Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653530
Timestamp: 2019-07-16 05:00:06
Document Index: 121106230

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HOMENAJE A PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO CON MOTIVO DE SU 75° ANIVERSARIO
HOMENAJE : Alejandro Foxley Rioseco
APROBACIÓN DE ACTA DE FUNDACIÓN DE ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD
COMPLEMENTO DE LEY Nº 18.314 EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIO PARA REPRESIÓN DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
INCREMENTO DE APORTE PARA EMPRESAS CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA. OFICIO
OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA PUERTO GALA Y PUERTO GAVIOTA, REGIÓN DE AISÉN. OFICIOS
CONTROL DE LABORES EXTRACTIVAS Y OFICINA DE SERNAPESCA PARA PUERTO CISNES. OFICIO
MANIFIESTO SOCIAL DE DESARROLLO DE PUERTO CHACABUCO. OFICIOS
AVANCE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO TECHADO EN PUERTO MONTT . OFICIOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR RUIZ DE GIORGIO, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO A ADMISIÓN AL EMPLEO DE MENORES DE EDAD, Y A CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESCOLAR (3235-13)
Sesión 47ª, en miércoles 7 de mayo de 2003
Homenaje a Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con motivo de su 75º aniversario (se rinde).........................................................................................
Se adopta resolución sobre proyecto de ley, en primer trámite, que separa Escalafón de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea de Chile en Escalafones de Defensa Antiaérea y de Telecomunicaciones e Informática (3221-02)..................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el "Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud (O.I.J.)" (3151-10) (se aprueba en general y particular)...........................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 18.314, sobre conductas terroristas, en conformidad a lo dispuesto por el Convenio Internacional para Represión de Financiación del Terrorismo (3123-07) (se aprueba en general y particular)..............................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (2286-04) (se aprueba en particular)...................................................................
Incremento de aporte para empresas con administración delegada. Oficio (observaciones del señor Horvth)........................................................
Obras de mejoramiento para Puerto Gala y Puerto Gaviota, Región de Aisén. Oficios (observaciones del señor Horvath)............................
Control de labores extractivas y oficina de SERNAPESCA para Puerto Cisnes. Oficio (observaciones del señor Horvath)................................
Manifiesto social de desarrollo de Puerto Chacabuco. Oficios (observaciones del señor Horvath)......................................................
Avance de proyecto de construcción de gimnasio techado en Puerto Montt. Oficios (observaciones del señor Stange)...........................
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior y de Educación , y los señores Asesor Cultural de la Presidencia de la República , y Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación .
El acta de la sesión 45ª, especial, en 6 de mayo del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
De Su Excelencia el Presidente de la República , por medio del cual hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley que regula la aplicación de normas sobre endeudamiento excesivo en financiamiento de proyectos y otras materias tributarias (Boletín Nº 3.181-05).
Del señor Ministro de Planificación y Cooperación por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, referido a la situación de pobreza de la Región de La Araucanía y a las estrategias para su reactivación económica y la generación de empleos.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, relativo al transporte interurbano.
Del señor Alcalde de Rengo, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referente al cobro de peajes en la Ruta 5 Sur, en las Regiones Sexta y Séptima.
De la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que regula la aplicación de normas sobre endeudamiento excesivo en financiamiento de proyectos y otras materias tributarias, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.181-05).
Del Honorable Senador señor Ruiz, mediante la cual inicia un proyecto que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad, y al cumplimiento de la obligación escolar (Boletín Nº 3.235-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras Su Excelencia el Presidente de la República no lo incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional ).
Hago presente que tanto el señor Ministro de Hacienda como los señores miembros de la Comisión de Hacienda me han solicitado que el proyecto que quedó para su inclusión en la tabla del día de hoy, sobre endeudamiento excesivo, se despache por el Senado en el primer lugar del Orden del Día de mañana, debido a que tiene cierta urgencia, en razón de los plazos fijados.
Señor Presidente, se desea que se despache en general solamente.
Así es, señor Senador, porque creo que se va a fijar fecha para presentar indicaciones.
Me solicitó el Ejecutivo que, de ser posible, se amplíe el plazo para recibir indicaciones al proyecto relacionado con los contratos de compras del Estado. Ya las está viendo la Comisión de Hacienda; pero, para los efectos reglamentarios, debe abrirse un plazo para su presentación, que sería hasta las 12 de mañana, en la propia Comisión.
El texto se encuentra bastante consensuado, pero a los efectos del Reglamento, se necesita el acuerdo en lo relativo a validar indicaciones.
Señor Presidente , no escuché bien. ¿Podría repetirlo?
Se recibió una petición del Gobierno relativa a diferentes indicaciones, que se trataron ad referéndum, al proyecto sobre contratos de compras del Estado, a las que se quiere otorgar mayor plazo para que reglamentariamente puedan ser consideradas. El plazo sería hasta mañana a las 12.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Lavandero.
Señor Presidente , la Comisión de Minería y Energía solicita que el proyecto que establece incompatibilidad entre los cargos de Ministro de Estado y Subsecretarios con los que indica, de empresas del Estado, semifiscales o aquellas en que el Fisco mantenga aportes de capital, sea conocido por la Comisión de Minería después de su despacho por la de Economía, en atención a las implicancias que tiene para la minería nacional.
¿Habría acuerdo en la Sala para que el proyecto vaya a la Comisión de Minería?
El Honorable señor Foxley solicitó tributar hoy, al comienzo del Orden del Día, homenaje a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso al cumplir 75 años de existencia.
Hago presente que en la tribuna se encuentra una representación de ese plantel universitario.
Señor Presidente , en esta ocasión hemos querido rendir un homenaje a la Universidad Católica de Valparaíso, primero, en reconocimiento al hecho de que esa casa de estudios superiores está celebrando su aniversario número 75, y en segundo lugar, porque, en virtud de una decisión muy reciente del Vaticano, ha sido distinguida con el título de Universidad Pontificia. Se convierte así en la segunda de las universidades católicas chilenas que reciben esta distinción.
Como ex alumno de la Universidad Católica de Valparaíso -condición que comparto en esta Sala con los Honorables señores Jaime Naranjo y Carlos Cantero ; y me entero ahora de que también con el Senador señor Jorge Martínez -, siento especial orgullo por el hecho de que esta Institución, donde iniciamos nuestros estudios superiores, esté celebrando sus 75 años de vida y, al mismo tiempo, porque su justo prestigio se vea ratificado por la decisión del Papa Juan Pablo II , que corrobora el cumplimiento exitoso de su tarea y su misión como universidad de iglesia.
Para comprender la relevancia de la distinción conferida por la Santa Sede, basta con señalar que en el mundo existen del orden de 900 universidades católicas, de las cuales únicamente 18 -entre ellas, sólo dos chilenas: la Católica de Valparaíso y la Católica de Santiago- revisten la calidad de pontificia.
El origen de la Universidad Católica de Valparaíso representa una suerte de excepción o caso especial entre las demás instituciones de educación superior del país, pues surgió a partir de la generosidad de una familia, la familia Brown , que creó una fundación -la Fundación Isabel Caces de Brown-, con cuyo aporte se construyó la Casa Central -ubicada a pocos pasos del Congreso Nacional- y se puso en marcha su actividad docente.
Su acta de fundación data del 6 de agosto de 1924.
La Universidad comenzó con una matrícula de sólo 250 alumnos y únicamente dos facultades: la de Industrias y Ciencias Aplicadas y la de Comercio y Ciencias Económicas. Después se fueron agregando las Facultades de Ciencias Aplicadas y Matemáticas; la de Arquitectura y Urbanismo; la de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la de Filosofía y Educación.
En 1951 empezó a ser administrada por la Compañía de Jesús, que la condujo hasta 1963, año en que el plantel volvió al Obispado. Aunque breve dentro de su historia, este período de 12 años de presencia jesuita sería clave en la proyección de la Universidad en el ámbito nacional, caracterizado por la expansión de sus actividades y por la apertura de numerosas nuevas escuelas y departamentos. Incluso, entre 1951 y 1961 abrió una sede en Antofagasta, que más tarde se convertiría en la Universidad Católica del Norte. Ya en ese entonces tenía alrededor del 10 por ciento del total de matrículas universitarias en el país.
Al volver a la administración del Obispado, asume el primer rector laico, período en el cual se adecua su misión universitaria a los lineamientos del Concilio Vaticano II. Y en 1968, igual que otros establecimientos superiores, inicia un vigoroso proceso de reforma y modernización.
La Universidad Católica de Valparaíso cuenta hoy con 9 facultades, 54 carreras, 6 programas doctorales, un número significativo de programas de magíster, alrededor de 17 diplomados, 13 mil alumnos y unos 40 mil profesionales salidos de sus aulas.
Además de su labor docente y de investigación, la Universidad Católica de Valparaíso siempre se ha caracterizado por un importante esfuerzo en las áreas artística y cultural. Mantiene tres medios de comunicación: UCV Televisión, UCV Cable y Radio UCV . Organiza temporadas de conciertos, ciclos de cine, exposiciones, muestras de vídeos, talleres y cursos de teatro, y publica las Ediciones Universitarias de Valparaíso.
Un dato que ratifica el cumplimiento de su vocación solidaria y social es que este año el 70 por ciento de los nuevos alumnos proviene de establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados. La mitad de los estudiantes recibe ayuda parcial o completa para cubrir los aranceles de matrícula, lo que representa alrededor del 6 por ciento de los ingresos propios de la Institución.
Antes de terminar, deseo hacer la siguiente reflexión. Creo que esta doble celebración obliga a la Universidad Católica de Valparaíso a proyectarse hacia el futuro. Los cambios del país en los últimos 15 años han sido los más profundos y los de mayor alcance en la historia contemporánea de Chile. En este período, nuestra patria tomó la decisión de resolver de raíz sus problemas de convivencia; reconstruyó instituciones democráticas sólidas; más que duplicó el tamaño de su economía; redujo drásticamente la pobreza, y definió su destino, como país pequeño, en función de su plena integración al mundo.
La apertura de Chile al mundo está revolucionando los modos de vida de los chilenos. Se han ensanchado los horizontes para las generaciones jóvenes, pero también se ha generado una percepción agudizada de incertidumbre e inseguridad.
La verdad es que de aquí para adelante vamos a transitar por caminos no recorridos. Se nos plantea inevitablemente, entonces, la necesidad de entender los cambios que ocurren todos los días, de hacerlos inteligibles a los ciudadanos y, sobre todo, de reinventar el futuro.
Cada vez será más claro que no podremos conformarnos sólo con hacer más de lo mismo. Para ninguna institución será más exigente este desafío que para nuestras universidades.
Hoy en día, las universidades chilenas crecen, diría yo, en forma atolondrada en cuanto a matrículas. No necesariamente lo hacen en su tarea más esencial y propia, que es recrear el pensamiento, las ideas-fuerza y las nuevas respuestas que requerimos para tener éxito en esta plena inserción al mundo global.
Un reciente informe del Banco Mundial, al mismo tiempo que destaca los impresionantes logros de Chile en relación con otros países, señala sin embargo que mostramos un agudo déficit en nuestra capacidad de innovación. No sabemos nutrir adecuadamente las nuevas ideas o los impulsos emprendedores en el plano de la producción o de la cultura. No hemos dado espacio a la creatividad que podría surgir de la creciente diversidad sociocultural, de valores y de formas de vida que hay en nuestra sociedad y que se ve tan claramente reflejada en el último censo nacional.
En otras palabras, todavía tenemos pendiente la tarea de encontrar nuestro lugar en el mundo, y de descubrir aquellos campos del quehacer humano en los cuales podemos lograr de verdad un nivel de excelencia. Ése debería ser nuestro principal desafío.
Para una universidad regional con irradiación nacional, como es la Universidad Católica de Valparaíso, la responsabilidad es doble. Porque quienes han estudiado a las sociedades contemporáneas más innovadoras afirman que la innovación ocurre en un entorno geográfico específico y de carácter local. Y también sostienen que la innovación y la creatividad son la resultante de una estrecha interacción entre individuos creativos, centros de investigación, universidades, empresas y gobiernos regionales o locales, los que descubren, a través de un proceso de aproximaciones sucesivas, qué es lo que pueden hacer mejor en su región o en su comunidad local.
Valparaíso es una ciudad que busca, a ratos angustiosamente, su lugar en el mundo.
Si me lo permiten, haré una breve reflexión personal. La familia de mi padre llegó a Valparaíso en 1860. Varias generaciones vivieron en el cerro Alegre. Desde niño escuché en mi casa quejas por el centralismo que condenaba a Valparaíso a una lenta pero inexorable decadencia. Ello ha marcado, con el transcurso de los años, el carácter de los porteños, cargándolos de cierto pesimismo.
Sin embargo, se trata de una ciudad y de una región con todos los atributos para ser un polo de desarrollo y constituir una riquísima fuente de ideas innovadoras para sí misma y también para el resto del país. Esa tarea está incompleta. Recién se dan los primeros pasos para avanzar en ella.
Los agentes convocantes para ese esfuerzo, los catalizadores del proceso, tienen que ser las universidades. Éstas deben salir de cierto ensimismamiento que las afecta y construir activamente redes de cooperación, de estudios conjuntos, de nuevas iniciativas, junto con las otras universidades regionales y también con los intelectuales, con las empresas y con los organismos públicos de la zona.
La Universidad Católica de Valparaíso está altamente calificada para ser un actor esencial en dicho proceso. Tiene historia, tiene prestigio, tiene excelencia. Promueve valores que inducen a la cooperación y al espíritu solidario. Puede, por tanto, formar comunidad. Es una institución que debe pensar en sí misma y reinventar su futuro. ¿En qué los porteños van a ser excelentes en los próximos 75 años? ¿Cuál va a ser su sello propio, su contribución al país? ¿Cómo van a desarrollar sus nichos de competitividad frente al resto del mundo?
Tal vez el 75º aniversario sea un momento apropiado para proyectar esa ambición hacia el futuro. Porque sabemos de su tradición, de la calidad de su cuerpo docente y de su capacidad de soñar una ciudad y una región, nos atrevemos -además de felicitarla por esta efeméride- a plantear a la Universidad Católica de Valparaíso ese ambicioso y muy exigente desafío.
Señor Presidente , en nombre del Comité Institucionales 2 e Independiente, integrado también por el Honorable señor Ávila , adhiero con particular alegría al homenaje que esta tarde se rinde a la Universidad Católica de Valparaíso en su septuagésimo quinto aniversario.
No es sólo el transcurso de estos 75 años desde que el 26 de marzo de 1928 iniciara sus actividades lectivas; ni el haber hecho este largo camino de manera innegablemente exitosa -de lo que dan testimonio decenas de miles de profesionales titulados en sus aulas-, ni el atender hoy las demandas y esperanzas de trece mil jóvenes en distintos niveles de pre y postgrado, lo que justifica sobradamente el tributo que le rinde una institución señera de la República.
Su contribución ha sido innegable y significativa para el desarrollo del país. Creo que debe unirse a ello el haber actuado con consecuencia, en un claro compromiso con sus valores fundacionales, con las exigencias de la educación, de la ciencia y de la cultura en Chile, pensando siempre primero en el país, en la región en que se encuentra situada y con subordinación de su propia sobrevivencia a los requerimientos nacionales y regionales.
En estos años hemos podido constatar cómo instituciones que apenas alcanzan la autonomía en condiciones limitadas de exigencia siembran el país de sedes, buscando a través de la expansión de su matrícula la maximización de sus resultados financieros.
¡Con cuánta propiedad habría podido seguir ese camino la hoy Pontificia Universidad Católica de Valparaíso! ¡Cuánto éxito podría haber tenido si hubiera abierto sedes aquí, allá y más allá y hubiera ofrecido sus aulas a quienes estuvieran en condiciones de financiar los estudios! Optó, sin embargo, por el compromiso propiamente académico y por el deber regional, por el desarrollo de la institución, hasta llegar a ser hoy parte del paradigma universitario chileno.
Esta casa de estudios superiores de Valparaíso es hoy, en efecto, no sólo una institución donde no únicamente se enseña y se forman profesionales de primer nivel, sino además un maduro ente de investigación que, como muy bien lo expresó el Honorable señor Foxley , se encuentra en condiciones de hacer un aporte trascendente al país. El último concurso FONDECYT es un buen testimonio de ello: 19 proyectos le fueron aprobados, los que representan el 6 por ciento del total de los que se presentaron.
El esfuerzo de investigación de sus académicos, la tremenda inversión que eso significa y el haber actuado en el tiempo consistentemente en dicha línea, le han permitido abrir programas de postgrado, en donde tenemos todavía un déficit muy significativo. Sus seis programas de doctorado constituyen sin duda el más claro testimonio de lo que afirmo, pues atiende una cincuentena de estudiantes provenientes no sólo de Chile.
Y todo esto lo ha hecho sin abandonar el lugar físico donde ella nació y en el que ha crecido. Sin duda, no necesita hacerlo una institución cuyo compromiso central es con la ciencia y con la educación.
Desde un rincón hermoso y abierto al mundo como éste, evidentemente, se puede contribuir a la universalidad del conocimiento; se puede ser parte de las redes y de los circuitos mundiales del saber; se puede enriquecer a la región de la que se forma parte, pero también al país y al resto del mundo.
La nación chilena necesita universidades con esas características. Por eso fue que tempranamente, en 1929, a través del decreto ley Nº 4.807, se le otorgó el respaldo estatal. Ella ha respondido bien a la confianza y al aporte del Estado.
¡Qué lógico resulta el que esa inversión pública, traducida particularmente en el aporte fiscal directo, se mantenga consistentemente en el tiempo, pues ha sido sin duda en parte gracias a ello que el paradigma universitario no ha cedido a las tentaciones de mercado!
