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Timestamp: 2019-01-19 04:42:26
Document Index: 415649251

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 104', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 85', 'artículo 85']

﻿ Sentencia 2003-02579 de enero 28 de 2010
SENTENCIA 2003-02579 DE 28 DE ENERO DE 2010
CONTENIDO:DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO. PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL DERIVADA DE LA ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA FRENTE AL ELEMENTO DE SUBORDINACIÓN LABORAL
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD, RÉGIMEN SALARIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATISTA DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PRUEBA DEL CONTRATO DE TRABAJO, PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SUBORDINACIÓN LABORAL, PRESUNCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
Sentencia 2003-02579 de enero 28 de 2010
Radicación número: 680012315000200302579 01
Número interno: 0877-07
Actor: Matilde Ribero Avellaneda
Se debate en el presente caso la legalidad del oficio proferido el 20 de junio de 2003, por el Alcalde del municipio de Piedecuesta, mediante el cual negó la solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales elevada el 27 de mayo del mismo año.
Como consecuencia de la anterior declaración solicita que se declare que entre la demandante y el municipio de Piedecuesta – Santander, existió una relación laboral y por lo tanto, se ordene el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales como cesantías, prima de vacaciones, prima de servicios, vacaciones, prima de navidad, diferencias salariales demás emolumentos legales y la afiliación a un fondo de pensiones con el pago de aportes por el tiempo laborado.
Solicita que se ordenen los reajustes de valor a que se refiere el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y se de cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 ibídem.
El problema jurídico se contrae, entonces, a establecer si le asiste a la demandante el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión del vínculo que mantuvo con la entidad demandada.
Así mismo, que aunque se haya realizado una vinculación bajo la forma de contrato de prestación de servicios, si el interesado logra desvirtuar su existencia al demostrar la presencia de la subordinación o dependencia respecto del empleador, tendrá derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo. (C.P., art. 53).
...” (Exp. 0245/03, Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA)
“... si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad. Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de ésta y a la forma como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede afirmarse respecto del servicio de cafetería, cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se encuentra presente el personal de planta. En vez de una subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada en las cláusulas contractuales.” (negrillas).
De la situacion particular de los docentes
"Las personas que ejercen la profesión docente se denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos que determine el reglamento ejecutivo".
Tal definición fue reafirmada por el artículo 104 de la Ley General de Educación (115 de 1994) al prever que “El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos....”, los cuales están sometidos permanentemente a las directrices emitidas por las autoridades educativas, que son el Ministerio de Educación y las secretarías de educación, así como a su inspección y vigilancia, y no gozan de autonomía, en cuanto a que si requieren una permuta, un traslado, un otorgamiento de permiso, etc. necesitan la autorización de las autoridades locales, que son las que administran la educación conforme el estatuto docente y la Ley 60 de 1993, a través de su respectiva Secretaría de Educación. (L. 115/94, arts. 106, 153 y 171).
“A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del artículo 6º de la ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el período académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente territorial.”
“... Desde el punto de vista de la actividad material que ejecutan los docentes-temporales, no parece existir diferencia respecto de la que realizan los docentes-empleados públicos. Si no se encuentra una diferencia, entre estos dos supuestos, edificada sobre un criterio de comparación que sea razonable, perdería plausibilidad el régimen jurídico asimétrico que, en las condiciones ya referidas, la ley contempla y el cual, en los aspectos principales (remuneración, prestaciones, derechos y obligaciones), es más favorable para los docentes-empleados públicos...”
Hasta tal grado no existen diferencias entre los dos supuestos estudiados —actividad de los docentes temporales y actividad de los docentes-empleados públicos—, que la única particularidad que exhiben los últimos respecto de los primeros es la de recibir un trato de favor emanado del régimen legal, cuya aplicación exclusiva, en estas condiciones, queda sin explicación distinta de la concesión de un privilegio. Lo que a menudo constituye la otra cara de la discriminación, cuando ella es mirada desde la óptica de los excluidos....”
La demandante solicitó al Alcalde del municipio de Piedecuesta – Santander , mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2003 (fl. 6), el reconocimiento y pago de emolumentos salariales alegando la existencia de una relación laboral.
Obra a folios 34 a 41 del expediente una certificación expedida por el Jefe de Grupo de Gestión Administrativa de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta en la que expresa que la demandante ha prestado sus servicios a ese ente territorial como auxiliar educativo, por los siguientes períodos:
— Del 12 de febrero al 12 de junio de 1998 O.P.S. 014-98.
— Del 13 de julio al 12 de octubre de 1998 O.P.S. 195-98.
— Del 13 de octubre al 30 de noviembre de 1998 O.P.S. 344-98.
— Del 8 de febrero al 7 de mayo de 1999 O.P.S. 051-99.
— Del 8 de mayo al 15 de junio de 1999 O.P.S. 145-99.
— Del 12 de julio al 11 de octubre de 1999 O.P.S. 378-99.
— Del 12 de octubre al 30 de noviembre de 1999 O.P.S. 378-99.
— Del 1 de febrero al 30 de abril de 2000 O.P.S. 0199-2000.
— Del 1 de mayo al 15 de junio de 2000 O.P.S. 0346-00.
— Del 15 de julio al 14 de octubre de 2000 O.P.S. 290-00.
— Del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2000 O.P.S. 426-00.
— Del 15 de febrero al 15 de junio de 2001.
— Del 15 de julio al 15 de noviembre de 2001 O.P.S. 062-01.
— Del 6 de febrero al 5 de mayo de 2002 O.P.S. 032.
— Del 6 de mayo al 30 de junio de 2002.
— Del 15 de julio al 30 de noviembre de 2002 O.P.S. 132
El objeto de los contratos era “Prestar sus servicios como auxiliar educativo adscrito al despacho del señor alcalde” y “Prestar el servicio como Docente en la Escuela Alfa y Omega del Municipio de Piedecuesta” y, la obligación era “prestar sus servicios como instructor en una Entidad Educativa del Municipio” (fl. 36 y 40).
De todo lo expuesto, se concluye que las labores desarrolladas por la demandante eran las mismas que las de los docentes de planta y que en el presente caso se configuran los tres elementos de la relación laboral; prestación personal del servicio, continuada subordinación y remuneración como contraprestación del servicio.
Las simuladas órdenes de prestación de servicios docentes suscritas con la demandante, pretendieron esconder una vinculación de derecho laboral público, a pesar de que, como se explicó, la actora no puede ser considerada empleado público docente, desconociendo el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, y ocasionando unos perjuicios que deben ser resarcidos a la luz del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.
En consecuencia, se confirmarán los numerales 2º, 4º y 5º del fallo apelado, se modificará el numeral 3°, el cual ordenó que a título de indemnización se le reconociera el valor de las prestaciones sociales dejadas de percibir y se revocará el numeral 1° que declaró probada la excepción de prescripción de los derechos laborales, para en su lugar y, a título de restablecimiento del derecho condenar al municipio de Piedecuesta (Santander) a cancelar a favor de Matilde Ribero Avellaneda, el valor de las prestaciones surgidas en la prestación del servicio y, el correspondiente cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales lo que conlleva al pago de las cotizaciones legales por los periodos certificados, tal y como se planteó en sentencia de 17 de abril de 2008, proferida por esta Subsección con ponencia del doctor Jaime Moreno García, en la que se precisó:
“El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. al concebir la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevé que todo aquel cuyo derecho amparado por una norma jurídica estime lesionado, puede acudir ante la jurisdicción para pedir, además de la nulidad del acto, que se le restablezca en su derecho, así como también la reparación del daño. La acción indemnizatoria surge cuando no es posible volver las cosas al estado anterior porque la misma naturaleza del daño impide tal circunstancia, pues sabido es que dentro de la sociedad y la naturaleza hay situaciones que resultan irreversibles y la única manera de compensar a la víctima es a través de una retribución pecuniaria.
1. CONFÍRMANSE los numerales 2°, 4° y 5° de la providencia proferida el 27 de octubre de 2006 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
2. MODIFÍCASE el numeral el 3° que ordenó el pago de las prestaciones sociales a título de indemnización, el cual quedará así:
SE ORDENA al municipio de Piedecuesta reconocer y pagar a la señora Matilde Ribero Avellaneda las prestaciones sociales dejadas de percibir por los períodos señalados en la parte motiva de esta providencia, debidamente indexadas.
Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de prestaciones sociales hasta el 30 de noviembre de 2002, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en que fue debió hacerse el pago).
3. REVÓCASE el numeral 1° de la sentencia objeto del recurso de apelación. En su lugar se dispone:
No hay lugar al decreto de la prescripción del derecho causado con anterioridad al 27 de mayo de 2000.
(1) Sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A de 5 de agosto de 1993, Exp. 6199, M.P. Clara Forero de Castro.