Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-01839-de-octubre-9-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_06a6d30a5498006ee0530a010151006e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 03:02:23
Document Index: 1135423

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 241', 'artículo 213', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 228', 'artículo 90', 'artículo 2342', 'artículo 762', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 132', 'Artículo 228', 'Artículo 229', 'Artículo 177', 'artículo 16', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 762', 'artículo 277']

﻿ SENTENCIA 2001-01839 DE OCTUBRE 9 DE 2014
SENTENCIA 2001-01839 DE 09 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- DECOMISO DE BIENES. DE ACUERDO CON EL DECRETO 2700 DE 1991 LA INCAUTACIÓN DE LOS BIENES EFECTUADA EN EL DESARROLLO DE LAS DILIGENCIAS DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO QUE SE REALIZARAN EN EL INTER DE UN PROCEDIMIENTO PENAL DEBÍA QUEDAR INSCRITA EN EL ACTA QUE DE TAL ACTUACIÓN SE LEVANTARA, Y UNA VEZ FINALIZADOS DICHOS PROCEDIMIENTOS DE ALLANAMIENTO, LOS BIENES MUEBLES QUE SE HUBIESEN DECOMISADO RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE UN DELITO DOLOSO DEBÍAN QUEDAR EN EL PODER DEL ESTADO. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DETERMINÓ LA RESPONSABILIDAD ESTATAL POR CUANTO SE PERDIERON LOS BIENES QUE FUERON INCAUTADOS, LO QUE SE PRODUJO POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO DE SU DEBER DE CUSTODIA Y CUIDADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DECOMISO DE MERCANCÍA, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 2001-01839/31497 de octubre 9 de 2014
Exp.: 31497
Rad.: 250002326000200101839 01
Actor: Víctor Hugo Muñoz Ronquillo
6. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía(3), tiene vocación de doble instancia.
6.1. En este punto, conviene precisar que habida cuenta de que la parte demandante fue el único extremo del conflicto en apelar la decisión de primera instancia, la Sala inicialmente se limitaría a pronunciarse solamente respecto del objeto de su medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(4) del Código de Procedimiento Civil, no obstante lo cual, al admitir dicha regla ciertas excepciones derivadas de diferentes cuerpos normativos —normas de carácter constitucional, tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del derecho internacional humanitario, y normas legales de carácter imperativo—, en el evento en que las especificaciones del presente asunto lo ameriten, se abordarán de manera oficiosa los aspectos exceptivos cuyo estudio resulte pertinente para adoptar la decisión(5).
7.1. El 15 de octubre de 1996, aproximadamente a las 12:30 p.m., en el marco de la investigación penal identificada con el Nº 287786, a la cual se vincularon como sindicados a los señores Víctor Hugo Muñoz, Domingo Arias Jiménez, Orilbia Flórez Velásquez y Amparo Bautista Pulido, se realizaron de manera simultánea dos diligencias de allanamiento y registro por parte de la fiscalía trescientos veintidós perteneciente a la unidad de reacción inmediata de Engativá delegada ante los juzgados penales municipales de Bogotá D.C., y de la fiscalía trescientos veinte perteneciente a la unidad de reacción inmediata de Engativá delegada ante los juzgados penales del circuito de Bogotá D.C., en los inmuebles ubicados en la carrera 29A Nº 157-40 y en la carrera 69A Nº 51-63 de Bogotá D.C., respectivamente (copias auténticas de las actas de diligencia de allanamiento respectivas practicadas por las fiscalías aludidas y de la providencia del 17 de agosto del 2000 proferida por la fiscalía décima perteneciente a la unidad de delitos financieros de Bogotá D.C., mediante la cual se decidió precluir la investigación a favor de los encartados; f. 39-46, c. 1; 1-13, c. 2).
7.1.1. En la diligencia efectuada por la fiscalía trescientos veintidós en la carrera 29A Nº 157-40, cuya acta fue allegada de manera parcial al expediente —folios 1, 2, 7 y 10 de un total de diez hojas—, y suscrita por la señora Amparo Bautista Pulido —quien atendió la diligencia y vivía en unión libre con el señor Víctor Hugo Muñoz Ronquillo(6)— y por los funcionarios intervinientes respectivos, de quienes cabe destacar al intendente de la policía judicial Luis Humberto Sierra González, se ordenó la incautación de diferentes objetos entre los que se relacionaron múltiples botellas de licor, sin que se estableciera el lugar en el que se depositarían esos bienes y en la que se consignó la siguiente información (copias auténticas del acta de diligencia de allanamiento y registro efectuada por la fiscalía trescientos veintidós perteneciente a la unidad de reacción inmediata de Engativá delegada ante los juzgados municipales de Bogotá D.C., y de la providencia del 17 de agosto del 2000 proferida por la fiscalía décima perteneciente a la unidad de delitos financieros de Bogotá D.C., mediante la cual se decidió precluir la investigación a favor de los encartados; 39-42, c. 1; 1-13, c. 2):
Se trata de una casa de tres niveles, en el primer piso salón comedor, cocina y servicios, segundo nivel el estudio baño y una habitación, tercer nivel alcoba principal, baño, sala de star (sic), tercer nivel, altillo, se corrige, cuarto nivel altillo con muebles de sala y juegos infantiles. Se procede a efectuar registro en el segundo nivel donde son encontradas botellas varías de licor con contenido, las que se relacionarán enseguida, en igual forma etiquetas, estampillas, sellos y documentos que se relacionan a continuación:
Botellas de licor: Don (sic) botellas de media con etiqueta Ron Capri; dos (2) botellas 750 ml. Ron Capri ron viejo; seis (6) botellas 750 ml. aguardiente Tapa Roja; cuatro botellas 375 ml. aguardiente Tapa Roja; seis (6) botellas 375 ml. aguardiente Néctar; quince (15) botellas 750 ml, aguardiente Néctar; cuatro (4) garrafas 2000 ml. aguardiente Néctar; dos (2) botellas licor sin etiqueta botella con alto relieve que dice Ron Viejo de Caldas; una (1) botella 750 ml. Ron Viejo de Caldas; tres (3) botellas Whissky (sic) His Excellencey (sic) 750 ml.; tres (3) botellas sin etiqueta botella parecida a la que suele contener brandy; una botella brandy reserva Napoleón 750 ml.; cinco botellas Whisdy (sic) Bartels 750 ml.; siete obcse corrige, botellas vino Katich 750 c.c.; cuatro (4) botellas vino moscatel Luque 75 cl. (sic); dos (2) botellas Buchana´s Scotch Wisky 75 cl.; (2) botellas Brady (sic) Riveres Napoleón 750 c.c.; una botella cocktail piña colada 75 c.c.; una (1) botella Manzanilla Oro Viejo, 750 c.c.; una (1) botella brandy Le Duc, 27.5 Gl. 750 c.c.; una (1) botella ginebra Madona 750 ml.; una (1) botella vino Casa-Nova Cordón Rosado, 750 c.c.; una (1) botella licor amarillo Advocaata (sic) 05 5 L. Una botella brandy Napoleón v.s.o.p. 700 ml.; una (1) botella Holsten Premium Brauerei, .64cl.; una (1) botella brandy Napoleón una (1) botella vodka Nidolsski 0.75 L. Una botella vodka Inaoff (sic) 750 ml.; una botella aperitivo de vodka Ivanoff 750 ml.; una botella vino casa de la cabeza 75 cl.; una (1) botella ron, se corrige, brandy Napoleón 750ml.; una (1) botella vino blanco Oro Viejo, 750 ml.; una botella vodka Danzka 750 ml.; una botella vino Casa de la Cabeza 37,5 cl.; una botella vino tipo porto Oro Viejo, 750 c.c. Una (1) botella Whisky Bartels 750 ml.; una (1) botella whisky John Thomas 75 cl. (...). En este estado de la diligencia la fiscal que dirige el allanamiento y registro procede a decretar el a (sic) se corrige la INCAUTACIÓN de todos y cada uno de los elementos que acaban de describirse, botellas contenido licor o líquido que así lo aparenta, etiquetas y estampillas según fueron descritas y empacadas (…).
No siendo otro el objeto de la diligencia, se termina y se firma la presente acta una vez leída y aprobado por quienes en ella intervinieron, dejándose constancia por parte de quien atendió la diligencia sobre el buen traro recibido y particular sobre el respecto a la propiedad.
7.1.2. Por su parte, en el procedimiento que se realizó por la fiscalía trescientos veinte en el bien inmueble localizado en la carrera 69A Nº 51-63, actuación en la que se tiene certeza de que participaron funcionarios de la SIJIN, también se ordenó la incautación de múltiples elementos entre los que a su vez se hallaban varias botellas de licor, pero a diferencia del anterior allanamiento, se dejó expresa constancia de que dichas botellas serían dejadas en custodia de la señalada autoridad policial en los siguientes términos (acta de diligencia de allanamiento y registro realizada por fiscalía trescientos veinte perteneciente a la unidad de reacción inmediata de Engativá delegada ante los juzgados penales del circuito de Bogotá D.C.; f. 44-46, c. 1):
En Santafé de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996), siendo las 12:30 p.m. horas (…). Procede el despacho a enterarlo (la) mediante la lectura de la respectiva resolución, sobre el objeto de la diligencia, e igualmente los derechos constitucionales y legales que le asisten. Comoquiera que quien atiende la diligencia permite el ingreso del despacho junto con los señores de la SIJIN acto seguido se continúa con la descripción del inmueble así:
Se trata de una casa de dos pisos con terraza demarcada con la siguiente nomenclatura (…)
A continuación se inicia el registro de cada una de las dependencias del sitio donde nos encontramos, pudiéndose verificar que en el primer piso (garaje) se halló 53 cajas de Brandy Domec cada una contentiva de doce botellas; 75 cajas de Brandy Domec cada una con 24 medias, 100 cajas de Ron Viejo de Caldas, cada una con 24 medias, se deja constancia que en estas cajas dice “CRISTAL”; 10 cajas de Néctar por 144 botellitas (muestras) de 50 ml; dos cajas de Tapa Roja una de media con 15 botellas y la otra con once botellas; una caja Néctar por medias con trece botellas.
En el segundo piso en una de las habitaciones se halló 39 cajas por 12 botellas de Brandy Gran Prix, se aclara que son 40 cajas por 12 botellas de Gran Prix una caja de media por 24 de Brandy Gran Prix; (…). En el momento en que se hallaron estos elementos la persona que atiende esta diligencia le manifestó al despacho que estos pertenecen o son de propiedad del señor Víctor Hugo Muñoz y solicita que se le permita llamar por teléfono, para efectos de que haga presencia en este lugar, lo que hizo siendo la una y treinta de la tarde, manifestando que efectivamente el licor que se encuentra en este inmueble es de su propiedad al igual que las estampillas más no así las etiquetas de aguardiente Néctar que se hallaron en el cuarto de la terraza.
Acto seguido y comoquiera que el señor Víctor Hugo Muñoz persona esta que aceptó ser el dueño del licor y de las estampillas no exhibió factura de compra del licor se procede a incautar el mismo al igual que las estampillas y las tiras sin estampillas, igualmente se tomará muestras de todas las clases de licor para efectos de someterlas a análisis químico para lo cual se enviarán al laboratorio de la DIJIN así: (…) Se deja constancia que para el efecto de la incautación del licor y para la toma de muestras se procedió a enumerarlas del número uno (1) al número doscientos ochenta y dos (282). Como quiera que la persona que responde al nombre de Víctor Hugo Muñoz Ronquillo se encontró en posesión de los elementos aquí relacionados y a las declaraciones que se recepcionaron tanto en esta diligencia como en diligencia separada se puede concluir, hasta estos momentos, que esta persona puede estar incursa en los delitos contra el orden económico social, artículo 241A y contra la fe pública, artículo 213 del Código Penal, se procede a ordenar su captura a la cual se da cumplimiento dentro de esta diligencia y se procede a ponerle de presente los derechos del capturado. Se deja constancia que las cajas de licor se embalan y se sellan y se dejan en custodia en la SIJIN a disposición de la fiscalía que conoce de estas diligencias.
7.2. El día en comento, la fiscalía trescientos veintidós perteneciente a la unidad de reacción inmediata delegada ante los juzgados penales municipales de Bogotá D.C. envió los oficios 26858 y 26859, al jefe de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá y a la fiscalía doscientos setenta y siete seccional de Bogotá D.C. —dependencia que había ordenado las diligencias de allanamiento y registro—, correlativamente, con el fin de solicitar, de una parte, que los elementos que habían sido incautados en la carrera 29A Nº 157-40 quedaran a disposición y en custodia de la SIJIN, y de otro lado, informar de tal depósito a la fiscalía señalada, siendo el primero de los oficios referidos firmado como recibido el mismo 15 de octubre de 1996 por el señalado intendente de la policía judicial Luis Humberto Sierra González, quien había participado en la diligencia de registro y allanamiento respectiva (copias simple(7) y auténtica de los oficios 26858 y 26859, expedidos por la fiscalía trescientos veintidós respectiva, y original del informe presentado por el intendente Luis Humberto Sierra González, mediante el cual aceptó que la firma que aparece en el oficio correspondiente tiene características y rasgos similares a su caligrafía; fls. 47, c. 1; 15, 16, 25, c. 2).
7.3. El 17 de agosto del 2000, la fiscalía décima perteneciente a la unidad de delitos financieros de Bogotá D.C. decidió precluir la investigación señalada a favor de los aludidos encartados, en tanto consideró que no era posible adecuar típicamente las conductas observadas por ellos con los delitos objeto de la pesquisa, consistentes en falsedad marcaria y el ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico, y en consecuencia, determinó que se le devolviera al señor Muñoz Ronquillo la caución por él prestada, así como también que se libraran las comunicaciones pertinentes, “en especial las relacionadas con las cancelaciones de los pendientes y anotaciones que en razón de esta actuación les haya surgido a los sindicados”, resolución que quedó ejecutoriada el 31 de agosto del 2000 (copias auténticas de la resolución del 17 de agosto del 2000, proferida por la fiscalía décima perteneciente a la unidad de delitos financieros de Bogotá D.C., y de su constancia de ejecutoria; fls. 1-14, c. 2).
7.4. El 29 de diciembre del 2000, el señor Víctor Hugo Muñoz Ronquillo radicó memorial ante la SIJIN con la finalidad de que se le entregaran los bienes que le habían sido incautados al inicio de la investigación, para lo que anexo el oficio 8707 del 3 de noviembre de la misma anualidad expedido por la fiscalía décima perteneciente a la unidad de delitos financieros de Bogotá D.C. y dirigido al mismo ente, en el cual se le solicitaba que hiciera “la respectiva devolución de la mercancía incautada al señor Víctor Hugo Muñoz Ronquillo, identificado con la cédula de ciudadanía 17.063.976 de Bogotá” (originales del memorial elaborado por el señor Víctor Hugo Muñoz Ronquillo y del oficio 8707 expedido por la fiscalía décima perteneciente a la unidad de delitos financieros de Bogotá D.C.; fls. 17,18, c. 2).
7.5. El 22 de marzo del 2001, en contestación al memorial señalado, la SIJIN perteneciente a la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. le informó al señor Víctor Hugo Muñoz Ronquillo que “entre los elementos relacionados como resultado del inventario que para tal efecto fue realizado, no aparece ni me fue entregado el material relacionado. //Así mismo me permito informarle que verificada con la información suministrada y revisada la documentación existente en esta dependencia, no aparece registro o antecedente de los elementos en cuestión” (fl. 22, c. 2).
7.6. El 9 de marzo de 2004, fue allegado al presente asunto un informe por parte del intendente Luis Humberto Sierra González en su calidad de funcionario de la dirección central de la policía judicial, para efectos de resolver ciertos cuestionamientos planteados por el tribunal a quo en cuanto a la diligencia de allanamiento y registro efectuada en la carrera 29A Nº 157-40, en el que señaló que no pudo ubicar los bienes incautados pero que encontró indicios de que los mismos habían ingresado a la SIJIN (copia auténtica del oficio 0122 DIJIN-GEDLA; fl. 25 del c. 2):
1. Que la firma impresa en la parte inferior derecha del oficio 26858 de fecha 15 de octubre de 1996 de la fiscal 322 seccional sede Engativá, tiene características y rasgos similares a mi estilo de caligrafía.
2. Para corroborar plenamente, (en el momento no recuerdo plenamente el procedimiento) si para la citada fecha recibí la mercancía descrita en el oficio y el destino dado, me desplacé hasta el archivo de la seccional de policía judicial de la Policía Metropolitana de Bogotá, el cual hoy, lo mismo que la bodega de elementos recuperados, está siendo reubicada en la calle 3 con cra. 20 de esta ciudad, a verificar la existencia de los documentos que soportan este procedimiento y desde luego la existencia de la mercancía, encontrando que aún no está toda la documentación y los elementos y tampoco en el orden final que le quieren dar, por lo tanto se dificultó la búsqueda de los mismos.
Es de resaltar que dentro de esta actividad de localización, se hallaron indicios de la existencia de los documentos y elementos que dan claridad al procedimiento, como son:
a) En el archivo se encuentra el libro de control oficios salidos del grupo delitos financieros, del año 1996; en el folio 23, renglón 24 aparece el registro con fecha 17 de octubre de 1996, de solicitud custodia, dirigido al almacén de recuperaciones.
b) De la misma manera se trató de localizar los elementos que hace mención el oficio 26858 de fecha 15 de octubre de 1996, de la fiscal 322, hallándose, por ahora, una caja en la que se alcanza a visualizar el rotulo que dice “Caja Nº 1 Fiscal 322”. De la misma manera aparece que fue rotulada, según el acta de allanamiento en ese inmueble anexado por ustedes.
8. Con observancia de que el presente litigio se originó como consecuencia de que el señor Muñoz Ronquillo demandó al Estado por la pérdida de múltiples mercancías que adujo de su propiedad, las cuales aseveró en la causa petendi de la demanda que fueron incautadas por dos fiscalías diferentes, en dos lugares distintos, conformándose por ende en dos agrupaciones de objetos incautados, y habida cuenta de que el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca únicamente condenó a la Nación a indemnizar los detrimentos derivados del extravío de uno de ellos con fundamento en que el accionante no los incluyó a ambos de manera expresa en sus pretensiones, interpretación de la demanda que fue objetada en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar el sentido adecuado del libelo introductorio a la luz del principio de reparación integral, del efectivo acceso a la administración de justicia, de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y del derecho de defensa de la parte demandada.
8.1. Una vez aclarado el alcance de la demanda en cuanto a las pretensiones elevadas por la parte actora, teniendo en cuenta las características denotadas del presente litigio —extravío de bienes muebles—, y sin desconocer el contenido del recurso de apelación interpuesto en el presente asunto y del limitante que el mismo supone para la competencia de esta corporación, se debe dilucidar la relación jurídica que ostentaba dicho actor con las botellas de licor por cuya pérdida demandó con el fin de establecer si efectivamente tenía la legitimación material en la causa para hacerlo, instituto que a pesar de no haber sido contemplado en el medio de impugnación respectivo debe ser estudiado de oficio en tanto se impone que se verifique la legalidad del fallo proferido por el tribunal de primera instancia frente a asuntos en los que las normas legales de carácter imperativo lo ordenan —ver párrafo 6.1 y nota correspondiente— y máxime, cuando sólo ello posibilitaría la realización del estudio de responsabilidad adicional solicitado por el demandante y relacionado con la incautación efectuada por la fiscalía trescientos veinte perteneciente a la unidad de reacción inmediata de Engativá delegada ante los juzgados penales del circuito de Bogotá D.C., en relación con las cuales el tribunal de primera instancia se abstuvo de realizar un pronunciamiento de fondo.
8.2. Demostrada debidamente la existencia de un vínculo sustancial entre el demandante, la totalidad de los bienes extraviados y los hechos objeto de la demanda, conviene precisar que, por un lado, quedaría incólume la declaratoria de responsabilidad fijada en la sentencia de primera instancia en cuanto a los enseres incautados por la fiscalía trescientos veintidós pertinente —cuya correlativa condena sólo podría ser actualizada—, y de otra parte, deberá la Sala analizar, de acuerdo a lo señalado en el recurso de apelación referido, los razonamientos de índole probatorio desplegados en la decisión en comento para no haber hecho lo propio respecto de las botellas de licor incautadas por la otra autoridad antes aludida, esto es, por la fiscalía trescientos veinte, para efectos de establecer si tales fundamentos resultan adecuados de acuerdo a los elementos de convicción obrantes en el plenario o si por el contrario, se debe concluir que del comportamiento observado por la SIJIN perteneciente a la Policía Nacional se derivaría una responsabilidad estatal adicional a la ya declarada por el tribunal a quo.
