Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-528-16.htm
Timestamp: 2017-10-20 19:42:07
Document Index: 185255527

Matched Legal Cases: ['artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 1960', 'artículo 60', 'artículo 136', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 16']

T-528-16
De conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal, el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una providencia judicial, se presenta en el momento en que una decisión adoptada por un juez desborda los límites que la norma constitucional y la ley le reconocen, al apoyarse en una disposición jurídica evidentemente inaplicable al caso concreto. Así por ejemplo, puede hablarse de vías de hecho en los eventos en que: (i) Se aplica una norma derogada que ya no produce efectos en el ordenamiento jurídico. (ii) Se aplica una norma vigente pero claramente inconstitucional para el caso concreto y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad. (iii) Se emplea una norma que es inconstitucional para el caso concreto. (iv) Se aplica una norma que ha sido declarada inexequible. (v) Se aplica una norma vigente y constitucional, pero que no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó. Por ejemplo, porque a dicha norma se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Relación
La jurisprudencia de esta Corte ha recalcado el carácter fundamental del derecho de acceso a la administración de justicia y su integración al concepto de núcleo esencial del derecho al debido proceso. Bajo esa premisa, el acceso a la administración de justicia es contemplado igualmente, como un derecho de configuración legal, y en tal medida, sometido a las consideraciones del legislador en torno a su regulación y ejecución material.
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Alcance
Las normas procesales y en sí los procesos, deben dirigirse a asegurar la prevalencia del derecho sustancial, la eficacia de los derechos y la protección judicial efectiva. Así, esta efectividad tiene el carácter de ser un principio y una garantía que debe ser asegurada por las disposiciones procesales fijadas por el legislador.
ACCION DE REPARACION DIRECTA-Término de caducidad
La jurisprudencia contencioso administrativa ha enfatizado que el momento a partir del cual debe contarse la caducidad de la acción de reparación directa en materia médico sanitaria es, en principio, el mismo establecido en la norma aplicable. No obstante lo anterior, la caducidad debe contabilizarse excepcionalmente, desde otros momentos, si el hecho no ha sido visible, razón por la cual el afectado no conoce los daños que acarreó el hecho o; en eventos en los cuales un tratamiento médico se prolonga en el tiempo, lo cual genera en el paciente una expectativa de recuperación o; cuando el hecho o la omisión administrativa se extiende en el tiempo y con ello el daño es perceptible solo en un período posterior o; cuando no se tiene claridad entre de los hechos que ocasionaron el daño.
HISTORIA CLINICA-Naturaleza y características
La historia clínica no es sólo una descripción del estado de salud de quien consulta o es atendido, sino que también es una secuencia de los procedimientos que se le realizan tanto por el médico tratante como por el equipo de salud (enfermeras y auxiliares) que lo asiste. De allí que en ella se dé cuenta de los actos médicos (diagnóstico y tratamiento), la evolución del paciente, la atención paramédica e inclusive los actos extra médicos.
HISTORIA CLINICA-Documento privado sometido a reserva
TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA-Mientras exista duda y oscuridad frente a elementos constitutivos de la responsabilidad estatal, sólo puede contabilizarse la caducidad desde el momento en que se tenga claridad de éstos
DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN PROCESO DE REPARACION DIRECTA-Vulneración por cuanto se incurrió en un defecto sustantivo al contabilizar la caducidad de la acción
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por incurrir en defecto sustantivo por cuanto la autoridad aplicó la norma al caso concreto, por fuera del ámbito de interpretación razonable, la normatividad y jurisprudencia sobre caducidad de la acción de reparación directa
Aunque la regla general en responsabilidad médica parte de la base de que la muerte configura el hecho dañoso, al no existir claridad sobre la posible participación del Estado en la misma y sobre los hechos que rodearon tal suceso, no puede contabilizarse el término de caducidad de la acción de reparación directa desde la fecha en que falleció la persona, sino desde el momento en que el conocimiento de tales hechos permitieron a sus familiares informarse sobre los antecedentes del caso.
Acción de tutela instaurada por las señoras Presentación Rodríguez Paz e Ingrid Apolonia Flórez Rodríguez contra el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Aquiles Arrieta Gómez, Alberto Rojas Ríos y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente:
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela dictados por la Sección Quinta y Primera del Consejo de Estado, promovida por Presentación Rodríguez Paz e Ingrid Apolonia Flórez Rodríguez.
El 12 de noviembre de 2015, Presentación Rodríguez Paz e Ingrid Apolonia Flórez Rodríguez actuando por medio de apoderado, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de conformidad con los siguientes:
1.1. Manifiesta el apoderado que el 29 de agosto de 2012 se llevó a cabo un procedimiento quirúrgico en el Hospital Central de la Policía, mediante el cual se pretendía extraer unos cálculos de las vías urinarias del patrullero Adrián Fernando Flórez Rodríguez.
1.2. Señala que el 31 de agosto, 12 y 20 de septiembre de 2012, el señor Adrián Fernando Flórez Rodríguez[1] solicitó al Hospital Central de la Policía Nacional copia de su historia clínica y autorizó expresamente a la señora Presentación Rodríguez Paz (su madre), para retirar y recibir dicho documento. Aduce que las peticiones referidas no fueron atendidas por la entidad.[2]
1.3. Expone que posteriormente, el 21 de septiembre de 2012 el señor Adrián Fernando Flórez Rodríguez falleció en medio de un procedimiento quirúrgico en el Hospital Central de la Policía Nacional.
1.4. Indica que con posterioridad al fallecimiento del señor Adrián Fernando Flórez, el 9 de octubre de 2012, la señora Presentación Rodríguez Paz requirió nuevamente duplicado de la historia clínica y allegó comprobante de la consignación del valor de las copias.[3]
1.6. Precisa que, con ocasión de lo anterior, el 16 de enero de 2015 la señora Presentación Rodríguez, en nombre propio y en representación de su hija Ingrid Apolonia Flórez Rodríguez instauró acción de reparación directa en contra del Hospital Central de la Policía Nacional, con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización a la que, en su parecer, tienen derecho ella y su hija por concepto de perjuicios causados con la muerte de su hijo, en su criterio, consecuencia de un mal procedimiento quirúrgico que se le realizó en el Hospital Central de la Policía.[4]
1.8. Manifiesta que, contra el auto que rechazó la demanda se presentó recurso de apelación arguyendo que “de conformidad con lo previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda procedía por cuanto las demandantes tuvieron conocimiento de los hechos y omisiones que causaron el daño mucho tiempo después de sucedida la muerte del señor Adrián Fernando Flórez Rodríguez”, con exactitud, en la fecha en que se les entregó la historia clínica del señor Adrián Fernando a partir de la cual, según arguyen, conocieron los hechos que dieron lugar al deceso de su familiar.
1.9. Expone que mediante auto del 21 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, confirmó la decisión del Juzgado 37 Administrativo y luego de citar y resaltar el literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, señaló que "de la atenta lectura del párrafo anterior, se infiere que el término de caducidad se debe contar a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho dañoso, el cual según las pretensiones de la demanda, consiste en las severas lesiones corporales sufridas como consecuencia de una falla del servicio médico, en un procedimiento quirúrgico llevado a cabo en Hospital Central de la Policía el día 29 de agosto de 2012, en el que se pretendía extraer unos cálculos de las vías urinarias del señor Adrian(sic) Fernando Flores(sic) Rodríguez, pero que concluyeron con su agonía y posterior deceso; y por los perjuicios materiales e inmateriales producidos a su familia con ocasión de esos mismos hechos".
“1. Que se amparen los derechos fundamentales de las señoras PRESENTACIÓN RODRÍGUEZ PAZ e INGRID APOLONIA FLÓREZ RODRÍGUEZ y en consecuencia se dejen sin efectos los autos proferidos el 17 de febrero de 2015 y 21 de julio de 2015, por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, que rechazaron por caducidad la demanda de reparación directa interpuesta por las accionantes, porque no se tuvo en cuenta la segunda premisa del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al Juez Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, desarchive y admita la demanda de reparación directa presentada en nombre de las señoras PRESENTACIÓN RODRÍGUEZ PAZ e INGRID APOLONIA FLÓREZ RODRÍGUEZ, por la falla del servicio médico que permitió que se presentara el deceso de su hijo y hermano, el señor [Adrián Fernando Flórez Rodríguez].”
1.11. Expone que las demandantes no evidenciaron el hecho dañoso (las lesiones ocasionadas al señor Adrián Fernando Flórez) el mismo día de su deceso; pues ante la imposibilidad física de revisar la historia clínica solo tuvieron conocimiento del aquel (en su criterio, la avulsión de su uréter[5]) cuando les fue entregado ese documento, lo que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2013, momento a partir del cual, según su interpretación del artículo 164 del CPACA[6], debían contabilizarse los dos años de caducidad de la acción.
1.12. Por lo anterior, concluye el apoderado, que el momento a partir del cual deben contarse los dos años para que opere la caducidad de la acción de reparación directa, es aquel en que se tuvo acceso a la historia clínica del difunto, único documento que les permitiría conocer las razones de muerte del señor Adrián y concluir si fueron producto de una falla en el servicio médico por parte del Hospital.
3.1. Mediante fallo del 21 de enero de 2016, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo por considerar que las entidades accionadas no trasgredieron los derechos fundamentales de las accionantes, toda vez que valoraron adecuadamente los hechos y las normas aducidas en la demanda de reparación directa[7] interpuesta por la señora Presentación Rodríguez Paz.
4.1. En escrito de fecha 29 de enero de 2016, las actoras impugnaron la sentencia de primera instancia, recalcando que el término de caducidad de la acción de reparación directa, debe contabilizarse a partir del momento en que tuvieron acceso a la historia clínica del señor Adrián Fernando Flórez Rodríguez (17 de diciembre de 2013), desde el cual pudieron constatar la ocurrencia de un daño antijurídico, consistente en su parecer, en la avulsión completa del uréter.
6.2. Copia del registro civil de nacimiento de Adrián Fernando Flórez Rodríguez que da cuenta que nació el 11 de febrero de 1984 (folio 15 del cuaderno principal de tutela).
6.3. Copia del registro civil de defunción de Adrián Fernando Flórez Rodríguez que evidencia que falleció el 21 de septiembre de 2012. En esta se lee que la causa de muerte “se encuentra en estudio” (folio 16 del cuaderno principal de tutela).
6.4. Copia del registro civil de nacimiento de Ingrid Apolonia Flórez Rodríguez que demuestra que la referida es la hermana del señor Adrián Flórez y que nació el 21 de octubre de 1981 (folio 17 del cuaderno principal de tutela).
6.7. Copia de la solicitud de fecha 31 de agosto de 2012 mediante la cual el señor Adrián Fernando Flórez Rodríguez pidió al Hospital Central Militar, entrega de una copia de su historia clínica (folio 55 del cuaderno principal de tutela).
6.8. Copia de la petición suscrita por el señor Adrián Flórez de fecha 12 de septiembre de 2012 por medio de la cual requirió la entrega del duplicado de su historia clínica (folios 56-57 del cuaderno principal de tutela).
6.9. Copia de la solicitud de fecha 20 de septiembre de 2012 mediante la cual el señor Adrián Fernando Flórez Rodríguez pidió que se le entregara duplicado de su historia clínica (folio 58 del cuaderno principal de tutela).
6.10. Copia del documento suscrito por la señora Presentación Rodríguez Paz radicado el 9 de octubre de 2012 a través del cual solicitó entrega de la copia de la historia clínica de su hijo (folios 59-60 del cuaderno principal de tutela).
6.12. Copia de la respuesta a la solicitud de fecha 9 de octubre elevada por la señora Presentación Rodríguez Paz, mediante la cual el Ministerio de Defensa Nacional le señala a la peticionaria que el valor de las copias es más alto, para que procediera a realizar dicho pago (folios 63-65 del cuaderno principal de tutela).
6.13. Copia del documento suscrito por la señora Presentación Rodríguez Paz radicado el 24 de octubre de 2012 mediante el cual solicitó entrega de “radiografías existentes en la historia clínica” de su hijo (folios 66-67 del cuaderno principal de tutela).
6.14. Copia del documento suscrito por la señora Presentación Rodríguez Paz radicado el 9 de noviembre de 2012 mediante el cual solicitó entrega de “imágenes videos y placas” de su hijo (folios 68-69 del cuaderno principal de tutela).
6.15. Copia de la respuesta a la solicitud HOCEN WEB_PQRS NÚM. 44.173 de fecha 27 de noviembre elevada por la señora Presentación Rodríguez Paz, mediante la cual el Director del Hospital Central de la Policía Nacional le indica que la misma fue remitida a la Jefatura del Departamento Quirúrgico para adelantar las acciones correspondientes (folio 70 del cuaderno principal de tutela).
8.1. Con base en los hechos descritos, corresponde a esta Sala definir si los fallos de los jueces que rechazaron la demanda de reparación directa por considerar que se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción, al contabilizar el término de la misma a partir de la muerte del familiar de las accionantes, y no desde la entrega de la historia clínica del fallecido, presentan un defecto sustantivo y/o vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los familiares del occiso, en el caso en concreto.
8.2. Para ello, esta Sala entrará a analizar los siguientes ejes temáticos: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por defecto sustantivo; (iii) derecho al acceso a la administración de justicia y la viabilidad constitucional de la imposición de cargas a los asociados; (iv) caducidad de la acción de reparación directa; e (vi) importancia de la historia clínica. Con base en dicho análisis, (vii) resolverá el caso concreto.
9. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
9.4. De acuerdo a lo expuesto, cabe reiterar sucintamente la jurisprudencia de esta Corporación en relación a este tema, sistematizada por la Sala Plena de este Tribunal Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005[12].
10. Procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales por defecto sustantivo[32].
“La Sala encuentra que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de […], efectivamente incurrió en un defecto sustantivo y desconoció el precedente constitucional por desestimar la aplicación del artículo 1960 del Código Civil en lo que se refiere a la cesión de derechos litigiosos, en concordancia con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil –sobre sustitución procesal- y la interpretación dada por la Corte a esta disposición en la sentencia C-1040 de 2000.”
11. Derecho al acceso a la administración de justicia y la viabilidad constitucional de la imposición de cargas a los asociados.
