Source: https://mediocracia.wordpress.com/2006/04/10/televisa-gano-pero-sin-ideas-solidas/
Timestamp: 2017-05-29 17:11:46
Document Index: 407254062

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 79', 'artículo 17', 'artículo 28']

Televisa ganó pero sin ideas sólidas | mediocracia
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abril 10, 2006septiembre 3, 2006 Raúl Trejo Delarbre
Ley Televisa	Consecuencias de la contrarreforma
Texto publicado en el número 98 de la Revista Mexicana de Comunicación con el título “Ley Televisa, pobre en argumentos y base social”.
Ninguno de los 81 senadores que la noche del 30 de marzo aprobaron la nueva legislación para la radiodifusión y las telecomunicaciones ofreció un solo argumento sólido para tomar esa decisión. Durante las más de 13 horas que duró aquella sesión en la casona de Xicoténcatl se escucharon docenas de razones jurídicas, técnicas, políticas, incluso éticas para rechazar la Ley Televisa. Eran los puntos de vista de los 40 legisladores que votaron contra ese proyecto, expresados por una veintena de ellos.
Nueve senadores, en la discusión general, dijeron por qué respaldarían ese proyecto de reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. Todas esas fueron intervenciones desbordantes de voluntarismo. Otros 19 argumentaron en contra. La votación, como luego destacarían algunos tardíos promotores de la Ley Televisa, se resolvió por un margen de dos a uno. 81 senadores la respaldaron y 40 votaron en contra. Lo que esos propagandistas del proyecto elaborado, cabildeado, promovido e impuesto por la empresa de Emilio Azcárraga no dijeron, era que en el terreno de los razonamientos la relación fue exactamente al revés. 19 a 9. Dos a uno también.
Más tarde, ya en la discusión en lo particular, los impugnadores de la Ley Televisa ocuparon la tribuna en por lo menos 54 ocasiones. Los senadores que defendían esa reforma hicieron solamente 3 intervenciones, en la discusión del primer artículo. Luego abandonaron el debate. Carentes de argumentos, los defensores de la Ley Televisa les dejaron el foro a quienes durante seis horas ofrecieron alternativas a cada uno de los artículos cuestionados. 54 a 3 en el terreno de las ideas. 81 a 40 en la votación.
Ganaron los votos, evidentemente. Pero en el campo del diagnóstico y la propuesta, la balanza estuvo a favor de los senadores que se opusieron a la contrarreforma –y con ellos las instituciones, los organismos sociales y los especialistas que los proveyeron de argumentos–.
Autodefensa de los radiodifusores
Los propagandistas de la Ley Televisa dicen que esa decisión fue “un avance para México”. En un desplegado a dos planas aparecido tres días después de la votación senatorial [2] la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, controlada por Televisa y TV Azteca, enumera sus consideraciones principales. Vale la pena detenernos en ellas porque constituyen el meollo de las posiciones que las televisoras han propagado para justificar la reforma legal. Los párrafos en cursivas los hemos tomado de ese documento.
1. Las leyes aprobadas por el Senado de la República y, antes, por unanimidad en la Cámara de Diputados, acotan la discrecionalidad en el otorgamiento de las concesiones de radio y televisión, que a partir de ahora se realizarán por licitación pública y abierta.
No es verdad. La vieja y aciaga discrecionalidad, gracias a la cual dos cadenas de televisión y una decena de empresas radiodifusoras acaparan la gran mayoría de las concesiones de televisión y radio en este país, no se acaba con la nueva normatividad. La Ley Televisa solamente modifica parcialmente el papel del actor institucional encargado de seleccionar a quién sí y a quién no se beneficiará con el privilegio de una concesión. En vez de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esa tarea estará a cargo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel. Pero esa Comisión, para toda decisión relevante –comenzando por la asignación de concesiones– dependerá de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así se desprende de las atribuciones de la Cofetel establecidas en el nuevo artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
La Comisión de Telecomunicaciones estará integrada por cinco comisionados designados por el Presidente de la República (artículos 9-B y 9-C). El Senado podrá vetar esos nombramientos pero no tiene capacidad para proponer otros. Es decir, en todo caso la así renovada Cofetel estará formada por funcionarios que le deberán su designación al titular del Ejecutivo Federal.
Los comisionados podrán ser reelectos para una segunda gestión. Inicialmente dos de ellos permanecerán en ese encargo 8 años, con posibilidad de ser nuevamente designados para el mismo periodo. Eso significa que al menos dos de los 5 miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuyo interés es previsible que sea coincidente con el del presidente Vicente Fox, podrían permanecer en ese cargo hasta el año 2022. El presidente de la Cofetel, además, no será elegido por los propios comisionados sino por el Presidente de la República (de acuerdo con uno de los artículos transitorios de esa reforma).
Una vez que la nueva legislación sea vigente, a Televisa le interesará que la Cofetel esté integrada por personas dóciles a sus intereses. Desde que la reforma fue aprobada el primero de diciembre de 2005 por la Cámara de Diputados –en una decisión tan escandalosa como la que cuatro meses más tarde tomaron los senadores– a esa empresa le interesó promover a varios antiguos y actuales empleados suyos para formar parte de la Cofetel.
Así que es imposible decir con seriedad que la vieja discrecionalidad, que tantas rémoras significó para la radiodifusión mexicana, haya desaparecido con las normas recientemente aprobadas. La licitación merced a la cual se otorgarán nuevas concesiones tendrá como elemento fundamental el monto de la oferta económica que presenten las empresas interesadas en obtener frecuencias para televisión o radio (artículo 17-G de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión). Al no hacer explícitas otras consideraciones para que de manera forzosa sean tomadas en cuenta, esas licitaciones quedan supeditadas al poder del dinero.
2. Las Leyes aprobadas abren al público la información relativa a las concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones, a través de un Registro Público de las Telecomunicaciones.
Ese Registro ya existe. Lo establece el artículo 64 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. La novedad es que la información allí regulada incluirá ahora a los medios de radiodifusión. Desde luego es pertinente que se reconozca el carácter abierto que debe tener esa información. Lamentablemente las reformas aprobadas por el Congreso fueron redactadas con tanta ambigüedad que en un apartado (en el nuevo artículo 64 de la Ley de Telecomunicaciones) se dice que el Registro de Telecomunicaciones será manejado por la Secretaría de Comunicaciones. Y en otro (el artículo 9-A del mismo ordenamiento) se le considera atribución de la Cofetel.
Durante largo tiempo la información acerca de las concesiones de radio y televisión fue prácticamente secreto de Estado. El gobierno federal se negaba a comunicar datos como las empresas titulares de las concesiones, la potencia que les había sido autorizada para transmitir por televisión o radio, las siglas asignadas a cada estación y, sobre todo, las fechas del inicio y el término de la vigencia de cada concesión. Quienes desde hace varias décadas estuvimos interesados en esa información recibíamos respuestas tramposas de la SCT. A veces nos decían que esos datos se encontraban en el Diario Oficial, en donde debían haber aparecido los títulos de concesión cuando eran otorgados por el gobierno federal. Sin embargo tales documentos no siempre se publicaban allí. En otras ocasiones se nos explicaba que tal información no podía ser pública porque si se sabía qué concesiones estaban a su nombre, entonces los dueños de radiodifusoras y televisoras correrían el riesgo de ser secuestrados cuando se supiera el tamaño del negocio que administraban. Eso me dijo, ya en este sexenio, un subsecretario de la SCT.
Esas evasivas comenzaron a terminar cuando, en junio de 2003, entró en vigor la Ley de Acceso a la Información. Una de las primeras solicitudes que recibió el nuevo Instituto Federal de esa materia requería la información completa de las concesiones vigentes en radio y televisión. Durante varios meses, en contra de la nuevas reglas para el acceso a la información, la SCT eludió el cumplimiento de esa obligación legal hasta que a fines de julio, cuando estaba en trámite una resolución del IFAI, colocó esa información en Internet. Desde entonces los datos más importantes de las concesiones de radio y televisión son públicos. No sale sobrando que haya un registro específicamente destinado a darlos a conocer y actualizarlos. Pero es falso que la reciente reforma legal abra “al público la información relativa a las concesiones”. Esa información, a pesar de las reticencias de autoridades y concesionarios para hacerla pública, la conocemos desde hace casi tres años.
3. Las Leyes aprobadas fijan nuevos requisitos que deben cumplir los concursantes por las concesiones sujetas a licitación, a fin de ponderar tanto la solidez financiera de su propuesta, como la idoneidad de su proyecto de producción y programación.
Es inadecuado hablar de “nuevos requisitos” para un procedimiento de licitación que antes no existía. Pero entre ellos, los artículos recientemente reformados no mencionan la experiencia de los concursantes en tareas de radiodifusión o comunicación ni la programación que ofrecerían en las frecuencias cuya adjudicación pretenden.
El nuevo artículo 17-A de la Ley de Radio y Televisión prevé que cuando se abran licitaciones para asignación de frecuencias la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considerará “los fines de la radio y televisión previstos por el artículo 5 de la presente ley”. Ese artículo, que como casi toda la ley data de 1960, se refiere a los principios morales, culturales y cívicos que el Estado les exige a los concesionarios. El mencionado 17-A está redactado de manera tan deliberadamente pícara que se consigna solamente la obligación de la autoridad para tomar en cuenta esos fines pero no el deber de los aspirantes a una concesión para contemplarlos en sus propuestas de programación.
Así que es falso que con las nuevas reglas la autoridad vaya a “ponderar” la “idoneidad” de proyectos producción y programación. El artículo 17-G establece que para proponer la asignación de una concesión de radio o televisión la Comisión de Telecomunicaciones “valorará” la congruencia entre el programa que el propio gobierno haya publicado al convocar a cada licitación y “los fines expresados por el interesado para utilizar la frecuencia”. Bastará con que los aspirantes a esas concesiones manifiesten propósitos nobles, altruistas y si se quiere incluso seráficos, para que hayan cumplido ese requisito. Las nuevas reglas no obligan a que haya congruencia entre el proyecto que presenten los concursantes y los fines sociales de la radiodifusión.
Lo que sí mencionan de manera muy clara esas reglas es la obligación de la autoridad para tomar en cuenta, como elemento definitorio del concurso, “el resultado de la licitación a través de subasta pública” (artículo 17-G). Por eso se ha podido decir que esta reforma entrega las futuras concesiones de televisión y radio al poder del dinero.
4. Las leyes preservan el otorgamiento de permisos de radio y televisión mediante asignación directa (es decir, sin licitación) para las estaciones educativas, culturales, universitarias, experimentales y oficiales.
Esa es una manera oblicua de decir que, tratándose de emisoras no comerciales, se mantiene el mismo régimen autoritario y discrecional que ha existido desde hace casi medio siglo.
La contrarreforma no acaba con la marginación que desde entonces padecen las radiodifusoras y televisoras no mercantiles, a las cuales se les prohíbe obtener recursos a través de mensajes patrocinados.
Las instituciones o grupos que busquen un permiso –que como es sabido es el régimen destinado a las estaciones culturales, educativas, de gobierno y en el cual han sido ubicadas las de carácter comunitario– deberán cumplir todos los requisitos, excepto la propuesta económica, exigibles a quienes busquen una concesión de índole comercial (artículo 20 de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión). Pero además, se les somete a una indagación adicional, descrita así en ese mismo artículo:
“De considerarlo necesario, la Secretaría podrá sostener entrevistas con los interesados que hubieren cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporten información adicional con relación a su solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de la demás información que la Secretaría considere necesario recabar de otras autoridades e instancias, para el cabal conocimiento de las características de cada solicitud, del solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate”.
Desde luego el gobierno tiene la obligación de saber a quién le entrega un permiso de radiodifusión. Pero el puntilloso procedimiento antes descrito resulta discriminatorio porque en el caso de las concesiones mercantiles no se requieren gestiones como ésas. Y recuerda demasiado las indagaciones policíacas que la SCT ha solicitado para oponerse, en varias ocasiones, a la legalización de algunas radiodifusoras comunitarias.
La Ley Televisa parece diseñada para, entre otras cosas, dificultar y prácticamente impedir el surgimiento de nuevas radios y televisoras de carácter o aspiraciones públicos. El artículo 21-A establece que los permisos podrán ser otorgados a dependencias de la administración pública federal, entidades paraestatales, gobiernos estatales y municipales e instituciones educativas. Allí hay un claro candado para la regularización de estaciones comunitarias que no han recibido el permiso capaz de legalizar su funcionamiento y, desde luego, para el surgimiento de nuevas emisoras de esa índole.
Pero también a las instituciones estatales, en todos los niveles y modalidades de la administración pública, se les imponen nuevas limitaciones para instalar radios y televisoras. Uno de los apartados del mismo artículo 21-A establece, entre otros requisitos, que para obtener un permiso la dependencia que lo pretenda debe tener establecida “dentro de sus facultades u objeto” competencia para “instalar y operar estaciones de radio y televisión”. ¿Cuántas instituciones estatales tienen esa atribución, así de específica? Peor aún: en otro apartado se hace obligatoria la existencia de “las partidas presupuestales necesarias para llevar a cabo la instalación y operación de la estación”. Allí los gobiernos estatales o municipales, o las instituciones que aspiren a tener permisos, tropezarán con un círculo vicioso: ninguna dependencia oficial puede contar con presupuesto destinado a una tarea para la cual no tiene todas las autorizaciones legales necesarias. Y no puede haber permiso sin el presupuesto ya aprobado. Se trata de un cerrojo artero, prácticamente malévolo, para impedir o dificultar el surgimiento de nuevas televisoras y radiodifusoras de carácter público.
El inventario de méritos de los que se ufana la CIRT no lo menciona, pero la principal restricción a las estaciones de índole no comercial es el impedimento para que aprovechen los beneficios de la digitalización de las señales, gracias a la cual es posible ofrecer servicios de telefonía e Internet, entre otros, en la misma frecuencia en la que hasta ahora se difundía solamente radio o televisión convencionales.
El aprovechamiento de esa nueva veta de negocios, establecido en el artículo 28 de la Ley de Radio y Televisión, constituye el meollo de la Ley Televisa pero está restringido a los concesionarios. Es decir, se deja intencionalmente fuera a las estaciones permisionadas. Gracias a la posibilidad de utilizar la frecuencia de la que ahora disponen para brindar esos servicios adicionales sin por ello estar obligadas a pagar derechos al Estado, las televisoras que hoy en día tienen más concesiones podrán hacer un negocio formidable. El monto de los derechos que dejarán de pagar (el artículo 28 dice que la Secretaría de Comunicaciones “podrá requerir el pago de una contraprestación” –subrayado nuestro– pero no dice que estará obligada a exigir esa contribución) se ha estimado en varios miles de millones de dólares.
Dicho artículo 28 no solamente les regala a las televisoras comerciales la explotación, adicional a la que ya pueden hacer, de un recurso natural de la nación mexicana como es el espectro radioeléctrico. Además, con claro menosprecio, se margina de ese aprovechamiento adicional a las radiodifusoras y televisoras de carácter o aspiraciones públicas. 5. Las Leyes aprobadas permitirán transparentar el gasto de los partidos políticos en los procesos electorales federales, al disponer que será el Instituto Federal Electoral el encargado de pagar la publicidad electoral a los medios electrónicos.
El gasto de los partidos ya es transparente –al menos el gasto con recursos obtenidos legalmente– porque cada uno de ellos tiene que informarle al IFE, con todo detalle, cuánto y en dónde desembolsó durante cada campaña federal. La nueva disposición, establecida en el artículo 79-A de la reforma a la Ley de Radio y Televisión, solamente añade la obligación de los concesionarios para comunicarle a esa autoridad electoral el monto de la propaganda política que haya sido contratada para ser transmitida en sus frecuencias.
De acuerdo con esa reforma el IFE desempeñará, en dichas transacciones, el simple papel de cajero de los partidos políticos; no tiene intervención en la contratación de esa publicidad ni en la gestión de mejores precios u horarios.
Además y como muestra del descuido con que fue elaborada y aprobada, esa reforma indica que la publicidad electoral podrán comprarla partidos y candidatos, en contravención al Código Electoral que limita esa atribución a los partidos políticos.
El mismo día que aprobaron la Ley Televisa, unas horas antes de comenzar el debate, varios senadores del PRI y el PAN presentaron una iniciativa para enmendar la Ley Federal de Radio y Televisión. Se trata de pequeños cambios a las reformas que en ese momento todavía no eran avaladas por la mayoría senatorial. Los promotores de esas nuevas reformas, a las que en el Senado se denominó como “paralelas”, se estaban adelantando al reconocer varios de los defectos que tendría la minuta legislativa que aún no se convertía en nueva ley de Radio y Televisión. En ese documento proponían la rectificación de algunas fallas menores de la Ley Televisa, especialmente relacionadas con la participación de la Comisión Federal de Competencia en las licitaciones de nuevas frecuencias de radio y televisión. La reforma aprobada el 30 de marzo establece en el artículo 17-E de las reformas a la Ley de Radio y Televisión que el aspirante a una concesión debe haber solicitado la opinión favorable de esa Comisión pero no se indica que, una vez tramitada, esa opinión deba ser aprobatoria. La reforma “paralela” propuesta ese mismo día precisa que la solicitud debe ir acompañada del dictamen favorable de la Comisión de Competencia.
Otra pifia que los autores de la nueva reforma quisieron enderezar es la contradicción entre los cambios a la Ley Federal de Radio y Televisión y el Código Federal Electoral. En la versión que forma parte de la Ley Televisa, aprobada por el Senado la noche del 30 de marzo, se dice que los concesionarios: “Tratándose de elecciones federales, deberán informar al Instituto Federal Electoral sobre la propaganda que hubiese sido contratada por los partidos políticos o por los candidatos a cualquier puesto de elección, así como los ingresos derivados de dicha contratación…”
La nueva redacción que los promotores de la reforma “paralela” propusieron para ese párrafo simplemente suprime las palabras “o por los candidatos” con el propósito de sortear la mencionada incompatibilidad con la ley electoral. Pero esa propuesta fue formulada con tanta indolencia que sus autores no revisaron la redacción, de tal manera que se refiere a “la propaganda que hubiese sido contratada por los partidos políticos a cualquier puesto de elección” como si los partidos concursaran por esas posiciones o como si la propaganda hubiera sido contratada al puesto de elección. Se trata de un resbalón menor, pero que es significativo del atolondramiento de los senadores que impulsaron pequeñas enmiendas al enorme desatino que ha sido la Ley Televisa.
La propaganda de los radiodifusores a favor de la Ley Televisa no se sostiene. Ni una sola de sus explicaciones es verdad.
La contrarreforma para la radiodifusión significará más poder y prerrogativas para quienes ya tienen amplio control sobre la televisión y la radio mexicanas. A las empresas que ya cuentan con demasiadas concesiones les permitirá abrir un nuevo flanco de negocios –telefonía, comunicaciones inalámbricas, servicios interactivos– por cuyo aprovechamiento no tendrán la obligación de pagarle una contraprestación al Estado mexicano. Las nuevas concesiones se adjudicarán con criterios mercantiles que no atienden al carácter social de la radiodifusión. La nueva autoridad encargada de proponer concesiones estará subordinada al gobierno federal y especialmente al actual presidente de la República que designará a sus cinco integrantes. En materia de propaganda electoral, la Ley Televisa no implica cambio relevante alguno.
La médula de esa Ley se encuentra en el ya mencionado artículo 28. El enorme ahorro que las televisoras obtendrán gracias al regalo que se les hace al permitirles utilizar las frecuencias que ya tienen para la explotación de nuevos servicios, es tan cuantioso que así se explica el empeño que Televisa invirtió para amagar a los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional con el propósito de que sus senadores aprobasen esa reforma. No fueron secreto, y han sido confirmadas por varios de quienes las presenciaron, las arengas que en sendas reuniones los dirigentes nacionales del PAN y el PRI les dirigieron a sus senadores al explicarles que la Ley Televisa era asunto vital para ellos ya que ese consorcio mediático les había ofrecido amplia cobertura para sus campañas presidenciales a cambio del voto favorable en la Cámara Alta.
La tentación de obtener más espacio en el canal de las estrellas condujo a la rendición de un importante segmento de la clase política mexicana al poder y la prepotencia de Televisa –y en alguna medida, también, de Televisión Azteca–.
Gracias al empeño de los senadores que se opusieron a esa reforma y a la movilización de opinión pública que se desarrolló entre diciembre y marzo, la aprobación de la Ley Televisa no ocurrió de manera disimulada ni estuvo exenta de severos cuestionamientos.
Varios días después de su aprobación se ensayaban algunos recursos legales para impugnar esa contrarreforma. Independientemente de la suerte que esas reconvenciones jurídicas puedan lograr, los grupos sociales, profesionales y académicos, los trabajadores de los medios, las emisoras de radio y televisión públicas que tan notable papel tuvieron en esta fase, tienen mucho por hacer en el seguimiento y el análisis de las consecuencias de la Ley Televisa así como en la construcción de nuevas opciones de interlocución entre la sociedad y los medios.
La aprobación de la Ley Televisa ha sido extremadamente grave. Dentro de esa situación, no es menor el hecho de que las razones hayan estado del lado de los impugnadores de la contrarreforma. Esa ley tuvo más votos en el Congreso pero sus defensores fueron incapaces para respaldarla con argumentos suficientes
Televisa ganó en el campo del amago político pero demostró su insuficiencia en el terreno de las ideas. Por todo ello y porque hoy en día la sociedad mexicana reconoce a los medios como un problema y ya no solamente como espacios ajenos a sus intereses, se puede asegurar que este asunto no ha concluido.
–0– [1] Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. rtrejod@infosel.ner.mx ; http://raultrejo.tripod.com
[2] “Cinco puntos por los que las reformas a las leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones, son un avance para México” Reforma, lunes 3 de abril de 2006.
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