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Timestamp: 2017-06-23 09:34:25
Document Index: 198730029

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 122', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo\n122', 'artículo 122', 'artículo 127', 'artículo 124', 'artículo 53', 'artículo 82', 'artículo 24']

1_9788491190219 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
PODER JUDICIALTEXTOS LEGALESLEY
18ª EDICIÓNTexto a dos colores resaltando
los artículos modificados en 2015Con acceso a textos legales actualizadosCOMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
Universidad CEU San PabloJorge A. Cerdio HerránCatedrático de Teoría y Filosofía
Autónomo de MéxicoJosé Ramón Cossío DíazMinistro de la Suprema Corte
de Justicia de MéxicoOwen M. FissCatedrático emérito de Teoría del Derecho
de la Universidad de Yale (EEUU)Luis López GuerraJuez del Tribunal Europeo de Derechos
Universidad Autónoma de MadridJavier de Lucas MartínCatedrático de Filosofía del Derecho y
Universidad de ValenciaVíctor Moreno CatenaCatedrático de Derecho Procesal de la
Universidad Pablo de Olavide de SevillaAngelika NussbergerJueza del Tribunal Europeo de Derechos
(Alemania)Héctor Olasolo AlonsoCatedrático de Derecho Internacional de
La Haya (Holanda)Luciano Parejo AlfonsoCatedrático de Derecho Administrativo de la
Seguridad Social de la Universidad de ValenciaJosé Ignacio Sancho GargalloMagistrado de la Sala Primera (Civil) del
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originalesLey Orgánica del
18ª EdiciónJUAN MONTERO AROCA
Universidad de ValenciaJOSÉ FLORS MATÍESValencia, septiembre de 2015Copyright ® 2015
Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales.© Juan Montero Aroca
ISBN: 978-84-9119-021-9
empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.I. LEGISLACIÓN BÁSICA§1. LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL
El artículo 1 de la Constitución afirma que España se constituye en un
Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
El Estado de Derecho, al implicar, fundamentalmente, separación de los
poderes del Estado, imperio de la Ley como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico y garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que,
institucio­nalmente caracterizados por su independencia tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las
normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos
al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa
y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e
El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituye el Poder
Judicial del que se ocupa el Título VI de nuestra Constitución, configurándolo
como uno de los tres poderes del Estado y encomendándole, con exclusividad,
haciendo ejecutar lo juzgado, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan.
El artículo 122 de la Constitución española dispone que la Ley Orgánica
del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de
los Juzgados y Tribunales, el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de
carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como el estatuto y el régimen de incompatibilidades de
los miembros del Consejo General del Poder Judicial y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
Las exigencias del desarrollo constitucional demandaron la aprobación de
una Ley Orgánica que regulara la elección, composición y funcionamiento del
Consejo General del Poder Judicial, aun antes de que se procediese a la organi-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS§1zación integral del Poder Judicial. Tal Ley Orgánica tiene, en no pocos aspectos,
un carácter provisional que se reconoce explícitamente en sus disposiciones
transitorias, las cuales remiten a la futura Ley Orgánica del Poder Judicial.
La presente Ley Orgánica satisface, por tanto, un doble objetivo: pone fin
a la situación de provisio­nalidad hasta ahora existente en la organización y
funcionamiento del Poder Judicial y cumple el mandato constitucional.
En la actualidad, el Poder Judicial está regulado por la Ley Provisional
sobre organización del Poder Judicial de 18 de septiembre de 1870, por la Ley
Adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 14 de octubre de 1882, por la Ley
de Bases para la reforma de la Justicia Municipal de 19 de julio de 1944 y por
numerosas disposiciones legales y reglamentarias que, con posterioridad, se
dictaron de forma dispersa en relación con la misma materia.
Estas normas no se ajustan a las demandas de la sociedad española de hoy.
Desde el régimen liberal de separación de poderes, entonces recién conquistado,
que promulgó aquellas leyes, se ha transitado, un siglo después, a un Estado
Social y democrático de Derecho, que es la organización política de una Nación
que desea establecer una sociedad democrática avanzada y en la que los poderes
públicos están obligados a promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, a remover obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica y social. El cumplimiento de estos
objetivos constitucionales precisa de un Poder Judicial adaptado a una sociedad
predominantemente industrial y urbana y diseñado en atención a los cambios
producidos en la distribución territorial de su población, en la división social del
trabajo y en las concepciones éticas de los ciudadanos.
