Source: http://lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJCYL26032016.html
Timestamp: 2018-01-19 11:26:29
Document Index: 380920380

Matched Legal Cases: ['artículo 193', 'artículo 208', 'artículo 42', 'artículo 71', 'artículo 25', 'artículo 71', 'artículo 25', 'artículo 25']

SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA Y LEON DE 26-03-2016
Recurso de Suplicación interpuesto por Bernardo contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Salamanca de 28-11-2014, en demanda promovida por referido actor contra la Dirección Provincial del Inem en Salamanca, sobre desempleo.
- El demandante D. Bernardo prestaba servicios para la empresa "Eads Construcciones Aeronáuticas S.A." desde el 28-7-2005 hasta el 24-1-2010 en que solicitó una excedencia voluntaria. El 25-1-2010 comenzó a prestar servicios para la empresa "Gamesa Innovation and Technology S.L." en virtud de contrato de trabajo indefinido y a tiempo completo.
- El 9-1-2013 solicitó una prórroga de la excedencia voluntaria a la empresa "Eads Construcciones Aeronáuticas S.A." que le fue concedida hasta el 23-1-2014.
- Con fecha de efectos del día 22-11-2013 el actor fue despedido de la empresa "Gamesa Innovation and Technology S.L." por causas objetivas.
- El 26-12-2013 el actor formula ante el SEPE solicitud de prestación contributiva por desempleo, siendo requerido por dicho Organismo para que presentara la documentación acreditativa de la denegación de la incorporación tras la excedencia.
- El 29-8-2013 el actor se dirigió por correo electrónico a Don Leandro de la empresa "EADS Construcciones Aeronáuticas S.A." comunicando su decisión de reincorporarse a la empresa, a lo que éste le contestó por la misma vía haciéndole saber la conveniencia de que revisara la página web de la empresa las vacantes convocadas al exterior y que si consideraba alguna de ella se lo dijera para tratar de encajarle.
El 4-9 siguiente el actor remitió un nuevo correo electrónico a D. Leandro comunicándole que había sacado dos plazas vacantes que dependiendo de las condiciones podrían interesarle y otro el 16-9 un nuevo correo haciéndole saber que le gustaría ver las alternativas que podría tener en las.
Por vía de correo electrónico el 17-9 recibió respuesta indicándole al actor que colgara su curriculum en la página web y que lo enviara por correo y que a partir de ahí irían hablando.
El 18-10 siguiente el actor remitió por correo electrónico su curriculum pidiendo que le informaran de las posibilidades para las vacantes que había indicado y que volvería a mirar lo que hubiera en la web.
- El 14-1-2014 el actor solicitó por escrito remitido a la empresa ""EADS Construcciones Aeronáuticas S.A." por correo electrónico, que la excedencia que tenía concedida hasta el 23-1-2014 le fuera prorrogada por un año más hasta enero de 2015 "ya que a pesar de haber solicitado la reincorporación no se ha ofrecido ninguna vacante", solicitud a la que accedió la dirección de dicha empresa mediante escrito de fecha 15-1-2014, advirtiéndole de que con un mes de antelación a la fecha de finalización de la excedencia debería comunicar su voluntad de reincorporación y que en caso de no hacerlo causaría baja definitivamente.
- El 17-6-2014 el actor remitió nuevo correo electrónico a la empresa consultando si era suficiente con lo que había remitido para la excedencia a la vez que hacía saber que necesitaba una nota diciendo que a esa fecha no se podía incorporar, a lo que se le contestó en la misma fecha por correo electrónico haciéndole saber que la empresa había cursado la respuesta positiva a la solicitud de prórroga y que respecto de la nota que pedía "no la emitimos".
- El 7-2-2014 el actor formuló una nueva solicitud de prestación contributiva siendo requerido para que aportar la documentación que acreditase la denegación de la reincorporación de la excedencia.
- Por resolución de la Dirección Provincial del SEPE de 10-2-2014 se acordó archivar la solicitud de prestaciones por desempleo formulada por el actor
El 26-12-2013, la cual le fue notificada el día 14-2 siguiente.
Contra dicha resolución el actor formuló reclamación previa el 27-2-2014, que fue desestimada por resolución de 20-5-2014.
ÚNICO.-El único motivo de recurso se ampara el artículo 193 c) de la LRJS y denuncia la vulneración del artículo 208 de la LGSS, por entender que la situación del trabajador debió considerarse como situación legal de desempleo y por tanto el recurrente tenía derecho a la prestación por desempleo solicitada.
El actor se encontraba desde el 24-1-2010 en situación de excedencia voluntaria en la empresa EADS Construcciones Aeronáuticas S.A. y trabajaba para Gamesa Innovation and Technology S.L. desde el 25-1-2010, siendo despedido de esta última empresa por circunstancias objetivas (económicas, productivas, organizativas o técnicas) el 22-11-2013.
No se cuestiona que dicho despido produjese una situación legal de desempleo que, dadas las cotizaciones del actor, diese derecho al mismo a una prestación legal de desempleo.
El trabajador solicitó prestación por desempleo y el SEPE manifiesta en su escrito de impugnación que, al constatar por la base de datos de la Seguridad Social que el actor se encontraba en situación de excedencia requirió al mismo la justificación de que había solicitado el reingreso y al no hacerlo archivó la solicitud.
Lo que consta probado al respecto es que el SEPE, en lugar de resolver la solicitud presentada, procedió a su archivo tras requerir al solicitante que presentara la documentación acreditativa de la denegación de reincorporación tras la excedencia.
El solicitante presentó la documentación que acredita las circunstancias que figuran como hecho probado, entre las cuales no figura ningún escrito de la empresa en el cual de manera expresa y contundente deniegue el reingreso.
Y el SEPE, en su escrito de impugnación, eleva como argumento contrario a la posible estimación del recurso su resolución de archivo de la solicitud, entendiéndola ajustada a Derecho.
Hay que tener en cuenta que cuando se presenta una solicitud de prestación, como cuando se inicia cualquier procedimiento administrativo, la obligación de la Administración es dictar resolución expresa sobre la misma, puesto que "la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación" ( artículo 42 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicable en materia de prestaciones de Seguridad Social conforme a la disposición adicional 25ª de la LGSS).
Si la solicitud carece de los requisitos legales exigibles entonces la Administración puede exigir su subsanación y mejora y si el interesado no atiende tal requerimiento entonces lo que procede no es el archivo, sino dictar resolución teniendo por desistido al interesado (artículo 71 de la Ley 30/1992).
El artículo 25.1 del Real Decreto 625/1985, que menciona el archivo de la solicitud, ha de entenderse modificado por la Ley 30/1992, norma posterior y además de superior rango. Por tanto lo correcto en tales casos es dictar resolución teniendo por desistido al interesado, no acordar el archivo directo de la solicitud.
Ahora bien, la resolución a la que aluden el artículo 71 de la Ley 30/1992 y el artículo 25.1 del Real Decreto 625/1985 solamente procede cuando el interesado no presente la documentación legal y reglamentariamente prevista (el artículo 25.1 del Real Decreto 625/1985 se refiere literalmente a "la documentación a que se refieren los artículos 21 a 24 de este Real Decreto"), pero no a cualquier otra documentación que, en función de las circunstancias del caso, pueda exigir la entidad gestora.
Además de la documentación legal y reglamentariamente prevista, cuando la Administración quiere practicar prueba sobre un extremo que pueda resultar controvertido y del cual depende la resolución que haya de dictarse (artículos 78 y 80 de la Ley 30/1992), podrá requerir la aportación de cierta documentación a efectos probatorios y en ese caso la falta de aportación de la prueba requerida al interesado, si a él correspondiera la carga de la prueba de un determinado hecho, llevará a no tener por probado el mismo y, por consiguiente, a una resolución acorde con los hechos que así resulten.
Esa resolución, que habrá de partir de unos determinados hechos probados, constituye un pronunciamiento sobre el fondo, lo cual es diferente a tener al interesado por desistido.
Dicha resolución denegatoria podrá ser recurrida y en el proceso la parte podrá practicar la prueba que estime oportuna sobre los hechos controvertidos, aunque no la hubiese practicado en el procedimiento administrativo, porque en el proceso social sobre prestaciones estamos ante un procedimiento de plena jurisdicción y no meramente revisorio, donde es cierto que no se admite la alegación de hechos nuevos, pero donde no existe ningún obstáculo a la práctica de nueva prueba sobre los hechos que alegados en el expediente y sean controvertidos, aunque dicha prueba no se hubiera practicado en el seno del expediente administrativo.
Por consiguiente toda la argumentación del escrito de impugnación de la entidad gestora en este sentido ha de desestimarse.
Y en definitiva todo ello resulta irrelevante, porque en este proceso no se pide la anulación de las actuaciones administrativas, sino que se reclama el derecho prestacional que la Administración no concedió y es sobre este derecho sobre el que corresponde pronunciarse a los órganos judiciales.
Lo que se alza como obstáculo para la concesión de la prestación es la situación de excedencia del trabajador en otra empresa diferente a aquélla de la que fue despedido, en la medida en que la misma implica una posibilidad de reincorporación a otro puesto de trabajo y puede permitir considerar que la situación legal de desempleo no existe o, cuando menos, es voluntaria.
Pero para ello es preciso acreditar que existe una posibilidad cierta de reincorporación a la empresa en la cual el solicitante está en excedencia y en este caso la propia sentencia, en primer lugar, niega que existiera la misma en la fecha de la situación legal de desempleo, dado que el despido en la nueva empresa se produce el 22-11-2013 y el trabajador no tenía derecho a solicitar el reingreso en la empresa en que estaba excedente hasta el 23-1-2014.
Con ello solo debiera haber bastado para estimar la demanda y conceder la prestación inicialmente, independientemente de las vicisitudes que pudiera correr la misma una vez llegada aquella fecha.
Y frente a ello no puede oponerse que la empresa hubiera ofertado al trabajador una incorporación previa a esa fecha, porque lo que consta probado es que el trabajador había solicitado la reincorporación a su empresa anterior y que, pese a que inicialmente se le informa de dos vacantes, cuando el trabajador remite su currículum y va siguiendo los pasos que le indica su empresa no se le llega a formalizar ninguna propuesta concreta de vacante de cara a su incorporación efectiva.
Cuando el trabajador ha solicitado la reincorporación a la empresa en los términos de la excedencia que tiene concedida, ha cumplido con la parte que le incumbe y no puede denegarse al mismo la prestación porque la empresa no le haya dirigido una respuesta expresa denegando la reincorporación.
Una vez presentada la solicitud de reincorporación el único motivo posible de denegación por tal causa es que la empresa haya instado al trabajador a reincorporarse en una vacante adecuada y el trabajador no lo haya hecho indebidamente.
En la medida en que lo que consta en este caso es la solicitud de reincorporación (con diversas gestiones para ello), sin que la empresa haya manifestado expresamente su aceptación de la solicitud indicando un puesto y fecha concretos para tal reincorporación, ningún obstáculo se alzaba al reconocimiento de la prestación en periodos anteriores al 23-1-2014 y la prestación debió ser reconocida ab initio.
No puede exigirse al trabajador que accione frente a la falta de respuesta o incluso frente a la denegación, como no se exige, desde el Real Decreto-ley 5/2002, que accione frente a la decisión empresarial de despido.
El otro obstáculo que se pretende alzar frente al reconocimiento de la prestación al trabajador es la solicitud por parte de éste, presentada el 14-1-2014, de una prórroga de la excedencia hasta enero de 2015.
Pero dicha solicitud es posterior a la fecha del hecho causante del derecho prestacional reclamado, por lo que no podía obstar a su reconocimiento.
Por tanto todo ello no puede elevarse como obstáculo para el reconocimiento de su derecho prestacional.
Cuestión distinta es lo que pudiera suceder con la prestación a partir de la solicitud y concesión de dicha solicitud de ampliación temporal de la excedencia, pero ello no afecta al reconocimiento inicial del derecho reclamado.
Desde luego la cuestión a partir de entonces no resulta clara, porque del texto del ordinal sexto parece desprenderse que dicha solicitud se formula expresamente con el objeto de mantener su derecho de reincorporación a la empresa por un año más, evitando la extinción de su relación laboral al llegar a término la fecha final de la excedencia que venía disfrutando, y expresamente se justificó por el trabajador en base a que hasta la fecha no se le había ofertado una vacante por la empresa a pesar de haberla solicitado, lo que claramente señala a la empresa la voluntad de reincorporación del trabajador a expensas de la existencia de dicha vacante.
En definitiva, lo que se deduce de los hechos probados y de los documentos obrantes en autos a los que se remiten los mismos es que el trabajador en el momento del hecho causante había solicitado la reincorporación en su antigua empresa y esa solicitud no había tenido éxito, al no haberse indicado por la empresa al trabajador en qué vacante debía reincorporarse en concreto y en qué fecha.
Por consiguiente la situación de excedencia del trabajador no podía alzarse como obstáculo al reconocimiento de su derecho prestacional. El recurso es estimado.
Estimar el recurso de suplicación interpuesto por D. Bernardo contra la sentencia de 28-11-2014 del Juzgado de lo Social nº 2 de Salamanca, revocando el fallo de la misma para, en su lugar, estimar la demanda presentada y reconocer al actor el derecho a la prestación por desempleo solicitada.
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