Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-00755-de-mayo-20-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e028ad835ebe00dae0430a01015100da&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-21 01:06:51
Document Index: 269502097

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 311', 'artículo 357', 'artículo 25', 'artículo 63', 'artículo 357', 'artículo 311', 'artículo 359', 'artículo 359']

﻿ Sentencia 1998-00755 de julio 24 de 2013
SENTENCIA 1998-00755 DE 20 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:LICENCIA URBANÍSTICA. AUN CUANDO SE PUEDE IDENTIFICAR EN CABEZA DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES UN DEBER GENÉRICO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS POR PARTE DE LOS PARTICULARES, NO ES MENOS CIERTO QUE NO SE LE PUEDE ENDILGAR A LAS ENTIDADES TERRITORIALES UNA RESPONSABILIDAD GENÉRICA POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE SE HAGA DE LAS REFERIDAS NORMAS, PARA ESTO RESULTA NECESARIO QUE LAS AUTORIDADES TUVIERAN CONOCIMIENTO O SE ENCONTRARAN EN UNA SITUACIÓN EN LA QUE FUERE POSIBLE CONOCER DICHA VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, MUNICIPIO, LICENCIA URBANÍSTICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, LITISCONSORTE
Sentencia 1998-00755 de julio 24 de 2013
Rad. 520012331000199800755-01(25.165).
Ref.: Solicitud adición de sentencia
Demandante: Auro Édgar Díaz Rosero y otros.
Demandado: Municipio de Pasto.
Procede la Sala a pronunciarse en relación con la petición de adición de fallo que formularon los señores Luis María Villota y Flor Alba Bravo Villota (demandantes) respecto de la sentencia que dictó esta Subsección dentro del presente proceso, el día 20 de mayo de 2013.
En relación con la adición de sentencias, la Sala —en aplicación del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo—, se remite a las normas legales contenidas en el estatuto procesal civil, el cual, en su artículo 311 —inciso primero—, dispone lo siguiente:
“ART. 311.—Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término”.
La Subsección denegará la petición de adición respecto del fallo fechado el 20 de mayo de 2013, por cuanto no es cierto que dentro de dicha decisión se hubiere omitido efectuar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de los señores Luis María Villota y Flor Alba Bravo Villota.
Nótese cómo dentro de la sentencia materia de adición, precisamente a título de consideración previa en el acápite número 5º, titulado “Los perjuicios” (fl. 907-912, cdno. ppal.), se consignaron unas precisiones en torno al objeto del recurso de apelación, en los siguientes términos:
“(...) 5. Los perjuicios.
El tribunal a quo condenó en abstracto a la entidad demandada “a asumir el cincuenta por ciento (50%) del costo de reparación de las viviendas para dejarlas en estado de ser habitadas, o el 50% del valor comercial, si ello no fuere posible” (fl. 739, cdno. ppal.), aspecto que fue objeto del recurso de apelación interpuesto por los demandantes Graciela de Jesús Villarreal Jaramillo y Jesús Ezequiel Torres Jiménez.
Antes de entrar a analizar el recurso de apelación propuesto por dos de los demandantes, la Sala encuentra pertinente realizar las siguientes precisiones en torno al alcance del recurso de apelación en el presente caso concreto.
Al respecto resulta pertinente y necesario recordar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:
‘La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella (...)’ (destacado adicional).
‘En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(1) de la sentencia como el principio dispositivo(2), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum‘(3).
“Ahora bien, en el caso que ahora se decide en segunda instancia, la Sala encuentra que la parte actora se compone de dos grupos de demandantes, cada uno de ellos representado judicialmente por profesionales del derecho distintos: el primero de los grupos lo componen los señores Auro Édgar Díaz Rosero, Flor Alba Benavides Peña, José Fernando Díaz Benavides, Evelyn Catalina Cerón Benavides, Édgar Gilberto Delgado Córdoba, Paulo Andrés Delgado Caicedo, Jaime Alfredo Ojeda Delgado, Omaira Consuelo Romo Ramos, Andrea Manuela Ojeda Romo, Daniel Jeremías Castillo Ch., Maura Ilia Castillo V., Silvana Katerin Castillo Castillo, Misael Tello Leyton, Inés Saturia Erira Calpa, Gilberto Alirio Gelpud M., Esperanza Rosero, Ricardo Jesús Fajardo Pabón, Luz Helena Perdomo, María Alejandra, Juan Pablo Fajardo Perdomo, Paola Andrea Fajardo Perdomo, Luis María Villota Guaitarilla, Floralba Bravo Villota y Carlos David Villota Bravo; el segundo grupo de demandantes lo componen los señores Graciela de Jesús Villarreal Jaramillo y Jesús Ezequiel Torres Jiménez; solo estos últimos, actuando mediante apoderado judicial, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
Para la Sala, atendiendo el carácter dispositivo inherente al recurso de apelación al que ya se ha hecho alusión; teniendo en consideración tanto lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 196 de 1971, por cuya virtud: “Nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este Decreto”, como las previsiones del artículo 63 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:
ART. 63.—Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa..