12. Caducidad de la acción de reparación directa.[51]
“ (…) como el día 23 de abril de 2009 la parte actora solicitó audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 23 Judicial II para Asuntos Administrativos de Cúcuta, en esa fecha operó la suspensión del término de caducidad de la acción de reparación directa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 del Decreto 1716 de 2009 y 21 de la Ley 640 de 2000, término que reanudó el día 18 de junio de 2009, fecha en la cual se expidió constancia de audiencia fallida. Así las cosas, el referido término se suspendió durante 57 días, por consiguiente se deben adicionar éstos a los días que faltaban para que caducara la acción, esto es 25 días, contabilizando 82 días desde el 19 de junio de 2009 –día hábil siguiente a la expedición de la certificación de la audiencia fallida de conciliación- hasta el 8 de septiembre de 2009, fecha en la cual finalizó el mencionado término de los dos (2) años. Dado que la referida demanda de reparación directa se interpuso el 4 de mayo de 2011, se impone concluir entonces que respecto de la acción invocada en el presente caso operó el fenómeno jurídico de caducidad, comoquiera que el día 8 de septiembre de 2009 venció el término de que trata el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., para presentar la acción de reparación directa. Así las cosas, está Sala confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en virtud del auto calendado el día 23 de junio de 2011.”
“Es forzoso concluir que a pesar de que el Tribunal no realizó una interpretación arbitraria de la norma de caducidad que era aplicable al caso de la demandante, ésta sí resultó violatoria de derechos fundamentales, pues derivó en la vulneración del debido proceso y en la denegación de acceso a la justicia. Lo anterior, implica que se configuró el defecto sustantivo por interpretación violatoria de derechos fundamentales. Análogamente, se encuentra acreditado el defecto fáctico por la falta de análisis del Tribunal Administrativo de Bolívar de las providencias del Consejo de Estado sobre la jurisdicción competente y las consecuencias sobre la caducidad de la acción de reparación directa. En este orden de ideas, la ausencia de esta valoración fue determinante para declarar probada la excepción de caducidad en la demanda instaurada por la señora Contreras Rodríguez contra el ISS. En suma, la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar de forma simultánea presenta un defecto sustantivo y fáctico. La interpretación exegética de la norma de caducidad de la acción de reparación directa realizada por el Tribunal no es admisible constitucionalmente, toda vez que circunscribir el análisis al ámbito legal sin estudiar los efectos de la posición variable de la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la jurisdicción competente para tramitar los procesos contra el ISS devino en una flagrante denegación de justicia. Así, como reiteradamente lo ha reconocido el Consejo de Estado, no resulta oponible a los demandantes la carga de la indefinición de la jurisdicción competente por la modificación de la jurisprudencia.”
“De conformidad con el acervo probatorio obrante en el proceso existen varios momentos desde los cuales se podría iniciar la cuenta del término para interponer la acción, a saber, a) desde el día siguiente en que presuntamente la madre fue contactada por un miembro del grupo subversivo y fue informada que su hijo había muerto en cautiverio; b) desde el día siguiente en que la madre siguiendo las indicaciones recogió un costal con los restos del que presuntamente era su hijo; c) desde el día siguiente en que el Notario Único del Círculo de Turbo registró la muerte del señor [soldado]. Para la Sala es claro, que el único momento que ofrece plena certeza sobre la muerte del soldado […], es, desde cuando fue registrada la muerte de éste, por tal razón la fecha en la cual deberá contarse el término de caducidad es a partir del día siguiente al diez (10) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992). En este orden de ideas, al haberse presentado la demanda el día veinte (20) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), se hizo dentro del término legal establecido para ello.”
13. Importancia de la historia Clínica.
Parágrafo. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente para los fines que de acuerdo a la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal.”
“Para que la Sala pueda determinar si la parte demandada incurrió o no en falla del servicio médico, se requiere sin lugar a dudas el documento en el cual se consignó la atención prestada al paciente, esto es, la historia clínica. Sólo en el mencionado documento, quedó plasmado el procedimiento seguido en el momento de la consulta; por lo tanto, allí se encuentra la prueba de la posible falla. Ante la imposibilidad para la Sala de conocer cuál fue el tratamiento y manejo dado al paciente que minutos después falleció en la consulta, no es posible concluir que se presentó una falla del servicio. Si bien la renuencia de la parte demandada a aportar al proceso la historia clínica -tantas veces solicitada por la parte actora-, debe ser tomada como un indicio de responsabilidad en su contra, lo cierto es que no existen suficientes elementos de juicio, que permitan demostrar que fue el diagnóstico errado de la sintomatología que presentaba el paciente, o la falta de tratamiento diligente, lo que dio lugar a la muerte del señor […].
En consecuencia, la Sala estima que es procedente acceder a la solicitud de la señora […], con el fin de ampararle el derecho a la información y, eventualmente, el acceso a la administración de justicia, que le están siendo desconocidos por la IPS […].”
13.22. Delimitado el contexto en que esta Sala debe resolver el caso en estudio, entrará a resolver el problema jurídico planteado.
14. Caso concreto
14.1. El 12 de noviembre de 2015, la señora Presentación Rodríguez Paz y su hija Ingrid Apolonia Flórez Rodríguez actuando por medio de apoderado, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
14.7. El Director del Hospital Central de la Policía Nacional, remitió informe relacionando la correspondencia remitida por el señor Adrián Fernando Flórez y por la señora Presentación Rodríguez Paz, en relación con la solicitud de la historia clínica del primero, en el que se lee:
“1. Mediante oficio S-2012-HOCEN- DACLI-78 de fecha 14092012 se le informa al Señor Patrullero (F) ADRIÁN FERNANDO FLÓREZ RODRÍGUEZ el valor a cancelar por concepto de copia de su historia clínica sistematizada el cual es de $20.900 pesos y que a su vez tiene disponible su historia clínica física para tomar a su costo las copias que estime pertinentes, recibido por la Señora PRESENTACION RODRIGUEZ el día 01102012; es de anotar que esta información corresponde a los eventos del 1 al 88 que para la fecha registran en la respectiva historia clínica sistematizada.
2. Por medio de oficio de confirmación de consignación de fecha 09102012 con radicado E-2012-009164 recibido en el Hospital Central el día 09102012 y en el Archivo Clínico del Hospital Central el día 09102012, la Señora PRESENTACIÓN RODRÍGUEZ realiza el pago correspondiente al valor señalado en el párrafo anterior.
3. Con oficio No. S-2012-022124 HOCEN-DACLI-78 de fecha 10102012 se hace entrega de impresión de 209 folios de la historia clínica sistematizada No.10301332, perteneciente al Señor Patrullero (F) ADRIÁN FERNANDO FLÓREZ RODRÍGUEZ, recibido por la Señora PRESENTACIÓN RODRÍGUEZ el día 19102012.
4. Para el día 09102012 la Señora PRESENTACIÓN RODRÍGUEZ realiza solicitud con radicado No. E-2012-009151 recibido en el Hospital Central y en el Archivo Clínico el día 09102012 al cual se emite respuesta mediante oficio No. S-2012-021709 HOCEN-DACLI-78 de fecha 11102012 indicando el valor a cancelar por concepto de copia de la historia clínica sistematizada del Señor Patrullero en mención por valor de $4.200 pesos; cabe señalar que la información corresponde a los eventos 89 y 90 más la descripción quirúrgica que para la fecha registran en la historia clínica sistematizada.
5. Una vez cancelado el valor correspondiente mediante radicado No. E-2012-009343 de fecha 17102012 por la Señora PRESENTACIÓN RODRÍGUEZ señalado en el párrafo número 5, se procede a realizar la entrega de la historia clínica mencionada en 42 folios mediante oficio No. S-2012-022123-HOCEN-DACLI-78 de fecha 18102012, recibido por la Señora PRESENTACIÓN RODRÍGUEZ el día 19102012.
6. Por Acción de Tutela No. 2013-00500-00 interpuesta por la Señora PAZ RODRIGUEZ remitida al Archivo Clínico del Hospital Central por la Oficina de Asuntos Jurídicos del HOCEN mediante oficio No. S-2013-003714/DIREC-ASJUR 10.8.4.1.1.1.12.4.1.5 de fecha 18022013 se hace entrega de un disco DVD correspondiente al procedimiento quirúrgico realizado al Señor Patrullero (F) ADRIÁN FERNANDO FLÓREZ RODRÍGUEZ el cual fue allegado […] mediante oficio No. S-2013-0363-DEQUI-HOCEN de fecha 07022015, disco recibido por la señora PRESENTACIÓN RODRÍGUEZ del día 18022013. Posteriormente se informó sobre lo actuado a la oficina de Asuntos Jurídicos del HOCEN mediante oficio No S-2013-003922-HOCEN-DACLI-78 con fecha 19022013 recibido en dicha oficina el día 20022013.
7. El día 12022013 el Tribunal de Ética Médica de Bogotá mediante oficio 02172013 recibido en el Hospital Central con radicado No E-2013-001297 el día 13022015 y en el Archivo Clínico el día 13022013, solicita copia de historia clínica completa del señor patrullero en mención a la cual se emite respuesta mediante oficio S-2013-004059-HOCEN-DACLI-78 con fecha 19022013 recibido por el ente de control el día 22202013.
8. La Señora PRESENTACIÓN RODRÍGUEZ radica Derecho de Petición de fecha 27/11/2012 recibido en el Hospital Central mediante radicado No E-2013-04110 el di a 28112013, recibido en el Hospital Central 28112013, en el cual solicita copia de las notas de enfermería que registran a nombre del señor (F) FLÓREZ RODRÍGUEZ, sobre el cual se emite respuesta mediante oficio S-2013-030892 HOCEN-DACLI-78 de fecha 02122013 enviada a la dirección de domicilio aportada por la peticionaria por medio de la empresa de correo certificado Servicios Postales Nacionales 4-72 con guía de correo No YG028324576CO de fecha 04122013.
9. Luego que la peticionaria realiza el pago correspondiente a lo señalado en el párrafo No 8 y procede a entregarlo en el Hospital Central bajo el radicado No E-2013-011407 de fecha 10122013 recibido en el hospital central y en el Archivo Clínico el día 11122013, se procede a emitir respuesta mediante oficio No S-2013-032305 HOCEN-DACLI-78 de fecha 17122013 enviada por medio de la empresa de correo certificado Servicios Postales Nacionales 4-72 con guía de correo No YG030236773CO de fecha 20122013 a la dirección de domicilio aportada por la peticionaria.
