Source: http://www.elderecho.com/tribuna/civil/Pignoracion-prenda_de_creditos_11_745930004.html
Timestamp: 2018-02-23 10:37:13
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Siempre que sea necesario obtener financiación de terceros se nos van a exigir garantías añadidas. Estas garantías pueden ser personales o reales. Las primeras representadas por la figura del fiador o avalista; y las segundas ejemplificadas por la hipoteca, prenda y anticresis. Si bien, una práctica frecuente es la ofrecer la garantía de los derechos de créditos devengados a favor del arrendador que solicite esa financiación externa. De este modo no compromete la titularidad de sus bienes, como sucedería con la hipoteca, pero el estudio de la forma jurídica adecuada para hacerlo no es cuestión sencilla. Esta cuestión lleva consigo la concatenación de preguntas abstractas que requieren un estudio detallado de los elementos concurrentes y las posibilidades jurídicamente aceptables. En esta línea exponemos las consideraciones que siguen.
El cumplimiento de las obligaciones está asegurado por la fuerza vinculante del acuerdo inter partes del artículo 1.091 y 1.256 del Código Civil (en adelante CC). Sin embargo, por su cuantía, ciertas obligaciones exigen una garantía añadida a la responsabilidad universal del 1.911 CC. Estas garantías añadidas se han concretado en la figura de las garantías reales, en especial: la hipoteca, la prenda y la anticresis.
Las garantías reales son una seguridad reforzada para el acreedor ya que se concreta una sujeción patrimonial cualificada del deudor sobre determinados bienes (reipersecutoriedad) y se reconoce preferencia exclusiva del acreedor para realizar el bien y obtener satisfacción de su crédito con el importe obtenido (ius distraendi). La importancia de estas cualidades de los derechos reales en cosa ajena se acentúa en caso de concurrencia de créditos en concurso de acreedores (artículo 90 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en adelante LC) y también en caso de concurrencia de créditos cuando no haya lugar al concurso (1922 y 1924 CC). Para mayor seguridad del acreedor garantizado, sólo los derechos reales (salvo excepciones) tienen acceso al sistema registral español lo que opera como medio de prueba cualificado de su existencia y contenido. También opera como medio cualificado de protección frente a cualquier actuación de tercero que le perjudique. Además, el acceso al registro supone una garantía frente a los créditos de la Administración, tal y como veremos.
2. EL ELEMENTO OBJETIVO DE LA PRENDA
El objeto de la prenda debe ser una cosa mueble presente, determinada o determinable y que sea susceptible de comercio (artículo 1.271, 1.273, 1.861, 1.864 del Código Civil). Respecto de las cosas futuras sólo cabe promesa de prenda porque no puede ser entregada y que carece de las virtudes de los derechos reales (artículo 1.863 y 1.864 en relación con el 1.862 CC). Sin embargo, es distinto el caso de los créditos que nacen o nacerán en el marco de una relación contractual ya existente, puesto que aunque estrictamente el derecho de crédito concreto no exista todavía sí pueden ser objeto de prenda (por ejemplo las rentas futuras, las certificaciones de obra futuras, subvenciones…). Con carácter general, en este punto tener en cuenta los casos especiales en que las rentas se consideren como inmuebles del artículo 336 CC, puesto que no sería posible la prenda sino otra forma de garantía.
Sobre la identificación de los bienes que pueden ser objeto de prenda, inicialmente sólo se admitió a los bienes muebles corporales. Por la configuración histórica de este derecho, materializada por el artículo 1.864 CC. Sin embargo, la interpretación literal de este artículo se ha ido flexibilizando.
A partir del artículo 1.868 CC que prevé “Si la prenda produce interés…”, se intuía una posibilidad de reconocer a la prenda un objeto distinto de los bienes muebles corporales. Esta teoría ganó peso uniéndola con la remisión del artículo 1.872 CC al 322 y siguientes del Código de Comercio (en adelante CdeCom). Se admitió así la prenda sobre créditos titulizados, con base documental. Expresamente se reconoce la prenda de derechos de valores cotizables en el artículo 1.872 CC, pero también en el artículo 106.1 y 132 de TRLSC (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante TRLSC) (antiguos 26, 37 Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) y 72 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas(en adelante LSA), que remite a la ejecución del 109 TRLSC). Si bien, la inercia continuó, y hoy la admisión de la prenda sobre créditos abstractos (no titulizados) ha sido admitida finalmente por la jurisprudencia indubitadamente desde la sentencia del Tribunal Supremo del 19 de abril de 1997:
<< Por ser (el “crédito”) un valor patrimonial imponente para el deudor pignorante, que como tal tiene entidad suficiente para garantizar una obligación >>.
En la misma sentencia además se consagra el régimen de preferencia ordinaria en la garantía pignoraticia a favor del acreedor en virtud del artículo 1.922 y 1.924 CC.
Una segunda cuestión es si además de la prenda sobre créditos se permite la prenda sobre créditos futuros, como sería el caso de la prenda sobre créditos derivados de arrendamientos. Esta opción ha venido a ser consagrada legalmente a partir del artículo 54 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión (en adelante LHMYPSD), (por la redacción dada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre) y el 90.1.6º LC (modificada por la Ley 38/2011).
De igual forma podemos recordar que en nuestro Ordenamiento se reconoce la hipoteca en garantía de obligaciones futuras tanto en la Ley Hipotecaria como también en el Reglamento Hipotecario. Ello sin perjuicio del reconocimiento del CC a favor de la admisión de la fianza futura. Por lo tanto, la admisión de esta prenda sobre créditos futuros no parece algo extraño a nuestra trayectoria jurídica.
3. LAS POSIBLES FORMAS DE CONSTITUIR LA PRENDA
Si bien, admitida la posibilidad de prenda sobre créditos abstractos, se plantea la cuestión relativa a qué forma constituir la prenda para que sea más conforme a nuestros intereses.
3.1 La Prenda Ordinaria:
La prenda ordinaria exigiría la traslación posesoria del bien objeto de garantía (1.863 CC). Si bien el requisito de traslación posesoria se ha venido a flexibilizar con la admisión de la prenda sobre derechos de créditos no instrumentalizados. En el caso de los derechos no instrumentalizados no es posible la traslación posesoria, por eso se sustituye por una notificación. El valor sustitutivo de esta notificación al efecto de considerar cumplido el requisito del artículo 1.863 CC ha sido reconocido por la jurisprudencia (FJ 2º y 3º sentencia del Tribunal Supremo 3 febrero del 2009, entre otras). Si bien, mientras la traslación posesoria tiene lugar entre acreedor pignorante y deudor pignoraticio, la notificación sustitutiva se produce con el deudor del derecho de crédito objeto de prenda (analogía con el artículo 347 CdeCom).
Estas dos notificaciones son convenientes para asegurar la satisfacción del acreedor, pero no son requisitos de constitución ni de eficacia, esto es, la falta de estas notificaciones no merman la garantía, ex Resolución de la DGRN 18 marzo 2008, y tampoco se exige por el artículo 90.1.6º LC en su primer inciso.
En consecuencia, la prenda ordinaria se constituye con el único requisito de forma de traslación material de la cosa, el cual puede sustituirse por una traditio ficta realizada por medio de la comunicación efectiva al deudor. (Sentencia TS 26 de septiembre del 2002 entre otras). En este sentido, “La carta con acuse de recibo es una verdadera notificación de la situación del crédito” (sentencia TS 12 diciembre 2012). Esto permite reconocer dos subespecies de prenda ordinaria, según haya habido o no traslación posesoria.
En cuanto a la concurrencia de créditos, el crédito garantizado con prenda ordinaria, oponible a terceros goza de la preferencia general del artículo 1.922 y 1.924 CC. En caso de concurso, la prenda ordinaria el artículo 90.1.6º LC establece igual requisito que en el 1.865 CC para gozar de la preferencia privilegiada especial del artículo 90.1 LC. Pero si es un crédito futuro, su preferencia concursal se limita a los nacidos antes del concurso salvo inscripción o rehabilitación. Sin embargo, algunas sentencias han venido a reconocer la preferencia concursal plena de las prendas ordinarias no inscritas porque no es posible su inscripción, por ejemplo la sentencia TS 30 de noviembre de 2006.
3.2 La Prenda sin desplazamiento y el Registro de Bienes Muebles:
La prenda sin desplazamiento, la principal diferencia que aporta la Prenda sin desplazamiento strictu censu (PSD) es que se puede inscribir en el Registro de Bienes Muebles (ex Instrucción DGRN 12 de mayo del 2008). El artículo 3 LHMYPSD reconoce que es necesario constitución en documento público e inscripción[1]. Pero a pesar de ello, según la RGDRN 18 de marzo del 2008, esta inscripción no es elemento constitutivo, pero sí de eficacia. La RDGRN reconoce que para que esta prenda quede constituida basta el documento público (artículo 3 LHMYPSD), pero afirma que la inscripción aporta unos beneficios importantes en materia de prelación crediticia general (artículo 1.922 y 1.924), también en caso de insolvencia (artículo 90.1.6º LC) y en caso de concurrencia con créditos públicos (artículo 77 LGT). Asimismo en caso de ser necesaria intervención judicial, el juez comprobará la subsistencia de la prenda por medio de la inscripción, ex artículo 63 LHMYPSD.
Sobre los requisitos de constitución de la PSD, es la constitución de en documento público (artículo 3 LHMPSD). Esta se puede hacer por escritura pública o por póliza intervenida. La póliza tiene el beneficio de la no sujeción del impuesto de actos Jurídicos Documentados, ex artículo 30 y 31.2 TRITPYAJD, puesto que éstos delimitan el objeto del impuesto en las Escrituras Públicas y actas notariales, excluyéndose del hecho imponible las pólizas notariales (disquisición plasmada en artículo 17 de LN y 144 RN). Sobre la posibilidad de que la prenda ordinaria se constituya en póliza para beneficiarse de esta no sujeción, habrá que estar a la definición del concepto. La prenda ordinaria podría constituirse en póliza si justificamos el cumplimiento del contrato garantizado de los requisitos de la “poliza” como instrumento público, ex artículo 17 LN y 144 RN. En principio, si justificamos la mercantilidad de la operación garantizada, la vis atractiva de la naturaleza accesoria del contrato de garantía haría participar de la naturaleza mercantil a la prenda que estudiamos, pero no deja de ser esta una argumentación que podría dar pie a objeciones.
Pero además, en caso de concurrencia de préstamos, la inscripción de la PSD atribuye preferencia concursal a favor del acreedor pignoraticio (artículo 90.1.6º). Si bien, la preferencia concursal de la prenda sin desplazamiento aparece expresamente reconocida sin limitación ni condicionante en el artículo 90.1.1º LC. En este sentido, la Instrucción de la DGRN de 12 de mayo del 2012 reconoce en que el artículo 90.1.6º in fine se refiere a la PSD. Este criterio es criticable pues la dicción del artículo no se refiere a las prendas que tengan por objeto un crédito sino que garanticen créditos. Tampoco puede fundarse ese criterio en que a través de este artículo se reconoció la legalidad de la prenda sobre créditos, puesto que el artículo no se refiere a ellos, pero es que además, la reforma que introdujo esta dicción en el 90.1.6º LC es del año 2011 (Ley 38/2011), mientras que la reforma del 54 LHMPSD es del 2007 ( Ley 41/2007) .
Puesto que la legalidad de la prenda de créditos futuros que nos interesa está reconocida por el artículo 54 LHMYPSD, no haría falta acudir a las limitaciones de la prenda de créditos futuros del artículo 90.1.6º LC, sino al reconocimiento incondicionado del artículo 90.1.1º LC. En cualquier caso, aceptando el criterio jurisprudencial de que el artículo 90.1.6º LC se refiere a las prenda sobre créditos, y aceptando el criterio de la Instrucción DGRN 2012 de que el artículo 90.1.6º in fine se refiere a la PSD, es una cuestión que no debe preocupar. Esto es así porque la inscripción exigida por el artículo 3 LHMYPSD excluye la posibilidad de limitar la prelación del artículo 90.1.6º LC.
En este punto merece hacer un pequeño análisis de la eficacia frente a terceros que supone la inscripción en el registro de Bienes Muebles (RBM). Al margen de valorar el requisito de inscripción en la PSD como un requisito constitutivo o de eficacia, lo que interesa es el valor de oponibilidad frente a terceros que otorga al acreedor. En este sentido hemos de atender a las normas que regulan el RBM en esta cuestión: LHMYPSD y la Orden de 19 de julio de 1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, la cual se aplica extensivamente por razón del artículo 4.1 CC, y por la integración de este Registro de Venta a plazos en el RBM que tuvo lugar con el RD 1928/1999 de 3 de Diciembre. Además, añadir la consideración de que estamos ante una garantía real, que lleva implícito la reipersecución del bien objeto de garantía, y por lo tanto la sujeción del mismo a la satisfacción del crédito garantizado. Esta eficacia real sólo puede alcanzarse con un sistema de publicidad registral con efectos frente a terceros y con un procedimiento ágil de realización del bien. En este sentido, del Profesor Javier Gómez-Gálligo en su trabajo Sistemas Registrales: el Registro de Bienes Muebles:
“La única forma de asegurar un rango entre acreedores y evitar conflictos de preferencias, es acudir a la publicidad registral con fuerte efectos frente a terceros. Esto es el Registro de Bienes Muebles basados en principios propios de los Registros Inmobiliarios (inoponibilidad, fe pública, legitimación, prioridad)“
Así, el Registro de Bienes Muebles no es un registro de gravámenes sino de titularidades como afirma el Profesor Gómez-Gálligo en el trabajo citado y la RDGRN del 11 de abril del 2000. Así el artículo 24 de la Orden reconoce que se presume que el derecho existe y pertenece al titular registral a todos los efectos (principio de legitimación). Ello a pesar de que la RDGRN 18 de marzo del 2008 interpretó lo contrario y negó oponibilidad frente a terceros en la PSD sobre derechos de crédito, pero ello supondría una desnaturalización de la figura registral que quedaría inservible para el fin que la justifica. Además este criterio de la DGRN es contrario a la sustancia del registro jurídico y se justificó la DGRN en la dificultad para los terceros de consultar el Registro adecuado cuando la garantía recae sobre un bien naturaleza abstracta como es el derecho de crédito. Sin embargo, este criterio debe quedar superado por la fijación de los criterios establecidos por la Instrucción de la DGRN del 12 de mayo del 2012 que determinan el lugar correcto para la inscripción. Sólo puede negarse esa oponibilidad cuando siendo susceptible de inscripción, no haya accedido al RBM, ex art. 28 de la Orden (principio de inoponibilidad). En este punto, tener en cuenta también el principio de fe pública registral, siendo la base registral suficiente para defender el derecho adquirido conforme al registro frente a cualquier tercero (artículo 29 de la Orden).
3.3 La Prenda de garantía financiera:
3.4 La aproximación de la prenda de créditos y la cesión de créditos:
Por otra parte tradicionalmente se ha aproximado la figura de la prenda de créditos a la cesión de créditos. Clarificadora distinción hace la STS 26 septiembre del 2002, en FJ 2º. Hoy no es necesaria esta aproximación pues la admisión de la prenda de créditos se extingue la necesidad de esta aproximación. En cualquier caso, es una posición en la que no existe unanimidad. Si bien, es más seguro la postura restrictiva pues lo que se busca obtener es una garantía y obtener seguridad, no lo contrario. Así, si se quisiera constituir la cesión de créditos para conseguir los efectos de garantía de la prenda, se estaría constituyendo un negocio simulado en el que se podría apreciar que falta la verdadera causa jurídica de la transmisión apareciendo el riesgo cierto de que se instara la anulación de la garantía ex artículo 1.274 y ss CC. Por ejemplo, la STS 16 de mayo del 2000 en su FJ CUARTO.
Así, la cesión de crédito para tal fin sería una operación de garantía encubierta, lo cual quedaría al descubierto cuando posteriormente se empleen los importes de las rentas a compensar las deudas pendientes del arrendador-deudor y por el hecho que la condición a que se sujeta la cesión de crédito es el incumplimiento de una obligación anterior. Mientas exista una finalidad de garantía lo adecuado es emplear una figura jurídica que tenga esa finalidad.
Lo cierto es que existe un riesgo cierto de nulidad del contrato simulado si se demuestra una causa falsa ex 1.276 CC, podría emplearse esta forma. Como consecuencia práctica si fuera necesario ejecutar la garantía el acreedor estaría sometido al riesgo de la oposición artificiosa por la parte pasiva (alargando la satisfacción de la deuda) o de una interpretación judicial opuesta a la realización de la garantía.
Para disipar las dudas sobre el riesgo de constituir la garantía sobre rentas futuras a través de la Cesión de créditos, especialmente en sede concursal, aportamos por clarificador un fragmento de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de la Coruña, 9 de septiembre del 2013:
"…la constitución de una prenda de crédito... pued(a) comprender una cesión de dicho crédito y... se pued(a) construir... a través del mecanismo de la cesión" (STS de 12 de diciembre de 2002, no quiere decir que un negocio de cesión de créditos en garantía sea una prenda de créditos -y que por tanto confiera privilegio especial al acreedor-.
3º. La exposición de motivos de la Ley Concursal indica que "se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas." En este caso no nos encontramos ante una de las contadas excepciones que incorpora la Ley Concursal, ni existen motivos justificados para incluirla como excepción de nuevo cuño…. “ ”
4. LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA PRENDA DE CRÉDITOS MEDIANTE COMPENSACIÓN
Sin embargo, el caso de la prenda sobre derechos de crédito pecuniario (las rentas de alquileres), se trata de un supuesto intermedio entre la prenda irregular y la prenda de derechos de créditos instrumentalizados. La cuestión es si la compensación de las rentas que se devenguen con cuotas que adeude el deudor pignorante supone o no una vulneración del pacto comisorio. En este sentido hemos de tener en cuenta la dificultad práctica de transmitir un derecho de cobro de rentas, y por otro que la compensación directa supone una apropiación del importe del derecho de crédito (la garantía).
“Una vez cobrado por el acreedor pignoraticio el importe del crédito, el pacto de compensación con lo debido por el deudor pignorante para extinguir la deuda no repugna a la prohibición del pacto comisorio (arts 1858 y 1859 CC) (…) porque el Banco que goza de la pignoración no a obtener ni más ni menos de lo que aquella imposición represente… “
Puesto que estamos buscando una forma de garantizar los pagos debidos por un cliente, y es normal pensar que cuando sea necesaria la ejecución de la garantía es posible que el deudor tenga otros acreedores impagados, hemos de proteger nuestro derecho frente a los restantes créditos pendientes que pudieran gravitar sobre le patrimonio deudor. Los supuestos de mayor riesgo son la concurrencia con otros créditos públicos o la concurrencia con otros créditos en caso de concurso. En caso de concurrencia con créditos públicos solo se reconoce preferencia de aquellos créditos privados con garantía inscrita (artículo 7 7 LGT). En caso de concurso, y expresamente cuando lo garantizado fueran créditos futuros se exige la inscripción para gozar del privilegio especial respecto a la totalidad del importe garantizado (artículo 90.1.6º LC) (a pesar de las discusiones sobre la interpretación de los términos de este último artículo). Teniendo en cuenta lo anterior, y puesto que sólo es posible la inscripción de la prenda por medio de la prenda sin desplazamiento por la LHMYPSD, la conclusión es recomendar este tipo de garantía con preferencia a las demás, e incluir expresamente el pacto de compensación como medio de realización de la garantía en caso de incumplimiento.
Gómez-Gálligo, Javier, Sistemas Registrales: el Registro de Bienes Muebles,
Fernández-Peñaflor, Eduardo Geli y COLLDEFORNS PAPIOL, Eloi, La Preferencia de los créditos futuros garantizados con prenda tras la reforma del artículo 90.1.6º de la Ley concursal, Abogados en Uría Menéndez, Julio 2012.
EDITORIAL, Nota Informativa sobre la Instrucción emitida por la Dirección General de Registros y el Notariado de fecha de 12 de mayo del 2012, en la sección de Novedades Mercantil de su web oficial. Mayo 2012.
Navarro Coderque, Fernando y Lafargue Fernando, Caros N., Implicaciones prácticas de la prenda de derechos de créditos configurada como prenda sin desplazamiento tras la reforma de la Ley concursal introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, abogados en Cuatre Casa Gonçalves Pereira, publicado en La Ley Diario 7984/2012, 14 de diciembre.
PÉREZ, Iván y TÉLLEZ, José Aurelio ¿Prenda sobre o en garantía de créditos futuros en el concurso?, abogados de Ernst & Young abogados, publicado en la web www.legaltoday.com, 12 de junio 2013.
[1] “La escritura o póliza en su caso deberán ser inscritos en el Registro que por esta Ley se establece”. El concepto de deber refiere a obligación, a necesario. Las consecuencias del incumplimiento de este mandato imperativo de la norma supondrá reducir la prenda a un simple acuerdo entre las partes, por lo tanto de naturaleza obligacional y no real, eso sí, siempre que no se acogiera a la aplicación extensiva de la prenda ordinaria.