Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG_D_10_279_2044.CODI.%29
Timestamp: 2019-08-24 03:26:52
Document Index: 45347838

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 48', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 48', 'artículo 50', 'artículo 9', 'artículo 107', 'artículo 8', 'artículo 50', 'artículo 120', 'artículo 48', 'artículo 7', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 50', 'artículo 50', 'Artículo 2', 'artículo 107', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 107', 'Artículo 7', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 8', 'artículo 50', 'Artículo 1', 'artículo 107', 'Artículo 5', 'artículo 48', 'e contrario', 'artículo 48', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 107', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 48', 'artículo 50', 'artículo 48', 'artículo 50', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 48', 'artículo 107', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 107', 'artículo 149', 'artículo 107', 'artículo 147', 'artículo 145', 'artículo 147', 'artículo 174', 'artículo 97', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 18', 'artículo 107', 'artículo 48', 'artículo 7', 'artículo 23']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 279-2044, de 04/12/2013
cve: BOCG_D_10_279_2044
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 18 enmiendas al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Se suprimen los artículos relativos al factor de sostenibilidad.
El Gobierno del PP utiliza la crisis como argumento para acelerar al año 2019 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad previsto en la Ley 27/2011 para los años 2027/32. Esa fecha se relaciona con el momento en que se prevé un incremento del gasto en pensiones al incorporarse como pensionistas las generaciones del baby boom. Evidentemente estas generaciones no van a llegar a la edad de jubilación (65/67 años) antes de lo que estaba previsto. En consecuencia, adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2019 no está justificado por razones objetivas.
Además el factor de sostenibilidad pone en marcha la estrategia del Caballo de Troya. Se explica que se defiende el modelo de seguridad social público, mientras se intenta que la cultura y ciertas metodologías del sistema privado de capitalización individual se incrusten en los sistemas públicos. Como una pequeña brecha en el sistema público, contributivo y de reparto, que más adelante se pretenderá ensanchar.
En todo caso debe afirmarse con rotundidad que las propuestas de factor de sostenibilidad no son la solución. No solo porque las causas del desequilibrio financiero no obedecen a un aumento del gasto, sino a una caída de ingresos por la crisis. Sino porque el impacto posible del factor de sostenibilidad es a largo plazo y por tanto, de nada serviría adelantar su aplicación para abordar un problema grave en el corto plazo provocado por la crisis y las políticas de austeridad salvaje del Gobierno.
Art. 3. Elementos de cálculo.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 4.
Art. 4. Fórmula de cálculo.
Art. 5. Revisión del factor de sostenibilidad.
El artículo 6. «Derecho a percepción de complementos por mínimos» queda redactado como sigue:
El factor de sostenibilidad no será de aplicación a la percepción de los complementos de mínimos, ni a las pensiones no contributivas, que se fijarán cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Atendiendo a la limitada cuantía tanto de las pensiones no contributivas, que en España son solo el 46% de la UE 15, como de los complementos de mínimos, así como valorando al colectivo que se dirigen, aquellas personas más necesitadas que por falta de recursos económicos no pueden atender sus necesidades vitales básicas o cuyos medios de subsistencia resultan a todas luces insuficientes para llevar una vida digna, consideramos oportuno excluirlas de la aplicación del factor de sostenibilidad para evitar que pierdan todavía más poder adquisitivo.
El artículo 7. «Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio» queda redactado conforme al artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada por la Ley 24/1997, 15 julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Y en el recordatorio del artículo 50 de la CE.
Art. 48. Revalorización.
Uno. Las pensiones de la seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año.
Si el índice de precios al consumo acumulado, correspondiente al período comprendido entre el noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto, y en función del cual se calculó la revalorización, se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A tales efectos los pensionistas cuyas pensiones hubieren sido objeto de
revalorización en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en pago único, antes del 1 de abril del ejercicio posterior.
Dos. El resto de pensiones reconocidas por el sistema de la Seguridad Social serán revalorizadas periódicamente por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta, entre otros factores indicativos, la elevación del nivel medio de los salarios y beneficios empresariales, el índice de Precios al Consumo, la evolución de la fiscalidad general y la evolución general de la economía. Y atendiendo a que las referidas pensiones cumplan con el mandato del artículo 50 de la Constitución española a los poderes públicos para garantizar pensiones adecuadas y la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.
Se considera necesario conservar el actual redactado del artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ya que el Factor de Revalorización, así definido, devalúa el derecho a la revalorización de las pensiones vulnerando el artículo 50 de nuestra Constitución en el que se garantiza a los ciudadanos durante la tercera edad la «… suficiencia económica…» a través de «… pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.»
El nuevo mecanismo sustituye a la actual fórmula, en que la revalorización es un derecho, no sometido a la discrecionalidad del poder político, es transparente y cumple con el principio de seguridad jurídica que deben tener las normas conforme al artículo 9.3 de la Constitución Española, y se pretende restituir por otro opaco, que hace depender la revalorización de la discrecionalidad o arbitrariedad política y de difícil o imposible interpretación por parte de la ciudadanía e incluso por los tribunales.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.
La disposición adicional 1.ª queda redactada como sigue:
El Gobierno abordará, en el ámbito del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales y en la Comisión Parlamentaria de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo, la evaluación de los factores demográficos, de empleo, de productividad y cuantos otros criterios puedan tenerse en cuenta para la concreción del llamado Factor de Sostenibilidad en el horizonte temporal previsto en la disposición adicional quincuagésima novena del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 8 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
En el marco de diálogo social y político referido en el párrafo anterior se analizará la oportunidad de atender la realidad específica de las personas con discapacidad.
