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Timestamp: 2019-09-23 08:50:54
Document Index: 302679296

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 463', 'Artículo 10', 'artículo 7', 'in fine', 'in fine']

Acuerdo y Sentencia 2087/2012 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 2087/12
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los cuatro días, del mes de diciembre, del año dos mil doce, estando reunidos en Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia los señores Ministros MIGUEL OSCAR BAJAC, RAÚL TORRES KIRMSER Y CÉSAR ANTONIO GARAY, bajo la presidencia del segundo de los nombrados, por Ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente intitulado: “ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA C/ LIDIA ROSA HOLOVATY DE SABLUK S/ PAGO POR CONSIGNACIÓN”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado PABLO DARIO VILLALBA BERNIE en representación de Lidia Holovaty de Sabluk, contra el Acuerdo y Sentencia Número 58, de fecha 30 de Junio del 2.010, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la capital.
Previo Estudio de los antecedentes del caso la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial juzgó las.
En caso contrario, está ella ajustada a Derecho?.
Practicando el sorteo de rigor para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado, señor Ministro Miguel Oscar Bajac, señor Ministro Raúl Torres Kirmser y señor Ministro César Antonio Garay.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO BAJAC ALBERTINI, dijo: El Abog. Pablo Dario Villalba Bernie no ha fundado su recurso de nulidad, no obstante los fundamentos del Recurso de Nulidad, bien pueden ser estudiados y analizados al tratarse el Recurso de Apelación también interpuesto. Al analizarse el fallo recurrido no se constata vicios o defectos que obligatoriamente hagan viable declarar la nulidad de oficio de conformidad a lo dispuesto en los Articulo 113 y 404 del Código Procesal Civil, en consecuencia corresponde desestimar el recurso de nulidad interpuesto.
A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO RAÚL TORRES KIRMSER, DIJO: El Abg. Pedro Darío Villalba Bernie fundó promiscuamente los recursos de nulidad y apelación, en los términos del escrito de fs. 837/843. En cuanto al primero de los recursos mencionados, consideró que es una contradicción el acogimiento simultáneo de la demanda reconvencional de fijación de precio y el de la consignación, puesto que su parte es la que se vio obligada a recurrir a las instancias judiciales; y por ende, determinado el mayor valor de la indemnización correspondiente, la consignación debe ser rechazada por el solo hecho de no ser exacto el monto del pago. Por otro lado, lamenta que hubo ausencia absoluta de fundamentación en torno a la exclusión del valor de la arcilla como componente del valor a ser indemnizado, pese a que la tasación de la propia Entidad Binacional Yacyretá incluyó dicho ítem.
En cuanto al primero de los fundamentos, ciertamente se advierte que se ha consignado en depósito la suma de G. 337.879.000 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL GUARANÍES), como monto que se pretende consignar, de conformidad a las constancias de fs. 101/103. Dicha suma ha sido retirada, de acuerdo a las constancias de fs. 772/774, por el representante convencional de la parte actora.
A su vez, la sentencia hoy en recurso estableció como monto total de la indemnización la suma de G. 394.301.133 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES GUARANÍES) (f. 825). Se advierte claramente que la suma fijada como precio total es superior a la de la consignación depositada por la Entidad Binacional Yacyretá, por lo que la diferencia lamentada por el apelante no solo se ajusta a las constancias de autos, sino que además deja sin definir el destino del monto restante, atentos a la revocación total del apartado de condena de la sentencia originaria (f. 790).
Empero, esta cuestión nada tiene que ver con la existencia de contradicción o incongruencia entre el acogimiento simultáneo de la consignación y el de la reconvención por fijación de precio, máxime atendiendo a que la primera cuestión se dio en forma parcial, de acuerdo a lo establecido en el segundo apartado de la S.D. Nº 99, de fecha 27 de marzo de 2009 (f. 790), lo que fue confirmado por el tercer apartado de la sentencia en recurso (f. 825). El aspecto tratado se relaciona más con los fundamentos jurídicos de la coexistencia del acogimiento favorable de dichas pretensiones, por lo que la sede que le es propia es la del recurso de apelación. Por lo demás, lo relativo a la condena al pago del mayor precio respecto del consignado puede ser subsanado por la vía de la apelación, como lo manda el art. 407 del Cód. Proc. Civ., teniendo en cuenta que el actor apeló la sentencia en recurso al alza.
Por otro lado, la valoración del mérito de la prueba que se relaciona con la inclusión del rubro de la arcilla como integrante del valor a indemnizar es materia que hace, inequívocamente, a la apreciación del mérito, por lo que debe examinarse en sede de apelación.
Los argumentos expuestos indican que –al no apreciarse otros vicios o defectos que autoricen la declaración de nulidad de oficio en los términos de los arts. 113 y 404 del Cód. Proc. Civ.– el presente recurso debe ser desestimado, pudiendo ser atendidos los agravios por la vía de la apelación. Por estos fundamentos adhiero al voto del preopinante.
A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO: En cuanto al Recurso de Nulidad: adhiero opinión al juzgamiento del señor Ministro Torres Kirmser, por idénticos fundamentos. Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO BAJAC ALBERTINI, prosiguió diciendo: 1. Que, antes de analizar elthema decidendum, debemos determinar que la Promoción de la Demanda, produce efectos jurídicos los cuales son considerados como procesales en términos de Lino Enrique Palacios “… 3º Determina el objeto de la sentencia por cuanto si bien ésta debe pronunciarse también sobre las defensas del demandado, ellas debe referirse a las cuestiones planteadas en la demanda…” (Manual de Derecho Procesal Civil. Décimo Tercera Edición. Buenos Aires), en este entendimiento el juicio fue promovido por la Entidad Binacional Yacyreta, en concepto de pago por consignación por la suma de dólares americanos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco (U$S 58.255), que de conformidad a la orden de pago expedido por el Juzgado de Primera Instancia obrante a fs. 774 de autos, se retiro la suma de guaraníes trescientos treinta y siete millones ochocientos setenta y nueve mil (Gs. 337.879.000), por la afectación de la subida de la cota y su consecuente indemnización por el inmueble expropiado, individualizado como Finca Nro. 23.371 y 23.601 de la ciudad de Encarnación (Quiteria) perteneciente a la Sra. Lidia Holovaty de Sabluk, por medio de los Certificados de Avaluós Nro. 3891 R/2, Nro. 3892 R/2 y Nro. 16.612 R/0, correspondientes al Acta Binacional Nro. 414, realizó las tasaciones de los inmuebles y sus mejoras.
2. Al impugnar a la tasación en la demanda sobre pago por consignación. Promover reconvención sobre fijación de precio de inmueble sobre las fincas 23.917 y 23.601 del Barrio Campo de la Esperanza de la Ciudad de Encarnación, solicitando el monto de 8 Dólares Americanos por metro cuadrado de superficies; como indemnización para las mejoras expresadas mediante la explotación de yacimiento de arcilla en pleno funcionamiento en la actualidad se tace a un valor de 3,125 dólares el metro cúbico de arcilla y se tome como parámetro la profundidad de 8 metros en todo el predio seis hectáreas para la obtención del precio justo del yacimiento de arcilla.
2.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Séptimo turno de la capital por S.D. Nro. 99 de fecha 27 de Marzo del 2.009, resolviendo: “… RECHAZAR el incidente de impugnación de la prueba pericial deducido por el Abogado Silvino Benítez, en representación de la Entidad Binacional Yacyreta, a fojas 740/749. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda de pago por consignación iniciada por la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) contra Lidia Rosa Holovaty Sabluk. HACER LUGAR a la demandad reconvencional sobre fijación de lo promovido por la Sra. Lidia Rosa Holovaty de Sabluk contra la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), y en consecuencia, establecer el monto d la indemnización por expropiación de las Fincas Nro. 23.371 y 23.601, ubicada en el lugar Quintería de la ciudad de Encarnación, en la suma de GUARANIES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES (Gs, 1.696.133.133. ). DEJAR ESTABLECIDO que la Entidad Binacional Yacyretá debe abonar a la señora Lidia Rosa Holovaty de Sabluk, la suma aún adeuda, de GUARANIES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CIENCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES (Gs. 1.358.254.133), más intereses legales a partir de la notificación de la demanda, en fecha 28 de marzo de 2.006, hasta el día del pago efectivo, dentro del plazo de diez días quedar firme y ejecutoriada la presente resolución. IMPONER las costas a la parte actora…”
2.2. En la Cámara de Apelación el Tribunal de Apelación de Tercera Sala de la capital dicto Acuerdo y Sentencia Nro. 58 de fecha 30 de Junio del 2.010 resolvió: “….DESESTIMAR el recurso de nulidad interpuesto por la parte actora contra la S.D.Nro. 99 de fecha 27 de Marzo del 2.009. DECLARAR desierto el recurso de nulidad interpuesto por la parte actora contra la S.D. Nro. 133 de fecha 6 de Abril del 2.009. CONFIRMAR el primer y segundo apartado de la S.D. Nro. 99 de fecha 27 de Marzo del 2.009. MODIFICAR el tercer apartado de la resolución precitada conforme con los considerandos de este fallo, en el sentido de hacer lugar a la demanda de fijación de precio promovida por la Sra. Lidia Rosa Holovaty contra la Entidad Binacional Yacyretá, y en consecuencia, establecer la suma de Gs. 394.301.133 (trescientos noventa cuatro millones trescientos un mil ciento treinta y tres guaraníes). REVOCAR el cuarto apartado de la misma resolución. CONFIRMAR la sentencia aclaratoria Nro. 133 de fecha 6 de Abril del 2.009. IMPONER las costas proporcionalmente en un 90% a la parte demandada y en un 10% a la parte actora, por haber existido vencimiento recíprocos…”
2.2.1. Que, por Acuerdo y Sentencia Nro. 71 de fecha 28 de Julio del 2.010 resolvió: “… NO HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto por el Abog. Silvino Benítez contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 58 de fecha 30 de Junio del 2.010…”.
3. Que, Pablo Dario Villalba Bernie, promueve recurso de nulidad y apelación contra la resolución de segunda instancia el cual es concedido por A. I. Nro. 607 de fecha 17 de agosto de 2.010. A fojas 837 de autos obra la expresión de agravio del recurrente manifestando en cuanto al monto de la expropiación: “…El monto asignado a la expropiación de las fincas y sus mejoras, atribuido por el Juez de Primera Instancia elevo a la suma de 1.696.133.133 Gs, siendo dicho monto reducido por el Tribunal de Apelaciones a 394.301.133… …pues la resolución de segunda instancia descontó de la sentencia de Primera Instancia el monto asignado al yacimiento de arcilla, existente en una cantidad de 198.000 mts.3 avaluando un total de 1.301.832.000 Gs. …Lo que hizo el Aquem fue resolver la causa, teniendo en cuenta el valor fiscal asignado a la superficie de los inmuebles, olvidando atribuir un valor equitativo al yacimiento de arcilla….” Asimismo, manifiesta entre otras cosas que el valor fiscal justipreciado en la resolución recurrida no guarda relación equitativa con el valor real y actual de los inmuebles por lo cual la indemnización no resulta justa conforme el sistema positivo nacional, solicitando la revocación de lo dispuesto por el a quem, con costas.
4. Al Contestar traslado el Abogado Silvino Benítez en representación de la Entidad Binacional Yacyreta manifiesta que la sentencia recurrida es justa, que los accesorios al inmueble no altera la valuación debido que se trata es fijar el precio justo. Asimismo, sostiene que la congruencia del análisis de Tribunal de Apelación al estudio de las cuestiones puesta a su consideración, solicitando en consecuencia la confirmación de la resolución recurrida.
5. En este orden de ideas precisamos que la demanda de pago por consignación promovida por la Entidad Binacional Yacyreta centra la discusión en un punto álgido, en la justipreciación del valor del inmueble e indemnización justa, que los inmuebles expropiados están identificados como Finca Nº 23.601 con una superficie de 30.154 m2, 2.982 cm2 y la Finca Nº 23.371 con una superficie de 30.136 m2, 3.950 cm2 y de conformidad a las constancias obrantes en autos existe una cantidad de 189.000 m2 de arcilla aproximadamente.
5.1. Para iniciar el estudio debemos remitirnos a las disposiciones establecidas por el Artículo 1.956 que dispone: “…Con las limitaciones contenidas en la ley, la propiedad de un inmueble, además de comprender la superficie del terreno, se extiende a todo el espacio aéreo y al subsuelo que dentro de sus límites fueren útiles al ejercicio de este derecho…”.
5.2. El Artículo citado establece con claridad que la propiedad del inmueble comprende la superficie del terreno y el subsuelo del mismo, ya lo determinaba Mesineo en su libro de Derecho Civil y Comercial Tomo III, al establecer que los límites de una propiedad se puede dividir en forma horizontal y vertical, y al hacer referencia al carácter vertical del inmueble señalaba “…Pero donde cesa el interés del propietario, o sea, la posibilidad de un ejercicio útil de derecho, allí cesa también la extensión (en sentido vertical) de ese derecho…” continua diciendo más adelante en su página 265 “…En concreto, el propietario tiene derecho al subsuelo con todo lo que en él se contiene y para todas las utilizaciones que puedan hacerse de él…”, en este sentido la normativa y la doctrina afirma que el demandado es propietario tanto de la superficie como de lo que se encuentra en el sub suelo de su inmueble.
5.3. Asimismo, el Artículo 1.874 del Código Civil establece: “…Son inmuebles por naturaleza, las cosas que se encuentran por sí inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad, todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre…”. Ahora bien, el Artículo 1.879 del Código Civil establece: “…Son también muebles todas las partes sólidas o fluidas del suelo, separadas de él, como las piedras, tierras o metales; las construcciones asentadas en la superficie del suelo con un carácter provisional, los tesoros, monedas y otros objetos que se hallen bajo el suelo; los materiales reunidos para la construcción de edificios, mientras no estén empleados; los que provengan de una destrucción de los edificios, aunque los propietarios hubieren de construirlos inmediatamente con los mismos materiales y todos los instrumentos públicos o privados donde constare la adquisición de derechos personales o de crédito…”.En el caso de autos se ha identificado la existencia de arcilla conforme el Certificado de Avalúo expedido por la Entidad Binacional Yacyreta obrante en autos, no obstante no se ha demostrado con precisión si la misma era explotada propiamente, como tampoco obra prueba alguna de habilitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones donde autorice la explotación del mismo por lo cual, la arcilla existente no reúne los requisitos probatorios de explotación a fin de ser justipreciado en la indemnización en análisis.
5.4. En nuestro Derecho Civil conforme se ha demostrado en autos la arcilla debe ser considerada como un producto, siempre y cuando se compruebe la existencia de su explotación. Asimismo no se observa en autos que los demandantes obtengan un beneficio económico por la supuesta explotación de la arcilla debida que no obra en autos documentos contables que determinen su explotación. EN este tren de ideas debemos tener presente que al momento de la indemnización se tuvo presente las disposiciones del Artículo 463 del Código Civil que determina: “…Si la prestación tiene por objeto cosas individualmente determinadas, comprende todos los accesorios de ellas al tiempo de constituirse la deuda, aunque no hubiesen sido mencionados en el título. Los frutos percibidos antes de la entrega pertenecen al deudor, y los pendientes al acreedor…”.
6. Que, para la justipreciación debemos tener presente que la Ley Nro. 1.681/01 y su modificación conforme a la Ley Nro. 1.814/01 en su Artículo 10 inc. d) establece el procedimiento judicial en caso de no existir advenimiento o por cualquier causal del no pago directo, estableciendo la obligación al Juez de designar un perito único para fijar la tasación final. En el caso concreto, la valoración, admisión y apreciación del Certificado de Avaluó presentado por la Entidad Binacional Yacyreta es facultad del Juzgador, como se puede observar la misma fue admitida como elemento de valoración probatoria por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, así como las documentales, informes y las pericias de la parte demandando entre otras. Por tanto, se debe determinar con firmeza que la vinculación obligatoria del resultado del procedimiento de avaluó realizado por la Entidad Binacional Yacyreta solo mantiene su carácter de obligatoriedad legislativa como procedimiento administrativo no así en el procedimiento judicial ya que la propia ley establece los elementos probatorios para los procedimientos judiciales.
6.1. En este orden de ideas debemos señalar que la finca Nro. 23.607 y 23.371 del Distrito de Encarnación, la primera con una superficie 30154,289 m2 y la segunda 30136,3950 m2, posee una justa indemnización conforme lo ha establecido el Tribunal de Apelación Tercera Sala por lo cual la misma debe ser confirmada conforme el exordio de la presente resolución. En relación a las costas las mismas deben ser impuestas a la perdidosa.
A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO TORRES KIRMSER DIJO: Además de las cuestiones reseñadas líneas arriba, relacionadas con la contradictoriedad del acogimiento parcial del pago por consignación y simultáneamente de la fijación de precio por suma mayor; los argumentos del recurso de apelación se concentran en que no se contempló el valor del yacimiento de arcilla a la hora de establecer el valor de la indemnización, en la exclusión del rubro de intereses por mora derivada del fracaso del proceso de avenimiento, y en la imposición de costas, cargadas a su parte pese a que se acogió su pretensión de fijación de precio.
Trataremos en primer lugar la cuestión relativa a la pretendida contradictoriedad de la resolución en recurso, que en realidad se vincula con los fundamentos jurídicos de la decisión del inferior. A este respecto, como ya se dijera en sede de nulidad, se ha consignado en depósito la suma de G. 337.879.000 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL GUARANÍES), como monto que se pretende consignar, de conformidad a las constancias de fs. 101/103. Dicha suma ha sido retirada, de acuerdo a las constancias de fs. 772/774, por el representante convencional de la parte actora.
Ello indica que, si bien la suma fijada en concepto de indemnización es mayor a la consignada y ofrecida por la Entidad Binacional Yacyretá; con lo cual, en principio, no se cumple lo previsto por el art. 585 del Cód. Civ., en cuanto a la totalidad del pago; no es menos cierto que dicha norma general cede ante la disposición especial contenida en las Leyes 1681/2001 y 1814/2001, conforme con el principio del art. 5 del Cód. Civ. En efecto, en el art. 10 inc. b) de tales normas, en su redacción final dada por la Ley 1814/2001, se establece: “Cuando la titularidad del inmueble expropiado no fuera objetada el propietario afectado podrá retirar inmediatamente la suma consignada sin que ello implique la aceptación del monto de la indemnización respectiva”.
Exactamente esto es lo que ha ocurrido en autos. En consecuencia, aquí hay un claro pago parcial aceptado y retirado por el afectado –sin que implique reconocimiento, claro está– con lo que se aplica plenamente el art. 558 del Cód. Civ. En estas condiciones, es clarísimo que el deudor –en este caso, la Entidad Binacional Yacyretá– se libera por la suma consignada y retirada, sin perjuicio de que al reconviniente por fijación de precio le corresponda el derecho a recibir la diferencia con el valor total de la indemnización. En estas condiciones, es claro que no hay contradictoriedad alguna en lo decidido, pues justamente el acogimiento parcial del pago por consignación decidido en primera instancia (f. 790) y confirmado en segunda (f. 825) se basa en el pago parcial aceptado y retirado por el actor; sin perjuicio de fijar el precio real y condenar por el mayor valor. Esto indica a las claras que el acogimiento de la consignación es correcto por cuanto pronuncia la liberación del acreedor, parcial, por el monto depositado, con arreglo al art. 589 del Cód. Civ.
Así determinada la corrección del razonamiento jurídico que determina el acogimiento parcial de la demanda de pago por consignación, corresponde pasar, sin más trámite, al análisis de los agravios relacionados con la omisión de consideración del valor de la arcilla a la hora de determinar la indemnización, aspecto que constituye la parte medular de los agravios del accionado reconviniente.
A este respecto, conviene tener presentes los parámetros que fija el art. 7º de la Ley 1681/2001, modificado por la Ley1814/2001, que reza: “La indemnización comprenderá necesariamente la reparación integral causado (sic.) a los afectados, debiendo sus valores mínimos determinarse conforme a las siguientes reglas: a) El valor actual de la tierra en el momento de la tasación deberá ajustarse al valor de venta que tengan en ese momento en el mercado otras fincas similares y próximas ubicadas en sectores de población dedicados a actividades análogas en el mismo Municipio o en su defecto un adyacente que no haya sufrido los efectos de la depreciación producida por causa de la obra que motiva la expropiación; b) El valor de las mejoras introducidas en el inmueble. Las construcciones se avaluarán por el costo que en el mercado de la construcción demande la realización de edificaciones nuevas de idénticas características, no admitiéndose depreciaciones bajo ningún concepto; c) Los gastos de traslado e instalación de bienes de producción como consecuencia de la expropiación; y, d) El valor de las indemnizaciones abonadas por ruptura de los contratos laborales. Los importes serán abonados a aquellos empleadores debidamente inscriptos en el Ministerio de Justicia y Trabajo y el Instituto de Previsión Social y cuyos contratos de trabajo estén inscriptos en el Ministerio de Justicia y Trabajo y no sean posteriores a la promulgación de la presente ley. No se comprenderá en la indemnización el lucro cesante que pudieran sufrir los propietarios afectados”.
Efectivamente, tal como lo indica el apelante (fs. 838 vlto./839), la tasación en la que se basó la Entidad Binacional Yacyretá para consignar el monto debido en concepto de indemnización por expropiación comprendió, separadamente al valor del terreno. Ello consta en las tasaciones de valor del terreno TP 3891 R/2 (fs. 39/40), relacionada con la Finca Nº 23371, y TP 3892 R/2 (fs. 60/61), relacionada con la Finca Nº 23601, que son los inmuebles que se pretenden indemnizar. La Entidad Binacional Yacyretá tasó separadamente el yacimiento de arcilla por TP 10616 R/0 (fs. 78/79).
En estas condiciones, se advierte que paralelamente al valor del terreno de las Fincas Nº 23371 y 23601, del distrito de Encarnación, el actor pretende la tasación separada del yacimiento de arcilla, en base al método de valoración independiente adoptado por la propia Entidad Binacional Yacyretá. Queda claro, como notación preliminar, que el lucro cesante no puede ser incluido en la indemnización, de conformidad con la disposición contenida en la última oración del artículo 7 de la Ley 1681/2001, modificado por la Ley 1814 del mismo año.
Ahora bien, a este respecto debe considerarse que de acuerdo a lo indicado por la propia Entidad Binacional Yacyretá, la tasación del valor del terreno se realiza comprendiendo el valor correspondiente al descuento de la cantera de arcilla, especificando que “en caso no se haga el descuento correspondiente a la cantera de arcilla, se estaría pagando por el terreno y por la arcilla existente, o sea pagando por una misma cosa dos veces” (f. 664). Al mismo tiempo, este criterio es confirmado por la copia del manual de tasaciones de yacimientos arcillosos, donde se consigna que en dichos inmuebles “no se tendrá en cuenta el valor de la tierra desde el punto de vista superficial, ya que al darse el valor como yacimiento y/o cantera debe excluirse el que pudiera tener si se dedicara a otro destino” (f. 678).
Esto indica, a todas luces, apreciando la pericial conforme con lo dispuesto por el art. 360 del Cód. Proc. Civ., que la tasación separada de la arcilla hecha por la Entidad Binacional Yacyretá obedeció a un método puramente descriptivo, sin pretender en ningún momento escindir conceptualmente el valor de la arcilla del valor del terreno. Dicho de otro modo, se valoró separadamente la arcilla para distinguir, dentro de la única indemnización relacionada con la estimación del valor del terreno, la incidencia de dicha situación fáctica en el justiprecio de referencia. Empero, la Entidad no tasó separadamente la arcilla, ni pretendió pagar por separado la extracción de referencia: simplemente, de acuerdo a lo explicitado convenientemente, escindió los momentos valorativos que condujeron a un resultado único, que llega a la valoración del terreno en su monto global. De ahí que el criterio adoptado por el Tribunal de Apelación, en la sentencia recurrida, no resulte contradictorio con el seguido por la Entidad Binacional Yacyretá, por cuanto la plusvalía dada por la existencia de un yacimiento de arcilla viene a darle un especial valor adicional en el mercado inmobiliario, lo que fue objeto de apreciación conjunta en la tasación, como se dijera líneas arriba; siendo la valoración separada únicamente un método que permite identificar aisladamente el valor del terreno y el de la plusvalía; pero sin tasar separadamente la arcilla como bien distinto y posible objeto de explotación, lo que vendría a configurar un lucro cesante que no puede ser considerado de acuerdo al art. 7 de la Ley 1681/2001, modificado por la Ley 1814 del mismo año. Por lo demás, se advierte que el propietario extraía la arcilla existente fuera de la cota de afectación, conforme se indica a f. 666 y lo corroboró personalmente el juzgador de primera instancia con la inspección judicial de f. 599.
En cuanto al valor zonal atribuido por la Entidad Binacional Yacyretá, de G. 17.820 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE GUARANÍES), según tasaciones de fs. 40 y 61, se advierte que dicho valor zonal, en primer término, fue complementado con la valoración de la explotación de arcilla, como ya se dijera; y en segundo término dicho valor corresponde a la estimación del valor de zonas urbanas, específicamente del barrio “La Esperanza” (f. 684), de donde se toma un valor zonal intermedio de acuerdo a los parámetros indicados a f. 685. Ahora bien, la reducción de dicho valor zonal es ampliamente correcta por cuanto se aprecia inequívocamente, de las tomas fotográficas obrantes a fs. 613/620, realizadas durante la inspección judicial y agregadas por providencia de fecha 27 de septiembre de 2007 (f. 630 vlto.), en primer término, que el inmueble no se halla en zona urbana; y en segundo lugar, los enormes desniveles generados por la explotación de arcilla que potencialmente son idóneos para generar muchos mayores costos de construcción y en consecuencia disminuir el valor del inmueble en relación con su edificabilidad. Resulta correcto, entonces, el menoscabo de dicho valor zonal, dado que se tuvo en cuenta precisamente el destino de la zona a una labor de explotación, situada en zona alejada de la residencial; a lo cual debe sumarse la dificultad en la edificación, por las razones reseñadas; que impiden tomar el valor zonal establecido por la Entidad Binacional Yacyretá como directamente aplicable al caso de autos.
Por lo demás, es correcto el criterio del Tribunal en cuanto se remite a las normas del precio de la compraventa, atentos a la categórica disposición del art. 738 inc. a) del Cód. Civ. Por consiguiente, el precio de la indemnización comprende el de los frutos naturales, civiles e industriales, así como los productos existentes en la superficie o en el interior de un terreno, pertenecen al propietario; en este caso, al expropiante, conforme lo dispone el art. 1962 del Cód. Civ. En consecuencia, no puede sostenerse que la arcilla tiene un valor separado e independiente del terreno; y como hemos visto la pericia de la Entidad Binacional Yacyretá tuvo en cuenta dicho valor de plusvalía, distinto del valor del producto extraído por el propietario, como se dijera.
En estas condiciones, el perito ha estimado el valor del terreno en la suma de G. 6540 (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA GUARANÍES) por metro cuadrado; valor que arroja, por el solo terreno, una suma superior a la tasada por la Entidad Binacional Yacyretá, como ya se viera al hablar de la consignación propuesta por esta. El perito (f. 17 de la pericia que corre por cuerda) estimó el valor del terreno en un valor global de de G. 394.301.133 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES GUARANÍES), resultante de la suma del valor de las dos fincas, que fue la suma acogida por el Tribunal de Apelación (f. 825).
Ahora bien, a f. 17 el perito tasó separadamente el yacimiento de arcilla, en la suma de G. 1.535.769.144 (UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO GUARANÍES). Los fundamentos técnicos de la pericia (f. 13) indican sin sombra de duda que ese es el costo de la cantidad estimada de arcilla extraíble. Esto es, se tasó la arcilla separadamente, como producto extraíble, separado del valor del terreno.
Este fundamento técnico, plenamente apreciable por el juzgador en cuanto a su juridicidad por mérito del art. 360 del Cód. Proc. Civ., indica a las claras que la tasación fue realizada con un método jurídicamente desacertado, puesto que no se valoró la plusvalía que el valor del terreno podría tener por un yacimiento de arcilla; sino que se tasó directamente la arcilla con potencialidad de extracción. Esto es, directamente, la tasación de un ítem de lucro cesante de acuerdo al art. 450 del Cód. Civ., ya que el precio de la arcilla susceptible de extracción nada tiene que ver con el valor del terreno, sino con el valor de un producto separado y obtenido, precisamente, por separación ex art. 2053 del Cód. Civ. En otras palabras, y esto es inequívoco, dicho monto refiere directamente al precio de venta de la arcilla a extraer (f. 13), que en nada se relaciona con el valor del terreno, sino que es la estimación separada de un producto en cuanto a su valor de venta, lo cual configura indudablemente un lucro cesante cuya inclusión en el valor de la indemnización está prohibida de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7º de la Ley1681/2001, modificado por la Ley 1814/2001.
En consecuencia, el valor dado por la pericia a la arcilla no puede ser mínimamente aceptado, por cuanto se refiere a una cuestión completamente distinta. En estas condiciones, el valor estimado por la pericial en cuanto al terreno (f. 17) sigue siendo superior al dado por la Entidad Binacional Yacyretá, que asciende a G. 337.879.000 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL GUARANÍES), de conformidad a las constancias de fs. 101/103.
Esto indica que se ha demostrado, de cualquier modo, la plusvalía del inmueble en relación con la tasación. Además, dicha plusvalía existe incluso respecto del valor fiscal, ya que dicho valor asciende, según el Decreto Nº 8762, de fecha 28 de diciembre de 2006, para la ciudad de Encarnación y para el ejercicio fiscal 2007, temporalmente aplicable al caso, a la suma de G. 6170 (SEIS MIL CIENTO SETENTA GUARANÍES) por metro cuadrado, inferior al valor estimado por el perito (f. 17); con lo que tampoco se ajusta a las constancias de autos el agravio según el cual se tasó el inmueble por su avaluación fiscal, que es menor a la dada por el perito.
De este modo, se advierte que el monto final de la indemnización debe ser confirmado, sin que se haya producido prueba tendiente a demostrar un mayor valor del inmueble respecto del fijado –o cuanto menos parámetros idóneos para una valoración del ajuste del valor zonal acorde a las peculiares características del terreno– y sobre todo, al no poderse aceptar la tasación de la arcilla como rubro de explotación y venta separada, que en nada se relaciona con el valor del inmueble con tal yacimiento. Además de ello, como ya se dijera, el demandado extrajo arcilla y además recibió otra indemnización por autorelocalización (fs. 665/666), con lo que es correcto indemnizar, en definitiva, el solo valor del terreno así estimado, sin incluir la arcilla como rubro de explotación separada.
Tampoco puede encontrar andamiento el agravio relacionado con los intereses. Es sabido que los intereses que devengan las obligaciones de dar sumas de dinero pueden ser compensatorios, moratorios o punitorios, conforme con la clara disposición del art. 44 de la Ley 489/1995, en su redacción modificada por la Ley 2339/2004. Obviamente, aquí no se trata ni de intereses compensatorios, por cuanto no hay retribución por uso del dinero; ni punitorios, por no haber estipulación expresa o disposición legal que los declare procedentes. Efectivamente, en coincidencia con este análisis, el apelante invoca (f. 841 vlto.) las normas sobre la mora, las que presuponen un retraso en el cumplimiento de la obligación.
Ahora bien, aquí no hay mora por el sencillo hecho de que el propio precio no se halla configurado en su totalidad. Debe recordarse, una vez más, que la indemnización en cuestión tiene el carácter jurídico de precio de conformidad con el art. 738 inc. a) del Cód. Civ., y por consiguiente el procedimiento de fijación de precio tiene el verdadero carácter legal de fijación por el órgano jurisdiccional conforme con lo dispuesto por el art. 754 del Cód. Civ. En consecuencia, no aceptado el precio de tasación por parte del afectado, el mismo se remite a la autoridad jurisdiccional a fin de que dicho precio se establezca, y una vez establecido, nazca la obligación de pagarlo de acuerdo al art. 759 inc. c) del Cód. Civ. Esto indica que la sentencia que establece el monto de la indemnización es la que fija definitivamente el precio y la que determina el inicio de la obligación de pagarlo, precisamente porque las Leyes 1681 y 1814 autorizan a la Entidad BinacionalYacyretá a consignar la suma tasada y al afectado a retirarla sin que implique aceptación, de acuerdo a lo expuesto.
Con estos elementos, resulta claro que la Entidad Binacional Yacyretá no se halla en mora, pues consignó el precio derivado de su tasación y en consecuencia el tercero no se ha expedido aún sobre el precio restante, con lo que aquí no hay mora en cuanto al pago. Por consiguiente, no puede aplicarse la mora ex re a la cual alude el art. 424 in fine del Cód. Civ., por cuanto aquí no hay acto ilícito sino expropiación, regida por las normas de las Leyes 1681/2001 y 1814/2001. Rigiéndose la expropiación por las reglas de la compraventa, la mora en el pago del precio surge solamente una vez que este haya sido establecido por el tercero conforme con lo previsto en el art. 754 del Cód. Civ., que en el caso es el órgano jurisdiccional.
En efecto, uno de los presupuestos de la mora es la exigibilidad de la obligación, requisito que falla al no hallarse determinado el precio, actividad cuyo objeto es, precisamente, el del presente juicio. La doctrina comparte tal aserto: “El deber de prestación que pesa sobre el deudor se torna exigible cuando llegando el tiempo de pago el acreedor actualiza sus poderes de agresión patrimonial, encontrándose facultado para reclamar compulsivamente su realización. Cuando el deudor debe, sin más dilación, ejecutar la prestación y el acreedor puede, sin ningún obstáculo, reclamarla coactivamente, se dice que la obligación deviene actual. Los poderes y correlativos deberes de las partes que hasta entonces se mantenían en potencia o en expectativa llegan a una fase de su desarrollo temporal en que pueden ya actualizarse, determinando la exigibilidad de la obligación. En suma, es exigible la obligación enseña Valsecchi cuando en relación con ella tiene el acreedor actualmente el poder de pedir su cumplimiento” (Wayar, Ernesto Clemente. Tratado de la mora. Buenos Aires, Ábaco, 1981, 1ª ed., pp. 273 274).
Ello es así, naturalmente, cuando el quantum de la obligación de origen contractual o legal –como es el caso de autos– debe ser determinado por un tercero: “Requisito constitutivo de la obligación es la determinación o la determinabilidad del objeto (argumento ex art. 1346 c.c.). En cuanto a esta alternativa se plantea el problema relativo a si frente a un pedido de pago realizado por el acreedor antes de la determinación de la suma el deudor cae igualmente en mora. Cuando tal determinación se halla fuera de todo poder de control del deudor porque, por ejemplo, se halla confiada a un tercero (arts. 1349 y 1473 c.c.) o debe ser dispuesta por el juez a falta de pacto expreso de los contratantes (arts. 1657, 1709, 2225 c.c.), no puede pretenderse que el deudor cumpla al tiempo del pedido del acreedor en el caso en que el tercero o el juez no hayan establecido el quantum debeatur: siendo para él imposible determinar la entidad del monto debido, el eventual retraso no puede serle imputable” (Benatti, Francesco. La costituzione in mora del debitore. Milano, Giuffrè, 1968, 1ª ed., pp. 105 106).
Por lo expuesto, también a este respecto, la sentencia recurrida debe ser confirmada, al no existir mora que autorice la imposición de intereses de tal tipo.
De este modo, confirmado el valor fijado por el Tribunal de Apelaciones, la sentencia en recurso debe ser modificada en su apartado quinto, en cuanto revoca la condena a la Entidad Binacional Yacyretá a pagar la diferencia entre el monto establecido y el consignado. Mantenido el valor fijado por el Tribunal de Apelación, que asciende a G. 394.301.133 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES GUARANÍES); corresponde pronunciar condena por la diferencia aún restante de la suma consignada y extraída (fs. 101/103, 772/774), que asciende a G. 337.879.000 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL GUARANÍES). La diferencia entre dichos guarismos arroja la suma de G. 56.422.133 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES GUARANÍES), suma por la cual debe condenarse a la Entidad Binacional Yacyretá al pago a favor de la Sra. Lidia Rosa Holovaty de Sabluk dentro del plazo de diez días de quedar firme y ejecutoriada la presente resolución. En este sentido debe modificarse el apartado quinto de la resolución apelada, haciendo efectivo el pago de la diferencia y acogiendo la pretensión de condena que deriva del reclamo de mantener la decisión de primera instancia (f. 843). Queda claro que no se altera lo sustancial de lo decidido, sino que simplemente se manda pagar la diferencia en función del monto tasado por el Tribunal de Apelación y confirmado en esta sede, obviamente sin intereses, por lo expuesto; con lo que se confirma todo lo demás decidido.
Finalmente, queda por tratar el agravio relativo a la imposición de costas. A este respecto, hemos dicho que no hay contradicción entre el acogimiento parcial del pago por consignación y la admisión de la demanda reconvencional por fijación de precio. Empero, el caso de autos presenta aristas sumamente particulares. En primer término, la labor de exégesis e interpretación jurisprudencial relacionada con la naturaleza y procedencia de los intereses reclamados. En segundo lugar, debe considerarse la profusa labor interpretativa de las pruebas llevada a cabo en el presente juicio, a lo que se añade que efectivamente la Entidad Binacional Yacyretá escindió el proceso de tasación en cuanto a la arcilla, en el modo descripto en los fundamentos del presente voto. Todo ello, unido a la efectiva existencia de una explotación del yacimiento y la discusión jurídica llevada a cabo, indican que aquí hubo razón probable para litigar, con lo que, en parcial admisión del recurso del apelante a este respecto, indudablemente concurren las razones para imponer las costas por su orden en todo el juicio, de conformidad con los arts. 193, 203 in fine y 205 del Cód. Proc. Civ. Así voto.
A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO: En cuanto al Recurso de Apelación: Adhiero opinión jurídica en lo sustancial al voto del Ministro Torres Kirmser por idénticos fundamentos. Sin embargo, disiento en cuanto a la imposición de Costas en el orden causado.
En efecto, de constancias procesales se aprecia que ninguno de los agravios vertidos por la recurrente han prosperado, por lo que se ha confirmado el Fallo impugnado, resultando vencedora la accionante.
Cabe rememorar que quien obtiene pronunciamiento adverso a la posición jurídica que adoptó en el proceso, reviste la calidad de perdidosa y debe soportar el pago de la Costas que la contraparte ha debido realizar en defensa de sus Derechos. Es que “las costas en tanto erogaciones necesarias hechas por los sujetos del proceso para obtener la actuación de la Ley mediante la resolución judicial que pretenden, deben ser íntegramente resarcidas al vencedor por quien resultó objetivamente derrotado en el debate judicial, debiendo acordarse su exención, sólo excepcionalmente frente a fundadas razones que justifiquen el apartamiento del principio de estricta objetividad con que debe resolverse lo concerniente a la imposición de aquéllas” (AR/JUR/5579/2.005).
Por lo demás “el creerse asistido de un derecho, no puede aprehenderse desde la subjetividad de quien formula una petición, ni desde la perspectiva íntima del contradictor del mismo, sino concretamente a la luz de las normas y principios jurídicos o directrices jurisprudenciales que en él se encuentren comprometidos” (LLBA 2.006,77).
A tenor de lo motivado, no se advierte causal de exoneración alguna ni circunstancia que amerite apartarse del criterio objetivo que impera en la materia, razón por la que corresponde imponer Costas a la perdidosa, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil. Así voto.
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO
VISTO: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima;
MODIFICAR el apartado quinto de la sentencia en recurso, condenando a la Entidad Binacional Yacyretá a pagar a la Sra. Lidia Rosa Holovaty de Sabluk la suma de G.56.422.133 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES GUARANÍES), dentro del plazo de diez días de quedar firme y ejecutoriada la presente resolución, conforme lo expuesto en el considerando.
CONFIRMAR los restantes puntos de la sentencia en recurso.
BAJAC, GARAY Y TORRES – MINISTROS
Ante mí: ALEJANDRINO CUEVAS – SECRETARIO JUDICIAL