Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-200800007-de-agosto-14-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_76d52ddf36f6702ee0430a010151702e&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-27 08:32:02
Document Index: 381026080

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 350', 'artículo 353', 'artículo 357', 'artículo 227', 'artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 121', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 128', 'artículo 132', 'artículo 134', 'artículo 229', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 137', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 223', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 136', 'artículo 5', 'artículo 112', 'artículo 2', 'artículo 108', 'artículo 8', 'artículo 62', 'artículo 164', 'artículo 192', 'artículo 38', 'artículo 258', 'artículo 11']

﻿ Sentencia 200800007 de agosto 14 de 2009
SENTENCIA 200800007 DE 14 DE AGOSTO DE 2009
CONTENIDO:LEGALIDAD EN LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES. NO SE PUEDE CONCLUIR QUE LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO ES ILEGAL POR NO TENER EL ENCABEZADO RESPECTIVO EN TODAS LAS HOJAS FIRMADAS, PUES SERÍA SUBVERTIR EL PRINCIPIO RECTOR DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DONDE DEBE PRIMAR LO SUSTANCIAL ANTE LO FORMAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ELECCIÓN DEL GOBERNADOR, PROCESO ELECTORAL, DELITO CONTRA EL PROCESO ELECTORAL, GOBERNADOR
Sentencia 200800007 de agosto 14 de 2009
Expedientes: 440012331003200800007 / 200800012 / 200800013
/ 200800015 - 01
Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar y otros
Demandado: Gobernador La Guajira - Jorge Eduardo Pérez
Asunto: Electoral - Fallo segunda instancia
El acto de elección del señor Jorge Eduardo Pérez Bernier como gobernador del departamento de La Guajira, para el período constitucional 2008-2011, se acreditó con copia auténtica del Acuerdo 008 del 3 de diciembre de 2007, expedido por el Consejo Nacional Electoral(3).
3. Delimitación de la competencia conferida por virtud de los recursos de apelación.
Antes de que la Sala pase a examinar las diferentes imputaciones que se lanzan con los recursos de apelación formulados en contra de la sentencia dictada el 24 de febrero de 2009 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, es necesario precisar su ámbito competencial como juez de segundo grado, pues si bien hay pluralidad de apelantes, el siguiente estudio demostrará que solo puede pronunciarse frente a unas demandas y no respecto de todas.
Con fundamento en los antecedentes elaborados en esta providencia se tiene que contra la elección del señor Jorge Eduardo Pérez Bernier presentaron demanda de nulidad electoral los señores José Manuel Abuchaibe Escolar (20080007), Miguel Antonio Murgas Núñez (20080012), Manuel José Bermúdez Guerra (20080013) y Amílcar Rafael Gómez (20080015). El fallo de primera instancia dispuso frente a cada una de las demandas acumuladas lo siguiente: 1) En cuanto a la de José Manuel Abuchaibe Escolar (20080007) declaró infundadas las excepciones de caducidad de la acción e inepta demanda, y acogió sus pretensiones ya que en los numerales 4º y 5º de la parte resolutiva se dispuso anular la elección acusada y practicar nueva diligencia de escrutinio con exclusión de la votación depositada a favor de la candidatura de Jorge Eduardo Pérez Bernier; 2) Respecto de las interpuestas por Manuel José Bermúdez Guerra (20080013) y Amílcar Rafael Gómez (20080015), declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda “por falta de individualización del acto de elección”, y 3) Frente a la adelantada a instancia del señor Miguel Antonio Murgas Núñez (20080012), se negaron las pretensiones de la demanda.
Ahora bien, frente a las decisiones anteriores se interpusieron los siguientes recursos de apelación:
1. De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del gobernador de La Guajira Jorge Eduardo Pérez Bernier, su inconformidad la dirigió contra lo decidido frente a la demanda interpuesta por José Manuel Abuchaibe Escolar (20080007), cuyas pretensiones dieron lugar a que el tribunal a-quo declarara la nulidad de la elección acusada y ordenara la práctica de nuevo escrutinio, tal como se aprecia en los numerales 4º y 5º de la parte resolutiva del fallo de primera instancia. Por tanto, la Sala tiene competencia para examinar lo decidido en torno a esa demanda, salvo frente a las excepciones que en su momento propuso la parte demandada, ya que la apelación no hace referencia expresa ni tácita a las mismas.
2. El abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, quien actúa como demandante en el Expediente 20080007 y apoderado judicial de Miguel Antonio Murgas Núñez (quien obra como coadyuvante de la demanda 20080007, como demandante en el proceso 20080012 y opositor en los procesos 20080013 y 20080015 interpuestos, en su orden, por Manuel José Bermúdez Guerra y Amílcar Rafael Gómez), si bien interpuso recurso de apelación, de su contenido se tiene que no solamente pretende la revocatoria de la decisión, sino que en algunas partes pide su confirmación.
En efecto, se refiere en primer lugar a lo decidido frente a su demanda 20080007, sin estar en desacuerdo con la decisión. Sus argumentos están encaminados a abundar en razones para sustentar lo decidido, asimismo a destacar posibles omisiones del tribunal a-quo frente a sus planteamientos de instancia y a refutar las razones del voto individual de la magistrada disidente.
En segundo lugar, no comparte lo decidido frente a la demanda interpuesta por el señor Miguel Antonio Murgas Núñez (20080012), porque en su sentir fueron probados 8.133 votos falsos o apócrifos y en casos de cargos uninominales de elección popular no debe aplicarse la metodología de la afectación ponderada de irregularidades, últimamente adoptada por la jurisprudencia de esta Sección.
Y, en tercer lugar, en cuanto a las demandas interpuestas por Manuel José Bermúdez Guerra (20080013) y Amílcar Rafael Gómez (20080015), no cuestiona la decisión pero sí encuentra que con base en la ineptitud de las demandas se ha podido reforzar la decisión adoptada en primera instancia.
No puede continuar este estudio sin que la Sala recuerde que, por virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 267(4) del Código Contencioso Administrativo, al proceso electoral le resulta aplicable la regla según la cual para impugnar una providencia debe asistirle al interesado un interés jurídico. Así lo establecen, por ejemplo, el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que “Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia”, así como el artículo 353 ibídem que al regular la apelación adhesiva señala que “la parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable”, y por último el artículo 357 ejusdem que en materia de fijación de la competencia del superior establece que “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.
Dicho interés jurídico se determina, entonces, por lo favorable o adverso que resulte el pronunciamiento judicial para el sujeto procesal que interpone la alzada, de tal modo que si la providencia le fue benéfica, porque por ejemplo fueron acogidas las pretensiones de su demanda, no hay duda que a él no le asiste ningún interés jurídico para impugnarla, ya que si la alzada “tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme” (art. 350, Ib.), iría contra toda lógica admitir la hipótesis en que la parte beneficiada con la decisión pueda apelarla. Así, el interés jurídico requerido en estos casos por el legislador, corresponde a una garantía o salvaguarda reconocida a favor de los sujetos procesales que salieron airosos en sus pretensiones procesales, asegurándoles que la decisión solamente podrá revocarse o reformarse cuando así lo solicite la parte contraria o cuando el grado de consulta lo permita, desde luego siempre que les asista la razón.
Siguiendo estos lineamientos es claro para la Sala que por no tener interés jurídico el señor José Manuel Abuchaibe Escolar para recurrir la sentencia anulatoria, pues se ajustó a las pretensiones de su demanda 20080007, la impugnación no se entenderá interpuesta contra esa decisión, lo cual no obsta para que la Sala, si lo tiene que hacer, examine detenidamente las distintas tesis formuladas en torno a lo debatido en ese proceso.
Por otra parte, tampoco considera la Sala que el señor Abuchaibe Escolar busque revocar el fallo de primera instancia en cuanto declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda frente a las interpuestas por Manuel José Bermúdez Guerra (20080013) y Amílcar Rafael Gómez (20080015). Primero, porque sostuvo en su escrito de apelación que la ineptitud de las demandas, así declarada por el a quo, igualmente pudo fundarse en la falta de copia auténtica del acto acusado, lo que a las claras demuestra su intención porque el fallo de primera instancia se mantenga incólume; y segundo, porque comulga con el interés revelado por su poderdante Miguel Antonio Murgas Núñez, quien si bien demandó la nulidad de la elección del gobernador de La Guajira (exp. 20080012), intervino oportunamente en los procesos promovidos por los señores Bermúdez Guerra (20080013) y Gómez (20080015), para oponerse a sus pretensiones aduciendo que con las mismas se persigue “acusar todas las mesas en que el ex candidato a la Gobernación de La Guajira Miguel Murgas Núñez obtuvo mayoría a fin de precaverse los seguidores del doctor Jorge Pérez Bernier de las dos demandas electorales interpuestas por el doctor José Manuel Abuchaiba Escolar y el mismo Miguel Antonio Murgas Núñez que buscan un nuevo escrutinio y que indudablemente lesionan al actual gobernador de La Guajira” y que “estamos ante una contrademanda de los seguidores del [demandado] a fin de neutralizar las dos demanda (sic) a que hemos hecho referencia”. Es claro, entonces, que el señor Abuchaibe Escolar no tiene ningún interés jurídico en que el fallo de primera instancia sea revocado para dar cabida a las pretensiones de las citadas demandas.
Finalmente, es claro que sí tiene interés jurídico en impugnar la decisión desestimatoria de las pretensiones de la demanda instaurada por Miguel Antonio Murgas Núñez (20080012), puesto que así lo dejó en claro en su escrito de apelación y comoquiera que funge como su apoderado en dicha demanda.
En este orden de ideas, según el recurso de apelación interpuesto por el señor José Manuel Abuchaibe Escolar la Sala solamente se ocupará de examinar la sentencia apelada en cuanto a lo dispuesto en el numeral 3º que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Miguel Antonio Murgas Núñez. Con todo, los demás argumentos esgrimidos serán valorados en su momento, de llegar a establecer en las apreciaciones subsiguientes, que lo decidido respecto de las demandas 20080007, 20080013 y 20080015.
3. Por su parte, el Procurador 42 Judicial II administrativo apeló la sentencia de primera instancia, pero únicamente respecto de lo decidido en los numerales 4º y 5º de su parte dispositiva. Por tanto, la competencia de la Sala cobija igualmente lo relativo a la demanda interpuesta por José Manuel Abuchaibe Escolar (20080007).
4. El señor Carlos Agustín Caicedo Maestre, quien intervino en el proceso para oponerse a las pretensiones de la demanda interpuesta por Miguel Antonio Murgas Núñez (20080012), igualmente pidió la revocatoria de los numerales 4º y 5º de la parte resolutiva del fallo apelado; circunstancia esta que permite afirmar que la Sala solo tiene competencia para pronunciarse sobre lo atinente a la demanda instaurada por José Manuel Abuchaibe Escolar (20080007) y no respecto de la anterior demandada a la que se opuso, ya que le resultó favorable.
5. Aunque el demandante Amílcar Rafael Gómez (20080015) interpuso recurso de apelación, expresamente lo circunscribió a lo resuelto en los numerales 4º y 5º de la parte resolutiva del fallo, mencionando además lo atinente a las excepciones propuestas en la demanda 20080007. Como nada dijo frente a la denegación de las pretensiones de su demanda, la competencia de la Sala recaerá sobre lo discurrido en torno a ese proceso.
6. El mismo razonamiento puede aplicarse a la impugnación formulada por Manuel José Bermúdez Guerra (20080013), ya que si bien el tribunal a quo denegó las pretensiones de su demanda, únicamente apeló lo resuelto en los numerales 4º y 5º de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, con los cuales se acogieron las pretensiones de la demanda instaurada por José Manuel Abuchaibe Escolar (20080007). Por ende, la Sala únicamente conocerá sobre lo atinente a ese proceso.
En resumen, aunque hay pluralidad de apelantes, no se impugnó lo decidido en el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia dictada el 24 de febrero de 2009 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio del cual se declaró probada la excepción de Inepta Demanda frente a los procesos instaurados por Manuel José Bermúdez Guerra (20080013) y Amílcar Rafael Gómez (20080015), razón por la cual debe decirse que esa decisión quedó en firme. Por el contrario, al haberse apelado expresamente lo resuelto en torno a las demandas instauradas por José Manuel Abuchaibe Escolar (20080007) y Miguel Antonio Murgas Núñez (20080012), la Sala únicamente se ocupará de lo discurrido en torno a las mismas.
4. De las demandas acumuladas frente a las cuales tiene competencia la Sección
4.1. Demanda 20080007 de José Manuel Abuchaibe Escolar.
4.1.1. Las excepciones.
4.1.1.1. Excepción de inepta demanda.
El mandatario judicial designado por el demandado considera que esta excepción se configura porque “el demandante debió haber impugnado u opuesto al acto de inscripción de mi prohijado, al momento mismo de conocer dicha situación, haciendo uso de los mecanismos que el mismo estatuto contencioso administrativo consagra, verbigracia la figura de la revocatoria directa que en sede administrativa resulta procedente”. De acuerdo con el planteamiento anterior advierte la Sala que allí están implícitos dos argumentos: Uno, según el cual las anomalías denunciadas con la demanda debieron reclamarse administrativamente, dirigiéndose a la autoridad electoral correspondiente para que verificara las imputaciones y de ser necesario aplicará los correctivos del caso, en particular revocando directamente el acto de inscripción; y dos, que al resultar imperioso acudir a ese paso previo debió cumplirse una especie de agotamiento previo de la vía gubernativa. Pues bien, nada de ello resulta procedente, por las siguientes razones:
No es cierto que los interesados deban acudir, antes de dirigirse al juez de lo electoral, a la autoridad administrativa correspondiente a solicitarle la revocatoria directa del acto de inscripción, puesto que ninguna disposición jurídica impone ese deber; por el contrario, tal como se ampliará en el acápite “4.2.1. Cuestión previa”, este tipo de demandas se caracterizan porque su formulación es directa, lo que fácilmente se corrobora en el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo, al precisar que “Podrá cualquier persona ocurrir en demanda directa por la vía jurisdiccional contra los actos de las corporaciones electorales para que se anulen...” (se destaca), configuración gramatical que no deja ninguna duda sobre la inviabilidad del planteamiento del excepcionante(5).
Sin embargo, la anterior regla tiene su excepción, puesto que “las causales de reclamación… que no se intenten ante las autoridades administrativas, no pueden después alegarse por vía jurisdiccional como si se tratara de causales de nulidad de los actos de elección, por expreso mandato legal;…”(6), de modo que el control jurisdiccional de esas irregularidades solamente puede adelantarse a condición de que los interesados oportunamente formulen la reclamación respectiva ante la comisión escrutadora competente; o si se prefiere, que “…se adelante la etapa previa ante la autoridad electoral y que, por supuesto, se agoten los medios de defensa que otorga la ley a los candidatos...”(7), lo que equivale a decir que junto a la decisión de la reclamación del caso se interpongan los recursos establecidos en el Código Electoral, en caso de no ser acogida la misma.
Además, la revocatoria directa prevista en los artículos 69 y ss del Código Contencioso Administrativo, opera frente a “actos administrativos”, los que por antonomasia se conciben “como una decisión adoptada o expedida en función administrativa a través de la cual la autoridad crea, modifica o extingue una posición de una persona o conjunto de personas determinadas o indeterminadas frente a una norma de derecho (situación jurídica)”(8); definición dentro de la que no puede ubicarse el acto de inscripción, pues se trata de un acto preparatorio que culmina con la declaración de la elección popular.
De otro lado, la jurisprudencia de esta Sección ha sido unánime en sostener que el proceso electoral no está sujeto al requisito del agotamiento previo de la vía gubernativa, como sí lo está el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (CCA, art. 135, mod. D. 2304/89, art. 22), para lo cual basta recordar que en uno de sus pronunciamientos aseguró que“el agotamiento de vía gubernativa no ha sido establecido como requisito previo para acudir en acción electoral por ninguna norma jurídica”(9). Estas apreciaciones bastan a la Sala para concluir que la excepción propuesta no es de recibo, como atinadamente lo decidió el tribunal a quo.
4.1.1.2. Excepción de caducidad de la acción.
Se basa esta excepción en que la demanda debió presentarse, a más tardar, el 11 de enero de 2008, tomando en cuenta que los términos corren igualmente durante el período de la vacancia judicial. Esta perspectiva no es acogida por la Sala, ya que no se acompasa con el ordenamiento jurídico relativo al cómputo de términos en días.
En efecto, el artículo 136 numeral 12 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, establece que “La acción electoral caducará en veinte (20) días, contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección...”, lo cual remite, forzosamente, a lo previsto en el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989 artículo 1º numeral 65, en cuanto dice que “en los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho”(10). Por lo mismo, en el cómputo de dicho término no se toman en cuenta los días de vacancia judicial, que según el artículo 1º de la Ley 31 de 1971, que modificó el artículo 2º del Decreto-Ley 546 de 1971, corresponden, entre otros, a “los días comprendidos entre el 20 de diciembre de cada año y el 10 de enero siguiente, inclusive,...”.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el Acuerdo 008 del 3 de diciembre de 2007, expedido por el Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se declaró la elección acusada, se notificó en estrados en la misma fecha(11), el término de caducidad de la acción corrió entre el martes cuatro (4) de diciembre de 2007 y el miércoles veintitrés (23) de enero de 2008. De contera, al haberse presentado la demanda el lunes veintiuno (21) de enero de 2008, debe afirmarse que ello ocurrió sin que se hubiera configurado la caducidad de la acción, como así lo dedujo igualmente el tribunal a quo.
Las anteriores elucubraciones llevan a la Sala a inferir que lo decidido frente a esas excepciones se ajusta a derecho y por tanto debe confirmarse.
4.1.2. Cuestión previa.
Antes de que la Sala se ocupe de despachar las diferentes imputaciones lanzadas contra el acto de elección del Gobernador de La Guajira (2008-2011), debe abordar el tema relativo a la calidad que ostenta el acto de inscripción de una candidatura a cargos de elección popular y si el mismo debe ser directamente demandado, pues las posiciones de los sujetos procesales se han polarizado, participando unos de la tesis de que si el reproche de ilegalidad se focaliza en el acto de inscripción es menester demandarlo junto con el acto de elección, al tiempo que otros sostienen la tesis contraria, atinente a que el control de legalidad de dicho acto puede hacerse sin que sea necesario demandarlo junto con el de elección.
El objeto de la acción electoral ha sido delimitado por el legislador extraordinario de manera clara y así lo demuestra el siguiente recorrido normativo. En el numeral 3º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Mod. D. 597/88, art. 2º y L. 446/98, art. 36), que establece las competencias del Consejo de Estado en única instancia, se le asigna el conocimiento de los procesos “de nulidad de elecciones del Presidente... así como de los de nulidad de las elecciones o nombramientos hechos por el Presidente de la República...”; en el numeral 8 del artículo 132 ibídem se determinó que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los procesos “de nulidad electoral de los gobernadores,... Igualmente de los relativos a la acción de nulidad electoral que se promuevan con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por estas corporaciones o funcionarios…”; en el numeral 9º del artículo 134B ibídem se le asignó a los jueces administrativos lacompetencia para conocer de los procesos“de nulidad electoral de los alcaldes... Igualmente de los relativos a la acción de nulidad electoral que se promuevan con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por las corporaciones...”; y en el artículo 229 de la misma obra se identifica el acto a demandar en los procesos electorales de la siguiente manera: “Para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a estos” (resalta la Sala).
Tales disposiciones son precisas en señalar que el objeto de la acción electoral recae sobre los actos de elección o nombramiento, de donde igualmente puede inferirse que mediante la misma solamente pueden enjuiciarse aquellas decisiones que técnicamente se califican como actos administrativos, valga decir las que “se caracteriza[n] por ser la expresión de la voluntad de la administración pública, encaminada a producir efectos jurídicos, bien sea creando, modificando o extinguiendo derechos”(12), lo que igualmente se confirma con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (mod. D. 2304/89, art. 14), que contempla la posibilidad de enjuiciar la legalidad de los “actos administrativos” por cualquiera de las causales generales de nulidad allí previstas, en particular la infracción de las normas en que debió fundarse el acto o su expedición irregular.
En el mismo sentido puede afirmarse que los actos administrativos son equivalentes a los actos definitivos, entendidos como los “que ponen fin a una actuación administrativa[o] los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto” (CCA, art. 50), los cuales, de acuerdo con lo dicho, sí son demandables ante esta jurisdicción, lo que no ocurre con los actos de trámite o simplemente preparatorios, ya que frente a los mismos, en principio, no se admiten siquiera los recursos en la vía gubernativa (art. 49, Ib.), disposición comprensible en la medida que tales actuaciones solamente se encaminan a impulsar el trámite respectivo, a efecto de que pueda concluir en la decisión final.
La valoración de las normas citadas hasta el momento permite establecer la regla de la inimpugnabilidad de los actos de trámite o preparatorios, como así lo ha pregonado la jurisprudencia de esta Sección al decir:
“Y, como actos de trámite, no pueden ser impugnados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que solo examina la validez de actos definitivos. Así resulta de lo establecido en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo según el cual y, entre otros casos, son nulos los actos administrativos cuando son expedidos irregularmente, esto es sin los trámites y las formalidades previstas en la ley. De allí que la irregularidad de los actos preparatorios o de trámite que han de cumplirse para la producción de actos administrativos definitivos, que son los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, hacen nulos estos últimos. Por lo mismo, son estos los que han de ser impugnados, no los actos preparatorios o de trámite, aunque el vicio de nulidad tenga en ellos su origen”(13).
Pues bien, aunque en materia electoral solamente resultan demandables los actos administrativos por medio de los cuales se expide un nombramiento o se declara una elección, es del caso precisar que en las elecciones por voto popular igualmente puede controlarse el acto declarativo de elección por las irregularidades que hayan podido presentarse en los trámites previos, como así se deduce de las causales generales de nulidad por infracción de normas superiores o expedición irregular. La configuración de tales causales puede darse, por ejemplo, en el acto de inscripción, que no obstante conferir a los candidatos así admitidos la vocación de ser elegidos en las corporaciones públicas o en los cargos uninominales, es un típico acto de trámite ya que no es la decisión final del proceso electoral, corresponde apenas a uno de los muchos pasos que deben darse en el curso de los certámenes democráticos. Sobre el punto ha dicho esta Sección:
“El acto de inscripción es preparatorio dentro de una actuación que culmina con el acto que declara la elección, acto definitivo, que puede ser objeto de control de legalidad a través de la acción de nulidad electoral ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; por ello el acto de inscripción no es atacable en forma directa, ya que cualquier examen o revisión sobre su juridicidad solo es posible cuando se demanda conjuntamente con el acto final, en tanto su cuestionamiento sea parte de los cargos contra este”(14) .
Algunos sujetos procesales han afirmado, con base en la cita anterior, que si el acto de elección se impugna por vicios ocurridos en el acto de inscripción, es necesario que igualmente se le demande en forma expresa, esto es que se pida su nulidad. Para la Sala esa no es la comprensión correcta de su jurisprudencia, ya que lo procedente en ese caso es demandar el acto administrativo por medio del cual se declara la elección invocando como motivos de nulidad las irregularidades presentes en el acto de inscripción, que por su naturaleza de acto de trámite o preparatorio no puede ser directamente impugnado, así sea la fuente generadora de la nulidad.
4.1.3. Cargos formulados con la demanda.
Para el ciudadano José Manuel Abuchaiba Escolar la legalidad de la elección de Jorge Eduardo Pérez Bernier como gobernador del departamento de La Guajira (2008-2011), contenida en el Acuerdo 008 del 3 de diciembre de 2008 expedido por el Consejo Nacional Electoral, está afectada de nulidad por vicios presentados en el acto de inscripción de su candidatura, como son: 1. Falsedad en las firmas de apoyo presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribir la candidatura; 2. Inconsistencias derivadas de datos incompletos, ilegibles o no identificables, apoyos ajenos al censo departamental, Falsa identidad o suplantaciones (personas fallecidas) y personas que firmaron en más de una oportunidad; 3. Tarjetones a la gobernación que venían preimpresos con una marca sobre el logotipo de la candidatura del demandado; 4. Ausencia de decisión colectiva de promover la campaña del demandado, y 5. La recolección de firmas solo puede llevarse a cabo en los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y en original. Con el fin de dar respuesta a cada una de las anteriores imputaciones, la Sala las abordará por separado, siguiendo el orden en que han quedado plasmadas en este párrafo.
1. Falsedad en las firmas de apoyo presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribir la candidatura de Jorge Eduardo Pérez Bernier.
Afirma en su demanda el señor José Manuel Abuchaiba Escolar que la elección debe anularse porque si bien la candidatura del señor Jorge Eduardo Pérez Bernier se inscribió con el apoyo de 77.777 firmas de ciudadanos(15), 47.382 son falsas o presentan uniprocedencia u otros motivos de falsedad, cifra que con el transcurrir del proceso y a raíz de los dictámenes periciales aportados ascendió a 54.769 firmas falsas, de suerte que con el acto de inscripción de la candidatura únicamente se acreditaron 23.008 apoyos válidos, incumpliéndose así lo previsto en las siguientes disposiciones jurídicas:
De la Ley 130 del 23 de marzo de 1994 “Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”, el artículo 9º en cuanto prescribe:
“Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su asamblea general resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato”.
Y del Reglamento 01 del 25 de julio de 2003 “Por medio del cual se regula el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2003”, expedido por el Consejo Nacional Electoral, los siguientes apartes de su artículo 4º y parágrafo 1º:
“Los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales también podrán inscribir candidatos a corporaciones públicas y cargos uninominales, en cuyo caso deberán acreditar el número de firmas señalado en el parágrafo 1º de este artículo, que respaldarán la totalidad de la lista inscrita y prestar caución, póliza de seriedad o garantía bancaria, las cuales serán presentadas y otorgadas por los inscriptores o candidatos, que no serán inferiores en ningún caso a tres (3).
En ningún caso, se exigirá un número superior a las cincuenta mil firmas para la inscripción de las candidaturas a cargos o corporaciones” (negrillas de la Sala).
Según las anteriores disposiciones, los grupos de ciudadanos que se interesen en participar de las justas democráticas, postulando sus candidatos, deben hacerlo con un número de firmas de apoyo no mayor al 20% del número de personas habilitadas para votar en la respectiva circunscripción electoral, exigencia que en ningún caso pueda superar las 50.000 firmas. En el caso del departamento de La Guajira no se probó cuál era el censo vigente para la época en que se inscribió la candidatura del demandado; sin embargo, se acreditó “que revisada la base de datos del censo electoral se estableció que para el 5 de octubre de 2007 (fecha cierre del censo) el potencial electoral en el departamento de La Guajira registraba 402.098 ciudadanos aptos para sufragar”(16), de modo que este parámetro permite inferir que al grupo de ciudadanos “el pueblo decide” no se le podían exigir más de 50.000 firmas de apoyo para inscribir la candidatura del demandado, en atención a que el 20% de dicho censo arroja un total de 80.420 personas aptas para votar.
Ahora, resulta indudable que la imputación lanzada en torno a la autenticidad de las firmas de apoyo presentadas por el grupo de ciudadanos “el pueblo decide”, de llegar a ser cierta, tendría plena eficacia para desvirtuar la presunción de legalidad del acto de elección de Jorge Eduardo Pérez Bernier como gobernador de La Guajira, porque además de transgredir directamente el principio democrático diseminado a lo largo de la Constitución Política (arts. 1º, 2º, 38, 40, 99, 107, 108, 258, 259, 260, etc.), iría en contravía del objeto mismo del Código Electoral consistente en “perfeccionar el proceso y la organización electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la voluntad del elector expresada en las urnas”, dado que las personas ungidas para dirigir los destinos políticos de una comunidad deben, ante todo, contar con la legitimidad que les otorga el apoyo popular mayoritario, que si bien es importante obtenerlo en las urnas, también lo es cuando se acude al mecanismo de la recolección de firmas de apoyo, ya que no se puede falsear ese sustrato para tener una vocación eleccionaria que en verdad no existe.
Con todo, con fundamento en lo previsto en el principio de la justicia rogada, consagrado en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, según el cual si lo impugnado es un acto administrativo —como lo es el de naturaleza electoral—, “deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”(17)(negrillas de la Sala), esta Sección ha elaborado de tiempo atrás una jurisprudencia que se ha mantenido uniforme y que propugna porque las imputaciones de carácter objetivo, entre ellas las relativas a falsedades en los registros, se formulen con la debida determinación, preponderándose así la carga inherente a la parte demandante para que suministre a los jueces electorales información detallada sobre las irregularidades que en su opinión son constitutivas de falsedad.
Por lo mismo, no ha admitido la jurisprudencia de la Sección que el interesado apenas sí haga señalamientos vagos e imprecisos, como que existió un número considerable de falsedades o que se trató de un fenómeno masivo y generalizado, pues al tiempo que contradice el principio de la justicia rogada, atenta contra el derecho fundamental de defensa de su oponente procesal, en la medida que esas imputaciones indefinidas impiden al sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal ejercer eficazmente su derecho a la contradicción. Sobre la necesidad de determinar los cargos se ha dicho por la Sala:
“De igual forma, la necesidad de individualizar cada cargo, trátese de suplantación o de trashumancia electoral, etc., se explica en que el derecho al voto, como clara manifestación del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P., art. 40), es un derecho que se ejerce en forma individual, un voto por cada ciudadano, de modo que si la acusación se sustenta en que por determinada persona sufragó otra, usurpando su derecho y lugar, o en que en las urnas depositaron su voto personas que no podían participar en la elección de autoridades locales por no formar parte del censo, la parte demandante está obligada a individualizar cada caso, ya que el reproche en masa está descartado porque cada caso debe ser identificado plenamente en la demanda y probado dentro del proceso, para que pueda ser examinado en concreto. Si la acusación se presenta sin atender a esos parámetros de determinación e individualización, el juez administrativo carecería de elementos fácticos necesarios y de las pruebas requeridas para efectuar su juicio de valor respectivo, y además ello implicaría la violación del principio de la congruencia de los fallos judiciales (CPC, art. 305 mod. D. 2282/89, art.1º, mod. 135), al tiempo que la búsqueda de una prueba diabólica, al tener que escudriñar, sin límites, el total de la votación, lo que a su vez acarrearía la violación del derecho a la defensa de la parte contraria”(18).
Así las cosas, al afirmar el demandante que el señor Jorge Eduardo Pérez Bernier se postuló como candidato “a pesar de que su inscripción solo (sic) contaba con (30.395) treinta mil trescientos noventa y cinco apoyos válidos..., según dictamen grafotécnico de un experto grafólogo que adjuntamos a la presente demanda”(19) porque las demás “firmas fueron consignad[a]s por una misma persona”(20), el deber de determinación de los cargos no se cumplía con enunciaciones tan generalizadas, menos en un universo de firmas de apoyo tan grande como el que acompañó la inscripción de la candidatura del demandado; es necesario, por el contrario, que se identifique con toda precisión el número de orden, el nombre, la cédula y la planilla en donde constaban los supuestos apoyos falsos.
Luego de examinar detenidamente la demanda y sus anexos se advierte por la Sala que el actor no determinó los casos de falsedad en las firmas de apoyo, sus señalamientos siempre fueron generalizados, no se identificó uno a uno los casos en que supuestamente se falsificó la firma de apoyo. Es cierto que con la demanda se aportó una relación de irregularidades compuesta por varias secciones denominadas “anexo especial de apoyos no validos”(21), “relacion de apoyos no validos por doble o múltiple votación”(22), “relación de apoyos no validos por que los ciudadanos no firmaron”(23), “relación de apoyos no validos por estar los datos incompletos, ilegibles o no identificables”(24), “los registros no presentan numero de cedula o este está incompleto o es ilegible(25)”, “relación de apoyos no validos por falsa identidad o suplantación”(26), pero como se podrá notar en esa relación, compuesta por 15.462 nombres de personas supuestamente integrantes de las firmas de apoyo, ninguno de los reparos hace referencia a falsedad en la firma por uniprocedencia en la autoría de las mismas; a lo sumo podría creerse que la última relación trata sobre el particular, pero allí apenas sí se contemplan 229 casos, que por su nimiedad no tendría sentido alguno estudiarlos.
También pudiera creerse que la individualización de los casos se efectuó en la experticia grafológica acompañada con la demanda(27), rendida por el experto José Reinel Azuero González, donde se concluyó que “se anularon... (47.382) firmas” porque “la mayoría de ellas, fueron confeccionadas por un reducido grupo de personas, quienes se limitaron a intercalar manuscritos en diferentes planillas, suplantando a sus legítimos titulares, a través de nombres y cupos numéricos diferentes”. Sin embargo, su grado de generalización es igual al de la demanda, ya que en lo sustancial del informe apenas sí se dijo:
“Con fundamento en los presupuestos técnicos anteriormente expuestos y luego de efectuar un detallado estudio a los manuscritos y/o firmas (apoyos) allegados para examen grafotécnico, se encontraron las siguientes irregularidades grafonómicas, razones por las cuales se procedió a anularse(sic) dichas firmas o apoyos.
1. Firmas que presentaban característica repetitiva de un mismo gesto gráfico entre casillas, donde se puede determinar la participación de una misma persona en el lleno de las casillas correspondientes a “nombre completo”, “C.C. No.”, y “firma”. Dicha identidad esta (sic) dada por la semejanza de aspectos y subaspectos grafonómicos (sic) como son: puntos de iniciación y terminación, caja del renglón, proporción, tamaño y dimensión de la escritura, inclinación, forma y construcción morfoléctrica.
2. Firmas correspondientes a ‘creaciones libres’ en donde una persona, se limitó a producir de su puño y letra, dejando ver especialmente en las firmas indicios primarios de falsedad. Estas ‘creaciones libres’ se caracterizan por: levantamiento mínimo del elemento escritor, lentitud e inseguridad en el desplazamiento gramático, movimientos artificiales con deficiencias de dinámica y velocidad, presión, temblores localizados especialmente en los trazos prolongados, envolventes, magistrales y la excesiva similitud morfodimensional y de movimientos gráficos entre ellas. Las anomalías precitadas son contrarias a las características de una firma auténtica o legítima.
3. Contradicciones grafonómicas entre los datos consignados en la casilla denominada ‘nombre completo’ y la correspondiente a la ‘firma’, en donde en la primera se observa un normal desenvolvimiento escritural, caracterizado por la fluidez y habilidad caligráfica, mientras que en la segunda es notorio el bajo nivel escriturario, o contrario sensu, mientras en a (sic) primera se observa poca habilidad caligráfica, en la segunda notoria habilidad.
4. Ausencia de firma en la columna correspondiente para esta, o en su defecto cuando en lugar de estampar la firma, se escribía la ciudad de expedición de la cédula.
5. Por falta del lleno manuscritural en alguna de las casillas destinadas para ello.
Lo preceptuado de conformidad con las equivalencias o divergencias grafonómicas encontradas entre los manuscritos confrontados. Aspectos grafonomicos (sic) concretables en: forma, puntos de iniciación y terminación, inclinación, velocidad, cohesión, desplazamiento lineal, continuidad, orden (sic) dimensiones y movimientos.
Para mayor objetividad de los apoyos que fueron objeto de anulación, se sugiere observar las fotocopias de las planillas entregadas para estudio, y el álbum tanto fotostático como fotográfico adjunto, en este último se aprecian algunas firmas anuladas, debidamente resaltadas con marcados verde” (la Sala resalta).
Evidencia lo dicho hasta el momento que el accionante no determinó en la demanda, ni en ninguno de los anexos de la misma, los apoyos o nombres y firmas que supuestamente fueron falsificados por quienes las recolectaron(28), omisión que según la jurisprudencia de esta Sección lleva a la improsperidad del cargo, que no puede suplirse por el juez electoral adelantando un estudio oficioso al respecto porque sus competencias no pueden desarrollarse sin que medie petición al respecto, e igualmente porque si se mira con cuidado la situación solo hasta el fallo podría el demandado tener noticia exacta de cuáles eran los apoyos falsos, circunstancia que le impediría ejercer cabalmente su derecho a la contradicción y a la defensa. Por tanto, reitera la Sala que el cargo no prospera.
2. Inconsistencias derivadas de datos incompletos, ilegibles o no identificables, apoyos ajenos al censo departamental, Falsa identidad o suplantaciones (personas fallecidas) y personas que firmaron en más de una oportunidad.
Acudiendo al “anexo especial de apoyos no validos”(29) observa la Sala que el demandante impugnó la legitimidad de 15.462 firmas de apoyo, las que identifica por su número de orden, el nombre, la cédula y la situación que las afecta. Las irregularidades denunciadas se pueden condensar en el siguiente cuadro:
Motivo de las inscripciones irregulares
C. “Anexos aportados por el actor con la demanda” (20080007) folios
Personas ajenas al censo departamental
135 a 156
169 a 188
188 a 198
198 a 288
292 a 294
295 a 329
Baja por pérdida de derechos políticos
Baja por inhumación
Baja por inscripción
Baja por trashumancia
Cancelada mala elaboración
Cancelada por minoría de edad
157 y 161
Cancelada por doble cedulación
Cancelada por muerte
No está habilitado para votar
No habilitado para votar
Pendiente solicitud en proceso
Pérdida derechos políticos
Doble o múltiple apoyo
335 a 395
Registro sin cédula o esta está incompleta o es ilegible
395 y 396
Falsa identidad o suplantación
Retomando la información suministrada por el propio demandante, las supuestas irregularidades denunciadas serían 15.462 casos, las cuales aún si se tuvieran por ciertas, ninguna incidencia tendrían en la validez del acto demandado, puesto que al haberse inscrito la candidatura de Jorge Eduardo Pérez Bernier por el grupo de ciudadanos “el pueblo decide”, presentando 77.777 firmas de apoyo(30), continuaría conservando 62.315 firmas de apoyo válidas, con o cual se seguiría cumpliendo la exigencia prevista en el Reglamento 01 de 2003 artículo 4º y en la Ley 130 de 1994 artículo 9º, ya que en todo caso seguiría conservando esa candidatura con más de 50.000 firmas de apoyo, suma por demás superior al 20% de las personas habilitadas para votar en el departamento de La Guajira en las elecciones que ahora se impugnan.
La jurisprudencia de esta Sección se ha venido ocupando de llenar de contenido el principio de la eficacia del voto consagrado en el artículo 1º del Código Electoral, según el cual “Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones, se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector”. Con tal fin, se ha dado a la tarea de interpretar dicho principio frente a la ocurrencia de causales de nulidad de tipo objetivo, como sería por ejemplo, la ocurrencia de falsedad en los documentos electorales que tiene su sustrato en la causal 2ª de nulidad prevista en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 62 de 1988 artículo 17. Así, ha descartado que cualquier número de irregularidades sea suficiente para anular las elecciones, estableciendo la necesidad de una incidencia mínima, ya que la teleología de dicho principio se encamina a proteger el sistema democrático, de tal suerte que la voluntad libre, mayoritaria y legítima de los electores no se vea sujeta al querer de unos pocos, que amparados en maniobras fraudulentas quieren valerse de los textos legales para anular unas elecciones que tienen la legitimidad requerida para sostenerse.
Ello no significa indiferencia del juez de lo electoral frente a los posibles hechos irregulares o ilícitos que se puedan presentar durante las jornadas electorales; por el contrario, debe entenderse como su compromiso porque los asuntos electorales, de tanta sensibilidad social por cierto, se resuelvan en el menor tiempo posible, sin que sea necesario que el juez competente se adentre en una valoración de documentos electorales cuando de antemano sabe que si aún resultaran ciertas todas las irregularidades denunciadas, su incidencia en el acto acusado sería inocua, debido a su insignificancia cuantitativa. Como esas supuestas irregularidades podrían ser de interés para otras especialidades de la rama jurisdiccional, como serían la disciplinaria y la penal, los interesados bien pueden poner esos hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones que sean del caso y de ser procedente, se impongan las sanciones legales, lo cual ya viene ocurriendo en este caso donde se ha dicho por algunos sujetos procesales que la justicia penal viene investigando los mismos hechos.
En el curso de la evolución jurisprudencial del principio de la eficacia del voto ha estado presente el elemento cuantitativo como factor determinante del éxito de la pretensión anulatoria por la ocurrencia de irregularidades de tinte objetivo, pues se ha dicho sobre el punto:
“porque los 10 casos denunciados, de ser ciertos, no modificarían el resultado de las elecciones”(31)
“Pretender que el principio de la eficacia del voto consagre la arbitraria apreciación de la cantidad de votos ilegalmente consignados para invalidar o no el acta de escrutinio, equivaldría a revertir el proceso electoral de tolerancia con el fraude y todos los demás vicios que desvirtúan el sufragio, sustrato e instrumento insustituible del régimen democrático”(32).
Más adelante sostuvo:
“... debe entenderse que la falsedad que afecta las actas de escrutinio solo hace nula la elección, el acto que la declara cuando la cantidad de votos inválidos corresponda a un número que pueda alterar el resultado de los comicios, pero nunca cuando carece de fuerza para modificar ese resultado y sea por lo mismo inocua. Así se viene sosteniendo porque prima el principio de la eficacia del voto mayoritario, libre y legítimo, que es una auténtica verdad electoral, sobre las irregularidades que suelen ser indescartables pero que resultan insignificantes ante la real expresión del electorado”(33).
Y más recientemente reiteró:
“2. Que las pretensiones de la demanda formulada por el ciudadano Jairo Pushaina Arpushana fueron correctamente denegadas por el mismo tribunal, ya que ni teniendo por ciertos todos y cada uno de los casos irregulares denunciados, referidos a casos de falsedad, se hubiera podido modificar el resultado electoral que llevó al señor Humberto Rafael Martínez Fajardo a ser elegido alcalde del municipio de Manaure para el período constitucional comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011”(34).
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección el principio de la eficacia del voto no solo es un importante instrumento de protección democrática, que de alguna manera blinda los procesos electorales para que su estabilidad no tambalee ante cualquier imputación, sino que a su vez desarrolla trascendentales principios de la función administrativa (C.P., art. 209) y de la función pública jurisdiccional (C.P., art. 228). En efecto, en lo atinente a la función administrativa el mismo permite la realización de los principios de economía, celeridad y por qué no, la prevalencia del derecho sustancial, porque anteladamente podrá el operador jurídico establecer si los casos denunciados, de llegar a ser ciertos, tendrían la fuerza requerida para modificar el resultado electoral acusado y por tanto anular las elecciones demandadas, sin que, reitera la Sala, deba adentrarse en la valoración de documentación electoral cuyo resultado, frente a la elección demandada, bien puede anticiparse.
Es precisamente lo que ocurre en este caso, donde el demandante denuncia la ocurrencia de 15.462 inscripciones supuestamente irregulares, que de llegar a acreditarse no afectarían el acto de inscripción de Jorge Eduardo Pérez Bernier y menos aún su elección como gobernador de La Guajira (2008-2011). Por tanto, se concluye que el cargo no prospera.
3. Tarjetones a la gobernación que venían preimpresos con una marca sobre el logotipo de la candidatura del demandado.
Denuncia el accionante en el hecho 9º de su demanda que “en todos los municipios del departamento aparecieron tarjetones a la Gobernación con una marca preimpresa sobre el logo del candidato Jorge Pérez Bernier, lo cual incidió significativamente en la intención del voto”, lo cual fue advertido en el acta general de escrutinio del municipio de Dibulla, donde se hizo constar queen las mesas 4, 6, 7, 8 y 9 le fueron restados 235 votos al candidato Miguel Murgas Núñez.
Este señalamiento no lo encuentra de recibo la Sala por las siguientes razones:
En primer lugar, por su indeterminación. Ya se dijo párrafos arriba que el actor tiene la carga de precisar los casos en que se configuran las irregularidades denunciadas, sin que le sea permitido afirmar, sin más, que las mismas se presentaron “en todos los municipios del departamento”, como en este caso, puesto que el operador jurídico, se repite, carece de competencias oficiosas para adelantar una búsqueda de irregularidades en todo el proceso electoral, su labor se contrae a la verificación de los casos que puntual y detalladamente se le determinen.
