Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-528-09.htm
Timestamp: 2017-11-21 00:40:45
Document Index: 9120662

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 4', 'artículo 32', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 198', 'artículo 133', 'artículo 28', 'artículo 198']

T-528-09
Sentencia T-528/09
INHABILIDADES PARA ACCESO A CARGO DE NOTARIO-Premisas dadas por la jurisprudencia constitucional
CARGO DE NOTARIO-No concurso de quien haya sido condenado disciplinariamente por faltas como notario
REGIMEN DE INHABILIDADES PARA LA FUNCION NOTARIAL-Rigurosidad legislativa para cargos o funciones más próxima a la actividad notarial
FALTA DISCIPLINARIA-Inhabilidad para ingresar a la carrera de notario
ACCION DE TUTELA-No aparece acreditada la vulneración de ningún derecho fundamental ni la existencia de perjuicio irremediable
Referencia: expediente T-2192122.
Acción de tutela instaurada por el señor Julio Humberto Meléndez Boada, contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial.
Bogotá, D. C., agosto cinco (5) de de dos mil nueve (2009).
El expediente arribó a la Corte Constitucional por remisión efectuada por la secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en virtud de lo ordenado por el inciso final del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala N° 4 de Selección de Tutelas de esta corporación mediante auto de abril 23 de 2009, aceptó para efectos de su revisión, la insistencia presentada por el Procurador General de la Nación en el asunto de la referencia.
El señor Julio Humberto Meléndez Boada interpusó acción de tutela en agosto 11 de 2008, contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, al considerar que dicha entidad vulneró su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad de escoger profesión y oficio, el debido proceso, el derecho político de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y la igualdad, entre otros, por los hechos que se sintetizan a continuación.
1.1. Manifestó el actor que ejerce el cargo de notario hace aproximadamente dieciocho años. Actualmente, es Notario Único de Funza. Inició como notario encargado en 1990, nombramiento efectuado mediante Decreto N° 02225 de septiembre 25 del mismo año, expedido por la Gobernación de Cundinamarca. Posteriormente, mediante Decreto N° 01268 de marzo 26 de 1991 fue nombrado como notario por el resto del período siendo confirmado mediante Decreto N° 01286 de abril 1° de 1991.
1.2. Explicó que se inscribió “legal y oportunamente para el concurso público y abierto de notarios que realizó el Consejo Superior”, inscripción que realizó en enero 25 de 2007, radicando los documentos requeridos, entre otros el certificado de antecedentes disciplinarios N° 3338657-4 expedido el 30 de enero de 2007 por la Procuraduría General de la Nación en el que “consta la ausencia de antecedentes” en su contra.
1.3. Señaló que mediante Acuerdo N° 142 de junio 9 de 2008 se integraron por parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial, las correspondientes listas de elegibles para la región de Bogotá, en la que aparece con un puntaje de 76,1833333, siendo el mejor entre todos los candidatos a la Notaría Única de Funza.
1.4. No obstante, mediante Resolución N° 029 de 2008 el Consejo Superior de la Carrera Notarial decidió: “EXCLUIR AL SEÑOR JULIO HUMBERTO MELÉNDEZ BOADA .., DEL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO PARA LA PROVISIÓN DE NOTARIOS EN PROPIEDAD Y EL INGRESO A LA CARRERA NOTARIAL DE CONFORMIDAD CON LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO” (f. 1 cd. inicial), la cual fue confirmada en todas sus partes al resolver el recurso de reposición.
1.5. Anotó que la razón de su exclusión radica en que la Superintendencia de Notariado y Registro mediante Resolución N° 1456 de marzo 29 de 2000, profirió en su contra una suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis meses, sanción que al momento de inscribirse para el concurso de notarios se hallaba prescrita.
El actor solicitó que “se decrete como mecanismo transitorio hasta que la autoridad judicial competente decida de fondo sobre la acción instaurada y para evitar un perjuicio irremediable, la suspensión de los efectos de las Resoluciones números 029 y 037 de 2008, proferidas por el Consejo Superior”, por las cuales se ordenó y confirmó su exclusión del concurso público y abierto para la provisión de notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial y, en consecuencia, sea incluido en el Acuerdo 142 de julio 9 de 2008 que integró las correspondientes listas de elegibles para la región de Bogotá, en el círculo notarial de Funza, Cundinamarca.
Igualmente, notificó a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Ministerio del Interior y de Justicia y decidió no acceder a la medida provisional solicitada por el actor (f. 17 cd. inicial).
Teniendo en cuenta algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional y el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, señaló que si bien la sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco años contados a partir de la ejecutoria del fallo, y una vez cumplida procede la rehabilitación automática, esto no incide en las exigencias para acceder al cargo de Notario, contenidas en el artículo 4° de la Ley 588 de 2000, ya que las inhabilidades entendidas como requisitos que debe cumplir quien aspira a acceder al cargo, tienen un propósito moralizador y de la función notarial, lo cual justifica la intemporalidad en su aplicación.
Descartó la falta de inmediatez en la acción de tutela propuesta por la interviniente, por cuanto el demandante en esta acción, se queja de la Resolución N° 0037 de 2008 por medio de la cual fue excluido de la carrera notarial.
Consideró que el accionante “confunde lo que es la prescripción de la sanción disciplinaria con la inhabilidad de la que fue objeto, situaciones que son diametralmente distintas, y que, lógicamente, producen diversos efectos” (f. 79 cd. inicial). Al respecto, afirmó que tal como lo prevé el artículo 32 de la Ley 734 de 2002 la sanción prescribe en cinco años, sin embargo, conforme lo refiere la Superintendencia de Notariado y Registro, el hecho de que en contra del inculpado se haya proferido sanción disciplinaria, en cualquier tiempo, hace que se encuentre incurso en causal de inhabilidad, la cual según lo ha señalado la Corte Constitucional es intemporal.
En consecuencia, señaló que al figurar “una sanción disciplinaria en contra del dr. Meléndez Boada, es entendible que la autoridad accionada desatendiera el pedimento respecto a la prescripción de la misma como fundamento para no considerarlo incurso en la inhabilidad de que trata el artículo 4° de la Ley 588 de 2000 y en virtud de la cual resultó excluido del concurso de notarios, pues independientemente de que ello corresponda con la realidad, y que eventualmente la prescripción aludida pudiera ser alegada para efectos de evitar que la suspensión se hiciera efectiva, lo cierto es que la norma que consagra el referido impedimento requiere que la sanción exista, lo que no es objeto de controversia en el caso que se analiza, de lo que deviene que la actuación de la que se aparta el accionante no aparece desproporcionada, abusiva, lesiva de garantía constitucional alguna, o producto del mero arbitrio de la administración, presupuestos necesarios para la emisión de la orden de amparo deprecada”.
Afirmó que si el actor considera que su exclusión de la lista de elegibles no era procedente, se acudiría a la figura de la revocatoria directa de su situación particular, siendo necesario contar con su consentimiento, y si pretende cuestionar lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo 01 de 2006, se estaría frente a una acción de tutela contra un acto administrativo de carácter general, que además data de hace aproximadamente dos años, por lo que se tornaría en improcedente dicha pretensión, de conformidad con el numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, así como por la desatención del principio de inmediatez.
Advirtió que verificada una causal de inhabilidad, lógico es concluir que la autoridad encargada de un proceso concursal, vele por la aplicación de las medidas que resulten procedentes en aras de restablecer la transparencia y equidad en el proceso de selección, pues de lo contrarío podría estar afectando las garantías fundamentales de los otros aspirantes alterando la objetividad de la actuación.
Mediante escrito de septiembre 1° de 2008, el actor impugnó la decisión del a quo, argumentando que no se analizó la existencia de un perjuicio irremediable, tampoco se examinaron los derechos fundamentales que consideró vulnerados.
Igualmente, ordenó al Consejo Superior de la Carrera Notarial que en el término de 48 horas, proceda a incluir dentro de la lista de elegibles para la región de Bogotá al accionante en los términos que se encontraba en el Acuerdo 142 de junio 9 de 2008 y “se ordene el envío de dicha lista al nominador en los términos de las normas que regulan el concurso público de méritos de la carrera notarial.”
En oficio de abril 1° de 2009, el Procurador General de la Nación, con facultad para el efecto, presentó ante la Sala de Selección correspondiente, insistencia para que se revisara la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, realzando “que la conducta del señor Meléndez Boada constituye una clara trasgresión a los principios de la transparencia y moralidad administrativa, principios al cuidado de la Constitución Política, los cuales deben imperar ante todo en el deber jurídico de las funciones de Notario al ejercer funciones públicas, tal como lo hace. Por ello no resulta admisible que, en sede de tutela se hubiese permitido el acceso de una persona que en ejercicio de esa función fue sancionada disciplinariamente.”
Igualmente, afirmó que “la imposibilidad de acceder o ejercer cargos públicos como consecuencia de una acción disciplinaria, únicamente deviene de la sanción de inhabilidad cuando ésta procede, la que opera en términos generales por un período específico determinado por la autoridad disciplinaria en el fallo respectivo, lo cual no implica que terminada o cumplida tal sanción, puedan eventualmente ejercerse las funciones por las cuales fue separado del cargo, o que de otra parte, también puedan posesionarse en un nuevo cargo. Sin embargo, a este respecto se hace necesario decir, que si bien lo dicho con antelación es totalmente cierto, no menos lo es que para la posesión de ciertos cargos dicha sanción generaría un impedimento de carácter permanente, ya que para su desempeño se requiere una total ausencia de antecedentes ya penales ya disciplinarios, como lo sería para el cargo de Notario Público.”
Adicionalmente, sobre la vigencia de la inhabilidad impuesta señaló que debe distinguirse, entre la inhabilidad determinada por la autoridad disciplinaria, y la que se genera por disposición del legislador cuando exige para el ejercicio de determinados cargos la inexistencia de sanciones disciplinarias, evento éste en el que, independientemente de la sanción de que se trate, la misma constituye un impedimento de carácter permanente para acceder o desempeñar ciertos y determinados empleos, razón por la cual en esos casos taxativamente contemplados en el ordenamiento jurídico vigente, la sanción debe aparecer como antecedente por tiempo indefinido y es lo que justamente paso en el caso del señor Meléndez Boada, al “haberse aprovechado personalmente de dineros que recibió por pago de impuestos o en depósitos” (f. 5 cd. Corte).
La Corte es competente para conocer esta demanda, en Sala de Revisión, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
El actor estima que sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso al ejercicio de funciones públicas, entre otros, fueron vulnerados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, al excluirlo del concurso de notarios, mediante Resolución N° 029 de 2008, debido a que fue sancionado disciplinariamente con la suspensión en el ejercicio de su cargo, por el término de seis meses, mediante Resolución N° 1456 de marzo 29 de 2000, proferida por la Superintendencia de Notariado y Registro.
Tercera. Las inhabilidades en la función notarial.
- Los aspirantes que como notarios han sido sancionados disciplinariamente están inhabilitados para participar en el concurso, independientemente de la falta cometida y de la sanción impuesta.
- Los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público están inhabilitados si por faltas disciplinarias han sido destituidos, o suspendidos por segunda vez por falta grave, o sancionados tres veces cualesquiera hayan sido las faltas o las sanciones.
- Los servidores diferentes a los anteriores que han sido destituidos de cualquier cargo público también se hallan inhabilitados.
Como puede advertirse, entonces, el grado de exigencia con que el legislador ha configurado la inhabilidad por sanción disciplinaria para el caso de los notarios que se desempeñaron como tales sin haber superado un concurso de méritos encuentra justificación en el Texto Superior y es coherente con el propósito del constituyente de concebir un estricto régimen de inhabilidades que garanticen una mejor prestación del servicio público en general y de la función notarial en particular.” (Negrilla fuera del texto original).
Dentro de este contexto, al estudiar la exequibilidad parcial del parágrafo segundo del artículo 4° de la Ley 588 de 2000, que consagra como inhabilidad para concursar en el cargo de notario el haber sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como notario consagradas en el artículo 198 del Decreto-Ley 960 de 1970, la Corte garantizó el servicio de la fe pública a fin de que sea prestado por aquellas personas capaces de generar la confianza requerida para el efecto.
Igualmente, en sentencia C-1212 de noviembre 21 de 2001, con ponencia del Magistrado Jaime Araujo Rentaría, esta corporación declaró la exequibilidad de las inhabilidades intemporales para ser designado como notario consagradas en los numerales 6° y 7° del artículo 133 del Decreto-Ley 960 de 1970 “por el cual se expide el Estatuto Notarial”, en este pronunciamiento se insistió en que la inhabilidad no constituye una pena, razón por la cual no se les aplica el mandato de imprescriptibilidad de las mismas dispuesto en el artículo 28 de la Carta. Al respecto se manifestó:
“Las inhabilidades, entendidas como impedimentos para acceder a la función pública, no tienen siempre como causa una sanción penal, es decir, no buscan siempre ‘castigar por un delito’. Pueden tener diversos orígenes y perseguir otros fines, como por ejemplo, colocar en pie de igualdad a quienes compiten por la representación política o a quienes buscan acceder a la función pública. Si bien pueden imponerse como una pena accesoria o principal, v.g. la establecida en los artículos 43-1 y 44 del Código Penal, también pueden ser consecuencia de una sanción disciplinaria o ser autónomas, por disposición expresa del constituyente o del legislador para garantizar principios de interés general.
Previo a la resolución del asunto hay que advertir que el demandante solicitó la protección de sus derechos fundamentales de acceso al desempeño de funciones públicas, a la igualdad y al trabajo, presuntamente amenazados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, instaurando esta acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues así lo manifestó en el escrito de tutela y en la impugnación de la misma, aunque no aclara que autoridad competente resolverá de fondo su situación, o si se encuentra en curso alguna acción tendiente a proteger los derechos que considera conculcados.
Es claro que al momento de inscribirse en el concurso de méritos para proveer en propiedad los cargos de notarios, los aspirantes debían manifestar bajo la gravedad de juramento no haber sido sancionados disciplinariamente, ni estar incursos en inhabilidades, mas aún si fueron sancionados durante el desempeño del cargo de notario.
La Ley 588 de 2000 prevé entre las inhabilidades aplicables a los aspirantes al concurso notarial, aquél que haya sido sancionado disciplinariamente por faltas como notario consagradas en el artículo 198 del Decreto-Ley 960 de 1970, entre las que se encuentra “el aprovechamiento personal o a favor de terceros de dineros o efectos negociables que reciba para el pago de impuestos o en depósito”.
En la anterior conducta incurrió el señor Meléndez Boada, al incumplir con “la obligación de consignar en la DIAN los dineros recibidos por concepto de retención en la fuente, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 1997, enero a diciembre de 1998; al incumplir con la obligación de consignar a la DIAN los dineros percibidos por concepto de IVA, por los bimestres de 1998 y el bimestre de enero a febrero de 1999 y por no cumplir con la obligación de pagar el aporte especial para la administración de justicia desde el mes de septiembre de 1997 hasta el mes de abril de 1999” (f. 31 cd. inicial), mientras ejercía el cargo de notario encargado, siendo sancionado por el término de seis meses, por la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Resolución N° 1456 de 2000.
De otra parte, es pertinente advertir que la inhabilidad limita al actor sólo en el desempeño de la actividad notarial como un servicio público de interés general, con la cual se busca preservar la confianza pública en la idoneidad y transparencia de quien ejerce el cargo de notario.
Primero: REVOCAR la sentencia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria el 29 de octubre de 2008, que concedió la tutela pedida por Julio Humberto Meléndez Boada. En su lugar, DENIEGA la protección del amparo invocado.