Source: http://studylib.es/doc/1122221/i.-disposiciones-generales-comunidad-aut%C3%B3noma
Timestamp: 2017-12-16 09:19:47
Document Index: 280205710

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 24', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'artículo\n10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 14', 'Artículo 19', 'artículo 14', 'Artículo 20', 'artículo 18', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 14', 'Artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 11', 'Artículo 26', 'artículo 7', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 41', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 2', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 23', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'artículo 24', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 56', 'Artículo 54', 'Artículo 57', 'Artículo 55', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'artículo 24', 'artículo 30', 'artículo 4']

I. Disposiciones generales COMUNIDAD AUTÓNOMA
Viernes 20 agosto 2004
BOE núm. 201
15260 LEY 5/2004, de 8 de julio, de Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y Navegación
Desde la creación, a finales del siglo XIX, de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación hasta
nuestros días, estas corporaciones de derecho público
han pasado por diversas etapas, derivadas tanto de factores económicos o sociales como políticos o jurídicos.
De estas etapas es importante destacar como hechos
jurídicos relevantes, por un lado, la Ley de bases
de 1911, donde se estableció el modelo continental de
adscripción forzosa y pago obligatorio de cuotas, y, por
otro, la Ley 3/1993, de 2 de marzo, básica de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, dictada
al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución española, en donde se establece el marco jurídico para la
regulación de estas corporaciones, adaptando a la nueva
configuración jurídico-política del Estado que se deriva
del texto constitucional las estructuras jurídicas a las
que han de someterse las cámaras.
En esta nueva organización política del Estado, y en
el denominado bloque de la constitucionalidad, se
encuentra el Estatuto de autonomía de Galicia, donde,
en su artículo 27.29, se otorga a la Comunidad Autónoma de Galicia la competencia exclusiva en materia
de cámaras de comercio, industria y navegación.
Dentro de este entramado jurídico-político se incardina la Ley de cámaras oficiales de comercio, industria
y navegación de Galicia, con la que se pretende, por
una parte, completar el soporte jurídico estable, adaptándolo a la realidad gallega, e impuesto, si no de una
forma positiva y preceptiva por la Ley básica de 1993,
sí de forma negativa al dejar a la legislación de las comunidades autónomas el desarrollo de sus preceptos, y,
por otra, al servir de soporte a estas instituciones para
afrontar los nuevos retos que se imponen, tanto desde
el punto de vista social y económico como de las nuevas
tendencias de la ciencia de la administración, donde la
administración pública, en otros tiempos omnipresente,
requiere, cada vez más, de colaboraciones de entidades
externas que coadyuven a la consecución de fines públicos, aspectos éstos donde las cámaras se han manifestado, desde su creación en 1886, como organizaciones especialmente eficaces, por su doble condición
de entidades de representación de intereses económicos
y de colaboradoras de la administración pública.
Con la presente ley viene a completarse el marco
normativo de las cámaras oficiales de comercio, industria
y navegación de Galicia, remitiendo en varios de sus
preceptos a normas reglamentarias que permitirán ir
ajustando la vida cameral a las diversas vicisitudes en
que se encuentren, todo ello sin necesidad de modificar
la normativa de superior rango. En suma, se pretende,
por una parte, dar una estabilidad a la actuación de las
cámaras y, por otra, establecer un mecanismo que evite
determinadas ataduras jurídicas que impidan la evolución de estas corporaciones, de por sí ágiles como consecuencia de los intereses que representan.
Por otra parte, la presente ley pretende dotar de los
instrumentos adecuados para, respetando la diversidad
de cada institución, buscar el consenso para la realización de programas de acción conjunta de todas las
cámaras, proyectando una idea homogénea de la institución y un proyecto de sistema cameral gallego, a
partir de unas cámaras localmente fuertes, plural y efectivo, con legitimidad social y adecuada formación, que
es el objetivo a conseguir, mediante la creación del Consejo Gallego de Cámaras, que nace como el órgano de
coordinación e impulso de actuaciones mancomunadas
de todas las cámaras, buscando la obtención de unas
mayores economías de escala. Una mayor aproximación
a todas las empresas de cada demarcación, adecuando
los instrumentos que poseen las cámaras a la esencia
de los servicios a prestar, y la búsqueda de un marco
de colaboración con las asociaciones empresariales que
permita que sus actuaciones se complementen, son
igualmente objetivos que se marcan con la creación de
dicha corporación de derecho público con personalidad
Dentro de estos desarrollos reglamentarios es importante resaltar los reglamentos de régimen interior de las
cámaras, a través de los que se pretende que la reglamentación de cada una de las cámaras se adapte lo máximo posible a su propia realidad intrínseca, evitando que
la búsqueda de una uniformidad excesiva suponga una
merma de la eficacia de unas cámaras respecto de otras.
En este ámbito son abundantes las remisiones a los reglamentos de régimen interior, permaneciendo los preceptos
de la ley como meramente supletorios en defecto de
previsiones en dichos reglamentos.
Hay que significar que la presente ley asienta a lo
largo de su articulado un tratamiento igualitario en el
lenguaje, así como la promoción del uso de la lengua
gallega por parte de estas corporaciones.
En el capítulo I, dedicado a las disposiciones generales,
se mantiene el carácter tradicional de corporaciones de
derecho público de las cámaras, sin olvidar la posibilidad
de persecución de intereses privados. En cuanto a las
funciones de carácter público que se les encomiendan,
además de las establecidas en la Ley 3/1993, se asignan
otras, en las que se pone de manifiesto el carácter de
entidades colaboradoras con la administración; colaboración que se refuerza a través de la previsión de dele-
gación de funciones y de encomienda de gestión que
puede realizar la administración pública gallega en dichas
Asimismo, ha de resaltarse la importancia que la ley
concede a la promoción del comercio en el exterior, del
turismo y de los productos gallegos.
En el capítulo II, relativo al ámbito territorial, se pretende tanto el mantenimiento de la situación actual
como, para el mejor cumplimiento de sus funciones, contemplar la posibilidad de disolución, creación, fusión o
integración de cámaras y modificación de su demarcación cameral, buscando siempre una tendencia hacia
la unificación de recursos y el mantenimiento de representación de estas corporaciones en todo el territorio.
Representación que se consigue tanto por la exigencia
de una cámara en cada provincia como con la previsión
de creación de delegaciones.
El capítulo III, dedicado a la organización, se encuentra
dividido en seis secciones. En las cuatro primeras se
regulan los órganos de gobierno de las cámaras, siendo
éstos el pleno, el comité ejecutivo y la presidencia, estando integrado el comité ejecutivo por quien ocupe la presidencia de la corporación, las vicepresidencias y la tesorería y por un número de vocales que no podrá ser inferior
a tres ni superior a seis. En cuanto a dichos órganos
de gobierno, las funciones más importantes que desarrollarán las cámaras se reservan al pleno de la corporación,
permitiéndose en determinados casos hacer uso de la
delegación de las mismas. En la sección quinta se establecen los criterios generales por los que ha de regirse
el personal de las cámaras, donde, sin perjuicio de su
carácter de personal sometido al derecho laboral, se trata
de garantizar su imparcialidad, independencia y profesionalidad en el desarrollo de las funciones que las cámaras tienen encomendadas. Dentro de este ámbito es
importante destacar la secretaría general, que, encargada de velar por la legalidad de los acuerdos de los
órganos de gobierno, habrá de ejercer sus funciones
con imparcialidad y estricto sometimiento a la legalidad.
En la sección sexta, dedicada al reglamento de régimen
interior, se establecen los criterios mínimos, tanto de
contenido como de estructura, a que deben adaptarse
aquéllos, partiendo siempre de la libertad de las cámaras,
que respetando las normas imperativas regulen su organización de la forma más adecuada a su propia idiosincrasia, todo ello sin mantener ajena a la administración, tanto desde el punto de vista de la aprobación
de los reglamentos como de la posibilidad de promover
En el capítulo IV, bajo la rúbrica del régimen electoral,
se respeta la tradición electoral de estas corporaciones,
manteniendo el sistema de elección por medio de grupos
y categorías, facilitándose, asimismo, la participación,
mediante la posibilidad de poder emitir el voto por correo.
El capítulo V está dedicado al régimen económico
y presupuestario, en el que se recogen las vías de ingresos y la obligación de elaboración y liquidación de presupuestos, así como el sistema contable y los mecanismos de control financiero de estas corporaciones, profundizando en el principio de autofinanciación parcial
instaurado por la ley básica y en el sistema de fiscalización pública de los presupuestos.
En el capítulo VI se crea y regula el Consejo Gallego
de Cámaras, configurándolo como una corporación de
derecho público con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Con ello
se pretende, fundamentalmente, dar satisfacción a determinados intereses que afectan a toda la Comunidad
Autónoma y que difícilmente puede satisfacer cada una
de las cámaras de forma aislada, siendo el órgano de
coordinación e impulso de actuaciones comunes de las
cámaras, obteniendo así una mejor asignación de los
recursos disponibles, sin perjuicio de su carácter de órgano de colaboración con la Administración autonómica.
El capítulo VII está dedicado al régimen jurídico, donde, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1993, se
somete la contratación y el régimen patrimonial al derecho privado, debiendo respetarse los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. Por otra parte, y ante
la eventualidad de una posible inactividad de la administración pública en sus funciones de tutela, que podría
impedir el normal funcionamiento de las cámaras, se
establece el silencio administrativo como positivo para
los supuestos de que no se resolviese expresamente.
En el ámbito de la suspensión y disolución de los órganos
de gobierno de las cámaras, además de recoger lo ya
previsto en la Ley básica de 1993, se establece un plazo
de alegaciones de quince días, que en casos extraordinarios puede ser reducido a cinco, de tal forma que
dentro de los procedimientos de suspensión y disolución
se establece como preceptivo dar cumplimiento al principio de contradicción.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó
y yo, de conformidad con el artículo 13.2 (del Estatuto
de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23
de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente,
promulgo en nombre del Rey, la Ley de cámaras oficiales
de comercio, industria y navegación de Galicia.
