Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve09feb2017.html
Timestamp: 2017-03-23 02:18:25
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 132', 'artículo 12', 'artículo 146', 'artículo 86', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 103', 'artículo 132', 'artículo 103', 'artículo 132', 'artículo 103', 'artículo 132', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 61', 'artículo 60', 'artículo 123', 'artículo 58', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 123', 'artículo 60', 'artículo 1834', 'artículo 244', 'artículo 1834', 'artículo 1834', 'artículo 37', 'artículo 340', 'artículo 340', 'artículo 21', 'artículo 40', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 104', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 104', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 144', 'artículo 4', 'artículo 104', 'artículo 118', 'artículo 118', 'Artículo 118', 'artículo 104', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 118', 'artículo 73', 'artículo 6', 'artículo 109', 'artículo 144', 'artículo 87']

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 9 de febrero de 2017
De la Mesa Directiva, con modificación de turno de iniciativas, recepción de iniciativa ciudadana; de la Junta, con cambios en comisiones; de diputados, con retiro de iniciativas; de la Cámara de Senadores, con calendario, minutas e iniciativas; de la Segob, con informe; de diversas autoridades, contestaciones a puntos de acuerdo; Iniciativas
Recibidas y turnadas a comisiones
Xitlalic Ceja García, PRI
Kathia María Bolio Pinelo, PAN
Ricardo Ángel Barrientos Ríos, PRD
Sara Paola Galico Félix Díaz, PVEM
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Morena
María del Rocío Rebollo Mendoza, PRI
Jorge Ramos Hernández, PAN
Karina Sánchez Ruíz, PNA
Por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, fundamentación
Minuto de silencio por el fallecimiento del señor José Luis Guevara Morales, padre de la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez
Por el que se adicionan los artículos 19 de la Ley General de Protección Civil; y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, fundamentación
Acuerdos de la Junta, relativos al Parlamento de las Niñas y los Niños, y con cambios en comisiones
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 274 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (11:45 horas): Se abre la sesión.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, secretario. Se dispensa la lectura.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva por el que comunica la modificación de turno de iniciativas.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, presentada por la diputada Sharon María Teresa Cuenca
Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 7 de diciembre de 2016. Se turna a la Comisión de Población, para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentada por la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social el 17 de enero del 2017. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos para dictamen. Y a la Comisión
Especial contra la Trata de Personas para opinión.
Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017. Firma diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, secretaria. De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de las iniciativas mencionadas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Proceda la Secretaría a dar cuenta de la comunicación de iniciativa ciudadana.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Honorable asamblea, esta Presidencia informa que se recibió escrito de la ciudadana Ivón Araceli Ortega Pacheco, por el que presenta la iniciativa ciudadana de reforma por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, así como 23 cajas cerradas y selladas que dicen contener las firmas que la respaldan.
Con fundamento en el artículo 132, numeral 1, inciso a) de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se remitió al Instituto Nacional Electoral a efecto de que éste verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley.
Ciudad de México, a 9 de febrero del 2017. Firma diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, secretaria. Continúe la Secretaría con oficio de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica cambio de integrantes en comisiones que se encuentran disponibles en el monitor de sus curules.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibieron de los diputados Juan Manuel Celis Aguirre, Salvador Zamora Zamora y Jesús Sesma Suárez solicitudes de retiro de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibió de la Cámara de Senadores el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Enterada. Continúe la Secretaría con el informe de la Secretaría de Gobernación.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el informe del avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al segundo semestre de 2016.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se recibieron de diversas dependencias 14 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento y al promovente, según corresponda.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
1. Con proyecto de decreto por el que reforma la fracción IIII del artículo 12 de la Ley General de Educación.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: 2. Con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IIII y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: 3. Con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el Linfoma no Hodgking y Linfoma Hodgking. La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: 4. Con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: 5. Con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se recibió de la Cámara de Senadores oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada el 30 de enero del año en curso, por el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Iniciativas de diputadas y diputados a nombre de grupos. Se recibió del diputado Arturo Álvarez Angli iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen.
Se recibió del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Se recibió de la diputada Sofía González Torres, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Transporte Sustentable, Urbano y Suburbano; adiciona los artículo 2º.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; y 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes y de Hacienda y Crédito, para su dictamen; y a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados; y se reforma el artículo 43 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
La diputada Xitlalic Ceja García: Gracias. Con su venia, señora presidenta, y lo digo con mucho gusto. Compañeras y compañeros, México es un país con iniciativa, construido con esfuerzo, sustentado por valores, compuesto por hermanas y hermanos mexicanos que luchan todos los días. Un país, con historia digna de contarse, con cultura y con tradiciones; orgullo de connacionales y que sorprenden y emocionan a turistas. Un país perfectible con el aporte y apoyo de todos los que soñamos
con una nación infranqueable ante cualquier adversidad.
En un mundo globalizado como el nuestro, resulta imposible e inevitable que las naciones se mantengan aisladas en todos los estados, son parte de un sistema internacional que se relacionan entre sí. En este contexto, las relaciones internacionales diplomáticas forman parte de la existencia humana y lo seguirán siendo.
A través de la historia, la diplomacia funciona como una herramienta útil y eficaz para que un Estado exponga ante el mundo su política exterior. En este sentido, la interacción de México con sus iguales tendrá siempre un impacto socioeconómico al interior del país y como consecuencia repercutirá positiva o negativamente en los aspectos más comunes de la vida de los mexicanos.
En la actualidad México se encuentra ante un escenario complejo con el gobierno de Donald Trump. Las constantes ofensas, acciones y aseveraciones equivocadas que el presidente de Estados Unidos ha realizado en contra de México, nos obligan a rediseñar una política exterior en torno al respeto y protección de los intereses nacionales.
En dicha tarea nos hemos unido todos como pueblo mexicano. Nos hemos unido para expresarle al mundo quiénes somos, para demostrar lo inquebrantable de nuestra esencia, para hacer valer el respeto que merece una gran nación como la nuestra para señalarles lo que es amor a la patria, lo que es orgullo de tu país al decir yo soy mexicano.
Me honra decir que el apoyo se ha visto por parte de todos los mexicanos sin importar partidos, si somos de derecha, izquierda, de centro, el partido del gobierno. Este es un asunto que nos compete a todos los mexicanos.
En nuestro turno como legisladores, opinar y hacer notar nuestra voz en las decisiones que incidan en el rumbo que México tendrá en un futuro próximo. La diplomacia parlamentaria forma parte de la gama de funciones con las que ya cuenta el Congreso: Representación, fiscalización presupuestal, legislativa, de control, electoral, jurisdiccional y de orientación política, entre otras.
Se requiere que la Cámara de Diputados, fiel representante de Los Sentimientos de la Nación, cuente con las atribuciones necesarias para coadyuvar en las posturas de lo que consideremos conveniente para el país en el concierto internacional. Con ello estaremos fortaleciendo y reivindicando una de las funciones parlamentarias fundamentales de la Cámara de Diputados.
Por tal razón, la presente iniciativa pretende resolver dichas deficiencias creando la carta instructora. Esta contendrá propuestas a la política exterior que la Cámara de Diputados considere conveniente signar. Dicha carta contara con la contribución y opinión de todos y cada uno de las diputadas y diputados, ya que será redactada en primera instancia por la Comisión de Relaciones Exteriores, aprobada por la Junta de Coordinación Política y turnada al pleno para ser ponderada y votada. De
esta manera se verá reflejada la participación de todos y cada uno de los legisladores.
Como ya se expresó, el pueblo mexicano se está manifestando, y nosotros como Cámara de Diputados, en nuestra calidad de representantes del pueblo mexicano, requerimos de esta reforma, la cual construirá un auténtico puente de comunicación entre la opinión de los mexicanos dentro del país y los que velan por el interés de México más allá de sus fronteras.
Como ya ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto en reiteradas ocasiones “México no construye muros, construye puentes”. Recordemos que todos somos en cierta parte embajadores de México; desde nuestros paisanos hablando bien del país en tierra ajena, hasta el presidente salvaguardado el interés del pueblo en las relaciones internacionales.
Es nuestro deber como mexicanos demostrarle al mundo que México es un país que propone, un país que respeta y que garantiza relaciones acordes al más alto nivel de dignidad e igualdad.
Hoy se requiere de unidad y México nos necesita a todos. Y lo repito para que se escuche fuerte: México no construye muros, construye puentes. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Xitlalic Ceja. Túrnese a las comisiones de Régimen, Reglamentos y Práctica Parlamentarias, y de Relaciones Exteriores, para dictamen.
La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Jasmine Bugarín. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez (desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente felicitar a nuestra diputada que es un orgullo Xitlalic Ceja, por esta importante iniciativa que sin duda fortalece a la diplomacia parlamentaria; y también solicitarle si un grupo de diputadas del Grupo Parlamentario del PRI podemos suscribirnos a esta importante iniciativa, y diputados también.
La diputada Xitlalic Ceja García: Sí, con gusto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Ha dado su expresión afirmativa para que pasen a la Secretaría de esta Mesa a firmar la iniciativa. Tiene la palabra hasta por cinco minutos...
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Perdón, sonido en la curul del diputado Moctezuma. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Gracias, presidenta. Con el objeto de felicitar a mi compañera diputada que acaba de hacer uso de la palabra y solicitarle amable y respetuosamente nos permita a las diputadas y diputados hidalguenses sumarnos a esta iniciativa que es un mensaje a la nación tan importante para unir al pueblo de México, y en esta condición ojalá nos sumemos todas y todos los diputados. Muchas gracias por darme el uso de la
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias. Está a su disposición en la Secretaría de esta mesa. Ella ha manifestado su disposición para que sea suscrita.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar dos iniciativas: una con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y otra con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muy buenos días compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la Presidencia. Hoy les vengo a hablar de un tema complejo, un tema que lastima a nuestra sociedad, el trabajo infantil.
Todos sabemos que el trabajo infantil es un problema que está íntimamente ligado a la pobreza, que son casi de manera exclusiva las familias de escasos recursos quienes ponen a trabajar a sus niños.
Sin embargo, la escasez de recursos no es el único factor que influye sobre este tema. Para nosotros, en Acción Nacional el origen de este fenómeno social es sin duda el rezago en el desarrollo económico e institucional de nuestro país.
Los datos del INEGI nos indican que en 2015 había casi 39 millones de menores de 17 años en México. De ellos, casi 2 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela.
En un principio humano, el lugar donde deben estar los niños es en la escuela y en el hogar, sitios donde aprenden, juegan, conviven y se preparan para su vida adulta. Pero existen núcleos familiares en donde tan pronto el niño tiene edad para aprender alguna habilidad que llevan a sus niños a trabajar en las esquinas, al campo, fábricas o negocios.
Los niños necesitan de toda nuestra protección. El abuso de cualquier tipo, sexual o laboral, debe ser rechazado de manera inmediata. Herir a un niño o causarle daño emocional, físico o psicológico es algo que no debemos y no podemos tolerar.
La patria potestad de los tutores debe estar perdida en el momento en que se ejerza alguna conducta que implique el daño emocional, físico o inclusive poner en riesgo la vida del niño, niña o adolescente.
Para poner ejemplos, cuando los padres o tutores envían a trabajar a los niños a cruceros de las calles, como payasitos, haciendo malabares, vendiendo algún producto o simplemente pidiendo una limosna, la vida de los pequeños se pone en peligro de diferentes maneras: pueden ser atropellados, raptados o simplemente extraviarse.
Los diputados de esta legislatura tenemos que reforzar los marcos legales que garanticen el respeto a la niñez mexicana. En este caso propongo la prohibición de labores riesgosas que pongan en peligro la vida, salud o integridad física o emocional de los niños.
De manera muy respetuosa desde esta tribuna exhorto también a las autoridades competentes en materia civil y penal, para cumplir con diversas disposiciones relativas a la protección de los menores en nuestro país y a la aplicación firme de la ley para evitar riesgos ya mencionados a nuestra niñez mexicana.
La propuesta central de mi iniciativa busca obligar a los padres y a las personas que ejerzan la custodia o tutela a abstenerse de promover o inducir a que sus niños o hijos trabajen en labores que pongan en riesgo su salud, integridad física o la propia vida. Para ello propongo reformar la fracción XII del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Espero y confío en que las comisiones a las que vaya turnada esta propuesta tengan la sensibilidad necesaria para aprobarlas lo antes posible.
En una segunda propuesta con proyecto de decreto tiene el carácter de prevenir y evitarle al sistema mexicano de salud costos mayores por enfermedades que pudieran evitarse si se detectan a tiempo; busca obligar y a promover entre empleadores y patrones que otorguen a trabajadores, sean hombres o mujeres, un día de permiso al año sin afectación del salario para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención y control de enfermedades no trasmisibles, y de esta manera también
buscamos obligar a los trabajadores y trabajadoras a que estén pendientes de su salud de manera general, ya que es conveniente para todas las partes involucradas.
Por ello, en Acción Nacional promovemos y proponemos adicionar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, otorgar a las mujeres mayores de 25 años un día de permiso al año, con goce íntegro de su sueldo, para someterse a exámenes médicos de prevención de cáncer de mama y cérvico-uterino.
Para justificar este permiso se deberá presentar el certificado médico correspondiente expedido por una institución pública o privada. Para ello, el examen debe ser clínico o mamario o de papanicolau o simplemente el conocido como check up. Y también otorgar a los varones mayores de 40 años, trabajadores, un día de permiso al año, con goce íntegro de su sueldo, para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención del cáncer de próstata y enfermedades coronarias, con su
respectivo comprobante o certificado médico, desde luego.
Colaboremos, diputadas y diputados, a tener un país más sano, apoyemos esta iniciativa rosa y azul por el bien de todos los trabajadores y trabajadoras. No carguemos más al erario público y al sistema mexicano de salud los costos de las enfermedades. Es más barato prevenir que curar. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Kathia Bolio. Por lo que hace a la iniciativa que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
Por lo que hace a la iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. Sonido, por favor, en la curul de la diputada Karina Padilla. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Karina Padilla Ávila (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Para felicitar a mi compañera Kathia Bolio por estos dos grandes temas tan importantes, y solicitarle su anuencia para poder suscribir su iniciativa. La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias. La diputada ha dado su anuencia, está a su disposición. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.
El diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos: Muy buenos días, compañeros, compañeras, diputados. Con la venia, diputada presidente. Vengo hoy a hacer uso de esta tribuna con el objeto de presentar ante ustedes, con proyecto de decreto que pretende actualizar las prerrogativas que gozan hoy por hoy los partidos políticos en nuestro país.
Sé por demás que todos los partidos políticos están aquí representados, en esta honorable Cámara y que será un tema que a muchos como legisladores nos generará opinión y debate.
Hoy la coyuntura, así como las nuevas relaciones político-económicas a nivel internacional, el aumento al precio de los combustibles y su consecuente malestar social, así como la incertidumbre respecto al crecimiento económico, exige que hagamos un análisis minucioso en cuanto a la forma en que los partidos políticos ejercen el presupuesto que se les otorga.
El sistema de partidos políticos es, evidentemente, uno de los más cuestionados: hemos perdido legitimidad y acercamiento con la sociedad; los tiempos demandan austeridad, solidaridad y unidad entre todos los mexicanos.
En estos tiempos difíciles tenemos que hacer un esfuerzo extra para fortalecer las instituciones democráticas de este país. En estos tiempos difíciles tenemos que eficientar, transparentar y generar mejores resultados con nuestros recursos, para con ello llegar a la población con un mayor impacto, visible en el mejoramiento de su calidad de vida.
Por ello es que mediante esta iniciativa propongo que sometamos a análisis y, en caso de aprobarse por este pleno, eliminemos el telégrafo como prerrogativa de los partidos políticos. Por este concepto anualmente se destinan miles de pesos, pero eso no es lo alarmante, lo alarmante es que esta prerrogativa y miles de pesos no son ejercidos, los partidos políticos han declarado año tras año en ceros el gasto por este concepto.
Ante tal cuestión, el Instituto Nacional Electoral regresa dicho presupuesto a la Tesorería de la Federación. Con esto no pretendo que el dinero termine en un vacío o en arcas de la corrupción, pero estoy seguro que a más de uno, en esta Cámara, nos genera duda en el fin que tienen estos recursos.
Aunado a esto diré, sin hacerlo de forma peyorativa, que el telégrafo como medio de comunicación ha quedado rebasado por otros medios. El telégrafo ha quedado obsoleto en nuestros días.
El estudio Disponibilidad del TIC en los Hogares, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestra que en el 2001 el uso de la telefonía celular sólo era del 16 por ciento de la población, porcentaje que en el presente año 2015 se elevó a 72 por ciento, esto significa que se ha convertido en la tecnología de mayor auge en los últimos años, marcando así una nueva tendencia.
La constante revolución tecnológica, así como la globalización han generado las condiciones para que estos fenómenos antes expuestos se preponderen sobre la demanda del uso del servicio telegráfico.
La globalización y la constante revolución tecnológica nos permiten comunicarnos a través de dispositivos móviles de manera más instantánea. Se ha logrado mediante estos nuevos medios comunicarnos, acortar tiempos en el envío y recepción de mensajes entre el emisor y el receptor.
La reforma que propongo pretende pues, reactivar el uso de estos recursos y hacer un acto administrativo innecesario, en un ahorro de recursos económicos, materiales, humanos, sin olvidar, claro, el recurso tiempo.
Pretende también, compañeros diputados, pero sobre todo como ciudadanos, que entendamos y atendamos la situación en la que se encuentra nuestro país y que nos urge reestructurar el presupuesto de los partidos políticos.
Con este ahorro del presupuesto iniciaremos una nueva etapa en la visualización y orientación de fondos a rubros de mayor demanda para generar el desarrollo que tanto anhelamos en este país.
Podemos resolver las demandas en donde es urgente resolver el incremento en la pobreza a través de programas estratégicos, de desarrollo, de infraestructura y fortalecimiento a los sectores productivos, que son de suma importancia y de interés nacional.
Compañeros diputados, compañeros legisladores, los invito a que analicemos este tema de manera urgente, que revisemos la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Hoy la sociedad y la coyuntura nos convoca, invito a todos ustedes a que sumemos esfuerzos y hoy en este día que veo suma voluntad en todos ustedes, podamos adherirnos a iniciar una nueva transformación en la orientación de los recursos. Muy buenos días. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Barrientos Ríos. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen. Esta Presidencia saluda con mucho gusto la presencia de alumnos y profesores de la escuela secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, provenientes de la comunidad caxuxi, del municipio de San Salvador en el estado de Hidalgo, invitados por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich. Bienvenidos.
Igualmente saludamos la presencia, en este salón de sesiones, de vecinos de la colonia López Portillo, de Iztapalapa, en la Ciudad de México, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Paola Félix Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores. Bueno, antes que nada agradezco a las más de 15 mil firmas de apoyo obtenidas por parte de organizaciones de la sociedad civil y Change Org para esta iniciativa.
La ley del más fuerte, el abuso y la crueldad son una constante en la sociedad mexicana. Fosas clandestinas, feminicidios, trata de personas, violencia de género, abuso a menores de edad y personas de la tercera edad son una realidad al igual que el maltrato animal.
No pretendo equiparar ni colocar en condiciones de igualdad a los animales con los seres humanos, pretendo dar cuenta de las diferentes manifestaciones de criminalidad y violencia que estamos viviendo. Aunque es evidente que podemos cuestionar la supuesta superioridad que el ser humano se ha atribuido frente a otras especies que también son habitantes de este planeta, sobre todo si esta superioridad es usada para maltratar y proporcionar sufrimiento.
Los seres humanos y los animales hemos evolucionado juntos, de ahí que tenemos una deuda histórica con ellos ya que fuimos nosotros, los seres humanos, quienes los domesticamos para nuestro beneficio. La construcción de un ambiente benévolo, protector, compasivo para la vida es un fin que como mexicanos debemos perseguir si queremos construir un país mejor. Quien maltrata y golpea a un animal indefenso, quien no tiene compasión ante el sufrimiento de un ser vivo es capaz de cualquier felonía, de cualquier atrocidad y de cualquier acto violento.
Estudios de la FAO han concluido que el maltrato animal representa un indicador de riesgo social y de alteración de la salud pública. El maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una consecuencia que genera un círculo vicioso.
La violencia hacia los animales da la pauta a otro tipo de violencia. Es un termómetro de la violencia que existe hacia los seres humanos. La crueldad origina violencia y esta, delincuencia.
Es necesario que levantemos la voz para que no exista un solo animal, ni uno más maltratado, enjaulado, desnutrido, para que no existan más peleas de perros y para que ninguna mascota más sea lanzada a la calle. Pero también es necesario levantar la voz y legislar para que las perreras y los rastros no maten con saña y con extrema crueldad a estos animales.
A pesar de que existen leyes y normas en la materia, la realidad de los centros públicos de los tres niveles de gobierno siguen siendo vergonzosos, particularmente la de los rastros y las perreras. Por ello, es urgente implementar medidas de vigilancia en las cuales puedan involucrarse no solo las autoridades, sino también la sociedad en general.
El objeto central de esta iniciativa es establecer una ley que desde los centros de asistencia animal, comúnmente conocidos como las perreras, antirrábicos, así como los rastros, deberán contar con un sistema de video-vigilancia que deberá estar enlazado a una página de Internet a cargo de Sagarpa, la cual será pública y estará disponible las 24 horas los 365 días del año, para su consulta por parte de la ciudadanía.
Dicho mecanismo constituirá un observatorio ciudadano para fines de control de sanidad y bienestar animal. Además, también se va a ampliar el concepto de bienestar animal conjunto de obligaciones de los propietarios de los animales.
Señoras y señores legisladores, Gandhi señaló: “La grandeza de una nación y su progreso moral es juzgado por la forma en que se le da el trato a los animales”. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Félix Díaz. Túrnese a la Comisión de Ganadería, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar dos iniciativas: una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación; y otra iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias. Con su venia, presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras, legisladores. Esta mañana vengo a presentar una iniciativa para reformar la Ley General de Educación y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
El día de ayer se llevó a cabo en las instalaciones de este recinto, el primer encuentro con legisladores y legisladoras de las Comisiones de Asuntos Indígenas de los Congresos locales de todo el país. Reuniendo a decenas de parlamentarios de diferentes estados, lo cual, entre otras cosas, nos sirvió para volver a hacer patente un hecho que a estas alturas, a pesar de la obsesión con la superioridad cultural que de pronto escuché enarbolar a más de un diputado, debería ser obvio para todos
y para todas, los legisladores, que México es un país inmensamente plural, una nación genuinamente multicultural.
La iniciativa que vengo a presentarles tiene que ver justo con ello, especialmente con la rica diversidad lingüística que tiene nuestro país. Sin embargo, lo atroz es que por siglos esta variedad de idiomas fue tratada por los gobiernos y poderes en turno, como un problema que necesitaba de una solución.
Desde esta postura, se llevaron a cabo acciones terribles en contra de los pueblos y comunidades indígenas, con el afán de asimilarlas a la cultura mestiza, bajo el pretexto de que esto era necesario para construir una identidad nacional. Esto obligó a miles de hablantes indígenas a abandonar su lengua, arrebatándoles su palabra y forzándoles a esconder su esencia.
Desde las reducciones coloniales hasta la privatización de los ejidos, en la práctica, el Estado mexicano se ha negado a reconocer el valor de sus culturas y su importancia en la construcción histórica de nuestra patria.
A final de cuentas estas acciones han resultado en que de las 170 lenguas que existían a principios del siglo pasado, 108 hayan desaparecido y otras 20 estén en peligro de extinción.
Más aun. Se sabe que además de los 16 millones de indígenas que reportan los censos, existen varios millones de mexicanos y mexicanas que se adscriben como indígenas pero que ya no hablan su lengua materna. Esto por el temor a la discriminación y por el temor al rechazo de nuestra sociedad.
Por fortuna con el paso de los años y las aportaciones del arte, la ciencia y los movimientos sociales, hemos comprendido los graves errores que se han cometido y reconocido que nuestra mayor fortaleza como nación radica justamente en nuestra diversidad.
A través de la modificación de los artículos 14 de la Ley General de Educación y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, planteo que se obligue a las instituciones del Estado mexicano a que impulsen y coadyuven en la creación, ampliación e implementación de programas de enseñanza de lenguas indígenas en las escuelas públicas de nivel básico, media superior y superior.
Con ello se busca contribuir a la preservación, transmisión y reproducción de las lenguas maternas que se hablen en nuestro país, así como de todo el conjunto de conocimientos, saberes, tradiciones y sistemas normativos que siempre llevan consigo.
La enseñanza de las lenguas ya de la infancia, pero también en la juventud, servirá además para el fortalecimiento de la cohesión social y la formación de una nueva e incluyente identidad nacional.
Compañeros y compañeras legisladores, ¿son capaces de hacer posible un país en donde las primarias, secundarias, preparatorias y universidades se pueda enseñar a hablar náhuatl, zapoteco, tzeltal, maya u otomí? ¿Un país en donde la discriminación lingüística sea asunto del pasado y en cambio se celebre el bilingüismo y el diálogo intercultural? ¿Un país en donde los padres y madres puedan enseñar a sus hijos el idioma de nuestros ancestros sin temor a la segregación o al rechazo?
Las lenguas indígenas deben dejar de ser relegadas a la oralidad y los espacios informales, y en cambio deben de convertirse en parte central de la educación formal de todas y todos los mexicanos. Basta ya de apostar porque los pueblos y comunidades indígenas sean invisibles. Sus problemas son también nuestros problemas; sus esperanzas son también las nuestras; su rezago es también el rezago de México.
Debemos superar la noción de que México es un pueblo mestizo con raíz indígena, porque no, no señores, México no es un pueblo con raíz indígena, México es la comunión de cientos de pueblos mestizos e indígenas. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Santiago Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen; perdón, por lo que hace a la iniciativa primera que modifica el artículo 14 de la Ley General de Educación; y por lo que hace a la segunda iniciativa que modifica el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos, túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Margarita Cuata.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Sí, solicitarle al compañero Guillermo si nos permite adherirnos a varios diputados del Grupo de Morena, a su iniciativa.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Si, de acuerdo.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada. Da su autorización el diputado; está aquí en la Secretaría la iniciativa.
Esta Presidencia saluda con mucho gusto la presencia de alumnos de la Escuela Secundaria de Atizapán de Zaragoza que están aquí a invitación de la diputada Ingrid Schemelensky Castro. Bienvenidos al Congreso.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o. de la Ley de Planeación y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos.
El diputado Salvador Zamora Zamora: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Hoy en día el Ejecutivo federal tiene la obligación de hacer entrega a esa soberanía del informe de gobierno cada primero de septiembre en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión; además de otro informe sobre el estado que guarda la administración pública en el mes de marzo, esto con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Planeación.
El informe anual de gobierno contempla el ejercicio de recursos del primero de septiembre del año anterior al 31 de agosto del año siguiente. Sin embargo, en el contenido del mismo se divide la información en dos plazos. El primero de ellos, del primero de septiembre del año anterior al 31 de diciembre de ese mismo año, y en un segundo plazo, del primero de enero del año en que se entrega el informe al 31 de agosto de ese mismo año.
Es por ello que presento esta iniciativa que pretende establecer que el informe anual de gobierno abarca un ejercicio fiscal completo; es decir, del primero de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior, con la finalidad de que esta representación popular pueda analizar a cabalidad los resultados de un ejercicio fiscal y administrativo completo, llevando a cabo un verdadero ejercicio de fiscalización.
La situación actual implica un conflicto que se deriva principalmente del período reportado, toda vez que como el propio informe lo describe, corresponde al estado general que guarda la administración pública federal, las acciones realizadas y los resultados obtenidos del primero de septiembre de un año al 31 de agosto del siguiente año, encontrándonos con dos escenarios.
El primero de ellos correspondiente del primero de septiembre al 31 de diciembre del año anterior, apartado que resulta meramente informativo y no representa datos generales del ejercicio fiscal y administrativo completo, situación que pudiese permitir ocultar los datos reales de los resultados con los avances que se han obtenido de enero a agosto el siguiente año, creando una cortina estadística que no permite dilucidar claramente los resultados entre un año y el año que sigue.
El segundo escenario es el que corresponde a un ejercicio fiscal y administrativo incompleto del primero de enero al 31 de agosto del siguiente año, situación que nuevamente impide a esta soberanía detectar a tiempo las problemáticas y ejecutar acciones tendientes a apoyar a la administración pública federal a ejercer de manera idónea el presupuesto que en esta Cámara aprobamos.
Además, las comparecencias de los servidores públicos que como marca nuestra Constitución se basan en resultados incompletos, toda vez que al cuestionar a la mayoría de los secretarios que comparecen en esta Cámara de Diputados, ellos responden con datos derivados de un ejercicio que aún no concluye presentando expectativas y escenarios futuros que por la temporalidad de las comparecencias, son aseveraciones sobre futuros inciertos.
Un ejemplo claro de éstos son las acciones que se otorgan derivadas del apoyo a la comercialización del campo, puesto que a pesar de que los recursos tienen una temporalidad para ser ejecutados, se han ejecutado curiosamente antes de la comparecencia del servidor público en turno responsable y evidentemente perdiendo una gran parte del efecto para el cual fue presupuestado, ya que la oportunidad de pago obedece a los tiempos que marca la cosecha y no a las comparecencias.
Lo mismo sucede con el tema de los recursos provenientes de subsidios federales, donde no se da una explicación clara del por qué no se cumple con la programación de este ejercicio, ya que a la fecha del informe aún quedan pendientes de ejecutar.
Por lo anterior, resulta indispensable tener las comparecencias de los servidores públicos en tiempos idóneos que nos permitan analizar la ejecución de acciones y apoyar a la administración pública federal en el ejercicio de los programas.
Es por ello que se propone mediante la presente iniciativa modificaciones a la Constitución, a la Ley de Planeación y a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se modifique el periodo del informe de gobierno federal, así como su fecha de presentación para quedar el 1o. de febrero de cada año.
Por lo que hace al informe sobre el estado que guarda la administración pública del país, descrito en el artículo 6 de la Ley de Planeación, se propone que éste sea entregado el 1o. de septiembre del ejercicio fiscal en curso al Congreso de la Unión, temporalidad ideal para analizar el cumplimiento de las metas y por lo tanto programar el presupuesto del ejercicio fiscal del año siguiente; no sólo para mejorar la vigilancia de la administración pública federal, sino para también contribuir
a la transparencia del ejercicio de las acciones del gobierno federal.
Además de lo anterior proponemos la posibilidad de que en el primer informe que corresponda a cada presidente éste haga del conocimiento a esta soberanía del resultado real, del estado real de cómo recibió la administración pública federal y, en su defecto, iniciar con las acciones correspondientes legales en contra de quien o quienes resulten responsables por una mala administración, además de acreditar los elementos a la Auditoría Superior de la Federación.
Por su atención muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Zamora Zamora. Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen en la parte correspondiente.
Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos y docentes del UNITESBA de Celaya, Guanajuato, que asisten hoy al Congreso invitados por la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval. Sean ustedes bienvenidos.
Igualmente, saludamos al grupo de adultos mayores de la Colonia 20 de Noviembre, delegación Venustiano Carranza, que están aquí a invitación del diputado José de Jesús Zambrano. Bienvenidos al Congreso.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 84 de la Ley de Aviación Civil.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, quiero hablar de un tema que a todos nos concierne y nos ha afectado en más de una ocasión. Me refiero a la mala calidad en los servicios de transporte aéreo de nuestro país. Para combatir esta situación pongo a su consideración la presente iniciativa, por la que se reforman los artículos 6 y 84 de la Ley de Aviación Civil.
Para ninguno de quienes hemos utilizado un avión en nuestro país es ajeno la deficiente atención que los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte aéreo nacional presentan. La Ley de Aviación Civil señala en su artículo 61, que los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte aéreo nacional serán responsables por los daños causados a los pasajeros, a la carga y al equipaje en el transporte.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2013 y 2014 la llegada de pasajeros al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se incrementó en 807 mil tan sólo en vuelos internacionales.
Es de subrayar que las experiencias de los usuarios de estos servicios no son siempre placenteras, es un hecho que la seguridad interna en los aeropuertos ha dejado en segundo término el resguardo de las pertenencias o el equipaje de los pasajeros. Esta falta de interés se ve reflejada en las cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que señala que la pérdida y apertura de equipaje en los aeropuertos del mundo ha afectado a 42 millones de pasajeros, con un costo aproximado
de 2 mil 900 millones de dólares al año.
México, por supuesto, es parte de esa estadística. De acuerdo con la ley, las aerolíneas están obligadas a garantizar a los miles de usuarios que diariamente hacemos uso de los servicios aeroportuarios, que su equipaje llegará sano y salvo a su destino.
Lamentablemente presentar las denuncias o reclamaciones correspondientes implica una enorme pérdida de tiempo, además de que en todos los casos se solicita presentar facturas de los artículos sustraídos, lo cual no solo dificulta, sino que prácticamente imposibilita el proceso. De este modo los robos que se dan en los aeropuertos quedan en la completa impunidad.
En Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de fortalecer las políticas de seguridad en los aeropuertos de nuestro país en cuanto al manejo de equipaje. Lo anterior, con el propósito de garantizar la integridad de los usuarios y prevenir actos ilícitos en caso de ser víctimas de sustracción de objetos personales o pérdida de equipaje.
Para ello propongo reformar la citada ley, a fin de que la Secretaría de Comunicaciones tenga la facultad de autorizar vistas de verificación sobre el cumplimiento permanente de la calidad del servicio a los usuarios y sus bienes.
Para Nueva Alianza proteger los intereses de los mexicanos es una prioridad, ello comprende que se termine con la indolencia con que algunas aerolíneas se conducen, en lo que respecta a su responsabilidad de resguardar las pertenencias de los pasajeros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidente.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Luis Alfredo Valles. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Abdies Pineda Morín: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, ocupo la máxima tribuna de la república, para someter a la consideración de ustedes una reforma a nuestra Ley Orgánica, que contribuya al proceso de austeridad en la que nos encontramos.
El desmedido crecimiento de las comisiones ordinarias ha representado un consecuente aumento del presupuesto de la Cámara, de 22 comisiones que había en el 99 pasamos a 56 en la actual legislatura.
Encuentro Social ha propuesto eliminar el financiamiento a los partidos políticos, en este caso que nos ocupa considera que es urgente que los cambios para eficientar los recursos de la Cámara reflejen las condiciones financieras en las que vive el país.
Algunas medidas administrativas, ya aprobadas, para eliminar prerrogativas a los legisladores, contribuyen con la finalidad citada. Sin embargo, los cambios deben de estar en nuestras normas para que no sean temporales ni de coyuntura.
El reporte legislativo 2016 de la Constructora Integralia revela que nuestra Cámara es la tercer Cámara con más comisiones en el mundo, sólo superada por Nigeria con 84 y Filipinas con 58.
Otro dato, en el primer año llama la atención que a la Comisión de Puntos Constitucionales le turnaron 228 iniciativas, de las cuales dictaminó 38 que representan el 16.7 por ciento. A la de Hacienda le turnaron 190 iniciativas, resolvió 17, para un 7.8 por ciento. Le sigue Salud que recibió 134 y resolvió 32, para un porcentaje de 23.9 por ciento. En cuarto sitio se ubica la de Presupuesto y Cuenta Pública que recibió 106 iniciativas y dictaminó 31, para un porcentaje de un 29.2 por
Por lo que se refiere al gasto aproximado de una comisión, de recursos humanos por la vía de los honorarios representa alrededor de un millón 307 mil pesos anuales, adicionalmente los asesores de los secretarios representan 341 mil pesos anuales.
Por lo que se refiere a los recursos financieros, estos alcanzan hasta 612 mil pesos anuales por comisión. Nuestra propuesta es eliminar 11 comisiones ordinarias que duplican materias de trabajo.
Otro aspecto que se pretende reformar es el número de secretarías por comisión. En la actualidad las comisiones de Hacienda y Crédito Público con 19, y Presupuesto y Cuenta Pública con 18 son las comisiones que más secretarías tienen en sus juntas directivas.
Resulta interesante observar que las Comisiones de Asuntos Frontera Norte, Frontera Sur-sureste, Fomento Cooperativo y Economía Social y Reforma Agraria están integrados con 19 miembros. Con 16 integrantes están las Comisiones de Fortalecimiento al Federalismo, Marina y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Con 15 miembros Población y con 13 la Comisión Jursdiccional. Por lo que se propone que las juntas directivas de las comisiones sean de un integrante por grupo parlamentario, para que las votaciones se realicen por voto ponderado, como ya se hace en la Mesa Directiva y en la Junta de Coordinación Política.
En síntesis, diputadas y diputados, se propone eliminar la Comisión Agraria para que sus funciones se realicen en la Comisión de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Pineda Morín. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Iniciamos la segunda ronda de iniciativas. Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza: Con el permiso de la Mesa Directiva. Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, el derecho de toda persona a la seguridad social ha sido reconocido como derecho fundamental en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde hace más de 50 años.
El citado pacto fue aprobado por la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en el año de 1980y su decreto fue publicado en el Diario Oficial en 1981.
En ese sentido, la seguridad social alcanza mayor trascendencia cuando se le considera como un sistema de protección estatal instaurado contra las consecuencias de los riesgos personales a que todo trabajador se encuentra expuesto, garantizándole su bienestar material presente y futuro, como lo son: la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Pues bien, hoy quiero referirme a un aspecto de la seguridad social de los trabajadores de los Poderes de la Unión, como lo es el seguro de riesgos de trabajo, cuyo contenido son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o por motivo de su trabajo.
El inciso a) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases de la organización y regulación de los riesgos de trabajo como parte de la seguridad social prevista para los trabajadores de los Poderes de la Unión.
En México, como todos sabemos, estos trabajadores están bajo la cobertura de la seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. En base a lo anterior, el capítulo 5 del título primero de la Ley del ISSSTE organiza lo concerniente a la cobertura de los riesgos de trabajo, el procedimiento y el trámite y sus especificaciones ante Medicina del Trabajo de este Instituto.
De acuerdo al artículo 58 de la Ley del ISSSTE, los riesgos de trabajo serán calificados técnicamente por el instituto, de conformidad con el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables.
Sin embargo, para que el ISSSTE pueda procesar y emitir esa calificación técnica de los accidentes por riesgos de trabajo que hayan ocurrido, las dependencias y entidades deberán avisar por escrito al instituto dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento en los términos que señala el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. Así lo dispone el artículo 60 de la Ley del ISSSTE en su primer párrafo. La ejecución del aviso constituye una obligación para la parte
patronal, es decir, de la dependencia o entidad para la cual trabaja el empleado.
Ahora bien, ¿qué sucede si se omite el cumplimiento de dicha obligación por parte del patrón? En el último párrafo del referido artículo 60 estatuye lo siguiente: “No procederá la solicitud de calificación ni se reconocerá un riesgo del trabajo si este no hubiera sido notificado al instituto en los términos de este artículo”.
De lo anterior se advierte, pues, que si se omite dar el aviso correspondiente al instituto por parte del patrón, el trabajador sufrirá las consecuencias correspondientes, lo cual se traduce en un evidente perjuicio para él mismo y su familia.
En ese sentido, considero que el supuesto contenido en el último párrafo del artículo 60 de la Ley del ISSSTE en comento, contraviene la garantía de seguridad social contenida en la fracción XI del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que ante el incumplimiento por parte de la dependencia o entidad en la que se labora de dar aviso al ISSSTE, el trabajador tenga el derecho de que ésta responda por los riesgos de trabajo
correspondientes, restringiendo o menoscabando el derecho a la seguridad social consagrada en el referido artículo constitucional.
En ese contexto, compañeras y compañeros diputados, no podemos seguir permitiendo que en la legislación que organiza y reglamenta la seguridad social en beneficio de los trabajadores de los Poderes de la Unión, permita la privación del seguro de riesgo de trabajo constituido en beneficio del mismo, por la omisión de una obligación a cargo de la parte patronal.
La iniciativa que hoy se presenta, de alto contenido social, pretende contribuir a la modernización de la regulación exhaustiva de las bondades que deben implicarse en la seguridad social que reglamenta la Ley del ISSSTE.
Por lo anterior, propongo que el último párrafo del artículo 60 de la Ley del ISSSTE, se reforme para quedar redactado de la siguiente manera: no procederá la solicitud de calificación ni se reconocerá un riesgo del trabajo hasta en tanto no sea notificada al instituto en los términos de este artículo. En ningún caso, el trabajador perderá el derecho de que la dependencia o la entidad respondan por los riesgos de trabajo correspondientes.
La anterior propuesta pues, se somete a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados y resulta trascendental, porque el derecho al seguro sobre riesgos de trabajo es un tema básico en la seguridad social.
Compañeras y compañeros legisladores, les invito revisemos pues el tema que hoy se plantea, pues abordarlo fortalece en gran medida los derechos de los trabajadores. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Rocío Rebollo Mendoza. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el mismo diputado Jorge Ramos y por el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Jorge Ramos Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Amigas y amigos diputados. En materia de seguridad pública hay una gran coincidencia de que una de las razones fundamentales del fracaso del sistema de seguridad pública en México obedece en el origen de la corrupción.
Cuando me refiero a la corrupción en materia de seguridad, no hay ámbito de gobierno, no hay nivel de gobierno que escape a este fenómeno que está afectando la tranquilidad de los mexicanos.
Esta Cámara de Diputados ha presentado varias reformas en materia del sistema nacional de seguridad pública, también en materia del sistema nacional anticorrupción, pero en ninguno de esos ordenamientos hemos ido a la raíz y hemos ido al fondo del problema de inseguridad en México.
El fondo y la raíz de inseguridad en este país es el involucramiento, la complicidad de las autoridades policiacas prácticamente de todos los niveles de gobierno y –también hay que decirlo– también de autoridades electas prácticamente de todos los niveles de gobierno.
Poco vamos a lograr con un sistema nacional de seguridad pública denominado mando mixto, si no vamos a la raíz de que haya consecuencias a quien traicione la responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos.
Poco vamos a lograr si solo se aprueba una reforma a la Ley de Seguridad Interior, fundamental para el desarrollo del país y de la política de seguridad en México, pero se queda corta si no vamos a atender lo que el ciudadano común en las comunidades que ustedes representan a lo largo y ancho del país, si no abordamos la realidad de que son los policías los que protegen al delincuente, que son los encargados de la seguridad, en muchos casos los responsables de dar facilidades logísticas
para que los criminales se salgan con la suya.
La realidad también de que ministerios públicos en vez de perseguir el delito también están en contubernio con los criminales. Mientras no atendamos esa realidad, la criminalidad, hagamos lo que hagamos, se diseñen los operativos que se diseñen, se reformen las leyes que se reformen, si no atacamos frontalmente la corrupción, estamos perdiendo el tiempo y estamos desenfocados de la raíz del problema en inseguridad en este país.
Por eso estoy planteando una reforma de carácter constitucional para que los órganos de vigilancia de los cuerpos de seguridad en este país, es decir, las contralorías, las visitadurías, en los casos de los ministerios públicos, y también los asuntos internos en los casos de las policías municipales, sean organismos autónomos que no los nombre el titular al cual se va a revisar y al cual eventualmente se va a denunciar ya sea administrativa o penalmente.
La gente allá afuera está esperando a ver cuándo esta Cámara, a ver cuándo este Congreso coincide con su diagnóstico, con el diagnóstico de que ve al frente de su casa policías que en vez de combatir las tienditas y las áreas de distribución de droga, el policía llega a recibir la cuota semanal a cargo de la seguridad, de la salud de nuestras niñas y de nuestros niños.
Estoy proponiendo que en la Procuraduría General de la República exista un funcionario responsable por atender, ya sea por vía de denuncia o de manera oficiosa, el perseguir a los servidores públicos que estén vinculados con el crimen organizado y con los delincuentes que tienen volteada la tranquilidad de nuestro país; y no un MP o una Procuraduría General de la República que diluya, entre tantos delitos que tiene bajo su responsabilidad, y por lo tanto propongo que se cree un área
especial de la Procuraduría General de la República para que la averiguación 001 sea justamente de averiguaciones y de investigaciones para investigar a alcaldes, gobernadores, secretarios de Seguridad Pública, comandantes, policías, visitadores, gobernadores y titulares de esa responsabilidad.
Si no enfrentamos esa realidad y la seguimos evadiendo, vamos a seguir tirando el dinero que se ha venido tirando por años en inversiones que van destinadas a sujetos de la seguridad que no están comprometidos con México, que no están comprometidos con la seguridad, que nos están comprometidos con las familias. Están más bien comprometidos con la corrupción y con la complicidad con el crimen organizado.
Este planteamiento que hago aparentemente complejo forma parte de la cotidianidad en nuestras comunidades a lo largo y ancho del país. Que nos quede claro, si hay inseguridad todavía en este país a pesar de que todas las instituciones, todas las instituciones del Estado mexicano salen a combatirlo diariamente, es porque hay traidores dentro del propio gobierno que se venden y se compran a favor del crimen.
Les pido que podamos atender esta iniciativa con un sentido de Estado, no es una propuesta partidista. Es una propuesta que parte de la realidad y del origen de las propias comunidades que venimos a representar. No le demos más vueltas. No evadamos por más tiempo ir a atacar frontalmente y tener instituciones que claramente estén responsabilizadas y que vengan a rendirnos cuentas aquí a esta soberanía sobre los resultados anualmente.
Mientras los alcaldes del país y los gobernadores sepan que pueden ser omisos, que pueden ser cómplices o que se pueden vender y no pasa nada, hagamos lo que hagamos este país no va a cambiar y ya no estamos dispuestos a permitir que eso siga sucediendo. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Jorge Ramos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Pública, para opinión.
La presidencia saluda la presencia de alumnos de la Universidad Interdisciplinaria de Emprendedores de San Martín Texmelucan, Puebla, invitados por el diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ángel Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Gracias, diputado Alanís.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza: Gracias. Con su venia, presidenta. Buenas tardes, amigos y amigas, diputados. Un diputado federal, como yo y como ustedes, es la voz de quienes representamos. Y, en este caso, representamos a todas y a todos los mexicanos, pues somos diputados de la nación. Ésa es una de las principales funciones que tenemos encomendadas.
Entonces, cuando en todo el país es generalizado el sentimiento de rechazo y rebeldía a los incrementos del precio de los combustibles, es que tenemos que hacer lo que nos corresponde para atender esos reclamos ciudadanos.
Las cosas en el país no están tan sencillas como para cerrar los ojos y pensar que no está pasando nada. Al contrario, amigas y amigos diputados, éste es el momento en el que debemos cobrar la confianza de los ciudadanos mexicanos y ciudadanas mexicanas. Es el momento de detener y suspender no de manera provisional, sino en forma definitiva, los aumentos en el precio de las gasolinas y el diésel.
Esa suspensión hasta el momento ha estado en manos del presidente de la República, pero como el Ejecutivo federal no ha mostrado sensibilidad a la realidad que viven los millones y millones de mexicanos y mexicanas, y la realidad que vive el país, es que se hace necesario que esta soberanía provea lo conducente para que, como lo propongo, se reformen los artículos 1o. y 11 y se derogue el artículo decimosegundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
Esto es así porque es en dichos numerales donde se encuentran las bases legales de los incrementos que están castigando a millones de familias mexicanas. Pareciera que no, pero la sociedad está al pendiente, muy al pendiente, de lo que hacen los diputados y las diputadas federales.
A través de las redes sociales se difunden noticias ciertas y falsas, pero lo que es innegable es que no podemos soslayar ni ignorar el sentimiento de preocupación y enojo de millones de mexicanos, que lejos, muy lejos de sentirse respaldados y escuchados por sus diputados, diariamente están viendo afectados sus ingresos y su bienestar con medidas económicas, que si bien estaban previstas para el año 2018, decidieron adelantarlas para este año.
Dicho de otra manera, atendamos lo que la población nos exige, atendemos lo que la población nos dice diariamente y para hacerlo es muy sencillo, legislativamente pongamos un alto al gasolinazo y detengamos la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, que irreflexivamente se adelantaron para este año.
Por lo tanto, propongo a ustedes reformar los artículos 1o y 11 y derogar el Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos correspondiente al año 2017, porque al suprimirse el mandato y la facultad de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda perderían sustento los acuerdos y determinaciones administrativas con las que se sustenta y aplica el gasolinazo.
Espero que en esto coincidamos, porque ya es tiempo de que les demostremos a nuestros representados que estamos con ellos, que estamos de su lado, porque ahora es cuando podemos y debemos estar más unidos que nunca en torno a la nación, en torno a la república, en torno al Estado mexicano para solamente así poder enfrentar los problemas que ya anunció el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, amigos y amigas.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Alanís Pedraza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
Saludamos la presencia de invitados especiales hoy en el salón de sesiones. Al señor Pablo Larraga, presidente de la Federación de Sillas de Ruedas, al señor Aarón Dávila, entrenador nacional de selecciones de basquetbol en sillas de ruedas, y los señores Erivan Loyola y Héctor Perdomo, jugadores seleccionados. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 1834 del Código Civil Federal.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas, diputados y, en especial, un afectuoso saludo al pueblo de México.
Un acontecimiento extraordinario que se manifiesta de manera creciente, no solo en México, sino en el mundo, es la falsificación de documentos en general. Esta actividad se va a definir como el proceso a través del cual una o varias personas alteran y/o transforman la información original que posee un documento de cualquier índole.
La falsificación puede ser material, como también puede ser ideológica. En esta última podemos encontrarnos con un documento cuyo soporte corresponde a la fórmula virgen y, por ende, auténtica. Pero, en cambio, sus datos y/o contenidos son esencialmente fraudulentos.
La falsificación de documentos está considerada en México como un delito y se encuentra previsto dentro del Código Penal Federal, en su artículo 244, mismo que indica los medios empleados para realizar dicha actividad y se puede observar desde la fracción I hasta la fracción X.
En la propuesta que solicito que se reforme y adicione al artículo 1834 del Código Civil Federal, que expresa lo siguiente, y cito: Cuando se exija la forma escrita para un contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las partes a las cuales se imponga esa obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y el documento se imprimirá en el mismo la huella digital del interesado que no firmó.
Con ello se busca que los contratos no solo se firmen, sino que además se plasme la huella digital en todos los casos, independientemente de que la persona no pueda o no sepa firmar. Esto con la finalidad de minimizar y combatir a las células delictivas dedicadas a realizar delitos fraudulentos graves mediante la ayuda de la actividad ilícita de la falsificación de documentos, en general, ya que dañan con esta práctica al individuo en su patrimonio y en lo individual.
Ya presenté en la sesión pasada una propuesta que va en este mismo sentido, en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, pero para armonizar dichas leyes es que ahora propongo esta reforma al artículo 1834 del Código Civil Federal. Por su atención, muchas gracias y que tengan una excelente tarde.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Alejandro Cañedo.
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más para solicitarle muy atenta y respetuosamente al diputado Cañedo, que si permite al Grupo Parlamentario de Morena suscribir su iniciativa, que es muy interesante y de gran trascendencia para el país.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sí, diputado. El diputado Cañedo manifiesta su aceptación.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El diputado Jonadab Martínez García: Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hace mucho tiempo no hablamos de accidentes viales y hace mucho tiempo no hablamos de los accidentes en vías carreteras, provocados, ocasionados donde está incluido algún transporte de carga federal doble remolque.
Cuando platicamos de este tema, hace aproximadamente tres meses, estaban en diferentes medios de comunicación diversas noticias relativas a fallecimientos, a víctimas y a siniestros donde estaba incluido transporte terrestre de carga.
Sin embargo, hasta el día de hoy siguen falleciendo personas, sigue habiendo víctimas en carreteras federales y parece ser que si no está de moda, lamentablemente decirlo así pero así pareciera, no hablamos de eso, por eso el día de hoy vengo con esta propuesta, que seguramente encontrará eco en varios de ustedes.
Cito textualmente la respuesta que el secretario de Comunicaciones y Transportes me respondió en su comparecencia de noviembre del año pasado, dice: el 80 por ciento de los accidentes son causados por el factor humano. Esto quiere decir que deberíamos de estar más preocupados por el cansancio del conductor que por las habilidades del mismo.
Cito textualmente lo que me respondió, porque el día de hoy vengo con esta propuesta para legislar las cargas laborales, los horarios laborales que tienen los conductores del transporte de carga.
No es secreto que los transportistas, no es secreto que los empresarios fuerzan, obligan a que el conductor lleve una mercancía de un punto A, a un punto B por encima de la carga laboral. Los obligan a transportar mercancía, bienes y servicios aun sin descanso, largas jornadas tras un volante, y por eso es que con relación a la respuesta que me hizo el titular de la SCT vengo con esta propuesta para que en nuestra legislación exista una carga laboral obligatoria, una carga laboral mínima y
máxima para evitar este tipo de siniestros, y lamentablemente seguir viendo noticias relativas a los accidentes mortales o de lesiones o personas que tienen una discapacidad.
Por lo que es necesario determinar por ley la duración de horas de conducción y los periodos de descanso de los choferes del autotransporte de carga en general, a fin de que con esto existan condiciones laborales que lamentablemente hoy no existen.
Cito otro dato del Instituto Mexicano del Transporte que dice: la fatiga y el sueño en choferes fue identificada como un factor determinante en los accidentes en vías terrestres nacionales.
El problema es que los conductores de carga tienen un horario por cumplir. Es decir, ya lo dije, que deben entregar una mercancía o transportar un bien y servicio sin condiciones de horario.
Por otro lado, la Dirección General de Autotransporte Federal, dependiente de la Subsecretaría de Transportes de SCT, en el Foro de pesos y dimensiones de las configuraciones vehiculares que transitan en las vías federales de comunicación señaló, en octubre del año pasado en el Senado de la República, que los conductores seguros deben incluirse en la legislación. Y cita textualmente: todos los conductores deberán encontrarse bien capacitados, pasar por los mejores procesos de selección,
encontrarse en óptimas condiciones físicas y no conducir fatigados ni bajo los influjos de alguna sustancia química o que altere su sentido común.
Es por eso la importancia y el interés que tiene su servidor en que esta reforma se incluya en la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal.
Asimismo, porque existe una norma técnica oficial, que también se establezcan los horarios mínimos de descanso que debe tener un conductor en transporte de carga terrestre.
Por eso es que también cito como un transitorio que deben incluirse reglamentariamente las horas necesarias para descansar y el máximo de horas continuas que se especifiquen en la norma oficial mexicana correspondiente.
Apelo a la sensibilidad de cada uno de ustedes para que legislemos en esta materia y que no esperemos otra ola de tragedias, otra ola de siniestros, otra ola de víctimas y de muertes para llamar la atención y otra vez poner en la agenda nacional este tema.
Ojalá que no esperemos que suceda eso y desde ahora nos sumemos a esta iniciativa que tiene más que nada el sentido común, el sentido de responsabilidad porque todos nosotros transitamos todas las semanas en este tipo de caminos. Que estén muy bien y muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Jonadab Martínez. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen. La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Karina Sánchez Ruíz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 340 Bis del Código Penal Federal. La diputada Karina Sánchez Ruiz: “Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre; la vista más amplia y serena”. (Igmar Bergman)
Con el permiso de Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 340 Bis del Código Penal Federal, cuya finalidad es sancionar el abandono de las personas adultas mayores.
En la antigüedad, en la mayoría de las civilizaciones los ancianos eran vistos como figuras de autoridad. Se reconocía su experiencia y sabiduría dándoles un lugar de privilegio. Esta percepción se ha modificado de tal forma que hoy nuestros ancianos se ven en una situación por demás vulnerable: abandonados e inclusive denigrados en sus derechos fundamentales y olvidados por una sociedad que solo enaltece lo efímero y lo banal.
Nuestro país es parte de numerosos instrumentos internacionales que obligan a salvaguardar los derechos de los adultos mayores. En este sentido y para proteger a un grupo poblacional cada vez más numeroso fue expedida la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuya finalidad es garantizar el ejercicio de los derechos de este sector por parte de los órganos del Estado.
De acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se estableció la primacía de los mismos y por ello se hace indispensable que se adecuen las normas jurídicas para su efectivo cumplimiento. Nuestro país está viviendo una transición demográfica evidente.
De acuerdo con las proyecciones de población que estima el Consejo Nacional de Población, para 2025 y 2050 el número de adultos mayores aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente. Lamentablemente, este grupo poblacional encuentra serias dificultades y una de las más lamentables es el abandono y los malos tratos de los que son víctimas, en muchas ocasiones por parte de sus propios hijos o sus familiares más cercanos.
Queda claro que el Estado mexicano tiene la obligación de implementar políticas públicas que tengan como fin mejorar la calidad de vida de los adultos mayores para que así tengan una vida digna.
La Organización Mundial de la Salud define el maltrato a los ancianos como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este maltrato puede adoptar diversas formas, físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas, también puede ser el resultado de la negligencia sea ésta intencional o no.
El problema, según señala la propia OMS, es sumamente complejo y se estima que a nivel mundial cerca de una de cada 10 personas adultas mayores sufre malos tratos cada mes. Esta cifra constituye solo una estimación dado que el problema ha sido poco estudiado y no existen estadísticas fidedignas, lo que quiere decir que el maltrato puede tener una magnitud aún mayor de la que estamos hablando.
Nuestros ancianos sufren en silencio y la ley no los ha protegido. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, persigue objetivos loables, pero insuficientes, dado que no establece una pena para el abandono de los adultos mayores.
El Código Penal Federal vigente en su capítulo séptimo, dedicado al abandono de personas, solamente hace referencia al abandono de menores, cónyuges y personas accidentadas, excluyendo a un sector de la población extremadamente vulnerable y que es uno de los más afectados por el abandono. La impunidad para esta acción hace que se siga multiplicando.
Para Nueva Alianza es primordial asegurar que los adultos mayores no sean abandonados. Las y los diputados aliancistas queremos ser la voz de los más necesitados.
Por ello proponemos la creación de un nuevo tipo penal para castigar con pena privativa de la libertad a quien abandone a alguna persona de 60 años o más que por enfermedad, discapacidad, impotencia física o mental, le impida allegarse de los elementos indispensables para sobrevivir tales como alimentos, medicinas, tratamientos o terapias sanitarias, o que no puedan cuidarse por sí mismos.
Compañeras y compañeros legisladores, abandonar a un adulto mayor es un crimen. Hagamos que así se establezca en nuestro Código Penal. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12, 21 y 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores; medios que nos acompañan. Conscientes de que la inversión de recursos económicos en investigación científica y desarrollo tecnológico está relacionada con el desarrollo económico y nivel de bienestar de la población de un determinado país, el Poder Ejecutivo y el Legislativo han venido trabajando desde hace años para establecer un marco jurídico y condiciones presupuestales
que empujen en esta dirección.
En congruencia con esta idea, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-218, incluyen como uno de sus objetivos hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.
Para conseguir este objetivo se plantearon, entre otras estrategias, contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel del 1 por ciento del PIB, así como también contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel que haga frente a los retos científicos, tecnológicos que implica alcanzar dicho objetivo.
Con respecto a este último aspecto, en 2012 la proporción de investigadores en México, por cada mil integrantes de la población económicamente activa fue del 0.9 por ciento, cifra que no sólo está muy por debajo de los países avanzados como Alemania con 7.9 o el Reino Unido con 8.2, sino de muchos otros, incluso algunos países de América Latina, de acuerdo con esta estimación, tendrían que pasar 20 años para alcanzar los valores actuales de países como Argentina o Turquía, que cuentan con
alrededor de 2.5 investigadores por cada mil miembros de su población económicamente activa.
Ante este panorama para generar capital humano de alto nivel, se han hecho esfuerzos importantes mediante el programa de becas Conacyt para realizar estudios de postgrado en México y en el extranjero; cerca del 20 por ciento del gasto nacional en ciencia y tecnología que corresponde al 0.15 por ciento del PIB 2013, se dedicó a rubros de educación de postgrado.
Sin embargo como se reconoce en el mismo Programa Especial de Ciencia y Tecnología, debido a la falta de oportunidades de empleo y a otros rezagos existentes, el capital humano no ha podido concluir las necesidades del país para incentivar la contratación de ex becarios de Conacyt. Se ha implementado el Plan de Retención y Repatriación de Investigadores Mexicanos y las cátedras Conacyt que junto con las plazas de centros de investigación públicos y de instituciones de educación superior,
tanto públicas como privadas, constituyen una opción de empleo para los investigadores mexicanos.
Sin embargo estas opciones de empleo no son suficientes para el creciente número de científicos jóvenes mexicanos que habrán obtenido el grado de doctor tanto en México como en el extranjero.
Durante mi gestión como diputada de la presente Legislatura, he estado en contacto con investigadores y estudiantes de postgrado quienes me han manifestado su preocupación por la falta de oportunidad de empleos en México.
Es necesario incentivar la generación de fuentes de empleo y mejores salarios en nuestro país para los científicos mexicanos que constituyen, sin duda alguna, parte de la riqueza intelectual de México, son motivo de orgullo dado su alto nivel de preparación académica, así como la relevancia de su labor que trasciende no sólo en el ámbito científico, sino en términos de bienestar para la población, siempre y cuando se les permita hacer su labor y se les proporcionen los medios que requieren.
La presente iniciativa tiene la finalidad de establecer el marco jurídico para no demorar más la implementación de dichas medidas ya que así lo requiere el país.
Actualmente el Conacyt atendió a las estrategias establecidas en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación 2014-2018, tiene programas como el PEI, Programas de Estímulos a la Innovación en lo que las empresas proponen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que de resultar elegidos, puedes recibir fondos por parte del gobierno federal para cofinanciar sus proyectos hasta por 20 millones de pesos.
Los únicos requisitos son: el RFC de la empresa y que éste se encuentre en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, Reniecyt, considerando el gran beneficio que obtienen las empresas tanto en términos económicos como de incremento de su acervo científico-tecnológico, así como también considerando la necesidad de crear puentes de empleo para los científicos en nuestro país.
Resulta completamente viable plasmar en la Ley de Ciencia y Tecnología el principio de que toda empresa privada que reciba un beneficio por parte del gobierno federal a través de los programas de Conacyt, retribuya a la sociedad mexicana dicho beneficio mediante la contratación de científicos mexicanos, además de cumplir con medidas establecidas en la ley referente a la evaluación y el ejercicio correcto de los recursos recibidos.
Mientras no haya expectativas realistas de que los científicos en nuestro país puedan encontrar trabajo con un salario acorde en su formación académica y a la relevancia de su trabajo el número de jóvenes que decidan ser científicos será bajo. Y por lo tanto, el déficit de estos profesionistas en el país continuará con los consecuentes impactos tecnológicos y económicos.
En razón de lo anterior, es pertinente mencionar que los países desarrollados, la inversión de las empresas en investigación y desarrollo es de hasta el 76.5 por ciento, como es el caso de Japón, o el 73.7 por ciento en el caso de Corea, el resto lo aportan los gobiernos y otras entidades.
En contraste, en México la mayor parte lo aporta el gobierno federal, alrededor del 60 por ciento. Si queremos aspirar como país a la independencia tecnológica y al nivel de desarrollo de estos países, es necesario que las empresas en México generen más conocimiento científico y tecnológico, no sólo como producto de vinculación con universidades y centros de investigación, sino también como producto de las actividades de investigación y desarrollo al interior de las empresas. Demos a
nuestros científicos mexicanos el apoyo al tamaño de los retos que tienen que enfrentar, que sabrán responder al tamaño de su creatividad y conocimiento.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología
Único. Se reforma el artículo 21, inciso b), de la fracción II; el artículo 40, párrafo tercero; y se adiciona la fracción 21 al artículo 12.
Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Perea Santos. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Dictámenes a discusión.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Everardo López Córdova, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado José Everardo López Córdova: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el combate a la inseguridad debe hacerse en todos los frentes, en todas las instancias y en todos los ciudadanos. Por eso cualquier dato que facilite las investigaciones, que dé elementos a las autoridades para generar tranquilidad y seguridad a la población es digno de tomarse en cuenta.
En ese sentido la Comisión de Seguridad Pública, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la cual consideramos acertada, la propuesta sí se dictaminó en sentido positivo.
En el dictamen que se somete a votación se propone reformar el inciso g) y adicionar un inciso h) en la fracción IV del artículo 4o. de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con el propósito de organizar y concretar la información en una base de datos electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas.
Esta comisión dictaminadora encuentra que la Ley del Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, con el fin de concretar información en una base de datos electrónica con el objeto de tener un antecedente que facilite la localización de personas
extraviadas o desaparecidas.
Como sabemos, actualmente México vive un fenómeno creciente y alarmante en la desaparición de familias enteras, pero especialmente de niñas y de mujeres, y que en este contexto mientras más elementos tenga la autoridad encargada de integrar una carpeta de investigación, la búsqueda y localización la hará de manera más pronta y expedita.
Por eso se considera fundamental reforzar la legislación en comento, con la intención de coadyuvar a la identificación de las cuales son las causas adyacentes en la desaparición de niñas y mujeres en todo el territorio nacional, así como la emisión de protocolos de actuación de autoridades administrativas o judiciales que deberán comunicar al Registro Nacional, mismo que se encargará de integrar la información de las personas extraviadas o desaparecidas.
Por tanto, se concuerda que en el Registro Nacional debe garantizar el apoyo a las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia, cuyo contenido debe incluir dentro de la formación materias especificas en derechos humanos, atención a víctimas del delito y violencia de género, con implementación de programas y políticas públicas en dicha materia, en atención a niñas y mujeres en estado de vulnerabilidad, para lograr su efectividad.
En ese sentido, se pide a todos ustedes su voto favorable a este presente dictamen. Estamos seguros que con ello contribuiremos a dar un instrumento más para combatir la inseguridad que vivimos en este país. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado José Everardo López Córdova.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está a discusión en lo general y en lo particular, y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, facción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario los siguientes diputados y diputadas, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la
palabra la diputada Melissa Torres Sandoval.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, para las y los diputados federales del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la protección y salvaguarda de los derechos de las mujeres es de la mayor importancia. Para nosotros es una responsabilidad el trabajar comprometidamente en el combate y erradicación de cualquier tipo de violencia, especialmente la de género.
En nuestra legislación en materia de personas extraviadas o desaparecidas no se contempla la inclusión de datos que nos permitan identificar las causas adyacentes en la desaparición de niñas y mujeres. De igual manera, no se establecen protocolos de actuación para que las autoridades inscriban dichas particularidades en la integración de la investigación o en el desarrollo del procedimiento judicial.
Lo anterior ha sido aprovechado de manera indebida por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de maquillar cifras y no evidenciar el grave problema de violencia que sufren las niñas y mujeres en nuestro país.
Sobre el particular, resulta necesario que el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas cuente con la mayor información para dar con el paradero de las personas. En este sentido, con la ampliación de indicadores se apoya de mejor manera las labores de investigación y localización de las personas extraviadas o desaparecidas.
En tal sentido, con la adición de un inciso g), al artículo 4o. de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas se adiciona un indicador, con la finalidad de identificar a las personas que se encuentran extraviadas o desaparecidas, con antecedentes de haber sufrido violencia de género.
Ahora bien, para tal fin se establece el término historia de violencia de género, para referirse a posibles antecedentes de violencia de género, particularmente a la que sufren niñas y mujeres.
Con la reforma, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas contará con una nueva información que facilitará a las autoridades ministeriales y judiciales la persecución de delitos relacionados con violencia de género. Asimismo podrán contar con información valiosa que les permita deducir móviles más acertados, lo que se traducirá en mejores investigaciones, mayor éxito en la localización de personas y justicia a las víctimas.
Además, la reforma servirá para evitar la manipulación de cifras relacionadas con la violencia de género y feminicidios, lo cual permitirá apreciar con mayor claridad la gravedad de la incidencia de dichos delitos y su relación directa con el extravío o desapariciones.
En vista de la urgente necesidad de continuar avanzando en la labor de garantizar una vida libre de violencia a todas las niñas y mujeres de nuestro país, las y los legisladores federales de Encuentro Social votaremos a favor del presente dictamen, pues consideramos que la iniciativa traerá grandes avances en la persecución de delitos relacionados con la violencia de género y feminicidio.
Asimismo, posibilitará la integración de una base de datos confiable, que permita conocer la gravedad real en la incidencia de dichos delitos. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Torres Sandoval. Esta Presidencia saluda la presencia del presidente municipal de Chalchihuitán, del estado de Chiapas, el señor Martín Gómez Pérez y sus acompañantes, la señora Agustina Rodríguez Pérez y Janeth Cristina Girón Díaz, invitados por el diputado federal Leonardo Rafael Guirao Aguilar, sean ustedes bienvenidos.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Manuel Hernández León.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me refiero al dictamen con proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso g) al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, cuya finalidad es incluir dentro de la clasificación, para integrar la información del registro, la historia de violencia de género.
Nuestro país está obligado por una diversidad de instrumentos internacionales a combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, entre estos compromisos destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La ley que estamos reformando el día de hoy tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional en comento.
De acuerdo a la propia ley, se trata de un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas, así come de aquellas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación, y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las
investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.
Todos hemos atestiguado el incremento inusitado de la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional. De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hasta el mes de noviembre de 2016 había 5 entidades federativas que habían recibido la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres y existe una docena que ha solicitado que ésta sea emitida.
Lo anterior es solo una muestra de la violencia que sufren las mujeres en el territorio nacional, y que lamentablemente, en algunos casos ha conducido a la desaparición. En Nueva Alianza consideramos que todas las instituciones del Estado deben trabajar en forma coordinada para combatir estas acciones y eso es precisamente lo que se persigue en esta reforma.
Mediante la inclusión del historial de violencia de género se puede incorporar en los datos de registro si se tienen o no antecedentes de violencia de género, lo que puede coadyuvar a reforzar el seguimiento que se da a este tipo particular de violencia. Es preciso robustecer nuestro marco jurídico para coadyuvar e identificar las causales de desaparición de niñas y mujeres en todo el país.
Se hace urgente también contar con los protocolos de actuación adecuados para que las autoridades administrativas o judiciales comuniquen esta circunstancia en aras de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública incorpore su información en el registro nacional.
Compañeras y compañeros, en Nueva Alianza estamos decididos a terminar con las desapariciones de mujeres y niños, dotar a nuestras autoridades de las herramientas para conseguir dicho fin, ya que ésta es una responsabilidad ineludible.
Es urgente la localización de las más de 7 mil mujeres y niñas en esta lamentable situación y garantizar que no haya ni un caso más de mujeres desaparecidas o extraviadas. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hernández León. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel de Jesús Espino.
El diputado Manuel de Jesús Espino: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, me parece que es importante destacar en lo que parece una inminente aprobación a esta iniciativa de ley, a la que se suma también la bancada de Movimiento Ciudadano. Destacar el solo hecho de proponer esta iniciativa y de que el pronunciamiento de las bancadas sea en sentido positivo es implícitamente una aceptación de lo que el gobierno federal o diversas dependencias del
mismo han ocultado o negado recurrentemente. Me refiero al hecho de que en nuestro país existen y se incrementan las desapariciones de personas de una manera incontrolada.
Celebro que podamos aprobar hoy esta iniciativa, que ciertamente no va a resolver el problema de las desapariciones, pero aportará elementos o ayudará a recopilar elementos de información confiable para que las autoridades competentes puedan dar seguimiento a nivel de investigación y de toma de decisiones a los casos de desapariciones que se presentan todos los días en nuestro país. Pero fundamentalmente, en el caso de las mujeres, de niñas y mujeres que en este país padecen la violencia de
género en su acepción de desaparición. Desaparición muchas de las veces forzada.
Es lamentable que el nivel del problema que tenemos en nuestro país en esta materia no haya dado anteriormente a las instituciones la capacidad o la decisión de enfrentar este problema de una manera sistemática, ordenada, eficaz.
Al día de hoy es difícil contar con información clara, precisa, del número de desapariciones que hay en nuestro país, insisto, fundamentalmente de mujeres, que no solamente se carece de información, la que existe disponible para las instituciones encargadas de atender este tema es imprecisa, es muchas veces incorrecta y eso también es causa de mala toma de decisiones o incluso de corrupción en la toma de decisiones para resolver ese tipo de casos.
Por estas razones y otras que pudiéramos aquí esgrimir, celebro que hoy estemos ya dictaminando esta iniciativa proveniente de la bancada del PRI, pero debemos reconocer tiene una perspectiva muy noble, muy loable y muy útil para el desempeño de las instituciones encargadas de resolver el problema de las desapariciones en nuestro país.
Ojalá logremos unanimidad en la votación para aprobar el proyecto de dictamen de esta iniciativa, que dará a nuestras instituciones competentes, elementos para reforzar y ser eficientes en su desempeño en este tema. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Espino. Recibimos con agrado y saludamos a los regidores del municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, que nos acompañan en este recinto. Invitados por el diputado Jonadab Martínez García. Sean ustedes bienvenidos. De igual manera, saludamos al grupo de mujeres del municipio de Rayón, estado de México, que hoy nos acompañan. Invitadas por la diputada Claudia Sánchez Juárez. Sean ustedes bienvenidas.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Jorge Tello López.
El diputado Jorge Tello López: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros y compañeras diputadas. La violencia que se ejerce contra las mujeres, representa una grave violación a sus derechos humanos y un grave problema de salud pública, es un fenómeno que no reconoce ni edades ni clases sociales, y que desde luego se relaciona con múltiples casos de desaparición.
Así, el ejercicio de esta violencia que se manifiesta a través de agresiones físicas, sicológicas y/o sexuales, tiende a mermar el desarrollo de las mujeres, vulnera el goce de sus derechos y libertades fundamentales y su calidad de vida.
Sin duda muchas de las mujeres y niñas que desaparecen diariamente cuentan con antecedentes de haber sido víctimas de violencia de género en sus distintos tipos y ámbitos de violencia. En este contexto las mujeres son desaparecidas por sus propios victimarios o bien porque las mujeres huyen y se esconden de ellos.
Por ello la propuesta de modificación al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se pone a consideración de este pleno y cobra especial relevancia al plantear se considere que dentro de la información de las personas extraviadas o desaparecidas que se integra en el registro nacional, la relativa a la historia de violencia de género.
Esto es, si la persona desaparecida cuenta con antecedentes de haber sido víctima de esta violencia, lo cual, como lo menciona la comisión dictaminadora, coadyuvaría a la identificación de las causas adyacentes de la desaparición de niñas y mujeres, reforzándose el seguimiento que se da a casos de violencia de género permitiendo a las autoridades el contar dentro de sus investigaciones con mayor información para realizar la búsqueda y lograr la localización de estas mujeres y niñas.
Esta es una aportación importante del Legislativo para fortalecer el andamiaje jurídico existente para atender la violencia que sufren miles de mujeres en este país, cuya manifestación más extrema y cruel es la violencia feminicida. Los crímenes de odio contra las mujeres, precedidos en muchos casos de su desaparición, lamentablemente van a la alza en varias regiones del país.
Así, basta señalar lo que está ocurriendo en esta ciudad capital donde durante los últimos meses se han perpetrado decenas de asesinatos de mujeres, lo que evidencia por una parte la desatención del gobierno capitalino hacia sus propias instituciones que se encargan de atender y prevenir la violencia contra las mujeres, y por la otra, la negativa reiterada para aclarar la alerta de violencia de género, como mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres.
A través de la implementación de un territorio determinado de diversas acciones necesarias para garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Se trata de un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, que fue incorporado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Morena hace un respetuoso llamado a las autoridades federales correspondientes, es decir, a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las entidades federativas afectadas por el aumento de la comisión de estos crímenes de odio contra mujeres, para que sensibilicen ante el problema y se comprometan a prevenirlo y a atenderlo, y en una medida para lograrlo es declarando e implementando adecuadamente las alertas de violencia de género que en muchos casos tal pareciera que se hacen
importantes esfuerzos, pero para que no se declaren hay evidente resistencia a ello.
Sabemos que el procedimiento previsto en la ley para declararlas es muy ambiguo e impreciso, y que las disposiciones reglamentarias correspondientes tal pareciere que están diseñadas para alargar y entorpecer y evitar se declaren las alertas de violencia de género.
Por lo que desde esta tribuna hacemos un respetuoso llamado a la Comisión de Igual de Género de esta Cámara, para que se dictamine la iniciativa que Morena presentó para simplificar y hacer más operativo el procedimiento para declarar la alerta de violencia de género, lo cual junto con medidas como las que se ponen a nuestra consideración en este dictamen, coadyuvarán a hacer efectivo el derecho que tienen todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Por ello el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen que nos presenta la Comisión de Seguridad Pública. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Tello. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada Adriana Sarur Torre.
La diputada Adriana Sarur Torre: Con el permiso de la Presidencia. Vivir con violencia de género no es vivir. Vulnerar la esfera de derechos de las víctimas por no llevar un seguimiento a cada caso de violencia de género, puede provocar lo que un incidente termine en una desaparición forzada y llevarlo al extremo, un homicidio.
Venimos a tomar medidas contra aquél que hoy cometa violencia de género. Aquél cobarde que bajo el anonimato golpea a las mujeres y sigue libre por la vida porque cree que quedara impune. Impunidad que se termina con esta reforma, impunidad que termina –permítanme– porque quedará huella de cada antecedente de violencia de género en el historial de personas desaparecidas o extraviadas.
Sabemos que en la desaparición de personas el tiempo es vital. Por ello queremos defender esta reforma que dará inmediatamente un antecedente a las autoridades para actuar ante el feminicidio, los golpes y la violencia de género se terminan en una desaparición.
Por ellas, las que han sido desaparecidas, extraviadas, dejaremos huella de cada caso de violencia de género que se manifestará ante un registro ante las autoridades. Por ellas dotaremos a la autoridad de información suficiente para que no quede impune este delito. Por ellas crearemos la obligación de las autoridades para tomar en consideración, en los casos de desaparición forzada, el historial de cada violencia de género.
México vive importantes momentos de transformación, vive retos y desafíos en materia de seguridad, pero en materia de violencia contra la mujer, vive momentos de emergencia, donde es imperante tomar la realidad para transformarla y bajar estas estadísticas dramáticas.
Es momento de legislar y legislar a favor de retomar los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de atención a víctimas de este delito. El legislar para transformar esta realidad de la violencia de género que todos hemos visto de cerca y hacer lo necesario para hacer un llamado urgente a las autoridades para detenerla.
Creemos en lo que propone este dictamen, creemos que es importante alertar a la sociedad y a las víctimas sobre este tema tan relevante y de tanta emergencia.
Creemos que este dictamen propone importantes alertas a la sociedad y a las víctimas a través de la generación de información que obren los registros de las personas extraviadas y desparecidas.
Creemos que es inaplazable vincular este Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas al historial de violencia o antecedentes de género, para reforzar el seguimiento que se da a estas violaciones de género.
Creemos que con esta reforma se escuchará el llamado de cientos de mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia de género, porque hemos elevado la voz para reducir la vulnerabilidad que las atañen.
Revivir una y otra vez la violencia de género es potencializar los riesgos de un feminicidio o una desaparición, por eso será muy valioso el historial para las investigaciones de desaparición de personas o extravío de personas.
Es importante decir que legislar a favor de la inclusión del historial de la violencia de género es combatir el feminicidio, que es uno de los delitos que más lacera al país; es dar certidumbre a las autoridades para que cuando una persona sea detenida desde el inicio pueda tener un indicio de la peligrosidad de este individuo; es eliminar esta vulnerabilidad por la omisión de las autoridades de la persecución de sus antecedentes de violencia de género.
Nuestro deber es legislar para preservar derechos y libertades, votando a favor de reformas que alerten a la sociedad, que protejan a las víctimas y que ataquen esta debilidad institucional por falta de antecedentes que a estas personas cometen contra la violencia de género.
Los legisladores y las legisladoras del Partido Verde votaremos a favor de este Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para precisar en esta ley que deberá incluirse este Registro Nacional contra la violencia de género. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Adriana Sarur. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada María Cristina Teresa García Bravo.
La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, el problema de la inseguridad por el que está pasando el país durante la última década ha creado un mar de impunidad que delata vacíos en la legislación, como en los procedimientos de la investigación por parte de las autoridades ministeriales para el esclarecimiento del destino de aquellas personas extraviadas o desaparecidas.
Por ello, la violencia contra las niñas y las mujeres ha sido una práctica permanente que ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país. Sabemos que la violencia ejercida contra las niñas y las mujeres representa una violación sistemática a sus derechos humanos, y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática.
Pese a ser la población mayoritaria en México, las niñas y las mujeres enfrentan cotidianamente la creciente violencia de género, dicha violencia constituye un problema de proporciones pandémicas, pues se sabe que al menos una de cada tres mujeres entre los 15 y los 49 años de edad en el mundo, ha sufrido maltrato y que en el peor de los casos es desaparecida o asesinada.
Históricamente, Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido el ominoso símbolo de tal fenómeno, que lamentablemente se ha extendido en todo el país, por el número de muertes y desapariciones de niñas y de mujeres con graves rasgos de violencia que continúan en total impunidad. De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática y en el presente dictamen, de adicionar un inciso g), a la fracción IV del artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas, con el propósito de agregar la violencia de género dentro de los indicadores de clasificación que señala el sexo, edad y nacionalidad, a fin de atender el problema de las niñas y las mujeres que desaparecen diariamente en nuestro país.
Sin duda, este indicador surge como una respuesta para contener y eliminar la alarmante realidad que día a día nos sacude y obliga a buscar mayores garantías de seguridad frente al creciente y aterrador número de niñas y mujeres desaparecidas, quienes tienen una historia de violencia de género anterior a su desaparición.
Por ejemplo. El estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, señala que entre 2012 y 2014 el número de adolescentes desaparecidas de entre los 15 y 17 años de edad, se incrementó en un 255 por ciento, esto es una cifra realmente alarmante. A ello se le suma el número de casos de agresiones contra mujeres, lo que ha provocado el establecimiento de la Alerta de Género en los estados de Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos, Veracruz y el estado de
Por eso, en esta coyuntura nacional se ha expresado la preocupación, reclamo y compromiso de establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, como instrumento de información del sistema nacional de seguridad pública, a fin de organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos conscientes de que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al contar con el indicador de violencia de género, permitirá garantizar el apoyo efectivo a las investigaciones ministeriales para la búsqueda, localización y ubicación de niñas y mujeres que se encuentran
restringidas en el ejercicio de su derecho a la libertad plena. Es cuanto, diputada presidente.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada García Bravo.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Angélica Moya Marín.
La diputada Angélica Moya Marín: Con su venia, señora presidente. Diputadas y diputados, la violencia de género parece el pan de cada día para millones de mujeres de todas las edades y de cualquier condición socioeconómica.
Hasta el cansancio se ha hablado que hay que erradicar este mal y parece ser que las voces que desde esta tribuna se dicen y desde muchas otras, en muchos otros sectores, no se escuchan, no se oyen ni se quieren conocer.
Las alertas de género parecen premios a los estados, más que llamadas de atención, como en el caso del Estado de México –mi estado, por cierto– en donde las cifras de homicidio y desaparición de mujeres se ha incrementado en los últimos años y el gobierno se ha encargado sistemáticamente de minimizarlas.
Sabemos que el registro es una herramienta, como muchas otras que nos permiten identificar y obtener datos estadísticos de las personas extraviadas o desaparecidas y cualquier avance que permita seccionar u obtener algún dato adicional que permita su localización es bienvenido.
Sin embargo, consideramos que el planteamiento del dato estadístico a obtener puede generar confusión al secretariado, ya que el funcionario encargado de plasmar los datos se preguntará como hacer el vaciado de este dato estadístico.
En otras palabras, cómo determinar el dato de historia de violencia de género, el dato será, un sí, un no, un no se cuenta con la información o la descripción de la historia no queda clara.
Sin embargo, aunque ponemos el dedo en el renglón en este tema, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoyaremos la iniciativa, porque si bien presenta inconvenientes, será función del secretariado hacer el vaciado de la información que permita obtener datos efectivos para la ulterior localización de la persona. Es cuanto, señor presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Angélica Moya. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús Zúñiga Mendoza.
El diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza: Con la venia, compañera presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vengo en nombre de mi grupo parlamentario a pedirles su apoyo para la aprobación de este dictamen de gran importancia en la contribución social, jurídica y de género de este país.
Esta reforma al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas pretende clarificar la realidad de miles de mujeres en el país, al incorporar las causas adyacentes a la desaparición de niños, de niñas y mujeres de México.
Esto es, propone incorporar un componente atendiendo a una dolorosa realidad, como lo es la desaparición cada vez más frecuente de niñas y mujeres en el territorio nacional.
Ese componente es la violencia de género. Es importante recordar que la violencia contra las mujeres y niñas constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.
En México el Inegi señala que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más, que han tenido al menos una relación de pareja han sido agredidas a lo largo de esa relación.
Un estudio realizado por la red Por los derechos de la infancia en México, señala que de 2012 a 2014 el número de adolescentes mujeres desaparecidas, de entre 15 y 17 años aumentó en 255 por ciento, pasando de 172 a 612.
La discriminación, la violencia, la desigualdad y la misoginia son realidades componentes de la violencia de género que viven miles de mujeres de este país y que desgraciadamente son elementos que fomentan la invisibilización de la desaparición de mujeres.
En muchas ocasiones las mujeres que hoy se encuentran desaparecidas se enfrentaron a distintas formas de violencia de género. Y que al denunciarlo no tuvieron eco en las autoridades o en la sociedad.
De conocerse este tipo, las investigaciones sobre su desaparición contarían con mayor información para su búsqueda y localización.
Por todo lo anterior, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional les pido su apoyo para la aprobación de ese dictamen, que seguramente contribuirá de lo mejor tan importante herramienta en el proceso de investigación. Muchas gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Zúñiga Mendoza. Dentro de la etapa de discusión tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, para hablar a favor de la iniciativa el diputado Vidal Llerenas, del Grupo Parlamentario del Morena.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Con el permiso de la diputada presidenta. A mí en realidad lo que me preocupa y lo que quiero discutir del dictamen que hoy estamos analizando tiene que ver con que, por un lado, se hace una costumbre ya de esta Cámara que estamos aprobando iniciativas más garantistas, que establecen mayores obligaciones al Estado para poder respetar de mejor manera los derechos humanos para poder tener mayor transparencia. Pero, al mismo tiempo, hoy la Comisión
de Seguridad Pública aprobó en positivo la opinión sobre el dictamen de seguridad interior.
En las iniciativas de seguridad interior se establece que la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional, en los términos de la ley de la materia y clasificada de conformidad con ella, y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.
Es decir, lo que hoy estamos aprobando no tendrá lugar si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, en virtud de que una posible violencia de género que sea objeto por parte de las Fuerzas Armadas en el marco de una seguridad interior no será pública la información porque será considerada de seguridad nacional. Es decir, al mismo tiempo en que estamos aprobando una legislación que ofrece más transparencia, estamos discutiendo y aprobando también en comisiones una legislación que quita
Las iniciativas de seguridad interior también dicen que al realizar tareas de inteligencia las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información. Es decir, estamos aprobando o estamos discutiendo una ley que bajo cualquier circunstancia, es decir, posiblemente bajo la tortura y posiblemente bajo la violencia de género, también pueden obtener información.
Me parece que estamos teniendo una discusión incompleta. Nos estamos lavando la cara aprobando iniciativas que supuestamente van a garantizar mayor información y, al mismo tiempo, hoy mismo en una comisión se está dando opinión a favor de una iniciativa de seguridad interior que, por el contrario, va a hacer que esta información, la de las víctimas, las de género, no pueda ser pública en virtud de que se va a clasificar como una iniciativa de seguridad nacional. Es decir, tenemos que actuar
con congruencia e impedir que avancen estas iniciativas tan graves para el país, que van a avanzar simplemente en la militarización con menos controles civiles. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Llerenas. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Está abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? Está abierto el sistema; continúa abierto. ¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, se emitieron 403 votos a favor, 0 en contra. Perdón, perdón, presidenta. De viva voz el diputado César Augusto Rendón.
El diputado César Augusto Rendón García (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Son 404 votos, presidenta, a favor.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se solicita a las señoras y señores diputados un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del señor José Luis Guevara Morales, padre de a diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, acecido el pasado viernes 3 de febrero en Huajuapan de León, Oaxaca.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 19 de la Ley General de Protección Civil; y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Elena Orantes López, para fundamentar el dictamen
de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada María Elena Orantes López: Muy buenas tardes y muchas gracias, presidente. En nombre de las Comisiones Unidas antes mencionadas, y en base al artículo 118 y 136, estamos hoy poniendo a consideración de todos ustedes un dictamen que sin duda alguna podrá transformar y prevenir el tema en los riesgos que de distintos fenómenos puedan ser en los municipios o en las entidades federativas para que puedan las telecomunicaciones en sus modalidades poder dar un servicio a la
Esto, sin duda alguna, facilitará la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil para poder promover todo tipo de mecanismos que eviten la pérdida de telecomunicaciones en la presencia de fenómenos perturbadores.
Esto tiene el objetivo de poder visualmente proceder al auxilio de la población ante fenómenos de todo tipo. Suspenden regularmente las autoridades el servicio de energía eléctrica para poder prevenir otro tipo de accidentes.
Sin embargo esto hace que las torres que permiten la difusión de la señal de telecomunicaciones interrumpan sus operaciones dejando incomunicadas a las ciudadanas y a los ciudadanos.
En consecuencia y en caso de aprobar este dictamen, daremos las facultades a las autoridades conjuntamente con las concesionarias para que puedan haber mecanismos y poder generar la infraestructura para poder dar resultados más satisfactorios. Esto es importante la colaboración del sistema con las telefónicas para poder generar un beneficio a la población, lo cual es estratégicamente necesario y urgente. El objetivo principal de la Comisión de Protección Civil a la que tengo el honor de presidir, es impulsar establecimientos de políticas vinculadas a la gestión de riesgos de desastre.
Dentro de los tres órdenes de gobierno para poderlo fortalecer municipal, estatal y federalmente la previsión, resiliencia a través de los trabajos consolidando unas subcomisiones que en el trabajo legislativo hemos dado para poder responder de manera inmediata a todos los temas que en mi calidad de presidenta hemos realizado y revisado con mis compañeras y compañeros de las distintas fuerzas parlamentarias que trabajamos en la prevención y sobre todo, en las vidas humanas que no pueden
tener un precio.
Las empresas y el gobierno pueden establecer sinergias, pueden coordinar sus actividades y pueden transparentar sus acciones, con esto los esfuerzos se pueden potencializar y fortalecer el Estado mexicano en una atención integral a la población, lo cual puede tener origen en los siniestros y en los riesgos que de manera permanente suscitan en cualquier comunidad o localidad en nuestro país.
En consecuencia, y de hacer viable esta confluencia y de tener el voto a favor de todos los aquí presentes, esto podría ser vinculado a que se faciliten las acciones en los desastres, que las instancias operativas puedan promover una rápida recuperación de las comunicaciones y sus mecanismos de desarrollo.
Es importante manifestar que activa la comunicación, lo cual es fundamental porque eso generará un proceso de prevención, que es el objeto natural de esta comisión a mi cargo eficientarla permanentemente y dar resultados óptimos, pero sobre todo al prevenir es vivir y eso es fundamental en esencia.
Las comunicaciones permiten un enlace de información a las familias y en las zonas de desastre; y es por eso que en Movimiento Ciudadano vemos con buenos ojos este dictamen que votaremos a favor, porque todo lo que pueda hacer para prevenir en el marco de esta Cumbre Mundial, a celebrarse en nuestro país en mayo próximo, será el referente de que estamos listos, a la vanguardia y que sólo nos quedan tareas pendientes, como es poder cumplir con lo signado en los acuerdos internacionales.
Así que, como presidenta de la Comisión de Protección Civil y de Comisiones Unidas, hago propio para poder expresar a todos ustedes su voluntad y su voto a favor de este dictamen tan importante y tan sensible para las familias mexicanas. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Muchas gracias, diputada María Elena Orantes. Previa lectura, consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la diputada María Elena Orantes López a nombre de la comisión. Previa lectura, secretario.
La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Orantes. No tiene sonido en la curul.
La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más expresar que también han solicitado las Comisiones Unidas presentar en este proyecto una modificación al texto del artículo 118, fracción IX, que únicamente diría: Promover los mecanismos de acuerdo a las condiciones operativas y económicas de todos los concesionarios.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada. Estamos solicitando a la Secretaría que dé lectura. Previa lectura, consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura.
Debe decir: Artículo 118, fracción IX. Promover mecanismos de acuerdo a las condiciones operativas y económicas de cada concesionario y protocolos para evitar que los servicios se interrumpan por falta de suministro de energía eléctrica ante situaciones de emergencia y desastres, por un plazo no menor de 48 horas. Es cuanto, diputada presidenta.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión y que se encuentran disponibles en los monitores de sus curules.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, secretario.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: En consecuencia está a discusión en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión, que se encuentran ya en los monitores de sus curules y que son aceptadas por la asamblea.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno. Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la palabra la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola. La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, buenas tardes a todos y a todas y a cada uno de los presentes, así como a quienes nos ven por medio de la señal del Canal del Congreso.
En nuestro país se han registrado múltiples fenómenos naturales catastróficos, en los que miles de personas han perdido la vida. Por mencionar algunos, están las inundaciones en el estado de Tabasco; el sismo del 7 de junio de 2014, en el estado de Chiapas, afectando 3 mil viviendas y distintos planteles escolares, así como edificios de gobierno, etcétera; ciclones y tormentas tropicales, que con frecuencia se presentan en nuestras costas mexicanas.
Los procedimientos y protocolos a seguir por parte de Protección Civil muchas veces no tienen una efectiva difusión para que la ciudadanía sepa qué hacer ante un fenómeno de esta naturaleza.
El dictamen que hoy se presenta a discusión abona a resolver una preocupación que resulta alarmante para muchas familias. Nos referimos a la incertidumbre de los procedimientos y protocolos que deberían seguirse en casos de emergencia.
La propuesta que hoy nos ocupa aporta a grandes beneficios en el desarrollo del sistema de protección civil, estableciendo mecanismos de coordinación entre la coordinación ejecutiva del sistema nacional de protección civil y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Resulta de la más alta relevancia la posibilidad de supervisar que los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión mantengan el respaldo de energía eléctrica para que en caso de un fenómeno perturbador, la ciudadanía sepa cuáles son los protocolos de actuación. Es un avance de gran trascendencia.
El tema de comunicación y protocolo de actuación en situaciones de fenómenos naturales no son tema menor; por lo tanto, los legisladores debemos respaldar toda iniciativa que pretenda fortalecer la capacidad de respuesta de nuestras instituciones para brindar con ello una mayor seguridad a la ciudadanía.
Conscientes que en los últimos años los desastres naturales aumentan en cantidad e intensidad, por lo tanto, el robustecer las medidas de protección bridará la mayor seguridad a las familias mexicanas, quienes contarán con información oportuna y en todo momento de las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad de cada mexicano.
De este modo, los concesionarios tendrán necesariamente que contar con el equipo técnico especializado para no perder la potencia eléctrica y seguir con la transmisión de la información importante a seguir en los casos de emergencia.
Es por ello que en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votaremos en favor del presente dictamen, toda vez que atiende al beneficio de la vida y de las familias mexicanas, temas que nos merecen total atención y respaldo de su seguridad ante los desastres naturales que se presentan en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Garzón Canchola. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, los desastres naturales representan un riesgo latente sobre la población.
En las últimas décadas hemos sido testigos de innumerables de ellos, toda vez que han ido en aumento, tanto en frecuencia como en intensidad y, por consiguiente, en las consecuencias y devastación que dejan a su paso por la tierra.
Dicha situación ha generado la creación de esquemas de prevención, protección y salvaguarda de la integridad de las personas y sus bienes, en caso de ocurrir algún desastre.
Se ha avanzado mucho en la materia a partir del sismo de 1985, día a día los mexicanos vamos adquiriendo una mayor cultura de la protección civil, desde el Estado se concibe como un tema multidisciplinario, ya que contiene aspectos económicos, de participación conjunta entre sociedad y gobierno, de prevención y de educación que se ha reforzado desde diferentes ámbitos.
Hoy, el dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, por el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión va justamente en ese camino.
El objetivo es reformar la ley con el propósito de establecer la obligación para los concesionarios de telecomunicaciones, de contar con respaldo de energía eléctrica que garantice la continuidad de los servicios, al menos por 48 horas, en caso de situaciones de emergencias y desastres.
Recordemos que las telecomunicaciones nos apoyan a estrechar el vínculo social en casos de emergencia, además de la importante labor de generación y transmisión de información, ya que desde los primeros momentos de ocurridos los desastres son, en muchas ocasiones, las única fuente por la cual la población puede enterarse de qué es lo que debe hacer ante el fenómeno y de esta manera salvar vidas.
Por ello, es indispensable que ante la ocurrencia de cualquier desastre se garantice un flujo de información constante que no sea interrumpido por falta de energía eléctrica.
En Nueva Alianza nos hemos pronunciado por la importancia de reforzar la cultura de la prevención y la protección civil, pues si bien no podemos saber a ciencia cierta el momento exacto en el que va a ocurrir un fenómeno natural es necesario que estemos lo mejor preparados posible ante su aparición. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidente.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Méndez Salas. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Estoy orgullosa de pertenecer a esta LXIII Legislatura y me gustaría que los 500 diputados dejáramos huella de nuestro trabajo a beneficio de la gente, que quedara en la historia por haber hecho un bien a los mexicanos y dejar una sociedad más justa e igualitaria.
Con su venia, presidenta. En nuestro país existen aún graves deficiencias en materia de protección civil, fundamentalmente en lo relativo a generar una verdadera y auténtica cultura de la prevención de desastres.
Podríamos señalar que las políticas públicas que se han implementado en esta materia no han sido acertadas, a pesar de que la administración de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, ha señalado que la política pública de la protección civil se ha reorientado de un enfoque reactivo hacia uno preventivo, para fortalecer la capacidad de respuesta, contando con mayores recursos humanos, financieros y materiales, que permitan atender los retos de reducir la vulnerabilidad
ante la presencia de agentes perturbadores.
Menciono esto porque se han tenido experiencias catastróficas recientemente, como la tormenta tropical Ern, que en agosto del año pasado provocó lamentablemente pérdida de vidas y causó importantes estragos que se tradujeron en miles de dólares en pérdidas materiales.
Así, las graves afectaciones y sus secuelas que no pudieron ser prevenidas, pese a que el gobierno federal presume fortalecer el enfoque preventivo del Sistema Nacional de Protección Civil. Por ello es importante fomentar de manera real el enfoque preventivo y las modificaciones a los ordenamientos que se ponen a nuestra consideración, que estimamos contribuirán a lograrlo.
Será importante vigilar que en su momento que tanto el IFT como la Secretaría de Gobernación hagan valer estas disposiciones, mismas que no son vinculatorias para que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones las cumplan y observen.
Porque, de otra manera, no tendrían ningún sentido y las y los usuarios de esas redes que resulten afectados por fenómenos perturbadores no podrán comunicarse con sus familiares o con las propias autoridades en caso de requerir auxilio; lo que desafortunadamente es muy común que suceda y lo que dificulta atender con mayor eficacia los desastres que se presentan, reconociendo que nuestro país se encuentra expuesto a diversos fenómenos, tanto naturales como antropogénicos, que provocan
De todos es sabido que cuando ocurren estos fenómenos, principalmente de naturaleza climática, una constante es la interrupción del suministro de energía eléctrica que de manera inmediata afecta a las redes públicas de telecomunicaciones, que dicho sea de paso en muchos casos el servicio que prestan los concesionarios de estas redes dejan mucho que desear con deficiencias que afectan a las y los usuarios. Sin embargo, es necesario y urgente dar pasos firmes para velar por la seguridad de la
Por tanto, el Grupo Parlamentario de Morena, acompañará con su voto a favor el dictamen que se pone a la consideración de este pleno, ya que compartimos la consideración de las comisiones dictaminadoras en cuanto a que es necesario y deseable que se evite la pérdida de telecomunicaciones ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Margarita Cuata. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Mario Machuca Sánchez.
El diputado Mario Machuca Sánchez: Con su venia, presidenta; diputados, diputadas. Con la finalidad de fundamentar los motivos de nuestro voto a favor del presente dictamen, es necesario referir que de acuerdo con las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, en los últimos años los desastres asociados a los fenómenos naturales han causado un promedio anual de cinco mil muertes, además de daños económicos que superan los tres mil 200 millones de dólares, tan solo en
América Latina y El Caribe, a dicha cifra equivalente a casi la mitad del volumen de los préstamos que concede precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo, habría que sumarle además, los innumerables incidentes de menor escala que acumulan y socavan significativamente el desarrollo local de las comunidades.
En el caso particular de nuestro país, entre 1980 y 1999, se registraron 75 desastres naturales de magnitudes considerables con 10 mil muertos y cientos de miles de damnificados, daños económicos por más de nueve mil 600 millones de dólares, sin contar los efectos indirectos de estos como la interrupción de los flujos de producción y de servicios, los cuales se calculan en al menos 200 millones de dólares anuales.
De igual forma, estadísticas del Inegi señalan que durante el periodo comprendido del año 2000 a 2012 los daños causados por las lluvias, las sequías y huracanes, han ido en aumento en nuestro país y acumulan pérdidas económicas por 284 mil 351 millones de pesos, equivalentes al presupuesto anual que en su conjunto se asignan a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social y a Seguridad Pública.
Terremotos tan devastadores como el de la Ciudad de México en 1985, huracanes como Wilma, Gilberto Stan, Paulina, Odile, Ingrid y Manuel; inundaciones como las sufridas en el estado de Tabasco e innumerables incendios forestales, deben hacernos comprender el grado de exposición de nuestro país ante la potencia de los fenómenos naturales.
Lo anterior genera la necesidad de reconocer que México es altamente vulnerable no solo por la extensión y características de su geografía y diversidad ecosistémica, sino también por la naturaleza y la desigualdad que lamentablemente sigue caracterizando a nuestra sociedad, así como por el proceso rápido de urbanización de muchas de nuestras ciudades.
Dicho reconocimiento debe de implicar necesariamente la planeación, prevención e implementación de políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de la resiliencia de nuestra sociedad para todos desde nuestro respectivo ámbito de competencia y que podamos colaborar para resguardar, proteger y salvar al mayor número de vidas cuando se presenten fenómenos naturales que ponen en riesgo la integridad de nuestra población.
Bajo esta lógica, la consolidación de una cultura de prevención que incluya el diseño de protocolos de acción, los cuales nos indiquen con precisión qué hacer una vez que ha ocurrido un fenómeno perturbador, necesita desde luego aprovechar al máximo los recursos ofrecidos por la tecnología para ponerlos al servicio de la protección civil y lograr con ello que la desesperación derivada de la falta de información cueste más vidas u obstaculice las labores para poner a salvo a la
Es por ello que el dictamen puesto a nuestra consideración es de gran valía, ya que otorga a la Coordinación Nacional de Protección Civil la facultad de promover la colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que todas aquellas concesiones que operen con redes públicas de telecomunicación, tengan un protocolo de suministro de energía de acuerdo con sus condiciones económicas de cada concesión y de operatividad que les permita garantizar la continuidad de sus servicios
frente a situaciones de emergencia y de desastres.
Por lo anteriormente expuesto quienes formamos parte del Partido Verde Ecologista, votaremos a favor del presente decreto pues este, sin duda, contribuye a elevar nuestra capacidad para superar los eventos perturbadores a los que como país estamos expuestos. Muchas gracias, diputadas; es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Mario Machuca. Esta Presidencia saluda con gusto la presencia de invitados especiales de Jiutepec, Morelos, invitados por el diputado Edmundo Javier Bolaños. Sean ustedes bienvenidos.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Lluvia Flores Sonduk.
La diputada Lluvia Flores Sonduk: Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy presentados por las Comisiones Unidas de Protección Civil, y de Comunicaciones, representa el reconocimiento del interés público que tienen las telecomunicaciones en México particularmente.
En la iniciativa original presentada a las comisiones unidas, se propone dotar de una coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, la atribución legal que le permita coordinarse con el Instituto Federal de Telecomunicación, para supervisar a los concesionarios de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión, quienes tendrán que incluir en sus sistemas de suministro, el respaldo de energía eléctrica para la operación de redes públicas de telecomunicaciones, así como
protocolos para prever su uso continuo ante emergencias y desastres naturales.
Por supuesto que en el artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se establecen las pautas que se seguirán en áreas de dicho interés público en situaciones de contingencia, incluyendo ahí los desastres naturales.
En dicho artículo que prevé incluso la opción de requisar las instalaciones y equipamiento con el fin de asegurar las trasmisiones y su contenido –en caso de dichos desastres.
Asimismo, el proyecto de adición que se propone al artículo 19 de la Ley de Protección Civil es pertinente. El Grupo Parlamentario del PRD ha mantenido desde su origen que el interés público de las transmisiones de telecomunicación y radio, debe responder a las necesidades de la población, no solamente se deben de utilizar como un instrumento meramente de comercio.
El proyecto que se nos presenta se encuentra en la esfera de dicho interés público por el que nos hemos mantenido muy atentos. Si bien es lógico pedirle a los concesionarios de las telecomunicaciones que dentro del equipamiento cuenten con los medios para que en caso de interrupción del suministro público de energía, puedan seguir operando con sus propios equipos, particularmente grandes consorcios. Dicho sea de paso que cuentan con los recursos para así hacerlo.
Quiero concluir señalando nuestra posición con mucha claridad, estamos a favor del dictamen por lo que se asegura el interés público de las telecomunicaciones y su continuidad.
Antes de concluir, compañeros y compañeras, quisiera hacer el reconocimiento a la mesa por incluir nuestras observaciones al artículo 118, fracción IX de la Ley de Telecomunicaciones en donde claramente se ve por los que menos tienen. Muchas gracias. Gracias compañeros y compañeras.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Lluvia Flores Sonduk. La Presidencia saluda la presencia del grupo de alumnos de la Universidad Mexicana del Municipio de Nicolás Romero en el estado de México, invitados por la diputada María Monserrath Sobreyra Santos.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, como proponente de esta iniciativa me siento muy contento y muy emocionado, pues muchas han sido las vidas que se han perdido debido a desastres naturales, como: huracanes, terremotos e inundaciones. Generalmente de manera lamentable los grandes perdedores ante estos desastres son aquellos que más indefensos se encuentra, los más pobres, los que se encuentran en comunidades
alejadas y que están ubicados en terrenos de alto riesgo.
Lamentablemente muchas ocasiones la ayuda no puede llegar tan rápido como fuera deseable. Tan sólo por dar un ejemplo, el año pasado la tormenta tropical Earl dejó a su paso 52 personas fallecidas, cientos de lesionados y cuantiosos daños.
En situaciones como éstas son muchas las tareas necesarias, como por ejemplo: la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, brindar asistencia médica a heridos, por lo que la comunicación es un factor de suma importancia para lograr este objetivo.
La población debe contar con servicios indispensables, como es: la telefonía celular y la información. Es necesario que los concesionarios cuenten con equipo tecnológico para que las redes de transmisión no se interrumpan por la falta de suministro eléctrico.
Los diputados y las diputadas del Partido Acción Nacional no olvidamos que don Manuel Gómez Morín decía que debemos usar la política para evitar el dolor evitable, el dolor que puede causar la falta de voluntad o nuestra ineficacia.
El espíritu de esta iniciativa viene de una vivencia personal: en el año 2002, el 22 de septiembre, el huracán Isidoro azotó al estado de Yucatán, en aquel entonces un servidor era presidente municipal de un puerto llamado San Felipe, el cual quedó totalmente inundado e incomunicado.
El sistema RASA de comunicación transmitió, posterior al huracán, por radio y daban los noticieros las noticias que nosotros escuchábamos de que estábamos incomunicados. Ahí teníamos a la población sin alimento, sin rompa, pero no podíamos avisar a las autoridades que urgía la ayuda.
Es por eso, amigas y amigos, que con esto comprobamos que es de mucho beneficio el esfuerzo que hizo sistema RASA para tener la batería suficiente para seguir transmitiendo por radio, pero también hubiera sido de mucha ayuda que contemos con el servicio de teléfonos celulares para comunicarnos.
Por eso celebro hoy este dictamen y por ello les invito a votar a favor, para que los concesionarios que operan redes públicas de comunicaciones incluyan respaldo de energía eléctrica ante fenómenos naturales para evitar que los servicios se interrumpan por falta de suministro de energía eléctrica ante situaciones de emergencia, por un plazo no menor a las 48 horas.
Les agradezco de antemano el apoyo a esta iniciativa con un gran sentido social, para generar dentro de nuestras posibilidades las medidas de apoyo y protección necesarias para evitar que un desastre natural o un accidente se convierta en una tragedia mayor de lo que de por sí ya son. Con esto que aprobamos hoy podemos hacer la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas en una contingencia. Con lo que hoy aprobamos evitaremos el dolor y la muerte de miles de damnificados en futuros desastres. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Joaquín Jesús Díaz Mena. Tiene el uso de la tribuna el diputado Fidel Cristóbal Serrato, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Fidel Cristóbal Serrato: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, nuestra nación no ha estado exenta de desastres naturales, pero ante el dolor y caos que ha habido siempre en la naturaleza, antes los caos habían sido siempre solidaridad y de experiencia, de esta una cultura de prevención que debe de ser esfuerzo y respeto, pues prevenir significa prepararse, anticiparse y estar listos para lo que pueda suceder, y así cambiar
deliberadamente nuestro futuro.
Los priistas queremos un México preparado y con capacidad de respuesta para enfrentar las consecuencias adversas que ocasionan desastres naturales, con base en acciones de prevención. El aprovechamiento de los avances científicos y el uso de la tecnología de punta con la participación conjunta entre gobierno y sociedad.
La protección civil ha sido impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y cuya ministración ha fortalecido los fondos de prevención contra el desastre; ha expedido los lineamientos de acciones contra fenómenos atmosféricos, asimismo ha implementado el número único, el 911, para facilitar la atención inmediata y emergencias.
En consecuencia, con dichas acciones los diputados aprobamos la reforma de la Ley General de Protección Civil, para asegurar que las instituciones públicas y privadas incorporen métodos tecnológicos y digitales en la elaboración y difusión de sus programas de protección civil, garantizar que los responsables creen planes intensos de protección, los vinculen con el Atlas de Riesgo estatal, municipal y donde correspondan.
Cerca del 75 por ciento de la población mundial se encuentra en situación de riesgo ante desastres provocados por fenómenos naturales.
Estimaciones mundiales apuntan que el crecimiento urbano, la degradación ambiental y el calentamiento global aumentarán el impacto de los desastres naturales.
Estamos en un proceso de aprendizaje social con respecto a las telecomunicaciones, radiodifusión, las cuales aún sirven para estrechar el vínculo social en casos de emergencia.
Un claro ejemplo es mi estado de Nayarit, que está expuesto a huracanes. Recordemos en el 2015, con el huracán Patricia, donde las telecomunicaciones y radiodifusión se mantuvieron en funciones en el caso del desastre natural, ocasionando que Patricia no hiciera las afectaciones.
En concreto, en grandes desastres naturales el acceso de la información es tan importante como la disponibilidad de agua potable, alimento, albergues, y resulta muy importante si lo que representa es salvar las vidas.
La decisión temprana de los desastres naturales resulta insuficiente si no se informa rápidamente a la población de la situación de alerta. En este sentido, la infraestructura de comunicación resulta prioritaria en la planificación de respuesta ante riesgos de desastres naturales.
Una vez conocida la existencia de una urgencia, las telecomunicaciones se convierten en el medio que muchos ciudadanos sirven para informarse de la gravedad de la situación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 73, la facultad del Congreso para expedir leyes que establezcan las bases para coordinar acciones en materia de protección civil.
De igual manera, en su artículo 6o. que mandata el Estado, garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
La falta de información y comunicación en las horas posteriores provoca incertidumbre en la sociedad y dificulta la labor de las autoridades encargadas de protegerla, siendo los medios de telecomunicaciones y radiodifusión una herramienta esencial para una oportuna reacción de la sociedad. Deberemos de procurar que esto no ocurra más.
Votaremos a favor del presente dictamen, para que la condición ejecutiva del sistema nacional de protección civil, conjuntamente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, promuevan que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones aseguren el suministro de energía eléctrica para el desarrollo de sus actividades.
Asimismo, para obligar a dichos concesionarios a establecer mecanismos tendentes a garantizar su servicio, que no interrumpan las situaciones e incrementen el desastre no por menos de 48 horas.
Dijera Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz, que construir una cultura de prevención no es fácil, pero sí bien debe realizarse el presente, sus beneficios se hayan en el futuro. Y ahondaré un poquito más, más vale tenerla y no ocuparla, que ocuparla y no tenerla. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cristóbal Serrato. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos en un solo acto.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Continúa abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 374 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 374 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 19 de la Ley General de Protección Civil, y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si son de aprobarse, exceptuando los enlistados con los números 8, 16, 18 y 59.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo que se encuentran en la pantalla de sus curules, exceptuando el número 8, el 16, el 18 y el 59. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la asamblea, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules, los siguientes dictámenes:
1. De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
2. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Acuerdo.
Primero. Se autoriza el uso del salón de sesiones, para que se lleve a cabo el Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, los días 13 y 17 de febrero de 2017. Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Tercero. Se instruye a la Secretaría para las gestiones correspondientes. Firman los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.
En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en los monitores de sus curules distintos cambios de integrantes de comisiones. En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se levanta la sesión (15:34 horas) y se cita para la que tendrá lugar el día martes 14 de febrero de 2017 a las 11:00 horas.