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Timestamp: 2017-07-21 00:41:35
Document Index: 126416009

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 50', 'artículo 14', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99']

Fallos trascendentes de la antigua composición de la Corte respecto al alcance del derecho internacional de los derechos humanos: 1- "Espósito" (2003)
Este fallo marcó la primera oportunidad en que la antigua composición de la Corte inició el camino de apertura del derecho internacional de los derechos humanos, así, con un alcance totalmente distinto al fallo de análisis, la CSJN sostuvo que en el caso la decisión de la Corte IDH resultaba “de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino (art. 68.I, CADH), por lo cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional". [5] 2- “Simón” (2005) El criterio establecido en "Espósito" fue reafirmado con posterioridad en el Caso "Simón"(2005) en el cual afirmó que tanto la jurisprudencia de la Corte IDH como las directivas de la CIDH constituyen una "imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".[6] Aquí, fue notable el cambio de lenguaje utilizado por el supremo tribunal nacional, que ya no aludía a una "guía" como la había sostenido en la década de 1990.[7]
“Mazzeo” (2007) Aquí, la CSJN se refirió por primera vez en forma expresa al “control de convencionalidad”, una creación doctrinaria de la Corte Interamericana que obliga a todos los jueces nacionales firmantes del Pacto de San José a ejercer un control de la Convención Americana. En sus decisiones. Así, sostuvo lo siguiente: “El Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplica en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no sólo el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana”. [8] 4- “Videla” (2010)
El más alto tribunal nacional -en su voto mayoritario- postuló la obligatoriedad de cumplir en toda circunstancia con los informes “del artículo 51” de la Comisión Interamericana[11]
y, en el caso, con las recomendaciones formuladas en el informe Nº 30/97, [12]
por lo que el Estado debió indemnizar al actor ante el incumplimiento de dicho informe. En su resolución sostuvo lo siguiente: "si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si trata de Derechos Humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos (OEA)". [13]
2- Se crea un marco dudoso respecto al poder efectivo de las sentencias de la Corte IDH, dado por un lado son “vinculantes” y obligatorias”, pero ahora la CSJN es quien “controla” si las mismas son dictadas en “el marco” de competencia convencional, en otro términos, la propia Corte tiene la facultad de decidir “si cumple o no cumple” con lo dictado en dichas sentencias. Como afirma Gustavo Arballo en su blog “esto es muy peligroso, porque si vamos a interpretar las sentencias de la Corte Interamericana con esta lógica mezquina todo el sistema sería inoficioso -y el mismo Ejecutivo, este u otro cualquiera, podría invocar esta idea para decir, cada vez que no le simpatice, que el Tribunal obró fuera de sus potestades remediales”[22]. 3- El resolutorio (i) debilita la protección a los derechos humanos en el orden interno, (ii) desalienta -de manera indirecta- el uso de la doctrina del “control de convencionalidad” y (iii) profundiza la crisis de “legitimidad” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos -vapuleado y debilitado también por su grave situación financiera-; 4- La Corte Suprema se ubica cómo el único poder soberano del Estado al cual no se le pueden “modificar” o “revisar” sus decisiones; 5- El fallo es susceptible de generar un nuevo supuesto de responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplimiento de las obligaciones asumidas en la Convencionales Americana sobre Derechos Humanos.- (*) Abogado (UNLP), Magister en Derechos Humanos y Democratización (CIEP UNSAM/EUICVenecia), ex pasante de la CIDH, miembro de la APP y actual abogado en la Secretaría de actuaciones ante CSJN y Organismos Internacionales de la Defensoría de Casación Bonaerense.
[9] CSJN. Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/recurso de casación. C.s. V.2.8.1. XVL (31/8/2010). Considerando N° 8. [10] CSJN. Rodríguez Pereyra c/ Ejército Nacional. Sentencia del 27 de noviembre de 2012. Considerando 12 del voto mayoritario.
[13] CSJN. Carranza Latrubesse c/ Estado Nacional. 6/8/2013. Considerando N° 3. [14] CSJN. Resolución 477/15. Considerando VI.
La Corte Suprema tuvo durante el 2016 una agenda central en la vida institucional de nuestro país. Hacemos un pequeño resumen de lo que ocurrió en torno al tribunal, pasando por sus principales fallos, los movimientos que se dieron el seno de la Corte que comenzó el año con tres miembros, tras la salida de Carlos Santiago Fayt a fines del 2015, completó su integración con llegada de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la largamente demorada puesta en marcha de la Ley de Ingreso Democrático y otras cuestiones. Comencemos a recorrer los 365 días que pasaron. I. La integración de la Corte Suprema
Horacio Rosatti juró el 29 de junio en la Sala de Audiencias de la Corte ante sus colegas Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. Lo propio hizo, el 22 de agosto, Carlos Rosenkrantz y con dicha jura se completó la integración de la Corte Suprema de cinco miembros establecida por la Ley Nacional Nº 26.183 del 2006
Postulantes a un cargo gremial no gozan de protección legal contra el despido si no se le comunicó a la empresa su candidatura Así lo dispuso la Corte, en la causa "De Caso", al afirmar que quienes presentan ante un sindicato su candidatura para ser elegidos como representantes gremiales sólo gozan de protección legal frente al despido desde el momento en que se le comunica formalmente a la empresa la candidatura. El Máximo Tribunal resaltó que el artículo 50 de la ley 23.551 exige a la asociación sindical el deber de “comunicar al empleador el nombre de los postulantes”, y también faculta a los propios candidatos a efectuar esa comunicación; disposiciones que sólo tienen sentido si se entiende que la notificación al empleador es necesaria para que rija la protección legal contra el despido.
Ordenó tramitar amparo de los vecinos de Andalgalá en una causa por megaminería En "Martínez Sergio" resolvió que la Justicia provincial no podía rechazar un amparo sin analizar el planteo de los vecinos, que impugnaban la forma en que la provincia de Catamarca había evaluado el proyecto Mina Agua Rica y pedían el cese definitivo del emprendimiento por afectar los derechos a un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la integridad física y a la propiedad de todos los habitantes de la región. La Corte ordenó que la justicia de Catamarca dicte una nueva sentencia.
Causa Cromañón: rechazó de los recursos y prisión para los ex integrantes de Callejeros El Máximo Tribunal declaró inadmisibles los recursos planteados por las defensas de Patricio Santos Fontanet, Christian Eleazar Torrejón, Daniel Horacio Cardell, Maximiliano Djerfy, Juan Alberto Carbone, Elio Rodrigo Delgado y Eduardo Juan Vázquez, en el marco de la causa donde se condenó a los nombrados por autoría de estrago culposo seguido de muerte y participación necesaria con cohecho activo, a cumplir las penas de 7, 5, 5, 3, 5, 5 y 6 años de prisión, respectivamente.
Represas “Kirchner” y “Cepernic” en Santa Cruz. Informes y suspensión. En abril el tribunal requirió que el Estado Nacional informe si se han llevado a cabo los estudios de impacto ambiental previos a la construcción de las represas hidroeléctricas “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic“, localizadas en la provincia de Santa Cruz. Asimismo, requirió saber si se han producido las consultas y audiencias públicas con la ciudadanía tal como lo prevé la Ley General del Ambiente N° 25.675. Solicitó, finalmente, que se indicara si se han iniciado las obras y, en su caso, el estado de avance en ambos proyectos. En diciembre, con los informes evacuados, decretó una cautelar que suspendió provisoriamente las obras de las represas hasta que se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia previsto en la ley 23.879, o hasta el momento en que dicte la sentencia definitiva, lo que suceda en primer término. También definió que la causa debía tramitar ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dado que el demandado es el Estado Nacional. La causa es "Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia". Las fuerzas de seguridad pueden revisar transportes de mercadería en busca de drogas
Sólo los gremios tienen el derecho de promover huelgas La Corte resolvió en "Orellano" que no son legítimas las medidas de fuerza promovidas por grupos informales ya que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos solamente le reconocen el derecho de declarar una huelga a los sindicatos, es decir, a las organizaciones formales de trabajadores.
Se trató del caso de un trabajador que fue despedido por haber participado en una huelga que no fue convocada por una organización gremial. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró discriminatoria la decisión patronal en razón de que, según sostuvieron, la titularidad del derecho de huelga no corresponde a los trabajadores en forma individual, pero sí concierne al colectivo de la actividad u oficio aunque sus integrantes no estén afiliados a un sindicato. Se planteó en el caso quiénes están habilitados para disponer medidas de acción directa y la Corte, antes de decidir, celebró una audencia pública (se puede ver aquí). Ratificación del derecho de todo habitante de acceder a la información pública
La Corte Suprema, en lo que a nuestro criterio fue el fallo más importante del año, resolvió la causa "Cepis" y confirmó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que freno el aumento de gas dispuesto por el Poder Ejecutivo pero limitó sus alcances a lo usuarios residenciales. Con el voto unánime de sus integrantes avalaron retrotraer las tarifas al esquema que estaba vigente antes de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y además coincidieron en especificar que la audiencia pública es un requisito obligatorio antes de avanzar en un nuevo esquema tarifario. También exhortaron al Congreso a actividad los mecanismo para designar al Defensor del Pueblo. Revocación de la cautelar por aumento eléctrico en PBA. Precisiones sobre la legitimación para promover acciones colectivas y el caso del Secretario de la Defensoría del Pueblo PBA
En la causa "Fernández", donde la jueza Martina Forns de San Martín había decretado una cautelar que suspendía con alcance nacional el aumento en la tarifa eléctrica, la Corte rechazó la petición de intervención que la propia magistrada le había cursado y en duros términos ordenó la devolución del expediente. Además encomendó a los efectos de la resolución que emitirá la jueza que lo realice “sobre la base de las rigurosas exigencias vigentes en materia de procesos colectivos según los recordado por el Tribunal en el pronunciamiento mencionado (Halabi), verifique la subsistencia de los presupuestos que habilitan su intervención en el proceso y, en su caso, adopte las decisiones que correspondan con arreglo al estado de la causa”. Informes por el derrame en la mina Veladero de San Juan
Exhortación al Congreso que designe al Defensor del Pueblo de la Nación (Parte 2) En el marco de la causa "Mendoza" donde se ejecuta la sentencia que ordenó sanear el Riachuelo, La Corte exhortó al Poder Legislativo a que "en un plazo razonable, cumpla con su deber constitucional y designe al Defensor del Pueblo de la Nación”. Se trata de un segundo pedido de la Corte Suprema dado que, en agosto pasado, en la sentencia "Cepis" también hizo lo propio y, a su vez, la Cámara Contencioso Administrativo Federal fue otro órgano judicial que lo requirió, al hacer lugar a un amparo de la Asociación por los Derechos Civiles. Admitió tramitar causa de Provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano Bonaerense
Sin difusión en los canales de comunicación de la noticia judicial, en el mes de octubre, La Corte admitió la competencia originaria para tramitar la demanda iniciada por la Provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por el denominado "Fondo del Conurbano". La Procuración General también había dictaminado por la admisión. En concreto, la Fiscalía de Estado bonaerense solicitó la declaración de inconstitucionalidad de una cláusula de la Ley de impuesto a las ganancias que establece un tope de $ 650.000.000 anuales convertibles a la participación del 10% que la Provincia tiene en el producido del gravamen con destino al referido fondo. También tramita otra demanda de la Provincia por la coparticipación pero aún la Corte no resolvió si admite la vía originaria. Milagro Sala
El Máximo Tribunal, a través de la Resolución 338/16, dispuso volver a editar la tradicional colección "Fallos" cuya primera publicación data de los albores de la Corte Suprema en 1863 para registrar sus principales pronunciamientos y cuya impresión se había detenido en el año 2012. Los ministros consideraron que la totalidad de sus fallos hoy son consultables vía web lo que satisface el derecho a la información y la edición material de la colección sólo se hará en una reducida cantidad de volúmenes que el presidente de la Corte para poner a disposición de las principales bibliotecas jurídicas de nuestro país. Creación de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial
A través de la acordada 12/16 se aprobó el “Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos”, que fija reglas que ordenan el trámite de este tipo de procesos en los tribunales nacionales y federales de todo el país, a fin de asegurar la eficiencia práctica del Registro Público de Procesos Colectivos, creado en 2014 por la Corte. El reglamento entró en vigencia el 3 de octubre pasado. Ampliación de la licencia por paternidad para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial
Expediente digital en el Poder Judicial de la Nación La Corte, mediante la Acordada 3/15, en un importante paso hacia la digitalización de los expedientes judiciales y un abandono progresivo del soporte papel en las actuaciones estableció la obligación de ingresar las copias digitales de todos los escritos que presenten las partes en todos los expedientes en trámite o que se inicien y también la obligatoriedad de sistema de notificaciones electrónicas. Asimismo, entre otras innovaciones que establece que se dejará nota mediante un registro digital sin necesidad de apersonarse en la mesa de entradas de los distintos juzgados. El Máximo Tribunal había establecido al 1º de mayo de 2015 como fecha de implementación pero, a pedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, lo prorrogó en tres oportunidades: a septiembre, a diciembre y, como la última postergación, a mayo de este 2016, fecha en que comenzó a regir.
Habilitó a los Jueces de la Cámara Federal y de Primera Instancia de San Justo N° 1 y N° 2, Rawson N° 2, Goya, Moreno, Tribunal Oral Federal de Concepción del Ururguay, Tribunal Oral Federal N° 8 de Capital Federal, Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, cuyos titulares están legalmente designados pero sus tribunales, por cuestiones de infraestructura, no estaban habilitados. La Corte tomó la medida como solución de emergencia ante la cantidad de vacantes existentes y para acelerar los juicios, entre ellos, los de lesa humanidad. A su vez, exhortó al Consejo de la Magistratura a designar a dichos jueces como subrogantes en tribunales y juzgados que se encuentren vacantes. Secretarios no pueden actuar de jueces subrogantes El Máximo Tribunal, a través de una resolución, declaró que las designaciones realizadas por el Consejo de la Magistratura de secretarios para subrogar los juzgados federales de Zapala y de San Carlos de Bariloche no se ajustan a las pautas fijadas por el Máximo Tribunal en el fallo “Uriarte”. La Corte, a su vez, pidió al Consejo de la Magistratura que cubra con la mayor celeridad las vacantes en esos juzgados.
Pero aquí viene el punto que interesa en esta crónica. La Corte tuvo dos intervenciones que no fueron fallos como tribunal de última instancia sino que se trató de una acordada (45/15) y la toma de juramento de Tonelli. En la primera de ellas, de diciembre de 2015, remitió al reglamento de la Cámara de Diputados, como norma supletoria del Consejo, para que sea éste el que defina si aprobaba o no la incorporación de Tonelli y, en la segunda, luego de su aprobación por el Consejo, el presidente de la Corte le recibió juramento al diputado ¿El asunto quedó cerrado? No, por un lado porque el mismo Máximo Tribunal dejó sentado que obró limitado al deber de tomar juramento que la ley del Consejo le impone al Presidente de la Corte y, por el otro, porque aún tramita una causa en el contencioso federal donde se pretende la anulación de dicha designación. Novedades que vendrán en este año. IV. A modo de cierre
En este extenso recorrido, cargado de sucesos y noticias, poco queda por decir. Aquellos que hayan llegado al final de estas líneas tendrán, seguramente, el recuerdo de un año con fuerte intensidad judicial. José Ignacio López.
Caso Highton: breves apuntes La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, inició a fines de diciembre del año pasado una acción de amparo contra la cláusula del artículo 99 inciso 4, párrafo tercero, de la Constitución Nacional que establece respecto a los jueces del Máximo Tribunal que: "Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite".
La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, y la difusión de la noticia -primicia de Gabriel Morini en Ámbito- generó un gran impacto público y el inicio del debate jurídico al respecto. Concluida la feria judicial de enero, el Estado contestó el traslado y pidió que se rechace el amparo de la magistrada y la discusión se volvió a reavivar. En ese marco escribieron Gustavo Arballo, Andrés Gil Domínguez y Roberto Saba en artículos que recomiendo leer y con los cuales estoy, sustancialmente, de acuerdo. Aporto ahora mi mirada sobre el asunto. Opinión personal
A lo fines que quede claro desde qué lugar hablo, no por ser relevante, expreso mi mirada al respecto. El límite que colocó la Constitución Nacional para la duración de los magistrados en su carácter de tales, es razonable y sensato. Así lo considero dado que articula dos aspectos centrales: las garantías con que deben contar los jueces para asegurar su independencia, en especial, la inamovilidad en el cargo mientras dure su buena conducta, por un lado, con la periodicidad en los cargos públicos, una característica fundamental de la república, por el otro. El punto jurídico
Desde una mirada de la jurisprudencia vigente considero que Elena Highton tiene las de ganar. Digo esto porque, con base en lo que la Corte Suprema resolvió en "Fayt", la magistrada podría seguir más allá de los 75 años con una sentencia judicial que replicara este criterio. Lo explico. En el caso "Fayt" (1999), la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió declarar la nulidad de la reforma introducida en el artículo 99 inciso 4, párrafo tercero, de la Constitución Nacional y en la disposición transitoria undécima que establece que la cláusula antes referida entraba en vigencia, justamente, en 1999. ¿En qué se basó el Tribunal para hacer tal declaración de nulidad? En que la convención constituyente no estaba habilitada para modificar dicha cláusula, dado que la ley que declaró la necesidad de la reforma -N° 24.309- no estableció ese punto como materia de tratamiento. Expliquemos un poco más este aspecto. Nuestra Constitución Nacional es de las denominadas rígidas, es decir, que su forma de modificación no se da por mecanismos ordinarios sino que exige un especial procedimiento. Dicha pauta establece una mayoría agravada para declarar la necesidad de reforma -a través de una ley con dos tercios de ambas cámaras- que establecerá si la modificación será total o parcial, siendo en este último caso necesario establecer los puntos sobre la cuales la Convención Constituyente podrá hacer modificaciones. Como la Constituyente avanzó tocando un punto no habilitado en la ley que declaró la necesidad de reforma, la Corte consideró este punto como un vicio grave y anuló la modificación introducida en el artículo 99 inciso 4, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Esa es la doctrina del fallo (el holding, desde el punto de vista técnico) que hizo precedente. El caso "Fayt" no fue aislado. Luego de él, muchos jueces iniciaron acciones sobre la base del criterio sentado y triunfaron judicialmente. Los hay en diversos fueros federales pero, puntualmente, en el Contencioso Administrativo que es donde inició su causa Highton. Por citar un caso, esta sentencia firme donde se le hizo lugar a la acción de Martín Laclau, camarista de la seguridad social. Hay muchísimas más sentencias en esa dirección y muchas están en la Corte Suprema aguardando resolución final. Allí tendremos una ratificación o rectificación del criterio "Fayt" pero, por ahora, está vigente y los jueces lo siguen. Argumento de la jura post reforma de 1994
El argumento de la jura fue pre/post reforma de 1994 no hizo a la esencia de la decisión mayoritaria en "Fayt", que se resolvió por lo que señalamos más arriba, sino que se declaró abstracto su tratamiento. Sobre el punto lo único que se dijo fue: Además, esta línea argumental (que la jura inhabilita una impugnación posterior) fue desestimada por en "Iribarren" (1999 en los considerantes 3° y 4°). Ello hace que no importe, bajo tal doctrina, la fecha de jura de Elena Highton en nuestro caso. Unas lineas finales