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Timestamp: 2020-02-21 22:54:10
Document Index: 276775460

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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 14, de 23/09/1993
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 14 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 12 celebrada el jueves, 23 de septiembre de 1993 Página ORDEN DEL DIA:
Tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i Unió):
-- Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i Unió), en materia de ponderación del voto en las Comisiones.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 22.1, de 9 de septiembre de 1993 (número de expediente 410/000001) (Página 405)
Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía:
-- De las Cortes de Castilla y León, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 8.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000009) (Página 405) -- De la Asamblea de Extremadura, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 9.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000011) (Página 413)
-- De la Asamblea de Madrid, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 10.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000012) (Página 420)
-- De la Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i Unió), en materia de ponderación del voto en las Comisiones. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 22.1, de 9 de septiembre de 1993 (número de expediente 410/000001) (Página 428)
Tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentada por los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i Unió) (Página 405)
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentada por los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i Unió), en materia de ponderación del voto en las Comisiones (Página 405)
No interviniendo ningún Grupo Parlamentario para fijación de posiciones, el señor Presidente anuncia que las votaciones correspondientes a este punto tendrán lugar una vez concluido el debate y votación del siguiente punto del orden del día, correspondiente a debates de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía.
Debates de totalidad de Propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía (Página 405)
De las Cortes de Castilla y León, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (Orgánica.) (Página 405)
En representación de las Cortes de Castilla y León y para la defensa de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía interviene el señor León de la Riva. Señala que esta Comunidad Autónoma, con sus casi 100.000 kilómetros cuadrados, la más extensa de la Europa comunitaria y que ahonda sus raíces históricas en las más profundas raíces de España, con las que se fusiona, sin embargo, por paradojas del destino y también por la miopía de algunos políticos del momento, fue la última comunidad autónoma en tener aprobado su Estatuto de Autonomía, al que accedían, además, por la llamada vía lenta del artículo 143 de la Constitución, en lugar de ser incluida entre las llamadas comunidades históricas. Expone que el Título VIII de la Constitución ni siquiera insinúa que en la nueva organización del Estado deban existir distintos grados de autogobierno, ni caben en ella comunidades de primera y de segunda, sino diversas vías y tiempos para llegar al pleno autogobierno, sin cuestionar en ningún momento ni la unidad de España ni las competencias de la Administración central del Estado en todo el territorio español.
Recuerda que el Estatuto de Autonomía de aquella Comunidad entró en vigor el 2 de marzo de 1983, habiendo transcurrido ampliamente el plazo de cinco años para su reforma, y así lo intentaron hacer para conseguir mayores cotas de autogobierno.
Sin embargo, tales intentos chocaron siempre con la mayoría socialista que entonces imperaba en este Congreso, habiendo tenido que transcurrir diez años para que los castellano- leoneses vean abierto el portillo de la esperanza para dar un paso más, aunque no el último, en el logro de su autogobierno.
En este sentido considera obligado resaltar que esta reforma estatutaria, fruto del Pacto Autonómico y de la Ley 9/1992, de 23 de diciembre, no colma plenamente las aspiraciones de castellanos y leoneses. Consiguientemente nadie está legitimado para
afirmar que con esta reforma se ultima el Título VIII de la Constitución, ya que ni tan siquiera se configura de modo estable la arquitectura autonómica de España para las próximas décadas. Reitera que el Título VIII de la Constitución no configura distintos techos competenciales entre unas y otras comunidades autónomas. Tampoco considera preciso invocar supuestos agravios comparativos, sino simplemente el ejercicio de los derechos constitucionales que todos tienen, incluidos los castellano-leoneses, a un autogobierno. Para este fin espera contar con el apoyo de esta Cámara para sacar adelante la reforma estatutaria que se propone.
Completa el turno en representación de las Cortes de Castilla y León el señor Quijano González, que alude a la importante coincidencia habida en las Cortes de Castilla y León para la aprobación de esta reforma, como prueba inequívoca de la voluntad de avanzar en el camino de la ampliación de competencias para servir así más eficazmente a los ciudadanos de la Comunidad. Expresa, por tanto, su apoyo inequívoco a esta iniciativa legislativa, en coherencia con el compromiso de dar un mayor impulso competencial a las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, a la vez que dar estabilidad al conjunto del modelo que deriva del Título VIII, considerando siempre las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas desde los principios de cooperación y solidaridad.
Termina expresando su deseo de que este proceso de reforma, que conducirá a ampliar el ámbito de responsabilidades de aquella Comunidad, abra una etapa fecunda de colaboración eficaz en beneficio de los ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Aparicio Pérez, del Grupo Popular, y Madrid López, del Grupo Socialista.
Sometida a votación de totalidad la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla y León es aprobada por 275 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones.
De la Asamblea de Extremadura, de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. (Orgánica.) (Página 413)
En defensa de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, y en representación de la Asamblea de dicha Comunidad, interviene, en primer lugar, el señor Sánchez Cuadrado, manifestando que la modificación estatutaria que ahora contemplan, al igual que la de otros estatutos de comunidades autónomas que llegaron a serlo a través de la vía del artículo 143, constituye un ejemplo de cómo se debe operar en este tema de las autonomías reguladas por el Título VIII de la Constitución. Es un ejemplo de diálogo hasta llegar entre todos a un consenso generalizado, poniendo por delante de todo el interés nacional, que es el que debe primar siempre. En este momento desea congratularse de que en esta reforma se hayan hecho las cosas así, esperando que sirva de ejemplo para futuras actuaciones, a la vez que expresa el temor de que en otro aspecto tan importante como el de la financiación, hoy tan en candelero, no se esté actuando con idéntico método y, en cambio, se estén poniendo por delante otros intereses distintos del interés general de las comunidades autónomas y, en definitiva, de España. Teme que de esta forma se pueda conseguir la estabilidad del Gobierno, pero al precio de lograr la inestabilidad del Estado de las autonomías.
Completa el turno en representación de la Asamblea de Extremadura el señor Herrera Silva, que expresa su satisfacción por la oportunidad de defender la reforma del Estatuto de su Comunidad Autónoma en este importante foro, en el que reside la voluntad popular de los españoles. Destaca la importancia de la reforma como logro muy importante para su región en cuanto que acentúa y completa el proceso de transferencias, dando respuesta a un objetivo irrenunciable de la Comunidad Autónoma. Menciona los importantes logros alcanzados en el desarrollo de la región en los últimos años, conseguidos siempre por la vía del diálogo y del consenso, procurando evitar fricciones en asuntos tan espinosos y difíciles como la estructuración del Estado de las Autonomías.
Siguiendo en esta línea, afirma que la propuesta que hoy someten a la decisión de esta Cámara goza de un amplio respaldo por parte de los representantes extremeños.
Concluye expresando su idea favorable a compatibilizar y armonizar las legítimas aspiraciones de las comunidades autónomas con las necesidades del Estado mediante un proceso de cooperación y coordinación que atienda y respalde los intereses generales de todos los ciudadanos, sin cantonalismos ni planteamientos insolidarios o excluyentes en una tarea que necesita del concurso de todas las fuerzas políticas.
Para fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto; Olarte Cullén, del Grupo de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Ramallo García, del Grupo Popular, y Fuentes Gallardo, del Grupo Socialista.
Sometida a votación de totalidad, se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura por 273 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones.
De la Asamblea de Madrid, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (Orgánica.) (Página 420)
En defensa de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid y en representación de la Asamblea de esta Comunidad interviene el Diputado de la misma señor Cobo Vega, manifestando que muchas personas confunden Madrid con la Administración central del Estado, cuando por muy grande que ésta sea no debe ensombrecer ni empequeñecer a la Comunidad Autónoma madrileña, que debe estar en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas del Estado español, y precisamente la reforma del Estatuto de Autonomía que ahora se plantea es un paso más para la consecución de ese fin. Agrega que el hecho de que la gran mayoría de los ciudadanos de Madrid hayan nacido o sean descendientes de personas nacidas en otras comunidades autónomas quizá influya para que nuestras reclamaciones o reivindicaciones y nuestros derechos sean ejercidos sin agresividad, vehemencia o chantaje hacia nadie, pero ello no se debe confundir con la pasividad ni desidia en la defensa de los legítimos intereses de los ciudadanos madrileños, aunque sin olvidar nunca, no ya la obligación, sino la devoción que sentimos de ser solidarios con el resto de los españoles.
Alude a continuación a los pasos dados para la consecución de la reforma que ahora se propone y el contenido fundamental de la misma, esperando que merezca la aprobación de esta Cámara, con el fin de dar un mejor servicio a los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma.
Continúa la defensa de la reforma del Estatuto, en representación de la Asamblea de Madrid, el señor Ledesma Bartret, calificando dicha reforma de claramente positiva para los más de cinco millones de ciudadanos que pueblan esta Comunidad Autónoma, que tiene las peculiaridades que de forma breve menciona.
Agrega que, tras diez años de desarrollo y vida del Estatuto de Autonomía, la Comunidad madrileña ha aprobado la reforma que ahora se somete a esta Cámara y que desde un punto de vista jurídico-formal supone la integración sistemática en el Estatuto de Autonomía de aquellas competencias que por Ley de diciembre de 1992 fueron transferidas a las comunidades autónomas que nacieron al amparo del artículo 143 de la Constitución. Añade que el contenido político de estas transferencias es de hondo calado, ya que significan la incorporación de más de 45.000 servidores públicos a la Comunidad de Madrid y de un presupuesto cercano al billón de pesetas. Por último, la reforma tiene la virtualidad política de igualar a Madrid al resto de las comunidades autónomas y acabar con la diferencia transitoria que la Constitución estableció para la igualación competencial entre aquéllas.
Completa el turno en representación de la Asamblea de Madrid el señor Ruiz Reig, manifestando que la propuesta reiterada de su grupo político ha estado basada en un modelo federal del Estado que ha sido patrimonio fundamentalmente de la izquierda en nuestro país, siendo consciente de que en el Estado español existen nacionalidades diversas con características peculiares que han de tenerse en cuenta. Piensan que la construcción del nuevo Estado debe tener en cuenta estas diferencias y asumirlas, pero también debería tener presente que al final del proceso lo ideal sería la igualdad, evitando diferencias competenciales o ámbitos de poder o marcos económicos de flagrante desigualdad y discriminatorios entre las distintas comunidades autónomas.
Añade que en nuestra Comunidad se ha partido del acuerdo exclusivamente entre dos formaciones políticas para el desarrollo del Título VIII de la Constitución, impidiendo así un trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas y eludiendo lo que su grupo planteaba como fundamental, que es más cotas de autogobierno y el reconocimiento de un marco político por coincidencia con las características propias de esta Comunidad. Sin embargo, el proyecto de reforma estatutaria no responde a estas ideas y, por lo tanto, cree que no es el adecuado a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Olarte Cullén, del Grupo de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); González Blázquez, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Cortés Muñoz, del Grupo Popular, y Barrionuevo Peña, del Grupo Socialista.
Sometida a votación de totalidad, se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid por 278 votos a favor, 11 en contra y cuatro abstenciones.
Votación de totalidad (Página 428)
Tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialistas del Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i Unió).
Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i Unió), en materia de ponderación del voto en las Comisiones (Página 428)
Se somete, en primer lugar, a votación la proposición de reforma del Reglamento y las enmiendas que han sido formuladas por los Grupos Parlamentarios a dicha proposición de reforma, siendo aprobada por 291 votos a favor y dos abstenciones.
Asimismo queda aprobada dicha reforma, en votación de conjunto, por 290 votos a favor y tres abstenciones.
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE LA PROPOSICION DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO Y CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO):
-- PROPOSICION DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO Y CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), EN MATERIA DE PONDERACION DEL VOTO EN LAS COMISIONES (Número de expediente 410/000001)
Punto V del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
¿Desea algún Grupo fijar la posición en relación con este punto del orden del día? (Pausa.) Las votaciones correspondientes a este punto tendrán lugar una vez concluido el debate y votación del siguiente punto del orden del día, que es el de debates de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía.
DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA:
--DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CASTILLA Y LEON (ORGANICA) (Número de expediente 127/000009)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, remitido por las Cortes de Castilla y León.
Para la defensa de la propuesta tiene la palabra don Francisco Javier León de la Riva.
El señor LEON DE LA RIVA (Procurador de las Cortes de Castilla y León): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, las Cortes de Castilla y León me han concedido el honor, en turno compartido con el portavoz socialista, de, tras expresaros su fraternal saludo de lealtad y solidaridad, recabar el apoyo de esta Cámara para la toma en consideración de la proposición de ley para la reforma del Estatuto de Castilla y León. Castilla y León, que con sus casi cien mil kilómetros cuadrados es la Comunidad Autónoma más extensa de la Europa Comunitaria; Castilla y León, que hunde sus raíces históricas en las más profundas raíces de España con las que se fusiona; Castilla y León, que en frase de ilustres pensadores hizo España y se hizo España, ha visto cómo, por esas paradojas del destino y, por qué no decirlo, por la miopía de algunos políticos del momento, era la última Comunidad Autónoma en tener aprobado su Estatuto de Autonomía, al que accedía, además, por la llamada vía lenta del artículo 143 de nuestra Constitución ante la original interpretación, que no soporta la más mínima crítica científica, de que nuestra Comunidad no debía ser incluida entre las llamadas comunidades históricas.
Nuestros constituyentes, al redactar el Título VIII de la Constitución, no predeterminaban con carácter imperativo la organización territorial del Estado, y han sido los legítimos representantes de la soberanía popular quienes han apostado por una descentralización del Estado en diecisiete comunidades autónomas. Pero este Título VIII de nuestra Constitución ni impone ni siquiera insinúa que en esta nueva organización del Estado deban existir distintos grados de autogobierno,
dicho sea en román paladino. En la Constitución Española no caben comunidades de primera y comunidades de segunda, sino distintas vías y un tempus diverso para llegar al pleno autogobierno de nuestras regiones, sin cuestionar en ningún momento, dicho sea en el frontispicio de mi intervención, ni la unidad de España ni las competencias de la Administración central del Estado en todo el territorio español, porque es lamentable tener que recordar aquí que las comunidades autónomas no somos huéspedes incómodos del Estado, sino que también somos Estado y que las competencias estatales, normalmente gestionadas desde la Administración central, pueden gestionarse también desde la Administración autonómica y local, sin necesidad de modificación constitucional alguna.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que entró en vigor el 2 de marzo de 1983, prevé que se podría proceder a su reforma a los cinco años de su andadura, plazo cautelar que se establece en todos los estatutos de autonomía nacidos al amparo del artículo 143 de la Constitución para observar prudentemente el desarrollo de las autonomías. Hace ya años que nuestro Estatuto cumplió esa mayoría de edad y hace años también que en las Cortes de Castilla y León, y en cumplimiento del mandato dispuesto en el artículo 29 de nuestro Estatuto, intentamos una reforma que nos permitiera acceder a mayores cotas de autogobierno, y así, el 23 de junio de 1988, en sesión extraordinaria convocada al efecto, el Pleno de las Cortes castellano-leonesas aprobó remitir al Congreso de los Diputados una proposición de ley para la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Aquella decisión de nuestra Cámara regional se vio condenada a dormir el más injusto de los sueños por voluntad de la mayoría socialista que imperaba por entonces en estas Cortes y en su Mesa. La misma suerte y por idénticas razones corrió otra iniciativa legislativa de nuestras Cortes dirigida a la asunción de competencias de educación. Aquella iniciativa contó con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, pero tropezó con el muro infranqueable de los 153 votos socialistas. Han tenido que transcurrir diez años para que castellano-leoneses veamos abierto el portillo de la esperanza para dar un paso más, que no ha de ser el último, en el logro de nuestro autogobierno, porque hora es llegada de decir desde esta Cámara que esta reforma estatutaria, que es fruto del pacto autonómico y de la Ley 9/1992, de 23 de diciembre, y que supone un evidente paso adelante en el desarrollo competencial de nuestra Comunidad y que como tal asumimos y defendemos, no colma plenamente las aspiraciones de castellanos y leoneses. En frase afortunada de nuestro portavoz en el Senado, el pacto autonómico abrió muchas puertas, pero no cerró ninguna.
Quede, pues, bien claro que nadie está legitimado para afirmar, como recientemente se ha hecho desde esta tribuna, que con esta reforma se ultima el Título VIII de la Constitución, ni tan siquiera que se configura de modo estable la arquitectura autonómica de España para las próximas décadas, porque, ya lo hemos dicho, el Título VIII de nuestra Constitución no configura distintos techos competenciales entre unas y otras comunidades autónomas, no siendo preciso invocar supuestos agravios comparativos, sino simplemente el ejercicio de los derechos constitucionales que todos, incluidos los castellanos y leoneses, tenemos a un autogobierno y porque la arquitectura autonómica de España hace varios años que está ya configurada. Aquí y ahora no hablamos de arquitectura sino de autogobierno. Y es aquí donde, señoras y señores Diputados, los ciudadanos de Castilla y de León, que siempre hemos dado muestras de lealtad al Estado y de solidaridad con el resto de las comunidades españolas, esperamos contar con vuestro decidido apoyo hoy para sacar adelante esta proposición de ley que os presentamos, y mañana, si ésa es la voluntad del pueblo castellano-leonés, para continuar perfeccionando nuestro sistema de autogobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor León de la Riva.
Tiene la palabra don Jesús Quijano González.
El señor QUIJANO GONZALEZ (Procurador de las Cortes de Castilla y León): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en nombre de las Cortes de Castilla y León me cabe el honor de dirigirme a SS.SS. en este turno de presentación y defensa de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía. Lo hago con satisfacción, compartiendo el turno con otro Procurador regional, consciente de que en este trance ambos representamos a nuestro propio Parlamento autónomo ante el de la nación más que a los grupos parlamentarios a que pertenecemos. Cuando este texto que ahora presentamos aquí fue debatido en las Cortes de Castilla y León ya tuvimos ocasión de expresar una coincidencia importante, que se corresponde con una mayoría muy amplia de los ciudadanos de Castilla y León. Nuestra Comunidad quiere expresar, y así lo hace, su voluntad inequívoca de avanzar en el camino de la ampliación de competencias, sabiendo que al aumentar su capacidad de autogobierno, aumenta también su responsabilidad política y su compromiso de servir eficazmente a sus ciudadanos que, no hay que olvidarlo, son los verdaderos destinatarios de tales competencias.
Quiero, por tanto, expresar ese apoyo inequívoco a esta iniciativa que deriva de un gran acuerdo, del llamado pacto autonómico de febrero de 1992, por el que las fuerzas políticas con mayor representación, tanto en el Estado como en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, nos hemos comprometido a dar un impulso competencial a las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, pero nos hemos comprometido también a la vez a dar estabilidad al conjunto del modelo derivado del Título VIII y a fundar las relaciones entre el Estado y las comunidades en un principio de cooperación y de solidaridad, porque todo eso, señorías, es el contenido del pacto autonómico y todo ello tiene idéntica importancia en su desarrollo equilibrado.
En el caso de Castilla y León esa filosofía entronca además directamente con la propia tradición histórica. Nuestra Comunidad, en virtud de su especial contribución a la configuración del Estado español, tuvo siempre una vocación integradora que debe permitirle sintetizar su propio interés con el nacional y hacerlo con gran facilidad. Por eso sabemos que al modificar nuestro Estatuto para ampliar competencias estamos también contribuyendo a afianzar la estructura territorial del Estado. La combinación de esa doble perspectiva es tal vez nuestra mejor aportación en este proceso. De ahí nace el apoyo sin reservas a esta iniciativa de reforma, que deriva, como dije, de un acuerdo responsable, en el que, como en todo buen acuerdo, habrá algo de renuncia mutua.
Como dije en el debate ante el Parlamento regional, el acuerdo nos obliga a sustituir esa estrategia que a veces concibe la autonomía como un ejercicio de reivindicación permanente por otra en la que la autonomía es sobre todo responsabilidad propia y nos obliga también a un cierto compromiso de estabilidad. Dicho en otros términos, debemos aceptar que lo que está en el acuerdo lo está porque hubo acuerdo para que estuviera y lo que no está no lo está porque también hubo acuerdo para que no estuviera y actuar en consecuencia.
Igualmente, esta comparecencia ante el Parlamento nacional, con ese espíritu que acabo de expresar, tiene para nosotros un significado especial. Es bueno que procedamos a reformar nuestro Estatuto de Autonomía en virtud de un gran acuerdo si tenemos en cuenta que su aprobación inicial estuvo acompañada de algunas vicisitudes, hoy afortunadamente superadas, y si recordamos que hubo otros intentos de reforma que no culminaron, tal vez porque se plantearon sin esa visión de conjunto que hoy relaciona la reforma de cada estatuto con un pacto previo de Estado. Por otro lado, conviene insistir también en un aspecto que frente a lo que pudiera parecer no es una mera cuestión técnica o jurídica. El pacto autonómico produjo su primer fruto en la Ley Orgánica de Transferencias, aprobada en esta Cámara al amparo del artículo 150 de la Constitución. Hay quien ha pensado que esa técnica, perfectamente legítima y constitucional, convertía el modelo de ampliación en un sistema de competencias otorgadas por ley del Estado, quizá olvidando que tal ampliación, que es al fin y al cabo una redistribución de competencias, no es sólo una demanda unilateral de las comunidades, sino también una decisión que afecta globalmente a la estructura del Estado.
Por eso este nuevo paso que es la reforma del Estatuto tiene tanta significación. Ahora cada comunidad recoge esas competencias en su propio ordenamiento jurídico, las hace propias y las integra establemente en su norma institucional básica. Las Cortes de Castilla y León ya declararon esa voluntad con amplia mayoría y falta ahora la expresión de la voluntad del Estado a través de las Cortes Generales, para cuya formación les pido el voto favorable. Y queda, finalmente, esperar un proceso de transferencia de competencias en concreto que estoy seguro será ágil, equitativo en la valoración y presidido por un espíritu de colaboración y mutua lealtad, como corresponde a esa visión cooperadora y no confrontada a que antes me refería y en la que el interés de la Comunidad y el interés del Estado son elementos complementarios y no contrapuestos. Y deseo igualmente que este proceso de reforma, que conducirá a ampliar el ámbito de responsabilidad de nuestra Comunidad, abra una etapa fecunda de colaboración eficaz en beneficio de nuestros ciudadanos. No estará por eso de más terminar recordando que una Comunidad como la de Castilla y León, cuya historia es un torrente inagotable de generosidad colectiva, se sienta hoy plenamente legitimada para reclamar solidaridad en la superación de los problemas y dificultades que hoy afectan a su desarrollo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Quijano.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria, por mi expresión oral, quiere en primer lugar agradecer las palabras de salutación que los dos dignos representantes de las Cortes de Castilla y León han dirigido a esta Cámara.
Quiero basarme, para explicar el voto que va a dar Coalición Canaria, de apoyo positivo y favorable totalmente a esta aprobación de reforma del Estatuto de una entrañable Comunidad Autónoma en el marco de la Constitución Española y al amparo de su Título VIII, y no tanto en el pacto autonómico. Yo quiero reconocer aquí el alcance de las palabras que el Procurador que comenzó el debate, el señor León de la Riva, ha dicho para clarificar que el pacto autonómico --reticente para Coalición Canaria, que no lo suscribió-- no significa el cierre de ninguna puerta, y esto es necesario decirlo, repetirlo y convencernos de lo mismo, de que el Título VIII de la Constitución española
ofrece una sentido de amplitud, de responsabilidad y de generosidad, porque es fundamentalmente entender la amplitud de miras constitucionales, de derechos de responsabilidades que el Título VIII de la Constitución Española da a aquellas comunidades de la vía denominada lenta o del artículo 143 que traen hoy aquí causa para este debate. Por tanto, no se cierra nada sino que se abren unos nuevos espacios de responsabilidad, de cogobierno y de estar precisamente comprometidos en la intimidad de los administrados con un proceso de madurez que nosotros deseamos que sea positivo en esta nueva andadura, no solamente para el Gobierno autónomo de la Comunidad de Castilla y León sino, sobre todo, para su Parlamento, para sus Cortes de Castilla y León, tremendamente enriquecedoras y comprometedoras con todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma.
Por este principio de responsabilidad política con el Título VIII de la Constitución y de su entendimiento y por este principio de solidaridad, daremos nuestro voto favorable a este Estatuto. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Camp i Batalla.
Jorge Guillén se preguntaba por qué puede quedar atrás Castilla olvidada y sola si existe. Podía haber olvido si no hablara, si no se expresara, pero habla y se expresa; existe.
Y, ciertamente, Castilla y León, como hoy hemos oído aquí, no sólo tiene alma colectiva sino voz propia, a través de sus Cortes. Con estas Cortes, según establece el Estatuto de Autonomía --cito textualmente--, Castilla y León recupera su máximo órgano de representación. Quedan configuradas así esas Cortes como herederas y continuadoras de los viejos reinos de León y Castilla.
Creo, señorías, que tiene importancia esa voluntad, ese sentimiento de recuperación de las instituciones históricas, y más cuando es un hecho que el conocimiento de la Historia ayuda a comprender nuestra realidad presente.
Pues bien, como se ha dicho aquí, fueron esas Cortes las que el 23 de junio del año 1988 acordaron presentar ante esta Cámara una propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía.
Creo no equivocarme si digo que fue el primer Parlamento autonómico, de los de la vía del artículo 143 de la Constitución, que utilizó, transcurridos los cinco años que señala su artículo 148.2, la vía de la reforma estatutaria para plantear, de forma directa y decidida, una nueva asunción de competencias, poniendo con ello de manifiesto una firme, una decidida voluntad de aumentar y profundizar su autogobierno. Como también se ha dicho, esa temprana iniciativa no tuvo un final singular, pues a través de los pactos autonómicos, de febrero de 1992, se reconvirtió en la propuesta que hoy se va a someter a consideración. Siendo ésta una iniciativa adoptada mayoritariamente por las fuerzas parlamentarias de Castilla y León, nuestro voto va a ser favorable a la tramitación de la proposición de ley, y así hasta su aprobación definitiva, con lo cual Castilla y León dispondrá de más posibilidades de forjar su propio futuro.
Este criterio --recuerdo una vez más-- no difiere del que siempre ha expresado nuestro Grupo, que tiene como pauta el apoyar todas aquellas iniciativas presentadas por las asambleas autonómicas, pero más las de este tipo que representan una ampliación del techo competencial, con lo que conllevan de reforzamiento del proceso autonómico y, a la vez, son expresión de la evolución continuada que éste debe tener sin más límites que los de la propia voluntad y los que señalan la Constitución y los estatutos.
Quiero reiterar nuestro voto favorable y, para finalizar, deseo felicitar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al pueblo de Castilla y León y a sus legítimos representantes por el paso adelante que con este trámite dan a la consolidación de su autonomía.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, nos encontramos en el debate de totalidad y toma en consideración de una proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía propuesta por las Cortes de Castilla y León, una Comunidad Autónoma gobernada por el PP y de la que ha sido presidente el actual jefe de la oposición en la derecha.
Debiera ser, por tanto, un ejemplo de alternancia, el espejo donde poder mirar la capacidad de autonomía que puede gestionar y conseguir el partido, que es una alternativa al modelo de ejercicio del poder o de gestión institucional.
Sería bueno preguntarnos aquí si en alguna etapa aprobaron las Cortes de Castilla y León una reforma distinta a ésta, si se tramitó esa reforma en esta Cámara, qué techo competencial tenía aquella reforma, de qué tipo de autonomía dotaba aquella reforma a Castilla y León, y con qué respaldo y de qué manera se elaboró aquella reforma que llegó a esta Cámara y que no ha sido tramitada por decisión de las propias Cortes de Castilla y León.
Deberíamos --así lo propuso nuestro Grupo-- estar tramitando hoy las dos reformas, pero es cierto que esa autolimitación de las Cortes castellanas --más que del
pueblo castellano, de los dos partidos mayoritarios en esa Comunidad Autónoma, PSOE y PP--, expresó la voluntad de tramitar esta reforma del Estatuto de Autonomía.
No pretende IU confrontarse con la decisión de los legítimos representantes del pueblo castellano-leonés, sino con una de sus decisiones soberanas, pues la soberanía es la misma. Es más, una, fue aprobada de una manera, con una voluntad, con un empuje y, otra, ha tenido la resistencia de por lo menos dos fuerzas políticas y de un porcentaje de votos en esas Cortes de Castilla y León.
Sería bueno preguntarnos, señorías, si después de once años de experiencia autonómica, la comunidad autónoma de Castilla y León está en condiciones de asumir mayores parcelas de poder.
¿Está en condiciones de asumir sanidad, educación, trabajo, comercio, montes, o son el PSOE y el PP los que no están en condiciones de asumir más competencias y más parlamentos? ¿Por qué, en 1993, es válido tener menos parcelas de poder que hace cinco años? Choca, pues, el posibilismo lacónico con el que el portavoz del PP defendió en aquellas Cortes la reforma dictada desde Ferraz y Génova cuando decía para presentarla: Podrá no ser el óptimo que esta Cámara hubiese deseado, pero es lo mejor, es lo máximo que se ha podido conseguir en este primer paso de desarrollo autonómico en Castilla y León. He aquí donde reside esa filosofía pedigüeña, esa filosofía que demanda y pide a otro más grande. ¿De quién no se han podido conseguir más parcelas de poder? ¿Por qué no se ha logrado más? ¿Quién tiene que concederlo? Voy, por tanto, a defender como criterio que esta reforma que hoy debatimos aquí no es la reforma que necesita Castilla y León, no es la reforma que necesita España para iniciar un nuevo proceso, en los próximos cinco años, de desarrollo del poder descentralizado, que no desconcentrado.
Yo creo que esta reforma es, más bien, fruto de una situación preelectoral en el año en curso, en los meses de febrero y marzo, que tendría que tramitarse muy rápidamente, porque en junio tenía que culminar el desarrollo del debate en esta Cámara, puesto que se anunciaban elecciones para octubre. Lo cierto es que la rapidez con que se tramitó en cada uno de los parlamentos regionales ha chocado con la tramitación que ha tenido aquí, puesto que ha habido tiempo de sobra desde el mes de marzo, en que se debatió en cada una de las comunidades, hasta el mes de septiembre en que estamos celebrando aquí el debate. Las Cortes castellanas, legítimamente y por mayoría, han realizado una autolimitación de la reforma. ¿Por qué? Más bien porque ha primado una concepción homogeneizadora a la baja que tiene esta reforma y querezuma más a centralismo y a paternalismo que a filosofía de autogobierno.
La cita utilizada por nuestro portavoz en el debate en aquella Cámara se refería al señor Serra, que manifestaba por aquel entonces unas prisas excesivas por cerrar la carrera de competencias autonómicas. Quizá para dar paso hoy a otro estadio de discusión, que sería dirigirse a otras formaciones políticas. ¿Qué decía entonces el Vicepresidente del Gobierno?: «El pacto autonómico cierra las previsiones del Título VIII de la Constitución. El pacto autonómico y los desarrollos normativos que implicarán su aplicación han venido a culminar, en términos reales, las posibilidades de desarrollo del modelo constitucional por la vía de nuevas y sucesivas transferencias de competencias.» Esa era la filosofía que emanaba de uno de los socios, de la parte contratante. Otros, anuncian que eso no es así, que no tiene límite, que es un principio de partido. Dicho el continente, vayamos al contenido. Señoría, para este Diputado esta reforma y su concepción tiene referencia con la novela picaresca más que con cualquier otra cita, y podemos usar cualquiera de ellas: La del Lazarillo, el Lázaro dando el botijo del vino, pero con un agujero para que se vaya derramando; o la de Diego Coronel, en el Buscón don Pablo, que va a Salamanca a estudiar, a la casa del licenciado Cabra y que cuando le sirven la cena, una cena muy lívida, muy poco densa, dice: «Cenó él y cenamos todos.» Esa impresión tiene uno, que cenó él y cenamos todos. Veamos qué techo competencial se nos está ofreciendo, qué tipo de autonomía, qué tipo de poder pleno de autogobierno se nos está ofreciendo. Se ha dicho aquí que no es un cierre, que más bien es la incorporación a nuevos espacios. Señorías, entendamos que si no es un cierre, por lo menos es el aplazamiento a cinco años de la posibilidad de incorporar, por reforma de Estatuto, nuevas competencias.
Digan por qué es bueno para Castilla y León aplazar su capacidad de autogobierno cinco años en nuevas reformas para obtener sanidad. Digan qué tareas de recuperación debe hacer Castilla y León para poder incorporarse dentro de cinco años donde ya se incorporan otras comunidades autónomas.
Veamos la discusión de competencias exclusivas. Aquí se ha hablado de las nuevas parcelas de poder, pero saben ustedes que en los estatutos de autonomía hay tres niveles competenciales: uno, competencias exclusivas; otro, desarrollo legislativo y capacidad de ejecución; y otro, solamente ejecución.
Veamos algunas de las once competencias exclusivas que va a recibir este Estatuto. ¿Cuáles son las competencias que recibe? Una de ellas, espectáculos públicos. Y, ¿cuál es la competencia de espectáculos públicos que va a recibir? Seguridad en el recinto, puesto que la seguridad la tiene el Gobierno central y puesto que el Ayuntamiento tiene la concesión del local. Estadísticas para fines no estables.
Fundaciones que desarrollen
principalmente sus funciones en la comunidad autónoma.
Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la propia organización. Publicidad, sin perjuicio de las competencias del Estado. Eso sí, no va a darle medios humanos y materiales esta competencia. Servicio meteorológico para la Comunidad Autónoma. Eso sí, respetando las competencias del Estado para lo que son la capacidad del servicio meteorológico a nivel estatal.
Esas son competencias exclusivas. No quiero decir que no sea un avance. Ahora bien, díganme SS.SS. si no será otro tipo de competencia tener sanidad con competencias exclusivas, o si sería malo para Castilla y León tener como competencia exclusiva investigación científico-técnica; si sería malo tener como competencia exclusiva sanidad e higiene; si sería malo tener la ordenación farmacéutica; si sería malo tener los bienes de dominio público y patrimoniales, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma; si sería malo tener los servicios forestales y las vías pecuarias; si sería malo tener las instituciones públicas de protección y tutela de menores; si sería malo tener las cámaras de comercio y los colegios profesionales como competencia exclusiva. Estamos hablando de unas competencias, algunas de ellas nominales y otras con poder real --no podemos minimizar aquí lo que van a ser algunas competencias--, pero no las competencias que nosotros creíamos que de verdad daría una equiparación competencial con otras comunidades.
Igual que hemos dicho esto, comparado con lo que se está discutiendo hoy sobre corresponsabilidad fiscal, debemos señalar que es verdad que vamos a recibir competencias de gestión. Hablamos de corresponsabilidad fiscal, pero si no tenemos capacidad de hacer normas, no estamos incorporando esa corresponsabilidad. Igual pasa con las competencias que se trasladan para la gestión y ejecución del Inserso. Se nos está diciendo que va a ser la misma Administración periférica, que va a seguir funcionando dependiendo políticamente de la norma que marque el Estado. Eso sí, a nivel de gestión del poder local, las oficinas y el horario lo pondrán la comunidad autónoma.
En suma, señorías, Izquierda Unida no está pidiendo para esta Comunidad ni en este proceso café para todos. No se trata de café para todos. El problema, señorías, es que esta reforma introduce café solo y sin azúcar para unos, para otros café con leche y para otros café con leche y bollo. Los que tienen más alimento, resulta que son los más fornidos. Ese no es el planteamiento de Izquierda Unida.
Nada más, señor Presidente, señorías.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, señorías, parece obligado que al comienzo de mi intervención dé las gracias a mi Grupo Parlamentario por permitirme defender o explicar hoy su posición en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Lo digo especialmente porque en este mismo Grupo hay personas que, como en algún momento se ha citado, han tenido también las máximas responsabilidades de Gobierno de aquella Comunidad Autónoma, por lo cual --vuelvo a insistir-- es muy de agradecer la cesión que hoy se ha hecho en mi favor, puesto que, aunque también he tenido la ocasión y la fortuna de compartir responsabilidades de gobierno de aquella Comunidad Autónoma, mi actuación debe ser hoy básicamente parlamentaria para explicar el porqué de nuestra decisión. Nuestra decisión --entro ya en la cuestión de fondo- - va a ser apoyar con nuestro voto esta propuesta de reforma no sólo por congruencia, por continuidad de actos respecto a lo que han sido anteriores debates (me permitiría remitirme al que el 24 de septiembre, prácticamente hace un año, tuvo lugar para dar cabida en esta Cámara y su tratamiento parlamentario a lo que se dio en llamar el pacto autonómico), no sólo por congruencia respecto a aquel debate, en el cual el señor Rajoy creo que explicó perfectamente los motivos políticos que nos impulsaban como Partido Popular a suscribir el acuerdo autonómico, sino también por continuidad con lo que han sido intervenciones como la de hoy mismo del representante de nuestro Grupo en las Cortes de Castilla y León.
Ciertamente, un acuerdo tiene algo de cesión, un acuerdo puede ser interpretado como el máximo para una parte y el mínimo para otra, y si algún sentido ha querido darse desde el Grupo Popular es precisamente que no se llegaba a ningún final, que, como ya se ha dicho, no se cerraba ninguna puerta y que debe mantenerse el sentido dinámico, un sentido de movilidad necesaria para este Título VIII, siempre tan cuestionado, siempre tan difícil y que no ha alcanzado, como no podía ser de otra manera, sus límites de desarrollo respecto a un Estado que poco a poco, día a día, tratamos todos de contribuir a mejorar.
Desde luego, si ha de ponerse en correlación con el llamado pacto autonómico, debo decir que, desde el Partido Popular, entendemos como mucho mejor, mucho más positivo un diálogo multilateral, de mayor amplitud, de mayor base política de consenso que cualquier otra fórmula. Me permito decirlo en días en los que se están abriendo polémicas asociadas al proceso autonómico, en los que quizás características de este tipo, de bilateralidad, de no tener una visión suficientemente global o panorámica de los problemas, están creando verdaderos y graves problemas o, en cualquier caso, distrayéndonos de lo que sería un camino más acertado para resolver asignaturas aún pendientes.
Nadie podrá negar que el pacto autonómico, por otra parte, vino a cubrir un importante vacío, casi una situación de desconcierto creado por la pérdida de sustancia que experimentó la LOAPA, como consecuencia de aquella sentencia del Tribunal Constitucional. Creo que no puede tener nada de plenamente satisfactorio, que se trata de unas satisfacciones parciales; otras han sido citadas a lo largo de la mañana.
Creo que no hay por qué establecer correlaciones o comparaciones con otras reformas también propuestas que, sin duda alguna, no pudieron ser tramitadas en la anterior legislatura. Ahí me permitirán que destaque que también desde la Mesa del Congreso se ha hecho un esfuerzo de consenso, de unanimidad en este caso, para dotarnos de unas normas procedimentales que permitiesen que situaciones como las que inmovilizaron parlamentariamente los Estatutos de Castilla y León, de Asturias o de Baleares, pudieran tener también perfecta operatividad y capacidad de ser resueltas en esta legislatura. A ese respecto, me permito destacar un segundo esfuerzo quizás menor en el orden político, pero tampoco banal, muy importante, para que estas situaciones no se repitan.
Cabe solicitar el voto de otras fuerzas políticas, otra virtud que ha tenido este pacto autonómico. A lo largo de la mañana hemos podido escuchar también cómo fuerzas políticas que no suscribieron en su día el pacto autonómico no han tenido inconveniente en prestar su apoyo ya individualizado a muchas o a todas las iniciativas estatutarias que han ido llegando a la Cámara. Pienso que eso debe valorarse como enormemente positivo. También debe valorarse como positivo --lo digo como conclusión-- el que pueda existir un debate de estas características en el que alguna fuerza política pueda tener la tentación --creo que alguna ha sucumbido a ella-- de hablar más allá de los temas que realmente conoce o más allá de su propia y verdadera dimensión. Cada cual, cada fuerza política tiene la dimensión que las urnas han querido que tenga, en este espacio político, en este hemiciclo y en cualquier otro foro. Cualquier fuerza política puede teorizar. Es el primer derecho que le asiste, el proveerse de una ideología o de una teoría política. Quizá la grandeza de la política está en cuando se puede traducir o trasladar esa teoría a la práctica.
Habrá fuerzas políticas que querrán seguirse manteniendo instaladas en una pura ideologización, en una pura teoría y que cuando tienen que descender a la práctica --hay algún ejemplo más reciente-- no lo hacen con la fortuna y con la congruencia que a ellos mismos les gustase. Lo digo porque ha habido alguna intervención que pretendía buscar algún grado de provocación. Nada más lejos de nuestro ánimo que atender a provocaciones cuando hay un trabajo tan importante y tan apasionante por delante, comolograr un mejor Estatuto de Autonomía para Castilla y León.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados, señores procuradores de las Cortes de Castilla y León, un minuto exclusivamente para manifestar, como no podía ser menos, en representación de mi Grupo Parlamentario, que vamos a apoyar lo que significa todo este proceso que culminará con un estatuto, con una capacidad mayor de autogobierno para Castilla y León. Permítanme alguna licencia personal y decir que mi última intervención en estas Cámaras, en el año 1983, fue para defender el Estatuto de Autonomía que hoy inicia su propia reforma y ampliación y para hacer la última intervención en explicación de voto, manifestando en aquel momento cómo a lo largo del desarrollo legislativo de todos los estatutos, el de Castilla y León era su broche final pues quedaban exclusivamente los de Ceuta y Melilla, por su situación especial. Los castellanos y leoneses habíamos cumplido, una vez más, habiendo permitido que el resto de las regiones y nacionalidades de España se dotaran de su propia norma para empezar a gobernar. Lejos quedan ya algunas de las manifestaciones aquí realizadas --incluso por algún muy destacado dirigente de la derecha que aquí se sigue sentando-- en aquellas reuniones de la Ponencia de la Comisión y también del Pleno. Como decía este dirigente: «Hay que reconocer, se diga lo que se diga, que lo fundamental para esta Comunidad será una mancomunidad de diputaciones. Ya sé» - -continuaba-- «que la Comunidad Autónoma de Castilla y León es algo más que una mancomunidad de diputaciones, pero, fundamentalmente, será --y si no el tiempo-- una mancomunidad de diputaciones. Por tanto, todo lo que sea fortalecer las diputaciones es bueno». Fin de la cita.
Pues bien, señorías, hoy estamos por suerte muy lejos de esas previsiones, y hoy hemos visto cómo el Estatuto de Autonomía ha sido un buen instrumento al servicio de la conformidad sociológica, de la confirmación cultural y de la recuperación de la propia esencia del pueblo castellano-leonés, teniendo en cuenta las dificultades reales --como ya se ha dicho aquí-- de la extensión territorial, del número de ayuntamientos, del número de diputaciones y de una historia cargada que, por un lado, es un elemento positivo porque da la propia unidad cultural, pero, al mismo tiempo, cada rincón de nuestra comunidad tiene sus peculiaridades concretas.
Yo creo que hemos trabajado con sinceridad para convencer a todos los ciudadanos castellanos y leoneses de que un proceso político de esta naturaleza, si no tiene un acompañamiento social, si no tiene un acompañamiento de los ciudadanos, de muy poco puede valer. Lo mismo que de muy poco valdrá, por mucho que se amplíen las competencias del estatuto de autonomía, si la capacidad política, la convicción política, la voluntad política de desarrollarlas y de llegar a los ciudadanos no se expresa a través de la acción de los propios dirigentes que en cada momento están al frente de nuestra propia comunidad.
Yo escuchaba hace un momento al señor Ríos y daba la sensación, aunque yo les aseguro a ustedes que no es así, de que mientras no se tengan nuevas competencias es como si los castellanos y leoneses no tuvieran educación, no tuvieran asistencia sanitaria o no tuvieran acceso a otro tipo de cosas. Ustedes tienen que saber y también los ciudadanos que, mientras tanto, hay otras administraciones, entre las que se encuentra la central del Estado, que están haciendo una gestión que se puede considerar como positiva y que, en todo caso, si tiene algún sentido el momento de traspaso de funciones y de gestión, ése es un tema fundamentalmente pedagógico, de cercanía del poder a los ciudadanos y de control democrático de la gestión política del Gobierno. En este sentido, la prisa es importante, pero la serenidad, la seriedad y el acompañamiento social tienen muchísimo más valor que llenar muchas veces innecesariamente de competencias -- como hemos visto en otros lugares-- que después han resultado en cierto modo un fracaso comparado con quien las gestionaba anteriormente. Por eso, ustedes no se preocupen porque los castellanos y leoneses irán a su ritmo. Yo no sé si Murcia ya tiene toda la capacidad, todo el acompañamiento y todo el esfuerzo político para vaciar de contenido al gobierno central y al Estado y si su estatuto de autonomía cuenta con toda la capacidad de autogobierno, pero en Castilla y León vamos a un ritmo bastante aceptable, vamos a un paso que consideramos que es también importante. Existen otras preocupaciones, pero no es éste el momento de exponerlas cuando ahora lo que tenemos que hacer los portavoces de los grupos parlamentarios es fijar nuestra posición; tiempo habrá en el debate para hacerlo. La otra preocupación es si los instrumentos que se ponen en manos de las instituciones regionales o comunitarias son capaces de sacar todo el partido a esa propia capacidad de autogobierno.
Esa es la dificultad y también la pregunta. Ahí yo creo que no podemos utilizar la conformación y el desarrollo del Estado de las autonomías y la concepción del Estado como una acción permanente de trinca política de unos contra otros para ver quién llega el último y quién es más. Señorías, estamos en una fase que tiene mucho interés político en lo que puede ser el desarrollo del Estado de las autonomías. La orientación y la capacidad del nuevo estatuto que saldrá de aquí va a dar la dimensión apropiada y oportuna para cubrir una fase muy importante de las necesidades de autogobierno e incluso de la petición de los propios ciudadanos.
Este Estatuto, como otros, han pasado por enormes e importantes vicisitudes y contenciosos. No se olviden ustedes que no hace mucho todavía teníamos contenciosos para conformar nuestra comunidad; y para cerrarla desde el ámbito territorial al ámbito competencial hemos tenido que recurrir en varias ocasiones --y desde luego no por culpa del grupo que represento-- a contenciosos en el Tribunal Constitucional. Les recuerdo --más bien a los bancos de la derecha-- situaciones como la de Burgos, como la de León como la de Segovia o como la de otras provincias, en las que todavía no se aceptan con buen grado ni siquiera las presencias --perteneciendo al mismo grupo político--, de aquellos dirigentes que hoy tienen la obligación de gobernar. Por eso, yo creo que el llamamiento y la reflexión de todos nosotros --y lo reiteraremos a lo largo del debate en Comisión y en el Pleno-- son necesarios, pues tendría que haber un compromiso de Estado, renovar un compromiso de Estado. A los que hoy tienen la máxima responsabilidad del Gobierno de Castilla y León, además de ofrecerles nuestro apoyo, darles también la oportunidad de que aquellos asuntos aún no cerrados, pequeñas cosas que ocurren en nuestra comunidad, tengan ocasión de cerrarse para que la andadura que queda y que será larga --¡larga vida al estatuto!--, pueda ser un buen modelo de lo que debe de ser una comunidad que, como aquí se ha dicho ya, ha sido ejemplo de solidaridad y ejemplo también de realización pacífica de una buena actuación; un buen recorrido que nos permita a los españoles encontrar, en determinados lugares de nuestro país, la paz, encontrar el sosiego, encontrar la solidaridad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madrid.
Votación de totalidad correspondiente a la propuesta de las Cortes de Castilla y León de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 275; en contra, 14; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la votación de totalidad.
-- DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE EXTREMADURA (ORGANICA) (Número de expediente 127/000011)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad correspondiente a la propuesta de la Asamblea de Extremadura, de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Para la defensa de la propuesta de la Asamblea de Extremadura, tiene la palabra don Vicente Sánchez Cuadrado.
El señor SANCHEZ CUADRADO (Diputado de la Asamblea de Extremadura): Con la venia.
Señoras y señores Diputados, vengo aquí a defender la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura que ha remitido la Asamblea de dicha Comunidad Autónoma para recoger el contenido de la ampliación del techo competencial que en su momento se discutió en dicha Asamblea. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) En primer lugar, tengo que mostrar ante SS.SS.
mi satisfacción por representar aquí, en estos momentos, al Grupo Popular de la Asamblea de Extremadura y poder participar en la aprobación, que espero se produzca, de esta ley orgánica en donde se incorporan al acervo del Estatuto de Autonomía hasta 32 títulos competenciales en la reforma de los artículos 7.º, 8.º, 9.º, 10 y 13 de dicho Estatuto.
Como SS.SS. no ignoran la modificación del Estatuto de Autonomía, al igual que la de otros estatutos de comunidades autónomas que llegaron a serlo a través de la vía del artículo 143, es un ejemplo de cómo se debe operar en este tema de las autonomías, en este tema regulado por el Título VIII de la Constitución; un ejemplo de diálogo, un ejemplo de pacto y de acuerdo que a partir de la iniciativa que tuvo el entonces Presidente de la Comunidad de Castilla y León, señor Aznar, se puso en marcha para poder, entre todos, llegar a un consenso generalizado poniendo por delante de todo el interés nacional, que es el que debe primar siempre que se afecta a algo íntimamente, pues como dice el preámbulo que tienen SS.SS., la ampliación de competencias se abordó concibiéndolas como un proceso que afectaba a la esencia misma del Estado autonómico y que, por tanto, debía ser objeto de un consenso fundamental entre las diversas fuerzas políticas que expresan el pluralismo político en las instituciones.
Esto es así, y yo simplemente, después de congratularme de que se haya hecho así y de que sirva de ejemplo para futuras actuaciones, tengo que expresar un cierto temor de que en otro aspecto tan importante para las autonomías como es el de las competencias y, concretamente, el de la financiación de las comunidades autónomas, que hoy está tan en candelero, no se esté haciendo por este método ya comprobado y contrastado de eficacia y se estén poniendo por delante otros intereses distintos del interés general de las comunidades autónomas y, en definitiva, de España. Yo me temo que, quizá, se pueda conseguir la estabilidad del Gobieno, pero al precio de lograr la inestabilidad del Estado de las autonomías. Esta es una advertencia que no tengo más remedio que hacer ante SS.SS.
debido a la situación del debate en que nos encontramos respecto a la financiación de las comunidades autónomas.
Por lo demás, señorías, simplemente tengo que decir que en Extremadura hemos sabido comprender el alcance de la incorporación de estas 32 nuevas competencias. Esperamos que se pongan en marcha lo antes posible a través de las comisiones mixtas que, lógicamente, ya se están retrasando y, en definitiva, termino, señorías, pidiendo el apoyo de este Congreso de los Diputados para la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez Cuadrado.
Tiene la palabra el señor Herrera Silva.
El señor HERRERA SILVA (Diputado de la Asamblea de Extremadura): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, quiero, antes que nada, expresar mi satisfacción personal y la del grupo parlamentario de la Asamblea de Extremadura que represento y, por qué no, la de la amplia base social que lo sustenta, por esta gratificante oportunidad que se nos brinda de formar parte, aunque ocasionalmente, de este importante foro en el que se residencia la voluntad popular de los españoles.
La iniciativa que hoy presentamos aquí constituye, como es conocido, la segunda de esta naturaleza en el importante tema de la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Ateniéndose a un sentido estrictamente formal, podría decirse que se trata de un asunto de trámite, pero no es menos cierto que el calado y la envergadura del proceso global que ampara este decisivo paso es, si no en su medida sí en su esencia, un logro muy importante para nuestra región. Acentuar y completar el proceso de la asunción de transferencias constituye un objetivo irrenunciable para la Comunidad que aquí represento.
Sin ningún afán de mimetismo uniformista, con un profundo respeto a la secuencia temporal que el interés general de los españoles determine y el consenso y diálogo entre las distintas fuerzas políticas posibilite, los extremeños tenemos como legítima aspiración el íntegro desarrollo del Título VIII de la Constitución, que, fruto del acuerdo y el diálogo, un día los españoles nos otorgamos.
Igual que en aquel período constituyente, es también ahora la cuestión regional y la estructuración del Estado de las autonomías motivo de fricciones y asunto extremadamente espinoso y difícil. En la medida en que las distintas fuerzas políticas que actualmente somos depositarias de la voluntad popular seamos capaces de impregnar las acciones relacionadas con este fundamental asunto del espíritu de acuerdo que ejercieron los constituyentes, es esa medida, podrá decirse que somos dignos herederos de una transición que ha pasado a la historia política de este final de siglo como un modelo por el que apuestan en diversos escenarios de todo el mundo.
Los extremeños nos disponemos a recibir estas 32 competencias con una gran carga de ilusión y un riguroso compromiso de trabajo y responsabilidad. En la gestión de este importante traspaso de recursos humanos y materiales pondremos todo el empeño y el acierto que parece deducirse de la mayoritaria aceptación de la tarea que el Gobierno autónomo socialista tiene por parte de sus administrados, los ciudadanos extremeños. Al margen de los típicos y tópicos clichés que sobre la capacidad de esfuerzo del pueblo extremeño ponen en circulación sectores interesados en el mantenimiento de ciertos privilegios, Extremadura en su conjunto ha dado un extraordinario salto en la fase de su desarrollo a través de un gran esfuerzo continuado de trabajo y responsabilidad. Pero si importante es la cobertura jurídica que supone la incorporación de las nuevas competencias a la estructura de los estatutos de autonomía de las regiones que accedieron a su autogobierno por la vía del artículo 143 de nuestra Constitución, hay que convenir que la materialización y el total ejercicio de esas competencias nunca serán plenos sin el concurso de un firme compromiso solidario que racionalmente vaya limando flagrantes desigualdades entre regiones que injusticias históricas produjeron. No es con números de horas, sino con un justo análisis retrospectivo de discriminaciones seculares como creemos que hay que estructurar una moderna idea del Estado de las autonomías en el que el respeto y la asunción por parte de todos del hecho diferencial de algunos vaya parejo al reconocimiento de las diferencias de hecho de otros.
Es indudable --y con esto termino-- que gracias al encomiable sentido de la responsabilidad y disposición al acuerdo de los grupos mayoritarios de esta Cámara, la propuesta que hoy representantes extremeños traemos a ella va a gozar de un amplio respaldo. No obstante, no sería ocioso para el resto de los grupos que no la apoyaron en su día y consideraran instalarse en la discrepancia que puede ser además de cómodo recomendable en cierto tipo de asuntos, pero no desde luego en el que nos ocupa que es como todos sabemos, la configuración armónica y racional del Estado de las autonomías.
Compatibilizar y armonizar las legítimas aspiraciones de las comunidades autónomas con las necesidades del Estado mediante un proceso de cooperación y coordinación que atienda y respalde los intereses generales de todos los ciudadanos sin cantonalismos ni planteamientos insolidarios o excluyentes es una tarea que creemos necesita del concurso de todas las fuerzas políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Herrera. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Poe el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña quiero dejar fijada mi posición favorable a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Favorable, en primer lugar, porque entendemos que la situación de esta Comunidad Autónoma que raya en muchos aspectos el tercermundismo, necesita urgentemente más parcelas de poder y, por tanto, de decisión. Extremadura es una Comunidad en muchos aspectos abandonada, sin gas natural, por ejemplo; casi sin líneas de alta tensión, con deficiencias sanitarias importantes; sin comunicaciones aéreas (si obviamos, por supuesto ese peculiar avioncito con el que algunos extremeños consiguen llegar a la capital del Reino); con una situación energética deplorable a pesar de padecer en su territorio la ubicación de la central nuclear de Valdecaballeros; con una red ferroviaria, en fin, que merecería las excelencias de alguna película de John Ford, esas deliciosas películas en las que se narran las peripecias de ir en tren por el oeste americano (Rumores.) ¿Para cuándo la solución de desastre ferroviario que hay en Extremadura? ¿Qué decir de la situación económica, del tejido económico de una comunidad que en su mayor parte está en manos de las grandes oligarquías de siempre? Quisiera ser sincera. Siento cierto pudor cuando pronuncio una palabra tan arqueológica como es oligarquía. Pero, ¿qué hay si no en Extremadura? Grandes oligarquías que detectan una inmensa mayoría de su potencial económico y que condenan a la población a la emigración o a vivir de la limosna permanente del Estado. Ese es uno de los grandes retos que tenía el partido Socialista cuando llegó al poder con su famoso lema del cambio, cambiar la dialéctica de explotación que existía en Extremadura, hacer las grandes reformas que sólo podía hacer un partido de progreso. Pero el PSOE prefirió no tocar nada para que nada cambiase y hoy se puede decir que gracias a los PER, gracias a esa peculiar manera de poner prácticamente toda la ciudadanía
de una comunidad en nómina del Estado, las oligarquías de siempre viven mejor que nunca. Mientras tanto, nadie plantea cómo y cuándo va a emprenderse la auténtica reforma económica que creemos necesita Extremadura. ¿O se considera una solución de futuro la limosna permanente del Estado? Ni esa política soluciona nada --más allá de las malas conciencias-- ni es digna para los ciudadanos.
Ciertamente esta reforma del Estatuto no va a resolver los problemas endémicos que padece Extremadura, pero en la medida en que le da un poco más de autonomía, un poco más de poder político, le da también más mecanismos de intervención.
Favorables a la reforma del Estatuto por solidaridad; por solidaridad con sus problemas económicos y solidaridad por coherencia ideológica. Rodríguez Ibarra dijo no hace mucho que a él le pagaban por defender los intereses de Extremadura y no los de España. No quiero pensar lo que habría escrito determinada prensa si eso lo hubiera dicho un nacionalista catalán. Pero esa es la clave: defender los intereses de tu propio colectivo, porque si no, ¿quién los va a defender? Lástima que a pesar de su narrativa comprometida y grandilocuente, Ibarra sea el artífice en Extremadura de esa cultura del subsidio permanente que acaba derivando en cultura de la corrupción.
Votamos que sí, pues, a las dos reformas estatutarias presentadas porque así entendemos la solidaridad, el respeto mutuo entre los pueblos y la ayuda mutua para que todos, naciones o regiones con las diferencias pertinentes de soberanía, consigamos finalmente poder administrar nuestro propio colectivo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Muy brevemente desde el escaño, señor Presidente, señorías, para expresar la solidaridad de Coalición Canaria con la legítima y justa aspiración de la comunidad extremeña, una comunidad que conocemos perfectamente por estar sumida a una situación socioeconómica muy similar a la comunidad a que pertenece quien se encuentra en el uso de la palabra en este momento y, en consecuencia, anunciar que nuestro voto será favorable en línea rigurosa con esa solidaridad sincera que hemos expresado al principio de nuestra intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, sean mis primeras palabras de salutación a los ilustres Diputados de la Asamblea de Extremadura, por su intervención aquí delante del Pleno de la Cámara, en nombre de mi Grupo Convergència i Unió y en el mío propio por su defensa del proyecto de ley de reforma del Estatuto de la Asamblea de Extremadura. Ya les anuncio de entrada que, como viene siendo habitual en nuestro Grupo de Convergència i Unió, nuestro voto va a ser favorable a esta iniciativa que parte de la Asamblea de Extremadura.
Se han cumplido holgadamente los plazos constitucionales que marca el artículo 143 de la Constitución y se ha demostrado la grandilocuencia por parte de la Asamblea de Extremadura en asumir más competencias y profundizar en su autogobierno. No deja de ser este motivo un hecho de satisfacción importante porque, a través de esta reforma del Estatuto de la Asamblea de Extremadura, se va configurando y consolidando nuestro Estado de las autonomías. Me voy a referir a una serie de competencias que va a sumir la Asamblea de Extremadura que van a dar un amplio margen de maniobra en cuanto a sus actividades. Va a asumir competencias exclusivas en temas de industria, de cooperativas y de fundaciones. También va a recibir más competencias de desarrollo legislativo en temas tan importantes como defensa del consumidor y el usuario y en temas de enseñanza, así como también va a adquirir más competencias de ejecución en temas tan importantes como son la gestión de la Seguridad Social, temas laborales y en cuestiones de propiedad intelectual e industrial.
Como he dicho al inicio de mi intervención, nuestro Grupo de Convergència i Unió va a apoyar esta iniciativa, ya que a través de la reforma no deja de ser un hecho importante la configuración del Estado autonómico, del Estado español. Es innegable que las instituciones autonómicas, por su configuración, por su transformación, cuanto más próximas estén al ciudadano más son apreciadas por la sociedad. Por ello yo diría que es interesante que dicha reforma del Estatuto de Extremadura se pueda conseguir sin titubeos y con el máximo consenso por toda la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente, voy a hacer mi intervención al hilo de la que ha hecho mi compañero Pedro Antonio Ríos, por tanto, conectando con una serie de ideas, esa pormenorización de competencias que ha realizado y, consiguientemente,
no repitiendo esos argumentos e intentando complementar la idea que aportaba.
Creo, señoras Diputadas, señores Diputados, que aquí no estamos debatiendo una especie de tabla de quesos, y perdónenme de nuevo la metáfora alimenticia; estamos en un tema político clave, en un debate descafeinado, un debate flojo, que es el debate del modelo del Estado.
Estamos intentando debatir desde el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, de cara a un Estado no centralista, donde por tanto se superen los desequilibrios interterritoriales como consagra nuestra Constitución.
Fundamentalmente, señora Rahola, siempre hablamos desde la solidaridad, desde la igualdad, que me parece es la única forma de solucionar esos problemas a los que usted aludía.
Usted se refería a los subsidios personales de Extremadura, pero no se ha referido a los subsidios de las empresas que están solicitando gente de cierto territorio. ¿Esos subsidios no generan corrupción o no pueden generar una dinámica de corrupción? Consiguientemente, la estrategia que se está diseñando, a nuestro juicio, como la forma de enfocar el debate deja ver que no hay una auténtica responsabilidad del Estado de las Autonomías tal como lo define la Constitución.
Incluso es posible decir que está funcionando una cierta falta de lealtad con la Constitución y sus contenidos, porque si la Constitución decía: así que pasen cinco años; ustedes están diciendo, con todos los respetos a la mayoría de la Asamblea de Extremadura; así que pasen diez años, y ya veremos que ocurre después, cuando llegue ese nuevo punto de referencia, esa nueva aduana.
A nuestro juicio se está empezando peligrosamente a diseñar un estado de dos velocidades. Estamos pasando de la filosofía de los hechos diferenciales a la filosofía de los techos diferenciales, de las competencias distintas, de la falta real de equiparación de competencias; aparece cada vez con má fuerza un Estado donde empieza a confederarse el Norte, excluida la sufrida Asturias, y empieza a provincializarse el resto de las comunidades autónomas. Recordemos que provincias en latín significa las vencidas, las doblegadas. Impresión tanto más profunda en estos momentos de coyuntura política donde el Partido Socialista Obrero Español, en función de sus intereses partidarios de estabilidad, de estabilidad de Gobierno y no tanto, como estamos viendo, de estabilidad de Estado, está secando la construcción del Estado de las Autonomías, y está segando la política de Estado en función de acuerdos que simplemente basta evocar para que nadie se despiste.
Nos encontramos, por tanto, en este momento con un Estado en función de este acuerdo burocrático de los aparatos centrales de dos partidos centralistas, PP y PSOE, que diseña un Estado con tres tipos de comunidad autónoma, con tres características: comunidades autónomas de competencia plena, aunque a veces hay cierta diferencia entre ellas, porque, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía (que también conquistó el artículo de vía rápida y competencias máximas del 151) a veces, en función de la propia política de la dinámica desigual que se ha iniciado, parece más del 143 que del 151; comunidades autónomas del 143 mejorado, que se parecen mucho a las del 151; y comunidades autónomas de tercera categoría como la que hoy estamos aquí debatiendo, autonomías sin café, por utilizar la terminología de cuando empezó el diseño de este Estado que sobre la marcha está sufriendo ciertas reformas no previstas y no consensuadas al inicio cuando se debatió el texto constitucional. De alguna manera, astillada, se está rompiendo el consenso constitucional sobre la marcha. Claro está, a este diseño del Estado, y seguimos hablando de un debate de Estado y de la construcción de un nuevo Estado (asunto importantísimo, pero que aquí al diferenciar unas comunidades de otras estamos supeditando intereses que no se corresponden con la importancia del tema), se ha seguido una dialéctica absolutamente antifederal y desde luego centralista.
Insisto en que los aparatos de dos partidos de ámbito estatal, a los que se les supone concepciones diferentes del Estado, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, han llegado a un acuerdo en el sentido de que todos los debates que aquí se producen sobre temas concretos, muy agudizados en las campañas o precampañas electorales, son debates dramáticos o, mejor dicho, teatralizados, porque el fondo de la cuestión, la matriz de fondo es la misma. Ustedes tienen el mismo concepto del Estado, de un Estado a dos velocidades. En el PSOE hay una gran contradicción; un Partido que siempre se ha definido como partido de concepción federal, y en el Partido Popular lo mismo. El Partido Popular, en su último congreso, aprobó la necesidad de la administración única, y así figura, negro sobre blanco, en sus papeles. Y ahora resulta que no es la misma velocidad la que se les asigna en ese pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español a las distintas comunidades autónomas del Estado español. Hubo una plantilla con dinámica federalizante que se mandó de arriba abajo a todas las comunidades autónomas, incluso con errores verbales de las personas o errores en los borradores, transfiriéndola a sitios donde no había puertos, ni puertos deportivos, plantilla que se asumió mecánicamente, y a la que no se le permitió ni una sola corrección. Ese debate no ha sido un debate popular, legítimo, legal, no ha sido el debate que merece el diseño del Estado o la construcción de un estado.
Ese acuerdo está generando una dinámica reivindicativa desigual. Ahora el Partido Popular se queja del «pujolismo», se queja del chantaje --así se ha llegado
a decir por distintos portavoces; yo mismo también--. (Risas y rumores.) Sí, yo creo que es un chantaje, como lo cree también el señor Guerra. El Partido Popular también lo ha criticado así. Pero resulta que la base de esa dinámica está en acuerdos como éste.
Si se dan distintos techos competenciales y se acepta la confederación del norte, exceptuando Asturias, se está consiguiendo que la dinámica «pujolista» cobre cada vez más fuerza porque tiene eficacia. Lo vamos a ver en los presupuestos. Esa eficacia es la que estamos alimentando constantemente, tanto en el Partido Socialista Obrero Español, como en el Partido Popular.
Por cierto, a la luz de los nuevos acontecimientos, sumando a este del pacto autonómico el tema del 15 por ciento del IRPF, el señor Rodríguez Ibarra aparece ya de otra manera. No tiene la imagen de antes del león reivindicativo. Está cambiando de imagen porque corresponde que provincialice su imagen, que la regionalice frente a la confederación de otras imágenes que se están produciendo. Incluso se atreven a decir cosas como las que se han dicho desde esta tribuna, homologando la corrupción a gente que está cobrando 27.000 pesetas de subsidio en el campo extremeño o en el campo andaluz. Me parecen barbaridades que habrá que ir corrigiendo tranquila, moderada, pero directa y rotundamente en esta Cámara, para no apoyar este Estado de dos velocidades, de dos culturas y de dos morales a la hora de definir la situación.
La alternativa que defendimos en Extremadura es la misma que estamos defendiendo aquí. Parte del concepto del Estado federal y, por lo tanto, de la construcción --nosotros sí estamos de acuerdo y tenemos una lealtad constante hacia la Constitución-- del Estado federal en función de esa dinámica constitucional que habla de cinco años y no habla de desconfianza. En todo caso, nunca habla de diez años a la hora de homologar la autonomía del artículo 143 a las competencias de las autonomías del 151.
Partimos de una estrategia de Estado de otra forma de hacer las cosas y de la necesidad de dinamizar los debates de abajo arriba. Y no se me diga, de nuevo, aquí y ahora, desde una falta absoluta de sensibilidad democrática, que tenemos más o menos votos. Esto es lo de menos. Aunque no tuviéramos ni un voto, esto mismo lo estaríamos diciendo tranquila y democráticamente a la puerta de este Congreso o a la puerta de la Asamblea de Extremadura. No se nos diga que porque tenemos menos votos tenemos derecho a expresar nuestros planteamientos. Eso demuestra que no se tienen claras las ideas democráticas en algunas intervenciones que aquí se han hecho con ocasión del debate de otros estatutos de autonomía.
En definitiva --termino, señor Presidente--, nosotros pensamos que hay que construir un Estado federal que al final, y ya se debía haber llegado, porque así lo mandata la Constitución, a los cinco años, todas las autonomías tendrían que haber tenido el mismo techo competencial, el mismo poder político, la misma capacidad de financiación, y no vamos por ese camino. Por tanto, nosotros, respetuosamente, considerando que es legítima y legal, desde el punto de vista democrático, la solución que se ha dado, no aceptamos ni la forma ni el sentido final de los acuerdos que se han adoptado y, consiguientemente, vamos a votar en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, tomo la palabra, en nombre del Grupo Popular, para fijar la posición del mismo con referencia a la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Aunque este turno, señor Presidente, sea de fijación de posiciones, permítaseme que aluda a dos de las intervenciones que ha habido.
En primer término, quiero agradecer a la señora Rahola, en nombre de mi Grupo y también como nacido y residente en Extremadura, su preocupación por Extremadura. Señora Rahola, los extremeños queremos abandonar, y lo estamos haciendo desde hace tiempo, lo que en Andalucía se llama «el quejío» y en mi tierra «la quejumbre». No queremos reclamar nada por el «victimismo», queremos que se nos dé aquello que se nos debe, y en ejercicio de ese derecho constitucional hoy precisamente damos un paso más para tener algo que no teníamos, que es un estatuto que se parezca más al de Cataluña, porque nosotros no entendemos que deba haber mayores diferencias. De cualquier forma, mi agradecimiento y, por supuesto, no compartimos la doctrina Colom, no la del navegante, sino la de su representante en el Parlamento catalán.
En cuanto al Grupo de Izquierda Unida, nos satisface ver desde mi Grupo que se abandonan antiguas tentaciones centralistas y que ahora se cree más en las regionalistas. Bienvenido sea.
Por otra parte, señorías, quiero saludar a los representantes de la Asamblea de Extremadura, que hoy nos honran con su intervención en esta Cámara. Quiero exponer que para mí no puede dejar de ser una satisfacción intervenir hoy en nombre de mi Grupo. Quien hoy tiene el honor de dirigirles la palabra estuvo presente en todos los trámites, tanto extraparlamentarios como parlamentarios, que dieron vida, primero, al Decreto-ley de instauración de la preautonomía, antecedente directo de la autonomía, y también en todos aquellos que culminaron en la aprobación del Estatuto de Autonomía para mi Comunidad Autónoma. Así, desde las reuniones de senadores y diputados que a lo largo del año 1977 y 78 redactaron el borrador del Decreto-ley que una vez dictaminado por la Comisión de urgencia legislativa, dio nacimiento a la preautonomía de Extremadura,
es mucho el camino recorrido, y en todo él quien les dirige la palabra tuvo el honor de estar presente; desde un principio, como primer Presidente de la Junta de Extremadura, iniciando, por acuerdo de la misma, el día 12 de mayo de 1980, el proceso autonómico según el artículo 143 de la Constitución y al amparo de la disposición transitoria primera de nuestro primer texto normativo. El acuerdo que tuve el honor de proponer entonces y que mereció la aprobación, y que creo que es bueno recordar hoy, decía: «Elegir la vía del artículo 143 de la Constitución para el acceso a la autonomía de la región extremeña, con el máximo techo que permite la Constitución y reconociendo las peculiaridades típicas de Extremadura.» El anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado en Mérida el 12 de febrero de 1981 por la Asamblea prevista en el artículo 146 de la Constitución, no vio su nacimiento legislativo como consecuencia de la disolución de las Cámaras en la primera legislatura y fue en la segunda cuando tuvo la aprobación como Ley Orgánica de 25 de febrero 1/1983. Señor Presidente, han pasado desde la aprobación del Estatuto de Autonomía más de diez años. Como se ha recordado aquí antes, cinco años más del tiempo que exige el número 2 del artículo 148 de la Constitución para que, mediante la reforma de los Estatutos, las Comunidades Autónomas creadas al amparo del artículo 143 pudieran ampliar sus competencias dentro del marco del artículo 149 del mismo cuerpo legal, es decir, ir logrando las competencias de las Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151. Se nos hace difícil no recordar hoy aquí a aquel grupo político que reclamaba en 1980 mayores cuotas de autogobierno para Extremadura y afirmar a renglón seguido, para su constancia, porque es justo que así sea, en el , que habiendo tenido desde la promulgación del Estatuto aquel mismo grupo político la mayoría absoluta, porque así lo quiso el pueblo extremeño y el español, tanto en la Asamblea de Extremadura como en las Cortes Generales, han dejado transcurrir cinco años sin hacer aquello cuando ahora era posible y antes se lo demandaban a los demás cuando casi casi no era posible. Hoy nos congratulamos del consenso alcanzado y del pacto autonómico o del acuerdo autonómico, firmado el 28 de febrero de 1992 entre el Partido Socialista, el Partido Popular y el Gobierno, que permitió la aprobación de la Ley Orgánica 9/1992, de 3 de diciembre, y en su consecuente proposición de Ley de la Asamblea de Extremadura, que es la que hoy tramitamos, que permitirá, caso de aprobarse, la modificación del Estatuto de Autonomía de Extremadura y con ello la elevación del techo competencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Título VIII de la Constitución recoge un modelo de organización territorial del Estado dinámico y que requiere su desarrollo en el tiempo, y el paso que damos hoy así lo hace patente, ya que, como certeramente afirmó el señor Sánchez Cuadrado, que antes ocupó esta tribuna, el 25 de marzo de 1993 en la Asamblea de Extremadura, no sólo se ampliará el contenido de las competencias estatutarias, sino también la forma de ejercer las mismas, que se residencia en la propia Comunidad Autónoma.
Permítame, señor Presidente, recordar hoy aquí la magistral intervención de don José Ortega y Gasset en las constituyentes republicanas hace sesenta y dos años, concretamente el 4 de septiembre de 1931. Sus palabras, a mi juicio, conservan toda su vigencia y, avaladas por la historia, constituyeron la mejor advertencia a quienes tuvimos el honor de ser partícipes en la tramitación parlamentaria y en la aprobación de la Constitución de 1978. Afirmaba desde esta tribuna el señor Ortega y Gasset: «La imagen de nuestro pueblo» --estaba hablando en el debate de aprobación de la Constitución de la República-- «que el proyecto nos ofrece es una división de dos Españas diferentes: una compuesta por dos o tres regiones ariscas, otra integrada por el resto más dócil al poder central. Para el proyecto es la autonomía algo especial, puesto que no la estatuye para todos los cuadrantes españoles.
Esto, que pretende ser cautela, previsión y desamor a la aventura, me parece más bien y a la par ingenuo y funesto».
Proseguía el señor Ortega y Gasset: «Resultará, pues, a la postre, España ordenada íntegramente, pero de mala manera, en regiones. Mientras tanto nos encontraremos con una España centrífuga, frente a una España centrípeta; peor aún: con dos o tres regiones semiestados frente a España, nuestra España.» Supimos los constituyentes de 1978 diseñar un Estado de las autonomías que, tomando en cuenta esta advertencia del señor Ortega y Gasset y las enseñanzas de la historia, hicieron posible la autonomía para todas las regiones de España. Hoy, si SS.SS. así lo estiman, aprobaremos una reforma del Estatuto de Autonomía que equipare más Extremadura al resto de las regiones. Por ello hemos de felicitarnos, pero queremos terminar, señorías, nuestra intervención, exponiendo una reflexión y, al hilo de la misma, una preocupación. La reflexión es que la construcción de un Estado democrático sólido y estable, en nuestra patria, España, pasa por el meridiano de la autonomía regional, y que este camino sólo podrá ser recorrido a la luz de la solidaridad interregional proclamada en la Constitución de 1978, es decir, de ese sistema que no sólo reconoce la personalidad y la peculiaridad de todas las regiones y su igual derecho en el plano jurídico formal a la construcción del futuro y a la supresión de las diferencias existentes, sino también al reconocimiento del principio de que cada región debe contribuir según sus posiblidades y recibir según sus necesidades. Autonomía cada región debe contribuir según sus posiblidades y recibir según sus necesidades. Autonomía
para todas las regiones españolas y solidaridad entre ellas son las dos correcciones fundamentales que el constitucionalista de 1978 introduce en el viejo modelo de 1931.
Y para terminar, señor Presidente, la preocupación que esta reflexión me sugiere y que, seguramente, les sugiere también a muchas de SS.SS. Mal camino habremo hecho si, al final, por unas u otras causas, volvemos atrás en la senda de la Historia y abrimos privilegios, repito, y abrimos privilegios para regiones concretas. Eso sería, señorías, la muerte del Estado de las autonomías y, lo que es aún más preocupante, pondría en cuestión la unidad de España.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ramallo. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fuentes.
Señorías, señores representantes de la Asamblea de Extremadura, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Extremadura.
Estamos dando los últimos pasos de un proceso que se inició el 28 de febrero de 1992 con la firma de los acuerdos entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular en lo que se ha venido llamando . Más tarde, el 23 de diciembre de 1993, entró en vigor la Ley Orgánica para transferir competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron por la vía del artículo 143 de la Constitución. Porteriormente, el 25 de mayo de este año, la Asamblea de Extremadura aprobó la reforma de su Estatuto y hoy estamos aquí ratificando esa reforma por la que Extremadura accede a muchas y muy importantes nuevas competencias. Vamos a votar sin ningún tipo de reticencia, más allá de la opinión que nos merezca un punto concreto, un aspecto parcial de esta reforma, porque creo que difícilmente se puede estar en desacuerdo con la globalidad de este texto. Es verdad que hay Grupos políticos que han manifestado su discrepancia, y tienen todo el derecho a hacerlo. No voy a ser yo quien les niegue ese derecho, pero sí voy a hacerles una reflexión. Aceptando ese derecho a manifestar su discrepancia y a votar en contra, hay un hecho difícilmente cuestionable: que tanto en Extremadura como previsiblemente aquí, casi el 90 por ciento de los representantes del pueblo va a apoyar esta reforma. Es un hecho que políticamente tiene mucha importancia.
No quería dejar pasar tampoco alguna alusión que hizo la señora representante de Esquerra Republicana. Usted me parece que se acerca a Extremadura como se acercaban los viajeros ingleses del XIX a España: con una serie de prejuicios que solamente se podrá romper visitándola. Pero solamente tres palabras respecto a un latiguillo que se reproduce con mucha frecuencia sobre la limosna del Estado. Porque parece que hay algunas Comunidades que viven de la limosna del Estado, sobre todo referido al Plan de Empleo Rural y a los trabajadores del campo. Solamente le voy a dar un dato. Todo el Plan de Empleo Rural de Andalucía y de Extremadura es el 50 por ciento del presupuesto del INEM de Madrid o Barcelona. Esa es las realidad. Señorías, hace 10 años, este diputado y otros presentes en esta Cámara fuimos ponentes de la Ley que establecía el Estatuto de Autonomía para Extremadura. Si en aquel instante alguien nos hubiese dicho que 10 años más tarde, hoy, estaríamos aprobando estas nuevas competencias, probablemente, y en el mejor de los casos, nuestra respuesta hubiese sido el escepticismo.
Lo que es más importante resaltar en este campo es que todo este proceso se ha llevado a cabo desde la cooperación y desde la colaboración, evitando victimismos y enfrentamientos inútiles. Señoras y señores Diputados, como representantes del pueblo español, creo que debemos sentirnos orgullosos, porque en ningún país del mundo en tan corto espacio de tiempo se ha logrado una transformación tan importante y tan formidable de una estructura centralista hacia una estructura descentralizada con importantísimas competencias en cada comunidad autónoma.
Para terminar, señor Presidente, quiero mostrar mi satisfacción por la aprobación de esta reforma, que es una buena reforma no sólo porque aumente el poder, los recursos o la competencia de la Junta de Extremadura. Esta es una buena ley y digna de ser aprobada porque va a beneficiar a los hombres y mujeres que viven en Extremadura, haciendo posible que sus problemas, sus necesidades se resuelvan y superen de manera más rápida y eficaz.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Fuentes.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de totalidad de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura formulada por la Asamblea de Extremadura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 273; en contra, 12; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en votación de totalidad, la propuesta de reforma.
-- DE LA ASAMBLEA DE MADRID, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ORGANICA) (Número de expediente 127/000012)
El señor PRESIDENTE: Propuesta de la Asamblea de Madrid de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Para defensa de la propuesta de la Asamblea de Madrid, en nombre de la misma tiene la palabra, en primer lugar, don Manuel Cobo Vega.
El señor COBO VEGA (Diputado de la Asamblea de Madrid): Gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías.
Puede ser sorprendente la presentación que hoy hacemos de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para aquellas personas que --en el mejor de los casos, por error, en el peor, con otras intenciones-- confunden Madrid con diversas instituciones del Estado. Es corriente --y sus señorías tienen buena prueba de ello-- la identificación que se suele hacer de Madrid con las Cortes Generales o con la Administración central del Estado por el simple hecho de tener su localización física en Madrid. Así escuchamos y leemos que tal comunidad autónoma negocia con Madrid determinado asunto o cual comunidad autónoma exige a Madrid medidas encaminadas a resolver determinado problema.
Los ciudadanos de Madrid tenemos muy claro que, por muy grande e importante que sea la Administración central del Estado y sintiéndonos orgullosos de este vecino, no debe ensombrecer ni empequeñecer a nuestra Comunidad Autónoma, que debe estar en igualdad y con las mismas condiciones que el resto de las comunidades del Estado Español, y la reforma de nuestro Estatuto, en los términos que se plantea, es un paso más en la consecución de este fin.
Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, en su gran mayoría, hemos nacido o somos descendientes de personas nacidas en otras comunidades autónomas y quizá este hecho influya en que nuestras reivindicaciones, nuestras reclamaciones, nuestros derechos sean pedidos sin agresividad, sin vehemencia, sin coacciones y sin chantajes hacia nadie, que no debe confundirse con pasividad, ni desidia ni servilismo en la defensa de los legítimos intereses de los ciudadanos de Madrid, que asumimos con la mayor firmeza y responsabilidad, sin olvidar nunca no ya la obligación que tenemos, sino la devoción que sentimos de ser solidarios con el resto de los españoles. El ser solidario implica dar parte de lo que los madrileños tenemos más, pero también --y esto parece que se olvida--, recibir parte de lo que los madrileños tenemos menos. El camino que estamos recorriendo para reformar el Estatuto de la Comunidad de Madrid se inició, y se ha visto favorecido por ello, con el pacto autonómico suscrito el 28 de febrero de 1992 por el Partido Popular, el Partido Socialista y el Gobierno de la Nación; acuerdo necesario para llevar a buen puerto una modificación legislativa de la importancia y trascendencia que tiene para la Comunidad de Madrid, así como para el resto de comunidades que se encuentren en un trámite similar.
Es evidente --y desde el Partido Popular, su máximo representante, José María Aznar, lo ha manifestado en numerosas ocasiones y no nos cansaremos de reiterarlo-- que es imprescindible en todos aquellos asuntos que afecten directamente a la esencia misma del Estado, tal y como está estructurado en nuestra Constitución, un consenso fundamental entre las diversas fuerzas políticas, y es por ello que nos felicitamos por el acuerdo logrado por los dos partidos mayoritarios, que ha posibilitado la reforma del Estatuto, que deseamos ver aprobada.
He utilizado el término consenso fundamental, que es el empleado en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, cuando se refiere al pacto autonómico citado, y me parece acertadísimo, pues no se podría entender como consenso fundamental aquel en el que no fueran partícipes, cuando menos, el Partido Popular y el Partido Socialista, con la representación otorgada en las urnas que tienen ambos partidos en este momento. Por eso, y en aquellas cuestiones fundamentales en que unánimemente coincidimos que son de vital importancia, como la que en estas últimas semanas nos preocupa a todos, pues afecta al núcleo mismo del funcionamiento de las comunidades autónomas, su financiación, exigen también un consenso fundamental que necesita para ser tal, como ya ha quedado expresado, el concurso del Partido Popular y que posibilitará que las 32 nuevas competencias que se incluyen en la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid tengan el instrumento necesario para su desarrollo. Treinta y dos nuevas competencias que no son todas las que solicitaba el Partido Popular. Nosotros quisimos, y no conseguimos, incorporar la transferencia de sanidad, pero entendimos que no podía obstaculizarse la asunción de estas nuevas competencias por el desacuerdo en materia sanitaria, pues en todo caso es mucho y de gran entidad lo que se asume en estos momentos y, por tanto, suficiente para mostrar nuestro apoyo sin reservas.
Señorías, la bondad para la Comunidad de Madrid de esta reforma de su Estatuto se explica por la misma razón de ser de la Comunidad Autónoma de Madrid. Alberto Ruiz Gallardón, Presidente del Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, ha dicho muchas veces, y repitió en el debate de propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que ésta no es una comunidad que se explique
por razones históricas, porque nuestra historia es la Historia de España; que esta no es una comunidad que se justifique por razones culturales, porque nuestra cultura es la cultura de España; ni lingüísticas, puesto que nuestra lengua es el castellano; ni siquiera razones geográficas que justifican la construcción en comunidad de determinados archipiélagos; ni socioeconómicas, porque no tenemos razones distintas del entorno de las dos Castillas que nos rodean. Nosotros tenemos que ser Comunidad Autónoma no por los signos, no por las enseñas, sino única y exclusivamente porque seamos capaces de construir una administración más eficaz, más útil, a menor coste, más próxima el ciudadano que la antigua Administración central del Estado. Creo, señorías --y termino, señor Presidente, tratando de no sobrepasar el tiempo que se me ha concedido--, que esto mismo que decía el señor Ruiz Gallardón es lo que demandan los madrileños. Por ello presentamos hoy la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, esperando su aprobación para dar un mejor servicio a los ciudadanos de esta Comunidad. Muchas gracias, señorías; gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cobo Vega.
Tiene la palabra don Javier Ledesma Bartret.
El señor LEDESMA BARTRET (Diputado de la Asamblea de Madrid): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra, igualmente como delegado de la Asamblea de Madrid, para defender la proposición de ley de reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, y lo hago con un doble sentimiento de emoción y de satisfacción. De emoción porque, desde luego, para cualquier demócrata su presencia en la tribuna de esta Cámara es sin duda emocionante. De emoción también personal por cuanto quien, como es mi caso, ha dedicado buena parte ya de su vida, muchas horas desde hace doce años a contribuir, siquiera modestamente, a que esta Comunidad de Madrid naciera en su momento, se desarrollara, se constituyera y fuera un instrumento útil para esos cinco millones de ciudadanos que aquí viven. Y con satisfacción como español y como socialista español, porque algunas cosas se han hecho francamente bien en este período; una de ellas, sin duda, es la creación y desarrollo del Estado de las autonomías en España. Podemos sentirnos franca y razonablemente satisfechos. Y como socialista español, porque sin duda el Partido Socialista ha sido motor, eje vertebrador y articulador de todo este proceso, desde su inicio, desde la propia configuración del Título VIII de la Constitución, desde los primeros pactos en el año 1981 para posibilitar el nacimiento de estas comunidades autónomas desde su papel de partido en la oposición y, finalmente, ya en el año 1992, para posibilitar desde su responsabilidad de gobierno, en el Gobierno de la nación y en gobiernos de múltiples comunidades autónomas, el impulso final y la igualación entre el conjunto de las comunidades españolas. Y también como madrileño, ¿cómo no? Lo que presentamos a la aprobación de SS.SS. es positivo, francamente positivo para los ciudadanos madrileños, como decía, para esos más de cinco millones de habitantes que pueblan esta región. Esta región que tiene sus peculiaridades y que voy a recordar de forma breve.
En primer lugar, su carácter y su vocación municipalista. No olvidemos que esta Comunidad nace a petición, primero, de la Diputación Provincial de Madrid, hoy extinta, y del 99 por ciento de los municipios de Madrid. Eso consagra una clara vocación de apoyo y de trabajo en común con todos los ayuntamientos de Madrid, empezando por el de su capital. Tiene esta región metropolitana una marca especial por el hecho de la capitalidad de España y sede de las altas instituciones españolas. Es una comunidad, como aquí se ha recordado, sin entidad regional histórica, pero que nace precisamente por motivos de interés nacional. A mí me gusta, y tengo interés en recordar, que esta Comunidad de Madrid nace autorizada por una ley orgánica del año 1982, que posibilita la elaboración de su Estatuto de Autonomía. Permítanme que recuerde cuál es esa motivación, en qué consiste ese interés nacional que justificó el nacimiento de esta Comunidad. Decía el legislador instituyente así: . Así se hizo con la autorización de una ley orgánica aprobada también por esta Cámara. Es una Comunidad Autónoma --ya se ha dicho-- funcional, que nace para mejorar la calidad de vida y para prestar mejores servicios a los ciudadanos de Madrid. Pues bien, esta Comunidad Autónoma, tras diez años de desarrollo y de vida de su Estatuto de Autonomía, de prestar razonablemente mejor los servicios a los ciudadanos de Madrid, ha aprobado, fruto del acuerdo autonómico, una reforma de su Estatuto de autonomía que se presenta a la aprobación de esta Cámara. Esta proposición de ley de reforma del Estatuto de autonomía tiene un contenido, desde el punto de vista jurídico-formal, que supone la integración sistemática en el Estatuto de autonomía de aquellas competencias
que por la ley de diciembre del año 1992 fueron transferidas a todas las comunidades autónomas que nacieron al amparo del artículo 143 de la Constitución Española. Ciertamente era una de las posibilidades de alcanzar esa equiparación constitucional y esta reforma de estatutos viene a dar satisfacción a quienes solicitaban, probablemente con razón, que ésa fuera la forma final de encajar esas nuevas competencias en sus estatutos de autonomía y, por tanto, pone fin de una manera sensata y definitiva a un debate jurídico- doctrinal de cierto interés. Pero su contenido político es de hondo calado. Se recordaba aquí que son 32 nuevas competencias las que van a pasar a responsabilidad de la Comunidad de Madrid, que significan la incorporación de más de 45.000 servidores públicos a la Comunidad de Madrid, de un presupuesto cercano al billón de pesetas. Estamos hablando, por tanto, señorías, de materias de gran importancia, como es la Educación, y no olvidemos que en Madrid son cuatro universidades públicas de extraordinaria importancia las que van a pasar a ser responsabilidad de la Comunidad de Madrid.
Pero tiene también otro alcance especialmente notable hoy en que se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La asunción de estas competencias en el caso de la Comunidad de Madrid va a posibilitar que Madrid también acceda a la cesión del 15 por ciento del IRPF, que no quede fuera de ese sistema que implica mayor corresponsabilidad fiscal, que implica mayor autonomía financiera. Con la transferencia de estos nuevos servicios esa posibilidad está al alcance también de los madrileños. Finalmente, tiene la virtualidad política de igualar también a Madrid al resto de las comunidades autónomas y acabar con la diferencia transitoria que la propia Constitución estableció para la igualación competencial entre las comunidades autónomas. Estas son, señorías, las razones de fondo, las razones de peso, las razones políticas que impulsaron a la Asamblea de Madrid a aprobar la proposición que hoy sometemos a la consideración y a la aprobación de ustedes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
Tiene la palabra finalmente, en nombre de la Asamblea de Madrid, don Jaime Ruiz Reig.
El señor RUIZ REIG (Diputado de la Asamblea de Madrid): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, sean mis primeras palabras, como miembro de la delegación de la Asamblea de Madrid y Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, un saludo cordial a la Cámara, al tiempo que deseo señalar la muestra de una realidad política existente en nuestra Asamblea. Tres grupos vienen a hablar en nombre de la Asamblea de Madrid. Cada uno con su voz hemos abordado la tarea de reformar el Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid y hoy venimos a informar de nuestros criterios al Parlamento de la nación. Son tres opiniones que parten de criterios distintos que no ha sido posible conjugar en el caso de Madrid.
Señorías, la Constitución española de 1978 establece en su Título VIII la vía de construcción del nuevo Estado democrático y establece la más amplia vía porque era consciente de la existencia de puntos de partida distintos. El denominado Estado de las autonomías exigió abrir posibilidades y abordar con cautela problemas históricos no resueltos en nuestro país. Nuestra Constitución establece, fruto de su realidad, un modelo propio, ajustado más a nuestra situación que a las normas doctrinales o modelos existentes. Y ello fue posible gracias a un clima político de compromiso de todas las fuerzas políticas, a un clima de consenso, clima que se ha seguido en esta propuesta de desarrollo territorial y político.
Izquierda Unida ha venido exponiendo en múltiples ocasiones su opinión y convicción de que hay que construir España definitivamente en base a un Estado generado, consensuado y asumido con claridad por todas y cada una de sus comunidades y de sus pueblos. Nuestra propuesta ha sido una propuesta basada en nuestro modelo federal, modelo que ha venido siendo patrimonio fundamentalmente de la izquierda en nuestro país, conscientes, sin embargo, de que en el Estado español existen nacionalidades diversas, que existen procesos históricos peculiares y que hay características que tienen que tenerse en cuenta. Aún hoy la realidad es que existen cuatro comunidades con la titularidad del artículo 151, otras con la del artículo 150.2 y otras con la del artículo 143 de la Constitución Española. La construcción del nuevo Estado debe tener en cuenta ésta y otras diferencias y asumirlas como tales en este proeso, pero debería tener también presente que al final del proceso, con el ritmo más adecuado, la federalidad ideal es igualitaria, sin diferencias competenciales o ámbitos de poder o marcos económicos de flagrante desigualdad discriminatoria para con otras comunidades. No podría ser aceptado, sería conculcar los propios mandatos constitucionales. En nuestra Comunidad hemos padecido la ausencia de estas consideraciones elementales en el trabajo de reforma del Estatuto de Autonomía. Nosotros señalamos que no debemos ser triunfalistas a la hora de trasladar a esta Cámara, en la que reside la soberanía popular, que todo ha ido bien, que no hay discrepancias, que solamente hay una opinión formalizada, porque no ha sido realidad en la Cámara de Madrid. En nuestra Comunidad, por tanto, se ha seguido el acuerdo exclusivamente entre dos formaciones políticas y eso no es suficiente para desarrollar el Título VIII de la Constitución, aunque lo más incomprensible que hemos padecido ha sido la imposibilidad de incorporar las experiencias,
experiencias conjuntas valoradas también por los tres partidos políticos en Madrid, de los últimos diez años. No hemos podido, por tanto, realizar un trabajo conjunto, ajustado a la realidad madrileña. Un trabajo que se ha realizado eludiendo lo que nosotros planteábamos como fundamental para aboradar la reforma del Estatuto: más autogobierno, que quiere decir más Parlamento; más competencias, que quiere decir aclarar el horizonte de ellas, aunque el tiempo para su traslado podría prolongarse; y más participación, porque los estatutos requieren concentrar, recabar y desarrollar un proceso de descentralización también autonómico, y establecer los mecanismos de consulta y participación ciudadana. Es cierto que el proceso autonómico madrileño no está sometido a una fuerte presión ciudadana, que no hay en él antecedentes históricos o diferencias de tipo lingüístico o cultural que funcionen como elementos de cohesión o de limitación de los ámbitos territoriales. Pero, señorías, es que la característica de nuestra comunidad es la de ser hija directa de la Constitución de 1978, del método utilizado (el consenso) y de la existencia de unos ciudadanos (los madrileños) que tienen arraigada la solidaridad, la tolerancia y la comprensión como características culturales propias.
Alguna tentación tiene uno de explicar en esta Cámara al resto de los españoles cómo padece Madrid, cómo han padecido y cómo siguen padeciendo los madrileños el centralismo del Estado; sería tema de suficiente interés. Esta Comunidad, que no reclama por agravio ni protesta por mal trato, tiene características propias y, en base a ellas, requiere el establecimiento de un marco político propio: su estatuto. Esta Comunidad tiene en su seno elementos específicos. La ciudad de Madrid, sede de las instituciones del Estado central, con más de la mitad de los ciudadanos de su comunidad viviendo en ella, es una ciudad que por sus dimensiones, por su población y características, exige también que se plantee su propia descentralización y un adecuado marco de participación ciudadana. La masa crítica existente en Madrid, la experiencia administrativa, su propia realidad socieconómica que tira del centro peninsular son razones suficientes para tener un estatuto ajustado a esa realidad. Señorías, los estatutos de autonomía son la cabecera del sistema jurídico de las comunidades autónomas, forman parte del ordenamiento estatal, interesan a las Cortes Generales como depositarias de la soberanía popular de España. Creemos que es el momento de dar un nuevo impulso al Estado de las autonomías ya que, en caso contrario, se estará propiciando una situación de inestabilidad --y no son palabras de este Diputado-- que podría saberse cómo empieza pero nunca dónde termina. Este impulso, a pesar de la ocasión perdida, debe servir para abrir soluciones políticas globales y para la acomodación de realidades distintas y nuevas que existen en nuestras comunidades. Estado son los ayuntamientos, Estado son las autonomías y Estado es también el Gobierno central. Nuestra Constitución presenta competencias exclusivas a este último, pero reconocerán que todos los demás, el resto de ámbitos que quedan pendientes pueden ser recurridos y asumidos sin cortapisas. Por tanto, se requiere de una nueva apuesta política para estructurar territorialmente el Estado, no sólo como descentralización sino también como nueva vertebración del conjunto de la nación. Esta es nuestra opinión, éste ha sido el criterio seguido y éste es el que proponemos en esta presentación en la Cámara de la nación. El proyecto de reforma del Estatuto no es el adecuado a la realidad de nuestra Comunidad, aunque se le otorgue la posibilidad de no impedir retomar en esta nueva legislatura un nuevo proyecto que favorezca una mejor articulación de nuestro Estado, una más ajustada expresión política de las nuevas realidades, entre las que no puede quedar fuera la consideración de la propia construcción europea. Esta ocasión perdida debe dar paso al compromiso de una nueva ocasión para el encuentro, para el más amplio acuerdo y para que éste facilite la adecuación de las experiencias y necesidades de comunidades autónomas como la madrileña. A ello, señorías, les invitamos y a ello nos comprometemos a participar a partir de hoy, desde nuestra Asamblea, desde nuestra formación política, desde nuestra Comunidad, desde Madrid.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz Reig.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señorías, quiero aprovechar esta oportunidad para explicar mi abstención en las votaciones correspondientes a los temas que hoy estamos tratanto, al igual que en sesiones anteriores. Quisiera manifestar que mi abstención no tiene ninguna relación directa con el tema que nos está ocupando, sino que va dirigida a un debate más de fondo, que es el que quiero destacar y denunciar.
Se ha dicho en esta Cámara, hace muy poco tiempo, que existe un Estado de las autonomías prácticamente a dos velocidades.
Creo que ciertamente eso no es así, que existe fundamentalmente sólo una velocidad, que me alegro de que sea aplicada a los estatutos del artículo 148 de la Constitución, y que no se ralentice sino que continúe con su marcha actual, incluso me gustaría que se avanzara más. Pero la otra, la que corresponde al resto de las autonomías, en particular a la del País Pasco, está parada; lleva parada ocho años. Quiero destacar que mi abstención tiene que ser necesariamente una denuncia porque cincuenta y cuatro competencias consensuadas en el Parlamento vasco por
los partidos democráticos, con la abstención de nuestra coalición porque no creemos que el proceso pueda avanzar, no encuentran vía de salida. Es más, la prensa denuncia hoy mismo el desacuerdo que hubo el martes pasado entre el Ministerio de Administración Territorial y el representante de Presidencia del Gobierno autónomo vasco sobre estas cincuenta y cuatro competencias. Este es el hecho que quiero destacar, y aprovecho ahora para denunciarlo más claramente. Deseo que las comunidades autónomas que experimentan ahora esa asunción de competencias puedan verlas realizadas con eficacia, pero también deseo que se termine esta sequía de ocho años de parada de competencias para la Comunidad Autónoma vasca.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, la inexistencia de presión ciudadana en la Comunida Autónoma madrileña, como motor que ponga en marcha todo el proceso que en otras comunidades autónomas legitima y justifica de una manera importante las aspiraciones de la consecución de las máximas competencias, del máximo nivel competencial, no empece para que consideremos que por los principios de eficacia y de proximidad a los ciudadanos, como algún interviniente ha destacado, se requiera aquí por esta Comunidad la reforma de su Estatuto. Nos sentimos solidarios con tales aspiraciones y expresamos desde ahora nuestro voto afirmativo a la iniciativa que se ha traído a esta Cámara.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, en primer lugar quiero dar la bienvenida a la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, a los representantes de la Asamblea de Madrid que han hecho uso de la palabra en esta sesión para defender la reforma de su Estatuto de autonomía.
La Comunidad de Madrid, que accedió por la vía del artículo 143 de la Constitución a la autonomía, nos propone superar con esta iniciativa la Ley Orgánica 9/1992, de transferencia de competencias, incorporando su contenido al texto del propio Estatuto de autonomía. Nosotros creemos --y siempre hemos creído--que la ampliación competencial debe pasar por la vía de la reforma estatutaria --y así lo manifestamos ya en su momento--, puesto que para nosotros este es el camino que más fielmente puede reflejar la voluntad de los parlamentos autonómicos y, a diferencia de la vía de la delegación o transferencia de competencias del artículo 150.2 de la Constitución, el único que consolida el nivel competencial de cada autonomía. Por todo ello vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, pero también y sobre todo porque es costumbre, en la práctica parlamentaria de este Grupo, facilitar con su voto la tramitación en la Cámara de las iniciativas legislativas de los parlamentos autonómicos, y aún lo hacemos con más convicción si cabe en este caso, por cuanto la Asamblea de Madrid nos propone precisamente la reforma de la norma básica de su autonomía, es decir de su Estatuto de autonomía. Para finalizar esta breve intervención, quiero reiterar nuestro voto favorable a la misma y felicitar al pueblo de Madrid por el paso adelante que se está dando en aras de la consolidación de su autonomía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, permítanme destacar, en primer lugar, la actitud de la Comunidad Autónoma de Madrid que ha decidido que su delegación sea una expresión pluralista de la Cámara autonómica.
He seguido con atención las intervenciones que desde esta tribuna han realizado los Diputados de la Asamblea de Madrid pidiendo la reforma del Estatuto de la Comunidad, pactada entre el PSOE y el Partido Popular con un texto --recordemos-- repartido e impuesto desde las sedes federales de sus partidos. Comprendo que su obligación es defender a las respectivas direcciones de sus partidos, por lo que han tenido que adaptar su discurso en esta tribuna. Fíjense, señorías, lo que el 19 de octubre de 1988 decía en la Asamblea de Madrid el portavoz del Grupo Popular: «Proponemos la refundación de esta institución que es la Comunidad de Madrid. Somos una institución alejada de los problemas acuciantes de nuestros convecinos, de esos que nos piden soluciones cuando estamos incapacitados para dárselas.» Proseguía, dirigiéndose al Presidente de la Comunidad Autónoma: «No sea tímido, no se deje condicionar por la dirección implica la urgente reforma del Estatuto de autonomía, haciendo uso del del artículo 148.2 de la Constitución y del artículo 29 del Estatuto.» Don Joaquín Leguina, Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, iba más adelante por esas mismas fechas y decía también: «La Constitución se hizo por consenso y en ese espacio debiera mantenerse su desarrollo constitucional.» Pues bien, unos y otros tuvieron que tragarse sus palabras y romper esa voluntad
de consenso, ese clima de concordia y de trabajo en común que existía en la Comunidad Autónoma para dotar a Madrid de mayores cotas de autogobierno, y lo tuvieron que hacer, como he dicho antes, por una imposición de la dirección federal de sus partidos.
La región de Madrid, señorías, sus elementos específicos derivados de su carácter metropolitano, de su condición de capital del Estado exigía y exige, como manifestó en el mismo debate la portavoz de Izquierda Unida, la formación de una Mesa regional en la que estuvieran presentes las fuerzas políticas representadas en la Asamblea. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que no había cambiado sus propuestas por el interés de los ciudadanos madrileños, que no había renunciado a iniciativas que hicieran avanzar a esta Comunidad Autónoma hacia su autogobierno, presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo. En esta enmienda se contenían propuestas como las competencias exclusivas, la capacidad de disolución de la Cámara, el aumento del período legislativo y las competencias de régimen local. Esta enmienda, señorías, fue rechazada con los votos del PSOE y del Partido Popular que, en vez de hacer de Madrid una comunidad autónoma con soberanía política compartida y con capacidad de autogobierno, cometieron el enorme error de aprobar una reforma que suponía, a nuestro juicio, una mera descentralización administrativa.
Sólo una fuerza política, Izquierda Unida, fue capaz de mantener los deseos de todos, e incluso las promesas electorales de todos, mientras otros se vieron obligados a votar al dictado.
Señor Presidente, señorías, como creo conocer la opinión de bastantes diputados y diputadas de Izquierda Unida, del PSOE e, incluso, del Partido Popular, no deja de sorprenderme que para esta reforma no hayan tenido la voluntad de manifestar con su voto ese espíritu de consenso y ese espíritu de ir hacia el autogobierno en la Comunidad de Madrid, en defensa, lógicamente, no de los intereses de sus partidos, sino de los ciudadanos de Madrid y en defensa de una reforma del Estatuto a la medida de los madrileños y no la fotocopia, como decía antes, emanada de las sedes federales de sus partidos, que vale, como se a dicho aquí, para todas las comunidades autónomas, aunque tengan realidades políticas y sociales muy diferentes. Que Madrid, señor Presidente, señorías, sea una Comunidad de segunda regional será culpa, si se produce la reforma del Estatuto avalada por el PSOE y el Partido Popular, de estas dos fuerzas políticas. Permítame, señor Presidente, que recuerde hoy a los diputados de Madrid en esta Cámara esta situación para que la tengan en cuenta a la hora de emitir su voto. Estamos dotando a Madrid de una autonomía sin contenido político real, a pesar de su importante proyección en la realidad política española, a pesar de que en Madrid se ubica la capital del Estado, a pesar de que es la tercera Comunidad en población y sin tener en cuenta que esta Comunidad, por encima de su importancia en el área de los servicios, el comercio o las finanzas, tiene unas desigualdades sociales que hay que tener en cuenta a la hora de proponer soluciones políticas, instrumentos políticos para su solución. La realidad madrileña que tenemos, y que tenemos también que atender, es la siguiente: un tercio de su población afectado por la pobreza y más de un 15 por ciento de parados.
Permítanme, señor Presidente, señorías, que insista en una de las argumentaciones que realizaba, en nombre de Izquierda Unida, el señor Ruiz Reig. Es verdad que el proceso autonómico de Madrid no está sometido a una presión ciudadana; es verdad, pero quiero destacar, como él destacaba, que los madrileños tienen muy arraigadas como características culturales propias la solidaridad, la tolerancia y la comprensión, esos mismos madrileños que sufren el llamado centralismo de Madrid. Ahora, estos madrileños heredarán una Cámara y un Gobierno autonómico sin prácticamente competencias. La Comunidad de Madrid, que atiende y soporta, como hemos dicho anteriormente, los gastos derivados de ser la sede de las instituciones generales del Estado central, merecería, en nuestra opinión, un parlamento y un gobierno con mayor peso específico. Frente al falso pacto de Estado suscrito entre el PSOE y el Partido Popular hubiera sido necesario, y quizá todavía lo es, un pacto institucional entre todas las instituciones: parlamentos autónomos, municipios y Estado, y las fuerzas políticas y sociales. Se debería, en suma, apostar por una Administración plural en la decisión y cooperativa en la gestión. Sin capacidad de autogobierno, el papel destinado a los municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid deja mucho que desear. Una comunidad sin soberanía poco puede hacer en favor del municipalismo, poco puede hacer por el fortalecimiento de la autonomía municipal y poco puede hacer por unos municipios ya suficientemente encorsetados por una legislación que potencia el presidencialismo y reduce la participación de los ciudadanos en la gestión de lo público. Un modelo de Estado que persiga la democratización de sus instituciones y el acercamiento del poder a los ciudadanos tiene necesariamente que apostar y tender hacia el autogobierno de sus comunidades territoriales y hacia la potenciación de sus municipios. El pacto PSOE-Partido Popular en la reforma de los estatutos olvida totalmente a los municipios en el papel del Estado, además de limitar --como hemos repetido constantemente--las competencias de las comunidades autónomas. Para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el modelo pasa porque Madrid tenga un Estatuto en el que exista una equiparación real de competencias con los estatutos del artículo 151. En su día plantearemos también enmiendas que recojan estos elementos, sustanciales
en nuestra opinión, para reforzar el poder del parlamento y dotar a la Asamblea de una auténtica capacidad de autogobierno. Un parlamento al que se le limitan los períodos de sesiones y que no tiene capacidad de disolución de la Cámara es un parlamento tutelado. Plantearemos --como antes decía-- la cesión a la Comunidad de Madrid de la mayoría de las competencias susceptibles de transferirse con la idea de que se equipare a las comunidades del artículo 151, de forma que la reforma del Estatuto pueda afrontar la relación de cooperación y de transferencia de la Comunidad a los ayuntamientos.
Nuestra propuesta contemplará otros aspectos también más concretos relacionados directamente con la ciudad de Madrid en la que viven casi la mitad de los habitantes de la Comunidad.
Aspectos tan importantes como la atención y el compromiso con los gastos que suponen ser la sede de la mayoría de las instituciones del Estado, además de otras iniciativas que contribuyan a superar el déficit de participación de sus ciudadanos, para que su nivel de posibilidades en la toma de decisiones sea equiparable al que ya tienen otros municipios de la Comunidad de Madrid. Madrid es una ciudad que por su extensión, por las características de su población, requiere medidas especiales de participación que eviten gobiernos municipales centralizados y distantes totalmente de las demandas reales de sus ciudadanos.
En resumen y para finalizar, señor Presidente, señorías, vamos a votar negativamente a la reforma del Estatuto en coherencia con el voto que ya expusimos en similar debate en la Asamblea de Madrid. Esperamos merecer mejor suerte con las enmiendas al texto que presentaremos en esta Cámara que la que obtuvimos en su día en el trámite en la Asamblea de Madrid.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MUÑOZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me corresponde en estos momentos fijar la posición del Grupo Popular con respecto a la aprobación de la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid. Creo que para cualquier político debe ser siempre motivo de satisfacción el participar activamente en la mejora y en el perfeccionamiento de nuestro sistema del Estado de las autonomías.
Sin duda alguna, uno de los hechos más innovadores --por no decir, quizá, el más innovador-- de nuestra Constitución de 1978 es precisamente ése en el que se crea el Estado de las autonomías. Una creación, un sistema de Estado de las autonomías que está basadoen tres pilares que los sustentan de forma importante y de forma fundamental.
En primer lugar, naturalmente y de forma indiscutible, la unidad indivisible de España. En segundo lugar, precisamente, el ser la garantía, el reconocimiento al ejercicio de los derechos que tenían las distintas nacionalidades y regionalidades españolas para constituirse, como así lo hicieron, en comunidades autónomas. En tercer lugar, el tercer pilar, precisamente, el de la solidaridad entre todas y cada una de ellas. Parece obvio e innecesario destacar que estos tres pilares fundamentales, naturalmente, siguen estando en plena vigencia, pero incluso alguno de ellos está en estos momentos de candente actualidad.
Es cierto que la Comunidad Autónoma de Madrid es, si se quiere, una Comunidad atípica en algunos aspectos, y eso significa también, y quiere significar, que es una comunidad con personalidad y con una idiosincrasia propias. Madrid no busca, no intenta encontrar un hecho diferencial con respecto a las distintas comunidades españolas. Se ha dicho antes, y así lo ha apuntado y lo ha descrito el Diputado de la Asamblea de Madrid, del Grupo Popular, Manuel Cobo, que la Comunidad Autónoma de Madrid no busca su hecho diferencial ni en una cultura diferente, ni en una historia distinta, ni en un idioma o una lengua que se diferencia de la del resto de los españoles. Naturalmente que la historia, la cultura y la lengua de Madrid y de los madrileños es el compendio de todas las de España. Naturalmente que Madrid tampoco busca el hecho diferencial en el fenómeno o en la razón socioeconómica, que no es distinta que la que tienen en las comunidades que la rodean geográficamente. Pero Madrid, en contra de lo que muchas veces se ha dicho o se repite, sí tiene razones importantes y fundamentales para ser una Comunidad Autónoma.
Tiene muchas, pero yo quiero significar tres de ellas. La primera, importantísima y que debe merecer siempre el respeto, no ya de todos los parlamentarios españoles, sino de todos los ciudadanos españoles, la primera, repito, la inequívoca y manifiesta voluntad del pueblo madrileño de erigirse, como así lo hizo, en Comunidad Autónoma. Y, si como antes se ha dicho, y lo he escuchado aquí en esta Tribuna, el pueblo de Madrid no presiona como parecen presionar los pueblos de otras comunidades, yo he de decir que el pueblo de Madrid, sí se preocupa, sí se interesa y presiona, pero presiona de forma sosegada. La segunda razón es que en la geografía, en el territorio de la Comunidad de Madrid está situada la que es la capital de España y, en ella, la sede del Gobierno de la nación española. Y, en tercer lugar, y también se ha apuntado y se ha hecho referencias a ello, la Comunidad de Madrid, a diferencia de lo que ocurría con la Administración central del Estado, que era lenta en el ejercicio de sus acciones, que era cara y onerosa en la generación y en la aplicación del gasto y que no estaba
cercana a los problemas reales, a diferencia de eso, la Comunidad de Madrid busca tener, quiere tener y merece tener una Administración que sea sobria y austera en el gasto, una Administración que esté cerca de los ciudadanos, en resumen, como ya se ha dicho anteriormente, una gestión más eficaz. Que asistamos hoy aquí a la reforma de su Estatuto, y precisamente para dotarla de mayores competencias, significa sencillamente que estamos procediendo, que estamos ayudando a su perfeccionamiento jurídico, por un lado, pero también a dotarla de los instrumentos necesarios para poder llegar, precisamente, a eso que buscamos y que queremos: una gestión más directa, una gestión más eficaz. Para el Partido Popular es no sólo un ejercicio coherente, sino que es también un ejercicio natural el congratularnos, una vez más de participar activamente en lo que es el perfeccionamiento de nuestro Estado de las autonomías. Nuestro voto, pues, debiera ser exactamente lo que va a ser, es decir, un voto favorable a la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en nombre del Grupo Socialista, en este turno de fijación de posiciones, quiero adelantar, como es obvio, nuestra posición favorable, nuestro voto favorable a esta propuesta de refoma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Quiero también felicitar a los Diputados de la Asamblea madrileña que han venido a presentar esta propuesta de reforma: señor Ruiz, en nombre de Izquierda Unida; señor Cobo, en nombre del Partido Popular; y señor Ledesma, en nombre del PSOE, señalando nuestra felicitación expresa a esta última intervención, muy elocuente y digna, en nombre también de los Diputados de Madrid en este Congreso que estamos presentes.
Hace algún tiempo, en nuestro reciente pasado, hace algo más de diez años, la participación de la Comunidad de Madrid en nuestro Estado autonómico mereció comentarios, críticos algunos, irónicos otros, y a veces hasta abiertamente irónicos. Fruto quizá de este ambiente de aquel reciente pasado fue el hecho de que las propias autoridades autonómicas de Madrid, con ese espíritu sano y abierto, tolerante y comprensivo para todos, que es una de las características de Madrid, junto a las de solidaridad y pragmatismo, dieron carta de naturaleza a un himno para la Comunidad Autónoma.
Yo creo que alguna de las estrofas de ese himno reflejan este ambiente previo. Me permito leérselas a SS.SS. (Rumores.) Una de esas estrofas dice: «Yo soy el ente autónomo último/el puro y sincero/viva mi dueño, que sólo por ser algo soy madrileño.» (Risas.) Y otra de las estrofas dice: «Cada cual quiere ser cada una/No voy a ser menos/Madrid uno, libre, redodo, autónomo, entero/Mire el sujeto, las vueltas que da el mundo para estarse quieto.» (Risas.) En nuestro Estado de las autonomías, señorías, se ha dicho, yo creo que con acierto, que hay un notable culto a la diferencia. Este culto a la diferencia, sin duda, tiene su lógica y su fundamento. También es indudable que se utiliza en ocasiones para fortalecer algunas pretensiones o algunas reivindicaciones. No es el caso, obviamente, de Madrid; Madrid no participa en ese culto y, sin embargo, en Madrid existen algunos elementos, algunas notables diferencias que, como digo, no se exhiben pero que no dejan de estar presentes.
Particularmente en los aspectos económicos y sociales, si trazáramos una línea media o consideráramos unos cuantos elementos estadísticos, veríamos que Madrid es seguramente la Comuidad que más se separa de la media nacional en muchos de esos aspectos económicos y sociales, hasta tal punto que algunas de las normas que son de aplicación singular en este momento en algunas comunidades autónomas, si se aplicaran con generalidad, y consiguientemente también se aplicaran a Madrid, veríamos que eran inviables, provocarían la ruina del Estado. Hay otros ejemplos. Se suele insistir, como una especie de lugar común, en considerar a Madrid como una comunidad de servicios, como una comunidad --a veces se ha dicho más irónicamente-- de funcionarios. Pero, ¿es esto así? En todas las comunidades autónomas el sector servicios es el más importante. En Madrid es más importante todavía, ciertamente, pero, ¿se es consciente de que Madrid es también el segundo núcleo industrial del país, solamente precedido de Cataluña, y que, además, su participación en el producto industrial nacional es constantemente creciente desde el año 1985? ¿Se es consciente de que cuando hay una menor importancia del sector primario, de la agricultura, en el conjunto del país es acerca del 10 por ciento del empleo y en Madrid es el 0,6 por ciento? Hay diferencias, pero, como decimos, Madrid no cultiva esas diferencias.
Superados aquellos momentos iniciales de alguna crítica irónica, como decía, la autonomía madrileña está consolidada y, lo que es políticamente más significativo, los habitantes de la Comunidad la conocen, la perciben y la aprecian. Los pilares básicos de esta autonomía siguen siendo el pragmatismo, la solidaridad y la eficiencia, como han dicho los representantes de la Asamblea de Madrid. Pero sigue siendo pilar básico de esta Comunidad Autónoma el espíritu tolerante, proverbial de los madrileños, y comprensivo para todas las comunidades, para todas.
Concluyamos. Los pactos autonómicos de febrero de 1992 son necesarios y acertados. Nos hubiera gustado que se sumaran a ellos otras fuerzas políticas. En el caso de la Comunidad madrileña nos parece que también debiera de haberse sumado el Grupo de Izquierda Unida. Lamentamos que no haya sido así. La Ley Orgánica de 23 de diciembre de 1992 abre el camino a la puesta en práctica de estos pactos autonómicos. Otro paso en esa línea es este debate, esta aprobación y esta tramitación de la reforma de los estatutos de autonomía que, en el caso de Madrid, como se ha repetido y reiterado, supone la asunción de 32 nuevas competencias.
El Grupo Socialista vuelve a reiterar su felicitación a los representantes de la Asamblea madrileña que votaron por amplia mayoría esta modificación y reitera su decisión de apoyar con sus votos esta reforma. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrionuevo. Procedemos a la votación.
Votación de totalidad correspondiente a la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, propuesta por la Asamblea de Madrid.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 278; en contra, 11; abstenciones, cuatro.
VOTACION DE CONJUNTO:
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE LA PROPOSICION DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOSSOCIALISTA DEL CONGRESO, POPULAR DEL CONGRESO Y CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO)
--PROPOSICION DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO Y CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), EN MATERIA DE PONDERACION DEL VOTO EN LAS COMISIONES (Número de expediente 410/000001)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones, conforme se había anunciado anteriormente, relativas a la Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Vamos a votar, en primer lugar, la proposición de Reforma del Reglamento y las enmiendas que han sido formuladas por los grupos parlamentarios a esta proposición de reforma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 291; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas la Proposición y las enmiendas.
Votación de conjunto, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 290; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por mayoría absoluta la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara.