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Timestamp: 2016-10-25 07:12:29
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Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 130', 'artículo 11', 'artículo 4']

Jesús Henríquez Giménez
1 InDret REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO WWW. INDRET.COM Una lectura crítica de la Ley de Indulto Universidad Complutense de Madrid BARCELONA, ABRIL 20082 Abstract Si hay algo sobre la institución del indulto en lo que todos se muestran conformes, es que la misma ha quedado sumamente obsoleta. Así lo demuestran bibliografía y práctica más recientes. El análisis de Sánchez-Vera parte de esta realidad, para confeccionar un cuerpo crítico que, tras desnudar la Ley de Indulto y dejar a la luz sus contradicciones más relevantes, llega a posicionarse en tesis probablemente abolicionistas, en particular de la mano de la utilización del instituto jurídico cuestión de inconstitucionalidad vs. la medida de gracia. En todo caso, también para el supuesto que se quisiese mantener en nuestra legislación el indulto, el trabajo propone algunas mejoras en la institución, como la claridad sobre la legitimación activa en su solicitud, la supresión de la pretensión de arrepentimiento del susceptible de la gracia, la recurribilidad de la decisión, y otras, que van desmenuzándose poco a poco a lo largo del trabajo. If everybody agrees with something about the institution of pardon this is that it is completely obsolete, the most recent bibliography and practice proving it. Sánchez-Vera s analysis starts from this reality, to make up a critical body that, after undressing Pardon s Law and exposing its most prominent contradictions, reaches theories probably abolitionists, specially by using the constitutional questions vs. prerogative of mercy. In any case, also on the assumption that we want to maintain in our laws the pardon, this paper suggests some improvements on the institution, as the clarity about the standing on the application, the lifting of the remorse hope on the mercy petitioner, the appeal against the decision, and other ideas spread through the paper. Neue Rechtsprechung und Literatur sind darüber einig, dass die Institution der Begnadigung in der spanichen Gesetzgebung sehr veraltet ist. Sánchez-Vera s Arbeit geht von dieser Realität aus, um einen kritischen Systementwurf zu bilden, der die wichtigste Widerspruche am Begnadigung-Gesetz zeigt. Somit kommt der Autor zu einem Ergebnis, das sehr wahrscheinlich die Abschaffung der Begnadigung bedeutet, und für andere Verfassungsrechtsmittel (etwa cuestión de inconstitucionalidad ) plädiert. Auf jedem Fall, wünscht man bei der Institution der Begnadigung noch bleiben, schlägt Sánchez-Vera einige Besserungen vor: ein Versuch, Klarheit über die Gnadenbestellung zu schaffen, die Abschaffung der Reue als notwendige Bedingung, das Gnadenverfahren solle justitiabel sein, d.h. die Möglichkeit gerichtlicher Nachprüfung auch für Gnadenerweise, u.s.f. Title: Pardon law, a critical review Titel: Kritische Betrachtung des Gnadengesetzes Palabras clave: indulto, amnistía. Key-words: pardon, amnesty. Stichwörter: Begnadigung, Amnestie. El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación en la Universidad Complutense de Madrid que sobre las reformas penales y procesales es dirigido por el Prof. Dr. Luís Rodríguez Ramos, con número de referencia: SEJ /Juri. 23 Sumario 1. La obsoleta regulación 2. Naturaleza jurídica y breve excursus sobre la amnistía 3. Ámbito de aplicación 4. Legitimación activa y cuestión de inconstitucionalidad vs. aparentes supuestos graciables 5. Legitimación pasiva 6. Otros requisitos para la concesión del indulto: interpretaciones conforme a la Constitución 7. Final del procedimiento de indulto y corolarios: recurribilidad, control y otros 8. Jurisprudencia citada 9. Bibliografía citada 34 1. La obsoleta regulación 1.1 La Ley reguladora del ejercicio de la gracia de indulto fue publicada por vez primera el 18 de junio de 1870, y hoy día aún se haya vigente, si bien tras diversas modificaciones, habiendo sido la última la operada por Ley 1/1988 de 14 de enero, publicada en el B.O.E. de 15 de enero 1. A ella ha de ser añadido, en particular, el Decreto de 22 de abril de 1938 entiendo que también todavía vigente, con sus modificaciones posteriores. Por su parte, el artículo 62 i) de la Constitución se ocupa de forma sucinta de la clemencia en general, y estable que corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales Desde luego, cuando el Constituyente mencionó en este último precepto la Ley, parece poco probable que quisiese la perpetuación de una norma de 1870, y así, vaya por delante desde ya que, verdaderamente, se echa en falta un desarrollo constitucional y moderno de la institución del indulto; en un sentido o en otro: restrictivo o hasta derogatorio, o bien de afianzamiento y modernización, pero, en todo caso, adaptado a nuestro actual Estado de Derecho. La vetusta Ley de 1870, aun reformada por no decir, remendada, poco aclara sobre múltiples aspectos de este derecho de gracia del que el indulto es una manifestación más: desde el papel que puedan y deban jugar en la institución conceptos como el de la reincidencia o el arrepentimiento los cuales pueden haber quedado arcaicos en las previsiones de la antigua Ley, hasta cuándo el juzgador o el gobierno deben comportarse de forma taxativa, pues la Ley adolece de una muy amplia indeterminación en sus disposiciones, pasando por una, cómo no, revisión general de la institución a la luz del actual sistema democrático basado en la división de poderes. En definitiva, si es que se desea mantener este sistema de clemencia como parece, más que una reforma, lo necesario y conveniente sería una nueva ley reguladora. 1.3 En primer término, como decimos, la Ley, a pesar de la muy delicada materia que trata estamos ante una cuestión casi siempre atinente a la libertad, establece unas directrices alto inconcretas. En numerosos artículos parece quererse imponer 1 Todos los artículos citados a continuación sin otras referencias, son de esta Ley. 2 Es la Ley, pues, la que no puede autorizar indultos generales, no el Rey, ya que en este caso habría sido utilizado el pronombre quien. 45 una regla, que inmediatamente después resulta excepcionada, quedando de este modo el precepto, en definitiva, vacío de contenido. No podrán gozar del derecho de gracia los reincidentes, dice el artículo 2.3, por ejemplo, excepto si el Tribunal sentenciador considera que hay razones de justicia y equidad bastantes; de este modo, en verdad, nada se ordena sobre cómo habrá de procederse con penados reincidentes. O bien: puede accederse al indulto de las penas accesorias y de las principales, siendo unas independientes de las otras, a no ser que las mismas sean inseparables (art. 7); con ello, de nuevo, no existe regulación alguna, en definitiva, sobre este importante extremo. Lo mismo sucede cuando la ley dispone que el indulto no comprende la devolución de la multa ya pagada, a no ser que se disponga otra cosa (art. 8), lo cual lleva en suma a que, respecto de la multa, se pueda adoptar cualquier decisión, que todo será correcto. Asimismo, la ley permite que pueda ser conmutada la pena en otra menos grave dentro de la misma escala, a no ser que se considere que hay méritos suficientes para lo contrario (art. 12): una vez más, como vemos, una regulación carente de toda sustancia. O, por citar un último ejemplo: conmutada la pena principal, se entenderán conmutadas también las accesorias, a no ser vuelve a rectificar el legislador decimonónico que se disponga lo contrario (art. 13). Sean éstos algunos de los muchos ejemplos, pues, que podrían ser propuestos, en el sentido de la muy amplia indeterminación a la que dicho de forma ciertamente benévola nos hemos referido supra. 1.4 Por lo demás, a la vista de un Código Penal como el de 1995, que ha asumido sin duda el llamado sistema de doble vía, pues prevé en su seno como consecuencias jurídicas, tanto penas, como medidas de seguridad, una Ley de Indulto acorde y consecuente con dicho sistema exigiría, naturalmente, un pronunciamiento expreso sobre las posibilidades de gracia de las medidas de seguridad, en un sentido o en otro. Al respecto, la antigua Ley de Vagos y Maleantes de la II. República, fechada en 1933, en su artículo 19, excluía expresamente a las medidas de seguridad del beneficio del indulto, pero, naturalmente, dado el carácter de esta Ley, irrespetuoso con el derecho penal del hecho, ninguna conclusión segura podrá ser extraída de ella para nuestro actual sistema. En general, este único apunte que exponemos de comparación de la Ley de Indulto y de un Código Penal que entra en vigor más de un siglo después, puede y debe ser generalizado: 3 cambio de perspectivas, nuevos enfoques de la teoría de la pena, 3 Y lo mismo cabe decir, qué duda cabe, de una confrontación tan necesaria con el propio Texto Constitucional, como también tendremos ocasión de mostrar a lo largo del presente trabajo. Quien desee profundizar en esta materia que no es otra cosa que profundizar en la materia no puede dejar de consultar dos obras monográficas: GARCÍA MAHAMUT, Rosario 56 originales avances de la teoría jurídica del delito, radicales transformaciones en los posibles sujetos pasivos de las penas las personas jurídicas y, por ende, de las medidas de gracia, y un largo etcétera de novedades, todo pretende ser mantenido sin más, cómo si nada hubiera cambiado, superpuesto a una anciana y hasta achacosa Ley de Indulto. Por respeto a los penados urge una nueva ley, desde luego, si es que se desea mantener un tal sistema de clemencia, y, si no, pues lo que se impone es su derogación. 2. Naturaleza jurídica y breve excursus sobre la amnistía 2.1 Existen una serie de supuestos los cuales, con mayor o menor extensión u operatividad, traen consigo que la pena, a pesar de ser la consecuencia jurídica del delito, no sea aplicable; en suma, que quede excluida. Estamos en estos casos ante las causas de exención o exclusión de la pena. 4 No es que el delito se niegue o se extinga, como en ocasiones se ha pretendido, sino que, por el contrario, se expresa tan sólo una renuncia a la pena cuando su no aplicación produce más ventajas que inconvenientes. Ninguna de dichas causas, por tanto, es proyectada sobre el delito el cual ya ha existido y es perfecto, sino sobre la pena; o, si se quiere, no sobre la punibilidad, sino sobre su proceso de concreción, e incluso, más particularmente, en algunos casos como de forma habitual, precisamente, en el indulto, cuando la misma ya ha entrado en la fase de ejecución. Se contempla la pena y no, por ende, el delito. Se actúa sobre aquélla, y no sobre la punibilidad. De suerte que tales causas ni extinguen el delito, ni tampoco lo niegan: el delito ya ha existido, ha pasado si se quiere, pero no desaparece, ni se niega, sino que es, precisamente, el presupuesto sine qua non de la media de gracia. 5 Con estas causas, por consiguiente, la punibilidad no se ve menoscabada, ni tampoco así elemento alguno de la estructura del delito, puesto que aquélla subsiste, abstractamente, en la previsión de la norma. A pesar de ello, la institución del indulto puede que afecte a la restauración de la vigencia de la norma: la norma, El indulto Un análisis jurídico-constitucional, Madrid y Barcelona 2004; y AGUADO RENEDO, Cesar, Problemas constitucionales del ejercicio de la potestad de gracia, Madrid Por todos, COBO DEL ROSAL, Manuel/VIVES ANTÓN, Tomás Salvador, Derecho Penal, Parte General, 5.ª ed., Valencia 1999, pp. 947 y ss., 950 y ss.; una bibliografía española histórica sobre el indulto (en especial: PACHECO, Joaquín Francisco, ARENAL DE PONTE, Concepción, DORADO MONTERO, Pedro, etc.), en: LINDE PANIAGUA, Enrique, Amnistía e indulto en España, Madrid 1975, nota 10 en pp. 18 y ss. 5 Una crítica de las distintas tesis en: COBO DEL ROSAL, Manuel, La punibilidad en el sistema de la Parte General del Derecho penal español en Estudios penales y criminológicos (T. VI), 1983, pp. 49 y ss. 67 tras la comisión del delito, se estabiliza habitualmente mediante la pena (la negación hegeliana de la negación que es el delito), 6 y toda clemencia irrumpe de forma abrupta en dicha estabilización, desestabilizando el propio sistema. Importa pues, y mucho, que la pena no se aplique, o que su ejecución se vea interrumpida; aunque el delito se encuentre completo y afirmados todos y cada uno de sus elementos constitutivos, no se produce de forma completa la reafirmación de la vigencia de la norma: si bien se da un primer paso para ello mediante la firmeza de la sentencia que impone la pena aspecto simbólico y, por ende, ya comunicativamente relevante, debiera ser necesaria también su ejecución las sentencias claman por ser ejecutadas, se dice con razón. Son dudas éstas que aquí son traídas de la mano de una concepción del Derecho penal como estabilizador de las expectativas dentro de un sistema constitucional de derechos fundamentales, pero que probablemente puedan ser predicadas igualmente desde otras perspectivas: desde las teorías de la prevención especial, desde la prevención general negativa, y otras. 