Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-972-de-septiembre-23-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920420f8df034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-19 06:43:47
Document Index: 363862486

Matched Legal Cases: ['artículo 147', 'artículo 2', 'artículo 147', 'artículo 28', 'artículo 32', 'artículo 28', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 147', 'artículo 79', 'artículo 147', 'artículo 147', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 146', 'artículo 5', 'artículo 147', 'artículo 147', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 84', 'artículo 14', 'artículo 85']

﻿ SENTENCIA T-972 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2005
SENTENCIA T-972 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:PRINCIPIO DE RESERVA JUDICIAL. LA AUTORIDAD PENITENCIARIA CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA DESCONOCER A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN, UNA DECISIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE ACERCA DE LA CONCESIÓN DE BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENITENCIARIO, AUTORIDAD PENITENCIARIA, PERMISO ADMINISTRATIVO, PERMISO DE SALIDA DEL INTERNO, SALIDA DEL INTERNO
REVISTA TUTELA N°:73 DE ENERO DE 2006, PG.58
Sentencia T-972 de septiembre 23 de 2005
Sentencia T-972 de 2005
Ref.: expediente T-1118400
1. El actor cumple una condena de 35 años de prisión en el establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá, Quindío, por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.
2. Una vez cumplidos los requisitos para acceder al beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas, el accionante formuló la solicitud a través de un defensor público.
3. El Juzgado Primero Promiscuo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, a través de providencia de febrero 17 de 2005, concedió el beneficio administrativo solicitado.
4. El director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, mediante resolución 024 de febrero 18 de 2005, negó el beneficio administrativo, aduciendo una discrecionalidad prevista en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, no obstante lo decidido por el juez.
5. Señaló que “analizadas la personalidad, la hoja de vida, relaciones familiares y la seguridad de la sociedad” del interno, “se encontró bastante dudoso el cumplimiento de los requisitos exigidos para el disfrute del beneficio”.
6. El 25 de febrero de 2005 el actor interpuso recurso de reposición contra la referida resolución, el cual fue resuelto negativamente en marzo 3 de 2005.
C. Respuesta del Establecimiento Penitenciario y Carcelario.
El consejo disciplinario del establecimiento conceptuó desfavorablemente sobre el beneficio, con fundamento en el artículo 2º del Decreto 3000 de 1997, reglamentario de los artículos 3º y 4º de la Ley 415 de 1997, que establece:
“El consejo directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tendrá en cuenta para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, que se garantice la rehabilitación del delincuente atendiendo a si se trate de delincuencia común u organizada, las medidas especiales de seguridad que haya requerido durante su tiempo de reclusión, la seguridad para la sociedad consistente en que el beneficiario del permiso no delinquirá nuevamente y la descongestión de los establecimientos carcelarios”.
El criterio disciplinador y la regulación de los beneficios administrativos, apunta a que ellos sean un verdadero estímulo para el buen comportamiento y el progreso en el proceso de resocialización, así como evitar las evasiones que se vienen presentando con ocasión del disfrute del beneficio de establecimiento abierto (Cfr. Circular 0115/99 del Inpec).
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil – Familia, mediante decisión de 20 de abril de 2005, revocó la sentencia de primera instancia, al considerar que no se presentaba vulneración a derecho fundamental alguno, en razón a que:
Conforme a lo previsto en normas legales, tales como el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 y los artículos 1º y 2º del Decreto 232 de 1998, quien tiene la potestad para conceder o negar el beneficio administrativo, es el director del establecimiento penitenciario y carcelario. En consecuencia no se presenta violación al debido proceso.
No existe un desconocimiento de providencia judicial, dado que la intervención del Juez de Ejecución de Penas es de “confrontación de requisitos o de aprobación de la solicitud” y que la providencia no contiene orden alguna que fuese desacatada.
La legislación penitenciaria sobre la materia, exige una serie de actos que implican “evaluación por diversos actores como la evaluación que debe impartir el mencionado juez, pero no es este el de la facultad para el otorgamiento sino el director del centro carcelario”.
La evaluación que el director del establecimiento realizó sobre la personalidad, hoja de vida, relaciones familiares, seguridad de la sociedad para negar el beneficio corresponde al ámbito de su decisión “y esta es controvertible a través de los recursos pertinentes y de las acciones de ley” sin que pueda superarse el resultado adverso del procedimiento administrativo por vía de tutela, dado su carácter residual.
La resolución del problema así planteado exige un análisis de los siguientes temas (i) La reserva judicial de la libertad en el ámbito de ejecución de la pena; (ii) Las facultades del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en materia de beneficios administrativos; (iii) El ámbito de intervención de las autoridades administrativas.
De la Constitución Política (art. 28), de los tratados internacionales sobre derechos humanos (1) , así como de la jurisprudencia de esta Corte (2) , se deriva de manera inequívoca la estricta reserva judicial que ampara la libertad personal, en virtud de la cual toda restricción de este derecho debe estar precedida de una orden emitida por autoridad judicial competente, expedida con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Lo que significa, que el constituyente reservó de manera exclusiva y específica a los jueces de la República la potestad de ordenar la privación de la libertad de las personas, así sea preventivamente. Esto, desde luego, con las salvedades que se derivan del inciso 2º del mismo artículo 28 (3) y las relativas a los casos de flagrancia conforme al artículo 32 de la Carta.
Sin embargo, los alcances del principio de reserva judicial de la libertad, derivado del artículo 28, no se reducen al momento de la imposición de la sanción, sino que se extienden a la fase de ejecución de la pena. En esa medida, la ejecución de la pena es una función jurisdiccional, trátese de asuntos relacionados con la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad (4) , o de aquellos relativos a la modificación de las condiciones de cumplimiento de la condena.
“En términos generales, la determinación de las condiciones de ejecución de una pena corresponden a los jueces, en tanto que en ellas se resuelven de manera definitiva situaciones de carácter particular y concreto en las que se afectan derechos fundamentales. En esa medida, si bien las autoridades penitenciarias están encargadas de la administración de algunos aspectos relacionados con la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, esta función administrativa no puede tener el alcance de decidir de manera definitiva sobre la libertad de las personas” (5) .
La relevancia de este antecedente jurisprudencial radica en que en esta oportunidad la Corte se pronunció sobre la exequibilidad del numeral 5º del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 (C-312/2002) que atribuye a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad la competencia para conocer de: “La aprobación de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad” (resaltó la Corte).
“En cuanto tiene que ver con los beneficios administrativos, se trata de una denominación genérica dentro de la cual se engloban una serie de mecanismos de política criminal del Estado, que son inherentes a la ejecución individual de la condena. Suponen una disminución de las cargas que deben soportar las personas que están cumpliendo una condena y que, en algunos casos, pueden implicar la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad dispuesto en la sentencia condenatoria o una modificación en las condiciones de ejecución de la condena” (6) .
Como lo ha indicado la Corte (7) , los beneficios administrativos (8) son aspectos inherentes al proceso de individualización de la pena en su fase de ejecución, por tanto las condiciones que permitan el acceso a tales beneficios tienen un carácter objetivo, verificable, susceptible de constatación y deben estar por ende, previamente definidas en la ley. El hecho de que se denominen beneficios administrativos no genera una competencia a las autoridades de este orden para establecer las condiciones o eventos en los cuales son procedentes. Es decir, que por tratarse de una materia que impacta de manera directa el derecho de la libertad personal, su configuración está amparada por la reserva legal y su aplicación por la reserva judicial.
Así las cosas, la norma legal que atribuye a los jueces de ejecución de penas la competencia para decidir acerca del otorgamiento de los beneficios administrativos que establece el régimen penitenciario (L. 600/2000, art. 79, num, 5º) se encuentra en vigor, pues superó el juicio de constitucionalidad a que fue sometida, en el que además se sentaron las directrices jurisprudenciales reseñadas, mediante las cuales se afianza el principio constitucional de reserva judicial de la libertad, extendido a la fase de ejecución de la pena.
De otra parte, el Consejo de Estado, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo (9) , estableció que los permisos administrativos, entrañan factores de modificación de las condiciones de cumplimiento de la condena, y que como consecuencia de ello su reconocimiento cae bajo la órbita de competencia que el numeral 5º del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), atribuye a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Para este corporación “con el artículo 79, numeral 5º, de la Ley 600 de 2000 se trasladó a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la competencia que la Ley 65 de 1993, reglamentada por el Decreto 1542 de 1997, le había atribuido a las autoridades penitenciarias para conceder los beneficios administrativos, dejando a estas, únicamente la potestad de presentar propuestas o allegar las solicitudes de reconocimiento de esos beneficios” (10) .
El principio de colaboración armónica de los diferentes órganos del Estado en la fase de ejecución de la pena.
Ahora bien, en desarrollo del principio de separación y colaboración armónica de los diferentes órganos del Estado para la realización de los fines que le son propios (art. 113), mientras que a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad les corresponde garantizar la legalidad de la ejecución de la pena, mediante la verificación del cumplimiento efectivo de las condiciones, legalmente establecidas, que ameritan el otorgamiento del correspondiente beneficio, a las autoridades penitenciarias les compete certificar las condiciones o requisitos que, conforme a la ley, deben concurrir para el otorgamiento del correspondiente beneficio, cuando supongan hechos que el juez no pueda verificar directamente (11) .
Si bien la competencia certificadora “resulta razonable si se tiene en cuenta que son estas autoridades administrativas quienes están encargadas de administrar los centros de reclusión (…) la facultad de certificar estas condiciones no supone el encargo de una función de control de la legalidad de la ejecución de la pena. La importancia de la atribución jurisdiccional en lo que se refiere a la verificación de su legalidad, permite que el juez pueda verificar el cumplimiento efectivo de tales condiciones, y por ello, el ordenamiento legal le otorga la facultad de constatar personalmente lo dicho en la certificación administrativa, esto es, el cumplimiento efectivo del trabajo, educación y enseñanza que se lleven a cabo en el centro de reclusión” (12) .
La asignación expresa del legislador a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de la función de reconocer, o denegar en su caso, los beneficios administrativos, entraña un desarrollo del principio de reserva judicial de la libertad, en una fase en la que este valor se encuentra seriamente expuesto en virtud de la materialización y concreción del ius puniendi del Estado. De ahí la importancia de rodear este momento de garantías, entre las que se encuentran la independencia e imparcialidad que caracteriza la actividad jurisdiccional; la necesidad de que las causales y condiciones para el otorgamiento estén previstos en la ley; y el amplio poder de control que debe ejercer la autoridad judicial mencionada sobre la legalidad de la facultad certificadora que cumplen las autoridades penitenciarias.
En tal sentido ha destacado la Corte el valor constitucional que entraña la necesidad de preservar tanto el principio de legalidad como el de reserva judicial de la libertad en la fase de ejecución de la pena, lo cual implica que cualquier medida administrativa que afecte el tiempo de privación efectiva de la libertad de un condenado, o las condiciones en las cuales se cumple la condena, debe ser sometida a aprobación de la autoridad judicial encargada de ejecutar la pena. De lo contrario, se abriría la posibilidad de que autoridades administrativas modificaran decisiones judiciales concretas en materia de libertad, con la consiguiente ruptura del principio de separación de funciones entre los diversos órganos del poder público (13) .
En consideración a que en el asunto bajo examen la acción de tutela se orienta a enervar los efectos de la Resolución 24 del 18 de febrero de 2005, proferida por la Dirección del Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Calarcá, sobre la libertad personal del accionante, se impone realizar una valoración acerca de la procedencia de la acción de tutela, cuando existe en abstracto un mecanismo alterno de defensa judicial.
Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en múltiples oportunidades (14) que los medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la Carta (15) . En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias presenta a el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales.
En relación con el primer aspecto, la idoneidad y eficacia del medio debe ser apreciada en concreto, atendiendo las circunstancias específicas en que se encuentre el solicitante, la entidad de los derechos implicados y el grado de vulneración o amenaza de esos derechos fundamentales (Cfr. D. 2591/91, art. 6º).
“[E]sta corporación ha considerado desde sus primeras decisiones que el perjuicio irremediable consiste en un riesgo inminente que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental, que de ocurrir no existirá forma de reparar el daño. La gravedad de los hechos debe ser de tal magnitud que haga impostergable la tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos; además, debe resultar urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en que se encuentra” (16) .
“Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados. Con respecto al término “amenaza” es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral” (17) .
El caso bajo examen.
1. Francisco Javier Arango Sánchez, purga una condena de 35 años de prisión, en virtud de acumulación jurídica de penas ordenada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia. En la actualidad se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá (Quindio), en donde ha redimido más de una tercera parte de su condena.
2. La decisión judicial: el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante decisión de febrero 17 de 2005 decidió “Aprobar el permiso administrativo hasta por 72 horas para el condenado Francisco Javier Arango Sánchez (…) porque cumple con las exigencias del artículo 147 de la Ley 65 de 1993”. Para el otorgamiento del beneficio esta autoridad judicial constató:
2.1. Que mediante concepto 720 de octubre 5 de 2004, el Consejo de Evaluación y Tratamiento de la Penitenciaría de Calarcá, clasificó al sentenciado en la fase de mediana seguridad, previo seguimiento, observación y entrevista de este interno, y como punto de recomendación se le sugirió que continuara con el programa laboral y de capacitación en relaciones humanas en el Sena.
2.2. A la fecha de la decisión había redimido la tercera parte de la condena impuesta – contabilizando la privación física de la libertad y los descuentos por trabajo y estudio -.
2.3. No halló el juez informe alguno de la penitenciaría acerca de requerimientos judiciales o investigación por fuga de presos.
2.4. Constató que el sentenciado ha estado dedicado durante el tiempo de reclusión a actividades de trabajo y estudio.
2.5. Mediante constancia emitida por el Consejo de Evolución y tratamiento de la Penitenciaría se estableció que desde su ingreso (en 1994) el sentenciado no registra en su hoja de vida sanciones disciplinarias.
2.6. Se allegó informe de la visita domiciliaria realizada por la trabajadora social de la penitenciaría en donde se identifica el lugar en donde permanecerá el interno durante el tiempo de permiso, que es la residencia de su madre.
Destaca la Corte el hecho de que en su providencia este funcionario judicial invocó como fuentes jurídicas de su competencia para la resolución de este asunto, el artículo 79 numeral 5º del Código de Procedimiento Penal, y la sentencia de constitucionalidad C-312 de 2002. Adicionalmente consideró y desechó el concepto jurídico de febrero 15 de 2005, signado por el director y la asesora jurídica de la penitenciaría, en el que señalan que no son partidarios de la concesión del beneficio administrativo porque el consejo de disciplina al analizar la personalidad del interno, la hoja de vida y las relaciones familiares al igual que la seguridad de la sociedad encuentra que “es bastante dudoso el cumplimiento de los requisitos para el disfrute del beneficio solicitado”.
3. El concepto de la autoridad penitenciaria.
Respecto de la competencia para el reconocimiento o no de estos beneficios, a juicio de la autoridad penitenciaria, aquella cae dentro del ámbito de “su discrecionalidad”, para lo cual invoca el Decreto 3000 de 1997, reglamentario de los artículos 3º y 4º de la Ley 415 de 1997, que adicionó el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 (18) .
En relación con la situación particular del actor, conceptúa desfavorablemente al permiso por “considerarse bastante dudoso el cumplimiento de los requisitos exigidos para el disfrute del beneficio pues se teme por la seguridad de la sociedad (19) ”. Señala que “estudiados todos los aspectos necesarios para el otorgamiento del beneficio solicitado, encontramos que los requisitos objetivos, llenan todas las expectativas (20) . Pero al analizar la personalidad individual del sujeto para lograr el lleno de los requisitos subjetivos, encontramos una personalidad reincidente (...)”.
Y agrega que “es imposible garantizar que los conductores que se encuentren en la carreteras de la nación no van a correr peligro alguno durante los días que el interno Francisco Javier Arango Sánchez (…) disfrute del beneficio Administrativo hasta por 72 horas”. Concluye que “considerando la personalidad del interno, la hoja de vida (…) relaciones familiares (algo de alcahuetería) y seguridad social (la más notoria)” (21) , el interno no se hace acreedor al beneficio.
En cuanto al primer aspecto, acudiendo al marco conceptual previamente establecido para la resolución del caso, encuentra la Corte que la invocada discrecionalidad en que el ente demandado sostiene la legitimidad orgánica de su decisión, no tiene sustento jurídico alguno. En efecto como lo dejó establecido la Corte, el principio de reserva judicial de la libertad se extiende a la fase de ejecución de la condena. En desarrollo del mismo, el legislador radicó en el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la competencia para conocer de “las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad” (CPP, art. 79.5).
De manera que por disposición legal, que ha suscitado además pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional (C-312/2002) y del Consejo de Estado (Rad. 250000-23-26-000-2001-0485-01-ACU), la competencia para decidir acerca de los beneficios administrativos, que como el permiso de 72 horas tiene la virtualidad de modificar las condiciones de cumplimiento de la condena, está radicada en el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Lo anterior sin perjuicio de facultad certificadora que continúa reposando en cabeza de las autoridades penitenciarias, y del deber de colaboración armónica que debe existir entre los órganos ejecutivo y judicial a fin de que la pena cumpla con los objetivos que le asigna el orden jurídico.
Ahora bien, en lo que hace al segundo de los argumentos del ente demandado, relativo a que si bien se satisfacen todos los requisitos legales exigidos para el otorgamiento del beneficio administrativo, existen elementos de carácter subjetivo que aconsejan su negativa, encuentra la Corte que tal consideración involucra un desconocimiento de la reserva legal que ampara la materia relativa a las condiciones que permiten el acceso a los beneficios administrativos. Destacó la Corte en su momento (C-312/2002) el carácter objetivo, verificable, susceptible de constatación y por ende de configuración legal, de los requisitos para acceder a estos beneficios. No le era permitido entonces a la autoridad demandada crear una serie de presupuestos adicionales que denominó de orden subjetivo (no verificables empíricamente) (22) , y ante su no concurrencia conceptuar negativamente sobre el beneficio, y menos aún, sustraerse, a través de una resolución fundada en tales consideraciones, al cumplimiento de la decisión de la autoridad jurisdiccional competente que concedía el beneficio.
Como lo certificó la propia autoridad penitenciaria demandada ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, y lo admite en el trámite de la tutela, el interno se encontraba, en el sistema de tratamiento progresivo, dentro de la fase de mediana seguridad, que comprende un período semiabierto de privación de la libertad. La ubicación de un recluso dentro de una fase específica del sistema progresivo, debe estar precedida, conforme a la ley (L. 65/93, art. 145), de un estudio interdisciplinario por parte del consejo de evaluación y tratamiento, escenario en el que entran en juego todos los aspectos relativos a la personalidad, la seguridad y las necesidades de tratamiento del interno. De manera que una vez se ha realizado la correspondiente evaluación del interno para ubicarlo en la fase de mediana seguridad, compatible con un período semiabierto de privación de la libertad, no puede la autoridad penitenciaria desconocer sus propias valoraciones internas, para aducir las dificultades que un interno presenta para asumir una fase (prisión semiabierta) para la cual previamente lo ha habilitado.
Uno de los fines de la pena, particularmente visible en la fase de ejecución de la misma, es el de la readaptación social del penado (23) . Y una de las principales herramientas para el logro de este propósito es el modelo de tratamiento penitenciario progresivo adoptado por el régimen penitenciario colombiano, del cual hacen parte los beneficios administrativos (24) , y los subrogados penales (25) . Por eso ha reconocido la Corte que "lo que compromete la existencia de la posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta su conducta, a la efectiva reinserción en sociedad" (26) .
Encuentra la Corte que en efecto, se presenta una actuación de una autoridad pública —la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá— que vulnera derechos fundamentales —al debido proceso y de libertad— del demandante Francisco Javier Arango Sánchez. Corresponde entonces determinar si concurre en la situación concreta, otro medio de defensa judicial de igual o similar eficacia a la acción de tutela, que excluya su procedencia.
Este aspecto adquiere particular relevancia si se tiene en cuenta que el juez constitucional de segunda instancia, adujo para la revocatoria del amparo prodigado en primera instancia, además de la inexistencia de violación a derecho fundamental alguno al plegarse a los argumentos del demandado, la consideración de que la negativa del beneficio “es controvertible a través de los recursos pertinentes y de las acciones de ley. No puede superarse el resultado adverso al procedimiento administrativo por vía de tutela, que es bien sabido es subsidiaria y residual” (27) .
Omitió el juez constitucional citado el deber que se le impone de señalar, en concreto al actor, el medio judicial que conforme a su análisis, excluye la procedencia de la acción de tutela. Así mismo omitió el estudio subsiguiente que tal declaración comporta como es el de establecer la idoneidad y eficacia de ese otro mecanismo de defensa, y la inexistencia de un perjuicio irremediable que excluya la tutela, ya como mecanismo pleno en el primer evento, ya como transitorio en el segundo.
Ingresando al tema relativo a la existencia de otro mecanismo judicial de defensa, encuentra la Sala que tratándose de una acción que cuestiona el contenido y la legalidad de una resolución emitida por un órgano adscrito al poder Ejecutivo – Resolución 024 de febrero 18 de 2005 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá- , tal acto administrativo está sujeto a los medios de control que la ley contencioso administrativa prevé para este tipo de actos, sean ellos de contenido general o particular (28) .
En cuanto al contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, si bien se trata de un mecanismo judicial que persigue un pronunciamiento anulatorio y la consecuente reparación de los daños antijurídicos causados, es decir involucra la posibilidad de un reconocimiento de la situación jurídica individual que ha resultado afectada, su procedencia está condicionada a un término de caducidad de cuatro meses (CCA, art. 136), que a la fecha se encuentra superado. Al respecto resulta pertinente referir que el interno demandante, interpuso a través de un defensor público el recurso de reposición contra la Resolución 024 de febrero 18 de 2005, para el agotamiento de la vía gubernativa. En su demanda (hecho séptimo), manifiesta que no ha habido pronunciamiento del órgano demandado, afirmación que se explica en la circunstancia de que la lacónica respuesta a este recurso (fl. 23 exp.) se dirigió al defensor público, en marzo 3 de 2005, sin que exista constancia alguna de notificación al interno.
De otra parte, aún en abstracto, resulta discutible la idoneidad y eficacia del contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho para la protección del derecho fundamental a la libertad individual, en su arista de derecho a acceder a los beneficios administrativos adscritos al tratamiento penitenciario progresivo. La estirpe de este bien jurídico, ubicado en la base misma de la construcción del sistema democrático, exige que se encuentre rodeado de especiales cautelas, y de garantías que permitan una respuesta inmediata y oportuna que provea a su eficaz salvaguarda. Los escenarios en que se discute la responsabilidad del Estado por la acción u omisión de sus agentes, y se cuantifican los daños antijurídicos ocasionados por sus actos, se tornan en inadecuados frente a un valor que demanda correctivos inmediatos.
En mérito de lo expuesto la Sala concederá la acción de tutela al sentenciado Francisco Javier Arango Sánchez, para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, vulnerados por el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá, y en consecuencia ordenará a esta autoridad administrativa que proceda a dar cumplimiento a la decisión judicial de febrero 17 de 2005, mediante la cual el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad “Aprobó el permiso administrativo hasta por 72 horas para el condenado Francisco Javier Arango Sánchez (…) porque cumple con las exigencia del artículo 147 de la Ley 65 de 1993”.
1. REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil – Familia, y en su lugar conceder la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad del demandante Francisco Javier Arango Sánchez.
2. ORDENAR al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá, Quindío, que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a dar cumplimiento a la providencia del 17 de Febrero de 2005, emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Armenia.
(1) Particularmente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9º, y de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7º.
(2) Cfr. Sentencias C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-329 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-189 de 1999, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-199 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-212 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández; C-175 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(3) A las cuales se refirió la Corte en sentencia C-024 del 27 de enero de 1994 (M. P. Alejandro Martínez Caballero) y las relativas a los casos de flagrancia previstos en el artículo 32 eiusdem.
(4) En la sentencia T- 121 de 1993, se estableció que “solamente el juez de ejecución de penas y de medidas de seguridad, previa certificación del Director de la cárcel donde conste el número de días laborados que no puede exceder, cada uno, de ocho (8) horas de trabajo, puede determinar si se amerita la reducción de la pena”.
(5) Sentencia C- 312 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(7) Cfr. C-312 de 2002.
(8) Conforme al artículo 146 de la Ley 65 de 1993 son: los permisos de 72 horas, la libertad y franquicia preparatorias, los trabajos extramuros y la penitenciaría abierta.
(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de segunda instancia proferida dentro de la acción de cumplimiento radicada bajo el 25000-23-26-000-2001-0485-01, promovida por la Defensoría del Pueblo contra la Dirección de la Penitenciaría Central de La Picota, para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1542 de 1997, “Por el cual se dictan medidas en desarrollo de le Ley 65 de 1993 para descongestionar las cárceles”. La norma reglamenta el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 y señala que “los directores de los establecimientos carcelarios y penitenciarios podrán conceder permisos de 72 horas a los condenados en única, primera y segunda instancia, o cuyo recurso de casación se encuentre pendiente, previo el cumplimiento de los requisitos allí señalados” (Se refiere al art. 147 de la L. 65/93) (original sin subrayas).
(10) Consejo de Estado. Rad. 250000-23-26-000-2001-0485-01(ACU).
(11) Cfr. Sentencia C-312 de 2002.
(12) Cfr. C-312 de 2002. Al respecto el Código Penitenciario establece:
(13) Cfr. C-312 de 2002.
(14) Sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias C- 1225 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-1070 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; SU–544 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T–1670 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, y desde luego la T–225 de 1993 en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la materia, que en esencia han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior.
(16) Sentencia C-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(17) Sentencia C-1225 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda.
(18) Es preciso señalar que la Corte Constitucional en la sentencia C-592 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 1º, 2º , 3º y 4º de la Ley 415 de 1997, que modificaron – adicionándolo - el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, entre otras normas. Sin embargo, en esta oportunidad no se analizó el tema relativo a la competencia de las autoridades administrativas para la concesión de beneficios relativos a la libertad personal de las personas privadas de la libertad. Este pronunciamiento de la Corte se efectuó sobre una realidad normativa distinta, en cuanto fue la Ley 600 de 2000 (CPP) la norma que atribuyó al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (art. 79.5) la competencia para aprobar las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena, o una reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad. Norma última sobre la cual se pronunció la Corte en la C-312 de 2002, y que contiene la jurisprudencia actual relevante sobre el asunto bajo examen.
(19) Cfr. 612 PNC Oficio 038, de marzo 12 de 2005 de la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá.
(20) El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad constató la concurrencia de los requisitos de ley a partir de constancias emitidas por la autoridad penitenciaria.
(21) Cfr. 612 PNC Oficio 038, de marzo 12 de 2005 de la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Calarcá.
(22) Entre los que incluyó la “personalidad reincidente” del sentenciado, sus relaciones familiares que calificó como “algo de alcahuetería” , y la amenaza para la seguridad de la sociedad.
(23) Conforme al artículo 10.3 del Pacto internacional de Derechos Civiles y políticos uno de los fines de la pena es la readaptación social del penado; el artículo 4º de la Ley penal sustantiva destaca el valor de la reinserción social como fin de la pena; en tanto que el artículo 10 de la Ley penitenciaria se refiere a la resocialización como finalidad del tratamiento penitenciario.
(24) Permisos hasta de 72 horas, libertad y franquicia preparatoria, trabajo extramuros y penitenciaría abierta.
(25) La condena de ejecución condicional (C.P., art. 68) y la libertad condicional (C.P., art. 72).
(26) C-565 de 1993, C-430 de 1996 y C-592 de 1998.
(27) Fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil – Familia. Folio 11.
(28) El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Subrogado por el Decreto Extraordinario 2304 de 1989, artículo 14, establece; “Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por si, o por medio de representante, que se declara la nulidad de los actos administrativos. Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió”. El artículo 85 ib. Contempla la Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: “Toda persona que se crea lesionada en su derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”.