Source: http://otrafuncionpublica.blogspot.com/2012/03/
Timestamp: 2020-02-27 05:54:13
Document Index: 280173884

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 23']

CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES (COFPA): marzo 2012
www.acces-info.org
La ley con informaciones a propósito de la consulta pública: aquí .
Una copia se puede descargar aquí:
“España es una de las última democracias del mundo en aprobar una ley de acceso a la información, razón de más para aprobar una ley en línea con los estándares internacionales como el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos”, comentaba Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe.
“Esperamos que el gobierno tome en consideración los comentarios de la sociedad y que la ley mejore considerablemente antes de su presentación en el Open Government Partnership en abril”, añadía Darbishire.
Access Info Europe destaca entre los puntos positivos de este anteproyecto, el reconocimiento de obligaciones de publicación proactiva y la creación de portales de transparencia sonde encontrar fácilmente dicha información.
Los problemas que contiene el anteproyecto:
• El alcance: La ley es aplicable a un gran número de instituciones públicas y privadas que desarrollan funciones pública pero no es aplicable a las funciones no administrativas de los poderes legislativo y judicial ni a la de los órganos constitucionales. La ley tampoco es aplicable a la familia Real.
• La definición de información: La definición de información que recoge el artículo 9 excluye información que afecte a ciertos intereses como la seguridad nacional, la defensa, relaciones internacionales, salud pública e investigaciones criminales. Esta información ni siquiera puede ser solicitada y su solicitud puede ser causa de inadmisión. Además no incluyen una ponderación entre el perjuicio de la publicación y el interés público de la misma. Esto hace que España no pueda firmar el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Públicos.
• Exclusión de información: El artículo 13 incluye una serie de información que queda excluida que limita enormemente la definición de información, en concreto la información “Que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas o entre órganos o entidades administrativas.”. En este caso de nuevo la solicitud de esta información no será siquiera tramitada.
•Excepciones: Algunas de las excepciones recogidas en el artículo 10 si que están en línea con lo establecido en los estándares internacionales y si que estarán sometida a una prueba de daño pero no a la de interés público, lo que de nuevo va en contra del Convenio.
• Protección excesiva de los datos personales: La ley otorga prioridad en el artículo 11 a la protección de datos, requiriendo una consulta con las personas afectadas y recoge la posibilidad de rechazar solicitudes que contengan muchos nombres por ser tediosa la consulta con terceros. Lo único que si incluye esta excepción es una prueba de interés público.
• No reconoce el carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública: Esta ley no reconoce que el derecho de acceso es parte inherente a la libertad de expresión y por lo tanto un derecho fundamental.
• La justificación de las solicitudes: La ley no obliga a dar razones pero el artículo 14.3 incluye una expresión que en cierto modo anima a darlas “El solicitante podrá incluir los motivos por los que solicita la información y que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud”.
• Silencio Administrativo: Dado el alto nivel de no contestación en España, el silencio negativo puede implicar un obstáculo muy importante para los solicitantes.
• Sanciones: NO se prevén sanciones específicas para los casos de violaciones del derecho de acceso a la información, tampoco a otros posibles daños como la destrucción de documentos. Access Info Europe no puede hacer un análisis de las provisiones que definen las funciones del órgano de revisión del derecho que será “Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios” ya que estas deben ser desarroladas mediante reglamento.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, marzo 30, 2012 No hay comentarios:
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en jueves, marzo 29, 2012 No hay comentarios:
Publicado en marzo 23, 2012 por Redacción |
El presidente Rajoy pone hoy en marcha la anunciada Ley de Transparencia y Buen Gobierno para que España deje de ser el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley que obligue a la publicación de todos los gastos públicos. Un rimbombante título que el tiempo pondrá en su sitio para comprobar si sólo se trata de otro malabarismo político para suministrar una sobredosis de calma a los mercados financieros o realmente el ejecutivo apuesta por dar un pequeño paso hacia la reclamada democratización de la política en España. Pero, de momento, la ley va a permitir que el gran agujero negro de la corrupción pública en España -Autonomías y Ayuntamientos- pueda crear sus propios mecanismos de transparencia.
