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Timestamp: 2018-11-20 05:28:11
Document Index: 181884483

Matched Legal Cases: ['Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 9', 'Artículo 44', 'Artículo 63', 'Artículo 68', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 9', 'Artículo 68', 'Artículo 4', 'Artículo 63', 'Artículo 44', 'Artículo 122', 'Artículo 99', 'Artículo 31', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 45', 'Artículo 68', 'Artículo 65', 'Artículo 69', 'Artículo 76', 'Artículo 89', 'Artículo 80', 'Artículo 93']

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Los infrascritos, Lic. Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central y Presidente ex oficio de la Junta Monetaria y Lic. Consuelo Matos de Guerrero, Secretaria de la Junta Monetaria, CERTIFICAN: que lo que sigue es una copia fiel del texto de la Primera Resolución adoptada por dicho Organismo en fecha 25 de febrero del 2009:
“VISTO el Párrafo III, del Artículo 111 y el Artículo 112 de la Constitución de la República Dominicana, que establecen que ‘la regulación del sistema monetario y bancario de la Nación corresponderá a la entidad emisora, cuyo órgano superior será la Junta Monetaria’ y, que ‘toda modificación en el régimen legal de la moneda o la banca requerirá el apoyo de los dos tercios de la totalidad de los miembros de una y otra Cámara, a menos que haya sido iniciada por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Monetaria o con el voto favorable de ésta’, respectivamente;
VISTO el literal i) del Artículo 9 de la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002, que faculta a la Junta Monetaria aprobar y remitir al Poder Ejecutivo las propuestas de modificación de la legislación monetaria y financiera de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República Dominicana, así como informarle acerca de las iniciativas legislativas o de cualquier otra índole que afecten al sistema monetario y financiero;
VISTA la comunicación No. 0059 de fecha 18 de febrero del 2009, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Superintendente de Bancos, mediante la cual remite para el conocimiento de ese Organismo el Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario en la República Dominicana;
VISTO el Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario en la República Dominicana;
VISTA la comunicación No. 004976 de fecha 24 de febrero del 2009, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Gerente de dicha Institución, mediante la cual remite el informe elaborado por la Comisión designada por el Banco Central, a participar en el proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario en la República Dominicana, a los fines de que sea sometido al conocimiento de la Junta Monetaria;
VISTOS los documentos que sustentan la carta de la Gerencia antes citada, conformados por el Informe Evaluativo del Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario en la República Dominicana, preparado por técnicos del Banco Central, opinión legal de la Consultoría Jurídica del Banco Central, una Ayuda Memoria elaborada por los Asesores de la Gobernación de dicha Institución, así como una Síntesis elaborada del referido Anteproyecto de Ley;
VISTAS las comunicaciones Nos.DS-0199 y DS0212 de fechas 20 y 23 de febrero del 2009, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria, por la Superintendente de Pensiones, mediante la cual expresa su opinión y anexa la comunicación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límites de Inversión, en relación con el Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario Dominicano;
VISTA la comunicación de fecha 23 de febrero del 2009, dirigida al Presidente Constitucional de la República Dominicana y a los Honorables Miembros de la Junta Monetaria, por la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicano (CNTD), mediante la cual externan su opinión en relación al antes mencionado Anteproyecto de Ley;
VISTOS los demás documentos que integran este expediente;
OIDO al Superintendente de Bancos explicar que fue comisionado por el Presidente de la República Dominicana, conjuntamente con el Secretario de Estado de Hacienda y algunos representantes del sector de la banca, para la elaboración del Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario, lo cual obedece, entre otras razones, al interés que había manifestado el Poder Ejecutivo de que amparados en el marco jurídico adecuado, se pudiesen utilizar los recursos de los fondos de pensiones para el financiamiento de la vivienda, tal y como se ha realizado en otros países;
OIDO al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria, explicar que el conocimiento del Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario, persigue entre otros aspectos, el desarrollo de la titularización, así como la implementación de la letra hipotecaria, esta última había sido aprobada en su oportunidad por la Junta Monetaria, lo cual contribuiría a fortalecer el sector del financiamiento hipotecario y por ende, a facilitar los recursos para dicho sector. No obstante, el Gobernador observó que se persigue que este marco jurídico quede para el futuro, pues justamente fue a través del financiamiento a la vivienda y la utilización de los instrumentos que se incluyen en el Anteproyecto hoy en discusión, lo que originó la crisis financiera en los Estados Unidos de Norteamérica;
CONSIDERANDO que el citado Anteproyecto de Ley, es el resultado del consenso arribado entre las comisiones de trabajo creadas y coordinadas por el Superintendente de Bancos, en las que participaron además del Banco Central, representantes de la Superintendencia de Bancos, de la Secretaria de Estado de Hacienda, de la Superintendencia de Pensiones y de la Superintendencia de Valores, así como de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), del Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción (BNV) y, del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI);
CONSIDERANDO que para una adecuada ponderación de este citado Anteproyecto de Ley, se realizaron dos documentos: un informe evaluativo que analiza, con enfoque técnico financiero, cada uno de los títulos que lo conforman, el cual fue elaborado por los funcionarios que representaron al Banco Central en las reuniones de trabajo, y un informe con el enfoque eminentemente legal, realizado por la Consultoría Jurídica del Banco Central;
CONSIDERANDO que es preciso señalar, que el propósito del referido Anteproyecto de Ley, se concentra básicamente en crear las figuras necesarias y fortalecer las existentes para eficientizar el financiamiento hipotecario, a fin de impulsar el desarrollo de un verdadero mercado hipotecario en la República Dominicana, con particular énfasis en viviendas de bajo costo, que contribuyan a reducir el déficit habitacional existente;
CONSIDERANDO que por otra parte, es muy importante destacar, que el referido Anteproyecto de Ley propone modificaciones expresas de algunas disposiciones de la citada Ley Monetaria y Financiera, según se describen más adelante, así como modificaciones tácitas a la misma, al establecerles nuevas operaciones a las entidades de intermediación financiera como es el caso del fideicomiso para los bancos múltiples y las asociaciones de ahorros y préstamos. A saber:
el literal a) del Artículo 44, relativo al régimen de autorizaciones previas por parte de la Superintendencia de Bancos para que las entidades de intermediación financiera puedan vender o ceder cartera de préstamos u otros activos;
el literal d) del Artículo 63, que establece el orden de prelación en caso de disolución o liquidación de una entidad de intermediación financiera;
el literal b) numeral 13 del Artículo 68, que califica como infracción grave la no realización de préstamos hipotecarios sin la obtención del Seguro FHA que expide el Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción (BNV) o su continuador jurídico;
CONSIDERANDO que los aspectos citados precedentemente, constituyen una de las razones que justifica el conocimiento del referido Anteproyecto de Ley por la Junta Monetaria, en cumplimento a las disposiciones del Párrafo III del Artículo 111 y el Artículo 112 de la Constitución, así como el literal i) del Artículo 9 de la mencionada Ley Monetaria y Financiera, que establece que la Junta Monetaria deberá aprobar y remitir al Poder Ejecutivo las propuestas de modificación de la legislación monetaria y financiera, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República Dominicana, así como informarle acerca de las iniciativas legislativas o de cualquier otra índole que afecten al Sistema Monetario y Financiero;
CONSIDERANDO que dentro de los objetivos principales del citado Anteproyecto de Ley, se encuentran:
Crear las figuras jurídicas necesarias y fortalecer las existentes para impulsar el desarrollo del mercado hipotecario dominicano;
Generar alternativas de inversión a los inversionistas institucionales, así como fomentar el uso de instrumentos de deuda y su adquisición por inversionistas en general de forma que se faciliten recursos a los sectores productivos;
Crear incentivos especiales que sirvan para promover la construcción de proyecto habitacionales, especialmente viviendas de mediano y bajo costo;
Fomentar el ahorro para la adquisición de viviendas por la población, a fin de mitigar el importante déficit habitacional en la República Dominicana;
CONSIDERANDO que dentro de los aspectos más relevantes contenidos en el Anteproyecto de Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario en la República Dominicana, se encuentran los siguientes:
Incorpora la figura del fideicomiso, sus modalidades, los participantes de su conformación, la forma de su constitución, los regímenes de publicidad y tributario, entre otros aspectos asociados a esta figura, la cual se estaría estableciendo legalmente por primera vez en la legislación dominicana;
Procura fomentar el uso adecuado de las Letras Hipotecarias, readecuando y fortaleciendo las disposiciones vigentes, dejando a la Autoridad Monetaria y Financiera la facultad reglamentaria de las mismas;
Se incorporan enmiendas al sistema vigente de seguros FHA, tendentes a establecer este seguro de manera opcional, es decir, eliminando su obligatoriedad y por ende suprimiendo de forma taxativa la sanción que al respecto se estipula en el literal b) del numeral 13, del Artículo 68 de la mencionada Ley Monetaria y Financiera. Asimismo, se crea una opción alternativa vía un seguro hipotecario privado, confiriendo a la Junta Monetaria la facultad reglamentaria de los aspectos financieros de ambos tipos de seguro;
Se introducen enmiendas importantes que fortalecen la figura de la titularización, destacándose la solución de algunos aspectos impositivos que han representado escollos tanto para los procesos de titularización, como para el desarrollo de los mercados de valores e hipotecarios;
Se implementan regulaciones relativas a la nueva cuenta de Ahorro Programado, estableciendo la definición, condiciones, monto, autorización de descuento de salario, obligaciones del agente de retención, tratamiento en casos de cambio de empleador, así como el régimen de exención fiscal sobre la proporción de salario ahorrado, para fines de vivienda. Esta concepción se incorpora con el objetivo de establecer por Ley una fuente de ingresos voluntaria que contribuya a financiar los proyectos de vivienda de bajo costo;
Se introduce un capítulo tendente a establecer un procedimiento más expedito para ejecutar los embargos inmobiliarios, acortando plazos y limitando los incidentes para abreviar ejecuciones, todo lo cual modificaría el procedimiento vigente, establecido en la Ley No.6186, sobre Fomento Agrícola de fecha 12 de febrero de 1963;
Se crea la figura del Agente de Garantía, como persona jurídica designada por mandato bajo firma privada, de actuar como mandatario y representante ante aquellas gestiones inherentes al proceso de creación, perfeccionamiento, mantenimiento y ejecución de las garantías otorgadas para la seguridad de determinado crédito. En tal sentido, se establecen los requisitos mínimos del acto de designación, personas habilitadas para tales fines, derechos y atribuciones, patrimonio separado, sustitución o renuncia, tratamiento fiscal del patrimonio separado; y,
Se crea un Titulo para regular el desarrollo y construcción de vivienda de bajo costo, que abarca el establecimiento de un fideicomiso para la construcción, su definición y alcance, el proceso de acreditación, el régimen de exenciones fiscales aplicable a estos casos, así como disposiciones especiales para el caso de proyecto de este tipo con aportes del Estado y del sector privado, incluyendo un mecanismo para estructurar el denominado ahorro programado para la vivienda;
CONSIDERANDO que la Consultoría Jurídica del Banco Central, expresa que el citado Anteproyecto de Ley, requiere de un tiempo suficiente que permita un estudio más ponderado del mismo. No obstante, en tal sentido, emite su opinión sobre una serie de aspectos, dentro de los cuales se destacan los siguientes:
En cuanto a las condiciones requeridas al Fiduciario habían propuesto, que las entidades de intermediación financiera debían obtener la autorización previa de la Junta Monetaria para ofrecer los servicios de fideicomiso. Los redactores del citado Anteproyecto de Ley, emitieron su opinión en el sentido, de que las entidades de intermediación financieras autorizadas a ofrecer dichos servicios no están comprometiendo su patrimonio, ya que una de las características del Fideicomiso es que los bienes bajo esta modalidad se constituyen en un patrimonio separado, lo cual de aprobarse la indicada propuesta, dichas entidades podrán ofrecer este servicio de manera inmediata sin evaluación previa de la Junta Monetaria. En ese orden, se estarían modificando tácitamente los Artículos 40 y 75 de la mencionada Ley Monetaria y Financiera, en cuanto a que agrega una nueva actividad permitida en el catálogo de operaciones y servicios, a cargo de las entidades citadas precedentemente;
En relación a la rendición de cuentas del Fiduciario, en ausencia de disposición al respecto, se recomendó que la misma se realizará al menos dos veces al año. En el referido Anteproyecto de Ley se establece la rendición una vez al año. La Consultoría Jurídica del Banco Central, entiende que en vista de que se trata de un patrimonio administrado y manejado por un fiduciario, los fideicomisarios o beneficiarios debían tener un acceso a esta información con mayor frecuencia;
En cuanto al régimen de la remuneración, consideran que el 1% del valor neto de los bienes fideicomitidos es muy elevado, por lo que de mantenerse esta tarifa, se debe analizar si este servicio resultaría atractivo como uno de los mecanismo de desarrollo del mercado inmobiliario en la República Dominicana, propósito del Anteproyecto de Ley analizado;
Se prevén como modalidades de fideicomisos, el fideicomiso financiero y el fideicomiso para infraestructura, y se agrega un artículo para tratar el fideicomiso de oferta pública; sin embargo, no se establece en qué consisten dichas modalidades, por lo que queda como mera enunciación sin contenido real alguno;
En cuanto a la Letras Hipotecarias, es más coherente con las disposiciones puestas a cargo de la Autoridad Monetaria y Financiera, reafirmando su potestad reglamentaria en todo lo relacionado a este instrumento financiero. Es preciso destacar, que la capacidad de reglamentar el desarrollo de la Ley Monetaria y Financiera recae sobre la Junta Monetaria, por lo que, cuanta veces se mencione la reglamentación a cargo de la Administración Monetaria y Financiera, deberá sustituirse por la reglamentación de la Junta Monetaria, de conformidad con las disposiciones del Artículo 4 de la citada Ley;
Se establece que las Letras Hipotecarias en caso de intervención, disolución y/o liquidación de una entidad de intermediación financiera, se consideraran como obligaciones privilegiadas, constituyendo dicha redacción en el referido Anteproyecto de Ley, una modificación al literal e) del Artículo 63 de la referida Ley Monetaria y Financiera;
Se modifican las disposiciones relativas a la inversión por parte de los Fondos de Pensiones en Letras Hipotecarias, indicando que en principio, las mismas no están sujetas a la autorización previa de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, estableciendo los requisitos que deban presentarse para acogerse a ello; sin embargo, se dispone que dicha Comisión podrá establecer reglamentariamente, de manera transitoria, por el tiempo que ésta determine, siempre que no exceda el plazo de un año, la sujeción a autorización previa por parte de la Comisión, para la inversión de los recursos de pensiones de Letras Hipotecarias. Al respecto la Consultoría Jurídica del Banco Central es de opinión que las Letras Hipotecarias deberán, en todos los casos, encontrarse sometidas al régimen de autorización previa de la citada Comisión;
Se establece que no será necesaria la autorización previa de la Superintendencia de Valores, cuando se trate de ofertas públicas de valores emitidos en ocasión de procesos de titularización de carteras de créditos hipotecarios realizadas por compañías titularizadoras que tengan condición de emisores especializados de títulos hipotecarios, condición que otorgará la Superintendencia de Valores, previo cumplimiento de los requisitos enunciados en la Ley. Al igual que el caso anterior la Consultoría Jurídica entiende que es imprescindible la autorización previa de la Superintendencia de Valores;
Se propone que no será necesaria la autorización de la Superintendencia de Bancos, cuando las entidades de intermediación financiera se propongan participar en los procesos de titularización, cediendo una cartera de créditos hipotecarios para ser titularizada o adquieran títulos valores provenientes de la titularización de cartera de créditos hipotecarios. Consideran totalmente improcedente la modificación del Artículo 44 de la mencionada Ley Monetaria y Financiera, excluyendo de la autorización previa de la Superintendencia de Bancos, la participación de las entidades de intermediación financiera en un proceso de titularización, ya que este es el Organismo llamado a verificar que la entidad solicitante se encuentre en condiciones de participar en el proceso de titularización. Con esta propuesta se estaría creando una situación muy especial y particular para este tipo de actividad, quedando sometida a autorización previa de la Superintendencia de Bancos, en las condiciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera, la venta de cartera de créditos y bienes que superen el 10% del capital de la entidad, y la solicitud de participación en el capital de entidades de apoyo y servicios conexos, en el capital de entidades financieras del exterior y para abrir oficinas de representación en el país;
No se establece límite para los activos que pueden tener una compañía titularizadora, que hayan sido otorgados o vendidos por un banco múltiple o una asociación de ahorros y préstamos relacionados a la compañía titularizadora;
En la concerniente a las personas habilitadas para fungir como Agentes de Garantías, se había propuesto que puedan fungir como agentes de garantías las entidades de intermediación financiera previamente autorizadas por la Junta Monetaria, en vista de que se trata de una actividad que debe ser sometida al régimen de autorización previa de ese Organismo Regulador, no así de la Superintendencia de Bancos; y,
En cuanto al Procedimiento de Ejecución de Embargo Inmobiliario a ser realizado, constituye un procedimiento especial muy propio para el interés de los acreedores hipotecarios que amparen su crédito de conformidad con este Anteproyecto de Ley, una vez entre en vigencia, en razón de lo estipulado en el Artículo 122 del Anteproyecto que establece que el procedimiento de embargo inmobiliario se iniciará con un mandamiento de pago y tendrá lugar conforme los términos y plazos especificados. Es importante destacar que de las disposiciones relativas al procedimiento especial de ejecución inmobiliario, se contemplan aspectos de gran novedad, no obstante se observa que la normativa guarda prácticamente las formalidades del procedimiento de ejecución del crédito del derecho común, salvo varias excepciones;
CONSIDERANDO que por otra parte, la Superintendencia de Pensiones, mediante comunicaciones antes citadas, remiten sus observaciones en torno al referido Anteproyecto de Ley, expresando que el mismo marcará un hito trascendente en la historia de la inversión de los fondos de pensiones y la consolidación del sistema financiero nacional. Que dichas observaciones son fundamentales para enriquecer el citado Anteproyecto de Ley y garantizar de esa manera la integridad de dichos recurso;
CONSIDERANDO que agrega además la Superintendencia de Pensiones, sobre la importancia entre otros muchos aspectos, de que se debe preservar y no sea afectado el ámbito de la competencia de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, conforme lo establecido en el Artículo 99 de la Ley No. 87-01 sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social de fecha 10 de mayo del 2001;
CONSIDERANDO que la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), también llama la atención sobre el citado Anteproyecto de Ley, solicitando que se tomen todas las previsiones de lugar para que la inversión de los fondos de pensiones se realice conforme a las deposiciones de la mencionada Ley sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social, de promover el desarrollo del país, mediante el fortalecimiento del aparato productivo y la creación de empleos, al tiempo de garantizar la seguridad de los valores acumulados por los trabajadores, por lo que requieren incluir en el citado Anteproyecto de Ley, todo lo referente a las instancias de supervisión que interactúan en el mismo, quienes serán solidariamente responsables de sus consecuencias morales y jurídicas, por la violación a dicha ley y/o que lesionen la estabilidad financiera del Sistema Dominicano de Seguridad Social, pudiendo ser obligados a una indemnización y/o reducidos a prisión de uno a cinco años, según la gravedad de la falta;
CONSIDERANDO que el informe final de evaluación del Anteproyecto de Ley remitido por la Gerencia del Banco Central plantea, en términos generales, que el citado Anteproyecto de Ley es una pieza de alta calidad técnica, que congrega en un solo marco legal los elementos fundamentales que concomitantemente podrían coadyuvar a la creación de las condiciones necesarias para el verdadero desarrollo de un mercado hipotecario. No obstante, dicho informe recomienda concretamente las modificaciones siguientes:
Que se incorpore un artículo o párrafo al capítulo del Fideicomiso, en que se establezca su sujeción a la Ley No.72-02 Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves del 7 de junio del 2002, con la redacción siguiente: “El fiduciario será considerado como sujeto obligado al cumplimiento de las normas de detección y prevención de lavados de activos, y en tal consideración queda sometido a las previsiones legales establecidas en los Artículos 41 al 53 de la citada Ley de Lavado de Activos. Cuando el Fiduciario sea una Administradora de Fondos de Inversión la sanción administrativa por incumplimiento a las normas de prevención de lavados de activos será impuesta por la Superintendencia de Valores conforme a los criterios establecidos en las disposiciones legales citadas en el presente párrafo. La apelación contra la decisión rendida por la Superintendencia de Valores será llevada por ante el Consejo Nacional de Valores en un plazo de treinta (30) días siguientes a la notificación de la sanción administrativa”;
En el Artículo 31 sobre el régimen de rendición de cuentas del fiduciario, establecer por lo menos 2 rendiciones de cuentas;
En el Artículo 34 de la responsabilidad penal de fiduciario, aumentar las multas y condenaciones en las escalas siguientes:
Aumento de Multas: De RD$500,000.00 a RD$2.0 millones
De RD$1.0 millón a RD$5.0 millones
Aumento de Condenas: De 3 a 10 años de prisión a 4 a 10 años de prisión
En el Artículo 36 relativo al régimen de la remuneración del fiduciario, establecer una comisión de hasta un 1%;
En el Artículo 45, Párrafo III, establecer la decisión final del fiduciario en lugar de mayoría de votos, cuando sean dos o más fiduciarios y deba consultarse su voluntad, u obtener su aprobación;
En la Sección VIII, reagrupar las distintas modalidades del fiduciario;
Eliminar el Artículo 68 sobre tratamiento al encaje legal a ser conferido a las Letras Hipotecarias, de manera que esta temática sea recogida mediante Resolución de la Junta Monetaria, tal y como prevé la citada Ley y, que se elimine el concepto “patrimonio separado” del Artículo 65;
Que los Artículos 67 y 78 que abordan la inversión por parte de los Fondos de Pensiones, se sugiere un redacción intermedia, como la siguiente:
Mantener plazo de 15 días hábiles para autorizaciones de Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores y Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión.
Preservar el enfoque de: Régimen transitorio (autorización previa)
Régimen permanente (automático)
Suprimir el plazo de 1 año por Ley y dejar que la Superintendencia de Pensiones reglamentariamente determine cómo y cuando se pasará al régimen automático.
Eliminar el silencio positivo.
En los Artículos 69, 76 y 89 que establecen plazos de 60 días cada uno, para que se emitan los Reglamentos, Resoluciones y/o Instructivos para aplicación del Anteproyecto, eliminar la parte infine que establece: “Las disposiciones legales establecidas en el presente capítulo tendrán plena vigencia a partir de la promulgación de esta Ley y regirán, independientemente de la adecuación o no, de la Resolución que regula la emisión de las Letras Hipotecarias en el plazo estipulado, en el caso del Artículo 69; el Reglamento Seguro FHA en el caso del Artículo 76; y el Reglamento que regula la titularización en el caso del Artículo 89;
El Artículo 80 sustituir el término “Superintendencia de Valores” por “Consejo Nacional de Valores” y, en lo relativo a letras, sustituir “Administración Monetaria y Financiera” por “Junta Monetaria” y “Superintendencia de Bancos”, según aplique;
En el capítulo de la titularización, agregar un artículo o párrafo sobre la “inembargabilidad de los flujos” derivados de procesos de titularización;
En el Artículo 93 que se incluyan las entidades de intermediación financiera para que, con previa autorización de la Junta Monetaria, puedan fungir como Agentes de Garantías; y,
Profundizar sobre infracciones y multas y, realizar un reordenamiento de algunos articulados y precisiones de redacción.