Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-300-de-mayo-8-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_6ee19b1bad4d4caaab442b6d2dc14abf&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-12 01:13:41
Document Index: 12787856

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 36', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 31', 'Artículo 7', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 49']

﻿ SENTENCIA T-300 DE MAYO 8 DE 2017
SENTENCIA T-300 DE 08 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA AL REALIZAR OPERACIONES DE ASPERSIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS QUE AFECTAN LOS TERRITORIOS PERTENECIENTES A CABILDOS INDÍGENAS. DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE AFECTACIÓN DIRECTA, ESPECIALMENTE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA UN IMPACTO A TRADICIONES CULTURALES SIGNIFICATIVAS QUE IMPLICAN AFECTACIONES A SUS IDENTIDADES COMO GRUPO ÉTNICO. DENTRO DE ESTAS TRADICIONES PUEDEN ENCONTRARSE LOS USOS ANCESTRALES DE LA HOJA DE COCA, PERO TAMBIÉN, EN CASOS DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS, SE PUEDEN ENCONTRAR AFECTACIONES DIRECTAS EN LOS IMPACTOS SOBRE LOS CULTIVOS LÍCITOS Y DE MANERA GENERAL LA RELACIÓN DE LAS COMUNIDADES CON LA TIERRA, LAS FUENTES DE AGUA Y EL ENTORNO DE SUS TERRITORIOS. SE AGREGA, QUE LA CONSULTA PREVIA ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CONCESIÓN DE UNA LICENCIA AMBIENTAL CUANTO SE AFECTA A COMUNIDADES ÉTNICAS. DICHO DE OTRA FORMA, LA NECESIDAD LEGAL DE UNA LICENCIA AMBIENTAL BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 99 DE 1993 DEMUESTRA QUE LOS IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD LICENCIADA CONSTITUYEN UNA AFECTACIÓN DIRECTA. AUNQUE EL ANÁLISIS DE LA AFECTACIÓN DIRECTA DEBE HACERSE EN CADA CASO, LA NECESIDAD DE LICENCIA AMBIENTAL ES UN INDICIO FUERTE DE LA NECESIDAD DE UNA CONSULTA PREVIA. EN EL CASO DE LOS PROGRAMAS DE ASPERSIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS CON GLIFOSATO, LA NECESIDAD LEGAL DE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y DE LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ES UN INDICIO FUERTE DE LA NECESIDAD CONSTITUCIONAL DE UNA CONSULTA PREVIA EN LOS CASOS EN QUE ESTOS PROGRAMAS AFECTEN LOS TERRITORIOS DE COMUNIDADES ÉTNICAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, LICENCIA AMBIENTAL, GRUPO ÉTNICO, CONSULTA PREVIA AMBIENTAL, CONSULTA PREVIA AMBIENTAL A GRUPO ÉTNICO, CULTIVOS ILÍCITOS, CABILDO INDÍGENA, CONSULTA PREVIA AMBIENTAL A COMUNIDAD INDÍGENA, CONSULTA PREVIA, ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS
Sentencia T-300 de mayo 8 de 2017
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e), quien la preside, Alberto Rojas Ríos y José Antonio Cepeda Amarís (e), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión de la sentencia de segunda instancia proferida el 25 de septiembre de 2014, por la Sala de Decisión de Tutelas 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 22 de julio de 1014, dentro de la acción de tutela promovida por los Cabildos Indígenas Kiwe Ukwe, Yu´Çxijme, Yu´kh Zxiçxkwe, Nasa Kwuma Te´wesx, Nasa Kwe´sx Kiwe y el resguardo indígena de Santa Rosa de Juanambú Campo Alegre Alpes Orientales La Floresta Alto Coqueto, contra la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible(1).
1.1. El apoderado de las comunidades indígenas accionantes afirma que entre abril de 2011 y junio de 2013, se realizaron cinco aspersiones aéreas con glifosato en el territorio perteneciente a estas comunidades.(2) Estas aspersiones, según el apoderado, habrían afectado “cultivos de alimentación”, “cultivos de pancoger y algunas hectáreas dedicadas a pastos”, “áreas sembradas con fines espirituales y medicinales del cabildo indígena”, y “áreas de conservación forestal y fuentes hídricas protegidas por la comunidad indígena”.
“En la tarde, hacia las 4:30 p.m., aeronaves militares sobrevolaron el área de los caseríos de las comunidades campesinas e indígenas mencionadas, ametrallando áreas boscosas, lo que generó pánico entre las familias de estas comunidades, ya que sus viviendas no se encuentran nucleadas sino que se hallan dispersas unas de otras, y no se tiene acceso de señal de comunicación celular. Los sobrevuelos de aeronaves militares continuaron hasta el día sábado 16 de marzo”.
2.2.2. La Dirección de Antinarcóticos, se sostuvo, desarrolla las actividades de detección, aspersión y verificación, en el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos por medio de aspersión aérea con Glifosato (PECIG), “con plena observancia y en cumplimiento de las condiciones establecidas […] en el Plan de Manejo Ambiental […]”. Señaló, adicionalmente, que antes de iniciar operaciones de aspersión “se realizan reuniones de socialización con el acompañamiento de Funcionarios delegados por parte del Instituto Nacional de Salud, Instituto Colombiano Agropecuario, Ministerio de Justicia, Alcaldías Municipales, Personerías Municipales, Representantes de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, Unidad de Atención a Víctimas, Secretarías de Gobierno, Policía Nacional, entre otros”, en las cuales se tratan varios temas, incluyendo el procedimiento de quejas derivadas de las aspersiones y el procedimiento para atención de quejas en la salud humana. Adjuntó las actas de siete socializaciones realizadas en el Departamento de Putumayo, así como copias de doce oficios remitidos a autoridades locales advirtiendo sobre el inicio de las actividades de aspersión.
2.8.3. El Ministerio relacionó las actividades de preconsulta realizadas entre 2009 y 2010, y afirmó adicionalmente que “[la] comunidad del Resguardo Santa Rosa de Juanambú, Campo Alegre, Alpes Orientales y La Floresta Alto Coqueto fue invitada a la reunión de pre consulta, no obstante, no asiste al evento, por tal razón a la fecha no se ha surtido proceso de consulta previa con estas comunidades”. Por último, respecto de la solicitud de suspensión de las operaciones, señaló que “carece de fundamento la suspensión de una actividad que en la actualidad, de conformidad con las pruebas aportadas, no se viene desarrollando por la Policía Nacional”, y respecto de la solicitud de realizar una consulta previa, dijo que “si las zonas de resguardo no han sido priorizadas para futuras actividades de aspersión o erradicación, no se lleva a cabo la consulta, pues no habrá actividad a consultar”. Por último afirmó la improcedencia de la indemnización en abstracto, debido a que “los requisitos exigidos para la procedencia de dicha indemnización excepcional no se encuentran acreditados […]”.
4.1. Mediante auto del 6 de febrero de 2015, el despacho del Magistrado Sustanciador solicitó información a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Defensoría del Pueblo, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, al Ministerio de Justicia y del Derecho y además invitó a emitir conceptos técnicos al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, Dejusticia, Red por la justicia ambiental en Colombia, Censad Agua Viva, Universidad del Rosario y Universidad de Los Andes. Posteriormente, mediante auto de 17 de abril de 2015, se suspendieron términos y se solicitó información adicional a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.(3)
4.2. También se tuvo en cuenta las valoraciones y conclusiones a las que llegó esta Sala de Revisión en la sentencia T-236 de 2017, en la cual se indagó acerca de las evidencias que actualmente se tienen con relación a los impactos que puede tener el glifosato(4).
La Sala Séptima de Revisión, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por la sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2. Por otra parte, la tutela procede contra las entidades accionadas. La Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Salud y Protección Social tienen competencias relacionadas con la ejecución del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos por medio de aspersión aérea con Glifosato (PECIG). La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional es la entidad ejecutora del PECIG,(5) el Ministerio de Justicia y del Derecho preside el Consejo Nacional de Estupefacientes—entidad con la competencia legal para disponer la erradicación de cultivos ilícitos—,(6) y los Ministerios de Ambiente y de Salud tienen competencias para ejecutar algunas partes del Plan de Manejo Ambiental de este programa de erradicación.(7) Por último, el Ministerio del Interior es competente para certificar la presencia de comunidades en las áreas sujetas a una medida administrativa para efectos de la consulta previa.
2.3. La consulta previa es un derecho fundamental de cada comunidad étnicamente diferenciada, exigible a través de la acción de tutela, y no un derecho colectivo. Por lo tanto, la acción de tutela en este caso procede como mecanismo principal para la protección del derecho.(8)
2.5. Los jueces de instancia también declararon la carencia de objeto por daño consumado, debido a que las aspersiones objeto de la acción de tutela habían ocurrido en el pasado, y las órdenes de operaciones que las amparaban ya habrían perdido su vigencia. El daño consumado, según la jurisprudencia de la Corte, ocurre “cuando resulta inútil o imposible proferir una orden para la terminación de la alegada violación o amenaza, de modo tal que únicamente procedería el resarcimiento del daño originado con la vulneración del derecho fundamental”.(9) El daño consumado no se verifica únicamente con la constatación de que los hechos denunciados en la acción de tutela ocurrieron en el pasado. Para que esta causal de improcedencia se configure, el juez de tutela debe establecer que efectivamente cualquier pronunciamiento de la jurisdicción constitucional carecería de objeto, como es el caso del fallecimiento del accionante.(10)
“[…] para poder determinar la improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de un “daño consumado” es necesario (i) que haya desaparecido la circunstancia (asociada a la acción o a la omisión) que origina la violación del derecho, (ii) que desaparezcan los motivos fácticos que motivaron la solicitud de amparo (iii) que no se reúnan todos los requisitos para ser parte procesal como el caso de la extinción de la personalidad, y (iv) que sea imposible, mediante la orden del juez de tutela, proteger así sea en alguno de sus componentes, el derecho fundamental vulnerado.”(11)
2.7.1. La acción fue interpuesta con ocasión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos por medio de aspersión aérea con Glifosato (PECIG), autorizado por la Resolución 0013 de 2003 del Consejo Nacional de Estupefacientes.(12) Dicha autorización cubre todo el territorio nacional y, de acuerdo con la Resolución 0026 de 2007, los resguardos indígenas de las comunidades que, luego de una consulta previa, “manifiesten que no poseen consumo ancestral de hoja de coca”.(13) La regulación vigente del PECIG no excluye de su ámbito territorial los cabildos indígenas que no se han constituido en resguardos, como los cinco cabildos que presentan la acción de tutela en esta oportunidad.
2.7.2. La ejecución del PECIG fue suspendida, durante el trámite de revisión de esta tutela, por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante Resolución 1214 de 2015.(14) Sin embargo, la resolución permite a las autoridades reanudar las aspersiones bajo cuatro condiciones distintas.(15) Estas condiciones tienen que ver con el principio de precaución, pero no están relacionadas con la consulta previa a comunidades étnicas. Por lo tanto, subsiste una política de Estado de autorizar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos con aspersión aérea, sujeto a consideraciones de salud pública, en áreas como las de Puerto Caicedo y Orito que según las comunidades accionantes fueron asperjadas entre 2011 y 2013.
2.7.3. El Departamento de Putumayo ha sido el blanco principal del PECIG. Entre 2013 y 2015, las aspersiones aéreas en Putumayo representaron entre el 19% y el 22% de todas las operaciones realizadas en el país.(16)
2.9. Por último la Sala debe considerar si en este caso se da la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que en el año 2015 el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender las aspersiones aéreas con glifosato. Como esta decisión fue tomada cuando el proceso de tutela se encontraba ya en sede de revisión, “la Sala de Revisión conserva la competencia para pronunciarse sobre la situación que presuntamente vulnera los derechos fundamentales del interesado”.(17)
3.3. En vista de lo anterior, corresponde a la Sala responder el siguiente problema jurídico: ¿vulnera el derecho a la consulta previa la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, (1) al realizar operaciones de aspersión de cultivos ilícitos que afectan los territorios pertenecientes a cabildos indígenas que no se han constituido en resguardos, y que por eso no han sido incluidos en procedimientos de consulta previa, y (2) al realizar dichas operaciones en áreas colindantes con un resguardo que tampoco ha sido consultado; a pesar de que se trata de un plan amplio adoptado por razones de interés general para enfrentar problemas de orden público y de que las comunidades reclamantes no tienen usos ancestrales de la hoja de coca.
4.1. En la sentencia SU-383 de 2003 la Sala Plena tuteló los derechos a la diversidad e integridad étnica y cultural, a la participación y al libre desarrollo de la personalidad de los pueblos indígenas y tribales de la Amazonía colombiana, y ordenó realizar consulta previa sobre las decisiones atinentes al programa de aspersión de cultivos ilícitos que se adelantaran en su territorio.(18) La Corte consideró en esta oportunidad que el derecho a la consulta previa no se limita a las actividades explotación de recursos naturales, sino que “es una modalidad de participación de amplio espectro”, que comprende también decisiones relativas a la erradicación de cultivos de coca, que en el caso de las comunidades de la Amazonía tiene un uso ancestral. La Corte consideró la importancia de ponderar entre los intereses del Estado en relación con la seguridad y el cumplimiento de los compromisos internacionales, y los de las comunidades indígenas con usos ancestrales de la coca. Sin embargo, insistió en la necesidad de que en esta ponderación mediara una consulta previa, pues
“(…) sin la consulta previa no resulta posible i) maximizar el grado de autonomía que requieren los pueblos indígenas de la región para conservar su integridad étnica y cultural, ii) determinar para cuáles pueblos indígenas y tribales la coca es una planta sagrada, y deberá seguir siéndolo dadas las implicaciones que en su cultura tiene ésta conceptuación, iii ) en qué casos del cultivo de la coca depende la supervivencia del pueblo, dada la modalidad de sombrío que la plantación brinda a las otras plantaciones en algunas regiones y épocas, y iv) lo trascendente de la utilización de la planta de coca en sus prácticas curativas y rituales.”(19)
4.3. Esta interpretación del precedente constitucional fue sostenida en la sentencia T-080 de 2017, en la cual se tutelaron los derechos “a la consulta previa y posterior, a la integridad étnica y cultural, a la libre determinación, a la salud en conexión con la vida y al medio ambiente sano” de un resguardo indígena carijona. La Sala interpretó de manera amplia el precedente de la sentencia SU-383 de 2003, señalando que esta sentencia establece “la obligación concreta de realizar procesos de consulta previa a las comunidades indígenas, antes de iniciar cualquier programa de erradicación de cultivos ilícitos”.(20) En el caso concreto, la comunidad accionante no alegó una violación de su derecho a consumir la coca, sino que denunció afectaciones a los cultivos lícitos, a la salud de los miembros de la comunidad, a la seguridad alimentaria y a las fuentes hídricas.(21) La Sala ordenó a las entidades accionadas realizar un proceso de consulta “con la finalidad de adoptar medidas de etnoreparación y compensación cultural frente a los impactos y perjuicios causados a la comunidad dentro de sus territorios por el desarrollo del programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, que garanticen su supervivencia física, cultural, espiritual y económica”.(22)
4.4. De igual forma, la sentencia T-236 de 2017 se exigió la realización de consulta previa respecto de las aspersiones que afectaron a comunidades indígenas y afrocolombianas, sin la necesidad de demostrar un uso ancestral de la hoja de coca.(23) En ese caso, la Sala consideró que la afectación directa estaba vinculada principalmente a los daños que, según las comunidades, causan las aspersiones a los cultivos lícitos y por lo tanto afectan su relación vital con el territorio. A continuación se reiterarán los parámetros constitucionales expuestos en la sentencia T-236 de 2017 por esta Sala de Revisión, para dar respuesta al problema jurídico que se estudia.
5.1.1. La consulta previa se desprende del derecho a la libre determinación de los pueblos contenida en el artículo 7 CP.(24) Esta figura está definida como el derecho fundamental que tienen las comunidades indígenas, tribales y afrocolombianas a ser consultadas sobre cualquier decisión que pueda afectarlas directamente. Está estrechamente relacionada con el derecho a la participación y mediante el ejercicio de este derecho, las comunidades étnicas tienen la oportunidad de “expresar su opinión, sobre la forma, el momento y la razón de medidas decididas o ya aplicadas que inciden o incidirán directamente en sus vidas”.(25)
5.1.2. El Convenio 107 de la OIT, sobre la protección a las poblaciones indígenas y tribales en países independientes,(26) dispuso en relación con los territorios indígenas, el deber de reconocer el derecho a la propiedad colectiva e individual a favor de los pueblos indígenas, el deber de no trasladar a estos pueblos de sus territorios habituales sin su libre consentimiento y, cuando fuere necesario, garantizarles tierras de la misma calidad o medidas de compensación acordes con sus costumbres y cultura.(27)
5.1.3. No obstante, el mencionado Convenio se adoptó en un contexto mundial en el que los pueblos indígenas y tribales eran considerados como sociedades atrasadas y transitorias, por eso, para que pudieran sobrevivir, se creía indispensable integrarlas en la corriente mayoritaria mediante la asimilación.(28) Estas ideas fueron reevaluadas con el tiempo, debido a la participación de colectivos como, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas, en los que fueron participando cada vez más miembros de comunidades indígenas y tribales. Esto contribuyó a comprender sus diferentes culturas y el valor de éstas en el contexto de su sociedad pluralista. Para responder a estas exigencias, la OIT, luego de convocar a una reunión de expertos que estuvieron de acuerdo con revisar el Convenio 107, inició un proceso de análisis del documento en el que participaron organizaciones civiles, gobiernos y pueblos indígenas y tribales del mundo. Luego de dos años de debates y discusiones, se redactó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales No. 169 de junio de 1989,(29) ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991. Este Convenio cambia la concepción del No. 107 y se basa en el respeto de las culturas, formas de vida, tradiciones y costumbres propias de las comunidades étnicas.
“[…] decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”(30)
5.1.5. Respecto de otras decisiones que puedan afectar indirectamente a las comunidades, el artículo 7-3 del Convenio 169 prevé la obligación de los estados parte de “(…) velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser consideradas como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.
5.1.6. De otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas incorpora cuatro principios fundamentales respecto de los derechos de estos pueblos:(31) (i) el principio de no discriminación, según el cual las personas gozan de iguales derechos al resto de la población, pero su goce efectivo asociado con la diversidad étnica no debe convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los demás derechos humanos, (ii) el derecho a la autodeterminación, (iii) la relevancia del principio de no asimilación como derecho fundamental de las comunidades, y (iv) la participación, la consulta previa y el consentimiento libre e informado frente a las medidas que los afecten. Sobre este último, establece expresamente un estándar de protección frente a la utilización de sus tierras o territorios para actividades militares, y la limitación de estas últimas a razones de interés público pertinente, o a un acuerdo libre con los pueblos interesados, así:
“ART. 30.—1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.”(32)
5.1.7. Al respecto, es preciso hacer referencia a la sentencia T-376 de 2012, en la cual la Corte señaló que esta Declaración reforzaba el deber de consulta.(33) Se reiteró que la consulta es procedente de forma general frente a cualquier medida que afecte a los pueblos indígenas y prevé la participación y cooperación en todas las decisiones asociadas a los programas que incidan en su forma de vida, a la vez que establece la obligación de adoptar medidas de reparación e indemnización para los casos en los que se ha dado una afectación a las comunidades sin consulta o de ser el caso, sin consentimiento previo.(34)
“[…] la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente […] para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.”(35)
5.1.8.2. De la misma manera, la Corte Interamericana, citando el Convenio 169, ha establecido que el derecho a la consulta se relaciona con otros derechos, en particular con el de participación consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana, toda vez que “En el contexto de los pueblos indígenas, el derecho a la participación política incluye el derecho a participar en la toma de decisiones en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en sus derecho desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización”.(36)
5.1.8.3. En el caso Saramaka contra Surinam, relativo a la protección de los derechos a la propiedad colectiva y a la participación de una comunidad tribal frente al otorgamiento de concesiones por el Estado que implican la exploración y explotación de los recursos naturales de territorios indígenas y étnicos, se estableció que es una obligación estatal garantizar: (i) la participación efectiva de los miembros de las comunidades afectadas con el proyecto, de conformidad con sus costumbres y tradiciones en relación con el plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción; (ii) asegurar que los beneficios de la obra o proyecto sean también para la comunidad indígena o étnica asentada en el territorio donde se realiza la explotación de los recursos; y (iii) controlar que no se emita ninguna concesión dentro del territorio de las comunidades hasta tanto, bajo la supervisión del Estado, se realice un estudio previo de impacto social y ambiental.(37)
5.1.8.4. Igualmente, la Corte Interamericana ha sido clara en señalar que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tengan un mayor impacto dentro del territorio de comunidades indígenas tribales o étnicas, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultarlas, sino también de obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstas, según sus costumbres y tradiciones. Conforme a esto, la consulta debe cumplir con requisitos estrictos: debe ser adelantada de buena fe, realizada con carácter previo, debe ser adecuada y accesible, contar con un estudio de impacto ambiental y social, y debe tener la finalidad de llegar a un acuerdo con las comunidades presuntamente afectadas.(38) Sin embargo, la Corte Interamericana ha resaltado que:
“[…] el artículo 21 de la Convención no prohíbe per se la emisión de concesiones para la exploración o explotación de los recursos naturales en territorios indígenas o tribales. Sin embargo, si el Estado quisiera restringir, legítimamente, los derechos a la propiedad comunal de los miembros del pueblo Saramaka, debe consultar con las comunidades afectadas respecto de los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en los territorios ocupados tradicionalmente, compartir los beneficios razonables con ellas, y realizar evaluaciones previas de impacto ambiental y social”(39)
5.1.8.5. Posteriormente en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado por violación del derecho a la propiedad comunal por no haber garantizado adecuadamente su derecho a la consulta previa y ordenó que como garantía de no repetición, en el eventual caso que se hicieran actividades o proyectos de exploración o extracción de recursos naturales, o planes de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que impliquen potenciales afectaciones al territorio Sarayaku o a aspectos esenciales de su cosmovisión o de su vida e identidad culturales, el Pueblo Sarayaku debería ser previa, adecuada y efectivamente consultado, de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia.(40) En el mismo sentido también señaló que:
“[…] los procesos de participación y consulta previa deben llevarse a cabo de buena fe en todas las etapas preparatorias y de planificación de cualquier proyecto de esa naturaleza. Además, conforme a los estándares internacionales aplicables, en tales supuestos el Estado debe garantizar efectivamente que el plan o proyecto que involucre o pueda potencialmente afectar el territorio ancestral, implique la realización previa de estudios integrales de impacto ambiental y social, por parte de entidades técnicamente capacitadas e independientes, y con la participación activa de las comunidades indígenas involucradas.”(41)
5.1.9. La consulta previa también ha sido caracterizada por la Corte Constitucional. Ha dicho que la consulta previa debe tener en cuenta la prevención de las afectaciones, la información adecuada y suficiente y la buena fe de las partes. Ha señalado además que para saber qué debe consultarse se deben tener en cuenta dos niveles de afectación: (i) uno general que deriva por ejemplo de las políticas y programas que de alguna manera conciernen a las comunidades indígenas y afrocolombianas, y (ii) uno directo que se desprende de las medidas que pueden afectarlos específicamente.(42) Ha dicho que debe consultarse siempre que exista una afectación directa sobre los intereses del pueblo indígena involucrado, es decir cuando la comunidad vaya a recibir una intromisión intolerable en sus dinámicas sociales, económicas y culturales.(43)
5.1.10. Para especificar aún más los supuestos en los que se produce tal afectación, esta Corte ha fijado los siguientes criterios: (i) cuando la medida administrativa o legislativa altera el estatus de las comunidades porque impone restricciones o concede beneficios;(44) (ii) cuando las medidas son susceptibles de afectar específicamente a las comunidades indígenas como tales y no aquellas decisiones que son generales y abstractas;(45) (iii) cuando se trata de aplicar las disposiciones o materias del Convenio 169, por ejemplo la regulación de explotación de yacimientos de petróleo ubicados dentro de los pueblos indígenas;(46) y (iv) cuando las medidas a implementar se traten sobre explotación y aprovechamiento de recursos naturales en territorios indígenas.(47) Concretamente la Corte ha identificado la presencia de una afectación directa en los casos de medidas legislativas,(48) presupuestos y proyectos de inversión financiados con recursos del presupuesto general de la Nación,(49) decisiones sobre prestación del servicio de educación que afecten directamente a las comunidades,(50) decisiones administrativas relacionadas con proyectos de desarrollo, como licencias ambientales, contratos de concesión y concesiones mineras entre otros.(51)
5.2.2. La Corte Constitucional ha desarrollado de manera más amplia el concepto de afectación directa cuando se trata de la expedición de medidas legislativas, que en los casos de actuaciones de la administración. Ha sostenido en este sentido, que la ley por su carácter general y abstracto afecta directamente a todos los destinatarios, pero que existen afectaciones directa y diferenciadas a pueblos indígenas en los casos de medidas legislativas que: (i) estén orientadas a desarrollar el Convenio 169 de la OIT, o (ii) cuando se le impongan cargas o se le atribuyan beneficios a una comunidad de tal forma que modifique su situación o su posición jurídica.(52)
5.2.3. En casos relativos a la consulta de actuaciones de la administración, ha señalado que el criterio de afectación directa que determina la obligatoriedad de la consulta hace referencia a un posible impacto sobre la autonomía, diversidad e idiosincrasia de la comunidad indígena o afrodescendiente. La Corte ha calificado como eventos de afectación directa las medidas “que resulten virtualmente nocivas o que generen una intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales de estos pueblos”.(53)
5.2.4. Una de las sentencias más relevantes en la aplicación del concepto de afectación directa fue la sentencia ya citada SU-383 de 2003.(54) En esa oportunidad la Sala Plena de la Corte Constitucional conoció de la acción de tutela interpuesta por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana contra la Presidencia de la República y otras entidades, por la aspersión aérea con glifosato en su región de asentamiento. Los accionantes alegaron la contaminación de la fauna y flora por el glifosato asperjado y de los cultivos para el alimento de las comunidades y la eliminación de los cultivos propios de coca para usos tradicionales de la comunidad indígena. En ese caso, la Corte, encontró probado el consumo y uso tradicional de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas accionantes, en virtud de lo cual, consideró pertinente identificar la dimensión cultural del uso de la coca en dichas poblaciones, lo cual debía dar lugar a un proceso de concertación que limitara o condicionara la política de eliminación de cultivos ilícitos, a fin de respetar la integridad cultural y la autonomía de las autoridades indígenas en su territorio. Como se dijo, dicha sentencia, sin embargo, no limitó la aplicación de la consulta previa en casos de erradicación de cultivos, a la hipótesis en que la comunidad afectada tiene un uso ancestral o tradicional de la hoja de coca. A diferencia de lo planteado por las entidades del Gobierno Nacional, y de acuerdo con lo argumentado en su lugar por la Defensoría del Pueblo, la Corte considera que el precedente de la sentencia SU-383 de 2003 se aplica a todos los casos de afectación directa ocasionada por los programas de erradicación de cultivos, haya o no usos ancestrales o tradicionales del cultivo en cuestión.
5.2.5. Precisamente, en el Auto 073 de 2014,(55)emitido por la Sala de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 en el marco del estado de cosas inconstitucional por el fenómeno del desplazamiento forzado, la Corte consideró procedente la consulta previa respecto de comunidades afrodescendientes independientemente de su relación tradicional con la hoja de coca. La decisión se fundamentó, en cambio, en los riesgos de desplazamiento y los posibles daños a los cultivos lícitos de estas comunidades. En esta providencia, la Sala de Seguimiento dejó por sentado que la consulta previa a las comunidades indígenas, afrodescendientes y tribales no depende únicamente de la utilización tradicional de la hoja de coca, sino de la individualización e identificación de un impacto directo. El uso ancestral puede ser un factor relevante para determinar la procedencia de la consulta previa, pero no es el factor exclusivo.
5.2.6. Frente a la realización de consulta previa en casos en los cuales está de por medio la seguridad nacional y el orden público, recientemente la sentencia T-005 de 2016, conoció el caso en el que el Ejército Nacional construyó un batallón y permitió la instalación de redes de comunicaciones por empresas privadas, en un terreno reconocido como territorio ancestral de la comunidad indígena Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin realizar consulta previa.(56) En este caso la Sala encontró configurada la existencia de afectación directa a la comunidad indígena, al reconocer que había un impacto en sus costumbres ancestrales en la medida que no tenían acceso al cerro en el que realizaban prácticas culturales. En ese sentido la Sala señaló:
“[…] se encuentra demostrada la afectación directa a la comunidad indígena Arhuaca en la medida que se les ha impedido acceder libremente al territorio ancestral para realizar las prácticas culturales que garantizan su existencia como grupo diferenciado, razón por la cual el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional debieron haberles consultado la realización de las construcción de las edificaciones que conforman el Batallón de Artillería La Popa 2, así como la instalación de antenas, torres y subestaciones de comunicaciones, datos, telefonía, televisión, radio y aeronavegación; y las barreras de acceso y cerramiento.”(57)
5.2.8. En los casos de infraestructura y explotación de recursos naturales la Corte ha definido la existencia de afectación directa en algunos casos, pero en la mayoría ha considerado la necesidad de definirla a través del proceso de consulta. Por ejemplo, en la sentencia T-745 de 2010 en la que se estudió la afectación de la construcción de la transversal Barú sobre un grupo de comunidades afro la Corte determinó que la incidencia del proyecto no solo alcanzaba a impactar dinámicas ambientales, sociales y económicas, sino también culturales al limitar elementos que representan su propia cosmovisión.(58) Contrario a lo que ocurrió en las sentencias T-547 de 2010,(59) T-698 de 2011(60) y T-462A de 2014(61) en los que la Corte consideró que solo a través de la consulta se podía hacer un diagnóstico de los impactos.
[…] la afectación directa se concreta en la exclusión de la comunidad en la implantación de medidas destinadas al uso del espacio público y, lo que resulta más preocupante desde el punto de vista constitucional, la imposibilidad de defender sus prioridades en la elección de su destino, en virtud del principio de autodeterminación y el derecho de autonomía, con la consecuente desarticulación de la visión de las comunidades a la política pública del tránsito, asociada al turismo y el manejo de las playas”.(62)
5.2.10. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en un sentido similar al de esta Corte. Por ejemplo, en el año 2005 en el caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, hizo referencia a la relación del derecho a la identidad cultural de las comunidades étnicas con las afectaciones especiales de los derechos a la salud, a la alimentación y el acceso al agua limpia. Dijo que estas están interrelacionadas en la medida que impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna. Al respecto señaló que el acceso a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y al uso y disfrute de los recursos naturales que en ellas se encuentran, está directamente relacionado con la obtención de alimento y el acceso al agua limpia.(63)Después en el año 2015 en el caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, identificó la afectación de los impactos sufridos esta comunidad porque se evidenció una profunda relación social y espiritual con su territorio, principalmente por la destrucción de una gran parte de la selva y de ciertos lugares de alto valor simbólico.(64)
5.3.2. En este sentido, la citada sentencia T-376 de 2012 señaló que desde la perspectiva del principio de proporcionalidad “la participación de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes se concreta en tres facetas del mismo derecho: (i) la simple participación asociada a la intervención de las comunidades en los organismos decisorios de carácter nacional, así como la incidencia que a través de sus organizaciones pueden ejercer en todos los escenarios que por cualquier motivo les interesen; (ii) la consulta previa frente a cualquier medida que los afecte directamente; y (iii) el consentimiento previo, libre e informado cuando esta medida (norma, programa, proyecto, plan o política) produzca una afectación intensa de sus derechos, principalmente aquellos de carácter territorial.”(65)
5.3.3. De lo anterior se desprende no solo cierto contenido del derecho a la participación de las comunidades étnicas, sino también, la diversidad en los niveles de afectación. Uno directo y uno indirecto. Cuando se presenta un nivel de afectación indirecta la obligación de consulta se limita a la primera faceta del derecho a la participación, es decir, aquella que está asociada a la participación de las comunidades étnicas en organismos decisorios de carácter nacional o la incidencia de sus organizaciones en cualquier escenario de interés.(66) En cambio cuando se logra identificar una afectación directa la obligación de consulta varía dependiendo de la intensidad de afectación.
5.3.3.1. Cuando el nivel de afectación es intenso el deber de participación no se agota en la consulta. Al tratarse de cambios sociales y económicos muy profundos que configuren un nivel de afectación grave, la decisión de las comunidades debe ser vinculante y en este sentido, la simple consulta no es suficiente, sino que se requiere el consentimiento expreso, libre e informado.(67) Por otra parte, cuando el grado de afectación es menor, o cuando la actividad a realizar redunda en beneficio de la comunidad, y además se encuentran razones constitucionalmente relevantes para limitar el derecho a la consulta previa, es posible que los deberes a cargo del Estado sean de menor intensidad.(68)
5.3.3.2. Por esta razón, la Corte Constitucional ha enmarcado este debate dentro del marco los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Al respecto en la citada sentencia SU-383 de 2003 la Sala explicó que para comprender el alcance del derecho a la consulta previa, este debía entenderse como reflejo de un equilibrio entre los principios entre el interés general y el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas.(69)
5.3.3.3. Sin embargo hay casos en los que la Corte no obstante haber identificado la existencia de una afectación directa se ha abstenido de calificar el grado de tal afectación. En la sentencia T-698 de 2011(70) la Sala consideró que la construcción de una estación de comunicaciones podría afectar claramente el derecho a la salud, al medio ambiente y a la cosmovisión de la comunidad, y ordenó la realización de la consulta previa pero decidió no entrar a calificar el grado de afectación posible, al considerar que esa cuestión era un asunto que debía ser definido por las comunidades en el proceso de consulta.
5.3.3.4. En otros casos la Corte ha encontrado afectación directa frente a la costumbre y usos tradicionales, pero debido a la existencia de intereses constitucionales en conflicto, ha modulado el grado de la participación requerida. Este es el caso de la también ya citada sentencia T-005 de 2016, en donde la Corte encontró probada la afectación directa a las costumbres ancestrales de comunidades étnicas, por la construcción de un batallón en un territorio ancestral, y sin embargo ordenó como consulta la construcción de un dialogo concertado y continuo encaminado a modificar las características del proyecto, sin considerar la necesidad del consentimiento previo, y sin ordenar la suspensión de las operaciones del batallón.(71)
De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, cualquier actividad que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente requiere una licencia ambiental.(72) Gran parte de los pronunciamientos de la Corte sobre el derecho a la consulta previa se han derivado de la expedición de licencias ambientales para proyectos que afectan a las comunidades étnicas. En este sentido, la Corte ha insistido en que la licencia ambiental resulta ser el instrumento mediante el cual se puede guardar la integridad y forma de vida de las comunidades étnicas que habitan un territorio que va a ser afectado por un proyecto, y en consecuencia, el otorgar una licencia ambiental que no incluya la consulta previa cuando la actividad autorizada puede afectar a comunidades étnicas, constituye una fuente de vulneración de derechos fundamentales. A continuación se hace un recuento de once sentencias que es preciso tener en cuenta.
5.4.1. Al inicio de la jurisprudencia, en la sentencia T-428 de 1992(73) se estudió el amparo solicitado por la comunidad indígena del resguardo de Cristianía para tutelar sus derechos a la vida y la propiedad privada por los daños ocasionados debido a la construcción de una carretera, que había producido varios destrozos al interior de su hábitat. En esta providencia la Corte reafirmó la importancia de los estudios de impacto ambiental, en la medida que el incumplimiento de la normatividad que asegura o protege un derecho pone en peligro dicho derecho. Finalmente ordenó la suspensión de las obras hasta que no se hicieran los estudios de impacto ambiental de manera adecuada, tomando todas las precauciones necesarias para no causar perjuicios adicionales a la comunidad.
5.4.2. En la sentencia SU-039 de 1997,(74) la Sala Plena de la Corte Constitucional conoció el caso en el que la comunidad indígena U’wa solicitó amparo de sus derechos constitucionales, por el otorgamiento de una licencia ambiental por parte del Estado a una empresa para que realizara actividades de exploración sísmica en territorios indígenas sin el cumplimiento del requisito de participación y consulta, lo que en su opinión propiciaría su desintegración su forma de vida en lo cultural, económico, social y territorial. En esa ocasión, la Sala Plena consideró que la consulta previa se había realizado en forma irregular y concedió el amparo ordenando la realización de la misma en un término inferior a 30 días.
5.4.3. Luego en la sentencia T-652 de 1998,(75) la Corte revisó el caso de la construcción de una hidroeléctrica que inundaba el territorio ancestral de los indígenas Embera Katío en el alto Sinú. Los accionantes alegaban que se había otorgado la licencia ambiental sin haberse realizado previamente la consulta previa. En este caso la Corte consideró que la omisión de la consulta previa para otorgar la licencia ambiental era precisamente la fuente de vulneración de los derechos fundamentales y ordenó el pago de una indemnización.
5.4.4. Ocho años después, la sentencia T-880 de 2006(76) resolvió una tutela de integrantes del Pueblo Indígena Motilón Barí contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible por expedir una licencia ambiental para adelantar una obra de explotación petrolera sin consultarlos. El Ministerio del Interior había certificado que no existían comunidades indígenas en el área del proyecto, desconociendo sus derechos a la diversidad cultural y a participar de las decisiones que los afectan. En esa oportunidad, la Corte ordenó suspender las actividades de explotación petrolera, hasta que culminara el proceso de consulta previa que debía adelantar el Ministerio del Interior y de Justicia, con miras a dar cuenta de la presencia de Pueblos Indígenas en la zona de influencia.
5.4.5. Igualmente ocurrió en la sentencia T-769 de 2009(77) en la que se estudió un caso en el que se otorgó a una empresa minera la concesión para la exploración dentro de territorios que les corresponden a las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó, a las comunidades indígenas de los resguardos de Uradá-Jiguamiandó del municipio de Carmen del Darién, y a las del resguardo de Chageradó Turriquitadó del municipio de Murindó, en los departamentos del Chocó y Antioquia, sin que mediara un debido proceso en la consulta. No se informó y consultó a todas las comunidades directamente afectadas. La Sala de Revisión consideró que el proceso de consulta previa adelantado por el Ministerio del Interior y de Justicia no tuvo en cuenta a todas las autoridades e instituciones representativas de las comunidades respectivas y que algunos de los participantes en la adopción del proyecto en cuestión, no se encontraban debidamente acreditados, ni autorizados. Así, se decidió que se violó el derecho de participación al no haber tenido en cuenta a sus representantes y no haber realizado la consulta.
5.4.6. En la Sentencia T-547 de 2010(78) se resolvió un asunto que se da en el marco de la construcción de un puerto multipropósito en la Guajira y que forma parte del territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En esa oportunidad las comunidades alegaban que se había concedido la licencia ambiental sin cumplir con un proceso de concertación con las comunidades, orientado a garantizar el acceso de los integrantes de dichas comunidades a las zonas aledañas del proyecto en donde realizan prácticas culturales y que, luego de dos años de expedida la citada resolución, el proceso se dio por concluido ante la ausencia de las comunidades indígenas en las reuniones convocadas y su final manifestación sobre su inconformidad con el proceso por no ajustarse a los requerimientos de una consulta previa. En este caso la Corte ordenó la suspensión de las obras y la realización de la consulta orientada a establecer los impactos de la ejecución.
5.4.7. Después, en la sentencia T-745 de 2010(79) se estudió la obligatoriedad de la consulta a las comunidades afrocolombianas localizadas en los corregimientos de Pasacaballos y Barú, por la iniciación y puesta en marcha del proyecto para la construcción y mejoramiento de la transversal Barú. En este caso la Sala consideró que era notoria la huella plantada por la ejecución del proyecto, lo cual adquiría mayor trascendencia en vista de que los habitantes de la región se dedicaban a actividades como la pesca, el turismo y la agricultura. En efecto, señaló que la incidencia del proyecto no alcanzaba únicamente las dinámicas ambientales y socio-económicas, sino incluso el sentido cultural de este grupo poblacional, en el sentido que altera la relación existente entre las comunidades, su ambiente y los componentes que le integran.
5.4.8. En la sentencia T-698 de 2011,(80) la administración municipal de Riosucio – Caldas, concedió una licencia ambiental sin haber realizado la consulta previa, para la construcción de una estación base de telefonía celular en un predio que está ubicado en un territorio reconocido ancestralmente como jurisdicción del resguardo indígena Cañamomo-Lomaprieta. En esta oportunidad la Sala consideró que la construcción de una estación de comunicaciones podría afectar claramente el derecho al medio ambiente, a la salud y a la cosmovisión de la comunidad y decidió amparar el derecho a la consulta previa y ordenar a la administración municipal realizar el proceso de consulta con los representantes de la comunidad indígena. En este caso la Sala además consideró que no debía entrar a calificar el grado de afectación posible, pues esa es una de las cuestiones que debía abordarse en el proceso de consulta. Al respecto señaló:
“De lo que se trata este procedimiento es de que sea la comunidad étnica la que, en un ámbito de interlocución con las autoridades y con los responsables de los proyectos, valore la afectación que cierta medida puede causar sobre sus territorios, sobre su integridad cultural o sobre cualquier aspecto de su cosmovisión. […] Es en ese escenario donde deberán evaluarse el impacto de la estación de comunicaciones y los posibles efectos que sus radiaciones podrían tener sobre el medio ambiente y la salud de los habitantes del resguardo Cañamomo-Lomaprieta. Dicho examen deberá ponderar la protección de la integridad étnica de los accionantes y los intereses de los usuarios de los servicios de comunicaciones que podrían verse involucrados en este caso.”(81)
5.4.9. En la sentencia T-376 de 2012(82) se conoció la acción de tutela interpuesta por los Consejos Comunitarios de la Comunidad Negra de Unidad Comunera del Gobierno Rural de La Boquilla, de Cartagena, por no haber sido consultados de manera libre e informada sobre la entrega de una concesión de playa en el sector de Cielo Mar de La Boquilla (Cartagena) a una empresa privada. El territorio era utilizado por la comunidad para la pesca, celebraciones tradicionales y actividades asociadas a la prestación de servicios turísticos. Se decidió que adoptar una decisión administrativa sobre el espacio público, enmarcada dentro de la visión de desarrollo del ente territorial que no cuenta con estudios de impacto ambiental ni social, se traduce en la omisión de asegurar el derecho a la participación de la comunidad.
5.4.10. En la sentencia T-693 de 2012,(83) se resolvió una tutela interpuesta por la Unión Temporal del Desarrollo Vial del Valle del Cauca contra el Ministerio del Medio Ambiente por considerar que dicha entidad había vulnerado su derecho al debido proceso administrativo, al exigir para la expedición de la licencia ambiental requerida, la actualización de las certificaciones sobre presencia de comunidades indígenas o negras en el área de desarrollo de una obra (municipio de Dagua, Valle del Cauca). La Corte expuso que existe la obligación consagrada en el Decreto 1320 de 1998, de vincular a las comunidades negras que se encuentren en la zona de influencia del proyecto para la realización del estudio de impacto ambiental, aun cuando estas comunidades no cuenten con las certificaciones exigidas y que ello se puede configurar en distintas fases del proceso del proyecto, cuando diere lugar. Finalmente la Corte ordenó a la empresa a que dentro de 48 horas se vincule a dichas comunidades para la realización del estudio de impacto ambiental. Así mismo ordenó que la Oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior acompañara el proceso de consulta previa de las comunidades negras ubicadas en la zona de influencia del proyecto vial.
5.4.11. Por último, en la sentencia T-462A de 2014(84) se decidió la acción de tutela interpuesta por las comunidades indígenas Honduras y Cerro Tijeras, Cauca, a quienes les fueron vulnerados sus derechos fundamentales a propósito de la construcción de la represa Salvajina, que funciona desde hace 25 años. Por lo que se ordenó la consulta previa para formular diagnósticos de impacto, identificar aquellas afectaciones que fueron imprevisibles a la hora de ejecutar la obra y establecer las medidas de compensación, corrección y mitigación más acordes con los intereses de las comunidades.
La consulta previa como expresión del derecho a la participación refleja un equilibrio o ponderación entre el interés general, representado en los proyectos o medidas que potencialmente pueden incidir en los derechos de los pueblos indígenas, y el goce efectivo de estos últimos, particularmente, en materia de autodeterminación, autonomía, territorio, recursos y participación.(85) En varios casos que se han relatado, se ve la manera cómo el juez constitucional ha realizado un ejercicio de ponderación para definir el derecho de participación y consulta previa de las comunidades étnicas en Colombia. Cabe resaltar dos casos.
“Las autoridades a las que se refiere la presente decisión, deberán, en la adopción de las medidas pertinentes, como resultado de las consultas a los pueblos indígenas y tribales de la Amazonía colombiana, considerar y ponderar i) la efectiva protección de los derechos fundamentales amparados, ii) la garantía de los derechos fundamentales de los miembros de los pueblos indígenas y de los demás habitantes de los respectivos territorios –tales como el derecho a la vida e integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad y a la salud-, iii) el interés general de la nación colombiana, y iv las potestades inherentes al Estado colombiano para definir y aplicar de manera soberana y autónoma la política criminal y dentro de ella los planes y programas de erradicación de los cultivos ilícitos.”(86)
“[...] teniendo en cuenta que dichas edificaciones y estructuras se han instalado progresivamente desde 1965 hasta el 2014, y que la demolición de la construcción y retiro de las antenas, torres y subestaciones podrían poner en riesgo la seguridad nacional porque el cerro es un punto estratégico dentro de la geografía de la Nación y desde ese lugar se coordinan operaciones militares de gran importancia para la seguridad nacional, se monitorea el espacio aéreo, se transmite señal de televisión, radio, telefonía y datos para el norte de Colombia y, se conduce energía eléctrica para la región caribe, no hay lugar a ordenar la suspensión de actividades, ya que el impacto y eventual daño que podría causarse no solo se extendería a los habitantes del área de influencia —los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira y Atlántico— sino a la población del país, siendo necesario proteger y asegurar el interés general.
No obstante lo anterior, el concepto de seguridad nacional debe armonizarse con el ejercicio y respeto de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio colombiano, como en este caso, las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, para quienes el territorio ancestral es parte de su cultura y su existencia, de modo que su acceso y permanencia en el cerro El Alguacil también debe ser garantizada. Lo mismo ocurre con las instalaciones de tendidos eléctricos, antenas y torres de comunicaciones que si bien es cierto aseguran que la región caribe del país acceda a los servicios públicos de telefonía, radio, televisión, electricidad y datos, entre otros; también lo es que deben ser concertados con los grupos étnicos que se ven afectados.”(87)
5.5.3. En sentido similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que de conformidad con el artículo 21 de la CADH, el Estado podría restringir el uso y goce del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, siempre que las restricciones: (i) hayan sido previamente establecidas, (ii) sean necesarias, (iii) proporcionales, y (vi) tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática.(88)
6.1. La titularidad de la consulta previa no depende exclusivamente del reconocimiento formal que haga el Estado en relación con la comunidad étnica concernida. Por ese motivo, la Corte ha amparado la consulta previa no solo de los resguardos formalmente constituidos, sino también de comunidades que no cuentan con estos títulos legales. En la determinación de la titularidad de este derecho, la Corte ha tenido en cuenta, más que las formas legales, los criterios objetivo y subjetivo para establecer si existe una comunidad étnicamente diferenciada, que se reconoce a sí misma como tal.(89)
6.3. La Sala considera que la exclusión del resguardo de Santa Rosa de Juanambú en la orden de operaciones no era suficiente para dar por cumplido el requisito de la consulta previa. Como lo ha señalado la Corte, la afectación directa puede darse incluso cuando la actividad se realiza por fuera del territorio de las comunidades étnicas.(90) Por otra parte, y en términos más generales, la Sala Plena ha señalado la diferencia entre el concepto constitucional de afectación directa y el concepto operativo de área de influencia de un proyecto, señalando que es el primero y no el segundo, el que debe establecer si se debe consultar una actividad.(91)
6.8. Aunque el derecho vulnerado es la consulta previa, la orden para la protección de ese derecho no será la realización de la consulta previa, pues la actividad que debía ser consultada ya se realizó. Se ordenará por tanto una consulta posterior, en orden a establecer los impactos causados y las medidas para mitigarlos. La realización de esta clase de consultas ya ha sido ordenada por la Corte Constitucional en casos como el de la represa de Urrá,(92) el Oleoducto de los Llanos,(93) la represa Salvajina(94) y la aspersión con glifosato en el territorio indígena Carijona.(95) En este último caso, por ejemplo, la Corte precisó que “el derecho a la consulta puede desarrollarse también para obtener una reparación o compensación cuando las actividades o proyectos implementados por el Estado se han consumado —sin haber realizado procesos de consulta— y han terminado afectando a una comunidad humana determinada”.(96)
7.2. Procedimiento apropiado. Un procedimiento apropiado es aquel que se basa en la realización de la consulta previa con un nivel de participación que está especialmente diseñado para la garantía de los derechos de los grupos excluidos. Esto es, aquel que va más allá de la simple participación asociada a la intervención de las comunidades en los organismos decisorios de carácter nacional o local y que hacen parte de la estructura general sobre la que está fundada la democracia representativa en Colombia. En este sentido la jurisprudencia constitucional ha definido unas características para que la consulta previa se lleve mediante un procedimiento apropiado. (i) Que se presenten fórmulas de concertación o acuerdo con la comunidad y que finalmente ésta manifieste, a través de sus representantes autorizados, su conformidad o inconformidad con dicho proyecto y la manera como se afecta su identidad étnica, cultural, social y económica.(97) (ii) El método para llevar a cabo la consulta previa debe ser definido de forma preliminar con las autoridades de cada comunidad indígena o afrodescendiente, a través de un proceso pre-consultivo específicamente orientado a sentar las bases del procedimiento a seguir en ese caso en particular, respetando a las autoridades de cada comunidad y las especificidades culturales de la comunidad.(98) (iii) El proceso de consulta debe regirse por el mutuo respeto y la buena fe entre las comunidades y las autoridades públicas, esto significa que los procesos de consulta no deben ser manipulados y que debe existir un ambiente de confianza y claridad en el proceso, para lo cual es necesario que las comunidades sean dotadas de información suficiente y oportuna. (iv) Para lograr que las comunidades étnicas estén plenamente informadas de la propuesta y sus implicaciones, y puedan tomar decisiones informadas, las autoridades que dirigen el proceso consultivo deben velar por que las comunidades estén acompañadas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, cada una dentro de sus órbitas de competencia, y siempre y cuando así lo soliciten los respectivos grupos.(99) (v) La consulta debe tener efectos sobre la decisión a adoptar. La efectividad de la consulta se refiere al deber de las autoridades de dar valor a la palabra de las comunidades.(100) Obviamente, el grado de vinculatoriedad de la decisión de las comunidades depende, se insiste, en el grado de afectación específica que se dé.
Para esta Sala es indispensable que la consulta se haga teniendo en cuenta, como un aspecto transversal, las lenguas y dialectos de las comunidades étnicas afectadas, los cuales son oficiales en sus territorios (C.P., art. 10).
7.5. Implementación de las medidas en casos de ausencia de acuerdo. Dado que la evaluación de la afectación se hará en el marco de un proceso ordenado de dialogo, deberá tenerse en cuenta la necesidad de ponderar la protección de la integridad étnica y el legítimo interés de mantener la seguridad nacional y el orden público, como manifestación del estado social y democrático de Derecho. En caso de que no se llegue a un acuerdo durante el proceso de consulta, el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá junto con los representantes de las principales autoridades indígenas en Colombia, determinar el grado de afectación de la implementación del PECIG en Orito y Puerto Caicedo sobre los derechos fundamentales de las minorías étnicas bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, más aún al tratarse de medidas que involucran riesgos al medio ambiente y posibles afectaciones a la salud humana. En todo caso las medidas deberán estar desprovistas de arbitrariedad y autoritarismo.(101)
1. LEVANTAR la suspensión de términos decretada en este proceso en sede de revisión.
2. REVOCAR el fallo proferido el 25 de septiembre de 2014 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que negó por improcedente la acción de tutela promovida por los Cabildos Indígenas Kiwe Ukwe, Yu´Çxijme, Yu´kh Zxiçxkwe, Nasa Kwuma Te´wesx, Kwe´sx Kiwe y el resguardo indígena de Santa Rosa de Juanambú, Campo Alegre, Alpes Orientales y La Floresta Alto Coqueto, y en su lugar CONCEDER la tutela del derecho fundamental a la consulta previa.
3. ORDENAR al Gobierno Nacional que por medio de las entidades que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, adelante un proceso de consulta con las comunidades accionantes, mediante un procedimiento apropiado, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el capítulo 7 de la parte motiva de esta sentencia, en orden a establecer el grado de afectación que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), mientras estuvo vigente, causó en la integridad física, cultural, social y económica de dichas comunidades. Este proceso deberá completarse en un período de noventa (90) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, prorrogable, por solicitud de las partes, por una sola vez, por un período de sesenta (60) días adicionales. Dentro del término de la consulta el Consejo Nacional de Estupefacientes, deberá proferir una resolución en la que se consignen los resultados de la misma. De no ser posible una decisión concertada entre el Gobierno Nacional y las comunidades, corresponderá al Consejo Nacional de Estupefacientes, con base en evidencia científica, definir el nivel de afectación, de acuerdo con los parámetros fijados en el capítulo 7 de la parte motiva de esta sentencia, sin desconocer las inquietudes y expectativas de las comunidades étnicas consultadas, con el fin de mitigar, corregir o restaurar los efectos de las medidas que pudieren tomarse sin su participación, sobre las riquezas culturales y naturales de las comunidades afectadas.
4. RECONOCER que en desarrollo de sus funciones constitucionales, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo deberán supervisar y acompañar el avance del cumplimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia. En tal sentido se ORDENA al Ministerio de Justicia y del Derecho, como entidad presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, que dentro del término de noventa (90) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, informe, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento del numeral tercero de la parte resolutiva. De forma similar se ORDENA que dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, el Ministerio de Justicia y del Derecho informe a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Corte Constitucional sobre las acciones adecuadas y necesarias que se hayan adoptado para cumplir las órdenes de esta sentencia, así como sobre su implementación.
5. El señor Procurador General de la Nación, el señor Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia y del Derecho, así como todas las entidades que conforman el Consejo Nacional de Estupefacientes, deberán cumplir lo dispuesto en esta sentencia de buena fe, con diligencia y eficiencia.
6. LIBRAR las comunicaciones por la Secretaría General de la Corte Constitucional, así como DISPONER las notificaciones a las partes a través del juez de primera instancia (la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá), previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Mediante auto del 6 de febrero de 2015, el despacho del Magistrado Sustanciador consideró necesario, para mejor proveer, ordenar la práctica y solicitud de varias pruebas.(102)
“Realizado el ejercicio cartográfico consistente en la digitalización del área del proyecto denominado: “programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato (PECIG), erradicación manual forzosa y erradicación manual voluntaria, departamento del Putumayo”, localizado en jurisdicción de los municipios de San Miguel (La Dorada), Puerto Caicedo, Orito, Puerto Guzmán, Villa garzón, Mocoa, Valle del Guamez (La Hormiga), Puerto Asís y Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo, se pudo constatar, una vez realizado el ejercicio cartográfico correspondiente, que en el área del proyecto en mención que se Registra la Presencia de las siguientes Comunidades Étnicas: Resguardos: Santa Rosa de Juanambú, Campo Alegre, Alpes Orientales y la Floresta; parcialidades indígenas: YU´CXIJME, KSXAW NASA ALTO DANUBIO, Las Delicias KIWE ÑXUSXA, El Danubio NASA KWUMA, YUCXIJME, El Danubio Nasa KUMA TEWESX”.
Asimismo señaló que a la fecha no existe solicitud de parte para el inicio del proceso de consulta previa respecto de las comunidades registradas en la certificación aludida. No obstante, aclara que en el marco de la Sentencia SU-383 de 2003, en el Departamento del Putumayo se han adelantado procesos de consulta previa con las siguientes comunidades indígenas: Buenavista, la Italia, Santa Elena, Los Pastos, Moniya Amena, Pinuna Blanco, El Palmar, Resguardo Bellavista, Cabildo Inga, Aguas Negras, Kichwa, Murui, Tukunare, Monaga, El Refugio, Samaritana, El Progreso, Jiri Jiri, La Quebradita, Puerto Puntuales, El Hecha, Imancia, Alto Naporuna, Bajo Casacunte, Lagarto Cocha, Consara, La Paya, Bajo Remanso, Santa Rita, Puerto Rico, Siona, Inca Puerto Perea-Puerto Colombia, Huitoto Martin Buineza, Santa María, Inga Puerto Alegría, Puerto Belén, Inga Puerto Reyes, Molano, Coinpa-Huitoto, Maranduia, Oima Muruy-Encanto, Tercera India, Oima Muruy-Marandua, Inga Puerto Molano, San Rafael, Mutuy San Rafael, San José, Ittiquilla, Puerto Tejada, Peña Roja, Calderón, Ñeque, El Encanto.
1.6. La autoridad nacional de licencias ambientales —ANLA—, informó que en su deber de garantizar la efectividad del derecho a disfrutar de un ambiente sano, proteger la diversidad e integridad del mismo, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, PECIG, operaba bajo el seguimiento y control a un Plan de Manejo Ambiental, impuesto por la antigua dirección de licencias ambientales del Ministerio de Ambiente, hoy ANLA, mediante la Resolución 1065 de noviembre de 2001, modificada por la Resolución 1054 del 30 de septiembre de 2003, a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy en liquidación y cuyas tareas fueron asumidas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Manifestó que el seguimiento y control a las actividades del Plan de Manejo Ambiental del PECIG, se realiza teniendo en cuenta la estructura del mismo, el cual está desarrollada en ocho fichas tales como: (i) Programa de Manejo de las Operaciones de Aspersión; (ii) Programa de Seguridad Industrial en las Bases de Operación; (iii) Programa de Manejo de Residuos Sólidos; (iv) Programa de Manejo de Aguas Residuales en las bases de Aspersión; (v) Programa de Monitoreo Ambiental; (vi) Programa de Comunicación y Gestión Social; (vii) Programa de Salud Pública; y (viii) Programa de Contingencia.
Con relación a los permisos, estudios técnicos y procedimientos que se realizaron para iniciar el “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Herbicida Glifosato (PECIG)” en el departamento del Putumayo, informó que el herbicida Glifosato empleado en dicho programa cuenta con estudios tales como el Dictamen Técnico Toxicológico DTT-2234-2011 del Ministerio de Protección Social, el Dictamen Técnico Ambiental expedido mediante Resolución 1414 de 2012 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Registro Nº 400 del Instituto Colombiano Agropecuario y el Registro Nº 1071-83-6 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. De igual manera manifestó que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato cuenta con los siguientes avales y permisos: (i) la Resolución 1054 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se impone el Plan de Manejo Ambiental y (ii) la Resolución 009 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se autoriza la dosis del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos.
Frente a la vigencia de la orden de Operaciones “Diosa del Chaira”, manifiesta que la Orden de Servicio 0240 DIRAN-ARECI-38.16 del 09 de abril de 2013 se mantuvo vigente desde el 18 de abril hasta el 15 de septiembre de 2013, y que la Dirección no realizó aspersiones al interior de los resguardos indígenas asentados en los municipios de Puerto Caicedo y Orito en el departamento de Putumayo para la fecha de los hechos reportados por el accionante en el escrito de tutela. Así mismo aclaró que para el año 2014, se desarrollaron actividades de aspersión en el departamento de Putumayo pero reiteran, no al interior de los resguardos de la Comunidad NASA del pueblo de Putumayo.
2.1. La Universidad Nacional manifestó que no puede emitir un concepto técnico sobre los problemas jurídicos que plantea el deber de realizar procesos de consulta previa en el marco de la implementación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG). A su turno propuso los nombres de dos abogados especialistas en el tema como son los doctores Gloria Rodríguez de la especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y al Profesor Gregorio Mesa Cuadros, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.
2.2. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente —AIDA—, presentó el concepto técnico solicitado en el caso de la referencia; en primer término se aborda la obligación de garantizar el derecho a la consulta previa ante la implementación del PECIG; en seguida presenta recomendaciones de la Corte Constitucional relevantes para este caso; continúa analizando las obligaciones específicas del Estado respecto de su deber de proteger el ambiente ante la implementación del PECIG; reseña estudios científicos sobre los efectos negativos del glifosato en el ambiente y en la salud humana; y finaliza con las conclusiones.
(...) a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para que en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, teniendo en cuenta el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, (i) informe a este despacho las funciones y facultades que ejerce esta Oficina en el territorio colombiano y si este proyecto permite distinguir entre los cultivos de uso ilícito y los cultivos de uso tradicional o lícito de hoja coca, (ii) allegue los documentos e informes que tenga sobre los cultivos de uso ilícito en el departamento del Putumayo, concretamente en los municipios de Orito y Puerto Caicedo y (iii) precise cuáles son las obligaciones internacionales del Estado frente a la presencia de las controversias que se presenten entre las comunidades tradicionales y la erradicación de la hoja de coca, con base en Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Para el efecto se remitirá copia íntegra del presente auto”.
1 El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión de la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección 11 de la Corte, el veintiuno (21) de noviembre de 2014, eligió para efectos de su revisión el asunto de la referencia.
2 El apoderado individualiza las operaciones realizadas: (1) el 20, 28 y 29 de abril de 2011 en el territorio perteneciente al Resguardo indígena nasa Santa Rosa de Juanambú, Campo Alegre, Alpes Orientales y La Floresta Alto Coqueto, en el municipio de Puerto Caicedo, (2) el 15 de enero de 2013 sobre el cabildo indígena nasa Yu’ Çxijme, en el municipio de Puerto Caicedo, (3) el 1 de febrero de 2013 sobre territorios pertenecientes a comunidades campesinas de la vereda Matecaña en el municipio de Puerto Caicedo, (4) el 2 de febrero de 2013 sobre el cabildo indígena nasa Kiwe Ukwe en el municipio de Puerto Caicedo, (5) el 14 de mayo de 2013 sobre el cabildo indígena Kwes’x Kiwe y las comunidades campesinas de la inspección de Portugal y la vereda el Caldero, del municipio de Orito, (6) el 13 de junio de 2013 sobre el cabildo indígena nasa Yu’kh Zxiçxkwe en el municipio de Puerto Caicedo.
3 Las pruebas e intervenciones recibidas se resumen en el anexo I de esta providencia.
4 Corte Constitucional, sentencia T-236 de 2017 (M.P. Aquiles Arrieta Gómez). En esta oportunidad, durante la fase de revisión de la sentencia se profirieron varios autos de pruebas. [1] Se ordenó oficiar a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Defensoría del Pueblo. Además se comisionó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó para que practicara testimonios de miembros de las comunidades étnicas del municipio de Nóvita. [2] Se solicitó un informe al Ministerio del Interior sobre las prácticas tradicionales y características de los pueblos afrodescendientes del Departamento del Chocó. [3] Se ordenó a la Procuraduría General de la Nación realizar una visita de campo y allegar un concepto técnico. [4] Se solicitó informes al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional acerca de la decisión de suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato. [5] Finalmente, el 7 de octubre de 2016, se profirió auto de pruebas requiriendo información adicional a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas de la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Instituto Colombiano Agropecuario y al Congreso de la República. Mediante el mismo auto también se invitó a participar a los expertos Aaron Blair, John Peterson Myers, Helena Groot de Restrepo, Keith Solomon y Marcela Varona Uribe. Además se invitó a intervenir a la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), el Instituto Federal para la Evaluación del Riesgo de Alemania (BfR), la Autoridad de Seguridad Alimenticia Europea (EFSA) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por otra parte se solicitaron conceptos jurídicos a las Universidades del Rosario, de los Andes, del Norte, de Medellín y Externado, así como a Dejusticia y a la Red por la justicia ambiental en Colombia. Por último, se invitó a a la Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas de la Presidencia de la República, el Ministerio de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que se pronunciaran sobre los problemas jurídicos planteados por la acción de tutela. Las pruebas e intervenciones recibidas se resumen en el Anexo I de la sentencia T-236 de 2017.
5 Consejo Nacional de Estupefacientes, Resolución 0013 de 2003, artículo 1º (“El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida Glifosato, en adelante PECIG, a cargo de la Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos, operará en todas las regiones del País donde se evidencie presencia de cultivos ilícitos. […]”).
6 Ley 30 de 1986, artículo 31, literal g).
7 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Resolución 0672 de 2013.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-217 de 2017 (M.P. María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo).
9 Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2011 (M.P. Humberto Sierra Porto).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-540 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; AV Nilson Pinilla Pinilla; SV Humberto Sierra Porto). La Corte revocó una tutela que consideró había sido mal concedida, a favor de un exempleado de la Iglesia Católica, que había fallecido al momento de ser decidida la tutela por la Corte Constitucional. Definió la muerte del peticionario como un evento de daño consumado, reiterando en este sentido las sentencias T-498 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-696 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-084 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-253 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-254 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-980 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
11 Corte Constitucional, sentencia T-448 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). La Corte tuteló el derecho a la autodeterminación informativa de dos padres y su hijo, cuya información personal fue divulgada en un directorio telefónico a pesar de que estos habían pedido que su número fuera registrado como privado. La Corte consideró que, aunque no era posible conceder la solicitud originalmente formulada por los accionantes, la vulneración de derechos persistía y ameritaba un pronunciamiento de la jurisdicción constitucional.
12 Consejo Nacional de Estupefacientes, Resolución 0013 del 27 de junio de 2003 “por la cual se revocan las Resoluciones número 0001 del 11 de febrero de 1994 y número 0005 del 11 de agosto de 2000 y se adopta un nuevo procedimiento para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos”.
13 Consejo Nacional de Estupefacientes, Resolución 0026 del 8 de octubre de 2007 “Por la cual se autoriza la erradicación de cultivos ilícitos en áreas de resguardos indígenas del país donde se hayan surtido procesos de consulta previa”.
14 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Resolución 1214 del 30 de septiembre de 2015 “Por la cual se adopta una medida preventiva de suspensión de actividades en virtud del principio de precaución”.
15 Las cuatro condiciones adoptadas en esa resolución son: “i. Que el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, con fundamento en consideraciones técnicas y jurídicas ordene reanudar en todo el territorio nacional el uso de herbicidas a partir del ingrediente activo glifosato en las operaciones del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), previo concepto de la(s) autoridad(es) competente(s). || ii. Que haya evidencia científica que determine la ausencia de carcinogenicidad en humanos y animales experimentales para el ingrediente activo glifosato, es decir, que la sustancia sea reclasificada en el Grupo 4 por la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, IARC, y como consecuencia de ello, el CNE previo concepto de la(s) autoridad(es) competente(s) ordene reanudar en todo el territorio nacional el uso de herbicidas a partir del ingrediente activo glifosato en las operaciones del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG). || iii. Que se obtenga evidencia suficiente que permita descartar con alto grado de confianza la correlación directa entre la exposición a herbicidas a partir del ingrediente activo glifosato en el contexto del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) y el linfoma No-Hodgkin, y como consecuencia de ello, el CNE previo concepto de la(s) autoridad(es) competente(s) ordene reanudar en todo el territorio nacional el uso de herbicidas a partir del ingrediente activo glifosato en las operaciones del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG). || iv. Que el titular del Plan de Manejo Ambiental solicite y obtenga la modificación del instrumento de manejo ambiental en el sentido de cambiar el ingrediente activo del (los) herbicida(s), que cuente(n) con el (los) permiso(s) otorgado(s) por la autoridad competente, para ser utilizado(s) en las operaciones del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea.”
16 UNODC-Gobierno de Colombia, Monitoreo de cultivos de coca 2013, junio de 2014, p. 97; UNODC-Gobierno de Colombia, Monitoreo de cultivos de coca 2014, julio de 2015, p. 96; UNODC-Gobierno de Colombia, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015, julio de 2016, p. 81.
17 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa).
18 Corte Constitucional, sentencia SU-383 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; SPV Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería).
19 Corte Constitucional, sentencia SU-383 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; SPV Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería).
20 Corte Constitucional, sentencia T-080 de 2017 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; AV Aquiles Arrieta Gómez; SV Gloria Stella Ortiz Delgado).
21 Según el resumen hecho por la Corte, “los accionantes indican que las fumigaciones con aspersión aérea de glifosato, generan —entre otros— los siguientes efectos en la comunidad que habita el resguardo de Puerto Nare: || a. No se realizan dentro de un patrón de precisión limitado exclusivamente a los cultivos ilícitos. Las aspersiones de glifosato se llevan a cabo de manera indiscriminada sobre cultivos de sustento, el bosque tropical y las viviendas de la población, cuyos techos expresan quedan “escurriendo veneno”. Esta situación causa daño a la comida de los micos, los pájaros, las dantas y demás especies, las plantas de uso medicinal, cultural y ritualístico de los payes y sabedores. || b. Causan problemas de salud a sus pobladores tales como dolor de cabeza, afectaciones a la visión, dolor de estómago, diarrea, mareo y problemas epidérmicos, entre otros. || c. Afectan la seguridad alimentaria, son causa de desarraigo familiar y social, deserción escolar, incertidumbre y, finalmente, desplazamiento. || d. Contaminan la tierra y la dejan improductiva por varios años. De la misma manera afecta las fuentes hídricas —ríos, lagos y cuencas— que son la única fuente de abastecimiento de agua en la región.”
22 Corte Constitucional, sentencia T-080 de 2017 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; AV Aquiles Arrieta Gómez; SV Gloria Stella Ortiz Delgado).
23 Corte Constitucional, sentencia T-236 de 2017 (M.P. Aquiles Arrieta Gómez). En este caso se decidió que “[cuando] las actividades de erradicación de cultivos ilícitos (i) puedan afectar los cultivos que sí son lícitos, y (ii) conllevan un efecto importante en la relación vital de las comunidades étnicas con la tierra, las fuentes de agua y el entorno de sus territorios, como las analizadas en este caso, generan una afectación directa sobre estas comunidades y, por lo tanto, están sujetas a la consulta previa, aunque no existan usos ancestrales de la hoja de coca. El principio de precaución exige que el Estado controle los riesgos contra la salud humana por medio de una regulación constitucionalmente razonable, cuando hay evidencia objetiva de dichos riesgos, aunque la evidencia no sea concluyente.”
24 Constitución Política de Colombia. “Artículo 7º El Estado Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.”
25 Corte Constitucional, sentencias T-462A de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV Luis Ernesto Vargas Silva) y T-213 de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Alberto Rojas Ríos; SV Luis Ernesto Vargas Silva). En estas sentencias la Corte Constitucional reiteró que el derecho a la consulta previa es desarrollo mismo del derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la participación.
26 Ratificado por Colombia mediante la Ley 31 de 1967.
27 Organización Internacional del Trabajo, Convenio 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes “Artículo 11 Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas. Artículo 12. 1. No deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales sin su libre consentimiento, salvo por razones previstas por la legislación nacional relativas a la seguridad nacional, al desarrollo económico del país o a la salud de dichas poblaciones. 2. Cuando en esos casos fuere necesario tal traslado a título excepcional, los interesados deberán recibir tierras de calidad por lo menos igual a la de las que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando existan posibilidades de que obtengan otra ocupación y los interesados prefieran recibir una compensación en dinero o en especie, se les deberá conceder dicha compensación, observándose las garantías apropiadas. Se deberá indemnizar totalmente a las personas así trasladadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. Artículo 13 1. Los modos de transmisión de los derechos de propiedad y de goce de la tierra establecidos por las costumbres de las poblaciones en cuestión deberán respetarse en el marco de la legislación nacional, en la medida en que satisfagan las necesidades de dichas poblaciones y no obstruyan su desarrollo económico y social. 2. Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezcan. Artículo 14 Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a las poblaciones en cuestión condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la colectividad nacional, a los efectos de: a) la asignación de tierras adicionales a dichas poblaciones cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; b) el otorgamiento de los medios necesarios para promover el fomento de las tierras que dichas poblaciones ya posean”.
28 Al respecto puede verse el Manual de aplicación del Convenio 169 sobre comunidades indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2003. Disponible en: http://www.ucm.es/info/IUDC/img/biblioteca/Manual_c169.pdf
29 Al respecto puede verse el Manual de aplicación del Convenio 169 sobre comunidades indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2003. Disponible en: http://www.ucm.es/info/IUDC/img/biblioteca/Manual_c169.pdf
30 Organización Internacional del Trabajo. Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 1989. Artículo 7, numeral 1º.
31 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. A/RES/61/295, 10 de diciembre de 2007, artículo 3. Esta declaración ha sido aplicada por la Corte Constitucional de Colombia en varias ocasiones, como en las sentencias T-376 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-005 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-197 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-213 de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Alberto Rojas Ríos; SV Luis Ernesto Vargas Silva) y C-389 de 2016 (M.P. María Victoria Calle Correa; AV María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Jorge Iván Palacio Palacio; SPV Alejandro Linares Cantillo; SPV Luis Ernesto Vargas Silva). La Declaración fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con 143 votos a favor, cuatro en contra y 11 abstenciones. La delegación de Colombia hizo parte de quienes se abstuvieron de votar, pero lo hizo principalmente por estar en desacuerdo con los artículos 19, 30 y 32. El delegado colombiano agregó en su discurso, en relación con los demás temas tratados por esa Declaración, que “[l]a Constitución y la legislación colombianas, así como los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, están de acuerdo con la mayoría de las disposiciones de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas”. Ver documento de las Naciones Unidas A/61/PV.107, páginas 18-20.
32 Organización de las Naciones Unidas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 13 de septiembre de 2007.
33 Corte Constitucional, sentencia T-376 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa). En esta sentencia la Corte concedió la tutela del derecho a la consulta previa a una comunidad negra para la adjudicación de una concesión sobre un sector de la playa en el cual tales comunidades se dedicaban a actividades de pesca, celebraciones tradicionales y actividades asociadas a la prestación de los servicios turísticos.
34 Corte Constitucional, sentencia T-376 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
35 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, párr. 149. Ver también Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 85; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, párr. 118, y Caso de la Comunidad IndígenaYakye Axa, párr. 131.
36 Corte IDH. Caso Yatama contra Nicaragua. Sentencia del 23 de junio de 2005, párr. 225.
37 Corte IDH. Caso Saramaka contra Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párr. 129.
38 “En el caso Saramaka, la Corte interamericana dio ejemplos de la gama de medidas estatales que requieren consulta previa, cuando ordenó al Estado de Surinam que consultara con el pueblo Saramaka “al menos acerca de los siguientes seis asuntos”: a) el proceso de delimitación, demarcación y otorgamiento de título colectivo sobre el territorio del pueblo Saramaka; b) el proceso de otorgamiento a los miembros del pueblo Saramaka del reconocimiento legal de su capacidad jurídica colectiva, correspondiente a la comunidad que ellos integran; c) el proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer, proteger, garantizar y dar efecto legal al derecho de los integrantes del pueblo Saramaka al territorio que tradicionalmente han ocupado y utilizado; d) el proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas u otras requeridas para reconocer y garantizar el derecho del pueblo Saramaka a ser efectivamente consultado, de conformidad con sus tradiciones y costumbres; e) en relación con los estudios previos de impacto ambiental y social; y f) en relación con cualquier restricción propuesta a los derechos de propiedad del pueblo Saramaka, particularmente respecto de los planes de desarrollo o inversión propuestos dentro de, o que afecten, el territorio Saramaka”. Tomado del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales”, párr. 279.
39 Corte IDH. Caso Saramaka contra Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párr. 143.
40 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, Párrafo 299.
41 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, Párrafo 300.
42 Corte Constitucional, sentencia C-882 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), reiterada en la T-800 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
43 Corte Constitucional, sentencia T-745 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto).
44 Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
45 Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
46 C-175 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SV Nilson Pinilla Pinilla; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Cristina Pardo Schlesinger; SV Humberto Sierra Porto).
47 Corte Constitucional, sentencias C-030 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-175 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SV Nilson Pinilla Pinilla; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Cristina Pardo Schlesinger; SV Humberto Sierra Porto), C-366 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SPV Humberto Sierra Porto; SPV Luis Ernesto Vargas Silva), C-196 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa; SV Jorge Iván Palacio Palacio; SV Nilson Pinilla Pinilla; SV Luis Ernesto Vargas Silva) y C-317 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa; AV Luis Ernesto Vargas Silva; SV Mauricio González Cuervo; SPV Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
48 Corte Constitucional, sentencias C-030 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-175 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SV Nilson Pinilla Pinilla; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Cristina Pardo Schlesinger; SV Humberto Sierra Porto), C-702 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Nilson Pinilla Pinilla; SV Mauricio González Cuervo; SV Humberto Sierra Porto), C-366 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SPV Humberto Sierra Porto; SPV Luis Ernesto Vargas Silva), y C-331 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SPV María Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo; SPV Nilson Pinilla Pinilla; SV Humberto Sierra Porto; SPV Luis Ernesto Vargas Silva). En estas sentencias la Corte Constitucional ha establecido la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas y tribales sobre las medidas legislativas que los afecten.
49 Corte Constitucional, sentencia C-461 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En esta sentencia la Sala Plana de la Corte Constitucional consideró que es obligación del Estado consultar a los pueblos indígenas y tribales cuando se vayan a incluir programas o proyectos de inversión específicos dentro del Plan Nacional de Desarrollo que sean susceptibles de afectarlos.
50 Corte Constitucional, sentencias C-208 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-907 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva; SV Humberto Sierra Porto), T-801 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-049 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En estas sentencias la Corte Constitucional estableció que la consulta previa para la adopción de programas, políticas o sistemas de educación de los grupos étnicos es un derecho fundamental. Por lo tanto debe llevarse a cabo la consulta previa ante cualquier medida de naturaleza legislativa o administrativa que pretenda tomar el Estado en la materia.
51 Corte Constitucional, sentencias SU-039 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell; SV Hernando Herrera Vergara, Vladimiro Naranjo Mesa, Fabio Morón Díaz y Jaime Vidal Perdomo), T-652 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-547 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-745 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto), T-129 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-693 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-993 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-172 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). En estas sentencias la Corte Constitucional estudió acciones de tutela por actuaciones de la administración encaminadas a conceder permisos para la realización de proyectos de explotación de recursos naturales sin el desarrollo de consulta previa a comunidades indígenas y tribales.
52 Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
53 Corte Constitucional, sentencia T-698 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
54 Corte Constitucional, sentencia SU-383 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; SPV Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería).
55 Corte Constitucional, auto A-073 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
56 Corte Constitucional, sentencia T-005 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). En este caso Consejo de Estado revocó en segunda instancia de tutela el fallo del juez de primera instancia que había concedido el derecho a la consulta previa con el argumento de que la existencia de una base militar no puede significar un riesgo para la población, máxime si se tiene en cuenta que el cerro El Alguacil es un punto de importancia táctica y estratégica a través del cual se brindan comunicaciones a gran parte de los departamentos de César, Guajira y Magdalena, y se coordina el sobrevuelo de aeronaves, operaciones militares, señal para televisión, radio, telefonía celular y seguridad para los habitantes de esta zona del país. La Corte revocó esta decisión y en su lugar concedió la protección de los derechos a la integridad cultural, autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
57 Corte Constitucional, sentencia T-005 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
58 Corte Constitucional, sentencia T-745 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto).
59 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
60 Corte Constitucional, sentencia T-698 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SV Humberto Sierra Porto).
61 Corte Constitucional, sentencia T-462A de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV Luis Ernesto Vargas Silva).
62 Corte Constitucional, sentencia T-376 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
63 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, Párrafo 167.
64 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, Párrafo 322.
65 Corte Constitucional, sentencia T-376 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa). En esta providencia se dijo que si la consulta es un proceso de dialogo, excluye el veto de las comunidades; pero de igual manera excluye la imposición de gobierno, aspecto implícito en el concepto de dialogo, en la subregla que establece que la participación debe ser efectiva (literalmente que tenga efectos), y en la subregla que prohíbe decisiones irrazonables o desproporcionadas en ausencia de acuerdo.
66 Cuando se presenta una incidencia de menor entidad, es decir indirecta de los derechos de la comunidad, deben garantizarse espacios adecuados de participación para las comunidades afectadas, al menos de igual naturaleza que los que tiene el resto de la población.
67 Corte Constitucional, sentencias T-769 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-129 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
68 Corte Constitucional, sentencias T-466 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) y T-475 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). En ambos casos la Corte Constitucional consideró que el interés superior del menor permite eventualmente realizar actividades en beneficio de las comunidades sin consulta previa.
69 Corte Constitucional, sentencia SU-383 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; SPV Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería).
70 Corte Constitucional, sentencia T-698 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SV Humberto Sierra Porto).
71 Corte Constitucional, sentencia T-005 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
72 Congreso de la República de Colombia. Ley 99 de 1993. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”, artículo 49.
73 Corte Constitucional, sentencia T-428 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón; SV José Gregorio Hernández Galindo).
74 Corte Constitucional, sentencia SU-039 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell; SV Hernando Herrera Vergara, Vladimiro Naranjo Mesa, Fabio Morón Díaz y Jaime Vidal Perdomo).
75 Corte Constitucional, sentencia T-652 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
76 Corte Constitucional, sentencia T-880 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
77 Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
78 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
79 Corte Constitucional, sentencia T-745 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto).
80 Corte Constitucional, sentencia T-698 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
81 Corte Constitucional, sentencia T-698 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
82 Corte Constitucional, sentencia T-376 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
83 Corte Constitucional, sentencia T-693 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
84 Corte Constitucional, sentencia T-462A de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
85 Corte Constitucional, sentencias SU-383 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; SV Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería) y T-376 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
86 Corte Constitucional, sentencia SU-383 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; SPV Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería).
87 Corte Constitucional, sentencia T-005 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
88 Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs Paraguay (2005). Sentencia de Fondo, reparaciones y costas. Páginas 144 y 145.
89 Corte Constitucional, sentencia SU-217 de 2017 (M.P. María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo).
90 Así, por ejemplo, en la sentencia T-764 de 2015 la Corte ordenó la suspensión de un proyecto de explotación petrolera que se venía realizando cerca de un resguardo indígena, aunque no lo fuera dentro del mismo. La Corte consideró que “en razón a la cercanía existente entre la zona en la que se adelanta este proyecto y el territorio del Resguardo Vencedor Pirirí, resulta justificado el reclamo de la comunidad en el sentido de que el proyecto sí ha debido ser objeto de consulta con la comunidad que habita éste, al menos en lo relacionado con las actividades que habrían de cumplirse en la zona de mayor proximidad entre los dos territorios”. Corte Constitucional, sentencia T-764 de 2015 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
91 Corte Constitucional, sentencia SU-217 de 2017 (M.P. María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo).
92 Corte Constitucional, sentencia T-652 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). En esta sentencia la Corte Constitucional identificó la vulneración del derecho a la consulta previa del pueblo indígena Embera-Katío del Alto Sinú por la construcción de un proyecto hidroeléctrico situado sobre el río Sinú en el Departamento de Córdoba, en consecuencia ordenó la realización de un proceso de concertación con la comunidad para establecer las medidas de indemnización y reparación pertinentes.
93 Corte Constitucional, sentencia T-693 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En este fallo la Corte Constitucional reviso y concedió el amparo de los derechos fundamentales a la libre determinación, a la participación a través de la consulta previa, a la integridad cultural y a la supervivencia de la comunidad Achagua Piapoco, por la construcción del Proyecto de los Llanos. en este caso ordenó la realización de una consulta a las autoridades de la comunidad Achagua, con la finalidad de adoptar medidas de compensación cultural frente a los impactos y perjuicios causados a la comunidad dentro de sus territorios con la construcción del oleoducto.
94 Corte Constitucional, sentencia T-462A de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV Luis Ernesto Vargas Silva). En este fallo la Corte Constitucional amparó el derecho a la consulta previa del resguardo indígena de Honduras y el Cabildo de Cerro Tijeras por la construcción del embalse Salvajina al norte del departamento del cauca con el fin de identificar los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales causados por la operación de la represa.
95 Corte Constitucional, sentencia T-080 de 2017 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; AV Aquiles Arrieta Gómez). En esta sentencia la Corte Constitucional amparó el derecho a la consulta previa del resguardo indígena Carijona de Puerto Nare en el departamento del Guaviare. Como consecuencia de ello ordenó la realización de un proceso de consulta a las autoridades de la comunidad con la finalidad de adoptar medidas de etnoreparación y compensación cultural frente a los impactos y perjuicios causados por el desarrollo del programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos con glifosato.
96 Corte Constitucional, sentencia T-080 de 2017 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; AV Aquiles Arrieta Gómez).
97 Corte Constitucional, sentencia SU-039 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell; SV Hernando Herrera Vergara, Vladimiro Naranjo Mesa, Fabio Morón Díaz y Jaime Vidal Perdomo).
98 Corte Constitucional, sentencia C-461 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SV Jaime Araújo Rentería).
99 Corte Constitucional, sentencia C-461 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SV Jaime Araújo Rentería).
100 Corte Constitucional, sentencia C-175 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SV Nilson Pinilla Pinilla; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Cristina Pardo Schlesinger; SV Humberto Sierra Porto).
101 Corte Constitucional, sentencias C-175 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SV Humberto Sierra Porto, Nilson Pinilla Pinilla, Cristina Pardo Schlesinger, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-1045A de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
102 La Sala solicitó: “(...) a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, los antecedentes del caso bajo revisión, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, informe a esta Corporación a) si se realizó consulta previa con las comunidades indígenas donde se realiza la fumigación por aspersión con glifosato en los municipios de Puerto Caicedo y Orito en el departamento de Putumayo y allegue todos los documentos al respecto, b) aclare qué permisos, estudios técnicos y procedimientos se realizaron para iniciar el “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Herbicida Glifosato (PECIG)” en el departamento del Putumayo, c) informe si ha tenido conocimiento de quejas en referencia sobre los presuntos impactos a los cultivos de pancoger de las comunidades indígenas del Putumayo y d) manifieste detalladamente si es cierto que la orden de operación “Diosa de Chaira” sigue vigente y si se han realizado más operaciones de erradicación en el último año en los municipios de Puerto Caicedo y Orito del departamento del Putumayo. Para el efecto, se le remitirá copia íntegra de la presente providencia. || (...) al Ministerio del Interior, concretamente, a la Dirección de Consulta Previa, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, allegue las certificaciones emitidas sobre la presencia de comunidades indígenas para la ejecución del PECIG en los municipios del Putumayo, y a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, informe, con base en la información de estudios socioculturales y étnicos en el departamento del Putumayo, si tiene conocimiento sobre los usos tradicionales de las hojas de coca de las comunidades indígenas Nasa en la región. Para el efecto, se le remitirá copia íntegra de la presente providencia. || (...) al Ministerio de Salud y Protección Social, y al Instituto Nacional en Salud, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, informen a este Despacho, conforme a la ficha técnica No. 7 del Plan de Manejo Ambiental, qué actividades se han adelantado para mitigar, corregir o monitorear los presuntos impactos del PECIG implementado en los municipios de Puerto Caicedo y Orito en Putumayo y expresen todo lo que estimen pertinente. Para el efecto, se le remitirá copia íntegra de la presente providencia. || (...) a la Defensoría del Pueblo, los antecedentes del caso bajo revisión, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, para que dentro de sus competencias, (i) informe si conoce del caso bajo referencia y exprese todo lo que estime pertinente, bien sea de casos similares sobre los que conozca y las medidas que recomienda y (ii) con base en el sistema de alertas tempranas, informe cuál es la situación de orden público de los municipios de Puerto Caicedo y Orito en el Putumayo. Para el efecto, se le remitirá copia íntegra de la presente providencia. || (...) a la Defensoría del Pueblo, para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, realice una visita a las comunidades indígenas Nasa, accionantes en el asunto en referencia, con el fin de verificar las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato que se han llevado a cabo en los municipios de Orito y Puerto Caicedo, los presuntos impactos sobre los cultivos de pancoger y la identidad étnica y cultural de las comunidades indígenas, en lo relacionado con sus presuntas prácticas tradicionales con la hoja de coca. || (...) a la autoridad nacional de licencias ambientales, ANLA, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, informe a este Despacho si ha realizado visitas de control o monitoreo a los lugares donde se implementa el PECIG y allegue los resultados que ha obtenido, concretamente los relacionados con los municipios de Puerto Caicedo y Orito en el departamento del Putumayo. Para el efecto, se le remitirá copia íntegra de la presente providencia. || (...) al Ministerio de Justicia y del Derecho, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, de conformidad con la resolución No. 0672 de 2013, como actual responsable en la supervisión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, (i) informe a este Despacho qué medidas de mitigación, corrección y monitoreo se han tomado frente a la ejecución de aquél programa desde que está a cargo del Plan de Manejo Ambiental, (ii) aclare si tiene conocimiento sobre las consultas previas que se han adelantado a las comunidades indígenas en los municipios de Puerto Caicedo y Orito en el Putumayo y (iii) manifieste si se han realizado operaciones de erradicación de cultivos ilícitos en aquella área del territorio nacional en el último año. Para el efecto, se le remitirá copia íntegra de la presente providencia. || (...) a las siguientes instituciones, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, emitan si lo consideran pertinente un concepto técnico sobre los problemas jurídicos que plantea el proceso bajo revisión, concretamente, sobre el deber de realizar procesos de consulta previa en el marco de la implementación del “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión Aérea con glifosato” y los posibles efectos que tiene sobre los cultivos de pancoger, las tierras, aguas y demás espacios que se utilizan para la subsistencia de comunidades indígenas y agrícolas. Para el efecto se les enviará copia íntegra de la presente providencia: Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, dirigido al experto Tomás León Sicard, Dejusticia, La Red por la justicia ambiental en Colombia, Censad Agua Viva, Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, línea de investigación en derecho ambiental, Universidad de Los Andes, Programa de justicia global”.