Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2015/155/6/
Timestamp: 2019-12-07 21:25:36
Document Index: 407682985

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 1']

Diario de Sesiones 155/2015, de fecha 27/1/2015 - Punto 6 - Parlamento de Canarias
DS 155/2015 (27/ene/2015)
Diario de Sesiones 155/2015, de fecha 27/1/2015 - Punto 6
8L/PL-0023 DICTAMEN DE COMISIÓN. DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY SOBRE TRAMITACIÓN PREFERENTE DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS PARA CANARIAS.
El señor PRESIDENTE: Entonces sí continuamos con el siguiente proyecto de ley, siguiente asunto del orden del día, que es el dictamen de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, sobre el proyecto de Ley sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas para Canarias.
El mismo procedimiento anterior: cada grupo tiene diez minutos para fijar su posición y defender las enmiendas. (El señor Rodríguez Rodríguez solicita la palabra).
Grupo Parlamentario Mixto. Sí, don Román, dígame, si tiene algo que aclarar, dígame.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Teóricamente habría que defender las enmiendas vivas en función del orden, y así lo hicimos en la comisión, y debieran responder los grupos a cada uno del grupo de enmiendas. Digamos que quien responda al señor proponente del Partido Popular, que elija quién es. Sí, lo otro es un acuerdo que yo no acepto. Es decir, vamos a seguir el Reglamento a rajatabla, ya lo advertí. El señor del Partido Popular defiende sus enmiendas, alguien de los grupos del Gobierno dice lo que considere; luego defenderé las mías y alguien de los grupos del Gobierno dice lo que considere; luego se votan las enmiendas y al final la ley.
El señor PRESIDENTE: Bueno, lo que está... Bueno, yo para entender, para entender, que me gusta también entender, usted está proponiendo que debatan, que se expongan las enmiendas de los dos grupos y después... Es que, si seguimos un procedimiento, los últimos que intervienen es en el turno de fijación de posiciones. Elemental. Entonces se había dicho un turno, la Junta de Portavoces había acordado, bueno, un turno que cada grupo empezaba de menor a mayor... En vista de eso, en vista de que usted hace una propuesta de, digamos, una cuestión de orden, si les parece, señores, si son tan amables, sin movernos de los escaños, señorías, les agradezco a los señores portavoces y a la señora portavoz que se acerquen un momento. Discúlpeme, don José Miguel Barragán, pero es para estar evitando debates y debates (Los señores portavoces y el representante del Gobierno, señor Hernández Spínola, atienden el requerimiento de la Presidencia.) (Pausa.)
Señorías, por favor, les ruego que ocupen sus escaños, señores portavoces. (Pausa).
Señorías, aclarado cómo es el turno de intervenciones, enmiendas... bueno, intervención del Grupo Parlamentario Popular sobre el dictamen, defender sus enmiendas y fijar posiciones con respecto a las demás.
Por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco. Lo mismo, diez minutos.
Don Miguel Jorge Blanco.
En un pleno pasado, tratamos la toma en consideración de este proyecto de ley de inversiones estratégicas para Canarias y el Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad, porque a nuestro juicio, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, este proyecto de ley nacía, es verdad, con buenas intenciones. Es verdad que el análisis que se hacía en la exposición de motivos de este proyecto de ley, si acertada en el sentido de considerar que cualquier inversión de cierta importancia en Canarias tenía que pasar un calvario en la tramitación para poder ver la luz finalmente, y ese análisis se hacía, es verdad, en el texto de la exposición de motivos, pero también dijimos en la enmienda a la totalidad que las soluciones que buscaba o que presentaba el Gobierno en este proyecto de ley no podían ser más desafortunadas.
Las soluciones que presenta el proyecto de ley son, y lo dijimos también en su momento y lo seguimos manteniendo, son, a nuestro juicio, discrecionales y son arbitrarias. Este texto a lo que viene, señorías, en definitiva, es a darle un ropaje de legalidad a la existencia de un comité de inversiones estratégico hecho a la medida del presidente del Gobierno y a la medida del Consejo de Gobierno de Canarias, que son los que, en definitiva, decidirán en nuestro archipiélago qué proyectos de inversión tendrán el carácter de estratégicos y qué proyectos no, qué proyectos jugarán en primera división y cuáles seguirán jugando en segunda división, qué proyectos se beneficiarán de determinadas ventajas en reducción de sus plazos de tramitación y qué proyectos tendrán que continuar con el viacrucis de la legislación vigente para poder ver la luz y ser una realidad finalmente.
Este proyecto de ley bordea, a nuestro juicio, el interés general, bordea también el principio de igualdad de oportunidades de todos ante la Administración y los poderes públicos; permite, en definitiva, que sea el presidente del Gobierno quien a su antojo decida qué es lo que camina rápido en nuestro archipiélago y qué es lo que debe seguir caminando de manera lenta.
Lo dijo el Consejo Consultivo, que se ha convertido -también lo dije en la enmienda a la totalidad- en un nuevo partido opositor al Gobierno de Canarias, porque proyecto tras proyecto de ley sus análisis son demoledores en el sentido de criticar esos proyectos; pues el Consejo Consultivo dijo que, con carácter general, este proyecto de ley es innecesario por repetitivo, por existir ya en la legislación elementos que se tratan en este proyecto de ley, y también impreciso, por la existencia de conceptos jurídicos indeterminados que van a generar discrecionalidad y arbitrariedad. Esto es, en sentido estricto, lo que el Consejo Consultivo viene a decir.
Se han presentado, señorías, enmiendas de todos los grupos parlamentarios. He de agradecer de antemano, y quiero decirlo ante ustedes, ante la Cámara, el trabajo y también el talante tanto de don José Miguel Barragán como del señor Mayoral, así como del señor Rodríguez, por el Grupo Mixto. En la ponencia, es verdad, que intentaron llegar a acuerdos con los grupos de la oposición, con el mío y con el del señor Rodríguez, con base en sus enmiendas, pero no fue posible llegar a un acuerdo, porque a nuestro juicio las enmiendas no vienen a reparar el texto original lo suficiente como para considerar que los criterios por los que se considera una inversión como estratégica y cuál no se objetivizaran de tal forma que impidieran la discrecionalidad del presidente y del propio Gobierno. Y, por tanto, si denunciamos en su día que esta es una ley habilitante para el presidente del Gobierno, el texto final será también, a nuestro juicio, habilitante para lo mismo. Es un texto legal al dictado del presidente para hacer y deshacer a su discreción.
Las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular pretendían evitar precisamente eso, evitar que el Ejecutivo se instalara en la discrecionalidad y previsiblemente, no digo que sea así, pero previsiblemente, en la arbitrariedad en la toma de decisiones.
Si se quiere declarar estratégico algo, a nuestro juicio, que se declaren sectores, no proyectos, de tal forma que, declarados como tal esos sectores, los distintos proyectos tendrían el beneficio de la reducción de plazos. No fue posible incorporarlo en la ponencia y hoy hacemos, señorías, un último esfuerzo para que lo tomen en consideración.
Termino, señor presidente. Este proyecto de ley va a tener el honor de pasar a la historia por una cuestión muy curiosa. Es un proyecto de ley destinado fundamentalmente, según su exposición de motivos, a remover obstáculos para que los empresarios, para que sus proyectos puedan ver la luz lo antes posible. Pues bien, es la propia Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores los que amenazan con acudir a instancias europeas para denunciar una ley que consideran cuando menos arbitraria, un abuso de poder y una indecencia, en frases de la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores.
Yo lo que les digo es, algo no se habrá hecho muy bien cuando los supuestamente beneficiados por los efectos de esta ley la califican con tales epítetos.
Pero, señorías, esto es lo que hay, este es el texto del proyecto de ley que hemos discutido hasta la saciedad y, si no se aceptan, lógicamente, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, no votaremos a favor del texto.
Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez, defensa de sus enmiendas. De las enmiendas y la posición sobre la ley, por supuesto.
Nosotros hemos expresado nuestra opinión, muy crítica, al proceso de desarticulación de la normativa que actúa sobre el planeamiento territorial y sobre la preservación del medio ambiente, y lo hemos sido desde el principio. Aquí hemos construido una arquitectura legislativa durante décadas, por cierto, con consenso absoluto, no solo político sino también institucional, y en los últimos años alguien se ha dedicado a desmantelarla y, además, de forma chapucera. Y los datos son incontestables. Todo esto siempre impregnado por la máxima, por la idea-fuerza de que el problema de la economía no es la demanda, no es la crisis, no es el crédito, no es la voluntad de riesgo; no, no, no, el problema es el sector público, la regulación, las leyes. Y sobre esta lógica se articula una Ley, en el año 2009, de Medidas Urgentes que pretende resolver todo esto; dice: "no puede ocurrir que tengamos una infraestructura muy importante y las normas, las reglas, nos impidan dar una respuesta; no puede ocurrir que la renovación y la modernización turística, que es estratégica, y las normas nos lo impidan". Y se hace una ley, en el año 2009, Ley de Medidas Urgentes, que nosotros no estábamos en el Parlamento, no por falta de votos sino porque el sistema es el que es, y discutimos aquella ley, junto con los socialistas, y la criticamos y la discutimos en profundidad. Se aprobó entonces por el Partido Popular y Coalición Canaria.
Por cierto, ni un balance ni un dato que diga, "oiga, ¿qué pasó con aquella ley milagrosa que iba a encauzar, resolver, las infraestructuras educativa, ganadera, infraestructuras eléctricas, iba a resolver los problemas de los hoteles, de las carreteras...? ¿O ya no se acuerdan? Nosotros nos acordamos. Y ocurrió que pasaron los años y nadie dijo: "esto ocurrió después de aquella ley". Lo que hicieron es, en esta legislatura, con la misma presidencia del Gobierno, con la misma dirección política, venirnos con una ley que iba a revolucionar lo que entonces con la otra fracasó, que es la Ley de Modernización y Renovación Turística, y entonces volvió a ser estratégico renovar la planta alojativa, los espacios públicos y que íbamos a remover las dificultades de la regulación y que, por lo tanto, íbamos a crear 135.000 puestos de trabajo, íbamos a invertir miles de millones. Por cierto, ahora enmendada casi a la totalidad cuando, antes de Navidad, no había ni un solo problema en esa norma. Pero en esa ley vuelve a imperar una lógica: ya no es necesario tener proyectos en el planeamiento, ahora los proyectos y las respuestas planificadoras se hacen en función de cada uno de los casos. Aquello que el Consejo Consultivo ha reiterado y que llama que aquí se sustituye el planeamiento urbanístico por el planeamiento de proyectos concretos, pervirtiendo toda la arquitectura legal en esta materia.
Pero, por si fuera poco que la Ley de Modernización y Renovación iba a revolucionar, a transformar, a hacer posible decenas de miles de empleos y remover todos los obstáculos, el Gobierno nos manda una ley de armonización y simplificación. La tercera en escasos años, ¿no? Y en esta ley de armonización y simplificación, de nuevo la ideología dominante de que la culpa de lo que nos pasa es de la regulación. Aquí sí, aquí vamos a armonizar y simplificarlo todo, aquí lo vamos a resolver con seguridad en una ley de armonización y simplificación, que trastoca absolutamente la estructura competencial, y en algunas cosas lo hace bien, que simplifica algunos procedimientos, pero en última instancia esta era de nuevo la panacea, la respuesta a todos los males.
Pero, por si fuera poco, este mismo Gobierno, enmendándose a sí mismo, poniendo en crisis las leyes anteriores que perseguían este tema, nos trae una cuarta ley, la ley de inversiones estratégicas, que ya le da una vuelta de tuerca al tema hasta hacer exactamente lo que le convenga al Gobierno de turno.
Pero esto no se va a quedar así -si no lo remedian los ciudadanos-, porque los nuevos líderes de Coalición Canaria plantean que esto que cambiaron el otro día, en contra de la opinión de muchos expertos, de muchas instituciones y desde luego de la oposición, ahora ya no se trata solo de que la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tenga algún proceso de descentralización, ahora hay que cargarse la Comisión de Ordenación, la Cotmac. Pero ya no lo dice solo el candidato, lo dice el candidato y la jefa del partido. Oiga, ustedes están desarticulando una de las claves del progreso, del interés general, que es como se gobierna el territorio, nuestro recurso natural más estratégico, más determinante. Y lo han venido haciendo desde el año 2009 con leyes irreflexivas y sin consenso, con leyes que no se evalúan, con leyes que no impactan ni transforman nada porque están hechas sobre la arbitrariedad y sin visión estratégica.
Y van cuatro leyes en esta materia. Ya tenemos ocho leyes sobre el territorio cuando lo que tendríamos que hacer es unificar esos textos y aclarar el tema. Y esta última, la de hoy, es el colmo de la arbitrariedad, de la discrecionalidad: vuelven a poner en manos del Gobierno el derecho a decidir, de manera subjetiva, indeterminada, abstracta, qué inversiones privadas son estratégicas. Que no quiere decir que urgentes, porque la ley básica del Estado se refiere a las obras urgentes y los que hemos gobernado sabemos qué significa eso, que además hay que argumentarlo. Es que si se te levanta el techo de un colegio, tú no puedes ir con los plazos ordinarios porque el colegio hay que techarlo; si se te cae una carretera, se puede actuar motivadamente y reducir los plazos. Aquí no se trata de eso, aquí... No es urgente que se haga una discoteca en la ciudad equis, porque esta ley permite, permite, hacer una discoteca por que se pueda considerar por el Gobierno de turno discrecional. Esta ley hace desiguales las iniciativas empresariales ante la ley.
Esta es una norma que transgrede las competencias locales. Las competencias locales son de autonomía y no somos competentes para decirles a los ayuntamientos, con base en sus responsabilidades, cómo se interviene.
Y se arroga el Gobierno la exclusividad, porque este es un Gobierno que desregula pero que luego no se fía de nadie y mantiene el control, al menos por ahora, de todas las decisiones. Ahí están los planes de mejora y modernización, como un elemento clave del proceso recentralizador del poder, o este tema de las inversiones estratégicas.
Nosotros estamos en contra de esta manera de hacer las cosas, porque, ¿saben ustedes qué va a pasar?, no va a funcionar. No funcionó la Ley de Medidas Urgentes, no ha funcionado la Ley de Renovación y Modernización, no funcionará la de Armonización y simplificación y esta, en todo caso, funcionará para algunos amigos si logran sortear o llegar al poder de turno. Así no se puede construir la normativa reguladora, garantista, de defensa del interés general que debe presidir el gobierno del territorio, el gobierno del medio ambiente. Así no se avanza, así se retrocede. Así se hace exactamente lo que dicen las minorías, que creen que vale todo y que en las sociedades democráticas y avanzadas el interés general se subordina a los intereses particulares, porque esta es la lógica que impregna todo el proceso de transformación, de desmantelamiento de la legislación que en esta materia, de forma consensuada, construimos durante décadas y además, insisto, de manera consensuada.
Son cuatro normas, cuatro normas sobre el mismo tema, que solo generan inseguridad jurídica, arbitrariedad y, en última instancia, descontento. Hay empresarios que están muy contentos con esta norma porque se sienten próximos al poder. Por eso hay otros que no lo ven. Hay algunos que se sienten próximos al poder y que saben que, si tienen un proyecto, lo pueden colocar como inversión estratégica y los que creen que no están próximos al poder, o no están próximos a este poder, están diciendo que no, y hay un gran desconcierto entre los supuestos beneficiarios de este tema, en los supuestos demandantes de esta propuesta.
Nosotros creemos que esto no tiene salvación y que debieran retirarlo -lo hemos dicho en muchas ocasiones-, pero si hubiera que salvar esto de alguna manera, que la decisión de inversión es estratégica, no la tome el Gobierno en exclusiva, que la tome de manera vinculante con los informes del o los ayuntamientos afectados y del cabildo respectivo, y que los plazos de alegación, de exposición pública, se mantengan estrictamente como están en la legislación canaria. Porque la legislación estatal establece plazos mínimos, y esto no se lo puede saltar ninguna ley territorial, esto ya lo sé. El pequeño problema es que en esta tierra hemos hecho algunas cosas bien, entre ellas la legislación territorial, y hemos dicho que los plazos mínimos...; en el decreto que desarrolla el reglamento, el Decreto Legislativo 1/2000, que refunde en un solo texto las leyes de espacios naturales y del territorio, se establece entre un mes y dos meses. De manera que con esta norma, si no se explicita el respeto de los plazos, lo que ocurre es que pasamos de los treinta días mínimos que establece nuestra legislación, de participación ciudadana, de control ciudadano sobre las decisiones del territorio y del medio ambiente, a veinte días, porque de veinte días sí es verdad que no lo pueden bajar. Pero se reduce el plazo de participación, no les quepa duda, lo hemos contrastado, lo teníamos claro y por eso presentamos las enmiendas. Treinta días mínimo, decreto que reglamenta el texto legislativo refundido en el año 2000, de treinta a sesenta. De manera expresa dice que, cuando es mes de agosto, pues, los dos meses, y si no, es una parte, la parte proporcional.
De manera, señorías, que nosotros estamos totalmente en contra de esta norma, de, como ustedes gobiernan, lo más estratégico. Entran ustedes en flagrantes contradicciones hablando de medio ambiente y de democracia y luego hacen normas que contravienen lo elemental, que perjudican el control social, que favorecen la discrecionalidad, la arbitrariedad y, sobre todo, hacen ustedes lo que les interesa a las minorías. Las minorías que, con esta norma, como con cualquiera, siempre irán a lo suyo y que algunos se han creído que les representan.
Espero que las nuevas mayorías que se formen aquí a partir del próximo mes de mayo puedan cambiar estas normas, porque, si se repiten las mayorías conservadoras, como apuntan todos los indicios, no hemos acabado el desmantelamiento: ya se anuncian nuevos cambios para seguir retrocediendo en el proceso de regulación, en el proceso de defensa del interés general y de la preservación de este, sí, el recurso más estratégico después de las personas, que es nuestro territorio y nuestro medio ambiente, y ustedes, poco a poco, con estas leyes se lo cargan.
El señor PRESIDENTE: Sí. Muchas gracias, don Román Rodríguez.
El señor MAYORAL FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías.
El señor Román termina su intervención como en casi todas las últimas leyes: pidiendo que este Parlamento no debata la tramitación de estas últimas leyes que han ido viniendo. Una vez más, pide la retirada de esta ley, igual que pidió la retirada de leyes anteriores. Pero, señorías, culmina hoy, a pesar de eso, la tramitación de un proyecto de ley controvertido, porque es un proyecto de ley que en su camino ha cosechado tantos detractores como impulsores, sobre cuyo texto final se han vertido las más dispares acusaciones. A mi juicio, y en la mayoría de los casos, sin fundamento alguno.
Así, en cuestión de estos cuatro meses, hemos pasado, el Grupo Socialista, de alinearnos con un coro neoliberal, como decía el señor Román, a situarnos en un intervencionismo público diseñado para favorecer los intereses de unos pocos. Además, se ha dicho que esta es una ley que propiciará la arbitrariedad y el centralismo, se ha llegado a afirmar que se solventarán a nivel regional los impedimentos existentes en el plano local para desatascar algunos proyectos; afirmaciones que hasta la fecha no han podido ser sustentadas por argumento alguno. Y digo bien, no es que existan argumentos que no compartamos, es que nadie ha sido capaz de citarnos un artículo de la ley que sirva de base para alcanzar algunas de las conclusiones que se han vertido en el debate político.
Señorías, si tan evidentes son los perjuicios que va a ocasionar esta ley, no hubiera costado nada citar alguno de los siete artículos o de las dos disposiciones con las que cuenta y decirnos: "como aquí pone esto, esto otro es lo que va a pasar", pero nada de eso. Al Grupo Socialista le hubiera encantado subir hoy aquí y rebatir los argumentos que tuvieran los grupos que no la comparten, pero de lo que nos declaramos incapaces es de rebatir eslóganes prefabricados que no buscan otra cosa que un titular de prensa. Por ello, creo necesario reconducir mi intervención, explicar por qué el Grupo Socialista va a votar a favor del proyecto de ley.
Señorías, una ley como esta, que regula la posibilidad de aplicar instrumentos jurídicos excepcionales para atraer inversiones a las islas y crear empleo, que, en definitiva, es de lo que estamos hablando, es una ley intervencionista. Sí. Estoy seguro de que a ninguno de los presentes les podrá sorprender que una formación política como el Partido Socialista no renuncie a una acción política como instrumento de ordenación de la economía. Se podrá compartir esta visión o no, pero sorprendente no es.
No obstante, con lo que no estamos de acuerdo es con la articulación de medidas intervencionistas que no tengan como objetivo el interés general y que se apliquen de manera arbitraria. En este sentido, y como ya dijimos en el debate de toma en consideración, la ley que vamos a aprobar no sustituye ni desplaza en modo alguno el ordenamiento jurídico que regula las distintas autorizaciones administrativas con las que han de contar los proyectos de inversión. Estos deberán reunir los mismos requisitos legales para su aprobación y los deberán aprobar las mismas administraciones competentes, como hasta ahora. Lo único que hace la ley es aplicar un beneficio procedimental a los proyectos que tengan la consideración de estratégicos y que consistirán, simple y llanamente, en la reducción a la mitad de los plazos y en su tramitación urgente.
¿Y cómo se determinará qué proyectos son estratégicos y cuáles no? Pues con base en unos criterios y con base en un procedimiento. Criterios que ya en el debate de las enmiendas a la totalidad anunció el Grupo Socialista que presentaría en una enmienda, enmienda que ha sido aprobada en ponencia y donde se establece que prime la ponderación del criterio del impulso a las economías de la isla o de Canarias, especialmente en el ámbito de la generación de empleo, además de otros que establece el artículo 3 correspondiente. Procedimientos y criterios que son escrupulosamente respetuosos con el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el artículo 9 de la Constitución y que son significativamente más restrictivos que lo dispuesto en la legislación básica del Estado y en el resto de la legislación autonómica.
Si hacemos un ejercicio de derecho comparado, vemos que la minuciosidad de los criterios que contempla la ley canaria solo es comparable con la Ley 4/2011, de 6 de junio, de la Junta de Andalucía. En un ejercicio de derecho comparado podríamos haber optado por un sistema como el de Navarra, que simplemente describe como estratégicos aquellos proyectos que tengan una especial relevancia para el desarrollo económico y social o territorial de Navarra. Una descripción de lo que se debe considerar estratégico a nuestro juicio excesivamente indeterminada. Lo que seguro que no hubiéramos hecho era copiar el sistema de las islas Baleares, que en su Ley 4/2010 declara como inversiones de interés autonómico aquellas declaradas por el Gobierno. Punto, sin ningún tipo de ponderación ni otros criterios. Eso en cuanto a criterios.
En lo que se refiere al procedimiento, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la regulación contenida en esta ley es la más garantista del interés general de cuantas existen en el ámbito autonómico. Por un lado, se regula la posibilidad de que los promotores de la declaración del proyecto sean tanto sujetos privados como administraciones públicas; en segundo lugar, antes del dictamen favorable a su declaración, se exige que las administraciones públicas competentes en la tramitación de los proyectos emitan su parecer; y, por último, y lo que supone un salto cualitativo con respecto al resto de legislaciones autonómicas, es que tanto la tramitación como el informe previo a su declaración por el Gobierno de Canarias recaen en un órgano independiente del Ejecutivo. Ni una sola de las normativas autonómicas, ni siquiera la legislación básica del Estado, prevé un órgano similar al Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos, como el que prevé la ley canaria. Los únicos órganos similares regulados en la legislación comparada dependen de los propios gobiernos, que deben dar su aprobación.
Señorías, por todo esto, estamos en disposición de afirmar que la ley canaria de inversiones estratégicas no solo no propiciará la arbitrariedad sino que vendrá a dotar de seguridad jurídica y transparencia la tramitación de grandes proyectos empresariales en el archipiélago. Aun así, hay quien sigue hablando de que la ley propicia soluciones discrecionales y arbitrarias que van en contra del ordenamiento. A los que hacen afirmaciones como esta me gustaría que me aclararan una cosa, ¿qué es más discrecional, que un empresario se dedique a recorrer pasillos de ayuntamientos y cabildos, a veces acompañado de políticos, para que le apliquen los plazos reducidos de los artículos 50 y 74 de la legislación básica estatal o que estos acudan a un comité independiente para que este emita un informe sobre el carácter estratégico de sus inversiones? Yo diría que lo segundo es menos arbitrario, pero entiendo que haya opiniones para todos los gustos.
Si hay algo que trata de primar este proyecto, por encima de cualquier otro elemento de juicio, es el interés general y creo que hemos expuesto argumentos suficientes al respecto. Señorías, el objetivo último de este proyecto de ley es afianzar la recuperación económica de las islas y, por ende, acelerar la creación de empleo. Se trata de un proyecto de ley que pretende atraer inversión privada para el desarrollo de proyectos empresariales en Canarias, manteniendo inalterable el actual marco regulatorio en materia aplicable a los mismos. Un proyecto de ley que nace con todas las garantías y que pone el interés general por encima de cualquier otra consideración. Es por ello que va a contar con el voto favorable del Partido Socialista.
Efectivamente, desgraciadamente no hemos podido -y lo voy a intentar una vez más- explicar por lo menos en qué consiste esta ley, de dónde viene y por qué hemos llegado aquí en este momento.
Hemos comentado, en el anterior pleno, en ponencia y en comisión, la legislación que existe en España sobre la regulación de las inversiones de carácter estratégico. Don Miguel Jorge, usted sabe, tiene una copia, que en ninguna de ellas se declara un sector estratégico, se declaran los proyectos, ¿no?, la acción concreta que se quiere desarrollar, y así están todos.
He oído, efectivamente, a la asociación de los empresarios y de los constructores, de los empresarios, decir que esta ley es inconstitucional y que la van a recurrir. Lo cierto es que en el ámbito español ni el Estado ha recurrido ninguna de las leyes autonómicas por considerarla inconstitucional y ya veremos qué recorrido tiene si, efectivamente, en este caso, la asesoría legal de esa asociación al final llega a la conclusión de que puede llegar a los tribunales en esta fórmula.
¿Pero de dónde partimos? Partimos del Decreto 86/2012, que regulaba en este caso el Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos. Y podríamos decir, como ha dicho el señor Mayoral: ¿qué era mejor, lo que ocurría antes, que había una llamada de teléfono, "consejero, tengo este problema", "alcalde, tengo este problema", "presidente del cabildo, tengo este problema" -o consejero o consejera o concejal-? Esto es lo que ocurría antes y, con base en eso, se veía si efectivamente había alguna posibilidad, dentro de las cosas que se podrían hacer, si el alcalde, el ayuntamiento, el cabildo o la comunidad autónoma aplicaba, dentro de sus criterios, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el artículo 50, para reducir algunos trámites si efectivamente eso era posible. U otro tipo de maniobras que, como ustedes saben, han terminado, muchas, también en los tribunales y afectadas por el Código Penal, que no es el caso.
Y frente a todo eso el Gobierno de Canarias dice, "oye, vamos a hacer un comité de inversiones para que todo el mundo sepa qué se está haciendo". No que nos enteremos por los medios de comunicación, si un periodista descubre una negociación; no, no, no, todo transparente. Y el Comité de Inversiones está formado por el presidente, por el consejero de Economía, por el consejero de administraciones públicas, por el consejero según la materia de que se trate, por el viceconsejero de Presidencia y por el director general del Gabinete del Presidente. Y asisten a esas reuniones los representantes de las otras administraciones: cabildos y ayuntamientos, las personas expertas o conocedoras del asunto que se vaya a tratar y que sean convocadas, el representante de la iniciativa o el proyecto, los sindicatos más representativos y las confederaciones de empresarios. Esto forma el Comité de Inversiones. Es decir, se sabe quiénes son los que van a participar en la toma de decisiones. ¿Y qué es lo que emite? Emite un informe, un informe, y con ese informe se intenta que se agilicen, en el ámbito de la Administración autonómica, determinados aspectos. ¿Qué cambia con esta ley? Que esto obliga también, desde el punto de vista, y única y exclusivamente, al tema de los plazos. Eso es de lo que estamos hablando, de acortar plazos. Y don Román Rodríguez nos puso un ejemplo: en el supuesto caso de que fueran treinta días, se rebaja a diez días, ¡y con eso estamos con corruptelas, con eso estamos llevando a Canarias al desastre, estamos creando, como decía don Miguel Jorge, proyectos de primera o de segunda, por hacer esa declaración, que además es transparente...!
Señorías, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Que el Comité de Inversiones Estratégicas tenía un problema, y era que una cosa es la voluntad de agilizar los temas según las leyes y que había un problema con el acortamiento de los plazos que nos estábamos encontrando. Y el proyecto de tramitación de inversiones estratégicas lo que plantea es transparencia ante decisiones que antes se adoptaban de otra manera. Y yo entiendo a la asociación de empresarios, don Miguel Jorge, es que a lo mejor había gente que ahí sacaba cosas. Yo los entiendo, hay alguno que está nervioso porque ahora es transparente. Ahora ya no lo necesitan, es decir, eso, que alguno vivía de esto, ya no lo necesitan. Y yo le digo una cosa: nos ha llamado corruptos con este proyecto de ley; por lo tanto, no tenga usted problema en lo que le voy a decir: a lo mejor los corruptos eran otros y alguna de la que estaba hablando, que efectivamente tiraba de teléfono, y ahora ya no puede tirar de teléfono, ya no puede representar otros proyectos delante del Gobierno de Canarias. Porque, mire, la transparencia es quién lo pide -se va a saber quién lo pide-, cómo lo pide, por qué, cuáles son las razones para pedirlo, con qué documentación se va al Comité de Inversiones Estratégicas. Se deja constancia, hay un acta de cómo han ido las reuniones, por qué se llega a la conclusión y un informe que se tiene que elevar al Consejo de Gobierno. Fíjese toda la documentación y todos los que participan, con todas las personas que le dije anteriormente, para la transparencia de un acto administrativo para saber después si el Gobierno decide o no declarar una inversión de carácter estratégico. Y a eso se niegan ustedes. A esto nos dice don Román Rodríguez que estamos poco menos que destrozando esta comunidad autónoma. La participación, están identificados, como acabo de decir, todos los agentes, antes los enumeré, qué personas participan.
¿Y toda esa transparencia a la hora de emitir un informe e ir al Gobierno, creen ustedes que se está haciendo aquí una corruptela? La corruptela era antes, ¡antes! No, lo digo porque usted planteaba como una preocupación el tema de lo que ha dicho la asociación de empresarios, o de promotores y constructores de la provincia de Las Palmas. Yo le digo que antes es cuando no nos enterábamos de lo que pasaba y quién iba por los pasillos y quién iba pidiendo favores; ahora nos enteramos. Y, por lo tanto, este Parlamento incluso puede interpelar al Gobierno sobre una decisión del comité de inversiones estratégicas, de un proyecto determinado. ¿Y antes cuándo pasaba eso?: cuando aparecía alguna información en el periódico y que se montaba un número, y ahora por lo menos tenemos un procedimiento reglado. Usted puede pedir un expediente completo de por qué toma el Gobierno una decisión determinada, si la tomara, si la adoptara. Y yo creo que esto es positivo.
Y de lo que estamos hablando, señorías, de qué estamos hablando: ¿de que el Gobierno cambia las condiciones legales de un proyecto, de que cambia el suelo desde el punto de vista urbanístico, el Gobierno va y cambia la modificación del suelo? Nada de esto existe en el proyecto de ley, porque además está impedido expresamente, no puede intervenir en la viabilidad jurídica del proyecto. Y de lo que estamos hablando es de acortar plazos, y además unos plazos que pertenecen a la comunidad autónoma, a los ayuntamientos y a los cabildos, y algunos no se podrán acortar porque es derecho básico a nivel del Estado. Y de esto es de lo que estamos tratando hoy aquí.
Y cuando se dice "proyectos de primera o de segunda", miren, es que todos pueden ir al Comité de Inversiones. Absolutamente todo el que crea que su inversión tiene carácter estratégico y que puede ser considerado de carácter estratégico puede ir al Comité de Inversiones. No hay ningún impedimento. Puede ser un ayuntamiento quien promueva esa inversión en su suelo, puede ser un cabildo el que promueva esa inversión en su isla, ni siquiera necesariamente el promotor del proyecto. Y todo esto es positivo, porque lo vamos a saber, vamos a saber cómo se hacen las cosas.
Señorías, creo que este proyecto no perjudica a la comunidad autónoma, todo lo contrario. Ante la posibilidad de que se aplicara el artículo 50.1 de la ley de las administraciones públicas, la Ley 30/1992, que se aplicara de forma discrecional, sin tener que darle cuentas absolutamente a nadie, sino que un ayuntamiento declara ese procedimiento, un cabildo lo declara o una comunidad lo declara... Yo creo que este es un proyecto transparente y podemos hacer un seguimiento absolutamente de todo.
Y lo único que varía, de lo que nos pide don Román Rodríguez, es que don Román Rodríguez quiere que los informes de los ayuntamientos y de los cabildos sean vinculantes. Ahora, para tramitar el proyecto, tendríamos que conseguir primero que la comunidad lo hiciera en su ámbito, después ir al cabildo y que lo hiciera en su ámbito y después ir al ayuntamiento y que lo hiciera en su ámbito, y esos son muchos meses de negociación para al final acortar, como usted bien ha dicho, diez días un plazo.
Creo que está bien planteado. Estamos hablando de plazos, no estamos hablando de modificar legalmente ningún proyecto ni ninguna legislación, discrecionalmente, por el Gobierno ni urbanísticamente el suelo para dar cabida a esos proyectos, estamos hablando de acortar los plazos, y eso, señorías, es positivo si los proyectos son considerados estratégicos por la comunidad y, obviamente, alguien los tiene que declarar. Y dentro de esta comunidad hay una teoría, como la del señor portavoz Miguel Jorge, que planteaba en su enmienda que fuera cada una de las consejerías y nosotros creemos que da más interés que sea un órgano colegiado y que sea el Gobierno de Canarias en su conjunto.
Sí. Señorías, vamos a proceder a votar, en primer lugar, las enmiendas al proyecto de Ley sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas para Canarias.
Señores portavoces, doña María Australia, ¿votamos agrupadas? Sí. ¿Don Román? También. Vamos a votar primero, por el orden de presentación, las del Grupo Parlamentario Popular, que son al artículo 1, al artículo 3, al artículo 4 y al artículo 7. Comienza la votación. (Pausa).
Resultado: 48 presentes; 17 a favor, 31 en contra y ninguna abstención.
Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Vamos ahora a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto... (Rumores en la sala). ¡Por favor!
La señora NAVARRO DE PAZ (Desde su escaño): (Sin micrófono.)
El señor PRESIDENTE: Bueno. ¿Le importa hacerlo constar en acta, en el Diario de Sesiones?, y se hace constar que es un error en la votación del Grupo Parlamentario Popular. No va a variar el resultado, que conste en acta, un error mecánico.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto al artículo 1, al 2, al 3 y al 6. Comienza la votación. (Pausa).
Resultado: 49 presentes; 2 a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Vamos a votar ahora el texto del proyecto de ley, como queda, todos sus artículos, la disposición final, puesto que no hay adicionales ni transitorias, la exposición de motivos y el título del proyecto de ley. Comienza la votación. (Pausa).
Resultado: 49 presentes; 28 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.
Queda aprobado el proyecto de Ley sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas para Canarias.
8L/PL-0023 Sobre Sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas para Canarias.