10. La oficina de Garantía de Calidad mediante oficio S-2014-DIREC/GARCA de fecha 03092014 recibida en el archivo clínico el día 03092014, solicita a ésta Jefatura copia de historia clínica del señor Patrullero (F) ADRIÁN FERNANDO FLÓREZ RODRÍGUEZ, entrega que se realizó mediante oficio No S-2014-005125-HOCEN-DACLI-78 de fecha 15092014 recibido por la oficina petente el día 15092015.”
14.8. Una vez relacionadas tanto las solicitudes recibidas por el hospital como las respuestas que aquel emitió a las mismas, concluyó que “el servicio de Datos y Archivo Clínico del Hospital Central ha emitido respuesta a los requerimientos interpuestos por el señor Patrullero (F) Adrián Fernando Flórez Rodríguez y la señora Presentación Rodríguez, por consiguiente se demuestra que la señora Presentación obtuvo de manera impresa la historia Clínica del señor patrullero en mención desde el día 19 de octubre de 2012, como se cita en el punto 3 de este informe”.
14.9.1. A continuación, procede la sala a verificar el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en el presente caso, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión, y de configurarse cada uno de ellos, esta Sala pasará a resolver de fondo el asunto.
14.10.1. El caso planteado a esta Sala de Revisión posee relevancia constitucional por las siguientes razones:
14.11.1. Los hechos por los cuales fue interpuesta la acción de tutela que actualmente estudia la Sala tienen origen en una acción de reparación directa. En este proceso se rechazó la demanda por considerar que se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción. Ante esta decisión el apoderado impugnó la decisión referida, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
14.15.2. Acreditados los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la Sala efectuará el estudio de fondo o de la procedencia material del amparo solicitado por las accionantes.
14.16.1. Con base en los hechos descritos, corresponde a esta Sala definir si el fallo emitido por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante el cual rechazó la demanda de reparación directa bajo el argumento de haberse configurado el fenómeno de la caducidad de la acción, y en consecuencia el emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que lo confirma, presentan un defecto sustantivo y/o vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
14.16.2. Lo anterior, al contabilizar el término de caducidad del mecanismo judicial desde la muerte del señor Adrián Fernando Flórez y no a partir de la fecha de entrega de su historia clínica, quien falleció en medio de un procedimiento quirúrgico en el Hospital Central de la Policía Nacional; documento que en parecer de las accionantes era necesario para poder estructurar con exactitud los antecedentes de la demanda.
“(…) la no entrega de la Historia Clínica del occiso no impide la presentación de la demanda, pues dicha prueba puede obtenerse además del derecho de petición y de la acción de tutela por vulneración de este derecho fundamental, a través de oficio en la misma demanda, la cual necesariamente debe aportar la demandada conforme lo ordena el penúltimo inciso del art. 175 del CPACA, el cual prevé que la inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima.”
“Se toma la fecha de muerte del señor Adrián Flórez, esto es, el 21 de septiembre de 2012, para determinar la caducidad de la acción del medio de control, así:
14.16.10. No obstante las diferencias señaladas en la forma en como contabilizaron el tiempo las dos autoridades demandadas, las dos partieron de la base de que el hecho dañoso fue la muerte del señor Adrián Fernando Flórez y a partir de ese día efectuaron el conteo. Ahora bien, considera esta Corte que dicha valoración fue desconocedora de los derechos fundamentales de las demandantes y de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de esta Corporación.
14.16.15. Exponen que debido a las características propias de su situación, dicho conteo debe iniciar desde la entrega de la historia clínica del señor Adrián Fernando Flórez, bajo la consideración de ser necesaria para poder redactar los antecedentes de la demanda, porque solo con la misma podían conocer con claridad los procedimientos y tratamientos médicos que se le realizaron al fallecido.
14.17.3. De conformidad con lo anterior, esta Sala encuentra que, al ser la historia clínica el documento idóneo para informarse sobre todas las actuaciones médicas relacionadas con una persona, las accionantes no tenían otro medio para conocer los sucesos relacionados con la muerte de su familiar y en consecuencia describirlos detalladamente en la demanda de reparación directa.
14.17.9. Justamente, las familiares del difunto podían tener conocimiento de que al mismo lo intervinieron quirúrgicamente por padecer de cálculos renales, pero sin conocer la historia clínica no podría describir en la demanda aspectos concretos. Por ejemplo, el 29 de agosto de 2012 en medio de un procedimiento quirúrgico, al retirar el equipo médico del cuerpo del señor Adrián Fernando Flórez Rodríguez, salió adherido a este, el meato ureteral presentándose avulsión completa del mismo[90], situación que los familiares no podrían conocer sin acceder al registro clínico del occiso.
