Source: http://acj.org.co/conceptos/concep_ord_003-2004.htm
Timestamp: 2013-12-10 23:03:43
Document Index: 227415689

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 120', 'artículo 169', 'artículo 52', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 69', 'artículo 314']

Consulta Ordinaria - Resolución No.003 de 2004 - Conceptos docs - Academia Colombiana de Jurisprudencia
Rioacha, Enero 13 de 2004
Consulto si la Academia compartiría a la siguiente interpretación sobre la regulación del incidente de cobro de honorarios de apoderado desvinculado por muerte planteado por heredero debidamente reconocido en sucesión o legitimado para accionar:
No se ha fallado al proceso y los herederos se encuentran fuera de este, en que causaron los honorarios en cuestión, y, por lo mismo se encuentra imposibilitados de recibir notificaciones a partir de las cuales sea posible computarles términos.
Notificación, que jurídicamente, no se puede equiparar con el hecho de la muerte de un apoderado porque aquella es una diligencia judicial y la última es un hecho jurídico con sus consecuencias apropiadas. Pese a ese presupuesto lógico Jueces afirman que una notificación y una muerte son equiparables, para contar desde ésta términos judiciales.
Nada puede ser causa y efecto al mismo tiempo. El orden natural es que a la muerte de apoderado (causa) sigan las notificaciones necesarias (efectos). Así, notificación (diligencia judicial) y muerte de apoderado (hecho jurídico) no se puede confundir para equipados y computar términos legales desde dicha muerte a herederos que no están en el proceso. Tremendo absurdo, pues no es la misma situación la del abogado a quien se le haya revocado el poder que la de los herederos del apoderado muerto, en interrumpido proceso.
El inciso 2° del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, claramente se refiere al abogado a quien se le haya revocado el poder (al apoderado muerto no se le ha revocado el poder), en el curso del proceso, para facultarle a pedir que dentro de los Treinta (30) días siguientes a "la notificación" del auto que admite dicha revocación se regulen los honorarios. "Una buena lectura de este inciso permite desprender que únicamente se le puede contar el término ge Treinta (30) al abogado "a quien se le haya revocado el poder, después de la notificación del auto que admite a dicha revocación", y, no al heredero que no está en el proceso, por simple imposibilidad jurídica. Si no se violaría el principio de la igualdad consagrado en nuestra C.P., pues al abogado" a quien se le haya revocado el poder" se le contaría los Treinta (30) días después de la notificación del auto que admite a dicha revocación e igualmente al heredero a quien no se le hubiera hecho ninguna notificación.
Lo cual clama como absurdo e injusto y se violaría el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil que dispone: "Todo término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda". Esto es fundamental, porque mientras no haya notificación no puede empezar ningún término ni arribarse a ninguna preclusión, que este ajustada a derecho.
Esto es, que a los herederos a quienes no se les hubiere hecho notificación pertinentemente en los autos donde actúo el causante como apoderado no se les puede computar los Treinta (30) días mentados a partir de la muerte del apoderado, como si este hecho jurídico equivaliera a una notificación y estimarlos precluidos. Simplemente porque el heredero no esta en el proceso. A quien no se le puede contar términos preclusivos sin notificación.
Para no violar el derecho de defensa del heredero lo aplicable es el penúltimo inciso del artículo 169 de Código de Procedimiento Civil que dispone: "Quienes pretendan apersonarse en un pr eso interrumpido", deberán presentar las pruebas que demuestren el derecho que le asista. La petición se formulará y tramitara como lo establece el artículo 52" articulo que puntualiza la intervención adhesiva y litisconsorcial según la extensión de los efectos jurídicos de la sentencia, la cual se pronuncia normalmente sobre las agencias en derecho u honorarios, a que tendrían derecho los herederos, y la aceptación judicial, de plano, de la intervención y consideración de las peticiones que hubiere formulado el interviniente".
A propósito del inciso 3 o del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil ("Igual derecho tiene el heredero o el cónyuge sobreviviente, de quien fallezca ejerciendo mandato judicial") enseña un inscripción de Hércules: "Nec plus ultra (no más allá), ilustrando que no se debe rebasar el alcance de este inciso 3° que únicamente se refiere al derecho a la regulación de honorarios mediante incidente, pues lógicamente es imposible que se refiera también al modo de plantearlo. porque la vía legal prevista para los titulares referidos (cónyuge o herederos) es la intervención de terceros prevista por los artículos 52 y 169 del Código de Procedimiento Civil.
Es incontestable que el inciso 3° del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil para nada señaló que el término para ejercitar el derecho de regulación de honorarios mediante incidente debía computarse como fue previsto en el numeral 2°, sin articular aquella previsión con la de la intervención de terceros en un proceso.
La máxima distinción del derecho, desde el derecho romano, es la de ser razonable, y no lo es, computar términos sin notificación previa.
En conclusión: Puede computársele el término de Treinta (30) días mentado a herederos que no han intervenido en el proceso y por lo mismo que no han recibido ninguna notificación y en consecuencia denegarles el incidente de regulación de honorarios, una vez han intervenido, dizque por vencimiento del término y extemporaneidad?
Gracias. Espero su sabia respuesta con acato.
JAIME ALFONSO REDONDO
Bogotá, D.C. mayo 4 de 2004
MARCO GERARDO MONROY CABRAPresidente
Don Jaime Alfonso Redondo, desde Riohacha, consulta a la ACADEMIA sobre la aplicación de los inciso s 2° y 3° del artículo 69 del C. de P. C., que a la letra dicen:
"El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no tendrá recursos, que e regulen los honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados.
Igual derecho tiene el heredero o el cónyuge sobreviviente de quien fallezca ejerciendo mandato judicial".
La consulta, en síntesis, versa sobre el momento en que empieza a contarse el término allí establecido en el caso de la muerte del apoderado, que según el autor de la consulta, no puede ser el fijado para el apoderado a quien se revoca el poder, pues los herederos no son parte en el proceso.
Se trata, pues de un problema de interpretación de la ley, materia sobre la cual conviene hacer algunas precisiones, así sean elementales, comenzando por advertir que la materia está regulada en el Código Civil y en la Ley 153 de 1887 (y en aquellas leyes que las modifican o suprimen), textos que no están derogados, pese a su antigüedad, condición que, lejos de descalificar el derecho, lo enaltece. Esta regla está consagrada el artículo 8° del C. C. cuya que dice:
"La costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el desuso para su inobservancia, ni práctica alguna, por inveterada y general que sea".
Las normas citadas establecen una clara distinción, que emana de las condiciones propias de la Carta, que es el derecho positivo primario y cuna y raíz de todo el ordenamiento jurídico posterior, y, por lo tanto, de la ley. En efecto; la Ley 153 en su artículo 4° establece:
"Los principios del derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos, La doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes".
Para la interpretación de la ley sientan unas reglas, que en materia del procedimiento civil están complementadas por los artículos iniciales del Código de la materia. Reglas y normas estas que, para responder la. consulta formulada por el Sr. Redondo, utiliza la ACADEMIA, así:
En primer lugar, y acatando el mandato del artículo 27 de C. C., deben examinarse las palabra de la ley, y al hacerlo en el caso de la consulta, resulta que no es claro. En efecto, el inciso 2° atrás transcrito, ordena que el término para promover el incidente mediante el cual se regulen los honorarios del abogado a quien se revoque el poder comienza a contarse desde "...la notificación del auto que admite dicha revocación...", lo cual responde a la realidad procesal: oficialmente, en el expediente -y recuérdese que
quid non est in acti non est in mundo--, la revocatoria (lo mismo que el poder), sólo tiene vida cuando aparece en él, físicamente, como lo ordena el arto 174 del C. de P.C. ("Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso").
El inciso 3° que se analiza señala una hipótesis distinta, la de la muerte del apoderado, para conceder a los herederos la posibilidad de hacer regular los honorarios del causante mediante un incidente, dentro del mismo proceso en que él actuó.
Para averiguar si la notificación del auto por Estado vincula a los herederos o a la cónyuge del apoderado muerto, la ACADEMIA usa a los medios que señala la ley: "acudir a su interpretación o espíritu, claramente manifestados en ella" (C.C. 27), ya la analogía (C.C. 30; Ley 153 de 1.887, 8).
Siguiendo esta metodología, encuentra la ACADEMIA, en primer lugar, que la Constitución de 1.886 -tal como regía cuando fue establecido el Código de Procedimiento Civil- quería una "pronta y cumplida justicia" y encargaba al Presidente de velar por ella; y que tanto las leyes como la jurisprudencia insistieron en la "economía
procesal", que es una forma de lograrla; el C. de P. C. ordena a los jueces velar por ella (art. 7,1). La actual Carta Política se desenvuelve en el mismo sentido, aún sin una consagración expresa, como existe para rama administrativa (209).
Dentro de esta concepción, y por cuanto el Juez que lleva un proceso puede tasar con mayores elementos de juicio los honorarios del abogado que ha actuado en él, el Código de Procedimiento Civil permite que se fijen por incidente dentro de proceso en el cual se produce el cambio de apoderado ya sea por revocatoria del poder o por muerte. Se
establece así que el móvil del legislador para crear esta institución, fue el de acelerar la prestación de la justicia.
¿A quién se presta la justicia? Obviamente, al abogado sustituido o a los herederos del abogado fallecido; y desde luego, al litigante representado por él, pues la justicia es para ambos. Y, además, a las partes en litigio, en cuanto esos honorarios puedan incidir en las cartas.
Y aquí es pertinente una precisión: el cobro de los honorarios del abogado destituido o muerto puede hacerse, también, por medio del juicio ordinario laboral correspondiente, pues el artículo 69 que se estudia no es excluyente; de hecho utiliza la expresión".. podrá pedir al juez... ", indicando así que es una facultad que se otorga al interesado, quien, a su arbitrio, o por razón de las circunstancias, puede acudir directamente a otra forma procesal. Lo mismo que ocurre con quien gana un juicio, que puede iniciar, dentro del mismo expediente, juicio ejecutivo (C. de P. C. 335), o hacerlo en otro proceso Lo cual, además es obvio para los herederos del apoderado fallecido, quienes no tienen, tan siquiera, acceso al expediente (salvo que sean abogados).
Y esta última observación conduce al meollo del problema: el abogado destituido conoce el expediente, tiene acceso a él, y obligación de vigilarlo; por lo tanto es lógico que el término para promover el incidente comience a contar desde cuando el juez resuelve sobre la revocatoria del poder. Pero los herederos del abogado fallecido no tienen conocimiento del proceso; de hecho, pueden ignorar que existe, o aún sabiéndolo, ignorar en que despacho cursa, en qué estado se halla, etc.
La forma normal de notificar las providencias de un proceso en curso, la fijación por estado, no rige para quienes no son parte en él. Previamente es necesario vincularlos.
Y aquí valen dos aclaraciones:
La primera, incumbe a los Jueces, quienes están obligados (C. de P.C. 37,3), a
"Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad y probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal ".
Y la segunda, a los abogados, para quienes constituyen falta a la lealtad profesional (D. 196/71,57,2 Y 4) atentar contra los honorarios de un colega.
En consecuencia, el Juez, antes de aceptar la sustitución del poder, debe exigir al nuevo apoderado la información acerca de los motivos de la revocatoria, o del nuevo nombramiento, y aclarar, respecto de quien se retira no sólo lo relacionado con los honorarios, sino sus posibles faltas, para que se investiguen, si es del caso.
Pero si el Juez, o el nuevo abogado no cumplen con estas reglas elementales, los herederos del abogado fallecido no pierden la oportunidad de pedir la liquidación dentro del mismo proceso sino después de treinta días, contados a partir de la fecha en que se los vincule a él. lo que se debe hacer, por notificación personal, pues de acuerdo con el artículo 314 del C. de P.C.
"Deben notificarse personalmente las siguientes providencias
"2º. La primera que debe hacerse a terceros".
Para ello se tendrá en cuenta la regla del art. 81 del C. de P.C.
Debe recordarse, además, que según el art. 137,4,
"Por regla general los incidentes no suspenden el curso del proceso...
De todas maneras, herederos y cónyuge, se los vincule, o no, pueden acudir al proceso laboral del caso teniendo en cuenta -en cuanto el posible crédito no se haya adjudicado, con los requisitos de ley- que deben actuar a nombre de la sucesión.
Dejo en esta forma rendido el concepto que me fue solicitado, para que Ud. Sr. Presidente, lo someta a consideración de la ACADEMIA.
Resolución No 003 de 2004 (07 de Mayo)Por la cual se aprueba la ponencia con autoridad de la Academia.