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Timestamp: 2020-02-22 20:34:15
Document Index: 198134538

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'Artículo 173', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181', 'Artículo 182', 'Artículo 183', 'Artículo 200', 'Artículo 207', 'Artículo 208', 'Artículo 208', 'Artículo 209', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'Artículo 49', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 24', 'Artículo 73', 'artículo 89', 'artículo 193', 'artículo 210', 'artículo 210', 'Artículo 212', 'Artículo 213', 'artículo 49', 'artículo 96', 'artículo 60', 'artículo 107']

Vigencia desde 06 de Julio de 2006. Revisión vigente desde 12 de Noviembre de 2013 hasta 16 de Enero de 2014
Artículo 2 Personas y entidades sometidas a la Ley Foral
Artículo 3 Contratos sometidos a la presente Ley Foral
Artículo 4 Definición de los contratos sometidos a la presente Ley Foral
Artículo 5 Contratos mixtos
Artículo 6 Contratos y negocios jurídicos excluidos de la presente Ley Foral
Artículo 7 Contratos secretos o con especiales medidas de seguridad
Artículo 8 Encargos a entes instrumentales considerados medios propios
Artículo 8.bis Contratos con sociedades de capital mixto
Artículo 9 Reserva de contratos a entidades de carácter social
CAPÍTULO II. De los contratistas
SECCIÓN 1. De la capacidad y solvencia
Artículo 10 Los contratistas
Artículo 11 Capacidad de obrar de los contratistas
Artículo 12 Empresas no pertenecientes a la Unión Europea y principio de reciprocidad
Artículo 13 Solvencia económica y financiera del licitador
Artículo 14 Solvencia técnica o profesional del licitador
Artículo 15 Valoración de la solvencia económica y técnica del licitador por referencia a otras empresas
Artículo 16 Empresas vinculadas
Artículo 17 Certificados de garantía de calidad
SECCIÓN 2. De las causas de exclusión de los licitadores
Artículo 18 Prohibiciones de contratar
Artículo 19 Procedimiento para su declaración y efectos
Artículo 20 De las incompatibilidades y sus efectos
CAPÍTULO III. Normas generales de aplicación
Artículo 21 Principios rectores de la contratación
Artículo 22 Objeto del contrato
Artículo 23 Confidencialidad y sigilo
Artículo 24 Método para calcular el valor estimado de los contratos, de los acuerdos marco y de los sistemas dinámicos de compra
Artículo 25 Determinación de los plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las ofertas
Artículo 26 Cómputo de plazos y presentación de proposiciones
Artículo 27 Información sobre el contrato
Artículo 28 Portal de Contratación de Navarra
LIBRO PRIMERO. De los contratos de las Administraciones Públicas
CAPÍTULO I. Disposiciones comunes a los contratos de las Administraciones Públicas
Artículo 29 Ámbito de aplicación
Artículo 30 Libertad de pactos
Artículo 31 Clasificación de los contratos
Artículo 32 Régimen jurídico de los contratos administrativos
Artículo 33 Régimen jurídico de los contratos privados
Artículo 34 Requisitos de los contratos
Artículo 35 Precio de los contratos
CAPÍTULO II. Órganos de contratación
Artículo 36 Competencia para la celebración de contratos
Artículo 37 Autorización para contratar
Artículo 38 Reordenación de competencias
Artículo 39 Centrales de compras
TÍTULO II. Actuaciones previas a la adjudicación
CAPÍTULO I. Actuaciones administrativas preparatorias del contrato
Artículo 40 Expediente de contratación
Artículo 41 Clases de expedientes
Artículo 42 Expediente de tramitación urgente
Artículo 43 Expediente de tramitación anticipada
Artículo 44 Expediente de emergencia
CAPÍTULO II. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares
Artículo 45 Pliegos de cláusulas administrativas particulares
Artículo 46 Pliegos de prescripciones técnicas particulares
Artículo 47 Prohibición de barreras técnicas a la libre competencia
Artículo 48 Comunicación de prescripciones técnicas
Artículo 49 Requerimientos de carácter social o medioambiental en la ejecución de los contratos
TÍTULO III. Adjudicación
SECCIÓN 1. Procedimientos y criterios de adjudicación
SECCIÓN 2. Solicitudes de participación y ofertas
SECCIÓN 3. Mesa de Contratación
CAPÍTULO II. Procedimientos de adjudicación
SECCIÓN 1. Procedimiento abierto
SECCIÓN 2. Procedimiento restringido
SECCIÓN 3. Procedimiento negociado
SECCIÓN 4. Diálogo competitivo
CAPÍTULO III. Sistemas para la mejora de la gestión de la contratación
CAPÍTULO IV. Normas de publicidad y plazos
SECCIÓN 1. Contratos superiores al umbral comunitario
SECCIÓN 2. Contratos inferiores al umbral comunitario
CAPÍTULO V. Adjudicación, perfección y formalización
TÍTULO IV. Ejecución de los contratos
Artículo 98 Riesgo y ventura
Artículo 99 Supervisión e inspección de la ejecución del contrato
Artículo 100 Interpretación de los contratos administrativos
Artículo 101 Daños y perjuicios causados en la ejecución del contrato
Artículo 102 Penalidades por incumplimiento
Artículo 103 Cumplimiento de los plazos
Artículo 104 Reajuste del gasto plurianual
CAPÍTULO II. Modificación, suspensión y cesión del contrato
SECCIÓN 1. Modificación del contrato
Artículo 105 Modificación del contrato administrativo