Su tramitación recuerda a la famosa Ley de Conflicto de Intereses que hoy afecta al propio presidente del Gobierno. La norma se aprobó hace seis años para penalizar y disuadir los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración. Una norma que castiga con la inhabilitación política a sus infractores y que desde hace tres meses afecta a Rajoy desde que es jefe del ejecutivo. Rajoy es titular en ausencia de la plaza de Registrador de la Propiedad de Santa Pola desde hace 20 años y la Ley de Conflicto de Intereses no permite mantener al mismo tiempo una plaza de Registrador y el cargo de presidente del gobierno. La ley no sanciona los conflictos de intereses de los parlamentarios, sólo de los altos cargos de la Administración.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en domingo, marzo 25, 2012 No hay comentarios:
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en jueves, marzo 22, 2012 No hay comentarios:
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en miércoles, marzo 14, 2012 No hay comentarios:
El Tribunal Supremo obliga a Autotex Airbag S.A. a devolver al Ministerio de Hacienda una subvención de 345.242 euros. ¿Qué pasó con los cerca de dos millones de euros recibidos del IDEPA?
La multinacional Autotex Airbag debe reintegrar al Ministerio de Hacienda una subvención de 345.242,34 euros, que había recibido de la Administración del Estado para la amplición de su factoría en Llanera. Así lo acaba de confirmar el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de febrero de 2012, en la que el alto tribunal declara que "la subvención estaba destinada a una inversión en bienes de equipo superior a los tres millones de euros, así como una cantidad en otros activos, casi anecdótica en comparación con la anterior (algo más de 50.000 euros). Casi dos años antes de transcurrir los cinco siguientes al final del término de vigencia de la subvención, los bienes no se hallaban en la factoría a la que estaban destinados y no existía actividad alguna. El incumplimiento de la totalidad de las obligaciones afectó,por tanto, a unos dos años de los cinco que debe mantenerse la inversión"
Recordamos que Autotex Airbag cerró su factoría del Parque Tecnológico de Llanera en el año 2006, dejando en la calle a más de 200 trabajadores. Un buen ejemplo del capitalismo de rapiña que asoló Asturias durante la última década, financiándose con ingentes cantidades de dinero público para, poco después, abandonar la actividad sin cumplir las obligaciones asumidas y crear graves problemas sociales al condenar a amplios colectivos de trabajadores al paro.
Una situación de saqueo privado del presupuesto público que, por repetida, resulta ahora especialmente indignante, en un momento en que se insiste en el recorte de los gastos públicos y se redoblan los ataques hacia los funcionarios por ineficientes y supuestamente privilegiados. Son los mismos ideólogos y voceros que en su momento exigían la reducción de los controles públicos de las actividades empresariales - una de las causas evidentes del saqueo de la Administración - los que ahora reclaman la privatización de servicios públicos y la reducción de funcionarios para continuar repartiéndose el botín.
Pero, además, la sentencia del Tribunal Supremo ofrece un segundo dato particularmente revelador: el Principado de Asturias subvencionó a Autotex Airbag S. A. con , al menos, 1.890.201,82 euros. Así lo declara la sentencia: "la actora cobra el día 26 de noviembre de 2004 la suma de 345.242,34 euros del Ministerio de Economía y el día 28 de diciembre de 2004 la suma de 1.890.201,82 euros del IDEPA. Dos años más tarde concretamente el día 18 de enero de 2007 ha cerrado, y ni siquiera se hallan disponibles los bienes de equipo adquiridos con cargo a fondos públicos para que el Estado pueda recuperar parte de la suma que entregó. Los fondos recibidos son públicos, se entregaron en unas determinadas condiciones, y se estableció que el incumplimiento de estas, (y así fue expresa y formalmente aceptado por la empresa), determinaría la devolución del importe recibido con los intereses de demora. Por lo tanto, no cabe sino concluir que procede la devolución acordada"
En consecuencia, resulta necesario conocer, por elementales razones de higiene democrática, si el Principado de Asturias ha recuperado esa cuantiosa subvención y, en su caso, el estado en el que se encuentra el procedimiento de reintegro al erario público asturiano.
Se hace necesaria una respuesta clara y rápida del Gobierno de Asturias.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, marzo 09, 2012 No hay comentarios:
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN ANULA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2011.
El Tribunal Superior de Jusicia de Aragón ha dictado, con fecha 10 de febrero de 2012, una sentencia decisiva para consolidar la línea jurisprudencial abierta hace un año por el Tribunal Supremo, y así restaurar la legalidad constitucional en las Administraciones Públicas. Dicha sentencia, resultado del recurso contencioso planteado por esta Asociación frente al Decreto 83/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2011, determina la obligación de incluir en las Ofertas de Empleo Público la totalidad de los puestos de trabajo ocupados por funcionarios interinos, señalando que su no inclusión supone una vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española a todos los ciudadanos españoles, como ya fue declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 29/10/2010..
Como consecuencia de la tesis ya establecida por el Tribunal Supremo y plenamente recogida en la nueva sentencia del TSJA, se anula la Oferta de Empleo Público de 2011, aprobada por el Gobierno de Aragón, al no incluir la totalidad de las plazas ocupadas por interinos y vulnerar con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública que la Constitución reconoce a los ciudadanos. Esta Asociación celebra el fallo obtenido, cuyo alcance regenerador para nuestras administraciones públicas –y no sólo para la Administración autonómica aragonesa- consideramos de enorme trascendencia.
Hemos vivido años críticos de quiebra de la legalidad administrativa en nuestras Administraciones, donde los principios constitucionales que deben regir el acceso a la función pública y la ordenación y funcionamiento de las estructuras administrativas se han visto deliberada y reiteradamente vulnerados, sin que ello diera lugar a la esperada reacción de las fuerzas políticas o sindicales o de la opinión pública para reivindicar y preservar el papel que corresponde a las instituciones en el buen funcionamiento de la democracia y en el aseguramiento diario del Estado de Derecho.
Uno de los factores más evidentes del debilitamiento experimentado por la Administración Pública aragonesa en estos años ha sido el manifiesto incumplimiento por el Gobierno de Aragón de las condiciones legales de acceso a la función pública, bloqueando o reduciendo al mínimo dicho derecho a través de la no aprobación de ofertas anuales de empleo público –como sucedió en los años 2001, 2002, 2005, 2006 y 2008- o de la aprobación de ofertas manifiestamente limitadas e insuficientes, que en nada respondían a las necesidades reales ni se ajustaban a las normas legales vigentes. Tales medidas han provocado que las tasas de temporalidad en la Administración aragonesa alcancen casi un tercio de la plantilla. El propio Consejo Económico y Social de España alertó de que el sector público superaba al sector privado en índices de temporalidad.
La gravedad de la alta temporalidad en las Administraciones Públicas se concreta, en primer lugar, en la violación del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública –impedido por ofertas congeladas o insuficientes-, pero, además, hay que destacar su negativa repercusión en la profesionalidad y cualificación de la función pública y en el debilitamiento institucional de la Administración frente a las presiones y arbitrariedades del poder político, al haberse suprimido en gran medida la nota de inamovilidad propia de los servidores públicos para asegurar su labor objetiva y ajustada a las normas. Una función pública inestable y precaria es una función pública debilitada para asegurar la legalidad y frenar la arbitrariedad del poder político y evitar el avance de la corrupción pública.
Además, es lógico que la ausencia de funcionarios de carrera regularmente reclutados conforme a principios de mérito y capacidad conlleve un imparable proceso de descomposición interna de la Administración , al entrar en crisis todos los mecanismos de provisión de puestos de trabajo a través de los que corresponde asegurar el acceso a responsabilidades administrativas a los mejor preparados y posibilitar con ello una carrera profesional estimulante a los servidores públicos. En lugar de asegurarse ambos objetivos, el sistema de provisión de puestos se ha contagiado, en gran medida, de la misma arbitrariedad reinante en el sistema de acceso, sustituyéndose el mérito y capacidad por la libre decisión de los responsables de personal, de manera que la carrera administrativa poco tiene que ver con la capacidad profesional y el compromiso con el servicio público de los funcionarios promovidos a niveles de responsabilidad.
Es difícil, visto el panorama actual de nuestra Administración Pública, acometer un programa de saneamiento y restauración de sus principios constitucionales, dada la actual desvirtuación de casi todas las reglas de ordenación de la función pública: acceso, ordenación y provisión de puestos, formación, retribuciones, etc. Pero el impacto que en dicha realidad ha de tener el nuevo pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al rechazar todos los criterios que se han venido esgrimiendo hasta el momento para inaplicar los mandatos claros de la ley en materia de acceso a la función pública, e imponer la obligatoriedad de incluir en la Oferta de Empleo Público la totalidad de los puestos ocupados por funcionarios interinos –tal y como exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón- permite confiar en que esta decisión, al recoger en su plenitud el criterio establecido en su día por el Tribunal Supremo, constituye un paso decisivo para poner fin a la arbitrariedad que ha presidido el régimen de acceso a la función pública en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Esta Asociación celebra el nuevo pronunciamiento, que viene a recompensar el esfuerzo realizado a lo largo de cinco años, para tratar de restablecer la vigencia y el respeto del derecho de los ciudadanos a la función pública. Siguen vigentes las valoraciones que en su día hicimos ante el pronunciamiento pionero del Tribunal Supremo, si bien la Administración autonómica aún tiene pendiente ejecutar dicho fallo judicial. Tiene una particular trascendencia la declaración de que las tasas de reposición establecidas por las leyes de presupuestos no pueden limitar el derecho de acceso a las plazas previamente ocupadas por personal interino que debieron cubrirse en la forma legalmente prevista. Tal pronunciamiento, coherente con el carácter indisponible que corresponde a todo derecho fundamental, pone difícil a los actuales responsables de la función pública aragonesa aceptar, sin más, las limitaciones de las tasas de reposición que fijan las normas presupuestarias.
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Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en martes, marzo 06, 2012 No hay comentarios:
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, marzo 02, 2012 No hay comentarios:
Los nombres de la Agenda Rosa, en la revista Atlántica XXII
En el número 19 de Atlántica XXII, revista asturiana de información y pensamiento, correspondiente al mes de marzo, se contiene un amplio dossier sobre la corrupción en España, en el que se publica un reportaje escrito por los periodistas Xuan Cándano y Laura Reyes en el que aparecen todos los nombres de la “agenda rosa” del Caso Marea, el más escandaloso asunto de corrupción destapado en Asturias.
Además, se incluyen entrevistas con Fernando Urruticoechea, el interventor municipal enfrentado a los corruptos, y Joaquín Uría, ex vicepresidente del Montepío de la Minería y buen conocedor de sus entresijos, así como con el heterodoxo Gerardo Iglesias, el antropólogo Adolfo García y el escritor Jorge Martínez Reverte, ya dentro de las secciones habituales de la revista.
El nuevo número también acoge otros artículos sobre la ruina de la educación concertada, la obsesión con las agencias de calificación, el precio de la cultura, el despilfarro en el Centro Niemeyer o la batalla cultural en Xixón, este último a cargo del escritor Boni Pérez. Y, por supuesto, las imprescindibles colaboraciones de Milio Rodríguez Cueto y Maxi Rodríguez.﻿
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en jueves, marzo 01, 2012 No hay comentarios: