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Timestamp: 2014-08-02 04:28:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'Artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 21', 'artículo 173', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 173', 'Artículo 173', 'artículo 173', 'Artículo 21', 'Artículo 19', 'Artículo 18', 'Artículo 27', 'artículo 104', 'Artículo 30', 'Artículo 29', 'Artículo 3', 'Artículo 59', 'Artículo 174', 'Artículo 189', 'Artículo 190', 'Artículo 191', 'Artículo 183', 'Artículo 184', 'artículo 179', 'Artículo 11', 'Artículo 103', 'Artículo 12', 'Artículo 30', 'artículo 214', 'artículo 214', 'Artículo 214', 'artículo 213', 'artículo 213', 'artículo 214', 'artículo 214', 'Artículo 14', 'Artículo 23', 'artículo 214', 'artículo 214', 'Artículo 14', 'Artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 77']

Lex Informática Abogados, S.C. | Category | Derechos de Autor
Manuel Arredondo Cisneros
¿Qué hacer ante el citatorio de una junta de avenencia en INDAUTOR?
Posted on February 26, 2014 by Manuel Alfonso Arredondo Cisneros	Las juntas de avenencia son un medio alternativo de solución de controversias relacionadas con los derechos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor en adelante LFDA.
Dichas juntas son usadas comúnmente por las Sociedades de Gestión Colectiva en adelante SGC (SACM, ANDI, SOMEXFON, CEMPRO entre otras) o por titulares de derechos que actúan por si mismos o por medio de un representante legal, cuando alguna persona ya sea física o moral está utilizando sus derechos o los de sus agremiados o socios sin pagar la remuneración correspondiente por el uso de éstos (regalías).
En muchas ocasiones previo a la junta de avenencia han existido acercamientos por parte de estas SGC o titulares de derechos con los usuarios, sin embargo al no encontrar una respuesta positiva se ven en la necesidad de solicitar al INDAUTOR una junta de avenencia para intentar negociar el pago de las regalías correspondientes.
Dentro del acuerdo en donde se cita a una junta de avenencia viene inmerso un apercibimiento, el cual consiste en una multa que va de los 100 a 150 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en caso de no asistir a dicha junta.
El objetivo principal de dichas juntas es llegar a una negociación para el pago de dichos derechos.
Lo recomendable en caso de tener un citatorio por parte de INDAUTOR para llevar a cabo una junta de avenencia es hacer lo siguiente:
Previo a la junta de avenencia:
Verificar si dentro de nuestra actividad comercial hacemos uso de música o videos para amenizar nuestro negocio o hacemos uso de alguno de los otros derechos protegidos por la LFDA (Reservas de Derechos, Imagen de la persona retratada, uso de señales de un organismo de radiodifusión entre otros).
Revisar si tenemos o no una licencia para el uso de dicha música, videos u otros derechos contemplados en la LFDA.
Comprobar que la SGC este registrada ante el INDAUTOR y no se trate de un sindicato.
Asegurarse que el citatorio o acuerdo este dirigido a nuestra persona o empresa.
Buscar asesoría especializada en el tema, para lograr una mejor negociación.
Asistir puntualmente el día y la hora señalados para evitar una multa a nuestra persona o negocio.
Dentro de la audiencia o junta de avenencia:
Si no contamos con asesoría especializada, es necesario escuchar con atención al representante de la Sociedad o en su caso al representante del titular de los derechos para conocer con exactitud sus pretensiones. En caso de contar con asesoría especializada, el abogado que los represente al conocer la situación particular sabrá que es lo más conveniente para cada asunto.
Solicitar que se muestren los documentos con los cuales comprueba la titularidad de los derechos que reclama a su favor (muchas veces las SGC tienen los catálogos de sus agremiados o socios en sus páginas WEB y deben estar por obligación a disposición dentro de sus oficinas).
Si se tienen licencias previamente otorgadas, mostrarlas al representante de la SGC o del titular de los derechos, para comprobar el uso autorizado de los derechos.
Si no se tiene licencias y se desean adquirir, negociar con el represéntate la tarifa a pagar, es importante destacar que todas las tarifas (publicadas por el INDAUTOR y las de las SGC o de los titulares de derechos) son negociables.
En caso de no llegar a un arreglo en este primer acercamiento se puede optar por diferir la audiencia o dejar a salvo los derechos para hacerlos valer en el tiempo y por los medios que más convengan a las partes.
Como podemos observar se trata de un procedimiento de amigable composición, en donde las partes pueden llegar a una negociación, sin necesidad de agotar un procedimiento litigioso, ya sea administrativo o judicial.
La recomendación mayor no puede ser otra que el respeto a los derechos de los terceros (autores, artistas, organismos de radiodifusión, productores de fonogramas o videogramas, editores de libros, entre otros) y que mejor que pagando sus regalías, recuerda que los autores con su arte le dan sentido a la vida.
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| Diferencias entre Derechos de Autor y Reservas de Derechos al uso Exclusivo. Análisis de un caso en concreto.
Posted on January 30, 2014 by Manuel Alfonso Arredondo Cisneros	Datos de localización de la sentencia:
Juicio de Amparo Directo: D.A. 811/2012
Mediante el siguiente análisis de la sentencia enumerada en el epígrafe del presente se intenta dar a conocer una serie de irregularidades en las cuales algunos de nuestros más altos tribunales (jerarquía) han caído en materia de derecho intelectual, para lo cual se ha dividido en tres etapas la primera refiere los antecedentes que llevaron a la parte agraviada a interponer el juicio de amparo directo; la segunda muestra la motivación de la sentencia en la cual se detallan las consideraciones que realizó sobre el caso el Tribunal Colegiado antes enunciado, y en la tercer etapa se da al lector un panorama más amplio sobre las figuras involucradas en la sentencia antes referida.
Por escrito presentado el día 12 de julio de 2012, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, por derecho propio, promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fecha 8 de junio de 2012, dictada por la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, dentro del juicio contencioso administrativo federal número 1837/10-EPI-01-9.
