Source: https://es.scribd.com/document/97922169/La-prohibicion-del-uso-de-camaras-ocultas-en-el-periodismo-de-investigacion
Timestamp: 2017-05-22 17:42:38
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Profesora contratada doctora en Derecho Procesal. UNED. Correo electrónico: mgomez@der.uned.es 1
I. Introducción En los últimos tiempos ha proliferado en los medios de comunicación, especialmente en programas de televisión de la más variada índole, la emisión de reportajes que, calificados como de periodismo de investigación, se basan en el recurso a la grabación oculta de la imagen y el sonido. Ciertamente, hasta hace unos años en España las filmaciones clandestinas, muy populares en otros países como Reino Unido y Estados Unidos, apenas tenían acogida en el ámbito periodístico. Pero, poco a poco, fueron ocupando un espacio propio y la feroz e implacable lucha por las audiencias en televisión ha llevado a un uso abusivo y desmedido de las cámaras ocultas respecto de las cuales se predican propiedades benéficas para formar una opinión libre en una sociedad democrática. Pues bien, mediante la sentencia 12/2012, de 30 de enero, el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha dejado herido de muerte el formato de la cámara oculta. La sentencia supone un adiós definitivo a la captación intrusiva con fines periodísticos. El Alto Tribunal ha zanjado un conflicto que, en cierto modo, había ya frenado el Tribunal Supremo (TS). La razón de la importancia de la STC 12/2012 estriba en que es la primera vez en que el máximo intérprete de la Carta Magna se ha pronunciado sobre todo el conjunto de las singularidades que rodean a la grabación videográfica íntegra. Como no podía ser de otra forma, el debate entre los profesionales del mundo del periodismo y del derecho sobre la utilización de las cámaras ocultas está ahora más abierto que nunca. Los detractores de la técnica subrayan que la sentencia es altamente positiva, en la medida en que aquieta el amarillismo informativo subyacente en algunas cadenas de televisión. Los periodistas no deben, en modo alguno, suplantar la acción de la policía ni de los jueces, y disponen de pericias menos intrusivas para obtener información de relevancia. En su opinión, el periodismo de investigación es algo bastante más serio que recurrir abusivamente a las tecnologías audiovisuales para demostrar a una parte de la ciudadanía, vgr. las anomalías de un certamen de belleza o las falsedades sobre las milagrosas dietas de adelgazamiento. Por el contrario, los defensores argumentan que las cámaras ocultas permiten obtener datos de muy difícil o imposible acceso, y que el empleo de la grabación clandestina ha permitido destapar casos de corrupción -las irregularidades de un policía local-, de narcotráfico -blanqueo de dinero en un locutorio- e, incluso, de maltratos en residencias geriátricas. Referentes del periodismo internacional, como la BBC o The New York Times, y Radio Televisión Española, aceptan el recurso a las cámaras ocultas con el fin de demostrar la comisión de prácticas ilegales de gran interés público y sólo cuando no resulte posible obtener la información de otro modo. A la luz de la consideraciones expuestas y sobre todo de la reciente sentencia del TC, hay que disertar obligatoriamente sobre si la gravedad o la relevancia de lo que se trata de enseñar a la sociedad justifica, siempre y en todo caso, el recurso a las cámaras ocultas.
II. Sobre el fondo de la controversia Como punto de partida resulta conveniente narrar los hechos motivadores de la STC 12/2012, de 30 de enero. Una periodista, contratada por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, acudió a la consulta de una esteticista-naturista y, tras hacerse pasar por una paciente, fue atendida en la parte de la vivienda destinada a la consulta, ocasión aprovechada para grabar su voz e imagen mediante una cámara oculta. Canal Mundo cedió la grabación a Televisión Autonómica Valenciana que la emitió en un programa de Canal 9, donde tuvo lugar, además, una tertulia sobre la existencia de los falsos profesionales en el mundo de la salud. Los intervinientes criticaron a la esteticista, cuya imagen apareció constantemente en un ángulo de la pantalla, y pusieron de manifiesto la existencia de una condena penal previa por intrusismo al actuar como fisioterapeuta sin ostentar título habilitante. La afectada consideró que los comentarios expresados en el programa lesionaban su derecho al honor, y que la captación y publicación de sus imágenes dañaban sus derechos a la intimidad personal y a la propia imagen, e interpuso demanda de juicio ordinario contra la periodista, Canal Mundo, Televisión Autonómica Valenciana, el director y la presentadora del programa en cuestión. El Juzgado de Primera Instancia nº. 17 de Valencia dictó, el 26 de junio de 2001, sentencia desestimatoria de las pretensiones de la actora al entender que la actuación denunciada quedaba enmarcada dentro del conocido como periodismo de investigación, al cual, en el parecer del juzgador de instancia, es consustancial la simulación de la situación, el carácter oculto de la cámara y la no revelación de la identidad periodística. La Sección 6ª de la Audiencia Provincial (AP) de Valencia desestimó el recurso de apelación, mediante sentencia de 24 de enero de 2002, en atención a la doctrina de la información neutral, a que el reportaje reunía los requisitos necesarios de la veracidad, objetividad, interés general y propósito esencialmente informativo, y a que las manifestaciones vertidas por los tertulianos en el programa de televisión no fueron insultantes o vejatorias. El 16 de enero de 2009, la Sala de lo Civil del TS -reunida en Pleno- estimó parcialmente el recurso de casación por infracción del artículo 18.1 de la Constitución Española (CE) en relación con el artículo 7 apartados 1, 5 y 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo1. La Sala 1ª descartó la vulneración del derecho al honor, pero estimó la infracción de los derechos a la intimidad y a la propia imagen de la recurrente con base en que al no mediar consentimiento expreso -exigible por el artículo 2.2 en relación con el artículo 7.1 de la LO 1/1982- la intromisión fue ilegítima, y aconteció en dos planos distintos: por un lado, en la previa grabación en la consulta y, por otro, en la posterior emisión televisiva de lo grabado. Para el TS, la actora se vio privada, tanto en el momento de la grabación, como en
Constituye intromisión ilegítima “el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas”. Implica intromisión ilegítima “la divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena”. Es ilícita “la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo en los casos previstos en el artículo 8.2”. 1
el momento de la emisión, del derecho a decidir -para consentirla o impedirla- sobre la reproducción de su aspecto físico. Además, y en la medida en que el reportaje se centró en su persona, e incluso fue emitida su imagen durante la tertulia, no cabe entender que se grabara y publicara una imagen meramente accesoria de la información a los claros efectos del artículo 8.2.c) de la LO 1/1982. El TS no discutió en ningún momento la plena veracidad del reportaje, ni dudó del interés en informar a la sociedad sobre los riesgos del intrusismo profesional. No obstante lo anterior, entendió, de un lado, que el material obtenido no tenía la relevancia necesaria para justificar el sacrificio de derechos fundamentales y, de otro, que el método de la cámara oculta no fue imprescindible para descubrir la verdad. Canal Mundo y Televisión Autonómica Valenciana presentaron sendos recursos de amparo donde alegaron la vulneración del derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de comunicación consagrado en el artículo 20.1 d) de la CE, por cuanto la sentencia de casación desatendió los criterios de la ponderación y de la proporcionalidad tradicionalmente admitidos por la jurisprudencia del TC y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como legitimadores del derecho a la libertad de información frente a los derechos a la intimidad y a la propia imagen. De acuerdo con su razonamiento, lo que determina la licitud o ilicitud de la cámara oculta nada tiene que ver con la ausencia de consentimiento, sino con la concurrencia de los requisitos de la veracidad, el interés general y el fin informativo. Añadieron que la elección de la técnica de investigación corresponde siempre a los periodistas y que la sentencia del TS genera una grave situación de inseguridad jurídica a todos los operadores que utilizan la grabación oculta en la producción de reportajes de investigación. Completaron su exposición, afirmando que el reportaje no versó sobre cuestiones relacionadas con la intimidad de la afectada y aconteció en una consulta profesional. Como ya es conocido, una vez acumulados los recursos de amparo, el TC declaró la no vulneración del artículo 20.1. d) de la CE. Con posterioridad a la STC 12/2012, el Alto Tribunal ha dictado las sentencias 17/2012, de 13 de febrero y 24/2012, de 27 de febrero. La STC 17/2012 tiene su origen tras las sentencias del TS de 6 de julio de 2009, de la AP de Madrid -Sección 20ª- de 7 de febrero de 2005, y del Juzgado de Primera Instancia nº. 26 de Madrid, de 6 de noviembre de 2003. El programa “Investigación TV” de Telemadrid emitió un reportaje grabado con cámara oculta en la sede del partido denominado Democracia Nacional donde se vió y escuchó a una serie de personas formulando opiniones xenófobas que fueron presentadas como ejemplo del ideario antidemocrático de dicho grupo. En esta ocasión, el amparo fue inadmitido por la extemporaneidad del recurso. La STC 24/2012 proviene de las sentencias del TS de 12 de mayo de 2010, de la AP de Madrid - Sección 19ª-, de 3 de abril de 2007, y del Juzgado de Primera Instancia nº. 49 de Madrid, de 13 de septiembre de 2006. El programa “Siete días, siete noches” de Antena 3 reprodujo las imágenes de una esteticista, si bien algo distorsionadas, obtenidas de forma oculta, donde aparecía en una clínica con una periodista que simuló ser cliente de un tratamiento de adelgazamiento. No se apreció la aducida vulneración del derecho a la información. 4
En todo caso, no puede desconocerse que la captación intrusiva en el ámbito del periodismo había saltado al ruedo judicial de la primera instancia, de la apelación, e inclusive de la casación, algunos años atrás. La STS de 6 de junio de 2011 trae causa de la sentencia de la AP -Sección 8ª- de Madrid, de 3 de noviembre de 2008, y de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº. 62 de Madrid, de 28 de marzo de 2007. El programa “Siete días, siete noches” de Antena 3 emitió un reportaje titulado “Sexo en el Caribe” donde fue proyectada la grabación hecha con cámara oculta por dos periodistas a una persona mientras se encontraba en una playa de Punta Cana. El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por inaplicación del artículo 20.1.d) de la CE. La STS de 18 de marzo de 2011 proviene de la sentencia de la AP de Madrid Sección 18ª- de 28 de enero de 2008 y de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Madrid, de 23 de abril de 2007. El programa “Corazón Abierto” de Telecinco difundió una serie de actos de carácter privado habidos entre la afectada y su novio durante un viaje, que fueron filmados con el sistema de la cámara oculta. La consideración de las circunstancias concurrentes condujo al TS a estimar que la libertad de información no podía prevalecer sobre los derechos a la intimidad y a la propia imagen, ya que el grado de afectación de la primera era muy débil y el grado de afectación de los segundos era de gran intensidad. La STS de 30 de junio de 2009 resuelve el recurso de casación contra la sentencia de la AP de Valencia -Sección 7ª- de 5 de junio de 2006 dictada en apelación contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº. 5 de Valencia, de 23 enero de 2006. El programa “Investigación TV” de Canal 9 proyectó un reportaje donde dos periodistas fingieron ser matrimonio y acudieron a una consulta de parapsicología para erradicar de su domicilio supuestos fenómenos paranormales. Tras su emisión se desarrolló una tertulia con expertos en parapsicología y periodistas. El recurso de casación, presentado en defensa del derecho a la propia imagen ante la intromisión ilegítima cometida, fue estimado. Por último, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº. 21 de Barcelona, de 2 diciembre 2004. “Canal 9” emitió un reportaje, acompañado de la correspondiente tertulia, donde dos periodistas se hicieron pasar por representantes de un club de fútbol a fin de grabar de forma oculta las negociaciones de los futuros fichajes. El Juzgado declaró la intromisión en el derecho a la intimidad y propia imagen. III. Ponderación de los derechos en conflicto Tal y como se desprende fácilmente de lo descrito hasta el momento, la controversia que plantean las cámaras ocultas en el periodismo atañe al conflicto entre la libertad de comunicar información veraz, establecida en el artículo 20.1 d) de la CE, y los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen consagrados en el artículo 18.1 de la CE, de quien, en definitiva, es objeto de una grabación subrepticia por periodistas que simulan una identidad y unas intenciones. Aunque los derechos fundamentales mencionados son eficaces “erga omnes”, ninguno es ilimitado, y su contenido puede ser restringido por la concurrencia con otros derechos igualmente reconocidos2.
