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Timestamp: 2017-07-26 06:26:07
Document Index: 373333843

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 27', 'artículo 8', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 260', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 93', 'artículo 18', 'artículo 1', 'in fine', 'artículo 559', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 230', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 170', 'artículo 4']

20393 , “ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA ”. Francisco Javier Caballero Germain
fecha 2 de diciembre de 2009, fue publicada en el Diario Oficial la LEY
N° 20.393, que "ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA ”. Introducción:
Hasta ahora nuestro sistema jurídico no había aceptado
formalmente la existencia de una responsabilidad penal de las personas
jurídicas. La nueva ley establece un sistema de responsabilidad penal
de las personas morales reducida, por ahora a sólo, tres delitos. El artículo 58 del Código Procesal Penal establece la regla general en
esta materia, según la cual la acción penal, fuere pública o privada,
no puede entablarse sino contra las personas responsables del delito y
que la responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las
personas naturales. Por las personas jurídicas, en consecuencia,
responden por regla general los que hubieren intervenido en el acto
punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare.
ley 20.393, establece una excepción a esta regla general al establecer una responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas
respecto de los delitos previstos en el artículo 27 de la ley No19.913,
en el artículo 8° de la ley No18.314 y en los artículos 250 y 251 bis
del Código Penal; el procedimiento para la investigación y
establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las
sanciones procedentes y la ejecución de éstas. Revisemos,
primeramente, cada una de las figuras típicas que dan lugar a
la responsabilidad penal de las personas jurídicas:a) LAVADO DE DINERO.
b) FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.c) COHECHO DE FUNCIONARIOS.
d) Existen situaciones especiales de responsabilidad penal de las personas jurídicas además en los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA EL LAVADO DE DINERO.
Conforme al sistema que establece la reforma, para los efectos de estas figuras típicas determinadas, no será aplicable lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal
Penal, es decir, existe responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Conforme al artículo segundo, las disposiciones de la nueva ley
alcanzan y son aplicables a las personas jurídicas de derecho privado y a las
empresas del Estado. Es decir,
en el ámbito privado abarca desde las empresas individuales de
responsabilidad limitada, hasta las sociedades, incluyendo entre ellas
desde las colectivas civiles, hasta las sociedades por acciones de la
ley de mercado de capitales dos, pasando por cierto por las sociedades
de responsabilidad limitada y anónimas abiertas y cerradas. Incluye las
corporaciones y fundaciones y las empresas públicas creadas o reguladas
por ley. A própósito de la naturaleza pública o privada
probablemente no es claro que la norma afecte a juntas de vecinos,
clubes deportivos, asociaciones gremiales y otras asociaciones regidas
por normas que pudieran estimarse de Derecho Público. En cuanto al
Estado, la norma afecta a las empresas del estado, más no a los
servicios de la administración del estado, ni a los Poderes Públicos.
Resultaría deseable que a la brevedad estas normas sean extendidas a
otras personas jurídicas, tales como los partidos políticos, dado que
no resulta comprensible su exclusión.
previsto por esta ley son aplicables, supletoriamente, las
disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y el Código
Procesal Penal y en las leyes especiales señaladas en el inciso
anterior, en lo que resultare pertinente. Presupuestos de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas:
Las personas jurídicas serán responsables de los delitos de lavado de
dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionarios
nacionales o internacionales, señalados en el artículo 1° en la medida
a) Sujetos. Fueren cometidos directa e inmediatamente, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos
principales, representantes o quienes realicen actividades de
administración y supervisión, o incluso, por personas naturales
que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los
sujetos mencionados en el inciso anterior, y
b) Incumplimiento del deber de dirección y supervisón. Siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del
incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y
supervisión, es decir, de la falta o incumplimiento del modelo de prevención de esta clase de delitos. c) Cometerse en interés o provecho de la empresa. El delito debe cometerse en su interés o para su
provecho, es decir, en ventaja o a favor de la empresa. Las
personas jurídicas no serán responsables en los casos que las personas
naturales indicadas en los incisos anteriores, hubieren cometido el
delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero. Importancia de la autoregulación y adopción de modelos de prevención:
Se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han
cumplido cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona
jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización,
administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido,
Si estos modelos se implementan antes de la comisión del delito, opera
una excusa legal absolutoria o la ausencia de un elemento del tipo,
según la perspectiva doctrinaria, y si el modelo se implementa después
de la comisón y antes del juicio, puede dar lugar a una
circunstancia atenuante o aminorante de responsabilidad penal de la
Modelo de prevención de los delitos.
La ley establece la noción de "modelo de prevención" sobre la base de las siguientes ideas/deberes de las personas jurídicas: 1) Designación de un encargado de prevención que deberá contar
con autonomía respecto de la Administración de la Persona Jurídica, de
sus dueños, de sus socios, de sus accionistas o de sus controladores.
2) Definición de medios y facultades suficientes del encargado de prevención.3) Establecimiento de un sistema de prevención de los delitos que deberá
contemplar a lo menos:
- Identificación de las actividades o procesos de riesgo,
- Establecimiento de protocolos, para programación y ejecución de tareas o labores y
de administración y auditoría de los recursos financieros, de una
manera que prevenga la comisión de los mencionados delitos,
- Establecimiento de sanciones administrativas internas,
de denuncia o persecución de responsabilidades pecuniarias en contra de
las personas que incumplan el sistema de prevención de delitos.
Incorporación de la normativa interna de prevención a los contratos de trabajo y de prestación de servicio.Estas obligaciones, prohibiciones y sanciones
internas deberán señalarse en los reglamentos que la persona jurídica
dicte al efecto y deberán comunicarse a todos los trabajadores. Esta
normativa interna deberá ser incorporada expresamente en los
respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos
los trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la persona
jurídica, incluidos los máximos ejecutivos de la misma.Supervisión y certificación del sistema de prevención de los delitos. Certificación:Las personas jurídicas podrán obtener la
certificación de la adopción e implementación de su modelo de
prevención de delitos. En el certificado constará que dicho modelo
contempla todos los requisitos establecidos en los numerales 1), 2) y
3) anteriores, en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de
ingresos y complejidad de la persona jurídica.Organismos certificadores:Los certificados podrán ser expedidos por
empresas de auditoría externa, sociedades clasificadoras de riesgo u
otras entidades registradas ante la Superintendencia de Valores y
Seguros que puedan cumplir esta labor, de conformidad a la normativa
que, para estos efectos, establezca el mencionado organismo
fiscalizador.Responsabilidad del certificador:Se entenderá que las personas naturales que
participan en las actividades de certificación realizadas por las
entidades señaladas en la letra anterior cumplen una función pública en
los términos del artículo 260 del Código Penal.
Sanciones penales de las Personas Jurídicas.
La ley, en su artículo 8°, establece que serán aplicables a las personas jurídicas una o más de las siguientes penas: 1) Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica. Esta pena no se aplicará a las empresas del Estado ni a
las personas jurídicas de derecho privado que presten un servicio de
utilidad pública cuya interrupción pudiere causar graves consecuencias
sociales y económicas o daños serios a la comunidad, como resultado de
la aplicación de dicha pena. 2) Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado. 3) Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos por un período determinado. 4) Multa a beneficio fiscal de 200 UTM a 20.000 UTM. 5) Las penas accesorias previstas en el artículo 13. La ley establece escalas de aplicación de penas según se trate de simples delitos o crímenes y reglas especiales para la aplicación de la pena. Extinción de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
La responsabilidad penal de la persona jurídica se extingue por las
mismas causales señaladas en el artículo 93 del Código Penal, salvo la
prevista en su número 1°. Dicho de otro modo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se extingue:
- Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos.
- Por indulto. (La gracia del indulto sólo remite o conmuta
la pena; pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los
efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y demás que
determinan las leyes.)
- Por el perdón del ofendido cuando
la pena se haya impuesto por
delitos respecto de los cuales la ley sólo concede acción privada.
(Diremos que en este caso tampoco opera dado que se trata de delitos de
acción pública.)
- Por la prescripción de la acción penal.
En consecuencia, no se extingue por la muerte del responsable (término
de existencia diremos respecto de las personas jurídicas), toda vez que
existe transmisión de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas.Transmisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bajo
el principio de que los hijos no deben ser responsables de los delitos
de los padres, que fuera bandera de la ilustración, la responsabilidad
penal por principio fue considerada intransmisible. La muerte extinguía
la responsabilidad penal de las personas, al menos, en este mundo. Este
rompe en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al
establecer el artículo 18 de la ley el principio de la transmisión de
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según ello, en el caso
de transformación, fusión, absorción, división o disolución de común
acuerdo o voluntaria de la persona jurídica responsable de uno o más de
los delitos a que se refiere el artículo 1°, su responsabilidad
derivada de los delitos cometidos con anterioridad a la ocurrencia de
alguno de dichos actos se transmitirá a la o las personas jurídicas
resultantes de los mismos, si las hubiere, de acuerdo a las reglas
siguientes, todo ello sin perjuicio de los derechos de terceros de
buena fe. 1) Si se impone la pena de multa, en
los casos de transformación, fusión o absorción de una persona
jurídica, la persona jurídica resultante responderá por el total de la
cuantía. En el caso de división, las personas jurídicas resultantes
serán solidariamente responsables del pago de la misma. 2) En los casos de disolución de
común acuerdo de una persona jurídica con fines de lucro, la multa
se transmitirá a los socios y partícipes en el capital, quienes
responderán hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se
les hubiere asignado. 3) Si se trata de cualquiera otra
pena, el juez valorará, atendiendo a las finalidades que en cada caso
se persiguen, su conveniencia. Para adoptar esta decisión deberá
atender sobre todo a la continuidad sustancial de los medios materiales
y humanos y a la actividad desarrollada. 4) Desde que se hubiere solicitado la
audiencia de formalización de la investigación en contra de una persona
jurídica sin fines de lucro y hasta la sentencia absolutoria o
condenatoria y en tanto ésta no esté cumplida, no podrá concederse la autorización del inciso primero del artículo 559 del Código Civil. Aspectos de Derecho Procesal Penal: En los aspectos procesales la nueva ley establece reglas especiales en lo referente a:
- Inicio de la investigación de la responsabilidad penal de la persona
jurídica, estableciendo que si durante la investigación de alguno de
los delitos previstos en el artículo 1°, el Ministerio Público tomare
conocimiento de la eventual participación de alguna de las personas
indicadas en el artículo 3°, ampliará dicha investigación con el fin de
determinar la responsabilidad de la persona jurídica correspondiente.- Aplicación de las normas relativas al imputado. En
lo no regulado en esta ley, serán aplicables a las personas jurídicas
las disposiciones relativas al imputado, al acusado y al condenado,
establecidas en el Código Procesal Penal y en las leyes especiales
respectivas, siempre que aquéllas resulten compatibles con la
naturaleza específica de las personas jurídicas. En especial, les serán aplicables las disposiciones
contenidas en los artículos 4°, 7°, 8°, 10, 93, 98, 102, 183, 184, 186,
193, 194 y 257 del Código Procesal Penal, derechos y garantías que
podrán ser ejercidos por cualquier representante de la persona
jurídica. - Formalización de la investigación.
Cuando el fiscal considere oportuno formalizar el procedimiento
dirigido en contra de la persona jurídica, solicitará al juez de
garantía la citación del representante legal de aquélla, de conformidad
al artículo 230 y siguientes del Código Procesal Penal. Será requisito
previo para proceder de esta forma, al menos, que se haya solicitado
una audiencia de formalización de la investigación o presentado un
requerimiento de acuerdo a las reglas del procedimiento simplificado,
respecto de la persona natural que pudiese comprometer la
responsabilidad de la persona jurídica según lo disponen los incisos
primero y segundo del artículo 3°, salvo en los casos establecidos en
el artículo 5°. Dicha solicitud
deberá contener, además, la individualización del representante legal
- Representación de la persona jurídica. Si citado para comparecer a
una audiencia ante el tribunal, el representante legal de la persona
jurídica imputada no se presentare injustificadamente, el tribunal
podrá ordenar que sea arrestado hasta la realización de la audiencia,
la que deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de veinticuatro
horas desde que se produzca la privación de libertad. Si el representante legal no fuere habido, el fiscal
solicitará al tribunal que designe a un defensor penal público, quien
realizará la función de un curador ad litem, en representación de la
persona jurídica. En todo caso, la persona jurídica podrá designar en cualquier momento a un defensor de su confianza. Cuando la ley procesal penal exigiere la presencia del
imputado como condición o requisito para la realización de una
audiencia judicial, se entenderá que dicha exigencia es satisfecha con
la presencia del curador ad litem o del defensor de confianza, en su
caso. Procederán respecto de ambos, para dichos efectos, los
apercibimientos previstos en el inciso primero. -
Improcedencia de la aplicación del principio de oportunidad. Lo
dispuesto en el artículo 170 del Código Procesal Penal no será
aplicable respecto de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Suspensión condicional del procedimiento. La suspensión condicional
del procedimiento podrá decretarse siempre que no existiere una condena
u otra suspensión condicional del procedimiento vigente, respecto de la
persona jurídica imputada por algunos de los delitos previstos en esta
ley. El juez de garantía dispondrá, según correspondiere, que
durante el período de suspensión, el que no podrá ser inferior a
seis meses ni superior a tres años, la persona jurídica esté sujeta al
cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones: 1) Pagar una determinada suma a beneficio fiscal. 2) Prestar un determinado servicio a favor de la comunidad. 3) Informar periódicamente su estado financiero a la institución que se determinare. 4) Implementar un programa para hacer efectivo el modelo
de organización, administración y supervisión a que se refiere el
artículo 4°. 5) Cualquiera otra
condición que resulte adecuada en consideración a las circunstancias
del caso concreto y fuere propuesta, fundadamente, por el Ministerio
Público. En los casos en que el
juez imponga la medida señalada en el número 1), deberá comunicarlo a
la Tesorería General de la República. -
Determinación del procedimiento aplicable a la responsabilidad penal de
la persona jurídica. Si el fiscal, al acusar o requerir de acuerdo a
las normas del procedimiento simplificado, solicitare la aplicación de
alguna de las penas contempladas para los simples delitos, en su grado
mínimo, el conocimiento y fallo de aquéllas se realizará conforme a las
normas del procedimiento simplificado. En los casos en que el fiscal acusare solicitando sólo penas de
crimen o de simple delito en su grado medio, su conocimiento y fallo se
realizará conforme a las normas del juicio oral del Título III del
Libro II del Código Procesal Penal. Si el fiscal requiriere o acusare a la persona natural y jurídica
en el mismo acto, se seguirá conforme al procedimiento aplicable a la
persona natural. Lo anterior no será aplicable tratándose de penas de
crimen. Respecto de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, no será procedente el
procedimiento monitorio. Procedimiento abreviado. El procedimiento
establecido en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal
será aplicable para determinar la responsabilidad y para imponer las
sanciones establecidas en la presente ley. Se seguirá este procedimiento para conocer y fallar los
hechos respecto de los cuales el fiscal requiriere la imposición de una
o más penas de simple delito. El tribunal no podrá imponer una pena superior ni más desfavorable a la requerida por el fiscal. -
Defensa de las personas jurídicas. Toda persona jurídica que no pudiere
procurarse defensa por sus propios medios, tendrá derecho a solicitar
al juez la designación de un defensor penal público.
- Suspensión de la condena. Si en la sentencia condenatoria el tribunal
impusiere alguna pena de simple delito en su grado mínimo, podrá,
mediante resolución fundada y de manera excepcional, considerando
especialmente el número de trabajadores o las ventas anuales netas o
los montos de exportación de la empresa, disponer la suspensión de la
condena y sus efectos por un plazo no inferior a seis meses ni superior
a dos años. En este caso, el tribunal podrá sustraer de este efecto la
pena accesoria de comiso. Tratándose de empresas del Estado o de empresas que
prestan un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudiere
causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la
comunidad, el juez podrá disponer la suspensión cualquiera fuere la
pena impuesta en la sentencia. Transcurrido el plazo previsto en el inciso primero sin
que la persona jurídica hubiere sido objeto de nuevo requerimiento o de
una nueva formalización de la investigación, el tribunal dejará sin
efecto la sentencia y, en su reemplazo, decretará el sobreseimiento
definitivo de la causa. Esta suspensión no afecta la responsabilidad civil derivada del delito.
El establecimiento de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas constituye una reforma radical que
altera principios de derecho seculares.
La nueva ley impone un deber a las personas jurídicas, en orden a
establcer un Modelo de prevención de los delitos y la Incorporación
de la normativa interna de prevención a los contratos de trabajo
y de prestación de servicio, asociado a un sistema de certificación