Que la Seguridad Social española necesita reformas es una realidad. Pero una cosa es que las Reformas sean necesarias y otra que las presentadas por el Gobierno vayan dirigidas a resolver los retos a medio largo plazo y los desajustes a corto. Por ello resulta más incomprensible la falta de diálogo y negociación real, tanto a nivel social como a nivel político, por parte del Gobierno. Una falta de dialogo que
tiene su origen en los compromisos firmes asumidos por el Gobierno de España con la Troika y en contrapartida a las ayudas recibidas para el rescate bancario. Y también en la oportunidad que ofrece al Gobierno la mayoría absoluta para abordar una contra-reforma de esta naturaleza sin tener que negociar ni dialogar con otros agentes.
Por ello esta enmienda persigue el compromiso de debatir y acordar en 2027 y aplicar por primera vez en el 2032 el llamado factor de sostenibilidad, previsto en la Ley 27/2011:
«Se revisarán cada cinco años los parámetros fundamentales del sistema por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027».
Las fechas no son aleatorias, sino que se corresponden al período en que se considera que llegan a los 65/67 años las cohortes nacidas, durante el «baby boom», que son especialmente numerosas y que alcanzan hasta finales de los años 40 de este siglo.
Se añade además a esta disposición la necesidad de analizar la situación específica de las personas con discapacidad por lo que a su esperanza de vida se refiere.
La disposición adicional 2.ª queda redactada como sigue:
El Gobierno abordará en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo los estudios necesarios para la posible configuración de nuevos índices de revalorización de las pensiones que, en todo caso deberán garantizar que la actualización periódica a la que se refiere el artículo 50 de la Constitución española, comporta el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas, con una periodicidad anual.
La propuesta de revalorización que contiene la reforma del PP no puede justificarse en el Pacto de Toledo, puesto que en él se dice que se estudiará.
Lo que no puede hacer el Gobierno es adoptar, contra la oposición de sindicatos, la opinión en contra de los empresarios, un dictamen desfavorable del Consejo Económico y Social y la oposición de todos los grupos de la Cámara menos el PP, una nueva regulación que sustituye a otra que ha tenido elevados niveles de acuerdo social y consenso político.
El Gobierno abordará, en el ámbito del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales y en la Comisión Parlamentaria de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo, los estudios necesarios para analizar la posibilidad de proceder a la modificación temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes establecidos en el artículo 120. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014. En los casos en los que esté prevista la cotización con cargo a empresas y trabajadores el reparto de estos dos puntos adicionales de cotización se hará manteniendo la proporción que existía previamente en este tipo de contingencia.
La actual situación de déficit que de forma coyuntural presenta el sistema de Seguridad Social, que prevé para el ejercicio 2013 un saldo negativo aproximado de 11.000 millones de euros, como consecuencia en gran medida de la pérdida de empleo, y la caída de la calidad del mismo, producida en los últimos años, exige actuaciones en el corto y medio plazo orientadas a la mejora de ingresos que permita mantener el nivel de protección que ofrece el sistema sin tener que recurrir al agotamiento anticipado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Se propone para que se valore, en el marco del diálogo social y político, una posible modificación temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes.
Se mandata al Gobierno de la nación para que en el plazo de 6 meses presente en el Congreso de los diputados un informe que, en el marco de la política fiscal del Estado, proponga medidas concretas que permitan el establecimiento de un sistema de estimación directa de ingresos por actividades económicas o profesionales.
En un escenario como el actual caracterizado por una importante caída de ingresos por cotizaciones sociales, se hace especialmente importante actuar sobre los instrumentos de equidad que deben regir el sistema de cotización a la Seguridad Social.
En este sentido es necesario abordar el hecho de que la base media de cotización de los trabajadores autónomos sea un 42% inferior a la que declaran los trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen General, sin que aparentemente existan razones objetivas que justifiquen este hecho.
Si bien es cierto que en 2013, se ha iniciado muy tímidamente su proceso de equiparación de bases de cotización, éste con los márgenes legales de los que dispone actualmente el sistema de Seguridad Social, sólo puede abordarse desde la intervención sobre la base mínima de cotización lo que, en la práctica, limita de forma muy importante el resultado final y los plazos para lograrlo. Es por ello que, en el marco de la política fiscal del Estado, debe profundizarse en los sistemas de estimación directa de ingresos por actividades económicas o profesionales, lo que tendrá importantes consecuencias en la recaudación fiscal y en los ingresos de la Seguridad Social, que deben partir de una base de cotización igual a los
ingresos reales, de la misma forma que para los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Y, adicionalmente, esta mayor cotización permitirá a su vez mejorar la protección social de las personas que realizan su actividad al amparo del Régimen Especial del Trabajo Autónomo.
El Gobierno asumirá a partir de 2014 con cargo a la imposición general los gastos de personal y administración derivados del funcionamiento de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
En 2014 los PGE para 2014 destinarán un total de 2.326 millones de euros (0,25% del PIB) derivados de cotizaciones sociales para cubrir los gastos de personal y administración de la administración de la Seguridad Social, siendo ésta la única administración que no financia dicha partida con cargo a la imposición general. De asumir esta fórmula de financiación del gasto en personal se liberarían estos recursos para mejorar la capacidad de gasto en prestaciones del sistema.
El Gobierno establecerá las oportunas transferencias a la Seguridad Social para financiar las reducciones de cuotas comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2014, de tal forma que tales reducciones sean convertidas en bonificaciones.
Las políticas activas de empleo no deben financiarse con cargo a la Seguridad Social, sino con recursos adicionales. Las reducciones de cuotas suponen una merma de ingresos al sistema cifrada para 2014 en 774,59 millones de euros (0,07% del PIB), si bien ha multiplicado esa cifra en ejercicios anteriores, mientras que en el caso de las bonificaciones, es el Estado quien asume el pago de las cotizaciones y el sistema mantiene sus ingresos.