Dicho escrito de amparo directo fue admitido en fecha 20 de noviembre de 2012 por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
La parte actora consideró violadas las garantías constitucionales enumeradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la motivación de la sentencia el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mencionó lo siguiente:
“SEPTIMO… El punto toral a dilucidar en el presente asunto es establecer lo qué se debe entender por la facultad de usar y explotar, la reserva de derechos en controversia, dado que el quejoso señala que para que se diera el uso de la reserva controvertida es necesario que el actual titular de la reserva de derechos, se hubiese caracterizado del personaje ******** a fin de demostrar las características físicas del mismo y mediante la actuación, las características psicológicas, es decir luchando y no posando en revistas, pues insiste el quejoso, que no hay otra forma de usar el personaje más que dándole vida al mismo. Ahora bien, es importante establecer el marco normativo del Derecho de Autor, para lo cual se transcriben los artículos 11,21, 27 y 29 de la Ley Federal de Derecho de Autor, los cuales disponen:…”
“… De acuerdo a los preceptos citados, los derechos de autor, protegen a) derechos morales y, b) derechos patrimoniales; siendo que los primeros son conferidos de manera primigenia al autor como perpetuo titular de éstos, teniendo el carácter de inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, asimismo, el ejercicio de los derechos morales corresponde al creador de la obra y a su herederos y en ausencia de éstos corresponderán al Estado; por su parte los derechos patrimoniales permiten la explotación de las obras literarias o artísticas al autor heredero o adquirente por cualquier título…”
“… Por su parte, el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor prevé: ´Artículo 173.- La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:
[..]´. Del contenido del precepto citado se aprecia que la reserva de derechos es la facultad de usar y la facultad de explotar de forma exclusiva, título, nombre, denominaciones, características físicas, y psicológicas distintivas o características de operación originales, aplicados de acuerdo a su naturaleza, a diversos géneros en el que encontramos a los personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos.
La reserva de derechos , entendida como una categoría más de derechos de autor, protege la materia intangible, siendo ésta la idea creativa o artística y cuya naturaleza es la de derechos morales; y por otro lado, de carácter patrimonial derivado de su materialización.
De tal suerte, corresponde al autor una dualidad de derechos en relación a su carácter subjetivo y otro atendiendo a la cuestión objetiva en la que se plasma su idea creativa de manera tangible; contando así, por un lado, con derechos patrimoniales, a través de los cuales puede obtener beneficios de naturaleza económica, como la cesión de derechos por su reproducción; a obtener regalías o por su venta como un bien material; así como derechos de naturaleza moral, tales como la integridad y paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación.
Lo anterior permite establecer, que en relación con LA RESERVA DE DERECHOS los derechos morales son aquellos que permiten a los autores el uso y disfrute de los mismos, y los derechos patrimoniales permiten la explotación de las obras literarias y artísticas al autor, heredero o adquirente por cualquier título…”
“… Esta connotación que le da la Sala del conocimiento, se comparte por este Tribunal, en sentido de que, ‘la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar’, se refiere propiamente a la utilización del personaje, esto es a la facultad de usar y disfrutar, entendido como derecho moral y la facultad de explotar como un derecho patrimonial; en el primero no existe una cuestión de lucro y en el segundo relativa a la explotación sí.
Luego, de la interpretación del hoy quejoso, le pretende otorgar a la parte del artículo 173 de la Ley Federal de Derechos, es incorrecta cuando señala que: ‘la reserva de derechos es la facultad de usar…’ se debe entender al uso liso y llano que debió de haber efectuado el titular de la reserva; cuando lo cierto es que, la facultad de usar se refiere a la capacidad del titular de usar y disfrutar la reserva de derechos, como titular de derechos morales, en términos del artículo 21 de la Ley Federal de Derechos de autor, pues en todo tiempo tiene la facultad de:
V. Retirar su obra del comercio, y VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.
Por lo tanto, es infundado el concepto de violación del quejoso cuando señala que no hay prueba alguna de la que se desprenda que el señor ********** se caracterice de ********, que luche o haya luchado en algún momento; porque como antes se dijo, el artículo 173 de la Ley Federal de Derechos, cuando señala ‘la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar’, no se refiere al ‘uso’ en el sentido liso y llano, sino se refiere a la capacidad de usar y disfrutar tal prerrogativa, en su carácter de titular de derechos morales, o como lo dijo la Sala, la facultad de usar es servirse del personaje, sin que exista la condición de obtener ganancias.
De manera que dicha facultad de usar y disfrutar, se refiere a la capacidad del titular de la reserva de derechos, de determinar la divulgación de su obra, exigir el respeto a su obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación, incluso modificar su obra, derecho que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el autor es el perpetuo titular de éstos, teniendo el carácter de inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables…”
“… Bajo este contexto, debe decirse que el autor de la reserva de derechos que nos ocupa, tiene la facultad de exigir el respeto a la integridad de la obra, la paternidad de la misma y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación como artista, derivados de la integridad de la obra, en términos de los derechos morales que le asisten como derecho de autor; aquí está inmersa la ‘facultad de usar’, y no en la connotación lisa y llana que señala el quejoso…”
Es importante destacar que la Litis en el presente caso es dilucidar qué se entiende por uso y explotación de una Reserva de Derechos al uso Exclusivo sobre un personaje humano de caracterización. Sin embargo de la transcripción anterior podemos deducir que el Tribunal Colegiado de Circuito confunde dos figuras jurídicas las Reservas de Derechos al uso Exclusivo y el derecho de autor.
Por un lado, tenemos al derecho de autor y por el otro las Reservas de Derechos al uso Exclusivo. Al primero el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor lo define como: “Artículo 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.” (Negritas nuestras) Del numeral antes transcrito podemos advertir que el Estado Mexicano reconoce a los autores de obras literarias y artísticas determinados derechos (privilegios) de carácter personal[1] mismos que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, irrenunciables[2] y perpetuos[3] a su vez concede a los autores derechos patrimoniales[4] o económicos los cuales a diferencia de los morales si se pueden transferir a terceros[5] y tienen una vigencia de la vida del autor más 100 años a partir de la muerte de éste.[6]
En cuanto a las Reservas de Derechos al uso Exclusivo, éstas se encuentran reguladas en el Título VIII, Capítulo II de la Ley Federal del Derecho de Autor, denominado De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, las cuales se definen en el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor de la siguiente forma: “Artículo 173.- La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros: I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente; II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse; III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.” Como podemos observar del artículo antes transcrito el objeto de protección de una Reserva de Derechos al uso Exclusivo es totalmente diverso al del Derecho de Autor, toda vez que éste protege las obras creadas por autores y las Reservas de Derechos al uso Exclusivo protegen títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicadas a los distintos géneros de éstas, a cuyos titulares les otorga un derecho de uso y explotación de forma exclusiva.
Las principales diferencias que existen entre las Reservas de Derechos al uso Exclusivo y el Derecho de Autor son en primer lugar el objeto de protección ya que el derecho de autor protege obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones en términos de los artículos 3, 5, 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en cambio la Reservas de Derechos al uso Exclusivo en general protegen otras creaciones intelectuales de conformidad con los géneros previstos en el artículo 173 de la Ley Autoral Mexicana como otro derecho de propiedad intelectual con un tratamiento jurídico diverso al derecho de autor, otra de sus diferencias la encontramos en los efectos de sus registros, toda vez que el registro de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor[7] tiene efectos meramente declarativos[8] en cambio el registro de una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo tiene efectos constitutivos,[9] de igual forma la vigencia de los derechos en ambas figuras es distinta como quedó asentado en párrafos precedentes tratándose del Derecho de Autor existe una dualidad en los elementos que lo integran, los derechos morales y patrimoniales, los primeros son perpetuos e imprescriptibles y los segundos tienen una vigencia de la vida del autor más 100 años, en cuanto a las Reservas de Derechos tratándose de Publicaciones y Difusiones periódicas será de 1 año a partir de su otorgamiento[10] por lo que hace a los nombres artísticos, personajes y promociones publicitarias serán, de 5 años[11], todas las anteriores con excepción de las promociones publicitarias pueden ser renovadas por periodos sucesivos iguales,[12] otro aspecto importante a tratar son los medios de impugnación existentes para ambas figuras, toda vez que la impugnación de un certificado de Registro de Obra se lleva a cabo ante los Tribunales Federales del Poder Judicial, en cambio las reservas de derechos al uso exclusivo pueden impugnarse mediante un proceso de nulidad[13] o cancelación[14] según sea el caso, ante la Dirección de Reservas de Derechos[15] del Instituto Nacional del Derecho de Autor,[16] por último consideramos importante la diferencia que existe en la titularidad sobre ambas figuras tratándose de los derechos morales de autor siempre será una persona natural[17] y para el caso de los patrimoniales será el mismo autor de forma primigenia pero puede transferirlos inter vivos mediante contratos[18] a terceros, ya sean personas naturales o jurídicas y mortis causa a sus herederos, los cuales pueden a su vez transferirlos a terceros tal y como lo haría el autor en vida o excepcionalmente pasaran al Estado, por lo que hace a las Reservas de Derechos al uso Exclusivo estas pueden tener como titulares a las personas naturales o jurídicas, y pueden cederse en cualquier momento durante su vigencia a terceros.
De las diferencias antes enunciadas que existen entre ambas figuras jurídicas llegamos a la conclusión de que si bien éstas se encuentran en la misma Ley (Ley Federal del Derecho de Autor), son totalmente distintas, por lo tanto consideramos que el Tribunal Colegiado se confunde al momento de resolver el amparo directo, ya que otorga o reconoce derechos inexistentes al titular de una Reserva de Derechos al uso Exclusivo, los cuales pertenecen únicamente a los autores (creadores de obras literarias o artísticas) como ha quedado asentado en el presente trabajo.
[1] Artículo 21.- Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo: I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita; II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima; III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor; IV. Modificar su obra; V. Retirar su obra del comercio, y VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.
[2] Artículo 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
[3] Artículo 18 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
[4] Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir: I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar. II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras: a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas; b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas, y c) El acceso público por medio de la telecomunicación; III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por: a) Cable; b) Fibra óptica; c) Microondas; d) Vía satélite, o e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse. IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley; V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización; VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley.
[5] Artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
[6] Artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
[7] Artículo 3.- Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.
[8] Artículo 59 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor: El Registro se considera de buena fe y la inscripción comprenderá los documentos que, bajo protesta de decir verdad, presenten los promoventes. Las inscripciones y anotaciones hechas ante el Registro son declarativas y establecen una presunción legal de titularidad en favor de quien las hace, pero no son constitutivas de derechos.
[9] Artículo 174.- El Instituto expedirá los certificados respectivos y hará la inscripción para proteger las reservas de derechos a que se refiere el artículo anterior.
[10] Artículo 189.- La vigencia del certificado de la reserva de derechos otorgada a títulos de publicaciones o difusiones periódicas será de un año, contado a partir de la fecha de su expedición. Para el caso de publicaciones periódicas, el certificado correspondiente se expedirá con independencia de cualquier otro documento que se exija para su circulación.
[11] Artículo 190.- La vigencia del certificado de la reserva de derechos será de cinco años contados a partir de la fecha de su expedición cuando se otorgue a: I. Nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos; II. Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, o III. Denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias.
[12] Artículo 191 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
[13] Artículo 183.- Las reservas de derechos serán nulas cuando: I. Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otra previamente otorgada o en trámite; II. Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el reglamento, sean esenciales para su otorgamiento; III. Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva, o IV. Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de este capítulo.
[14] Artículo 184.- Procederá la cancelación de los actos emitidos por el Instituto, en los expedientes de reservas de derechos cuando: I. El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violación a una obligación legal o contractual; II. Se haya declarado la nulidad de una reserva; III. Por contravenir lo dispuesto por el artículo 179 de esta Ley, se cause confusión con otra que se encuentre protegida; IV. Sea solicitada por el titular de una reserva, o V. Sea ordenado mediante resolución firme de autoridad competente.
[15] Artículo 11 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor: Son atribuciones del Director de Reservas de Derechos: … VI. Admitir o desechar, substanciar y resolver, las solicitudes y procedimientos de declaración administrativa de nulidad o cancelación de reservas, promovidos por los usuarios, y, cuando proceda, iniciar los mismos de oficio o a petición del Ministerio Público de la Federación…
[16] Artículo 103.- El Instituto, como autoridad administrativa en materia de derechos de autor, tendrá las siguientes facultades:… X. Substanciar las declaraciones administrativas de cancelación y nulidad…
[17] Artículo 12.- Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística.
[18] Artículo 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes. Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho.
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| Comentario a tesis de jurisprudencia (aislada) sobre la competencia en la impugnación de un registro de obra
Posted on January 18, 2014 by Manuel Alfonso Arredondo Cisneros	“Novena Época, Registro: 168156, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.1o.A.169 A, Página: 2682.
DERECHOS DE AUTOR. COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN QUE SE IMPUGNE LA INSCRIPCIÓN DE UNA OBRA EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.
El artículo 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor, sin denominarla expresamente, prevé una acción para poder impugnar una constancia, anotación o inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor, estableciendo una competencia exclusiva a favor de los tribunales federales para conocer de dichas controversias, en las que el Instituto Nacional del Derecho de Autor deberá tener necesariamente el carácter de parte demandada. Interpretada la norma citada junto con los artículos 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 24, fracciones IV y VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establecen, por un lado, la competencia específica de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa para conocer de aquellas controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas y, por el otro, que por razón de territorio es tribunal competente el del domicilio del demandado tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales, así como el del lugar en que se hizo una inscripción en el Registro Público de la Propiedad; de ahí que cuando la acción que se entable no tenga más objeto que decretar su cancelación, es indudable que tales juzgadores tienen competencia para resolver esa clase de asuntos, resultando innecesario, atento a los principios de primacía y especialidad de la ley, acudir a fuentes diversas de derecho para dilucidar a qué órgano jurisdiccional corresponde el conocimiento de dichos juicios.” (Énfasis agregado)
Amparo directo 191/2008. Productos Milken de México, S.A. de C.V. 11 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.”
De la tesis anterior podemos desprender que la vía idónea para la impugnación exclusivamente de una inscripción de obra en el Registro Público del Derecho de Autor es la judicial, a través de los jueces de distrito en materia administrativa, lo anterior derivado de una interpretación armónica del Título XI, Capítulo I denominado Del Procedimiento ante autoridades Judiciales, en específico del artículo 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor que reza lo siguiente: Artículo 214 En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte el instituto y solo podrán conocer de él los tribunales federales. Del anterior artículo se desprende que el legislador decidió que los actos administrativos emitidos por la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor tratándose de constancias, anotaciones o inscripciones sean impugnadas por una sola vía la judicial y no la administrativa, y sin que sea materia concurrente como ocurre con el artículo 213 del mismo ordenamiento, es decir sólo a nivel federal, toda vez que en el texto de dicho artículo aparece la frase “solo podrán conocer de él los tribunales federales”, refiriéndose de conformidad con la denominación del capítulo I, del Título XI estrictamente a las autoridades judiciales, como se podrá observar en los demás artículos que integran el capitulado (artículo 213 a 216 bis) que regulan las acciones civiles concurrentes, las competencia penal federal, la obligación de dar aviso al Instituto Nacional del Derecho de Autor de cualquier juicio y la reparación del daño.
Al respecto, el actual artículo 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor, vigente desde el 24 de marzo de 1997, tuvo como antecedentes los previstos en:
LEY O DECRETO
TÍTULO O CAPITULO
Ley Federal Sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1948, en vigor desde el día 29 de enero de 1948.
Capítulo VIDe los tribunales y procedimiento
En todo juicio de nulidad de registro será parte la Secretaria de Educación Pública y solamente podrá conocer de ellos los Tribunales Federales.
Ley Federal Sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1956, en vigor desde el 30 de enero de 1957.
Capitulo VIIIDe las competencias y procedimientos
En todo juicio de nulidad de una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte la Secretaria de Educación Pública y solo podrán conocer de ellos los Tribunales Federales.
Decreto de reformas y adiciones a la Ley Federal Sobre el Derecho de Autor de fecha 21 de diciembre de 1963 que cambió su denominación por Ley Federal de Derechos de Autor, en vigor desde 22 de diciembre de 1963.
Capítulo IXDe las competencias y procedimientos
En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte la Secretaria de Educación Pública y sólo podrá conocer de él los Tribunales Federal
Del cuadro comparativo anterior, podemos observar que el legislador siempre ha considerado como única autoridad competente para la impugnación de una constancia, anotación o inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor a los tribunales federales del Poder Judicial, toda vez que desde 1948 se definió la competencia exclusiva para conocer de una acción de impugnación del acto administrativo registral, sin que el actual artículo 214 de la Ley disponga un término o plazo para proceder con la acción ante un Juez de Distrito.
No obstante la claridad de la norma y definición de la competencia mediante la tesis transcrita, en la actualidad se ha permitido, aceptado o tolerado una vía diversa para impugnar una constancia, anotación o inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor, que es la acción administrativa mediante el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Actualmente la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual (en adelante SEPI) admite competencia para conocer de impugnaciones relacionadas con actos administrativos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, como lo es el registro de obras que realiza la Dirección de Registro Público del Derecho de Autor, fundando su actuar en la Ley Orgánica de dicho Tribunal (Artículo 14, Fracción XI[1]) y en su Reglamento Interior (Artículo 23[2]) lo que podría ser cuestionable por diversos motivos, ya que si bien es cierto en su Ley Orgánica y Reglamento Interior se faculta a dicho Tribunal para conocer de actos administrativos emitidos por instituciones pertenecientes a la Administración Pública Federal, como lo es el INDAUTOR, no menos cierto es que la Ley Especial, en este caso la Ley Federal del Derecho de Autor a través de su artículo 214, establece competencia a favor de los tribunales federales judiciales para la impugnación de una constancia, anotación o inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor[3].
De acuerdo con lo anterior, consideramos que la SEPI tiene competencia para conocer de actos administrativos emitidos por el INDAUTOR[4], cuya afectación es directa para quien realiza un trámite como son las negativas o desechamiento a una solicitud de registro de obra, contrato, otorgamiento de reserva de derecho al uso exclusivo o asignación de números ISBN e ISNN, o por una resolución que no resulte favorable en un procedimiento de nulidad o cancelación de una reserva de derechos, de una declaración administrativa de infracción en materia de derechos de autor, de un recurso de revisión o en la emisión de una tarifa general o posiblemente hasta por la autorización o revocación de una sociedad de gestión colectiva, pero no en el caso específico de la emisión de certificado de registro de obra o una anotación marginal al mismo.
Para todos los casos enlistados cuya impugnación sin duda alguna es competencia de la SEPI, la parte interesada (solicitante del trámite o procedimiento, o contraparte en el procedimiento instaurado ante el INDAUTOR) tendrá el término de 45 días hábiles para promover el juicio contencioso administrativo federal, situación diversa y de la cual no es posible establecer un término, es la que se presenta con toda aquella persona cuyo interés jurídico es invalidar en su caso, el registro de una obra emitido en favor de un tercero.
Por lo tanto llegamos a la conclusión de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para conocer de las impugnaciones mencionadas en el artículo 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor, toda vez que la Ley Federal del Derecho de Autor es jerárquicamente superior a la Ley Orgánica de un Tribunal y a un Reglamento Interior, además de ser ésta una Ley Especial en materia de derechos de autor, misma que contiene los principios y lineamientos sobre la materia, pensar lo contrario se estaría en contra de la propia constitución del orden jurídico[5][6]. [1] Artículo 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
XI.- Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo…
[2] Artículo 23.- El Tribunal contará con una Sala Regional especializada en materia de propiedad intelectual, que se denominará “Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual”, con competencia en todo el territorio nacional y sede en el Distrito Federal.
Esta Sala Especializada tendrá competencia material para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 14, fracciones XI, XII XIV, penúltimo y último párrafos de la Ley, dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual, o que tengan alguna injerencia en las citadas materias.
[3] Para conocer de la naturaleza jurídica del Registro de Obras del INDAUTOR ver: Guerra Zamarro, Manuel, “Las Funciones Registrales del Instituto Nacional del Derecho de Autor”, Obra conmemorativa del 75 Aniversario de la Ley de Justicia Fiscal, México, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2011, t. IV, pág. 188.
[4] Arteaga Alvarado, María del Carmen “Competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia autoral”, Revista Mexicana del Derecho de Autor, México, Año 1, Núm. 1, Vol. 1, Abril-Junio, 2001, pp. 14 y 15.
[5] Tamayo y Salmorán, Rolando, “Interpretación Constitucional, La falacia de la Interpretación cualitativa” en Vázquez, Rodolfo (Comp.), Interpretación Jurídica y Decisión Judicial, 8va reimpresión, México, Fontamara, 2008, pp. 104-114.
[6] Ver: Tesis Aislada: Novena Época, registro 177210, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX , Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 1529. “PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA. DEBEN RESPETARLO LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS O ADMINISTRATIVAS PARA SU VALIDEZ EN CASOS DE APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN O INTEGRACIÓN.”
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| La batalla contra el porno de la venganza.
Posted on January 13, 2014 by Joel A. Gómez Treviño	La mezcla de los vertiginosos avances tecnológicos con relaciones humanas cada vez más abiertas y desinhibidas puede traer consecuencias desastrosas, especialmente para las mujeres. Se conoce como “porno de la venganza” a la publicación en internet de fotos y videos de carácter sexual de una pareja o expareja. Este material normalmente va acompañado de datos de identificación (nombre y lugar de trabajo), de contacto (email y teléfono) y perfiles de redes sociales (cuentas de Facebook y Twitter) de la persona que aparece a cuadro.
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| El mundo del entretenimiento en la Ley Federal del Derecho de Autor.
Posted on January 10, 2014 by Manuel Alfonso Arredondo Cisneros	El mundo del entretenimiento se encuentra conformado por aquel conjunto de empresas e instituciones cuya principal actividad económica es la producción de cultura de forma masiva y en serie basada en la repetición constante de unos esquemas básicos que muestran una serie de situaciones y modelos irreales e inaccesibles en la gran mayoría de los casos; todo ello con una finalidad lucrativa entre los cuales encontramos a la televisión, la radio, los diarios y revistas, el cine, el teatro, la danza, la música entre otros.
Dicho mundo del entretenimiento está plasmado en distintas figuras jurídicas, de las cuales muchas de ellas se encuentran contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor vigente. Por ello es tan importante como necesario su conocimiento por parte de los integrantes de este gremio, para de esta manera poder proteger y explotar al máximo sus derechos. Cabe mencionar que dentro de este ámbito se encuentran autores, compositores, productores, actores, intérpretes, ejecutantes, organismos de radiodifusión, productores de videogramas y de fonogramas entre otros.
Sin duda el derecho de autor se encuentra inminentemente inmerso dentro del entretenimiento debido a la amplia cantidad de elementos que se manejan en ese ambiente; en él, se encuentran las obras, las cuales son protegidas desde el momento en que éstas se fijan en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión, otorgando a su creador diversas prerrogativas de carácter moral y económicas.
Las obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor son: literaria, musical con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica (obras audiovisuales), programas de radio, televisión, programas de cómputo, fotográfica y obras de arte aplicado (que incluyen el diseño gráfico o textil y de compilación).
Las prerrogativas otorgadas a las obras antes descritas son de tipo moral y económico. Las primeras (carácter moral) contemplan el respeto a la integridad de la obra (si ésta ha de ser divulgada o no y que se le otorgue la calidad de autor a su creador). Estas prerrogativas son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables y perpetuas.
Hablando de las de tipo económico están la de autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición, la comunicación pública, transmisión pública o radiodifusión, distribución entre otras. Estas tienen una vigencia de la vida del autor (más cien años después de su muerte), siendo al igual que las de carácter moral irrenunciables pero si transmisibles.
Por otro lado encontramos los denominados derechos conexos vecinos o afines. Son aquellos que tienen intima relación con el derecho de autor pero que no conforman obras, más bien son el medio por el cual se dan a conocer muchas de ellas; quienes los poseen son los actores, intérpretes o ejecutantes y es a través de éstos que los autores de obras intelectuales, tales como las dramáticas, musicales, dancísticas, cinematográficas o de programas de radio y televisión se dan a conocer por medio ya sea de su actuación en el caso de una obra dramática, de la interpretación de una obra musical o simplemente de la transformación de acordes musicales a sonidos por parte de un ejecutante.
Del mismo modo que a los autores, los titulares de derechos conexos gozan de protección por parte de la Ley Federal del Derecho de Autor. De entre los cuales se puede mencionar el derecho que tiene un actor, intérprete o ejecutante a la integridad de su actuación, interpretación o ejecución de una obra, asimismo a ser reconocido como el actor, interprete o ejecutante de ésta y a percibir regalías por las mismas.
En ese sentido, otros derechos conexos que contempla la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana se inclinan a favor de los editores de libros, para los cuales consagra derechos como son:
• El autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros.
• La importación de copias de sus libros hechas sin su autorización.
• Y la primera distribución pública del original y de cada ejemplar de sus libros, mediante venta u otra manera.
De la misma forma ofrece protección a los productores de fonogramas, a los cuales otorga derechos como el autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la explotación de éstos de forma directa o indirecta, la importación de copias de fonogramas hechas sin su autorización, la distribución pública del original y cada ejemplar del fonograma mediante venta u otra manera incluyendo su distribución a través de señales o emisiones, la adaptación o transformación del fonograma, el arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, aún después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado este derecho a su favor los autores o los titulares de los derechos patrimoniales.
Por lo antes descrito dicha protección abarca a los productores de videogramas otorgando a su favor la facultad de autorizar o prohibir la reproducción, la distribución y la comunicación pública de éstos.
En el caso de los organismos de radiodifusión, la Ley Federal del Derecho de Autor otorga protección a éstos, facultándolos para autorizar o prohibir respecto de sus emisiones la retransmisión, la transmisión diferida, la distribución simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema, la fijación sobre una base material, la reproducción de las fijaciones y la comunicación pública por cualquier medio y forma con fines directos de lucro.
Otra figura relacionada con el entretenimiento es la denominada Reserva de Derechos al Uso Exclusivo consistente en la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:
• Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;
• Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;
• Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;
• Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y
• Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección
tendiente a promover u ofertar un bien o servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio (se exceptúa el caso de los anuncios comerciales).
Es importante destacar que esta figura jurídica es única a nivel mundial e involucra aspectos culturales e industriales, su principal función consiste en proteger a las publicaciones y difusiones periódicas, nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, personajes humanos de caracterización, personajes ficticios o simbólicos así como a las promociones publicitarias.
En este artículo solamente nos enfocaremos al análisis de las publicaciones y difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización ficticios o simbólicos y a las personas o grupos dedicadas a actividades artísticas debido a su estrecha relación con el mundo del entretenimiento.
Por ello debemos resaltar que si bien es cierto la figura jurídica de la reserva de derechos suele ser considerada similar a las marcas, su naturaleza y ámbito de protección es distinto. Esto debido a que la reserva va enfocada a la protección desde el punto de vista cultural y la marca es meramente comercial e industrial (en la cual no se toma en consideración el aspecto cultural e intelectual de la misma a diferencia de las reservas de derechos).
No obstante que con el paso del tiempo las reservas de derechos se han vuelto comerciales, no es este el objetivo principal de dicha figura, de ahí su integración a la Ley Federal del Derecho de Autor y no a la Ley de la Propiedad Industrial, la cual como su nombre lo indica va enfocada a proteger derechos intelectuales utilizados en la industria.
Empezaremos entonces por las publicaciones periódicas. Estas se encuentran relacionadas con el mundo del entretenimiento (periódicos, revistas, guías entre otras), toda vez que son el medio escrito y tangible por el cual se dan a conocer diversas noticias de lo que pasa alrededor del entretenimiento y tiene por objeto proteger el título que el editor de las mismas les ha deseado otorgar; sin duda alguna las mencionadas tiene que ver con la creatividad de éste y tiene la función de diferenciarlo de los demás que se encuentran en el mercado, dicho título debe ser por lo más vistoso y distinto de otros de su mismo género y especie. A estos títulos la Ley Autoral mexicana otorga una protección de un año pudiendo ser renovados por periodos iguales de manera indefinida siempre y cuando se realice la comprobación fehaciente de dicho título ante la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, la cual consiste en presentar ejemplares de las publicaciones en donde sea inmediatamente percibido dentro de las portadas de las mismas el título reservado para así cumplir su función como tal. Es dable destacar que el espíritu de esta reserva en particular fue que la misma sea obtenida por los editores, ya que estos son los que realizan la edición de publicaciones periódicas, sin embargo la misma puede ser obtenida por cualquier persona ya sea natural o jurídica.
En el caso de las difusiones periódicas, dentro de las cuales encontramos a los programas de radio y de televisión así como a las difusiones vía red de cómputo, en cuanto a la protección que ofrece la Ley Federal del Derecho de Autor, a éstas les otorga exclusividad sobre el título de la misma, su vigencia será de un año y puede ser sujeto a renovación por periodos iguales siempre y cuando sea comprobado su uso fehaciente ante la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Cabe resaltar que esta figura jurídica va dirigida a los organismos de radiodifusión ya sea análogos o por internet y por lo tanto son quienes pueden utilizar dichas reservas de derechos, no obstante que el solicitante puede ser cualquier persona física o moral.
Por su parte, en lo que hace referencia a los nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, esta tiene por objeto dar exclusividad sobre el nombre o la denominación reservada a personas que se encuentren desarrollando una actividad artística (pueden ser los propios autores de obras artísticas, así como los actores, intérpretes y ejecutantes) que a través de su actividad den a conocer sus nombres que no necesariamente son el real sino por el contrario suelen ser nombres derivados de su creación intelectual y que sirve además para diferenciarlos de otras personas que se dediquen al mundo artístico. Para este tipo de reservas de derechos la Ley Autoral mexicana brinda protección y exclusividad sobre los mismos durante un periodo de cinco años (el cual al igual que en las publicaciones y difusiones periódicas es renovable por periodos iguales de manera indeterminada previa comprobación fehaciente del uso de la denominación reservada tal y como fue otorgada).
Tratándose de reservas de derechos que protegen a los personajes ya sea humanos de caracterización, ficticios o simbólicos, la Ley Federal del Derecho de Autor brinda protección no solo a los nombre de éstos sino también a las características físicas y sicológicas de los mismos entendiendo por las primeras los rasgos físicos, faciales, color de cabello, color de ojos, raza, edad, sexo, vestuario, colores, entre otras y por sicológicas aquellas que tengan que ver con el comportamiento o la forma de ser del personaje verbigracia si es entusiasta, depresivo, alegre, melancólico, violento, valiente, enojón entre otras. En el caso de estas reservas de derechos la Ley Autoral brinda exclusividad y protección durante cinco años los cuales al igual que en las reservas de derechos antes mencionadas son renovables por periodos iguales de manera indefinida siempre y cuando se demuestre el uso de dicho nombre y características físicas y sicológicas de manera fehaciente independientemente del área en que se esté utilizando. Es imprescindible conocer que tratándose de este tipo de reserva la misma puede ser objeto de protección por el derecho de autor debido a que muchos de los personajes surgen de una obra de dibujo o de diseño gráfico y dicha protección es independiente a la otorgada por la reserva de derechos.
Del mismo modo en todas las reservas de derechos la comprobación ya sea de títulos, denominaciones o nombres así como de características físicas y sicológicas debe de ser tal y como fue reservado lo cual es, que si en la solicitud de reserva se presento un tipo de letra, gramática, colores, características físicas y sicológicas estas no deben cambiar o variar al igual que su uso. Ejemplificando, tratándose de publicaciones y difusiones periódicas son reservados los títulos, en éstas debe ser observado cumpliendo con su función (que es la de diferenciar a dichas publicaciones y difusiones del resto) ya que de lo contrario no se podrá obtener la renovación de la misma porque no se estaría cumpliendo con la condición de que debe ser utilizado tal y como fue reservado y será motivo de una negativa de renovación del título.
Por último abordaremos el tema del derecho de imagen consistente en los rasgos físicos que permitan saber la identidad de una persona física y constituye un derecho personalísimo. Es importante enfatizar que la Ley Federal del Derecho de Autor no lo define como tal, solo lo contempla como una causal de infracción en materia de comercio el utilizar la imagen de una persona sin su autorización, del mismo modo es menester precisar que dichas infracciones en materia de comercio no son substanciadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor sino por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este derecho de imagen no es único para personas que se dediquen a alguna actividad artística sino para cualquier ciudadano que sienta afectados sus derechos por parte de algún tercero que utilice su imagen sin importar en que medio lo haga.
El anterior artículo es una explicación breve sobre algunas de las figuras jurídicas contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, las cuales se encuentran inmersas en el entretenimiento y pueden ser observadas día con día sin siquiera percatarnos que las mismas se encuentran protegidas y contienen derechos a favor de sus titulares. Por lo anterior espero que este artículo sirva de guía para todos aquellos titulares o público en general para que reconozcan y respeten los derechos de cada uno de los que intervienen dentro de este fabuloso y apasionante rama del derecho, el derecho intelectual.
| Registro de obra en materia penal, necesario de hecho no de derecho.
Posted on January 3, 2014 by Manuel Alfonso Arredondo Cisneros	Hace tiempo leyendo una revista especializada en Derecho Autoral, observé en su página final una publicación en la cual se indicaba que era necesario el registro de obra para que el Ministerio Público de la Federación ejerciera la acción penal en contra de un posible delincuente.
Dicha revista fue editada en el año 2004, año en el cual los delitos en materia de derechos de autor se perseguían por querella, es decir, que se necesitaba la presencia en las oficinas del Ministerio Público Federal o en su caso el escrito con la querella del titular de los derechos autorales para que la autoridad iniciara su labor como investigador de delitos, dicha situación cambió a partir de la reforma al Código Penal Federal de fecha 28 de junio de 2010, en la cual se estableció que la forma de perseguir los delitos en materia autoral sería de oficio, es decir, ya no es necesaria la presencia del titular de los derechos ante el Ministerio Público de la Federación, sólo basta la noticia criminal por parte de cualquier persona o en su caso la flagrancia.
Es importante destacar que nada tiene que ver la forma de perseguir los delitos en materia autoral con los requisitos para acreditar dicho derecho, lo anterior es así toda vez que la Ley Federal del Derecho de Autor en su numeral 5 indica que la protección a las obras se otorga a partir de su creación y de que es fijada en un soporte material, esto quiere decir que no es necesario el registro de la obra para que ésta cuente con protección.
Aunado a lo anterior, el artículo 77 de la ley en comento menciona que: “…La persona cuyo nombre o seudónimo, conocido o registrado, aparezca como autor de una obra, será considerada como tal, salvo prueba en contrario y, en consecuencia, se admitirán por los tribunales competentes las acciones que entable por transgresión a sus derechos…”. De lo antes transcrito podemos colegir que existe una presunción de autoría a favor de quien aparezca como tal en una obra, lo cual nos lleva a concluir que en ningún momento es necesario el registro de obra para que el Ministerio Público de la Federación ejerza la acción penal.
Sin embargo, es recomendable que los autores registren sus obras, toda vez que independientemente de que no sea necesario el certificado de registro de obra para iniciar una acción penal, dicho registro constituye una prueba importante en cualquier litigio autoral, ya que establece una presunción a favor del autor que aparece en el certificado de registro.
De igual forma es importante que los Ministerios Públicos Federales sean capacitados en la materia autoral, toda vez que en la mayoría de los casos solicitan a los autores o titulares de los derechos el certificado de registro de obra, situación que como vimos es a todas luces ilegal.
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| Trols escandinavos , trols cibernéticos y trols litigantes… ¿Sabes distinguirlos?
Posted on February 19, 2013 by Joel A. Gómez Treviño	Según Wikipedia, un trol (del nórdico troll) es un temible miembro de una mítica raza antropomorfa del folclore escandinavo. Su papel en los mitos cambia desde gigantes diabólicos —similares a los ogros de los cuentos de hadas ingleses— hasta taimados salvajes más parecidos a hombres que viven bajo tierra en colinas o montículos, inclinados al robo y el rapto de humanos.
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| El ABC de la propiedad intelectual.
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| Fundamentos del derecho de autor: más allá de la moral, se impone la presión de lo económico.
Posted on September 16, 2012 by Cynthia G. Solis Arredondo	“Un droit porté trop loin devient une injustice”
El Derecho de Autor es a la vez un derecho de la personalidad en su dimensión de derecho moral y un Derecho de Propiedad desde el punto de vista patrimonial. El componente económico está orientado a otorgar al autor y a sus herederos una prerrogativa, un monopolio temporal de explotación de su obra. Sin embargo esta categoría jurídica no deja de evolucionar y cuestionarse en el terreno económico.
Los primeros grandes debates sobre estos fundamentos versan sobre dos posturas filosóficas de la propiedad. La primera de John Locke concebida a finales del Siglo XVII y la otra de Jeremy Bentham.
Locke extiende la propiedad natural del individuo sobre su cuerpo a la propiedad natural del autor sobre su obra por considerarse el fruto de su trabajo. En oposición a esta teoría y las de sus precursores, Jules Dupuit nos habla de que la propiedad es una construcción donde su origen debe ser buscado en función de la utilidad social que representa. Esta postura nos habla de evaluar en términos de eficiencia las ventajas y los inconvenientes de un sistema de propiedad intelectual.
El mismo Diderot, publica en 1763 un argumento de defensa de la legitimidad de la propiedad del autor sobre su obra como derecho inalienable.
En 1878, en el marco del Congreso Internacional Literario, el mismo Víctor Hugo, pone en evidencia el conflicto de intereses entorno a la propiedad intelectual con su célebre discurso de apertura: “El libro, como libro pertenece al autor, pero el pensamiento pertenece al género humano… Sí uno de estos derechos, el derecho del escritor y el derecho del espíritu humano, debe ser sacrificado, entonces con seguridad debe ser el derecho del escritor, porque el interés público es nuestra única preocupación y todos deben pasar antes que nosotros”.
Gracias a Paul Samuelson, conocemos la diferencia entre bienes privativos y bienes colectivos, derivando de esto las nociones de no rivalidad y no exclusión. En el momento de que un bien no representa rivalidad, su consumo por un individuo no disminuye la cantidad disponible para otro, tal es el caso que explica el teorema matemático de las emisiones radiofónicas. Por su parte la no exclusión hace referencia a la imposibilidad de apartar un bien de la esfera del uso común.
Sin embargo, aún cuando la producción de un bien no aumente en su costo marginal en función de los usuarios, eso no significa que el hecho de que se ponga a disponibilidad gratuita e ilimitada no afecte sus costos fijos de producción.
Por ello desde 1962 Keneth Arrow asimila las invenciones (en la más completa dimensión de la palabra) a un proceso de producción de información. Califica a la información como un bien que presenta la característica de no rivalidad, toda vez que su uso indiscriminado no llega a extinguirla y el acceso de un nuevo usuario a la misma no provoca su disminución. Sin embargo la reflexión que sobre esta postura se realiza, es acerca del soporte material, si bien la información contenida en ese soporte no se extinguirá por efecto del simple acceso a la misma, el soporte sobre el cual se encuentre disponible, tenderá al desgaste, desaparición, robo, intercambio etc. Estos soportes materiales, por el contrario, se constituyen en bienes rivales. Al introducir un monopolio otorgado al autor de la obra, se constituye un mecanismo de incitación a la iniciativa privada de generar y preservar los soportes materiales y de continuar apoyando la transmisión de las nuevas ideas (información) al mundo.
Al final, la historia nos demuestra que la excesiva limitación y protección de algo, lo vuelve sencillamente inalcanzable y termina por convertirse en un tabú, algo prohibido; psicológicamente todos tenemos propensión al acceso a lo prohibido, y entre más lo restrinjan nuestro deseo lejos de reprimirse, sólo se hace más grande. Es por ello que tras las iniciativas fallidas de imponer un sistema tecnológico de DRM (Digital Rights Management), por cada dispositivo creado para tal efecto se ha creado el “crack” respectivo; por cada página de Peer 2 Peer que se baja, nacen dos o tres nuevas… ¿Qué es lo que tratamos de demostrar?, entre más rígido sea un sistema la naturaleza misma del ser humano tenderá a la rebelión. De ninguna manera intento legitimar las acciones ilícitas de lucro con el uso de material protegido, sin embargo, debemos replantearnos la utilidad social y los límites que esta imponga a los monopolios otorgados por el Derecho de Autor.
En definitiva, gracias a las nuevas tecnologías, la noción de soportes materiales y los costos de producción de los mismos se han replanteado. El hecho de que gracias a éstas, el acceso a la información ha sido drásticamente agilizado y diversificado; provoca una sensación al individuo de tener ciertas libertades que los soportes comunes le tenían restringidas, por ejemplo, es mucho más sencillo, rápido y accesible consultar un libro disponible en Google Books que acudir a una biblioteca buscar su ficha bibliográfica, solicitarlo al bibliotecario, consultarlo, extraerlo a domicilio, fotocopiarlo o transcribirlo. Estamos hablando de varias horas, incluso días de diferencia entre una opción y la otra; sin hablar de los factores económicos en juego.
A pesar de todo, debemos tomar en cuenta que para que toda esta información pudiera estar accesible de manera más o menos “libre”, indiscutiblemente tuvo que existir a priori una inversión económica, independientemente de la fuente de ingresos.
Podemos distinguir entonces un conflicto de intereses entre el derecho a la información y el derecho de propiedad intelectual. De este conflicto, podemos sucintamente concluir que estos dos derechos mantienen una estrecha relación pero a la vez sumamente compleja; así como una compleja tensión tanto en sus principios como en su aplicación en derecho positivo; ya que desde sus orígenes el derecho de autor se considera en parte un medio para garantizar la libre difusión de las ideas en la sociedad, lejos de ser egoísta, se concibe como un derecho impregnado de una importante función social, lo que justifica en gran medida su existencia. Por su parte el derecho al acceso de información encuentra su concretización a través de los límites impuestos por el derecho de autor; logrando así un cierto equilibrio. Sin embargo, diversas reformas legislativas y acciones tanto gubernamentales como de la iniciativa privada, han causado un desequilibrio entre estos dos derechos a nivel internacional. Los intereses económicos de las partes interesadas en proteger los derechos de autor inspiran acciones que pueden llegar a vulnerar otros derechos fundamentales del ciudadano. Es aquí donde se impone una reformulación de las estrategias de protección en función de una equilibrada mesura de los intereses en juego, preservando siempre el interés social y el bien común.
La reflexión que por parte del lector se exige es entorno al equilibrio que deben guardar tanto los derechos en pugna, como los intereses que legítimamente se buscan salvaguardar.
ARROW K. “Economic welfare and the allocation of resources for invention”, in NELSON R. The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, Princeton, Princeton University Press, p.609-626, 1962.
HANSMANH H., SANTILLI M. “Authors and artists’ moral rights. A comparative legal and economic analysis”, Journal of Legal Studies, vol.26, n°1, p. 95-143. 1997.
SAMUELSON P. “The pure theory of public expenditure”, Review of Economics and Statistics, vol. 36, n°4, p. 387-399. 1954.
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| El mercado pirata de contenidos es casi cuatro veces mayor que el legal
Posted on November 4, 2010 by Joel A. Gómez Treviño	La Coalición de Creadores considera que la ‘ley antidescargas’ será eficaz
ElPais.comCada día, miles de películas, canciones, videojuegos y, últimamente, libros electrónicos sujetos a derecho de autor, se descargan gratis de Internet. Ese mercado alternativo, también llamado por sus detractores pirata, movió potencialmente en el primer semestre de este año 5.200 millones de euros, tres veces y media más que el mercado legal de todos estos contenidos, que generó 1.560 millones de euros.
Esta es la principal conclusión del segundo Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, elaborado por la consultora estadounidense IDC a instancias de la Coalición de Creadores de Industrias y Contenidos, integrado por las sociedades de gestión y gran parte de la industria cinematográfica y musical.
Por sectores, el de la música es el más afectado -un 97,8% de las canciones consumidas fueron pirateadas- , seguido del cine (77,1%) y los videojuegos (60,7%). El mercado pirata de los libros digitales alcanza el 35,1% aunque es el que más crece, ya que casi se duplica en seis meses, con un valor económico de lo pirateado de 421,5 millones de euros.
Los autores del estudio reconocen que eso no significa que los internautas que realizan las descargas no autorizadas fueran a comprar las películas o los libros legalmente si no pudieran bajarlos gratis de la Red.
En el caso del sector editorial, el presidente de la Coalición, Aldo Olcese, indicó que el libro electrónico está en “caída libre” y podría seguir el mismo camino que la música o el cine, ya que la oferta ilegal se está anticipando a la demanda de dispositivos de lectura de libros electrónicos a través de las tabletas como el iPad.
Olcese indicó que si no existe una oferta legal de libros electrónicos o esta es muy reducida se debe a que los editores no tienen la garantía de que existan mecanismos para que esos libros no sean pirateados. “Sería un suicidio”, aseguró, y añadió que las webs de enlaces se están anticipando a la demanda que supondrá la venta de libros electrónicos, que podría convertirse en uno de los regalos estrella de la campaña navideña. “Los editores temen a la Navidad”, indicó.
Pese a este sombrío panorama, el presidente de la Coalición de Creadores se mostró convencido de que la nueva legislación antidescargas contenida en la Ley de Economía Sostenible (LES) ayudará a combatir eficazmente la piratería, persiguiendo a las webs de enlaces o que alojan contenidos sujetos a derechos de autor.
Aldo Olcese propuso, en ese sentido, un “pacto de buen gobierno” con operadores (Redtel) y buscadores como Google para ponerse de acuerdo en el desarrollo reglamentario de la ley una vez que se apruebe esta en el Parlamento, y se mostró convencido de que esta legislación estará operativa en la próxima primavera, tal y como anunció la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.
http://www.elpais.com/articulo/cultura/mercado/pirata/contenidos/veces/mayor/legal/elpepucul/20101104elpepicul_4/Tes
RAMÓN MUÑOZ - Madrid – 04/11/2010
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