Source: http://www.scribd.com/doc/19626707/Jurisprudencia-de-la-Sala-Politico-Administrativa-Que-Fija-La-Competencias-de-la-Corte-Primera-y-Segunda-en-lo-Contencioso-Administrativo
Timestamp: 2013-12-08 15:43:28
Document Index: 20785753

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 29', 'artículo 54', 'artículo 102', 'artículo 19', 'Artículo 259', 'Artículo 266']

P. 1Jurisprudencia de la Sala Político Administrativa Que Fija La Competencias de la Corte Primera y Segunda en lo Contencioso AdministrativoJurisprudencia de la Sala Político Administrativa Que Fija La Competencias de la Corte Primera y Segunda en lo Contencioso AdministrativoRatings: 0|Views: 1,958|Likes: 0Published by vz.DasJurisprudencia de la Sala Político Administrativa Que Fija La Competencias de la Corte Primera y Segunda en lo Contencioso AdministrativoJurisprudencia de la Sala Político Administrativa Que Fija La Competencias de la Corte Primera y Segunda en lo Contencioso AdministrativoMore info: categoriesTypes, School Work, Study Guides, Notes, & QuizzesPublished by: vz.Das on Sep 11, 2009Copyright:Public DomainAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Free download as PDF, TXT or read online for free from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee MoreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/19626707/Jurisprudencia-de-la-Sala-Politico-Administrativa-Que-Fija-La-Competencias-de-la-Corte-Primera-y-Segunda-en-lo-Contencioso-Administrativo09/10/2009pdftextoriginal Jurisprudencia de la Sala Político Administrativa Que Fija La Competencias de la Corte Primera y Segunda en lo Contencioso Administrativo24 de Noviembre de 2004DAS
. Exp. Nro. 2004-1736
2004-1736
Mediante escrito presentado ante esta Sala el día 6 de octubre de 2004, el ciudadano José Manuel González, titular de lacédula de identidad Nº 6.848.326, actuando en su carácter de Director Gerente de la sociedad mercantil
TECNO SERVICIOSYES´CARD, C.A.,
inscrita ante el Registro Mercantil VI de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (hoy,Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas), en fecha 14 de diciembre de 1990, bajo el Nº 46, Tomo 96-A-Pro; procediendo igualmente en su carácter de Presidente de la
CÁMARA NACIONAL DE TALLERES MECÁNICOS(CANATAME),
sociedad civil inscrita ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro de la Circunscripción Judicial delMunicipio Libertador del Distrito Metropolitano, el 31 de agosto de 1961, bajo el número 41, folio 109, Tomo 3, Protocolo Primero,asistido por el abogado Eduardo Antonio Mejías Locantore, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 77.992; interpuso recursocontencioso administrativo de nulidad por ilegalidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar contra el acto administrativodictado el 13 de agosto de 2004, por la
SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRECOMPETENCIA,
contenido en la Resolución Nº SPPLC/0050-04, en la que se estableció
“en su TÍTULO VII 1 [DE LAS ORDENES, específicamente la orden Nº 2º] ‘...el establecimiento y aplicación efectiva y transparente de criterios objetivos para laincorporación y desincorporación en las listas de talleres autorizados, que contribuyan a disminuir la exclusión arbitraria de talleresde latonería y pintura en las mencionadas listas’. Todo ello con el ánimo de que las listas permitan disminuir las asimetrías existentesen la información disponible para los consumidores o usuarios. En consecuencia, con base en lo anteriormente señalado se ordena lainclusión en las listas de talleres autorizados, de aquellos talleres de latonería y pintura que reúnan los requisitos exigidos por lasempresas Seguros Pan American C.A., Seguros Nuevo Mundo S.A., Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A., Adriática de SegurosC.A., Seguros La Seguridad C.A., C.N.A. Seguros La Previsora, Seguros Mercantil C.A.’”.
Igualmente, solicitó la suspensión de los efectos del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de laLey Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; así como medida cautelar innominada de conformidad con lo establecido en losartículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.El 7 de octubre de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, a los fines dedecidir sobre la admisibilidad del recurso de nulidad y la acción de amparo.
IFUNDAMENTOS DEL RECURSO Y DE LA ACCIÓN DE AMPARO
En el escrito presentado ante esta Sala por el ciudadano José Manuel González, actuando en su carácter de Director Gerente yPresidente, respectivamente, de la sociedad mercantil Tecno Servicios Yes´Card, C.A., y de la Cámara Nacional de TalleresMecánicos (CANATAME), señaló lo siguiente:Que el 19 de marzo de 2001, interpuso una denuncia ante la Superintendencia para la Promoción y Protección de la LibreCompetencia, con la finalidad de que se iniciara un procedimiento administrativo a las sociedades mercantiles Seguros Pan American,C.A., Seguros Nuevo Mundo S.A., Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A., Adriática de Seguros, C.A., Seguros La Seguridad, C.A.,Seguros Orinoco, C.A., Seguros Mercantil, C.A. y C.N.A Seguros La Previsora,
“por considerar que la imposición de ‘baremos’ de parte de las aseguradoras a los talleres, las listas de ‘talleres autorizados’ y de ‘proveedores de repuestos autorizados’, así como, laexistencia de un Oligopolio entre las denunciadas manifestando
en prácticas concertadas, por cuanto constituyen elementos para estimar que en el mercado producto de los talleres especializados en latonería y pintura se están realizando prácticasrestrictivas a la libre competencia”.
Que la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, modificó la competencia administrativaque le fue conferida, toda vez que -según alega- en la norma del artículo 29 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de laLibre Competencia,
“NO EXISTE la facultad de ordenar a los particulares (comerciantes) la elaboración de ‘listas de talleres
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autorizados Exclusionarias’”.
Que en el presente caso se violó el principio de la reserva legal, toda vez que la Superintendencia creó un procedimiento
“de manera indefinida”
con la finalidad de regular los mecanismos de selección de los talleres que harán las reparaciones.Que lo establecido en la
“Decisión 2 y la orden 2”
dictadas por la Superintendencia de Promoción y Protección de la LibreCompetencia y contenidas en la Resolución impugnada, imponen a sus representadas una carga imposible de cumplir, dado queresultaron excesivas y desproporcionadas y -a su decir- vulneraron el derecho a la libre actividad económica de todos los talleres delatonería y pintura.Que la Superintendencia incurrió en un error de interpretación de las previsiones contenidas en el artículo 12 de la Ley paraPromover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, por cuanto dedujo que
“los comerciantes no lograron probar la existenciade un ‘contrato’ entre las aseguradores
y los talleres mecánicos, en razón de haber mencionado que únicamente se refiere la Leya ‘contrato’”.
Que el acto impugnado es de imposible e ilegal ejecución dado que la facultad de ordenar la obligación de crear unas
“Listas Exclusionarias”
, está atribuida únicamente al Presidente de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.Que la Superintendencia al fijar el monto de la caución impuesta en la Resolución impugnada, viola el derecho a la tutela judicial efectiva por cuanto estableció una desigualdad económica y jurídica al no poder el interesado satisfacer la caución fijada por la Administración, lo que -a su decir- supone una frustración de tal derecho. De allí, que solicita la suspensión de los efectos del actoimpugnado en cuanto al pago de la caución impuesta.Así mismo, se señala que la Resolución impugnada se encuentra viciada de falso supuesto de hecho y de derecho, debido aque la Superintendencia aplicó indebidamente lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de laLibre Competencia, el cual no le otorga la facultad de ordenar a los particulares la elaboración de listas de talleres autorizados yademás, agregó, por haber hecho uso de una supuesta potestad discrecional para determinar el ámbito de aplicación de la Ley y fijar elmonto de la caución en la suma de doscientos millones de bolívares (Bs. 200.000.000,oo), estableciendo -a su decir-
“una intolerabledesigualdad económica y jurídica, con la existencia de una conducta prohibida.”
Agregó, que la Superintendencia usurpó funciones judiciales, ya que al ordenar “el establecimiento y aplicación de listas detalleres autorizados”
, se arrogó la competencia de controlar la actividad desarrollada por las compañías aseguradoras y los talleresmecánicos, infringiendo así el principio de la legalidad, pues tanto las aseguradoras como los talleres mecánicos, son personas
“decarácter privado”
, y por ende están sujetos al control de su juez natural.Que la Administración no valoró las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo, lo cual vicia el actoadministrativo impugnado de nulidad absoluta.Que la Resolución impugnada incurrió en extralimitación de atribuciones, al pretender determinar cuál es el tipo de contratoque deben celebrar las aseguradoras con los talleres mecánicos para la reparación de los vehículos siniestrados.Que en el acto recurrido se violó el principio de legalidad, así como los principios de racionalidad y proporcionalidadadministrativa y además, hubo desviación de poder.Expuesto lo anterior, solicitó la desaplicación, por vía de control difuso de la constitucionalidad, del artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.Finalmente, solicitó se suspendan por vía cautelar los efectos del acto impugnado, y que en la sentencia de mérito se declarela nulidad del mismo.
IIPUNTO PREVIO
Es menester destacar que por sentencia N° 402, de fecha 20 de marzo de 2001 (caso: Marvin Enrique Sierra Velasco), estaSala Político-Administrativa, luego de concluir en la necesidad de reforzar la idea de una tutela judicial efectiva, consideró deobligada revisión el trámite que se le ha venido dando a la acción de amparo ejercida de forma conjunta, pues si bien con ella se persigue la protección de derechos fundamentales, ocurre que el procedimiento seguido al efecto se ha mostrado incompatible con laintención del constituyente de 1999, el cual se encuentra orientado a la idea de lograr el restablecimiento de derechos de rangoconstitucional en la forma más expedita posible.
Por ello, se estableció que el carácter accesorio e instrumental propio del amparo ejercido de manera conjunta, haceposible asumirlo en idénticos términos que una medida cautelar, con la diferencia de que el primero alude exclusivamente a laviolación de derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia ésta que por su trascendencia, hace aún más apremiante elpronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada.
Atendiendo a tales consideraciones y al poder cautelar del juez contencioso-administrativo, vista la celeridad e inmediateznecesarias para atacar la transgresión de un derecho de naturaleza constitucional, estimó la Sala que en tanto se sancione la nueva leyque regule lo relacionado con la interposición y tramitación de esta especial acción, es necesaria la inaplicación del trámite previsto enlos artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que el mismo es
contrario a los principios que informan la institución del amparo, lo cual no es óbice para que continúen aplicándose las reglas de procedimiento contenidas en dicha Ley, en todo aquello que no resulte incongruente a la inmediatez y celeridad requerida en tododecreto de amparo.En su lugar, acordó una tramitación similar a la seguida en los casos de otras medidas cautelares, por lo que, una vez admitidala causa principal por la Sala, debe emitirse al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la providencia cautelar de amparo solicitada,con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito previsto en la Constitución de la República Bolivarianade Venezuela.
Afirmó la Sala en dicho fallo y así lo ratifica en esta oportunidad, que la tramitación así seguida no reviste en modo alguno,violación del derecho a la defensa de la parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente oposición, unavez ejecutada la misma, siguiendo a tal efecto el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código deProcedimiento Civil; ello ante la ausencia de un
iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en elartículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia derogada, la cual se encuentra en similares términos en el primeraparte
del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela publicadaen la Gaceta Oficial N° 37.942 de fecha 20 de mayo de 2004; procediendo entonces este Máximo Tribunal, previo el examen de losalegatos y pruebas correspondientes, a la revocación o confirmación de la medida acordada como consecuencia de la solicitud deamparo cautelar.Concluyó así la Sala, que cuando se proponga la solicitud de amparo conjuntamente con la acción de nulidad, una vezdecidida la admisibilidad de la acción principal, deberá resolverse de forma inmediata sobre la medida cautelar requerida y en casode ser acordada, se abrirá cuaderno separado con el objeto de tramitar la oposición respectiva, remitiéndose éste seguidamente alJuzgado de Sustanciación conjuntamente con la pieza principal contentiva del recurso de nulidad, a fin de que se continúe latramitación correspondiente.
IIICOMPETENCIA DE LA SALA
Corresponde entonces a esta Sala pronunciarse previamente acerca de su competencia para conocer y decidir la presentecausa y en tal sentido considera pertinente señalar que conforme a la citada sentencia, el conocimiento del recurso de nulidad y delamparo cautelar ejercidos conjuntamente, se determina por la competencia para conocer de la acción principal. Ello conduce alestablecimiento previo de la competencia para conocer de la nulidad de autos. Al respecto, se observa lo siguiente:
Se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo de nulidad contra el acto administrativo dictado el 13 de agosto de2004 por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, materializado en la Resolución N°SPPLC/0050-04, en la que se estableció
“en su TÍTULO VII 1 [DE LAS ORDENES, específicamente la orden Nº 2º] ‘...el establecimiento y aplicación efectiva y transparente de criterios objetivos para la incorporación y desincorporación en las listas de talleres autorizados,que contribuyan a disminuir la exclusión arbitraria de talleres de latonería y pintura en las mencionadas listas’. Todo ello con el ánimo de que las listas permitan disminuir las asimetrías existentes en la información disponible para los consumidores o usuarios. Enconsecuencia, con base en lo anteriormente señalado se ordena la inclusión en las listas de talleres autorizados, de aquellos talleresde latonería y pintura que reúnan los requisitos exigidos por las empresas Seguros Pan American C.A., Seguros Nuevo Mundo S.A.,seguros Caracas de Liberty Mutual C.A., Adriática de Seguros C.A., Seguros La Seguridad C.A., C.N.A. Seguros La Previsora, SegurosMercantil C.A.’ ”.
Una vez señalado lo anterior, deben observarse las disposiciones contenidas en los artículos 259 y 266 de la Constitución dela República Bolivariana de Venezuela, que establecen lo siguiente:
“Artículo 259: La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demástribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración;conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.”.“Artículo 266: Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:...(omissis) ...5.Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente....(omissis) ...
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