Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-39908-de-octubre-17-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d367e9f38303015ee0430a010151015e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 09:54:52
Document Index: 119551630

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 83', 'artículo 212', 'artículo 216', 'artículo 30', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 86', 'artículo 146', 'artículo 32', 'artículo 30', 'artículo 146', 'artículo 32']

﻿ Sentencia 39908 de octubre 17 de 2012
AUTO 39908 DE 17 DE OCTUBRE DE 2012
CONTENIDO:EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, LEY 599 DE 2000. DE ACUERDO AL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 599 DE 2000, LA ACCIÓN PENAL PRESCRIBE EN UN TIEMPO IGUAL AL MÁXIMO DE LA PENA FIJADA EN LA LEY. CUANDO ESTO SUCEDE LA ACCIÓN PENAL SE EXTINGUE POR RAZÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ALCALDE, EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, ADMISIÓN DE LA DEMANDA, COAUTOR DEL DELITO, CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATO
Sentencia 39908 de octubre 17 de 2012
Por tanto, no basta con afirmar que en la sentencia o al interior del proceso se cometió un vicio in iudicando o de actividad, ya que debe demostrarse la existencia del error denunciado y su trascendencia frente a las plurales decisiones adoptadas en el fallo.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, es bien sabido que el recurso de casación constituye el medio por el cual la corporación revisa la legalidad de la providencia. De ahí que el libelo exija cumplir todas las formalidades estatuidas en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, toda vez que se debe señalar, de manera clara y precisa, la causal con la cual se pretende la infirmación del fallo y argumentar cómo el vicio condujo a resquebrajar la decisión.
No resulta atinado denunciar sólo la existencia del yerro que se invoca, sino que el actor debe demostrar cómo el mismo, tiene la trascendencia suficiente para romper la sentencia de segunda instancia y por ende, la Corte ha de intervenir como Tribunal de Casación en procura de reparar los agravios sufridos a los intervinientes en el proceso objeto de censura.
2. La infracción directa de la ley sustancial.
Cuando la censura se postula por esta vía, el casacionista está aceptando que los hechos declarados como probados en la sentencia fueron correctamente apreciados, razón por la cual el debate se circunscribe a la aplicación del derecho, sin que tengan cabida aspectos relacionados con la credibilidad de los elementos de juicio y del acontecer fáctico.
3. La causal tercera de casación.
Con relación a la acreditación de la nulidad, si bien la Sala ha dicho que es menos exigente que la demostración de las otras, lo cierto es que impone al demandante proceder con precisión, claridad y nitidez a identificar la clase de irregularidad sustancial que determina la invalidación, plantear sus fundamentos fácticos, indicar los preceptos que considera conculcados y expresar la razón de su quebranto.
Así mismo, especificar el límite de la actuación a partir de la cual se produjo el vicio, así como la cobertura de la nulidad, evidenciar que procesalmente no existe manera diversa de restablecer el derecho afectado y, lo más importante, comprobar que la anomalía denunciada tuvo injerencia perjudicial y decisiva en la declaración de justicia contenida en el fallo impugnado (principio de trascendencia), dado que este recurso extraordinario no puede fundarse en especulaciones, conjeturas, afirmaciones carentes de demostración o en situaciones ausentes de quebranto.
Recuérdese que el censor a través de las causales 1 y 3 de casación, presenta dos reproches contra la sentencia de segunda instancia, que no cumplen los anteriores presupuestos de lógica y debida fundamentación.
En efecto, como primera crítica al escrito radica en que en la elaboración de las censuras el actor desconoció el principio de prioridad que rige la casación, según el cual, los cargos deben presentarse de acuerdo con la naturaleza de las causales invocadas en la demanda y con las consecuencias del error alegado.
En otras palabras, cuando se ataca la sentencia con base en las causales primera (violación de la ley sustancial) y tercera (nulidad) de casación, es lógico que el reproche principal debe ser el de nulidad, pues de prosperar, por regla general, haría inane el estudio de los demás reparos.
Ahora bien, en lo que atañe al primer cargo que el libelista postula por la vía de la infracción directa de la ley sustancial, la Corte advierte que no acató los presupuestos de lógica y debida fundamentación, en tanto no respetó los hechos y las pruebas declaradas como probadas en el fallo recurrido.
En efecto, el actor en vez de demostrar que las plurales normas fueron excluidas en la elaboración del juicio de derecho, como si la casación fuera una instancia más del trámite ordinario, procede a imponer su personal opinión, respecto de la manera como ocurrió el acontecer fáctico, crítica que riñe abiertamente con esos requisitos.
Recuérdese que cuando la censura se presenta por los senderos de la violación directa de la ley sustancial, al actor compete aceptar el acontecer fáctico y la estimación de los medios de conocimiento, según consta en la sentencia impugnada.
En esa medida, la tarea demostrativa del actor corresponde en indicar a través de un discurso eminentemente jurídico las siguientes hipótesis:
a) Que el juzgador dejó de aplicar la norma que en su estructura y descripción se adecua a los contenidos materiales (objetivos y subjetivos) de la conducta objeto de juzgamiento.
b) Que el sentenciador al elaborar la decisión, desconoció un precepto que regla el acontecer fáctico objeto de debate, en tanto se equivocó en cuanto a la existencia o validez del precepto, toda vez que estima que éste nunca estuvo en vigencia o considera que fue derogado.
c) Que el tribunal erró al desconocer o ignorar el contenido de la norma llamada a gobernar el asunto, en la medida en que yerra acerca de la aplicabilidad, en relación con sus límites espaciales, temporales o de tránsito de leyes en el tiempo.
d) Que el fallador ignoró o desconoció los ámbitos de aplicabilidad referidos a los delitos de ejecución instantánea o de ejecución continuada o permanente.
e) Que el juzgador excluyó de manera evidente la norma sustancial, habida cuenta que desconoció o ignoró los ámbitos de aplicabilidad territorial o extraterritorial de las leyes aplicables, tanto para nacionales como para extranjeros.
En el supuesto que ocupa la atención de la Corte, resulta atinado concluir que el demandante hizo consistir su labor argumentativa en informar que los principios que rigen la contratación administrativa, se cumplieron en los negocios jurídicos calificados como irregulares, situación que se encuentra confirmaba con la versión de la señora Edilmira Sierra, por lo que constituye un desafuero predicar el fraccionamiento de los aludidos contratos, en orden a incumplir la obligatoria licitación en razón de la cuantía.
Es decir, el censor no se ocupó en demostrar, desde el punto de vista jurídico, que los dos contratos fueron celebrados conforme a la ley, razón por la cual emerge nítidamente la infracción de la norma sustancial por desconocimiento de los preceptos anteriormente enunciados, falencia suficiente para inadmitir la demanda, dado que la Corte carece de la facultad para entrar a suplir al casacionista, según así lo impone el principio de limitación que igualmente rige a esta impugnación extraordinaria.
De otro lado, valga destacar que de acuerdo con los plurales elementos de juicio, el sentenciador, de manera atinada, dedujo que en la mencionada contratación se refleja el fraccionamiento ilegal del contrato, puesto que el rotulado con el número 044 de 17 de abril de 2000, estaba destinado para la adquisición de una máquina para empacar los productos que producía la planta, como por ejemplo, leche, yogurt, agua, refrescos, jugos etc. No obstante, le llamó la atención que “el nuevo producto Eneryo no estuviera incluido en estos conceptos, es decir, de antemano se tenía que saber qué refrescos, aguas, jugos y otros comprendían el mencionado producto”.
Por su parte, el contrato 78 de 31 de mayo de 2000, tuvo como objeto la compra de una serie de accesorios indiscriminados que estaban íntimamente relacionados con máquina adquirida en el anterior acuerdo, a saber: tres sondas para mantener el nivel constante del producto en el depósito, variador electrónico, el fechador para marcar el vencimiento de las bolsas, formato de una de menor tamaño, cabina trasera en acrílico para protección del rollo de polietileno, recibidor de acero inoxidable para bolsas empacadas, puerta delantera de seguridad, fotocelda para centrar imagen de la bolsa y puesta en marcha del equipo, asesoría técnica y el entrenamiento de personal para el buen manejo.
Así las cosas, la corporación concluyó que no “se requiere ser un experto para entender a primera vista que los accesorios del segundo contrato forman parte del mismo equipo, que la historia de los accesorios para empacar un producto denominado Eneryo es una disculpa insostenible, porque los supuestos accesorios de que trata el segundo contrato son en realidad los mismos para empacar todos los productos. Lo que resulta a simple vista es que dividieron el equipo en dos ventas para fraccionar el contrato, que debió celebrase por todo el componente. Agréguese a esto la cercanía de los contratos es tan sólo de un mes y 13 días”.
Por tanto, la censura, como se dijo, se inadmitirá.
En lo atinente al segundo cargo tampoco se encuentra debidamente postulado. En primer lugar, dígase que el actor no tendría interés para proponer esta censura, esto es, invocar del Estado la declaratoria de la extinción de la acción penal por razón de la prescripción, en torno del otro coprocesado, por cuanto no es su defensor, máxime cuando no demuestra un particular perjuicio frente a los intereses que representa.
De otro lado, si bien se escogió adecuadamente la causal para demandar la extinción de la acción por el fenómeno prescriptivo, también lo es que su demostración compete hacerse a través de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, según el caso, indicando el motivo de la transgresión, el error y el falso juicio que lo determinó.
Es verdad que el actor invoca la exclusión evidente de varios artículos del Código Penal, pero de su precaria demostración, no se evidencia cómo estas normas eran las llamadas a gobernar el asunto, puesto que sólo se limitó a transcribir unas líneas del fallo de primer grado y a realizar los cómputos numéricos para predicar ese fenómeno, en relación con el coprocesado Contreras Sarmiento, partiendo del supuesto que fue condenado como interviniente.
Es decir, la censura se quedó en el plano de la enunciación, en la medida en que no se demostró cómo las normas que cita el actor debieron ser aplicadas, en orden a resolver el conflicto derivado de la actuación penal.
Así las cosas, deviene necesariamente la inadmisión del libelo.
1. De acuerdo con el artículo 216 de la Ley 600 de 2000, la Sala casará parcialmente y de oficio la sentencia recurrida, toda vez que observa que en el presente asunto, se vulneró el debido proceso, toda vez que cuando se dictaron los fallos de instancia, respecto de Diego Contreras Sarmiento había operado el fenómeno prescriptivo de la acción penal del punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en tanto que fue condenado como interviniente, conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 30 de la Ley 599 de 2000.
En efecto, según el anterior recuento procesal y la calificación jurídica dada a los hechos en la sentencia recurrida, en relación con el coprocesado Contreras Sarmiento, es claro que la acción penal en este asunto se extinguió por razón de la prescripción, en torno al citado delito, motivo por el cual la Sala ordenará cesar todo procedimiento a favor de este procesado.
Con estricto apego a lo consagrado en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, se sabe que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, “si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20)...”.
En los asuntos en que se haya proferido resolución de acusación, como aquí ocurrió, el término prescriptivo de la acción penal, se interrumpe y “comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)”, según así lo contempla el artículo 86 de la misma Ley 599 de 2000.
En relación con ese comportamiento ilícito, conforme al artículo 146 del Decreto-Ley 100 de 1980, modificado por el artículo 32 de la Ley 190 de 1995, se sabe que tiene una pena privativa de la libertad que oscila entre cuatro (4) años y doce (12) años de prisión.
No obstante, como quiera que el citado procesado fuera acusado como interviniente, compete rebajar la sanción en una cuarta parte, por expreso mandato del artículo 30 inciso final del Código Penal de 2000, que arroja como pena máxima de prisión 9 años.
En tales circunstancias, resulta nítido inferir que en este evento, por encontrarse el diligenciamiento en la etapa de juicio, el término de extinción de la acción penal por razón de la prescripción para esa infracción es de 5 años.
La resolución de acusación fue proferida el 19 de abril de 2005, quedando en firme el 13 de julio de ese año. Por tanto, los 5 años se cumplieron el 13 del último mes citado del año 2010, mucho antes de que se dictara la sentencia de primer grado (dic. 13/2011), lo que inexplicablemente tampoco fue advertido por el tribunal.
De manera que la Sala declarará extinguida la acción penal y consecuentemente, cesará todo procedimiento a favor de Contreras Sarmiento por la infracción señalada anteriormente.
Así mismo, el juzgado de primera instancia procederá a cancelar las órdenes de captura, las cauciones que hubieren sido prestadas y las restricciones impuestas al inculpado Contreras Sarmiento por razón de este proceso. Además, de ser el caso, informará lo aquí resuelto a las mismas autoridades que se les comunicó la medida de aseguramiento, el calificatorio del sumario y la sentencia de primera y segunda instancia.
La Sala expedirá copias del proceso con destino al Consejo Seccional de la Judicatura del departamento de Yopal, Sala Disciplinaria, en orden a que se investigue al juez de primera instancia que conoció del proceso por la posible falta en que pudo haber incurrido, puesto que en su despacho el trámite duró más de cinco años, lo cual generó el aludido fenómeno prescriptivo.
2. Por último, la corporación aclarará que la sanción de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a Alcibíades Salamanca León no es pena accesoria sino principal, según así se infiere claramente del artículo 146 del Decreto-Ley 100 de 1980, modificada por el artículo 32 de la Ley 190 de 1995.
1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor nombre de Alcibíades Salamanca León.
2. CASAR parcialmente y de oficio el fallo impugnado. En consecuencia, se declarara que la acción penal a que se contrae este trámite por la conducta punible de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales atribuida, a Diego Contreras Sarmiento a título de interviniente, se encuentra extinguida por razón de la prescripción y, por lo mismo, se ordena cesar todo procedimiento a su favor. En lo demás, la sentencia no sufre ninguna modificación.
3. Disponer que el juzgador de primer grado realice las anotaciones, devoluciones, cancelaciones y medidas a que haya lugar, como consecuencia de la extinción de las acciones penal, según lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
4. Por Secretaría de la Sala, expídanse las copias con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, para lo de su cargo.
5. ACLARAR que la sanción de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta al procesado Alcibíades Salamanca León es principal y no accesoria como equívocamente se adujo en el fallo recurrido