2.2 En cuanto a la amnistía, la Constitución guarda un absoluto silencio acerca de ella. 7 La doctrina penal ha entendido que la ausencia de específica prohibición, por un lado, y el genérico reconocimiento constitucional del derecho de gracia, por otro, deben conducir a la admisión de la amnistía, si bien entendida como una modalidad por demás extraordinaria y siempre estrictamente regulada por la propia Ley que la conceda. 8 A nuestro entender, la Constitución debiera también haber prohibido expresamente la amnistía, por las mismas o más razones que no son permitidos los llamados indultos generales. 9 Es más: creemos que puede mantenerse, que si los indultos generales están constitucionalmente prohibidos, con mucha mayor razón debiera entenderse prohibida la amnistía. Probablemente carezca de sentido, desde luego, prohibir lo menos (indultos generales), y permitir lo más (amnistías), aunque tampoco desconocemos que como quiera que éstas habrían de ser concedidas por el Parlamento en virtud de Ley, puede que las razones últimas que ciertamente limitan la potestad de gracia e impiden la gracia general tal vez no afecten al poder legislativo de las Cortes generales. En todo caso, la jurisprudencia constitucional 6 Cfr. LESCH, Heiko Hartmut, La función de la pena, Madrid 1999 (trad. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles), pp. 11 y ss., 45 y ss. 7 La Constitución de 1931, por su parte, sí distinguía en su artículo 102 entre indultos generales y amnistía. Los primeros estaban prohibidos y, la segunda, sólo podía ser acordada por el Parlamento. La actual, como hemos visto, al no hacer referencia a la amnistía, desconoce la institución, dejando abierta la cuestión a la controversia doctrinal. 8 Por todos, QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Manual de Derecho Penal, Parte General, con la colaboración de Fermín MORALES PRATS y José Miguel PRATS CANUT, 2.ª ed., Elcano 2000, p. 764; AGUADO RENEDO, Problemas constitucionales, 2001, pp. 74 y ss. De otra opinión, MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 7.ª ed., Barcelona 2004, 33/13 y ss. 9 Cfr. también MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 2004, 33/16. 78 italiana ha apuntado al respecto un principio difícil de observar en las leyes individuales: la necesaria sumisión de la amnistía al principio de igualdad. 10 La discusión, en consecuencia, debe centrarse en la admisión o no de tal medida de gracia, pues, como dijera Dorado Montero, una vez admitido el poder para la concesión de amnistías, el mismo no conoce límites. Sin embargo, precisamente por ello, tal instituto es de difícil compatibilidad con la concepción general de un Estado de Derecho (artículo 1.1 de la Constitución); aunque hubiera que entender que la amnistía no se halla vedada per se absolutamente en un Estado de Derecho, es preciso reconocer que la disposición parlamentaria que la acordase resultaría constitucionalmente sospechosa. En todo caso, por lo que al derecho positivo actual se refiere, el artículo 130 del Código Penal no hace referencia alguna a la amnistía como un caso de exclusión de la pena, o, si se quiere, de extinción de responsabilidad criminal a diferencia del derogado artículo º, de modo tal que, como concreción del derecho de gracia, el Código sólo reconoce al indulto particular, lo que debería llevar a la conclusión de que la discusión sobre la posibilidad de la amnistía carece hoy día, ya, de toda vigencia. 2.3 Y es que, en general, las críticas que pueden y deben hacerse a la institución de la clemencia, son muchas y muy fundadas, no sólo en su modalidad de amnistía, sino también en su vertiente de los indultos generales e, incluso, respecto de los indultos particulares, reconocidos por la Constitución, probablemente como concesión al pasado a un pasado sin un Estado de Derecho en la actual inteligencia, pero para sorpresa jurídica del presente y decimos sorpresa, pues nada nos ha sido explicado de las medidas graciables por y desde las actuales concepciones del Estado. Estas manifestaciones del Derecho de gracia no son más que expresión aguda de la mala conciencia en la legislación y justicia penales. Parecen constituirse en una suerte de propia autonegación del Derecho penal vigente, pues, por lo general, es la propia Ley la que desempeña, contra la medida de gracia, esa función negadora. Por ello, no puede extrañar que la doctrina penal haya mostrado habitualmente su rechazo a los institutos de la amnistía y del indulto general, y, desde luego, muchos de los reproches que a ellos se hacen son perfectamente predicables de los indultos particulares. El problema más grave que plantea este tipo de medidas de gracia es que suponen un atentado frontal para el principio de legalidad de los delitos y de las penas. Por eso, una política general de indultos y amnistías nos sitúa en épocas históricas, lógicamente, pues en aquéllas dicho principio de legalidad no regía, o, lo que es lo 10 Vid., v. g., S.S. n.º 4/1974 y 214/9 mismo, etapas pretéritas en las que no podía afirmarse la vigencia del Estado de Derecho y la aplicación del Derecho penal no se hallaba separada del poder político estatal. En efecto, el derecho de gracia no es más que una supervivencia clemente que ha llegado hasta nuestros días, y, en sus manifestaciones más generales, adolece de motivaciones netamente políticas. 11 No se trata más que, en definitiva, de una renuncia expresa al ejercicio del poder punitivo del Estado, fundada en razones de convivencia política, la cual resultaba lógica en un Estado que ejercía el ius puniendi de forma arbitraria, pero no en un Estado, como el actual, que lo ejerce de una forma ordenada con arreglo a la ley y, sobre todo, en separación de poderes. Cuando el titular del ius puniendi, sin separación alguna de poderes, era el Monarca, lógico era que él retuviese la otra cara de la moneda del derecho a castigar: el derecho a perdonar. 12 Pero lo cierto es que el derecho de gracia, reconocido al Rey, ya no puede ser, por tanto, atribuido a alguien distinto de a quien está conferido el poder de juzgar, que no es otro que, según la propia Constitución, el pueblo 13. Y así, obviamente, hoy día, como quiera que el ejercicio del ius puniendi recae en el poder judicial, resulta un cuerpo extraño al propio sistema que el poder ejecutivo (indultos) o el legislativo (amnistías) puedan retener la contrapartida de dicho poder, es decir, de un poder que no les pertenece. En este sentido, el derecho de gracia se constituye como un límite no suficientemente justificado a la división de poderes LINDE PANIAGUA, Amnistía e indulto en España, 1975, p. 16 y passim. 12 Algún supuesto, entremezclado con la tradición y una concepción teocrática, todavía pervive: desde 1759 la Cofradía malagueña Nuestro Padre Jesús Nazareno El Rico mantiene la prerrogativa de elevar propuesta de indulto al Consejo de Ministros, tal y como fue aprobado desde la Pragmática de Carlos III. 13 Sobre los orígenes y contexto iusfilosófico del denominado derecho de gracia, cfr. BACIGALUPO, Enrique, Los límites políticos del Derecho penal, en BACIGALUPO, Enrique Justicia penal y Derechos Fundamentales, Madrid y Barcelona 2002, pp. 9 y ss., 18 y ss. 14 BACIGALUPO, Los límites políticos del Derecho penal, en BACIGALUPO, Justicia penal, p. 24 y s.; similar: MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 2004, 33/11. En sentido intermedio ( incompatible con el Estado de Derecho ), pero finalmente aceptando su existencia en pos de la realización de la justicia material ( el indulto particular resulta por eso una institución imprescindible ), QUINTERO OLIVARES, Manual de Derecho Penal, Parte General, 2000, p. 763, posición doctrinal que ha de ser considerada mayoritaria; MUÑOZ CONDE, Francisco/GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal, Parte General, 5.ª ed., Valencia 2002, pp. 419 y s.; MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena Blanca, en ZUGALDÍA ESPINAR, José M. (dir.), PÉREZ ALONSO, Esteban J. (coord.) Derecho Penal, Parte General, Valencia 2002, p. 955; una postura también intermedia en CALDERÓN CEREZO, Ángel/CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio, Derecho Penal, Parte General, Barcelona 1999, pp. 534 y s.; GARCÍA MAHAMUT, Rosario, El indulto, 2004, pp. 59 y ss., 93 y ss. (aun mostrando sus dudas sobre la regulación, la gracia constituye un instrumento de dirección de la política criminal que avala directamente la posición constitucional del Gobierno en esta materia, sobre la que el legislador no podrá prescindir ); AGUADO RENEDO, César, Problemas constitucionales, 2001, pp. 101 y ss.; cfr. también, BUENO OCHOA, Luís, Elogio y refutación del indulto Estudio sobre la gracia de indulto y su regulación en 910 A este juicio crítico general ha de añadirse que este tipo de medidas de gracia, por definición y también como consecuencia de sus orígenes históricos, basa su tipología en la ausencia de reglas fijas para la toma de la decisión clemente, lo que, en definitiva, supone que la misma se torna arbitraria, en el sentido literal del término: como facultad que tiene el hombre de adoptar una resolución con preferencia a otra, simplemente. La incompatibilidad con el principio de igualdad ante la ley, propio también de nuestro Estado de Derecho, se muestra, pues, también en este sentido, manifiesta. 2.4 En todo caso, este sucinto análisis crítico que acabamos de exponer, no debe necesariamente ser entendido como un alegato que conduce a un desamparo del penado en situaciones límite. Antes bien, más adelante veremos que una hipotética supresión del derecho de gracia podría y debería ser compensada en Derecho sin demasiadas dificultades de hecho, las bases para tal compensación ya existen y, sobre todo, con mayores garantías, mediante una aplicación de otras posibilidades legales que, como decimos, ya son actualmente existentes, pero que hoy día permanecen infrautilizadas al albur, precisamente, del instituto del indulto. 15 Así, veremos que, por un lado, en general, el indulto no es la mejor manera de enmendar la ley penal, y que, por otro, en concreto, tampoco una corrección de hipotéticos errores judiciales otra de las justificaciones que, tradicionalmente, se atribuyen al instituto del indulto tiene razón de ser que quede excluida del actual sistema de recursos, incluido el denominado extraordinario de revisión. 2.5 Partiendo, no obstante, como debemos, de la existencia de una Ley de Indulto con plena vigencia y aplicación, y dejando de lado, pues, las anteriores reflexiones en sentido más bien abolicionista, veamos a continuación por tanto una interpretación de la misma que habrá de ser, en todo caso, pues, conforme a la Constitución. el ordenamiento jurídico español, Madrid 2007, pp. 41 y ss., 55 y ss.; véase también la solución que, por nuestra parte, proponemos infra (4.). 15 Cfr. especialmente infra lo referente a la cuestión de inconstitucionalidad (4.). 1011 3. Ámbito de aplicación 3.1 El indulto puede ser total o parcial (arts. 1 y 4) y respecto de cualquier delito (art. 1), 16 salvo excepciones personales a los miembros del Gobierno que veremos más adelante. Total, si produce la remisión de todas las penas objeto de la condena y que todavía no hayan sido cumplidas; parcial, si la medida de gracia afecta tan solo a alguna o algunas de las penas impuestas o a parte de alguna o algunas de las pendientes de cumplir, 17 o, en su caso, a la conmutación de la pena impuesta en otra menos grave. En estos últimos supuestos, se trata de un indulto parcial en el sentido de que, además, la conmutación deja de tener efecto, si el reo deja de cumplir la pena resultante de la gracia (art. 14). Esto hace, con razón, que la conmutación haya de ser calificada más como un indulto impropio, que como una medida de gracia plena. 18 Por lo demás, veremos infra cómo la previsión legal sobre la conmutación ha quedado desfasada, a la luz del vigente Código Penal. 3.2 El indulto no comprende la devolución de la multa ya pagada, ni exime del desembolso del resto, a no ser que, respecto de ambas cosas, sea acordada otra solución en el decreto de indulto expresamente (art. 8). Como ya apuntábamos en el primer epígrafe de este trabajo, este sistema de regla-excepción es trivial y nada aporta, pues, así, ciertamente, no existe una verdadera previsión legal, sino tan sólo una apariencia de tal. 16 En la práctica, la estadística se presenta como sigue: de los 453 indultos otorgados en 2005 (7.291 desfavorables, archivados), el 38,57% lo fueron a penados por delitos contra el patrimonio en general, reos toxicómanos rehabilitados, el 27,64% a penados por delitos contra la salud pública con penas menores de tres años, el 15,30% por delitos de lesiones y el 9,60% por falsedades (fuente: Subsecretaría de Estado del Ministerio de Justicia, en: El País, 27 de febrero de 2006); en cambio, suelen ser rechazados casi automáticamente los indultos en penados por delitos de la denominada violencia de género, por motivos xenófobos, contra la seguridad en el tráfico, contra la libertad sexual, y aquellos que se dice causan alarma social, como el asesinato, torturas o tráfico de armas. En total, en definitiva, solamente cerca del 5% de las solicitudes prospera. Sobre cómo se ha aplicado históricamente la vía del indulto en los supuestos de terrorismo, cfr. el completo relato respecto de ETA políticomilitar en DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luís, Atenuación, remisión de la pena e indulto de miembros de grupos terroristas, CPC (30), 1986, pp. 584 y ss. 17 Cfr., por ejemplo, de los indultos de 1 de diciembre de 2000 publicados en el BOE n.º 305, de 21 de diciembre de 2000, los números del al o del al ( la mitad de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento ), (dos años de la pena privativa de libertad impuesta por un delito de parricidio, 20 años y un día), (dos años de la pena privativa de libertad impuesta por un delito de asesinato consumado y otro de asesinato frustrado, veintiséis años, ocho meses y un día, y diecisiete años, cuatro meses y un día, respectivamente) etc. 18 SOBREMONTE MARTÍNEZ, José Enrique, Indultos y amnistía, Valencia 1980, p12 En general, habrá que decir, sin embargo, que no hay motivo para establecer particularidad alguna respecto de la pena de multa en relación con otro tipo de penas: la multa es una pena más de las previstas en el Código Penal (cfr. art. 32 CP), y, como tal, debe comportarse a efectos de indulto. Que el indulto exonera del pago del resto de la multa (art. 8, primer inciso), es tan obvio como que la medida de gracia exime del cumplimiento del resto de la pena de privación de libertad impuesta. A su vez, empero, no se justifica, por qué habría de ser devuelto el importe de la multa ya pagado, pues en esta comparación obligada con otras penas que estamos haciendo tampoco se indemniza al modo de una suerte de error judicial al penado por cada día de privación de libertad ya cumplida antes de la concesión del indulto (una especie de devolución del importe carcelario de libertad ya pagado). Por ello, si decidiese adoptarse otra solución, el legislador quedaría en deuda de explicar desde argumentos por ejemplo de política-criminal o de resocialización, la diversidad que justifique el tratamiento distinto de lo que, en sí, son cuestiones iguales la pena de multa y el resto de las penas. En la actualidad, se suelen indultar las penas privativas de libertad, total o parcialmente, aunque no así las multas El legislador se muestra contrario a la concesión del indulto total, al disponer expresamente el artículo 11 de la Ley que la medida de gracia total se otorgará tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal Sentenciador. De este modo, se establece una suerte de doble traba restrictiva: la primera, porque el indulto total es considerado una excepción; la segunda, porque, en verdad, este tipo de indulto queda en manos del tribunal sentenciador, pues únicamente si a su juicio existen las mentadas razones de justicia, equidad o utilidad pública y así lo expresan en su preceptivo informe, se otorgarán indultos totales; en otras palabras, a diferencia de en un posible indulto parcial, el dictamen del tribunal sentenciador al que nos referiremos más adelante resulta determinante en para el indulto total. Esto último, qué duda cabe, implica un dilema difícil de superar: puesto que el Tribunal sentenciador ha condenado de otra forma, no sería necesaria petición alguna de indulto, por qué habría entonces de entender ese mismo Tribunal que hay razones suficientes para que no se cumpla lo que él dispuso? 20 Más adelante veremos que, si existen tales razones, la solución a este problema de la mal 19 Cfr., por todos, algunos de los indultos de 1 de diciembre de 2000 publicados en el BOE n.º 305, de 21 de diciembre de 2000, en particular los números del al Nos estamos refiriendo a los supuestos en los que, inexplicablemente en todo caso, creemos que incorrectamente no se hace uso de lo previsto en el artículo 4.3 del Código Penal; suponiendo que tal sistema, per se, sea el adecuado: al respecto, cfr. infra 4. 12 Mostrar más
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