Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2018/07/el-libro-blanco-sobre-la-relacion.html
Timestamp: 2018-08-19 14:06:11
Document Index: 365957483

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 1', 'artículo 64']

Pedro de Miguel Asensio: El Libro Blanco sobre la relación futura tras el Brexit y el Derecho internacional privado
I. Convenio de Lugano
Acerca del CL como alternativa al RBIbis en las relaciones con el RU tras su retirada de la UE, cabe recordar que el RU participa en el CL en tanto que Estado miembro de la UE (art. 216.2 TFUE), lo que se corresponde con la competencia exclusiva de la UE (y la consiguiente ausencia de competencia de los Estados miembros) para concluir el CL, de acuerdo con el Dictamen 1/03, de 7 de febrero de 2006 del TJ. Por ello, el criterio ampliamente aceptado es que la retirada de la Unión implicaría en principio que el RU deje de ser miembro del CL.
La eventual participación futura del RU en el CL sería posible de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 70 y siguientes del CL. En concreto, el artículo 70.1 CL en relación con la adhesión contempla básicamente dos escenarios aquí relevantes para la adhesión al CL: que el Estado que se adhiera se haya convertido en miembro de la AELC (EFTA), supuesto en el que se aplican las condiciones previstas en el artículo 71; o que se trate de cualquier otro Estado, supuesto en el que se aplican las condiciones previstas en el artículo 72. Una diferencia fundamental es que la remisión al artículo 72 implica que cuando el Estado que solicita la adhesión no es un Estado que se haya convertido en miembro de la AELC, la adhesión solo es posible con el acuerdo unánime de todas las partes contratantes (art. 72.3 CL). Además, se prevé que la entrada en vigor del CL solo se producirá para las relaciones entre el Estado adherente –eventualmente el RU- y las Partes contratantes –como la UE- que no hayan formulado objeciones a la adhesión. Por lo tanto, salvo que el RU opte por revisar el planteamiento inicialmente expresado acerca de su no integración en la Asociación Europea de Libre Cambio, el potencial empleo del CL como alternativa al RBIbis se hallaría subordinada a la aceptación de esta posibilidad por parte de la UE.
Desde la perspectiva de la UE, cabe entender que las principales dificultades que plantea esta opción tienen que ver con el limitado ámbito de aplicación del CL y con su interpretación, junto con la exigencia de que las posiciones adoptadas por el RU en relación con su retirada sean compatibles con establecer ese marco de cooperación para las relaciones futuras con la UE. En las orientaciones adoptadas por el Consejo Europeo (Art. 50) el 23 de marzo de 2018, en las que insiste en “la determinación de la Unión de mantener una asociación tan estrecha como sea posible con el Reino Unido en el futuro” (apdo. 3) y constata que “las posiciones expresadas de manera reiterada por el Reino Unido”… “ limitan la profundidad de esa futura asociación” (apdo. 4), el Consejo alude a que en el contexto de una futura asociación “podrían estudiarse posibilidades de cooperación judicial en materia matrimonial, de responsabilidad parental y otros asuntos relacionados, teniendo en cuenta que el Reino Unido será un país tercero situado fuera del espacio Schengen y que tal cooperación requerirá sólidas salvaguardias para garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales” (apdo. 10). La referencia específica a la cooperación en este ámbito refleja la importancia atribuida por la UE a la libre circulación de personas en la relación futura con el RU, que se manifiesta en su especial interés en los instrumentos sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones en el ámbito del Derecho de familia. Aunque en principio podría pensarse que el CL no aporta nada en este ámbito, lo cierto es que de los dos principales instrumentos que se verían afectados por la salida del RU en este ámbito, los Reglamentos 2201/2003 y el Reglamento 4/2009, el ámbito de las obligaciones alimenticias al que va referido el segundo, sí está incluido en el ámbito de aplicación del CL.
Por otra parte, desde la perspectiva de la UE, se ha puesto de relieve que el limitado alcance de la competencia del TJUE para la interpretación del CL menoscabaría la interpretación uniforme de sus reglas, especialmente en las relaciones entre la UE y el RU debido a las diferencias entre sus tradiciones jurídicas (Hess). De acuerdo con el Protocolo nº 2 del CL, relativo a su interpretación, es claro que el TJUE es competente para pronunciarse sobre la interpretación del CL, pero solo “en lo que respecta a su aplicación por los tribunales de los Estados miembros” de la UE. Con respecto a los tribunales de Estados participantes en el CL pero no miembros de la UE, conforme al artículo 1 de dicho Protocolo, únicamente existe el compromiso de tener “debidamente en cuenta los principios establecidos en las decisiones relevantes sobre la(s) disposición(es) de que se trate, la(s) disposición(es) similares del Convenio de Lugano de 1988, y los instrumentos a que se refiere el artículo 64, apartado 1, del presente Convenio, dictadas por los tribunales de los Estados vinculados por el presente Convenio y por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. Salvando las distancias, cabe apuntar que la referencia a la posibilidad de “tomar en consideración” la jurisprudencia de la otra parte en la interpretación de las normas reguladoras de la futura relación entre el RU se presenta en el Libro Blanco (apdo. 33) como elemento de gran relevancia para asegurar la interpretación uniforme en su aplicación por los tribunales de la UE y del RU. En todo caso, cabe apreciar que en lo que tiene que ver con la posición del TJUE y con la garantía de una interpretación uniforme de las reglas de competencia judicial y de reconocimiento de resoluciones la mera aplicación del CL conduciría a un marco de relaciones con el RU significativamente diferente del actual.
II. Acuerdo bilateral específico UE-RU
En el Libro Blanco de julio de 2018 el Gobierno del RU, como ha quedado señalado, plantea la conveniencia de explorar la posibilidad de concluir un convenio bilateral con la UE que incluya un conjunto de normas sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones “in civil, commercial, insolvency and family matters” (apdo. 48). Por su parte, en sus directrices de 23 de marzo de 2018 el Consejo Europeo solo hace referencia en el contexto de un posible acuerdo de asociación, a la eventual cooperación judicial en materia matrimonial, de responsabilidad parental y otros asuntos relacionados. En tanto en cuanto ese acuerdo bilateral es previsible que pudiera estar orientado a mantener en la medida en que se considere adecuado elementos de la cooperación actualmente existente, podría tratar de abarcar las diferentes materias cubiertas por los instrumentos de la Unión sobre cooperación judicial civil (y mercantil) en los que participa el RU. Ahora bien, lo anterior no impide apreciar que el eventual interés de un acuerdo de este tipo, sus ventajas e inconvenientes pueden variar sustancialmente según el sector considerado, por ejemplo, no es lo mismo la unificación de las normas sobre ley aplicable, llevada a cabo mediante normas de alcance universal en los Reglamentos Roma I y Roma II, que la regulación del reconocimiento y ejecución de resoluciones, en el que la cooperación -vinculada también a las normas de competencia- a nivel bilateral presenta en principio un potencial mucho mayor. En todo caso, se trata además de una iniciativa que plantea grandes desafíos.
Como es conocido, la unificación del Derecho internacional privado se ha producido en el seno de la UE a través de una serie de Reglamentos con un alcance material limitado, de modo que la fragmentación actualmente existente puede dificultar la tarea de lograr un acuerdo específico bilateral que pretenda abarcar todas esas materias, lo que se ve acentuado por la falta de precedentes de acuerdos bilaterales en las relaciones entre la UE y terceros Estados. Sin duda una de las carencias por parte de la Unión en el ejercicio de su competencia exclusiva externa en este ámbito ha sido la falta de iniciativas para concluir convenios con terceros Estados, sin perjuicio del activo papel de la UE en ciertos foros internacionales como la Conferencia de La Haya de DIPr. Además, las dificultades inherentes al establecimiento de mecanismos para hacer frente a la imposibilidad de asegurar de manera efectiva una interpretación uniforme más allá de la UE –como es propio de los convenios internacionales con terceros Estados- deberían, llegado el caso, merecer especial atención en las negociaciones de una propuesta tan ambiciosa y basada en dar en buena medida continuidad al marco de relaciones actualmente existente, vinculado al principio de confianza mutua entre Estados miembros de la Unión. Es claro que la viabilidad de la propuesta a corto plazo suscita, como mínimo, importantes dudas, acentuadas por su falta de concreción. En todo caso, si bien un principio de base en las negociaciones por parte de la UE es que un Estado no perteneciente a la misma no puede tener los mismos derechos ni disfrutar de los mismos beneficios que un Estado miembro, al no cumplir las mismas obligaciones, es claro también que el nivel de los compromisos aceptables por parte de la UE dependerá de las posiciones finalmente adoptadas por el RU.
Cabe recordar que el Borrador de Acuerdo de Retirada –que contempla su entrada en vigor el próximo 30 de marzo con motivo de la salida del RU conforme al art. 50 TUE- prevé que se establecerá un periodo transitorio que concluirá el 31 de diciembre de 2020, así como que durante ese periodo el Derecho de la Unión, incluidos los reglamentos relativos a la cooperación judicial en materia civil y mercantil serán aplicables en las relaciones con el RU (y por los tribunales del RU) en los mismos términos –incluida la jurisdicción del TJ- que antes de la salida del RU de la Unión. En caso de existir voluntad política de concluir un acuerdo sobre las futuras relaciones entre la UE y el RU en este ámbito, pero necesitar su concreción más tiempo, una opción podría ser ampliar el periodo transitorio, si bien ello plantearía también dificultades específicas.