Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-049-16.htm
Timestamp: 2017-10-22 04:41:47
Document Index: 289597017

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 13', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 122', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 37', 'artículo 53', 'artículo 12', 'Artículo 52', 'Artículo 64', 'artículo 46', 'Artículo 13', 'Artículo 53', 'Artículo 46', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 64', 'artículo 46', 'Artículo 12', 'artículo 18']

T-049-16
Sentencia T-049/16
Desde sus primeros pronunciamientos la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de “relación de especial sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado”, al sostener que en virtud de la misma este puede exigirle a aquellos el sometimiento a un conjunto de condiciones que suponen la suspensión y restricción de ciertos derechos fundamentales. En otras palabras, el Estado, al privar de la libertad a una persona, se constituye en el garante de los derechos que no son restringidos por el acto de la privación de la libertad, y el recluso, por su parte, queda sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias de imperativa observancia. Dicha suspensión o restricción debe llevarse a cabo bajo los criterios de razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad.
La Corte Constitucional ha clasificado los derechos fundamentales de los reclusos en tres grupos: (i) Los derechos que pueden ser suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo que se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. Por ejemplo, el derecho a la libre locomoción o los derechos políticos como el derecho al voto. (ii) Los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado, con lo cual se pretende contribuir al proceso de resocialización y garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad en las cárceles. Entre estos derechos se encuentran el de la intimidad personal y familiar, unidad familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, trabajo y educación. (iii) Los derechos intocables, esto es, que derivan directamente de la dignidad del ser humano y por lo tanto son intocables, como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la igualdad, a la libertad religiosa, a la personalidad jurídica, de petición, al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Pueden ser limitados razonable y proporcionalmente
OBLIGACIONES DEL ESTADO EN RELACION CON LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Reiteración de jurisprudencia
DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Protección nacional e internacional
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Condiciones carcelarias y deber de prevención del Estado para garantizar derechos del interno, según CIDH
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes
Los derechos de las personas privadas de la libertad son universales. Sin importar cuál haya sido su crimen o su falta, son seres humanos, y, por ese sólo hecho, la sociedad está comprometida con su defensa. Los derechos fundamentales son universales, de toda persona. Es una posición moral que refleja la decisión social, consagrada por el Constituyente, de respetar el valor intrínseco de todo ser humano. Su dignidad. Es precisamente una de las razones por las que es legítimo sancionar con penas privativas de la libertad a quien comete un crimen: el no haber respetado la dignidad y el valor intrínseco de la víctima a al cual se ofendió y violentó. La sociedad, se diferencia, precisamente, porque no hace lo mismo; no instrumentaliza a ningún ser humano, le reconoce su valor propio; el ser fin en sí mismo. Toda persona vale, a plenitud, en un estado social y democrático de derecho. Los derechos fundamentales de las persona privadas de la libertad son indivisibles. Todos los derechos, sin importar su tipo, son inherentes a la dignidad de todo ser humano. Negar un derecho, necesariamente, tendrá impacto negativo en los otros; por eso, no pueden existir jerarquías entre ellos. Todos son importantes, todos deben ser respetados, protegidos y garantizados. La cárcel evidencia esa situación. Las negaciones a unos derechos básicos de las personas en prisión, implican, necesariamente afectar la dignidad de la persona y, con ello, el sentido y la protección de los demás derechos. Los derechos fundamentales representan un todo; diversas facetas de una misma protección al ser humano. Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son interrelacionados e interdependientes. Unos dependen de otros. Esto es, además de ser indivisibles y formar un todo de protección, los derechos fundamentales dependen unos de otros. El dejar de proteger el derecho a la alimentación, además de afectar a la dignidad humana, puede traer otras violaciones como afectar la salud, la integridad e incluso la vida. La imposibilidad de educación y de acceso a la justicia, puede desembocar en restricciones ilegítimas e injustificadas a la libertad (por ejemplo, un preso que por no saber leer y por falta de información y de acceso a la justicia, no sabe que tiene derecho a salir de la cárcel desde hace un tiempo)”.
DERECHO A LA VIDA DIGNA DEL INTERNO-No vulneración en prohibición del ingreso de televisor y ventilador en cada celda del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
ACCION DE TUTELA CONTRA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Caso en que se niega solicitud de ingreso e instalación de televisor y ventilador a cada una de las celdas del penal
DERECHO A LA VIDA DIGNA DEL INTERNO-Orden de iniciar actuaciones tendientes a verificar condiciones de personas privadas de la libertad, de manera que se acredite que resultan suficientes para garantizar ventilación adecuada
Acción de tutela interpuesta por Edgar Guerrero Sánchez y otros contra la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta).
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que confirmó el proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias (Meta), en la acción de tutela instaurada por Edgar Guerrero Sánchez y otros en el asunto de la referencia.
Edgar Guerrero Sánchez, Jhon Daza Rojas y Edwin Jiménez Gutiérrez presentaron acción de tutela, el 1º de junio de 2015, con el fin de solicitar la protección de su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas, presuntamente vulnerado por la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta). Para fundamentar la demanda relataron el siguiente acontecer fáctico:
1.1. El 30 de marzo de 2015 los accionantes presentaron una petición ante la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, Meta solicitando el ingreso e instalación de un televisor y un ventilador en cada una de las celdas y dormitorios de la cárcel, donde se encuentran recluidos[1].
1.2. La Dirección del establecimiento carcelario contestó de manera negativa la solicitud. Señaló que dichos electrodomésticos son elementos de prohibida tenencia en el interior de las celdas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del reglamento de régimen interno contenido en la resolución núm. 1060 del 29 de junio de 2011. De igual forma, aclaró que cada pabellón cuenta con un área común dotada de televisor para el uso del personal “con el fin de estar enterado sobre las noticias y actualidad del mundo externo”, con un reloj en la entrada del pabellón para que los internos estén informados de la hora, y que está autorizado el ingreso de un radio transistor de dos bandas que no supere 10 cm de alto, 5 cm de ancho y 3 cm de grosor.
1.3. Los accionantes consideran que en virtud de lo dispuesto en los artículos 52[2] y 64[3] de la ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, y 13 del Acuerdo 0011 de 1995[4], directiva general a la cual se ajustan todos los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, les asiste el derecho de ingreso e instalación de los televisores y ventiladores.
El director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacías allegó la contestación a la acción de tutela en escrito radicado el 16 de junio de 2015[5]. Manifestó que según lo establecido en el artículo 53 de la ley 65 de 1993[6], cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen interno, expedido por el respectivo director del establecimiento y previa aprobación del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
Aclaró que el reglamento interno de ese establecimiento, resolución núm. 1060 de 2011, es un acto administrativo donde se encuentra la prohibición del ingreso de electrodomésticos de cualquier tipo (art. 46[7]). En esa medida, sostuvo, pretender que lo dispuesto en dicho reglamento se modifique o anule a través de la acción de tutela resulta improcedente, en tanto para ello existen otros mecanismos de defensa.
(i) Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, radicado 2008-0366, sentencia del 25 de agosto de 2008. Solicitud de ingreso de ropa civil, televisores en cada celda, sillas, etc. Negó la protección de los derechos fundamentales.
(iii) Juzgado Penal del Circuito de Acacias, Meta, radicado 2009-0025, sentencia del 10 de marzo de 2009. Solicitud de ingreso de ventiladores, ropa civil, comida, sillas, etc. Negó la acción de tutela.
(iv) Juzgado Penal del Circuito de Acacias, Meta, sentencia del 16 de septiembre de 2009. Solicitud de ingreso de un ventilador. Negó la protección invocada.
(v) Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Acacias, Meta, radicado 2009-00560. Solicitud de ingreso de un televisor en la celda. Negó la tutela de los derechos fundamentales.
(vi) Tribunal Superior de Villavicencio, sentencia del 29 de septiembre de 2009. Solicitud de ingreso de un ventilador y un televisor en la celda. Negó el amparo.
(vii) Juzgado Civil del Circuito de Acacias, Meta, radicado 2014-00453. Solicitud de ingreso de un televisor, ventilador y apertura de celdas. Negó la protección de los derechos fundamentales.
En sentencia del 28 de julio de 2015 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio confirmó el fallo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias. Sostuvo que lo decidido por el establecimiento penitenciario accionado se encuentra previsto en el reglamento interno de esa institución, que fue expedido con fundamento en el artículo 53 de la ley 65 de 1993, y por lo tanto al tratarse de una actuación ceñida a la legalidad la tutela no es el mecanismo idóneo para demandar dicho acto administrativo. Así mismo, consideró que la determinación del establecimiento carcelario no es arbitraria ni injustificada y que los accionantes pueden acudir a la vía contencioso administrativa para impugnar su legalidad.
- Contestación del derecho de petición presentado por el interno Edgar Guerrero Sánchez, emitida el 11 de junio de 2015 por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta). (Cuaderno principal, folios 31 y 32).
- Solicitudes presentadas el 30 y 31 de marzo de 2015 por los internos del patio núm. 3 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta), ante la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Acacias, con el fin de obtener el acompañamiento y la intervención en la entrega de los derechos de petición dirigidos a la dirección de ese establecimiento penitenciario.
2.1. Mediante el auto del 20 de enero de 2016, la Sala advirtió que si bien la acción de tutela de la referencia se dirigía contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, los hechos que fundamentaban la solicitud de amparo podrían llegar a involucrar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, como establecimiento responsable de la política en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad. Por esa razón, consideró pertinente vincularlo al proceso con el fin de que se pronunciara sobre los hechos expuestos en la acción de tutela.
(a) Vincular al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, para que se pronunciara a través de un informe general sobre las afirmaciones hechas por los accionantes, especificando principalmente qué opciones de ventilación se han brindado o pueden brindarse a los internos, o qué solución alterna a la ventilación natural podría otorgarse para garantizar una subsistencia digna en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar.
(b) Al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, que informara: (i) cómo se encuentran distribuidos o están localizados los conductos de ventilación natural en todo el establecimiento, en las áreas de los baños y en las celdas; (ii) qué opciones de ventilación se han brindado o pueden brindarse a los internos, o qué solución alterna a la ventilación natural podría otorgarse para garantizar una subsistencia digna en el establecimiento teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar; (iii) cuántos internos se encuentran ubicados en cada celda; (iv) cuánto tiempo y en qué horario permanecen los internos en las celdas, y cuál es la temperatura promedio en dichos horarios; y (v) si existen problemas de hacinamiento en ese penal.
2.2. En respuesta al anterior proveído[8], la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias señaló que en el año 2000, en cumplimiento de la sentencia T-153 de 1998 que declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país, el Gobierno decidió construir varios penales denominados “de nueva generación”. Indicó que en desarrollo de lo anterior se licitó la construcción de esa cárcel, que se encuentra edificada en los terrenos de la Colonia Agrícola Penal de Oriente de Acacias, la cual fue plenamente acondicionada teniendo en cuenta las circunstancias climáticas. Explicó que por ello “la planta física de ese centro penitenciario cuenta externamente con un sistema perimetral de seguridad en malla eslabonada, sin construcciones aledañas, permitiendo entonces la circulación natural del aire”.
Manifestó que de conformidad con el artículo 31 del reglamento de régimen interno de ese establecimiento, Resolución núm. 1060 de 2011, el horario de cotidianidad para los internos es el siguiente:
- Levantada, conteo, baño, aseo de patios y cerrada de celdas 06:00
- Desayuno 06:30
- Llamado a lista y contada de internos al relevo de las compañías 07:30
- Iniciación de actividades laborales y educativas 08:00
- Terminación actividades educativas 11:00
- Almuerzo 11:00
- Iniciación de actividades educativas 13:00
- Terminación de actividades laborales y educativas 15:30
- Comida 15:30
- Conteo y encerrada al personal de internos 16:00
- Llamado a lista de internos en las celdas 19:00
- Silencio 20:00
2.3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- guardó silencio.
4. Derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y la relación de especial sujeción con el Estado[9]
4.1. Desde sus primeros pronunciamientos la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de “relación de especial sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado”, al sostener que en virtud de la misma este puede exigirle a aquellos el sometimiento a un conjunto de condiciones que suponen la suspensión y restricción de ciertos derechos fundamentales[10]. En otras palabras, el Estado, al privar de la libertad a una persona, se constituye en el garante de los derechos que no son restringidos por el acto de la privación de la libertad, y el recluso, por su parte, queda sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias de imperativa observancia[11]. Dicha suspensión o restricción debe llevarse a cabo bajo los criterios de razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad[12].
La Corte ha consolidado algunos parámetros que explican esa potestad que radica en cabeza de las autoridades penitenciarias y carcelarias, manifestando sobre el particular lo siguiente[13]:
“(i) La subordinación de una parte (los internos) a la otra (el Estado)[14].
(v) Como derivación de la subordinación, surgen algunos derechos especiales[15], en cuanto a las condiciones materiales de existencia en cabeza de los internos.
Lo anterior se traduce en que la potestad del Estado de limitar algunos derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad no es absoluta, en tanto siempre debe estar dirigida a hacer efectivos los fines esenciales de la relación penitenciaria, esto es, la resocialización del recluso y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro de las prisiones[16]. En esa medida, aunque la restricción de los derechos de los internos es de naturaleza discrecional, esta encuentra su límite en la prohibición de toda arbitrariedad y, por lo tanto, debe sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad[17].
4.2. Bajo esa línea de argumentación, la Corte Constitucional ha clasificado los derechos fundamentales de los reclusos en tres grupos[18]:
Los criterios de razonabilidad y proporcionalidad permiten entonces determinar cuándo se desconocen los derechos fundamentales de los internos o cuándo son restringidos bajo las condiciones establecidas legal y reglamentariamente; es decir, sirven como parámetros de la administración y el poder judicial para determinar si se trata de un acto amparado constitucionalmente o de una medida arbitraria[19]. Al respecto, esta Corporación ha manifestado:
“7.5.3.3. Las personas privadas de la libertad enfrentan una tensión sobre sus derechos, dada la doble condición que tienen. Son acusados de ser criminales, o han sido condenados por serlo, y en tal medida, se justifica la limitación de sus derechos fundamentales, comenzando por la libertad. Sin embargo, teniendo en cuenta, a la vez la relación de sujeción en que se encuentran las personas privadas de la libertad, surgen razones y motivos para que se les protejan especialmente sus derechos. Esta tensión constitucional que surge entre ser objeto de especiales restricciones sobre sus derechos fundamentales y, a la vez, ser objeto de especiales protecciones sobre sus derechos fundamentales, lleva a actitudes y políticas contradictorias. Una política criminal y carcelaria respetuosa de la dignidad humana, debe lograr un adecuado balance entre una y otra condición que se reúnen en las personas privadas de la libertad.[20] Algunos autores resaltan que una persona, al ser privada de la libertad, se enfrenta a un sistema de control y sujeción disciplinaria que implica, muchas veces, que las reglas y límites pierden su carácter escrito y se confunden con la voluntad del guardia encargado.[21] En Colombia, muchas de estas reglas provienen, desafortunadamente, de poderes paralelos como los caciques del patio, o actores ilegales del conflicto, que imponen, de facto, limitaciones y restricciones irrazonables y desproporcionadas al goce efectivo de los derechos fundamentales”[22].
4.3. En consecuencia, corresponde a las autoridades penitenciarias y carcelarias garantizar a las personas privadas de la libertad los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, lo que implica “no solamente que el Estado no deba interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos, sino también que debe ponerse en acción para asegurarle a los internos el pleno goce de los mismos”[23]. Siempre, claro está, adoptando las medidas amparadas legal y reglamentariamente y acudiendo a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
5.1.1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su artículo 5º que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de libertad deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano[24]. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como máxima intérprete de este instrumento internacional vinculante para Colombia[25], incorporó en su jurisprudencia los principales parámetros sobre las condiciones que deben ser garantizadas por las autoridades en las cárceles y centros penitenciarios. En el caso Pachecho Turuel y otros contra Honduras[26] fueron sintetizados once criterios sobre el particular:
(i) El hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal[27]; además, obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios[28];
(ii) La separación por categorías debe realizarse entre procesados y condenados y entre los menores de edad de los adultos, con el objetivo de que los privados de la libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición[29];
(iii) Todo privado de la libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia[30];
(iv) La alimentación que se brinde en los centros penitenciarios debe ser de buena calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente[31];
(v) La atención médica debe ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado que sea necesario[32] y a cargo del personal médico calificado cuando este sea necesario;
(vi) La educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios[33], las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los internos;
(vii) Las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios. La reclusión bajo un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la integridad personal en determinadas circunstancias[34];
(viii) Todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y adecuadas condiciones de higiene[35];
(ix) Los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y privacidad[36];
(x) Los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano[37]; y
(xi) Las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales[38], la reclusión en aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física o mental del recluso están estrictamente prohibidas[39].
De conformidad con lo señalado en el artículo 52 de dicha normatividad, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- debe expedir el reglamento general al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión del país[40]. De igual forma, el artículo 53 establece que cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento, el cual será expedido por el respectivo director, previa aprobación de la dirección del INPEC[41].
En cuanto a las condiciones de las celdas y dormitorios, la ley 65 de 1993 dispuso que estas deberán permanecer en estado de limpieza y de aireación, para lo cual el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- deberán dotarlas de los implementos necesarios que permitan el adecuado descanso nocturno. Así mismo, señala que las celdas estarán cerradas durante el día en los términos que establezca el reglamento de cada penal[42].
5.1.3. La jurisprudencia constitucional, al desarrollar las razones por las cuales se evidenció el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, sostuvo que una de las afecciones constatadas en el pasado y que siguen ocurriendo en la actualidad es la violación a la dignidad humana y a un conjunto básico de garantías fundamentales, cuando se somete a una persona recluida a la privación de servicios básicos como el agua o la energía eléctrica, a sufrir incomodidades por temperaturas extremas o a tolerar afecciones a su salud por la falta de higiene[43].
“7.4.1.2. Las personas que han sido encontradas culpables de cometer graves actos delictuosos, pueden ser deshumanizadas por buenos ciudadanos escandalizados ante sus acciones. No es raro que se empleen fuertes y discriminatorias expresiones para evidenciar el desprecio sentido hacia tales individuos y la extrañeza a que puedan ser considerados seres humanos. Expresiones como ‘bestias’, ‘animales’, ‘monstruos’ o ‘desalmados’ a veces son usadas coloquialmente para hacer referencia a asesinos o violadores. Detrás de estas palabras, aparentemente justificadas e inofensivas, se encuentra el germen de la deshumanización. Tratar a seres humanos como si no lo fueran es el primer paso para justificar someterlos a tratos degradantes e inhumanos. Precisamente esa es la diferencia ética y moral de una sociedad democrática, fundada en el respeto al principio a la dignidad, y la persona que ha cometido un acto delictivo grave: aquella se niega a deshumanizar e irrespetar la dignidad humana, en la forma como quien delinque lo hace con sus víctimas. Al someter a tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas, la sociedad viola el principio de dignidad humana y se convierte en promotor y gestor de la deshumanización: la capacidad de ver a otros seres humanos como si fueran inferiores o, simplemente, como si no fueran humanos. (…)
5.2.1. De conformidad con el artículo 52 de la ley 65 de 1993 “por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- debe expedir el reglamento general al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión del país. Esa disposición consagra:
“Artículo 52. Reglamento General. El INPEC expedirá el reglamento general, al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión.
“Artículo 13. Elementos de Uso Permitido. En las celdas y dormitorios destinados a los internos se permite exclusivamente la tenencia de elementos de aseo, ropa de cama, ropa personal, libros, un radio, un televisor hasta de 19 pulgadas y un ventilador cuando las condiciones climáticas lo hagan necesario. La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, fijará el valor de las tarifas a cobrar por el uso de los electrodomésticos. Su recaudo estará a cargo del respectivo pagador del establecimiento, bajo el control del subdirector. Donde no exista subdirector o pagador, la labor quedará a cargo del comandante de vigilancia, bajo la supervisión del director del establecimiento. En ningún caso se permitirá la elaboración de alimentos dentro de las celdas”. (Resaltado fuera de texto).
Sin embargo, teniendo en cuenta la potestad reglamentaria que tienen los directores de los centros penitenciarios y carcelarios, podría prohibirse el ingreso de tales elementos, si existieren razones que lo justifiquen, o como se expresó, si se considera que el permitir su ingreso, imposibilita el cumplimiento del fin de la actividad penitenciaria, que consiste en procurar la resocialización y disciplina del interno y mantener la convivencia, seguridad y orden dentro de los centros de reclusión. De no existir tales justificaciones, considera la Corte se estaría vulnerando no solo el derecho a la igualdad invocado por el señor Tomillo García, sino que de igual forma se estaría restringiendo sin fundamento, el derecho a la información que también le asiste”.
“La entidad accionada, por medio de su director, en el informe enviado a esta Corporación, con el fin de justificar la prohibición contenida en su reglamento, argumentó que el diseño y la infraestructura de la Penitenciaria Nacional de Acacias no cuenta con el área de celdas con tomas ni conexiones eléctricas que permitan el uso de dichos elementos y que la determinación de las especificaciones técnicas y la infraestructura se realizó por parte del Fondo Infraestructura Carcelaria de conformidad con las directrices trazadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Adujo además que a los reclusos de la Penitenciaria Nacional de Acacias se les permite acceder a la información externa nacional como internacional, a través de los sistemas contemplados en el artículo 110 de la Ley 65 de 1993, estos son: audiovisuales, mediante la instalación de un televisor en el área común de cada pabellón; y, el sistema escrito, mediante el ingreso de periódicos y publicaciones, siempre y cuando no atenten contra la legalidad de las instituciones, la moral o las buenas costumbres.
Adicionalmente, no es válida la aclaración hecha por el director de la entidad demandada –se reitera el hecho de que nos encontramos en un establecimiento penitenciario de mediana seguridad y es por ello que se prohíbe a los internos tener aparatos o medios de comunicación privados, tales como fax, teléfono, busca personas o similares-, por cuanto no se observa que el radio guarde relación alguna con los equipos de comunicación mencionados por el director, los cuales si se encuentran expresamente prohibidos en el artículo 111 de la Ley 65 de 1993 (fax, teléfonos, buscapersonas o similares); ni mucho menos se encuentra dentro de los elementos prohibidos en el artículo 122 de la misma ley (bebidas embriagantes, armas, explosivos, objetos propios para juegos de azar, etc.).
Así las cosas, la Sala considera que al no existir una justificación legítima para restringir el derecho a la igualdad y a la información de los reclusos, procede el amparo de estos derechos fundamentales, máxime si se tiene en cuenta que existe una norma de rango legal y superior al reglamento interno de la Penitenciaria Nacional de Acacias, que permite el ingreso de un radio”.
5.2.3. Ahora bien, aunque se encuentra justificado en determinados casos restringir el ingreso de ventiladores a las celdas, es preciso hacer mención a la sentencia T-762 de 2015[44] en la cual esta Corporación realizó un análisis relevante para el caso que ahora se estudia, referente a las condiciones que deben cumplir las celdas de las cárceles, los espacios y la ventilación.
Por un lado, citó los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas[45], documento en el cual se precisó que “las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno (…)”. (Resaltado fuera de texto).
“133. Ahora bien, sobre las dimensiones de los sitios de alojamiento es preciso aclarar que estos, conforme las recomendaciones de la CICR, debe estructurarse con una ‘distancia mínima entre las paredes de las celdas (…) de 2,15 m, y el techo debe estar a por lo menos 2,45 m de alto’.[46]
6.1.1. Edgar Guerrero Sánchez, Jhon Daza Rojas y Edwin Jiménez Gutiérrez presentaron una petición ante la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, donde se encuentran recluidos, solicitando el ingreso e instalación de un televisor y un ventilador en cada una de las celdas de la cárcel. Dicha solicitud fue negada por las autoridades penitenciarias bajo el argumento de que esos electrodomésticos son elementos de prohibida tenencia en el interior de las celdas, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de ese penal. Los accionantes instauraron acción de tutela, al considerar que la decisión del establecimiento carcelario vulneró su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas.
6.1.4. Mediante auto del 20 de enero de 2016 esta Corporación vinculó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, como establecimiento responsable de la política en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad, para que se pronunciara sobre los hechos expuestos en la acción de tutela. De igual forma, estimó necesario obtener información sobre las condiciones generales de los internos recluidos en el establecimiento carcelario accionado, de la infraestructura del penal, del tiempo y horario que permanecen en las celdas, así como de la temperatura promedio en dichos horarios, para lo cual ordenó al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias que informara: (i) cómo se encuentran distribuidos o están localizados los conductos de ventilación natural en todo el establecimiento, en las áreas de los baños y en las celdas; (ii) qué opciones de ventilación se han brindado o pueden brindarse a los internos, o qué solución alterna a la ventilación natural podría otorgarse para garantizar una subsistencia digna en el establecimiento teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar; (iii) cuántos internos se encuentran ubicados en cada celda; (iv) cuánto tiempo y en qué horario permanecen los internos en las celdas y cuál es la temperatura promedio en dichos horarios; y (v) si existen problemas de hacinamiento en ese penal.
6.2.1. De acuerdo con lo reseñado en el acápite de antecedentes, los accionantes presentaron una petición el 30 de marzo de 2015 solicitando la instalación de un televisor y un ventilador en cada una de las celdas del penal. El 11 de junio de ese año el Director de la cárcel emitió la respuesta de dicha solicitud indicando las razones por las cuales no era posible acceder a sus pretensiones. En esta se indicó lo siguiente:
“Para este Establecimiento Penitenciario y Carcelario aplica el Reglamento de Régimen Interno vigente contenido en la Resolución No. 1060 de 29 de junio de 2011, aprobado por la dirección general del INPEC mediante Resolución No. 002822 del 05/07/2011, el cual contempla lo siguiente:
ARTÍCULO 46. ELEMENTOS PROHIBIDOS. Además de los descritos en este Reglamento, también se prohíbe su ingreso y tenencia por parte de los internos los siguientes elementos: correas, cuerdas o elementos similares, billeteras, material de proselitismo político, bebidas embriagantes, armas de todo tipo, explosivos, sustancias narcóticas y sicotrópicas, cables de conducción eléctrica, objetos propios para juegos de azar, hornos corrientes, hornos microondas, electrodomésticos de cualquier tipo, televisores, elementos de comunicaciones (…).
Ahora, este establecimiento acata la normatividad vigente, respecto al derecho que tiene todo interno a la información externa, relacionada con noticias sobre acontecimientos de la vida nacional e internacional; consagrado en el Reglamento de Régimen Interno a la luz del artículo 37, (…). Ahora, cada pabellón cuenta con área común dotada de televisor para el uso personal interno con el fin de estar enterado sobre las noticias y actualidad del mundo externo; del mismo modo está autorizado el ingreso de un radio transistor de dos bandas pequeño (…) y habrá un reloj en la entrada al pabellón que permita a los internos estar informados de la hora”[47]. (Resaltado fuera de texto).
- Según se constató, a los reclusos se les permite acceder a la información externa nacional e internacional a través de la instalación de un televisor en un área común, con lo cual se garantiza de manera efectiva su derecho a la información y a la comunicación.
- Por otro lado, resulta innecesario contar con un televisor en cada una de las celdas si se tiene en cuenta que durante el día estas deben permanecer cerradas y en la noche el lugar debe estar el absoluto silencio. Además, de acuerdo con la información suministrada por el Director del penal accionado, dadas las condiciones de seguridad, planes de defensa e infraestructura de ese establecimiento, es necesario prohibir el ingreso de esa clase de electrodomésticos al interior de las celdas.
- Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la ley 65 de 1993 cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen interno, que será expedido por el respectivo Director, previa aprobación del Director General del INPEC. En el caso del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacías, el reglamento interno fue aprobado mediante la Resolución 1060 de 2011, acto administrativo que goza de presunción de legalidad. Bajo ese entendido, lo pertinente, en el evento de considerar que ese reglamento no se ajusta a la reglamentación general impartida por el INPEC, será desatar la controversia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no a través de la acción de tutela.
El artículo 12 del Acuerdo 0011 de 1995 establece que las celdas y los dormitorios de los internos deben satisfacer las condiciones de ventilación, alumbrado e instalaciones sanitarias[48]. Para poder determinar si los internos cuentan con la adecuada ventilación es preciso contar con datos como el espacio de las celdas y el número de internos que se alojan en cada una de ellas, así como las condiciones climáticas del lugar donde se encuentra ubicado el establecimiento penitenciario
En el caso que ahora se estudia, el director del establecimiento penitenciario accionado informó que Acacias (Meta) tiene una temperatura promedio entre 26 y 30 grados[49].
