Source: http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51385
Timestamp: 2020-06-03 16:20:35
Document Index: 370671532

Matched Legal Cases: ['Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'artículo 6']

BON N.º 62 - 01/04/2019
Artículo 9. Objeto de los procesos participativos ciudadanos.
Artículo 10. Inicio de los procesos participativos ciudadanos.
Artículo 11. Participación por sorteo.
Artículo 14. Obligación de la Administración de la Comunidad Foral.
Artículo 15. Desarrollo.
Artículo 17. Producción.
Artículo 18. Bases del proceso deliberativo.
Artículo 19. Informe final.
Artículo 21. Presupuestos participativos en el Gobierno de Navarra.
Artículo 22. Presupuestos participativos de las entidades locales.
Sección 1.ª. Modalidades
Sección 2.ª. Consultas ciudadanas
Artículo 26. Sistema de expresión.
Artículo 27. Sujetos.
Artículo 28. Limitaciones.
Artículo 30. Rendición de cuentas.
Artículo 31. Proposiciones de ley foral.
Artículo 32. Propuestas normativas locales.
Artículo 33. Inicio.
Artículo 34. Inadmisibilidad.
Artículo 35. Firmas.
Sección 1.ª. Iniciativa para la apertura de un proceso participativo en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
Artículo 37. Inicio.
Artículo 38. Admisión.
Sección 2.ª. Iniciativa para la apertura de un proceso participativo en las entidades locales
Artículo 40. Inicio.
Artículo 41. Admisión.
Artículo 43. Espacio digital de participación.
Artículo 44. Espacio Participativo Propio.
Artículo 45. Unidad especializada en materia de participación.
Artículo 46. Unidades departamentales de participación ciudadana.
Artículo 47. Registro de Participación.
Artículo 48. Consejo Navarro de Participación Ciudadana.
Artículo 49. Sistemas de firma.
Artículo 51. Especificaciones.
Artículo 52. Prórroga de plazo por causa de fuerza mayor.
Artículo 53. Publicación de resultados.
Artículo 54. Excepción en el ámbito local.
Artículo 55. Derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes.
Artículo 56. Para hacer efectivo el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes, en condiciones de equidad, las instituciones navarras deberán adoptar las disposiciones necesarias.
Artículo 57. Derecho a la libre asociación.
Artículo 58. Derecho a la libertad de expresión.
Artículo 59. Derecho a ser oído y escuchado e informado sobre decisiones que les afectan.
Artículo 60. Sensibilización.
Artículo 62. Asistencia.
Disposición Adicional Primera. Evaluación.
Disposición Adicional Segunda. Participación infantil.
Disposición Final Primera. Afectaciones presupuestarias.
Participación y democracia son realidades que no pueden concebirse aisladamente. Una sociedad será tanto más democrática cuando, además de garantizar un conjunto inalienable de derechos que bajo ningún concepto puedan conculcarse, posibilite y promueva para la ciudadanía una participación mayor y de más calidad. Desde ese convencimiento, y con el objetivo de acercarnos a ese ideal de “Democracia avanzada” al que aspira la Constitución Española, se hace necesario impulsar y fortalecer los mecanismos participativos que tiene a su disposición la ciudadanía navarra, actualmente recogidos en la Ley Foral 3/1985, de 25 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, y en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, para el ejercicio de iniciativas normativas, y en la Ley Foral 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de Consultas Populares de ámbito local, que esta ley foral no altera, y en el título IV de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y el Gobierno Abierto, que la presente ley foral viene a derogar, en la medida en que a lo largo de todo su articulado amplía considerablemente los derechos de participación recogidos en dicho título.
Hablamos de unos mecanismos que -dejando a un lado aquellos referidos a lo electoral, de los que este texto legal no se ocupa- distan de poder entenderse como el resultado lógico de aquel mandato, igualmente albergado en la Constitución, que ordena a los poderes públicos “facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social”. Cuarenta años después, sigue siendo considerable el margen que los poderes públicos tienen todavía al respecto, razón por la que el objetivo de la presente ley foral consiste en hacer todo lo posible por colocar a Navarra en la vanguardia de las posibilidades participativas permitidas por el ordenamiento jurídico actual.
A pesar de la contundencia del mandato constitucional citado, hay acuerdo entre la doctrina -un acuerdo que de modo espontáneo se ve reflejado en la calle- con respecto al hecho de que, más allá de su mera enunciación, nos encontramos ante una obligación que, por diversos motivos, se ha visto en buena medida desatendida a la hora de materializarse en la realidad práctica de la ciudadanía. Existe una apreciable distancia, en efecto, entre la letra de la ley, por un lado, y la limitada y precaria realidad, por otro, que la ciudadanía experimenta en su cotidianeidad con respecto a sus posibilidades de intervenir, más allá del voto a partidos, en los asuntos públicos. Y esa distancia configura sin duda una de las razones que explican parte del descontento actual con respecto a las instituciones representativas.
Frente a tales consultas populares, que se sitúan en cierta medida en la órbita de lo que el Tribunal Constitucional ha definido como Democracia Directa o Semidirecta, las consultas ciudadanas, de las que se ocupa esta ley foral, pertenecerían a lo que, de acuerdo al mismo Tribunal, vendría a ser la Democracia Participativa. Así, mientras en las consultas populares el tipo de participación involucrada se sustancia en todo caso en la emisión de un voto -de ahí las garantías jurisdiccionales exigidas; de ahí que sea solo el cuerpo electoral el que ostente en ellas el derecho a participar; y de ahí que, lógicamente, se hable en ellas de un sistema de votación- en las ciudadanas nos encontramos con una participación que se limita a la mera expresión de la opinión de un sector de la ciudadanía con respecto a una cuestión determinada. Además, en ellas son las personas mayores de dieciséis años que llevan más de un año censadas las que emiten su opinión, y no las mayores de edad que formen parte del censo electoral.
En esa misma línea, el título V regula de modo novedoso la recogida de las firmas -un elemento que caracteriza a todas las iniciativas ciudadanas- apostando por un modelo de acreditación y recogida de las mismas mediante un sistema de usuario y contraseña validado por la Administración de la Comunidad Foral mucho más rápido, ágil y accesible que el tradicional de firmas en papel o que el más reciente, pero de escasa acogida ciudadana, de la firma electrónica.
- Procesos deliberativos.
- La designación de una persona como portavoz de la iniciativa y de otra como suplente, con una dirección a efectos de notificaciones.
- La inclusión de cuantas organizaciones de entre las incluidas en el artículo 6.3 deseen figurar, en su caso, como promotoras de la Iniciativa.
- Una Notaría.
- Una Secretaría municipal o personal funcionario en quien delegue.
- Cualquier persona designada para ello por la Comisión Promotora, siempre que se encuentre en plena posesión de sus derechos civiles y políticos, y se comprometa por escrito ante cualquiera de las entidades inmediatamente anteriores.