8.3. Asimismo, se esclarecerá sobre cuál de los patrimonios pertenecientes a los entes estatales vinculados de manera autónoma a este proceso e integrantes de la persona jurídica Nación debe recaer la condena que se llegue a establecer procedente, según la participación de cada organismo en los acontecimientos que dieron origen al libelo introductorio.
9. En lo que tiene que ver con la interpretación de la demanda, esta corporación ha sido enfática en señalar que si bien el referido escrito debería en principio formularse de manera clara, inteligible y precisa, no se puede desconocer que se trata de un acto humano que como tal, es susceptible de errores y por ende, ante la falta de técnica en su elaboración, es deber del juez desentrañar su verdadera sentido o finalidad, puesto que consiste en una actuación que se somete a su buen y razonable juicio, no siéndole dable únicamente acudir al sentido literal y estricto de las palabras que en ella se emplean, así como tampoco entenderla de manera desconectada o parcial —sino como un todo armónico e integral—, estimación en la que a su vez debe tener en cuenta que la finalidad “de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”, según lo establece el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, en plena concordancia con las premisas constitucionales de primacía del derecho sustancial sobre el formal(8) y del efectivo acceso a la administración de justicia(9). De esta manera, se ha señalado:
Por lo tanto, considera la Sala que para definir la causa petendi, la demanda debe ser interpretada de manera integral, para entender que el daño que hoy sufre el menor fue imputado por la parte demandante al Hospital Ramón González Valencia por haber incurrido en fallas en la prestación del servicio, que se produjeron no solamente en el acto quirúrgico, sino que abarcaron sucesivas omisiones, retardos y errores durante toda su permanencia en la institución, los cuales constituyeron las causas del paro cardiorrespiratorio que sufrió en el pos operatorio y que le dejó como secuela el estado de postración en el que hoy se encuentra.
A este respecto reitera la Sala la jurisprudencia que ha sostenido en decisiones anteriores, en las cuales se ha considerado que es deber del juez interpretar la demanda como un todo armónico(10), deber que no constituye una mera liberalidad sino el cumplimiento de los artículos 228 y 229 de la Constitución, que consagran como principios de la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial y la garantía a su acceso. La falta de técnica en la demanda no es óbice para que el juzgador desentrañe su sentido(11); aunque, claro está, teniendo buen cuidado de no alterar el propósito expresado por el actor y siempre que no se contravenga el derecho de defensa de la otra parte(12).
9.1. Teniendo en cuenta que es labor del operador judicial dilucidar la verdadera intención del accionante al momento de presentar su libelo introductorio más allá de lo que esté expresamente escrito, y que en el despliegue de dicha tarea le corresponde abordar las demandas en su conjunto y no de manera separada e inconexa, es evidente que a pesar de que no se formule de manera específica una pretensión en el acápite destinado para ello por el actor, de dicha circunstancia no se sigue de manera irreflexiva que no se pueda encontrar o inferir la formulación de peticiones a lo largo de todo el texto objeto de estudio. Así lo ha entendido esta corporación en los siguientes términos:
La interpretación y concreción del petitum que se hizo en la sentencia recurrida obedeció a la facultad y, desde luego, al deber que tiene el juzgador para interpretar la demanda con miras a no entorpecer el accionar del reclamante, con mayor razón cuando el contexto mismo de dicho libelo resulta clara la vía procesal a seguir y la orientación que lleva a las distintas peticiones relacionadas, así lo hayan sido en forma desordenada e informal. Cabe recordar que corresponde al fallador, par mandato legal contenido en el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, tener en cuenta “que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial...”. Con acierto sostuvo la Corte que “una demanda debe interpretarse siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria sino también en los fundamentos de hecho y de derecho”. (XLIV, p. 627). No se puede entonces desestimar la demanda, más hoy, cuando el artículo 228 de la Carta prescribe que en las actuaciones judiciales “prevalecer el derecho sustancial”(13).
9.2. Con observancia de los anteriores lineamientos, la Sala considera que en el presente asunto el tribunal de primera instancia limitó de manera injustificada la finalidad de la demanda presentada por el señor Víctor Hugo Muñoz Ronquillo, restringiendo indebidamente las pretensiones que de la misma se desprenden, en tanto su comprensión del propósito que tuvo el referido accionante para acceder a la administración de justicia se circunscribió al sentido literal y expreso de la primera pretensión por él formulada, comoquiera que consideró que sólo se estaba demandando por la pérdida de los bienes incautados por la fiscalía trescientos veintidós delegada ante los juzgados penales municipales de Bogotá D.C. simplemente por cuanto no se mencionó en esa petición las botellas de licor que retuvo la fiscalía trescientos veinte delegada ante los juzgados penales del circuito de Bogotá D.C., desconociendo así su deberes de interpretar la demanda de manera armónica y en el contexto que la causa petendi establecía.
9.3. Ciertamente, a partir de una lectura integral del libelo introductorio, es diáfano que el derecho de acción ejercido por el demandante aludido tuvo como objeto obtener la respectiva indemnización con ocasión del extravío de todas las mercancías que le fueron incautadas por las fiscalías correspondientes, y no sólo de aquellas que se encontraban en la carrera 29A Nº 157-40, retenidas por la fiscalía trescientos veintidós señalada.
9.4. Al respecto, no se puede perder de vista que en el acápite de los hechos de la demanda se hizo referencia tanto a la incautación de las botellas de licor efectuada por dicha autoridad como la realizada por la fiscalía trescientos veinte, se relacionó pormenorizadamente las bebidas que “[e]n las dos diligencias de allanamiento fueron incautadas”, las cuales se advirtió que no fueron devueltas por la SIJIN pese a la orden de la fiscalía décima perteneciente a la unidad contra los delitos financieros de Bogotá D.C., indicándose finalmente que su pérdida —la de los enseres en conjunto— originaba los perjuicios cuyo resarcimiento se deprecaba —ver párrafos 1.1 y 1.2—, y a partir de lo que se debe advertir que si bien la lectura fragmentada de la demanda podía llevar a la interpretación del tribunal de primera instancia, lo cierto es que las solicitudes formuladas por el actor debieron ser analizadas a la luz de los hechos por él señalados, en virtud de los cuales se puede dilucidar fácilmente su deseo de perseguir la reparación por todos los bienes perdidos.
9.5. Adicionalmente, cabe precisar que el demandante pretendió probar las dos incautaciones que fueron ejecutadas por las autoridades respectivas, con el objeto de demostrar que se le había despojado de los bienes que aduce de su propiedad y que había enlistado detalladamente en el escrito inicial(14), actuación que igualmente enseña su propósito de ser reparado por los mismos a pesar de no haber incluido algunos de ellos expresamente en la petición de declaratoria de responsabilidad correspondiente.
9.6. Igualmente, no escapa a la Sala que el hecho de que el actor describiera en los acontecimientos fácticos de la demanda los dos compendios de enseres incautados, los procedimientos por medio de las cuales los mismos le fueron quitados, y el tratar de acreditar dichas circunstancias, no tendría ningún tipo de sentido si sólo hubiese tenido la intención de demandar por los objetos que le retuvieron en solo una de las diligencias de allanamiento respectivas —entendimiento al que arribó el juzgador de primera instancia a partir de una lectura descontextualizada de la demanda—, en tanto que parte de dichos comportamientos procesales habrían resultado completamente inútiles, y con fundamento en lo cual no se puede sino colegir que su real deseo era percibir una indemnización por la integralidad de los bienes extraviados.
9.7. Con observancia de lo expuesto, resulta claro que el motivo de la demanda del señor Muñoz Ronquillo no se limita a la indemnización por la pérdida de sólo algunas de las mercancías que aduce de su propiedad y que fueron identificadas por la sentencia de primera instancia como las retenidas por la fiscalía trescientos veintidós señalada, sino que pretende la declaratoria de responsabilidad pertinente y el correlativo resarcimiento por el extravío de la totalidad de éstas, motivo por el cual, se advierte que no tiene asidero alguno la interpretación restrictiva de la demanda contenida en la sentencia de primera instancia, en tanto injustificadamente no sólo le cercena el derecho a acceder a la administración de justicia, máxime cuando sólo hasta el momento de proferirse esa decisión la autoridad judicial le habría hecho ver tal error, sino que vulneraría su derecho a obtener la reparación integral por la universalidad del menoscabo patrimonial que adujo haber sufrido, dándosele prevalencia a la mera ausencia de una ritualidad consistente en la formulación de una pretensión expresa que hubiese individualizado los bienes incautados por la fiscalía trescientos veinte, a pesar de que la demanda como compendio armónico y el comportamiento del actor permiten colegir que éstos sí fueron objeto de su petición reparatoria.
9.8. Por otra parte, cabe indicar que la comprensión integral, lógica y finalista que tiene la Sala sobre el escrito inicial analizado no afectaría el derecho de defensa de los entes integrantes del extremo pasivo del sub judice, comoquiera que si bien la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional únicamente mencionan en sus contestaciones del libelo introductorio a la fiscalía trescientos veintidós como la autoridad que incautó los bienes por los cuales accionaba la parte demandante, (i) la estrategia de defensa de la Policía Nacional se centró en afirmar que no se había probado que los bienes enlistados en la demanda, entre los que también estaban los incautados por la fiscalía trescientos veinte, habían quedado bajo la custodia de la SIJIN —para lo que no allegó ni solicitó la práctica de prueba alguna—, y (ii) el Ministerio de Defensa Nacional se defendió al señalar que su comportamiento no tenía nada que ver con los hechos objeto de la demanda y que por lo tanto, la entidad que debía responder era la mencionada Policía Nacional habida cuenta de que ostentaba autonomía presupuestal.
