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Timestamp: 2020-01-21 01:58:28
Document Index: 155079289

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 6', 'artículo 123', 'artículo 6', 'artículo 35']

﻿ SENTENCIA C-893 DE OCTUBRE 7 DE 2003
SENTENCIA C-893 DE 07 DE OCTUBRE DE 2003
CONTENIDO:EJERCICIO PROFESIONAL DE QUIEN FUE SERVIDOR PÚBLICO. SE ENCUENTRA LIMITADO POR EL CÓDIGO DISCIPLINARIO. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL NUMERAL 22 DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 734 DE 2002, POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DISCIPLINARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:GARANTÍAS DEL SERVIDOR PÚBLICO, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:384 DE DICIEMBRE DE 2003, PÁG.2384
Sentencia C-893 de octubre 7 de 2003
EJERCICIO PROFESIONAL DE QUIEN FUE SERVIDOR PÚBLICO
SE ENCUENTRA LIMITADO POR EL CÓDIGO DISCIPLINARIO
Sentencia C-893 de 2003
Ref.: Expediente D-4452
Bogotá, D.C., sentencia aprobada a siete de octubre de dos mil tres.
Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 35, numeral 22 de la Ley 734 de 2002 “por medio de la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.699, subrayándose la parte demandada.
Según la demanda, el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, debe ser declarado contrario a la Constitución, por cuanto en él se establece una prohibición disciplinaria al servidor público de actuar como particular en asuntos relacionados con las funciones propias de su cargo. Es decir, el servidor público no puede por el término de un año intervenir en los asuntos que fueron de su conocimiento en razón del cargo que desempeñó. Disposición que a juicio de la ciudadana demandante, viola el derecho de toda persona a escoger libremente profesión u oficio, el derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la vigencia de un orden justo, pues una prohibición exclusiva de servidores públicos se extiende a quien deja de serlo.
3.La función pública.
3.1. La estructura de la administración comprende dos aspectos: la parte estática y la parte dinámica. La primera integrada por todos los organismos encargados de cumplir con la función administrativa. La otra, constituida por los organismos que tienen como misión principal administrar, es decir, entes en movimiento generadores de actos administrativos, y personas que de una u otra forma se encuentran vinculadas a la administración.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia afirmó que la función pública “supone el ceñimiento de quienes a ella se vinculan a las reglas señaladas en el orden jurídico y que exijan determinadas condiciones y requisitos de aptitud, capacidad e idoneidad para desempeñarla a cabalidad, siempre y cuando esas regulaciones normativas se deriven de un mandato constitucional, hayan sido proferidos por el organismo o funcionario competente para expedirlas y no atenten contra alguno de los derechos o libertades reconocidos por la Carta” (CSJ, Sent. 61, ago. 12/82, M.P. Manuel Gaona Cruz).
3.2. A partir de la Constitución de 1991, la función pública constituye uno de los problemas más complejos de la administración, ya que se ocupa no solo de la clasificación de las distintas categorías de las personas que sirven a la administración, sino de su ingreso, permanencia, ascenso, retiro, deberes, prerrogativas, incompatibilidades, y prohibiciones (C.P., arts. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131).
3.3. Así las cosas, los servidores públicos solo pueden hacer aquello que les está permitido por la Constitución y las leyes respectivas, y de ello son responsables. A diferencia de los particulares, que pueden hacer todo aquello que la Constitución y la ley no les prohíba, principio encaminado a la protección de los intereses de los administrados.
4.1. En armonía con lo antes expuesto le corresponde al Estado garantizar que la actividad que desarrollan los servidores públicos en ejercicio de sus funciones se ajuste, de manera estricta, a lo establecido por la Constitución y la ley. Precisamente por ello, el artículo 6º de la Constitución señala que los servidores públicos son responsables no solo por infringir la Constitución y las leyes, sino, también cuando incurran en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, norma esta que guarda estrecha relación con el artículo 123 de la Carta según el cual, los servidores públicos “están al servicio del Estado y de la comunidad” y sometidos a “la Constitución, la ley y el reglamento”.
A la inversa, el particular, quien precisamente no se encuentra en la condición del servidor público, toda vez que no ha establecido un vínculo de dependencia o subordinación frente al Estado —en cualquiera de los cargos, organismos, entidades o corporaciones que hacen parte de su estructura—, ni percibe de él asignación o salario, está en principio exento del régimen disciplinario estatal y su responsabilidad ante las autoridades únicamente puede surgir de las transgresiones en que incurra en relación con los preceptos constitucionales y legales, tal como lo pregona el artículo 6º de la Carta Política”.
“... el derecho disciplinario está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan”.
“El derecho disciplinario es, pues, consustancial a la organización política y tiene lugar preferente dentro del conjunto de las instituciones jurídicas” (Sent. C-417/93)
4.4. Dentro de este contexto, el legislador estableció que los servidores públicos están sometidos a un régimen especial de incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones; entendiéndose como incompatibilidades la situación de choque o exclusión creada por el ejercicio simultáneo de funciones públicas o privadas, con lo cual se lesionan los principios de moralidad, la convivencia pacífica, la igualdad y la transparencia.
4.5. Ahora bien, en este caso, la actora reprocha la prohibición a todo servidor público de incurrir o permitir que se incurra en la incompatibilidad de prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, que se prolonga por el término de un año a partir de la dejación del mismo, pues considera que esta prohibición viola los derechos a la igualdad (art. 13), el libre desarrollo de la personalidad (art. 16), la libertad de escoger profesión u oficio (art. 26) y la vigencia de un orden justo, por cuanto, según su concepto se imponen obligaciones de servidor público a una persona que ya no está vinculada con la administración.
4.7. Así las cosas, encuentra la Corte que la norma contenida en el artículo 35, numeral 22 de la Ley 734 de 2002 según la cual a todos los servidores públicos les está prohibido “Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra”, se ajusta a la Carta Política, conforme a las precisiones que a continuación se exponen:
4.7.2. De la misma manera, encuentra la Corte ajustado a la Constitución que en guarda de la moralidad administrativa, de la igualdad ante la ley, de la imparcialidad y de la transparencia de la función pública, se extienda por un año la prohibición a quien fue servidor público de un organismo, entidad o corporación, de prestar servicios de asesoría, representación o asistencia ante su inmediato y anterior empleador.
4.7.3. Tampoco tendría explicación constitucionalmente válida, que se autorizara y se le diera legitimidad en nuestro ordenamiento jurídico a la prestación de servicios de asesoría, asistencia o representación por parte de servidores públicos que lo fueron dentro del año inmediatamente anterior, a quienes conforme a la ley se encuentran sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismo a la cual se estaba vinculado como servidor público, pues en tal caso, aparecerían seriamente comprometidos y lesionados, entre otros, los principios de la igualdad, la transparencia y la imparcialidad de la función pública.
4.7.5. Aunque resultaría superfluo, considera oportuno recordarlo la Corte que nada de lo anteriormente dicho puede significar ninguna restricción ni inaplicación de las normas específicamente previstas en la Constitución (en el tít. VI cap. 6) con respecto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades expresamente en ella señalados para los miembros del Congreso de la República.
NOTA: La sentencia C-893 fue notificada por edicto Nº 248, fijado el 21 de octubre de 2003 y desfijado el 23 de octubre siguiente (N. del D.).