A todo ello hay que añadir la notable transformación que se ha producido,
por obra de la Constitución, en la distribución territorial del poder. La existencia de Comunidades Autónomas que tienen asignadas por la Constitución y los
Estatutos competencias en relación con la Administración de Justicia obliga a
modificar la legislación vigente a ese respecto. Tanto la Constitución como los
Estatutos de Autonomía prevén la existencia de los Tribunales Superiores de
Justicia que, según nuestra Carta Magna, culminarán la organización judicial
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. La ineludible e inaplazable
necesidad de acomodar la organización del Poder Judicial a estas previsiones
constitucionales y estatu­tarias es, pues, un imperativo más que justifica la
aprobación de la presente Ley Orgánica.EXPOSICIÓN DE MOTIVOSPor último, hay que señalar que ésta es solamente una de las normas que,
en unión de otras muchas, tiene que actualizar el cuerpo legislativo (tanto
sustantivo como procesal) español y adecuarlo a la realidad jurídica, económica y social. Será preciso para ello una ardua labor de reforma de la legislación
española, parte de la cual ha sido ya acometida, al objeto de lograr un todo
armónico caracterizado por su uniformidad.
Las grandes líneas de la Ley están expresadas en su título preliminar. Se
recogen en él los principios que se consagran en la Constitución. El primero
de ellos es la independencia que constituye la característica esencial del Poder
Judicial en cuanto tal. Sus exigencias se desenvuelven a través de mandatos
concretos que delimitan con el rigor preciso su exacto contenido. Así, se precisa que la independencia en el ejercicio de la función Jurisdiccional se extiende
frente a todos, incluso frente a los propios órganos jurisdiccionales, lo que
implica la imposibilidad de que ni los propios Jueces o Tribunales corrijan, a
no ser con ocasión del recurso que legalmente proceda, la actuación de sus
inferiores, quedando igualmente excluida la posibilidad de circulares o instrucciones con carácter general y relativas a la aplicación o interpretación de la ley.
De la forma en que la Ley Orgánica regula la independencia del Poder Judicial se puede afirmar que posee una característica: su plenitud. Plenitud que se
deriva de la obligación que se impone a los poderes públicos y a los particulares
de respetar la independencia del Poder Judicial y de la absoluta sustracción
del estatuto jurídico de Jueces y Magistrados a toda posible interferencia que
parta de los otros poderes del Estado, de tal suerte que a la clásica garantía
—constitucionalmente reconocida— de inamovilidad se añade una regulación,
en virtud de la cual se excluye toda competencia del Poder Ejecutivo sobre la
aplicación del estatuto orgánico de aquéllos. En lo sucesivo, pues, la carrera
profesional de Jueces y Magistrados estará plena y regladamente gobernada
por la norma o dependerá, con exclusividad absoluta, de las decisiones que en
el ámbito discrecional estatutaria­mente delimitado adopte el Consejo General
La importancia que la plenitud de la independencia judicial tendrá en nuestro ordenamiento debe ser valorada completándola con el carácter de totalidad
con que la Ley dota a la potestad jurisdiccional. Los Tribunales, en efecto,
controlan sin excepciones la potestad reglamentaria y la actividad administrativa, con lo que ninguna actuación del Poder Ejecutivo quedará sustraída a la
fiscalización de un Poder independiente y sometido exclusivamente al imperio§1EXPOSICIÓN DE MOTIVOS§1de la Ley. Habrá que convenir que el Estado de Derecho proclamado en la Constitución alcanza, como organización regida por la ley que expresa la voluntad
popular y como sistema en el que el gobierno de los hombres es sustituido por
el imperio de la ley, la máxima potencialidad posible.
Corolarios de la independencia judicial son otros preceptos del título preliminar que concretan sus distintas perspectivas. Así, la unidad de la jurisdicción, que, en consecuencia con el mandato constitucional, es absoluta, con la
única salvedad de la competencia de la jurisdicción militar, que queda limitada
al ámbito estrictamente castrense regulado por la ley y a los supuestos de
estado de sitio; la facultad que se reconoce a Jueces y Tribunales de requerir
la colaboración de particulares y poderes públicos; y, en fin, la regulación del
procedimiento y de las garantías en él previstas, para los supuestos de expropiación de los derechos reconocidos frente a la Administración Pública en una
Una de las características de la Constitución española es la superación del
carácter meramente progra­mático que antaño se asignó a las normas constitucionales, la asunción de una eficacia jurídica directa e inmediata y, como
resumen, la posición de indiscutible supremacía de que goza en el ordenamiento jurídico. Todo ello hace de nuestra Constitución una norma directamente
aplicable, con preferencia a cualquier otra.
Todos estos caracteres derivan del propio tenor del texto constitucional. En
primer lugar, del artículo 9.1, que prescribe que «los ciudadanos y los poderes
públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento». Otras
disposiciones constitucionales, como la que deroga cuantas normas se opongan
al texto constitucional o la que regula los procedimientos de declaración de
inconstitucio­nalidad, completan el efecto del citado párrafo 1 del artículo 9 y
cierran el sistema que hace de la Carta Magna la norma suprema de nuestro
ordenamiento con todos los efectos jurídicos a ello inherentes.
El título preliminar de la presente Ley Orgánica singulariza en el Poder
Judicial la vinculación genérica del artículo 9.1 de la Constitución, disponiendo
que las leyes y reglamentos habrán de aplicarse según los preceptos y principios constitucionales y conforme a la interpretación de los mismos que realice
el Tribunal Constitucional. Se ratifica así la importancia de los valores propugnados por la Constitución como superiores, de todos los demás principios generales del Derecho que de ellos derivan, como fuente del Derecho, lo que dota
plenamente al ordenamiento de las características de plenitud y coherencia queEXPOSICIÓN DE MOTIVOSle son exigibles y garantiza la eficacia de los preceptos constitucionales y la
uniformidad en la interpretación de los mismos.
Además, se dispone que sólo procede el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad cuando no sea posible acomodar, por la vía interpre­tativa,
la norma controvertida al mandato constitucional. Se refuerza, con ello, la
vinculación del juzgador para con la norma fundamental, y se introduce en esa
sujeción un elemento dinámico de protección activa que trans­ciende del mero
respeto pasivo por la Ley suprema.
El valor de la Constitución como norma suprema del ordenamiento se manifiesta, también, en otros preceptos complementarios. Así, se configura la
infracción de precepto constitucional como motivo suficiente del recurso de
casación y se menciona expresamente la directa aplicabi­lidad de los derechos
fundamentales, haciéndose explícita protección del contenido esencial que salvaguarda la Constitución.
El Estado se organiza territorial­mente, a efectos judiciales, en municipios,
partidos, provincias y Comunidades Autónomas, sobre los que ejercen potestad
jurisdiccional Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción,
de lo Contencioso-administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y
de Menores, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. Sobre
todo el territorio nacional ejercen potestad jurisdiccional la Audiencia Nacional
La Ley contiene en este punto innovaciones importantes. Así, se democratiza el procedimiento de designación de los Jueces de Paz, se suprimen los
Juzgados de Distrito, que se transforman en Juzgados de Primera Instancia o
de Instrucción, se crean Juzgados unipersonales de lo Contencioso-administrativo, así como de lo Social, sustitutivos estos últimos de las Magistraturas
de Trabajo; se atribuyen competencias en materia civil a las Audiencias Provinciales y, en fin, se modifica la esfera de la Audiencia Nacional, creando en
la misma una Sala de lo Social, y manteniendo las Salas de lo Penal y de lo
Sin embargo, las modificaciones más relevantes son las derivadas de la
configuración territorial del Estado en Comunidades Autónomas que realiza la
Constitución y que, lógicamente se proyecta sobre la organización territorial
La Ley Orgánica cumple en este punto las exigencias constitucionales y estatutarias. Por ello, y como decisiones más relevantes, se crean los Tribunales Superio-§1EXPOSICIÓN DE MOTIVOS§1res de Justicia, que culminarán la organización judicial en la Comunidad Autónoma,
lo que implica la desaparición de las Audiencias Territoriales hasta ahora existentes
como órganos jurisdiccionales supra­pro­vin­ciales de ámbito no nacional.
A ello hay que añadir la regulación de la participación reconocida a las
Comunidades Autónomas en la delimitación de las demarcaciones territoriales,
así como las competencias que se les asignan en referencia a la gestión de los
Con esta nueva organización judicial, necesitada del desarrollo que llevará a cabo la futura Ley de planta y demarcación Judicial —que el Gobierno
se compromete a remitir a las Cortes Generales en el plazo de un año—, se
pretende poner a disposición del pueblo español una red de órganos judiciales
que, junto a la mayor inmediación posible, garantice sobre todo la realización
efectiva de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la
Constitución española, entre ellos, destaca­damente, el derecho a un juicio público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías.
Para garantizar la independencia del Poder Judicial, la Constitución crea el
Consejo General del Poder Judicial, al que encomienda el gobierno del mismo,
y remite a la Ley Orgánica el desarrollo de las normas contenidas en su artículo
122.2 y 3.
En cumplimiento de tales mandatos, la presente Ley Orgánica reconoce al
Consejo General todas las atribuciones necesarias para la aplicación del estatuto orgánico de los Jueces y Magistrados, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. La Ley concibe las
facultades de inspección de Juzgados y Tribunales, no como una mera actividad
represiva, sino, más bien, como una potestad que incorpora elementos de perfeccionamiento de la organización que se inspecciona.
Para la elección de los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial que, de acuerdo con el artículo 122.2 de la Constitución española, deben
ser elegidos «entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales»,
la Ley, informada por un principio democrático, partiendo de la base de que se
trata del órgano de gobierno de un poder del Estado, recordando que todos los
poderes del Estado emanan del pueblo y en atención al carácter de representantes del pueblo soberano que ostentan las Cortes Generales, atribuye a éstas
la elección de dichos miembros de procedencia judicial del Consejo General. La
exigencia de una muy cualificada mayoría de tres quintos —pareja a la que la
Constitución requiere para la elección de los otros miembros— garantiza a laEXPOSICIÓN DE MOTIVOSpar que la absoluta coherencia con el carácter general del sistema democrático, la convergencia de fuerzas diversas y evita la conformación de un Consejo
General que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural. La
Ley regula también el estatuto de los miembros del Consejo y la composición y
atribuciones de los órganos en que se articula. Igualmente, se refuerza la mayoría necesaria para la propuesta de nombramiento del presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y otros cargos institu­cionales.
Por último, se atribuye a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo la competencia para conocer de los recursos que se interpongan contra los actos y disposiciones emanados del pleno o de la comisión disciplinaria
del Consejo General del Poder Judicial no susceptibles de alzada.
Resta añadir que la entrada en vigor de esta Ley Orgánica significará la
derogación de la Ley del mismo carácter 1/1980, de 10 de enero, cuya provisionalidad ya ha sido puesta de manifiesto.
La Ley Orgánica modifica el sistema de designación de las Salas de Gobierno, introduciendo parcialmente los métodos electivos. Ello está aconsejado
por las funciones gubernativas y no jurisdiccionales que vienen llamadas a
cumplir, así como por las nuevas competencias que esta misma Ley Orgánica
les atribuye. En estas condiciones, habida cuenta de que la actividad de las
Salas de Gobierno afecta fundamentalmente a Jueces y Magistrados y no incide
directamente sobre los particulares, se adopta un sistema parcial de elección
abierto y mayoritario, en el que desempeña un papel notable el conocimiento
personal de electores y elegidos.
La materialización de los principios de pluralismo y participación de que
se quiere impregnar el gobierno del Poder Judicial impone una profunda modificación de la actual regulación del derecho de asociación profesional que el
artículo 127.1 de la Constitución reconoce a Jueces, Magistrados y Fiscales.
El régimen transitorio de libertad asociativa hasta ahora existente contiene
restricciones injustificadas a las que se pone fin. De ahí que esta Ley Orgánica
reconozca el derecho de libre asociación profesional con la única limitación de
no poder llevar a cabo actuaciones políticas ni tener vinculaciones con partidos
políticos o sindicatos. Las asociaciones profesionales quedarán validamente
constituidas desde que se inscriban en el Registro que será llevado a efecto por
La realización práctica del derecho, constitucionalmente reconocido a la
tutela judicial efectiva, requiere como presupuesto indispensable que todos los§1EXPOSICIÓN DE MOTIVOS§1órganos jurisdiccionales estén provistos de sus correspondientes titulares, Jueces o Magistrados. Muy graves perjuicios se producen en la seguridad jurídica,
en el derecho a un juicio sin dilaciones, cuando los Juzgados y Tribunales se
encuentren vacantes durante prolongados lapsos de tiempo, con la correspondiente acumulación de asuntos pendientes y retraso en la administración de
Justicia. Ello ha obligado a recurrir a fórmulas de sustituciones o prórrogas de
jurisdicción especialmente inconvenientes en aquellos territorios en los que
tiene lugar un progresivo y creciente incremento del trabajo. Resulta por todo
ello indemorable afrontar y resolver tal problema.
Los hechos demuestran que los clásicos mecanismos de selección de personal judicial no permiten que la sociedad española se dote de Jueces y Magistrados en número suficiente. Es obligado, pues, recurrir a mecanismos complementarios. A tal fin, la Ley Orgánica prevé, un sistema de acceso a la carrera
judicial de juristas de reconocido prestigio. Ello permitirá, en primer lugar, hacer frente a las necesidades y cubrir las vacantes que de otra forma no podrían
serlo; en segundo término, incorporar a función tan relevante como la judicial
a quienes, en otros campos jurídicos, han demostrado estar en condiciones de
ofrecer capacidad y competencia acreditadas; por último, lograr entre la carrera
judicial y el resto del universo jurídico la ósmosis que, a buen seguro, se dará
cuando se integren en la Judicatura quienes, por haber ejercido el Derecho
en otros sectores, aportarán perspectivas diferentes e incorporarán distintas
sensibilidades a un ejercicio que se caracteriza por la riqueza conceptual y la
diversidad de enfoques. Los requisitos exigidos, y el hecho de que operarán
aquí las mismas garantías de selección objetiva y rigurosa que rigen el clásico
camino de la oposición libre, aseguran simultáneamente la imparcialidad del
elector y la capacidad del elegido. No se hace con ello, en definitiva, otra cosa
que incorporar a nuestro sistema de selección mecanismos experimentados con
éxito de antiguo no sólo en varios países, sino incluso, entre nosotros mismos,
y precisamente en el Tribunal Supremo.
Sin embargo, el sistema básico de ingreso en la carrera judicial sigue siendo el de oposición libre entre licenciados en Derecho, completada por la aprobación de un curso en el Centro de Estudios Judiciales y con las prácticas en
El acceso a la categoría de Magistrado se verifica en las proporciones siguientes: De cada cuatro vacantes, dos se proveerán con los Jueces que ocupen
el primer lugar en el escalafón dentro de la categoría; la tercera, por medio
de pruebas selectivas y de especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social entre los Jueces, y la cuarta, por concurso entre juristas de
reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio.EXPOSICIÓN DE MOTIVOSPor lo que se refiere al régimen de provisión de destinos, se sigue manteniendo como criterio básico, en lo que respecta a Juzgados, Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia, el de la antigüedad. Ello no obsta, sin embargo,
para que se introduzca también, como sistema de promoción en la carrera judicial, la especialización que es, por un lado, necesaria a la vista de la magnitud
y complejidad de la legislación de nuestros días y, por otra parte, conveniente
en cuanto introduce elementos de estímulo en orden a la permanente formación de Jueces y Magistrados.
Por lo demás la regulación de la carrera judicial se realiza bajo el criterio
básico de su homologación con las normas comunes que rigen el resto de los
funcionarios públicos, manteniendo tan sólo aquellas peculiaridades que se
derivan de su específica función.
Los cuatro primeros Libros de la Ley regulan cuanto se refiere a la organización, gobierno y régimen de los órganos que integran el Poder Judicial y de
su órgano de gobierno. Los Libros V y VI establecen el marco básico regulador
de aquellos otros órganos, cuerpos de funcionarios y profesionales que, sin integrar el Poder Judicial, colaboran de diversas formas con él, haciendo posible
la efectividad de su tutela en los términos establecidos por la Constitución.
La Ley se refiere así, en primer lugar, al Ministerio Fiscal, que tiene por
misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y el interés público, y la de velar por la independencia
de los Tribunales y la satisfacción del interés social conforme a lo previsto por
el artículo 124 de la Constitución.
Consagra también la Ley la función de los Abogados y Procuradores, a los
que reserva la dirección y defensa y la representación de las partes, pues a ellos
corresponde garantizar la asistencia jurídica al ciudadano en el proceso, de forma obligatoria cuando así lo exija y, en todo caso, como derecho a la defensa y
asistencia letrada expresamente reconocido por la Constitución.
Regula también la Ley el personal que sirve a la Administración de Justicia, comprendiendo en él a los Secretarios, así como a los Médicos Forenses,
Oficiales, Auxiliares y Agentes, cuerpos todos ellos de funcionarios que en sus
respectivas competencias auxilian y colaboran con los Jueces y Tribunales.§1Art. 1§1TÍTULO PRELIMINARLas funciones de los Secretarios merecen especial regulación en el Título
IV del Libro III, pues a ellos corresponde la fe pública judicial al mismo tiempo
que la ordenación e impulso del procedimiento, viéndose reforzadas sus funciones de dirección procesal.
Junto a las previsiones básicas sobre la estructura y funciones de los cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, así como de los Médicos Forenses, la Ley
establece la previsión de que otros técnicos puedan servir a la Administración
de Justicia constituyendo al efecto cuerpos y escalas, o bajo contrato laboral.
Con ello se trata de garantizar y potenciar la estructura del personal al servicio
de los órganos judiciales y su cada vez más necesaria especialización.
El ciudadano es el destinatario de la Administración de Justicia. La Constitución exige y esta Ley Orgánica consagra los principios de oralidad y publicidad, para lo que se acentúa la necesaria inmediación que ha de desarrollarse en
las leyes procesales y, junto a ello, se regula por primera vez la responsabilidad
patrimonial del Estado que pueda derivarse del error Judicial o del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sin perjuicio de la responsabilidad individual de Jueces y Magistrados de carácter civil, penal y disciplinaria,
complementándose de esta forma un Poder Judicial plenamente responsable.
Las disposiciones adicionales, transitorias y final de la Ley regulan los
problemas de su aplicación sincrónica, haciendo posible la adecuación de la
organización judicial vigente a la que esta Ley establece y previendo expresamente las leyes de desarrollo que han de implantar en su totalidad la nueva
organización del Poder Judicial.
Art. 1. La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey
por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio
Art. 117.1 CE; art. 6.1 CEDH; art. 403 LEC; arts. 104, 378, 405, 411 y 414 LOPJ.TÍTULO PRELIMINARArt. 4Art. 2. 1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo
determinados en las leyes y en los tratados internacionales.
Arts. 93 y 117.3 CE2. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas
en el párrafo anterior, y las demás que expresamente les sean atribuidas por ley
en garantía de cualquier derecho.
El apartado 2 ha sido redactado por la LO 8/2011, de 21 de julio, complementaria de la Ley del
Registro Civil, teniendo en cuenta que entró en vigor el 22 de julio de 2014. Luego la 18/2014,
de 15 de octubre, ha dispuesto que la Ley 20/2011, de 21 de julio, en la parte que al día de la
publicación del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, no hubiera entrado en vigor, lo hará el
día 15 de julio de 2015. Luego la LO 7/2015, de 21 de julio.
Además la Disposición Adicional 25 de la misma Ley 18/2014 dispone: “Hasta que las funciones en materia del Registro Civil sean asumidas, de conformidad con la ley, por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del
Registro Mercantil, la competencia para la práctica de los asientos, así como para expedir certificaciones y, en general, para las demás actuaciones a realizar en el Registro Civil corresponderá
a los Jueces y Magistrados que hasta ese momento tuvieran la condición de Encargados del
Registro Civil, o a los Secretarios, por delegación de aquellos de la capacidad de certificación,
y se llevará a cabo conforme a la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, en las oficinas
en las que actualmente se prestan”.Art. 3. 1. La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales
previstos en esta Ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos.
Arts. 117.5, 136 y 159 CE; LO 2/1982 de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas; LO 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional.2. Los órganos de la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del
Estado, basan su organización y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran Justicia en el ámbito estrictamente castrense y, en
su caso, en las materias que establezca la declaración del estado de sitio, de
acuerdo con la Constitución y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y
disciplinarias militares.
Apartado redactado por la LO 7/2015, de 21 de julio.Art. 4. La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la forma establecida en la Constitución
Arts. 56.3, 66.3, 71 y 72 CE; arts. 21 y 238 LOPJ.§1Art. 4 bis§1TÍTULO PRELIMINARArt. 4 bis. 1. Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión
Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea
lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.
Apartado redactado por la LO 7/2015, de 21 de julio.Art. 5. 1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico,
y vincula a todos los Jueces y Tribunales quienes interpretarán y aplicarán las
leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas
por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.
Arts. 9.1 y 164 CE2. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma
con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser
contraria a la Constitución planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica.
Art. 163 CE; arts. 30, 35 a 37 LOTC3. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional.
Art. 163 CE.4. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación,
será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En
este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al
Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el
Art. 73.1.a) LOPJArt. 5 bis. Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de
cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno
de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre queTÍTULO PRELIMINARArt. 9la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no
puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.
Apartado redactado por la LO 7/2015, de 21 de julio.Art. 6. Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier
otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley y al principio de jerarquía
Arts. 9.3 y 106.1 CEArt. 7. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título
I de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales
y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.
2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir,
menoscabar o inapli­car dicho contenido.
3. Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos,
tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse
indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de
las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén
legalmente habilitados para su defensa y promoción.
Arts. 24 y 53.1 CE; Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona; arts. 6.1.7º y 11.3 LEC.Art. 8. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad
de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines
Arts. 9.3, 103.1 y 106.1 CE; Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.Art. 9. 1. Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusi­
vamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley.
Art. 117.3 CE2. Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las
materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro
Art. 22 LOPJ; art. 49 LEC§1Art. 9§1TÍTULO PRELIMINAREn este orden civil, corresponderá a la jurisdicción militar la prevención de
los juicios de testamentaría y de abintestato de los miembros de las Fuerzas
Armadas que, en tiempo de guerra, fallecieren en campaña o navegación, limitándose a la práctica de la asistencia imprescindible para disponer el sepelio
del difunto y la formación del inventario y aseguramiento provisorio de sus
bienes, dando siempre cuenta a la Autoridad judicial civil competente.
Arts. 519 a 522 LO 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.3. Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento
de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la
Art. 23 LOPJ; art. 4 LO 4/1987, de la competencia y organización de la jurisdicción militar.4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones
que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas
sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en
el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley
de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de
la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de
hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos
que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales
de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán,
en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la
disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.
Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero.Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con
la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal
a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos
privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante
este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora
de la Administración, junto a la Administración respectiva.
También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades
públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas.TÍTULO PRELIMINARArt. 11Redactado por LO 19/2003, de 23 de diciembre; arts. 1 a 5 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se
promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social
o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.
Art. 25 LOPJ6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de
oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las
partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se
efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.
Art. 50 LOPJ; art. 3.8 EOMFArt. 10. 1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente.
2. No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que
no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente
el contenido de ésta determinará la suspensión del procedimiento mientras
aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo
las excepciones que la ley establezca.
Arts. 4, 5 y 114 LECRIM; arts. 40 a 43 LEC; art. 4 LJCA; art. 4 LPLArt. 11. 1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la
buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente,
violentando los derechos o libertades fundamentales.
Art. 7 CC; arts. 247, 287 y 433 LEC.2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o
entrañen fraude de ley o procesal.
Arts. 6.4 y 12.4 CC; art. 247.2 LEC:3. Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver
siempre sobre las pretensiones que se formulen y sólo podrán desestimarlas por
motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por
el procedimiento establecido en las leyes.§1All pages:2467891011121314151617181920InfoRead laterLikeShareDownloadMore1_9788491190219 Published on Sep 18, 2015 tirantloblanchFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore