Source: http://diputadodelosverdes.blogspot.com/2007/09/
Timestamp: 2017-07-27 06:36:51
Document Index: 289053838

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 56', 'artículo 186', 'artículo 56', 'artículo 46', 'artículo 81', 'artículo 42', 'artículo 49', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 185', 'artículo 23', 'artículo 186', 'in fine', 'artículo 56', 'artículo 65', 'artículo 1', 'artículo 65', 'artículo 186', 'artículo 23', 'artículo 23']

Pensamiento verde: septiembre 2007
Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, por el rechazo del Congreso a tramitar sus preguntas parlamentarias sobre la Casa Real
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONALFEDERICO J. OLIVARES SANTIAGO, Procurador de los Tribunales y de Dº. FRANCISCO GARRIDO PEÑA, Diputado del Congreso, como acredito mediante copia de poder debidamente bastanteada (doc. 1), cuya devolución solicito a otros usos una vez testimoniada, comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:I.- Que ha sido notificado a mi mandante el Acuerdo de desestimación de la solicitud de reconsideración del Acuerdo de no admitir a trámite su pregunta sobre la Familia Real (Expte. núm. 184/119629/0000).II.- Que esta parte al no encontrar ajustada a Derecho el expresado Acuerdo, así como el Acuerdo 8 de mayo de 2007 en el que aquél traía causa, dicho sea en términos de defensa, por entender que los mencionados Acuerdos infringen los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 CE, apartados 1 y 2, por los motivos que se dirán, asistido del Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Dº. Francisco Soler Luque, colegiado núm. 1.307, formula RECURSO DE AMPARO conforme a lo previsto en los artículos 41 y ss LOTC, en base a los siguientesH E C H O SPRIMERO.- El recurrente de ampro, miembro de una fuerza política minoritaria: Los Verdes, es Diputado por Sevilla, integrado en el Grupo Socialista del Congreso.SEGUNDO.- Mediante escrito presentado con fecha 4 de mayo de 2007 se formularon por mi mandante, cuatro preguntas parlamentarias, relativas a la publicidad por parte de la Familia Real de las clínicas privadas con el texto y la motivación que se contienen en el escrito (doc. 2).TERCERO.- Con fecha 8 de mayo por la Mesa de la Cámara se adoptó acuerdo por el cual se inadmitían a trámite las preguntas formuladas por mi mandante relativas a la publicidad por parte de la Familia Real de clínicas privadas (Expte. 184/119629/0000) (doc. 3), inadmisión que estaba motivada en la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.3 CE.CUARTO.- Con fecha 16 de mayo se solicitó por mi mandante reconsideración de la inadmisión a trámite acordada (doc. 4), reconsideración que fue desestimada el por acuerdo de 5 de junio de 2007 y notificada el 6 de dicho mes (doc. 5), por considerar que la pregunta versaba sobre una materia ajena al contenido propio de tales iniciativas por tratarse de una materia no susceptible de control parlamentario, en base a los motivos en ella establecidos, que en síntesis son:1º. Los límites establecidos en el artículo 186 del Rgto. del Congreso.2º. El artículo 56.3 CE.3º. La interpretación conjunta y sistemática de los artículos 66.2, 108 y 111 CE y 185 y ss del Reglamento del Congreso, conforme a los cuales las interpelaciones y preguntas que se formulen al Gobierno y a cada uno de sus miembros han de versar sobre la gestión política de los mismos.FUNDAMENTOS DE DERECHOA) Fundamentos jurídico-procesales:I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Corresponde la misma al Tribunal Constitución en virtud de lo establecido en los artículos 1.2 y 2.1.b) LOTC.II.- LEGITIMACIÓN: Concurren los requisitos de legitimación para interponer el presente recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1.a) LOTC al haber realizado mi mandante las preguntas inadmitidas objeto del presente recurso.III.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA: Conforme a lo establecido en el artículo 81 LOTC, al haberse conferido la representación y defensa como se acredita mediante copia de poder general para pleitos que se adjunta con esta demanda a los profesionales indicados en el poder general para pleitos adjunto.IV.- PLAZO: El amparo deberá solicitarse conforme a lo establecido en el artículo 42 LOTC en el plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes.B) Fundamentos jurídico-materiales:I.- JUSTIFICACIÓN DE LA ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO. El artículo 49 LOTC dispone que la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso. Debe señalarse al respecto como tiene señalado abundante jurisprudencia de este Alto Tribunal que los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en le artículo 23 CE, apartados 1 y 2, «serían vulnerados si los propios órganos de las asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contrarían la naturaleza de la representación o la igualdad entre representantes» y «el derecho del artículo 23.2 CE así como, indirectamente, el que el artículo 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido o sería ineficaz si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio (SSTC 10/183, de 21 de febrero y 32/1985, de 6 de marzo)» (STC 203/2001, de 15 de octubre, FJ, 2º).«Como inequívocamente se desprende del inciso final del artículo 23.2 CE, se trata de un derecho de configuración legal y esa configuración comprende los Reglamentos parlamentarios a los que compete regular y ordenarlos derechos y atribuciones que los parlamentarios ostentan. Por lo que una vez conferidos por la norma reglamentaria, tales derechos y facultades pasan a formar parte del status propio del cargo de parlamentario (STC 27/2000, de 31 de enero FJ. 2), pudiendo sus titulares reclamar la protección del ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos del poder público, incluso los del propio órgano en el que se integren, y (...) no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria» (STC 203/2001, de 15 de octubre FJ, 2º), «sólo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, como son, indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de control de la acción del Gobierno» [STC 361/2006, FJ 2º.b), párrafo 2º], indudablemente integra ese ius in officium del recurrente en amparo, formando parte del status propio del cargo de Diputado, la facultad de formular preguntas al Gobierno, función atribuida por la Constitución al Parlamento, en sus artículos 108 y ss, y que se concreta en los Diputados que integran el Congreso en artículo 185, en el derecho a la formulación de preguntas al Gobierno.Lo anterior supone que la inadmisión por la Mesa de la Cámara a las preguntas formuladas por el recurrente de amparo impide a éste mantenerse sin perturbaciones ilegítimas en el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 23.2 CE y desempeñarlo en iguales condiciones.II.- FUNCIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA MESA DE LA CÁMARA. Artículos 31.1.5º y 186 Reglamento del Congreso de los Diputados. Al respecto este Alto Tribunal en su doctrina referida a las facultades de control que la Mesa de un órgano parlamentario puede ejercer en relación con las distintas iniciativas parlamentarias señala que: «En relación con la incidencia en el ius in officium del cargo parlamentario de las decisiones que adoptan las Mesas de las Cámaras en el ejercicio de su potestad de calificación y admisión a trámite de los escritos y documentos a ellas dirigidos, este Tribunal ha afirmado [SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ.3º; 107/2001, de 23 de abril, FJ.3º.b) y 203/2001, de 15 de octubre, FJ.3º] que ninguna tacha de inconstitucionalidad merece la atribución a las Mesas del control de la regularidad legal de los escritos y documentos parlamentarios, sean éstos los dirigidos a ejercer el control de los respectivos ejecutivos, sean los de carácter legislativo, siempre que tras ese examen de la iniciativa a la luz del canon normativo del Reglamento parlamentario no se esconda un juicio sobre la oportunidad política en los casos en que ese juicio esté atribuido a la Cámara parlamentaria en el correspondiente trámite de toma en consideración o en el debate plenario. Nuestra jurisprudencia ha precisado, además, que el órgano que sirve de instrumento para el ejercicio por los ciudadanos de la soberanía participando en los asuntos públicos por medio de representantes es la Asamblea legislativa, no sus Mesas, que cumplen la función técnico-jurídica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia, precisamente, como tal foro de debate y participación en la cosa pública. De modo que a la Mesa le compete, por estar sujeta al Ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución y a los Reglamentos parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, y en aras de la mencionada eficiencia del trabajo parlamentario, verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de la iniciativa, esto es, examinar si la iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos por la norma reglamentaria. Si bien, ha concluido al respecto este Tribunal, el Reglamento parlamentario puede permitir o en su caso establecer, incluso, que la Mesa extienda su examen de la iniciativa más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre, claro está, que los escritos y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean de control de la actividad de los ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan, justamente, limitados materialmente por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento parlamentario pertinente; si la legalidad aplicable no impone límite material alguno a la iniciativa, la verificación de su admisibilidad ha de ser siempre formal, cuidando únicamente de que la iniciativa cumpla con los requisitos de forma que le exige esa legalidad. De modo que, en suma, al margen de los supuestos indicados, cuya razonabilidad y proporcionalidad como límite del derecho del parlamentario puede ser apreciada en todo caso por este Tribunal, al decidir la Mesa sobre la admisión no podrá en ningún caso desconocer que los actos a que venimos refiriéndonos son manifestación del ejercicio de un derecho del parlamentario que los formula, y que, por ello, cualquier rechazo arbitrario o no motivado causará lesión de dicho derecho y, a su través, según hemos indicado, del fundamental del Diputado a desarrollar sus funciones sin impedimentos ilegítimos (art. 23.2 CE). Finalmente ha de tenerse presente el principio de interpretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, que ha sido afirmado por este Tribunal, en concreto, en relación con el art. 23 CE, especialmente cuando este precepto se proyecta sobre el ejercicio del derecho de sufragio, y que conlleva que, al revisar los actos relativos al ejercicio de dicho derecho fundamental, los actores jurídicos opten por la interpretación de la legalidad más favorable a la eficacia de tales derechos (SSTC 76/1987, de 25 de mayo, FJ.2º; 24/1990, de 15 de febrero, FJ.6º; 26/1990, de 19 de febrero, FJ.6º; y 87/1999, de 25 de mayo, FJ.3º)» (por todas la STC 78/2006, FJ 3º).Señalado lo anterior no cabe duda que las preguntas formuladas por mi mandante no traspasan ninguno de los límites a que las somete en apartado 2º del artículo 186 Reglamento del Congreso de los Diputados: ser de exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona singularizada, o suponer una consulta de índole estrictamente jurídica, ni tampoco comportan una ofensa al decoro de la Cámara, de sus miembros, de alguna institución estatal o del cualquier otra persona o entidad.III.- OTROS LÍMITES Y CARÁCTER DEL CONTROL PARLAMENTARIO. Este Alto Tribunal ha admitido en su doctrina que el Reglamento parlamentario pueda permitir o en su caso establecer, incluso, que la Mesa extienda su examen de la iniciativa más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre, claro está, que los escritos y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean de control de la actividad de los ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan, justamente, limitados materialmente por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento parlamentario pertinente.Como se ha señalado no cualquier acto que infrinja la legalidad del ius in officium lesiona el derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, como son, indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de control de la acción del Gobierno, por tanto será «vulnerado el art. 23.2 CE si los propios órganos de las asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de los representantes. Tales circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el status constitucionalmente relevante del representante público y el deber de motivar las razones de su aplicación, so pena, no sólo de vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino también de infringir el de éstos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). En tal sentido, además de las resoluciones que tomamos como guía en la presente exposición de la doctrina constitucional en la materia, interesa mencionar las SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ. 2º; 107/2001, de 23 de abril, FJ. 3º.a); 203/2001, de 15 de octubre, FJ. 2º y el ATC 118/1999, de 10 de mayo.» (STC 361/2006, FJ 2º.b), párrafo 2º in fine).En cuanto al primero de los límites señalados respecto a la extensión de la facultad de las Mesas de las Cámaras de examinar las iniciativas parlamentarias (limitación material de la Constitución), debe señalarse que el Acuerdo de reconsideración recurrido entiende que las preguntas formuladas desbordan el ámbito establecido en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, pues las mismas desbordan el ámbito de la gestión política del Gobierno, invadiendo el ámbito del privilegio de la inviolabilidad e irresponsabilidad que la Constitución, en su artículo 56.3, consagra respecto del Rey.No tiene en cuenta este razonamiento la técnica del refrendo, que traslada la responsabilidad desde el Rey a la persona que lo refrenda. Y es precisamente en virtud del traslado de la responsabilidad que produce el refrendo, para todos los actos del Rey, excepto para los establecidos en el artículo 65.2 CE, junto con una interpretación sistemática de los artículos 9.3 y 56.3 CE, una de las vías por donde surge la responsabilidad política del Gobierno y la posibilidad de control parlamentario.Surge también esta responsabilidad y paralelamente la posibilidad de control parlamentario del principio democrático del Estado que proclama nuestra Carta Magna (artículo 1, apartados 1º, 2º y 3º, artículos 23, 66 y ss...), auténtico principio originario del sistema, con arreglo al cual deben interpretarse todas las instituciones constitucionales.Este principio democrático se expresa, respecto del asunto que nos ocupa, de dos maneras: en la aprobación por las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado en los que se establece la asignación para la Corona y en el control por el Parlamento de la gestión política del Gobierno. Respecto a la primera de ellas está expresamente previsto en el artículo 65.1 CE el sostenimiento de la institución monárquica con cargo a los presupuestos; respecto a la segunda el vínculo que une la institución monárquica con el principio democrático se contiene en la legitimación que alcanza la monarquía española del pueblo soberano organizado en poder constituyente en 1978, de quien obtiene todos sus poderes y privilegios, así como su configuración constitucional como órgano constitucional del Estado social y democrático de derecho que se instaura.En virtud de ello podrá el Parlamento ejercer la función de control democrático de la Corona (con respeto de sus privilegios) a través del Gobierno, en cuanto órgano al que la Constitución encarga el refrendo de los actos del Rey y en cuanto órgano que propone al Parlamento la dotación anual para el sostenimiento de la Familia y la Casa Real, así como el control del Gobierno, sin que por ello este control invada el privilegio de responsabilidad e inviolabilidad del Rey como pretende la Mesa de la Cámara con su razonamiento.El segundo de los límites al que se hacía referencia en el párrafo primero de este Fundamento y que no puede soslayar la Mesa a la hora de efectuar el examen de las iniciativas que se presentan por los Diputados es el que establece el propio Reglamento de la Cámara en su artículo 186, al disponer en su párrafo 2º que no serán admitidas preguntas de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra persona singularizada, ni aquéllas que supongan consulta de índole estrictamente jurídica. Resulta patente y palmario del propio enunciado de las preguntas formuladas que las mismas no incurren en aquella prohibición.Al no existir vulneración ni de los límites derivados de la Constitución ni del bloque de la constitucionalidad, como así tampoco del propio Reglamento de la Cámara, la Mesa con la inadmisión a trámite de las preguntas está trasladando a su favor una facultad (el juicio de oportunidad política sobre las preguntas formuladas) que tiene atribuida el Gobierno. Con este acuerdo irrazonable por arbitrario, basado en una consideración genérica sin concreción alguna respecto a los motivos que apoyan su razonamiento, la Mesa excede de su «función jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia, precisamente como tal foro de debate y participación en la cosa pública» (STC 203/2001, de 15 de octubre), actuación que desconoce el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 23 CE, apartados 1º y 2º del recurrente en amparo y cuyo reestablecimiento exige la tramitación de las preguntas inadmitidas si en dicho momento concurren los requisitos necesarios para ello.En virtud de lo anteriormente establecido,SUPLICO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tenga por presentado este escrito y documentación acompañada, por formulado en tiempo y forma recurso de amparo y, en su virtud, previos los trámites procesales oportunos dicte en su día sentencia estimando íntegramente el presente recurso de amparo electoral: 1.º) reconociendo que se ha lesionado el derecho del recurrente en amparo reconocido en el artículo 23.2 CE, en su dimensión del derecho al ejercicio de su función parlamentaria de control de la acción del Gobierno a través del derecho a formular preguntas; 2.º) lo restablezca en su derecho y a tal fin anule los Acuerdos de la Mesa del Congreso de 8 de mayo y 5 de junio de 2007 por los que se acuerda no admitir a trámite y rechazar la reconsideración de las preguntas formuladas en el Expte. 184/119629/0000; 3.º) Restablecer al demandante de amparo en la plenitud de su derecho mediante la declaración de que procede que se lleve a efecto la tramitación de las preguntas inadmitidas por la Mesa del Congreso, si concurrieran en el momento de dictar sentencia los requisitos necesarios para ello. Por ser de Justicia que pido en Madrid a 6 de septiembre de 2007.
Entre las paradojas irracionales de la censura franquista, existe una que marcó una época: la censura en la traducción de la película de J. Ford “Mogambo”. El censor, para evitar una situación de adulterio, convirtió a dos amantes en hermanos, por lo cual, para evitar el adulterio, incurrió en el incesto. Este puede ser el efecto del llamado “Estado de las autonomías”. Un invento de la tan glorificada Transición para evitar el federalismo, corre el peligro de hacernos caer en la selección o en un federalismo profundamente asimétrico.El “Estado de las autonomías” es un estado permanente, en reparto. Mientras que el Estado Federal es un Estado repartido. De esta forma, las élites nacionalistas catalana, vasca o españolista han encontrado una fuente incesante de tensión que motiva, por si sola, su existencia. Siempre hay una nueva reivindicación competencial que hacer, un agravio al que responder o un ataque a la unidad sagrada de España del que defenderse. Quien vea como PP y ERC, por ejemplo, se retroalimentan mutuamente en el Congreso, entenderá hasta qué grado a ambos les interesa la perpetuación del “Estado en reparto” (autonomías) – y, fundamentalmente, no les interesa el “Estado repartido” (federalismo). A ambos les pasa como en aquel chiste donde un pesimista exclama: ”¡todo está fatal, nada puede ir peor!” A lo que, inmediatamente, el optimista responde: ”!Sí, sí puede empeorar¡”Las reformas estatutarias impulsadas por el gobierno socialista de Zapatero han incurrido en el mismo error, al renunciar al objetivo de la construcción del Estado Federal, por la vía de la reforma constitucional. Para abordar el camino definitivo del Estado federal, tal como está la situación hoy en España, es necesario incluir, en la agenda política, las condiciones políticas (democráticas), para el ejercicio responsable de la autodeterminación. Especialmente en Cataluña y el País Vasco. Esto implica ser muy claro en las opciones posibles: o federalismo o secesión, con todas sus consecuencias.Con esta reforma se cerraría la espiral de la tensión, pero también de la irresponsabilidad, para el catalanismo, vasquismo o españolismo. Clausurado el delirio del agravio y la amenaza permanente, tendrán que enfrentarse con la política real, sin disfraces míticos, ni chantajes emocionales.El empeño en seguir remendando el “Estado de las Autonomías” puede, en definitiva, acabar como en la versión censurada de Mogambo, potenciando el centralismo españolista más reaccionario o el secesionismo más insolidario.
