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Timestamp: 2018-12-11 03:52:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7']

Programa sectorial SEDESOL by Documentos FENAMM - Issuu
CUARTA SECCION PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DECRETO por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 9, 22, 23, 27, 28, 29, párrafo segundo, 30 y 32 de la Ley de Planeación, y 9, 31, 32 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y CONSIDERANDO Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores y metas que regirán la actuación del Gobierno Federal durante la presente administración; Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, incluyendo además tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género; Que la meta nacional México Incluyente, tiene entre sus objetivos: a) garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población; b) proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna; c) ampliar el acceso a la seguridad social, y d) transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente; Que la Ley de Planeación señala que los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades de cada uno de los sectores de la Administración Pública Federal, y Que la Secretaría de Desarrollo Social elaboró el Programa Sectorial de Desarrollo Social para el período 2013-2018, siguiendo las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo sometió a consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo, he tenido a bien emitir el siguiente DECRETO ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. ARTÍCULO SEGUNDO.- El Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 será de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Social y las entidades paraestatales agrupadas en el sector coordinado por ella, de conformidad con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 y las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán sus respectivos programas y anteproyectos de presupuesto. Estos últimos deberán destinar los recursos presupuestarios correspondientes para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de dicho Programa Sectorial. ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Desarrollo Social, con la participación que conforme a sus atribuciones le corresponde a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en los términos de las disposiciones aplicables dará seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, y reportará los resultados obtenidos con base en las metas e indicadores correspondientes. ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el presente Decreto. TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a los doce días del mes de diciembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- La Secretaria de Desarrollo Social, María del Rosario Robles Berlanga.Rúbrica.- En ausencia del Secretario de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción XII, y 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública: el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián Alfonso Olivas Ugalde.- Rúbrica.
PROGRAMA Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. Glosario de términos, siglas y acrónimos Áreas rurales.- Unidades territoriales con una población menor a 2,500 habitantes. Áreas urbanas.- Unidades territoriales con una población igual o mayor a 2,500 habitantes. Carencia por acceso a la alimentación.- Se define a partir de la identificación de cuatro grados de inseguridad alimentaria en la población: inseguridad alimentaria severa, inseguridad alimentaria moderada, inseguridad alimentaria leve y seguridad alimentaria. La metodología de medición de la pobreza identifica a un individuo con carencia de acceso a la alimentación si presenta inseguridad alimentaria severa o moderada. Carencia por acceso a la seguridad social.- La población con carencia por acceso a la seguridad social se identifica de acuerdo con los siguientes criterios: 1.
En cuanto a la población económicamente activa, asalariada, se considera que no tiene carencia si disfruta, por parte de su trabajo, de las prestaciones establecidas en el artículo 2° de la Ley del Seguro Social.
En el caso de la población trabajadora no asalariada o independiente se considera que tiene acceso a la seguridad social cuando dispone de servicios médicos como prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS y, además, cuenta con SAR o Afore.
Para la población en general, se considera que tiene acceso cuando goce de alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la seguridad social.
En el caso de la población en edad de jubilación (sesenta y cinco años o más), se considera que tiene acceso a la seguridad social si es beneficiario de algún programa social de pensiones para adultos mayores.
Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda.- La población con carencia por servicios básicos en la vivienda es aquella que reside en viviendas que presentan, al menos, una de las siguientes características: 1.
El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.
Carencia por acceso a los servicios de salud.- Se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, Issste federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados. Carencia por calidad y espacios de la vivienda.- Se considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: 1.
Carencia por rezago educativo.- La población con carencia por rezago educativo es aquella que cumple alguno de los siguientes criterios: 1.
Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal.
Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa).
Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa).
Cluni.- Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Censo.- Censo Nacional de Población y Vivienda. Coneval.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Conteo.- Conteo Nacional de Población y Vivienda. Constitución.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encas.- Encuesta Nacional de Capital Social. Encup.- Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. Enigh.- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Ensanut.- Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. FAO.- Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social. Inegi.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INPC.- Índice Nacional de Precios al Consumidor. INSP.- Instituto Nacional de Salud Pública. Issste.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ley General de Acceso.- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Línea de Bienestar.- Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Línea de Bienestar Mínimo.- Valor monetario de una canasta alimentaria básica. MCS-Enigh.- Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Objetivos del Milenio.- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la enseñanza primaria universal; 3) promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; 4) reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 8) fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Estos objetivos se intentan alcanzar para 2015 y que se basan en la declaración del milenio de septiembre de 2000. OSC.- Organizaciones de la Sociedad Civil. Pemex.- Petróleos Mexicanos. PIB.- Producto Interno Bruto. PIB per cápita.- Es la relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes de un país. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un país entre su población. Pobreza o pobreza multidimensional.- Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (sea ésta rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda o acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Pobreza extrema.- Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Pobreza alimentaria.- Insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes. Pobreza por capacidades.- Insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. Pobreza por patrimonio.- Insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
Sagarpa.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Sedesol.- Secretaría de Desarrollo Social. SEP.- Secretaría de Educación Pública. UER.- Unidades Económicas Rurales. Marco Normativo La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Asimismo, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación, para lo cual habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Bajo este marco normativo, la Ley de Planeación establece en su artículo 21 que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país y establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. Aunado a lo anterior, la citada Ley de Planeación también establece en sus artículos 16 y 22 que las dependencias de la administración pública federal deberán elaborar programas sectoriales y que éstos deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas regionales y especiales que determine el Presidente de la República. Para tales efectos, y de conformidad con el artículo cuarto del Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, los programas sectoriales deberán establecer objetivos estratégicos alineados y vinculados a dicho Plan. Considerando la normatividad referente a la planeación nacional del desarrollo, la Política de Desarrollo Social está sustentada en un marco normativo constituido por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Desarrollo Social y el Plan Nacional de Desarrollo. Al respecto, la Constitución establece en sus artículos 3 y 4 que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la protección de la salud, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, así como a recibir educación. Asimismo, la Constitución establece en su artículo 25 que mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, el desarrollo nacional deberá permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales. En cuanto a la Ley General de Desarrollo Social, ésta tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. Bajo este tenor, el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social establece que son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución. En lo referente al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el 20 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, éste establece cinco metas nacionales y tres estrategias transversales para la consecución de un objetivo general que es llevar a México a su máximo potencial. Al respecto, las metas nacionales son: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, mientras que las estrategias transversales consisten en Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno y la Perspectiva de Género. Respecto a la estrategia transversal Perspectiva de Género, ésta resulta fundamental para la institucionalización de la perspectiva de género y para la consecución de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Su importancia radica, además, en que responde a la existencia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mismas que en conjunto tienen por objeto el desarrollo de mecanismos institucionales que provean el cumplimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Tomando en cuenta la normatividad en materia de planeación del desarrollo nacional así como la normatividad que rige la actividad del sector de desarrollo social, y con el fin de contribuir a atender los compromisos presidenciales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se ha estructurado el presente Programa Sectorial de Desarrollo Social, cuyo objeto es atender a la población en situación de pobreza a fin de disminuir las carencias sociales e incentivar la mejora de su ingreso para contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos sociales, de tal forma que este país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo antes expuesto, el Programa Sectorial de Desarrollo Social contiene objetivos, estrategias, líneas de acción, estrategias transversales e indicadores que establecen las prioridades del Sector Desarrollo Social y que contribuirán al cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. I. Introducción México puede superar las condiciones de pobreza en que vive casi la mitad de la población. La pobreza y el rezago social son retos de la política de desarrollo social. Los avances registrados en México durante las últimas décadas en materia de desarrollo social, aunque importantes, han sido insuficientes para generar círculos positivos de rompimiento de las estructuras que condicionan la pobreza. Esta situación ha prevalecido pese a que la inversión pública en los programas de desarrollo social se ha ampliado de manera importante en los últimos años. Para hacer frente al reto de la pobreza es necesario un cambio en el enfoque tradicional que separa la política social de la económica y generar una estrategia de desarrollo social con las siguientes características: ●
Un desarrollo social de nueva generación con un enfoque de derechos sociales que se complemente con una mayor inclusión productiva de la población.
Un enfoque de ciclo de vida de la persona que brinde protección en las etapas etarias más vulnerables del individuo y que garantice el ejercicio de sus derechos: niñez, juventud y vejez
Un desarrollo incluyente y libre de discriminación que garantice los derechos de mujeres, indígenas y personas con discapacidad.
Un componente activo de participación social, ubicando a las personas como agentes de cambio y protagonistas en la materialización de sus derechos, a través de la organización comunitaria.
Una mejor coordinación institucional que evite la duplicidad de programas y recursos, eleve su impacto social e incremente la concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno.
Una política de desarrollo social con enfoque de derechos busca cambiar la ecuación que define a un receptor de bienes y servicios del gobierno en turno como un beneficiario y convertirlo en un titular de derechos frente al Estado. Significa transitar hacia un esquema de exigibilidad de los derechos por las vías legales para transparentar la relación entre el Estado y la persona, abatir el clientelismo político y, sobre todo, fortalecer la ciudadanía social de los mexicanos como un complemento necesario de la ciudadanía política. La política de desarrollo social de nueva generación tiene como objetivo central hacer efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos sociales a través del acceso de las y los mexicanos a la alimentación, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a los servicios básicos, a la vivienda digna, al disfrute de un medio ambiente sustentable y sano, al trabajo y a la no discriminación. Por ello, la responsabilidad de garantizar los derechos sociales que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recae en el entramado de dependencias, entidades, normas, programas y presupuestos de la Administración Pública vinculada con aquéllos. Una política de estado de esta magnitud requiere, dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, de un conjunto de instrumentos que involucren a todas las dependencias vinculadas al desarrollo social y a la promoción de las actividades productivas de los grupos sociales en pobreza. El enfoque de derechos de la política social de nueva generación asume la obligación del Estado mexicano en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos sociales y de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad recogidos en la Constitución. Por ello, la política social debe ser instrumentada y puesta en práctica por diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, requiere de los esfuerzos de los otros órdenes de gobierno, de las directrices de sus respectivos planes de desarrollo así como de sus instrumentos programáticos y recursos presupuestarios. La política social de nueva generación es una política de derechos sociales y es menester avanzar hacia la exigibilidad legal de esos derechos. Es con cambios de gran calado en las estructuras económicas y sociales como se logrará la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos sociales que la Constitución otorga a todos los mexicanos.
II. Diagnóstico La pobreza en México Las instituciones y las políticas públicas que atendieron durante buena parte del siglo pasado las demandas sociales resultan insuficientes para atender los retos actuales. Hoy el 80.8% de la población tiene acceso a la educación en los términos que establecen las leyes. El 78.5% recibe los servicios médicos necesarios. El 86.4% de los mexicanos tiene una vivienda de calidad y espacios suficientes y el 78.8% cuenta con los servicios básicos en la vivienda. El 76.7% de la población tiene una alimentación adecuada. El 38.8% está inscrito en la seguridad social y el 80% recibe ingresos por arriba de la línea de bienestar mínimo. La
parte restante de cada porcentaje representa el reto de la política social, que busca que la gran mayoría de los mexicanos disfrute los derechos sociales establecidos en la Constitución. En México la pobreza en su dimensión por ingresos se ha mantenido sin cambios significativos durante los últimos veinte años. De 1992 a 2012 la pobreza por ingresos, sea de patrimonio, de capacidades o 1 alimentaria (gráfica 1), ha evolucionado siguiendo la misma tendencia, y las incidencias de esta dimensión de la pobreza en 2012 fueron muy parecidas a las observadas veinte años atrás. Las crisis económicas y financieras, primero en 1995 y posteriormente en 2008-2009, constituyen eventos que dañaron el ingreso de las familias y elevaron los niveles de pobreza. La evolución de la pobreza es un fenómeno estrechamente vinculado al ciclo económico. Históricamente, la pobreza ha aumentado durante los periodos de crisis y se ha reducido durante las fases de recuperación de la economía. Sin embargo, la pobreza por ingresos en México durante el periodo 1992-2012 no cambió sustancialmente. En 1992 el 53.1% de las personas se encontraba en situación de pobreza de patrimonio, mientras que para 2012 dicha incidencia se ubicó en 52.3% de personas. Gráfica 1. Población en pobreza por la dimensión de ingreso 1992-2012. (Porcentaje)
Nota: Las estimaciones de 2006, 2008, 2010 y 2012 utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo 2010 estimados por el Inegi. Fuente: Coneval con base en la Enigh de varios años.
En el periodo reciente, entre los causantes principales de los elevados niveles de pobreza de la población se encuentra el crecimiento de los precios de los alimentos que ha repercutido en el poder adquisitivo del ingreso de las familias. La gráfica 2 muestra las variaciones anuales de los valores de las canastas alimentarias (las Líneas de Bienestar Mínimo) en los ámbitos urbano y rural, así como las variaciones anuales del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En la mayor parte del periodo 2005-2013, la tasa de crecimiento del valor de las canastas alimentarias fue mayor que la inflación promedio,
La	pobreza	alimentaria	comprende	a	las	personas	cuyos	ingresos	no	les	permiten	cubrir	los	gastos	de	alimentación	básicos.	La	pobreza	de	capacidades	agrupa	a	las	personas	cuyos	ingresos	son	insuficientes	para	cubrir	las	necesidades	básicas	de	alimentación,	educación	y	salud.	La	pobreza	de	patrimonio	incluye	a	las	personas	cuyos	ingresos	no	les	permiten	cubrir	los	gastos	de	alimentación,	educación,	salud,	vestido,	calzado,	vivienda	y	transporte.
