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Timestamp: 2019-10-19 10:25:18
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Matched Legal Cases: ['Artículo 31', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 98', 'artículo 129', 'in fine', 'in fine', 'artículo 129', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 129', 'artículo 102']

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1. LA ECONOMÍA SOCIAL.
La economía social, también llamada participativa, colectiva, comunitaria, tercer sector, sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía solidaria…, es un sector más de la economía junto al sector público (empresa controlada por las Administraciones Públicas con carácter subsidiario y complementario a la iniciativa privada) y al sector privado (mercantil, capitalista…). Según la Carta de la Economía Social, firmada en París el 22 de mayo de 1982, la economía social, agrupa a «todas aquellas entidades no pertenecientes al Sector Público que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de ganancias, empleando los excedentes de ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad». Es decir, empresas que participan en el mercado con el objeto de producir y distribuir bienes y servicios, asegurar, financiar…; sin embargo, los beneficios y las decisiones no están directamente relacionados con el capital aportado. Esto último es lo que verdaderamente diferencia a una empresa como tal, de otra perteneciente a la economía social ya que, aunque ambas son empresas, pues necesitan capital para desarrollar su actividad, tanto la toma de decisiones como la distribución del beneficio se realiza de manera distinta según se trate de un tipo u otro. Este principio de gestión democrático y participativo, prioriza la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios, que en relación a sus aportaciones al capital social.
Lo que en definitiva va a decidir si una empresa es considerada como perteneciente a la economía social es la relación existente entre el capital y la distribución del beneficio. De esta manera, si existe una relación directa entre la propiedad del capital y el beneficio atribuido a ese capital, así como a la toma de decisiones, diremos que esa empresa no pertenece a la economía social. En una sociedad capitalista, por consiguiente, tanto los beneficios como la toma de decisiones es directamente proporcional al capital poseído; de esta forma el que tenga un 5% del capital de la sociedad, tiene una representación tanto en la Asamblea como en el Consejo de Administración del 5%, siendo el beneficio similar. Esto da lugar a una diferencia entre la empresa mercantil o capitalista y la social o colectiva que, aún teniendo el mismo fin, es decir, producir o servir y beneficiarse, no satisface en el segundo caso las consecuencias que se derivan de la posesión del capital, el beneficio y la toma de decisiones.
En realidad, en lo referido a la distribución de beneficios, en las empresas de la economía social existe una repercusión indirecta que, sobre todo en determinadas sociedades de transformación y servicios, afecta positiva o negativamente a los socios. El “reparto” se basa en la distribución del excedente en función de la actividad realizada por las personas relacionadas con la actividad empresarial (agricultores, trabajadores, consumidores…). Se trata de priorizar la obtención de objetivos, la creación de riqueza y valor añadido, repercutiendo directa y proporcionalmente en los sujetos implicados, y primando a la persona con relación a los otros factores. Por ejemplo, si una sociedad cooperativa de transformación de aceitunas introduce mejoras, consiguiendo una importante reducción de costes en el proceso de transformación de la materia prima en aceite, y si además, mediante una adecuada gestión logra vender su producto directamente al consumidor, obteniendo así un valor añadido que, en caso contrario, quedaría en manos de los intermediarios, lo recibido por cada socio por kilo de aceite se vería incrementado. Por una parte, la cantidad destinada por kilo de aceituna a la molturación sería inferior, por otra, el dinero obtenido por su producto sería mayor. En este caso, aunque un socio con una producción importante aporta más cantidad de materia prima y, por tanto, contribuye en mayor medida a la capitalización de la empresa, recibe proporcionalmente mayores beneficios debido a las medidas adoptadas y los consecuentes resultados. Utilizando un ejemplo básico e imaginario, si un kilo de aceite se cobra a 100 céntimos y los gastos de transformación suponen 10, el beneficio obtenido por kilo de aceite sería de 90; un socio con cien kilos de aceite aportaría 1000 céntimos en concepto de gastos y recibiría 9.000; con el mismo aceite, pero con 5 céntimos de gastos y un valor del aceite de 120 céntimos, el beneficio por kilo sería de 115, es decir, 500 de gastos y 11.500 de beneficio. De los gastos aportados, aunque solo una pequeña parte queda en la cooperativa puesto que su destino es el pago proporcional de todos los costos generados en el proceso de molturación, mantenimiento y administración de la entidad, esa pequeña parte, supongamos, un céntimo, supone que este imaginario socio deja a la entidad de remanente 100 céntimos, pero si se ha producido una inversión en la que cada socio durante unos años debe hacer una aportación extraordinaria de 3 céntimos por kilo, su aportación ascenderá a 400; otro socio, con solo diez kilos aportará 40. Por el contrario, un encarecimiento de la molturación y una mala gestión comercial daría lugar a un perjuicio también proporcional a la cantidad de aceituna aportada. Por tanto, aunque a diferencia de las sociedades mercantiles, las colectivas no tienen unos beneficios relacionados directamente con el capital aportado, sí que existe una relación indirecta que puede llegar a repercutir positiva o negativamente, según factores relacionados con la gestión, la aportación del socio, las compras realizadas…, ya sea esta, según el tipo asociación, en forma de trabajo, aportación de materia prima, compra de productos, o cualquier otra actividad que se lleve a cabo de forma colectiva. Sin embargo, en todos los casos, las decisiones se adoptan democráticamente, un socio, un voto; aunque, ya veremos, existen situaciones que pueden romper esta dinámica. En cualquier caso, la ausencia de beneficios directos y el peso igualitario de los socios en las decisiones, aún teniendo ventajas, también tiene inconvenientes que, en determinadas situaciones, dan lugar a ciertas contradicciones que cuestionan su conveniencia y, por tanto, los principios de la economía social que, con algunos matices, se mantienen desde sus primeras manifestaciones. Es un tema este que será retomado más adelante y que plantea multitud de interrogantes.
En cualquier caso, su participación en el conjunto de la economía es muy significativa: en Europa, según datos del 2017, hay 14,5 millones de trabajadores en dos millones de empresas de la economía social. La economía social forma parte en mayor o menor grado, según sectores o zonas geográficas, de los sistemas productivos a nivel mundial. Es una opción que está o puede estar presente en todos los sectores productivos tradicionales. Sin embargo, no se trata de una socialización de los medios de producción, ni una distribución nacional de los beneficios generados por los mismos; no se trata de marginar o anular las otras formas productivas, ni la capitalista-liberal, ni la referida al sector público. No se pretende la “cooperativización” de la economía, como, por otra parte, tampoco puede ser estatalizada o privatizada. Más bien, esta opción persigue tener cabida dentro de un sistema económico plural, que valora positivamente el fortalecimiento de la economía social, como iniciativa empresarial comunitaria que, surgiendo de los propios interesados, contribuya junto al resto de las formas productivas al fortalecimiento de la economía del bienestar. Esta visión responde a las propias contradicciones que se han venido produciendo, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial (1945), en los planteamientos económicos que, como el paradigma Keynesiano (es el Estado y no el individuo, el responsable de garantizar a la sociedad niveles adecuados de empleo, crecimiento económico y bienestar) han entrado en crisis sin haber sido sustituidos plenamente por el neoliberalismo capitalista y sus empresas, ni por el intervencionismo estatal, no consiguiendo plenamente los objetivos anhelados por la mayoría de la sociedad (empleo, bienestar…). Es en este punto, donde la economía social, puede ofrecer opciones interesantes a colectivos que pueden estar más desprotegidos y marginados (desempleados, consumidores o productores primarios que se organizan ante la transformación de los flujos comerciales, la capitalización de sus empresas y la importancia del mercado financiero…) dentro de un sistema económico cuyos pilares son la empresa privada y la inversión pública.
Es por ello que aquel planteamiento que reivindica un mayor presencia de la economía social dentro del sistema, como parte integrante y complementaria del mismo, no puede ser confundida con opciones políticas ni anticapitalistas, ni antiliberales, ni antisistema… que, siendo respetables desde el punto de vista de la propia Filosofía Política, nada tienen que ver con lo defendido por los que ven en este planteamiento una vía para superar satisfactoriamente los retos a los que nuestra sociedad tiene que hacer frente constantemente. Contribuyendo así a la promoción de la economía del bienestar frente a las propias contradicciones de la misma y la incapacidad de los agentes económicos tradicionales de garantizar el logro de los objetivos económicos democráticos. Precisamente por ello, aunque a finales del siglo XVIII y principios del XIX surgen multitud de manifestaciones cooperativistas espontáneas -generalmente por parte de obreros industriales e influidas por el pensamiento socialista de la época (Robert Owen, William Thompson…)-, el inicio del cooperativismo moderno se hace coincidir con la creación de Rochdale en 1844. Como veremos a continuación, los principios surgidos de esta iniciativa fueron progresivamente adoptados por toda clase de cooperativas, constituyendo actualmente el fundamento de la Alianza Cooperativa Internacional.
Por tanto, la economía social en general y, el cooperativismo en particular, en ningún caso, pueden ser interpretados en la actualidad como una manifestación de un planteamiento político-ideológico concreto. Ninguna tendencia política debe apropiarse la opción asociativa, basándose en argumentos ancestrales propios de ideologías excluyentes que se manifestaron con especial virulencia entre la primera y segunda Guerra Mundial. La opción asociativa debe ser entendida como una manifestación más que, ubicada dentro de las sociedades democrático-liberales, contribuye a conformar el conjunto de la economía de estos países dentro de sus planteamientos particulares:
-Interés social, no individual.
-Beneficios distribuidos proporcionalmente al trabajo aportado o al uso de servicios comunes.
-Toma de decisiones democrática.
Según Maribel Núñez (redactora de la sección de Economía de ABC), “se trata de un modelo económico en el que sus empresas (cooperativas, asociaciones y un largo etcétera) no despiden a los trabajadores cuando bajan las ventas, no deslocalizan la producción en busca de reducir costes, ayudan a fijar la población al territorio, son solidarias, democráticas y aportan valores sociales. Una especie de capitalismo con alma”.
1.1. El cooperativismo.
Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus propietarios. Pueden distinguirse, en general, varios tipos de empresas:
-Empresas individuales. Pertenecen a una sola persona y responde frente a terceros con todos sus bienes (responsabilidad ilimitada), o con lo aportado para su constitución (EIRL).
-Societarias o sociedades. Integradas por varias personas (sociedad anónima, colectiva, de responsabilidad limitada, comandita…)
-Organizaciones de economía social.
Dentro de la economía social debe hacerse una alusión especial por su relevancia a nivel internacional al movimiento cooperativo. La historia del cooperativismo, su presencia internacional, empresarial y social, así como su reconocimiento jurídico, hacen del cooperativismo la más genuina representación dentro del ámbito de empresas que, distintas de las públicas y las capitalistas, con un funcionamiento y gestión democráticos (igualdad de voto), retribución del capital social obligatorio con un interés limitado y la creación de un patrimonio irrepartible, supeditan el capital a su finalidad social.
Poseen una organización mundial que establece las normas básicas (Principios cooperativos) que debe cumplir cualquier institución que legalmente se autodenomine como “cooperativa”, se trata de la ACI, la Alianza Cooperativa Internacional, una organización no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. Sus 226 miembros son organizaciones cooperativas nacionales e internacionales de todos los sectores de actividad y de 87 paí¬ses. En total representan aproximadamente 800 millones de personas en todo el mundo. Fue fundada en Londres en 1895 inspirada en las reglas de funcionamiento de la primera cooperativa de consumo creada en Inglaterra en 1844, la cooperativa Rochdale. En octubre de 1844, los trabajadores de Rochdale –Inglaterra-, constituyeron una sociedad para el consumo y la inscribieron en el registro de sociedades con el nombre de Rochdale Society of Equitable Pioneer (Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale), iniciando así el cooperativismo, un movimiento inspirado en la Solidaridad y la Ayuda Mutua guiado por las PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO Rochdalianos:
1. Adhesión libre.
2. Control democrático.
3. Devolución o bonificación sobre las compras.
5. Neutralidad política y religiosa.
6. Ventas al contado.
7. Fomento de la enseñanza.
La aplicación apropiada de los mismos, junto a su internacionalización, han permitido su pervivencia a través del tiempo, hasta convertir al cooperativismo en el movimiento asociativos más representativo de la Economía Social.
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI, ICA, IGB o MKA, según diferentes idiomas) desde 1982 tiene su sede en Ginebra -desde su fundación y hasta 1982 mantuvo su sede en Londres-. En 1937, en su congreso número 15 en París, acordaron aceptar los principios cooperativos como doctrina del movimiento:
Principios esenciales.
3. Distribución de excedentes en proporción a las operaciones.
Principios recomendados.
En 1966, en su 23 congreso celebrado en Viena -Austria- se establecieron los siguientes principios:
3. Interés limitado al capital.
4. Principio de los excedentes.
5. Fomento de la educación
En septiembre de 1995 se celebra un nuevo congreso, el número 31, esta vez en Manchester, donde se establecieron los nuevos principios del cooperativismo. Esta nueva Declaración de Identidad Cooperativa, incluye una nueva definición de cooperativa y una revisión de los Principios y Valores cooperativos, no obstante, mantiene la esencia de un sistema que ha demostrado su eficiencia durante más de 150 años de historia, contribuyendo a convertir el cooperativismo en una de las mayores fuerzas sociales y económicas a nivel mundial.
1. Membresía abierta y voluntaria.
2. Control democrático de los miembros.
3. Participación económica de los miembros.
Las cooperativas son organizaciones abiertas a todas aquellas personas dispuestas a respetar sus principios (el asociado debe comprometerse a cumplir los Estatutos y Reglamentos, pudiendo ser sancionado o suspendido en caso contrario) sin discriminación por razón de sexo, posición política y religiosa, raza y clase social.
Supone libertad para ingresar o retirarse de la organización bajo ciertas limitaciones razonables que puedan poner en peligro la existencia o continuidad de la entidad.
Se trata de organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la toma de decisiones y definen las políticas de la cooperativa, teniendo igual derecho de voto (un miembro, un voto), independientemente del capital aportado. Del mismo modo, todos los asociados tienen derecho a participar en la dirección y administración de la empresa, no pudiendo tratarse de personas ajenas a la entidad. Al derecho de participar en las asambleas para decidir, elegir y poder ser elegido, corresponde el deber de cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el estatuto.
La dirección y administración corresponde tanto a los directores elegidos por los asociados (Asamblea General), como a los gerentes o consejeros nombrados por los órganos sociales (Consejo Rector).
La contribución al capital de la empresa por parte de los miembros es equitativa. Igualmente, los socios pueden asignarse excedentes destinados a la mejora de la cooperativa y, por tanto, al beneficio directo o indirecto de las actividades llevadas a cabo por sus componentes.
Supone el control democrático por parte de sus miembros, sin que pueda caber la injerencia de personas o entidades ajenas. En este sentido, la participación de los asociados por medio de las Asambleas Generales, implica una garantía de autonomía e independencia.
Se trata de proporcionar educación y entrenamiento a sus miembros, dirigentes, y empleados, debiendo existir un Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. Se trata fundamentalmente de extender tanto la práctica como en conocimiento de las ideas y los procedimientos cooperativos.
Principio que pretende la cooperación entre cooperativas con el propósito de conseguir una mayor eficacia a la hora de luchar por los intereses de los asociados y fortalecer el movimiento Cooperativo. Es la denominada Integración Cooperativa, tanto horizontal, entre cooperativas de base, como vertical, de 2º y 3er grado.
Las cooperativas, al estar ubicadas en espacios concretos, además de tratar de beneficiar a sus socios, deben colaborar en el desarrollo de la comunidad con programas y acciones encaminadas a distintas facetas relacionadas con la infraestructura, el medioambiente, la educación, la salud, y cualquier otro aspecto que redunde positivamente en su entorno y el de las personas que allí habitan.
Este proceso de reformas se plantea como una necesidad relacionada con los profundos cambios socioeconómicos que se han ido produciendo a lo largo de su historia y que, en muchos casos, evidencian una profunda disociación entre estos principios y las prácticas cooperativas reales. No obstante estos principios tiene una base práctica siempre que se acepte como principio todo lo que pueda ser utilizado con éxito, y una base ética fundada en la justicia, la solidaridad y, en definitiva, la construcción de una sociedad mejor. Un ejemplo de ello es la justificación aducida por el legislador en la exposición de motivos de la Ley 14/2011, de Cooperativas Andaluzas, para justificar el escaso periodo de vigencia de la anterior normativa, es decir, la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas:
«La necesidad de dotar a dicho sector de un nuevo texto legal transcurrido un periodo de tiempo relativamente breve, poco más de una década, requiere ciertamente una justificación. No cabe duda de que en dicho periodo tanto la realidad socioeconómica sobre la que operan los distintos agentes económicos como la normativa y políticas de la Unión Europea en relación con la pequeña y mediana empresa han cambiado notablemente. Pero, más allá de lo que puede considerarse una adaptación a la lógica evolución del entorno económico y normativo en que se insertan estas entidades, lo que justifica una ley de nueva planta es, junto a la profusión y heterogeneidad de las reformas, que estas afecten sensiblemente al modelo de empresa que se regula.
Las sociedades cooperativas son, en lo esencial, empresas democráticas y solidarias que hacen de la formación de sus integrantes y de la cooperación herramientas privilegiadas para su desarrollo. Sin embargo, junto a esos elementos identificadores coexisten todavía hoy en el ámbito cooperativo determinados postulados y categorías que no solo no integran o se derivan de los principios cooperativos sino que, además, contribuyen a hacer una interpretación de dichos principios alejada de la cambiante realidad socioeconómica a la que toda empresa, cooperativa o no, debe adaptarse. A este respecto, es objetivo de la presente ley eliminar todos los obstáculos que impiden el desarrollo integral de las sociedades cooperativas con respeto a los valores que esencialmente las caracterizan. Sin perjuicio de su posterior reseña en los capítulos correspondientes, la reforma operada en este ámbito se extiende a aspectos tales como las distintas formas de organizar el órgano de administración de estas empresas; la pervivencia, o no, de ciertos órganos sociales; la compatibilidad del principio de puerta abierta con el establecimiento de un periodo de prueba societario; el eventual incremento de la aportación del nuevo socio; la libertad de transmisión de las participaciones sociales; la asunción de instrumentos financieros existentes en el mercado compatibles con la naturaleza de estas sociedades; el reajuste del importe y destino de los fondos sociales obligatorios; la reducción drástica de las autorizaciones administrativas, o la simplificación societaria y contable de estas sociedades. En el caso de determinadas clases de cooperativas, las de trabajo y las agrarias, concierne asimismo a cuestiones tales como la flexibilización del régimen del trabajo por cuenta ajena o el voto plural, respectivamente. Por lo demás, no es de extrañar que, en más de un supuesto, pautas comunitarias y necesidad interna de renovación coincidan plenamente.
Junto a ello, y en cierto modo en un sentido inverso, hay valores y principios que, sin formar parte expresa del ideario cooperativo inicial, entre otras, por razones cronológicas, se incardinan en la misma corriente de pensamiento progresista que en sus orígenes asumió dicho sector, hasta el punto de que en la actualidad forman parte del compromiso de buena parte del mismo. Es el caso de la igualdad de género, de la sostenibilidad empresarial y medioambiental, o del fomento del empleo. Incumbe ahora a la ley incorporarlos formalmente, en el convencimiento de que, lejos de tratarse de cuestiones pasajeras, constituyen aspiraciones de largo alcance que, como se ha dicho, se ajustan ejemplarmente a la naturaleza y objetivos de estas empresas, cumpliéndose además, en el caso de la igualdad de género, con la normativa en vigor al respecto (...) Los principios generales que informan la constitución y funcionamiento de las sociedades cooperativas andaluzas son los siguientes:
a) Libre adhesión y baja voluntaria de los socios y socias.
b) Estructura, gestión y control democráticos.
c) Igualdad de derechos y obligaciones de las personas socias.
d) Participación de los socios y socias en la actividad de la cooperativa, así como en los resultados obtenidos en proporción a dicha actividad.
e) Autonomía e independencia.
f) Promoción de la formación e información de sus miembros.
g) Cooperación empresarial y, en especial, intercooperación.
h) Fomento del empleo estable y de calidad, con singular incidencia en la conciliación de la vida laboral y familiar.
i) Igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios.
j) Sostenibilidad empresarial y medioambiental.
k) Compromiso con la comunidad y difusión de estos principios en su entorno».
En este sentido, esta misma normativa, introduce una posibilidad que, de aprobarse estatutariamente por las cooperativas de servicios -especialmente agrarias-, “choca” con uno de los principios que hasta ahora, inspirados por los Principios Cooperativos, solo era contemplado para cooperativas de segundo grado. Se trata del principio 2 referido al control democrático de los miembros que supone una ruptura con la expresión “una persona, un voto”, mantenida durante años como algo incuestionable en el ámbito de la ACI. En la exposición de motivos de la Ley queda justificado como se cita a continuación, para posteriormente ser concretado en los artículos 31 y 102:
«En lo que se refiere a las cooperativas de servicios, destaca sobre las demás una novedad, incorporada a instancias de la asociación representativa de las sociedades cooperativas agrarias, que requiere especial justificación en la medida en que supone la ruptura del principio “una persona socia, un voto” en el seno del cooperativismo andaluz de primer grado. Conviene aclarar, para empezar, que el auténtico principio irreductible que inspira a las sociedades cooperativas en materia de generación de su voluntad social lo constituye el que el voto esté ligado a la actividad cooperativizada realizada, nunca al capital aportado. Sentado esto, resulta indudable que el carácter democrático propio de estas entidades parece, en principio, reacio a una distribución desigual del voto entre sus socias y socios. También parece incuestionable, sin embargo, que la igualdad a ultranza en este terreno resulta más coherente con la estructura de las sociedades cooperativas de trabajo que con las de servicio, pues, en las primeras, la aportación social de sus integrantes –el trabajo– suele ser similar o, al menos, no muy dispar, mientras que en las segundas, singularmente en las agrarias, la actividad cooperativizada –la aportación de producto para su transformación o distribución– puede diferir ostensiblemente. Lo cual, además de plantear problemas de desconexión estratégica entre los intereses de las personas socias en función de la envergadura de la aportación que realizan, puede entrañar un desajuste importante de la relación entre interés económico y capacidad de decisión, con menoscabo del propio carácter empresarial de la entidad. Sensible a estas eventuales dificultades, el legislador andaluz regula el voto plural, si bien velando por que dicha regulación no pierda de vista el carácter esencialmente personalista de estas empresas. En cualquier caso, lo esencial en esta materia, en términos de garantía para los socios y socias, es su establecimiento voluntario mediante asunción estatutaria, de modo que sea la Asamblea de cada sociedad la que, haciendo uso del voto simple –único válido por defecto–, adopte, en su caso, el acuerdo de distribuirlo de esta otra forma, por entender que, con arreglo a su peculiar estructura societaria, resulta más ajustado o equitativo…
Artículo 31. Derecho de voto.
1. En las sociedades cooperativas de servicios, estatutariamente, se podrá regular un voto plural, proporcional a la totalidad de la actividad cooperativizada, con arreglo a las siguientes bases:
a) Cada persona socia dispondrá de, al menos, un voto.
b) Ningún socio o socia podrá disponer de un número superior a siete votos sociales.
c) Reglamentariamente se establecerán los requisitos precisos para garantizar el carácter proporcional y equitativo del reparto del voto entre las personas socias.
El voto plural nunca se establecerá tomando en consideración el capital aportado».
Junto a otras novedades, supone un intento de adecuar el régimen cooperativo agrario al contexto económico en que deben desenvolverse, acercándose con ciertos límites a lo que sería un funcionamiento más propio de las empresas mercantiles. En este caso, la ponderación del voto no estaría vinculada al capital, más bien, al producto aportado, aunque en la práctica, supone necesariamente un mayor peso específico decisorio de aquellos socios que mayores aportaciones proporcionales realizan indirectamente –también mayores beneficios o, en su caso, perjuicios indirectos- a través de su producto. Ante esto, puede cuestionarse la adecuación o no a lo que sería un funcionamiento democrático en sentido estricto, incluso la disconformidad con uno de los principios más consolidados del cooperativismo, lo que no puede cuestionarse es que responde a una demanda de un sector importante de aquellos que constituyen este colectivo y que, por otra parte, es una, aunque tímida, de las muchas modificaciones indispensables, para que las cooperativas, como veremos más adelante, puedan mantenerse en el tiempo en competencia, dura competencia, con las grandes empresas mercantiles del sector. Sin viabilidad económica, el resto de los objetivos-principios sociales y económicos del cooperativismo tienen poco sentido dentro de un contexto económico de mercado.
De hecho los distintos congresos celebrados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), han ido readaptando sucesivamente los principios cooperativos establecidos por la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, en este sentido, la versión de 1966 fue una adaptación de los principios de los años 30 que, a su vez estaban inspirados en los citados de Rochdale. Los congresos más recientes, como el de Manchester de 1995, además, plantean la necesidad de incorporar nuevos principios sobre el medio ambiente, la eficacia en el funcionamiento y las relaciones gubernamentales, con vistas a la eficacia del movimiento a lo largo del siglo XXI; en definitiva, sucesivas ediciones que, partiendo del núcleo originario de Rochdale, modificando o incorporando nuevos principios, tratan de no perder la esencia del movimiento, adaptándose a los nuevos retos que constantemente se han ido planteando desde su creación. Sirva como ejemplo, la incorporación tras el Congreso de Viena de 1966 del principio número 6 de colaboración entre cooperativas que, más que un nuevo principio se trata de una recomendación que persigue la integración de las entidades cooperativas en otras de grado superior, u otras fórmulas integradoras, con un objetivo claramente competitivo: “Las Cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento Cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de las estructuras Locales, Nacionales, Regionales e Internacionales. El Cooperativismo como un todo requiere la unión o integración de las Cooperativas; es decir toda Cooperativa debe cooperar activamente con otras Cooperativas, con el fin de unidos lograr luchar por los intereses de los asociados y de la Comunidad”. Este principio va a ser tenido en cuenta por distintas leyes cooperativas. Así, en la exposición de motivos de la Ley 2/1985, de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas se afirma: «Las sociedades cooperativas llevan dentro de sí el germen de la solidaridad y el progreso, lo particular y lo colectivo se armonizan en ella, formando una unidad que, carente de ánimo de lucro, compite, sin embargo, con las sociedades mercantiles. La presente Ley conjuga los elementos de solidaridad, democracia y participación de todos los socios -elementos definidores de toda sociedad cooperativa- con la exigencia de eficacia en la gestión y criterios empresariales de funcionamiento. Ello es importante porque la Ley responde a la necesidad de servir de cauce para las cooperativas andaluzas, libres de las trabas de una legislación caduca, se configuren como unidades económicas rentables, generadoras de riqueza de empleo, de acuerdo con los principios que inspiran el cooperativismo mundial y con especial atención a la asociación y colaboración intercooperativas». No obstante en la Ley General no se especifica, citándose únicamente en el artículo referido a la reducción del número mínimo de cooperativas para poder constituir las de segundo grado.
2. LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA. EL COOPERATIVISMO.
En España, el concepto economía social, aunque presenta diferencias según se trate de su acepción científica, política o profesional, está ampliamente reconocido en la actualidad. En el año 2011 se aprobó la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, en la que quedan encuadradas todas las entidades que la propia ley relaciona con la economía sostenible. Esta Ley define la economía social como el “conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos”. Esta normativa convierte a nuestro país en un país pionero en cuanto a una legislación específica sobre Economía Social. Una economía que da empleo, según datos de 2017, a 2,2 millones, el 12,5% de la población ocupada, siendo el 80% contratos indefinidos. Valga como ejemplo los datos de la producción final de las cooperativas agrarias, que representan el 60 % de la producción total. Sin embargo el peso en España de la Economía Social queda lejos del de países que como Dinamarca, donde hay más socios de cooperativas que personas (los ciudadanos se asocian a varias cooperativas), u Holanda, donde las más pequeña de sus cooperativas son como las grandes nuestras.
2.1. Evolución.
Hasta la Revolución de septiembre de 1868, “la Gloriosa”, no existe en España regulación alguna sobre el derecho de asociación. Será la Constitución de 1869 en su artículo 17 la que contemple este derecho, donde el asociacionismo se entiende como un derecho natural propio de la autonomía del individuo; no obstante, es en 1887 cuando se promulgua la primera Ley española sobre el derecho de asociación. Esta Ley, al amparo del artículo 13 de la Constitución de 1876, trataba de regular asociaciones de tipo político, religioso, científico, artístico, benéfico, u otras sin ánimo de lucro o ganancia, entre ellas las cooperativas. Quedaban por tanto, excluidas, entre otras, las sociedades civiles o mercantiles, sometidas estas a las disposiciones del derecho civil y mercantil. En 1885 se publica el Código de Comercio que, entre otras cosas, regulaba las compañías mercantiles, en esos momentos la sociedad regular colectiva, la sociedad comandita y la sociedad anónima (la sociedad de responsabilidad limitada en la Ley de 17 de julio de 1953). Con posterioridad, en 1889, el Código Civil distingue entre asociaciones de interés público y asociaciones de interés privado, rigiéndose estas últimas por las disposiciones relativas al contrato de sociedades, haciendo difícil de encasillar a las cooperativas. Esta Ley permanecerá dilatadamente en el tiempo hasta la promulgación de la Ley General del Derecho de Asociación de 1964.
Habrá que esperar hasta 1931 para que con la Ley de 9 de septiembre reguladora del régimen jurídico de las cooperativas, se inicie una sucesión normativa que tratará de articular el funcionamiento de estas entidades; a la anterior le sigue después de la Guerra Civil, la Ley de 2 de enero de 1942 de cooperación; luego la Ley de 19 de diciembre de 1974, y su reglamento de 1978 aprobado por el Real Decreto 2710/1978, de 16 de noviembre, al que se suma el también Real Decreto 3 de noviembre de 1978 específico para las cooperativas de crédito.
En la actualidad las entidades de la Economía Social, se fundamentan jurídicamente en la Constitución de 1978, sin embargo el primer precedente legal se produjo con la creación del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES) a partir del artículo 98 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, en la que se concretaba que Cooperativas, Sociedades Anónimas Laborales y Fundaciones Laborales integraban la Economía Social. La aprobación del Real Decreto 1836/1991, de 28 de diciembre, introdujo cierta confusión en la definición del concepto que, sin embargo ha sido rotundamente sustituido tras la entrada en vigor de la Ley 5/2011 (cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y ONCE).
En general, a excepción del cooperativismo agrario, el desarrollo histórico de la Economía Social es bastante desconocido, especialmente durante el periodo anterior a la Guerra Civil, ello da lugar a valoraciones tanto cualitativas como cuantitativas contradictorias por parte de los distintos especialistas que tratan la cuestión.
En cualquier caso, como se ha apuntado anteriormente, será nuestra actual Constitución de 27 de diciembre de 1978 la que influirá de manera determinante en el desarrollo del Derecho cooperativo y asociativo expresando en su artículo 129.2 que «Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas». En este sentido, la asunción por parte de algunas autonomías de estas competencias en sus estatutos, ha hecho cuestionar la efectividad del mandato constitucional y ha dado lugar a problemas en los que ha tenido que intervenir el Tribunal Constitucional para delimitar competencias entre el Estado y las Autonomías. La normativa cooperativa autonómica, en algunos casos, invade competencias que son propias del Estado, por ejemplo, en materias como la legislación mercantil, la laboral o la ordenación del crédito y los seguros; a su vez, la delimitación territorial de las competencias sobre cooperativas crea fronteras jurídicas en lugares con intereses comunes, especialmente en zonas limítrofes entre comunidades. Esta situación, junto a las continuas adaptaciones que tiene que realizar el derecho cooperativo para sobrevivir en un contexto mercantil, manteniendo sus principios y señas de identidad, dan lugar a cierta confusión acerca de lo que le es propio, existiendo cierta inseguridad sobre lo que es y debe ser el Derecho cooperativo; sobre sus señas de identidad como criterio unificador de las distintas legislaciones cooperativas.
El resultado de todo ello, es la existencia, tras la aprobación de la Constitución de 1978, de una amplia normativa autonómica en materia de cooperativas, algunas previas a la propia Ley General de Cooperativas 3/1987 de 2 de abril: la vasca, la catalana, la andaluza, la valenciana y la navarra de 1982, 1983, 1985, 1985 y 1989 respectivamente. A las que hay que sumar las normas relativas a la delimitación material de competencias, entre las que pueden destacarse la Ley de Ordenación del Seguro Privado 33/1984 de 2 de agosto, para cooperativas de seguros; la Ley de Cooperativas de Crédito 13/1989, de 26 de mayo y la Ley sobre Régimen Fiscal de Cooperativas 20/1990, de 19 de diciembre.
Por lo que respecta al Tratado de Roma, mantiene su neutralidad con respecto a la forma jurídica de las empresas, toma solo en cuenta su actividad; las empresas públicas y sociales, al igual que las mercantiles se benefician de las libertades previstas en el Tratado y, en consecuencia, deben respetar sus disposiciones en materia de competencia que impiden el abuso de posición dominante, y prohíben a los países miembros conceder ayudas que dificulten los intercambios comunitarios. No obstante, tanto la normativa nacional como comunitaria, trata de incentivar entidades intercooperativas que, aprovechando las sinergias de las economías de escala, puedan ocupar una posición digna que, en competencia con las grandes empresas, se constituyan en una alternativa empresarial, especialmente para productores modestos de bienes y servicios.
2.2. Tipología fórmulas jurídicas.
Ya hemos visto como la economía social, es un sector con sus propias características que no forma parte de la economía pública ni de la privada. Comparten la gestión democrática, la supeditación del capital a su finalidad social, es decir, producen bienes y servicios, aseguran y financian, obteniendo un beneficio cuya distribución no se relaciona con el capital aportado por cada socio; no obstante, tienen una enorme diversidad de estatutos jurídicos. Dentro de los mismos, pueden establecerse para España dos grandes grupos utilizando la metodología de la contabilidad nacional y teniendo en cuenta las sucesivas modificaciones legales que pueden matizar la siguiente relación:
A. Agentes económicos del sector empresarial.
A.1. Sociedades no financieras.
A.1.1. Cooperativas (trabajo asociado, viviendas, enseñanza, sanitarias, mar, transportes, agrarias…).
-Transformación.
A.1.2. Sociedad Anónima Laboral (SAL) o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral (SLL). Reguladas por la Ley 4/1997 de 24 de marzo, de Sociedades Laborales y, aunque esta establece que los derechos políticos y económicos de los socios son similares al de las Sociedades Anónimas, tienen importantes diferencias que hacen que se incluyan en la Economía Social.
A.1.3. Sociedades agrarias de transformación (SAT). Se regulan por el R.D. Ley 31/1977 de 2 de junio y el R.D. 1776/1981 de 3 de agosto. La toma de decisiones se rige por el principio de “un hombre un voto”, pero los estatutos sociales pueden establecer el voto plural proporcional a la participación en el capital social para acuerdos económicos; el reparto de beneficios en función de la participación en el capital. Desde el punto de vista socio-económico (base social y práctica económica) pertenecen a la Economía Social.
En los tres casos anteriores, cuando estas empresas forman una sociedad anónima relacionada con su actividad y poseen la mayoría del capital, esta sociedad es de la Economía Social (por ejemplo, una sociedad mercantil agroalimentaria creada y controlada por varias cooperativas), ya que la toma de decisiones será impuesta por las empresas de la Economía Social y el beneficio obtenido repercutirá en las mismas.
A.2. Sociedades financieras.
A.2.1. Cooperativas de crédito.
-Cajas Rurales.
-Cooperativas de crédito no agrícola.
-Secciones de crédito de las cooperativas.
A.2.2. Cajas de Ahorro.
A.2.3. Mutuas de crédito.
A.2.4. Mutuas de seguros.
A.2.5. Mutuas de previsión social.
Dentro de este grupo, existe cierta problemática a la hora de clasificar tanto a las sociedades de capital no financieras controladas por agentes de la economía social del sector de las sociedades financieras o del sector seguros, como a los organismos sin fines lucrativos dotados de personalidad jurídica al servicio de las sociedades de capital.
B. Instituciones privadas sin fines lucrativos.
-Agrupaciones.
-Partidos políticos.
-Sindicatos.
-Fundaciones.
-Clubes deportivos.
-Hermandades de agricultores y ganaderos.
-Cofradías de pescadores.
La Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, entiende por “entidades asociativas las sociedades cooperativas, las cooperativas de segundo grado, los grupos cooperativos, las sociedades agrarias de transformación, las organizaciones de productores con personalidad jurídica propia, reconocidas de acuerdo con la normativa comunitaria en el ámbito de la Política Agraria Común y las entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50 por ciento de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de productores o a sociedades agrarias de transformación. En el caso de que estas entidades económicas tengan la forma de sociedad anónima, sus acciones deberán ser nominativas”.
Aunque tienen rasgos comunes, también tienen importantes diferencias, sobre todo, la inexistencia de un tratamiento administrativo común. Sin embargo, en general, la normativa persigue la intensificación del asociacionismo entre entidades asociativas de distinto rango. Todo ello, para tratar de romper la atomización que caracteriza al sector y que da lugar a que, incluso las entidades importantes, no sean capaces de rentabilizar suficientemente sus actividades. La Ley General de cooperativas (Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas) en su Título III (del asociacionismo cooperativo) organiza el movimiento cooperativo en base a Uniones (tres cooperativas al menos de la misma clase), Federaciones (integradas por al menos diez cooperativas de distinta clase y/o por uniones de ámbito regional) y Confederaciones (Uniones y Federaciones estatales, tres al menos de tres Comunidades Autónomas). Los órganos sociales (Consejo Rector y Asamblea General en federaciones y confederaciones, a lo que se suma la Intervención en el caso de las uniones), su composición, su número, su elección…, se establecerán en los Estatutos, sin que en ningún caso, puedan atribuir la mayoría absoluta de votos a uno de sus miembros. Asimismo, la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, trata de promover “la constitución de grupos cooperativos y otras agrupaciones de entidades asociativas a efectos de alcanzar la condición de entidad asociativa prioritaria agroalimentaria, disponiendo al efecto de una regulación societaria y fiscal adecuada…En atención a estas consideraciones es objeto de la presente ley el fomento de la fusión e integración de las cooperativas agrarias y demás formas asociativas en el ámbito agroalimentario, en el marco de la futura PAC, incluyendo aquí también a los grupos cooperativos que asocian a varias empresas cooperativas con la entidad cabeza de grupo que ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para los integrantes del mismo, de forma que se produce una unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades. A este propósito, es pieza clave la creación de la figura de la entidad asociativa agroalimentaria prioritaria”. Entiende el legislador que se hace “necesario poner en marcha medidas que fomenten la integración y la potenciación de grupos comercializadores de base cooperativa y asociativa, con implantación y ámbito de actuación superior al de una comunidad autónoma, que resulten capaces de operar en toda la cadena agroalimentaria, tanto en los mercados nacionales como en los internacionales y que contribuyan a mejorar la renta de los agricultores y consolidar un tejido industrial agroalimentario en nuestras zonas rurales”.
Por su parte, la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, regula el Régimen Fiscal aplicable a las cooperativas y a las SAT. Las cooperativas tradicionalmente tienen un régimen agrario diferenciado, debido a su consideración como empresas de interés social (el artículo 129.2 de la Constitución obliga a los poderes públicos al fomento del cooperativismo con medidas como un trato fiscal especial) que se refleja, entre otras cosas, en un 20% del Impuesto de Sociedades frente al 35% del resto, en la Licencia Fiscal tienen una bonificación del 95% y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, una exención total en las operaciones de constitución, aumento del capital, fusión y adquisición de bienes o derechos afectos a sus fines sociales. Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo Régimen Fiscal de las Cooperativas, las SAT estarán sometidas al mismo tratamiento que el resto de las sociedades civiles o mercantiles.
