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Timestamp: 2020-06-04 21:50:30
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BOE.es - Documento BOE-A-2012-7574
Documento BOE-A-2012-7574
«BOE» núm. 135, de 6 de junio de 2012, páginas 41168 a 41251 (84 págs.)
BOE-A-2012-7574
El Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, regula los fines de interés social de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, y el Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, establece los requisitos y procedimientos para solicitar las correspondientes subvenciones.
La finalidad perseguida por la Administración General del Estado con las subvenciones reguladas en esta orden de bases y de convocatoria es la consecución de la igualdad de los ciudadanos en las políticas sociales, promoviendo las condiciones y removiendo los obstáculos, tal y como indican los artículos 1.1. y 9.2 de la Constitución Española, para que dicha igualdad sea efectiva. Y es que, teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a los recursos disponibles que impone el respeto a las exigencias de la estabilidad presupuestaria, la actuación de la Administración General del Estado prácticamente no puede ser suprimida si se tiene en cuenta que la igualdad efectiva en el ejercicio de los derechos sociales requiere el empleo de criterios de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público (artículo 31.2 de la Constitución), que aconsejan encomendar a la Administración que se encuentra en mejor disposición, por las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas como garante de la igualdad, su consecución en el ámbito de las políticas sociales.
Asimismo, la gestión centralizada resulta imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute, conforme a la Sentencia 13/1992.
La definición de los programas que tienen carácter nacional y la delimitación de las prioridades que se han de tener en cuenta para la concesión de las subvenciones, se han realizado previa consulta a las comunidades autónomas, al Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social, regulado por el Real Decreto 235/2005, de 4 de marzo, por el que se regula el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, y a los Centros Directivos de la Administración General del Estado responsables de cada uno de los colectivos afectados, y han sido acordados en la XLII Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su reunión del día 18 de abril de 2012. Además, los programas se enmarcan dentro de las actuaciones impulsadas por el Gobierno dirigidas a los grupos sociales afectados por carencias sociales, culturales o económicas, como son las situaciones de dependencia y las contempladas en los programas de carácter estatal, tales como el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, elaborado siguiendo la estrategia europea para la inclusión social definida en Lisboa, el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, el Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en población extranjera inmigrante 2009-2012, el Plan Nacional de Accesibilidad 2003-2014, el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2009-2012, la Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-2014 y la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. Los programas que se subvencionen en base a las citadas prioridades tenderán a complementar las actividades encaminadas a la atención de las necesidades sociales previstas en los programas de las diversas Administraciones Públicas.
Se enmarcan también en las diferentes líneas de actuación que se recogen en el Acuerdo-Marco suscrito el 18 de octubre de 2006 por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Tercer Sector de Acción Social para el desarrollo de programas de interés social, recogido en la disposición adicional decimoséptima de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
En la tramitación de está disposición han emitido informe preceptivo la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
1. Por esta orden se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, además, se convoca la concesión de subvenciones correspondiente al año 2012.
2. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo al crédito ampliable 26.16.231F.484 consignado en los Presupuestos Generales del Estado con un importe de 105.323.880 euros, una vez deducidas las cuantías de 200.000 euros, relativa a la tercera anualidad del programa plurianual concedido en la convocatoria del año 2010, y de 150.000 euros, relativa a la segunda anualidad de programa plurianual concedido en la convocatoria del año 2011, de lo que resulta un crédito disponible de 104.973.880 euros, convoca la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales, de interés general, encaminados a atender situaciones de necesidad y/o marginación de personas mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad, mujeres, familia, infancia y juventud, personas afectadas por problemas de drogodependencia, pueblo gitano, población reclusa y ex reclusa, refugiados y asilados, migrantes, víctimas del terrorismo, personas afectadas por el VIH/SIDA, así como actuaciones integrales contra la exclusión social y para la erradicación de la pobreza y demás actuaciones de solidaridad social para cubrir necesidades de interés general.
El crédito disponible en esta convocatoria puede verse incrementado en una cuantía adicional que se estima en 98.306.620,39 euros, procedente de la cantidad total asignada para otros fines de interés social en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del periodo impositivo 2010, si bien, esa cuantía podría ser superior una vez conocida la cuantía resultante de la liquidación definitiva del citado periodo impositivo. La efectividad de dicha cuantía adicional depende de la declaración de disponibilidad del crédito derivado de la ampliación, previa aprobación de la modificación presupuestaria, que ha de tener lugar antes de la resolución de concesión.
Del crédito disponible para esta convocatoria se destinará un máximo del 2 por 100 por anualidad a subvenciones para programas plurianuales. De no alcanzarse ese máximo, los fondos no utilizados se acumularán a los fondos destinados a las subvenciones para programas anuales.
1.1 Programas dirigidos a facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
1.2 Programas de promoción de la calidad de vida infantil y protección de los derechos de la infancia.
1.3 Programas de equipamientos residenciales para menores en situación de dificultad y/o conflicto social y programas para la ejecución de medidas en medio abierto.
1.4 Programas de fomento de la acogida familiar de menores y de promoción de la adopción de niños/as con necesidades especiales.
1.5 Programas para la prevención y atención del maltrato y explotación infantil.
1.6 Programas de intervención en familias que se encuentran en situaciones de especial dificultad.
1.7 Programas de orientación y/o mediación familiar y Puntos de Encuentro Familiar.
1.8 Programas de educación familiar y parentalidad positiva.
2.1 Actuaciones integrales que ayuden a conseguir la emancipación de los/as jóvenes, aumentando su grado de autonomía personal y su integración social.
2.2 Actuaciones que promuevan la convivencia y la igualdad entre los/as jóvenes a través de la educación en valores.
2.3 Actuaciones que contribuyan a la promoción de la participación social de los/as jóvenes y al desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre.
2.4 Actuaciones que fomenten la adquisición de hábitos de vida saludable.
3.3 Programas dirigidos a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones: violencia de género, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos contra la libertad sexual.
4.1 Programas de atención personal, atención nocturna, servicios de respìro y apoyo a familias y adaptación de la vivienda.
4.2 Programas de promoción y adecuación de plazas para personas mayores con dependencia en residencias de personas mayores.
4.3 Programas de atención diurna y nocturna.
5.3 Programas de atención nocturna, servicios de respiro y apoyo a familias que tienen a su cargo personas con discapacidad.
6.2 Programas de prevención en entornos vulnerables al consumo de drogas, especialmente de alcohol en los menores, que precisen de intervenciones específicas dirigidas a la promoción de estilos de vida saludable.
8. Programas para personas migrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional.
9.1 Programas de apoyo a personas afectadas por el VIH/SIDA.
9.2 Programas de creación y mantenimiento de alojamientos de acogida y/o de inserción social.
10. Programas para las personas reclusas, ex reclusas y sometidas a medidas alternativas.
10.2 Programas para la inserción social de los internos en el medio abierto y los liberados condicionales.
10.3 Programas para la integración social y la inserción laboral de internos en régimen cerrado.
10.4 Programas para la colaboración en el cumplimiento de penas y medidas alternativas a la prisión.
10.5 Programas para la atención de colectivos específicos.
Que la entidad cumpla los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 3 de esta orden.
Que la entidad cumpla los requisitos establecidos en el apartado 5 del artículo 3 de esta orden.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta norma, Cruz Roja Española y las entidades sociales u organizaciones no gubernamentales que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente registro administrativo dentro del plazo de presentación de las solicitudes de subvención.
b) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se considerarán también entidades sin fines de lucro aquéllas que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en los fines sociales previstos en el artículo 3 del Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, modificado por el Real Decreto 599/2007, de 4 de mayo.
c) Tener como fines institucionales primordiales la realización de alguna o algunas de las actividades a las que se refiere el artículo 1 de la presente orden.
e) Haber justificado, en su caso, suficientemente las ayudas económicas recibidas con anterioridad de los entonces Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad, Ministerio de Sanidad y Política Social, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (antes Ministerio de Asuntos Sociales).
f) Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.
2. También podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las agrupaciones de organizaciones, sin personalidad jurídica.
Estas agrupaciones deberán indicar los compromisos asumidos por cada uno de sus miembros y el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos. Asimismo, deberán nombrar un representante con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Para esta convocatoria, igualmente serán beneficiarios de estas subvenciones aquellas organizaciones o entidades, independientemente del ámbito de actuación que figure en sus estatutos, que presenten programas o proyectos de inversión, cualquiera que fuera su ámbito territorial, que hayan sido financiados en convocatorias anteriores y estén pendientes de conclusión.
4. Las entidades que soliciten subvenciones para programas integrales plurianuales dirigidos a las personas en situación o en riesgo de exclusión social, además de reunir los requisitos recogidos en el punto 1 de este artículo, deberán cumplir los siguientes:
5. Las entidades que soliciten subvenciones para programas plurianuales dirigidos a personas dependientes y a sus familias, además de reunir los requisitos recogidos en el punto 1 de este artículo, deberán cumplir los siguientes:
Artículo 4. Actividades elegibles.
Las subvenciones amparadas por estas bases reguladoras sólo podrán concederse para la realización de programas de interés general. A estos efectos, se considerará que concurre esta circunstancia en los siguientes programas:
a) Programas integrados por proyectos cuya ejecución material se localice en distintas comunidades autónomas.
b) Programas experimentales, piloto o innovadores cuya ejecución pueda aportar a las Administraciones públicas o los agentes sociales información relevante sobre el desarrollo de programas de intervención social de aplicación en el territorio de distintas comunidades autónomas.
c) Programas que teniendo la misma finalidad y recayendo sobre los mismos colectivos, su ejecución se realice de forma coordinada en el territorio de distintas comunidades autónomas a través de una agrupación de organizaciones no gubernamentales.
d) Programas que sean expresamente declarados de interés general por la comunidad autónoma en cuyo territorio se realice la actividad subvencionable.
e) Programas cuyos efectos directos o indirectos se extiendan al territorio de distintas comunidades autónomas. Podrá entenderse que concurre esta circunstancia en los siguientes supuestos:
1. Garantía de acceso en condiciones de igualdad a las ayudas para residentes en distintas comunidades autónomas, cuando se trate de programas en los que la demanda sea superior a la oferta y los recursos asignados tengan carácter limitado no susceptible de ampliación.
2. Cuando el programa a desarrollar por su naturaleza no sea susceptible de fraccionamiento en actuaciones territorializadas.
3. Cuando por la escasa cuantía de las ayudas, el programa no sea susceptible de territorialización sin merma del cumplimiento de sus objetivos o de la garantía de la igualdad en las posibilidades de acceso al mismo para los potenciales beneficiarios residentes en el territorio de distintas comunidades autónomas.
Artículo 5. Distribución de créditos por programas.
Una vez efectuado el análisis de los programas solicitados, la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a propuesta de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia prevista en el artículo 6 de esta orden, podrá modificar la distribución a que se refiere el párrafo anterior, así como distribuir las posibles ampliaciones de crédito procedentes de ingresos afectados a los fines de interés social a que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio.
Los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento son: La Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia y la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por delegación de la Ministra, de acuerdo con la Orden SAS/3547/2009, de 28 de diciembre, por la que se delegan y aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos públicos dependientes.
1. Órgano competente para la ordenación y la instrucción. El órgano competente para la ordenación y la instrucción del procedimiento es la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, corresponde a la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
Solicitar cuantos informes considere necesarios para resolver y aquellos que sean exigidos por las normas que regulan la subvención, de acuerdo con lo señalado en el artículo 10 de esta orden.
Formular la propuesta de resolución a que se refiere el artículo 11.1 de la presente orden.
2. Órgano competente para la resolución. El órgano competente para la resolución del procedimiento es la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
3. El órgano colegiado al que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, es la Comisión de Evaluación y estará constituida de la siguiente forma:
Presidente/a: La persona titular de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
Vicepresidente/a: El/la Jefe/a del Gabinete de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Vocales: La persona titular de los siguientes Centros Directivos:
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.
Además, actuarán como expertos las personas titulares de la Dirección General de Migraciones y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, designado por la persona titular de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
Cuando el/la Presidente/a estime necesario su asesoramiento podrán asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, funcionarios/as de los Centros o Unidades del Departamento con competencias en las áreas a que afecte la evaluación.
Los modelos de impresos podrán ser recogidos en la sede central del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Paseo del Prado números 18-20, 28071 Madrid, así como en las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno.
Asimismo, existe una aplicación informática para la cumplimentación de la solicitud de subvención, a la que se podrá acceder a través de la página web cuya dirección es www.msssi.gob.es.
Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, podrán ser presentadas en las sedes y direcciones señaladas en el párrafo tercero de este apartado, así como en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El plazo de presentación será de cuarenta días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
No será necesario presentar el documento acreditativo de la identidad cuando el interesado manifieste expresamente su consentimiento para que sus datos sean recabados por la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, según modelo facilitado por el citado Centro Directivo.
3.1.6 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solicitante de que ésta se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según establece el artículo 24, punto 7, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3.1.7 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solicitante de que ésta se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo previsto por el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3.1.8 Declaración responsable de quien ostente la representación legal de la entidad solicitante de que, tanto ésta como las entidades miembros que proponen como ejecutantes de los programas, no se encuentran incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios de subvenciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
De acuerdo con el artículo 35, c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las entidades y organizaciones solicitantes tendrán derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.
No será necesario presentar los documentos exigidos en los puntos 3.1.1 a 3.1.5, cuando éstos no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso la entidad solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se haga constar, por escrito, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la entidad solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
Si la solicitud de iniciación no reuniera los datos de identificación, tanto de la subvención solicitada como de la entidad solicitante y/ o cualquiera de los previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se requerirá a la entidad u organización solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada ley, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa notificación de la resolución que habrá de dictarse en los términos previstos en el artículo 42 de la misma ley.
Artículo 8. Financiación de los programas presentados.
Atendiendo a la naturaleza de las actividades, la entidad beneficiaria podrá llevar a cabo su subcontratación, mediando siempre autorización y sin exceder del 50 por 100 del importe del programa subvencionado. Dicha subcontratación se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 9. Criterios objetivos de valoración.
h) Participación social y voluntariado (Máximo de 15 puntos): Que la entidad promueva la participación y movilización social. Que cuente con un número relevante de voluntarios/as para el desarrollo de los programas, priorizándose aquéllas que dispongan de un sistema de formación de los/as voluntarios/as y de incorporación de éstos/as a las actividades de la entidad.
2. El empleo de personas con discapacidad de manera análoga a la regulación de esta materia por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, y el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
j) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones recibidas del Ministerio: Se valorará la exactitud en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ministerio de Sanidad y Política Social, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, antes Ministerio de Asuntos Sociales, respecto a las subvenciones concedidas en anteriores convocatorias.
La Subdirección General de Organizaciones no Gubernamentales y Voluntariado emitirá informe con relación a los criterios objetivos de valoración de cada una de las entidades solicitantes de subvención.
Los Centros Directivos competentes por razón de la materia y las comunidades autónomas en las que se desarrolle la actividad para la que se solicita la subvención emitirán informe previo con relación a los criterios objetivos de valoración de cada uno de los programas presentados. Si la comunidad autónoma, en dicho informe, excluyera un programa, bien porque no existe la necesidad real que pretende atender o bien porque ya existe una cobertura pública y/o privada suficiente, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia no podrá formular propuesta de concesión de subvención para el mismo.
A fin de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia podrá requerir a las entidades u organizaciones solicitantes la ampliación de la información contenida en la memoria. Asimismo, solicitará informes previos a los Centros Directivos y Organismos de la Administración General del Estado que resulten competentes por razón de la materia y a las comunidades autónomas en las que se desarrollaría la actividad.
Si los programas o actividades que se presentan se refieran a personas migrantes, solicitantes de asilo y personas con protección internacional se solicitará informe previo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cuando aquéllos se dirijan a reclusos/as o ex reclusos/as, se solicitará informe previo a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior).
El plazo para la emisión de informes será de diez días hábiles, salvo que la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24, punto 3, a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.
1. La Dirección General de Servicios para la Familia y de la Infancia, a la vista de todo lo actuado y del informe del órgano colegiado, formulará la oportuna propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Para la reformulación de las solicitudes, se cumplimentará una memoria adaptada de los programas con propuesta de subvención en el modelo normalizado que se facilitará por parte de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia. En esta memoria deberá adecuarse el contenido del programa inicialmente solicitado al importe de la subvención propuesta.
Si dentro del plazo previsto para la reformulación de las solicitudes, el beneficiario no comunicara la aceptación de la subvención, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia realizará propuesta de subvención a favor del solicitante o los solicitantes siguientes en orden a la puntuación de los programas del mismo colectivo de atención al que perteneciera el programa sobre el que se ha ejercido el desistimiento, siempre que el crédito liberado resulte suficiente.
Una vez que la memoria adaptada merezca la conformidad del órgano colegiado, de conformidad con el artículo 27.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se remitirá a el/la Secretario/a de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para que dicte la correspondiente resolución.
Las resoluciones de la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se dictarán y notificarán a los solicitantes en el plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha de publicación de la presente orden de bases y de convocatoria, según lo dispuesto en los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo máximo de resolución y notificación, en los términos y con las limitaciones establecidos en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, comunicándose dicho acuerdo a las entidades solicitantes.
Las subvenciones concedidas se harán públicas en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos establecidos en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La concesión de una subvención al amparo de la presente orden no comporta obligación alguna por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de adjudicar subvenciones en los siguientes ejercicios económicos para programas similares.
Artículo 12. Situaciones de emergencia social.
Se considerarán situaciones de emergencia social aquéllas que puedan producirse por la aparición de riesgos impredecibles o fenómenos de naturaleza análoga que generen necesidades de urgente o inaplazable satisfacción. A estos efectos, una vez declarada por el/la Ministro/a del Departamento dicha situación y las necesidades sociales que de ella se derivan, con la consiguiente afectación de recursos, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia solicitará, con carácter urgente, a las entidades cuyos fines estatutarios coincidan con la situación de emergencia declarada y que en su solicitud hayan manifestado su disposición a participar en este tipo de programas, la presentación de las actividades concretas que van a desarrollar y la cuantía de las mismas. La Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, valorados los programas presentados por las entidades, y a la vista del informe del órgano colegiado, formulará la oportuna propuesta de resolución a la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, quien resolverá determinando la organización u organizaciones no gubernamentales a las que se encomienda la realización del programa y la cuantía de la ayuda.
Artículo 13. Convenio-programa.
La persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, suscribirá, con cada uno de los representantes de las organizaciones beneficiarias, el oportuno convenio-programa, en el que necesariamente constarán las obligaciones que contraen las partes, con la oportuna adecuación, en su caso, de los programas a la cuantía de la subvención concedida, las modalidades de cumplimiento de los programas, el plazo de ejecución de los mismos, la forma de pago de la subvención concedida, el plazo y la forma de justificación del gasto. En lo que respecta al plazo de ejecución de las obligaciones contraídas, se procurará que su inicio y finalización coincidan con el año natural.
Artículo 14. Abono de la subvención.
Las entidades subvencionadas deberán acreditar previamente al cobro de la subvención que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 7, puntos 3.1.6 y 3.1.7. de la presente orden.
También, deberán haber justificado suficientemente las ayudas económicas recibidas con anterioridad de los entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ministerio de Sanidad y Política Social, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, antes Ministerio de Asuntos Sociales.
Artículo 15. Modificaciones de la resolución de concesión y del Convenio-programa.
La resolución de las solicitudes de modificación se dictará por la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y se notificará en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha de su presentación en el citado Registro. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella el recurso potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el plazo de un mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cuando la cuantía de la subvención haya de ser objeto de reducción por aplicación de lo previsto en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se dictará la resolución que proceda por la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y se procederá al reintegro del exceso, junto con los intereses de demora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1, apartado d), de esta orden.
Artículo 16. Obligaciones de la entidad u organización beneficiaria de la subvención.
Las entidades u organizaciones beneficiarias de la subvención, además de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en los artículos 17, 19 y 20 de la presente orden de bases y de convocatoria, vendrán obligadas a cumplir las siguientes obligaciones:
d) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de los programas para los que solicitan subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas, sin exceder del 50 por 100 del importe del programa subvencionado. La subcontratación se ajustará a cuanto dispone el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
De no aplicarse al supuesto señalado, la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a propuesta de la organización o entidad adjudicataria, podrá autorizar su aplicación a otros de los fines sociales previstos en la presente convocatoria, siendo procedente su devolución en cualquier otro caso.
No se considerará incumplida la obligación de destino cuando el cambio de destino, enajenación o gravamen sea autorizado previamente por este Departamento y el adquirente asuma la obligación de destino, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31, punto 5, b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No se considerará incumplida la obligación de destino cuando los bienes fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el periodo establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por este Departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31, punto 5, a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 14.1, c) y 32.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Capítulo IV del Título II del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las entidades u organizaciones beneficiarias de la subvención se someterán a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación que determine la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, facilitando cuanta información sea requerida en orden a verificar la correcta ejecución de los programas subvencionados. Asimismo, se someterán a las actuaciones de comprobación que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios.
1. Serán subvencionables los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, que resulten estrictamente necesarios y que se efectúen durante el año 2013, y se abonen efectivamente con anterioridad a la finalización del plazo de justificación establecido en el artículo siguiente. En ningún caso el coste de estos gastos podrá ser superior al valor de mercado.
En el caso de los programas plurianuales dirigidos a las personas en situación o en riesgo de exclusión social o a las personas dependientes y sus familias, serán subvencionables los gastos efectuados durante los años 2013, 2014 y 2015, debiendo quedar ajustado el gasto realizado en cada uno de ellos, a las limitaciones establecidas en el correspondiente convenio-programa.
2. Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse durante el año 2012, siempre que se refieran a costes reales de las actividades incluidas en los programas subvencionados en la presente convocatoria. En el caso de que los programas subvencionados sean de continuidad, únicamente se admitirán con cargo a la subvención los gastos producidos desde la fecha de finalización de la ejecución real del programa subvencionado en la convocatoria anterior.
3. En ningún caso se admitirá la justificación de los gastos corrientes y de gestión y administración en la parte que excedan o en la medida en que no se ajusten a las limitaciones a que se refiere el artículo 8 de esta orden.
4. En los supuestos de ejecución de obra o de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 19. Justificación de los gastos.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las entidades u organizaciones subvencionadas quedan obligadas a justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, de conformidad con el manual de instrucciones de justificación dictado, a tal efecto, por la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
El plazo de presentación de la justificación es el 28 de febrero de 2014, si se opta por la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, y el 31 de marzo de 2014, si la opción se ejercitara por la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá los documentos recogidos en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo los documentos acreditativos del gasto, cuya aportación deberá realizarse a requerimiento de la persona titular de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia cuando se inicie el procedimiento de revisión de la cuenta.
3. Las entidades y organizaciones beneficiarias de subvenciones podrán optar, a su elección, por realizar la justificación, bien a través de la cuenta justificativa regulada en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, o bien a través de la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor regulada en el artículo 74 del mismo texto legal. En este último caso, el beneficiario no está obligado a aportar justificantes de gasto en la rendición de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que pueda realizar la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus competencias.
– Mantenimiento y actividades.
– Dietas y gastos de viaje.
– Adquisición de inmuebles.
4.4 En los casos de adquisición o construcción de bienes inmuebles deberá presentarse la escritura pública de compraventa o, en su caso, de obra nueva, en la que deberán constar las limitaciones que se especifican en el apartado l) del artículo 16, así como acreditarse la incorporación de la adquisición o, en su caso, de la obra realizada al inventario de la entidad.
4.5 Se aportarán facturas o recibos originales para justificar los gastos efectuados en las actividades desarrolladas para el cumplimiento del programa subvencionado. Dichos documentos deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
4.6 Los ingresos o los rendimientos financieros a los que se refiere el artículo 16, j) de la presente orden, deberán justificarse con indicación de los programas a los que se hayan imputado, conforme establece el manual de instrucciones de justificación.
Si vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que en el plazo improrrogable de quince días sean aportados, comunicándole que la falta de presentación de la justificación en dicho plazo llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 20. Responsabilidad y régimen sancionador.
Artículo 21. Reintegros.
a) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 18 y 19 de la presente orden de bases y de convocatoria. A estos efectos, se entenderá como incumplimiento, entre otros, la existencia de un remanente de subvención que no haya sido invertido en el programa, sin causa justificada. Asimismo, se considerará que ha existido incumplimiento, a efectos de la procedencia del reintegro, en aquellos casos en los que se hubiera retenido el abono de la subvención como consecuencia de un mandato judicial en que así se hubiera ordenado, dimanante de un embargo de las cantidades procedentes de la subvención, cualquiera que fuese su causa.
b) No dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa, en los términos establecidos en el artículo 16, letra g), de la presente orden. Asimismo, no cumplir las medidas alternativas establecidas por el órgano concedente en el supuesto previsto en el artículo 31, punto 3, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c) No cumplir las obligaciones impuestas a los beneficiarios y los compromisos asumidos por éstos con motivo de la concesión de la subvención. A estos efectos se entenderá como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gasto y a comunidades autónomas distintas o a programas efectuados por entidades ejecutantes diferentes a las que figuraban en el Convenio-programa, sin autorización de la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Asímismo, el incumplimiento de la obligación de destino, recogida en el artículo 16, letra l), de la presente orden, será causa de reintegro.
d) En el supuesto contemplado en el último párrafo del artículo 15 de la presente orden de bases y de convocatoria, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada, junto con los intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el Capítulo II del Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como por lo previsto en esta orden, siendo competente para su iniciación, ordenación e instrucción la persona titular de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, y, para su resolución, la persona titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, una vez revisada la documentación justificativa del gasto de la subvención y no hallada completa y conforme en todo o en parte, y ante la detección de cualesquiera de las restantes causas de reintegro.
También procederá la iniciación de oficio del procedimiento como consecuencia de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan o no atribuidas facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia. Asimismo se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención General de la Administración del Estado, resultando de aplicación lo establecido en los artículos 49 a 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 96 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Queda derogada la Orden SPI/1191/2011, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
En lo no previsto en la presente orden, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 4 de junio de 2012.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover.
Relación de programas, prioridades y requisitos de la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Año 2012
Con carácter general, serán prioritarios en cada uno de los colectivos, los programas cuyos beneficiarios directos sean las personas en situación de dependencia y sus familias, especialmente las mujeres víctimas de violencia de género y sus descendientes.
También tendrán dicho carácter los programas que tiendan a complementar las políticas públicas de las distintas Administraciones y estén vinculados a las líneas estratégicas y a la programación de las comunidades autónomas.
Asimismo, tendrán especial consideración los programas que contengan elementos de autoevaluación (objetivos e indicadores) o incorporen sistemas de calidad, especialmente los que incluyan el reconocimiento de distintivos o certificaciones en materia de igualdad de oportunidades.
En los programas dirigidos a este colectivo, cuando se incluyan gastos en construcción, adquisición de inmuebles o adecuación y mejora de centros, será necesario acreditar la cofinanciación en el momento de presentar la solicitud.
Su objetivo es extender la oferta de servicios que presten atención educativa a niños/as menores de tres años, preferentemente derivados de servicios sociales que, contemplando un proyecto socioeducativo adecuado, posibiliten a las familias la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
Servicios de atención socioeducativa a niños/as y familias del medio rural y población dispersa, llevados a cabo en la propia casa o en otro espacio autorizado por la Administración competente.
Servicios que se presten en zonas de fuerte crecimiento demográfico o de nueva creación con población socialmente desfavorecida o en zonas rurales, así como aquéllas que requieran un refuerzo en la dotación de servicios para consolidar el asentamiento de su población.
Los programas pretenden promover el desarrollo personal y social de los/as niños/as, fundamentalmente a través de actividades educativas, culturales y de tiempo libre que favorezcan la participación social y/o ayuden a la sensibilización sobre los derechos de la infancia, el cuidado del medioambiente y el desarrollo de valores solidarios, así como para facilitar el intercambio de información institucional que posibilite la relación de los niños y las familias.
Los programas que se desarrollen en zonas de riesgo social y que propongan acciones preventivas y de intervención, complementarias de los servicios normalizados educativos y de servicios sociales.
Los programas que se desarrollen en centros educativos de áreas desfavorecidas, mediante colaboración de ONG y ayuntamientos, una vez finalizadas las actividades escolares diarias y aquéllos que prevean actuaciones que faciliten la conciliación de la actividad laboral de las familias durante los periodos vacacionales de los/as niños/as.
Los programas que realicen actuaciones de integración para menores inmigrantes especialmente en centros de educación infantil.
Los programas que potencien la participación y responsabilidad de los/as niños/as.
Para los/as niños/as menores deben existir espacios, personal y actividades diferenciadas según los diferentes tramos de edad, modulado como corresponda en los núcleos con población reducida.
1.3 Programas de equipamientos residenciales para menores en situación de dificultad y/o conflicto social, y programas para la ejecución de medidas en medio abierto.
Estos programas pretenden ofrecer alojamiento y convivencia potenciando factores de desarrollo personal y habilidades sociales para su integración y/o reinserción social, a través de centros, pisos o mini-residencias, en sus distintas modalidades, en función de las necesidades generales y particulares y circunstancias del colectivo al que van dirigidos, para:
• Menores de 18 años afectados por una medida de protección.
• Menores en cumplimiento de una medida dictada por los jueces de menores.
En estos programas se tendrán especialmente en cuenta las circunstancias de los menores extranjeros no acompañados, por requerir una atención específica para facilitar su integración social, así como las de los mayores de 18 años, que hayan estado bajo una medida de protección, y que por sus circunstancias personales se encuentren en centros residenciales, al objeto de facilitar su autonomía personal y de integración sociolaboral.
Los programas innovadores que contemplen criterios de calidad, evaluación y que incorporen las buenas prácticas sobre las que existe un consenso para la mejora de los servicios residenciales.
b) Los programas para la ejecución de medidas en medio abierto para menores infractores, en ejecución de las dictadas por los Jueces de Menores, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, y que sean susceptibles de materialización por las organizaciones no gubernamentales, además de la responsabilidad extrajudicial del daño.
Los programas de acogida pretenden fomentar, impulsar y facilitar el acogimiento familiar de menores que se encuentren bajo la tutela o guarda de la Administración Pública competente en protección de menores como alternativa al internamiento en un centro residencial.
Programas destinados a fomentar la acogida familiar, la adopción de niños/as con necesidades especiales (niños/as mayores, grupos de hermanos, niños/as con discapacidad).
Programas de buenas prácticas que, bajo la evidencia científica, contemplen criterios de calidad y evaluación en el acogimiento familiar.
Los programas pretenden que se lleven a cabo acciones que permitan la prevención, detección e intervención, en su caso, del maltrato y trata con fines de explotación infantil.
Actuaciones dirigidas a la prevención e intervención del abuso sexual infantil.
Actuaciones dirigidas a la prevención y asistencia especializada a víctimas de trata con fines de explotación.
Actuaciones dirigidas a la prevención y atención de trastornos de dependencia grupal (sectas, bandas juveniles, etc.).
Actuaciones dirigidas a la prevención, detección y/o intervención del maltrato en las redes sociales.
Los programas pretenden potenciar la oferta de servicios que atienden la problemática surgida en la estructura familiar generada por las interacciones entre sus miembros y se dirigen prioritariamente a familias que por sus bajos ingresos no pueden acceder a la oferta privada existente.
La orientación, de carácter psicosocial, a las familias sobre las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos y las relaciones intergeneracionales, con el fin de prevenir situaciones de riesgo que puedan generar un deterioro de la convivencia familiar y/o desintegración familiar.
La mediación familiar como proceso de negociación no conflictiva en los procesos de separación y divorcio y otros supuestos de conflictividad familiar donde esté indicada, primando en todo el proceso el interés de los menores.
Los Puntos de Encuentro Familiar para facilitar espacios de encuentro adecuados para el ejercicio de los derechos y deberes parentales después de la ruptura de pareja, u otras situaciones derivadas de sentencias judiciales o resoluciones administrativas en las que deba facilitarse el encuentro entre el menor y el progenitor no custodio y/o la familia biológica.
Los puntos de encuentro familiar deben, contar en su caso, con un protocolo de actuación específico para los casos de violencia de género.
Estos programas deberán estar orientados a facilitar a las personas que ejercen responsabilidades parentales pautas de crianza y educación de los/as niños/as y adolescentes a su cargo, atendiendo a su interés superior.
Actividades que se desarrollen en zonas desfavorecidas o en el ámbito rural o que incluyan intervenciones en entornos familiares de especial vulnerabilidad o dificultad social.
Los proyectos que contemplen actuaciones socioeducativas en las áreas de: salud, seguimiento escolar, pautas de crianza y socialización, entre otras.
Intervenciones a cargo de profesionales especializados en educación familiar o social realizadas preferentemente mediante visitas domiciliarias al núcleo familiar.
Actuaciones dirigidas a la difusión, sensibilización o promoción de la parentalidad positiva.
Programas que impulsen acciones innovadoras, a través de las nuevas tecnologías, que faciliten la emancipación de los/as jóvenes.
Programas que potencien la capacidad emprendedora de los/as jóvenes a través de la formación para el autoempleo y la promoción de iniciativas empresariales.
Programas que promuevan procesos integrales de formación, información, orientación profesional, prácticas en empresas, acompañamiento y seguimiento a lo largo de todo el proceso.
Programas que contemplen intervenciones en materia de vivienda orientadas a promover la emancipación de los/as jóvenes así como la convivencia intergeneracional.
Programas que desarrollen valores de convivencia, tolerancia e interculturalidad a través de la prevención de conductas antisociales, de violencia y racismo.
Programas que promuevan actividades que favorezcan la igualdad de oportunidades entre los/as jóvenes.
Programas de sensibilización social contra todas las formas de violencia contra las mujeres y por razón de orientación sexual.
Programas que estimulen la participación de los/as jóvenes en asociaciones juveniles, en actividades de voluntariado y/o en la vida social y cultural de su entorno.
Programas que proporcionen a los/as jóvenes las competencias y habilidades necesarias para ejercer una ciudadanía activa, especialmente en el marco de la educación no formal.
Programas que promuevan la participación de los/as jóvenes en situación o en riesgo de exclusión social, a través de actividades culturales y de ocio y tiempo libre.
Programas que contemplen actuaciones adaptadas a las necesidades específicas de los/as jóvenes en situación o en riesgo de exclusión social.
Programas de educación para la salud que establezcan actuaciones en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, tabaquismo, trastornos de la conducta alimentaria y embarazos no deseados.
Programas que contemplen actuaciones encaminadas a la prevención de accidentes de tráfico entre los/as jóvenes.
Programas de intervención socioeducativa que fomenten la participación de las mujeres a través de actividades formativas. Asimismo, los programas de intervención socioeducativa que fomenten la participación de las mujeres a través de actividades culturales y de tiempo libre.
Programas que desarrollan medidas encaminadas a la integración personal, social y laboral de mujeres en situación de exclusión social. Se priorizará un enfoque integral de la intervención.
Programas que fomenten la mejora de la salud de las mujeres en situación o en riesgo de exclusión social, durante todo su ciclo vital, con especial atención a las mujeres embarazadas, y la educación en salud sexual y reproductiva.
Programas dirigidos a mujeres gestantes y/o lactantes, con la finalidad de facilitar el bienestar de la madre y el menor en gestación.
Programas de formación en nuevos sectores de empleo (medio ambiente, desarrollo sostenible, nuevas tecnologías, comunicación, teletrabajo, etc.) y que impliquen acuerdos con empresas del sector que garanticen la inserción profesional de un número de mujeres por programa o por empresa (es decir, que exista un indicador numérico o un porcentaje de inserción mínimo), especialmente de las mujeres jóvenes, las mayores de 45 años, las mujeres rurales y las mujeres con discapacidad.
Programas dirigidos a prevenir y combatir las discriminaciones por razón de género en el mercado laboral, especialmente programas dirigidos a combatir la discriminación salarial.
Programas dirigidos a promover y facilitar la reincorporación al trabajo de las mujeres, tras un periodo de inactividad por cuidado de la familia.
Programas dirigidos a facilitar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres trabajadores, para promover la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar.
3.3 Programas dirigidos a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones: violencia de género, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos contra la libertad sexual.
Los programas tienen por objetivo tanto prevenir la violencia como prestar asistencia integral a las mujeres víctimas, a través de los centros de acogida y de otros servicios de atención especializada, así como de programas de prevención e información.
Programas de información, orientación y asesoramiento, así como de derivación a recursos específicos y coordinación con los mismos, de atención psicológica, de apoyo social, y de asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, violencia en el trabajo, de delitos contra la libertad sexual y de trata con fines de explotación sexual que no residan en Centros de Acogida.
Programas de inserción sociolaboral para las mujeres víctimas de violencia con la finalidad de fomentar su independencia económica.
4.1 Programas de atención personal, atención nocturna, servicios de respiro y apoyo a familias y adaptación de la vivienda.–Los programas están dirigidos a las personas mayores dependientes o con dependencia moderada, para la realización de las tareas esenciales de la vida diaria y a las familias cuidadoras, con el objetivo de favorecer la permanencia del mayor en el domicilio y comprenden:
Programas dirigidos a personas mayores dependientes severos o moderados. Programas dirigidos a personas mayores que viven en grandes ciudades y en municipios del ámbito rural.
Programas de apoyo a los cuidadores.
Los programas tienen como objetivo la creación de plazas de estancia permanente para personas con dependencia, la mejora de la infraestructura de residencias de personas mayores con dependencia en funcionamiento, la adecuación de plazas para atención de personas mayores con dependencia y dotación de equipamiento, acreditando la cofinanciación y comprenden:
Obras de adecuación y mejora de centros gerontológicos de estancia permanente en funcionamiento que no reúnan condiciones estructurales apropiadas para la atención a usuarios con dependencia.
Construcción de residencias para personas mayores con dependencia.
La realización de obras para adecuar las residencias para personas mayores a la normativa vigente y adaptar plazas para las personas mayores con dependencia.
Las residencias para personas mayores destinadas a personas con dependencia, subvencionadas en anteriores convocatorias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las residencias para personas mayores con dependencia.
En el supuesto de que el programa presentado suponga disponibilidad de nuevas plazas, deberá documentarse la fórmula prevista para la financiación de estas plazas o, en su caso, para el mantenimiento de la residencia para personas mayores con dependencia.
Cuando se trate de proyectos de obra nueva, remodelación y/o adecuación de plazas de equipamiento, financiados en convocatorias anteriores, deberán acompañar una memoria sobre la ejecución en el año anterior y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.
Los programas tienen como objetivo la promoción de plazas en centros de día y centros de noche para personas mayores dependientes, con el fin de evitar su institucionalización y comprenden:
La creación, adecuación, equipamiento y mantenimiento de plazas en centros de día y centros de noche para mayores dependientes, incluyendo la dotación de vehículos adecuados y el personal de apoyo para el traslado al centro.
Centros de día y centros de noche para mayores dependientes.
Los programas dirigidos a la creación, adecuación y equipamiento de plazas en centros de día y centros de noche para mayores, subvencionados en convocatorias anteriores con cargo al IRPF.
Los programas de atención en centros de día y centros de noche para mayores deberán comprender áreas de atención social y sanitaria, junto con equipamiento y personal específico, cualificado y suficiente, para el desarrollo de los programas.
5.1 Programas para la promoción de la autonomía personal, la adaptación de viviendas y la integración social de las personas con discapacidad.–Los programas tienen como objetivo la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, la integración social de las personas con discapacidad, así como facilitar la realización de las tareas esenciales de la vida cotidiana favoreciendo la permanencia de las personas con discapacidad en situación de dependencia, por el tiempo que sea posible, en el entorno en que desarrollan su vida, y comprenden:
Programas que incluyan un conjunto de intervenciones para el fomento y desarrollo de competencias y habilidades personales que constituyan un medio de apoyo para la autonomía personal y el desarrollo de una vida independiente, para la información, orientación y asesoramiento sociolaboral, para la aplicación de las nuevas tecnologías de asistencia, de la información y de la comunicación, así como la prevención, identificación y atención temprana de la discapacidad, de manera especial en el entorno rural.
Programas de atención y cuidado personal especializado en el domicilio y servicios complementarios de acompañamiento por voluntarios.
Programas de accesibilidad universal en materia de bienes y servicios, así como adaptación de viviendas que permitan mejorar su capacidad de desenvolvimiento para dotarlas de condiciones de movilidad, habitabilidad y de comunicación.
Programas dirigidos a cubrir las necesidades específicas de personas con enfermedad mental, que cumplan los requisitos establecidos por la comunidad autónoma correspondiente según su cartera de servicios y líneas estratégicas.
Los programas dirigidos a las personas con discapacidad en situación de dependencia.
Los programas dirigidos a las mujeres con discapacidad, especialmente a aquéllas con cargas familiares o que vivan solas, así como las que viven habitualmente en municipios de ámbito rural.
Que estén establecidos los criterios sociales a aplicar para la selección de los usuarios y el régimen de aportación económica por los servicios que se vayan a recibir.
Los programas que incluyan productos de apoyo o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana y acceso a la información, deberán tener previsto el retorno de los instrumentos suministrados para su reutilización, siempre que su naturaleza lo permita.
Que en los programas referidos a adaptación y accesibilidad de viviendas los usuarios acrediten la titularidad o derecho suficiente sobre la misma o, en su caso, la autorización del arrendador, propietario o titular del derecho, siendo obligación de las entidades solicitantes la comprobación de tales extremos. Igualmente, deberá constar el compromiso de la entidad solicitante de exigir la acreditación de la residencia efectiva, así como, en su caso, de obtener las licencias y permisos pertinentes para la ejecución de la obra. Además, deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos comunes que sean de aplicación y que figuran reseñados en el punto II del presente anexo.
5.2 Centros de atención diurna, centros residenciales y viviendas tuteladas o de convivencia.– Los programas tienen como objetivo la continuación de la ejecución de las obras y dotación de equipamiento de centros subvencionados en convocatorias anteriores con cargo al IRPF.
Se podrá subvencionar inversiones nuevas, siempre y cuando se acredite que cuentan con cofinanciación ajena, para centros cuyos usuarios sean personas con discapacidad en situación de dependencia y estén vinculadas a la programación territorial y a las necesidades de nuevos recursos de la administración autonómica correspondiente.
Igualmente, comprende obras de adecuación y mejora de infraestructuras y eliminación de barreras así como reposición de equipamiento, de centros en funcionamiento que no reúnan condiciones estructurales apropiadas para el tratamiento y atención de los usuarios.
También, se incluye la dotación de vehículos adecuados y el personal de apoyo para el traslado de los usuarios, personas con discapacidad, que no puedan utilizar medios de transporte normalizado.
La realización de obras para adecuar las infraestructuras de los centros para personas con discapacidad en situación de dependencia a la respectiva normativa autonómica vigente.
Acreditar la cofinanciación ajena para inversiones nuevas, excepto para la dotación de vehículos adaptados y equipamiento.
En el supuesto de que el programa presentado suponga disponibilidad de nuevas plazas en centros residenciales, deberá documentarse la fórmula prevista para la financiación de estas plazas.
Cuando se trate de programas de obras de continuidad financiados en convocatorias anteriores, deberán acompañar una memoria sobre la ejecución del año anterior y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.
Acreditar el cumplimiento de los requisitos comunes que sean de aplicación y que figuran reseñados en el punto I I del presente anexo.
5.3 Programas de atención nocturna, servicios de respiro, y apoyo a familias que tienen a su cargo personas con discapacidad.–Los programas tienen como objetivo el apoyo y el descanso para las familias cuidadoras que tienen a su cargo personas con discapacidad, favoreciendo su permanencia en el domicilio familiar y comprenden:
Programas de intervención directa con la familia que incorporen servicios de información y orientación y servicios de apoyo psico-social.
Programas referidos a servicios de respiro, tales como servicios de acompañamiento circunstancial diurno, nocturno, en tiempo libre, en fines de semana, en periodos vacacionales, descansos en postoperatorios, y otros servicios transitorios análogos.
Programas de mantenimiento de pisos de apoyo para el alojamiento de familias desplazadas por motivos médicos.
Programas de formación a familias para la atención cotidiana de personas con discapacidad en situación de dependencia.
Los programas dirigidos a familias que tienen a su cargo personas con discapacidad en situación de dependencia.
Programas dirigidos a familias monoparentales, a mujeres con discapacidad, a familias cuyo progenitor sea persona con discapacidad y a familias en el medio rural, que tienen a su cargo personas con discapacidad.
Viviendas de apoyo al tratamiento y/o la reinserción.
Programas dirigidos a los espacios de ocio nocturno.
Programas específicos para atender a las mujeres drogodependientes por encontrarse en situación de extrema vulnerabilidad: mujeres embarazadas, prostitutas, mujeres en centros penitenciarios.
Los programas tienen como finalidad la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de aquellos grupos de la comunidad gitana en situación de exclusión social que no pueden acceder a las acciones formativas o al mercado de trabajo normalizados, en colaboración con la red pública de servicios sociales y/o de empleo, coordinados con los correspondientes Programas de Desarrollo Gitano/Planes de Inclusión Social de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres.
Programas de formación, preferentemente para mujeres y jóvenes, en especialidades adaptadas y dirigidas a potenciar el acceso de los gitanos y las gitanas al empleo, que contemplen actividades relacionadas con las competencias sociales, formación básica pre-laboral, así como información-orientación, acompañamiento y seguimiento en el proceso de inserción laboral.
Programas de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, que permitan el desarrollo de las habilidades y capacidades ocupacionales.
Programas de sensibilización al tejido empresarial sobre la igualdad de trato en el acceso al empleo.
Los programas tienen como objetivo la incorporación social y la realización de actividades que faciliten el acceso a los recursos necesarios de los grupos de la comunidad gitana más vulnerables, en colaboración con la red pública de servicios sociales y coordinados con los correspondientes Programas de Desarrollo Gitano/Planes de Inclusión de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres.
Programas de alfabetización de adultos que incluyan actividades de aprendizaje para la participación social y faciliten el acceso y el conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación.
Programas de prevención y educación para la salud, incluidas las acciones orientadas a la educación en salud sexual y reproductiva.
Programas que promuevan la sensibilización y la convivencia intercultural, así como la igualdad de trato y la no discriminación de la población gitana y la asistencia a las víctimas de la discriminación.
8. Programas para personas migrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional
Las plazas podrán ser de diferente tipología: alojamientos individuales o colectivos y se indicará el número de plazas por programa.
Programas orientados a crear y desarrollar módulos informativos introductorios a la sociedad española, que se adapten a la situación del proyecto migratorio de los interesados y de sus necesidades personales, laborales y sociales, que promuevan la convivencia ciudadana y el ejercicio de derechos.
Programas dirigidos a inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión: menores no acompañados y jóvenes, grupos monoparentales con cargas familiares, personas con discapacidad, personas de edad avanzada y personas víctimas de violencia, especialmente, mujeres víctimas de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.
Programas que promuevan la igualdad de trato y no discriminación y la asistencia a las víctimas de la discriminación.
Programas que favorezcan la inserción laboral de las personas reagrupadas.
Programas de apoyo al retorno de inmigrantes en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y mujeres víctimas de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.
Programas de fomento de la participación de los destinatarios del programa en proyectos de desarrollo en sus países de origen en el diseño de su propio proyecto de retorno.
Programas de análisis de la viabilidad de iniciativas socio-productivas que se propongan para desarrollar en los países de origen y de la realidad socio-económica y laboral de los países de retorno.
Programas de ayuda al viaje que complementen el Plan de Retorno Voluntario mediante el abono anticipado y acumulado de la prestación contributiva por desempleo reconocido a los trabajadores inmigrantes.
Reconocimiento por el Servicio Público de Empleo Estatal del derecho a percibir el abono acumulado de la prestación por desempleo y haber recibido el primer pago de dicha prestación.
8.4 Programa de asistencia a emigrantes españoles retornados.
Los programas pretenden ofrecer apoyo sanitario, psicológico, social, laboral y asesoramiento en temas de discriminación con el objetivo de contribuir a la permanencia de las personas afectadas en su propio entorno social, facilitando el seguimiento y tratamiento médico de estas personas y posibilitando su incorporación social y laboral.
Programas destinados al apoyo psico-social de personas afectadas por el VIH/SIDA sin recursos económicos suficientes, o en situación de exclusión social.
Deberán integrarse en las estructuras y servicios existentes, actuando de manera coordinada con las administraciones públicas, incluyendo servicios sociales, servicios sanitarios de atención especializada, atención primaria y salud mental, centros de atención a las drogodependencias/adicciones y programas autonómicos de VIH/SIDA, a fin de garantizar mejores resultados y que sean sostenibles llevarse a cabo.
Estos programas se dirigen a dar acogida a corto, medio y largo plazo a personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y a pacientes de sida con problemática social asociada o dificultades económicas graves, con el objetivo de proporcionarles un alojamiento digno y el apoyo bio-psico-social necesario para una incorporación social y laboral acorde a las necesidades y recursos de cada persona.
Alojamientos a personas afectadas por el VIH/SIDA con problemática social asociada o dificultades económicas graves, en tratamiento de drogodependencias a seguimiento desde las unidades de salud social correspondientes o con procesos clínicos o inmunológicos severos.
Estos alojamientos deben tener una capacidad mínima de 3 plazas y máxima de 15, no obstante, se tendrán en cuenta los criterios que cada Comunidad Autónoma establece para este tipo de servicios y la autorización expresa de los departamentos competentes en la materia.
10. Programas para las personas reclusas, ex-reclusas y sometidas a medidas alternativas
Los programas tienen como objetivo la atención personalizada de internos en régimen cerrado y en medio abierto, además de liberados condicionales, en su caso, con problemas sanitarios y de drogodependencias en el interior de los Centros Penitenciarios, en comunidades terapéuticas, unidades dependientes y pisos de acogida.
– Atención a personas con drogodependencias:
– Atención a personas afectadas por el VIH/ SIDA y otras enfermedades:
Plazas en régimen de internado a pacientes terminales.
Debe acompañarse memoria de evaluación de los resultados obtenidos, en el caso de programas que hayan estado en funcionamiento con anterioridad y no constar informe desfavorable a los mismos por parte del centro penitenciario donde se hayan llevado a cabo.
– Atención a personas afectadas por el VIH/SIDA y otras enfermedades:
Programas que faciliten la excarcelación de reclusos afectados por el VIH/ SIDA y otras enfermedades, a través de casas de acogida y/o apoyo domiciliario.
Los programas de atención a enfermos mentales, personas con discapacidad intelectual y con patología dual deben conectar a los internos y/o sus familias con los recursos del entorno (salud mental, ONG, UTT, CC.SS.MM. centros residenciales,…), coordinándose con los mismos con el fin de conseguir una continuidad de la intervención.
Debe acompañarse memoria de evaluación de los resultados obtenidos, en el caso de programas que hayan estado en funcionamiento con anterioridad y no conste informe desfavorable de los mismos por parte de los centros penitenciarios en donde se hayan llevado a cabo.
– Atención a personas con discapacidad física, intelectual y sensorial:
Los programas tienen como objetivo intervenir con los internos en las diferentes modalidades de vida que presenta el medio abierto, en secciones abiertas, centros de inserción social, unidades dependientes y extrapenitenciarias, con medios telemáticos, y además con los liberados condicionales, con el fin de cubrir e intervenir en las carencias y necesidades que presenten, como preparación a la libertad.
– Programas Ocupacionales y Formativos:
Educativos: apoyo a la enseñanza reglada.
Orientación Laboral: búsqueda de empleo, asesoramiento inserción y contratación.
– Programas de seguimiento y desarrollo laboral:
Sostenimiento y acompañamiento laboral.
– Programas en el área social:
Acogida, acompañamiento e información al interno y a la familia.
Sociofamiliares: capacidad de relación, prevención de relaciones marginales.
Recursos extrapenitenciarios: redes comunitarias.
Seguimiento de permisos.
– Programas de intervención específica:
Asunción del delito, conciencia y reparación del daño.
Mediación con la víctima.
Pensamiento prosocial, valores éticos.
Apoyo psicológico (gestión de las emociones, autocontrol, resolución de conflictos, asunción de límites).
Afectivo sexuales.
Delitos violentos (violencia familiar, de género, agresión sexual).
Gestión y técnicas del gasto/ahorro.
Debe acompañarse memoria de evaluación de los resultados obtenidos, en el caso de programas que hayan estado en funcionamiento con anterioridad y no conste informe desfavorable de los mismos del centro penitenciario donde se hayan llevado a cabo.
Los programas tienen como objetivo atender a los internos y familiares, en las necesidades que no son cubiertas por los servicios sociales de base, facilitar que las personas privadas de libertad consigan la inserción social y laboral con la aplicación de programas específicos de tratamiento, así como despertar hábitos de lectura, inquietudes intelectuales nuevas, estimular el desarrollo intelectual, social y cultural de los usuarios de las bibliotecas, e impulsar actitudes de respeto y convivencia.
– Integración Social:
Pisos de acogida para permisos de salida y liberados condicionales y definitivos.
Creación de Unidades dependientes.
– Inserción laboral:
– Fomento de la lectura en las bibliotecas de los Centros Penitenciarios:
– Programas Específicos de Tratamiento:
Violencia (género, ámbito familiar y otros).
Adicciones (drogadicción, alcoholismo, ludopatía y otras)
Debe acompañarse memoria de evaluación de los resultados obtenidos, en el caso de programas que hayan estado en funcionamiento con anterioridad y no conste informe desfavorable de los mismos por parte del centro penitenciario en donde se hayan llevado a cabo.
– Medidas de seguridad privativas de libertad:
– Medidas de seguridad no privativas de libertad:
Sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de tratamiento psicológico, con especial atención al tratamiento a maltratadores por violencia de género, en el ámbito familiar y otros similares.
– Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad:
Apoyo a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de tratamiento psicológico con especial atención al tratamiento a maltratadores por violencia de género, en el ámbito familiar y otros similares.
– Penas privativas de derechos. Los trabajos en beneficio de la comunidad:
Programas para asistencia a personas con discapacidad física, intelectual y sensorial, personas mayores y enfermos.
Proyecto específico de reeducación y/o tratamiento psicológico para aquellos penados que se les imponga, junto a la pena de Trabajo en Beneficio de la Comunidad, el seguimiento y participación en algunos de estos programas.
– Para las distintas penas y medidas:
Programas específicos de seguimiento y participación para los penados.
Programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, de educación sexual, tratamiento a maltratadores por violencia de género y en el ámbito familiar y otras similares.
Los programas tienen como objetivo atender las necesidades específicas de los extranjeros, mujeres, jóvenes, mayores y niños menores de tres años residentes en Centros Penitenciarios, Unidades de Madres y Unidades Dependientes, que faciliten su integración social y laboral.
– Atención a extranjeros:
Programas de Integración del sistema democrático español para extranjeros y lenguas oficiales según el territorio donde se desarrolle el programa para extranjeros.
– Atención a mujeres:
Programas de orientación e inserción laboral. Acompañamiento en búsqueda de empleo de penadas en tercer grado y libertad condicional.
Programas de prevención de la violencia de género y tratamiento de víctimas.
– Atención a internos jóvenes:
– Atención a internos mayores:
– Atención a niños residentes en Centros Penitenciarios y/o Unidades de Madres:
Debe acompañarse memoria de evaluación de los resultados obtenidos, en el caso de programas que hayan estado en funcionamiento con anterioridad y que no conste informe desfavorable por parte del centro penitenciario donde se hayan llevado a cabo.
Los programas deberán desarrollarse de forma transversal y contemplar acciones de carácter integral, que incluyan actividades simultáneas en las siguientes áreas de intervención: educación, formación e inserción laboral, salud, servicios sociales, justicia, vivienda y alojamiento; dirigidas a la inserción sociolaboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social.
En estos programas se establecerán, así mismo, mecanismos de coordinación y cooperación con las diferentes administraciones públicas, servicios sociales y agentes económicos y sociales de las zonas de actuación, impulsando el asociacionismo y aprovechando las redes ya establecidas, para lograr la participación de la población en los espacios institucionales y sociales.
En todos estos programas, se financiará la adquisición de inmuebles, la adecuación y mejora de centros, así como la dotación de equipamiento, siempre que se acredite una cofinanciación propia o externa.
Los programas complementarán los establecidos por las comunidades autónomas y/o ayuntamientos.
Deberán acreditar documentalmente su colaboración con los Servicios Sociales Públicos de la zona de actuación.
Los programas deberán realizarse en zonas que cuenten con una elevada presencia de personas en situación de exclusión social, barrios desfavorecidos y/o en zonas de transformación social en las que los riesgos de exclusión social sean crecientes, debiendo quedar constancia de este extremo en la memoria explicativa del programa.
Los programas tienen como objetivo establecer estrategias de carácter integral, con actividades de intervención en todas las áreas, para favorecer la rehabilitación y la progresiva incorporación social del grupo vulnerable de las personas sin hogar.
Los programas que se realicen en coordinación y en red con los dispositivos existentes de atención especializada que articulan los procesos de los itinerarios de inserción.
Los programas que incorporen actuaciones de prevención y detección de situaciones de vulnerabilidad social extrema, que puedan derivar en situaciones de exclusión residencial.
Los programas que, en el área de la vivienda, contemplen la mediación con el sector privado para el acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento, para personas en situación o riesgo de exclusión.
Los programas de creación o mantenimiento de pisos de inserción social, que proporcionen alojamiento temporal y apoyo durante el proceso de inserción socio laboral de estas personas, potenciando factores de desarrollo personal y habilidades sociales para la integración social.
Los programas de creación de dispositivos de acogida en periodo de convalecencia para personas con alta hospitalaria y enfermos terminales que carezcan de vivienda y otras redes de apoyo.
En los programas de acogida y alojamiento, se financiará la adquisición de inmuebles, la adecuación y mejora de centros, así como la dotación de equipamiento, siempre que acrediten cofinanciación propia o externa.
Los programas deberán concretar el número de beneficiarios directos, especificar los perfiles de exclusión de los usuarios y los criterios establecidos para su selección, así como las acciones concretas para la inserción social.
Los programas tienen como objetivo promover el desarrollo de la población rural, a través de acciones de carácter integral, que incidan en las comunidades rurales más vulnerables y que incluyan aspectos económicos, sociales, educativos, de formación y empleo, aprovechando los recursos existentes.
Los programas propuestos por entidades con implantación en el ámbito rural, que estén especializadas en la realización de proyectos de intervención social e información para el acceso a los sistemas de protección social, que fomenten asimismo el desarrollo local, primándose aquellos programas en que participan varias ONG consorciadas.
Los programas complementarán los establecidos por las comunidades autónomas y/o ayuntamientos y deberán contar con la participación vecinal y de los agentes autonómicos y locales de la zona de actuación.
En los programas citados anteriormente, se financiará la adecuación y mejora de centros, así como la dotación de equipamiento, siempre que acrediten cofinanciación propia o externa.
Se acreditará documentalmente la colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal o los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas, en el caso de competencias transferidas.
Los programas deberán acreditar documentalmente su colaboración con los servicios sociales públicos de la zona o territorio de actuación.
Los programas tienen como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de asumir un compromiso social y de colaborar en acciones de voluntariado, a través de entidades sociales, dando a conocer el papel del voluntariado y la labor que se desarrolla en beneficio de otras personas o grupos sociales, mediante la realización de campañas de información y concienciación, captación y fidelización, jornadas y foros de debate, trabajos de investigación, edición de materiales divulgativos, etc.
Los programas que estén desarrollados conjuntamente por varias organizaciones y que adjunten firmado un acuerdo en el que se especifiquen los términos de su colaboración, así como el uso de Internet y las redes sociales.
Los programas que acrediten la colaboración y cofinanciación de entidades privadas.
Los programas que favorezcan el desarrollo del voluntariado y la participación social de los mayores, los jóvenes, los inmigrantes y las personas con discapacidad.
Los programas que fomenten el desarrollo del voluntariado en el medio rural, se dirijan a las personas en situación de pobreza y exclusión social, y al apoyo de las víctimas de violencia de género.
Los programas tienen por objeto la formación y capacitación de los responsables del voluntariado y de los propios voluntarios, en cualquier ámbito social, la implantación de sistemas de calidad que aseguren la satisfacción de los usuarios, la mejora continua y transparencia de la gestión, así como estimular el desarrollo y fortalecimiento de estructuras de coordinación y de trabajo en red.
Los programas que prevean el desarrollo de sistemas de coordinación y de trabajo y de formación en red para la realización conjunta de actuaciones de voluntariado y fomenten la cooperación entre entidades de diferentes áreas territoriales.
Los programas que consideren la colaboración entre organizaciones sociales y empresas en proyectos para fomentar el voluntariado de sus trabajadores, acreditada mediante el oportuno acuerdo entidad-empresa.
Los programas que prevean el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información en el área de voluntariado y establezcan itinerarios formativos on line para los responsables de voluntariado.
Los programas que tengan por objeto la formación específica de los voluntarios, orientada a la adquisición de los conocimientos técnicos y de las habilidades adecuadas a las concretas necesidades de los colectivos destinatarios de su actividad.
Los programas que en el ámbito de la formación general, estén desarrollados conjuntamente por varias organizaciones y que contengan instrumentos y metodologías para el desarrollo de la calidad y de la transparencia en su gestión y organización.
Los programas que incluyan planes de calidad realizados de manera externa y que fomenten el voluntariado y la eficacia y eficiencia de los programas de la entidad.
1. Cuando se prevea la adquisición de equipamiento:
1.1 Con carácter general, presupuesto de la casa suministradora, con indicación del coste por unidad y del importe total de las adquisiciones que se pretenden realizar.
1.2 Cuando el coste del equipamiento supere los 18.000 euros, deberán aportarse como mínimo tres ofertas distintas, debiendo justificarse la elección de una de ellas.
2. Cuando se prevea la adquisición de inmuebles:
2.1 Documento acreditativo de oferta formal de compra en el que se especifiquen las características del inmueble, planos, precio y condiciones del pago.
2.2 Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
3.2 Cuando el coste de la obra supere los 50.000 euros, deberán aportarse como mínimo tres ofertas distintas, debiendo justificarse la elección de una de ellas.
En ningún caso, se considerará como cofinanciación el valor del terreno en el que se realizará la obra de construcción.
5. Cuando se trate de proyectos de obra nueva, remodelación y/o adecuación de plazas, así como de equipamiento, financiados en convocatorias anteriores, debe acompañarse certificado del director facultativo relativo a la ejecución de la obra realizada o, en otro caso, del representante legal de la entidad ejecutante relativo a las actuaciones realizadas. En ambos casos, los datos serán referidos a los gastos realizados con cargo a la convocatoria anterior, concretando las anualidades objeto de financiación.
Distribución del crédito destinado a subvenciones con cargo al I.R.P.F. 2012
Colectivo y programas
Porcentaje colectivo
• Programas dirigidos a facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
• Programas de promoción de la calidad de vida infantil y protección de los derechos de la infancia.
• Programas de equipamientos residenciales para menores en situación de dificultad y/o conflicto social y programas para la ejecución de medidas en medio abierto.
• Programas de fomento de la acogida familiar de menores y de promoción de la adopción de niños con necesidades especiales.
• Programas de orientación y/o mediación familiar y Puntos de Encuentro Familiar.
• Programas de educación familiar y parentalidad positiva.
10.858.892,03
• Actuaciones integrales que ayuden a conseguir la emancipación de los y las jóvenes, aumentando su grado de autonomía personal y su integración social.
• Actuaciones que promuevan la convivencia y la igualdad entre los y las jóvenes a través de la educación en valores.
• Actuaciones que contribuyan a la promoción de la participación social de los/as jóvenes y al desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre.
• Actuaciones que fomenten la adquisición de hábitos de vida saludable.
5.076.611,02
• Programas dirigidos a conseguir la inserción social de las mujeres que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social.
• Programas dirigidos a favorecer la incorporación de las mujeres al mundo laboral.
• Programas dirigidos a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones: violencia de género, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos contra la libertad sexual.
5.719.086,68
• Programas de atención personal, atención nocturna, servicios de respiro y apoyo a familias y adaptación de la vivienda.
• Programas de promoción y adecuación de plazas para personas mayores con dependencia en residencias de personas mayores.
• Programas de atención diurna y nocturna.
29.122.052,82
• Programas para la promoción de la autonomía personal, la adaptación de viviendas y la integración social de las personas con discapacidad.
• Centros de atención diurna, centros residenciales y viviendas tuteladas o de convivencia.
• Programas de atención nocturna, servicios de respiro y apoyo a familias que tienen a su cargo personas con discapacidad.
24.361.413,44 (*)
Personas con problemas de drogodependencia
• Programas de prevención en entornos vulnerables al consumo de drogas, especialmente de alcohol en los menores, que precisen de intervenciones específicas dirigidas a la promoción de estilos de vida saludable.
2.949.068,64
2.928.003,86
Personas migrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional
• Programas de orientación, información y acogida integral.
• Programas de reagrupación familiar y retorno voluntario.
• Programas de movilidad geográfica.
6.424.756,68
• Programas de apoyo a personas afectadas por el VIH/SIDA.
• Programas de creación y mantenimiento de alojamientos de acogida y/o de inserción social.
1.811.570,74
Personas reclusas, ex-reclusas y sometidas a medidas alternativas
• Programas de atención sanitaria y rehabilitación de internos drogodependientes, enfermos de SIDA y de otras enfermedades y con discapacidad.
• Programas para la inserción social de los internos en el medio abierto y los liberados condicionales.
• Programas para la integración social y la inserción laboral de internos en régimen cerrado.
• Programas para la colaboración en el cumplimiento de penas y medidas alternativas a la prisión.
1.885.297,45
• Programas integrales dirigidos a las personas en situación o en riesgo de exclusión social.
• Programas integrales destinados a la incorporación social de personas sin hogar y sin alojamiento digno.
9.710.861,74
Programas para la promoción del voluntariado
4.476.264,90
Fondo destinado a paliar situaciones de emergencia social
105.323.880,00
Programa Plurianual Convocatoria 2010 (3.ª anualidad)
Programa Plurianual Convocatoria 2011 (2.ª anualidad)
Crédito disponible convocatoria 2012
104.973.880,00
(*) En estos importes están incluidas las cuantías de los programas plurianuales de la convocatoria 2010 y 2011.
El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas subvencionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la convocatoria –I.R.P.F. 2012–, será el siguiente:
Pautas para su utilización.–Se utilizará siempre guardando las proporciones del modelo, en las ampliaciones o las reducciones, sin que sea preciso que figure recuadrado, debiéndose colocar en el lugar preferencial del soporte a difundir con la misma categoría que el logotipo de la organización o entidad subvencionada.