sentido de modificar la votación escrutada por las comisiones escrutadoras de Riosucio y Supía.
Y, se denegarán las pretensiones de la demanda, toda vez que no se demostró la falta de competencia del CNE al expedir las resoluciones 1619 y 1701 de 2010, porque para ello esa entidad de la Organización Electoral no se valió del protocolo de revisión o Resolución 754 de 2010, sino que acudió a las facultades previstas en la Resolución 552 de 2010 vigente para esa época, dado que lo planteado fueron unas peticiones para agotar el requisito de procedibilidad, mas no se ejerció la facultad de revisión consagrada en el artículo 265 numeral 4º de la Constitución, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009. Y, porque la falsedad en los registros electorales de los municipios de Riosucio y Supía, que fueron objeto de modificación por parte del CNE, careció de respaldo probatorio, en particular porque la parte demandante no acreditó que el recuento de tarjetas electorales hubiera sido fraudulento o contrario a la verdad.
1. Declarar probada la excepción de falta de jurisdicción frente a los autos de 6 y 7 de julio de 2010, y de la Resolución 1515 de 7 de julio del mismo año, expedidos por el CNE. Por tanto, se dicta fallo inhibitorio al respecto.
(11) Cuaderno 1, folios 77 y 78.
(12) Cuaderno 1, folios 79 a 81.
(13) Cuaderno 1, folios 74 a 76.
(14) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de mayo de 2010, Rad. 2009-00021.
(15) Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo, general y colombiano, Decimotercera Edición, Editorial Temis, Bogotá, 2002, pág. 217.
(16) Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de septiembre de 2009, Rad. 2007-00063(IJ); Sección Primera, sentencias de 26 de noviembre de 1998, Rad. 4919, 12 de marzo de 2009, Rad. 2002-00745 y 8 de abril de 2010, Rad. 2004-00334; Sección Segunda, Subsección A, sentencias de 17 de julio de 2008, Rad. 4432-04 y 11 de octubre de 2007, Rad. 2007-00329(AC); Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, Rad. 18059; Sección Cuarta, sentencias de 12 de junio de 2008, Rad. 16288 y 12 de mayo de 2010, Rad. 17081; Sección Quinta, auto de 1º de junio de 2001, Rad. 2597 y sentencia de 22 de octubre de 2009, Rad. 2008-00026 y 00027.
(17) Código Contencioso Administrativo, artículo 229.
(18) Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 1º de septiembre de 2010, Rad. 2010-00051 y sentencia de 10 de marzo de 2011, Rad. 2010-00020
(19) Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 14 de diciembre de 2001, Rad. 2765, 6 de mayo de 2005, Rad. 3544, 8 de mayo de 2009, Rad. 2007-00124, 11 de junio de 2009, Rad. 2007-00239 y 29 de abril de 2010, Rad. 2007-00239.
(20) Esto, en los eventos en que se profieran tales actos, pues lo que agota el requisito de procedibilidad es someter a examen de la autoridad electoral correspondiente las causales de nulidad de la elección, pero bien puede ocurrir que no haya respuesta, evento en el cual no puede entenderse que se configura el silencio administrativo negativo, pues como lo sostuvo esta Sección en fallo de 1º de noviembre de 2012 (Exp. 110010328000201000086-00), esa institución no es compatible con el presupuesto constitucional porque “entre el término máximo para someter a examen de la autoridad electoral las irregularidades en el proceso de elección y escrutinio y la expedición del acto electoral no existe un plazo igual o superior a 3 meses, requerido para [que] se configure un acto presunto negativo sustancial”.
(21) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 10 de mayo de 2013. Expedientes acumulados: 110010328000201000061-00 y otros. Demandantes: Astrid Sánchez Montes de Oca y otros. Demandados: Senadores de la República 2010-2014, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Aquí se reiteró lo dicho en sentencia de 25 de agosto de 2011. Expedientes acumulados: 110010328000201000045-00 y 110010328000201000046-00. Actor: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro. Demandados: Representantes a la Cámara por Boyacá, C.P. Susana Buitrago Valencia.
(22) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 18 de octubre de 2012. Expedientes acumulados: 110010328000201000014-00 y otros. Demandantes: Edgar Daniel Bohórquez Enciso y otros. Demandado: Consejo Nacional Electoral, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
(23) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de 2009, referencia 25000-23-27-000-2003-00119-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
(24) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 23 de julio de 2009, referencia 76001-23-31-000-2002-00452-0116404, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. De igual manera, autores como Luis Enrique Berrocal Guerrero, siguiendo la línea jurisprudencial descrita, defienden esta misma tesis. Él, en particular sostiene: “La nulidad de los actos administrativos tiene, por regla general, efectos a partir de la fecha de expedición de los mismos, debido a que se tiene como si el acto no hubiera existido, es decir, que la decisión de anulación tiene efectos retroactivos (ex tunc), de modo que permite asumir que las cosas vuelven al estado anterior al de la expedición del acto anulado, salvo las situaciones individuales que se hubieran consolidado. [...]”. Luis Enrique Berrocal Guerrero, “Manual del Acto Administrativo”, Librería Ediciones del Profesional Ltda., Quinta Edición, Bogotá, 2009.
(25) Ibídem pie de página 22.
(26) La Sala hace esta precisión en consideración a que bajo el principio de la eficacia del voto el acto de elección solamente podría resultar nulo en la medida que la nulidad de los actos expedidos por el CNE sobre los escrutinios y en ejercicio de la facultad de revisión, tuvieran la capacidad de modificar el resultado electoral.
(27) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 10 de mayo de 2013. Expedientes acumulados: 110010328000201000061-00 y otros. Demandantes: Astrid Sánchez Montes de Oca y otros. Demandados: Senadores de la República 2010-2014, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
(28) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 19 de septiembre de 2011. Expediente: 110010328000201000041-00. Actor: Pedro Felipe Gutiérrez Sierra. Demandado: Consejo Nacional Electoral, C.P. Susana Buitrago Valencia. La legalidad de la norma se condicionó en los siguientes términos:
“SE NIEGAN las pretensiones de la demanda en el entendido que el artículo 10 de la Resolución 552 de 2010, expedida por el CNE, es ajustado a derecho con el condicionamiento que la revisión de escrutinios y documentos electorales a cargo del Consejo Nacional Electoral, tiene el alcance de poder operar, únicamente, cuando a ello le sea indispensable acudir de manera excepcional por parte de esta autoridad administrativa electoral, en virtud a que en el escenario de conocer directamente o vía recurso de apelación de una causal de reclamación, o, cuando se trate del sometimiento a examen de alguna irregularidad en la votación o en el escrutinio para efectos de poder cumplir con el requisito de procedibilidad de la acción judicial de nulidad electoral.
Y únicamente procede terminarlos, siempre y cuando exista norma legal o reglamentaria que así lo autorice, o, cuando por motivos de orden público en la circunscripción territorial, de conformidad con los requisitos y el procedimiento expuesto en la parte motiva del presente fallo”.
(29) Esta Sección, en torno al principio de eventualidad o de preclusión para agotar el requisito de procedibilidad en las elecciones para autoridades del orden territorial, se percató de su desarrollo en la Resolución 4121 de 2001, expedida por el CNE, y al efecto señaló:
“La Sala considera que la disposición constitucional es precisa cuando señala que las irregularidades en el proceso de votación y de escrutinios deben someterse a examen de la autoridad administrativa “correspondiente”, y la Resolución 4121 de 2011 del CNE es clara en cuanto a que para agotar el requisito de procedibilidad en los eventos de elecciones del orden municipal o distrital, las solicitudes deben presentarse “solamente” ante las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales o distritales” (Auto mar. 24/2012. Expediente: 440012331000201100209-01. Actor: Carlos Andrés Vanegas Pushaina. Demandados: Concejales del municipio de Uribia, C.P. Susana Buitrago Valencia).
(30) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 25 de julio de 2013. Expediente: 730012331000201200047-01. Actor: Enrique Barragán Liévano. Demandado: Diputados del Tolima, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
(31) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta - Sentencia de 6 de julio de 2009. Expedientes acumulados: 4056, 4084, 4086, 4087, 4089, 4090, 4093, 4094, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107. Demandantes: Ernesto Urbano Varón y Otros. Demandados: Senadores de la República 2006-2010, C.P. Susana Buitrago Valencia.