Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-02662-de-marzo-8-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_9ac1afb5b79c460fa917a2c10c89cbe3&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-14 22:53:37
Document Index: 119768827

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 175', 'artículo 112', 'artículo 59', 'artículo 19', 'artículo 250', 'artículo 175', 'artículo 49', 'artículo 154', 'artículo 250', 'artículo 153', 'artículo 154', 'artículo 44']

﻿ SENTENCIA 2012-02662 DE MARZO 8 DE 2016
SENTENCIA 2012-02662 DE 08 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:FISCALES PODRÁN SER SUSPENDIDOS POR RETARDAR O NEGAR INJUSTIFICADAMENTE EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS O LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO AL QUE ESTÁN OBLIGADOS. ENFATIZA LA CORPORACIÓN QUE EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS NO PIERDE EFECTIVIDAD NI SIQUIERA EN AQUELLOS SUPUESTOS EN QUE LOS RETRASOS SE DEBEN A LOS DEFECTOS ESTRUCTURALES DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RAMA JUDICIAL. DE AHÍ QUE SE LES IMPONGA A LOS FISCALES EL DEBER DE OBRAR OPORTUNAMENTE Y NO PERMITIR QUE EL TRANSCURSO DEL TIEMPO GENERÉ EL FENÓMENO JURÍDICO DE LA PRESCRIPCIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL. LO ANTERIOR CAUSADO POR LA FALTA DE IMPULSO DE LOS ACTOS PRECLUSIVOS SUBSIGUIENTES DENTRO DEL CURSO NORMAL DE UN PROCESO. TODO LO DICHO PREVIAMENTE TIENE COMO SUSTENTO NORMATIVO EL ARTÍCULO 175 DE LA LEY 906 DE 2004, EL CUAL SEÑALA QUE LA FISCALÍA TENDRÁ UN TÉRMINO MÁXIMO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA NOTICIA CRIMINIS PARA FORMULAR IMPUTACIÓN U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE LA INDAGACIÓN. ESTE TÉRMINO MÁXIMO SERÁ DE TRES AÑOS CUANDO SE PRESENTE CONCURSO DE DELITOS, O CUANDO SEAN TRES O MÁS LOS IMPUTADOS. CUANDO SE TRATE DE INVESTIGACIONES POR DELITOS QUE SEAN DE COMPETENCIA DE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN TÉRMINO MÁXIMO SERÁ DE CINCO AÑOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, FISCAL, PROCESO PENAL ORDINARIO, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO
Sentencia 2012-02662 de marzo 8 de 2016
Rad.: 050011102000201202662 01
Aprobado según Acta Nº 074 de la misma fecha
Bogotá D.C., agosto tres de dos mil dieciséis.
Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.”, en concordancia con el parágrafo 1º del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.
Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.
La Sala tiene a su cago la verificación de los presupuestos facticos que fueron imputados a la fiscal 89 seccional de Medellín, con base en la mora presentada dentro del proceso 050016000206200607728, tramitado contra Juan Carlos Vergara Trujillo que devino en la declaratoria de prescripción de la acción penal y la consecuente decisión de preclusión.
El artículo 250 de la Constitución Nacional indica las obligaciones de los funcionarios en los procesos que lleguen a su conocimiento, realizando la investigación integral.
Dijo con relación a la restricción prevista en el numeral 2:
“...ART. 250...”
“...2. No podrá en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley”.
Pues bien, en el proceso donde se produjo la mora en la formulación de la imputación de los cargos fue enviado por la fiscalía 89 seccional de Medellín (fl. 1 c. anexos 1).
Valoración del proceso 050016000206200607728.
Obra formato de “programa metodológico” del 11 de junio de 2006, en el que se identifica el nombre de Los integrantes del equipo: María Magdalena López Villegas fiscal 77 local, Stella Galeano Molina asistente de la fiscal, y Julio Cesar Álzate Morales de la policía judicial, por el motivo de la captura en flagrancia del señor Juan Carlos Vergara Trujillo, el 11 de junio de 2006, a las 2:30 cuando en la cra. 67 con calle 184 al solicitarle une requisa le fue hallado en la cabina del vehículo que conducía un arma de fuego. (fls. 6 y 7 anexo 1); posteriormente se generó el informe ejecutivo de ese mismo día, a las 6:40. (fls. 8 a 10 c. anexo 1).
El 11 de junio de 2006, el funcionario de policía judicial le comunicó a la fiscal 77, que no se logró el arraigo familiar del capturado (fl. 11 c. anexo 1); mediante oficio de ese mismo día el funcionario de policía a cargo subintendente Morales Julio le solicitó al fiscal 77 realice el estudio técnico de balística del ama incautada. (fl. 12 c. anexo 1).
El Departamento Administrativo de Seguridad DAS de Medellín mediante oficio de 11 de junio de 2006 informó al funcionario de policía judicial, del registro positivo de antecedentes o anotaciones del capturado (fl. 13 c. anexo 1) Constancia del 11 de junio de 2006, suscrita por la funcionaria Luz Adriana Pérez Ruiz, indicó que el retenido queda a disposición en los calabozos de la URI Guayabal, “a quien se dejara en libertad inmediata ya que el delito no comporta medida de aseguramiento...”. (fl. 15 c. anexo 1).
A las 7:10 del 11 de junio de 2006, aparece expedida la orden de libertad a favor de Juan Carlos Vergara Trujillo, acta firmada por la funcionaria Luz Adriana Pérez Ruiz y el beneficiado (fls. 16 y 17 c. anexo 1), y mediante Constancia suscrita a las 8:30, ordena remitir las diligencias a los fiscales de la Uri Centro Turno cuatro ante la Alpujarra para que realicen audiencia preliminar de control de legalidad de la captura y elementos incautados. (fl. 18 c. anexo 1), pero posteriormente se deja otra similar advirtiendo que el expediente se remite al “turno cinco”.
Audiencia preliminar de legalización de captura e incautación de elementos, solicitada por la fiscalía 203 Local el 11 de junio del 2006, recibida a las 19:39 pm (fls. 21-22 c. anexo 1). El 12 de junio de 2006 a las 6:30 el fiscal local 166 deja constancia que se reciben las diligencias - sin detenido para realizar las audiencias por el delito de porte, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, la cual se celebró ese día con la mediación del juez 38 penal municipal de control de garantías. (fls. 22, 23 c. anexo 1), La Fiscalía ordenó remitir las diligencias al funcionario radicado para que continuará la investigación.
Informe del 11 de junio de 2006, hora 14:00, del investigador de laboratorio FPJ11, respecto del análisis del arma incautada (fls. 25, a 27 c. anexo 1). El 11 de julio de 2006, la señora Adriana López Chavarriaga, asistente de la fiscalía 89 solicita mediante oficios pertinentes al Director del DAS los antecedentes de Juan Carlos Vergara Trujillo, al registrador del Estado civil remita la cartilla biográfica, al jefe de control de armas y explosivos, si el mismo tiene permiso de porte de armas, al asesor jurídico de la Cárcel de Bellavista, si el mismo ha tenido ingresos a ese penal (fls. 28 a 31 c. anexo 1). Respuestas que obran al expediente inspeccionado (fls. 32 a 38).
El 17 de agosto de 2006 la fiscal Patricia Palacio Vallejo solicita al juzgado primero penal del circuito de Itagüí, fiscal 113 seccional de Rionegro, juzgado 13 penal del circuito, los antecedentes que pueda registrar el citado Vergara Trujillo. (fls. 39 a 41 c. anexo 1), respuesta que obra en el mismo plenario a folios 42 a 66 c. anexo 1).
Constancia de la señora Adriana López Chavarriaga funcionaria de la fiscalía, de enero 27 de 2007, por medio del cual envía la boleta de citación al testigo Nelson Laverde Guerra. (fl. 67 c. anexo 1), cuya entrevista se recibió el 31 de enero de 2007 (fls. 70-71 c. anexo 1); el 24 de enero de esa anualidad la fiscal 89 le solicita al jefe de control de armas y municiones, si el arma de fuego incautada al indagado aparece registrada ante esas instalaciones (fl. 68 anexo1).
La cadena de custodia del elemento incautado aparece a folios 72 y 73 del mismo expediente.
Audiencia preliminar de Imputación(11), solicitada el 28 de octubre de 2011 por la fiscal 89 seccional doctora Ana Patricia Ospina Ospina, para realizar el 30 de noviembre siguiente a las 3:00 pm; la citada funcionaria se excusa ante el juez 39 penal municipal de Medellín con función de control de conocimiento de no haber podido asistir a la misma, por tener a su cargo audiencia de Juicio Oral en el proceso 2009 82565 (fl. 77 c. anexo 1). El citado juez, mediante oficio 555(12) de ese mismo día, la requirió para que explique su inasistencia.
A partir de la solicitud que viene de citarse, se encuentran otras actuaciones procesales posteriores, que al haber sido realizadas por funcionaria distinta a la aquí disciplinable, deviene irrelevante relacionar.
De tal manera que la prevalencia de que trata el art. 26 de la Ley 906 de 2004 en concordancia con el 66 Ibídem, indica:
“...ART. 66.—Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones contempladas en la Constitución Política y en este código.
Conforme con esta disposición, no menos importante se debe relevar el contenido del artículo 175 de la Ley 906 de 2004, modificada por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, parágrafo 1º indicador de lo siguiente:
“... . La fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado en termino máximo será de cinco años...”
Negrillas y resaltado por fuera del texto.
De tal manera, que la funcionaria, debió obrar con base en la imposición constitucional, y de orden procesal señaladas anteriormente, y no permitir que el transcurso del tiempo, generara el fenómeno jurídico de la prescripción dentro del proceso contra Vergara Trujillo, por la falta de impulso de los actos preclusivos subsiguientes a la audiencia de legalización de captura e incautación de elementos solicitada el 11 de junio de 2006 (fl. 20 c. anexo).
Consecuentemente se evidencia por parte de la funcionaria sancionada, el haber incursionado en la prohibición taxativa en el numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 al señalar:
“...ART. 154.—A los funcionarios y empleados de la rama judicial, según el caso les está prohibido...”
“...Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados...”
Como bien se puede apreciar, desde la captura de Juan Carlos Vergara Trujillo el 11 de junio de 2006, el Estado a través de sus funcionarios encargados, en este caso la 89 seccional de Medellín, conforme a la preceptiva constitucional de su artículo 250, en concordancia con los artículos 175, parágrafo 1º de la Ley 906 de 2004, debió obrar, sin retardo alguno y proceder a solicitar la audiencia de imputación de cargos. Circunstancia que desvirtúa los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por la doctora Palacio Vallejo, en el sentido que recibió un número aproximado de 181 carpetas, cuyo trámite dispendioso desconoce esta colegiatura, además de compararlo “con el actuar de un juez de la República...”
Respecto a la crítica de la censora, en el sentido de la inobservancia que habría tenido la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Antioquia, respecto del registro estadístico de su despacho, se debe precisar que por su puesto sí se analizó, en punto que se decantó los años 2008, 2009, 2010 y 2011, concluyéndose que la disciplinada evacuó 603 asuntos, es decir, que en los 875 días hábiles profirió en promedió 0.68 decisiones de fondo (fls. 294-295 c.o.).
De la misma forma, dijo la funcionaria, que su actuación no fue producto de una actuación caprichosa, sino que se debió al cúmulo de trabajo y de la priorización del mismo. Debe reiterarse que como se dijera precedentemente, el proceso de Juan Carlos Vergara Trujillo, no revestía de una mayor complejidad, por su número de indiciados, tipo de delito, situaciones que ofrecieran un estudio profundo. De otra parte, la disciplinada no demostró que la Dirección Seccional de Fiscalías le hubiera delegado casos específicos de mayor cuidado, o destinado a ocupar cargo de descongestión.
Como se dijera precedentemente, no existe ninguna razón suficiente para justificar por qué razón el proceso radicado con el número 2006 07728 permaneció inactivo por un tiempo aproximado a cinco años. La Corte Constitucional, al ocuparse del tema relacionado con el exceso de carga de trabajo que argumentan algunos funcionarios, expreso:
“... La Sala precisa que el hecho de que la dilación en el trámite judicial no sea imputable a conducta dolosa o gravemente culposa alguna del funcionario, sino al exceso de trabajo que pesa sobre los despachos judiciales, puede, en principio, exculpar a aquellos de su responsabilidad personal, pero no priva a los administrados del derecho a reaccionar frente a tales retrasos, ni permite considerarlos inexistentes. En otras palabras, dicha situación, no autoriza a considerar que la dilación es justificada, sin prueba alguna de que se haya intentado agotar todos los medios que las circunstancias permiten para evitarla. De esta manera el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial…”(13).
Subrayas por fuera del texto.
Quiere decir lo anterior, que el derecho a un debido proceso, efectivamente no pierde su efectividad por las razones que argumenta la disciplinada, por cúmulo de trabajo, organización o estructuración del mismo. La Sentencia a la cual acude la fiscal 89 seccional, indica que no siempre la mora en los plazos es constitutiva por si sola de la violación del derecho fundamental, ya que puede estar justificada “…por razones probadas objetivamente insuperables que impidan al juez o Fiscal adoptar oportunamente la decisión…”. En consecuencia, lo que no se demostró, o justificó fue el tiempo que permaneció el proceso inspeccionado sin ningún tipo de actuaciones durante más de cinco años.
En cuanto a los argumentos de exculpación de la disciplinada, con base en la imputación de los cargos de manera objetiva, y el estudio que de ello hizo la Sentencia C-155 de 2002, en este caso, se tuvieron en cuenta todos y cada uno de los elementos de prueba legalmente producidos en orden a determinar la posible responsabilidad de la disciplinada, los cuales son coherentes, y expresamente manifiestos de culpa —grave—, y no como señala la recurrente al afirmar: “…no tiene en cuenta la subjetividad de lo que hace que se dé un resultado así...”
Esta colegiatura, considera que no son de recibo los argumentos que expone la funcionaria, con base en las sentencias acerca del reproche objetivo, pues como bien lo indican estas, tienen taxativa vigencia en cuanto se exige que el actuar del disciplinado haya sido justificado. Así que, pese a la postura jurisprudencial aducida, de no formular reproche disciplinario por “el solo vencimiento de los términos legales”, no es menos cierto que el caso sub lite, se revisó “con sumo cuidado” el tiempo prolongado de cinco años, que permaneció el proceso, sin actuaciones de ninguna naturaleza, ni obrar medios de prueba, o circunstancias de hecho, ni de derecho que justifique esta conducta claramente contraria a los postulados de los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos.
Tampoco puede aceptarse la justificación presunta de “fuerza mayor, caso fortuito, culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva razonable”, todavía menos, la situación “imprevisible e ineludible”, por cuanto no se advierte prueba fehaciente de esta hipótesis, por cuanto en el proceso penal objeto de estudio, no obra ninguna constancia de la funcionaria, de la coordinación de la Unidad, ni de la Dirección Seccional de Fiscalías que la declare. Por el contrario, emerge claramente la negligencia constitutiva de la parálisis del proceso contra Juan Carlos Vergara Trujillo, que terminó seis años después en el archivo por la causal del fenómeno jurídico de la prescripción.
En cuanto la solicitud de imponer una sanción menos drástica, ello no procede en cuanto que los principios de razonabilidad, proporcionabilidad y necesidad de la sanción, estuvieron ajustados conforme a la gravedad de la conducta desplegada, tal y como lo describen los artículos 55 en concordancia con el 65 de la Ley 734 de 2002, por el grado de culpabilidad, y perturbación del servicio, al desconocer la disciplinada los deberes contemplados la Ley 270 de 1996 en el artículo 153 numerales 1, 2, y 15 y la prohibición del artículo 154, numeral 3, ibídem.
El Artículo Artículo(sic) 47 de la Ley 734 de 2007, señala los criterios criterios(sic) para la graduación de la sanción.
j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad...”
De tal manera, que la imposición de la sanción, estuvo delimitada como —grave— culposa, de conformidad con los alcances del artículo 44 de la Ley 270 de 1996:
“…ART. 44.—Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:
“...3. Suspensión, para las faltas graves culposas…”.
Consecuente con lo anterior, se encuentran ausentes las circunstancias previstas en dicha norma procesal para imponer una sanción “menos severa”, y por el contrario se vislumbra el conocimiento pleno de la funcionaria en cuanto se refiere este procedimiento, pues como bien lo argumenta tiene un record importante de serlo, pero su adecuación generó daño en la comunidad, específicamente en cuanto no se definió como corresponde la situación jurídica del indiciado Vergara Trujillo en el asunto judicial asignado desde el 2006.
Corolario de lo anterior, se confirmará la Sentencia del 30 de marzo de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por medio de la cual sancionó a la doctora Ligia Patricia Palacio Vallejo, en su condición de fiscal 89 seccional de Medellín, con suspensión en el ejercicio del cargo durante dos (2) meses, al hallarla responsable de la violación de las conductas disciplinarias previstas en los artículos 250 de la Constitución Política, artículos 153 numerales 1, 2 y 15 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 154 numeral 3 ibídem, 23, 34, numerales 1 y 2 y artículos 35 numeral 7 de la Ley 734 de 2002, artículos 26, 66 de la Ley 906 de 2004 y artículos 83, 315 y 366 de la Ley 599 de 2000.
En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de sus deberes constitucionales y legales,
1. CONFIRMAR la Sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, del 30 de marzo de 2016, por medio de la cual sancionó a la doctora Ligia Patricia Palacio Vallejo en su condición de fiscal 89 seccional de Medellín, con suspensión en el ejercicio del cargo durante dos (2) meses, al hallarla responsable de la violación de las conductas disciplinarias previstas en los artículos 250 de la Constitución Política, artículos 153 numerales 1, 2 y 15 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 154 numeral 3 ibídem, 23, 34, numerales 1 y 2 y arts. 35 numeral 7 de la Ley 734 de 2002, artículos 26, 66 de la Ley 906 de 2004 y artículos 83, 315 y 366 de la Ley 599 de 2000.
2. Por la Secretaría de la Sala, NOTIFÍQUESE la presente decisión.
3. Anótese en el registro de la secretaría la presente decisión.
4. Cumplido lo anterior regresen las diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional de Antioquia, para lo de su competencia.
(11) Solicitud de audiencia preliminar el 28 de octubre de 2011. Fl. 75, 76 c, anexo 1.
(12) Oficio 555 del juzgado 39 penal municipal con control de garantías. Fl. 78 c. anexo 1.
(13) Sentencia T-0030 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.