14.17.10. De igual forma, no hubiesen tenido noción de que al señor Adrián Flórez Rodríguez ya le habían programado con anterioridad, una intervención quirúrgica que, según se describe en los antecedentes de la tutela, no se llevó a cabo con ocasión de unos problemas administrativos que se presentaron, de lo cual tuvieron conocimiento por lectura de la historia clínica.[91]
14.18.2. Las autoridades demandadas emitieron la decisión que se impugna, partiendo de la base de que las accionantes tuvieron acceso a la historia clínica desde el 17 de diciembre de 2013, es decir, varios meses después del fallecimiento del señor Adrián Flórez Rodríguez y que interpusieron la demanda extemporáneamente, aun cuando contaban con varios meses más para radicarla, por lo que, en su criterio, no era dable que alegaran que la imposibilidad de accionar derivó de no tener acceso a dicha documentación, porque finalmente la tuvieron.
14.18.3. Por una parte, no es preciso afirmar que las actoras recibieron la historia clínica de forma tardía -varios meses después de la primera solicitud-, toda vez que se evidencia en el acervo probatorio, en memorial suscrito por el Hospital Central Militar, contentivo de 39 folios[92], que la señora Presentación Rodríguez Paz tuvo acceso a dicho documento a partir del día 19 de octubre de 2012.[93]
14.18.8. Por subsiguiente, concluye esta Sala, que la falta de información y claridad para acudir a la justicia ordinaria al no contar con la historia clínica, en este caso en concreto, conduce a iniciar el conteo de la caducidad, a partir del día siguiente al de su entrega, esto es, desde el 20 de octubre de 2012.
14.18.14. En suma, esta Sala considera que en el caso en estudio se pudo haber acogido al aplicar el artículo 164 del C.P.A.C.A., una interpretación más acorde a la jurisprudencia de esta Corte y por lo mismo con un enfoque constitucional dirigido a la efectiva salvaguarda de los derechos fundamentales y al acceso material a la justicia más allá del derecho procedimental, tomando en cuenta las especiales circunstancias que rodean el caso concreto y contabilizando por ello el término de caducidad, una vez las actoras tuvieron acceso a la historia clínica de su familiar fenecido.
14.18.17. En este orden de ideas, una interpretación del artículo 164 del C.P.A.C.A., acorde con la salvaguarda de los derechos fundamentales, apuntaba a que no podía exigírsele a la madre y su hija iniciar la acción de reparación directa, cuando desconocían las intervenciones y tratamientos médicos de los que fue objeto el señor Adrián Fernando Flórez, ni las razones por las cuales había fallecido. Esto implicaba que la familia debía iniciar un proceso de reparación directa encontrándose en una notoria situación de desventaja frente a la administración pública.
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas el 21 de enero de 2016 por la Sección Quinta del Consejo de Estado y el 2 de marzo de 2016 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante las cuales negaron el amparo solicitado. CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de las señoras Presentación Rodríguez Paz e Ingrid Apolonia Flórez Rodríguez.
Tercero.- ORDENAR al Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá que, surta el trámite de primera instancia en el proceso de reparación directa instaurado por las señoras Presentación Rodríguez Paz e Ingrid Apolonia Flórez Rodríguez, conforme a la parte resolutiva de esta providencia. Para el cumplimento del fallo de tutela se concede el plazo de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia.
Cuarto.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en caso de ser impugnada la decisión proferida por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, imparta el trámite de segunda instancia dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de impugnación.
[1] Hijo de la señora Presentación Rodríguez Paz y hermano de Ingrid Apolonia Flórez Rodríguez, accionantes dentro de la tutela en estudio.
[3] Radicados E-2012-009151 y E-2012-009154. Copia del comprobante de pago No. 11289965 por un valor de $20.900. Folios 59 a 62 del cuaderno principal de tutela. Narra con exactitud que el 11 de octubre de 2012 el Director del Hospital Central de la Policía Nacional en respuesta a la petición elevada por la señora Presentación Rodríguez Paz el 9 de octubre de la misma anualidad, le informó “que la impresión de la historia clínica sistematizada de su hijo ADRIÁN FERNANDO FLÓREZ RODRÍGUEZ, quien se identifica con cédula de ciudadanía [Núm.] 10301332 consta de treinta y ocho (38) folios, más cuatro folios de descripción quirúrgica, lo cual tiene cuarenta y dos (42) folios con un costo de cien pesos ($100) cada folio para un total de cuatro mil doscientos pesos ($4.200), […] valor [que] debe consignarse en un formato de recaudo en línea del Banco de occidente […]" . Señala que el 17 de octubre de 2012, la señora Presentación Rodríguez Paz radicó el oficio mediante el cual confirmó la consignación para la expedición del duplicado de la historia clínica de su hijo y al cual anexó copia del comprobante de pago No. 11123255 por un valor de $4.200, dando cumplimiento a lo solicitado por el Director del Hospital Central de la Policía Nacional. Cuenta el apoderado que, el 24 de octubre de 2012 la señora Presentación Rodríguez Paz solicitó mediante escrito con radicado E-2012-00951 “todas las radiografías que reposan en la historia clínica y que le realizaron a [su] hijo”. Recalca que, el 9 de noviembre de 2012 la madre del difunto, presentó petición dirigida al Director del Hospital Central de la Policía Nacional y al Jefe del Departamento de Urología del Hospital Central de esa entidad, mediante la cual solicitó todas las imágenes diagnósticas del año 2012 y los videos de las cirugías practicadas el 29 de agosto y 20 de septiembre del 2012 a su hijo. De igual forma, agrega que elevó la misma solicitud vía telefónica ante varias dependencias de dicha entidad sin lograr su cometido. Explica que el 27 de noviembre de 2012 el Director del Hospital le informó a la señora Presentación que "en atención al requerimiento allegado a la oficina de atención al usuario del Hospital Central, permita informarle que a través de la página WEB de la Dirección de Sanidad, fue remitida a la Jefatura del Departamento Quirúrgico[la solicitud de la historia clínica], con el fin de adelantar acciones y/o medidas pertinentes a que haya lugar y brindar una respuesta siguiendo los lineamientos institucionales en la prestación de los servicios". Relata que el 16 de enero de 2013, el Director del Hospital Central de la Policía Nacional respondió la petición radicada en dicha entidad por la señora Presentación Rodríguez Paz y le informó que "en respuesta al derecho de petición, con radicado No. 026700 de fecha 18 de diciembre de 2012, sobre información (imágenes diagnósticas y videos de las cirugías de fechas 29 de agosto y 20 de septiembre de 2012), en aplicación a lo preceptuado en el artículo 16 de la ley 1437 de 2011, se hace necesario que […] indique el objeto o finalidad de su petición, toda vez que estos documentos hacen parte de la historia clínica, la cual ostenta el carácter de reserva legal”. Afirma que, en atención a la exigencia hecha por el Director del Hospital Central de la Policía, el 17 de enero de 2013 la señora Presentación Rodríguez radicó escrito ante dicha entidad, explicando el motivo por el cual solicitaba la historia clínica de su hijo, pese a que él mismo había autorizado en vida, que la misma fuera retirada por su madre.
[4] En las pretensiones de la demanda, entre otras, se lee: “que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Hospital Central de la Policía Nacional por las severas lesiones corporales sufridas como consecuencia de una falla del servicio médico en un procedimiento quirúrgico llevado a cabo en el Hospital Central de la Policía el día 29 de agosto de 2012 en el que se pretendía extraer unos cálculos de las vías urinarias del señor Adrián …”.
[14] “La procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibid.
[42] El Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el laudo arbitral proferido el 31 de octubre de 2002 por el Tribunal de Arbitraje convocado para dirimir las controversias surgidas entre el Fondo de la Armada Nacional Regional Atlántico y la sociedad Maritime Internacional Services Limitada -Marinser Ltda. con ocasión de la ejecución del Contrato 169/99. La entidad estatal argumentaba que el laudo arbitral en cuestión incurrió en defectos fácticos y sustantivos de distinta índole, los cuales terminaron por configurar una vulneración del derecho al debido proceso pues “los árbitros no tuvieron en cuenta ni las NORMAS LEGALES que estaban obligados a aplicar, ni las PRUEBAS obrantes en el expediente. Profirieron una sentencia en contra de la ley y condenaron al F. R. A. al pago de perjuicios sin que existiera ninguna prueba que permitiera proferir dicha condena”. En esta ocasión la Corte Constitucional manifestó que “en el caso concreto existían diversas opciones valorativas e interpretativas tanto de los hechos como de las pruebas y de las disposiciones normativas que se debatieron en el trámite arbitral. Ahora bien, de las diversas opciones interpretativas y valorativas la mayoría de los miembros del tribunal arbitral acogieron aquellas que eran contrarias a los intereses del F.R.A. y que favorecían las pretensiones de la parte convocante, sin embargo, ninguna de las posturas acogidas en el laudo arbitral configura un defecto de entidad suficiente para que prospere el amparo constitucional solicitado.”
Parágrafo. Las autoridades de policía prestarán toda su colaboración para hacer efectiva la comunicación de la citación a la audiencia de conciliación.”
[81] A través de escrito de fecha 29 de enero de 2016, las actoras impugnaron la sentencia de primera instancia, recalcando que el término de caducidad de la acción de reparación directa, debe contabilizarse a partir del momento en que tuvieron acceso a la historia clínica del señor Adrián Fernando Flórez Rodríguez (17 de diciembre de 2013), desde el cual pudieron constatar la ocurrencia de un daño antijurídico, consistente en la avulsión completa del uréter.
[83] Ingrid Apolonia Flórez Rodríguez nacida el 21 de octubre de 1981.
[93] Segundo cuaderno de tutela. Folio 36. Se evidencia contestación del Director del Hospital Central, dirigida a la señora Presentación Rodríguez Paz remitiendo impresión de la historia clínica en 209 folios por cara y cara, con la firma de recibido de la señora Presentación quien al parecer con su puño y letra, adiciona la fecha del día 19 de octubre de 2012.