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Timestamp: 2020-02-24 15:53:18
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BOE.es - Documento BOE-A-2015-1893
Documento BOE-A-2015-1893
«BOE» núm. 47, de 24 de febrero de 2015, páginas 41 a 64 (24 págs.)
BOE-A-2015-1893
En la demanda se hizo expresa invocación del artículo 161.2 CE, a los efectos de que se acordase la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto legal impugnado.
En primer término se aborda la cuestión de la delimitación competencial que debe enmarcar el proceso constitucional incoado. El Abogado del Estado, a falta de pronunciamiento expreso en la norma impugnada, deduce del apartado III de la exposición de motivos de la Ley 7/2009 y de lo contenido en el Decreto Legislativo 1/2000 al que esta modifica, que su dictado se ampara en la competencia autonómica exclusiva sobre «ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda» (art 30. 15 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias), así como en la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de «protección del medio ambiente, incluidos los vertidos en el ámbito territorial de la Comunidad» (art. 32.12 del Estatuto de Autonomía de Canarias: EACan). Estando presentes en el supuesto dos competencias materiales, el Abogado del Estado estima que la competencia prevalente en este caso es la que se refiere a la «ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda», cuyo alcance ha perfilado el Tribunal Constitucional en sentencias como las SSTC 149/1998, de 2 de julio, y 46/2007, de 1 de marzo. La Abogacía del Estado considera que la legislación autonómica impugnada se dicta desconociendo los límites que la jurisprudencia constitucional vincula al ejercicio de las competencias autonómicas en la materia y que se asocian al ejercicio de las potestades estatales derivadas del artículo 132 CE, en relación con los apartados 1, 8 y 23 del artículo 149.1 CE.
En segundo lugar, el recurrente caracteriza la inconstitucionalidad atribuida a la norma impugnada como mediata o indirecta, por concurrir la vulneración del orden de distribución de competencias legítimamente articulado por el Estado a través del dictado de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (LC), que actúa en este caso como norma básica de referencia. Para justificar el carácter básico de la normativa estatal referida, el Abogado del Estado acude a lo dispuesto en la STC 149/1991, de 4 de julio, que declaraba la constitucionalidad de la mayor parte de los preceptos de la Ley de costas de 1988, y en particular consideraba expresamente conformes a la Constitución los artículos 23 y la disposición transitoria tercera de la Ley de costas [fundamentos jurídicos 3 d) y 8 d)], así como a lo determinado en la STC 198/1991, de 17 de octubre, en relación con las disposiciones transitorias séptima y novena del Real Decreto 1471/1989, también consideradas conformes a la Constitución.
Seguidamente, la demanda se detiene en cada uno de los preceptos impugnados para justificar la contradicción entre aquellos y la norma interpuesta de verificación del ajuste constitucional.
a) La disposición adicional decimotercera del Decreto Legislativo 1/2000, introducida por el artículo 1 de la Ley 7/2009, se opone, según el Abogado del Estado, al artículo 23.1 de la Ley de Costas en la redacción vigente al momento de la interposición del recurso.
Este precepto establecía que «la servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar», pudiendo ser ampliada la extensión de esta zona por la administración del Estado, «de acuerdo con la de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate» (apartado 2 del art. 23 LC). Además la disposición transitoria tercera de la Ley de costas establecía un régimen transitorio para la aplicación de esta servidumbre de protección, distinguiendo entre:
(i) Los terrenos que a la entrada en vigor de la Ley estuvieran clasificados como suelo urbanizable no programado y suelo no urbanizable, a los que, de acuerdo con el apartado 1 de la disposición transitoria, les serían de inmediata aplicación «las disposiciones contenidas en el Título II sobre zonas de servidumbre de protección y de influencia», entre las que se encuentra el artículo 23 LC.
De modo que la Ley de costas, desarrollada en este punto por las disposiciones transitorias séptima y novena del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, sólo permite la aplicación de la servidumbre de 20 metros, de forma transitoria, a los terrenos que estuvieran clasificados como urbanos a la entrada en vigor de aquella Ley, prescribiéndose la aplicación, en los demás supuestos, de la servidumbre de 100 metros, como medida de protección del medio ambiente y, en concreto, del dominio público marítimo-terrestre. Fijado de este modo el contenido de la norma básica de contraste, la Abogacía del Estado entiende que el artículo 1 de la Ley 7/2009, pretende incidir en el régimen de aplicación en el tiempo de un precepto estatal, al introducir un régimen transitorio diferente para Canarias. Reconoce el Abogado del Estado que si bien la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia para incidir normativamente en la protección del dominio marítimo-terrestre a través de su facultad de desarrollo de la legislación básica estatal, no la tendría en cambio para afectar al régimen transitorio de la legislación básica, ni siquiera en el caso de que no pretendiese más que reproducir lo establecido en las disposiciones transitorias de esta ley estatal (con cita de la STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9), dándose la circunstancia, en este caso, de que la Comunidad Autónoma incide en el régimen transitorio de la ley estatal en sentido incompatible con la legislación básica, tal y como se deduce de la lectura de la disposición adicional decimotercera del Decreto Legislativo 1/2000, que establece lo siguiente:
«1. A los efectos de la aplicación del régimen transitorio de la Ley de Costas, se considerarán áreas urbanas, con independencia de la existencia o no de instrumento de ordenación sobre las mismas y de la clase y categoría de suelo que en su caso se estableciera, las que, a 29 de julio de 1988, se encontraran en alguno de los siguientes supuestos: a) Las que comprendan terrenos que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. b) Las que comprendan terrenos consolidados por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie, si el municipio en el que se ubicara tuviera en esa fecha planeamiento general en vigor. c) Las que comprendan terrenos consolidados por la edificación al menos en la mitad de su superficie, si el municipio en el que se ubicara el asentamiento no tuviera en esa fecha planeamiento general en vigor. 2. Dicha declaración se efectuará por el órgano autonómico que se determine reglamentariamente, a iniciativa del Cabildo o del Ayuntamiento competente, que aportará los medios de prueba que sirvan de motivación al correspondiente acto.»