Artículo 106 Fijación de precios en el caso de modificación del contrato con inclusión de nuevas unidades
Artículo 107 Tramitación del expediente de modificación
Artículo 108 Variaciones de unidades que no precisan expediente de modificación
Artículo 109 Suspensión de los contratos administrativos
SECCIÓN 2. Subcontratación y cesión del contrato
Artículo 110 Subcontratación
Artículo 111 Cesión del contrato a terceros
TÍTULO V. De la retribución y de la revisión de precios
CAPÍTULO I. De la retribución
Artículo 112 Pago del precio de los contratos
Artículo 113 Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias
Artículo 114 Plazo para el pago e intereses de demora
Artículo 115 Transmisión de los derechos de cobro
CAPÍTULO II. De la revisión de precios
Artículo 116 Revisión de precios de los contratos administrativos
Artículo 117 Fórmulas de revisión
Artículo 118 Procedimiento de revisión
Artículo 119 Revisión en casos de demora en la ejecución
Artículo 120 Pago del importe de la revisión
TÍTULO VI. Extinción e invalidez de los contratos
CAPÍTULO I. Extinción de los contratos
Artículo 121 Extinción de los contratos
Artículo 122 Cumplimiento de los contratos y recepción
Artículo 123 Plazo de garantía de los contratos administrativos
Artículo 124 Causas de resolución de los contratos administrativos
Artículo 125 Efectos de la resolución del contrato
CAPÍTULO II. Invalidez de los contratos
Artículo 126 Causas de invalidez
Artículo 127 Declaración de invalidez
TÍTULO VII. De los distintos contratos administrativos
CAPÍTULO I. Del contrato de obras
Artículo 128 Proyecto de obras
Artículo 129 Clasificación de las obras a efectos de la elaboración de proyectos
Artículo 130 Contenido de los proyectos de obras
Artículo 131 Obras a tanto alzado
Artículo 132 Replanteo de la obra y disponibilidad de los terrenos
Artículo 133 Contratación conjunta de proyecto y obra
SECCIÓN 2. Ejecución de los contratos de obras
Artículo 134 Comprobación del replanteo
Artículo 135 Expedición de certificaciones
SECCIÓN 3. Extinción del contrato de obras
Artículo 136 Recepción de las obras
Artículo 137 Liquidación en el contrato de obras
Artículo 138 Responsabilidad por vicios
Artículo 139 Causas específicas de resolución del contrato de obras
CAPÍTULO II. Del contrato de concesión de obras públicas
Artículo 140 Contrato de concesión de obras públicas
Artículo 141 Contenido del contrato de concesión de obras públicas
Artículo 142 Plazo de la concesión
Artículo 143 Zonas complementarias de explotación comercial
Artículo 144 Financiación de las obras públicas construidas mediante contrato de concesión
Artículo 145 Retribución del concesionario
Artículo 146 La concesión de obras públicas y la construcción de obras públicas diferenciadas
SECCIÓN 2. Actuaciones previas a la construcción de las obras objeto de concesión
Artículo 147 Estudio de viabilidad
Artículo 148 Proyecto de obra y replanteo de éste
Artículo 149 Contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares de la concesión de obras públicas
Artículo 150 Contenido de las ofertas
SECCIÓN 3. Ejecución de las obras
Artículo 151 Ejecución de las obras
Artículo 152 Terminación de las obras
SECCIÓN 4. Derechos y obligaciones del concesionario
Artículo 153 Derechos del concesionario
Artículo 154 Obligaciones del concesionario
Artículo 155 Uso y conservación de la obra pública
Artículo 156 Retribución por la utilización de la obra
Artículo 157 Mantenimiento del equilibrio económico del contrato
Artículo 158 Penalidades por incumplimientos del concesionario
SECCIÓN 5. Derechos y obligaciones de la Administración
Artículo 159 Aportaciones públicas a la construcción de la obra
Artículo 160 Aportaciones públicas a la explotación
Artículo 161 Prerrogativas y derechos de la Administración
Artículo 162 Modificación de la obra pública
Artículo 163 Intervención en la concesión
SECCIÓN 6. Extinción de la concesión
Artículo 164 Efectos de la extinción de la concesión
Artículo 165 Causas de resolución de la concesión
Artículo 166 Efectos de la resolución
CAPÍTULO III. Del contrato de concesión de servicios
Artículo 167 Contrato de concesión de servicios
CAPÍTULO IV. Del contrato de suministro
Artículo 168 Contratos para la fabricación de productos
Artículo 169 Arrendamiento y prórroga
Artículo 170 Plazo
Artículo 171 Contratos de suministro de equipos o sistemas para el tratamiento de la información
Artículo 172 Entrega y recepción
Artículo 173 Pago del precio y pago en especie
Artículo 174 Vicios o defectos durante el plazo de garantía
Artículo 175 Resolución del contrato
CAPÍTULO V. Del contrato de asistencia
Artículo 176 Delimitación
Artículo 177 Plazo de vigencia
Artículo 178 Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras por errores del proyecto
Artículo 179 Responsabilidad por defectos o errores del proyecto
Artículo 180 Cumplimiento de los contratos y recepción
Artículo 181 Resolución del contrato
SECCIÓN 2. Adjudicación conjunta de contratos de asistencia para la redacción de proyecto de obras y dirección facultativa de las mismas
Artículo 182 Adjudicación conjunta de contratos de asistencia para la redacción de proyecto de obras y dirección facultativa de las mismas
SECCIÓN 3. Concurso de proyectos
Artículo 183 Concurso de proyectos
LIBRO SEGUNDO. De los contratos públicos de otros sujetos y entidades
Artículo 200 Información a los candidatos y licitadores y comunicación de la decisión de adjudicación
LIBRO TERCERO. De las reclamaciones y otras medidas de control
TÍTULO I. De la Cámara de Comptos y de la Junta de Contratación Pública
Artículo 207 Fiscalización por la Cámara de Comptos
Artículo 208 Junta de Contratación Pública
Artículo 208.bis Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
Artículo 209 Registro de Contratos
TÍTULO II. De las reclamaciones en materia de contratación pública
ANEXO I . Prestaciones del contrato de obras
ANEXO II . Prestaciones del contrato de asistencia
ANEXO III . Especificaciones técnicas
D Foral 118/2017 de 27 Dic. CF Navarra (actualización de los umbrales comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos)
Cuantía de la letra a) del número 1 del artículo 83 redactada por el número 1 del artículo único de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 118/2017, de 27 de diciembre, por el que se actualizan los umbrales comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 enero 2018).
Cuantía de la letra b) del número 1 del artículo 83 redactada por el número 2 del artículo único de D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 118/2017, de 27 de diciembre, por el que se actualizan los umbrales comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 enero 2018).
LF 24/2016 de 28 Dic. CF Navarra (de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017)
Disposición adicional decimosexta introducida por la disposición adicional décima octava de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017 («B.O.N.» 31 diciembre).
DF 3/2016 de 27 Ene. CF Navarra (actualización de los umbrales comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos)
Cuantía de la letra a) del número 1 del artículo 83 redactada por el número 1 del artículo único del DF [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 3/2016, 27 enero, por el que se actualizan los umbrales comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos («B.O.N.» 8 Febrero).
Cuantía de la letra b) del número 1 del artículo 83 redactada por el número 2 del artículo único del DF [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 3/2016, 27 enero, por el que se actualizan los umbrales comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos («B.O.N.» 8 Febrero).
LF 1/2015 de 22 Ene. CF Navarra (modifica la LF 6/2006 de 9 Jun., de contratos públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas administrativas)
Artículo 49 redactado por el artículo 3 de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 1/2015, 22 enero, por la que se modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas administrativas («B.O.N.» 2 febrero).
LF 14/2014 de 18 Jun. CF Navarra (modificación de la LF 6/2006 de 9 Jun., de Contratos Públicos)
Número 4 del artículo 8 redactado por el número uno del artículo único de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 14/2014, 18 junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 julio). Último párrafo del número 8 del artículo 24 introducido por el número dos del artículo único de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 14/2014, 18 junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 julio). Artículo 73 redactado por el número tres del artículo único de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 14/2014, 18 junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 julio). Número 3 del artículo 89 redactado por el número cuatro del artículo único de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 14/2014, 18 junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 julio). Número 1 del artículo 193 redactado por el número cinco del artículo único de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 14/2014, 18 junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 julio). Letra c) del número 2 del artículo 210 redactada por el número seis del artículo único de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 14/2014, 18 junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 julio). Letra d) del número 3 del artículo 210 redactada por el número siete del artículo único de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 14/2014, 18 junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 julio). Artículo 212 redactado por el número ocho del artículo único de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 14/2014, 18 junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 julio). Artículo 213 redactado por el número nueve del artículo único de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 14/2014, 18 junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 julio). Disposición adicional decimoquinta introducida por el número diez del artículo único de Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 14/2014, 18 junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos («B.O.N.» 3 julio).
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
LEY FORAL DE CONTRATOS PÚBLICOS.
I Antecedentes legislativos, competencia y justificación de la Ley Foral
Tras la Norma General de Contratación de 1981, la legislación contractual de Navarra, dictada ya en virtud de sus competencias como Comunidad Foral tras la Constitución española de 1978, tiene su primer hito en la Ley Foral de Contratos 13/1986, de 14 de noviembre, aprobada para acomodar la legislación foral al nuevo marco estatal contenido en el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, texto este que sirvió para adaptar la normativa española de contratos a las Directivas de la Comunidad Económica Europea. Con posterioridad, la legislación estatal se vio obligada a incorporar los compromisos derivados del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, y el Acuerdo sobre Contratación Pública, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994.
Todo ello desembocó en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, primera ley básica sobre la materia dictada tras la Constitución.
En Navarra, la Ley Foral de 1986 tuvo su complemento en algunas normas que desarrollaron materias ya muy concretas y específicas: Así, la creación de la Junta de Contratación Administrativa (Decreto Foral 132/1988, de 4 de mayo); el otorgamiento de avales en los contratos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (Decreto Foral 205/1988, de 21 de julio); los contratos de asistencia técnica (Decreto Foral 161/1991, de 25 de abril), el Registro de Contratos (Decreto Foral 162/1991, de 25 de abril); la adjudicación de contratos públicos (Acuerdo de 16 de mayo de 1994), así como la tramitación de expedientes menores y normas específicas para determinados contratos de suministros a través de sucesivas Leyes Forales de Presupuestos. Al final, una nueva norma tuvo que sustituir a las anteriores, la Ley Foral 10/1998 de 16 de junio.
Navarra, como Comunidad Foral, goza de una situación singular en la medida en que el artículo 49.1.d) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, reconoce su competencia exclusiva sobre contratos y concesiones administrativas sin más límite que el respeto a los principios esenciales de la legislación básica del Estado.
Esta previsión de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento es de gran importancia pues otorga una especial libertad al Parlamento de Navarra ya que, a salvo tales principios esenciales y a salvo asimismo las reglas contenidas en las Directivas europeas, la regulación que acuerde puede legítimamente aspirar a la originalidad si realmente acierta a enfrentar de una manera directa la solución de los problemas específicos de las Administraciones públicas que actúan en esta Comunidad Foral.
En este marco competencial le corresponde a la Comunidad Foral la regulación de los contratos públicos, sin que exista el obstáculo de que se trate de una transposición de normativa comunitaria europea, puesto que el Tribunal Constitucional desde su Sentencia 141/1993, de 22 de abril, ha establecido como doctrina que la ejecución del Derecho comunitario europeo corresponde a quien materialmente ostente la competencia según las reglas de derecho interno.
Para determinar el límite de la competencia de la Comunidad Foral es esencial concretar cuáles son esos principios esenciales de la legislación básica del Estado en materia de contratos, teniendo en cuenta que España se encuentra incorporada a la Unión Europea. Por tanto, el ordenamiento jurídico español y, por ende, el navarro deben asumir el derecho originario y derivado de la Unión Europea, a través del mecanismo del artículo 96 de la Constitución, lo que implica que en esta materia los principios esenciales de la contratación no pueden diferir de los principios esenciales del Derecho comunitario europeo.
Dicho de otro modo, la potestad legislativa de la Comunidad Foral de Navarra se halla tan solo limitada por la observancia de aquellos principios que, extraídos del Tratado Constitutivo de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia, hoy definen el sistema de la contratación pública en Europa y que son, de un lado, los de igualdad de trato, transparencia de los procedimientos, proporcionalidad y mutuo reconocimiento y, de otro, los que se encierran en el inevitable ejercicio por parte de las Administraciones públicas de sus facultades de dirección, inspección, interpretación, modificación y control.
Por otra parte, como consecuencia de las obligaciones derivadas de la incorporación a la Unión Europea, y de los compromisos derivados del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, y del Acuerdo sobre Contratación Pública, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, la competencia de la Comunidad Foral viene limitada por las disposiciones establecidas en los Reglamentos y Directivas comunitarias en materia de contratación pública, competencia que, como es obvio, debe ejercerse dentro lo dispuesto por los preceptos de la Constitución. La presente Ley Foral establece una regulación plenamente respetuosa con esos límites.
II Objetivos de la Ley Foral
Aceptadas estas premisas, pueden señalarse como objetivos principales de la regulación contenida en la presente Ley Foral los siguientes:
a) La adaptación general de la legislación de contratos a la normativa comunitaria europea.
b) La adaptación de la contratación a las peculiaridades de unas Administraciones de dimensión más reducida que la propia y específica de la Administración estatal.
c) La ampliación de los controles sustantivos y la reducción de los puramente formales a aquellos que sean exigencias ineludibles de los principios esenciales antes señalados.
d) El aumento de la eficacia a través de la agilización de los procedimientos, siempre que lo permita la observancia de los citados principios esenciales.
e) La implantación de las nuevas tecnologías.
f) La colaboración de la actividad contractual en la ejecución de políticas de carácter social y medioambiental.
g) Reunir en un solo texto la normativa reguladora de la contratación de obras, suministros y asistencias de las Administraciones Públicas y de sus entidades instrumentales.
La aprobación de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios, cuyos objetivos son que la adjudicación de los contratos públicos se base en los principios del Tratado, abrir a la competencia la contratación pública y que la adjudicación de contratos públicos no cause distorsiones en la competencia, exige una adaptación de la legislación foral de contratos al derecho comunitario europeo. Esta adaptación excede de la mera transposición de la Directiva, ya que desde la transposición efectuada por la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -Sentencias de 15 de mayo de 2003 (C-214/00 Comisión-España); de 16 de octubre de 2003 (C-283/00 Comisión-España) y de 13 de enero de 2005 (C-84/03 Comisión-España)- obligan a una adaptación general de la legislación de contratos a la normativa y jurisprudencia comunitaria europea.
Por ello, además de la Directiva 2004/18/CE citada, debe procederse a transponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras y de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Dentro de esa adaptación general, cobran especial relevancia los principios derivados del Tratado de la Unión, que deben ser los criterios inspiradores para la interpretación de las normas de esta Ley Foral y una referencia para la aplicación de ésta por los gestores públicos. Dichos principios, como se ha dicho, son la igualdad de trato, la transparencia de los procedimientos, la proporcionalidad y el mutuo reconocimiento.
La igualdad de trato debe ser entendida como la obligación de no tratar de forma diferente situaciones similares, salvo que exista una justificación suficiente para esa diferencia de trato. Una concreción de ese principio es la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad.
La transparencia de los procedimientos implica el deber de los gestores públicos de dar la información necesaria a los posibles interesados, de tal forma que puedan adoptar la decisión de participar o no en un procedimiento. Este principio se instrumenta a través de diversos medios, incluida la publicidad que sea necesaria, según las características del sector económico afectado. La jurisprudencia comunitaria relaciona este principio con el de igualdad de trato, ya que viene a ser una garantía del efecto útil de éste por cuanto su aplicación debe procurar la no distorsión de las condiciones de competencia.
El principio de proporcionalidad exige que toda medida que se adopte sea a la vez necesaria y adecuada al fin perseguido, lo que implica que todas la decisiones que se adopten, sobre todo en cuanto a rendimientos y prescripciones técnicas, sean las necesarias y adecuadas al objetivo fijado.
El mutuo reconocimiento se entiende como la obligación de todo Estado miembro de la Unión Europea de aceptar los productos y servicios prestados por empresas de otros países miembros, siempre y cuando aquéllos respondan de manera equivalente a los legítimos objetivos perseguidos por el Estado miembro destinatario de los bienes y servicios. En materia de contratos públicos esto supone la obligación de aceptar las prescripciones técnicas y los controles, así como los títulos, certificados y cualificaciones exigidos por otro Estado miembro, siempre y cuando estén reconocidos como equivalentes a los reconocidos como equivalentes en el Estado miembro destinatario de la prestación.
A la vista de la experiencia acumulada en la gestión de la contratación, especialmente en el ámbito de las Administraciones Públicas ya que la regulación de los contratos públicos de las demás personas y entidades se restringe fundamentalmente a la adjudicación, se ha procedido a la simplificación de trámites, como la posibilidad de solicitar la documentación relativa a la capacidad y solvencia únicamente al adjudicatario o la previsión de unos pliegos simplificados en los contratos inferiores al umbral comunitario europeo. Además, siguiendo esta línea se ha buscado no imponer un único tipo de trámites sino abrir diversas alternativas procedimentales para que cada gestor público desarrolle su gestión del modo que mejor responda a sus necesidades.
Especial relevancia tiene, en esta línea de simplificación de la gestión, la posibilidad de constitución de Centrales de Compra como instrumentos que permitan la especialización de los órganos de contratación de las Administraciones Públicas, de tal forma que los órganos que dispongan de menores medios puedan encargar sus contratos a otros más preparados para su gestión, lo que tiene que repercutir en una tramitación más eficiente y facilitando, mediante el incremento del volumen de compras, el traslado de los ahorros obtenidos entre todas las entidades públicas destinatarias de los servicios de una Central de Compras.
El impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en nuestra sociedad no podía dejar tener su reflejo en esta materia, por lo que la Ley Foral busca aprovechar la ventajas que aquéllas ofrecen, tanto a la hora de facilitar a las empresas el acceso a los contratos públicos como a la hora de racionalizar y simplificar la tramitación administrativa, lo que innegablemente repercutirá en la gestión de los fondos públicos y en un uso más eficiente de los mismos.
En esta línea, la presente Ley Foral, siguiendo las directrices marcadas por la normativa comunitaria europea, apuesta claramente por la implantación de las nuevas tecnologías, en la idea de que ello redundará en una mejor gestión y una reducción de los costes a soportar por las entidades públicas y las empresas. La medida principal que se adopta es la creación una página web denominada Portal de Contratación de Navarra. Dicho Portal, además de constituirse en el instrumento de publicidad oficial de los contratos, será un medio de relación con los posibles licitadores, donde se informará de las entidades adjudicadoras, se formularán preguntas a las entidades adjudicadoras, etc. Igualmente el Portal debe servir para la presentación de reclamaciones electrónicas (cuyos breves plazos son de difícil cumplimiento sin este instrumento), el envío de requerimientos a los licitadores y la remisión de información a la Junta de Contratación Pública y a la Cámara de Comptos.
La presente Ley Foral es también sensible a las preocupaciones medioambientales y sociales y, por ello, prevé la incorporación de criterios de carácter social y medioambiental en la contratación, siempre que su empleo no limite o restrinja indebidamente la competencia. Así, se posibilita la incorporación de estos criterios en la fase de valoración de la solvencia, en la determinación de las condiciones en las que se ejecutará el contrato y como criterios de desempate en la valoración de las ofertas. Esta regulación permite que la contratación sea un instrumento para la ejecución de las políticas públicas de carácter social o medioambiental que determinen los poderes públicos. En esta línea, la Ley Foral permite, como medida de carácter social, excluir de su aplicación determinados contratos con talleres protegidos o con empresas en el marco programas de empleo protegido. Esta visión instrumental de la contratación pública al servicio de los valores superiores que consagra el ordenamiento se ha trasladado al texto evitando el tratamiento de la contratación pública con una visión economicista de carácter unilateral y simplista.
En definitiva, el criterio rector de esta Ley Foral es permitir a los gestores públicos la adquisición de bienes y servicios en las mejores condiciones de mercado, teniendo en cuenta, en su caso, el cumplimiento de otros fines de interés público, como los de carácter social o medioambiental, sin que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la norma perjudique o impida este objetivo, bien por su prolijidad o bien porque su cumplimiento exija un sobreesfuerzo al gestor. Desde este punto de vista se ha entendido que la mejor garantía para la eliminación de comportamientos irregulares no reside tanto en la proliferación de normas o controles exhaustivos y complejos, sino en la adquisición de bienes y servicios a los mejores precios del mercado, asignando y personalizando la responsabilidad en cada momento del proceso de contratación.
El ámbito de esta Ley Foral abarca las diversas Administraciones Públicas de Navarra y sus personas jurídicas instrumentales, desempeñando así, por ello, una trascendental función unificadora de toda su contratación pública.
III Estructura y contenido
La Ley Foral se estructura en un Título Preliminar que regula las cuestiones generales que afectan a todos los contratos públicos y en tres Libros. En el Libro Primero se regulan los contratos de las Administraciones Públicas, mientras que en el Libro Segundo se regulan los contratos de otros sujetos y entidades. La razón de esta distinción viene dada por el hecho de que la contratación de las Administraciones Públicas debe ser objeto de una completa regulación, mientras que los demás sujetos y entidades deben someterse a las normas derivadas del Tratado y de las Directivas, que fundamentalmente son normas de adjudicación, mientras que en el resto de las cuestiones deben aplicarse el Derecho Civil o Mercantil. El Libro Tercero se ocupa de la reclamación en materia de contratación pública y de otras medidas de control.
El Título Preliminar comienza determinando qué personas y entidades deben aplicar lo dispuesto en esta Ley Foral, lo que supone una ampliación de los sujetos que tradicionalmente se sometían a la legislación de contratos públicos en nuestro ordenamiento como consecuencia de la aplicación de la normativa comunitaria europea, de conformidad con la interpretación de la jurisprudencia comunitaria. Por ello, deberán adjudicar sus contratos conforme a las disposiciones de esta Ley Foral no solo las Administraciones Públicas sino también entidades constituidas al amparo del Derecho Privado y con un status propio de Derecho Privado, lo que explica la necesidad de regular en un Libro aparte la adjudicación de estos contratos.
