Source: http://derechoynormas.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
Timestamp: 2014-10-22 15:22:24
Document Index: 209540609

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 138', 'artículo 141', 'artículo 139', 'artículo 141', 'artículo 158', 'Artículo 158', 'artículo 264', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 33', 'Artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 161']

Del derecho y las normas: enero 2011
- No se altera la neutralidad de la consideración del enlace. - No es necesaria la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (todavía pendiente) al no producirse una revisión del acto administrativo previo a la decisión de la Sección Segunda. Además esto supone el acortamiento de los plazos, pues se evitan los 4 días (que no se iban a poder cumplir).
Uno. Se modifica el artículo 16, apartado 1, de Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, con la siguiente redacción:1. “Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:a. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, ob. Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.”“Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia o posible lesión de derechos de terceros, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.”“Se entenderá que el prestador actúa con diligencia a título enunciativo pero no limitativo, cuando retire los datos o imposibilite su acceso dentro del plazo concedido por el órgano competente.”Dos. Se modifica el artículo 17, apartado 1, de Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, con la siguiente redacción1. “Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:a. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, ob. Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.”“Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia o posible lesión de derechos de terceros, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.Se entenderá que el prestador actúa con diligencia, a título enunciativo pero no limitativo, cuando suprima o inutilice el enlace dentro del plazo concedido por el órgano competente.”Tres. Se añade el artículo 17 bis, de Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, con la siguiente redacciónArtículo 17 bis. Responsabilidad de los prestadores de servicios consistentes en la contratación de espacios publicitarios en línea.
1.No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información mostrada junto a su publicidad es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o2.Si lo tienen, actúen con diligencia para cesar en su actividad publicitaria o de patrocinio.
Se entenderá que el prestador, arrendador o subarrendador, actúa con diligencia a título enunciativo pero no limitativo, cuando cese en su actividad dentro del plazo concedido por el órgano competente. 2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el prestador, arrendador o subarrendador actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos.Cuatro. Se introduce una Disposición adicional quinta en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, con la siguiente redacción:"El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración empleándose medios electrónicos o servicios de la sociedad de la información en los términos previstos la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico."Cinco. Se modifica el artículo 138 de del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril con la siguiente redacción:El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.
Además, el titular de los derechos reconocidos en esta Ley podrá iniciar las medidas descritas en el párrafo anterior, así como exigir la indemnización de los daños causados, contra aquellos que, con conocimiento o teniendo motivos razonables para conocer, induzcan, faciliten, cooperen o contribuyan de cualquier forma a la infracción de derechos producida por cualquier tercero.Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo 141.
Tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.h como las medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.Seis. Se modifica el artículo 158 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril con la siguiente redacción:"Artículo 158. Comisión de Propiedad Intelectual.1. Se crea en el Ministerio de Cultura la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente ley.2. La Comisión actuará por medio de dos Secciones.La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la presente ley.La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su empleándose medios electrónicos o servicios de la sociedad de la información en los términos previstos en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.3. Corresponde a la Sección Primera el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje de acuerdo con las siguientes reglas:1.º En su función de mediación:a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento de las partes, para el caso de que no llegue a celebrarse un contrato, para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión, por falta de acuerdo entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional civil.La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificará a las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.El procedimiento mediador, así como la composición de la Comisión a efectos de mediación, se determinarán reglamentariamente, teniendo derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual objeto de negociación y otros dos de las empresas de distribución por cable.2.º La Comisión actuará en su función de arbitraje:a) Dando solución, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, puedan producirse entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios de su repertorio o entre aquéllas y las entidades de radiodifusión. El sometimiento de las partes a la Comisión será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.b) Fijando una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del artículo anterior, a solicitud de una asociación de usuarios o de una entidad de radiodifusión, siempre que éstas se sometan, por su parte, a la competencia de la Comisión con el objeto previsto en el párrafo a de este apartado.3.º Reglamentariamente se determinarán, para el ejercicio de su función de arbitraje, el procedimiento y composición de la Comisión, teniendo derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las entidades de gestión y otros dos de la asociación de usuarios o de la entidad de radiodifusión.La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes.Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento de la controversia sometida a decisión arbitral ante la Comisión impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de la misma, hasta tanto haya sido dictada la resolución y siempre que la parte interesada lo invoque mediante excepción.4. Corresponde a la Sección Segunda, que actuará conforme a los principios de objetividad y proporcionalidad, el ejercicio de la función de evaluación y notificación de posibles lesiones de los derechos de propiedad intelectual frente a los responsables de servicios de la sociedad de información.La Sección Segunda será considerada a estos efectos como órgano competente para declarar la existencia de una posible lesión de los derechos de propiedad intelectual de terceros y en la que se empleen o formen parte esencial servicios de la sociedad de la información.La Sección Segunda analizará las denuncias efectuadas por los titulares de derechos, comprobará los requisitos de legitimación y capacidad, constatará la lesión o posible lesión y dará traslado al responsable de los servicios de la sociedad de la información afectado, quedando este desde ese momento notificado a los efectos previstos en la legislación que regula su actividad.Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes.Reglamentariamente se determinarán la composición y funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. El procedimiento se iniciará siempre a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, estará basado en los principios de celeridad, proporcionalidad y demás previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.Séptimo. Se modifica el apartado 5 de la Disposición adicional cuarta de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa, con el siguiente tenor:"5. Los actos administrativos dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Económico y Social, Instituto "Cervantes", Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional."
Impunidad de los ataques DoS o cuestiones sobre la eficacia del derecho
Está bien que una sociedad se dote de normas y se articulen mecanismos que castiguen a aquellos que con sus actos causan daños a los bienes o derechos de terceros, siempre que el castigo responda a una serie de principios humanos que nos ha costado muchos siglos y esfuerzos alcanzar.
Igualmente las leyes deben ser útiles y deben poder aplicarse, puesto que en el caso de no servir para nada en la realidad quedan como un triste esfuerzo que desprestigia tanto a quien hace las leyes como a estas últimas y en definitiva se resiente la credibilidad de los ciudadanos en el sistema.
A lo que iba, estamos asistiendo al embrión de las primeras grandes movilizaciones en internet contra objetivos políticos definidos, en España particularmente contra la mal llamada Ley Sinde, pero también en todo el mundo contra empresas que se plegaron a los deseos de Estados Unidos en su cruzada contra Wikileaks.
En relación con esto se recuerda la entrada en vigor el pasado 23 de diciembre del nuevo Código Penal que dedica uno de sus artículos a describir como delito la conducta que puede identificarse como un ataque DoS, artículo 264:1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años. Uno de los elementos del tipo, y que es determinante, será la gravedad del resultado que se produzca. Esta gravedad es un criterio que quedará a resultas de la interpretación que los jueces o tribunales hagan, pero de entrada provoca el miedo por la incertidumbre de saber cuando se setará ante un delito y cuando no.
Pero el problema viene a la hora de identificar al responsable del delito, puesto que cometido el delito por internet tendremos el problema de identificar al responsable tras una concreta dirección IP desde la que se realiza el ataque.
Es un tema recurrente en este blog tratar sobre el contenido de la Ley 25/2007 de Conservación de Datos y las condiciones para identificar a la persona a la que el prestador de servicios de telecomunicaciones ha asignado una determinada IP.
Dice la LCD, en su artículo 1: 1. Esta Ley tiene por objeto la regulación de la obligación de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación, así como el deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales.
2. Esta Ley se aplicará a los datos de tráfico y de localización sobre personas físicas y jurídicas y a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado.Esto es, cualquier cesión de los datos que identifican a una IP con el abonado concreto al que se le ha asignado sólo se podrá efectuar a la autoridad judicial correspondiente, pero sólo en el caso de delitos graves. Y, ¿cuales son los delitos graves?
Según el Código Penal, artículo 13, los delitos graves son aquellos castigados con pena grave. Y las penas graves, artículo 33.2Son penas graves: La prisión superior a cinco años.
Por lo tanto, quien efectúa un ataque DoS no podrá ser identificado por el juzgado a través de la dirección IP de la que proviene el ataque ya que la ley no autoriza a que el ISP ceda los datos porque la pena por el delito de daños informáticos es como máximo de 3 años. Por lo tanto para poder identificar al responable se deberán obtener sus datos identificativos por otros medios y siempre quedaría el problema de vincular esa dirección IP a la persona concreta responsable de ataque.
Volviendo en este punto al inicio de lo que comentaba toca preguntarse quien legisla y decide las conductas, toda vez que tiene poco sentido incluir un tipo penal que en la mayoría de las ocasiones va a dar como resultado la imposibilidad de hallar al responsable.
Para quien sufra un ataque será frustrante saber que su asunto posiblemente no llegue al fondo y no se localice al responsable, con lo que se minará su confianza en el sistema, y para el atacante se sentirá fuerte por la impunidad con la que puede desarrollar sus acciones, lo que en definitiva no mejora la convivencia. Además esa impunidad provocará, a medio plazo, una sobrerreacción por la otra parte que exigirá mayor dureza y otras medidas que, tratándose de internet, limitarán los derechos de todos.
Por eso es importante que quien legisle lo haga con todo el ordenamiento jurídico en la cabeza y no sólo a impulsos punitivos marcados por la agenda mediática, lo que provoca leyes ineficaces y descontento ciudadana y un minado constante de las instituciones.
Aprovechando la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha vuelto a plantear el tema del canon digital y su cobro por las entidades de gestión.En primer lugar debo reiterar que la sentencia del TJUE no significa ni la ilegalidad del canon, ni ningún problema sobre el papel, de haberse hecho las cosas con respeto a la legislación vigente y a criterios lógicos.
Ello es así fundamentalmente por dos razones:La sentencia del TJUE responde a una pregunta de un juez español referida a un periodo de tiempo en que no se había promulgado la reforma de ley de propiedad intelectual del años 2006. Lo que se trataba de averiguar no era si el texto de la LPI post 2006 era o no compatible con la Directiva sino si la Directiva era aplicable y en qué términos antes de esa fecha.
Si vemos la ley actual es sencillo darse cuenta de lo adecuado de la misma con lo que dijo el TJUE:Artículo 25 "1. La reproducción realizada exclusivamente para uso privado, [...], originará una compensación equitativa y única [...] dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes."Articulo 31 "2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161." Como dije en su momento, lo mismo pone en la sentencia del TJUE que en nuestra ley actual.