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Timestamp: 2018-02-25 23:28:39
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Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 178', 'artículo 2']

Asesores Legales y Tributarios CIALT Abogados | 2011 diciembre
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RESUMEN DE LA REFORMA FISCAL DE GIPUZKOA: Norma Foral 5/2011 y 6/2011
29 diciembre, 2011 /1 Comentario/en Noticias Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
Por medio de la aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa, el pasado 27 de diciembre de 2011, de las Normas Forales 5/2011 y 6/2011 se culmina el proceso de reforma fiscal de Gipuzkoa, a la espera de las reformas que se acometerán en el año 2012, con el objetivo principal de modificar el Impuesto sobre Sociedades.
La presente reforma fiscal tiene un gran calado y son prácticamente todos los impuestos que sufren modificación, con especial incidencia en la reimplantación del Impuesto sobre Patrimonio, en Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la eliminación de las exenciones entre ascendientes y descendientes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En el siguiente documento se apuntan las novedades contenidas en dichas Normas Forales con un ánimo, no exhaustivo y analítico, sino meramente orientativo.
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23 diciembre, 2011 /0 Comentarios/en Derecho del Transporte Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
SENTENCIA TJUE DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 (ASUNTO C-126/10): de cómo razonar sobre la existencia de “motivo económico válido”.
14 diciembre, 2011 /0 Comentarios/en Derecho Fiscal, Impuesto sobre Sociedades Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
Se analiza por medio de estas breves notas el contenido más reseñable de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJUE) de 10 de noviembre de 2011, Asunto C-126/10, Foggia-Sociedade Gestora de Participacoes Sociais SA.
El interés de este pronunciamiento radica en que se analiza de un modo particular una determinada operación de fusión a la luz de la aplicabilidad al caso concreto del controvertido artículo 11.1.a) de la Directiva 90/434/CEE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros que, en su aplicación al TRLIS, dio lugar al eterno debate sobre la existencia o no de “los motivos económicos válidos” de una reestructuración empresarial y el efecto de los mismos.
Vaya por delante que la conclusión que alcanza el TJUE es la de que la decisión final, como no podía ser de otra manera, queda en sede del juez nacional. Sin embargo, el TJUE realiza las siguientes consideraciones interesantes a la vista de lo controvertido de la cuestión en la práctica patria y a las pocas veces en que se ha pronunciado sobre la materia (véase Leur Bloem, Kofoed o Modehuis A. Zwijnenburg).
“(…) puede constituir un motivo económico válido una operación de fusión basada en varios objetivos, entre los que puedan también figurar consideraciones de naturaleza fiscal, a condición no obstante de que éstas últimas no sean preponderantes en el marco de la operación proyectada”.
“En efecto, una fusión o reestructuración efectuada en forma de absorción de una sociedad que no ejerce actividades y que no aporta activo propio a la sociedad absorbente puede no obstante considerarse, respecto de última, realizada por motivos económicos válidos”.
Comparemos esta misma conclusión con la alcanzada por la Dirección General de Tributos, entre otras, en la Resolución V2505-11 de fecha 20 de octubre de 2011:
“En el caso de una operación de fusión, resulta exigible que del resultado de la misma se desprenda una reestructuración de las actividades de las entidades afectadas, de tal manera que aquélla redunde en beneficio del desarrollo de éstas. Esta finalidad difícilmente puede apreciarse en el caso de la absorción de una sociedad inactiva, como resulta del caso consultado”.
Volviendo a la Sentencia objeto de comentario: “(…) tampoco se excluye que una fusión por absorción de una sociedad con dichas pérdidas pueda tener motivos económicos válidos en la medida en que el artículo 6 de la Directiva 90/434 hace referencia expresamente a las disposiciones legislativas que autorizan la asunción de las pérdidas de la sociedad absorbida que aún no han sido amortizadas desde un punto de vista fiscal”.
“(…) procede señalar que el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/434, al establecer una excepción a las normas fiscales que establece la Directiva 90/434, debe interpretarse de manera estricta y teniendo en cuenta su tenor, su finalidad y el contexto en el que se inscribe”.
“Por otra parte, el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/434, refleja el principio general del Derecho de la Unión”. A lo que habría que añadir que en Kofoed ya se dijo por parte del TJUE que en aplicación del abuso de derecho no cabía la imposición de sanción. Cuestión esta que, de una manera sistemática, ha sido inadmitida en España donde no se considera que deba iniciarse, ante este tipo de casos, procedimiento de fraude de ley o de conflicto en aplicación de la norma tributaria, imponiéndose las sanciones correspondientes.
Una vez realizadas las siguientes consideraciones generales, el TJUE realiza un análisis particular del supuesto de hecho dejando la vía expedita para que el tribunal nacional inaplique el régimen especial de neutralidad en la operación de fusión controvertida.
El análisis concreto del caso lleva al TJUE a concluir que no cualquier fusión, que siempre lleva aparejado un ahorro de costes de estructura y administración y etc., está realizada por “motivos económicos válidos” por el mero ahorro anteriormente mencionado. Lo novedoso del proceder del TJUE es que realiza un análisis de la proporcionalidad existente entre dichos ahorros y las ventajas fiscales que puedan estar en liza. De tal manera que pueda extraerse como consecuencia general que si, como consecuencia de dicho análisis, preponderan las ventajas fiscales debe considerarse que dicho hecho puede constituir una presunción de que dicha operación no se ha realizado por “motivos económicos válidos”, sin perder nunca de vista que lo único que habilita a inaplicar el régimen especial de neutralidad es la presencia de fraude o elusión fiscal.
En el caso particular, la fusión se realiza entre dos sociedades del mismo grupo, en la que la sociedad absorbida no realiza ninguna actividad, no posee ninguna participación financiera y sólo transfiere a la sociedad absorbente pérdidas fiscales de importe elevado y origen indeterminado. Aunque el resultado previsible termine siendo la inaplicación del régimen especial de neutralidad, en este caso el orden de los factores sí que altera el producto. No es lo mismo decir que como hay una sociedad inactiva en la operación se inaplica el régimen que, tras un análisis pormenorizado en el que se ponderan diferentes pros y contras, se inaplique el régimen fiscal especial.
En este sentido, en mi opinión personal, bienvenida sea esta sentencia del TJUE.
LA DGRN CONSIDERA QUE LA FALTA DE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS O AL SECTOR ECONÓMICO DE UNA ACTIVIDAD NO IMPLICA LA INDETERMINACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
12 diciembre, 2011 /0 Comentarios/en Derecho Mercantil Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
La Dirección General de los Registros y del Notariado en resolución de 5 de septiembre de 2011 revoca la calificación negativa del Registrador Mercantil y de Bienes Muebles III de Valencia, al no proceder a inscribir en su totalidad el artículo 2º de los Estatutos de una sociedad limitada, por considerar que el objeto social adolecía de falta de determinación y que el mismo era omnicomprensivo. El objeto social en cuestión era el siguiente: “Comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, e importación y exportación de toda clase de artículos y productos de lícito comercio”, siendo la primera parte del mismo la que no se inscribió.
Dicha calificación negativa fue objeto de una calificación sustitutoria conforme a lo dispuesto en los artículos 19 bis y 275 bis de la Ley Hipotecaria, correspondiendo resolver al Registrador de la Propiedad de Alberic, que mediante nota calificatoria de 9 de mayo confirmó la calificación negativa.
Ante esta situación el Notario autorizante de la escritura de constitución de la sociedad, que no fue constituida por vía telemática, interpuso un recurso contra la calificación del registrador sustituido, alegando, entre otras, las siguientes cuestiones:
– Que las sociedades reguladas en el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, es decir, las constituidas por vía telemática, no son sociedades diferentes y que funcionan exactamente igual a las que se constituyen de forma distinta.
– Que en los Estatutos-tipo regulados en una Orden Ministerial (Orden JUS/3185/2010) se establece como posible objeto de la sociedad el “Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación”.
– Que el registrador no puede dejar de aplicar la Orden Ministerial por no haberse constituido la sociedad de forma telemática.
– Que la validez del objeto social no puede depender de la forma en que se haya constituido una sociedad, ya que una vez constituidas dos sociedades, una de forma telemática y otra de forma distinta, el funcionamiento de ambas es el mismo. De ahí la vieja cita de “donde hay la misma razón debe aplicarse el mismo derecho”.
La DGRN no considera que en el caso concreto se den los supuestos de limitación del objeto social previstos en el artículo 178 del RRM, que establece, por un lado, que “no pueden incluirse en el objeto los actos jurídicos necesarios para la realización o desarrollo de las actividades indicadas en él” y, por otro lado, que “en ningún caso puede incluirse como parte del objeto social la realización de cualesquiera otras actividades de lícito comercio ni emplearse expresiones genéricas de análogo significado.” Según la DGRN, la primera prohibición se justifica por considerar innecesaria una enumeración de los actos jurídicos y la segunda por entender que expresiones de ese tipo convierten el objeto en indeterminado y genérico.
La DGRN, siguiendo resolución de 1 de diciembre de 1982 del Centro Directivo, considera que únicamente hay indeterminación si se utiliza una fórmula omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, pero no si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de carácter general. Por ello revoca la calificación impugnada al considerar que “no puede rechazarse la cláusula debatida por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, sin referencia a productos o a un sector económico más definido”.
Mi opinión sobre el tema es que, si bien el objeto social debatido resulta un tanto indeterminado en lo que se refiere al tipo de producto sobre el que recae la actividad que constituye el objeto social, realmente sí que está contemplado en el artículo 2ª de los Estatutos-tipo recogidos en la Orden JUS/3185/2010, por lo que, desde un primer punto de vista parece lógico admitir su validez. Sin embargo, lo que no está tan claro es que se pueda aplicar un artículo de los Estatutos-tipo a una sociedad que no se constituye por vía telemática, ya que la propia Orden que los regula establece que los Estatutos-tipo “se utilizarán por las sociedades de responsabilidad limitada cuando reúnan las siguientes características:…” siendo la primera de estas la de la constitución por vía telemática, además de otras, como la del capital no superior a 3.100 euros y la del órgano de administración, que no ha de ser un Consejo de Administración, circunstancias que no se dan en el caso cuestión.
Por todo lo expuesto, es de suponer que la resolución de la DGRN comentada habrá sido recurrida mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil correspondiente, por lo que habrá que esperar a un posible pronunciamiento judicial sobre el tema.
3 diciembre, 2011 /1 Comentario/en Noticias Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
El pasado jueves, 1 de diciembre, nuestro compañero Eneko Rufino, miembro de la Asociación Fiscal Española de Asesores Fiscales (AEDAF) participó como ponente en una tertulia que tenía como título “Cuestiones controvertidas de la retribución de administradores y socios“, un tema de mucho interés que se plasmó en el hecho de que la convocatoria estuviese completa en la sede que la AEDAF tiene en la madrileña calle Claudio Coello.
A continuación se deja el acceso a la documentación utilizada en la citada Tertulia.
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