Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-613-de-noviembre-9-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_e4723931ec0f4f518d5bbab17193d87b&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-22 12:51:27
Document Index: 5989062

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 47', 'artículo 48', 'artículo 13', 'artículo 36', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 48']

﻿ SENTENCIA T-613 DE NOVIEMBRE 9 DE 2016
SENTENCIA T-613 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:CUATRO REGLAS PARA ENTENDER LA EXIGENCIA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA EN LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. RECORDANDO LA SENTENCIA C-111 DEL 2006, LA CUAL REALIZÓ EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DEL LITERAL D) DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 100 DE 1993, SE ESTABLECE UN CONJUNTO DE REGLAS, A PARTIR DE LA VALORACIÓN DEL MÍNIMO VITAL CUALITATIVO, QUE FUERON SINTETIZADAS EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: (I) PARA SER DEPENDIENTE ECONÓMICAMENTE DE ALGUIEN, LOS RECURSOS DEBEN SER SUFICIENTES PARA ACCEDER A LOS MEDIOS MATERIALES QUE GARANTICEN UNA SUBSISTENCIA EN CONDICIONES DIGNAS. (II) EL SALARIO MÍNIMO NO ES FACTOR DETERMINANTE, ASÍ COMO RECIBIR OTRA PRESTACIÓN ECONÓMICA. POR ELLO, LA INCOMPATIBILIDAD DE PENSIONES NO OPERA TRATÁNDOSE DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. (III) LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA NO SE CONFIGURA POR EL HECHO DE QUE EL BENEFICIARIO ESTÉ PERCIBIENDO UNA ASIGNACIÓN MENSUAL O INGRESOS OCASIONALESES DECIR, ES NECESARIO PERCIBIR INGRESOS PERMANENTES Y SUFICIENTES. POR ÚLTIMO, (IV) LA POSESIÓN DE UN PREDIO NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ACREDITAR DICHA INDEPENDENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, INCOMPATIBILIDAD PENSIONAL, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, DEPENDENCIA ECONÓMICA, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL
Sentencia T-613 de noviembre 9 de 2016
Ref.: Expediente T-5.721.465.
Acción de tutela interpuesta por Dolores Zambrano Benavides contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.
Bogotá D.C., nueve de noviembre de dos mil dieciséis.
1.1. La actora señala que el día 14 de noviembre de 2013, falleció su hermana María Teresa de Jesús Zambrano Benavides, quien recibía una pensión de vejez por parte de Colpensiones desde 1993.
1.2. Indica que solicitó a la entidad accionada el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de su hermana, teniendo en cuenta que dependía económicamente de ella, ya que habían vivido toda su vida juntas. Fundamentó su solicitud en el grave estado de salud que padece, en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral otorgado por Colpensiones mediante resolución del 8 de octubre de 2014 y en la dependencia económica que mantenía.
1.3. Manifiesta que el porcentaje de invalidez fue reconocido en un 57,22% con fecha de estructuración del 7 de abril de 2014. Calificación que responde al padecimiento de enfermedades como hipertensión arterial severa, obesidad, hipercolesterolemia pura, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, entre otras. Situaciones que se agravan por el hecho de ser oxígeno dependiente casi 18 horas al día.
1.4. Informa que Colpensiones, mediante Resolución GNR 7472 del 17 de enero de 2015, negó de plano su solicitud, argumentando que la fecha de estructuración de su invalidez es posterior al fallecimiento de la causante.
1.5. Contra dicha resolución interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos negativamente, confirmando la decisión atacada.
1.6. Agrega que actualmente cuenta con 78 años de edad y que no le cabe duda de que cumple con todos los requisitos para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, ya que nunca se discutió la dependencia económica que mantenía con su hermana.
1.7. Aduce que Colpensiones, mediante resolución del 28 de octubre de 2014 reconoció su calidad de heredera única al pagarle los saldos restantes no reclamados, tras la muerte de la señora María Teresa Zambrano.
1.8. Afirma que las enfermedades que padece comenzaron a aparecer desde el año 2006 cuando acudió a cita médica con especialista y se le diagnosticó obesidad e hipertensión, como puede constatarse en su historia clínica(1).
1.9. Por lo expuesto, solicita que se ordene a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, causada por la muerte de la señora María Teresa de Jesús Zambrano Benavides, respecto de quien mantenía relación de dependencia económica.
2.1. Mediante auto del 16 de marzo de 2016, el Juzgado Cuarto Oral Contencioso Administrativo del Circuito Judicial de Pasto (Nariño) admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al representante de Colpensiones, para que en el término de 3 días contestara la demanda y aportara las pruebas que considerara pertinentes.
— Copia de la cédula de ciudadanía de Dolores Zambrano Benavides (fl. 7, cdno. ppal.).
— Copia del Registro Civil de defunción de María Teresa de Jesús Zambrano Benavides (fl. 8, cdno. ppal.).
— Copia de la notificación del dictamen sobre el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de la señora Dolores Zambrano Benavides, emitido por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones (fls. 9 a 12, cdno. ppal.).
— Copia de la Resolución GNR 7472 del 17 de enero de 2015, por la cual se niega una pensión de sobrevivientes (fls. 14 y 15, cdno. ppal.).
— Copia de la Resolución GNR 160014 del 29 de mayo de 2015, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que negó el pago de la pensión de sobrevivientes (fls. 16 a 18, cdno. ppal.).
— Copia de la Resolución VPB 55872 del 6 de agosto de 2015, por la cual se resuelve el recurso de apelación (fls. 19 a 21, cdno. ppal.).
— Copia de la Resolución GNN 1757 del 28 de octubre de 2014, por la cual se resuelve una solicitud de pago a heredero pensional (fls. 22 y 23, cdno. ppal.).
— Copia de la historia clínica de la señora Dolores Zambrano Benavides (fls. 24 a 56, cdno. ppal.).
Así las cosas, es viable acudir a la acción constitucional si no se tiene a disposición otro medio judicial para la defensa de los derechos, a menos que se halle ante la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable; es decir, que se concrete el menoscabo a un bien que puede deteriorarse y cuyo daño será irreversible, en la medida que ocurrida la mengua ya no pueda recuperarse su integridad(2).
De esta manera, esta Corporación ha sido enfática en el tema del reconocimiento y pago de prestaciones en materia pensional, señalando que estas controversias deben ser dirimidas a través de la jurisdicción ordinaria laboral o de la contenciosa administrativa, según corresponda, pero que solo eventualmente su conocimiento corresponde a jueces constitucionales. Casos en los que por la inminencia, urgencia y gravedad de la situación, se hace imposible postergar la presentación de la acción constitucional con el fin de evitar un perjuicio irremediable. Circunstancias que le corresponde analizar, evaluar y verificar al juez de tutela en cada caso en concreto, permitiéndole establecer que el mecanismo ordinario no es el idóneo para dar pronta solución al problema(3).
Teniendo en cuenta lo anterior, para determinar que se está configurando un perjuicio irremediable, la Corte Constitucional ha señalado una serie de elementos que deben concurrir, como son: i) inminencia, la cual se presenta cuando una situación “que amenaza o está por suceder prontamente(4)”, hace urgente la toma de medidas oportunas y rápidas para evitar la consumación del daño; ii) gravedad, la cual se puede determinar cuándo las consecuencias de la necesidad han producido o pueden producir un daño grave a los derechos fundamentales de la persona; iii) urgencia en la implementación de medidas para su supresión y, finalmente iv) que la acción de tutela deba ejercerse de manera inmediata sin que pueda postergarse su ejercicio so pena de configurarse el daño(5).
En este punto, es necesario precisar que la impostergabilidad de la acción, lleva a que el amparo sea realmente oportuno, ya que en caso de que se llegare a tardar o posponer se correría el riesgo de no resultar eficaz. Así, se hace necesario acudir al amparo constitucional para obtener el restablecimiento o protección de los derechos fundamentales y evitar la amenaza o consumación de la vulneración de los mismos(6).
Además de establecer la procedencia excepcional del mecanismo cuando se evidencien los elementos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad de la acción(7); esta corporación también ha exigido que se configure un perjuicio irremediable y éste pretenda evitarse, como sucede con las personas que conforman los grupos poblacionales que están llamados a gozar de una protección especial del Estado.
“(…) en particular, a este grupo pertenecen las personas de la tercera edad, quienes al final de su vida laboral tienen derecho a gozar de una vejez digna y plena (C.P., arts. 1º, 13, 46 y 48). En relación con estas personas, la Corte ha sentado la doctrina del derecho fundamental a la seguridad social. Así, se le ha dado preciso alcance al mandato constitucional de defender, prioritariamente, el mínimo vital que sirve, necesariamente, a la promoción de la dignidad de los ancianos (C.P., arts. 1º, 13, 46 y 48)”(8).
En conclusión, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que someter a una persona de la tercera edad a un litigio laboral con las tardanzas y complejidades propias de esos procesos, resulta aún más gravoso cuando se trata de derechos fundamentales que, de no ser reconocidos, afectarían directamente el derecho a la vida en condiciones dignas(9)
Nuestra Constitución consagra el derecho a la seguridad social en su artículo 48, el cual dispone que: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”(10), convirtiéndolo en una garantía fundamental, autónoma e independiente, lo cual permite que una vez comprobada la causa de un perjuicio irremediable o la inexistencia de un medio idóneo para protegerla, pueda ser amparada mediante la acción de tutela.
Inicialmente, en diferentes pronunciamientos, la Corte Constitucional consideró que los derechos sociales, económicos y culturales, los cuales configuraban los llamados “derechos de segunda generación” podían ser protegidos mediante acción de tutela sólo si se lograba demostrar que existía una conexidad(11) entre estos derechos y uno de índole fundamental; sin embargo, esta corporación modificó su postura al respecto y consideró que estos derechos definidos en ese momento como prestacionales, configuran también garantías fundamentales que conllevan a que el Estado “ha de abstenerse de realizar acciones orientadas a desconocer estos derechos (deberes negativos del Estado) y con el fin de lograr la plena realización en la práctica de todos estos derechos —políticos, civiles, sociales, económicos y culturales— es preciso, también, que el Estado adopte un conjunto de medidas y despliegue actividades que implican exigencias de orden prestacional (deberes positivos del Estado)”(12).
Así las cosas, la jurisprudencia ha concluido que todos los derechos constitucionales poseen el status de fundamentales(13) en la medida que guardan estrecha relación con los bienes jurídicos protegidos por la Carta Política y que el Constituyente de 1991 determinó elevar a rango constitucional, naturaleza que comparte el derecho a la seguridad social(14).
Frente a la situación del derecho a la seguridad social de las personas que pertenecen al grupo poblacional de la tercera edad, la Corte ha desarrollado una línea jurisprudencial en torno a la tesis de vida probable, la cual consiste en que cuando una persona sobrepasa el promedio de vida de la población colombiana, por su avanzada edad, podría presumirse que a la fecha de una decisión dentro de un proceso ordinario, su vida se habrá extinguido(15).
“Si una persona sobrepasa (78 años para el caso) el índice de promedio de vida de los colombianos (actualmente, en 74), y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio en el reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se estima razonablemente que el solicitante ya no existiría para el momento que se produjera la decisión judicial, debido a su edad avanzada, unido esto al alto volumen de procesos que razonablemente producen demora en la decisión, pese al comportamiento diligente del juzgador, entonces, ese anciano no tiene otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente, mientras se decide el fondo del asunto por el juez natural, se ordene el respeto a su derecho” (negrilla fuera de texto).
Por consiguiente, resulta prudente establecer como factor determinante la tesis de vida probable en aquellos casos en que se abordan pretensiones tendientes al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, ya que están obligatoriamente ligadas al tiempo de vida que le resta a las personas de la tercera edad que deben recibirla antes de que su existencia se agote. Esto es, sin necesidad de esperar que los jueces de la jurisdicción ordinaria o los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa decidan el caso, muchos años más tarde, cuando se presume que el interesado en obtener el reconocimiento de la prestación pueda haber fallecido(16).
“¿Si un anciano afirma que no puede esperar más tiempo para reclamar su derecho, entonces será humano que la respuesta que se le dé sea la de que acuda a procedimientos que duran hasta diez años? O, ¿por el contrario, ese declive natural de la vida determina una razonabilidad que le impone a la Corte aceptar que para quien supera el límite de la vida probable la protección de sus derechos incluye la necesidad de una pronta resolución?
De la misma forma, la Sentencia T-295 de 1999 abarca el concepto de dignidad humana, llegando más allá de valorar el derecho al mínimo vital respecto a la protección del derecho a la seguridad social. En esta medida, dicho fallo reitera el postulado de obligatoriedad en la necesidad de mantener el concepto de dignidad en la vida del hombre de principio a fin(17), indicando que esa dignidad del jubilado y el cúmulo de derechos adquiridos, a partir de su status de pensionado, no pueden estar ligados únicamente a la vida probable de los colombianos.
Lo anterior, en la medida que el concepto de vida probable es un factor muy importante que establece un límite para cobijar por la tutela, como mecanismo transitorio, la protección del derecho a la seguridad social, máxime cuando es delicado e irreversible el estado de salud del interesado y si la protección judicial, por la vía ordinaria, se presume que no va ser oportuna(18).
El derecho a la seguridad social se encuentra consagrado, entre otros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos(19), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(20), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre(21), y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos sociales y culturales(22).
Cabe resaltar que son múltiples los pronunciamientos internacionales que consagran planteamientos dirigidos a la salvaguarda de los derechos a la seguridad social. En este orden de ideas, nuestro ordenamiento interno ha estructurado unos lineamientos que consagran el derecho en mención como un servicio público y un derecho irrenunciable, que debe ser protegido por el Estado observando los principios de eficacia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación(23).
De otra parte, que el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, definido en la Ley 100 de 1993, integra una cantidad de disposiciones que amparan la vejez, la invalidez o la muerte, no solo de manera asistencial sino también económica como la sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes, la indemnización sustitutiva, entre otras(24).
Es así como el derecho a la pensión de sobrevivientes fue concebido en los eventos en que un trabajador, sin tener la condición de pensionado, ni cumplir con los requisitos legales para hacerlo, fallece y, previa verificación del cumplimiento de determinados requisitos creados por la ley, asegura que su núcleo familiar no se vea irrazonablemente afectado por dicha situación(25).
“(…) la sustitución pensional es un derecho que permite a una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de una prestación económica antes percibida por otra, lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho”(26).
Por consiguiente, la negativa en reconocer el derecho a la sustitución pensional puede constituir una afectación a los derechos fundamentales del núcleo familiar, pues se pone en grave riesgo el derecho al mínimo vital de sus integrantes(27).
En este punto y para el caso que nos ocupa, el carácter de fundamental del derecho a la sustitución pensional no sólo deriva del hecho de estar relacionado con el mínimo vital, sino también de que sus beneficiarios sean sujetos de especial protección constitucional, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad(28), que además se encuentran en una situación de desamparo(29), que resultaría más gravosa con la negativa de la administradora de fondos de pensiones en reconocer la prestación solicitada.
PAR.—Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil”(30).
“ART. 74.—Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
“… d) A falta de cónyuge, compañero permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste”.
Lo expuesto con el objetivo de establecer que la adopción de esta medida se dirige a prevenir que la población invalida que dependía económicamente de sus hermanos, al fallecimiento de éstos, quede en completa desprotección. Así las cosas, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional a su favor les permite al menos mantener el mismo nivel de seguridad económica con la que contaban antes del deceso del causante, en aras de la protección de su mínimo vital(31).
6.1. Dependencia económica.
Para el legislador, según lo expuesto, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes está sometido al requisito de probar la dependencia económica, la cual se acredita, en principio, si el hermano invalido no cuenta con otro tipo de ingresos que permitan su subsistencia en condiciones similares a cuando el causante se encontraba con vida(32).
“(…) la dependencia económica supone un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por el contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario”(33).
1. Para ser dependiente económicamente de alguien, los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen una subsistencia en condiciones dignas(34).
3. Recibir otra prestación económica no constituye independencia económica(35). Por ello, la incompatibilidad de pensiones no opera tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
4. La independencia económica no se configura por el hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional(36).
5. También se estableció que los ingresos ocasionales no generaban independencia económica; es decir, es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes(37).
6. Por último, señalo la Corte que la posesión de un predio no es causa suficiente para acreditar independencia económica(38).
6.2 Condición de invalidez.
De igual forma, se ha establecido que el Estado tiene el deber de implementar medidas de diferenciación positiva a favor de las personas con discapacidad(39).
7.1. Presentación del caso.
7.2. Estudio de la procedencia de la acción de tutela.
Tampoco puede pasar desapercibido que, conforme las proyecciones de población 2005-2020 elaboradas por el DANE en septiembre de 2007(40), la esperanza de vida al nacer se estima entre los 72,6 a 76,2 años para ambos sexos, edad que ya ha sido superada por la accionante. Esto implica que, conforme la aludida tesis de vida probable, en caso de imponérsele el agotamiento de los mecanismos judiciales ordinarios, sería posible presumir que a la fecha en que estos sean resueltos, la actora ya habrá fallecido.
7.3. Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad social.
Como puede observarse, si bien la exigencia de una fecha de estructuración de la invalidez del beneficiario anterior a la muerte del causante es razonable y apunta a garantizar la sostenibilidad del sistema pensional, también lo es que, en ocasiones, se presentan situaciones excepcionales que conducen a que la aplicación de la norma conlleve resultados no solo inaceptables desde una óptica de justicia material, sino contrarios a los mandatos constitucionales de protección de los discapacitados mentales (art. 13 Superior). En efecto, la interpretación y aplicación de las normas legales referentes a las condiciones y requisitos para acceder a una pensión de sobrevivientes, deben ser interpretadas de conformidad con la Constitución y los instrumentos internacionales que reconocen derechos subjetivos a quienes padecen de discapacidad mental”.
De igual manera, en la Resolución GNR 7472 del 17 de enero de 2015 proferida por Colpensiones, mediante la cual fue negada la solicitud del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la señora María Teresa Zambrano, dicha entidad indicó que contaba con declaraciones extrajuicio de terceros y de la accionante “en donde se establece convivencia de la solicitante con la causante y dependencia económica”(41).
1. REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido el 12 de mayo de 2016 por la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Nariño, así como el emitido en primera instancia por el Juzgado Cuarto Oral Contencioso Administrativo del Circuito Judicial de Pasto el 5 de abril de 2016. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante.
2. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones que, en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo, si no lo hubiere hecho aún, reconozca y pague la sustitución pensional que reclama la señora Dolores Zambrano Benavides, a partir del 14 de noviembre de 2013.
3. EXHORTAR a la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Nariño y al Juzgado Cuarto Oral Contencioso Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, para que al conocer de una acción de tutela cuyo actor sea un sujeto de especial protección, eviten emitir fallos argumentados en la improcedencia, desatendiendo aspectos de alta trascendencia constitucional como los que se reúnen en el caso bajo estudio.
4. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto-Ley 2591 de 1991.
Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio.—Aquiles Arrieta Gómez (e).—Alberto Rojas Ríos.—Martha Sáchica de Moncaleano, secretaria general.
1 Ver folios 24 a 56, cuaderno principal.
2 Ver sentencias T-225 de 1993, T-789 de 2003, T-701 de 2008, T-206 de 2013 y T-604 de 2014, entre otras.
3 Ver Sentencia T-086 de 2015.
4 Sentencia T-225 de 2003.
5 “El perjuicio ha de ser inminente: que amenaza o está por suceder prontamente. Con lo anterior se diferencia de la expectativa de un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacía un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado”. Sentencia T-956 de 2013.
6 Ver Sentencia T-086 de 2015.
7 Ver Sentencia T-225 de 1993.
8 Ver Sentencia C-458 de 1997.
9 Ver Sentencia T-315 de 2011.
10 “Sobre el alcance de la seguridad social como derecho protegido a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su observación general número XX el Comité hizo las siguientes precisiones: “26. El artículo 9º del Pacto prevé de manera general que los Estados Partes “reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el seguro social”, sin precisar la índole ni el nivel de la protección que debe garantizarse. Sin embargo, en el término “seguro social” quedan incluidos de forma implícita todos los riesgos que ocasionen la pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas. 27. De conformidad con el artículo 9º del Pacto y con las disposiciones de aplicación de los convenios de la OIT sobre seguridad social —Convenio 102, relativo a la norma mínima de la seguridad social (1952) y Convenio 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes (1967)— los Estados Partes deben tomar las medidas adecuadas para establecer, con carácter general, sistemas de seguros de vejez obligatorios, a percibir a partir de una edad determinada, prescrita por las legislaciones nacionales” (…) 30. Finalmente, para dar pleno cumplimiento al mandato del artículo 9º del Pacto, como ya se ha señalado en los párrafos 20 y 22, los Estados Partes deberán establecer, dentro de los recursos disponibles, prestaciones de vejez no contributivas u otras ayudas, para todas las personas mayores que, al cumplir la edad prescrita fijada en la legislación nacional, por no haber trabajado o no tener cubiertos los períodos mínimos de cotización exigidos, no tengan derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de otra ayuda o prestación de la seguridad social y carezcan de cualquier otra fuente de ingresos”. Sentencia T-505 de 2011.
11 Ver Sentencia T-406 de 1992.
12 T-505 de 2011.
13 T-580 de 2007.
14 Sentencias T-888 de 2001, T-609 de 2002, T-495 de 2003, T-1282 de 2005, T-1251 de 2005 y T-597 de 2009.
15 Ver las sentencias T-849 de 2009 y T-300 de 2010, reiteran esta línea jurisprudencial contenida principalmente en los fallos T-056 de 1994, T-456 de 1994, T-295 de 1999, T-827 de 1999, T-1116 de 2000, T-T-849 de 2009 y T-300 de 2010, entre otras.
16 Sentencia T-086 de 2015.
17 Ver Sentencia T-011 de 1993.
19 “ART. 22.—Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
20 “ART. 9º—Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social…”.
21 “ART. 16.—Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, le imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
22 “ART. 9º—Derecho a la seguridad social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que lo imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes o después del parto”.
23 Artículo 48. Constitución Política de Colombia.
24 Ver Sentencia T-086 de 2005.
25 Ver Sentencia T-564 de 2015.
26 Sentencia T- 431 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
27 Ver Sentencia T-018 de 2014.
28 Sentencia T-662 de 2010.
29 “(…) en estos casos la lesión a sus derechos fundamentales tiene un efecto particularmente severo en la medida en que estos sujetos se encuentran previamente en una especial condición de desamparo, la cual se hace mucho más gravosa ante el no reconocimiento del derecho pensional”. Sentencia T-836 del 12 de octubre de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
30 Artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
31 Ver Sentencia C-896 de 2006.
32 Sentencia T-471 de 2014.
33 Sentencia C-111 de 2006.
34 Sentencia T-574 de 2002.
35 Sentencia T-281 de 2002.
36 Sentencias T-574 de 2002 y T-996 de 2005. Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia, además de las consideraciones expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del argumento del Tribunal para colegir que el demandante disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de manera ocasional $ 20.000 o $ 25.000 semanales y por estar percibiendo su cónyuge un salario mínimo legal mensual, no es más que una suposición del juzgador, pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea autosuficiente económicamente, como erradamente lo concluyó.
37 Sentencia T-076 de 2003.
38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003, rad. 21360.
39 Ver Sentencia C-896 de 2006.
40 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf - Consultado el 4 de noviembre de 2016.
41 Ver folio 14, cuaderno principal.