10. Ahora bien, teniendo en cuenta el real alcance de la demanda, interpretada de forma integral y en su contexto, procede la Sala a estudiar la legitimación en la causa por activa del demandante, para lo cual se debe recordar que en la causa petendi de su libelo introductorio alegó ser el propietario de los bienes incautados en las dos diligencias de allanamiento y registro efectuadas por las fiscalías respectivas, relación jurídica que no fue objeto de pronunciamiento expreso por el tribunal a quo para tener por demostrada su calidad de perjudicado, no obstante lo cual, dicha autoridad terminó por realizar el correspondiente juicio de responsabilidad y profirió la subsiguiente condena en relación con la pérdida de aquéllas mercancías que en su consideración sí era viable indemnizar.
10.1. Al respecto, la Sala se permite rememorar que para efectos de edificar un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado y de radicar en éste la obligación indemnizatoria respectiva, es necesario que la parte demandante acredite la causación de un daño antijurídico que le pueda ser atribuido a la entidad estatal correspondiente(15) —el artículo 90 de la Constitución Política contempló que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, es decir, el constituyente decidió establecer un fundamento expreso, general y primario de la responsabilidad tanto contractual como extracontractual del Estado, cuya producción requiere de dos elementos estructurales, a saber, el daño antijurídico y su imputabilidad(16)—, lo que implica que dicho extremo de la litis tiene como una primera carga demostrar la titularidad del derecho o del bien tutelado por el ordenamiento jurídico que asevera como lesionado, en tanto es evidente que a quien resultaría procedente resarcir a través de una decisión judicial con ocasión de un detrimento en específico es a la persona a la que se le originó el mismo y que demandó debidamente por ello, conexión conocida dentro de la dogmática del derecho de la responsabilidad como el carácter personal del daño.
10.2. En efecto, no se puede desconocer que para los litigios judiciales en los que se debate la responsabilidad patrimonial de una persona, el nexo del sujeto demandante con el derecho o bien que aduce afectado reviste esencial importancia, habida cuenta de que la titularidad mencionada permite identificarlo como el individuo destinatario de la indemnización pertinente al haber surgido verdaderamente en su patrimonio el derecho a percibirla(17), dado que se tendría certeza de que fue a él a quien se le ocasionó el daño respectivo, lo que adicionalmente facilita identificar cuál es la situación que con el acaecimiento de tal menoscabo se vio alterada en forma negativa, para efectos de que con la reparación se logre retornar a aquélla en un punto anterior al de ocurrencia de éste, delimitándose debidamente el resarcimiento que resulte pertinente de conformidad con el principio de reparación integral —la magnitud de la indemnización debe corresponder de manera exacta con la entidad de la lesión del derecho—.
10.3. En consecuencia, resulta diáfano que para resolver un litigio en específico, al juez de lo contencioso administrativo le compete entrar a dilucidar a partir de los elementos de convicción respectivos la existencia de una conexión entre el sujeto actor y el derecho o el bien que arguye como menoscabado, puesto que se reitera, sólo así podría hacerlo beneficiario de la restitución que solicita.
10.4. Ahora bien, conviene precisar que el aspecto denotado, referente a la misma existencia del daño en tanto el detrimento para entenderse configurado debe ser personal por quien depreca su restablecimiento, está íntimamente ligado con la referida legitimación en la causa por activa al interior del asunto jurisdiccional correspondiente. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado:
Que el perjuicio sea sufrido por la persona que solicita reparación es un principio elemental del derecho de la responsabilidad(18).
Es así como el carácter personal del perjuicio estará presente cuando el demandante relaciona el daño padecido con los derechos que tiene sobre el bien que sufrió menoscabo, debiendo establecer una titularidad jurídica sobre el derecho que tiene respecto del bien menguado. En este entendido se recuerda un concepto elemental del derecho de daños, claramente enunciado por De Cupis cuando afirma que “lo que el derecho tutela, el daño vulnera”(19), y por ello el demandante en un proceso debe establecer que tenía el derecho que vulneró el daño, como requisito para establecer que en efecto hubo lesión en su patrimonio. Es la lógica del artículo 2342 del Código Civil colombiano cuando enuncia que “puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso”. Dentro de esta concepción se puede afirmar que, “en consecuencia, es claro que la lesión de un derecho constituye una condición de existencia del daño, necesaria para que proceda la indemnización. La lesión del derecho es entonces un elemento para apreciar el perjuicio reparable”(20).
También se observa en la jurisprudencia colombiana la tendencia a otorgar indemnización a pesar de que el título con el cual se compareció al proceso no se logre establecer, siempre y cuando se establezca otro título que permita dicho otorgamiento. Es lo que ocurre, por ejemplo, “en los casos de reparación de daños recaídos sobre muebles automotores, en los que si la parte actora se presenta como propietaria del vehículo y no logra demostrar ese carácter sino otro, como el de poseedora, es esta última condición la que puede fundamentar el reconocimiento a la pertinente indemnización”(21). Igual tendencia se observa cuando se invoca el título de pariente para efectos de obtener una indemnización por daño moral, sin lograr establecer dicha calidad. En tales casos la jurisprudencia, valiéndose de testimonios que permiten dar por establecido el sufrimiento de la persona a pesar de que “no demostró, con la prueba exigida legalmente, ser la madre de Etelberto”, porque no demostró que éste era hijo legítimo (el registro del matrimonio no existe) y ni siquiera que lo era extramatrimonialmente (…) procede a otorgar indemnización porque, “con todo, se le tendrá como tercero damnificado”(22) (23)
10.5. En cuanto a la legitimación en la causa, es preciso determinar que de conformidad con la jurisprudencia de la corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas —siendo o no partes del proceso—, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda(24). En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(25)(26).
10.6. Cabe destacar igualmente que la ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que ésta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto procesal sino sustancial del litigio(27). De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados.
10.7. De conformidad de todo lo indicado, la Sala observa que, en los casos en que se demanda con la finalidad de obtener la reparación por la pérdida, el daño o destrucción de un bien material, como sucede en el asunto concreto frente al extravío de las múltiples botellas de licor que fueron incautadas en sendas diligencias de allanamiento y registro para ser puestas al cuidado de la SIJIN —ver párrafos 9 a 9.8, con las notas respectivas—, le correspondería al accionante en principio probar la titularidad del derecho que adujo tener en relación con aquél para efectos de no sólo demostrar la existencia del daño aseverado como causado sino también su interés para demandar y dar inicio al proceso contencioso administrativo, lo que claramente no es óbice para que el juez de la reparación directa pueda ordenar el restablecimiento que corresponda de conformidad con las funciones que le son propias y los hechos que encuentre probados en el caso concreto, de haberse demostrado que el demandante ostentaba otra condición respecto del bien que de todas formas permita atribuirle la calidad de víctima —aspecto de mayor relevancia en el marco de un proceso judicial de responsabilidad—, situación que se podría presentar cuando en el libelo introductorio se invoca el carácter de propietario pero sólo se logra demostrar otro derecho subjetivo sobre la cosa, como lo es la posesión, el usufructo, la habitación, u cualquier otro interés o derecho que permita colegir que el actor efectivamente sufrió un detrimento, al ser cierto que tenía una conexión con el bien sobre el que ocurrió el hecho dañoso(28). En este mismo sentido, esta corporación ha señalado:
“Primera: Declárese a la Nación Colombiana, administrativamente, responsable de los daños causados al vehículo AG 6314 marca Renault-6 modelo 1971 Sedan Amarillo, motor Nº 132992 serie 7935652 tipo automóvil de propiedad del demandante y en el accidente causado el día 30 de abril de 1986 (…).
— Que usó el carro como suyo y lo disfrutaba el día del accidente.
Hecha esta precisión, la Sala ha reconocido en el poseedor el interés necesario para acceder ante esta jurisdicción dentro del contencioso subjetivo(29).
10.8. Una vez dilucidado lo anterior, se advierte que en el sub lite no se demostró en el marco del presente asunto el derecho de propiedad que el demandante adujo tener sobre las mercancías incautadas mencionadas en su escrito inicial, interés en virtud del cual solicitó la indemnización de los perjuicios derivados de la pérdida de las mismas, en tanto no allegó prueba alguna tendiente a acreditar el título traslaticio de dominio y el modo en virtud de los cuales habría ingresado tal derecho a su patrimonio y por consiguiente, no sería posible en un comienzo tener por cierta su legitimación en la causa por activa con base en la calidad de dueño del bien en comento.
10.9. No obstante lo anterior, para la Sala se encuentra suficientemente acreditado que el demandante ostentaba la posesión de los bienes objeto de su demanda, circunstancia que para fines indemnizatorios lleva a reputarlo dueño a menos de que otra persona justifique serlo en los términos del artículo 762(30) del Código Civil, y teniendo en cuenta igualmente que en oportunidades anteriores esta corporación ha reconocido a los poseedores un interés jurídico sustancial para demandar(31).
10.10. Se debe recordar que existen dos elementos estructurales que configuran la referida posesión: (i) el animus, presupuesto que se define como la concepción y conducta que tiene el poseedor de ser señor y dueño de la cosa poseída y, (ii) el corpus, consistente en la relación material o física que se tiene con aquella(32). Partiendo de que la Corte Suprema de Justicia ha manifestado en múltiples ocasiones que la única posesión válida es la material(33), y debido a que el animus, como elemento proveniente de la intención del poseedor, no siempre puede ser apreciado objetivamente, este se infiere siempre y cuando el corpus se encuentre demostrado y por ende, en estos casos se debe entender acreditada la posesión.
