Source: https://supremo.vlex.es/vid/recurso-apelacion-impuestos-excencion-18542102
Timestamp: 2019-10-15 02:07:20
Document Index: 391678849

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 520', 'artículo 142', 'artículo 142', 'artículo 142', 'artículo 1', 'artículo 142', 'artículo 386', 'artículo 10', 'artículo 520', 'artículo 8', 'artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 14', 'artículo 131']

STS, 19 de Noviembre de 1991 - Jurisprudencia - VLEX 18542102
Número de Recurso: 298/1989
Fecha de Resolución: 19 de Noviembre de 1991
RECURSO DE APELACIÓN. IMPUESTOS. EXCENCIÓN. La excención del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos se extiende a los solares resultantes de las obras de saneamiento mejora interior de grandes poblaciones. Se desestima el recurso.
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y uno.
Visto el presente recurso de apelación interpuesto por Dª. Gloria, representada por el Procurador D. José Fernández Rubio Martínez y asistida de Letrado, y por el Abogado del Estado (después desistido), contra la sentencia número 1182 dictada, con fecha 1 de octubre de 1988, por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, estimatoria del recurso de dicho orden jurisdiccional promovido
el Excmo. Ayuntamiento de Madrid contra la resolución, de fecha 30 de marzo
de 1983, del Tribunal Económico Administrativo Provincial (TEAP) de Madrid,
por la que, en la reclamación número 11.440-79 formulada frente a la
liquidación del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos girada con motivo de la transmisión de la parcela número 23 de
Avenida de los Madroños, Entrearroyos, Canillas, Parque del Conde Orgaz,
declaró la exención de dicho tributo; recurso de apelación en el que ha
comparecido como parte apelada la Corporación Municipal de Madrid, representada por el Procurador D. Eduardo Morales Price y defendida por Letrado.
En la indicada fecha de 1 de octubre de 1988, la Sala
Primera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid dictó la sentencia número 1182 con la siguiente parte dispositiva:
"FALLAMOS: Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto
la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE MADRID, contra la resolución
del Tribunal Económico Administrativo Provincial de Madrid (expediente
198.901-78), acto que declaramos contrario a derecho y anulamos, declarando
en su lugar la validez de la liquidación por el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos a que dicho acto se contrae; sin
condena en costas".
La citada sentencia se basa en los siguientes
"I.- La cuestión planteada en el presente recurso
consiste en la impugnación, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la
resolución del Tribunal Económico Administrativo Provincial de Madrid,
la que se estimó la reclamación nº 11.440-79, de este carácter, deducida
por Dª. Gloria, contra liquidación sobre el Incremento de Valor de los Terrenos en razón a la transmisión de una determinada
parcela. La razón del acto impugnado estriba en considerar aplicables a
transmisión de referencia los beneficios previstos en la Ley de 18 de marzo de 1895, por tratarse de obras acogidas a la Ley de 3 de diciembre de 1953,
procediendo en consecuencia la exención prevista en el apartado f), del
art. 520 de la Ley de Régimen Local. II.- Tal y como señala el demandante,
la cuestión debatida ha sido objeto de reiterado pronunciamiento favorable
a las tesis que preconiza por parte de esta Sala, tesis ratificadas por
doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, 20 de noviembre de 1982, 23 de noviembre del mismo año y 16 de julio de 1986). En suma, la doctrina citada establece que el art. 1º de la Ley de de diciembre de 1953, en relación con el art. 13 de la Ley de 18 de marzo de 1895 sobre saneamiento y reforma interior de grandes poblaciones, sólo
dispone beneficios fiscales para los edificios y no para los solares, esto es, la exención se contrae a construcciones o sobre lo construido pues
afirma la sentencia de 14 de marzo de 1979, su finalidad fue fomentar la
construcción y como el arbitrio de plusvalía grava únicamente los terrenos
(art. 510 y 516 de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955) es
indudable que no puede alterarse la sujeción a dicho arbitrio por unas
normas que no contemplan los terrenos y sí los edificios sobre ellos
construidos, razonamiento que determina suficientemente ya de por sí la
improcedencia de aplicar a la transmisión de autos la exención apreciada.
Por otra parte, resulta inaplicable al presente supuesto el art. 520.1.f) de la Ley de Régimen Local, pues según las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1971 y 26 de junio de 1983, ese precepto sólo
refiere a solares procedentes del saneamiento y mejora de grandes
poblaciones a las que de ningún modo pueden equipararse las obras de
urbanización en el interior de poblaciones, que es lo alegado en el caso
autos, sin tener en cuenta que tales obras se habrían realizado bajo el régimen de la Ley del Suelo vigente en aquellos momentos que no incorpora
dicha exención y que su naturaleza es de interpretación restrictiva ajena
la posibilidad de la extensión analógica (sentencias del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1978), circunstancias todas que conducen a la estimación
del presente recurso sin que proceda la imposición de las costas causadas
en el mismo".
Contra dicha sentencia el Abogado del Estado (después
desistido) y la representación procesal de Dª. Gloria
interpusieron el presente recurso de apelación que, admitido en ambos
efectos, ha sido tramitado por esta Sala conforme a las prescripciones
legales; habiéndose señalado para votación y fallo la audiencia del día
de noviembre de 1991, fecha en la que tuvo lugar tal actuación procesal.
La cuestión de fondo planteada en esta apelación y en
vía jurisdiccional de instancia se contrae a dilucidar si, frente al
criterio sostenido en la sentencia impugnada y patrocinado por el Excmo.
Ayuntamiento de Madrid, procede que se declare, como propugnan la parte
apelante y la resolución del TEAP de Madrid de 30 de marzo de 1983, que
transmisión de fecha 1 de marzo de 1978 de la parcela número 72 de la
Avenida de los Madroños, Entrearroyos, Canillas, del Parque del Conde Orgaz
está exenta del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos, por aplicación de los beneficios concedidos en la Ley Castellana de 3 de diciembre de 1953 y por los artículos 520.1.f) de la Ley de Régimen Local de 1955 y 8.1.f) de las Ordenanzas Fiscales de la Corporación
referentes a dicho Impuesto en relación con la Ley de 18 de marzo de 1895
de Saneamiento o Mejora interior de grandes poblaciones y otras
disposiciones semejantes.
En relación con la Ley Castellana de 3 de diciembre 1953, esta Sala, en sentencias, entre otras, de 10.11.1966, 5.3, 2.7 y
18.11.1971, 26.6.1973, 23.1 y 26.9.1978, 14.3.1979, 20 y 22.11.1980,
29.5.1981, 23.11.1982, 16.7.1986, 18.4.1988 y 23.1.1989, tiene ya
declarado, con reiteración, que la invocación que de esa Ley se hace para
fundamentar en la misma la exención del Impuesto Municipal sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos no puede servir para alterar la
conclusión, evidentemente adecuada a derecho, a que ha llegado la sentencia
apelada, de denegar dicha exención, habida cuenta que:
Esa Ley de 3 diciembre de 1953, dictada con objeto de propulsar y fomentar eficazmente
la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, aprobado
la Ley de 1 de marzo de 1946, y que autorizaba al Gobierno para extender
sus preceptos a otras ciudades que tuvieran problemas urbanísticos
análogos, establecía una serie de beneficios en favor, exclusivamente,
los edificios o construcciones de nueva planta, y no de los solares o
terrenos en que aquéllos se asienten, por lo que la interpretación sostenida por el TEAP y por los apelantes, conducente a la aplicación de
tales beneficios al ámbito del Impuesto Municipal sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos (Impuesto que, dada su teleología, grava precisamente
eso, el aumento experimentado por los terrenos o solares en un momento
determinado), resulta forzada, extensiva y analógica, en contra de lo
previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley General Tributaria de 1963;
Los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de 18 de marzo de 1895, de
Saneamiento y Reforma interior de grandes poblaciones, a los que se remite
el 1 de la Ley de 3 de diciembre de 1953, sólo se refieren (como luego
matizará más) a los beneficios fiscales concedidos a las nuevas
construcciones en relación con los conceptos de la contribución de
inmuebles y derechos municipales que graven los materiales de construcción
o la apertura y primer destino de los nuevos edificios (artículo 13),
derechos reales (artículo 14) y papel sellado o actos jurídicos
documentados (artículo 15), sin hacer ninguna alusión al Arbitrio de Plus Valía (por el razonable argumento de que tal tributo fue creado
posteriormente, mediante Real Decreto de 13 de marzo de 1919), y, por ello,
como la Ley de 3 de diciembre de 1953 tampoco contiene un llamamiento
expreso al mencionado Arbitrio, es evidente que una postura favorable a
exención del mismo conculcaría el ya comentado artículo 24 de la Ley General Tributaria de 1963.
