Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1920-de-agosto-6-de-1998?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204188caf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-20 09:59:35
Document Index: 69533034

Matched Legal Cases: ['Artículo 95', 'artículo 188', 'artículo 123', 'artículo 299', 'artículo 188', 'artículo 190', 'artículo 95']

SENTENCIA 1920 DE 06 DE AGOSTO DE 1998
CONTENIDO:INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO ALCALDE. EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL NO ESTÁ INHABILITADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ALCALDE, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, PROCESO ADMINISTRATIVO, INHABILIDADES PARA SER ALCALDE
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL NO ESTÁ INHABILITADO
EXTRACTOS: «La norma invocada como violada es del siguiente tenor:
Artículo 95 de la Ley 136 de 1994:
“ART. 95.—Inhabilidades. No podrá ser elegido ni designado alcalde quien (...).
3. Haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar o cargos de dirección administrativa en el respectivo municipio, dentro de los seis meses anteriores a la elección”.
De la transcripción anterior se deduce que la norma establece como supuestos fácticos de la inhabilidad los siguientes:
a) El ejercicio de jurisdicción o autoridad civil, política o militar o cargos de dirección administrativa.
b) En el mismo municipio en que se aspira a ser alcalde. c) Dentro de los seis meses anteriores a la elección.
Considera la parte actora que el señor Gabriel Antonio Espinosa Arrieta seis meses antes de su elección como alcalde del municipio de Sincé ocupaba el cargo de presidente de la asamblea de Sucre y, como tal, ejerció autoridad civil y dirección administrativa, por lo que se configura la inhabilidad prevista en la norma citada.
En el informativo obran las siguientes pruebas:
Respuesta al oficio Nº 0251, por parte del presidente de la asamblea departamental, donde certifica:
— Que el señor Gabriel Espinosa Arrieta fue elegido diputado para el período de 1995-1997 y fue elegido como presidente, en dos ocasiones: la primera vez, mediante sesión ordinaria del 4 de julio de 1995 hasta el 29 de febrero de 1996; la segunda vez, en sesión ordinaria del 1º de marzo hasta el 4 de julio de 1997.
— Revisados los actos administrativos, no aparece que se haya efectuado nombramientos de personal en el municipio de Sincé entre el 30 de marzo y el 30 de octubre de 1997.
— Las funciones de la mesa directiva de esa corporación se cumplen en el ámbito interno de ella ya que su competencia está referida exclusivamente al manejo de la misma.
— Revisados los actos administrativos, certifica que en el año de 1997 no se asignó partida o contrapartida, ni se suscribió contrato para ser invertidas en el municipio de Sincé.
— Adjunta los rubros presupuestales aprobados en el presupuesto para la vigencia de 1997.
Procede la Sala a estudiar si el elegido ejerció dentro de los seis meses anteriores a la elección autoridad civil o cargos de dirección administrativa en el respectivo municipio.
La Ley 136 de 1994, en su artículo 188, define lo que debe entenderse como autoridad civil, así:
1. Ejercer el poder público en función de mando para ejercer una finalidad prevista en esta ley, que obliga al acatamiento de los particulares, y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.
De acuerdo a la previsión normativa, resulta indispensable determinar si el diputado es un empleado oficial.
El artículo 123-1 de la Constitución Nacional establece que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios.
Por su parte, el artículo 299 inciso 2º, ibídem, establece que el período de estos funcionarios será de tres años y tendrán la calidad de servidores públicos.
De acuerdo a las normas citadas, los diputados son servidores públicos; si de acuerdo al artículo 188 de la Ley 136 de 1994, la autoridad civil debe ser ejercida por un empleado oficial, y los diputados no lo son, no pueden estar incursos en la causal en comento.
De otra parte, el legislador definió en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, lo que debe entenderse por dirección administrativa, facultad que, según el demandante, ostentaba el señor Espinosa Arrieta en su condición de presidente de la asamblea de Sucre.
La norma citada dice:
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y a quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias”.
Del análisis de la norma anterior, la Sala deduce que de los servidores públicos sólo se encuentran mencionados en ella(sic) por lo cual, los empleados tampoco por este aspecto puede considerarse al diputado incurso en la inhabilidad para ser elegido alcalde de que trata el artículo 95-3 de la Ley 36 de 1994.
Lo anterior implica que el señor Gabriel Antonio Espinosa Arrieta no desempeñó autoridad civil o dirección administrativa en los términos invocados por la demanda, durante su gestión como presidente de la Asamblea de Sucre, motivo por el cual no prospera el cargo.
Como no se cumple el que la Sala señaló como primer requisito, previsto en la norma que contiene la inhabilidad invocada, se concluye que no es del caso el estudio de los demás relacionados antes.
En tales condiciones, las súplicas de la demanda deben ser despachadas desfavorablemente».
(Sentencia de agosto 6 de 1998. Expediente 1920. Consejera Ponente: Dra. Mirén de la Lombana de Magyaroff).