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Timestamp: 2019-12-08 11:36:43
Document Index: 137933942

Matched Legal Cases: ['artículo 610', 'artículo 97', 'artículo 122', 'artículo 629', 'artículo 107', 'artículo 122', 'artículo 560', 'artículo 598', 'artículo 598', 'artículo 614', 'artículo 607']

DS. Senado, Comisiones, núm. 181, de 13/06/2013
Sesión celebrada el jueves, 13 de junio de 2013
– Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
(Núm. exp. 621/000036)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
En primer lugar el letrado va a proceder a comprobar las asistencias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, disponen ustedes del acta de la sesión anterior, que si no tienen ningún inconveniente aprobaremos por asentimiento. (Asentimiento.)
Queda, por tanto, aprobada.
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la designación de la ponencia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Así que procede designar esta ponencia.
¿Qué nombres proponen los grupos parlamentarios Socialista y Popular? Se entiende que los demás son los portavoces asistentes y, por tanto, los ponentes.
Tiene la palabra don Arcadio Díaz Tejera.
Proponemos al senador Rodríguez Esquerdo y un servidor de ustedes.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular proponemos a la senadora doña Rosa Vindel López y a quien les habla, Manuel Altava.
El señor PRESIDENTE: Señorías, queda designada la ponencia en la forma que se ha dicho. Suspendemos la sesión hasta las doce y media. Los ponentes se reunirán hasta esa hora para hacer el informe de la ponencia y a continuación reanudaremos la sesión.
Eran las doce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las doce horas y cuarenta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, la comisión va a seguir suspendida hasta la una y cuarto. Lo digo por si alguien tiene que hacer alguna cosa, que sepa que hasta la una y cuarto no se reanuda la sesión.
Se reanuda la sesión a las trece horas y cuarenta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: A este proyecto de ley se han presentado seis propuestas de veto, que se defenderán a continuación.
Iniciamos el debate con la propuesta de veto número 2, presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.
Intervendré muy brevemente.
El motivo de la presentación del veto no es otro que, de nuevo, defender la necesidad de la existencia de una estricta separación de poderes en un Estado democrático y de derecho, y consideramos que este proyecto de ley lo vulnera sustancialmente. Además, con la reforma desaparece un sistema de pesos y contrapesos que permitía mantener esta separación.
Desde nuestro punto de vista, el Consejo General del Poder Judicial queda muy debilitado y pierde funciones básicas y ello perjudicará sustancialmente la independencia judicial, aparte de que consideramos negativa la diferenciación entre aquellos vocales con dedicación exclusiva y aquellos otros que podrán compatibilizar su cargo con la actividad profesional, ya sea la judicial o en otros ámbitos jurídicos. Insisto, creo que ello perjudica de nuevo notablemente la independencia judicial o que, al menos, supone un menoscabo importante a esa independencia de la que debe gozar el Consejo General del Poder Judicial.
Por otro lado, según la redacción de la ley, la forma de proveer alguna de las plazas de vocales comporta también el que se rompa la proporcionalidad exigida por la Ley de igualdad, de manera que de nuevo quedará muy reducida la presencia de mujeres, y esta senadora y el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya entendemos que ello vulnera dicha ley.
Asimismo, considero que se trata de una oportunidad perdida en cuanto a la posibilidad de plantear ya cierta descentralización del Consejo General del Poder Judicial, dando respuesta también a aquel artículo aún vigente —y, por tanto, no modificado por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 respecto al estatuto de autonomía de 2006— sobre la posibilidad de desarrollar el Consell de Justicia de Cataluña.
Por tanto, mantenemos el veto presentado porque consideramos que el proyecto de ley no da satisfacción a ninguno de los principios a que podría obedecer una reforma del Consejo General del Poder Judicial en este momento.
Propuesta de veto número 1, presentada por el señor Iglesias Fernández y por el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. (La señora Capella i Farré pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Presidente, mantengo el veto presentado por los dos compañeros de Izquierda Unida y doy por reproducido el contenido del escrito de presentación del veto.
Propuesta de veto número 5, presentada por el señor Guillot Miravet y por el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Tiene la palabra el señor Saura.
Intervendré de forma muy breve para exponer cuatro argumentos para fundamentar el veto. El primero ya lo ha dicho la señora Capella: es un ataque a la independencia del Poder Judicial y, por tanto, es un ataque a la estructura de un Estado de derecho con separación de poderes. El segundo es que este proyecto de ley inicia el trámite en el Senado con la oposición de todo el mundo: del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Tribunal Supremo, de los presidentes de las audiencias provinciales, de las asociaciones jurídicas, de la reunión anual de mayo de la asociación de jueces y de todos los grupos parlamentarios. Es decir que es uno de los proyectos más importantes y no cuenta con ningún soporte, excepto el del Grupo Parlamentario Popular. Tercero: a pesar de que en la exposición de motivos el proyecto de ley dice que hay problemas en el Consejo General del Poder Judicial, luego no enumera ni uno; no hay una descripción de los problemas que traen como consecuencia las propuestas de
modificación que se hacen. Y cuarto, ya la ha dicho también la señora Capella: se vulnera la Ley de igualdad, es una propuesta que no tiene en cuenta que las Cortes Generales aprobaron una Ley de igualdad que también obligaría a este proyecto de ley.
Por lo tanto, ataque a la independencia del Poder Judicial, oposición de todo el mundo y ningún tipo de consenso. Hoy hemos contado por primera vez con una posibilidad un tanto acelerada y desordenada de transacciones, que agradezco, pero habrá que ver qué pasa en los próximos días. Hubiera sido conveniente contar con ella un poquito antes para poder decidir con calma, pero, de todas maneras, se agradece el gesto. Insisto, asimismo, en la igualdad de género, porque no se tiene en cuenta en este proyecto.
Doy por defendido el veto de la señora Almiñana y del señor Montilla, que no sé qué número es.
El señor PRESIDENTE: Sí, es la propuesta de veto número 6, presentada por la señora Almiñana Riqué, por los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, y por la señora Sequera García.
El señor PRESIDENTE: Se da por defendido. Muchas gracias, señor Saura.
Propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco.
Tiene la palabra el señor Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, o buenas tardes ya. Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero hablar del procedimiento, lo hemos visto esta mañana: un proyecto de ley tan importante, un proyecto de ley que tanto nos preocupa, no puede ir a salto de mata y no puede dejarnos una sensación de improvisación total. Creo que es responsabilidad no solo de la Mesa, sino también de todos los integrantes de la comisión, entre los que me incluyo, evidentemente, dar a las ponencias, a los informes de estudio y a los análisis la importancia que tienen, y la que se ha demostrado. Por cierto, como ha hecho el senador Saura, yo también agradezco el gesto; ha sido una de las pocas veces que se ha tenido un gesto así, al menos una de las pocas veces que yo lo he vivido durante esta legislatura; aunque se trate al final de enmiendas de campanario —creo que nos entendemos con el término—.
Hoy por la mañana —y también ayer— he visto al leer la prensa que miembros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se muestran críticos con este proyecto de ley, y lo mismo ocurre con todos los grupos de la Cámara, menos el grupo mayoritario. Algo quiero decir, algo significa, y esto no se cura con tres transaccionales acordadas en el último momento. Si de verdad hay voluntad de acuerdo, el procedimiento debería ser el mismo que se está siguiendo con el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, con el encausamiento penal, etcétera. Es un método de trabajo mucho más interesante, mucho más participativo, siempre y cuando creamos que el proyecto es importante. Estamos hablando de una institución, el Consejo General del Poder Judicial, recogida en la Constitución; una institución a la que le tenemos que dar verdadera importancia.
Nuestro veto tiene tres claves. La primera, como han dicho los dos senadores que me han precedido en el uso de la palabra, los consejos autonómicos. El ejemplo lo tenemos en el estatuto catalán, el nonato estatuto catalán: después de largas negociaciones, de largos acuerdos, de grandes trabajos, e incluso de una consulta a la ciudadanía, de un referéndum, ocurrió lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional; el mismo Tribunal Constitucional pone el acento este mismo aspecto, lo subraya. Es algo que tenemos que superar. Podemos dejar aparte el tono nacionalista o identitario, y atenernos a la pura praxis; me refiero ahora a la dedicación de los vocales, pero lo uno con lo anterior. ¿Qué empresa privada conocemos con más de cinco mil personas a cuya gestión no se dediquen más personas? Compárenlo con los vocales: tienen que organizar, que componer, que estructurar, que mejorar tanto como hay que mejorar en el ámbito de la justicia. Dejar solo seis personas con dedicación exclusiva no tiene ni pies ni cabeza, y la necesidad se acentúa por la descentralización —pensando en la mera praxis y en la eficacia— del Consejo General del Poder Judicial.
Punto y aparte: el género. Es del todo inadecuado, por no ponerle otro calificativo, el tratamiento que se le da a este punto. Ya lo hablaremos al debatir sobre las enmiendas, pero la remisión del artículo 610 a la Comisión de Igualdad, de modo que sea únicamente en dicha comisión donde se atienda al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, es del todo inadecuada. No sé si no sería mejor quitar esa referencia del artículo, fíjense en lo que les digo, señorías; sería mejor no poner nada en ningún sitio.
Estamos a tiempo: si de verdad creemos en la Ley de igualdad, si de verdad creemos en este principio que se recoge para la Comisión de Igualdad, tendremos que darle un tratamiento verdaderamente genérico a todo el proyecto de ley. Por nuestra parte, así lo haremos; no puede quedar así, únicamente recogido de ese modo en ese artículo. Aunque solo sea por dignidad.
Creo que queda claro el sentido de nuestro veto y cuáles son los argumentos para mantenerlo. Una defensa más detallada, la dejo para el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Señor Bildarratz, hace una semana se reunió la Mesa y la Junta de Portavoces y, a la vista de la información de que disponíamos, convocamos esta sesión y fijamos y consensuamos su trámite. La información, entiendo que ha variado. El hecho de que se hayan presentado unas enmiendas transaccionales ha modificado la tramitación, y por eso estamos aquí para lo que se precise de nosotros. En este caso, se ha incumplido incluso el horario de la comisión, la hora que les di para reanudar la sesión, la una y cuarto. (El señor Bildarratz Sorron pide la palabra.)
Sí, señor Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: No quiero polemizar de ninguna manera; por eso me he incluido entre los responsables. Es verdad también que no pude acudir a la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces que tuvo lugar el martes de la semana pasada. Pero estarán de acuerdo sus señorías en que no tenía mucho sentido el orden del día de hoy, en el que veníamos a decir que se constituía la ponencia —nombrábamos a los ponentes— y pasábamos directamente a la sesión comisión. Hubiera sido mucho más lógico constituir la ponencia y realizar el informe de la ponencia, y hubiéramos contado con un informe que votar y que llevar a la comisión. De todas maneras, señor presidente, tampoco creo que este sea asunto de esta sesión. Solo quería transmitirles que estos temas tan importantes tienen unos procedimientos correctos, que están en el Reglamento, y que respetarlos nos beneficia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bildarratz. Transmitido queda.
Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.