(Cuarta Secci贸n)
lo cual se tradujo en un menor poder de compra de los alimentos y afect贸 particularmente a las familias de menores ingresos, las cuales destinan a la compra de alimentos una mayor proporci贸n de su gasto total.
Además del incremento en el precio de los alimentos y la caída de los ingresos laborales, existe otro factor de largo plazo que es responsable de que la pobreza en México sea elevada. En las últimas décadas el crecimiento de largo plazo de la economía mexicana ha sido lento. Si se toma en cuenta el periodo 19502010, el crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita fue de 2.0%, lo cual representa una tasa menor que las tasas obtenidas en países como Chile, Corea del Sur, Irlanda y España (gráfica 4). Evidentemente, las condiciones de pobreza en la que se encuentra un elevado número de mexicanos no podrán mejorarse si no se realizan cambios económicos estructurales que promuevan la productividad, la inversión y la generación de empleos. Gráfica 4. PIB per cápita de México y otros países, 1950-2010 (Dólares ajustados por el Poder de Paridad de Compra)
Fuente: Bolt, J. and J. L. van Zanden (2013). The First Update of the Maddison Project; Re-Estimating Growth Before 1820. Maddison Project Working Paper 4.
Por otro lado, es importante mencionar que las políticas públicas que otorgan transferencias monetarias a la población de bajos ingresos han permitido contener el avance de la pobreza (gráfica 5). Sin las transferencias, el tamaño de la población en pobreza multidimensional hubiera sido mayor en 1.7 puntos porcentuales para 2008, en 1.4 puntos porcentuales para 2010 y en 1.5 puntos porcentuales para 2012. Sin embargo, para alcanzar los objetivos de reducir la pobreza y lograr el acceso equitativo a los derechos sociales es necesario reforzar la entrega de transferencias monetarias con otras estrategias que construyan oportunidades productivas para la población. Gráfica 5. Población en situación de pobreza multidimensional con y sin transferencias monetarias 2008, 2010 y 2012 (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con base en la información del MCS- Enigh 2008, 2010 y 2012.
Capacidades para el desarrollo Alimentación, salud y educación La alimentación, la salud y la educación son tres derechos constitucionalmente establecidos que inciden directamente en el desarrollo humano desde las primeras etapas de la vida y que condicionan las capacidades humanas, productivas y de disfrute del resto del conjunto de derechos humanos y libertades. Durante los pasados 20 años se ampliaron las coberturas de atención a la salud y la educación de manera significativa. Además, a partir de 1998, la desnutrición en menores de cinco años ha disminuido de manera consistente. Entre 1990 y 2012 (cuadro 1), el porcentaje de la población nacional con rezago educativo se redujo en 7.4 puntos porcentuales. Por su parte, la carencia por acceso a los servicios de salud registró una importante caída de 37.1 puntos porcentuales entre 2000 y 2012. Cuadro 1. Evolución de las carencias en salud y educación 1990-2012. (Porcentaje) Año
Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje)
ND: No disponible. 1/ Nota: los datos correspondientes a 2008, 2010 y 2012 provienen de la información en el MCS-Enigh. Para los años restantes la información proviene de los Censos y Conteo. Fuente: Coneval con base en los Censos 1990 y 2000, el Conteo 2005, la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y los MCS-Enigh 2008, 2010 y 2012.
La desnutrición en menores de cinco años ha disminuido considerablemente entre 1988 y 2012 (gráfica 6). La emaciación (bajo peso para talla) decreció de 6.2% a 1.6% y el indicador de bajo peso descendió de 10.8% a 2.8% de la población menor a cinco años. Cabe destacar que aunque la desnutrición crónica (baja talla) también ha disminuido, ésta mantiene una incidencia de 13.6%, lo cual significa que casi 1.5 millones de menores de cinco años se encontraban en dicha condición en 2012. Gráfica 6. Indicadores de desnutrición en menores de cinco años en 1988, 1999, 2006 y 2012 (Porcentaje)
Fuente: INSP con información de la Ensanut 2012.
En México, la falta de acceso de las personas a una alimentación y nutrición adecuada se mide con el indicador de carencia por acceso a la alimentación que elabora el Coneval con una periodicidad bienal. Los resultados recientes para este indicador muestran un aumento de la carencia entre 2008 y 2010, de 21.7% a 24.8%, para disminuir posteriormente a 23.3% en 2012. En 2012 la medición oficial de pobreza identificó una población de 27.4 millones de personas con carencia de acceso a la alimentación; de ellos, 11.3 millones (9.7% de la población total) presentaron inseguridad alimentaria severa y 16.0 millones (13.7% de la población total) se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada. Las personas que se encuentran en pobreza extrema enfrentan mayores restricciones para ejercer el derecho a la alimentación. En 2012, 7 millones de personas presentaban carencia de acceso a la alimentación y pobreza extrema (gráfica 7). De dicha población, 3.1 millones de personas residen en zonas rurales y 3.9 millones se encuentran en zonas urbanas. Destaca que el 25.8% de ellas son población indígena (1.8 millones) y el 45.0% son niñas, niños y adolescentes menores de 18 años (3.2 millones).
La nutrición y el cuidado de la salud de los niños y niñas están estrechamente vinculados. Por ello juega un papel importante el incentivar el cuidado y la asistencia de los menores a las unidades médicas con estímulos económicos otorgados a las familias. Además, ante el insuficiente acceso a nutrientes necesarios para un saludable desarrollo tiene un papel relevante el suministro de complementos nutricionales. Gráfica 7. Evolución de la población en pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación 20082012 (Porcentaje y millones de personas)
Nota: Las estimaciones utilizan los ponderadores de población más recientes. Por ello, para 2010 la estimación de la población en pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación es mayor a la estimación que se obtenía con los antiguos ponderadores. Fuente: Elaboración propia con información de Coneval con base en los MCS-Enigh 2008, 2010 y 2012.
Por otra parte, nuestras leyes establecen que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligatorias. Sin embargo, la información más reciente de la medición de pobreza muestra que aún 22.6 millones de personas (19.2% de la población total) presentaban rezago educativo en 2012. Poco menos de 2.8 millones de niñas y niños entre los 3 y 15 años de edad (9.7% de este grupo etario) no asistían a la escuela y casi 5.5 millones de personas de 16 años o más, nacidos en 1982 o después, (18.5% de este grupo etario) no tienen secundaria completa. Los grupos que requieren atención prioritaria, ya que presentan rezago educativo mayor al promedio nacional, son los adultos de 65 años en adelante (63.1%), las personas con discapacidad (54.5%), la población indígena (34.1%) y las personas en pobreza extrema (47.7%). Asimismo, el rezago educativo es
mayor en las mujeres (20.0% de la población total de mujeres) que en los hombres (18.4% de la población total de hombres). Chiapas, Oaxaca y Puebla son las entidades donde la brecha de género en educación es mayor. El rezago en la educación de estos grupos sociales pone en riesgo la plena integración de la población al desarrollo del país. Por ello, es necesario fortalecer los apoyos existentes o implementar nuevos, para garantizar que toda la población avance en el sistema educativo. En México, el ordenamiento legal vigente establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados por ampliar la cobertura de los servicios médicos, se puede afirmar que actualmente el sistema nacional de salud no alcanza la cobertura universal. En 2012 la carencia de acceso a los servicios de salud afectó al 21.5% de la población, equivalente a 25.3 millones de personas, de las cuales 13.7 millones son hombres (24.0% de la población masculina) y 11.6 millones son mujeres (19.2% de la población femenina). Adicionalmente, cabe destacar que el acceso a los servicios de salud se encuentra concentrado en la población de mayores ingresos, lo cual implica que para la población en condición de pobreza extrema la carencia de acceso a los servicios de salud presenta una incidencia de 38.3%. Un reflejo del problema de salud en la sociedad es la persistente incidencia de la mortalidad materna. Si bien este indicador disminuyó entre 1990 y 2011, de 89 a 43 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, éste aún se encuentra por encima de la meta comprometida para 2015 como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es de 22 defunciones maternas por cada 100 mil nacidos vivos. En el marco de la política nacional de desarrollo social, los esfuerzos que realiza la Secretaría de Salud son fortalecidos por acciones que buscan incentivar la asistencia de las mujeres en gestación a las revisiones periódicas que las normas de salud señalan. Además, se proporcionan complementos nutricionales que favorecen la salud de la madre y del producto. La salud, la alimentación y la educación constituyen tres pilares básicos para que las personas accedan al conjunto de derechos que la Constitución reconoce. Las posibilidades de generar ingresos suficientes, ya sea mediante una actividad económica propia o mediante un empleo formal bien remunerado, tienen su base justamente en el desarrollo de esas tres capacidades básicas que permiten incrementar el capital humano, elevar la productividad y acceder a la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo. Así, se puede tener acceso a la seguridad social que protege ante los riesgos del desempleo y posibilita un mejor ingreso en la vejez y permite también adquirir una vivienda con los servicios necesarios para una vida de calidad. La Secretaría de Salud y la SEP desempeñan un rol esencial en hacer efectivos los derechos en sus respectivos ámbitos. La Sedesol, como rectora de la política de desarrollo social, acompaña los esfuerzos de estas dependencias en materia de educación y salud, además de contribuir con programas que buscan garantizar el derecho a la alimentación de la población en situación de pobreza. Ingresos La Constitución establece como una responsabilidad del Estado la rectoría del desarrollo nacional y el fomento del crecimiento económico y del empleo para una distribución más justa del ingreso y la riqueza. No obstante, los indicadores de bienestar económico muestran que una alta proporción de la población no cuenta con ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios básicos. Asimismo, persiste una elevada concentración del ingreso en pocas personas. En México, la población que reside en hogares con ingresos per cápita inferiores al valor de la Línea de Bienestar representó en 2012 el 51.6% de la población total, al agrupar a 60.6 millones de personas. Bajo esta condición se encontraban 43.5 millones de personas en el ámbito urbano (48.3%), así como 17.1 millones de personas en las zonas rurales (62.8%) (ver gráfica 8). Además, en 2012 se identificó que 23.5 millones de personas (20.0%) residen en hogares con ingresos per cápita inferiores al valor de la Línea de Bienestar Mínimo, es decir, sus ingresos no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria. De estos, 14.6 millones se encuentran en el sector urbano (16.2%) y 8.9 millones residen en el sector rural (32.7%). De la población de mujeres en el país, 31.5 millones (52.4%) residían en hogares con ingresos per cápita inferiores a la Línea de Bienestar y 12.3 millones (20.4%) formaban parte de hogares con ingresos per cápita inferiores a la Línea de Bienestar Mínimo. Entre la población indígena, el sector con ingresos inferiores a la Línea de Bienestar fue de 8.5 millones de personas (74.5%) y la población con ingresos menores a la Línea de Bienestar Mínimo se integraba por 4.8 millones de personas (42.4%). Esto es, los indicadores recientes
muestran que el problema de bajos ingresos afecta en mayor medida a los habitantes del sector rural y a la población indígena. Gráfica 8. Personas con ingreso menor a la Línea de Bienestar por ámbito rural y urbano, 2010-2012 (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con información de Coneval con base en los MCS-Enigh 2008, 2010 y 2012.
La alta concentración del ingreso en pocas personas limita el potencial económico del país, ya que el bajo poder adquisitivo de amplios sectores de la población debilita la demanda de bienes y servicios. La información más reciente de la Enigh 2012 muestra que mientras el decil de los hogares con menores ingresos percibió un ingreso trimestral promedio menor a 7 mil pesos, la cifra para el decil de hogares con mayores ingresos fue mayor a 133 mil pesos. Es decir, la desigualdad de ingresos implica que los hogares en el decil X tienen un ingreso promedio casi 20 veces mayor al ingreso promedio de los hogares en el decil I (gráfica 9). Gráfica 9. Ingreso corriente total promedio trimestral por hogar en deciles de hogares, 2012 (Pesos en 2012)
Fuente: Elaboración propia con información de la Enigh 2012.
Existen también marcadas diferencias entre los diferentes sectores de la economía. En el sector rural participan principalmente productores de subsistencia, quienes presentan bajos niveles de productividad, acceso limitado a los mercados de productos e insuficiente financiamiento para desarrollar sus actividades.
La situación de la población en las áreas rurales del país se caracteriza por la persistencia de bajos ingresos y por el escaso crecimiento de la actividad económica, de acuerdo con las cifras oficiales del Inegi. Entre 1994 y 2010, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB en México fue del 2.3%, mientras que dicha tasa para el PIB agropecuario, pesquero y forestal fue del 1.9%. De acuerdo con la información de la Sagarpa, existen en el sector rural poco menos de 3.9 millones de Unidades Económicas Rurales (UER) orientadas principalmente a la producción de subsistencia, esto es aproximadamente 73.0% del total de unidades de producción del sector agropecuario y pesquero. Estas UER 2 se ubican en los estratos 1 y 2, y entre sus principales características destaca que cuentan con activos productivos promedio muy reducidos, un limitado acceso al crédito y se ubican principalmente en las regiones Centro, Sur y Sureste del país (ver cuadro 2). La población en estas unidades presenta altos niveles de pobreza y marginación, mientras que alrededor del 30.0% del total de la UER en estos estratos están conformadas por personas hablantes de lenguas indígenas. Cuadro 2. Características de las Unidades Económicas Rurales, 2012 Valor Estrato
UER por estrato
Regiones de ubicación principal
de pesos) E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado E3: En transición
autoconsumo autoconsumo y mercado nacional mercado nacional
Centro, Sur y Sureste Centro y Sureste Occidente, Bajío, Centro y Golfo Golfo,
Noroeste, Occidente y Bajío Noroeste,
Occidente y Bajío. Noroeste,
mercados E6: Empresarial dinámico
Occidente y Bajío.
Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero: identificación de la problemática del sector, elaborado por la FAO y Sagarpa.
El reto de lograr un mejor ingreso para los trabajadores y una menor desigualdad social no puede disociarse de los grandes cambios que requiere el país. No solo es la estabilidad de los indicadores macroeconómicos lo que dará el impulso decisivo a esta dimensión del bienestar de la población, sino también el fomento al crecimiento económico, a la disminución de las desigualdades económicas regionales, a la creación de empleos y al incremento de los salarios reales. En ese contexto, las políticas de desarrollo social coadyuvan a incrementar las posibilidades de un ingreso que garantice el bienestar de las personas; fortalecen las capacidades productivas de las personas mediante el impulso a la educación, a la salud y a la alimentación; y crean una red de protección para enfrentar los riesgos que toda persona tiene en su vida profesional y social. Sin embargo, es el salario justo y la mejor distribución de la riqueza lo que en definitiva permite a las personas y a las familias contar con un ingreso que les permita alcanzar una mejor calidad de vida y el pleno disfrute de los derechos constitucionales. Vivienda y entorno digno
La Sagarpa identifica seis estratos para las UER (ver cuadro 2).
El entorno inmediato de las personas debe propiciar su desarrollo social mediante el acceso a servicios básicos en viviendas construidas con materiales de buena calidad y con espacio suficiente para albergar a todos los integrantes del hogar, además de contar con acceso efectivo a la infraestructura social básica. No obstante, el acceso de las personas a la infraestructura social y de vivienda presenta desigualdades considerables, principalmente si se comparan las áreas rurales con las urbanas. 3
Con datos de los Censos, se obtiene que entre 1990 y 2010 la carencia por calidad y espacios en la vivienda se redujo en 24.5 puntos porcentuales, debido principalmente a la reducción en la proporción de población residente en viviendas con piso de tierra o en viviendas con techos de material endeble (gráfica 10). En este mismo sentido, se observó una disminución de 25 puntos porcentuales en la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, destacándose la reducción del porcentaje de población en viviendas sin drenaje y sin acceso al agua (gráfica 11).
Más adelante, en esta misma sección se discuten los indicadores más recientes de carencia por calidad y espacios en la vivienda y de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda correspondientes a 2012. Estos son elaborados con base en la información del MCS-Enigh, a diferencia de las cifras del periodo 1990-2010 que se construyen con base en la información de los Censos.
Los resultados de la medición de pobreza 2012 muestran que la carencia por calidad y espacios en la vivienda afectó al 13.6% de la población, lo que equivale a 15.9 millones de personas. En el sector urbano presentaron carencias 1.9 millones de personas (2.1%) por material de piso; poco menos de un millón (1.1%) por material de muros; 1.4 millones (1.6%) por material de techos; y, 7.3 millones (8.2%) por hacinamiento. Por su parte, en el sector rural estas carencias afectaron a 2.3 millones (8.5%); 0.9 millones (3.5%); 0.9 millones (3.5%); y 4.0 millones (14.8%), respectivamente. La carencia por servicios básicos en la vivienda tuvo en 2012 una incidencia de 21.2%, afectando a 24.9 millones de personas. En el sector urbano presentaron carencias 4.2 millones de personas (4.6%) por acceso
a agua entubada; 3.2 millones (3.5%) por acceso a drenaje; 0.2 millones (0.2%) por acceso a electricidad; y 4.5 millones (5.0%) por residir en viviendas donde se usa leña o carbón para cocinar. Por su parte, en el sector rural las mismas carencias afectaron a 6.1 millones (22.5%); 7.5 millones (27.7%); 0.5 millones (2.1%); y 10.7 millones (39.2%), en cada caso. Existe una fuerte desigualdad en el goce del entorno digno, debido a que la vivienda y los servicios básicos son más deficientes en las áreas rurales que en las urbanas. Por ejemplo, en el ámbito rural el 23.4% de la población presenta carencia por calidad y espacios en la vivienda, mientras que en el ámbito urbano sólo el 10.6% de la población la presenta. Con respecto a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en el ámbito rural un 57.3% la padece, mientras que en el ámbito urbano solo un 10.3% la padece. Sin embargo, cabe destacar que en los sectores más pobres de las áreas urbanas también persisten rezagos. Para la población en condiciones de pobreza extrema que habita en el sector urbano, la incidencia de la carencia por calidad y espacios en la vivienda fue de 49.5% y la de servicios básicos de 53.1%, según estimaciones para el año 2012. Para lograr el ordenamiento sustentable del territorio y para abatir las desigualdades en desarrollo regional, urbano y de vivienda es necesario elevar la coordinación interinstitucional que promueva la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. En este sentido, una función central de los gobiernos locales es la instalación de infraestructura para llevar agua y proveer instalaciones de drenaje a los hogares. Seguridad social Actualmente, existe una insuficiente cobertura de la seguridad social debido a que en México el acceso a la seguridad social está vinculado con la condición de estar empleado en el sector formal. Asimismo, la estructura del sistema de seguridad social se caracteriza por tener una mayor cobertura en las zonas urbanas que en las zonas rurales, y la cobertura también es reducida entre la población indígena. De acuerdo con las cifras de medición de pobreza 2012, en las zonas rurales la carencia por acceso a la seguridad social es de 81.5%, mientras que en las zonas urbanas es de 55.1%; además en la población indígena la carencia es 81.0%, mientras que en la población no indígena ésta es de 59.1%. En México, las instituciones que otorgan seguridad social formal de tipo contributivo son principalmente el IMSS, el Issste, Pemex y los sistemas de seguridad social de los trabajadores de los gobiernos estatales, entre otras. Regularmente cubren aspectos como pensiones en caso de retiro por vejez o enfermedad, pensiones en caso de accidentes de trabajo, atención médica y cuidado de los niños para facilitar el acceso al trabajo a las madres. Adicionalmente, el gobierno federal y los gobiernos estatales han establecido programas que proporcionan a la población con carencia algunos beneficios de la seguridad social no contributiva, mediante el otorgamiento de pensiones y otros servicios. El Coneval estima que el número de personas con carencia por acceso a la seguridad social en 2012 ascendió a 61.2% de la población del país, lo que equivale a 71.8 millones de personas (gráfica 12). Esta proporción es medio punto porcentual superior a la observada en 2010 y 3.8 puntos porcentuales inferior al resultado de 2008. Los estados con el mayor porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social son Chiapas (83.3%), Guerrero (78.5%) y Puebla (77.1%); sin embargo es importante enfatizar que 26 entidades federativas tienen porcentajes de población con esta carencia mayores a 50.0%. Gráfica 12. Evolución de la carencia por acceso a la seguridad social 2008-2012 (Porcentaje y millones de personas)
La población económicamente activa enfrenta riesgos asociados a la seguridad social, entre los que destaca el de la disminución del ingreso familiar debido a que algún miembro de la familia en edad laboral tenga la necesidad de permanecer en casa atendiendo a los hijos pequeños. La probabilidad de que esta situación ocurra es mayor en el caso de las mujeres. En los últimos años ha habido un aumento de la participación femenina en el mercado laboral debido a varios factores como la urbanización y el consecuente traslado de la población del campo a la ciudad, el incremento del nivel educativo de las mujeres y el descenso de la tasa de fecundidad. Entre 2005 y 2012, la tasa de participación laboral de las mujeres pasó de 39.9% a 43%, en tanto que la de los hombres descendió de 78.2% a 77.1%. Sin embargo, la participación laboral de las mujeres en situación de pobreza es menor, ya que en 2012 la participación laboral de las mujeres era de 56.4% en el quintil más rico, pero apenas 32.7% en el más pobre. Para fortalecer la incorporación y permanencia de las mujeres en los puestos de trabajo, la oferta pública de servicios de cuidado infantil se debe incrementar. En especial, es necesario aumentar los servicios de guardería para las madres con hijos pequeños en hogares con bajos ingresos. Por otro lado, una de las condiciones de riesgos socialmente reconocidas es la pérdida o disminución del ingreso de las personas por vejez. En este caso, la implementación de programas de pensiones no contributivas es una política pública que otorga protección social básica a los adultos mayores que no cuentan con acceso a las instituciones formales de seguridad social. Se espera que en las próximas décadas aumente de manera importante el tamaño de la población de 65 años o más, por lo que al rezago actual en materia de cobertura de los sistemas de pensiones se sumará el crecimiento acelerado de este grupo etario. Por otra parte, destaca que el sistema de seguridad social vigente no considera a un gran número de mujeres quienes son el principal sostén económico de su hogar. Los hogares con jefatura femenina sin acceso a la seguridad social presentan retos a la capacidad de afrontar y recuperarse rápidamente de las adversidades. Lo anterior se debe a la falta de oportunidades para el desarrollo de las capacidades básicas de las jefas de familia. En efecto, en 2012 la incidencia del rezago educativo fue mayor entre las jefas de familia (33.4%) que entre el total de la población femenina (20.0%). Frecuentemente las jefas de familia que realizan trabajo remunerado gozan de pocas o nulas prestaciones laborales. En México, en 2012, en aproximadamente 4.1 millones de hogares de los 8.0 millones de hogares
con jefatura femenina, las jefas de familia no contaban con acceso a la seguridad social. En estos hogares, debido a que frecuentemente la madre es el único sustento familiar, se agrava el riesgo que enfrenta la familia ante un eventual deceso de la madre. Las hijas e hijos huérfanos pueden verse en la necesidad de trabajar y abandonar la escuela, situación que puede limitar su desarrollo y oportunidades futuras. Participación social La democracia como forma de gobierno y estilo de vida incorpora la participación social como un elemento esencial para resolver problemas específicos, para hallar soluciones comunes y para hacer que voluntades diferentes concurran en una sola acción compartida. Asimismo, es un mecanismo que permite articular en un territorio la demanda de bienes y servicios públicos con su oferta por parte de los tres órdenes de gobierno. La participación social es, además, un componente esencial de la planeación, la ejecución y la evaluación de los programas institucionales. Los espacios y herramientas institucionales disponibles para la participación social incluyen la vinculación de los ciudadanos en el diseño, la implementación, la evaluación y la supervisión de las políticas públicas. La participación social en las políticas públicas tiene una amplia gama de modalidades: los beneficiarios de programas sociales tienen el derecho de incidir en su implementación a través de esquemas de contraloría social; las comunidades tienen la posibilidad de organizar las demandas de sus integrantes; las organizaciones civiles tienen a su alcance espacios de interlocución con las instituciones encargadas de la implementación de las políticas públicas; los observatorios ciudadanos dan seguimiento y evalúan políticas y programas públicos; existen, también, esquemas de voluntariado que alientan la cooperación y la solidaridad social, así como esquemas de asistencia social a grupos marginados por parte de organizaciones ciudadanas. Los indicadores recientes muestran que la participación social es limitada, aunque se vislumbra un potencial de crecimiento de los procesos participativos. La política de desarrollo social de nueva generación busca promover la participación social de los ciudadanos en el desarrollo de las comunidades, mediante el fomento de procesos participativos, de inclusión productiva y con esquemas de desarrollo que consoliden la cohesión social. La asociación entre el gobierno y el sector de las organizaciones de la sociedad civil juega un papel importante con respecto a las políticas públicas que afectan a diversos sectores de la sociedad. En noviembre de 2013 existían en el país 23,436 Organizaciones de la Sociedad Civil con Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cluni). Adicionalmente, existe una fuerte presencia de organizaciones informales. Sin embargo, para el tamaño y la riqueza de México, el sector de Organizaciones de la Sociedad Civil aún es incipiente. La capacidad de los miembros de una comunidad para organizarse y trabajar para alcanzar objetivos que les proporcionen beneficios comunes es fundamental para impulsar el desarrollo y resolver los problemas locales. No obstante, los indicadores recientes muestran que la disposición de los ciudadanos a la participación social es escasa. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) 2012, el 61.4% de la población de 18 años o más se interesa poco o nada por los problemas de su comunidad. En el mismo sentido, la gráfica 13 muestra que la participación de las personas en organizaciones sociales es relativamente baja en nuestro país. Adicionalmente, cabe destacar que en muchas situaciones la participación social parte de la confianza mutua. De hecho, la mayoría de los inhibidores de la participación están relacionados con la desconfianza. Al respecto, la Encuesta Nacional de Capital Social (Encas) 2011 muestra que cerca del 50.8% de la población de 18 años o más piensa que no se puede confiar en los demás, mientras que el 68.8% de los ciudadanos considera que la gente tiene menos disposición de ayudar a otros.
III. Alineación de los Objetivos Sectoriales a las Metas Nacionales Hacia un nuevo estadio de desarrollo social De acuerdo con el diagnóstico presentado, la política social de nueva generación debe priorizar acciones que potencien el desarrollo de capacidades, que incrementen el acceso a esquemas de seguridad social, que ayuden a construir un entorno digno, que ayuden a mejorar el ingreso y que tomen en cuenta la participación de las personas para que como resultado de la acción coordinada entre el gobierno y la población, se pueda superar la pobreza y eliminar las brechas de desigualdad. La acción social encaminada a la exigibilidad de los derechos sociales, debe incluir elementos de garantías mínimas, de protección y de impulso que gradualmente vayan dando a las personas las capacidades y herramientas necesarias para mejorar sus condiciones de vida, y con ello, mejorar las condiciones socioeconómicas del país. Dado lo anterior, los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Desarrollo Social buscan dar cumplimiento a las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, fortaleciendo esas acciones prioritarias que dan sustento a la política social de nueva generación. Los objetivos del Sector Desarrollo Social y su alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establecen en el siguiente cuadro: Alineación de los objetivos del Programa Sectorial al Plan Nacional de Desarrollo Meta Nacional
Objetivo de Nacional
Meta Estrategias del Objetivo de la Meta Objetivo del Programa Sectorial Nacional
Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio II. México efectivo de los derechos Incluyente sociales para toda la población.
Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.
Objetivo 1. Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación.
Objetivo 2.5. Proveer II. México un entorno adecuado Incluyente para el desarrollo de una vida digna.
Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda.
Objetivo 2. Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social.
Objetivo 2.4. Ampliar el II. México acceso a la seguridad Incluyente social.
Objetivo 3. Dotar de esquemas de Estrategia 2.4.1. Proteger a la seguridad social que protejan el sociedad ante eventualidades que bienestar socioeconómico de la afecten el ejercicio pleno de sus población en situación de carencia derechos sociales. o pobreza.
Objetivo 2.2. Transitar II. México hacia una sociedad Incluyente equitativa e incluyente.
Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. Estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.
Objetivo 5. Fortalecer la Estrategia 2.2.1. Generar esquemas participación social para impulsar el de desarrollo comunitario a través de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social. esquemas de inclusión productiva y cohesión social.
Objetivo 4.8. IV. México Desarrollar los sectores Próspero estratégicos del país.
Estrategia 4.8.5. economía social.
Objetivo 4. Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.
Objetivo 6. Mejorar el ingreso de la las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos.
IV. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción Los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social establecen la visión de gran alcance a la cual la Secretaría de Desarrollo social y sus organismos sectorizados y desconcentrados buscan contribuir. Para lograr dichos objetivos, se establecen estrategias y líneas de acción que delinean de manera específica las acciones que se realizarán e incidirán directamente en beneficio de la población. Objetivo 1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. Relevancia del objetivo: Como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 3 y 4) y la Ley General de Desarrollo Social (artículo 6), el acceso a la alimentación suficiente y de calidad, la protección a la salud y el acceso a educación de calidad son derechos irrestrictos de todas las personas y son parte fundamental de la política de desarrollo social. Por ello, uno de los objetivos fundamentales de este Programa es realizar acciones que garanticen el acceso a una alimentación suficiente y de calidad, en particular entre la población que se encuentra en situación de pobreza. De igual manera, al contribuir al acceso y permanencia educativa y al acceso a servicios de salud para la población en situación de pobreza, se busca que, en particular los niños y las niñas cuenten con estas garantías básicas que potenciarán su desarrollo. Estrategia 1.1 Ampliar las capacidades de alimentación, nutrición, salud y educación de las personas en condición de pobreza. Líneas de Acción 1.1.1
Proporcionar apoyos monetarios a las personas en condición de pobreza que compensen su ingreso y les permita mejorar su acceso a la alimentación.
Garantizar el acceso de las personas en condición de pobreza a servicios de salud preventivos que les permitan mejorar su salud y nutrición.
Proporcionar becas educativas a las niñas, niños y jóvenes en condición de pobreza, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia a la escuela.
Estrategia 1.2 Procurar el acceso a productos básicos y complementarios de calidad y a precios accesibles a la población de las localidades marginadas del país. Líneas de Acción 1.2.1
Establecer redes de abasto en localidades marginadas.
Suministrar oportunamente productos básicos y complementarios de calidad a través de las redes de abasto establecidas.
Transferir un ahorro a la población mediante la oferta de productos básicos a precios accesibles en las redes de abasto establecidas.
Estrategia 1.3 Facilitar el acceso de las personas en situación de pobreza a una alimentación nutritiva. Líneas de Acción 1.3.1
Producir leche fortificada a bajo costo para ofrecer un alimento nutritivo accesible a la población en situación de pobreza.
Venta de leche de calidad a bajo precio para transferir un ahorro a la población en situación de pobreza en sus gastos de alimentación.
Viernes 13 de diciembre de 2013 1.3.3
Desarrollar esquemas de alimentación que disminuyan la inseguridad alimentaria y promuevan el ahorro en el gasto familiar por alimentación.
Estrategia 1.4 Coordinar las acciones de política alimentaria para que las personas en situación de pobreza multidimensional extrema y con carencia alimentaria tengan acceso a una alimentación y nutrición adecuadas. Líneas de Acción 1.4.1
Promover entre las dependencias federales mecanismos e instrumentos para erradicar el hambre.
Generar acuerdos con estados y municipios para orientar el gasto social hacia la atención de la carencia alimentaria.
Fomentar acciones con el sector social y el privado que permitan mejorar el acceso a la alimentación.
Estrategia 1.5 Reducir las condiciones de precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola, mediante la protección de sus derechos sociales. Líneas de Acción 1.5.1
Otorgar apoyos alimentarios a los niños y niñas que se encuentren en hogares jornaleros agrícolas.
Entregar apoyos económicos para estimular la asistencia a la escuela de los niños y niñas de hogares jornaleros agrícolas.
Otorgar un apoyo económico a los hogares jornaleros al arribo a los campos agrícolas que permita proteger su acceso a la alimentación.
Objetivo 2 Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. Relevancia del objetivo: Vivir en condiciones precarias afecta la salud de las personas y su adecuado desarrollo físico, emocional y social. Que las personas habiten y realicen sus actividades cotidianas en un entorno digno, es una condición necesaria para que éstos mejoren sus condiciones de vida. Esto se debe a que además de que los servicios básicos contribuyen a mejorar la salud de las personas, la dotación de infraestructura social, como escuelas, clínicas, e incluso la construcción de calles, alumbrado, entre otras acciones, contribuyen a mejorar las oportunidades de acceso a la educación, al trabajo y a comunidades seguras en donde se fomente la cohesión social. Por lo anterior, es imprescindible para el desarrollo social, el realizar acciones que busquen mejorar el entorno inmediato de las personas en situación de pobreza, es decir en sus viviendas. Sin embargo, también es fundamental que se realicen acciones que mejoren la habitabilidad de las comunidades y localidades y que éstas se lleven a cabo siempre cuidando la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Estrategia 2.1 Reducir los rezagos en servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social comunitaria de la población que habita en Zonas de Atención Prioritaria y localidades marginadas. Líneas de acción 2.1.1
Mejorar la calidad y espacios de las viviendas en Zonas de Atención Prioritaria y localidades marginadas.
Mejorar los servicios básicos de las viviendas ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria y
localidades marginadas. 2.1.3
Ampliar la oferta de infraestructura social comunitaria en las Zonas de Atención Prioritaria y localidades marginadas.
Estrategia 2.2 Coordinar con estados, municipios y demarcaciones territoriales acciones, obras e inversiones que beneficien a las personas en pobreza extrema y rezago social, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Líneas de acción 2.2.1
Realizar acciones de infraestructura social que beneficien a las localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema.
Mejorar la calidad y espacios de las viviendas de personas en situación de pobreza extrema y rezago social.
Mejorar los servicios básicos de las viviendas en zonas de rezago social y pobreza extrema.
Ampliar la oferta de infraestructura social básica y productiva en zonas de rezago social y pobreza extrema.
Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios para potenciar el uso de recursos en el combate a la pobreza.
Objetivo 3 Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. Relevancia del objetivo: Una de las principales funciones del Estado es proteger a la población ante eventos que puedan significar un deterioro en su bienestar, ya sea por situaciones que mermen su estabilidad socioeconómica o que incrementen sus costos de vida. Entre estos eventos o situaciones que pueden vulnerar las condiciones de vida de las personas, se encuentran el desempleo, las brechas de género, la vejez, la enfermedad, la monoparentalidad, e incluso, emergencias y desastres. No obstante lo anterior, actualmente los esquemas de seguridad social en México están primordialmente ligados a los empleos en el sector formal de la economía, por lo que una gran cantidad de personas en situación de pobreza y en desigualdad de oportunidades, además de tener otras carencias, tampoco cuentan con este tipo de protección social. Del mismo modo, en México, de acuerdo a los datos más recientes, el 71.8 por ciento de la población presenta carencia por acceso a la seguridad social, lo que significa que estas personas se encuentran en una situación de mayor riesgo de caer en pobreza ante ciertos eventos catastróficos. Por lo anterior, desde el ámbito de la política del desarrollo social, el Programa Sectorial se plantea contribuir a ampliar el sistema de seguridad social a través de esquemas que protejan a los sectores más desfavorecidos de la población ante eventos catastróficos que pudieran hacerlos caer en la pobreza o exacerbar dicha situación. Estrategia 3.1 Facilitar el acceso a servicios de cuidado y atención infantil a las madres y padres solos que buscan empleo, trabajan o estudian, para que puedan acceder y permanecer en el mercado laboral o continúen sus estudios. Líneas de acción 3.1.1
Otorgar apoyos económicos para subsidiar el costo de los servicios de cuidado infantil en el que incurren las madres o padres solos.
Viernes 13 de diciembre de 2013 3.1.2
Otorgar apoyos económicos que permitan ampliar la Red de Estancias Infantiles para atender la demanda de espacios seguros de cuidado y atención infantil de madres o padres solos en situación de pobreza.
Estrategia 3.2 Asegurar a madres jefas de familia en condición de vulnerabilidad para que en caso de su muerte, sus hijos e hijas puedan continuar con sus estudios. Líneas de acción 3.2.1
Otorgar un esquema de aseguramiento a las madres jefas de familia en condición de vulnerabilidad, para proteger a sus hijos e hijas en caso de su fallecimiento.
Incentivar la permanencia en el sistema escolar, mediante un apoyo económico mensual, de los hijos e hijas de madres jefas de familia que contaban con un esquema de aseguramiento por parte de la Sedesol antes de su muerte.
Estrategia 3.3 Mitigar el impacto económico y social a la población que ve disminuidos temporalmente sus ingresos o sufre la afectación de su patrimonio como consecuencia de situaciones adversas, emergencias o desastres. Líneas de acción 3.3.1
Otorgar apoyos económicos a las personas que pierden temporalmente su ingreso o ven afectado su patrimonio a cambio de su participación en proyectos de beneficio social o comunitario.
Ejecutar proyectos de beneficio social o comunitario que permitan otorgar subsidios temporales a personas que pierden su ingreso o ven afectado su patrimonio.
Otorgar apoyos económicos a personas afectadas por contingencias o emergencias de origen natural o socioeconómico.
Estrategia 3.4 Asegurar un ingreso mínimo para las personas de 65 años y más que no cuentan con una pensión o jubilación, para incrementar su bienestar económico y social. Líneas de acción 3.4.1
Proporcionar apoyos económicos a personas adultas mayores de 65 años de edad y más que no reciben ingresos por jubilación o pensión.
Facilitar y promover el acceso a servicios de salud y a beneficios de protección social para las personas adultas mayores, en coordinación con otras instituciones.
Conformar redes sociales de apoyo que fomenten la salud física y mental de las personas adultas mayores.
Otorgar apoyos para la rehabilitación y acondicionamiento de casas de día y capacitación de cuidadores de personas adultas mayores mediante redes institucionales y sociales.
Fomentar la inclusión financiera de las personas adultas mayores a través del pago de los apoyos económicos por medios electrónicos.
Objetivo 4 Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas. Relevancia del objetivo: Una sociedad, para ser calificada como igualitaria, no solo debe de garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas, sino que debe generar acciones afirmativas para que las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades desarrollo económico y social respecto del resto de la población. Esto es, el Estado debe implementar acciones específicas que permitan dar un impulso en materia de educación, empleo, salud, participación social, prevención y atención de la violencia, para que personas jóvenes, adultas mayores, con discapacidad y en situación de violencia de género gocen de todos sus derechos sin obstáculos. Por lo anterior, es fundamental que además de dichas acciones afirmativas, las instituciones de todos los
poderes y órdenes de gobierno adopten y ejecuten una visión de igualdad y no discriminación, a través de la cual se eliminen las barreras en el ejercicio de los derechos y se de impulso a ciertos sectores de la población para eliminar también cualquier tipo de desventaja creada por pertenecer a un cierto ciclo de vida, género, condición de discapacidad o cualquier otra característica personal o de grupo. Estrategia 4.1 Consolidar la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo a través del impulso y coordinación de acciones para fortalecer su acceso a la educación, participación social, trabajo, vivienda y salud. Líneas de Acción 4.1.1
Promover programas y acciones que aumenten las oportunidades educativas de las personas jóvenes.
Vincular acciones de inserción laboral con esquemas de servicio social, voluntariado, bolsa de trabajo y fomento al emprendimiento.
Fomentar mecanismos para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
Participar en el fomento de políticas para la salud integral de las personas jóvenes.
Impulsar la participación juvenil para generar entornos de cohesión social que contribuyan al desarrollo comunitario y a la prevención de la violencia.
Estrategia 4.2 Procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores. Líneas de Acción 4.2.1
Establecer una vinculación efectiva de acciones que promuevan el cumplimiento de los derechos y el bienestar físico, mental y social de las personas adultas mayores.
Expedir credenciales de afiliación que les permita a las personas adultas mayores contar con descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y cultura.
Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casa hogar, albergues y residencias de día.
Realizar campañas de comunicación para difundir y fortalecer los valores de solidaridad intergeneracional, el apoyo familiar en la vejez y la no discriminación hacia las personas adultas mayores.
Estrategia 4.3 Garantizar los derechos de las personas con discapacidad para su desarrollo integral e inclusión plena. Líneas de Acción 4.3.1
Fomentar acciones dentro de los programas sociales que contribuyan a la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad.
Promover dentro de la Administración Pública Federal el otorgamiento de apoyos para fomentar el desarrollo económico, educativo, productivo y laboral de las personas con discapacidad.
Impulsar acuerdos que permitan la creación de centros especializados para la salud, asistencia, protección y albergue de personas con discapacidad.
Promover la construcción y adecuación del espacio público y privado, transporte y tecnologías de la información, para garantizar el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Coordinar con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los tres órdenes de gobierno, acciones para asegurar el acceso a la justicia y la participación en la vida política y pública del país de las personas con discapacidad.
Estrategia 4.4 Prevenir y atender la violencia contra las mujeres a través del fortalecimiento de las instancias de mujeres en las entidades federativas y su coordinación con otras instancias públicas. Líneas de Acción 4.4.1
Fortalecer la vinculación de las instancias de mujeres en las entidades federativas con instituciones públicas, organizaciones sociales y otros actores.
Impulsar acciones que promuevan la armonización legislativa y su cumplimiento en materia de prevención y atención de la violencia de género.
Promover acciones de difusión, información y sensibilización para prevenir la violencia de género.
Fortalecer los mecanismos operativos de atención integral a las mujeres en situación de violencia de género y, en su caso, a sus allegados.
Mejorar y profesionalizar la atención que brindan los actores públicos y sociales a las mujeres en situación de violencia de género.
Promover acciones que detonen la autonomía social y económica de mujeres que están saliendo de situaciones de violencia.
Objetivo 5 Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social. Relevancia del objetivo: El elemento fundamental del desarrollo social son las personas y sus comunidades, pues son éstos quienes al ejercer plenamente sus derechos pueden generar un círculo virtuoso que mejore progresivamente las condiciones de la sociedad en su conjunto. Por esta razón, es esencial que los programas y las acciones de gobierno estén fundamentados en el conocimiento que las personas y sus comunidades tienen de sus propias necesidades y en las particularidades y herramientas que tienen también para involucrarse en la solución de sus problemas. En este sentido, es de suma importancia que se reconozca que la participación social es un elemento imprescindible del proceso de las políticas públicas y que las decisiones colegiadas de las comunidades incidan en la manera en cómo se diseñan, implementan y evalúan las acciones de gobierno. Del mismo modo, es importante reconocer la relevancia de las organizaciones de la sociedad civil, quienes por su cercanía con las comunidades, su especialización y su experiencia son un gran instrumento que, junto con las acciones de gobierno, pueden potenciar intervenciones que detonen de manera significativa los procesos de desarrollo. Estrategia 5.1. Fortalecer a los actores sociales para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión. Líneas de Acción 5.1.1
Apoyar proyectos de la sociedad civil a través de mecanismos de coinversión que promuevan el desarrollo y la inclusión social.
Fortalecer la capacidad creativa y los conocimientos de los actores sociales, a fin de promover la autogestión social y comunitaria.
Reconocer, sistematizar y difundir las mejores prácticas de desarrollo, inclusión y cohesión social realizadas por organizaciones de la sociedad civil.
Consolidar alianzas entre los tres órdenes de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer los mecanismos de coinversión social.
Fomentar la organización civil, social y comunitaria, así como la sistematización de su documentación y registro para fortalecer su reconocimiento institucional.
Promover la vinculación entre actores sociales y el sector público para potenciar la incidencia de sus acciones en el desarrollo social.
Estrategia 5.2 Promover el desarrollo comunitario de las localidades seleccionadas por migrantes a través de la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y los migrantes en proyectos productivos y de infraestructura social comunitaria. Líneas de Acción 5.2.1
Otorgar apoyos de cofinanciamiento a proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios
comunitarios en localidades seleccionadas por migrantes organizados. 5.2.2
Cofinanciar proyectos para el desarrollo de proyectos de orientación productiva individuales o comunitarios, con la participación de los migrantes.
Realizar proyectos de capacitación, organización y promoción social dentro y fuera de México.
Estrategia 5.3 Consolidar mecanismos de participación social para que las personas y sus comunidades sean sujetos activos en las políticas públicas. Líneas de Acción 5.3.1
Formar comités comunitarios que vinculen las necesidades y prioridades de las personas y sus comunidades, a las acciones de los programas sociales.
Fortalecer las redes comunitarias, así como su relación con las instituciones públicas y los sectores social y privado.
Instrumentar en los programas sociales modelos de participación en la planeación, operación, seguimiento y evaluación.
Generar instrumentos que permitan a las comunidades y grupos organizados defender y fomentar sus intereses colectivos, así como promover y difundir sus mejores prácticas.
Garantizar la participación de todos los integrantes de las comunidades en la toma de decisiones con igualdad y no discriminación.
Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos. Relevancia del objetivo: Uno de los elementos más lacerantes de la pobreza es la falta de ingreso para poder cubrir las necesidades mínimas que permitan un nivel de vida digno. Por esto, aun cuando existen acciones que inciden directamente en la reducción de las carencias en alimentación, salud, educación, entre otras, es indispensable que las personas cuenten con un nivel de ingreso que les permita salir de su situación de pobreza y no depender de dichas acciones gubernamentales. En este contexto, es menester que las personas en situación de pobreza cuenten con acceso a opciones productivas que les permitan desarrollar proyectos que generen empleos e ingresos que se puedan sostener en el largo plazo y que les permitan alcanzar un nivel de vida digno. Para lograr este cometido, se busca que mediante esquemas de apoyo productivo, capacitación, asistencia técnica, apoyos a la comercialización y consolidación de empresas o negocios, las personas en situación de pobreza encuentren un nicho de oportunidad económica que los lleve a salir de esa situación de carencia. Estrategia 6.1 Promover la generación y consolidación de proyectos productivos sustentables en el sector social de la economía para mejorar los ingresos de las personas en situación de pobreza. Líneas de Acción 6.1.1
Otorgar apoyos para proyectos productivos sustentables que detonen o incrementen la capacidad generadora de ingresos de las personas o grupos de personas.
Otorgar apoyos para proyectos productivos estratégicos que detonen la actividad económica de la región.
Otorgar apoyos para la asistencia técnica y el acompañamiento de los proyectos, formación de emprendedores, vinculación de mercados y registro y monitoreo del desarrollo de los proyectos.
Estrategia 6.2 Desarrollar la actividad artesanal como un medio para generar ingresos, impulsando la elaboración, la calidad, competitividad, comercialización y reconocimiento de sus productos. Líneas de Acción 6.2.1
Otorgar apoyos de capital a proyectos productivos artesanales sustentables que detonen o incrementen su productividad, cuidando el medio ambiente y la salud de los artesanos.
Otorgar apoyos para la capacitación y asistencia técnica de los artesanos que incrementen su
competitividad. 6.2.3
Otorgar apoyos para la adquisición y comercialización de las artesanías para fortalecer el mercado de estos bienes.
Reconocer las expresiones artísticas de los artesanos para generar un incremento al valor de las personas artesanas y sus artesanías.
V. Estrategias Transversales El Sector Desarrollo Social da cumplimiento a las estrategias transversales para un Gobierno Cercano y Moderno, para Democratizar la Productividad y de Perspectiva de Género, a través de las líneas de acción que se plasman en este apartado. I. Gobierno Cercano y Moderno Las Líneas transversales correspondientes al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, se establecerán mediante bases de colaboración suscritas entre la coordinadora de sector, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.
II. Democratización de la Productividad La democratización de la productividad implica que la economía crezca no solo de manera sostenida, sino también incluyente, donde todo habitante de este país sea partícipe de los beneficios que conlleve el crecimiento de la economía Es decir, las acciones referentes a estas estrategias no deben tener como objetivo único y principal el incremento de la productividad, sino además, garantizar que aun las personas de más bajos ingresos puedan gozar de mejores ingresos. Para cumplir con la democratización de la productividad, a través de un crecimiento incluyente, es necesario generar condiciones que les permitan a las personas de más bajos ingresos contar con diferentes opciones y alternativas de ingreso y de consumo. Asimismo, es necesario fortalecer las capacidades básicas de las personas en condiciones de pobreza y potenciar sus oportunidades para que estas personas puedan fungir como actores de su propio desarrollo económico y social. Aunado a lo anterior, debe reconocerse la necesidad e implementarse acciones que fomenten la asociación económica entre las personas, ya que a través de las empresas sociales es posible generar sinergias que redunden en el fortalecimiento de la producción de bienes y servicios, y por tanto, en el beneficio de las personas de más bajos ingresos. Al respecto, es necesario vincular las capacidades productivas individuales y colectivas de las personas con los apoyos orientados a actividades productivas que otorga la Administración Pública Federal, con el objeto de que los proyectos productivos emprendidos por las personas apoyadas perduren en el tiempo y les generen mayores y mejores beneficios económicos. Las siguientes líneas de acción forman parte del Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, las cuales serán atendidas mediante diferentes mecanismos, y que para efectos del Programa Sectorial de Desarrollo Social, han sido clasificadas en tres temas. 1. Salidas productivas
Se fomentará la vinculación de programas, acciones y apoyos de las diversas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal para generar esquemas de atención integrales que potencien salidas productivas formales para las personas en situación de pobreza. Asimismo, se fortalecerán las capacidades de las personas para facilitar su inserción en el sector formal de la economía, así como alcanzar su máximo potencial productivo. 1.1.3 Analizar integralmente los programas de gobierno y políticas públicas para que las estrategias y programas de gobierno induzcan la formalidad. 1. Salidas productivas
2.1.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en hogares en situación de vulnerabilidad, que permitan alcanzar su máximo potencial productivo. 2.4.4 Articular las políticas públicas dirigidas a los pequeños productores agrícolas, en particular aquellos que habitan en zonas marginadas.
Se propiciará que el uso de los recursos correspondientes al sector de desarrollo social se realice en estricto apego a los objetivos que persigue la política de desarrollo social. 3.1.1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. 2. Estabilidad macroeconómica
3.1.2 Fortalecer los ingresos del sector público. 3.1.3 Promover un manejo responsable del endeudamiento público que se traduzca en bajos costos de financiamiento y niveles de riesgo prudentes.
3. Presupuesto basado en resultados Se propiciará el desarrollo de un marco institucional que permita diseñar, implementar y evaluar la política del sector de desarrollo social. 3. Presupuesto basado en resultados
II. Perspectiva de Género La perspectiva de género hace referencia a identificar las desigualdades entre mujeres y hombres, así como las brechas que existen entre ambos sexos y los distintos factores culturales, sociales y económicos que limitan el desarrollo en sus diferentes contextos y circunstancias. En este sentido, para alcanzar la igualdad sustantiva, es necesario reconocer las desigualdades en las que viven mujeres y hombres, a fin de modificar las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades y los recursos a través de medidas estructurales, legales o de política pública. Asimismo, es necesario considerar que las relaciones de género no se producen de forma aislada, sino que se articulan y potencian, entre otras, por la clase social, etnia, edad, ámbito rural o urbano, de manera que al identificar los factores que limitan el pleno desarrollo, se podrán orientar las acciones que den como resultado el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. De esta manera, impulsar el desarrollo social con perspectiva de género permitirá avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria en la que el respeto y el ejercicio de los derechos humanos sea una realidad, contribuyendo así a que México alcance su máximo potencial. Las siguientes líneas de acción forman parte del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, mismas que serán atendidas mediante diferentes mecanismos, y que para efectos del Programa Sectorial de Desarrollo Social, han sido clasificadas en siete grandes temas. 1. Acciones afirmativas Se impulsarán acciones afirmativas que tengan como propósito proteger a las mujeres, niñas, mujeres indígenas, con discapacidad, migrantes, en condición de pobreza y adultas mayores, ante posibles casos de discriminación. Asimismo, y a efecto de impulsar una cultura institucional que genere un clima laboral libre de discriminación y violencia, se establecerán medidas, tales como protocolos y códigos de conducta, que contribuyan a eliminar el lenguaje sexista y excluyente. Adicionalmente, se implementarán medidas que garanticen la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, necesarios para un óptimo desarrollo social y ejercicio de derechos. 1.1.2 Promover la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con los tratados y convenciones internacionales. 1.2.1 Definir y poner en marcha acciones afirmativas para que las mujeres y niñas gocen de sus derechos en sus comunidades y pueblos.
1. Acciones afirmativas
1.2.3 Realizar acciones afirmativas para erradicar la discriminación de mujeres indígenas, discapacitadas, migrantes, pobres, adultas mayores y reclusas. 1.2.4 Difundir los derechos y adoptar acciones afirmativas para garantizar el goce de los derechos de niñas, adolescentes y jóvenes. 1.2.5 Desarrollar protocolos y códigos de conducta para que los prestadores de servicios atiendan a las mujeres sin discriminación o misoginia. 1.5.3 Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación gubernamental escrita y cotidiana. 1.5.4 Promover que en las imágenes y en los eventos públicos haya una participación
sustantiva de mujeres. 1.5.5 Difundir en la APF códigos de conducta en contra de la discriminación hacia las mujeres y en favor del lenguaje incluyente. 3.5.5 Fomentar la expedición de licencias de paternidad para el cuidado de las niñas y niños. 3.5.6 Difundir en los centros de trabajo los derechos de los varones a licencias de paternidad y sus responsabilidades domésticas y de cuidados. 3.5.7 Promover esquemas y horarios de trabajo que faciliten la conciliación de las responsabilidades laborales con vida personal y familia. 6.2.1 Desarrollar medidas y acciones a favor de la paridad de género en los cargos públicos. 6.3.1 Promover acciones afirmativas en los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales, acordes con el PROIGUALDAD. 6.7.1 Garantizar la aplicación integral de Programa de Cultura Institucional. 6.7.3 Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales. 2. Promoción y difusión de los derechos humanos Se propiciará el desarrollo de acciones que permitan identificar y atender las brechas de género y de discriminación para avanzar hacia una política de igualdad y de respeto a los derechos humanos e integridad de las mujeres, con especial énfasis en las mujeres en condición de pobreza, con discapacidad, migrantes, jornaleras y adultas mayores. 1.2.2 Difundir los derechos de mujeres en situación de vulnerabilidad: indígenas, discapacitadas, migrantes, adolescentes, pobres, adultas mayores y reclusas. 1.4.4 Fortalecer acciones y optimizar recursos para la educación cívica y la difusión de los derechos de las mujeres en condiciones de pobreza. 2. Promoción y 3.2.5 Garantizar los derechos laborales de las mujeres jornaleras agrícolas, sus hijos difusión de los e hijas, incluyendo salario y seguridad social. derechos humanos 5.2.6 Asegurar la integridad y los derechos humanos de mujeres y niñas, en albergues y refugios de personas afectadas por desastres. 5.2.7 Respetar el derecho a la intimidad de las mujeres durante la evacuación, la atención y la emergencia. 3. Participación ciudadana y laboral Se fomentará la participación activa de las mujeres en los procesos de desarrollo social para modificar su posición de desigualdad y promover su crecimiento personal y asimismo, se promoverá su inserción en la Administración Pública Federal, con el propósito de empoderarlas y hacerlas tomadoras de decisiones en torno a las problemáticas del desarrollo social. 1.2.6 Fomentar la participación femenina en la planeación y gestión del desarrollo en las comunidades indígenas con enfoque de interculturalidad. 1.3.7 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en las comunidades regidas por usos y costumbres. 1.3.8 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en las empresas y organizaciones sociales. 3. Participación social y laboral
1.4.5 Impulsar la conformación de organizaciones sociales de mujeres e incentivar su participación en los procesos de consulta ciudadana. 4.5.7 Incentivar la creación de empresarias de industrias culturales con acciones específicas para mujeres creadoras y artesanas. 5.1.6 Integrar comités ciudadanos, observatorios sociales y redes ciudadanas incluyendo las virtuales de mujeres, para la seguridad comunitaria. 1.3.3 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en gobiernos federal, estatales y municipales. 1.3.4 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en la Administración
Pública Federal u organismos autónomos. 1.3.9 Promover la transversalidad de la igualdad de género en estatutos, normas, procedimientos y plataformas políticas de los partidos. 1.4.6 Incrementar la participación de las mujeres en la definición, ejecución y evaluación de programas y proyectos de los que son beneficiarias. 3.1.10 Fomentar la igualdad salarial y la promoción de cuadros femeninos en el sector público. 4. Derechos sociales y desarrollo de capacidades Se propiciará la planeación y el desarrollo de acciones que permitan identificar y atender las brechas de género, a fin de que las mujeres, especialmente las mujeres en situación de pobreza, con discapacidad, adultas mayores y jefas de familia así como sus hijos e hijas, tengan certeza sobre el cumplimiento de sus derechos sociales que terminen por potenciar sus capacidades. 4.1.2 Incorporar a las jefas de hogares con carencia alimentaria a un sistema de protección social y capacitarlas para el autocuidado. 4.1.3 Fortalecer el desarrollo de capacidades de las adultas mayores, jóvenes, adolescentes y niñas en hogares carentes con jefaturas femeninas. 4.1.4 Garantizar a mujeres indígenas jefas de familia el acceso a servicios básicos en materia de salud y educación. 4.1.5 Fortalecer el desarrollo de capacidades de las niñas y mujeres indígenas en hogares con jefatura femenina. 4.3.1 Promover mecanismos de financiamiento para la adquisición y mejora de las viviendas de las mujeres pobres. 4.3.2 Apoyar alternativas de autoconstrucción de viviendas para las mujeres. 4.3.3 Incrementar los apoyos para el mejoramiento y ampliación de las viviendas propiedad de mujeres. 4. Derechos sociales y desarrollo de capacidades
4.3.4 Diseñar esquemas crediticios y de fomento para la adquisición de vivienda nueva para las mujeres jóvenes, solteras y adultas mayores. 4.3.5 Desarrollar acciones afirmativas para facilitar el acceso de las madres en hogares ampliados a la propiedad de la vivienda. 4.3.7 Realizar acciones afirmativas para que mujeres víctimas de desastres, reinsertadas, discapacitadas, o adultas mayores puedan rehabitar, regularizar o adquirir vivienda. 4.4.8 Impulsar una cruzada nacional para abatir analfabetismo y rezago escolar con especial atención en niñas, adolescentes jornaleras agrícolas y migrantes. 4.6.1 Garantizar que los esquemas de programas alimentarios incorporen a niñas y mujeres embarazadas. 4.6.4 Promover programas de autoconstrucción de vivienda y títulos de propiedad para mujeres en pobreza. 4.6.5 Consolidar los programas de infraestructura básica de electricidad y alcantarillado que beneficie a las mujeres en zonas de alta marginación. 4.6.6 Asegurar infraestructura para que las mujeres practiquen deportes en zonas de alta marginación. 4.6.8 Desarrollar programas para abatir la desnutrición infantil aguda y mejorar los
indicadores de peso y talla de la niñez. 4.7.6 Fomentar programas de pensión alimentaria para adultas mayores. 5. Productividad e ingresos Se desarrollarán y fortalecerán esquemas de apoyo y atención que permitan reducir la brecha en materia de acceso y permanencia laboral entre mujeres y hombres y asimismo, propiciar el desarrollo e implementación de apoyos productivos diferenciados que les permita a las mujeres modificar su posición de desigualdad y acceder a fuentes de ingreso. 3.1.4 Realizar capacitación laboral para incrementar la inclusión de las mujeres con discapacidad, en el sector productivo. 3.1.7 Generar fuentes de ingresos sostenibles para mujeres de comunidades con altos niveles de marginación. 3.3.4 Impulsar la formación de capacidades administrativas y financieras de las mujeres para desarrollar proyectos productivos. 3.3.5 Consolidar proyectos productivos de mujeres en la micro, pequeña y mediana empresa. 3.3.6 Articular cadenas productivas y comerciales de micro y Pymes de emprendedoras mediante incentivos crediticios, capacitación y acompañamiento institucional integral. 5. Productividad e ingresos
3.3.9 Introducir la perspectiva de género en los contratos constitutivos de los fondos establecidos para proyectos productivos. 3.4.6 Fortalecer a MiPyME’s artesanales, turísticas, industriales o agrícolas de mujeres, con asesoría técnica. 3.4.7 Fomentar el acceso de las mujeres a los financiamientos en las comunidades indígenas. 3.5.2 Impulsar la conformación de empresas sociales que brinden servicios de cuidado con esquemas mixtos de trabajo remunerado y voluntario. 3.6.5 Promover guarderías para los hijos e hijas de las trabajadoras domésticas remuneradas. 3.6.6 Promover el reconocimiento social del trabajo doméstico sea éste remunerado o no. 4.1.1 Incorporar alternativas de economía de traspatio en hogares con jefatura femenina, principalmente indígenas, rurales y pobres.
6. Inclusión Se desarrollarán e implementarán acciones enfocadas a la inclusión de las mujeres indígenas y adultas mayores, a fin de asegurar el cumplimiento y respeto de sus derechos y su reconocimiento como parte esencial dentro de la sociedad. 1.5.6 Promover la inclusión de las mujeres de los pueblos indígenas en los medios de comunicación. 1.5.7 Impulsar la inclusión de mujeres indígenas en el desarrollo de Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la APF. 6. Inclusión
4.7.2 Diseñar esquemas de apoyos para el trabajo de cuidado que realizan las adultas mayores. 4.7.7 Promover actividades de deporte y bienestar físico de acuerdo a requerimientos específicos de las adultas mayores. 4.7.8 Diseñar programas sociales específicos para jefas de hogar adultas mayores. 4.7.9 Realizar campañas de difusión de la contribución de adultas mayores en
actividades domésticas y de cuidado de hogares. 4.7.10 Fortalecer la política de envejecimiento activo promoviendo el acceso al desarrollo de capacidades de adultos mayores. 7. Vida libre de violencia Se impulsará una cultura institucional que difunda y promueva el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. 2.3.5 Fortalecer e incrementar los centros de atención integral, de justicia, albergues, refugios, y casas de tránsito. 2.4.4 Incorporar acciones dirigidas a los servicios de atención de la violencia en contra de niñas y mujeres jornaleras. 2.4.1 Traducir con enfoque de interculturalidad y en lengua indígena, el contenido de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General de Acceso) y los servicios que se prestan. 2.4.2 Realizar campañas radiofónicas en lenguas indígenas para difundir los contenidos de la Ley General de Acceso, los servicios y líneas telefónicas de atención. 7. Vida libre de violencia
2.4.5 Promover la formación de personal indígena, para brindar servicios de atención a mujeres, niñas y adultas mayores, víctimas de violencia. 2.4.6 Incorporar en los fondos destinados a municipios indígenas, compromisos con autoridades para erradicar: venta de mujeres y niñas y matrimonios forzados. 2.4.7 Sensibilizar y capacitar a las autoridades indígenas en los contenidos de la Ley General de Acceso. 2.4.8 Integrar una Red de Promotores de la no violencia hacia las mujeres y nuevas masculinidades no violentas, en comunidades indígenas. 2.4.9 Integrar programas de prevención y atención de la violencia para mujeres discapacitadas y migrantes en sus programas especiales. 2.4.10 Traducir en lenguajes Braille y de señas contenidos y alcances de la Ley General de Acceso y teléfonos de servicios para su atención.
VI. Enfoque de la Política Social de Nueva Generación Todos los programas y acciones del Sector Desarrollo Social, así como todas las personas que laboran en este Sector deben conducirse con respeto irrestricto a los derechos de las personas, además de fomentar la inclusión, la no discriminación, la igualdad y el trato digno. Para ello, todas las acciones de este Sector deberán cumplir con los siguientes enfoques: I. Personas con Discapacidad Una característica esencial del desarrollo incluyente es que debe eliminar cualquier tipo de barrera o limitante para el disfrute de los derechos por igual para todas las personas y garantizar la igualdad de trato. En este sentido, es de suma importancia incrementar el conocimiento y la cultura de respeto y no discriminación a las personas con discapacidad. Pero más allá de eso, es de suma importancia que se impulsen e implementen acciones que aseguren la accesibilidad universal de las personas con discapacidad que les permita ejercer a plenitud todos sus derechos: movilidad en calles y edificios, utilización del transporte y tecnologías de la educación, permanencia y avance académico, trabajo digno, adquisición de vivienda, salud y seguridad social, entre otros. Para lograr lo anterior, es necesario que se genere una visión transversal y universal que permee en todas las acciones de gobierno y que promueva y garantice acciones específicas y esquemas de atención integrales que le permitan a las personas con discapacidad ser parte fundamental y activa del desarrollo social. Acciones a implementar 1
Fomentar que a través de los mecanismos de levantamiento y recopilación de información socioeconómica con que cuenta la Sedesol, se puedan identificar particularidades y necesidades de las personas con discapacidad.
Los pueblos y comunidades indígenas constituyen un grupo de población que tiene una gran diversidad y pluralidad lingüística, cultural, social y hasta económica. Sin embargo, a la par, los pueblos indígenas históricamente han sufrido de condiciones de marginación y pobreza que lamentablemente se mantienen hoy en día. La pluralidad de las comunidades indígenas, las localidades en las que habitan y sus usos y costumbres, dotan de características particulares a estos pueblos, que muchas veces se ha traducido en esquemas de atención que no han resultado efectivos y no han podido potenciar sus condiciones políticas, económicas, ni sociales. Por esto, es de suma importancia que las políticas que busquen mejorar el desarrollo social, tengan en su centro el propósito de eliminar la inequidad, exclusión, marginación social, injusticia y discriminación que enfrentan los pueblos indígenas. A este respecto, las acciones gubernamentales emprendidas buscan generar que los pueblos y comunidades indígenas vivan en condiciones sociales y económicas dignas, dentro de un marco de igualdad e interculturalidad, donde se respeten sus derechos y su identidad, y se propicien la autogestión de sus procesos de desarrollo, que les aseguren la sustentabilidad e integralidad, y en donde la participación activa de la población indígena sea un principio de actuación del Estado Mexicano. Acciones a implementar 1
III. Participación Social Una política de desarrollo social incluyente no solo debe considerar a los ciudadanos como un sujeto pasivo de la política social sino como un agente efectivo para realizar propuestas concretas para el
desarrollo económico y social de su comunidad. Asimismo, la participación de las personas en sus comunidades puede generar herramientas innovadoras para resolver problemas y mejorar la vida en común. En particular, la participación puede ser también un instrumento sumamente efectivo para generar capital social entre las personas y para fomentar el sentido de pertenencia, la colaboración y la solidaridad, pero sobre todo, para disminuir la ruptura del tejido social y los brotes de violencia. Por lo anterior, la participación social debe ser un elemento indispensable en todas las políticas y acciones de Estado, desde su concepción, hasta su implementación y evaluación. Solo mediante una participación activa de las personas es que se podrán generar comunidades capaces no solo de aportar a su propio desarrollo social y económico, sino de exigir el cumplimiento efectivo de todos sus derechos. Acciones a implementar 1
Integrar los diagnósticos de los Comités Comunitarios a la planeación de los programas sociales para focalizar acciones que incidan de mejor manera en su desarrollo económico y social.
