Source: https://www.scribd.com/document/374330060/Infancia-Genero-y-Ciudadania-intersecciones-y-asignaturas-pendientes-Perez-Scalzi-Corbalan-2011
Timestamp: 2020-04-08 09:25:40
Document Index: 300266564

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 16', 'Artículo 9', 'artículo 125', 'Artículo 10', 'Artículo 24', 'artículo 86', 'Artículo\n12', 'artículo 2']

"Infancia, Género y Ciudadanía: intersecciones y asignaturas pendientes" - Pérez Scalzi & Corbalán, 2011. | Aborto | Discriminación
La presente propuesta tiene como objetivo dar cuenta de algunos vínculos-tensiones que se generan en el marco de la democracia, entre la noción actual de ciudadanía y el efectivo derecho a participar y a ser escuchados de que son titulares niñas, niños y adolescentes. Para ello, se alude en primer término a la extensión de la noción de democracia y su vínculo con la ciudadanía, para luego poner en evidencia las limitaciones que la infancia y la adolescencia sufren en el ejercicio ciudadano en la esfera pública. En particular, siendo los procesos judiciales uno de los ámbitos en los que debería asegurarse la auténtica participación de las niñas y niños por cuanto en ellos se deciden asuntos que son de su primordial interés, se reseña un caso que involucra a una adolescente víctima de abuso sexual, con foco en algunas restricciones en torno a la efectividad del derecho en cuestión.
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La Problemática del Aborto en la Legislación Dominicana
Relacion Entre Derecho y Justicia
El Derecho a La IVE y La Objecion de Conciencia-2
24 Voces AT-00034
Argumentacion Para Enviar
Informe CS Aborto 1
Argumentos a Favor del aborto terapeutico
Analisis Tridimensionalista Sobre el Aborto
T-946-08.rtf
INFANCIA, GÉNERO Y CIUDADANÍA: INTERSECCIONES Y ASIGNATURAS
Ab. Alejandra Pérez Scalzi y Ab. María Silvia Corbalán1*
La presente propuesta tiene como objetivo dar cuenta de algunos vínculos-tensiones que se
generan en el marco de la democracia, entre la noción actual de ciudadanía y el efectivo derecho a
participar y a ser escuchados de que son titulares niñas, niños y adolescentes.
Para ello, se alude en primer término a la extensión de la noción de democracia y su vínculo
con la ciudadanía, para luego poner en evidencia las limitaciones que la infancia y la adolescencia
sufren en el ejercicio ciudadano en la esfera pública. En particular, siendo los procesos judiciales
uno de los ámbitos en los que debería asegurarse la auténtica participación de las niñas y niños por
cuanto en ellos se deciden asuntos que son de su primordial interés, se reseña un caso que involucra
a una adolescente víctima de abuso sexual, con foco en algunas restricciones en torno a la
efectividad del derecho en cuestión.
Ciudadanía- Infancia- Género- Aborto no punible
* Alejandra Pérez Scalzi, Abogada, Investigadora SECyT, Docente UNC, y María Silvia Corbalán, Abogada,
Investigadora SECyT UNC
La noción de ciudadanía y su relación con la democracia
En una primera aproximación se puede afirmar que la ciudadanía es el “vínculo político que
une al individuo con la organización estatal a la cual pertenece [y que] está compuesto por derechos
y obligaciones políticas” (Bareiro, 2009: Unidad II). Sin embargo, esta definición restringida a la
pertenencia a una comunidad política resulta insuficiente en la actualidad para reflejar el entramado
de relaciones, oportunidades, omisiones e incertidumbres que el status de ciudadano/a trae
Y es que la ciudadanía -al igual que otros conceptos fundamentales en la teoría y la praxis
política, académica e institucional- es un término que encierra tensiones. Como enseña Vargas
(2009:11) “sólo podemos acercarnos a su complejidad y a la posibilidad de su realización si
ubicamos la ciudadanía como una categoría en construcción, y por lo tanto como un proceso
dinámico, que responde a las características de exclusión e inclusión y a las condiciones históricas y
actuales en las que se perfila y ejerce”.
En un mundo atravesado por las dinámicas globalizadoras, en el que diferentes movimientos
sociales e identitarios demandan el reconocimiento y la efectivización de derechos de los que se
consideran titulares, la noción de ciudadanía “ha entrado en el debate público, reconociéndose la
necesidad de reconceptualizarla, partiendo de la convicción de que ciudadano y ciudadana son algo
mas que sujetos de derechos políticos” (Bareiro, ídem). Así, para Pzerwoski (1998:61) “la
ciudadanía moderna implica un haz de derechos y obligaciones predecibles y válidos para cada
miembro de la comunidad política”.
En rigor, la extensión que le asignemos dependerá en mucho de la postura que sostengamos
sobre la obligatoriedad de la efectiva vigencia de ciertos derechos fundamentales para todas las
personas. Según la concibe Marshall2, son tres esferas: la civil, la política y la social, las que
resumen el concepto de ciudadanía, de modo que para poder ejercerla plenamente es necesario ser
sujeto de derechos civiles, políticos y sociales.
En las últimas décadas, la cuestión de la ciudadanía y su vinculación con el efectivo
reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como “sujetos”, se ha convertido en un punto de
reflexión en el que confluyen diferentes cuestiones de carácter social, político y jurídico. Su
posicionamiento en la agenda pública, la inclusión de estos conceptos entre las categorías
neurálgicas del discurso político actual y la toma de conciencia de los actores institucionales acerca
de los mecanismos que obstaculizan la concreción real y efectiva de políticas públicas que
Ver Marshall, T.H. y Bottomore, Tom (1965): "Class, Citizenship and Social Development", New York, Doubleday,
Garden City, p. 71-136.
fortalezcan la familia y posibiliten a sus miembros el efectivo ejercicio de sus derechos y
obligaciones , evidencian la necesidad de repensar algunos de los supuestos que subyacen y que
han posibilitado su construcción histórica.
Problematizar estos conceptos, Infancia - Ciudadanía, y la red de relaciones que pueden
establecerse entre ellos, lejos de ser una cuestión teórica interesante para la investigación, una
racionalización pura y abstracta o un neutral juego lingüístico es más bien una cuestión vital que
compromete la cotidianeidad del quehacer humano, pues, al delimitar los modos válidos de relación
inter-subjetiva, impacta en la formulación de los modelos normativos de los pueblos y en las
instituciones validadas para efectivizarlos, legitimando algunas formas de comportamiento social.
Ciudadanías restringidas
Siguiendo a Yuval-Davis (1996: 16) “incluso en las sociedades más activamente
democráticas existen estratos de la población que son más pasivos, e incluso si tienen ciertos
derechos sociales, se encuentran demasiados restringidos y/o alienados para participar incluso en el
acto formal de votar… Género, sexualidad, edad y capacidad, así como etnicidad y clase son
factores importantes en la determinación de las relaciones de las personas con sus comunidades y
Estados”. En el mismo sentido puede retomarse la afirmación de que “con todo, la dificultad que
enfrentan los regímenes democráticos contemporáneos es que si bien la democracia es un sistema
de derechos positivos, no genera automáticamente las condiciones requeridas para el ejercicio
efectivo de esos derechos y esas obligaciones (Pzerwoski, ídem).
Asumido entonces que existen distintas intensidades en la ciudadanía, según la ubicación
que detentemos en territorios, géneros, etnias, etc.; en este trabajo se focalizará en las restricciones
que las niñas, niños y adolescentes3 padecen en el ejercicio de su condición ciudadana.
Apelar a la historia nos permite detectar el tiempo y el lugar en que hunde sus raíces el
complejo tutelar y sus instituciones, donde se ha gestado un determinado discurso y saberes
hegemónicos respecto de las “menores”: producción moderna por excelencia, que divide las aguas
en el imaginario respecto de los niños: unos serían “niños” y otros serían “menores”.
Y es que esta concepción actual de la infancia, no es dada. Como sucede con otras
elaboraciones de la cultura, nos resultan tan naturales que olvidamos que devienen de un proceso
histórico que las fue configurando. La modernidad, parece ser el punto de confluencia en donde
surge una imagen acabada de la infancia que se proyecta hasta nuestros días en los cuales,
comienza a advertirse cierto quiebre en esta construcción. El término infancia ha sido utilizado a lo
largo de todo el proceso de formación de la sociedad moderna, con muy variadas acepciones
dependiendo del tiempo social, de las necesidades materiales, económicas, políticas e ideológicas
de cada época. Indagar en la historia nos permite desmitificar diversas ideas arraigadas en modo de
prejuicio y sentencia. Historia de un presente que aparece como incompresible en las formas que
la infancia y la adolescencia se nos presentan y de las cuales son producto impensado e
A partir de los estudios sobre la infancia en las últimas décadas, aparece reconocido
jurídicamente el concepto de infancia y adolescencia en la Convención de los Derechos del Niño
(en adelante CDN) en donde “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años” (Ley
23.489/1991) y que socialmente reconoce que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias
especiales, a recibir protección para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad. En estos presupuestos se observa que el concepto inmerso es el niño por su falta de
madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, discurso jurídico que demuestra
la intención de ayuda, asistencia y protección a una comunidad que se encuentra en minoría de
Entre los derechos contemplados existen algunos que se consideran verdaderos ejes sobre
los que deben asentarse los análisis y las intervenciones que involucren a niñas y niños. Se trata del
derecho a la dignidad, a la participación y a ser escuchados/as. Por el primero debe respetarse la
condición de personas en crecimiento que ostentan los niñas y niñas, su integridad física, sexual,
psíquica y moral, y su derecho a no ser sometidos a tratos violentos, discriminatorios, vejatorios ni a
ninguna forma de explotación4. Thompson (2009:10) añade: “La dignidad humana, concepto central
de la evolución actual de los derechos humanos, exige la vigencia de un amplia gama de derechos,
incluyendo los que se relacionan con las condiciones económicas, sociales y culturales”.
En cuanto al segundo, los ámbitos de participación son los espacios en los que se producen
las interacciones de los niños, niñas y adolescentes con otros, sean niños, adolescentes o adultos,
delimitadas por intereses, proyectos, necesidades o significaciones relevantes para los sujetos. Más
En este documento se utilizará la expresión niño en el sentido acordado por la Convención de los Derechos del Niño
(en adelante CDN) que considera tal a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de las
leyes internas del Estado, haya alcanzado antes la mayoría de edad (cfe. Artículo 1).
CDN, Artículo 16: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”.
Ley 26.061, Artículo 9: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de
personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser
sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o
tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante. Las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral”.
adelante me ocuparé de cómo se cercenan estos derechos a niños y niñas, tanto en el ámbito
privado, en particular en la familia, cuanto en la esfera pública, mediante intervenciones judiciales
deficientes. Para la participación infantil es condición elemental es que los niños y niñas puedan
expresarse, dar su opinión, y que los otros, en especial, los adultos, los/as escuchen. El derecho a
ser escuchado/a se encuentra expresamente contemplado en el artículo 125 de la CDN, y es
enunciado por la Ley Nº 26.061 por lo menos en cuatro oportunidades. Incluso, la Ley nacional
toma este derecho con un alcance mayor al de la Convención al agregar elementos de garantía muy
importantes para su efectiva implementación, que pueden resumirse en el derecho a ser oídos sin
limitación alguna y atendidos, en cualquier forma que se manifiesten, en todos los espacios6.
Como indica Baratta (1998:18) “el derecho del niño de hacerse un juicio propio y de
expresarse conlleva el deber simétrico de los adultos (de todos, no solamente de los que tienen
alguna responsabilidad con el niño) a escucharlo. Y es precisamente en este punto donde surgen las
dificultades y comienzan las restricciones a la ciudadanía de los niños y niñas, pues en general el
mundo adulto tiene severas limitaciones para interpretar la voz de aquellos/as y su sentido. Los
adultos imponen el lenguaje, su estructura, sus formas de comunicación, y finalmente -dice Bustelo
(2007:163)-, “los niños responden en el lenguaje “legítimo” de los adultos… Los niños y niñas
hablan pero lo hacen desde la aceptación de un deber impuesto por el adulto… el niño es un adulto
en estado de reducción a una categoría menor o, en su inverso, ser niño es no ser un adulto pleno”.
El acceso a la Justicia: la ciudadanía de niñas y niños en procesos judiciales
Por acceso a la justicia, se entiende “la posibilidad de toda persona -independientemente de
su condición económica o de otra naturaleza- de acudir al sistema previsto para la resolución de
conflictos de acuerdo con el ordenamiento de cada país, y de obtener atención a sus necesidades de
determinación externa de situaciones jurídicas” (Thompson, 2000: 1).
Pero este concepto de acceso a justicia no se ha mantenido inmutable, sino que ha ido
evolucionando a lo largo del tiempo. Como bien apunta Méndez (2000:3) “… ha sufrido profundas
Artículo 10: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar. Estos
derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales”.
CDN art. 12: “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad
de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio
de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”
Ley 26.061, Artículo 24: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:
a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés; b)
Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al
transformaciones a partir de los siglos XVIII y XIX, en el sentido de pasar de ser una mera
declaración de posibilidad de defensa de los derechos individuales, a una concepción que involucra
el deber estatal de proporcionar un servicio público, protector no solo de los derechos individuales,
sino también de los derechos colectivos caracterizados por la presencia de los intereses difusos”.
Según apuntan Pzerwoski et al (1998:70) “una de las tareas distintivas de las instituciones
democráticas es contrabalancear el poder... Para que la democracia no termine en una dictadura de
facto, las instituciones democráticas deben dotar a los perdedores de instrumentos para reparar estos
efectos. Deben, en otras palabras, proteger el poder de las minorías”.
Esta nueva concepción responde al análisis de los distintos niveles que confluyen en la
articulación del íntegro servicio de justicia. Frente a un entorno jurídico de tipo tradicionalista,
algunos autores como Mauro Cappelletti y Bryant Garth7, contagiados por la corriente que busca la
concretización de los derechos, proponen esta visión novedosa que incorpora otras disciplinas -
sociología, antropología, psicología- a la órbita del derecho.
Sin embargo, esta ampliación del acceso a los tribunales (más cercano a una idea de justicia
de protección, concebida con el fin de no dejar privados/as de tutela a quienes se encuentran en una
situación de desamparo), no ha logrado ser trasladada a la realidad mediante su vigencia efectiva,
pues a diario puede comprobarse que las posibilidades de las personas y los grupos (especialmente
de aquellos/as en mayor situación de vulnerabilidad) de acudir a la justicia no han mejorado
Pero además de esta falta “por defecto” (obstáculos que impiden que ciertas controversias y
sus titulares accedan al aparato judicial), también existen fallas “por exceso”, cuando se habilita la
vía jurisdiccional para conflictos que debieron ser resueltos en otras instancias (administrativas,
comunitarias, etc.). Así ocurre con lamentable frecuencia en Argentina, con los casos de aborto no
punible, cuando el efector de salud pública se niega a practicar la interrupción del embarazo - no
obstante estar contemplada esta posibilidad en el régimen legal vigente- y genera una contienda
judicial absolutamente injustificada.
En el presente trabajo se abordará el caso de una adolescente abusada sexualmente que
manifestó su voluntad de que se le practique un aborto, decisión que inauguró un proceso judicial
innecesario, y en el que no sólo se lesionaron derechos de la niña víctima, sino que además puso en
evidencia los prejuicios que todavía hoy sostiene el Poder administrador de Justicia cuando decide
causas que involucran a mujeres, en el marco del sistema democrático.
ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.
Ver: Cappelletti, Mauro y Garth, Bryant (1996): "El acceso a la Justicia: la tendencia en el movimiento mundial para
hacer efectivos los derechos", Ed. Fondo de Cultura Económica, México.
La judicialización de casos de aborto no punible
El Código Penal argentino prevé en su artículo 86 que: “El aborto practicado por un médico
1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro
no puede ser evitado por otros medios,
2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer
idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido
para el aborto”.
Si bien el aborto no es legal en la Argentina, en los supuestos previstos en el referido
artículo, la intervención a los fines de interrumpir el embarazo no es castigada, quedando eximidos
de pena el médico/a y la mujer que lo lleven a cabo. En estos casos, comprobado el embarazo y
expresada la voluntad de no continuarlo por parte de la mujer o de sus representantes legales (en
caso de que aquélla fuera menor de edad o incapaz), los facultativos del hospital público deben
efectuar la intervención necesaria a fin de cumplir la decisión de la mujer, sin necesidad de recurrir
a ningún órgano judicial para que autorice tal práctica.
Sin embargo, con asiduidad, es posible conocer casos en distintas provincias de nuestro país8
en los que se hace caso omiso de los dispositivos legales mencionados, al llevarse ante un tribunal
el pedido de la mujer encinta de interrumpir el embarazo, ya sea porque los profesionales de la
salud se niegan a practicar el aborto fundados en razones ajenas a la medicina (por lo general
creencias religiosas asentadas en la “objeción de conciencia”9); o bien porque algún/a funcionario/a
judicial aduce representar los intereses del feto y solicita la denegación de la intervención
(ofreciendo, por ejemplo, dar en adopción el niño/a una vez nacido).
