Source: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20181026.aspx
Timestamp: 2019-05-23 23:21:17
Document Index: 201797870

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 24', 'in fine', 'artículo 131', 'artículo 6']

La Moncloa. 26/10/2018. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]
Sevilla, viernes 26 de octubre de 2018
REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías, en relación con las embarcaciones utilizadas.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad de Madrid para el desarrollo de acciones dirigidas a la actualización, implantación y control de calidad de los certificados de profesionalidad y el diseño y ejecución de trabajos relacionados con esta materia, 2018-2019.
INFORME sobre el episodio de lluvias intensas en Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Andalucía entre el 18 y 21 de octubre de 2018.
ACUERDO por el que se autoriza la denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, y se dispone su remisión a las Cortes Generales, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.
ACUERDO por el que se autoriza la denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, y se dispone su remisión a las Cortes Generales, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.
REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a D. GERARDO JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ.
REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a D. LUIS GERMÁN FLORIDO BARRETO.
REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a D. ALEXIS XAVIER LOPE-BELLO COLMENARES.
REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a Dª. TAMARA SULAY SUJU ROA.
REAL DECRETO por el que se modifica el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, para su adaptación a lo establecido en el Real Decreto 286/2014, de 25 de abril, por el que se establecen los criterios para la determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte de mercancías en régimen de concesión de la Red de Carreteras del Estado.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 250.146.401,52 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato centralizado para la prestación de los servicios de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas - Fase II, cuyo valor estimado máximo asciende a 378.118.354,70 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de servicios de soporte técnico y consultoría de sistemas con destino a la Intervención General de la Administración del Estado, cuyo valor estimado asciende a 13.435.200 euros.
ACUERDO por el que se remite al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 2017.
REAL DECRETO por el que se aprueba la adenda al Convenio entre la Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal, aprobado por el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifican determinados términos de la concesión para la construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9, para la ampliación de capacidad de diversos tramos de dicha autopista.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio con la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A. (ENISA), para el desarrollo de la línea de préstamos participativos establecida en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 (Línea PYME 2018), por un importe de 57.500.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio con la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A. (ENISA), para el desarrollo de una línea de préstamos participativos establecida en la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la Pequeña y Mediana Empresa (Línea EBT 2018), por un importe de 20.500.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio con la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A. (ENISA), para el desarrollo de la línea de préstamos participativos establecida en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, modificada por la disposición final duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (Línea Jóvenes Emprendedores 2018), por un importe de 20.500.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la contribución española a la European Travel Commission para el año 2018, por importe de 77.368 euros.
ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a celebrar con la empresa Navantia, S.A., S.M.E., una quinta adenda al Convenio entre el extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología e Izar Construcciones Navales, S.A., relativo al Programa del prototipo de Buque de Proyección Estratégica (BPE).
REAL DECRETO por el que se regula el potencial de producción vitícola.
ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Consejo Internacional de la Caza, por un importe de 14.400 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al proyecto de cooperación pesquera CopeMed, Fase II, por un importe total de 90.000 euros.
REAL DECRETO por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena por un importe total de 17.830 dólares estadounidenses.
ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria a la Federación de Parques Nacionales y Naturales de Europa por un importe global de 2.630 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria a la Organización de Gestores de Áreas Marinas del Mediterráneo por importe de 100 euros.
ACUERDO por el que se autorizan las contribuciones financieras de España a la decimocuarta reposición del Fondo Africano de Desarrollo y a la undécima reposición del Fondo Asiático de Desarrollo por importes de 18.000.000 de euros y de 6.243.710 euros, respectivamente.
ACUERDO por el que se autoriza la renegociación y condonación parcial de la deuda de Microfinanzas del Uruguay, S.A., con el Fondo para la Promoción del Desarrollo.
REAL DECRETO por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de las subvenciones que se otorgarán en régimen de concesión directa a las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018.
REAL DECRETO por el que se establecen medidas transitorias para el mantenimiento, en favor de las personas con discapacidad, del subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2017, a la Alianza Europea de Organizaciones de Transfusión Sanguínea (EBA), por importe de 28.200 euros.
ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2017, a la Plataforma Europea para la Salud y la Equidad Social (EUROHEALTHNET), por importe de 10.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2018, a la Plataforma Europea para la Salud y la Equidad Social (EUROHEALTHNET), por importe de 10.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2018, al Grupo MEDEV, Evaluación de Medicamentos de la Plataforma Europea de Seguridad Social-ESIP, por importe de 4.356 euros.
ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2018, a la Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos (HOPE), por importe de 29.359,53 euros.
ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a 2018, al Proyecto Europeo integrado para la base de datos sobre precios de medicamentos (Proyecto EURIPID), por importe de 7.595 euros.
ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria correspondiente al año 2018 (tramitación anticipada) de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Incorporación y en el Subprograma Estatal de Formación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (Ayudas Torres Quevedo y Ayudas para la formación de doctores en empresas "Doctorados Industriales"), por importe de 19.000.000 de euros.
REAL DECRETO por el que se designa embajadora de España ante la Santa Sede a Dª.MARÍA DEL CARMEN DE LA PEÑA CORCUERA.
REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Botswana, con residencia en Namibia a D.ANTONIO JAVIER ROMERA PINTOR.
REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República Centroafricana, con residencia en Camerún a D.RAMÓN MARÍA MORENO GONZÁLEZ.
REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Georgia, con residencia en Turquía a D.JUAN GONZÁLEZ-BARBA PERA.
REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Liberia, con residencia en Costa de Marfil a D.RICARDO LÓPEZ-ARANDA JAGU.
REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Tayikistán, con residencia en Kazajistán a D.DAVID ARTURO CARRIEDO TOMÁS.
REAL DECRETO por el que se nombra embajador en Misión Especial para Asuntos de Oriente Medio y del Mediterráneo a D.ALFONSO LUCINI MATEO.
REAL DEDRETO por el que se nombra director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares a D.JUAN DUARTE CUADRADO.
REALES DECRETOS de ascenso a la categoría de embajador.
REAL DECRETO por el que se dispone el nombramiento de Fiscales de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado y de Fiscales adscritos a los Fiscales de Sala integrados en la Fiscalía General del Estado.
REAL DECRETO-LEY PARA ACABAR CON LAS EMBARCACIONES NEUMÁTICAS SEMIRRÍGIDAS Y AVANZAR EN LA LUCHA CONTRA LAS MAFIAS
Se tramita como Real Decreto-ley por su "extraordinaria y urgente necesidad".
La modificación normativa permitirá incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se prohíben las embarcaciones de alta velocidad que utilizan habitualmente los narcotraficantes. Este tipo de embarcaciones son utilizadas por las mafias, especialmente en las costas del Campo de Gibraltar, para el tráfico ilícito de personas y mercancías.
