Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-576-de-octubre-14-de-1998?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920418930f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 10:36:05
Document Index: 200393732

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 9', 'in fine', 'artículo 26', 'artículo 35', 'artículo 303', 'artículo 54']

﻿ SENTENCIA T-576 DE OCTUBRE 14 DE 1998
SENTENCIA T-576 DE 14 DE OCTUBRE DE 1998
CONTENIDO:MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. -PLANTEAMIENTO HISTÓRICO Y TEÓRICO DEL TEMA-. ES NECESARIA LA MOTIVACIÓN DE LAS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DISPONEN EL RETIRO DE LOS EMPLEADOS QUE SON DE CARRERA O QUE ESTÁN EN UNA SITUACIÓN PROVISIONAL O DE INTERINIDAD EN UNO DE LOS EMPLEOS QUE NO SON DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, ACTO ADMINISTRATIVO, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, ADMISIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, RETIRO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Sentencia T-576 de octubre 14 de 1998
Ref. Exp. T-169421
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de Santafé de Bogotá.
Accionante: Francisco Enrique Villamil
— Reiteración de jurisprudencia sobre retiro notario
Santafé de Bogotá, D.C., catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
EXTRACTOS: «La motivación de los actos administrativos es una elaboración relativamente actual. En el antiguo régimen español no se exigía ni siquiera para las sentencias judiciales porque la motivación se consideraba incompatible con el prestigio de la autoridad (Novísima Recopilación, libro XI, título XVI, Ley VIII, que se proyecta en la Legislación indiana). En el sistema Napoleónico imperial se consideraba innecesario motivar expresamente los actos administrativos. Esas posiciones llevaron el reconocimiento de la discrecionalidad para una buena cantidad de actos administrativos, (p. ej.: en el caso de algunos nombramientos y retiros de funcionarios públicos). Pero, ante los abusos por la no exigencia de motivación, dice Gastón Jéze que el mismo “derecho público francés ha sido constantemente modificado, después del siglo XIX, incluyéndose restricciones y limitaciones cada vez más severas y estrictas(9)”. A su vez, en el derecho administrativo español, a finales del siglo pasado la motivación se consagró por primera vez en la ley de bases del procedimiento administrativo el 19 de octubre de 1889. Pero fueron tímidas exigencias.
Más fuerte fue la crítica respecto a la discrecionalidad que hizo Eduardo García de Enterría, al decir: “particularmente importante es la exigencia de motivación de los actos discrecionales, que ha establecido la nueva LPC, corrigiendo en este punto con acierto el antiguo artículo 43 LPA, que la omitía(10)”.
El planteamiento de que la discrecionalidad no se puede confundir con la arbitrariedad está magníficamente expresado en el libro “Estudios sobre la Constitución Española”, en la intervención de Tomás Ramón Fernández:
“La nueva construcción a que aludo tiene que partir necesariamente del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el artículo 9.3 in fine, de la Constitución, principio cuya articulación técnica es también arbitraria de la obra de García de Enterría(68).
Discrecionalidad no es arbitrariedad, como insisten en afirmar de un modo sistemático ya las Ss. de los tribunales cualquiera que sea el rumbo interior de su argumentación, con cita expresa en todo caso subraya la S. de 21 de noviembre de 1985, “conceptos antagónicos”, que, en palabras de la Sentencia de 13 de julio de 1984, “nunca es permitido confundir, pues aquello (lo discrecional) se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso y no meramente de una calidad que lo haga inatacable, mientras que lo segundo (lo arbitrario), o no tiene motivación respetable, sino —pura y simplemente— la conocida sit pro ratione voluntas o la que ofrece lo es tal que escudriñando su entraña, denota, a poco esfuerzo de contrastación, su carácter realmente indefinible y su inautenticidad”.
Sin embargo, no se puede minimizar el hecho de que, anticipándose a la doctrina y a las recomendaciones hechas en Europa y antes enunciadas, en Colombia, en la reforma administrativa de 1968, se le salió al paso a la arbitrariedad con una disposición muy importante, es la contenida en el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, que pese a establecer que en los casos de funcionarios que no pertenezcan a una carrera se puede declarar la insubsistencia sin motivar la providencia, de todas maneras exige que: “deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la respectiva hoja de vida”.
Esta tesis de motivar el acto, es reciente en nuestro ordenamiento, ya que antes del Decreto 01 de 1984 artículo 35 no existía una obligación general, por ello, la jurisprudencia contenciosa consideró que la decisión administrativa expresa debía estar fundamentada en la prueba o en informes disponibles y motivarse, al menos en forma sumaria, si afectaba a particulares. La justificación de esa decisión fue la aplicación por remisión (CCA, art. 282) del artículo 303 del CPC que dispone que “las providencias serán motivadas a excepción de los autos que se limiten a disponer un trámite”.
“3.2. Criterios que actualmente maneja la doctrina en cuanto a la exigencia de motivación de los actos administrativos:
“La motivación, como ya dijimos, es un medio técnico de control de la causa del acto. Por ello no es un simple requisito meramente formal, sino de fondo (más técnicamente: la motivación es interna corporis, no externa; hace referencia a la perfección del acto más que a formas exteriores del acto mismo). Quiere decirse que la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión. Por ejemplo: no bastaría jubilar a un funcionario invocando simplemente una razón de “incapacidad física”; habrá que concretar qué incapacidad física en particular y cómo se ha valorado y en qué sentido la misma justifica legalmente la resolución. No cabe sustituir un concepto jurídico indeterminado que esté en la base de la ley de cuya aplicación se trata por otro igualmente indeterminado; habrá que justificar la aplicación de dicho concepto a las circunstancias de hecho singulares de que se trata; otra cosa no es expresar un motivo, es, más bien, formular una conclusión. Es lo que en derecho francés suele llamarse la publicación de fórmulas passe-portout o conodines, que valen para cualquier supuesto y no para el supuesto determinado que se está decidiendo. Nuestra jurisprudencia está normalmente en esta línea (quizá con la única excepción de los acuerdos de fijación del justiprecio expropiatorio por los jurados provinciales de expropiación, acaso por tratarse de una motivación técnica más que jurídica); así, sentencias de 21 de marzo de 1968, 23 de diciembre de 1969, 7 de octubre de 1970, etc. En la misma línea y con especial energía se sitúa la doctrina del Tribunal Constitucional (así, la sentencia, antes citada, de 17 de julio de 1981: “la constitucional (así, la sentencia, antes citada, de 17 de julio de 1981: “la motivación es no sólo una elemental cortesía, sino un requisito del acto de sacrificio de derechos”; lo mismo la sentencia de 16 de junio de 1982: “debe realizarse con la amplitud necesaria para el debido conocimiento de los interesados y su posterior defensa de derechos”). La expresión “sucinta”, que contiene el artículo 54, no puede interpretarse en el sentido de que basta apuntar un principio de motivación, aunque, como recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de junio de 1982, “la doctrina del Tribunal Supremo ha precisado que la motivación escueta o sucinta, si es suficientemente indicativa, no equivale a ausencia de motivación, ni acarrea nulidad”.
“La “motivación” no es otra cosa que un aspecto o ingredientes del elemento “forma” del acto administrativo: no es, pues, un elemento autónomo de dicho acto. Tiende a poner de manifiesto la “juridicidad” del acto emitido, acreditando que, en el caso, concurren las circunstancias de hecho o de derecho que justifican su emisión. Aléjase así todo atisbo de arbitrariedad. En suma: trátase de una expresión de la “forma” que hace a la substancia del acto(12)”.
“La motivación de la decisión comienza, pues, por marcar la diferencia entre la discrecional y lo arbitrario, y ello, porque si no hay motivación que se sostenga, el único apoyo de la decisión será la sola voluntad de quien la adopta, apoyo insuficiente, como es obvio, en un estado de derecho en el que no hay margen, por principio, para el poder puramente personal. Lo no motivado es ya por este sólo hecho, arbitrario, como en todo acierto concluyen las Ss. de 30 de junio de 1982 y 15 de octubre y 29 de noviembre de 1985, entre otras.
La motivación, por otra parte, es, como ha dicho la SC de 17 de junio de 1981, “no sólo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de derechos”, una garantía elemental del derecho de defensa, incluida en el haz de facultades que comprende el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, a obtener una resolución fundada en el derecho (SC jul. 11/83).
(10) EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMAS RAMÓN FERNÁNDEZ, curso de derecho administrativo I p. 541.
(11) Consejo de Estado. Sala Consulta, Concepto oct. 22 de 1975.
(11) MARIENHOFF, Miguel S. “Tratado de derecho administrativo tomo II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Tercera Edición, pág. 326.