El Gobierno abordará en el plazo de un año, en el ámbito del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales y en la Comisión Parlamentaria correspondiente, un plan de empleo específico con el objetivo de recuperar el empleo destruido en la crisis y reducir la actual tasa de desempleo de modo que el sistema de Seguridad Social vuelva a recuperar un nivel de ingresos por cotizaciones sociales adecuado.
Esta medida vendría a ayudar a la sostenibilidad del sistema de seguridad social en el medio y largo plazo.
Una de las causas del actual déficit que de manera coyuntural presenta el sistema de Seguridad Social viene derivada de la pérdida acumulada de trabajadores con empleo afiliados. La pérdida de cada millón de afiliados a la Seguridad Social supone una reducción de ingresos de unos 5.000 millones de euros anuales, los 3 millones largos de empleos destruidos en lo que llevamos de crisis equivalen a un 1,43% del PIB en términos de cotizaciones que no se ingresan cada año en Seguridad Social.
El Gobierno abordará en el plazo de 6 meses, en el ámbito del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales y en la Comisión Parlamentaria correspondiente, un plan de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal y de Seguridad Social.
Distintos estudios y estimaciones sitúan en el entorno del 20% del PIB el volumen de negocio asociado a actividades económicas no declaradas. A este respecto tiene especial repercusión tanto el trabajo producido por personas no dadas de alta en la seguridad social como las que cotizan, o se ven obligadas a cotizar, por debajo de su salario o ingresos reales.
Las estimaciones, con las cautelas necesarias por la escasa calidad de algunas de las fuentes estadísticas, sitúan el impacto en cotizaciones a la Seguridad Social en torno a los 11.000 millones de euros anuales, un 1,1% del PIB.
El Gobierno abordará en el plazo de un año, en el ámbito del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales y en la Comisión Parlamentaria de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo, la elaboración de una propuesta para que el Estado asuma de forma progresiva la financiación de las prestaciones derivadas de muerte y supervivencia.
Respetando el actual régimen jurídico de estas prestaciones y su cuantía, se trata de adaptar el sistema de pensiones a la realidad y evolución de la sociedad española, abordando al tiempo una medida, compatible incluso con los objetivos de déficit impuestos, con un potencial de impacto económico estructural, que permite afrontar de forma importante el reto demográfico del sistema de pensiones en las próximas décadas, manteniendo al tiempo los elementos esenciales del mismo.
Con ello, se reforzaría la financiación del conjunto de prestaciones de la Seguridad Social. En 2013 estas prestaciones supondrán 21.800 millones de euros (2,08% del PIB y más de un 20% del gasto total en pensiones).
La D.F. 2.ª de modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactada como sigue:
Debe afirmarse con rotundidad que las propuestas de factor de sostenibilidad no son la solución. No solo porque las causas del desequilibrio financiero no obedecen a un aumento del gasto, sino a una caída de ingresos por la crisis. Sino porque el impacto posible del factor de sostenibilidad es a largo plazo y por tanto, de nada serviría para abordar un problema grave en el corto plazo.
La D.F. 3.ª de modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, queda redactada como sigue:
Las pensiones de las clases pasivas serán revalorizadas cada año en los mismos términos establecidos en el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.
La correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado determinará el importe de las pensiones de las clases pasivas, incluido el importe de la pensión mínima y los haberes reguladores aplicables para la determinación de la cuantía de las mismas.
En coherencia con la enmienda formulada al artículo 7.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 7 enmiendas al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo. II.
Se propone la supresión de los párrafos 3, 4 y 5 del apartado II del Preámbulo del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, que dice:
«Su finalidad es mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas, garantizando a las generaciones presentes y futuras la percepción de pensiones adecuadas y suficientes, conforme al mandato del artículo 50 de la Constitución Española.
De entre las diferentes fórmulas matemáticas para su aplicación, y a los efectos de conseguir una mayor estabilidad frente a posibles fluctuaciones anuales de la esperanza de vida a una determinada edad, se ha optado por utilizar períodos quinquenales para determinar la evolución de dicha esperanza de vida, tal y como prevé la Ley 27/2011, de 1 de agosto.»
La sostenibilidad no puede garantizarse mediante lo que eufemísticamente se denomina «mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al Sistema y las prestaciones esperadas» invocando paradójicamente el mandato del artículo 50 de la Constitución española.
Se propone la supresión del Artículo 2 del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, que dice:
El Factor de Sostenibilidad se aplicará, en los términos establecidos en esta ley, por una sola vez para la determinación del importe inicial de las nuevas pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social.»
Lo que de facto se propone es que por una sola vez, pero de cuantía desmesurada y de dudosa constitucionalidad, se reducirá el importe inicial de las nuevas pensiones de jubilación.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.
Se propone la supresión del Artículo 7 del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social:
La desvinculación de la revalorización de las pensiones del IPC provocará inevitablemente una disminución de la capacidad adquisitiva de los pensionistas, contraria a los artículos 41 y 50 de la Constitución y de los más elementales requerimientos de justicia social.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 7.
Se propone la adición de un nuevo Artículo al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, con el siguiente tenor literal:
«Artículo nuevo.
Se procederá al abono de las prestaciones protectoras de la supervivencia, de las prestaciones que protegen a la familia y de los complementos a mínimos por las previsiones del presupuesto ordinario a través de su correspondiente incremento y consecuente minoración de los Presupuestos de la Tesorería General de la Seguridad Social previstos para la financiación de estas contingencias.
El proceso de desplazamiento al presupuesto ordinario de estas prestaciones se realizará de forma progresiva y consensuada en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo.»
