Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=666188
Timestamp: 2019-05-26 22:46:00
Document Index: 172531099

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 60', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 61', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 61', 'artículo 60', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 61', 'artículo 61', 'in fine', 'in fine', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 61', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 293', 'artículo 293', 'artículo 293']

REGLAMENTO DE DECLARACIÓN DE INTERESES DE LOS DIPUTADOS.
INTERVENCIÓN : Gutenberg Martinez Ocamica
INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
CAMBIO DE DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DE ISLA MOCHA. Oficio.
AVANCES EN LA REFORMA EDUCACIONAL Y NECESIDAD DE PERFECCIONAMIENTOS EN EL SISTEMA DE JUBILACIÓN DE LOS PROFESORES. Oficios.
CIERRE POR PARTICULAR DE CAMINO PÚBLICO EN ISLA DE MAIPO. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE CIERRE DE CAMINOS PÚBLICOS EN LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
COMPLEMENTACIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE EL PROGRAMA CHILE-COMUNA DE 1999, EN LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
IRREGULARIDADES EN OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS.
ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS CARCELARIOS, VIALES Y HABITACIONALES EN DÉCIMA REGIÓN Y EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DE LECHE. Oficios.
ANTECEDENTES SOBRE DÉFICIT EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO. Oficio.
ESTADO DE SISTEMA ATRAPANIEBLA DE LOCALIDAD DE CHUNGUNGO Y EMPLAZAMIENTO DE NUEVA CÁRCEL PÚBLICA DE LA SERENA. Oficios.
ACTUACIÓN DE AGENTE DEL DEPARTAMENTO ANTIDROGAS DE LOS ESTADOS UNIDOS EN INVESTIGACIONES DE CHILE. Oficios.
RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE FERROCARRILES A PUERTO MONTT.
AYUDA A TRABAJADORES DE INDUSTRIA SOEXPO, DE ARICA. Oficios.
INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. Oficio.
MODIFICACIÓN DE PLAN DE VIVIENDAS SOCIALES EN QUINTA DE TILCOCO. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN EN SEXTA REGIÓN. Oficio
Sesión 22ª, en jueves 3 de agosto de 2000
(Ordinaria, de 10.42 a 13.27 horas)
Presidencia de los señores León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo
Secretario, el señor Loyola Opazo. don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
VI.-	INCIDENTES
II. Apertura de la sesión	7
Reglamento de declaración de intereses de los diputados	7
VI.	Incidentes.
-	Cambio de dependencia administrativa de isla Mocha. Oficio	29
-	Avances en la reforma educacional y necesidad de perfeccionamientos en el sistema de jubilación de los profesores. Oficios	30
-	Cierre por particular de camino público en Isla de Maipo. Oficio	31
-	Información sobre cierre de caminos públicos en la Sexta Región. Oficio	32
-	Complementación de antecedentes sobre el Programa Chile-Comuna de 1999, en la Sexta Región. Oficio	33
-	Irregularidades en otorgamiento de licencias médicas	33
-	Estado de avance de proyectos carcelarios, viales y habitacionales en Décima Región y evolución de importaciones de leche. Oficios	34
-	Antecedentes sobre déficit en departamento de educación de municipalidad de Coquimbo. Oficio	34
-	Estado de sistema de atrapaniebla de localidad de Chungungo y emplazamiento de nueva cárcel pública de La Serena. Oficios	35
-	Actuación de agente del departamento antidrogasde los Estados Unidos en Ivestigaciones de Cile. Oficios	35
-	Restablecimiento del servicio de ferrocarriles a Puerto Montt	37
-	Ayuda a trabajadores de industria Soexpo, de Arica. Oficios	38
-	Información sobre instalación de antenas de telefonía móvil. Oficio	38
-	Modificación de plan de viviendas sociales en Quinta de Tilcoco. Oficio	39
-	Información sobre planes de inversión en educación en Sexta Región. Oficio	39
1.	Moción de los diputados señores Jeame Barrueto, Ascencio, Longton, Palma, don Osvaldo; Palma, don Andrés; Silva, Vilches, y de las diputadas señoras Allende, doña Isabel; Pérez, doña Lily, y Saa, doña María Antonieta, que establece una reforma constitucional para garantizar el derecho a la no discriminación arbitraria (boletín Nº 2558-07)	41
2.	Moción de los diputados señores Rincón, Lorenzini, Mora, Ojeda, Rocha, de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica, y Pollarolo, doña Fanny, y de la diputada señorita Sciaraffia, doña Antonella, que modifica el Código de Procedimiento Penal restringiendo el derecho a llamada telefónica en los casos de delitos contemplados en la ley Nº 19.366 (boletín Nº 2559-07)	44
-Del diputado señor Huenchumilla, proyecto de alcantarillado de localidad de Pillanlelbún, comuna de Lautaro.
-Del diputado señor Sánchez, incidentes ocurridos en Puerto Aisén en mayo pasado.
-Del diputado señor Lorenzini, declaración de zona de catástrofe a comuna de Constitución.
-De la diputada señora Pollarolo y de los diputados señores Elgueta, Huenchumilla, Jaramillo, Navarro, Ojeda, Rocha, Seguel, aprovechamiento de aguas de río Silala.
-De los diputados señores Sánchez y Urrutia, control de plaga de la mosca de la fruta.
-De los diputados señores Kuschel, Galilea, don Pablo; García, don José; Van Rysselberghe, Ulloa, Rojas y Sánchez, avance instauración de jornada escolar completa en provincia de Llanquihue.
-Del diputado señor Kuschel, información sobre donaciones universitarias y culturales.
-Del diputado señor Espina, mayor vigilancia policial para conjunto habitacional Froilán Roa y Colegio José Victorino Lastarria.
-Del diputado señor Navarro, planta termoeléctrica Guacolda.
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Alvarado Andrade, Claudio	IND	X	58
Álvarez Zenteno, Rodrigo	IND	XII	60
Arratia Valdebenito, Rafael	PDC	VI	35
Cristi Marfil, María Angélica	RN	RM	24
Krauss Rusque, Enrique	PDC	RM	22
Martínez Ocamica, Gutenberg	PDC	RM	21
Núñez Valenzuela, Juan	PDC	VI	34
Pérez Lobos, Aníbal	PS	VI	32
Reyes Alvarado, Víctor	PDC	X	56
Rocha Manrique, Jaime	PRSD	VIII	46
Sciaraffia Estrada, Antonella	PDC	I	2
Walker Prieto, Ignacio	PDC	V	10
-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).- El acta de la sesión 17ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 18ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
Corresponde conocer el proyecto de reglamento de la declaración de intereses de los diputados.
Diputado informante de la Comisión de Conducta Parlamentaria es el señor Gutenberg Martínez.
-Informe de la Comisión de Conducta Parlamentaria, sesión 21ª, en miércoles 2 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente , paso a informar sobre el proyecto de reglamento de la declaración de intereses de los diputados, establecido por el artículo 5C de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y aprobado en su oportunidad por la Comisión de Conducta de la Cámara, a la cual la Comisión de Régimen Interno encargó esta labor.
Es nuestra Corporación la que sirve, a través de sus resoluciones, de antecedente básico de las decisiones sobre esta materia. Con anterioridad a la promulgación de las leyes respectivas, de las cuales hoy daremos cuenta, que establecen la obligación de la declaración de intereses, fue nuestra Cámara la que, mediante la aprobación del Código de Conductas Parlamentarias, estableció en la letra i) del artículo 7º del mismo cuerpo reglamentario la obligación de efectuarla. Aún más, me atrevo a afirmar que buena parte de las normas posteriores, contenidas tanto en la ley sobre probidad administrativa como en la consecuente modificación de la ley orgánica del Congreso, demuestran que se tuvo más que a la vista el texto de las disposiciones reglamentarias de nuestra Cámara.
El artículo 7º del Código de Conductas Parlamentarias dispone que los diputados tendrán la obligación de presentar una declaración jurada simple de intereses económicos. A la Comisión le pareció que para el mejor desarrollo de la tarea encomendada era importante contar con el máximo de asesoría jurídica externa. Por ello solicitó informes, dentro de los términos de la asesoría parlamentaria, a las facultades de derecho de las universidades de Chile y Católica, para los efectos de delimitar el significado de la expresión “intereses económicos”, tema que requería de mayor precisión.
En la ley sobre probidad administrativa, publicada el 14 de diciembre de 1999, también se incorporó la obligación de que las autoridades referidas en dicha normativa debían efectuar una declaración de intereses, entendiendo por tales los exigidos por el artículo 60 de la ley Nº 18.575, esto es la individualización de las actividades profesionales y económicas en que participa la autoridad o el funcionario.
Al respecto, cabe recordar a los colegas que en el momento en que se discutió el proyecto de ley respectivo, tanto en la Cámara como en el Senado, se estableció que esta declaración de intereses no comprendería el aspecto patrimonial propiamente tal y que, por tanto, no eran declaraciones de patrimonio, sino que, como lo indica su nombre, declaraciones de intereses de actividades económicas.
Aclaro este punto, a mi juicio muy relevante, porque estamos cumpliendo, tanto con la obligación establecida en el Código de Conducta de reglamentar esta declaración como, a su vez y primero, en cuanto a la jerarquía de las normas, con lo dispuesto en la modificación de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
Cabe hacer presente que, dado que en el Congreso se excluyeron explícitamente -después de una lata discusión- los aspectos patrimoniales, nos hemos remitido a respetar dicha decisión soberana y, por lo mismo, a no incluirlos en la declaración de intereses que deberemos hacer.
La ley sobre probidad administrativa, que posteriormente se traduce en una modificación de la ley orgánica constitucional del Congreso, establece claramente la obligación de los diputados de entregar una declaración de intereses a partir del 11 de marzo de 2002; es decir, la ley prescribe esta obligación para los diputados que resulten electos en las próximas elecciones parlamentarias y genera una suerte de vacío respecto de la norma aplicable a los diputados en actual ejercicio.
Nuestra interpretación y decisión ha sido, ligando lo indicado con las normas de nuestro Código de Conductas, que establece la obligación de hacerlo -para los diputados en ejercicio o para los que serán electos-, introducir la obligación en el Reglamento que se somete a la consideración de la honorable Cámara, tanto para los parlamentarios que actualmente ejercen el cargo como para los que resulten electos el 2002, tal como lo prescribe la ley.
Es importante precisar que de toda la discusión sobre la materia, las propuestas de la Comisión de Ética Pública que sirvieron de antecedente a los proyectos correspondientes, el debate realizado en la Cámara y en el Senado en relación con la iniciativa sobre probidad y de los términos de su aprobación, queda absolutamente claro que el contenido y el sentido de la declaración de intereses y de las normas respectivas, sin perjuicio de tener un mismo fundamento, requieren de formas de aplicación distintas en cada uno de los Poderes del Estado, en primer lugar, por el viejo principio de la separación de los poderes y, en segundo lugar, por la autonomía que tienen los poderes Legislativo y Judicial en la regulación de sus actividades y la de sus miembros.
Por tal razón, la primera interpretación obvia que a nuestro juicio cabe hacer es que no corresponde aplicar a los parlamentarios el reglamento que el Ejecutivo dictara para los efectos de la declaración de intereses de los funcionarios del Estado, sino que debe establecerlo el propio Congreso Nacional, a través de sus facultades reglamentarias.
En segundo lugar, el establecimiento de esta obligación se puede hacer a través de un cuerpo reglamentario propio o de modificaciones o complementos al Código de Conductas Parlamentarias que, de acuerdo con su propia prescripción, señala que se entenderá como parte del Reglamento de la Cámara. A la Comisión de Conducta le pareció más claro y comprensible proponer un reglamento especial atingente al tema.
Finalmente y en estos aspectos previos, también hay una diferencia en la sanción por el incumplimiento en la entrega de esta declaración de intereses. En el caso de los funcionarios públicos, son sancionados administrativamente; en cambio, de acuerdo con las disposiciones legales, no sucede lo mismo con los parlamentarios, primero, por la separación de poderes a la que ya me referí y, segundo, por el hecho de que las normas respecto a cesación del cargo o de sanciones a los parlamentarios, atendidas las concepciones de soberanía popular y a que dichas disposiciones fueron establecidas en la Carta Fundamental, no podrían estar contenidas en la ley de probidad, que contempla las sanciones aplicables a los funcionarios públicos.
Es importante señalar que el cuerpo reglamentario que se propone se ha elaborado sobre la base de lo que es la facultad privativa del Congreso de dictar sus propias normas reglamentarias para regular su organización y funcionamiento interno.
El proyecto elaborado -en cumplimiento del encargo de la Comisión de Conductas Parlamentarias y de acuerdo a lo que expresamente dispone el artículo 5C de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional- repite algunos de los contenidos del precepto legal, con el objeto de constituir un todo orgánico de fácil consulta para los diputados. Consagra las principales menciones que deberá contener la declaración original, especifica que debe señalarse el tipo de actividad económica, la forma en que el Secretario de la Cámara deberá llevar el registro, la forma en que se deberá dar copia de sus contenidos y aclara diversas cuestiones respecto de la fórmula de computar los plazos, etcétera.
En cuanto a los artículos y por tratarse de una materia atingente a los parlamentarios, es del caso referirse a ellos uno a uno.
El artículo 1º dispone la obligación de efectuar la declaración de intereses conforme al ordenamiento jurídico, precisando la normativa aplicable de acuerdo con su jerarquía jurídica.
El artículo 2º establece que la declaración se deberá efectuar dentro del plazo de treinta días, desde que el parlamentario hubiere asumido el cargo.
El artículo 3º indica la obligación de modificar el contenido de la declaración de intereses si se ha producido un cambio de situación que altere el contenido de la declaración original. Para ese efecto, se establece un plazo de sesenta días, desde que se ha tomado conocimiento del hecho o circunstancia que justifique o haga necesaria la declaración complementaria.
El artículo 4º señala que la declaración de intereses y sus modificaciones deberán ser efectuadas y protocolizadas ante un notario público de cualquier comuna que corresponda al distrito de cada señor diputado o señora diputada o de la ciudad en la que el Congreso celebre sus sesiones, es decir, en Valparaíso.
El artículo 5º precisa las menciones más determinantes que deberá contener la declaración de intereses, aparte del nombre, distrito y período legislativo, las que básicamente son dos: la individualización de las actividades profesionales que realice y la individualización de las actividades económicas generadoras de ingreso en las que participe.
El artículo 6º regula las menciones que deberán contener las declaraciones complementarias que modifiquen la original.
El artículo 7º indica que la Secretaría de la Cámara deberá disponer de formularios tipo para que los diputados y diputadas efectúen su declaración de intereses o la modifiquen, de manera que sea un trámite fácil y expedito. (La Secretaría de la Corporación, con la diligencia que la caracteriza, tiene listo el formulario).
El artículo 8º expresa que después de una elección de diputados y una vez que se reciba copia de la sentencia de proclamación, el Secretario de la Cámara remitirá a los electos una copia de este Reglamento y un formulario tipo.
El artículo 9º señala la oportunidad en que los diputados deberán remitir a la Secretaría de la Cámara su declaración de intereses. Además, contempla la posibilidad de que dicha declaración sea enviada por correo mediante carta certificada, dentro de los cinco días siguientes de protocolizada la declaración de intereses.
El plazo que tendrá cada diputada y diputado, desde el momento en que asume el cargo, en total, para cumplir con esta obligación es de treinta y cinco días.
El artículo 10 prohíbe a la Secretaría de la Cámara recibir declaraciones que no se encuentren debidamente protocolizadas.
El artículo 11 establece la forma de cautelar las declaraciones y prescribe que la Secretaría de la Cámara llevará un Libro de Registro de las declaraciones de intereses y de sus modificaciones que hayan formulado los diputados, el que estará a cargo del Secretario de la Corporación.
El artículo 12 dispone las menciones de las cuales se deberá dejar constancia en dicho registro.
El artículo 13 manifiesta el tiempo que el registro deberá permanecer abierto -durante todo el período legislativo-. A su término, se procederá a cerrarlo y a archivar todos los antecedentes. Obviamente, para llevar a cabo esta decisión, habrá que remitirse posteriormente a lo que son las normas de la Cámara al respecto. Por lo tanto, en cada período legislativo se abrirá un nuevo libro de registro que durará el mismo tiempo que aquél.
El proyecto declara la publicidad del registro. La ley orgánica del Congreso establece taxativamente que las declaraciones de intereses de todos los funcionarios serán públicas. Por su parte, así lo señala el artículo 15, para los efectos de dar cumplimiento a la norma perentoria del nuevo artículo 5C incorporado a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que incluye la misma condición: la Secretaría deberá mantener un registro de las declaraciones de intereses “para su consulta pública”. La proposición reglamentaria que hace nuestra Comisión en el artículo 15 tiende a reglamentar de alguna manera aquello, y dispone que para acceder a tales registros el interesado deberá individualizarse y solicitarlo por escrito al Secretario.
Por lo tanto, transcurridos 35 días para hacer la declaración y cinco días para los efectos de hacerla llegar al Secretario de la Corporación , éste deberá anotar en el registro una nómina certificada de los diputados que no hayan dado cumplimiento a esta obligación.
Dado que la forma de hacer públicas las actuaciones formales de nuestra Corporación es mediante su inclusión en la Cuenta de la respectiva sesión, se establece que la nómina y la certificación deberán ser incluidas en la Cuenta de la sesión ordinaria más próxima a aquel plazo.
Los plazos -se hace la aclaración para evitar cualquier problema posterior- están consignados en el artículo 17, que dispone que para los efectos pertinentes serán de días hábiles, que su cómputo se realizará conforme con lo señalado en el Reglamento y que la interpretación de sus normas corresponderá a la Comisión de Conducta Parlamentaria.
Los artículos transitorios establecen la misma obligación para los diputados del actual período legislativo. Es decir, si el reglamento es aprobado en esta sesión, dentro de los treinta días siguientes a su aprobación cada uno de los parlamentarios estará obligado a efectuar una declaración de intereses, mediante carta certificada, y cinco días después de vencido el plazo señalado en el artículo primero transitorio, el Secretario deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 16.
Hemos intentado ser lo más acuciosos posible sobre un tema relativamente nuevo para nosotros. Estamos cumpliendo con una obligación de nuestro Código de Conductas Parlamentarias, recogido después en leyes posteriores.
Quiero destacar que todos los acuerdos de nuestra Comisión fueron adoptados con el quórum de los dos tercios exigidos. De hecho, todos ellos fueron trabajados, elaborados y aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión. Hago resaltar esto, porque es muy importante que exista tal consenso en este tipo de materias, puesto que sirve de fundamento en un tema tan importante como es nuestro quehacer parlamentario.
Para iniciar el debate de este proyecto de reglamento de declaración de intereses, tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , quiero acotar en forma práctica y breve algunas situaciones relacionadas con la materia que nos ocupa.
El artículo 5C de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, establece la obligatoriedad para senadores y diputados de hacer la declaración de intereses dentro del plazo de treinta días de asumir su cargo -tal como lo explicó con tanta propiedad el diputado informante -, porque es un hecho público y notorio que el país entero exige transparencia en el accionar político.
De ahí, entonces, que es conveniente que los parlamentarios hagan una declaración de intereses, tal como también lo hizo la Secretaría General de la Presidencia respecto de sus funcionarios, de acuerdo con lo que establece la ley. Pero dicha Secretaría fue más allá: exigió a sus personeros -no sé si consciente o inconscientemente- una declaración de militancia política y de sus aportes a los credos religiosos. Por eso, en su oportunidad, consideramos que estaba mal concebido el formulario entregado a los funcionarios públicos y recurrimos a la Secretaría de nuestra Corporación, con la cual llegamos a una suerte de avenimiento, luego de que la Contraloría General de la República se pronunció sobre la materia, indicando que, por diversas razones, no correspondía solicitar declaración sobre militancia política ni credo religioso. De manera que esa situación estaría salvada.
Pero dentro de este afán tan sincero de ir buscando y logrando transparencia, no deja de sorprendernos la forma en que los ministros de Estado e, incluso, el propio Presidente de la República , actúan directamente en la articulación de las listas de candidatos de la Concertación, en esta oportunidad, de los candidatos a concejales; mañana será de los candidatos a parlamentarios. Es indudable que tal actuación no corresponde a una concepción portaliana del Estado. En todo caso, quiero dejar muy en claro que reconocemos la inteligencia y capacidad de su Excelencia el Presidente de la República , que es una persona instruida y honesta. Podríamos decir que es un hombre de bien y Presidente de todos los chilenos. Siendo así y debido a que actúa como árbitro en las disputas que se producen al interior de la Concertación, considero que tendríamos el legítimo derecho de solicitarle que también arbitrara, en algunos casos en que no hay acuerdo en materia de candidatos y elecciones, al interior de la Alianza por Chile.
Digo esto porque no me cabe duda alguna de que, dadas las condiciones y las dotes de su Excelencia, no podríamos encontrar un mejor árbitro que él.
Hemos visto en la prensa que el señor Juan Ignacio Ugarte no pudo asumir en la forma que él deseaba una candidatura a concejal por Concepción, porque el propio ministro del Interior lo llamó para transmitirle un recado del Presidente de la República , quien le manifestó que, como gesto de unidad, era mejor que abandonara su postulación. Sin embargo, hemos visto que mi queridísimo y respetado amigo Ricardo Hormazábal , presidente de la Democracia Cristiana , niega que se haya rechazado el arbitraje del Presidente Lagos.
En consecuencia, es algo que flota en el ambiente y que muchos desearíamos para nosotros. Se ha hablado tanto de una diferencia que existiría en la comuna de La Reina entre dos candidatos de la Alianza por Chile. ¿No sería realmente admirable que en ese litigio actuara un árbitro tan distinguido?
Señor Presidente , volviendo al tema que nos ocupa, sin duda, la Comisión de Conducta realizó un estudio muy acucioso que considero que debemos agradecer a sus miembros. Además, envió el proyecto a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por considerar que no tendría competencia en la materia y que se requería el pronunciamiento de esta Comisión. Considero que fue muy adecuado el procedimiento empleado por su presidente , honorable colega Gutenberg Martínez.
Por otra parte, si bien es cierto que de acuerdo con la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional cada cámara tiene “la facultad privativa de dictar sus propias normas reglamentarias para regular su organización y funcionamiento interno”, en este caso, el Senado -no diría que por una feliz coincidencia, sino porque tuvo a la vista el estudio que había realizado la Comisión de la Cámara de Diputados- ha adecuado su Reglamento prácticamente en iguales términos a lo que hoy se discute en la Corporación.
Esto habla muy bien de los señores diputados y de la Cámara, porque generalmente se piensa que necesariamente seguimos los dictados del Senado. Aquí, para alegría nuestra, no. Fue el Senado el que consultó a la Cámara y es aquél el que está implementando una situación que está estableciendo nuestra Corporación.
Para terminar, sin entrar en el fondo de esta materia y estando plenamente de acuerdo con que se apruebe el Reglamento en los términos que señala el informe, me restaría solamente anunciar los votos favorables de nuestra bancada, lo que no obsta para que otros diputados del Partido también hagan uso de la palabra.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha.
Señor Presidente , efectivamente, tal como lo señaló el señor Alessandri , nuestra Comisión realizó un trabajo exhaustivo, acucioso, muy serio, porque entendemos que en la gestación de este proyecto está involucrado el prestigio del Congreso y de la actividad política en general, porque debemos reconocer que pocas acciones o actividades humanas son más cuestionadas que la política.
Cualquier persona, muchas veces, se refiere a la actividad política con un grado importante de menosprecio, dando la imagen de que quienes actuamos en política tenemos si no un contenido delictual, por lo menos algo semejante a eso. Eso es lamentable, porque daña profundamente a la democracia.
Por distintas razones, que no es del caso analizar hoy, el desprestigio de la actividad política está muy presente en nuestra sociedad. De ahí, entonces, que es muy honroso el encargo de elaborar con especial cuidado este Reglamento en la Comisión a que se ha referido el diputado señor Alessandri.
A este respecto, debo destacar tanto el trabajo de los diputados como el del señor Secretario de la Comisión, don Miguel Landeros, quien fue una pieza fundamental en el cumplimiento exitoso de esta tarea, que espero sea aprobada por la unanimidad de esta Sala.
El Presidente Kennedy -excúsenme que sea tan poco preciso en esta cita- decía que la vida de un político debería semejarse a una casa de cristal ubicada en la colina, para que todos los ciudadanos puedan verla. Creo que el proyecto que hoy estamos analizando cumple precisamente ese objetivo.
En consecuencia, me alegro de haber contribuido a elaborar este proyecto durante la presidencia del diputado señor Gutenberg Martínez , y espero, como lo dije, que sea aprobado por unanimidad, pues tengo la convicción de que constituye un aporte importante a nuestro proceso democrático. Creo que de esta manera afianzamos nuestro sistema y también mejoramos la imagen de la actividad que nosotros realizamos ante toda la ciudadanía, que con razón debe juzgarnos.
Señor Presidente, me alegro igualmente que se esté implementando el Reglamento para que los parlamentarios declaremos nuestros intereses.
Esta declaración tiene un sentido prácticamente similar a aquellas circunstancias en que los jueces de nuestros tribunales se sienten implicados. El objetivo fundamental de la declaración de intereses es que la persona que esté vinculada, de una u otra manera, a ese tipo de circunstancias no es alguien imparcial, autónomo e independiente, puesto que, de algún modo, directa o indirectamente, puede percibir algún beneficio. Ese fue el origen, como lo discutimos en el Congreso y en la Comisión Mixta en la cual participé, dejando fuera aquella declaración jurada del patrimonio, que nos obligaba a hacer un inventario que no se sabía qué cosas iba a comprender, cuando lo importante en una autoridad es la facultad de decidir en forma autónoma, independiente, ajena a los compromisos particulares que pueda tener en alguna de sus actividades profesionales o económicas.
Pero quiero hacer algunos comentarios respecto del Reglamento que se ha elaborado.
En primer lugar, en el artículo 4º se señala que la declaración de intereses y sus modificaciones deberán ser efectuadas y protocolizadas ante un notario público de cualquier comuna que corresponda al distrito que el diputado represente en el Congreso Nacional o de la ciudad en la que éste celebre sus sesiones.
Pero resulta que el artículo 61 de la ley Nº 18.575, en su inciso segundo, nos propone dos posibilidades. O lo hacemos ante el ministro de fe del órgano al cual pertenecemos o ante el notario que propone el Reglamento. Sería partidario de que la norma de esa ley se transformara en el artículo 4º del Reglamento. De esta manera, sin necesidad de ir a un notario público, por lo menos los diputados actuales o los que lleguen en el futuro, tendrían esas dos posibilidades. Podríamos, fácilmente, concurrir ante el Secretario de la Cámara de Diputados y ante él autentificar y protocolizar esta declaración y no exigir sólo que se haga ante un notario público.
Creo que el artículo 4º no corresponde a la alternativa que señala el artículo 61, inciso segundo, de la ley Nº 18.575. Nosotros no tenemos por qué restringir esa normativa.
En segundo lugar, la declaración de intereses dice que debe contener -me voy a referir a la letra e)- la individualización de las actividades económicas generadoras de ingreso en las que participa. Ese texto tampoco corresponde a lo que dispone el artículo 60 de la ley Nº 18.575, que dice que la declaración de intereses deberá contener la individualización de las actividades profesionales y económicas, porque, a lo mejor, atendido el movimiento, la dinámica de los negocios empresariales o de cualquier actividad económica, también se podrían producir pérdidas.
Ahora, si vamos a estar aquí exigiendo que se mencionen aquellas actividades donde se produzcan verdaderamente utilidades, ¿no estaremos confundiendo esto un poco con la declaración del impuesto a la renta, del capital propio, y de todas aquellas menciones que se hacen en la ley de impuesto a la renta o en el Código Tributario y que se exigen, a veces, como lo estamos viendo en la discusión actual, en la ley de rentas municipales sobre las patentes comerciales?
Entonces, a mí me surge la duda de que nosotros nos estemos excediendo de lo que dice la ley. Ésta habla de las actividades económicas, independientemente de que ésas los generen o no un ingreso. En consecuencia, hay que eliminar esa adjetivación de las actividades económicas, esto es, que sean “generadoras de ingresos en las que participan”.
Hoy, en la vida moderna, también vemos que existen intereses que pueden ser considerados profesionales o van degenerando en actividades económicas. Lo ilustraré con un ejemplo.
Todos sabemos que Greenpeace, reconocida institución ecológica, genera ingresos. En numerosos países se exige el sello verde, a través del cual grupos ecológicos obtienen utilidades. En el fondo, se trata de una marca universal. Me pregunto si las personas que pertenecen a esos grupos, participan de esas ideas, las predican y generan actividades con fines de lucro para mantenerlos, deben declarar o no esas actividades. Aquí se van a debatir temas de ese tipo, pues, como señalaba el diputado señor Alessandri , no sólo están en discusión los de carácter político o religioso. Por lo demás, estoy de acuerdo con que el formulario aludido no corresponde a lo que señala la ley, pues en cierta forma clasifica a las personas de acuerdo con sus ideas religiosas o políticas, para lo cual ya existen registros apropiados. Si el diputado Alessandri es católico, supongo que entrega el uno por ciento de sus ingresos a la Iglesia, institución que lo tiene considerado en sus registros. La misma situación debe ocurrir si es socio de algún club deportivo y en el partido político a que pertenece. De modo que existen actividades que tienen un sesgo económico, como las ecológicas u otras.
El caso del lord inglés que falló en el caso del senador Pinochet es otro buen ejemplo. Como todos saben, posteriormente se descubrió que pertenecía a Amnesty International, lo que provocó un conflicto de intereses y la consecuente anulación del fallo. También puede darse el caso de parlamentarios que pertenezcan a instituciones de carácter cultural y económico o intelectual y económico. El problema se originará cuando ellos deban pronunciarse sobre esas instituciones, por cuanto se provocará un conflicto de intereses.
Quiero dejar constancia de estos comentarios a fin de que queden consignados en la historia de la ley, por cuanto es posible que más adelante debamos enfrentar situaciones concretas en que nos imputaremos si debemos o no inhabilitarnos o señalar en la declaración de que hablamos este tipo de intereses, los que, como ya señalé, posteriormente producen conflicto.
Termino mi intervención señalando al diputado señor Alessandri que cuando su Señoría se refirió al tema del arbitraje y los árbitros, sólo le faltó mencionar el pito. En una oportunidad, alguien comentó con mucha gracia que como no sabía lo que era el arbitraje en materia jurídica, lo primero que hizo cuando el juez lo nombró árbitro fue comprarse un pito, pues creía que debía definir un partido de fútbol. Acá, diputado Alessandri , cada pacto tiene su líder y nosotros contamos con la suerte de tener al Presidente de la República como tal. Él es el supremo que está en condiciones de definir ese tipo de conflictos. Ustedes también tienen un líder que, supongo, también habrá parado peleas, cobrado fouls, patadas malintencionadas y mostrado tarjetas rojas.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
Señor Presidente, en primer lugar quiero hacer un reconocimiento al trabajo efectuado por la Comisión, en especial al realizado por su secretario, señor Miguel Landeros , cuya participación permitió que la Comisión elaborara el informe que hoy tenemos en nuestros escritorios.
El informe del diputado señor Gutenberg Martínez ha sido extraordinariamente claro, en especial en lo atingente a los aspectos legales y jurídicos, los que están en concordancia con la declaración de intereses sobre la que debemos pronunciarnos.
Es evidente que más allá de las obligaciones emanadas de las disposiciones jurídicas informadas por el diputado señor Gutenberg Martínez , esto es la Constitución Política, la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y la propia ley de probidad, nadie comprendería desde un punto de vista práctico que luego de estar vigentes esas disposiciones que afectan a todos los funcionarios públicos, en especial a partir de la dictación de la ley de probidad y el reglamento que lo complementa, los diputados estemos al margen de una obligación de esta naturaleza.
Si bien en la discusión se vertieron opiniones en cuanto a que la ley de probidad y otras normas no alcanzarían al Congreso, por ser éste un poder del Estado que genera sus normas en forma autónoma, reitero que nadie comprendería, desde el punto de vista de la transparencia pública, que nos pusiéramos al margen de una obligación como ésta.
No obstante que parece claro que esta obligación resulta ineludible para los parlamentarios que deberán asumir el 2002, también se concluyó que la declaración de intereses debe ser efectuada por quienes hoy ejercemos el cargo. La comunidad nacional no entendería que no lo hiciéramos, sobre todo considerando que todos los funcionarios y servidores públicos han actuado siguiendo esa línea. Por lo demás y como aquí se ha señalado, la declaración de intereses contribuye a dar transparencia a la acción funcionaria.
Respecto del artículo 4º, que señala que la declaración de intereses y sus modificaciones deben ser efectuadas sólo ante notario público, el diputado señor Elgueta ha propuesto la posibilidad de que ese protocolo también pueda realizarse ante un ministro de fe de la Cámara, en este caso el Secretario General. Sin embargo y también desde un punto de vista práctico, ello no me parece conveniente. A la hora de efectuar este tipo de trámites, la ciudadanía valora como ministros de fe a los notarios públicos, con quienes se genera una relación de transparencia. Si realizáramos nuestra declaración ante un ministro de fe de la propia Cámara, puede quedar la sensación de que estamos efectuando una declaración de intereses a puertas cerradas, en un procedimiento donde apareceríamos como juez y parte. Desde el punto de vista de la transparencia pública, considero correcto el modelo de declaración de intereses que hoy se somete a nuestra consideración y no me parece conveniente modificarla en el sentido planteado por el señor Elgueta.
La declaración de intereses se centra, en especial, en las actividades profesionales de los parlamentarios y en aquellas que generan ingresos. Está expresamente excluido el patrimonio -lo que me parece conveniente-, pues durante el período puede sufrir variaciones por distintas razones, a veces ajenas a la actividad propia del parlamentario como servidor público. La forma como está planteada cumple, además, con la obligación legal a la cual estamos sometidos.
Consideramos fundamental la transparencia en la acción de quienes ejercemos actividades públicas por vocación de servicio, como la parlamentaria. Creemos conveniente que la declaración de intereses, que hoy constituye una obligación para todos los funcionarios públicos y servidores del Estado, también la realicemos nosotros, como un acto de transparencia y de verdadero sentido de vocación de servicio, que es el que anima a todos los parlamentarios en esta Sala.
Por las razones expuestas, nuestra bancada aprobará las disposiciones contenidas en el reglamento de la declaración de intereses.
Señor Presidente , la bancada del PPD, a la cual represento en la Comisión de Conducta Parlamentaria de la Cámara, se suma plenamente a lo expresado por el diputado informante y presidente de la Comisión , señor Gutenberg Martínez , pues el reglamento que se somete a nuestra consideración contiene elementos de transparencia, de mejoramiento del quehacer parlamentario y de la imagen pública de los mismos, en un campo que tanto se presta para malas interpretaciones como es el de los intereses económicos, que cuando se mezclan con los intereses políticos producen un deterioro de la credibilidad pública en quienes cumplen roles políticos, en los cuales, se supone, no hay influencia alguna del interés económico.
En Chile y en otros países existe una colisión entre ambos elementos, lo que hace necesario que el Parlamento chileno, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, enfrenten el problema y hagan pública una declaración de intereses que permita que cualquier ciudadano sepa, a ciencia cierta, cuáles son los intereses económicos de cada parlamentario, de modo que no sólo baste el autocontrol personal, sino que también exista control público, a fin de que los parlamentarios que tengan intereses económicos en determinadas áreas se inhiban de participar en las decisiones sobre las mismas. Creo que ello servirá para mejorar la política y evitar que en un escenario no transparente, la acción de intereses económicos turbios u ocultos pueda influir en las decisiones políticas.
Por lo expuesto, la bancada del PPD se suma a la aprobación del reglamento de la declaración de intereses de los diputados.
Señor Presidente , la iniciativa en discusión, que tiene por objeto establecer reglamentariamente en las prácticas internas de la Corporación el mecanismo de la declaración de intereses que dispone el artículo 5º C de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, constituye un avance objetivo en lo que parece ser el signo de los tiempos.
La política precisa que se lo juzgue en forma transparente. El impacto, a veces delirante, de los medios de comunicación pone en la vitrina del juicio público a quienes cumplen responsabilidades en el plano del servicio público y, sobre todo, en la gestión parlamentaria.
Sin embargo, creo pertinente dejar constancia, para disipar cualquier apreciación negativa sobre el particular, de que la clase política chilena a lo largo de toda la historia republicana es, en términos generales, honesta. A quienes conocemos su historia, y de alguna manera hemos sido testigos o protagonistas de ella, nos sobran dedos de la mano para contar a los políticos que se han enriquecido con la política. En cambio, cientos de ellos se han empobrecido en la actividad. En el período de interrupción constitucional, me correspondió ser secretario del Círculo de ex Parlamentarios de Chile, que presidía el ex diputado , ex senador y ex presidente del Senado , señor Hugo Zepeda. Durante ese lapso de silencio impuesto a la política, recurrimos al apoyo de la colonia judía para conseguir que fueran a morir en su asilo ancianos parlamentarios comunistas, y tuvimos que hacer esfuerzos personales y familiares para reunir fondos con el fin de comprar medicamentos para parlamentarios socialistas. Ahí constatamos que parlamentarios que habían llegado a la Cámara de Diputados con un importante patrimonio, legítimamente heredado de sus antepasados, que representaron al Partido Conservador o al Liberal, concluían su vida prácticamente en la pobreza.
¡Ese es el juicio que merece la política chilena! Quienes señalan, a veces con intención tendenciosa, que en este hemiciclo, y en general en la política, se sirven intereses subalternos, están equivocados y, a menudo, lanzan la piedra y esconden la mano.
De manera que la dictación de este reglamento, necesario e imprescindible y que nadie esquiva, no llame a engaño, pues no estamos creando condiciones para escabullir la verdad. En este Congreso Nacional todos estamos expuestos, como ocurre en el juego democrático, al juicio de nuestros contemporáneos y electores. La disposición conduce a crear condiciones de esclarecimiento para que ese juicio sea adoptado en forma satisfactoria. De manera que, sin duda, debe contar con nuestra aprobación.
Sin perjuicio de lo anterior, señor Presidente , pareciera conveniente solicitar por su intermedio al diputado informante , que ha sido tan acucioso en el informe que nos ha dado a conocer, algunas precisiones, con el objeto de que esto no sirva de elemento de discusión a futuro. Específicamente, se hace alusión a que en la declaración de intereses es menester establecer la “individualización de las actividades profesionales que realiza” el declarante. ¿Esa declaración es genérica? Extremo las cosas: ¿El abogado consigna que ejerce su profesión o tiene necesidad de señalar en cada oportunidad los asuntos que está asumiendo, algunos de los cuales probablemente pueden ser triviales o de segunda importancia? ¿Cuáles son las actividades económicas?
Por lo que se ha señalado expresamente -que quede constancia de que estamos refiriéndonos a declaración de intereses y no de patrimonio-, tales actividades son generadoras de ingresos, es decir, la realización de actos tendientes a obtener ese resultado. ¿Caben dentro de ellos, por ejemplo, los dividendos que el diputado puede obtener como consecuencia de ser titular de algunas acciones, o el hecho de ser propietario de un inmueble que tiene arrendado y recibir una renta? Es pertinente que eso quede esclarecido en la historia del establecimiento del cuerpo reglamentario para conocer los parámetros dentro de los cuales hay que cumplir esta obligación, que no nos provoca molestia ni nos duele.
También debe quedar establecido que estamos hablando de la declaración de intereses del diputado en nuestro caso, no de los familiares; porque a veces algunos pretenden que los familiares de los parlamentarios, o en general de los políticos, deberían quedarse en la casa sin realizar ninguna actividad, porque cualquiera que realizaren, positiva o negativa, de triunfo económico o de fracaso, correspondería imputársela también al parlamentario. De manera que, en definitiva, deberíamos renunciar a tener familia.
Estas materias deberían quedar suficientemente esclarecidas a través del testimonio que se consigne en la historia del establecimiento de esta normativa que nos estamos aplicando. Incluso, si se estima pertinente, debemos resolver si las inquietudes planteadas por mi estimado colega y amigo Gustavo Alessandri también deben consignarse en esta normativa y si debemos establecer de qué manera el Presidente de la República tendrá que regular sus actividades de árbitro de las situaciones políticas.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado por Punta Arenas don Rodrigo Álvarez.
Señor Presidente, en realidad, soy diputado por Magallanes y la Antártica chilena, el distrito más grande del país.
En primer lugar, igualmente debo aludir a la ciudad de Punta Arenas; una felicitación grande, porque, sin duda, el trabajo más exhaustivo de la Comisión lo hizo el secretario señor Miguel Landeros , lo que ya reconoció el diputado señor Recondo. Quiero felicitarlo por su excelente trabajo. Don Miguel Landeros nació en Punta Arenas y, como todos quienes han nacido allí, siempre se desempeña brillantemente en la Cámara.
Entrando al tema de fondo, estas declaraciones son muy importantes para aumentar los niveles de probidad y transparencia que debe haber en el país como sistema político. Es realmente relevante ir precisando las relaciones económicas no sólo de los parlamentarios, sino también de todos los funcionarios del sector público, para evitar problemas de cuestionamiento de probidad acontecidos en otros países.
Con respecto al texto de la declaración de intereses, quisiera responder a las recientes aseveraciones del diputado señor Krauss, porque se tocaron directamente en la Comisión.
No he hecho aseveraciones.
Perdón. Entonces, quisiera precisar los comentarios del diputado señor Krauss en el sentido de lo que tratamos en la Comisión.
Claramente, si uno tiene acciones y generan dividendos, o son enajenadas y, por lo tanto, generan una ganancia, ello queda incluido en la letra e) del artículo 5º. Así se dijo expresamente en la Comisión. De hecho, son actividades reguladas como económicas por nuestra propia ley de Rentas. Lo mismo ocurre en el caso del arrendamiento de inmuebles, artículo 20, Nº 1, letra b), de la ley de Rentas; también es una actividad económica que genera ingresos.
El comentario más interesante en este punto, en cuanto a que podría haber un error, es, quizás, el que ha hecho el diputado señor Elgueta. Es cierto que al consignar la expresión “actividades económicas generadoras de ingresos” podríamos limitar lo que dice la ley. Entonces, quizás habría que eliminar la expresión “generadoras de ingresos”, o colocar “potencialmente generadoras de ingresos”, que también está en la ley de Rentas.
Yo diría que situaciones como las de las acciones, de arrendamiento, de enajenación de bienes raíces, etcétera, quedan todas cubiertas en la letra e), sobre individualización de las actividades económicas.
Respecto del caso de Greenpeace, planteado por el diputado señor Elgueta , entiendo que habría generación de ingresos y que uno sólo participaría en la organización; probablemente podría quedar incluido en la letra f), es decir, “menciones u observaciones que el declarante estime procedentes”.
Todas estas consultas son pertinentes, y mi impresión es que la Comisión deberá ir despachando una serie de preguntas en torno a qué debe entenderse por la aplicación adecuada de las letras d), e) y f).
Pero lo fundamental en esto es buscar mucho mejores y mayores niveles de probidad en la función pública.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Vilches.
Señor Presidente, esta mañana la Cámara nos ha convocado para debatir este proyecto de ley relacionado con la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. No es un tema fácil, porque puede ser malinterpretado, toda vez que la forma de hacer esta declaración de intereses por parte de los parlamentarios puede ser objeto de muchas críticas.
Como muy bien decía el diputado señor Krauss , estamos sometidos a juicio público. Siempre será así, y señalar en esta ocasión que los parlamentarios somos servidores públicos y que siempre debemos tener transparencia en todos nuestros actos y respecto de todos nuestros intereses, es, sin duda, una de las premisas más importantes que observamos.
También quiero sumarme a los juicios emitidos en esta ocasión por el diputado señor Gustavo Alessandri , porque el prestigio que ha tenido la clase política en Chile ha sido tradicionalmente el de gente honesta. Ése es el legado que queremos dejar con el cumplimiento de este Reglamento, a fin de que todas las generaciones posteriores que participen en este servicio público como parlamentarios de la República tengan también la obligación de formular esta declaración de intereses para evitar todo tipo de críticas que podrían hacerse con mala intención.
Lo digo porque, con ocasión del trabajo que como diputados de la República nos ha correspondido efectuar en organismos internacionales, hemos conocido parlamentarios de otros países latinoamericanos que obedecen a otro tipo de intereses: han sido financiados por grupos que han transformado en escándalo, incluso, el apoyo a candidaturas presidenciales. Eso ha sido con ocasión de que dineros muy poco claros, más bien muy oscuros, han financiado campañas de personas que llegan al Parlamento de otros países -quiero recalcarlo- coludidas con individuos cuyas prácticas hemos combatido y que siempre estamos tratando de combatir.
También comparto lo manifestado por el colega Carlos Recondo , de que, asimismo, sea una obligación para quienes somos diputados en la actualidad, la que se podría cumplir dentro de los plazos que fija el Reglamento, con el objeto de que no sólo quede establecida para las próximas generaciones de diputados.
Por otra parte, quiero sumarme a las felicitaciones conferidas al secretario señor Landeros , quien, con un acucioso trabajo, ha logrado avanzar en este tema, que es muy difícil; porque no es fácil establecer normas de esta naturaleza, como ocurrió con el proyecto sobre conductas parlamentarias, en que se suscitaron discrepancias sobre la materia difíciles de superar.
No dudo de que todos los parlamentarios vamos a aprobar este Reglamento sobre declaración de intereses de los diputados, para así dar cumplimiento a lo solicitado por la Comisión de Conductas Parlamentarias que se abocó a este tema.
Hay tres parlamentarios inscritos: el honorable diputado señor Gutenberg Martínez y las honorables diputadas señoras Isabel Allende y María Antonieta Saa.
Por lo tanto, consulto al honorable diputado señor Gutenberg Martínez si me permite concederle el uso de la palabra al final, dado que es el informante del proyecto.
Tiene la palabra la honorable diputada señora María Antonieta Saa.
Señor Presidente , me parece importante y oportuno establecer esta declaración jurada de intereses, ya que considero que debemos autoimponernos este tipo de reglas antes de que se nos exijan. Sin embargo, deseo plantear la siguiente observación de carácter formal: que, en el proyecto, después de la palabra “diputados”, se agregue, en todos los casos, la expresión “y diputadas”, pues debemos acostumbrarnos a que el lenguaje se vaya adecuando en los proyectos de ley.
Señora diputada , como es muy importante su observación, la tomaremos muy en cuenta.
Tiene la palabra la honorable diputada señora Isabel Allende.
Señor Presidente, tal como lo han señalado los colegas, éste es un paso importante y necesario. Incluso, considero imprescindible aplicar esta normativa a quienes estamos ejerciendo los cargos de diputados en este período. Sin embargo, discrepo en el siguiente sentido: me duele que la Cámara no haya logrado incluir en el proyecto de ley de probidad, cuando fue discutido en la comisión mixta, que los diputados declaren su patrimonio.
Entiendo que el Reglamento en discusión se ajusta a la ley; pero eso no priva a la Cámara de su facultad de incluir una norma que nos obligue a declarar nuestro patrimonio, aunque sea como una iniciativa paralela.
Por lo tanto, solicito la comprensión de los colegas para buscar una forma que nos obligue a efectuar tanto una declaración jurada de intereses como de patrimonio.
Tengo la convicción de que dicha declaración de patrimonio, lejos de generarnos algún grado de dificultad, complejidad o molestias, ayudará a que la Cámara de Diputados actúe con la transparencia que merece la dignidad de nuestros cargos, además de que será muy bien recibida por la opinión pública.
Por lo tanto, no puedo dejar de expresar que me parece insatisfactorio que en este Reglamento se establezca solamente la obligación de que los diputados efectuemos una declaración de intereses, la que, en honor a la verdad, es un poquito genérica, porque si no va acompañada de la obligación de que entreguemos una declaración de patrimonio, no nos ayudará a lograr el objetivo que nos hemos propuesto. En casos como éste es preferible actuar de más que de menos, ya que esto en nada va a perjudicar; al contrario, ayudará a que esta obligación sea más eficiente, más rigurosa y más transparente.
Por lo tanto, propondré la indicación respectiva, que espero hacerla llegar a la Mesa a la brevedad, destinada a que, además de la declaración de intereses, efectuemos la declaración patrimonial; porque -repito- lamenté mucho, al igual que una buena parte de los colegas, que dicha obligación no se incluyera en el proyecto de ley sobre probidad que se discutió en comisión mixta. No entiendo actitudes de ese tipo, sobre todo que, en ese caso, no se adujo una justificación real, ya que no ayudan a lograr la transparencia que buscamos.
Reitero, lamento mucho que en la comisión mixta no lográramos hacer comprender a los senadores el criterio de la Cámara de Diputados, destinado a imponernos la obligación de entregar una declaración patrimonial.
En consecuencia, a pesar de que éste es un paso positivo, para mí resulta insuficiente, ya que la única manera de lograr que este Reglamento tenga toda la eficiencia que nosotros queremos darle, es complementándolo con la declaración patrimonial.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Mario Bertolino.
Señor Presidente, concuerdo plenamente con mi colega Isabel Allende, porque si queremos que nuestro actuar sea absolutamente transparente, debemos ponernos detrás de un cristal totalmente limpio y no tras un vitral, que impide apreciar lo que hay al otro lado.
Por lo tanto, la posición de mi colega Isabel Allende cuenta con todo mi apoyo, al igual que las gestiones que realice para incluir la obligación de los diputados de entregar una declaración patrimonial.
Tiene la palabra el honorable diputado señor René Manuel García.
Señor Presidente , es una cosa bastante curiosa que a los parlamentarios les aflore un gran sentido de honorabilidad cuando se tocan estos temas.
Pregunto: ¿Qué pasa si un honorable diputado traspasa todos los bienes a nombre de su esposa y sigue ejerciendo presiones y traficando influencias para que su familia continúe lucrando y haciendo negocios, mientras él da una apariencia de honestidad?
En consecuencia, a mi juicio, hemos de partir de la base de que, más que una intención de declaración de bienes, en los diputados debe existir honradez personal. Es indudable que los diputados, senadores o ministros pueden tener otros negocios, pero siempre que obtengan ganancias en forma honrada. Ese es el problema.
Señor Presidente , ¿qué pasa si un señor diputado declara: “Tengo tres casas, un automóvil y cuatro bicicletas”, pero pierde estos bienes en el ejercicio de su cargo. ¿Le van a reponer lo que perdió?
Al revés, si el diputado no tiene nada y logra comprar una casa, ¿es sinvergüenza?
Entonces, resulta bastante curioso lo que estamos viendo. Todos los que estamos en la Sala -yo por lo menos- no tenemos nada que ocultar. Mis bienes son de conocimiento público, están los antecedentes de Impuestos Internos, las escrituras respectivas y todo lo demás. Ninguna persona puede afirmar que los parlamentarios lucran de la política, y quienes creen eso están muy equivocados.
¡Por Dios que me gustaría que quienes hablan de la dieta de los diputados, de lo que ganan o de que algunas empresas les entregan dinero lo pudieran probar concretamente! En verdad, sucede todo lo contrario, ya que un parlamentario puede recibir cincuenta llamadas al día, pero cuarenta y nueve son para pedir algo y una para decirle que se quiere conversar con uno cuando llegue al distrito, pero lo más probable es que sea también para solicitar alguna cosa.
En consecuencia, creo que la transparencia, más que de la declaración de bienes, parte de la honradez personal, de la probidad que uno tiene, de la capacidad de distinguir perfectamente lo que es mal habido de lo que es bien habido.
No me opondré jamás a que se declaren los bienes, porque me parece absolutamente correcto; pero también quería decir lo que señalé, porque nadie ha de poner en duda la honradez de los parlamentarios. Muchos parlamentarios creen que esto se logra pronunciando discursos y sacándonos el cuero entre nosotros. Es así como vemos a honorables colegas nuestros que dicen: “Los diputados no asisten a sesiones de la Sala”. “Los diputados hacen esto”. Les sacan el cuero a los diputados, ¡como si ellos no lo fueran! ¡Eso es lo curioso! En consecuencia, esto es una chacota y me duele mucho decir estas cosas; pero me parece increíble que los colegas se dediquen a sacarles el cuero a otros en todas las cosas.
El proyecto de Reglamento es bien intencionado; lo vamos a aprobar, pero sustentando el criterio de que en materia de probidad cada uno debe poner su parte para que nadie lo pueda apuntar con el dedo.
Tiene la palabra la honorable diputada señora Laura Soto.
Señor Presidente , la probidad es un tema de interés nacional y no atañe particularmente ni a los diputados ni a los senadores, sino a todos. En especial, la ciudadanía mira hacia los funcionarios públicos y también hacia nosotros para contemplarnos como en un espejo, esperando siempre que demos señales muy claras, y no se trata de que haya odiosidades, que se diga que este es más o menos. Todos lo sabemos; tenemos una recta conciencia y nadie está añadiendo nada a eso. Estamos diciendo que deseamos dar una señal pública y, precisamente, que somos tan transparentes que no vacilamos en demostrar ante la opinión pública que esta es nuestra vocación de servicio y que estamos dispuestos, incluso, como una especie de casa de vidrio, a mostrar qué tenemos.
No hay aquí la intención de que alguien quiera ocultar algo o no, sino una interpretación jurídica simplemente distinta, con un debate que ha sido muy rico. Particularmente con el diputado señor Zarko Luksic hemos preconizado con mucha fuerza que efectivamente haya acá una declaración del patrimonio, no sólo de los intereses. Sin embargo, quiero señalar con claridad que no se trata de que sean más o menos probos quienes están hablando de los intereses, y otros, del patrimonio. No es ésa la cuestión, sino simplemente de interpretación. Creemos que el tema del patrimonio es más amplio y da mayor seguridad a la opinión pública el hecho de que nosotros estemos dispuestos a mostrar todo.
Por eso, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estamos debatiendo el proyecto con mucha seriedad, de manera que aquí nadie puede rasgar vestiduras en cuanto a que es una iniciativa más o menos, sino que debemos decir que nos parece insuficiente la declaración de intereses, por lo cual estamos intentando que se amplíe al patrimonio, lo cual no significa que haya alguna sospecha o suspicacia.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Gutenberg Martínez.
Señor Presidente , creo que un deber de conciencia también implica destacar -desgracia-damente lo omití al informar, sin perjuicio de que está en la versión escrita- tanto la participación de los colegas señores Rodrigo Álvarez, José Antonio Galilea , Francisco Huenchumilla , Pedro Muñoz , Carlos Recondo , Jaime Rocha , Salvador Urrutia y Carlos Vilches , que, en conjunto, nos permitió avanzar en ello, como el reconocimiento -que ya se ha hecho- a nuestro secretario, señor Miguel Landeros , quien, según hoy hemos tenido conocimiento por la intervención del diputado señor Álvarez , es originario de Punta Arenas, hecho que explica muchas cosas positivas, por supuesto.
En relación con el tema, estimo que todas las intervenciones de los colegas son absolutamente pertinentes y que es mejor detenernos al comienzo que quedarnos con dudas posteriormente. Por lo mismo, es del caso, para los efectos de la historia del establecimiento de esta reglamentación, contestar aquello susceptible de serlo. Cabe puntualizar, con toda franqueza, que estamos incursionando en temas que tienen determinadas dificultades. Aunque intentamos, en la Comisión, absolverlas todas, necesariamente deberá haber aquí una creación que nos permita aclarar mejor las cosas hacia delante.
En primer lugar, considero que la observación o sugerencia del colega Elgueta respecto de si nos circunscribimos sólo a los notarios o si hacemos uso del artículo 61, inciso segundo, de la ley Nº 18.575, que permite la intervención de los ministros de fe, fue muy bien contestada por el colega Recondo , si mal no recuerdo. Es pertinente en este caso y más positivo -al menos es lo que vimos en la Comisión- que generemos nuestras propias normas. La del artículo 61 está pensada para los funcionarios públicos y dispone lo que indica el diputado señor Elgueta , pero tiene un complemento importante: la obligación de mandar esos antecedentes a la Contraloría General de la República. Por lo tanto, se puede hacer ante el ministro de fe del instituto, ministerio o lo que fuere, pero los antecedentes se mandan a la Contraloría, lo cual genera un procedimiento particular que no es el que nos corresponde. Por eso, estimo pertinente insistir en la fórmula que propone la Comisión.
En segundo lugar, dado que la Comisión, si la Cámara así lo dispone, tendría facultad de interpretación, ante cualquier duda que un colega tuviese respecto de cómo completar esta declaración de intereses, existiría el mecanismo de la Comisión para así resolverlo. Uno de los problemas en situaciones de esta naturaleza ocurre cuando quien debe cumplir una obligación no sabe exactamente el contenido de la misma y, a veces, con buena fe, incluye o excluye algo que después se puede transformar en un cargo en su contra. El mecanismo de la Comisión le permite remitirse a ésta cuando tenga una duda respecto de qué debe incorporar o no en la declaración, en su caso específico.
Esto es muy importante, porque es casi imposible responder a la extensa casuística sobre la materia que podríamos hacer en la Sala. Sin perjuicio de ello, voy a intentar incursionar en las consultas que se han formulado.
Cuando se dice “actividades profesionales”, no se alude a la condición de profesional. Una persona puede poseer su título profesional o técnico y, por lo tanto, tiene la condición de profesional; pero eso no implica que esté realizando una actividad profesional. En términos de los abogados -no conozco el resto de las profesiones- es distinto un abogado que tiene el título y que paga su patente del que no la paga, porque al pagarla está decidiendo ejercer su actividad profesional. Por lo tanto, allí hay un distingo; no se está hablando de la condición, sino de la actividad.
Voy a preferir seguir la relación del colega Elgueta y después la del colega Krauss ; pero, en todo caso, éste planteaba al respecto si se trata de la actividad o de cada una de las actividades que se realizan dentro del ejercicio de la profesión. Evidentemente, hablamos de la actividad profesional y no de ir haciendo una reseña de si el colega ejerce en el foro o en lo que fuere, o de cada una de las causas que eventualmente estén a su cargo.
Hay también aquí una disposición que conlleva la necesidad de complementar la declaración original cuando se generan hechos o circunstancias que justifican modificarla. Me parece evidente que si un colega que ejerce la profesión toma un caso relevante ante los tribunales, que dice relación con la defensa de alguna actividad económica importante, debería complementar su declaración; porque buscamos que se conozcan los intereses económicos de un determinado parlamentario, de modo que sea de conocimiento público cómo compatibiliza debidamente aquello con su función parlamentaria.
Respecto de “las actividades económicas generadoras de ingresos”, la duda planteada por el colega Elgueta en cuanto a que podría entenderse que se limitan a aquellas que produjeran utilidades, creo que son dos conceptos distintos. A mi juicio, la sugerencia del colega Álvarez puede ser positiva. Cuando uno realiza una actividad económica potencialmente generadora de ingresos, la declaración que efectúa es a priori, no a posteriori. No se trata de decir: “Mire, de las actividades que realicé en los años anteriores, éstas me generaron utilidades y éstas otras, pérdidas; por tanto, me remito a declarar las que me generaron utilidades”, sino que señalar toda actividad económica que está efectuando con el objetivo de obtener ingresos. Por consiguiente, la expresión “potencialmente” podría ser, si la Cámara así lo estima, susceptible de agregarse.
¿Por qué hablamos de actividad generadora de ingresos? Porque en el debate de la Comisión incursionamos en las áreas que nos planteaba el colega Elgueta , respecto de otros intereses. ¿Qué sucede si un colega colabora o participa en una corporación sin fines de lucro, la cual, para el cumplimiento de sus fines, realiza una determinada actividad económica? Supongamos que alguien sea miembro de una institución de esas características, que tiene un economato que debe cumplir con las disposiciones tributarias y, por lo tanto, hacer declaraciones y eventualmente pagar impuestos. Obviamente, estamos hablando de una actividad generadora de ingresos para el que la declara; pero para sus miembros, un bingo, un sorteo u otra actividad de esa corporación sin fines de lucro, con la cual genera ingresos para el cumplimiento de su fin social, no es una actividad económica propiamente generadora de ingresos para quien debe hacer la declaración.
Insisto, estos son temas que podemos perfeccionar.
Ahora, aquí estamos hablando de intereses económicos y por eso es muy importante la precisión que hacemos en el informe escrito y oral. Es distinto el tema de los intereses para un juez, para un político legislador y para un funcionario de Gobierno. Por eso, requieren un fundamento y sentido diferente. El ejemplo que daba el colega Elgueta del juez británico es lógico. Un juez tiene que tener imparcialidad absoluta y total; pero su imparcialidad no es la misma con la que debe actuar un parlamentario. Nosotros somos representantes, condición que se mezcla, además, con nuestra militancia en partidos políticos. No somos imparciales. Cada parlamentario tiene una legítima visión del mundo, que en su comportamiento en el Congreso mezcla con la representación de quienes votan por él. Sería absurdo entender que una postura política, una confesión religiosa, una visión cultural de la vida o una concepción de la ecología implique un interés que deberíamos declarar ante esta Corporación. Estamos tratando de que determinados intereses económicos que puedan significar algún lucro o beneficio personal, sean conocidos, de modo que la opinión pública, los electores, puedan juzgar nuestro comportamiento al respecto.
Por tanto, se consideran los intereses económicos. Por lo demás, así lo establece la ley.
Cabe tener presente lo que prescriben tanto nuestro Código de Conducta como el artículo 5º B de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, la cual, por lo demás, insisto, recoge disposiciones establecidas en nuestro Código de Conducta sobre casos aún más exigentes que los que señala la modificación legal, puesto que dispone lo siguiente:
“Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad -nuestro Código de Conducta establece hasta el cuarto grado- y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto.
“No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan,...”.
Es decir, estas normas juegan unas con otras. Es un sistema destinado a precaver situaciones complejas.
Sobre las precisiones muy lógicas que solicitaba el colega Krauss , creo que ya nos hemos referido a las actividades profesionales. Obviamente, su realización es una cuestión genérica, pero la buena fe y el buen criterio indican que cuando alguna de esas actividades puede representar efectivamente un interés económico en el tiempo, la declaración de intereses debe ser complementada.
Participo de la misma interpretación del colega, no sé si Álvarez o Recondo: quien es accionista lo es para conseguir dividendos y, por lo tanto, esa actividad es económica y como tal debe ser declarada.
Quien usufructúa legítimamente de la actividad inmobiliaria, con una o diez propiedades, obtiene una renta que, por lo demás, tiene que ser declarada tributariamente, debe colocar, entre las actividades económicas, la del rubro inmobiliario. No es una declaración patrimonial, sino que de actividad. No tiene que señalar si tiene uno, diez, quince o cuarenta bienes raíces, sino que en el rubro inmobiliario tiene intereses.
El diputado Krauss , respecto de la declaración, señalaba -lo cual también fue discutido en la Comisión-, que es una obligación del diputado. Él no tiene obligación respecto de la familia porque es una situación imposible, y analizamos la casuística hasta el detalle.
Señor Presidente, con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al colega Elgueta.
Tiene la palabra el diputado Elgueta.
Señor Presidente, quiero precisar dos cuestiones que planteé.
En primer lugar, ante qué ministro de fe se hace la presentación de la declaración. Estoy sugiriendo lo que dice la ley. En el Reglamento se suprime una de las alternativas. Jamás he pretendido que estas declaraciones se envíen a la Contraloría. Por eso, voy a formular una indicación al artículo 4º para agregar a su texto: “o ante el Secretario de la Cámara de Diputados”. Que el diputado resuelva ante quien presenta la declaración. No creo que el asunto sea más transparente en la notaría. Las notarías nunca han sido modelos de transparencia; generalmente, los que acuden a ellas permanecen en un cuarto cerrado, muy bien habilitado por el notario. En cambio, creo que acá todos saben cuando uno va donde el Secretario de la Cámara. Es una alternativa.
En segundo lugar, respecto de la letra e) del artículo 5º del proyecto de Reglamento, también voy a presentar una indicación para que se elimine la expresión “generadoras de ingreso” porque se contrapone derechamente a la ley. Si este texto fuera enviado a la Contraloría para su revisión y toma de razón, allí se eliminaría esa expresión porque limita lo que señala la ley. Ella no se refiere a actividades económicas generadoras de ingreso, a pesar de que quien habla de económico, de economía de la casa, se está refiriendo verdaderamente a aquéllas que producen hay lucro. En consecuencia, no podemos salirnos del marco legal y agregar un requisito más, pues de ese modo estaríamos actuando con un criterio poco transparente y restrictivo respecto de lo que nos exige la ley.
Agradezco la interrupción al diputado señor Gutenberg Martínez.
Recupera la palabra el diputado señor Gutenberg Martínez.
Señor Presidente , en cuanto al segundo punto planteado por el colega Elgueta , en el sentido de dejar abierta la redacción sobre la declaración de actividad económica, está en su derecho hacerlo, y los colegas pueden asumirlo o no, según sus criterios. La Comisión intentó evitar una mención demasiado abierta que después generara dificultades de interpretación. A mi juicio, eso perfectamente se puede colegir del debate.
El primer punto, por desgracia, está absolutamente fuera de lugar por dos razones, una de las cuales ya fue mencionada. El artículo 61 de la ley Nº 18.575, sobre el que fundamentó su propuesta el colega Elgueta , consigna un sistema de declaración que establece una lista de funcionarios que debe declarar ante un ministro de fe o ante un notario. Es bastante copulativa la mención que después tiene que ser enviada al contralor. Eso tiene una lógica distinta a la nuestra. Pero, en todo caso, más fuerte que ese argumento discutible, es el perentorio artículo 5 C de la ley orgánica constitucional del Congreso, el cual obliga a los diputados y senadores a efectuar esta declaración ante un notario de su domicilio o de la ciudad donde celebre sesiones el Congreso Nacional. Es decir, el reglamento recoge la disposición de la ley orgánica del Congreso. Por lo tanto, sería inadmisible una indicación, pues por la vía del reglamento no podemos generar un mecanismo distinto al de la ley.
Por otra parte, también estudiamos las expresiones “diputados” y “diputadas”, materia planteada por la colega señora Saa. Al respecto, por técnica legislativa, por una suerte de economía legislativa y en el entendido de que estábamos hablando del cargo y no de la persona que lo ejerce, nos pareció mejor el uso de una sola expresión.
En cuanto al patrimonio, el tema fue incluido en el informe: nos remitimos a cumplir con la obligación legal. Es obvio que se ha dado una discusión paralela, en la cual también participo. Me parece que se presentó una iniciativa -no sé si en la Cámara o ante el Senado- que postula la declaración patrimonial.
El diputado señor Krauss me señala que está en la Comisión de Constitución. Por lo tanto, el tema llegará a la Sala. En consecuencia, aquí estamos dando cumplimiento a lo que se nos encomendó: traducir en una norma reglamentaria la obligación señalada por la ley orgánica del Congreso. Insisto, todos los aportes y precisiones son claramente necesarios para nuestra mejor disposición.
Con la venia del diputado señor Gutenberg Martínez , puede hacer uso de una interrupción la diputada señora Allende.
Señor Presidente , ¿es posible obtener más antecedentes del proyecto recién mencionado por el colega Gutenberg Martínez ? Sé que el espíritu fue atenernos a la ley, pero eso no significa que no podamos hacer otros aportes. Por eso pregunto al diputado señor Gutenberg Martínez si posee más antecedentes respecto de ese proyecto o si a través de una indicación, la Cámara, en uso de sus facultades, además de la declaración de intereses, pueda incorporar la declaración patrimonial.
Solicito aclarar el punto, porque tal vez podríamos incluir esa materia mediante una indicación.
El diputado señor Krauss puede hacer uso de una interrupción que le concede el diputado señor Gutenberg Martínez para que entregue la información que posee.
Señor Presidente , se trata de un proyecto iniciado por diversos colegas -entre los cuales no me incluyo-, que está en tabla en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y que establece la declaración patrimonial obligatoria de los parlamentarios, a fin de suplir la omisión.
Son dos ámbitos distintos que dicen relación con el cumplimiento de una norma de la ley orgánica del Congreso: la declaración de intereses, materia que discutimos, y la declaración patrimonial, cuestión en la cual, a mi juicio, habrá unanimidad. En mi caso, desde ya anticipo mi asentimiento.
Reitero, el proyecto fue puesto en tabla por la diputada señora Laura Soto, presidenta de la Comisión. En consecuencia, será despachado en las semanas siguientes.
Señor Presidente , el diputado señor Krauss ha contestado en parte la consulta de la colega señora Allende. Además, el proyecto tiene una idea matriz: cumplir con la obligación legal. Por ello, a mi modo de ver, tampoco sería pertinente una indicación, pues tal vez no sea admisible.
Recuerdo a los señores diputados que se acordó votar el proyecto a las 12.40 horas. Por lo tanto, en los diez minutos restantes del Orden del Día, propongo comenzar a tratar el informe del segundo proyecto que figura en tabla.
Señor Presidente , hay que llamar a los señores diputados, pues en este momento no hay quórum para adoptar el acuerdo que está sugiriendo.
Una vez más, agradezco la sugerencia de su Señoría, pero creo que se habrá dado cuenta de que están sonando los timbres.
Señor Presidente , sin ánimo de involucrarme en la conducción del debate, creo que primero debe adoptarse el acuerdo respectivo.
Tiene razón, señor diputado. Sólo quería aprovechar el tiempo para avanzar lo más posible y continuar en una sesión futura, pues es muy escaso el tiempo que nos queda.
En votación general el proyecto de reglamento de la declaración de intereses de los diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Alessandri, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Correa, Delmastro, Elgueta, Fossa, García (don René Manuel), García-Huidobro, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Martínez (don Gutenberg), Molina, Monge, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Recondo, Reyes, Rincón, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Van Rysselberghe, Velasco, Venegas y Villouta.
Se han formulado dos indicaciones.
Si le parece a la Sala, se leerán y votarán de inmediato.
Ambas son del honorable señor Elgueta. La primera, para eliminar, en la letra e) del artículo 5º, la expresión “generadoras de ingreso”, y la segunda, para ampliar, en el artículo primero transitorio, de 30 a 60 días, el plazo de que dispondrán los señores diputados para realizar y protocolizar la declaración de intereses a que se refiere el artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 20 votos. No hubo abstenciones.
Allende (doña Isabel), Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Delmastro, Elgueta, Gutiérrez, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Martínez (don Gutenberg), Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Reyes, Rincón, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta.
Alessandri, Álvarez, Ascencio, Bertolino, Caminondo, Correa, Díaz, Fossa, García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Leay, Longueira, Molina, Monge, Orpis, Paya, Recondo y Van Rysselberghe.
En votación la segunda indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 1 abstención.
Alessandri, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Aldo), Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Fossa, García (don René Manuel), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Martínez (don Gutenberg), Molina, Monge, Núñez, Ojeda, Ortiz, Paya, Recondo, Reyes, Rincón, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Van Rysselberghe, Velasco, Venegas y Villouta.
Ascencio, Bertolino, Galilea (don Pablo), García-Huidobro, Orpis, Palma (don Andrés) y Seguel.
-Se abstuvo el diputado señor Ibáñez.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto.
Señor Presidente , aprovecharía la ocasión para contar a mis colegas de las bellezas de la Isla Mocha, de la calidad de su gente; del esfuerzo de los profesores, del personal de salud, en fin, por cumplir su cometido en un medio realmente difícil. Por la escasa densidad poblacional de la isla, sus dificultades para acceder a programas de mejoramiento son grandes, al igual que para mantener el bosque que protege sus aguas. Sin embargo, el escaso tiempo de que dispongo no me permite darme el agrado de proporcionar mayores antecedentes. Habría sido importante que los señores diputados también los conocieran.
En este país, las islas pertenecen a la comuna frente a la cual se encuentran; por ejemplo, la isla de Pascua , a Valparaíso; la de Santa María, a Coronel; sin embargo, la isla Mocha, que está frente a Tirúa, pertenece a Lebu. Ello significa que cuando un mochano debe acudir, por ejemplo, al conservador de bienes raíces, tiene que atravesar varias comunas; para ir al juzgado, debe atravesar Tirúa -por supuesto, luego de hacer el viaje de la isla al continente-, parte de Contulmo, Cañete y Los Álamos para llegar finalmente a Lebu. Esto ocurre también respecto del Servicio de Impuestos Internos, de la gobernación provincial o de Sernapesca, servicio directamente vinculado con la isla, dada su alta actividad pesquera.
Sin embargo, lo peor ocurre en materia de salud. Cuando alguien enferma, comienza por trasladarse de la isla al continente para luego hacer el largo recorrido hasta Lebu, con pasajes aéreos de alto costo -no menos de 100 mil pesos-; vale decir, el gravamen que el Estado está imponiendo a los habitantes de isla Mocha es sumamente alto.
Quise dar a conocer esa situación en esta Cámara porque me parece fundamental que haya claridad sobre la materia y se busque alguna manera de solucionar el gravísimo problema que sufren los mochanos. Baste saber, por ejemplo, como elemento relevante que podría significar un cambio en esta situación, que isla Mocha tiene la mejor cancha de aterrizaje en Tirúa, absolutamente pavimentada, y que se están haciendo importantes inversiones en la parte portuaria para los efectos de facilitar el acceso de las embarcaciones desde isla Mocha al continente, y viceversa. En consecuencia, sería lógico que la isla perteneciera a Tirúa y no a Lebu.
Pido que se oficie al ministro del Interior , con el objeto de que se estudie -nada más que eso- la posibilidad de que isla Mocha pertenezca a Tirúa y no a Lebu, para lo cual solicito que se acompañe copia de esta intervención, a fin de ilustrar mejor la petición que he formulado.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
Señor Presidente, hago esta intervención también en nombre de la diputada señora Eliana Caraball y del diputado señor Enrique Jaramillo , integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Ayer se celebró una sesión especial en esta Sala para tratar el tema relativo a los resultados de las últimas pruebas del Simce, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, efectuadas a los alumnos de 4º año básico, atendida la preocupación que existe al respecto por la noticia que se dio a conocer hace algunos días. También ayer, en una reunión de trabajo con el Presidente de la República y con la ministra de Educación , analizamos, en general, lo que hasta la fecha se ha hecho en materia de educación y lo que se piensa hacer más adelante.
Ningún parlamentario ni tampoco la opinión pública pueden desconocer que desde el ’90 hacia adelante se trató de devolver al sistema escolar la importancia y el valor que debe tener para los educandos chilenos. Quién puede poner en duda que el Estatuto Docente, ley Nº 19.070, la modificación introducida por la ley Nº 19.410 y, entremedio, la Nº 19.200, significaron un cambio sustantivo en la educación, en especial en el régimen previsional del magisterio chileno, además del P900 y los Mece básico, rural y medio. Nadie pone en duda que constituyeron aportes sustanciales para la reforma educacional del país.
Los maestros sabemos que cada quince años, frente a una nueva generación, cambian los destinos de un país. Lo importante es que ellos signifiquen un efectivo mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, pilares fundamentales de la educación en estos diez años de gobierno de la Concertación.
Es una realidad que Chile cuenta con escuelas y liceos equipados con modernos recursos preparados para el aprendizaje, un sistema escolar sembrado de nuevas ideas, nuevas formas de enseñar y de aprender, que poco a poco se van abriendo paso dentro de nuestros 3 millones de educandos de primero básico a cuarto medio, y nuevos programas de estudio y renovados sistemas de evaluación de aprendizaje. También es cierto que se ha hecho un esfuerzo muy grande en estos diez años, desde el punto de vista presupuestario, para mejorar las remuneraciones y condiciones de esta noble profesión que es el magisterio. Pero han sido insuficientes, porque si el país no toma conciencia de que éste es un problema de Estado será imposible que mañana podamos alegrarnos con los próximos los resultados del Simce.
Tenemos por delante grandes desafíos. Hay un capital acumulado con la reforma actual, pero ¿quién puede desconocer que la brecha de los resultados escolares, que separa a los niños de familias de mayores y de menores ingresos, se está haciendo intolerable? Debemos focalizar los recursos en función de esos sectores, especialmente aumentando la cobertura en la enseñanza parvularia, base de la pirámide educacional y del mejor desarrollo de nuestros alumnos.
Dentro de toda esta problemática surge la pregunta acerca de quién hace la reforma educacional. Eso se encuentra en las manos de los alrededor de 135 mil profesores de todos los niveles de enseñanza, tanto municipal como particular subvencionada y particular propiamente tal; además, participan los 32 mil no docentes que representan un aporte esencial en el proceso educativo chileno, así como los padres y apoderados, que son parte importante de la educación en el hogar y de la respectiva comunidad. Sin el magisterio con la camiseta puesta, sin que los profesores se sientan parte de esta reforma educacional, será imposible que ésta tenga éxito.
Los parlamentarios que conformábamos la Comisión de Educación entre el ’94 y el ’98, después de haber planteado no menos de tres veces el tema, logramos formar conciencia en el Ejecutivo en cuanto a la necesidad de permitir jubilar a los profesores que reunieran los requisitos establecidos para el efecto: la mujer a los 60 años, el hombre a los 65, y tener a lo menos 30 años de ejercicio de la profesión, a través de una ley excepcional, con la última renta. Así sucedió. No menos de cinco mil profesores jubilaron con la última renta. Sin embargo, sólo pudieron hacerlo en esas condiciones quienes estaban en el antiguo sistema de previsión.
Por eso, quiero reiterar el envío de un oficio al ministro de Hacienda y a la ministra de Educación , con el patrocinio de los diputados que quieran adherir, a fin de que el Gobierno dé el patrocinio a una indicación para que, tal como lo plantea la ley Nº 19.200, las treinta y seis últimas rentas sean el promedio de las siguientes: del primero al duodécimo mes, queda sin efecto; del 13 al 24, se mantiene, y del 25 al 36, se multiplica por dos, lo cual da, en un caso excepcional, el ciento por ciento de la última renta.
Es indispensable hacer eso, porque como el tiempo avanza, la información que tengo es que nuevamente hay no menos de cinco mil a seis mil maestros que cumplen con los requisitos para jubilar, pero no lo pueden hacer porque ello iría en desmedro de sus ingresos mensuales.
Además, se debe estudiar una reforma previsional para que, en el caso del magisterio, la gente que cuente con los requisitos para jubilar y que esté en el sistema de administradoras de fondos de pensiones, de manera excepcional, pueda traspasar sus fondos al sistema antiguo, a fin de que puedan gozar de los mismos beneficios de otros colegas.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jiménez , Rincón , Núñez , Arratia , Villouta , Jaramillo , Mora y Caraball.
La señora CARABALL, doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señora Presidenta, cada cierto tiempo se pone de moda un tema que no es menor, relativo a la conciliación entre el derecho a la propiedad de un particular con el derecho público, lo que permite tener bienes nacionales de uso público al servicio de la comunidad.
Sabido por todos es lo que ha pasado con el acceso a las playas, lo que originó una larga discusión al respecto. Pero también se producen en forma similar ciertos abusos de otra naturaleza, donde, al parecer, algunos se sienten dueños de cerrar el acceso público y tomarse un camino, basado sólo en sus intereses o en el privilegio que genera tener poder económico.
He decidido hacer uso de la palabra en esta hora de Incidentes para exponer un caso que, a mi juicio, es grave, porque apunta en la dirección que he señalado.
Hace un tiempo, informé públicamente sobre un hecho sucedido en la comuna de Isla de Maipo, donde el Ministerio de Obras Públicas, con costo para todos los chilenos y a través del presupuesto nacional, construyó un puente nuevo de acceso al sector de Naltagua. El puente antiguo -construido en las mismas condiciones- quedó cerrado para uso exclusivo de un particular.
Con los temporales recién pasados, el puente nuevo tuvo serios daños estructurales -obra en la cual se invirtieron miles de millones de pesos-, lo que significó sacar las barreras -con dedicatoria exclusiva para este particular- para utilizar nuevamente este puente antiguo, a fin de acceder a las localidades interiores.
Pero más grave aún es que la semana pasada he tomado conocimiento de que este mismo particular -prominente figura del jet set nacional, entre otras cosas- tiene tomados cerca de tres kilómetros del camino público. El Rosario, G-424, al cual ancestralmente han tenido acceso familias campesinas del sector, en Isla de Maipo. De hecho, ha puesto un portón en el acceso al camino, lo cual le permite no sólo controlar a la gente que accede a visitar a los campesinos, sino también, en días pasados, llegó al extremo de negar el ingreso a un funcionario público, nada menos que al director provincial de Vialidad de Talagante , quien iba a inspeccionar dicho camino.
Me refiero a la Viña Tarapacá, de propiedad del señor Carlos Cardoen , la cual ha cometido este acto arbitrario y abusivo que, a mi juicio, debe corregirse. El Estado tiene que adoptar las medidas tendientes a reponer no sólo el derecho público, sino a velar por que en esto se actúe con la máxima energía, a fin de devolver el camino a quien le pertenece, que son todos los chilenos que quieran acceder a él. Incluso, hace un par de años, en dicho camino se realizaron trabajos como si fuera privado, cerrando su acceso.
Por eso, solicito oficiar al señor ministro de Obras Públicas , con copia de mi intervención al concejo de Isla de Maipo , a fin de que informen a esta Cámara respecto de la situación de este camino, el cual, en un tramo de alrededor de tres kilómetros, se encuentra tomado por la Viña Tarapacá, del señor Cardoen.
Es importante que en la investigación que se realice y en el informe que se mande se tome en cuenta el oficio Nº186, de enero de 1999, que la Dirección provincial de Vialidad envió al Ministerio de Obras Públicas, denunciando este hecho, el cual nunca se ha corregido.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo , Urrutia , Ulloa y Caraball.
Tiene la palabra el diputado señor Rincón.
Señora Presidenta, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, a fin de que informe a esta Cámara sobre los conflictos producidos respecto de caminos en la Sexta Región, en los cuales eventualmente podría existir una situación similar a la planteada por el diputado señor Jiménez.
Con el diputado señor Juan Pablo Letelier tenemos algunos antecedentes sobre el particular, pero es importante que se informe sobre la realidad que hoy conoce dicho Ministerio -el cual fue informado en su oportunidad por la Dirección de Vialidad respecto del tema-, a fin de corroborar lo señalado con los antecedentes que se tienen a la vista.
Mi petición apunta a que se informe respecto del acceso a caminos, deslinde y bloqueamiento de los mismos y las medidas adoptadas para solucionar la situación.
Señora Presidenta, solicito que se oficie al ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales , a fin de complementar la información pedida respecto del Programa Chile-Comuna.
Hace dos meses, a través de esta Corporación, solicité que se remitiera el Programa Chile-Comuna respecto de las comunas de la Sexta Región involucradas en dicho convenio, realizado entre el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales -en aquella época eran carteras separadas, hoy fusionadas-. Se remitieron dichos antecedentes, lo que deseo agradecer.
Sin embargo, seguramente por algún error o descuido, se envió sólo la información del año 2000, es decir, se corroboró la existencia del convenio, se señaló la forma como se desarrolla y se incluyó la información de las distintas comunas, pero, lamentablemente, no la del año 1999, cuando empezó a funcionar dicho convenio. Por lo tanto, hemos podido constatar 57 realidades en la respuesta -repito- relacionada con el año 2000, pero falta la información sobre el programa Chile-Comuna de 1999, año en que empezó a operar.
De manera que el oficio tiene por objeto completar la información requerida. Por eso, pido que se nos informe cuáles son las localidades comunales beneficiadas con el programa Chile-Comuna de 1999, información que no se incluyó en la primera respuesta.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Rafael Arratia.
El señor ARRATIA.-
Señora Presidenta, he solicitado el uso de la palabra para referirme a una cuestión que los medios de comunicación han estado publicando durante los últimos días, relacionada con la atención de salud a lo largo de todo el país.
Las denuncias formuladas por un canal de televisión han puesto de manifiesto un asunto conocido por muchas personas, en particular por quienes trabajan en el ámbito de la salud: el otorgamiento de licencias médicas. Pues bien, en mi condición de miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, de médico y de diputado , no puedo dejar de emitir un juicio al respecto.
Considero que este problema es una enfermedad que aqueja al sistema desde hace muchos años, a la cual no podemos atribuirle una sola causa, porque vemos con preocupación que los responsables somos muchos, pero el más importante es el paciente que va a la consulta del médico y solicita una licencia que no corresponde. En segundo lugar, está el médico que, en forma inescrupulosa y por razones económicas, extiende una licencia que tampoco corresponde. Por último, todo esto es incentivado por un sistema en el cual las isapres o instituciones de salud, muchas veces en forma sistemática, proceden a recortar las licencias médicas, afectando gravemente la atención de salud y el reposo al cual el paciente tiene pleno derecho.
Considero que este grave problema no puede solucionarse sino a través de una legislación adecuada. Aquí los responsables son todos los actores del sistema, y sólo la autoridad podrá, en un momento determinado, darle solución a través de la dictación de una ley que elimine estos vicios que hoy día están emporcando la salud de nuestro país.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel.
Señora Presidenta, quiero solicitar el envío de los siguientes oficios:
Al ministro de Justicia, a fin de que informe sobre el estado de avance del proyecto de ampliación y mejoramiento de los centros de detención y cárceles de Chinchín, en Puerto Montt, y Maullín.
A los ministros de Hacienda y de Agricultura, con el objeto de que informen sobre la evolución mensual de las importaciones de leche y sus derivados durante 1998, 1999 y 2000, y la nómina de las respectivas empresas importadoras.
A los ministros de Vivienda y Bienes Nacionales, y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que informen sobre el estado de avance de los planes maestros de las ciudades de Valdivia, Osorno y Puerto Montt, de pavimentación de la avenida Jorge Alessandri y de las respectivas obras de alcantarillado destinadas a unir las tres terrazas en la ciudad de Puerto Montt.
Por último, a los ministros de Vivienda y Bienes Nacionales , de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, al intendente de la Décima Región y al alcalde de Puerto Montt , con el objeto de que informen sobre el estado de avance del programa de construcción de viviendas en los terrenos de Piedra Azul, entre los sectores de Chamiza y Quillaipe, de acuerdo con lo prometido por dichas autoridades a los vecinos de la ruta austral.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Bertolino, Jiménez y Juan Pablo Letelier.
Señora Presidenta, adhiero al oficio solicitado por el honorable diputado señor Carlos Kuschel a los ministros de Obras Públicas y de Agricultura.
Señora Presidenta , en esta oportunidad quiero pedir que se oficie a la Contraloría General de la República , a fin de que haga una aclaración sobre el oficio Nº 1.566, de fecha 6 de julio, relacionado con una fiscalización practicada a la municipalidad de Coquimbo.
En el quinto párrafo de la última hoja del oficio en cuestión se informa que en el Departamento de Educación existe un déficit debido a la contratación de personal que sirvió en otras áreas municipales, lo que afectó negativamente sus recursos. El déficit asciende a la suma de 52.670.880 pesos.
Por lo tanto, pido que la Contraloría me informe acerca de los nombres de las personas contratadas, por cuánto tiempo, la fecha de contratación, el monto de sus remuneraciones y la función que desempeñaron en los respectivos departamentos o reparticiones.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ulloa , Joaquín Palma , Urrutia , Jaramillo y de quien habla.
En segundo lugar, pido que se oficie al ministro del Interior, con el objeto de que informe sobre la situación en que se encuentra en estos momentos el sistema de atrapaniebla, mediante el cual la localidad de Chungungo -pertene-ciente a la comuna de La Higuera, Cuarta Región- se abastece de agua.
Las mallas que captan la neblina y concentran el agua que después se entrega a la localidad mencionada sufrieron un gran deterioro debido a las últimas inclemencias del tiempo, lo que ha originado que muchas de ellas se encuentren en el suelo sin que puedan cumplir su función.
Pido el envío del oficio mencionado para que el Ministerio del Interior -repito- me informe sobre el actual estado del sistema, qué empresa o repartición está a cargo de su mantención, qué costo demanda la reparación de las mallas y quién se encarga en forma permanente de velar por que Chungungo esté abastecido en forma permanente de agua potable.
Por último, pido que se oficie al ministro de Justicia , a fin de que informe en qué etapa se encuentra la erradicación de la cárcel pública de La Serena, porque el probable lugar del nuevo emplazamiento es un sector de la comuna de Coquimbo, ubicado dentro de la propiedad cedida por un particular a la Digeder, a fin de que desarrollara un complejo deportivo. Como posteriormente la ley no permitió que la Digeder tuviera bienes, la propiedad pasó a poder del Ministerio de Bienes Nacionales, que hoy día la ha traspasado al Ministerio de Justicia, a fin de que en ese sector -que es agrícola y residencial- se emplace una cárcel.
Hay que mencionar que en ese sector habita y trabaja gran parte de la colonia italiana que en la época del Presidente Gabriel González Videla emigró a nuestro país. Dicha colonia ha efectuado grandes inversiones para desarrollar el sector y, obviamente, construir una cárcel en ese lugar no es lo más aconsejable. Ellos han hecho una serie de gestiones, pero hasta el momento no han obtenido resultado alguno.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Justicia para que considere la posibilidad de construir la cárcel mencionada en otro lugar. Incluso, las familias y ciudadanos que habitan en ese lugar están dispuestos a donar un terreno ubicado en otra parte para que la cárcel sea construida allí.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ulloa , Joaquín Palma , Urrutia , Jaramillo y de quien habla.
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
Señora Presidenta , el uso de la palabra en esta oportunidad reviste particular importancia y gravedad, porque el tema que voy a plantear dice relación con la soberanía nacional.
Durante dos días seguidos de la semana pasada, en el noticiero central, Canal 13 de Televisión mostró la situación absolutamente ilegítima, inconstitucional e ilegal, de un funcionario del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos, DEA -identificó incluso a la persona en videos-, desempeñándose en Chile. Lo ha mostrado en un operativo realizado el año pasado, en el cual, incluso, falleció un funcionario de Investigaciones.
Resulta francamente inconcebible que, aun cuando nuestra Constitución prohíbe que cualquier funcionario extranjero realice acciones directas en Chile, una persona, identificada en esa noticia de telediario no sólo con su nombre, sino, además, con la denominación de chapa usada, esté hoy trabajando en el país protegida con un chaleco antibalas con el membrete de Investigaciones.
Dado que éste es un hecho extremadamente grave, solicito que se oficie al ministro de Defensa Nacional para que disponga una investigación inmediata, acuciosa y completa, de manera que se nos informe, en detalle, sobre quién es esa persona; qué nombre real tiene; si es americano, cuál es su pasaporte. Que nos informe absolutamente todo sobre esta situación, que claramente vendría a demostrar que se trata no sólo de un episodio, sino también de que agentes norteamericanos se encuentran operando en Chile. A su vez, solicito que el Ministerio pida a Canal 13 el video en el cual se ve a esta persona usando el chaleco de Investigaciones, portando un arma y dando claramente instrucciones a funcionarios de esa Institución. Quiero saber quién dispuso que esa persona, agente norteamericano, haya podido dirigir una operación de Investigaciones de Chile.
El señor LELELIER (don Juan Pablo).-
Agentes del imperialismo.
El diputado señor Juan Pablo Letelier habla de agentes del imperialismo. Yo sólo quiero decir que del país que sean, estas personas se encuentran absolutamente inhabilitadas para trabajar o para realizar operativos en Chile.
Junto con ese oficio, solicito que el Ministerio de Defensa disponga que el órgano respectivo, en este caso la Policía Civil, efectúe la investigación correspondiente.
Solicito también que se oficie a la Contraloría General de la República para que lleve a cabo exactamente la misma investigación, sobre todo porque, desde el punto de vista administrativo, no puede haber personas operando, en este caso en un servicio policial consagrado constitucionalmente, sin estar facultadas para ello.
Quiero saber también, y que el Ministerio informe si está operando en Chile -todo el mundo lo dice-, una oficina de la DEA; deseo saber cuántas personas hay, cuál es el trabajo que están haciendo estas personas de ese Departamento norteamericano dedicado al trabajo contra la droga.
Me parece sinceramente muy grave que esto se haya mostrado dos días en la televisión y hasta el día de hoy nadie haya dicho nada.
He conversado, telefónicamente, con el ministro de Defensa , quien me ha manifestado su sorpresa al contarle esta situación y, efectivamente, le he señalado que voy a pedir formalmente una investigación sobre este tan irregular caso.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Juan Pablo Letelier y Jaramillo.
En el tiempo del Comité del PPD, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
Señora Presidenta, muchas veces me he referido en esta Sala a la importancia económica, social, política y también de seguridad nacional, de restablecer el servicio de ferrocarriles desde la capital hasta Puerto Montt. Y más precisamente sobre el imperativo que ello se realice en plazos más breves que los planteados por las autoridades de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que, lamentablemente, una vez más -lo digo a riesgo de parecer majadero-, actúa de manera desconsiderada e inoportuna con los parlamentarios, que, recogiendo el clamor de miles de ciudadanos del sur del país, bregamos incansablemente por lograr nuestra meta de tener un servicio de pasajeros y carga, como Chile lo tuvo desde casi principios del siglo anterior.
Son justamente esos ciudadanos y también algunas autoridades de mi región, conscientes de la urgencia de nuestra demanda, que me han invitado a participar en la dirección de un gran movimiento cívico, un verdadero frente social y político, en defensa del ferrocarril del sur, el que lanzaremos en un encuentro este próximo sábado, 5 de agosto, en la ciudad de Puerto Varas.
A ese encuentro, al que concurriré con el alcalde de Puerto Varas , señor Eduardo Cerón ; con el concejal de Puerto Montt señor Orlando Aravena , y con el joven dirigente gremial por el ferrocarril señor Obriel Oyarzún , asistirán personalidades y dirigentes de amplios sectores de la población, a fin de analizar allí las estrategias más efectivas para conseguir nuestro sueño de restablecer el ferrocarril desde la capital de la Región de Los Lagos y hacia ella. ¡Qué extraño tener que hablar de “sueño” cuando se trata de la necesidad de un país!
Estimados colegas, reclamo nuevamente contra el centralismo que ha dominado las acciones de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que ha seguido destinando recursos, generados por todos los chilenos de Arica a Puerto Williams, para favorecer siempre al centro del país: Valparaíso y Santiago. Proyectos multimillonarios de trenes suburbanos hacia Rancagua , San Bernardo y, ahora, hacia Talagante y Melipilla. Es ese centralismo el que ahoga a la capital y la seguirá ahogando si no se rectifican algunas políticas implementadas por el Estado.
Digo con fuerza y decisión que los regionalistas del sur sabemos que nuestra tarea es difícil; que hay que romper con prácticas discriminatorias de antigua data y, sobre todo, que hay que bregar con algunos funcionarios empecinados en lograr sus objetivos sin escuchar a quienes representamos la voluntad del pueblo.
Pero no nos detendremos y sabremos decirles a los ciudadanos y a la opinión pública del sur que llegará el día en que vuelvan a sonar en Puerto Montt y en todas las ciudades del sur los pitos que anuncien la partida del tren local, el expreso, el rápido y otros; de esas locomotoras y carros que durante tantos años han estado detenidos y silenciosos, esperando que el ruido del progreso vuelva a las estaciones. Hoy no serán las campanas de antaño. Seguramente será el timbre electrónico, dando vida a tantos pueblos que dejaron de incidir con su aporte en la sociedad chilena.
Señora Presidenta , desde esta Cámara de Diputados, saludo al alcalde de Puerto Varas , señor Eduardo Cerón , por su iniciativa; al concejal de Puerto Montt señor Orlando Aravena , y a ese joven luchador y dirigente, señor Obriel Oyarzún , quien trabaja por la recuperación del ferrocarril al sur. Desde aquí les expreso mi admiración y apoyo incondicional por su iniciativa.
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia.
Señora Presidenta , solicito que se oficie al ministro del Trabajo , a fin de que preste toda la ayuda posible a los trabajadores de la industria Soexpo, de Arica, la que se declaró en quiebra el 17 de julio recién pasado, causando un grave daño a quienes allí laboraban, por cuanto esa empresa debe varios meses de sueldo y el pago de las correspondientes indemnizaciones. Ahora, todo ha quedado en manos del Síndico de Quiebras y de la junta de acreedores, la que se reunirá el 5 de septiembre próximo.
Por ello, solicito que el ministro del Trabajo adopte todas las providencias que permitan a los trabajadores salvar los dineros adeudados y defender sus derechos en forma adecuada a través de la asesoría de especialistas de la cartera a su cargo, quienes pueden ayudarlos a enfrentar esta quiebra y el manejo de la junta de acreedores en la mejor forma posible, ojalá adoptando como salida la liquidación de esta industria como unidad funcional, para que con un nuevo propietario reinicie su actividad laboral.
Asimismo, solicito que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República para que conceda una audiencia a estos trabajadores, a fin de que puedan relatar el drama que viven y tengan la posibilidad de ser escuchados por la máxima autoridad del país, lo que significará para ellos un gran apoyo espiritual y el convencimiento de que en el más alto nivel del Gobierno existe preocupación por los problemas que los afectan.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo y Juan Pablo Letelier.
En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
Señora Presidenta , solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , señor Carlos Cruz , con el objeto de que informe a esta Corporación sobre cuántos proyectos de telefonía móvil han sido aprobados y, si posee los antecedentes del caso, cuántos se han materializado, con especial referencia a los que han considerado la instalación de antenas.
Como es de conocimiento de la señora Presidenta , ayer despachamos, con el apoyo de varios colegas, el proyecto de ley que pone freno a la instalación indiscriminada de estos elementos, en particular en sectores residenciales. Ellos no sólo dañan la salud, sino también el patrimonio y desarrollo urbano de muchas familias y comunas.
Sobre esta materia, el antecedente que desconocemos es cuántos proyectos aprobados han materializado la instalación de antenas. Este punto es particularmente importante, por cuanto percibimos de la asociación de empresas vinculadas con la instalación de antenas falta de respeto para con las autoridades locales. Además, ha cuestionado la intención de esta Corporación de que sean los alcaldes y concejos los que autoricen y decidan dónde instalar antenas.
En atención a la actitud inadecuada mostrada por ese sector empresarial del país, queremos contar con los antecedentes solicitados, de modo que las comunidades estén en condiciones de reaccionar y evitar este tipo de agresiones, que se traducen -reitero- en instalación de antenas, particularmente en zonas residenciales donde habitan personas de esfuerzo y trabajo.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de quien habla y de los diputados señores Enrique Jaramillo , Salvador Urrutia y Patricio Walker.
En segundo lugar, solicito que se oficie al ministro de Vivienda, con el objeto de que nos informe si se están realizando estudios a fin de modificar el tipo de vivienda social que se construye con fondos públicos.
En la comuna de Quinta de Tilcoco, Sexta Región, un grupo de familias ha sufrido una agresión brutal: se quiere construir para ellas casas del tipo pareado en sitios cuyo promedio alcanza los 62 metros cuadrados. Es decir, en comunas rurales se quiere encerrar a las personas no sólo en viviendas estrechas, sino también en sitios que son prohibitivos para un desarrollo humano como al que aspiran el Presidente Lagos y muchos parlamentarios.
En atención a ello, me interesa saber si el Ministerio está haciendo esfuerzos para cambiar sus programas habitacionales y, en particular, los tipos de vivienda.
Asimismo, solicito que el ministro de Vivienda intervenga, a fin de modificar el contrato de construcción relativo a Quinta de Tilcoco, para que no se consume el despropósito -para decirlo en forma suave- de intentar encerrar a familias en 60 metros cuadrados. Eso constituye un atentado contra la dignidad, la familia y el derecho de los niños de vivir en un espacio adecuado.
Por último, solicito que se oficie al ministro del Interior a fin de que informe a esta Corporación, a través del Intendente de la Sexta Región , sobre cuáles son los planes de inversión en educación que se desarrollarán en los próximos años con recursos del Fondo de Inversión Educacional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Mi inquietud se relaciona con el proceso de jornada escolar completa en la Sexta Región, en particular en la provincia de Cachapoal, donde se debería estar construyendo un conjunto de establecimientos; sin embargo, para ello es necesario disponer de terrenos. No resulta patente que el gobierno regional esté dando los pasos necesarios para garantizar el éxito de la jornada escolar completa y de la construcción de nuevos establecimientos en la provincia.
La respuesta que obtendremos del ministro aclarará si la versión que me han entregado apoderados y profesores es verídica -de serlo, habrá que tomar las medidas del caso-, o si, por el contrario, la planificación de la inversión diseñada por el Ministerio es adecuada para cumplir los objetivos que se persiguen.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesion
-Se levantó la sesión a las 13.27 horas.
Moción de los diputados señores Jeame Barrueto , Ascencio , Longton , Osvaldo Palma , Andrés Palma , Silva , Vilches y de las diputadas señoras Isabel Allende , Lily Pérez y María Antonieta Saa.
Reforma constitucional para garantizar el derecho a la no discriminación arbitraria. (boletín Nº 2558-07)
Uno de los avances más significativos logrados por la humanidad durante el siglo XX fue haber podido reconocer la dignidad básica que es inherente a todos los seres humanos. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su preámbulo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
Como consecuencia de lo anterior, el artículo 1º de la Declaración establece las bases sobre las cuales se alzará todo el sistema universal de reconocimiento de los derechos humanos al expresar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, afirmación que la actual Constitución Política que nos rige, se encarga de reproducir también en su artículo 1º inciso 1º, tratando de indicar con ello que todo el sistema normativo del país deberá implicar una concreción de dicho reconocimiento. En seguida, el texto constitucional establece como garantía constitucional, en el Nº 2º de su artículo 19, la igualdad ante la ley.
Cabe asimismo indicar que el principio de la no discriminación es recogido en diferentes instrumentos internacionales obligatorios para el país, como sucede con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2.1. según el cual los Estados Partes se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Similar disposición es contemplada en el artículo 2.2. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo mismo hace el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, por nombrar sólo algunos.
Por otra parte, diferentes constituciones políticas han incorporado a su texto el derecho a la no discriminación arbitraria, como sucede con la Carta Política italiana de 1947, al señalar en su artículo 3º que todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni circunstancias personales y sociales.
En el mismo tenor encontramos la Ley Fundamental de Bonn de 1949, al prescribir expresamente que la dignidad del hombre es intangible, siendo su respeto y protección deber de todo poder público, indicando expresamente, en el artículo 3º, que “nadie podrá ser perjudicado ni privilegiado en consideración a su sexo, ascendencia, raza, idioma, patria y origen, creencias o concepciones religiosas o filosóficas”.
Esta misma línea institucional adopta el Constituyente Francés al garantizar en 1958 la “igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y respeta todas las creencias” (art. 2º).
Posteriormente, los textos constitucionales europeos asumirán con mayor precisión la garantía de la no discriminación arbitraria, incorporando la prohibición de diversas formas de alteración del principio de la igualdad. Este será el caso portugués de 1976, al señalar que “nadie podrá ser privilegiado, beneficiado, perjudicado, privado de algún derecho o eximido de deber alguno por razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, instrucción, situación económica y condición social”. (art. 13).
En el ámbito latinoamericano, la Constitución de Brasil declara como objetivo fundamental de la República Federal el promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, comunidades o cualquiera otra forma de discriminación (art. 3º).
Asimismo, el Código Político colombiano garantizará el goce de los “derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. (art. 13).
De la misma forma, la Constitución de Puerto Rico señala que “no podrá establecerse discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas”. (art. 2).
Similar diseño constitucional apreciamos en la Carta Fundamental de Venezuela la que prohíbe las “discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social” (art. 61).
Por su parte, el Constituyente boliviano prescribe que “todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidas por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera”. (art. 6).
Es así como la construcción institucional de los Estados hispanoamericanos y euroatlánticos recogen, como regla general, el mentado principio de la no discriminación arbitraria, ejemplificando las diversas situaciones en que tal conducta se manifiesta con mayor frecuencia.
De la misma forma, la normativa internacional incorpora progresiva y sistemáticamente el derecho a la no discriminación arbitraria, como uno de los baluartes normativos con efecto aglutinador de la voluntad de las distintas naciones vinculadas por los diversos tratados internacionales acordados en materia de derecho fundamental.
El proyecto de reforma constitucional que someto a la consideración de esta honorable Corporación tiene por finalidad incorporar al ordenamiento contemplado en nuestra Carta Fundamental, el derecho a la no discriminación arbitraria, de manera de garantizar en mejor forma la garantía de la igualdad ante la ley y el reconocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que se encuentran garantizados, tanto en el texto constitucional vigente, como en los tratados internacionales sobre derechos humanos obligatorios para nuestro país.
La reforma que propongo no excluye toda discriminación, por cuanto existen diferencias que se establecen en beneficio de ciertos grupos precisamente para garantizar mejor sus derechos. Lo que el proyecto excluye son aquellas discriminaciones que revisten el carácter de “aribrarias”, es decir, aquellas que carecen de toda racionalidad, naciendo la mayor parte de las veces de meros prejuicios o apreciaciones ideológicamente torcidas, como sucede con las de corte racial, de género, morales, de opción religiosa o sexual.
Cada día es más evidente la necesidad de incluir como parte de las garantías constitucionales la no discriminación arbitraria, como lo demuestran los recientes hechos de discriminación que han afectado a jóvenes adolescentes embarazadas, y los que largamente han impactado a nuestras etnias originarias, mujeres y jóvenes. Lo mismo sucede con aquellos que poseen una condición sexual distinta a la heterosexual.
Asimismo, los recientes avances científicos relacionados con el genoma humano han puesto la voz de alarma frente a la posibilidad de que surja un nuevo tipo de discriminación fundada en la estructura genética de las personas, cuyos efectos podrían ser devastadores, como es fácil anticipar, tanto en el ámbito laboral como en el de los sistemas de seguros de salud, de financiamiento bancario, educación, etc.
Es decir, en nuestra época se alcanzan grandes amenazas a la igualdad de derechos por la cual tantos han batallado y cuya negación ha originado episodios de exterminio sistemático de seres humanos, ocurridos sólo algunos años atrás, durante la primera mitad del siglo pasado.
Ahora bien, la norma que se incorpora al texto constitucional con la reforma que propongo no sólo busca obstaculizar la discriminación de jure, es decir, la que se establece expresamente en textos legales, sino aquélla que se da de facto, esto es, en los hechos, no obstante no existir en la normativa legal disposición alguna que la reconozca.
Por último, quisiera recalcar que nuestro país se encuentra en un proceso destinado a lograr una democracia plena, según los estándares que caracterizan a las sociedades modernas. Es, por ende, el momento de incorporar la garantía a la que se refiere este proyecto de reforma constitucional, ya que no hay nada más contrario a una democracia que la existencia de discriminaciones arbitrarias que nieguen derechos fundamentales de la persona humana. Asimismo, no hay atentado más grave a la paz social que la odiosidad que genera en quien es víctima de una discriminación.
No podemos pretender ser una sociedad moderna, si no rechazamos como ilegítimas las conductas que den origen a discriminaciones arbitrarias, pues toda discriminación de esta índole conduce irremediablemente a la marginación de los afectados por ella y, por lo mismo, a la creación de fuentes de desconocimiento de la legitimidad de la institucionalidad política, social, económica y cultural que las acepta.
Las presiones de la globalización nos fuerzan a tener un proyecto de país compartido por todos, como manera de sobrevivir como tal. La discriminación atenta contra este propósito y nos pone en gran desventaja frente a aquellas naciones que han podido labrar, a través de los años, una identidad común con respecto a la cual todos de una u otra forma se sienten afines e incorporados. En este sentido, la discriminación arbitraria es una seria amenaza a nuestra capacidad de actuar eficazmente en el nuevo mundo que está emergiendo.
Por lo anterior, tenemos el alto honor de someter a la consideración de esta honorable Corporación, el siguiente
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:
1.	Agrégase al inciso segundo del numeral 2º del artículo 19, entre las palabras “diferencias” y “arbitrarias”, la expresión “o discriminaciones” y;
2.	Agrégase al inciso segundo del numeral 2º del artículo 19, a continuación de la palabra “arbitrarias”, la frase “en razón de raza, color, sexo, estructura genética, idioma, religión, opiniones o preferencias, origen nacional o socioeconómico, nacimiento, edad, condición sexual, imagen personal, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualquier otra condición social o individual, sin perjuicio de las limitaciones que esta Constitución establece.”.
Moción de los diputados señores Rincón, Lorenzini , Mora , Ojeda , Rocha y de las diputadas señoras María Angélica Cristi , Fanny Pollarolo y Antonella Sciaraffia.
Modifica el Código de Procedimiento Penal, restringiendo el derecho a llamada telefónica en los casos de delitos contemplados en la ley Nº 19.366. (boletín Nº 2559-07)
1.	La ley Nº 19.567, publicada en el Diario Oficial el 1 de julio de 1998, modificó los Códigos Penal y de Procedimiento Penal en lo relativo a la detención, dictando normas de protección a los derechos del ciudadano.
2.	Entre las modificaciones efectuadas al Código de Procedimiento Penal se sustituyó el inciso segundo del artículo 293, estableciéndose que:
“El detenido o preso, aunque se encuentre incomunicado, tiene derecho a que, en su presencia, a la mayor brevedad y por los medios más expeditos posibles se informe a su familia, a su abogado o a la persona que indique, del hecho y la causa de su detención o prisión. El aviso deberá darlo el encargado de la guardia del recinto policial al cual fue conducido, o el secretario del tribunal ante el cual fue puesto a disposición, si no se hubiere dado con anterioridad. Los funcionarios señalados dejarán constancia de haber dado el aviso”.
Agrega el inciso final del mismo artículo que la negativa o el retardo injustificado en el cumplimiento de lo señalado será sancionado disciplinariamente con la suspensión del cargo del funcionario que corresponda.
3.	Sin duda esta ley significó un gran avance en el resguardo de los derechos de toda persona que es detenida durante la investigación de un delito; sin embargo, esta garantía se estableció en términos demasiado amplios, sin considerar el especial tratamiento que debe darse a los delitos asociados con el narcotráfico establecidos en la ley Nº 19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
4.	La ley Nº 19.366 regula los delitos de elaboración, consumo indebido y tráfico de drogas, entre otros, constituyendo una normativa excepcional en relación a las normas penales generales, en consideración a ciertos rasgos especiales que presenta su comisión, como por ejemplo el hecho de que los delitos señalados y el delito de lavado de dinero generalmente involucren organizaciones criminales.
5.	En este sentido, resulta inconveniente que una persona detenida por narcotráfico o lavado de dinero, ejerciendo el derecho que le confiere el artículo 293 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, pueda informar de su detención a sus cómplices, situación que en definitiva se traduce en la imposibilidad de desbaratar bandas de delincuentes e incluso facilita que se destruyan los medios de prueba del delito de que se trata.
6.	En virtud de lo anterior resulta necesario permitir, a vía excepcional, que el derecho que tiene todo detenido de informar a quien estime conveniente del hecho de su detención, sea suspendido en el caso de delitos establecidos en la ley Nº 19.366, por el plazo de 24 horas o hasta que la persona sea puesta a disposición del tribunal competente.
En el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal:
1º	Agréguese el siguiente inciso tercero nuevo:
“Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará cuando la detención se haya realizado producto de una investigación relativa a alguno de los delitos contemplados en la ley Nº 19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. En este caso el derecho que tiene el detenido de informar el hecho y la causa de su detención o prisión se suspenderá por el plazo de 24 horas o hasta que se ponga al detenido a disposición del Tribunal competente, cualquiera de las circunstancias que concurra primero”.
2º	En el inciso final sustitúyase la frase “dos incisos precedentes” por “incisos segundo y cuarto”.