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Timestamp: 2018-08-21 22:52:38
Document Index: 201891719

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 33', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 8', 'artículo 40', 'artículo 11', 'artículo 34', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 35', 'artículo 38', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 4']

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Ref.: A.G. ENTES PÚBLICOS (R 446/2015)
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Gonzalo de la Cruz Pereyra
1 MINISTERIO ABOGACÍA GENERAL. DEL DIRECCIÓN DEL SERVICIO IURÍDICO DEL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS CONSULTIVOS Ref.: A.G. ENTES PÚBLICOS (R 446/2015) Examinada, al amparo del Convenio de Asistencia Jurídica suscrito entre el Ministerio de Justicia (Abogacía General del Estado- Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, su consulta sobre la interpretación del alcance de las competencias atribuidas, respectivamente, a dicho Organismo y a la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de la Presidencia, este Centro Directivo emite informe en los siguientes términos: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) formula consulta sobre la interpretación que, con arreglo a Derecho, procede efectuar respecto de las competencias que en materia de transparencia atribuye la normativa vigente al CTBG, por un parte, y a la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (en lo sucesivo, OTAI) del Ministerio de la Presidencia, por otra. Y ello en aras de una mayor seguridad jurídica, y con el fin de evitar discrepancias interpretativas o eventuales problemas de coordinación que puedan suscitarse en el futuro. A efectos de evacuar la referida consulta procede examinar, en primer lugar, la naturaleza jurídica del CTBG, puesto que, como se indicará posteriormente, su caracterización legal como "administración independiente" resulta determinante en la delimitación competencial objeto de informe. CORREO ELECTRÓNICO: La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) establece en su artículo 43 una clasificación de los distintos tipos de Organismos públicos de la O AYALA, MADRID TEL.: FAX:
2 ABOGACÍA Administración General del Estado: Organismos autónomos, Entidades públicas empresariales y Agencias Estatales. Todos ellos se encuentran vinculados a la Administración por una relación de adscripción o dependencia. Efectivamente, los Organismos autónomos (artículo 43.2 de la LOFAGE) "dependen de un Ministerio, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el col?' trol de los resultados de su actividad, a través del órgano al que está' adscrito el Organismo". Las Entidades públicas empresariales "dependen de un Ministerio o un Organismo autónomo, correspondiendo las funciones aludidas en el apartado anterior al órgano de adscripción del Ministerio u organismo" (artículo 43.3). Y las Agencias Estatales "se adscriben al Ministerio que ejerza la iniciativa en su creación. Las funciones de dirección estratégica, evaluación y control de resultados y de la actividad de las Agencias estatales se articulará a través del Contrato de gestión previsto en la normativa reguladora de ésta" (artículo 43.4). Frente a los anteriores Organismos públicos, la disposición adicional décima de la LOFAGE se refiere a otro tipo de entidades que se rigen por su normativa específica y sólo supletoriamente por la LOFAGE, sin perjuicio de su necesario sometimiento a la ley en materia de régimen de personal, bienes, contratación y presupuestación: "La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley. El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía. 1 2 MINISTERIO
3 2. Los Organismos públicos a los que, a partir de la entrada en vigor de 1 la presente Ley, se les reconozca expresamente por una Ley la independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, se regirán por su normativa específica en los aspectos precisos para hacer plenamente efectiva dicha independencia o autonomía. En los demás extremos y, en todo caso, en cuanto al régimen de personal, bienes, contratación y presupuestación, ajustarán su regulación a las prescripciones de esta Ley, relativas a los Organismos públicos que, en cada caso resulten procedentes, teniendo en cuenta las características de cada Organismo. 3. En todo caso, los Organismos públicos referidos en los apartados 1 y 2 de esta disposición adicional estarán sujetos a las disposiciones de la Ley General Presupuestaría que les sean de aplicación". Frente a los Organismos públicos del artículo 43 de la LOFAGE, las denominadas "Administraciones independientes" se caracterizan por disponer de un régimen de independencia y autonomía funcional respecto de la Administración General del Estado, como recalca el apartado 1, párrafo segundo, de la disposición adicional décima de la LOFAGE: "el Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía". 1 Otros textos legales posteriores han recogido expresamente esta diferenciación entre Organismos públicos adscritos o dependientes de un Departamento Ministerial (Organismos autónomos, Entidades públicas empresariales y Agencias Estatales), y las denominadas "Administraciones independientes". Sirva de ejemplo el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que al delimitar su ámbito subjetivo de aplicación se refiere en su apartado c) a "los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades públicas, las Agencias 3 MINISTERIO
4 Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependieiites del mismo" y, como categoría distinta, a las entidades "que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad". La propia Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al definir su ámbito de aplicación subjetivo, también menciona en su artículo 2.1.c) a "los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales", y a "las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad". Pues bien, aunque tanto el artículo 33.1 de la Ley 19/2013, como el artículo 4.1 del Estatuto del CTBG, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, aluden, con poco acierto, a la "adscripción" del CTBG al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, su caracterización como Administración independiente es incuestionable. Y ello por cuanto que: - La propia disposición adicional décima de la LOFAGE, en la redacción dada por la disposición final cuarta de la Ley 19/2013, incluye expresamente al CTBG entre tales Organismos o Administraciones independientes, al disponer, como ya se ha indicado, que "la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial de Canarias, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reína Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley". 4 MINISTERIO
5 - El Preámbulo de la Ley 19/2013 declara que el CTBG es "un órgano índependiente al que se le otorgan competencias de promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Se crea, por lo tanto, un órgano de supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de la Ley." - En consonancia con ello, dispone el artículo 33 de la Ley 19/2013 que: "1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines." - El Estatuto del CTBG reitera en su artículo 2.1 esta caracterización del CTBG como "organismo encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las normas de buen gobierno", y subraya nuevamente (artículo 2.2) que "El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno actúa con plena autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines." - Por su parte, el artículo 8 del Estatuto regula las funciones del Presidente, órgano superior del CTBG al que corresponde, entre otras funciones, conocer de las reclamaciones de acceso a la información del artículo 24 de la Ley 19/2013, indicando (artículo 11) que "desempeñará su cargo con dedicación absoluta, plena independencia y total objetividad. No estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de autoridad alguna." 5 MINISTERIO
6 - En fin, toda la regulación del CTBG abunda en la nota esencial de independencia que caracteriza a dicho Organismo, como se pone de manifiesto en aspectos tales como: 1.- El régimen de nombramiento del Presidente, mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, pero previo refrendo del Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta (artículos 37.1 de la Ley 19/2013 y 9.1 de su Estatuto). 2.- La duración del mandato del Presidente y de los Vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (artículo 37.1 de la Ley 19/2013 y artículos 9.1 y 15.1 del Estatuto), mandato de carácter renovable para estos últimos, que el legislador ha establecido en 5 años, con el fin de que no sea coincidente con la duración ordinaria de la legislatura. 3.- El establecimiento de una serie de causas tasadas de cese del Presidente y de los Vocales de la Comisión (artículo 37.2 de la Ley 19/2013 y artículos 9.3 y 15.2 del Estatuto), que tienen la finalidad de garantizar su inamovilidad e independencia. 4.- La autonomía presupuestaria que se confiere al CTBG, a quien corresponde elaborar el anteproyecto de su presupuesto, con la estructura que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Gobierno y su posterior integración en los Presupuestos Generales del Estado (artículo 39.1.a) de la Ley 19/2013 y artículo 22 de su Estatuto). 5.- El régimen de recursos previsto frente a los actos del CTBG: el legislador no ha previsto lo que sería un recurso de alzada impropio ante el Ministerio al que dicho Organismo se vincula (el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), sino que los actos del CTBG agotan, en garantía de su independencia, la vía administrativa, siendo recurribles ante la jurisdicción contencioso- administrativa, previa interposición, en su caso, de 6 MINISTERIO
7 recurso potestativo de reposición (artículo 24 de la Ley 19/2013 y artículo 8.3 del Estatuto). 6.- En fin, la previsión legal expresa (artículo 40 de la Ley 19/2013) de que el CTBG se relacione con las Cortes Generales elevando anualmente una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de la Ley 19/2013. Es ante las Cortes (y no ante ningún Departamento Ministerial) ante quien ha de comparecer el Presidente del CTBG para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello. La autonomía que caracteriza a los entes a los que se refiere la disposición adicional décima de la LOFAGE se plasma, en definitiva, en un régimen de independencia funcional que determina que no se encuentren sometidos a ningún tipo de directriz o instrucción de terceros en el desempeño de sus funciones (como previene expresamente el artículo 11 del Estatuto respecto del Presidente del CTBG). Sobre las anteriores premisas, procede examinar las competencias que la normativa vigente atribuye en materia de transparencia tanto al CTBG como a la OTAI, pudiendo adelantarse ya que cualquier eventual conflicto o duda interpretativa que en materia competencial pudiera plantearse habrá de resolverse en favor de esa autonomía e independencia funcional con la que la Ley ha caracterizado al CTBG. Conforme al artículo 34 de la Ley 19/2013, el CTBG tiene por finalidad "promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno". 7 MINISTERIO
8 ABOGACÍA La Ley 19/2013 desarrolla el régimen de transparencia en dos ámbitos distintos: la publicidad activa, a la que dedica el Capítulo II del Título I, y el derecho de acceso a la información pública, que desarrolla en el Capítulo III del Título I. En virtud de la obligación de publicidad activa las Administraciones y entidades incluidas en su ámbito de aplicación han de publicar de forma periódica y actualizada determinada información cuyo conocimiento se considera relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. En este ámbito, dispone el artículo 9.1 del citado texto legal que "el cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno", añadiendo el apartado 2 que, "en ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan". Y en materia de acceso a la información pública, la Ley 19/2013 encomienda al CTBG la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra toda resolución expresa o presunta de acceso, al disponer, en su artículo 24.1, que "frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso- administrativa". Para el cumplimiento de sus fines, el CTBG, que se estructura en dos órganos superiores como son el Presidente y la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (artículo 35 de la Ley 19/2013), tiene atribuidas, conforme al artículo 38 de la citada Ley, las siguientes funciones: 8 MINISTERIO
9 "1. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones: a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley. b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto. d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales. e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley. g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga. h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario. 2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá 11 las siguientes funciones: 9 MINISTERIO
10 ABOGACÍA a) Adoptar- criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley. b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo ll del título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta Ley. d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el procedimiento. f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto. g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario". Por su parte, el artículo 8 del Estatuto del CTBG atribuye a su Presidente, entre otras, las siguientes funciones: b) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas ē n la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el reglamento que desarrolle dicha Ley o en este Estatuto, aprobando, previo informe de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, directrices, recomendaciones o guías relativas a su aplicación o interpretación. 10 MINISTERIO
11 c) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 19/2013 y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para el cese del incumplimiento de estas obligaciones. e) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. r) Recabar de las distintas Administraciones Públicas la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. s) Cualesquiera otras funciones de gestión necesarias para el eficaz cumplimiento de los fines del Consejo". De lo expuesto se desprende que el CTBG es un organismo independiente de los regulados en la disposición adicional décima de la LOFAGE, a quien corresponde el control de las obligaciones de publicidad activa por la Administración General del Estado y la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública, mediante el ejercicio de las amplias funciones que le atribuyen la Ley 19/2013 y su Estatuto en los preceptos anteriormente citados. Expuestas las funciones del CTBG, procede examinar las que el ordenamiento jurídico vigente atribuye a la OTAI. 11 MINISTERIO
12 - IV - El artículo 10 de la Ley 19/2013 dispone lo siguiente: "1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación. 2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. El Preámbulo del Real Decreto 671/2014, de 1 de agosto, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, tras aludir a la creación, por Real Decreto 479/2013, de la Oficina para la ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), declara lo siguiente: Por otro lado, la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, lleva a la creación de un portal de transparencia cuyas funciones dinamizadoras y de impulso del acceso a la información pública aconsejan hacerlo depender de esta oficina, logrando así un mejor uso de los recursos públicos y una mejora en la coordinacíón de la información que ha de ponerse a disposición de los ciudadanos. 12 MINISTERIO
13 1 ABOGACIA Por ello, se considera necesario que el órgano de ejecución, seguimiento, impulso y propuesta coordinada de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, tenga carácter permanente y que asuma además funciones relativas al Portal de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refiere la Ley de Transparencia, y en particular, a la que produzca la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. A tal fin, se procede a la creación de una subdirección general, que tendrá como principal cometido el apoyo para el ejercicio de las competencias que la Ley 19/2013 atribuye al Ministerio de la Presidencia; junto con otros propios de los órganos administrativos que realizan labores de información o relación con los ciudadanos". El Preámbulo del citado Real Decreto 671/2014 ya explicita que el ámbito competencial de la OTAI se circunscribe a las funciones que el Ministerio de la Presidencia tiene encomendadas, conforme a la Ley 19/2013, en el ámbito del Portal de Transparencia. En consonancia con ello, el artículo 10 del Real Decreto 199/2012, en la redacción dada por el Real Decreto 671/2014 atribuye a la Oficina para la ejecución de la Reforma de la Administración, entre otras, las siguientes funciones: d) Ejercer las funciones que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, atribuye al Ministerio de la Presidencia en relación con el Portal de la Transparencia y las unidades de información de la Administración General del Estado. 13 MINISTERIO 1
14 e) Fomentar las funciones dinamizadoras y de impulso del acceso a la información pública previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Y añade el apartado 6 de ese mismo artículo 10 del Real Decreto 199/2012, en la redacción dada por el Real Decreto 671/2014, lo siguiente: "6. Dependerá orgánicamente de la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración, y funcionalmente de la Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes, la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información, con nivel orgánico de subdirección general, que ejercerá las siguientes funciones: a) Actuar como unidad de información del Ministerio de la Presidencia, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. b) La coordinación y la supervisión de las unidades de información de la Administración General del Estado. c) La coordinación, el control y la supervisión de los contenidos que las unidades de información de la Administración General del Estado trasladen al Portal de la Transparencia. d) La elaboración y supervisión de las directrices generales de diseño del Portal de la Transparencia y la gestión de sus contenidos. e) El impulso de la formación de los responsables de las unidades de información de los distintos departamentos ministeriales, en el ámbito del plan formativo aprobado por el Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 19/2013, de 9 14 MINISTERIO
15 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. f) La atención a los ciudadanos sobre el modo de acceso a los servicios y procedimientos en materias propias del departamento. g) La tramitación de las quejas y sugerencias que pudieran derivarse del funcionamiento de los servicios de competencia del departamento". Las competencias atribuidas a la OTAI se limitan, y así han de interpretarse, al ámbito competencial que, en materia de transparencia, la Ley 19/2013 le atribuye al Ministerio de la Presidencia, del que dicha oficina depende orgánicamente. La OTAI asume la condición de unidad de información del Ministerio de la Presidencia, conforme al artículo 21 de la Ley 19/2013; la gestión de la información que las distintas unidades de información de la Administración General del Estado trasladen al Portal de Transparencia (dependiente del Ministerio de la Presidencia, conforme al artículo 10.1 de la ley 19/2013); la gestión de las directrices generales de diseño de dicho Portal; el impulso de la formación en el ámbito del plan formativo aprobado por el Gobierno conforme a la disposición adicional séptima de la Ley 19/2013; la atención al ciudadano y la tramitación de quejas y sugerencias, en el ámbito de materias y servicios del departamento. Las anteriores funciones, así como la de "coordinación y supervisión de las unidades de información de la Administración General del Estado" han de interpretarse necesariamente en el contexto competencial que, en materia de transparencia, la Ley 19/2013 asigna al Ministerio de la Presidencia, al que se adscribe orgánicamente la OTAI, sin que dichas funciones puedan, por imperativo legal, afectar a la independencia y autonomía que la Ley ha atribuido al CTBG como Organismo Público encargado de velar por la transparencia de la actividad pública, por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y por el ejercicio del derecho a la información pública. 15 MINISTERIO
16 1 El principio de lealtad institucional (artículo 4.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), impone el respeto del ejercicio legítimo de las competencias respectivamente atribuidas y la obligación de prestar la cooperación y asistencia que resulten necesarias para su ejercicio. En este contexto, y siendo clara la delimitación competencial entre el CTBG y la OTAI, no deberían suscitarse problemas ni conflictos interpretativos en orden a la competencia. Pero, en caso de suscitarse, deberá tenerse en cuenta que una norma de rango reglamentario y de carácter puramente organizativo como es el Real Decreto 671/2014 no puede fundar una atribución competencial a favor de la OTAI que limite, menoscabe o duplique las competencias que una norma con rango de Ley como es la Ley 19/2013 atribuye a un ente, el CTBG, al que el legislador ha querido dotar de un régimen de independencia y autonomía funcional propio de las Administraciones independientes de la disposición adicional décima de la LOFAGE. En consideración a todo lo expuesto, la Abogacía General del Estado- Dirección del Servicio Jurídico del Estado formula la siguiente CONCLUSIÓN La normativa vigente (Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el Real Decreto 919/2014,de 31 de octubre, por una parte, y el Real Decreto 671/2014, de 1 de agosto, por otra), delimitan claramente el ámbito competencia! del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la Oficina de Transparencia y Acceso a la información dependiente del Ministerio de la Presidencia, por lo que, en principio, no deberían suscitarse dudas o conflictos interpretativos en materia de competencia. 16 MINISTERIO
17 En el hipotético caso de que tales dudas interpretativas o conflictos llegasen a suscitarse, deberá tenerse en cuenta que una norma de rango reglamentario y de carácter organizativo como es el Real Decreto 671/2014 no puede fundar una atribución competencial a favor de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información que limite, menoscabe o duplique las competencias que una norma con rango de Ley como es la Ley 19/2013 atribuye a un ente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que el legislador ha querido dotar de un régimen de independencia y autonomía funcional propio de las Administraciones independientes. Madrid, julio de 2015 LA ABOGADO 1 Marta Silva de Lapuerta 11 MINISTERIO REGISTRO AUXILIAR AV. S Salida 03/07/15 10:17: '1011 nta bll II Wang SRA. PRESIDENTA CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO C/ José Abascal, Madrid 17 MINISTERIO