Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/08/registro-oficial-16-de-agosto-del-2000
Timestamp: 2020-08-04 16:38:56
Document Index: 342099698

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 83', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 2']

Disculpas Públicas
Unión de Hecho
Avisos de Utilidades
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Reseñas de Libros Actualizado
Registro Oficial. 16 de AGOSTO del 2000
Miércoles, 16 de agosto de 2000
\n MES DE AGOSTO DEL 2000 \n
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Miércoles 16 de Agosto del 2000
REGISTRO OFICIAL No. 142
DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
FUNCION\n LEGISLATIVA
\n 22-509 Proyecto de Ley de las Personas\n de la Tercera Edad
\n FUNCION\n EJECUTIVA
\n RESOLUCIONES:
\n DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL:
\n 42/2000 Establécense\n las tarifas que deben cobrar los armadores de las embarcaciones\n dedicadas al transporte público regular de pasajeros y\n carga en las rutas comprendidas entre San Lorenzo - La Tola -\n Borbón y Limones
\n SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS:
\n Suspéndese a las siguientes personas para prestar los\n servicios de auditoría interna en las instituciones controladas\n por la Superintendencia de Bancos:
\n SB-INSEF-2000-0688 Sr. Segundo Alba\n Pastillo
\n SB-INSEF-2000-0689 Sra. Leticia Isabel\n Cantos Mendoza
\n SB-INSEF-2000-0690 Señora\n María Teresa Macías Sornoza
\n SB-INSEF-2000-0691 Sr. Vicente Panchana\n Carvajal
FUNCION\n JUDICIAL
CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA\n SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes\n personas:
\n 210-2000 Ramón Donoso y otra\n en contra de Rafael Vaca y otra
\n 212-2000 Digna América Mendieta\n Alvarez en contra de Samuel Rosendo Narea Campoverde y otra
\n 213-2000\n Rosario Cedillo\n Reyes en contra de Rafael Molina y otro
\n 214-2000 Carlota Santamaría\n Pullas en contra de Marina Galárraga Cadena
\n 215-2000 Dr. César Heriberto\n Baldeón Brito en contra de Peregrino Antonio Pabo
\n 218-2000\n Angel Salomón\n Carrera Toapanta en contra de Lidia América Subía\n
\n 219-2000 Dr. Leonardo Castro en contra\n de José Amable Quilligana
\n 222-2000 Angel Guanotoa Casamín\n en contra de Vicente Javier Acosta Paredes
\n 223-2000 Orlando Gonzalo Piedra Ordóñez\n en contra de la Cooperativa de Producción Minera 11 de\n Julio"
\n 224-2000 Beatriz Rivadeneira Guerra\n y otros en contra de Ana Aurora Navarro Quimis y otros
\n 227-2000 Manuel Antonio Núñez\n Herrera en contra de Héctor Amable Puertas y otra
\n 228-2000 Gladys Barragán Jácome\n Vda. de Villalba en contra de Luis Jiménez Moya
\n 229-2000 Ubaldo Darío Ledesma\n en contra de Juana Isolina Oviedo y otros
\n 231-2000\n Lilián\n Carmita Chamorro en contra de Juan Bosco Becerra
\n 232-2000 Luis Gilberto Bermeo Vásquez\n en contra de Ana María Vásquez y otros
\n 233-2000 Angel Alfonso Barrera Clavijo\n y otros en contra de Carlos Paucar y otra
\n ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n Cantón\n 24 de Mayo: Para la determinación, administración\n y recaudación del impuesto a los predios urbanos
\n Cantón Echeandía: Para\n el cobro del impuesto a los vehículos
CONGRESO\n NACIONAL
EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA
NOMBRE: "DE LAS PERSONAS DE LA\n TERCERA EDAD".
CODIGO: 22 - 509.
AUSPICIO: H. ANUNZIATTA VALDEZ LARREA
INGRESO: 02 - 08 - 2000.
COMISION: DE LA MUJER, EL NIÑO,\n LA JUVENTUD Y LA FAMILIA.
FECHA DE ENVIO
\n A COMISION: 03 - 08 - 2000.
La Constitución Política del Estado, en la Sección\n Quinta, artículo 54 dice: "El Estado garantizará\n a las personas de la tercera edad y a los jubilados, el derecho\n a asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno,\n atención integral gratuita y tratamiento preferente tributario\n y en servicios".
OBJETIVOS BASICOS:
Con este objetivo, según recomendaciones de la Organización\n Panamericana de la Salud, debemos reconocer a las personas de\n la tercera edad como recursos valiosos, permitirles tener una\n participación activa en el proceso de desarrollo, brindarles\n atención y promoción de salud adecuadas, fomentar\n la solidaridad intergeneracional.
CRITERIOS:
Asimilando las recomendaciones nacionales sobre las aspiraciones\n de mejoramiento social y las internacionales, dedicadas a este\n tema, que consideran necesario alentar la solidaridad y apoyo\n mutuo entre las personas de todas las edades, lo que aumentará\n la proyección social a través de las generaciones\n y mejorará la calidad de vida de todos, permitiendo el\n enriquecimiento socioeconómico de la nación.
f.) Rothman Valdospinos, Director General Legislativo.
No. 42/2000
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA Y DEL\n LITORAL
Que es necesario actualizar las tarifas de fletes vigentes\n para el transpone de pasajeros y carga en las rutas comprendidas\n entre San Lorenzo - La Tola, Borbón y Limones o viceversa,\n aprobadas mediante la Resolución No. 684199 del 10 de\n mayo de 1999, publicada en el Registro Oficial No. 212 del 15\n de junio de 1999, debido a las variaciones económicas\n en el país, como consecuencia de las nuevas disposiciones\n contenidas en la Ley de Transformación Económica\n del país, y,
En uso de la facultad que le concede el Art. 7°, literales\n k) y l) de la Ley General del Transporte Marítimo y Fluvial,
Art. 1°.- Establecer las siguientes tarifas que deben\n cobrar los armadores de las embarcaciones dedicadas al transpone\n público regular de pasajeros y carga en las rutas comprendidas\n entre San Lorenzo - La Tola - Borbón y Limones
(Anexo 16AGT1;2)
Art. 2°.- Los pasajeros de la tercera edad, los menores\n de 12 años, estudiantes y profesores pagarán el\n 50% de la tarifa establecida en el Art. 1°, literal A).
Art. 3°.- Las tarifas fijadas incluyen el derecho de todo\n pasajero a transportar hasta un máximo de 25 libras como\n equipaje personal.
Art. 4°.- Fijar las siguientes tarifas para viajes ocasionales\n contratados bajo la modalidad de flete en las siguientes rutas:
(Anexo 16AGT3;4)
Art. 5°.- Los transportistas o armadores deberán\n colocar obligatoriamente en un lugar visible de la embarcación\n una copia completa de esta resolución.
Art. 6°. - Se prohibe cualquier tipo de discriminación\n en el transporte de pasajeros y su equipaje.
Art. 7°.- El Capitán de Puerto de San Lorenzo y\n los jefes de los retenes navales de Limones y Borbón serán\n los encargados de hacer cumplir la presente resolución,\n la misma que entrará en vigencia a partir del 5 de agosto\n del 2000 sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial.
Art. 8°.- Derógase la Resolución No. 684/99\n del 10 de mayo de 1999.
Dada en Guayaquil, en la Dirección General de la Marina\n Mercante y del Litoral, a los veinte y seis días del mes\n de julio del año dos mil.
f) Gonzalo Vega Valdiviezo, Contralmirante, Director General.
No. SB\n - INSEF - 2000 - 0688
Pedro Delgado Campaña
\n INTENDENTE NACIONAL DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS
Que según lo dispuesto en el artículo 83 de\n la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, toda\n institución del sistema financiero tendrá un auditor\n interno, calificado en cuanto a su idoneidad y experiencia por\n la Superintendencia de Bancos;
Que mediante Resolución No. SB - 98 - 707 de 20 de\n mayo de 1998, se calificó al señor Segundo Alba\n Pastillo, portador de la cédula de ciudadanía No.\n 070075835 - 2, como auditor interno en las entidades sujetas\n al control de la Superintendencia de Bancos;
Que mediante memorando No. DM - 2000 - 072 de 29 de mayo del\n 2000, la Dirección Nacional de Informática ha informado\n que el señor Segundo Alba Pastillo, portador de la cédula\n de ciudadanía No. 070075835 - 2, registra monto vencido\n de 91 a 180 días por S/. 695.000 y monto vencido de 181\n días a 1 año por la suma de S/. 1.042.000, en Diners\n Club del Ecuador;
Que con memorando No. 2000 - CHE - 124 de 24 de mayo del presente\n año, el administrador de cuentas corrientes cerradas,\n informa que el señor Segundo Alba Pastillo, portador de\n la cédula de ciudadanía No. 070075835 - 2, registra\n el cierre y protesto de 5 cheques en la cuenta corriente 577332\n del Banco del Pacífico con fecha 13 de mayo de 1999;
Que el numeral 1.2 del artículo 1, de la Sección\n V "Sanciones' del Capítulo II "Normas para la\n calificación de los auditores internos de las entidades\n sujetas al control de la Superintendencia de Bancos", del\n Subtítulo III "Auditorias", del Título\n VIII "De la contabilidad, información y publicidad"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria dispone que los auditores internos\n estarán sujetos a la "Suspensión temporal\n en el ejercicio de sus funciones, por reiterada negligencia,\n o por incumplimiento de las normas legales y reglamentarias pertinentes,\n o en caso de que incurra en una o más de las incompatibilidades\n señaladas en este capítulo";
Que conforme lo señalan los numerales 1.5, 1.6 y 1.12\n del artículo 1, de la Sección II "De las prohibiciones"\n del citado Capítulo, "No podrán actuar como\n auditores internos: ... 1.5 Los que se hallen en mora directa\n o indirectamente, con las instituciones del sistema financiero\n y entidades de seguros o reaseguros, hasta dos años después\n de la cancelación de los haberes debidos;";... 1.6\n Los que sean titulares de cuentas corrientes cerradas que no\n se hayan rehabilitado, hasta dos años después de\n su rehabilitación"; y ... 1.12 Los que registren\n cheques protestados pendientes de justificar"; y,
En ejercicio de sus atribuciones legales,
Artículo. 1. - Suspender al señor Segundo Alba\n Pastillo, para prestar los servicios de auditoria interna en\n las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos,\n por el periodo de dos años contados a partir de la expedición\n de esta resolución, por encontrarse incurso en la causal\n prevista en el numeral 1.2 del artículo 1, de la Sección\n V "Sanciones", del Capítulo II "Normas\n para la calificación de los auditores internos de las\n entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos,\n del Subtítulo III "Auditorias", del Título\n VIII "De la contabilidad, información y publicidad"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria.
