Source: http://www.tse.go.cr/actas/2016/31-2016-del-7-de-abril-de-2016.html
Timestamp: 2018-12-18 15:45:00
Document Index: 395878555

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 94', 'artículo 16', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 3', 'artículo 92']

TSE, Acta 31-2016
ACTA N.º 31-2016
Sesión ordinaria celebrada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas del siete de abril de dos mil dieciséis, con asistencia de los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Juan Antonio Casafont Odor y Luis Diego Brenes Villalobos.
A) Autorización para preparar la destrucción del material electoral de las elecciones municipales 2016. Del señor Javier Vega Garrido, Contralor Electoral, se conoce oficio n.° CE-075-2016 del 4 de abril de 2016, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
Agrega esa norma, que los pedidos de esas fórmulas e instrumentos “…requerirán las firmas de todos los Magistrados del Tribunal…”, y para su incineración o destrucción se levantará acta. También, esta regulación prevé una suerte de prohibición para la casa fabricante, su agente local y personas físicas, para “…recibir o tener en su poder fórmulas o instrumentos de seguridad de los usados para asuntos electorales”.
Importa recalcar, que además de las papeletas usadas, existen sobrantes de ellas, defectuosas, “trisadas” y compactadas en el marco del programa electoral de su impresión, así como sobres de manila, rótulos y cartelones, por lo que con arreglo a los repetidos artículos 19 de la LOTSE, 184 electoral, y lo dispuesto por el Tribunal en la Sesión Ordinaria No-085-2011, de 13 de setiembre de 2011, se solicita su autorización para ejecutar, a modo de acto preparatorio, la separación de dichos materiales para su clasificación por tipo, y tratándose de papeletas por su color, para embalarlas en bolsas y sacos diferenciados.
Se aclara que la destrucción propiamente tal, se concretaría hasta que el Tribunal la autorice y la Proveeduría hubiera concluido el procedimiento de contratación del caso, sin embargo las siguientes acciones sí deben materializarse próximamente:
1. Con la declaratoria total de resultados, el Departamento de Programas Electorales formalizará la devolución de las instalaciones (bodega) a esta Contraloría, la entrega de la documentación electoral y del material objeto de preparación para su eventual eliminación, y asignará el personal disponible de conserjería para las citadas actividades iniciales.
2. La Oficina de Seguridad Integral tomará nota de esas actividades y del personal que las ejecutará -según se comunicará oportunamente- y de cuya conclusión el suscrito informará a las señoras y señores Magistrados, y someterá a su consideración el plan de trabajo que sustentará su futura destrucción.".
Se dispone: Procédase conforme se indica. ACUERDO FIRME.
A) Trámites de la Comisión de Dedicación Exclusiva. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° CDE-052-2016 del 4 de abril de 2016, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"En sesión número 05-2016 celebrada el pasado 30 de marzo, esta Comisión conoció la solicitud que presentó el señor Marvin Morales Abarca, funcionario de la institución, para ser incorporado al Régimen de Dedicación Exclusiva. Él estima cumplir con los requisitos y reunir las condiciones establecidas para lo que solicita, siendo que con tal propósito aporta los documentos necesarios a fin de demostrarlo.
En cuanto a dicha solicitud, considera esta comisión que en efecto es procedente pues se trata de un colaborador que fue ascendido interinamente como Profesional Ejecutor 3 en la Sección de Infraestructura, para lo cual se requiere el grado académico de licenciatura, condición que ostenta en Ingeniería en Sistemas de Computación.
De igual forma, se solicita la inclusión dentro del régimen de la señora Daniela Corea Arias, funcionaria de la Oficina Regional de Guatuso, pues por la ausencia temporal o permanente de la jefatura en dicha sede regional, debe realizar funciones de un puesto superior susceptible de afectarse al Régimen de Dedicación Exclusiva, durante el año 2016.
Según lo anterior y con fundamento en el artículo sexto del Reglamento para el Régimen de Dedicación Exclusiva, se eleva a conocimiento del Tribunal el trámite que seguidamente se detalla y que se recomienda aprobar en virtud de las razones dadas.
Marvin Morales Abarca
Asimismo, de acuerdo con pronunciamiento vertido por el Departamento Legal, dicho complemento regiría a partir de la suscripción del contrato correspondiente por parte del interesado y del Director Ejecutivo.
En el caso de la señora Corea Arias, quien realiza funciones de jefatura en la Oficina Regional de Guatuso, el contrato que suscribiría esta persona tendrá una vigencia de un año prorrogable por períodos iguales y, será aplicable solamente en los períodos en que se ejerciese las funciones de jefatura.".
B) Propuesta de nombramientos en propiedad en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Del señor Nicolás Prado Hidalgo, Secretario General a. i. de este Tribunal, se conoce oficio n.° STSE-0651-2016 del 5 de abril de 2016, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Con fundamento en lo dispuesto por nuestra ley de salarios y su reglamento y lo expuesto en los oficios que se dirán, los cuales prohíjo, me permito someter a su consideración las siguientes ternas, de las cuales propongo nombrar en propiedad, en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, a quienes figuran en el primer lugar de cada una de ellas:
1.- Rommy Morales Mora
3.- César Ulloa Villaplana
361375, Técnico en Gestión, Técnico Funcional 2 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
1.° de mayo de 2016
RH-0828-2016 del 29/03/2016
DFPP-316-2016 del 18/03/2016
1.- César Ulloa Villaplana
2.- Wendy Serrano Castillo
3.- Hannia Araya Durán
361377, Técnico en Gestión, Técnico Funcional 2 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
1.- Wendy Serrano Castillo
2.- Hannia Araya Durán
3.- Ronny Villalta Jiménez
361380, Técnico en Gestión, Técnico Funcional 2 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
1.- Hannia Araya Durán
2.- Ronny Villalta Jiménez
361383, Técnico en Gestión, Técnico Funcional 2 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
1.- Ronny Villalta Jiménez
2.- Melissa Núñez Castillo
3.- Maurisa Roper Blake
361386, Técnico en Gestión, Técnico Funcional 2 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
1.- Michael Rojas Alvarado
361389, Técnico en Gestión, Técnico Funcional 2 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
1.- Patricia Barrantes Brenes
361390, Técnico en Gestión, Técnico Funcional 2 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
1.- Manuel Castro Porras
2.- Maurisa Roper Blake
3.- Carlos Aguilar Durán
361397, Técnico en Gestión, Técnico Funcional 2 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
1.- Carlos Aguilar Durán
2.- Jorge Sandí Venegas
3.- Michael Rojas Alvarado
361398, Técnico en Gestión, Técnico Funcional 2 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
1.- Jason Picado Campos
3.- Patricia Barrantes Brenes
361413, Técnico en Gestión, Técnico Funcional 2 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
La señora Magistrada Zamora Chavarría consigna la siguiente nota:
"La magistrada Zamora Chavarría, suscribiendo el acuerdo, respetuosamente se separa de este únicamente en cuanto al nombramiento en la terna para la plaza 361397, en donde vota por la señora Maurisa Roper Blake."
C) Propuesta de nombramiento en propiedad en la Sección de Servicios Generales. Del señor Nicolás Prado Hidalgo, Secretario General a. i. de este Tribunal, se conoce oficio n.° STSE-0695-2016 del 5 de abril de 2016, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Dado el resultado obtenido en el concurso externo realizado al efecto, con fundamento en lo dispuesto en nuestra ley de salarios y su reglamento y lo expuesto en los oficios que se dirán, los cuales prohíjo, me permito someter a su consideración las siguientes ternas, de las cuales propongo nombrar en propiedad, a quien figura en el primer lugar de cada de una de ellas:
1.- Kimin Román Chan
2.- Rodrigo Rodríguez Flores
45484, Asistente Funcional 1, Asistente en Servicios de Publicación de la Sección de Servicios Generales
RH-0879-2016 del 4 de abril de 2016
SG-130-2016 del 9 de marzo de 2016
1.- Rodrigo Rodríguez Flores
45486, Asistente Funcional 1, Asistente en Servicios de Publicación de la Sección de Servicios Generales
D) Renuncia por pensión del funcionario Alexander Carmona Arguedas de la Sección de Servicios Generales. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-0890-2016 del 5 de abril de 2016, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Para lo que a bien tenga disponer el Tribunal Supremo de Elecciones, remito a consideración la nota recibida ayer en este despacho que suscribe el señor Alexander Carmona Arguedas, Auxiliar Operativo 2 en la Sección de Servicios Generales, mediante la cual presenta la renuncia a su cargo para acogerse al beneficio de pensión por el régimen general de pensiones Ley Marco (Ley No. 7302 del 15 de julio de 1992).
El señor Carmona Arguedas labora para este organismo electoral desde el 1° de abril de 1992 y desea que su cese de funciones sea efectivo a partir del 1 de mayo de 2016, motivado para ello en la resolución DNP-OA-2211-2015 que emitió la Dirección Nacional de Pensiones a las nueve horas con veinte minutos del 21 de octubre de 2015.
Se dispone: Tener por presentada la renuncia del señor Carmona Arguedas, a quien se agradece los servicios prestados a estos organismos electorales, deseándole el mayor de los éxitos en su nueva etapa de vida. Procedan oportunamente con lo de sus cargos la Contaduría, el Departamento Legal y el propio Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME.
E) Encargo de funciones del señor Jefe de la Oficina de Seguridad Integral. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-0892-2016 del 5 de abril de 2016, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Para los efectos consiguientes, remito a consideración del Tribunal Supremo de Elecciones el oficio número SI-038-2016 que suscribe el Lic. Richard Poveda Solórzano, Jefe de la Oficina de Seguridad Integral, mediante el cual, en virtud de que disfrutará 10 días de vacaciones a partir del 12 de abril, solicita que durante ese lapso sus funciones se encarguen a los señores Iván Mora Barahona del 12 al 22 de abril (9 días) y Nicolás Prado Hidalgo el 25 de abril (un día).
Las personas que se proponen se desempeñan como prosecretarios generales del Tribunal y cumplen los requisitos que demanda el Manual Descriptivo de Clases de Puestos para el cargo que interesa, salvo el relacionado con el de licencia para portar armas.".
F) Traslado definitivo de plazas entre la Dirección General del Registro Civil y el Departamento Civil. De los señores Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil, José Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo y Luis Guillermo Chinchilla Mora, Oficial Mayor del Departamento Civil, se conoce en consulta la resolución n.° DGRA-089-2016 de las diez horas del cuatro de abril de dos mil dieciséis, mediante la cual resuelven trasladar en propiedad –a partir del 16 de abril de 2016– el puesto n.° 76463, Asistente Administrativo 2, ocupado por la señora Adela Matarrita Arrieta, de la Dirección General del Registro Civil al Departamento Civil.
De los señores Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil, José Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo y Luis Guillermo Chinchilla Mora, Oficial Mayor del Departamento Civil, se conoce conjuntamente en consulta la resolución n.° DGRA-091-2016 de las diez horas del cuatro de abril de dos mil dieciséis, mediante la cual resuelven trasladar en propiedad –a partir del 16 de abril de 2016– el puesto n.° 76393, Asistente Funcional 2, ocupado por la señora Olga Alicia Marín Arroyo, del Departamento Civil a la Dirección General del Registro Civil.
A) Estudio de procedimientos en la Sección de Opciones y Naturalizaciones. Del señor Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-0289-2016 del 4 de abril de 2016, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Como parte de las mejoras implementadas por esta Dirección General al proceso sustantivo que realiza la Sección de Opciones y Naturalizaciones, en los trámites de obtención de la nacionalidad que realizan los usuarios diariamente ante esa dependencia y de los cuales a la fecha, han generado resultados exitosos debido a la fluidez en los procesos internos, me permito a continuación proponer a las Señoras y Señores Magistrados el siguiente proyecto de mejora procedimental para la firma de las cartas de naturalización.
En la actualidad, el acto material de la firma de la carta de naturalización, lo realiza esta Dirección General con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones, que establece en lo que interesa:
"Firme la sentencia, se hará constar por acta en un Registro especial el cambio de nacionalidad, acta que irá firmada por el Director del Registro Civil y por el interesado o su mandatario especialísimo. A continuación se expedirá la respectiva carta de naturalización, la cual irá firmada por el Director del Registro Civil."
De igual forma el Reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios de resolución en materia de naturalizaciones, establece en su artículo 94 lo siguiente:
"Entrega de la carta y cambio de nacionalidad.- Firme la resolución que otorga la nacionalidad costarricense por naturalización, se hará constar por acta, en un registro especial, el cambio de nacionalidad del gestionante. Dicha acta será firmada por el Director o Directora General del Registro Civil y por el interesado o su apoderado especialísimo.
Las formalidades del acta y de la carta serán las establecidas en el artículo 16 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones."
A partir de lo anterior y tal como lo establece la normativa que antecede, la firma de todas y cada una de las cartas de naturalización que diariamente se expiden a las personas usuarias la realiza el suscrito, tarea que si bien se ha ejecutado conforme a lo dispuesto, ha implicado que en muchas ocasiones, se tengan que posponer reuniones o actividades a las que la presencia del suscrito resulta indispensable para la toma de alguna decisión propia de mi cargo, ya que por un motivo u otro, la impresión de las cartas se ha visto interrumpida por algún problema técnico o bien la revisión se ha demorado más de lo normal. Esta situación impacta en mi quehacer diario y desmejora a mi criterio, la visión gerencial a la cual estoy avocado en el logro de las metas y/o objetivos propuestos por este Registro Civil, así como en las líneas de acción del Plan Estratégico Institucional que se tienen para este ente registral.
Actualmente y como parte de la agilización que ha sido objeto el proceso de naturalizaciones, se han habilitado dos horarios para la entrega de cartas de naturalización, lo que conlleva a una mayor cantidad de cartas de naturalizaciones que debo atender con mi firma.
Para tal fin, respetuosamente someto a consideración la delegación de mi firma en las cartas de naturalización en la persona que ostenta el puesto de Jefatura de la Sección de Opciones y Naturalizaciones, al amparo de lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública, en punto a la delegación de firma.
En relación a la posibilidad legal de delegar la firma en un subordinado del Director General, encuentra su asidero legal en lo dispuesto por el numeral 89 y siguientes de la normativa antes indicada.
En punto a la figura legal de delegación de firmas, resulta oportuno rescatar el criterio legal vertido en su oportunidad por la Contraloría General de la República, dependencia que a través del oficio 12436 del 11 de octubre de 2004, realizó un amplio análisis de dicha figura, indicando en lo que interesa lo siguiente:
“…hay delegación del acto material, instrumental o formal de firmar cuando el superior permite que un subalterno u otro de igual jerarquía pueda suscribir algunos actos específicos. En este supuesto, el contenido y responsabilidad de los actos que firma el delegado, descansan en el delegante. Asimismo, el delegante sigue conservando la competencia de firmar por sí mismo aunque haya delegado tal asunto.
Así, delegación de atribuciones o de competencia no es lo mismo que delegación de firmas, aunque si se da la primera, la consecuencia lógica es que se haya dado la segunda. En la delegación de firmas no hay una verdadera transferencia de competencia, esto porque no se está modificando el orden de asignación de las funciones asignadas a los órganos; su norte primordial está en procurar un descargue al delegante de una parte de la tarea material habitual. Así, la competencia se conserva totalmente y se sigue siendo responsable por ésta.
De modo bastante completo la Procuraduría General ha estudiado, uno más que el otro, los tipos de delegaciones en mención en C-308-2000, del 13 de diciembre del 2000 (la respuesta se dirige sobre todo a la delegación de firma):
“…Delegación de firmas
Norma que regula el tema
El artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública contiene una norma general sobre la delegación de firmas. En ella se indica: (…)
En diversos textos doctrinales se puede encontrar referencia al tema. A manera de ejemplo, se citarán algunos de ellos. …
b) Naturaleza. En virtud, por tanto, del acto de delegación, la función delegada será ejercitada por el delegatario, conservando el delegante tan sólo su titularidad. A diferencia de lo que acontece en el caso de la delegación de firma, con la que no debe de confundirse; pues en ésta el órgano inferior se limita a trasladar -mediante la fórmula "de orden de"...-una resolución adoptada por el propio titular de la función ejercitada." (ENTRENA CUESTA, Rafael, Curso de Derecho Administrativo, Volumen I/2, Madrid, Editorial Tecnos S.A., Séptima Edición, 1982, pp. 72-73)
La segunda diferencia en los efectos consiste en que la delegación de competencia es una delegación consentida de modo abstracto, de autoridad a autoridad. Por consiguiente, si el titular de una u otra competencia cambia, la delegación de competencia subsiste, hasta tanto no sea revocada. (Confróntese con lo indicado por BAENA DE ALCAZAR, op. cit, página 2, para quien la sustitución del titular implica la extinción de la delegación).
Las precisiones doctrinales apuntadas deben ser confrontadas con la forma en que nuestro Ordenamiento positivo recepta las figuras de la delegación de competencias y la delegación de firmas, y con la interpretación contenida, tanto en la jurisprudencia de este Órgano Asesor como en la de Sala Constitucional (…)
(…) / II.- En cuanto a la segunda y tercera pretensión, el artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública establece que:
Con ello nuestro ordenamiento jurídico está previendo la posibilidad de delegar firmas tal como sucedió en el Decreto Ejecutivo número 24578-MIRENEM, de 28 de agosto de 1995, en cuanto a las concesiones de Explotación de materiales en cauce de dominio público (artículo 3 inciso c)."(Resolución Nº 4782-96 de 11 de setiembre)
(...) Por otra parte tenemos la figura ante la que nos encontramos actualmente, la cual se encuentra contenida en el numeral 92 de la Ley General de la Administración Pública, y que a la letra dice: (…)
Como se puede observar del texto del numeral 92, nos encontramos ante una delegación que no puede considerarse en su esencia como tal, ya que no interesa la delegación de competencias sino únicamente la de un acto formal que resulta ser la firma de las resoluciones, sin que esto implique una emisión de un criterio por parte del delegado ni responsabilidad de su parte, situaciones que, resulta claro, se mantienen concentradas en el delegante para todos los efectos. De lo anterior se colige que el que conoce de un asunto puede diferir –sin ocasionar agravio alguno– de la persona que firme el acto final, toda vez que la responsabilidad y el conocimiento continúa siendo de quien delega. Así, se puede apreciar que lo que en el caso concreto se encuentra delegado es el acto formal de una firma que no resulta más que un requisito de validez – en cuanto a forma – de dicho acto final, pero dicha delegación no importa una delegación de competencia y de conocimiento del Ministro en su Oficial Mayor, toda vez que es el Ministro el que conoce y el que resuelve, limitándose el Oficial Mayor únicamente a firmar lo resuelto por aquél. Por lo anterior, no se encuentra en la actuación de la Administración violación a derecho fundamental alguno, ni en este punto ni respecto a los analizados supra, por lo que el reclamo del recurrente debe ser rechazado."(Resolución Nº 4527-97 de 1 de agosto de 1997)."
A partir de lo anterior, la delegación de firmas se encuentra expresamente regulada en el ordinal 92 de la Ley General de la Administración Pública. Sobre el particular, resulta oportuno indicar que en el acto delegatorio de firmas no existe una transferencia de competencias del superior y que no necesariamente la delegación debe realizarse en el servidor inmediato inferior.
Cuando se delega la firma, la responsabilidad sigue siendo del delegante y este acto debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Así las cosas, al existir a nuestro criterio norma habilitante que avale la delegación de firma, el traslado de ese acto material generaría una agilización en el proceso de trámite de la entrega de la carta de naturalización a los usuarios, ya que se ahorraría un tiempo valioso en el traslado de expedientes a esta Dirección General y la elaboración de la nómina respectiva para su devolución a la Sección de Opciones y Naturalizaciones, aunado a que le permitiría al suscrito avocarse a actividades más sustantivas de los procesos registrales.
Por lo expuesto, respetuosamente solicitó que se comisione al Departamento Legal a analizar, la procedencia legal de delegar la firma de las cartas de naturalización en la jefatura de la Sección de Opciones y Naturalizaciones de este Registro Civil, conforme a los requisitos y formalidades que establece el artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública.".
Se dispone: Conforme se sugiere, pase a estudio e informe del Departamento Legal, el cual habrá de realizarse en el plazo de diez días hábiles. ACUERDO FIRME.
A) Renuncia y revocatoria de nombramiento de personas integrantes del Cuerpo Nacional de Delegados. Del señor Gerardo Abarca Guzmán, Director General a. i. del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, se conoce oficio n.° DGRE-337-2016 del 5 de abril de 2016, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Mediante el oficio n°. CND-063-2016, el Lic. Sergio Donato Calderón, Jefe del Cuerpo Nacional de Delegados, informa que las siguientes personas presentaron su renuncia formal, o bien la respectiva jefatura regional ha solicitado la revocatoria de su nombramiento como Delegado del Tribunal Supremo de Elecciones:
R1 San José
R2 San José
Leitón Gutiérrez Rodolfo
103690347
R4 San José
Ulate Fernández Beleida María
202820605
Vásquez Solorzano Alfredo
201850875
Guevara Chaves Patricia María
111130043
R3 San José
Alvarez Ortiz Hernán
Arrieta Mora Sonia Teresita
106540234
Fonseca Mora Adrián
110110339
Hering Palomar Liesel
105620615
Ramírez Ramírez Luis Eduardo
105710987
En virtud de lo anterior, le solicito muy respetuosamente elevarlo a conocimiento del Superior para lo que corresponda.".
Se dispone: Tener por presentas las renuncias y por revocados los nombramientos conforme se solicita. ACUERDO FIRME.
A) Informe de Gestiones II Semestre 2015. Del señor Max Solórzano Alvarado, Contralor de Servicios, se conoce oficio n.° CS-120-2016 del 5 de abril de 2016, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Para lo que a bien tenga disponer el Superior y conforme con lo establecido en el artículo octavo del Reglamento de este despacho, se adjunta el informe semestral de gestiones correspondiente al segundo semestre del 2015.
Asimismo y conforme a lo dispuesto por el Superior en sesión N°. 094-2011, artículo tercero, mediante memorando CS-003-2016 del pasado 22 de enero fue enviado a la Dirección Ejecutiva para la valoración técnica estadística, y conforme con el oficio DE-650-2016 del 29 de febrero, este despacho realizó las correcciones estadísticas pertinentes.
Se dispone: Tener por rendido el informe. En el plazo de diez días hábiles, proceda la Sección de Actos Jurídicos a dar puntual respuesta a la gestión planteada. ACUERDO FIRME.
A) Informe sobre la actualización de montos de cobro por sentencia judicial. Del señor José Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo, se conoce oficio n.° DE-0809-2016 del 30 de marzo de 2016, recibido en la Secretaría General de este Tribunal el 1.° de abril de 2016, mediante el cual literalmente manifiesta:
"El Tribunal Supremo de Elecciones en acuerdo adoptado en el artículo sétimo de la sesión ordinaria n. ° 61-2015, celebrada el 21 de julio de 2015, y comunicado mediante oficio n. ° STSE-1267-2015 de igual fecha, ordenó que procediera la Dirección Ejecutiva con la actualización del cálculo contenido en el memorial n. ° 102-C.P.T.-2002 del 17 de diciembre de 2002, de acuerdo a lo indicado por el Departamento Legal en criterio n. ° DL-365-2015, a efectos de tramitar las diligencias judiciales de cobro a la empresa UNISYS de Centro América S. A.; sobre el particular, me permito indicarle lo siguiente.
Para dar cumplimiento a dicha disposición, mediante oficio n. ° DE-1910-2015 del 28 de julio del año anterior, se encomendó la labor de actualización de los montos correspondientes a los daños y perjuicios y costos generados por la referida firma, a funcionarios de esta dependencia.
Una vez rendido el informe en un inicio de fecha 7 de agosto del año anterior, valorados los datos incorporados en este, este despacho advirtió que la labor realizada por los servidores no se ajustaba a las recomendaciones realizadas por la señora María Hidalgo Quesada, otrora Procuradora Adjunta de la Procuraduría General de la República en memorial n. ° ADPb-6367-2015 del 1 de julio de 2015 y el Departamento Legal, respecto a que el cálculo de actualización se efectuara bajo la misma metodología utilizada en su oportunidad por la Comisión para Cambio de Cédula, para la estimación de los daños y perjuicios y demás costos irrogados por la contratista. Para esos fines, en oficio n. ° DE-2847-2015 se requirió a algunas dependencias administrativas que suministraran información, dado que la contenida en el informe efectuado en el 2012 resultaba insuficiente.
Es importante indicar, que durante este proceso se sostuvieron conversaciones con colaboradores de la señora Hidalgo Quesada, ahora exfuncionaria de la Procuraduría –se acogió a su pensión-; así entonces, ante inquietudes planteadas por los funcionarios asignados a esa labor relativas a la metodología de cálculo y la falta de datos suficientes para realizarlos, solicitaron una reunión a la señora Clara Villegas Ramírez, Procuradora Adjunta, la cual se celebró el 27 de enero anterior.
Una vez realizada la audiencia conferida para los fines indicados, los funcionarios asistentes presentan nuevamente el informe -del pasado 1 de febrero- al cual debían realizarse correcciones de forma, en este se advierte sobre la postura verbalmente manifestada por la señora Procuradora Adjunta, al referirse básicamente, que no considera procedente interponer un proceso monitorio para el cobro de montos indexados; que la empresa había pagado prácticamente lo correspondiente a la obligación dineraria derivada de los actos administrativos dictados por esta Administración, que fueron confirmados por la resolución n. ° 000280-F-SI-2014 dictada por la Sala Primera, y que cobro de indexación e intereses no son parte de la sentencia, porque no fue así requerido en su oportunidad. De manera que, el capital adeudado fue pagado por la empresa con base en la resolución de la Sala, por lo que probablemente generará contención con la empresa respecto a la facultad legal para cobrar sumas indexadas y la metodología de cálculo utilizada.
En suma, por las amplias posibilidades de que no se admita como un trámite de cobro judicial, la Procuradora Adjunta considera pertinente -criterio que según se indicó en esa oportunidad comparte la máxima Jerarca de ese órgano-, interponer un proceso judicial en el que se discuta la pretensión en forma integral –procedencia de cobro de sumas indexadas y determinación de ese monto-, por lo que podría entenderse innecesario el realizar las gestiones de cobro en vía administrativa, que difícilmente prosperarían ante la oposición manifiesta de la firma, que había cuestionado en su momento la potestad legal para actualización de los montos.
Si bien entiende este despacho, que sobre lo expuesto no se ha emitido un criterio oficial por parte del órgano procurador que lo respalde, aun así se consideró pertinente informar sobre esa incidencia, por lo que sería conveniente a efectos de obtener un pronunciamiento con mayor formalidad y claridad del asunto, que el Departamento Legal concierte - al menos - una reunión con la señora Procuradora Adjunta, respecto a la procedencia de gestionar en vía Administrativa el cobro de los montos actualizados, puesto que, entiende este despacho, que la determinación específica del procedimiento a seguir en el orden jurisdiccional corresponde a esa Procuraduría, y de acuerdo a lo manifestado verbalmente no es mediante un proceso monitorio.
Por último, sin desmérito de lo señalado, se remite a conocimiento de las señoras Magistradas y señores Magistrados de este Tribunal el informe de actualización requerido, así como las consideraciones expuestas, para lo que a bien estimen en disponer.".
B) Reunión técnica bilateral para mejorar la seguridad humana de las personas migrantes Ngäbes y Buglés. De la señora Ana Helena Chacón Echeverría, Vicepresidenta de la República, se conoce oficio n.° DSV-093-2016 del 7 de abril de 2016, recibido el mismo día –vía correo electrónico– en la Secretaría General de este Tribunal, dirigido al señor Magistrado Presidente Sobrado González, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Reciba un cordial saludo. Desde mi Despacho y con el patrocinio del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, me permito invitar a la institución que usted representa a la Reunión Técnica Bilateral en David, Panamá, programada del 12 al 15 de abril del año en curso. Este encuentro tiene el objetivo de abordar los obstáculos para mejorar la seguridad humana de las personas migrantes Ngäbes y Buglés en las áreas de: trabajo, educación, salud, migración y documentación. En esta actividad participarán funcionarios y funcionarias públicas de ambos países, autoridades comarcales y personal de las agencias implementadoras del Sistema de Naciones Unidas.
No omito manifestar que esta importante reunión se enmarca en el Programa Conjunto Binacional para mejorar la Seguridad Humana de migrantes temporales Ngäbe y Buglé en Costa Rica y Panamá, financiado por el Gobierno de Japón, a través del Fondo Fiduciario para la Seguridad Humana de Naciones Unidas. En ese sentido, contaremos con este invaluable apoyo y patrocinio para los gastos de hospedaje, alimentación y transporte vía terrestre, a la actividad indicada de una persona que usted designe para que nos acompañe.
Se dispone: 1.- Incorporar al orden del día 2.- Agradecer a la señora Vicepresidenta de la República la cordial invitación que cursa. Para atenderla se designa al señor Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil. Durante su ausencia, se encargan sus funciones al señor Luis Guillermo Chinchilla Mora.