Vide, inter alia, SSTC 68/2008, de 23 de junio, 72/2007, de 16 de abril, 139/2007, de 4 de junio, 244/2007, de 10 de diciembre, 216/2006, de 3 de julio y 171/2004, de 19 de octubre. 2
Así, la STC 216/2006, de 3 de julio, precisó que el derecho al honor puede ser limitado por los derechos a informar y a expresarse libremente; la STC 156/2001, de 2 de julio, indicó que resulta posible que, en circunstancias excepcionales, haya derechos que legitimen la intromisión en la intimidad de una persona; y la STC 72/2007, de 16 de abril, estableció que el derecho a la propia imagen puede ceder cuando exista un interés público en su captación o difusión. Por lo tanto, hay que determinar a la vista de las circunstancias concretas y de las técnicas de la ponderación y de la proporcionalidad cuál de los derechos es el más digno de protección. O dicho de otro modo, para que prevalezca un derecho sobre otro resulta preciso que concurran los requisitos condicionantes de la protección constitucional del que debe prevalecer, y que lo hagan en el mismo grado que resulte necesario para justificar el sacrificio de aquel derecho con el está en conflicto.
1. Los límites inmanentes del derecho a la libertad de información
El derecho a la libertad de información ostenta en nuestro ordenamiento jurídico una especial posición debido a que “no sólo se protege un interés individual, sino que su tutela entraña el reconocimiento y la garantía de la existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático” 3. Ahora bien, tal posición privilegiada y, por ende, protección, no es absoluta. Antes al contrario, queda sometida a determinados límites - inmanentes y externos- perfilados progresivamente por el TC. Entre los límites inmanentes se encuentran los requisitos de la veracidad, y el interés general o relevancia pública de la información. Por supuesto, ante su ausencia decae el respaldo constitucional de la libertad de información. Los límites externos vienen enunciados específicamente en el artículo 20.4 de la CE, esto es, el respeto a los derechos reconocidos en el Título I de la Carta Magna, las leyes que los desarrollen, y especialmente, dijo el Constituyente del 78, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
A) La veracidad y la teoría del reportaje neutral
Los medios de comunicación siempre alzan con gran insistencia, en defensa de las intromisiones consustanciales al uso de las cámaras ocultas, el criterio de la veracidad del contenido de la información o, si se prefiere, la teoría del reportaje neutral. La doctrina del reportaje neutral nació en el seno de la jurisprudencia estadounidense y viene a decir que cuando el medio de comunicación reproduzca literalmente lo expresado por una persona -sin introducir ninguna apostilla, ni efectuar modificación alguna- quedará exento de toda responsabilidad jurídica, la cual, llegado el momento, será exigible únicamente a la persona autora de las opiniones o informaciones4.
Así, vgr., STC 68/2008, de 23 de junio. Cfr.: SUÁREZ ESPINO Mª. L: El tratamiento jurídico de las cámaras ocultas en el periodismo, Diario La Ley, nº 7505, 9 de noviembre de 2019, Ref. D‐341, pp. 4. Sobre la veracidad, vide, LLAMAS POMBO E.: Honor, intimidad y propia Imagen en “Reflexiones sobre derecho de de daños”, La Ley, 2010, pp. 211 y ss. 4
El TC, en una consolidada jurisprudencia5, ha caracterizado al reportaje neutral en los siguientes términos y con las consecuentes características: a) El objeto de la noticia ha de estar constituido por declaraciones que imputan hechos lesivos del honor. Las declaraciones han de ser, por sí mismas, noticia, y han de ponerse en boca de personas concretas. El reportaje neutral se excluye cuando no viene determinado quién hizo tales declaraciones. b) El medio informativo ha de ser un mero transmisor de las declaraciones, y limitarse a narrarlas sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia. No hay reportaje neutral cuando se reelabora la noticia o cuando el medio de comunicación provoca la información. c) En los casos de reportaje neutral propio, la veracidad exigible queda limitada a la verdad objetiva de la existencia de la declaración. En su virtud, el medio va a quedar exonerado de responsabilidad respecto del contenido. La teoría del reportaje neutral como argumento esgrimido por los medios de comunicación para eludir responsabilidades no puede ser acogida, no es relevante, ni para el enjuiciamiento del caso del que dimana la STC 12/2012, ni para los reportajes con cámara oculta señalados en el epígrafe II del presente trabajo. Ello es así, por tres razones determinantes. La primera, porque casi nunca se discute la veracidad de la información divulgada, es decir, nunca se alega una manipulación o alteración de los registros de la imagen y el sonido obtenidos. La segunda, porque cuando hay una afección del derecho a la intimidad lo determinante para resolver el conflicto es la relevancia pública de la información. A diferencia de lo que sucede con las intromisiones en el honor, la veracidad del contenido de la información no constituye un paliativo, sino un presupuesto de la lesión de la intimidad. Y finalmente, porque el medio de comunicación, en los reportajes con cámara oculta descritos, provoca la noticia, haciendo inaplicable la doctrina del reportaje neutral – los periodistas se hacen pasar por clientes de tratamientos estéticos, por personas interesadas en los fenómenos paranormales, por negociadores de un club de fútbol, etc.En definitiva, la verificación de si la cámara oculta actúa en el ejercicio legítimo de la profesión periodística no puede hacerse -por no tener encuadre- con los cánones del reportaje neutral, sino con el correspondiente juicio de ponderación entre todos los derechos fundamentales enfrentados.
B) La relevancia pública o interés general.
La protección constitucional de la prensa libre queda ceñida a la transmisión de hechos que por su importancia contribuyan a la formación de una opinión pública6. El factor decisivo en la protección de las libertades de información y expresión gravita en la contribución que la información divulgada aporte a un debate de interés general. La información ha de versar sobre hechos que, por su trascendencia social o por la relevancia de la persona implicada,
Vide, la STC 76/2002, de 8 de abril. SSTC 29/2009, de 26 de enero y 139/2007, de 4 de junio. 7
merezcan difusión para el conocimiento por los demás7. En el criterio de la relevancia pública de la información podría encontrase -ya lo veremos- una de las claves para delimitar, caso por caso, cuando un reportaje de investigación realizado con cámara oculta es lícito o manifiestamente abusivo8. Ahora bien, la relevancia pública de la información captada y emitida no debe ser confundida con el simple interés de una parte del público. Como ha señalado el TEDH, cuando la información tiene como único fin satisfacer la curiosidad de cierto público sobre los detalles de la vida de una persona, resulta imposible considerar que contribuye a ningún debate de interés general para la sociedad9. Así las cosas, para resolver las controversias debe acudirse a cada asunto específico, y considerar sólo lícita aquella noticia que, aunque invada la vida privada, contribuya a formar una opinión pública libre. Por el contrario, constituirá una invasión ilícita de la intimidad la difusión, sin consentimiento, de aspectos de la vida privada, que no asistan a la formación de la opinión pública y no revistan mayor interés que la mera satisfacción de la curiosidad ajena. La información obtenida con la grabación clandestina a la esteticista tenía un escaso interés informativo, y así lo sentenció el Alto Tribunal. El puro morbo, la difusión de imágenes con reproducciones de conductas privadas o hábitos de trabajo de quien está desarrollando una labor profesional, con la única intención de alimentar el fisgoneo es una conducta no amparada por la libertad de información10. A este respecto son muy esclarecedoras las alegaciones formuladas al recurso de amparo por el Ministerio Fiscal: “en el tratamiento de la noticia primaron otros aspectos más propios de una información superficial caracterizada por una cierta banalización y trivialización en la exposición de los temas o con una finalidad meramente polemista, más propia del mantenimiento de cuotas de pantalla que de la consecución de fines democráticamente relevantes como el de la formación de una opinión pública libre”. Todo ello sin olvidar, como sostiene la STC 12/2012, que para legitimar una restricción de derechos fundamentales, dada la especial capacidad de intromisión de la cámara oculta, no basta un interés público “in genere”. En el caso, la finalidad de denunciar una práctica socialmente reprobable aparece debilitada desde el momento en que el reportaje se centró en la actuación de una persona. La finalidad de denuncia perdió con ello su vocación general. Por último, deviene inaceptable, por simplista, la equiparación entre el uso de las cámaras ocultas y el periodismo de investigación. El periodismo ha identificado los tres elementos consustanciales al reportaje de investigación11: a) Debe tratarse de un trabajo periodístico, hecho por periodistas.
Sobre la relevancia pública de la información, vide, MAGDALENO ALEGRÍA A.: Información pública y los derechos al honor y a la intimidad, Repertorio Aranzadi del TC, nº 5/2008. 8 Cfr.: SUÁREZ ESPINO Mª. L: El tratamiento jurídico…, op. cit. pp. 1. 9 SSTEH de 24 de junio de 2004, Von Hannover c. Alemania, y 12 de diciembre de 2000, Campmany y otros c. España. Vide, por su importancia, el comentario a la sentencia Von Hannover de MARCOS MARTÍN T.: El difícil equilibrio entre la protección de la vida privada y la libertad de expresión, Revista de Derecho Europeo, nº. 6, enero 2005, Iustel. 10 Cfr.: MACIAS CASTILLO A.: El derecho a la información y el reportaje con cámara oculta, Práctica de Derecho de Daños, nº 31, octubre 2005, pp. 4. 11 Cfr.: SUÁREZ ESPINO Mª. L: El tratamiento jurídico…, op. cit. pp. 1. 7
b) Concerniente a un tema de relevancia social. c) Versar sobre algo que se pretenda ocultar. La realidad ha demostrado como en muchas ocasiones el recurso a las cámaras ocultas evidencia, justamente, la ausencia total de investigación periodística, pues son utilizadas como instrumento de “facilitación” en la obtención de información, carente de cualquier esfuerzo de investigación serio, riguroso12 y de trascendencia social.
2. Los límites externos de las libertades de expresión e información
Los derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen configuran algunos de los límites externos al correcto ejercicio de las libertades de información y expresión, establecidos en el artículo 20.4 de la CE. Estos límites cumplen la denominada “función limitadora” en relación con las libertades de información y expresión.
El derecho al honor, al igual que los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen, tiene sustantividad y contenido propio, de modo que ninguno queda subsumido en el otro13. Una determinada forma de captación o presentación de la información puede llegar a producir al mismo tiempo una intromisión ilegítima en la intimidad, una vulneración del derecho a la propia imagen o, incluso, una lesión del derecho al honor, o bien afectar únicamente a alguno de ellos. El honor, definido, en su sentido objetivo, como la estimación por la persona “en” y “por” la sociedad, es considerado en nuestro ordenamiento un concepto jurídico cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento concreto. A través de su reconocimiento normativo se pretende amparar la buena reputación de una persona y protegerla frente a expresiones o mensajes que la desmerezcan en la consideración ajena, por ir en su descrédito o menosprecio. El derecho a la libertad de expresión -derecho a emitir juicios de valor u opiniones, sin pretensión de afirmar datos objetivos-14, se tutela, entre otras razones, por su dimensión institucional, esto es, como condición necesaria para el funcionamiento de la democracia, y su ejercicio dispone del reconocimiento de un amplio campo de acción delimitado tajantemente por las expresiones vejatorias, impertinentes o innecesarias para la exposición de las opiniones15. La alegada vulneración del derecho al honor por parte de la naturista-esteticista en la creencia de que los comentarios emitidos durante la tertulia televisiva lesionaban su reputación profesional y superaban los límites impuestos a la libertad de expresión por el artículo 20.4 CE no tuvo acogida en ninguna de las instancias judiciales, habida cuenta de que las opiniones expresadas en el desarrollo del programa, aunque pudieran afectar a la reputación, no fueron impertinentes ni innecesarias para la exposición de una crítica plenamente tolerable, y además, y a mayor abundamiento, no se vertieron expresiones
Cfr.: MIRANDA ESTRAMPRES M.: Legitimidad del empleo de sistemas de captación de la imagen y el sonido y su relación con los derechos a la intimidad y a la propia imagen, Diario La Ley, nº 7674, 2011, Ref D‐296, pp. 7. 13 SSTC 81/2001, de 26 de marzo y 156/2001, de 2 de julio. 14 Las diferencias entre las libertades de información y de expresión fueron señaladas, entre otras, en la STC 139/2007, de 4 de junio. 15 SSTC 51/2008, de 14 de abril, 52/2002, de 25 de febrero y 216/20006, de 3 de julio. 12
ofensivas o ultrajantes.
Como es sabido, el derecho a la intimidad cede ante otros derechos y libertades, como el derecho a la información, cuando la noticia verse sobre hechos veraces de relevancia pública. Ahora bien, el caso de las cámaras ocultas presenta unos contornos muy singulares derivados de la especial capacidad intrusiva del medio utilizado para obtener y dejar registradas las imágenes y la voz de una persona. Y es que hay dos notas que determinan grandes y graves repercusiones de la técnica periodística subrepticia en los derechos y principios reconocidos en la Carta Magna. De un lado, el carácter oculto característico de la técnica impide que la persona que está siendo grabada pueda ejercer su legítimo poder de exclusión frente a la grabación oponerse a su realización y a su posterior publicación-. El contexto secreto y clandestino se mantiene hasta el mismo momento de la emisión y difusión televisiva. De otro, la utilización de un dispositivo oculto se basa en un ardid o engaño que el periodista despliega simulando una identidad -la oportuna según el contexto- para poder acceder a un ámbito reservado de las personas con la finalidad de grabar subrepticiamente sus actuaciones desinhibidas y provocar sus comentarios y reacciones, lo cual no hubiera podido lograr presentándose con su verdadera identidad y con sus auténticas intenciones. La ausencia de conocimiento y, por tanto, de consentimiento, el engaño y la provocación son factores decisivos en la necesaria ponderación de los derechos en conflicto.
a) La autodeterminación informativa
Todo discurso sobre las cámaras ocultas debe venir presidido, de manera obligada, por la nota de la existencia del engaño inherente a la medida. La obtención de información -de relevancia o no- viene motivada por el establecimiento de una falsa relación de confianza, posibilitada por la circunstancia de ocultar la verdadera condición de periodista y utilizar una ficticia identidad. El derecho a la autodeterminación informativa encuentra su origen en el Bundesverfassungsgericht -Tribunal Constitucional Alemán- que tamizó el artículo 1.1 de la Grundgesetz -Ley Fundamental de Bonn- donde se proclama el derecho a la intangibilidad de la dignidad humana con el artículo 2.1 que consagra el libre desarrollo de la personalidad16. El derecho a la autodeterminación informativa implica el derecho de los ciudadanos a saber quién, cómo y cuándo se tiene información sobre uno mismo; dicho de otro modo, consiste en el derecho a elegir libremente al destinatario de la conversación y al testigo de la esfera privada, con especial cuidado de no incurrir en confusión alguna con el derecho al secreto de las comunicaciones, protector de la comunicación de interferencias de terceros
Vide, ya que fue primer pronunciamiento, BVerfGE 1983, 65, pp. 1 y ss. 10
ajenas a ella. En esencia, se trata del derecho a que las relaciones de las personas acontezcan libres de engaños. Pese a la no previsión nominativa expresa en nuestra CE de un derecho análogo al descrito, en el artículo 18.1 de la CE y en la jurisprudencia del TC hay base más que suficiente para sujetar a límites insoslayables la práctica de estas operaciones. El Alto Tribunal ha puesto de relieve, en jurisprudencia asentada, cómo el derecho a la intimidad del artículo 18.1 de la CE se halla estrechamente vinculado al desarrollo de la propia personalidad y deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad humana reconocida en el artículo 10 de la CE17. En relación con el derecho a la intimidad, el TC ha reiterado que se funda en la necesidad de garantizar “la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana” 18. El Tribunal insiste en que el derecho a la intimidad atribuye a su titular “el poder de resguardar ese ámbito reservado de una publicidad no querida”19 y en consecuencia, “el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y prohibir hacer uso de lo así conocido”20. La facultad de establecimiento de relaciones sociales contribuye, de manera evidente, al desarrollo de la libre personalidad y al mantenimiento de una calidad mínima de la vida. El propio artículo 18.1 de la CE recoge un concepto amplio de intimidad, cuya precisión depende de los valores vigentes en cada momento. Ha tenido lugar una evolución de la concepción de la intimidad como un “derecho a la reserva”21 hasta configurarlo como un “derecho de control sobre datos e informaciones del individuo en la sociedad tecnológica”22, es decir, el poder de control sobre las informaciones relevantes de cada sujeto23. La intimidad es el modo de ser de la persona y siempre que se dificulte el libre desarrollo de la personalidad, ésta ha de merecer la protección dispensada al derecho del artículo. 18.124. El natural deseo del ser humano de vivir sin tener que soportar injerencias ajenas en el ámbito propio se reconoce, no sólo como una condición imprescindible para una mínima calidad de vida, especialmente, en momentos donde los avances tecnológicos facilitan extraordinariamente las intromisiones sin conocimiento del titular, sino también como una garantía del desarrollo de la personalidad de cada individuo. Se protege así el derecho de la persona a llevar su propia existencia, con el mínimo de interferencias exteriores, facultándole a controlar la información personal sobre ella misma y a imponer a los demás el deber de guardarse de intromisiones en ese espacio de privacidad. Hay que concluir, como hizo la STC 12/2012, que la trampa utilizada en las
Vide, SSTC 119/2001, de 24 de mayo, 186/2000, de 10 de julio, 202/1999, de 8 de noviembre, 157/1994, de 28 de febrero y 142/1993, de 22 de abril. 18 Cfr.: STC 119/2001, de 24 de mayo de 2001. 19 SSTC 60/2010, de 7 de octubre, 236/2007, de 7 de noviembre y 231/1988, de 2 de diciembre. 20 SSTC 70/2009, de 23 de marzo, 206/2007, de 24 septiembre, 196/2004, de 15 de noviembre y 156/2001, de 2 de julio. 21 Cfr.: LÓPEZ ORTEGA J.J.: La intimidad como bien jurídico protegido en “Estudios sobre el Código Penal de 1995 (Parte Especial)”, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, 1996, pp. 286. y ss. 22 Cfr.: MORALES PRATS F.: Los delitos contra la intimidad en el Código Penal de 1995: reflexiones político‐criminales en “Estudios sobre ...,” op. cit. pp. 243 y ss. 23 Cfr.: LÓPEZ ORTEGA J.J.: La intimidad …, op. cit., pp. 289. 24 Cfr.: HERRERO‐ TEJEDOR F.: La intimidad como derecho fundamental, Colex, 1998, pp., 19 y ss. Con cita de DE CUPIS: I diritti della personalitá, Milán, 1982, pp. 255 y ss. 17
grabaciones con cámara oculta vulnera por sí misma, sin más añadiduras, sin más consideraciones, el derecho a la intimidad, en su concreta manifestación del libre desarrollo de la personalidad.
