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Timestamp: 2019-01-18 22:25:43
Document Index: 158710075

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 80', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 79']

﻿ Sentencia 1999-00413 de marzo 10 de 2011
SENTENCIA 1999-00413 DE 10 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:DECOMISO DE MERCANCÍA. SI DESPUÉS DE ENTREGADA PROVISIONALMENTE LA MERCANCÍA SE LLEGARE A DECRETAR SU DECOMISO, EL IMPORTADOR ESTARÁ EN EL DEBER DE PONERLA A DISPOSICIÓN DE LA ADUANA, Y SI NO LO HACE, SE DECLARA INCUMPLIDA ESA OBLIGACIÓN Y SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA PARA PAGARLE A LA NACIÓN EL VALOR DE UNA MERCANCÍA QUE PASÓ A SER SUYA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIAN, ADUANA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, DECOMISO DE MERCANCÍA, APREHENSIÓN DE LA MERCANCÍA, IMPORTADOR
Sentencia 1999-00413 de marzo 10 de 2011
Ref.: Expediente 1999-00413-01
En la parte resolutiva del acto acusado se dispuso lo siguiente:
“ART. 1º.—Ordenar el decomiso administrativo a favor de la Nación de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2352 de 1989 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 2274 de 1989, artículo 80 del Decreto 1909 de 1992 y el artículo 1º del Decreto 1800 de 1994 (...).
ART. 2º.—Reconocer como aprehensores a los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, seccional Magdalena (...).
ART. 3º.—Declárese el incumplimiento total de las obligaciones contraídas y garantizadas por la póliza de seguros de cumplimiento 303725 de la compañía de seguros Latinoamericana de Seguros S.A. (...).
ART. 4º.—Ordénese la efectividad de la póliza de seguros de cumplimiento 303725 de la compañía de seguros Latinoamericana de Seguros S.A.(...).
El acto acusado contiene tres (3) órdenes a saber: (i) el decomiso de la mercancía aprehendida, (ii) declaró el incumplimiento de las obligaciones contraídas en la póliza de seguros y (iii) la efectividad de la póliza de seguros.
Cabe advertir que pese a que la Sala ha sostenido que la compañía de seguros no está legitimada para demandar el acto que ordena el decomiso de la mercancía(1), teniendo en cuenta que el acto administrativo que aquí se demanda ordena además, la efectividad de la garantía, que sí afecta los intereses de la aseguradora, esta queda legitimada entonces para demandar este acto.
Funcionarios del DAS aprehendieron una mercancía que venía embalada en los contenedores SMLU-49177-5, SMLU-491162-0 y TEXU-503439-0, cuando era transportada en los camiones de placas SUC-171, SUC-172 y SUC-170 de propiedad de los señores Eugenia Bustamante Chaves y/o Luis Marino Hurtado Rodallega.
El 21 de abril de 1997, los propietarios de la mercancía aprehendida solicitaron al jefe de la división de fiscalización de la DIAN —Santa Marta—, con fundamento en los artículos 79 del Decreto 1909 de 1992 y 24 de la Resolución 1794 de 1993, liquidar el valor por el cual debía constituirse la garantía, en reemplazo de la mercancía aprehendida, para lo cual aportaron facturas comerciales.
El 20 de junio de 1997 se constituyó la póliza 303725 de Latinoamericana de Seguros S.A. (hoy Liberty Seguros S.A.) con vigencia hasta el 20 de septiembre de 1998. El objeto de la póliza era: “Garantizar el reemplazo de las mercancías aprehendidas y relacionadas en los DIM 34191-02185 por valor de $ 209.563.450 y DIM 34191-02186 por valor de $ 172. 909.396 según artículo 24 de la Resolución 1794 de 1993”.
El jefe de la división de control tributario y aduanero de la DIAN —administración Santa Marta— mediante Resolución 0009 de 9 de julio de 1997, aceptó la póliza de cumplimiento 303725 expedida por Latinoamericana de Seguros S.A., y ordenó la entrega de la mercancía amparada con la póliza de seguros.
Por Resolución 00310 de 27 de agosto de 1998, la jefe de la división liquidación aduanera de la DIAN —administración Santa Marta— ordenó el decomiso de la mercancía descrita en los ítems 01 a 114 de la DIM 34191- 02185 y 01 a 51 de la DIM 34191-02186 de 15 de marzo de 1997; declaró el incumplimiento de las obligaciones garantizadas con la póliza de seguros 303725 expedida por Latinoamericana de Seguros S.A. y ordenó hacerla efectiva.
Mediante Resolución 0029 de 17 de diciembre de 1998, el jefe de la división jurídica de la DIAN —administración Santa Marta— al resolver el recurso de reconsideración, confirmó la anterior en todas sus partes.
Corresponde a la Sala determinar si los actos demandados por medio de los cuales se dispuso el decomiso de una mercancía, el incumplimiento de una obligación y la efectividad de una garantía, se ajustó o no a las normas legales, pues la apelante considera que la administración violó el debido proceso, por haber omitido dar la orden de poner a disposición de la aduana la mercancía decomisada.
El ordenamiento aduanero, desde el Decreto 1750 de 1991, distingue entre la actuación encaminada a definir la situación jurídica de una mercancía —que se inicia con la aprehensión y puede concluir con el decomiso—, por una parte, y la actuación que tiene por objeto imponer multa al responsable de la correspondiente infracción administrativa, ya sea de contrabando u otra. El artículo 8º de este decreto señalaba cómo la actuación sancionatoria debe iniciarse después del decomiso:
Del contenido de las normas transcritas se deduce que mediante el procedimiento previsto en el artículo 1º del Decreto 1800 de 1994, la DIAN define si la mercancía se encuentra o no de contrabando en el territorio nacional, en tanto que el artículo 2º ibídem establece la sanción de multa si efectivamente el ingreso de aquella fue ilegal.
Dentro de la actuación para definir la situación jurídica, el artículo 79 del Decreto 1909 de 1992 (según fue modificado por el art. 2º del D. 2614/93) permite obtener la entrega de la mercancía reemplazándola por una garantía que cubra su valor:
Desde luego, si después de entregada provisionalmente la mercancía se llegare a decretar su decomiso, el importador estará en el deber de ponerla a disposición de la aduana, y si no lo hace, se declara incumplida esa obligación y se hará efectiva la garantía para pagarle a la Nación el valor de una mercancía que pasó a ser suya.
“El procedimiento para hacer efectivas las garantías que deben otorgarse en los asuntos aduaneros no tiene per se carácter sancionatorio, pues no conlleva la imputación de conducta constitutiva de infracción al régimen de aduanas, cuanto más bien declarar que el hecho amparado ha ocurrido y que, por consiguiente, es del caso hacer efectiva la póliza de cumplimiento que ampara una obligación aduanera sometida a garantía, independientemente de la actuación que deba adelantarse por hechos que eventualmente sean constitutivos de falta administrativa o infracción de norma aduanera”(2).
La Sala en sentencia de 26 de noviembre de 2008(3), sostuvo que el procedimiento mediante el cual se dispone el decomiso de una mercancía es distinto de aquel que ordena poner a disposición de la DIAN la mercancía decomisada. Dijo la Sala:
“Por otra parte, no sobra precisar que los dos procedimientos administrativos que se adelantaron con ocasión de los hechos relatados en la demanda, son totalmente diferentes. El primero de ellos, es el que se inició con la orden de aprehensión de las mercancías traídas al país por la firma Cryogas S.A. y que dio lugar a la expedición del acto administrativo mediante el cual se dispuso su decomiso, y el segundo, es el que se adelantó a partir del momento en el que se ordenó poner a disposición la DIAN las mercancías decomisadas y que concluyó con la expedición de los tres actos administrativos demandados en este proceso, mediante los cuales se ordenó hacer efectiva la póliza de garantía.
A pesar de tratarse de dos procedimientos distintos, que se encuentran debidamente alinderados entre sí, no puede decirse que estemos en presencia de unos procedimientos autónomos e independientes, pues no se puede desconocer que existe entre ellos un vínculo de concatenación particularmente estrecho. En últimas, se trata de dos actuaciones administrativas que se encuentran ligadas de manera sucesiva y consecuencial, en el sentido de que la segunda no puede adelantarse, sino en la medida en que haya quedado en firme la orden de decomiso de las mercancías que ingresaron irregularmente al país” (destacado fuera de texto).
De modo que, se trata de actuaciones administrativas que se encuentran ligadas de manera sucesiva y consecuencial, en el sentido de que la segunda no puede adelantarse, sino en la medida en que haya quedado en firme la orden de decomiso de las mercancías que ingresaron irregularmente al país.
De allí que, una vez proferido el acto de decomiso de la mercancía, se ordene al importador ponerla a disposición de la aduana, para que en el evento de su incumplimiento, se ordene hacer efectiva la garantía.
La Sala ha dicho(4) que para que se entienda ocurrido el siniestro (orden de decomiso) amparado por la póliza de seguros, se requiere que la orden de decomiso se encuentre en firme; de lo contrario se estaría pretermitiendo una etapa fundamental dentro de la vía gubernativa y en consecuencia se estaría vulnerando el derecho al debido proceso.
En firme el acto que declara el decomiso, surge para el importador la obligación inmediata de entregar la mercancía. En esas circunstancias, la administración no podía simultáneamente declarar el incumplimiento de la obligación y ordenar la efectividad de la garantía, sin haberle permitido al importador previamente, poner a disposición de la aduana la mercancía decomisada, como lo establecen las normas transcritas anteriormente.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la nulidad de los numerales 3º y 4º de la Resolución 00310 de 27 de agosto de 1998. Como restablecimiento del derecho, se declarará que la actora no debe asumir pago alguno por concepto de las conductas endilgadas en los actos acusados. Para el caso en que la hubiese pagado, condenará a la DIAN a reintegrarle su valor actualizado, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, según lo preceptuado en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena el 8 de abril de 2005 y en su lugar:
1. DECLÁRASE la nulidad de los artículos 3º y 4º de la Resolución 00310 de 27 de agosto de 1998 mediante los cuales, la DIAN declaró el incumplimiento de una obligación y ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimiento 303725.
2. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la actora no debe asumir pago alguno por concepto de las conductas endilgadas en los actos acusados. Para el caso en que se hubiese pagado, ORDENÁSE reintegrar el valor actualizado, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, según lo preceptuado en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de marzo de 2011».
(1) Sentencia de 2 de septiembre de 2010, Expediente 1999-90331, M.P. María Claudia Rojas Lasso.
(2) Expedientes: 1997-3207, actora: Transportes Proveedor S.A.; 8546, actora: Transportes Vigía S.A., M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo; 8497, actora: Avianca S.A., M.P. Manuel S. Urueta Ayola.
(3) Expediente 2001-00816, actora: Seguros Alfa S.A., M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
(4) Expediente 2001-00271, actora: Colseguros S.A., M.P. Martha Sofía Sanz Tobón.