El Gobierno considera que el instrumento más adecuado para llevar a cabo esta medida es el Real Decreto-ley, "por su extraordinaria y urgente necesidad". Con esta norma se hace frente al incremento del uso de este tipo de embarcaciones en el contrabando, especialmente de drogas. Y, en los últimos meses, también se han empleado para la introducción irregular de personas procedentes del Norte de África por vía marítima, a través del Estrecho de Gibraltar.
Desde 2012 a septiembre de 2018 las organizaciones de narcotraficantes han intentado introducir más de 165 toneladas de hachís utilizando este tipo de embarcaciones y se ha procedido por Vigilancia Aduanera a la intervención de 81 embarcaciones y a la detención de 282 personas.
La excepcionalidad, urgencia, gravedad y relevancia del problema justifican la tramitación de un Real Decreto-ley, pues es necesaria una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de una ley. Este Real Decreto-ley sustituye y hace decaer al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando presentado el pasado mes de julio.
Con la normativa actual resulta muy difícil actuar contra las organizaciones criminales que emplean estas embarcaciones, pues resulta frecuente intervenirlas cuando se han desprendido de la carga ilícita, resultando prácticamente imposible proceder legalmente.
Esta norma supone establecer un control sobre estos sofisticados medios de transporte marítimo, que escapan en muchas ocasiones a los controles policiales y aduaneros, e impedirá, o cuanto menos dificultará notablemente, la comisión de esas actividades ilícitas.
Mediante esta iniciativa se penalizará el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad, denominadas 'RHIBS', al objeto de dotar a los órganos encargados de la represión del contrabando de una herramienta jurídica eficaz para proceder contra una tipología de embarcaciones habitualmente utilizada por las organizaciones mafiosas, permitiendo incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias que resulten pertinentes.
La simple tenencia de estas embarcaciones constituirá un supuesto de contrabando y permitirá a las fuerzas de seguridad su inmediata intervención. Además, la medida impedirá el transporte ilegal de personas en el Estrecho de Gibraltar.
El Real Decreto-ley afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud igual o inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios, y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales enumerados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando.
Para garantizar el cumplimiento de esta norma se creará el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, ubicado en la Agencia Tributaria, al que podrán acceder otros organismos, y un mecanismo de inspección y control que serán desarrollados reglamentariamente.
Los solicitantes de dicho registro deberán especificar las características de la embarcación, especificando eslora y potencia de motores, la actividad para la que se solicita la autorización y el área geográfica donde se empleará dicha embarcación.
La propuesta de cambio normativo, al tramitarse como Real Decreto-ley, entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Se va a mantener, mediante una disposición transitoria, un periodo de seis meses para que se regularice la situación de embarcaciones que deban ser objeto de autorización de uso e inscripción en el registro. A tal efecto, los operadores podrán dirigir sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria siguiendo las instrucciones que se muestran en la misma.
En tanto no haya resolución expresa sobre la solicitud, ésta se entenderá provisionalmente concedida, sin que ello condicione la decisión final que se adopte.
DESTINADOS 40 MILLONES DE EUROS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA AYUDA Y ATENCIÓN SOLIDARIA A LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS
Esta ayuda se dirige a sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre Comunidades Autónomas.
El Gobierno activa medidas de ayuda económica e impulsa la atención solidaria de los menores entre Comunidades Autónomas al objeto de garantizar las mejores condiciones de atención.
De forma paralela, el Gobierno trabaja en distintas iniciativas con las CCAA, Fiscalía y ONG para mejorar el protocolo y el modelo de atención de los menores.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para financiar con 40 millones de euros a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla por el incremento del número de menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018.
Esta ayuda se destina a sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla son las responsables de la atención en sus respectivos territorios y, cuando se constata que un menor se encuentra en situación de desamparo, les corresponde la tutela del mismo así como las medidas de protección necesarias para su guarda.
Dado el incremento del número de llegadas de menores en los últimos meses y respondiendo a razones de interés público, social y humanitario, el Gobierno ha articulado estas ayudas para colaborar en el esfuerzo que realizan las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla.
Con ello, el Gobierno activa medidas de ayuda económica e impulsa la atención solidaria de los menores entre Comunidades Autónomas al objeto de garantizar las mejores condiciones de atención.
Es la primera vez que el Ministerio con competencias sobre la infancia concede una subvención para la atención a los menores extranjeros no acompañados.
De los 40 millones de euros, 38 se repartirán proporcionalmente en función de dos criterios.
Por un lado, el incremento entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 del número de menores inscritos en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados del Ministerio del Interior. Este registro se elabora con la información que remiten las Comunidades Autónomas y es el único oficial.
Por otro, aquellas Comunidades Autónomas que acojan a menores de otras autonomías, recibirán un incremento del 25% de la ayuda por cada uno de ellos, en reconocimiento a la solidaridad mostrada.
De esta forma, para ser beneficiarias de las ayudas, las CC AA deben haber reflejado un aumento de menores en el registro oficial del Ministerio del Interior en el periodo contemplado o haber acogido menores de otras autonomías.
Además, se reservan dos millones de euros para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores en las Comunidades que puedan sufrir un incremento estacional a partir de septiembre.
De forma paralela, el Gobierno está trabajando en distintas iniciativas relacionadas con la mejora de la atención de los menores no acompañados.
Una de ellas tiene que ver con la mejora del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, de 2014. En relación a esta medida, hoy mismo se celebra la segunda reunión de la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre menores extranjeros no acompañados en la que está previsto abordar aspectos relacionados con el registro o la determinación de la edad, así como coordinar actuaciones entre las distintas autonomías.
Al encuentro asisten representantes de los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Exteriores; Justicia; Interior; Política Territorial y Función Pública y del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil; además de representantes de las direcciones generales de Infancia de las CC AA y la Fiscalía de Extranjería.
Por otra parte, se ha constituido un grupo de trabajo sobre menores migrantes en el que, además del Gobierno, Fiscalía y CC AA están presentes ONG, y que tiene por objeto el análisis y propuestas relacionadas con el modelo específico de atención a los menores extranjeros no acompañados, dado el distinto perfil de necesidades que presentan respecto al resto de menores que se encuentran en los centros de atención.
De esta forma, el Gobierno está ofreciendo un espacio en el que todas las administraciones implicadas puedan compartir información y debatir propuestas.
El objetivo es encontrar vías de solución a través de la cooperación entre administraciones y en el marco de las competencias y de la solidaridad interterritorial.
NUMERO DE MENORES QUE LAS CCAA SE COMPROMENTEN A ACOGER
Andalucía 3412 0 25.504.007,9 €
Aragón 20 20 336.365,9 €
Asturias 11 31 371.871,2 €
Cantabria 59 10 534.448,0 €
Castilla-La Mancha 59 24 665.256,9 €
Castilla- León 23 40 545.660,2 €
Cataluña 269 0 2.010.720,4 €
Ceuta 146 0 1.091.320,4 €
Comunidad Valenciana 268 0 2.003.245,6 €
Extremadura 0 34 317.678,9 €
Galicia 32 20 426.063,4 €
Illes Balears 0 10 93.435,0 €
Islas Canarias 58 0 433.538,2 €
La Rioja 0 0 0,00 €
Madrid 0 0 0,00 €
Melilla 173 0 1.293.139,9 €
Murcia 12 0 89.697,6 €
Navarra 18 10 227.981,3 €
País Vasco 275 0 2.055.569,2 €
TOTAL 4835 199 38.000.000,00 €
APROBADOS CUATRO REALES DECRETOS DE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR CARTA DE NATURALEZA
El Consejo de Ministros ha aprobado cuatro Reales Decretos por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a Gerardo Estrada, Alexis Xavier Lope-Bello, Luis Florido y Tamara Suju, todos ellos naturales de Venezuela.
Gerardo Estrada es un violinista y director de orquesta conocido y premiado internacionalmente. Tiene una especial vinculación con nuestro país donde ha recibido formación y ha actuado en numerosas ocasiones como director invitado en orquestas y festivales.
Por su parte, Alexis Xavier Lope-Bello es un empresario especializado en el desarrollo de tecnologías innovadoras. Actualmente es presidente de Comtrade, una de las compañías tecnológicas más importantes del sur de Europa y tiene intención de poner en marcha en nuestro país, donde vive parte de su familia, una iniciativa empresarial para el fomento del empleo juvenil y la inserción laboral de estudiantes de tecnología.
Además, se ha concedido la nacionalidad española a Luis Florido, político del partido opositor venezolano, Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López. Actualmente, el Gobierno de ese país ha puesto restricciones a su capacidad de acción y a su libertad de movimientos para entrar y salir de Venezuela. Tiene vínculos familiares con España, de donde son originarios su mujer y sus hijos.
Finalmente, Tamara Suju es una abogada penalista y reconocida defensora de los derechos humanos en Venezuela donde ha fundado varias organizaciones no gubernamentales para la defensa de personas encarceladas y torturadas por motivos políticos. Tiene tres hijos de nacionalidad española, dos de los cuales viven en España, país al que está unida por razones culturales y sociales, además de familiares.
MEJORADO EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES PARA NUEVAS PLANTACIONES DE VIÑEDO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que sustituye la norma de julio de 2017 que regula el potencial de producción vitícola. El nuevo Real Decreto tiene como objetivo mejorar la aplicación en España del sistema de autorizaciones de viñedo que entró en vigor el 1 de enero de 2016.
Las principales novedades de este Real Decreto son consecuencia de los cambios introducidos en el sistema de autorizaciones, por la modificación de la normativa comunitaria que entró en vigor en enero de 2018. Se incluye así un nuevo criterio de admisibilidad que exige que el solicitante no tenga superficies de viñedo ilegal o no autorizadas.
También se establece un límite máximo de 5 hectáreas de superficie admisible por solicitante y se añade la exigencia de ser joven viticultor al solicitante que cumpla con el criterio de prioridad de buen comportamiento previo porque no tenga viñedo abandonado, plantaciones ilegales o no autorizadas y que no haya incumplido algún compromiso obligatorio para la concesión de la autorización
La nueva norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación y será aplicable a la convocatoria de solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones para 2019.
COMPLETADA LA TRANSPOSICIÓN DE LA "DIRECTIVA OFFSHORE"
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que completa la transposición a nuestro ordenamiento de la "Directiva Offshore" sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.
Este Real Decreto desarrolla, a su vez, el Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, convalidado por el Congreso. En este texto se establecían las disposiciones de seguridad en las operaciones relacionadas con la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
El nuevo texto completa la trasposición de la Directiva en dos aspectos:
En lo relativo a permisos de investigación y concesiones de explotación mar adentro: estableciendo los requisitos para el otorgamiento y la transmisión de permisos de investigación y concesiones de explotación en el medio marino y fijando las condiciones para la designación del operador en medio marino.
Y en lo que se refiere a la autorización de trabajos mar adentro con el procedimiento para remisión de los Informes sobre los Riesgos de Accidentes Graves, del sistema de gestión de la seguridad, de la política corporativa y del procedimiento para la comunicación de situaciones de riesgo, etc.
También sobre el contenido y la finalidad que ha de tener el plan interno de emergencia que los operadores y/o propietarios deben elaborar; sus obligaciones en relación a la figura del verificador independiente; el contenido del plan externo de emergencia y el órgano encargado de su elaboración así como la creación de un sitio web para la publicación de criterios de evaluación, plan de inspecciones, publicación de informes anuales, así como las disposiciones relativas al funcionamiento de la Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos.
INFORME TÉCNICO SOBRE EL EPISODIO DE LLUVIAS INTENSAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, ARAGÓN, CATALUÑA Y ANDALUCÍA EN OCTUBRE DE 2018
La Agencia Estatal de Meteorología en el marco del Plan Nacional de Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos ("Meteoalerta"), emitió Avisos especiales durante los días 18 y 19 de octubre, ante la previsión de fenómenos tormentosos que pudieran descargar intensidades importantes de precipitación cuyo contenido puede resumirse en las siguientes líneas:
El jueves 18 de octubre, la Península y Baleares se vieron afectadas por un flujo húmedo e inestable desde el Mediterráneo, debido a la presencia de una borrasca situada en el sur peninsular. Esta situación dio origen a precipitaciones fuertes, con tormentas, produciendo acumulaciones importantes de agua que superaron los 100 mm o incluso los 140 mm en 12 horas en diferentes zonas del área mediterránea peninsular y de Baleares.
Durante la tarde del 19, las mayores acumulaciones se registraron en Vinaroz (Castellón) y Tavernes de la Valldigna 130 l/m2 (Valencia) y el este de la provincia de Teruel, con numerosos puntos de más de 100 mm y puntualmente superiores a 200 mm.
El sábado 20, la borrasca se desplazó hacia el suroeste, debilitándose progresivamente y situando las mayores precipitaciones fuertes o muy fuertes y persistentes en la provincia de Málaga, alcanzando hasta 300 mm en la comarca de Antequera y Sierra Sur de Sevilla entre las 18 horas del día 20 y las 06 horas del 21.
Dichos avisos fueron complementados con los avisos correspondientes del Plan Meteoalerta, por lluvias acumuladas bien en 1 hora o bien 12 horas llegando a alcanzar en algún momento el nivel rojo de aviso en la Comunidad Valenciana y provincia de Teruel, en los días 18 y 19, como en Málaga y Sevilla principalmente durante los días 20 y 21.
(Datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología, para la Estación más próxima de Antequera, donde se llegan a registrar hasta 237 mm entre las 18 horas del día 20 y 6 horas del día 21l, algo más de 300 l/m2 en Campillo)
CONSECUENCIAS A EFECTOS DE PROTECCIÓN CIVIL
Las principales consecuencias a efectos de protección civil fueron las siguientes:
Provincia de Valencia: desbordamientos del Río Turia a la altura de las localidades de Torrebaja, Ademuz, Casas Altas, y Casas Bajas, inundando fincas frutales, sin peligro para las viviendas. Se produce el rescate de personas y vehículos que quedaron atrapados en la carretera CV-50 y en el núcleo urbano ó caminos adyacentes. Se interrumpen los servicios educativos y el transporte por ferrocarril.
Provincia de Castellón: se suspenden los servicios educativos (74.000 alumnos) en Vinaroz, interrumpiéndose tanto el tráfico por ferrocarril como el marítimo. Se proporciona albergue temporal a 50 personas en Burriana y se cortan los accesos al Hospital de Vinaroz. En las localidades de En Coves de Vinromá, Benlloch, Vall d´Alba y Vinaroz, se producen inundaciones en bajos de numerosas viviendas.
Aragón :
En la provincia de Teruel permanecieron aisladas las localidades de Olba, Celadas y La Hoz De La Vieja, permaneciendo cortadas hasta 4 carreteras locales, mientras se rescataron dos personas ante la crecida del Río Bergantes en la localidad de Aguaviva.
Las fuertes lluvias registradas desde la tarde del día 20 hasta la madrugada del día 21, han ocasionado inundaciones principalmente en las provincias de Málaga y Sevilla. Consecuencia de los desbordamientos de los cauces de los Ríos Falao y Salado, en Almargen; el Arroyo Rincón, en Campillo, resultando numerosos vehículos arrastrados por la corriente.
Provincia de Málaga: Inundaciones generalizadas que afectaron principalmente a los municipios de Teba, Sierra de Yeguas y el Campillo en la comarca de Antequera, con las siguientes consecuencias:
Un bombero fallecido perteneciente al Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga, al accidentarse el vehículo con motivo de la fuerte corriente del arroyo próximo a El Campillo, resultando arrastrado por la misma, cuando se disponía a encaramarse a la parte alta del vehículo, resultando ilesos los otros dos bomberos de la dotación.
Varias decenas de personas evacuadas, al quedar aisladas en sus viviendas, en las localidades de Campillos y Sierra de Yeguas.
Numerosas carreteras autonómicas cortadas
Viviendas anegadas en Alozaina, Almargen, Ardales, Campillo (zonas de hasta 3 metros de altura), Casarabonela, Fuente de Piedra, Humilladero, Sierra de Yeguas y Teba.
Corte suministro eléctrico y del suministro de agua potable al resultar dañadas su red de distribución proporcionando el servicio por el ayuntamiento mediante camiones cisterna, en la localidad de Campillos
En Ronda, la fuerza de la corriente del Río Guadalevín derribó varios cipreses y los muros de los baños árabes cuya antigüedad se remonta al siglo XIII.
Otros daños en los municipios de Alameda, Casares y Faraján.
Provincia de Sevilla: Los municipios más afectados son Osuna, El Rubio, Aguadulce y Martín de la Jara.
En Aguadulce se produjo el Desbordamiento del río Blanco en que arrastró el puente de la vía del tren y el cableado.
En Osuna, se desbordó el Río Salado y Peinado, afectando a tramos de la A-378.
En el Rubio, colapsa el puente en la carretera que une el Rubio con Marinaleda, mientras que en Écija resulta desbordado el Río Genil, afectando a viviendas en la zona baja del casco urbano.
Badolatosa: desbordamiento de un arroyo afectando a varias viviendas.
En las localidades de Morón, Carmona, Martín de la Jara, Gillena, Casariche, El Saucejo, La Roda y Montellano se han producido incidencias puntuales por anegaciones de calles, viviendas, sótanos, garajes y problemas en los suministros.
Numerosas tramos carreteras autonómicas afectadas
Tuvieron que ser suprimidos los servicios de transporte por ferrocarril de Renfe de media distancia (Sevilla-Granada, Sevilla-Málaga, Málaga-Ronda y Granada-Algeciras) y larga distancia (Altaria Algeciras-Madrid y las conexiones Madrid-Granada). En lo posible se previó ofrecer planes alternativos por carretera.
RESPUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS
Cuando se produce una emergencia cuya magnitud requiere para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, a las medidas adoptadas por los Gobiernos autonómicos, se añadirán las contempladas en el artículo 23, al declarar la Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
En los sucesos aquí informados, estamos ante situaciones de emergencia respecto de las que no ha sido declarado el interés nacional, habiendo residido la responsabilidad de dirección de gestión de la emergencia en la correspondiente autoridad autonómica, y habiéndose producido las siguientes actuaciones de los distintos niveles administrativos:
El Plan Estatal de Emergencias por Inundaciones se encuentra activado en Fase de Información y Seguimiento.
Comunidad Valenciana: Se activó el Plan Especial por Riesgo de Inundaciones en situación 0 en la provincia de Castellón.
Aragón: Activado el Plan Territorial de Protección Civil (PLATEAR) en Fase de Alerta por lluvias en la provincia de Teruel.
Andalucía: El Plan de Emergencias ante riesgo de Inundaciones en la provincia de Málaga, en situación 2, por fuertes precipitaciones, mientras que se mantuvo en situación 1 en la provincia de Sevilla.
Desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior:
Se activó el Sistema Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus), a solicitud de la Junta de Andalucía, con el fin de disponer de imágenes satelitales que contribuyan a la evaluación de impactos, encontrándonos a la espera de obtención de las imágenes precisas durante el día de hoy.
Se valoró favorablemente la activación de la Unidad Militar de Emergencias, que fue solicitada a la Administración General del Estado desde la Junta de Andalucía el día 21 de octubre, quedando finalmente autorizada dicha activación por el Ministerio de Defensa, y produciéndose su despliegue sobre las 14 horas del mismo día 21, llegando el despliegue a alcanzar los 198 efectivos, 68 vehículos y 1 helicóptero durante el día 22 de octubre.
Además, en la atención de la emergencia intervienen otros medios locales y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6 vehículos con 3 helicópteros) y del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Málaga, así como el despliegue del Puesto de Mando Avanzado y 6 vehículos de la Junta de Andalucía (112)
INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA.
Por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública se activaron las Unidades de Protección Civil existentes en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para la atención de las emergencias y se inició el proceso de obtención de información que procurará ha recabado información de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno que se resume a continuación.
Provincia de Málaga: Algatocín, Almargen, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Ardales, Arriate, Benaoján, Benalauría, Benarabá, Campillos, Cañete La Real, Carratraca, Casarabonela, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Estepona, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Jimena de Líbar, Jubrique, Ronda, Sierra de Yeguas, Teba, Yunquera.
Provincia de Sevilla: Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Écija, El Rubio, El Saucejo, La Puebla de Cazalla, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Los Corrales, Martín de la Jara, Morón de la Frontera, Osuna.
Provincia de Cádiz: Zahara de la Sierra.
Provincia de Valencia: Adémuz, Casas Altas, Casas Bajas, Torrebaja, Betera, Loriguilla, Gilet, Petres, Sagunto, Albal, Albalat dels Sorells, Albuixech, Massalfassar, Meliana, Moncada, Museros, Paiporta, La Pobla de Farnals, Puçol, El Puig de Santa Maria, Rafenbuñol, San Antonio de Benageber, Silla, Tavernes Blanques, Sueca, Oliva, Tabernes de la Valldigna.
Provincia de Castellón: Alcalá de Xivert, Alcora, Alfondeguilla, Almenara, Artana, Benicarló, Benicasim/Benicàssim, Benlloch, Borriana/Burriana, Cabanes, Càlig, Cervera del Maestre, Chilches/Xilxes, Figueroles, La Jana, La llosa, Moncofa, Nules, Onda, Oropesa del Mar/Orpesa, Peñíscola, San Jordi/San Jorge, Santa Magdalena de Pulpis, Segorbe, Sot de Ferrer, Torreblanca, Traiguera, La Vall d'Uixó, Vila-real, Vinaròs, Alquerias del Niño Perdido.
Provincia de Tarragona: Alcanar, Aldea,l´, Aldover, Alfara de Carles, Ametla de Mar, Ampolla, l´, Amposta, Batea, Benifallet, Bot, Deltebre, Freginals, Godall, Horta de Sant Joan, La Galera, La Sénia, Mas de Barberans, Masdenverge, Paüls, Roquetes, Sant Carles de la Rápita, Sant Jaume dÉnveja, Santa Bárbara, Tivenys, Tortosa, Uldecona y Vinebre.
Provincia de Teruel: Cantavieja y Olba.
Daños en infraestructuras municipales y red viaria
Los daños principales en infraestructuras municipales y red viaria se han producido en puentes, caminos y carreteras, suministro de agua potable y colectores, colegios e instalaciones deportivas y recreativas, cortes de suministro de electricidad, y centros médicos.
Según el informe de la Delegación del Gobierno en Andalucía, los daños a infraestructuras municipales y red viaria se ha estimado que asciende a un total de 70.650.754,44€ (esta cifra se ha elaborado, según ese informe, sobre la base de las estimaciones de daños efectuadas por los servicios técnicos de los municipios afectados). El resto de Delegaciones del Gobierno todavía están pendientes de estimar y cuantificar los daños causados a infraestructuras municipales y red viaria.
AYUDAS DE CARACTER GENERAL PARA PALIAR ESTAS SITUACIONES (REAL DECRETO 307/2005, DE 18 DE MARZO)
Para situaciones de esta naturaleza está en vigor, con carácter general, el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión. Esta norma prevé una serie de ayudas paliativas destinadas a:
unidades familiares por daños personales y por daños materiales sufridos en sus viviendas y enseres domésticos, comunidades de propietarios, establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, corporaciones locales por "gastos de emergencia, y, personas físicas o jurídicas requeridas por la autoridad competente de la AGE en materia de protección civil.
Los interesados que deseen solicitar estas ayudas disponen de un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del hecho causante de la situación de emergencia.
7MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 17/2015, DE 9 DE JULIO, DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
La Ley 17/2015 prevé en su capítulo V "Recuperación" una serie de medidas extraordinarias para aquellas emergencias cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, previa declaración de "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil".
No obstante hay que recordar e insistir en que la Disposición adicional cuarta de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del SNPC establece: Ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
"La normativa reglamentaria estatal en materia de subvenciones derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica será de aplicación a las ayudas derivadas de situaciones en las que no se haya producido la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, así como a las ayudas por daños personales del artículo 22 y por daños materiales contenidas en el artículo 21 y en los párrafos a), b) c) y d) del apartado 1 del artículo 24."
La fase de recuperación está integrada por el conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia.
En estos casos, el artículo 23 de dicha Ley prevé que la declaración se efectuará por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Política Territorial y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas.
Igualmente, el artículo 23 de la Ley establece que, con carácter previo a su declaración, el Gobierno podrá solicitar informe a la comunidad o comunidades autónomas afectadas.
A los efectos de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.
En los términos que apruebe el Consejo de Ministros, cuando se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se podrán adoptar, entre otras, algunas de las siguientes medidas, establecidas en el artículo 24 de la ley:
Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.
Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.
Tras la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se llevará a cabo un seguimiento de las medidas recogidas en este capítulo, en los términos que se determinen reglamentariamente.
Para la coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Administración General del Estado y, en su caso, por otras Administraciones Públicas, se constituirá una Comisión de Coordinación, integrada por representantes de las Administraciones estatal, autonómica y local afectadas.
ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, y se dispone su remisión a las Cortes Generales, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.
El Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona entró en vigor en 2013. Su propósito es establecer el régimen jurídico y los privilegios e inmunidades concernientes a la sede de dicho organismo en España, y complementa a otro Acuerdo bilateral de la misma fecha en el que se determinan las funciones y la financiación del Instituto.
Por otra parte, el Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona entró en vigor en 2014. Su propósito es definir las actividades del Instituto, sus áreas de cooperación, su ubicación y las contribuciones económicas asumidas por España; en concreto asumidas conjuntamente por el entonces Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.
A lo largo de los últimos meses se ha desarrollado un proceso de negociación entre las partes para la renovación de los acuerdos para el periodo 2019-2021, en el que principalmente se ha buscado garantizar la sostenibilidad a largo plazo de UNU-GCM y aumentar su visibilidad y eficacia. Durante este proceso de negociación se ha puesto de manifiesto que no es posible incrementar la contribución aportada por España ni, por otra parte, ha sido factible llevar a cabo la reconfiguración del Instituto.
Por otro lado, mediante una carta de 07.08.2018, el rector de la UNU ha notificado formalmente la voluntad de este organismo de abandonar el territorio español a fin de año.
Los Acuerdos requirieron para su firma la autorización de las Cortes Generales, por lo que su denuncia debe ser autorizada por el Consejo de Ministros y remitida a las Cortes Generales para la concesión de su autorización previa. Una vez obtenida, será posible comunicar a la UNU el cumplimiento de los procedimientos internos requeridos para su terminación.
AUTORIZADA LA FASE II DEL CONTRATO CENTRALIZADO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato centralizado para la prestación de los servicios de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras Entidades Públicas- Fase II.
El presupuesto de licitación del contrato asciende a 289.070.592,05 euros, IVA incluido, y su valor estimado a un total de 378.118.354,70 €.
Con este contrato se da continuidad a la contratación centralizada de los servicios de telecomunicaciones, que se inició con la Orden Ministerial de 2013, que modificó otra anterior de 2008 de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. El primer contrato centralizado de comunicaciones entró en vigor el 11 de septiembre de 2015, con una duración de 4 años prorrogable por un año adicional.
En cuanto al ámbito subjetivo del contrato, éste incluye todos los Ministerios y sus Organismos Autónomos, así como otras entidades públicas estatales, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Instituto de Gestión Sanitaria.
Los servicios incluidos en este contrato comprenden, a nivel global, la provisión y gestión de los servicios de voz y datos necesarios para todas las Ubicaciones de las Entidades de la Fase II, en el territorio español y en el exterior; la troncal de comunicaciones de la Red SARA que interconecta a todas las Administraciones Públicas españolas: Ministerios, Comunidades Autónomas y, a través de éstas, los Entes Locales, Órganos Constitucionales, Entes Singulares y Ventanillas Únicas Empresariales; la prestación de los servicios de comunicaciones móviles: voz, datos y mensajería; los servicios de Internet tanto de presencia como de navegación; la implantación, explotación, gestión y mantenimiento de los servicios objeto del contrato, y de todo el equipamiento e infraestructura necesarios y la gestión de los niveles de servicio, así como cumplimiento de procesos y plazos de ejecución del contrato.
El objeto del contrato se encuentra dividido en cuatro lotes:
Lote 1: Red corporativa multiservicio de datos y servicio de telefonía fija
Lote 2: Comunicaciones móviles
Lote 3: Internet.
Lote 4: Red Internacional.
La duración del contrato a que dé lugar cada lote será el comprendido entre el 1 de marzo de 2020, o desde las fechas que se establezcan en los documentos de formalización si son posteriores, y hasta el 10 de septiembre de 2023. El contrato tendrá un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, valorándose varios criterios además del precio.
AUTORIZADA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Además, se utilizan otras partidas de este Fondo para reparar daños por los temporales de lluvia, nieve, vientos y fenómenos costeros, así como para financiar los gastos previstos para la celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía el próximo 2 de diciembre.
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe total de 250.146.401,52 euros, con la siguiente distribución:
235.640.000 euros en el Ministerio de Defensa para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz.
12.731.288,52 euros en el Ministerio del Interior para atender los gastos ocasionados como consecuencia de la celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía el próximo 2 de diciembre.
1.165.000 euros en el Ministerio del Interior para atender la concesión de ayudas a entidades locales y a familias e instituciones sin fines de lucro como consecuencia de situaciones de emergencia motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia. En concreto, por los temporales de lluvia, nieve, vientos y fenómenos costeros ocurridos en los meses de noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017, que afectaron a las Comunidades Autónomas de Valencia, Región de Murcia, Illes Balears y Cataluña, y a las provincias de Albacete y Almería, así como por los temporales de viento, lluvias torrenciales e inundaciones, explosiones pirotécnicas, incendios forestales y otros ocurridos en el año 2017 y en el presente año.
610.113 euros en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para atender gastos en concepto de cuotas patronales a la Seguridad Social.
REMITIDA AL TRIBUNAL DE CUENTAS LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 2017
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión de la Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 2017 al Tribunal de Cuentas.
La Cuenta General ha sido elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y debe remitirse al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre, en cumplimiento del artículo 131 de la Ley General Presupuestaria.
La presente Cuenta General se realiza conforme a lo dispuesto en la Orden por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado y se forma, desde el ejercicio 2014, como una Cuenta Única Consolidada, abandonando la estructura de tres cuentas (Cuentas Generales del sector público administrativo, empresarial y fundacional) vigente hasta el ejercicio 2013.
Se presentan, por tanto, todos los estados financieros consolidados:
Cuenta del resultado económico patrimonial consolidada.
Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado.
Estado de flujos de efectivo consolidado.
Estado de liquidación del presupuesto consolidado.
Memoria consolidada.
En este ejercicio se produce por primera vez la consolidación por el método de integración global de las fundaciones del sector público estatal, así como de todos los consorcios adscritos a la Administración General del Estado. Asimismo, se amplía la información en la memoria relativa a los principales epígrafes del Balance.
De un total de 402 entidades del sector público estatal se han integrado las cuentas de 384 entidades. Asimismo, se han integrado 10 de un total de 16 entidades multigrupo y asociadas con participación directa de la Administración General del Estado, así como 184 entidades multigrupo y asociadas participadas de forma indirecta por la Administración General del Estado, entre las que se incluyen 90 que forman parte de un grupo consolidado. Todo ello ha supuesto tratar alrededor de 20.900 operaciones, mientras que en el ejercicio 2016 las operaciones tratadas ascendieron a 19.800.
AUTORIZADA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA DE SISTEMAS PARA LA IGAE
El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de servicios de soporte técnico y consultoría de sistemas con destino a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
La finalidad del contrato es optimizar y potenciar el desarrollo de la infraestructura y de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, asegurando unos niveles de rendimiento óptimos con la finalidad de permitir una mejora en los niveles de eficiencia de las unidades funcionales a las que prestan servicio y el avance en el cumplimiento de las funciones y atribuciones encomendadas.
El presupuesto de licitación asciende a 6.773.580 euros, IVA incluido.
El contrato está dividido en dos lotes (servicios de consultoría y soporte técnico de plataformas y de infraestructuras), atendiendo a los ámbitos funcionales de División IV de Explotación de la Oficina de Informática Presupuestaria de la IGAE.
La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento abierto y su inicio está previsto para el 12 de enero de 2019, salvo que su formalización sea posterior, siendo su periodo de vigencia inicial de 25 meses. El contrato podrá ser prorrogado por un período adicional de 24 meses.
ADENDA AL CONVENIO CON LA CONCESIONARIA PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA AUTOPISTA AP-9
La adenda recoge actuaciones que permiten dar respuesta a los problemas derivados de la ejecución de las obras de ampliación de dicha autopista.
La aplicación de las nuevas tarifas también recoge lo ya establecido con anterioridad en los Reales Decretos de 2011 y 2013.
Las actuaciones afectan a la mejora en el servicio de la comunicación entre Vigo-O Morrazo, de la ampliación del puente de Rande y de las zonas urbanas como Chapela, Torreiro, Pasán, Mouriño, Fonte Cornido y Trasmañó.
El Consejo de Ministros ha aprobado la adenda al convenio entre la Administración General del Estado y la concesionaria Audasa, aprobado por Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifican determinados términos de la concesión para la construcción, conservación y explotación de la autopista del Atlántico AP-9, para la ampliación de capacidad de diversos tramos de dicha autopista.
La adenda recoge actuaciones no contempladas en los proyectos aprobados inicialmente, con el objetivo de adaptar a la nueva normativa las obras de ampliación de la autopista AP-9 y a otros condicionantes surgidos en su fase de ejecución.
Asimismo, por razones de interés público, dicha adenda incorpora otras actuaciones que permiten atender y dar respuesta a la problemática derivada de circunstancias sobrevenidas en la ejecución de las obras de ampliación de la autopista AP-9:
La puesta en servicio de la autovía do Morrazo AG-46, que supone una variación de las hipótesis de tráfico adoptadas en la ampliación del puente de Rande, por lo que es necesario completar estas obras con una actuación que permita que el tráfico Vigo-O Morrazo, y viceversa, pueda utilizar también los actuales carriles del puente de Rande, además del correspondiente único carril segregado objeto de la ampliación de capacidad de la autopista.
Un estudio previo de tráfico que analice una eventual y futura ampliación del puente de Rande, así como las adaptaciones del mismo, que permitan garantizar su funcionalidad si en un futuro el incremento de tráfico condicionara una ampliación.
Actuaciones para dotar de permeabilidad y reponer la accesibilidad en el ámbito urbano de Chapela (Redondela), en los lugares de Torreiro, Pasán, camino de Mouriño, Fonte Cornido, y paso superior de Trasmañó, Asimismo, dada la existencia de numerosas viviendas afectadas por la ampliación de la autopista en la zona de Chapela, es necesaria la ejecución de actuaciones al objeto de reducir la contaminación acústica en la zona.
En la fecha en que la adenda aprobada empiece a surtir efectos, se procederá a la aplicación de forma conjunta, de la siguiente actualización de tarifas, ya establecidas con anterioridad en los RD 1733/2011, de 18 de noviembre y RD 104/2013, de 8 de febrero, respectivamente.
Del 1% anual acumulativo durante veinte años, en los recorridos con pago directo por los usuarios de la autopista AP-9. Esta subida compensa la inversión realizada en las obras para la ampliación de capacidad de diversos tramos de dicha autopista y otras actuaciones contempladas en el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, y también la inversión realizada en las actuaciones recogidas en la adenda al Convenio aprobada mediante el Real Decreto.
Del 1% en 2018, un 0,8% en 2019 y de un 0,8% en 2020, en los recorridos con pago directo por los usuarios de la autopista AP-9, para compensar el establecimiento de bonificaciones en el peaje de vehículos ligeros en los tramos de Pontevedra-Vigo, Pontevedra-Morrazo, Pontevedra-Vilaboa y Rande-Vigo, de acuerdo con el Real Decreto 104/2013, de 8 de febrero.
Por poner algún ejemplo de lo que puede suponer esta actualización de las tarifas, en el recorrido A Coruña-Santiago, un vehículo ligero que desde enero de 2018 paga 6,40 euros, pasará a pagar 6,50 euros o un pesado 2 en ese mismo recorrido pasa de 14 a 14,25 euros. Asimismo, en un tramo como Guísamo-Órdenes, se pasará de 3,45 euros a 3,5. (7,60 a 7,75 para los pesados 2).
CONVENIO ENTRE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y MADRID PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Comunidad de Madrid para el desarrollo de acciones dirigidas a la actualización, implantación y control de calidad de los certificacos de profesionalidad, así como el diseño y ejecución de trabajos relacionados con esta materia.
A través de este convenio, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid se compromete a proporcionar 16 expertos docentes para colaborar en los trabajos de desarrollo de los diferentes instrumentos y acciones del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Además, pondrá a disposición del SEPE un conjunto de recursos metodológicos propios y material técnico necesario para su realizacion. La aportación de la Comunidad de Madrid está cuantificada en 200.000 euros.
Por su parte, el SEPE asume la financiación de las nóminas correspondientes a los 16 expertos y facilitará los medios materiales y tecnológicos requeridos para el desarrollo de su actividad, realizando previamente procesos de formación metodológica.
La aportación del SEPE a la financiación de las acciones de este convenio asciende a un total de 785.000 euros, distribuidos en dos ejercicios: 360.000 euros para el ejercicio de 2018 y 425.000 euros para el ejercicio de 2019.
El convenio se prolongará hasta el 31 de agosto de 2019. Su suscripción facilita la utilizacion conjunta de medios y servicios públicos y mejora la eficiencia de la gestión pública en el ámbito de la formación profesional.
LINEAS DE FINANCIACION PARA PYMES, EMPRESAS TECNOLÓGICAS Y JÓVENES EMPRENDEDORES
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destinará fondos a la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), que gestionará las líneas a través de préstamos participativos.
Se estima que las tres líneas de financiación darán cobertura a cerca de 500 proyectos empresariales que conllevarán una inversión inducida de más de 77 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de tres convenios de colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) para desarrollar en 2018 tres líneas de financiación que, mediante préstamos participativos, ENISA ofrece a pymes, jóvenes emprendedores y empresas de base tecnológica.
El Gobierno subraya la importancia de apoyar la innovación en la Pyme española, por lo que considera a ENISA un instrumento financiero fundamental, tanto en las etapas de creación como de expansión de nuevos modelos de negocio escalables y sostenibles.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destinará a este fin 98,5 millones de euros y se estima que se dará cobertura, a través de las líneas que gestiona ENISA, a unos 500 proyectos empresariales innovadores impulsados por pyme, y emprendedores, induciendo una inversión de más de 77 millones de euros.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 ha fijado las cuantías máximas de los préstamos que concederá el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a ENISA para el desarrollo de cada línea:
CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA AL PROYECTO DE COOPERACIÓN PESQUERA COPEMED Y AL CONSEJO INTERNACIONAL DE CAZA
El Consejo de Ministros ha aprobado la contribución voluntaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al proyecto de cooperación pesquera COPEMED y al Consejo Internacional de Caza, por un valor total de 104.400 euros.
De este total corresponden 90.000 euros al proyecto COPEMED que tiene como objetivo la sostenibilidad de los recursos pesqueros de las subregiones del Mediterráneo Occidental y Central y de sus ecosistemas, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, biológicos, económicos, sociales e institucionales. También tiene como finalidad promover la cooperación científica interregional y apoyar los foros de gestión pesquera regionales.
El ámbito del proyecto engloba a los ocho Estados ribereños de esta área del Mediterráneo: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Malta, Italia, Francia y España, siendo los beneficiarios netos del mismo los países de la orilla sur.
Dentro de las líneas de política internacional, la Secretaría General de Pesca coopera con el proyecto COPEMED II "Apoyo técnico y creación de redes de cooperación que faciliten la coordinación en apoyo de la ordenación pesquera en el Mediterráneo Occidental y Central".
España colabora también con el Consejo Internacional de Caza (CIC), del que es miembro desde 1930, aportando una cuota de 14.400 euros. Esta organización, vinculada a la gestión y conservación de la naturaleza y de gran tradición y prestigio, tienen un ámbito de actuación a escala mundial, ya que pertenecen a ella 84 países de los cinco continentes, en calidad de miembros activos o como asociados.
La importancia y trascendencia de sus actuaciones a favor de la caza y su imagen han convertido al CIC en un organismo de referencia internacional para el sector cinegético, al que se suman aquellos países en los que la caza cuenta con gran tradición y peso económico.
CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA A LA FEDERACIÓN DE PARQUES NACIONALES Y NATURALES DE EUROPA (EUROPARC-FEDERATION)
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria a la Federación de Parques Nacionales y Naturales de Europa (EUROPARC-FEDERATION), por un importe de 2.630 euros.
El Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado por Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, incluye entre los objetivos a alcanzar en materia de cooperación y colaboración en el ámbito internacional (art. 2.2.d), el de participar en redes internacionales mediante acuerdos marco con entidades internacionales y organizaciones multilaterales para potenciar la imagen y la presencia internacional de la Red de Parques Nacionales Españoles.
La Federación de Parques Nacionales y Naturales de Europa (EUROPARC-FEDERATION) se fundó en el año 1973 y agrupa a doscientos setenta y cinco organizaciones, correspondientes a treinta y nueve países que gestionan alrededor de seiscientos espacios protegidos.
En España, forman parte de esta asociación los Cabildos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.
La labor que desarrolla la Federación tiene por objeto el mantenimiento de una red sólida, que presta diferentes servicios e implementa iniciativas en diferentes disciplinas que inciden en el desarrollo de las áreas protegidas, lo que ha merecido el reconocimiento internacional.
Los afiliados de la Federación son responsables de la gestión de sus espacios naturales protegidos y de las redes de estos, por lo que esta relación directa con el territorio y la estrecha cooperación con la Unión Europea para la financiación de nuevos programas hace de la Federación un interlocutor fundamental ante los responsables políticos europeos.
La Federación depende por completo para su financiación de la aportación económica de cada uno de sus miembros, que viene regulada en sus estatutos.
Desde febrero de 1994 la sección del Estado español forma parte de la Federación, llevando a cabo una gran labor en tareas de coordinación y, comprometiéndose, como tal, a contribuir con la cuota que esta categoría tiene asignada; cuota que, para 2018, asciende a 2.630,00 euros, la misma cantidad que la aportada en el ejercicio pasado.
CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA AL FONDO FIDUCIARIO DEL CONVENIO DE VIENA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, por un importe total de 17.830,00 USD.
El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, fueron establecidos en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con objeto de reducir la producción y el consumo de las sustancias que agotan y destruyen la capa de ozono, reduciendo así su abundancia en la estratosfera.
Son estos dos tratados en los que participan un mayor número de países miembros, adquiriendo el carácter de tratados universales en la historia de las Naciones Unidas, puesto que no existe prácticamente ninguna nación que no los haya ratificado y contribuya a cumplir sus medidas.
España, que se adhirió al Convenio de Viena en 1988 (BOE de 16 de noviembre de 1988), es uno de los países más beneficiados con esta tendencia, dada su posición geográfica y su clima.
En el citado Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, existen dos fondos relacionados con la protección de la capa de ozono cuyas contribuciones derivan de los compromisos suscritos por nuestro país. Se trata de los Fondos Fiduciarios:
Para el Convenio de Viena, cuyo objeto es la protección de la capa de ozono. Se encuentra previsto en el texto del Convenio (párrafo 3 del artículo 6) y permite el funcionamiento de la Secretaría del mismo.
Para el Protocolo de Montreal, cuyo objeto es la eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono.
Las contribuciones de cada país para cubrir estos fondos están previstas en los textos de los tratados, y los presupuestos se aprueban en la Reunión de las Partes correspondiente.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se vino financiando la contribución de España a ambos fondos fiduciarios del Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal hasta el año 2011, en el que dejó de abonarla.
Ahora, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se propone realizar una contribución voluntaria al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, por un total de 17.830 dólares estadounidenses para el ejercicio de 2018, que equivalen a 15.210 €.
APROBADAS DOS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS A LOS FONDOS AFRICANO Y ASIÁTICO DE DESARROLLO, POR IMPORTE DE 24 MILLONES DE EUROS
Las aportaciones a estos fondos refuerzan el compromiso de España con los países más desfavorecidos y su papel dentro de la arquitectura financiera internacional.
El Fondo Africano de Desarrollo (FAfD) es la ventanilla de financiación concesional del Grupo Banco Africano de Desarrollo. El Fondo, del que España es miembro fundador, fue creado en 1972 y tiene como objetivos fundamentales luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida en los 40 países más pobres del continente africano.
Por su parte, el Fondo Asiático de Desarrollo (FAsD) se encuadra en la estructura del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). Comparte con su homólogo africano el objetivo de luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de los países de la región.
CONVOCATORIA DE AYUDAS "TORRES QUEVEDO" Y "DOCTORADOS INDUSTRIALES"
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autorizan a la Agencia Estatal de Investigación las convocatorias de ayudas "Torres Quevedo" y "Doctorados Industriales" contempladas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020- dotadas con un importe total de 19 millones de euros.
Las ayudas a contratos "Torres Quevedo" suman 15 millones de euros para fomentar la incorporación de doctores con trayectoria consolidada en empresas, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos. Por su parte, las ayudas "Doctorados Industriales" fomentaran con 4 millones de euros la formación de doctores en empresas a través de la financiación de los contratos, la realización de estancias y los gastos de matrícula en enseñanzas de doctorado.
Embajadora de España ante la Santa Sede. -
Dª.MARÍA DEL CARMEN DE LA PEÑA CORCUERA.
Nacida en Madrid el 2 de noviembre de 1952, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense.
Ingresó en la Carrera Diplomática en 1979.
Ha estado destinada en las Embajadas de: Pekín, Brasilia, Londres y Tel Aviv y en el Consulado General en Berna y ha sido embajadora en Etiopía, Seychelles, Djibuti, Qatar y observadora permanente ante la Unión Africana
A su vez en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha ocupado los siguientes puestos: directora-jefe de la Sección de Energía Nuclear y Nuevas Fuentes Energéticas, directora de Personal Diplomático y Consular Extranjero y de Organismos Internacionales, en los Servicios de Protocolo, Cancillería y Ordenes, jefa de área de Política Exterior para África del Norte, subdirectora general de Acción Cooperativa (cooperación con África y Asia) en la AECID, subdirectora general de África Subsahariana. También ha sido directora general para África
Ha prestado también servicios como funcionaria internacional de las Naciones Unidas en la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas con sede en Addis Abeba y ha trabajado en la Unión Europea como experto nacional destacado (END) en la Delegación de la Comisión en Pekín.
Director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares.-
D.JUAN DUARTE CUADRADO.
Juan Duarte Cuadrado, nacido en Madrid. Licenciado en Derecho. Y con estudios superiores de Música. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1994.
Ha trabajado en las embajadas españolas en Eslovaquia, Etiopia, Colombia, Argentina y Reino Unido, así como en el consulado en Paris.
En el Ministerio ha sido jefe del Servicio de Acción Consular, jefe área de Programas y Convenios Culturales en la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.