Artículo 1.o Objeto.
cámaras oficiales de comercio, industria y, en su caso,
navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia, así
como la creación y regulación del Consejo Gallego de
Artículo 2.o Naturaleza jurídica.
Las cámaras oficiales de comercio, industria y, en
su caso, navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia son corporaciones de derecho público, configurándose como órganos consultivos y de colaboración con
las administraciones públicas, especialmente con la
sin menoscabo de los intereses privados que persiguen.
Para el cumplimiento de sus fines gozarán de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Su
estructura y funcionamiento deberán ser democráticos.
Artículo 3.o Finalidad.
Las cámaras, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 1.2 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica
de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, además del ejercicio de las funciones de carácter
público que les atribuye la presente ley y de las que
les puedan encomendar o delegar las administraciones
públicas, tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y, en su caso, la navegación. Asimismo
tendrán como finalidad la prestación de servicios a las
empresas que ejerzan las indicadas actividades, sin perjuicio de la libertad sindical y de asociación empresarial
y de la representatividad y actuaciones de otras organizaciones empresariales o sociales legalmente constituidas.
Artículo 4.o Funciones.
1. A las cámaras les corresponderá el ejercicio de
a) La prestación de servicios de información, formación, asesoramiento y asistencia técnica a su electorado. A estos efectos las cámaras podrán llevar a cabo
cualquier clase de actividades que contribuyan a la promoción y defensa del comercio, industria y navegación
de Galicia, con especial atención a las microempresas,
tanto en lo relativo a su creación como para el desarrollo
b) Las funciones de carácter público-administrativo
c) La gestión de servicios públicos o la realización
de funciones que les encomienden o deleguen las administraciones públicas en la forma prevista en las leyes.
2. Asimismo, corresponde a las cámaras el ejercicio
de las funciones público-administrativas que se enumeran a continuación, cuyo contenido y procedimiento
podrán desarrollarse reglamentariamente. Estas funciones se entenderán sin perjuicio de las actuaciones que
desarrollen otras instituciones u organizaciones legalmente constituidas:
a) Elaborar estadísticas del comercio, la industria
y la navegación de Galicia y realizar encuestas de evaluación y estudios de los distintos sectores comerciales,
industriales y navieros, así como publicarlos y difundirlos,
con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en la Ley
12/1989, de 9 de mayo, sobre función estadística pública, en la Ley 7/1993, de 24 de mayo, de modificación
de la Ley 9/1988, de 19 de julio, de estadística de Galicia, y demás disposiciones aplicables.
b) Promover y cooperar en la organización de ferias
c) Difundir e impartir formación no reglamentada
referente a la empresa.
d) Colaborar en los programas de formación permanente establecidos por las empresas, por centros
docentes públicos o privados y, en su caso, por las administraciones públicas competentes, dentro de los términos que se establezcan.
f) Emitir informe sobre los proyectos de disposiciones generales emanados de la Comunidad gallega que
afecten directamente a los intereses generales del
comercio, la industria y la navegación, en los supuestos
y con las condiciones y alcance que el ordenamiento
jurídico determine.
g) Colaborar en la ejecución de los programas públicos de ayudas a las empresas en los términos que se
establezcan en cada caso, así como gestionar los servicios públicos relacionados con las mismas, cuando su
gestión corresponda a la Administración autonómica y
siempre que así se establezca en sus respectivas normas.
h) Colaborar con los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma de Galicia emitiendo informe
sobre los estudios, trabajos y acciones que se realicen
sobre la ordenación del territorio, medio ambiente y localización industrial y comercial.
i) Designar a las personas que, en su caso, ejerzan
las funciones de arbitraje institucional previstas en el
artículo 14.1.a) de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
de arbitraje, así como participar en el sistema arbitral
de consumo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1.i) de la Ley básica de cámaras.
j) Difundir las actividades y los programas de apoyo
dirigidos a las empresas y participar en la elaboración
de los mismos, cuando así se determine.
k) Colaborar en la promoción comercial y turística,
desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comercio
exterior, en especial a la exportación, y apoyar y fomentar
la presencia de los productos y servicios gallegos en
3. Para el adecuado desarrollo de sus funciones,
las cámaras podrán, al objeto de conseguir un más eficaz
cumplimiento de los fines que tienen encomendados en
beneficio de las empresas de su circunscripción, previa
autorización del órgano competente de la Administración
autonómica en materia de cámaras, promover o participar, junto a otras entidades públicas o privadas, en
asociaciones, consorcios, fundaciones, sociedades civiles o mercantiles de carácter público o privado, o entidades de naturaleza análoga, así como establecer los
oportunos convenios de colaboración con otras cámaras.
Para el otorgamiento de la citada autorización deberá
justificarse la necesidad o conveniencia de la promoción
o participación prevista.
4. Las cámaras elaborarán dentro del primer semestre de cada año una memoria que recoja todas las actividades y servicios desarrollados durante el ejercicio
anterior, según sus funciones reconocidas, y que deberá
ser remitida al órgano competente en materia de tutela
5. En el desarrollo de las funciones público-administrativas descritas en este artículo, así como en su
gestión interna, las cámaras normalizarán el uso del idioma gallego.
Artículo 5.o Delegación de funciones y encomienda de
1. El Consello de la Xunta de Galicia, previo informe del Consejo Gallego de Cámaras, podrá delegar
en todas o en alguna de las cámaras el ejercicio de
funciones o la gestión de actividades atribuidas a la
Administración de la Comunidad Autónoma, siempre
que sean plenamente compatibles con su naturaleza
y funciones. En la tramitación del expediente, que habrá
de acreditar la concurrencia de circunstancias técnicas,
económicas, sociales, jurídicas o territoriales que aconsejen la delegación, se dará audiencia a la cámara o
cámaras afectadas.
2. La Administración autonómica podrá encomendar a las cámaras la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia
cuando razones de eficacia o de carencia de medios
técnicos idóneos para su desempeño así lo aconsejen.
La encomienda de gestión se formalizará a través de
un convenio entre la Administración de la Comunidad
Autónoma y la cámara o cámaras afectadas en el cual
se hará constar la actividad o actividades objeto de la
encomienda, el plazo de vigencia de la misma, la naturaleza y alcance de la gestión encomendada y, en su
caso, los medios económicos que se habilitan por ambas
partes. Toda encomienda de gestión habrá de ser informada previamente por el Consejo Gallego de Cámaras.
Artículo 6.o Servicios mínimos obligatorios.
La Administración autonómica podrá, previo informe
favorable del Consejo Gallego de Cámaras, declarar servicios mínimos obligatorios para cada cámara respecto
a las funciones previstas en el artículo 4 de la presente
ley, con audiencia de las cámaras afectadas en aquellos
casos en que los servicios mínimos no tuvieran carácter
general para todas ellas.
Artículo 7.o Ámbito territorial.
1. En cada provincia existirá al menos una cámara
oficial de comercio, industria y, en su caso, navegación.
Su ámbito competencial se aplicará en su demarcación.
También podrán existir cámaras de distinto ámbito territorial, cuya creación e integración se ajustará al procedimiento establecido en la presente ley.
2. No podrán integrarse ni fusionarse cámaras pertenecientes a distintas provincias. Tampoco podrán existir cámaras cuyo ámbito abarque dos o más provincias,
ni cámaras cuya demarcación no coincida, al menos,
con un término municipal.
Artículo 8. Requisitos y supuestos de creación de
1. La creación de nuevas cámaras sólo podrá realizarse sobre la base de intereses comerciales, industriales o navieros específicos y siempre que la entidad
resultante cuente con recursos suficientes para el cumplimiento satisfactorio de sus funciones y no suponga
merma en la calidad de los servicios que venían siendo
a) Por fusión de dos o más cámaras de ámbito
infraprovincial.
El procedimiento se iniciará con los acuerdos, adoptados por la mayoría absoluta de los miembros de los
plenos, favorables a la fusión de las distintas cámaras
b) Por integración de una o más cámaras de ámbito
infraprovincial. Podrá iniciarse el procedimiento cuando
una cámara, durante cuatro ejercicios consecutivos, liquide con un déficit superior al 20% de sus ingresos o
no alcance el porcentaje mínimo de autofinanciación,
previsto en la Ley básica 3/1993, de 22 de marzo,
mediante ingresos no provenientes del recurso cameral
permanente, o cuando la administración tutelante,
teniendo en cuenta los intereses generales del comercio,
industria y navegación de la Comunidad Autónoma de
Galicia y previo informe favorable del Consejo Gallego
de Cámaras, lo estime conveniente.
Artículo 9.o Disolución de cámaras.
Las cámaras de ámbito infraprovincial podrán disolverse por acuerdo del pleno respectivo adoptado en
sesión convocada al efecto. Para la validez del acuerdo
se requerirá el voto favorable de dos terceras partes
de los miembros del pleno y posterior aprobación por
el Consello de la Xunta. La Administración autónoma
determinará, previo informe del Consejo Gallego de
Cámaras, la corporación en que haya de integrarse la
cámara disuelta, pudiendo incorporarse a varias ya existentes, estableciéndose en este caso las nuevas demarcaciones camerales.
Modificación de demarcaciones.
b) Cuando lo soliciten más de dos tercios del electorado de los términos municipales a segregar de una
cámara para agregarlos a otro limítrofe que representen,
al menos, el 50% de las cuotas del recurso cameral
permanente de los mismos y cuenten con el acuerdo
del pleno de la cámara a la que se agregarían dichos
c) Cuando la administración tutelante, teniendo en
cuenta los intereses generales del comercio, industria
y navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia y
previo informe favorable del Consejo Gallego de Cámaras, lo estime conveniente.
Artículo 11.o Normas comunes para los procedimientos de creación, disolución y modificación de las
demarcaciones camerales.
1. La creación, disolución y modificación de las
demarcaciones camerales se realizará por decreto del
Consello de la Xunta de Galicia.
2. En los supuestos de fusión, disolución y modificación de la demarcación cameral a instancia del pleno
o del electorado de acuerdo con lo previsto en el artículo
10.a) y b), se requerirá autorización del órgano tutelar,
que podrá denegarla por medio de resolución motivada.
Transcurridos seis meses desde la entrada de la solicitud
en el registro del órgano tutelar sin que se haya dictado
resolución expresa, ésta se entenderá desestimada. En
dichos supuestos, será objeto de publicación en el Diario
Oficial de Galicia el acuerdo cameral o la solicitud del
electorado que promueve el expediente.
3. En los supuestos de creación de una nueva cámara o modificación de su demarcación, promovidas por
el órgano tutelar, el procedimiento se iniciará mediante
la publicación de la orden correspondiente.
4. En todos los casos, salvo en el supuesto de disolución, será preceptiva la audiencia de la cámara o cámaras afectadas, así como el informe del Consejo Gallego
Artículo 12.o Creación de delegaciones.
1. En orden a garantizar en todo el territorio de
la Comunidad Autónoma de Galicia el eficaz y pleno
cumplimiento de las funciones de carácter público-administrativo que se atribuyen a las cámaras, así como
la mejor prestación de sus servicios, éstas podrán crear
delegaciones en aquellas áreas o zonas en que su importancia económica lo aconseje, dentro de su demarcación territorial.
2. El órgano tutelar podrá recomendar a las cámaras
el establecimiento de delegaciones cuando exista un
núcleo de empresas suficientemente representativas
para justificar la proximidad de los servicios.
3. En cada delegación existirá un delegado que será
designado y separado por el pleno de la cámara. El procedimiento de designación y cese y sus funciones se
determinarán en el reglamento de régimen interior de
El Consello de la Xunta de Galicia podrá alterar la
demarcación territorial de las cámaras:
Artículo 13.o Órganos de gobierno de las cámaras oficiales de comercio, industria y, en su caso, navegación
a) Cuando éstas, conjuntamente, así lo acuerden por
mayoría de dos tercios de los miembros del pleno.
Los órganos de gobierno de las cámaras son el pleno,
el comité ejecutivo y la presidencia.
SECCIÓN 1.a DEL PLENO
Artículo 14.o El pleno.
1. El pleno es el órgano supremo de gobierno y
de representación de la cámara, tiene un mandato de
cuatro años y estará compuesto por:
a) Los vocales que, en número no inferior a diez
ni superior a sesenta, y que se determinen en el reglamento de régimen interior de cada cámara, serán elegidos mediante sufragio libre, igual, directo y secreto
entre todo el electorado de la cámara, clasificado en
grupos y categorías, en atención a la importancia económica relativa de los diferentes sectores representados
y en la forma que reglamentariamente se establezca.
b) Los vocales que, en número del 15% de los señalados en el párrafo anterior, serán elegidos por los miembros del pleno señalados en la letra anterior, entre personas de reconocido prestigio en la vida económica gallega, propuestos por las organizaciones empresariales a
la vez intersectoriales y territoriales más representativas,
en la forma que reglamentariamente se determine. A
este fin, dichas organizaciones deberán proponer una
lista de candidaturas que supere en un tercio el número
2. Siempre que esté previsto en los reglamentos
de régimen interior de cada cámara, los plenos de las
mismas podrán elegir un número de vocales cooperadores, cuyo número no podrá ser superior a una quinta
parte de los y las vocales electos, de entre personas
de reconocido prestigio, que no podrán formar parte
del comité ejecutivo ni representar a la cámara en entidades u organismos públicos o privados. Podrán asistir
al pleno con voz pero sin voto, siempre que hayan sido
convocados al efecto.
3. La condición de miembro del pleno es única e
indelegable, no teniendo carácter retribuido.
4. Los miembros del pleno tienen el derecho y el
deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones que el
mismo celebre.
5. El pleno cesa tras la convocatoria de elecciones,
permaneciendo en funciones hasta la toma de posesión
de sus nuevos miembros.
6. La estructura y composición del pleno, en lo referente a su distribución por grupos y categorías, se revisará y actualizará antes de cada periodo electoral. Para
esta revisión y actualización se tendrán en cuenta las
variables relacionadas con el crecimiento económico de
los diferentes sectores económicos gallegos, todo ello
de acuerdo con las directrices establecidas por el órgano
7. Reglamentariamente se determinará el régimen
de provisión de vacantes en el pleno.
Artículo 15.o Atribuciones.
1. Como órgano supremo de la cámara, corresponden al pleno las siguientes atribuciones:
b) El control y fiscalización de los demás órganos
de gobierno de la cámara.
c) La aprobación provisional del reglamento de régimen interior y de sus modificaciones, para su remisión
al órgano tutelar a los efectos de su aprobación definitiva.
d) La aprobación de los convenios de colaboración
y cooperación con las administraciones públicas y con
cualquier otra entidad.
e) La adopción de los acuerdos relativos a la creación o participación de la cámara en asociaciones, fun-
daciones y sociedades civiles o mercantiles, así como
de los acuerdos para su supresión o finalización de la
f) La aprobación, a propuesta del comité ejecutivo,
de la plantilla de personal, así como de los criterios para
g) La aprobación inicial del presupuesto y de las
cuentas anuales de la cámara, así como su sometimiento
al órgano tutelar para su aprobación definitiva.
h) La elección y cese de los miembros del pleno
que tengan que formar parte del comité ejecutivo.
i) La aprobación inicial de las bases de la convocatoria para la provisión del puesto de quien ocupe la
m) La adopción de acuerdos sobre el ejercicio de
acciones y la interposición de recursos ante cualquier
n) La enajenación de patrimonio y la concertación
de operaciones de crédito.
ñ) La aprobación de los planes anuales de actuación
y gestión de la cámara.
o) La constitución de comisiones consultivas y de
p) El nombramiento de representantes de la cámara
q) Cuantas otras atribuciones le confieran las leyes
2. Con arreglo al procedimiento previsto en el reglamento de régimen interior, el pleno de la cámara podrá
delegar y revocar, sin perjuicio de su comunicación al
órgano tutelar, el ejercicio de sus atribuciones en el comité ejecutivo, salvo las enumeradas en los apartados a),
b), c), e), f), g), h), i), j), k) y n) del punto primero de
este artículo. Las delegaciones en materia de gestión
financiera decaerán automáticamente con la aprobación
de cada presupuesto anual. En cualquier caso, las delegaciones conferidas por el pleno no podrán exceder de
su periodo de mandato, extinguiéndose automáticamente en el momento en que se renueve el pleno de la
SECCIÓN 2.a DEL COMITÉ EJECUTIVO
Artículo 16.o Composición.
1. El comité ejecutivo es el órgano permanente de
gestión, administración y propuesta de la cámara, que
será elegido por el pleno de entre sus vocales con derecho a voto y por un mandato de duración igual al de
éstos y estará formado por las personas que ocupen
la presidencia, de una a tres vicepresidencias, la tesorería
y un número de vocales que no será superior a seis
ni inferior a tres, que se fijará en el reglamento de régimen interior de cada cámara. Los cargos del comité ejecutivo no serán remunerados.
2. El órgano tutelar podrá nombrar una persona
representante de la Administración autonómica que, sin
condición de miembro, tendrá voz pero no voto en las
sesiones del comité ejecutivo, a las que deberá ser convocada en las mismas condiciones que sus miembros.
3. En el reglamento de régimen interior de cada
cámara, se preverá el ejercicio de las funciones de los
miembros del comité ejecutivo en los casos de ausencia,
vacante o enfermedad.
Artículo 17.o Atribuciones.
a) Realizar u ordenar la realización de informes y
estudios relacionados con los fines de la corporación.
b) Proponer al pleno los planes anuales de actuación
y gestión corporativa, así como realizar y dirigir los ya
aprobados, dando cuenta a aquél de su cumplimiento.
d) Confeccionar las liquidaciones de presupuestos
y las cuentas anuales y presentarlas al pleno para su
e) Elaborar los proyectos de la plantilla de personal,
así como los criterios para su cobertura, para su aprobación por el pleno.
g) Aprobar las resoluciones correspondientes a la
liquidación, así como las relativas a la recaudación del
h) Aprobar y revisar el censo electoral y resolver
las impugnaciones al mismo.
i) En casos de urgencia debidamente motivada,
adoptar acuerdos sobre materias competencia del pleno
susceptibles de delegación, dando cuenta a éste para
que proceda a su ratificación en la primera sesión que
celebre y que tendrá lugar, como máximo, en el plazo
k) Ejercer las competencias que le sean delegadas
o encomendadas por el pleno.
l) Ejercer aquellas competencias de la cámara que
no estén expresamente atribuidas a otro órgano.
Artículo 18.o Pérdida de la condición de miembro del
pleno y del comité ejecutivo.
1. Además de por la causa prevista en el artículo 14.5, la condición de miembro del pleno se perderá,
con las garantías y régimen de recursos establecidos
en la presente ley, por alguna de las siguientes causas:
a) Cuando desaparezca cualquiera de los requisitos
legales de elegibilidad que concurrieron para su elección.
b) Por resolución administrativa o judicial firme que
anule su elección o proclamación como miembro de una
c) Por la falta de asistencia injustificada a las sesiones del pleno, por tres veces consecutivas o cuatro veces
no consecutivas, dentro del año natural, previa incoación
del expediente administrativo en el que se le dará audiencia ante el pleno.
d) Por dimisión o renuncia, o cualquier causa que
incapacite para el desempeño del cargo.
e) Por fallecimiento de los que tengan la consideración de personas físicas o por la extinción de la personalidad jurídica en el caso de los miembros del pleno
2. Por su parte, y además de la terminación ordinaria
de sus mandatos, tanto quien ejerza la presidencia como
los cargos del comité ejecutivo cesarán:
a) Por la pérdida de la condición de miembro del
b) Por acuerdo del pleno, adoptado por mayoría
absoluta en la forma que en el reglamento de régimen
interior se establezca.
c) Por renuncia al cargo, aunque se mantenga la
condición de miembro del pleno.
d) Por falta de asistencia injustificada a las sesiones
del comité ejecutivo, por tres veces consecutivas o cuatro
veces no consecutivas, dentro del año natural, previa
incoación del expediente administrativo en el que se
le dará audiencia ante el pleno.
3. El procedimiento para la cobertura de las vacantes será el que se determine en cada reglamento de
régimen interior, de conformidad con lo que reglamentariamente establezca la Administración autonómica. Las
personas elegidas para ocupar vacantes en el pleno, en
el comité ejecutivo o en la presidencia lo serán solamente
por el tiempo que reste para cumplir el mandato durante
el cual se hubiera producido la vacante.
SECCIÓN 3.a DE LA PRESIDENCIA
Artículo 19.o Elección.
1. El presidente es el órgano de gobierno que tiene
la representación de la cámara y ejerce la presidencia
de todos sus órganos colegiados. Es responsable de la
ejecución de los acuerdos del pleno y del comité ejecutivo.
2. Será elegido por el pleno de entre sus miembros,
en la forma que determinen los reglamentos de régimen
interior de cada cámara y supletoriamente en la forma
que reglamentariamente determine la Administración
autonómica. Para resultar elegido, el candidato deberá
obtener el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros del pleno. De no obtenerse dicha mayoría,
se procederá a una segunda votación, resultando elegido
quien obtenga el mayor número de votos. En caso de
empate, se procederá en el tercer día hábil siguiente
a una nueva votación. De persistir el empate, resultará
elegida la empresa que tenga mayor antigüedad en el
ejercicio de la actividad empresarial dentro de la circunscripción cameral, salvo que concurra a la elección
alguno de los vocales del artículo 14.1.b), en cuyo caso
se elegirá por sorteo.
Artículo 20.o Cese.
1. Quien ejerza la presidencia cesará, además de
por las causas previstas en el artículo 18.2, como consecuencia de:
a) Sustitución de la persona física designada para
ostentar la representación de la persona jurídica titular
b) Convocatoria de elecciones para la renovación
del pleno, actuando en funciones durante dicho periodo.
c) La aprobación, por mayoría absoluta del pleno,
de una moción de censura, que deberá ser propuesta,
al menos, por una quinta parte del número de miembros
del pleno, en sesión realizada al efecto, y que incluirá
necesariamente la propuesta de un candidato a la presidencia de la cámara.
e) Sentencia firme que implique su inhabilitación
2. Cuando concurra cualquiera de estos supuestos,
la presidencia de la cámara pasará a ser ejercida por
quienes desempeñen las vicepresidencias, por su orden,
hasta la elección de nuevo presidente o presidenta, de
acuerdo con lo previsto en el reglamento de régimen
Artículo 21.o Atribuciones.
1. A la presidencia de la cámara le corresponden
a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones del pleno,
del comité ejecutivo y de cualquier otro órgano de la
cámara, dirimiendo con su voto de calidad los empates
b) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados
c) Disponer gastos dentro de los límites que el pleno
establezca y ordenar a la tesorería todos los pagos,
debiendo rendir cuentas al pleno.
d) Asumir y llevar la representación de la cámara
g) Visar las actas y las certificaciones que de los
acuerdos hayan de librarse.
h) Adoptar las medidas disciplinarias que procedan,
de acuerdo con lo establecido en el reglamento de régimen interior.
i) Representar a la cámara en todos los actos jurídicos y ejercitar los derechos y las acciones que a ella
j) En casos de extrema urgencia, adoptar las resoluciones que sean necesarias para garantizar el adecuado
funcionamiento de la cámara y de los servicios camerales, dando cuenta al comité ejecutivo en la primera
sesión que éste celebre y que tendrá lugar, como máximo, en el plazo de treinta días.
l) Disponer el reparto de asuntos, temas o cuestiones a las comisiones consultivas, cuando, a su juicio,
hayan de ser objeto de estudio o examen previo a la
consideración del pleno.
m) Sin perjuicio de las funciones atribuidas a los
órganos de gobierno, la presidencia dispondrá sobre los
aspectos formales o accesorios que sean necesarios para
la buena marcha de la cámara y de las actividades
n) Ejercer cuantas otras funciones le encomienden
las leyes y el reglamento de régimen interior.
2. La presidencia podrá delegar y revocar el ejercicio
de sus atribuciones en las vicepresidencias, salvo la relativa a la presidencia del pleno y del comité ejecutivo,
y ello sin perjuicio de los casos de sustitución previstos
en los artículos 20.2 y 22.2 de la presente ley, decayendo
la delegación automáticamente con la extinción del mandato de quien ejerza la presidencia. El reglamento de
régimen interior podrá prever la posibilidad de delegaciones especiales a favor de cualquier miembro del pleno
para la dirección y gestión de asuntos determinados.
SECCIÓN 4.a DE LAS VICEPRESIDENCIAS
Artículo 22.o Designación, cese y funciones.
1. Las personas que ejerzan las vicepresidencias
serán elegidas y separadas por acuerdo del pleno de
cada cámara, de entre sus miembros, conforme a lo
establecido en el reglamento de régimen interior.
2. Quienes ejerzan las vicepresidencias sustituirán,
por su orden, a la persona que ocupe la presidencia
en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.
3. Quienes desempeñen las vicepresidencias ejercerán además aquellas funciones que le sean delegadas
por la presidencia, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 21.2 de la presente ley.
SECCIÓN 5.a DEL PERSONAL
Artículo 23.o Régimen jurídico.
1. Todo el personal, incluido quien ocupe la secretaría general y el personal de alta dirección al servicio
de las cámaras, quedará sujeto al derecho laboral, sin
perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria
octava de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de
El reglamento de régimen interior de cada cámara
establecerá el régimen del personal al servicio de la
cámara así como el procedimiento para su contratación,
que deberá adecuarse a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la convocatoria.
2. Asimismo quedarán sometidos al régimen de
incompatibilidades que se establezcan en el reglamento
de régimen interior de cada cámara. En cualquier caso,
el desempeño de un puesto de trabajo al servicio de
las cámaras será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, que
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento
de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
3. Anualmente, el pleno de cada cámara aprobará
una plantilla de personal en la que se relacionarán, debidamente clasificados, todos los puestos de trabajo, con
expresión de su denominación, funciones y categoría.
Artículo 24.o La secretaría general.
1. Cada cámara tendrá un secretario general retribuido, que cuente con la titulación de licenciatura en
2. Quien ocupe la secretaría general tiene como funciones, además de aquéllas que expresamente le atribuya el reglamento de régimen interior o que, en su
caso, le delegue expresamente la presidencia o el propio
comité ejecutivo, velar por la legalidad de los acuerdos
de los órganos de gobierno de la cámara, debiendo
hacer, cuando proceda, las advertencias pertinentes en
tal sentido y dando fe pública de los actos y acuerdos
adoptados por las mismas; a estos efectos asistirá a
las sesiones de los órganos de gobierno con voz pero
3. El nombramiento de la persona que ocupe la
secretaría general corresponde al pleno de la cámara,
previa convocatoria pública, cuyas bases serán aprobadas por el órgano tutelar. Tanto el acuerdo de nombramiento como el de cese deben ser adoptados de
forma motivada por la mitad más uno de los miembros
4. Quien ocupe la secretaría dirigirá todos los servicios de la cámara, respondiendo de su funcionamiento
ante el comité ejecutivo, salvo en aquellos casos en
que las cámaras dispongan la creación de una dirección
general. Esta función será desempeñada por una persona vinculada por la relación laboral de carácter especial de alta dirección que dirigirá aquellos servicios de
la cámara previstos en el reglamento de régimen interior
y de cuyo funcionamiento será responsable ante el comité ejecutivo.
5. El reglamento de régimen interior determinará
la forma y los supuestos en que haya de ser sustituido
quien ocupe la secretaría general, con ocasión de ausencia temporal, vacante, enfermedad o cualquier otro
supuesto de impedimento temporal.
6. La persona que desempeñe la secretaría habrá
de ejercer sus funciones con autonomía funcional, imparcialidad y estricto sometimiento a la legalidad. Para el
desarrollo de las mismas goza de inmovilidad de acuerdo
con lo establecido en el párrafo siguiente.
7. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa
laboral, quien ocupe la secretaría sólo podrá ser destituido de sus funciones por la comisión de alguna de
las faltas que, con carácter objetivo y tasado, estén previstas en el reglamento de régimen interior de cada
cámara. Su apreciación compete al pleno, mediante
acuerdo motivado, adoptado por la mitad más uno de
sus miembros en sesión extraordinaria convocada al
efecto y previa instrucción de un expediente en el que
se dará audiencia a la persona interesada.
La instrucción del expediente corresponderá al miembro del comité ejecutivo que éste designe, no pudiendo
concurrir a la sesión del pleno en que se adopte la decisión sobre su destitución.
gurar el normal funcionamiento de la cámara, en lo no
previsto en la presente ley y en sus normas de desarrollo
3. Se incluirán como anexos al reglamento de régimen interior la estructura y la composición del pleno
en lo referente a su distribución por grupos y categorías,
elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.6 de la presente ley, así como el régimen de personal al servicio de la cámara.
Artículo 25.o Personal de alta dirección.
Tendrán la condición de electores las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan
actividades comerciales, industriales o navieras en los
términos establecidos en el artículo 6 de la Ley 3/1993,
de 22 de marzo, básica de cámaras oficiales de comercio,
Los reglamentos de régimen interior establecerán, con
sujeción a la normativa laboral, todas las cuestiones relativas al personal de alta dirección al servicio de la cámara,
no siendo de aplicación a este personal la previsión de
modificación contractual de la indemnización establecida
en el artículo 11.1 del Real decreto 1382/1985, de 1
SECCIÓN 6.a REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
Artículo 26.o Aprobación y modificación del reglamento de régimen interior.
1. Corresponde al órgano tutelar la aprobación de
los reglamentos de régimen interior de las cámaras así
como de sus modificaciones. Igualmente podrá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley 3/1993,
promover la modificación de los mismos.
2. Los reglamentos de régimen interior de las cámaras sometidos a aprobación se considerarán aprobados
si, transcurridos tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano tutelar, éste no hubiera
denegado expresamente su aprobación, formulado objeciones en su contra o promovido su modificación.
3. En el supuesto de que el órgano tutelar, de oficio
o como consecuencia de la presentación de un reglamento de régimen interior, promoviera su modificación,
deberá señalar el plazo, no inferior a dos meses, para
un nuevo envío del reglamento, su modificación o las
alegaciones que se estimen oportunas.
4. Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo
de dos meses sin que se haya recibido la nueva propuesta, o cuando la misma no se ajuste a la modificación
requerida, el órgano competente en materia de cámaras
dictará la resolución que se estime procedente, incluida
una nueva redacción del reglamento de régimen interior.
5. Presentado el texto corregido dentro del plazo
establecido o las alegaciones a la modificación propuesta, se entenderán estimadas éstas o aprobada la modificación cuando hubieran transcurrido dos meses desde
su presentación en el registro del órgano tutelar.
Artículo 27.o Contenido del reglamento de régimen
1. En el reglamento de régimen interior constará,
entre otros extremos, la estructura de su pleno, el número
y forma de elección de los miembros del comité ejecutivo
y, en general, las normas de funcionamiento de sus órganos de gobierno, organización y régimen del personal
al servicio de la cámara.
2. Asimismo en el reglamento de régimen interior
se establecerán los mecanismos adecuados para ase-
Artículo 28.o Derecho de sufragio activo.
Artículo 29.o Derecho de sufragio pasivo.
1. Las personas que formen parte de las candidaturas a los órganos de gobierno de cada cámara, además
de reunir los requisitos necesarios para ser electoras,
a) Tener la nacionalidad española o la de un Estado
b) Llevar, como mínimo, dos años de ejercicio en
la actividad empresarial en los territorios citados.
c) No encontrarse en descubierto en el pago del
2. Para ser candidato a formar parte del pleno será
necesario, además, estar incluido en el censo electoral
dentro del grupo y categoría por cuya representación
3. Las personas de otra nacionalidad podrán ser
candidatas de acuerdo con el principio de reciprocidad,
y siempre que cumplan los requisitos exigidos en los
números anteriores, con excepción del apartado 1.a)
4. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan
actividades correspondientes a diversos grupos o diversas categorías del mismo grupo del censo de una cámara
tienen derecho de sufragio activo y pasivo en cada uno
de los mismos. Si resultasen elegidas en más de un
grupo o categoría deberán optar por la representación
en los órganos de gobierno de sólo uno de ellos.
Artículo 30.o Censo electoral.
1. El censo electoral de cada cámara comprenderá
la totalidad de su electorado, clasificado por grupos y,
en su caso, por categorías.
2. Su revisión será anual y se realizará con fecha
del día 1 de enero de cada año.
3. Los grupos comprenderán colectivos formados
por sujetos pasivos del impuesto de actividades económicas o tributo que lo sustituya. Cada grupo podrá
subdividirse en categorías en atención a la importancia
económica relativa de los diversos sectores representados y de acuerdo con lo que reglamentariamente se
Artículo 31.o Publicidad del censo electoral.
1. Abierto el proceso electoral, y dentro de los plazos que reglamentariamente se establezcan, cada cámara deberá exponer su censo al público, en la dirección
corporativa, en sus delegaciones y en aquellos otros lugares que estime oportuno.
2. Las reclamaciones sobre la inclusión o exclusión
de las empresas en los grupos y categorías correspondientes podrán presentarse desde el momento en que
se inicie la exposición de los censos al público hasta
el término del plazo que reglamentariamente se establezca.
3. Corresponde al comité ejecutivo de la cámara
resolver las reclamaciones a que se hace referencia en
el apartado anterior, en los plazos que reglamentariamente se determinen.
4. Contra los acuerdos del comité ejecutivo las personas interesadas podrán interponer recurso administrativo ante el órgano tutelar, en los términos previstos
en la Ley de régimen jurídico de las administraciones
Artículo 32.o Convocatoria de elecciones, publicidad y
1. Corresponderá al órgano tutelar, previa consulta
a las cámaras, la convocatoria de elecciones para la renovación de los miembros de los plenos de éstas.
a) Los días y horas en que cada grupo o categoría
debe emitir el voto para la elección de sus representantes.
b) El número de colegios electorales y los lugares
en donde hayan de instalarse.
c) Los plazos y el modelo de documento para el
ejercicio del voto por correo.
3. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial
de Galicia y cada cámara le dará publicidad en sus sedes
sociales y en sus delegaciones así como mediante la
publicación del anuncio en el diario de mayor circulación
en su correspondiente demarcación territorial, sin perjuicio de su mayor difusión a través de otros medios
de comunicación que estime oportunos.
Artículo 33.o Juntas electorales.
1. Publicada la convocatoria, en el plazo que reglamentariamente se establezca, se constituirá en cada
cámara una junta electoral que tendrá como finalidad
garantizar la transparencia y objetividad del proceso
2. Cada junta electoral se integrará por tres representantes del electorado de la cámara elegidos por el
pleno de la misma de acuerdo con el procedimiento
reglamentariamente previsto, y por dos personas designadas por el órgano tutelar, ejerciendo una de ellas las
funciones de presidente. En el supuesto de que alguien
designado por el pleno presentara su candidatura al proceso electoral será sustituido por alguna de las personas
que previamente deben ser elegidas por el pleno de la
cámara a estos efectos.
3. La presidencia nombrará una persona que ocupe
la secretaría de la junta electoral con voz pero sin voto
entre el funcionariado del órgano tutelar o del personal
4. El mandato de las juntas electorales se prolongará, tras la celebración de las elecciones, hasta el
momento en que proceda su disolución, que se fijará
reglamentariamente, y una vez efectuada la toma de
posesión de los cargos electos.
5. Las cámaras pondrán a disposición de la junta
electoral los medios personales o materiales necesarios
para el ejercicio de sus funciones. Igualmente, las juntas
electorales podrán solicitar el asesoramiento del secretario o secretaria de la cámara respectiva.
6. Contra los acuerdos de las juntas electorales
podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano tutelar, que solicitará en todo caso el informe de la comisión
de seguimiento del proceso electoral a que se refiere
7. En lo que resulte compatible con su naturaleza
y funciones les será de aplicación a las juntas electorales
el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados
previsto en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
Artículo 34.o Presentación y proclamación de candidaturas.
1. Publicada la convocatoria en el Diario Oficial de
Galicia procederá la presentación de candidaturas ante
la secretaría de la cámara respectiva. Las candidaturas
serán avaladas por la firma como mínimo del 4% del
electorado del grupo o, en su caso, de la categoría correspondiente. Si el número de electores del grupo o categoría fuera superior a doscientos, será suficiente con
la firma de diez de ellos para la presentación de la
2. Corresponde a la junta electoral respectiva, previa
comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la presentación de las candidaturas, la proclamación de las mismas.
3. La junta electoral reflejará en un acta la proclamación de las candidaturas y las incidencias que hubiera.
De la misma se enviará copia certificada a la delegación
provincial del órgano tutelar y se dará publicidad de su
contenido mediante anuncio fijado en la dirección de
la cámara y en sus delegaciones, que se publicará al
menos en uno de los periódicos de mayor circulación
4. Los plazos de presentación y proclamación de
candidaturas se determinarán reglamentariamente.
Artículo 35.o Comisión de seguimiento del proceso
1. Dentro de la administración tutelante, se constituirá una comisión para el seguimiento del proceso electoral, compuesta por dos representantes de las cámaras
designados por el Consejo Gallego de Cámaras y otros
dos designados por el órgano competente en materia
de tutela de las cámaras.
2. La comisión para el seguimiento del proceso electoral emitirá informe sobre todos aquellos asuntos que
se le sometan en relación con el proceso electoral y
elección y proclamación de los miembros de los órganos
de gobierno de las cámaras.
En aquellos casos en que no exista unanimidad dentro
de la comisión, los miembros disidentes emitirán voto
3. Dicho informe, con los votos particulares, será
remitido a la consideración del órgano competente en
materia de cámaras, el cual, a la vista del mismo, dictará
una resolución motivada que tendrá carácter vinculante.
Artículo 36.o Voto por correspondencia.
Los electores que prevean que en la fecha de las
elecciones no pueden comparecer en los colegios electorales podrán ejercer su derecho al voto emitiéndolo
por correo con sujeción a los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 37.o Funcionamiento de los órganos de gobierno durante el periodo electoral.
Artículo 41.o Información sobre recaudación del recurso cameral permanente.
Desde la convocatoria de elecciones hasta la constitución de los nuevos órganos de gobierno, los órganos
de gobierno salientes deberán limitar sus actuaciones
a la gestión, administración y representación ordinarias
de la corporación, adoptando y ejecutando los acuerdos
y llevando a cabo las actuaciones que hagan falta para
el funcionamiento normal de las cámaras y para el cumplimiento de sus funciones.
Las cámaras, al enviar la liquidación de los presupuestos anuales, darán cuenta al órgano tutelar del
número y cuantía de las cuotas no satisfechas de las
distintas exacciones que lo componen, acompañando
una memoria explicativa de la situación de dichos expedientes o en su caso los oportunos justificantes.
SECCIÓN 1.a RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 38.o Financiación.
Para la financiación de sus actividades, las cámaras
dispondrán de los siguientes ingresos:
a) El rendimiento de los conceptos integrados en
el denominado recurso cameral permanente, que regula
el capítulo III de la Ley 3/1993, de 22 de marzo.
b) El rendimiento, en su caso, derivado de la elevación por la Comunidad Autónoma, de la alícuota cameral girada sobre las cuotas tributarias del impuesto de
actividades económicas o tributo que lo sustituya.
c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que presten y, en general, por el
d) Los recursos que las administraciones públicas
destinen a sufragar el coste de los servicios público-administrativos o la gestión de programas que, en su caso,
les sean encomendados.
h) Los procedentes de las operaciones de crédito
i) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos
por ley, en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico.
Artículo 39.o Elevación del recurso cameral.
En el marco de la legislación básica y dentro de los
límites establecidos en la misma, las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia podrán elevar
las alícuotas del recurso cameral permanente girado
sobre las cuotas del impuesto de actividades económicas
o cualquier otro que lo sustituya por encima del tipo
general, así como afectar dicho incremento, total o parcialmente, a la realización de funciones de carácter público-administrativo de las cámaras o a la financiación complementaria del Consejo Gallego de Cámaras.
Artículo 40.o Recurso cameral permanente: obligación
de pago, devengo y su recaudación.
En lo referente a la obligación de pago y devengo,
así como para la recaudación y en general los demás
extremos relativos al recurso cameral permanente, se
estará a lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 22 de marzo.
Artículo 42.o Subvenciones y donaciones.
Las cámaras de Galicia solamente podrán conceder
subvenciones y efectuar donaciones si se encuentran
directamente relacionadas con sus propios fines y no
exceden globalmente del 5% del presupuesto ordinario
de ingresos líquidos del recurso cameral permanente
de cada ejercicio, salvo autorización expresa del órgano
competente en materia de cámaras.
Artículo 43.o Porcentaje máximo de financiación con
cargo al recurso cameral permanente y fondos de
1. Los ingresos de cada cámara procedentes del
recurso cameral permanente no podrán exceder del 60%
de los totales de la corporación.
A estos efectos, no se computarán, entre los ingresos
de la cámara, los procedentes del endeudamiento, ni,
entre los que provengan del recurso cameral permanente, los porcentajes del mismo que se encuentren
preceptivamente afectados a una finalidad concreta,
como el Plan cameral de promoción de las exportaciones y la función de colaboración con las administraciones competentes en tareas de formación señaladas en el artículo 2 de la Ley 3/1993 y 4 del presente
2. Cuando los ingresos procedentes del recurso
cameral permanente, excluidos los mencionados en el
párrafo segundo del apartado anterior, sobrepasen el
límite del 60% señalado, el exceso deberá destinarse
a la constitución de un fondo de reserva.
De dicha reserva solamente se podrá disponer, en
ejercicios sucesivos, para complementar los ingresos
procedentes del recurso cameral permanente hasta
alcanzar el porcentaje máximo permitido en relación con
los ingresos de otra procedencia.
En caso de que, transcurridos cinco años desde la
finalización del ejercicio en el que se constituyó la reserva, ésta o sus rendimientos no pudiesen ser aplicados
en la forma antes señalada, se destinarán a la financiación de los planes de actuación conjunta del Consejo
Gallego de Cámaras para la promoción e internacionalización de empresas, productos y servicios gallegos, o,
alternativamente, se devolverán a quienes hubiesen
ingresado las cuotas del recurso cameral permanente
en proporción a sus respectivas contribuciones.
3. Cuando la recaudación efectiva de la parte del
recurso cameral permanente afectado al Plan cameral
de promoción de las exportaciones resulte superior a
los gastos e inversiones efectuados para la financiación
de dicho plan, la cámara constituirá una reserva patrimonial, materializada en disponible a corto plazo, de la
que únicamente se podrá disponer en los ejercicios
siguientes para financiar las actividades incluidas en el
mencionado plan.
4. Además de los fondos de reserva, regulados en
el párrafo anterior, y para hacer frente a bajas de recaudación en ejercicios sucesivos o a gastos urgentes o
imprevistos, las cámaras deberán constituir, con el superávit de los presupuestos ordinarios, una reserva obligatoria materializada en disponible a corto plazo hasta
que alcance el 50% del presupuesto total de ingresos
liquidados en el último ejercicio cerrado.
Artículo 44.o Sujeción al régimen de contabilidad y
1. La actividad financiera de las cámaras está sujeta
al régimen de contabilidad y presupuesto, por lo que
su estructura presupuestaria y contable se someterá a
los principios contenidos en la normativa en vigor.
2. Las cámaras están obligadas a reflejar en el libro
diario el movimiento de sus ingresos y gastos, así como
las variaciones de su situación patrimonial, confeccionando, al menos trimestralmente, un estadillo que refleje
la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos,
y a realizar con igual periodicidad el correspondiente
balance que exprese la situación patrimonial, económica
y financiera de la corporación. Los fines de la contabilidad
cameral serán los siguientes:
a) Facilitar el análisis económico de las actividades
c) Registrar diariamente el movimiento de sus ingresos y gastos y poner de manifiesto la composición y
valoración de su patrimonio.
d) Determinar los resultados de las actividades de
e) Permitir el establecimiento de las previsiones presupuestarias y la anotación diaria de la ejecución del
f) Permitir la comparación de la información con las
del resto de las cámaras de Galicia y con los ejercicios
3. El órgano tutelar podrá dictar las disposiciones
oportunas a fin de que el sistema contable y presupuestario aplicado por las cámaras sea único y uniforme para
todas ellas y permita conocer en todo momento el patrimonio de cada una de ellas, sus relaciones con terceros
y los resultados económicos de su actividad.
4. Las cámaras elaborarán un presupuesto anual
ordinario, que coincidirá con el año natural, en el que
se consignarán la totalidad de los ingresos que se prevea
liquidar y las obligaciones que puedan reconocerse en
el periodo, debiendo, en todo caso, mantenerse el equilibrio presupuestario. Los créditos del estado de gastos
se destinarán exclusivamente a la finalidad específica
para la que hayan sido autorizados en el presupuesto.
No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía
superior al importe de los créditos autorizados en el
correspondiente estado de gastos.
No obstante lo dispuesto en este apartado, podrán
efectuarse ampliaciones y transferencias de crédito entre
capítulos así como cualquier otra modificación del presupuesto, siempre que se justifiquen debidamente las
causas que las motivan y se observe el procedimiento
previsto para su aprobación.
5. Para la realización de obras y servicios no previstos en el presupuesto ordinario del ejercicio, y para
aquellos gastos, servicios y obras que se realicen con
carácter no habitual, deberán formalizarse presupuestos
extraordinarios, cuyos proyectos, una vez aprobados por
el pleno, se someterán a la aprobación del órgano competente.
Artículo 45.o Operaciones especiales.
Las cámaras podrán enajenar y gravar sus bienes,
si bien para los actos de disposición sobre inmuebles
y valores y para la formalización de operaciones de crédito precisan una expresa autorización previa del órgano
tutelar, que podrá denegarla mediante resolución motivada.
SECCIÓN 2.a RÉGIMEN PRESUPUESTARIO
Artículo 46.o Elaboración y aprobación de los presupuestos.
1. Las cámaras elaborarán sus presupuestos ordinarios y extraordinarios ordenados por capítulos, artículos,
conceptos y partidas.
2. A los efectos económicos y presupuestarios el
ejercicio coincidirá con el año natural. El cierre de la
contabilidad, la determinación de resultados y la rendición de cuentas se referenciarán cada año al 31 de
3. La elaboración del proyecto de presupuestos
corresponderá al comité ejecutivo, que deberá presentarlos al pleno de la cámara para su aprobación inicial.
4. Los plenos de las cámaras, sobre la base de la
propuesta elaborada por el comité ejecutivo, aprobarán
el proyecto de presupuesto ordinario para el año siguiente, antes del 1 de noviembre, elevándolo seguidamente
al órgano competente.
5. Los presupuestos deberán ser presentados al
órgano tutelar para su aprobación definitiva, adjuntando
e) Plantilla de personal, especificando las categorías
y retribuciones por todos los conceptos de cada puesto
6. Los presupuestos se entenderán aprobados definitivamente si, transcurridos dos meses desde su presentación al órgano tutelar, éste no hubiera manifestado
formalmente reparo alguno.
7. Si el presupuesto no se encontrase aprobado definitivamente al comenzar el ejercicio económico, se
entenderá prorrogado automáticamente el presupuesto
consolidado del ejercicio anterior.
Artículo 47.o Liquidación y fiscalización de los presupuestos y cuentas anuales.
1. Las cámaras elaborarán y aprobarán las cuentas
anuales y liquidaciones de presupuestos de su corporación, que contendrán los siguientes documentos:
b) Liquidación anual del presupuesto ordinario, así
como de los presupuestos extraordinarios ya ejecutados,
y estado de ejecución de los presupuestos extraordinarios en curso de realización.
c) Balance de situación anual y cuenta de pérdidas
y ganancias que reflejen la situación patrimonial y financiera de la corporación.
2. El comité ejecutivo deberá formular las cuentas
anuales en el plazo máximo de tres meses desde el cierre
del ejercicio. Dichas cuentas serán sometidas a un informe de auditoría, presentándose, junto con la liquidación
del presupuesto ordinario del ejercicio cerrado, antes
del 31 de mayo, al pleno de la cámara para la adopción
del acuerdo que proceda. El pleno deberá pronunciarse
3. Las cuentas anuales, el informe de auditoría, la
liquidación del presupuesto ordinario y el certificado del
contenido del acuerdo del pleno se remitirán en un plazo
máximo de diez días al órgano tutelar para su aprobación
4. La aprobación se entenderá concedida si no
media objeción alguna en el plazo de tres meses a partir
5. La administración tutelante podrá requerir de la
cámara toda aquella documentación complementaria
que estime procedente y, en su labor de fiscalización,
deberá recibir toda la colaboración que requiera de la
cámara y tener libre acceso, si lo considera necesario,
a la documentación interior de la auditoría certificante
y a recibir de ésta los informes complementarios que
6. Al amparo de lo previsto en el artículo 23.2 de
la Ley 3/1993, la fiscalización superior del destino dado
a las cantidades percibidas por las cámaras y por el
Consejo Gallego de Cámaras procedentes de los rendimientos del recurso cameral permanente así como de
la elevación de sus alícuotas corresponderá, en los términos previstos en su normativa reguladora, al Consejo
de Cuentas de Galicia.
Artículo 48.o Responsabilidades.
Las personas que gestionen bienes y derechos de
las cámaras oficiales de comercio, industria y, en su caso,
navegación de Galicia quedarán sujetas a indemnizar
los daños y perjuicios que puedan causarles por acciones
y omisiones realizadas interviniendo dolo, culpa o negligencia grave con infracción de la normativa vigente, con
independencia de la responsabilidad penal o de otro
orden que les pueda corresponder.
Consejo Gallego de Cámaras
Artículo 49.o Naturaleza.
1. Se crea el Consejo Gallego de Cámaras como
organismo de representación, relación y coordinación
de las cámaras y como organismo consultivo y colaborador de la Xunta de Galicia.
2. El Consejo Gallego de Cámaras se constituye
como corporación de derecho público con personalidad
jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento
3. El Consejo Gallego de Cámaras está integrado
por representantes de la totalidad de las cámaras de
la Comunidad Autónoma gallega.
4. El Consejo Gallego de Cámaras tendrá su dirección en la ciudad sede del Gobierno gallego, sin perjuicio
de que sus órganos colegiados puedan celebrar sesiones
en cualquier lugar de la Comunidad Autónoma de Galicia,
de conformidad con lo que se establezca en su reglamento de régimen interior.
Artículo 50.o Funciones del consejo.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas a las
cámaras, son funciones del consejo:
a) Defender de forma global e integrada los intereses del comercio, de la industria y de la navegación
en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
c) Representar al conjunto de las cámaras de Galicia
ante las administraciones públicas y demás entidades,
públicas o privadas, sin perjuicio de la competencia propia de cada cámara.
d) Ser el órgano de coordinación e impulso de las
actuaciones comunes de las cámaras y de promoción
del máximo desarrollo de sus funciones.
f) Coordinar la emisión de informes, a requerimiento
de las administraciones públicas, en aquellos asuntos
de carácter intersectorial que afecten al comercio, la
industria o la navegación de la Comunidad Autónoma
y cuyo ámbito o repercusión sea superior al de cada
una de las cámaras que lo integran.
g) Coordinar la elaboración y actualización de estadísticas del comercio, la industria y la navegación, de
acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley
9/1988, de 19 de julio, de estadística de Galicia, y normativa que la desarrolle, y realizar las encuestas de evaluación y los estudios necesarios que permitan conocer
la situación de los distintos sectores de Galicia, coordinando las actuaciones realizadas por las cámaras en
h) Establecer servicios de asesoramiento y apoyo
a las cámaras gallegas o acordar convenios de colaboración con éstas, previa autorización del órgano tutelar.
i) Mediar y dirimir en los conflictos o discrepancias
que se planteen entre las cámaras gallegas.
j) Establecer convenios con otras entidades públicas
y privadas, así como planes de actuación conjunta de
las cámaras gallegas y las propuestas de financiación
correspondientes, con especial atención a la promoción
de los productos, industria y turismo exterior.
k) Informar los proyectos de disposiciones generales
emanados de la Comunidad gallega que afecten directamente a los intereses del sector del comercio, la industria o los servicios representados por las cámaras, en
los supuestos y con las condiciones y alcance que el
ordenamiento jurídico determine.
l) Proponer la aprobación de normas en asuntos que
comercio, industria y navegación de Galicia.
m) Colaborar con la Administración autonómica, en
los supuestos en que sea requerido por la misma, informando o realizando estudios, proyectos, trabajos y acciones en materia de comercio, industria y navegación que
afecten al conjunto de la Comunidad Autónoma o a más
de una demarcación cameral.
n) Asesorar a la Administración autonómica en
temas referentes al comercio, la industria y la navegación
a iniciativa propia o cuando así sea requerido por la
misma, así como proponerle cuantas reformas estime
necesarias para la defensa y fomento de aquéllos.
ñ) En los supuestos y con las condiciones y alcance
que establezca la Administración autonómica, le corresponderá colaborar, en su caso, en la tramitación de programas públicos de ayudas a las empresas, en la gestión
de servicios públicos y en el desempeño de las funciones
administrativas que se le encomienden y participar en
aquellos proyectos de infraestructuras y servicios comunes que afecten al conjunto de la Comunidad gallega.
o) Prestar otros servicios o realizar otras actividades,
a título oneroso o lucrativo, que redunden en beneficio
de los intereses representados por las cámaras que lo
p) Elaborar anualmente, y de acuerdo con lo realizado por cada una de las cámaras, un censo público
de todas las empresas radicadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como de sus delegaciones, agencias y establecimientos.
q) Coordinar cualquier otra función de carácter
público-administrativo que le encomiende la Administración autonómica.
r) Cuantas otras atribuciones le confieran las leyes
Artículo 51.o Órganos de gobierno.
1. Los órganos de gobierno y administración del
Consejo Gallego de Cámaras son el pleno, el comité
ejecutivo y la presidencia.
2. El Consejo Gallego de Cámaras contará con una
persona que desarrolle las funciones de la secretaría.
Su elección y funciones serán las establecidas en el
artículo 24 de la presente ley.
Artículo 52.o El Pleno.
El Pleno del Consejo Gallego de Cámaras, órgano
supremo de gobierno y representación del mismo, estará
Los presidentes o presidentas de todas las cámaras
oficiales de comercio, industria y, en su caso, navegación
Tres vocales consultores elegidos por los demás
miembros del pleno de entre personas de reconocido
prestigio en los ámbitos empresariales de Galicia.
La persona que ocupe la secretaría, que actuará con
Un representante del órgano tutelar, con voz pero
La composición del pleno se actualizará periódicamente, una vez concluido el proceso electoral en las
cámaras gallegas.
Artículo 53.o Comité ejecutivo.
El Comité Ejecutivo del Consejo Gallego de Cámaras
es su órgano de gestión, administración y propuesta,
y estará compuesto por las personas que ocupen la presidencia del consejo, la secretaría y cuatro miembros
del pleno elegidos de la forma que establezca el reglamento de régimen interior, teniendo el presidente o presidenta voto de calidad en caso de empate.
deberá aprobarse con el voto favorable, al menos, de
dos tercios del Pleno del Consejo Gallego de Cámaras.
2. En el reglamento de régimen interior se establecerán, entre otros extremos, las normas de funcionamiento de los órganos colegiados, la organización y el
régimen del personal al servicio del consejo.
3. Las disposiciones que se contemplen en la presente ley relativas a las cámaras y a la normativa vigente
en materia de cámaras oficiales de comercio, industria
y navegación se aplicarán, con carácter subsidiario, al
consejo, a sus órganos de gobierno y a su personal.
Artículo 56.o Régimen económico y presupuestario.
1. Los ingresos permanentes del Consejo Gallego
de Cámaras estarán constituidos por las contribuciones
de las cámaras en la cuantía que fije anualmente el consejo al aprobar sus presupuestos. La contribución de
cada cámara no debe ser inferior al 3% del rendimiento
del recurso cameral permanente que resulte de la última
liquidación presupuestaria, una vez deducidos los gastos
de recaudación. Este porcentaje será el mismo para
todas las cámaras.
2. El consejo también podrá contar con otros recursos eventuales como contribuciones voluntarias, donativos y subvenciones, así como por el rendimiento, en
su caso, derivado de la elevación por la Comunidad Autónoma, de la alícuota cameral girada sobre las cuotas
del impuesto de actividades económicas o tributo que
lo sustituya, o cualesquiera otros previstos por la legislación vigente.
3. El régimen económico y presupuestario, en lo
que sea compatible, se regirá por lo dispuesto en el
Artículo 54.o La presidencia.
Artículo 57.o Normativa de aplicación.
1. Quien ejerza la presidencia será elegido por los
miembros del Pleno del Consejo Gallego de Cámaras,
en sesión convocada al efecto, y recaerá en aquel miembro del pleno del consejo que en una primera votación
obtenga el mayor número de votos, exigiéndose en todo
caso mayoría absoluta; de no alcanzarse dicha mayoría,
se procederá a una segunda votación entre el segundo
y cuarto día siguientes, quedando elegido quien obtenga
2. La presidencia ejerce la representación del Consejo Gallego de Cámaras y preside sus órganos colegiados siendo responsable de la ejecución de sus acuerdos. Tendrá las funciones que le asignan la presente
ley y el reglamento de régimen interior. Asimismo, ostenta la representación de las cámaras gallegas en aquellos
órganos o instituciones en que esta representación sea
El reglamento de régimen interior podrá contemplar
la creación de una vicepresidencia del consejo, que sustituirá a quien ejerza la presidencia como reglamentariamente se determine y que deberá ser miembro del
1. Las cámaras de Galicia y el Consejo Gallego de
Cámaras se regirán por lo establecido en la presente
ley y en sus normas de desarrollo, en los respectivos
reglamentos de régimen interior y en la Ley 3/1993,
2. Les será de aplicación con carácter supletorio
la legislación referente a la estructura y funcionamiento
de las administraciones públicas en cuanto sea conforme
con su naturaleza y finalidades.
3. La contratación y el régimen patrimonial de las
cámaras se regirán por el derecho privado, salvo disposición legal en contrario, con sometimiento a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, salvo
que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con ellos.
Artículo 55.o Reglamento de régimen interior.
1. El consejo se regirá por un reglamento de régimen interior que se someterá a la aprobación del órgano
competente, a propuesta del consejo. La aprobación y
modificación de dicho reglamento de régimen interior
Artículo 58.o Tutela.
1. Las cámaras de Galicia, así como el Consejo Gallego de Cámaras, están sujetas en el ejercicio de su actividad a la tutela de la Administración de la Comunidad
2. La función de tutela comprende las facultades
y obligaciones contenidas en la presente ley y en su
normativa de desarrollo, así como el ejercicio de las
potestades administrativas de aprobación, fiscalización,
resolución de recursos y suspensión y disolución de sus
de Galicia dispondrá de un periodo de dos meses a partir
de la entrada en el órgano competente de las solicitudes
formales de las cámaras para la resolución de las mismas,
salvo en aquellos casos en que la presente ley prevea
plazos distintos.
Artículo 59.o Reclamaciones y recursos.
1. Las resoluciones de las cámaras, dictadas en
ejercicio de sus competencias de naturaleza público-administrativa, así como las que afecten a su régimen
electoral, serán impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previo recurso administrativo
formulado ante el órgano tutelar.
2. Las liquidaciones y demás actos relativos a la
gestión y recaudación del recurso cameral permanente
serán susceptibles de reclamación económico-administrativa.
3. Las actuaciones de la cámara en otros ámbitos
y, singularmente, las de carácter laboral se dilucidarán
ante los juzgados y tribunales competentes.
4. Las actuaciones de las cámaras podrán ser objeto
de queja o reclamación ante el órgano tutelar por parte
del electorado. A la vista de la reclamación planteada,
se dará traslado de la misma a la cámara respectiva
para que en el plazo de quince días formule las alegaciones que considere convenientes. Transcurrido
dicho plazo, el órgano competente resolverá lo que estime pertinente.
Artículo 60.o Deber de información y de emisión de
1. Las cámaras de Galicia deberán remitir a la Administración de la Comunidad Autónoma, en los plazos
y en la forma que determinen los reglamentos de régimen interior, copia o extracto de todos los acuerdos
que adopten sus órganos de gobierno en relación con
sus funciones público-administrativas. Los titulares de
la presidencia y, en su caso, de la secretaría serán los
responsables del cumplimiento del deber de información.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma
de Galicia podrá solicitar la ampliación o aclaración de
la información a que se refiere el apartado anterior,
así como cualquier otra que considere de interés relacionado.
3. En los supuestos previstos por la presente ley
en los que se exija de modo preceptivo la emisión de
informe por parte de las cámaras o del Consejo Gallego
de Cámaras, habrán de remitirlo al órgano competente
en el plazo máximo de treinta días. En caso contrario
se entenderá que su dictamen es favorable a la pretensión formulada. En aquellos asuntos en que el informe
tenga carácter vinculante tanto el consejo como, en su
caso, las cámaras habrán de resolver expresamente.
Artículo 61.o Suspensión y disolución de los órganos
1. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia podrá suspender la actividad de los órganos de
gobierno de las cámaras en caso de que produzcan transgresiones del ordenamiento jurídico vigente que, por su
gravedad o reiteración, hagan aconsejable esta medida,
así como en los supuestos de imposibilidad de funcionamiento normal de aquéllos.
A estos efectos, se concederá un plazo de quince días
a la cámara afectada y al Consejo Gallego de Cámaras
para que efectúen las alegaciones que estimen convenientes, pudiendo reducirse dicho plazo a cinco días en
aquellos casos en que el transcurso de aquel plazo pueda
conllevar perjuicios de imposible o difícil reparación.
2. El acuerdo de suspensión determinará su plazo
de duración, que no podrá exceder de tres meses, así
como el órgano que tendrá a su cargo la gestión de
los intereses de las cámaras durante este periodo.
3. Si, transcurrido el plazo de suspensión, subsistiesen las razones que dieron lugar a la misma, se procederá, dentro del plazo de un mes, a la disolución de
los órganos de gobierno, así como a la convocatoria
de nuevas elecciones, manteniéndose en sus funciones,
hasta la constitución de los nuevos órganos camerales,
el órgano designado en el acuerdo de suspensión.
la presente ley, las cámaras adaptarán al contenido de
la misma sus actuales reglamentos de régimen interior.
Cuando la presente ley atribuya competencias a la
consellería competente en materia de cámaras, o a la
Xunta de Galicia sin especificar el órgano concreto de
ésta encargado de ejercerlas, o genéricamente a la Administración autonómica, se entenderá cuando proceda
que las menciones se refieren a la dirección general que
ostente las competencias en materia de comercio o al
órgano administrativo al que las futuras reestructuraciones orgánicas atribuyan con carácter general la tutela
En tanto no se produzcan las circunstancias que motiven un procedimiento de modificación de los previstos
en el capítulo II de la presente ley, las cámaras seguirán
ejerciendo sus funciones en sus respectivas circunscripciones actuales.
La exigencia de licenciatura en derecho prevista en
el artículo 24 de la presente ley no se aplicará a los
actuales secretarios generales de las cámaras, en tanto
se mantengan en la secretaría respectiva y hasta la nueva
convocatoria pública de la plaza.
1. Quien ocupe la Dirección General de Comercio
y Consumo de la Xunta de Galicia convocará a los presidentes o presidentas de las cámaras gallegas para la
elección de los vocales consultores. Constituido el pleno,
la dirección general convocará nuevamente a sus miembros para la elección de la presidencia y del comité ejecutivo. En ambos casos, y en tanto no se designe una
persona que ocupe la secretaría general del consejo,
actuará como tal el secretario o secretaria de mayor
edad de las cámaras gallegas.
2. Mientras no se apruebe el reglamento de régimen
interior del Consejo Gallego de Cámaras, el órgano tutelar
dictará las normas necesarias para su buen funcionamiento. Dicho reglamento se presentará para su aprobación en un plazo máximo de seis meses desde la constitución del consejo.
Queda derogado el Decreto 14/1980, de 19 de junio,
por el que se crea el Consejo Consultivo y Colaborador
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y, en
su caso, Navegación de Galicia.
El Reglamento general de cámaras establecido por
el Decreto 1291/1974, de 2 de mayo, modificado por
los reales decretos 753/1978, de 27 de marzo, y
816/1990, de 22 de junio, y el Decreto 116/1997,
de 14 de mayo, por el que se regula el régimen electoral
de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de la Comunidad Autónoma de Galicia, serán
de aplicación subsidiaria a lo establecido en la presente
Se faculta a la Xunta de Galicia para dictar las normas
de desarrollo de la presente ley.
Santiago de Compostela, 8 de julio de 2004.
(Publicada en el Diario Oficial de Galicia número 140,
de 21 de julio de 2004)
15261 LEY 6/2004, de 12 de julio, reguladora de
los Órganos de Defensa de la Competencia
El Tribunal Constitucional, en la Sentencia número
208, de 11 de noviembre de 1999, declaró la inconstitucionalidad de la cláusula «en todo o en parte del
mercado nacional» contenida expresamente o por remisión en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 25, letras a) y
c), de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de
la competencia. La inconstitucionalidad se deriva de la
atribución al Estado de la totalidad de la competencia
ejecutiva en la materia «defensa de la competencia»,
con lo que se invaden, de esta forma, las competencias
que en este campo deben reconocerse a las comunidades autónomas que, en virtud de sus propios estatutos,
hubieran asumido la competencia sobre la materia «comercio interior».
Cumpliendo el mandato contenido en la citada sentencia del Tribunal Constitucional, las Cortes Generales
aprobaron la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia. Esta norma establece los mecanismos para
que las comunidades autónomas que dispongan de competencias de ejecución en la materia puedan hacer efectivo su ejercicio.
La Comunidad Autónoma de Galicia, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 30.I.4 de su Estatuto de autonomía, asumió competencias ejecutivas sobre defensa
de la competencia. En particular, le corresponde el ejercicio, dentro de su territorio, de todas las actuaciones
ejecutivas de carácter administrativo respecto a las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 de la Ley de
defensa de la competencia, así como el ejercicio de las
competencias relativas a las autorizaciones singulares
a que se refiere el artículo 4 de esa ley, cuando tales
conductas limiten la libre competencia en el ámbito de
la Comunidad Autónoma, y no afecten a un ámbito
supraautonómico o al conjunto del mercado nacional
La presente ley tiene por objeto ejercitar dichas competencias, para lo que se crean el Tribunal Gallego de
Defensa de la Competencia y el Servicio Gallego de
Defensa de la Competencia, dentro de un sistema de
aplicación compartida de la Ley de defensa de la competencia, de acuerdo con los criterios de conexión y
los mecanismos de coordinación, cooperación e información recíproca establecidos en la Ley de coordinación
de las competencias del Estado y de las comunidades
autónomas en esta materia. Estos órganos serán los
encargados de la instrucción y resolución de los expedientes: el Tribunal de Defensa de la Competencia como
organismo autónomo, independiente, de resolución y
propuesta, y el Servicio de Defensa de la Competencia,
como órgano jerarquizado, de instrucción y de vigilancia,
integrado en la estructura orgánica de la consellería competente en materia de economía y hacienda.
La previsión estatutaria sería de por sí razón suficiente
para proceder a la creación de tales órganos, pues las
competencias se asumen para ser ejercitadas. Además,
el desarrollo de la economía gallega exige la mayor eficiencia y vigilancia de los mercados por una autoridad
próxima y conocedora del entorno. Y todo ello constituye
un argumento decisivo en pro de la creación de órganos
propios de defensa de la competencia con una estructura
sencilla que puedan atender las necesidades de la sociedad y la economía gallegas. Por lo demás, la creación
de los órganos autonómicos no tiene por qué suponer
una pérdida de eficacia en la aplicación de la Ley de
defensa de la competencia. Por contra, si todas las instancias concurrentes actúan bajo el principio de lealtad
constitucional, se incrementará tal eficacia. En este sentido, la Unión Europea ha publicado gran número de
normas de diverso rango sobre la red de autoridades
de la competencia y de la cooperación entre ellas, para
destacar que la descentralización en la ejecución implicará una mayor y más eficaz aplicación de las reglas
de la competencia en toda la Unión Europea. Basta citar
como ejemplo de esta política el Reglamento (CE)
1/2003, de 14 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en
los artículos 81 y 82 del Tratado (DOCE L1/1, de 4
de enero de 2003). Para ello sólo es preciso articular
los criterios de conexión y los mecanismos de cooperación e intercambio de información adecuados a tal
fin, partiendo del principio de que debe conocer la autoridad mejor colocada para ello, que no es otra que la
del territorio en el cual la conducta restrictiva produce,
con carácter exclusivo o principal, sus efectos negativos
sobre las condiciones de competencia reinantes en el
Por lo que respecta a la configuración jurídica del
Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, se ha
optado por crear un organismo autónomo dotado de
personalidad jurídica propia como solución más idónea
para reforzar su imagen de independencia ante el mercado. Es precisamente esta opción la que determina que
el tribunal se tenga que regular en una norma con rango
de ley. Por su parte, el Servicio Gallego de Defensa de
la Competencia no se integra en la estructura del organismo, sino que permanece en la consellería competente
en materia de economía y hacienda, de modo que ambas
fases del procedimiento, instrucción y resolución, se
desarrollan de forma separada e independiente.
de la Competencia. El capítulo I de este título regula
la naturaleza y funciones del tribunal, el capítulo II su
organización. Las funciones del presidente o presidenta
están definidas en el capítulo III y el funcionamiento
del tribunal en el capítulo IV. Finalmente el capítulo V
de este título está dedicado al régimen económico y
de personal y contratación. El título II se refiere al Servicio
Representantes diplomáticos y Presidentes de Cámaras de
030107 Correc Prot Datos
Ficha de Proveedores Registrados