Ver: http://foro-masculinidades.blogspot.com/2009/01/obstaculizan-el-derecho-al-aborto-no.html
Notas periodísticas sobre Santiago del Estero, http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-119268-2009-01-31.html/
Mendoza: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-111716-2008-09-17.html/ Buenos Aires:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-112601-2008-10-02.html
Según la Academia Nacional de Medicina, la objeción de conciencia es la dispensa de la obligación de asistencia que
tiene el médico cuando un paciente le solicitara un procedimiento que él juzga inaceptable por razones éticas o
científicas (cfe. “Declaración sobre la Objeción de Conciencia” de Septiembre de 2000). Sin ingresar en detalle en este
tema, resulta importante aclarar que la objeción de conciencia puede ejercerse a nivel personal, mas en ningún caso
institucional. De modo que, si la práctica es legal y médicamente aceptable como en el aborto no punible, el médico
objetor de conciencia está en la obligación de derivar al paciente a otro profesional que sí pueda llevar a cabo el
El fallo escogido es de fecha 21/02/2007, fue emitido por la Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II y se encuentra publicado en el portal jurídico La Ley10.
En él, la Cámara confirmó la resolución de la Jueza de Menores quien había autorizado a una
adolescente de catorce años, violada por su padrastro, a realizar un aborto terapéutico, al tiempo que
desestimó el recurso de apelación articulado por la Defensora de menores, en representación del
nasciturus (persona por nacer).
Como se afirmó antes, se trata de un caso que no debió haber arribado a la instancia judicial,
sino que debió ser resuelto en el ámbito médico, tal como expone una de las magistradas: “Este es
uno de los casos que nunca debió llegar a la justicia porque la cuestión se encuadra en el art. 86
segundo párrafo incisos 1 y 2 del Código Penal… no requiere ninguna autorización para realizar la
práctica médica. No se debe solicitar permiso para algo sobre lo cual se tiene autonomía”11. Tanto
la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires como autorizadas voces de especializada
doctrina jurídica se han venido pronunciando en el sentido de que se trata de una cuestión que debe
mantenerse dentro de la relación médico - paciente12.
No obstante ello, el proceso judicial se inició y fue durante su desenvolvimiento que la
adolescente, en una sucesión interminable de audiencias y entrevistas, se vio obligada a relatar en
reiteradas oportunidades el abuso sexual sufrido (circunstancias, características, etc.), además de
explicitar, una y otra vez, su deseo de terminar con el embarazo. En la relación de la causa que es
parte de la sentencia se expone que la niña: “no quería hablar más con nadie, porque cada vez que
habla con alguien, ella se siente peor y nadie le da una solución…”; “no quiere tener el bebé e
irrumpe en llanto”; “se refleja en la audiencia la necesidad que expresa la menor de que no se le
pregunte más sobre lo mismo”.
También los informes psicológicos dan cuenta de que: “esta niña es ya una paciente en
riesgo psíquico, con una fragilidad estructural agravada por el trauma, la no respuesta a su deseo, y
la imposición de que acepte un embarazo que rechaza”; incluso se infiere el riesgo al acting,
“buscando una solución que ella no siente se le ofrezca en el ámbito que la solicita. Es previsible,
que a medida que el tiempo de gestación avance este riesgo de desborde se incremente. En esta
instancia, el derrumbe psicológico es un hecho que expone a la menor a una patología psiquiátrica
procedimiento, en lugar de tratar de disuadir al usuario con sus argumentos. Incluso, si fuera el único médico
disponible, prevalece la necesidad de la paciente
Del voto de la Dra. Zampini
Gil Domínguez, Andrés: "El aborto voluntario terapéutico no es punible en la Argentina y los médicos de los
hospitales públicos lo pueden practicar sin requerir autorización judicial", publicado en Revista LA LEY, 2005-D, 664
severa irreversible (en las entrevistas sucesivas, la niña se angustia, llora e interroga sobre la
posibilidad de terminar con el embarazo arrojándose de un médano, o golpeándose, o recurriendo a
otros medios...)”.
Si bien la adolescente abusada tuvo aparentemente “oportunidad” de ser oída en las
audiencias y entrevistas que le realizaron, resulta evidente que no ha sido realmente escuchada, pues
ello implica una disposición para recibir no sólo sus palabras, sino los diferentes signos e
indicadores directos e indirectos que son también formas de lenguaje y de expresión. No se trata
simplemente de registrar la sonoridad del aparato fonatorio, sino de crear un contexto que pueda dar
lugar a la palabra, la verdad y el deseo del niño. Nada de ello ha ocurrido en el caso en análisis.
Si entendemos que “no existe trauma que genere tan grave patología como el que produce el
abuso sexual en la infancia” (Viar, 2006:93) es claro que ha mediado el maltrato y la
revictimización de esta niña durante el litigio, lo que ha significado la violación de sus derechos por
parte de los operadores judiciales, quienes soslayaron las disposiciones de los artículos 16 de la
CDN, 9 y 10 de la Ley Nº 26.061 y 12 de la CEDAW13, entre otros.
Si bien el fallo judicial culmina manifestando expresamente que la autorización para
practicar el aborto no es necesaria, y que la figura que legisla el Art. 86 del Código Penal protege la
vida, la salud y los derechos de la víctima de violación; el análisis de la resolución permite advertir
que a lo largo del proceso judicial la ciudadanía de esta adolescente, su derecho a la participación, a
ser escuchada y a que se respete su dignidad personal fueron conculcados.
Es decir que al daño por la victimización sexual se suma el padecimiento provocado por el
sometimiento a un proceso en la esfera de la Justicia, en la que todavía circulan con intensidad
estereotipos y creencias erróneas que sólo contribuyen a mantener impunes los delitos sexuales y a
descalificar a las víctimas, en especial si son mujeres. Es en esta instancia donde se hace necesaria
la incorporación en la organización y funcionamiento del Poder Judicial del mainstreaming de
género, entendido como la “estrategia para asegurar que: 1) la igualdad de hombres y mujeres esté
derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral”
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (en adelante, CEDAW) Artículo
12.1: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la
esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.
incluida en todas las fases menores o mayores del proceso de toma de decisiones de una
organización, 2) y que el producto o resultado de las decisiones que se hayan tomado sea
sistemáticamente monitoreado en lo que se refiere a su impacto en la igualdad de géneros” (García
Prince, 2008: 56).
Se trata, entonces, sin más ni menos que de cumplir el compromiso asumido por el Estado a
partir de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (en adelante, CEDAW)14 que en su artículo 2 obliga a los países
firmantes a “establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad
con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”.
A lo largo de este trabajo se ha presentado la ciudadanía como una práctica de construcción
dinámica, en el convencimiento de que, para lograr su pleno disfrute por parte de mujeres y niños/s,
se requieren cambios profundos en nuestras mentalidades, creencias, valores y prácticas, tanto en el
ámbito privado, como en el público.
En cuanto al primero, se apoya “el desarrollo de modelos familiares igualitarios o de
alternativas comunitarias de base que reflejen una nueva división sexual del trabajo, diferentes a la
familia tradicional” (Astelarra, 2000: 7), entendiendo que es primordial estimular las competencias
de participación y decisión desde este primer espacio de socialización.
En lo público, se ha señalado al Poder Judicial como una institución que requiere de
transformaciones que permitan evitar reproducir las desigualdades de género, ofreciendo respuestas
deficientes e intervenciones sesgadas (cfe. La Rosa Calle). Se le reclama que se convierta en “un
instrumento de expansión de la ciudadanía”, como así también que haga “de sus sentencias un
espacio participatorio, atribuyéndoles un sentido de emancipación efectiva (Petry Veronese, 1999:
113/114).
El Estado no puede seguir en silencio frente a la violación de derechos humanos
elementales, como ocurre en los supuestos de imposición a una mujer de proseguir con un
embarazo producto de una violación o en los casos de un feto con imposibilidad de vida fuera del
seno materno. Es absolutamente imprescindible consensuar nuevas estrategias que garanticen y
prioricen el efectivo acceso a la justicia que, unido a la voluntad política suficiente, sostenga
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) fue adoptada
por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979, entró en vigor desde el 3 de setiembre de 1981, y fue
ratificada por la República Argentina en mayo de 1985, adquiriendo jerarquía constitucional a partir de la reforma de
criterios igualitarios que habiliten ciudadanías plenas para todas y todos los ciudadanos de nuestro
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