Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00008-de-enero-30-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f3bad30a8cf000b4e0430a01015100b4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-18 07:42:06
Document Index: 186513313

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 237', 'artículo 237', 'artículo 182', 'artículo 193', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 140', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 139']

﻿ Sentencia 2012-00008 de enero 30 de 2014
SENTENCIA 2012-00008 DE 30 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:PROCEDENCIA DEL ACTO DE ELECCIÓN. SOBRE LOS MOTIVOS DE NULIDAD QUE NO ESTÉ CONTEMPLADOS EN LAS PETICIONES PREVIAS QUE SE DIRIGIERON A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL PERTINENTE, NO PODRÁ PRONUNCIARSE EL JUEZ DE LO ELECTORAL, POR FALTA DE AGOTAMIENTO DEL AGOTAMIENTO DEL CITADO REQUISITO, QUE SE CONSTITUYE POR MANDATO SUPERIOR, EN PRESUPUESTO PROCESAL DE LA ACCIÓN EN EL CONTENCIOSO ELECTORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, ACTA DE ESCRUTINIO, REQUISITOS DE PROCEDENCIA
Sentencia 2012-00008 de enero 30 de 2014
Exp.: 270012331000201200008-02
Demandante: Wilberth López Cuesta
Demandado: Diputados del departamento del Chocó
Bogotá D.C., treinta de enero de dos mil catorce.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo y 13 del Acuerdo 58 de 1999(1) —modificado por el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, Reglamento del Consejo de Estado—, a esta Sala le compete conocer de los recursos de apelación propuestos contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Chocó.
Es el Acuerdo 18 del 21 de diciembre de 2011, expedido por el Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se declaró la elección de los diputados a la Asamblea del departamento del Chocó, período 2012-2015.
Esta corporación anticipa que revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se inhibirá de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, pues la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad que propuso el apoderado del señor José Diógenes Palacios y que respaldaron el Ministerio Público, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, está llamada a prosperar.
Para efectos de sustentar esta decisión, la Sala hará las siguientes precisiones:
A. Del requisito de procedibilidad que prevé el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009.
El artículo 8º del Acto Legislativo 1 de julio 14 de 2009(2), adicionó el artículo 237 de la Constitución Política el siguiente numeral:
Sobre este requisito, la Sección Quinta ha señalado lo siguiente:
“Así, se trata de un requisito que si bien debe acreditarse procesalmente, por parte del actor, para el curso normal de la demanda, su agotamiento en sede administrativa bien puede producirse a instancia de cualquier ciudadano, dado que el constituyente no delimitó una legitimación por activa para ello, lo que debe entenderse como que tales irregularidades pueden denunciarse ante las autoridades electorales por cualquier persona.
En cuanto a la oportunidad, es claro que se satisface el requisito si las irregularidades son puestas en conocimiento de las autoridades electorales antes de que se expida el acto declaratorio de elección, aspecto razonable porque aún existe la posibilidad de que las anomalías probadas puedan ser corregidas y de esa forma el escrutinio sea resultado exacto de la voluntad popular expresada en las urnas.
Respecto a su objeto dirá la Sala que el requisito de procedibilidad únicamente puede ocuparse de irregularidades constitutivas de causales o motivos de nulidad existentes en el proceso de votación y en el escrutinio, es decir, de todos aquellos fenómenos suscitados durante el curso de la jornada electoral o al realizarse los escrutinios, concernientes entre otras, a falsedades en los registros electorales.
Y, finalmente, para el agotamiento del mencionado requisito basta con que las irregularidades constitutivas de nulidad hayan sido puestas en conocimiento de las autoridades electorales, a cuya cabeza está el CNE (...)”(3).
Ahora bien, si pese a la puesta en conocimiento de la autoridad administrativa electoral correspondiente la irregularidad en la votación o en el escrutinio, presuntamente constitutiva de nulidad, esta omite estudiarla, o únicamente se pronuncia sobre algunas y deja de estudiar las demás, el presupuesto procesal de la acción está agotado. En estos casos la demanda de nulidad electoral puede interponerse acreditando esta situación. Bastará anexar a la demanda copia hábil de la petición radicada por cualquier persona ante la respectiva autoridad con tal fin.
Es preciso sin embargo advertir, como es apenas obvio, que ese escrito presentado por cualquier ciudadano poniendo en conocimiento de la respectiva autoridad electoral irregularidades en la votación o en el escrutinio presuntamente constitutivas de nulidad agota el requisito de procedibilidad para cualquier demandante, pero siempre y cuando entre ese reclamo vía administrativa y las causales y motivos en que se funde la demanda de nulidad electoral haya identidad y correspondencia. De lo contrario no sirve para estos efectos.
