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Timestamp: 2019-09-17 00:13:27
Document Index: 360556321

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 143', 'artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 193']

Acuerdo y Sentencia 592/2010 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 592/10
EXPEDIENTE: "DOMINGO ARÍSTIDES OCAMPOS GODOY CONTRA RESOLUCIÓN FICTA DENEGATORIA DEL TRIBUNAL DE CALIFICACIONES DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN".
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y MIGUEL OSCAR BAJAC, en reemplazo del Dr. WILDO RIENZI GALEANO, según providencia de fecha 18 de febrero de 2009, obrante a fojas fs. 198 de autos, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "DOMINGO ARÍSTIDES OCAMPOS GODOY CONTRA RESOLUCIÓN FICTA DENEGATORIA DEL TRIBUNAL DE CALIFICACIONES DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN", a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el abogado Víctor Emmanuel Arriola Rojas, Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República contra el Acuerdo y Sentencia N° 142, del 07 de octubre de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA y BAJAC.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BLANCO, dijo: El recurrente desistió expresamente del recurso interpuesto. No el análisis de oficio, no se observan vicios en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil. Debe tenerse por desistido del recurso en estudio. Es mi voto.
A SU TURNO, LOS DRES. PUCHETA DE CORREA y BAJAC, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR BLANCO, prosiguió diciendo:
A. Argumento de la sentencia impugnada: El Tribunal de Cuentas, resolvió: "1. HACER LUGAR , a la presente demanda contencioso administrativa instaurada por el Señor Domingo Arístides Ocampos Godoy contra la Resolución Ficta denegatoria del Tribunal de Calificaciones de Oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nacional, y en consecuencia, 2. DECLARAR, la nulidad de los actos administrativos registrados en el Acta N° 143 de fecha 5 de diciembre de 1988 y el Acta N° 144 de fecha 4 de diciembre de 1989, generados en el Tribunal de Calificaciones de Oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, y el Decreto N° 4244 de fecha 31 de diciembre de 1989, dictado por el Poder Ejecutivo, por ser su consecuencia ...". Respecto del plazo para interponer la demanda, expuso "no está demostrada en autos, considerando que no obra en el expediente testimonio de la notificación por escrito al actor de la demanda, que establezca la fecha cierta en que el mismo tomó conocimiento de los actos administrativos impugnado ni del Decreto que efectivizó su retiro. En consecuencia no se podría tener por incumplido el Art. 4o de la ley 1462/35, de que la presente demanda ha sido formulada a posteriori de los cinco días hábiles a partir de su notificación. Esto, está claramente expresado por el actor de la demanda en el primer párrafo de su escrito...".
En cuanto al punto sobre si se trata de actos nulos o anulables los impugnados por la parte actora, refiere el órgano de inferior grado que, a la luz de las instrumentales agregadas a autos, "en el Acta 143 se registran las expresiones del Tribunal de Calificaciones: "...Se declara abierta la sesión, siendo las 08.00 horas, adoptándose las siguientes resoluciones: A. Ascenso aprobados..., B. No aprobados.1. T . Cnel. Domingo Arístides Ocampos Godoy, postergado por encontrarse procesado por el Tribunal Militar, por el supuesto hecho de homosexualidad...". A través de los expedientes del Tribunal Militar, citados, corroboramos que en esa fecha, 05 de diciembre de 1988, la parte actora estaba sumariada por el Tribunal Militar en los términos de los tres tomos del Expediente citado y que se halla a la vista del Tribunal, sumario que concluyó en fecha 31 de agosto de 1989, con el sobreseimiento libre y definitivo del TCnel Domingo Arístides Ocampos Godoy, "con la expresa constancia que este sumario no afecta su buen nombre y honor" como consta en la SD, N° 4/89 de fecha 31 de agosto de 1989, agregado a fs., del 615 al 621 del Tomo III, del expediente citado, previo Sobreseimiento provisional conforme al A.I. N° 5/89 de fecha 31 de enero de 1989, agregado a fs. del 603 al 605 del mismo documento. Por otro lado, analizando el expediente caratulado: "SUMARIO INSTRUIDO AL TCNEL. DEM DOMINGO ARISTIDES OCAMPOS GODOY S/ SUPUESTAS FALTAS GRAVES CONTRA LA MORAL", observamos que la causa fue abierta el 15 de diciembre de 1989, es decir, después de once días, posterior a la realización del acto jurídico registrado en el acta N° 143, y concluyó conforme al Acuerdo y Sentencia N° 1/89 de fecha 16 de mayo de 1989, de la Corte Suprema de Justicia Militar que en la parte resolutiva dice: Io) DECLARA prescripta la acción en estos autos; 2o) SOBRESEER libremente la causa y disponer su archivamiento. 3o) NOTIFÍQUESE.
Prosigue señalando el Tribunal de inferior grado, "Con el citado fallo, el Tribunal, llegó a la conclusión de que el Instrumento citado (proceso por el Tribunal militar por homosexualidad), en el acta 143, no existía en el momento de la realización del acto jurídico registrado en dicho documento, es cierto, se intentó iniciar 11 días después con la apertura de la causa que finalmente no ha prosperado en los términos de la resolución, mencionada ut supra; y, considerando lo expresado en el exordio de la citada resolución la Corte Suprema de Justicia Militar, que en una parte de sus fundamentos dice: "El quebrantamiento de este principio lesiona gravemente las normas del debido proceso y viola el principio constitucional de la defensa en juicio. La defensa en los juicios militares de la persona y los derechos es inviolable... reza el artículo 7° del CPPM, y es trasiego de aquel principio constitucional", y en el siguiente párrafo expresa: "A la luz de tales conceptuaciones, resulta inexplicable la absoluta indiferencia procesal que para el A-quo mereciera los reclamos que la defensa formulara en ejercicio de dichos principios, habida cuenta la oposición a "formación de causa" ... consignada en su presentación de fs. 27 de autos está dada con el alcance de la primera parte del art. 84 del CPPM, respecto del carácter delictual o irregular del acto investigado". Asimismo, sigue diciendo el preopinante de la Corte Miliar: "Pero el criterio negativo para la suerte del proceso no está dado tan solo por la irregularidad de las circunstancias apuntadas sino por la necesaria aplicación que del art. 201 inc. F y 206 del CPPM, debe hacer este Alto Cuerpo". Es decir que según el preopinante de la resolución señalada más arriba, a las irregularidades nulificantes del proceso se suma otra irregularidad incursa en los art. 201 y 206 del CPPM, que motivó a la Corte Militar, para resolver el recurso de queja por apelación denegada, incoado en aquel entonces por la defensa del TCnel Domingo Arístides Ocampos Godoys, en los términos del escrito de fs., del 42 al 44 y vlto., del expediente en estudio, declarando de oficio la Prescripción del proceso, conforme el Acuerdo y Sentencia N° 1/89, ya mencionado ut supra. Y siendo así, que en el acto administrativo registrado en el acta 143 traída, a la vista consta como causa que impidió, en ese momento, el ascenso del TCnel. Domingo Arístides Ocampos Godoy, fue la de estar soportando un proceso por homosexualidad, hecho, cuya existencia, no consta en ninguno de los documentos probatorios ofrecidos tanto por la parte actora para demostrar tal circunstancia como la demandada para probar su pretensión. Sin embargo, en el momento de verificarse el acto administrativo por el Tribunal de Calificación, el citado militar, estaba sumariado conforme el expediente: "SUMARIO INSTRUIDO AL TCENL. DEM DOMINGO ARISTIDES OCAMPOS GODOY, EN AVERIGUACIÓN DE LA CAUSA DEL FALLECIMIENTO DEL CADETE, MARCO AMARILLA BENITEZ EN EL LICEO MILITAR DE ENCARNACIÓN" pero no por homosexualidad, como consta en el documento impugnado; hecho que constituye una falsedad tipificada en el Art. 183, como delito. Tampoco, en relación al caso investigado, consta en ninguna parte, en los tres Tomos, de los documentos referidos, que se haya dictado restricción alguna sobre la libertad del sumariado, circunstancia que en los términos del art. 117 inc. A) de la Ley 847 de "Estatuto del Personal Militar" (agregado con la ley 843/80 y 844/80 a fs. del 46 al 114 de autos), vigente en la época, le habilitaba para el ascenso. Sin embargo, pasados 11 días de la realización del acto administrativo cuestionado, en fecha 15 de diciembre de 1989, fue abierta la causa por la supuesta falta grave tramitada en los autos caratulados: "SUMARIO INSTRUIDO AL TCNEL. DEM DOMINGO ARISTIDES OCAMPOS GODOY S/ SUPUESTAS FALTAS GRAVES CONTRA LA MORTAL"; proceso que terminó con la prescripción de la causa declarada de oficio por la Suprema Corte de Justicia Militar, en los términos ya mencionados con mayor detalle ut supra. Este análisis, funda nuestro criterio de que es justo subsumir el hecho en el Art. 357 inc. b) y d) del Código Civil, en el primer punto inc. b), porque la falsedad del proceso por homosexualidad mencionado en el acta 143, como causal de reprobación del ascenso del TCnel. Domingo Arístides Ocampos Godoy, en la fecha en que se cumplió el acto jurídico registrado en el citado documento, el 04 de diciembre de 1988, produjo la ilicitud del acto administrativo impugnado por la parte actora de la demanda, (tipificada en el art. 183 del CPM). Además, existen violaciones denunciadas por la Suprema Corte de Justicia Militar en el exordio del Acuerdo y Sentencia N° 1/89, de fecha 16 de mayo de 1989 ya referido, más arriba. En el segundo punto (del inc. d), porque el instrumento de su validez es nulo conforme a lo expuesto por la Suprema de Justicia Militar en la parte ya mencionada, líneas arriba ...Por lo tanto corresponde legalmente, en base a la disposición legal invocada declarar como nulo el acto administrativo, registrado en el acta N° 143, de fecha 05 de diciembre de 1988. Que, el acta 144 de fecha 04 de diciembre de otra cosa que agravar la ENCARNACIÓN" pero no por homosexualidad, como consta en el documento impugnado; hecho que constituye una falsedad tipificada en el Art. 183, como delito. Tampoco, en relación al caso investigado, consta en ninguna parte, en los tres Tomos, de los documentos referidos, que se haya dictado restricción alguna sobre la libertad del sumariado, circunstancia que en los términos del art. 117 inc. A) de la Ley 847 de "Estatuto del Personal Militar" (agregado con la ley 843/80 y 844/80 a fs. del 46 al 114 de autos), vigente en la época, le habilitaba para el ascenso. Sin embargo, pasados 11 días de la realización del acto administrativo cuestionado, en fecha 15 de diciembre de 1989, fue abierta la causa por la supuesta falta grave tramitada en los autos caratulados: "SUMARIO INSTRUIDO AL TCNEL. DEM DOMINGO ARISTIDES OCAMPOS GODOY S/ SUPUESTAS FALTAS GRAVES CONTRA LA MORTAL"; proceso que terminó con la prescripción de la causa declarada de oficio por la Suprema Corte de Justicia Militar, en los términos ya mencionados con mayor detalle ut supra. Este análisis, funda nuestro criterio de que es justo subsumir el hecho en el Art. 357 inc. b) y d) del Código Civil, en el primer punto inc. b), porque la falsedad del proceso por homosexualidad mencionado en el acta 143, como causal de reprobación del ascenso del TCnel. Domingo Arístides Ocampos Godoy, en la fecha en que se cumplió el acto jurídico registrado en el citado documento, el 04 de diciembre de 1988, produjo la ilicitud del acto administrativo impugnado por la parte actora de la demanda, (tipificada en el art. 183 del CPM). Además, existen violaciones denunciadas por la Suprema Corte de Justicia Militar en el exordio del Acuerdo y Sentencia N° 1/89, de fecha 16 de mayo de 1989 ya referido, más arriba. En el segundo punto (del inc. d), porque el instrumento de su validez es nulo conforme a lo expuesto por la Suprema de Justicia Militar en la parte ya mencionada, líneas arriba. Por lo tanto corresponde legalmente, en base a la disposición legal invocada declarar como nulo el acto administrativo, registrado en el acta N° 143, de fecha 05 de diciembre de 1988. Que, el acta 144 de fecha 04 de diciembre de otra cosa que agravar la ilicitud del acto administrativo registrado, en razón que en la fecha de la realización del Acto, 04 de diciembre de 1989, ya hacía alrededor de seis meses que se han finiquitado ambos sumarios instruidos al TCnel. Domingo Arístides Ocampos Godoy en la forma y en la fecha mencionado más arriba, o sea, sobreseído libremente en el Sumario caratulado: "SUMARIO INSTRUIDO AL TCENL. DEM DOMINGO ARÍSTIDES OCAMPOS GODOYS, EN AVERIGUACIÓN DE LA CAUSA DEL FALLECIMIENTO DEL CADETE MARCO AMARILLA BENITEZ EN EL LICEO MILIAR DE ENCARNACIÓN", V con sobreseimiento de la causa en el sumario caratulado: "SUMARIO INSTRUIDO AL TCNEL. DEM DOMINGO ARISTIDES OCAMPOS GODOY SOBRE SUPUESTAS FALTAS GRAVES CONTRA LA MORAL".
B. Argumento de las partes intervinientes:
B.1. Apelante - Procuraduría General de la República: Sostiene que el juzgador incumplió lo dispuesto en el artículo 15, incisos b) y c) del Código Procesal Civil. Refiere que la actora interpuso recurso de reposición contra los actos administrativos en cuestión, luego de transcurridos 16 años y 3 meses, con lo cual, expresa, pretende revivir un plazo ya prescripto o caduco. Agrega, que el referido recurso, se interpuso en fecha 20 de abril de 2006, cumpliéndose el plazo sin ser respondido el 20 de abril de 2006. Luego, el 14 de junio de 2006, planteó la acción contencioso-administrativa, habiendo transcurrido 36 días hábiles de dictada la supuesta resolución tácita denegatoria.
Señala, que las resoluciones de la Junta de Calificación de Servicios admiten como única instancia superior, al Tribunal de Cuentas, instancia ante la cual - expresa - en su oportunidad debió haber recurrido el actor, accionando contra el Decreto N° 4244, del 31 de diciembre de 1989, dictado por el Poder Ejecutivo, y por el cual se dispuso su pase a retiro de las Fuerzas Armadas. Remarca, que el actor dejó transcurrir 15 años, desde el dictado de los actos administrativos en cuestión, con lo cual, refiere, se produjo la caducidad de la acción contencioso-administrativa como la prescripción de la acción.
Respecto del desconocimiento del actor de su pase a retiro, sostiene el apelante, que ello es fantástico, pues, señala, el Decreto que dispuso dicho pase a retiro trae aparejada consecuencias que no pueden ser desconocidas. Remarca, que el pase a retiro se produjo en diciembre de 1989, época en la cual, expresa, estaba plenamente vigente el Estado democrático de derecho. Finaliza su exposición, peticionando se revoque la decisión judicial impugnada.
B.2. Parte apelada: Sostiene que el recurso debe ser declarado desierto. Agrega, respecto del plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa, que lo hizo dentro del plazo, de acuerdo a las instrumentales agregadas a autos. Remarca, que el apelante no refutó las consideraciones del juzgador primario, respecto de la nulidad de los documentos impugnados por su parte, y que se sustentan, agrega, en los artículos 356, 357 inciso b), 658 y demás concordantes del Código Procesal Civil. Sobre el punto, destaca, que los actos administrativos registrados en las actas N° 143 y 144, constituyen actos de nulidad absoluta, que nunca podrían haber producido efecto aunque su nulidad no hubiera sido juzgada, al mismo tiempo que - refiere - son además, instrumentos nulos productos de un acto ilícito y arbitrario. Finaliza su exposición, peticionando se confirme el Acuerdo y Sentencia recurrido.-
C. Análisis jurídico:
La cuestión es clara, se trata en definitiva de determinar, en primer lugar si la demanda fue instaurada dentro del plazo de ley, para luego, si corresponde, proceder al estudio del fondo de la cuestión. De un lado, el accionante sostiene que los actos impugnados son nulos, con lo cual, no están sujeto a plazo para demandar (art. 658 inciso a) C.C.). De otro, la parte accionada refiere que transcurrió en exceso el plazo para demandar, por lo tanto, peticiona, se rechace la pretensión en estudio.
Como puede apreciarse, se presentan dos plazos distintos para la misma situación jurídica. De un lado, el plazo legislado en la norma procesal -Ley 1462/35 - de cinco días para demandar o de 18 días, según interpretación de la Sala Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, y de otro, un plazo de prescripción, mucho más amplio que surge de la aplicación del Código Civil por analogía. En definitiva, existen dos plazos que se superponen, uno de caducidad y otro de prescripción.
De aplicarse el plazo previsto en la norma procesal, la acción en estudio habría caducado, de optarse por el plazo previsto en el Código Civil, para la hipótesis de tratarse eventualmente de un acto nulo, la acción es imprescriptible (art. 658, inciso a del C.C.), con lo cual, correspondería el estudio del fondo de la cuestión. Ante esta superposición de plazos, juzgo que la cuestión debe ser dirimida optando por el plazo más amplio establecido en el Código Civil (imprescriptibilidad de la acción), habilitando el acceso a la jurisdicción por aplicación de la garantía de la tutela judicial efectiva, consagrada en los tratados internacionales ratificados por nuestro país, entre ellos: a) Pacto de San José de Costa Rica (art. 25, inc. Io); b) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo XVIII). Lo anterior, hago la salvedad, no implica prejuzgamiento sobre si el acto es nulo o anulable, sino simplemente, la elección de un plazo más favorable para el accionante que le habilite la instancia de cara a estudiar el fondo de la cuestión, conforme se verá más adelante.
La interpretación antes expuesta, pretende evitar lo que calificada doctrina reclama, en el sentido de que "La realidad demuestra que el derecho constitucional de acceso a la jurisdicción contencioso- administrativa a menudo sufre diversas e indebidas trabas derivadas, en algunos casos, de regulaciones inapropiadas, y otras veces, de interpretaciones judiciales desacertadas, todo lo cual - conforme lo señala Eduardo García de Enterría - "contrasta con la facilidad con que cualquiera puede dirigirse al juez ordinario sin más que cumplir unas reglas elementales y claras". Estas dificultades para alcanzar la revisión judicial del comportamiento administrativo resultan doblemente cuestionables pues, además de generar situaciones de privación de justicia, esconden en muchas ocasiones una equivocada tendencia a sobreproteger al Estado, situación esta última que, frecuentemente, termina operando como un incentivo para que la Administración actúe ilegítimamente ... (CASSAGNE, Juan Carlos, Director, Procedimiento y Proceso Administrativo, Trabajo: El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el Plazo para Demandar Pablo E. Perrino, pág. 397. Editorial Lexis Nexis, 2005)".
Habilitada la instancia como quedó expuesta, el siguiente paso, constituye estudiar si los actos administrativos que dispusieron el pase a retiro del accionante se hayan ajustado a derecho o no? Previamente, es menester realizar un breve recuento cronológico de las constancias obrantes en autos:
05-diciembre-1988: Acta N° 143, la Junta de Calificación de Servicios de Oficiales postergó el estudio de ascenso del accionante por encontrarse procesado por el Tribunal Militar.
16-mayo-1989: Por Acuerdo y Sentencia N° 1/89, la Corte Suprema de Justicia Militar, resolvió sobreseer libremente la causa y el archivamiento de los autos relativo al sumario instruido al accionante sobre supuestas faltas graves contra la moral.
31-agosto-1989: Por Sentencia Definitiva N° 4/89, el Juzgado de Primera Instancia Militar del 2o Turno, con parecer favorable del Agente Fiscal Militar, resolvió sobreseer libremente al demandante.
04-diciembre-1989: Por Acta N° 144, el Tribunal de Calificación de Servicios de Oficiales, resolvió pasar a retiro al accionante.
31-diciembre-1989: Por Decreto N° 4244, se acordó el retiro del Cuadro Permanente de las FF.AA. de la Nación, al TCnel, Ocampos Godoy, y se estableció su haber de retiro.
20-marzo-2006: El accionante planteó recurso de reposición contra los actos administrativas en sede militar.
25-abril-2006: El demandante planteó recurso de apelación.
Hecho el recuento precedente, corresponde analizar el contexto normativo aplicado al caso, y en ese sentido, examinado el Estatuto del Personal Militar, vigente al tiempo de dictarse los actos administrativos impugnados -Ley N° 847- se advierte que el pase a retiro de oficio del Tte. Cnel. Ocampos Godoy fue dispuesto con fundamento en el artículo 143, inciso b), vale decir, según recomendación del Tribunal de Calificación de Servicios.
El punto central de la cuestión, constituye la aludida recomendación del Tribunal de Calificación de Servicios, presidida por el Comandante en Jefe de las FF.AA., y constituida por miembros de ellas (art. 186). El artículo 190, del Estatuto aplicable al caso, refiere que las sesiones del referido Tribunal serán "secretas", y las resoluciones se adoptarán por votación nominal", vale decir, las reuniones de dicho cuerpo deliberativo -a tenor de la definición dada al vocablo secreto en el Diccionario de la Real Academia Española son de índole oculto, separado de la vista o del conocimiento de los demás. La referida nota característica de "sesión secreta", es evidente al examinar el tenor de los actos administrativos cuestionados, los cuales refieren en su parte medular cuanto sigue: a) Acta N° 143, del 05 de diciembre de 1988 (fs. 130, expediente: "HÁBEAS DATA SOLICITADO POR DOMINGO ARÍSTIDES OCAMPOS GODOY, TOMO I): "Bajo la presidencia del Señora Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación General de Ejto. ALFREDO STROESSNER, se declara abierta la sesión siendo las 08.00 horas, adoptándose las siguientes resoluciones: A. Ascensos aprobados ... B. No aprobados: 1. TCnel. DEM DOMINGO ARÍSTIDES OCAMPOS GODOY, postergado por encontrarse procesado por el Tribunal Militar...". b) Acta N° 144, del 04 de diciembre de 1989 (Expte ut supra citado fs. 131): "...Bajo la presidencia del Señor Comandante en Jefe de la Nación General de División ANDRES RODRÍGUEZ, se declara abierta la sesión siendo las 09.35 horas, adoptándose las siguientes resoluciones: A) Ascensos aprobados: Sub Teniente y Guardiamarina.... B. NO APROBADOS: 3. TCnel Domingo Arístides Ocampos Godoy - PASAR A RETIRO. Otras resoluciones ...No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión"; c) Decreto N° 4244, del 31 de diciembre de 1989 (Expte ut supra citado, fs. 124): "Vistos la nota TCSO & 7 de fecha 6 de diciembre de 1989, elevada por el Comando en jefe de las FF.AA. de la Nación al Ministerio de Defensa Nacional (Exp N° 3935/89), en la que solicita \ el retiro del Cuadro Permanente de las FF.AA. de la nación, del TCnel. DEM. \ Domingo Arístides Ocampos Godoy y la asignación del haber de retiro, conforme a lo resuelto por el Tribunal de Calificación de Servicios de Oficiales de las FF.AA., en sus sesiones de los días 4, 5 y 6 de diciembre de 1989; el cómputo practicado por la Dirección del Personal del citado Ministerio, de 28 años y 3 días de servicios prestados a la Nación por el nombrado Oficial Superior; el Dictamen N° 3119/89 de la Auditoría General de Guerra; la liquidación practicada por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda ...el Presidente de la República del Paraguay, decreta: Art 1° Acuérdese el retiro del Cuadro Permanente de las FF.AA. de la Nación, al TCnel. DEM Domingo Arístides Ocampos Godoy y asígneseles...”.
Dada la naturaleza secreta de la sesiones del Tribunal de Calificación de Servicios, en consonancia con el tenor de los actos administrativos impugnados y transcriptos en el párrafo precedente, se aprecia, que ellos no contienen fundamentos, lo cual, insisto, no pueden ser expuestos dada la particularidad de la mencionada reunión. Dicha particularidad, importa una valla judicial impuesta por el propio contexto normativo aplicable y, por tal motivo, solo puedo concluir que en esas condiciones no es posible efectuar el control judicial de dicha sesión. Examinar una sesión secreta es como pretender analizar una cuestión invisible, con el agravante de que en dicha reunión, no solamente está en examen la foja de servicio del accionante, sino también, la de varios otros Oficiales, cuya situación en visión de conjunto debe ser objeto de balance por parte de la Junta. En todo caso, si el accionante hubiera querido que la reunión del Tribunal de Calificación y la pertinente decisión sea pública, como así también su fundamentación, de modo que exista una plataforma documental sobre la cual ejercer el control correspondiente, debió haber planteado acción de inconstitucionalidad contra el artículo 190 de la Ley 847/80, de cara a que la Sala Constitucional se expida respecto de esta particular forma de sesionar de los Tribunales de Calificación. Sin embargo, dicha acción no fue presentada, por lo tanto, rige plenamente el procedimiento dispuesto en el Estatuto Militar aplicable.
La Ley N° 847, estatuye una particular forma secreta de sesionar del Tribunal de Calificación de Servicios, que dicho sea de paso, es el órgano encargado de la formación de una jerarquía eficiente de las Fuerzas Armadas. En tales condiciones, resulta imposible controlar judicialmente decisiones tomadas en el contexto de un procedimiento que en primer lugar es especialísimo, dada la base de la organización militar, fundada en la disciplina, y organizada con carácter permanente, no deliberante, obediente, (art. 4°, Ley N° 847 y 1o, Ley N° 1115). En segundo lugar, porque las sesiones del máximo órgano encargado de la formación de una jerarquía eficiente en las Fuerzas Armadas de la Nación son de carácter secreta.
Y por último, dadas las atribuciones del Presidente de la República, contenidas tanto en la Constitución Nacional del año 1967 (art. 180, numeral 2), vigente al tiempo de los actos administrativos en cuestión, como en la actual (art. 238, numeral 9), según las cuales, el citado Jefe de Estado, es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, y en dicho carácter provee por sí lo grados en todas las armas hasta el de Teniente Coronel o sus equivalentes, y con acuerdo del Senado, los grados superiores, y según las necesidades de la República dispone de las Fuerzas Armadas, las organiza y las distribuye. A fuerza de mayor ilustración, cabe remarcar que el actual Estatuto del Personal Militar, Ley N° 1115, establece al igual que el anterior Estatuto, que las sesiones de la Junta de Calificación de Servicios "serán de carácter reservado", y sus resoluciones serán definitivas e inapelables, agregado último éste que, dicho sea de paso, el anterior cuerpo normativo derogado no incluía.
En concreto: El control judicial de los actos administrativos emanados de la Junta de Calificación de Servicios, en el marco del proceso administrativo establecido en el artículo 190 y concordantes del anterior Estatuto Militar -Ley 847 - para los ascensos del Personal Militar de las Fuerzas Armadas de la Nación, no puede ser objeto de control judicial, por las particularidades que presenta el citado procedimiento expuestas en los párrafos que preceden. Preciso dejar en claro, que las conclusiones antes expuestas, no significan reticencia a tomar intervención en la cuestión, sino que -vuelvo a insistir- las peculiaridades del sistema militar examinado impiden que esta Sala Penal pueda ponderar el acierto o no de la decisión tomada.
Bajo las consideraciones expuestas precedentemente, corresponde hacer lugar a la apelación interpuesta y, en consecuencia, la resolución impugnada debe ser revocada.
En cuanto a las costas, dado que la cuestión requirió de interpretación judicial, las mismas deben ser impuestas en el orden causado, con fundamento en el artículo 193 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
A SU TURNO, LA MINISTRA PUCHETA DE CORREA DIJO: Me adhiero a la conclusión que llegara el ilustre colega y compañero de la Sala Dr. Sindulfo Blanco, en Revocar el Acuerdo y Sentencia No 142 del 7 de octubre de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, no obstante considero pertinente expresar que esta Magistratura ha asumido una posición coincidente respecto al plazo para la interposición de la acción contenciosa administrativa en el A.I. No 155 de fecha 05 de marzo de 2007 en la causa: Pedro Alejo Robadín Ruiz Díaz d Decreto No 3.562 de fecha 24 de marzo de 1959 dictado por el Poder Ejecutivo" con la salvedad que el mismo es aplicable cuando eventualmente se impugnen actos administrativos que hayan sido producto de una violación de derechos inherentes al ser humano, por lo cual resultan imprescriptibles. Es mi voto.
A SU TURNO, EL MINISTRO BAJAC ALBERTINI DIJO: Comparto el voto emitido por el Ministro Preopinante en esta causa, por los mismos fundamentos y al respecto me permito agregar cuanto sigue: Conforme surgen de las constancias de autos, el TCNEL. DEM (R) DOMINGO ARISTIDES OCAMPOS GODOY ha interpuesto RECURSO DE RECONSIDERACION contra las Actas No 143 de fecha 5 de Diciembre del año 1988 y del Acta No 144 de fecha 4 de Diciembre del año 1989 del Tribunal de Calificaciones de Oficiales de las Fuerzas Armadas, por no haber recibido las notificaciones de los actos resueltos en los mismos, en este sentido tenemos que el Acta 143 del 5 de Diciembre del año 1988, el Tribunal de Calificaciones resolvió postergar el Ascenso del TCNEL. DEM (R) DOMINGO ARISTIDES OCAMPOS GODOY por encontrarse procesado encontrarse un proceso abierto ante el Tribunal Militar, posteriormente al año siguiente por Acta No 144 de fecha 4 de Diciembre de 1989 el Tribunal de Calificaciones resolvió con relación al TCNEL. DEM (R) DOMINGO ARISTIDES OCAMPOS GODOY pasarlo a retiro.
Al respecto es importante recordar lo dispuesto en el Art. 111 de la Ley 847/80 que reza... La calificación definitiva de aptitud del personal para el ascenso o pase a la inactividad es facultad privativa del Tribunal de Calificación de Servicios Militares, es decir el Tribunal de Calificaciones ha actuado conforme a la norma y dentro de las previsiones establecidas legalmente.
En cuanto a la falta de conocimiento de los hechos, por falta de notificación previa manifestada por el recurrente, la misma se produjo indefectiblemente desde el Dictamiento del Decreto No 4.244 del 31 de Diciembre de 1989, por el cual se acuerda el Retiro del cuadro permanente de las FF.AA. de la Nación de TCNEL. DEM (R) DOMINGO ARISTIDES OCAMPOS GODOY y se le asigna la suma de (Gs. 468.556), mensuales, en concepto de Haber de Retiro, con antigüedad del 31 de Diciembre de 1989, con un computo de 28 años y 3 días de servicios prestados a la Nación.
Por lo tanto, desde el momento que ha surgido un cambio en el haber presupuestado del TCNEL. D.E.M DOMINGO ARISTIDES OCAMPOS GODOY, al percibir una remuneración en concepto de retiro distinta a la que se encuentra en actividad en conforme al cuadro de los años de servicios y el grado que ejercía, mal pudo él mismo desconocer su situación de RETIRADO por varios años.- Es mi Voto.
SENTENCIA N°: 592/10.-
Asunción, 15 de Diciembre de 2010.-
VISTOS: Los del Acuerdo que antecede; la,
1. TENER, por desistido del recurso de nulidad interpuesto.
2. HACER LUGAR, al recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Enmanuel Arriola Rojas, Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República y, en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 142, del 07 de octubre de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
4. IMPONER, las costas en el orden causado.