10.11. La referida corporación, al igual que el Consejo de Estado(34), ha indicado que el último elemento en mención se prueba demostrando la realización de actos materiales de dominio sobre la cosa poseída(35). En este sentido dijo:
[A]creditar la posesión pacífica, pública, inequívoca, “exclusiva y no interrumpida por el lapso exigido…sin efectivo reconocimiento de derecho ajeno y sin violencia o clandestinidad” (LXVII, 466), durante todo el término legal, el cual antes de la Ley 791 de 2002 era de veinte años y a partir de su vigencia se redujo a la mitad (artículos 2512, 2531 y 2532 Código Civil, modificado por el artículo 1º de la Ley 791 de 2002), probando sus elementos de la “tenencia física, material y real de una cosa, perceptible en su materialidad externa u objetiva por los sentidos (corpus) y el designio o intención de señorío (animus), ser dueño (animus domini) o hacerse dueño (animus remsibi habendi) de la misma, que por obedecer a un aspecto subjetivo es susceptible de inferir por la comprobación de actos externos razonable, coherente, explícita e inequívocamente demostrativos (cas. civ. marzo 13/1937, XLIV, 713; julio 24/1937, XLV, 329; mayo 10/1939, XLVIII, 18; noviembre 9/1956, LXXXIII, 775; abril 27/1955, LXXX, 2153, 83; agosto 22/1957, LXXXVI, 14; febrero 12/1963, CI, 103; junio 24/1980, CLXVI, 50; Sentencia S-020 de 1995, Sentencia S-028 de 1995, Sentencia S-031 de 1995, Sentencia S-051 de 1996, Sentencia S-055 de 1997, Sentencia S-059 de 1995, Sentencia S-101 de 1995, Sentencia S-115 de 1995, Sentencia S-126 de 1995, Sentencia S-025 de 2002, Sentencia S-124 de 2003, Sentencia SC- 149 de 2004) siendo admisible todo medio probatorio idóneo’ (XLVI, 716, y CXXXI, 185, Sentencia S-041 de 1997, Sentencia S-016 de 1998, Sentencia S-025 de 1998,Sentencia S-005 de 1999, Sentencia S-021 de 1998, Sentencia S-100 de 2001, Sentencia S-183 de 2001, Sentencia S-192 de 2001, Sentencia S-209 de 2001, Sentencia S-126 de 2003)” (cas. civ. sentencia sustitutiva de 22 de julio de 2009, exp. 68001-3103-006-2002-00196-01)(36).
10.12. En el presente asunto, la relación de posesión que tenía el señor Víctor Hugo Muñoz Ronquillo con las botellas de licor que fueron incautadas por las fiscalías trescientos Veintidós y trescientos veinte correspondientes, en los inmuebles ubicados en la carrera 29A Nº 157-40 y en la carrera 69A Nº 51-63, respectivamente, así como los actos materiales de poder que dicho demandante efectuaba sobre los mismos y el reconocimiento que tenía como su propietario ante el público en general, se puede deducir de las actas de los procedimientos de allanamiento, de la decisión proferida por la fiscalía décima perteneciente a la unidad de delitos financieros de Bogotá D.C., y del oficio 8707 del 3 de noviembre del 2000, puesto que de conformidad con esas pruebas, (i) el demandante de manera autorizada comerciaba con ese tipo de productos(37), (ii) la diligencia de allanamiento y registro llevada a cabo por la fiscalía trescientos veintidós se realizó en la vivienda del accionante, lo que se infiere a partir de las características de la edificación respectiva y de que fue su compañera permanente la que atendió el procedimiento —ver párrafo 7.1.1 y nota pertinente—; (iii) el sujeto que recibió a quienes efectuaron la actuación de allanamiento hecha por la fiscalía trescientos veinte manifestó que llamaría a quien era dueño de las bebidas incautadas para que se hiciera presente, llegando al lugar el señor Muñoz Ronquillo, quien corroboró en el trascurso del procedimiento que era el propietario de las mismas, y siendo por ende detenido al encontrarse en posesión de dicho material —ver párrafo 7.1.2—, y (iv) la fiscalía décima perteneciente a la unidad de delitos financieros de Bogotá D.C. reconoció la relación jurídica que el actor manifestaba sostener en relación con los bienes incautados, en consideración a que ordenó a la SIJIN que se los devolviera, de lo que resulta fácil colegir su calidad de poseedor, máxime si pregonaba ser su propietario ante los demás y era reconocido como tal por las autoridades penales, por lo que será en virtud de esa relación jurídica que se tiene por demostrado su interés en las resultas de este proceso.
11. Con fundamento en lo señalado, esto es, probada la legitimación en la causa del demandante en su calidad de poseedor sobre las botellas de licor objeto de su demanda y por consiguiente, presunto propietario de las mismas, se advierte, por una parte, que se mantendrá inalterada la declaratoria de responsabilidad realizada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca respecto de la pérdida de algunos de los bienes por los cuales se demandó y que decomisados por la fiscalía trescientos veintidós perteneciente a la unidad de reacción inmediata de Engativá delegada ante los juzgados penales municipales de Bogotá D.C., aspecto de la sentencia que no fue impugnado en el recurso de apelación en virtud del cual se conoce del presente asunto por esta corporación, y de otra parte, se observa que se encuentra debidamente probada la causación del daño ocasionado al derecho del demandante, consistente en el extravío de los enseres incautados en la carrera 69A Nº 51-63 por la fiscalía trescientos veinte perteneciente a la unidad de reacción inmediata de Engativá delegada ante los juzgados penales del circuito de Bogotá D.C, —ver párrafos 7.1 a 7.1.2 con su nota respectiva—.
12. Ahora bien, respecto de la imputación del detrimento aludido a los organismos que conforman la persona jurídica Nación y que fueron vinculados como integrantes de la parte demandada al presente litigio, es decir, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional, la parte actora consideró viable atribuirles dicho menoscabo con fundamento en el artículo 2(38) del Decreto Ley 630 de 1942, norma que si bien establecía la responsabilidad objetiva del Estado en los eventos en que las mercancías almacenadas en bodegas oficiales se perdieran o resultaran averiadas, no se puede perder de vista que esa disposición solamente se relacionaba con los procedimientos de importación o exportación de bienes en el marco del régimen de aduanas y no, con aquellos objetos que resultan extraviados luego de ser incautados en el ámbito de un proceso penal, razón por la cual el referenciado cimiento normativo no sería aplicable al sub judice en tanto éste comporta una situación fáctica distinta a la que aquél regula.
12.1. Sin perjuicio de que no resultara adecuado el fundamento jurídico invocado en la demanda para edificar la imputación del daño producido, se observa que le corresponde a la Sala, en el despliegue del principio iura novit curia(39), identificar la normativa pertinente con el objeto compararla con el comportamiento de los entes demandados y así, determinar sí estos al infringir las cargas obligacionales que les eran impuestas por la ley, deben entrar a responder por la causación de los detrimentos específicos cuya imputación se analiza en este momento.
12.2. De esta manera, se advierte que para la época de los hechos —15 de octubre de 1996—, momento en el que se encontraba vigente el Decreto 2700 de 1991, por medio del cual se expidieron normas de procedimiento penal, a la Seccional de Investigación Criminal —SIJIN— como policía judicial y dependencia de la Policía Nacional le correspondía desempeñar las funciones que le eran propias dentro del marco de las pesquisas penales respectivas, y una vez iniciada las etapas de investigación previa e instrucción, quedaba bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación para la práctica de pruebas, recopilación de evidencias, realización de diligencias, entre otras labores, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309(40), 310(41), 313(42), y 320(43) ibídem.
12.3. Asimismo, en la normativa señalada se dispuso en sus artículos 338(44) y 346(45), que la incautación de los bienes efectuada en el desarrollo de las diligencias de allanamiento y registro que se realizaran en el iter de un procedimiento penal debía quedar inscrita en el acta que de tal actuación se levantara, diligencias en las cuales, como ya se vio, podían participar los funcionarios que ejercieran funciones de policía judicial bajo los mandatos de los servidores respectivos pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, y que una vez finalizados dichos procedimientos de allanamiento, los bienes muebles que se hubiesen decomisado relacionados con la comisión de un delito doloso debían quedar en el poder de la última autoridad señalada, a menos que ésta dispusiera lo contrario designando para ello a otra entidad. De otra parte, la regulación en comento señaló que la devolución que se hiciera de los bienes incautados y decomisados debía ser definitiva, por lo que sólo se podían entregar una vez se garantizara o pagara la indemnización de los perjuicios que se hubiesen ocasionado con la comisión del hecho punible, o cuando se dictara sentencia absolutoria, o cuando cesara la investigación del caso con ocasión de la correspondiente resolución de preclusión.
12.4. De acuerdo con lo establecido en las normas señaladas, la Sala advierte que en el caso concreto se aparta de las consideraciones vertidas por el tribunal a quo al indicar que no se configuraba la responsabilidad estatal por la pérdida de los bienes incautados por la fiscalía trescientos veinte —respecto de lo que cabe recordar que ya se descartó el primer motivo fundante de esa consideración, relacionado con que el actor no hubiese pretendido la reparación de su extravío —ver párrafos 9 a 9.8 y notas respectivas—, y en sentido contrario, considera que la Policía Nacional, a través de la SIJIN, en el escenario de la investigación penal que se le inició al demandante y en el que tenía que desempeñar las funciones de policía judicial, incumplió el contenido obligacional asignado a su cargo por la ley originando el daño objeto del escrito inicial, por cuanto perdió los bienes muebles que fueron puestos en su poder por la Fiscalía General de la Nación y en consecuencia, una vez producida la decisión preclusiva de la pesquisa a favor de aquél, le fue imposible efectuar la entrega definitiva de los mismos —ver párrafos 7 a 7.6 con sus correspondientes notas—.
12.5. Al respecto, se observa que en la sentencia impugnada se erró al aseverar que no estaba demostrado que los enseres que se retuvieron en la carrera 69A Nº 51-63 por parte de la fiscalía señalada no hubiesen ingresado a las instalaciones de la SIJIN, comoquiera que en su criterio no se había allegado prueba alguna de ello y a pesar de que en el acta de diligencia de allanamiento se hubiera dejado constancia por el fiscal pertinente de ese hecho, implícitamente infirió que al no aparecer “expresamente suscrita por funcionarios adscritos a la SIJIN”, la misma carecía de la potencialidad de acreditar esa circunstancia.
12.6. En este punto, se debe aclarar que el tribunal de primera instancia valoró de manera incompleta y desacertada el medio de convicción en mención, así como también exigió infundadamente que se hubiesen allegado los oficios que sí se presentaron para la diligencia de allanamiento efectuada por la fiscalía trescientos veintidós correspondiente —ver párrafos 7.1.1 y 7.2—, habida consideración que (i) está fehacientemente demostrado que la SIJIN participó durante el despliegue de la diligencia de allanamiento realizada por la fiscalía trescientos veinte, dado que desde el comienzo del procedimiento se advirtió que se ingresaba con los funcionarios de ese organismo al inmueble respectivo —ver párrafo 7.1.2—, sin que en el acta se hubiera anotado que hubiesen dejado la escena de registro, y motivo por el cual, es posible deducir que una de las firmas contenidas en la misma era de un trabajador adscrito a esa entidad a pesar de que no se identificara ello específicamente —se observan las firmas de la fiscal, quien atendió la diligencia, un testigo técnico, el jefe de grupo operativo de rentas de Cundinamarca, y de un técnico judicial de quien no se estableció la entidad a la que pertenecía—; (ii) se tiene una constancia oficial efectuada por la fiscal que dirigió la diligencia, en la que se aseguró que el destino final de las múltiples botellas de licor que fueron incautadas eran las instalaciones de la policía judicial referenciada, sin que la parte demandada hubiera controvertido a nivel probatorio tal afirmación, por lo que no le era dable al tribunal a quo, careciendo de elementos de convicción que le indicaran lo contrario, apartarse del contenido de dicha anotación, y (iii) partiendo de que se señaló que la Fiscalía General de la Nación dejaba los bienes decomisados en poder de la señalada autoridad policiva, con la audiencia de sus funcionarios y en la misma acta del allanamiento, es posible colegir que no era necesario que se realizaran los oficios que se presentaron en el otro procedimiento de registro —en el cual no se tiene certeza alguna de que en la misma acta de la diligencia se hubiera anotado qué iba suceder con los objetos incautados, lo que en esa operación habría justificado la realización de esos escritos adicionales— y por consiguiente, no se le podía exigir a la parte demandante que lo allegara.
12.7. Con fundamento en los múltiples razonamientos esbozados, para la Sala es evidente que todos los bienes objeto de la demanda efectivamente quedaron bajo el control de la SIJIN, entidad que al extraviarlos generó el daño demandado en flagrante incumplimiento de la obligación de devolverlos que le imponía el ordenamiento jurídico, circunstancia que finalmente cabe aclarar que sólo generaría la responsabilidad de la Policía Nacional en tanto el Ministerio de Defensa Nacional no tuvo ningún tipo de incidencia en la causación de ese menoscabo, y por consiguiente, se advierte que el único patrimonio que se verá gravado por la subsiguiente condena será el del aludido cuerpo integrante de la fuerza pública, esto es, el de la Policía Nacional.
13. En consecuencia, habida cuenta de que se encuentra acreditado que todos los bienes que se presumen de propiedad del demandante se perdieron mientras se encontraban bajo la custodia de la Nación-Policía Nacional, a pesar de tener el deber de guardarlos y devolverlos una vez se produjera cualquiera de los escenarios descritos en la norma penal pertinente, para la Sala es diáfano que en el presente asunto se configuraron todos los presupuestos de la responsabilidad del mencionado ente, por lo que se procederá a estudiar el monto de la indemnización que corresponda de conformidad con el material probatorio allegado al proceso.
14. De manera previa a proceder a fijar la indemnización de los perjuicios pertinentes, cabe aclarar que la cesión de derechos litigiosos aceptada por esta corporación, mediante auto del 22 de septiembre de 2014 —ver párrafos 5.1 y 5.2—, no afecta el sentido de la condena y su destinatario, dado que como se señaló, en este caso no operó el fenómeno jurídico de la sustitución procesal, por lo que el señor Víctor Hugo Muñoz Ronquillo conserva la titularidad sobre el derecho a la reparación que se discute en este proceso y será a su favor que se establezcan los resarcimientos correspondientes.
15. Ahora bien, en cuanto a la condena determinada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca respecto de los bienes que fueron retenidos por la fiscalía trescientos veintidós perteneciente a la unidad de reacción inmediata delegada ante los juzgados penales municipales de Bogotá D.C., y que posteriormente fueron extraviados por la Policía Nacional, en la medida en que la misma no fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante comoquiera que éste sólo se centró en la declaratoria de responsabilidad y la indemnización de los perjuicios derivados de la pérdida de los otros bienes muebles incautados, únicamente se actualizará la suma establecida por el mencionado juzgador, de la siguiente manera:
I Final = índice de precios al consumidor del mes conocido anterior al de la sentencia.
I Inicial = índice de precios al consumidor del mes en que se profirió la decisión judicial de primera instancia.
15.1. De acuerdo con lo anterior, la indemnización por los perjuicios materiales establecida en la sentencia de primera instancia y actualizada en la presente decisión, a favor del señor Víctor Hugo Muñoz Ronquilla, es de $ 1 696 076,59 m/cte.
16. En relación con los perjuicios solicitados por las demás botellas de licor perdidas, se debe recordar que el demandante en el libelo introductorio solicitó el equivalente en dinero a 1000 gramos de oro, con ocasión de los perjuicios morales que se le habrían generado con ocasión del extravío de todos los bienes, incluyendo aquellos cuyo resarcimiento ya fue liquidado en la decisión impugnada.
16.1. Al respecto, cabe destacar que a pesar de que se ha entendido por esta corporación que el detrimento en objetos o pérdida de bienes pueden llegar a producir congoja, tristeza o aflicción, estas circunstancias tiene que ser debidamente acreditadas con el fin de que se tenga por cierto el mencionado perjuicio y sea viable acceder a su reparación(46). Al respecto, se ha señalado:
“No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, como el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso(47).
Tanto la doctrina(48) como la jurisprudencia nacionales han sido unánimes en advertir que el fundamento que debe servir al juez para reconocer la existencia de dichos perjuicios y para proceder consecuentemente a declararlos indemnizables estriba en que los mismos aparezcan probados(49).
16.2. En la medida en que no se allegó prueba alguna tendiente a demostrar lo expuesto respecto del actor en el presente asunto, no será reconocida la indemnización correspondiente.
17. Finalmente, se advierte que la parte actora solicitó la indemnización de los perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro cesante que representarían la pérdida de los bienes objeto de su demanda, liquidación de perjuicios sobre la cual pidió que se agregaran intereses desde la fecha en que se produjo el daño, hasta el momento en que se efectuara la indemnización.
17.1. Sobre estas peticiones, se debe advertir que fue allegado al plenario un dictamen pericial en el que se hicieron los cálculos de los señalados perjuicios, a partir de los valores que suministraron las “empresas distribuidoras de licor como son La Nacional de Licores Ltda. y CIM”, de las cuales se adjuntaron las copias correspondientes (fls. 1-11, c. dictamen pericial). El estudio en comento fue utilizado por el tribunal de primera instancia para efectos de realizar la liquidación de los perjuicios de las botellas incautadas por la fiscalía trescientos veintidós, tomando en cuenta solamente los valores de los enseres allí fijados para actualizarlos, y sin explicar el motivo por el cual descartó la estimación de los perjuicios de daño emergente y lucro cesante efectuadas por los peritos. Sobre la valoración de este tipo de elementos de convicción, se ha establecido:
3.5.1. Ha dicho la Sala que para que el dictamen pericial pueda tener eficacia probatoria se requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que de acuerdo con sus conocimientos especializados sepa de los hechos; (ii) su dictamen sea personal(50) y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; (iv) que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) que no se haya probado una objeción por error grave; (vi) que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) que sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) que se haya surtido la contradicción; (ix) que no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) que otras pruebas no lo desvirtúen y (xi) que sea claro, preciso y detallado, es decir, que de cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que de los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones(51).
El artículo 241 del Código de Procedimiento Civil señala que el juez al valorar o apreciar el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que, como con acierto lo ha concluido la doctrina, el juez no está obligado a “…aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores…”(52). En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho(53)(54).
17.2. Con el objeto de realizar la liquidación de los detrimentos señalados, los cuales evidentemente le fueron ocasionados al demandante en tanto la pérdida de los bienes que comercializaba no sólo le generaron una minoración patrimonial, sino que adicionalmente le representaron el no poder enriquecerse al verse imposibilitado para venderlos, la Sala estima pertinente precisar que al igual que el tribunal a quo, no tendrá en cuenta los cálculos de los perjuicios de daño emergente y lucro cesante realizados por los expertos, pero explicando que ello se debe a que en los mismos se incluyeron de manera injustificada la causación de intereses desde el 15 de octubre de 1996 hasta el 31 de julio de 2004, así como también se sumaron sin mayor explicación los conceptos de los detrimentos a liquidar, determinándose un valor total de daño emergente más lucro cesante, y éste último perjuicio se liquidó durante todo ese tiempo, lo que contraviene las reglas de la experiencia y de la lógica por cuanto es claro que la venta de los productos perdidos únicamente le iban a representar al actor un solo ingreso económico y no, una ganancia periódica.
17.3. De esta manera, exclusivamente se tendrán en cuenta el valor que los peritos señalaron que costaban las botellas de licor incautadas por la fiscalía trescientos veinte y extraviadas —$ 24.353.300—, punto en el que resulta pertinente advertir que, dado que esas sumas fueron establecidas a partir de las cotizaciones efectuadas por las empresas distribuidoras referidas, es plausible inferir que aquellas no sólo reflejan el valor intrínseco de las bebidas sino también su utilidad conforme al precio que tienen en el mercado y por lo tanto, es claro que al actualizar esas cifras se obtendrán tanto los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente como de lucro cesante. Con observancia de lo expuesto, se tiene:
I Inicial = índice de precios al consumidor del mes en que se realizó el dictamen pericial en el que se determinó el precio de los licores en el mercado.
17.4. De conformidad con lo expuesto, la indemnización de los perjuicios materiales referidos a favor de Víctor Hugo Muñoz Ronquillo corresponden a la suma de $ 35.929.692,61 m/cte.
17.5. Finalmente, se impone agregar que como se indicó, no hay motivo alguno para condenar por intereses sobre los valores determinados desde la época de causación del daño, habida cuenta de que éstos no se generaría desde esa fecha sino desde el momento en que la obligación indemnizatoria es radicada en cabeza del Estado, es decir, a partir de que se profiera esta Sentencia de acuerdo con lo establecido por la ley, tal como se indicará en su parte resolutiva.
MODIFICAR la sentencia proferida por el tribunal Contencioso Administrativo Cundinamarca, sección tercera, subsección B, el 19 de enero de 2005, y, en su lugar se dispone:
1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Policía Nacional, por los perjuicios causados a Víctor Hugo Muñoz Ronquillo, con ocasión de la pérdida de los bienes que le fueron incautados por parte de la fiscalía trescientos veintidós perteneciente a la unidad de reacción inmediata de Engativá delegada ante los juzgados penales municipales de Bogotá D.C., y de la fiscalía trescientos veinte perteneciente a la unidad de reacción inmediata de Engativá delegada ante los juzgados penales del circuito de Bogotá D.C., en los inmuebles ubicados en la carrera 29A Nº 157-40 y en la carrera 69A Nº 51-63 de Bogotá D.C., respectivamente, y que fueron dejados a disposición de la seccional de investigación criminal —SIJIN—.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación - Policía Nacional a indemnizar a Víctor Hugo Muñoz Ronquillo por los perjuicios materiales que le fueron irrogados por el extravío de la totalidad de los bienes objeto de su demanda, para lo cual deberá pagarle la suma de treinta y ocho millones trescientos treinta y dos mil trece pesos con treinta y un centavos ($ 38.332.013,30 m/cte).
3. DENEGAR las restantes suplicas de la demanda.
5. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
6. REMITIR de manera inmediata, copia auténtica de la presente decisión con destino a la fiscalía setenta y uno seccional de Bogotá D.C. y a la fiscalía ciento treinta y seis seccional de Bogotá D.C., con el fin de dar cumplimiento a los oficios allegados a este proceso con ocasión de la investigación penal que se adelanta en contra del señor Víctor Muñoz Ronquillo.
8. En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de
(3) En la demanda se estimó la pretensión de mayor valor, por concepto de perjuicios materiales, en la suma de $ 50 000 000. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 26.390.000.
(4) “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. Sobre el alcance de la competencia del juez en segunda instancia frente a la motivación del recurso de apelación, consultar: Consejo de Estado, Sala plena de la sección tercera, Sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), actor: Sandra Saldarriaga y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(5) “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del derecho internacional humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.
(6) “AMPARO BAUTISTA PULIDO identificada con la cédula de ciudadanía 51.680.596 de Bogotá, nacida el 8 de febrero de 1963 en Bogotá (Cundinamarca), hija de Pedro Julio y María de Jesús, grado de instrucción bachiller, estado civil unión libre con Víctor Hugo Muñoz Ronquillo y se dedica al hogar y comercio”. Copia auténtica de providencia del 17 de agosto del 2000, proferida por la fiscalía décima perteneciente a la unidad de delitos financieros de Bogotá D.C.; f. 2 del cuaderno 2.
(7) No se puede perder de vista que recientemente, la Sala plena de la sección tercera procedió a asignarle el mismo valor probatorio del documento original a las copias simples, con fundamento en una interpretación legítima del ordenamiento jurídico, a la luz de las disposiciones constitucionales en relación con el efectivo a acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, a los principios de buena fe y lealtad procesal y a los postulados de eficacia y celeridad. Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 1996-00659 (25022), C.P. Enrique Gil Botero.
(8) Artículo 228 de la Constitución Política: “La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.
(9) Artículo 229 de la Constitución Política: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.
(10) [1] En este sentido, providencias de la sección de 20 de septiembre de 1990, exp: 6133; 1 de octubre de 1993, exp. 6474, entre muchos otros. De manera más reciente, la Sala señaló: “Como cualquier otro acto de hombre o de persona, la demanda es objeto de valoración; ésta implica no dejarse llevar por su mera apariencia formal. Por eso el Código de Procedimiento Civil enseña que “Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley substancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes” (art. 4º). Por consiguiente la doctrina indica que para el estudio de la ley procesal “no puede el juzgador aferrarse a las palabras ni al sentido literal, sino que debe perseguir el conocimiento del contenido jurídico que ella encierra, y si el objeto de los procedimientos es la tutela de los derechos reconocidos en la ley substancial, con mayor razón es imperativo adoptar un criterio de interpretación conjunta, razonada y científica de la demanda” Compendio de derecho procesal. Teoría General del Proceso. Tomo I. Hernando Devis Echandía. Biblioteca Jurídica Dike. Duodécima edición, p. 436. Así entonces conociendo que la demanda es un todo, si en su apreciación no se encuentra armonía absoluta habrá, si se puede, que acudir a los hechos históricos que la informan como a los fundamentos de derecho que alude para hacer visible su verdadero sentido; así ocurre jurídicamente en otras materias sustantivas como en los convenios y contratos cuando no son claros, y para tal efecto la ley substancial indica cuáles son los métodos de interpretación” Sentencia de 23 de enero de 2003, exp. 22.113.
(11) [2] “La demanda no constituye en este caso, precisamente, un modelo de lo que deba ser la pieza procesal de introducción. Pero, ello no es óbice para que el juzgador cumpliendo con el deber de interpretar razonablemente los diversos actos procesales, pueda y deba llegar a desentrañar el verdadero propósito que tuvo el actor para reclamar en contra de quien estaba llamado a responder por los perjuicios ocasionados en virtud de los hechos enrostrados a éste”. Sentencia de 8 de agosto de 1991, exp. 6414.
(12) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 31 de agosto de 2006, exp. 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), actor: María Olga Sepúlveda Ramírez y otros, C.P. Ruth Stella Palacio Correa. Consultar igualmente: Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 19001-23-31-000-1997-04008-01(20345), actor: Víctor Daniel Viveros Villegas, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y Sentencia del 23 de enero de 2003, exp. 13001-23-31-000-2001-0995-01(22113), actor: Sociedad Aguilar Botero y Cía. S.A., C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(13) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 1991, actor: Sociedad Comercial Urbanización Normandía Ltda, C.P. Daniel Suárez Hernández.
(14) “2. Copia de la diligencia de allanamiento practicada por la fiscalía 322 (sic) local, en el inmueble de la carrera 29A Nº 157-40 interior 035 de Bogotá D.C., donde consta la incautación de parte de la mercancía referida en el hecho Nº 4 de la demanda.
3. Copia de la diligencia de allanamiento practicada en el inmueble ubicado en la carrera 69 Nº 51-63 de esta ciudad, donde consta la incautación de parte de la mercancía relacionada en el hecho Nº 4 de la demanda” (fl. 6, c. 1).
(15) Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo contencioso administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez
(16) “Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.”
Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo —ya que ordena al Estado responder— sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(17) Aspecto que se identifica con la función resarcitoria de la responsabilidad. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado lo siguiente: “El daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil”. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, p. 37. “Conocido es el paso de un modelo clásico de responsabilidad entendida como sanción derivada de la realización de un comportamiento prohibido, a un modelo que pone en el centro del debate el hecho dañoso y su función reparadora (…) de ahí que la función resarcitoria se muestre como fundamental dentro del derecho de la responsabilidad civil, pues responde a una necesidad que se podría decir lógica, de devolver a la víctima lo que ha perdido; prueba de ello es la pregonada necesidad de una “reparación integral”. Esta expresión, corolario de la función reparadora, refleja esa exigencia según la cual todo daño debe ser resarcido”. Édgar Cortés, Responsabilidad Civil y Daños a la Persona, el daño a la Salud en la Experiencia Italiana, ¿Un modelo para América Latina”, Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009, pp. 61 y 62.
(18) [2] Este enunciado se observa claramente en la doctrina. Así, en derecho colombiano, el profesor Tamayo Jaramillo sostiene “tradicionalmente doctrina y jurisprudencia enuncian que el perjuicio debe ser personal para que haya derecho a reparación. Ello significa que la víctima del daño o sus causahabientes pueden demandar reparación” (De la responsabilidad civil, cit., T. 2 p. 80). En derecho francés Laurent Richer afirma que el “conjunto de la doctrina considera el carácter personal del perjuicio como una condición de fondo de la existencia del derecho a reparación” (“Prejudice réparable”), en Répertoire de la Responsabilité de la Puissance Publique, cit., Nª 46).
(19) [34] De Cupis. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, cit., p. 109.
(20) [35] Deguergue. Jurisprudence et doctrine dans l`élaboration du droit de la responsabilité administrative, cit., p. 412.
(21) [80] Consejo de Estado col., sección tercera, 22 de agosto de 1996, C.P. Betancur Jaramillo, actor: Ma. Rubiela Restrepo de Madrid, exp. 10204. Ver en el mismo sentido: 9 de septiembre de 1991, C.P. Montes Hernández, actor: Jaime Torne Fandiño, exp. 6565.
(22) [82] Consejo de Estado col., sección tercera, 6 de mayo de 1993, C.P. Uribe Acosta, actor: Ma. Ortiz, exp. 7646.
(23) Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, pp. 87, 88, 93, 102, 103, 111, 113, 114, 115.
(24) “(…) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda” (resaltado del original). Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 17 de junio de 2004, exp. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452), actor: Reinaldo Posso García y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(25) [6] A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la sección ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), C.P. María Elena Giraldo Gómez, rad. 10973.
(26) Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, Sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 52001-23-31-000-1997-08625-01(19753), actor: Carlos Julio Pineda Solís, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(27) Al respecto consultar: Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, Sentencia del 1º de marzo de 2006, exp. 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764), actor: Alfonso Ahumada Salcedo y otros.
(28) Lo mismo fue sostenido en reciente jurisprudencia. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 30.391, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(29) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 20 de septiembre de 1991, exp. 6565, actor: Jaime Alonso Torne Fandiño, C.P. Juan de Dios Montes Hernández. En el mismo sentido se ha pronunciado esta corporación al aseverar: “La Sala viene aceptando en los casos de reparación de daños recaídos sobre vehículos automotores, que si la parte actora se presenta como propietaria del vehículo y no logra demostrar ese carácter sino otro, como el de poseedora, es ésta la última condición la que puede fundamentar el reconocimiento de la pertinente indemnización. Así lo decidió por ejemplo en la Sentencia del 20 de septiembre de 1991 (actor: Jaime A Torne Fandiño, exp. 6565). En ese negocio había prueba suficiente de la posesión ejercida por el demandante sobre el vehículo, lo que no sucede en el sub lite. No se allegó ni un solo medio probatorio dirigido a demostrar el hecho de la posesión o cualquier otro vínculo entre la demandante y el bien destruido o dañado.
(30) “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. // El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.
(31) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 2 de marzo del 2000, exp. 12497, actor: Juan de la Cruz Castillo Vargas y otro, C.P. María Elena Giraldo Gómez y, Sentencia del 31 de agosto de 2006, exp. 41001-23-31-000-1993-07279-01 (19432), actor: Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(32) “El corpus es el poder físico o material que tiene una persona sobre una cosa. Son los actos materiales de tenencia, uso y goce sobre la cosa, como dicen Planiol y Ripert. El poder de hecho sobre la posesión no significa que el poseedor tenga un contacto físico o material con el bien (…) El animus es el elemento psicológico o intelectual de la posesión. Consiste en la intención de obrar como señor y dueño (animus domini) sin reconocer dominio ajeno.” Luis Guillermo Velásquez Jaramillo. Bienes. Novena Edición, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2004, p.132.
(33) “Al respecto, es preciso indicar, con la Corte que, en relación con los artículos 759 y 789 del Código Civil “tendientes a atribuir al registro de títulos de la propiedad raíz, una función posesoria, prevalecen los textos relativos a la posesión que el Código Civil no califica, o sea, la material, la única y verdadera posesión. No existe, por lo mismo, en la legislación colombiana una posesión que consista en la inscripción de los títulos de los derechos reales inmuebles en el Registro Público, porque, como lo ha consagrado la jurisprudencia nacional que este fallo acoge y compendia, la inscripción de los títulos carece de contenido y alcance posesorios” (G.J. LXXX, p. 87). Posteriormente ratificó la Corte: “la única posesión real y jurídicamente eficaz es la posesión material, o sea, la que, conforme al artículo 762 del Código Civil consiste en la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño. Esta posesión implica la aprehensión de un bien y el poder que se ejerce sobre él, mediante actos de goce y transformación. La llamada posesión inscrita no es en el fondo posesión, ya que la única verdadera es la material”. (Sentencia de Casación Civil del 30 de mayo de 1963).” Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil, Sentencia del 14 de febrero de 2001, exp. 6446, M.P. Jorge Santos Ballesteros.
(34) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 28 de abril de 2010, exp. 05001-23-26-000-1995-00565-01(18615), actor: Jorge Iván Rojas Arbeláez y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(35) “Análogamente, en el asunto controvertido, la propia demandante tuvo conciencia de haber entregado la posesión a los promitentes compradores, quienes sabedores de tal condición realizaron actos de dominio conocidos por todos, como bien se aprecia en la testificación del señor Simpson, al referir que “esa posesión la ostentan desde febrero o marzo del año dos tres, (sic) porque he pasado por la casa y he visto obras en la fachada, me imagino ejecutados por el señor Vargas que la ocupa” (fls. 190 y 191), declarante que para dar firmeza a su dicho dejó copia de “una diligencia de descargos rendida por el señor Vargas”, sobre “las obras adelantadas en el inmueble ubicado en la carrera 13ª Nº 127ª-53 de Bogotá” (fl. 188), además la actora aportó como anexo de la demanda copia del acta de visita de verificación por la posible infracción urbanística (fl. 86), ante las modificaciones realizadas por los demandados y de la misiva del asesor de obras sobre la actuación administrativa cumplida en relación con los trabajos en el inmueble de la carrera 13ª Nº 127ª-53 (fl. 85), no pudiendo por ello, como lo hace la casacionista, predicar la clandestinidad ni ocultamiento en la posesión, bajo la premisa de que en el hecho 4º de la demanda, se afirmó sin explicación ninguna que “[m]ediante manipulaciones y engaños por parte de los promitentes compradores, obtuvieron la entrega material del inmueble (…)” (fl. 90).” (resaltado por la Sala). Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil, Sentencia del 30 de julio de 2010, exp. 11001-3103-014-2005-00154-01, recurrente: Gladys Cepero Páez, M.P. William Namén Vargas.
(36) Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil, Sentencia del 2 de diciembre de 2011, exp. 25899-3103-001-2005-00050-01, recurrente: María del Rosario Suárez Zabala y Mercedes Suárez Zabala, M.P. William Namén Vargas. En el mismo sentido, sobre los actos materiales de poder que se deben presenciar para efectos de tener por demostrado el elemento corpus, la Corte Suprema de Justicia también ha señalado:
“Como es sabido, la posesión, uno de los fundamentos esenciales de la prescripción adquisitiva de dominio, está integrada por dos elementos bien definidos, el “animus” y el “corpus”, éste relacionado con el poder de hecho que materialmente se ejerce sobre la cosa, y aquél, de naturaleza subjetiva, intelectual o sicológica que se concreta en que el poseedor actúe como si fuera el verdadero y único dueño, sin reconocer dominio ajeno.
Sobre el particular ha dicho la Corte: “es cuestión suficientemente averiguada la de que la mera detentación de la cosa no es bastante para poseer en sentido jurídico; que es indispensable que a ello se agregue la intención de obrar como propietario, como dueño y señor de la cosa, o, lo que es lo mismo, con el positivo designio de conservarla para sí. Y, si se quiere, es el animus el elemento característico y relevante de la posesión y por tanto el que tiene la virtud de trocar en posesión la mera tenencia. Para que ésta exista es bastante la detentación material; aquella, en cambio exige no sólo la tenencia sino el ánimo de tener para sí la cosa (animus domini)”. (G.J., CLXVI, p. 50). De suerte que, allí donde no se descubra el elemento subjetivo de actuar por su propia cuenta, no queda lugar para hablar de poseedores por muy numerosos y variados que sean los actos materiales que se ejerzan sobre la cosa. Ahora bien: por su carácter subjetivo, “el ánimo de poseer implica observar el estado de espíritu que se presenta en el poseedor, averiguación que por lo mismo resulta asaz delicada, dificultad de la cual tomó, por fortuna, nota la ley, permitiendo entonces que esa intencionalidad se presuma de los hechos que normalmente dicen ser su reflejo, y que por aparecer externamente son apreciables por los sentidos”. Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil, Sentencia de 20 de septiembre de 2000, exp. 6120, M.P. Silvio Fernando Trejos.
(37) “Igualmente se infiere que el señor Muñoz Ronquillo sí tenía autorización para comercializar licores en los departamentos de Vichada, Vaupés y Guainía y que su lugar de operación es esta ciudad de Santa Fé de Bogotá, lo que despeja cualquier actividad delictual de esta clase de conductas”. Copia auténtica de providencia del 17 de agosto del 2000, proferida por la fiscalía décima perteneciente a la unidad de delitos financieros de Bogotá D.C.; fl. 2 del cuaderno 11.
(38) “Salvo pérdidas o daños por fuerza mayor, evaporación, deterioro natural, empaque defectuoso, o de suyo inadecuado, por su poca consistencia o mala confección, para la seguridad del contenido, el Gobierno responderá a los dueños de la mercancía por toda pérdida o entrega equivocada, o daño de la mercancía almacenada en bodegas oficiales, desde la fecha de su recibo hasta la de su retiro en forma legal o su abandono voluntario, o hasta cuando se le considere legalmente abandonada por haberse cumplido el término legal de almacenaje”.
(39) “La jurisprudencia de esta corporación ha precisado que en aplicación del principio iura novit curia, corresponde al juez, frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, definir la norma o el régimen jurídico aplicable al caso, sin que ello comporte la modificación de la causa petendi, es decir sin variar los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de sus pretensiones”. Consejo de Estado, sección tercera, subsección, Sentencia del 30 de octubre de 2013, exp. 44001-23-31-000-2000-00619-01(32556), actor: Comercializadora del Caribe Ltda., C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(40) “Todas las entidades que ejerzan atribuciones de policía judicial, cumplirán sus funciones bajo la dirección y coordinación del fiscal general y sus delegados, salvo la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el inciso final del artículo 277 de la Constitución Nacional”.
(41) “Realizan funciones permanentes de policía judicial:
Ejercen funciones especiales de policía judicial
(42) “Iniciada la instrucción la policía judicial sólo actuará por orden del fiscal. El fiscal delegado o la unidad de fiscalía podrá comisionar para la práctica de pruebas técnicas o diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, a cualquier funcionario que ejerza facultades de policía judicial. La facultad de dictar providencias interlocutorias es indelegable.
Los funcionarios pueden extender su actuación a la práctica de otras pruebas técnicas o diligencias que surjan del cumplimiento de la comisión, excepto capturas, allanamientos, interceptación de comunicaciones, actividades que atenten contra el derecho a la intimidad, o vinculación de imputados mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente.
(43) “En la investigación previa intervienen quienes ejerzan funciones de policía judicial bajo la dirección del fiscal, las unidades de fiscalía y el Ministerio Público”.
(44) “Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido un hecho punible doloso o que provengan de su ejecución y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación o la entidad que ésta designe a menos que la ley disponga su destrucción. En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, se someterán a los experticios técnicos y se entregarán en depósito a su propietario o tenedor legítimo, salvo el derecho de terceros o de normas que dispongan lo contrario.
Si no se han pagado o garantizado el pago de los perjuicios, y fuere procedente la condena al pago de los mismos, el funcionario judicial ordenará el comiso de los mencionados elementos, para los efectos de la indemnización”.
(45) “En el acta de la diligencia de allanamiento y registro deben identificarse y describirse todas las cosas que hayan sido examinadas o incautadas, el lugar donde fueron encontradas y dejar las constancias que soliciten las personas que en ella intervengan. Los propietarios, poseedores o tenedores tendrán derecho a que se les expida copia del acta si la solicitan”.
(46) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 10 de agosto del 2005, exp. 15001-23-31-000-1990-10957-01(15338), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(47) [13] Sentencia del 24 de septiembre de 1987, exp. 4039. Citada en: Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de 18 de marzo de 2004, C.P. Ricardo Hoyos Duque, exp. 14589.
(48) [14] Véase: TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo II. Bogotá. Legis S.A. 2007, pp. 496 y ss. Con similares argumentos se expresa OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones, Bogotá, Editorial Temis S. A., 2001. pp. 118 y ss.
(49) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 63001-23-31-000-1998-00622-00(16980), actor: Rodrigo Rodríguez Estrada, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(50) [12] Devis Echandía, Hernando, Compendio de derecho procesal, Tomo II, Pruebas judiciales, Editorial ABC, 1984, pp. 339 y ss.
(51) [13] Consejo de Estado, Sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(52) [14] Parra Quinjano, Jairo, Manual de derecho probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, p. 649.
(53) [15] Consejo de Estado, op. cit., pág. 96.
(54) Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 05001232400019950167301 (20543), actor: Hernán Arango Serna, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.