Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/RE-2015/re201500042.html
Timestamp: 2017-10-24 02:15:11
Document Index: 123816031

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 123', 'artículo 124', 'artículo 410']

rs201501042
RESOLUCION: 42/2015
EXPEDIENTE Nº: 304/2008
PARTES: Colgate Palmolive Company contra la Directora General del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
Pronunciada en el proceso contencioso administrativa seguido por Colgate Palmolive Company en la que se solicita se deja sin efecto la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-004/2012 de 24 de enero de 2008, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fs. 41 a 44; la respuesta de fs. 169 a 171; los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO: Que en la revisión del proceso se evidenció que la Empresa demandante pretende se deje sin efecto la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-004/2012 de 24 de enero pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual en el procedimiento administrativo de oposición planteado por Colgate Palmolive Company contra la solicitud de registro de marca “SUAVITY” clase internacional 03, petición que fue declarada improbada con Resolución Administrativa N° 203/2007 de 11 de mayo de 2007, acto administrativo posteriormente confirmado en recurso de revocatoria y jerárquico, resoluciones en las que se aplicó la Decisión 486 de la Comunidad Andina y cuyo entendimiento es controvertido en la presente demanda contencioso administrativa.
Que el Estado Plurinacional de Bolivia es signatario del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina adoptado en Cartagena, Colombia el 28 de mayo de 1979, así como de sus posteriores modificaciones (Protocolo de Trujillo de 10 de marzo de 1996 y Protocolo de Cochabamba de 28 de mayo de 1996), tribunal con competencia para conocer, entre otras, la interpretación prejudicial en el marco del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 22 de junio de 2001, con la finalidad de asegurar la aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Que de acuerdo con el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina suscrito por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, dicho Tribunal tiene atribución para efectuar la interpretación vía prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, para ello, conforme a lo señalado en el artículo 33: “los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar directamente la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal la normativa glosada es concordante con el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y produce, de acuerdo con el artículo 124 de la misma disposición normativa, la suspensión del proceso hasta que la consulta sea absuelta, normas de Derecho Comunitario ratificadas por el país que son de aplicación plena en cumplimiento del mandato del artículo 410-11 de la Constitución Política del Estado, correspondiendo en consecuencia a este Tribunal Supremo de Justicia de única instancia, antes de emitir pronunciamiento en el fondo, dar cumplimiento a las normas comunitarias analizadas precedentemente y remitir el proceso en consulta prejudicial obligatoria.
Por las razones expuestas la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, modula el entendimiento asumido en procesos donde se requiere una interpretación pre judicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, honrando la normativa supranacional y comunitaria citada.
1. Remitir los antecedentes del proceso en consulta obligatoria al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
2. Suspender el plazo para la resolución del proceso hasta que se absuelva dicha consulta prejudicial.
Remítase copia legalizada del presente proceso, sea con nota de atención a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.