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Timestamp: 2018-01-19 11:28:22
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Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'Artículo 31', 'Artículo 36', 'Artículo 39', 'Artículo 42', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'ARTÍCULO 27', 'artículo 300', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 27', 'artículo 44', 'artículo 33', 'artículo 40', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 299', 'artículo 299', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 14', 'artículo 27', 'artículo 3']

Decisión 26 noviembre 2009-Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad (Nueva York)
Referencia: SP/LEG/5940
DECISIÓN del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad
publicación: D.O.U.E L num. 23 - 27/01/2010
ANEXO I-CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 4. Obligaciones generales
Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona
Artículo 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
Artículo 20. Movilidad personal
Artículo 31. Recopilación de datos y estadísticas
Artículo 36. Consideración de los informes
Artículo 39. Informe del Comité
Artículo 42. Firma
Artículo 49. Formato accesible
Artículo 50. Textos auténticos
ANEXO II-DECLARACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA EN LO QUE SE REFIERE A LAS CUESTIONES REGIDAS POR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ANEXO III-RESERVA DE LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE EL ARTÍCULO 27, APARTADO 1, DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 13 y 95 en relación con su artículo 300, apartado 2, párrafo primero, segunda frase, y apartado 3, párrafo primero,
(1) En mayo de 2004, el Consejo autorizó a la Comisión a llevar a cabo las negociaciones, en nombre de la Comunidad Europea, relativas a la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección y la promoción de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad (en lo sucesivo, «la Convención de las Naciones Unidas»).
(2) La Convención de las Naciones Unidas fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008.
(3) La Convención de las Naciones Unidas fue firmada en nombre de la Comunidad el 30 de marzo de 2007, a reserva de su posible celebración en fecha posterior.
(4) La Convención de las Naciones Unidas constituye un pilar pertinente y eficaz para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad dentro de la Unión Europea, a lo que conceden suma importancia tanto la Comunidad como sus Estados miembros.
(5) Procede, por tanto, que la Convención de las Naciones Unidas sea aprobada en nombre de la Comunidad a la mayor brevedad.
(6) No obstante, dicha aprobación deberá ir acompañada de una reserva que será presentada por la Comunidad Europea en relación con el artículo 27, apartado 1, de la Convención de las Naciones Unidas, con el fin de declarar que la celebración de dicha Convención por parte de la Comunidad se entenderá sin perjuicio del Derecho comunitario, basado en la ley y establecido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo ( 2 ), de que gozan los Estados miembros de no aplicar a las fuerzas armadas el principio de igualdad de trato por lo que se refiere a la discapacidad.
(7) Tanto la Comunidad como sus Estados miembros gozan de competencias en los ámbitos cubiertos por la Convención de las Naciones Unidas. Por tanto, es de desear que la Comunidad y los Estados miembros sean Partes contratantes, para que puedan cumplir juntos las obligaciones que dicha Convención les impone y ejercer conjuntamente los derechos que les confiere en las situaciones de competencias compartidas, de manera coherente.
(8) Al depositar el instrumento de confirmación oficial, la Comunidad también deberá depositar, con arreglo al artículo 44, apartado 1, de la Convención de las Naciones Unidas, una declaración en la que se especifiquen las materias regidas por dicha Convención respecto de las cuales los Estados miembros le hayan transferido competencias.
( 1 ) Dictamen emitido el 27 de abril de 2009 (no publicado aun en el Diario Oficial).
( 2 ) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
1. Queda aprobada, en nombre de la Comunidad, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, sin perjuicio de una reserva en relación con su artículo 27, apartado 1.
2. El texto de la Convención de las Naciones Unidas figura adjunto a la presente Decisión.
El texto de la reserva se halla en el anexo III de la presente Decisión.
1. Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la (s) persona (s) facultadas (s) para depositar ante el Secretario General de las Naciones Unidas, en nombre de la Comunidad Europea, el instrumento de confirmación oficial de la Convención de las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 41 y 43 de dicha Convención.
2. Conforme al artículo 44, apartado 1, de la Convención de las Naciones Unidas, al depositar el instrumento de confirmación oficial, la (s) persona (s) designada (s) depositará (n) la declaración de competencia establecida en el anexo III de la presente Decisión y la reserva establecida en el anexo II de la misma.
Con respecto a los asuntos que sean competencia de la Comunidad, y sin perjuicio del respeto de la competencias de los Estados miembros, la Comisión centralizará las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas con arreglo a su artículo 33, apartado 1. Los detalles de la función centralizadora a este respecto se indicarán en un código de conducta antes de que se deposite el instrumento de confirmación oficial en nombre de la Comunidad.
1. En los asuntos que sean de competencia exclusiva de la Comunidad, la Comisión representará a la Comunidad en las reuniones de los órganos creados por la Convención de las Naciones Unidas, en particular en la Conferencia de los Estados Partes mencionada en su artículo 40, y actuará en su nombre en relación con las cuestiones que sean competencia de dichos órganos.
2. En los asuntos cuya competencia sea compartida por la Comunidad y los Estados miembros, ambos establecerán con antelación las disposiciones que corresponda para representar la posición de la Comunidad en las reuniones de los órganos creados por la Convención de las Naciones Unidas. Los detalles de esta representación se indicarán en un código de conducta que deberá aprobarse antes de que se deposite el instrumento de confirmación oficial en nombre de la Comunidad.
3. En las reuniones mencionadas en los apartados 1 y 2, la Comisión y los Estados miembros, si fuera necesario previa consulta de otras instituciones pertinentes de la Comunidad, colaborarán estrechamente en lo que se refiere, en particular, a las disposiciones en materia de control, información y votación.
Las disposiciones destinadas a garantizar una estrecha colaboración también deberán tratarse en el código de conducta mencionado en el apartado 2.
Hecho en Bruselas, el 26 de noviembre de 2009.
a) Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole;
c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación;
d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares;
e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás;
f) Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad;
g) Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible;
h) Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano;
i) Reconociendo, además, la diversidad de las personas con discapacidad;
j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso;
k) Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo;
l) Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en los países en desarrollo;
m) Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza;
n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones;
o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente;
p) Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición;
q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación;
r) Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño;
s) Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad;
t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad;
u) Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con discapacidad, en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos;
v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos;
x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de esta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones;
y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.
La «comunicación» incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso; Por «lenguaje» se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal; Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;
Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
Por «diseño universal» se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal» no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
i) fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad,
ii) promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad,
c) tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio; d) no se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su propio país.
a) facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.
Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
i) la garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar,
ii) la protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda,
i) su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos,
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, «el Comité») que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.
1. Por «organización regional de integración» se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los «Estados Partes» con arreglo a la presente Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
(Declaración formulada en virtud del artículo 44, apartado 1, de la Convención)
El artículo 44, apartado 1, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (en lo sucesivo, «la Convención») establece que las organizaciones regionales de integración declararán en sus instrumentos de confirmación oficial o de adhesión su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la Convención.
Actualmente son miembros de la Comunidad Europea el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
La Comunidad Europea observa que, a efectos de la Convención, la expresión «Estados Partes» se aplica a las organizaciones regionales de integración dentro de los límites de su competencia.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad se aplicará, en lo que respecta a la competencia de la Comunidad Europea, a los territorios en los que se aplique el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en las condiciones que se fijan en dicho Tratado, en particular en su artículo 299.
De conformidad con el mismo artículo 299, la presente declaración no se aplicará a los territorios de los Estados miembros en los que no se aplica el susodicho Tratado y se entenderá sin perjuicio de las medidas o posiciones que puedan adoptar al amparo de la Convención los Estados miembros de que se trate en nombre y en interés de dichos territorios.
De acuerdo con el artículo 44, apartado 1, de la Convención, la presente declaración indica las competencias transferidas por los Estados miembros a la Comunidad, en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en las materias que aborda la Convención.
El alcance y el ejercicio de la competencia comunitaria están, por su propia naturaleza, sujetos a continua evolución, de modo que la Comunidad completará o modificará la presente declaración, si fuera necesario, de conformidad con el artículo 44, apartado 1, de la Convención.
En determinadas materias, la Comunidad Europea tiene competencia exclusiva, y en otras la competencia se encuentra compartida entre la Comunidad Europea y los Estados miembros. En todas las materias en las que no se ha transferido ninguna competencia a la Comunidad Europea, los Estados miembros siguen siendo competentes.
1) la Comunidad tiene competencia exclusiva en lo que se refiere a la compatibilidad de las ayudas públicas con el mercado común y el arancel aduanero común.
En la medida en que algunas disposiciones del Derecho comunitario se vean afectadas por lo dispuesto en la Convención, la Comunidad Europea tiene competencia exclusiva para aceptar las obligaciones de que se trate en lo que se refiere a su propia administración pública. A este respecto, la Comunidad declara que está facultada para ocuparse de la regulación de la selección de personal, condiciones de trabajo, remuneración, formación, etc., de los funcionarios no electivos, de acuerdo con el Estatuto de los funcionarios y sus disposiciones de aplicación ( 1 );
2) la Comunidad comparte competencias con los Estados miembros en materia de acciones para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad, libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, agricultura, transporte por ferrocarril, carretera, y navegación marítima y aérea, fiscalidad, mercado interior, igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras, política relativa a las redes transeuropeas y estadísticas.
( 1 ) Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n o 259/68, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
La Comunidad Europea tiene competencia exclusiva para adherirse al presente Convenio en lo que se refiere a las materias antes mencionadas únicamente en la medida en que las disposiciones de la Convención o los instrumentos jurídicos adoptados en aplicación de la misma afecten a normas previamente establecidas por la Comunidad Europea.
Cuando haya normas comunitarias que no se vean afectadas, como en el caso de las disposiciones comunitarias que establecen únicamente normas mínimas, los Estados miembros tienen competencia, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Europea, para actuar en dicho ámbito. En los demás casos, la competencia sigue siendo de los Estados miembros. En el apéndice adjunto se recoge una lista de actos pertinentes adoptados por la Comunidad Europea. La extensión de la competencia de la Comunidad Europea que se deriva de dichos actos deberá evaluarse en relación con las disposiciones concretas que correspondan a cada medida, y en particular, con la amplitud con que dichas disposiciones establezcan normas comunes; 3) las siguientes políticas de la Comunidad Europea también pueden ser pertinentes para la Convención de las Naciones Unidas: los Estados miembros y la Comunidad se esforzarán por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo; la Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de estos; la Comunidad desarrollará una política de formación profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados miembros; a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, esta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social; la Comunidad promoverá una política de cooperación al desarrollo y la cooperación económica, financiera y técnica con terceros países, sin perjuicio de las competencias respectivas de los Estados miembros.
ACTOS COMUNITARIOS RELATIVOS A LAS MATERIAS REGIDAS POR LA CONVENCIÓN
Los actos comunitarios que a continuación se enumeran ilustran el alcance de las competencias de la Comunidad, conforme al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. En particular, la Comunidad Europea tiene competencia exclusiva en relación con determinadas materias, mientras que para otras materias la competencia es compartida por la Comunidad y los Estados miembros. La extensión de la competencia de la Comunidad Europea que se deriva de dichos actos deberá evaluarse en relación con las disposiciones concretas que correspondan a cada medida, y en particular, con la amplitud con que dichas disposiciones establezcan normas comunes que se vean afectadas por las disposiciones de la Convención.
— en el ámbito de la accesibilidad
Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (DO L 91 de 7.4.1999, p. 10).
Directiva 2001/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del conductor, y por la que se modifican las Directivas 70/156/CEE y 97/27/CE (DO L 42 de 13.2.2002, p. 1).
Directiva 96/48/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (DO L 235 de 17.9.1996, p. 6), modificada por la Directiva 2004/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 164 de 30.4.2004, p. 114).
Directiva 2001/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional (DO L 110 de 20.4.2001, p. 1), modificada por la Directiva 2004/50/CE (DO L 164 de 30.4.2004, p. 114).
Directiva 2006/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por la que se establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior y se deroga la Directiva 82/714/CEE del Consejo (DO L 389 de 30.12.2006, p. 1).
Directiva 2003/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de abril de 2003, por la que se modifica la Directiva 98/18/CE del Consejo sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (DO L 123 de 17.5.2003, p. 18).
Decisión 2008/164/CE de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a las personas de movilidad reducida en los sistemas ferroviarios transeuropeos convencional y de alta velocidad (DO L 64 de 7.3.2008, p. 72).
Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los ascensores (DO L 213 de 7.9.1995, p. 1), modificada por la Directiva 2006/42/CE (DO L 157 de 9.6.2006, p. 24).
Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de servicio universal) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 51).
Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO L 15 de 21.1.1998, p. 14), modificada por la Directiva 2002/39/CE del (DO L 176 de 5.7.2002, p. 21), y por la Directiva 2008/6/CE (DO L 52 de 27.2.2008, p. 3).
Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n o 1260/1999 (DO L 210 de 31.7.2006, p. 25).
Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO L 134 de 30.4.2004, p. 1).
Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de los disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 76 de 23.3.1992, p. 14), modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 335 de 20.12.2007, p. 31).
Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395 de 30.12.1989, p. 33), modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 335 de 20.12.2007, p. 31).
— en el ámbito de la vida independiente y la inclusión social, el trabajo y el empleo
Reglamento (CE) n o 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (DO L 214 de 9.8.2008, p. 3).
Reglamento (CEE) n o 2289/83 de la Comisión, de 29 de julio de 1983, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los artículos 70 a 78 del Reglamento (CEE) n o 918/83 del Consejo, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras (DO L 220 de 11.8.1983, p. 15).
Directiva 83/181/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, que delimita el ámbito de aplicación de la letra d) del apartado 1 del artículo 14 de la Directiva 77/388/CEE en lo referente a la exención del impuesto sobre el valor añadido de algunas importaciones definitivas de bienes (DO L 105 de 23.4.1983, p. 38).
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).
Reglamento (CEE) n o 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras (DO L 105 de 23.4.1983, p. 1).
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1), modificada por la Directiva 2009/47/CE (DO L 116 de 9.5.2009, p. 18).
Reglamento (CE) n o 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO L 277 de 21.10.2005, p. 1).
Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003, p. 51).
— en el ámbito de la movilidad personal
Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237 de 24.8.1991, p. 1).
Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (DO L 403 de 30.12.2006, p. 18).
Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n o 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo (DO L 226 de 10.9.2003, p. 4).
Reglamento (CE) n o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n o 295/91 (DO L 46 de 17.2.2004, p. 1).
Reglamento (CE) n o 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo (DO L 204 de 26.7.2006, p. 1).
Reglamento (CE) n o 1899/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n o 3922/91 del Consejo relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil (DO L 377 de 27.12.2006, p. 1).
Reglamento (CE) n o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 14).
Reglamento (CE) n o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n o 1191/69 y (CEE) n o 1107/70 del Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).
Reglamento (CE) n o 8/2008 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n o 3922/91 del Consejo en lo relativo a los requisitos técnicos y los procedimientos administrativos comunes aplicables al transporte comercial por avión (DO L 10 de 12.1.2008, p. 1).
— en el ámbito del acceso a la información
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67), modificada por la Directiva 2004/27/CE (DO L 136 de 30.4.2004, p. 34).
Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 332 de 18.12.2007, p. 27).
Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10).
Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n o 2006/204 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).
— en el ámbito de las estadísticas y de la recogida de datos
Reglamento (CE) n o 577/98 del Consejo, de 9 de marzo de 1998, relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad (DO L 77 de 14.3.1998, p. 3), y sus reglamentos de aplicación correspondientes Reglamento (CE) n o 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC) (DO L 165 de 3.7.2003, p. 1), y sus Reglamentos de aplicación correspondientes.
Reglamento (CE) n o 458/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de abril de 2007, sobre el Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS) (DO L 113 de 30.4.2007, p. 3), y sus Reglamentos de aplicación correspondientes.
Reglamento (CE) n o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo (DO L 354 de 31.12.2008, p. 70).
— en el ámbito de la cooperación internacional
Reglamento (CE) n o 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (DO L 378 de 27.12.2006, p. 41).
Reglamento (CE) n o 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece un instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial (DO L 386 de 29.12.2006, p. 1).
Reglamento (CE) n o 718/2007 de la Comisión, de 12 de junio de 2007, relativo a la aplicación del Reglamento (CE) n o 1085/2006 del Consejo por el que se establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) (DO L 170 de 29.6.2007, p. 1).
La Comunidad Europea declara que, en virtud del Derecho comunitario (y en particular de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación), los Estados miembros pueden, en su caso, formular sus propias reservas en relación con el artículo 27, apartado 1, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la medida en que el artículo 3, apartado 4, de dicha Directiva del Consejo confiere a los Estados miembros el derecho de excluir del ámbito de aplicación de esa misma Directiva la no discriminación por motivos de discapacidad en el ámbito de las fuerzas armadas.
Por ello, la Comunidad declara que su adhesión a la Convención se entiende sin perjuicio del Derecho antes mencionado que en virtud del derecho comunitario se confiere a los Estados miembros.