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Timestamp: 2019-09-19 17:24:12
Document Index: 104795351

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 278', 'artículo 607', 'artículo 278', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 607', 'artículo 154', 'artículo 606']

﻿ SENTENCIA SC974-2018/2016-02466 DE ABRIL 9 DE 2018
SENTENCIA SC974-2018 DE 09 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:SENTENCIA ANTICIPADA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO EL JUEZ DEBE DICTAR SENTENCIA ANTICIPADA, TOTAL O PARCIAL, CUANDO NO HUBIERE PRUEBAS PARA PRACTICAR. EN EFECTO, LOS JUECES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PROFERIR SENTENCIA DEFINITIVA SIN MÁS TRÁMITES EN EL MOMENTO EN QUE ADVIERTAN QUE LA ETAPA PROBATORIA ES INOCUA. ESTA ES LA FILOSOFÍA QUE INSPIRÓ LAS TRANSFORMACIONES CONTENIDAS EN EL CGP, EN VIRTUD DE LA CUAL EL RESPETO A LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO SE VE AMINORADA EN VIRTUD DE LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y ECONOMÍA PROCESAL, QUE RECLAMAN DECISIONES PRONTAS, ADELANTADAS CON EL MENOR NÚMERO DE ACTUACIONES POSIBLES Y SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMISIÓN DE LA PRUEBA, SENTENCIA ANTICIPADA, EXEQUÁTUR, SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Sentencia SC974-2018/2016-02466 de abril 9 de 2018
SC974-2018
Rad.: 11001-02-03-000-2016-02466-00
(Aprobada en sesión de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho)
Decídese, a través de sentencia anticipada, la solicitud de exequátur de la providencia de 3 de diciembre de 2008, proferida por el Juzgado Oficial de Tempelhof-Kreuzberg, departamento para asuntos de familia, Alemania, en la operación nº 175 F 9819/08.
1. Jacqueline Silva Saldaña, el 29 de agosto de 2016, solicitó la homologación de la sentencia por la que se disolvió su lazo conyugal con Sbigniew Glinka, con el fin de que surta efectos jurídicos en Colombia.
2. Los hechos relevantes del caso pueden compendiarse así:
2.1. Los esposos contrajeron matrimonio civil el 31 de mayo de 2006, conforme a la escritura pública nº 1510 de la notaría 64 de Bogotá, inscrita con registro civil de matrimonio nº 04975288 (fl. 14).
2.2. La súplica de divorcio se falló favorablemente el 3 de diciembre de 2008, en Alemania, por existir separación de hecho y acuerdo entre los interesados (fls. 8-11).
1. En aplicación del artículo 607 del Código General del Proceso, una vez admitida la demanda (fls. 26-27), se corrió traslado de la misma al Ministerio Público, a través de la procuradora delegada para los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, quien manifestó que en el caso
se conjugan toda la pléyade [de] disposiciones que codifican los elementos y procesales [del exequatur], pues no se trata de bienes ubicados en el territorio nacional, no hay proceso que se tramite o haya tramitado ante la jurisdicción colombiana respecto del asunto aquí tratado; la parte afectada con la pretensión homologatoria fue vinculada al juicio adelantado en el extranjero; se produjo sentencia que se encuentra debidamente notificada y ejecutoriada y cuyo tema no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos (fl. 36).
Se prescindió de la citación del señor Sbigniew Glinka, porque el proceso en Alemania se adelantó por su iniciativa y con su asentimiento.
2. Se recabaron las siguientes pruebas en la actuación:
2.1. Documentos aportados con la demanda, que incluyen providencia del Juzgado de Tempelhof —apostillada, legalizada y traducida—, así como los registros civiles de nacimiento y matrimonio de la solicitante (fls. 3-16); y
2.2. Oficios S-GTAJI-17-006866 de 26 de enero y S-GAUC-17-013822 de 15 de febrero de 2017, emanados del Ministerio de Relaciones Exteriores, con sus anexos, los cuales se refieren al reconocimiento recíproco de sentencia judiciales entre Colombia y la República Federal de Alemania (fls. 46-53).
3. A través de auto de 21 de noviembre de la anualidad anterior se manifestó que no existían medios suasorios adicionales que debieran despacharse (fl. 57).
1. La presente decisión se sujetará al Código General del Proceso, por ser la norma vigente al momento de la solicitud de reconocimiento, esto es, al 25 de agosto de 2016 (fl. 22), según lo prescrito en los artículos 624 y 625 (numerales 5 y 6) del mencionado estatuto.
2. Tal codificación, en su artículo 278, dispuso que “[e]n cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial… [c]uando no hubiere pruebas por practicar”.
Significa que los juzgadores tienen la obligación, en el momento en que adviertan que la etapa probatoria es inocua, de proferir sentencia definitiva sin más trámites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios, al existir claridad fáctica sobre los supuestos aplicables al caso.
Esta es la filosofía que inspiró las recientes transformaciones de las codificaciones procesales, en las que se prevé que los procesos pueden fallarse a través de resoluciones anticipadas, cuando se haga innecesario avanzar hacia etapas posteriores(1).
Por consiguiente, el respeto a las formas propias de cada juicio se ve aminorado en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, que reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor número de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total que las formalidades están al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deberán soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisión inmediata y no hay pruebas adicionales que deban despacharse.
Lo contrario equivaldría a una “irrazonable prolongación [del proceso, que hace] inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en él”(2). Insístase, la administración de justicia “debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento” (artículo 4º de la Ley 270 de 1996), para lo cual se exige que sea “eficiente” y que “[l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley” (artículo 7º ibídem).
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y economía procesal, lo que es armónico con una administración de justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial.
Sobre la materia, tiene dicho esta Sala:
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquemática preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configuró cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (SC12137, 15 ago. 2017, Rad. 2016-03591-00).
3. En el sub lite resulta procedente proferir un fallo anticipado pues, como se advirtió en el auto de 21 de noviembre del año anterior, “no [existen] pruebas adicionales que deban practicarse” (fl. 57), siendo anodino agotar las etapas de alegaciones y sentencia oral a que se refiere el numeral 4 del artículo 607 del Código General del Proceso.
En efecto, se accedieron a las solicitudes suasorias realizadas por la parte demandante; la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia no realizó peticiones demostrativas; y las pruebas decretadas de oficio se atendieron por los organismos diplomáticos competentes. De allí que, adelantar una audiencia en este asunto se torna innecesario, máxime ante la ausencia de oposición, por lo que deberá proferirse una decisión definitiva de forma inmediata.
4. La homologación es un trámite jurisdiccional que busca otorgar, a una sentencia proveniente del exterior, efectos equivalentes a los de una local, en desarrollo del principio de colaboración armónica entre los estados y de las necesidades connaturales de una sociedad globalizada, con un alto tránsito de personas y de capitales entre los países.
En este caso, se otorga vigor a lo resuelto por falladores foráneos, a condición de que se cumplan las formalidades fijadas en la regulación, las cuales no pretenden un reexamen de la relación jurídica sustancial, sino la verificación de ciertos aspectos extrínsecos al proveído(3), tales como la reciprocidad diplomática o legislativa, la competencia del juzgador, la salvaguardia del orden público interno, la tutela de los derechos de defensa y contradicción, y el cumplimiento de la legalización y autenticación que es exigible a todos los documentos extranjeros.
En Colombia, los artículos 606 y 607 del Código General del Proceso consagran estos requerimientos en los siguientes términos:
(i) Entre nuestro país y el de procedencia debe existir reciprocidad diplomática o legislativa, de suerte que haya un compromiso correlativo de reconocer las providencias emitidas en el otro, en virtud de tratados internacionales o de sus ordenamientos jurídicos nacionales(4);
(ii) La decisión debe tener el carácter de sentencia judicial y ser emitida en un proceso contencioso o de jurisdicción voluntaria(5);
(iii) El asunto del cual se ocupa el fallo no puede referirse a derechos reales sobre bienes ubicados en territorio colombiano, pues en este caso debe aplicarse el principio de territorialidad(6);
(iv) La resolución debe estar en armonía con las normas de orden público sustancial patrias, valga decirlo, los principios que disciplinan las diferentes instituciones jurídicas y en cuyo respeto está interesado el país.
La jurisprudencia ha definido el orden público como “los principios esenciales del Estado”(7) o “los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional”(8), esto es, “los principios y valores fundamentales del sistema u ordenamiento jurídico, su noción atañe al núcleo central, medular, básico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservación, armonía y progreso de la sociedad”(9).
(v) El proveído a reconocer debe estar ejecutoriado, según la ley del país de origen, en orden a garantizar que sea inmodificable e intangible, para lo cual deberá acreditarse que frente a lo decidido no proceden recursos, que los mismos ya se agotaron, que precluyó la oportunidad para interponerlos, o que no existen instrumentos judiciales para controvertir lo resuelto(10);
(vi) Copias de la sentencia y de la constancia de ejecutoria deben estar debidamente autenticadas y legalizadas, con el objeto que pueda certificarse la calidad del funcionario que suscribe el documento público, para lo cual deberá acudirse a la legalización ante consulado o a la apostilla, según el caso(11);
(vii) La competencia para conocer de la materia no debe ser privativa de los jueces colombianos, como sucede en los casos de inmunidades o por la aplicación de los estatutos personal o real reconocidos en el derecho internacional privado;
5. En el caso sub examine encuentra la Corte que deberá accederse el reconocimiento solicitado, en tanto se satisfacen los requerimientos antes enunciados, como se explicará a continuación.
5.1. Reciprocidad.
Según el oficio S-GTAJI-17-006866 del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se tiene información “sobre tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento recíproco de sentencia extranjeras, en los que la República de Colombia y la República Federal de Alemania sean Estados Parte” (fl. 46), por lo que se descarta la reciprocidad diplomática.
En cuanto se refiere a la legislativa, ésta reluce de las disposiciones vigentes, en el país europeo, relativas al reconocimiento de decisiones de autoridades extranjeras, arrimadas al proceso en copia por el Consulado de Colombia en Frankfurt, Alemania (fls. 48-52).
Así, el Código de Procedimiento Civil alemán (ZPO), en el parágrafo 328, permite la homologación de resoluciones foráneas, siempre que se agote el proceso judicial ante las autoridades competentes, salvo los casos que se listan en lo sucesivo:
1. Cuando, de acuerdo a la legislación alemana, los juzgados del Estado al que pertenece el juzgador extranjero no son competentes;
2. Cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su defensa;
3. Cuando la sentencia sea incompatible con una sentencia anterior de aquí o con una sentencia extranjera anterior que debe ser reconocida o cuando el procedimiento en el que se basa sea incompatible con un procedimiento que se encontraba anteriormente;
4. Cuando el reconocimiento de la sentencia lleve a un resultado que es evidentemente incompatible con principios fundamentales de la ley alemana, en particular, cuando el reconocimiento sea incompatible con los derechos fundamentales.
5. Cuando no se garantice reciprocidad (fl. 48).
Reliévese la existencia de un sistema de cooperación para el reconocimiento de sentencias, el cual permite que las proferidas en Colombia puedan ser homologadas en dicho país, con requisitos y causales de denegación similares a las locales, sin exigir cargas desmedidas o de imposible cumplimiento.
Por consiguiente, es clara la existencia de una reciprocidad legislativa, de modo que se satisface el primero de los requisitos para el exequatur.
A igual conclusión ha arribado esta corporación en casos equivalentes:
[U]n fallo de una autoridad colombiana que decrete el divorcio, en general, puede ser adoptado por el Estado alemán, puesto que las limitaciones que establece su normatividad en sí mismas no corresponden a impedimentos insalvables, sino más bien a restricciones básicas que las legislaciones consagran, como en un sentido análogo lo hace la propia.
Adicionalmente, cabe señalar que en multiplicidad de ocasiones en que esta Corte ha tenido la oportunidad de fallar causas similares ha establecido dicha correspondencia… Así por ejempl[o], en CSJ SC 20 mayo 2013, Rad. 2008-00405-00, reiterada SC6143-2014, se dijo que “(…) según consta en la traducción oficial que de la legislación alemana se arrimó a la actuación, recaudada en el proceso radicado bajo el número 11001-02-03-000-2009-00937-00 y trasladada de manera regular y oportuna, “[l]as decisiones que en el exterior declaran un matrimonio como (…) divorciado (…), solamente se reconocen cuando la administración estatal de justicia ha determinado que las condiciones para el reconocimiento se cumplen”, las que, en general, coinciden con los requisitos que en la legislación interna colombiana se consagran para conceder el exequátur, a saber: que la autoridad judicial que profirió la sentencia cuya convalidación se pretende sea competente para emitirla; que la contraparte haya sido debidamente vinculada al trámite; que no contradiga una determinación judicial del país ante el cual se tramita el proceso de exequátur; que el fallo que se pretende homologar no sea contrario a los principios o bases esenciales de la ley alemana ni sea incompatible con derechos fundamentales; y que el pronunciamiento jurisdiccional cuyo reconocimiento se persigue haya adquirido validez legal según la ley del Estado en donde se emitió… Dicha reciprocidad legislativa entre Colombia y la República Federal de Alemania ha sido reconocida asimismo, entre otras, en sentencias de 24 de 2009, Exp. 2007-00731-00; 4 de diciembre de 2009, Exp. 2009-00419-00; 1º de diciembre de 2010, Exp. 2008-01637-00; 28 de mayo de 2010, Exp. 2008-00596-00; 2 de febrero de 2011, Exp. 2009-00967-00 y 29 de noviembre de 2011, Exp. 2007-00939-00” (SC18560, 16 dic. 2016, Rad. 2014-01997-00).
5.2. Decisión a homologar:
El proveído cuyo reconocimiento se deprecó tiene el alcance de sentencia judicial, pues así se señaló en su título —Sentencia— (fl. 8), y fue emitido por un órgano jurisdiccional —juzgado oficial de Tempelhof-Kreuzberg, Alemania—, quien actuó con base en la solicitud presentada por Zbigniew Glinka, verificó los antecedentes que le sirvieron de soporte, garantizó la participación de la demandada, y profirió un fallo definitivo para las partes.
5.3. Asunto materia de decisión:
La resolución de divorcio se circunscribe al estado civil de los contrayentes, sin vincular derechos reales sobre bienes ubicados en Colombia.
5.4. Ausencia de afectación al orden público:
La providencia del exterior es armónica con las normas de orden público internacional patrias, por cuanto los motivos que sirvieron de base para el pedimento de cesación matrimonial se encuentran reconocidos en el Código Civil.
En efecto, la sentencia del Juzgado de Tempelhof señaló que el matrimonio fracasó, en razón de la separación de hecho de los contrayentes “desde hace más de un año”, así como el acuerdo de estos, a consecuencia de lo cual ordenó la disolución (fls. 9-10).
Tales móviles están expresamente previstos en los numerales 8 y 9 del artículo 154 del Código Civil colombiano, a saber: “8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años. 9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”.
Ciertamente, en la decisión del juzgador de Tempelhof se manifestó que el término de un año era suficiente para que la ruptura de la vida común condujera al divorcio, mientras que en Colombia se exige que este lapso sea de dos (2) anualidades. No obstante, esta diferencia no contraviene el orden público patrio, pues lo fundamental es que la separación devele la decisión de no restablecer la vida en común, lo que fue acreditado en el caso, porque las pruebas recabadas en el extranjero condujeron a que se concluyera que el “matrimonio entre las partes ha fracasado. Su vida conyugal ya no existe y no se puede esperar que las partes la vuelvan a restablecer. Esto se ha establecido en la audiencia realizada a convicción del juzgado” (fl. 10).
Además, el trámite jurisdiccional se adelantó con la intervención y aquiescencia de los contrayentes, quienes asintieron en que el “el matrimonio ha fracasado y solicita[ron] que el matrimonio se divorcie” (ídem).
5.5. Ejecutoria de la sentencia:
Según la empleada judicial Roggentin, en su calidad de oficial fedataria de la administración de justicia, cuya firma fue debidamente apostillada, la “sentencia se encuentra firme desde el 3 de diciembre de 2008” (fl. 11).
5.6. Copias auténticas y legalizadas:
Se arrimó una copia de la decisión judicial suscrita por la funcionaria judicial de marras (fl. 11); rúbrica apostillada el 20 de octubre de 2015 (fl. 13) según las directrices de la convención de la Haya de 1961, relativa a la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada en Colombia a través de la Ley 455 de 1998 y de la cual es parte la República Federal de Alemania(12).
5.7. Competencia de jueces nacionales:
En atención a que el último domicilio habitual de los cónyuges fue Alemania (fl. 10) y que las partes del proceso residen en ese país —como se infiere de su intervención en el proceso—, los juzgadores alemanes eran competentes para conocer del asunto, sin que se advierta una competencia exclusiva de los jueces nacionales.
5.8. No afectación de la cosa juzgada y non bis in idem:
No existe evidencia de que en Colombia se haya adelantado, o se encuentre en curso, proceso judicial entre las mismas partes, por hechos similares a los que motivaron la decisión objeto de reconocimiento.
Adviértase que, en la copia del registro civil de matrimonio arrimado con la demanda (fl. 14), se incluyó la anotación de “divorcio” conforme a la sentencia de 3 de diciembre de 2008 emanada del juzgador local de Tempelhof (Alemania), proceso nº 175 F9819/08, pero la misma no está apoyada en una sentencia de exequatur proferida por esta corporación, pues se carece de elementos demostrativos que den cuenta de esto, de allí que sea procedente emitir la presente resolución de homologación.
5.9. Respeto a las garantías del debido proceso:
Por último, en el trámite adelantado ante los jueces alemanes se garantizó el debido proceso de los cónyuges, como se presume de la ejecutoria de la decisión, según lo establece el numeral 6 del artículo 606 del Código General del Proceso.
Además, el trámite se adelantó con intervención y consentimiento de los consortes, lo que descarta la vulneración de sus derechos de defensa o contradicción.
6. Con apoyo en lo discurrido, se tienen por acreditados los requisitos sustanciales y formales para acceder al exequátur suplicado, por lo que se procederá de conformidad.
7. No habrá lugar a la condena en costas por la naturaleza del trámite.
1. CONCEDER el exequátur de la providencia de 3 de diciembre de 2008, proferida por el Juzgado Oficial de Tempelhof-Kreuzberg, departamento para asuntos de familia, Alemania, en la operación nº 175 F 9819/08, respecto al divorcio del matrimonio celebrado entre Jacqueline Silva Saldaña y Sbigniew Glinka.
2. ORDENAR la inscripción de esta providencia, junto con la sentencia reconocida, en el folio de registro civil de matrimonio serial nº 04975288, y en el de nacimiento de Jacqueline Silva Saldaña. Por Secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.
1 Cfr. Michelle Taruffo, El proceso civil de “civil law”: Aspectos fundamentales. En Revista Ius et Praxis, 12 (1): 69-94, 2006.
2 Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 72.
3 CSJ, SC10089, 25 jul. 2016, Rad. 2013-02702-00.
4 CSJ sentencia 18 dic. 2009, Rad. 2008-00315-00; 11 ene. 2011, Rad. 2007-00499-00; 8 nov. 2011, Rad. 2009-00219-00; 19 dic. 2012, Rad. 2011-00579-00 y 21 feb. 2014, Rad. 2008-01175-00.
5 Cfr. CSJ, AC5678, 31 ago. 2016, Rad. 2016-00540-00.
6 CSJ, AC4909, 2 ago. 2016, Rad. 2016-01537-00.
7 CSJ, SC10089, 25 jul. 2016, Rad. 2013-02702-00.
8 CSJ, 27 jul. 2011, Rad. 2007-01956-00.
9 CSJ, 8 nov. 2011, Rad. 2009-00219-00.
10 CSJ, AC7288, 27 oct. 2016, Rad. 2016-03016-00.
11 CSJ, AC7244, 25 oct. 2016, Rad. 2016-02791-00.
12 Cfr. https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=41