Artículo. 2. - Reformar en este sentido la Resolución\n No. SB - 98 - 707 de 20 de mayo de 1998.
Artículo. 3. - Disponer que se tome nota de la presente\n resolución al margen del registro y se comunique del particular\n a todas las entidades controladas por la Superintendencia de\n Bancos y a la Superintendencia de Compañías.
Artículo. 4. - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n al primer día del mes de agosto del año dos mil.
f.) Pedro Delgado Campaña, Intendente Nacional de Supervisión\n de Entidades Financieras.
Lo certifico. - Quito, Distrito Metropolitano, al primer día\n del mes de agosto del año dos mil.
f.) Fernando Mera Espinosa, Secretario General, (E).
Superintendencia de Bancos.
Certifico que es fiel copia del original.
f.) Fernando Mera Espinosa, Secretario General, encargado.\n 1 de agosto del 2000.
No. SB\n - INSEF - 2000 - 0689
Que mediante Resolución No. INCOP - 97 - 0 143 de 29\n de mayo de 1997, se calificó a la señora Leticia\n Isabel Cantos Mendoza, portadora de la cédula de ciudadanía\n No. 130215539 - 3, como auditora interna en las cooperativas\n de ahorro y crédito sujetas al control de la Superintendencia\n de Bancos;
Que el numeral 1.2 del artículo I, de la Sección\n V "Sanciones", del Capítulo II "Normas\n para la calificación de los auditores internos de las\n entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos,\n del Subtítulo III "Auditorias", del Título\n VIII "De la contabilidad, información y publicidad"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria dispone que los auditores internos\n estarán sujetos a la "Suspensión temporal\n en el ejercicio de sus funciones, por reiterada negligencia,\n o por incumplimiento de las normas legales y reglamentarias pertinentes,\n o en caso de que incurra en una o más de las incompatibilidades\n señaladas en este capítulo;";
Que conforme lo señalan los numerales 1.5 y 1.12 del\n artículo 1, de la Sección II "De las prohibiciones\n del citado capítulo, "No podrán actuar como\n auditores internos:... 1.5 los que se hallen en mora directa\n o indirectamente, con las instituciones del sistema financiero\n y entidades de seguros o reaseguros, hasta dos años después\n de la cancelación de los haberes debidos;" y .1.12\n los que registren cheques protestados pendientes de justificar";
Que la Intendencia Nacional de Informática, ha informado\n que la señora Leticia Isabel Cantos Mendoza, portadora\n de la cédula de ciudadanía No. 130215539 - 3, registra\n monto en demanda judicial como garante y monto en cartera castigada\n como garante por la suma de S/. 2.500.000 en el Banco del Pichincha;
Que el Administrador de cuentas corrientes cerradas ha informado\n que la señora Leticia Isabel Cantos Mendoza, portadora\n de la cédula de ciudadanía No. 130215539 - 3, registra\n cinco cheques protestados pendientes de justificar;
Que al registrar monto en cartera castigada y demanda judicial\n como garante, y cinco cheques protestados pendientes de justificar\n la señora Leticia Isabel Cantos Mendoza, está incursa\n en la prohibición señalada en el numeral 1.2 del\n artículo 1, de la Sección V "Sanciones",\n del Capítulo II "Normas para la calificación\n de los auditores internos de las entidades sujetas al control\n de la Superintendencia de Bancos, del Subtítulo III "Auditorías",\n del Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria; y,
Artículo 1. - Suspender a la señora Leticia\n Isabel Cantos Mendoza, para prestar los servicios de auditoría\n interna en las instituciones controladas por la Superintendencia\n de Bancos, por el periodo de dos años contados a partir\n de la expedición de esta resolución, por encontrarse\n incursa en la causal prevista en el numeral 1.2 del artículo\n 1, de la Sección V "Sanciones", del Capítulo\n II "Normas para la calificación de los auditores\n internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia\n de Bancos, del Subtítulo III "Auditorías",\n del Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria.
Artículo 2. - Reformar en este sentido la Resolución\n No. INCOP - 97 - 0 143 de 19 de mayo de 1997.
Artículo 3. - Disponer que se tome nota de la presente\n resolución al margen del registro y se comunique del particular\n a todas las entidades controladas por la Superintendencia de\n Bancos y a la Superintendencia de Compañías.
Artículo 4. - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito Distrito Metropolitano,\n al primer día del mes de agosto del año dos mil.
f) Pedro Delgado Campaña, Intendente Nacional de Supervisión\n de Entidades Financieras.
Lo certifico.
Quito, Distrito Metropolitano, al primer día del mes\n de agosto del año dos mil.
f) Fernando Mera Espinosa, Secretario General (E).
f.) Fernando Mera Espinosa, Secretario General, encargado.
1 de agosto del 2000.
No. SB\n - INSEF - 2000 - 0690
Que mediante Resolución No. SB - 96 - 0443 de 2 de\n agosto de 1996, se calificó a la señora María\n Teresa Macías Sornoza, portadora de la cédula de\n ciudadanía No. 130045333 - 7, como auditora interna en\n las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos;
Que el numeral 1.2 del artículo 1 de la Sección\n V "Sanciones", del Capítulo II "Normas\n para la calificación de los auditores internos de las\n entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos,\n del Subtítulo III "Auditorías", del Título\n VIII "De la contabilidad, información y publicidad"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria dispone que . los auditores\n internos estarán sujetos a la "Suspensión\n temporal en el ejercicio de sus funciones, por reiterada negligencia\n o por incumplimiento de las normas legales y reglamentarias pertinentes,\n o en caso de que incurra en una o más de las incompatibilidades\n señaladas en este capítulo;";
Que conforme lo señalan los numerales 1.5 y 1.12 del\n artículo 1, de la Sección II "De las prohibiciones"\n del citado Capítulo, "No podrán actuar como\n auditores internos:... 1.5 Los que se hallen en mora directa\n o indirectamente, con las instituciones del sistema financiero\n y entidades de seguros o reaseguros, hasta dos años después\n de la cancelación de los haberes debidos y ... 1.12 los\n que registres cheques protestados pendientes de justificar";
Que la Intendencia Nacional de Informática mediante\n memorando No. INI - 2000 - 190 de 12 de abril del 2000, ha informado\n que la señora María Teresa Macías Sornoza,\n portadora de la cédula de ciudadanía No. 130045333\n - 7, registra monto vencido de 60 a 90 días por la suma\n de S/. 300.000 en el Filanbanco;
Que el Administrador de cuentas corrientes cerradas mediante\n memorando No. 2000 - CHE - 085 de 13 de abril del presente año,\n informa que la señora María Teresa Macías\n Sornoza, portadora de la cédula de ciudadanía No.\n 130045333 - 7, registra tres cheques protestados en la cuenta\n corriente 85000685 del Banco del Pichincha;
Que al registrar cartera vencida y cheques protestados pendientes\n de justificar, la señora María Teresa Macías\n Sornoza, está incursa en la prohibición señalada\n en el numeral 1.2 del artículo 1, de la Sección\n V "Sanciones", del Capítulo II "Normas\n para la calificación de los auditores internos de las\n entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos",\n del Subtítulo III "Auditorías", del Título\n VIII "De la contabilidad, información y publicidad"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria; y,
Artículo 1. - Suspender a la señora María\n Teresa Macías Sornoza, para prestar los servicios de auditoría\n interna en las instituciones controladas por la Superintendencia\n de Bancos, por el periodo de dos años contados a partir\n de la expedición de esta resolución, por encontrarse\n incursa en la causal prevista en el numeral 1.2 del artículo\n I, de la Sección V "Sanciones", del Capítulo\n II "Normas para la calificación de los auditores\n internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia\n de Bancos, del Subtítulo III "Auditorías",\n del Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria.
Artículo 2. Reformar en este sentido la Resolución\n SB - 96 - 0443 de 2 de agosto de 1996.
Artículo 4. - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
f.) Fernando Mera Espinosa, Secretario General (E).
No. SB\n - INSEF - 2000 - 691
Que mediante Resolución No. SB - 98 - 056 1 de 2 de\n febrero de 1998, se calificó al señor Vicente Panchana\n Carvajal, portador de la cédula de ciudadanía No.\n 090501927 - 9, como auditor interno en las entidades sujetas\n al control de la Superintendencia de Bancos;
Que el numeral 1.2 del artículo 1, de la Sección\n V "Sanciones", del Capítulo II "Normas\n para la calificación de los auditores internos de las\n entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos",\n del Subtítulo III "Auditorías", del Título\n VIII "De la contabilidad, información y publicidad"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria dispone que los auditores internos\n estarán sujetos a la "Suspensión temporal\n en el ejercicio de sus funciones, por reiterada negligencia,\n o por incumplimiento de las normas legales y reglamentarias pertinentes,\n o en caso de que incurra en una o más de las incompatibilidades\n señaladas en este capítulo;";
Que conforme lo señalan los numerales 1.5 del artículo\n 1, de la Sección II "De las prohibiciones" del\n citado capítulo, "No podrán actuar . como\n auditores internos: ... 1.5 los que se hallen en mora directa\n o indirectamente, con las instituciones del sistema financiero\n y entidades de seguros o reaseguros, hasta dos años después\n de la cancelación de los haberes debidos";
Que la Intendencia Nacional de Informática, ha informado\n que el señor Vicente Panchana Carvajal, portador de la\n cédula de ciudadanía No. 09050 1927 - 9, registra\n monto vencido de 60 a 90 días en el Banco del Pacífico,\n por la suma de S/. 179.000; y, monto vencido de 91 a 180 días\n y de 181 a 1 año en el Banco del Austro, por la suma de\n S/. 9.448.000 y S/. 15.572.000, respectivamente;
Que al registrar cartera vencida, el señor Vicente\n Panchana Carvajal, está incurso en la prohibición\n señalada en el numeral 1.2 del artículo 1 de la\n Sección V "Sanciones", del Capítulo II\n "Normas para la calificación de los auditores internos\n de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de\n Bancos, del Subtítulo III "Auditorías",\n del Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria; y,
Articulo 1. - Suspender al señor Vicente Panchana Carvajal,\n para prestar los servicios de auditoría interna en las\n instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos,\n por el período de dos años contados a partir de\n la expedición de esta resolución, por encontrarse\n incurso en la causal prevista en el numeral 1.2 del artículo\n 1, de la Sección V "Sanciones", del Capítulo\n II "Normas para la calificación de los auditores\n internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia\n de Bancos, del Subtítulo III "Auditorías",\n del Título VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria.
Artículo 2. - Reformar en este sentido la Resolución\n SB - 98 - 0561 de 2 de febrero de 1998.
Quito Distrito Metropolitano, al primer día del mes\n de agosto del año dos mil.
f) Fernando Mera Espinosa, Secretario General, encargado.\n 1 de agosto del 2000.
No. 210\n - 2000
ACTORES: Ramón Donoso y otra.
\n DEMANDADOS: Rafael Vaca y otra.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, 26 de junio del 2000; las 10h00.
VISTOS: La parte demandada interpone recurso de casación,\n impugnando la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Ibarra, fs. 2 y vta., que confirma la\n del inferior fs. 13 y vuelta, que acepta la demanda, en el juicio\n ejecutivo que por dinero sigue Ramón Donoso en contra\n de Rafael Vaca y otra. Encontrándose la causa en estado\n de resolver se considera: PRIMERO. - La Sala es competente para\n conocer de esta causa en virtud del sorteo realizado y en su\n trámite no se observa vicios ni omisión de solemnidad\n sustancial alguna que puedan influenciar en su decisión,\n por lo que se declara su validez. SEGUNDO.- Este Tribunal tiene\n la facultad de revisar o volver a examinar los aspectos materiales\n o circunstanciales de admisibilidad del recurso de casación\n que ha sido concedido por el Tribunal inferior. TERCERO. - A\n la fecha de presentación del recurso estaba en vigencia\n la Ley de Casación constante en el Registro Oficial No.\n 192 de 18 de mayo de 1993, habiendo esta Sala aceptado al trámite\n el recurso y sustanciado conforme lo determina la ley, corresponde\n a esta Sala pronunciarse sobre lo principal, en aplicación\n de la parte final del numeral 20 del Art. 7 del Código\n Civil, que de manera taxativa determinaba que "las actuaciones\n y diligencias que ya estuvieron comenzadas se regirán\n por la Ley que estuvo entonces vigente", atento al principio\n de irretroactividad de la ley, conceptos que nos obligan a considerar\n los puntos constantes en el recurso. CUARTO. - Sí bien\n es cierto, que con la vigencia de la Ley Reformatoria a la Ley\n de Casación de 8 de abril de 1997, se limita la procedencia\n del recurso de casación a los juicios de conocimiento\n y que en ese sentido esta Sala ha resuelto rechazar aquellos\n recursos interpuestos en los juicios ejecutivos con posterioridad\n a dichas reformas, con la variante de que este Ministerio ha\n aceptado a trámite aquellos recursos interpuestos en esta\n clase de juicios con anterioridad a la vigencia de las reformas\n a la Ley de Casación, no es menos cierto que la intención\n del Legislador fue la de evitar el abuso de este recurso especialmente\n en estos juicios de cumplimiento o de ejecución, y que\n se ha convertido en un mecanismo de postergación del cumplimiento\n de las obligaciones por parte de los ejecutados, más no\n la de coartar el legítimo derecho de los ejecutantes para\n recabar de sus deudores las correspondientes obligaciones con\n respaldo en un título ejecutivo. De no ser esa la intención\n del Legislador, le estaría dando paso a una serie de injusticias\n y hasta malos entendidos. QUINTO. - En la especie, revisado el\n escrito contentivo del recurso de casación, se observa\n que éste no cumple con los requisitos formales y obligatorios\n determinados en el Art. 6 de la ley de la materia, pues el recurrente\n en el escrito de interposición del recurso fs. 3 y vuelta,\n del cuaderno de segunda instancia, menciona las causales en las\n que fundamenta su recurso; pero no complete explícitamente\n por cuál de los vicios contenidos en las causales invocadas\n impugna el fallo del Tribunal ad-quem toda vez que cada uno de\n ellos goza de autonomía e indivisibilidad, advirtiendo\n además que son juicios contradictorios y excluyentes entre\n sí. Adicionalmente se observa que examinado el fallo impugnado,\n deducido en base a la escritura de hipoteca cerrada, se determina\n que éste se halla comprendido entre los documentos considerados\n como títulos ejecutivos por los Arts. 423 y 425 del Código\n de Procedimiento Civil. Por tales consideraciones, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se rechaza el recurso de casación interpuesto, ordenando\n se baje el proceso al inferior para los fines legales correspondientes.\n -Notifíquese, devuélvase.
Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, (Voto Salvado),\n Olmedo Bermeo Idrovo y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros\n Jueces y Secretario Relator que certifica.
VOTO SALVADO DEL SEÑOR MINISTRO JUEZ DOCTOR BOLIVAR\n VERGARA ACOSTA, EN EL JUICIO No. 398 - 94.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, una vez radicada\n la competencia por el resorteo de ley, efectuado el 22 de febrero\n de 1996 (fs. 4 de este cuaderno), el recurso de casación\n interpuesto por los demandados vencidos: Rafael Vinicio Vaca\n y Enma de Lourdes Suquillo (fs. 3 y vta, de segunda instancia),\n dentro del juicio ejecutivo iniciado en base del contrato de\n mutuo contenido en la escritura pública de hipoteca cerrada,\n donde se consigna la obligación de pagar diez millones\n de sucres e intereses (fs. 1 a 2 de primera instancia), seguido\n en su contra por Ramón Merino Donoso Avila y Lidia Mercedes\n Ofelio Galeano. Encontrándose la causa en estado de resolver,\n al hacerlo se considera: PRIMERO. - El Art. 2 de la Ley Reformatoria\n a la Ley de Casación, promulgada en el R.O. No. 39: 8.4.97,\n prescribe: "Art. 2. - Procedencia. - El recurso de casación\n procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesados\n de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los\n tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo.\n Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por\n dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de\n las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales\n providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en\n el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado...".\n La disposición transcrita habla de los "procesos\n de conocimiento", que no han sido definidos por el Legislador,\n ni tampoco lo ha hecho la jurisprudencia nacional, siendo necesario,\n para precisar su significado y alcance acudir a la ciencia jurídica,\n por tratarse de un tecnicismo procesal. En este sentido, Vicente\n y Caravante, en su obra "Tratado Histórico, Critico\n y Filosófico de los Procedimientos Judiciales", Tomo\n III, Pág. 257 dice: "Por oposición y a diferencia\n de los "procesos de conocimiento", el "proceso\n ejecutivo", no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos,\n sino a llevar a efecto los que se hayan reconocidos por actos\n o en títulos de tal fuerza que constituyen una vehemente\n presunción de que el derecho del actor es legítimo\n y está suficientemente probado para que sea, desde luego\n entendido". Igualmente, Francisco Beceña, en su obra\n "Los Procedimientos ejecutivos en el Derecho Procesal Español",\n Págs. 82 y 83, señala las diferencias entre los\n procesos de conocimiento y los procesos de ejecución,\n expresando, en síntesis, que en el ejecutivo: "su\n especialidad consiste, hasta ahora, en que en limine litis se\n decreta lo que en el procedimiento ordinario es contenido en\n la decisión final. En los procedimientos ordinarios las\n decisiones ejecutivas son siempre tomadas después de agotado\n el período de declaración y sin posibilidad de\n volverse a reproducir.". En síntesis el ejecutivo:\n produce efectos irrevocables; éste permite que se pase\n el juicio ordinario para que se estudien las excepciones que\n no han sido materia de la sentencia en aquel (Gaceta Judicial,\n Serie X, No. 8, Pág. 2835), cuanto más que se basa\n la acción deducida en una escritura de hipoteca cerrada,\n donde se consagra o reconoce un derecho, a recibir dinero en\n la obligación de dar. SEGUNDO. - La Ley de Casación\n siendo procedimental es de derecho público estricto y,\n de interpretación y aplicación exacta y restrictiva,\n delimitando la procedencia del recurso de casación a las\n sentencias dictadas en los "procedimientos de conocimiento",\n resultando arbitrario que los tribunales extiendan para comprender\n a las pronunciadas en los procesos de ejecución, dándoles\n un alcance que es legalmente prohibido. TERCERO. - El Art. 7,\n regla 20ma. del Código Civil, al hablar sobre los efectos\n de la ley en el tiempo, el problema de la retroactividad, dice:\n "Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad\n de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento\n en que deben comenzar a regir. Pero los términos que hubieren\n comenzado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren\n comenzadas, se regirán por la ley que estuvo entonces\n vigente". En tal virtud, no se puede confundir la concesión\n del recurso de casación por el Tribunal de Alzada, como\n la situación de excepción dispuesta por el Legislador\n en la citada norma sustantiva, basta tener presente: 3.1: Los\n Arts. 307 y 309 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente,\n definen a los términos y regulan la forma de contar el\n lapso fijado. 3.2: Aunque nuestra legislación expresamente\n no da una definición de las palabras "actuaciones\n y diligencias judiciales", surgen algunos elementos de sus\n pertinentes conceptos, cuando en algunos cuerpos legales son\n utilizados por nuestro Legislador; así en los Arts. 183\n (r), 117 y 122 de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial y el Art. 26 del Reglamento sobre Procesos y Actuaciones\n Judiciales. En conclusión, las actuaciones o diligencias\n judiciales son las actividades propias del Juez, actuario, litigantes\n y más auxiliares que individual o colectivamente que intervienen\n en un proceso, en aplicación de la ley, como por ejemplo:\n certificaciones, citaciones, notificaciones, actas, escritos,\n informes, copias, constancia de actos procesales, etc. La Enciclopedia\n Jurídica OMEBA, al respecto dice: "Para algunos autores\n las actuaciones son actos de formación, integrados por\n la transcripción de un documento o de un hecho del que\n se quiere dejarle debida constancia (actos de documentación),\n y por la unión a los actos o expedientes de un documento\n previamente escrito (actas de incorporación)" (Tomo\n I, Pág. 446). Además, conceptúa a las diligencias\n judiciales en: "las actuaciones que realizan, dentro de\n un determinado proceso judicial, el Juez, sus auxiliares o comisionados\n legales y las partes interesadas o sus representantes" (Tomo\n VIII, Pág. 847). En conclusión, las diligencias\n y actuaciones judiciales no pueden confundirse con una etapa\n procesal, ni acto procesal, ni mucho menos con el proceso, son\n apenas una serie de actividades de los sujetos que intervienen\n en el juicio, una parte documental y fehaciente de los actos\n procesales practicados principalmente. 3.3: Nuestra Corte Suprema\n ha reconocido con relación a la retroactividad de las\n leyes procesales, al doctor Juan Isaac Lovato, que acerca de\n la vigésima regla comenta: "El procedimiento, por\n regla general, se ha de sujetar a la Ley vigente al tiempo de\n aplicarse, salvo la excepción establecida por nuestro\n código, y que se justifica por el hecho de que un término,\n una actuación, una diligencia constituyen una unidad,\n una individualidad que no puede ni debe dividirse para que a\n una de sus partes, se aplique la ley anterior, y a otra la ley\n posterior" (Tomo 1, Segunda Edición Pág, 150).\n En la especie, el recurso fue concedido por el inferior la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Ibarra, es decir en el imperio de\n la Ley de Casación (RO. No. 192: 18.5.93); pero, no es\n menos cierto, que la reformatoria (R.O: No. 39: 8.4.97), modifico\n el requisito de procedencia, que es eminentemente procedimental\n o de ritualidad y sustanciación, y, que tampoco contempla\n los casos de excepción sobre términos y actos procesales,\n que dan efecto ulterior a la ley derogada, originando inexorablemente,\n por ser de orden público, la aplicación efectiva\n de la ley vigente. CUARTO. -Adicionalmente, revisado el escrito\n que contiene el recurso de casación, éste realiza\n una enumeración general de normas adjetivas que considera\n infringidas por el Tribunal de Alzada, y fundamente su recurso\n en las causales Ira. y 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación,\n sin señalar de forma clara y concreta el vicio que impute\n al Tribunal inferior perpetró al dictar la sentencia cuestionada,\n esto es, ha sido aplicada indebidamente, no aplicada o erróneamente\n interpretada, tomando imposible el accionar de la Sala de Casación.\n Por lo expuesto, esta Segunda Sala de lo Civil, rechaza el recurso\n de casación, por falta de procedencia, ordenando devolver\n el proceso al inferior. Sin costas, ni multas, ni daños\n y perjuicios. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta (Voto Salvado),\n Olmedo Bermeo Idrovo y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros\n Jueces; y, Secretario Relator que certifica.
RAZON: Las cinco copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 398 - 94 que sigue\n Ramón Donoso y otra contra Rafael Vaca y otra. Resolución\n 213 - 2000.
Quito, 26 de julio del 2000.
f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.
No. 212 - 2000
ACTORA: Digna Mendieta Alvarez.
\n DEMANDADOS: Samuel Campoverde y otra.
Quito, a 26 de junio del 2000; las 10h20.
VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. - En lo principal, la actora Digna América\n Mendieta Alvarez, ha interpuesto recurso de casación el\n 11 de abril de 1996, fs. 37 y 38 del cuaderno de segundo nivel,\n objetando la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia\n del Cañar, el 28 de marzo de 1996, notificada el mismo\n día, fs. 35, 36 y 36 vta, del cuaderno de mismo nivel,\n en que confirma el fallo dictado por el señor Juez Cuarto\n de lo Civil de Azogues, dentro del juicio ordinario que por rescisión\n de contrato escriturario signe contra Samuel Rosendo Narea Campoverde\n y Florencia Adelaida Mendieta Méndez. El recurso ha sido\n concedido el 8 de mayo de 1996, y se radicó la competencia\n por sorteo de 17 de abril del 2000. Con estos antecedentes, en\n aplicación al mandato del Art. 7 de la Ley Reformatoria\n a la Ley de Casación, publicada en el R.O. No. 39 de 8\n de abril de 1997, corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad\n del recurso y examinado el escrito de Digna María América\n Mendieta Alvarez en que interpone recurso de casación,\n se establece: que reúne los requisitos de procedencia,\n oportunidad y legitimación previstos en los Arts. 2, 4\n y 5 reformados de la Ley de Casación, mas no cumple con\n las exigencias de formalidades prescritas en el Art. 6 de la\n Ley de Casación. Pues la recurrente no cumple con los\n numerales 1, 2, 3 y 4 establecidos por el Art. 6 de la Ley de\n Casación; puesto, que no consta la indicación de\n la sentencia o auto recurridos, con individualización\n del proceso en que dictó y las partes procesales; no indica\n las normas de derecho en que se estiman infringidas o las solemnidades\n del procedimiento que se hayan omitido; tampoco determina las\n causales en que se funda y los fundamentos en que apoya su recurso;\n ni cita en cual de los vicios que traen esas disposiciones. Es\n decir, no satisface las exigencias requeridas por la ley para\n su admisibilidad, al no precisar la forma en la cual se han violentado\n dichas normas; consecuentemente, este Tribunal no puede establecer\n si se han infringido las normas alegadas por la impugnante. Por\n lo expuesto y al encontrarse ausencia de una exposición\n razonada de los fundamentos que sirven de sustentación\n para la procedencia del recurso interpuesto, se rechaza dicho\n recurso de casación, por falte de requisitos anotados.\n Notifíquese.
Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces; y, Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
RAZON: La copia que antecede es igual y fue tomada del juicio\n original No. 101 - 2000, que sigue Digna América Mendieta\n Alvarez, contra Samuel Narea Campoverde y otra. Resolución\n No. 212 - 2000. - Quito, a 26 de julio del 2000.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.
No. 213\n - 2000
ACTOR: Rosario Cedillo Reyes.
\n DEMANDADOS: Rafael Molina Guerrero y Abel Merchán Suárez.
Quito, a 27 de junio del 2000; las 09h00.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, el recurso\n de casación interpuesto por Rosario Cedillo Reyes, dentro\n del juicio ordinario que por nulidad de contrato sigue en contra\n de Rafael Molina y Abel Merchán, encontrándose\n la causa en estado de dictar sentencia para hacerlo se hace las\n siguientes consideraciones: PRIMERO. - Esta Sala es competente\n para conocer y resolver la presente causa en virtud del mandato\n constitucional constante en el Art. 200 en relación con\n el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - La recurrente\n fundamente su acción en las causales primera, tercera,\n cuarta y quinta del Art. 3 de la Ley de Casación. Siendo\n el deber de esta Sala absolver cada una de las impugnaciones\n de manera separada, pues éstas son independientes entre\n sí. TERCERO. - La casacionista señala los artículos\n 1726, 1725, 1724 y 10 del Código Civil. El numeral 4 del\n Art. 20 de la Ley Notarial y el Art. 44 de la Ley Notarial. Los\n Arts. 107, 134, 92 de la Ley de Reforma Agraria. Al consignar\n el vicio de indebida aplicación de preceptos legales no\n determina cuál o cuáles de los preceptos legales\n han sido indebidamente aplicados, pues su recurso impugna el\n fallo subido en grado en diferentes causales. No obstante, ello,\n al examinar las disposiciones legales consignadas, se encuentra\n que hacen relación a la nulidad absoluta, cuyas causas\n son específicas y determinadas, así el Art. 1724\n prescribe nulidad cuando falta uno de los requisitos para el\n valor de tal acto o contrato; el Art. 1725 se refiere a la causa\n u objeto ilícito, el Art. 1726 establece la obligatoriedad\n del Juez de declarar tal nulidad. En la especie, el contrato\n cuya nulidad se solicite, no tiene objeto ilícito, debido\n a que no es de los que expresamente señala el Art. 1507\n del Código Civil, además el Art. 1778 autoriza\n la venta de las cosas pro indiviso. CUARTO. - En cuanto al Art.\n 1724, esta Sala no advierte que se hayan omitido las solemnidades\n para la validez de un acto o contrato, dado que se otorgó\n ante autoridad competente, entre personas capaces, por escritura\n pública etc. La recurrente se sustente en que Abel Merchán\n no es colindante ni condómino del predio materia del litigio.\n El predio cuyo contrato de venta se pide la nulidad, es un predio\n indiviso, es decir que existe unidad de derecho y de la cosa\n entre varios titulares de tal manera que ninguno de los copropietarios\n puede aducir su derecho a toda la cosa, ni siquiera a una parte\n determinada, sino a una participación que pude llamarse\n ideal; de este modo, todos los titulares del derecho de dominio\n son colindantes de sus vecinos, consiguientemente un propietario\n de derechos y acciones no está impedido de enajenar su\n cuota (Art. 1778 del Código Civil) y más el mismo\n cuerpo legal determina en el Art. 1387 inciso segundo que si\n alguno de los consignatarios (en el caso el dueño de derechos\n y acciones por original compra de una sucesión indivisa)\n enajena una cosa que se le adjudica en partición a otra,\n se procederá como en la venta de cosa ajena; y, la venta\n de cosa ajena; no está prohibida por la ley; por lo que\n la excepción de no colindancia no es admitida, ya que\n el dueño de derechos y acciones de una cosa indivisa es\n colindante por todos los linderos en común con los demás\n copropietarios, porque no corre la solicitud de nulidad del contrato\n en base a la disposición de la Ley de Reforma Agraria.\n QUINTO. - La causal tercera aducida, no se ha justificado, tanto\n que el casacionista no indica los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba que se han aplicado\n indebidamente, ni los que se han aplicado o se han interpretado\n erróneamente, de manera que este Tribunal no puede pronunciarse\n sobre ella. SEXTO. - Respecto de la causal cuarta, la recurrente\n no manifiesta cuál de los puntos constantes en la demanda\n no se ha resuelto; y esta Sala no puede subsanar tal error pues\n está limitada a resolver lo solicitado en relación\n al examen de la sentencia impugnada. SEPTIMO. - Sobre la causal\n quinta aducida, esta Sala concluye su no procedencia, en atención\n a lo determinado en consideraciones anteriores que el contrato\n cuya nulidad se solicita se ha otorgado conforme a ley. Por lo\n anotado, esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación\n interpuesto por Rosario Cedillo Reyes, por ausencia de base legal.\n Con costas. Publíquese, notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo\n y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces; y, Secretario\n Relator que certifica.
RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 335 - 97 que sigue\n Rosario Cedillo Reyes contra Rafael Molina Guerrero y Abel Merchán\n Suárez. - Resolución No. 213 - 2000. - Quito, 26\n de julio del 2000.
f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala Civil Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.
No. 214\n - 2000