Saludo con entusiasmo a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Expreso, particularmente a sus autoridades superiores (tuve el privilegio de conocerlas y el honor de compartir con ellas labores en el Consejo de Rectores); a Raúl Allard , quien formó parte de tal organismo mientras estaba en el Ministerio de Educación y que, siendo muy joven, ejerció el cargo de Rector con brillo, en los desafiantes tiempos de la reforma universitaria; a Bernardo Donoso y a Alfonso Muga , que sirve hoy la rectoría, mis felicitaciones y mi ferviente deseo de que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso siga desarrollándose con la misma fuerza y con el mismo compromiso con que lo ha hecho hasta aquí.
Señor Presidente , en nombre de la Sala de Senadores de Renovación Nacional, adhiero al homenaje que rinde hoy la Corporación a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el 75º aniversario de su fundación.
Esa Casa de Estudios Superiores es una institución señera que goza de un amplio prestigio y reconocimiento a niveles nacional e internacional, tanto por la calidad de su formación académica cuanto por su actividad en otros campos del saber asociados a ella, como la investigación científica, la innovación tecnológica y la elaboración de documentos de consulta en el área humanista.
Profundamente enraizada en el alma de Valparaíso y en el espíritu de la Quinta Región, esa institución nació hace ya más de siete décadas, con la idea fundacional de contribuir al desarrollo de dicha ciudad y del país, con visión solidaria y vocación de servicio humano y social.
Al abrir sus puertas en 1928, en recintos que hoy son la sede de la Casa Central, contaba con 250 estudiantes y dos facultades. En la actualidad, transcurridos 75 años, tiene más de 13 mil alumnos, entrega títulos de pre y postgrado y sus egresados desarrollan importantes funciones laborales tanto en la empresa privada como en el servicio público.
Del mismo modo, ese centro de estudios contribuye en forma importante a la investigación científica y tecnológica en campos directamente vinculados al quehacer económico de la Región en los cuales se inserta, logrando destacado reconocimiento en organismos nacionales y extranjeros.
Especial mención debo hacer, en ese sentido, a la Escuela de Agronomía, cuya sede se halla en La Palma, Quillota , la que se alza como una de las de mayor prestigio en el país, formando profesionales en la actividad agropecuaria, que es cada vez más relevante.
Al conmemorar estos 75 años de vida, hemos sabido que el Vaticano otorgó a la Universidad el título de "Pontificia", siendo la segunda del país en obtenerlo.
¿Pero qué significa esa calidad? Es una distinción que entrega el Santo Padre como un modo de reconocer la contribución que una institución universitaria realiza para el bien de la Iglesia, tanto en las ciencias como en el arte, en la formación superior, en la investigación y en la creación y extensión artísticas. Se trata, sin duda, de una motivación mayor para profundizar el quehacer académico a la luz del magisterio de la Iglesia, configurando un sello institucional, cristiano y humanista a quienes se forman en sus aulas.
De las más de 900 universidades católicas que hay en el mundo, sólo 18 tienen la calidad de pontificia, incluyendo a la Universidad Católica de Valparaíso. De allí el legítimo orgullo que sienten sus integrantes con esta denominación.
Al concluir estas palabras, saludo muy particularmente a cada uno de los miembros que componen esta Casa de Estudios Superiores: a su Gran Canciller , al Rector, a la Junta Directiva y a los decanos, profesores, administrativos y alumnos. Los felicito muy sinceramente en este nuevo aniversario y los insto a continuar por la senda de rigor académico y elaborada contribución al país que la ha distinguido en sus 75 años de vida.
Señor Presidente; señor Rector; señores ex Rectores; señores profesores, académicos, administrativos y alumnos; señores Senadores:
Adhiero al homenaje que se rinde a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en nombre del Comité Institucionales Nº 1 y en el mío propio.
Rendir tributo en sus 75 años de vida a una casa de estudios de características tan especiales como ésta, es reconocer el aporte sólido y fundamental de la cultura católica, plasmada en los miles de profesionales que han salido de sus aulas.
Nuestra cultura nacional no se concibe sin reconocer el aporte al pensamiento que en nuestro país ha hecho la Universidad Católica. Su papel de constructora de un pensamiento en donde la filosofía de humanidades se impregna de la visión trascendente que genera la religión católica se convierte, a través del trabajo docente, en una de las tantas y ricas vertientes que han ilustrado la intelectualidad chilena.
La idea principal que impulsa la fundación de esta universidad es la creación de un centro de estudios que, dentro del marco de las humanidades, fomente la preparación de profesionales que harán posible dar comienzo a una industria moderna en Chile. La Facultad de la Industria, acompañada de la de Comercio y Ciencias Económicas, hicieron presente en su momento la preocupación específica de desarrollar dos facultades que, más adelante, contribuyeron con sus profesionales a tecnificar y perfeccionar la industria y el comercio de Valparaíso, destacando de paso las carencias con que eran miradas estas actividades fundamentales para el puerto.
A las múltiples facultades y escuelas que han crecido de este árbol frondoso y rico que es nuestra universidad, mi condición de profesional convencido de que los espacios marítimos son mucho más que un lugar de entretención y descanso me lleva a reconocer y a mencionar especialmente la contribución a la explotación del mar por parte de la Facultad de Recursos Naturales, a través de la Escuela de Ciencias del Mar.
Ello no podría ser de otra manera, ya que la ubicación de esta Casa de Estudios en el primer puerto de la República demuestra también el convencimiento de que, a través de la preparación cuidadosa y objetiva de los profesionales que explotan el mar, la Universidad asegura el necesario reconocimiento de que la realidad geográfica de Chile encuentra en sus espacios marítimos el lugar que el siglo XXI está demandando como prioritario para ser desarrollado y explotado.
Carreras como las de Oceanografía, Ingeniería Pesquera y otras, más la permanente invitación de otras escuelas a analizar estos temas en seminarios y actividades académicas, hacen de esta institución académica una de las más importantes dedicadas a proyectar la realidad marítima del país en todos los campos del conocimiento humano.
Quienes conocemos los esfuerzos docentes de tantos distinguidos profesionales que han desarrollado la educación en sus muchas facultades y hemos sido parte de ellos, recibimos una definida y clara formación en cuanto a respetar la diversidad de pensamientos y a considerar las múltiples soluciones que, desde diferentes ángulos y posiciones, deben buscarse para resolver cada problema.
La libertad académica, el respeto por los argumentos de los otros y el reconocimiento a las soluciones alternativas son, a mi juicio, las enseñanzas más importantes del quehacer docente de esta Casa de Estudios. La impronta que ésta dejó en sus ex alumnos se observa casi de inmediato cuando uno intercambia opiniones con los diferentes profesionales que de ella han egresado. De manera que la amplitud de criterio, dentro de la adhesión a definidos principios formativos, marca, señala y distingue a quienes se formaron en ella.
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a lo largo de los años y a pesar de los vaivenes de la política nacional, ha mantenido invariable su filosofía de trascendencia y permanencia en una fe inconmovible, haciendo honor a su definición titular, sin duda una de las tantas razones para que la Santa Sede le haya otorgado la distinción de pontificia.
Como ex alumno de postgrado de la Escuela de Historia, dejo constancia pública de mi especial reconocimiento a mis profesores y a esta querida Universidad por la fundamental contribución que ha hecho en estos 75 años de trabajo y formación a la intelectualidad y al pensamiento nacional.
Señor Presidente, en nombre de los Senadores del Partido Socialista y del Partido Por la Democracia, adhiero a este merecido homenaje a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con motivo de cumplir 75 años de existencia.
Esa institución nació hace más de siete décadas para contribuir en forma muy importante al desarrollo comercial e industrial, no solamente de Valparaíso, sino del país en su conjunto.
Es importante destacar que, para llevar a cabo las inversiones iniciales, ella contó con el respaldo de una familia generosa -Brown Caces- que donó los recursos necesarios para emprender la aventura.
Como se ha dicho, esta Universidad tuvo un inicio modesto, con una matrícula pequeña de únicamente 250 alumnos. Además -según también se indicó-, contaba con sólo dos Facultades: la de Industrias y Ciencias Aplicadas y la de Comercio y Ciencias Económicas.
A través de estas más de siete décadas, su desarrollo ha sido considerable. Actualmente, sus programas y carreras exceden los 60; cuenta con una matrícula superior a los 13 mil alumnos entre pre y posgrado. Es significativo constatar que son más de 37 mil los profesionales y graduados de la Universidad Católica de Valparaíso que se desempeñan en diversas actividades nacionales a lo largo del país, y también que muchos otros lo hacen fuera de él.
Creo valioso mencionar que ella ha sido cuna de procesos reivindicativos significativos. En tal sentido, fue una de las primeras universidades del país en recuperar una federación de estudiantes para la democracia. Es una contribución muy importante, que merece ser destacada.
Ella mantiene un fuerte vínculo con Valparaíso. Esta ciudad, de vocación universitaria, recibe el aporte material y estético de la Universidad Católica de Valparaíso. Recordemos que su Casa Central está ubicada en un edificio que actualmente forma parte del patrimonio arquitectónico de esta ciudad.
Aunque ya se mencionó, quiero subrayar que esta Universidad no está concentrada sólo en Valparaíso. La Estación Experimental La Palma, en Quillota -he tenido ocasión de visitarla, por invitación del rector-, sede de la Escuela de Agronomía, es parte y motor del desarrollo productivo de la Región. Dicha Escuela entrega no sólo un invaluable aporte a la investigación, sino que además está plenamente inserta en las necesidades y requerimientos del desarrollo productivo de la zona, con tecnología de punta, profesionales calificados y una visión innovadora en los temas agrícolas y agroindustriales.
Señor Presidente , no tengo el honor de ser ex alumno de esta Universidad, pero como Senador de la Región sí he podido constatar en múltiples oportunidades la contribución que ella hace al desarrollo de Valparaíso, de la Región y del resto del país.
Conviene destacar, por ejemplo, que casi el 56 por ciento de los egresados este año provino de hogares de la Quinta Región. Esto significa que más del 44 por ciento de ellos llegaron de otras Regiones de Chile. Por tanto, estamos hablando de una universidad que se halla plenamente inserta en la Región, pero que además tiene una fuerte proyección a nivel nacional.
Para terminar, felicito y agradezco los esfuerzos que realizan sus autoridades, sus funcionarios académicos, lo no académicos y todos sus estudiantes.
Valparaíso es la capital legislativa del país; se apronta a constituirse también en la capital cultural de Chile, y -como muy bien lo señaló el Senador señor Foxley - puede llegar a ser también un lugar que contribuya de manera trascendente al desarrollo tecnológico nacional.
Sobre el particular, está en marcha un proceso importante destinado a constituir un polo tecnológico fuerte en esta ciudad, de manera que sea un aporte para llenar la gran brecha existente en nuestra capacidad de innovación, que es quizás uno de los principales problemas que enfrentamos.
Tengo mucha confianza en que Valparaíso y una institución tan importante como la Universidad Católica de Valparaíso podrán hacer una contribución significativa en esa dirección.
Señor Presidente ; señoras y señores Senadores; estimado Rector y amigo don Alfonso Muga Naredo; autoridades; señores profesores y alumnos:
En nombre del Comité de Senadores de la Unión Demócrata Independiente, quiero rendir homenaje a la Universidad Católica de Valparaíso, hoy Pontificia, en su septuagésimo quinto aniversario.
Aquellos a quienes podríamos llamar los "porteñólogos" más autorizados, vale decir, los que han dedicado parte importante de su tiempo al estudio y descripción del Valparaíso profundo, están de acuerdo en que la época más esplendorosa de nuestro querido puerto se desenvuelve durante la segunda mitad del siglo XIX.
Por esta razón, no extraña que desde 1880 la visión y la filantropía de aquel Valparaíso victoriano hayan promovido la necesidad de dar cauce a la educación superior en la zona. Ese año tuvo inicio un curso de leyes en el Liceo de Hombres. Fueron sus profesores Daniel Lastarria y Diego Cavada . Se cerró en 1903 y se reabrió en 1911 por iniciativa de Valentín Letelier.
En 1892, se creó la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Enrique Foster Recabarren y Camilo Munita Gormaz , ministro y fiscal de la nueva Corte, respectivamente -y cito-, "atendiendo a los deseos manifestados por diversos padres de familia, y contando con la cooperación de un respetable y escogido número de abogados", impulsaron el proyecto de crear un Curso de Leyes de los Sagrados Corazones -y cito nuevamente- "al cual podrán ingresar, no sólo los alumnos que hayan hecho sus estudios en dicho establecimiento, sino también todos aquellos que lo deseen y cumplan con los requisitos reglamentarios". Ocho interesados respondieron al llamado, y con ellos se inició el curso en 1894. Su Director fue el reverendo padre Cosme Lohr , y sus primeros profesores, Leoncio Rodríguez , Zorobabel Rodríguez , Camilo Munita , Mariano Egaña y José Ramón Gutiérrez .
El curso se cerró a los dos años, pero se reabrió en abril de 1903, bajo la dirección del reverendo padre Mateo Crawley y con dieciséis alumnos. Los primeros estudiantes rendían examen ante una comisión de profesores de la Universidad de Chile, y más tarde, en Valparaíso ante comisiones locales. Entre ellos cabe mencionar a Eduardo Carvallo Gündelach y Rafael Raveau Soules , quienes, además de ser sus alumnos fundadores, fueron los primeros en recibir el título de abogado.
Posteriormente -como se recordó-, doña Isabel Caces de Brown quiso beneficiar a Valparaíso con una obra de "ilustración y piedad", legando a sus hijas cierto capital para cumplir ese deseo. Isabel y Teresa Brown Caces debían decidir la obra filantrópica. Optaron por crear una universidad católica, dependiente del Ordinario Eclesiástico. Ésta tenía que especializarse en las ciencias aplicadas y el comercio, a modo de politécnico, para que a los obreros les fuera posible perfeccionarse. El propósito era para entonces más vanguardista de lo que pudiera pensarse: elevar la condición social y nivel cultural del pueblo, con una orientación cristiana.
Se puso la primera piedra el 21 de septiembre de 1925, en el cuadrante comprendido entre avenida Brasil, por el oeste; avenida Argentina, por el norte; calle Chacabuco, por el este, y calle 12 de Febrero, por el sur.
El 13 de marzo de 1928, el primer Obispo de la recientemente creada Diócesis de Valparaíso, Monseñor Eduardo Gimpert , firmó el decreto que establece el nacimiento de la Universidad Católica de Valparaíso.
El 25 de marzo del mismo año iniciaron sus clases los primeros 250 estudiantes matriculados. Su primer rector fue Rubén Castro . Y las dos facultades con que inició su trabajo académico debían servir al propósito de sus fundadores: la industria y el comercio.
En 1947, la ya creada Universidad Católica de Valparaíso y el Obispado de Valparaíso firmaron un convenio con la Congregación de los Sagrados Corazones, y el viejo curso de leyes de este establecimiento se integró a la Universidad, dando origen a la prestigiosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa Casa de Estudios. Su primer Director fue el reverendo padre Eduardo Lobos , quien ya lo era antes de la fusión y cuya personalidad y carisma han quedado impresos para siempre en esa Escuela de Derecho.
Muchos caminos ha recorrido estos años la Universidad Católica de Valparaíso. Empero, quiero mencionar uno, distinto quizás, pero importante para la evolución del país en otros ámbitos: en 1958, esta Corporación inauguró oficialmente, en forma experimental, la televisión chilena, adelantándose así a las antiguas universidades santiaguinas, lo que demuestra de modo inequivo su capacidad de desarrollar obras pioneras y, además, su nivel técnico.
Actualmente, los más de 12 mil estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso se distribuyen en ocho facultades: Agronomía; Arquitectura y Urbanismo; Ciencias Básicas y Matemáticas; Ciencias Económicas y Administrativas; Ciencias Jurídicas y Sociales; Filosofía y Educación; Ingeniería, y Recursos Naturales, más sus respectivos institutos: Historia, Filosofía y Ciencias Religiosas, radicados en distintos campus y edificios emplazados en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Quillota .
Su desafío de la hora presente es el de contribuir a que Chile, desde Valparaíso , pueda enfrentar el reto contemporáneo. Éste exige conocimientos y sabiduría, tecnología y ciencia, interacción de la razón y la fe, todos los cuales se afirman en una tradición académica, consolidada ya en el puerto en esta vieja Casa de Estudios.
Pronunciar el elogio en el aniversario de una institución es en sí mismo un honor para aquel a quien le es concedida esta posibilidad; pero hacerlo respecto de la Universidad Católica de Valparaíso, cuyo aporte a la intelectualidad es reconocido más allá de la ciudad que la cobija, e incluso de nuestras fronteras, constituye un verdadero deber, especialmente para quienes en algún momento de nuestras vidas hemos abrazado la vocación académica.
Por ello, el reciente reconocimiento como "Pontificia", otorgado por la Santa Sede a esta Casa de Estudios, le confiere la dignidad que se ha ganado por su trayectoria en Chile.
Desde Valparaíso, ahora Capital Cultural de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso será su emblema más señalado.
Con esta intervención, se da por finalizado el homenaje.
Quiero reiterar, en nombre del Senado, a todos los representantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especialmente a su Rector y a sus directivos, nuestras felicitaciones por los 75 años de existencia que ésta cumple, esperando que sigan contribuyendo al bienestar y desarrollo de nuestro país.
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 17:09 y adoptó resolución sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que separa el Escalafón de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea de Chile en los Escalafones de Defensa Antiaérea y de Telecomunicaciones e Informática, con informe reservado de la Comisión de Defensa Nacional.
