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Timestamp: 2017-09-23 19:47:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 4', 'in fine', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 71', 'artículo 25', 'artículo 25']

Leyes y normas históricas
Colección de leyes y normas de nuestro pasado de especial relevancia, interés, curiosidad u otras particularidades.
Rdo. de Fernando VII
Rdo. de Isabel II
Rdo. de Juan Carlos I
«En mi proclamación como Rey, hace ya cerca de cuatro décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino y nuestra Nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa
Enlace: Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. Boletín Oficial del Estado, jueves 19 de junio de 2014, núm. 148, sec. I, páginas 46396, 46397 y 46398, pdf.
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Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes
6477 Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real DecretO 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes.
Enlace: Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes. Boletín Oficial del Estado, jueves 19 de junio de 2014, núm. 149, sec. I, páginas 46399 y 46400, pdf.
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6431 Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
4. Los alumnos y las alumnas podrán promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales
pendientes asociados a unidades de competencia no superen el 20% del horario semanal.
Original o fotocopia compulsada de la certificación académica personal de los estudios realizados, expedida por un centro oficial, en la que conste el detalle de las materias o asignaturas cursadas.
Original o fotocopia compulsada de los programas de los estudios cursados por la persona interesada, sellados por la Universidad correspondiente.
d)En el caso de que se desee justificar mediante la experiencia laboral que, al menos durante tres años, se ha desarrollado una actividad profesional en el sector vinculado a la familia profesional, se acreditará, según el caso, mediante:
— Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.
Segunda Final. Entrada en vigor .
Madrid, 11 de junio de 2014.—El Ministro de Educación Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.
Enlace: Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Boletín Oficial del Estado, miércoles 18 de junio de 2014, núm 147, sec. I, páginas 45627 y siguientes hasta 46025 inclusive (399 págs.), pdf.
Nota: Esta Orden consta de catorce anexos que se pueden ver accediendo al documento PDF oficial mediante el enlace que se facilita.
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Resolución 420/38046/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en materia protección civil y gestión de emergencias
6489 Resolución 420/38046/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en materia protección civil y gestión de emergencias.
Madrid, 10 de junio de 2014.—El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, David Javier Santos Sánchez.
Que la Comunidad de Madrid es competente en materia de protección civil en los términos establecidos en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil y en la Ley Orgánica 3/1983de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y llamada a promover la celebración de convenios de colaboración entre las distintas Administraciones públicas de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de 16 de octubre de 2003, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueban criterios de coordinación de la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio Marco en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.—Por el Ministerio de Defensa, el Teniente General Jefe de la UME, César Muro Benayas.—Por la Comunidad de Madrid, El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, Salvador Victoria Bolívar.
Enlace: Resolución 420/38046/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en materia protección civil y gestión de emergencias. Boletín Oficial del Estado, jueves 19 de junio de 2014, núm. 149, sec.III, páginas 46420, 46421, 46422, 46423 y 46424, pdf.
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Resolución 420/38045/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la prórroga del Protocolo general de colaboración con la Junta de Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», en San Fernando, Cádiz
6488 Resolución 420/38045/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica a la prórroga del Protocolo general de colaboración con la Junta de Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», en San Fernando, Cádiz.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman la presente prórroga en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y en la fecha arriba indicado.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña.—La Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
Enlace: Resolución 420/38045/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la prórroga del Protocolo general de colaboración con la Junta de Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», en San Fernando, Cádiz. Boletín Oficial del Estado, jueves 19 de junio de 2014, núm. 149, sec. III, páginas 46418 y 46419, pdf.
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Resolución 420/38044/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias, en materia de protección civil y gestión de emergencias
6487 Resolución 420/38044/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias, en materia de protección civil y gestión de emergencias.
Suscrito el 19 de marzo de 2014, el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, en materia de protección civil y gestión de emergencias, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta resolución.
Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, en materia de protección civil y gestión de emergencias
De una parte, el Excmo. Sr. D. César Muro Benayas, Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 1368/2012, de 27 de septiembre, por delegación de firma conferida por el Ministro de Defensa expresamente para este acto.
Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Javier González Ortiz, Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente (BOC n.º 135, de 11-7-2011), en representación del Gobierno de Canarias, en virtud de las facultades que le atribuyen los artículos 16.1 y 29.1 k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con los artículo 4 in fine del Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, y 1, E), c) del Decreto 22/2008, 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Que la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, establece, en su artículo 2, que la competencia en materia de protección civil corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones públicas, asimismo, cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija, las Fuerzas Armadas, a solicitud de las autoridades competentes, colaborarán en la protección civil, dando cumplimiento a las misiones que se les asignen.
Que la Ley 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, dispone en su artículo 15.3 que las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas conforme a lo establecido en la legislación vigente. Así mismo, la Directiva de Defensa Nacional 1/2008, firmada por el Presidente del Gobierno el 30 de diciembre, entre las directrices de ámbito nacional sobre la aportación de la Defensa a la Seguridad Nacional, señala la necesidad de promover la plena integración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el sistema nacional de Protección Civil, sobre la base de la cooperación entre Administraciones públicas en esta materia, así como canalizar, a través de ella, otros medios y recursos que aporten las Fuerzas Armadas en caso de emergencias.
Que la UME, encuadrada orgánicamente en el Ministerio de Defensa (MINISDEF) y dependiendo del Ministro de Defensa, se creó por Acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005, con la misión de contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, interviniendo en situaciones de emergencia de carácter grave cuando tengan su origen en riesgos naturales, incendios forestales, las derivadas del riesgo tecnológico, entre,ellos el químico, el nuclear, el radiológico y el bacteriológico, las que sean consecuencia de atentados terroristas, y la contaminación del medio ambiente.
Que la Comunidad Autónoma de Canarias es competente en materia de protección civil en virtud de las disposiciones constitucionales y estatutarias, tal y como ha puesto de relieve la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (en especial las sentencias 123/1984, de 18 de diciembre, y 133/1990, de 19 de julio), configurándose como una competencia concurrente con la Administración General del Estado. En el ejercicio de dicha competencia el Parlamento de Canarias aprobó la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, que recoge en sus artículos 1, apartado 2.º, y 7, apartado c), los principios de colaboración, coordinación y cooperación que deben regir las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado.
Que en el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la UME, se recoge que el Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias, podrá celebrar aquellos conciertos, convenios de colaboración, acuerdos técnicos o encomiendas de gestión, que coadyuven al mejor y más eficaz funcionamiento de la UME, con los distintos órganos de las Administraciones públicas; asimismo, se añade que con el fin de que la UME pueda cumplimentar satisfactoriamente las misiones asignadas. El Ministerio de Defensa suscribirá con las Comunidades Autónomas los acuerdos de colaboración necesarios para el acceso de la UME a sus redes y sistemas de alerta y emergencia.
Que el marco legislativo y normativo referido en los puntos anteriores y la experiencia obtenida en materia de planificación y respuesta ante situaciones de emergencia cuyo origen sea el riesgo natural, los incendios forestales. el riesgo tecnológico, la contaminación del medio ambiente, etc., pone de relieve la necesidad del presente Convenio Marco y la conveniencia de extender la cooperación a todos los campos que sean de mutuo interés.
Que ambas partes consideran que para el mejor ejercicio de sus competencias y funciones, en lo concerniente a la planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. el presente Convenio Marco debe coadyuvar a la coordinación operativa a través del mutuo conocimiento, la optimización de los recursos, la formación y la experiencia acumulada de ambas Instituciones.
Este Convenio Marco tiene por objeto fomentar la colaboración entre la Unidad Militar de Emergencias y la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias en las actuaciones para el desempeño de sus respectivas funciones y competencias relativas a conseguir la más eficaz respuesta ante situaciones de emergencia, para lograr, ante una intervención conjunta, la coordinación operativa necesaria, así como la realización de las actividades de planificación y preparación necesarias para asegurar esa respuesta eficaz. A este fin, se promoverá el intercambio de información, experiencias, conocimiento mutuo y actividades de formación en materia de protección civil y gestión de emergencias.
Quedan fuera de este Convenio Marco las actuaciones relativas a los medios aéreos bajo mando operativo permanente de la UME en la lucha contraincendios forestales, que rigen los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
a) La interconexión a través de la Red Nacional de Emergencias (RENEM) de las redes y sistemas de alerta y emergencia existentes, según se acuerde en las reuniones técnicas pertinentes.
b) La participación de los miembros de la UME en las tareas formativas desarrolladas en materia de protección civil y gestión de emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias que tengan relación con su actividad y en las mismas condiciones que el resto del personal de emergencias del Gobierno de Canarias.
e) La colaboración en materia de sanidad para facilitar el mantenimiento de las destrezas y habilidades propias del personal facultativo de la UME, así como el conocimiento de los protocolos de actuación para alcanzar la mayor interoperabilidad.
La aplicación y desarrollo de las actuaciones contempladas en este Convenio no supondrá en ningún caso la generación de costes extraordinarios para la Unidad Militar de Emergencias, así pues no implicará ningún gasto diferente al previsto en el correspondiente ejercicio presupuestario para la actividad que se trate.
En lo que se refiere a la incidencia presupuestaria del mismo para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, cabe reseñar que, dada su naturaleza de convenio marco, no genera per se costes económicos para la misma, sin perjuicio de que algunos de los convenios específicos que se pretendan suscribir en ejecución del marco general previsto en el mismo recojan obligaciones de contenido económico. Es este supuesto la aprobación de tales convenios específicos quedará supeditada a la existencia de cobertura presupuestaria adecuada y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concreto, en las aplicaciones presupuestarias de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.
Los representantes del Ministerio de Defensa serán nombrados por el Teniente General Jefe de la UM y los de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad por el Director General de Seguridad y Emergencias.
Este Convenio Marco de colaboración tiene naturaleza administrativa y para la interpretación de dudas y controversias que surjan en el mismo se estará a lo dispuesto en sus cláusulas, a los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que se aplicará supletoriamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.c) del citado texto legal, a las restantes normas administrativas que le sean de aplicación y a los principios generales del Derecho.
El presente Convenio Marco de colaboración será eficaz desde el momento de su firma y se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias» y en el «Boletín Oficial de Estado».
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio Marco en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicada.—Por el Ministerio de Defensa, el Teniente General Jefe de la UME, César Muro Benayas.—Por la Comunidad Autónoma de Canarias, el Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz.
Enlace: Resolución 420/38044/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias, en materia de protección civil y gestión de emergencias. Boletín Oficial del Estado, jueves 19 de junio de 2014, núm. 149, sec. III, páginas 46413 y siguientes hasta 46417 inclusive, pdf.
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Orden AEC/1031/2014, de 9 de junio, por la que se convoca para el ejercicio 2014 la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte
6442 Orden AEC/1031/2014, de 9 de junio, por la que se convoca para el ejercicio 2014 la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en el artículo 17 la necesidad de aprobar por orden ministerial las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y, en el artículo 23, que el procedimiento para la concesión se iniciará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto («BOE» número 208, del 30), se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte.
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y según se establece en el artículo 4 de la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte,
1. Mediante la presente Orden, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, convoca para 2014 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a favor de personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, domiciliadas en España o en el extranjero, destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. Una vez formalizada la acusación, sólo se podrán conceder o, en su caso, mantener las ayudas para la defensa de aquellos acusados españoles para quienes el Ministerio Fiscal o institución equivalente o una acusación particular hayan solicitado efectivamente la pena de muerte.
3. El objeto de las subvenciones es la concesión de ayudas económicas a favor de personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras, domiciliadas en España o en el extranjero, destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. Una vez formalizada la acusación, sólo se podrán conceder o, en su caso, mantener las ayudas para la defensa de aquellos acusados españoles para quienes el Ministerio Fiscal o institución equivalente o una acusación particular hayan solicitado efectivamente la pena de muerte.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en esta orden la propia persona física de nacionalidad española que se enfrente a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero, para prestar asistencia a aquélla, que reúnan los siguientes requisitos:
Tercero. Dotación, cuantía, límites y compatibilidad de las subvenciones.
1. Las ayudas que se concedan de conformidad con la presente Orden podrán cubrir total o parcialmente el importe solicitado por las entidades solicitantes y se financiarán con cargo al crédito consignado a tales efectos en el Programa 142A «Acción del Estado en el Exterior», aplicación presupuestaria 12.01.142A.497 de los Presupuestos Generales del Estado para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del ejercicio de 2014, por un importe total máximo de 30.000 euros.
3. El importe de la subvención es compatible con las ayudas y subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas, organismos de ellas dependientes, tanto nacionales como internacionales, o personas físicas o jurídicas de naturaleza privada. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste total de la actividad subvencionada.
1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios e irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Si se trata de personas físicas, fotocopia compulsada de su documento nacional de identidad o pasaporte.
b) Si se trata de personas jurídicas, copia fehaciente del documento de constitución de la entidad, estatutos o acto fundacional, en la que consten las normas que rigen su actividad, así como copia fehaciente del título en virtud del cual el firmante de la solicitud ostenta la representación de la institución.
c) Constancia documental, en su caso, del cumplimiento en el ejercicio fiscal precedente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social española o una declaración al efecto del responsable.
d) Constancia documental o, en su defecto, declaración del responsable de la institución indicando que la entidad no está incursa en ninguno de los impedimentos mencionados en el artículo 2, letras c), d), e), f) y h).
e) Curriculum vitae de la persona física o historial de institución solicitante que acredite su experiencia o intervención en casos similares a aquél para el que se solicita la subvención, así como exposición del plan de actuación que se prevé ejecutar.
f) Documentación que acredite la nacionalidad española de la persona que se enfrenta a la pena de muerte a la que se destina la asistencia.
g) La solicitud deberá incluir un presupuesto de gastos que no puedan ser cubiertos directamente por el solicitante o con cargo a otras ayudas que reciba para la asistencia jurídica. En ningún caso el importe de la subvención puede exceder del coste de la actividad subvencionada.
h) Cualquier otra información que se considere relevante para justificar la solicitud.
2. Los documentos exigidos en los apartados a) y b), deberán acompañar a la solicitud, salvo que obren en poder del centro directivo convocante, no hayan sufrido modificación y no hayan transcurrido mas de 5 años desde su presentación. Esta circunstancia se hará constar por escrito indicando la fecha en que fueron presentados y, en su caso, emitidos.
3. Cuando los documentos aportados al expediente por el solicitante de las ayudas estén en idioma distinto del castellano, se deberá presentar traducción de los mismos a este idioma.
Quinto. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes y la documentación se presentarán en la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, ante cualquiera de las Oficinas o Registros señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o por medios electrónicos en el Registro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Orden de convocatoria.
3. Si las solicitudes de subvención no reúnen los requisitos exigidos, la Oficina o Sección Consular ante la que se presente la solicitud, o en su caso, la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, requerirán a la entidad solicitante para que en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que en el caso de que no realice la subsanación, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará según se establece en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. La Subdirección General de Protección y Asistencia Consular, como órgano instructor, podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la propuesta de resolución y recabar cuantos informes estime necesarios para resolver.
3. Los expedientes serán evaluados por una Comisión de Valoración que estará integrada de la siguiente forma:
– Presidente: El Subdirector General de Protección y Asistencia Consular, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios.
– Vocales: El Subdirector General de Asuntos Jurídicos Consulares, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y El Director de la Oficina de Derechos Humanos de la Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
– Secretario: El Jefe de Área de Asuntos Sociales, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, que actuará con voz y voto.
4. La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado Séptimo de esta Orden de Convocatoria, y una vez evaluadas las solicitudes presentadas emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
5. El órgano instructor, a la vista de expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
El órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva al Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, quien resolverá la concesión de acuerdo con la delegación de competencia establecida en Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo, modificada por Orden AEC/603/2014, de 9 de abril, por la se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de necesidad en el extranjero.
Séptimo. Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos.
2. La Comisión de Valoración valorará con 2 puntos sobre un total de 6 cada uno de los criterios mencionados. Para obtener una ayuda, deberá reunirse un mínimo de 4 puntos.
3. En caso de que la subvención la solicite la propia persona que se enfrenta a la pena de muerte, el órgano colegiado de evaluación valorará el plan presentado, la justificación del uso de los recursos solicitados y, en general, su capacidad para seleccionar y organizar eficazmente su defensa jurídica frente a la solicitud de, o la condena a, la pena de muerte.
4. La Comisión de Valoración podrá solicitar cuantos informes y documentación adicional considere necesarios para resolver.
1. El órgano competente para resolver el procedimiento es el Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, quien, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 63 de su Reglamento, adoptará la resolución en el plazo de quince días hábiles desde la elevación de la propuesta de resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar acreditados los fundamentos por los que se concedan las subvenciones, la relación de solicitantes a los que se conceden y, en su caso, la relación de solicitudes desestimadas.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento será de seis meses, a partir de la publicación de la convocatoria. Transcurrido el plazo sin que hubiere recaído resolución expresa, las solicitudes de concesión de subvención podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con el apartado 5 del artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. La resolución será notificada a los solicitantes en el domicilio que cada uno de ellos señale en la correspondiente solicitud, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
5. La resolución pone fin a la vía administrativa, y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado o ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en la forma y plazos determinados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
6. Las ayudas concedidas se harán públicas en el «Boletín Oficial del Estado».
Noveno. Modificación de la resolución de concesión.
1. El pago de la subvención se realizará siempre previa justificación documental de los gastos realizados. Los gastos habrán de ser coherentes con la documentación establecida en el apartado 4 de esta convocatoria. El beneficiario podrá solicitar pagos parciales por gastos realizados y justificados hasta completar el total de la cuantía de la subvención otorgada.
Undécimo. Justificación de las subvenciones.
Duodécimo. Responsabilidad, régimen sancionador y reintegro de subvenciones.
En lo no previsto en la presente Resolución se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento y en la Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto («BOE» número 208, del 30) por la que se establecen las bases reguladoras, así como en las restantes normas de derecho administrativo.
Madrid, 9 de junio de 2014.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, P.D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo), el Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Cristóbal Valdés Valentín-Gamazo.
Enlace: Orden AEC/1031/2014, de 9 de junio, por la que se convoca para el ejercicio 2014 la concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte. Boletín Oficial del Estado, miércoles 18 de junio de 2014, núm. 147, sec. III, páginas 46208 y siguientes hasta 46213 inclusive (6 págs.), pdf.
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Etiquetas: 2014, Asistencia jurídica, Democracia, Justicia, Min. AA.EE y Coop., Orden, Rajoy, Rdo. de Juan Carlos I, Subvenciones, X Legislatura
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