Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-41983-de-diciembre-4-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f3431aa0640e0320e0430a0101510320&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-19 13:38:24
Document Index: 363911119

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 267', 'artículo 98', 'artículo 189', 'artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 128', 'artículo 24', 'artículo 467', 'artículo 61', 'artículo 55', 'artículo 13', 'artículo 53']

﻿ Sentencia 41983 de diciembre 4 de 2013
SENTENCIA 41983 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:LA INDEXACIÓN DE LAS PENSIONES DE VEJEZ, APLICA A PENSIONES CAUSADAS ANTES DE ENTRADA EN VIGOR DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991. ES PROCEDENTE LA INDEXACIÓN CUANDO SE TRATA DE DERECHOS PENSIONALES CAUSADOS CON ANTERIORIDAD A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, DADO A QUE NO ES AJUSTADO A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD QUE PREGONA LA CARTA CONSTITUCIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES, EL HACER UN TRATO DIFERENCIAL ENTRE LA POBLACIÓN PENSIONADA, EN RAZÓN A LA FECHA DE CAUSACIÓN DEL DERECHO PENSIONAL, DEBIDO A QUE EN TODO MOMENTO LAS PRESTACIONES SE VEN ENFRENTADAS AL MISMO FENÓMENO INFLACIONARIO Y DEMÁS FENÓMENOS A QUE SE VE EXPUESTA LA ECONOMÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE IGUALDAD, CONSTITUCIÓN NACIONAL, INDEXACIÓN, RECURSO DE CASACIÓN, PENSIÓN DE VEJEZ, PRESTACIONES DEL PENSIONADO, PENSIONADO, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, DERECHOS DEL PENSIONADO, DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL
Sentencia 41983 de diciembre 4 de 2013
SL 860-2013
Radicación 41983
El desacuerdo de la demandada con respecto a las conclusiones colegiadas determina a esta a impetrar recurso extraordinario a efecto de que esta Sala de la Corte case en su totalidad el fallo acusado, revocándolo, y que en su lugar, obrando (...) en función de instancia, se revoque el fallo de primera instancia (...).
Articula la acusación en dos cargos de diferente vía, que suscitan la respuesta de la demandante, frente a los cuales se harán los siguientes pronunciamientos:
Primer cargo: Atribuye a la sentencia la violación indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, 5º y 6º el Decreto 3135 de 1968, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del Decreto 1848 de 1969 , el artículo 267 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º del Decreto 1675 de 1997 y 123 y 128 de la Constitución de 1991, Decreto 516 de 1990 y Decreto 2001 de 1993, en relación con el artículo 98 de la convención colectiva...
Se produce la referida violación, señala el recurrente, al cometer el ad quem los siguientes errores de hecho:
1. Dar por probado, sin estarlo, que la desvinculación que efectuó la demandante... fue sin justa causa.
2. No dar por demostrado, estándolo, que para la desvinculación que efectuó el Idema de la demandante... dio una justa causa legal consistente en la supresión y liquidación de la entidad empleadora...
3. Dar por probado, sin estarlo, que se reconoció una indemnización sin justa causa, cuando en realidad lo que se reconoció fue una indemnización legal por supresión de la entidad.
4. No dar por probado, estándolo, que la demandante... fue afiliada al Instituto de Seguro Social, en donde el Idema cumplió cabalmente con su obligación de pagar los aportes a la seguridad social correspondientes entre los cuales se encuentra los pagos por aportes de pensión...
En el texto que sustenta el cargo el recurrente hace alusión en diferentes párrafos a la errónea valoración de: comunicación 411 de octubre 2 de 1997 (fl. 16); liquidación definitiva de prestaciones sociales; carta de terminación del contrato de trabajo; prueba documental obrante en el plenario y que da cuenta que a demandante... fue afiliada al Seguro Social (fls. 121-126).
En procura de demostrar la acusación aduce que el tribunal le confiere la comunicación 411 de octubre de 2 de 1997 un alcance que no le corresponde al desprender de allí que con ella se efectúa un despido sin justa causa puesto que fue una causa legal la que en verdad disolvió el vínculo.
Luego explica las razones de su afirmación al señalar que la extinción de la relación laboral proviene de las facultades que le fueron otorgadas por el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Nacional y por el artículo 30 de la Ley 344 de 1996, las que se desarrollaron a través del Decreto 1675 de 1997 que dio lugar al decreto 2348 de 1997 con el cual se suprimió el cargo de la demandante; esto es se procedió en arreglo a prescripciones legales de los decretos de supresión y liquidación... mas no porque de manera caprichosa y arbitraria la entidad hubiere decidido terminar la relación sin justa causa. Lo dicho significa que, la terminación del contrato obedeció a una causa legal y no a una injusta causa, como de forma errada concluye el tribunal al efectuar la mala apreciación de la comunicación (...) 411 de octubre 2 de 1997.
Dirige entonces sus reflexiones a desvirtuar la calificación que diera el colegiado al concepto de la indemnización pagada a la demandada que, enfatiza, no puede ser el correspondiente al despido sin justa causa sino al de la terminación legal del vínculo puesto que esta opera en los casos en los cuales por ministerio de la ley el empleador se ve en la imperiosa necesidad de terminar los contratos de trabajo, por sustracción de materia, pues la entidad deja de existir, y para ello se quiere compensar al empleado por dicha desvinculación, proveniente de una fuente legal, y por ende justa.
De ninguno de los referidos documentos, dice el recurrente, puede derivarse que el despido se hubiese producido en razón a injusta causa, para trascribir luego el Decreto 1675 de 1997, artículo 8º e insistir con ello en la argumentación según la cual se trata de dos conceptos de indemnización diferentes siendo el originado en motivaciones de orden legal el que corresponde al sub lite.
Procede a continuación a demostrar la violación del superior al artículo 128 de la Constitución Nacional puesto que con su determinación desconoce sus preceptos que prohíben recibir más de una asignación del tesoro público pues en este caso no existe la compatibilidad de dos pensiones, es decir, la reconocida por el ministerio demandado y la otra por el Instituto de Seguridad Social, cuando cumpla a demandante 60 años de edad.
Debió el tribunal determinar que la pensión correspondía al Instituto de Seguros Sociales, pues si se hubiere valorado esta prueba, fuerza concluir que, el empleador Idema al efectuar los aportes por concepto de pensión de la demandante... al Instituto de Seguros Social, su eventual obligación en reconocer el pago de una pensión de jubilación ya sea convencional o legal al trabajador, le fue trasladada a la administradora de pensiones, en este caso, el Instituto de Seguro Social (...).
De igual manera, se equivoca el ad quem, dice para terminar, al no establecer que la demandante laboró 7 años, 7 meses como trabajadora oficial pues su vinculación con el Idema se dio mediante resolución de marzo 28 de 1978 y se extendió hasta el momento en que entró en vigencia el Decreto 516 de 1990, en donde, como es sabido, adquirió el status de trabajadora oficial.
La convención colectiva determina con suficiencia que el tiempo laborado con la entidad debe ser en calidad de trabajador oficial, presupuesto este que no se cumple en relación con la demandante (...); además las disposiciones de trabajadores oficiales del personal del Idema, de que tratan el artículo 24 de la convención colectiva, que remite al Decreto 2001 de 1993, no son aplicables de manera extensiva a los empleados públicos ya vinculados, ni mucho menos lo será por aplicación retroactiva (...).
Encuentra la replicante desatinos técnicos en la formulación y desarrollo del cargo propuesto en tanto que pese a controvertirse un derecho de estirpe convencional la proposición jurídica no alude al quebrantamiento del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo como en diferentes oportunidades esta Sala lo ha adoctrinado al requerir su inclusión en elenco de disposiciones a dichos efectos relacionadas.
Así mismo refiere que no obstante el sendero escogido para la acusación desarrolla una argumentación de orden estrictamente jurídico dirigido a establecer que la relación de trabajo se extinguiría en virtud a causa legal que no injusta, propia de la vía directa.
En efecto, como lo glosara la opositora, insalvables dificultades técnicas impiden el estudio de la acusación propuesta, como se explica a continuación:
Es preciso referir que, en síntesis y de manera principal, los enunciados desaciertos del recurrente se centran en olvidar este las que fueron sus propias formulaciones en el ataque que emprende contra la sentencia del juez de la apelación, esto es, la trasgresión de las normas aludidas en virtud a incurrir el superior en las equivocaciones probatorias y fácticas allí consignadas puesto que, de manera opuesta a elementales consideraciones de carácter lógico jurídico que exigen una disertación conformada por valoraciones tendientes a demostrar el error protuberante del ad quem que no desprendió de un medio de prueba lo que del mismo emergía o desconoció aquel que al obrar en el expediente pudo acreditar un hecho relevante para la controversia sometida a su examen, encauza su esfuerzo argumental en hacer distinciones ontológicas respecto a las causas que determinaron el despido.
En el sentido expuesto, relativo a los desatinos técnicos, debe predicarse el carácter de estricto derecho respecto del tercero y cuarto de los errores relacionados puesto que aquel remite al análisis de la naturaleza jurídica de la aludida indemnización, esto es si del fundamento legal de la supresión de la entidad y con ella la de la extinción del contrato —tópicos fuera de controversia— deviene la condición de justa causa de despido; así como en cuanto al último (cuarto error) derivar de la afiliación de la demandante al seguro social y del pago de los aportes del empleador al señalado instituto, el cumplimiento de una obligación que determina la subrogación de este, exige así mismo una reflexión de estricto derecho.
De igual manera, dentro del contexto de la clase de desaciertos que divorcian al recurso de las normas que lo gobiernan y en consecuencia de lo indicado, aparece la referencia, sin singularizar como lo dispone la ley, a pruebas supuestamente mal valoradas por el ad quem de las que el impugnante se duele de no extraer de ellas, el superior, el carácter legal que reclama para las causas que motivaron la terminación de la relación laboral razonamiento que, como se dijo, remite a elucubraciones de orden jurídico.
Por último y de no bastar los anteriores raciocinios para inhibir el examen que del cargo se propone y se impusiera el análisis en torno a si en efecto, el ad quem, no advierte de la carta que comunica el despido (fl. 16) que la demandada ofreció en ella una justa causa legal consistente en la supresión y liquidación de la entidad empleadora; como lo enuncia el recurrente, debe decirse que de la literalidad de su texto no se desprende tal manifestación.
La comunicación en comento dice así:
“Señor(a)
Martha Cecilia Arellano González
Me permito comunicarle que este despacho ha decidido dar por terminado unilateralmente su vinculación laboral con el instituto a partir del recibo del presente.
En la jefatura de esta dependencia y por el término de cinco (5) días, estará a su disposición a orden del examen médico de egreso.
El valor de sus cesantías y prestaciones sociales a que tenga derecho, le será pagado una vez se hayan cumplido los trámites administrativos y fiscales correspondientes.
Jorge Torres Lozano
Liquidador”.
En cuanto al otro aspecto fáctico al que remite la disertación del recurso, según el cual el ad quem se equivoca al no descontar del tiempo servido por la demandante el laborado como empleada pública puesto que para acceder a la pensión la convención colectiva determina con suficiencia que el tiempo laborado con la entidad debe ser en calidad de trabajador oficial, presupuesto este que no se cumple en relación con la demandante...; la acusación no lograría buen suceso al no poderse estructurar error ostensible de hecho en la interpretación que el tribunal diera al canon convencional, conforme al cual, en este: “... no se hizo exigencia alguna frente al tiempo servido a la entidad, en el sentido de discriminar o excluir que el prestado como empleado público no fuese computable para los efectos de la pensión allí contenida”. Plausible reflexión hermenéutica que realiza el juez de la segunda instancia dentro de las facultades del artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral.
Segundo cargo: Endilga la violación directa del artículo 55 de la Constitución Nacional, 467, 468, 469, 470, 477 del Código Sustantivo del Trabajo, 37 del Decreto-Ley 2351 de 1965 por falta de aplicación y los artículos 14 y 36 de la Ley 100 de 1993 por indebida aplicación.
Para sustentar en síntesis, la acusación que realiza trascribe los artículos 55 de la Constitución Nacional y los que del Código Sustantivo del Trabajo alude en la proposición jurídica y señalar que por cuanto no fue pactado en la convención colectiva no puede la administración encargada de reconocer la pensión convencional, sufragar más emolumentos económicos que van en detrimento del patrimonio del Estado, pues cuando firmó la convención colectiva el liquidado Idema efectuó estudios necesarios para poder cumplir con lo pactado en la convención (...).
De igual manera resalta que si bien esta Sala de la Corte ha encontrado procedente la indexación lo ha hecho (siempre) en relación con los pensionados del régimen común y no para los pensionados por convención o pacto colectivo.
No asiste la razón al recurrente puesto que como se sabe esta Sala de la Corte desde hace cerca de un lustro ha encontrado procedente la corrección monetaria de aquellas pensiones causadas en vigencia de la actual Constitución del año de 1991, de manera independiente a su origen legal o convencional, como se señalara en Sentencia de radicación 29022 del 31 de julio de 2007; ahora, en pronunciamiento que hiciera en Sentencia 47709 del 16 de octubre de 2013, modifica la indicada doctrina para reconocer también la corrección monetaria con relación a las pensiones que fueran causadas con anterioridad a la fecha en que entró a regir la nueva Constitución de 1991.
Así lo expresaría la Sala, en algunos de sus apartes que se transcriben de la referida Sentencia 47709:
“Si las pensiones de jubilación se ven enfrentadas por igual al mismo fenómeno inflacionario, no existe, a primera vista, una razón o condición derivada de la fecha de su reconocimiento, que autorice un trato desigual, a la hora de adoptar correctivos como la indexación de los salarios tenidos en cuenta para la liquidación. Por lo mismo, para estos efectos, no deberían existir diferenciaciones o categorizaciones de pensionados, que pudieran resultar arbitrarias y contrarias al principio de igualdad”.
“En ese sentido, imponer una diferenciación, en función de la fecha de reconocimiento de la prestación, para los efectos de corregir los impactos negativos del fenómeno inflacionario, resulta abiertamente contraria al principio de igualdad, establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, así como en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 22 de 1967 y ratificado por Colombia el 4 de marzo de 1969”.
“Y ello es así porque la discriminación entre grupos de pensionados, que se había generado debido a la posición mantenida por la Sala, no atiende alguna finalidad legítima, que pudiera encontrar respaldo en los principios de la Constitución Política. Tampoco advierte la Sala que esa desigualdad tenga alguna justificación legal, clara y razonable, acomodada a los principios y valores que irradian nuestro ordenamiento jurídico, de manera que se reduce a una diferencia insostenible e inadecuada entre pensionados que se ven enfrentados a la misma dificultad, y que tiene efectos negativos sobre su derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, como lo prevé el artículo 53 de la Constitución Política”.
“De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991”.
Costas en el recurso a cargo de la recurrente; se fijan agencias en derecho en la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000.00).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de mayo de 2009, en el proceso promovido por Martha Cecilia Arellano González contra la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.