IV. Derechos Humanos Un Estado democrático se mide por la cantidad de derechos que están reconocidos para su población, así como por los medios con que se cuenta para hacerlos efectivos. En este sentido, las y los servidores públicos tienen la responsabilidad de consolidarse como promotores de los derechos humanos, razón por la que es necesario dotarles de herramientas teórico-prácticas que les permitan respetarlos, promoverlos, protegerlos y garantizarlos. Asimismo, es necesario que la Sedesol cuente con mecanismos que hagan exigibles y justiciables los derechos humanos al interior de dicha Secretaría, a fin de recobrar la confianza de todas las personas en las Instituciones del Gobierno. Dichos mecanismos deberán permitir el goce pleno de los derechos humanos, tanto de los servidores públicos, como de los usuarios de los servicios que de la Secretaría. Aunado a lo anterior, el respeto a la dignidad de todas las personas debe constituir el eje rector de cualquier sistema jurídico, cuyo objeto ha de ser la protección de todas las personas ante cualquier distinción, exclusión o trato diferenciado en respuesta a alguna característica particular. En este tenor, un trato digno implica procedimientos adecuados, eficaces y acordes a las necesidades de todas las personas, lo cual exige contar con servidores públicos empáticos y comprometidos con la atención de grupos de población en situación de exclusión y discriminación. Para garantizar el respeto de los derechos humanos así como la dignidad de todas las personas, es necesario que los grupos de población que, por sus condiciones y características físicas, requieren de espacios físicos adecuados para su ingreso y estancia, tengan garantizada su accesibilidad a los mismos. Por tanto, los edificios públicos son los que en primer término deben contar con instalaciones adecuadas para permitir el ejercicio pleno de sus derechos. Acciones a implementar 1
Brindar herramientas teórico-prácticas a los servidores públicos con el propósito de formarlos
como promotores de derechos humanos. 2
VII. Indicadores El logro de los objetivos plasmados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social, se medirá a través de los siguientes indicadores: Indicador 1.1 Elemento
Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación.
Porcentaje de alimentación
Del total de personas a nivel nacional,
Método de cálculo: (Total de personas con acceso a la alimentación / total de personas a nivel nacional)*100
se estimará qué porcentaje tiene acceso a la alimentación, es decir que no ha percibido o experimentado episodios de hambre por falta de ingresos. De acuerdo con la metodología de la medición multidimensional de la pobreza, tienen carencia por acceso a la alimentación las personas en situación de inseguridad alimentaria moderada y severa.
Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza %202012/Programas_y_BD_2010_y_2012.aspx de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-Enigh). Referencias Adicionales
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Por el Programa de Apoyo Alimentario y el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades) Diconsa S.A. de C.V. (Por el Programa de Abasto Rural)
Línea Base 2013 Línea Base 2012: 56.1%
Meta 2018 60.1%
Indicador 1.2 Elemento
Población infantil en situación de malnutrición= {1.1 Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años; 1.2 Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad; 1.3 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 5-11 años de edad}
El indicador consiste en una colección de tres variables que permitirán reflejar la situación del total de menores que se encuentran en estado de malnutrición. De esta manera se podrá identificar el porcentaje de menores de cinco años que padecen desnutrición crónica (baja talla para la edad) y anemia, así como el porcentaje de niños entre cinco y 11 años que padecen sobrepeso y obesidad.
Método de Cálculo Variable 1.1: se genera un índice antropométrico a partir de las mediciones de peso, talla y edad de la población de interés. Posteriormente se transforman a puntajes Z con base en la norma de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006). Se clasifican con desnutrición crónica (baja talla para la edad) a los niños menores de 5 años cuyo puntaje Z es menor a -2 desviaciones estándar: (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / Total de población de menores de 5 años) * 100 Método de Cálculo Variable 1.2: se mide la concentración de hemoglobina mediante una muestra de sangre capilar y con base en los criterios de la OMS, el punto de corte para diagnosticar con anemia a los menores de 5 años es de < 110.0 gramos por decilitro (g/dl): (Número de niños menores de 5 años con anemia / Total de población de menores de 5 años) * 100 Método de Cálculo Variable 1.3: se calcula el puntaje Z del Índice de Masa 2 Corporal (IMC=kg/m ) de la población de interés con base en la norma de referencia de la OMS. Se clasifican con sobrepeso u obesidad a los escolares (511 años) con puntajes Z por arriba de +1 y hasta +2 desviaciones estándar para sobrepeso arriba de +2 desviaciones estándar para obesidad: (Número de niños entre 5 y 11 años con sobrepeso u obesidad / Total de población entre 5 y 11 años) * 100
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) Disponible en: http://ensanut.insp.mx/basesdoctos.php
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Por el Programa de Apoyo Alimentario y el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades) Liconsa S.A. de C.V. (Por el Programa de Abasto Social de Leche)
Línea Base 2013 Indicador 1.1 Línea Base 2012: 13.6 % Indicador 1.2
Meta 2018 Indicador 1.1 12.0 % Indicador 1.2 22.0 % Indicador 1.3 33.0%
Línea Base 2012: 23.3 % Indicador 1.3 Línea Base: 2012: 34.4% Indicador 1.3 Elemento
Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias de Oportunidades, respecto a la misma diferencia en la población nacional.
Con este indicador se muestra la evolución de la diferencia entre la distancia en la escolaridad promedio de los jóvenes de 20 años beneficiarios de Oportunidades y la de sus padres respecto de la distancia en la escolaridad promedio nacional de los jóvenes de 20 años y los grupos de edad equivalentes a los de los padres de Oportunidades. Se ponderará el sexo en cada grupo de edad de la población nacional en función de su peso en la población de Oportunidades.
Método de cálculo: [Promedio de años de escolaridad de los hijos de 20 años de las familias Oportunidades en el año t - Promedio de años de escolaridad de los padres de familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de Oportunidades en el año t] - [Promedio de años de escolaridad de los jóvenes de 20 años en el año t (suma del producto de la proporción de la población en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t * proporción de la población en cada edad e contenida en el rango de edad de los padres, correspondiente al sexo masculino o femenino en el año t) * (promedio de años de escolaridad de los padres, hombres o mujeres, en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t )].
Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares Rurales (Encaseh); Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares Urbanos (Encasurb), Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares (Encreceh) y padrón de beneficiarios del Programa correspondientes al año del levantamiento del Conteo y Censo General de Población. Responsable: Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Línea Base 2012: 2.15 años de escolaridad
2.5 años de escolaridad
Indicador 2.1 Elemento
Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social.
El indicador mide si las viviendas presentan, al menos, una de las siguientes
El indicador es calculado por Coneval y se publica de manera bienal. La metodología para su cálculo se puede consultar en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES _PDF/ Metodologia_Multidimensional_web.pdf De acuerdo con esta metodología, el indicador de carencia por acceso a servicios básicos se mide a través de cuatro indicadores de carencia específicos: •Acceso a agua •Servicio de drenaje •Servicio de electricidad •Servicio de combustible para cocinar
Medición Multidimensional de la Pobreza (Coneval). Disponible en: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza% 202012/Anexo-estadístico-pobreza-2012.aspx
Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Microrregiones
Línea Base 2012: 21.2%
Indicador 2.2 Elemento
Porcentaje de población que padece carencia por calidad y espacios en la vivienda pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria Rurales
El indicador mide si las viviendas ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria Rurales presentan, al menos, una de las siguientes características:
El indicador es calculado con información publicada por Coneval de manera bienal.
El indicador se calculará con el Reporte de la Medición de la Pobreza 2015 publicada por Coneval a nivel municipal, después se cruzará dicha información con los municipios pertenecientes a las Zonas de Atención Rural en 2010, con ello se podrá conocer el Porcentaje de población de estas zonas que padece carencia por calidad y espacios en la vivienda. La metodología para su cálculo se puede consultar en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES _PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf El indicador de carencia por calidad y espacios en la vivienda se mide a través de cuatro indicadores de carencia específicos: ●
De acuerdo al Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para el año 2010, las ZAP Rurales (Anexo A) son 1,251 municipios que se encuentran en 26 entidades federativas y registran una población de 17 millones de habitantes, para 2015 los municipios podrían no ser los mismos, sin embargo la base serán los municipios de 2010 para hacer comparable la medición. Periodicidad
Medición Multidimensional de la Pobreza (Coneval). http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza%202012/Anexoestadístico-pobreza-2012.aspx
Línea base 2012: 35.1 %
Indicador 2.3 Elemento
El objeto de este indicador es medir la focalización de los recursos a la población con mayor rezago social.
(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y
se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio. Periodicidad
Acumulado nacional de reportes municipales sobre el ejercicio de recursos en el FISM.
La información para el cálculo del indicador se obtendrá a través del padrón de obras que se construya a partir de 2014, el cálculo estará a cargo de la Subsecretaria de Prospectiva, Planeación y Evaluación.
0.9141656
10 por ciento superior a la línea base.
Indicador 3.1 Elemento
Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza.
Porcentaje de personas de 60 años o más en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social.
Este indicador ilustra cómo los programas y acciones del Gobierno Federal dirigidos a Adultos Mayores inciden en la evolución de la pobreza y propiamente en la reducción de la carencia por acceso a la seguridad social.
Método de Cálculo: [(Número de personas de 60 años o más en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social) / (Número total de personas de 60 años o más en México)] x 100 El numerador se obtiene descargando la Enigh (particularmente el Módulo de Condiciones Socioeconómicas) más reciente de la página de Inegi, aplicando los factores de expansión correspondientes y aplicando los filtros de acuerdo a los siguientes criterios: 1) sólo personas de 60 años o más, 2) que se encuentren en situación de pobreza (por carencias sociales o por ingresos), y 3) que también presenten carencia por acceso a la seguridad social. El denominador se obtiene de la misma fuente que el numerador y sólo se filtra a las personas de 60 años o más. Una vez hecho este proceso, se realizan las operaciones aritméticas de acuerdo al método de cálculo indicado.
Medición Multidimensional de la Pobreza (Coneval) la cual utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) y se publica por el Inegi: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios e Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Línea Base 2013 Línea Base 2012: 20.87%
Meta 2018 15.0%
Indicador 3.2 Elemento
Porcentaje de la pérdida de ingreso derivada de la pérdida temporal del empleo o de la principal fuente de ingreso.
A través de un porcentaje, este indicador da cuenta del papel que tiene el Programa de Empleo Temporal en la reducción de la perdida de ingreso de sus beneficiarios, considerando en un primer momento los ingresos de éstos antes de ser beneficiarios y, en un segundo momento, los ingresos generados por el programa.
Método de Cálculo: [(Cantidad de dinero total entregada a beneficiarios del programa en el último mes) / (Sumatoria del ingreso mensual percibido por los beneficiarios del programa antes de su incorporación al mismo, pregunta 6 del Cuestionario Complementario)] x 100 El numerador se obtiene a partir de los registros del padrón del programa operado por la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Sedesol, los cuales se publican a través de los Informes Trimestrales de Presupuesto Ejercido de la Sedesol, y para obtenerlo sólo se suma el total de dinero entregado a los beneficiarios del programa. El denominador se obtiene información proporcionada por ingreso. Para ello se utiliza denominador da cuenta del programa antes de serlo.
mediante la captura y sistematización de la los beneficiarios del programa al momento de su el Cuestionario Complementario. El valor del ingreso total que tenían los beneficiarios del
Una vez hecho este proceso, se realizan las operaciones aritméticas de acuerdo al método de cálculo especificado. Periodicidad
Cuestionario Complementario levantado por la Unidad Responsable del Programa de Empleo Temporal y registros internos de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios Disponible en: www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_ Presupuesto_Ejercido.
Debido a que la sistematización de la información Comportamiento estable alrededor de la línea base, del denominador se tendrá a partir del segundo en un rango máximo de + 2 puntos porcentuales. trimestre de 2014, la línea base será publicada en www.sedesol.gob.mx Indicador 3.3 Elemento
Porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil.
Identifica el porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más, con niñas o niños entre 1 y 4 años de edad bajo su cuidado, sin acceso a la seguridad social y que no pueden hacer uso de los servicios de una guardería o estancia infantil.
(Número total de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños con edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil / Número total de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado) *100 El procedimiento de estimación de este indicador se resume en los siguientes pasos: 1.
Se identifican a los niños entre 1 y 4 años por hogar así como a las mujeres de 14 años en adelante.
Se filtra a las personas por el parentesco entre los niños y las mujeres en el hogar para identificar a las madres.
Se identifican hombres de 14 años en adelante, con niños bajo su cuidado entre 1 y 4 años, sin madres en el hogar.
Una vez identificadas a las madres y padres solos con niños de entre 1 y 4 años por hogar, se procede a determinar si cuentan con seguridad social y se establece si hacen o no uso de guarderías o estancias infantiles.
Con los elementos anteriores, se seleccionan a las mujeres y padres solos de 14 años en adelante, con niños entre 1 y 4 años, sin acceso a la seguridad social que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil.
Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (Inegi) Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/ encuestas/hogares/concep_eness09.pdf
Línea Base 2009: 77.0%
Indicador 4.1 Elemento
Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas.
Índice de satisfacción de los jóvenes con respecto a su situación económica, trabajo y estudios
El indicador busca medir (como proxy del desarrollo de los jóvenes) la satisfacción de la juventud nacional en términos de situación económica, trabajo y estudios.
[(Promedio ponderado por la escala 1 a 10 que determinó cada uno de los entrevistados para la pregunta 17.7.1)+(Promedio ponderado por la escala 1 a 10 que determinó cada uno de los entrevistados para la pregunta 17.7.2)+(Promedio ponderado por la escala 1 a 10 que determinó cada uno de los entrevistados para la pregunta 17.7.3) / 3] Dentro de la Encuesta Nacional de la Juventud 2010 se filtra la base de datos
para que únicamente queden disponibles las respuestas a la pregunta “17.7: En una escala de calificación de 1 a 10, donde 1 es nada satisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿Qué calificación le das a la satisfacción que tienes con…” 17.7.1 (1. tu situación económica?), 17.7.2 (2. tu trabajo? (si trabaja)) y 17.7.3 (3. tus estudios?). Después para cada pregunta/respuesta se debe obtener la frecuencia de cada valor entre 1 y 10 que asignaron los encuestados para estas preguntas. Para ponderar se multiplica el valor entre 1 y 10 por su frecuencia; se realiza una sumatoria de los valores ponderados y se divide el resultado de ésta entre la sumatoria de las frecuencias originales. Con lo anterior se obtienen los promedios ponderados para cada una de las preguntas. Finalmente se deben sumar los promedios ponderados de las tres preguntas y dividirse entre 3. El índice varía en una escala que va 1 a 10 y su comportamiento es ascendente, es decir, el 10 significa satisfacción plena y el cero significa total insatisfacción. Periodicidad
Encuesta Nacional de la Juventud 2010: http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=137
Línea Base 2010: 5.95%
Indicador 4.2 Elemento
Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan los derechos de todas las personas.
Porcentaje de mujeres que han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja.
Este indicador da cuenta de la contribución de las acciones de prevención y atención de la violencia de género, así como aquellas tendientes a la institucionalización de dichas acciones, a la disminución de la violencia contra las mujeres. Mide el porcentaje de mujeres de 15 años y más que declararon haber tenido al menos un incidente de violencia hacia ellas a lo largo de la relación con su última pareja.
(Total de mujeres de 15 años y más que experimentaron incidentes de violencia hacia ellas a lo largo de la relación con su última pareja / Total de mujeres de 15 años y más) x 100 Para el cálculo de este indicador, se obtienen las variables “Mujeres de 15 años y más que experimentaron incidentes de violencia hacia ellas a lo largo de la relación con su última pareja” y “Total de mujeres de 15 años y más”, para el total nacional, directamente del Cuadro 8 “Mujeres de 15 años y más por entidad federativa según condición y tipo de violencia hacia ellas a lo largo de la relación con su última pareja” de los tabulados básicos de la Endireh 2011: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/LeerArchivo.aspx?ct=41251 &c= 33532&s=est&f=3
Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de Relación en los Hogares (Endireh) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/e ndireh/endireh2011/default.aspx
Instituto Nacional de Desarrollo Social Dirección de Desarrollo de Programas Estratégicos
Línea Base 2011: 46.1%
Indicador 4.3 Elemento
Porcentaje de personas con discapacidad que perciben que en México no se respetan sus derechos.
Este indicador mide la percepción de las personas con discapacidad sobre el nivel de discriminación hacia personas con esta condición en el país.
(Total de personas con discapacidad que están “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” con la idea de que “En México no se respetan los derechos de las personas con alguna discapacidad”/ Total de personas con discapacidad)*100 El denominador se calcula a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010); se debe ubicar la pregunta “d16_1” que significa “¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes ideas?” entre las cuales está: “En México no se respetan los derechos de las personas con discapacidad”. Después se eliminan las observaciones que no tengan como respuesta “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo”, y se procede a ponderar en términos de los factores de expansión de la encuesta. El numerador se calcula a partir de la misma encuesta y el número total de personas con discapacidad que ésta reporta, aplicando los respectivos factores de expansión. Una vez hecho este proceso, se realizan las operaciones aritméticas de acuerdo al método de cálculo especificado.
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010) http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436 &op=436
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) Dirección General
Línea Base 2013 Línea Base 2010: 65.0% Indicador 5.1
Meta 2018 49.5%
Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social.
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario.
Este indicador mide el nivel de participación de la sociedad civil organizada mediante acciones que contribuyen directamente al desarrollo comunitario, conforme a la clasificación establecida en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
(Número de OSC activas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural/ Total de OSC activas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil)*100 Para el cálculo de este indicador se toma como base la información disponible en el buscador de OSC del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en la página de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (http://www.corresponsabilidad.gob.mx). Para determinar el “Número de OSC activas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural” se realiza una búsqueda avanzada que filtre las OSC activas en el registro por actividad, correspondiente al objeto social de la OSC, y se seleccionan aquellas OSC que hayan declarado como actividad la “Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural”. Finalmente, este número se divide entre el total de OSC activas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que se reporta en la misma base de datos.
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Comisión de Fomento a las Actividades de las OSC. http://www.corresponsabilidad.gob.mx
Indicador 5.2 Elemento
Porcentaje de población en entidades con grado bajo de percepción de redes sociales.
El “grado de percepción de redes sociales” se define como la percepción que las personas de 12 años o más tienen acerca de la dificultad o facilidad de contar con apoyo de redes sociales en distintas situaciones hipotéticas: ayuda para ser cuidado en una enfermedad, obtener la cantidad de dinero que se gana en un mes en su hogar, ayuda para conseguir trabajo, ayuda para que lo acompañen al doctor, obtener cooperación para realizar mejoras en la colonia o localidad y,
según sea el caso, ayuda para cuidar a los niños y niñas del hogar. Una entidad se clasifica con grado bajo de percepción de redes sociales si la proporción de personas que perciben un grado de apoyo alto de redes sociales es menor a 20 por ciento. Observaciones
En la "Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México", el Coneval considera el indicador de “índice de percepción de redes sociales”, como un proxy del grado de cohesión social. El método de cálculo está definido por Coneval en un documento disponible en la siguiente liga: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES _PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf El indicador “Porcentaje de población en entidades con grado bajo de percepción de redes sociales” se obtiene directamente del Cuadro 3 “Indicadores de contexto territorial (cohesión social), 2010-2012” del Anexo Estadístico del reporte de resultados de pobreza en México a nivel nacional y por entidades federativas, que realiza el Coneval, en su página electrónica: http://internet.coneval.gob.mx/ Informes/Pobreza/Estatal2012/NACIONAL_2010-2012/AE_2010-2012.zip
Informe sobre medición multidimensional de la pobreza (Coneval). Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%c3%b3n/Pobreza%202012/ Pobreza-2012.aspx
Línea Base 2012: 12.8%
Indicador 5.3 Elemento
Porcentaje de proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los actores participantes.
El indicador muestra el porcentaje de proyectos financiados con recursos del Programa 3X1 para migrantes que se alinean con las obras o acciones requeridas en los planes municipales de desarrollo.
(Número de Proyectos realizados con recursos del programa 3X1 para migrantes que son coincidentes con los planes de desarrollo municipal / Número total de proyectos realizados del Programa 3X1 para migrantes) * 100 El indicador será calculado a través del levantamiento de una encuesta que será realizada en el marco de una Evaluación Específica de Resultados al Programa 3X1 para migrantes. El cuestionario que se utilice para la evaluación será replicado cada 2 años por parte del Programa.
A partir de los resultados generados por la realización de una Evaluación Específica de Resultados al programa 3X1 para migrantes, a realizarse en 2014.
Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Microrregiones Programa 3x1 para Migrantes
La línea base se calculará en 2014 a través Avance anual de dos puntos porcentuales respecto a la línea de la Evaluación Específica de Resultados base. del Programa 3x1 para Migrantes. La línea base se publicará en www.sedesol.gob.mx
Indicador 6.1 Elemento
Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos.
Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tiene como trabajo principal un negocio propio.
Identifica el ingreso promedio de aquellas personas que cuentan con un ingreso per cápita por debajo de la línea de bienestar, el cual generan mediante un trabajo en un negocio propio.
Suma del ingreso de las personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tiene como trabajo principal un negocio propio/ número de personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio. Para el cálculo del indicador es necesario obtener las bases de datos y el programa de cálculo de la Medición de la Pobreza 2012, información proveniente de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2012, en la siguiente liga: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza%202012/Programas_ y_BD_2010_y_2012.aspx Posteriormente: 1.
Abrir la base de datos “Ingresos”.
Generar una variable que identifique a las personas que tienen como trabajo principal un negocio propio.
Fusionar la base de datos “Ingreso” con la base de datos de “Pobreza_12”.
Calcular la suma del ingreso de las personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tiene como trabajo principal un negocio propio y dividirlo entre el número de personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio. Periodicidad
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/ Referencias Adicionales
Dirección General de Opciones Productivas, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Línea base 2012: $1,098.20
30.0% mayor que la línea base.
Indicador 6.2 Elemento
Ingreso por trabajo independiente de las personas por debajo de la línea de bienestar, como porcentaje de su ingreso total.
Identifica el porcentaje del ingreso total promedio de un individuo, con ingreso per cápita por debajo de la línea de bienestar, que es generado mediante el trabajo independiente en un negocio agrícola o no agrícola.
(Suma del ingreso independiente de las personas con ingreso por debajo de la línea de bienestar/ Suma del ingreso total de las personas con ingreso por debajo de la línea de bienestar)*100 Para el cálculo del indicador es necesario obtener las bases de datos y el programa de cálculo de la Medición de la Pobreza 2012, información proveniente de la Encuesta Nacional Ingreso y Gasto de los Hogares 2012, en la siguiente liga: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza%202012/ Programas_y_BD_2010_y_2012.aspx Posteriormente: 1.
Abrir el programa de cálculo para la Medición de la Pobreza 2012.
Incorporar en la “Parte VII Bienestar” del programa de cálculo, una variable que identifique los ingresos del hogar que provienen de un negocio propio.
Correr el programa de cálculo modificado.
Generar una variable que identifique el ingreso per cápita que proviene de un negocio propio (ingresos del hogar que provienen de un negocio propio/variable ponderada de miembros del hogar).
Calcular la suma del ingreso per cápita que proviene de un negocio propio de las personas por debajo de la línea de bienestar.
Dividir el resultado anterior entre la suma del ingreso total de las personas por debajo de la línea de bienestar y multiplicarlo por 100. Periodicidad
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/
Línea Base 2013 Línea base 2012: 13.06%
Meta 2018 20.0%
Indicador 6.3 Elemento
Identifica el porcentaje de micronegocios que tuvieron como financiamiento inicial un programa de gobierno y tienen una antigüedad igual o mayor a dos años, respecto al total de micronegocios con financiamiento inicial de un programa de gobierno.
(Número total de micronegocios que tuvieron como financiamiento inicial un programa de gobierno y tienen una antigüedad igual o mayor a dos años / Número total de micronegocios que tuvieron como financiamiento inicial un programa de gobierno)*100 Para el cálculo del indicador, es necesario obtener la base de datos de la Encuesta Nacional de Micronegocios 2012: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/ microdatos/encuestas.aspx?c=33526&s=est Posteriormente: 1.
Fusionar las bases de datos “Principal 1” y “Principal 2”.
Generar una variable que identifique si la antigüedad del micronegocio es igual o mayor a dos años.
Generar una variable que identifique si el micronegocio tuvo como financiamiento inicial un programa de gobierno.
Calcular el número total de micronegocios que tuvieron como financiamiento inicial un programa de gobierno y tienen una antigüedad igual o mayor a dos años.
Dividir el resultado anterior entre el número total de micronegocios que tuvieron como financiamiento inicial un programa de gobierno y multiplicarlo por 100. Periodicidad
Encuesta Nacional de Micronegocios (Enamin). http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/modulos/ena min/default.aspx
Dirección General de Opciones Productivas, Fondo Nacional para el Fomento de
Línea base 2012: 50.55%
Transparencia La rendición de cuentas, la transparencia y el derecho de acceso a la información son componentes esenciales de las democracias modernas. El principio común que las anima es el control del poder público, particularmente en lo concerniente a dos grandes vertientes: la toma de decisiones y el ejercicio de recursos públicos. La tríada que conforman la rendición de cuentas, la transparencia y el derecho de las personas a conocer información de carácter público fortalece la capacidad de los actores para deliberar y evaluar los asuntos que tengan impacto e interés público. Además de su importante papel en la democracia deliberativa, los tres componentes mencionados tienen un impacto directo en los derechos de las personas al proveerles de información valiosa para hacer exigibles
los derechos y las libertades reconocidas en la Constitución. Se trata, en otros términos, de mecanismos institucionales que hacen viables los derechos humanos. La política social y sus instrumentos normativos, presupuestarios y programáticos deben contener previsiones que mejoren las condiciones para una efectiva rendición de cuentas –horizontal y vertical-, que incrementen la calidad y utilidad de la información puesta a disposición de las personas y que garanticen su derecho a obtenerla mediante los procedimientos establecidos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ley Federal de Transparencia). La Sedesol y sus sectorizadas darán cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia en lo que concierne al derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales en distintas vertientes: i.
Difundir información en el marco de las Obligaciones de Transparencia previstas en el artículo 7º de la Ley Federal de Transparencia
Difundir información que sea socialmente útil a través del sitio de Internet de la Secretaría
Dar respuesta oportuna y de calidad a las solicitudes de información recibidas en el marco de dicha Ley
Proteger la información con carácter de confidencial
Asimismo, la Sedesol implementará acciones encaminadas a mejorar la oportunidad, la pertinencia y la calidad de la información de sus programas a fin de que sus beneficiarios y los comités de contraloría social y comunitarios tengan mejores elementos para vigilar su correcta aplicación y el ejercicio de sus recursos, así como para la elaboración de sus diagnósticos y planes de desarrollo comunitario. Finalmente, la Sedesol y sus organismos sectorizados y desconcentrados llevarán a cabo acciones encaminadas al desarrollo de capacidades informáticas en sus beneficiarios con el objetivo de cerrar la brecha digital y elevar las posibilidades de utilizar información pública en su beneficio. El Programa Sectorial de Desarrollo Social se encuentra publicado en la página www.sedesol.gob.mx ___________________________
Programa sectorial SEDESOL