Source: https://analisis05.wordpress.com/2018/03/20/conferencia-de-derecho-privado-de-la-haya-hcch-sociedades-derecho-civil-y-comercial/
Timestamp: 2018-05-24 00:26:28
Document Index: 34131881

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 27']

Conferencia de derecho privado de la Haya (HCCH). Sociedades, Derecho Civil y Comercial. – Analisis 05
Conferencia de derecho privado de la Haya (HCCH). Sociedades, Derecho Civil y Comercial.
ElGranMaestro. 20 March, 2018 20 March, 2018 Formas y Borradores Legales., Fraude Legal, Lex Mercatoria, Law of Merchant.
07: Convenio de 1 de junio de 1956 sobre el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de Sociedades, Asociaciones y Fundaciones Extranjeras
[Traducción preparada por los Profesores Borrás y González Campos – “Recopilación de los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (1951-2007), coordinación y estudio preliminar de Alegría Borrás y Julio D. González Campos, 2ª edición, Madrid (Editorial Marcial Pons), 2008″ – y revisada en colaboración con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.]
Convenio[1]sobre el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de Sociedades, Asociaciones y Fundaciones Extranjeras
(hecho el 1 de junio de 1956)
Deseando establecer normas comunes relativas al reconocimiento de la personalidad jurídica de sociedades, asociaciones y fundaciones extranjeras;
La personalidad jurídica, adquirida por una sociedad, una asociación o una fundación en virtud de la ley del Estado contratante en que se hayan cumplido las formalidades de registro o de publicidad y en el que se encuentre la sede estatutaria, será reconocida de pleno derecho en los demás Estados contratantes, siempre que implique, además de la capacidad jurídica, al menos la capacidad de poseer bienes y de otorgar contratos y otros actos jurídicos.
La personalidad jurídica, adquirida sin formalidades de registro o de publicidad, será reconocida de pleno derecho en las mismas condiciones, si la sociedad, la asociación o la fundación se han constituido según la ley que la rija.
Sin embargo, la personalidad adquirida con arreglo a lo que dispone el artículo 1 podrá no reconocerse en otro Estado contratante cuya ley tome en consideración la sede real, si dicho Estado considera que dicha sede se encuentra en su territorio.
La personalidad podrá no reconocerse en otro Estado contratante cuya ley tome en consideración la sede real, si se considera que la sede real se encuentra en un Estado cuya ley la toma igualmente en consideración.
Se considerará que la asociación, la sociedad o la fundación tienen su sede real en el lugar en que radica su administración central.
No se aplicarán las disposiciones de los párrafos 1 y 2 si la sociedad, la asociación o la fundación trasladan, en un plazo razonable, su sede real a un Estado que conceda la personalidad sin tomar en consideración dicha sede.
Se reconocerá la continuidad de la personalidad en todos los Estados contratantes, en el caso de traslado de la sede estatutaria de un Estado contratante a otro, si dicha continuidad se reconoce en los dos Estados interesados.
No se aplicarán las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 si, en un plazo razonable, la sociedad, la asociación o la fundación trasladan su sede estatutaria al Estado de la sede real.
La fusión entre sociedades, asociaciones o fundaciones que hayan adquirido la personalidad en el mismo Estado contratante, ocurrida en dicho Estado, será reconocida en los demás Estados contratantes.
La fusión de una sociedad, de una asociación o de una fundación que haya adquirido la personalidad en uno de los Estados contratantes, con una sociedad, una asociación o una fundación que haya adquirido la personalidad en otro Estado contratante, será reconocida en los demás Estados contratantes, si es reconocida por los Estados interesados.
El reconocimiento de la personalidad jurídica implicará la capacidad que le confiera la ley en virtud de la cual se adquirió dicha personalidad.
Sin embargo, podrán denegarse los derechos que la ley del Estado que reconozca no conceda a las sociedades, asociaciones y fundaciones del tipo correspondiente.
El Estado que reconozca podrá asimismo determinar el ámbito de la capacidad de poseer bienes en su territorio.
La personalidad implicará, en cualquier caso, la capacidad de actuar en juicio, bien en calidad de demandante, bien en calidad de demandado, de conformidad con las leyes del territorio.
Las sociedades, asociaciones y fundaciones, a las que la ley que las rige no conceda personalidad, tendrán, en el territorio de los demás Estados contratantes, la situación jurídica que les reconozca dicha ley, especialmente en lo que respecta a la capacidad de actuar en juicio y a las relaciones con los acreedores.
No podrán pretender un trato jurídico más favorable en los demás Estados contratantes, aunque reúnan todas las condiciones que garanticen en dichos Estados el beneficio de la personalidad.
Sin embargo, podrán denegarse los derechos que la ley de dichos Estados no conceda a las sociedades, asociaciones y fundaciones del tipo correspondiente.
Estos Estados podrán asimismo regular el ámbito de la capacidad de poseer bienes en sus territorios.
La admisión en el establecimiento, funcionamiento y, en general, en el ejercicio permanente de la actividad social en el territorio del Estado que reconozca, se regirá por la ley de dicho Estado.
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio en todo Estado contratante podrá excluirse por razones de orden público.
Todo Estado contratante, al firmar o ratificar el presente Convenio o al adherirse al mismo, podrá reservarse la facultad de limitar el ámbito de su aplicación, tal como resulta del artículo primero.
El Estado que haga uso de la facultad prevista en el apartado anterior, no podrá pretender que los otros Estados contratantes apliquen el presente Convenio a las materias que haya excluido dicho Estado.
Se levantará acta de todos los depósitos de instrumentos de ratificación y se enviará por vía diplomática copia auténtica a cada uno de los Estados signatarios.
El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del quinto instrumento de ratificación previsto en el párrafo segundo del artículo 10.
Si un Estado contratante deseara su entrada en vigor en todos los territorios que represente en el plano internacional o en uno o varios de ellos, notificará su intención mediante un acta que se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Este enviará, por vía diplomática, una copia auténtica a cada uno de los Estados contratantes. El Convenio entrará en vigor, para dichos territorios a los sesenta días del depósito del documento de notificación anteriormente mencionado.
Se entiende que la notificación prevista por el apartado segundo del presente artículo únicamente producirá efecto después de la entrada en vigor del presente Convenio en virtud del apartado primero del artículo 11.
Cualquier Estado no representado en la Séptima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado podrá adherirse al presente Convenio.
Los instrumentos de adhesión se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
Dicho Ministerio enviará por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados contratantes.
La adhesión únicamente tendrá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados que no formulen objeción alguna en los seis meses siguientes a la fecha de dicha comunicación.
Queda entendido que el depósito del acta del instrumento de adhesión únicamente podrá producirse después de la entrada en vigor del presente Convenio en virtud del apartado primero del artículo 11.
El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha indicada en el párrafo primero del artículo 11. Dicho plazo comenzará a transcurrir desde dicha fecha, incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido posteriormente.
La denuncia deberá notificase al menos seis meses antes del vencimiento del plazo de cinco años al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, que la pondrá en conocimiento de todos los demás Estados contratantes.
La denuncia podrá limitarse a los territorios o a determinados de los territorios mencionados en una notificación efectuada en virtud del párrafo segundo del artículo 12.
Hecho en La Haya, el primero de junio de 1956, en un ejemplar único, que deberá depositarse en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del que se remitirá por vía diplomática copia auténtica a cada uno de los Estados representados en la Séptima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=36
Convenio[1] sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial
(hecho el 15 de noviembre de 1965)
CAPITULO I – DOCUMENTOS JUDICIALES
Cada Estado contratante designará una Autoridad Central que asuma, conforme a los artículos 3 a 6, la función de recibir las peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado contratante y darles curso ulterior.
La autoridad o el funcionario ministerial o judicial competente según las leyes del Estado de origen dirigirá a la Autoridad Central del Estado requerido una petición conforme al formulario modelo anexo al presente Convenio, sin que sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga.
a) ya según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos otorgados en este país y que se destinen a personas que se encuentren en su territorio,
Si el documento debe ser objeto de notificación o traslado conforme al párrafo primero, la Autoridad Central podrá solicitar que el documento sea redactado o traducido a la lengua o a una de las lenguas oficiales de su país.
La parte de la solicitud que, conforme al formulario modelo anexo al presente Convenio, contiene los elementos esenciales del documento se remitirá al destinatario.
La Autoridad Central de Estado requerido o cualquier autoridad que se haya designado a este fin expedirá un certificado conforme al formulario modelo anexo al presente Convenio.
El certificado describirá el cumplimiento de la petición; indicará la forma, el lugar y la fecha del cumplimiento así como la persona a la que el documento haya sido entregado. En su caso, precisará el hecho que haya impedido el cumplimiento.
El requirente podrá solicitar que el certificado que no haya sido expedido por la Autoridad Central o por una autoridad judicial sea visada[2] por una de estas autoridades.
El certificado se dirigirá directamente al requirente.
Las menciones impresas en el formulario modelo anexo al presente Convenio estarán obligatoriamente redactadas en lengua francesa o en lengua inglesa. Podrán redactarse además en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado de origen.
El presente Convenio no se opone a que los Estados contratantes acuerden admitir, a los fines de notificación o traslado de documentos judiciales, otras vías de transmisión distintas a las previstas en los artículos precedentes y, en particular, la comunicación directa entre sus autoridades respectivas.
a) la intervención de un funcionario judicial o ministerial o de una persona competente según la ley del Estado de destino,
Las dificultades que surgieren con ocasión de la transmisión, a los fines de notificación o traslado de documentos judiciales, serán resueltas por vía diplomática.
a) el documento ha sido transmitido según alguno de los modos previstos por el presente Convenio,
b) ha transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el juez apreciará en cada caso particular y que será, al menos, de seis meses,
c) no obstante las diligencias oportunas ante las autoridades competentes del Estado requerido, no ha podido obtener certificado alguno.
a) el demandado, sin mediar culpa de su parte, no tuvo conocimiento en tiempo oportuno de dicho documento para defenderse o de la decisión para interponer recurso,
Cada Estado contratante tendrá la facultad de declarar que tal demanda no será admisible si se formula después de la expiración de un plazo de tiempo que habrá de precisar en su declaración, siempre que dicho plazo no sea inferior a un año a computar desde la fecha de la decisión.
CAPITULO II – DOCUMENTOS EXTRAJUDICIALES
Los documentos extrajudiciales que emanen de autoridades o funcionarios ministeriales de un Estado contratante podrán ser remitidos a efectos de notificación o traslado en otro Estado contratante según las modalidades y condiciones previstas por el presente Convenio.
CAPITULO III – DISPOSICIONES GENERALES
Sin embargo, el requirente tendrá siempre derecho a dirigirse directamente a la Autoridad Central.
El presente Convenio no se opone a que la ley interna de un Estado contratante permita otras formas de transmisión no previstas en los artículos precedentes, a efectos de notificación o traslado dentro de su territorio de documentos procedentes del extranjero.
a) el artículo 3, párrafo segundo, en lo relativo a la exigencia de doble ejemplar para los documentos remitidos,
b) el artículo 5, párrafo tercero, y el artículo 7, en lo relativo a la utilización de los idiomas,
c) el artículo 5, párrafo cuarto,
Cada Estado contratante notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, bien el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, bien ulteriormente:
a) la designación de las autoridades previstas en los artículos 2 y 18,
b) la designación de la autoridad competente para expedir el certificado previsto en el artículo 6,
c) la designación de la autoridad competente para recibir los documentos remitidos por vía consular conforme al artículo 9.
a) su oposición al uso de las vías de transmisión previstas en los artículos 8 y 10,
b) las declaraciones previstas en los artículos 15, párrafo segundo, y 16, párrafo tercero,
El presente Convenio reemplazará, en las relaciones entre los Estados que lo hayan ratificado, los artículos 1 a 7 de los Convenios relativos al procedimiento civil, respectivamente firmados en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1 de marzo de 1954, en la medida en que dichos Estados sean Partes en uno u otro de estos Convenios.
El presente Convenio no impide la aplicación del artículo 23 del Convenio relativo al procedimiento civil firmado en La Haya el 17 de julio de 1905 ni del artículo 24 del firmado en La Haya el 1 de marzo de 1954.
Los acuerdos adicionales a dichos Convenios de 1905 y 1954, concluidos por los Estados contratantes se considerarán como igualmente aplicables al presente Convenio, salvo que los Estados interesados convengan otra cosa.
Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 22 y 24, el presente Convenio no deroga los Convenios en que los Estados contratantes sean o puedan llegar a ser partes y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio.
El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados representados en la Décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del tercer instrumento de ratificación previsto por el artículo 26, párrafo segundo.
Todo Estado no representado en la Décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado podrá adherirse al presente Convenio después de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, párrafo primero. El instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
El Convenio entrará en vigor para tal Estado sólo si no hay oposición por parte de algún Estado que hubiera ratificado el Convenio antes de dicho depósito, notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el plazo de seis meses a partir de la fecha en la que dicho Ministerio hubiera notificado esa adhesión.
Si no hubiera oposición, el Convenio entrará en vigor para el Estado adherente el primer día del mes que siga a la expiración del último de los plazos mencionados en el párrafo precedente.
Todo Estado, en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, podrá declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los territorios que represente en el plano internacional o a uno o varios de esos territorios. Esta declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.
El Convenio entrará en vigor para los territorios mencionados en dicha extensión a los sesenta días de la notificación mencionada en el párrafo precedente.
El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor conforme a las disposiciones del párrafo primero del artículo 27, incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido a él posteriormente.
La denuncia surtirá efecto sólo respecto del Estado que la haya notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados a que hace referencia el artículo 26 y a los Estados que se hubieran adherido conforme a lo dispuesto en el artículo 28:
b) la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor conforme a las disposiciones del artículo 27, párrafo primero;
Hecho en La Haya el 15 de noviembre de 1965, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que deberá depositarse en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del que se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados representados en la Décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
N.B. El 25 de octubre de 1980, la Decimocuarta Sesión adoptó una Recomendación sobre la información adjunta a los documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial remitidos al extranjero (Actes et documents de la Quatorzième session (1980), tome I, Matières diverses, pp. I-67; ídem, Tome IV, Entraide judiciaire, p. 339; Manual Práctico sobre el Funcionamiento del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial).
[1] Se utiliza el término “Convenio” como sinónimo de “Convención”.
[2] Se utiliza “visada” como sinónimo de “refrendada” o “validada”.
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/specialised-sections/service
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=17
Convenio[1]sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial
(hecho el 1 de febrero de 1971)
CAPITULO I – AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO
CAPITULO II – CONDICIONES DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCION
CAPITULO III – PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y DE EJECUCION
CAPITULO IV – LITISPENDENCIA
CAPITULO V – ACUERDO COMPLEMENTARIO
1. precisar el sentido de los términos “en materia civil o comercial””, determinar los tribunales a cuyas decisiones se aplica el Convenio, determinar el sentido de los términos “seguridad social” y definir las palabras “residencia habitual”;
2. precisar el sentido del término “Derecho” en los Estados que tienen varios sistemas jurídicos;
22. extender a los actos auténticos las disposiciones del Convenio y determinar el sentido de las palabras “actos auténticos”.
El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados representados en la Décima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como a la de Chipre, Islandia y Malta.
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=78
Protocolo Adicional al Convenio[1]de La Haya sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial
Los Estados signatarios del presente Protocolo,
– si la demanda se refiere a la propiedad o la posesión de dichos bienes o se refiere a otro litigio que les afecte,
– si el litigio concierne a un crédito garantizado en dicho territorio por una garantía real;
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=79
Convenio[1]sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial
CAPITULO I – CARTAS ROGATORIAS
CAPITULO II – OBTENCION DE PRUEBAS POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS O CONSULARES Y POR COMISARIOS
Todo Estado contratante podrá declarar en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, que no ejecutará las cartas rogatorias que tengan por objeto el procedimiento conocido en los países de Common Law con el nombre de “pre-trial discovery of documents“.
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/specialised-sections/evidence
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