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Timestamp: 2017-10-17 18:45:10
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Matched Legal Cases: ['artículo 274', 'artículo 35', 'artículo 131', 'artículo 346', 'artículo 236', 'artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 6', 'Artículo 4', 'artículo 226', 'artículo 236', 'artículo 91', 'artículo 55', 'artículo 180']

1/05/15 - 1/06/15 ~ Jurídicas de Interés
Acerca del vicio de la sentencia por "incongruencia positiva por tergiversación de los alegatos hechos en la contestación de la demanda". Casación Con Lugar. ( Sala de Casación Civil)
viernes, mayo 29, 2015 Francisco Santana
En el juicio por resolución de contrato de arrendamiento, incoado ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil distinguida con la denominación GALERÍAS ÁVILA CENTER, C.A., representada por su presidente el ciudadano Yamil Nagel Serrano y patrocinada judicialmente por los ciudadanos abogados en libre ejercicio de su profesión Federica Alcalá S., Paola Brando, Antonio Brando, Mario Brando, Domingo Medina Peralta, Miguel A. Galindez G., Salvador Rubén Yannuzzi Rodríguez e Irving Maurell, contra el ciudadano JUAN CARLOS CASIQUE PELUFFO, patrocinado judicialmente por los ciudadanos abogados en libre ejercicio de su profesión Daniela Trías Nancy, Ismary De Jesús Tovar A., Marco Peñaloza P., Juan Vicente Ardila Peñuela, Daniel Ardila V, Juan Vicente Ardila V, Pedro Javier Mata Hernández y Ramón Burgos-Irazábal; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo como Tribunal Superior de Reenvío, dictó sentencia definitiva en fecha 13 de mayo de 2013, expediente N° 10.301, mediante la cual declaró lo siguiente:
“…PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada-reconviniente, ciudadano JUAN CARLOS CASIQUE PELUFFO, en contra de la sentencia de fecha 08.07.2010, (sic) dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-
SEGUNDO: CON LUGAR, la acción de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, intentado por la sociedad mercantil GALERÍAS ÁVILA CENTER C.A., contra el ciudadano JUAN CARLOS CASIQUE PELUFFO.
TERCERO: SIN LUGAR, la reconvención propuesta por el ciudadano JUAN CARLOS CASIQUE PELUFFO contra la sociedad mercantil GALERÍAS ÁVILA CENTER C.A.
CUARTO: SIN LUGAR, la falta de legitimidad propuesta por la parte demandada-reconviniente, ciudadano JUAN CARLOS CASIQUE PELUFFO, en contra de la parte actora-reconvenida, sociedad mercantil GALERÍAS ÁVILA CENTER C.A.
QUINTO: SIN LUGAR, el alegato de falta de cualidad propuesta por el ciudadano JUAN CARLOS CASIQUE PELUFFO, contra la sociedad mercantilGALERÍAS ÁVILA CENTER C.A.
SEXTO: CONFORME A DERECHO, la estimación de la cuantía impugnada por la parte demandada-reconviniente.
SÉPTIMO: IMPROCEDENTE, el fraude procesal alegado por la parte demandada-reconvineinte. (sic)
OCTAVO: RESUELTO, el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, mediante documento autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Tercera del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 30.07.2004, (sic) bajo el Nº 03, (sic) Tomo 54 de los Libros de autenticaciones llevados por dicha Notaría.
NOVENO: CONDENA, a la parte demandada-reconviniente, en la entrega de los bienes inmuebles constituidos por los locales comerciales distinguidos con los Nros. P-63, P-64, P-65 y P-66, con un área aproximada de noventa y seis metros cuadrados con diez decímetros cuadrados (97,10 M2) (sic) ubicados en el Nivel parque del Centro Comercial Galerías Ávila situado en la Avenida Urdaneta cruce con Av. El Parque, San Bernardino, Caracas, Distrito Capital.
DECIMO: CONDENA, a la parte demandada-reconviniente, en pagar a la parte actora-reconvenida los cánones de arrendamientos vencidos y no pagados que van desde el mes de enero 2008, al mes de septiembre de 2008, ambos inclusive, lo cual alcanzan la suma de sesenta y un mil doscientos tres bolívares con noventa y seis céntimos (Bs.61.203.96).
UNDÉCIMO: Se condena a la parte demandada conforme a lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, al pago de las costas procesales por haber sido vencido en el presente proceso…” (Destacados de lo transcrito).
Contra la referida decisión de alzada, la parte demandada mediante diligencias de fecha 13 y 22 de mayo de 2014, anunció recurso extraordinario de casación, cuya admisión fue negada por el tribunal de reenvío. Posteriormente anunció recurso de hecho en fecha 6 de junio de 2014 y remitido el expediente a esta Sala, mediante fallo N° RH-509, de fecha 6 de agosto de 2014, expediente N° 2014-456, se declaró con lugar el recurso de hecho propuesto por la parte demandada y se ordenó la notificación de las partes, a los fines de sustanciar el recurso extraordinario de casación.
Cumplidas las notificaciones, la parte demandada oportunamente formalizó el recurso extraordinario de casación. Hubo impugnación pertinente. No se presentó replica por parte de la formalizante.
Declaración de Malta de la Asamblea Médica Mundial sobre las personas en huelgas de hambre
martes, mayo 26, 2015 Francisco Santana
Adoptada por la 43ª Asamblea Médica Mundial Malta, Noviembre de 1991, y revisada su redacción por la 44ª Asamblea Médica Mundial Marbella, España, Septiembre de 1992, y revisada por la 57a Asamblea General de la AMM, Pilanesberg, Sudáfrica, Octubre 2006
Las huelgas de hambre se producen en diversos contextos, pero presentan principalmente dilemas en establecimientos donde la gente está detenida (prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes). A menudo son una forma de protesta de las personas que no tienen otras maneras de dar a conocer sus demandas. Al rechazar los alimentos durante un período importante, por lo general esperan lograr ciertos objetivos con una publicidad negativa para las autoridades. El rechazo de alimentos aparente o por un período corto raramente plantea problemas éticos, en cambio un ayuno real y prolongado tiene riesgo de muerte o de daños permanentes para las personas en huelga de hambre y puede crear un conflicto de valores para los médicos. Por lo general, estas personas no desean morir, pero algunas pueden estar preparadas para hacerlo con el fin de lograr sus objetivos. El médico necesita comprobar la verdadera intención de la persona, en especial en huelgas o situaciones colectivas en las que la presión de los pares puede ser un factor. El dilema ético se plantea cuando una persona en huelga de hambre, que aparentemente ha dado instrucciones claras de no ser reanimada, alcanza un estado de deterioro cognitivo. El principio de beneficencia insta al médico a reanimarla, pero el respeto de la autonomía individual le impide intervenir cuando se ha expresado un rechazo válido y formal. Una dificultad más se agrega en los establecimientos de custodia porque no siempre queda claro si la persona en huelga de hambre expresó sus instrucciones anticipadas en forma voluntaria y con la información apropiada sobre las consecuencias. Estas normas y el documento de información abordan dichas situaciones difíciles.
NUEVA sentencia sobre dolo eventual. Con Lugar recurso de casación ejercido por el Ministerio Público. (Sala de Casación Penal)
jueves, mayo 21, 2015 Francisco Santana
Consta en las actas de la causa en estudio, que la abogada FRANCIS VICTORIA VILLALOBOS DE APARICIO, Fiscal Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, presentó recurso de casación contra la sentencia dictada el cinco (5) de marzo de 2014 por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual confirmó la sentencia emitida el veintiocho (28) de noviembre de 2013 por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que declaró, al ciudadano JOSÉ DUVERNEY DUQUE PERDOMO, culpable de la perpetración de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO y LESIONES CULPOSAS, condenándolo a cumplir la pena de ocho (8) años de prisión más las accesorias de ley, incluyendo la sanción de revocación de licencia de conducir e inhabilitación por diez (10) años para obtener nueva licencia.
"Acuerdo mediante el cual se Conceden los Honores del Panteón Nacional a nuestro Insigne Héroe Patrio Pedro Camejo, conocido como "Negro Primero" digno representante de la Afrovenezolanidad". (Asamblea Nacional)
miércoles, mayo 20, 2015 Francisco Santana
(Gaceta Oficial Nº 40.663 del 19 de mayo de 2015)
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDEN LOS HONORES DEL PANTEÓN NACIONAL A NUESTRO INSIGNE HÉROE PATRIO PEDRO CAMEJO, CONOCIDO COMO "NEGRO PRIMERO", DIGNO REPRESENTANTE DE LA AFROVENEZOLANIDAD
Que Pedro Camejo, conocido como "Negro Primero", oriundo de la población llanera de San Juan de Payara del estado Apure, fue un memorable oficial de caballería, el cual luchó incansablemente al igual que nuestro Libertador Simón Bolívar, por conquistar la independencia de la Patria, caracterizado por su valentía y destreza con la lanza como su arma de batalla;
Que este héroe patrio, se le apodaba "Negro Primero", gracias a que era el único oficial de piel oscura que formaba parte del ejército del Libertador, el cual poseía un espíritu de bravura, fervor y pasión por la gesta independentista, lo que siempre lo llevó a estar dentro de la primera fila de ataque en el campo de batalla, además de nunca dudo en expresar: "Delante de mí solamente la cabeza de mi caballo",
Acerca de la certificación de la notificación del demandado en el proceso laboral (Sala Constitucional)
Preliminarmente esta Sala debe pronunciarse sobre la tempestividad del recurso de apelación interpuesto, a cuyo efecto se observa que la parte apelante ejerció dicho recurso mediante escrito presentado el 28 de enero de 2015, contra la decisión publicada, el 26 del mismo mes y año, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guarenas, es decir, al segundo día hábil siguiente a aquel en el cual se publicó el extenso del fallo apelado. Por tanto, se considera tempestivo el referido recurso a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. También esta Sala aprecia que la apelación fue ejercida de manera pura y simple, por lo que al no tener argumento alguno que debatir procede esta instancia constitucional a revisar el contenido de la decisión apelada.
Decidido lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse en relación con la apelación de autos y, en tal sentido, observa lo siguiente:
En el presente caso, el apoderado judicial de la presunta agraviada Laminados Innovadores, Laminova C.A., denunció como violados sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, en virtud de la sentencia dictada el 11 de agosto de 2014, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guarenas que declaró con lugar la demanda por cobro de indemnización por enfermedad ocupacional y daño moral, interpuesta por la ciudadana Silvia Almaira Levy Serrano en contra de Laminados Innovadores Laminova C.A., en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Por su parte, el 26 de enero de 2015, el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guarenas, actuando en sede constitucional, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta, anuló la decisión y ordenó la reposición de la causa al estado en que se de apertura ex novo a la audiencia preliminar toda vez que, la parte demandada no se encontraba a derecho, por lo que constató la violación de los derechos a la defensa y al debido proceso, de Laminados Innovadores Laminova C.A.
Sobre las Salas Especiales en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la garantía del Juez Natural (Sala Constitucional)
Determinada la competencia, esta Sala, para el conocimiento del asunto planteado, observa lo siguiente:
En primer lugar, de la revisión de las actas procesales que integran el expediente, se observa que la parte solicitante actúa representada de abogados, según poder que consta al folio siete (07) del expediente y que consignó copia certificada (cfr. folio 22 y siguientes) del fallo cuya revisión se solicita.
Ahora bien, en el caso de autos se observa, que fue solicitada la revisión de la decisión n.° 1502, dictada, el 27 de octubre de 2014, por la Sala Especial Cuarta de la Sala de Casación Social.
Al respecto, la representación judicial denunció que con la señalada decisión se produjo la violación del principio constitucional de que todo ciudadano debe ser juzgado por un juez natural y que violó derechos laborales sin especificar cuáles al no haber examinado la formalización efectuada del recurso de casación por parte de la actora.
"Para declarar con lugar la cuestión previa de prohibición de la ley de admitir una acción, debe existir disposición expresa de ley, so pena de impedirle a los justiciables el derecho de acceso a la justicia". Sala Constitucional. Ha Lugar a Revisión.
En el presente caso se pretende la revisión de la sentencia dictada, el 25 de marzo de 2014, por el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, que declaró con lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y, a consecuencia de ello, inadmisible la demanda que, por cumplimiento de contrato de arrendamiento, incoó el ciudadano Alexander Weffer García contra el ciudadano Rafael Ramón Abreu Flores. A tal conclusión llegó el juzgador al considerar que la notificación efectuada por la ciudadana Magnolia García de Weffer, de la no renovación del contrato de arrendamiento, era nula en razón de que no tenía cualidad para efectuarla, por cuanto ya no era la propietaria del inmueble, motivo por el cual concluyó que la demanda resultaba inadmisible.
Contra la decisión aquí recurrida, esto es, la dictada por el Juzgado de Municipio, la parte accionante no ejerció recurso de apelación, motivo por el cual la sentencia impugnada adquirió firmeza.
Determinado lo anterior, esta Sala observa:
Los argumentos por los cuales el solicitante pidió la revisión de la sentencia giran en torno a la supuesta violación de sus derechos constitucionales contenidos en los artículos 49 y 257 del Texto Constitucional, esto es, al debido proceso y a la defensa, ya que, en su criterio, cuando el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, declaró con lugar la cuestión previa, le impidió el derecho a la acción.
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE PRECIOS JUSTOS (Noviembre de 2014)
Decreto N° 1.467, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos
(Gaceta Oficial Nº 6.156 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014)
Decreto Nº 1.467 18 de noviembre de 2014
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia, política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, y en el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas, y en condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo establecido en el literal "c" del numeral 2, del artículo 1º, de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros.
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE PRECIOS JUSTOS
Normas de Procedimiento para la Expedición de Visados (2000)
martes, mayo 19, 2015 Francisco Santana
(Gaceta Oficial Nº 5.427 Extraordinario del 5 de enero del 2000)
Ministerio del Interior y Justicia - Despacho del Ministro - Número: 364
Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección del Despacho Número: 165
Ministerio del Trabajo - Despacho del Ministro Nº: 0530
Caracas, 22 de diciembre de 1999 - 189º y 140º
Por disposición del ciudadano Presidente de la República y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 40, 41 y 47 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Central, en el Ordinal 9º del Artículo 11, de la Ley Orgánica del Servicio Consular, en el Artículo 6º de la Ley de Extranjeros y en el Artículo 4º del Reglamento de la Ley de Extranjeros, se resuelve dictar las disposiciones siguientes:
NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE VISADOS
Las Secciones Consulares de las Embajadas y Oficinas Consulares de la República atenderán y decidirán las solicitudes de ingreso al país en los siguientes casos:
Decreto N° 1.738, mediante el cual se dicta el Sistema de Remuneraciones de las Funcionarias y Funcionarios de la Administración Pública Nacional (Presidencia de República)
(Gaceta Oficial Nº 40.660 del 14 de mayo de 2015)
Decreto N° 1.738 01 de mayo de 2015
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el vivir bien del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 11 del artículo 236, concatenado con lo dispuesto en el artículo 91 eiusdem, en concordancia con el artículo 55 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 180 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, en Consejo de Ministros,
Que el Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia garantiza a los trabajadores y las trabajadoras la participación en la justa distribución de la riqueza generada mediante el proceso social de trabajo, garantizándoles que su salario sea suficiente y les permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales, como condición básica para avanzar hacia la mayor suma de felicidad posible, como objetivo esencial de la Nación que nos legó El Libertador,
Que es principio rector del gobierno revolucionario proteger al proceso social de trabajo que garantice a los trabajadores y trabajadoras el salario, como instrumento de justa distribución de la riqueza,
Que es principio rector del gobierno revolucionario proteger a la familia venezolana de la guerra económica desarrollada por el imperialismo, que induce la inflación exacerbada por la oligarquía apátrida, como instrumento de acumulación de capital en manos de una minoría, CONSIDERANDO
Que para profundizar la Revolución Bolivariana hacia la construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia como expresión política de la sociedad justa, solidaria y amante de la paz, la sociedad socialista, se requiere transformar el modelo rentista petrolero, por un modelo productivo libre, independiente y soberano, cuyo principio rector, la justa distribución de la riqueza, requiere de la cultura del trabajo productivo,
Que las funcionarias y funcionarios que participan en el proceso social de trabajo desde la Administración Pública, deben garantizar con eficacia, eficiencia y efectividad el acceso al pueblo a los servicios públicos como condición básica para que la familia y la comunidad sean el espacio fundamental para el desarrollo integral de la persona.
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU)
lunes, mayo 18, 2015 Francisco Santana
Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977
Fuente: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx