Source: http://joseacuenca.espacioblog.com/categoria/derecho-sanitario
Timestamp: 2013-05-18 19:22:23
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Derecho sanitario (categoría) « Aragón y Medicina - La Coctelera
Categoría: Derecho sanitario	16 Mayo 2013
Aprobado el Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y Servicios Sociales de Aragón
Categoría Derecho Sanitario El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, ya que en los últimos años se ha producido una proliferación de casos en los que algunos profesionales del sector público sanitario y social han sufrido una serie de agresiones, ya sean físicas o verbales, por parte de los pacientes, usuarios, familiares o acompañantes.
En concreto, los profesionales gozarán de los derechos a ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados en el ejercicio de sus funciones por los pacientes y usuarios del sistema sanitario o social, sus familiares, acompañantes y por la sociedad en general.
También tendrán derecho a desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado donde sean respetados sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral.
Además, se recoge el derecho al apoyo por parte del Departamento, que velará para que la consideración, el respeto y el trato recibido por estos profesionales sea conforme a la importancia social de la función que desempeñan y el derecho a la protección jurídica adecuada de sus funciones.
A pesar de ello, este Proyecto de Ley "no contradice ni vulnera aquellas normativas que protegen los derechos de los ciudadanos. Más bien al contrario, ya que la condición de Autoridad Pública exige a quien la ostenta una especial dedicación y el estricto cumplimiento de cuantos derechos son inherentes a los ciudadanos destinatarios de sus decisiones", concluye el acuerdo del Consejo de Gobierno.
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La compañía Best Doctors (fuente), especializada en servicios de información médica, prevé que en 2013 aumenten hasta en un 50% las peticiones de segunda opinión médica para un diagnóstico y tratamiento, después del incremento de peticiones registradas por esta compañía en lo que va de año.
En concreto, y según los datos de los primeros diez meses de 2012, el número de consultas para verificar diagnóstico y tratamiento se ha incrementado en un 40%, y las previsiones de Best Doctors apuntan a un aumento aún mayor en 2013 debido a que el llamado 'derecho de autogestión de la salud", ya consolidado en Estados Unidos, empieza a arraigar en España.
Por ello es conveniente familiarizarse con la normativa que contempla este derecho en España aunque esta regulado por Comunidades Autónomas como se verá más adelante.
En España el artículo 43 de la Constitución establece el reconocimiento del derecho a la protección de la salud, siendo competencia de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
En consonancia con la Carta Magna, los artículos 9 y 10.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establecen que los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del Sistema Sanitario Público, de sus derechos y deberes, recogiendo expresamente el derecho a la información sobre los servicios sanitarios a los que se puede acceder, y sobre los requisitos necesarios para su uso.
En este sentido se expresa la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, reconociendo, en su artículo 2.3, el derecho del paciente a decidir libremente, entre las opciones clínicas disponibles, después de recibir información adecuada. En el artículo 3 se señala que la libre elección es la facultad del paciente o usuario de optar libre y voluntariamente entre dos o más alternativas asistenciales, entre dos o más facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes en cada caso.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece en su artículo 4.a), el derecho ciudadano a obtener una segunda opinión facultativa sobre su proceso. A fin de garantizar el ejercicio de este derecho, el artículo 28.1 de la Ley determina que las instituciones asistenciales han de adecuar su organización.
Este precepto ha sido posteriormente complementado desde las diversas regulaciones autonómicas, operada en términos generales en la Legislación autonómica sobre Sanidad.
En el caso de Aragón, el Estatuto de Autonomía recoge en su artículo 77.1ª la competencia ejecutiva en gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.17 de la Constitución Española. El artículo 14 reconoce el derecho a la salud y en su artículo 71.55ª confiere a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Sanidad y Salud Pública.
En desarrollo de estas competencias se aprobó la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, que establece el marco normativo general del Sistema Sanitario Aragonés de aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma. En su Título II, bajo la rúbrica de los Ciudadanos, el artículo 4.1.j), reconoce el derecho a la segunda opinión médica en los términos que reglamentariamente se determinen, para fortalecer la básica relación médico-paciente y complementar las posibilidades de la atención; y en el mismo artículo 4.1, apartados f) y l), se reconoce el derecho a recibir información sobre el proceso asistencial y a la libre elección entre las opciones que le presente la persona con responsabilidad sanitaria de su caso. En esta misma norma se dedica el Título III a los Derechos de Información sobre la Salud y la Autonomía del Paciente y en él se definen el derecho a la información clínica y epidemiológica y su alcance. Por tanto, la segunda opinión se plantea desde el principio de confianza presente en la relación médico-paciente y con el fin de avanzar en la garantía del derecho a la autonomía del paciente y en el respeto a su voluntad tras una decisión informada.
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y ORDENAMIENTO JURÍDICO, un post de "DERECHO SANITARIO"
Es un hecho notorio que la prestación de la asistencia sanitaria afecta, por definición, a la salud e integridad física de las personas atendidas - e incluso a su propia vida - pero no es menos conocido que la dispensación de las prestaciones sanitarias incide sobre otros derechos fundamentales de los pacientes como acontece con la libertad ideológica y religiosa, bastando señalar al efecto los no infrecuentes supuestos en los que se plantean conflictos entre la libertad personal de los pacientes y la protección de su salud o su vida; o el derecho a la intimidad personal de los pacientes. Pero también puede afectar la dispensación de las prestaciones sanitarias a los derechos fundamentales de terceras personas como en el caso del aborto o, lo que constituye el objeto de la presente reflexión, al propio personal sanitario, como sucede en el caso de la objeción de conciencia, tan debatida.
Situaciones como las que contempla el RD16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ó el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, necesariamente seguirán siendo frecuentes en el ámbito sanitario, y podrán plantear situaciones aparentemente problemáticas desde el punto de vista de la Ética y el Derecho, e incluso situaciones en las que pudieran parecer entrar en conflicto diferentes derechos fundamentales de las personas afectadas por la relación médico - paciente, y de ahí que haya un espacio muy importante en dichas relaciones para las regulaciones deontológicas y para el tratamiento normativo específico de determinadas actuaciones, tratamiento normativo en el que comparto que siga siendo fundamental la necesidad de regular la objeción de conciencia.
Pero es que, además, las características de la actividad sanitaria asistencial, en la que la adopción de las medidas oportunas resultan difíciles y dolorosas, no sólo para los enfermos y sus familiares, sino también para los profesionales sanitarios, hacen que el análisis de la materia no pueda abordarse exclusivamente con meras pautas de gestión burocrática, ni con definiciones, ni tampoco de simple eficiencia o aplicación automática del Derecho a las situaciones fácticas que se plantean a los profesionales sanitarios, sino que se requiere una especial atención desde el punto de vista de la "individualización, la dignidad y la humanidad en el trato a los pacientes y sus familiares".
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Juramento de la Asociación Médica Mundial
"En el momento de ser admitido como miembro de la profesión Médica:
Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia; Velar solícitamente, y ante todo, por la salud de mi paciente;
Solemne y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antedicho."
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Asistencia sanitaria a extranjeros. Reflexiones sobre un Real Decreto Ley Categoría Derecho Sanitario
La asistencia a extranjeros varía enfunción de la posesión o no de tarjeta sanitaria. Por ello hay que distinguir entre la asistencia recibida por inmigrantes ilegales, inmigrantes legales y extranjeros desplazados a España por motivos particulares o profesionales.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (modificada con las nuevas medidas aprobadas) establecía en su Artículo 3 lo siguiente:
". Titulares de los derechos.
2. Las Administraciones públicas orientarán sus acciones en materia de salud incorporando medidas activas que impidan la discriminación de cualquier colectivo de población que por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales tenga especial dificultad para el acceso efectivo a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud."
La Ley Orgánica 4/2000, en su artículo 12 decía lo siguiente:
4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia."
Con las nuevas medidas publicadas ayer (Real Decreto-ley 16/2012) la situación queda como sigue.
"Tres. Se añade un nuevo apartado (3 ter) al artículo 3, que tendrá la siguiente redacción:
Por tanto, desaparece el derecho a la asistencia sanitaria por el simple hecho de estar empadronado tal como se especificaba en el partado 12 de la Ley Orgánica 4/2000. El concepto "Asistencia de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica" requerirá una aclarción por parte de las autoridades sanitarias. Su desarrollo posterior, si no se aclara, puede provocar efectos indirectos, indeseables, ya que estos inmigrantes en lugar de ir a los centros de salud, acudirán a urgencias , aumentando el consumo de medicina hospitalaria y una mayor coste económico, como así se ha anunciado desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Se calcula que en España existen 250.000 inmigrantes irregulares, luna población que abandonada sin control sanitario puede generar, si no se controla, un auténtico problema de salud pública, al quedar esta población excluida de los programas asistenciales y de prevención. España es un país eminentemente turístico, receptor de millones de turistas que requieren los servicios que países modernos y desarrollados poseen. Exactamente lo mismo que nostros demandamos cuando nos desplazamos a otros países. La asistencia sanitaria de extranjeros procedentes de países con los que España tiene suscritos convenios bilaterales o multilaterales se tiene que llevar a cabo mediante una política de reciprocidad en el pago de los servicios prestados en materia sanitaria, haciendo cumplir los acuerdos firmados y demandando el abono de las facturas pendientes. Leer noticia. Pero este es otro tema.
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Se ha publicado hoy, en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Las administraciones públicas competentes deberán adoptar, con anterioridad al 30 de junio de 2012, todas las medidas que sean necesarias para la aplicación efectiva de lo dispuesto en el apartado trece del articulo 4 de este real decreto-ley (aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria).
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Responsabilidad civil del médico
Las normas de comportamiento social tratan de proteger a las personas (naturales o jurídicas) entre sí, con el fin de evitar atropellos y lograr en esa forma la preservación del equilibrio social en general.
En términos amplios, la responsabilidad puede ser catalogada como personal (cuando sólo se debe responder ante la propia conciencia de un acto inmoral), profesional (que consiste en dar cuenta ante organismos especializados, encargados de vigilar que unas normas de desempeño de una ciencia o arte se cumplan) y jurídica (que obliga a responder ante la sociedad, en cabeza de sus jueces, por una transgresión a la ley).
La responsabilidad jurídica, a su vez, puede ser civil, particularmente cuando se atenta contra un bien o derecho de tipo privado, lo cual obliga a resarcir en forma patrimonial o pecuniaria; penal, cuando se afecta un derecho catalogado como bien social, el cual incluye la vida e integridad de los individuos de modo que cuando se viola obliga a pagar mediante sanción o pena que la sociedad impone, y responsabilidad administrativa cuando el responsable es un ente público o un servidor oficial.
La responsabilidad civil puede ser contractual y extracontractual. La primera se origina en el incumplimiento de obligaciones nacidas a través de un contrato. La segunda se origina en el daño al patrimonio de otra persona con quien no existe un vínculo contractual y tiene como fuente una conducta que rompe el deber de diligencia, cuidado y prudencia de las personas en sociedad. Por dar origen a un crédito, la responsabilidad civil es transmisible, es decir, puede transferirse a los herederos, quienes eventualmente deberán responder con su patrimonio de los hechos ocasionados por su pariente.
Se ha discutido ampliamente en el campo de la Jurisprudencia qué tipo de contrato es el que se establece entre el paciente y su médico. Varias teorías han sido estudiadas y desechadas parcialmente. Ellas incluyen la del mandato, la de locación de servicios, la de locación de obra, la de contrato innominado y otras muchas, para terminar aceptando que el Acto Médico es una forma especial de contrato denominado, precisamente, “de Asistencia Médica”.
Los sujetos de ese contrato son el paciente y el médico, que ejercitan su principio de libertad y voluntad, alrededor de un objeto: la recuperación o conservación de la salud del enfermo, mediante un vínculo jurídico, es decir, actuando bajo el amparo de la ley que genera para una y otra parte obligaciones y derechos recíprocos. Como hemos mencionado, es una obligación de medios, por tanto, el compromiso es utilizar todos los elementos adecuados para la consecución del fin, sin ofrecer ninguna garantía.
Las reclamaciones judiciales contra médicos aumentan cada día por supuestas negligencias pero las condenas no suelen ser habituales. Nos centraremos en la responsabilidad civil en el ámbito privado, ya que dicha responsabilidad, cuando el médico trabaja para la Administración Pública, solo será posible ante esta.
Para poder establecer esta responsabilidad es necesario demostrar la relación de causalidad entre el comportamiento del médico y el daño producido y esto es díficil de demostrar ya que pueden existir varios factores causantes del daño, no sólo por la causa de la enfermedad o el factor reaccional del paciente sino también la intervención de otros profesionales, sobre todo cuando el trabajo esta organizado en equipo (si no se demuestra la responsabilidad personal, los tribunales suelen considerarla solidariamente a todos los integrantes).
Entre las causas de exoneración de esa responsabilidad se encuentran aquellos casos en los que el daño sufrido es imprevisible (supuesto de caso fortuito) o inevitable (supuesto de fuerza mayor). Tampoco se responde cuando eol daño ha sido causado por culpa exclusiva del perjudicado, es decir, cuando no se siguen las indicaciones médicas. En este punto conviene reseñar que el paciente es libre de tomar las decisiones que considere convenientes pero, después, no podrá reclamar frente al médico al no seguir sus instrucciones.
Si el médico desea evitar la posibilidad de rendir ante la justicia será necesario que siga una serie de recomendaciones y obligaciones: Todo médico que ejerce en la sanidad privada esta obligado a concertar un seguro de responsabilidad civil. El médico debe informar adecuadamente al paciente de la intervención que va a realizar, de sus riesgos previsibles y complicaciones habituales. El médico debe obtener el consentimiento informado. Es conveniente mantener un buen trato con el paciente y sus familiares y es recomendable seguir el protocolo de actuación, aunque en ocasiones, cuando haya alguna situación que lo justifique. puede ser necesario apartarse de él.
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