En segundo lugar, de tomarse por determinados los casos de las mesas 4, 6, 7, 8 y 9, donde según el actor le fueron restados 235 votos al candidato Miguel Murgas Núñez, ello sería totalmente irrelevante puesto que según el Acuerdo 008 del 3 de diciembre de 2007 expedido por el Consejo Nacional Electoral, la situación fue corregida por esa entidad, pues al afecto adujo:
“Es así, como en el caso concreto, esta corporación encuentra que la comisión escrutadora del municipio de Dibulla, tal como consta en la respectiva acta de escrutinio, dio valor a la premarca de impresión obrante en la casilla de uno de los candidatos a la Gobernación de La Guajira, con lo cual modificó el resultado de los escrutinios realizados por los jurados de mesa, y así, modificó el resultado final de la votación de gobernador.
En consecuencia, esta corporación procederá a realizar las modificaciones necesarias para rectificar el error ya referido, en las siguientes mesas de votación: [se ocupa de las mesas 4, 6, 7, 8 y 9 de la cabecera municipal, entre otras]”.
Y, en tercer lugar, la marca que según el demandante tenían todas las tarjetas electorales sobre el logotipo de la candidatura del demandado, se asimila a una tachadura o enmendadura y en esa medida los interesados, con fundamento en lo previsto en los artículos 164 y 192 del Código Electoral(35) han podido presentar las respectivas reclamaciones ante las comisiones escrutadoras correspondientes.
Con todo, de esos hechos solamente podría ocuparse la jurisdicción a través de demandarse, junto con el acto de elección, los actos administrativos que para decidir tales reclamaciones hubieran expedido las comisiones escrutadoras, una vez agotado en debida forma el trámite administrativo(36). Y como quiera que tales circunstancias vienen a constituirse en causal de reclamación, es que claro que si las mismas “no se intent[a]n ante las autoridades administrativas, no pueden después alegarse por vía jurisdiccional como si se tratara de causales de nulidad de los actos de elección, por expreso mandato legal;…”(37), ya que el control jurisdiccional sobre esas situaciones solo es posible a condición de que previamente se haya agotado la fase administrativa ante las autoridades electorales o como lo ha dicho la jurisprudencia de la Sección que “... se adelante la etapa previa ante la autoridad electoral y que, por supuesto, se agoten los medios de defensa que otorga la ley a los candidatos...”(38), lo que equivale a decir que junto a la reclamación del caso se interpongan los recursos establecidos en el Código Electoral, en caso de no ser acogida.
Por lo mismo, al no haberse demandado ningún acto administrativo distinto del que declaró la elección, en el que como se vio sí se atendió lo relativo a las mesas 4, 6, 7, 8 y 9 de la cabecera municipal de Dibulla, bien puede afirmar la Sala que el cargo resulta impróspero en los términos indicados.
4. Ausencia de decisión colectiva de promover la campaña del demandado.
En la demanda se cuestiona la legalidad del acto de elección del demandado como gobernador de La Guajira, diciendo que los promotores de la campaña “el pueblo decide” debieron aportar con el acto de inscripción “el acta o instrumento por el cual un grupo de ciudadanos lo designan y aprueban con la mayoría de los asistentes, la determinación de adelantar en nombre del grupo la campaña o promoción de Jorge Pérez”. En los términos en que se ha planteado el debate, es preciso que la Sala determine si los grupos de ciudadanos, como categoría jurídica de actores políticos, están obligados a cumplir el requisito de la decisión previa de una asamblea.
Un repaso a la Constitución Política permite a la Sala notar que además de los partidos y movimientos políticos, “Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos”,(C.P., art. 108; mod. A.L. 01/2003), lo cual evidencia cierta apertura democrática a otros sectores de la sociedad, que si bien no pueden estar afiliados -por llamarlo de alguna manera-, a los partidos y movimientos políticos, sí pueden cohesionarse en torno a unos ideales o propósitos políticos para conquistar los cargos o corporaciones públicas de elección popular.
Tal posibilidad se reitera igualmente en el artículo 4º del Reglamento 01 de 2003 expedido por el Consejo Nacional Electoral donde se establece que “Los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales también podrán inscribir candidatos a corporaciones públicas y cargos uninominales”, con lo que se demuestra no solo que son actores políticos diferentes de los partidos y movimientos políticos, sino que a su vez se distinguen entre sí, de modo que unos son los grupos significativos de ciudadanos y otros los movimientos sociales, puesto que allí el constituyente y el legislador han empleado la partícula “y” como disyuntiva y no como copulativa. Sobre los movimientos sociales, en particular las asociaciones, ha dicho la doctrina Constitucional:
“En este contexto, en particular conviene distinguir con nitidez las agrupaciones de personas que se efectúan con fines económicos, en general lucrativos, y que tienen un contenido esencialmente patrimonial —conocidas usualmente como empresas o sociedades mercantiles—, de aquellas que, por el contrario, se constituyen con fines de carácter no lucrativo —en general denominadas por la doctrina asociaciones en sentido estricto—
En efecto, las primeras están relacionadas con la libertad de empresa y la propiedad privada. Por eso, en general, las sociedades mercantiles —como prototipo de estas asociaciones lucrativas— se rigen en lo fundamental por la llamada por los doctrinantes “Constitución económica”, es decir por las normas constitucionales que ordenan la vida económica de la sociedad y establecen el marco jurídico esencial para la estructuración y funcionamiento de la actividad material productiva. En cambio, las asociaciones que no persiguen fines económicos y no tienen un contenido esencialmente patrimonial son más bien una consecuencia y una proyección orgánica de las libertades de la persona, y en particular de la libertad de pensamiento y expresión. En efecto, en la medida en que las personas gozan de la libertad de pensamiento, deben también poder expresarlo, reunirse para manifestar sus convicciones (libertad de reunión) o asociarse para compartir sus creencias y difundirlas (libertad de asociación). Así, en el constitucionalismo y en la doctrina de los derechos humanos, las libertades de expresión, reunión y asociación forman una trilogía de libertades personales que se constituye, además, en prerrequisito de los derechos de participación política”(39) (negrillas de la Sala).
Así, tanto los movimientos sociales como los grupos significativos de ciudadanos, en donde también se desarrolla el derecho fundamental constitucional de asociación(40), al tiempo que son reconocidos por el constituyente como actores principales de la democracia, igualmente son diferenciados entre sí porque obedecen a dinámicas distintas. Ese trato distintivo se aprecia, por ejemplo, en el artículo 9º de la Ley 130 de 1994 cuando expresa: “Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su asamblea general resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos” (negrillas de la Sala).
No hay duda, entonces, que el trato diferenciado que el legislador ha brindado a las asociaciones respecto de los grupos de ciudadanos, se proyecta en cuanto a las exigencias a cumplir cuando deciden inscribir candidaturas a cargos de elección popular, puesto que solamente opera como prerrequisito la voluntad de la asamblea general frente a las asociaciones y no cuando se trata de grupos de ciudadanos, por razones que se explican en su misma naturaleza jurídica.
En efecto, si la asociación corresponde al “conjunto de declaraciones de voluntad [que] configura un acto colectivo, en atención a que el ámbito de las declaraciones de voluntad produce consecuencias jurídicas más allá del círculo patrimonial de cada uno de los asociados, puesto que se dirige a la creación de un nuevo sujeto de derecho”(41)(negrillas de la Sala), se comprende aún más que la exigencia de adjuntar a la inscripción la decisión de la asamblea general solo para las asociaciones y no respecto de los grupos de ciudadanos, puesto que las primeras son personas jurídicas sin ánimo de lucro donde la reunión en torno a un propósito común —no económico— está precedido del ánimo de asociarse y donde su máximo órgano de dirección es precisamente la asamblea general, a la cual el ordenamiento jurídico le ha reconocido capacidad para tomar la decisión de inscribir candidaturas a cargos de elección popular, así orgánicamente cuente con otros órganos de decisión.
Contrario sensu, los grupos significativos de ciudadanos se distinguen de las asociaciones civiles legalmente constituidas en que allí no existe un pacto previo de asociarse y mucho menos que ese grupo ha obtenido el reconocimiento de su personería jurídica, puesto que lo imperante en los mismos es el acompañamiento espontáneo pero razonado de una candidatura por las personas que sienten cierta afinidad ideológica o política con los proyectos de quien pone su nombre a consideración de los ciudadanos aptos para votar. Es cierto que se requiere un grupo de promotores, pero ellos no existen como una entidad jurídica distinta de las personas que lo integran, pues se trata de quienes atienden la logística de la recolección de firmas y están atentas al recaudo del número mínimo de firmas requeridas para inscribir una candidatura.
En este orden de ideas, dado que la candidatura de Jorge Eduardo Pérez Bernier fue inscrita por un grupo significativo de ciudadanos llamado “el pueblo decide” y no por un movimiento social o asociación, no encuentra de recibo la Sala la tesis de que la inscripción de su candidatura fue irregular por no acompañar la aprobación de la asamblea, puesto que ello se exige para las asociaciones y no para esos grupos de ciudadanos.
5. La recolección de firmas solo puede llevarse a cabo en los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y en original.
Para el demandante la irregularidad de la inscripción se concreta en esta oportunidad en que el formulario para la recolección de firmas de apoyo solamente puede ser el diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y siempre debe ser el original. Luego de valorar estos planteamientos encuentra la Sala que no son admisibles por las siguientes razones:
En la Carta Circular 069 del 18 de agosto de 2006(42), expedida por el director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado con destino a los delegados de ese organismo y a los registradores distritales, especiales y municipales, se advierte de las manifestaciones recibidas por ese organismo por parte de algunos interesados en “adquirir el formulario para recoger las firmas necesarias para inscribir la respectiva candidatura”, y de cómo para satisfacer esas necesidadesdemocráticas se remitieron a los mismos “los formatos que este despacho ha diseñado para tal fin, el cual puede ser reproducido” (resalta la Sala). El formato que allí aparece adjunto, además de presentar el logotipo de la entidad registra la siguiente leyenda:
Recolección de firmas de apoyo a candidaturas
Página: ________de ________
Los suscritos ciudadanos en ejercicio, declaramos que adherimos al candidato:__________________ para las elecciones degobernador que se celebraran (sic) en el departamento de __________________el __________ del año _______ inscrita por el grupo de ciudadanos denominado ______________________para el periodo ___________
[columnas con Nº. Nombre completo, C.C. Nº y firma]”.
Consultando los formularios que en copia auténtica aparecen en un número importante de fólder AZ, los cuales no se pueden referenciar porque carecen de número de cuaderno o caja, encuentra la Sala que no es cierto que la recolección de firmas para la candidatura del demandado se haya realizado en formatos diferentes a los indicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo cual se corrobora con citar, a manera de ejemplo, uno de los mismos, donde se lee:
“Página: 351 de 3088
Los suscritos ciudadanos en ejercicio, declaramos que adherimos al candidato Jorge Eduardo Pérez Bernier, para las elecciones de gobernador que se celebraran (sic) en el departamento de La Guajira, el 28 de octubre del año 2007, inscrita por el grupo de ciudadanos denominado “el pueblo decide”, para el período 2008-2011 [columnas con Nº Nombre completo, C.C. Nº y Firma]”(43).
Si bien a dichos formularios les falta el logotipo y nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no comparte la Sala el punto de vista del demandante, puesto que la información que se registra en el encabezado de los mismos es igual a la del formato guía diseñado por la dirección de gestión electoral de esa entidad, de modo que pensar en la nulidad de la elección acusada por esa nimiedad sería tanto como subvertir el principio rector de la actividad jurisdiccional donde debe primar lo sustancial ante lo formal.
Ahora, si en la Carta Circular 069 del 18 de agosto de 2006 se hace saber que el formato guía “puede ser reproducido”, es porque apelando a la lógica no resulta razonable exigir a los interesados que la recolección de firmas siempre se cumpla en el formato original que entrega la organización electoral, pues está visto que por la gran cantidad de firmas que deben recaudarse debe dejarse en libertad a los grupos significativos de ciudadanos para que lo hagan en copias de esos documentos, siempre que conserven los parámetros mínimos distintivos, como en este caso donde no existe ninguna dificultad para identificar el candidato, el movimiento que lo apoya, la jornada electoral respectiva, el cargo a que se aspira, el nombre del grupo recolector de firmas y en fin los demás datos que identifican a los ciudadanos que voluntariamente se registraban como apoyos de la candidatura.
Así las cosas, la Sala no encuentra de recibo ninguna de las imputaciones que se hacen con esta demanda, bien por indeterminación, ora porque son infundadas o ya porque se trata de irregularidades cuya magnitud es inocua para afectar el acto de inscripción y de paso el acto de elección. Por tanto, se revocará en esta parte la sentencia del tribunal a quo y se negarán las pretensiones de la demanda.
4.2. Demanda 20080012 de Miguel Antonio Murgas Núñez.
4.2.1. Excepción de caducidad de la acción.
La parte demandada planteó en su contestación la excepción de caducidad de la acción, esgrimiendo argumentos similares a los propuestos en la misma excepción que se opuso a la demanda interpuesta por José Manuel Abuchaiba Escolar (20080007), esto es pretendiendo que el término de 20 días previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, se compute tomando en cuenta los días de vacancia judicial. Pues bien, la Sala se remite a las razones allí dadas para desvirtuar esa posibilidad y concluye, de paso, la improsperidad de esta excepción, pues como allí se estableció el término respectivo cuenta entre el martes 4 de diciembre de 2007 y el miércoles 23 de enero de 2008, de modo que habiéndose radicado esta demanda en la secretaría de la Sección el 22 de enero de 2008(44), es claro que su presentación se hizo en tiempo. Por tanto, la excepción no prospera.
4.2.2. Las imputaciones de la demanda.
El ciudadano Miguel Antonio Murgas considera que el acto de elección acusado está afectado de nulidad por la ocurrencia de irregularidades que detalladamente identifica en el “anexo especial” adjunto a la demanda(45), bajo acápites que denomina “jurados no aptos y no nombrados”, “muertos”, “múltiple votación”, “ciudadanos no incluidos en el censo”, “suplantaciones”, “diferencia E-11, E-14 Y E-24”. Pues bien, para dar respuesta a esos señalamientos, cuya potencial incidencia no es posible establecer aún porque lo relativo a los jurados no nombrados puede o no afectar la votación total de la mesa, dependiendo de lo probado al respecto, se partirá por examinar lo atinente a este tema.
Jurados usurpadores:
Durante los procesos electorales se cuenta con la presencia de un funcionario público que, como gran parte de los funcionarios que intervienen en las elecciones y sus escrutinios, cumplen funciones públicas de manera transitoria. Se trata de los jurados de votación, cuyo desempeño resulta relevante porque son los encargados de instalar las mesas de votación y dar paso al sufragio por parte de los ciudadanos previamente identificados; además, su preponderancia adquiere un plus porque de alguna manera son los guardianes de la transparencia y autenticidad de la votación que finalmente llega a las urnas, dado que esto no sería posible si ellos no han verificado anteladamente la identidad del ciudadano y que efectivamente puede ejercer su derecho al voto en la mesa respectiva.
Ha previsto el artículo 5º de la Ley 163 del 31 de agosto de 1994 “Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral”, que 90 días calendario antes de la fecha de la elección los registradores respectivos integren las listas de personas que podrían prestar el servicio de jurados de votación, de entre quienes por medio de resolución “designarán tres (3) jurados principales y tres (3) suplentes para cada mesa”, los cuales solamente entrarán a ejercer sus funciones dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Electoral, valga decir presentándose a las 7:30 a.m., del día de las elecciones, en el lugar donde funcione la respectiva mesa, frente a la cual “procederán a su instalación”.
Lo anterior demuestra que los jurados de votación, al igual que cualquier otro funcionario público, solamente adquieren esa calidad si cuentan con un acto administrativo de designación y la consiguiente posesión. Lo primero ocurre, como ya se vio, cuando los registradores competentes profieren los actos de designación; y lo segundo, cuando acuden a su compromiso democrático e instalan la mesa respectiva. A partir de allí se puede decir que se trata de jurados legítimos o de derecho, revestidos de la competencia necesaria para cumplir las funciones inherentes al cargo, como son, entre otras, la identificación de los votantes, su registro en la lista de sufragantes o formulario E-11, dar paso a que el ciudadano deposite su voto y desde luego practicar el escrutinio de la mesa de votación con el debido diligenciamiento del formulario E-14.
Pues bien, a partir del desconocimiento de tales reglas la Sección ha elaborado su jurisprudencia de los jurados de facto o usurpadores, identificados como ciudadanos inescrupulosos que por variadas razones logran actuar como jurados de votación, careciendo de la previa designación y posesión, manipulando importantes documentos electorales y sobre todo pasando por sus manos la materialización del derecho fundamental a participar en la conformación ejercicio y control del poder político cuando el ciudadano decide ejercer su derecho al voto. En particular ha dicho:
“En ese sentido, la Sala ha distinguido los jurados de votación de derecho, los jurados de votación de hecho y los jurados suplantadores o usurpadores. En primer lugar, son jurados de votación de derecho aquellos nombrados por las autoridades electorales correspondientes, debidamente posesionados de conformidad con la ley. En segundo lugar, son jurados de facto o de hecho, aquellas personas que actúan como tales en virtud de autorización o designación de la autoridad competente pero cuyo ejercicio no está precedido del cumplimiento de todas las formalidades legales tales como el nombramiento por escrito y la posesión, pero que, sin embargo, ejercen la función con la apariencia para la comunidad y especialmente para los electores, de obrar como jurados de votación de derecho, derivada de la autorización conferida y de la convalidación proveniente de que en la respectiva mesa actúan en su mayoría jurados de derecho. Finalmente, son jurados suplantadores o usurpadores quienes actúan sin ninguna habilitación de las autoridades electorales competentes, aún en mesas de votación donde el número de los jurados de derecho sea mayoritario. Por lo tanto, según la jurisprudencia de esta Sala, se configurará vicio de nulidad cuando en una mesa de votación, efectivamente, actúen jurados de votación usurpadores o suplantadores, pues los actos en que estos intervengan y los documentos que expidan no se pueden considerar públicos, esto es expedidos por personas habilitadas para ejercer funciones públicas y por tanto, los registros electorales que contengan dichos documentos carecen de validez y como tales deben ser tenidos por las autoridades administrativas y judiciales(46).
Sin embargo, con anterioridad a ese pronunciamiento, la jurisprudencia de la Sección había determinado que para la prosperidaddel cargo la intervención de los jurados sin nombramiento debe ser en número mayor que el de jurados de jure y, en todo caso, que el acta de escrutinios, formulario E-14, carezca de la firma de por lo menos dos jurados de votación. Y, precisó, además, que no prospera el cargo si el acta es suscrita por lo menos por dos jurados, uno de los cuales debe ser debidamente nombrado y posesionado y el otro jurado de hecho(47).”(48) (negrillas de la Sala).
Y ha ratificado su posición así:
“3. Ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia de esta Sala que para que la intervención de juradores suplantadores invalide los registros electorales contenidos en los formularios E-14 es necesario que no se hubieran hecho presentes en el evento electoral al menos dos jurados de votación debidamente designados y que el acta se halle suscrita solo por personas que hubieran fungido como jurados de votación usurpadores.
En ese mismo sentido, también ha dicho la jurisprudencia de esta Sala que no existe sustento legal que permita invalidar los registros electorales por la actuación de los jurados de votación usurpadores, y que la salvaguarda del derecho constitucional fundamental de elegir y ser elegido, así como la observancia del principio legal de la eficacia del voto obligan a aplicar las normas jurídicas electorales de manera que no se afecte la validez de los votos legítimamente depositados, lo que hace claro que carece de todo fundamento jurídico la exclusión de mesas de votación en las que hubiera actuado como jurado una persona sin nombramiento, cuando se haya evidenciado que en ellas actuaron dos o más jurados de votación legítimamente designados y las actas de escrutinio se hallan suscritas por ellos, puesto que constituye un interés jurídico superior impedir que se conculque el derecho constitucional fundamental de elegir y ser elegido”(49).
De la lectura de las sentencias anteriores se colige que la sola presencia de jurados de votación usurpadores no es suficiente para invalidar la votación de las mesas donde ellos actuaron, pues si con cualquier número de ellos se llegara a ese resultado fácilmente se podría escamotear la democracia y dar al traste con una votación que ajena a otras impurezas podría salvaguardarse por la actuación de un número superior de jurados legítimos, quienes por tratarse de funcionarios públicos debidamente designados y posesionados permitirían creer fundadamente que la pureza del sufragio y la transparencia misma del certamen electoral se ha mantenido a cubierto; a no ser, claro está, que llegue a demostrarse que en las actas por ellos diligenciados se cometieron falsedades materiales o ideológicas, pues ante tal evidencia la jurisdicción debe obrar en conformidad.
Es por ello que con sobrada razón la jurisprudencia ha establecido que la prosperidad del cargo, en cada mesa, dependerá de que se demuestre que en la mesa actuaron más jurados usurpadores que legítimos (lo cual se puede constatar en el formulario E-11) y que el acta de escrutinio de los jurados de votación o formulario E-14 no haya sido diligenciada por 2 jurados legítimos. Enseguida tabulará la Sala lo probado con los documentos electorales regular y oportunamente aportados al plenario:
84086720
Zubiría Morales Jaider Jesús
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 2 ,fl. 23 votos mesa 196. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 124, pero firmaron 5 jurados legítimos.
37327183
Lindarte Rodríguez Nelcenit
E-11 sí actuó como jurado pero la cédula es 37323183 Exp. 20080012 Paquete 2 fl. 54 votos mesa 294. En total 5 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 128, pero firmaron 4 jurados legítimos.
84096505
Redondo Sarta Edién Alberto
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 2 fl. 74 votos mesa 267. En total 5 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 130, pero firmaron 4 jurados legítimos.
1118806495
Choles Deluque Alcira Lidilia
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 2 fl. 145 votos mesa 223. En total 5 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 139, pero firmaron 4 jurados legítimos.
Choles Redondo Keilis Yelena
E-11 no actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 2 fl. 187. No firmó E-14 Paq. 44 fl. 131.
84093440
Mena Velásquez Anderson Yesid
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 2 fl. 85 votos mesa 255. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 134, pero firmaron 5 jurados legítimos.
40924016
Cardoso Arias Idalenis
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 2 fl. 106 votos mesa 125. En total 4 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 136, pero firmaron 3 jurados legítimos.
García Brito Eliceth
E-11 sí actuó como jurado pero con el nombre Eliceth Ojeda Brito. Exp. 20080012 Paquete 13 fl. 41 votos mesa 284. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 155, pero firmaron 5 jurados legítimos.
12.562865
Cantillo Navarro José Gabriel
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 13 fl. 161 votos mesa 296. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 165, pero firmaron 3 jurados legítimos.
26985271
Díaz Ortiz Luz Daris
19321880
Romero Brito Álvaro Rafael
Millán Suárez Patricia Elena
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 13 fl. 171 votos mesa 340. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 166, pero firmaron 4 jurados legítimos.
26955203
Rodríguez Solano Mildreth Remedio
E-11 sí actuó como jurado pero la cédula es 26985203 Exp. 20080012 Paquete 13 fl. 171 votos mesa 340. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 166, pero firmaron 4 jurados legítimos.
26987604
Gómez Polo Victoria Beatriz
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 16 fl. 1 votos mesa 237. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 92, pero figura un jurado legítimo.
Carrillo Pinto Lexi Maritza
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 16 fl. 1 votos mesa 238. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 92, pero figura un jurado legítimo.
22368137
Gómez Redondo Ledis Teresa
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 16 fl. 45 votos mesa 295. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 95, pero también lo hicieron 5 jurados legítimos.
84007806
Ríos Pinto Daimer Rafael
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 16 fl. 55 votos mesa 326. En total 6 jurados. No firmó E-14 Paq. 44 fl. 96, hay 2 jurados legítimos.
Fernández Vidal Pablo Graciano
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 16 fl. 55 votos mesa 326. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 96, hay 2 jurados legítimos.
84458089
Brito Fonseca Manuel Felipe
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 16 fl. 86 votos mesa 237. En total 6 jurados. No firmó E-14 Paq. 44 fl. 102, el cual lo firmaron 4 jurados legítimos.
84009635
Jiménez Epieyu Yeiner Enrique
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 16 fl. 152 votos mesa 275. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 104, pero firmaron 3 jurados legítimos.
26983154
Tapias Ucros Yolanda Isabel
Gómez Cerchar Carmen Clara
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 16 fl. 163 votos mesa 268. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 105, pero firmaron 4 jurados legítimos.
26985618
Ucros Gómez María Yolety
26983855
Goiriyu Epiayu Mística
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 16 fl. 174 votos mesa 260. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 106, pero firmaron 5 jurados legítimos.
Martínez Villazón Josefina María
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 14 fl. 70 votos mesa 220. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 112, pero firmaron 4 jurados legítimos.
López Gómez Dodanis María
Estrada Pérez Américo José
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 14 fl. 15 bis votos mesa 275. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 118, pero firmaron 5 jurados legítimos.
26984077
López Gómez Nelys Esther
E-11 sí actuó como jurado Exp. 20080012 Paquete 14 fl. 117 votos mesa 229. En total 6 jurados. Sí firmó E-14 Paq. 44 fl. 120, pero firmaron 4 jurados legítimos.
26982276
Urariyu Irene
No actuó como jurado en la mesa, ni aparece firmando el E-14.
Ahora, dando por cierto que las personas mencionadas en la demanda son jurados usurpadores, advierte la Sala que el cargo no prosperaría en ninguna de las citadas mesas porque no se dan los supuestos que jurisprudencialmente se han exigido para ello. En efecto, basta leer lo consignado en la casilla de observaciones para notar que en ninguna de las mesas indicadas los jurados usurpadores actuaron en cantidad dominante respecto de los jurados de jure; es más, uno de ellos está repetido (99-42-02 Dibulla) y en otros ni siquiera actuó en la mesa (99-22-01 Dibulla y 99-25-01 Barrancas), y lo común fue todo lo contrario, que los jurados legítimamente designados siempre fueron más que los supuestos usurpadores (o a lo sumo en igual número) y que así mismo suscribieron las actas de escrutinio que a ellos competía diligenciar en los formularios E-14. Es decir, no están dados los supuestos necesarios para acoger el cargo estudiado, el cual tuvo por ciertos los señalamientos de jurados usurpadores para hacer más ágil su estudio, concluyéndose, valga repetirlo, en que es abiertamente infundado.
Las restantes imputaciones:
Con el mencionado anexo se identificaron irregularidades que la jurisprudencia ha categorizado como de afectación general o indeterminada, en atención a que por virtud del secreto del voto, constitucionalmente consagrado(50), no es posible precisar qué candidato o lista se benefició de las mismas. Los casos, aunque son muchos, pueden cuantificarse de la siguiente manera:
Votación con cédulas de personas fallecidas
Múltiple votación
Ciudadanos ajenos al censo de la mesa
Ahora, consultando el formulario E-26 que en medio magnético enviaron los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para el departamento de La Guajira(51), se tiene que Jorge Eduardo Pérez Bernier conquistó la Gobernación de La Guajira (2008-2011) con 90.492 votos, en tanto que el candidato siguiente en votación, Miguel Antonio Murgas Núñez, alcanzó 86.237 votos, presentándose entre los mismos una diferencia de 4.255 votos.
Pues bien, el hecho de que el demandado haya aventajado a su inmediato contendor político por 4.244 votos, unido a la afirmación del accionante de que las irregularidades de carácter general se concretan en 1.466 votos supuestamente fraudulentos, permite a la Sala colegir que este cargo no tiene ninguna posibilidad de éxito, pues como se dijo capítulos atrás, el principio de la eficacia del voto reclama un caudal mínimo de irregularidades para que pueda concluirse la nulidad de la elección, dado que si la magnitud no tiene tal potencial el operador jurídico debe desestimar la pretensión, y como está visto aunque resultaran ciertas todas las irregularidades denunciadas, de nada servirían para desvirtuar la presunción de legalidad del acto de elección demandado, ya que la diferencia seguiría existiendo entre el elegido y su inmediato seguidor en votos, conservando así Jorge Eduardo Pérez Bernier una mayoría que serviría de sustento a la legalidad de su elección como gobernador de La Guajira (2008-2011).
Aunque el demandante plantea la necesidad de que se revalúe la jurisprudencia de esta Sección que permitió la aplicación del sistema de la afectación ponderada, inicialmente previsto para las corporaciones públicas de elección popular(52), a la elección de cargos uninominales(53), no encuentra la Sala que sea necesario abordar el tema, en atención a que resulta protuberante la improsperidad de esta demanda porque los votos supuestamente fraudulentos no alcanzarían para modificar el resultado electoral, de modo que adentrarse en una discusión jurídica que no conduciría a nada sería ir en contravía de principios constitucionales que llaman a la administración pública en general a actuar con la mayor celeridad posible.
De otro lado, algunos podrían pensar que los casos irregulares denunciados con la demanda formulada por José Manuel Abuchaibe Escolar (20080007) podrían acumularse a los votos fraudulentos denunciados en su demanda por Miguel Antonio Murgas Núñez (20080012), con lo cual se conseguiría un número de irregularidades potencialmente relevante para desvirtuar la presunción de legalidad de la elección acusada.
Sin embargo, tal hipótesis no sería de recibo porque no podrían acumularse las irregularidades denunciadas en una y otra demanda. Recuerda la Sala que en la demanda formulada por el señor Abuchaibe Escolar (20080007) el objeto de la censura se centraba en el acto de inscripción, tachado de ilegal por la supuesta ocurrencia de apoyos falsos o ilegítimos, en tanto que en esta demanda el reproche se dirigió contra la votación. Por lo mismo, no podría pensarse en acumular apoyos irregulares con votos fraudulentos, puesto que la naturaleza de uno y otro discrepan profundamente.
En este orden de ideas, es claro que la demanda interpuesta por Miguel Antonio Murgas Núñez no prospera, ya que se cimenta en la ocurrencia de votos supuestamente fraudulentos, que por su magnitud, ni aún teniéndolos por ciertos, podrían incidir en la legalidad del acto acusado.
De acuerdo con lo discurrido encuentra la Sala que debe confirmarse el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, pues fueron correctamente decididas las excepciones de caducidad de la acción e inepta demanda, interpuestas por el accionado contra las demandas formuladas por José Manuel Abuchaibe Escolar (20080007) y Miguel Antonio Murgas Núñez (20080012). Igualmente se confirmará lo dispuesto en el numeral 3º de la parte resolutiva de dicho fallo, ya que la Sala encontró, así como lo dedujo el tribunal a quo, que el número de votos fraudulentos denunciados no podría afectar al acto de elección. Y, por el contrario, se revocará lo resuelto en los numerales 4º, 5º y 8º de la parte dispositiva del fallo, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda formulada por José Manuel Abuchaibe Escolar (20080007). Se reitera, por último, que frente a los demás numerales de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado no se hará ningún pronunciamiento, puesto que sobre los mismos no tiene competencia la Sala, tal como se dijo en su momento, y porque dicha circunstancia permite aseverar que frente a ellos operó la cosa juzgada.
1. CONFIRMAR los numerales primero (1º) y tercero (3º) de la parte resolutiva de la sentencia dictada el veinticuatro (24) de febrero de dos mil nueve (2009), por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro de los procesos acumulados instaurados por José Manuel Abuchaibe escolar y otros contra la elección de Jorge Eduardo Pérez Bernier como gobernador de La Guajira (2008-2011).
2. REVOCAR los numerales cuarto (4º), quinto (5º) y octavo (8º) de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar se dispone:
3. DENEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida por el ciudadano José Manuel Abuchaibe Escolar, radicada bajo el número 20080007.
(3) Folios 52 a 101 C.1º, Expediente 20080007.
(4) Esta disposición jurídica prescribe: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo”.
(5) Aunque no podría aplicarse para el presente caso, es preciso que la Sala señale que mediante el Acto Legislativo 01 del 14 de julio de 2009, promulgado en el Diario Oficial 47.410 de la misma fecha, el constituyente reconoció al Consejo Nacional Electoral la competencia para revocar la inscripción de los candidatos inhabilitados, pues así lo dispuso en su artículo 2º al modificar el artículo 108 de la Constitución, adicionándole: “Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso”. Antes de la expedición de esta enmienda constitucional algunos círculos jurídicos contemplaban esa posibilidad por la forma como se redactaron algunas causales de inhabilidad, puesto que, por ejemplo, en la Ley 617 de 2000 las mismas comienzan diciendo: “No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador:” (art. 30), expresión destacada de la que se suponía la competencia de las autoridades electorales para verificar las calidades del inscrito y eventualmente revocarle su inscripción. Además, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8º de la misma reforma constitucional, se estableció como requisito de procedibilidad del contencioso de nulidad electoral, cuando se trate de irregularidades ocurridas durante el proceso de votación o los escrutinios, que antes de la declaratoria de elección las mismas sean sometidas al conocimiento de la autoridad administrativa respectiva, que encabeza el Consejo Nacional Electoral, con lo que se evidencia que en esos casos el carácter directo de la acción desaparece.
(6) Sentencia del 15 de diciembre de 2005, expedientes acumulados 3383, 3384 y 3385.
(7) Sentencia del 6 de mayo de 2005, Expediente 3544. Tesis reiterada en sentencias del 21 de julio de 2005, Expediente 3553; del 8 de septiembre de 2005, Expediente 3644; del 23 de septiembre de 2005, Expediente 3551; del 23 de septiembre de 2005, Expediente 3679; del 17 de noviembre de 2005, Expediente 3821; del 24 de noviembre de 2005, Expediente 3691; del 24 de noviembre de 2005, Expediente 3856; y del 2 de diciembre de 2005, Expediente 3876.
(8) Fallo del 23 de agosto de 2007. Expediente: 2228-04. Sección Segunda – Consejo de Estado.
(9) Fallo del 20 de enero de 2006. Expediente: 3827. Actor: Fernando Villanueva Durán. Demandado: Concejal de Mariquita. Igualmente se puede consultar la sentencia del 20 de marzo de 2003. Expediente: 3049. Actor: José Antonio Cortés Higuera. Demandado: Diputado Asamblea de Boyacá.
(10) Sobre el particular debe tenerse en cuenta, también, el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913, que establece sobre el particular: “En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.
(11) Así lo hizo saber la subsecretaria del Consejo Nacional Electoral con constancia expedida el 6 de diciembre de 2007, visible al folio 51 del cuaderno principal de la demanda 2008007.
(12) Sección Quinta. Fallo del 9 de marzo de 2006. Expediente 520012331000200501400-01 (3853). Actor: Luis Alexander Mejía Bustos. Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
(13) Consejo de Estado. Sección Quinta. Expediente 1.608. Auto del 2 de septiembre de 1996. También se pueden consultar los siguientes pronunciamientos de la Sección: Auto del 2 de septiembre de 1996, Expediente 1.608. Auto del 20 de noviembre de 2003, Expediente 3163.
(14) Sentencia del 16 de septiembre de 1999. Expediente 2182. Actor: Gariel Muyuy Jacanamejoy. Demandado: Marcelino Jamioy Muchavisoy.
(15) Este hecho se probó en el proceso con la copia auténtica del formulario E-6G ó solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidato a gobernador del señor Jorge Eduardo Pérez Bernier, en el cual se lee que en 3.088 folios o planillas se presentaron 77.777 firmas de apoyo a esa candidatura, por el grupo significativo de ciudadanos llamado “el pueblo decide”. El documento está al folio 124 del cuaderno principal del Expediente 20080007.
(16) Este extracto forma parte del Oficio RNEC-SG-400 del 20 de junio de 2008 suscrito por la doctora María Constanza Rivera Peña como secretaria general de la Registraduría Nacional del Estado Civil, visible a folios 388 y 389 del cuaderno principal del Expediente 20080007. Aunque la parte demandada impugnó la competencia de dicha funcionaria para rendir esa información, porque en su opinión no es una de sus atribuciones según el Decreto 1010 del 6 de junio de 2000 expedido por el Presidente de la República para establecer la organización interna de esa entidad, la Sala no acepta ese planteamiento porque su competencia se contrae a examinar la presunción de legalidad del acto de elección del gobernador de La Guajira (2008-2011), sin que por lo mismo pueda extenderse a otras actuaciones administrativas; e igualmente porque en este caso se presentó una situación excepcional que permitía que fuera la secretaria general de la RNEC quien suministrara tal información, ya que al actual registrador los presidentes de las altas cortes que intervienen en su designación le aceptaron su impedimento para actuar en este asunto y dispusieron que fuera la secretaria general quien se ocupara de lo relativo a este proceso, en cuanto al suministro de pruebas, conceptos o informes se refiere. Lo anterior fue informado oportunamente en el proceso por la secretaria general de la RNEC con oficio SG-467 del 9 de julio de 2008, al que se anexaron las copias de los pronunciamientos respectivos de los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (Exp. 20080007 fls. 453 a 469, cdno.ppal.).
(17) La Corte Constitucional, en su fallo C-197 del 7 de abril de 1999, halló esa disposición conforme a la Constitución argumentando: “Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos, mas aún cuando dicha búsqueda no solo dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación”.
(18) Fallo del 11 de noviembre de 2005. Expedientes acumulados: 3190 y 3192. Actor: Rubén Darío Quintero Villada. Demandado: Gobernador de Antioquia. También se pueden consultar sobre el particular los siguientes pronunciamientos de esta Sección: Sentencia de marzo 27 de 2009. Expedientes acumulados: 47001233100020070502 y otros. Actor: Rafael Alejandro Martínez y otros. Demandado: Concejales de Santa Marta. Sentencia de mayo 21 de 2009. Expediente: 680012315000200700690-01. Actor: Jorge Arenas Pérez. Demandado: Diputado de Santander. Sentencia de agosto 24 de 2005. Expediente: 110010328000200400010-01 y otros (3229, 3230 y 3231). Actor: Carlos Mario Isaza Serrano. Demandado: Gobernador de Córdoba. Sentencia de septiembre 19 de 2008. Expedientes acumulados: 11001032800020060090 y otros (4027, 4028, 4029, 4030 y 4045). Actor: Gustavo Adolfo Prado Cardona y otros. Demandados. Representantes a la Cámara por el departamento del Magdalena.
(19) Página 6 de la demanda.
(20) Página 12 de la demanda.
(21) Cuaderno de “anexos aportados por el actor con la demanda”, folios 127 a 330.
(22) Ib. Folios 330 a 332.
(23) Ib. Folios 332 a 334.
(24) Ib. Folios 335 a 395.
(25) Ib. Folios 395 a 396.
(26) Ib. Folios 396 a 400.
(27) Ib. Folios 1 a 13.
(28) El Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado coincidió en esta parte con las conclusiones obtenidas por la Sala, ya que al efecto adujo: “confrontando el contenido de la demanda se encuentra que el actor no precisó los casos, simplemente los enunció pero no los concretó y en ese entendido, dada la generalidad, su imprecisión, el cargo es imposible de considerar” (fl. 1133, cdno. 8).
(29) Cuaderno de “anexos aportados por el actor con la demanda” Expediente 20080007, folios 127 a 400.
(30) Este hecho se probó en el proceso con la copia auténtica del formulario E-6G ó solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidato a gobernador del señor Jorge Eduardo Pérez Bernier, en el cual se lee que en 3.088 folios o planillas se presentaron 77.777 firmas de apoyo a esa candidatura, por el grupo significativo de ciudadanos llamado “el pueblo decide”. El documento está al folio 124 del cuaderno principal del Expediente 20080007.
(31) Sentencia de febrero 3 de 2006. Expediente: 230012331000200301452-01 (3892). Actor: Janeth Cecilia Espitia Garcés. Demandado: Alcalde de Cereté.
(32) Sentencia de febrero 19 de 1990. Expediente: 0338. Actor: Rogelio Pimienta Castro. Demandado: Concejal de Santa Marta.
(33) Sentencia de septiembre 14 de 2000. Expediente 2415. Actor: Roberto Raúl Soto Figueroa. Demandado: Alcalde de Chinú.
(34) Sentencia de octubre 2 de 2008. Expediente: 440012331000200700236-01. Actor: Nora Yaneth Molina Pérez y otro. Demandado: Alcalde de Manaure.
(35) Así se infiere del artículo 164 puesto que en su primer inciso admite la posibilidad del recuento de votos cuando la petición se formule de manera razonada, dentro de lo que por supuesto cabe el trazo que por errores de impresión registraron algunas tarjetas electorales. Y también se deduce de lo dispuesto en el artículo 192 porque allí se reconoce a esas autoridades electorales la competencia para apreciar cuestiones de hecho como la indicada.
(36) Sobre el particular pueden consultar las sentencias del 7 de diciembre de 1995 (exp. 1472), 1º de julio de 1999 (exp. 2234), 29 de junio de 2001 (exp. 2477), del 14 de diciembre de 2001 (exps. 2756 y 2765), 1º de julio de 1999 (exp. 2234) y 27 de enero de 2003 (exps. 2487 y 2495).
(37) Sentencia del 15 de diciembre de 2005, expedientes acumulados 3383, 3384 y 3385.
(38) Sentencia del 6 de mayo de 2005, Expediente 3544. Tesis reiterada en sentencias del 21 de julio de 2005, Expediente 3553; del 8 de septiembre de 2005, Expediente 3644; del 23 de septiembre de 2005, Expediente 3551; del 23 de septiembre de 2005, Expediente 3679; del 17 de noviembre de 2005, Expediente 3821; del 24 de noviembre de 2005, Expediente 3691; del 24 de noviembre de 2005, Expediente 3856; y del 2 de diciembre de 2005, Expediente 3876.
(39) Sentencia C-265 del 2 de junio de 1994.
(40) El artículo 38 de la Constitución dice: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad”.
(41) Tafur Gálvis, Álvaro. Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro. 3ª edición. Temis. 1990, pág. 26.
(42) Cuaderno principal, Expediente 20080007, folios 107 a 114.
(43) En la parte inferior de la página aparece, como una especie de foliatura, el número 001141.
(44) Esto se puede verificar en el folio 20 del cuaderno principal del Expediente 20080012.
(45) El documento obra de folios 22 a 60 del cuaderno principal del Expediente 20080012.
(46) Sentencia del 18 de febrero de 2005. Procesos acumulados 2976, 2977, 2978, 2987, 2988, 2990, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 3013.
(47) Sentencia del 17 de junio de 2004. Procesos acumulados 3000, 3009, 3011.
(48) Sentencia del 6 de mayo de 2006. Expediente 200012331000200303866-01(3513). Actor: Arturo Calderón Rivadeneira. Demandado: Alcalde de La Paz.
(49) Sentencia de 22 de mayo de 2008. Expedientes acumulados 4060, 4068, 4069 y 4070.
(50) Así lo determina el artículo 258 de la Constitución, modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 2003, al prescribir que “El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos...”.
(51) Dicho C.D., que obra en el sobre del folio 309 del cuaderno principal del Expediente 20080012, llegó al informativo con el Oficio RNEC-DDG-0877 del 8 de julio de 2008 obrante al folio 308 del mismo, el cual aparece firmado por dichos delegados, acompañado de certificación de autenticación de la información contenida en ese medio magnético (fl. 306).
(52) Se está refiriendo al fallo del 22 de mayo de 2008. Expedientes acumulados: 4060, 4068, 4069 y 4070. Actor: Wilmer Fernando Mendoza Ramírez y otros. Demandados: Representantes a la Cámara por el departamento de La Guajira.
(53) Alude a la sentencia del 2 de octubre de 2008. Expediente 440012331000200700236-01. Demandante: Nora Yaneth Molina Pérez y otro. Demandado: Alcalde de Manaure.