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Timestamp: 2020-03-30 20:03:22
Document Index: 402828709

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'Artículo 373', 'Artículo 374', 'Artículo 375', 'artículo 210', 'artículo 116', 'artículo 116', 'Artículo 204', 'Artículo 205', 'Artículo 206', 'Artículo 207', 'Artículo 208', 'Artículo 209', 'artículo 188', 'artículo 212', 'artículo 210', 'artículo 116', 'artículo 210', 'artículo 210']

DECIMO. Tramitación de incidentes dentro de los medios de impugnación
DECIMO. Tramitación de incidentes dentro de los medios de impugnación. Asimismo, es infundado el concepto de invalidez en el que el partido político señala que se debe declarar la invalidez de los artículos 373, 374 y 375 de la Ley reclamada, pues en esas disposiciones el legislador estableció lo relativo a los incidentes, con lo que abre la posibilidad de que se desahoguen dos procedimientos que puedan repercutir en un mismo resultado, entorpeciendo los plazos electorales y la emisión de las resoluciones que dicte la autoridad electoral correspondiente.
En el concepto de invalidez se afirma que esas disposiciones violan los artículos 14, 16 y 116, fracción IV, incisos b) y l) de la Constitución Federal, pues se afectan los principios de legalidad, imparcialidad, certeza objetividad e independencia que rigen en la materia.
En relación con esos principios, en diversas acciones de inconstitucionalidad este Tribunal Pleno ha destacado que consisten en lo siguiente:
a) El principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.
b) El principio de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.
c) El principio de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.
d) El principio de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta.
e) Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales, implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.
Lo anterior encuentra su apoyo en la jurisprudencia de este Tribunal Pleno, que a continuación se reproduce:
“FUNCION ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, tomo XXII, noviembre de 2005, tesis P./J. 144/2005, página 111).
Ahora bien, los artículos 373, 374 y 375 que se combaten, son del tenor siguiente:
“Artículo 373
1. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un medio de impugnación y que tienen relación inmediata con el mismo.
2. Cuando los incidentes que se promuevan no guarden relación inmediata con el asunto principal, sean notoriamente improcedentes o frívolos, el Tribunal Estatal Electoral, de oficio, deberá desecharlos de plano.
3. Los incidentes que pongan obstáculo al curso del medio de impugnación se sustanciarán en la misma pieza de autos que el asunto principal, quedando entre tanto en suspenso aquél. Se entenderá que impide el curso del medio de impugnación todo incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible, de hecho o de derecho, continuar sustanciándolo.
4. Los incidentes que no pongan obstáculo a la prosecución del medio de impugnación se substanciarán en pieza separada, que se formará con los escritos y documentos que presenten las partes. En estos casos, el medio de impugnación principal seguirá su curso legal.
5. Para la sustanciación y resolución de los incidentes, se estará a lo siguiente:
a) Admitido el incidente, se dará vista a la contraparte a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga;
b) Concluido el plazo otorgado en los términos del inciso anterior, si el magistrado instructor lo considera necesario, citará a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos, y
c) Una vez celebrada la audiencia, en su caso, el magistrado instructor o el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, según corresponda, resolverá lo conducente.”
“Artículo 374. Se tramitarán en la vía incidental por el Tribunal Estatal Electoral:
a) Los recuentos parciales, que consisten en el nuevo escrutinio y cómputo de una o más casillas, sin llegar a la totalidad de las que integraron la elección de que se trate;
b) El recuento total, que consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de todas las casillas que integraron la elección de que se trate, y
c) Las demás cuestiones que el magistrado instructor o el Tribunal Estatal Electoral estimen necesarias para la correcta sustanciación de los medios de impugnación.”
“Artículo 375. La sustanciación y resolución de los incidentes, se sujetará a las reglas establecidas en esta Ley, el Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral y los acuerdos generales que éste, en su caso, dicte.”
Esas disposiciones establecen que son incidentes las cuestiones que se promueven en un medio de impugnación y que tienen relación inmediata con el mismo; que se tramitarán en vía incidental por el Tribunal Estatal Electoral los recuentos parciales y el recuento total de casillas que integraron una elección; asimismo prevé cuándo se considerarán improcedentes dichos incidentes y la forma en que se sustanciarán.
También es oportuno acudir a la doctrina para obtener definiciones del término incidente. Así, Joaquín Escriche lo define como: “la cuestión o contestación que sobreviene entre los litigantes durante el curso de la acción principal”.
Por su parte, Ignacio Burgoa expresa: “Incidente es toda cuestión contenciosa que surge dentro de un juicio y que tiene con éste estrecha relación”.
Finalmente de acuerdo con los diversos criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos decir que incidente es toda cuestión o controversia de carácter adjetivo o procesal que sobreviene accesoriamente en un negocio judicial, que tiene relación inmediata con el asunto principal y se resuelve en forma independiente; en ocasiones, puede interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del procedimiento.
Como ya habíamos apuntado, el concepto de invalidez debe declararse infundado, pues contrariamente a lo que aduce el partido político la figura de los incidentes, como cuestión de carácter adjetivo o procesal que puede surgir en los procesos de los que conoce el Tribunal Estatal Electoral, no contraviene los principios que rigen en la materia electoral, ni constituyen una posibilidad que entorpezca o suspenda la eficaz y pronta tramitación de los expedientes principales en los que puedan surgir.
En efecto, de la lectura integral a las normas reclamadas se desprende que el legislador fue cuidadoso en precisar en primer término, el supuesto en el cual deberán desecharse de plano los incidentes; la forma en que se sustanciarán y, principalmente, las cuestiones que se tramitarán en vía incidental, a saber: a) los recuentos parciales, que consisten en el nuevo escrutinio y cómputo de una o más casillas, sin llegar a la totalidad de las que integraron la elección de que se trate; b) el recuento total, consistente en el nuevo escrutinio y cómputo de todas la casillas que integraron la elección; y c) las demás cuestiones que el magistrado instructor o el Tribunal estimen necesarias para la correcta sustanciación de los medios de impugnación.
De donde es claro que si bien un incidente amerita una tramitación, con la consecuente emisión de una determinación, también lo es que por su propia naturaleza, de cuestión de carácter accesorio, su resolución no puede ser contradictoria con lo que se decida en el expediente principal, esto es, la determinación que se adopte repercute en el juicio principal, pero no implica la emisión de resoluciones contradictorias, pues su carácter accesorio significa más bien que contribuye a la mejor resolución de la controversia; además de que tampoco impide la tramitación del expediente principal u obstaculiza su resolución, pues de acuerdo con los supuestos previstos en las normas controvertidas, se aprecia que la existencia de la figura guarda relación con los recuentos de votos en sede jurisdiccional, aspecto del derecho electoral que resulta fundamental en la materia, pues por medio del voto y de su adecuado conteo se logra determinar con certeza quién es el ganador en una contienda electoral.
Por ello, contrariamente a lo que se argumenta, el hecho de que el resultado del incidente repercuta en el juicio principal, no se traduce en que se reste certeza y definitividad a los actos electorales, pues como se apuntó, en el caso de la legislación que se analiza los incidentes se refieren al recuento de votos y con aquellas cuestiones que sea necesario tramitar para la correcta sustanciación de los medios de impugnación, por lo que es evidente que se trata de una figura que en lugar de entorpecer las labores jurisdiccionales del Tribunal Electoral, contribuyen a la correcta, imparcial y certera resolución de los juicios que son sometidos a su conocimiento.
Por lo anterior, se declara la validez de los artículos 373, 374 y 375 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en cuanto prevén la tramitación de incidentes.
DECIMO PRIMERO. Prohibición de realizar recuento de votos en sede jurisdiccional. En cambio, es parcialmente fundado el concepto de invalidez en el que se aduce que el artículo 210 numeral 16 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua vulnera el principio de legalidad previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso l) de la Constitución Federal, al prohibir la realización de recuentos parciales o totales en sede jurisdiccional cuando éstos se hayan llevado a cabo en los órganos administrativos.
Al respecto, el artículo 116, fracción IV inciso l) constitucional, establece que las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, deberán prever los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación.
De igual forma es importante tomar en cuenta que en términos de los artículos 204 y 205 de la Ley Electoral que se analiza, el recuento de votos de una elección es la actividad que podrán practicar, a petición de parte interesada, las autoridades electorales con la finalidad de establecer con certeza quién es el candidato, partido o coalición que triunfó en la elección correspondiente y que dicho recuento tiene como finalidad hacer prevalecer el voto ciudadano, clarificando con certeza y exactitud la voluntad ciudadana ejercida en las urnas; así como que el recuento de votos podrá ser de acuerdo con el número de casillas, total y parcial; y de acuerdo con el órgano que lo realiza administrativo y jurisdiccional.
El artículo impugnado esto es, el 210 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en la porción normativa combatida, prevé lo siguiente:
16. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Estatal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento ante el Instituto Estatal Electoral.”
Ahora bien, en virtud de que el partido político afirma que existe una deficiente regulación para organizar el recuento en sede jurisdiccional, en tanto que no se señala de manera clara cómo se llevarán a cabo los recuentos en dicha sede, es necesario transcribir las disposiciones que conforman el Capítulo Tercero de la Ley impugnada, intitulado “De los cómputos municipales, distritales y estatal y de la declaración de validez de las elecciones y recuentos parciales y totales”, capítulo conformado por los artículos 204 a 212 de la Ley reclamada y que a la letra prevén:
“Artículo 204
1. El recuento de votos de una elección es la actividad que podrán practicar, a petición de parte interesada, las autoridades electorales en el ámbito de su competencia, con la finalidad de establecer con toda certeza quién es el candidato, partido o coalición que triunfó en la elección correspondiente.
2. El recuento total o parcial de votos de una elección tiene como finalidad hacer prevalecer el voto ciudadano, clarificando con certeza y exactitud la voluntad ciudadana ejercida en las urnas.”
“Artículo 205
El recuento de votos podrá ser:
I. De acuerdo al número de casillas que se solicita:
a) Total: Cuando tenga que realizarse sobre la totalidad de las casillas de la elección de que se trate, y
b) Parcial: Cuando tenga que realizarse sobre determinadas casillas por las causas previstas en la Ley.
II. De acuerdo al órgano que lo realiza:
a) Administrativo: Aquel que esté a cargo del Consejo General y las asambleas municipales del Instituto Estatal Electoral, según se trate de la elección de Gobernador, diputados, ayuntamientos y síndicos, y
b) Jurisdiccional: Aquel que esté a cargo del Tribunal Estatal Electoral.”
“Artículo 206
1. Las asambleas municipales celebrarán sesión a las 8:00 horas del martes siguiente al día de la elección, para hacer el cómputo de la votación de las elecciones de Gobernador y diputados por el principio de mayoría relativa, así como la de síndico y ayuntamiento, que correspondan a la circunscripción municipal, formulándose las actas respectivas.
2. Una vez concluidos los cómputos de la elección de Gobernador y de diputados por el principio de mayoría relativa, se remitirán al Consejo General y a la asamblea municipal que sea cabecera distrital las actas según corresponda.
3. Concluido el cómputo de la elección de síndico, inmediatamente la asamblea municipal hará la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez.
4. Concluido el cómputo de la elección de ayuntamiento, inmediatamente la asamblea municipal hará la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez a la planilla que haya resultado triunfante.
5. El Consejo General y las asambleas municipales que sean cabecera distrital, celebrarán sesión a las 8:00 horas del jueves siguiente al día de la elección, para hacer el cómputo de las elecciones de Gobernador y de diputados por el principio de mayoría relativa, respectivamente, en base a las actas recibidas. En caso de que las asambleas municipales no hubiesen concluido los cómputos que correspondan a la circunscripción municipal y, por tanto, no se cuente con las actas respectivas, se instalará la sesión en espera de las mismas.
6. Una vez concluido el cómputo de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, las asambleas municipales cabecera de distrito, harán la declaración de validez de la elección y entregarán las constancias de mayoría y validez a los candidatos que integran las fórmulas que hayan resultado electos en cada distrito electoral uninominal.
7. Una vez concluido el cómputo de la elección de Gobernador, el Consejo General hará la declaración de validez de la elección y, por conducto del Consejero Presidente, entregará la constancia de mayoría y validez al candidato triunfador.
8. Cada uno de los cómputos a los que se refiere el presente artículo, se realizarán sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión.
9. Las asambleas municipales o, en su caso, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en sesión previa a la jornada electoral, podrán acordar que los consejeros o funcionarios que integran dicho organismo participen en los trabajos de las sesiones de cómputo.
10. El Consejo General y las asambleas municipales del Instituto Estatal Electoral, deberán contar con los elementos humanos, materiales, técnicos y financieros, necesarios para la realización de los cómputos.”
“Artículo 207
1. En la elección de Gobernador, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral dará cuenta al Congreso o a la Diputación Permanente acerca de la declaratoria de validez y de la constancia de mayoría que hubiere expedido, y en caso de impugnación, el Tribunal Estatal Electoral comunicará en su momento al Congreso o a la Diputación Permanente su resolución para que mediante formal decreto, en ambos casos, se haga la declaratoria de Gobernador electo, que a su vez turnará al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado durante las siguientes veinticuatro horas de su recepción.
2. Si en el plazo de veinticuatro horas el Congreso o la Diputación Permanente, no expidieren el mencionado decreto o el Ejecutivo se abstuviese de publicarlo, el Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal Electoral, en su caso, ordenarán la publicación de la correspondiente declaratoria en el Periódico Oficial del Estado o en los medios de más amplia circulación en la Entidad.”
“Artículo 208
El cómputo en las asambleas municipales, se desarrollará conforme al siguiente procedimiento:
1. Se computarán, en primer término, las actas relativas a los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración, siguiendo progresivamente de menor a mayor el orden numérico de las casillas. Después, y en el mismo orden, se computarán las actas relacionadas con paquetes que muestran huellas de violación, asentando esta circunstancia. Al final, se computarán las casillas especiales.
Al inicio del cómputo de cada casilla, se debe hacer constar la hora en que fue recibido el paquete electoral por la asamblea municipal respectiva.
2. Se procederá a cotejar los resultados de las actas, que por separado y en sobre adherido en el exterior del paquete electoral, hubieren remitido los presidentes de casilla al Consejero Presidente, con los contenidos en las actas que presenten los representantes de los partidos políticos y coaliciones, y si coinciden se computarán.”
“Artículo 209
La asamblea municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de una casilla en los siguientes casos:
1. Si no obrase acta en poder del Consejero Presidente de la asamblea municipal, por haberse omitido su remisión por separado en sobre adherido en el exterior del paquete electoral, se abrirá éste extrayendo el acta correspondiente y se comparará con las actas que presenten los representantes acreditados de los partidos y coaliciones, y de coincidir sus resultados, se computarán. Si no coinciden, se procederá a abrir los sobres que contengan las boletas, y se volverá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente en los mismos términos del numeral siguiente;
2. Si los resultados de las actas muestran alteraciones, errores aritméticos evidentes o falta de datos relevantes, y que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente;
3. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas correspondientes, salvo que puedan corregirse o aclararse por otros medios;
4. Que todos los votos válidos hayan sido depositados a favor de una misma candidatura, y
5. A petición de parte, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia existente entre el candidato del partido político solicitante del nuevo escrutinio y cómputo y el primer lugar de la votación.”
1. Para llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo, el secretario de la asamblea, abrirá el paquete en cuestión, certificando previamente las condiciones de sellado de sus secciones, y cerciorado de su contenido certificará el número de boletas que se entregaron a la casilla respectiva.
2. Contabilizará en voz alta las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente.
3. Al momento de contabilizar la votación, la asamblea municipal, a petición de cualquiera de los representantes de los partidos políticos o coaliciones, verificará que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, conforme a las reglas establecidas en el artículo 188. La distribución del voto se repartirá proporcionalmente atendiendo al sentido del sufragio. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello, dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes acreditados de los partidos o coaliciones, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Estatal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos.
4. En los casos de elección de diputados de mayoría relativa y ayuntamientos, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos que participan en candidatura común, y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que postularon la candidatura común; de existir remanente, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación en orden decreciente.
5. La suma de los resultados, después de realizar las operaciones anteriores, constituirá el cómputo municipal, distrital y estatal, que se asentará en el acta correspondiente.
6. Durante la apertura de paquetes electorales, conforme a lo señalado en los numerales anteriores, el presidente, secretario o funcionario de la asamblea municipal extraerá los escritos de protesta, si los hubiere; la lista nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentación así obtenida, se dará cuenta a la asamblea municipal, debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del Consejero
Presidente de la asamblea para atender los requerimientos que hicieren el Tribunal Estatal Electoral u otros órganos del Instituto.
7. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección respectiva.
8. Una vez realizado el cómputo final, depositarán la documentación electoral en el lugar que ordene el Consejo General.
9. Cuando del Programa de Resultados Electorales Preliminares se observe que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y otro u otros candidatos, es igual o menor a un punto porcentual de la votación total, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló a alguno de éstos, el Consejo General o la asamblea municipal respectiva, deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.
10. Cuando no se haya realizado el procedimiento precisado en el numeral anterior y al término del cómputo se establezca que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y otro u otros candidatos, es igual o menor a un punto porcentual de la votación total, y exista petición expresa del representante del partido que postuló a alguno de éstos, el órgano electoral que corresponda deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.
11. Conforme a lo establecido en los dos numerales inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el órgano electoral que corresponda dispondrá lo necesario para que sea realizado de forma expedita sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones. Para tales efectos, el presidente de la asamblea municipal dará aviso inmediato al Consejo General del Instituto; instrumentará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos o coaliciones; dichos grupos de trabajo serán presididos por los consejeros electorales o funcionarios que designe la asamblea municipal. Los grupos realizarán su tarea de manera simultánea, dividiendo entre ellos, en forma proporcional, los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos o coaliciones tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente. Tratándose de recuento a cargo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dicho organismo dictará los acuerdos y lineamientos correspondientes.
12. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete electoral sufragios de una elección distinta, se asentarán en el acta circunstanciada que se levante. Dichos votos serán contabilizados en la elección para la cual fueron emitidos, siempre y cuando no se haya realizado el cómputo respectivo.
13. De la diligencia realizada por cada grupo de trabajo se levantará un acta circunstanciada, en la que se consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido, coalición o candidato común.
14. El presidente del órgano electoral que corresponda, realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.
1. El Consejero Presidente de la asamblea municipal, una vez integrados los expedientes procederá a:
a) Remitir al Consejo General copia de la constancia de mayoría y validez respectiva, y
b) Las asambleas municipales y, en su caso el Consejo General, cuando se hubiere interpuesto el juicio de inconformidad, lo remitirán al Tribunal Estatal Electoral y, con éste, los escritos de protesta y el informe respectivo, así como copia certificada del expediente del cómputo y declaración de validez de la elección correspondiente, cuyos resultados hubiesen sido impugnados en los términos del Libro Séptimo.”
1. El Tribunal Estatal Electoral realizará, a petición de quien tenga interés jurídico, los recuentos totales y parciales de votación, establecidos en los artículos 209 y 210, numeral 10, cuando se cumpla con los requisitos siguientes:
a) Se solicite en el juicio de inconformidad correspondiente, y
b) Que la autoridad administrativa electoral respectiva, se haya negado a realizar el recuento de los paquetes electorales, aún y cuando se hubiese manifestado razón fundada en los términos de esta Ley, y tal hecho hubiese quedado asentado en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo que corresponda a la elección que se impugna, u obre en cualquier otro medio que permita acreditar tal circunstancia.
2. Cumplidos estos requisitos, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral determinará sobre la procedencia del recuento total.
3. En su caso, al acordar la procedencia del recuento correspondiente, el Tribunal Estatal Electoral dispondrá de inmediato lo relativo a la custodia de los paquetes electorales a efecto de llevar a cabo dicho procedimiento y dotará de fe pública a los funcionarios que estime pertinentes. Esto último, se hará mediante acuerdo que deberá estar fundado y motivado respecto de la necesidad que la provoca, y será notificado a los partidos políticos de forma personal, antes de cualquier actuación de los funcionarios; lo anterior, con el objeto de brindar certeza jurídica respecto de las actuaciones de los mismos.
4. En la etapa procesal correspondiente, el magistrado instructor acordará lo necesario para llevar a cabo el recuento, para lo cual deberá implementar los medios idóneos necesarios para ello, pudiendo auxiliarse de las autoridades estatales que así determine.
5. A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, el magistrado instructor formará los grupos de trabajo que considere necesarios para llevar a cabo el recuento, y designará a quienes los presidirán.”
Con base en la transcripción que antecede debe decirse que no asiste la razón al partido político en cuanto aduce que se está ante una deficiente regulación para realizar el recuento en sede jurisdiccional, en tanto que no se señala de manera clara cómo se llevarán a cabo los recuentos en dicha sede, citando en apoyo de su argumento la jurisprudencia P./J.68/2001, que lleva el rubro de: “RECUENTO DE VOTOS EN SEDES ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL. LA OMISION LEGISLATIVA QUE INCUMPLE EL MANDATO PREVISTO EN EL ARTICULO 116, FRACCION IV, INCISO L), CONSTITUCIONAL, ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y OBLIGA AL LEGISLADOR ORDINARIO A SUBSANAR LA DEFICIENCIA DE LA LEGISLACION ELECTORAL ESTATAL”.
Lo anterior es así, porque la Ley Electoral combatida sí establece de manera precisa cómo se llevarán a cabo los recuentos de votos en sede jurisdiccional, concretamente en el artículo 212 de ese ordenamiento se advierte que el Tribunal Estatal Electoral realizará, a petición de quien tenga interés jurídico, los recuentos totales y parciales de votación, establecidos en los artículos 209 y 210, numeral 10, de la propia Ley, ello en los siguientes términos: a) Se solicite en el juicio de inconformidad correspondiente, y b) Que la autoridad administrativa electoral respectiva, se haya negado a realizar el recuento de los paquetes electorales, aun y cuando se hubiese manifestado razón fundada en los términos de la propia Ley, y tal hecho hubiese quedado asentado en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo que corresponda a la elección impugnada, u obre en cualquier otro medio que permita acreditar tal circunstancia.
Asimismo se establece que cumplidos esos requisitos el Tribunal determinará sobre la procedencia del recuento total; que en su caso, al acordar la procedencia del recuento correspondiente, dispondrá de inmediato lo relativo a la custodia de los paquetes electorales a efecto de llevar a cabo dicho procedimiento y dotará de fe pública a los funcionarios que estime pertinentes. Esto último, se hará mediante acuerdo que deberá estar fundado y motivado respecto de la necesidad que la provoca, y será notificado a los partidos políticos de forma personal, antes de cualquier actuación de los funcionarios, ello con el objeto de brindar certeza jurídica respecto de las actuaciones de los mismos.
Finalmente en los numerales 4 y 5 de dicha disposición, se prevé que en la etapa procesal correspondiente, el magistrado instructor acordará lo necesario para llevar a cabo el recuento, para lo cual deberá implementar los medios idóneos necesarios para ello, pudiendo auxiliarse de las autoridades estatales que así determine; y que a efecto de dar cumplimiento a lo anterior, formará los grupos de trabajo que considere necesarios para llevar a cabo el recuento, y designará a quienes los presidirán.
Por ende, no existe la deficiente regulación que se aduce y, por lo mismo, no resulta aplicable la tesis que invoca el partido político, pues es claro que su argumentación se basa en una lectura incompleta del capítulo de la Ley Electoral combatida que regula lo relativo a los recuentos parciales y totales de votos tanto en sede administrativa como jurisdiccional.
Sin embargo, asiste la razón al partido político, porque el numeral 16 del artículo 210 que se analiza establece limitaciones en relación con el recuento de votos en sede jurisdiccional.
En efecto, esa disposición ordena que en ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Estatal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento ante el Instituto Estatal Electoral, a pesar de que el artículo 116, fracción IV, inciso l) constitucional ordena que las leyes electorales deberán establecer los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación, sin que dicha norma constitucional establezca restricción de ninguna índole para tales Tribunales, sino que en todo momento les faculta para volver a ordenar que se constate el número de sufragios que arrojó la votación para cada candidato o partido.
En otras palabras, el numeral 16 del artículo 210 de la Ley reclamada contraviene lo dispuesto en la Constitución Federal, pues con la restricción que prevé no garantiza la posibilidad de realizar recuentos de votos en sede jurisdiccional, no obstante el claro mandato contenido en la Carta Magna, pues se insiste, la norma cuestionada sólo faculta al Tribunal Electoral Local para que haga uso de esa atribución respecto de las casillas que no hayan sido objeto de dicho procedimiento ante el Instituto Estatal Electoral, condición que impide que el recuento comprenda a la generalidad de los votos y, por tanto, que sea efectivamente total.
Por ende, se declara la invalidez del numeral 16, del artículo 210 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en cuanto prohíbe el recuento de votos ante el Tribunal Estatal Electoral respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento ante el Instituto Estatal Electoral.