Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S60-04.html
Timestamp: 2018-02-21 15:03:27
Document Index: 410946963

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 47', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 17']

INFORME Nº 60/04[1]
18. La peticionaria aceptó el indulto y exilio (indulto por extrañamiento) en un país extranjero en lugar de cumplir su sentencia en Chile, supuestamente, porque los países europeos tenían servicios para tratar a los parapléjicos, que no existían en Chile, los cuales podían brindarle la necesaria rehabilitación. En este marco, a propósito del Jubileo del año 2000, y a instancias de la Iglesia Católica, el 5 de julio se dictó la ley 19.736, sobre Indulto General, publicada en el Diario Oficial el 19 de Julio de 2001. El artículo 6 señala:
Concédese, asimismo, indulto general, consistente en la condonación de todo el saldo de las penas que les restan por cumplir, a los condenados privados de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, que les impida desplazarse por sus propios medios, debidamente comprobada mediante informe emitido por el Instituto Médico Leal y cuya condena no se motivare en infracciones a la ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad. En este último caso, conmútase el saldo de la pena que reste por cumplir, por la de extrañamiento. Dicha conmutación sólo tendrá efecto una vez que se acredite en el respectivo proceso que un Estado extranjero acepta recibir en su territorio al o los beneficiados.
25. Además, el Estado alega que los hechos presentados por la peticionaria no caracterizan una violación de la Convención Americana, en incumplimiento de su artículo 47. El Estado sostiene que, en consecuencia, también por esa razón la Comisión debe declarar inadmisible la petición.
26. El Estado solicita que la Comisión declare inadmisible la petición y que, si esta no procediera así, respondería a las alegaciones específicas de violación de los derechos consagrados en la Convención.
42. La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar los derechos consagrados en la Convención Americana y de asegurar su libre y pleno ejercicio estaba vigente para el Estado a la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados.
43. La Comisión tiene competencia ratione loci para examinar la petición, porque en la misma se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana que habrían ocurrido dentro del territorio de un Estado parte de la Convención.
57. Por un lado, la Comisión considera que la peticionaria no presentó hechos suficientes que tiendan a caracterizar una posible violación del derecho a un trato humano (artículo 5) de la Convención Americana. La peticionaria sufrió una herida grave y aparentemente irreversible durante los hechos del 14 de noviembre de 1990 y no sustanció que no haya recibido atención médica en Chile o que este país esté obligado por la Convención a permitirle procurar y obtener asilo en Francia para procurar su rehabilitación en ese país, ni que Francia le hubiera otorgado el asilo y el Instituto Frank Pais y la Fundación Danielle Mitterand le hubieran financiado su rehabilitación en 1992, especialmente teniendo en cuenta las dificultades que más tarde enfrentó para obtener asilo en Europa a fin de aprovechar el indulto obtenido en el año 2000. Además, la Comisión considera que las afirmaciones de la peticionaria de que un hospital europeo le habilitaría a tornarse físicamente autónoma, son puramente especulativas.
58. Además, en el mismo sentido, la Comisión considera que la peticionaria no presentó suficientes hechos que tiendan a caracterizar una posible violación del derecho a la libertad personal (artículo 7), del derecho a igual protección de la ley (artículo 24) o del derecho a la protección judicial (artículo 25). La peticionaria estuvo en libertad provisional durante unos ocho años, en el período 1992-1999, y, si bien es evidente que no podía ser considerada “peligrosa”, fue detenida in fraganti y era la principal sospechosa en un delito que involucraba cinco muertes. Asimismo, la Comisión considera que la peticionaria no presentó hechos suficientes que demuestren que fue tratada en forma diferente a personas en circunstancias similares, para sustanciar una denuncia al amparo del artículo 24 de la Convención, ni que se le haya negado el derecho a la protección judicial (artículo 25), dado que su caso llegó a la Suprema Corte de Chile. En cuanto a estas reivindicaciones, la Comisión considera que el Estado efectivamente ha refutado esas alegaciones de posibles violaciones de la Convención Americana.
[1] El miembro de la Comisión José Zalaquett, de nacionalidad chilena, no participó en la consideración y la votación sobre el caso, de acuerdo con el artículo 17(2) del Reglamento de la Comisión.