Culminar el proceso de separación de fuentes de forma equitativa, ordenada y garantista de una protección suficiente, pública y universal de los colectivos indicados en el precepto que se adiciona.
Todas aquellas prestaciones inferiores en su cuantía al umbral técnico de la pobreza definido por el Eurostat se beneficiarán de un incremento suficiente para alcanzar la cuantía de dicho umbral.»
No se cumple el requerimiento constitucional de suficiencia de la pensión en aquellas en las que no se alcanza el umbral técnico de la pobreza y que por lo tanto ubica a estos pensionistas en la situación de técnicamente pobres según la definición del Eurostat.
Se propone la adición de un nuevo párrafo a la Disposición final primera del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, con el siguiente tenor literal:
Se establecerán los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma del País Vasco asumirá la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social.»
Adecuación a la distribución de competencias que en esta materia prevé el Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.
Se propone la adición de una nueva Disposición adicional al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, con el siguiente tenor literal:
«Disposición adicional nueva. Los trabajadores que tuvieron la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 y se hubieran jubilado anticipadamente a través de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos y contratos individuales de prejubilación de empresas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se les compensará por una cuantía equivalente a la diferencia existente entre los coeficientes reductores que realmente les aplicaron y los previstos en la antecitada Ley y otras normas concordantes reguladoras en la actualidad de la jubilación anticipada.»
Se trata de remover la injusticia histórica que constituye la expulsión del mercado de trabajo, contra su voluntad y mediante acuerdos no pactados por ellos que afecta a los prejubilados que tuvieron la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 15 enmiendas al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
El Proyecto de Ley, sin aval político ni social, se aparta del Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales en febrero de 2011, y de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, a la que dio origen, y define un «factor de sostenibilidad» a implantar en 2019, sin indicación de las causas que justifican su anticipación al momento de la total implantación de las reformas paramétricas que dicha Ley contiene, que culminarían en 2027, de incidencia directa en el gasto.
Se trata de un factor que actúa directamente en la cuantía de la pensión, reduciéndola, ignorando otras fórmulas, esbozadas en el artículo 8 de la Ley 27/2011, dirigidas a mantener la proporcionalidad entre las contribuciones y las prestaciones recibidas, mediante ajustes en los parámetros del sistema y no necesariamente sobre el cálculo de la pensión inicial, con respeto al principio de contributividad y sin prejuzgar fuentes alternativas de financiación. El desarrollo de las fórmulas esbozadas en la Ley 27/2011, en definitiva, permitirían garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, acercándonos a una cifra de gasto similar a la media que emplea la Unión Europea.
La aplicación de este factor junto con el índice de revalorización anual que regula también el Proyecto de Ley de forma simultánea, automática y en atención a unas variables muy precisas que constriñen el margen de decisión política y social recorta drásticamente la pensión, prejuzgando la «suficiencia» demandada por el artículo 50 de la Constitución, y actúa en abierta oposición a los principios de equidad y solidaridad intergeneracional.
En la configuración de ambos factores el Proyecto de Ley se aparta, por primera vez en nuestra historia democrática, de la atención que exige el garantizar el derecho a una pensión adecuada, de cuantía económica suficiente (art. 50 Constitución), como colofón debido a la dignidad de la persona (art.10.1 Constitución), e ignora que nuestro sistema público de pensiones es un sistema de reparto, con transferencias de rentas entre generaciones, que ha funcionado aportando garantía a la estabilidad presupuestaria en el largo plazo a la par que ofrecía pensiones suficientes. O dicho en otras palabras, el Proyecto de Ley, con el fin de salvaguardar el equilibrio financiero del sistema, en la concreción de la cuantía de la pensión, aplica una dimensión económica que atiende exclusivamente la relación entre cotizantes y pensionistas contributivos, esto es, tanto ingreso por cotización tanto gasto, desconociendo que la garantía de suficiencia de las pensiones, constitucionalmente consagrada, podría exigir otras fuentes de ingresos, y no tan solo una contención en el gasto. Tal planteamiento conculca los principios de equidad y solidaridad intergeneracional al impedir que los pensionistas puedan participar de la riqueza del país.
En coherencia con la enmienda presentada al Artículo 1 del Proyecto de Ley.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.
El Proyecto de Ley regula un nuevo «Índice de Revalorización», a aplicar el 1 de enero de 2014, que desvincula el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones del Índice de Precios al Consumo, y
de la garantía de compensación por desviación de inflación incluida en el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social. Se trata de una fórmula matemática que exclusivamente atiende la relación entre cotizantes y pensionistas contributivos, tanto ingreso por cotizaciones tanto gasto, estableciendo, además, unos límites máximo y mínimo que garantizan que en ningún momento el incremento anual de las pensiones será inferior al 0,25% ni superior al IPC más el 0,25%.
Esta fórmula condena a los pensionistas a una pérdida de poder adquisitivo en los momentos de crisis como en actual de imposible recuperación en el futuro. Su aplicación tiene pues el efecto de una congelación permanente de las pensiones, totalmente contrario al espíritu y la letra de la Constitución, y alejado del Pacto de Toledo y de los acuerdos suscritos con los interlocutores sociales, especialmente, el Acuerdo de 1996 que fue el que dio origen a la redacción actual del artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social.
De otro lado, su aplicación lineal para el conjunto de las pensiones contributivas del sistema, sin diferenciar en clases ni cuantías, vulnera el principio de equidad del sistema y desconoce la importante función que las pensiones desempeñan para la cohesión social.
En definitiva, y como señalábamos en la motivación presentada al artículo 1 del Proyecto de Ley, la introducción de estos dos mecanismos, uno de ajuste automático en la determinación inicial de las pensiones y otro para su revalorización anual, suponen un cambio de modelo al erosionar su configuración como un sistema de reparto y los principios que lo rigen
En coherencia con las enmiendas presentadas al Artículo 1 y al Artículo 2 del Proyecto de Ley.
En coherencia con las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 18 enmiendas al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.
El artículo 6 «Derecho a percepción de complementos por mínimos» queda redactado como sigue:
Atendiendo a la limitada cuantía tanto de las pensiones no contributivas, que en España son solo el 46% de la UE 15, como de los complementos de mínimos, así como valorando al colectivo que se dirigen, aquellas personas más necesitadas que por falta de recursos económicos no pueden atender sus necesidades vitales básicas o cuyos medios de subsistencia resultan a todas luces insuficientes para
llevar una vida digna, consideramos oportuno excluirlas de la aplicación del factor de sostenibilidad para evitar que pierdan todavía más poder adquisitivo.
El artículo 7 «Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio» queda redactado conforme al artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada por la Ley 24/1997, 15 julio de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Y en el recordatorio del artículo 50 de la CE.
Si el índice de precios al consumo acumulado, correspondiente al período comprendido entre el noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto, y en función del cual se calculó la revalorización, se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A tales efectos los pensionistas cuyas pensiones hubieren sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en pago único, antes del 1 de abril del ejercicio posterior.
Se considera necesario conservar el actual redactado del artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ya que el Factor de Revalorización, así definido, devalúa el derecho a la revalorización de las pensiones vulnerando el artículo 50 de nuestra Constitución en el que se garantiza a los ciudadanos durante la tercera edad la «… suficiencia económica…» a través de «… pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.»
El nuevo mecanismo sustituye a la actual fórmula, en que la revalorización es un derecho, no sometido a la discrecionalidad del poder político, es transparente y cumple con el principio de seguridad jurídica que deben tener las normas conforme al art. 9.3 de la Constitución Española, y se pretende restituir por otro
opaco, que hace depender la revalorización de la discrecionalidad o arbitrariedad política y de difícil o imposible interpretación por parte de la ciudadanía e incluso por los tribunales.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera.
Que la Seguridad Social española necesita reformas es una realidad. Pero una cosa es que las Reformas sean necesarias y otra que las presentadas por el Gobierno vayan dirigidas a resolver los retos a medio largo plazo y los desajustes a corto. Por ello resulta más incomprensible la falta de diálogo y negociación real, tanto a nivel social como a nivel político, por parte del Gobierno. Una falta de dialogo que tiene su origen en los compromisos firmes asumidos por el Gobierno de España con la Troika y en contrapartida a las ayudas recibidas para el rescate bancario. Y también en la oportunidad que ofrece al Gobierno la mayoría absoluta para abordar una contra-reforma de esta naturaleza sin tener que negociar ni dialogar con otros agentes.
«Se revisarán cada cinco años los parámetros fundamentales del sistema por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027.»
Si bien es cierto que en 2013, se ha iniciado muy tímidamente su proceso de equiparación de bases de cotización, éste con los márgenes legales de los que dispone actualmente el sistema de Seguridad Social, sólo puede abordarse desde la intervención sobre la base mínima de cotización lo que, en la práctica, limita de forma muy importante el resultado final y los plazos para lograrlo. Es por ello que, en el marco de la política fiscal del Estado, debe profundizarse en los sistemas de estimación directa de ingresos por actividades económicas o profesionales, lo que tendrá importantes consecuencias en la recaudación fiscal y en los ingresos de la Seguridad Social, que deben partir de una base de cotización igual a los ingresos reales, de la misma forma que para los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Y, adicionalmente, esta mayor cotización permitirá a su vez mejorar la protección social de las personas que realizan su actividad al amparo del Régimen Especial del Trabajo Autónomo.
El Gobierno abordará en el plazo de un año, en el ámbito del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales y en la Comisión Parlamentaria de seguimiento de los acuerdos del Pacto de
Toledo, la elaboración de una propuesta para que el Estado asuma de forma progresiva la financiación de las prestaciones derivadas de muerte y supervivencia.
Disposición Final 3.ª.
La correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado determinará el importe de las pensiones de las clases pasivas, incluido el importe de la pensión mínima y los haberes reguladores aplicables para la determinación de la cuantía de las mismas.»
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 15 enmiendas al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.
El Proyecto de Ley regula un nuevo «Índice de Revalorización», a aplicar el 1 de enero de 2014, que desvincula el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones del Índice de Precios al Consumo, y de la garantía de compensación por desviación de inflación incluida en el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social. Se trata de una fórmula matemática que exclusivamente atiende la relación entre cotizantes y pensionistas contributivos, tanto ingreso por cotizaciones tanto gasto, estableciendo, además, unos límites máximo y mínimo que garantizan que en ningún momento el incremento anual de las pensiones será inferior al 0,25% ni superior al IPC más el 0,25%.
En definitiva, y como señalábamos en la motivación presentada al artículo 1 del Proyecto de Ley, la introducción de estos dos mecanismos, uno de ajuste automático en la determinación inicial de las pensiones y otro para su revalorización anual, suponen un cambio de modelo al erosionar su configuración como un sistema de reparto y los principios que lo rigen.
Se suprime la Disposición adicional segunda.
Se suprime la Disposición final cuarta.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 17 enmiendas al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Capítulo I.
Se propone suprimir el Capítulo I del Proyecto de Ley cuyo objetivo es regular y concretar el denominado Factor de Sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social por considerar que dicha concreción y entrada en vigor debe ser acordada y consensuada con los distintos agentes sociales y con las otras fuerzas parlamentarias, en el marco del Pacto Toledo. Se suprime en coherencia con la adición de una nueva Disposición Adicional que mandata al Gobierno a alcanzar el citado acuerdo.
Se propone suprimir el artículo del Proyecto de Ley destinado a modificar el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad social, y que tiene por objetivo reformar el mecanismo de
revalorización de las pensiones de la Seguridad Social, por considerar que el nuevo sistema no asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y en consecuencia, no respeta el mandato constitucional de garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, suficiencia económica a los ciudadanos mayores.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 7.
Artículo 8 (Nuevo). Nivel mínimo de las prestaciones.
Todas aquellas prestaciones inferiores en su cuantía al umbral técnico de la pobreza definido por el Eurostat se beneficiarán de un incremento suficiente para alcanzar la cuantía de dicho umbral.
No se cumple el requerimiento constitucional de suficiencia de la pensión en aquellas en las que no se alcanza el umbral técnico de la pobreza y que por lo tanto ubica a estos pensionistas en la situación de pobres técnicamente según la definición del Eurostat.
Disposición Adicional (Nueva). Aplicación del Factor de Sostenibilidad sobre nuevas pensiones de jubilación de personas con discapacidad.
Para el cálculo del Factor de Sostenibilidad aplicable sobre nuevas pensiones de jubilación de personas con discapacidad, se tendrán en cuenta tablas de mortalidad de personas con discapacidad, y una edad de referencia distinta de los 67 años y acorde con la situación en que se hallan, para compensar en todo caso, el efecto que la propia discapacidad tiene sobre la esperanza de vida de la población en estas circunstancias.
Tanto la exposición de motivos del Proyecto, como la memoria de impacto de la misma, justifican el establecimiento del Factor de Sostenibilidad en la necesidad de mantener la proporcionalidad entre las
contribuciones ingresadas y las prestaciones a recibir, asegurando el riesgo asociado al incremento de la longevidad y ajustando la equidad intergeneracional.
Si es la equidad uno de los elementos básicos en los que descansa la justificación del factor de sostenibilidad, ha de ponderarse que la equidad debe predicarse de quienes se encuentran en una situación de partida similar, pero no —como se deduce de la propuesta— respecto de para quienes esa situación de partida es diferente, con lo que, de no adoptarse medidas compensatorias se quebraría el principio de equidad que pretende establecerse (si hiciésemos un paralelismo entre la «equidad» y la «igualdad», habría que traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional sobre que tan ilegítimo es «tratar desigual a los iguales, como dar un tratamiento igualitario, a los desiguales»).
Pues bien, ese efecto puede darse en la aplicación del factor de sostenibilidad sobre las personas con discapacidad que acceden a la jubilación, ya que, conforme se señala en el texto del Proyecto, la pensión que resulte (en función de la base reguladora y el porcentaje por períodos de cotización) va a verse modificada en función de cómo haya variado la esperanza de vida a la edad de los 67 años.
Ahora bien, esa variable (la esperanza de vida a una determinada edad) va a contemplarse —salvo que en el propio Proyecto se establezcan las excepciones o particularidades correspondientes— en función del conjunto de personas con 67 años, obviando que, precisamente por razón de la discapacidad, las personas que llegan a la pensión tienen una esperanza de vida que resulta menor que la establecida con carácter general.
Con ello, las personas con discapacidad que acceden a la pensión pueden verse afectadas por una minoración de su cuantía, en razón del crecimiento de la esperanza de vida a los 67 años, cuando (moviéndonos en media y para la globalidad del grupo de personas con discapacidad) para él no se va a producir ese aumento, que implicase un mayor período de percibo de la pensión.
Se trata pues de resolver esta cuestión planteada por las organizaciones representativas de la discapacidad, y añadir las consideraciones necesarias para que se tengan en cuenta la diferente situación de las personas con discapacidad respecto de la esperanza de vida media o general.
Disposición Adicional (Nueva). Determinación del Factor de Sostenibilidad a aplicar sobre nuevas pensiones de jubilación.
La revisión de los parámetros fundamentales del Sistema prevista en la Disposición Adicional quincuagésimo novena del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para incorporar a los cálculos de las prestaciones, la evolución de la esperanza de vida de la población en general y de las personas con discapacidad, que tiene por objetivos mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al Sistema y las prestaciones esperadas del mismo, y garantizar su sostenibilidad, y que supone la configuración del denominado Factor de Sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social deberá concluir en el plazo de 6 meses, tras la entrada en vigor de la presente Ley, con un acuerdo en el ámbito del Diálogo social, entre el Gobierno y los interlocutores sociales, y con las fuerzas parlamentarias en el marco del Pacto de Toledo, tanto respecto a su concreción, elementos de cálculo y fórmula de cálculo, como a su entrada en vigor.
A la vista de los futuros desafíos a los que se enfrenta el Sistema de la Seguridad Social, tanto de índole demográfica como económicos deben adoptarse sin duda, medidas relevantes y con incidencia. Pero sin duda también, precisamente por ello, por tratarse de reformas con impactos importantes, deben ser fruto del consenso. Sin acuerdo no existirá continuidad en su vigencia ni estabilidad y en consecuencia, tampoco efectividad. Por ello, se mandata al Gobierno a alcanzar un acuerdo respecto al denominado Factor de Sostenibilidad idealmente, lo más amplio posible.
Disposición Adicional (Nueva). Gastos de Personal y administración derivados del funcionamiento del Sistema de la Seguridad Social.
El Gobierno asumirá a partir de 2014 con cargo a la imposición general, los gastos de personal y administración derivados del funcionamiento de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
El próximo año los PGE para 2014 destinarán un total de 2.326 millones de euros (0,25% del PIB) derivados de cotizaciones sociales para cubrir los gastos de personal y funcionamiento de la administración de la Seguridad Social, siendo ésta la única administración que no financia dicha partida con cargo a la imposición general. De asumir esta fórmula de financiación del gasto en personal se liberarían estos recursos para mejorar la capacidad de gasto en prestaciones del sistema.
Disposición Adicional (Nueva). Conversión de las Reducciones de cuotas a la Seguridad Social en Bonificaciones.
Disposición Adicional (Nueva). Financiación de las prestaciones por muerte y supervivencia.
El Gobierno abordará en el plazo de un año, en el ámbito del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, y en la Comisión Parlamentaria de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo, la elaboración de una propuesta para que, en el plazo de 25 años, el Estado asuma de forma progresiva la financiación de las prestaciones derivadas de muerte y supervivencia.
Disposición Adicional (Nueva). Revisión de la situación de los pensionistas afectados por el Real Decreto 1380/1984.
El Gobierno adoptará en el plazo de 1 mes, las medidas necesarias incluidas las financieras, para compensar las pérdidas económicas sufridas por los trabajadores afectados por el Real Decreto 1380/1984, de 20 de junio, por el que se declara en reconversión al grupo de Empresas ITT-España. Dicha compensación se efectuará a través de un pago único.
Esta enmienda pretende dar solución a una situación de injusticia que se remonta a la década de los ochenta y sobre la que se han aprobado ya diversas iniciativas parlamentarias.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
Se establecerán los oportunos convenios, mediante los cuales las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Catalunya asumirán la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social.
Adecuación a la distribución de competencias que en esta materia prevé el Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estatuto de Autonomía de Catalunya.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda.
A la cuantía así determinada le será de aplicación el Factor de Sostenibilidad que corresponda en cada momento salvo los casos siguientes:
b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013.
Con esta propuesta, se pretende que la aplicación de la Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, del 4 de octubre de 2013, no suponga afectación a las prejubilaciones procedentes de Expedientes de Regulación de Empleo u otras formas de rescisión involuntaria del contrato laboral, efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la futura ley respecto a los fórmulas legales que se propiciaron para el acceso a la jubilación anticipada en el momento de rescisión del contrato de trabajo.
En el Proyecto de Ley, en la Disposición Final Segunda se especifica en su último párrafo que «…A la cuantía así determinada le será de aplicación el Factor de Sostenibilidad que corresponda en cada momento», implantando con ello un importante recorte en los derechos de la jubilación anticipada de aquellos empleados por ejemplo como los de Telefónica afectados por los EREs 44/2003 y 177/2011 que accedan a la jubilación anticipada a partir del 1 de enero 2019, a pesar que durante la fase de adscripción al citado ERE la legislación vigente reconocía unos derechos futuros que se formalizarían en el momento de la jubilación anticipada.
Con el fin de subsanar las inseguridades que dimanan de la redacción actual de la Disposición Final Segunda, se propone la presente enmienda que además ha sido planteada por diversas organizaciones
de trabajadores pre-jubilados, en la cual se precisa en qué casos dejaría de aplicarse la condición expresada en el último párrafo de la Disposición citada.
Apartado Nuevo. Se modifica el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactado como sigue:
«Las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo.
En el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrán ser superiores, en cómputo anual, al doble del importe, también en cómputo anual, del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en el 50 % del exceso sin que, en ningún caso, la suma de la pensión y de los ingresos pueda superar 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Esta reducción no afectará al complemento previsto en el apartado 6 del artículo 145 de esta Ley.»
Su objetivo es promover que el Sistema de Seguridad Social no suponga trabas para la activación y por tanto el acceso al empleo, tanto por cuenta propia como ajena, de las personas con discapacidad, y que al mismo tiempo estimule, compatibilizándolas en su caso, el tránsito de medidas pasivas a medidas activas. Así, se incentiva también el emprendimiento de las personas que cobran estas pensiones. De esta forma las personas pasarían de ser únicamente perceptores, a ser también contribuyentes fiscales y cotizantes a la Seguridad Social.
Para ello, se ha de mejorar la Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado. En este sentido, se propone: aumentar los ingresos por trabajo que se permiten compatibilizar con el percibo de la pensión de invalidez no contributiva. La suma de la pensión y los ingresos por el trabajo no podrá superar el duplo del IPREM (ahora el tope es la cuantía de este). Si excede de ese tope se minora la pensión en un 50% del exceso, sin que la suma de la pensión y los ingresos por el trabajo superen 3 veces el IPREM (ahora 1,5). Y suprimir el plazo de los 4 años actuales en que se permite la compatibilidad, (artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social) para que sea indefinida.
Apartado Nuevo. El primer párrafo del apartado segundo del artículo 174 del Texto Refundido de la Seguridad Social queda redactado en los siguientes términos:
2. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil u otra prestación de análoga naturaleza regulada por el derecho civil propio de las Comunidades Autónomas y ésta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aún no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.
La determinación de la pensión de viudedad en los casos de separación o divorcio requiere de la existencia de una pensión compensatoria que hubiera quedado extinguida por el fallecimiento del causante para poder ser acreedora de la misma. El redactado actual del artículo deberá completarse con la equiparación de este tipo de prestaciones en aquellas Comunidades con derecho civil propio.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final quinta.
2. El Factor de Sostenibilidad se aplicará a las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social que se causen a partir de del 1 de enero de 2019.
Se propone eliminar el apartado 2 de la Disposición Final Quinta en coherencia con enmiendas anteriores de supresión del Capítulo I y de adición de una nueva Disposición Adicional. El Gobierno debe acordar con los agentes sociales y las fuerzas parlamentarias el denominado factor de sostenibilidad y su entrada en vigor.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.
Disposición Final (Nueva). Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
Se suprime la disposición adicional octogésima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por la que se aplaza la aplicación de la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social relativa a las pensiones de viudedad.
