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Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 61', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 82', 'artículo 80', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 24', 'artículo 196', 'artículo 206', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 20', 'Artículo 32', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 172', 'artículo 39', 'artículo 71', 'artículo 41', 'artículo 1830']

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. TÍTULO II. De los requisitos para contratar con la Administración (Vigente hasta el 24 de Noviembre de 2002).
TÍTULO IIDe los requisitos para contratar con la Administración
CAPÍTULO IDe la capacidad y solvencia de las empresas
Párrafo 3.º del número 1 del artículo 15 introducido por el número 1 del artículo 61 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002
Letra b) del artículo 20 redactada por el número 1 de la disposición final decimotercera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal («B.O.E.» 10 julio).
d) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral de minusválidos o muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social o en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales.Véase Res. 19 abril 2002, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación de la prohibición de contratar prevista en la letra d) del artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 23 abril).
j) Haber sido sancionado como consecuencia del correspondiente expediente administrativo en los términos previstos en el artículo 82 de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 80 de la Ley General Tributaria.Letra j) del artículo 20 declarada legislación no básica, conforme establece el número 1 de la disposición final primera de la presente Ley.
A partir de: 1 mayo 2006
Efectos de la falta de capacidad, solvencia y de las prohibiciones de contratar Las adjudicaciones de contratos en favor de personas que carezcan de la capacidad de obrar o de solvencia y de las que se hallen comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 20 serán nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de ello, el órgano de contratación podrá acordar que el empresario continúe la ejecución del contrato, bajo las mismas cláusulas, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público correspondiente.
Empresas extranjeras no comunitarias 1. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea, además de acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su Estado y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.Párrafo 2.º del número 1 del artículo 24 declarado legislación no básica, conforme establece el número 1 de la disposición final primera de la presente Ley.
CAPÍTULO IIDe la clasificación y registro de las empresas
Supuestos de clasificación 1. Para contratar con las Administraciones públicas la ejecución de contratos de obras o de contratos de servicios a los que se refiere el artículo 196.3, en ambos casos por presupuesto igual o superior a 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), será requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. Se exceptúan de este requisito los contratos comprendidos en las categorías 6 y 21 del artículo 206 y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.
2. Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Comunidad Europea en favor de sus propios empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con los letras b) y c) del artículo 16.1; letras b) y d) del artículo 17; letra a) del artículo 18; letra a) del artículo 19 y letras a), b), d) e i) del artículo 20.
Competencia para la clasificación 1. Los acuerdos sobre clasificación y revisión de clasificaciones se adoptarán por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, a través de Comisiones clasificadoras que, por delegación permanente de aquélla, entenderán en cuantos expedientes se relacionen con la clasificación de las empresas, produciendo tales acuerdos efectos ante cualquier órgano de contratación. Las Comisiones clasificadoras, cuya composición se determinará reglamentariamente, estarán integradas por los representantes de la Administración y de las organizaciones empresariales más representativas en los distintos sectores afectados por la contratación administrativa.
Duración y revisión de las clasificaciones La clasificación de las empresas se acordará por un plazo de dos años y se efectuará en función de los elementos personales, materiales, económicos y técnicos de que dispongan respecto de la actividad en que la soliciten y, en su caso, de la experiencia en trabajos realizados directamente en el último quinquenio.
Artículo 32 declarado legislación no básica, conforme establece el número 1 de la disposición final primera de la presente Ley.
SECCIÓN 2DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASIFICACIONES
Suspensión de las clasificaciones 1. El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y previa formación de expediente administrativo con audiencia del interesado, podrá disponer la suspensión de las clasificaciones acordadas.
El incurrir en los supuestos previstos en las letras a), c), d) y j) del artículo 20.
El incurrir en alguno de los supuestos previstos en la letra b) del artículo 20.
Estar el empresario incurso en alguna de las circunstancias señaladas en las letras e) y f) del artículo 20.
SECCIÓN 3DEL REGISTRO OFICIAL DE EMPRESAS CLASIFICADAS
Registro Oficial de Empresas Clasificadas 1. El Registro Oficial de Empresas Clasificadas dependerá del Ministerio de Hacienda. El acceso al Registro será público.
CAPÍTULO IIIDe las garantías exigidas para los contratos con la Administración
SECCIÓN 1DE LA PRESTACIÓN DE LAS GARANTÍAS SEGÚN LAS DISTINTAS CLASES DE CONTRATOS
Garantías provisionales 1. En los contratos comprendidos en esta Ley será requisito necesario para acudir a los procedimientos abiertos o restringidos de cuantía igual o superior a la fijada en los artículos 135.1, 177.2, y 203.2, según el tipo de contrato de que se trate, el acreditar la constitución previa, a disposición del correspondiente órgano de contratación, de una garantía provisional equivalente al 2 por 100 del presupuesto del contrato, entendiéndose por tal el establecido por la Administración como base de la licitación, salvo en los supuestos en que no se haya hecho previa fijación del presupuesto, en los que se determinará estimativamente por el órgano de contratación. Dicha garantía habrá de ser constituida:
Garantías definitivas, especiales y complementarias 1. Los adjudicatarios de los contratos regulados en esta Ley están obligados a constituir una garantía definitiva por el importe del 4 por 100 del importe de adjudicación, a disposición del órgano de contratación, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de adjudicación del contrato, que habrá de constituirse:
En la misma clase de bienes y en los establecimientos señalados en el apartado 1, letra a), del artículo anterior.
Mediante aval prestado en la forma y condiciones reglamentarias, por las entidades indicadas en el apartado 1, letra b), del artículo precedente y constituido en los establecimientos señalados en el apartado 1, letra a), del mismo artículo.
Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que reglamentariamente se determinen, con las entidades referidas en el apartado 1, letra c), del artículo anterior, debiendo entregarse la póliza en los establecimientos señalados en el apartado 1, letra a), del mismo artículo.
Garantía definitiva en determinados contratos No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en los contratos de consultoría y asistencia, en los de servicios y en los contratos administrativos especiales la garantía definitiva podrá ser dispensada cuando así se haga constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares, debiendo motivarse en el expediente de contratación las causas de tal dispensa.
Excepciones a la constitución de garantías No será necesaria la constitución de garantía provisional o definitiva en los siguientes contratos de suministro:
Los concertados con empresas concesionarias de servicios públicos referentes a suministros de la clase señalada en el artículo 172.1, letra a).
Letra d) del artículo 39 introducida por el número uno del artículo 71 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).
SECCIÓN 2DE LA CONSTITUCIÓN Y EFECTOS DE LAS GARANTÍAS
Subsección 1De la constitución y reajuste de garantías
El plazo de quince días previsto en el apartado 1 del artículo 41 ha sido declarado legislación no básica, conforme establece el número 1 de la disposición final primera de la presente Ley.
Reajuste de garantías Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el precio del mismo se reajustará la garantía en el plazo señalado en el artículo anterior contado desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de su modificación.
Subsección 2De las responsabilidades a que se afectan las garantías
Extensión de las garantías 1. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato.
Garantías prestadas por terceros 1. Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de éste no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren el artículo 1830 y concordantes del Código Civil.
Subsección 3De la devolución de la garantía definitiva