Y dado que aun cuando el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, dispone que en aquellos casos en que ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido ‘el superior resolverá sin limitaciones”, la Sala encuentra que, en el presente caso concreto, a pesar de que en estricto sentido ambas partes interpusieron recurso de apelación, solo uno de los grupos que integran la parte actora consideró que la sentencia le resultó desfavorable a sus intereses, mientras que el otro grupo no intervino en esta etapa procesal, no adhirió a los recursos de apelación interpuestos, ni hizo ejercicio del derecho de postulación en segunda instancia, sólo se podrá resolver lo relativo a la situación procesal de los señores Graciela de Jesús Villarreal Jaramillo y Jesús Ezequiel Torres Jiménez y mantendrá incólume la sentencia de primera instancia respecto de los demás demandantes’” (destacado fuera de texto).
En ese sentido, al revisar el fallo dictado el 20 de mayo de 2013, se impone concluir que no existen en realidad puntos o extremos del litigio que no hubieren sido objeto de decisión y que, por lo tanto, pudieren ameritar o requerir la expedición de una sentencia complementaria, por cuanto fue en la sentencia de primera instancia en la que se excluyó de la referida indemnización por perjuicios morales a los señores Luis María Villota y Flor Alba Bravo Villota y no en la de segunda instancia, aspecto que no fue objeto de apelación por quienes hoy solicitan la adición de la sentencia del 20 de mayo del año en curso, proferida por la Subsección A de esta corporación.
A lo anterior se añade que al analizar el contenido de la solicitud de adición que presentaron los señores Villota y Bravo Villota, resulta claro que lo por ellos pretendido mediante ese mecanismo es obtener el reconocimiento de unos perjuicios cuya denegatoria no fue objeto de apelación en el momento oportuno, cuestión que escapa, por completo, a los propósitos de la figura de adición de una providencia judicial; al respecto, esta corporación ha sostenido(4):
“1. Adición de sentencias.
Tal como ya se expresó, a voces del artículo 311 eiusdem la solicitud de adición procede cuando quiera que el juzgador omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, evento que bien puede asimilarse a lo que la doctrina extranjera denomina sentencia citra petita (Ne eat iudex citra petita partium)(5).
Nótese que este correctivo jurídico ha de adoptarse mediante sentencia complementaria, en orden a que sea allí donde se tome la determinación que dejó de resolver dentro de las solicitudes a su consideración al momento de proferir el fallo y, de esta suerte, se agregue o añada la providencia incompleta. Lo que da tanto como afirmar que la adición solo tiene lugar cuando se presenta uno o varios puntos no decididos dentro del pronunciamiento judicial.
Como quiera que en este evento también resulta predicable la regla arriba señalada (principio de la inmutabilidad de la sentencia por parte del juez que la profirió), no es procedente entrar a introducir modificaciones al proveído pretextando una supuesta adición(6): Tan solo se trata de “proveer adicionalmente pero sin tocar lo ya resuelto”(7) (destacado del texto original).
Así las cosas, se denegará la solicitud de adición.
DENEGAR la solicitud de adición formulada por la parte demandante respecto de la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, el día 20 de mayo de 2013.
(1) Cita textual de la sentencia: “En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del Expediente 32.800, con ponencia de la señora magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó:
(2) Cita textual de la sentencia: “Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:
“(...). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (destacado adicional). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106”.
(3) Cita textual de la sentencia: “Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997”.
(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 28 de abril de 2005, Exp. 25560-A, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(5) Cita textual del fallo: “A juicio de aragoneses: “Existe la incongruencia por citra petita cuando la sentencia omite decidir sobre algunas de las pretensiones formuladas. El artículo 359 de la LEC establece que la sentencia ha de decidir ‘todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate’. Se señala, pues, en dicho artículo el carácter exhaustivo que han de tener las resoluciones.
“El art. 6º del Código Civil establece la obligación de los tribunales de fallar; este criterio de atendibilidad general se desarrolla por el artículo 359 en el sentido de que no tiene solo que resolverse sobre lo principal, sino sobre todas las cuestiones y problemas que hayan sido planteados por las partes.
“El órgano jurisdiccional incumple su oficio, dando lugar al vicio de incongruencia cuando no resuelve todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate, lo que quiere decir, por una parte, que los puntos no discutidos pueden ser resueltos de una forma implícita con tal de que el fallo se acomode a las peticiones de los litigantes, pero que es una exigencia legal la de la resolución de todas las cuestiones que hayan sido debatidas.” (Aragoneses Alonso Pedro, Sentencias congruentes: pretensión, oposición, fallo, Madrid, Editorial Aguilar, 1957, pág. 116)”.
Sobre esta modalidad de incongruencia o defecto de la sentencia ver también Guasp, Derecho Procesal Civil, Madrid, 1962, pág. 964 y ss. y Rocco, Hugo, Tratado de derecho procesal civil, Ed. Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1969.
(6) Cita textual del fallo: “Si de lo que se trata es de adicionar, se entiende que bajo ningún aspecto se puede revocar la sentencia” Parra Quijano, Op. Cit., pág. 243.
(7)Cita textual del fallo: “López Blanco, op. cit. pág. 655”.