Source: http://fujimoriontrial.org/?page_id=90
Timestamp: 2018-02-20 13:57:54
Document Index: 88693674

Matched Legal Cases: ['Artículo 108', 'Artículo 121', 'Artículo 152', 'Artículo 162', 'Artículo 292', 'Artículo 317', 'artículo 36', 'Artículo 320', 'artículo 313', 'Artículo 322', 'Artículo 384', 'Artículo 387', 'Artículo 395', 'Artículo 36', 'Artículo 396', 'Artículo 397', 'Artículo 399', 'Artículo 427', 'Artículo 1', 'Artículo 36']

I. Casos presentados por el gobierno peruano a la Corte Suprema Chilena para la extradición de Alberto Fujimori:
(Solo se puede juzgar a Fujimori por los casos aprobados por la Corte Suprema Chilena. Los casos aprobados están marcados *)
1. Allanamiento*
Fujimori allanó la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos el 7 noviembre de 2000. Fujimori ha asumido su responsabilidad en este delito. El proceso es sumario.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/181411/483/http://www.andina.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=151374http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/10/13/admite-fujimori-que-ordeno-allanar-casa-de-vladimiro-montesinoshttp://www.terra.com.pe/noticias/articulo/html/act988690.htm
Código Penal peruano: 361 y 376
2. Caso Pago SUNAT –Borobio
Asociación ilícita para delinquir, aprovechando su calidad de Presidente, utilizó fondos del Estado en beneficio de el ciudadano argentino Daniel Borobio quien lo asesoraba para su campaña de reelección.
Código Penal peruano: 317 y 387
3. Interceptación telefónica*
Asociación ilícita para delinquir. Conformación de una estructura jerárquica, con división funcional de roles; y, entre otros fines y prácticas delictivas, la de obtener información mediante interceptación ilegal de las comunicaciones que sostenían sus adversarios políticos, como ha ocurrido en el presenta caso, todo ello, con la intención de mantenerse y continuar en el poder.
Código Penal peruano: 162, 317 y 387
4. Faisal Aprodev
Utilización de fondos del Estado y creación de una página web para difundir información orientada a desinformar, desacreditar y debilitar el prestigio de diversas personalidades de oposición a su régimen político, constitución de la “Asociación Pro Defensa de la Verdad” (APRODEV), representada por el ciudadano argentino Héctor Ricardo Faisal Fracalosi, a quien mensualmente se le entregó la cantidad de seis mil dólares americanos durante dos años, aproximadamente y otras cantidades de dinero.
5. Tractores Chinos y medios de comunicación*
Compra ilegal de tractores chinos sin el debido procedimiento legal, exonerando a dicha transacción de licitación pública, adquiriéndose en un primer contrato tres mil tractores entre otros implementos, por un precio de veintitrés millones veintidós mil ochocientos sesenta y cinco dólares americanos y en un segundo contrato mil cien tractores y otra maquinaria por un monto de treinta y cuatro millones setecientos sesenta y siete mil trescientos trece dólares americanos, para distribuirse en comunidades agrarias del país; utilizados con el propósito de perpetuarse en el poder.
También, acciones encaminadas a controlar los medios de comunicación: 1) Cable Canal CCN – Canal 10 de propiedad de Manuel Ulloa Van Peborg y 2) diario Expreso cuyo dueño era Eduardo Callmel del Solar; encargó a Vladimiro Montesinos Torres la compra del 75% de las acciones del canal de cable, por dos millones de dólares. También, pagos al propietario del diario “Expreso” Eduardo Callmel del Solar, para que levante la imagen de su gobierno con miras a una reelección. Dinero que provino de la desviación de fondos que hicieron los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas al SIN.
Código Penal peruano: 317, 361 y 387
6. Medicinas Chinas
Compra ilegal de medicinas chinas entre otros bienes, vulnerando las atribuciones y deberes de su cargo, durante el período de 1990 a 2000, sin ningún estudio de factibilidad. Los medicamentos con fecha próxima de vencimiento a su llegada al Perú, no se les exigió el certificado de análisis correspondiente, ni la inspección de seguridad a su ingreso, los cuales aún así fueron distribuidos. Las distintas adquisiciones fueron destinadas a los sectores de Salud, Agricultura, Educación y Presidencia, por un monto superior a U$121.000,000.
7. Quinces millones*
Transferencia ilegal de 10 millones de dólares a título de “compensación por tiempo de servicios” disposición y apropiación de dineros del Estado, ascendente a quince millones de dólares americanos, Delito de falsedad ideológica, al haber dispuesto se inserte en un Decreto de Urgencia -norma jurídica con rango de ley que dicta el Poder Ejecutivo en situaciones extraordinarias, pero sólo en materia económica y financiera-, que suscribió y promulgó en su condición de Presidente, con argumentos y contenidos falsos relacionados con una supuesta defensa preventiva de la seguridad nacional en la frontera con el país de Colombia, mediante la falsa ejecución del denominado “Plan de Soberanía”.
Código Penal peruano: 317, 387 y 428
8. Congresistas tránsfugas*
Dirigió y diseñó el plan denominado “Reclutamiento”– que mediante la entrega de dinero a congresistas de la oposición para que dieran su apoyo incondicional al partido de gobierno, tenía como objeto obtener a cualquier costo una mayoría parlamentaria que se sometiera al Poder Ejecutivo, a fin de controlar las actividades del Congreso de la República para impedir la labor de fiscalización efectiva del Poder Legislativo.
Código Penal peruano: 317 y 399
9. Desviación de fondos*
Transacciones de la Caja de Pensiones Militar Policial, a fin de que éstas le produjeran “comisiones” para, de este modo, incrementar el llamado “fondo de contingencia”. De esta forma, obtuvo provecho patrimonial, en su propio beneficio, del dinero perteneciente al Estado peruano para utilizarlos en el pago de campañas políticas, con el agravante de que estos fondos provenían del componente “zona de emergencia”, los cuales cubrían también fines asistenciales para la población de zonas desvalidas del país.
Código Penal peruano: 317, 387, 427 y 428
10. Sotanos del SIE (Gorriti – Dyer)*
1. Agraviado Samuel Edward Dyer, detenido en el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” el 27 de julio de 1992, conducido posteriormente a las instalaciones del SIE, específicamente a los sótanos de dicho establecimiento Retenido en una celda de 3×3 metros, que tenía una especie de baño turco, no tenía agua ni servicios. Cuando el agraviado salió del sótano vio a Fujimori caminar por las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), acompañado por un grupo de personas de rasgos orientales.
2. Agraviado Gustavo Gorriti Ellenbogen el día 6 de abril de 1992 fue intervenido en su casa por personal perteneciente al SIE, siendo conducido en un vehículo a las instalaciones del SIE, donde fue trasladado al sótano permaneciendo en uno de los cuartos hasta las dos o tres de la mañana del día siguiente, siendo luego remitido al local de la Prefectura.
3. Lesiones graves y secuestro de Susana Higuchi, ex esposa de Alberto Fujimori.
4. Lesiones graves y secuestro de la ex agente del SIE Leonor La Rosa Bustamante.
5. Hans Himmler Ibarra Portilla, ex agente del SIE, fue
secuestrado el día 22 de enero de 1997, al haber sospechado sus superiores que estaba involucrado en el envío de información reservada o secreta sobre planes de inteligencia a los medios de comunicación.
Código Penal peruano: 121, 152, 397 y 141
11. Barios Altos – La Cantuta*
Asesinato de quince personas y lesiones graves en agravio de otras cuatro. Condominio en la planificación y ejecución de los crímenes y matanzas de “Barrios Altos” y “La Cantuta”, ejecutados materialmente por miembros del Grupo de exterminio denominado “Colina”. Condominio que se traduce en su participación activa como Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas en la implantación, como respuesta al incremento del fenómeno terrorista, de una política de guerra sucia, que implicaba la violación permanente, sistemática y selectiva de los Derechos Humanos.
1. Barrios Altos.- Noviembre de 1991, el Grupo Colina incursionó sorpresiva y violentamente en el inmueble del jirón Huanta N° 480 de Barrios Altos – Lima, donde se realizaba una actividad social común ente llamada “pollada”, portando armamento de guerra, pistolas y ametralladores con silenciadores, pasamontañas color negro, obligaron a los asistentes a tirarse al piso para luego acribillarlos sin contemplación, el acribillamiento indiscriminado además de muertos dejó 4 personas con lesiones de gravedad.
2. La Cantuta.- La 18 de julio de 1992, en horas de la madrugada, el Grupo Colina incursionó violentamente en la Universidad Nacional de Educación Eduardo Guzmán y Valle “La Cantuta”, donde secuestraron a nueve estudiantes y un profesor, posteriormente los torturaron y asesinaron. Los llevaron a un lugar a las afueras de Lima con el propósito de desaparecerlos.
Código Penal peruano: 108, 121 y 1º del Decreto Ley Nº 25.592
12. Decretos de Urgencia
Expedición de los Decretos de Urgencia de carácter ‘secreto’ mediante los cuales se aprobó la disposición y utilización de los fondos de la privatización de empresas del Estado peruano y, de ese modo, justificar formalmente ampliaciones presupuestales excepcionales para los Ministerios de Defensa y del Interior.
Código Penal peruano: 292, 293, 317, 322, 384, 389 y 428
13. Ampliación de petición de extradición por desaparición forzada
En agravio de: Kenneth Ney Anzualdo Castro, Martín Roca Casas y Justiniano Najarro Rúa, a quienes se les vincula con actos de terrorismo y que fueron privados de su libertad durante la presidencia de Fujimori, sin resultado respecto de su aparición.
Código Penal peruano: 320, 395, 396 y 397
Fuente: Sentencia de la Corte Suprema de Chile de 21 de septiembre de 2007.
II. Artículos relevantes Código Penal peruano y legislación pertinente.
– Artículo 108
Homicidio calificado – Asesinato
4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas
– Artículo 121
El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves:
– Artículo 152
– Artículo 162
– Artículo 292
– Artículo 317
Cuando la agrupación esté destinada a cometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad públicas, contra el Estado y la defensa nacional o contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, la pena será no menor de ocho años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4.
– Artículo 320
Terrorismo El que provoca, crea, o mantiene un estado de zozobra, alarma o terror en la población o en un sector de ella, realizando actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la seguridad personal o la integridad física de las personas, o contra el patrimonio de éstas, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando para tales efectos métodos violentos, armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad social o estatal, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez años.
6.- Privativa de libertad no menor de veinte años, si como efecto de la comisión de los hechos contenidos en el artículo 313 se producen lesiones graves o muerte, siempre que el agente haya podido prever estos resultados.
– Artículo 322
Los que forman parte de una organización integrada por dos o más personas para instigar, planificar, propiciar, organizar, difundir o cometer actos de terrorismo, mediatos o inmediatos, previstos en este Capítulo, serán reprimidos, por el solo hecho de agruparse o asociarse, con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años.
– Artículo 384
El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años.
– Artículo 387
– Artículo 395
El Magistrado, Arbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo que solicite y/o acepte donativo, promesa o cualquier otra ventaja, a sabiendas que es hecha con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del Artículo 36º del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa .
La inhabilitación que como accesoria a la pena privativa de libertad se imponga al agente del delito, será puesta en conocimiento del Colegio respectivo en donde se encuentra inscrito el agente, para que dentro de cinco (5) días proceda a suspender la colegiación respectiva, bajo responsabilidad.
– Artículo 396
Corrupción de auxiliares jurisdiccionales-Corrupción pasiva atenuada
– Artículo 397
El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.
– Artículo 399
Corrupción activa de funcionario
– Artículo 427
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata de un documento privado.
– Artículo 1º del Decreto Ley Nº 25.592
El funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad, ordenando o ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición debidamente comprobada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años e inhabilitación, conforme al Artículo 36 incisos 1 y 2 del Código Penal.