Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-00012-de-marzo-18-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8496cc0dc4508098e0430a0101518098&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-20 13:21:06
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 229', 'artículo 50', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 136', 'Artículo 136', 'artículo 6', 'artículo 1', 'Artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 86']

﻿ Sentencia 2008-00012 de mazo 18 de 2010
SENTENCIA 2008-00012 DE 18 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:LAS IRREGULARIDADES OCURRIDAS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VICIAN DE NULIDAD EL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO CUANDO DETERMINEN EL SENTIDO O RESULTADO DE LA DECISIÓN DEFINITIVA
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, DERECHO AL VOTO, ACTA DE ESCRUTINIO, INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ACTO ADMINISTRATIVO PREPARATORIO, FACULTAD REGLAMENTARIA
Sentencia 2008-00012 de mazo 18 de 2010
Demandado: Alberto de Jesús Guzmán Ramírez, miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión.
Electoral. Sentencia
Bogotá, dieciocho de marzo de dos mil diez.
Es el acto administrativo definitivo mediante el cual los cuatro candidatos elegidos, por las ligas y asociaciones de padres de familia, ligas de asociaciones de televidentes, facultades de educación de las universidades y facultades de comunicación social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas, previa reunión, eligieron al señor Alberto de Jesús Guzmán Ramírez como comisionado o miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión de que trata el literal d) del artículo 1º de la Ley 335 de 1996 para el periodo que se inicia el año 2008. El acto descrito está contenido en la copia auténtica del acta general de elección y escrutinio de 19 de febrero de 2008 suscrita por los delegados para la vigilancia y los jurados de votación designados para el efecto por la Registraduría Nacional del Estado Civil (fls. 17 y 18).
La excepción descrita obedece a que el actor, como antes se explicó, además de la nulidad de la elección de Alberto de Jesús Guzmán Ramírez como miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión, también solicitó la nulidad de las elecciones de los candidatos o precandidatos mencionados en el párrafo anterior quienes, de acuerdo con el procedimiento señalado en el Decreto 3560 de 2007 del Gobierno Nacional, son previamente elegidos y luego estos —en reunión— tienen competencia para elegir a su vez a uno de ellos mismos en calidad de comisionado.
Para resolver, primero, conviene precisar y destacar que, de acuerdo con el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, para obtener la nulidad de una elección deberá demandarse el acto que la declara y no los actos previos ni cómputos o escrutinios intermedios aunque el vicio de nulidad afecte a estos y que el artículo 50 ibídem definió los actos administrativos definitivos como “aquellos que ponen fin a una actuación administrativa”.
Como conclusión de lo expuesto no prosperará la excepción y estudiará la Sala si se incurrió en las irregularidades denunciadas en el procedimiento de elección de los candidatos de los grupos electores y si estas tienen carácter sustancial.
Segunda excepción: vigencia de los decretos que regulan la elección de comisionado de televisión y presunción de legalidad de la Resolución 00008 de enero 9 de 2008 que convocó a la elección cuestionada.
Esta excepción la sustentó el actor aduciendo que las disposiciones del decreto que regula la elección son obligatorias porque no han sido anuladas ni suspendidas por la jurisdicción contencioso administrativo. Por tratarse de un argumento que alude directamente al objeto de la litis debe estudiarse y decidirse junto con el fondo de ésta en el siguiente acápite.
“ART. 1º—El artículo 6º de la Ley 182 de 1995 quedará así: La Comisión Nacional de Televisión tendrá una junta directiva compuesta por cinco (5) miembros, los cuales serán elegidos o designados por un período de dos (2) años, reelegibles hasta por el mismo periodo, de la siguiente manera:
d) Un (1) miembro por las ligas y asociaciones de padres de familia, ligasdeasociaciones de televidentes, facultades de educación y de comunicación social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente. Elegidos democráticamente entre las organizaciones señaladas.
Esta elección fue reglamentada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 3560 de 2007, modificado por el Decreto 036 de 2008.
El proceso de convocatoria a la elección acusada se surtió mediante Resolución 000008 del secretario general del Ministerio de Comunicaciones el 9 de enero de 2008 (fls. 67 a 70) y por Resolución 176 de 11 de enero del mismo año la Registraduría Nacional del Estado Civil elaboró el calendario para la elección (fls. 63 y 64)(4).
Cabe anotar que el Gobierno Nacional mediante decretos ha reglamentado la elección de los miembros de la Comisión Nacional de Televisión, así el artículo 4º del Decreto Reglamentario 3560 de 2007 señaló los titulares del derecho a participar en la elección de comisionado de televisión, por el sector de padres de familia, televidentes y facultades de educación y comunicación social, en los siguientes términos en lo que interesa a los temas e controversia de este proceso:
Mediante oficio de 7 de julio de 2008 (fls. 78 a 80) la directora de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil remitió al proceso un CD (fl. 157) en el que figura la lista consolidada de las facultades de educaciónque se inscribieron para participar la elección acusada, el cual demuestra que las universidades señaladas no se inscribieron. No obstante, en el proceso no hay prueba alguna de que ellas hubiesen tenido o manifestado intención de participar en la elección o de que se hubieran abstenido de hacerlo en consideración a la prohibición comentada; luego el cargo no prospera, porque no se probaron los hechos que le sirvieron de fundamento.
Afirmó el demandante que la decisión de la Registraduría es ilegal por las siguientes razones: a) porque la prohibición en que se fundó está prevista en el parágrafo de un decreto reglamentario y ésta sólo podía imponerse por Ley; b) porque la prohibición solo es aplicable al sector de ligas de asociaciones de televidentes, como lo señala expresamente el último de los decretos mencionados y no a las universidades; c) porque se violó el derecho al debido proceso a las universidades excluidas del proceso de elección comentado porque el inciso sexto del artículo 1.03 del Decreto 3560 de 2007 les negó la posibilidad de interponer los recursos de vía gubernativa para reclamar su derecho a participar en la elección.
En el proceso está probado que las universidades señaladas en el párrafo anterior se inscribieron para participar en la elección mencionada y que la Registraduría Nacional del Estado Civil les impidió participar porque estaban en los listados de contratistas y de la CNTV. Así lo hizo constar de modo expreso la directora de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el oficio de 7 de julio de 2008 (fls. 78 a 80) mediante el cual remitió al proceso la lista consolidada de inscritos (acreditados y no acreditados) para participar en la elección cuestionada (fls. 81 a 87), así como los listados de contratistas y prestadores del servicio de televisión que le remitió el Ministerio de Comunicaciones (fls. 83 a 154).
“… En fin, el ordenamiento constitucional refleja una filosofía clara en la forma de concebir la competencia sobre el tratamiento de los derechos fundamentales, reservada exclusivamente al constituyente y al legislador, lo cual resulta entendible en la medida en que el órgano legislativo, máximo representante de la voluntad popular, puede definir los límites al ejercicio de esos derechos, siempre que ello ocurra dentro de un marco de razonabilidad y proporcionalidad, ya que se trata del órgano de máxima representación democrática del Estado. Por lo mismo, el Gobierno Nacional no puede, en manera alguna, a través de su potestad reglamentaria, entrar a fijar límites o restricciones a los derechos fundamentales, puesto que frente a esa materia el ordenamiento superior estableció una reserva a favor del constituyente y del legislador, en la que incluso no puede penetrar el ejecutivo a través del ejercicio de facultades extraordinarias, es decir que la materia inherente a los derechos fundamentales no puede ser regulada por el Presidente de la República por medio de decretos leyes, menos aún por conducto de decretos reglamentarios(7).
— La incidencia de los votos de las facultades de educación excluidas en el resultado de la elección
En el oficio de 7 de julio de 2008 (fls. 78 a 80) de la directora de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en el CD que anexó con la lista consolidada de inscritos acreditados y no acreditados consta que fueron cuarenta y una las facultades acreditadas (fl. 157) y que fueron tres los precandidatos que acreditaron el cumplimiento de requisitos: Alberto de Jesús Guzmán Ramírez, Eduardo Rafael Noriega de la Hoz y Marco Zambrano Murillo. El comunicado de prensa Nº 03/08 aportado por la misma funcionaria da cuenta de que el primer precandidato, Guzmán Ramírez, fue elegido candidato del grupo elector de las facultades de educación con veinticinco votos (25), el segundo obtuvo trece votos (13) y el tercero no obtuvo votos (fls. 81 a 87).
Los datos anteriores permiten concluir sin duda que la exclusión de las cinco facultades de educación mencionadas no tuvo carácter sustancial porque si ellas hubieran podido participar, sus votos no habrían modificado el resultado de la elección. En efecto, de acuerdo con el numeral 10-4 del artículo 10 del Decreto 3560 de 2007 la elección del candidato en estudio debe efectuarse por el sistema de mayoría simple y el representante legal de cada universidad tendrá un voto por cada facultad de educación habilitada; de modo que si las universidades cuyas facultades fueron excluidas hubieran votado por el candidato ganador habrían aumentado la ventaja de este sobre sus competidores y si hubieran votado por el segundo (13 votos) o el tercero (o votos) antes reseñados, el total no les permitiría alcanzar y menos sobrepasar al primero.
Por último,el demandante se limitó a afirmar que se violó el derecho al debido proceso de las cinco facultades excluidas del proceso de elección en estudio porque el numeral 10.3 del artículo 10 del Decreto 3560 de 2007 dispone que “el acto de inscripción y acreditación por ser un acto de trámite, no es susceptible de recurso alguno”. No obstante, no concretó la acusación porque omitió explicar el concepto de la violación de la norma citada, esto es, no expuso los motivos por los que estima que ella viola el debido proceso, razón suficiente para negarle prosperidad. Además, no hay prueba de que las facultades excluidas hubieran interpuesto recurso contra la decisión que las excluyó del proceso de elección y de que la Registraduría Nacional del Estado Civil los hubiera rechazado o denegado.
Argumentó el actor que la decisión de la registraduría de excluir a las universidades es ilegal: a) porque la prohibición señalada está igualmente prevista en el parágrafo de un decreto reglamentario sin competencia, pues solo podía imponerse por ley y además únicamente era aplicable al sector de ligas de asociaciones de televidentes; b) que se violó también el debido proceso al aplicar el inciso sexto del artículo 10-3 del Decreto 3560 de 2007, que niega a las universidades la posibilidad de interponer los recursos de vía gubernativa para reclamar su derecho a participar en la elección; c) que un número importante de universidades con derecho a participar en la elección del candidato del grupo 4 como la Nacional de Colombia, Rosario, Distrital y Los Andes, no realizaron su inscripción en razón a la prohibición ilegalmente establecida por el parágrafo primero del artículo 10 del Decreto 3560 de 2007, con lo cual terminó restringiéndose la participación y el universo electoral.
a) En el CD remitido por la directora de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante oficio de 7 de julio de 2008 (fls 78 a 80 y 157) figura el consolidado nacional en el que consta que 25 facultades de comunicación acreditaron requisitos para participar en el proceso de elección de candidato y que seis de ellas no los acreditaron, cinco de las cuales eran contratistas de la CNTV, entre las que se contaban las universidades Externado de Colombia, Javeriana y Sergio Arboleda. El oficio comentado señala que posteriormente se agregó a la lista consolidada el nombre de dos facultades más que cumplían los requisitos exigidos y que se excluyeron las universidades del Valle y Santiago de Cali por encontrarse en el listado de quienes no podían participar de la elección, remitido por la CNTV, con lo cual quedó consolidado el listado con 25 facultades de educación. El listado, de acuerdo con otros anexos al oficio mencionado, es el de los contratistas de la CNTV y prestadores del servicio de televisión (fls. 83 y siguientes).
No obstante, igual que los cargos estudiados en el numeral precedente el vicio de la decisión de la registraduría no basta para declarar la nulidad de la elección del candidato de las facultades de comunicación porque, como quedó establecido antes, las irregularidades ocurridas en el trámite de una elección solo la vician de nulidad cuando tienen carácter sustancial, y tienen ese carácter cuando determinan el resultado de dicha elección. Por ello, al igual que en el estudio de la elección del candidato de las facultades de educación, se establecerá en este caso si el número de facultades de comunicación excluidas hubieran podido modificar el resultado de la elección en el evento de que hubieran participado en ella.
El comunicado de prensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil Nº 03/08 que la directora de gestión electoral de dicha entidad acompañó con el oficio de 7 de julio de 2008 comentado, da cuenta del resultado de la elección en estudio, efectuada el 12 de febrero de 2008 (fls. 81 a 87), así:
Los datos relacionados permiten establecer que aun silas cinco (5) facultades de comunicación invocados por el actor hubieran participado del proceso de elección en estudio(8), no habrían podido modificar su resultado porque si votaban por el candidato ganador habrían aumentado su ventaja sobre el segundo y si votaban por éste no hubiera podido alcanzar en número de votos al primero.
2.5.3.1.Conviene precisar, en primer término, que en desarrollo del artículo 1º de la Ley 335 de 1996 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2244 de 1º de julio de 2005, por medio del cual reglamentó la elección del miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión del representante de ligas y asociaciones de padres de familia, de televisión y facultades de educación y comunicación de que trata el literal d) del artículo 1º de la Ley 335 de 1996 y en el artículo 3º prescribió que “el acto de inscripción y acreditación por ser un acto de trámite, no es susceptible de recurso alguno”. Posteriormente el Gobierno Nacional dictó el Decreto 3560 de 18 de septiembre de 2007 para reglamentar la elección del mismo comisionado a que se refería el Decreto 2244 de 2005 y en el artículo 14 expresó: Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga los decretos 2244 de 2005, 2700 de 2005, y todas las disposiciones que le sean contrarias. Pero lo ciertoes que se reprodujo algunas de sus disposiciones, entre ellas el aparte del artículo 3º que señalaba que “el acto de inscripción y acreditación por ser un acto de trámite, no es susceptible de recurso alguno”.
El demandante puso de presente que cuando se profirió el Decreto 3560 (18 de septiembre de 2007) el Consejo de Estado ya había proferido el texto mencionado del Decreto 2244 de 2005 y que por ello el Decreto 3560 reprodujo una norma anulada que no podía aplicarse en el trámite de la elección del candidato de las ligas y asociaciones de padres de familia sin viciarla de nulidad. Por el contrario el demandado afirmó que cuando se expidió el Decreto 3560 de 2007 todavía no se había notificado el fallo anulatorio del Consejo de Estado y que por ello no reprodujo un texto anulado.
Las acusaciones formuladas contra el candidato mencionado están fundados en la presunta violación de las mismas normas citadas y por los mismos cargos estudiados en los numerales anteriores, esto es: a) por la exclusión irregular de las asociaciones de televidentes que tenían la condición de contratistas de la CNTV con el argumento de que su participación estaba prohibida por el parágrafo 1º del artículo 10 del Decreto 3560 de 2007; b) porque dicha prohibición solo es aplicable a las ligas de asociaciones de televidentes; c) porque ella viola derechos constitucionales de las asociaciones porque solo podía ser establecida por la ley, y d) porque el inciso sexto del artículo 10-3 ibídem que niega todo recurso contra los actos de inscripción y acreditación de requisitos de los votantes viola el derecho al debido proceso de las asociaciones cuya inscripción fue rechazada.
Luego, si por eventuales vicios en la elección de Tatiana Josefa López Manrique como candidata de las ligas de asociaciones de televidentes hubiese que anular su voto a favor del comisionado demandado, la elección de este mantendrían su validez porque los otros tres votos que obtuvo de los candidatos de las facultades de educación y de comunicación y de las ligas y asociaciones de padres de familia constituyen una mayoría simple que es suficiente para elegirlo de acuerdo con la regla prevista en el artículo 10-4 del Decreto 3560 de 2000.
1. DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por el demandado.
(2) ART. 44.—Caducidad de las acciones. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: Artículo 136. Caducidad de las acciones. (…). 12. La acción electoral caducará en veinte (20) días, contados a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se trata. Frente a los actos de confirmación, el término de caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la designación o nombramiento.
Cuando se trate del vencimiento del término establecido en el artículo 6º de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 1º de la Ley 335 de 1996, el proceso de convocatoria y elección del nuevo comisionado deberá iniciarse como mínimo treinta (30) días calendario anteriores al vencimiento del periodo.
(6) Decreto 3560 de 2007. Artículo 10. (…) Parágrafo 1º. No podrán participar en la elección del comisionado de televisión de que trata el literal d) del artículo 1º de la Ley 335 de 1996, las ligas de asociaciones de televidentes que participaron en la elección del miembro de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión a que hace referencia el literal c) del artículo 1º de la Ley 335 de 1996. Tampoco podrán hacerlo quienes ostenten la condición de contratistas de la CNTV o prestatarios del servicio de televisión en virtud de una autorización, permiso, licencia o contrato otorgado por la comisión (se destaca la parte anulada).
(7) No desconoce la Sala que el Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, íntimamente relacionado con los derechos fundamentales, fue expedido por el Presidente de la República. Sin embargo, esto no se opone a lo sostenido en este párrafo, pues se trató de una situación excepcional y única, ya que el Gobierno Nacional pudo ocuparse de esa materia por expresa habilitación del constituyente en el literal b) del artículo transitorio 5º de la Constitución de 1991; competencia que una vez ejercida se agotó, de modo que actualmente es solamente el Congreso de la República el órgano que puede encargarse de fijar restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales.