Source: http://maparegional.gob.ar/accesoJusticia/public/verDetallePais.html?codigoPais=co
Timestamp: 2019-03-23 20:48:48
Document Index: 78619786

Matched Legal Cases: ['artículo 527', 'artículo 523', 'artículo 525', 'artículo 116', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 116', 'artículo 64', 'artículo 531']

Depende de la Rama Judicial del Poder Público, a través de la Fiscalía General de la Nación. El artículo 527 de la Ley 906 de 2004 señala: «El Fiscal General de la Nación elaborará un manual que fije las directrices del funcionamiento de la mediación, particularmente en la capacitación y evaluación de los mediadores y las reglas de conducta que regirán el funcionamiento de la mediación y, en general, los programas de justicia restaurativa.»
Ley 906 de 2004. Esta figura está supeditada a las directrices de la Fiscalía General de la Nación. Puede referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados, la realización o abstención de una determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad, o el pedimento de disculpas o perdón. Se enmarca en el ámbito de la justicia restaurativa
La mediación sólo se contempla en materia penal. En el artículo 523 de la Ley 906 de 2004 se prevé que la misma puede ser realizada por un tercero neutral, particular o servidor público designado por la Fiscalía General de la Nación.
Ley 906 de 2004, «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal». El artículo 525 de dicha norma establece lo siguiente: «La mediación podrá solicitarse por la víctima o por el imputado o acusado ante el fiscal, juez de control de garantías o juez de conocimiento, según el caso, para que el Fiscal General de la Nación, o su delegado para esos efectos, proceda a designar el mediador.»
Organismo de control de gestión
Organismo a cargo del Registro
El arbitraje constituye una forma en la cual los particulares son investidos de la función de administración de justicia de manera temporal, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política. El ejercicio del arbitraje institucional se realiza a través de centros de arbitraje que son autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho – Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (Rama Ejecutiva del Poder Público).
Ley 1563 de 2012. «Por medio del cual se expide el Estatuto Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones». En esta disposición se describen las modalidades de arbitraje, los procedimientos y reglas aplicables al arbitraje nacional y al internacional, así como se determinan los aspectos relativos al control e intervención jurisdiccional de los laudos.
El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice (artículo 1º de la Ley 1563 de 2012). El arbitraje procede en virtud de un pacto arbitral, el cual puede tomar la forma de cláusula compromisoria o compromiso, puede ser ad hoc (conducido directamente por los árbitros) o institucional (a través de centros de conciliación).
El laudo arbitral puede ser en derecho, en equidad o técnico, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012. Si nada se dice en el pacto arbitral, se entenderá que habrá de proferirse en derecho.
Arbitraje en derecho, en equidad o técnico.
La conciliación constituye una forma en la cual los particulares (conciliadores) son investidos de la función de administración de justicia de manera temporal, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política. El ejercicio de la conciliación extrajudicial en derecho se realiza a través de centros de conciliación que son autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho – Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (Rama Ejecutiva del Poder Público) o por los funcionarios habilitados para conciliar por la ley. Todos ellos, no obstante, están obligados a reportar sus actuaciones en materia de conciliación al Ministerio de Justicia y del Derecho.
Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998 y Ley 640 de 2001, así como el Decreto 1069 de 2015, por el cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho. La conciliación puede ser judicial o extrajudicial; son susceptibles de este mecanismo la resolución de asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente establezca la ley. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismo la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador (artículo 64 de la Ley 446 de 1998). La conciliación puede ser judicial o extrajudicial.
La conciliación constituye un requisito de procedibilidad para asuntos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual se realiza a través de los delegados del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación). Así mismo, constituye requisito de procedibilidad para asuntos civiles antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepción de los divisorios, los de expropiación y aquellos en los que se demande o sea obligatoria la citación de indeterminados.
Carácter y materias a las que se aplica
Insolvencia Económica persona Natural
Custodia y régimen sobre menores incapaces
Declaración unión marital de hecho, disolución y liquidación
Rescisión de la participación en las sucesiones
Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales
Dirección conjunta del hogar y ejercicio de la patria potestad
Separación de bienes y cuerpos
Todo lo relacionado con el contrato de trabajo
Controversias del sistema de seguridad social
Conflictos jurídicos por servicios personales de carácter privado
Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto
Acceso abusivo a un sistema informático
Acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones
Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado
Asesoramiento y otras actuaciones ilegales, intervención en política
Circulación y uso de efecto oficial o sello falsificado
Daños o agravios a personas o cosas destinadas a culto
Disposición de bien propio gravado con prenda
Divulgación y empleo de documento reservado
Emisión y transferencia ilegal de cheques
Falsa autoacusación
Falsedad para obtener prueba de hecho verdadera
Falsificación o uso fraudulento de sello oficial
Hurto cuando se omitiere con fines de uso o entre condueños
Invasión de tierras y edificios
Irrespeto a cadáveres
Lesiones personales con deformidad física transitoria
Lesiones personales con perturbación funcional transitoria
Malversación y dilapidación de los bienes familiares
Ofrecimiento engañosos de productos y servicios
Ofrecimiento de venta de instrumento apto para interpretar la comunicación
Perturbación de actos oficiales
Perturbación de la posesión sobre inmuebles
Simulación de investidura o cargo
Supervisión de signo de anulación de efecto oficial
Uso y circulación de efecto oficial anulado
Usura y circulación de efecto oficial anulado
Usura y recargo de ventas a plazo
Utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva
Utilización indebida de influencias de la función pública
Utilización indebida de información en el ejercicio de la función pública
Utilización indebida de información oficial privilegiada
Violación a la libertad de trabajo
Violación de habitación ajena por servidor público
Violación de los derecho de reunión o asociación
Violación de los derechos de patrimoniales de autor y otras defraudaciones
Violación en lugar de trabajo
Acción de relación directa
Ejecutivo por vía judicial
Acción de controversial contractuales
Acción de nulidad y restablecimiento por actos del INCORA
Otros MASC
Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos autocompositivo, por medio del cual dos o más personas solucionan sus conflictos con el apoyo de un tercero llamado conciliador en equidad, quien ayuda a las partes a construir un acuerdo que a su vez tendrá plenos efectos jurídicos. Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998. Dichos conciliadores son postulados por la comunidad, nombrados por la máxima autoridad judicial del lugar en el que desarrollarán su labor, y respecto de la implementación de la figura el Ministerio de Justicia y del Derecho brinda apoyo a las entidades territoriales (municipios y distritos). Las facultades del conciliador en equidad son homólogas a las del conciliador en derecho (resuelve), teniendo idénticos efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo los acuerdos que se logren en este escenario, caracterizado por una mayor informalidad. La población beneficiada es, principalmente, las comunidades.
Insolvencia de la persona natural no comerciante:
A través de los centros de conciliación autorizados expresamente para ello por el Ministerio de Justicia y del Derecho, así como ante los notarios, las personas naturales no comerciantes pueden adelantar los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdos privados. La regulación se prevé en el artículo 531 y siguientes de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). A través de este medio se resuelven los procedimientos, pero se deriva a los jueces de la República la decisión de los conflictos que surjan en desarrollo de los mismos.