2.3. Economía social en el sector agropecuario.
El modelo agrario tradicional, caracterizado por un fuerte componente autárquico, donde una parte importante de la cosecha era destinada al consumo familiar y de los animales domésticos que complementaban la dieta o ayudaban en las labores agrícolas, ha ido progresivamente desapareciendo en distintos momentos evolutivos de la Revolución agrícola que, a lo largo de los siglos XIX y XX, ha acompañado a la Revolución industrial. Este modelo, caracterizado fundamentalmente por el policultivo, la escasa mecanización, la baja productividad, la escasez de intercambios y la escasa transformación de la materia prima, entre otras cosas, ha sido el característico en la mayor parte nuestro país hasta bien entrado el siglo pasado. Hoy en los países del ámbito capitalista es poco habitual, siendo en los subdesarrollados donde su práctica, continúa siendo un modo de subsistencia para un amplio colectivo de poblaciones dedicadas en un alto porcentaje a la actividad agropecuaria.
La situación actual, dista mucho de lo que, en muchos países como el nuestro, llegados con cierto retraso a las novedades agronómicas de países de nuestro entorno, ha sido la tónica hasta hace relativamente poco tiempo. La agricultura tradicional, sobre todo a partir de los años 60, ha sido sustituida por un nuevo sistema de relaciones abierto y orientado al mercado y la industria transformadora o agroalimentaria, enmarcado todo ello, dentro del denominado sector agroindustrial. Un sistema donde la actividad agraria, contribuye con un escaso porcentaje del valor añadido, menos de un 25%, frente al ámbito industrial y comercial, formado por empresas dedicadas a la transformación y comercialización –en algunos casos también a la producción- de materia prima de origen agrosilvopastoril que se destina a los mercados o como materia prima semielaborada para otras industrias (agroalimentaria, textil, muebles, cuero…). Esta actividad tienen un peso importante en la economía, es por ello que el Estado regula el funcionamiento (condiciones de exportación, subvenciones, financiación…), no solo de las empresas que lo componen, sino también de las instituciones públicas –autonómicas, nacionales y supranacionales- y privadas. Esta importancia se deriva del creciente tratamiento industrial de la producción agropecuaria, en base a nuevos hábitos de consumo de una población crecientemente urbana que demanda productos transformados (más del 70% del total consumido), del uso de novedosas tecnologías en la industria transformadora y de la creciente necesidad por parte de las explotaciones agropecuarias del uso de factores de producción de origen industrial.
Como resultado de todo ello, solo empresas con suficiente tamaño, están en condiciones de asumir los retos mercantiles que les permitan, con la necesaria gestión y tecnología, transformar y comercializar productos derivados. Las explotaciones agrarias, incluso las de mayor tamaño, tiene serias limitaciones a la hora de asumir la fase de transformación y comercialización; incluso en la fase de producción, la necesidad de disponer de factores productivos (maquinaria, fitosanitarios, semillas…) en condiciones favorables supone, en la mayoría de los casos descensos considerables de la rentabilidad e incluso la productividad. Es en este contexto donde se desarrolla al asociacionismo agrario en sus distintas manifestaciones, siendo destacable el cooperativismo. Se convierte así en una fórmula necesaria e imprescindible para la viabilidad de las explotaciones agrarias, para la dignificación de las rentas agrarias y para la supervivencia del sector. Pero incluso, en competencia con las multinacionales, la tecnología necesaria para la transformación requieren un capital y unas técnicas de gerencia y administración, que están fuera del alcance de la mayoría de las asociaciones individualmente consideradas; una situación solo superable por procesos de integración empresarial con la doble finalidad de concentrar la oferta para comercializar en común y asumir nuevas fases de la cadena alimentaria que permitan incrementar la calidad y la competitividad y, por tanto, aumentar el valor añadido de la actividad. Para ello, teniendo en cuenta que los mayores beneficios se obtienen en fases distintas a la mera producción, el productor, en su lícita búsqueda del beneficio, necesita participar en el resto de las fases agroalimentarias, convirtiéndose en transformadores, comercializadores y suministradores de factores de producción; todo ello en un contexto internacional con mercados más abiertos y competitivos. Sirva como ejemplo de esto último, el pretendido acuerdo que, desde febrero de 2013, persigue la creación de un área de libre comercio entre EEUU y la UE; dos polos de desarrollo que representan la mitad de la economía mundial, con intercambios comerciales superiores a los 2.000 millones de euros diarios y un tercio de todos los movimientos financieros que se producen en el mundo. Se trata del esfuerzo económico más importante de los últimos años para contrarrestar la atracción económica producida por los países asiáticos emergentes; un esfuerzo no exento de dificultades como los contenciosos sobre los transgénicos, cuya comercialización está prohibida en Europa, o los obstáculos norteamericanos a los productos cárnicos europeos. Europa cuenta a su favor con un sector agrícola y agroindustrial con enormes potencialidades exportadoras. Teniendo en cuenta además, que el asociacionismo en sus distintas manifestaciones, especialmente el cooperativismo, plantea, al menos en teoría, objetivos que transcienden el ámbito puramente economicista y persigue logros de índole medioambiental, social..., que pretenden contribuir a la mejora de los distintos contextos geográficos donde se desarrolla su actividad.
En España la economía social en el sector agropecuario tiene sus manifestaciones más representativas en las Entidades Asociativas Agrarias cuyas bases empresariales se corresponden con la Sociedad Cooperativa, la Sociedad Agraria de Transformación y las Sociedades de Interés Económico. Las cooperativas, pertenecen claramente a la economía social, sin embargo las SAT, como segunda fórmula asociativa, si bien en muchos casos actúan como Sociedades Cooperativas, su regulación jurídica (Real Decreto Ley 31/1977 de 2 de junio y Real Decreto 1776/1981 de 3 de agosto) le permite optar por un modelo capitalista con relación a la toma de decisiones o la distribución de beneficios con la condición de ser titulares de explotaciones agrícolas -51% de las acciones debían pertenecer a trabajadores que presten sus servicios en la SAT-. Es un fenómeno social y empresarial que data de los años 60 y conceptualmente es delimitado en los Planes de Desarrollo económico-sociales de la época. Tiene su auge con la Ley 15/1986 de Sociedades Anónimas Laborales. En este periodo se constituyeron alrededor de 10.000 con cerca de 300.000 socios, dedicados a la explotación común de tierras, regadío, y, en menor medida, comercialización, bodegas y almazaras.
Las cooperativas y las SAT, a su vez, pueden constituir otras entidades de rango superior en su búsqueda de una optimización de recursos que les permitan desenvolverse en condiciones favorable en el ámbito del mercado. Se trata de las Organizaciones y Agrupaciones de Productores Agrarios (OPA-APA), básicamente cooperativas que solicitan esta calificación con el objeto de corregir deficiencias estructurales a nivel de oferta. Los primeros intentos fueron previos a la incorporación de España a la CEE; la Ley 29/1972 de 22 de julio y el posterior Decreto 1951/1973, promulgada por el Ministerio de Agricultura, trata de concentrar y tipificar la oferta mediante la creación de las Agrupaciones de Productores Agrarios que disponiendo de capacidad organizativa, tecnológica y económico financiera, puedan abordar los mercados nacionales e internacionales, para ello, se concedieron subvenciones, créditos a bajo interés y ayudas a las inversiones para almacenamiento, conservación, tipificación y acondicionamientos de los productos. En 1978, la CEE, a través del Reglamento 1360/1978, comienza una tendencia normativa de apoyo a la concentración de la oferta por medio de las Organizaciones de Productores Agrarios –hoy uniones- que, coincidiendo con la entrada de España en la CE, es ampliado por el Reglamento 2224/1986. Las APAs calificadas de acuerdo a la Ley 29/1972, son adaptadas al Reglamento comunitario, después de dos años, con el Real Decreto 280/1988 de 18 de marzo, donde se fijan los mínimos de producción para cada agrupación y se crea el Registro General de Agrupaciones de Productores y sus Uniones: «El Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo, que regula el reconocimiento como Agrupaciones de Productores y sus Uniones en el sector agrario conforme al Reglamento (CEE) 1360/1978, del Consejo de 19 de junio, establece en su artículo 7 que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá de un registro de Agrupaciones de Productores y sus Uniones donde se incluirán aquellas agrupaciones que hayan obtenido resolución favorable de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto de referencia». En el caso concreto del Aceite de Oliva, los requisitos de representatividad que deben satisfacerse, contenidos en el Reglamento CEE 559/1988 de 29 de febrero son un volumen de producción de al menos 2.000 toneladas de aceite virgen y agrupaciones como mínimo de 100 olivicultores. En 1991 se revisa de nuevo la normativa comunitaria relativa a agrupaciones de productores y sus uniones, con el Reglamento 220/1991; en él se establece las agrupaciones y uniones que se pueden inscribir, su volumen mínimo de producción y asociados –las uniones deben unir como mínimo a cinco agrupaciones y tener una extensión mínima de comunidad autónoma. Las ayudas para las agrupaciones de productores y sus asociaciones se concretan en el Reglamento 1360/1978, modificado por el 1760/87 de 15 de junio. Además de estas ayudas específicas se establecen otras para mejorar las condiciones de transformación y comercialización, el Reglamento CEE 353/1977, que es revisado a los cinco años por el 866/1990 y, de nuevo modificado por el 2843/1994.
Las cooperativas y las sociedades agrarias, desde este planteamiento, actúan como agentes de la política agraria de la UE, asumiendo que la organización propia de las APAs y/o uniones pueden convertirse en el instrumento de las diferentes políticas europeas sobre concentración, comercialización, calidad, medioambiente, desarrollo rural…
2.4. El cooperativismo.
El cooperativismo en España, al igual que en el resto de Europa, surge durante la segunda mitad del siglo XIX como alternativa a la empresa capitalista pura, aunque siguiendo sus métodos y procedimientos; al principio con el objetivo de abaratar las compras familiares a través de las Cooperativas de Consumo, posteriormente en distintas actividades de los distintos sectores de la economía (agricultura, industria, construcción, comercialización, servicios…).
La primera cooperativa se constituye en 1856, aunque será en 1870 cuando se regula por Decreto la legalidad de las Cooperativas en base al artículo 17 de la Constitución de 1869 donde se admite el derecho al asociacionismo. En 1887, la publicación de la Ley de Asociaciones, contempla a las Cooperativas de Producción y Consumo aunque, no será hasta 1906 cuando se constituyan numerosas cooperativas, sobre todo agrarias, al amparo de la Ley de Sindicatos Agrícolas donde se establecen ventajas fiscales e incentivos económicos. El proceso continua, hasta la Constitución de 1978 con las leyes de 1931, 1942, desarrollada por un Reglamento de 1971 y la Ley General de Cooperativas de 1974.
El artículo 129.2 de la Constitución Española de 1978 es el marco legal de referencia en la actualidad: «Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción». Fruto de este mandato, es la promulgación de la Ley General de Cooperativas 3/1987 de 2 de abril, aunque invirtiendo el proceso lógico, previamente quedaron aprobadas la Ley sobre Cooperativas de Euskadi (1982), la Ley de Cooperativas de Cataluña (1983), en 1985 la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y la Ley de Cooperativas de Andalucía (Ley de Cooperativas de Andalucía 2/1985 de 2 de mayo) y en 1989 la Ley Foral de Cooperativas de Navarra.
Esta tendencia coincide con la gran difusión internacional del cooperativismo dentro del ámbito de la “economía social” -con una atención creciente en las legislaciones de la mayoría de los países de nuestro entorno socioeconómico- como fórmula para la constitución de unidades de trabajo y producción asociadas en los tres sectores económicos: agrícola, industrial y de servicios. La existencia de más de 200.000 empresas cooperativas con más de cien millones de socios, así lo atestiguan. Esta finalidad social y económica, acorde a los principios de la “economía social” sigue estando presente.
En 1885 se publica el Código de Comercio que regula las compañías mercantiles (en esos momentos, la sociedad regular colectiva, la sociedad comandita y la sociedad anónima), dejando fuera a la sociedad cooperativa, salvo que se dediquen a actos de comercio extraños a la mutualidad.
En la Ley General de Cooperativas de 1987 es considerada como una entidad jurídica específica, separada de las sociedades civiles y mercantiles (sin perjuicio de alguna referencia a la normativa jurídica de otras formas de empresa), dada su doble dimensión de empresa y agrupación voluntaria de personas con carácter democrático, aunque, cada vez más, cediendo a las exigencias de la organización cooperativa como empresa.
En general, en los años ochenta, el cooperativismo español ha sufrido importantes modificaciones con una nueva legislación y una adaptación motivada por la entrada en la CEE; la proliferación de estructuras de segundo grado puede servir como ejemplo. Todo ello, dando lugar a un nuevo planteamiento donde el reconocimiento de la economía social y la necesidad de nuevas estrategias empresariales, hacen del cooperativismo un fenómeno ineludible que debe ser potenciado a través de grandes grupos, concentración de empresas y diversificación de las mismas.
A finales de la década de los noventa, la sustitución de la anterior Ley por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, supone un intento de adaptación a las constantes transformaciones económicas y a los desafíos empresariales motivados por la entrada en la Unión Monetaria Europea, donde conviene destacar las modificaciones de determinados aspectos relacionados con los excedentes cooperativos.
2.5. El cooperativismo agrario.
Desde sus inicios, el cooperativismo agrario ha perseguido la realización colectiva de funciones del proceso productivo, que tradicionalmente han sido competencia del empresario agrario individual. Desde este punto de vista, las cooperativas agrarias pueden clasificarse según su función en distintas categorías –en la práctica, las cooperativas agrarias suelen, en general, realizar varias actividades por lo que se organizan en secciones-, aunque pueden aglutinar en una sola, varias o la totalidad de las siguientes funciones:
-Aprovisionamiento de factores productivos, es decir, suministros de bienes (abonos, semilla, maquinaria, fitosanitarios…) y servicios (asesoramiento, recursos financieros –cooperativas de crédito agrario-, servicios administrativos y de gestión…) con el objetivo de reducir costes a partir del establecimiento de economías de escala.
-Transformación y venta de la materia prima en cuestión (industrialización) tratando de incrementar los ingresos directos (comercialización) e indirectos (transformación) a través de la participación en el valor añadido.
-Explotación común de empresas agrarias individuales. De explotación comunitaria o en común de la tierra, la forman titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras –que pueden participar con su trabajo- y otras personas físicas que solo participan con su trabajo, para la explotación en común de estos bienes u otros que posea la cooperativa.
La decisión de participar como socio en una cooperativa es inversamente proporcional al tamaño de la empresa agraria individual, es decir, a medida que la explotación sea más grande podrá realizar las distintas funciones descritas de manera más satisfactoria, por tanto, será menor el interés del empresario y se mostrará menos dispuesto a renunciar a la capacidad de decisión que conlleva la integración en una asociación. Por tanto, la actitud del empresario agrario ante la cooperación, estará fundamentada por dos factores, el beneficio y la libertad de acción. Si el beneficio (retornos cooperativos, incremento de precios del producto y/o disminución de costes de los factores de producción) es superior al alcanzado de forma individual, en teoría, el empresario estaría dispuesto a perder su libertad de acción o libertad empresarial (capacidad de tomar decisiones de carácter empresarial sobre el proceso de producción, transformación y comercialización agrarios) e incorporarse a una entidad colectiva. En ese caso, debe acatar las decisiones comunes en alguna o la totalidad de las fases del proceso, en función de las llevadas a cabo por dicha entidad -generalmente transformación y comercialización, a excepción de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra-; lo normal es que las decisiones agronómicas queden en manos del empresario, cediendo a la cooperativas las relativas a transformación y comercialización o, en su caso, aprovisionamiento y crédito. El empresario individual deberá sopesar si los beneficios son superiores a los generados de manera individual, es decir, si la gestión de la explotación llevada a cabo bajo su dirección, y los beneficios consecuentes, superan los que podrían derivarse de una gestión colectiva. Evidentemente, a medida que la eficacia de la entidad cooperativa sea mayor y, por tanto, la repercusión económica en los socios (precios de venta, gastos de transformación, abastecimiento de bienes de producción…) se vea incrementada, más atractiva resultará la opción. Ha de tenerse en cuenta que existen explotaciones que por su tamaño, superan en producción incluso la existente en muchas cooperativas, pudiendo asumir por sí solas las fases del proceso descritas. No obstante, se trata simplemente de una tendencia que no puede elevarse a categoría, ya que existen numerosos casos en que las ventajas obtenidas pueden resultar atractivas incluso para este tipo de empresas, sobre todo teniendo en cuenta que el porcentaje de productos agrarios elaborados antes de llegar al consumidor que, por ejemplo en EEUU, supera el 90%, implica un grado de complejidad de la industria agroalimentaria y de comercialización de los productos resultantes que, en muchos casos, ni siquiera puede ser asumido por las pequeñas y medianas cooperativas, haciéndose necesario acudir a asociaciones de asociaciones como las cooperativas de segundo grado que, en aquellos sectores en los que se ha implantado, ha permitido mayor eficacia dadas las economías de escala que se derivan:
-Concentración de la oferta.
-Diversificación de productos y calendario.
-Apertura de mercados.
-Concentración de demanda de factores de producción.
-Realización de nuevos procesos de industrialización.
-Fomento de entidades intercooperativas.
-Mejora de la gestión administrativa.
-Elude competencia con otras entidades asociativas.
En cualquier caso, suelen ser los pequeños y medianos agricultores los que presentan una mayor disposición a integrarse en una cooperativa, la necesidad de cooperación se justifica desde el momento en que los bajos rendimientos de la explotación, la precariedad de las infraestructuras, la calidad del producto o la inexistencia de un organización comercial, lleva a los productores a la búsqueda de metas comunes que persiguen la optimización del aprovechamiento de sus recursos a través de la rentabilización del cultivo, la mejora de la calidad de sus productos y el incremento del valor añadido de los mismos mediante medidas gestoras y comercializadoras. Sin embargo, un cooperativismo con perspectivas de futuro, debiera plantearse ser atractivo, no solo para las pequeñas y medianas propiedades, también para la gran propiedad. Para ello, deben articularse toda una serie de medidas tendentes a convertir el cooperativismo en una opción atractiva para todas las situaciones que se producen en la empresa agraria. Por todo ello, la ponderación del voto o el reparto de beneficios, la gestión, la transformación y la comercialización, tienen que ser instrumentos al servicio de los intereses económicos del socio, al igual que en la empresa capitalista lo son del accionista.
Las cooperativas agrarias persiguen, por tanto, dos tipos de objetivos, uno de carácter social referido a los socios (solidaridad, defensa mutua…) y a su propio entorno, entendido este como el medio rural en que se desarrollan sus actividades (medioambiente, empleo, gestión de recursos…), y otro de carácter económico que trata de conseguir la suficiente eficiencia industrial y comercial como para sobrevivir en el mercado y que estos resultados, a su vez, repercutan en el objetivo socio-rural. Todo ello, en un ámbito de referencia que ha pasado de regional o nacional a internacional debido a la globalización económica.
No obstante, aunque resulte paradógico, el principal problema para poner en marcha la estrategia integradora o, una vez puesta en marcha, asumir retos interesantes desde el punto de vista tecnológico, administrativo y comercial, se encuentra en los propios interesados, los socios. La falta de formación, espíritu empresarial y solidaridad; las diversas concepciones económicas, ideológicas y políticas; la resistencia a ceder parcelas de poder, a la pérdida de protagonismo, la inseguridad ante lo novedoso o el propio chauvinismo local, lleva a situaciones donde el estancamiento o incluso el retroceso es la tónica dominante.
2.5.1. Evolución.
El cooperativismo agrario se inició en España con cierto retraso respecto a Europa. La Ley de Asociaciones de 1887 dio lugar a la formación de las primeras cooperativas en la década de 1890, especialmente en Cataluña. Aunque, será al amparo de la Ley de Sindicatos Agrarios de 1906, cuando el movimiento alcanzó cierta entidad, especialmente entre pequeños y medianos propietarios. Esta normativa concedía a las cooperativas ventajas de carácter fiscal, no obstante, no todas estaban acogidas a ella, de hecho, existían seis tipos de sociedades que realizaban funciones cooperativas: Sindicatos Agrícolas, Cámaras Agrícolas, Comunidades de Labradores, Cajas Rurales, Asociaciones Agrarias y Federaciones Agrarias. En cualquier caso, durante el primer tercio del siglo pasado, las disposiciones se fueron aplicando con retraso, es el caso de la citada Ley de 1906, comenzó a tener vigencia dos años después, en 1908, y, no fue hasta 1915 cuando las sociedades acogidas empezaron a beneficiarse de la exenciones fiscales. Aun así, el gran impulso que, tanto instituciones públicas como privadas, dieron al cooperativismo desde los primeros años del siglo, produjo una difusión del movimiento, que dio lugar a un número más que considerable de organizaciones.
Aunque los estudiosos no se ponen muy de acuerdo a la hora de establecer conclusiones sobre el tema y la política cooperativa española continúa planteando numerosos interrogantes –lo que se sabe sobre periodo anterior a la Guerra Civil, es insuficiente y da lugar a valoraciones, tanto cuantitativas como cualitativas, a veces, poco coincidentes-, en general, desde la España de la Restauración, a finales del siglo XIX, y hasta el periodo constitucional, pueden destacarse ciertos particularismos coincidentes en la mayoría de las entidades:
-No se trataba de un modelo especializado, abarcaba secciones de compra de insumos y maquinaria, crédito, comercialización…
-En general, contribuyó a la difusión de técnicas de fertilización y otras novedades agronómicas. Dinamizó la actividad agraria, sobre todo, en los lugares donde concurrían un número elevado de pequeños y medianos propietarios.
-La creación de cooperativas estaba estrechamente relacionada con determinados planteamientos políticos (caciquismo, republicanismo, anarquismo…) e incluso confesionales (sindicalismo católico-agrario), que obstaculizaron o favorecieron, según las circunstancias políticas, el fenómeno.
-Bajo nivel de capitalización y escaso desarrollo del crédito cooperativo. La escasa capacidad económica de la mayor parte de los socios, entre otros factores, impidió llevar a cabo eficazmente y de manera continuada los objetivos marcados; incluso en muchos casos, produjo la desaparición de algunas entidades asociativas
-Bajo nivel de comercialización de las cosechas.
A finales de los años 80, el cooperativismo agrario estaba ampliamente extendido en nuestro país y, aunque los registros estadísticos son poco fiables, existían más de 5000 cooperativas con más de 1.500.000 socios, especialmente en el sector vitivinícola, el aceite, los cítricos, el hortofrutícola y en el mercado de productos y fertilizantes dentro del mercado de inputs; se constituía así en la más importante fuerza asociativa, con una cuota de mercado en torno al 15% y un 46% de las explotaciones agrarias implicadas. No obstante, y según estimaciones de COPA-COGECA (“Confederación General de Cooperativas Agrarias en la Unión Europea” que en la actualidad representa los intereses de unas 40.000 cooperativas agrarias que dan empleo a unas 660.000 personas y cuya facturación global anual supera los 300 mil millones de Euros), el sector cooperativo se encontraba muy alejado de la media europea debido, entre otras razones, a la falta de espíritu empresarial de promotores y dirigentes de estas entidades que, en muchos casos, se trataba de pequeñas y medianas empresas con un volumen de socios en torno a los 250, con problemas de gestión, financiación e infrautilización de sus instalaciones y escaso nivel de recursos propios (capital y reservas). El tamaño de las cooperativas era más reducido que la media europea y los procesos de concentración se habían iniciado con retraso, de las aproximadamente 80 cooperativas de segundo grado constituidas en la década de los ochenta, solo cuatro superaban un volumen de negocios superior a los 10.000 millones de pesetas; además, en la mayoría de los casos, la solución a la problemática descrita era del todo insuficiente. Sin embargo, se había iniciado un proceso de concentración e integración paralelo al emprendido en Europa -siendo en este sentido paradigmático el caso se Holanda y Dinamarca- y, aproximadamente la mitad de las cooperativas estaban integradas en entidades de segundo grado, permitiendo a pequeñas cooperativas abordar procesos comerciales y obteniendo una cuota de mercado en torno al 20%. Un ejemplo del llamado reagrupamiento cooperativo podía encontrarse en la Comunidad Valenciana que en 1970 contaba con más de 700 cooperativas que integraban a menos de 200.000 socios; una década y media después, en 1986, el número de entidades estaba por debajo de 600, sin embargo el número de socios había superado los 340.000. En este sentido, hay que hacer referencia a ANECOOP, cooperativa creada en 1975 por 31 cooperativas citrícolas para exportar sus productos que. A principios de los 90 (campaña 1991-92, mas de 270.000 Tn.), con un volumen de negocios superior a las 200.000 TM, integraba a más de 130 cooperativas que debían aportar un mínimo del 15% de su producción (15 variedades de cítricos, 22 tipos de hortaliza, 13 de frutas y vino), contando con empresas distribuidoras en más de 20 países; todo ello, acompañado de mejoras importantes en el control de calidad, la gestión de las liquidaciones a las cooperativas asociadas y las estrategias de mercado que la convierten en la primera empresa exportadora de cítricos.
En general, a nivel de CEE, se producía un aumento del grado de concentración, diversificación e integración vertical con intervención en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria y un 60% de la producción total agraria; todo ello, en consonancia con los objetivos de la PAC, especialmente en la búsqueda de la mejora de las rentas agrarias. Este crecimiento se producía, no solo mediante fenómenos de concentración de distintas características –fusiones, absorciones de empresas cooperativa, uniones o estructuras de segundo grado…-, sino también mediante fórmulas empresariales mixtas, sociedades anónimas o cualquier otro tipo de entidades mercantiles en las que las cooperativas participan con una parte importante del capital.
Ya en estos momentos se planteaba lo que será una constante a lo largo de los siguientes años, es decir, la necesidad de una mayor profesionalización de la gestión y dirección empresarial que, junto a una mayor concentración de la oferta, permitiera dominar los circuitos comerciales y, en definitiva, generar mayor valor añadido para los productos agrarios. En cierto modo la solución planteada era la creación de cooperativas de segundo grado, de las que en España existían esperanzadores ejemplo, entre los que destacaba la ya citada ANECOOP. Una sociedad sin precedentes hasta esos momentos en la historia del cooperativismo agrario, que había permitido acceder a mercados inalcanzables individualmente y crear servicios a partir de inversiones conjuntas. En 1990, ANECOOP, junto a la Generalidad Valenciana y otras empresas cooperativas hortofrutícolas, constituyen Agriconsa (Agricultura y Conservas, S.A.), una sociedad con un capital inicial de 900 millones de pesetas, con el objetivo parte de solucionar problemas de excedentes y aumentar las rentas de los cooperativistas a través de su participación en el valor añadido. Posteriormente, en 1993 crea Inducitric, una AIE (Agrupación de Interés Económico) en la que participa con Indulérida S.A., sociedad creada por ochenta cooperativas de Lérida. Existen otros proyectos empresariales resaltables, que parten de cooperativas de segundo grado como Agrocalidad, constituida en 1990 con una participación mayoritaria (51% del capital) de cooperativas de suministros -500 cooperativas con más de 250.000 socios que trataban de disponer de productos de calidad a un precio adecuado-. Sin embargo, se trata de un ejemplo excepcional, en estos momentos, España contaba tan solo con cien cooperativas de segundo grado. A principios de los años noventa, el cooperativismo constituía un 80% de las Organizaciones y Agrupaciones de Productores Agrarios (OPA-APA), junto a las SAT.
Actualmente, y desde hace algunos años, se viene reclamando desde distintos ámbitos la adopción de un nuevo modelo cooperativista menos agrario y más agroalimentario que permita incrementar las rentas agrarias de sus socios. Para ello, es necesario adoptar distintas fórmulas donde, dentro de los márgenes que permite la normativa cooperativa, puedan combinarse estrategias propias tanto de las empresas capitalistas como de empresas sociales. Un primer factor, el pequeño tamaño de muchas cooperativas, hace que en nuestro país, a diferencia de los que ocurre en otros países de nuestro entorno, no se beneficien suficientemente de las economías de escala y dependan en mayor medida de las grandes empresas agroalimentarias; en muchos casos incluso, entrando en competencia mutua en beneficio de las empresas con objetivos puramente lucrativos –para ello no dudan en poner en práctica operaciones de concentración y diversificación (OPAs, compras, fusiones…)-. También la legislación cooperativa contempla posibilidades en esta línea y, por ejemplo, en los artículos 12, 17 y 75 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se recogen posibilidades de fusión, bien por absorción o creación de una nueva sociedad, creando secciones o realizando conciertos intercooperativos y vínculos societarios con otras personas físicas o jurídicas. Todo ello, con el objetivo de concentrar la oferta, diversificar, comercializar, contratar servicios de forma asociada y concentrar la demanda de factores de producción. Es decir un modelo cooperativo empresarial, competitivo, rentable y profesionalizado.
En este sentido, una iniciativa importante es la aprobación de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, que persigue la integración cooperativa dinamizando los procesos de fusión y tratando de consolidar las entidades cooperativas que ya son una referencia en los sectores donde actúan. Para ello, la ley creará la llamada Entidad Asociativa Prioritaria, una figura que abarcará a aquellas cooperativas y entidades asociativas con un volumen mínimo de comercialización según sectores. Como complemento a dicha ley, se proponen algunas modificaciones a la Ley 27/1999 de Cooperativas y a la Ley 20/1990 de Régimen Fiscal de Cooperativas, como las realizadas por Cooperativas Agro-alimentarias de España en relación a la asunción por parte de las cooperativas de funciones que tengan una repercusión en el medio rural donde se ubican, la inclusión como socios de usuarios y proveedores de bienes y servicios, y la posibilidad de realizar operaciones con terceros no socios que no superen el 50% del total realizado por la cooperativa. Por otra parte, otra normativa en proyecto, el Proyecto de Ley de mejora de la cadena alimentaria, trata de articular el mercado para que todos los niveles de la cadena alimentaria, desde el productor al consumidor, sean retribuidos adecuadamente en base al esfuerzo y el valor aportado, rigiéndose por principios de equilibrio entre las partes y la distribución de riesgos y responsabilidades… Objetivos todos ellos muy loables, pero, por desgracia, de difícil puesta en práctica.
2.5.2. Reflexión.
Independientemente del marco legal que regula la actividad asociativa, expuesto aquí parcial y sucintamente, son los propios interesados los que deben tomar la iniciativa en pro de la consecución de los objetivos comunes para que la actividad se desarrolle de forma adecuada. De lo contrario, aquellos propietarios sin capacidad de transformación y comercialización, tendrán que vincularse a empresas en condiciones de desigualdad y soportar con resignación las condiciones arbitrarias del mercado.
Estos objetivos deben no perder de vista lo que sería la meta final, es decir, el control de todo el proceso productivo-comercial hasta el logro de una cuota de mercado total, sin intermediaciones. Todo ello, en teoría y de manera un tanto idealizada, desde una única dirección que debe abarcar un ámbito lo más extenso posible a través de la integración empresarial.
Para ello las cooperativas, concretamente las oleícolas, deben perseguir objetivos parciales sin perder de vista la meta deseada. Entre otras cosas: perseguir el asociacionismo con otras empresas sociales, sin descartar las públicas y las mercantiles convencionales (uniones, fusiones, consorcios, segundo grado…); dotarse de los activos financieros necesarios; adoptar las nuevas tecnologías en sus procesos de producción, gestión, comercialización y marketing; optimizar el aprovechamiento de todos los derivados de la actividad (alperujo, cosmética, conservas y encurtidos, turismo y actividades cinegéticas, productos energéticos, etc.); corregir, dentro de lo posible, las variaciones interanuales de producción; dotarse de la infraestructura necesaria para aprovechar al máximo las potencialidades productivas de las explotaciones (regadío, comunicaciones viarias, etc.); trabajar en torno a una única marca que represente todas las variedades del producto… Hasta convertirse en empresas competitivas, bien adaptadas al contexto del mercado y con actuaciones al unísono, sin discrepancias y con unanimidad. Todo ello, con el esfuerzo de los dirigentes de las cooperativas y la asistencia de la administración. Solo así, los productores tendrán posibilidades.
En todo este proceso, la búsqueda de beneficios de las cooperativas debe ser un objetivo en sí mismo, unos beneficios que, invertidos en la modernización y ampliación de servicios, repercuten directa e indirectamente en el socio y aumenten el capital de la empresa hasta niveles equiparables al de otro tipo de empresas. Para ello, los socios deben pagar el uso de servicios de forma proporcional y recibir las liquidaciones muy en relación con la calidad. El nivel de financiación de muchas cooperativas, impide disponer de recursos para acometer algunas de las iniciativas relacionadas (`excedente cero´).
Aunque el cooperativismo está considerado como una entidad privada, distinta de lo público, no es capaz de optimizar –salvo casos muy excepcionales- los recursos disponibles con la misma eficacia que lo hacen las entidades privadas individuales o aquellas otras que, aún perteneciendo a varios propietarios, como ocurre por cierto con las cooperativas, la gestión-administración es realizada en busca del beneficio en sentido estricto. Un beneficio que es distribuido entre los accionistas en función del capital aportado, un capital que corre el riesgo de mermar o simplemente desaparecer, si la gestión no es realizada de manera adecuada. Es por ello que el gestor-administrador procurará rendir cuentas positivas, tendrá la obligación de obtener buenos resultados. En las cooperativas, la distribución de beneficios no es directa, más bien indirecta y, por tanto, menos visible. El capital arriesgado por parte de los socios, aunque en realidad lo constituyen los factores de producción que forman el entramado cooperativo, se diluye perceptivamente sin que el socio tenga la sensación de poseedor de capital que tiene el accionista, el socio no tiene la sensación de que la buena gestión tiene una repercusión económica.
Las cooperativas olivareras, deben tener una referencia organizativa en cuando al tamaño, zona de influencia, actividades llevadas a cabo, personal integrante. Un modelo de organización y gestión competitivo basado en entidades de referencia que permitan a la cooperativa diversificar y rentabilizar actividades, tanto para socios, como para terceros. Un modelo dinámico, pero consensuado entre entidades que persiga completar el recorrido que hace el aceite desde la aceituna hasta la botella de la superficie comercial o cualquier otro producto donde el aceite o la aceituna, sean componentes fundamentales. Un modelo que, con ligeras variaciones locales o comarcales, permita consensuar estrategias comunes que lleven al sector a una posición dominante en la que sean los productores los beneficiarios del valor añadido resultante. Un modelo que sea capaz de solapar determinados servicios intercooperativos cuando la realización y gestión del proceso requiera colaboración para ser rentabilizado. Un modelo que posibilite, si así lo requiere la situación que el último escalón de la cadena agroalimentaria sea asumido por una empresa mercantil en las que las cooperativas sean los accionistas, una empresa que coordine a sus socios capitalistas para que ellos consigan beneficios indirectos a partir del incremento del cobro de su materia prima. Desde esta óptica, la opción asociativa debe resultar atractiva para todo tipo de empresas olivareras, independientemente de su tamaño, ya que si bien es cierto que se está produciendo un fenómeno empresarial muy acertado por parte de muchas empresas latifundistas, también lo es que estas cuentan entre sus inconvenientes con algunos de los argumentos comentados en estas páginas y, sobre todo, las de menor tamaño disponen de producciones muy limitadas y variables para poder abastecer regularmente un mercado en el que no convienen las contingencias productivas, especialmente si no cuentan con un sistema de pagos asociados al que inexplicablemente la mayoría de ellas son reacias.
Las cooperativas y las SAT son un buen instrumento para realizar esa primera transformación necesaria y que debe realizarse en un lugar no muy lejano de la explotación agraria. El cometido de la cooperativa debe centrarse en coordinar a los productores para conseguir un producto de calidad con los mínimos costes, amén de otros cometidos de ámbito social, medioambiental e infraestructural. Para ello no basta con molturar sin más, la rentabilidad comienza en la propia explotación, el olivarero necesita ser orientado en determinadas prácticas que sean efectivas y que la cooperativa ponga a su disposición a precios competitivos y de calidad aquellos elementos materiales necesarios para realizar su actividad (insumos). La cooperativa no puede perder de vista este objetivo, dedicando beneficios obtenidos de su actividad, con socios y con terceros, a mejorar la prestación de bienes y servicios a sus socios.
Por todo ello, el contexto legal que regula la actividad cooperativa, debe supeditarse a dichos objetivos. El cooperativismo no puede estar limitado por la propia filosofía social que lo inspira y, sin renunciar a su propósito, debe adoptar sin complejos aquellos mecanismos de empresa que resulten adecuados. En este sentido, por ejemplo, es destacable que el voto esté ligado a la actividad y no a lo aportado, «una persona socia un voto». Quizá esto tenga cierto sentido en las cooperativas de trabajo, pero no en la de servicios. En las primeras la contribución social de sus componentes es similar, en las segundas, especialmente las agrarias es dispar, la aportación del producto para su tratamiento y distribución puede llegar a ser, y de hecho lo es, muy variable. Sin embargo, el componente democrático del cooperativismo, es un tanto reacio a la posibilidad de distribuir desigualmente el voto entre sus socios. Una posibilidad que ha quedado abierta con la normativa andaluza para las cooperativas de primer grado (Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas) desde el momento que supone la ruptura del principio. En este caso, será la Asamblea la que decida una distribución distinta en función de criterios particulares, así, al artículo 102 establece que “en las sociedades cooperativas de servicios, estatutariamente, se podrá regular un voto plural, proporcional a la totalidad de la actividad cooperativizada” con una limitación de siete votos por socio y sin que se tome en consideración el capital aportado. “En las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, los estatutos podrán establecer el sistema de voto plural en función del grado de participación de cada socio o socia en la actividad cooperativizada, o del número de socios y socias de cada persona jurídica integrada en la estructura asociativa…”. Esta opción puede resultar más ajustada y equitativa para los socios en función de la aportación que realizan y puede ajustar en mayor medida la relación entre los intereses económicos y la capacidad de decisión. No obstante, su establecimiento es voluntario.
A este motivo también responden las modificaciones que la Ley 13/2013, de Fomento de la Integración Cooperativa…, introduce en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
En definitiva, en manos de los agentes implicados, está la posibilidad de articular aquellos mecanismos que permitan que el cooperativismo sea una opción interesante -independientemente de la superficie de cultivo- para que pueda seguirse afirmando lo dicho en el preámbulo de la Ley de fomento de la integración cooperativa: “El asociacionismo agrario, como fenómeno general, y las cooperativas en particular, son protagonistas del gran cambio experimentado en el sector agroalimentario español, contribuyendo a la vertebración del territorio, al dar continuidad a la actividad agraria, fomentando el empleo rural y teniendo una especial capacidad para ser motor de desarrollo económico y social, favoreciendo, por tanto, la viabilidad y sostenibilidad de nuestras zonas rurales”.
De lo contrario, el cooperativismo puede entrar a medio o largo plazo, en una crisis que beneficie a empresas en las que los olivareros se limiten a vender el producto, u otras opciones asociativas que siendo convenientes, darían lugar a una mayor atomización del sector con todos los perjuicios que eso supone.
Desgraciadamente la realidad actual dista enormemente de la situación deseada, como en otros ámbitos agropecuarios, la atomización y el individualismo son la tónica dominante, incluso con los esfuerzos realizados por la administración de los que son un buen ejemplo la Ley 13/2013, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario y la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Son los propios agricultores, los verdaderos protagonistas, el obstáculo más importante del proceso, primando actitudes absurdas que, desde mi punto de vista, invalidan una serie de quejas que son una constante en el sector y que, fundamentalmente, están relacionadas con precios inadecuados y escasa regulación de la oferta… La solución no es el intervencionismo estatal o comunitario o los precios de intervención, tampoco la regulación exógena de las superficies de cultivo. En un mercado global y muy competitivo, la empresa agropecuaria debe asumir los mismos riesgos que cualquier otro tipo de empresa, y estos riesgos suponen la supervivencia… Continuará.
-Junta de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento.
-Infoagro. Asociacionismo agrario.