b) El criterio de las expectativas razonables
Dando un paso más en la exposición, ha de resaltarse que la intimidad protegida por el 18.1 de la CE no se reduce a lo que acontece en un ámbito puramente doméstico o privado. Para el TEDH es muy restrictivo limitar la noción de vida privada protegida por el 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) a un “círculo íntimo” en el cual el individuo conduce la vida personal a su manera y excluye plenamente el mundo exterior. Hay otros ámbitos, y en particular el trabajo, donde se desarrollan relaciones interpersonales, actuaciones que pueden constituir una manifestación de la vida privada25. La protección de la vida privada en el CEDH se extiende más allá del círculo familiar privado y alcanza otros espacios de interacción social. Un criterio para determinar cuándo nos encontramos ante manifestaciones de la vida privada protegible frente a intromisiones ilegítimas es el de las expectativas razonables que la propia persona, o cualquier otra en su situación, podría tener de encontrarse al resguardo de la observación ajena. Si alguien se encuentra en un lugar solitario puede conducirse con plena espontaneidad en la confianza fundada de la ausencia de observadores. Por el contrario, si la persona conscientemente participa en actividades susceptibles claramente de un registro o de información pública no cabe abrigar expectativas razonables Conforme al criterio de la expectativa razonable, resulta patente que pertenece al ámbito de la intimidad una conversación mantenida en un lugar específicamente ordenado a asegurar la discreción de lo hablado, como ocurre en los despachos profesionales A modo de ejemplo, piénsese qué sucedería si se introdujera una cámara oculta en un quirófano, y luego se trasmitieran las conversaciones privadas mantenidas por los profesionales sobre el aspecto del paciente o el resultado de la operación. O por hablar de algo más cercano, qué sucedería si se emitiera un reportaje de cámara oculta sobre las deliberaciones de un tribunal sentenciador donde se entremezclen los datos técnicos con ciertas consideraciones personales26. En la concreta relación entre la esteticista y la reportera, aun cuando su contenido no merezca el calificativo de secreto, no cabe duda de que sucedió en un ámbito privado, pese a que las personas afectadas fueran dos, pues resulta factible una privacidad compartida. Pese a que la grabación ocurriera en la parte de la finca destinada a consulta, la esteticista se mostró con una naturalidad o espontaneidad -merced al engaño de la reportera- de la que hubiera carecido de saber que estaba siendo filmada.
Doctrina asentada en la STEDH de 16 de diciembre de 1992, Niemietz c. Alemania y reiterada en las SSTEDH de 27 de julio de 2004, Sidabras y Džiautas c. Lituania, 28 de enero de 2003, Peck c. Reino Unido, 25 de septiembre de 2001, P. G. y J. H. c. Reino Unido, 4 de mayo de 2000, Rotaru c. Rumania, y 22 de febrero de 1994, Burghartz c. Suiza. 26 En palabras de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº. 21 de Barcelona de 2 diciembre 2004 25
c) La teoría de las esferas
En un plano de mayor concreción, la teoría de las esferas –Sphärentheorie27– constituye un instrumento de gran valor para determinar la incidencia en el derecho a la intimidad que conlleva la presencia de una cámara oculta. La teoría de las esferas describe tres círculos concéntricos, encerrados unos dentro de otros28: La Privatsphäre, esfera privada o intimidad “latu sensu”, guarda equiparación con la denominada privacidad –privacy anglosajón–. El contenido de esta esfera viene determinado por datos o informaciones que el individuo sólo desea que sean conocidos por una determinada persona o grupo de personas. El solo hecho de la presencia de una cámara oculta afecta a la intimidad “latu sensu”, ya que se accede a lo contado sin consentimiento, en tanto que la aquiescencia del investigado no sirve para justificar la restricción del derecho, en la medida en que el consentimiento está “per se” viciado. La Intimsphäre, esfera íntima o núcleo duro de la intimidad, queda circunscrita a lo más puramente secreto, que resulta lesionado por el conocimiento de hechos o noticias que deben permanecer ocultas. En particular, la esfera íntima comprende el ámbito de las relaciones afectivas y sexuales, así como la esfera de la confianza –Vertrauensphäre- donde, a su vez, viene englobada toda la información que un sujeto, ligado a otro por lazos de parentesco o afectividad, por razones religiosas, ideológicas, raciales, de salud o profesionales participa a otra persona de su confianza. En la esfera pública -el círculo más exterior y la esfera amplia- se encuentran aquellas noticias con respecto a las cuales, bien el particular autoriza expresamente su difusión a externos grupos sociales o a la sociedad entera, bien realiza actos concluyentes sobre su voluntad de poner en conocimiento de terceros informaciones no íntimas, o que aún siendo íntimas, desea exteriorizarlas al público en general29.
d) La confrontación final de los derechos
Un adecuado juicio de valoración en la confrontación final sobre el conflicto resuelto por la STC 12/2012 entre el derecho a la libertad de información y el derecho a la intimidad exige tener en cuenta muy variados elementos. Algunos han sido tratados en las páginas precedentes, aunque conviene recordar a los afectos conclusivos de la ponderación; otros se introducen ahora por vez primera. En primer lugar, nadie duda de que el reportaje fuera plenamente veraz y no consta manipulación previa de los soportes, pero el concepto de reportaje neutral no vale, habida cuenta que el propio medio provocó la noticia. En segundo término, tanto si se considera que la información obtenida con la grabación clandestina tenía un escaso interés informativo, como si no se discute sobre el
Formulada por SEIDEL y HUBMANN. SEIDEL C.: Datenbanken und Datenshutz, Frankfurt, 1974. HUBMANN. H.: Das Personlichkeitsrecht, Böhalu, Colonia, 2ª edic, 1967. 28 Vide, GIMENO SENDRA V.: El registro de la propiedad y el derecho a la intimidad, Revista Jurídica Española La Ley, nº 4307, 11 de junio de 1997. 29 Ello no obstante justo es reconocer que la teoría de las esferas ha recibido duras críticas por postular una artificial contraposición entre la vida privada y la esfera pública que niega la incidencia de la privacidad en el ámbito social. Vide, inter alia, GÓMEZ PAVÓN P.: La intimidad como objeto de protección penal, Akal, Madrid, 1989, 41; MADRID CONESA F.: Derecho a la intimidad informática y Estado de Derecho, Universidad, Valencia, 1984, pp. 41; MORALES PRATS F.: La tutela penal de la intimidad: privacy e informática, Destino, Barcelona, 1984, pp. 130 a 133; PÉREZ LUÑO A.: Derecho humanos. Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 317; REBOLLO DELGADO L.: El derecho fundamental a la intimidad, Dykinson, Madrid, 2000, pp. 81. 27
interés general en informar de los riesgos del intrusismo profesional, todo ello no es suficiente. No se trata de determinar si la libertad de información debe protegerse, sino de acordar hasta qué punto ha de sacrificarse el concurrente derecho a la intimidad. La mera invocación de un interés general equivale a otorgar un cheque en blanco en el uso de las cámaras ocultas30. La forma clandestina, engañosa, mentirosa, embaucadora en que se obtuvo la información constituye una ilegítima intromisión en el derecho a la fundamental a la intimidad. En tercer lugar, el consentimiento prestado no puede ser entendido como un factor excluyente de la antijuridicidad de la intromisión, toda vez que fue fruto de un engaño intencionado invalidante de la voluntad formada con tan grave vicio. No cabe hablar de aceptación cuando quien ha de prestarla desconoce sobre lo que tendría que consentir. Aparte, el consentimiento que el artículo 2.2 de la LO 1/1982 convierte en causa excluyente de la ilicitud de la intromisión es aquel que tiene por objeto el ámbito invadido, que no era la inviolabilidad del domicilio, sino fundamentalmente la intimidad. En cuarta posición, hay que rechazar, con arreglo al criterio de las expectativas razonables, que el carácter accesible al público de la parte de la vivienda dedicada a consulta tenga la capacidad de situar la actuación extramuros del ámbito del derecho a la intimidad, constitucionalmente protegido también en las relaciones de naturaleza profesional. En quinto término, la intromisión, por sí y por como se llevó a cabo, no fue imprescindible para obtener la información. Tampoco fue proporcionada para la menor lesión posible del derecho. El método de la cámara oculta utilizado para consumar la primera fase de la intromisión no era vital para descubrir la verdad de lo que acontecía en la consulta. Hubiera bastado, por ejemplo, con que la reportera entrevistara a los clientes para conocer con total fidelidad lo que supo mediante la grabación directa. Ciertamente, como indican en sus recursos Canal Mundo y Televisión Autonómica Valenciana, el TEDH reconoce a los profesionales la libertad de elegir los métodos que consideren más pertinentes para la transmisión informativa31. Pero, el TEDH ha subrayado que en la elección de los medios, la libertad de los periodistas tiene límites, y no son legítimas las técnicas invasivas de los derechos protegidos, ni los métodos vulneradores de las exigencias de la ética periodística sobre la solvencia y objetividad del contenido informativo32. En definitiva, tanto la idoneidad, como la necesidad del medio elegido por los profesionales, son susceptibles de control constitucional, más aún tratándose de una cámara oculta. En palabras del Ministerio Fiscal, “el carácter altamente ingerente de la cámara oculta hace que su utilización deba considerarse como un recurso técnico de última instancia, sólo admisible cuando el registro periodístico no pueda obtenerse por otros medios y siempre que concurra un interés general altamente relevante o cualificado”. Finalmente y en sexto lugar, es absolutamente inadecuado el razonamiento de la AP y el argumento de los recurrentes en amparo al apoyarse en la importante STC 114/1994, de 29 de noviembre, y en la circunstancia de haber sido grabada la conversación por uno de los interlocutores, y no por un tercero ajeno a la misma. La sentencia invocada se pronunció sobre el derecho al secreto de las comunicaciones, en un caso en que uno de los
Cfr.: FERNÁNDEZ MARTÍNEZ J.M.: Empleo de cámaras ocultas en reportajes periodísticos, Revista Aranzadi Doctrinal nº 2/2009, pp. 7 31 En este sentido, STEDH de 23 de septiembre de 1994, Jersild c. Dinamarca. 32 SSTEDH de 10 de mayo de 2011, Mosley c. Reino Unido y de 18 de enero de 2001, MGN Limited c. Reino Unido. 30
dos interlocutores había procedido a grabar sin consentimiento del otro la conversación telefónica entre ellos. La propia sentencia dejó abierta la salvedad de que, si lo transmitido "entrase en la esfera íntima del interlocutor", el comportamiento podría constituir un atentado al derecho a la intimidad. La intromisión en el derecho fundamental a la intimidad resultante del ejercicio de la libertad de información sólo es legítima cuando la afectación del derecho resulte adecuada, necesaria y proporcionada para la realización constitucional del derecho a la libertad de información. Por lo tanto, allí donde quepa acceder a la información pretendida sin necesidad de colisionar con la intimidad, queda deslegitimada, por desorbitada o desproporcionada, la actividad informativa innecesariamente invasora de la intimidad.
La importancia que en la vida de relación tienen los rasgos físicos para permitir la identificación exterior del ser humano ha llevado al reconocimiento del derecho a la propia imagen, que se manifiesta, entre otras, en la facultad de impedir su obtención, reproducción o publicación por un tercero no autorizado. El derecho a la propia imagen queda cifrado, conforme a la doctrina constitucional, en el “derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos personales de su titular que puede tener difusión pública”. Su ámbito de protección comprende, en esencia, la facultad de poder impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad perseguida con ello, y abarca “la defensa frente a los usos no consentidos de la representación pública de la persona”33. En términos del TC “el derecho a la propia imagen, forma parte de los derechos de la personalidad y como garantiza el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más característicos, propios e inmediatos como son la imagen física o la voz, cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión irreductible a toda persona”. En el caso de las grabaciones ocultas se intensifica la vulneración del derecho a la propia imagen mediante la captación inconsentida de específicos rasgos distintivos de la persona. La finalidad frecuente de las grabaciones obtenidas con cámaras ocultas es su difusión no consentida en televisión, donde la expansión de lo publicado es muy superior al de la prensa escrita34. Es necesario reforzar la vigilancia en la protección de la vida privada para luchar contra los peligros derivados de un uso invasivo de las nuevas tecnologías de la comunicación. En punto a determinar la producción de una intromisión ilegítima en derecho a la propia imagen de la esteticista, por lo demás, compatible con la producida en su derecho a la intimidad, debe atenderse a dos factores: Por un lado, fue privada en la precedente grabación y en la posterior emisión del derecho a decidir sobre la reproducción o no de la representación de su aspecto físico. Por otro, la finalidad del reportaje no justifica la completa identificación -sin
SSTC 23/2010, de 27 de abril, 72/2007, de 16 de abril, 83/2002, de 22 de abril, y 81/2001, de 26 de marzo. STEDH de 23 de septiembre de 1994, Jersild c. Dinamarca. 15
pixelado- de sus rasgos físicos35 -. Incluso durante la emisión se recurrió a técnicas que atraían la atención del espectador hacía su aspecto. No cabe entender que se grabó y publicó una imagen meramente accesoria de la información, a los efectos del apartado segundo, letra c) del artículo 8 de la LO 1/1982.
El asunto de los reportajes producidos con cámaras ocultas, tanto el resuelto por el TC en la sentencia 12/2012, como otros de idéntica naturaleza, versa sobre si el fin justifica los medios. Obviamente la obtención de información mediante el conocido como periodismo de investigación tendrá sus cauces y formas, al igual que las tiene la investigación procesal para la averiguación de los delitos. Ahora bien, ¿cualquier medio, cualquier técnica, vale para obtener una noticia en satisfacción del legítimo derecho a la información que asiste a los ciudadanos? La respuesta es “no”. No se puede justificar, bajo ningún concepto, la grabación clandestina con cámaras en “pro” del sacrosanto derecho de la información, cuando la Ley 4/1997, de 4 de agosto que regula la utilización de videocámaras en lugares públicos, exige a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solicitar la correspondiente autorización. Más aún, no se puede amparar la técnica oculta en el periodismo, cuando el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige a los agentes encubiertos infiltrados en una organización criminal pedir autorización judicial a fin de restringir el derecho a la intimidad en la persecución de muy graves delitos, so pena de incurrir el policía infiltrado en responsabilidad penal. El argumento de que la utilización de medios ocultos garantiza la espontaneidad del informante es obviamente inadmisible, porque justifica los medios por el fin. La STC 12/2012 es altamente positiva. Para el Alto Tribunal carece de importancia la finalidad pretendida por los periodistas con la utilización de una cámara oculta -“tenga o no relevancia pública la información obtenida”-. Lo que cobra relieve no es el contenido estricto de la información, sino cómo se ha recogido -videograbación subrepticia-, el lugar donde se ha llevado a cabo -el reducto reservado de una consulta profesional- y que la técnica no era imprescindible en el descubrimiento de la verdad. La trascendencia reside en la forma, en la manera de pretender. El máximo intérprete de la Carta ha condenado -porque está constitucionalmente prohibidojustamente la utilización del método, pues el engaño para conseguir una determinada información y luego publicarla supone una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad y propia imagen. Es claramente inconstitucional el recurso a estos dispositivos, aun cuando la información obtenida sea de relevancia para la opinión pública, porque las cámaras ocultas se basan en un ardid desplegado por los periodistas para provocar y registrar subrepticiamente declaraciones y hechos que no hubieran logrado diciendo su verdadera filiación.
Sobre el anonimato de las personas en una filmación, vide, MACIAS CASTILLO A.: El derecho a la información…, op. cit., pp. 7 y 8. 16
Si bien es cierto que los ciudadanos tenemos derecho a conocer información relevante, también lo es que no ha de ser a cualquier precio, no a cambio del sacrificio de derechos fundamentales. Una gran parte, por no decir la mayoría, de los reportajes con cámaras ocultas que presenciamos como telespectadores se enmarcan dentro de la más estricta tradición picaresca española reflejada en la literatura del S. XVII, pero que en los tiempos actuales encuentra coto en los derechos de la personalidad de quienes las padecen. V. Bibliografía DE CUPIS: I diritti della personalitá, Milán, 1982. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ J.M.: Empleo de cámaras ocultas en reportajes periodísticos, Revista Aranzadi Doctrinal nº 2/2009. GIMENO SENDRA V.: El registro de la propiedad y el derecho a la intimidad, Revista Jurídica Española La Ley, nº 4307, 11 de junio de 1997. GÓMEZ PAVÓN P.: La intimidad como objeto de protección penal, Akal, Madrid, 1989. HERRERO- TEJEDOR F.: La intimidad como derecho fundamental, Colex, 1998. HUBMANN. H.: Das Personlichkeitsrecht, Böhalu, Colonia, 2ª edic, 1967. LÓPEZ ORTEGA J.J.: La intimidad como bien jurídico protegido en “Estudios sobre el Código Penal de 1995 (Parte Especial)”, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, 1996. MACIAS CASTILLO A.: El derecho a la información y el reportaje con cámara oculta, Práctica de Derecho de Daños, nº 31, octubre 2005. MADRID CONESA F.: Derecho a la intimidad informática y Estado de Derecho, Universidad, Valencia, 1984. MAGDALENO ALEGRÍA A.: Información pública y los derechos al honor y a la intimidad, Repertorio Aranzadi del TC, nº 5/2008. MARCOS MARTÍN T.: El difícil equilibrio entre la protección de la vida privada y la libertad de expresión, Revista de Derecho Europeo, nº. 6, enero 2005, Iustel. MIRANDA ESTRAMPRES M.: Legitimidad del empleo de sistemas de captación de la imagen y el sonido y su relación con los derechos a la intimidad y a la propia imagen, Diario La Ley, nº 7674, 2011, Ref D-296. MORALES PRATS F.: Los delitos contra la intimidad en el Código Penal de 1995: reflexiones político-criminales en “Estudios sobre el Código Penal de 1995 (Parte Especial)”, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, 1996. La tutela penal de la intimidad: privacy e informática, Destino, Barcelona, 1984,. LLAMAS POMBO E.: Honor, intimidad y propia Imagen en “Reflexiones sobre derecho de de daños”, La Ley, 2010. PÉREZ LUÑO A.: Derechos humanos. Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1984. REBOLLO DELGADO L.: El derecho fundamental a la intimidad, Dykinson, Madrid, 2000. SEIDEL C.: Datenbanken und Datenshutz, Frankfurt, 1974. SUÁREZ ESPINO Mª.L: El tratamiento jurídico de las cámaras ocultas en el periodismo, Diario La Ley, nº 7505, 9 de noviembre de 2019, Ref. D-341.
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