Para evitar el aplazamiento de la aplicación de la citada Disposición adicional trigésima que suponía un incremento de la base reguladora de la pensión de viudedad en determinados casos y su mejor tratamiento fiscal cuando su percepción se compatibilizaba con rentas procedentes del trabajo u otras pensiones.
Disposición Final (Nueva). Modificación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y modernización del Sistema de la Seguridad Social.
Se modifica el Punto 1 de la Disposición Adicional 41.ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y modernización del Sistema de la Seguridad Social, que queda redactado como sigue:
«1. Las ayudas procedentes de fondos públicos o privados que tengan por objeto subvencionar la realización de estancias de formación, prácticas, colaboración o especialización que no estando integradas dentro de planes de estudio oficiales, vayan dirigidas a titulados académicos, deberán establecer y estar condicionadas a la contratación laboral de sus beneficiarios por parte de la entidades a las que se adscriban mediante la formalización de un contrato laboral de acuerdo con las disposiciones legales y convencionales aplicables a la entidad de adscripción, siempre que dichas ayudas no estén sujetas a otras disposiciones más específicas con una protección social superior.»
La necesidad de adoptar medidas contra el fraude laboral y a la Seguridad Social relacionado con el encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas se recogió en el Punto 10 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 25 de enero de 2011. A partir de ese momento aparecen distintas regulaciones, como la aparecida en la Disposición Adicional 28ª de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que establece una regulación laboral a los programas de ayudas a la investigación dirigidas a personal para que se les contrate en las entidades a las que se adscriban. Esta medida proporciona una herramienta eficaz en la lucha contra el uso fraudulento de becas que encubren puestos de trabajo en la investigación.
Con el fin de extender dicha regulación laboral a otros sectores susceptibles de mala praxis fraudulenta, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social introdujo la Disposición Adicional 41ª para tal fin. Sin embargo, el Punto 1 de dicha disposición ha resultado ser impreciso y difuso, generando confusión a la hora de aplicar la gestión de las altas y bajas en el Régimen de la Seguridad Social por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Es por ello necesaria una modificación del texto para obtener una regulación laboral explícita que dote de herramientas eficaces contra la lucha de los fraudes laboral, fiscal y a la Seguridad Social derivados de una extendida mala praxis consistente en encubrir puestos de trabajo a titulados académicos mediante estancias formativas, de especialización, etc. remuneradas en régimen de beca y sin ningún vinculo con centros educativos.
Disposición Final Nueva. Modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Se suprime el apartado 3 del artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por no considerar adecuado que el Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo en el sistema de pensiones, revise el sistema, de forma unilateral, sin contar con acuerdo o consenso, y aplique de forma automática el factor de sostenibilidad.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 4 enmiendas al Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2013.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.
Se modifica el primer párrafo del apartado IV del preámbulo, y se añaden dos nuevos párrafos tras el párrafo quinto de dicho apartado.
El primer párrafo queda redactado de la siguiente manera:
«Esta ley se estructura en dos capítulos, desglosados en un total de siete artículos, a los que hay que añadir cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.»
Los dos nuevos párrafos, a incluir tras el párrafo quinto, tienen la siguiente redacción:
«La disposición adicional tercera establece la presentación por parte del Gobierno con carácter quinquenal de un informe sobre la adecuación y suficiencia de las pensiones.
La disposición adicional cuarta va dirigida a prever la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en relación con los valores calculados para la determinación del Índice de Revalorización de las Pensiones aplicable y del Factor de Sostenibilidad.»
El objeto de la enmienda es adecuar la redacción del preámbulo a la estructura y contenido del proyecto de ley.
Se modifica el último párrafo del apartado 2 del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 7 del proyecto. Dicho párrafo queda redactado de la siguiente manera:
«En ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a un incremento anual de las pensiones inferior al 0,25 por ciento ni superior a la variación porcentual del índice de precios de consumo en el período anual anterior a diciembre del año t, más 0,50 por ciento.»
La propuesta indicada supone una mejora importante en beneficio de los pensionistas respecto a la versión inicial del proyecto de ley, en el que se preveía que el incremento anual de las pensiones no podrá superar a la variación del índice de precios de consumo en el período anual anterior a diciembre del año t, más 0,25 por ciento.
Con la propuesta se eleva este incremento en 0,25 puntos básicos, hasta alcanzar el 0,50 por ciento. De esta forma, se garantiza la mejora del poder adquisitivo de las pensiones en períodos de bonanza económica, permitiendo que los pensionistas también puedan beneficiarse de la buena situación económica.
Se incorpora una nueva disposición adicional tercera, con el siguiente tenor:
«Disposición adicional tercera. Informe sobre la adecuación y suficiencia de la pensiones del sistema de la Seguridad Social.
El Gobierno elaborará quinquenalmente desde la aprobación de esta Ley un estudio, para su presentación en el Congreso de los Diputados y en el ámbito del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, sobre los efectos de las medidas adoptadas en esta norma en la suficiencia y adecuación de las pensiones de la Seguridad Social.»
Mediante la incorporación de esta disposición adicional se pretende dotar de mayor transparencia al sistema de pensiones de la Seguridad Social, al encargarse al Gobierno la presentación ante el Congreso de los Diputados, para su análisis y evaluación por la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, de un informe con carácter quinquenal sobre la suficiencia y adecuación de las pensiones.
Se incorpora una nueva disposición adicional cuarta, con el siguiente tenor:
«Disposición adicional cuarta. Opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emitirá opinión conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, respecto de los valores calculados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la determinación del Índice de Revalorización de las Pensiones aplicable en cada ejercicio y del Factor de Sostenibilidad.»
Se considera conveniente que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emita su opinión respecto de los valores calculados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la determinación del Índice de Revalorización de las Pensiones aplicable en cada ejercicio y del Factor de Sostenibilidad.