Diez retos políticos para una religión del futuro razonable
El debate sobre la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” ha vuelto a poner, ante nuestros ojos, la existencia de un discurso religioso que pretende competir con la democracia. La emergencia del fundamentalismo islámico y el resurgir del integrismo católico cristiano han puesto de nuevo, en el debate político, el sentido y el futuro de la religión.No me cabe la menor duda de que la religión tiene futuro. Y tal futuro está garantizado por la persistencia del misterio. La religión es una respuesta imaginativa ante preguntas sin respuestas empíricamente comprobables. Lo misterioso no es el ámbito de lo desconocido, sino del conocimiento de lo desconocido. El misterio no es la ausencia de conocimiento, sino la conciencia de esa ausencia. En definitiva, es aquello de “saber que no se sabe”.Pero este acercamiento a lo misterioso se realiza por medio de lo social, por ello existen distintas religiones y religión y poder han estado - y están aún - tan unidos. Y está siempre trufado de una economía moral y emocional poderosa. Nos agrupamos ante el misterio por simple aversión al riesgo: por eso la religión es básicamente “sentimiento de pertenencia”. Misterio y pertenencia forman el binomio conceptual de lo religioso.Es el miedo y la impotencia ante la incertidumbre la que motiva el afán religioso. Por eso la religión nunca es individual, sino colectiva. Como muy bien describió Durkheim, las religiones personifican (hipóstasis) el “poder social”, frente al misterio y el azar, en una figura que es “Dios”. Este no es, sino, la forma de reconocimiento mitificado y deificado de lo social. En unos primeros momentos tuvo formas simples, totémicas, zoomórficas… Y fue humanizándose y haciéndose más abstracto en las religiones monoteístas, que son la únicas de las que se puede decir, propiamente, que creen y tienen “Dios”.El ámbito y el poder de las religiones se ha ido reduciendo y transformando, en virtud del grado de misterio que contienen las distintas formas sociales. El éxito del Islam, como doctrina explicativa del mundo, es hoy mucho menor que hace cien o cincuenta años. Otra cuestión es el movimiento político islámico, que usa el Islam como podría haber usado la nación o la clase.Los dos condicionantes históricos de la religión son las dimensiones del misterio (es decir las formas y extensión del conocimiento) y los modos de la asociación (la organización social). En virtud de la evolución de estos dos condicionantes, la religiones han ocupado un lugar y una función u otra.Esta asociación entre conocimiento y formaciones sociales hace que el revival de las religiones esté vinculado con el intento – reacción - político de reconstrucción de antiguas formas de dominación: patriarcado, tribalismo, teocracia, autoritarismo clerical, etc.¿Por qué les preocupa tanto, por ejemplo, a las religiones monoteístas, el matrimonio homosexual? ¿Por qué son tan misóginas y tan homófonas? Es mucho más probable que alguien sea condenado moralmente por las iglesias, por cuestionar las posiciones en que debe realizarse la penetración, que por poner en duda el argumento ontológico de San Anselmo.Pero tanto el misterio como la necesidad de pertenencia, por muy primitivo que parezcan, van a seguir estando presentes en nuestro futuro. La realidad, como el conocimiento, son performativamente abiertas, inacabadas: las preguntas fundamentales generan preguntas y las respuestas aún más. Y de momento no se adivina, en el horizonte, la desaparición de la “necesidad social religiosa”. Seguirá habiendo personas que necesitan agruparse y blindarse frente al misterio.Podemos, incluso, preguntarnos legítimamente si ese reconocimiento del carácter ontológico del misterio, si esa epifanía de lo desconocido que es la “imaginación religiosa”, no forma parte de todas las formas de conocimiento humano. Heidegger creía que la ciencia no era sino la realización última de la ontoteología occidental (y no le faltaba razón, si a la genealogía conceptual de la misma nos atenemos). Así pues, la pregunta política no es si aspiramos a la superación de la religión, sino cuál puede ser la forma futura que nos permita una religión que ayude a la supervivencia, la libertad y la felicidad de nuestra especie. Esbozo aquí diez retos que debe superar la religión del futuro, para ser razonable:1. El ecumenismo.Es necesaria una teología ecuménica que, sin perder las variedades religiosas de cada iglesia o credo, permita integrar y armonizar, en una misma teogonía y teología, las distintas formas religiosas. Cada una de las religiones existentes deberán autorepresentarse como una, entre otras, experiencias legítimas, e igualmente verdaderas, de lo sagrado. Necesitamos un cosmopolitismo religioso. Algo así como una mínima y básica religión común y universal.2. El diálogo con la ciencia:La gran competidora, con la religión, en la explicación del misterio, es la ciencia. O la religión es capaz de armonizar e iniciar un diálogo constructivo con la ciencia o no tendrá futuro (salvo como reacción contra la misma ciencia). La religión del futuro ha de ser una metafísica de la ciencia.3. El pluralismo moral.Sobre la base de una mínima ética universal y común, las religiones han de permitir integrar formas de vida y códigos de moralidad íntima, abiertos y plurales.4. Una religión democrática.Las formas sociales asociadas a la religión han de ser democráticas. Es decir, respetuosas con las libertades individuales y con la legitimación democrática de cualquier forma de poder. Esto implica el abandono de las formas autoritarias, que han estado asociadas a muchas religiones.5. El género.Las mujeres han sido las grandes sacrificadas en las religiones monoteístas. Su marginación ha constituido un fundamento del mismo discurso religioso. La eliminación de cualquier forma de desigualdad, dominación o discriminación de género de la ideología, pero también de las estructuras religiosas, ha de ser uno de los retos más relevantes y difíciles de la religión del futuro.6. La renuncia a la política, en favor de la cultura.La religión ha de abdicar de cualquier aspiración a organizar la vida pública. La religión del futuro deberá auto-limitarse a ser una fuerza de producción de sentido (cultural).7. La gestión del misterio.Este ha de ser el espacio de actuación de la religión. Dar sentido allí donde ni el sentido común ni la ciencia son capaces de ofrecer una explicación útil y gratificante.8. La ruptura con el antropocentrismo.Una religión de la naturaleza que sea capaz de sacralizar y reconocer los profundos vínculos entre humanidad y animalidad, entre cultura y natura. Una religión comprometida con la salvación del planeta.9. El ateismo.El reconocimiento de la positividad ontológica del ateismo.10. Una religión materialista que suprima el dualismo espíritu/materia.Un religión monista, más cercana a Aristóteles y más lejana de Platón.Una religión capaz de abordar estos diez retos será una religión útil. Y quizás se podría decir que hasta necesaria, para el apasionante y difícil futuro del planeta.
En respuesta a una carta publicada en el diario El País, el jueves 26 de julio, que legitimaba los OMG (Organismos Modificados Genéticamente) en función de la producción de inuslina clonada, quisiera hacer las siguientes aclaraciones. La insulina transgénica mantiene la misma tasa de rechazo que la insulina proveniente de animales (cerdo): un 2% de diabéticos. Las únicas ventajas son económicas, para las multinacionales farmacéuticas. Sobre las especulaciones de una nueva insulina extraída de una planta modificada genéticamente, habrá que esperar resultados, pero dudo que resuelva el problema de la tasa del rechazo. Lo que es demagógico, pues es falso, es que los diabéticos de los países pobres no puedan acceder a la insulina, por problemas tecnológicos. El problema y los obstáculos son políticos (y tienen que ver con ello los mismos que fomentan los transgénicos). No existe ninguna oposición fundamental a las plantas OMG. Lo que existe es una oposición a la puesta en funcionamiento de una tecnología, tan violentamente innovadora, ignorando el principio de precaución y dirigida sólo por los intereses de las compañías farmacéuticas y agroquímicas. Usar la lógica expectativa de mejora de unos enfermos, los diabéticos, es un ejemplo más de la demagogia insalubre que se usa para defender lo indefendible.