El ámbito aplicación objetivo de la norma comprende los contratos regulados en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, a los que se han incorporado las concesiones de obras públicas y de servicios, con la idea de regular en único texto todas las posibles adquisiciones de bienes y servicios por las entidades públicas, con la salvedad de los contratos relativos a la adquisición de inmuebles y demás negocios jurídicos de carácter patrimonial. La exclusión de la materia patrimonial viene impuesta, por un lado, por la existencia de una legislación patrimonial de las Administraciones Públicas y, por otra parte, por la ausencia de imperativos de armonización comunitaria europea.
En la Ley Foral se definen los contratos de obras y de asistencia con referencia a las actividades recogidas en los correspondientes Anexos, que son idénticos a los de la Directiva 2004/18/CE, con el objeto de evitar posibles desajustes entre el ordenamiento interno y el comunitario europeo.
Frente a la denominación de «contrato de servicios» que recoge la Directiva, se ha optado por conservar la denominación de contrato de asistencia ya que así, por un lado, se remarca la idea de que las entidades sometidas a la Ley Foral (en especial las Administraciones Públicas) no desarrollan la actividad con sus propios medios, sino que acuden al mercado para completarlos y, por otro, se evita la confusión con los supuestos de prestación de un servicio por medio de un contratista interpuesto. De esta forma, en el contrato de asistencia, ya tradicional en la legislación foral, los contratos de consultoría y asistencia y de servicios de la legislación estatal se agrupan en un único tipo contractual, eliminando la confusión que anida en las diversas modalidades en que se descomponen las previsiones de la normativa estatal, algo confusa en este punto. Además, de acuerdo con la Directiva, el contrato de asistencia no sólo abarca los servicios prestados a la Administración -ámbito del contrato de asistencia en la Ley Foral 10/1998-, sino que también incluye toda prestación de servicios de las contempladas en el Anexo II en las que el destinatario del servicio sea un tercero o el público en general.
Por otra parte, la incorporación de la figura de la concesión de servicios conlleva la desaparición del denominado contrato de gestión de servicios públicos al repartirse su objeto entre el contrato de asistencia y la concesión de servicios. Por tanto, de acuerdo con la normativa comunitaria europea, la prestación de servicios a la colectividad a través de un empresario únicamente podrá adoptar, por un lado, la forma de contrato de asistencia cuando el empresario perciba su retribución de la entidad pública, de acuerdo con las prestaciones que realice y, por otro, la de concesión, cuando el empresario perciba su retribución de los usuarios, al menos en una parte, incluyendo formas de retribución similares al denominado «peaje en la sombra.»
De entre las exclusiones del ámbito objetivo de aplicación de la norma, motivadas fundamentalmente por la falta de carácter oneroso de las mismas o por la existencia de normativa específica, debe destacarse la regulación de las encomiendas a entes instrumentales -definidos conforme a la jurisprudencia comunitaria europea- que se excluyen de la normativa contractual debido a que son adjudicaciones que no rebasan el ámbito interno, dada la inexistencia de dos voluntades distintas entre la entidad matriz y la entidad instrumental.
En cuanto a los contratistas, debe destacarse la novedad de que las Administraciones Públicas y sus entidades vinculadas o dependientes puedan ser adjudicatarias de contratos, lo que implica que los convenios interadministrativos no puedan tener como objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la Ley Foral. Además, esta regulación también tiene en cuenta la regulación estatal que se basa en títulos competenciales exclusivos del Estado sobre materias ajenas a la contratación propiamente dicha.
Dentro de las normas de aplicación contenidas en el Título Preliminar deben destacarse las reglas para el cálculo del valor estimado de los contratos, que suponen la incorporación por vez primera de estos criterios a un texto legal, precepto de gran relevancia en cuanto concreción del principio de transparencia.
El Libro Primero compendia las normas reguladoras de la contratación de las Administraciones Públicas de Navarra y, en este sentido, viene a recoger las tradicionales normas de la contratación administrativa adaptadas a las exigencias de la normativa comunitaria europea, si bien se ha hecho un esfuerzo de simplificación de la tramitación. Así, por ejemplo, en la regulación de las especificaciones técnicas de los contratos se ha cuidado la transposición de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, con el fin de que éstas no impidan la apertura a la competencia.
En lo que hace referencia a los procedimientos de adjudicación de los contratos se han incorporado a la norma los regulados en la normativa comunitaria (procedimiento abierto, procedimiento restringido, procedimiento negociado y diálogo competitivo), pudiendo los órganos de contratación celebrar, por razones de economía y eficiencia, acuerdos marco para establecer las condiciones de determinados contratos y, con el fin de mejorar la gestión de la contratación, recurrir a procesos electrónicos (sistema dinámico de compra y puja electrónica) para adjudicar los contratos. Por otro lado, se han eliminando las referencias a las formas de adjudicación que se establecían en la Ley Foral 10/1998 que, en sintonía con la normativa comunitaria europea, pasan a ser criterios de adjudicación.
En la ejecución de los contratos administrativos se mantienen las tradicionales prerrogativas de la Administración, si bien se producen modulaciones en materia de modificación del contrato con el fin de preservar el principio de transparencia, por lo que las modificaciones se encuentran limitadas a un máximo del 50 por 100 del precio inicial del contrato y deben estar motivadas por razones de interés público derivadas de circunstancias imprevistas.
En la regulación de los diferentes contratos administrativos se ha mantenido lo principal de la regulación de la Ley Foral 10/1998, incorporando la regulación de la concesión de obras públicas, inspirada en la regulación recogida en la normativa del Estado, y la de la concesión de servicios, contrato que se define en relación con la concesión de obras públicas dada las similitudes que se aprecian entre ambos. No obstante, cabe destacar que se ha flexibilizado en el contrato de obras la regulación de las pequeñas modificaciones que surgen durante la ejecución de las obras, de tal forma que se puedan tramitar con inmediatez sin necesidad de suspender la normal ejecución de la obra, puesto que se parte de la certeza de que los proyectos de obras ordinariamente necesitan adaptaciones y es excepcional el proyecto de obras que se ejecuta sin alteración.
El Libro Segundo comprende la regulación de la adjudicación de los contratos que liciten otras personas y entidades que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, con un contenido fundamentalmente procedimental, debido a que la regulación material de los contratos se encuentra sometida al Derecho Civil o Mercantil. Aquella regulación, como no podía ser menos, comparte idénticos principios y normas que las contenidas en el Libro Primero.
El Libro Tercero incorpora, como gran novedad, la reclamación en materia de contratación pública, que viene a transponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, mediante la creación de un recurso administrativo de carácter potestativo y sustitutivo, con plazos muy breves de resolución, con el fin de cumplir el objetivo de dicha Directiva de crear medios de recurso eficaces y rápidos, especialmente en la fase en la que las infracciones aun pueden corregirse. Se ha optado por la creación de un recurso administrativo ya que en esta materia la Comunidad Foral de Navarra dispone de competencias. Además, a la luz de lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano que lo resolviese debía no estar sometido a instrucciones jerárquicas y ser de carácter colegiado. En este sentido, era clara la opción a favor de la Junta de Contratación Pública por cuanto a la ausencia de una dependencia jerárquica se le une el hecho de ser un órgano altamente especializado en la materia.
La reclamación en materia de contratación pública se prevé de aplicación a todas las licitaciones de las personas y entidades sometidas a la Ley Foral, si bien en razón de que la regulación de las Entidades Locales de Navarra se encuentra sometida a la exigencia de una Ley Foral de mayoría absoluta, se pospone la entrada en vigor de la reclamación al momento en que se modifique la Ley Foral reguladora de la Administración Local y en los términos que ésta establezca, sin perjuicio de que las Entidades Locales puedan invocar tal remedio procesal, al menos transitoriamente, para garantía de sus licitadores y contratistas.
Respecto del sometimiento del Parlamento de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra a tal remedio y en aras del respeto a sus respectivos ámbitos de autonomía, la Ley Foral habilita, a su vez, la solución a que ambos deban llegar.
La interposición de la reclamación que, como exige la Directiva 89/665/CEE, puede afectar a actos de trámite -aunque deben estar dotados de algún contenido relevante sin necesidad de que sean actos de trámite cualificados según los parámetros de la Ley Foral 15/2004 y de la Ley 30/1992- y definitivos, debe producir el efecto de que se puedan corregir las infracciones cuando ello es posible. A estos efectos, se ha tomado como medida que todos los contratos deban ser formalizados en el plazo de quince días naturales, periodo que debe evitar la formalización de contratos litigiosos. Con ese mismo objeto, se dota a la Junta de Contratación Pública de la capacidad de adoptar las medidas cautelares necesarias.
La reclamación, cuya regulación permite cumplir con los mandatos de la normativa comunitaria, es un instrumento necesario para dar plena efectividad a los preceptos recogidos en la Ley Foral, así como a los principios comunitarios europeos que la inspiran, de tal forma que se alcancen mayores niveles de transparencia y se abra la contratación pública a un mayor número de empresas, con los consiguientes ahorros de costes de los sujetos implicados en la misma.
Para el desarrollo y ejecución de la presente Ley Foral será preciso que el Gobierno de Navarra, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera, dicte las disposiciones reglamentarias precisas, especialmente en lo relativo a la composición, organización y funciones de la Junta de Contratación Pública, a la reclamación en materia de contratación pública y a la utilización de medios telemáticos. Asimismo, se hace precisa una modificación de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda pública de Navarra y de la Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra para adecuar sus disposiciones a lo previsto en esta Ley Foral.
Igualmente, la presente Ley Foral exigirá una modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, a fin de adaptar sus disposiciones a la presente Ley Foral, regulando las particularidades de la actividad contractual de las Entidades Locales de Navarra.