Source: http://www.jurischile.com/2017/08/corte-de-santiago-acoge-recurso.html
Timestamp: 2018-12-10 22:02:41
Document Index: 97963269

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 76', 'artículo 26', 'artículo 24', 'artículo 44', 'artículo 76', 'artículo 5', 'artículo 155', 'artículo 10']

JurisChile: Se acoge recurso protección y ordena al Registro Civil, celebrar acuerdo de unión civil entre Chileno y Extranjera
Se acoge recurso protección y ordena al Registro Civil, celebrar acuerdo de unión civil entre Chileno y Extranjera
Primero: Que recurre de protección don Benjamín Hernando Portales Silva, abogado en representación de doña María Nelly Arias Matos, dominicana y Renzo Yori Nobile, chileno, todos domiciliados para estos efectos en Bombero Salas 1369 oficina 3 comuna y ciudad de Santiago, contra el Servicio de Registro Civil e Identificación, por haber incurrido en el acto ilegal y arbitrario de negarse a celebrar el acuerdo de unión civil de los recurrentes sobre la base de la situación migratoria de doña María Nelly Arias Matos, lo cual en su concepto afectaría las garantías constitucionales de los numerales 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Señala que la señora Arias en República Dominicana conoció a través de las redes sociales al señor Yori Nobile, chileno, con quien mantuvo una relación sentimental a distancia, siendo invitada por éste a venir al país, carta que intentó tramitar en el Consulado chileno
sin obtener respuesta a su solicitud. Por lo anterior, decide salir de su país en dirección a Chile el 26 de Mayo de 2014, ingresando a territorio nacional con otros extranjeros; fue víctima del delito de tráfico de inmigrantes, presentando denuncia ante el Ministerio Público el 3 de febrero de 2016. Refiere que la relación de pareja de los recurrentes se vio fortalecida, por lo que decidieron contraer un acuerdo de unión civil. Para estos efectos el Servicio de Registro Civil les fijó como fecha de celebración el 4 de Enero de 2017 a las 11:30 horas, indicando a los interesados que “el día de la ceremonia María Arias Matos debe tener visa al día”. En la señalada fecha funcionarios del servicio recurrido impidieron la realización del acto al exigirle a la contratante cédula de identidad chilena –que no tiene- y al exhibirle el pasaporte el funcionario advirtió que el documento carecía del estampado de ingreso a Chile, por lo que impidió llevar a efecto el contrato, indicando que no podían contraer acuerdo de unión civil sino una vez que ella regularizara su situación, esto es, mientras no obtenga la ciudadana extranjera cédula de identidad o al menos regularice su situación migratoria. El recurrente señala que esta negativa carece de todo argumento racional y jurídico, importando una grave afectación a las garantías que denuncia conculcadas. Señala luego que los recurrentes no se encuentran en ninguna de las hipótesis de prohibición señaladas en los artículos 7° y 8° de la Ley N° 20.830 ya que ambos son mayores de edad, tienen la libre administración de sus bienes y han consentido libre y espontáneamente celebrar dicho acto. Por otro lado, indica que el artículo 23 del mismo texto legal prevé que “todas las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que las leyes y reglamentos establecen respecto de los cónyuges se harán extensivas, de pleno derecho, a los convivientes civiles”, y los recurrentes tampoco se encuentran en las causales de los artículos 105 a 116 y 124 a 129 del Código Civil o en la norma prohibitiva del artículo 9° inciso 1° de la Ley de Matrimonio Civil. Así entiende el recurrente que el actuar del Servicio excede los márgenes que la ley le entrega y su actuar importa una diferencia arbitraria que atenta contra los principios y garantías constitucionales que cita, esto es, la igualdad ante la ley y la protección de la vida privada personal y familiar. Indica seguidamente que entre las facultades que el artículo 33 de la Ley N° 19.477 otorga a los Oficiales Civiles no se encuentra la de prohibir la celebración de actos de la vida civil a aquellos extranjeros que no cuenten con la visa requerida por el Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o para el caso concreto, que no cuenten con el estampado de ingreso al país en el respectivo pasaporte. En cuanto al artículo 76 del Decreto Ley N° 1.094, que dispone que “los servicios del Estado deben exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia que comprueben su residencia legal en el país y que estén autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato”, plantea que de la atenta lectura de la norma se puede observar que ésta no prohíbe a los extranjeros que no cuenten con una situación migratoria regularizada o con el estampado de ingreso al país, la celebración de actos o contratos civiles. En relación con las garantías denunciadas aduce que los recurrentes han sido víctimas de una actuación arbitraria ejercida por un órgano de la administración del Estado, vulnerando el derecho de todas las personas para ser tratadas como iguales, no existiendo justificación que permita establecer una diferenciación de trato. Además, con el proceder que se denuncia estima infringido el deber de respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su grupo familiar, toda vez que mediante una actuación ilegal y arbitraria, el Estado mismo a través de uno de sus órganos, se ha apartado de las obligaciones de actuación que la Ley y la Constitución le permiten. Señala que la facultad de contraer un acuerdo de unión civil es un derecho esencial que asiste a las personas y que la situación migratoria no puede condicionar su ejercicio. En apoyo de su tesis cita el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 44 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Finaliza solicitando se restablezca el imperio del Derecho y se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación que permita la celebración del acuerdo de unión civil entre los recurrentes. Segundo: Que informando la recurrida -Servicio de Registro Civil e Identificación- solicita el rechazo total de la acción intentada por considerar que su proceder se ajustó a la legalidad vigente y no ha incurrido en arbitrariedad alguna. Señala que de conformidad al artículo 76 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975 del Ministerio del Interior “los servicios y organismos del Estado o Municipalidades deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de la competencia de esos servicios, que previamente comprueben su residencia legal en el país y que están autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato”. Agrega que el Decreto Supremo N° 597, de 1984 del Ministerio del Interior sobre Reglamento de Extranjería, en su artículo 5° señala: “Los extranjeros estarán obligados a presentar a las autoridades correspondientes, cuando lo requieran, sus documentos de identidad o extranjería para acreditar su condición de residencia en Chile”; cita luego los artículos 103 y 108 sobre las exigencias para obtener cédula de identidad nacional. Hace presente que el artículo 155 de mismo Reglamento dispone “que las autoridades de la República, Servicios y Organismos del Estado, deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia que, previamente, comprueben su residencia legal en el país y que sus condiciones y calidades de permanencia les permiten realizar el acto o contrato correspondiente, asentando en el instrumento respectivo esta comprobación”. Señala que el artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 20.830, establece que para proceder a la celebración de un acuerdo civil, el Oficial del Registro Civil deberá “solicitar la cédula de identidad a ambos contrayentes o el documento identificatorio respectivo, los cuales deberán encontrarse vigentes”. Asimismo cita el Procedimiento General de Inscripciones de Acuerdo de Unión Civil, aprobado por Resolución Exenta N° 356, de 19 de Octubre de 2015, que en su acápite 5.4, relativo a “Extranjeros(as) que celebren un Acuerdo de Unión Civil en Chile” establece que ”… en términos generales los (las) extranjeros(as) pueden celebrar un AUC siempre que tengan un documento de identidad vigente y cualquiera sea su tipo de visa”. El recurrido, conforme a la normativa antes referida, estima que la tenencia de cédula para extranjero no es requisito para la celebración del referido acto, pero el interesado debe acreditar la situación migratoria regular, lo que no aconteció con la recurrente María Nelly Arias Matos por lo que no ha negado a los recurrentes el derecho a celebrarlo, sino que previamente ha exigido que se cumpla respecto a ella la legislación interna aplicable a los extranjeros en nuestro país, sin que su actuar afecte a las garantías que se denuncian.
Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de María Nelly Arias Matos y Renzo Yori Nobile y, en consecuencia, se dispone que el Servicio de Registro Civil e Identificación adoptará las medidas pertinente para que los recurrentes celebren el Acuerdo de Unión Civil, en conformidad a la ley. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. Redactó la Ministra señora Jessica González Troncoso. Protección Rol N° 7811-2017.- No firma la ministra señorita Rutherford Parentti, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicio.
Publicado por secretaria.cecilia sm el 8/08/2017 11:25:00 a.m.