Refirió igualmente que se encuentran designados dos internos por celda en un área del establecimiento, y en la otra, que hace parte de las nuevas instalaciones, se pueden albergar hasta cuatro internos por celda[50]. Al respecto, mencionó que no cuentan con otras o nuevas opciones para otorgar más ventilación, en tanto “la actual forma en nada afecta la dignidad de los internos”.
Sin embargo, de manera preventiva ordenará a la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta) verificar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en cada una de las celdas de ese penal, de manera que se acredite que resultan suficientes para garantizar la ventilación adecuada, de acuerdo con el tamaño de las celdas y el número de internos que se encuentran recluidos en cada una de ellas.
Primero.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015) por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio que a su vez confirmó la emitida el dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015) por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias (Meta), mediante la cual se negó la protección invocada dentro de la acción de tutela interpuesta por Edgar Guerrero Sánchez, Jhon Daza Rojas y Edwin Jiménez Gutiérrez contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias, en lo que se refiere a la solicitud de ingreso de un televisor y un ventilador a cada una de las celdas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta), por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015) por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio que a su vez confirmó la emitida el dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015) por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias (Meta). En su lugar, CONCEDER de manera preventiva la protección de la amenaza del derecho fundamental a la vida en condiciones dignas de los internos, en lo que tiene que ver con la verificación de las condiciones de ventilación del establecimiento penitenciario accionado, por las razones expuestas en el numeral 6.2 de la parte considerativa de esta sentencia.
Tercero.- ORDENAR a la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta) que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie las actuaciones tendientes a verificar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad de ese penal, de manera que se acredite que resultan suficientes para garantizar la ventilación adecuada, de acuerdo con las altas temperaturas del lugar donde se encuentra ubicado el penal, el tamaño de las celdas y el número de internos que se encuentran recluidos en cada una de ellas.. Para ello, deberá presentar un informe al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias (Meta), que conoció en primera instancia, que deberá verificar el estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte en esta providencia.
Cuarto.- COMUNICAR de esta decisión a la Defensoría del Pueblo Regional Meta y a la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, para que, en el ejercicio de sus competencias, realicen un acompañamiento y vigilancia al proceso de verificación ordenado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias en el numeral anterior, autoridades que deberán verificar, y en caso de ser necesario, adoptar las medidas pertinentes para garantizar la adecuada ventilación en las celdas del penal teniendo en cuenta las altas temperaturas del lugar donde se encuentra ubicado.
Quinto.- SOLICITAR al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias (Meta) que, en cumplimiento de su deber, verifique el estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte en esta providencia.
[1] De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente los accionantes solicitaron el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Personería Municipal de Acacias para la entrega de los derechos de petición presentados por los internos. Cfr. Cuaderno principal, folios 7 a 10
[2] “Artículo 52. Reglamento General. El INPEC expedirá el reglamento general, al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión. Este reglamento contendrá los principios contenidos en este Código, en los convenios y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia. Establecerá, así mismo, por lo menos, las normas aplicables en materia de clasificación de internos por categorías, consejos de disciplina, comités de internos, juntas para distribución y adjudicación de patios y celdas, visitas, ‘la orden del día’ y de servicios, locales destinados a los reclusos, higiene personal, vestuario, camas, elementos de dotación de celdas, alimentación, ejercicios físicos, servicios de salud, disciplina y sanciones, medios de coerción, contacto con el mundo exterior, trabajo, educación y recreación de los reclusos, deber de pasarse lista por lo menos dos veces al día en formación ordenada. Uso y respeto de los símbolos penitenciarios. Dicho reglamento contendrá las directrices y orientaciones generales sobre seguridad. Incluirá así mismo, un manual de funciones que se aplicará a todos los centros de reclusión. Habrá un régimen interno exclusivo y distinto para los establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos”.
[3] “Artículo 64. Celdas y dormitorios. Artículo modificado por el artículo 46 de la Ley 1709 de 2014. Las celdas y dormitorios permanecerán en estado de limpieza y de aireación. El Inpec y la Uspec tienen el deber de amoblar los dormitorios, dotarlos de ropa apropiada y de condiciones necesarias para el adecuado descanso nocturno. Los demás elementos permitidos serán señalados en el reglamento general. Los dormitorios comunes y las celdas, están cerrados durante el día en los términos que establezca el reglamento. Los internos pasarán a aquellos, a la hora de recogerse y no se permitirán conductas y ruidos o voces que perturben el reposo. La limpieza del establecimiento estará a cargo de los internos. En el reglamento se organizará la forma de prestarse este servicio por turnos y de manera que a todos corresponda hacerlo. El aseo del alojamiento individual y su conservación el estado de servicio, será responsabilidad del interno que lo ocupa. Las labores aquí enunciadas, no forman parte del régimen ocupacional para la redención de la pena. Deberán adoptarse las medidas necesarias a fin de eliminar las barreras físicas de las personas en situación de discapacidad, mejorando las condiciones de accesibilidad y creando celdas especiales que se adapten a sus necesidades particulares”.
[4] “Artículo 13. Elementos de Uso Permitido. En las celdas y dormitorios destinados a los internos se permite exclusivamente la tenencia de elementos de aseo, ropa de cama, ropa personal, libros, un radio, un televisor hasta de 19 pulgadas y un ventilador cuando las condiciones climáticas lo hagan necesario. La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, fijará el valor de las tarifas a cobrar por el uso de los electrodomésticos. Su recaudo estará a cargo del respectivo pagador del establecimiento, bajo el control del subdirector. Donde no exista subdirector o pagador, la labor quedará a cargo del comandante de vigilancia, bajo la supervisión del director del establecimiento. En ningún caso se permitirá la elaboración de alimentos dentro de las celdas. El director del establecimiento llevará un estricto control de los objetos permitidos y con el comandante de vigilancia responderán por el estricto cumplimiento de esta disposición”.
[5] Cuaderno principal, folios 21 a 30.
[6] “Artículo 53. Reglamento Interno. Cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen interno, expedido por el respectivo Director del centro de reclusión y previa aprobación del Director del INPEC. Para este efecto el Director deberá tener en cuenta la categoría del establecimiento a su cargo y las condiciones ambientales. Así mismo tendrá como apéndice confidencial, los planes de defensa, seguridad y emergencia. Toda reforma del reglamento interno, deberá ser aprobada por la Dirección del INPEC”.
[7] “Artículo 46. Elementos prohibidos. Además de los descritos en este Reglamento, también se prohíbe su ingreso y tenencia por parte de los internos de los siguientes elementos: Correas, cuerdas o elementos similares, billeteras, material de proselitismo político, bebidas embriagantes, armas de todo tipo, explosivos, sustancias narcóticas y psicotrópicas, cables de conducción eléctrica, objetos propios para juegos de azar, hornos corrientes, hornos microondas, electrodomésticos de cualquier tipo, televisores (…)”.
[8] El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias (Meta) allegó la respuesta referida mediante correo electrónico recibido en el Despacho del magistrado sustanciador el 9 de febrero de 2015.
[9] Sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y la relación de especial sujeción con el Estado pueden consultarse las sentencias T-596 de 1992, C-318 de 1995, T-705 de 1996, T-706 de 1996, T-714 de 1996, T-153 de 1998, T-136 de 2006, T-035 de 2013, T-077 de 2013, T-266 de 2013, T-815 de 2013, T-857 de 2013, T-588A de 2014 y T-111 de 2015, entre muchas otras.
[10] Sentencia T-153 de 1998. En esa oportunidad la Corte estudió dos acciones de tutela presentadas por personas recluidas en las cárceles Bellavista de Medellín y La Modelo de Bogotá, en las cuales dieron a conocer la situación de hacinamiento, problemas de salubridad y otras condiciones que afectaban de manera grave la dignidad humana de los internos. Luego de realizar inspecciones judiciales y analizar las circunstancias en las que se encontraban los reclusos concluyó que, efectivamente, se estaba presentando una grave vulneración de los derechos fundamentales y declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles. Señaló que la sobrepoblación en los centros de reclusión del país constituía una vulneración grave de la obligación del Estado de brindar condiciones dignas de vida a los internos y generaba corrupción, extorsión y violencia, con lo cual se comprometían también los derechos a la vida e integridad personal de los internos. Encontró que los puestos de trabajo y de educación eran escasos en relación con la demanda sobre ellos, que los procedimientos para las visitas - con las esperas interminables, la falta de espacio para las visitas conyugales y familiares, etc. - no facilitaban la unidad e integración familiar, y que, en muchos casos de personas enfermas que requieren tratamiento hospitalario, estas no podían ser trasladadas a los centros médicos por carencia de personal de guardia, entre otros problemas. Del mismo modo sostuvo que “el problema de las cárceles y de las condiciones de vida dentro de ellas no ocupa un lugar destacado dentro de la agenda política. A pesar de que desde hace décadas se conoce que la infraestructura carcelaria es inadecuada, que los derechos de los reclusos se vulneran, que los penales no cumplen con su función primordial de resocialización y que los centros carcelarios del país rebosan de sindicados no se observa una actitud diligente de los organismos políticos del Estado con miras a poner remedio a esta situación. La actitud de los gestores de las políticas públicas frente al problema de las cárceles obedece a la lógica del principio de las mayorías, que gobierna los regímenes democráticos. Los reclusos son personas marginadas por la sociedad. El mismo hecho de que sean confinados en establecimientos especiales, difícilmente accesibles, hace gráfica la condición de extrañamiento de los presos. En estas condiciones, los penados no constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír su voz. Por eso, sus demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de necesidades que agobian las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana”.
[11] Cfr. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2011. Párrafo 49. Cfr. Corte I.D.H., Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 98; Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111; Corte I.D.H., Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 243.
[12] Sentencia T-266 de 2013. En esta ocasión esta Corporación revisó la acción de tutela presentada por los internos del patio núm. 1 de la Penitenciaría Las Heliconias con el fin de que se les protegieran sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la comunicación, a la dignidad humana, a la redención de pena y al buen trato, al considerar que dicho establecimiento no contaba con las condiciones mínimas para su reclusión (como la prestación del servicio médico, provisión de alimentos, contacto con sus allegados, instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, implementación de programas laborales y educativos, y actividades deportivas, entre otras). La Corte concedió la protección de los derechos fundamentales de los reclusos al encontrar demostrados, entre otros, los siguientes hechos: (i) los internos no contaban con un servicio satisfactorio de salud, la atención en medicina especializada no se brindaba a tiempo, carecían de servicio odontológico, faltaban profesionales de la salud y áreas sanitarias, el número de guardias para cumplir con las remisiones a las citas especializadas fuera del penal era insuficiente, había fallas relacionadas con la no existencia de pabellones psiquiátricos en donde recluir a los internos que padecían enfermedades mentales, demora en el suministro de medicamentos; (ii) no se les proporcionaba el gramaje alimenticio establecido en la ley, persistían las falencias en las dietas especiales, y no contaban con los utensilios o recipientes adecuados para evitar la mezcla de alimentos entre sí; (iii) baños insuficientes para el volumen de reclusos; y (iv) no contaba con un espacio adecuado y aseado que permitiera las visitas íntimas, además, el tiempo del que disponían para tal efecto era muy corto (una vez al mes y por 25 minutos), lo que impedía el pleno goce de dicha actividad.
[13] Sentencia T-324 de 2011. La Corte analizó la acción de tutela interpuesta por una ciudadana como agente oficiosa de su hijo, quien se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Garzón (Huila) cuando sufrió una hipoxia cerebral. La accionante manifestó que, además de sufrir ese evento, padecía de trastorno depresivo, sufría graves secuelas neurológicas, no controlaba esfínteres y requería de terapias físicas y de lenguaje. Sostuvo que le fue concedida la sustitución de la pena de prisión intramuros por prisión domiciliaria, pero que el establecimiento accionado no se le estaba prestando la atención médica necesaria y ella no contaba con los medios físicos ni económicos para brindarle el cuidado que requería su hijo. Este Tribunal concedió la protección de los derechos fundamentales invocada al encontrar que, teniendo en cuenta el precario estado de salud del agenciado y el hecho de que la medida de sustitución de pena se debió precisamente a las secuelas graves por la hipoxia cerebral, dicho establecimiento no cumplió con el mandato de prestación integral del servicio de salud al solicitar el traslado del interno sin consultar a la progenitora del mismo sobre su facultad para continuar con el cuidado de este ni tener en cuenta las posibilidades físicas y económicas para auxiliar de manera adecuada a su hijo. Reiteró que las instituciones carcelarias no podían desprenderse de la obligación de atención médica del agenciado por el hecho de que ya no se encontrara recluido en sus instalaciones, por cuanto su deber de solidaridad se extendía al mantenimiento de las condiciones óptimas de vida de quien enfermó bajo su custodia.
[14] La subordinación se fundamenta “en la obligación especial de la persona recluida consistente en cumplir una medida de aseguramiento, dado su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible”. Sentencia T-690 de 2010.
[15] La sentencia T-175 de 2012 señala: “[e]ntre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de sujeción, se encuentra ‘el deber de trato humano y digno, del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros (Sentencia T-596 de 1992)”.
[16] Sentencia T-035 de 2013. En esta sentencia la Corte estudió la tutela presentada por un ciudadano recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad San Isidro de Popayán, en contra de un Juzgado que decidió suspenderle el beneficio de prisión domiciliaria, a pesar de encontrarse gravemente enfermo de tuberculosis y VIH positivo, hasta tanto no allegara un concepto de medicina legal y la historia clínica. Esta Corporación dejó sin efectos esa providencia y ordenó dar cumplimiento inmediato al beneficio de prisión domiciliaria. Reiteró que “el derecho a la salud de las personas recluidas en Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios posee la misma connotación de fundamental y genera la misma obligación Estatal de satisfacción, no solo porque se trata de un derecho estrechamente vinculado con el derecho a la vida y a la dignidad humana, sino también por la relación especial de sujeción del recluso frente al Estado y la ausencia de justificación para su limitación dentro del marco general del derecho punitivo”. De igual forma, recordó que le corresponde al sistema carcelario, en representación del Estado, garantizar una atención médica digna y una prestación integral del servicio de salud, sin dilaciones que hagan más precaria la situación de los internos.
[17] Sentencia T-750 de 2003. En esa oportunidad la Corte revisó la acción de tutela interpuesta por un una persona recluida en la Penitenciaría Nacional de Acacias (Meta), quien manifestó que él y otros reclusos que laboraban como rancheros en esa cárcel fueron sometidos a un corte de cabello denigrante por orden de uno de los guardias de turno. Señaló que fue “rapado” y ello dejó a la vista una gran cicatriz, producto de una quemadura, la cual abarca desde la parte posterior de su cabeza, pasando por el oído y la mejilla derecha, hasta llegar a la mandíbula, lo cual generó burlas de los demás reclusos, afectando su autoestima y vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este Tribunal sostuvo que el parámetro de cualquier medida de seguridad o de higiene al interior de un centro penitenciario debe ser el logro de unas condiciones favorables de convivencia y el cumplimiento de los fines de la detención o la condena, así como también la garantía de los derechos fundamentales de los reclusos, con las limitaciones estrictamente necesarias por razón de su situación especial. Bajo ese entendido, consideró que la imposición de un corte de cabello rapado, esto es, cortado al rape o a raíz, desbordaba la finalidad de las normas disciplinarias del centro penitenciario accionado.
[18] Sentencia T-511 de 2009, T-035 de 2013, T-077 de 2013, T-266 de 2013, T-815 de 2013, T-857 de 2013, T-588A de 2014 y T-111 de 2015, entre muchas otras.
[19] Sentencia T-388 de 2013.
[20] Las tensiones derivadas de esta doble condición de condenado y asegurado, por una parte, y de sujeto de especial protección constitucional, por otra que surgen en una misma persona, han sido resaltadas por la Procuraduría General de la Nación, al indicar: “Así las cosas, y dado que en últimas se trata de dos categorías aparentemente opuestas como lo son, por un lado, los derechos del detenido y, por otro, la seguridad en general, es necesario decir que uno no representa la supresión del otro, sino que debe buscarse, y en efecto es posible, la coexistencia de ambos sin que ninguno de los dos prime sobre el otro, problema que no se resuelve únicamente con desarrollo e inversión en infraestructura, sino desarrollando e implementando una verdadera política criminal sólida desde el punto de vista preventivo. El objetivo central es atender el fenómeno del encierro de las personas privadas de la libertad, es decir, la resocialización de las mismas, mejorando así las condiciones de vida.” Procuraduría General de la Nación, comunicación en respuesta al Auto 041 de 2011 de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional en que se rechaza la solicitud de abrir un incidente de desacato, por incumplimiento de la sentencia T-153 de 1998.
[21] Ver por ejemplo: Livingstone, Stephen & Owen, Tim (1993) Prison Law. Text & Materials. Clarendon Press – Oxford. US, 1993.
[22] Sentencia T-388 de 2013.
[23] Sentencia T-588A de 2014. Este Tribunal conoció el caso de una persona recluida en el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta, quien desde el 2008 venía padeciendo de colon irritable, mareos, úlcera gastrointestinal y hemorroides, lo que le impedía consumir comidas con grasa, ácidas, carnes rojas, sal y azúcar, razón por la que requería una dieta especial e hiposódica. El accionante fue eliminado de la lista de dieta de manera arbitraria, dado que no se tuvieron en cuenta sus condiciones de salud y no medió orden médica para ello. Aunque la Corte declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto el accionante ya estaba recibiendo la alimentación adecuada para el cuidado de su salud, reiteró que “en virtud de la especial relación de sujeción existente entre el Estado y las personas privadas de la libertad, es deber del primero garantizar el pleno disfrute de los derechos que no le han sido suspendidos al segundo, y el respeto a la dignidad humana es un derecho que no permite limitación alguna. En el caso de las personas privadas de la libertad, el derecho a la salud se encuentra en el grupo de garantías que, dentro de la relación de especial sujeción, no se ve restringido ni limitado y, por el contrario, es obligación del Estado garantizarlos de forma continua y eficaz a sus internos. Ello implica que todos los servicios médicos deben prestarse sin interrupciones u obstáculos de carácter administrativo o financiero”. Puntualmente, sobre la alimentación, señaló que el Estado “tiene el deber de suministrar a las personas privadas de la libertad una alimentación suficiente y adecuada, aclarando que cuando no cumple con dicha obligación, vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal de los reclusos. En este sentido, respecto al suministro de alimentos, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que cuando el Estado contrate con un tercero el abastecimiento de éstos, se encuentra obligado a supervisar y garantizar las condiciones en las que se suministran, y que las mismas respondan a criterios mínimos de higiene, cantidad, calidad y valor nutricional, así como también la dietas especiales por prescripción médica”.
[24] “Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.
[25] La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue aprobada por Colombia mediante la ley 16 de 1972.
[26] Este caso fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la alegada responsabilidad del Estado ante la muerte de 107 reclusos en la celda núm. 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, como consecuencia de “una serie de deficiencias estructurales presentes en dicho centro penitenciario, las cuales eran de conocimiento de las autoridades competentes”. La Comisión indicó que las personas fallecidas eran miembros de maras a quienes se mantenían aislados del resto de la población del penal y confinados a un recinto inseguro e insalubre. Asimismo, señaló que los hechos materia del caso eran en “consecuencia de las deficiencias estructurales del propio sistema penitenciarlo hondureño, las cuales han sido ampliamente documentadas”, además, que el caso “se enmarcaba en el contexto general de las políticas de seguridad pública y las políticas penitenciarias dirigidas a combatir a las organizaciones criminales denominadas maras”. La Corte IDH declaró que el Estado Hondureño era responsable de la violación de la obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, a la integridad personal, a la libertad personal y al principio de legalidad y de retroactividad, así como por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los 83 familiares de los internos fallecidos identificados. Entre otras cosas, ordenó al Estado: (i) adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios adecuándolas a los estándares internacionales, a fin de prevenir principalmente incendios y otras situaciones críticas, así como evitar la sobrepoblación y el hacinamiento; y (ii) implementar medidas de carácter inmediato tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los reclusos, así como medidas de prevención de siniestros en los diferentes centros señalados en el acuerdo.
[27]Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 150, y Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párr. 85.
[28]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 20, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 204.
[29]Artículo 5.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Caso Tibi, supra nota 61, párr. 263, y Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 200.
[30]Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 216.
[31]Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 209.
[32]Caso Tibi, supra nota 61, párr. 156, y Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, supra párr. 301.
[33]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 146 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 204.
[34]Caso Loayza Tamayo, supra nota 14, párr. 58, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 315.
[35]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 146, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 315.
[36]Caso López Álvarez, supra nota 65 y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 319.
[37]Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 85 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 198.
[38]Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123, párr. 70, y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Castigo Corporal a Niños, Niñas y Adolescentes, Considerando 14.
[40] “Artículo 52. El INPEC expedirá el reglamento general, al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión. Este reglamento contendrá los principios contenidos en este Código, en los convenios y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia. Establecerá, así mismo, por lo menos, las normas aplicables en materia de clasificación de internos por categorías, consejos de disciplina, comités de internos, juntas para distribución y adjudicación de patios y celdas, visitas, ‘la orden del día’ y de servicios, locales destinados a los reclusos, higiene personal, vestuario, camas, elementos de dotación de celdas, alimentación, ejercicios físicos, servicios de salud, disciplina y sanciones, medios de coerción, contacto con el mundo exterior, trabajo, educación y recreación de los reclusos, deber de pasarse lista por lo menos dos veces al día en formación ordenada. Uso y respeto de los símbolos penitenciarios. Dicho reglamento contendrá las directrices y orientaciones generales sobre seguridad. Incluirá así mismo, un manual de funciones que se aplicará a todos los centros de reclusión. Habrá un régimen interno exclusivo y distinto para los establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos”.
[41] “Artículo 53. Cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen interno, expedido por el respectivo Director del centro de reclusión y previa aprobación del Director del INPEC. Para este efecto el Director deberá tener en cuenta la categoría del establecimiento a su cargo y las condiciones ambientales. Así mismo tendrá como apéndice confidencial, los planes de defensa, seguridad y emergencia. Toda reforma del reglamento interno, deberá ser aprobada por la Dirección del INPEC”.
[42] “Artículo 64. Celdas y dormitorios. Artículo modificado por el artículo 46 de la Ley 1709 de 2014. Las celdas y dormitorios permanecerán en estado de limpieza y de aireación. El Inpec y la Uspec tienen el deber de amoblar los dormitorios, dotarlos de ropa apropiada y de condiciones necesarias para el adecuado descanso nocturno. Los demás elementos permitidos serán señalados en el reglamento general. Los dormitorios comunes y las celdas, están cerrados durante el día en los términos que establezca el reglamento. Los internos pasarán a aquellos, a la hora de recogerse y no se permitirán conductas y ruidos o voces que perturben el reposo. La limpieza del establecimiento estará a cargo de los internos. En el reglamento se organizará la forma de prestarse este servicio por turnos y de manera que a todos corresponda hacerlo. El aseo del alojamiento individual y su conservación el estado de servicio, será responsabilidad del interno que lo ocupa. Las labores aquí enunciadas, no forman parte del régimen ocupacional para la redención de la pena. Deberán adoptarse las medidas necesarias a fin de eliminar las barreras físicas de las personas en situación de discapacidad, mejorando las condiciones de accesibilidad y creando celdas especiales que se adapten a sus necesidades particulares”.
[43] Sentencia T-388 de 2013. En esa decisión la Corte estudió nueve casos acumulados relacionados con diferentes circunstancias de hacinamiento, salubridad, higiene, calidad de sistemas sanitarios, malos tratos, torturas, aislamiento injustificado y prolongado, problemas de infraestructura y de administración, limitaciones a los derechos a la comunicación e información, entre muchos otros, presentes en distintos establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, que obligaba a los internos a vivir en condiciones indignas e inhumanas. Este Tribunal analizó, en primer lugar, por qué el estado de cosas del sistema carcelario constatado en 1998 no es igual al que atraviesa actualmente. Para ello estudió la jurisprudencia constitucional sobre el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, así como la información recopilada y suministrada en los nueve procesos, con lo cual advirtió que: (i) los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema penitenciario y carcelario ha institucionalizado prácticas inconstitucionales; (iv) las autoridades encargadas no han adoptado las medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar efectivamente la vulneración de los derechos; (v) las soluciones a los problemas constatados en el Sistema penitenciario y carcelario, comprometen la intervención de varias entidades, requiere un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; y (vi) si todas las personas privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se produciría una congestión judicial mayor de la que ya existe actualmente. La Corte resaltó además que “la condición de marginalidad y precariedad de las persona privadas de la libertad dentro de la deliberación y el debate democrático, supone que el juez constitucional sea especialmente sensible con la protección de sus derechos. Especialmente, el derecho constitucional de toda persona privada de la libertad a estar en condiciones respetuosas de un mínimo vital en dignidad, implica, por lo menos: una reclusión libre de hacinamiento; una infraestructura adecuada; el derecho a no estar sometido a temperaturas extremas; el acceso a servicios públicos; a alimentación adecuada y suficiente; al derecho a la salud, a la integridad física y mental y a vivir en un ambiente salubre e higiénico; el derecho de toda persona a las visitas íntimas; el derecho a poder regresar a una sociedad en libertad y democracia; así como el derecho de acceso a la administración pública y a la administración de justicia”. Con sustento en esas y otras consideraciones declaró que el sistema penitenciario y carcelario nuevamente estaba en un estado de cosas contrario a la Constitución Política de 1991 y emitió diferentes órdenes de carácter general y particular, entre ellas: (i) al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC, que convocara al Consejo Superior de Política Criminal para que continúe tomando las medidas adecuadas y necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario; (ii) a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, hacerse partícipes del proceso de cumplimiento de lo dispuesto en esa providencia; y (iii) en cada caso particular, adoptar las medidas necesarias para superar las deficiencias y problemáticas evidenciadas en cada uno de los centros penitenciarios.
[44] En esa oportunidad la Corte estudió 18 acciones de tutela acumuladas presentadas por personas privadas de la libertad en diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país que pusieron de presente problemas como: (i) hacinamiento; (ii) estado deplorable de los baños; (iii) altos niveles de contaminación auditiva debido a la aglomeración en los pabellones; (iv) falencias en la prestación del servicio de sanidad y carencia de comedores adecuados para la alimentación; (v) infestación de roedores e insectos; (vi) falta de acceso a la luz solar; (vii) verse en
[45] Resolución 1/08 de la Organización de Estados Americanos. Principio XII.1.
[46] COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las Cárceles. Guía complementaria. Ginebra, 2011, p.34
[47] Cuaderno principal, folios 31 y 32.
[48] “Artículo 12. Locales Destinados a los Reclusos. Las celdas y dormitorios de los internos deberán satisfacer las condiciones de ventilación, alumbrado e instalaciones sanitarias. Los internos recibirán las celdas por inventario. En él se detallará el estado en que se entrega la celda. Los internos devolverán las celdas en el mismo estado en que les fueron entregadas, teniendo en cuenta su deterioro normal por uso, y responderán por los daños causados por dolo o culpa. En todo caso, las celdas se cerrarán después del desayuno, se abrirán después de terminado el almuerzo, por un espacio de tiempo máximo de una (1) hora, transcurrida la cual se volverán a cerrar. Durante el tiempo del día en que las celdas se encuentren cerradas, los internos no permanecerán dentro de ellas, salvo en caso de enfermedad, previo concepto del médico del establecimiento. Las celdas se abrirán nuevamente para el ingreso de los internos en la noche y se cerrarán hasta el día siguiente. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del presente reglamento y con el horario que determine el reglamento de régimen interno de cada establecimiento. Los días de visita, las celdas permanecerán cerradas hasta la terminación de las mismas, salvo autorización para visitas íntimas. El comandante de vigilancia responderá por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo”.
[49] La Sala consultó el clima del departamento del Meta y encontró que ese lugar puede llegar a presentar una temperatura mínima de 25ºC y máxima de hasta 34ºC. Al respecto, se puede consultar el siguiente enlace del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM-: http://bart.ideam.gov.co/portal/precipitacion/tempmax/img.jpg.
[50] Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, EPMSC Acacias, reporte de cantidad de internos por celda y patio. Cfr. Cuaderno 2. Folios.