b) El art. 2 de la Ley 7/2009, que introduce la disposición adicional decimocuarta del Decreto Legislativo 1/2000, establece que «la administración urbanística actuante fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos comprendidos en la misma, teniendo en cuenta la línea de ribera del mar que a tal efecto le comunique la administración del Estado, comunicación que irá acompañada del correspondiente proyecto técnico y expediente administrativo». Frente a esta disposición, el Abogado del Estado afirma que la legislación básica estatal configura el deslinde como competencia exclusiva plena del Estado, de lo que se deduce la contradicción entre la normativa autonómica y la básica estatal contenida en los artículos 11, 12, 13 y 110 a) de la Ley de Costas, así como en los artículos 18 y siguientes del Real Decreto 1471/1989, que realizan el desarrollo reglamentario de la facultad estatal de deslinde. Reproduciendo los argumentos contenidos en la demanda que dio lugar al recurso de inconstitucionalidad 3644-2009, la Abogacía del Estado afirma que las citadas disposiciones de la Ley de costas, y del Real Decreto 1471/1989 han de ser considerados básicos, y ello en virtud de que se dictan en desarrollo de la competencia estatal, ex artículos 132, 149.1. 1, 8 y 23 CE, relativa a la determinación de aquellas categorías de bienes que integran el dominio público natural (con cita de la STC 227/1988). Si la delimitación del dominio púbico es un prius para el concreto ejercicio de las competencias que sobre él se ostenten, sólo el Estado, como titular de ese dominio público, puede efectuar la operación de deslinde.
Teniendo en cuenta, por tanto, que los artículos 132 CE y 149.1, apartados 1, 8 y 23 CE, sustentan la competencia plena del Estado para la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, lo que abarca desde la definición legal de dicho demanio, hasta su material deslinde, así como la definición del régimen jurídico del dominio público y de su zona de servidumbre, resulta evidente que la regulación autonómica excede el ámbito competencial que le está reservado a la Comunidad Autónoma de Canarias. La ley canaria desconoce la competencia estatal y atribuye a la Administración autonómica la facultad de efectivo deslinde del dominio público marítimo terrestre mediante la fijación del límite interior de la zona de servidumbre de protección, que coincide con el límite exterior del demanio natural. Afirma el Abogado del Estado que si en el recurso de inconstitucionalidad 3644-2009 se cuestionaba el indebido condicionamiento de una competencia exclusiva ajena, en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias va más lejos, asumiendo directamente una competencia ajena. Acudiendo a la exposición de motivos de la Ley impugnada, la Abogacía del Estado interpreta que la legislación canaria impugnada pretende reaccionar frente a la posibilidad de que el Estado modifique el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en perjuicio de las propiedades colindantes, y lo hace desconociendo una competencia ajena, la del Estado para deslindar el dominio público marítimo-terrestre.
c) Por último, el Abogado del Estado se centra en los argumentos de inconstitucionalidad mediata relativos al artículo 3 de la Ley 7/2009, que introduce la disposición adicional decimoquinta del Decreto Legislativo 1/2000, cuya dicción literal es la que sigue:
«1. La Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo formulará un censo de edificaciones que, ubicadas en el demanio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, debiendo valorarse su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que puedan solicitar los titulares de las mismas al amparo de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas.
c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán realizarse, previa autorización de la administración del Estado, obras de reparación y mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley.»
3. El Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Cuarta, por providencia de 29 de julio de 2009, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se tuvo por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso para las partes en el proceso y desde el día en que aparece publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Finalmente, se acordó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Canarias».
4. Mediante sendos escritos presentado en el Registro General de este Tribunal el día 9 de septiembre de 2009 los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado comunicaron los acuerdos de las Mesas de una y otra Cámara de dar por personadas a ambas Cámaras en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
La Letrada del Gobierno arranca sus alegaciones definiendo la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en que se basa el dictado de la Ley 7/2009, por remisión al artículo 148.1.3 CE, que establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, así como a artículos 30.15 y 16 y 32.12 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, modificada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre. El artículo 30 ECAn atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda (apartado 15) y sobre espacios naturales protegidos (apartado 16), y el artículo 32.12 EACan asume competencias de desarrollo legislativo y ejecución sobre protección del medio ambiente, incluidos los vertidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Estas competencias habrán de ser interpretadas, y así lo reconoce esta parte, a la luz de lo contenido, fundamentalmente, en las SSTC 149/1991, 149/1998 y 46/2007.
A partir de esta delimitación competencial, y dada la concurrencia de títulos, la Letrada autonómica substrae la regulación impugnada del ámbito de la legislación medioambiental, para llevarla al terreno de la regulación de los usos del suelo, espacio en el que la competencia estatal no irá tan lejos, pues no estará amparada en el artículo 149.1.23 CE (con cita de la STC 36/1994, FJ 30), ni en el artículo 149.1.1 CE (con cita de la STC 61/1997, FFJJ 8 y 9). Y es que esta parte considera que el recurso del Presidente del Gobierno realiza una interpretación expansiva del ámbito material que reserva al Estado el artículo 49.1.23 CE. Por un lado porque la protección del medio ambiente ex artículo 45 CE no se configura como un derecho fundamental a efectos de la invocación del artículo 149.1.1 CE, con lo que no sirve este precepto como justificación de la competencia estatal (con cita de la STC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2), y de otro porque el apartado 23 del artículo 149.1 CE no habilita al Estado para regular ni la totalidad del suelo no urbanizable, ni, por supuesto, el suelo urbano. A juicio de esta parte el Tribunal Constitucional en sentencias como las SSTC 61/1997, FJ 16, y 164/2001, FJ 32, habilita al Estado para regular sobre suelo no urbanizable de especial protección basándose en la atribución contenida en el artículo 149.1.23 CE, y para regular sobre suelo no urbanizable basándose en el artículo 149.1.1 CE, que permite al Estado establecer las condiciones de igualdad de los titulares dominicales.
