Source: https://beta.e-justice.europa.eu/37/ES/costs?ROMANIA&action=printMS&member=1
Timestamp: 2020-01-17 19:17:48
Document Index: 139394510

Matched Legal Cases: ['artículo 239', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 171', 'artículo 173', 'artículo 274']

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Rumanía.
Peritos técnicos judiciales
¿Dónde puedo encontrar información sobre la mediación?
Los honorarios de los abogados son variables y se determinan en función del nivel de dificultad, el volumen y la duración. Su cuantía puede convenirse libremente entre el abogado y el cliente, dentro de los límites marcados por la ley y el Estatuto profesional.
El importe puede basarse en:
Una tarifa por horas trabajadas.
Una cantidad fija.
Una cantidad en función del éxito del asunto: además de una cantidad fija, el abogado puede solicitar una cantidad fija o variable en caso de éxito (está estrictamente prohibido que la remuneración del abogado se base únicamente en el resultado judicial).
Una combinación de tarifa fija y por horas, con independencia del resultado.
Es casi imposible estimar los honorarios antes de presentar el caso al abogado, quien los evaluará teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso y la carga de trabajo, la cuantía del litigio y la naturaleza del litigante.
Oficiales de justicia (agentes judiciales de ejecución)
El nivel de la tasa depende de la actividad realizada para ejecutar una sentencia judicial o un título ejecutivo con arreglo a Derecho. El Ministerio de Justicia elabora una lista de tasas en colaboración con la Unión Nacional de Ejecutores Judiciarios. La parte que solicita la ejecución de un procedimiento paga al agente de ejecución judicial. Por lo general, el pago se hace por cada ejecución.
Para la ejecución de deudas relativas a importes monetarios las tasas máximas son las siguientes:
Deudas de hasta 50 000 RON inclusive
La tasa máxima es el 10% del importe de la deuda (por ejemplo, si dicho importe es de 40 000 RON, la tasa no puede exceder de 400 RON, o 100 EUR).
Deudas entre 50 000 RON y 80 000 RON inclusive
La tasa máxima es un importe fijo de 5 000 RON, más el 3% del importe que exceda de 50 000 RON.
Deudas entre 80 000 RON y 100 000 RON inclusive
La tasa máxima es un importe fijo de 5 900 RON, más el 2% del importe que exceda de 80 000 RON.
Deudas superiores a 100 000 RON
La tasa máxima es un importe fijo de 6 300 RON, más el 1% del importe que exceda de 100 000 RON.
Información pormenorizada sobre las tasas mínimas y máximas según el tipo de acto de ejecución
Cantidades cobradas antes de la resolución (antes de presentar la demanda)
Notificación y comunicación de documentos procesales
Entre 20 leus (5 euros) y 400 leus (100 euros)
Determinación de situaciones de hecho y elaboración de inventarios de bienes (artículo 239 de la Ley de procedimiento civil)
Entre 100 leus (25 euros) y 2 200 leus (550 euros) para los deudores personas físicas y 5 200 leus (1 300 euros) por los deudores personas jurídicas
Acta de oferta real
Entre 50 leus (12,5 euros) y 350 leus (87,5 euros)
10% del valor real
Aseguramiento de embargo
Entre 100 leus (25 euros) y 1 200 leus (300 euros) para los deudores personas físicas y 2 200 leus (550 euros) por los deudores personas jurídicas
Consultas jurídicas relativas a la elaboración de los documentos de ejecución
Entre 20 leus (5 euros) y 200 leus (50 euros)
Cantidades cobradas durante el procedimiento
60 RON (15 EUR) es la tasa mínima para una deuda de hasta 1 000 RON (250 EUR)
60 RON, más el 2% del importe que exceda de 1 000 RON, si se trata de deudas superiores a 1 000 RON
Para sumas hasta 50 000 leus (12 500 euros), la tarifa puede ser hasta el 10% del valor de la reclamación.
Para sumas entre 50 001 leus y 80 000 leus (20 000 euros), la tarifa es el 3% del valor de la reclamación.
Para sumas entre 80 001 leus y 100 000 leus (25 000 euros), la tarifa es el 2% del valor de la reclamación.
Para sumas superiores a 100 000 leus, la tarifa es el 1% del valor de la reclamación.
Protesto por impago de letras, pagarés o cheques
Tarifa mínima de 150 leus (37,5 euros)
Máximo de 400 leus (100 euros)
Embargo judicial
Tarifa mínima de 100 leus (25 euros)
Máximo de 1 200 leus (300 euros) para los deudores personas físicas y 2 200 leus (550 euros) por los deudores personas jurídicas
Cantidades cobradas tras el procedimiento (una vez dictada la resolución judicial)
Otorgar la custodia de un menor o establecer el domicilio de un menor
Entre 50 leus (aproximadamente 12,5 euros) y 1 000 leus (250 euros)
Contacto o visita al menor
Entre 50 leus (aproximadamente 12,5 euros) y 500 leus (125 euros)
En caso de cobro de deudas
Cobro de deudas/créditos actuando judicialmente contra bienes muebles
Tasas mínimas
60 RON (15 EUR) para deudas de hasta 1 000 RON (250 EUR)
Tasas máximas
Hasta el 10% para sumas no superiores a 50 000 leus (12 500 euros)
3% para las sumas comprendidas entre 50 001 leus y 80 000 leus (20 000 euros)
2% para las sumas comprendidas entre 80 001 leus y 100 000 leus (25 000 euros)
1% para las sumas que excedan de 100 000 leus
Cobro de deudas/créditos actuando judicialmente contra bienes inmuebles
150 RON (37,5 EUR) para deudas de hasta 1 000 RON (250 EUR)
150 RON (37,5 EUR) más el 2% del importe que exceda de 1 000 RON, si se trata de deudas superiores a 1 000 RON
Las tasas aplicadas por los peritos técnicos judiciales son variables. El organismo que ordena el peritaje técnico determina la tasa correspondiente al peritaje técnico judicial, teniendo en cuenta su complejidad, la cantidad de trabajo que conlleva y la cualificación profesional o científica del perito técnico judicial.
El peritaje técnico judicial se realiza por orden del tribunal, del ministerio fiscal o de otros organismos encargados de tareas relacionadas con el establecimiento de los hechos o circunstancias de un caso, mediante el nombramiento de peritos técnicos judiciales autorizados por el Ministerio de Justicia;
La parte interesada tiene derecho a solicitar la participación en el peritaje, junto con el perito técnico judicial nombrado, de un perito técnico judicial asesor de dicha parte y nombrado y pagado por ella, previo acuerdo del órgano judicial que ordenó el peritaje. La parte en cuestión y su perito asesor determinarán la tasa correspondiente, que será pagada por dicha parte, de común acuerdo conforme a las relaciones contractuales existentes entre ambos.
Tasas por el ejercicio de acciones judiciales: tasas judiciales e impuesto de actos jurídicos documentados
Las demandas sujetas a tasas judiciales requieren un sello judicial.
Pueden variar entre 0,5 y más de 1 500 euros.
En las demandas de cuantía económicamente determinable (pensión alimenticia, asuntos mercantiles), las tasas judiciales están en función de dicha cuantía:
Cuantía de la reclamación
Importe de las tasas judiciales
Hasta 39 leus
2 leus
39,01 – 388 leus
2 leus más el 10% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 39 leus
388,01 – 3 879 leus
37 leus más el 8% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 388 leus
3 879,01 – 19 395,00 leus
316 leus más el 6% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 3 879 leus
19 395,01 – 38 790,00 leus
1 247 leus más el 4% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 19 395 leus
38 790,01 leus – 193 948,00 leus
2 023 leus más el 2% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 38 790 leus
Superior a 193 948,00 leus
5 126 leus más el 1% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 193 948 leus
En las demandas en materia de derecho de familia, las tasas judiciales son:
Divorcio por deterioro de las relaciones familiares o de mutuo acuerdo (artículo 38, apartados 1 y 2, del Código de familia)
39 leus (10 euros)
Divorcio por imposibilidad de un cónyuge de cumplir sus obligaciones familiares por enfermedad grave (artículo 38, apartado 3, del Código de familia) o por bajos ingresos de un cónyuge (inferiores al salario mínimo nacional) o falta de ingresos
8 leus (2 euros)
Custodia de los hijos, establecimiento del domicilio del menor o reconocimiento del derecho a usar el apellido del progenitor
6 leus (2,5 euros)
Impuesto de actos jurídicos documentados (aprox. 1 euro): varía entre 1,5 y 5 leus.
Resoluciones judiciales: coste de la resolución (aprox. 1 euro)
Las resoluciones judiciales, citaciones y notificaciones se comunican gratuitamente a las partes y a los testigos, peritos y otras personas o instituciones implicadas en el litigio.
La consulta o copia de documentos del expediente judicial y los certificados de la secretaría del juzgado o tribunal conllevan una tasa (máx. 4 leus).
Coste de obtención de una resolución autentificada (menos de 1 euro)
Solicitud al tribunal de copia de la resolución definitiva y firme
Sello del tribunal por importe de 2 leus
Otros procedimientos: tasas fijas
1. Honorarios de los intérpretes y traductores
Los determina el tribunal en la resolución en la que nombra el traductor o intérprete. La tarifa mínima de 20 leus se incrementa:
el 50% en las traducciones desde o a una lengua oriental (chino, japonés) o poco habitual, así como en traducciones urgentes (24-48 horas);
el 100% en la interpretación simultánea y en servicios durante fines de semana, vacaciones oficiales y días no laborables o entre las 22.00 y las 6.00 horas.
Las tarifas concretas son:
Intérpretes autorizados
23,15 leus (aprox. 6 euros) por hora o, en su caso, fracciones de una hora.
33,56 leus por página (aproximadamente 8 euros)
A estas cantidades debe añadirse el IVA, cuando así proceda legalmente.
2. Retribución de los oficiales de justicia (agentes judiciales de ejecución)
Consúltese el capítulo relativo a la retribución de los oficiales de justicia.
El coste del juicio en primera instancia es de naturaleza similar al del recurso, pero éste se limita a un 50% del primero.
1. Tasas judiciales
Se pagan por anticipado, antes de la recepción, tramitación o emisión de la documentación pertinente o realización del servicio solicitado. En la práctica, el solicitante paga las tasas judiciales que considera correctas en el momento de presentar la demanda. En la primera vista, el juzgado o tribunal determina el importe a pagar y reclama el pago de la cantidad pendiente.
2. Retribución de los agentes judiciales de ejecución
Los gastos de ejecución debe pagarlos por anticipado la parte que la solicite. El pago anticipado de la retribución de los agentes judiciales de ejecución no puede ser, no obstante, condición para la ejecución de las resoluciones judiciales.
3. Honorarios de interpretación
La parte solicitante debe pagar las tasas judiciales fijas, los gastos de viaje oficiales y los honorarios del intérprete en el plazo de 5 días desde su determinación.
4. Derechos de los peritos
La parte que solicite el peritaje pagará el importe fijado como tasa provisional y el anticipo correspondiente a los gastos de viaje, cuando proceda, en los cinco días siguientes al nombramiento del perito técnico judicial. El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria abierta específicamente a este efecto por el servicio local de peritajes judiciales y contables. El tribunal podrá también decidir que esos gastos corran a cargo de ambas partes.
El organismo que ordena el peritaje determina la tasa correspondiente al peritaje judicial, teniendo en cuenta su complejidad, la cantidad de trabajo que conlleva y la cualificación profesional o científica de perito técnico judicial.
No hay ninguna tasa judicial en los procesos penales.
No hay ninguna tasa judicial en los procesos constitucionales.
Los representantes legales no tienen obligación directa de proporcionar a las partes información previa sobre sus derechos y obligaciones, las posibilidades de éxito y los costes del procedimiento. No obstante, el Estatuto de la abogacía obliga al abogado a asesorar a su cliente de forma rápida, seria, correcta y diligente.
¿Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?
La información explicativa de las diversas fuentes de los costes no es fácilmente accesible, pues no se publica en los sitios web de las instituciones públicas ni se menciona en los folletos. Esta información puede obtenerse directamente de las personas que trabajan en ese campo o de las siguientes leyes sobre las costas judiciales:
Las tasas judiciales y el impuesto sobre actos jurídicos documentados están regulados en la Ley 146/1997, de tasas judiciales, y el Decreto del Gobierno 32/1995, sobre el impuesto sobre actos jurídicos documentados.
los honorarios de los abogados se regulan en la Ley nº 188/2000, relativa a los agentes judiciales de ejecución, y por el Decreto nº 2550/C, de 14 de noviembre de 2006, por el que se aprueban las tasas mínimas y máximas correspondientes a los servicios de los agentes de ejecución judicial.
Los derechos de los peritos técnicos judiciales están regulados en la Ley de procedimiento civil y el Decreto del Gobierno 2/2000, sobre la organización del peritaje judicial y extrajudicial.
Los honorarios de los traductores e intérpretes están regulados en la Ley de procedimiento civil, la Ley 178/1997 y la Orden 772, de 5 de marzo de 2009, sobre el establecimiento de los honorarios de los traductores e intérpretes autorizados.
¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las costas en Rumanía?
Las leyes que regulan las costas sólo están disponibles en rumano.
La mediación está regulada en la Ley 192/2006, sobre la mediación y la organización de la profesión de mediador. Esta ley establece que el mediador tiene derecho a percibir una remuneración acordada con las partes, más el reembolso de los gastos realizados en relación con la mediación.
La información estadística sobre la duración media de los casos puede encontrarse en el informe anual sobre la actividad judicial del país, disponible en rumano en los sitios web públicos del Consejo Superior de la Magistratura (véase el capítulo 3.4:«Indicadores de calidad de la actividad judicial», páginas 155-162).
Las tasas judiciales y los honorarios de abogados incluidos en el contrato de asistencia jurídica gratuita no llevan IVA ni impuesto sobre actos jurídicos documentados.
En la traducción de documentos debe añadirse el IVA, cuando así proceda legalmente.
Ingresos mensuales medios netos por miembro de la familia
Menos de 500 leus (aprox. 125 euros)
Los ingresos deben ser inferiores al mínimo durante al menos 2 meses antes del ejercicio de la acción ante el tribunal, en cuyo caso el Estado corre con la totalidad de los costes.
Menos de 800 leus (aprox. 200 euros)
Los ingresos deben ser inferiores al mínimo durante al menos 2 meses antes del ejercicio de la acción ante el tribunal, en cuyo caso el Estado corre con el 50% de los costes.
La asistencia jurídica gratuita se concede también:
si los costes fijos o totales estimados del juicio pudieran restringir el derecho constitucional al acceso efectivo a la justicia;
si este derecho pudiera verse restringido por la diferencia en el coste de la vida entre el Estado miembro de residencia y Rumanía;
con independencia de los ingresos, cuando una ley especial reconoce el derecho como medida de protección del afectado (menores, discapacitados u otros supuestos especiales).
Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados
El umbral de ingresos sólo es de aplicación en los asuntos civiles. En los asuntos penales, las principales disposiciones legales que regulan este campo figuran en el artículo 171 de la Ley de procedimiento penal. El acusado tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando:
es un menor;
está internado en un centro de reeducación o una institución médica educativa;
ya ha sido detenido o puesto bajo custodia por otros asuntos penales;
ha sido objeto de internamiento médico o recibe tratamiento médico obligatorio;
la autoridad responsable de la investigación penal o el órgano jurisdiccional considera que el acusado no puede ejercer su propia defensa;
la pena legalmente prevista para la supuesta infracción es de cadena perpetua o al menos 5 años de prisión.
Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas
El umbral de ingresos no es de aplicación a las víctimas en el terreno penal. Las disposiciones legales que regulan este campo figuran en el artículo 173 de la Ley de procedimiento penal.
Las reclamaciones siguientes están legalmente exentas de tasas judiciales:
Todas las reclamaciones relativas a (1) la protección y promoción de los derechos de los niños (regulados en la Ley 272/2004, relativa a la protección y promoción de los derechos de los niños), (2) custodia, (3) tutela, (4) asistencia a las personas con trastornos mentales graves (desórdenes mentales);
Reclamaciones relativas a las obligaciones legales y contractuales de alimentos y todas las reclamaciones en materia de adopción (reguladas en la Ley 273/2004, de la adopción);
Otras reclamaciones legalmente previstas.
En los asuntos civiles, las reglas de imposición de costas están reguladas en los artículos 274-276 de la Ley de procedimiento civil. En principio,
La parte perdedora está obligada (previa solicitud) a pagar las costas del juicio;
El juez no puede reducir las tasas judiciales u otros gastos pagados por la parte ganadora;
En principio, si el demandado se allana a la demanda en la primera vista, no estará obligado a pagar los gastos judiciales, a menos que se hubiera practicado una notificación oficial a través del oficial judicial en el procedimiento prejudicial especializado anteriormente expuesto.
En los asuntos penales, las reglas de imposición de costas e indemnizaciones están reguladas en los artículos 189-193 de la Ley de procedimiento penal. En principio,
Los gastos necesarios para la realización de los actos procesales, la administración de las pruebas, el mantenimiento de los medios materiales de prueba, la remuneración de los abogados y otros gastos relacionados con el proceso penal se cubren con las cantidades aportadas por el Estado o pagadas por las partes.
En caso de condena, el acusado debe pagar los gastos judiciales del Estado, excepto los de los intérpretes designados por los órganos jurisdiccionales y exceptuando también los supuestos en que se conceda la asistencia jurídica gratuita.
En caso de absolución o suspensión del juicio, los gastos judiciales del Estado los paga la parte siguiente:
En caso de absolución: (a) la víctima, en la medida en que los hubiera causado; (b) la parte civil cuyas pretensiones civiles hubieran sido totalmente denegadas, en la medida en que los hubiera causado; (c) el acusado, cuando, pese a la absolución, esté obligado a indemnizar los daños y perjuicios.
En caso de suspensión del juicio, (a) el acusado, si se hubiera acordado la sustitución de la responsabilidad penal o hubiera motivos para no imponer una pena; (b) ambas partes, en caso de conciliación; (c) la víctima, si se hubiera retirado o reclamado judicialmente de forma tardía la reclamación.
En caso de amnistía, prescripción o retirada de la denuncia o querella, así como en caso de existencia de motivos para no imponer una pena, si el acusado solicita la continuación del juicio, los gastos judiciales podrán imponerse a la víctima o al acusado, dependiendo de otras disposiciones legales.
En todos los demás casos, el Estado corre con sus propios gastos judiciales.
El artículo 274 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la parte vencida estará obligada, previa petición, a pagar los gastos legales, incluidas las tasas de los peritos técnicos judiciales abonadas por la parte vencedora.
Informe de Rumanía para el Estudio sobre transparencia de las costas (544 Kb)