Source: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/infoTributaria/doctrina/ver.jsp?identificadorConsulta=47233&jftfdi=&jffi=ver.jsp
Timestamp: 2019-08-21 03:31:29
Document Index: 11341786

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 48', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 107']

Consulta NO VINCULANTE n° 353
Fecha salida: 24/03/2000
- Ley 20/1991;
Texto consulta: La entidad consultante, dedicada a la formación, promoción y divulgación del cooperativismo a través del desarrollo de actividades académicas, científicas y prácticas, tiene la consideración de Asociación, y así está inscrita en los Registros correspondientes de la Consejería de la Presidencia, y de centro docente dada su inscripción en el Registro de Centros y Expertos Docentes en Formación Cooperativa y Empresarial-Comunitaria.
Respuesta: o presentado por -la entidad consultante-, en el que se formula consulta sobre el Impuesto General Indirecto Canario y de acuerdo con la Disposición Adicional Décima número tres de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, en relación con la letra e) del número cuatro del artículo 24 del Decreto 338/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, la Dirección General de Tributos emite la siguiente contestación:
PRIMERO.- La entidad consultante, dedicada a la formación, promoción y divulgación del cooperativismo a través del desarrollo de actividades académicas, científicas y prácticas, tiene la consideración de Asociación, y así está inscrita en los Registros correspondientes de la Consejería de la Presidencia, y de centro docente dada su inscripción en el Registro de Centros y Expertos Docentes en Formación Cooperativa y Empresarial-Comunitaria. Derivado de un control financiero realizado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, se constata la existencia de una factura emitida por una entidad radicada en Barcelona que ha prestado un servicio de ¿asesoramiento técnico en proyectos de transnacionalidad y gestión de redes de programas del Fondo Social Europeo¿ repercutiendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). En el informe provisional del control financiero se establece que dicha prestación de servicio está sujeta al Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) y que correspondía haber aplicado la regla de ¿inversión del sujeto pasivo¿. En el escrito de alegaciones la entidad consultante, expresa que es correcta la aplicación del I.V.A. dado que carece de naturaleza empresarial a efectos del I.G.I.C. por haber prestado siempre sus servicios a título gratuito.
Ante estos hechos, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias realiza las siguientes consultas: 1.- Si la entidad consultante tiene la condición de empresario o profesional a efectos del I.G.I.C. 2.- En la operación de prestación de servicio descrita procede repercutir el I.V.A. o por el contrario la inversión del sujeto pasivo y autorrepercusión del I.G.I.C. 3. En el caso de que la operación esté sujeta al I.G.I.C., tiene la entidad consultante derecho a la deducción de la cuota autorrepercutida teniendo en cuenta que la actividad de formación que realiza está exenta del I.G.I.C. 4. Tiene la entidad consultante derecho a solicitar la devolución del impuesto soportado por no residente en el caso que la operación esté sujeta al I.V.A.
SEGUNDO.- Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme a la Disposición Adicional Décima número tres de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, tienen la competencia para contestar las consultas relativas al I.G.I.C. Por todo ello, no cabe resolver la cuarta de las preguntas realizadas. Realizada dicha matización, entramos de lleno en el análisis del resto de las cuestiones planteadas.
Es claro que la entidad consultante para el desarrollo de las actividades que le son propias dispone de una estructura humana y material. La ordenación por cuenta propia de estos factores de producción materiales y humanos con el fin de prestar los servicios académicos, científicos y prácticos que configuran los objetivos de la entidad citada, supone la realización de una actividad empresarial o profesional. Todo ello con independencia de su intención de actuar sin ánimo de lucro, dado que la configuración del objeto imponible del I.G.I.C. implica que los bienes que los empresarios o profesionales entreguen o servicios presten sean realizado en el ámbito de una actividad empresarial o profesional con carácter oneroso, con independencia, por tanto de la finalidad o intención de obtener lucro por la actividad empresarial o profesional desarrollada. La realización habitual de estas actividades empresariales o profesionales implica para quien las efectúe su consideración como empresario o profesional. Todo ello conforme a los artículos 4.1, 5.1 y 5.2.1º de la Ley 20/1991.
No obstante, y dado que no estamos ante una sociedad mercantil, habrá que analizarse si no estamos ante un empresario o profesional conforme al segundo párrafo del artículo 5.2.1º de la Ley 20/1991 que expresa que ¿¿no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito¿¿. Señala el artículo 25 de los Estatutos de la entidad consultante, inserto en el Capítulo V Patrimonio Social, que ¿Los recursos económicos de la entidad consultante estarán constituidos por las ayudas y subvenciones que se le otorguen para el cumplimiento de sus fines, con las compensaciones económicas en el trabajo, investigación y estudios que realicen,¿.¿.
Es claro que conforme al contenido del precepto anterior, no realiza la entidad consultante entregas de bienes o prestaciones a título gratuito cuando tiene previsto, como recurso, una compensación económica por los trabajos, investigaciones o estudios que realicen. Todo ello sin entrar a valorar la calificación de las subvenciones que pueda recibir, dado que no se dispone de datos, que pueden tener la calificación de subvenciones ligadas al precio y que por tanto actúen como verdaderas contraprestaciones o las posibles operaciones que aún siendo gratuitas puedan estar sujetas al I.G.I.C. por existir vinculación entre la entidad consultante y el destinatario, conforme al artículo 23.3 de la Ley 2071991.
Por todo ello a la entidad consultante a priori no le puede ser aplicable el segundo párrafo del artículo 5.2.1º de la Ley 2071991. No obstante para que tenga la entidad consultante la consideración de empresario o profesional es necesario que realice con habitualidad actividades empresariales o profesionales, ello equivale a que reciba con frecuencia las compensaciones previstas estatutariamente o que realice actividades donde la totalidad o parte de las contraprestaciones sean a través de subvenciones que deban catalogarse de ligadas al precio, es decir, conforme al artículo 48.2.3º del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, que se trate de subvenciones establecidas en función de número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados. Si la entidad consultante, aún disponiendo de una previsión estatutaria, no genera ninguna compensación o la genera muy ocasionalmente o las subvenciones recibidas no pueden catalogarse de ligadas al precio, no tiene a los efectos del I.G.I.C. la consideración de empresario o profesional.
En definitiva, es criterio de este Centro Directivo que para que la entidad consultante, dado que no estamos ante un sociedad mercantil, tenga la consideración de empresario o profesional a efectos del I.G.I.C. no sólo debe realizar habitualmente actividades empresariales o profesionales, sino que debe recibir a cambio de las actividades que desarrolla las compensaciones previstas estatutariamente o que las subvenciones que reciban puedan catalogarse de vinculadas al precio. Si por las actividades que desarrolla no recibe contraprestación alguna, es decir tiene carácter gratuito, no tendrá la consideración de empresario o profesional aunque ocasionalmente realice operaciones a título oneroso.
En ningún caso la intención de actuar sin ánimo de lucro supone que las operaciones realizadas sean a título gratuito. Es decir, la percepción de contraprestaciones por las actividades desarrolladas con la intención de cubrir costes implica su realización a título oneroso. La habitualidad podrá acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admisibles en derecho.
Partiendo de lo expuesto anteriormente, la operación realizada por la entidad radicada en Barcelona a la entidad consultante, asesoramiento técnico en proyectos de transnacionalidad y gestión de redes de programas del Fondo Social Europeo, está sujeta al I.G.I.C., conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.5º,d) de la Ley 20/1991, si la entidad consultante tiene la condición de empresario o profesional. Dado que la entidad que presta el servicio no se encuentra radicada en Canarias, se daría, en este caso, la inversión del sujeto pasivo en el destinatario de la operación, conforme al artículo 19,1,2º de la Ley 20/1991, debiendo autorrepercutirse el I.G.I.C. correspondiente e ingresarlo. En el supuesto de que la entidad consultante no tuviera la condición de empresario o profesional, la operación de asistencia técnica estaría no sujeta al I.G.I.C. y no se daría, evidentemente, la inversión del sujeto pasivo.
Todo lo cual, con el alcance previsto en el artículo 107 de la Ley General Tributaria en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, le comunico a Vd. a los efectos oportunos.