Source: https://historiadecovaleda.wordpress.com/2014/12/02/ley-32009-de-6-de-abril-de-montes-de-castilla-y-leon-vii/
Timestamp: 2020-03-29 12:05:09
Document Index: 401719931

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 54', 'artículo 45', 'artículo 61', 'artículo 38', 'artículo 125', 'artículo 71']

LEY 3/2009, DE 6 DE ABRIL, DE MONTES DE CASTILLA Y LEÓN – VII | HISTORIA DE COVALEDA
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Publicado el 2 diciembre, 2014	por covaleda
La restauración tendrá como fines prioritarios la recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas forestales, la lucha contra la erosión, la mejora de la calidad de los recursos hídricos, la estabilidad de los terrenos y la protección de infraestructuras de interés general.
Es competencia de la consejería competente en materia de montes la restauración de los ecosistemas forestales y de los hábitats naturales de carácter forestal, sin perjuicio de las atribuciones que puedan corresponder a la Administración General del Estado dentro del Dominio Público Hidráulico en relación con la restauración hidrológico-forestal.
La consejería competente en materia de montes podrá declarar, mediante orden, zonas de actuaciones prioritarias de restauración forestal.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, en estas zonas, las obras y trabajos necesarios para el cumplimiento de los fines de restauración forestal se declaran de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa.
Las zonas de actuaciones prioritarias de restauración forestal serán objeto de tratamiento preferente en las medidas de fomento.
La consejería competente en materia de montes deberá elaborar para las zonas previamente declaradas de actuación prioritaria de restauración forestal planes específicos que serán aprobados por orden.
Los titulares y gestores de los montes incluidos en las zonas declaradas de actuación prioritaria de restauración forestal quedan obligados por las previsiones de los planes de actuación que podrán determinar una restricción en el régimen de los aprovechamientos, en particular, el pastoreo, así como la realización de obras y trabajos de restauración y repoblación.
La consejería competente en materia de montes elaborará y desarrollará programas de ámbito regional que promuevan la mejora genética y la conservación de los recursos genéticos forestales. A tal efecto, se establecerán las normas para la recolección, producción, utilización y comercialización de los materiales forestales de reproducción, sin perjuicio de las normas básicas a que se refiere el artículo 54 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Los materiales forestales de reproducción procedentes de montes declarados como Materiales de Base incluidos en el Catálogo Nacional correspondiente tendrán la consideración de interés general. La consejería competente en materia de montes establecerá el procedimiento que garantice el acceso a los mismos, con independencia de la titularidad de los terrenos, y que posibilite su aprovechamiento con la urgencia requerida por la caducidad del poder germinativo de estos materiales, arbitrándose los correspondientes procedimientos de compensación.
En los montes que tengan declarados Materiales de Base, la consejería competente en materia de montes tendrá preferencia para su aprovechamiento como material forestal de reproducción.
En los montes relacionados en el artículo 45 de la presente Ley, así como en el resto de montes propiedad de la Comunidad de Castilla y León, esta efectuará inversiones directas para su conservación y mejora. Las actuaciones así financiadas serán ejecutadas directamente por la consejería competente en materia de montes.
En los restantes montes, la Comunidad de Castilla y León fomentará su conservación y mejora mediante la concesión de ayudas e incentivos.
La consejería competente en materia de montes impulsará técnica y económicamente la ordenación de montes.
Gozarán de preferencia en la concesión de ayudas e incentivos los montes de extensión superior a las cien hectáreas cuando estén incluidos total o parcialmente en la Red Natura 2000 o en la Red de Espacios Naturales protegidos de Castilla y León.
La Administración de la Comunidad de Castilla y León promoverá, mediante las ayudas técnicas y económicas que se establezcan, la instalación, reestructuración y mejora de las industrias forestales, con especial atención a las que incrementen el valor añadido de los recursos forestales y fijen población en las zonas rurales, así como la comercialización de los productos forestales regionales.
La consejería competente en materia de montes fomentará las relaciones entre el sector de la producción forestal y el industrial dedicado a la primera transformación de los productos forestales, así como promoverá la colaboración entre centros de investigación forestal y empresas del sector, que permitan la transferencia adecuada de tecnología y la modernización y mejora de los procesos de transformación.
Se crea el Registro Regional de Empresas e Industrias Forestales, dependiente de la consejería competente en materia de montes, en el que se inscribirán las cooperativas, empresas e industrias a que hace referencia el artículo 61.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que estarán obligadas a suministrar los datos básicos que integrarán el Registro.
Reglamentariamente se determinará la organización y funcionamiento del Registro a que hace referencia el apartado anterior, así como las condiciones que deban cumplir las empresas e industrias para poder ser inscritas, y la coordinación con otros registros de carácter estadístico o industrial.
Las Entidades Públicas titulares de montes catalogados de utilidad pública destinarán a mejoras de aquéllos una parte de los ingresos procedentes de todos los aprovechamientos forestales y de los demás rendimientos generados por el monte, incluidos los derivados de las concesiones por uso privativo del dominio público forestal, considerando su propiedad como unidad económica.
A los efectos de lo dispuesto en este capítulo, se entiende por mejoras los trabajos e intervenciones que contribuyan a la conservación, restauración y puesta en valor del monte o su gestión.
Las entidades públicas titulares de montes catalogados de utilidad pública destinarán a mejoras el porcentaje mínimo fijado en el artículo 38 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, sin perjuicio de que aquellas decidan acordar incrementar el Fondo de Mejoras con aportaciones voluntarias suplementarias.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los titulares de los aprovechamientos forestales y de los usos amparados por título administrativo habilitante en los montes catalogados de utilidad pública, ingresarán en el Fondo de Mejoras el importe a que se refiere dicho apartado. El ingreso de dicho importe es condición previa indispensable para la expedición del correspondiente título de intervención administrativo para la realización del aprovechamiento o uso respectivo.
En el Fondo de Mejoras se ingresarán las cantidades procedentes del cumplimiento de la obligación de indemnización de daños y perjuicios, en los términos consignados en el artículo 125 de esta Ley.
Todas las aportaciones que realicen las entidades públicas propietarias al Fondo del Mejoras se vincularán a la ejecución de mejoras en cualquiera de los montes de su titularidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
Para la realización de mejoras de interés forestal general de la provincia, y para los gastos de funcionamiento de la Comisión Territorial de Mejoras, se destinará del Fondo de Mejoras una parte que no podrá exceder del veinticinco por ciento, en el primer caso, y del cinco por ciento, en el segundo.
El Plan Anual de Mejoras es un documento de carácter técnico-facultativo que constituye la relación de todas las actuaciones de mejora forestal que se financian con cargo al Fondo de Mejoras y que deben efectuarse en el plazo de un año, en el ámbito de cada provincia en los montes catalogados de utilidad pública.
El Plan Anual de Mejoras será elaborado y aprobado por la consejería competente en materia de montes, y en él se relacionarán las mejoras que previamente hayan sido acordadas entre esta y las entidades públicas propietarias.
Si los montes dispusieran de instrumento de ordenación forestal, las mejoras incluidas en el Plan habrán de sujetarse a las previsiones de dichos instrumentos.
Para la administración y gestión del Fondo de Mejoras, se creará en cada provincia una Comisión Territorial de Mejoras, adscrita a la consejería competente en materia de montes, que estará integrada paritariamente por representantes de la Administración de Castilla y León y de las entidades públicas propietarias de montes catalogados de utilidad pública.
Reglamentariamente se precisará su composición, competencias y régimen de funcionamiento.
Entre otras funciones, la Comisión Territorial de Mejoras informará preceptivamente y resolverá las alegaciones presentadas al Plan Anual de Mejoras, informará las mejoras de interés forestal general propuestas por la consejería competente en materia de montes y aprobará las cuentas justificativas de los trabajos e inversiones realizados con cargo al Fondo de Mejoras. Dichas cuentas podrán ser objeto de auditorías por la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Para calificar el grado de la infracción se requerirá informe técnico, debidamente motivado, del servicio territorial con competencias en materia de montes, que se incorporará al expediente sancionador.
Las infracciones tipificadas en la presente Ley prescriben según los plazos señalados en el artículo 71 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre.
El plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del mismo día de comisión de la infracción. No obstante, cuando se tratare de infracciones continuadas, el día inicial del cómputo será la fecha de finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consumare. Asimismo, cuando el hecho o actividad constitutivo de la infracción no pudieran ser conocidos por no manifestarse externamente en el momento de comisión, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la aparición de signos externos que lo revelaren.
Una respuesta a LEY 3/2009, DE 6 DE ABRIL, DE MONTES DE CASTILLA Y LEÓN – VII