--Se reanudó la sesión pública a las 17:21.
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados sobre aprobación del "Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud (O.I.J.)", adoptada en la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3151-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Relaciones Exteriores, sesión 46ª, en 6 de mayo de 2003.
El objetivo principal del proyecto de acuerdo es el de constituir la Organización Iberoamericana de Juventud como organismo internacional dedicado al diálogo, concertación y cooperación en materia de juventud dentro del ámbito iberoamericano.
La Comisión dio su aprobación en general y particular en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, por cuatro votos a favor (Senadores señores Ávila, Cariola, Núñez y Pizarro) y una abstención (Honorable señor Martínez).
Finalmente, cabe señalar que la Comisión de Relaciones Exteriores, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, propone al señor Presidente que el proyecto de acuerdo sea discutido en general y particular a la vez.
Señor Presidente , quiero explicar la razón por la cual me abstuve.
La idea de incentivar el desarrollo de la juventud en el ámbito iberoamericano tiene mucha importancia. Pero el problema fundamental radica en que de algunas partes del articulado del Acta a que se refiere el proyecto de acuerdo queda clara cierta intromisión en aspectos privativos de la soberanía de los Estados.
A eso se debe mi abstención.
Pienso que esta clase de convenios avanza cada vez más en la disminución de la facultad de los países para gobernarse a sí mismos.
Para ser consecuente, me abstendré, tal como lo hice en la Comisión.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo, con las abstenciones de los Honorables señores Martínez y Stange.
Proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 18.314, sobre conductas terroristas, en conformidad a lo dispuesto por el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3123-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Constitución, sesión 46ª, en 6 de mayo de 2003.
El objetivo principal de la iniciativa es complementar la legislación sobre conductas terroristas con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, en el sentido de tipificar y sancionar el delito de financiamiento del terrorismo.
El proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (Honorables señores Chadwick, Espina, Fernández, Moreno y Silva), reemplazando el artículo único aprobado por la Cámara de Diputados en cuanto a contemplar una cláusula de subsidiariedad expresa relativa a la provisión de fondos vinculados con un delito terrorista determinado o con una asociación ilícita terrorista, caso en el cual la sanción que se aplicará será la correspondiente a esos delitos.
Cabe señalar que el artículo único del proyecto tiene carácter de norma de quórum calificado, razón por la cual requiere para su aprobación el voto conforme de 25 señores Senadores.
Señor Presidente , los efectos del proyecto son sumamente importantes desde el punto de vista de la aprobación previa del Tratado de Naciones Unidas conducente a disminuir o suprimir el financiamiento de los actos terroristas.
Empero, del texto sugerido a la Sala podría surgir una duda que quiero hacer presente: -esto obliga a hacer una lista de las organizaciones internacionales que proveen dinero, ya sea como ONG u otras corporaciones, a diferentes grupos que posteriormente desarrollan actividades terroristas o pueden derivar en ellas?
Ésa es la consulta que formulo a los miembros de la Comisión.
Señor Presidente , esta iniciativa, que complementa la legislación sobre conductas terroristas, en conformidad al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, propone sancionar a quienes recauden o provean fondos con la finalidad de cometer ese tipo de actos.
Al respecto, quiero plantear una inquietud.
Compartiendo ciertamente el objetivo del proyecto, no sé si está bien cautelado todo lo que significa proveer, en forma directa o indirecta, de medios, de recursos para la comisión de delitos terroristas. ¿Por qué? Porque cuando se habla del que "recaude o provea fondos" quizás se está pensando sólo en recursos estrictamente financieros. ¿Quedaría incluido dentro de ese concepto, por ejemplo, el que proveyera bienes materiales, como pueden ser una casa, un vehículo, etcétera? No sé si se entiende así.
Por ello, me interesa que quienes participaron en el debate esclarezcan el punto, pues, en cierto sentido, el carácter de la norma es restrictivo.
De otra parte, no sé si la penalidad es muy baja: presidio menor en sus grados mínimo a medio, lo cual significa que la pena más alta con que una persona podría ser castigada por financiar actos terroristas sería de tres años. O sea, si alguien como Osama Bin Laden cometiera en Chile un acto similar al que conocimos, ésa sería su máxima sanción.
No sé si he entendido bien, pero la penalidad que se establece me parece insuficiente.
Ésas son mis consultas al Senado en esta materia.
Señor Presidente , basta con que el señor Senador termine de leer el artículo. Dice: "a menos que en virtud de la provisión de fondos le quepa responsabilidad en un delito determinado, caso en el cual sólo se le sancionará por este último título, sin perjuicio...". O sea, si la persona comete un delito, se la sanciona como autora de él.
Señor Presidente , deseo explicar algunas de las materias que se han señalado y que fueron consideradas por la Comisión de Constitución al aprobar en forma unánime el proyecto.
Debemos recordar que la ley Nº 18.314, que fija las conductas terroristas, establece en su artículo 1º las circunstancias que deben concurrir para que un delito tenga aquel carácter. Una de ellas es que el objeto del acto delictual sea intimidar a una parte o a la totalidad de la población; y la otra, que el delito se cometa para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.
Y el artículo 2º de aquella legislación señala cuáles delitos comunes, si se cometen con alguna de las finalidades recién explicitadas, pasan a ser terroristas.
Chile suscribió el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que dispone la obligación del país firmante de sancionar como delito autónomo el solo hecho de que una persona recolecte fondos para un acto terrorista, aun cuando no sepa cuál es éste.
En consecuencia, lo que hace la iniciativa en debate es cumplir el compromiso contraído por el Estado. Y el texto que aprobó la Comisión de Constitución salva la situación del individuo que recolecte fondos para un delito terrorista determinado, en el sentido de que será enjuiciado como autor, cómplice o encubridor de dicho delito, con las altísimas penas que contempla la legislación antiterrorista.
Por tanto, están absolutamente resueltas las dos situaciones que se pueden dar.
Una: un sujeto recolecta fondos, recursos, para cometer un delito terrorista específico. ¿Se le aplica el artículo 8º que se propone agregar? No. Opera la norma de la ley antiterrorista vigente, y será considerado autor, cómplice o encubridor y enfrentará penas que se alzan en uno, dos o tres grados y que son altísimas.
Sin embargo, distinta es la situación de quien efectúa recolección o parte de recursos sin saber en qué conducta terrorista específica se utilizarán. En ese caso se trata de un delito autónomo, que tiene una penalidad obviamente inferior, pues el propósito no es cometer un delito determinado. Y por eso el artículo 8º propuesto -como bien señaló el Senador señor Viera-Gallo - dispone que, si la conducta tiene por objeto cometer un delito específico y es ése el que se imputa, no se aplica la nueva norma, sino la regla general.
Por tanto, estimo que está bien resuelta la situación que se describe al establecer un delito autónomo, propio del nuevo artículo 8º. Y en el evento de que el juez estime que no se puede aplicar esta norma porque se trata de parte de la acción de un delito determinado, operan los artículos 1º y 2º de la Ley Antiterrorista.
Tal es la razón por la que hicimos esa distinción de penalidades, que me parece correcta. Y, en mi concepto, la penalidad propuesta se ajusta a las disposiciones sobre la materia que se regula.
En consecuencia, señor Presidente, solicito la aprobación del proyecto.
¿Habría acuerdo de la Sala...
Señor Presidente, hice una consulta que no se ha respondido.
Las ONG en Chile están ayudando. ¿Pero qué ocurre si hay desvíos, etcétera?
En el fondo, yo pregunto: a raíz de ese artículo, ¿deberá haber una lista específica de las organizaciones? ¿Cómo está planteada la cuestión?
Algún miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores debería darnos la información.
En todo caso, me parece que la explicación del Senador señor Espina iba en esa línea.
Se halla presente el Honorable señor Romero, quien podría explicarnos el punto.
Lamentablemente, no escuché la consulta del Senador señor Martínez . Pido disculpas a Su Señoría. Pero si la precisara brevemente, tal vez podría responder.
Mi inquietud va un poco en la línea de lo que planteó el Senador señor Larraín . Y ella surge de la frase "directa o indirectamente, recaude o provea fondos".
Eso debiera dar origen a un listado de las organizaciones que entregan fondos sin saber que lo hacen por razones terroristas. El problema consiste en que con ellos se puede derivar en acciones, compra de bienes, etcétera; y, además, el dinero mismo.
Entonces, la pregunta era si se había considerado el hecho de que hoy día las organizaciones internacionales privadas están interviniendo mucho en el financiamiento de actividades que a la larga pueden derivar -y en algunos casos así ha sucedido- en conductas terroristas.
Señor Presidente, opino que el punto está resuelto de la siguiente forma.
Si se trata de una persona o de una institución que recauda fondos consciente o a sabiendas de que su destino es la comisión de actos terroristas, obviamente será autora del delito. Porque recordemos que el Código Penal requiere la existencia de dolo, es decir, la acción positiva de querer realizar la conducta.
Ahora bien, si un sujeto aporta plata a una causa que cree noble y que posteriormente no lo es porque se transforma en una pantalla para cometer actos terroristas, seguramente tendrá que probar al juez su intencionalidad, que no conocía el destino de los dineros que daba, y, por tanto, la sentencia definitiva tendrá que absolverlo. Porque si hay un requisito en materia de delitos, es la existencia de dolo, del propósito de incurrir en ellos. Y la intencionalidad deberá ser evaluada por el magistrado en el proceso de la investigación. La ley no puede precaver situaciones donde no existe intencionalidad, pues se presupone que para que haya delito debe mediar una acción típica antijurídica y culpable, y esa acción tiene que ser dolosa para los efectos de sancionarla.
¿Satisfecha la inquietud?
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín...
Advierto a la Sala que está agotado el tiempo.
Señor Presidente , insisto en que la norma no queda clara con la expresión "fondos". Me parece que es restrictiva. Alguien que provee distintos tipos de bienes materiales para la comisión de delitos contribuye también con fondos, pero en un sentido distinto.
Sugiero reemplazar la palabra "fondos" por "recursos", en los dos lugares donde se utiliza.
No podemos cambiarla.
Como dice relación a un convenio internacional, sólo nos cabe aprobar o rechazar.
Si se pudiera, no habría inconveniente.
Señor Presidente, como ésta es una norma que se incorpora al Código Penal chileno, creo que la sugerencia del Senador señor Larraín la perfecciona, porque "recursos" comprendería no sólo el dinero, sino también los bienes que puedan entregarse con esa finalidad. Especifica de manera más exacta el objetivo que se tuvo.
El término "fondos" se puede cambiar sin ningún problema. De hecho, nosotros modificamos un artículo original.
La Secretaría corrobora que se puede reemplazar el vocablo "fondos" por "bienes".
Lo que sí habría que tener en cuenta es que tal enmienda daría origen a un tercer trámite del proyecto, porque la Cámara de Diputados debería pronunciarse sobre ella.
No importa. Lo principal es hacer bien las cosas.
Otra alternativa, señor Presidente , sería dejar constancia en la historia fidedigna de la ley de que "fondos" implica también "recursos". Pero esto podría dar lugar a una interpretación.
Lo ideal sería hablar de "bienes o recursos". Ambas palabras representan exactamente lo que se quiere comprender. En este caso, más vale que sobre a que falte.
Propongo introducir la modificación -ello que implicará un tercer trámite- que sustituya "fondos" por "bienes o recursos".
Señor Presidente , ¡por favor!, he estado pidiendo la palabra desde hace muchísimo rato.
Excúseme, señor Senador. Estaba atendiendo a una explicación del Honorable señor Espina.
Señor Presidente, el riesgo de esa enmienda es tener que dictar después una ley interpretativa.
Creo que la norma es perfecta como está. Porque al hablarse de financiar y de "fondos", hasta el más infantil entiende que se trata de chiches, de plata.
Si se sustituyera "fondos" por "recursos", el tipo que proporciona, por ejemplo, un automóvil -que es un recurso- pasaría a ser autor del delito.
Aquí se pretende cumplir con el deseo universal de que todas las conductas terroristas se sancionen, entre ellas las de los esponsores, o sea, a los auspiciadores, a los financistas. Porque al que sale a buscar plata para llevársela al Frente Patriótico Manuel Rodríguez , por ejemplo, no le importa lo que harán con ella: simplemente la entrega para que la recaude y la use en sus labores.
Reitero: no intentemos mejorar la norma, porque podríamos tener que despachar después una ley interpretativa. Estoy seguro de que no habrá ningún juez que no entienda que la expresión "recaudar o proveer fondos" se refiere a dinero.
Consulto a la Sala acerca de si introducimos la modificación o dejamos la constancia a que se hizo mención.
Señor Presidente , en materia penal las constancias no sirven. Lo que se necesita es la tipificación del delito.
Hay una proposición y una indicación -que la Mesa recoge desde ya- en orden a sustituir el término "fondos" por la expresión "bienes y recursos".
Es mejor la indicación.
¿Habría acuerdo para aprobar la indicación,...
¿con la oposición del Senador señor Zurita?
Yo también me opongo, señor Presidente .
Entonces, no hay quórum para aprobarla.
Ya existen las otras figuras delictivas.
Por lo tanto, se rechaza la indicación y el precepto queda en los términos propuestos por el informe.
En todo caso, se deja constancia de la observación formulada por el Honorable señor Larraín.
Corresponde votar el texto acogido por la Comisión.
Si le parece a la Sala, se aprobará, dejando la constancia señalada.
--Se aprueba en general y particular el proyecto, con la constancia indicada, habiéndose pronunciado favorablemente 27 señores Senadores, con lo cual se reúne el quórum constitucional exigido.
Corresponde continuar la discusión particular del proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, e informe de la Comisión de Hacienda.
Sesiones 16ª, en 30 de julio de 2002 (se aprueba en general y queda habilitado); 8ª, en 30 de octubre de 2002 (se aprueba en general); 43ª, 45ª y 46ª, en 30 de abril, 6 y 7 de mayo de 2003, respectivamente (queda pendiente su discusión particular).
Señor Presidente , pido recabar la autorización del Senado para que ingresen a la Sala el Asesor Cultural de la Presidencia de la República , señor Agustín Squella , y el Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación , señor Rodrigo González .
Si les parece a los señores Senadores, se accederá a lo solicitado.
Corresponde tratar el artículo 17, aprobado por unanimidad en la Comisión, pero que el Senador señor Larraín solicitó discutir.
En la sesión anterior, el debate se suspendió después de intervenir sobre el tema el Senador señor Larraín .
Tal como recordó el señor Presidente , el Senador señor Larraín concluyó sus observaciones precisamente cuando terminó el Orden del Día, de manera que no pude darle una información.
Su Señoría cuestionó el sistema de designación del Director Regional, contemplado en el Nº 1) del artículo 17. Según esta disposición, los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes estarán integrados, entre otros miembros, por el Director Regional, que será nombrado por el Presidente del Consejo Nacional sobre la base de una terna que le propondrá el Intendente respectivo.
Quiero recordar al Honorable colega que esta solución surgió de lo propuesto por el Senador señor Viera-Gallo en la indicación Nº 53, recogida por el Ejecutivo en la 53 bis, y que ambas fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, entre los cuales estaba Su Señoría.
Eso es lo que consigna el informe. Puedo corroborarlo con la Secretaría de la Comisión. Pero es así.
Le ruego que tome esto como un recordatorio muy cordial, cariñoso y respetuoso.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
Señor Presidente , fundamentalmente objeté la integración global de los Consejos Regionales, en particular la proveniente del Nº 4) del mismo artículo. La que concurrí a aprobar fue la del Nº 1).
En la intervención de la sesión anterior impugné en especial -repito- el Nº 4), porque deja la designación de cuatro miembros en manos del Intendente, lo cual consideramos inadecuado. Si en lugar de éste zanjara las designaciones el Directorio del Consejo, nos parecería una solución óptima.
Insisto en que no me opongo al numeral 1), sino al 4).
¡Ah, el 4)!
Éste es el punto. Nosotros presentamos una indicación con otro planteamiento, pero el señor Presidente de la Comisión la declaró inadmisible.
Señor Presidente, tal vez la redacción del Nº 4) no sea perfecta. La idea era que el Intendente, ciñéndose a un reglamento, nombrara a las personas que le propusieran las organizaciones culturales. Pero él no elegirá de entre una terna. La disposición expresa: "Cuatro personalidades regionales de cultura, designadas por el Intendente, propuestas por las organizaciones culturales". O sea, éste no podrá rechazar a las personas propuestas, sino que estará obligado a nombrarlas, y un reglamento determinará el procedimiento a través del cual se concretarán esas designaciones. Este texto concitó amplio consenso, porque ningún miembro de la Comisión era partidario de que el Intendente de turno empezara a nombrar a quienes quisiera. Las organizaciones culturales propondrán y el Intendente designará.
A lo mejor bastaría dejar constancia de esta aclaración en la historia de la ley, o bien, clarificar el punto. Se podría decir: "Cuatro personalidades elegidas por las organizaciones culturales de las provincias de la región respectiva, según lo determine el reglamento", sin necesidad de que el Intendente sancione esa propuesta.
Como dije, la idea de la Comisión no era que el Intendente designara a su gusto a esos cuatro representantes.
Con esa clarificación, ¿habría acuerdo para aprobar el Nº 4) del artículo 17?
Si efectivamente esas personalidades son designadas por los organismos culturales y su nombramiento se formaliza por un decreto de la Intendencia, eso es santo de otra religión.
Tal como está planteado el artículo, pienso que el Senador señor Larraín tiene toda la razón.
Esta designación es un típico acto complejo donde se requiere la concurrencia de dos voluntades: la primera es la de las organizaciones culturales que proponen las cuatro personalidades regionales de la cultura; la segunda, la del Intendente. Por lo tanto, tal como está redactado el precepto, aquella autoridad podría decir "sí" o "no". De manera que el Senador señor Larraín tiene razón al plantear su objeción. Y, desde mi punto de vista, la fórmula de solución sería la indicada por el Honorable señor Viera-Gallo , que consiste en modificar los términos de la norma.
Si el objetivo es que el Intendente sea un mero buzón, eso no prosperará, por la forma en que se encuentra redactada la disposición, pues esa autoridad podría rechazar las designaciones. Ello, porque su voluntad es concurrente con la de las organizaciones regionales de la cultura.
Por desgracia, no se puede formular indicación en ese sentido, ya que significaría modificar las facultades de un órgano del Estado, lo cual corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Entonces, es mejor votar la norma, señor Presidente.
Es un problema de redacción.
Señor Presidente , concuerdo con lo manifestado por los Senadores señores Silva y Larraín . En realidad, se establece que las cuatro personalidades serán designadas por el Intendente, pero, obviamente, las propuestas pueden ser muchas más. Debe entenderse que no estarán limitadas a cuatro personas, sino que podrán incluir a más. Eso es así. Y para que el nombramiento pueda concretarse se requiere la voluntad tanto de los que proponen como del Intendente.
Lo que se pretende con la norma es no dar libertad absoluta a esa autoridad para que designe a cualquiera, como tampoco a las organizaciones, sino que concurran las dos voluntades.
¿Le puedo hacer una consulta, Honorable colega?
¿Por qué Su Señoría dice que pueden ser más de cuatro personas, en circunstancias de que la disposición establece un número específico?
Señor Senador, la propuesta puede incorporar más nombres.
Teóricamente, podría ser así.
Sí, es posible que se consideren más nombres.
Señor Presidente , creo que aquí hay una situación bastante delicada. Porque según entiendo, desde el punto de vista formal, para que los funcionarios pasen a ser dependientes, la designación debe hacerla el Intendente. Pero la calificación de las personas como tales no la efectúa él, sino las organizaciones culturales, que son las que hacen la selección. El Intendente sólo les da juridicidad.
En todo caso, tiene razón el Senador señor Silva en cuanto a que si no le gustan a esa autoridad las cuatro personas propuestas, no las nombra. Y eso no puede ser, porque está subordinada, desde el punto de vista cultural, a esas entidades. Eso sí, puede hacer las designaciones.
Sin embargo, dada la estructura de la Administración Pública -lo veo en la Región que represento-, el Intendente es una especie de patrón, y entonces será él quien designe. Y eso no puede ocurrir en el sistema cultural.
Está mal enfocado.
Creo que en esta materia debería haber un entendimiento. No se trata de corregir, sino de modificar la redacción de la norma en términos de que el Intendente designará desde el punto de vista de la ocupación de los cargos. Pero nada más que eso.
Podría plantearse una fórmula, sin que ello signifique sobrepasar la iniciativa del Ejecutivo , en el sentido de aclarar que serán "propuestas en forma unipersonal por las organizaciones culturales".
El Intendente igualmente las podría rechazar.
Pero se puede pedir división de la votación.
Señor Presidente , ¿por qué no dejamos que el reglamento resuelva este problema?
El propio número 4) del artículo 17 dice: "Un reglamento determinará el procedimiento a través del cual se harán efectivas las designaciones, para lo cual deberá existir un Registro Regional de dichas organizaciones.".
Señor Presidente , estimo que el problema podría resolverse dividiendo la votación en el número 4) a fin de eliminar la frase "por el intendente, propuestas". Así, la norma quedaría: "Cuatro personalidades regionales de la cultura designadas por las organizaciones culturales de las provincias. Un reglamento determinará el procedimiento a través del cual se harán efectivas las designaciones", etcétera.
¿Habría acuerdo para acoger la proposición del Senador señor Viera-Gallo?
Señor Presidente , con una norma como la planteada se presenta el problema mencionado por el Senador señor Valdés : que estas personas pasarán a ser funcionarios.
Por lo tanto, es el Intendente...
No serán funcionarios públicos, sino miembros del Consejo.
Pero como consejeros tienen funciones.
¿Me permite, señor Presidente ? El Ejecutivo quiere dar una opinión sobre la materia.
Señor Presidente , la expresión "designadas por las organizaciones culturales de las provincias" supone la existencia de un Registro Nacional, que tiene una representación y una capacidad para decidir, cuando es muy probable que no ocurra así necesariamente. Entonces, es un tanto difuso establecer "Cuatro personalidades regionales de la cultura designadas por las organizaciones culturales de las provincias". Una redacción mejor sería: "Cuatro personalidades regionales de la cultura, a propuesta de las organizaciones culturales de las provincias, que serán designadas por el intendente".
¡Pero volvemos al mismo problema!
Con mucho gusto, señor Senador, con la venia de la Mesa.
Lo que estamos tratando de evitar es precisamente la concurrencia de voluntades a que se ha hecho referencia. O la proposición la hacen las organizaciones culturales, o bien otra entidad. Pero la concurrencia de ambas me parece inadecuada.
Creo -y opino que la sugerencia del Senador señor Viera-Gallo resuelve el tema- que la norma debe referirse a cuatro personalidades regionales de la cultura propuestas por las organizaciones. ¿Cómo se hace todo este proceso?
Con un reglamento.
Efectivamente, con un reglamento que lo determine.
Estimo un despropósito entregar al Intendente de turno la designación del Consejo Regional de la Cultura. A él corresponderá la formalización, pero eso puede resolverlo el reglamento. En definitiva, lo único que nos interesa es radicar la soberanía de la elección en las organizaciones culturales.
¿Puedo retomar la palabra, señor Presidente ?
Por supuesto, señor Ministro .
Si los señores Senadores se remiten al artículo 5º del proyecto -es importante su concordancia con el artículo 17-, observarán que se refiere exactamente al mismo punto, pero en relación con el Directorio del Consejo.
¿Qué dice el número 4) del artículo 5º? Que el Directorio estará integrado por "Tres personalidades de la cultura que tengan una reconocida vinculación". O sea, es igual a lo que estamos viendo ahora. Agrega: "Estas personalidades deberán ser representativas de tales actividades". Y en el inciso siguiente señala: "Serán designadas por el Presidente de la República a propuesta de las organizaciones culturales del país".
Por lo tanto, me parece que debe existir correspondencia entre lo dispuesto a nivel nacional y lo que se pretende en el ámbito regional. Todos entendemos que la proposición proviene de las organizaciones culturales y que las personas son designadas por el Intendente, pero a propuesta de esas entidades. Es decir, no puede nombrar a quien se le ocurra. Así se mantiene la concordancia con el artículo 5º. De lo contrario, se estaría dando un tenor al Consejo Nacional y otro distinto a los Consejos Regionales.
Estamos haciendo el trabajo de Comisiones aquí, y eso no corresponde.
El señor Ministro ha dado en el clavo. No es posible concebir en este proyecto una estructura absolutamente jerárquica desde el punto de vista administrativo. Además, me parece bien la concepción de que en el Consejo Nacional se nombre a personas que van a dirigir lo instrumental y que estarán muy cerca del Presidente .
Sin embargo, si se observa lo que sucede en las Regiones, concluiremos que el Intendente no es la persona adecuada para decir "este sí, este no". Eso lo rechazo terminantemente.
En mi concepto, hay que dar libertad a las instituciones culturales que se organicen sin fines de lucro para trabajar en la cultura, otorgarles la responsabilidad correspondiente y no hacerlas dependientes. Porque el que nombra decide, manda el auto, da facilidades. Y no deseo que eso ocurra con el Intendente, pues es una autoridad subordinada.
En consecuencia, la lógica de seguir hasta abajo -la llamada "lógica gótica"- no me gusta. Si sí soy partidario de la cultura que emerge y no de la cultura que deriva.
Se someterá a votación la proposición del Senador señor Viera-Gallo en orden a mantener o a rechazar la frase "por el intendente, propuestas", cuya aprobación requiere quórum especial.
Los señores Senadores que estén a favor de la proposición del Honorable señor Viera-Gallo en cuanto a mantener la frase "por el Intendente, propuestas por", que levanten la mano.
Como no hay ningún voto a favor, existe unanimidad para suprimir la frase "por el Intendente, propuestas por".
--Se aprueba el Nº 4 sin la frase referida, con el quórum constitucional de 32 votos.
Pido a los señores Senadores permanecer en la Sala, porque el proyecto tiene rango de ley orgánica constitucional.
Corresponde aprobar el resto del artículo con el mismo quórum, porque no fue objetado.
Fue acogido por unanimidad en la Comisión.
--Se aprueba (32 votos).
A continuación, la Comisión de Educación propone unánimemente (5 a 0) una modificación al artículo 18.
Se aprueba con el mismo quórum: 32 votos.
Sugiero dar por aprobados con el mismo quórum (32 votos) todos los artículos acogidos por unanimidad en la Comisión, con excepción de aquellos que se haya pedido votar o de los que fueron objeto de indicación, salvo que algún señor Senador solicite abrir debate sobre alguno.
--Se aprueban (32 votos).
Conforme al acuerdo adoptado, corresponde dar por aprobados los números 2, 7, 10 y 11.
En seguida, la Comisión sugiere, por 4 votos contra 1, reemplazar el inciso segundo del artículo 21 por el siguiente:
"Los integrantes de ese Comité serán designados por el Consejo Regional respectivo, a propuesta de las correspondientes organizaciones o instituciones que posean personalidad jurídica vigente y domicilio en la Región correspondiente, en conformidad a la ley, en la forma que determine el reglamento y durarán dos años en sus funciones.".
Una consulta de redacción.
El texto dice "a propuesta de las correspondientes organizaciones o instituciones que posean personalidad jurídica vigente", etcétera.
Pienso que debe especificarse cuál es la tarea de esas organizaciones, porque si no se entenderán comprendidas todas las organizaciones con personalidad jurídica de la zona.
La tiene, señor Ministro .
El Ejecutivo sugiere agregar la palabra "culturales" después de "instituciones".
¿Habría acuerdo para aprobar el inciso segundo con el agregado de la palabra "culturales"?
--Se aprueba, con el quórum constitucional requerido (32 votos).
El artículo 22 fue aprobado por unanimidad y cae dentro del acuerdo anterior.
A continuación, la Comisión propone intercalar un artículo 24 nuevo, también acordado unánimemente.
El artículo 24 faculta al Consejo Nacional para nombrar Coordinadores Provinciales. Sin embargo, dentro de la estructura pensada, ¿ellos dependerán del Consejo Regional o podrán entenderse directamente con el Consejo Nacional?
Si es lo primero, se anula toda autoridad provincial. Es decir, los Coordinadores Provinciales pueden relacionarse con el Consejo Regional, pero deben tener dependencia nacional. De otra forma, volveremos a la misma estructura en que todo debe ir a la Dirección Regional. Y lo que importa aquí es hacer participar a las provincias.
Señor Presidente , no comparto lo señalado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Pienso que los Coordinadores Provinciales deberían depender de la Región; pero el proyecto establece que serán nombrados por el Consejo Nacional, no el Regional. Por tanto, van a gozar de una relativa autonomía.
¡Es un desorden enorme!
Es la democracia funcionando, por lo menos en el aspecto de la cultura.
Pido a Sus Señorías evitar los diálogos.
Señor Presidente, aquí nuevamente se produce una distorsión. Porque si planteamos la necesidad de la libertad de la cultura, la designación por parte del Consejo Nacional implica sencillamente una intromisión en los asuntos internos de las Regiones en el ámbito cultural.
Acá siempre aparece el problema de que la estructura del proyecto relaciona todo con el Ejecutivo y -como manifestó el Senador señor Valdés - es "gótica". Sin embargo, en el ámbito de la cultura debe haber una amplitud tan grande como para que este tipo de designación obedezca a los "amores y querencias" de la región o de la provincia. Si no, no hay consecuencia.
Señor Presidente , ocurre que, como no prosperó la idea de crear los Consejos Provinciales y ordenar esta estructura en ese nivel, sino a nivel regional, como lo propuso el Ejecutivo -porque no pudimos hacer valer este punto a través de la indicación de algunos Senadores, encabezados por el señor Valdés , autor de la idea-, este planteamiento pretende llenar ese vacío y recoger la realidad de que muchas provincias del país poseen una fuerte vida cultural y, por lo tanto, capacidad para nombrar a su propio delegado provincial.
Eso es lo que logramos conseguir, y creo que está bien inspirado. No pienso que sea una intromisión, sino, por el contrario, una colaboración, porque en algunas provincias tendremos personas que representen la institucionalidad cultural en forma permanente, lo cual contribuye a descentralizar la actividad a nivel regional.
Por eso, me parece que debería aprobarse el artículo tal como lo sugiere la Comisión.
¿Se podría cambiar la frase "el Consejo Nacional" por el "Consejo Regional respectivo podrá nombrar"?
Sí, es lo adecuado.
No, sería pésimo.
Está bien mantener el Consejo Nacional, porque se trata de una responsabilidad mayor y podríamos vernos en la...
¿Habría acuerdo para aprobar la modificación propuesta por la Comisión?
¿La Mesa sugiere mantener la idea del Consejo Nacional?
Por lo menos la mayoría de la Sala ha insistido en ello.
Aquí se vislumbra un problema clave del proyecto, que toca su médula.
La cultura debe tener un grado de libertad tal que le permita ser creadora. Entonces, hay que considerar que la riqueza cultural de las provincias y regiones es mucho más grande. Y todas son mayores de edad. Manifestar que algunas no poseen un cuerpo cultural lo suficientemente fuerte como para tener su propio delegado o representante, me parece una mirada un poco estrecha de la realidad chilena.
Entonces, creo que esto choca con la filosofía del proyecto.
¿Habría acuerdo para aprobar la modificación sugerida, con el voto en contra o la abstención del Senador señor Martínez?
Señor Presidente, pienso que la redacción del artículo es adecuada. Ello, por cuanto la decisión podría tener la ventaja de sustraerse de los conflictos que puedan suscitarse en determinados nombramientos a nivel regional o provincial.
En verdad, esta fórmula permite que con una visión más de país, más alejada de los problemas puntuales que puedan existir en las zonas respectivas, se efectúe una mejor designación que la que podría hacerse en ellas.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez, en su tercera intervención.
¡Y puede haber otra, señor Presidente ...!
Señor Presidente , éste es el verdadero centro del problema involucrado en el proyecto: hasta dónde se mantiene la libertad cultural o hasta dónde se trata de una cultura dirigida.
En la discusión inicial, en relación con la idea de legislar, ello se tocó, pero ahora estamos llegando a la médula del enfoque. Hay dos criterios al respecto. El del Ejecutivo , que acabamos de escuchar, es muy respetable, pero permite que aparezca la directriz del Gobierno. En cambio, el criterio de la amplitud o de la libertad de las provincias y las regiones es el de crear una cultura más libre.
Por ello, la idea de que sea el Consejo Regional el que designe a los coordinadores provinciales resulta absolutamente lógica en el espacio de libertad que buscamos.
Es nada más que eso lo que deseo plantear señor Presidente : una cuestión relativa a la concepción del proyecto definitivo.
Se ordenará bien el debate, porque de lo contrario no será posible despachar la iniciativa. La Mesa está dando la palabra conforme a la lista de oradores inscritos.
Puede intervenir el Senador señor Viera-Gallo.
Señor Presidente, discrepo del Honorable señor Martínez. Cabe preguntarse si un funcionario con pocos recursos, con una secretaria, podrá dirigir toda la cultura de la provincia. Ello hablaría muy mal de esta última. Se hace referencia a una estructura mínima del Estado, en realidad. Repito: mínima.
Y, además, en la cúspide del organismo se contempla un consejo plural. No existen sólo el Gobierno con el Presidente.
Por lo tanto, me parece que Su Señoría se equivoca si piensa que al contemplarse el coordinador provincial habrá una dirección de la cultura. Ello, salvo que la cultura de la provincia sea prácticamente inexistente. Pero sería impensable que un solo funcionario pudiera concretar esa dirección.
Su Señoría debe solicitar una interrupción.
Señor Presidente, pido la palabra, de acuerdo con el Reglamento.
Reitero que le corresponde al Honorable señor Boeninger.
Al final de mi intervención daré una interrupción al Senador señor Martínez .
En adición a lo expresado por el Honorable señor Viera-Gallo , creo que el punto también radica en que, desde luego, el que sea el Consejo Regional y no el Nacional el que nombre no cambia la crítica de la verticalidad que se presentaría. Es una verticalidad con otra cúspide, no más, pero igualmente lo es.
Por otra parte, no se trata únicamente de que sea un solo funcionario, sino asimismo de que, en el fondo, el espíritu del proyecto que hemos concordado implica una labor de promoción, de activación, pero no un dirigismo cultural. Eso ha quedado claro en toda la discusión, por la unanimidad de quienes hemos participado en ella. De manera que es algo que nada tiene que ver con un funcionario: tiene que ver con el espíritu general, que no es el de dirigismo cultural.
Puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Martínez.
Señor Presidente , las palabras del Senador señor Viera-Gallo especifican la verdadera situación. Si la dotación de personas se calcula en el mínimo, como Su Señoría acaba de explicar, quiere decir que el asunto se halla mal enfocado.
En seguida, ¿cuál es la función de los coordinadores provinciales? La de poner en práctica las directrices de la política que imparta el Consejo Regional. Se supone que ese organismo, a su vez, las ha recibido del Consejo Nacional.
¿Y cuál es la cuestión fundamental? Que el funcionario ¿me dijeron que no lo era- o quien ejecutará las políticas que se dispongan a través del Consejo Regional o del Nacional, en este caso, tenga llegada en la comunidad, sea aceptado por la comunidad y origine los efectos del ejercicio de su autoridad propia, lógica, natural, en la comunidad.
Entonces, se observa un contrasentido permanente. Es lo que deseo destacar. O seguimos un modelo o seguimos otro, pero aclaremos bien las cosas. Y no hagamos referencia a la libertad de la cultura o a la libertad para moverse en el tema.
Señor Presidente , quiero consignar la incongruencia con lo que se aprobó en el artículo 19, en el número 3), donde se expresa, respecto de las funciones del Director Regional , que una de sus tareas es "Proponer al Consejo Regional el plan de trabajo anual y preparar el proyecto de presupuesto.". Y en el artículo 24 se señala que el Consejo Nacional nombrará a los coordinadores provinciales, quienes se desempeñarán, textualmente, "de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias con que se cuente.".
El Consejo Regional es el que fijará el presupuesto, a proposición del Director Regional. Por lo tanto, si el Consejo Nacional nombra a un coordinador provincial para que se aboque a un plan, esa persona se encontrará sujeta al presupuesto que haya aprobado el Consejo Regional.
La lógica indica, en consecuencia, que este último organismo debe intervenir en el nombramiento del coordinador. Porque, de otra manera, nos encontraremos con alguien que dirá: "Mire, a mí me nombró el Consejo Nacional y quiero que me ponga tanta plata.". Y el Consejo Regional le acordará la cuarta parte de esa cantidad. Y esa misma persona se halla sometida al Director Regional . Constituirá, sencillamente, un conflicto "ad portas", inmediato. La situación implica una falta de lógica.
Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción el Honorable señor Valdés.
Señor Presidente , lo que pasa es que no podemos concebir que la cultura se hallará incorporada al organismo en estudio. A mi juicio, el valor del Consejo, de todo ese instrumental, reside en incorporarle a ella otros valores, otra gente, como las universidades, la sociedad civil. Se trata de "agitadores" de la cultura.
Pero me interesa muy poco el presupuesto del Consejo. Lo que pasa es que debe haber una persona preocupada de la provincia, para hacer resaltar los proyectos y las posibilidades de los recursos que lleguen, si le llegan, y los recursos privados, que también se pueden recibir. Es una articulación que el Estado efectúa de la capacidad de la cultura del país.
No se trata de decir: "Mire, señor, haré aquello que alcance una vez que me den de Santiago tantos pesos.". No. Eventualmente, se darán de Santiago o de la región tantos pesos, pero en la provincia se contará con una persona que articule las exigencias y las posibilidades locales, entre las que se incluye el Consejo. No pensemos...
Debe dirigirse a la Mesa, Su Señoría.
Acostumbro a moverme, señor Presidente .
Recupero el uso la palabra.
Todavía no ha terminado el Honorable señor Valdés .
Estamos equivocados al pensar que el Consejo, por incluir a ciertas personas, organizará la cultura chilena. ¡Considero que ésa es una visión completamente medieval, monjil o socialista marxista...! Y moscovita. Porque Gromiko , Ministro de Relaciones Exteriores soviético, decía que no se permitía la pintura, salvo la realista, como la de un trabajador con su tractor.
Por mi parte, opino todo lo contrario, en el sentido de que hay posibilidades de que un país crezca en la medida en que existan personas que estimulen la participación de privados, universidades, iglesias, conventos, esto, estotro, en fin. Me refiero al patrimonio nacional.
Por ello, me preocupa menos lo relativo a los recursos de que disponga el activista provincial. Lo deseable es que se trate de una persona importante que sea escuchada en Santiago. Que lo sea por el Intendente no interesa.
Recupera la palabra el Honorable señor Moreno .
Señor Presidente , nada más lejos de mi ánimo que polemizar con el Senador señor Valdés sobre el punto que nos ocupa. Sólo cabe recordar -y me parece que son experiencias que mi Honorable colega comparte- que hemos visto renunciar a destacados agregados culturales con el argumento de que carecían de recursos para llevar a cabo el trabajo de fomentar la cultura chilena en distintos lugares del mundo. Por lo tanto, no estoy hablando de ciencia ficción.
¡Ojalá nos halláramos ante una construcción gótica, porque ofrecería largas líneas de articulación! ¡No! ¡El panorama es barroco y con rococó por todos lados!
Si el Honorable señor Valdés -o quien formule la proposición- decide que el punto no tiene que ver con el presupuesto, ¡quién sabe si simplificamos la vida!
No lleguemos a ese extremo.
Claro. Porque es preciso fijar un presupuesto y uno conoce lo que ocurre. Los encargados de la cultura a nivel de las regiones lo único que hacen es pedir a los Parlamentarios que apoyen la asignación de más recursos para realizar las actividades pertinentes. Ése es el petitorio que recibimos cada uno de nosotros. Por lo tanto, sin recursos, el arte y la cultura se mantienen, desgraciadamente, en la imaginación del artista y no en la realidad que se vive cotidianamente.
Reitero que el asunto en análisis sencillamente genera un incordio que no tiene cómo resolverse, salvo que se aplique la lógica de proponer que en el artículo 24 el Consejo Regional podrá nombrar a los coordinadores, porque fijará su presupuesto.
En votación económica el artículo 24, nuevo.
--Se aprueba (28 votos contra uno, del Senador señor Martínez).
El párrafo 6º también fue aprobado por unanimidad, al igual que el número 2) del artículo 24; el artículo 25, que pasa a ser 26; el artículo 26, que pasa a ser 27, y el Título II.
A continuación, en el artículo 27, que pasa a ser 28, se propone sustituir la frase "Consejo Nacional de la Cultura" por "Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes".
Sugiero que todos los artículos que se refieren a agregar "y las Artes" se den por aprobados (con 31 votos), porque así se procedió anteriormente. Si no, se produciría una contradicción.
El Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, ¿no debiera llamarse "Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes"?
No se puede modificar, a menos que se formule indicación.
Yo la presento, señor Presidente , porque me parece que las personas que están en el área de las artes, en el sentido de trabajo...
La Secretaría adaptará el texto, para que no haya contradicciones, procediendo a agregar "y de las Artes".
Señor Presidente , si me permite, quiero recordar a la Sala que hay varios fondos, el del libro, el de la música, el audiovisual -todos ellos van a ser aprobados ahora- que también se relacionan con las artes.
Tiene razón el señor Ministro . No se trata del Fondo, sino del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes.
Lo que pasa es que al Fondo de Desarrollo de las Artes todo el mundo lo conoce popularmente como FONDART. En realidad, creo que ahí se puede agregar "y de las Artes".
Entonces, la Secretaría quedaría facultada para adecuar el texto, a fin de que no haya contradicciones.
El número 1) del artículo 28 fue aprobado por unanimidad, y de igual manera el artículo 29; el artículo 30, en sus números 3), 5) y 6), este último en la letra b) e inciso final; el artículo 31, en sus incisos primero y segundo; el artículo 32, nuevo, en su inciso segundo; el artículo 33, nuevo, reemplazando su inciso segundo, y el Título III, que dice: "Eliminar en su epígrafe el punto final.".
En el artículo 34, que pasa a ser 36, se propone sustituir su encabezado por el siguiente: "Artículo 36.- Los siguientes organismos...". Respecto de esta norma, el Honorable señor Viera-Gallo solicitó debate.
Señor Presidente , éste es un punto muy central del proyecto. Lo que pretendo es, simplemente, dejar constancia de mi posición, para la historia de la ley.
En la propuesta original que nació de la Comisión nombrada por el ex Presidente Frei , estos organismos pasaban a formar parte del Consejo de la Cultura y de las Artes; y especial importancia tenía la DIBAM, porque es el organismo encargado de la estructura a nivel nacional, con bibliotecas y museos en todo el país. Cuenta con muchos más funcionarios que los que tendrá el actual Consejo formado por la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y por el organismo proveniente de la Secretaría General de Gobierno.
Considero lamentable el hecho de que la DIBAM no haya entrado a formar parte del organismo que se crea. La fórmula que se logró después de muchas conversaciones es híbrida, la misma que muchos hemos intentado cambiar respecto de Carabineros. Es decir, esos organismos dependen de Educación, pero serán coordinados por el Consejo. Ello va a determinar una doble dependencia de la DIBAM, una de las cuales corresponde al Consejo de Monumentos Nacionales.
Personalmente, no quedo satisfecho con esta fórmula; lo digo con mucha claridad. Creo que se ha desperdiciado una gran oportunidad de haber formado un solo organismo que se ocupara de la materia.
Hay mil razones para llegar a fórmulas híbridas. Pero ahora yo sólo quiero dejar planteada mi insatisfacción, pues no puedo hacer más.
En todo caso, de los tres organismos que estarían coordinados por el Consejo, en lo que se refiere a sus políticas, planes, programas y acciones, pero con dependencia de Educación, el que creo que no debiera ser incluido es el que se relaciona con la calificación cinematográfica. Éste debiera permanecer en Educación, por su naturaleza propia, que es la de proteger a los niños.
Entonces, pido votación separada para el punto 3), solicitando dejar constancia de lo que he señalado.
Participo plenamente de la opinión del Senador señor Viera-Gallo en cuanto a la estructura de museos y de bibliotecas, lo que tiene una dimensión creciente y fundamental en la formación cultural.
Pero quiero aprovechar la buena voluntad de las señoras y señores Senadores y la presencia del señor Ministro y del asesor señor Squella para plantear algo que ayer no pude decir por razones de fuerza mayor: yo también habría cambiado por Valparaíso mi voto a favor de Chillán, pues me sentí "presionado". No sé cuántos de los señores Senadores estén casados con porteñas. Es decir, yo tenía una excusa particular para haber modificado mi pronunciamiento.
Debo hacer ahora un breve comentario -no demoraré sino algunos minutos-, que no tiene que ver con el proyecto en debate, pero sí con la cultura.
Tuve el honor de ser elegido Presidente del Senado en 1990 y de buscar fórmulas para terminar el edificio donde actualmente funcionamos. En esa tarea encontré apoyo de muchas personas, sobre todo de una que tenía un carácter difícil, pero que conmigo fue extremadamente generosa. Me refiero a don Sergio Onofre Jarpa , con quien acordamos muchos arreglos en la estructura y en los jardines.
Se hicieron las instalaciones, las cuales se han aprovechado bien. Pero había una parte que le correspondía hacer al Gobierno de la época en los alrededores del Congreso Nacional. Los planos se confeccionaron. El edificio costó alrededor de 100 millones de dólares. Pero el entorno implicaba la construcción de una gran plaza frente al Senado. El estudio para ésta se hizo y la obra se terminó, porque los aportes para el entorno del Congreso provenían de empresas privadas. La Compañía Chilena de Tabacos financió la escultura ubicada frente al Senado. No voy a entrar en cuestión de gustos. A mí me tocó recibir la obra, confeccionada por el mejor artista en madera que había en Chile.
El trabajo artístico situado a la salida de la Cámara de Diputados, un cilindro cuya estética resulta bastante discutible -se ha pensado que remeda una parte del intestino grueso, pero, en fin, ahí está-, se realizó con fondos facilitados por CODELCO.
Para el sector ubicado frente al Salón de Honor, por la avenida Pedro Montt -la parte más importante del entorno del Congreso-, se había proyectado la construcción de una plaza, considerando que las edificaciones en el lugar eran municipales o fiscales y que por allí pasa una importante avenida, lo que iba a permitir la realización de grandes desfiles con motivo del recibimiento de altas dignidades.
Pues bien, el Gobierno obtuvo de la Compañía de Aceros del Pacífico la donación necesaria para conseguir al mejor escultor chileno, don Sergio Castillo ,...
Uno de los mejores, porque hay otros.
... artista muy famoso -hay estatuas suyas en Estados Unidos y Europa-, a fin de que elaborara una estructura de acero cuya fundición costó, en su momento, 85 millones de pesos y por la cual él aún no ha recibido honorario alguno. Actualmente, se encuentra en la parcela que el señor Castillo tiene en La Florida, porque al final la plaza nunca se hizo.
En consecuencia, pienso que si Valparaíso ha recibido el honor, legítimo, de ser el centro de la cultura, esa estatua tiene que ser emplazada, porque es de notable factura, enorme, parecida a una que hay en Boston en homenaje a Martin Luther King , pero mucho más grande. ¡Y costó una millonada! Ahora se encuentra desarmada.
Entonces, si Valparaíso va a ser el centro de la cultura, que cumpla con su obligación de rodear al edificio del Congreso de las dos obras que faltan. Si ya obtuvo el honor, tiene que asumir la responsabilidad.
Adherimos a lo dicho por el Honorable señor Valdés .
Pido a Sus Señorías referirse directamente al tema en discusión. Lo relativo a Valparaíso se verá después.
Quiero expresar, para conformidad del Honorable señor Valdés , que el artículo se aprobó en los términos planteados porque la idea del Senador señor Viera-Gallo fue considerada inadmisible. Además, el Ejecutivo señaló que tanto la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos como el Consejo de Monumentos Nacionales se hallaban en la etapa de rediseñar su dependencia institucional, no obstante lo cual estaba disponible para realizar las evaluaciones y las enmiendas pertinentes una vez que sea concluida. O sea, éste no es un capítulo cerrado. Y aunque Su Señoría y otros Senadores hubiesen preferido definir el asunto ahora, el Gobierno mantuvo una posición bastante firme en ese sentido.
Mientras el Ejecutivo no redefina la situación, concuerdo plenamente con el Honorable señor Viera-Gallo. Creo que estas instituciones debieran depender del Consejo Nacional de la Cultura. No hay ninguna razón para que estén fuera de él. Ojalá que el Ejecutivo cumpla lo antes posible con ese compromiso.
Por lo tanto, también me sumo a la constancia solicitada por el Senador Viera-Gallo .
En todo caso, me parece que hay acuerdo para aprobar el artículo.
Señor Presidente, pedí votar separadamente el número 3, porque estimo que el Consejo de Calificación Cinematográfica, por su naturaleza, debe relacionarse con el Ministerio de Educación.
Entiendo que si se rechazara ese numeral, el Consejo de Calificación Cinematográfica quedaría dependiente de dicha Secretaría de Estado.
En consecuencia, habría que votar el inciso primero y los números 1 y 2 del artículo 36.
--Se aprueban con 32 votos.
Corresponde pronunciarse sobre el número 3.
Señor Presidente , quiero dejar en claro que si este número fuera rechazado, el Consejo de Calificación Cinematográfica quedaría bajo la tuición del Ministerio de Educación.
Señor Presidente , efectivamente, esta materia fue bastante discutida en la Comisión de Educación.
Algunos señores Senadores estiman que existe cierta descoordinación entre algunos artículos. Más allá de la letra de la norma, en la Comisión hubo un persistente debate acerca de cómo relacionar lo regional y lo provincial. Y algunos mantuvimos la tesis de dar mayor cultura provincial y regional. Esto lo digo a propósito de lo anterior.
Lo mismo ocurrió en lo atinente a este artículo. Hubo una larguísima discusión. Pero, en verdad, ya no hay nada más que decir con respecto a los números 1 y 2, porque los dos organismos a que ellos se refieren deben depender del Consejo Nacional de la Cultura.
Respecto al Consejo de Calificación Cinematográfica, quiero pedir a Sus Señorías que al votar consideren que al respecto hay envueltos dos mundos distintos, así como dos sujetos diferentes en cuanto a quiénes va dirigida la acción de cada una de las instituciones.
Hemos trabajado mucho en otros proyectos sobre calificación cinematográfica. Sin ser restrictivo, me parece que, claramente, el Consejo de Calificación Cinematográfica tiene por objeto resguardar la libertad de las personas para ver lo que ellas deseen, pero al mismo tiempo debe resguardar otros valores esenciales, como la formación de los menores de edad. O sea, tiene que conciliar en su justa medida ambos elementos.
Por eso, adhiero al planteamiento del Senador señor Viera-Gallo en orden a que el Consejo de Calificación Cinematográfica dependa del Ministerio de Educación, por cumplir una función más formativa que la que tendrá a su cargo el Consejo Nacional de la Cultura.
Señor Presidente , estoy de acuerdo con el Senador señor Viera-Gallo en que debe eliminarse del precepto al Consejo de Calificación Cinematográfica, que cumple un rol de otra naturaleza.
La norma establece que los organismos que enumera -entre ellos, el Consejo de Calificación Cinematográfica- serán coordinados por el Consejo Nacional de la Cultura "en lo concerniente a políticas, planes, programas y acciones". Creo que no corresponde. Si se trata de determinarle políticas o planes, podría llevarlos a cabo el Ministerio de Educación, pero no el Consejo Nacional de la Cultura, al cual le corresponden otras funciones, de acuerdo a lo que nosotros mismos hemos definido.
Por lo tanto, soy partidario de que el Consejo de Calificación Cinematográfica dependa directamente del Ministerio de Educación.
Señor Presidente , igual que el Senador señor Fernández , creo que el Consejo de Calificación Cinematográfica no debe recibir directivas de nadie, porque fue concebido precisamente para permanecer ajeno a coordinaciones, planes o programas.
Ahora, si mantener la dependencia del Ministerio de Educación significa que desaparece la coordinación -entiendo que este concepto no aparece en la ley que lo creó-, estoy de acuerdo con la posición del Senador señor Viera-Gallo , en cuanto a que no exista coordinación.
Señor Presidente , pido poner en votación el número 3. Creo que el Ejecutivo no tiene una postura confrontacional en esta materia. En el debate en la Comisión hubo flexibilidad en su tratamiento. Y a los señores Senadores los insto a votar por la supresión del Consejo de Calificación Cinematográfica en la norma.
Si le parece a la Sala, se eliminará el número 3 del artículo 36.
--Se acuerda la supresión indicada.
En seguida, hay que retroceder hasta el artículo 3º, cuyo Nº 17 quedó pendiente, también a petición del Honorable señor Viera-Gallo.
La Comisión de Educación propone agregar dicho número, que dice: "17) Coordinar a los organismos a que se refiere el artículo 36.".
Por lo tanto, se daría por aprobado con el mismo quórum que el resto de las disposiciones.
A continuación, el número 3) del artículo 34, que pasa a ser 36, fue rechazado.
En cuanto al artículo 35, que pasa a ser 37 -que también se refiere al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes-, hubo acuerdo en darlo por aprobado.
El artículo 36, que pasa a ser 38, está en la misma situación del anterior. Se sustituye la frase "El Ministerio de Educación" por "El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.". Está dentro del acuerdo general.
En consecuencia, quedan aprobados, dejándose testimonio de que 31 señores Senadores concurrieron con su voto favorable.
¿Me permite una aclaración, señor Presidente?
No sé si viene al caso o no, pero entiendo que estamos ratificando todos los artículos que fueron aprobados por unanimidad.
Así es. Ya se hizo la aclaración.
Todas las disposiciones en que se ha agregado la expresión "y las Artes" se entienden aprobadas.
El número 2) del artículo 36, que pasa a ser 38, está en la misma situación. Fue aprobado por cuatro votos contra uno y se refiere al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
La letra a) del número 3) del artículo 36, que pasa a ser 38, dice: "El Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes".
La letra b) del número 3) del artículo 36 fue aprobada por unanimidad.
La letra c) del número 3), que se refiere al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, también se encuentra en la misma situación.
Señor Presidente , ¿sería posible repetir cuál fue el acuerdo? Porque hay una indicación que se aprobó por cuatro votos a favor y uno en contra.
Sí, pero ésa se refiere a agregar la expresión "y las Artes", que ya ha sido aprobada en otras disposiciones.
El número 4) del artículo 36, que pasa a ser 38 y que dice: "El Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes", se halla en igual condición.
Todas las normas a que he hecho alusión son de quórum de ley orgánica constitucional y han sido aprobadas con la misma votación anterior. Es decir, con el voto conforme de 31 señores Senadores.
En seguida, el artículo 37 es de quórum de ley orgánica constitucional y se refiere al Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Por lo tanto, quedaría aprobado con la misma votación.
El artículo 38, que pasa a ser 40, fue aprobado por unanimidad. En la letra h) de este precepto, también se agrega la expresión "y las Artes". Por lo tanto, se da por aprobado con 31 votos a favor.
El artículo 39, que pasa a ser 41, está en la misma situación. Fue aprobado por cuatro votos contra uno y se refiere al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
En cuanto al artículo 41, que figura en la cuarta columna del texto comparado y que dice "Autorízase al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para integrar y participar en la constitución y financiamiento de una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto principal será la promoción, fomento y gestión directa de actividades culturales a través de los grupos artísticos estables señalados en el inciso tercero, y que se regirá por las normas el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y sus respectivos estatutos.", el Honorable señor Viera-Gallo ha solicitado votar separadamente la frase "a través de los grupos artísticos estables señalados en el inciso tercero".
Señor Presidente , mediante esta disposición se facilita al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes la posibilidad de participar en la creación de una corporación de derecho privado sin fines de lucro. Por lo tanto, tendrá una gran oportunidad para actuar en el campo de la cultura, como con mucha insistencia lo dijo el Senador señor Valdés .
Sin embargo, se ha restringido su actuación sólo al Ballet Folclórico Nacional y a la Orquesta de Cámara de Chile. Pero no hay razón alguna para no dar una autorización amplia a este organismo a fin de que, mediante esa corporación privada, pueda actuar en el campo de la cultura, eventualmente a través de otros conjuntos estables que existan en las regiones o que deseen asociarse con privados o con universidades, como es el caso de la Orquesta Sinfónica de Concepción.
Es decir, ¿por qué se limita su accionar sólo respecto de conjuntos actualmente dependientes del Estado? ¿Cómo sabemos lo que mañana quiera hacer? ¿Por qué se va a favorecer únicamente a esas dos agrupaciones? Por cierto, soy partidario de beneficiar a ambas, pero no veo por qué se va a restringir la norma sólo al BAFONA y a la Orquesta de Cámara de Chile y las regiones no cuenten con esa posibilidad.
Si se eliminara la frase respecto de la cual he solicitado votación separada, la disposición quedaría con un sentido amplio. Es decir, el Consejo decidirá, a través de un debate cultural, cómo podrá actuar esta corporación en el campo de la cultura a lo largo de todo el país.
Señor Presidente , el artículo 41 está orientado a crear una fundación con el objetivo específico de resolver la situación en que quedan el BAFONA y la Orquesta de Cámara de Chile, que hoy dependen del Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación. Por lo tanto, no está concebido para instaurar una entidad dedicada a absorber todos los conjuntos que tengan dificultades económicas a lo largo del país, porque querría decir entonces que estaríamos generando una fundación monstruo.
La disposición en estudio tiene como finalidad principal solucionar el problema de esas dos entidades, que se sacan del Ministerio de Educación y pasan a formar parte de una fundación autónoma, a través de la cual se va a relacionar el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Me parece que la norma está bien redactada en esos términos. Abrirla y dejarla genérica lo considero completamente inapropiado. Creo que no se debe ir más allá, y por eso está circunscrita a los conjuntos que se señalan en el inciso tercero del artículo 41, a los cuales acabo de hacer referencia. Abrir la disposición es perfectamente equívoco y dará origen a instituciones monstruos que carecen de todo sentido.
Si la Universidad de Concepción, o cualquier otra institución, tiene una orquesta, la corporación que se crea podrá recurrir al Consejo para solicitar su apoyo. Pero no necesariamente todos los conjuntos podrán incorporarse a esta fundación, pues, de lo contrario, se convertirá en una especie de paraguas para cobijar a cuanta agrupación desvalida hay en el país.
En mi opinión, el artículo 41 debe mantenerse tal cual está planteado.
Señor Presidente , quiero informar a la Sala que el fundamento principal que se adujo al discutirse esta materia fue el de regularizar la situación jurídica de quienes se desempeñan en el Ballet Folclórico Nacional y en la Orquesta de Cámara de Chile, porque en este momento carecen de un sistema jurídico que los proteja. Ésa fue la intención que se tuvo en vista al redactar la disposición.
Además, debo recordar que representantes del Ejecutivo señalaron en la Comisión que el Gobierno estaba abierto a prestar asistencia a otras agrupaciones artísticas, como las señaladas por Sus Señorías aquí. Y para eso se contempla una línea de desarrollo cultural regional en el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, además de la Ley de Fomento de la Música Chilena.
Ésas fueron las razones por las cuales se acordó redactar el artículo en la forma propuesta.
Para concluir, deseo recalcar que la intención central de la norma es precisamente regularizar el sistema jurídico de quienes actúan en el Ballet Folclórico Nacional o en la Orquesta de Cámara de Chile.
El señor Ministro ha pedido la palabra.
Señor Presidente , quiero solicitar a la Sala la aprobación del artículo 41 en los términos propuestos, por las razones que dieron los dos últimos señores Senadores que han intervenido.
Como se podrá apreciar en el informe, aquí hay tres tipos de organismos: unos que se integran al Consejo, como la División de la Cultura; otros que se coordinan con él, como la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y aquellos que se canalizan a través de una corporación para dar solución a los problemas actuales. En ese sentido, el inciso tercero del artículo 41 se refiere al Ballet Folclórico Nacional y a la Orquesta de Cámara de Chile, con el propósito de que las personas que presten servicios en ellos pasen a tener la calidad de trabajadores dependientes de la corporación que se autoriza crear, sin perjuicio de aquellas que, de común acuerdo con la referida entidad, establezcan un vínculo contractual diferente, para proteger a estos empleados y darles estabilidad en sus cargos, ya que la mayor parte de ellos está contratada a honorarios.
Ahora bien, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes contempla un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, que es la vía para financiar las distintas propuestas que se formulen. Asimismo, se halla en estudio la creación de dos fondos: el de la Música -que en este momento se está debatiendo en el Senado- y el de las Artes y la Industria Audiovisual, además de los ya existentes como son el Fondo Nacional del Libro y la Lectura y el FONDART.
Pero si dejamos una corporación abierta, para que llegue todo tipo de demandas, sin ninguna regulación, se va a transformar en algo inmanejable para el Consejo. Ello cambiaría el carácter de la corporación que se crea, dirigida sólo a resolver un problema práctico en la transición al nuevo sistema.
Por ello, y además por razones financieras, solicito que nos atengamos al texto en la forma en que está redactado.
Señor Presidente , no había considerado esta materia del modo como se ha planteado en el debate.
Estoy de acuerdo con el Senador señor Larraín en cuanto a que no se puede abrir un fondo para que todas las instituciones culturales, que normalmente carecen de recursos, busquen financiarse a través del Consejo.
La norma alude a dos entidades dependientes del Ministerio de Educación. Pero hay otras que me preocupan, por ejemplo, las 128 ó 129 orquestas juveniles. Se trata de una creación extraordinaria, en términos de valor cultural nacional. Ellas no cuentan con ningún apoyo y, hoy día, dependen de la generosidad y del talento de la señora del Presidente de la República , quien se ha dedicado a acogerlas y a buscarles recursos. No veo que aquí se pueda financiar a ese tipo de instituciones.
La Orquesta de Cámara de Chile, que dirige Fernando Rozas , dependiente del Ministerio de Educación, es notable. No sé por qué se la denomina "de cámara", cuando realmente es sinfónica.
Así está considerada en la norma.
Imagino, entonces, que la Universidad de Chile ha de tener más dificultades para financiar la orquesta sinfónica.
Estamos frente a una situación que debería estudiarse de otra manera, pues no es posible mediante el Consejo de la Cultura financiar, conforme a los recursos que se consideran, todas las necesidades existentes en ese ámbito.
En consecuencia, estoy por mantener las dos entidades, dejando pendiente el financiamiento en la estructura general. Porque las orquestas juveniles, por ejemplo -las conozco bastante de cerca, desde su inicio, y constituyen una obra maravillosa-, dependen del Ministerio de Educación -por decirlo de alguna manera-, pero son prácticamente autónomas.
O son municipales.
No soy partidario de normar y de legalizar todo. Sin embargo, debe tenerse mucho cuidado en dar a los organismos públicos más responsabilidades que las que pueden asumir. Pienso que hay que desarrollar mucho más los municipios y las corporaciones privadas para que tengan a su cargo teatros y orquestas.
A mi juicio, aquí hay un tema que quedó pendiente. Sin embargo, no es conveniente dejar abierta la norma en la forma como se ha señalado.
Al igual que el Senador señor Larraín , estimo que dar más responsabilidades al Consejo Nacional de Cultura, sobre todo acerca de actividades provinciales, significa desfigurar mucho el concepto de consejo. En el fondo, se estaría creando un organismo casi parecido a una corporación de fomento, lo cual es algo distinto.
Señor Presidente , tengo la impresión de que podríamos discutir extensamente esta materia, porque es muy opinable, y razones hay en un sentido y otro. Pero ésta también fue muy discutida en la Comisión.
Aquí hay dos asuntos. En cuanto al primero de ellos, a través de este artículo se buscó resolver el tema específico de esas dos instituciones artísticas. Me parece razonable. Sin embargo, si se busca un sistema en donde una corporación de derecho privado -ése fue el argumento del Ejecutivo- se considera el instrumento más factible para realizar más cosas y resolver situaciones que, tal vez, no se pueden solucionar directamente ni por medio del Fondo ni del Consejo, entonces surge la pregunta: por qué no lo dejamos abierto para todos. Ése es el punto.
El argumento de "abrir demasiado" tiene dos visiones. Le correspondería al propio Consejo decidir en qué casos se financia una manifestación artística y en cuáles no. Y si son muchas, quiere decir que efectivamente redactamos una ley insuficiente para resolver el tema. Por lo tanto, lo natural es que usemos esta oportunidad para mejorar las cosas.
Por eso, estoy de acuerdo con la propuesta formulada por el Senador señor Viera-Gallo , que fue lo que sostuvimos en la Comisión. Ahora, para que no quedara una redacción inadecuada, habría que hacer una pequeña corrección -si llega a votarse así- y decir: "y financiamiento de corporaciones de derecho privado", etcétera.
No se puede, Su Señoría .
Señor Presidente , sé que no estamos en condiciones de hacer la modificación. Sin embargo, quiero hacer presente que no me agrada que aquí estemos resolviendo problemas particulares de dos entidades, cuando otras se encuentran en la misma situación que aquéllas, y se empieza a generar un estado de inequidad y de reclamos. Y, como dije al señor Ministro -un poco en broma-, he buscado que no recarguen de conflictos al proyecto, aunque, evidentemente, ellos surgirán. Por ejemplo, por el tema de las provincias, porque la norma será insuficiente, o por el hecho de que de pronto habrá aprobaciones bastante confusas en algunos aspectos, debido a que no se dio amplitud a lo que pretendíamos hacer.
Por eso, anuncio que votaré en el sentido mencionado.
Señor Presidente, en principio encuentro muy razonable, en teoría, la sugerencia del Senador señor Viera-Gallo . Pero, en la realidad, no me parece que este artículo sea el indicado para solucionar el problema que plantea. De aceptarse esa proposición, me temo que podría existir una limitación constitucional, porque -como ha dicho el señor Ministro - ello significaría un mayor gasto, y si fuera así, la enmienda no sería de iniciativa del Senado.
Señor Presidente , desde que surgió esta inquietud en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, siempre se pensó con referencia a estos conjuntos artísticos, que de una u otra forma dependían del Ministerio de Educación.
Como se intentaba agrupar en una sola entidad lo concerniente a la cultura, que se veía atomizada en toda la organización del Estado, no se podía dejar aparte al BAFONA y a la Orquesta de Cámara de Chile. Entonces, como una forma de dotarlos de cierta estabilidad y, a la vez, de darles la posibilidad de proveerles recursos para sus actuaciones, se les entrega esta cobertura; pero nunca se pensó en ampliarla más allá de ambas instituciones artísticas.
¿Me permite una interrupción, señor Senador.
Señor Presidente , solamente para un efecto práctico.
Me parece que, en teoría, nadie repugnaría una iniciativa como la que aquí se ha planteado. Quienes hemos visto las orquestas de cámara juveniles sabemos que son una maravilla; y hay muchas en el país. Sin embargo, sólo por efecto de operatividad, me gustaría que se pronunciara el Ejecutivo , pues entiendo que incluir normas de financiamiento es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Si queremos entrar en una discusión semántica de este interesante tema, podemos estar debatiendo toda la tarde. Por eso, cabe preguntar si llegaremos a alguna conclusión práctica, porque estimo que cuando se habla de financiamiento se trata de una iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Gracias, Senador señor Ríos.
¿Me permite una interrupción muy breve sobre ese mismo punto, Honorable colega?
Se la concedo, pero no me quite tanto tiempo.
Tiene la palabra, señor Senador. Pero advierto que es la última interrupción.
Sólo un minuto, señor Presidente .
En el proyecto original del Ejecutivo, según consta en el informe, no estaba la frase que propongo eliminar. De modo que no hay problema de financiamiento, porque allí venía la tesis que he sostenido.
Gracias, Honorable señor Ríos.
Señor Presidente , usualmente, cuando en Santiago se crea un ballet o una orquesta de cámara se le coloca el apellido de "Nacional " o "de Chile", como si no tuviera importancia el resto del territorio nacional.
Estos dos organismos, el Ballet Folclórico Nacional -como si los otros ballets folclóricos no fueran nacionales- y la Orquesta de Cámara de Chile -como si el resto de las orquestas de cámara del país no fueran de Chile-, terminan siendo recogidos por una norma que permite la creación de una corporación sin fines de lucro que los administrará, pretendiendo, sin duda alguna, extender su accionar más allá de nuestras fronteras, lo que está bien.
En cuanto a los otros organismos artísticos, no soy partidario de que la disposición en comento se abra hacia todos los del país, por varios motivos. En primer lugar -quizá es uno de los más importantes-, porque normalmente, cuando estas instituciones se extienden a todo el país, se centraliza la distribución de los recursos -en este caso, en Valparaíso-, la decisión de entregar o no financiamiento a una orquesta, a un conjunto folclórico, etcétera, en algún lugar del territorio.
En segundo término -y esto es mucho más trascendente-, no hay que olvidar que los conjuntos musicales recordados -como las orquestas juveniles, que son admirables; lo reconozco, y felicito a sus creadores- viven bajo la dependencia de la respectiva corporación municipal.
Tampoco hay que olvidar que hoy día las municipalidades tienen facultades para establecer personas jurídicas distintas de sus propios organismos. Así que, en definitiva, lo que hace el municipio es crear ahí una corporación autónoma con la orquesta sinfónica, o con la orquesta juvenil correspondiente, o con su grupo musical; en fin, hay distintas alternativas. Eso, a la vez, permite a la municipalidad, como gobierno comunal, tener responsabilidades sobre los organismos musicales o artísticos en general. Y asimismo, por tratarse de una persona jurídica diferente, posibilita a ésta recibir recursos provenientes de donaciones de privados -ello no sería factible si aquélla fuera de derecho público- y tener una relación con la Administración Central para incorporarse, dentro de los fondos que el Presupuesto entregue, a la difusión de la música u otras expresiones artísticas.
Por consiguiente, no es necesario que exista un organismo nacional, porque descentralizamos; a la vez, ponemos en juego toda la institucionalidad, hoy día descentralizada, que debe aprovecharse más de lo que se está aprovechando, y de esa forma logramos el crecimiento armónico tan deseado por todos.
Tenemos una proposición hecha por el Senador señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , todo lo que se nos pide resolver es si la corporación que se crea para asegurar la continuidad de grupos hoy día existentes y que los gestionará de manera directa va a tener un giro cerrado estrictamente en el futuro a la gestión de esos grupos o, por el contrario, será un instrumento del que dispondrá el Consejo Nacional de Cultura de modo más abierto y en la medida, por cierto, en que hacia delante haya recursos presupuestarios.
En lo inmediato, eso no irroga mayor gasto. Se hace cargo en forma rigurosa de lo que señala el inciso tercero y, obviamente, con los fondos que hoy tiene asignados. En el futuro, el Presupuesto del 2004 contemplará una nueva partida, Consejo Nacional de Cultura, y en ella vendrán -no sé si como capítulo separado o como parte del presupuesto del Consejo- los recursos que se asignarán a esa corporación.
Francamente, no veo inconveniente alguno en dejar el giro abierto.
Declaro que, en principio, no soy partidario de que la corporación emprenda nuevas actividades en el campo de las artes; que prefiero que el esfuerzo del Estado apoye las múltiples iniciativas que se dan en la comunidad y respalde a tanto agente cultural con el que hoy día está en deuda. Pero también asumo que el circunscribir el giro de la corporación estrictamente a lo que ahora existe constituye una limitación de la que más vale prescindir, precaviendo eventuales situaciones y potencialidades que puedan hacer necesaria una gestión más ambiciosa en el futuro.
Por eso, respaldaré la proposición del Senador señor Viera-Gallo .
Una pregunta, señor Presidente .
Tiene que ser muy breve, porque la discusión concluyó.
Señor Presidente , comprendo la intención del Senador señor Viera-Gallo y la respeto -por cierto-, pero creo que lo propuesto por la Comisión está bien concebido, por una razón de estructura de la sociedad, del Estado.
Aquí estamos creando un servicio público, el cual, por dar acogida a dos entidades culturales dependientes del Ministerio de Educación, genera una entidad privada -Código Civil- para ese objeto.
En lo personal, no soy partidario de que el Estado tenga actividades en competencia con los privados. Para mí, el Estado es regulador y suplente, pero no competitivo.
Entonces, estimo que no puede crearse una corporación privada -Código Civil- de acuerdo con la ley -dictada por el Presidente Frei Montalva- que regula las corporaciones sin fines de lucro, porque, si ella se expande y asume las tareas de la cultura, el Consejo deja de ser tal y pasa a ser una corporación de fomento de la cultura, que es una cosa muy distinta.
Por eso, no soy partidario de extender la capacidad del Consejo Nacional de Cultura para crear entidades privadas que financien actividades culturales más allá de los fondos propios recibidos del FONDART.
¿Me permite formular una consulta, señor Presidente?
La última, señor Senador, porque debemos proceder a votar.
Señor Presidente , se trata de una corporación de derecho privado. Se supone que, además, esto se encuentra abierto a que, por ejemplo, las empresas o los particulares le efectúen aportes y sean parte de ella. Tengo entendido que es así. De acuerdo con la ley, puede hacerse.
Es correcto, señor Senador.
Entonces, eso abre un espacio de mayor manejo, pues se supone que las personas que aportan dinero estarán también dentro de la "ley Valdés" y podrán descontarlo de sus impuestos.
Consulto al Honorable señor Viera-Gallo si mantiene su solicitud de votar separadamente el artículo.
En consecuencia, se votará separadamente la supresión de la frase "a través de los grupos artísticos estables señalados en el inciso tercero".
Hay sólo 8 votos a favor de la eliminación.
--Se rechaza la supresión de la frase señalada.
Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo 41.
--Se aprueba, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que se pronunciaron favorablemente 31 señores Senadores.
En seguida, el Honorable señor Viera-Gallo solicitó discutir el artículo primero transitorio, que la Comisión aprobó por unanimidad.
Señor Presidente , no quiero molestar, así que retiro mi petición.
--Se aprueba el artículo primero transitorio (31 votos favorables).
En el artículo segundo transitorio hay una enmienda relacionada con el cambio de denominación del Consejo Nacional de Cultura.
Ya fue aprobada.
El Honorable señor Viera-Gallo solicitó discutir separadamente el artículo tercero transitorio.
Retiro mi petición.
Señor Presidente , también solicité debatir el artículo tercero transitorio, fundamentalmente porque me parece que es inconstitucional.
Mediante ese precepto se faculta al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley a través del cual fijará la planta de personal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y definirá una serie de normas relacionadas con la carrera funcionaria.
El inciso tercero, por ejemplo, señala: "En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción a los cargos que conformen la planta del Consejo.".
Esa disposición es de aquellas que están reguladas en el artículo 38 de la Carta, donde se preceptúa que una ley orgánica constitucional "garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y perfeccionamiento de sus integrantes.". Entonces, tratándose de materias de ley orgánica constitucional, no es posible la delegación de facultades, tal cual lo señala el artículo 61 de la Carta.
Hice este planteamiento en la Comisión; lamentablemente, no fue acogido. Pero quiero insistir en él, al menos para hacer reserva expresa de constitucionalidad, porque, a mi parecer, estamos frente a un decreto con fuerza de ley del todo inconstitucional.
Señor Presidente , es sólo para decir que concuerdo totalmente con lo que acaba de manifestar el Senador señor Larraín .
Quiero agregar que hay fallos del Tribunal Constitucional -a lo menos dos- que ratifican ese punto de vista. De manera que, si este artículo se aprobara como viene, tengo la certeza de que el Tribunal lo rechazaría.
Por lo tanto, creo que lo procedente es votar la supresión de la norma.
Se ha formulado cuestión de constitucionalidad. Tendríamos que pronunciarnos acerca de si la disposición en comento es constitucional o no, salvo que venga aprobada por la Cámara (estoy pidiendo la información a Secretaría). De haberse acogido allí, el Senado no podría pronunciarse sobre la constitucionalidad; sólo cabría hacer la reserva pertinente.
Puede hacerse la reserva de constitucionalidad.
Se ha planteado un problema bastante complejo.
No cabe la menor duda de que el ideal habría sido -como muchos sostuvimos en la Comisión- que se hubiera presentado una planta del nuevo servicio, aunque fuera esquemática, para que el Parlamento la aprobara. Eso habría sido lo lógico, lo natural. Y no habría habido dificultad alguna, porque nadie estaba por manifestar rechazo al respecto. Pero no se presentó, por diversas razones -las que fueren-, y se ha producido esta situación difícil.
Sin embargo, rechazar el artículo significaría crear un servicio sin planta. Y ni siquiera el Presidente de la República podría crear una. Ello provocaría un problema muy grave.
Fue aprobado en la Cámara Baja.
Ahora, si el Tribunal Constitucional lo objeta, es igualmente grave, porque se tendrá que volver al Congreso por el problema de la planta. O sea, vamos a crear un servicio, a dar la ilusión de que se aprobó el nuevo Consejo, y resulta que no tiene planta.
Ante una situación de tal naturaleza, yo consultaría al señor Ministro . Preferiría que el proyecto volviera a la Comisión de Hacienda (sería la más indicada para estos efectos), o a la de Educación, y que el Gobierno presentara la planta.
Señor Presidente, deseo hacer dos planteamientos para resolver esta situación.
En primer lugar, convengo plenamente en que se trata de un precepto inconstitucional. Entonces, sin duda, nos estamos exponiendo a que el Tribunal Constitucional lo declare así y ello signifique la paralización del proyecto por un lapso considerable (no olvidemos que tiempo atrás, con toda razón, nos pidieron apurar su despacho).
Entonces, para resolver el problema -porque el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados en tercer trámite-, debemos crear una discrepancia respecto de este artículo entre aquélla y el Senado, para que pueda ser resuelta en Comisión Mixta.
En consecuencia, es necesario rechazar este precepto.
Perdón, señor Senador. ¿Me permite una interrupción?
Termino en seguida.
Porque si lo rechazamos, se produce el efecto señalado por el Senador señor Viera-Gallo , en el sentido de que la ley en proyecto no consignará planta. Pero si la Cámara de Diputados insiste en su idea, va a generar una Comisión Mixta. Y, ante la discrepancia, el Gobierno perfectamente podrá presentar allí una indicación para corregir la situación. Con eso se resuelve el problema de la inconstitucionalidad y el proyecto puede ser despachado en forma oportuna.
Ésa es mi sugerencia, señor Presidente .
¿Y qué pasa si la Cámara acepta el rechazo en el tercer trámite?
Es obvio que no acogerá la norma, porque no puede dejar una institución sin planta.
Por eso, no veo otra salida práctica que rechazar el artículo.
Pero más responsable es que vuelva a la Comisión, se dé un plazo y se presente la planta.
Si la Cámara de Diputados aceptara el precepto, todavía el Presidente de la República tendría derecho a veto. Y creo que debería ejercerlo.
Por favor, evitemos los diálogos.
Perdón por la interrupción, señor Presidente . Pero me parece que debemos rechazar el artículo.
Señor Presidente, lo que sostiene el Honorable señor Viera-Gallo implica atrasar el despacho del proyecto, en circunstancias de que se puede solucionar el problema sin producir ese efecto.
Al pasar a la Comisión de Hacienda, esperar el envío de la indicación sobre la planta y votar, otra vez el Senado estaría dilatando el despacho de la iniciativa. ¿Para qué? En cambio, al rechazar el artículo, el proyecto pasa a la Cámara Baja, y entretanto el Gobierno busca la solución. Porque Comisión Mixta habrá igual, porque el Senado ha introducido cambios que probablemente la Cámara de Diputados no aceptará, insistiendo en su texto. Con eso no se produce ningún atraso.
Reitero: no demoremos el despacho de la iniciativa y permitamos al Ejecutivo buscar una solución que evite la declaración de inconstitucionalidad, que, como dijeron los Senadores señores Silva y Larraín , se va a producir, opinión que comparto.
Señores Senadores, si el problema se hubiera generado en el Senado -viene así de la Cámara Baja-, deberíamos habernos pronunciado sobre la constitucionalidad de la disposición. El artículo 61 de la Carta es claro en relación con las normas que requieren para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional o calificado. La que nos ocupa es indiscutiblemente de quórum calificado.
Y afecta a una garantía constitucional.
Y, además, afecta a una garantía constitucional. O sea, puede haber un problema de constitucionalidad.
Entonces, considero procedente lo planteado por el Senador señor Espina: ver en la Comisión Mixta cómo solucionar el problema. En caso contrario, tendremos una dificultad grave.
¿Habría acuerdo para desechar el artículo, dejando constancia de que el rechazo procura generar el efecto señalado?
--Se rechaza el artículo tercero transitorio (31 votos negativos), con la constancia explicitada por el señor Presidente .
En el artículo cuarto transitorio, la Comisión aprobó una enmienda que cambia la denominación del Consejo Nacional de Cultura.
Corresponde analizar el artículo quinto transitorio.
La Comisión de Hacienda propuso una enmienda que fue aprobada por unanimidad.
En cuanto a las dos modificaciones de la Comisión de Educación, fue aprobada por unanimidad la primera, consistente en agregar en el inciso tercero, entre la palabra "conforme" y el artículo "la", la preposición "a".
Señor Presidente , sobre el artículo quinto transitorio, ¿me permite un comentario muy breve, que me parece importante?
En la Comisión quedó muy claro, en el diálogo permanente con el señor Ministro y sus asesores, que este precepto resguarda absolutamente los derechos de los trabajadores que están laborando en los organismos que pasan a formar parte de la nueva institución; que no va a suceder lo ocurrido con CHILEDEPORTES, y, por tanto, que todos ellos tienen derecho a pasar automáticamente al nuevo organismo, conforme lo establece el artículo en comento.
Me parece relevante dejar constancia, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley -porque es más difícil el acceso a las Actas de la Comisión-, de que ése fue el espíritu de todos los que participamos en la discusión del proyecto.
Entonces, se deja la constancia, como acuerdo de la Sala.
Y señalando que el Ejecutivo lo aceptó.
Señor Presidente , considero que el artículo quinto transitorio está en la misma situación del artículo tercero transitorio. Aquí se deja abierto el problema de los contratos, pues no se indica ninguna limitación.
Por lo menos desde mi punto de vista, no hay problema de constitucionalidad.
Al decir que "la dotación máxima del Consejo se entenderá incrementada en el número de cupos correspondientes a éstos", se relaciona derechamente con la planta.
Sí. Empero, no hay una delegación de facultades que contraríe lo dispuesto en el artículo 61, inciso segundo, de la Constitución.
Conforme. Sólo lo hago presente.
La segunda enmienda de la Comisión de Educación consiste en eliminar el inciso final del artículo quinto transitorio. Fue aprobada por 4 votos contra 1.
Señor Presidente , quiero manifestar mi oposición al artículo sexto transitorio, nuevo, tal cual lo hice en la Comisión, por el motivo siguiente.
La ley Nº 18.834, en el inciso segundo del artículo 9º, establece que "El número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder de una cantidad equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de la planta de personal de ésta.".
Disponer que "Para los efectos de esta ley" no regirá esa limitación significa que el Consejo podría tener una cifra de funcionarios a contrata superior al 20 por ciento de sus cargos de planta.
A mi modo de ver, ése es el camino por el cual se produce la inflación burocrática de los servicios públicos. Y no deseo colaborar en este sentido.
Señor Presidente, nosotros no queremos una institucionalidad cultural llena de personal, sino una planta pequeña, para que los recursos no sean absorbidos por la burocracia y, por el contrario, vayan a los artistas, a los investigadores, al desarrollo efectivo de la cultura.
Se hablaba aquí de la necesidad de fondos para orquestas juveniles. Por supuesto, para ellas los queremos. Por eso, establezcamos esta restricción para que no haya un crecimiento por esta vía.
Por ese motivo, pido rechazar el artículo sexto transitorio, nuevo.
Su Señoría está objetando el inciso final del artículo quinto, que se eliminó por mayoría de cuatro por uno.
Lo que pasa, señor Presidente , es que, debido a nuestra proposición, ese inciso final se convirtió en artículo sexto. En realidad, es lo mismo.
De todas maneras, recuerdo al señor Senador que la disposición está relacionada con los personales actualmente en servicio, ya sea a honorarios o a contrata, los que deberán tener, a lo menos, tres años de permanencia ininterrumpida en dicha calidad al 31 de diciembre de 2001. O sea, no podría haber mayor contratación.
Señor Presidente , lo ideal es lo que señala el Senador señor Larraín . Es lo lógico. Pero el problema -lo señaló el señor Presidente - es que la planta de la actual División de Extensión Cultural del Ministerio de Educación ya excede ese 20 por ciento. Se ha dispuesto que todos sus funcionarios van a pasar al nuevo servicio; pero, si al mismo tiempo no se aumenta la planta en tal porcentaje, significará que una parte de ellos no podrían ser trasladados. Por eso se incorporó esta norma, no con el ánimo de aumentar la burocracia, la que, por lo demás, se puede controlar cada año en el Parlamento con motivo del estudio del respectivo presupuesto.
Concedo una interrupción al Senador señor Larraín, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , la lógica del argumento recién expuesto por el Senador señor Viera-Gallo descansa en que el inciso primitivo comenzaba diciendo "Para los efectos de este artículo" (el quinto transitorio, que establece la transición de un organismo a otro), en circunstancias de que el nuevo artículo sexto transitorio se inicia señalando "Para los efectos de esta ley". O sea, la ley está permitiendo el funcionamiento en forma permanente con un personal que desborde los límites de la contratación. Y a esto me opongo. Porque si ello rigiera solamente para los efectos de la transición, podría entenderlo. Pero aquí se suprime la restricción para los objetivos permanentes de esta institucionalidad. En este caso, no estamos hablando del problema específico de cambio de régimen, sino de un sistema que estimo inconveniente.
Señor Presidente , creo que el Honorable señor Viera-Gallo mencionó la razón fundamental de este precepto: estamos en presencia de la transición a una nueva institucionalidad y hay un compromiso que toma el Senado de que ella no signifique despidos de funcionarios.
En estos momentos la División de Extensión Cultural está formada por 81 personas de planta, 36 a contrata y 221 a honorarios. Por lo tanto, si no se recurre a una norma de excepción, no habrá cómo materializar el traspaso e impedir el alejamiento definitivo de personal. O sea, es una obligación.
El compromiso del Ejecutivo -se planteó en la Comisión- apunta a no incrementar la dotación. Aquí no hay ningún ánimo burocrático, sino simplemente la intención de proteger las estructuras existentes para permitir la transición.
Por último, quiero recordar que se incluye una norma que establece que, en lo sucesivo, la Ley de Presupuestos determinará lo atinente a las plantas. Es un resguardo ante un eventual incremento, si el Parlamento así lo estimara.
Y también se garantiza que no se cometerá el error de despedir gente, compromiso que se ha constituido en una condición para la transición, reiterada también en las conversaciones que el Ejecutivo sostuvo con los funcionarios.
Señor Presidente , concuerdo con el señor Ministro de Educación , pero me parece que la solución reside en reponer el inciso final del artículo quinto transitorio del proyecto, que fue aprobado en general por el Senado y que expresa: "Para los efectos de este artículo, no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.834.".
Considero que el artículo tercero transitorio da respuesta a las inquietudes planteadas, pues consigna: "La planta que se fije no podrá significar un mayor gasto, una alteración de los grados ni un incremento en el número de cargos...".
Me informan, sin embargo, que fue rechazado.
Creo, señor Ministro , que la proposición del Senador señor Espina podría resolver el problema.
Señor Presidente , el Ejecutivo concordaría en reemplazar la expresión "para los efectos de esta ley" por "para los efectos de este artículo".
¿Habría acuerdo parar aprobar lo propuesto en el primer informe, rechazando el artículo sexto transitorio?
El problema radica en que el artículo tercero transitorio-al que se refirió el Honorable señor Muñoz Barra - contemplaba la facultad del Presidente de la República para fijar las plantas. Ahí es necesario señalar que no rige la limitante, porque, si no, los funcionarios serán trasladados a una planta que no podrá contenerlos. Pero tal precepto fue rechazado. Es verdad.
En realidad, yo preferiría que la norma se aprobara en los términos propuestos.
Creo que la sugerencia del Senador señor Espina salva la situación, porque el artículo quinto transitorio se refiere precisamente al personal contratado sobre la base de honorarios y dispone su incorporación en la planta, sin la limitación. Además, si la Comisión Mixta repusiera el artículo tercero transitorio, esta situación podría abordarse allí.
¿Habría acuerdo para aprobar el inciso final del artículo quinto transitorio del primer informe y para rechazar el nuevo artículo sexto transitorio del segundo informe?
Finalmente, hay un artículo sexto transitorio, que pasa a ser séptimo transitorio, y que fue aprobado por unanimidad.
Llamo la atención sobre lo siguiente. La disposición dice: "El mayor gasto que pueda significar la creación de hasta 20 cargos directivos o de jefaturas, a que se refiere el párrafo final del inciso segundo del artículo tercero transitorio,". Pero éste ya fue rechazado.
Señor Presidente , no tiene importancia que la norma adolezca de cierta incoherencia, porque la Comisión Mixta podrá corregirla. No estamos despachando la ley, sino una iniciativa que se encuentra en segundo trámite constitucional. Por lo tanto, hay dos alternativas: o se vota en contra -se suprime y luego se repone en la Comisión Mixta-, o se mantiene, la Cámara de Diputados la elimina y finalmente la redacción se armoniza. El problema surge por haber rechazado un artículo que será necesario reponer.
Para los fines previstos por el propio Senado en el sentido de que el problema se resolverá en la Comisión Mixta, el Ejecutivo considera conveniente mantener la norma, lo cual fuerza necesariamente una decisión de la Cámara de Diputados.
Me permito someter a la consideración de la Sala la siguiente fórmula: mantener el artículo séptimo transitorio, eliminando la frase "a que se refiere el párrafo final del inciso segundo del artículo tercero transitorio".
No habrá problemas, porque se refiere a los 20 cargos directivos o de jefaturas; y ahí tendrán que ponerse de acuerdo sobre un procedimiento y agregar lo que establece el artículo tercero transitorio.
Peor sería mantenerlo, porque no hay artículo tercero transitorio.
Yo hablo de rechazarlo.
Bueno, también puede hacerse. Pero el señor Ministro está pidiendo su mantención.
Señor Presidente , no me parece que sea necesario, para los objetivos a que aspira el señor Ministro , porque el contar con un artículo tercero transitorio, perfeccionado mediante alguna fórmula, exigirá resolver este problema. En cambio, subsistiría una norma que hace referencia a una disposición inexistente. Ello, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es imposible.
Por eso, soy partidario de eliminar el artículo séptimo transitorio, concordando con lo actuado respecto del artículo tercero transitorio, porque su único sentido es su alusión a un artículo que se acaba de rechazar. ¡Cómo lo vamos a mantener! No tiene ninguna justificación.
¿Estaría de acuerdo el señor Ministro en que se rechazara el artículo séptimo transitorio, dejando la constancia?
Reitero: en la Comisión Mixta se resolverá el problema del artículo tercero transitorio.
No puedo sino acceder a lo que pide el Senado.
Sobre todo considerando que es la última disposición sobre la cual debemos pronunciarnos.
Si le parece a la Sala, se rechazará el artículo séptimo transitorio.
Señor Presidente , quiero expresar los agradecimientos del Ejecutivo por el despacho de la iniciativa y por el trabajo realizado en las Comisiones de Educación y de Hacienda y en la Sala, lo cual nos permite ahora arribar a la Cámara de Diputados en la búsqueda de una solución final.
Así que doy las gracias al Senado por la labor desarrollada y por el respaldo a este proyecto del Gobierno.
De los señores CANTERO, COLOMA, CORDERO, ESPINA, HORVATH, LARRAÍN, MARTÍNEZ, MATTHEI, ORPIS, PROKURICA, ROMERO y STANGE:
Al señor Contralor de la República , referente a AGILIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE SUMARIO ADMINISTRATIVO EN MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS POR PAGOS A EMPRESA CONSTRUCTORA JCB S.A.
Al señor Superintendente de ISAPRES , sobre MANTENCIÓN DE CONVENIO ARANCELARIO CON ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRAUMATÓLOGOS DE ANTOFAGASTA.
Al SEREMI de Educación de la Segunda Región , remitiéndole antecedentes relativos a IRREGULARIDES EN AMERICAN COLLEGE DE ANTOFAGASTA.
Al señor Alcalde de la Municipalidad de Calama , acerca de MATERIALIZACIÓN DE ACUERDO CON CLUB DE RODEO DE CALAMA.
A los señores Ministros de Hacienda y de Educación, sobre APORTE EXTRAORDINARIO PARA EDUCACIÓN MUNICIPALIZADA DE COMUNA DE TORTEL (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Superintendente de ISAPRES , solicitándole información sobre DENUNCIAS DE NEGLIGENCIAS MÉDICAS EN HOSPITALES Y CLÍNICAS PERTENECIENTES A ISAPRES.
En Incidentes, los Comités Institucionales 1, Institucionales 2 e Independiente; Mixto (Partido Por la Democracia); Demócrata Cristiano, y Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes no harán uso de sus respectivos tiempos.
Señor Presidente, solicito el envío de un oficio al señor Ministro del Trabajo pidiéndole antecedentes relativos a algunos cambios administrativos experimentados por la ley Nº 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo.
En dicha normativa se especifica que las empresas que optan por la administración delegada deben entregar al INP un aporte equivalente al uno por ciento de las planillas de sueldos. Sin embargo, en un momento dado se determinó que, para las administraciones delegadas, el porcentaje sería de 20 por ciento.
La Subsecretaría de Previsión Social, a cargo de don Patricio Tombolini , sin mediar explicación de motivos, subió dicho porcentaje a 30 por ciento, bajando el uno a 0,9 por ciento. Y, en el caso de la administración delegada, se elevó a 50 por ciento; más tarde se volvió a subir de 0,9 a 0,95 por ciento.
A lo anterior debe agregarse que se elevó la cotización del seguro escolar de 0,4 a 2 por ciento.
Sería importante conocer los fundamentos por los cuales se introdujeron tales modificaciones -son desconocidos- y en qué se gastaron los fondos recibidos. Los aportes resultan bastante significativos si se considera el número de empresas públicas y privadas que deben desembolsarlos.
Solicito la anuencia de la Sala para que el Honorable señor Ruiz-Esquide se desempeñe como Presidente accidental .
--Pasa a presidir la sesión el Senador Ruiz-Esquide, en calidad de Presidente accidental.
Señor Presidente , el programa Chile Barrios considera el mejoramiento de dos localidades que se encuentran en condiciones precarias: Puerto Gala y Puerto Gaviota, de la Región de Aisén.
En ese sentido, interesa conocer el detalle de las obras destinadas a afianzar esos dos importantes poblados del sector del litoral de Aisén.
Y, respecto de Puerto Gaviota, sería importante saber qué pasa con el compromiso adquirido con el Ministerio de Obras Públicas de realizar la captación de aguas del arroyo Madipro , que vierte hacia la Caleta Amparo. O sea, no sería necesaria la construcción de una nueva planta de tratamiento -existe una, pero no está funcionando-, y se aprovecharía la captación de esas aguas para una microcentral, lo que evitaría la generación de electricidad con alto costo de combustible.
Además, es necesario saber, ya que no hay oficina de Chile Barrios en la Región de Aisén, cómo se continuará postulando al resto de los proyectos, sobre todo los más urgentes, que se refieren a la construcción de plantas de tratamiento de aguas en las localidades de Puyuhuapi, de Las Juntas y de Guadal.
Por tales razones, pido oficiar al señor Ministro de Planificación y Desarrollo y al señor Secretario Regional Ministerial de Planificación de la Región de Aisén , con el objeto de hacerles presentes nuestras inquietudes.
--Se anuncia el envío de los oficios pedidos, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
Señor Presidente , solicito oficiar al señor Subsecretario de Pesca con el objeto de que se fiscalice en buena forma la extracción de peces y recursos bentónicos entre Regiones; se disponga la habilitación de una oficina de SERNAPESCA en Puerto Cisnes, donde incluso la municipalidad estaría facilitando las dependencias respectivas; se asegure la permanencia de un funcionario a tiempo completo en Melinka, y se estudie una solución similar en Raúl Marín Balmaceda .
Señor Presidente , la localidad de Puerto Chacabuco, principal puerto de la Región de Aisén, se ha visto enfrentada a una serie de situaciones, una de las cuales detallé en la sesión antepasada: la relativa a la planta de tratamiento de aguas servidas, que fue construida con algunas deficiencias y ha generado un foco de contaminación bastante grave en una Región que se ha autoproclamado -y está trabajando políticamente en tal sentido- como zona de reserva de vida y de privilegio ecológico.
Junto a eso, las distintas organizaciones sociales de Chacabuco han solicitado viviendas dignas; infraestructura para sedes sociales y capacitación, con las correspondientes áreas verdes; parques recreativos de acuerdo con la población o barrio, y la implementación de un cementerio, ya que no cuentan con ello.
Además, piden que los Ministerios de Vivienda y de Obras Públicas coloquen señalización adecuada para que el tránsito fluya como corresponde, no permitiendo el estacionamiento de camiones con contenedores -que entran en la Región y salen de ella- en los principales puntos de atracción de la ciudad, como la plaza.
En el caso de la escuela, las organizaciones representativas de esa localidad demandan su ampliación y el traslado de un jardín infantil a un sector no tan próximo a las empresas pesqueras que procesan recursos del mar.
Respecto a clubes deportivos, expresan su interés en dotar de camarines y duchas a la cancha existente, como una manera de apoyar el deporte, y la construcción de una multicancha techada.
También hacen presente una serie de necesidades para las personas de la tercera edad.
Y, finalmente, proponen idear un proyecto regional para generar una imagen sustentable para el principal puerto de entrada y salida de la Región de Aisén.
Por esas razones, solicito oficiar a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda; al FOSIS, en lo relativo a la tercera edad, y a los señores Intendente de la Región de Aisén y Alcalde de la comuna de Aisén, para que me hagan llegar los antecedentes respectivos.
El tiempo que resta me lo ha solicitado el Senador señor Stange, a quien lo cedo con mucho gusto.
El señor RUIZ (Presidente accidental).-
Señor Presidente, uno de los problemas que afectan a la juventud actual es el alto índice de desempleo.
Como consecuencia de lo anterior, un importante número de jóvenes en edad estudiantil o que podría ejercer algún trabajo se encuentra en las calles por no tener espacios de recreación, lo que en muchos casos lleva a la delincuencia o a introducirse en el mundo de las drogas y el alcohol.
Lamentablemente, Puerto Montt en los últimos años ha ostentado el récord de ser la ciudad con mayor alcoholismo juvenil. Ello se debe a los motivos expuestos anteriormente, al riguroso clima por todos conocido y a los escasos espacios destinados a actividades deportivas o recreativas.
Para buscar solución a dichos problemas, la Junta de Vecinos Juan Pablo II, de la población Padre Hurtado, de la capital de la Décima Región de Los Lagos, presentó un proyecto para la construcción de un gimnasio a la instancia denominada "Proyectos Fondo Social 2002".
El proyecto se inserta en las poblaciones Juan Pablo II , Mirasol Alto II , Vicuña Mackenna , El Mirador, Padre Hurtado y Villa Los Poetas , habitadas por más de 11 mil personas, que no disponen de alternativas públicas o privadas para realizar actividades deportivas bajo techo, considerando que en Puerto Montt las precipitaciones superan los 2 mil 800 milímetros anuales.
El sector cuenta con una multicancha, que fue entregada a la escuela del sector, por lo que la comunidad se quedó sin la opción de utilizarla.
Todas las viviendas del sector mencionado se construyeron a través de programas habitacionales del Ministerio de Vivienda. El Departamento Social de la Municipalidad encuestó a 6 mil 950 personas, de las cuales 5 mil 481 tienen ficha CAS II con menos de 600 puntos.
El proyecto cuenta con el apoyo del SERVIU -que entregó en comodato, por cuatro años, un terreno para la construcción del gimnasio- y de la Municipalidad de Puerto Montt, que elaboró los diseños técnicos respectivos.
Además, la asamblea de la Junta de Vecinos Nº 2 acordó solicitar al municipio que efectúe el proceso de licitación, ejecución y administración financiera de la obra.
En la primera etapa se contempla una inversión de 36 millones 478 mil pesos, que es lo mínimo necesario para dejar las instalaciones aptas para desarrollar deporte. Las principales partidas comprenden obra gruesa, estructuras metálicas, techumbre y multicancha.
Una vez concluida la obra gruesa, se pretende postular a otras fuentes de financiamiento para completar el proyecto, el que ya fue presentado al Fondo Social Presidente de la República el 30 de septiembre de 2002.
Consecuente con lo anterior, solicito que se envíen, en mi nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Interior , señor José Miguel Insulza , pidiéndole informar a esta Corporación acerca del estado en que se encuentra la postulación señalada y la fecha en que podría ser aprobada, como asimismo, estudiar el proyecto y, dadas las necesidades expuestas, ver la posibilidad de implementarlo.
A la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional, doña Adriana Delpiano , para que se estudien, y posteriormente se informe a esta Corporación, las necesidades de los sectores de la comuna de Concepción más vulnerables socialmente y los requerimientos de lugares, como el gimnasio referido, donde los jóvenes tengan espacio para desarrollar diversas actividades dentro de su comunidad.
Al señor Intendente de la Décima Región de Los Lagos , señor Patricio Vallespín López , adjuntando copia de los oficios indicados, para su conocimiento.
El Comité Socialista no ocupará su tiempo.
El Congreso Nacional ha aprobado un proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.
Al ampliarse a doce años la obligación escolar se ha afectado la normativa relativa a la admisión al empleo de los menores de edad. En efecto, el inciso tercero del artículo 13 del Código del Trabajo exige para los contratos de trabajo de los menores de dieciséis años y mayores de quince, entre otros requisitos, que estos “hayan cumplido con la obligación escolar”. Así, a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional ningún menor de dieciséis años que no haya completado su educación media podrá suscribir un contrato de trabajo.
Uno de los principales instrumentos utilizados para abolir el trabajo infantil son las normas laborales que determinan el concepto de una edad mínima para ingresar al empleo. Para la Organización Internacional del Trabajo la edad mínima para empezar a trabajar no debiera ser inferior a la edad en la que se concluye la escolaridad obligatoria. Como lo señala el Informe Global de la OIT “Un futuro sin trabajo infantil”, año 2002, mediante el establecimiento de este vínculo “se trata de asegurar el máximo potencial del capital humano del niño, en beneficio de los propios niños, de sus familias y comunidades y del conjunto de la sociedad, aumentando la contribución que éstos pueden aportar al crecimiento económico y al desarrollo social cuando se hagan mayores”.
Es necesario, de todos modos, distinguir entre el trabajo legítimo realizado por niños y aquellas categorías de trabajo infantil que debieran erradicarse. En esa línea, como lo recuerda el Informe Global antes citado, la expresión trabajo infantil no se refiere a todos los tipos de trabajo realizados por niños de menos de 18 años de edad, siendo posible constatar que “son millones los jóvenes que realizan trabajos legítimos, remunerados o no, y que son adecuados para su edad y grado de madurez y que al realizarlo aprenden a asumir responsabilidades, adquieren aptitudes, ayudan a sus familias, incrementan su bienestar y sus ingresos, y contribuyen a las economías de sus países”.
La necesaria adecuación de las disposiciones del Código del Trabajo a la reforma constitucional relativa al establecimiento de la obligatoriedad de la educación media, es una oportunidad para que, reconociendo la posibilidad de que los menores de dieciocho años y mayores de quince realicen trabajos compatibles con escolarización, existan normas comunes para todos ellos que incentiven la continuación de sus estudios hasta completar la educación media.
En esa línea se propone que para todos los menores de dieciocho años y mayores de quince, y no sólo para los menores de dieciséis y mayores de quince, sea exigible el cumplimiento de la obligación escolar. Excepcionalmente podrá permitirse a quienes no hayan completado la educación media celebrar contratos de trabajo, siempre que sus servicios sean de una naturaleza y jornada que no perjudique la continuación de sus estudios.
“Artículo único. Sustitúyase los incisos segundo y tercero del artículo 13 del Código del Trabajo, por los siguientes:
“Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que hayan cumplido con la obligación escolar y que cuenten con autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, los menores de dieciocho años y mayores de quince que no hayan completado la educación media podrán celebrar contratos de trabajo de las características y con la autorización exigida en el inciso precedente, siempre que sus servicios sean de una naturaleza y jornada que no impidan o perjudiquen la continuación de sus estudios en la educación media ni su participación en programas educativos o de formación.”.
Valparaíso, 7 de mayo de 2003.
(Fdo.): José Ruiz De Giorgio, Senador.