Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-402565638
Timestamp: 2020-07-14 19:37:16
Document Index: 95453412

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 88', 'artículo 6', 'artículo 86']

Sentencia de Tutela nº 584/12 de Corte Constitucional, 23 de Julio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 402565638
Sentencia de Tutela nº 584/12 de Corte Constitucional, 23 de Julio de 2012
En el presente caso la accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales y los de su familia por la posible contaminación que ecopetrol produce al agua del aljibe que utilizan para el consumo y el desarrollo de sus actividades diarias, como consecuencia de unos trabajos de exploración de petróleo adelantadas en un predio cercado a su finca. La sala analiza temática relacionada con la subsidiariedad como requisito general de procedencia de la acción de tutela, las acciones populares y los criterios de procedibilidad de la acción de tutela para la protección de derechos colectivos. Se confirma la decisión de instancia que denego por improcedente la tutela impetrada y se exhorta a ecopetrol para que dando cumplimiento al compromiso adquirido con la comunidad, continúe proporcionándoles agua potable hasta que sea resuelto de fondo el proceso de investigación de la posible contaminación ambiental adelantado por cormacarena.
T-584-12 Sentencia T-584/12 Sentencia T-584/12
Referencia: expediente T- 3.410.230
Acción de Tutela instaurada por C.C.R. en contra de ECOPETROL S.A.
Bogotá D.C. veintitrés (23) de julio de dos mil doce (2012)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados J.I.P.C. -quien la preside, H.A.S.P. y L.E.V.S., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
En el proceso de revisión de la Sentencia proferida el veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Laboral del Circuito de Descongestión para el Juzgado Civil del Circuito de Acacias, M., la cual denegó la tutela incoada por la señora C.C.R. en contra de ECOPETROL S.A.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Tres de la Corte Constitucional, escogió mediante Auto del veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012), para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
La señora C.C.R. solicita al juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales y los de su familia a la vida, a la salud y al agua potable, presuntamente vulnerados por ECOPETROL S.A., quien al parecer, en el desarrollo de ciertas actividades realizadas en el proceso de excavación y explotación de petróleo en un predio colindante con su casa de habitación, está contaminando el agua del aljibe que utilizan para su consumo y demás actividades diarias.
1.1.1.1. Relata la accionante ser residente de la Finca El Paraíso, ubicada en la vereda La Esmeralda del Municipio de Acacias, M., donde vive con su familia conformada por cinco adultos y tres menores de 3 años, 2 años y 6 meses de edad.
1.1.1.2. Señala que desde hace aproximadamente cinco (5) meses, el agua del aljibe que utilizan para su consumo y desarrollo de sus actividades diarias se encuentra contaminada, al parecer producto de unas actividades de excavación y explotación de petróleo que se empezaron a realizar en el C. No. 19 de Weatherford, ubicado a pocos metros de su vivienda.
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado Laboral de Descongestión para el Juzgado Civil del Circuito de Acacias, M., mediante Auto del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), consideró innecesaria la adopción de la medida provisional solicitada por la peticionaria.
Fundamentó esta decisión, en el hecho que la accionante, el 18 de enero del año en curso, allegó al proceso copia del acuerdo celebrado entre la comunidad de la vereda La Esmeralda y ECOPETROL S.A., en el que se verifica el compromiso de la Empresa en el suministro de tanques para el almacenamiento de agua potable y del líquido mientras se soluciona el problema de contaminación de los aljibes. Adicionalmente, adjuntó copia del acta de entrega, suscrita por el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esmeralda y un Representante del Consorcio Serpel-Petrolabin en la que se constata la entrega de dos viajes de Agua Potable en Carrotanque, los cuales fueron distribuidos en diferentes viviendas de la vereda según las necesidades.
Por otro lado, el Juzgado Laboral del Circuito de Descongestión para el Juzgado Civil del Circuito de Acacias, M., admitió la demanda de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la Alcaldía Municipal de Acacias, a la Secretaría de Salud Municipal y a la Personería Municipal de Acacias, a la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la Macarena  CORMACARENA-, a la Procuraduría 6ª Ambiental de Acacias, a la Inspección Segunda de Policía de Acacias y la Interventoría Ambiental de ECOPETROL S.A.
Relató que en desarrollo de su objeto social, adelantó las obras civiles requeridas para la perforación del C. 19 ubicado en el predio denominado Lote de Las Palmas en la vereda La Esmeralda del Municipio de Acacias, M..
Indicó que efectivamente en el mes de agosto del año 2011, recibió por parte de los residentes de la Finca El Paraíso informes sobre la posible afectación de los aljibes de su predio, motivo por el cual ECOPETROL S.A. a través del laboratorio INDUANALISIS LTDA., el cual está acreditado por el IDEAM, tomó muestras para su análisis el día seis (6) de agosto de 2011.
Afirmó que los resultados de los análisis arrojaron que el agua allí encontrada no es apta para el consumo humano, debido a que los parámetros del pH, Coliformes fecales y totales, cadmio, nitritos, níquel, plomo y turbiedad se encuentran fuera de los límites permisibles por la normatividad vigente. Continúo resaltando que los coliformes fecales son un indicador de que el agua contiene contaminación fecal sin que esto esté relacionado con las actividades de la obra adelantada en el C. 19. Por lo que, de igual manera, puntualizó que según los resultados de grasas y metales de la muestra, no se encontró afectación por residuos industriales o petroleros.
Así mismo, referenció que el día 9 de agosto de 2011, la comunidad de la vereda La Esmeralda contrató con el laboratorio de la Universidad de los Llanos el análisis de una muestra del agua del aljibe de la Finca La Gloria, el cual se surte del mismo acuífero que provee agua a los aljibes de la zona, incluido el de la Finca El Paraíso, en el que, según lo afirma la accionante, se concluyó que el agua era apta para consumo humano. No obstante lo anterior, expuso que la simple comparación entre los resultados arrojados y lo establecido en la Resolución 2115 de 2007[1], permite colegir que los elementos encontrados están fuera de los parámetros permitidos.
Especificó que las muestras del agua fueron tomadas por dos (2) laboratorios a saber, Laboratorios DAPHNIA solicitado por la comunidad, e INDUANALISIS solicitado por la gestoría de ECOPETROL S.A.
Por último, aseveró que no existen elementos probatorios que permitan concluir que como consecuencia de las actividades desarrolladas en el C. 19 se le está ocasionando perjuicio alguno a la accionante o su familia.
1.3.2. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena  CORMACARENA-, se opuso a las pretensiones de la demanda, resaltando que no ha generado vulneración a los derechos fundamentales de la accionante.
Señaló que como consecuencia de un informe de la Secretaría de Gobierno Municipal, inició las diligencias pertinentes para establecer la presunta infracción a las normas ambientales, esto es, a la Ley 1333 de 2009. De esta manera, el día 22 de septiembre de 2011, se practicó visita a la Finca El Paraíso por parte de especialistas del Grupo de Subdirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación, en la que se tomaron muestras de aguas para la realización de análisis físicos, químicos y bacteriológicos para determinar su posible contaminación.
Manifestó que de los resultados enviados por el laboratorio se emitió el Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.012.72 del 23-01-12, en el que se determinó que no se encontraron resultados concluyentes, por lo que se recomendó realizar un análisis del suelo y pasturas de los potreros donde se consumen los alimentos por parte de los animales en busca de elementos nocivos que pudieran eventualmente estar relacionados con la extensión de los líquidos producto de la descomposición de las palmas.
1.3.3. La Alcaldía Municipal y La Secretaría Municipal de Salud de Acacias, M., contestaron la acción de la referencia y solicitaron ser desvinculadas de la misma, con fundamento en lo siguiente:
Resaltaron el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela y su procedencia cuando la persona no cuenta con otros mecanismos de defensa o que existiendo éstos sean ineficaces, o se esté ante la configuración de un perjuicio irremediable.
Por su parte, la Alcaldía de Acacias, M., explicó que la administración municipal ha tomado medidas al respecto. Así, referenció que se llegó al acuerdo de construir un acueducto que no sólo beneficiará a la comunidad de la vereda La Esmeralda, sino que cubrirá a toda la población que habita las 18 veredas aledañas. Dicho proyecto se encuentra radicado en el banco de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Acacias según Oficio No. 1020-09.02 del 16 de enero de 2012, el cual tiene un valor aproximado de $11.790.353.670.
1.3.4. El Inspector Primero Municipal de Policía de Acacias, M., informó que el día 17 de noviembre de 2011, recibió por parte de la Inspección Segunda de Policía el Oficio No. 1052-424, que contenía 11 folios correspondientes a la Inspección Ocular realizada a la Finca El Paraíso.
De igual forma, manifestó que el 10 de agosto de 2011, envió el Oficio No. 1052-280 al Director General de CORMACARENA y a la Secretaría de Salud Municipal de Acacias, informando lo sucedido en el sector de la vereda La Esmeralda.
1.3.5. La Personería Municipal de Acacias, M., informó que efectivamente ese despacho realizó tres (3) visitas a la vereda La Esmeralda, con el fin de colaborar con la situación manifestada por la comunidad, en relación con la contaminación del agua de sus aljibes.
Al respecto, indicó que se verificó que en los aljibes había una capa grasosa que presentaba un color naranja causando perjuicios en la comunidad pues ya no podían hacer uso de estas aguas, por lo que afirmó que es de gran relevancia la situación que se está presentando en la vereda La Esmeralda. Así mismo, advirtió que se percibió que ECOPETROL S.A. no está dando cumplimiento al compromiso adquirido de suministrar agua potable a la comunidad.
1.3.1. Copia del Acta de Visita de fecha 8 de agosto de 2011, realizada por la Inspección Segunda Municipal de Policía de Acacias, M., a la Finca El Paraíso, en la vereda La Esmeralda.
1.3.2. Copia del Oficio No. 1052-280, de fecha 10 de agosto de 2011, remitido por la Inspección Segunda Municipal de Policía de Acacias, M., al Director General de CORMACARENA y a la Secretaría de Salud Municipal de Acacias, en el que se informa que se atendió la queja presentada por la comunidad, por lo que visitaron la Finca El Paraíso, ubicada en la vereda La Esmeralda. Visita en la que se constato la existencia de un pozo profundo o aljibe, con agua subterránea que presenta aspecto aceitoso (). Igualmente, informan que en el costado sur-oriental del terreno en que está ubicado el closter No. 19 de Weatherford, se están vertiendo aguas hacia el predio colindante, razón por la que nos trasladamos hasta el lugar pudiendo verificar la existencia de un vertimiento, al parecer de aguas lluvias, provenientes del closter No. 19 hacia el predio colindante por su costado sur-oriental. Junto con el referido oficio se adjuntó el registro fotográfico de la Inspección Ocular realizada.
1.3.3. Copia del resultado de análisis bacteriológico de aguas, tomado del aljibe de la Finca La Gloria de la vereda La Esmeralda, realizado por la Universidad de Los Llanos, de fecha 9 de agosto de 2011, en el que se concluyó en la parte de observaciones: agua apta para el consumo humano. Análisis garantizado solo para esta muestra.
1.3.4. Copia del resultado de análisis bacteriológico de aguas, tomado del aljibe de la Finca La Gloria de la vereda La Esmeralda, realizado por la Universidad de Los Llanos, de fecha 20 de noviembre de 2011, en el que se concluyó en la parte de observaciones: reporte de coliformes fecales: Positivo.
1.3.5. Informe presentado por el laboratorio INDUANALISIS LTDA., a solicitud de la gestoría de ECOPETROL S.A., sobre el monitoreo de cuerpos de agua superficial en el área de influencia de pozos petroleros en gerencia regional central  campo castilla- chichimene, de fecha 9 de septiembre de 2011.
El informe presentado luego de indicar el alcance, la metodología utilizada, las normas aplicables y presentar los correspondientes resultados, concluyó lo siguiente: () se evaluaron los Puntos 1. Jagüey 1 y 2 en Finca El Paraíso, área de C. 19 (occidente y oriente). Comparando con las normas la mayoría de parámetros cumplieron con los límites establecidos. Solo se encontraron fuera: Nitritos, B. coliformes y la Turbiedad del jagüey 1 por encima del criterio para agua potable; y el pH que incumplió con todos los límites (agrícola, doméstico y potable), corresponde a un agua muy ácida, pero se considera que es característica natural del sitio. () Según los resultados de grasa y metales en las muestras evaluadas, no se encontró afectación por residuos industriales o petroleros.
1.3.6. Copia del Acta de Reunión de fecha 1° de noviembre de 2011, celebrada entre ECOPETROL S.A. y la comunidad de la vereda La Esmeralda, en la que se concluyó, entre otras cosas, que ECOPETROL S.A. atendiendo a la práctica del buen vecino y por solidaridad suministrará de agua a la comunidad (pendiente x (sic) definir periodicidad)
1.3.7. Copia de la solicitud emitida por la Personería Municipal de Acacias, M., de fecha 1° de noviembre de 2011, dirigida a la Secretaría de Salud de Acacias, en la que se expresa la necesidad de realizar una Inspección a la Vereda La Esmeralda, Finca el Paraíso y fincas vecinas, donde se está presentando una posible afectación ambiental a las fuentes hídricas de esta comunidad por parte de Ecopetrol.
1.3.9. Copia de acta de entrega de agua potable en la vereda La Esmeralda, de fecha 19 de enero de 2012, suscrita por el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la comunidad y el Representante del Consorcio Serpel- Petrolabin, consistente en dos viajes de Agua Potable en Carro tanque, los cuales fueron distribuidos en diferentes viviendas de la vereda según las necesidades.
1.3.11. Certificación expedida por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Acacias, M., en la que se informa que el proyecto que tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL SUR DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META bajo el número 20110500062 por un valor de $11.790.353.670 se encuentra radicado en el Banco de proyectos del municipio de Acacias y esta pendiente por la consecución de los recursos para ser implementado en el corto plazo, decisión que será tomada por la Administración central en la medida que cumpla con todos los parámetros jurídicos y económicos.
El Juzgado Laboral del Circuito de Descongestión para el Juzgado Civil del Circuito de Acacias, M., mediante Sentencia del veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012), negó por improcedente el amparo deprecado.
En el asunto de la referencia, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si efectivamente los derechos fundamentales de la accionante y de su familia han sido amenazados o vulnerados, debido a la contaminación que se está presentando en el agua de sus aljibes, al parecer producto de las actividades realizadas por ECOPETROL S.A. en el C. No. 19 de Weatherford, ubicado en un predio cercano a su Finca El Paraíso.
Tal como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta Corporación[2], la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional de carácter residual, subsidiario y cautelar, encaminado a la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas que están siendo amenazados o conculcados.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política que consagra la acción de tutela como un mecanismo de naturaleza subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales que sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.[3] De lo anterior se colige, que no es la finalidad de esta acción ser un mecanismo alternativo a los otros medios jurisdiccionales existentes, de modo que pueda utilizarse uno u otro sin ninguna distinción, ni fue diseñada para desplazar a los jueces ordinarios del ejercicio de sus atribuciones propias.
Sin embargo, la existencia de otro medio judicial no hace de por sí improcedente la intervención del juez de tutela, pues deben tenerse en cuenta dos circunstancias especiales a saber; primero, que los medios alternos con que cuente el interesado deben ser idóneos, esto es, aptos para obtener la protección requerida, con la urgencia que sea del caso[4] y; segundo, que a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, será procedente la acción de tutela cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Así, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido a la Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial permite a las partes valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus derechos.[5]
De una parte, se encuentra la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, que tal como se explicó en el acápite anterior, es por excelencia el mecanismo de protección de los derechos fundamentales y que procede, ante la existencia de otro medio de defensa judicial, siempre y cuando éste sea ineficaz o se esté ante la inminencia de un perjuicio irremediable.
Por otro lado, se encuentran las acciones populares como mecanismo de protección de derechos o intereses colectivos. Así, el artículo 88 Constitucional señala que La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella; también regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Sin embargo, esa línea divisoria que parecería tan clara entre una y otra acción, deja de ser diáfana, cuando el hecho generador de la vulneración, afecta derechos de una y otra clase, por ejemplo, cuando por la violación o amenaza del derecho al medio ambiente o a la salubridad pública, derechos éstos de carácter colectivo, resultan afectados derechos de rango fundamental, tales como la vida, la salud, la intimidad y la dignidad humana, entre otros.
Por su parte, el artículo 6°, numeral 3, del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, dispone expresamente que, en principio, ésta no procederá cuando se pretenda proteger derechos colectivos, pero regla también que ello no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos de aquella índole, siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
En relación con esta última circunstancia planteada, la jurisprudencia constitucional[6] ha reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando la afectación de un derecho colectivo conlleva la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En este sentido, la Sentencia T-710 de 2008[7] señaló los requisitos que para el efecto deben cumplirse:
(i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea "consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo";
(iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y "no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.(negrillas fuera de texto).
Esta breve referencia muestra que en principio la Ley 472 de 1998 es un instrumento idóneo y eficaz para enfrentar las vulneraciones o amenazas a los derechos colectivos.(...). En tales circunstancias, la entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados (), para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la tutela (CP art. 86), que en el expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario. En efecto, en determinados casos puede suceder que la acción popular resulta adecuada para enfrentar la afectación del derecho colectivo vulnerado, pero ella no es suficiente para amparar el derecho fundamental que ha sido afectado en conexidad con el interés colectivo. En tal evento, la tutela es procedente de manera directa, por cuanto la acción popular no resulta idónea para proteger el derecho fundamental. Pero si no existen razones para suponer que la acción popular sea inadecuada, entonces la tutela no es procedente, salvo que el actor recurra a ella "como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en curso y cuando ello resulte indispensable para la protección de un derecho fundamental.[8]
En suma, corresponde al juez constitucional evaluar si a pesar de la pretensión de protección de un derecho colectivo, la acción de tutela resulta procedente. Para ello es necesario: () acreditar, de manera cierta y fehaciente, que la afectación actual o inminente del derecho colectivo también amenaza o vulnera un derecho fundamental que ha sido individualizado en la persona que interpone la acción de tutela o a nombre de quien se encuentra impedida para defender en forma directa sus propios intereses, cuya protección no resulta efectiva mediante la acción popular sino que requiere la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.[9]
En el caso objeto de estudio, la accionante estima vulnerados sus derechos fundamentales y los de su familia, por la posible contaminación que ECOPETROL S.A. está produciendo al agua de sus aljibes, como consecuencia de unas actividades de exploración de petróleo adelantadas en el C. No. 19 de Weatherford, ubicado en un predio cercano a su Finca El Paraíso, en la vereda La Esmeralda del Municipio de Acacias, M..
La empresa accionada asevera que la referida contaminación del agua, no se debe a las actividades por ella realizadas. Sin embargo, ante la gestión de diferentes entidades administrativas, vinculadas a la presente acción, celebró un acuerdo con la comunidad presuntamente afectada, en el sentido de aclarar las circunstancias fácticas que generan la contaminación, para lo cual se determinó que dos laboratorios tomarían las muestras del agua, a saber: Laboratorios DAPHNIA, solicitado por la comunidad, e INDUANALISIS, solicitado por la gestoría de ECOPETROL S.A.
Del mismo modo, la accionada se comprometió con la comunidad de la vereda La Esmeralda a suministrar agua y tanques para su almacenamiento. No obstante, en dicho acuerdo no se especificó la periodicidad en la que se proveería el agua.
Inicialmente, debe insistir la Sala Séptima de Revisión en que la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, es un mecanismo de carácter excepcional, encaminado a la protección directa, efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de las personas frente a las posibles violaciones o vulneraciones de que éstos pueden ser objeto.
Empero, en el expediente sólo se cuenta con los resultados de las pruebas realizadas por el Laboratorio INDUANALISIS, el cual fue propuesto por la empresa accionada y del que se extrae que, efectivamente de la muestra de agua comparada con la normativa aplicable se encuentran fuera de los parámetros establecidos: Nitritos, B. coliformes y la Turbiedad del jagüey 1 por encima del criterio para agua potable; y el pH que incumplió con todos los límites (agrícola, doméstico y potable), corresponde a un agua muy ácida, pero se considera que es característica natural del sitio. Así mismo, concluye el informe del laboratorio que () Según los resultados de grasa y metales en las muestras evaluadas, no se encontró afectación por residuos industriales o petroleros.
Ahora, pese a no haber prueba de los resultados arrojados por el Laboratorio DAPHNIA, solicitado por la comunidad, sí se encuentra el Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.012.72 del 23-01-12 rendido por los especialistas del Grupo de Subdirección de Gestión y Control Ambiental de CORMACARENA, quienes apoyados en los resultados del laboratorio TecnoAmbiental Ltda., determinaron que no se encontraron resultados concluyentes frente a la contaminación, por lo que se recomendó realizar un análisis del suelo y pasturas de los potreros donde se consumen los alimentos por parte de los animales en busca de elementos nocivos que pudieran eventualmente estar relacionados con la extensión de los líquidos producto de la descomposición de las palmas.
En este orden, bien puede sostenerse entonces, que efectivamente la situación fáctica planteada en la solicitud de amparo permite colegir que el acceso al servicio público del agua y la salubridad de la población de la vereda La Esmeralda están siendo amenazados, pero no es la acción de tutela el mecanismo a utilizar para protegerlos, no sólo por su naturaleza residual y subsidiaria, sino que tampoco puede prosperar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues ningún elemento de juicio se aportó o ninguna prueba apuntó a demostrar su existencia.
Así las cosas, es menester recordar que el juez constitucional debe exigir la demostración fehaciente de que la vulneración de un derecho colectivo conlleva además la afectación o amenaza de violación de derechos fundamentales, como requisito de procedibilidad, pues sólo en dicho caso prevalece la acción de tutela. De no demostrarse, la tutela será improcedente frente a otras acciones, como la acción popular desarrollada por la Ley 472 de 1998, a la que pueden acudir las personas afectadas para obtener no sólo la protección de sus derechos individuales, sino que trascienden a toda la comunidad.
No obstante lo anterior, de las intervenciones en sede de tutela y de las pruebas obrantes en el expediente se desprende que la entrega del agua por parte de ECOPETROL S.A a la comunidad no ha sido constante, toda vez que en el compromiso adquirido entre las partes no se fijó la periodicidad para dicho fin.
[s]i bien incumbe a cada país determinar el volumen mínimo razonable de agua necesaria para satisfacer los usos personales y domésticos, las cifras suministradas en las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pueden servir de orientación útil. Por consiguiente, se necesitan entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud (31). El umbral de 25 litros por persona por día representa el nivel mínimo para mantener la vida, pero esta cantidad plantea problemas de salud, ya que es insuficiente para atender las necesidades de higiene básica y consumo (32). En los casos de emergencia, tales como desastres naturales, conflictos o situaciones después de los conflictos, el Manual del Proyecto Esfera sugiere un abastecimiento básico de 7,5 a 15 litros mínimos por persona y por día, ya que puede no haber suficiente agua disponible para atender a todos los usos personales y domésticos (33). Estas diversas cantidades son indicativas, ya que pueden cambiar con arreglo a un contexto en particular, y pueden diferir en el caso de algunos grupos, debido a su estado de salud, trabajo, condiciones climáticas, exigencias culturales u otros factores.
En virtud de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de tutela proferida el veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Laboral del Circuito de Descongestión para el Juzgado Civil del Circuito de Acacias, M., la cual negó por improcedente el amparo constitucional deprecado, por existir otro mecanismo de defensa judicial y no evidenciarse la configuración de un perjuicio irremediable. Sin embargo, al percatarse que existe un acuerdo asumido por la empresa accionada de suministrar agua potable a la comunidad, con el fin de que dicho compromiso se cumpla de manera constante, la Sala exhortará a ECOPETROL S.A. para que continúe proporcionando el líquido, para lo cual debe establecer con la comunidad la periodicidad en la entrega.
PRIMERO. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia la Sentencia proferida el veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Laboral del Circuito de Descongestión para el Juzgado Civil del Circuito de Acacias, M., la cual denegó por improcedente la tutela impetrada por la señora C.C.R..
SEGUNDO. EXHORTAR a ECOPETROL S.A para que, dando cumplimiento al compromiso adquirido con la comunidad, continúe proporcionándoles agua potable, para lo cual deberá establecer con ellos la periodicidad en su suministro, hasta tanto sea resuelto de fondo el proceso de investigación de la posible contaminación ambiental adelantado por la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena CORMACARENA-.
[1] Resolución No. 2115 de 2007, proferida por el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.
[2] Sentencias T-335 de 2007; T-764 de 2007; T-266 de 2008 y T-655 de 2009, entre otras.
[3] En este sentido se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias T-600 del 1 de agosto de 2002. M.P.M.J.C.E., T-1198 del 15 de noviembre de 2001. M.P.M.G.M.C., T-1157 del 1 de noviembre de 2001. M.P.M.G.M.C., T-321 del 21 de marzo de 2000. M.P.J.G.H.G..
[4] Sentencia T-384 del 30 de julio de 1998. M.P.A.B.S..
[5] Sentencia T-301 de 2009.
[6] Sentencias T-1451 de 2000, SU-1116 de 2001, T-288 de 2007 y T-659 de 2007
[7] Sentencia T-710 del 15 de julio de 2008. M.P.J.C.T.
[8] En el mismo sentido pueden consultarse entre otras las sentencias SU- 257 de 1997, T- 576 de 2005, SU-1116 de 2001.
[9] Sentencia T-659 de 2007.
Sentencia nº de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 14 de Abril de 2011