Otro aspecto que es indispensable clarificar es que en los casos en que no haya habido pronunciamiento alguno de la autoridad administrativa electoral pues ésta guardó silencio, no se tiene que demandar ese tipo de respuesta.
En cambio, si a esa solicitud le sigue la decisión expresa de la autoridad electoral, no acogiendo lo pedido por el interesado, en la demanda de nulidad electoral, además de impugnarse el acto que declara la elección, es imperativo demandar también la nulidad de tal decisión administrativa, pues aunque se trate de un pronunciamiento anterior a la declaratoria de elección, contiene la adopción de decisión administrativa definitiva frente a esas irregularidades que según el peticionario se sucedieron durante las votaciones o los escrutinios.
Tal exigencia de demandar estas decisiones, conjuntamente con el acto de declaratoria de la elección que se acusa, deviene de que al tratarse también éste de un acto administrativo que el demandante considera viciado, de llegar a establecerse ello judicialmente, no debe quedar vigente y válido en el ordenamiento jurídico(4).
Entonces y concluyendo, agotar debidamente el requisito de procedibilidad como presupuesto procesal para instaurar el contencioso electoral implica que las censuras de las cuales en vía judicial se acuse al acto de elección, estén incluidas, correspondan o coincidan con aquellos mismos reproches puestos en conocimiento de la autoridad administrativa electoral correspondiente.
Frente a este punto considera la Sala de interés y oportuno hacer precisión y claridad en el sentido de que tanto el sometimiento a examen ante la autoridad administrativa electoral de las irregularidades presentes en la votación o en el escrutinio, presuntamente constitutivas de nulidad (son entonces motivos diferentes a las causales de reclamación del Código Electoral, art. 192), como el concepto de violación que se plantee en la demanda de nulidad electoral, deben contener una exposición precisa que identifique el motivo específico al cual se atribuya la causal de nulidad que se considera subyace en el acta, en el registro, en el resultado, en el formulario, etc.
Entonces, ni vía administrativa ni posteriormente vía judicial, resulta válido que en la actuación administrativa se haya pedido una revisión general de todos los resultados sin señalar la causa o el motivo de tal solicitud. Es indispensable que se precise en qué aspecto y en qué motivo radica la necesidad del recuento que se reclama y en cuál mesa, puesto, zona se presenta y por qué. De la misma manera vía judicial no es de recibo, y a fin que el pronunciamiento definitorio del juez pueda ser de mérito, que se aleguen en abstracto o de manera general reproches contra la votación o el escrutinio, sin identificar en la demanda con claridad y precisión qué aspecto en específico radican los motivos de nulidad que se atribuyen y en qué etapa del proceso administrativo electoral y por cuál razón solicitó vía administrativa el recuento de votos, sin obtener solución al reclamo elevado.
En ambos casos, vía administrativa y vía judicial, indicar en concreto dónde y en qué radican los motivos de nulidad que se atribuyen a la decisión, es una carga que pertenece al resorte del peticionario y del demandante, respectivamente.
Por lo tanto, sobre los motivos de nulidad que no estén contemplados en las peticiones previas que se dirigieron a la autoridad administrativa electoral pertinente, no podrá pronunciarse el juez de lo electoral, por falta de agotamiento del citado requisito, que se constituye por mandato Superior, en presupuesto procesal de la acción en el contencioso electoral.
La Sala insiste en dejar claro que no hace falta que el mismo demandante haya sido quien presentó ante la autoridad administrativa electoral la reclamación constitutiva de causal de nulidad, pues del contenido del Parágrafo del artículo 237 de la Carta se desprende que ello no es exigencia, luego cualquier persona pudo haber presentado dicha solicitud y el demandante hacer uso de esa puesta en conocimiento a la respectiva autoridad administrativa electoral de esos presuntos vicios constitutivos de nulidad.
Pero lo que sí es requisito sine qua non es que coincidan, que haya identidad de causa petendi entre lo reclamado administrativamente y lo demandado judicialmente.
Aunado a lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado(5), en reiterada jurisprudencia, ha advertido que la denuncia de irregularidades no es un acto de la absoluta discrecionalidad del interesado, de modo que se pueda escoger libremente el momento en que se hace y la autoridad ante quien se radica la denuncia respecto de las votaciones y los escrutinios. Al “efecto debe tomarse en cuenta que el Código Electoral determinó que los escrutinios, según la autoridad política a elegir y sin tomar en cuenta el que realizan los jurados de votación, se debe adelantar por las comisiones escrutadoras auxiliares o zonales, municipales, distritales, los delegados del Consejo Nacional Electoral y por supuesto cuando se trata de autoridades del orden nacional, por ésta entidad de la Organización Electoral”.
Por esa razón y a fin de que no se obstruya el avance normal del escrutinio ni retrotraerlo a instancias ya superadas, “la oportunidad y la autoridad competente para atender las peticiones encaminadas a agotar el requisito de procedibilidad, debe tomar en cuenta “la autoridad administrativa correspondiente”, que corresponde a la autoridad que tiene la competencia para hacer la declaratoria de elección”.
Así, por ejemplo, si se trata de irregularidades concernientes a la elección de un alcalde municipal, la denuncia debe formularse ante la comisión escrutadora municipal y a más tardar, hasta antes de que se ésta provea sobre la elección. No sería admisible, por tanto, que dichas inconsistencias se dieran a conocer directamente a los integrantes de la comisión escrutadora departamental o incluso al Consejo Nacional Electoral, puesto que se trata de autoridades incompetentes para conocer de primera mano las irregularidades sucedidas durante los escrutinios municipales, y porque solamente están autorizadas para conocer de las apelaciones que se formulen contra las decisiones de su respectivo inferior funcional.
B. De la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.
Como se dijo, tanto en el escrito de contestación como en la apelación, la defensa del señor José Diógenes Palacios Mosquera propuso la excepción que denominó falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.
Adujo que no se agotó en debida forma el requisito de procedibilidad, pues el demandante debió impugnar las mesas donde supuestamente se encontraban las irregularidades ante la comisión escrutadora municipal. Empero, el respectivo reclamo se surtió directamente ante la comisión departamental.
En este mismo sentido se manifestaron la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral en los correspondientes escritos de apelación. En concreto, adujeron que está demostrado que el demandante, en la oportunidad que el Código Electoral prevé para tal efecto, no cuestionó las “actas E-14 de escrutinio de mesa” por los supuestos errores que cometió la Comisión Escrutadora municipal de Medio San Juan. Que “si el demandante pretendía impugnar los diferentes escrutinios (municipal y departamental) debió hacerlo en su oportunidad y por escrito; situación que no está demostrada dentro del proceso, ya que si se presentaron irregularidades en el proceso debió haber presentado ante estas instancias sus respectivas reclamaciones, lo que no sucedió”.
Sobre el particular, el Agente del Ministerio Público sostuvo que está demostrado que “el demandante no agotó en debida forma el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, pues las irregularidades por él denunciadas, tal como expresamente lo señala, “se presentaron en el municipio de medio San Juan, toda vez que los E-14 de delegados que figuran en la página web, se observan grandes inconsistencias entre lo allí plasmado por los jurados de votación y lo consignado por la comisión escrutadora municipal en el cuadro E-24 mesa a mesa, y tales irregularidades solamente se denunciaron ante la comisión departamental y no ante la municipal como correspondía”.
Ahora bien, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la Sala verifica:
— Que según el acta general de escrutinios de la comisión escrutadora del municipio de Medio San Juan(6), en las mesas donde se presentaron las irregularidades que sirven de sustento a la demanda se efectuó un recuento voto a voto, pues los formularios E-11 y E-14 presentaban “enmendaduras y tachaduras”.
— Que el 4 de noviembre de 2011, el señor Wilberth López Cuesta solicitó a la Comisión Escrutadora Departamental que realizara un nuevo escrutinio en el municipio de Medio San Juan respecto de la asamblea departamental, pues se habían presentado inconsistencias entre los boletines informativos y el consolidado final(7). En concreto, adujo lo siguiente:
“Que como se evidencia en el boletín 8 donde de 13 mesas instaladas fueron informadas 11 lo que equivale a un 84,61% de la votación inicial donde el partido y la suma de sus candidatos obtienen 478 votos entre todos y dos días después cuando recuentan se observa que en las mismas 11 mesas que ya han sido informadas y verificadas por nuestros testigos electorales se observa que el partido tiene menos votación y el señor Wilberth López Cuesta aparece con 37 votos, al cual le quitaron sin justificación alguna 79 votos”.
Que como se evidencia en el boletín 14 de las 26 mesas instaladas fueron informadas 22 lo que equivale a un 84% de la votación inicial, donde el partido y la suma de candidatos obtienen 420 votos entre todos y dos días después cuando recuentan se observa que en las mismas 22 mesas que ya han sido informadas y verificadas por nuestros testigos electorales, no se ha visto ninguna modificación en el conteo de votos, a sabiendas que sí existieron”.
— Que mediante Resolución 33 del 16 de noviembre de 2011(8), la Comisión Escrutadora Departamental rechazó de plano dicha solicitud con fundamento en los siguientes argumentos:
“Sea lo primero recordarle al peticionario que el documento base para practicar los escrutinios municipales son las actas de escrutinio de mesa E-14, emitidas por los jurados de votación y no los boletines informativos que emite la registraduría nacional como producto de la labor de reconteo el día de las elecciones. En el escrutinio departamental, el documento base para realizarlo son las actas de escrutinio E-26, expedidas por la comisión escrutadora municipal para cada una de las corporaciones o cargos de elección popular.
De conformidad con el artículo 182, inciso 3º “en los escrutinios generales sólo procederá el recuento de votos emitidos en una mesa, cuando la comisión escrutadora distrital o municipal se hubiere negado a hacerlo, su decisión hubiere sido apelada oportunamente y los delegados del Consejo Nacional hallaren fundada la apelación, procedimiento que no se evidencia que por ninguna parte haya desplegado el peticionario ante la instancia respectiva para solicitar que se practicara el recuento de votos.
Ahora bien, el artículo 193 del Código Electoral Colombiano expresa que “las reclamaciones de que trata el artículo anterior, podrán presentarse por primera vez durante los escrutinios que practican las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares, o durante los escrutinios generales que realizan los delegados del Consejo Nacional Electoral, sin embargo su presentación debe ser de forma razonada y debidamente soportada en las condiciones de modo, tiempo y lugar que configuren la solicitud, que para el caso en marras, el recuento de votos procede por tachaduras o enmendaduras en las actas E-14 de escrutinio de mesa o en las actas de escrutinio municipal para cada corporación o cargo de elección popular, E-26, y por errores aritméticos cometidos por los jurados o por las comisiones escrutadoras al computar los votos, documentos estos que no han recibido reproche alguno por parte del peticionario.
Encuentra la comisión que con respecto al municipio de Medio San Juan, la comisión escrutadora municipal practicó recuento de votos para la corporación de asamblea y así lo dejó consignado en el acta general de escrutinio, lo cual hace improcedente que se practique un nuevo recuento sobre dichas mesas de votación para la corporación de asamblea”. (negrilla fuera de texto original)
— Que mediante escritos del 10 y 15 de noviembre de 2011, que se presentaron ante la comisión escrutadora departamental, el señor Wilberth López Cuesta insistió en que se ordenaran unos nuevos escrutinios en el municipio de Medio San Juan(9).
— Que, de acuerdo con el Acta General de Escrutinios del 17 de noviembre de 2011(10), suscrita por la Comisión Departamental del Chocó “el formulario “E-26. Asamblea Departamental” se gestionó sin novedad alguna.
— Que en esa misma acta se dejó constancia que “siendo las 9.45 a.m. del día 9 de noviembre de 2011, se inici[ó] la audiencia con el municipio de Medio San Juan. Que el registrador informó que “no se presentaron reclamaciones ni hay apelaciones por resolver”. Que “siendo las 10.05 a.m. queda escrutado el municipio de Medio San Juan”.
— Que mediante escrito del 15 de noviembre de 2011(11), que se denominó “solicitud de saneamiento de nulidad”, el demandante intentó agotar el requisito de procedibilidad al que hace referencia el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009. Tal documento se presentó ante la comisión escrutadora departamental y, en concreto, manifestó:
“Estando dentro [de] los términos, ya que no se ha producido el acto administrativo de declaratoria de elección, respetuosamente le solicito a la comisión escrutadora departamental ordenar el saneamiento de nulidad para la corporación de asamblea en el municipio de Medio San Juan, toda vez que en los E-14 de delegados, que figuran en la página web, se observan grandes inconsistencias entre lo allí plasmado por los jurados de votación y lo consignado por la comisión escrutadora municipal en el cuadro E-24, mesa a mesa.
Fundamentalmente encuentro serias evidencias en los resultados consignados en el cuadro E-24 al candidato número 53 del Partido Conservador, las cuales no corresponden con los resultados que plasmaron los jurados de votación en los E-14 de las mesas, seis de cabecera, ocho de cabecera, puesto 99-09, 99-17 mesa 01, 99-17 mesa 02, 99-17 mesa 03 y 99-23 mesa 01”.
— Dicha solicitud se presentó nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral el día 23 de noviembre de 2011(12).
— Que mediante Resolución 4834 del 13 de diciembre de 2011(13), el Consejo Nacional Electoral rechazó la petición que formularon el señor Wilberth López Cuesta y su apoderado, en relación con el escrutinio de los votos en el municipio de Medio San Juan. En síntesis, los argumentos que sustentaron dicha decisión fueron:
Así las cosas, de lo manifestado en el acta general de escrutinios del departamento del Chocó, de noviembre 17 de 2011, suscrita por la comisión escrutadora departamental del Chocó, se deduce que ni el candidato ni su testigo electoral, ni su apoderado, hicieron uso dentro del término legal de los medios impugnación para expresar sus desacuerdos respecto de la información dada a conocer por los respectivos escrutadores del municipio de Medio San Juan.
Que debido a que ya se ha suscrito el documento contentivo de la consolidación del formulario E-26, se han consolidado los formularios E-24 de asamblea, y así mismo se han dejado las constancias en el acta general de escrutinios del departamento del Chocó, de fecha 17 de noviembre de 2011, suscrita por la comisión escrutadora departamental del Chocó, se concluye que el Consejo Nacional Electoral ha perdido la competencia para conocer sobre la solicitud de los apelantes, según lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo, en sus artículos 227 y 228, siendo competente para ello la jurisdicción contencioso administrativa”. (resaltado fuera de texto original)
— Que mediante Acuerdo 18 de 2011(14), el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de los diputados a la asamblea departamental del Chocó, período 2012-2015, entre ellos, el señor José Diógenes Palacios Cuesta. En dicho Acuerdo, sobre el punto materia de estudio, se resalta lo siguiente:
“El señor Wilberth López por intermedio de apoderado solicita que se convoque a una audiencia pública donde pueda sustentar la apelación que presentara ante la comisión escrutadora departamental.
Al respecto, una vez constatada el acta general de escrutinios departamentales, se tiene que en ningún momento de sus apartes se encuentra concedido el recurso de apelación al que hace referencia el candidato a la asamblea del departamento del Chocó, señor Wilberth López Cuestas.
Por tanto, no es viable entrar a decidir el pretendido recurso de apelación al verificarse que este no fue concedido, tal y como lo señalan los Delegados, toda vez que fue presentado luego de concluido los escrutinios departamentales. En consecuencia, el recurso será rechazado por haberse presentado en forma extemporánea. (negrilla fuera de texto original).
De acuerdo con lo anterior, a juicio de la Sala, es evidente que el demandante no agotó en debida forma el requisito de procedibilidad como presupuesto procesal para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Porque las irregularidades que se aducen como sustento de la demanda (supuestas falsedades en los registros electorales del municipio de Medio San Juan), no se formularon ante la comisión escrutadora municipal, instancia ante la que correspondía.
En efecto, las irregularidades que según el demandante se presentaron entre los datos consignados en los formularios E-14 y lo que la comisión escrutadora plasmó en el E-24, sólo se denunciaron ante la comisión escrutadora departamental. Además, en el expediente está demostrado que la petición que el demandante denominó de “saneamiento de nulidad”, se presentó ante la comisión escrutadora departamental el 15 de noviembre de 2011, esto es, después de que culminara la consolidación de resultados(15) respecto del municipio de Medio San Juan y en todo caso no se hizo ante la comisión escrutadora municipal respectiva.
También en el acta general de escrutinio suscrita por la comisión escrutadora municipal del Medio San Juan se deja constancia que ante dicha autoridad electoral y respecto de las mesas objeto de controversia, en la oportunidad prevista para tal efecto, no se presentó reclamación u objeción alguna. Que, por el contrario, la respectiva comisión dispuso un conteo de voto a voto, toda vez que los formularios E-11 y E-14 presentaban tachaduras o enmendaduras.
Lo anterior es razón suficiente para concluir que, como bien lo pusieron de presente el señor José Diógenes Palacios Mosquera, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio Público, la parte actora, en el asunto objeto de estudio, no agotó en debida forma el requisito de procedibilidad que prevé el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009, debido a que el interesado no hizo la denuncia ante la comisión escrutadora competente.
La Sala reitera que en los procesos en los que se cuestione la legalidad de las elecciones populares —como el presente caso—, aquellos vicios de nulidad relacionados con irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, deben haber sido propuestos ante la correspondiente autoridad administrativa electoral antes de que se expida el acto de elección, ya por el mismo demandante ya por cualquier persona.
Es decir, tal requisito de procedibilidad (que por lo tanto es presupuesto procesal de la acción de nulidad electoral) sólo se entiende satisfecho si las irregularidades que se traen en la demanda —como motivos de nulidad del acto de elección que se acusa— fueron puestas en conocimiento de las respectivas autoridades electorales, teniendo en cuenta la instancia donde el defecto se produjo y el tipo de elección de que se trata, a fin de que no se trasgreda la estructura lógica y jerarquizada del proceso de escrutinio.
Dicha exigencia no se observa en el caso objeto de estudio, pues las pruebas que obran en el expediente demuestran que el demandante intentó agotar el requisito de procedibilidad ante la comisión escrutadora departamental y ante el Consejo Nacional Electoral, cuando, en realidad, debió plantearse ante la comisión escrutadora municipal de Medio San Juan, pues la supuestas irregularidades se generaron durante los escrutinios municipales.
En esta medida, al no haber sido planteadas debida y oportunamente ante la autoridad administrativa electoral las irregularidades constitutivas de causal de nulidad de la elección, ya por el demandante, ya acreditando este que otro ciudadano cualquiera lo hizo, no es posible instaurar el contencioso electoral, pues para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en esta clase de medio de control judicial especial, la Constitución Política impone como presupuesto procesal tal exigencia.
Las peticiones que el actor elevó ante la comisión escrutadora departamental y ante el Consejo Nacional Electoral (con la finalidad de dar por cumplido el citado requisito), no satisfacen el requisito de procedibilidad en cuestión, por cuanto se radicaron ante una autoridad electoral que no era la competente para decidir tal asunto.
Por último, la Sala advierte que, por haberse encontrada debidamente probada la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, queda relevada de analizar las demás excepciones que se propusieron por la Registraduría del Estado Civil y por el señor José Diógenes Palacios Mosquera, así como de los cargos de la demanda, pues la prosperidad de este medio exceptivo, por sí solo, ya impide que pueda existir pronunciamiento de fondo.
Ahora bien, contrario a lo que plantea el apoderado del señor Palacios Mosquera dicha falta de agotamiento del requisito de procedibilidad no configura la causal de nulidad que prevé el numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que esta solo procede cuando la demanda se ha tramitado en su totalidad por un proceso diferente al que, en realidad, debía adelantarse.
Esa hipótesis no está presente en el sub examine por cuanto a la presente demanda contra el acto de elección de los diputados de la asamblea departamental del Chocó se le impartió el trámite que el Código Contencioso Administrativo(16) preveía para tal efecto, esto es, el del contencioso de nulidad electoral.
En este orden de ideas, como se anticipó, se impone que esta corporación revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se abstenga de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda, pues está comprobada la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad que prevé el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009.
1. REVÓCASE la sentencia del 29 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó. En su lugar, DECLÁRASE probada la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad que prevé el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009. En consecuencia, esta Sala se INHÍBE de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Wilberth López Cuesta.
(1) Modificado por el artículo 1° del Acuerdo 55 de 2003.
(2) Fue corregido con el artículo 1º del Decreto 3259 de 2009.
(3) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de agosto de 2011, rad. 110010328000201000045-00 y 110010328000201000046-00 (acumulados), Cámara Boyacá, M.P. Susana Buitrago Valencia.
(4) Aunque este proceso se decide conforme a las normas del Código Contencioso Administrativo, es preciso advertir que en la Ley 1437 de 2011 (CPACA) esa obligación quedó expresamente prevista en el artículo 139.
(5) Entre otras, ver sentencia del 25 de julio de 2013. M.P. Alberto Yepes Barreiro, exp. 2012-0047.
(6) Folio 1-127, anexo 2.
(7) Folio 1, anexo 1.
(8) Folio 1-2, anexo 1.
(9) Folios 3-12, anexo 1.
(10) Folios 1-113, anexo 3.
(11) Folio 30, anexo 4.
(12) Folios 31-34, anexo 4.
(13) Folios 2-13, anexo 4.
(14) Folios 14-23, anexo 4.
(15) Dicha consolidación, de acuerdo con el acta general de escrutinios departamental y respecto a la asamblea departamental del Chocó, tuvo lugar el 9 de noviembre de 2011, sin que se presentara novedad alguna y sin que quedarán apelaciones por resolver.
(16) Norma vigente al momento de interposición de la demanda.