Por lo que hace referencia al problema de la potencial
exención del arbitrio de autos, por aplicación del apartado f) del número
1, del artículo 520 de la Ley de Régimen Local de 24.6.1955, en conexión
con otros preceptos del mismo texto, de las leyes de 26.7.1892 (de
Ensanche) y 18.3.1895 (de mejora, saneamiento y reforma interior de grandes
poblaciones), de otras Disposiciones posteriores y del art. 8.1.f) de las Ordenanzas Fiscales Municipales, la Sala entiende que no concurren los
requisitos necesarios para su concesión, habida cuenta que, partiendo del
doble hecho de que el hito inicial temporal del período impositivo de dicha exacción es el año 1956 y de que las obras de infraestructura urbanística
de saneamiento y mejora interior del Polígono "Parque del Conde Orgaz"
llevaron a cabo desde el año indicado hasta, por lo menos, el mismo año
1980 (según prueba obrante en el expediente), bajo el sucesivo régimen
los planes de ordenación urbana aprobados al amparo de la Ley del Suelo 1956 y posteriores, con los beneficios fiscales previstos en los mismos,
deben sacarse, en el presente caso, las siguientes conclusiones:
de aplicación los preceptos comprendidos en el Decreto de 5.5.1954 y en
artículo 142 de la Ley de Régimen Local de 1955.- En efecto, si se analiza
dicho Decreto en su totalidad, incluída su exposición de motivos, se
observa que se conceden al Ayuntamiento de Madrid (y no a los administrados
como la recurrente) los beneficios fiscales de las Zonas de Ensanche que,
para los términos municipales anexionados por aquél (así, el de Canillas,
por Decreto de 17.8.1949) en cumplimiento de los artículos 1 y 4 de la
1.3.1946, de Ordenación Urbana de Madrid, están reconocidos en el artículo 142 de la Ley de Régimen Local y regulados en las Leyes de 26.7.1892 (de
poblaciones); ello implica que el sujeto destinatario de esos beneficios
fiscales, y también de los recursos necesarios para atender a las
obligaciones del presupuesto de ensanche de los territorios anexionados,
el Ayuntamiento, en sí, y no los particulares que asumen las obras de
saneamiento o mejora, no sólo por lo que se induce del citado Decreto,
también porque el artículo 142 se está refiriendo, según su propio contexto
y a tenor de los epígrafes del Capítulo y de la Sección en los que está
contenido ("Obras municipales") y del sentido de los artículos precedentes,
a los beneficios fiscales otorgados por las Leyes de 26.7.1892 y 18.3.1895
a "las Corporaciones municipales", que, al formular los proyectos de
reforma interior, ensanche o extensión, se acojan a los mismos, y porque,
en las dos citadas Leyes, los artículos relativos a los beneficios o
recursos otorgados a los Ayuntamientos (que son los únicos a que hacen referencia, como se viene comentando, el Decreto de 1954 y el artículo de la LRL) sólo hablan de contribuciones territoriales urbanas y de
recargos ordinarios y extraordinarios y de otros conceptos semejantes
(artículos 13 y 14 de la Ley de 1892 y 44, 50 y 51 de su Reglamento de
31.5.1893 y 3 de la Ley de 1895 y 125 de su Reglamento de 15.12.1896),
nunca de Arbitrio o Impuesto Municipal de Plus Valía, que se introdujo,
nuestro ordenamiento jurídico, como ya se ha dicho, en el año 1919; a mayor
abundamiento, si se trata de aislar el contexto del artículo 1 del Decreto
de 1954 y deducir que la frase "Se aplicarán a los territorios anexionados
los beneficios fiscales de las zonas de ensanche reconocidos en el artículo 142 de la Ley de Régimen Local y regulados en las Leyes de 1892 y 1895"
está refiriendo, también, a beneficios concedidos en dichas dos Leyes a
administrados que realicen las obras de infraestructura urbanística, esos
beneficios sólo abarcan las exenciones o bonificaciones en la contribución
territorial urbana, recargos ordinarios y extraordinarios, derechos por licencia de obras, arbitrios que gravan los materiales de construcción
apertura y primer destino de los edificios, impuesto de derechos reales
traslación de bienes que afecten a las adquisiciones de fincas sujetas
expropiación forzosa y las primeras enajenaciones de los solares que