a) En relación con el artículo 1 de la Ley 7/2009, el escrito de alegaciones niega la contradicción entre la disposición estatal de referencia, cuyo carácter básico rechaza, y la disposición autonómica. Esta parte afirma que la singularidad del régimen establecido por el artículo 1 de la Ley Canaria 7/2009 es que no exige que los terrenos excluidos de la servidumbre de protección extensa estuvieran formalmente declarados como urbanos por el planeamiento, a fecha 29 de julio de 1988, sino que considera suficiente que los terrenos cuenten con los requisitos legales exigidos en aquella fecha para ser considerados como urbanos, encomendándose a la administración autonómica la declaración o reconocimiento de esas áreas urbanas a petición del ayuntamiento o cabildo, en quienes recaen la carga de la prueba de la concurrencia de los supuestos determinantes de la condición de suelo urbano. La representación procesal del Gobierno canario recuerda que la disposición impugnada reproduce, al referirse a los criterios legales antes aludidos, el contenido de los artículos 78 a 81 del texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, normativa vigente al momento de la entrada en vigor la Ley de costas, de manera que la Ley 7/2009, no añadiendo nada nuevo a la regulación urbanística tradicional, por lo que, amparada en sus propias competencias, la Comunidad Autónoma se ha limitado a repetir o que la ley estatal establece.
b) Respecto de la impugnación del artículo 2 de la Ley 7/2009, la Letrada del Gobierno canario niega que exista precepto básico alguno en la Ley de costas que determine de forma expresa la competencia de la administración del Estado para determinar el límite interior de la servidumbre de protección, pero asume que los artículos 19 y 26 del Real Decreto 1471/1989, son los preceptos que señalan que el deslinde determinará el límite interior del dominio público marítimo terrestre, refiriéndose tales artículos a la señalización y localización del deslinde, pero no a su establecimiento. Teniendo este argumento en cuenta, el escrito de alegaciones solicita un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional sobre el carácter básico de los artículos 19 y 26 del Reglamento de Costas, para poder enjuiciar después el ajuste constitucional del artículo 2 de la Ley 7/2009.
El Gobierno canario estima que el reparto de competencias en materia de protección del medio ambiente, implican que la regulación del dominio público y de las servidumbres legales es legislación básica en materia de protección del medio ambiente, siendo competencia estatal el deslinde del dominio público marítimo terrestre a efectos de la fijación del límite interior de la ribera del mar a partir del cual se computan las servidumbres, mientras que la proyección concreta sobre el terreno de las servidumbres legales integra las competencias autonómicas de desarrollo y ejecución en materia de protección del medio ambiente, y de ordenación del territorio, del litoral y del urbanismo. Insiste la Letrada autonómica en los argumentos expuestos para justificar la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 7/2009, afirmando que la competencia estatal ex artículo 149.1 23 CE tiene difícil encaje cuando estamos hablando de un suelo urbano, cuando lo que se discute es la anchura de la servidumbre de protección en función de la clase de suelo, o dicho de otro modo el límite interior de la servidumbre de protección, límite que no colinda con el dominio público marítimo-terrestre sobre el que si tiene competencia el Estado. En este punto insiste de nuevo la Letrada autonómica en la necesidad de aplicar el principio de conservación de la norma y de interpretación de todo el ordenamiento conforme a la Constitución.
c) Por último, y respondiendo a los argumentos impugnatorios del artículo 3 de la Ley 7/2009, la Letrada del Gobierno canario afirma que la nueva disposición adicional decimoquinta del Decreto Legislativo 1/2000, tiene una función instrumental, siendo su finalidad facilitar que los inmuebles a los que se refiere el censo previsto, se puedan acoger a los procesos de legalización que, por causa de interés público, admite el régimen transitorio de la Ley de costas. El escrito de alegaciones enmarca este precepto en el ámbito de la disposición transitoria cuarta de la Ley de costas, y las disposiciones transitorias duodécima y decimotercera del Reglamento que la desarrolla, y afirma que la finalidad de la norma autonómica es establecer algunos parámetros para objetivar las razones de interés público que, de acuerdo con la Ley de costas, pueden llevar a la legalización de construcciones y edificaciones sin títulos ubicadas tanto en el dominio público, como en el espacio sobre el que se proyectan las servidumbres. Así se entiende que el precepto autonómico establece unos parámetros a ser considerados, pero no prejuzga ni vincula a la Administración competente para resolver, cuando sea la administración del Estado, en función del lugar en que se ubique la edificación. En otras palabras, el censo al que se refiere el artículo 3 de la Ley 7/2009, será vinculante dependiendo del lugar en el que se ubique la edificación, ya que en el dominio público será un simple criterio a tener en cuenta que no vincula al órgano competente para resolver. Este censo sí resulta vinculante a la hora de conceder autorizaciones en la zona de servidumbre de protección, al ser ésta una competencia autonómica.
6. El día 21 de septiembre de 2009, el Letrado Secretario General del Parlamento de Canarias, presentó ante el Tribunal Constitucional sus alegaciones, en nombre y representación de la Cámara autonómica, solicitando la desestimación del recurso interpuesto.
a) En relación con la impugnación del artículo 1 de la Ley 7/2009, el Letrado del Parlamento canario niega que la norma autonómica condicione la aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley de costas, porque la aplicación de la norma estatal no exige un acto expreso de clasificación del suelo urbano con anterioridad a la vigencia de la Ley de costas, y una cosa es que los requisitos determinantes de la clasificación deban existir sobre el terreno en un momento anterior a la introducción de las categorías previstas en la Ley de costas y otra muy distinta exigir que el acto de constatación de unas determinadas circunstancias relevantes según el derecho intertemporal de la referida norma legal deba existir incluso antes de su promulgación.
b) En relación con la impugnación del artículo 2 de la Ley 7/2009, el Letrado del Parlamento canario, descarta la competencia estatal en materia de establecimiento del límite interior de la servidumbre de protección, al considerar que el deslinde supone la delimitación separadora entre los bienes públicos y los privados, y que los terrenos de la servidumbre de protección no están comprendidos en el deslinde, que solo contemplará la línea exterior de la zona de protección, coincidente con la línea interior del dominio público.
