Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-441-18.htm
Timestamp: 2019-06-16 10:29:23
Document Index: 7041826

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 37', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 314', 'artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 314', 'artículo 13']

T-441-18
El defecto material o sustantivo es una falencia o yerro en una providencia judicial originado en el proceso de interpretación o aplicación de las normas jurídicas por parte del juez natural. Sin embargo, para que se configure esta causal de procedencia, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que signifique que el fallo emitido obstaculiza o lesiona la efectividad de los derechos fundamentales del accionante.
El precedente judicial ha sido definido por esta Corte como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
Partiendo de la autoridad que emitió el fallo, el precedente puede ser horizontal o vertical. Si se trata de seguir las decisiones emitidas por autoridades del mismo nivel jerárquico, o del mismo funcionario se estaría en el marco de la primera categoría; por su parte, las sentencias proferidas por el superior jerárquico “o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia” hacen parte del precedente vertical.
VALOR VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL DE ORGANOS DE CIERRE JURISDICCIONAL Y POSIBILIDAD DE APARTAMIENTO-Jurisprudencia constitucional/FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL COMO FUENTE DE DERECHO-Alcance/PRECEDENTE JUDICIAL-Jueces pueden apartarse si exponen razones que justifiquen su decisión
ACUMULACION DE TIEMPOS DE SERVICIOS PRESTADOS TANTO EN EL SECTOR PRIVADO COMO EN EL SECTOR PUBLICO-Reiteración de sentencia SU.769/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por configurarse los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente en proceso laboral
Al analizar el caso concreto, concluyó que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto sustantivo, porque dejó de aplicar presupuestos normativos que eran necesarios para resolver las pretensiones del accionante, esto es, el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el parágrafo 1 del artículo 33 de la misma Legislación. Adicionalmente, encontró también configurado un defecto por desconocimiento del precedente, en la medida que el Tribunal no tuvo en cuenta la Sentencia SU-769 de 2014, en la cual, la Sala Plena de esta Corporación recogió su pacífica y reiterada línea jurisprudencial sobre el asunto del fondo de este caso, en el sentido de permitir la acumulación de tiempos públicos y privados de cotización al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, para efectos del reconocimiento de pensiones de vejez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990
Acción de tutela instaurada por Ignacio Antonio García Cortés contra el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, y la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
El 2 de marzo de 2018, Ignacio Antonio García Cortés interpuso acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, al debido proceso, y derechos adquiridos, que considera vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante, Colpensiones. A continuación la Sala resumirá los hechos narrados por el accionante:
1. El señor Ignacio Antonio García Cortés, tiene actualmente 77 años de edad, y manifiesta carecer de medios económicos suficientes para sostenerse.
IGNACIO ANTONIO GARCIA CORTES
3. Sostiene que solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, la cual le fue negada en varias ocasiones (Resoluciones No. 010257 del 4 de abril de 2005, 000998 del 27 de junio de 2006, y 044360 del 28 de noviembre de 2011; expedidas todas por el entonces Instituto de Seguros Sociales). En razón a lo anterior, presentó demanda ante la jurisdicción ordinaria, que fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, y reconoció a su favor una pensión por aportes, con base en la Ley 71 de 1988. Al surtirse el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante Sentencia del 21 de abril de 2015, decidió revocar la Sentencia de primera instancia, y, en su lugar, absolver a la entidad demandada[2].
4. Posteriormente, el 1º de junio de 2016, pidió a Colpensiones realizar un nuevo estudio de su situación pensional. La solicitud fue resuelta mediante la Resolución GNR 201803 del 8 de julio de 2016 en el sentido de negar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, tras considerar que el señor García Cortés solo acreditaba 658 semanas de cotización al Sistema.
5. Recurrida la anterior decisión, Colpensiones emitió la Resolución GNR 263098 de 6 de septiembre de 2016, en la que mantuvo la negativa de reconocer la pensión de vejez al accionante, pero señaló que, al tener en cuenta los tiempos públicos y privados que cotizó al Sistema de Seguridad Social en pensiones, cuenta con 1015 semanas de aportes.
6. Así las cosas, el actor interpuso una nueva demanda ordinaria que le fue repartida en primera instancia al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad que, mediante sentencia del 28 de septiembre de 2017, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda y declaró que el señor Ignacio Antonio García Cortés cumple con las condiciones establecidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez solicitada. Por lo tanto, ordenó a Colpensiones reconocer y pagar a favor del demandante una pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo mensual vigente a partir del 1º de marzo de 2008. Además, le condenó al pago del retroactivo causado desde el 1 de junio de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2017.
7.1. La apoderada del accionante solicitó revocar la declaratoria de la excepción de prescripción, argumentando que para el año 2008 el señor García Cortés ya había cumplido con los requisitos para acceder a la pensión, también reclamó el pago de los intereses moratorios, aduciendo que la entidad demandada siempre ha actuado con negligencia al no concederle el derecho pensional a su representado, teniendo en cuenta que en el último acto administrativo negó el reconocimiento de la prestación, pese a advertir que contaba con 1015 semanas de cotización al Sistema.
7.2. Por su parte, al sustentar el recurso de apelación, el apoderado de Colpensiones señaló que en el caso (i) se presentaba el fenómeno de la cosa juzgada, toda vez que existía un pleito pendiente con un proceso llevado a cabo ante el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, en donde se había solicitado para el reconocimiento de la pensión tener en cuenta los mismos tiempos que se encontraban bajo estudio; (ii) que la Corte Suprema de Justicia, ha entendido que cuando se trata reconocer pensiones bajo el Acuerdo 049 de 1990 no se pueden tener en cuenta periodos cotizados a otras cajas de previsión social, y en la medida que el demandante solo contaba con 658,17 semanas cotizadas exclusivamente al ISS, no era posible acceder a su pretensión. Finalmente, (iii) solicitó que de confirmarse la sentencia apelada, se ordenara el descuento por aportes a salud del retroactivo pensional y se absolviera a Colpensiones de los intereses moratorios.
8. El 28 de febrero de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá resolvió los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta en el sentido de revocar la Sentencia de primera instancia. En lo relativo al estudio de la cosa juzgada por haberse propuesto la excepción previa de pleito pendiente planteada por Colpensiones, señaló que ya había sido resuelta en la primera audiencia celebrada el 28 de agosto de 2017, “declarando no probado dicho medio exceptivo, sin que tal providencia hubiese sido recurrida, por lo que tal petición en la presente instancia resulta extemporánea”.
Sobre el fondo del asunto, el Tribunal sostuvo que siguiendo la postura de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia[3], como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, para obtener el reconocimiento de una pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, sólo es posible contabilizar las semanas que fueron efectivamente cotizadas al Instituto del Seguro Social “por cuanto en el referido acuerdo no existe una disposición que permita incluir el tiempo trabajado como servidores públicos o el servido al Ministerio de Defensa, como en el presente caso ocurre (ver cuadro fl. 43), como sí acontece con la Ley 71 de 1988 y a partir de la Ley 100 de 1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por ella.” En consecuencia, no encontró satisfecho el requisito de 1000 semanas de cotización, y tras advertir que para el momento en que el actor realizó su último aporte al Sistema esto es, febrero de 2008, según el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 se debía contar con 1125 semanas; el Ad quem revocó la condena que había sido impuesta a Colpensiones.
9. Contra esta última providencia judicial el actor interpone acción de tutela, por considerarla vulneradora de sus derechos fundamentales a una vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital. Sostiene que el Tribunal habría incurrido en un defecto por desconocimiento del precedente, pues no tuvo en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014, según la cual, sí es posible acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y privadas al aplicar el Acuerdo 049 de 1990. Por lo tanto, solicita dejar sin efectos la Sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, y que se le ordene emitir un nuevo fallo en el que se ordene a Colpensiones reconocer y pagar la pensión de vejez a la que considera tiene derecho.
El 6 de marzo de 2018, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, inadmitió la acción de tutela tras constatar que no se había hecho el juramento requerido para la presentación de la misma, conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. En el Auto otorgó dos días para corregir lo pertinente. Una vez presentado el juramento por parte del actor, mediante Auto del 13 de marzo de 2018 se corrió traslado a Colpensiones y al Tribunal Superior de Bogotá, para que se pronunciaran sobre los hechos de la acción. También vinculó al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá y a las demás entidades que participaron el proceso ordinario.
El 4 de abril de 2018, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirió Sentencia de instancia en la que negó la acción de tutela interpuesta por el señor Ignacio Antonio García Cortés. Consideró que no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque el accionante no había agotado el recurso extraordinario de casación. También argumentó que no se acreditó durante el trámite de la tutela la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente un amparo transitorio.
4.2. Copia de la Resolución No. GNR 263098 del 6 de septiembre de 2016 expedida por Colpensiones, mediante la cual resolvió el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra la Resolución No. GNR 201803 del 8 de julio de 2016. En esta, señala que pese a que el señor Ignacio Antonio García Cortés acredita un total de 1015 semanas de cotización al Sistema, no es posible reconocerle pensión según el Decreto 758 de 1990, pues este “es aplicable de forma exclusiva al Régimen de Prima Media con Prestación Definida; razón por la cual las semanas que se pueden tener en cuenta para liquidar una prestación con base en este decreto, son únicamente las cotizadas al ISS hoy Colpensiones”. (Folios 8 a 14, cuaderno 1)
Mediante Auto del 3 de agosto de 2018, la Magistrada Sustanciadora solicitó (i) al accionante que ampliara la información sobre su situación personal y familiar; (ii) a Colpensiones la historia laboral del actor; y (iii) al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el envío del expediente contentivo del proceso ordinario radicado No. 2016-00588 promovido por Ignacio Antonio García Cortés contra Colpensiones, o copia de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas durante el mismo, así como información sobre la demanda de casación interpuesta contra la Sentencia de segunda instancia dentro del mencionado proceso laboral. A continuación la Sala reseña las pruebas allegadas en esta etapa.
5.1. El accionante remitió un escrito en el que informó que su esposa falleció el 14 de junio del año en curso y que actualmente vive con uno de sus hijos, que está diagnosticado con epilepsia. Informó que tiene tres hijos más, pero cada uno de ellos debe responder por su hogar, y le colaboran en la medida que pueden con aportes económicos que no son suficientes para garantizar su subsistencia. Manifestó que sufre de la próstata, de hipertensión e incontinencia y, adjuntó copia de la historia clínica de su hijo Alexis Nolberto García Coronado, en la que consta que tiene diagnóstico de epilepsia de tipo no especificado; así como una certificación expedida por Compensar el 14 de junio de 2001, en la que se informa que el hijo del accionante presenta “cuadro de síndrome convulsivo de difícil manejo, con retado sicomotor asociado” y que cuenta con un porcentaje de discapacidad superior al 63%. (Folios 14 a 20, cuaderno de Revisión).
5.3. Colpensiones remitió copia de un reporte de semanas cotizadas en pensiones del actor, en el que incluyó los tiempos cotizados al ISS, correspondiente a 658,14 semanas. (Folios 32 a 42, cuaderno de Revisión).
5.4. Posteriormente, se recibió mediante correo electrónico copia del acta de audiencia pública emitida el 28 de febrero de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, correspondiente a la Sentencia de segunda instancia proferida en el proceso ordinario laboral adelantado por el aquí accionante contra Colpensiones. (Folios 49 a 55, cuaderno de Revisión).
5.6. En vista de lo anterior, mediante Auto del 27 de agosto de 2018, la Magistrada Sustanciadora requirió a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá para que informara sobre el trámite impartido al recurso de casación interpuesto contra la referida providencia, teniendo en cuenta que en la plataforma digital de consulta de procesos de la Rama Judicial, aparecía una anotación que daba cuenta del mismo. También le pidió información a la Secretaría General de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre la mencionada demanda de casación.
5.7. La Secretaría de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia informó que al 5 de septiembre de 2018 únicamente ha tenido conocimiento de un recurso de casación impetrado por Ignacio Antonio García Cortés contra Colpensiones, que fue devuelto al despacho de origen, por cuanto se aceptó el desistimiento del recurso el 10 de julio de 2017.[4] La Sala aclara que esta información se refiere al primer proceso ordinario iniciado por el actor que no es objeto de estudio en esta oportunidad.
5.8. El Tribunal Superior de Bogotá, mediante oficio del 3 de septiembre de 2018, informó que “la apoderada de la parte actora, en la audiencia celebrada el 28 de febrero de 2018, dentro del proceso ordinario con radicación 07 2016 0588, interpuso recurso de casación, por lo que se iniciaron los trámites secretariales pertinentes, una vez la oficina asignada en la secretaria de la Sala Laboral, a efectos de verificar el interés jurídico para recurrir, pasó al despacho el 27 de julio de 2018 el respectivo proyecto, en esa fecha mediante auto se concedió el recurso de casación. En la actualidad el proceso se encuentra en la Secretaría Laboral de esta Corporación, en el trámite administrativo para la remisión a la Corte Suprema de Justicia.” Adjuntó copia del auto que concedió el recurso.[5]
2.1. El accionante, persona de 77 años de edad, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión de vejez que le fue negada por dicha Entidad. En consecuencia, acudió a la jurisdicción ordinaria laboral con el fin de que se decretara judicialmente el reconocimiento de la mencionada prestación. En primera instancia, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá accedió a sus pretensiones y le ordenó a Colpensiones reconocerle una pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, tras considerar que cumplía los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990 para el efecto. Apelada dicha decisión, y surtiendo el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante Sentencia del 28 de febrero de 2018, resolvió revocar el fallo de primera instancia y en su lugar negar el reconocimiento de la prestación pretendida al actor tras señalar que el Acuerdo 049 de 1990 no permite computar tiempos públicos y privados de cotización, pues ello únicamente es posible en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
2.2. Le corresponde a la Sala Segunda de Revisión determinar si el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas y al debido proceso del señor Ignacio Antonio García Cortés, al negarle el reconocimiento de una pensión de vejez, como consecuencia de aplicar la tesis adoptada por la Corte Suprema de Justicia, según la cual, el Acuerdo 049 de 1990 sólo permite la observancia de los tiempos cotizados al ISS hoy Colpensiones, en vez de la interpretación hecha por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 769 de 2014, que permite la acumulación de tiempos de cotización públicos y privados, pues ésta no es exclusiva del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
3.3. El asunto es de relevancia constitucional, pues plantea la posible vulneración de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso de Ignacio Antonio García Cortés, adulto mayor, en situación de vulnerabilidad económica y con varios quebrantos de salud, por el supuesto error cometido por el Tribunal Superior de Bogotá, al no tener en cuenta lo dispuesto por esta Corporación en la Sentencia SU-769 de 2014, en lo relativo a la posibilidad de acumular tiempos de cotización públicos y privados para efectos del reconocimiento de una pensión de vejez a su favor, conforme al Acuerdo 049 de 1990.
3.5.3. Pues bien, en el caso bajo estudio, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar improcedente el amparo por considerar que el accionante no había agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tenía a su alcance, en particular, le reprochó la falta de interposición del recurso de casación. No obstante, atendiendo a las circunstancias especiales en las que se encuentra el señor Ignacio Antonio García Cortés que se presentarán a continuación, en criterio de esta Sala de Revisión, en este caso, no era necesario agotarlo.
3.5.6. El señor Ignacio Antonio García Cortés es un adulto mayor, que actualmente cuenta con 77 años y varias afectaciones de salud, propias de su avanzada edad[19]. El accionante lleva cerca de 13 años buscando el reconocimiento de la pensión de vejez a la que considera tiene derecho. Según las pruebas obrantes en el expediente, y de acuerdo con la Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia dentro el proceso ordinario laboral objeto de esta controversia, el accionante empezó la búsqueda de su derecho a la pensión de vejez, al menos desde el año 2005. Prueba de ello es la Resolución No. 010257 del 4 de abril de 2005 mediante la que el ISS negó por primera vez, el reconocimiento de la pensión al accionante. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que se encuentra en la base del Sisben con un puntaje de 51,65, según la calificación que se le hizo el 23 de febrero de 2010[20]; actualmente no percibe ningún ingreso económico distinto a las ayudas que le pueden brindar sus hijos; y debe hacerse cargo de su hijo Alexis Nolberto Garcia Colorado, quien fue diagnosticado con epilepsia desde temprana edad, no se encuentra en capacidad de laborar[21], y figura como retirado del Sistema de Seguridad Social en Salud, según el Registro Único de Afiliados, del Sistema Integral de Información de la Protección Social provisto por el Ministerio de Salud[22].
3.9. Finalmente, los cuestionamientos de Ignacio Antonio García Cortés no se dirigen contra una sentencia de tutela, de constitucionalidad de la Corte Constitucional, ni de nulidad por inconstitucionalidad del Consejo de Estado, sino contra la providencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el marco del proceso ordinario laboral en el que se estudió la posibilidad de reconocerle una pensión de vejez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990.
3.10. Como la acción de tutela instaurada por Ignacio Antonio García Cortés satisface los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Segunda de Revisión pasará a hacer una breve caracterización de los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente.
5.2. En efecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostiene que para reconocer las prestaciones consagradas en el Acuerdo 049 de 1990 sólo se pueden tener en cuenta los aportes hechos directamente al ISS. El principal argumento que sustenta esta posición es que esa norma no consagra específicamente la posibilidad de acumular tiempos, como sí lo hicieron por ejemplo el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 (pensión por aportes), o los artículos 13 y 33 de la ley 100 de 1993. En la sentencia 23611 de 2004[55], la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente:
6.1. Ignacio Antonio García Cortés cuenta actualmente con 77 años de edad, es una persona en condición de vulnerabilidad económica y con varios quebrantos de salud. En junio de 2016 solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, petición que fue resuelta mediante la Resolución GNR 201803 del 8 de julio de 2016 en el sentido de negar el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, tras considerar que el señor García Cortés solo acreditaba 658 semanas de cotización al sistema.
Recurrida la anterior resolución, Colpensiones emitió la Resolución GNR 263098 de 6 de septiembre de 2016, en la que mantuvo la decisión de no reconocer la pensión de vejez al accionante, pero señaló que, al tener en cuenta los tiempos públicos y privados que cotizó al Sistema de Seguridad Social en pensiones, cuenta con 1015 semanas. En dicho acto, luego de señalar que el accionante es beneficiario del régimen de transición previsto en la ley 100 de 1993, Colpensiones estudió la solicitud de la siguiente manera:
Conforme a lo anteior, es pertinente indicarle que el señor GARCIA CORTES IGNACIO ANTONIO que el Decreto 758 de 1990, es aplicable de forma exclusiva al Régimen de Proma Media con Prestación Definida; razón por la cual las semanas que se pueden tener en cuenta para liquidar una prestación con base en este decreto, son únicamente las cotizadas al ISS hoy Colpensiones.
En consecuencia, el accionante acudió a la jurisdicción ordinaria laboral, con el fin de que se decretara judicialmente el reconocimiento de la mencionada prestación. En primera instancia, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá accedió a sus pretensiones y le ordenó a Colpensiones reconocer una pensión de vejez a favor del accionante en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, tras considerar que cumplía los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990 para el efecto.
Apelada dicha decisión, y surtiendo el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 28 de febrero de 2018, resolvió revocar el fallo de primera instancia, y en su lugar negar el reconocimiento de la prestación pretendida al actor tras señalar que el Acuerdo 049 de 1990 no permite computar tiempos públicos y privados de cotización, pues ello únicamente es posible en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
- La sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso laboral iniciado por Ignacio Antonio García Cortés contra Colpensiones incurrió en un defecto sustantivo
6.3. Siguiendo las consideraciones expuestas en esta sentencia, el defecto sustantivo ocurre, entre otras hipótesis, cuando al tomar una decisión, los jueces no aplican una norma que regula la resolución del caso en concreto. Así pues, la Sala advierte que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá no tuvo en cuenta para resolver el caso del señor García Cortés, la segunda parte del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el parágrafo 1 del artículo 33 de la misma legislación[85]. El análisis del caso del accionante por parte del Tribunal fue el siguiente:
“De este modo ha de precisarse, no es motivo de controversia en ésta instancia la calidad de beneficiario del régimen de transición del actor, pues así fue reconocido por la entidad demandada en los actos administrativos que negaron el derecho pensional, Resoluciones No. 044360 del 8 de noviembre del 2011 (fl. 68) y GNR 263098 del 6 de septiembre del 2016 (fl. 44) y se corrobora con la copia de la cédula de ciudadanía del actor visible a folio 77, de donde se extrae que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el demandante contaba con la edad de 53 años, como quiera que nació el 26 de noviembre de 1940 y para el 25 de julio del año 2005 fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, el demandante tenía cotizadas 940 semanas (conforme a la relación de tiempos de servicios establecida por Colpensiones en el acto administrativo visible a folio 43 vto), por lo que su beneficio transicional se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014.
Revisada entonces la historia laboral obrante a folios 130 y 131 emitida por Colpensiones, actualizada al 24 de noviembre del 2016, se tiene que durante el lapso atrás señalado el señor GARCÍA CORTÉS tan solo realizó cotizaciones a la entidad enjuiciada en suma total de 173,43, pues solo obran aportes del 4 de mayo de 1983 al 30 de septiembre de 1999 (fl. 130), es decir, no acredita el requisito de 500 semanas ya mencionado.
Así las cosas, es claro para la Sala, las cotizaciones que se han de tener en cuenta para efectos del reconocimiento pensional en virtud del acuerdo 049 de 1990, son las realizadas exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, sin que se pueda entender que el parágrafo del artículo 36 de la ley 100 de 1993, es aplicable a las situaciones definidas a la luz de normatividad anterior por encontrarse amparadas en el régimen de transición, como quiera que tal previsión es aplicable para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez del inciso primero, de ese mismo artículo, que es la consagrada en la misma Ley 100 y que se rige en su integridad por ella (…).
6.5.1. Siguiendo lo estipulado por el Acuerdo 049 de 1990, los hombres que contaran con 55 años de edad, y 1000 semanas de cotización al sistema en cualquier tiempo, tienen derecho a recibir una pensión de vejez. La observancia de estos requisitos responde (i) a la norma aplicable para el reconocimiento de la prestación y (ii) a la pertenencia del señor Ignacio Antonio García Cortés al régimen de transición de la ley 100 de 1993.
6.5.2. De otra parte, la aplicación del segundo inciso del artículo 33 de la ley 100 de 1993 –que permite la acumulación de los tiempos no cotizados al ISS- responde al financiamiento de la prestación. Por ello, en este caso es posible sumar los aportes realizados a entidades diferentes al ISS con los que se hicieron directamente a ese Instituto, con el fin de proteger las expectativas legítimas del accionante, y sus derechos en curso de adquisición. En consecuencia, para la Sala deben tenerse en cuenta la totalidad de aportes realizados al sistema por el señor Ignacio Antonio García Cortés, esto es 1015 semanas.[86]
6.6. Por último, cabe también mencionar que la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional. Según se expuso en los numerales 4.4. a 4.10. de la presente providencia judicial, las decisiones adoptadas por este alto Tribunal tienen fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos, toda vez que la Constitución le confió la tarea de interpretar los derechos fundamentales y su salvaguarda. De ahí que, para separarse del precedente que emana de la Corte Constitucional, los jueces deban exponer clara, suficiente, y razonablemente los argumentos que lo justifican.
Analizada la sentencia proferida por el Tribunal en el caso del señor Ignacio Antonio García Cortés, cuya parte motiva se reprodujo en párrafos anteriores, queda claro que no presentó razón alguna que justificara por qué no seguiría el precedente sentado por varias salas de revisión de esta Corte, y en especial por la Sala Pena en la sentencia SU-769 de 2014. En consecuencia, se trató de un desconocimiento injustificado del precedente constitucional que debe también ser advertido por la Sala Segunda en esta oportunidad. Así, la autoridad judicial accionada omitió por completo hacer referencia al mencionado precedente, situación que, sumada a que la interpretación adelantada por la Corte Constitucional en este tipo de casos resulta más garantista para los derechos iusfundamentales del actor, lleva a la Sala a la conclusión de que en este caso debe concederse el amparo.
6.7. En este orden de ideas, la Sala encuentra vulnerados los derechos al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social del señor Ignacio Antonio García Cortés, por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, y en consecuencia, concederá el amparo solicitado.
Atendiendo a las especiales condiciones que se presentan en el señor Ignacio Antonio García Cortés quien (i) es un adulto mayor, actualmente cuenta con 77 años, (ii) sufre varias afectaciones de salud, propias de su avanzada edad, (iii) se encuentra en la base del Sisben con un puntaje de 51,65, según la calificación que se le hizo el 23 de febrero de 2010, (iv) actualmente no percibe ningún ingreso económico distinto a las ayudas que le pueden brindar sus hijos; (v) debe hacerse caso de su hijo Alexis Nolberto Garcia Colorado, quien fue diagnosticado con epilepsia desde temprana edad, y no se encuentra en capacidad para laborar, (vi) figura como retirado del Sistema de Seguridad Social en Salud, según en el Registro Único de Afiliados, del Sistema Integral de Información de la Protección Social provisto por el Ministerio de Salud; aunado a que (vii) lleva cerca de 13 años buscando el reconocimiento de la pensión de vejez a la que considera tiene derecho, y ha agotado la vía ordinaria en dos ocasiones; la Sala advierte la necesidad de tomar medidas urgentes de protección de sus derechos fundamentales, aun cuando se encuentra en trámite un recurso de casación, en la medida que este tarda en ser resuelto entre 5 y 7 años, período que el accionante no está en condiciones de soportar sin un ingreso económico que le permita satisfacer sus necesidades mínimas vitales.
En consecuencia, la Sala revocará el fallo de instancia proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 4 de abril de 2018; dejará sin efectos la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 28 de febrero de 2018, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Ignacio Antonio García Cortés contra Colpensiones; y en su lugar, confirmará la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, en la sentencia del 28 de septiembre de 2017, que resolvió la primera instancia del proceso laboral ordinario adelantado por el accionante contra dicha Administradora. Adicionalmente, informará al accionante que puede desistir del recurso de casación interpuesto contra la providencia del Tribunal Superior de Bogotá, conforme al artículo 314 del Código General del Proceso.
La Sala revisó la acción de tutela interpuesta por el señor Ignacio Antonio García Cortés contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y Colpensiones, por considerar que con la decisión de no reconocer a su favor una pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990 vulnera sus derechos fundamentales al mínimo vital, a una vida en condiciones dignas, a la seguridad social y al debido proceso.
Antes bien, en relación con el requisito de subsidiariedad, se advirtió que atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el señor José Ignacio García Cortés, quien es (i) un adulto mayor, de 77 años de edad, (ii) en condición de vulnerabilidad económica, (iii) con varios quebrantos de salud -problemas de próstata, incontinencia y memoria-, (iv) que actualmente no se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, (v) que responde por un hijo que fue diagnosticado con epilepsia desde temprana edad, enfermedad que le ha impedido ingresar al mercado laboral, y (vi) que demostró absoluta diligencia en la búsqueda de la protección de su derecho a la seguridad social en pensiones, cuyo reclamo inició en el año 2005; en este caso no resulta proporcional exigirle al accionante el agotamiento del recurso extraordinario de casación.
Enseguida, la Sala reiteró la jurisprudencia constitucional sobre los defectos específicos de procedencia sustantivo y por desconocimiento del precedente, así como la interpretación hecha por esta Corte en relación con la posibilidad de sumar tiempos no cotizados al ISS con los aportes hechos a dicho Instituto, para acceder a las prestaciones consagradas en el Acuerdo 049 de 1990. Al analizar el caso concreto, concluyó que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto sustantivo, porque dejó de aplicar presupuestos normativos que eran necesarios para resolver las pretensiones del accionante, esto es, el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el parágrafo 1 del artículo 33 de la misma Legislación.
Así, concluyó que no existe duda sobre la pertenencia del señor Ignacio Antonio García Cortés al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en virtud del cual, para el reconocimiento de la prestación que reclama le son aplicables los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, a saber contar con 55 años de edad, y 1000 semanas de cotización al Sistema en cualquier tiempo. De otra parte, sostuvo que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la aplicación del segundo inciso del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 –que permite la acumulación de los tiempos no cotizados al ISS- responde al financiamiento de la prestación. Por ello en este caso es posible sumar los aportes realizados a entidades diferentes al ISS con los que se hicieron directamente a ese Instituto, con el fin de proteger las expectativas legítimas del accionante, y sus derechos en curso de adquisición. En consecuencia, para la Sala deben tenerse en cuenta la totalidad de aportes realizados al Sistema por el señor Ignacio Antonio García Cortés, esto es 1015 semanas.
En consecuencia, halló procedente el amparo de los derechos fundamentales del actor al mínimo vital, a la seguridad social, a una vida en condiciones dignas y al debido proceso. En cuanto al remedio a adoptar, advirtió que en la medida en que se encuentra en trámite el recurso extraordinario de casación dadas las especiales condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el accionante, le corresponde adoptar medidas urgentes de protección, por lo cual, confirmará la Sentencia de primera instancia del proceso laboral adelantado por el señor Ignacio Antonio García Cortés, contra Colpensiones, que reconoció a su favor una pensión de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990 y conforme a la jurisprudencia constitucional, en especial la Sentencia SU-769 de 2014. Además, le informará al actor que puede desistir del recurso de casación interpuesto en el trámite ordinario al que se ha hecho referencia.
Primero.- Revocar la Sentencia de única instancia emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 4 de abril de 2018, que denegó la protección de los derechos del accionante, y en su lugar, conceder el amparo de los derechos al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social del señor Ignacio Antonio García Cortés.
Segundo.- Dejar sin efecto la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 28 de febrero de 2018, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Ignacio Antonio García Cortés contra Colpensiones, Radicado No. 110013050072016-00588.
Tercero.- Confirmar la decisión proferida el 28 de septiembre de 2017 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Ignacio Antonio García Cortés contra Colpensiones, Radicado No. 2016-00588; que ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a favor del actor a cargo de Colpensiones, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año y en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente.
Cuarto.- Informar al señor Ignacio Antonio García Cortés, que podrá desistir del recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales el 28 de febrero de 2018, en los términos del artículo 314 del Código General del Proceso.
[1] Información tomada de la Resolución Número GNR 263098 del 6 de septiembre de 2016, expedida por Colpensiones.
[6] En el presente acápite se seguirán las consideraciones expuestas en las sentencias T-453 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-577 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera; y T-221 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[8] Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[9] Ver, entre otras, las Sentencias SU-540 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-713 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, SU- 913 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez; SU-448 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo; SU-399 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; SU-353 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa; y SU-501 de 2015. M.P. (e) Myriam Ávila Roldán.
[10] Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[11] Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[12] Ver sentencia T-259 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
[13] T- 411-04 M.P. Jaime Araujo Rentería, reiterada T-888-10 M.P. María Victoria Calle Correa y T-886 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Toro.
[14] T-573-97 M.P. Jorge Arango Mejía, T-329-96 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[15] T-567-98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[16] Sentencia T-521 de 2015. M.P. Myriam Ávila Roldán (e).
[17] La sentencia T-1093 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas) precisa, al respecto, que en aras de la materialización del principio de igualdad material consagrado en el artículo 13 constitucional y de la garantía del derecho a acceder en igualdad de condiciones a la administración de justicia, el examen de las tutelas presentadas por sujetos de especial protección constitucional debe abordarse “bajo criterios amplios o flexibles, dada la tutela que la Carta concede en favor de esos colectivos y tomar en cuenta que aún dentro de la categoría de personas de especial protección constitucional existen diferencias materiales relevantes que rompen su horizontalidad y los sitúan en disímiles posiciones de vulnerabilidad que merecen distintos grados de protección”.
[18] Sentencia T-079 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[23] Ver sentencia C-824 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[25] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[27] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[44] Ver sentencia T-521 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[45] Sentencia SU- 354 de 2017. M.P. Iván Escrucería Mayolo (e).
[46] Sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[47] En la Sentnecia SU-314 de 2017. M.P. Iván Escrucería Mayolo, la Sala Plena de esta Cprte sostuvo que “El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino al derecho a la igualdad que rige en nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales.”
[49] Sentencia C-539 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[50] Sentencia T-439 de 2000. En Sentencia SU- 354 de 2017. M.P. Iván Escrucería Mayolo (e).
[51] M.P. Iván Escrucería Mayolo.
[52] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[54] Reiteración basada, principalmente, en la sentencia T-521 de 2015. M.P. Myriam Ávila Roldán (e).
[55] M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
[56] Esta posición fue reiterada en las sentencias 35792 de 2009 y 41672 de 2011 (M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz).
[57] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] Sentencia T-832 A de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[67] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[68] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[69] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[71] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[72] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[74] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[78] M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio.
[80] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[81] M.P. Iván Escrucería Mayolo (e).
[82] M.P. Iván Escrucería Mayolo (e).
[83] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[84] Sentencia T-463 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.