Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992018000100501
Timestamp: 2020-05-25 09:09:02
Document Index: 405619389

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http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992018000100501
Jurisprudential treatment of terrorism in Chile (1984-2016)
Myrna Villegas Díaz 1
1 Doctora en derecho y postgraduada en criminología. Universidad de Salamanca. España. Investigadora Centro de Derechos Humanos Universidad de Chile, Chile, mvillegas@derecho.uchile.cl
Los tribunales han encontrado dificultades para aplicar los tipos penales de terrorismo, lo que se refleja en el escaso número de condenas y el alto porcentaje de sentencias absolutorias, especialmente tras la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Los jueces han debido apoyarse en doctrina nacional y extranjera para poder establecer los elementos de una conducta terrorista, y así interpretar los tipos penales. La ambivalencia y amplitud de la regulación del terrorismo en Chile desde sus inicios y hasta la actualidad ha posibilitado el uso de la ley de conductas terroristas con un criterio utilitarista.
Palabras clave: Terrorismo; causar temor; ideología; asociación ilícita terrorista; artefacto explosivo
The courts have found difficult to apply the criminal offenses of terrorism, which is reflected in the low number of convictions and the high percentage of acquittals, especially after the entry into force of criminal procedural reform. The judges have had to rely on national and foreign doctrine to be able to establish the elements of a terrorist conduct, and thus to interpret the criminal types. The ambivalence and breadth of the regulation of terrorism in Chile from its inception to the present has made it possible to use the law of terrorist conduct with a utilitarian approach.
Key words: Terrorism; cause fear; ideology; illicit terrorist association; explosive device
Cada cierto tiempo la ley n°18.314, sobre conductas terroristas, cobra relevancia en el escenario nacional desencadenando enconadas posiciones tanto a favor como en contra de su aplicación. En este trabajo hemos querido indagar acerca de su uso en nuestro país y los razonamientos judiciales que se han empleado, centrándonos preferentemente en los aspectos definitorios del terrorismo, sin perjuicio de otros aspectos problemáticos que se han podido advertir. El objetivo ha sido contrastar la información existente en torno al número de procesos con los fallos, así como buscar comunes denominadores y diferencias en ellos, que nos permitan identificar ciertos consensos no declarados pero sí implícitos a la hora de juzgar.
La metodología empleada diferencia tres períodos, marcados por la llegada de la democracia y la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. La información se ha obtenido a partir de la recopilación de jurisprudencia y de datos entregados u observados de fuentes oficiales (Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Poder Judicial). Las cifras oficiales respecto de los procesos verificados post reforma procesal penal provenientes del Ministerio Público (en adelante MP) como de la Defensoría Penal Pública (en adelante DPP), se contrastaron con la información de causas obtenida a través del sitio web del poder judicial (www.poderjudicial.cl) según revisión por RUC o RIT. A su vez esta información se contrastó con la jurisprudencia recopilada.
Respecto de los procesos entre 1984 y 1999, las cifras se obtienen solo a partir de la jurisprudencia, anunciando desde ya y como límite a la investigación el no poder ofrecer a este respecto certeza cuantitativa dado que hubo dificultades para acceder a los fallos, la mayoría de los cuales se encontraban solo en papel, no digitalizados, y en procesos ya archivados.
En cuanto al análisis de la jurisprudencia misma, se usó el método cualitativo, privilegiando la búsqueda de significados, abierta y flexible en función del objetivo propuesto, examinando los casos y fallos en los contextos estructurales y situacionales en que se produjeron.
1. La regulación del terrorismo en Chile.
La regulación del terrorismo en Chile data de 1980, con su consagración a nivel constitucional,1 y luego legal con la ley n°18.314 que nace para cumplir con el mandato de punición ordenado por la carta fundamental (art. 9).
Sus antecedentes directos se remontan a 1931, período caracterizado por la necesidad de salvaguarda del nuevo orden democrático representativo, instaurado con la Constitución de 1925. Así los primeros textos legales destinados a sancionar la disidencia violenta tuvieron por objeto proteger la seguridad interior del Estado y se tipifican conductas que más tarde serían consideradas delitos de terrorismo.2 Luego advino la "Ley de Defensa Permanente de la Democracia" (1948), más conocida como “ley maldita” por proscribir expresamente a organizaciones con ideologías contrarias al gobierno, como el marxismo. Y más tarde la ley n° 12.927 sobre seguridad del Estado de 6 de agosto de 1958 que vino a sustituir a la anterior, y que permanece hasta hoy, con modificaciones, pero manteniendo mucha de la normativa de la primera.
En 1973 se produce el Golpe Militar, y con ello además de las vulneraciones a derechos humanos, un andamiaje jurídico tendiente a mantener un sistema anclado en el corporativismo y la privatización, incluyendo la neutralización o eliminación de cualquier oposición. Esta última era considerada un enemigo interno según los lineamientos de la doctrina de seguridad nacional, proveniente de la guerra de argel y luego perfeccionada en la Escuela de las Américas.3
Así, la disidencia política, especialmente la marxista, era asimilada al terrorismo. Pinochet decía que los terroristas “son seres anormales, aniquilados psicológicamente por su odio, el que vierten hacia la sociedad en nombre de los ‘principios’ que la organización les entrega. Verdaderamente merecen lástima por el nivel de desquiciamiento de su condición humana…”.4 Y para combatirlo la Junta de Gobierno usó la propia Constitución de 1980, regulándolo en los primeros tres capítulos. En las “bases de la institucionalidad”, para declararlo contrario a los derechos humanos, dar a conocer su carácter político y proscribirlo de toda participación en la vida nacional, así como prohibir y sancionar constitucionalmente la apología del terrorismo (art. 8). Luego, en el capítulo sobre nacionalidad y ciudadanía para privarlo de ambas y establecer la rehabilitación de ciudadano con mayores obstáculos, y finalmente en el capítulo relativo a derechos y garantías, para establecer una ampliación del plazo de detención en manos de la policía a diez días. De estas normas, la única derogada es la apología del terrorismo.5
Cumpliendo con el mandato constitucional en 1984 nace la ley de conductas terroristas, cuyo texto original estaba marcado por la presencia de dieciséis conductas tipificadas como delitos autónomos, incluida la apología,6 y entre sus rarezas procesales estaba la negación completa de la libertad provisional para los procesados por ella (art. 17).7 Esta norma fue morigerada a la llegada de la democracia mediante una ley de reforma constitucional que estableció ciertas restricciones a la libertad del preso preventivo por delitos de terrorismo (inciso 2). Con lo cual la Constitución se adentró aún más en materias procesales,8 lo que no hace respecto de ningún otro delito.
Fácil es entonces advertir que el objetivo político criminal de la ley n° 18.314 fue proscribir definitivamente a las ideologías de izquierda. Ha sido reformada a lo menos en seis ocasiones. Una vez durante la dictadura y poco antes de la transición, y el resto en democracia. De estas reformas, a mi juicio, destacan tres:
La primera, recién iniciada la transición democrática, mediante la ley n° 19.027 de 24 de enero de 1991, que rediseña el concepto de terrorismo creado por la dictadura, introduciendo elementos subjetivos relativos a la finalidad en el autor de causar temor a la población o parte de ella, y alternativamente una finalidad coactiva, arrancar resoluciones a la autoridad o imponerle exigencias, estableciendo una presunción de la finalidad terrorista.9 La segunda reforma es mediante la ley n° 19.806 de 31 de mayo de 2002, adecuatoria de la reforma procesal penal, que introduce por primera vez la figura de los testigos con reserva de identidad, y la tercera gran reforma es a través de la ley n° 20.467 de 8 de octubre de 2010 que toca nuevamente el concepto de terrorismo para incorporar la finalidad coactiva como una de las formas de acreditar la finalidad de causar temor.10 Esta última reforma introduce también la figura del desistimiento (art.9) contemplando para él una exención de responsabilidad penal.
Otras reformas tuvieron lugar para adecuar nuestra normativa al panorama expansivo que surge tras los atentados al World Trade Center de 11 de septiembre de 2001.
Así contamos desde 2003 con un delito de financiamiento del terrorismo (art. 8),11 del cual no hay registros de su aplicación, y luego en 2010 y 2011, otras reformas para privar del ámbito de competencia de la misma a los menores de edad en 2011.12
Esta legislación, al igual que todas las de su naturaleza, tiene una estrategia que combina una agravación de penas para ciertos delitos comunes en función de las características terroristas de su comisión,13 con una atenuación punitiva para sus partícipes en la medida en que colaboren con la justicia.14 Se suma a ello una flexibilización de garantías procesales y de reglas de imputación,15 todo lo cual en el contexto expansivo del derecho penal, encontraría respaldo en la necesidad de prevención instrumental de conductas especialmente peligrosas que desembocan en delitos graves.16
2 Los destinatarios de la normativa antiterrorista.
Respecto de los destinatarios de esta ley, cabe hacer una doble distinción. La primera, en relación a si la conducta es cometida contra el poder instituido o forma parte de una política estatal. Distinguiremos así entre criminalidad no estatal y criminalidad estatal. La segunda, una distinción cronológica en relación a la criminalidad no estatal que identifica actores diversos a lo largo del tiempo.
2.1 La criminalidad no estatal.
Desde su promulgación y hasta mediados década de 90, ella se aplicó a integrantes de grupos armados que lucharon contra la dictadura, algunos de los cuales subsistieron durante los primeros años de democracia, destacando dos casos emblemáticos, el homicidio del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, hijo del director del diario El Mercurio, por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (en adelante FPMR).17 Desde 2002 en adelante y hasta ahora su aplicación ha sido contra mapuche.18 Finalizando la década 2000 a grupos anarquistas y anti sistémicos.19
De acuerdo a la información recabada, basada en la revisión de fuentes jurisprudenciales y datos estadísticos de la reforma procesal penal, se constata que durante la dictadura y recién iniciada la democracia, los delitos que ocupan un lugar importante en los fallos son el de asociación ilícita terrorista, por el cual fueron condenados varios miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (en adelante FPMR) y del Movimiento Juvenil Lautaro (en adelante MJL),20 sin perjuicio de concretos delitos de terrorismo que cometieren en el marco de la asociación tales como, detonación de artefactos explosivos, algunos homicidios y secuestro.
Después de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal los delitos de mayor frecuencia son los incendios terroristas, principalmente en la zona de la Araucanía, y la detonación de artefactos explosivos o incendiarios en la capital. Destacan tres casos emblemáticos por la afectación a personas: el incendio con resultado de muerte conocido como “Caso Luchsinger Mackay” ocurrido en 2013,21 el atentado artefacto explosivo al metro escuela militar (22 lesionados), y un atentado artefacto explosivo en un popular barrio de Santiago (Yungay) con un fallecido, ambos de 2014.
Según los datos proporcionados por el Ministerio Público entre 2001 a 2016 hay 127 imputados por delitos de terrorismo distribuidos en 21 procesos. Dos de ellos en investigación aún. Desagregando según forma de término, solo hay 9 condenados por delitos de terrorismo, 15 por delitos comunes, 71 absueltos, 11 sobreseídos definitivamente, 4 con suspensión condicional del procedimiento, y 3 de ellos, con decisión de no perseverar. 11 imputados a la fecha de entrega de su informe se encontraban formalizados y 3 a la espera de juicio oral. No hay desagregación entre indígenas y no indígenas. No obstante, las cifras que arroja no son tan prístinas, y alguna de ellas no contrastable.22
Si al número de condenados por delitos de terrorismo, esto es, 9, quitamos aquellos cuyo fallo condenatorio fue anulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) en el Caso Norín Catrimán vs. Chile,23 obtenemos que existirían solo dos condenas por delitos de terrorismo, aumentando el número de absoluciones a 80.
Las cifras exactas quedan más en la nebulosa aun cuando se examinan las entregadas por la Defensoría Penal Pública. Según este organismo entre 2001 y 2015, el número de personas imputadas por delitos de terrorismo es de 428. De los cuales 71 son indígenas y 357 no indígenas.24 Se distribuyen en 441 causa-imputado terminadas. En ellas se registra un total de 82 condenados asociados a causas por delitos de terrorismo y 35 absueltos,25 de estos últimos 18 indígenas y 17 no indígenas.
Solicitada aclaración a dicha institución acerca de si el alto número de condenados (82) corresponde efectivamente a delitos de terrorismo, y si en esa cifra se consideró la desagregación respecto de la calificación que se dio al delito en la sentencia definitiva, respondió que se trata de condenas por terrorismo que corresponden a uno o más delitos de acuerdo a un catálogo de ellos que adjunta.26 No obstante, contrastando con la información preliminar, que hace referencia a “causas-imputado ingresadas y terminadas ‘asociadas’ a delitos de terrorismo”, huelga concluir que en las cifras que entrega este organismo no hay una desagregación en la sentencia condenatoria, en relación a cuál es el concreto delito por el cual se le condenó (si terrorista o común).
Esto es importante de considerar para quienes desde otras áreas como las ciencias sociales investigan el tema pues pudieran formarse una impresión errada acerca del real número de condenados por terrorismo e incurrir en errores al entregar la información.
Las cifras que arroja nuestra investigación basada en la revisión de jurisprudencia coinciden en gran parte con las entregadas por el Ministerio Público. Se revisó un universo de 69 fallos entre 1984 y 2016, lo que arrojó un total de 25 condenados por delitos de terrorismo, 51 condenas por delito común y 57 absoluciones. De ellas, registramos 9 condenados post reforma procesal penal, 13 condenas por delito común y 46 absoluciones.
Si a los nueve condenados post reforma procesal penal le restamos las siete condenas que fueron anuladas por la CIDH en el caso Norín Catrimán vs. Chile, coincidimos en la existencia de solo dos sentencias condenatorias, pero asociadas a una misma persona: un informante de la policía en casos de terrorismo en la Araucanía.27
Durante el año 2017, 11 imputados fueron absueltos,28 dicha sentencia anulada y en curso el segundo juicio oral, encontrándose pendiente presentación del recurso de nulidad, 3 se encuentran desde hace varios meses en juicio oral,29 4 están a la espera de juicio oral30 y 8 imputados formalizados.31 Es decir 26 imputados por delitos de terrorismo, de ellos 23 son mapuche.
De estas cifras y de la jurisprudencia recopilada podemos extraer algunas conclusiones preliminares que nos sirven como antecedente a considerar en el examen de la política criminal que se sigue en materia de terrorismo.
Llama la atención que se trata de un delito que ha tenido una aplicación selectiva en nuestro país. Son pocos casos considerando el total de delitos que se cometen y de los cuales se conoce su imputado. Esto se puede observar más nítidamente a partir de la reforma procesal penal. El MP registra entre 2001 y 2007 más de dos millones y medio de causas terminadas, sin desagregación entre imputado conocido o desconocido. Entre 2008 y 2015 aproximadamente 5 millones y medio de delitos que se terminaron con imputado conocido.32 La DPP desde su creación (2001) a 2015 registra cerca de 3 millones y medio de atenciones.33
Esta selectividad de su aplicación es particularmente relevante si se atiende a quienes han sido los imputados, por tres razones:
Primero, y en esto me permito ir más atrás de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal basándome en la jurisprudencia recolectada. Nunca han sido condenados por estos hechos, terroristas de Estado, pudiendo serlo por hechos acaecidos con posterioridad a 1984 y que fueron enjuiciados durante la democracia. Solo en el caso de los tres profesores degollados por agentes policiales (“Caso Degollados”) la sentencia de primera instancia condenó a los policías como autores del delito de homicidio terrorista.34 Sin embargo, esta calificación fue desestimada por las Cortes de Apelaciones y Suprema, condenándolos por delito común.35 En otros casos similares, como la Operación Albania,36 el caso de los jóvenes quemados,37 no hubo siquiera procesamientos por esta ley. De esta forma, la balanza punitiva del terrorismo en los tribunales se ha inclinado a un solo lado, a la criminalidad no estatal, excluyendo al auténtico terrorismo: el de Estado, con un solo caso que suscita duda. Volveremos sobre esto.38
Segundo, la criminalidad no estatal a la cual se le ha aplicado esta ley tiene un común denominador, es una oposición consciente al sistema imperante, ya sea por ideología o por cosmovisión. En efecto, todas estas manifestaciones son de algún modo resistencias al biopoder del Estado.39 El FPMR y MJL de raíz marxista basados en la lucha de clases, aunque con diferencias entre ambos,40 el anarquismo de raíz libertaria y los indígenas en defensa de la tierra. Todos discrepan de un sistema basado en la productividad y la industria extractivista, así como de su transnacionalización.
El uso de la normativa antiterrorista para perseguir este tipo de conductas no ha sido única en nuestro país, a modo de ejemplo, en Italia, se aplicó la normativa antiterrorista a la protesta de un movimiento social que se oponía al paso de un tren de alta velocidad (Movimiento No Tav), especialmente en la zona de Piemonte.41 Fueron procesados por terrorismo y eversión más de cincuenta personas y su tratamiento mediático se caracterizó por una retórica tendiente a la demonización de los infractores,42 llegando incluso a sostener que se usaron niños en protestas pacíficas, como pantalla para encubrir a los violentos.43 Entre las conductas que se imputaron a título de terrorismo y eversión, se cuentan los daños a una máquina en 2013,44 pero que finalmente fue calificada como delito común por los jueces.45
Tercero, cruzando el río bío bío y hacia el sur lo que se observa es la repetición de algunos imputados en varias causas, así como de personas pertenecientes a las mismas familias.46 Da la impresión de que existe una tendencia a perseguir por esta clase de delitos y otros asociados al conflicto territorial a quienes se erigen como cabezas de los movimientos o comunidades, judicializando a autoridades ancestrales. Primero los lonkos,47 werkenes48 y dirigentes,49 ahora los machis.50 En enero de 2013 se detuvo a cinco machis,51 uno de ellos fue juzgado por delito de terrorismo y finalmente condenado por delito común de incendio con resultado de muerte,52 otra de ellas en este mismo caso demandó al Estado exitosamente por haberla privado de libertad sin fundamento, sin embargo fue nuevamente privada de libertad por los mismos hechos en 2016, y luego absuelta por el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco un año y ocho meses después, encontrándose pendiente recurso de nulidad.53
Es llamativo también encontrar decisiones de no perseverar en este tipo de delitos, es decir, se inicia la investigación con uno de los procedimientos restrictivos de garantías, para luego darse cuenta que no hay fundamento para una acusación.54
2.2. La criminalidad estatal y el “contraterrorismo”.
Decía anteriormente que nunca se han sancionado como terroristas actos de auténtico terrorismo, el de Estado. Esta afirmación se basa en que históricamente el terrorismo nace asociado a un régimen estatal (Robespierre 1791-1794).55 Marx también hace referencia al terrorismo como parte de una política estatal en cuanto método de acumulación originaria.56 No es sino hasta 1876 que la palabra terrorismo comienza a usarse para hacer referencia a la actividad subversiva o revolucionaria, especialmente para la propaganda por el hecho anarquista.57 En este punto conviene tener presente la distinción entre terrorismo internacional, o terrorismo como crimen contra la humanidad, y terrorismo interno.58
Ello toda vez que cuando se trata de terrorismo como crimen contra la humanidad, en principio no sería posible asimilar el terrorismo interno a tales crímenes, pues ellos solo se pueden llevar a cabo por los Estados, como parte de un ataque generalizado contra la población civil (art. 7 del Estatuto de Roma). Esta es una polémica abierta, que fue tratada profusamente por la Corte Penal Internacional a propósito de la situación en la República de Kenia,59 en donde en una Decisión preliminar, el voto mayoritario realiza una interpretación expansiva sobre el requisito del crimen contra la humanidad, relativo a que el ataque debe formar parte de la política de un Estado o de una organización. Admite que tratándose del Estado, no es necesario que dicha política haya sido concebida al más alto nivel estatal,60 y tratándose de organizaciones no estatales, habría que ver caso a caso si son capaces de llevar adelante una política de esta naturaleza, atendiendo especialmente a la estructura de la organización (jerarquía), el uso de medios idóneos para perpetrar un ataque sistemático y generalizado contra población civil, si ejerce control sobre un determinado territorio, y si su principal fin es atacar a la población civil y así lo manifiesta en forma expresa o tácita.61 Todos éstos criterios orientativos que no fueron compartidos por el voto minoritario que considera que incluir a las organizaciones no estatales dentro de los sujetos activos del crimen contra la humanidad, implica banalizar el concepto de este último.62
Ahora bien, el terrorismo de Estado es una forma de abuso de poder, entendido éste como la violación reiterada y sistemática a los derechos humanos mediante la utilización indebida del poder estatal respecto de los ciudadanos.63 Se trata de una violencia estatal de carácter ilegal e ilegítima,64 consistente en "el uso, la tolerancia o la amenaza de la fuerza por agentes del Estado, o sus representantes, realizado de manera organizada” 65. y que puede expresarse de manera directa o indirecta, práctica o simbólica.66
Su reconocimiento en el derecho internacional a nivel normativo es ambiguo, sin embargo, es posible encontrar algunos instrumentos internacionales en los que se hace referencia indirecta al mismo. El Protocolo II de las Convenciones de Ginebra sobre protección a las víctimas de guerra,67 en su art. 4.2. a) prohíbe los actos de terrorismo contra todas las personas que no participen de las hostilidades del conflicto, y su art. 13.2. prohíbe actos que tengan por objeto aterrorizar a la población civil.68 Así también, cabe recordar que a principios de los años 70, la comunidad internacional condenó explícitamente al terrorismo de Estado considerándole la principal causa de la violencia mundial. Naciones Unidas formó un Comité Especial de Terrorismo Internacional que tuvo por finalidad, entre otros, “condenar el terrorismo perpetrado por los regímenes coloniales racistas” que reprimían a los pueblos para impedir su derecho a la libre autodeterminación.69.
A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman vs. Uruguay, y conociendo de una denuncia interpuesta por desaparición forzada en el marco de la “Operación Cóndor”, concluyó que dicha desaparición forzada “constituye, por la naturaleza de los derechos lesionados, una violación de una norma jus cogens, especialmente grave por haber acontecido como parte de una práctica sistemática de ‘terrorismo de Estado’ a nivel inter-estatal” y que por ende “puede ser calificada como un crimen delesa humanidad”.70 Desde esta perspectiva, es indudable que la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) era una organización terrorista71 dirigida desde el Estado mismo.
En casos como este último, cuando los actos forman parte de una política dirigida desde el Estado hacia sus propios ciudadanos, se presenta la discusión sobre si es posible o no castigar desde el punto de vista del derecho penal interno los actos del Estado.
La polémica se produce toda vez que hay quienes sostienen que siendo el Estado el detentador del ius puniendi, el uso de la violencia por su parte es siempre legítimo,72 siendo imposible - al menos teóricamente- que use indiscriminadamente la violencia contra su población,73 y más aún, que se castigue a sí mismo.74 En contraposición a esta idea, hay quienes afirman que es imposible sostener que el uso de la fuerza o la violencia por parte de las instituciones estatales pueda ser legítimo e ilegítimo a la vez, e incluso legal e ilegal al mismo tiempo.75 Esto es particularmente relevante cuando se ha transitado desde una dictadura militar a un Estado democrático, pues genera cierto escozor el solo pensar que en una democracia pudieren cometerse actos de terrorismo patrocinados por el propio Estado. Sin embargo, hay varios ejemplos de manifestaciones de violencia posteriores a los regímenes militares en los que se ha hecho uso de la fuerza a través de los agentes estatales de manera no solo ilegítima sino ilegal, para neutralizar a las disidencias, como bien lo representó Walddman en los años 90.76
Otra cosa distinta es a quien debe castigarse por esos actos, ¿al Estado como tal? ¿o al agente que comete el acto? Me parece que no es posible que el Estado se castigue a sí mismo como institución, pero respecto del agente estatal, aún respecto del que actúa en democracia,77 tampoco es posible sostener, como hiciera antaño la Audiencia Nacional española, a propósito del “caso Amedo”,78 que si la conducta es cometida por un agente estatal como parte de una política contraterrorista destinada a mantener el orden constitucional, no pueda ser sancionada bajo la calificación terrorista. Esto por cuanto ese agente mandatado por el Estado, con nexo oficial reconocido o no, al hacer uso de la fuerza de manera ilegal destruye los cimientos mismos del Estado democrático, lo cual a su vez convertiría a esa misma violencia en violencia ilegítima.79
Y en este punto, retomando la jurisprudencia chilena, como se decía, actos de terrorismo cometidos por agentes estatales en dictadura, no fueron sancionados como tales, por razones técnicas, que no tienen que ver con el concepto de terrorismo ni tampoco con un cuestionamiento hacia la existencia de un terrorismo de Estado, según se explicitará en el apartado siguiente.80
Sin embargo, ya en democracia, encontramos un caso dudoso, el del ex informante de la Policía de Investigaciones, Lenin Guardia y su asesor López Candia, que sí fueron condenados por delito de terrorismo en 2001.81 Se trató del envío de un artefacto explosivo a la embajada de EE.UU, hecho que fue calificado como terrorista y por el cual fueron condenados; el envío de una carta-bomba a un conocido abogado, que fue calificado como delito común al no poder probarse la verosimilitud de la amenazas terroristas pues lo enviado no contenía explosivo, siendo condenados por este hecho, y la colocación de un yogurth envenenado en las estanterías de un concurrido supermercado, hecho por el cual fueron absueltos.82
Según declaraciones de López Candia, quien se acogió al beneficio de atenuación punitiva por colaboración con la justicia, todo era “una operación simulada” que le había ordenado Lenin Guardia, para reactivar investigaciones por terrorismo que se habían visto mermadas en el último tiempo, y así ayudar al entonces Director General de la Policía de Investigaciones quien “pretendía convertirse en la máxima autoridad de inteligencia del país y así acceder en el futuro a algún cargo público relevante, como el de Director de Gendarmería, de Seguridad Pública o de la futura Agencia nacional de Inteligencia ANI”.83 Sin embargo, en el proceso no se acreditó que la operación hubiese sido ordenada por la Policía de Investigaciones, para la cual trabajaba Lenin Guardia, señalándose que la responsabilidad era exclusivamente de los acusados y que “los atentados formaban parte del proyecto asumido por ambos procesados, de dar consistencia y credibilidad a sus informes de inteligencia, manteniendo engañados a la autoridad policial y política, y así recibir periódicamente los pagos que ya estaban percibiendo, transformándose de este modo en ‘terroristas por afán de lucro’”.84
3. Sobre los fundamentos para calificar como terrorista o no una conducta.
3.1 La organización terrorista como elemento a considerar y el ataque al orden “constitucional”.
Después de haber revisado la jurisprudencia se observa claramente que hay un antes y un después de iniciada la transición democrática.
En dictadura el elemento central para calificar una conducta como terrorista era el hecho de la pertenencia del sujeto a una organización política de ideología contraria al régimen, la asociación ilícita terrorista, aun cuando este elemento no se exigía ni se exige en el tipo penal. Esto sin perjuicio de perseguir a dichas organizaciones específicamente por el delito de asociación ilícita terrorista. Tales eran el FPMR y el MJL, llama la atención que al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) se le consideró siempre como una partida militarmente organizada de las del art. 8 de la ley n° 17.798, sobre control de armas. Por ejemplo el fallo condenatorio por el atentado al General Carol Urzúa ocurrido el 30 de agosto de 1983.85
Iniciada la transición, esto es, a partir de 1991, se niega el carácter terrorista tanto en casos de violencia del Estado, como en los casos de violencia insurgente. Paradigmático es que los fallos del caso de los tres profesores Degollados86 y los del Atentado a Pinochet y asalto al retén Los Queñes87comparten los mismos razonamientos, equiparando así la violencia de opresión con la violencia de emancipación.88
En ambos casos se argumentó la imposibilidad de aplicar la ley n° 18.314 en su texto original así como la ley n° 18.314 reformada por la ley n°19.027 ni aún en virtud del principio de retroactividad de la ley más favorable al procesado. En el caso del atentado a Pinochet y asalto al retén Los Queñes entre otros, acaecidos entre 1986 y 1988, la Corte de Apelaciones de San Miguel argumentó para desestimar la calificación terrorista que no podían aplicarse las penas de presidio previstas por los tipos penales creados por la ley n° 19.027, por cuanto se había contemplado un nuevo requisito en el tipo, un elemento subjetivo inexistente a la fecha en la que ocurrieron los hechos.Tampoco a su juicio era aplicable en virtud del principio de retroactividad de la ley más favorable al reo, “porque la ley 19.027 al modificar tanto los tipos penales como las normas para determinar su penalidad, ha originado una verdadera derogación orgánica de la normativa legal al no disponer que tal reforma no afectaría los procesos que se encuentra en tramitación. Razones por las cuales debe concluirse que esta Corte se encuentra imposibilitada de aplicar la ley 18.314, tanto en su texto originario, en el que resulta de la modificación introducida por la ley 19.027”.89
En el caso “Degollados”, la Corte de Apelaciones de Santiago argumentó:
“Que si bien como se deja establecido en la sentencia que se revisa, pueden ser responsables de un delito terrorista agentes de Policía de un Estado, y los hechos que a éstos se les atribuyen en esta causa podrían ser calificados en principio de terroristas, como lo ha hecho el juez de la causa en el fundamento trigésimo séptimo de dicha sentencia, es lo cierto que del análisis comparativo de las disposiciones de las leyes nº 18.314 y n° 19.027, surge la conclusión ineludible de que tales hechos, no obstante haber sido perpetrados cuando regía la primitiva ley, no pudieron quedar comprendidos dentro de la normativa que ella prescribía, y por consiguiente no es posible entender que han tenido propiamente y en definitiva la calidad de terroristas. En efecto el artículo 21 de la ley n° 19.027, que modificó la citada ley n° Nº 18.34, sustituyendo su artículo 1º, creó en realidad nuevas figuras delictivas, exigiendo, además, requisitos y presupuestos de orden subjetivo que la antigua ley no contempla y que el mérito del proceso tampoco habilita considerarlos, con todo lo cual desapareció el tipo penal y la correspondiente sanción que el mencionado artículo 1º de la ley n° 18.314 establecía, pero con ello no se borraron los hechos delictuosos atribuidos a los procesados, máxime que en la ley penal no existe aplicación analógica como una forma de garantizar la seguridad jurídica. En tal evento […] debe estimarse que vuelven a recuperar su vigencia las normas de carácter general del Código Penal y conforme a ellas debe juzgarse y sancionarse la conducta de los encausados”.90
Es llamativo también que el FPMR y el MJL de un momento a otro, incluso meses de diferencia, pasen de ser un movimiento emancipatorio a una organización terrorista. Se dice esto porque para hechos acaecidos antes de 1991 y cuya sentencia es posterior a esa fecha se descarta la calificación terrorista para dichas asociaciones, considerándose una partida militarmente organizada del art. 8 de la ley n° 17.798, independientemente de si los hechos fueron juzgados por la justicia ordinaria o la militar. Esto ocurrió en el caso del atentado a Pinochet y asalto al retén Los Queñes,91 el asalto a la “Panadería Lautaro” que dio lugar a una polémica por la requisa de fichas médicas desde dependencias de la Vicaría de la Solidaridad, las cuales fueron allanadas por la policía,92 el asalto a la tienda “Michaely”93 y un atentado a carabinero con resultado de muerte,94 entre otros.
En cambio para hechos ocurridos a partir de 1991, el FPMR siempre será considerado como asociación terrorista. Esto se observa por ejemplo en el caso del atentado con resultado de muerte al Senador J. Guzmán,95 en el caso del secuestro a C. Edwards,96 y en un caso de robo con intimidación al banco concepción por parte de miembros del FPMR97 La consideración de esta organización como asociación terrorista se observa incluso cuando los delitos cometidos son comunes; con la sola excepción de un caso, relativo a una propaganda armada realizada por miembros del FPMR; en donde se deja expresa constancia que el FPMR no es terrorista sino asociación ilícita común. Volveré sobre éste.
En el caso del atentado al senador se señaló:
“Que los miembros que componen la cúpula directiva de la organización delictual de carácter terrorista denominada “Frente Patriótico Manuel Rodríguez”, asociación que persigue, como fin último, alterar el orden constitucional y asumir el poder total de la República, por la vía armada, y que como medio para conseguir el fin indicado, lleva a cabo diferentes conductas atentatorias contra la seguridad pública, precisamente para esos efectos, procedió a concebir, planificar y ejecutar el alevoso asesinato del destacado hombre público, Honorable Senador de la República, Jaime Guzmán Errázuriz. Con la acción en referencia esta organización terrorista ha tratado de sembrar el caos y amedrentar a las autoridades legítimamente establecidas, en forma tal de llegar a inhibirlas a aplicar en el desempeño de sus cargos las ideas o concepciones propias para la solución de los problemas del acontecer nacional e inducirlas, en cambio, a seguir la senda ideológica anárquica que ellos profesan”. 98
En el fallo sobre el asalto al banco Concepción, se dio por establecida:
“ […] la existencia de una asociación ilícita denominada “Frente Manuel Rodríguez” de inspiración Marxista-Leninista, destinada a alcanzar el poder por medio de la fuerza y la lucha armada, la que para lograr sus objetivos mediatos e inmediatos cometieron delitos de diversa gravedad y naturaleza, empleando para ello armas de gran poder de destrucción, como ametralladoras y explosivos, y efectuando acciones de propaganda en las que se hace alarde de su arrojo y grado de participación y de su desprecio por el sistema político imperante al que intentan destruir por esos medios. Esta asociación ilícita, de acuerdo con la descripción de sus fines y actividades, resulta comprendida en el artículo1° y 2° n°5 de la ley n° 18.314, modificada por la ley n° 19.027, toda vez que se ha constituido por la comisión de actos terroristas, siendo una de sus manifestaciones los hechos que culminaron con el asalto al banco de Concepción, sucursal Campus Oriente, ocurridos en la mañana del 22 de enero de 1992 […] En el desarrollo de los acontecimientos que rodean el hecho se observa de parte de los malhechores un absoluto desprecio por la vida de las personas inocentes, creando un clima de pánico entre transeúntes, de distintas edades y sexo, disparando a los efectivos de la policía uniformada y de civil que acuden al lugar para culminar con la toma de rehenes en una casa habitación en la que dos de ellos buscan refugio”.99
Como se observa el argumento que se utilizó para determinar si la asociación era terrorista o no, es el carácter político de las asociaciones, y el contar con una estructura que les permita efectuar operaciones armadas para alterar la estabilidad política del país y así lograr el cambio total de las estructuras políticas, económicas y sociales. Incluidos delitos comunes como asaltos a bancos. Se dice que esto crea inseguridad y alarma. Esta característica es observada tanto en los fallos que emanan de la justicia militar como de la justicia civil. Incluso más, los tribunales militares hacen hincapié en que la sanción por asociación ilícita terrorista debe recaer solo en aquellos que forman parte activa de la organización (caso panadería Lautaro 1ª. Instancia),100es decir, incluso esos tribunales descartaron, la militancia pasiva.
Después de 1991, y refiriéndose concretamente al FPMR y MJL se tomaron en consideración para probar la finalidad de causar temor la dimensión de la asociación, manifestada en el despliegue de armas, uso de vehículos robados, atentados a policías y actos de propaganda. Otro elemento que se toma en consideración es que ella tenga por objeto la comisión de delitos de terrorismo, que nace del texto legal, pero lo interesante es que en el “Caso Guzmán” se alude al accionar en general del FPMR, al contexto, y en otros fallos al concreto delito que se ha cometido en el marco de la asociación, pero no hay claridad respecto a si estos delitos debían todos ser delitos de terrorismo o no, pues como se observa se consideró también terrorista la organización cuando los concretos delitos cometidos eran delitos comunes, como robos con intimidación. En los fallos no se observa ningún razonamiento siquiera en orden a considerar ese tipo de infracciones como delitos conexos a los de terrorismo.
Esto sin perjuicio del caso mencionado antes sobre individuos que fueron juzgados como terroristas por su participación en una propaganda armada, del FPMR. El concreto delito cometido era desórdenes públicos, por lo que el tribunal resolvió que la asociación no podía ser terrorista. La Ministra Gloria Olivares señaló complementando el fallo, de su puño y letra, que:
“Que si bien el Frente Manuel Rodríguez, al cual admiten pertenencia los encausados, es una asociación ilícita de público conocimiento, no está probado en autos que en el caso sub lite haya tenido por objeto la comisión de delitos que deban calificarse como terroristas”.101
También llama la atención que en el “Caso Guzmán” se haga referencia a la protección del orden constitucional, reapareciendo el componente político en el terrorismo, que más tarde va siendo olvidado en la aplicación a mapuche, hasta que rebrota nítidamente en el “Caso Luchsinger Mackay”.102 Más llamativo aún que en el “Caso Guzmán” se aluda a una necesidad de proteger un orden constitucional legítimo, descartando toda posibilidad de democracia formal:
“Que la doctrina internacional sobre delitos terroristas, la que paulatinamente ha ido siendo incorporada a las legislaciones penales de los estados, considera en la actualidad como figuras punibles de esta naturaleza a todos aquellos ilícitos penales que, además de atacar bienes jurídicos particulares determinados , como la vida, la integridad corporal, la libertad personal, el patrimonio, etc., son llevados a cabo con la finalidad de alterar la institucionalidad vigente, atacando al mismo tiempo otros bienes jurídicos tales como la seguridad y el orden públicos, cuya violación afecta asimismo a la sociedad tod a o a sectores determinados de ella, infundiendo a sus miembros el terror o miedo de poder resultar afectados por hechos de esa índole. Estos últimos bienes jurídicos, por su propia naturaleza de carácter colectivo, prevalecen sobre aquellos de orden particular antes nombrados, que son los inmediatamente afectados. De ese modo se marca el carácter de terrorista que pueda tener el delito, el que, al adquirir esa condición, pasa a ser castigado con una penalidad más severa precisamente por el hecho de que, a través de su perpetración se afecta ese concurso de bienes jurídicos protegidos -los de índole particular y los de naturaleza general o colectiva”.103
Este último considerando es idéntico al Considerando 1° de la sentencia por el secuestro terrorista de C. Edwards.104
Reforzando la idea de que el orden constitucional establecido era legítimo, y reprochando la ideología contraria, este mismo fallo agrega que:
“Las pruebas examinadas en el apartado que precede son constitutivas de documentos, informes de prensa, informes de la Dipolcar y de Investigaciones, todos los cuales, apreciados en conjunto y en conciencia, permiten dar por establecido que, a partir del año 1983 se organizó en Chile una asociación de ideología marxista-leninista-, que persigue llegar al poder por medio de la fuerza y lucha armada, la que, para en definitiva alcanzar sus fines, perpetra todo tipo de delitos contra las personas, contra la propiedad y el orden público, tales como incendios, secuestros, atentados contra autoridades políticas, asesinatos, asaltos, atentados con explosivos, etc.; todos ejecutados conforme a planes previamente estudiados, utilizando para ello, entre otros medios, artificios explosivos e incendiarios, así como otras armas de gran poder destructivo. Estos delitos se perpetran precisamente con la finalidad de producir, en algunos casos en todos los miembros de la población y en otros, en una parte de ellos, el temor justificado de verse afectados por hechos criminales de la misma especie, o para los efectos de imponer a las autoridades sus exigencias o someterlas a ellas […]Que la conducta descrita en el motivo precedente se califica como legalmente constitutiva del delito de asociación ilícita terrorista, hecho punible previsto en el artículo 2º Nº5º en relación con el artículo 1º nºs 1°y 2° de la ley n° 18.314 […], por cuanto, acorde con lo señalado en los fundamentos anteriores, el Frente Manuel Rodríguez es una organización de carácter ilegal, formada y mantenida para la perpetración de crímenes y otros delitos a través de las cuales se persigue las finalidades señaladas en los números 1 y 2 del artículo 1. De la ley n° 18.314”. 105
Veremos que después se emplean razonamientos casi idénticos para referirse a conductas cometidas por miembros del pueblo mapuche en los primeros años de la reforma procesal penal.106 Pero aunque en dicha oportunidad hubo condenas para ellos por delitos de terrorismo, es importante señalar que nunca ha logrado acreditarse la existencia de una asociación ilícita terrorista. En a lo menos dos oportunidades se intentó obtener una condena por este delito para los integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (en adelante CAM), organización mapuche, siendo desestimada esta calificación, y aún la de asociación ilícita común. La primera vez que se les juzgó a algunos de sus miembros por este delito (2007) el tribunal argumentó:
“La lógica indica que, para la magnitud de la tarea que se habría propuesto la CAM, la independencia del pueblo mapuche con un territorio autónomo, era más que necesario que contara con los medios económicos, el armamento y la estructura jerarquizada verticalmente, que permitieran tal logro; sin embargo, en materia de finanzas, la minuciosa contabilidad que habría llevado Héctor Llaitul no arroja una cantidad mayor que $1.800.000 […] no se encontraron más armas que una escopeta hechiza -en poder de una persona distinta de los enjuiciados-, y dos extintores supuestamente destinados a utilizarse como artefactos explosivos; quienes incentivaban a los miembros de las comunidades les habrían dicho debían llevar, para defenderse de los Carabineros, palos, boleadoras, piedras, herramientas agrícolas, y botellas y combustible para armar bombas molotov; es efectivo que el fuego por sí solo puede constituir un arma letal que causa estrago, y para encenderlo basta un fósforo, pero no puede ser el único elemento bélico con que se cuente para una guerra separatista. Tampoco una estructura horizontal, esto es, mediante células que actúan coordinadamente pero en forma independiente, se condice con el liderazgo que deben ejercer una o más personas para llevar a buen término una lucha independentista, y si a esto se suma que el grupo de insurrectos habría tenido una casa de seguridad sin ninguna de las características que las máximas de la experiencia señalan para esos efectos […] resulta evidente que el perfil de “asociación ilícita terrorista” que le otorgó el Capitán Zavinovic excede totalmente la definición que puede darse del grupo del que formaban parte los seis acusados en este juicio”.107
La segunda vez por la cual otros miembros fueron juzgados por este delito fue con motivo de un largo proceso, cuyo hecho principal fue el atentado a un fiscal del ministerio público en la zona de Puerto Choque (VIII Región) en 2008. En este proceso se investigaron tres grupos de delitos, que reunían entre sí 24 hechos distintos. El tribunal nuevamente desestimó la calificación terrorista para la C.A.M. pues no hubo evidencias para ello.108
El único fallo en el que existe una condena por el delito de asociación ilícita terrorista post reforma procesal penal, es en el denominado “Caso Peaje Quino”, que se llevó a cabo contra un imputado que resultó ser colaborador de las policías, el que fue juzgado en forma aparte y en procedimiento abreviado por los delitos de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista e incendio de cosa mueble, concediéndosele el beneficio de la libertad vigilada.109 El fallo no aporta ningún razonamiento que permita distinguir la simple concertación de un grupo para cometer ilícitos (el corte de ruta y robo al peaje), se limita a reproducir normas de la ley n° 18.314 señalando que de los antecedentes recopilados, entre otras pruebas:
“es posible concluir que efectivamente un grupo de individuos, entre los cuales formaba parte el acusado de autos, se concertó para cometer ilícitos con armas de fuego; así entonces, actuando premeditadamente y en forma organizada, cortaron árboles para interrumpir las vías de tránsito de la carretera, dispararon a vehículos que circulaban por éstas, atacaron a sus pasajeros, ocasionaron daños a un peaje atacando al encargado de este y cometieron delitos de robo, todo ello con el claro propósito de materializar sus objetivos, principalmente quemar camiones y así demandar reivindicaciones sociales relacionadas con el “Conflicto Mapuche” ocasionando gran temor a las víctimas y a toda la población en especial a los habitantes de la IX Región”.110
En cuanto a la tesis alegada por la defensa respecto a que los hechos de la acusación son delitos comunes y no terroristas, cabe señalar que la totalidad de los delitos cometidos se ejecutaron con el claro objetivo de causar temor a la población y no con el objetivo de obtener un resultado particular respecto de cada uno de ellos, en ese entendido, esta juez no comparte la hipótesis de la defensa, estimando que tales delitos tienen el carácter de terroristas”. 111
Como se observa, este fallo tampoco realiza esfuerzo por diferenciar entre la exigencia de la finalidad de causar temor como elemento del tipo, y como resultado de la actividad, es más, los confunde. Señala que la asociación es terrorista primero porque los delitos que se cometieron tienen carácter terrorista desde que produjeron como resultado el temor, y luego indica que son terroristas porque tenían la finalidad de causar temor. En este punto hay una notable diferencia con fallos que se emitieron en Santiago respecto de este punto en particular, más o menos en los mismos años, como veremos en el párrafo siguiente. Asimismo se observa una similitud con los primeros fallos (caso Norín Catrimán y otros) en orden a indicar que este tipo de actos afectan a “toda la población”.
Lo paradójico, casi esquizofrénico, es que todos los integrantes del grupo en el cual el imputado supuestamente participaba, fueron acusados por los mismos hechos pero en su calificación el órgano persecutor a pesar de haber formalizado por delitos de terrorismo, finalmente acusó por delitos comunes, y fueron todos absueltos por falta de participación,112 incluidos los menores que también fueron juzgados en forma aparte,113 es decir, el único condenado por asociación ilícita terrorista en nuestro país post reforma procesal penal, lo fue de una asociación terrorista que conformó solo.
3.2 La finalidad de causar temor y su constatación: medios empleados
En la mayoría de los fallos posteriores a 1991 que se refieren a atentados explosivos perpetrados por miembros del FPMR y MJL la finalidad terrorista se presume, pues hasta la reforma de la ley n° 20.480/2010, existía una presunción de dicha finalidad por el hecho de emplearse ciertos medios catastróficos para cometer el delito.114
En ocasiones se la da por satisfecha sin mayor prueba considerándose en algunos fallos que tal o cual hecho es “evidente” que produce la finalidad de causar temor en la población. Eso sucedió en un atentado al ferrocarril metropolitano, sin pasajeros, perpetrado en 1991, hecho que se investigó conjuntamente con un atentado a una sede del partido Renovación Nacional, sin moradores.115 Señaló el tribunal:
“[…] se cometieron dos actos terroristas desde que los malhechores atentaron con artefactos explosivos a una propiedad particular, ubicada en un sector poblado de la comuna de Estación Central que pertenecía a la sede de un partido político produciéndose de tal magnitud la explosión que incluso alcanzaron una casa vecina; y el otro caso uno de los carros del tren Metropolitano que es un medio de locomoción en que se traslada gran cantidad de personas; en los que se actuó evidentemente con la finalidad de producir en la población o en una parte de ellas el temor justificado de ser víctimas de este tipo de delitos, por el solo hecho de haber utilizado los artefactos explosivos…”.116
Respondiendo a la objeción de la defensa en cuanto a que no se satisfacía el tipo penal de terrorismo por ausencia del requisito entonces indicado en el art. 2 N°4 de la ley n° 18.314 de que la colocación del artefacto explosivo debía poner en peligro a personas o causar daño, el tribunal respondió:
“El sentenciador estima que existió el peligro que se incluye en la figura penal, porque el hecho demostrado de haber hecho estallar dos artefactos explosivos en una parte de la ciudad de Santiago, densamente poblada y en un carro del tren metropolitano puso en situación de riesgo a las personas que normalmente se trasladan en ese medio de transporte, unido a la habitualidad de los mismos”.117
Pero en otros casos, se alude a la idoneidad del medio para causar temor en la población. Tal y como se indicó en el ya comentado caso del atentado a embajada EE.UU y otros delitos. Este fallo es interesante pues indica que no cualquier medio es idóneo para causar temor en la población, y por ello si bien califica como terrorista la colocación de artefacto explosivo en la embajada de Estados Unidos, porque el artefacto era idóneo,118 desestima tal calificación para la amenaza terrorista toda vez que ella no era verosímil pues la carta -bomba enviada, en verdad no contenía explosivo.119
La jurisprudencia va evolucionando en términos penales, a partir de 2001 comienza a haber un proceso más depurado para el análisis del tipo, buscando esclarecer sus elementos. Pero, sin duda es partir del fallo en el “Caso Pitronello” (2011)120 que comienza a advertirse que lo exigido por el tipo penal no es el resultado de temor o alarma, sino la finalidad del sujeto de causar temor, esto es, algo que está en su fuero interno, y que no puede evidenciarse fácilmente, aun cuando haya resultado afectada la integridad física de personas, lo cual dice relación, entre otros, con la idoneidad del medio comisivo, el lugar y contexto en donde se delinque.
“Estos sentenciadores concluyen que las propiedades y lo que deriva del uso del medio empleado no permite estimar, en este caso, que su uso haya tenido como finalidad “producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie”, ya que el artefacto en cuestión es uno único, que contenía menos de un kilo de pólvora, con fuerza para desplazar evidencias - consistentes en trozos pequeños de cables, lata y otras partículas del aparato - en un rango no superior a los 8,20 metros; cuyo estallido proyectó sangre del acusado a una altura inferior a 80 cm desde el suelo en el punto de detonación, que quebró los cristales de las puertas de acceso al banco, pero sólo trizó los situados inmediatamente a continuación de éstas, daños todos que fueron calificados como estéticos por el encargado de su reparación; y que - aspecto no menos relevante- no provocó la muerte de quien tenía el artefacto en sus manos al momento de la detonación. […]. Estas consideraciones respecto al carácter del artefacto y sus resultados probados, a las que se suma la hora de ejecución del plan (02:24 AM), el tiempo máximo de espera del timer que condicionaba la detonación de la bomba (una hora, conforme se expuso en la audiencia), el que en el interior de la sucursal no había personal trabajando, la inexistencia de cajero automático y servicios automatizados que hicieran probable la concurrencia de público a ella a esas horas… han permitido arribar a la conclusión que la naturaleza y efectos del medio empleado no permite tener por acreditada la finalidad de causar temor, que demanda la disposición en comento, sino sólo la intención de causar daños a la señalada entidad […] Cabe tener en cuenta que el peligro de generar un resultado más gravoso que el que se ha denunciado en estrados, tampoco muta por sí solo el carácter de la conducta.[…]”.121
En el denominado “Caso Bombas”,122 el tribunal, citando un fallo de la Corte Suprema, y para desestimar la calificación terrorista señaló que la finalidad terrorista supone
“una intencionalidad que supere el hecho criminal de que se sirve para lograr el terror colectivo, que infunda por sí solo, el temor en un conglomerado social que presienta vehementemente que a partir de ese momento la tranquilidad de su vida queda aniquilada. Esta decisión subjetiva terrorista implicará la ejecución de actos de violencia extrema, aguda y desmoralizadora, que produzca ese amedrentamiento irresistible en la población”.123
La depuración de los razonamientos judiciales en relación con la configuración del elemento subjetivo exigido por los tipos penales de terrorismo se hace cada vez más fina, destacando dos fallos posteriores sobre colocación de artefactos explosivos.
El primero acoge el concepto constitucional de terrorismo haciendo alusión a los criterios emanados del art. 9 de la carta Fundamental, el carácter atentatorio del terrorismo contra los derechos humanos, la puesta en peligro de la seguridad e integridad de las personas, y el socavamiento de “las instituciones democráticas y sociales que son esenciales para la conservación y fortalecimiento del estado de derecho”.124 Y es sobre esta base que atendiendo a la inidoneidad del medio para poner en peligro a personas125 debido a su bajo poder destructivo, considera que no es posible tener por acreditada la finalidad de causar temor. El tribunal señaló expresamente que “[los artefactos caseros] no pueden denominarse bombas, ya que esa designación corresponde solo a los aparatos de fabricación industrial”.126
Aún más el fallo distingue expresamente entre el elemento subjetivo exigido por la ley n° 18.314 y el resultado de alarma que produce el acto, considerando que el primero no estaba acreditado, y que “el temor o alarma que pudieron sentir los vecinos, es el sentimiento normal frente a cualquier acto delictivo común […] y no deriva de una estrategia de violación que atente contra los derechos humanos”. 127
En 2013, con motivo del ataque a un retén de carabineros con resultado de lesiones a un uniformado,128 se observa un razonamiento aún más completo, considerando necesaria la presencia de un dolo directo respecto de la finalidad de causar temor, descartándose el dolo eventual, el que en la especie no se presentó por lo que la conducta no pudo calificarse como terrorista. Lo expresa claramente en los fallos de los dos juicios orales por el atentado al Retén Las Vizcachas, siendo especialmente claro en el primero de ellos:
“De la exigencia de un dolo directo de primer grado en la configuración de la finalidad de producir temor en la población o en una parte de esta. Que en lo que respecta al particular elemento subjetivo del tipo penal del delito terrorista, las proposiciones fácticas de la acusación no permitieron establecer de la concurrencia de un dolo directo, lo cual impedía la descripción de tal elemento típico. En efecto, como bien señala el profesor Hernández “la finalidad de producir en la población o en una parte de la de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie constituye un elemento subjetivo del tipo o del injusto distinto del dolo, toda vez que va más allá de las exigencias objetivas del tipo […] no es necesario entonces que se efectivamente se provoque ese temor, pero sólo la persecución del mismo le confiere a la conducta el carácter de delito terrorista…la consecuencia indudable del reconocimiento del elemento subjetivo del tipo es que la caracterización como delito terrorista no es posible cuando respecto de ese eventual efecto de temor en la población se obra sólo con dolo eventual… (Más aún) los elementos subjetivos del tipo responden al esquema de exigencias del llamado dolo directo de primer grado o intención, esto es, con total preeminencia del elemento volitivo por sobre el cognoscitivo, de modo que ni aun el conocimiento seguro (dolo directo de segundo grado) en cuanto a los efectos satisfaría la exigencia si es que falta el propósito especial” […] si acepta sus tesis bajo la cual el hecho sub iudice se inscribe en una lógica de accionar del anarquismo insurreccionalista, lo cierto es que el temor, como resultado de esa acción, sólo podría ser imputable a título de dolo eventual, o, en el mejor de los casos, a dolo directo de segundo grado, pero nunca a una intención de causar temor”.129
3.3 La ideología de los sujetos como elemento para la calificación.
La jurisprudencia revisada da cuenta también de un cambio en los razonamientos judiciales respecto a la consideración de las ideologías a las cuales adhieren los imputados, y que probablemente dice relación con el tránsito hacia la democracia y el cambio cultural. Finalizando la primera década de los años 2000 y después de ella los fallos muestran una valoración distinta de las ideologías a la hora de juzgar, entendiéndolas como parte de la libertad de pensamiento y expresión, y no como un indicativo de criminalidad terrorista. Esto se observa nítidamente en los casos en los que se ha juzgado a anarquistas.
La consideración de la ideología marxista leninista como sinónimo de terrorismo se observa por ejemplo, en el juzgamiento a don Clodomiro Almeyda, Presidente del Partido Socialista, por parte del Tribunal Constitucional, por infracción al artículo 8° de la Constitución Política130que sancionaba la apología del terrorismo:
“el ilícito constitucional consumado y acreditado con las pruebas anteriores, no puede desaparecer por el hecho de que en distintas declaraciones pueda el señor Almeyda haberse manifestado un defensor de la democracia y de los derechos inherentes a ella, pues tales actitudes están abiertamente reñidas no sólo con su carácter de marxista-leninista, con sus actos y declaraciones reiteradas sustentando el contenido ideológico de la doctrina marxista, sino que ellas corresponden a la esencia de la moral marxista que, como es sabido, está enteramente subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado”.131
En el caso de organizaciones de ideología contraria al gobierno que sustentaron la lucha armada, especialmente el FPMR, como ya se dijo, se le considera una organización terrorista en todos los fallos, con la excepción de hechos cometidos durante la dictadura y juzgados con posterioridad a 1991, tales como el atentado a Pinochet y el asalto al retén Los Queñes. En este tipo de decisiones no puede entonces desconocerse el carácter político de tales juzgamientos. Era una etapa de acuerdos y transiciones, y había que concretar la pretendida reconciliación nacional, uno de cuyos escollos era la existencia de presos políticos de la dictadura.132
Y así por ejemplo, en el caso del atentado a Pinochet, se soslaya la discusión de fondo acerca del carácter terrorista o no del FPMR, y se amparan en principios generales relativos a la aplicación de la ley más favorable en contraposición a la ley vigente al momento de los hechos, siendo la primera inaplicable por cuanto introducía nuevos elementos a los tipos penales, y la segunda inaplicable por ser más desfavorable, indicándose sin más, que se considera una partida militarmente organizada de las que describe el art. 8 de la ley n° 17.798, sobre control de armas, figura que, en todo caso, explicita la sentencia, desplaza a la asociación ilícita del art. 292 del Código penal, en virtud del principio de ne bis in ídem y el de especialidad.133
Después de 1991, el marxismo-leninismo sigue siendo sinónimo de terrorismo en la medida en que emplea todas las formas de lucha, como se observa en los casos ya mencionados134 en donde se señala que el “Frente Manuel Rodríguez de inspiración Marxista-Leninista” es una asociación ilícita terrorista “destinada a alcanzar el poder por medio de la fuerza y la lucha armada”, para lo cual comete diversos delitos y “hace alarde de su arrojo […] y de su desprecio por el sistema político imperante al que intentan destruir por esos medios.135 En otros fallos se alude directamente a la toma del poder señalando que es una “asociación que persigue, como fin último, alterar el orden constitucional y asumir el poder total de la República, por la vía armada”.136
Esta tendencia trasunta incluso a la evaluación de la responsabilidad penal confundiéndola con responsabilidad política, y así para fundamentar la condena de uno de los cabecillas del FPMR en el caso del homicidio de J. Guzmán, el tribunal argumentó:
“Que la circunstancia de haber reconocido judicialmente responsabilidad política en el delito, obviamente debe entenderse en el sentido de que confiesa participación en la adopción de la decisión de perpetrar el asesinato terrorista, la que, como anteriormente se ha expuesto, obedeció a los fines “políticos” que esa asociación persigue como fin último; […].137
De esta forma se lo condena como autor inductor del ilícito en virtud del art. 15 n°2 del Código Penal.138
Similares razonamientos son los contenidos en la sentencia del TOP de Angol en el segundo juicio oral que condenó a los lonkos Pichún y Norín como autores materiales del delito de amenazas terroristas (amenazas de incendio terrorista). En ella las pruebas de cargo fueron la declaración de un testigo protegido y testigos de oídas (trabajadores del predio) que sabría de una reunión en la cual Norín habría participado en su calidad de dirigente en la que se habría discutido “el futuro del predio”, y una carta presuntamente firmada por Pichún en donde se contenía una amenaza “encubierta”. 139 Impresiona cómo el TOP, que en el primer juicio les había absuelto, considera, entre otros, para responsabilizarles penalmente tanto su calidad de lonkos como su condena anterior por hechos distintos:
“[…] Se encuentra probado que el acusado Pascual Pichún es lonko de la Comunidad "Antonio Ñirripil" y Segundo Norín lo es de la Comunidad "Lorenzo Norín", lo que importa jerarquía en su interior y determinada capacidad de mando y liderazgo sobre ellas. […] Asimismo, es preciso resaltar que los imputados Pichún y Norín se encuentran condenados por otros delitos relativos a ocupaciones de tierras cometidos con anterioridad a estos hechos en contra de predios forestales…”.140
Recordemos que esta sentencia fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH).141
Es en este tipo de razonamientos e interpretaciones donde uno puede comprobar, una vez más, la similitud entre el terrorismo y los delitos delesa majestad, que ya viene dada por la faceta procesal.142 Al mismo tiempo, cómo el poder judicial a pesar de su independencia en virtud del principio de separación de poderes, consolida regímenes políticos y privilegia a ciertos sectores. Los fallos durante la dictadura consolidaron la normativa por ella promulgada, tal como se hiciera en la época de Ibáñez del Campo, a pesar de dejar en la indefensión a personas aplicándoles decretos leyes.143 En otros casos, las interpretaciones de las normas tienden a privilegiar intereses de ciertos sectores de la población, los más pudientes.144
Respecto del anarquismo, juzgados todos ellos por jueces de Santiago, se descarta la ideología como elemento que permita anunciar el carácter terrorista de la conducta, así en el caso Pitronello (2012) se indicó:
“Que, por otra parte, la invocación de la ideología del acusado como parte de los factores a considerar para dar por probado el carácter de los hechos que se atribuyen, constituye una argumentación inadmisible conforme los términos de la misma ley y contrario a un ordenamiento jurídico que sanciona conductas, más no ideas ni formas de ser, ya que supone atender y estigmatizar tales líneas de pensamiento, más que los comportamientos que son el objeto de reproche penal. […] la reforma constitucional del año 1989 introdujo importantes cambios en nuestra conformación institucional. El principal de ellos fue la derogación del artículo 8º como base de la institucionalidad, por lo que con ella se puso término a toda posibilidad de fiscalizar y prohibir la difusión de ideas […] la reforma de la ley 18.314, a través de la ley 20.467 tuvo como una de sus motivaciones fundamentales eliminar de su texto, cualquier referencia a categorías propias del Derecho Penal de autor […]. Por todas estas consideraciones, no es posible que este tribunal haga suya la argumentación expuesta conforme a la cual la conducta traída a estrados pueda ser calificada de terrorista en base a la consideración de las ideas profesadas por el acusado, ya que ello pugna con la letra y el espíritu que inspira nuestro ordenamiento jurídico constitucional y penal, específicamente. Distinta sería la situación si la ley hubiera considerado, dentro de la descripción típica, móviles con contenido cierto (sea político o no), pero no es éste el caso…”.145
Este fallo marca una tendencia para el futuro y posteriores se manifiestan en sentido similar. En el coloquialmente conocido como “caso Bombas” (2012) se indicó:
“[…] las evidencias incorporadas a este juicio, y que contienen un discurso político, más allá de la forma en que se pretendió incorporar, de manera sesgada y parcial, no constituyen indicios de la ejecución de aquella finalidad, debido a que no es posible contactarlos, aun cuando se tratara hipotéticamente de incitación a la violencia política, con los hechos típicos que el Tribunal tuvo por acreditados. Amparado como está el derecho fundamental de la libertad de opinión, de información, de comunicación privada e incluso pública, la evidencia por sí sola no constituye actos de ejecución o principio de ejecución, en los términos el artículo 7 del Código Penal, que logre conectar los ya referidos hechos a aquella finalidad. […] Los afiches, panfletos y adjudicaciones exhibidos no contenían dato alguno sobre su fecha de creación o de su autor, en ninguno de ellos se contenía el reconocimiento ni aún indiciario, de la finalidad consistente en la producción de temor en la población o una parte de ella, más allá del contenido anti sistémico y contestatario que era posible apreciar en ellos y que aparece legitimado por el ejercicio de derechos fundamentales. El discurso político, ideológico, cultural, social, económico, histórico y de cualquier naturaleza, es inocuo y atípico desde el punto de vista del Derecho Penal, en tanto discurso. Sólo la debida materialización de actos que pongan en marcha la ejecución de un hecho típico hará punible la acción, y para ello, la prueba que logre vincular aquel discurso con el hecho delictual es requisito de la esencia para la legitimidad del poder punitivo del Estado”.146
4. La ley de conductas terroristas en el contexto del conflicto territorial mapuche.
Se ha considerado un apartado especial para este tema debido al particular interés que ha suscitado tanto a nivel nacional como internacional. La jurisprudencia sobre terrorismo que hace referencia al conflicto territorial mapuche, se alude, para calificar la conducta como terrorista al contexto de violencia existente en la Araucanía producto de las demandas territoriales. En los primeros fallos, con los que debuta la reforma procesal penal en la IX región y que posteriormente fueron anulados por la CIDH, se habla de “acciones de fuerza previamente concertadas y planificadas” que se llevan a cabo “sin observar la institucionalidad vigente” para “crear inestabilidad inseguridad y temor, infundiendo miedo a un sector de la población constituido por empresas forestales, agricultores, parceleros”.
4.1 Fundamentos para la calificación terrorista de los delitos.
En el caso Norín Catrimán se indicó que la finalidad de los indígenas era provocar, en ese grupo, el justo temor de ser víctima de atentados similares para obligarles a abandonar las tierras, con las consiguientes consecuencias económicas. Se indicó también que hay organizaciones de hecho que usaban como excusa las reivindicaciones territoriales para perpetrar actos de violencia:
“Los ilícitos antes referidos están insertos en un proceso de recuperación de tierras del pueblo mapuche, el que se ha llevado a efecto por vías de hecho, sin observar la institucionalidad y legalidad vigente, recurriendo a acciones de fuerza previamente planificadas, concertadas y preparadas por grupos exacerbados que buscan crear un clima de inseguridad, inestabilidad y temor en diversos sectores de la octava y novena regiones. Estas acciones se pueden sintetizar en la formulación de exigencias desproporcionadas, hechas bajo presión por grupos beligerantes a los dueños y propietarios, a quienes se les advierte que sufrirán diversos tipos de atentados en caso de no acceder a sus requerimientos, muchas de estas amenazas se han materializado mediante ataques a la integridad física, en acciones de robo, hurto, incendio, daños y ocupaciones de tierras, que han afectado tanto a los individuos y bienes de diversas personas dedicadas a las actividades agrícolas y forestales de ésta zona del país. La finalidad perseguida es provocar en la gente un justo temor de ser víctima de atentados similares, y con ello obligarlas para que desistan de seguir explotando sus propiedades y hacer que las abandonen. La sensación de inseguridad e intranquilidad que generan dichos atentados, ha traído como consecuencias la disminución y encarecimiento de la mano de obra, aumento en el costo e hipotecas, tanto en la contratación de maquinarias para la explotación de los predios, como para cubrir las pólizas que aseguren las tierras, instalaciones y plantaciones. Es cada vez más frecuente ver trabajadores, maquinarias, vehículos y faenas instalados en los distintos predios, bajo protección policial que garantice la ejecución de las labores, todo lo cual afecta derechos garantizados constitucionalmente. […].147
Para probar la participación de los acusados, se consideró que:
“[…] es un hecho público y notorio que en la zona, desde hace un tiempo a la fecha, están actuando organizaciones de hecho que usando como argumento reivindicaciones territoriales, realizan actos de violencia o incitan a ellos. Entre sus métodos de acción se emplea la realización de diversos actos de fuerza que se dirigen contra empresas forestales, pequeños y medianos agricultores, todos los cuales tienen en común ser propietarios de terrenos contiguos, aledaños o cercanos a comunidades indígenas que pretenden derechos históricos sobre las mismas. Tales acciones apuntan a la reivindicación de tierras estimadas como ancestrales, siendo la ocupación ilegal un medio para alcanzar el fin más ambicioso, a través de ellas se irán recuperando parte de los espacios territoriales ancestrales y se fortalecerá la identidad territorial del Pueblo Mapuche”.148
Estos razonamientos prácticamente son copiados en el fallo del incendio al Fundo Poluco Pidenco149 y en forma similar se había pronunciado antes la Corte de Apelaciones de Concepción respecto del caso de la quema de una retroexcavadora, añadiendo: “[…]Que los incendios de los camiones y retroexcavadora se encuentran circunscritos dentro del conflicto Pehuenche […] En este contexto han acontecidos los hechos, como una manera de exigir a las autoridades resoluciones o imponer exigencias para revertir la situación existente en la construcción de la Central”.150
4.1 La amplitud del tipo penal y sus efectos.
Después de 2005 en general no se registran condenas por terrorismo, salvo la excepción antes indicada respecto de los dos fallos en contra de una misma persona, colaborador de las policías,151 pues los tribunales han entendido que frente a un tipo penal tan amplio y con una fuerte carga psicologizante152 no es posible condenar a alguien por terrorismo sin pasar por alto el principio de legalidad. Emblemático es el caso del incendio al Fundo Poluco Pidenco en donde el mismo hecho y por el mismo tribunal fue calificado como terrorista hasta el año 2005 para luego variar su calificación a incendio común. Así en el fallo de 2004153 condena a cinco imputados a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo más las accesorias, misma suerte que corre otro imputado a quien se le juzga en 2005.154 En 2006 califica el hecho como incendio común y absuelve a otro imputado por falta de participación. En 2007155 califica también el incendio como delito común y condena a otro imputado a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo más las accesorias, y en 2008156 reitera esta calificación respecto de otro imputado a quien se le condena a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo más accesorias.
Este cambio no puede explicarse simplemente por la integración del tribunal, pues ella es distinta para cada uno de los fallos, no existiendo razón para que seis jueces (2004 y 2005) califiquen el hecho (incendio) como terrorista, y luego nueve jueces completamente distintos de los anteriores (2006, 2007 y 2008), califiquen el mismo incendio como delito común.
Y así en 2006, contrario a lo que dijo en 2004, el TOP de Angol señaló:
“[…] que la ley mencionada sobre conductas terroristas se encuentra en contraposición con lo consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, que prohíbe que se pueda presumir de derecho la responsabilidad penal. En este orden de ideas, la presunción simplemente legal establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 18.314, relativa a la finalidad de producir en la población o en una parte de ella temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie, se encuentra en abierta contradicción con el derecho a la presunción de inocencia que en nuestro país tiene rango constitucional por estar incorporado en los tratados internacionales ratificados por Chile, que nuestra Carta fundamental asegura respetar y garantizar en el inciso segundo de su artículo 5°, encontrándose entre tales tratados la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de 5 de enero de 1999[…]”.157
Ni siquiera hubo condena por delito de terrorismo en el mediático caso del incendio al fundo “La Granja Lumahue” (caso “Luchsinger Mackay), incendio con resultado de muerte, en donde al ser juzgado el único imputado, un machi, por dos hechos distintos, los jueces determinaron que aquel en el cual no participó, y por tanto fue absuelto, se trataría de un incendio terrorista, y que aquel en el cual se le condenó, es un incendio común. ¿La diferencia? En el primero, incendio en el fundo “Santa Isabel”, que tiene también un robo con violencia e incendio de vehículos, el tribunal cuenta con un testigo que señala que al momento de irrumpir en la casa, robar e incendiar, uno de los sujetos dijo “que querían tierras y armas” “que se trataba de un atentado mapuche” y “que querían ver a los huincas arrodillados frente a ellos” siendo eso a juicio del tribunal forma de objetivar la finalidad de causar temor en ese sector de la población y por ende satisfacer el elemento subjetivo. En el otro caso, el incendio al fundo “La Granja Lumahue”, no pudo objetivarse pues hubo solo un detenido que hizo uso de su derecho a guardar silencio.158
El fallo señala que
“el terrorismo es un fenómeno social con consecuencia jurídicas que se caracteriza por el empleo de los métodos violentos como camino para lograr la desestabilización del sistema de gobierno constitucional democrático, lo que se provoca a través, muy fundamentalmente, del miedo justificado que producen sus acciones en la población”.159
Luego, al referirse al hecho 1 indica:
“[…] los hechores por un lado perseguían una finalidad que excedía la mera destrucción de la residencia y vehículos por fuego. El fundamento de ello lo encontramos en que además profirieron expresiones como: “que querían tierras y armas”, desestimando incluso el ofrecimiento de dinero para cesar su acción; “que se trataba de un atentado Mapuche”; “que querían ver a los huincas arrodillados frente a ellos”; es decir son datos objetivos que permiten deducir el dolo especial exigido por el legislador de la Ley 18.314, puesto que nos habla de manera inequívoca que lo que realizaban tenía por objeto, finalidad y motivación provocar temor en una parte de la población de esta región, especialmente la que habita, por cierto, los predios aledaños al sitio del suceso. […] si bien varias de esas expresiones pueden ligarse a demandas sociales de un sector de la población de esta región, concretamente a personas de la etnia Mapuche en pos de recuperar tierras que les pertenecieron, empero además hicieron alusiones respecto de que los hechos igualmente lo efectuaban por lo acontecido al señor Matías Catrileo, de manera que, en consecuencia, es evidente que, el ataque también tenía por finalidad asestar un golpe al Estado- en su faz policial- que, según sus visiones, desprendidas del panfleto […] tiene la responsabilidad del fallecimiento del mencionado, con lo que es manifiesto que tras los dichos hechos existió una denodada finalidad de atacar la bases del Estado, eligiendo para ello, un medio idóneo cual es la sembrar temor en un sector de la población de esta región […] Adicionamos que, en el caso, las personas padecieron también de lesiones, es decir, su integridad física fue afectada, pudiendo igualmente que fueron apuntados por armas de fuego y rodeados por sujetos que portaban las mismas, en ese contexto es palmario que sus vidas, corrieron un peligro concreto y palpables, a lo que se añaden los actos de degradación contrario a la dignidad humana a que fueron sometidos, como fueron el mantenerlos arrodillados […] Todo lo anterior da cuenta de un plan, motivación y finalidad, de un procedimiento o método premeditado para llevar adelante el ilícito orientado, tal cual en ocasiones anteriores en esta zona, a atentar en contra de un grupo determinado de personas, vale decir agricultores de ascendencia extranjera. […] lo que se pretende con el incendio de sus bienes, conforme emana de la prueba producida respecto de este hecho, no es consumar la destrucción de cosas muebles o inmuebles sino causar temor en otras personas que viven en sectores rurales y que son propietarios de grandes o medianas extensiones de tierras con el fin de que los mismos abandonen dichos lugares, afectando con ello-necesariamente- la estabilidad económica y social de una parte del Estado Chileno, cual es esta región”.160
Lo que llama la atención en este fallo respecto del hecho que califica como terrorista es, la equiparación que se hace de una situación particular que afecta a un sector privado, constituido por forestales, parceleros, agricultores, con un interés nacional, toda vez que el tribunal inicia su argumentación indicando que terrorismo es un método violento para lograr una desestabilización del sistema constitucional democrático, que usa el temor como medio en la conducta, y seguidamente alude al temor como elemento del tipo para señalar que se ha cumplido en el caso del incendio al fundo “Santa Isabel” pues esas expresiones permiten concluir de manera inequívoca que de lo que se trata es de causar temor en ese sector de la población lo que permite calificar como terrorista la conducta. Ello se objetivaría por la existencia de un plan premeditado de atentar contra esa categoría de personas. Alude también al contexto de violencia en la Araucanía, y que otra de las motivaciones del hecho era reivindicar la muerte de Matías Catrileo.
En esto cabría preguntarse cuál sería la relación entre un motivo vindicativo, o reivindicativo de tierras, incluso de animadversión frente al despojo y el maltrato, con una finalidad de atentar contra el orden constitucional democrático. Pareciera que la integridad o la vida de ese sector de la población es más importante que la de cualquier pandillero que es ajusticiado mediante métodos similares en su suburbio por parte de la pandilla rival. Tenemos casos de personas quemadas por pandilleros161 y organizaciones criminales que asolan las poblaciones causando temor e inseguridad.162 Nadie ha dicho que eso es terrorismo. Tampoco nadie ha calificado como terrorismo amenazas con armas hechas por delincuentes comunes organizados en los que también se degrada o humilla a la víctima.
Para privar al incendio con resultado de muerte del fundo La Granja Lumahue (hecho 2), el tribunal es contradictorio con lo razonado anteriormente, pues en éste niega la influencia de un motivo vindicativo como elemento incidente en la calificación terrorista:
“lo demostrado por la prueba sólo ha trasuntado un dolo de matar mediante el fuego. Así lo demuestra fehacientemente la llamada de auxilio de la señora Vivian Mackay[…]”.163 “Menos ha convencido a los jueces de mayoría que la sola referencia de contexto rendida por los querellantes a través de dos testigos los señores Jorge Luchsinger Villiger y Eduardo Luchsinger Schifferli, sirva para deducir el dolo terrorista respecto de un hecho que ha tenido un modo de operar diverso, más grave, pero diferente en estricto rigor, puesto que ello significaría efectuar conexiones ideológicas y materiales no conocidas ni apreciadas por el Tribunal, que no son sostenibles lógicamente, así habría que pensar que quienes atacaron a dichas personas y les quemaron sus residencias, son los mismos que actuaron en el caso de marras, o que pertenecen a la misma organización, es más que dicho aparato es uno constituido para infundir el miedo en la población y desestabilizar el sistema democrático. Incluso, un vínculo de la forma en que se menciona debería asentarse en que dichos hechos son de naturaleza terrorista, lo que no se demostró”.164
Hace referencia expresa a un panfleto encontrado en un céntrico hotel de Temuco que reivindicaba la muerte de Matías Catrileo señalando que “estimamos que no se trata de un elemento idóneo para a partir de él, configurar el elemento subjetivo del tipo, ya mencionado, toda vez que, lo que dicho texto es un afán de vindicación de tierras, pero no uno terrorista [...]”.165 Y prosigue:
“constatamos que matar a una persona utilizando para ello la quema de su residencia es un ilícito de suyo grave- por ello la pena asociada al mismo, una de las más alta de nuestro ordenamiento jurídico-, empero la conducta por sí misma no es constitutiva de un delito terrorista, sólo lo será en virtud de la demostración de la finalidad terrorista presente en el agente. Así la figura criminal que hemos asentado es un delito común, en el sentido técnico de la expresión”.166 “[…] estos juzgadores, no aprecian, a pesar de lo ominoso de los sucesos, que una acción de la naturaleza dada por concurrente haya puesto en peligro ni afectado el ordenamiento constitucional democrático.167
Un dato importante: no logró probarse la participación del acusado en el hecho 1 por ausencia de prueba, y respecto del hecho 2 (incendio con resultado de muerte) tampoco la hubo, no pudo probarse autoría material, pero sí “indicios” de haber participado en el hecho.168 Tal vez haya sido esta circunstancia la que llevó a los jueces a razonar de manera tal de no aplicar lo que se considera la pena más alta en el ordenamiento jurídico, pues la pena mínima del incendio terrorista con resultado de muerte es la pena máxima prevista por el ordenamiento jurídico (presidio perpetuo calificado).
Lo paradójico es que, a pesar de que es la propia Corte Suprema la que mediante fallo169 refrenda lo indicado por el TOP de Temuco en orden a no considerar terrorista dicho incendio, en 2016 se detuvo a otros once comuneros, a todos los cuales se les formalizó por los mismos hechos pero con la calificación de incendio terrorista, con el consiguiente uso del procedimiento restrictivo de garantías que autoriza la ley n° 18.314. Los imputados permanecieron más de un año en prisión preventiva,170 arriesgando también como pena mínima la pena máxima, pero fueron absueltos en noviembre de 2017 por el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco,171 básicamente porque no logró probarse su participación en los hechos, pero lo interesante es que nuevamente estimó que se trata de un delito común. Se encuentra pendiente la resolución de los recursos de nulidad interpuestos en contra del fallo.
El razonamiento que efectúa la sentencia para desestimar la calificación terrorista es mucho más depurado que el del anterior juicio y tiene más coherencia interna. Fija su análisis exclusivamente en las probanzas rendidas para acreditar el elemento subjetivo del tipo. Si bien da por establecida la existencia de temor en agricultores de la zona de ser víctimas de delitos de la misma especie, señala el tribunal que ello no resulta suficiente para acreditar la intención de causarles ese temor por parte de quienes cometen las conductas, máxime si ese elemento subjetivo exige dolo directo. La evidencia relacionada con el incendio no permitió advertir una intencionalidad adicional a la del delito mismo de incendio con resultado de muerte, esto es, incendiar la vivienda y provocar con la utilización de ese medio estragoso, su muerte.172
Tampoco logró probarse la existencia de un plan premeditado de atentar contra los agricultores con la finalidad de que éstos abandonaran los predios, pues no hubo evidencia que permitiera esclarecer si existió coordinación, quienes se coordinaron, cómo se coordinaron, y cómo se materializó en la práctica, ni mucho menos elementos que demostraran los objetivos de esa supuesta organización coordinada.
Asimismo, se hace cargo de la evidencia relacionada con el conflicto mapuche, panfletos encontrados alusivos al proceso de reivindicación territorial, y la muerte de Matías Catrileo, indicando que de ellos no es posible colegir la intención de atentar contra el orden constitucional democrático. Tampoco logró probarse que el delito hubiese sido cometido por personas mapuche, o que el mismo obedeciese a un proceso de reivindicación de tierras, y aún en este evento, tampoco a su juicio es posible aplicar la ley de conductas terroristas:
“No pretenden estos sentenciadores desconocer que, en esta región del país y durante años, ha existido un conflicto no resuelto relacionado con las pretensiones de recuperación de tierras que, por distintas vías, realizan algunas comunidades mapuches y cuyo destinatario natural es el Estado. Sin embargo, la existencia de este conflicto de ribetes políticos, sociales y culturales, que no ha sido resuelta hasta el día de hoy, no resulta suficiente para permitir la aplicación, en sede judicial, de una legislación penal de excepción como aquella que se analiza, como quiera que sus elementos no han sido debidamente establecidos conforme al riguroso estándar de prueba exigido por el legislador”.173
4.3 El origen étnico como categoría prohibida de discriminación en la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, conoció de la denuncia interpuesta por tres casos en donde mapuche resultó condenado por delitos de terrorismo (Caso Lonkos Norín Catrimán y Pichún, Caso incendio al fundo Poluco Pidenco y Caso vs. V. Ancalaf), hechos todos los cuales fueron juzgados de conformidad con la ley n°18.314 antes de la reforma que efectuó la ley n° 20.480, es decir, cuando el tipo penal contenía una presunción de la finalidad terrorista.
En el fallo se condenó al Estado de Chile,174entre otros por infracción al principio de legalidad, porque aplicó la presunción de responsabilidad penal que existía en la ley n° 18.314, pero además por violación al principio de igualdad y no discriminación, por los razonamientos judiciales cargados de estereotipos y prejuicios que se emplearon al calificar la conducta como terrorista.175 La CIDH reproduce a estos efectos, entre otros, los considerandos del fallo que se han citado antes.176
La Corte señaló que discriminación es
“[…] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en los motivos prohibidos que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera”.177 Siendo “el origen étnico uno de los criterios prohibidos de discriminación, que se encuentra comprendido dentro de la expresión "cualquier otra condición social" del artículo 1.1. de la Convención”.178
Por ello es que se prohíbe “una desigualdad proveniente de la ley interna o de su aplicación”.179 Para la CIDH “una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido”.180
Esto es lo que a su juicio se habría producido respecto de mapuche, una diferencia de trato discriminatoria, no porque hubiese una aplicación discriminatoria selectiva en contra de mapuche,181 sino por el estereotipo y prejuicio que impregnó la decisión judicial.
Ahora bien, siendo el origen étnico una categoría protegida dentro del derecho internacional de los derechos humanos, y existiendo compromisos del estado de Chile tanto por la ratificación del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, como por la reciente Declaración americana de los pueblos indígenas (15.06.2016), es lícito preguntarse cuál sería la justificación objetiva y razonable para aplicar la ley de conductas terroristas a mapuche en el marco de un conflicto por la reivindicación de tierras, sin que ello implicara caer en el estereotipo o el prejuicio. O más aún, qué es lo que permitiría colegir que con su aplicación no se está otorgando un trato privilegiado a un cierto sector de la población en desmedro de otro, supuesta la ambigüedad de los tipos penales de terrorismo y su eventual aplicación a muchas otras conductas similares a las que no se aplica. En este punto, es interesante lo indicado recientemente por el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco en el caso “Luchsinger Mackay” cuya reflexión hemos reproducido. En mi opinión, tal justificación no existe.
En este entendido, cabe recordar que con anterioridad, el Relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Terrorismo, en su visita en 2013, ya había indicado con mucha preocupación que “la situación en la Araucanía y sus alrededores es volátil y puede convertirse en un conflicto regional de gran envergadura” siendo imprescindible a su juicio “que el Estado chileno adopte medidas urgentes para hacer frente a la situación antes de que se salga de control”. 182 Afirmó también que:
“no cabe duda de que la Ley Antiterrorista ha sido utilizada desproporcionadamente en contra de imputados por delitos relacionados con las protestas mapuches por las tierras. El Gobierno central y los fiscales públicos insistieron en que eso no equivalía a estigmatizar al pueblo mapuche o a caracterizar a todas las protestas políticas mapuches como una campaña de terrorismo, sino que respondía a la aplicación de criterios legales a los hechos, en cada caso particular. Sin embargo, ante falta de un criterio coherente y objetivo para invocar la Ley Antiterrorista y la existencia de obvias incoherencias en su aplicación, es necesario justificar que esa Ley se siga aplicando en una situación política tan volátil. En particular, dado el potencial de las acusaciones de terrorismo para aumentar el nivel de tensión en relación con el tema mapuche y suscitar el antagonismo de los sectores más activos de la comunidad mapuche, es preciso examinar si el derecho penal ordinario ofrece herramientas suficientes para mantener el orden público, y para proteger y defender los derechos de las víctimas de la violencia rural”.183
5 Excurso sobre algunos elementos probatorios.
Bajo el imperio del procedimiento antiguo, y aún en democracia, encontramos fallos en los que los tribunales no admitían la retractación de la confesión, y se invertía la carga de la prueba, obligándose al acusado que probara que había sido objeto de apremios ilegítimos para poder dar valor a su retractación.184 Se llegó a argumentar en un fallo de tribunal del crimen que durante el interrogatorio “le fueron vendados los ojos, lo cual no parece juicio de este Tribunal una presión lo suficientemente fuerte y extensiva en el tiempo para obligarlo actual de la manera que lo hizo”.185
Esta última sentencia es de 1993, lo que comprueba que el espíritu del dictador se encontraba fuertemente presente, que la democracia en estos aspectos poco había cambiado, pues al “terrorista” post 91 se le trataba exactamente igual que al “terrorista” de la dictadura. De ahí entonces la legítima duda acerca de si las conductas de violencia que estos grupos ejecutaban podían calificarse como terroristas, supuesto que el terrorismo atenta contra una democracia material, siendo el bien jurídico protegido “el orden constitucional democrático, entendido éste restrictivamente como la garantía constitucional de manifestarse a través de los cauces legales y materiales de participación democrática”.186 El orden constitucional al cual estos grupos atacaron se basó en un pacto civil-militar,187 una “democracia protegida” por las “trampas constitucionales” y los “cerrojos” que dejó la dictadura,188 y que nos obligaron a vivir bajo instituciones propias de ella hasta hoy, y de las cuales ha sido difícil desprenderse (ej. Sistema binominal). Todo eso en el inicio de la transición era más patente aún y era fuertemente denunciado por ellos mismos.189
Otro aspecto polémico y que se observa post reforma procesal penal ha sido el uso de testigos con reserva de identidad, por la restricción a derecho a defensa que ella importa.
A pesar de que el Código procesal penal permite la protección de testigos (art. 308) bajo determinadas circunstancias, la primera ley adecuatoria de la reforma procesal penal190 introdujo normas especiales a la ley de conductas terroristas (arts. 18 y ss.) para otorgar una protección reforzada a testigos de esta clase de delitos. Estas normas luego son modificadas por la ley n° 20.467, restringiendo aún más la posibilidad real de efectuar un contrainterrogatorio, al prohibir a la defensa que efectúe determinadas preguntas que pudieran conducir a demostrar la parcialidad del testigo por algún conflicto de interés con el imputado.
Dicha figura fue usada en los casos que fueron objeto del conocimiento de la Corte Interamericana y en el caso del atentado al fiscal.
Lo llamativo es que la Corte Interamericana en su sentencia condenatoria para el Estado de Chile no objeta el uso de este tipo de testigos, los acepta siempre que exista control judicial, se respeten los principios de necesidad y oportunidad, se verifique una situación de riesgo y sea una medida excepcional.191
La condena por la violación al derecho a contrainterrogar testigos por parte del Estado se fundamentó, entre otros, en la insuficiencia del control judicial de dicha medida, y que en uno de los casos la defensa y el imputado no pudieron conocer no solo la identidad sino tampoco las declaraciones de los testigos.192
La Corte ordenó al Estado regular de mejor manera los testigos con reserva de identidad para salvaguardar el derecho a defensa, señalándole expresamente que no puede en caso alguno, fundamentar una condena únicamente en el testimonio de un testigo de esta clase.193
Ante la amplitud de los tipos penales de la ley n° 18.314, los tribunales han ido construyendo un concepto de terrorismo en base a consideraciones doctrinarias, lo que implica acudir a constructos teóricos que les permitan comprender qué es lo que diferenciaría un delito común de un delito de terrorismo. Y así en varios fallos vemos que fijan su atención en dos elementos que no están descritos en el tipo penal, de un lado, el atentado al orden constitucional, de otro lado, el elemento estructural u organizacional, el que asumen como de gran importancia a la hora de decidir si el delito concreto cometido es o no terrorista. Esto con independencia del delito de asociación ilícita terrorista. En general se asume que no puede haber terrorismo que no sea organizado.
Todos coinciden en las dificultades probatorias del elemento subjetivo del artículo 1° de la ley n° 18.314, lo que aparece de manifiesto, por ejemplo, en el caso Luchsinger - Mackay, en cuyo primer fallo (2013) el tribunal hace verdaderas contorsiones para no calificar como terrorista el hecho 2 teniendo a la vista consideraciones similares que lo llevaron a calificar como terrorista el hecho 1. Y ya en el segundo fallo (2017) hace referencia detallada a cada una de las evidencias allegadas al juicio, para demostrar el por qué no sirven para dar por acreditado dicho elemento subjetivo.
En los fallos post reforma procesal penal se observa una notoria tendencia a investigar varios hechos. En otras palabras, existe un hecho, el principal, pero junto con él se investigan otra serie de hechos que pueden ser o no próximos en el tiempo, y de la misma o distinta naturaleza. Esto ha ocurrido especialmente en relación al conflicto de tierras en la VII y IX regiones, en donde nunca se investiga un hecho aisladamente, siempre se lo enmarca dentro de un “contexto”. De los argumentos de la acusación que se vertieron en los fallos, se desprende que la finalidad de este tipo de estrategia es intentar probar la existencia de un plan premeditado de atentar contra una categoría de personas que permita dar por acreditada la finalidad de causar temor.
En orden de relevancia, al plan premeditado como elemento que permite objetivar la finalidad terrorista, le sigue el recurso al medio comisivo, observándose nítidamente en los casos de conductas relacionadas con artefactos explosivos, en donde en más de una oportunidad los tribunales han aludido a la idoneidad del medio. Pero casi nunca aisladamente, generalmente va acompañada de referencias a un plan premeditado de atentar contra personas. A diferencia de los anteriores, la finalidad de arrancar resoluciones a la autoridad o imponerle exigencias ha sido poco invocada para fundamentar la calificación terrorista, y cuando se lo ha hecho, ha sido para apoyar cualquiera de las otras dos.
Los fallos que se han emitido en Santiago post reforma procesal penal presentan un razonamiento judicial más fino y acabado respecto del concepto de terrorismo y su actual formulación, que los que se emitieron por tribunales de la zona sur.
Las cifras de condenas por delitos de terrorismo post reforma procesal penal revelan que se emplea la ley de conductas terroristas para llevar adelante una investigación conforme al estatuto procesal restrictivo de garantías que la ley n° 18.314 contempla, incluidas las restricciones constitucionales, sin que finalmente en las sentencias, cuando éstas son condenatorias, los jueces califiquen los delitos como terroristas. De esta forma, la ley de conductas terroristas se emplea como herramienta procesal para fines de eficacia de la investigación, más que para obtener una sanción agravada por la especial condición de la conducta que se comete.
Finalmente, una valoración global de la jurisprudencia analizada muestra el carácter de herramienta política que tiene la ley de conductas terroristas, en donde la amplitud del tipo penal juega un papel oscilante según los vientos que corran. Así lo demuestra el malabarismo jurídico de los fallos de los inicios de la transición democrática, para no aplicar el estatuto terrorista ni a la violencia insurgente ni a la violencia de Estado, consiguiendo un efecto adverso, que es asimilar ambos tipos de violencia.
Lo demuestra también el que organizaciones de izquierda pasaran automáticamente de ser héroes a terroristas no solo en el imaginario colectivo, sino también en los razonamientos judiciales. Los autores del atentado a Pinochet no fueron condenados por delitos de terrorismo, pero aquellos que, perteneciendo a la misma organización atacaron a funcionarios policiales, por ejemplo, post 1991, sí lo fueron.
Pero sin duda donde mayormente se observa este carácter es en la confusión entre responsabilidad penal con responsabilidad política, como sucede en casos tan disímiles como el atentado a J. Guzmán, y el juicio contra los lonkos Pichún y Norín. El estereotipo y el prejuicio, que es una de las cuestiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le reprocha al Estado de Chile en el caso Norín Catrimán vs. Chile, sigue observándose en el tratamiento de la criminalidad asociada al conflicto territorial mapuche, aunque no haya condenas por este tipo de delitos, pues la ley de conductas terroristas ha seguido usándose para sustanciar las investigaciones judiciales.
Todo ello nos llama a revisar la necesidad y pertinencia de una reforma a la ley n° 18.314, pues tanto las cifras de condenas reales, dos entre 2000 y 2016, y ambas contra una misma persona (un ex colaborador de las policías), así como los razonamientos judiciales ya latamente comentados, nos conducen a pensar que el derecho penal sustantivo y procesal común es el camino adecuado para sancionar las conductas que en nuestro país hoy se investigan bajo la calificación terrorista
Ello implicaría un esfuerzo de recalificación en los procesos que se encuentran pendientes, y una orientación político criminal de no aplicar esta ley y usar en cambio el derecho penal común, mientras no se concrete una reforma legislativa que rediseñe completamente la tipificación de los delitos de terrorismo incluyéndolos dentro del código penal. A riesgo de que lo normal y lo excepcional se transformen en las dos caras de una misma moneda dentro del mismo código penal, en dicha reforma debería observarse en forma cuidadosa y crítica la legislación internacional sobre terrorismo, y los compromisos que ésta conlleva para el Estado de Chile.
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** Este trabajo muestra uno de los productos del proyecto Fondecyt Regular 2014 N°1140040, titulado: “Terrorismo y democracia. Bases para un concepto jurídico de terrorismo en el derecho penal chileno y examen de núcleos problemáticos en su actual regulación”, del cual la autora fue investigadora responsable. Agradezco al Centro de Investigación y Defensa Sur y a la Defensoría Popular por el apoyo en la recopilación de fallos, así como a la ayudante del centro de derechos humanos L. Francesconi
1Arts. 8, 9, 16, 17 y 19 N°7 e) de la Constitución de 1980 en su versión original.
2Por ejemplo: el apoderamiento y secuestro de aeronaves (art. 58 de la Ley de Navegación Aérea, DFL nº221 de 1931, la propagación de noticias o informaciones tendenciosas o falsas (DL n° 143 de 1931) precepto que luego aparece en una norma de similar naturaleza que contempló la ley n° 18.314 en su versión original, y como delito contra la seguridad del Estado "la incitación a la revuelta o al terrorismo", la apología de la violencia, y la propagación de doctrinas subversivas (DL n° 50 de 1932). VILLEGAS DÍAZ, Myrna: “Terrorismo: un problema de Estado. Tratamiento jurídico del terrorismo en la legislación comparada. Especial referencia a los delitos de terrorismo en las legislaciones de Chile y España”. Capítulo 5, 2002, en: www.cybertesis.cl. [visitado el 05.05.2017].
3Sobre el modelo francés de policía política que adoptó la DINA, véase ROBIN, Marie- Monique, Escuadrones de la muerte. La escuela francesa, trad. DI NUCCI, Sergio-RODRÍGUEZ, Pablo, Buenos Aires (Argentina): Sudamericana, 2005, pp.378 y ss.
4PINOCHET UGARTE, Augusto, Política, Politiquería y Demagogia, Santiago (Chile): Renacimiento, 1983, p.70.
5VILLEGAS DÍAZ, Myrna, “El terrorismo en la constitución chilena”, Revista de derecho. (Valdivia) 29(2), diciembre 2016, pp. 295-319, p.300, en http://mingaonline.uach.cl/pdf/revider/v29n2/art14.pdf [visitado el 05.04.2017].
6Antes de que se estableciera este catálogo de conductas, el proyecto original de la ley que enviara el Ejecutivo a la Junta de Gobierno definía el terrorismo en el art. 1: “Son conductas terroristas las acciones u omisiones constitutivas de un crimen o simple delito, realizadas para crear conmoción o grave temor en la población o en un sector de ella o ejecutadas mediante actos atroces crueles, con un fin revolucionario subversivo”. Dado el amplio espectro de conductas que así podrían sancionarse como delitos de terrorismo, la Junta de Gobierno la descartó en el texto original. Se trataba de una figura calificada de casi todos los delitos regulados por las leyes, lo que daría pie para que procesalmente se debiese acudir al mecanismo de las presunciones judiciales para la prueba de los elementos subjetivos del tipo, en contra del principio de legalidad penal. VILLEGAS DÍAZ, “Terrorismo un problema de Estado”, cit. nota n°2, ver nota n° 1806 del texto en línea.
7El art. 17 de la ley n° 18.314 en su versión original disponía: "Respecto de los delitos contemplados en el artículo 1º no procederá la libertad provisional de los procesados".
8art. 19 n°7 e) de la Constitución, modificado por la ley n° 19.055 de reforma constitucional de 01.04.1994. Ampliamente VILLEGAS DÍAZ, “El terrorismo en la constitución chilena”, cit. nota n°5, pp.310 y ss.
9El inciso 2 del art. 1 circunstancia 1ª de la ley n° 18.314 modificada por la ley n° 19.047, indicaba: “Se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos”.
10El actual art. 1 de la ley n° 18.314 señala: “Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. La presente ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años. La exclusión contenida en el inciso anterior no será aplicable a los mayores de edad que sean autores, cómplices o encubridores del mismo hecho punible. En dicho caso la determinación de la pena se realizará en relación al delito cometido de conformidad a esta ley”.
11Introducido por la ley n° 19.906 de 13 .11. 2003.
12Ley n° 20.467 de 08.10.2010 y ley n° 20.519 de 21.06.2011.
13art. 3 en relación con arts. 1 y 2 ley n° 18.314 y art. 5 de ley n° 18.314 en relación art 9 de la Constitución política.
14arts. 4 y 9 ley n° 18.314.
15Ej. Castigo de actos preparatorios, ampliación de plazos de detención, testigos con reserva de identidad, secreto de la investigación hasta por 6 meses, Arts. 7, 11, 15 a 20, 21 ley n° 18.314.
16En esta opinión, CANCIO MELIÁ, Manuel, Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, Madrid (España): Reus, 2010, pp. 27-37; el mismo “Terrorismo y derecho penal: Sueño de la prevención, pesadilla del Estado de Derecho”, en: CANCIO MELIÁ, Manuel - POZUELO, Luis (Coords.) Política criminal en vanguardia. Inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada, Madrid (España): Thompson, Civitas, 2008, pp. 307-327, p.311; CARNEVALI RODRÍGUEZ, Raúl. “El Derecho Penal Frente al Terrorismo. Hacia un modelo Punitivo Particular y Sobre el Tratamiento de la Tortura”, Revista de Derecho de la P. Universidad Católica de Valparaíso, Vol. XXXV (2010), pp.109-145, pp.117 y ss. Así también, LLOBET, Mariona, Derecho penal del terrorismo. Límites de su punición en un Estado democrático, Madrid (España): La Ley, 2010. Esta última incluso realiza una propuesta de justificación de la tortura para determinados casos de terrorismo, cuando la conducta se ejecuta para impedir, por ejemplo, la detonación de una bomba y salvar vidas humanas: “si matar puede estar justificado mediante la legítima defensa, también puede estarlo torturar” (p. 306-307). Al mismo tiempo también considera que es posible justificar la tortura en un caso como el descrito mediante una ponderación de intereses del estado de necesidad, en el que, a su juicio, la dignidad humana (bien jurídico lesionado en la tortura) tendría menos relevancia que la vida (p306, 314). Descarta la posibilidad de un estado de necesidad exculpante (p. 315). Sin embargo, es cuidadosa en indicar que esto solo puede suceder en casos excepcionales y que no significa abrir la puerta para la tortura como herramienta para la investigación judicial y policial ni como método de obtención de confesiones. Señala explícitamente que “no hay posibilidad de justificar ningún Guantánamo con base en sus postulados (los de la legítima defensa)” (p. 309).
17Sobre ambos casos véanse las distintas miradas en OLIVARES DE LA BARRA, Lilian, Asesinato en el campus oriente, 21 años de impunidad en el crimen de Jaime Guzmán, Santiago (Chile): Ediciones Fundación Jaime guzmán, 2012, pp.29 y ss. PALMA SALAMANCA, Ricardo, El gran rescate, Santiago (Chile): LOM, 1997.
18Ampliamente VILLEGAS DÍAZ, Myrna, “Estado de excepción y antiterrorismo en Chile. Criminalización de la protesta social con especial referencia a los indígenas”, Revista de Derecho Penal y Criminología. Año III, N°6 (2013), pp. 3-25. La misma, “Caso ‘Machi Celestino Córdoba’” (SCS, 12.05.14, Rol: 6247-2014; STOP de Temuco, 28.02.14, RUC: 1300014341-8), en VARGAS PINTO, Tatiana (Dir.), Casos destacados. Derecho Penal. Parte General, Santiago (Chile): Thomson Reuters, La Ley, 2015, pp.281-311.
19VILLEGAS DÍAZ, Myrna. “La tentativa inidónea en los delitos de terrorismo en el derecho penal chileno. a propósito de los artefactos explosivos e incendiarios”. Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales. Sexta Época, Vol. XLIII, Nº 3 (2016), pp. 13 – 32, Ed. La Ley, Thompson Reuters, pp.13-16.
20Sobre los orígenes del MJL ver ACEVEDO ARRIAZA, Nicolás. Mapu-Lautaro, Concepción (Chile): Colección América, 2014, pp. 31 y ss.
21VILLEGAS DÍAZ, “Caso ‘Machi Celestino Córdoba’”, pp. 281-295 y “Estado de excepción y antiterrorismo en Chile”, pp. 11-14, cits. nota n° 18.
22Se observan errores en el formulario respuesta que hizo la institución a la solicitud vía portal de transparencia, incluso en la aclaración o rectificación de la misma. Por ejemplo, no coincide el número total de imputados (122) con el número de imputados según la desagregación por forma de término (127). Hay errores en algunos RUC asociados no pudiendo la información contrastarse con las causas ingresadas en el sitio web del poder judicial (www.poderjudicial.cl). No hay coincidencia tampoco en varios de los casos entre la cantidad de denunciados que aparecen señalados en el sitio web del poder judicial asociados a cada RUC, con el que señala el Ministerio Público. Por ejemplo, en una causa el Ministerio Público señala haber 13 imputados y asociados a ese RUC aparecen 24 imputados. Ministerio Público. Carta DEN/LT N°501/2016 de 27 de septiembre 2016y Carta DEN/LT N°593 de 21 noviembre de 2016.
23Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29.05.2014.
24La información entregada hace referencia al registro de personas atendidas por RUT, pero no está validada con el Registro Civil por lo que no necesariamente refleja un número exacto de personas. Departamento de Informática y Estadística. Defensoría Penal Pública (2016). Respuesta a requerimiento N° AK005T-0000070 ingresado con fecha 01.04.2016 al Portal de Transparencia del Estado.
25Departamento de Informática y Estadística. Defensoría Penal Pública. Respuesta a requerimiento N° AK005T-0000070 de 19.04.2016.
26Envío de explosivos, homicidio, lesiones y secuestros terroristas (art. 2 n°1); apoderamiento o atentado al transporte público (art. 2 N° 2); atentado contra jefe de Estado o autoridad pública (art. 2 n°3); atentado explosivo o incendiario (art. 2 n° 4); asociación ilícita terrorista (art. 2 n°5); otros, recaudar o proveer fondos para la comisión de delitos terroristas por persona natural, recaudar o proveer fondos para la comisión de delitos terroristas por persona jurídica (art. 8 ley n° 18.314). Departamento de Informática y Estadística. Defensoría Penal Pública. Respuesta a requerimiento N° AK005T-0000118 de 24.08.2016.
27Sentencia Juzgado de Garantía (en adelante SJG) de Victoria de 22.10.2010, RIT 1134-2009/ RUC 0900969218-2 v/s Castro Antipán, R. (Caso Peaje Quino), S. Juzgado de Garantía de Temuco, de 14.09.2012. R.U.C.: 0900697670-8 R.I.T.: 5748 - 2009 v/s Castro Antipán, R. (Caso Tur bus).
28Caso Luchsinger Mackay, incendio terrorista con resultado de muerte, Sentencia Tribunal Oral en lo Penal (en adelante STOP) de Temuco de 14.11.2017, RUC 1300701735-3, RIT 150 – 2017, v/s. J. Tralcal Coche, L. Tralcal Quidel, A. Catrilaf Parra, H. Catrilaf Llaupe, S. Catrilaf Quidel, J. Tralcal Quidel, S. Catrilaf Marilef, E. Catrilaf Romero, J. Peralino Huinca, J. Córdova Tránsito, F. Linconao Huircapán.
29Caso colocación artefacto explosivo metro Escuela militar, 6° TOP de Santiago, RUC 1400674179-8, RIT 64-2017, v/s Flores Riquelme, J., Casanova Muñoz, N., Guzmán Amadeo, E.
30Caso incendio templo evangélico, JG. de Temuco, RUC, 1600553093-1, RIT 5090-2016 v/s. Trangol Galindo, A., Trangol Galindo, B., Trangol Galindo, P., Tralcal Coche, A.
31Delitos de incendio terrorista y asociación ilícita terrorista cuyos imputados fueron detenidos en el marco de la polémica “Operación Huracán”, y su prisión preventiva dejada sin efecto al acogerse un recurso de amparo. Sentencia Corte Suprema (en adelante SCS) de 17.10.2017, Roles 40.860-2017, 40-863-2017 y 40.864-2017. Investigación incoada en el Juzgado de Garantía (en adelante JG) de Temuco, RUC 1700879814-1, RIT 7228-201, v/s Llaitul Carillanca, H., Llaitul Pezoa, E., Huenchullán Cayul, J., Huenchullán Cayul, R., Curiche Curiqueo, M., Trañamil Nahuel, F., Leiva Rivera. C., Cid Aedo, E.
32Ver boletines estadísticos por año, http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do [visitado el 20.07.2017].
33Defensoría Penal Pública. Informe estadístico 2015, p.28. http://www.dpp.cl/repositorio/165/449 [visitado el 20.07.2017].
34Sentencia de Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Milton Juica) de 31.03.1994, Rol 118-284, vs. Michea Muñoz, J. y otros. Respecto de la aplicabilidad de la ley n° 18.314 a agentes del Estado, el tribunal concluye que sin importar la investidura del sujeto activo, tanto constitucional como legalmente, si concurren los requisitos de la Ley 18.314 ésta debe ser aplicada (Considerando 30°). Si bien es cierto los hechos se cometieron en los meses de febrero y marzo de 1985, bajo la vigencia de la ley n° 18.314 en su versión original, es posible aplicar la ley n° 18.314 reformada por la ley n° 19.027 en virtud del principio pro reo, por cuanto si bien las modificaciones establecidas por la ley n° 19.027 introdujeron un elemento subjetivo a los tipos penales (art. 1 circunstancias 1ª y 2ª ) “(…) no derogaron respecto de estos hechos, su tipicidad como delitos terroristas, ya que siguieron siéndolo, sólo limitaron sus requisitos para su punibilidad” (Considerando 37°). Pero, en virtud del principio de aplicación de la ley más favorable al reo, debe aplicarse la ley 18.314 reformada por la ley n° 19.027 adecuándose “a la penalidad más benévola que se introducen y a todas aquellas circunstancias que puedan, eximir o atenuar la responsabilidad criminal de los procesados” (Considerando 37°). Por lo que los hechos acreditados constituyen delitos reiterados de secuestro terrorista, cometidos en perjuicio de nueves personas, entre ellas los profesores José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, seguido de homicidio terrorista de estos últimos (arts. 1° circunstancia primera y 2° n°1 de la ley n° 18.314, en relación a lo dispuesto en el art. 141 del Código Penal).
35Sentencia de Corte de Apelaciones (en adelante SCA) de Santiago de 30.09.1994, Rol 16.196-95 y SCA de 27.10.1995, Rol 31.030-94.
36Conocido también como Matanza de Corpus Christie hace referencia a los homicidios de doce militantes del FPMR ocurridos en 1987, en presuntos enfrentamientos con agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). El proceso fue juzgado por la justicia militar siendo sobreseído en 1995. En 1998 la Corte Suprema ordenó su reapertura y encargó la investigación a un Ministro en Visita (justicia ordinaria). En 2005 y en primera instancia se condenó a sus autores a penas de presidio perpetuo (Ex director de la CNI), quince años de presidio (ex jefe operativo de la misma), y diez años (oficial de Carabineros). El fallo fue confirmado en 2007. VILLEGAS DÍAZ, Myrna. “Procesos de Reforma en Chile: Aproximaciones desde el campo del Derecho Penal político”, en AMARAL, Bruno (Coord.) Justiça Criminal e Democracia I, Sao Paulo (Brasil): Marcial Pons, 2015, pp.231-269, p. 236.
37Ver Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, “El caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana: El límite del horror”, en:http://www.bcn.cl/archivohales/colecciones/v/participacion-politica-y-membresias/el-caso-de-rodrigo-rojas-denegri-y-carmen-gloria-quintana-el-limite-del-horror.?t=10221.1/27836&v=dc&r=Documento [visitado el 25-07-2017]. El proceso fue reabierto en julio de 2015, a cargo del Ministro en Visita extraordinaria, Sr. Mario Carroza. Al parecer Pinochet habría sido encubridor (http://ciperchile.cl/2015/07/31/caso-quemados-pinochet-participo-del-encubrimiento-de-la-operacion-ejecutada-por-militares/ [visitado el 25.07.2017]. A la fecha hay doce militares en prisión preventiva por estos hechos. http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/25/caso-quemados-ordenan-prision-para-coronel-r-del-ejercito-por-encubridor/ [visitado el 25.07.2017].
38Infra 2.2. La criminalidad estatal y el contraterrorismo.
39Tal y como las “sediciones” que describe FOUCAULT, Michel. Seguridad, territorio y población. Curso en el college de France (1977-1978), Buenos Aires (Argentina): EFE, 2007, pp.312 y ss. Véase también a Giraldo: “La resistencia no es la imagen invertida del poder, pero es, como el poder, ‘tan inventiva, tan móvil, tan productiva como él. Es preciso que como el poder se organice, se coagule y se cimiente. Que vaya de abajo arriba, como él, y se distribuya estratégicamente’ (Foucault, 1994b:162). En el momento mismo en el que se da una relación de poder existe la posibilidad de la resistencia. No estamos atrapados por el poder; siempre es posible modificar su dominio en condiciones determinadas y según una estrategia precisa”. GIRALDO DÍAZ, Reinaldo. “Poder y Resistencia en Michel Foucault”, Rev. Tábula Rasa, 4 (enero-junio 2006), pp. 103-122, p.11, en: http://www.revistatabularasa.org/numero-4, [visitado el 18.05.2017].
40Para una historia del FPMR puede consultarse a PALMA SALAMANCA, Ricardo, El gran rescate, cit. nota 17 y PEÑA, Juan Cristóbal. Los fusileros. Crónica secreta de una guerrilla en Chile, Santiago (Chile): Ed. Debolsillo, 2013, pp.30 y ss. Respecto del MJL, ver ACEVEDO ARRIAZA, Nicolás. Mapu-Lautaro, cit. nota 20, pp. 31 y ss.
41CHIARAMONTE, Xenia-SENALDI, Alessandro, “Criminalizzare i movimenti: I No Tav fra etichettamento e resistenza”, Studi sulla questione criminale, X, N°1(2015), pp.105-144.
42CHIARAMONTE / SENALDI, “Criminalizzare i movimenti”, cit. nota n° 41, p.110
43“Fra le valutazioni emerge quella secondo “Da oggi il movimiento non puo piu dirsi pacifista” e i bambini non sono che “Flogie di fico per coprire i violenti”, CHIARAMONTE / SENALDI, “Criminalizzare i movimenti”, cit. nota n° 41, p.118.
44CHIARAMONTE / SENALDI, “Criminalizzare i movimenti”, cit. nota n° 41, pp. 118 – 119.
45CHIARAMONTE / SENALDI, “Criminalizzare i movimenti”, cit. nota n° 41, p.120.
46Ver por ejemplo familias Tralcal, Queipul, Millanao, Catrilaf, Huenchullán, Trangol. Caso Luchsinger Mackay, STOP de Temuco de 14.11.2017, RUC 1300701735-3, RIT 150 – 2017, v/s. Tralcal Coche, J., Tralcal Quidel, L., Catrilaf Parra, A., Catrilaf Llaupe, H., Catrilaf Quidel, S., Tralcal Quidel, J., Catrilaf Marilef, S., Catrilaf Romero, E., Peralino Huinca, J., Córdova Tránsito, J., Linconao Huircapán, F.; Caso incendio templo evangélico, JG. de Temuco, RUC, 1600553093-1, v/s. Trangol Galindo,A, Trangol Galindo, B., Trangol Galindo, P., Tralcal Coche, A., STOP de Angol de 29.08.2012, R.U.C. 0900969218-2, R.I.T. 58-2012. vs. Queipul Millanao, V., Millanao Millape, J., Huenchullan Cayul, J., Toris Quiñinao, C., Huenchullan Cayul, F., Queipul Hueiquil, E., Marimán Loncomilla, J. , Cayupan Meliñan, E.
47STOP de Angol, de 27.09.2003, RUC 0100083503-6 vs. Norín, A., y otros. (sentencia condenatoria), STOP de Angol de 07.07.2006, RIT 21-2004 vs. Cariqueo, J. (sentencia absolutoria).
48STOP de Angol de 14.02.2007, RUC 100086954-2, RIT 21-2004 vs. Llanquileo, J.
49STOP de Cañete, de 22.03.2011, RUC 0800932994-4, RIT 35-2010, SCS de 03.06.2011, Rol 2921-2011, vs. Llaitul, H., Llanquileo, V. y otros.
50SCS, 12.05.14, Rol: 6247-2014; STOP de Temuco, 28.02.14, RUC: 1300014341-8 vs. C. Córdova.
51VILLEGAS DÍAZ, “Estado de Excepción”, cit. nota n°18, p. 16.
52SCS, 12.05.14, Rol: 6247-2014; STOP de Temuco, 28.02.14, RUC: 1300014341-8.
53Se trata de la machi Francisca Linconao. STOP de Temuco de 14.11.2017, RUC 1300701735-3, RIT 150 – 2017, v/s. J. Tralcal Coche, L. Tralcal Quidel, A. Catrilaf Parra, H. Catrilaf Llaupe, S. Catrilaf Quidel, J. Tralcal Quidel, S. Catrilaf Marilef, E. Catrilaf Romero, J. Peralino Huinca, J. Córdova Tránsito, F. Linconao Huircapán.
54Juzgado de Garantía de Cañete, RUC 1000571060-5, delito de asociación ilícita terrorista; Juzgado de Garantía de Temuco, RUC 0800981645-4, delito de colocación, detonación bombas o explosivos terrorista. Esta termina con Decisión de No Perseverar para 1 persona, Suspensión Condicional del procedimiento por delito común para otras 2 personas y con sentencia condenatoria por delito común de tenencia ilegal bomba incendiaria para 1 persona; Tribunal Oral en lo penal de Angol, RUC 0100083503-6, Decisión de No perseverar para 1 persona, sentencia condenatoria por amenazas terroristas para dos 2 personas y sentencia absolutoria para 1 persona. Fallo condenatorio anulado por CIDH.
55Fueron los jacobinos los primeros en emplearlo para referirse a sí mismos en un sentido positivo, concibiendo el “terror” como un método de dominación institucional para salvaguarda del bien común, que se justificaba por la primacía de los intereses de la sociedad por sobre el individuo.
56Señala Marx: “La depredación de los bienes de la Iglesia, la enajenación fraudulenta de las tierras del dominio público, el saqueo de los terrenos comunales, la metamorfosis, llevada a cabo por la usurpación y el terrorismo más inhumano de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en la moderna propiedad privada” … “Véase, pues, cómo después de ser violentamente expropiados y expulsados de sus tierras y convertidos en vagabundos, se encajaba a los antiguos campesinos, mediante leyes grotescamente terroristas a fuerza de palos, de marcas a fuego y de tormentos, en la disciplina que exigía el sistema del trabajo asalariado”. MARX, Karl, “Capítulo XXIV. La Llamada acumulación originaria”, en El Capital, p.121 y p. 125. : https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm [visitado el 20.11.2017].
57Ello ocurre tras la ruptura entre marxistas y bakunistas que se produce en 1872, durante el V Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o Primera Internacional Obrera, instancia en la cual los anarquistas son expulsados y forman su propia Internacional. Ampliamente, VILLEGAS DÍAZ, “Terrorismo un problema de Estado”, cit. nota n°2, ver notas n°s 385 y 386 del texto en línea.
58VILLEGAS DÍAZ, Myrna. “Contribuciones para un concepto de terrorismo en el derecho penal chileno”, Polít. crim. Vol. 11, Nº 21 (Julio 2016), Art. 6, pp. 140-172, p.142, en: http://www.politicacriminal.cl/Vol_11/n_21/Vol11N21A6.pdf [visitado el 01.12.2017].
59Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on authorization of an investigation into the situation in the Republic of Kenya Pre-Trial Chamber II, ICC-01/09 31 March 2010. Ampliamente LANDA GOROSTIZA, Jon, “La sombra de los crímenes contra la humanidad en la política antiterrorista española: Reflexiones críticas”, Revista electrónica de ciencia penal y criminología 12-10 (2010), pp. 1-30, pp. 09-19, en: http://criminet.ugr.es/recpc, [visitado el 01.12.2017].
60LANDA GOROSTIZA, “La sombra de los crímenes contra la humanidad”, cit. nota n° 59, pp. 10:13
61LANDA GOROSTIZA, “La sombra de los crímenes contra la humanidad”, cit. nota n° 59, pp. 10:15
62LANDA GOROSTIZA, “La sombra de los crímenes contra la humanidad”, cit. nota n° 59, pp. 10:17.
63GUTIÉRREZ, Juan Carlos; VILLEGAS, Myrna, “Derechos humanos y desaparecidos en dictaduras militares”, Rev. América Latina Hoy, 20 (1998), pp.19-40, p.30, en https://dialnet.unirioja.es/revista/6692/A/1998 [visitado el 28.11.2017].
64Ampliamente, VILLEGAS DÍAZ, “Terrorismo un problema de Estado”, cit. nota n°2, ver Cap. II del texto en línea, Apartado IV. El terrorismo. Un intento de caracterización, sub apartado 2.b. El terrorismo de Estado.
65TORRES RIVAS, Edelberto,"Tras la violencia y el miedo, la democracia", Rev. Sistema, Nº132-133 (1996), pp.73-87, p.77.
66TORRES RIVAS, “Tras la violencia”, cit. nota n° 65, p.77.
67Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977.
68También puede encontrarse referencia indirecta en el Convenio para la prevención y sanción del genocidio (1948). Esto toda vez que por regla general el genocidio es una de las manifestaciones de una política terrorista por parte de un Estado.
69A/RES/3034 (XXVII) de 18.12.1972, y de 10-12-1973, A/9410: “Condemns the continuation of repressive and terrorist acts by colonial, racist and alien regimes in denying peoples their legitimate right to selfdetermination and independence and other human rights and fundamental freedoms “.
70Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24.02.2011, párr. 99.
71Tal y como afirma MAÑALICH, J.P. “Terrorismo y organización”, Ius Et Praxis, 23, N°1(2017), 367-418, pp.410-411, en: http://www.revistaiepraxis.cl/index.php/iepraxis/article/view/821 [visitado el 01.12.2017].
72LAMARCA PÉREZ, Carmen, Tratamiento Jurídico del Terrorismo, Madrid (España): Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, 1985, p.33.
73MESTRE DELGADO, Esteban, Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional, Madrid (España): Ministerio de Justicia, Servicio de Publicaciones, 1987, p.31.
74LAMARCA sostiene por ejemplo, que a este respecto el terrorismo de Estado no pasa de ser una imagen metafórica o retórica, pues el Estado “puede ser moralmente perverso, pero no delincuente”. LAMARCA PÉREZ, Carmen, “Sobre el concepto de terrorismo (A propósito del caso Amedo)”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, T.46, N°2, 1993, pp.535-559, p.541, en https://dialnet.unirioja.es/revista/108/V/46 [visitado el 28.11.2017].
75GARCÍA ARÁN, M.; FERRÉ OLIVÉ, J.; SERRANO PIEDECASAS, J., Contra la Impunidad. Dictamen, auspiciado por la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas sobre la persecución por los tribunales españoles de los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras chilena y argentina, Madrid (España): Gráficas Alberdi, S.A.; Octubre de 1998. p. 49.
76WALDMANN, Peter, “Represión estatal y paraestatal en Latinoamérica”, Revista América Latina Hoy, Vol. 10 (1995), pp.21-28, p.22, en [visitado el 28.11.2017].
77Como sucedió con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en España, en su guerra sucia contra ETA. VILLEGAS DÍAZ, “Terrorismo un problema de Estado”, cit. nota n°2, Cap.II.
78Ampliamente, LAMARCA PÉREZ, cit. nota 74.
79Ampliamente, VILLEGAS DÍAZ, “Terrorismo un problema de Estado”, cit. nota n°2, Cap. VI. 5.- Digresión acerca del Terrorismo de Estado y su posibilidad de sanción en el campo del derecho penal interno.
80Infra 3.1. La organización terrorista como elemento a considerar y el ataque al orden constitucional.
81Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Jorge Zepeda) de 23.09.2002, , Rol 71.093-2001, vs. Guardia, L. y López Candia, H.
82Fueron condenados a 10 años de presidio por el delito terrorista de colocación de artefacto explosivo que pudo afectar la integridad física (art. 2 n°4 en relación con art. 1 n°1 de ley n° 18.314) y a 300 días de presidio por el delito de amenazas en perjuicio del abogado por el envío de la carta-bomba. Corte de Apelaciones de Santiago, Ministro instructor Sr. Jorge Zepeda. Sentencia de 23.09.2002, Rol 71.093-2001, considerando 34°.
83Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Jorge Zepeda) de 23.09.2002, Rol 71.093-2001 (considerando sexto). Se acreditó en el proceso que Lenin Guardia ordenaba a López Candia elaborar “informes de inteligencia”, luego de que éste le diera informaciones acerca de las actividades del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que del pago que Lenin Guardia recibía de Director General de la Policía de Investigaciones, destinaba una suma para pagarle un sueldo mensual y viáticos a López Candia (considerando sexto). A su vez, el tribunal da por acreditado que Lenin Guardia, partícipe en los hechos, había mantenido “oculta su identidad por más de cuarenta días -después de la colocación de las cartas- al abogado Hermosilla, al Director General de Investigaciones, al jefe de Gabinete del ministerio del interior y al propio Ministro del Interior, estas últimas altas autoridades públicas a quienes entregaba informes a cambio de dinero, de actividad “delictual”, “subversiva” y “política” respectivamente (Considerando décimo séptimo).
84Sentencia de Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Jorge Zepeda) de 23.09.2002, Rol 71.093-2001, considerando décimo octavo, letra d).
85En este caso se condenó a los autores por el delito de atentado terrorista a la vida de autoridad (art. 1 N°2 ley n° 18.314), y por el delito de formación de grupo de combate del art. 8 de la ley n° 17.798. Sentencia Corte Marcial de 19.08.1988 vs. Marchant Moya, H y otros, considerando 50°.
86SCA de Santiago de 30.09.1994, Rol 16.196-95 y SCS de 27.10.1995, Rol 31.030-94, vs. Michea Muñoz, J. y otros.
87SCA de San Miguel de 24.07.1992, Rol 920-1992, vs. Órdenes Narváez, J. y otros.
88Sobre esta distinción TERRADILLOS BASOCO, Juan María: “El Estado de derecho y el fenómeno del terrorismo” en SERRANO PIEDECASAS, José Ramón- DEMETRIO, Eduardo (Dirs.). Terrorismo y Estado de derecho, Madrid: Iustel, 2010, pp. 271-292, pp.276-281.
89SCA de San Miguel de 24.07.1992, Rol 920-1992 de 24.07.1992. Considerando 6°, vs. Órdenes Narváez, J. y otros.
90SCA de Santiago de 30.09.1994, Rol 16.169-94, Considerando 1°. Confirmada por SCS de 27.10.1995, Rol, 31.030-94.
91Se investigaron estos dos hechos, más un atentado a carabineros de Talca, Curicó e Itahue. Sentencia de Ministro en visita extraordinaria (H. Villavicencio) de 01.04.1992, Rol 15.236, considerando 15°. “Que, en todo caso al haberse probado que los autores del atentado al Jefe del Estado y comitiva conformaban e integraban partidas militarmente organizadas constituyendo un grupo de combate armado se concluye que también se encuentra acreditada la existencia del hecho punible prescrito y sancionado según lo dispone el artículo 8° de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, estimándose que esta calificación no es procedente hacerla extensiva a la figura genéricas de asociación ilícita prescrita en los artículos 292 y 294 del Código Penal por cuanto la conducta incriminada a los hechores está basada en los mismos hechos lo que impide sea considerada a dos títulos diversos…”. Confirmada en este punto por la SCA de San Miguel de 24.07.1992, Rol 920-1992 de 24.07.1992. vs. Órdenes Narváez, J. y otros
92Se investigó además el homicidio al dirigente Simón Yévenes, Sentencia 2° Juzgado Militar de Santiago, de 27.12.1990, Rol.782-86, considerando 9°. Confirmada por Sentencia Corte Marcial de 31.08.1993, vs. Órdenes Narváez, J. y otros
93Este proceso seguido contra miembros del MJL se instruyó desde un inicio por el delito del art. 8 de la ley n° 17.798. S. Ministra en visita extraordinaria (Sra. Gloria Olivares) de 03.06.1992, Rol. 33.650.91, vs. Muñoz Moya, P.
94Sentencia Ministro en Visita extraordinaria (Sr. Aquiles Rojas) de 20.06.1992, Rol 151-91-I (Rol N°41.305-Z del Primer Juzgado del Crimen de Puente Alto, y Rol Nº 879-88 de la Tercera Fiscalía Militar de Santiago), v.s Escárate Henríquez, F., Quintanilla Lillo, E. y otros: “[…] En virtud de las modificaciones introducidas a la señalada Ley N°18.314, para que una organización deba considerarse como de carácter terrorista se hace necesario que ella tenga por finalidad la comisión de delitos que deban calificarse de terrorista, esto es, debe perseguir la pluralidad de objetivos dolosos de esa entidad, y este propósito de llevar a cabo dos o más conductas de carácter terrorista no se encuentra legalmente comprobado en autos […] la voluntad o intención de asociarse y esto último exige, por su propia naturaleza, la existencia de signos o evidencias organizativas que demuestren aquella intención, la que requiere además una mínima permanencia en el tiempo que permita a la agrupación la posibilidad real de lograr sus objetivos. Los antecedentes reunidos en la causa no permiten comprobar que los acusados se hallan asociados con carácter de mínima permanencia o de un modo más o menos estable”. (Considerandos 28° y 30°). Confirmado fallo por SCA de San Miguel de 04.06.1993, Rol 1622-92.
95Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Alfredo Pfeiffer) de 27.01.1994, Rol 39.800-91 (considerando 5°), vs. Hernández Norambuena, M. y otro. Confirmada por SCA de Santiago de 15.04.1994, Rol N° 3232.
96Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Alfredo Pfeiffer) de 03.02.1994, Rol 39.800 (ex Rol 14.711-92 B), vs. Hernández Norambuena, M. y otra.
97Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Juan Araya) de 28.01.1993, Rol 3.557-1992, vs. Muñoz Hoffman, P.
98Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Alfredo Pfeiffer) de 27.01.1992, Confirmada por SCA de Santiago de 15.04.1994, Rol N° 3232, vs. Hernández Norambuena, M. y otro.
99Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Juan Araya) de 28.01.1993, Rol 3.557-1992, Considerando 2°, vs. Muñoz Hoffman.
100Sentencia 2° Juzgado Militar de Santiago, de 27.12.1990, Rol 782-86, vs. Gómez Peña, H. y otros: “En cuanto a las distintas formas de participación en las organizaciones ilícitas, la Ley n° 18.314 sanciona sólo a “los que se asociaren u organizaren” vale decir, sólo a los que forme parte activa de la organización misma.” (Considerando 105).
101SCA de Santiago de 15.09.1992, Rol 49.495-91, vs. Carrasco Barros, P. y otros, y complementada por resolución de 27.10.1992.
102SCS de 12.05.14, Rol: 6247-2014; STOP de Temuco de 28.02.14, RUC: 1300014341-8, vs. C. Córdova.
103Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Alfredo Pfeiffer) de 27.01.1994, Rol 39.800-91, vs. Hernández Norambuena y otro, considerando 6°. Confirmada por SCA de Santiago de 15.04.1994, Rol N° 3232.
104Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Alfredo Pfeiffer) de 03.02.1994, Rol 39.800 (ex Rol 14.711-92 B) vs. Hernández Norambuena y otra. Considerando 1°.
105Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Alfredo Pfeiffer) de 03.02.1994, Rol 39.800 (ex Rol 14.711-92 B). Considerandos 4° y 5°.
106Infra 4. La ley de conductas terroristas en el contexto del conflicto territorial mapuche.
107STOP de Temuco de 27.07.2005. RIT 080-2004, RUC 0200142499-0, vs. Troncoso Robles, P. y otros, considerando 11°.
108STOP de Cañete, de 22.03.2011 RUC: 0800932994-4, RIT: 35-2010, vs. Llaitul, H. y otros “[…] al no existir evidencias concretas en torno a la existencia que señala la acusación, de un plan criminal seguido por un grupo organizado de personas, tendiente a lograr el control territorial absoluto de determinadas zonas aledañas al Lago Lleu Lleu, y la expulsión de todos aquellos que se consideran ajenos a su etnia, se debe descartar la existencia de una asociación ilícita de tipo terrorista, ello, sin perjuicio de que se reconoce por estos jueces que existieron numerosos hechos violentos cometidos necesariamente por uno o más individuos, como por ejemplo ocurre, con los incendios que fueron descritos en el capítulo anterior de esta sentencia, los que generaron una sensación innegable de vulnerabilidad entre quienes los sufrieron, dado que afectaron no solo a las empresas forestales del sector, sino que también a particulares que no tenían ninguna relación con las mismas, e inclusive a las autoridades que de alguna forma pretendieron actuar en su protección, sin embargo, el que existan tales delitos, y que además los mismos puedan considerarse como terroristas, no parece ser suficiente para tener por acreditado, que detrás de ellos exista necesariamente un grupo más amplio y organizado de individuos, que responda en su estructura al concepto mismo de asociación ilícita terrorista. (considerando 105).
109SJG de Victoria de 22.10.2010, RIT 1134-2009/ RUC 0900969218-2 v/s Castro Antipán, R. (Caso Peaje Quino).
110SJG de Victoria de 22.10.2010, RIT 1134-2009/ RUC 0900969218-2 v/s Castro Antipán, R. (Caso Peaje Quino).
111SJG de Victoria de 22.10.2010, RIT 1134-2009/ RUC 0900969218-2 v/s Castro Antipán, R. (Caso Peaje Quino). considerando 12°.
112STOP de Angol de 29.08.2012, R.U.C. 0900969218-2, R.I.T. 58-2012. vs. Queipul Millanao , V., Millanao Millape, J., Huenchullan Cayul, J., Toris Quiñinao, C., Huenchullan Cayul, F., Queipul Hueiquil, E., Marimán Loncomilla, J. , Cayupan Meliñan, E. Se acusó por los delitos de Homicidio, incendio, robo con intimidación, asociación ilícita, todos del código penal.
113STOP de Angol de 17.02.2014, R.U.C. 0900969218-2, R.I.T. 91/2013, vs. Q., P. y otro. Los dos menores juzgados por estos hechos fueron formalizados inicialmente por delitos de terrorismo. En el año 2011 y mediante la ley n° 20.519 se excluyó a los menores de la ley de conductas terroristas, razón por la cual, se les juzgó en forma aparte.
114Ver nota n°9.
115Se trató de un artefacto explosivo que se colocó en uno de los asientos el último carro del tren n°107 del ferrocarril metropolitano, cuando éste se dirigía a guardarse en la estación terminal de entonces (San Pablo). El vagón se encontraba vacío de pasajeros. S. del 15° Juzgado del Crimen de Santiago de 31.05.1993, Rol N° 89.049, vs. Hidalgo Barrientos, A.
116S. del 15° Juzgado del Crimen de Santiago de 31.05.1993, Rol N° 89.049, vs. Hidalgo Barrientos, A. Considerando 4°. Lo destacado en cursiva es mío.
117S. del 15° Juzgado del Crimen de Santiago de 31.05.1993, Rol N° 89.049, vs. Hidalgo Barrientos, A, Considerando 8°.
118Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Jorge Zepeda) de 23.09.2002, Rol 71.093-2001, vs. Guardia, L. y López Candia, H. “ […] se ha utilizado la violencia como método de acción, mediante el empleo de un artefacto explosivo, el que pudo afectar la integridad física de las personas o causar daños; en seguida, concurre […] un elemento subjetivo del tipo, (…) la finalidad o móvil del mismo, en su doble aspecto: primero, el temor como tendencia de la conducta que se une a la violencia, circunstancia que concurre en la especie y que reconoce el artículo 1 Nº 1, inciso segundo, antes mencionado, mediante la presunción que acepta que la colocación y envío previo, por correos, utilizando una carta que contiene explosivos, implica un atentado en contra de la integridad física y, además, en contra de toda la población o parte de ella, pues, el temor arranca del hecho de que cualquier persona puede ser víctima del delito; y, segundo, está también presente la finalidad última de la conducta que determina como típica y contraria a derecho, sustancialmente injusta, como lo es el fin o motivo final que ha guiado a los hechores, esto es, el terrorismo con fines de lucro, escondido en el pretendido carácter político social del atentado, según engañosamente denunciaban; fin éste que no cambia la estructura del delito, el que se construye al tenor de la norma penal vigente y su confrontación con el bien jurídico protegido, en este caso, la seguridad de la población”. (Considerando 4°).
119Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Jorge Zepeda) de 23.09.2002, Rol 71.093-2001, vs. Guardia, L. y López Candia, H. (Considerando 6°). Calificó el hecho como amenazas del art. 296 n°3 del Código Penal.
120El 01.06. 2011, en horas de la madrugada, L. Pitronello junto a otro sujeto no individualizado llegó a bordo de la motocicleta de su hermano, que usó sin la autorización de su propietario- a la sucursal del Banco Santander, en cuya puerta principal instaló un artefacto explosivo de tipo artesanal, compuesto de un extintor como contenedor de pólvora negra, con un temporizador como sistema de activación, el cual fue detonado, explotándole en las manos. El acusado resultó con diversas lesiones de consideración (amputación de una mano y graves quemaduras, incluidos sus ojos, producto de la deflagración del artefacto). El sujeto que lo acompañaba se fugó. La sucursal del Banco Santander resultó con daños avaluados en $ 5.028.726. S. 4° TOP de Santiago, 15.08. 2012, RIT: O-150-2012, vs. Pitronello, L.
121S. 4° TOP de Santiago, 15.08. 2012, RIT: O-150-2012, vs. Pitronello, L. considerando 17°. Fue condenado por los delitos de daños (41 días de prisión en su grado máximo), “posesión de bombas” (sic) del art. 3 de la ley n° 17.798 (3 años y un día de presidio menor en su grado máximo), y del delito de conducción a sabiendas de vehículo con placa patente que correspondía a otro (541 días de presidio menor en su grado medio), mas las accesorias de inhabilitación correspondientes y suspensión de licencia de conducir por 3 años. Se le otorgó el beneficio de libertad vigilada (seis años).
122Se denominó así a una investigación judicial llevada en contra de a lo menos catorce jóvenes anarquistas, a quienes se les acusó de haber puesto varias bombas en diversos lugares de Santiago entre los años 2006 a 2009. Fueron absueltos por no haberse probado su participación. Ver CORTÉS MORALES, Julio, Estruendo. La asociación ilícita terrorista en la legislación chilena a la luz de caso bombas, Santiago (Chile): Eds. Libro del Perro Negro, 2013.
123S. 3° TOP de Santiago de 13.07.2012, RUC: 0700277303-6, RIT: 138-2011, vs. Fuentes Aliaga, G.y otros, Considerando 17°.
124S. 7° TOP de Santiago, de 12.07.2013, RUC: 1101243950-6, RIT 45-2013, v/s Hans Niemayer, Considerando 10°.
125Comentando el fallo de la Corte Suprema que rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el órgano persecutor, y en relación a la situación de inexistencia de delito de terrorismo cuando no hay peligro de afectación real a personas, Winter indica que la conducta de colocación de artefactos explosivos solo es punible cuando ella produce un resultado, debido a la atipicidad de la misma (antes de la reforma efectuada por la ley 20.813 de 06.02.2015). WINTER ETCHEBERRY, Jaime, “Comentario a SCS Rol N°4.883-2013. Concurso entre tenencia de explosivos y daños provocados con ellos”, Revista chilena de Derecho y Ciencias Penales, Vol.II (2013), N°4, pp.267-276, p. 271 Debe considerarse que el tipo penal común de colocación de artefactos explosivos se encuentra penado en nuestra legislación a partir de 2015, con la reforma que la ley n° 20. 813 hizo a la ley n° 17.798, sobre control de armas.
126S. 7° TOP de Santiago, de 12.07.2013, RUC: 1101243950-6, RIT 45-2013, v/s Niemayer, H. Considerando 10°.
127S. 7° TOP de Santiago, de 12.07.2013, RUC: 1101243950-6, RIT 45-2013, v/s Niemayer, H. Considerando 10°.
128El 9 de febrero de 2013, cerca de las 00:40 horas explotó un artefacto explosivo en dependencias del Retén Las Vizcachas de Carabineros de Chile (comuna de Puente Alto). Dicho artefacto explosivo fue instalado y activado en ese lugar por sujetos desconocidos, en un tiempo inmediato pero indeterminado. A raíz de la explosión una de las dependencias del cuartel policial -un dormitorio de funcionarios- resultó con daños consistentes en la fractura de la pared exterior (de material ligero), de parte del revestimiento interno de esa misma pared, y del vidrio de una de las hojas de su ventana. También a consecuencia de dicha explosión resultó lesionado un funcionario de Carabineros que se encontraba en el interior del dormitorio afectado, lesiones consistentes en un trauma auditivo, una contusión lumbar, y una lesión eritematosa en el pie izquierdo, calificadas como menos graves.
129STOP de Puente Alto de 15.06.2014, RUC: 1300145684-3, RIT: 24-2014, vs. Montoya, V. Considerando 17°. Este fallo fue anulado por SCA de San Miguel de 10.09.2014, Rol: 998-2014 RPP, RIT N° O-24-2014, que acogiendo el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público, anuló la sentencia de juicio absolutoria y dispuso la realización de un nuevo juicio oral contra el acusado. Esta última fue nuevamente absolutoria y se manifestó de la misma forma respecto de la exigencia de dolo directo, como se observa en la nota anterior.
130En lo sustancial el Artículo 8° señalaba en el inciso 1: “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”. Esta norma fue derogada por la Ley de Reforma Constitucional n° 18.825 de 17.08.1989.
131Sentencia Tribunal Constitucional de 22.06.1987, rol N°46-87, párrafo 87 de consideraciones de fondo.
132Así consta en el mensaje del ejecutivo con el que se inicia la reforma introducida por la ley n° 19.027 de 24 de enero de 1991. El parlamentario sr. Campos casi al finalizar el debate expresó: “como se ha recordado esta tarde, estos proyectos están insertos en un acuerdo político que ha sido suscrito hoy en la mañana, el que en definitiva, trata de solucionar el problema de los presos políticos y de recuperar los principios y las ideas de la reconciliación y de la justicia que habían inspirado esta iniciativa de Gobierno”. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, “Historia de la ley n° 19.027. Modifica la ley n° 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad”, pp.12 y 151.
133“[…] al haberse probado que los autores del atentado al Jefe del Estado y comitiva conformaban e integraban partidas militarmente organizadas constituyendo un grupo de combate armado se concluye que también se encuentra acreditada la existencia del hecho punible prescrito y sancionado según lo dispone el artículo 8° de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, estimándose que esta calificación no es procedente hacerla extensiva a la figura genérica de asociación ilícita prescrita en los artículos 292 y 294 del Código Penal por cuanto la conducta incriminada a los hechores está basada en los mismos hechos lo que impide sea considerada a dos títulos diversos, amén de que dicha asociación ilícita es inherente al hecho punible tenido por establecido al tenor de la disposición de la ley especial citada que, por ser norma especial también prima sobre la general, constituyendo la infracción principal al tenor de las figuras penales que son objeto de este análisis”. S. Ministro en Visita (H. Villavicencio) de 01.04.1992, Rol 15.236, vs. Órdenes Narvaez y otros, Considerando 15°. Confirmada por SCA de San Miguel de 24.07.1992, Rol 920-1992.
134Supra 3.1. La asociación ilícita como elemento a considerar y el ataque al orden “constitucional”.
135S. Ministro Sumariante (J. Araya) de 28.01.1993, Rol 3.557-1992, vs. Muñoz Hoffman, P. Considerando 2°.
136S. Ministro instructor (Sr. A. Pfeiffer) de 27.01.1992, Confirmada por SCA de Santiago de 15.04.1994, Rol N° 3232, vs. Hernández Norambuena, M. y otro.
137S. Ministro instructor (Sr. A. Pfeiffer) de 27.01.1992, Considerando 18°, Confirmada por SCA de Santiago de 15.04.1994, Rol N° 3232. vs. Hernández Norambuena, M. y otro.
138Idem, considerando 17°.
139STOP de Angol de 27.09.2003, RUC: 0100083503-6, RIT: 02-03, vs. Norín, A. y otros. (considerando 18°).
140STOP de Angol de 27.09.2003, RUC: 0100083503-6, RIT: 02-03, vs. Norín, A. y otros. considerando 15°.
141Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile.cit. nota n° 23.
142Sobre el punto véase las reflexiones de GUZMÁN DALBORA, José Luis, “Caso ‘Norín Catrimán y otros contra Chile’. Prueba de los hechos de terrorismo según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, SCIDH de 29.05.2014, en VARGAS PINTO, Tatiana (Dir.), Casos destacados. Derecho Penal. Parte General, Santiago (Chile): Thomson Reuters, La Ley, 2015, pp. 445-460, p.452.
143Ampliamente, LIRA, Elizabeth-LOVEMAN, Brian. Poder Judicial y conflictos políticos (Chile 1925-1958), Santiago (Chile): LOM, 2014, p.695.
144NOVOA MONREAL, Eduardo, Los resquicios legales, Santiago (Chile): BAT, 1992, pp.104-105.
145S. 4° TOP de Santiago, 15.08.2012, RIT: O-150-2012, vs. Pitronello, L. considerando 20°. El subrayado es mío. Esto sin perjuicio del voto disidente que conecta directamente el anarquismo con el terrorismo haciéndoles sinónimos por razones históricas. Lo destacado en cursiva es mío.
146S. 3º TOP de Santiago de 13.07.2012, RUC: 0700277303-6, RIT: 138-2011, vs. Fuentes Aliaga y otros, considerando 17°. Lo destacado en cursiva es mío.
147STOP de Angol de 27.09.2003, RUC: 0100083503-6, RIT: 02-2003, vs. Norín, A. y otros, considerando 13°.
148STOP de Angol de 27.09.2003, RUC: 0100083503-6, RIT: 02-2003, vs. Norín, A. y otros, considerando 15°.
149“[…] el incendio que afectó al fundo Poluco Pidenco el 19 de diciembre de 2001, es precisamente una conducta terrorista, toda vez que las acciones desplegadas en aquella ocasión evidencian que la forma, métodos y estrategias empleadas, tenían una finalidad dolosa de causar un estado de temor generalizado en la zona, situación que es pública y notoria y que estos jueces no pueden desatender; se trata de un grave conflicto entre parte de la etnia mapuche y el resto de la población, hecho que no fue discutido ni desconocido por los intervinientes […] Estas acciones se pueden sintetizar en la formulación de exigencias desmedidas, hechas bajo presión por grupos violentistas a los dueños y propietarios, a quienes se les amenaza y presiona para que accedan a los requerimientos que se les formulan; muchas de estas condiciones se han materializado mediante ataques a la integridad física, en acciones de robo, hurto, incendio, daño y usurpación, que han afectado tanto a las personas y bienes de diversos propietarios agrícolas y forestales de ésta zona del país”. STOP Angol 22.08.2004, RUC 100086954-2, RIT 21-2004, vs. Huenchunao Mariñan. J. y otros, considerando 19°. “el hecho descrito precedentemente, tanto por la naturaleza y efectos de los medios empleados, se desarrolla dentro de un contexto destinado a producir un justo temor en un grupo determinado de la población de ser víctima de atentados similares, adquiriendo en consecuencia el delito de la especie el carácter de terrorista”. S. TOP de Angol de 03.05.2005, vs. Huenulao Lielmil, J. RUC 100086954-2, RIT 21-2004, considerando 11°.
150SCA de Concepción de 04.06.2004, Rol 191-2004, vs. Ancalaf, V.
151SJG de Victoria de 22.10.2010, RIT 1134-2009/ RUC 0900969218-2 v/s Castro Antipán, R. (Caso Peaje Quino), SJG de Temuco de 14.09.2012. R.U.C.: 0900697670-8 R.I.T.: 5748 - 2009 v/s Castro Antipán, R. (Caso Tur bus).
152MAÑALICH, “Terrorismo y organización”, cit. nota n°71, pp. 375-376, [visitado el 01.08.2017].
153STOP Angol 22.08.2004, RUC 100086954-2, RIT 21-2004, vs. Huenchunao Mariñan. J. y otros
154STOP Angol de 03.05.2005, RUC 100086954-2, RIT 21-2004, vs. Huenulao Lielmil, J.
155STOP Angol de 07.07.2006, RUC 100086954-2, RIT 21-2004, vs. Cariqueo Saravia, O. y otro.
156STOP Angol de 28.05.2008, RUC 100086954-2, RIT 21-2004, vs. Catrimil Huenupe, L.
157STOP Angol de 07.07.2006, RUC 100086954-2, RIT 21-2004, vs. Cariqueo Saravia, O. y otro, considerando 20°.
158SCS de 12.05.14, Rol: 6247-2014, vs. C. Córdova, considerando 21°.
159STOP de Temuco, 28.02.14, RUC: 1300014341-8 (Considerando 26° a.1), vs. Córdova, C.
160STOP de Temuco de 28.02.14, RUC: 1300014341-8, vs. Córdova, C. considerando 26° a.3. Lo destacado en cursiva es mío.
161http://www.chvnoticias.cl/reportaje-a-fondo/los-chubis-vs-los-barzas-la-guerra-que-viven-los-vecinos-de-la-villa-parinacota-en-quilicura/2015-01-14/214718.html [visitado el 13.08.2017].
162Véase por ejemplo, el reportaje grabado en la población Parinacota de la populosa comuna de Quilicura, sobre ataques armados de pandilleros en contra de la casa de sus rivales en cuyo interior hay una familia con niños. Los atacados han debido revestir de láminas metálicas puertas y paredes para impedir el ingreso de los proyectiles, la pandilla destroza una de las puertas con una camioneta e incendia la casa con personas dentro, el fuego se expande y alcanza a 20 viviendas básicas donde mora gente. http://www.13.cl/programas/en-su-propia-trampa-t5/capitulos/en-su-propia-trampa-capitulo-13. [visitado el 13.08.2017].
163STOP de Temuco, 28.02.14, RUC: 1300014341-8, Considerando 42° letra b).
164STOP de Temuco, 28.02.14, RUC: 1300014341-8, Considerando 42° letra c).
165STOP de Temuco, 28.02.14, RUC: 1300014341-8, Considerando 42° letra e)
166STOP de Temuco, 28.02.14, RUC: 1300014341-8, Considerando 42° letra e)
167STOP de Temuco, 28.02.14, RUC: 1300014341-8, Considerando 42° letra g)
168SCS de 12.05.14, Rol: 6247-2014, vs. Córdova, C. considerando 10°
169SCS de 12.05.14, Rol: 6247-2014, vs. Córdova, C.
170Juzgado de Garantía de Temuco. RUC 1300701735-3, RIT 150-2017. El juicio oral ante el TOP de Temuco comenzó el 21 de agosto de 2017. Ver nota siguiente.
171STOP de Temuco de 14.11.2017, RUC 1300701735-3, RIT 150 – 2017, v/s. J. Tralcal Coche, L. Tralcal Quidel, A. Catrilaf Parra, H. Catrilaf Llaupe, S. Catrilaf Quidel, J. Tralcal Quidel, S. Catrilaf Marilef, E. Catrilaf Romero, J. Peralino Huinca, J. Córdova Tránsito, F. Linconao Huircapán. – 2013, v/s. J. Tralcal Coche, L. Tralcal Quidel, A. Catrilaf Parra, H. Catrilaf Llaupe, S. Catrilaf Quidel, J. Tralcal Quidel, S. Catrilaf Marilef, E. Catrilaf Romero, J. Peralino Huinca, J. Córdova Tránsito, F. Linconao Huircapán.
172STOP de Temuco de 14.11.2017, RUC 1300701735-3, RIT 150 – 2017, Considerando 20°.
173STOP de Temuco de 14.11.2017, RUC 1300701735-3, RIT 150 – 2017, Considerando 20°.
174Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, cit. nota n° 23.
175Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, cit. nota n° 23, párr. 228: “la sola utilización de esos razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias configuraron una violación del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley, consagrados en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento”.
176Ver notas n°117 y 118.
177Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, cit. nota n° 23, párr. 198.
178Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, cit. nota n° 23, párr. 202.
179Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, cit. nota n° 23, párrs. 198 y 199.
180Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, cit. nota n° 23, párr. 197.
181Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, cit. nota n° 23, párr. 219. Un análisis sobre estos puntos en BECKER CASTELLARO, Sebastián, “La criminalización de la protesta: el caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile”, Anuario de Derechos Humanos, facultad de Derecho Universidad de Chile, N° 11 (2015), pp. 123-133, p.128 y ss.
182Asamblea General de Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson. Misión a Chile. 14.04.2014. A/HRC/25/59/Add.2, párr.28°. http://www.politicaspublicas.net/panel/chile-ddhh/recomendaciones/1706-informe-emmerson.html [visitado el 01.12.2017].
183Asamblea General de Naciones Unidas. “Informe del relator”, cit. nota n° 182, párr.54. Lo destacado en cursiva es mío.
184Así por ejemplo con motivo de la calificación terrorista del lanzamiento de molotov a una iglesia mormona, la Corte Suprema indicó que incurre en falta o abuso la sentencia que acepta la retractación de la confesión de los encausados en contravención a lo dispuesto en el código procesal penal : “Que dentro del proceso tenido a la vista no se rindió prueba alguna destinada a acreditar la veracidad de las antedichas retractaciones, las cuales, por lo demás, de su simple lectura, no permiten razonablemente concluir que revistan los caracteres de gravedad y seriedad suficientes como para hacer verosímil el aserto de los reos de que fueron presas de un temor de tal entidad que los haya llevado a declarar faltando a la verdad en relación con su participación en los hechos investigados” .SCS de 18.01.1989, considerando 11°. Recurso de queja (Corporación Iglesia de Jesucristo de los santos de los Últimos Días), Revista de Derecho y Jurisprudencia, 1989. T. LXXXVI, N°1 (enero-abril 1989), secc. 4ª, pp.1-5.
18515° Juzgado del Crimen de Stgo. Rol 84049 de 31.05.1993, vs. Hidalgo Barrientos, A. Ministra Gloria Ponce Hermosilla.
186VILLEGAS DÍAZ, “Contribuciones para un concepto de terrorismo”, cit. nota n°58. p.160.
187VILLEGAS DÍAZ, “Procesos de Reforma en Chile”, cit. nota n°36, pp.244-246.
188ATRIA LEMAITRE, Fernando, La Constitución tramposa, Santiago (Chile): LOM, 2013, pp.44-45.
189El FPMR-A declaraba en 1993: "Los chilenos estamos frente a un proceso de transición de un gobierno militar a uno civil, del cual, éste último es el instrumento principal, y a la vez, su impulsor[...] la transición se realiza sobre la continuidad del sistema y los principales poderes creados por la dictadura[...] los rodriguistas no participaremos de la gestión del gobierno[...] actuaremos fuera del sistema, creando un movimiento social alternativo y combativo... la democracia por la que luchamos exige un cambio en las estructuras económicas, sociales, políticas y militares". El Rodriguista, Nº64, diciembre de 1993. Cit. por VILLEGAS DÍAZ, “Terrorismo: un problema de Estado” en: http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2001/villegas_m/html/index-notes.html#Noteftn659, [visitado el 23.08.2017].
190Art. 49 de ley n° 19.806 de 31.05. 2002. Establece normas adecuatorias del sistema legal chileno a la reforma procesal penal.
191GUZMÁN DALBORA, “Caso Norín Catrimán”, cit. nota 142, p.449.
192GUZMÁN DALBORA, “Caso Norín Catrimán”, cit. nota 142, p. 455.
193“20. El Estado debe regular con claridad y seguridad la medida procesal de protección de testigos relativa a la reserva de identidad, asegurando que se trate de una medida excepcional, sujeta a control judicial en base a los principios de necesidad y proporcionalidad, y que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo para fundar una condena, así como regular las correspondientes medidas de contrapeso, en los términos de los párrafos 242 a 247 y 436 de la presente Sentencia”. Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, cit. nota n° 23. Parte Dispositiva del fallo.