Source: https://www.slideshare.net/abaytelman/el-juicio-oral
Timestamp: 2017-08-22 11:37:36
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Excelente trabajo, buena referencia para capacitores !!!
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1. ". EL JUICIO PENAL ORAL Andrés Baytelman A.. "En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armaspara que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran también ejercitarse en la escultura". Augusto Monterroso, 1998.
2. EL JUICIO ORAL (PENAL) Andrés Baytelman Aronowsky1INTRODUCCIÓN; I.- LA CENTRALIDAD DEL JUICIO ORAL; II.- EL JUICIO ORAL:UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS. a) Estado Democrático de Derecho #1: la persona ylos derechos fundamentales. b) Estado Democrático de Derecho #2: el control del poder. c)Estado Democrático de Derecho #3: legitimidad del juzgamiento; III.- EL JUICIO ORALCOMO TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN; IV.- LAAUDIENCIA DEL JUICIO ORAL EN EL NUEVO CPP. 1.- Actores necesarios y actoreseventuales. 2.- Información con que cuentan los actores al inicio del juicio. 3.- Inicio deljuicio oral. 4.- Alegatos de apertura. 5.- prueba en el juicio oral. a) Testigos. b) Peritos. c)Objetos, documentos y otros medios. d) Inspección personal y reconstitución de escena. e)Prueba adicional ordenada por el tribunal. 6.- Alegatos finales. 7.- Facultades del tribunalpara conducir el debate. 8.- Registro del juicio. 9.- Fallo inmediato y sentencia. EPÍLOGO.INTRODUCCIÓN En las páginas que siguen intentaré dar una explicación introductoria acerca de lainstitución del juicio oral en el nuevo Código Procesal Penal. Para eso, dedicaré un primerapartado a explicar por qué el juicio oral es la institución principal en torno a la cual seconstruye todo el proceso penal moderno, y en qué consiste dicha centralidad. En segundolugar esbozaré la idea de que el juicio penal está determinado -mucho antes que por lasnormas que lo regulan- por un conjunto de principios que esas normas están precisamentellamadas a realizar. Diré que esos principios corresponden a ideas políticas en torno almodo en que queremos autorizar al Estado para ejercer el poder penal y que, en definitiva,la adopción de un método de juzgamiento que realice dichos principios constituye unaexigencia del moderno Estado Democrático de Derecho. En el tercer capítulo intentarédefender una nueva justificación para el juicio oral y sus principios -distinta a las razonestradicionales que expongo en el segundo apartado- cual es la concepción del juicio comomecanismo de control de calidad de la información con arreglo a la cual los jueces van ajuzgar el caso. Intentaré además retratar en esta parte de qué modo me parece que losprincipios del juicio oral pueden se orientan precisamente a realizar esta idea Revisaréademás el modo en que dichos principios son recogidos en el nuevo Código Procesal Penal,cuáles son las instituciones normativas que hacen operativos -virtuosa o defectuosamente-dichos principios y de qué manera ellos se erigen como la piedra de choque de la actividadprocesal dentro del juicio. Por último -en un cuarto apartado- revisaré la estructura deljuicio oral prevista en el nuevo Código a la luz de los principios que ella pretende proteger. De esta suerte, los primeros tres apartados contienen una exposición más bien de losfundamentos de este particular modelo de juzgamiento. Quien quiera consultar este texto1 Profesor de Derecho Procesal Penal y Litigación Penal en Juicios Orales, Facultad de Derecho UniversidadDiego Portales. 1
3. para conocer estrictamente las normas del nuevo Código deberá ir derechamente sobre elcapítulo IV y parcialmente sobre el III. Tanto en esta última parte como en las anteriores he centrado la atención en losactores principales del juicio -tribunal, fiscal y defensa; por razones de espacio no me hehecho cargo del querellante ni de los actores civiles.I.- LA CENTRALIDAD DEL JUICIO ORAL La reforma procesal penal en Chile -al igual que cualquier modelo acusatoriocomparado que uno observe- opera sobre la base de que sólo una parte menor de las causasque conoce el sistema llegarán finalmente a juicio oral. Las proyecciones han estimado queuna proporción no superior al diez por ciento de los casos terminarán a través de unasentencia dictada por un tribunal en lo penal. El resto de las causas del sistema finalizaránpor otras vías, vgr. procedimientos abreviados que no importan la realización de juiciosorales, salidas alternativas o ejercicios de la discrecionalidad del Ministerio Público para nollevar adelante ciertas causas. Aun así, todos los sistemas acusatorios comparados insisten en instalar al juicio oralcomo la etapa central del procedimiento penal, negándole valor probatorio a losantecedentes recogidos por el fiscal durante la investigación y resguardando la audienciaprincipal con un conjunto de garantías procesales. En un modelo acusatorio el procesopenal ES el juicio oral. La investigación criminal no pasa de ser un conjunto de actosadministrativos, en ocasiones controlados jurisdiccionalmente, en ocasiones no. ¿No es ésta situación paradojal? ¿Qué lleva a los sistemas modernos deenjuiciamiento penal a afirmar la centralidad del juicio oral, a la vez que diseñarse de modoque sólo una mínima porción de los casos de que conocen lleguen a él? Lo cierto es que el juicio oral determina intensamente lo que ocurre en todo otromomento de la persecución penal: el trabajo de la policía, las actuaciones del fiscal durantela investigación, la posibilidad de proceder a procedimientos abreviados o de terminar elcaso a través de una salida alternativa; todo está determinado por la sombra del juicio oralque se cierne sobre el resto de las etapas, aún en aquella inmensa mayoría de casos quejamás llegarán a él. Así por ejemplo, ¿por qué la policía decide inhibirse de interrogar alimputado a través de apremios ilegítimos o de realizar allanamientos ilegales, si a través deellos puede obtener resultados? Pretender que dicha inhibición proviene del hecho de que laley se lo prohíba resulta bastante ingenuo, máxime cuando toda la experiencia señala quelos abusos policiales no son sancionados y que su persecución es en definitiva muydificultosa. Sin embargo, en un sistema acusatorio el verdadero control está en el juiciooral: a muy poco andar la policía se percata de que va a ser llamada al estrado en el juiciopara dar cuenta de la investigación que realizó; que deberá reconocer en público lasinfracciones a la ley que en el curso de ella cometió, o, de lo contrario, deberá observarimpotente cómo la defensa va sugiriendo dichas infracciones a un tribunal que podráconvencerse de ellas y actuar en consecuencia; se dará cuenta además de que en el juicio no 2
4. vale eso de “es la palabra del acusado contra la nuestra”, porque el sistema de librevaloración produce que si el tribunal le cree al imputado eso es todo lo que se requiere para,quizás, perder el caso de la fiscalía; y si eso ocurre, la policía verá fracasar lo que pudohaber sido un caso ganado -amén del derroche de recursos y tiempo- por la infracción a lasreglas legales que durante la investigación no les preocupó evitar. Y cuando eso ocurra,tendrá todavía que vérselas con quienes demanden explicaciones acerca de por qué seperdió un caso que debió haberse ganado; si el Ministerio Público no estaba al tanto de lainfracciones entonces las iras vendrán de él, por haberle hecho perder un caso que él teníainterés en ganar; y en todo caso siempre el público demandará explicaciones acerca de porqué se perdió el caso contra aquel cuya culpabilidad la comunidad sospecha fuertemente. De esta misma manera todo lo demás. Veamos qué pasa con la fiscalía durante laetapa preparatoria: ¿por qué hacer de buena fe pública la investigación para la defensa?¿por qué no „guardarse‟ antecedentes para sorprender a la defensa el día del juicio? O en elcaso de ambas partes, fiscales y defensores, ¿por qué no „inventar‟ testigos si no cuentancon buena prueba para el caso (como ocurre hoy en día en ciertos procedimientos quevirtualmente han institucionalizado el uso de testigos falsos)? En el primer caso, la fiscalíano puede ocultar información no porque los fiscales sean ejemplos de virtud y ética, sinoporque de hacerlo dicha información va a ser excluida del juicio. En el caso de los testigosfalsos, los abogados tendrán que sopesar el riesgo de exponerse a las inclemencias de lacontradictoriedad en un entorno de revisión riguroso de la prueba presentada. Un cosa espresentar testigos falsos ante un actuario, sin contraparte, por escrito, con el juez a lo lejos ysin ningún real test al que dicho testigo falso se deba someter. Otra muy distinta es mentiren un juicio oral, sabiendo que la contraparte tiene su propia investigación, que el testigo vaa ser suyo por todo el rato que quiera antes de que le permitamos dejar el estrado, y que losjueces van a estar atentamente escuchando durante todo ese tiempo como una tras otraaparecen señales de que hemos puesto un perjuro a declarar en juicio. De vuelta con lamisma lógica: el juicio oral moldea las prácticas de todos los actores durante todas lasetapas previas porque, al ser un entorno de examen riguroso del caso de las partes, el riesgoque les impone de perder credibilidad frente a los jueces -o derechamente de incurrir encausales de nulidad- incentiva a que todos se sometan al juego justo. De vuelta entoncescon la misma lógica: el juicio oral moldea las prácticas de todos los actores durante todaslas etapas previas porque, al ser un entorno de examen riguroso del caso de las partes, elriesgo que les impone de perder credibilidad frente a los jueces -o derechamente de incurriren causales de nulidad- incentiva a que todos se sometan al juego justo. Veamos qué ocurre con los casos que no están destinados a llegar finalmente aljuicio oral: ¿por qué un imputado estaría dispuesto a que se le impongan sanciones a travésde un procedimiento abreviado, en donde sus posibilidades de defensa son ostensiblementemenores que en el juicio oral? ¿por qué en dicho procedimiento abreviado el fiscal -y lavíctima- estarían dispuestos a perseguir una pena mucho más baja que la que creen el delitomerece? ¿de qué dependerá que el acusado esté dispuesto a recibir una medida restrictiva através de la suspensión condicional del procedimiento, sin juicio previo? Una vez más:dado que el juicio oral es siempre un derecho del imputado todo dependerá de lasexpectativas de éxito o fracaso que las partes tengan respecto de los resultados del mismo.Si la fiscalía tiene un caso sólido, entonces probablemente el acusado estará dispuesto aaceptar los términos ofrecidos por el procedimiento abreviado o en la suspensión 3
5. condicional a cambio de que el fiscal no persiga toda la pena en el juicio oral. Si en cambioel caso de la fiscalía es débil, entonces probablemente el acusado preferirá ir a juicio endonde están sus mejores posibilidades de obtener una absolución. Lo mismo con todo elresto de las situaciones que se dan en todas las etapas del procedimiento. Pretender en consecuencia que la importancia del juicio oral es proporcional a lapequeña porción de los casos a que está reservado no se condice en absoluto con laimportancia que el juicio tiene para modelar la conducta de los actores en todo momento dela persecución y para configurar el resultado de todo el resto de las causas del sistema.Actual o latente, el juicio oral es el corazón mismo de un sistema acusatorio y tanto en lascausas que terminan a través de él como en aquellas en que se cierne como una meraeventualidad, determina lo que en todas ellas ocurre. Esto, porque el juicio oral es siempreun derecho del acusado y, en consecuencia, éste siempre podrá rechazar cualquier otrafórmula a través de la cual el sistema pretenda restringir sus derechos constitucionales.Siendo así, entonces, todos los actores en todas las etapas deberán tener presente que laeventualidad del juicio es una posibilidad sobre la cual nadie más que el imputado tiene elcontrol final y, en consecuencia, deberán arreglar su desempeño dentro del procedimientocomo si cada causa pudiera eventualmente ir a juicio.II.- EL JUICIO ORAL: UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS Ahora bien, ¿por qué es el juicio oral la etapa central del sistema acusatorio? ¿quétiene esta instancia que merezca ser establecida como un derecho inalienable del acusado ya la cual hemos conferido todo este poder sobre el resto del sistema? La respuesta a estapregunta no está en el juicio mismo, sino en los principios para cuya protección éste ha sidodiseñado. Supongamos que el juicio no existiera. Supongamos que viviéramos en unasociedad que acaba de formarse y que está decidiendo de qué manera va a perseguir losdelitos que en ella se cometen. Supongamos además que estuviéramos conscientes de que alperseguir delitos podemos equivocarnos, castigando por ellos a quienes eran en definitivainocentes. Supongamos que estamos conscientes también de que los instrumentos quevamos a autorizar para que se persiga el delito son de gran poder, que pueden afectargravemente la vida de las personas y que pueden prestarse para abusos y arbitrariedades.Supongamos, por último, que esta sociedad que estamos formando está consciente de quenuestra visión de la persona humana se ha modificado radicalmente en los últimos siglos, yque allí donde el monarca, el señor feudal o el amo podían disponer de la vida de lossúbditos, los vasallos o los esclavos, hoy nos enorgullecemos de un sistema de convivenciaal que hemos llamado Democracia y en donde el individuo tiene un valor primordial. Si con este conjunto de ideas en mente nos abocáramos a decidir cómo debemosjuzgar a las personas que, creemos, han cometido un delito, probablemente pasaríamos porun sinnúmero de sistemas y de modelos. Éste es el proceso que la historia jurídica deoccidente ha recorrido por los últimos dos siglos, desde el tránsito del poder absoluto hastala república democrática. De ese proceso, el juicio oral se ha instalado como el sistema deenjuiciamiento que mejor responde a las ideas políticas que tenemos acerca de cómodebemos decidir si aplicar a una persona una sanción tan extrema como la sanción penal.No se trata, en consecuencia, de desenvolver hacia atrás una justificación para las ventajas 4
6. o bondades del juicio oral. Se trata, en cambio, de que si discutiéramos en una posiciónfundacional acerca de cómo protegemos ciertos valores en los que la Democracia creeprofundamente llegaríamos finalmente al juicio oral como el mejor método de juzgamientode delitos, tal como la cultura democrática occidental de hecho hizo a lo largo de lospasados dos siglos. Volveré sobre esta afirmación en algunas páginas más para revisar sujustificación. ¿Cuáles son esas ideas-fuerza cuya protección, según dije, llegaríamosinevitablemente a reclamar de nuestro sistema de juzgamiento penal? Dichas ideas-fuerza son las siguientes2:  Imparcialidad. El juicio exige ser resuelto por alguien que no tenga compromisos ni credibilidades preconcebidas para ninguna de las partes, y que haya sido capaz de garantizar para todas ellas un entorno de juego justo durante el debate.  Principio de la inmediación. La prueba debe ser directamente percibida por los jueces, de primera mano.  Oralidad. Se trata de una idea al servicio de la inmediación y de la contradictoriedad: las personas deben declarar espontáneamente, en base a su memoria y a través de la palabra, de modo que puedan ser oídas directamente por los jueces. Sin perjuicio de que hay lecturas permitidas, la lectura daña severamente la inmediación de los jueces y la contradictoriedad. La mera lectura „oral‟ de escritos o declaraciones no constituye oralidad.  Concentración y continuidad. También al servicio de la inmediación, la audiencia debe desarrollarse de principio a fin en una sola unidad. Esa unidad puede durar una hora o una semana, pero debe verse toda la prueba de una sola vez.  Principio de contradictoriedad. En un entorno de juego justo, el juicio implica que las partes puedan realizar toda la actividad que esté a su alcance para controvertir el caso de la contraparte y presentar su propio caso.  Principio de inocencia. Sólo a través de la sentencia definitiva el sistema está dispuesto a considerar culpable a una persona y a tratarlo en consecuencia.  Publicidad. El juicio debe realizarse en presencia de la comunidad. Toda persona tiene derecho a presenciar el juicio y a observar de qué manera jueces y abogados ejercen su labor dentro del tribunal.2 Cada uno de estos principios tiene excepciones y matices que ya explicaremos más adelante. Lo importanteen esta parte es asentar las ideas que subyacen a ellos. 5
7. Este conjunto de ideas-fuerza relativas al modo en que queremos juzgar penalmentea las personas -este conjunto de ideas políticas a las que la dogmática tradicional denomina„principios‟3- constituyen las verdaderas „reglas duras‟ que hacen al juicio. Las normaslegales no son sino un intento ineludiblemente grueso y general de hacer operativos dichosprincipios y, en consecuencia, la interpretación de las mismas debe hacerse enérgicamenteen el sentido que más compatible aparezca con la realización de estos objetivos. Estosprincipios son de aplicación directa en el proceso y deben integrar los vacíos, forzar lainterpretación y erigirse como razones últimas de la argumentación jurídica y delrazonamiento judicial. Al contrario del modo en que nuestra cultura jurídica ha solido tratar a estos principios -como mera poesía jurídica, insignificante dentro de las prácticas procesales y de laargumentación jurídica- ellos son la verdadera piedra de choque de toda la actividadprocesal y las normas legales no pueden ser aplicadas sino al servicio de ellos. Hasta el momento entonces hemos afirmado tres cosas: a.- Que una sociedad que se toma en serio los valores democráticos debe inevitablemente concluir que las personas no pueden ser juzgadas penalmente sino con apego a estos principios que hemos enunciado (imparcialidad, inmediación, contradictoriedad, publicidad, presunción de inocencia). b.- Que en lo que nuestras sociedades han podido concebir hasta el momento, el método de juzgamiento que mejor satisface dichas exigencias es el juicio oral. c.- Que, de las muchas interpretaciones que es posible hacer de las normas que reglan el juicio oral, debemos optar por aquellas que se subordinen a la realización de la inmediación, la contradictoriedad, la imparcialidad, la publicidad y el principio de inocencia. Ahora bien, quisiera volver atrás y hacerme cargo todavía de estas afirmaciones. ¿Porqué llegaríamos inevitablemente a exigir un sistema de juzgamiento penal diseñado entorno a estos principios? ¿Qué hace que estos principios sean tan poderosos que tenganaplicación directa dentro del juicio y que fuercen la interpretación de sus normas? ¿Por quéha llegado el sistema democrático a exigir el juicio oral como único modo de juzgamientopenal de las personas?3 Ver a propósito de los principios que informan el juicio oral “Mensaje Nº110 – 331” con el que se inicia elproyecto de Código Procesal Penal (en adelante “Mensaje”), págs. 13 y siguientes. Sobre lo mismo, verBinder Alberto, “Introducción al Derecho Procesal Penal”, 1993, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires (en adelante“Binder, „Introducción...”), páginas 109 y siguientes; Maier Julio, “Derecho Procesal Penal”, 1996, Ed. delPuerto, Buenos Aires (en adelante “Maier”), páginas 471 y siguientes; Riego Cristián, “El Sistema ProcesalPenal Chileno frente a las Normas Internacionales de Derechos Humanos”, en “Sistema Jurídico y Derechoshumanos”, Ed. Universidad Diego Portales, 1996, Santiago; Ramos Méndez Francisco, “El Proceso Penal:lectura constitucional”, Ed. José Mª Bosch, 1991, Barcelona, páginas 3 a 37. 6
8. Tradicionalmente se han esgrimido varias líneas de justificación en defensa de estasconclusiones: a.- Estado Democrático de Derecho #1: la persona y los derechos fundamentales. b.- Estado Democrático de Derecho #2: el control del poder c.- Estado Democrático de Derecho #3: juzgamiento con legitimidad. Cada una de estas líneas de justificación representa objetivos e intereses dentro deljuicio no siempre compatibles entre si y en permanente tensión. Es en este sentido que lasreglas últimas del juicio sólo pueden ser principios aplicados por el juez al caso concreto,pues las normas legales -generales y abstractas- jamás lograrán recoger la complejidad queestos intereses en disputa representan. Revisemos brevemente cada una de estas líneas defundamentación: a.- Estado Democrático de Derecho #1: la persona y los derechos fundamentales. Quiérase o no, el sistema político que ideó la sociedad moderna para suceder a la monarquía -la Democracia- tiene un fuerte contenido ético. La república democrática impuso una cierta visión acerca de la persona humana y del modo en que ella debe ser tratada por el Estado y por el resto de la sociedad. En términos generales, esa visión reivindica el valor de la persona humana, asegurando la protección de sus diversas manifestaciones: integridad física, dignidad, privacidad, intimidad. Le asegura además que, en tanto individuo, es tan importante como cualquier otro y, por lo mismo, será tratado con igualdad frente a todo el resto de la sociedad, incluido el Estado. Desde el punto de vista de esta primera visión, el juicio oral no es sino la expresión obligada de estos mismos valores en una de las muchas esferas de interacción social, cual es la de los procedimientos judiciales. Particularmente en el proceso penal -que pone a las personas en posiciones de especial vulnerabilidad- el Estado Democrático de Derecho exige reconocer al individuo como un „otro‟, digno de consideración y respeto, aun cuando juzguemos con dureza las conductas que ha realizado y persigamos su castigo por ellas. Esta visión ética acerca de la persona humana no es antojadiza ni lo es nuestra interpretación acerca de sus alcances; ella ha sido el fruto de largos debates de las democracias occidentales en los últimos cincuenta años y han sido expresamente reguladas a través de un conjunto de instrumentos internacionales que contienen pormenorizadamente el sistema de garantías de las personas al interior del proceso penal. Estos instrumentos internacionales son considerados hoy en día acuerdos de jerarquía superior -aun por sobre la Constitución Política-, autorizando incluso a la comunidad internacional para intervenir en los conflictos internos de los países y para reprocharlos cuando, aun en tiempos pacíficos, infringen los derechos fundamentales allí acordados. En lo que atañe a Chile, nuestro país es signatario de todos los pactos internacionales en la materia: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Viena de 1993, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos ellos constituyen acuerdos explícitos 7
9. respecto de cómo la Democracia moderna concibe a la persona humana y enparticular los últimos dos se refieren de manera explícita y detallada a cuáles sonlas consecuencias de dicha concepción en el proceso penal. Demás está decirque ambos pactos son derecho positivo de la más alta jerarquía dentro de nuestrosistema jurídico, dado el inciso 2º del artículo 5º de la Constitución Política.Dicho sea de paso, también nuestra carta fundamental explicita una concepciónética de las personas compatible con esta visión -seres libres e iguales, tratadoscon dignidad y respeto- que, para tomarse en serio, debe tener consecuenciasinevitables en todas las esferas de interacción social, incluido el proceso penal.Sin embargo, esta primera argumentación en favor del juicio oral y de susprincipios -como manifestación en el proceso penal de los valores morales de laDemocracia- resulta paradojal: de una parte, es probablemente la argumentaciónmás consistente para explicar en su conjunto el proceso penal moderno; de laotra, resulta con frecuencia complejo explicar desde allí el proceso penal -incluido el juicio oral- en el contexto de culturas jurídicas que no parecencompartir -al menos en su totalidad- esta visión moral de la Democracia y de susalcances. En este sentido, la línea de argumentación relativa a las exigenciaséticas que hace la Democracia al procedimiento penal suele verse complejizadapor factores como los que siguen:- Relatividad ética: “en cuestiones de moralidad „no hay nada escrito‟ y, en consecuencia, a la visión que la Democracia tiene del individuo y a su trato al interior del sistema penal se pueden oponer otras ideas -menos garantistas- que contarían con fundamentos éticos para los cuales se reivindicaría igual valor; así por ejemplo, la intolerancia con la delincuencia y la aspiración de vivir en paz y tranquilidad, sancionando a quienes cometen delitos”.- Concepto de Democracia: “por otro lado, nadie tiene el monopolio acerca de cómo es la Democracia. ¿Quién dice que el Estado Democrático de Derecho haga las exigencias que, se pretende, hace al proceso penal? ¿Quién tiene derecho a decir que no soy democrático si defiendo reglas que, en mi visión, precisamente perfeccionan el sistema democrático en la medida en que recogen mejor la realidad en que éste se desarrolla -por ejemplo la necesidad de controlar el crimen?”.- ¿Garantías para el delincuente?: “además de eso, las reglas democráticas están al servicio de los ciudadanos honestos que quieren convivir pacíficamente dentro de la sociedad. ¿Por qué habríamos de tratar con respeto y deferencia a quien no ha respetado a los demás, atentando contra las personas o sus bienes?”- Vaguedad de los conceptos y cumplimiento formal: por último, al ser los principios ineludiblemente generales es imposible evitar su cumplimiento nada más formal por quienes -por desacuerdo o simple ignorancia- no están dispuestos a aplicarlos del modo en que ellos sirven a los valores para los que fueron concebidos. Así por ejemplo ocurre cuando los jueces dan por 8
10. satisfecha la exigencia de la oralidad por la mera lectura „oral‟ del expediente del fiscal en el juicio, sin que dicha oralidad haya generado ninguna inmediación del tribunal con la prueba. Demás está decir que cada una de estas afirmaciones hace tabla rasa de los acuerdos morales que una buena porción de la humanidad ha adoptado a través de sus gobiernos en el concierto internacional. Desde luego esos acuerdos no son exhaustivos y dejan todavía espacios amplios para la discusión y las modalidades de su implementación en cada sociedad en particular. Sin embargo, no es menos cierto que hay zonas igualmente vastas en los que estos acuerdos son precisos y claros, particularmente al interior del proceso penal. En consecuencia, me parece que hay poderosas razones éticas para defender un intenso sistema de garantías del individuo frente al Estado, particularmente dentro del sistema de justicia penal; entiendo además que ese sistema de garantías impone costos en términos de eficiencia para la persecución penal y estoy dispuesto a aceptarlos, incluso en favor de quienes resulten finalmente culpables de los delitos que se les imputan. No obstante, no es éste trabajo el lugar en que pretendo exponer dichas razones éticas, ni defenderlas. Al contrario, deseo renunciar de momento a ellas, en la comprensión de que -como he intentado mostrar- la discusión de los principios del juicio oral se vuelve compleja y estéril cuando quienes debaten simplemente no comparten una misma visión ética respecto del individuo y de su inserción social, ni una misma idea acerca de lo que la Democracia exige de ellos. Quisiera dedicar este trabajo, en cambio, a justificar los principios y garantías que fundan el juicio oral de un modo que, me parece, puede hacer sentido con independencia de la postura moral que se adopte frente a la „dureza‟ o „garantismo‟ del sistema penal.b.- Estado Democrático de Derecho #2: el control del poder. El Estado de Derecho y la Democracia son conquistas modernas surgidas como reacción a siglos de experiencia en sistemas políticos autoritarios. La experiencia uniforme y consistente de la sociedad humana es que el poder debe ser controlado, pues se presta para el abuso, la arbitrariedad, la corrupción y el error. Tanto el sistema feudal como el Estado absoluto -por reacción a los cuales nació la Democracia moderna y el Estado de Derecho- constituyeron experiencias extremas acerca de lo que una sociedad puede esperar del poder irrestrictamente radicado en autoridades carentes de control. Sin embargo, los últimos doscientos años de Democracia han demostrado de manera también uniforme y consistente que, siendo el poder del Estado tan enorme, no basta simplemente un control ligero para evitar el abuso, la arbitrariedad, la corrupción y el error. Tenemos en occidente, aun en Democracia, una larga tradición de usos equívocos del poder estatal y, en consecuencia, el sistema democrático ha evolucionado en el sentido de incorporar dentro de su concepción una profunda noción del control del poder dentro de la sociedad. Estos controles son múltiples y heterogéneos; van desde la competencia entre los partidos políticos hasta la libertad de expresión de los ciudadanos; desde la votación popular hasta la creación de órganos de 9
11. control „extrapoder‟; desde el amparo constitucional hasta la actividad de los medios de prensa. Ahora bien, en el caso de la actividad del Estado para perseguir la delincuencia, nuestras sospechas se vuelven más intensas que nunca; se trata de un área en la que le hemos concedido al poder político facultades para penetrar las áreas más delicadas de la existencia del individuo; hemos autorizado que existan funcionarios armados que pueden legítimamente disparar sobre nosotros; hemos autorizado que puedan invadir nuestra privacidad, interceptando nuestra correspondencia o nuestros teléfonos y entrando en nuestros hogares; lo hemos autorizado a que embargue nuestros bienes y le hemos dado facultades para que pueda encerrarnos en una prisión por el resto de nuestras vidas, separarnos de nuestras familias, apartarnos de nuestro trabajo y aún que ordene nuestra muerte a vista y paciencia de toda la sociedad. Se trata, pues, de inmensas facultades, allí donde toda nuestra experiencia social es que el ejercicio del poder lleva asociado ineludiblemente un grado de exceso, abuso, arbitrariedad y error. Siendo entonces una de las áreas donde el ejercicio del poder corre mayor riesgo de ser mal utilizado y, a la vez, donde las consecuencias que se siguen para los afectados son más graves e irreversibles, la persecución del delito es uno de los ámbitos de acción estatal que más intenso control requiere en cuanto a la correcta utilización del poder que la ciudadanía ha delegado en la autoridad. Desde este punto de vista, el advenimiento de la Democracia cambió radicalmente el objeto del proceso penal: de ser el instrumento a través del cual el Estado castiga a los infractores, se transformó fundamentalmente en una herramienta de control de la actividad de persecución. Muchos de los principios en derredor de los cuales se construyó el proceso -lo mismo que las garantías que a su interior se consagraron- cumplen una función crucial de control del ejercicio del poder estatal. Así por ejemplo ocurre en el juicio con principios como la publicidad o la contradictoriedad; así también ocurre fuera del juicio con instituciones como el juez de garantía o -acaso el ejemplo más paradigmático- con la exclusión de las pruebas ilegalmente obtenidas por la policía o el Ministerio Público.c.- Estado Democrático de Derecho #3: legitimidad del juzgamiento. Un tercer punto de vista al cual el diseño del juicio oral y sus principios responden es al de que el juzgamiento penal de las personas, precisamente porque constituye el ejercicio mas extremo del poder del Estado, debe realizarse de modo que sea percibido como legítimo por la comunidad que a él se somete. En particular en un sistema judicial que no goza de legitimidad democrática -no incorpora ninguna modalidad de participación popular en las decisiones, como jurados o escabinos- la pregunta por la legitimidad resulta crucial. Después de todo, la legitimidad del poder que emana del ejecutivo y del legislativo provienen directamente del voto popular que les ha conferido dicho poder. Pero ¿de dónde proviene la legitimidad de que unos funcionarios en cuya designación ninguno de los ciudadanos ha participado pretendan tomar decisiones con fuerza vinculante para la comunidad? ¿por qué habríamos de obedecerles?. Desde este 10
12. punto de vista, el esfuerzo ha sido por construir un sistema de juzgamiento que pueda ser aceptado como legítimo por la comunidad -particularmente por el imputado- en consideración a las reglas que lo componen y no al origen popular del poder que las aplica -el juez. En este contexto, para que el juicio sea percibido como legítimo por la comunidad ésta debe poder presenciarlo en todas sus partes, de modo de poder juzgar la justicia de las decisiones al interior de él. La comunidad debe percibir además que quien juzga el caso no es equivalente al perseguidor y que, en cambio, obra con objetividad y decide con imparcialidad sin inclinarse por ninguna de las partes y sin conceder ningún privilegio, especialmente a los órganos de persecución; este tribunal además, para comportarse profesionalmente y permitir a la comunidad observar su modo de hacer justicia, debe apreciar personalmente la prueba de modo de poder tener impresiones directas de ella; dichas reglas deben además asegurar al imputado un trato de igualdad en frente del poder estatal; que va a ser oído y sus descargos atendidos seriamente; que podrá presentar toda la prueba que desee y que ésta va a ser seriamente considerada en la decisión; que va a poder denunciar todas las inconsistencias, tergiversaciones y carencias de la prueba que se presenta en su contra, hallando en el tribunal a un contralor interesado; la comunidad debe percibir que este tribunal controla al Ministerio Público y a la policía, haciéndoles fuertes exigencias probatorias para condenar a un ciudadano a una medida tan drástica como la sanción penal. Por último, la comunidad deberá percibir que este tribunal está dispuesto a explicar con detalle sus decisiones, de manera que todos puedan reproducir dicho razonamiento y controlarlo en consecuencia. En suma, la legitimidad del juzgamiento en un sistema que carece de participación democrática proviene de jueces que se erigen precisamente como protectores del cumplimiento de estas garantías establecidas a favor de las personas al interior del juicio -publicidad, imparcialidad, inmediación, contradictoriedad, presunción de inocencia- y que cumplen con dicha función a través de un razonamiento judicial público y riguroso. También desde este punto de vista, entonces -desde el reclamo de la comunidad de ser juzgada de un modo que sea percibido por sus integrantes como legítimo- se llega al juicio oral, público y contradictorio como una exigencia necesaria a la condena penal de las personas. Ahora bien, cada una de estas líneas de argumentación justifican la institución deljuicio oral y los principios de su arquitectura. No obstante, no debe pretenderse a esterespecto construir algo así como „la teoría general del juicio oral‟ pues éste -lo mismo queel proceso penal en general- hace convivir un complejo de lógicas, intereses y problemas demuy heterogénea naturaleza, no pocas veces inconsistentes entre sí. En consecuencia, laslíneas de argumentación que acabo de dar se superponen en buena parte de los principiosdel juicio oral, mientras que otras instituciones dentro de él son explicadas por sólo una oalgunas de ellas. En este trabajo quisiera sin embargo postergar estas líneas de justificación -particularmente a la primera de ellas- y ofrecer en cambio una visión acerca del juicio oraly de los principios que lo diseñan que, creo, puede ser aceptada tanto por liberales como 11
13. por conservadores en materia procesal penal. En virtud de esta visión el juzgamiento de unapersona responde a un conjunto de ideas-fuerza cuyo sentido es controlar la calidad de lainformación con arreglo a la cual vamos a juzgar al acusado, de manera de asegurarnos queella satisface un mínimo estándar de rigor y confiabilidad.III.- EL JUICIO ORAL COMO TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE LAINFORMACION En un modelo acusatorio como el que adopta el nuevo Código, el proceso penal ESel juicio oral. No es la tercera etapa del procedimiento, no es una etapa sucesiva o agregadaa la etapa de investigación o a la etapa intermedia, ni es la etapa en que se le da a las partesuna oportunidad graciosa para discutir las „pruebas‟ recogidas durante la investigaciónfiscal. No hay prueba producida fuera del juicio y lo único que existe para los jueces quevan a fallar es lo que ocurre en esta audiencia. Es en este sentido que todo lo que ocurrepreviamente al juicio es estrictamente preparatorio: la información que el fiscal hayareunido durante la investigación no interesa ni existe, sino sólo en cuanto es producida en eljuicio oral. Esto quiere decir, por ejemplo, que el fiscal no puede pararse en el juicio ydecir: “magistrados, quiero leer lo que dice el parte policial...”. El parte policial no existe enel juicio. Si el fiscal quiere introducir en el debate la información contenida en el partepolicial, entonces lo que debe hacer es sentar al policía en cuestión en el estrado el día deljuicio para que preste testimonio. Si no tiene al policía para el juicio, no puede sustituir sutestimonio con la lectura del parte policial. Lo mismo ocurre respecto de todo el resto de lainformación: la única manera de introducirla al debate es produciéndola en el juicio deprimera mano pues, salvo muy precisas excepciones, la información producida fuera deljuicio no existe para el juzgador. La posición de las partes en este sentido es, si se quiere,análoga a la de las partes en el procedimiento civil: el demandante ha pedido a lostribunales cierta decisión, basado en la afirmación de ciertos hechos; para ello, ha realizadouna cierta actividad preparatoria del juicio: ha reunido testigos, ha acumulado documentos,ha pedido peritajes y ha acompañado toda esa información al tribunal. Sin embargo, ningúnjuez considera que lo que el demandante afirma es verdad ni que su derecho es el quereclama simplemente porque él así lo diga. Si así fuera, no habría necesidad alguna deseguir adelante con el juicio ni de tener jueces. Esta es también la situación en el procesopenal, particularmente respecto del Ministerio Publico y del querellante. Concebir al juicio de esta manera es una opción. Hay otros modelos de juicio y haytambién otros modelos de justicia penal -nosotros mismos estamos abandonando unocompletamente diferente. ¿Por qué -entonces- hacer esta opción y no otra? ¿Por quéestablecer el juicio como la única instancia a la cual reconocemos la capacidad de producirprueba utilizable en el razonamiento judicial? ¿por qué negarle valor probatorio a lainformación producida en otros momentos de la persecución penal? ¿por qué renunciar altrabajo realizado durante la investigación y, finalmente, por qué arriesgarse a no poderllevar un caso a juicio cuando no tenemos disponible para éste a los testigos, peritos uobjetos obtenidos en etapas previas? En el capítulo anterior mencionamos varias líneas dejustificación del juicio oral como única instancia de producción de prueba. En este capítuloquerría ofrecer otra óptica para comprender la institución del juicio oral: el juicio oral como 12
14. un test de control de calidad de la información con arreglo a la cual estamos dispuestos ajuzgar a las personas. Me parece que este punto de vista le ofrece tanto a „liberales‟ como a„conservadores‟ buenas razones para adoptar un genuino juicio oral como método derealización de la justicia penal, a la vez que provee a los jueces un criterio claro para dotarde contenido específico a dichos principios y garantías. Para explicar esta visión querría enunciar dos presupuestos sobre los cualesconstruir esta postura: 1.- Es un valor para el sistema tanto identificar a los culpables como poderreconocer a los inocentes, de lo que se sigue que debemos construir un sistema dejuzgamiento que nos entregue la información más abundante y confiable posible acerca delcaso en cuestión. 2.- La eficiencia ideal hacia la cual debemos procurar que el sistema tiendaconsistiría en lograr realizar en su plenitud ambas cosas a la vez -identificar a los culpablesy reconocer a los inocentes; pero, en aquella porción en que haya que optar por uno de esosdos valores, es más valioso que un inocente no sea injustamente castigado a que unculpable salga injustamente en libertad. Esta es por cierto una opción moral y no técnica.Quien crea que es preferible no perder a un culpable aun cuando para ello se deba pagar enprecio la encarcelación de un inocente, desde luego no estará de acuerdo con las cosas queestoy a punto de decir. Pero no porque desacordemos en ninguna cuestión jurídica, sinoporque tenemos un conflicto moral, que tendremos que disputar más bien en la arenapolítica. Desde esta óptica, entonces, el juicio oral se erige como una instancia de depuraciónde la información. Su diseño respondería a la idea de minimizar todo lo posible el riesgo deerror, evitando particularmente que un inocente sea erróneamente condenado -por ejemploelevando los riesgos para la policía de „plantar‟ evidencia‟- aunque también evitando queun culpable eluda a la justicia -por ejemplo aumentando para la defensa los riesgos de„inventar‟ un testigo de coartada. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos minimizar el riesgo de condenar aalguien por error o con abuso?. Desde el primer momento de la persecución penal, lainformación que se produce es mucha, disímil y seguramente contradictoria entre si. Todostienen una impresión acerca de la causa, cada quien cuenta con información distinta, cadauno tiene sus prejuicios e intuiciones, cree conocer la verdad acerca de lo que ocurrió ytiene una opinión acerca de cómo debe resolverse este caso; la víctima tiene una versión, elimputado tiene otra; el juez de garantía tiene la suya, la policía y el fiscal ciertamente tienenla propia; así también los familiares y amigos de las partes; cada uno de los testigos tiene supropia versión, así como también la tiene la prensa y el resto de la comunidad. En cada casoconcurren múltiples versiones acerca de lo que realmente ocurrió; en ocasiones esasversiones son completas, en ocasiones son parciales; en ocasiones son construidas sobre labase de información „dura‟, en ocasiones sobre la base de meros prejuicios o conjeturas; enocasiones esas conjeturas son poderosas, en ocasiones son livianas y frívolas. 13
15. Este flujo de información atraviesa todos los momentos y a todas las personas. Esincontrolable. Para resolver el caso, entonces, es necesario separar el grano de la paja;construir una instancia que reúna de una sola vez toda la información disponible, la depurey, hecho eso, controle exigentemente su calidad. Esta instancia es el juicio oral. Para losjueces sólo la información producida en el juicio oral existe porque es ésta la únicainstancia que hemos construido como un genuino control de calidad de la información conarreglo a la cual les vamos a pedir que resuelvan el caso. Al juicio oral de corte acusatorio, entonces, subyace una gran y principalísima idea-fuerza a la luz de la cual entender e interpretar las normas y principios que lo regulan: sóloestamos dispuestos a decidir acerca de la condena de una persona con información de altacalidad y, desde este punto de vista, el juicio oral ha sido diseñado en el sistema acusatorio-y sólo él lo ha sido de esta manera- como un test para la información con arreglo a la cualse va a resolver el caso. Si la información supera el test impuesto por el juicio, entoncesestaremos dispuestos a confiar en ella. ¿En qué sentido se erige el juicio oral como un testde confiabilidad de la información? La respuesta a esta pregunta en el modelo acusatorioestá constituida por un conjunto de principios cuya justificación es, desde este punto devista, configurar al juicio como un test de credibilidad de la información. Veamos de qué manera los principios se confabulan al servicio de esa idea: Una PRIMERA IDEA-FUERZA es que para que la información sea confiable -para que satisfaga un mínimo control de calidad- debe ser percibida directamente por losjueces. Esto es a lo que llamamos PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN: la idea de que nadiemedie entre el juez y la percepción directa de la prueba, por ejemplo el testigo que estádeclarando. Si el juez no oye directamente la declaración del testigo sino que la lee en unacta, entonces simplemente no está en condiciones -por capaz que sea- de realizar unverdadero juicio de credibilidad respecto de lo que el testigo ha dicho. La información queesa acta contiene -la información del testigo recogida en el acta- es información de bajísimacalidad: quizás esas no fueron exactamente las palabras que usó el testigo, quizás así escomo lo transcribió el funcionario; quizás el testigo estaba nervioso y hablabaentrecortadamente -de lo que cualquiera habría podido sospechar que estaba mintiendo- oquizás lo dijo con una seguridad más allá de toda duda, que nos invita a creer que dice laverdad; el hecho es que no lo sabemos porque no lo vimos declarar y sin ello el juez loúnico que tiene -en el mejor de los casos- son las meras palabras del testigo; lo mismo siparecían claramente mentirosas que si parecían ciertas a toda prueba, el juez no tiene másque el papel consignando exactamente la misma declaración en uno y otro caso. Sinpercibir directamente la prueba -sin inmediación- la información ostenta una bajísimacalidad y no satisface un control de confiabilidad mínimo. Si estamos de acuerdo en la idea-fuerza de que los jueces fallen con información mínimamente confiable, entonces unaprimera cuestión que hay que proteger es la inmediación del juez. Esta es la razón por lacual los sistemas acusatorios establecen la instrucción como una etapa estrictamentepreparatoria, excluyéndole total valor probatorio a las diligencias de investigación cuyaproducción, por haber sido realizadas fuera del juicio, los jueces no pudieron apreciardirectamente. Consecuencia: en un sistema acusatorio que se toma en serio la inmediaciónde los jueces, si el testigo de la fiscalía no llega al juicio el fiscal no puede presentar comoprueba la declaración que éste prestó ante el Ministerio Público o ante la policía durante la 14
16. investigación, por mucho que eso signifique que el fiscal pierda su caso. Los jueces antesque nadie debieran sospechar fuertemente de una declaración cuya producción no hanpercibido directamente: no saben si el testigo era o no coherente, no saben si la declaraciónescrita está editada o completa, no saben si el testigo sudaba de nervios al no estar segurode estar incriminando a un inocente o si sonreía con satisfacción al saber que se estabavengando de su enemigo. Los jueces no tienen cómo evaluar una declaración por escrito yno pueden aceptar que los obliguen a resolver en base a información sobre la cual ellos nopueden realizar un genuino juicio de credibilidad. El nuevo Código Procesal Penal opera sobre esta base. El artículo 296 señalaexpresamente -a propósito de la oportunidad para la producción de la prueba- que “laprueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá producirse durante el juiciooral”4. Y a propósito de la sentencia, el artículo 340 inciso 2º: “el tribunal formara suconvicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio”. Esta regla, como todas,tiene excepciones, pero éste es claramente el principio. El Código consagra expresamente laORALIDAD de la audiencia y la exigencia de que el juicio se desarrolle en formaCONTINUA y CONCENTRADA, pudiendo prolongarse en audiencias sucesivas hasta suconclusión5. El artículo 291 establece que “la audiencia principal se desarrollará en formaoral, tanto en lo relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes como a lasdeclaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervenciónde quienes participaren en ella. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadasverbalmente por el tribunal [...] El tribunal no admitirá la presentación de escritos de laspartes o demás intervinientes durante la audiencia principal...”. Ahora bien, ¿cuál es elvalor de estos principios? ¿por qué es valioso que el juicio sea oral, en una audienciacontinua y concentrada en que se produzca el debate de principio a fin hasta la decisión delcaso? Estos tres principios son en rigor tributarios de la inmediación y su único sentido esasegurarla. El juicio debe ser oral porque esa es la única manera que conocemos a través dela cual los jueces pueden conocer directamente la prueba. Por eso mismo queremos que eltribunal vea la evidencia toda de una vez y resuelva sobre la base de su memoria frescaacerca de ella. La escritura desde luego no permite esto, pero si en algún futuroencontramos alguna otra manera de asegurar la inmediación, nada impediría que los juiciosabandonen la oralidad y se desarrollen de esa otra manera (quién sabe, quizás realidadvirtual en un futuro no muy lejano). Es importante, en consecuencia, tener claridad sobre elsentido de la oralidad como garante de la inmediación, pues en múltiples ocasiones el juicionos enfrentará a la posibilidad de admitir escritos, informes y actas. Lo que deberemospreguntarnos en cada una de esas ocasiones es si sí o si no la admisión de tales escritosimpide la inmediación, allí donde ella es necesaria. Pensemos por ejemplo en la acusación oen la demanda civil: ambas se deducen por escrito. ¿Infringe esto la oralidad del juicio?Bien, veamos: ¿hay algo en la acusación o en la demanda civil que los jueces debanapreciar con inmediación? Parece que no, luego no tiene ninguna importancia que esosantecedentes se presenten por escrito. ¿Ocurre lo mismo con un informe pericial? Paranada: si existe un informe pericial entonces queremos que ese perito venga y explique susconclusiones personalmente en frente de los jueces, porque sólo de esta manera ellospodrán evaluar la credibilidad de su declaración. Queremos poder examinarlo y4 Todas las remisiones a artículos en este texto refieren normas del nuevo Código Procesal Penal.5 Ver artículos 282 y 283. 15
17. contraexaminarlo, pues los jueces no deben estar dispuestos a aceptar sus conclusiones sinescuchar de su propia boca una explicación acerca de ellas, su exacto alcance, susimplicancias, los procedimientos a través de los cuáles las obtuvo y su misma acreditacióncomo experto. Lo mismo ocurre con las declaraciones de testigos y, en general con casitoda la prueba. Así, el artículo 329 señala que “durante la audiencia los peritos y testigosdeberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituidapor la lectura de registros en que constaren anteriores declaraciones o de otrosdocumentos que las contuvieren...”. En ambos casos -tanto para los testigos legos comopara los peritos- hay excepciones; bajo ciertas circunstancias es posible incorporar peritajescomo prueba por la mera lectura del informe; bajo ciertas circunstancias también, es posibleincorporar como prueba declaraciones hechas por testigos que no comparecerán al juiciooral. Pero, se tratan, como veremos, de situaciones extraordinariamente restringidas. Fuerade esas excepciones, o la persona -testigo o perito- esta disponible para tomar el estrado enel juicio, o la información simplemente no puede ser incorporada al debate. Esto esparticularmente cierto para el caso del Ministerio Público; el articulo 334 señala que “nose podrá incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el juicio a losregistros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadaspor la policía o el ministerio público”. En esta norma debe entenderse en un sentidoamplio, comprendidos en ella no solo las actuaciones de los fiscales y policías en si, sinotambién todo el resto del aparato persecutor que opera como una extensión del MinisterioPublico. De esta suerte, todo peritaje o declaración que el Ministerio Público quieraingresar al debate debe sujetarse a esta norma. Como se dijo, el Código contemplaexcepciones. Algunas de ellas son compatibles con la protección de la inmediación, algunasde ellas son claras infracciones a dicho principio y se deben nada más a resabiosinquisitivos que todavía el nuevo Código exhibe. Lo que interesa destacar aquí es que si losjueces no perciben directamente la información entonces no pueden estar seguros de queella sea seria y creíble y, por lo mismo, van a estar expuestos a equivocarse al utilizarinformación de baja calidad. Toda excepción al principio de inmediación, entonces, debieraser vista con recelo y con sospechas por parte de los jueces, quienes debieran enconsecuencia hacer interpretaciones restrictivas y exigentes respecto de ellas. A lo anterior-y siempre en torno a esta primera idea-fuerza que constituye la inmediación- debeagregarse el artículo 284 que exige la presencia ininterrumpida de todos los jueces queintegran el tribunal, bajo sanción de nulidad. Si un juez falta siquiera un instante a laproducción de la prueba o al debate de las partes, dicho juez no puede seguir conociendo elcaso6. La razón de ello es que en dicho instante tal vez se produjo prueba o argumentaciónque habría modificado totalmente la apreciación de dicho juez7. A su turno, y a propósitode la sentencia, el artículo 339 señala que “inmediatamente después de clausurado eldebate, los miembros del tribunal que hubieren asistido a él pasaran a deliberar enprivado”. Se trata, como se ha dicho, de haber asistido a TODO él. Es en ese sentido que elartículo 374 letra b), establece como „motivo absoluto de nulidad‟ la ausencia de alguna delas personas cuya presencia continuada exigen los artículos 284 y 286 -entre ellas6 Esto bien puede acarrear la nulidad del juicio, aunque no necesariamente. Ver artículos 76 y 281.7 Un problema todavía mas interesante es qué ocurre si un juez están físicamente en la audiencia, pero noestán prestando atención al desarrollo del juicio, por ejemplo porque pretende fallar luego por los registros, obien porque le confiere credibilidad a priori al Ministerio Público o, simplemente, porque dentro de suhumana limitación se ha quedado dormido -situación no del todo desconocida en nuestras Cortes. Tambiénallí hay un defecto de inmediación, pese a la presencia física del Juez. 16
18. precisamente los jueces. Estas disposiciones dan cuenta de que los jueces deben estarpresentes durante todo el juicio y el sentido de ello está expresamente consagrado en elartículo 340 inciso 2º propósito de la sentencia definitiva: “El tribunal formará suconvicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral”. Entonces, la primera y más elemental idea-fuerza (principio) en torno al juicio oralcomo test de calidad de la información es que la producción de ésta debe ser directamentepercibida por los jueces, para que puedan hacer sobre ella un genuino juicio de credibilidad. Una SEGUNDA IDEA-FUERZA es que para que la información sea mínimamenteconfiable debemos ponerla a prueba; debemos procurar que alguien haga todo lo posiblepor falsearla, por demostrar que no es exacta o que hay aspectos de ella que pueden serinterpretados de otra manera. Nos interesa, en consecuencia, que alguien haga todo lo queesté técnicamente a su alcance por poner a prueba dicha información, relativizarla odesmentirla. Si ella supera este test con éxito, entonces se tratará de información de altacalidad. Pero si este test no se realiza sino que la información que se ofrece ha sidoobtenida unilateralmente por la parte interesada, sin que nadie la haya testeado, entoncesesa información es de baja calidad y no ofrece garantías de fidelidad. Esta es la idea-fuerzaque subyace a lo que el sistema acusatorio llama PRINCIPIO DECONTRADICTORIEDAD. Ahora bien, ¿cómo asegurar que realmente el sistema hagatodo lo posible por poner a prueba la información que se presenta en el debate? La mejorgarantía consiste en entregarle esta tarea a quien está interesado en ella más que nadie:precisamente la parte en contra de la cual dicha información se presenta. Al sistema leinteresa que la contraparte despliegue su mejor esfuerzo profesional para testear la pruebaofrecida y le interesa además ofrecerle un entorno de condiciones que le permita y loincentive a realizar esta labor „destructiva‟ todo y lo mejor que pueda. No se trata, enconsecuencia, de una simple „concesión graciosa‟ a la contraparte para que comente laprueba o participe formalmente en ella; al sistema -y particularmente a los jueces- leinteresa sobremanera que la contraparte ejerza fieramente este rol, pues nada como ellocontribuirá a proveer al sistema -a los jueces- de la mejor información para resolver. Enconsecuencia -volviendo al ejemplo que poníamos a propósito de la inmediación-, si elprincipal testigo del Ministerio Público no está disponible para el juicio el fiscal no puedeingresar la declaración extrajudicial prestada por dicho testigo no sólo por sus defectos deinmediación, sino además porque dicha declaración no puede ser contraexaminada; nopuede ser sometida al test de la contradictoriedad y, por lo mismo, no es informaciónconfiable. Es información de baja calidad y el sistema debe desconfiar profundamente deella. Esta no es para nada una conclusión teórica desvinculada de la realidad. Quien tengaalguna experiencia en juicios orales sabrá que la realidad es avasalladora en este sentido: laprueba casi nunca termina siendo luego del contraexamen lo que parecía ser antes de que lacontraparte la confrontara. Este testigo que decía haber visto tan claramente al acusadocometer el homicidio, bueno, no nos había dicho que en verdad estaba bastante lejos de laescena; o que estaba obscuro; o que el homicida que dice haber visto estuvo siempre deespaldas a él; o que todo ocurrió de manera tan vertiginosa que es difícil creer que enverdad haya podido identificar el rostro de quien dice haber visto; este perito que habíaafirmado su conclusión de manera tan categórica, puesto bajo presión, nos reconoce ahoraque dicha opinión es discutida por otros científicos de su área; o no nos puede explicarcómo es posible que en el artículo que publicó sobre el mismo tema hace pocos meses 17
19. sostiene exactamente la tesis contraria; y así suma y sigue. Si alguien ha participado enjuicios orales, sabe que ésta es casi una regla absoluta: la información que presenta la parte-y su prueba- es parcial y es una versión. Un buen contraexamen las más de las veces arrojasobre esa misma información otros detalles, otras versiones, otros matices. Si esos otrosdetalles, versiones y matices no alcanzan a desacreditar lo medular de la información que laprueba nos había aportado, entonces los jueces tienen allí información de alta calidad. Perosi es verdad que la información puede variar substancialmente sometida a lacontradictoriedad del juicio, entonces los jueces deben evitar a toda costa utilizarinformación que no es susceptible de ser contraexaminada pues ella no ofrece garantíasmínimas de calidad. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando alguien pretende introduciral juicio oral declaraciones escritas hechas por personas que no van a concurrir comotestigos; declaraciones por las cuales nadie va a responder, porque el papel no puede sercontraexaminado. En consecuencia, cuando le sea planteada al tribunal la introducción deuna lectura al juicio -aún cuando esté permitida su incorporación- los jueces todavíadeberán preguntarse si quieren asumir la responsabilidad de aceptar como pruebainformación cuya calidad desconocen -pues no hubo oportunidad de contraexaminarla- yque, quién sabe, sometida a la contradictoriedad quizás habría revelado matices,interpretaciones o detalles que la modificaban radicalmente. El Código recoge este principio en múltiples disposiciones. Desde luego, lacontradictoriedad es una manifestación central y específica del Derecho a Defensa. Puestoque el juicio oral -si uno se toma en serio la presunción de inocencia- es básicamente untest de calidad de la información que presenta el Ministerio Público en la acusación,entonces el Derecho a Defensa sólo existe si dicha información puede ser completa ylibremente controvertida por el acusado y su representante. Es en este sentido que elarticulo 8º configura el Derecho a Defensa, concediendo al acusado pleno derecho aintervenir en la todas las actuaciones judiciales. Dicha intervención debe ser efectiva y nopuramente formal8. El artículo 286 establece como requisito esencial del juicio la presenciadel defensor durante todo el juicio. Pero al sistema también le interesa que la informaciónincorporada por la defensa cumpla estándares de calidad -especialmente cuando la defensapresenta un caso afirmativo, como la coartada o la legítima defensa. El artículo 284 enconsecuencia prescribe igualmente la presencia ininterrumpida del fiscal. Todo el juicio seestructura para que ambos, fiscal y defensor, produzcan el debate y la pruebaconfrontacionalmente. Cada parte entonces tiene derecho a reaccionar frente a cadaactuación de la contraparte; El fiscal abre el juicio con un alegato de apertura, la defensaresponde con su propio alegato de apertura (artículos 325 y 326); el fiscal cierra su caso conun alegato final, la defensa responde con su propio alegato final (artículo 338). Cada partepresente su prueba en el orden que quiera, del modo que mejor pueda presentar su caso yrebatir el de la contraparte; primero todo el caso de la acusación, luego todo el caso de ladefensa (articulo 328); cada pieza probatoria incorporada por una parte es primeroexaminada por ella, pero inevitablemente luego contraexaminada por la contraparte8 Esta intervención no debe ser comprendida como una oportunidad „graciosa‟, al modo en que ha solidotratarla la tradición inquisitiva. Cuando el defensor interviene en el juicio no lo hace por generosidad delMonarca o del juez; lo hace por derecho propio y con la autoridad de la Constitución Política tras de si.Cuando un abogado invoca el derecho a defensa -lo mismo que los demás principios constitucionales- , losjueces debieran detenerse a considerar la cuestión con mucha seriedad, pues si el Derecho a Defensa estacorrectamente invocado, no constituye para ellos un ruego, sino un mandato. 18
20. (artículos 329 y 333); cada incidente promovido le da derecho a la contraparte a reaccionar:si la contraparte le esta dirigiendo a un testigo preguntas prohibidas o esta intentandointroducir prueba en el juicio de un modo indebido, ello da lugar a una legitima objeción(ver por ejemplo artículo 330). Esta estructura del juicio debe todavía relacionarse con laaudiencia de preparación del juicio oral y con la publicidad de la investigación delMinisterio Público; al momento en que las partes examinan la prueba en el juicio oral éstaya es sobradamente conocida por ellas -las cartas se terminaron de abrir completamentepara todos en la audiencia de preparación- y cada quien ha podido preparar el juicio sobreesa base (ver Título II del Libro, especialmente párrafos 1 y 3). Todo lo anterior puesto enrelación con el artículo 374 letra c), que establece como motivo absoluto de nulidad el queal defensor „se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le otorga‟. No se trata,en consecuencia, de poder simplemente hacer la parodia de dar participación a lacontraparte -especialmente al acusado y su defensor. Al sistema le interesa sobremaneraque las partes tengan todo el espacio posible y razonable para contribuir en la producciónde información dentro del juicio, de manera que los jueces cuenten con la mayor cantidad yla mejor calidad posible de información para decidir el caso. Vamos a abundar en estaultima afirmación a propósito del principio que sigue. También el principio de contradictoriedad se encuentra relativizado en muchasinstituciones del nuevo Código; en la misma medida en que se tolera la introducción delecturas, se disminuye ostensiblemente la posibilidad real de controvertir la prueba. Elpapel no puede ser contraexaminado y quizás la información allí contenida se habría vistoseveramente afectada por el contraexamen en el juicio. También por esta razón los juecesdebieran guardar la mayor de las suspicacias respecto de la prueba que no está dispuesta apasar por el „test‟ del contraexamen, preocupándose particularmente de aplicar estasfacultades de manera restrictiva y exigente. Una TERCERA IDEA-FUERZA en este mismo sentido es que alguiendesapegado de los resultados del juicio debe genuinamente controlar que la informaciónpresentada por el Estado a través del Ministerio Público sea confiable y suficiente paracondenar a una persona. Este es el rol entregado a los jueces y que conocemos comoPRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. En la lógica acusatoria el rol del juez no esproducir información para descubrir a toda costa la verdad histórica9. El Estado ya haasignado a un funcionario esa tarea -al fiscal- y este funcionario -y en consecuencia elEstado- ya cree haber descubierto la verdad acerca de los hechos. Lo que el sistemanecesita ahora es que alguien controle que esa “verdad” que el Estado dice poseer -la deque el acusado sería autor de un delito- sea probada10. Si se quiere, que esa verdad searealmente tal.9 Esta afirmación está enunciada de este modo con fines más bien expositivos. Lo cierto es que al interior delos modelos acusatorios es posible distinguir diversas posiciones al respecto, algunas de las cuales –vgr. elProcedimiento Penal Alemán- sí pretenden que lo que el juez hace es descubrir la verdad histórica a través delproceso. En la lectura que estoy dando al Código estoy optando por una versión del juicio acusatorio máscercana al modelo adversarial anglo-sajón. La justificación de esta opción sería materia de un trabajocompletamente distinto, aun cuando espero arrojar en el texto algunos argumentos a favor de esta visión.10 Esta es una discusión que ha sido históricamente larga y compleja, demasiado como para hacerme cargo deella en estas páginas. Sin embargo, a pesar de que pueda ser considerada una discusión abstracta y teórica, lo 19
21. La lógica acusatoria -particularmente en sus versiones más puras- es una lógica deroles. Señala que la labor de juzgar penalmente un caso ofrece complejidades que nopueden ser asumidas conjuntamente por una persona, poniendo entonces su apuesta endividir el trabajo y en construir un sistema que propenda a que cada uno cumpla su rol -ysólo el suyo- a cabalidad. En esta lógica, por lo tanto, el hecho de que no sea función deljuez averiguar la verdad no quiere decir que no sea función de nadie hacerlo, mucho menosque la verdad no tenga ninguna importancia en el juicio penal o en el rol del juez. Alcontrario, precisamente el rol del juez consiste en testear imparcialmente la „verdad‟ que elMinisterio Público pretende establecer a través del juicio. Si la „verdad‟ que el MinisterioPúblico pretende tener logra convencer a un tercero imparcial, entonces probablementeestaremos más cerca de haber establecido „lo que realmente ocurrió‟. En este sentido,entonces, si los jueces liberan a una persona por falta de pruebas aun cuando ellos mismos -o cualquier otro- tengan fuertes sospechas de que el sujeto es culpable, estarán cumpliendoa cabalidad su rol. Si la sociedad desea reclamar por esa situación deberá hacerlo en contradel Ministerio Público y de la policía, pues era de ellos la tarea de averiguar la verdad yprobarla. El rol del juez fue otro: controlar la verdad que el Ministerio Público dice tener y,cuando no la juzgue creíble -dicho de otro modo, cuando no la juzgue „verdadera‟ según lasreglas que hemos preacordado representadas en el proceso penal- su rol es precisamente asídeclararlo a través de la absolución. Aun cuando en el caso concreto esta decisión pueda serdifícil y parecer que desprotege a la sociedad frente a alguien que sospechamos delinque, locierto es que obrando de este modo los jueces estarán ciertamente protegiendo a lacomunidad; al exigir al Estado información seria para afectar los derechos de las personas,estarán protegiendo a miles de ciudadanos del riesgo de ser errónea o arbitrariamenteafectadas en sus derechos por el aparato estatal. La lógica acusatoria opera sobre la base de que nuestra mejor posibilidad de llegar ala verdad -una verdad compleja, llena de matices, de detalles y de interpretaciones- consisteen poner a las partes a competir; que cada una de ellas traiga al juicio su propia versiónacerca de lo que ocurrió, que pongan lo mejor de su talento en maximizar las fortalezas desu caso, en destacar las inconsistencias y debilidades del caso de la contraparte y quesugieran todas las interpretaciones que quieran acerca de los hechos y del derechocierto es que al sistema inquisitivo subyace una específica posición respecto de la verdad, que ha calado muyprofundamente en nuestra cultura jurídica y determina completamente nuestras prácticas procesales. Veamosun ejemplo para ilustrar de qué manera se trata de una cuestión con tremendos efectos prácticos: ¿qué ocurresi el juez tiene la firme sospecha de que el sujeto es culpable, pero el Ministerio Público -digamos porineficiencia- ha litigado mal el caso y no ha aportado pruebas suficientes de esa culpabilidad? Por ejemplo,porque no le hace al testigo las preguntas que debería hacerle, o porque simplemente no se le ocurrióincorporar pruebas que podría haber utilizado. ¿Qué debe hacer el juez? Si uno cree que el rol del juez esdescubrir la verdad histórica y, en atención a ella, hacer justicia, entonces uno concluirá que el juez deberíapoder intervenir indiscriminadamente en el interrogatorio de los testigos o la ordenación de nueva prueba; siuno en cambio cree que el rol de los jueces es exigirle al Estado que satisfaga un estándar de prueba y, si elEstado no lo hace, no permitirle que continúe la persecución en contra de dicha persona, entonces uno deberíaconcluir que los jueces deben juzgar lo que el Estado les presente, y controlar si sí o si no el Estado haprobado su caso con información de calidad. El modelo acusatorio de juicio -al menos en su versión máspura- sigue esta segunda opción. En mi opinión, al menos en América Latina dicha concepción sirve mejor alcontrol del poder y eleva el estatus de la función judicial de „funcionarios del Estado‟ a „contralores delEstado‟, configurando el gran bastión de defensa de las personas frente al poder estatal. 20
22. aplicable. La competencia aguda entre las partes, confrontacional y, ojalá, agresiva, tendrádos efectos de cara a la información con arreglo a la cual el juez resolverá: - En primer lugar, esta competencia entre las partes proveerá al juez de la mayor cantidad de información posible acerca del caso, toda vez que cada una de las partes hará su mejor esfuerzo por traer al debate toda la información, detalles, matices y puntos de vista que, incluidos por cierto todos aquellos que -digamos, accidentalmente- la contraparte no proporcionó. - En segundo lugar, elevará al máximo la calidad de dicha información, pues toda ella habrá pasado por el más tenaz de los controles: aquel que realiza la parte a quien dicha información perjudica, expresado fundamentalmente en el contraexamen de la prueba. En consecuencia, cada parte hará su mejor esfuerzo por acusar todas las debilidades, inconsistencias y vacíos del caso de la contraparte, dando a los jueces elementos para apreciar el valor de dicha información en los que tal vez éstos no habían reparado. Si la prueba emerge del contraexamen todavía sólida y creíble, entonces la información que contiene será de una alta calidad y habremos minimizado la posibilidad de que ella nos conduzca a un error. Ahora bien, para que lo anterior sea cierto es necesario todavía un requisitofundamental: la confrontación entre las partes debe darse en un contexto que asegure eljuego justo. Y asegurar el juego justo en esta tenaz confrontación es, también, rol del juez.Esta es la segunda cara de la imparcialidad: asegurar la igualdad de armas, favorecer lamaximización del debate, ofrecer igualdad de oportunidades y controlar los excesos, losabusos y la competencia desleal entre las partes. ¿Qué ocurre, desde este punto de vista,cuando los jueces comienzan a asumir roles activos en la producción de la información (enla producción de la prueba)? Bueno, veamos un ejemplo: supongamos que la norma queautoriza a los jueces a interrogar a los testigos sea interpretada de manera amplia y que losjueces, en virtud de ella, produzcan testimonio no introducido por las partes respecto delfondo del caso. En primer lugar -y a partir de un determinado momento del interrogatorio-uno podría comenzar a dudar de que el juez mantenga su imparcialidad respecto de sudecisión final; si uno quiere realmente examinar a un testigo sobre el fondo del caso ypretende hacerlo con efectividad, resulta ineludible llevarlo a cabo desde una particularposición dentro del caso, con la que el interrogador comienza inevitablemente acomprometerse. Pero no sólo eso. Según dijimos, una de las principales ideas-fuerza deljuicio oral es asegurar la contradictoriedad. La contradictoriedad tiene muchasmanifestaciones, la principal de las cuales es la posibilidad de contraexaminar al testigo,generalmente poniendo en evidencia que la información extraída por la parte que lo trajo esdefectuosa. Sin embargo, cuando el juez interroga ¿puede la parte a quien las respuestas deltestigo perjudican contraexaminar respecto del testimonio obtenido por el juez? Y aún si elCódigo lo permitiera ¿es legítimo que se ponga a la contraparte en posición de sercontendor del tribunal que va a resolver? Y aún más: otra manifestación del principio decontradicción es la posibilidad de objetar las preguntas de la contraparte cuando sonilegítimamente formuladas. Así por ejemplo las preguntas capciosas. Pero si el juez le haceuna pregunta capciosa a mi testigo, ¿acaso puedo objetarlo? ¿puedo decir “su señoría, ustedestá haciendo una pregunta capciosa, así que por favor prohíbase a usted mismo hacerla deese modo? Finalmente lo que uno podría decir es que cuando el juez se involucra en el 21
23. debate ya no hay quién controle con imparcialidad que éste se desarrolle con apego a lasreglas que hacen al juego justo. Se estructure como se estructure la presentación de laprueba, el hecho es que alguien tiene finalmente que garantizar el juego justo y evaluar laprueba desde la postura de un tercero imparcial, no comprometido. Recapitulando entonces esta tercera idea fuerza que subyace a la lógica del juiciooral -la de la imparcialidad del tribunal como control de calidad de la información- unodiría que -siendo el pasado algo de tan complejo conocimiento, ni hablar de la justicia- lamejor posibilidad que tenemos de aproximarnos lo más posible a esa verdad y a esa justicia-nuestra mejor posibilidad de saber que la información presentada es confiable- es distribuirel trabajo, que cada uno se apegue a su rol con fidelidad y que permita a los demás hacer lopropio. Esto, para procurar que, en un entorno de juego justo garantizado imparcialmentepor los jueces, el juicio sea el más confrontacional de los debates entre las partes, demanera que dicho debate „salpique‟, por así decirlo, la mayor cantidad de información, dedetalles, de matices y de interpretaciones posibles. Con toda esa información -y con lacredibilidad que ella haya exhibido- los jueces estarán entonces en la mejor posiciónposible para decidir, también con imparcialidad, si el Estado, a través del MinisterioPúblico, cumplió o no con su deber de averiguar -y probar- la verdad.La imparcialidad del tribunal como principio básico del sistema está expresamentecontemplado en el artículo 1° del nuevo Código: “Ninguna persona podrá ser condenada…sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial…”. Esta frasees responsable en buena medida de la creación de un Ministerio Público que investigue loscasos como cosa distinta del tribunal que lo va a juzgar, así como de la creación dejuzgados de garantías que controlen dicha investigación como cosa distinta también de lostribunales del juicio. El inciso 4º del artículo 329 señala que en el juicio los juecesúnicamente pueden dirigir preguntas a los testigos o peritos una vez que las partes hanterminado de examinarlo, y para el sólo efecto de que estos “aclaren sus dichos”. Si a esouno le agrega que el tribunal sólo a petición de parte puede disponer declaracionescomplementarias de peritos que ya hubieren declarado y que la ordenación de prueba nuevasólo puede hacerla por una sola vez y también a petición de parte (a condición de que éstajustifique no haberla conocido previamente), lo que resulta de todo ello es un conjunto denormas que tienden a consagrar la imparcialidad del juez, tanto respecto del control deljuego justo como respecto de la decisión final del caso. Con todo, el contexto de transiciónque experimentará nuestro sistema de justicia penal lo mismo que la específica cargacultural que define los roles de los actores dentro de nuestro sistema sin duda harán muchomás complejo el escenario del rol judicial. En un contexto de roles difusos, de destrezasnuevas y desconocidas para los abogados, de reproducción inicial de prácticas perversas delactual sistema (por ejemplo la presentación de testigos falsos, sin que los abogados seanconscientes de lo mucho que el juicio oral modifica el escenario para ello) y de la inminentenecesidad de los jueces por arribar finalmente a una convicción, la participación más activade los jueces será previsiblemente inevitable. Allí deberán sin embargo ponderar de quémanera dicha intervención sacrifica el juego justo y la imparcialidad final para eljuzgamiento, así como las razones que tendrán para ello y el grado en que resulta aceptabledicho sacrificio de imparcialidad. Así también los abogados deberán estar alertas paradiscutir la participación activa de los jueces en la producción de la prueba -sea en el juicio 22
24. mismo o bien en el Recurso de Nulidad- contribuyendo a que el sistema, a través de estadiscusión de rol entre los actores, alcance un razonable equilibrio. Una CUARTA IDEA-FUERZA en torno al juicio oral es que, si bien hemosdelegado en abogados y jueces el poder de presentar la información del caso y evaluar sucredibilidad, los ciudadanos no nos hemos despojado en absoluto del derecho a controlar elmodo en que abogados y jueces ejercen dicho poder. Todo este poder que hemos delegadoen abogados y jueces debe ser ejercido en frente de la comunidad. Esto es lo que se conocecomo PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. Las puertas del tribunal en lo penal están abiertaspara quien quiera presenciar el juicio, sea o no parte en el caso. Las personas tienen derechoa ver de qué manera los jueces aplican el derecho y, en consecuencia, cuando entran apresenciar un juicio lo hacen por derecho propio y no por gracia del tribunal o de las partes.El artículo 289 establece expresamente este principio: “la audiencia del juicio oral serápública”. Esto no quiere decir que no se pueda restringir esa publicidad de ninguna manera;hay múltiples razones por las cuales dicha publicidad se puede limitar; así por ejemplocuando alguna de las partes solicita que se proteja la intimidad, el honor o la seguridad deuna determinada persona; así también cuando es necesario evitar la divulgación de unsecreto protegido por la ley. En cualquiera de estos casos el tribunal puede arbitrar una seriede medidas, tales como prohibir el acceso de personas específicas, público en general oprohibir a los intervinientes entregar información. Así también un conjunto de facultadesque recaen en el juez presidente para guardar el debido desarrollo de la audiencia. Elprincipio, sin embargo, es que el juicio oral es público y la comunidad tiene derecho acontrolar el modo en que los jueces y los abogados utilizan el poder que en ellos se hadelegado. Por último, una QUINTA IDEA-FUERZA para terminar esta reflexión dondecomenzamos: puesto que el juicio se ha construido de esta específica manera -oral,contradictorio y público- precisamente para controlar la calidad de la informaciónpresentada por el Ministerio Público en su acusación, entonces no estamos dispuestos aconsiderar a ninguna persona culpable sino hasta que la sentencia definitiva declare queefectivamente dicha información ha superado el test y, por ende, configura base suficientepara la condena. Antes de dicha sentencia simplemente no sabemos si la informaciónpresentada por el Ministerio Público -la acusación y su prueba- es confiable y suficiente.Esto es lo que llamamos PRINCIPIO DE INOCENCIA, consagrado expresamente en elartículo 4º: “Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto nofuere condenada por una sentencia firme”. Este principio tiene un tremendo impacto en eljuicio oral, poniendo la carga probatoria en el Ministerio Público: es el Estado quien debeprobar la culpabilidad que imputa al sujeto en la acusación. La prueba de dicha culpabilidaddebe sortear todas las barreras que hemos descrito, de manera que se presente comoinformación de alta calidad. La defensa, en consecuencia, no tiene más exigenciasprobatorias que las que estime necesarias para controvertir el caso de la fiscalía. Norequiere en ningún caso probar la inocencia del acusado: aun guardando silencio la defensadurante toda la audiencia, si el Ministerio Público no logra probar su caso con pruebas cuyacalidad haya sido testeada por el juicio y más allá de un alto estándar de convicción, lapresunción de inocencia exige de los jueces la absolución. La segunda consecuencia de esteprincipio en el juicio, entonces, es la exigencia que hace a la fiscalía de satisfacer -y a losjueces de verificar- un determinado estándar de convicción para condenar al acusado; el 23
25. artículo 340 establece que “nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunalque lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción...”. Nosreferiremos a este estándar de prueba más adelante, a propósito de la sentencia definitiva. El modo a través del cual estamos dispuestos a decidir legítimamente laculpabilidad de una persona, entonces, es a través de un juicio oral revestido de lascaracterísticas que ya hemos descrito, las cuales, desde este punto de vista, persiguen lacalidad de la información con arreglo a la cual estamos tomando dicha decisión. Antes deeso, no sabemos realmente si la persona es culpable o no, porque no sabemos si podemosconfiar en la información que así lo señala. Por supuesto que en muchos casossospecharemos fuertemente la culpabilidad del acusado, pero realmente no sabemos quéocurrirá con la investigación de la policía, los testigos del Ministerio Público y los demásantecedentes recogidos unilateralmente por éste una vez que los pongamos frente al test deljuicio oral. En la medida en que el Ministerio Público y la Policía sean más profesionales yeficientes, dicha información superará el test con éxito, nuestras sospechas se corroborarány podremos condenar al acusado con una razonable tranquilidad de no estar encarcelando aun inocente. Pero en la medida en que el Ministerio Público y la Policía realicen un trabajomás defectuoso, los antecedentes que imputaban al acusado -controvertidos en el juiciooral- se mostrarán menos poderosos y creíbles que lo que parecían unilateralmenteexpuestos, y entonces nos daremos cuenta que en realidad debemos absolver allí donde lamera versión unilateral del aparato de persecución decía que debíamos condenar. Si esverdad que en muchos casos la información que originalmente parecía convencernos acercade la culpabilidad del sujeto puede modificarse substancialmente durante el juicio, entoncesno sabemos realmente si el sujeto es o no culpable sino hasta que éste haya terminado. Esen este sentido que recae sobre el Ministerio Público la única genuina obligación probatoriaen el juicio, la prueba del contenido de la acusación.IV.- LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL EN EL NUEVO CPP1.- Actores necesarios y actores eventuales El juicio oral demanda la presencia necesaria de los siguientes actores:  Los jueces que fallarán el caso. El nuevo sistema entrega el conocimiento del juicio oral a un panel de tres jueces profesionales -sin jurado ni escabinos- que forman parte del „Tribunal en lo Penal‟. Estos „Tribunales en lo Penal‟ reúnen a un conjunto de jueces, quines integran salas de tres para conocer los juicios, de algún modo análogamente a la organización de las Cortes de Apelaciones. El numero de jueces varia según las necesidades de la jurisdicción. Cada uno de esos „grandes tribunales‟ cuenta con un „Juez Presidente del Comité de Jueces‟ a cargo de la administración del tribunal, junto con la administración profesional. La integración de las salas que componen el tribunal varía según reglas preestablecidas, sea por casos o por períodos. A su turno, cada una de estas salas 24
26. de tres jueces tiene, para cada juicio, un presidente a cargo de arbitrar el debate en el mismo11. Ahora bien: recordemos que una vez que se ha cerrado la investigación y se ha deducido acusación por parte del ministerio público el juez de garantía confecciona el “auto de apertura del juicio oral”, documento en el cual se contiene la acusación, la defensa y los medios de prueba que se utilizarán en el debate. Recibido por el Juez Presidente del Tribunal en lo penal el auto de apertura, fijará fecha para el juicio. Esta fecha no podrá ser antes de quince días ni después de sesenta. El presidente señalará también la integración precisa de la sala del juicio, de acuerdo con el sistema de distribución de causas previsto en el tribunal. Los jueces en lo penal pueden ser inhabilitados por las partes según las normas generales de implicancias y recusaciones contenidas en el Código Orgánico de Tribunales. La ausencia de cualquiera de los jueces en cualquier porción del juicio acarrea la nulidad del mismo. No obstante, el presidente del tribunal podrá convocar a un número mayor que los tres jueces requeridos cuando existan circunstancias que permitan presumir que alguno de estos deberá ausentarse del debate. Por supuesto, una vez que un juez se ausenta del debate no puede seguir conociendo ese juicio.  El Ministerio Público. Se trata en este caso de la institución y no de ningún fiscal en particular. El Ministerio Público opera bajo el principio de unidad, de manera que cualquier fiscal representa de igual manera a toda la institución. Al tribunal le es indiferente cómo el Ministerio Público organice su comparecencia a juicio. Habiendo en el sala un fiscal que dice venir a litigar el caso en juicio, la presencia del Ministerio Público se encuentra satisfecha. La ausencia del Ministerio Público en cualquier porción del juicio acarrea la nulidad del mismo (ver artículo 284).  El acusado con su defensa. Aunque el acusado tiene derecho a presenciar todo el juicio, el Código contempla ciertas hipótesis en que puede ser excluido: - Cuando el propio acusado así lo solicite. - Cuando el tribunal ordene que el acusado haga abandono de la sala porque su comportamiento perturba el orden de la audiencia. En ambos casos si el acusado reingresa a la audiencia el Código dispone que elpresidente de la sala le informe de lo ocurrido en su ausencia (ver artículo 285). En el caso del defensor, su presencia en el juicio es un requisito de validez delmismo (ver artículo 286). El artículo 287 establece sanciones para el abogado que noasistiere o abandonare la audiencia injustificadamente. Esta norma intenta evitar que la no11 Para una revisión en profundidad del nuevo modelo organizacional de los tribunales del crimen, ver en estemismo libro, Vargas, Juan Enrique, “Organización y Funcionamiento de los Tribunales en el Nuevo SistemaProcesal Penal”. 25
27. comparecencia al juicio sea utilizada por los abogados como practicas dilatorias cuando nodesean todavía ir a juicio. Participan también en el juicio el querellante si lo hay, lo mismo que los actoresciviles. Sin embargo, aun existiendo dichos actores, su ausencia en el juicio oral -o la de susrepresentantes- no impide la realización del mismo, acarreando para ellos en cambio elabandono de la instancia [ver artículos 288 y 120 letra c)]2.- Información con que cuentan los actores al inicio del juicio Al momento de inicio del juicio oral el tribunal no cuenta sino con el auto deapertura elaborado por el juez de garantías y en el cual se contiene la exposición de laacusación y de la defensa. El auto de apertura tiene la función de acotar el debate ydelimitar la prueba que se va a rendir en él. En consecuencia, los jueces tienen más bieninformación acerca de qué se va a discutir en el juicio -qué hechos, qué „teorías jurídicas‟ yqué pruebas- pero no cuentan con nada similar a un expediente y, desde luego, no tienenacceso a la investigación del Ministerio Público. Esta investigación es precisamente lo queel fiscal está llamado a exponer y probar delante de ellos. El artículo 281 señala que el juezde garantías hará llegar el auto de apertura del juicio oral al tribunal competente, „junto conlos registros que debieren acompañarse‟. Esos „otros registros‟ son algunos muyespecíficos de las audiencias preliminares sostenidas ante el juez de garantía. Enconsecuencia, ni todo lo ocurrido ante el juez de garantía debe ser enviado al tribunal oral,ni dichos registros incluyen de manera alguna la investigación del fiscal. Estas precisionesacaso puedan parecer ociosas, pero la aplicación de esta norma encierra un enorme peligropara el éxito del nuevo sistema: que los juzgados de garantías se sientan llamados aproducir un „expediente‟ de la investigación y dicho expediente llegue a los jueces deljuicio oral. Si ello ocurre, dicho expediente sin duda sustituirá rápidamente al juicio, comoha ocurrido en varios lugares de América Latina. ¿Cuáles son, entonces, los „otros registrosque deben acompañarse‟? Exclusivamente aquellos cuya incorporación al juicio oral esteautorizada por el Código, como sería el registro de una prueba recibida anticipadamente deacuerdo con lo prescrito por el artículo 191. En cambio, las discusiones en torno a la prisiónpreventiva y su resolución, o a las autorizaciones judiciales solicitadas por el MinisterioPublico, son completamente irrelevantes para el juicio y, al contrario, podrían resultaraltamente prejuiciosas para los jueces del fondo. Las partes en cambio cuentan con toda la información que va a ser sometida aljuicio, incluyendo la información de la o las contrapartes; como se sabe, la investigación dela fiscalía es pública para la defensa de manera que ésta conoce cuál es la información queel fiscal ha adquirido a través de dicha investigación; pero todavía más, el objeto de laaudiencia de preparación del juicio oral es precisamente que todas las partes „abran suscartas‟ respecto de cuál es la versión de cada quién y a través de qué medios específicospretenden probarla. Así el Código señala que el auto de apertura -que resume finalmenteesta audiencia intermedia- deberá indicar, entre otras cosas, “la o las acusaciones quedeberán ser objeto del juicio, la o las demandas civiles, las pruebas que deberán rendirseen la audiencia oral y la individualización de quienes deban ser citados a ésta”. No setrata, pues, de utilizar alguna frase sacramental del tipo “probaré mis dichos con todos losmedios que me franquea la ley”; lejos de eso, si se pretende que haya en el juicio genuina 26
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