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Timestamp: 2019-10-15 00:01:23
Document Index: 219894863

Matched Legal Cases: ['artículo 220', 'artículo 356', 'artículo 220', 'artículo 2457', 'artículo 2457', 'artículo 43', 'artículo 14', 'artículo 61']

﻿ Sentencia 13247 de agosto 10 de 2000
SENTENCIA 13247 DE 10 DE AGOSTO DE 2000
CONTENIDO:VALOR PROBATORIO – REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. NINGUNO DE LOS TÍTULOS O INSTRUMENTOS SUJETOS A INSCRIPCIÓN O REGISTRO TENDRÁ MÉRITO PROBATORIO, SI NO HA SIDO INSCRITO O REGISTRADO EN LA RESPECTIVA OFICINA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA PRESENTE ORDENACIÓN, SALVO EN CUANTO A LOS HECHOS PARA CUYA DEMOSTRACIÓN NO SE REQUIERA LEGALMENTE LA FORMALIDAD DEL REGISTRO.
TEMAS ESPECÍFICOS:OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, REQUISITOS EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, MEDIOS DE PRUEBA, PRUEBA, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
Sentencia 13247 de agosto 10 de 2000
Aprobado Acta Nº 136
Santafé de Bogotá, D. C., agosto diez de dos mil.
1. Con fundamento en el tercer motivo previsto por el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, dos son los cargos que el demandante propone contra la sentencia del tribunal objeto de la impugnación extraordinaria, afirmándose la existencia de defectos en el trámite que culminara con su proferimiento. El primero, por una aducida falta de competencia de la justicia penal para el conocimiento de los hechos debatidos y el segundo, sobre la base de haberse adelantado la actuación mediando irregularidades sustanciales lesivas del debido proceso.
2. Así presentada la propuesta de ataque, debe insistirse en recordar que de manera constante, prolija y reiterativa se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sala, en el sentido de que la nulidad en casación como motivo independiente para impugnar los fallos de segunda instancia, no es de libre alegación, pues como sucede con las demás causales, dada su naturaleza comporta exigencias que le son propias y que desde luego constituyen aquellos presupuestos de una demanda en forma, pero que además imponen por razón de su teleológica misión depurativa de la actuación penal, el imperativo de demostrar que se han desconocido las bases mismas del juicio conforme a la ley, o se han afectado los derechos de los distintos sujetos intervinientes en el proceso penal.
3. Por tanto, debe quien acude en casación a la vía de nulidad, no solamente determinar el concreto motivo en que se sustenta en su origen la propia declaración pretendida, sino que resulta imprescindible que explique la razón jurídica de conformidad con la cual la irregularidad propuesta tiene carácter sustancial y el porqué conlleva efectos invalidantes para el proceso.
Esto supone, desde luego, que así como no cualquier irregularidad en la actuación indefectiblemente conduce a viciarla, hay yerros que no son atribuibles a defectos in procedendo, sino in iudicando, es decir, a la actividad directamente concerniente con la interpretación y aplicación del derecho por parte del juez, cuya infracción por tanto no compromete la validez del proceso y no es dable por tanto ser alegada con fundamento en la causal tercera casacional.
4. Esto último es precisamente lo que acontece con el primer reproche que por nulidad ha esbozado el actor, en la medida en que el planteamiento según el cual carecían de competencia las autoridades judiciales penales para conocer de los hechos calificados como constitutivos de estafa, pues en criterio del demandante, “no fueron las maniobras engañosas de Garzón Álvarez, si las hubo, las que determinaron a don Jorge Ernesto Castillo a otorgar la escritura de venta del tantas veces citado apartamento 101, sino la obligación que libre y conscientemente había contraído con Garzón Álvarez, al suscribir el documento del 10 de julio de 1994”, contiene, en realidad, una propuesta de atipicidad absoluta de este delito contra el patrimonio económico por el que el procesado fue condenado.
Siendo ello así, como en efecto lo es, debe recordar la Sala que cuando el ataque está orientado a la demostración de la absoluta atipicidad de la conducta, una técnicamente correcta formulación de un reparo en tal sentido corresponde ser presentado con fundamento en la primera causal de casación, acusando la vulneración directa de la ley sustancial, que en el caso de autos lo sería en el sentido de aplicación indebida del artículo 356 del Código Penal.