Don Arcadio Díaz Tejera tiene la palabra
¿Qué está pasando en el parlamentarismo español, para que tres portavoces hayan dados las gracias por el gesto de que les hayan entregado esta mañana unas enmiendas transaccionales? Algo que tendría que ser un hecho común, un hecho ordinario, se convierte en algo excepcional. Los tres agradecían el gesto —y hago mías sus expresiones— asombrados ante ese acontecer. ¿Qué está pasando en España, que hoy la esperanza de los españoles no está residenciada en los parlamentarios? Está residenciada en algún que otro juez español que se atreve a hacer una interpretación del ordenamiento jurídico a favor de la parte más débil. Por ejemplo, la cuestión prejudicial, que presentó el titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo; alguna interpretación de los magistrados de lo Social que, al no aceptar la tesis del despido objetivo, buscan que haya causas, buscan causalizar esos despidos; incluso algunas imputaciones que se van desarrollando en España.
Pues bien, en ese contexto en que la esperanza la encarnan algunos jueces españoles, de pronto viene este proyecto; este proyecto que ya nos dice que se está haciendo un borrador de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto es solo para reformar el consejo. Claro, uno dice: será que va a abordar el asunto de la degradación institucional y va a abordar esa imagen negativa que en general se tiene del consejo por aquello de «vocales progresistas» o «vocales conservadores», que, dicho sea entre paréntesis, es una cuestión menor: todos los seres humanos tienen orientación sexual, orientación religiosa, orientación política, votan. A mí nunca me ha generado ninguna preocupación saber de un ser humano que tiene una orientación u otra, piensa así o piensa asá; todo el mundo tiene una manera de pensar. Es más, me inspira una gran confianza saber que un servidor público del ámbito que sea piensa de una forma o piensa de otra, porque habrá muchos otros técnicos —igualmente cualificados— que van a estar fiscalizándolo y controlándolo.
En este momento concreto, cuando yo pensaba que se iba a abordar esa degradación institucional, de pronto, ¿qué es lo que se plantea? Que se desconoce la realidad, o parte de ella. Se desconoce, por
ejemplo, que hay siete estatutos de autonomía, es decir leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales —subrayo: leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales— que crean consejos autonómicos. Yo sé que ahora hay una pulsión entre los españoles, ante la realidad de una parte de España, de tender hacia la recentralización o hacia todo lo contrario. Pero el hecho cierto es que, aun existiendo esa tensión, uno no puede dejar de reconocer que existe ese ordenamiento jurídico: siete leyes orgánicas que han acordado los españoles a través de sus representantes. Pues bien, se desconoce por completo eso. Se dice: eso ya se verá más adelante en la reforma de la ley orgánica; y solo se tiene en cuenta esta realidad de la carrera judicial de que hay algunos integrantes, entre los 5200 seres humanos que la constituyen, a los que hay que meter en vereda: se han salido del tiesto, hay que volver a ordenarlos porque se han desbocado, hay que traerlos de nuevo al orden y al respeto a una manera de entender las cosas.
Pues bien, a mí me parece que las propuestas van en la línea contraria. Por ejemplo, ¿cree alguna de sus señorías que le da más legitimidad a cualquier cargo elegido en cualquier lugar que la mayoría que lo eligió fuera una mayoría cualificada? La pregunta es sencilla. ¿Por qué razón el constituyente español siempre se planteó, respecto al Defensor del Pueblo, o a los magistrados del Constitucional, o a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, una mayoría de tres quintos? ¿Por qué no quiso una mayoría simple? Porque cuanta mayor cobertura parlamentaria tienen en su elección, más legitimación de origen tienen. Esa fue la reforma que hicimos aquí en las Cámaras, y nos planteamos que no se pudieran elegir los presidentes de los tribunales superiores por una mayoría simple, sino por una mayoría cualificada. Lo recuerdo perfectamente porque fui ponente de esa reforma. A mayor cualificación en la mayoría, mayor legitimación de origen a la hora de su trabajo. Si eso se quita y se pone mayoría simple, ¿qué se busca? Más facilidad para poner al que se quiere, no al que se debe. No buscar fórmulas de consenso, sino imponer al que se quiere. Es mala cosa para el prestigio institucional de esas presidencias.
Segunda cosa. ¿Por qué razón, de los 5200 integrantes de la carrera judicial, se da tanta preeminencia a 81, que son los que integran el Tribunal Supremo? Van modificándose por semanas, pero, aproximadamente, no llegan a cien. ¿Por qué se les da tanta preeminencia? ¿Por qué se da tanta preeminencia a los que tengan más de 25 años? ¿Por qué? Y un asunto que me preocupa especialmente, ¿por qué razón, si nunca nadie lo ha pedido, ahora de pronto, en un momento de especial crisis, se plantea la creación de un cuerpo de letrados permanente en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, si los magistrados desempeñaban esta función, ahora de pronto se quiere crear un cuerpo permanente? Porque en general son 90, pero si se quita a los estadísticos, a los inspectores —son equipos de dos magistrados— y a la gente de informática, al final, ¿qué va a pasar? Que el Poder Judicial lo van a administras 10 personas: los 5 letrados permanentes y los 5 integrantes de la comisión. ¿Es eso lo que quería el constituyente? ¿Quería eso? Lo que yo leo en la Constitución es que sean 20 personas. No voy a insistir en el argumento de la división del trabajo —que me parece razonable— de los 5 y los 20; el hecho cierto es que si uno está llevando jurisdicción es imposible que pueda desempeñar cabalmente el trabajo de vocal. He leído el debate en el Congreso de los Diputados y, muy inteligentemente, se dice: oiga, pero si en la actualidad el presidente del Tribunal Supremo también es presidente del consejo. No estamos hablando de representación, de ir a reuniones, discutir y votar; estamos hablando de quien está ejerciendo la jurisdicción, es decir, el que está por las mañanas haciendo juicios y por las tardes redactando sentencias. No es lo mismo simultanear dos cargos de representación, que no tienen un contenido jurisdiccional real de trabajo regular, que tener un trabajo regular de contenido jurisdiccional y tener que ir también a Madrid una vez al mes a los debates en el pleno del consejo. Dicen: no, no; la razón por la que no van a trabajar 15 de manera regular es económica. ¿Ah, sí, por razones económicas? Veamos las razones económicas. ¿Cuál es la dieta por asistir al pleno del consejo? 974 euros. Si participas en una comisión y asistes a dos reuniones al mes, percibes, entre el sueldo y las dietas, lo mismo que en la actualidad. Luego no son razones económicas ni razones presupuestarias, son razones funcionales: siempre son más susceptibles de ser manejados 5 vocales y 5 letrados que un colectivo de 20. Este es un segundo argumento.
Tercer argumento. Yo me alegro de que hoy hayan traído esta propuesta relativa al apartado m), lo digo con sinceridad, y he insistido en que lo hablemos aquí. Me alegro de que hayan sido sensibles a no perder una competencia que tenía el consejo. ¿Cuándo tiene que residir o no? ¿Los días de audiencia? ¿Cuál es el horario? Las comisiones de servicio, las compatibilidades e incompatibilidades, etcétera, todo eso es muy relevante. Es el ejercicio cotidiano de la jurisdicción; luego ya redactará la sentencia como estime oportuno, es su libertad, es su independencia. Pero el ejercicio cotidiano es muy relevante.
Díganme ustedes, señorías del Partido Popular: si en lugar de ser un ministro del Partido Popular fuera un ministro del Partido Socialista el que quisiera quitarle competencias al Consejo General del Poder Judicial, para acogerlas según el contexto del artículo 97 de la Constitución —la potestad reglamentaria—, si fuera ese ministro socialista quien quisiera quitarle competencias al consejo sobre las condiciones accesorias del ejercicio de derechos y deberes de los jueces y magistrados, y la recogiera el ministerio, ¿qué dirían ustedes? Dirían ustedes: le quiere quitar competencias al consejo, porque las quiere coger el ministro; desconfía del consejo, confía más en el ministro. Si no estuvieran en esa posición sino en la nuestra, pensarían igual: eso no es algo positivo, es algo que debilita al consejo. Si debilita al consejo, debilita la independencia judicial, porque la razón de ser del consejo no es otra que garantizar la independencia judicial. Precisamente es el único factor que ha estado garantizado a lo largo de sus últimos 35 años, porque nadie lo cuestionaba; cuestionaban la imagen: que si uno es progresista, que si otro es conservador, pero nadie cuestionaba la independencia de los 5200 jueces que integran la carrera judicial en España. Pues bien, si nadie la cuestionaba, ¿por qué le quieren quitar esa competencia? ¿Qué es lo que ha pasado desde el debate en la comisión en el Congreso hasta hoy por la mañana, en que hemos escuchado esta explicación? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ayer dijo un catedrático de Procesal muy bueno, por cierto, a quien tengo mucha estima, don Vicente Gimeno Sendra: calificaba de ruido de togas la actitud de algunos integrantes del Tribunal Supremo respecto a la figura de su vicepresidente.
Pero, en general, lo que me preocupa ahora es otro aspecto añadido: la propia autonomía de los parlamentos. A la hora de hacer las leyes, nosotros solo tenemos unos jefes, que son los hombres y mujeres que nos han puesto aquí; y solo tenemos un norte y una guía, que es el interés general de los españoles, y hacer lo que más convenga siempre al interés general de todos los pueblos de España, haga quien haga lo que haga. A mí me parece muy bien que tanto la jerarquía católica —los curas y los obispos— se manifieste, es parte de su libertad; y también me parece muy bien que los magistrados se reúnan y se manifiesten, es parte de su libertad; y tutelaré que todos ellos se reúnan y expresen lo que quieran expresar. Pero les subrayo la necesidad de que, a la hora de hacer propuestas, incluso transaccionales de última hora, solo se tenga en cuenta, única y exclusivamente, el interés general. Este apartado m) mejora el proyecto; pero, de aquí al Pleno, podría mejorarse más, porque toda obra humana es susceptible de mejorarse; y, como podrían mejorarse más, seguiremos con esa voluntad de mejora.
Otra preocupación de la mañana de hoy, que se añade a las que ya he argumentado: esto de delegar la capacidad instructora, aunque sea excepcionalmente y de manera motivada, del promotor de la acción disciplinaria. Eso es algo preocupante. A mí no me genera especial desconfianza que haya sido un caballo de batalla de la Asociación Profesional de la Magistratura, porque todo el mundo, esté donde esté, puede tener ideas y algunas serán buenas y otras serán malas. Pero, señorías, fíjense: a todo el que tiene poder siempre hay que controlarlo. A todo el que tiene poder, siempre hay que supervisarlo. El promotor de la acción, que es una nueva figura que se crea, tiene rango de magistrado del Tribunal Supremo; pero, si delega esa potestad en otras personas, esas otras personas no tienen ese rango de magistrado del Supremo. Y que un letrado desarrolle esa función y sea quien ejerza esa potestad instructora sobre un juez o magistrado español, aunque luego alguno insista en que ese letrado sea miembro de la carrera —puede ser miembro de la carrera o no—, ¿creen ustedes que eso genera gran confianza entre los jueces españoles? Me refiero a que les instruya un expediente un letrado de un cuerpo que todavía no existe, que no es integrante de la carrera judicial. En general, ¿qué creen ustedes que se les está diciendo a los jueces españoles, cuando algún juez español ha sido expulsado de la carrera o cuando se levantan tantas cruzadas mediáticas contra algún juez español por haber hecho lo que ha estimado oportuno, y ya se lo revocará la sala correspondiente cuando lo estime oportuno? Pues que, cuando se aborda a un ladrón de gallinas o los asuntos de sota, caballo y rey, un tirón callejero, por ejemplo, nunca pasa nada; pero cuando se aborda a algún poder específico, a algún poder financiero o a algún otro poder de especial relevancia, hay grandes cruzadas mediáticas. ¿Y encima se propone esta potestad disciplinaria que puede desarrollar alguien que no es miembro de la carrera judicial? ¿Qué mensaje se les están mandando a los que van a salir de la Escuela Judicial? ¿Proceda usted como estime, libérrimamente, sea el que fuere el que tenga enfrente y tenga el poder que tenga? ¿O mientras sea un ladrón de gallinas, esté usted feliz; pero, como se meta usted con algún poder establecido, agárrese usted los calzones, que vienen curvas? Ojo al parche con lo que vaya usted a hacer. A mí me parece que esa delegación de la acción disciplinaria es francamente preocupante y es un mal mensaje para la carrera en su conjunto.
Yo les sugiero, señorías, una lectura. Fíjense: no voy a aludir al informe del Consejo General del Poder Judicial, ni al pleno ni al voto particular, lo dejamos a un lado. Les sugiero la lectura del informe del Ministerio Fiscal. Sé lo que estoy diciendo: me refiero al informe que nos ha remitido don Eduardo Torres-Dulce. No me refiero a los tres votos particulares que cuestionan el informe, no me refiero a eso; porque están menos trabajados, no porque discrepe de su contenido. Me refiero al informe que ha mandado la Fiscalía General del Estado, donde claramente alude a estos asuntos que estoy planteando —están mejor explicados en el informe, porque están redactados y esta es una intervención oral, no leída—. A la luz de esos asuntos, verán ustedes que, si invierten el razonamiento y no fuera un Gobierno del Partido Popular sino un Gobierno del Partido Socialista, estarían sumidos no solo en la perplejidad sino en una profunda desconfianza respecto a lo que se quiere hacer. Yo sé que parte de los asuntos y los cargos ya tienen nombre y apellidos, y de ahí el modo en que se precisan las incompatibilidades, las condiciones, etcétera; eso está más que aclarado. Pero, sinceramente, me parece que es malo para el Consejo General del Poder Judicial y no creo que contribuya al prestigio de la política ni del parlamentarismo haber hecho las cosas como se han hecho.
Sé que en esta intervención podría decir que doy el veto por defendido y remitirme al Pleno del Senado, pero a mí no me gusta trabajar así. Lo digo con todo el respeto a todos los colegas; hago mías las tres intervenciones anteriores por completo: expresiones, tono, timbre, etcétera, pero me gusta trabajar de manera leal y transparente con todos. Les manifiesto estos argumentos porque me gusta debatirlos aquí en comisión, que es la razón de ser que tiene esta comisión a la hora de dictaminar. Volveré a reiterar algunos de ellos en Pleno y espero no tener que reiterar algún otro. En estos días, con el ruido de alguna toga, ha habido cambios, pero espero que en los próximos días, con el trabajo parlamentario, el propio Parlamento se prestigie, se dignifique y mejore el texto que nos han remitido.
Para turno en contra, tiene la palabra doña Rosa Vindel.
Mi primera intervención es para agradecer el interés y la colaboración de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, de la Mesa y, por supuesto, de nuestro letrado, Juan José Pérez Dobón, en la tramitación, negociación, debate y alumbramiento final de las transaccionales que ha propuesto el Grupo Popular al resto de grupos.
El senador Díaz Tejera se preguntaba al comienzo de su intervención qué excepcional era que se presentaran una transaccionales, que qué estaba pasando. Contestarle es muy fácil y muy sencillo, señoría: ha cambiado la mayoría. La mayoría, que es de tres quintos del Partido Popular en esta Cámara, quiere no aprobar las leyes solo con sus opiniones y solo con sus convicciones. Estamos interesados también en que determinadas enmiendas que se han presentado tanto en el Congreso como en el Senado y que, evidentemente, mejoran el texto porque el Grupo Popular no tiene el monopolio de la verdad absoluta, se incorporen al texto y, por lo tanto, lo mejoren, lo cual nos alegra mucho. Por cierto, es la primera vez —creo recordar— que el senador Díaz Tejera se alegra de una modificación que presenta el Grupo Parlamentario Popular, el famoso apartado m. Me alegro mucho de que quede constancia de la alegría del senador Díaz Tejera, pero lamento que esa alegría no haya ido acompañada con su firma en la tramitación de la transaccional y hayan tenido que ser el resto de grupos parlamentarios, junto con mi grupo, los que lo han incorporado al texto, pero claro, señor presidente, no cabe alegría total en esta vida.
Señorías, a mí me corresponde defender este proyecto de ley. Me parece que es un proyecto de ley importante y necesario, y además cumple con tres objetivos fundamentales. En primer lugar, la agilización del Consejo General en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, de forma que se articulen los mecanismos que sean oportunos para evitar los bloqueos que se producían tanto en su constitución como en su renovación. En segundo lugar, la simplificación del órgano dotándole de una estructura más simple, de un menor coste económico, de acuerdo con criterios de racionalización de la estructura administrativa que, por cierto, ya han seguido otros órganos de la Administración. Y en tercer y último lugar, la profesionalización, señorías, introduciendo criterios que primen el mérito y la experiencia.
¿Qué se pretende conseguir? Se pretende conseguir un órgano de gobierno más operativo y un consejo más plural y transparente. Nosotros entendíamos, señor presidente, que el Consejo General demandaba una reforma en profundidad de la estructura y del funcionamiento que pusiera fin a los sucesivos problemas creados a lo largo de todos estos años, y dotarlo, desde luego, de una estructura
mucho más eficiente. Por eso, esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere a las atribuciones del consejo, a la elección de vocales, a la eliminación —ya lo he dicho— de situaciones de bloqueo en la constitución y renovación, al ejercicio a tiempo parcial del cargo de vocal, al reparto de competencias entre sus órganos y a la transformación de la comisión disciplinaria.
Las atribuciones del consejo no se ven sustancialmente alteradas. Se prevé que las que tenga legalmente reconocidas sean acordes con la finalidad y justifican la existencia misma del consejo, que es sustraer al Gobierno la gestión de la carrera de jueces y magistrados de manera que no pueda condicionar su independencia por esta vía indirecta. Se remite para ello al artículo 122 de la Constitución. Se ocupa de la actividad internacional, de la potestad reglamentaria del consejo, que entendemos debe referirse con carácter general a la esfera puramente interna o doméstica. Se establece también la autonomía del consejo como órgano constitucional a la hora de elaborar su presupuesto que se integrará en los Presupuestos Generales del Estado y que se adecuará a la Ley General Presupuestaria en la elaboración y ejecución, porque el consejo, señorías, ejecuta su propio gasto, es decir, no está bajo la tutela de nadie en materia presupuestaria.
Es verdad que cambia el sistema de elección de vocales del consejo porque permite, por un lado, garantizar la máxima posibilidad de participación en el proceso de todos y cada uno —esto me van a oír repetirlo tanto aquí como cuando debatamos en el Pleno— de los miembros de la carrera judicial, sean asociados o no. Atribuye finalmente —porque no venía así al principio— al Congreso y al Senado, como representantes de la soberanía popular, la responsabilidad de la designación de dichos vocales sobre tres premisas básicas. En primer lugar, la designación de vocales por criterios exclusivos de mérito y capacidad de los candidatos. En segundo lugar, la posibilidad de ser designados como vocales la totalidad de jueces y magistrados con un número mínimo de avales de compañeros o de alguna asociación. Y, en tercer lugar, la consideración, en la designación de los vocales de origen judicial, de la proporción real de jueces y magistrados asociados y no asociados. Me importa mucho subrayar, señor presidente, que los vocales designados pueden ser jueces y magistrados de todas las categorías. La eliminación de las situaciones de bloqueo es un punto importantísimo, un pilar básico de esta reforma porque la actual regulación permite —y lo hemos visto— que la falta de renovación del órgano cuando finaliza su mandato da lugar a su prórroga a menudo durante mucho tiempo, si me apuran demasiado tiempo, y consideramos que este fenómeno ha de ser evitado en la medida de lo posible. A partir de esta ley, la prórroga del consejo no será posible, salvo en el supuesto, muy excepcional, de que ninguna de las Cámaras cumpla con el mandato de designación. Bastará la sola presencia de los vocales designados por una de las Cámaras para que el nuevo consejo pueda constituirse, puesto que ese número se completará con los vocales que en su momento designó la Cámara que incumple el mandato. Solo si ambas Cámaras no proceden a designar los vocales que les corresponden, el consejo continuará actuando en funciones hasta el momento en que una de ellas cumpla con su mandato legal. Siendo así, las Cámaras pueden en todo momento evitar lo que entendemos es una situación manifiestamente inadecuada para el correcto funcionamiento de una institución como esta.
Los vocales, señorías, señor presidente, con excepción de los que forman parte de la comisión permanente, pueden ejercer su cargo compaginándolo con la función jurisdiccional, si son de origen judicial, o con su profesión, si son juristas de reconocida competencia. Comprendemos que esto es toda una novedad, pero le vemos bastantes ventajas. En primer lugar, la mayor cercanía de los vocales a la realidad que han de gobernar. En segundo lugar, el nuevo diseño de la organización y funcionamiento permite que parte del trabajo del consejo, incluida la tramitación y preparación de los asuntos sobre los que adoptar acuerdos, lo lleven los funcionarios del cuerpo de letrados —no compartimos la desconfianza que ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista—. Por todo ello, el cargo de vocal con exclusividad se limitará únicamente a los miembros de la comisión permanente, lo que encuentra justificación en su nueva configuración.
Corresponden a la comisión permanente todas las atribuciones que no están reservadas al pleno o a alguna comisión establecida, ya que razones de agilidad y de eficacia en su funcionamiento lo aconsejan. Para permitir una mayor pluralidad de representación en la permanente, se prevé su renovación anual para que todos los vocales, salvo los que integran la comisión disciplinaria, puedan formar parte de ella. Que la mayoría de los vocales, señorías, ejerzan el cargo a tiempo parcial pretende contribuir a la buena administración y eficiencia económica de la institución.
También el proyecto prevé un nuevo reparto de competencias en materia de organización y funcionamiento del consejo. En primer lugar, se suprime la comisión de calificación, sus funciones pasarán
a desempeñarse por la comisión permanente. En segundo lugar, las atribuciones del consejo quedan en la comisión permanente y en el pleno. En virtud de la agilidad y eficiencia que se le presume, el pleno solo conocerá de aquellas cuestiones que suponen un margen importante de apreciación, aunque evidentemente las decisiones relevantes seguirán estando en manos del pleno, como nombrar presidentes y magistrados del Supremo, aprobar los reglamentos del consejo y aprobar los presupuestos. No hay, por tanto, un desapoderamiento ni hay un menoscabo del lugar que ocupa el consejo. Y además, añadiré, señor presidente, que la estructura dista de ser un esquema presidencialista porque la adopción de los acuerdos que no son competencia del pleno corresponde a la comisión permanente, no al presidente.
Efectivamente, la tercera novedad es el cuerpo de letrados. Consideramos que al tener que renovarse cada cinco años —lo que implica una cierta falta de continuidad institucional dentro del cuerpo de letrados del consejo—, un número determinado tendrá carácter permanente. Serán seleccionados por concurso-oposición que garantice los principios de mérito y capacidad y realizarán labores técnico-jurídicas. El objetivo es, señorías, incrementar la eficiencia del órgano.
Y por ultimo, la transformación de la comisión disciplinaria. Es una de las mayores innovaciones. Entendemos que el procedimiento debe dejar de ser de una vez por todas inquisitivo. No debe ser un mismo órgano el que decida la incoación del procedimiento, el que designe al instructor y el que condene o absuelva. La potestad reglamentaria es por su naturaleza un instrumento de gobierno, pero no por ello deja de ser una manifestación del derecho de castigo del Estado y, en consecuencia, su ejercicio debe estar revestido de garantías fundamentales. Por lo tanto, se establece, primero, que la incoación e instrucción del expediente y el pliego de cargos se encomienden a una figura de nueva creación, que es el promotor de la acción disciplinaria. En segundo lugar, entendemos que deberá ser un miembro muy experimentado de la carrera judicial que asuma la tarea de investigar las infracciones y sostener la acusación. En definitiva, esto es una saludable introducción del principio acusatorio en el procedimiento disciplinario, que entendemos ayudará a profesionalizar y racionalizará la instrucción porque hasta ahora, señorías, estaba encomendada a magistrados que deben seguir desempeñando su actividad ordinaria. El promotor no es un órgano del consejo, sino un cargo subordinado al mismo; su inactividad, de hecho, puede ser corregida por la comisión permanente. Y la comisión disciplinaria se transforma, señorías, señor presidente, en una suerte de tribunal. Se limita a juzgar los procedimientos disciplinarios por infracciones graves y muy graves y a imponer sanciones. En algunos casos la comisión disciplinaria agota la vía administrativa, por lo que contra sus acuerdos no cabe alzada ante el pleno. Su composición reflejará la proporción del pleno: tres de sus miembros deben ser vocales elegidos por el turno de juristas y cuatro por el turno judicial. Y no se altera así el deseo constitucional de que las infracciones disciplinarias de jueces y magistrados sean juzgadas por un colegio con una presencia minoritaria pero consistente de juristas externos a la judicatura. Y por último, la imposición de la separación del servicio, evidentemente por su extrema gravedad, corresponderá al pleno.
Señor presidente, se presentaron en el Congreso 293 enmiendas, se incorporaron 78 al texto que nos ha llegado, 38 de ellas de la oposición. Esta mañana, aunque en un número menor, también hemos incorporado enmiendas transaccionales al texto, salvo un par de ellas. Entendemos que el proyecto llega mejorado, que aquí también se ha mejorado y que, por lo tanto, merece la pena seguir adelante con él. En definitiva, votaremos en contra de los seis vetos presentados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vindel.
En turno de portavoces, por el Grupo Mixto, la señora Capella i Farré tiene el uso de la palabra. (Denegaciones.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRÓN: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente. Al menos sí creo que tenemos que aceptar que todo este proceso ha sido gestionado de una manera desordenada. Y digo esto porque, en primer lugar, el modo de elección de los vocales lo pasamos por Pleno, además una semana más tarde de cuando vencía el procedimiento para poner en marcha la elección de los nuevos vocales fijada para septiembre. Junto a esta modificación ahora estamos con el Libro II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sabiendo que ya se ha establecido también una relación con el ministerio para pensar, reflexionar y someter un nuevo texto a debate, con lo cual estamos en tres fases diferentes. Y sorprende, o al menos a la ciudadanía le podría sorprender si fuese consciente de todo este proceso, que se haga todo de una manera tan provisional y tan desordenada.
Con respecto a la valoración que hace la senadora Vindel sobre la agilización del Consejo General del Poder Judicial al quedarse únicamente seis vocales con dedicación plena, no sé si eso es agilización o necesita otro verbo, porque probablemente con un solo vocal todavía sería mucho más ágil. Si dejásemos un vocal, incluso solo al presidente y tomando un café consigo mismo, podría decidir los asuntos de una manera mucho más ágil. Pero tenemos que ser conscientes de que estamos gestionando un colectivo que tiene una gran responsabilidad, un colectivo muy amplio, un colectivo que tiene muchos problemas, un colectivo, además, que es básico en la división de poderes y en la Carta Magna. Y ello quiere decir que con cinco personas más el presidente van a tener verdaderos problemas para gestionar, a no ser que realmente se gestione en otro sitio, en otro lugar, del cual evidentemente la Constitución no habla o no es el pensamiento que esta tiene. No hay empresa que gestionemos, con más de 5000 personas a coordinar, que se haga con un número tan escaso si en verdad queremos hacerlo bien, sabiendo y siendo conscientes de los problemas que estamos teniendo a la hora de desarrollar la justicia.
Se habla también de un motivo económico. Ya quisiera yo que de verdad fuese este el problema. Si realmente entienden que la diferencia está entre veinte personas con dedicación exclusiva o cinco, considero que no estamos siendo serios, o sea, no estamos realizando una valoración pensada, sincera y real porque no tiene nada que ver con el aspecto económico. También se dice que va a ser un órgano más operativo, más transparente. Señorías, transparente creo que no. Si de algo carece este proyecto de ley es de que no estamos siendo capaces de adecuar esta institución al siglo XXI. Nosotros, como institución, probablemente tengamos también determinados dejes un poco arcaicos, pero la justicia, el consejo general, necesita un poco de aire y un poco de adecuación a las nuevas necesidades y al nuevo siglo, y creo que no lo tenemos.
En el ámbito de género únicamente comentaré una anécdota. Hace veinticinco años, es decir, este año hace veinticinco promociones, fue la primera vez en que hubo una mujer más que hombres a las oposiciones de jueces. Una más. Hace veinticinco años la situación empezaba a vislumbrarse de otra manera, pero ya creo que huelga hacer en este sentido más comentarios. De verdad que es del todo inadecuado el tratamiento que se le está dando al tema del género y que se debería considerar. Habrá problemas muchas veces por no haber mujeres suficientes para ejercer determinadas responsabilidades, etcétera, pero que al menos no sea el Legislativo quien ponga vallas a este campo, sino que abramos y traslademos un espíritu que ya de por sí debiéramos tener y que en este proyecto de ley no se trasmite y no se traslada.
Me reafirmo en el mantenimiento del veto y espero que de verdad tengamos una voluntad sincera para no hacer ciertas las palabras de nuestro amigo y querido senador Arcadio y para que el parlamentarismo todavía valga para algo.
¿Por el Grupo de la Entesa? (Denegaciones.)
¿Por Convergència i Unió? (Denegaciones.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.
Si de verdad se quisiera la trasparencia, me gustaría saber por qué el artículo 629 dice lo siguiente: «Las deliberaciones de los órganos del Consejo General del Poder Judicial tendrán carácter reservado, debiendo sus componentes guardar secreto de las mismas». ¿Por qué? ¿Afecta a la seguridad nacional? ¿Afecta a la defensa del país? ¿Alguien ahí va a preguntar el nombre de algún topo que tenga el cuerpo nacional o la guardia civil en algún lugar en la lucha contra el crimen organizado? No. Luego, por lo tanto, ¿por qué razón si el candidato A tiene veinte años más de experiencia que el candidato B en la carrera judicial —esto no es un supuesto teórico, es práctico, ya ha acontecido—, si el candidato A ha puesto más de 20 000 sentencias que el candidato B, y si el candidato A todos los años pone 300 sentencias más que el candidato B, sin embargo es elegido el candidato B? Yo comprendo que con esta práctica que supone degradación institucional por supuestísimo que sea secreto, que nadie sepa los argumentos, que nadie escuche ningún discurso porque se avergüenzan. Pero si a la hora de discutir sobre el candidato a cualquier presidencia del tribunal superior de cualquier comunidad autónoma un vocal argumenta a favor de A, otro vocal argumenta a favor de B y los argumentos son solo en torno al mérito y a la capacidad, no a la simpatía, antipatía o cariño, amistad íntima o enemistad manifiesta o vínculos o no vínculos de la naturaleza que sea, privada o pública, sino son solo mérito y capacidad, ¿por qué razón no se quiere que sean públicos?
Todos los debates en esta comisión son públicos. Todos los debates en el Pleno son públicos. ¿Por qué los debates en el pleno del Consejo General del Poder Judicial no pueden ser públicos? Cuando se va a usar el nombre de un menor, no; hay que protegerlo porque es un interés más digno de protección. Cuando se va a hablar de un secreto industrial, no; se dice que la composición de la coca-cola no se puede saber porque si no desaparecería del mercado en siete días. Comprendo que eso tampoco. Cuando son asuntos de seguridad o de defensa, tampoco. Pero cuando estamos hablando de la garantía de la independencia del Poder Judicial, no entiendo por qué tiene que darse ese secreto. Más aún, en la actualidad, señor presidente, si aquí lo acordamos los representantes de los españoles, puede venir el presidente del consejo, podemos llamar a un vocal, el presidente y un vocal pueden sentarse ahí y explicarnos cosas del Poder Judicial. Es la conexión entre el Poder Legislativo y el Judicial. Pero es que con esto que van ustedes a aprobar ya no pueden venir, se les prohíbe a los vocales que puedan venir, se le prohíbe al presidente que pueda venir, a no ser para trasladarnos el informe anual. Eso no es trasparencia, eso es situarse en el lado oscuro de la fuerza, me parece a mí. (Risas.) En la actualidad, todos los españoles, solo con una tecla, pueden ver en su casa a través de Internet cualquier debate público. ¿Por qué razón eso se prohíbe?
Segundo, ha cambiado la mayoría. Sí. Por esa razón, con la mayoría anterior el vigente texto que salió en el año 2001 lo aprobaron cinco grupos y por esa razón el actual proyecto solo ha salido del Congreso con el apoyo de un grupo, y vamos a ver cuántos grupos lo van a apoyar en el Senado. Es la diferencia entre intentar hilvanar mayorías con todos los que se pueda o no hacerlo. Es la capacidad para establecer consenso y acuerdo. Esto lo digo por comparar estilos y modos de hacer las cosas.
Respecto a la eficiencia, acojo el argumento de nuestro amigo Jokin. Es magnífico. A mí no se me había ocurrido, pero es muy bueno. Oiga, es más barato con cinco; él dijo uno. ¡Hombre!, uno me parece un poco excesivo. La verdad es que un número impar soluciona el asunto, porque si fuera un número par sería un problema. Claro, al ser un número impar, como tiene voto de calidad porque es el presidente, pues no hay problema; el mismo presidente vota dos veces, una como vocal ordinario y otra como presidente, con lo cual hace el desempate. Es decir, en vez de cinco, lo podemos dejar en tres. Pero lo grave no es que sean cinco, tres o siete, lo grave es la estructura permanente, porque eso es lo que se quiere plantear; es decir, lo que se quiere plantear es: ahora podemos hacer muchas cosas y en el futuro, pase lo que pase, lo que hagamos ahora como estructura permanente, ahí se queda. Porque ¿quién va a dirigir realmente el Consejo General del Poder Judicial? Lo van a dirigir esos cinco letrados permanentes, esos son los que lo van a dirigir. Los otros quince vocales no se van a enterar, vendrán una o dos veces al mes a una reunión. Imagínense ese juez de primera instancia haciendo su trabajo y de pronto preparándose para ir; o imagínense ese abogado que está yendo por toda España ejerciendo la abogacía y todo el mundo sabe que es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Imagínense las situaciones que se van a plantear ahí de recusación o de abstención.
La Constitución no obliga a eso de las categorías, en la actualidad ya contempla que sean elegibles todas las categorías. Luego, no es verdad que hay una novedad respecto a que sean elegibles todas las categorías porque ya está recogido. ¿Qué es lo que hace? Incorpora algo que no estaba previsto: obliga a que tenga que ser por partes de determinadas categorías. Sobre todo, cambia de quince a veinticinco años. Ustedes sabrán por qué, por qué tanta desconfianza a las nuevas promociones de jueces, por qué tanta desconfianza hacia ellos. ¿Igual es porque han planteado la cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo? ¿Igual es porque están planteando que tiene que haber causa en los despidos objetivos? ¿Igual es porque están atreviéndose a procesar a quien no deben hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué esa especial cualificación a pasar de quince a veinticinco años? Yo tengo esos años, a mí no me preocupa ese asunto, pero francamente mi aspiración es trabajar de senador porque me encanta el trabajo que hago representando a España y al Consejo de Europa. Lo digo con toda sinceridad. No lo digo por eso, lo digo porque hay una especial preeminencia hacia los que tienen veinticinco años y una especial desconfianza hacia los que no los tienen. Por ejemplo, una persona que tenga veinte años de experiencia en la carrera judicial no se puede presentar para promotor de la acción disciplinaria o no se puede presentar para la condición de presidente. Es que es un asunto que no termino de alcanzar a comprender.
Y ahora el argumento que ya es el culmen de la elegancia. Cuando hay una situación de bloqueo y una Cámara no consigue elegir a los vocales, ¿cómo se resuelve? Los que ha puesto el Senado por tres quintos. ¡Ah!, casualmente ahora hay un partido que tiene una mayoría de tres quintos en el Senado. Pero eso es legislar para el aquí y el ahora. Me parece a mí que no es muy inteligente insistir en el aquí y el
ahora, porque cuando hay bloqueo en una Cámara que la otra lo resuelva con esa mayoría cualificada porque ahora se da, es legislar para el aquí y el ahora, no es legislar de cara al futuro. Me parece a mí que no es muy inteligente.
Voy a dar un argumento respecto a la rotación. Digamos realmente los verbos. El verbo que se usa no es deberá, sino se procurará. Entonces, si dice: se procurará la rotación, los que están dirán: lo hemos procurado pero no ha tenido efecto. (Risas.) Si quieren hacer de verdad la rotación, pongan «deberá»; ni siquiera pongan «podrá», sino «deberá». Con lo cual, la obligación sí sería una rotación, pero de la manera que están hechas las cosas, ustedes perdonen, pero si fuera al revés —les vuelvo a insistir en ese ejercicio intelectual— y el ministro fuera socialista, ¿verdad que ustedes no estarían instalados solo en la preocupación, la suspicacia y la desconfianza? ¿Verdad que estarían instalados en la convicción absoluta de que esta gente lo que quiere es quitarle poder al Consejo General del Poder Judicial y meter en vereda a estos jueces para que sepan lo que vale un peine? A mí me parece que no es una manera de legislar.
Un último argumento respecto a la eficiencia. Ya les dije antes las dietas que se van a cobrar por pleno y por comisión, pero a mí lo que me ha resultado más simpático es que en la lectura del debate en el Congreso había una portavoz del Grupo Popular que ya con ese latiguillo que se usa siempre dijo que con esta reforma el Consejo General del Poder Judicial va a ser más competitivo. Y, claro, yo cuando leí eso, dije: ¡Santo cielo! Como digo, es un latiguillo que se usa. ¿Es que hay otros consejos con los cuales se va a competir? ¿Qué es eso de que es más competitivo? Insisto en que es una especie de latiguillo, de sonsonete, que se repite sin sentido y sin mayor fundamento.
Me parece que por hoy, señor presidente, es suficiente. En el Pleno habrá lo mismo, y mucho más.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Altava, su portavoz.
El señor ALTAVA LAVALL: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente.
Oyendo a algún portavoz, me suena a esa sesión radiofónica de bien entrada la noche que lleva por nombre Hablar por hablar, porque es lo único que se ha hecho. Creo que se han realizado muchas manifestaciones que para nada justificaban la defensa del veto que se ha hecho. Se ha querido hablar por hablar.
La senadora Vindel ha sido muy explícita manifestando por qué nos vamos a oponer en el Grupo Parlamentario Popular a todos los vetos, a los seis vetos que se han planteado, pero me gustaría puntualizar algunas cuestiones que realmente me parecen relevantes.
Se ha criticado la proporción de las tres categorías judiciales. Yo, que creo haber leído bien el texto, como todos, porque a mí también me gusta trabajar, como a todos los señores portavoces, pienso que se tiene que entender claramente que unas categorías acrecen a otras. Me explico. Si no hay magistrados del Tribunal Supremo o no hay magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera judicial, van a acrecer para que haya jueces o magistrados, hoy todavía que se respetan las categorías judiciales, para que puedan formar parte del Consejo General del Poder Judicial, con lo cual no viene una proporción equitativa para ninguna categoría judicial respecto a las otras.
Y en cuanto a la compatibilidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que van a poder ejercer su función pública como jueces o magistrados aquellos que así lo sean dentro de la cuota de doce jueces o magistrados o aquellos que desempeñen su profesión liberal siendo vocales también a la vez del Consejo General del Poder Judicial, señorías, creo que lo único que hace es tener mayor cercanía a los problemas. ¿Cuál puede ser el único peligro? Que se haga un uso indebido del cargo. Por ejemplo, el abogado que pretendidamente pueda decir: además soy, no solamente un buen abogado, sino vocal del Consejo General del Poder Judicial. Eso, hoy día, en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial ya tiene su sanción prevista, y la nueva norma que proponemos para su aprobación también conlleva la misma sanción.
En el veto segundo, por plantear algunas cuestiones concretas, se ha hablado del desapoderamiento de la potestad reglamentaria del consejo, y no lo hay, para nada. Lo único que hay es un reforzamiento, como después comentaré con respecto al veto tercero, de Grupo Parlamentario Socialista. No estamos con Romanones, que decía: Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos. El reglamento lo tiene que hacer aquel órgano constitucional, en este caso, que lo tiene que hacer para aquellas competencias que correspondan.
En cuanto a la Ley de igualdad, me gustaría hacer hincapié en el veto segundo y el veto cuarto, del Grupo Parlamentario Vasco, que ha hecho también un especial hincapié en la Ley de igualdad. Fíjense: la enmienda 323, del Grupo Parlamentario Popular, si sus señorías tienen a bien aprobarla en su momento, cuando la planteemos en el Pleno, habla de que la Presidencia será para una vocal. No va a ser un vocal, hombre, quien presida la Comisión de Igualdad; tiene que ser una mujer. Y dentro de que tiene que ser una mujer, y es el Partido Popular el que ha propuesto esa modificación, esa enmienda que presenta aquí, en el Senado, no se dice ni que pertenezca a la cuota de los doce vocales ni que pertenezca a la cuota de los ocho juristas de reconocida competencia ni que sea la más antigua en la carrera judicial. Será la mejor, la mejor mujer, o quienes los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial estimen que deba presidir esa Comisión de Igualdad. Con lo cual, señorías, creo que ese discurso de que la ley se despreocupa de la Ley de igualdad queda fuera de lugar, porque el Grupo Parlamentario Popular se preocupa precisamente de que quien presida la Comisión de Igualdad sea una presidenta.
En relación con el veto tercero, del Grupo Parlamentario Socialista, me gustaría recordar a su portavoz aquello que decía Séneca, de que el que no sabe a qué puerto va, ningún viento le es propicio. Y desde luego que es así. Porque el señor presidente tiene en la Mesa todas las transaccionales a las que hemos llegado, y en el Grupo Parlamentario Popular estábamos por aceptar dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Pues bien, las hemos firmado nosotros, la han firmado otros grupos y el propio Grupo Parlamentario Socialista, enmendante, no lo ha firmado. El único lado oscuro que hay aquí es el del Partido Socialista, que está viendo algo insano, como si nosotros al aceptar esta enmienda algo vamos a querer hacer. Pero, mire usted, estas dos enmiendas nos parecían de mucho sentido común y lo único que queríamos era aceptárselas; de hecho, se las hemos firmado para aceptarlas y ustedes no las han querido transaccionar. Espero que de aquí al Pleno puedan recapacitar y ver que no tenemos ninguna insana intención, simplemente que aceptamos esas dos enmiendas que la Mesa tiene.
Y me parece fuera de todo lugar la crítica que se ha hecho al cuerpo de letrados que se intenta instaurar en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Alguien duda de la profesionalidad de los letrados de esta Casa? ¿Alguien de sus señorías duda de la profesionalidad de los letrados de esta Casa? ¿Los letrados de esta Casa están al albur del partido del Gobierno? ¿Están al albur del presidente del Senado, si hoy día es de una tendencia, es de un partido político o de otro? Me parece intolerable lo que se ha dicho. Los letrados del Estado, que son los abogados del Estado, ¿están para defender los intereses generales de la Administración General del Estado o están para defender al presidente de Gobierno de turno? ¿Están para defender el color político del Gobierno? Están para defender los intereses generales del Estado en función de lo que se les diga. ¿Los letrados del Consejo de Estado, señorías, están para hacer caso al presidente del Consejo de Estado o están para preocuparse, dentro de ese supremo órgano consultivo, como recoge el artículo 107 de la Constitución, precisamente como máximo órgano consultivo del Gobierno, de hacer bien las cosas y de que legalmente se cumpla todo? Creo que ese desmerecimiento que se hace al colectivo de letrados queda fuera de todo lugar. Es más, es de las cuestiones más importantes que ofrece esta ley orgánica. Creo que es un valor importantísimo que pueda haber precisamente unas personas muy preparadas en derecho, como serán estos letrados permanentes, y que desde luego le van a dar estabilidad.
En cuanto a las normas antibloqueo, ya lo ha explicado perfectamente la senadora Vindel. Aunque hay veinte vocales que se nombran por unidad de acto por Su Majestad el Rey, hay diez nombrados por el Congreso y diez nombrados por el Senado, y con independencia de lo que haga cada Cámara, podrá seguir funcionando el Consejo General del Poder Judicial.
El senador del Grupo Parlamentario Socialista ha criticado que los debates no serán públicos, que serán reservados. La ley dice que tendrán un carácter secreto. Señorías, ¿los debates del Tribunal Constitucional son públicos? No. Son públicas las sentencias y son públicos los votos particulares de las sentencias. ¿Los debates del Consejo de Estado son públicos, señorías? Tampoco. Otro órgano constitucional que tampoco tiene públicos sus debates. Son públicas sus resoluciones. ¿Los debates de Tribunal de Cuentas son públicos, señorías? Tampoco. Qué casualidad, ningún órgano constitucional tiene públicos sus debates. ¿Los tiene que tener el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué? Lo que sí tienen que ser públicas son sus resoluciones, y se tiene que conocer perfectamente qué es lo que ha votado cada uno de los veinte vocales más el presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial. Pero, en cuanto a cómo se llega a cocer esa determinada resolución, entiendo que se debe tener esa prevención de que cada uno, libremente, y en el seno de su órgano constitucional, pueda
decir lo que entienda y lo que quiera. Y, eso sí, después se tendrá que manifestar, se tendrá que mojar en una determinada decisión votando en un determinado sentido, con lo cual no se ve hacer otra cosa que cumplir con lo que se está haciendo en el resto de órganos constitucionales.
Hablaremos de muchas más cuestiones en el Pleno. Dejaré de lado las mayorías de tres quintos, porque no quiero alargar la Comisión de Justicia. Simplemente, respecto al veto cuarto, del Grupo Parlamentario Vasco, quiero decir que traen los consejos autonómicos cada vez que pueden, venga a cuento o no. Creemos que en esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que afecta al Consejo General del Poder Judicial, no es el momento idóneo, máxime cuando el artículo 122 trata el principio de unidad jurisdiccional y conocemos lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, que declara inconstitucional el Consejo de Justicia de Cataluña. Pero repito que creo que no es objeto de debate en estos momentos.
Con respecto al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, me gustaría hacer hincapié en que se ha planteado que haya solo seis miembros en la comisión permanente que lleven el colectivo de los 5160 jueces y magistrados. Señorías, ¿cuántos integran la Mesa del Senado? Siete personas: el presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios generales. ¿Cuántas personas integran la Mesa del Congreso? Siete. ¿Cuántos ministros hay? Para llevar toda la Administración General del Estado hay diez ministros. ¿Hacen falta veinte vocales para llevar el Poder Judicial? Tiene que haber veinte vocales porque así lo establece la Constitución, pero ¿para llevar la gestión diaria de 5160 jueces y magistrados necesitamos a veinte, cuando para llevar cuarenta y cinco millones de personas necesitamos a diez? Para nada, con seis queda cumplida cuenta de que se puede tener una gestión efectiva y directa en la llevanza de la tramitación diaria de los asuntos que vengan en el consejo.
En cuanto a los vetos quinto y sexto, simplemente quiero manifestar que para nada hay un presidencialismo exacerbado, que es lo que se pretende. Lo que hay es todo lo contrario, un incremento de competencias en favor del Pleno y, en su caso, de la comisión permanente, que asume incluso lo que hasta ahora eran competencias de la comisión disciplinaria.
Por esto, y por todo lo que ha explicado la senadora Vindel, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de los vetos presentados a la Ley Orgánica del Poder Judicial en la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Finalizadas estas intervenciones, vamos a pasar a votar las propuestas de veto, y les recuerdo a sus señorías que para ser aprobadas se exige que tengan al menos catorce votos favorables, ya que tendrían que constituirse a través de una mayoría absoluta de los miembros de la comisión.
Votamos la propuesta de veto número 2, presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 9; en contra, 15.
Propuesta de veto número 1, presentada conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de veto número 5, presentada conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Propuesta de veto número 6, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Finalizado este debate y la votación de las propuestas de veto, en lo que respecta a las enmiendas la ponencia ha emitido informe en el que por mayoría han sido aprobadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, salvo la enmienda número 328, que ha sido retirada. Las enmiendas números 46, del Grupo Parlamentario Mixto, y 237, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, también ha sido aprobadas.
Se han aprobado también por mayoría varias propuestas transaccionales, a las que el letrado va a dar lectura a continuación.
El señor LETRADO: Una propuesta transaccional apoyada en la enmienda número 145, del Grupo Parlamentario Vasco, que modifica el último párrafo del apartado V del preámbulo del proyecto de ley orgánica, que queda redactado de la siguiente manera: La última novedad concierne a uno de los mayores problemas que ha venido padeciendo el Consejo General del Poder Judicial: el bloqueo en la toma de decisiones. En la nueva regulación, salvo que la Ley Orgánica específicamente exija otra cosa, todas las decisiones se tomarán por mayoría simple.
Apoyada en diversas enmiendas de diversos grupos, una enmienda transaccional que afecta al texto que en el proyecto de ley se contiene, del artículo 560.1.16ª de la ley orgánica. Añade una letra m), que dice lo siguiente: Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como régimen jurídico de las Asociaciones Judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal.
Modifica también el párrafo de cierre de dicho número 16ª, que pasa a decir lo siguiente: En ningún caso las disposiciones reglamentarias del Consejo General del Poder Judicial podrán afectar o regular directa o indirectamente los derechos y deberes de personas ajenas al mismo.
Apoyada en la enmienda número 172, del Grupo Parlamentario Vasco, se modifica el que será el artículo 598 de la ley en su día, si es aprobado, del apartado 4, 4ª, que pasa a decir: Proponer al Pleno y a la Comisión Permanente las cuestiones que estime oportunas en materia de la competencia de estos.
Apoyada en la enmienda número 60, del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, se modifica parcialmente el apartado 11ª del artículo 598, que pasa a decir lo siguiente: Proponer al Pleno el nombramiento del Vicepresidente del Tribunal Supremo, del Secretario General y del Vicesecretario General, así como, en los dos últimos casos, acordar su cese.
Apoyada en la enmienda número 110, del Grupo Parlamentario Socialista, y coincidente también con la que se apoya en la enmienda número 273, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, se modifica el texto del artículo 614, que pasa a decir lo siguiente: En la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial existirá un Servicio Central en el que se integrará la Gerencia, así como los distintos departamentos que presten servicios comunes a los órganos del Consejo General del Poder Judicial.
Omito la lectura de la propuesta que es coincidente con la anterior.
Apoyada en la enmienda número 131, del Grupo Parlamentario Socialista, que a su vez coincide con la que se apoya en la número 295, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, se modifica el artículo único, uno, artículo 607 que será de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si resultase aprobado el proyecto de ley, cuyo apartado 3 pasa a decir lo siguiente: Corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria la instrucción de los expedientes disciplinarios. Excepcionalmente, el Promotor podrá delegar de forma expresa y motivada la realización de determinados actos de instrucción de un expediente disciplinario en algunos de los Letrados del Consejo que le asisten y que pertenezcan a la carrera judicial.
Omito la lectura de la siguiente propuesta por ser idéntica a la anterior.
Finalmente, una propuesta transaccional apoyada en la enmienda número 191, del Grupo Parlamentario Vasco, que coincide exactamente con las enmiendas números 46, del Grupo Parlamentario Mixto, y 237, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que han sido anteriormente incorporadas, postula: Supresión de la Disposición Adicional Primera, apartado 2.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Dobón.
En lo no afectado por estas modificaciones, la ponencia, por mayoría, va a mantener el texto remitido por el Congreso de los Diputados, con una obligada corrección del error que tenía lugar en el párrafo inicial del artículo único, que debe hacer referencia a un nuevo libro octavo y no título, por congruencia con el texto que a continuación figura en el proyecto de ley.
Finalizado este punto, si alguien quiere defender las enmiendas puede hacerlo.
El señor DÍAZ TEJERA: Si alguien quiere defenderlas o alguien quiere criticarlas.
El señor PRESIDENTE: Evidentemente, pero ahora corresponde el turno de defensa. El turno de crítica o turno en contra cabría después.
Tiene la palabra el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco las podemos analizar en cuatro grupos. Un grupo de enmiendas está relacionado con la creación de los consejos de justicia autonómicos. Como ha dicho nuestro compañero Díaz Tejera, en determinados estatutos de autonomía tenemos aprobada esta opción, con lo cual es incomprensible que no se acepte. En ese sentido, tenemos las enmiendas números 142, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 158, 177, 182, 183, 184, 185, 186 y 193.
Otro grupo lo forman las enmiendas relacionadas con la dedicación de los vocales, a las que haré después globalmente una pequeña referencia. Tenemos otro pequeño grupo de enmiendas relacionadas con las competencias de las comunidades autónomas. Y hay un cuarto bloque, relacionado con la igualdad de género.
Voy a defender muy pocas enmiendas, que creo que pueden aportar algo diferente a lo que hemos podido discutir hasta ahora.
Recordaré algo que está relacionado con la enmienda número 160. Una de mis primeras experiencias en los pocos meses —cuatro— que llevo en esta Cámara fue precisamente con la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial. El grupo mayoritario de la Cámara hacía una referencia crítica a la no comparecencia del presidente anterior, a quien se le había instado a venir a la Cámara a presentar sus memorias, y no lo había hecho hasta la última memoria que hemos analizado, la correspondiente a 2011. ¿Y qué viene a decir la enmienda 160? Que se presente la memoria, y que además se presente en el Senado anualmente. Y si esta comisión entendiese que puede hacer aportaciones a esa memoria o a la gestión del Consejo General del Poder Judicial, que se hagan de manera normal, entendiendo que nosotros, como Cámara, estamos aportando el 50% de los vocales; es decir, diez vocales los estamos poniendo nosotros encima de la mesa para constituir el Consejo General del Poder Judicial. Y ese ninguneo que se le hace a esta Cámara lo vemos incomprensible e intentamos superarlo.
No compartimos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular relacionadas con la Vicepresidencia del Supremo, que antes era también del Consejo General del Poder Judicial, un poco en paralelismo a la figura del presidente. Y si además hubiese que prescindir de la Vicepresidencia de alguna institución deberíamos garantizar la correspondiente al Consejo General del Poder Judicial, que entendemos que adolece de un excesivo presidencialismo, y esta figura podría situarle en un equilibrio mucho más adecuado a lo que es estimable o deseable.
En cuanto a la enmienda número 323, sobre la que se hacía una reflexión desde el Grupo Parlamentario Popular, la verdad es que si estuviésemos fuera de esta comisión el término que yo utilizaría sería diferente al que voy a emplear ahora, porque sigo pensando que es tremendamente inadecuado. Es decir, entender que dando la Presidencia de la Comisión de Igualdad a una mujer hemos cubierto las necesidades —el calificativo se lo diré después— que es totalmente inadecuado. Y además voy a devolverle la pelota, señoría. Hablábamos del número de vocales, y usted me hacía una comparación con el número de senadores que estamos en la Mesa. ¿Ustedes se imaginan, señorías, que en el Reglamento del Senado estableciésemos que la Comisión de Igualdad fuera presidida por una mujer?
¿Se imaginan qué escándalo sería eso? Porque eso es un verdadero escándalo. No nos atreveríamos a decir eso, no nos atreveríamos. Evidentemente, diríamos otras cosas, que los partidos políticos garantizásemos el número de senadores y senadoras sobre la base de un porcentaje; diríamos que mantuviésemos el equilibrio necesario entre uno y otro género. Por eso, la enmienda que nosotros proponemos es totalmente inocente y a la vez importante. En ella se dice que a la hora de elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Senado se haga dentro de un equilibrio, respetando precisamente el espíritu de la ley, que no consiste únicamente en que la Comisión de Igualdad sea presidida por una mujer.
Para finalizar, hacía el Grupo Parlamentario Popular una reflexión sobre los veinte vocales y el número de senadores que estamos en la Mesa. En la Mesa el número de senadores será de seis personas, pero en realidad somos doscientos sesenta y seis senadores y senadoras con dedicación exclusiva, y aportando, evidentemente, todo lo que buenamente podamos, sin entrar en una discusión sobre si ese es un número excesivo o no. Es decir, en mi modesta opinión no es comparable, entiendo que no existen motivos económicos, y entiendo que por eso no sé si se le va a dar o no más agilidad, eficacia o transparencia. Entiendo que debería ser algo a superar.
En cuanto al resto de enmiendas, las doy por defendidas ya que su espíritu ha sido defendido tanto en el veto como en mi intervención. Si tienen alguna duda estoy dispuesto, evidentemente, a responder. Si en el Pleno tenemos opción, seguiremos defendiendo las que hemos defendido hasta ahora o las que se han dado por defendidas.
Señorías, como es algo tarde creo que debemos hacer un esfuerzo intentando ser breves.
Tiene la palabra la señora Capella i Farré, quien me parece que me ha trasmitido hace un momento que iba a dar por defendidas las enmiendas.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Efectivamente, y doy por defendidas las enmiendas presentadas por los dos senadores de Izquierda Unida.
¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
El señor SAURA LAPORTA: Las doy por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Parera.
Vamos a dar por defendidas nuestras enmiendas con la esperanza de que el Grupo Popular tenga a bien aceptar o transaccionar algunas otras con un poco más de contenido que las dos transaccionales que nos han propuesto, que han sido bien recibidas, pero ojalá sean más de cara al Pleno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Parera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, fíjese usted qué rápidos van algunos, señor Díaz Tejera (Risas.) Tiene usted la palabra.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, muchas gracias.
La verdad es que no me voy a sentir impactado. (Risas.) Ni siquiera voy a pedir perdón, con todo cariño al amigo Jokin. No pido perdón porque estoy haciendo mi trabajo. Y si nadie de los presentes ha almorzado, yo tampoco.
Continúo, porque estoy en el uso de la palabra, señor presidente, aunque, en mi caso, si usted quiere interrumpirme no tengo ningún inconveniente, no me ofendo por ello, siempre y cuando me deje continuar. (Risas.) Quiero decir que no hay problema con eso, porque yo no leo. Procuro conversar y tratar de convencer a los colegas que desempeñan aquí funciones de representación, con tanta dignidad, ni más ni menos, que la de este senador.
Gracias a doña Eva, que al pasar ha tenido la gentileza de tocarme mi oreja izquierda. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Vaya usted a la cuestión, don Arcadio, porque si nos retransmite usted lo que ocurre cuando pasa alguien por su lado, dada la hora que es…
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, ¡qué voy a hacer si al pasar se ha comunicado corporalmente! ¿Hacer omisión de ese esfuerzo? Me parece una malcriadez, y yo malcriado no soy.
El señor PRESIDENTE: Omita usted lo que pueda.
El señor DÍAZ TEJERA: Si me dejan continuar… Lo digo por la señora senadora que hablaba de las moscas. Así que si me lo permiten, puedo hacer la exposición. Esto lo he dicho con sentido del humor, por aquello de que no esté reñido con el trabajo que tiene que hacer cada uno. Si alguien se molesta, doble trabajo, molestarse y luego dejar de molestarse. Allá cada uno con su sentido del humor.
Yo doy por defendidas todas las enmiendas del Grupo Socialista. ¿Por qué razón? Porque todas ellas son sensatas y razonables. Algunas, como ha dicho el propio portavoz del Grupo Popular, las menores, las que son funcionales, como las referidas a distribución de tareas en el Consejo, a la gerencia, o a la Secretaría General, han sido acogidas. Incluso todas las propuestas que había hecho el Grupo Socialista respecto a la paridad fueron acogidas en la comisión del Congreso, aquello del os/as. O, sea, en general, siempre se acogen. Otra cosa es el contenido, la práctica y la distribución de tareas. Pero no tienen ningún problema en abordar las cosas que son de imagen.
Sin embargo, señor presidente, aunque se le quite la verruga que tiene en la frente y aunque se le ponga el nombre de Pepe o de Antonio a un elefante, no es un ser humano. Sigue siendo lo que es. Este es un borrador, un texto que cambia sustancialmente el contenido de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referido al Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, la sustancia de la misma no ha variado. Ha habido un esfuerzo de mejora —yo antes lo decía— respecto al apartado m), que creo que de aquí al Pleno se puede reformular para que esté mejor redactado y no genere la desconfianza que ha generado, desconfianza no solo en los jueces españoles. Hay una asociación, y no me refiero a Medel, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades —informo a quien sé que no sabe—, me refiero a la Asociación Europea de Jueces, que reúne a todos los jueces de Europa que no están agrupados en Medel, esa Asociación Europea de Jueces dónde está la Asociación Profesional de la Magistratura. No me estoy refiriendo a los presidentes de las audiencias provinciales. No. No me estoy refiriendo al texto de los cuarenta y seis decanos de España. Tampoco. Me estoy refiriendo a la Asociación Europea de Jueces, que reúne a las asociaciones de jueces de toda Europa distintas de las que están en Medel, en la que se encuentra Jueces para la Democracia. Allí es donde está la Asociación Profesional de la Magistratura. Y esta Asociación Europea de Jueces es quien ha elaborado ese manifiesto, preocupada por la independencia del Poder Judicial.
¿Por qué están preocupados por la independencia del Poder Judicial? Porque entienden que parte de las funciones de defensa de la independencia del Poder Judicial dejan de ser mantenidas por el Consejo General del Poder Judicial y las asumen instancias ajenas al propio Consejo. Yo de aquí al Pleno espero que haya una reformulación de ese apartado m). Espero que haya una reformulación de lo que hace que el texto siga siendo un elefante y no un ser humano, y espero que podamos avanzar. No por confianza o desconfianza en algo que no existe. Me parece una profundísima estupidez estar comparando cuerpos de letrados que ya existen, con una práctica de siglos, con algo que todavía no existe. Pero da igual. Acusamos recibo, incluso, de ese tipo de majaderías, porque no tiene nada que ver con lo que pueda haber en el futuro, pero ya de antemano se plantea la comparación con lo que ya existe.
Por cierto, ¿qué de malo tendría en el futuro conocer las intervenciones y el contenido de las exposiciones de los integrantes de los órganos constitucionales? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto amor a ese secreto? Hay dos escuelas básicas en esta materia. Hay una escuela vinculada a la fórmula de la Constitución alemana, en la que los propios magistrados del Constitucional, solo los conoce el conjunto de la población cuando han sido designados por las Cámaras; antes no lo sabe nadie. Ellos argumentan que no quieren que nadie sepa quiénes son los candidatos para que nadie discuta en torno a su idoneidad para el desempeño de la función.
Por el contrario, hay otra escuela, la norteamericana, que a mí me parece mucho más propia de este siglo, en la que para nombrar a los magistrados del Supremo, secretarios de Estado o embajadores, existen los hearings, las audiencias, donde los parlamentarios preguntan por todo. Así, por ejemplo, algún candidato a ministro de Justicia —con la terminología norteamericana— fue rechazado porque tenía una persona trabajando en su casa sin que estuviera pagando la cotización a la Seguridad Social. Les digo
más, la disposición adicional segunda establece que las Cámaras regularán el procedimiento de selección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, estableciendo los mecanismos adecuados para garantizar la máxima transparencia y publicidad en la designación de los mencionados vocales.
¿Hasta ahora cómo lo hacen? Va el candidato, se sienta y algunos vocales le preguntan algo sobre el currículum. No hay una exposición de lo que se quiere hacer sobre un montón de asuntos en cualquiera de los órganos constitucionales. No se plantea nada de eso, y a mí me parece que sería bueno que eso se pudiese plantear. ¿Por qué? Porque queremos conocer la trayectoria de esa persona, su biografía, su extracto profesional y las propuestas que tiene para ese órgano, y yo creo que eso es bueno, porque el conjunto de la opinión pública se informa sobre quiénes son las personas, su idoneidad y sus propuestas para ese órgano. Creo que es bueno que esto se plantee.
Y acabo ya porque, si no, algunos senadores me van a linchar, a juzgar por las manifestaciones de miradas, suspiros y demás expresiones corporales que no tienen nada que ver con el desempeño de la función de esta comisión.
Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora doña Rosa Vindel. (Protestas.—Rumores.)
Por favor, señorías, ya lo hablarán cuando finalice esta sesión de la comisión.
Doña Rosa Vindel, tiene la palabra.
Intervengo con toda brevedad para dar las gracias a los grupos que han dado por defendidas sus enmiendas. Señorías, ya les adelanto que las damos por rechazadas. No obstante, durante la tramitación del Pleno, tendremos cumplida ocasión para exponer nuestros argumentos e intentar rebatir los suyos.
Senadora Parera, me gustaría mucho poder llegar a alguna otra transaccional, tanto con usted como con el resto de los grupos.
Solamente voy a decir una cosa, señor presidente, señorías. Aquí ha habido un turno de defensa de enmiendas, en el que se han dado por defendidas, y luego un turno muy ilustrativo. Con respecto a ese turno tan ilustrativo de uno de los portavoces, yo tengo que decir que rechazo de plano que opinar distinto sea una majadería y rechazo de plano que pensar distinto sea una estupidez. Y me siento francamente ofendida por esas manifestaciones en esta sala, donde lo que estamos intentando es hacer el mejor trabajo posible.
Pasamos al turno de portavoces. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? (El señor Díaz Tejera pide la palabra.)
El señor Díaz Tejera tiene la palabra. (La señora Parera Escrichs pide la palabra.)
No pasa nada si en esta ocasión no seguimos el orden, luego habrá algún otro grupo que haga uso del turno de portavoces.
Adelante, señor Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Hay dos maneras de reaccionar. Una es el no acuse de recibo y otra expresar lo que se piensa.
Yo no estoy hablando de las personas, hablo del argumento. Pretender evaluar o no evaluar a los letrados del futuro por los de otros cuerpos de otras instituciones en el presente me parece una estupidez. Yo no hablo de la persona, hablo del razonamiento. Porque se combaten las ideas, se trituran las ideas. No estamos hablando de las personas, estamos hablando del razonamiento. Primera cosa.
Segunda cosa. Si de verdad estuviéramos haciendo el esfuerzo por consensuar no existiría este medio de presión con el que lo que se pretende permanentemente es que las comisiones no existan ni funcionen, que no se reúnan las ponencias y que todo se haga a una velocidad tal que cuanto antes se acabe, mejor.
Miren, yo estoy haciendo mi trabajo. Podría haber usado muchísimo más tiempo hablando de cada una de las enmiendas, pero me he limitado a decir que las daba por defendidas y luego he respondido a algún otro argumento. La trayectoria de cada una de las señorías aquí presentes es pública y notoria; ya son años y están publicadas en el Diario de Sesiones. Así que, a propósito de la no tenencia argumental,
aprovechar cualquier mosquita que pase por en medio para poder decir alguna otra cosa, se puede hacer, pero en el fondo no resulta un argumento que tenga que ver con lo que estamos aquí trabajando. Cuando se quieren trabajar las cosas, uno las estudia, las prepara y busca argumentos respecto a esto, no respecto a otras cosas, porque podemos hablar de otras cosas pero no tienen que ver con el texto ni con la razón de ser de esta convocatoria.
Nada más, presidente. Espero no encontrar en el futuro cualquier manifestación que tienda a que un senador se sienta presionado a acabar cuanto antes, por ejemplo, porque son las doce de la noche. Recuerdo una sesión de una comisión en la que nadie quería hablar porque eran las doce de la noche y cuando uno quería hacer su trabajo, la presión era inmensa, y yo ahora estoy en la misma situación que todos los presentes. Estoy haciendo mi trabajo. Y si alguna persona se siente ofendida por alguna expresión, la retiro, porque no es el animus injuriandi lo que caracteriza a este senador. Estoy hablando de los argumentos, no de las personas, y espero que eso se sepa distinguir —coma—, al menos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera.
Yo espero que usted no se sienta presionado. Como usted verá, el hecho de que yo le diga que sea breve, como lo puedo decir en cualquier ocasión a cualquier otro interviniente y a cualquier otra hora, no es más que una sugerencia.
Cuando usted dice que un argumento es una estupidez, yo comprendo, o quiero entender, que usted rechaza el argumento, lo que pasa es que podemos también entender que quien dice la estupidez es un estúpido. Por eso puede proceder la molestia de la persona que ha dicho o que ha emitido el argumento que sea. Entiendo que no es lo que usted quería, entiendo también que usted retira esas expresiones, y yo creo que es mejor. Porque no siendo su ánimo injuriandi, como usted le ha llamado, no es su ánimo «inmolestando», creo que es mejor no decir que es una estupidez. Es un mal argumento que usted rechaza, y así es perfecto para todos.
El señor DÍAZ TEJERA: Tal asociación, señor presidente, reafirmaría lo que he planteado. Por eso, como tal asociación, no merece mayor comentario, tal asociación sobraría, porque solo estamos hablando del argumento, no de las personas.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz Tejera, yo he dicho lo que he dicho. Creo que he apoyado sus palabras de alguna manera y lo único que intento es que todos nos sintamos en paz, tranquilos y sin presión de ningún tipo, por ejemplo usted.
El señor DÍAZ TEJERA: Absolutamente libre, como siempre, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Parera.
Yo he intervenido poco durante esta comisión, así que agradezco este turno de portavoces.
Quiero empezar contestando al compañero Arcadio. Comparto muchas cosas de las que ha dicho referidas al proyecto, pero no comparto el hecho de que aquí estemos todos pendientes del reloj, ni mucho menos. Prueba de ello es que cuando se nos han dado unas transaccionales hemos retrasado el inicio de esta comisión casi dos horas para analizarlas. Si estuviéramos pendientes de un reloj o de irnos a casa, se hubieran dejado para el Pleno y tan contentos. Para mí el objeto y el sentido de una comisión es ese, que se presenten transaccionales, que haya un diálogo entre todas las fuerzas políticas y que lleguemos a consensos. Y considero mucho más importante la labor que hemos hecho retrasando el inicio de esta comisión que la defensa de las enmiendas en sí, máxime cuando ya sabemos que van a ser rechazadas porque previamente se nos ha informado de ello y se ha visto que, por ahora —ya veremos de aquí al Pleno—, no hay intención de aceptarlas.
Dicho esto, me gustaría hacer una valoración de este proyecto. Mi grupo cree que este es un mal proyecto. Nosotros no presentamos en su día una enmienda a la totalidad en el Congreso y tampoco hemos planteado un veto aquí. Y no lo hemos hecho no porque pensemos que es un buen proyecto, no lo hemos hecho porque intuíamos, por la comparecencia del ministro en el Congreso, que iba a haber diálogo por parte del Gobierno y, por tanto, también por parte de la fuerza mayoritaria en ambas Cámaras. Hoy hemos visto una pequeña muestra de este diálogo, en mi opinión insuficiente, pero sí tomo la palabra a la señora Vindel, que se ha ofrecido a seguir dialogando de aquí al Pleno. Eso espero, y que podamos llegar a más acuerdos.
No estoy de acuerdo con algunas de las manifestaciones, adjetivos o calificaciones que se le ha dado a este proyecto de ley por parte del Partido Popular. Han hablado —y lo he apuntado para no olvidarme— de agilización, simplificación y reforzamiento, en lugar de desapoderamiento. Yo creo que sí hay un desapoderamiento y un vacío de contenido de una institución que es fundamental en nuestro Estado de derecho. Por tanto, creo que esta es la base principal por la que existen tantos vetos y por la que todas las fuerzas políticas, al menos por ahora, vamos a rechazar este proyecto.
La situación es que estamos subordinando al Consejo General del Poder Judicial al Ejecutivo, le estamos quitando una independencia fundamental. Estamos vulnerando un principio tan básico como el de separación de los poderes. A mí en el fondo me da igual si el ministro de turno es del Partido Popular, del Partido Socialista o independiente. Yo creo que no debemos fijarnos tanto en el color o en la papeleta o cartilla de militante del ministro que ocupe en su día el cargo, sino en el hecho de que es el Gobierno y el ministro quien va a tomar el control de un órgano que no debería controlar.
Por tanto, quiero manifestar, por ahora, mi voto contrario a este proyecto de ley. Ya veremos de aquí al Pleno cómo evolucionamos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Manuel Altava.
Como todos sabemos de lo que hablamos, me gustaría plantear una cuestión previa antes de entrar en el objeto del proceso. Y como cuestión previa, quisiera decir que esta comisión se ha fijado en Mesa y Portavoces a las doce de la mañana porque a alguno de los portavoces no le venía bien antes, ya que estaba de viaje. Si la hubiéramos fijado a las nueve de la mañana, habríamos estado debatiendo tranquilamente durante todo el tiempo que nos hubiera apetecido y no tendríamos esas prisas que ahora manifiestan algunos senadores.
El senador Díaz Tejera se preocupa un poco de que algún senador pueda decirle ahora que tiene que coger su tren, su avión o su vehículo. Estamos haciendo ahora el trabajo como podríamos haberlo hecho a las nueve de la mañana, pero como a algún portavoz no le venía bien, decidimos hacerlo a las doce de la mañana. Solicito que la Mesa tome nota de ello, y en Mesa y Portavoces intentaremos fijar las sesiones a una hora que a la mayoría nos venga bien para que todos podamos trabajar por igual en las comisiones.
Hecha esta manifestación previa, quiero intervenir muy cumplidamente respecto de dos cuestiones. Una se refiere a lo que decía el senador Bildarratz sobre lo que pasaría en la Comisión de Igualdad si se dijera que tenía que presidirla una mujer. Efectivamente, señoría, no se dice que la tenga que presidir una senadora, pero fíjese en que todo son mujeres; excepto un solo hombre, la Comisión de Igualdad del Senado está formada solo por mujeres. Esto es algo que me llama bastante la atención, y como me ha comentado alguna senadora, si esa es una comisión de igualdad, qué menos que fuera paritaria. Pero no, casualmente, —y no nos llama a nadie la atención— la conforman, excepto un hombre, todo mujeres. Así pues, efectivamente no quedaría bien que se dijera que la tiene que presidir una mujer, pero llama la atención —y tampoco nos quejamos por ello— que sean todo mujeres menos un hombre quienes, como digo, formen parte de ella.
Por último, y en cuanto a lo que decía el senador Díaz Tejera respecto del Tribunal Constitucional alemán, alguien que está presente en esta sala podría darnos muy cumplida cuenta y explicarnos perfectamente en qué consiste. Pero yo le voy a poner un ejemplo del Tribunal Constitucional español. El Tribunal Constitucional español se ha reunido hace dos días en ese procedimiento no escrito de consulta previa del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno que para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional plantea con carácter previo cuál es su opinión sobre si tienen o no la reconocida competencia los juristas que se presentan.
Pues bien, en una primera votación salieron seis magistrados a decir una cosa y otros seis magistrados a decir otra. Ello fue con carácter reservado, pero tuvo que haber una segunda votación, ya pública, donde se tuvo que poner de manifiesto el voto de calidad del presidente para decidir lo que se dijo respecto de los magistrados del Tribunal Constitucional que presentaba el Gobierno. ¿Y qué quiero decirle con eso? Que nuestra legislación ya tiene mecanismos para que esas resoluciones puedan ser reconocidas. En cualquier caso, aquí estamos para seguir trabajando en esa línea y en aquello que he dicho con anterioridad de que todos los órganos constitucionales, en su caso, pudieran hacer públicas también sus deliberaciones.
El señor PRESIDENTE: Agradezco su intervención, señor Altava. (El señor Díaz Tejera pide la palabra.)
Señor Díaz Tejera, creo que ya está todo hablado. No creo que haya que hacer ahora una referencia a alguna alusión, porque entonces habría varias personas que también se habrían dado por aludidas.
Creo que deberíamos proceder a votar el informe de la ponencia.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, ha habido dos alusiones concretas.
El señor PRESIDENTE: ¡Y usted ha hecho ocho, señor Díaz Tejera!
El señor DÍAZ TEJERA: Pues bien, si alguien pide la palabra para responderme, puede usted concedérsela. Yo no me voy a ofender porque alguien quiera hablar.
El señor PRESIDENTE: Sé que se la puedo dar, pero no sé si debo.
El señor DÍAZ TEJERA: Pido la palabra al amparo de que me han citado en dos ocasiones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por tiempo de medio minuto, señor Díaz Tejera.
Señoría, este es mi tercer mandato, y en todos estos años es la primera vez que he utilizado la palabra majadería o estupidez respecto de un argumento, pero como la sensibilidad está a flor de piel, se han sentido ofendidos. Yo oí decir en una sesión de Pleno, imputando a este senador, lo siguiente: Usted hace una apología brutal del nacionalsocialismo, y eso, desde luego, no genera el mismo contenido. Tuve que esperar cinco meses a que me pidieran disculpas.
Segundo. He estado representando a España en el subcomité de elección de jueces al Tribunal de Estrasburgo. Por esa razón, y con la huelga de los controladores franceses, pedí que la reunión se fijara a esta hora. En cualquier caso, y si es un asunto que se puede utilizar como argumento dialéctico en este debate, díganmelo con antelación para tenerlo en cuenta a la hora de establecer el horario.
Y por último. Yo creo que es bueno en una democracia plural saber siempre las razones por las que se vota en un sentido o en otro. Cuanto más se sabe, menos pie se da a la arbitrariedad, y eso debería ser una lucha de todos.
Gracias por este medio minuto, señor presidente.
Vamos a proceder a la votación del informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, por tanto, el informe, y el proyecto de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial queda dictaminado. Ello quiere decir que las enmiendas que no han figurado en el informe de la ponencia han sido rechazadas.
Acto seguido procede designar al miembro de esta Comisión de Justicia que presente el dictamen ante el Pleno del Senado.
El señor ALTAVA LAVALL: El Grupo Parlamentario Popular propone al señor presidente de la Comisión de Justicia.
El señor DÍAZ TEJERA: Yo iba a defender que lo hiciera usted, pero, para que no me linchen, mejor no lo digo.
Estaremos encantados de que lo haga usted, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Altava.
El señor DÍAZ TEJERA: ¡No, no, por favor!
El señor PRESIDENTE: Sí, perdón. Gracias, señor Díaz Tejera. Pero tampoco pasa nada si le confunden con él… tiene más pelo que usted.
El señor DÍAZ TEJERA: Hay una diferencia capilar evidente. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de levantar esta sesión, quiero decirles que ayer se celebró una sesión de la Comisión Justicia. Como ustedes saben en un principio se propuso que este debate tuviera lugar ayer por la tarde; no pudo ser así. Yo creo que cada uno tiene sus responsabilidades, pero la flexibilidad es lo que siempre manda en esta Mesa y en esta comisión, y por tanto, no creo que corresponda cuestionar a lo largo del debate su funcionamiento o la disposición de los miembros de esta Mesa o de esta comisión. Porque, señor Díaz Tejera, usted ha hecho referencia a una sesión que se prolongó más allá de las doce de la noche, y eso da muestra del talante —que, como usted sabe, puede ser positivo o negativo, hay que recordarlo— de los miembros de esta comisión y de esta Mesa. Aun con la ausencia de viandas y demás provisiones, siempre estamos dispuestos a continuar. Y como ha dicho usted, y también el senador Altava, a nosotros, a los miembros de esta Mesa y de esta comisión, nos gusta trabajar, y por eso hemos estado hasta esta hora.
Eran las quince horas y cuarenta minutos.