Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43560715
Timestamp: 2020-07-13 01:38:29
Document Index: 179354467

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'Artículo 26', 'artículo 34', 'artículo 13', 'artículo 26', 'artículo 56', 'artículo 8', 'artículo 34', 'artículo 13', 'artículo 49', 'artículo 29', 'artículo 13', 'artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 34', 'artículo 13', 'artículo 26', 'artículo 56', 'artículo 8', 'artículo 34']

Sentencia de Constitucionalidad nº 226/97 de Corte Constitucional, 5 de Mayo de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43560715
Sentencia de Constitucionalidad nº 226/97 de Corte Constitucional, 5 de Mayo de 1997
Ley 49/93. Art. 49 lits. D, e, f, h , i,. Funciones del tribunal nacional del deporte. Inexequibles. Ver auto 018/97.
Actor: C.E.M.V.
El ciudadano C.E.M.V., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de los literales D, E, F, H e I del artículo 49 de la Ley 49 de 1993.
"Ley 49 de 1993"
por la cual se establece el régimen disciplinario del deporte
"D. Tramitar y resolver en única instancia sobre las faltas cometidas por los miembros de los Tribunales Deportivos de las Federaciones de oficio o a solicitud de parte.
"E. Conocer y decidir en única instancia de los asuntos disciplinarios que no correspondan a otra autoridad deportiva de oficio o en virtud de queja de cualquier persona.
"F. Revisar los procesos disciplinarios tramitados por los Tribunales Deportivos de los Clubes, Ligas y Federaciones y las decisiones de las autoridades disciplinarias de competiciones o eventos deportivos específicos, cuando el interés público y las circunstancias propias de la falta así lo ameriten. En este caso, el Tribunal aprehenderá el conocimiento del asunto y podrá modificar la sanción impuesta.
"H. Servir como órgano de consulta de los demás Tribunales Deportivos, autoridades disciplinarias y del Gobierno.
"I.C. y resolver en única instancia sobre las faltas de los miembros de delegaciones deportivas nacionales a certámenes internacionales."
1. Intervención del ciudadano H.F.J.S.
2. Intervención del ciudadano B.H.
En representación del Coldeportes intervino, dentro de la oportunidad legal, la ciudadana V.C.B., quien solicitó que se declarara la constitucionalidad de las normas demandadas.
(Hasta aquí la ponencia original del Magistrado V.N.M..
Artículo 26. Adscrito al Instituto funcionará el Tribunal del Deporte, integrado por cinco (5) miembros nombrados por el Ministro de Educación Nacional, de listas propuestas por la Junta Directiva, y que serán personas de reconocida solvencia moral, no vinculados actualmente a cargos directivos de ninguna asociación deportiva. Dicho Tribunal, según lo que determine por reglamentación el Ministerio, será tribunal de última instancia y tendrá la potestad de aplicar sanciones disciplinarias o recomendar al Gobierno las que correspondan a aquél en los casos de violación de las normas que regulan la organización nacional, según las normas legales, las reglamentaciones del Instituto y los convenios internacionales".
Actuará como S., el funcionario designado por el Director General del Instituto.
Es el órgano disciplinario de ámbito estatal, adscrito orgánicamente al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes), que, actuando con independencia de éste, decide en última instancia, por vía administrativa, las cuestiones disciplinarias de su competencia".
P.. Las resoluciones del Tribunal Nacional del Deporte se ejecutarán, en su caso por medio de la correspondiente federación deportiva o división profesional, que serán responsables de su estricto y efectivo cumplimiento.
P.. Los Tribunales Deportivos de los clubes, ligas, divisiones, federaciones y Tribunal Nacional del Deporte, formarán listas de personas que pueden ser designadas defensores de oficio. (La parte subrayada del artículo 34).
b) E.P. y Vicepresidente para períodos de un año.
4. La ley pretende que el Estado garantice y prohije la observancia de las reglas del deporte y los reglamentos de las organizaciones deportivas. Las denominadas "faltas deportivas" se refieren a la violación de deberes que las organizaciones imponen a sus miembros y cuyo cumplimiento asegura que la respectiva práctica deportiva pueda desenvolverse normalmente. No solamente las reglas del deporte son constitutivas del juego, sino que, adicionalmente, se precisa de otras categorías de pautas de comportamiento que definen las responsabilidades de quienes participan en los eventos deportivos. Unas y otras son necesarias para conformar y desarrollar una relación o práctica deportiva y, por tanto, son fuentes de conductas obligatorias cuya vulneración puede dar lugar a diversa suerte de sanciones disciplinarias de orden privado.
La idoneidad del medio empleado para realizar la finalidad que la norma legal se propone, sin embargo, rebasa de manera manifiesta y ostensible el marco de los poderes que el Estado puede, en un momento dado, articular y ejercitar en el campo de las prácticas deportivas. Al Estado corresponde, en los propios términos de la Constitución Política, fomentar estas actividades recreación, práctica del deporte y aprovechamiento del tiempo libre e inspeccionar las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas (CP. art. 52). La asunción estatal de competencias disciplinarias, originariamente privadas, lejos de ejemplificar una función de inspección subvierte la estructura "vigilante - vigilado" propia de aquélla, y, en su lugar, el primero simple y llanamente sustituye al segundo.
O. cómo la inspección que autoriza la Constitución, la cual prioritariamente debe velar por la democratización de la estructura y propiedad de las organizaciones deportivas, en este caso, se desvía de su objeto tutelar y se manifiesta en la expropiación de los poderes disciplinarios de los clubes, federaciones y ligas deportivas. Correlativamente a la pérdida que sufren los órganos privados, se acrecienta el poder del Estado.
El acotamiento de nuevas parcelas de acción pública, no es per se inconstitucional. La relación entre el poder público y la esfera de los particulares, en todas las actividades, es fluido y cambiante. Empero, el reconocimiento de derechos fundamentales a las personas, introduce límites a la expansión del poder público. Algunos derechos fundamentales se realizan merced al concurso de organizaciones colectivas - como es el caso de las "organizaciones deportivas" -, de suerte que se torna indispensable reconocer un reducto mínimo de autonomía a éstas, si no se quiere coartar el despliegue de las propias autonomías individuales constitucionalmente reconocidas. Por esta razón, la exigencia de un margen mínimo de autonomía, también debe reivindicarse en favor de ciertos colectivos cuyo funcionamiento independiente tiene relevancia directa para el ejercicio de los derechos fundamentales de sus miembros.
Declarar INEXEQUIBLES el numeral 9 del artículo 13 y el artículo 26 del Decreto 2743 de 1968, la expresión "El Tribunal Nacional del Deporte... En segunda instancia conocerá de los recursos contra las decisiones del Tribunal Deportivo de las federaciones" del artículo 56 numeral 4 del Decreto 2845 de 1984, el literal A.E. del artículo 8, los artículos 29, 30, 31, 32, 49, 52 y la expresión "y Tribunal Nacional del Deporte" del parágrafo del artículo 34 de la Ley 49 de 1993.
Por ello el deporte se concibe como objeto de la intervención estatal, por cuanto el Estado no sólo debe fomentar su práctica, como lo ordena la Constitución, sino porque la sociedad tiene un legítimo interés en que tal práctica se lleve a cabo de conformidad con las normas propias de cada disciplina deportiva, de manera que con ella se alcancen los objetivos educadores y socializadores que apareja. Cfr. Sentencia C-099 de 1996. M.P.V.N.M.
Siendo así que en gran medida lo que se cuestiona como inconstitucional son facultades para actuar como tribunal de única instancia o de revisión en materia disciplinaria, es preciso recordar que el proceso disciplinario, como ya lo ha reconocido la Jurisprudencia de la Corte, no es ajeno al principio del debido proceso Cfr. Sentencia T-233 de 1995, M.P.J.G.H.G... Sin embargo, no debe perderse de vista que las decisiones que en él se produzcan, no se erigen en sentencias judiciales, sino que han sido catalogadas por nuestro derecho y por la jurisprudencia como decisiones administrativas Cfr . Sentencia C-280 de 1995, M.P.A.M.C.. Bajo estos supuestos, no resultan admisibles los cargos que se formularon en la demanda.
Por otra parte, el demandante estimaba que por cuanto la competencia es improrrogable en los términos del artículo 13 del Código de Procedimiento Civil, entonces la ampliación de la competencia del Tribunal que consagra el artículo 49 en sus partes demandadas resultaba lesiva de la Constitución, específicamente del artículo 29 relativo al debido proceso Las competencias del Tribunal son señaladas inicialmente por el artículo octavo de la ley, y luego ampliadas por la norma demandada..
La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su P.A.B.C. y por los Magistrados J.A.M., E.C.M., C.G.D., J.G.H.G., H.H.V., A.M.C., F.M.D. y V.N.M.
"Declarar INEXEQUIBLES el numeral 9 del artículo 13 y el artículo 26 del Decreto 2743 de 1968, la expresión "El Tribunal Nacional del Deporte... En segunda instancia conocerá de los recursos contra las decisiones del Tribunal Deportivo de las federaciones" del numeral 4 del Decreto 2845 de 1984, el literal A.E. del artículo 8, los artículos 29, 30, 31, 32, 49, 52 y la expresión "y Tribunal Nacional del Deporte" del parágrafo del artículo 34 de la Ley 49 de 1993."
"Declarar INEXEQUIBLES el numeral 9 del artículo 13 y el artículo 26 del Decreto 2743 de 1968, la expresión "El Tribunal Nacional del Deporte... En segunda instancia conocerá de los recursos contra las decisiones del Tribunal Deportivo de las federaciones" del numeral 4 del artículo 56 Decreto 2845 de 1984, el literal A.E. del artículo 8, los artículos 29, 30, 31, 32, 49, 52 y la expresión "y Tribunal Nacional del Deporte" del parágrafo del artículo 34 de la Ley 49 de 1993."
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53306 de 14 de Abril de 2011