5. Como es ostensible y dado que el demandante ha equivocado la causal escogida, este motivo resultaría suficiente para desestimar el cargo, lo que no obsta para que la Corte enfatice, como lo ha hecho en otras oportunidades (Cas. 23 de junio de 1982, Cas. 21 de febrero de 1990 y Cas. 13 de julio de 1994, entre otras), en que nada impide y por el contrario es un mecanismo inductivo en error para la comisión de esta delincuencia contra el patrimonio económico de muy frecuente empleo, que el agente se valga como medio de engaño de la celebración de negocios jurídicos, típicos o atípicos, que si bien como es natural entender están respaldados en normas de derecho o en todo caso son admitidas en la cotidiana práctica comercial, se utilizan para viciar el consentimiento de la víctima, conforme bien lo pone de presente el señor procurador delegado aconteció en este proceso, pues si bien como lo alega el libelista, en principio las partes involucradas en el contrato de compraventa lo suscribieron libremente, es esta una circunstancia aparente si se tiene en cuenta que nada distinto perseguía el timador con su celebración, que obtener un provecho, que en efecto se ha calificado de ilícito, en la medida en que para dicho cometido no solo se valió de una impostura económica y moral, sino que primó en sus actos posteriores el deseo de hacer suyo el inmueble objeto del acto negocial a sabiendas y sobre esa base de no cancelar ningún emolumento como contraprestación, lo que además logró en términos absolutos, incurriendo para ello en nuevos comportamientos configurativos de punibles contra la fe pública, como lo fue la material elaboración de documento público, espurio por tanto, consistente en la escritura de cancelación de la hipoteca que por 30 millones de pesos respaldaba en este valor un porcentaje de las obligaciones contraídas, y su postrer empleo precisamente en la oficina de registro para liberar el inmueble de este gravamen e imponer sobre el mismo, también fraudulentamente, otro por igual valor.
6. Lo propio cabe afirmar en relación con la segunda censura presentada también por la vía de nulidad, toda vez que, de una parte, el argumento hipotético en que se sustenta bajo ninguna circunstancia conduciría a la invalidación de este proceso, y de otra, porque resulta manifiestamente infundado.
Así, además de insistir sin ningún parámetro de técnica, en que la relación entre procesado y denunciante fue de índole eminentemente civil, sobre lo cual apenas aludió y en ningún momento demostró, siendo por tanto un agregado impertinente e instancial, asegura el libelista que sobre los delitos contra la fe pública su representado estaría avocado a sufrir un doble juzgamiento, toda vez que en su contra se estaría adelantando por parte de la Fiscalía otro proceso por esos hechos.
7. En realidad es tan inocuo el planteamiento, que bastaría con señalar que si fuese cierta la afirmación del demandante en el sentido de que por cuenta de otra autoridad judicial se estuviese diligenciando investigación penal por iguales hechos, sería al interior de la misma a donde tendría que alegarse, como quiera que es imperativo el mandato legal, con carácter de norma rectora, según el cual el procesado condenado o absuelto mediante sentencia en firme, proferida por un juez colombiano “no será sometido a un nuevo juzgamiento por el mismo hecho aun cuando a éste se le dé una denominación distinta” (arts. 9º y 15 del C. P. y C. de P. P., respectivamente), efectos de inmutabilidad e ininpugnabilidad propios de la cosa juzgada que teniendo origen en el debido proceso, no se puede conculcar.
8. Pero además, y como lo acota certeramente el delegado, la mención que se hace al folio 446 del tercer cuaderno original sobre la existencia de otro proceso penal (Rad. 4608) cuyo conocimiento correspondió a la Fiscalía 181 de la Unidad de Patrimonio Económico de esta ciudad, dice relación en realidad, al sumario “que formó parte de la causa de la referencia (es decir, este asunto) pero que por efectos de la ruptura de la unidad procesal, allí se tramita en contra de las señoras Martha Idali Pérez de Bellini y Lucila Sánchez, situación que hubo de presentarse, como amerita recordarlo, por el hecho de haberse clausurado la investigación exclusivamente en relación con Garzón Álvarez, sin que por tanto se le esté juzgando en esa actuación o pueda llegar a ser vinculado en ella.
1. Con amparo en la primera causal del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, cuatro cargos propone el actor por yerros fácticos, acusando falsos juicios de existencia por suposición y omisión probatorias, marco este de referencia sobre el cual bien puede de una vez la Sala relievar la insustancialidad que los caracteriza y el notable desapego a los derroteros técnicos con que han debido ser presentados, todo lo cual necesariamente permite observar en forma anticipada su desestimación.
2. En efecto, se sostiene en el primero que como la escritura pública Nº 9183 mediante la cual se habría cancelado, fraudulentamente como se sabe, la hipoteca constituida en favor del señor Jorge Ernesto Castillo Torres sobre el apartamento 101 de la Ave. 13 Nº 120-33, fue desaparecida con posterioridad a agotarse el trámite notarial y de registro, el fallador habría supuesto la existencia en autos de la plena prueba de dicha cancelación, pues el artículo 2457 del Código Civil, exige la existencia de tal documento, como elemento ad sustantian actus.
3. Este planteamiento involucra además de una confusión conceptual que conduce a una conclusión paradojal, un argumento sofístico y por lo mismo finalmente equivocado.
En primer término y conforme lo dispone la ley (D. 1250/70), es el registro de instrumentos públicos un servicio que presta el Estado a través del cual se hace la inscripción relacionada con todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique la constitución, aclaración, declaración, adjudicación, modificación, gravamen o medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, o la cancelación de las referidas inscripciones.
A su turno, de conformidad con el artículo 2457 del Código Civil, al que alude el censor, relacionado con la extinción de la hipoteca como derecho de prenda constituido sobre los inmuebles, “La hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Se extingue así mismo por la resolución del derecho el que la constituyó, o por el evento de la condición resolutoria, según las reglas legales. Se extingue, además, por la llegada del día hasta el cual fue constituida. Y por la cancelación que el acreedor acordare por escritura pública, de que se tome razón al margen de la inscripción respectiva”, lo cual significa que, si bien se dispone como una de las formas para extinguir la hipoteca por parte del propio acreedor, que deba serlo mediante escritura pública, ciertamente, se está exigiendo un requisito ad sustantian actus, pero para adelantar el trámite notarial protocolario, documento que con posterioridad debe llevarse al registro para efectos de consolidar la cancelación de la obligación con garantía hipotecaria asumida.
4. Es claro además, que el registro de instrumentos públicos cumple con una doble función, pues además de servir para dar publicidad a aquellos actos o contratos que en él se inscriben, también puede constituir, modificar o extinguir derechos, lo que se produce al momento de realizarse las anotaciones pertinentes.
Así, tratándose de la cancelación de una hipoteca, una vez el acreedor comparece a la notaría y otorga la escritura mediante la cual manifiesta que se extinguió la obligación, con base en dicho instrumento y hechas las anotaciones correspondientes, se expide un certificado con el cual se acude al registro para hacer la respectiva inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria, con lo cual queda extinguida la garantía hipotecaria, permaneciendo entre tanto la escritura en el protocolo notarial.
5. Siendo este el procedimiento básico de dicho trámite y observado atentamente al folio de matrícula que corresponde al apto. 101 de la Av. 13 Nº 120-33, visto al fl. 147 del cuaderno original Nº 2, es incuestionable que la notación se hizo y que, en consecuencia, la obligación quedó extinguida, empleando para ello una escritura espuria, que posteriormente fue sustraida de la Notaría 29 del Círculo de Bogotá.
En estas condiciones y dado que además, el artículo 43 del referido Decreto 1250 de 1970 señala con toda precisión como requisito para el mérito probatorio de títulos sujetos a registro que: “Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”, es meridianamente claro que la sustracción de la escritura pública fraudulenta, como conducta también imputada a Garzón Álvarez, no tiene absolutamente ninguna incidencia frente a la demostración de este hecho que, como se ha visto, ha quedado probado a través del medio idóneo y legalmente previsto para ello, sin que, en estas condiciones, pueda tener validez alguna la afirmación según la cual la falta de la escritura impide la prueba de esa artificiosa extinción de la garantía hipotecaria, pues sencillamente como se vio, esto no es así.
Este cargo tampoco prospera
6. A través del segundo reproche, señala el libelista que el juzgador ignoró la promesa de compraventa celebrada entre el quejoso y el procesado, ya que allí consta que uno y otro contrajeron obligaciones recíprocas, entre las cuales estaban la de traspasar el dominio y la propiedad del apartamento 101 en referencia, razón por la cual se habría otorgado escritura pública Nº 06672 el 22 de julio de 1.994, sin embargo de lo cual, según su apreciación, las maniobras engañosas tendría que reputarse de dicha promesa y no al referido documento público, pues la causa de éste no lo sería el engaño, sino el cumplimiento de lo pactado.
7. En verdad, mediante esta alegación, que desde luego nada tiene que ver con el afirmado falso juicio por omisión aducido y que es infundado por cuanto tanto los juzgadores de primera como el de segunda instancias se ocuparon con detenimiento de dicha promesa, como no podría ser de otra manera, en la medida en que allí se recoge la voluntad de los contratantes, que reflejaba las condiciones inicialmente acordadas para la celebración de un negocio en principio lícito, pero que, como sabe sirvió como un mecanismo más para viciar el consentimiento de la víctima por parte del timador.
Deleznable es así mismo el argumento según el cual, “las maniobras engañosas imputadas a mi cliente son prácticas, comunes y corrientes en la vida del comercio y para que tengan resonancia en el ámbito penal deben ser de tal Entidad, que sean capaces de torcer en sentido diferente al querido la voluntad del contratante”, como que se trata de una postura controversial del fallo sin atinencia ninguna a la técnica que regla la casación.
Desde luego, este cargo también debe desecharse
8. Ahora, como tercera censura se opone el actor a que el provecho obtenido por el procesado sea “ilícito”, retomando un supuesto nunca demostrado, según el cual la conducta de Garzón Álvarez no debió tener connotación penal, argumento francamente inconcebible, si se tiene en cuenta que fuera de carecer de sustento, de nuevo, nada diferente plantea a través de una vía por completo errada, que la atipicidad de la conducta de aquél pretextando una suposición “de la plena prueba del provecho ilícito, cuando declarada la responsabilidad penal por el delito de estafa y amparado el fallo por la doble presunción de acierto y legalidad, afirmaciones vacías y sin sustento de esta naturaleza, no pueden desde luego hacerle perder la fuerza decisoria en esta sede, tornándose así impróspero este cargo.
9. Finalmente, lo propio acontece con el cuarto cargo, también enunciado por error de hecho, en tanto el demandante afirma que el sentenciador habría supuesto que las escrituras públicas Nos. 6672, mediante la cual se protocolizó la venta del varias veces citado inmueble, la 6329, por la cual Castillo Torres habría recibido un casalote de ínfimo valor para acceder a constituir la hipoteca y no recibir la suma de 30 millones en efectivo que era lo inicialmente convenido y la 9183, que como se sabe se utilizó para cancelar en forma mendaz la hipoteca, son el producto de un ilícito penal.
10. Una vez más, como es ostensible, todo el argumento del libelista trasluce su discrepancia con el fallo condenatorio emitido por los delitos de estafa en concurso con el de falsedad documental, y particularmente en tanto se dispuso en la sentencia la cancelación delas referidas escrituras y sus registros correspondientes como una medida complementaria absolutamente necesaria para volver las cosas al estado predelictual, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal, que le impone a las autoridades judiciales, “Cuando sea posible”, “adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del hecho punible y las cosas vuelvan al estado anterior, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados”, para lo cual al tenor de lo señalado por el artículo 61 ibídem, “En cualquier momento del proceso en que aparezca demostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y del registro respectivo”, al igual que, “la cancelación de la inscripción de los títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente”. Y, “Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos cancelados se estén adelantando procesos ante otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de cancelación, para que finalicen las actuaciones correspondientes”.
Este cargo, en consecuencia, tampoco prospera
Cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».