Se insiste en esta idea al afirmar que la servidumbre alude a terrenos no integrados en el dominio público marítimo terrestre, sino a terrenos adyacentes al mismo, que de ordinario serán de titularidad privada sujeta a limitaciones derivadas de la colindancia de esta franja respecto al demanio. En el escrito de alegaciones se afirma que tampoco queda conculcado el artículo 18 y siguientes del Reglamento de costas, en la medida en que el deslinde debe contener el límite interior del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de que se puedan delimitar también las distintas clases de pertenencias que lo integran, pero esta línea no coincide con el límite interior de la zona de servidumbre, cuya fijación la nueva Ley encomienda a la Comunidad Autónoma de Canarias, sino con la línea exterior de la zona de servidumbre. No se compadece con la distribución de competencias que la Administración del Estado pueda decidir o no la reducción espacial de la servidumbre de protección a 20 metros, pues en tal supuesto estaría determinando, incluso contra la opinión de la Comunidad Autónoma, la consideración de urbano o no urbano del suelo afectado. Si bien la determinación del ancho de la franja de servidumbre es fruto de una previsión legal del Estado que la anuda a un dato puramente urbanístico, la apreciación de este dato incumbe a la instancia pública que tiene competencia en esta materia y que es la Administración autonómica. Concluye su argumentación el Letrado del Parlamento de Canarias afirmando, que, en aplicación de la doctrina constitucional contenida en la STC 149/1991, FJ 3, compete a las Comunidades Autónomas ordenar y gestionar la servidumbre de protección y la zona de influencia, lo que incluye, entre otras, las potestades autorizadoras, y la fijación de la línea interior —hacia tierra— de la referida zona de servidumbre de protección, mientras que es competencia del Estado la potestad de deslinde del dominio público marítimo terrestre, esto es de la fijación de la línea de ribera del mar, que de ordinario coincidirá con la línea interior —hacia tierra— del dominio público terrestre (y, por ende, con la línea exterior —hacia el mar— de la zona de servidumbre de protección). Eso supone que el régimen de las servidumbres previsto en la Ley de costas se conecta con la competencia estatal sobre legislación básica en materia de medio ambiente, pero su aplicación y ejecución (y la restitución sobre el terreno o sea la proyección espacial de las previsiones legales se revela plenamente como una media de ejecución) forman parte de la competencia autonómica.
7. Mediante providencia de 22 de octubre de 2009, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó que, próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que señala el artículo 161.2 CE desde que se produjo la suspensión de preceptos impugnados en este recurso de inconstitucionalidad, se oyera a las partes personadas —Abogado del Estado, Gobierno de Canarias y Parlamento de Canarias— para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que consideren conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.
8. El Abogado del Estado mediante escrito registrado el 2 de noviembre de 2009, evacuó el trámite conferido, interesando el mantenimiento de la suspensión. Por escrito registrado el día 4 de noviembre de 2009 la Letrada del servicio jurídico del Gobierno de Canarias solicita el levantamiento de la suspensión, puesto que el mismo, a su juicio, ni perjudica al interés general ni determina la constitución de situaciones jurídicas subjetivas de imposible o difícil reparación en el supuesto de estimarse el recurso. Por último el Letrado del Parlamento de Canarias evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 6 de noviembre de 2009, solicitando también el levantamiento de la suspensión. El Pleno del Tribunal Constitucional, por ATC 277/2009, de 10 de diciembre, acordó mantener la suspensión de la vigencia y aplicación del artículo 1 de la Ley de Canarias 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, así como levantar la de sus artículos 2 y 3.
El artículo 1 impugnado supone la aplicación singular, al territorio costero canario, del régimen transitorio de la Ley de Costas, introduciéndose algunas variaciones a esa aplicación, mientras que el artículo 2, determina que es competencia de la Administración autonómica la fijación del límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Por último el artículo 3 atribuye a la Administración autonómica la potestad para elaborar un censo de las edificaciones ubicadas en el demanio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección, a los efectos, entre otras consecuencias que se anudan a la inclusión en el registro censal, de aplicar sobre las mismas la disposición transitoria cuarta de la Ley de costas. El Abogado del Estado reprocha a las disposiciones impugnadas la vulneración de las competencias estatales ex artículos 132 y 149.1.1, 8 y 23 CE, tal como las mismas han sido ejercidas a través de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas y del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (LC).
a) Por un lado cumple decir que el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, al que da nueva redacción la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 7/2009, fue modificado por la Ley 1/2013, de 25 de abril, de modificación del texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias. No obstante la Ley 1/2013 se limitó a derogar el artículo 44.4 y la disposición derogatoria, modificando además el artículo 34 c) y añadiendo el artículo 44 bis, al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Las modificaciones referidas no hacen alusión, ni afectan de forma directa a ninguno de los preceptos ni de los contenidos que son objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, de modo que las innovaciones legislativas acaecidas en la ley que es objeto del recurso, en nada afectan al proceso del que estamos conociendo.
b) Por otro lado deben apuntarse las modificaciones legislativas introducidas en la normativa estatal que sirve de parámetro de la validez constitucional de la disposición recurrida. En este contexto, y teniendo presente que el recurrente imputa vicios de inconstitucionalidad mediata a la Ley objeto del recurso de inconstitucionalidad, es obligado referir las modificaciones a que se han visto sujetos la Ley de Costas y el Reglamento de Costas, que se invocan en este proceso, como parámetro interpuesto de la constitucionalidad de la norma impugnada. Los vicios de inconstitucionalidad que el recurso atribuye a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley canaria 7/2009, tienen en común achacar a la ley autonómica un exceso competencial, que conduce a una regulación autonómica incompatible con la normativa estatal básica en materia de protección del litoral, contenida tanto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, como en el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Ambas normas han sido modificadas tras la interposición del recurso de inconstitucionalidad que nos ocupa. La primera, tras la aprobación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, y el segundo ha sido expresamente derogada por el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de costas.
La Ley 2/2013 modifica, asimismo, el artículo 11 LC, añadiendo un párrafo 2; los apartados 2 y 4 del artículo 12, suprimiendo el antiguo apartado 6; y el apartado 2 del artículo 13 CE. Si bien todos estos preceptos son invocados como parámetro en la impugnación por inconstitucionalidad mediata de la nueva disposición transitoria decimocuarta del Decreto Legislativo canario 1/2000, lo único relevante, a los efectos del presente recurso de inconstitucionalidad, dentro de este conjunto de modificaciones, es que el artículo 11, en el que actualmente es el apartado 1, mantiene la atribución de la competencia a la Administración del Estado para determinar el dominio público marítimo-terrestre a través de la práctica de los oportunos deslindes, ateniéndose a las características de los bienes que lo integran conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley.
Por último, y en lo relativo a la disposición transitoria cuarta, invocada como parámetro, en la impugnación del artículo 3 de la Ley canaria 7/2009, la Ley 2/2013 modifica el apartado 2 y se añade el apartado 3, quedando la redacción del precepto en los términos literales que transcribimos por el interés que ello tiene para nuestro posterior pronunciamiento:
Debemos añadir, a las precisiones que acaban de realizarse, que la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, ha sido objeto de cinco recursos de inconstitucionalidad, los numerados como recurso de inconstitucionalidad 4906-2013, recurso de inconstitucionalidad 4912-2013, recurso de inconstitucionalidad 5009-2013, recurso de inconstitucionalidad 5012-2013 y recurso de inconstitucionalidad 5020-2013. En algunos de estos recursos se identifican como objeto de impugnación la nueva redacción de los artículos 23 y de la disposición transitoria cuarta, así como la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013 que modula el régimen transitorio contenido en la disposición transitoria tercera de la Ley de costas de 1988. Por tanto una parte del parámetro teórico de referencia necesario para resolver el presente recurso está sub iudice en este Tribunal, lo que no obstará, por las razones que expondremos, a la resolución del presente recurso sin que ello suponga prejuzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones a las que acabamos de hacer referencia. Es decir, la respuesta que debamos dar en relación con la eventual invasión competencial de la normativa básica por la Ley canaria 7/2009, por el propio alcance de esa respuesta, no prejuzgará la contestación que hayamos de formular, en su momento, para resolver los recursos de inconstitucionalidad previamente referidos y en los que se cuestiona, entre otras cosas, la validez de las normas que, por ser ius superveniens y tratarse de resolver, en este caso, y una controversia de base competencial, hemos de tener en cuenta.
4. Establecido el objeto del recurso y el parámetro de control a emplear, la resolución de las cuestiones planteadas exige partir de una adecuada delimitación competencial del ámbito material en el que se inscribe la regulación impugnada. Para ello se hace indispensable la remisión a la doctrina elaborada por la STC 149/1991, de 4 de julio, que resuelve varios recursos de inconstitucionalidad acumulados e interpuestos contra la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En dicho pronunciamiento el Tribunal determina, en primer lugar, que la ordenación del litoral, inexistente como competencia específica en el texto constitucional, se ha de considerar integrada dentro de la competencia sobre ordenación del territorio a que se refiere el artículo 148.1.3 CE, a la que define más como una política que como una concreta técnica y una política, además, de enorme amplitud [STC 149/1991, FJ 1 b)]. En segundo término se entiende que el ejercicio de esta competencia autonómica, habrá de tener en cuenta «la incidencia territorial de todas las actuaciones de los poderes públicos, a fin de garantizar de ese modo el mejor uso de los recursos del suelo y del subsuelo, del aire y del agua y el equilibrio entre las distintas partes del territorio mismo» [STC 149/1991, FJ 1 b)]. Y en tercer lugar se reconoce que el objetivo de la Ley impugnada, esto es la Ley de costas, no es la ordenación del territorio sino la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar, y que son dos los títulos competenciales que juegan en este ámbito. Por un lado el enunciado en el artículo 149.1.1 CE, que opera aquí para asegurar una igualdad básica en el ejercicio del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado al desarrollo de la persona (art. 45 CE), así como para asegurar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho que garantiza el artículo 33.1 y 2 CE, y que se verá afectado por los límites que la protección y servidumbres impuestas a los territorios colindantes al dominio público marítimo-terrestre exijan. Por otro lado, «el que, en relación con la protección del medio ambiente consagra el artículo 149.1.23. Como se sabe, la competencia allí reservada al Estado es la relativa al establecimiento de la legislación básica, que puede ser complementada con normas adicionales, cuando así lo prevén los respectivos Estatutos, así como el ejercicio de las funciones de ejecución necesarias para la efectividad de esa legislación. Es, sin duda, la protección de la naturaleza la finalidad inmediata que persiguen las normas mediante las que se establecen limitaciones en el uso de los terrenos colindantes a fin de preservar las características propias (incluso, claro está, los valores paisajísticos) de la zona marítimo-terrestre y, por tanto, es a partir de esa finalidad primaria como se han de articular, para respetar la delimitación competencial que impone el bloque de la constitucionalidad, la obligación que al legislador estatal impone el artículo 132.2 de la CE y las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas» [FJ 1 d)].
La STC 149/1991 insiste en este particular en el FJ 3 b), que afirma que «la sujeción, con carácter general, de los terrenos colindantes con el dominio público a las servidumbres y limitaciones del dominio que regula la Ley trae razón de ser, como antes se dijo, de la propia naturaleza, características y función social de los bienes que integran el dominio público marítimo- terrestre, lo que obliga a limitar el uso que pueda hacerse de tales terrenos colindantes al amparo, genéricamente, del título resultante del artículo 149.1.23 CE Como también hemos dicho, tratándose de terrenos que no forman parte del dominio público, esta limitación sólo puede hacerse derivar de la competencia estatal para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente, cuya ejecución corresponde a las Comunidades Autónomas». Es más, al analizar la constitucionalidad de la disposición transitoria tercera de la Ley, llamada hoy como parámetro de constitucionalidad con el que contrastar el ajuste de la disposición transitoria decimotercera del Decreto Legislativo de Canarias 1/2000, la STC 149/1991, FJ 8 d) establece que la disposición transitoria tercera incide, sin duda, en las situaciones urbanísticas preexistentes de los terrenos sobre los que recaen la servidumbre de protección y las limitaciones previstas en la zona de influencia que prevé, «afectando de esa forma a las competencias de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en la materia de urbanismo», pero quedando justificada esa incidencia en virtud de la competencia estatal recogida en el artículo 149.1.23 CE. Y añade «que este régimen transitorio encuentra además complementaria cobertura en la competencia que al Estado reserva el artículo 149.1.1 CE, ya que con él se garantiza que las limitaciones y servidumbres que establece la Ley no tengan una proyección desigual sobre las facultades de los propietarios según las diversas situaciones urbanísticas de los terrenos e inmuebles de su titularidad. Es decir, si la necesidad de asegurar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho que garantiza el artículo 33.1 CE, no quedaría plenamente asegurada si el Estado no regulase las condiciones básicas de la propiedad sobre los terrenos colindantes del dominio público marítimo-terrestre sujetos a las limitaciones ya conocidas, tampoco lo quedaría si no procediese a fijar los criterios a los que transitoriamente, en atención al planeamiento y circunstancias urbanísticas preexistentes en cada caso, deba acomodarse y ajustarse la aplicación de dichas limitaciones».
Así pues, resulta evidente que, siendo la finalidad de la norma estatal de referencia, la protección de la naturaleza, a través del establecimiento de limitaciones en el uso de los terrenos colindantes, a fin de preservar las características propias de la zona marítimo-terrestre, debe ser el contenido en el artículo 149.1.23 CE el título competencial prioritario a tener en cuenta para resolver el presente recurso de inconstitucionalidad, título al que acompañará la mención del artículo 149.1.1 CE, en los términos recogidos en la STC 149/1991. No debemos perder de vista que idéntico es el criterio que se recoge en la STC 198/1991, de 17 de octubre, resolutoria de los conflictos positivos de competencia planteados frente al Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de costas, en las SSTC 87/2012, de 18 de abril, y 137/2012, de 19 de junio, que resolvían una cuestión de inconstitucionalidad y un recurso, respectivamente, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia; y en la STC 34/2014, de 27 de febrero, que resuelve un recurso de inconstitucionalidad planteado frente a diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Andalucía 21/2007, de 18 de diciembre de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía.
La citada STC 87/2012, resuelve una impugnación casi idéntica a la que se plantea en el presente recurso de inconstitucionalidad en relación con el artículo 1 de la Ley canaria 7/2009. En su fundamento jurídico 4 se dice que los artículos 23.1 LC y la disposición transitoria tercera LC, preceptos invocados también en el presente proceso como parámetro de constitucionalidad mediata de la norma canaria, prevén una reducción excepcional de la servidumbre de protección de costas, no existiendo duda alguna respecto del hecho de que, «el Estado ejerce una competencia propia, ex artículo 149.1.23 CE, y, de forma conexa, ex artículo 149.1.1 CE, para establecer servidumbres y limitaciones en los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre —y, entre ellas, la servidumbre de protección— a los efectos de garantizar la protección y defensa de sus condiciones medioambientales, y ello sin perjuicio alguno de las competencias autonómicas para la ordenación del territorio y el urbanismo, que no se ven desconocidas por aquella regulación. Lo que sirve tanto para el régimen establecido con vocación de futuro en la legislación de costas como para el régimen transitorio. En estos términos, sólo al Estado compete, en efecto, el establecimiento de tales servidumbres y limitaciones y, por ende, la precisión de su alcance y contenido». Por tanto, nuestra jurisprudencia es clara a la hora de reconocer que corresponde en exclusiva al Estado el establecimiento de las servidumbres y limitaciones vinculadas a los terrenos que integran el dominio público marítimo terrestre, en virtud de lo dispuesto en los artículos 149.1.1 CE y 149.1.23 CE en los términos expuestos.
«1. A los efectos de la aplicación del régimen transitorio de la Ley de Costas, se considerarán áreas urbanas, con independencia de la existencia o no de instrumento de ordenación sobre las mismas y de la clase y categoría de suelo que en su caso se estableciera, las que, a 29 de julio de 1988, se encontraran en alguno de los siguientes supuestos:
La STC 87/2012, de 18 de abril, FJ 5, establece con meridiana claridad, y se basa para realizar tal afirmación en las SSTC 149/1991, de 4 de julio, y 198/1991 de 17 de octubre, citadas también en este texto, que sólo al Estado corresponde establecer limitaciones y servidumbres sobre los terrenos colindantes al demanio marítimo-terrestre y, entre ellas, la servidumbre de protección, basando su competencia en las facultades que la Constitución reconoce al Estado para establecer una legislación básica en materia de medio ambiente, ex artículo 149.1.23 CE, en conexión con su competencia ex artículo 149.1.1 CE para fijar en condiciones de igualdad el ejercicio del derecho de propiedad en todo el territorio, en la medida en que la servidumbre de protección supone una limitación del contenido de la propiedad privada colindante al dominio público marítimo terrestre en aras a garantizar su función social (art. 33 CE). Dicho esto, la doctrina de la STC 87/2012 determina que «las Comunidades Autónomas no pueden establecer disposición alguna al respecto, ni siquiera para reproducir con exactitud las previsiones estatales, operación que quedaría vedada por la doctrina sobre la lex repetita sistematizada por la STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9, y cuyo origen último está en la STC 10/1982, de 23 de marzo, FJ 8, según la cual la reproducción de normas estatales en normas autonómicas es inconstitucional cuando la Comunidad Autónoma carece de la correspondiente competencia, salvo que —lo que no es el caso— la reiteración de la norma estatal sea imprescindible para el entendimiento del precepto (STC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 8)». Y esta observación es particularmente relevante en el asunto que cumple resolver, porque va a evitar entrar a la consideración de cuan coincidente sea o no la legislación estatal actualmente vigente, con la legislación autonómica impugnada. Decíamos allí y repetimos en este momento que «la Comunidad Autónoma carece, simple y llanamente, de competencia para adoptar disposición alguna para determinar, ni siquiera por remisión mimética a la legislación estatal, limitaciones o servidumbres sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre dirigidas a su protección y conservación, lo que determina la inconstitucionalidad de la disposición sometida a cuestionamiento. No puede oponerse a esta conclusión, como pretenden la Xunta de Galicia y el Parlamento gallego, que el legislador gallego ha ejercido, al aprobar tal disposición, sus competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, ya que, tal y como dejó sentado la reiteradamente citada STC 149/1991, estas competencias no pueden incidir en la fijación por el Estado de la servidumbre de protección de costas en ejercicio de competencias que sólo a él corresponden» (STC 87/2012, FJ 5).
6. El artículo 2 de la Ley 7/2009 establece, como se expone en los antecedentes y recordamos aquí que «la Administración urbanística actuante fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos comprendidos en la misma, teniendo en cuenta la línea de ribera del mar que a tal efecto le comunique la Administración del Estado, comunicación que irá acompañada del correspondiente proyecto técnico y expediente administrativo».
Un problema muy similar resuelve la STC 137/2012, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley del Parlamento de Galicia 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda, que establecía en su apartado 3: «En los deslindes del dominio público marítimo-terrestre el límite interior de su zona de servidumbre de protección habrá de ajustarse a la realidad urbanística preexistente reconocida expresamente por la administración urbanística autonómica». En aquel caso no se atribuía la competencia de deslinde a la Administración urbanística sino que se limitaba a condicionar la definición del deslinde, sin establecer quien debía realizarlo, a la realidad urbanística predefinida por la Comunidad Autónoma. Allí, el Tribunal estimó el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Gobierno, afirmando que, tal y como teníamos previamente declarado en la STC 46/2007, de 1 de marzo, FJ 12, «el ejercicio de la competencia autonómica sobre ordenación del litoral no puede a su vez reducir el contenido de las facultades que corresponden al Estado en cuanto titular del dominio público marítimo-terrestre, entre las que se encuentra la definición de los criterios para determinar los bienes integrantes de dicho dominio público y la delimitación concreta de tales bienes, con el alcance determinado en la STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 2 a)». A este respecto, de los artículos 11 y 12 de la Ley de costas, y 18 y ss. de su Reglamento se desprende que el procedimiento de deslinde para la determinación del dominio público marítimo terrestre será aprobado por la Administración del Estado, mediante un procedimiento en el que se garantiza la previa audiencia de la Comunidad Autónoma, y que habrá de atenerse únicamente a las características de los bienes que lo integran.
Es decir, tal y como se afirma en nuestra jurisprudencia previa, «le corresponde al Estado definir legislativamente el dominio público estatal y establecer el régimen jurídico de los bienes que lo integran, así como adoptar las medidas precisas para proteger la integridad del demanio, preservar sus características naturales y su libre utilización» (STC 46/2007, de 1 de marzo, FJ 12). Dentro de las facultades que se asocian a esa potestad, está la de realizar las operaciones de deslinde de la zona de servidumbre de protección, en la medida en que tales operaciones tienen por finalidad determinar qué bienes concretos, que territorios precisos, integran el dominio público marítimo terrestre y la correlativa y consecutiva zona de servidumbre de protección, cuya finalidad es preservar los bienes demaniales. No entraremos aquí a valorar el modo en que la Ley de costas, en su versión de 1988, o en la de 2013, define y configura las operaciones de deslinde. Basta con establecer que la operación de deslinde es una actividad vinculada estrecha e indefectiblemente a la definición de los elementos que integran el dominio público marítimo terrestre, competencia que nuestra jurisprudencia ya ha atribuido de forma incontrovertida al Estado, y que dentro de tal operación de deslinde está la demarcación de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, tal y como recogen, siguiendo en ello la doctrina constitucional fijada, el artículo 11 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, en su versión actualmente vigente, y el artículo 18 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de costas. Ello no supone dejar de reconocer la necesaria colaboración de la Administración urbanística en este ámbito. Resulta evidente que la específica extensión de la servidumbre de protección, y por tanto el trazado de la línea que marca la separación entre el territorio sujeto a esa servidumbre y la zona de influencia exige para su concreción de la actuación de la Administración urbanística, en la medida en que a esta última corresponde calificar el uso y destino de los terrenos, calificación que deberá ser tenida en cuenta, como determina la propia normativa básica, a la hora de realizar el deslinde. No obstante, ese ejercicio coordinado de las acciones concretas necesarias para establecer definitivamente el deslinde, no implica la traslación de la competencia de deslinde a la administración urbanística. Se trata aquí de que las competencias, locales o autonómicas, en materia urbanística se proyectarán de algún modo sobre la competencia estatal en materia de protección del medio ambiente, cuando en ejercicio de esta competencia se trate de efectuar las labores de deslinde, para definir, exactamente, hasta donde alcanza esa protección. Pero esa proyección de hecho, no supone una modificación de la distribución competencial a la que venimos haciendo referencia, y en relación con la cual nuestra jurisprudencia se ha pronunciado con claridad, lo que lleva a estimar el recurso planteado por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 2 de la Ley canaria 7/2009.
7. El artículo 3 de la Ley canaria 7/2009 establece, introduciendo en el Decreto Legislativo 1/2000, como ya se ha referido, una disposición adicional decimoquinta, lo siguiente:
Resulta posible predicar la constitucionalidad del apartado 1 del artículo 3 de la Ley 7/2009, que se refiere estrictamente a la formación del censo de edificaciones siempre y cuando se entienda en el siguiente sentido: por un lado se ha de considerar que es competencia estatal la determinación del régimen transitorio de aplicación de la Ley de costas, lo que incluye la posibilidad de excluir un bien de la regla general de demolición de las obras e instalaciones preexistentes a la entrada en vigor de la Ley de costas cuando no se sujeten a sus dictados. La plena eficacia de la competencia estatal de protección del dominio público marítimo- terrestre y sus zonas de servidumbre pasa por asegurar que las construcciones que no cumplan los dictados de la Ley de costas puedan ser demolidos, salvo que existan razones de suficiente peso que justifiquen su mantenimiento, y que, en todo caso, cumplirá concretar al Estado, para asegurar el pleno ejercicio de sus competencias al respecto. Por otro lado hemos de admitir que la Comunidad Autónoma puede establecer el censo al que se refiere la norma impugnada, en ejercicio de sus propias competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con el objetivo de sistematizar y ordenar la información de la que posee en relación con las edificaciones ubicadas en el demanio que, por razones que son del interés de la Comunidad Autónoma, entiende que podrían ser incluidas entre las edificaciones protegibles en virtud de la aplicación régimen transitorio de la Ley de costas. Pero en cualquier caso, es preciso entender, como decíamos en el ATC 277/2009, que el censo autonómico al que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de la Ley canaria 7/2009, puede recoger edificaciones que se ajusten a criterios definidores de «razones de interés público» que justifiquen o faciliten al Estado razones para la legalización, sin que por ello se desplace la competencia decisoria a la hora de aplicar el régimen transitorio de la Ley de costas, correspondiendo al Estado, que seguirá o no los criterios facilitados por la Comunidad canaria y plasmados en el censo, determinar en el caso concreto las edificaciones que serán legalizadas a pesar de no responder a los criterios establecidos en la Ley de costas. En este orden de razonamiento, es posible entender que el instrumento censal que desarrolla la legislación canaria, actúa como mecanismo de colaboración entre administraciones, mecanismo previsto expresamente en la disposición transitoria decimotercera del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de costas, y que determina que, para la legalización, las razones de interés público deberán ser apreciadas por acuerdo entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local), sin perjuicio de que sea el órgano competente para dictar la resolución quien recabe el informe de las otras Administraciones. Por tanto, la Administración autonómica canaria, cuando deba responder al informe solicitado por la Administración estatal a la hora de proceder a una determinada legalización, total o parcial, podrá acudir al contenido del censo previamente realizado para evacuar dicho informe, dando sentido, en ese momento, a la configuración del censo dentro del juego de distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma en este ámbito.
Ahora bien, más allá de la elaboración del censo a efectos meramente informativos, la norma autonómica no puede asociar consecuencia alguna a la inclusión de una determinada obra o instalación en el censo, pues ello sería tanto como intervenir, de forma indirecta, en el régimen de protección del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres, régimen que corresponde, como venimos diciendo hasta el momento, en exclusiva, al Estado. En los apartados 2 y 3 del artículo 3 impugnado, el legislador autonómico determina que la inclusión de una edificación en el censo implica el compromiso del titular de la edificación o del ayuntamiento correspondiente de instalar servicios urbanísticos básicos que sustenten la edificación en cuestión. Esa determinación se describe en términos tan categóricos que implica que el legislador autonómico asume que el desarrollo de ese soporte urbanístico, que viene a ser tanto como exigir la urbanización de facto de los terrenos colindantes a la construcción censada, se hará independientemente de que el Estado asuma o no la posición autonómica respecto del interés público de una determinada obra o instalación incluida en el censo, y por tanto sin tener en cuenta la competencia del Estado, que es plena, para determinar la aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley de costas.
De nuevo, y para evitar prejuzgar la constitucionalidad de la redacción actual de la disposición transitoria cuarta de la Ley de costas, no valoramos el ajuste o desajuste de la norma impugnada respecto de la normativa básica con la que no es en absoluto coincidente, ni en la versión vigente en el año 1988, ni en la vigente en la actualidad. Bastará con aplicar aquí la misma ratio decidendi que inspira la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley canaria 7/2009. Acudiendo a lo que establecimos en la STC 87/2012, la Comunidad Autónoma carece que de competencia para adoptar disposición alguna que determine limitaciones o servidumbres sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre dirigidas a su protección y conservación. Los apartados 2 y 3 del precepto impugnado pretenden a todas luces determinar y modular el alcance que la norma estatal otorga a las medidas de protección que se proyectan sobre el dominio público marítimo-terrestre y sobre sus terrenos colindantes, en este caso en lo relativo a la salvaguarda o condena de unas determinadas edificaciones, obras o construcciones ubicadas en aquellos espacios, lo que lleva a considerar la inconstitucionalidad de los apartados referidos.
Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia;
1.º Declarar inconstitucionales y nulos los artículos 1 y 2, y los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.
2.º Declarar que el apartado 1 del artículo 3 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 7/2009, de 6 de mayo, no es inconstitucional interpretado en el sentido expresado en el fundamento jurídico sexto.
Dada en Madrid, a veintidós de enero de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.
DICTADA en el Recurso 6964/2009 (Ref. BOE-A-2009-13035).
La inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones adicionales 13 y 14 y la constitucionalidad, interpretado conforme al fj 6, de la disposición adicional 15 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en la redacción dada por la Ley 7/2009, de 6 de mayo (Ref. BOC-j-2000-90006) y (Ref. BOE-A-2009-9048).