resulten, y otros tributos de igual tenor (artículos 28 de la Ley de 1892 41 de su Reglamento de 1893 y 13, 14 y 15 de la Ley de 1895 y 14 a 21 de Reglamento de 1896), y no comprenden, en modo alguno, el arbitrio de Plus
Valía. B) Tampoco es aplicable la Real Orden de 4.11.1929.- Esta
disposición, declarando exentas del Arbitrio de Plus Valía las primeras
transmisiones de los solares resultantes de las obras ejecutadas conforme
la Ley de 1895, se basa en lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de ésta última y en la Disposición Transitoria 17 del Estatuto Municipal de 8.3.1924, y, como aquellos dos artículos de la Ley de 1895 se refieren,
según lo ya visto, a tributos que nada tienen que ver con el cuestionado
estos autos, pues el llamado Impuesto de Derechos Reales y traslación de bienes tiene distinta naturaleza que el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos, y la Disposición Transitoria 17 del Estatuto hace
referencia al Arbitrio autorizado en el artículo 386 del mismo Texto, es
decir, a la contribución territorial urbana, transformable en arbitrio
sobre el valor de los solares, que se devenga por trimestres naturales,
obvio que tal Orden de 1929 no puede gozar de predicamento y ser objeto
aplicación, porque, además de que ello implicaría un atentado contra la
jerarquía normativa, en cuanto las normas legales que se dice la habilitan
no regulan tal Arbitrio concreto, supondría, además, dar carta de
naturaleza, para el establecimiento de un tributo, a una simple disposición
reglamentaria, en contra del tradicional principio de legalidad (reflejado,
años más tarde, en el artículo 10, entre otros, de la Ley General Tributaria de 1963). Y, C) La simple aplicación del artículo 520.1.f del Texto Articulado y Refundido de la Ley de Régimen Local de 1955 (reiterado
en el artículo 8.1.f) de las Ordenanzas Fiscales de Madrid) no permite tampoco la concesión de la exención del Arbitrio de Plus Valía que se
cuestiona.- Dicho precepto, que reconoce genéricamente dicha exención,
está refiriendo a los solares resultantes de las obras de "saneamiento
mejora interior de grandes poblaciones", que son los mismos conceptos que,
definidos en los artículos 3 y 4 del Reglamento de 1895, constituyen la
esencia material de la regulación de la Ley de 1895, y supone, por tanto,
en relación con ésta última, la introducción ex lege, y, al parecer (a
tenor de los precedentes constituídos por el Decreto de Ordenación Provisional de las Haciendas Locales de 25.1.1946 y la Ley de Régimen Local de 16.12.1950), también ex novo, de dicho beneficio fiscal (no repetido
después en la Ley de Bases de 1975 y en el Real Decreto 3250/1976, de 30 Diciembre), siempre que tales obras obedezcan, obviamente, con
exclusividad, a los criterios normativos de esa Ley de 1895; en
consecuencia, como tales obras, según los datos obrantes en los autos y
el expediente, se han realizado a partir del hito inicial del período impositivo y, con mayor seguridad y en su práctica totalidad, después de
entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1956 (pues basta examinar, para
sacar tal conclusión, el tenor de los datos citados, y, por contra, la
recurrente, que es quien tiene la carga de la prueba de los requisitos
determinantes de la exención, no ha demostrado, de forma categórica, que
todas la obras se llevaron a efectos antes de 1956 ó con total sujeción
normas de planificación precedentes), es evidente que, al regirse la
problemática que estamos examinando por las disposiciones vigentes al
tiempo de producirse el hecho imponible, es decir, en 1978, como luego
concretará (sentencia de esta Sala de 15.6.1989), el híbrido o complejo
normativo constituído por la simbiosis del artículo 520.1.f y la Ley de 1895 ha sido sustituído, para el supuesto fáctico aquí cuestionado, en
devenir temporal paralelo a la sucesiva materialización de las obras, por
el complejo del citado artículo y de la Ley del Suelo de 1956 (y
posteriores reformas), y, en consecuencia, no concurren los condicionantes de la exención preconizada, porque, fundada en la realización de obras
saneamiento y mejora interior atemperadas a la Ley de 1895, no sólo no
existe tal presupuesto, como se ha razonado, sino que, al haber sido
sustituído por el dato fáctico, contrastado, de que las obras se llevaron
cabo durante la vigencia de la Ley del Suelo y de los sistemas en ella
establecidos (según se deduce del hecho de que las obras de edificación
urbanización "se estén realizando", aún, el 20.9.1978, y de que, en 1963,
cumpliéndose las condiciones de la Ley del Suelo de 1956, se declarase
Polígono Parque Conde de Orgaz como de "nueva urbanización"), ha
desaparecido, en la realidad fáctico-jurídica, el "supuesto de hecho" del
artículo 520.1.f, de interpretación restrictiva y no analógica (artículos 23 y 24 de la Ley General Tributaria de 1963), integrado por el dato
incontrovertible de que "las obras sean de saneamiento y mejora interior
grandes poblaciones", es decir, de las reguladas en la Ley de 1895, de
tal que, al ser las obras realizadas, realmente, de "edificación y urbanización", sujetas, en su totalidad o en su mayor parte, a los
criterios de ordenación de la Ley del Suelo, son los beneficios fiscales
previstos en ésta (entre los que no está la exención de autos) los que
pueden entrar en juego y no, en modo alguno, el establecido en el citado
artículo 520.1.f (ó en el 8.1.f de las Ordenanzas Fiscales de 1980).
A mayor abundamiento, la jurisprudencia de esta Sala
(especialmente, la contenida en sentencias de 5.3 y 2.7.1971, 26.6.1973,
10.11.1977, 23.1 y 26.9.1978, 22.11.1980, 29.5.1981, 18.4.1988 y 23.1 y
15.6.1989), tiene fijada, al respecto, la siguiente doctrina:
de la exención establecida en el citado artículo 520.1.f comprende las
primeras transmisiones de los solares resultantes de las obras de
saneamiento y mejora interior de grandes poblaciones realizadas "al amparo
de la Ley de 1895 y de su Reglamento de 1896", no siendo aplicable, por
tanto, a los solares derivados de otras obras distintas, como pueden ser
las de extensión o ensanche, que tienen por finalidad urbanizar sectores zonas situadas fuera del casco urbano de la población, o las procedentes
Planes de Urbanización regulados por la Ley del Suelo, que no sirvieron
para sanear o mejorar interiormente los servicios con que ya contaba
Madrid, sino para ampliarlos, creando una nueva área urbana donde no la
había y ejecutando, de este modo, unas obras y construcciones obviamente
distintas de las que puede prever la Ley de 1895, cuyas normas hay que
interpretar según los principios generales proclamados por la Ley General Tributaria en sus artículos 9, 10, 23 y 24, que mandan otorgar las
exenciones sin rebasar sus términos estrictos; y esto es así porque unos
otros grupos de normas tiene unos beneficios fiscales distintos y responden
a motivaciones diferentes. Y, B) En la sentencia de 29.5.1981, referida
específicamente a su caso semejante al de autos (primeras transmisiones
solares procedentes de la urbanización de la Ciudad Satélite de
Mirasierra), después de afirmar que el artículo 14 de la Ley de 1895 se
refiere a la exención, no del arbitrio de Plus Valía, sino a la del Impuesto de Derechos Reales y traslación de bienes, "hoy de transmisiones
patrimoniales", declara que "Mirasierra se construyó sobre terrenos
rústicos que pertenecieron al término municipal de Fuencarral y conservaban
esa condición en la fecha de anexión de ese municipio a Madrid, por lo
carecían de conexión urbana con esta ciudad en la fecha en que el primer
proyecto de su urbanización fue aprobado, siendo precisamente la
realización de ese proyecto lo que dió lugar a que, con el tiempo, esos
terrenos rústicos se transformaran en urbanos y pudieran ser y fueran
conexionados con los servicios urbanos con que contaba Madrid; sin que
haya probado que las conexiones entre los servicios de Madrid y los
construídos para Mirasierra hayan saneado o mejorado las condiciones
higiénicas del núcleo urbano limítrofe de Madrid, ni mejorado o reformado
en algún modo su interior, y sin que tampoco exista constancia en las
actuaciones de cómo y en qué forma y proporción resulte que los servicios
con que ya contaba Madrid hayan sido incrementados por los de Mirasierra si quizás ésta nueva ciudad satélite pudo reducir sus construcciones por
haberlas conexionado con las que la capital tenía y servirse de éstas;
sea, que no está acreditado si las conexiones de unos y otros servicios
únicamente pueden ser útiles en favor de los anteriores o de los de nueva
construcción, o han hecho posible establecer de alguna forma una
reciprocidad y, en tal caso, si en beneficio de Madrid o de Mirasierra,
porque el solo hecho de la construcción de esa moderna ciudad satélite
basta para concluir que el Madrid anterior haya mejorado en sus condiciones
higiénicas o recibido mejora alguna en su interior; mejoras que tampoco
pueden referirse a los terrenos sobre los que Mirasierra fue levantada,
que por tener naturaleza rústica no podía valorarse su situación y
circunstancias urbanas cuando se redactó y aprobó el primer proyecto
urbanístico, cuya ejecución, por tanto, no saneó ni mejoró interiormente
Madrid, sino que lo amplió, creando una nueva área urbana donde no existía
y ejecutándose de este modo unas obras y construcciones distintas de las que pudo prever la Ley de 18.3.1895, que, por ser, en definitiva, la
reguladora de la exención fiscal en discusión, a sus normas ha de estarse;
razones que conducen a la pertinencia de rechazar el motivo de apelación
hasta aquí examinado" (criterio que, mutatis mutandi, es plenamente
aplicable al polígono de nueva urbanización "Parque Conde de Orgaz", así
declarado según Ley del Suelo de 1956, erigido en terrenos del antiguo
término de Canillas, anexionado por el de Madrid en 1949).
No cabe hablar, en el presente caso, de infracción, por
parte del Ayuntamiento, de los principios de respeto a los actos propios
de igualdad, porque, entre otras, la sentencia, ya citada, de esta Sala,
23.1.1989, establece, al efecto, que "la circunstancia de que en varias
transmisiones el Ayuntamiento realizase otra interpretación no afecta al
supuesto examinado, donde modifica criterios con arreglo a razonamientos
jurídicos pertinentes, por lo que no cabe hacer extrapolaciones ni
concluir, por otro lado, que se vulnere el principio constitucional de igualdad o de seguridad jurídica".
Además, en defensa de la legalidad objetiva que la solución de
cada caso concreto exige, la sentencia de esta Sala de 26.9.1986 indica
"la doctrina de los actos propios no puede aplicarse cuando, a consecuencia
de la misma, se creen situaciones jurídicas, en el ámbito del Derecho
Público, que impidan la consecución del fin o interés público tutelado
una norma de derecho que, por su naturaleza, no es susceptible de amparar
una conducta discrecional por parte de la Administración que permita a
el reconocimiento de unos derechos y/o obligaciones que dimanen de actos
propios de la misma o de los administrados; por ello, de sostenerse la
meritada doctrina sin esa limitación, se introduciría en las relaciones
Derecho Público Administrativo el principio de la autonomía de la voluntad
como método ordenador de las materias reguladas por normas de naturaleza
imperativa, cuya causa y finalidad trascienden al interés particular de
sujetos directamente afectados, sobre el que debe prevalecer el público, protegido por el principio de legalidad; principio que se vería conculcado
si, por disposición de los órganos de la Administración o de los
particulares, pudiera modificarse la normativa reguladora de una
determinada relación sometida al Derecho Público".
No concurren los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo para hacer
expresa condena en las costas.
Por lo expuesto, en nombre su Su Majestad el Rey y por la potestad
que nos confiere el pueblo español,FALLAMOS
Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el
Abogado del Estado (después desistido) y por la representación procesal
Dª. Gloria contra la sentencia número 1182 dictada, con
fecha 1 de octubre de 1988, por la Sala Primera de lo Contencioso
Administrativo de la antigua Audiencia Territorial de Madrid, debemos
confirmarla y la confirmamos en todas sus partes. Sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en su caso en el Boletín Oficial del Estado y se insertará en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Jaime Rouanet Moscardó, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
STSJ Comunidad de Madrid 71/2016, 3 de Febrero de 2016