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Timestamp: 2016-12-10 11:18:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'Artículo 9', 'artículo 149', 'artículo 15', 'artículo 71', 'Artículo 9', 'Artículo 1']

LEY 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado y a las Instituciones Públicas
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LEY 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado y a las Instituciones Públicas Estado	:
52/1997	Boletín Oficial	:
27/11/1997	Fecha Publicación	:
CAPÍTULO I. DE LA ASISTENCIA JURÍDICA AL ESTADO.
CAPÍTULO II. NORMAS ESPECIFICAS SOBRE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DEL ESTADO.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Adaptación de denominación.
Uno de los mecanismos con que, desde las postrimerías del siglo XIX, ha tratado de subvenirse a la particular situación del Estado cuando es parte de un proceso, está constituido por la regulación de las llamadas especialidades o prerrogativas procesales del Estado. La relevancia constitucional y la importancia de los fines e intereses a que sirve la Administración pública, la complejidad organizativa y estructural que, en función de aquellos fines, asume el Estado en nuestros días, así como las estrictas pautas de actuación que el ordenamiento impone a las Administraciones públicas en garantía de la correcta satisfacción de los intereses generales, determinan un peculiar status funcional y organizativo del Estado de cuya sustancia no participan las personas y organizaciones de índole privada. Así las cosas, si de ello resulta la existencia de un fundamento objetivo que razonablemente justifica la consagración de determinadas especialidades enervadoras del Derecho rituario común cuando el Estado es parte en un proceso ante los órganos jurisdiccionales no pueden dejar de tenerse presentes en ningún momento las exigencias, derivadas de los principios constitucionales de igualdad y tutela judicial efectiva (artículos 14 y 24 de la Constitución), de tal suerte que las mencionadas especialidades procesales del Estado en ningún caso resulten atentadoras a los mencionados principios, ni supongan cargas desproporcionadas o irrazonables para la contraparte del Estado en el proceso.
II. La Ley aborda, en su Capítulo I (artículos 1 a 4), el régimen de la asistencia jurídica, entendida como asesoramiento, representación y defensa al Estado.
Se parte del principio de la asunción por el Servicio Jurídico del Estado de la asistencia jurídica del Estado y de los Organismos autónomos, sin perjuicio de las competencias consultivas que corresponden al Cuerpo Jurídico Militar en el ámbito del Ministerio de Defensa y a la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores en materia de derecho internacional.
III. Los Capítulos II y III de la Ley (artículos 5 a 10 y 11 a 15) tratan de sistematizar y concretar con el adecuado rango normativo, la posición procesal, ante los diversos órdenes jurisdiccionales del Estado y Organismos públicos del él dependientes, así como de los Órganos Constitucionales, reduciendo al mínimo las reglas especiales extravagantes al Derecho procesal común, y conciliando al mismo tiempo tales reglas especiales con los principios constitucionales aludidos.
El Capítulo II recoge normas que, refiriéndose a la materia de representación y defensa en juicio, y teniendo por ello transcendencia procesal, solo afectan al Estado (en sentido más amplio por contraposición a las Comunidades Autónomas) al ser los aspectos de organización de los Servicios Jurídicos los que priman. En el Capítulo III se recogen normas eminentemente procesales cuya competencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.6 de la Constitución, corresponde en exclusiva al Estado. Estas normas de carácter procesal son, por tanto, de aplicación tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas y así se declara expresamente en la disposición adicional cuarta, siguiendo así una técnica legislativa marcada por la doctrina del Tribunal Constitucional.
IV. Por último, respondiendo a la necesidad de clarificación y sistematización de la variada normativa que en la actualidad regula la posición procesal del Estado ante las diversas jurisdicciones, se derogan expresamente en unos casos y se redactan nuevamente en otros los preceptos de aquellas normas que resultan decididamente incompatibles con los actuales principios constitucionales, o que se hallan en pugna con el régimen de organización de las entidades públicas territoriales previsto en la Constitución.
DE LA ASISTENCIA JURÍDICA AL ESTADO.
1. La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio del Estado y de sus Organismos autónomos, así como la representación y defensa de los Órganos Constitucionales, cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado, de cuyo Director dependen sus unidades, denominadas Abocías del Estado.
NORMAS ESPECIFICAS SOBRE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DEL ESTADO.
Se atendrá, en primer lugar a lo dispuesto en la normativa especial o en las cláusulas convencionales reguladoras de la asistencia jurídica a la entidad o entidades públicas empresariales u Organismo público regulado por su normativa específica de que se trate.
Artículo 9. Actuaciones en procedimientos arbitrales y otras reclamaciones extrajudiciales. Previa autorización del titular del Departamento, Organismo público correspondiente, y con informe de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, los Abogados del Estado integrados en los Servicios Jurídicos del Estado podrán asumir la representación y defensa del Estado, sus Organismos autónomos, entidades públicas de ellos dependientes y órganos constitucionales en procedimientos arbitrales y otras reclamaciones extrajudiciales de naturaleza nacional o internacional.
ESPECIALIDADES PROCESALES APLICABLES AL ESTADO.
1. En los procesos civiles que se dirijan contra el Estado, sus Organismos autónomos, entidades públicas dependientes de ambos o los órganos constitucionales, el Abogado del Estado recabará los antecedentes para la defensa de la Administración, Organismo o entidad representada, así como elevará en su caso, consulta ante la Dirección del Servicio Jurídico del Estado. A tal fin, al recibir el primer traslado, citación o notificación del órgano jurisdiccional podrá pedir, y el Juez acordará, la suspensión del curso de los autos, salvo que, excepcionalmente, y por auto motivado, se estime que ello produciría grave daño para el interés general.
Los artículos 118.3 y 123.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 7.3 y 8.4 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, quedan modificados debiendo sustituirse la expresión Abogado del Estado por Abogado del Estado o representante procesal de la Administración demandada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Los artículos 5 a 9 y 11 a 15 de la presente Ley serán de aplicación al ámbito de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en la medida en que, atendida la naturaleza de las mismas y lo dispuesto por las Leyes vigentes, aquellos preceptos les sean aplicables, si bien las referencias contenidas en aquéllos a los Abogados del Estado, al Servicio Jurídico del Estado o a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado se entenderán efectuadas, respectivamente, a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, a la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social o a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
1. Los artículos 11, 12, 13.1, 14 y 15 se dictan al amparo de la competencia reservada al Estado en el artículo 149.1.6 de la Constitución, en materia de legislación procesal.
3. En, cuanto a lo dispuesto en el artículo 15, cuando sean parte en el procedimiento las Comunidades Autónomas y entidades de Derecho público dependientes de las mismas, serán también competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en la capital de la Comunidad Autónoma en el caso de que la misma no sea capital de provincia.
Los artículos 35, 123, apartado 4, y 131 apartado 4, de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Los apartados segundo, tercero y cuarto del artículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Artículos 1 (apdo. 3) y 13 (apdo. 1):
Redacción según Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. Artículo 9:
Redacción según Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Disposición adicional tercera:
Redacción según Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. Artículo 1 (apdo. 1):
La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional fue derogada por la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
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